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Accesibilidad y Supresión de Barreras CyL
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1 Re: Accesibilidad y Supresión de Barreras CyL el Mar Ene 26, 2010 5:26 pm
Jose, te lo estás currando a base de bien, GRACIAS
2 Accesibilidad y Supresión de Barreras CyL el Lun Ene 25, 2010 8:07 am
Comunidad de Castilla y Leon. PRESIDENCIA
LEY 3/1998, de 24 de Junio de
Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 14.3 del Estatuto de Autonomía promulgo y ordeno la publicación de la siguiente,
En la Constitución Española se contienen distintos mandatos dirigidos a los Poderes Públicos que, unas veces dé forma genérica, otras de forma explícita y singularizada, establecen como objetivo prioritario de su actividad el de mejorar la calidad de vida de la población, especialmente de las personas con algún tipo de discapacidad o de limitación como una manifestación del principio de igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de las obligaciones. Así, en su artículo 49 se dispone la necesidad de realizar una política de integración de las personas con discapacidad física, sensorial y psíquica, lo cual no sólo exige la adopción de medidas de prevención, tratamiento y rehabilitación sino que también pasa inexcusablemente por asegurar el disfrute de los derechos individuales y colectivos precisos para el desenvolvimiento autónomo de las personas en los distintos medios, vivienda, servicios públicos, entorno urbano y en todos en los que desarrollan sus actividades laborales, sociales, culturales, deportivas y en general la actividad humana en sus múltiples vertientes.
Se trata en definitiva de positivizar el derecho de todos a disfrutar de un entorno accesible, con igualdad de condiciones y sin impedimentos discriminatorios, lo que implica no solo la adaptación del mobiliario urbano y de la edificación, sino, además, modificaciones técnicas en el transporte en la comunicación y en la propia configuración de todo el entorno urbano.
Es notorio que la efectividad de una política tendente a garantizar la accesibilidad plena y la supresión de las múltiples barreras existentes al presente requiere la movilización y asignación de recursos ingentes que es la propia sociedad la que debe aportar tanto por vía de los impuestos corno a través de las necesarias inversiones de empresas y particulares lo cual comporta no solo una progresividad en cuanto a los plazos de aplicaci6n sino también, y lo que es más importante, la creación y desarrollo de una cultura profundamente arraigada en el tejido social que posibilite que la realidad social y la jurídica sean coincidentes.
A tal respecto debe tenerse en cuenta que no es un sector concretó y delimitado de la población el destinatario y posible beneficiario de los derechos y las medidas de fomentó previstas en el texto de la Ley sino que, según la definición que se da en la misma, la situación de discapacidad o de movilidad reducida es una situación que en mayor o menor medida, antes o después, es susceptible de afectar a la práctica totalidad de la población. A, título de simple ejemplo conviene no olvidar la proporción de personas mayores existente en Castilla y León a las cuales esta Ley está también indudablemente dirigida,
Por otra parte, y sin perjuicio de las definiciones, previsiones, mandatos o normas de aplicación en el tiempo contenidas en esta Ley, es objetivo fundamental de ella la formulación del principio de accesibilidad para todos como un derecho de progresiva ampliación que debe primar en cuantos conflictos de intereses se susciten en lo sucesivo, debiendo entenderse tal principio, además, en el sentido de que un entorno cívico y residencial accesible para todos hace referencia a un valor sustancial de las sociedades democráticas avanzadas, el de la pluralidad, en. su acepción más amplia de diversidad no solo en lo ideológico, cultural, religioso y étnico, sino también en lo relativo a los distintos grados de aptitud de los ciudadanos para relacionarse con el entorno.
Todos estos motivos conducen a la formulación de la presente Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras que viene a dar cumplimiento al artículo 9.2 de la Constitución a la Ley 13/1982, ’de 7 de abril Sobre Integración Social de los Minusválidos y a la Ley 18/1988, de 28 de diciembre de Acción Social y Servicios Sociales de Castilla y León, a su vez, esta Ley responde al legítimo ejercicio de las propias competencias que con carácter de exclusivas de acuerdo con la Constitución le confiere el Estatuto de Autonomía en materia de Ordenación del Territorio, Urbanismo Vivienda, en su artículo 26.1.2.; en materia de Transportes, en el artículo 26.1 y en materia de Acción Social en el artículo 26.1.18. Todo ello constituye a los diversos titulares de competencias en tales materias en directos responsables de que sus previsiones encuentren adecuado desarrollo.
Artículo uno.- Objeto. El objeto de la presente Ley es garantizar la accesibilidad y el uso de bienes y servicios de la Comunidad a todas las personas, y en particular, a las que tengan algún tipo de discapacidad, ya sea física, psíquica o sensorial, de carácter permanente o temporal.
Las Administraciones Públicas de Castilla y León, así coma los organismos públicos y privados afectados por esta Ley, serán los responsables de la consecución del objetivo propuesto.
Artículo dos.– ámbito de aplicación. 1. La presente Ley será de aplicación en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, en todas aquellas actuaciones que se realicen en ella por cualquier persona, física o jurídica, de carácter público o privado referentes a:
El planeamiento y la ejecución en materia de urbanismo y edificación, tanto de nueva construcción, ampliación o reforma, gran reparación adaptación, rehabilitación o mejora.
Centros servicios sanitarios y asistenciales
Centros de enseñanza, educativos y culturales
Estaciones terminales de transportes colectivos de pasajeros y los garajes y aparcamientos.
Todos aquéllos de naturaleza análoga a los anteriores cualquiera que sea su titularidad.
2. Las Administraciones Públicas de Castilla y León en sus respectivos ámbitos de competencia, así como los organismos públicos y privados afectados por esta Ley, serán los responsables de la consecución de sus objetivos.
Artículo tres.– Conceptos. A los efectos de esta Ley, se ha de entender por:
Personas con minusvalía: Produce la desventaja social de un individuo, como consecuencia de una deficiencia a de una discapacidad, que limita o impide el cumplimiento de un rol que es normal en su caso en función de su edad, sexo y factores sociales y culturales que pudiesen ocurrir.
Atendiendo a sus niveles de accesibilidad los espacios, instalaciones edificaciones o servicios se calificarán como los adaptados, los practicables y los convertibles.
Un espacio, instalación o servicio se considera practicable cuando, sin ajustarse a todos los requerimientos que lo consideren como adaptado, no impide su utilización de forma autónoma a las personas con limitación, movilidad o comunicación reducida.
Arquitectónicas Las existentes en la edificación.
Urbanísticas: Las existentes en las vías publicas así como en los espacios libres de uso público y todos los privados de uso colectivo
De comunicación Las que dificulten o imposibiliten la recepción de mensajes a través de los medios, sistemas y técnicas de comunicación.
Sección lª.
Artículo cuatro – Principios generales. 1. Los espacios y dependencias de uso público, tanto exteriores como interiores, de los edificios, establecimientos e instalaciones contemplados en el artículo 2 habrán de ser accesibles y utilizables en condiciones de seguridad cómodamente por personas con discapacidad y especialmente por aquéllas con movilidad reducida y dificultades sensoriales, debiendo ajustarse a lo dispuesto en el presente Capítulo sin perjuicio de otras exigencias establecidas en las normas de pertinente aplicación.
Artículo cinco.– Aparcamientos. I. En los edificios, establecimientos o. instalaciones que dispongan de aparcamiento se reservarán permanentemente plazas para vehículos que transporten o conduzcan personas en situación de discapacidad con movilidad reducida.
2. El número de plazas reservadas será uno por cada cuarenta o fracción adicional. Cuando el número de plazas alcance a diez se reservará, como mínimo una y se encontrarán debidamente señalizadas con el símbolo Internacional de Accesibilidad.
Artículo seis.- Acceso al interior. Existirá, al menos, un acceso al interior de la edificación debidamente señalizado, que deberá estar desprovisto de barreras y obstáculos que impidan o dificulten la accesibilidad.
Artículo siete.- Comunicación Horizontal. Los Reglamentos de desarrollo de esta Ley, así como las correspondientes Ordenanzas Municipales fijarán las condiciones, requisitos y otras magnitudes a reunir por los espacios de comunicación horizontal en las áreas de uso público, de modo tal que aseguren una óptima accesibilidad en rampas, vestíbulos, pasillos, huecos de paso, puertas, salidas de emergencia y elementos análogos.
Los accesos en los que existan torniquetes, barreras u otros elementos de control de entrada que obstaculicen el tránsito, dispondrán de pasos alternativos, debidamente señalizados que permitan superarlos a las personas con limitaciones o movilidad reducida.
Artículo ocho.- Comunicación Vertical. Las normas dictadas al amparo de esta Ley, contendrán la descripción y requisitos a reunir por los elementos constructivos o mecánicos, tales como escaleras, escaleras mecánicas, pasillos rodantes, ascensores y otros de similar naturaleza y finalidad, que permitan la comunicación y acceso a las zonas destinadas a uso y concurrencia pública situadas en las distintas plantas de los edificios, establecimientos o instalaciones.
Artículo nueve.– Aseos, Vestuarios Duchas y otras instalaciones. l. Los edificios, establecimientos e instalaciones que estén obligados por las disposiciones vigentes a contar con aseos, vestuarios o duchas de uso público, deberán disponer cuando menos de uno accesible de cada clase de acuerdo con los siguientes criterios:
En tales normas deberán determinarse los requisitos; calidades y magnitudes mínimas a reunir por tales espacios, sus instalaciones y elementos constructivos, sus accesorios, su disposición y cuantos otros, elementos, fijos o móviles sean precisos para garantizar su accesibilidad, comodidad y fácil accionamiento.
Artículo diez.- Conferencias y Espectáculos. 1. Las salas de proyecciones, teatros, palacios, de congresos, aulas, salas de conferencias y, en general, los locales de espectáculos, salones de actos y otros de naturaleza análoga, contarán con un acceso debidamente señalizado y con espacios reservados para personas en sillas de ruedas.
Artículo once.– Acceso desde el exterior. El acceso desde el exterior, y en su caso, los vestíbulos pasillos, huecos de paso, escaleras y mecanismos eléctricos de las instalaciones de uso comunitario de las viviendas estarán sometidos a las mismas condiciones que las previstas para los edificios de uso público contenidas en la presente Ley y sus respectivos reglamentos.
Artículo doce.– Viviendas para personas con discapacidad. 1. En las promociones de viviendas de Protección Oficial, los promotores deberán reservar la proporción mínima que preceptivamente se establece en la legislación correspondiente.
2. Los proyectos de viviendas de promoción privada que reserven al menos un 3% del total de las viviendas corno adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad, tendrán preferencia en la obtención de subvenciones, ayudas económicas, créditos o avales, concedidos por las Administraciones de la Comunidad de Castilla y León, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
3. Las características técnicas para las viviendas reservadas a personas con discapacidad se desarrollará reglamentariamente.
Articulo trece.– Principios generales. Los planes urbanísticos y los proyectos de urbanización de dotación de servicios de obras e. instalaciones, deberán contener los elementos mínimos para garantizar la accesibilidad, a todas las personas a las vías y espacios públicos y privados de uso comunitario, cuyas características básicas, se desarrollarán reglamentariamente, y en particular las relativas los siguientes elementos:
b) El mobiliario urbano: Se considera mobiliario urbano los elementos o conjunto de elementos, objetos y construcciones existentes en las vías y en los espacios libres públicos superpuestos o adosados a los elementos de urbanización o edificación, tales como barandillas, pasamanos y otros elementos de protección y apoyo; semáforos, postes de señalización mástiles o similares; bancos, cabinas telefónicas fuentes públicas, papeleras, toldos, marquesinas, quioscos y cualesquiera otros de naturaleza análoga.
Artículo catorce.- Itinerarios peatonales. Los itinerarios peatonales son aquellos espacios públicos destinados al tránsito de peatones o mixto de peatones y vehículos.
Los itinerarios deberán ser accesibles a cualquier persona, para lo cual se tendrán en cuenta la anchura mínima de pasa libre de cualquier obstáculo.
Reglamentariamente se fijarán las características así como las condiciones del diseño y trazado relativas a:
El ancho libre mínimo de las aceras, sus pendientes transversales la altura máximo de los bordillos de separación de las zonas de tránsito peatonal y de vehículos, la disposición de los elementos de protección que puedan afectar a los recorridos peatonales.
Artículo quince.- Aparcamientos reservados para vehículos con personas de movilidad reducida l. En todas las zonas de estacionamiento de vehículos en las vías, espacios públicos o centros de titularidad pública o privada de uso público masivo, ya sean subterráneos o de superficie, se reservará una plaza para personas de movilidad reducida por cada cuarenta o fracción adicional. Cuando el número de plazas alcance a diez se reservará como mínimo una. Deberán situarse tan cerca como sea posible de los accesos peatonales y estarán señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.
Artículo dieciséis.- Tarjeta para el estacionamiento. l. A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, la Administración de la Comunidad Autónoma establecerá las condiciones, circunstancias y requisitos para la obtención de una tarjeta que permita a las personas discapacitadas con movilidad reducida estacionar en los aparcamientos reservados.
Artículo diecisiete.– Elementos verticales y mobiliario urbano. 1. Las señales de tráfico, semáforos, postes de iluminación anuncios o cualesquiera otros elementos verticales tanto de señalización como de otras finalidades que deban colocarse en un itinerario o espacio de acceso pea- tonal, se dispondrán y diseñarán de forma que no entorpezcan la circulación y puedan ser usados con la máxima comodidad y seguridad por toda la población.
No se instalarán obstáculos verticales en ningún punto de la superficie destinada a paso de peatones a excepción de los elementos que puedan colocarse para impedir el paso de vehículos. Dichos elementos deberán ubicarse y señalizarse de forma qué no constituyan un obstáculo para los invidentes y para los usuarios de sillas de ruedas.
2. Igualmente los elementos de mobiliario urbano tales como teléfonos, papeleras contenedores, quioscos y otras instalaciones se dispondrán de forma que no entorpezcan el tránsito peatonal.
Artículo dieciocho.– Protección y señalización de obras en vías públicas. 1. Todo tipo de obra o elemento provisional que implique peligro, obstáculo o limitación de recomido, acceso o estancia peatonal, tales como zanjas, andamios u otros análogos, deberá quedar señalizado y protegido mediante vallas estables y continuas; dotadas de señalización luminosa para horarios de insuficiente iluminación y de señales acústicas intermitentes con umbrales que no perturben al resto de la comunidad de manera que puedan ser advertidos con antelación por personas con movilidad reducida o discapacidad visual.:
2: Las itinerarios peatonales cortados por obras serán sustituidos por otros que permitan el paso a personas con alguna discapacidad en el movimiento.
Artículo diecinueve.– Principios generales. Los medios de transporte de uso público colectivo de pasajeros deberán asegurar su accesibilidad y utilización a las personas con limitaciones o movilidad reducida, siendo plenamente de aplicación las prescripciones de esta Ley tanto a los propios medios de transporte como a las instalaciones, establecimientos, edificios y espacios exteriores e interiores anejos o complementarios de las mismas.
Artículo veinte. – Aeropuertos, helipuertos y estaciones de transporte público de viajeros, autobuses, ferrocarriles y fluviales. 1. Los proyectos de nueva construcción, reestructuración, reforma o adaptación de aeropuertos, helipuertos, terminales o estaciones de transporte público de viajeros, ferrocarriles, autobuses y fluviales, así como todos aquéllos de naturaleza análoga, deberán ajustarse a lo dispuesto en la presente Ley y sus normas de desarrollo, en lo concerniente a edificación, itinerarios, servicios, mobiliario y elementos análogos propios de los edificios de uso público. Asimismo deberán establecer adaptaciones específicas en lo relativo a aspectos tales como señalización, sistemas de información, andenes y demás elementos característicos de dichas instalaciones.
3. Los Aeropuertos, helipuertos así como las estaciones o terminales de transporte público de viajeros en Municipios de mas de 5.000 habitantes contarán con equipos de megafonía a través de los cuales se anunciarán las salidas y llegadas, los andenes, dársenas o puertas de embarque, en los que éstas se producen así como las posibles incidencias, disponiendo, así mismo, de paneles informativos luminosos o de otro tipo que permitan recibir estos mensajes a personas con limitaciones auditivas.
4. Los andenes; dársenas y puertas de embarque, se diseñarán de forma tal que el acceso a los medios de transporte se realice de forma cómoda por personas discapacitadas o con movilidad reducida.
Artículo veintiuno.– Transporte Urbano. 1. La nueva adquisición de material móvil destinado a transporte público urbano colectivo deberá ser accesible a todas las personas con discapacidad, tanto por la altura de la plataforma, como por los sistemas mecánicos de ascenso y descenso, de información, de iluminación, y de seguridad.
Artículo veintidós. – Transporte Interurbano. l. El material móvil de nueva adquisición de transporte interurbano de servicio regular y discrecional de viajeros deberá contar al menos con dos plazas, dotadas de elementos de sujeción, reservadas para personas con discapacidad con movilidad reducida, y se permitirá que desembarquen por la puerta más cercana a estas plazas. En dicho lugar se dispondrá; al menos de un timbre de aviso de parada de forma accesible. Asimismo se facilitará el acceso y descenso de las personas con movilidad reducida.
2. Las Administraciones Públicas que contraten servicios de transporte discrecional, incluirán en los baremos de los pliegos de condiciones una especial puntuación para las empresas qué tengan adaptados total o parcialmente su flota de vehículos de más de veinticinco plazas.
Artículo veintitrés. – Desarrollo Normativo. Reglamentariamente se determinarán las características a reunir por los distintos elementos a que se refiere este Capítulo debiendo procurarse que en el sucesivo desarrollo normativo se incorporen con prontitud cuantos avances tecnológicos favorezcan eficazmente su accesibilidad y fácil utilización.
Artículo veinticuatro. – Principios Generales. Las Administraciones Públicas en Castilla y León promoverán la supresión de las barreras en la comunicación sensorial y el establecimiento de los mecanismos y alternativas técnicas que hagan accesibles los sistemas de comunicación y señalización, a toda la población, garantizando de esta forma el derecho a la información, la comunicación, la cultura, la enseñanza, el ocio y el trabajo.
Artículo veinticinco. – De la formación. 1. La Administración de la Comunidad Autónoma impulsará la formación de profesionales intérpretes dé la lengua de signos y de guías de sordociegos, a fin de facilitar cualquier tipo de comunicación directa a las personas en situación de limitación que lo precisen, instando a las distintas Administraciones Públicas a prestar este servicio por personal especializado.
Artículo veintiséis.– De la comunicación y señalización. 1. Se generalizará en Centros públicos y locutorios, la instalación de teléfonos especiales que faciliten la comunicación directa a las personas en situación que lo precisen.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma y las demás Administraciones y Entidades Públicas de Castilla y León facilitarán la suficiente información gráfica a las personas con discapacidad sensorial, creando los servicios de información necesarios y complementando los ya existentes, para posibilitar la obtención de dicha información en lenguaje de signos y por sistemas sonoros y táctiles.
3. En las unidades de información de la Administración Autonómica de las Diputaciones y de los Ayuntamientos se garantizarán puntos específicos de información con intérprete del lenguaje de signos.
4. En los servicios públicos de urgencia se instalarán sistemas de alarma a través de teléfonos de texto, video teléfonos o fax compatibles para atender las necesidades comunicativas de las personas con discapacidad sensorial.
Artículo veintisiete. – De la cultura y el ocio. l. La Administración Autonómica asegurará el acceso a la cultura a los discapacitados, así como la plena autonomía de éstos que les permita disfrutar de los servicios que las Administraciones y Entidades Locales presten a los ciudadanos de Castilla y León.
4. En los Programas culturales de la Junta de Castilla y León y de las Corporaciones Locales existirán actividades pensadas para la participación de las personas discapacitadas, a través de formulas integradoras.
Artículo veintiocho. – Perros Guía. 1. Los perros guía se identificarán con un distintivo de carácter oficial que deberán llevar en lugar visible.
3. La Administración de la Comunidad Autónoma determinará reglamentariamente las condiciones de otorgamiento, y los requisitos para la acreditación de dicha identificación, así como los requisitos que han de tener las escuelas especializadas.
Artículo veintinueve.- Información en lengua de signos. En todas las oficinas de información de los Ayuntamientos con población superior a 20.000 habitantes y en las Oficinas de Información de la Junta de Castilla y León se crearán puntos específicos de información con intérpretes de lengua de signos española.
Artículo treinta.– Fondo para la supresión de barreras. I. Se crea el Fondo para la Supresión de Barreras que estará dotado de los recursos a que se refieren los apartados siguientes.
Artículo treinta y uno.– Símbolo Internacional. El Símbolo Internacional indicador de la no existencia de barreras será de instalación obligatoria en edificios y transportes públicos donde aquéllas no existan y acompañarán a todo tipo de informaciones y señalización destinadas a las personas con discapacidad.
Artículo treinta y dos.– Promoción de la investigación y campañas educativas. 1. La actuación de las Administraciones Públicas en la Comunidad fomentará y promoverá el desarrollo de campañas informativas y educativas dirigidas a la población en general con la finalidad de obtener su colaboración en la implantación de las medidas que favorezcan la accesibilidad y supresión de barreras.
Artículo treinta y tres.– Servicio específico de asesoramiento y orientación. La Administración Autonómica de Castilla y León prestará un servicio - específico de asesoramiento y orientación destinado a facilitar a las Entidades Públicas y Privadas la ejecución de las medidas establecidas en esta Ley.
Artículo treinta y cuatro.– Medidas de Control 1. Las Administraciones Públicas en el ámbito de sus respectivas competencias, velarán y harán cumplir lo dispuesto en la presente Ley y las normas de su desarrollo, en lo concerniente a la concesión de licencias urbanísticas.
2. Los Colegios Profesionales que tengan atribuida competencia en el visado de los proyectos técnicos necesarios para la obtención de las licencias comprobarán que se justifique el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad y en general el sometimiento a las previsiones contenidas en esta Ley y sus Reglamentos.
Artículo treinta y cinco.– Creación. Se crea una Comisión Asesora para la promoción de la accesibilidad y supresión de barreras como Organo asesor, de propuesta y. participación de la Comunidad de Castilla y León sobre estas materias.
Articulo treinta y seis.- Organización y composición. Su funcionamiento, organización y composición se determinará reglamentariamente, debiendo formar parte de la misma las Consejerías con competencias en la materia, las Corporaciones Locales a través de la Federación Regional de Municipios y Provincias, Asociaciones de minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales más representativas y legalmente constituidas, Colegios Profesionales que tienen relación con el objeto del Consejo, Organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el ámbito de la Comunidad Autónoma, y aquellas personas que por su condición de expertos en la materia aconsejen su incorporación.
Artículo treinta y siete.– Funciones. La Comisión Asesora tendrá las siguientes funciones:
Informar sobre las disposiciones de desarrollo de la presente Ley.
Recibir información anual sobre las realizaciones y evaluar el grado de cumplimiento de las previsiones y obligaciones contenidas en la presente Ley.
Impulsar y fomentar el cumplimiento de la presente Ley y de las disposiciones que la desarrollen.
Asesorar a las entidades o personas obligadas a su cumplimiento en cuantas cuestiones relacionadas con la supresión de barreras puedan plantearse.
Promover estudios y elevar propuestas relativos al mantenimiento de las condiciones de accesibilidad y utilización en los edificios y locales de uso o concurrencia pública y en los medios de transporte y comunicación.
Cualquier otra función que se le atribuya normativamente.
Artículo treinta y ocho.– Infracciones. 1. Las acciones u omisiones que contravengan las normas sobre accesibilidad y supresión de barreras constituyen infracciones administrativas y serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en este título, independientemente de cualesquiera otras responsabilidades en que sus autores pudieran incurrir.
Artículo treinta y nueve.– Infracciones muy graves. Constituyen infracciones muy graves:
Los medios de transporte publico de viajeros de nueva adquisición.
Artículo cuarenta.– Infracciones graves. Constituyen infracciones graves:
l. El incumplimiento de las normas de accesibilidad referidas a:
Artículo cuarenta y uno.– infracciones leves. Son infracciones leves las acciones u omisiones que, contraviniendo las normas contempladas en la presente Ley, no procede su calificación como graves o muy graves.
Artículo cuarenta y dos.– Sanciones. 1. Las sanciones a imponer, en función de la calificación de las infracciones serán las siguientes:
Por faltas muy graves, multa desde 10.000.001 hasta 50.000.000 de pesetas
Por faltas leves, multa dé 50.001 hasta 500.000 pesetas.
3. Si la acción u omisión constitutiva de infracción deparara a sus responsables un beneficio o menor coste sobre los eventualmente obtenidos con observancia de la norma infringida, el importe de la sanción pecuniaria no será nunca inferior al del beneficio o menor coste obtenidos sin que en tal supuesto sean de aplicación los limites fijados en el apartado 1) de este artículo;
Artículo cuarenta y tres.– Criterios de graduación. 1. Para determinar y graduar el importe de las multas se tendrán en cuenta criterios tales como la propia gravedad de la infracción, la existencia de riesgos para los usuarios, el grado de culpabilidad de cada una de los infractores, los perjuicios causados directa o indirectamente, el grado de generalización de la conducta infractora; la cualificación técnica de los infractores, así coma la reincidencia en la infracción.
2. A los efectos de esta Ley se entiende por reincidencia la comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme
Artículo cuarenta y cuatro.- Responsables. 1. La responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en esta Ley recaerá directamente en el autor o autores de la acción u omisión en que consista la infracción, incluso cuando ésta se hubiera cometido a titulo de simple inobservancia.
En las obras realizadas al amparo dé una licencia municipal cuyo contenido sea manifiestamente constitutivo de infracción grave o muy grave, lo serán el facultativo que hubiere informado favorablemente el proyecto y los miembros de la Corporación que hubieren votado a favor del otorgamiento de la licencia sin el informe técnico previo o cuando éste o el informe previo del Secretario fueran desfavorables por razón de aquella infracción.
Artículo cuarenta y cinco.– Órganos competentes.1: Las autoridades competentes para imponer las sanciones previstas en esta Ley y los limites máximos de las multas son las siguientes:
Los Alcaldes dé municipios de población superior a 20.000 habitantes, hasta 5.000.000 de pesetas
Artículo cuarenta y seis.– Procedimiento Sancionador. 1. Los órganos competentes para la resolución de los expedientes sancionadores incoados por la comisión de infracciones previstas en esta Ley se atendrán a lo dispuesto en los artículos 127 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común, y a las normas de la Comunidad de Castilla y León dictadas al amparo de aquélla.
2. Los órganos de la Administración de la Comunidad competentes por razón de la materia, tan pronto conozcan de la comisión de un hecho tipificado en esta Ley como infracción y cuya sanción corresponda a una Corporación Local, advertirán, y requerirán a esta para que inicie el oportuno expediente sancionador. Transcurrido el plazo de dos meses desde el requerimiento sin atenderlo, el órgano requeriente incoará él expediente, correspondiéndote la imposición y exacción de la multa que en su caso, corresponda.
5. A fin de asegurar la ejecución de determinados actos en cumplimiento de los mandatos de la presente Ley, los distintos órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma competentes por razón de la materia podrán imponer multas coercitivas por importe de hasta 50.000 pesetas diarias en los supuestos previstos en el artículo 99.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo cuarenta y siete.– Prescripción de infracciones y sanciones. 1. Las infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, fas graves a los tres años y las leves al año.
Primera.- Excepcionalmente, cuando la aplicación de la Ley afecte a inmuebles que formen parte del patrimonio histórico, artístico, arquitectónico o arqueológico de la Comunidad Autónoma, los organismos competentes podrán, mediante una resolución motivada, autorizar o no las modificaciones, de acuerdo con sus propios criterios, con informe previo de la Comisión Asesora.
Segunda:– En el supuesto de que las disposiciones de esta Ley o sus reformas de desarrollo afectase a monumentos, jardines, conjuntos históricos y zonas arqueológicas o cualquier otra categoría de Bien de Interés Cultural definida en la Ley de Patrimonio Histórico Español, su aplicación se atemperará en lo necesario a fin de no alterar el carácter de dichos elementos, debiendo constar siempre el oportuno informe favorable del órgano competente en materia de Patrimonio.
Tercera.– En el caso de que las condiciones de estos elementos o del planeamiento que afecte a los mismos, imposibilite el cumplimiento estricto de esta Ley, podrán otorgarse excepcionalmente licencias de edificación, condicionadas a la reducción y aprobación de proyecto justificativo de dicha imposibilidad o de que su realización no respetaría los valores históricos, artísticos o de otra índole que contemple dicha Ley.
Cuarta.- Los instrumentos de planeamiento ya redactados, deberán incluir las determinaciones necesarias para el cumplimiento de esta Ley en su siguiente revisión.
Única – En el plazo no superior a 10 años, desde la entrada en vigor de esta Ley, se deberán adecuar a la misma:
Calles; parques, jardines, plazas y espacios públicos.
Primera.– Los municipios que posean algún tipo de normativa u ordenanza municipal reguladora del objeto de esta Ley, deberán acomodar sus contenidos a los de ésta, en el plazo de dos años.
Segunda.- Las Administraciones Públicas de Castilla y León establecerán en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley, los planes de adaptación y supresión de barreras. Estos planes serán revisados cada año y su planificación formulará revisiones a un plazo máximo de diez años para la total virtualidad de los objetivos de la presente Ley.
Tercera.– En el plazo no superior a seis meses, a partir de la entrada en vigor de la Ley, la Junta de Castilla y León aprobará las normas que regularán la organización y funcionamiento de la Comisión Asesora para la accesibilidad y supresión de barreras que establece el Título IV de la Ley.
Cuarta.- En el plazo no superior a un año, desde la entrada en vigor de esta Ley, la Junta de Castilla y León dictará los Reglamentos y demás disposiciones precisas para su desarrollo.
Quinta.– La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León». Por lo tanto, mando a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley la cumplan y a todos los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.
Valladolid, 24 de junio de 1.998.

References: artículo 14
 artículo 49
 artículo 9
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 2
 resolución 
 resolución 
 artículo 99
 resolución