Source: https://tc.vlex.es/vid/2012-428797966
Timestamp: 2019-11-17 22:39:46+00:00

Document:
ATC 60/2013, 26 de Febrero de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 428797966
ATC 60/2013, 26 de Febrero de 2013
Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 27 de noviembre de 2012, el Abogado del Estado, actuando en la representación que legalmente ostenta, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 7, 9 y 10 de la Ley del Parlamento de Cataluña 2/2012, de 22 de febrero, de modificación de varias leyes en materia audiovisual. El Abogado del Estado invocó el art. 161.2 CE, a fin de que se acordara la suspensión de los preceptos legales recurridos.
Mediante providencia de 11 de diciembre de 2012 el Pleno de este Tribunal acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad, dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Parlamento y a la Generalidad de Cataluña, por conducto de sus presidentes, para que en el plazo de quince días pudieran personarse y formular las alegaciones que estimaran convenientes. Asimismo, acordó tener por invocado por el Presidente del Gobierno el art. 161.2 CE, lo que, conforme al art. 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados. Por último, también se decidió publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña”. Dicha publicación se llevó a cabo en el “Boletín Oficial del Estado” núm. 302, de 17 de diciembre de 2012, y en el “Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña” núm. 6279, de 21 de diciembre de 2012.
Con fecha 19 de diciembre de 2012 tuvo entrada en este Tribunal un escrito del Presidente del Congreso de los Diputados comunicando el acuerdo de la Mesa de la Cámara de personarse en el procedimiento y de ofrecer su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC, así como de remitir la documentación recibida a la Dirección General de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la asesoría general de la Secretaría General.
La Abogada de la Generalidad de Cataluña formuló alegaciones mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 20 de diciembre de 2012. Después de exponer pormenorizadamente las razones por las que solicita la desestimación del recurso de inconstitucionalidad, en el primer otrosí interesa el levantamiento de la suspensión.
La Abogada de la Generalitat de Cataluña llama la atención de este Tribunal sobre la falta de precisión con la que el recurso acota los preceptos objeto de impugnación. La argumentación de la inconstitucionalidad no alcanza a la totalidad de los preceptos impugnados sino a partes o incisos de los mismos, por lo que la impugnación y, en consecuencia, la suspensión debería quedar limitada a los apartados, incisos o menciones cuya injerencia en las competencias estatales trata de argumentarse en el escrito de interposición del recurso. Por ello, si el Tribunal decidiera no levantar la suspensión antes de agotar el plazo de cinco meses, debería proceder a acotar los efectos de la suspensión respecto a los apartados concretos sobre los que versa la tacha de inconstitucionalidad. En caso contrario se estarían suspendiendo, sin argumentación alguna y sólo como consecuencia de un defecto en la formulación del petitum , preceptos de la ley catalana que en nada afectan al sistema de distribución de competencias.
Por escrito que tuvo entrada en este Tribunal el 18 de diciembre de 2012, la Letrada del Parlamento de Cataluña comunicó el acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de dicha Cámara de personarse en el procedimiento, para lo que solicitó una prórroga del plazo para formular alegaciones.
Por providencia de 22 de enero de 2013, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó dar traslado al Abogado del Estado de los escritos presentados por la Abogada de la Generalitat de Cataluña y por la Letrada del Parlamento de Cataluña, en los que se interesa el levantamiento inmediato de la suspensión de los preceptos objeto del recurso de inconstitucionalidad núm. 6687-2012, concediéndole un plazo de cinco días para que expusiera lo que estimara procedente al respecto.
El Abogado del Estado presentó su escrito de alegaciones en el Registro General de este Tribunal el 30 de enero de 2013.
Comienza el Abogado del Estado sintetizando la doctrina elaborada por este Tribunal Constitucional con ocasión de la resolución del incidente de mantenimiento o levantamiento de la suspensión de las leyes autonómicas. Arguye que ha de procederse a una ponderación de la gravedad de los perjuicios que ocasionarían las situaciones de hecho que previsiblemente se producirían en el caso de que se levantara o se mantuviera la suspensión; se trata de situaciones que habrán de materializarse con un elevado grado de previsibilidad pues la suspensión de la vigencia de la ley impugnada impide que dicha materialización haya tenido lugar.
A continuación precisa el objeto del recurso de inconstitucionalidad. El presente recurso se dirige contra los artículos 7, 9 y 10 de la Ley de del Parlamento de Cataluña 2/2012, de 22 de febrero, de modificación de varias leyes en materia audiovisual, en cuanto, respectivamente, daban nueva redacción a los artículos 111.2 j), 127.2 y 132 de la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Cataluña. Los artículos 111 y 127.2 de la Ley 22/2005, en su redacción original, fueron objeto del recurso de inconstitucionalidad núm. 8112-2006, que pende ante el Tribunal Constitucional. En ese proceso se dictó el ATC 18/2007, de 18 enero, que acuerda “mantener la suspensión del art. 56 y de la disposición transitoria segunda de la Ley del Parlamento de Cataluña 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Cataluña” y “levantar la suspensión de todos los demás preceptos impugnados en este recurso de inconstitucionalidad”.
El artículo 7 de la Ley 2/2012 reforma el artículo 111.2 j) de la Ley 22/2005. En el nuevo artículo 111.2 j) LCAC se atribuye al Gobierno de la Generalitat competencia para “ejercer las potestades de inspección, control y sanción en los aspectos técnicos de la prestación de servicios de comunicación audiovisual” —hasta aquí se mantiene la redacción inicial del precepto objeto del recurso de inconstitucionalidad 8112-2006— “y en la prestación de dichos servicios sin el título habilitante al que se refiere el artículo 37.2. En ejercicio de estas potestades, puede tomar las medidas de protección activa del espectro, de acuerdo con la normativa vigente”. La Ley 2/2012 añade estas dos últimas frases. El presente recurso de inconstitucionalidad se dirige contra el inciso del precepto que mantiene la redacción originaria y contra la parte introducida ex novo . Es decir, contra la facultad que se atribuye a la Generalitat de tomar medidas de protección activa del espectro radioeléctrico.
Antes de exponer los graves e irreparables perjuicios que habría de ocasionar el levantamiento de la suspensión de la vigencia de los preceptos impugnados, el Abogado del Estado comienza exponiendo una serie de consideraciones generales acerca de la configuración del espacio radioeléctrico en nuestro país, su planificación, gestión, inspección y control, siguiendo el informe emitido por la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que adjunta a sus alegaciones.
Seguidamente se examinan los perjuicios que se derivarían de la suspensión de la vigencia de los preceptos impugnados.
Esta resolución tiene por objeto determinar si, de acuerdo con el art. 161.2 CE, procede levantar o mantener la suspensión de la vigencia que afecta a los arts. 7, 9 y 10 de la Ley del Parlamento de Cataluña 2/2012, de 22 de febrero, de modificación de varias leyes en materia audiovisual impugnados en el presente recurso de inconstitucionalidad. Las representaciones del Gobierno de la Generalitat de Cataluña y del Parlamento de Cataluña han solicitado el levantamiento anticipado de la suspensión de los preceptos recurridos sin esperar el transcurso de los cinco meses previstos en el citado precepto constitucional. Por su parte, el Abogado del Estado ha interesado el mantenimiento de la suspensión.
La solicitud de levantamiento anticipado de la suspensión sin esperar al transcurso de los cinco meses previstos en el art. 161.2 CE constituye una solicitud viable procesalmente, pues, conforme a nuestra doctrina, los cinco meses a los que hace referencia el citado precepto constitucional son, precisamente, el límite máximo inicialmente previsto para la suspensión, incluyéndose entre las potestades de este Tribunal la de ratificar o levantar la suspensión dentro de ese plazo (por todos, AATC 75/2010, de 30 de junio, FJ 2; y 238/2012, de 12 de diciembre, FJ 2).
Las representaciones del Gobierno de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña han postulado el levantamiento de la suspensión de los preceptos legales impugnados o, subsidiariamente, una más precisa delimitación de la suspensión, porque en el escrito rector de este proceso constitucional se efectúa una invocación en exceso genérica del art. 161.2 CE, que no se corresponde con la delimitación del objeto de la impugnación, por lo que habría que adecuar el alcance de la suspensión a los incisos y partes de los preceptos legales efectivamente controvertidos. En cuanto a la petición de levantamiento de la suspensión, señalan que las funciones previstas en los artículos impugnados [que modifican las funciones reguladas en los arts. 111.2 j) y 127.2 de la Ley 22/2005] sobre inspección y control de aspectos técnicos de la prestación de servicios de comunicación audiovisual no parecen comportar un perjuicio al interés general ni producir situaciones de hecho irreversibles, puesto que son funciones que la Generalitat ya venía ejerciendo antes de aprobarse la Ley 22/2005 y que ha seguido ejerciendo sin que ello haya comportado daños para la seguridad jurídica. Igualmente, excluyen que de la previsión de responsabilidad contenida en el art. 10 de la Ley 2/2012 [que modifica la letra a) del art. 132 de la Ley 22/2005] por la participación en una actuación que constituye un ilícito administrativo se derive una distorsión del mercado de las telecomunicaciones cuya regulación corresponde al Estado.
A su vez, el Abogado del Estado defiende el mantenimiento de la suspensión de los tres preceptos impugnados con base en los argumentos que se han recogido con detalle en los antecedentes y que se pueden sintetizar de la siguiente forma.
Como han señalado las partes en sus escritos de alegaciones, los preceptos impugnados en este proceso constitucional proporcionan nueva redacción a diversos artículos [arts. 112.2 j), 127.2 y 132] de la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Cataluña, que fueron objeto del recurso de inconstitucionalidad núm. 8112-2006 que se halla pendiente ante este Tribunal. Debemos recordar que en dicho proceso constitucional adoptamos el ATC 18/2007, de 18 de enero, por el cual se acordó “mantener la suspensión del art. 56 y de la disposición transitoria segunda de la Ley del Parlamento de Cataluña 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Cataluña” y “levantar la suspensión de todos los demás preceptos impugnados en este recurso de inconstitucionalidad”.
En cuanto a la atribución a la Generalitat de competencias en materia de inspección, control y sanción en los aspectos técnicos de la prestación de servicios de comunicación audiovisual (arts. 7 y 9), el Abogado del Estado ha solicitado el mantenimiento de la suspensión de los preceptos porque dicha atribución invade la competencia exclusiva del Estado ex art. 149.1.21 CE y porque duplica el régimen de inspección, control y sanción sobre una misma materia, con graves consecuencias para los intereses públicos y privados afectados, pues los expedientes sancionadores que se abran a los operadores de telecomunicaciones tienen graves consecuencias punitivas.
[L]os daños que pudieran ocasionarse a la seguridad jurídica ‘son una consecuencia inherente a toda situación de pendencia de un recurso de inconstitucionalidad y consustanciales, por tanto, al funcionamiento del Estado de las Autonomías y a la coexistencia del ordenamiento estatal con los ordenamientos autonómicos, de manera que, desde este simple ángulo de enfoque, la suspensión de las normas impugnadas por motivos competenciales, como es el presente caso, sería siempre necesaria en la medida en que en los conflictos de dicha naturaleza concurra una duplicidad de normas. Pero de lo que se trata en este trámite no es de defender la seguridad jurídica con argumentos que pueden valer para cualesquiera impugnaciones, sino de alegar y acreditar los perjuicios irreparables o de difícil reparación que se producirían, en concreto, por la vigencia de los preceptos impugnados durante todo el tiempo que dure el proceso constitucional (ATC 12/1992, de 23 de enero, FJ 2. En igual sentido, AATC 208/1986, de 6 de marzo, FJ 1; y 88/1991, de 12 de marzo, FJ 2)’ (AATC 398/2005, de 8 de noviembre, FJ 6; y 303/2006, de 12 de septiembre, FJ 5). Pues bien, en esta ocasión, el criterio determinante del levantamiento de la suspensión debe ser el mismo que utilizamos en los AATC 253/1992, de 9 de septiembre, y 417/1997, de 16 de diciembre, esto es, que ‘en supuestos como el presente es determinante el hecho de que los sujetos pasivos del impuesto sean poco numerosos y perfectamente identificables, ya que, en tal hipótesis —y así sucede con toda evidencia en relación con el tributo recurrido—, no serían excesivamente onerosas las cargas, molestias y costes que, en su caso, conllevarían las operaciones de devolución de las cantidades ya ingresadas’ (FJ 5 de la última resolución citada).
Por lo que respecta a la atribución a la Generalitat de la facultad de protección activa del espectro radioeléctrico contenida en el art. 7 (“En ejercicio de estas potestades, puede tomar las medidas de protección activa del espectro, de acuerdo con la normativa vigente”), el Abogado del Estado ha solicitado el mantenimiento de la suspensión del citado precepto porque dicha facultad constituye un extraordinario poder distorsionador del correcto funcionamiento del espectro radioeléctrico, pues incluye la facultad de realizar emisiones que interfieran con otras que hayan invadido ilegítimamente ese dominio público y dicha actuación material puede perjudicar: i) a los propios medios y operadores que emiten sin título habilitante; ii) a otros operadores y medios que emitan en bandas adyacentes; y iii) a la planificación y gestión del espectro.
En cuanto a la extensión del régimen de responsabilidad por la emisión sin título habilitante a las personas cuya intervención es necesaria o trascendente para dicha prestación, ya sea como prestadoras de los servicios de apoyo a los servicios de difusión, como distribuidoras de servicios de comunicación audiovisual o como propietarias de los inmuebles desde los que se realizan las actividades de difusión ilegal (art. 10), el Abogado del Estado ha solicitado el mantenimiento de la suspensión de la vigencia de la disposición impugnada porque acarrea graves consecuencias punitivas y porque afecta al funcionamiento normal del mercado único de telecomunicaciones.
SAN, 28 de Mayo de 2013
SAP Barcelona 348/2007, 24 de Mayo de 2007

References: resolución 
 artículo 7
 artículo 111
 artículo 111
 artículo 37
 resolución 
 resolución