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Timestamp: 2018-08-17 03:17:28+00:00

Document:
Resolución de TEAC, 00/1132/2005, 28-06-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1132/2005 de 28 de Junio de 2006
Núm. Resolución: 00/1132/2005
Es correcto el acuerdo de declaración de responsable solidaria de la entidad de crédito por levantamiento de embargo de cuentas corrientes. En el momento de la notificación a la entidad de crédito de la diligencia de embargo existían saldos en las cuentas, por lo que la alegación de mejor derecho sobre los mismos debe ser dilucidada en procedimiento de tercería. En cuanto a los datos que figuran en la diligencia de embargo de cuentas corrientes notificada son el número de diligencia, el de las cuentas, así como el importe a embargar, sin que la entidad de crédito esté legitimada para conocer más datos de las liquidaciones ni tampoco para impugnar las mismas, por lo que su desconocimiento en modo alguno produce indefensión, ya que su defensa no puede basarse en la procedencia o no de la deuda, cuestión que tan sólo puede ser discutida por el deudor principal.
En la Villa de Madrid, a 28 de junio de 2006 en el recurso de alzada que pende ante este Tribunal Económico-Administrativo Central interpuesto en nombre y representación de W, por D. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra resolución de 27 de diciembre de 2004 del Tribunal Económico-Administrativo Regional (T.E.A.R.) de ..., por la que se desestima la reclamación interpuesta contra acuerdo de derivación de responsabilidad solidaria por levantamiento de embargo, por importe de 190.548,99 €.
PRIMERO: Por acuerdo de 7 de junio de 2001 del Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Agencia Tributaria en ..., notificado el día 11 siguiente, se declaró responsable solidaria a la sociedad citada por importe de 31.704.684 ptas. (190.548,99 €), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131.5 de la Ley 230/1963 General Tributaria, y en los artículos 116.1.2 y 118 del Reglamento General de Recaudación, por levantamiento de embargo practicado a la entidad X, S.L. En el citado acuerdo se indica que en vista de que la diligencia de embargo era contestada con la incidencia de que las cuentas objeto de embargo eran deudoras y por tanto el saldo era 0, se inició la correspondiente investigación, de la que resultó que en la fecha de notificación de la diligencia de embargo, 24 de junio de 1998, existían saldos suficientes para efectuarlo, y que después fueron levantados. La alegación de que en 24 de junio de 1998 las cuentas que se pretendían embargar se encontraban pignoradas a favor de W mediante contratos de garantía de aval de fechas 12 de marzo de 1993 y de 15 de mayo de 1995 no modifica la responsabilidad solidaria de la entidad de crédito porque el hecho de que hubiese o no que dar preferencia a la garantía previamente establecida debió dilucidarse en un procedimiento de tercería, sin que hasta tanto esto se produjera dejasen de ser efectivos los embargos.
SEGUNDO: Contra el acuerdo anterior, el representante de la entidad interpone reclamación económico-administrativa ... ante el T.E.A.R. de ..., argumentando la improcedencia del embargo por falta de firmeza de la providencia de apremio y otros motivos procesales que conllevan la invalidez del procedimiento ejecutivo en cuyo seno se produjo el embargo. Posteriormente, comparece manifestando la inexistencia de deuda alguna que pudiera ser objeto de derivación de responsabilidad. El Tribunal Regional desestimó la reclamación por resolución de 27 de diciembre de 2004, en la que argumenta que el artículo 131.5 de la Ley General Tributaria no autoriza al depositario u otras personas a las que se refiere a discutir el embargo, para lo que se necesitaría una legitimación que no ostenta. Lo único que cabe discutir es aquella relación jurídica en que la reclamante aparece como legitimada por ser el sujeto pasivo, que es la referente a la declaración de responsabilidad. Y respecto de ésta no hay duda de que se cumplen los presupuestos exigidos por la norma, según se desprende del expediente.
TERCERO: Disconforme el interesado con la resolución desestimatoria anterior, notificada el 10 de febrero de 2005, interpone el presente recurso de alzada mediante escrito del día 2 de marzo siguiente, en el que solicita la anulación del acuerdo de derivación de responsabilidad, para lo cual reitera lo ya expuesto: 1) que recibió el 24 de junio de 1998 una diligencia de embargo y la cumplimentó indicando que el saldo con posibilidad de embargo de la cuenta objeto de la diligencia era 0 ptas., indicando como motivo la condición de deudora de X, S.L.; 2) que en la diligencia de embargo sólo se indicaba que se había dictado la providencia de embargo dos días antes, sin dar ninguna otra información ni detalle del origen de la deuda apremiada; 3) que en al acuerdo de derivación de responsabilidad no viene referido el concepto de la deuda que origina la derivación. Se incumple el artículo 37.4 de la Ley 230/1963, que exige que el acto de derivación de responsabilidad deberá ser notificado con expresión de los elementos esenciales de la liquidación, por lo que se ha causado indefensión. 4) que durante el procedimiento de reclamación económico-administrativa se presentó copia del acuerdo de anulación de derivación de responsabilidad subsidiaria de 11 de julio de 2000 por haber sido satisfechas las deudas objeto de derivación correspondiente al IVA de 1998 y al Impuesto sobre Sociedades de 1996 y 1997, y en cuanto al resto de la deuda el acuerdo indicaba que no era exigible, de lo cual se desprende que en julio de 2000 ya no existía deuda alguna que pudiese ser objeto de derivación a la interesada.
CUARTO: El acuerdo de anulación de 11 de julio de 2000 a que se refiere el representante de la interesada constaba en el expediente remitido, y está dirigido a D. ... y al acuerdo de derivación de responsabilidad subsidiaria que le fue dictado a él y a otro el día 13 de junio de 2000, por las deudas de la mercantil X, S.L.
SEGUNDO: A lo ya indicado por el Tribunal Regional, que se suscribe enteramente, cabe añadir como contestación a las alegaciones de la recurrente que la Administración tributaria ya explica en el acuerdo de derivación de responsabilidad que en el momento de la notificación de la diligencia de embargo existían saldos en las cuentas, por lo que la alegación de mejor derecho sobre los mismos debe ser dilucidada en procedimiento de tercería. A tal efecto, los artículos 171 y siguientes del Real Decreto 1684/1990 regulan lo que ha de hacerse en tal caso, sin que por parte de la Dependencia de Recaudación sea posible no realizar las actuaciones previstas en la normativa aplicable derivadas del incumplimiento de la diligencia de embargo atendiendo a otro presunto mejor derecho sin que el mismo haya sido tramitado conforme a la norma expuesta, por cuanto ello supondría que la Administración tributaria no se habría sometido al principio de legalidad, que rige todas sus actuaciones.
TERCERO: En cuanto a los datos que obran en la diligencia de embargo de cuentas corrientes que se notificó, en el sentido de que no contiene el detalle de la deuda apremiada, los datos que constan son el de nº de diligencia y el de las cuentas, así como el importe a embargar, sin que la entidad de depósito esté legitimada para conocer más datos de las liquidaciones ni tampoco para impugnar las mismas, por lo que su desconocimiento en modo alguno produce indefensión; su capacidad de defensa no puede basarse en la procedencia o no de la deuda, cuestión que tan sólo puede ser discutida por el deudor principal. Por otra parte, en lo que se refiere al cumplimiento del artículo 37 de la Ley 230/1963, que indica que en el acuerdo de derivación será notificado "con expresión de los elementos esenciales de la liquidación", se entiende cumplido por cuanto en el acuerdo de derivación consta que se adopta por incumplimiento de la diligencia de embargo notificada el 24 de junio de 1998, con indicación de las cuentas a embargar. Del mismo modo, no le cabe alegar al recurrente que la deuda no existía en julio de 2000; ya se ha dicho que no está legitimado para discutir su procedencia.
Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 484/2016, AN, Sala de lo Contencioso, Sec. 7, Rec 247/2016, 05-12-2016
Orden: Administrativo Fecha: 05/12/2016 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: Fernández Dozagarat, Begoña Num. Sentencia: 484/2016 Num. Recurso: 247/2016
Sentencia Administrativo TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 3103/2009, 27-09-2012
Orden: Administrativo Fecha: 27/09/2012 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Montero Fernandez, Jose Antonio Num. Recurso: 3103/2009

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 131
 resolución 
 artículo 131
 resolución 
 artículo 37
 Real Decreto 
 artículo 37