Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920210.html
Timestamp: 2019-11-19 08:44:41+00:00

Document:
as201920210
Auto Supremo: 210/2019
Expediente: CB-43-18-S
Partes: Víctor Hugo Ricaldi Zambrana y Elizabeth Gisela Campos Saravia. c/ Raymundo Ríos Miranda.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 258 a 260, interpuesto por Víctor Hugo Ricaldi Zambrana y Elizabeth Gisela Campos Saravia a través de su representante legal Ximena Claudia Tórrez Jiménez contra el Auto de Vista de 17 de abril de 2018, cursante de fs. 250 a 252 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso ordinario de resolución de contrato, seguido por el recurrente en contra de Raymundo Ríos Miranda, el Auto de concesión del recurso de fs. 271, admitida por el Auto Supremo Nº 713/2018–RA de 27 de julio de fs. 277 a 278, y todo lo inherente.
1. Víctor Hugo Ricaldi Zambrana y Elizabeth Gisela Campos Saravia a través de su representante con mandato Ximena Claudia Tórrez Jiménez, por memorial de demanda de fs. 9 a 10 vta., interpusieron demanda de resolución de contrato de compromiso de venta de inmueble, en contra de Raymundo Ríos Miranda, argumentando que tanto vendedor como comprador han incumplido las cláusulas del contrato. No habiendo cumplido el comprador con lo establecido en la cláusula cuarta inc. b) El pago del saldo de $us. 24.500 a la firma de la minuta de transferencia y el protocolo, como contraprestación para exigir el cumplimiento de la obligación al vendedor.
Citado Raymundo Ríos Miranda respondió a la demanda de manera negativa por memorial de fs. 33 a 35.
2. La Juez Público Civil y Comercial Primero de la ciudad de Cochabamba, pronunció Sentencia el 15 de julio de 2016, cursante de fs. 201 a 204, declarando PROBADA la demanda resolviendo el contrato de compra-venta de 29 de diciembre de 2009, suscrito mediante documento privado entre Víctor Hugo Ricaldi Zambrana y Elizabeth Gisela Campos Saravia con Raymundo Ríos Miranda, debido al efecto los actores hacer la restitución de la suma de $us. 23.000 en favor del demandado y sea en tercero día de la notificación con la presente resolución, tratándose la resolución de contrato sin lugar el resarcimiento de daños y perjuicios. Sin costas ni costos.
3. Resolución de primera instancia que al ser apelada por el demandado, Raymundo Ríos Miranda, mereció el Auto de Vista de 17 de abril de 2018 de (fs. 250 a 252 vta.), revoca la sentencia impugnada y deliberando en el fondo declara IMPROBADA la demanda de resolución de contrato interpuesta por Víctor Hugo Ricaldi Zambrana y Elizabeth Gisela Campos Saravia contra Raymundo Ríos Miranda, declarándose con plena vigencia el contrato de venta de 29 de diciembre de 2009 y su vinculación respecto a las partes contratantes, quienes deberán darle estricto y oportuno cumplimiento. Sin costas por la revocatoria.
El Tribunal de alzada arguyó que por formulario de información rápida (fs. 28) expedido por la Oficina de Derechos Reales de 20 de marzo de 2012, que tiene una data después de planteada la demanda, se evidencia que el gravamen seguía registrado, por lo que los demandantes no habían cumplido con sus obligaciones contractuales establecidas como requisitos previos a la suscripción de la escritura de transferencia y el pago del saldo del precio acordado.
Esta circunstancia fue reconocida por la parte actora de forma expresa por memorial de fs. 116 y vta., en ese sentido la responsabilidad por el incumplimiento contractual recae sobre los actores, lo cual no fue valorado por la jueza A quo. Por otra parte, es cierto que por duplicidad de número de cédula de identidad, por resolución administrativa se asignó al demandante nuevo número de cédula de identidad según se evidencia de fs. 83, pero la obligación contractual no consistía en demostrar ese aspecto, sino en realizar en cambio del número del carnet de identidad del referido copropietario en el registro de Derechos Reales.
La jueza A quo incurrió en error de hecho al valorar los medios de prueba referentes a las condiciones contractuales que debían cumplir los vendedores con carácter previo al pago del saldo del precio pactado y la suscripción de la escritura definitiva de transferencia del bien inmueble, por lo que no está dentro de los parámetros de los arts. 568 y 573 del Código Civil.
Del recurso interpuesto por los demandantes se identifican los siguientes agravios:
1. Acusaron la interpretación errónea y aplicación indebida de la ley debido a que el contrato de compra venta ha cumplido con su objetivo que era la entrega del inmueble para la ocupación del demandado, hecho que no considera en los fundamentos del Auto de Vista impugnado, por su parte Raymundo Ríos Miranda nunca tuvo la intención de cancelar el saldo a los vendedores, siendo falsa la afirmación de que el contaría con los recursos económicos para la compra del inmueble, porque no pagó la totalidad del precio acordado. Efectúa la cita del art. 573 del Código Civil comentada por Carlos Morales Guillén.
2. Denunciaron que el Auto de Vista se pronunció de los fundamentos expuestos como agravio por la parte apelante, lo que representa que la misma no se ajusta a los puntos apelados y simplemente denota una absoluta parcialización con la parte apelante, que hasta la fecha viene ocupando y detentando el inmueble, mientras que los demandantes no han recibido el pago del saldo restante por el precio de la venta.
Planteó recurso de casación contra el Auto de Vista recurrido, solicitando remitir el proceso a este Supremo Tribunal.
Contestación al recurso de parte de Raymundo Ríos Miranda.
Del formulario de información rápida de Derechos Reales del 20 de marzo de 2012(fs. 28), se verifica la persistencia del gravamen. Esto significa que iniciada la demanda el 16 de febrero de 2012, fueron los demandantes quienes no habían cumplido su prestación y exigían se cumpla con la entrega del saldo de precio.
El contrato suscrito es de compromiso de venta de inmueble para lo cual cada parte debe cumplir sus obligaciones. El demandado cumplió con la entrega de $us. 23.000 a la suscripción del documento y la parte demandante no cumplió con sus dos obligaciones de cancelar el gravamen de la anotación preventiva y la corrección del número de cédula de identidad de Víctor Hugo Ricaldi, dentro del plazo de tres meses. Para la cancelación de saldo, el demandado reservó en una cuenta bancaria el saldo pendiente, lo cual se verifica del extracto de cuenta del Banco Sol de fs. 13 en el cual consta el salo de Bs. 166.140,91. En cuanto a la excepción del incumplimiento del contrato, estos son mecanismos procesales de defensa del demandado y no así del demandante. Los recurrentes no manifiestan ni precisan de qué forma dicha resolución fue pronunciada ultra petita, por lo que finalmente solicitó declarar infundado el recurso de casación.
El art. 568.I del Código Civil prevé: "En los contratos con prestaciones recíprocas cuando una de las partes incumple por voluntad la obligación, la parte que ha cumplido puede pedir judicialmente el cumplimiento o la resolución del contrato, más el resarcimiento del daño; o también puede pedir sólo el cumplimiento dentro de un plazo razonable que fijará el juez…”. La norma citada, evidentemente presenta en lo principal dos alternativas como base de las acciones de resolución de contrato y el cumplimiento de contrato que nacen de un contrato celebrado con prestaciones recíprocas, es decir, que por lo dispuesto por dicho precepto normativo la parte que ha cumplido con su obligación puede exigir judicialmente el cumplimiento a la parte que incumplió; y por otro lado, que la parte que ha cumplido, pida la resolución del contrato, más el resarcimiento del daño.
En este sentido se orientó a través del Auto Supremo N° 609/2014 de 27 de octubre que: “…el art. 568 del Código Civil, pues dicha norma conforme a lo establecido anteriormente hace referencia a que en caso de incumplimiento de contrato, la parte que cumplió el mismo tiene dos opciones: la primera es la resolución judicial del contrato, cuando este hubiese sido incumplido por la otra parte, y la segunda opción es pedir a la parte que incumplió con el contrato que cumpla el mismo, es decir que en este segundo caso lo que se pretende es que el contrato se ejecute…”, y en los casos de incumplimiento recíproco en el A.S. Nº 05/2014 de fecha 08 de septiembre 2014, se ha orientado cuales son los tópicos a ser analizados refiriendo que: “si bien en definitiva ambas partes incumplieron sus obligaciones, le correspondía al Juez determinar como se analizó supra, cuál de las obligaciones era de primigenia exigencia, y de la norma contenida en el art. 568 del Código Civil entender que quien dio cumplimiento–así no sea total- de lo pactado en el contrato en cuestión, lo esencial en situaciones como las que se controvierte en el caso de Autos, es que debe examinar el juzgador la razón inicial que motivó el incumplimiento, ese aspecto está inserto precisamente en el contrato en cuestión, y es tarea del juzgador dilucidar ese aspecto, al no hacerlo se vulnera entonces el debido proceso y no se cumple con la tutela judicial efectiva, en razón que el derecho constitucional fundamental al debido proceso se funda, entre otros aspectos, en la garantía de que, sometido un asunto al examen de los Jueces, se obtendrá una definición acerca de él, de donde se desprende que normalmente la sentencia tiene que plasmar la sustancia de la resolución judicial”. De lo que se puede concluir que al ser aplicable el art. 568 del Código Civil, a las relaciones contractuales bilaterales, resulta importante, determinar que para su procedencia el orden o prelación de las obligaciones generadas, es decir, se debe establecer qué obligación depende de la otra, para determinar quién incumplió con su obligación, en cuya finalidad y en procura de resolver dicho aspecto se debe realizar una interpretación amplia del contrato, o sea, que dicha interpretación debe ser en relación a la redacción del contrato, la intención común de las partes contratantes, y la conducta de las partes en la ejecución de la misma, interpretación que debe ser realizado por todo juzgador para resolver las pretensiones cuya base jurídica sea el art. 568 del Código Civil.
III.2. En relación a la eficacia de los contratos.
El art. 519 del Código Civil dispone que: “(Eficacia del contrato). El contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes. No puede ser disuelto sino por consentimiento mutuo o por las causas autorizadas por la ley”.
Asimismo, el art. 520 del mismo sustantivo, determina que: “(Ejecución de buena fe e integración del contrato). El contrato debe ser ejecutado de buena fe y obliga no sólo a lo que se ha expresado en él, sino también a todos los efectos que deriven conforme a su naturaleza, según la ley, o a falta de ésta según los usos y la equidad”.
Sobre el tema el Autor Carlos Morales Guillen en su Libro “Código Civil Concordado y Anotado”, Cuarta Edición, Tomo I, Pág. 741 refiere que: “…es principio supremo y absoluto que domina todo el derecho de obligaciones, el que todas las relaciones de obligación, en todos los aspectos y en todo su contenido, están sujetos al imperio de la buena fe…El precepto dispone que los efectos de los contratos, no solo alcanzan a las cosas o hechos expresados en ellos como objeto determinado o determinable, sino también respecto de todo lo que por imperio de la ley, de los usos o la equidad corresponda a la naturaleza del contrato…”.
A continuación, se procede a absolver los agravios planteados por los recurrentes, de conformidad en que fueron postulados:
1. Respecto a la interpretación errónea y aplicación indebida de la ley ya que el contrato de compra venta ha cumplido con su objetivo que era la entrega del inmueble para la ocupación del demandado, hecho que no considera los fundamentos del Auto de Vista impugnado, que por su parte Raymundo Ríos Miranda nunca tuvo la intención de cancelar el saldo a los vendedores, siendo falsa la afirmación de que el contaría con los recursos económicos para la compra del inmueble, porque no pagó la totalidad del precio acordado. Efectúa la cita del art. 573 del Código Civil comentada por Carlos Morales Guillén.
Corresponde señalar que la demanda trata de la resolución de contrato de un documento privado de compra venta suscrito el 29 de diciembre de 2009, entre Víctor Hugo Ricaldi Zambrana y Elizabeth Gisela Campos Saravia (vendedores) y Raymundo Ríos Miranda (comprador) mediante el cual se transfiere el lote N°20 manzano W, ubicado en la Urbanización Villa María (Piñami), provincia Quillacollo, con una superficie de 250 m2, cuando los vendedores se encontraban casados.
En el objeto del contrato se manifiesta que se otorga en calidad de compra-venta real y enajenación perpetua con todos sus usos y costumbres sin reserva de exclusión alguna al comprador.
El precio de la venta del bien inmueble asciende a la suma de $us. 47.500, a ser cancelados en dos cuotas. La primera cancelada al momento de la firma del documento privado de 29 de diciembre de 2009, y la segunda, el saldo de $us. 24.500 a ser pagada en el momento de la firma de la minuta de transferencia y el protocolo, sin estipular un plazo fijo para dicho efecto.
Asimismo en la cláusula quinta del documento privado de fs. 3 y vta., se establece la obligación de los vendedores de levantar el gravamen impuesto el Juzgado Quinto de Familia y regularizar el número de cédula de identidad de Víctor Hugo Ricaldi que se encuentra con el Nº 2300041 LP siendo el correcto el Nº 6082898 LP, fijando para tal efecto el plazo de 3 meses improrrogables.
Al respecto se extrae del compromiso asumido por los compradores en el párrafo tercero de la cláusula quinta que: “A la entrega de los documentos debidamente saneados se cancelará el saldo señalado cubriendo con ello el total de la venta, se firmará la minuta de transferencia y el protocolo respectivo, con las facultades establecidas en documento a favor de los esposos Ríos-Sandoval”.
Por lo que se verifica que no existía una fecha determinada para la cancelación del saldo sino hasta tanto se entregue la documentación saneada y se haga efectiva la minuta y protocolización.
Analizando el contrato motivo de la litis, se establece en cuanto a las contraprestaciones establecidas en el contrato de fs. 3 y vta., que la parte demandante se compromete a la entrega del bien inmueble objeto de la venta, lo cual se ha cumplido a cabalidad.
En el caso analizado, el actor no ha cumplido con las obligaciones de la cláusula quinta que establecía la cancelación del gravamen efectuado por el Juez de Familia y regularizar sobre el número de cédula de identidad, en ambos casos se debió proceder a sanear en el registro de Derechos Reales. Por lo que, cuando se planteó la demanda el 16 de febrero de 2012, se constata que no se habían cumplido con las obligaciones de la cláusula quinta.
Sin embargo, el demandado mediante memorial de 28 de octubre de 2016 presentó folio real fs. 209 y vta., donde se constata la cancelación de la anotación preventiva del Juzgado Quinto de Familia de La Paz, efectuada el 30 de octubre de 2013; y por otro lado, los demandantes en su escrito de fecha 23 de noviembre de 2016 presentan folio real (fs. 215 y vta)., en el que consta que mediante una subinscripción se consigna la rectificación de su cédula de identidad, actuado realizado el 30 de marzo de 2015.
Se advierte que se conoció el cumplimiento de la cláusula quinta del contrato a momento de la interposición de la apelación de parte del demandado el 28 de octubre de 2016 y su respectiva contestación de las partes contendientes el 23 de noviembre de 2016, por lo que se deduce que el cumplimiento se lo hizo en el desarrollo de la presente demanda tomando en cuenta que la misma fue planteada el 16 de febrero de 2012 (fs. 9 a 10 vta.).
Para que el comprador cancele el saldo de $us. 24.500 era indispensable la cancelación del gravamen en el registro de Derechos Reales a objeto de cumplir con el art.1538 del Código Civil. También se requería regularizar el registro de propiedad para que el comprador seguidamente pague la segunda cuota, tal cual se había convenido en el contrato.
Por otra parte, los demandantes al no haber cumplido con sus obligaciones emergentes del contrato suscrito en la cláusula quinta faltan con el requisito principal establecido para la resolución de contrato conforme dispone el art. 568 del Código Civil con su complemento desarrollado en la doctrina aplicable en los puntos III.1 y III.2, ya que para plantear la resolución de contrato los vendedores tenían el deber de cumplir con todas las obligaciones estipuladas en el contrato.
En consecuencia para la aplicación de la Resolución previamente la parte demandante debió cumplir todas sus obligaciones, y mientras no las cumpla no podrá exigir al otro contratante ni la resolución del contrato, ni su cumplimiento. Por lo que no se puede acoger la pretensión de resolución de contrato del demandante ya que el demandado se ampara legalmente en la regla establecida: “Cumple tu primero para que cumpla”.
Respecto a la interpretación del art. 573 del Código Civil y además del comentario efectuado por Carlos Morales Guillén, con relación a la excepción de incumplimiento de contrato, se entiende que es para oponerse a la acción planteada y no para fundar una demanda, por lo que impide todo cumplimiento forzoso fundado en el criterio de que la otra parte contratante no ha cumplido con su obligación.
Asimismo, frente en la excepción de incumplimiento de contrato el actor debe probar el cumplimiento de su prestación para destruir la excepción y el demandado que no niega el cumplimiento tiene que probar que éste ha sido inexacto. Por lo que el entendimiento del art. 573 del Código Civil, por parte del demandante fue incorrecto al plantear su demanda basada en el incumplimiento de las obligaciones tanto del vendedor como del comprador que se encuentran descritas en las cláusulas del contrato.
En conclusión se establece que el Auto de Vista recurrido al haber revocado la decisión del A quo ha efectuado una correcta valoración de los hechos y aplicó correctamente los arts. 568 y 573 del Código Civil, descartando la interpretación errónea y aplicación indebida de la ley efectuada por el Juez A quo.
2. Con relación a que el Auto de Vista se pronunció sobre los fundamentos expuestos como agravio por la parte apelante, lo que representa que la misma no se ajusta a los puntos apelados y simplemente denota una absoluta parcialización con la parte apelante, que hasta la fecha viene ocupando y detentando el inmueble, mientras que los demandantes no han recibido el pago del saldo restante por el precio de la venta.
Tal como se ha explicado en los fundamentos desarrollados supra en donde se ha realizado la explicación sobre la demanda planteada de resolución de contrato donde se advierte la correcta aplicación de los arts. 568 y 573 del Código Civil de parte del Tribunal Ad quem, al haberse comprobado que previamente al pago los demandantes debieron haber cumplido con sus obligaciones de la cláusula quinta del contrato.
Por otra parte, revisados los agravios en el recurso de apelación del demandado cursante de fs. 210 a 212 vta., se verifica que interpuso reclamos en el punto 3 que dan cuenta de que recién en fecha 4 de marzo de 2013 se cancelaron las restricciones del gravamen de divorcio en el folio real y que no se hubiese subsanado el número de cédula de identidad, al efecto se debe tomar en cuenta los fundamentos de hecho y de derecho que inciden en la interpretación de los arts. 568 y 573 del Código Civil, por lo que se establece que existen los agravios respecto a los cuales fue resuelta la apelación con emisión del Auto de Vista recurrido y además haber solicitado de manera expresa pronunciamiento de revocar la decisión del A quo.
Consecuentemente, es errada la apreciación del recurrente al indicar que el Tribunal Ad quem se pronuncia más allá de los fundamentos expuestos en los agravios del recurso de apelación, sino más bien el Auto de Vista se ajusta a los puntos apelados, no advirtiéndose parcialización en la emisión del fallo recurrido.
A la contestación del recurso de Raymundo Ríos Miranda.
Para responder al contenido de la contestación nos remitimos a los fundamentos desarrollados supra de la presente resolución, además coincidiéndose con el petitorio de declarar infundado.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO, el recurso de casación de fs. 258 a 260, interpuesto por Víctor Hugo Ricaldi Zambrana y Elizabeth Gisela Campos Saravia a través de su representante legal Ximena Claudia Tórrez Jiménez contra el Auto de Vista de 17 de abril de 2018, cursante de fs. 250 a 252 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Con costas y costos.
Se regula honorario profesional al abogado de la parte demandada que contestó el recurso en la suma de Bs. 1000.

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