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Timestamp: 2013-06-19 16:45:16+00:00

Document:
Resolución M.D. Nº 740/2010
Ciudad de Buenos Aires, 13 de octubre de 2010. VISTOS Y CONSIDERANDO;
Que por medio de la resolución M.D. 541/2010, el Sr. Ministro de Defensa convocó a un concurso para cubrir la vacante para representar a las Fuerzas Armadas ante el Centro Internacional de Estudios Estratégicos con sede en la ciudad de Washington (EEUU). Asimismo, en la mencionada resolución se estableció que, a tales efectos, los postulantes debían ser especialistas en cuestiones relativas a la defensa estratégica y pertenecer a las Fuerzas Armadas. Que a la mencionada convocatoria se presentaron el Cnel. Augusto López, el Cnel. José Sánchez, el Cnel. Joaquín Jurado y el Dr. Pablo Gómez. Que este ministerio considera que Dr. Pablo Gómez, que revista actualmente en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) cumple sobradamente con todos los requisitos para ocupar el cargo, en atención a que, durante su visita a la Ciudad de Washington, asistió a las V Jornadas de Defensa Estratégica, lo que acreditó mediante el correspondiente certificado. Que, en consecuencia, se estima conveniente dejar sin efecto la convocatoria efectuada mediante la resolución M.D. 541/2010, por no resultar necesaria. Que, asimismo, no escapa a este Ministerio el hecho de que el resto de los concursantes elevaron airadas quejas contra la persona del Sr. Pablo Gómez, por considerarlo “no apto” para ejercer el cargo. Que la conducta reseñada constituye una grave falta de conducta, por lo que se aplicará a los Coroneles López, Sánchez y Jurado la sanción de 8 (ocho) días de suspensión (conf. art. 31 inc. “c” ley 25.164). Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha emitido su dictamen respecto de la designación del Sr. Gómez, y este Ministerio considera que, respecto de las sanciones indicadas anteriormente, ello no resulta necesario por encontrarse la facultad de sancionar a los agentes dentro de la zona de reserva de la administración, constituyendo una facultad discrecional de las autoridades, según autorizada jurisprudencia (conf. CSJN “Consejo de Presidencia de la Delegación Bahía Blanca de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos s/ acción de amparo”, 23/6/1992). Que, definida así la cuestión, y de acuerdo a lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos, y lo dispuesto en la Ley de Procedimientos Administrativos, EL SR. MINISTRO DE DEFENSA RESUELVE:
Art. 1º: Dejar sin efecto la convocatoria efectuada mediante la resolución M.D. 541/2010
Art 2º: Designar al Sr. Pablo Gómez como representante del Estado Argentino en el Centro Internacional de Estudios Estratégicos. Art. 3º: Sancionar a los agentes Augusto López, José Sánchez y Joaquín Jurado con 8 (ocho) días de suspensión. Art. 4º: Regístrese y notifíquese. Fdo. Guillermo Gómez. PREGUNTAS: 1) ¿Qué tipo de acto es la resolución M.D. Nº 740/2010? Fundamente. 2) ¿Estima usted que el acto presenta algún vicio? Analice la cuestión tanto desde la perspectiva de los elementos del acto como desde el enfoque de las facultades regladas y discrecionales. CASO Nº3
Ciudad de Buenos Aires, 20 de abril de 2012 VISTO: el expediente 125/2012 y;
Al señor Ministro de Economía:
Que la ley 22025 estableció un plan de promoción industrial para el desarrollo de la industria software en la actual Provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur.
Que esa ley previó que para acceder al beneficio, que contaba con un cupo determinado, corresponde presentar el plan de inversión, incluyendo el desarrollo tecnológico como así también cómo se gestiona el sistema de transferencia del “know how”. Del mismo modo, prevé para acceder al beneficio establecer la cantidad de personal y la innovación que el emprendimiento implica en el mercado nacional e internacional. A su vez, el programa consiste en un incentivo fiscal que implica una devolución, por crédito fiscal, de las sumas que corresponden por IVA. Todos los años, el Ministerio de Economía de modo coordinado con la AFIP, fija el cupo.
Que, asimismo, el sistema establecido por la ley 22025 impuso a la entonces DGI (en ese momento ente desconcentrado del Ministerio de Economía), actual AFIP (ente descentralizado) la recepción de las presentaciones de postulación de las empresas. Que en el año 2011 la empresa “Ciconesito Sofware”, con domicilio en la provincia de Buenos Aires, presentó su postulación para acceder al beneficio, conjuntamente con otras empresas. Que de los por entonces postulantes, se concedió el benefició a las empresas “Ciconecito Software”, “La Tecnológica Cia. Arg. de Software” y a la “Meridional Ltda”, por estimar que cada una de ellas, en función del proyecto presentado comprobaba un desarrollo innovador para ese ramo de la industria tecnológica. A la par que captaban recursos humanos altamente calificados para instalarse en la provincia promocionada.
Que notificadas la totalidad de los participantes esa decisión quedó firme,
Que sin embargo, realizada una inspección por la Secretaría de Industria de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía, se advirtió que la empresa la “Ciconecito” con el subsidio concedido y otorgado, a la fecha no comenzó a operar conforme lo estableció en su programa de inversiones.
Que notificada la empresa de esa situación, en su descargo de fs. …., precisó que se ha visto vedada de comenzar a operar, por cuanto sus insumos se encuentran retenidos en la Aduana y no le permiten su despacho a plaza. Precisa que inició gestiones, sin resultado alguno, ante la Secretaría de Comercio Interior, a la par que puso en conocimiento de esa dependencia que los insumos retenidos eran necesarios para comenzar a operar conforme el plan de inversión aprobado al extender la AFIP el certificado fiscal y otorgar el respectivo cupo para el plan de promoción.
Que en rigor las alusiones de la empresa son meras conjeturas, por cuanto el no despacho a plaza no la libera de su deber de comenzar a ejecutar el compromiso que asumió al obtener el beneficio fiscal promocional. Cabe señalar que esta repartición solicitó informes a la Secretaría de Comercio Interior y a la Aduana, quienes en sentido concordante precisaron que todos los insumos retenidos son producidos en nuestro país. Esa razón determina que no comenzó a ejecutar sus obligaciones por su propia inconducta.
Que por eso, esta repartición entiende que la empresa promocionada conoce los vicios que afectan a su conducta, de modo que se debe revocar en sede administrativa el beneficio concedido.
Fdo. María Acuña (Jefa de Asesores letrados del Ministerio de Economía).
Visto: el informe que antecede;
Que se comparten sus términos los que se dan por reproducidos,
Art. 1.- Revocar el Beneficio concedido a la empresa mentada.
Art. 2.- Procédase al remate público de los bienes retenidos en la Aduana para resarcir el perjuicio fiscal.
Fdo. Ministro de Economía
Analice vicios y caracteres del acto
AUTOPISTAS URBANAS S.E.
(AUSA S.E.)
Buenos Aires, de mayo de 2012
VISTO: El expte. 8888/10 y;
Que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (entidad descentralizada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) realizó un pedido de informe a esta repartición, en el cual solicitó que se le indicara acerca de la situación de los inmuebles ubicados en la traza de la ex AU3. Según señaló, la idea central sería el desarrollo de un proyecto integral de viviendas sociales.
Que anoticiada esta repartición, AUSA sociedad del Estado de la Ciudad, requirió la remisión de esas actuaciones administrativas a los fines de analizar sobre su viabilidad y realizar los procedimientos legales a esos fines.
Que si bien a la fecha no fueron recibidas esas actuaciones, este ente que es parte del GCBA cuenta con facultades para el diseño de un adecuado plan de obras destinado a desarrollar sobre esa traza un programa de viviendas sociales.
Que en ese orden de cosas, la Ley de Presupuesto para el año en curso asignó a esta repartición la suma de $ 100.000.000.- para el desarrollo de obras de infraestructura relacionadas con el mejoramiento de las arterias y autopistas de la Ciudad. Sin embargo, resulta un principio reconocido que, en materia de competencia, los entes y órganos administrativos no se hallan limitados por lo que las normas expresamente dicen, sino que, con la finalidad de cumplir con sus cometidos constitucionales, pueden hacer todo aquello que, en forma razonable, no ha de entenderse vedado.
Que la Constitución nacional –y la de la Ciudad Autónoma con mucho mayor énfasis- garantiza los beneficios de la seguridad social, a los que califica de irrenunciables, a la par que reconoce el derecho de acceso a una vivienda digna. Que desde esa perspectiva, los tratados internacionales de derechos humanos obligan al Estado a adoptar medidas de acción positivas hasta el máximo de sus recursos para dar efectividad a los derechos sociales.
Que por lo demás esta entidad cuenta con los recursos mencionados que, en realidad, resultan innecesarios para el mantenimiento de las arterias. Lo que hace razonable que esta entidad descentralizada, procure medidas de tipo humanitarias en ese sentido.
Que recientemente la Corte Suprema, en un pronunciamiento aleccionador, in re “Q. C. c/ CGBA” señaló no sólo la plena exigibilidad del derecho a la vivienda, sino además la obligación del Estado en adoptar medidas suficientes para dar solución definitiva a este tema.
Que así las cosas, corresponde arbitrar medidas que tiendan a brindar una solución definitiva a esta problemática. Que ciertamente no hay que perder de vista que la satisfacción de las necesidades básicas no puede culminar que por la dilación temporal en la instrucción de los procedimientos, se llegue al absurdo de su ineficacia.
Que por lo demás, la ley 2095 de contrataciones habilita explícitamente recurrir a la contratación directa cuando existan situaciones apremiantes. En efecto, el art. 28 de la ley nº 2095 dispone que “La contratación es directa cuando se selecciona directamente al proveedor, debiendo encontrarse dicha medida debidamente fundada y ponderada por la autoridad competente que la invoca, sólo en los casos que a continuación se mencionan:
Por razones de urgencia, en que a mérito de circunstancias imprevistas no pueda realizarse la licitación. La urgencia debe responder a circunstancias objetivas y su magnitud debe ser tal que impida la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno. Estas circunstancias deben ser debidamente fundadas por la máxima autoridad de cada jurisdicción o entidad, en el expediente en que se tramita la compra o contratación. “
Que, así las cosas, corresponde disponer de la suma de $ 100.000.000.- presupuestaria y fijar su destino para la construcción del complejo “AU3 – La Ciudad en marcha”, que, según la documentación técnica acompañada, consiste en dos torres de 20 unidades funcionales cada una de ellas.
Que, por otro lado, si bien la Constitución de la Ciudad dispone en su art. 30 la necesidad del estudio de impacto ambiental para las obras de relevante efecto, la presente no parece tener ningún tipo de incidencia por cuanto ya hay, en la zona, edificios construidos incluso con mayor altura. Que en base a esas razones, se adjudica la construcción de las obras a la Asociación Civil “Tu torre”, cuya finalidad según su estatuto, acercado por su Presidente -Ing. Salvador Propina-, es la construcción de viviendas sociales para sectores carenciados.
Que una regla de transparencia administrativa, impone señalar que el Presidente de la Asociación, actualmente se desempeña como Subsecretario de Desarrollo Social del GCBA. Sin embargo, en función de que las sumas aplicadas a la construcción no generan lucro personal ni para el citado funcionario ni para la ONG, no hay ningún tipo de incompatibilidad.
Que, cabe agregar, que el Servicio Jurídico de esta entidad tomó intervención, señalando que la decisión se trataba de una cuestión de oportunidad y conveniencia, sin involucrar ningún juicio en cuanto a su legalidad.
ART. 1.- Adjudicar, en forma directa, a la Asociación Civil “Tu torre” la construcción del complejo habitacional indicado, de conformidad con la documentación técnica adjuntada.
ART. 2.- A tales fines modificar el destino de la partida a.2.e. para financiar la construcción.
Fdo. Mariano Mariani Propina
Presidente de AUSA S.E.
1.- Debe analizar todos y cada uno de los vicios posibles. A su vez, tiene que fundar exhaustivamente su decisión como si Ud. tratase de convencer a un juez de que tiene razón en cuanto a sus argumento.
2.- En base a su respuesta, explique si el acto en cuestión goza o no de presunción de legitimidad. Funde y explique con cita de jurisprudencia.
Buenos Aires, de junio de 2012
VISTO; Lo manifestado por el agente Mario Cantón Pustelnik; CONSIDERANDO:
Que la ordenanza nº 36.045 estableció un subsidio para los Ex Combatientes que participaran en la recuperación de las Islas Malvinas y Sandwich del sur, consistente en una suma remunerativa equivalente al 160 % del salario.
Que naturalmente ese beneficio está estatuido para quienes efectivamente participaron en combate y no para quienes quedaron en reserva en el continente.
Que debido a ciertas dudas fundadas surgiría que varios de los agentes que se encontraban percibiendo ese subsidio no cumplirían con las condiciones para su percepción.
Que así, el Ministro de Hacienda, decidió instruir sumario administrativo para investigar esos hechos que, de modo evidente, afectan al erario público.
Que el Sr. Mario Cantón Pustelnik, quien ingresó a la ex MCBA en el año 1985 percibió (con dudosa regularidad) desde entonces el subsidio mencionado. Actualmente presta servicios para la Agencia de Protección Ambiental, ente descentralizado, sujeto a la tutela del Ministerio de Medio Ambiente y Espacio Público. El día 5 de mayo hizo una presentación en la que expresa que se le dejó de “depositar” ese beneficio y pide, según sus dichos, “explicaciones”.
Que el citado agente si bien, en su ingreso, allegó un certificado del Ministerio de Defensa de la Nación que daría cuenta de su condición de veterano de guerra, lo cierto es que, como es de público y notorio, muchos de esos documentos se obtuvieron entre los años 1982 y 1983, período que se caracterizó por ser de una notable confusión sobre quienes eran efectivamente veteranos de guerra y quienes no.
Que, desde esa perspectiva y con el fin de garantizar el tesoro público, el peticionante no tiene un derecho subjetivo a percibir un subsidio que, por su propia naturaleza es una concesión graciosa que efectúa la administración con carácter precario (cf. art. 18 LPA CABA).
Que, por lo demás, resulta razonable no efectuar erogación alguna en tal concepto hasta tanto se llegue a una conclusión concreta sobre la situación de la totalidad de quienes dicen ser veteranos de guerra. Que el dictamen jurídico no resulta necesario, porque no se está afectando derecho subjetivo de ninguna especie.
El Instructor Sumariante de la Procuración General RESUELVE:
Art. 1: Hacer saber que por la instrucción del sumario no se liquidará el subsidio mencionado, hasta tanto se aclare la situación de quienes alegan ser veteranos de guerra en la gesta por las Islas Malvinas y Sandwich del sur.
Consigna: Analice todos y cada uno de los vicios. ¿Goza de estabilidad el subsidio?, eventualmente ¿Cuál sería el mecanismo para dejar sin efecto su pago? LEY 1218
Artículo 1º.- Competencia.
La Procuración General ejerce la representación y patrocinio de la Ciudad en todo proceso en que se controviertan sus derechos e intereses, defiende su patrimonio, dictamina sobre la legalidad de los actos administrativos e instruye sumarios. Su competencia abarca la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, las Sociedades del Estado, y las sociedades en las que la Ciudad tiene participación mayoritaria.
Representa en juicio sólo a requerimiento de éstos al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a otros órganos de gobierno de la Ciudad. El Poder Legislativo y el Poder Judicial de la Ciudad pueden solicitar a la Procuración General, la producción de otras actividades del ámbito de su competencia.
Artículo 21.- Sumarios Administrativos.
Todos los sumarios administrativos deben ser instruidos por el/la Procurador/a General, a requerimiento del funcionario responsable o de oficio, con relación a los agentes que se desempeñen dentro del ámbito del Poder Ejecutivo y de los organismos descentralizados y desconcentrados. Puede disponer medidas preventivas, de conformidad a lo establecido en la Ley de Empleo Público.
Buenos Aires, 5 de octubre de 2012.-
VISTOS: el informe girado por el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires; CONSIDERANDO: Que en el marco del proceso de ordenamiento general de la
planta de personal del Gobierno de la Ciudad, el Instituto de Cultura de la
Provincia de Buenos Aires, informó que el Sr. Carlos
Vivaldi, revista también como “Personal Titular” en el “Agrupamiento Artístico —Grupo de Trabajo II—
Orquesta, Parte Real, Categoría 16, Percusionista” del Teatro Argentino de La
Que se trata de un informe oficial de
un organismo público de una provincia argentina, por lo que, atento a lo que
dispone el artículo 7º de la Constitución Nacional, da fe de su contenido en
Que impuesto de
dicha situación, en los términos del artículo 12 de la Ley 471, el Sr. Vivaldi no regularizó hasta el día de la
fecha su situación de revista, por lo que corresponde disponer el cese del
Que con el fin de
no obstaculizar el normal desarrollo de las actividades del Primer Coliseo
Argentino, resulta indispensable proveer a la repartición involucrada de los
Recursos Humanos idóneos y necesarios para poder continuar regularmente con sus
funciones. Por todo ello, en ejercicio de la competencia otorgada por el decreto 124-MCBA-93,
Recursos Humanos del GCBA
Art. 1º: CESAR al Sr. Carlos Vivaldi en su cargo de Músico
Ejecutante, del Ente Autárquico del Teatro Colón, Ministerio de Cultura partida
5038.00013.W.02.879, por hallarse incurso en la situación de incompatibilidad
establecida en el Capítulo IV, Artículo 12, de la Ley Nº 471.
Art. 2º: Intimarlo a reintegrar el
instrumento oficial que le fuera asignado para su uso, uniforme y todo otro
elemento de propiedad del Gobierno de la Ciudad que obre en su poder vinculado
al ejercicio del cargo por el cual se ha dispuesto su cese.
Art. 3º: Designar en su reemplazo al Sr.
Juan Tula, hasta tanto se realice
la cobertura definitiva del cargo mediante concurso público de oposición y
Art. 4º: Notifíquese, comuníquese, regístrese y
Robustiano Patrón / DGRHGCBA CONSIGNA:
1. Determine si el acto posee
vicios, en su caso cuáles. Fundamente. 2.
En base a su respuesta, explique si el acto en cuestión goza o no de presunción
de legitimidad. Funde y explique.
Artículo 43.- La Ciudad protege
el trabajo en todas sus formas. Asegura al trabajador los derechos establecidos en la Constitución Nacional y se
atiene a los convenios ratificados y considera las recomendaciones de la
Organización Internacional del Trabajo. La Ciudad provee a la formación
profesional y cultural de los trabajadores y procura la observancia de su
derecho a la información y consulta. Garantiza un régimen de empleo público que
asegura la estabilidad y capacitación de sus agentes, basado en la idoneidad
funcional. Se reconocen y organizan las carreras por especialidad a las que se
ingresa y en las que se promociona por concurso público abierto. Asegura un
cupo del cinco por ciento del personal para las personas con necesidades
especiales, con incorporación gradual en la forma que la ley determine. En todo
contrato de concesión de servicios o de transferencia de actividades al sector
privado, se preverá la aplicación estricta de esta disposición. Reconoce a los trabajadores estatales el
derecho de negociación colectiva y procedimientos imparciales de solución de
conflictos, todo según las normas que los regulen. El tratamiento y la interpretación
de las leyes laborales debe efectuarse conforme a los principios del derecho
de Empleo Público de la Ciudad
Artículo 6°.- PRINCIPIO
GENERAL. El ingreso se formaliza mediante acto administrativo emanado de
autoridad competente, previo concurso público abierto de conformidad con las
reglas que se establezcan por vía reglamentaria.
INCOMPATIBILIDAD. El desempeño de un cargo en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires es incompatible con el ejercicio de cualquier otro remunerado en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como en el orden nacional, provincial o
municipal, salvo en los casos en que el Poder Ejecutivo autorice la acumulación
por razones fundadas.
de servicio cuando medie 5 o más inasistencias injustificadas consecutivas
del trabajador. Para que el abandono de servicio se configure se requerirá
previa intimación fehaciente emanada de autoridad competente a fin de que
retome el servicio,
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses
inmediatos anteriores,
y faltas reiteradas en el cumplimiento de sus tareas,
que den lugar a la suspensión, cuando hayan totalizado en los 12 meses
inmediatos anteriores, 30 días de suspensión,
grave de las obligaciones y quebrantamiento grave de las prohibiciones
establecidas en los artículos 11 y 12 de la presente ley,
PROCEDIMIENTO. A los fines de la aplicación de las sanciones previstas en el
presente capítulo se requerirá la instrucción de un sumario previo, conforme el
procedimiento que se establezca en la reglamentación, el cual deberá garantizar
al imputado el derecho de defensa.
suspensiones por un término inferior a los 10 días.
sanciones previstas en los incisos a) y b) del artículo 46, en los incisos
a) y b) del 47 y en los incisos b) y d) del artículo 48.
antecedentes del trabajador y los perjuicios causados.
El Poder Ejecutivo determinará, por vía reglamentaria, el funcionario
competente a los fines de la aplicación de las diferentes sanciones
disciplinarias previstas en el presente artículo.
124-MCBA-1993
Artículo 1º: Se amplía la
competencia asignada a la Dirección General de Recursos Humanos, facultándola
para resolver las cuestiones vinculadas al personal en los siguientes casos:
transferencias presupuestarias; cambios de grupo o función; reencasillamientos;
aceptación de renuncias en cargos de conducción; aceptación de renuncias
definitivas y cesantías por abandono del cargo.
Disposicion Nº 163/2013
Ciudad de Buenos Aires, 2 de mayo de 2013.-
a fojas 1 y ss del presente expediente administrativo se encuentra agregada la
nota del presidente de la Cámara de Operadores Mayoristas Frutihortícolas de
los Mercados y Ferias Callejeras de la Ciudad de Buenos Aires por la que
transmitió a esta Dirección General la “preocupación de sus asociados por la
información que reiteradamente expone el periodismo basada en datos
suministrados por consultores de economía y mercado”, que dan cuenta de una
suba sistemática en los precios de las mercaderías comercializadas por los
puesteros de frutas, hortalizas y legumbres. Sobre el punto, asegura que esas
“informaciones” no reflejan “la realidad de lo que acontece día a día y de lo que
pueden dar fe sus asociados”, ni tampoco los valores del Índice de Precios al
Consumidor oficiales que elabora el INDEC.
frente a tal presentación y en cumplimiento de las competencias asignadas por
la ley nacional 22.802 y el decreto 660/2011 del Gobierno de la Ciudad, se
decidió instruir un sumario para investigar los hechos denunciados.
tras las diligencias preliminares, se requirió a la Consultora “GREEN EVER
GREEN” que informara –en los términos del artículo 14, inciso “c”, de la ley
22.802- en el plazo de cuarenta y ocho horas las fórmulas que utilizaba para
difundir su “índice de inflación mensual” que distribuía a la prensa. Que la
sumariada optó por ignorar el requerimiento de la Autoridad, omitiendo sin
justificativo alguno presentar la información requerida. En tal sentido, se
limitó a presentar una información parcial y sintética referida a la base de
599 precios que correspondían a 278 variedades de productos y servicios, que en
modo alguno permite tener por cumplimentado el requerimiento de esta Autoridad.
en tal sentido, se le formularon expresos cargos en los términos del artículo
21 de la ley 22.802.
Que a fojas
54 obra el descargo presentado por “GREEN EVER GREEN” con patrocinio jurídico
del Estudio de Abogados Fernández de Guadaña y Asociados. En dicha pieza, negó
los cargos efectuados, invocó numerosa normativa manifiestamente no aplicable
al caso y expresó que realiza para sus clientes de todo el país estudios
económicos y mediciones de índices inflacionarios y otros, sin que nunca haya
realizado un estudio específico sobre la evolución de los precios de las
frutas, verduras u hortalizas.
60 y ss. luce el informe técnico de la Dirección General de Estadísticas del
Gobierno de la Ciudad que señala que el índice que elabora el INDEC es un
indicador definitivo, producto de un cuidadoso trabajo técnico metodológico y
se explaya sobre la forma correcta de elaborar un índice de este tipo.
los artículos 42 de la Constitución Nacional, 46 de la Constitución de la
Ciudad y ley nacional 22.802 prevén distintas normativas para proteger a los
usuarios y consumidores. En dichas normas existe una particular preocupación
por preservar el derecho de usuarios y consumidores a una información veraz y
la protección contra la distorsión de los mercados.
en tal contexto, y tras la adecuada sustanciación de este procedimiento
administrativo, existen elementos contundentes para considerar a la sumariada
“GREEN EVER GREEN” en la figura prevista en el artículo 21 de la ley 22.802,
por lo que esta Dirección General en uso de las facultades que le acuerdan los
artículos 13, 15 y 16 de dicha norma, habrá de adoptar las medidas
en virtud del impacto que la difusión de estas falsas informaciones tiene en la
economía nacional, en orden al carácter de “agentes naturales del Gobierno
federal” que revisten los funcionarios provinciales y de la Ciudad de Buenos
Aires (art. 128 CN), y en el marco de la permanente y profunda colaboración que
existe entre los Gobiernos Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo
en lo que hace al desarrollo de políticas públicas que tengan como norte la
mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Patria; EL SR. DIRECTOR GENERAL de Defensa y Protección del
Consumidor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs. as.
Art. 1º: Aplicar a “GREEN
EVER GREEN” una multa de un millón de pesos ($ 1.000.000), por infracción a lo
dispuesto por los artículos 21 (en función del 14, inciso “c”) de la ley 22.802
y en aplicación de lo dispuesto por los artículos 18 y 19 de la misma norma.
Art. 2º: Regístrese y
Gustavo SAAVEDRA – Director General
1) En su carácter de abogado de
“GREEN EVER GREEN” identifique los vicios que posee el acto administrativo.
Explicándolos fundadamente e indicando en qué elemento del acto se presentan y
cual podría ser su consecuencia jurídica.
Art. 42.- Los consumidores y
usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la
protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información
adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato
esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia
contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios
naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y
eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios
de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria
participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las
Art. 128.- Los
ARTICULO 46.- La Ciudad
los monopolios que los afecten.
Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores
y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el acceso a
la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los
mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas
que la ley determine como inadecuadas.
Debe dictar una ley que regule la propaganda que pueda inducir a
conductas adictivas o perjudiciales o promover la automedicación.
Ejerce poder de policía en materia de consumo de todos los bienes
y servicios comercializados en la Ciudad, en especial en seguridad alimentaria
El Ente Unico Regulador de los Servicios Públicos promueve
mecanismos de participación de usuarios y consumidores de servicios públicos de
acuerdo a lo que reglamente la ley.
ARTICULO 14. — Para el
cumplimiento de su cometido las autoridades de aplicación a través de los
organismos que determine podrán:
a) Extraer muestras de mercaderías y realizar los actos necesarios
para controlar y verificar el cumplimiento de la presente ley.
b) Intervenir frutos o productos cuando aparezca manifiesta
infracción o cuando existiendo fundada sospecha de ésta, su verificación pueda
frustrarse por la demora o por la acción del presunto responsable o de
terceros. La intervención será dejada sin efecto en cuanto sea subsanada la
infracción, sin perjuicio de la aplicación de las penas que establece la
c) Ingresar en días y horas hábiles a los locales donde se ejerzan
las actividades reguladas en la ley salvo en la parte destinada a domicilio
privado, examinar y exigir la exhibición de libros y documentos, verificar
existencias, requerir informaciones, nombrar depositarios de productos
intervenidos, proceder al secuestro de los elementos probatorios de la presunta
infracción, citar y hacer comparecer a las personas que se considere procedente
pudiendo recabar el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario.
d) Sustanciar los sumarios por violación a las disposiciones de la
presente ley y proceder a su resolución, asegurando el derecho de defensa.
e) Ordenar el cese de la rotulación, publicidad o la conducta que
infrinja las normas establecidas por la presente ley, durante la instrucción
del pertinente sumario. Esta medida será apelable. El recurso deberá
interponerse en el plazo de CINCO (5) días de acuerdo al procedimiento
establecido en el artículo 22 y se concederá con efecto devolutivo.
f) Solicitar al juez competente el allanamiento de domicilios
privados, y de los locales a que se refiere el inciso c) del artículo en días y
ARTICULO 15. — Cuando
surgiere que la presunta infracción afecta al comercio interjurisdiccional, las
actuaciones serán remitidas a la autoridad nacional de aplicación para su
trámite. En este caso la autoridad local quedará facultada para efectuar las
gestiones presumariales que puedan realizarse en el ámbito de su competencia
ARTICULO 16. — La
autoridad nacional de aplicación, sin perjuicio de las funciones que se encomiendan
a las autoridades locales de aplicación por el artículo 13 de la presente ley,
podrá actuar concurrentemente en la vigilancia, contralor y juzgamiento del
cumplimiento de la misma, aunque las presuntas infracciones afecten
exclusivamente al comercio local.
De las sanciones, sanciones y
ARTICULO 18. — El que
infringiere las disposiciones de la presente ley, las normas reglamentarias y
resoluciones que en su consecuencia se dicten, será sancionado con multa de
cien pesos ($ 100) hasta quinientos mil pesos ($ 500.000).
ARTICULO 19. — En los
casos de reincidencia, así como en el de concurso de infracciones, o
desobediencia a una orden de cese, la sanción a aplicarse se agravará
duplicándose los límites mínimo y máximo. En casos graves podrá imponerse como
sanción accesoria el decomiso de la mercadería en infracción.
Se considerarán reincidentes quienes habiendo sido sancionados por
una infracción, incurran en otra de igual especie dentro del término de tres
ARTICULO 21. — Serán
sancionados con las penas previstas en los artículos 18 y 19 quienes hagan uso sistemático
de las tolerancias a que se hace referencia en el inciso d) del artículo 12, y
quienes no cumplimenten en término las intimaciones practicadas en virtud del
artículo 14 inciso c).
660/2011 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
2.4 DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Descripción de Responsabilidades Primarias
políticas destinadas a la protección del consumidor y del usuario, la defensa
de sus derechos y atención de sus
reclamos. *Promover
políticas de lealtad comercial, promoción de la producción y del comercio. *Vigilar
el cumplimiento de la Ley N° 24.240 y N° 757 de Defensa del Consumidor y de la Ley de
Lealtad Comercial N° 22.802, para la defensa de los consumidores y usuarios. Administrar
e implementar los registros necesarios para la defensa y protección del consumidor. *Implementar
acciones que favorezcan al cumplimiento de las Leyes de Defensa del Consumidor
y de Lealtad Comercial. *Entender
en todas las cuestiones vinculadas al cumplimiento de la Ley N° 2963.
Buenos Aires, 29 de
VISTOS: los expedientes
administrativos 1234 y 2345/13; y
CONSIDERANDO: Que la plataforma
electoral elaborada para los próximos comicios incluye un importante capítulo
sobre mejoras en el transporte público;
marcha la construcción de la nueva línea X de subterráneos;
Que la Ley 3456
define el recorrido y el emplazamiento de las estaciones correspondientes;
referido a esta línea cuenta con Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la primera
etapa que acaba de terminarse;
Que es de prioritaria
importancia ampliar un tramo más y por ende construir la Estación Plaza España,
la que dada la similitud con otras ya construidas eximen de realizar los
procedimientos de EIA y audiencias por razones de celeridad y economía;
Que si bien la Ley
define el lugar de su emplazamiento en la Plaza España, lo cierto es que
resulta conveniente por los radios de giro y demás necesidades técnicas que sea
establecida en la Plaza de las Palmeras que se encuentra en zona aledaña;
Que no asiste razón
alguna a la Asociación Amigos del Paisaje en que no pueden sacarse las
históricas palmeras por ser esa Plaza parte del APH 007 ya que está previsto
que una vez terminada se planten nuevos árboles más vistosos y renovados;
Artículo 1: Ordénase
la continuación de la construcción de la Línea X y de la Estación Plaza España
a construirse en la Plaza de las Palmeras.
Artículo 2: Las obras
se reiniciarán en el día de la fecha.
Regístrese, publíquese y comuníquese. Juan
1) En su carácter de
abogada/o de la Asociación Amigos del Paisaje identifique los vicios que posee
el acto administrativo. Explicándolos fundadamente e indicando en qué elemento
del acto se presentan y cuál podría ser su consecuencia jurídica.
ARTICULO 30.- Establece la
8º.- Las
actividades, emprendimientos, proyectos y programas susceptibles de producir un
impacto ambiental de relevante efecto, deberán cumplir con la totalidad del
Procedimiento Técnico Administrativo de EIA. Las actividades, emprendimientos,
proyectos y programas de impacto ambiental sin relevante efecto, deberán
cumplir con las etapas a) y b) del Procedimiento Técnico Administrativo de EIA
mediante una declaración jurada, y recibirán una constancia de inscripción
automática de parte de la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Procedimiento Técnico - Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental está
integrado por las siguientes etapas:
de categorización.
La categorización de las
actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos con relevante efecto
y sin relevante efecto, según correspondiere. (Conforme
texto Art. 4º de la Ley Nº 452 BOCBA Nº 1025 del 12/09/2000).
La presentación del Manifiesto de
Impacto Ambiental acompañado de un Estudio Técnico de Impacto Ambiental.
interesados y potenciales afectados.
actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos de la siguiente lista
enunciativa se presumen como de Impacto Ambiental con relevante efecto:
Las autopistas, autovías y líneas
de ferrocarril y subterráneas y sus estaciones.
Los puertos comerciales y
deportivos y los sistemas de recepción, manejo y/o control de los desechos
Los supermercados totales,
supertiendas, centros de compras.
Los mercados concentradores en
Las obras proyectadas sobre
parcelas de más de 2.500 metros cuadrados que requieran el dictado de
normas urbanísticas particulares.
Las centrales de producción de
energía eléctrica y redes de transporte de las mismas
depósitos y expendedores de petróleo y sus derivados en gran escala y las
estaciones de servicio de despacho o expendio de combustibles líquidos y/o
gaseosos inflamables y fraccionadoras de gas envasado.
plantas siderúrgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos
químicos, depósitos y molinos de cereales, parques industriales, incluidos
los proyectos de su correspondiente infraestructura, y fabricación de
cemento, cal, yeso y hormigón.
ocupación o modificación de la costa y de las formaciones insulares que
acrecieren, natural o artificialmente, en la porción del Río de la Plata
de jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Riachuelo.
obras relevantes de infraestructura que desarrollen entes públicos o
privados que presten servicios públicos.
plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al
tratamiento, manipuleo, transporte y disposición final de residuos
domiciliarios, patogénicos, patológicos, quimioterápicos, peligrosos y de
los radiactivos provenientes de actividad medicinal, cualquiera sea el
actividades o usos a desarrollar en áreas ambientalmente críticas, según
obras que demanden la deforestación relevante de terrenos públicos o
privados y la disminución del terreno absorbente, según surja de la
ferias, centros deportivos, salas de juegos y lugares de diversión, según
surja de la reglamentación de la presente.
grandes emprendimientos que por su magnitud impliquen superar la capacidad
de la infraestructura vial o de servicios existentes."
Ley 449. Código de
Planeamiento Urbano: Art. 5.4.12.14.
DISTRITO APH 007. Ámbito Plaza España y
Plaza de las Palmeras. “Grados de Intervención Ambiental. En el espacio
público se conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de mantener
las cualidades ambientales del área. Se prohíbe la tala o trasplante de las
especies vegetales. Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún
ejemplar. Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se
hará atendiendo no sólo a criterios paisajísticos sino también a valores
históricos. La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal
especializado. Los jardines deben ser mantenidos y protegidos de su
destrucción. Se mantendrán los senderos existentes; toda modificación y/o
adecuación funcional será previamente sometida a la aprobación del Organismo de
4º Congreso de Derecho Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires
1º y 2º de noviembre de 2012
Profesora titular adjunta: N. Mabel Daniele
Jefe de Trabajos Prácticos: Guillermo Scheibler
Auxiliares: Mercedes I. Aveldaño, Leonardo Toia, María Lucía Jacobo Dillon

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 1

Artículo 21
 artículo 7
 artículo 12
 Artículo 12

Artículo 43

Artículo 6
 artículo 46
 artículo 48

Artículo 1
 artículo 14
 artículo
21
 artículo 21
 artículo 22
 artículo 13
 artículo 12

artículo 14

Artículo 1

Artículo 2