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Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Demandado: Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid. Ministerio de Economía y Hacienda - PDF
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Soledad Casado Ortiz
1 BASE DE DATOS NORMACEF FISCAL Y CONTABLE Referencia: NFJ TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID Sentencia 1201/2014, de 3 de octubre de 2014 Sala de lo Contencioso-Administrativo Rec. n.º 964/2012 SUMARIO: PRECEPTOS: PONENTE: IRPF. Rendimientos del capital inmobiliario. Reducciones. Aplicación aunque el contribuyente no haya declarado el rendimiento. Para que el interesado reconociese la existencia del rendimiento obtenido del alquiler del inmueble de referencia fue precisa la actuación administrativa; sin embargo, no podemos compartir con la Administración el que el texto legal aplicable exigiera ineludiblemente que los rendimientos de referencia fueran declarados por el contribuyente, habida cuenta de que dicho presupuesto constituye una obligación inexcusable de todo contribuyente. A mayor abundamiento, de mantener la tesis propuesta por la Administración, llegaríamos al absurdo de que el contribuyente sería sancionado doblemente: negándole la aplicación de la reducción, y, en segundo lugar, con la imposición de la sanción, como en este caso ha pretendido la Administración. Ley 35/2006 (Ley IRPF), art. 23. Ley 58/2003 (LGT), arts. 119, 120 y 191. RD 439/2007 (Rgto IRPF), art. 16. Doña Carmen Álvarez Theurer. Magistrados: Don ANTONIA DE LA PEÑA ELIAS Don CARMEN ALVAREZ THEURER Don JOSE ALBERTO GALLEGO LAGUNA Don JOSE IGNACIO ZARZALEJOS BURGUILLO Don MARIA ROSARIO ORNOSA FERNANDEZ Don SANDRA MARIA GONZALEZ DE LARA MINGO Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Quinta C/ General Castaños, NIG: / Procedimiento Ordinario 964/2012 Demandante: D./Dña. Demetrio Tribunal Superior de Justicia de Madrid PROCURADOR D./Dña. ISABEL AFONSO RODRIGUEZ Demandado: Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid. Ministerio de Economía y Hacienda Sr. ABOGADO DEL ESTADO
2 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA SENTENCIA 1201 RECURSO NÚM.: PROCURADOR SRA.: Afonso Rodríguez Ilmos. Sres.: Presidente D. José Alberto Gallego Laguna Magistrados D. José Ignacio Zarzalejos Burguillo Dña. María Rosario Ornosa Fernández Dña. María Antonia de la Peña Elías Dña. Sandra María González de Lara Mingo Dña. Carmen Álvarez Theurer En la Villa de Madrid a 3 de octubre de 2014 VISTO por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el recurso contencioso administrativo núm. 964/2012 interpuesto por la Procuradora Sra. Afonso Rodríguez en nombre y representación de D. Demetrio frente a la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de fecha 14 de marzo de 2012, por la que se desestima la reclamación NUM000 y la NUM001 frente al acuerdo desestimatorio del recurso de reposición interpuesto contra la liquidación provisional por el concepto de IRPF, ejercicio 2008 y el acuerdo sancionador derivado. Habiendo comparecido como parte demandada la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO representada por el Abogado del Estado. Primero. ANTECEDENTES DE HECHO - Por la procuradora Sra. Afonso Rodríguez actuando en nombre y representación de la parte actora, se interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución citada. Segundo. Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que
3 constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos. Tercero. Continuando el proceso su curso por los trámites que aparecen en autos, se señaló el día 23 de septiembre de 2014 para votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada. Cuarto. En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales. Sala. Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª Carmen Álvarez Theurer, quien expresa el parecer de la FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. - Se recurre por la parte actora la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de fecha 14 de marzo de 2012, por la que se desestima la reclamación NUM000 y la NUM001 frente al acuerdo desestimatorio del recurso de reposición interpuesto contra la liquidación provisional por el concepto de IRPF, ejercicio 2008 y el acuerdo sancionador derivado. En dicha resolución se manifiesta que de conformidad con el artículo 23.2 de la LIRPF, la reducción sólo será aplicable respecto de los rendimientos de capital inmobiliario obtenidos de inmuebles arrendados que hubieren sido declarados por el contribuyente, de modo que no habiéndose declarados rendimiento alguno por dicho concepto, no se estima procedente aplicar la reducción cuestionada. En orden a la sanción impuesta, el TEAR confirma la existencia la infracción tributaria cometida consistente en dejar de ingresar en plazo la deuda tributaria resultante de una correcta autoliquidación - art.191 LGT -. La pretensión actora que sostiene la nulidad de las resoluciones impugnadas manifiesta que dado que la Administración asume que el arrendatario cumple todos los requisitos señalados en el precepto citado, ha de aplicarse la reducción prevista, si bien no la del 50% como parece interpretar erróneamente la Administración, sino del 100%, en virtud de lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Añade el actor, en relación con la sanción, que falta el elemento esencial de la culpabilidad, al apreciar error involuntario en la conducta del sujeto pasivo, puesto que ha aportado todos los elementos necesarios para la realización de una declaración del IRPF veraz y completa. El Abogado del Estado se opone a la pretensión deducida en la demanda argumentando, en resumen, que la Administración pretende reducir de los ingresos por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda, solo los rendimientos declarados por el contribuyente, a fin de llevar a cabo una reducción proporcional. Segundo. En el análisis de la cuestión controvertida en el presente recurso debe tenerse en cuenta que se centra en determinar si es aplicable o no la reducción prevista en el art de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El beneficio fiscal que nos ocupa fue introducido por la Ley 46/2002, de 18 de diciembre, de Reforma Parcial de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y que modifica las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de No Residentes y en el apartado III de su Exposición de Motivos justifica su existencia en la mejora de los rendimientos de capital inmobiliario derivados de viviendas en alquiler, "introduciéndose un incentivo adicional para incrementar la oferta de viviendas arrendadas y minorar el precio de los alquileres" de lo que se infiere que lo que se pretende es incentivar el alquiler de viviendas. El mencionado precepto, como se aprecia de su redacción, requiere que se trate de rendimientos declarados por el contribuyente para poder aplicarse la reducción. Así, el art º de la citada Ley, relativo a los gastos deducibles y reducciones del rendimiento del capital inmobiliario, dispone: "1º En los supuestos de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda, el rendimiento neto calculado con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior, se reducirá en un 50 por ciento. Tratándose de rendimientos netos positivos, la reducción sólo resultará aplicable respecto de los rendimientos declarados por el contribuyente.
4 2.º Dicha reducción será del 100 por ciento, cuando el arrendatario tenga una edad comprendida entre 18 y 35 años y unos rendimientos netos del trabajo o de actividades económicas en el periodo impositivo superiores al indicador público de renta de efectos múltiples. (...)". Por su parte, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 439/2007, desarrolla en el art. 16 la reducción por arrendamiento de vivienda, estableciendo en su apartado 2 : "No resultará de aplicación el incremento de la reducción prevista en el número 2º del artículo 23.2 de la Ley del Impuesto en el supuesto de que el rendimiento neto derivado del inmueble o derecho fuese negativo". En el presente caso, el contribuyente no declaró en la autoliquidación los rendimientos, siendo así que poseía una vivienda sita en la CALLE000 número NUM002, NUM003 que ha sido arrendada de febrero a diciembre de 2008, que había sido objeto de alquiler durante los meses de febrero a diciembre de 2008, con una renta mensual de euros. La Oficina Gestora, a consecuencia de una verificación de datos, modifica la base imponible general declarada en el importe de los rendimientos íntegros del capital inmobiliario obtenidos de inmuebles arrendados. En el caso que nos ocupa, para que el interesado reconociese la existencia del rendimiento obtenido del alquiler del inmueble de referencia fue precisa la actuación administrativa, sin embargo no podemos compartir con la Administración el que el texto legal exigiera ineludiblemente que los rendimientos de referencia fueran declarados por el contribuyente, habida cuenta de que dicho presupuesto constituye una obligación inexcusable de todo contribuyente, que, en cumplimiento de sus obligaciones legales, se ha de entender efectuada en todo caso, lo cual no contradice en absoluto la jurisprudencia en materia de interpretación restrictiva de reducciones y deducciones, como pretende el Abogado del Estado. Sin embargo, frente a las argumentaciones referidas de las resoluciones recurridas, hay que puntualizar que la Ley general Tributaria regula de forma separada la declaración tributaria ( art. 119 de la Ley General Tributaria ) y la autoliquidación ( art. 120 de la misma Ley general Tributaria ). El artículo de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no alude a la autoliquidación, sino que expresamente se refiere a la "declaración", por lo que ha de aplicarse el concepto de declaración que se contiene en el art. 119 de la Ley General Tributaria, que establece que "1. Se considerará declaración tributaria todo documento presentado ante la Administración tributaria donde se reconozca o manifieste la realización de cualquier hecho relevante para la aplicación de los tributos. La presentación de una declaración no implica aceptación o reconocimiento por el obligado tributario de la procedencia de la obligación tributaria. 2. Reglamentariamente podrán determinarse los supuestos en que sea admisible la declaración verbal o la realizada mediante cualquier otro acto de manifestación de conocimiento." A mayor abundamiento, de mantener la tesis propuesta por la Administración, llegaríamos al absurdo de que el contribuyente sería sancionado doblemente: negándole la aplicación de la reducción, y, en segundo lugar, con la imposición de la sanción, como en este caso ha pretendido la Administración. En consecuencia, procede la estimación del recurso contencioso administrativo, declarando no conforme a Derecho la resolución recurrida en su contenido desestimatorio, por lo que se anula la liquidación practicada por la Administración con la necesaria consecuencia de anular la sanción derivada objeto de impugnación, que se deja sin efecto. Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el art de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, precepto redactado por la Ley 37/2011, se imponen las costas procesales a la Administración demandada. Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, Por la potestad que nos confiere la Constitución Española, en nombre de S.M. El Rey, FALLAMOS Que debemos ESTIMAR Y ESTIMAMOS el recurso número 964/2012 interpuesto por la Procuradora Sra. Afonso Rodríguez en nombre y representación de D. Demetrio frente a la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de fecha 14 de marzo de 2012, por la que se desestima la reclamación NUM000 y la NUM001, las cuales anulamos por no hallarse conformes a Derecho; imponiendo a la Administración demandada el abono de las costas procesales causadas.
5 Notifíquese esta resolución conforme dispone el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, expresando que contra la misma no cabe recurso. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, hallándose celebrando audiencia pública el día en la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que certifico. El contenido de la presente resolución respeta fielmente el suministrado de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). La Editorial CEF, respetando lo anterior, introduce sus propios marcadores, traza vínculos a otros documentos y hace agregaciones análogas percibiéndose con claridad que estos elementos no forman parte de la información original remitida por el CENDOJ.
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TERCERO.- El Abogado del Estado contestó asimismo a la demanda solicitando la desestimación del recurso.
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