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Timestamp: 2019-11-18 09:54:32+00:00

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FUNDACION PRO-DEFENSA DEL DERECHO A LA EDUCACION Y LA NIÑEZ: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
Artículo 1. Valores de la República:
Este artículo, expresa la condición de libertad e independencia de la República, fundamentando su patrimonio moral y sus valores en la doctrina de nuestro Libertador. Entre los documentos mas importantes que inspiraron al constituyente de 1999, esta el discurso pronunciado el 15 de Febrero de 1819 al Congreso de Venezuela reunido en la ciudad de Angostura, aquí Simón Bolívar hace un análisis de Venezuela hacia el futuro y de sus consideraciones en cuanto a los valores fundamentales que deben orientar el ordenamiento jurídico de la nación.
Artículo 2. Valores Superiores del Ordenamiento Jurídico:
Consagra la forma del Estado venezolano, expresando que esté será democrático, social y de justicia, y que fundamentara su ordenamiento jurídico y sus actuaciones (actos administrativos), en la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social. En este mismo sentido, establece la preeminencia de los Derechos Humanos, la ética y el pluralismo político. De esta manera, el Estado asume la responsabilidad de que por encima de sus actos de autoridad prevalecen los Derechos Humanos.
Artículo 7. La Constitución como Norma Superior
Establece a la Constitución como norma superior del ordenamiento jurídico Venezolano. En los estados democráticos de derecho las Constituciones son el pilar fundamental del Estado, en sus textos se consagran los derechos fundamentales de los ciudadanos y la forma de hacerlos valer, así como la estructura fundamental de todos los Poderes Públicos Nacionales, Estadales y Municipales. Las mismas, expresan la voluntad del pueblo soberano quien reunido en Asamblea Constituyente, consagran en un texto legal todas sus aspiraciones, que van a estructurar el Estado y todas sus instituciones.
Artículo 19. Garantía de los Derechos Humanos:
Este artículo, hace referencia a los principios de progresividad, irrenunciabilidad, indivisibilidad e interdependencia de los Derechos Humanos y establece en persona de todos los órganos del poder publico (tribunales, Ministerios etc.) la obligación de respetar y garantizar estos derechos. Se obliga en este caso el Estado Venezolano, a adoptar medidas legislativas, económicas , políticas y sociales que nos conduzcan a garantizar de una manera mas efectiva en ejercicio de los Derechos Humanos.
Artículo 20. Reconocimiento de la Personalidad Jurídica:
Art. 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 17 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 16 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Artículo 21. Igualdad ante la Ley:
Artículos 6 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, 1 y 2 de la Declaración Universal, 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 24 de la Conven ción Americana de Derechos Humanos y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
Artículo 22 Cláusula Abierta de los Derechos Humanos :
Este artículo, hace referencia a la amplitud con que la Constitución de 1999 trata el tema de los Derechos Humanos, cuando incluye una disposición expresa donde considera contenidos en el texto a todos aquellos Derechos inherentes a la persona que no se encuentren consagrados en ella y en los tratados, convenios y demás instrumentos internacionales, los cuales forman parte del ordenamiento jurídico venezolano. Por ejemplo permite en este caso la exigibilidad del Derecho a un Media Ambiente sano, a la paz entre otros.
Artículo 23. Jerarquía Constitucional de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos:
Artículo 24. Principio de Irretroactividad de la Ley:
Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron.
Art. 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 2 del Código Penal Venezolano, y artículo 553 del Código Orgánico Procesal Penal.
Artículo 25. Nulidad de los actos contrarios a la Constitución:
Reafirma la obligación de los órganos del poder publico de respetar el pleno goce de los derechos humanos en el ejercicio de sus potestades publicas trayendo como consecuencia las inconstitucionalidad de sus actos cuando violes o menoscaben algún derecho humano.
Artículo 26.Tutela Judicial Efectiva:
El presente artículo garantiza la efectividad y eficacia de la justicia, el Derecho de Acceso a la Justicia y a la Tutela Judicial Efectiva.
Artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Artículo 27. Derecho de Amparo:
Es importante destacar, que en Venezuela el Amparo constituye un Derecho fundamental a ser protegido por los Tribunales en el goce y ejercicio de los Derechos y Garantías Contendidos en la constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Para tal efecto, existe en nuestro ordenamiento jurídico una ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la cual es anterior a la Constitución de 1999, por lo tanto este artículo amplia el contenido del derecho de amparo, el cual ha sido desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia.
Artículos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 282 del Código Orgánico Procesal Penal.
Artículo 29. Obligación de Investigar y Sancionar:
Artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículos 261, 281 Ord. 1, 285 Ord. 3 y 5 de la Constitución, 121 del Código Orgánico Procesal Penal.
Artículo 30. Obligación de Indemnizar:
Artículo 31. Amparo ante los Órganos Internacionales de Protección de los Derechos Humanos:
Artículo 43. Derecho a la Vida:
Artículos 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos ,1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 6 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
Artículo 44. Derecho a la Libertad Personal:
Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada o persona de su confianza, y éstos o éstas, a su vez, tienen el derecho a ser informados o informadas sobre el lugar donde se encuentra la persona detenida, a ser notificados o notificadas inmediatamente de los motivos de la detención y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico de la persona detenida, ya sea por sí mismos o por sí mismas, o con el auxilio de especialistas. La autoridad competente llevará un registro público de toda detención realizada, que comprenda la identidad de la persona detenida, lugar, hora, condiciones y funcionarios o funcionarias que la practicaron.
Ninguna persona continuará en detención después de dictada orden de excarcelación por la autoridad competente o una vez cumplida la pena impuesta.
El ordinal primero de este artículo consagra las dos únicas formas mediante las cuales una persona puede ser privada de su libertad. El primer supuesto trata de la medida Judicial de privación de libertad, que es aquella fundamentada en la orden de un Juez compentetente, y cuyos requisitos se encuentran establecida en el Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Y el segundo supuesto la aprehensión por flagrancia regulada por el Artículo 248 ejusdem.
Artículos 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 9, 10, y 11 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Ver copp
Artículo 46. Derecho a la Integridad Personal:
Artículos 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y el artículo 7 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. En tal sentido nos encontramos con la Convención Interamericana Para Prevenir y Sancionar la Tortura la cual fue suscrita y ratificada por el Estado Venezolano.
Artículo 49. Derecho al Debido Proceso:
El Debido Proceso, es un Derecho Humano complejo, que está a su vez comprendido por un conjunto de Garantías que lo conforman, como el Derecho a la Defensa, a recurrir del fallo, la presunción de inocencia, a ser oído con las debidas garantías y en un tiempo razonable, a ser juzgado por sus jueces naturales, a no declarar contra sí mismo. Cada uno de los ordinales del artículo 49 de la Constitución, contienen un derecho específico, que puede ser analizado individualmente. Este derecho, está dirigido a cualquier persona que esté siendo juzgada ( Imputado o Acusado). En la fase de Ejecución este principio Constitucional, también tiene sus implicaciones, esto quiere decir que también es aplicable a aquellos penados en los casos donde soliciten la aplicación de formas alternativas de cumplimiento de condenas, en tal sentido, tendrían derecho a recurrir de las decisiones de los Jueces de Ejecución, así como a ejercer su defensa, ser oídos por el tribunal, el cual debe ser el competente para conocer de la causa y actuar con imparcialidad e independencia.
El Derecho a la Defensa es un derecho fundamental que se tiene desde el primer momento en que una persona es señalada como presunto autor (Imputado) de un delito, esto quiere decir que este derecho se tiene desde que se verifica el primer acto de la investigación, bien sea ejecutado por el Ministerio Público o por Órganos de Policía de Investigaciones Penales y Criminalisticas (PTJ, Guardia Nacional, DISIP o las Policías Municipales).
Este principio sólo se aplica en el trascurso del proceso penal, hasta que sobre el reo recaiga una sentencia de culpabilidad definitivamente firme o en otras palabras una vez que éste adquiere la condición de penado, esta presunción queda sin efecto, en lo que se refiere al delito por el cual se juzgó y que ameritó la imposición de una pena privativa de libertad.
Para garantizar la imparcialidad e independencia de los jueces, se estableció que éste sólo ejerza dentro del proceso penal la función de decidir, de resolver la situación plateada en el proceso.
Jueces Naturales:
No confesión contra si mismo:
Este precepto constitucional es aquel por el cual el imputado o acusado de un delito, se abstiene o niega a prestar declaración, esta norma también se aplica a los familiares (padres, hermanos, abuelos). Esta abstención o negativa a declarar puede ser parcial o total, puede negarse a responder preguntas o a narrar los hechos.
Principio de Legalidad de la Pena
7.Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.
Artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y 1 del Código Orgánico Procesal Penal.
Artículo 51. Derecho a Petición:
36 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas.
Artículo 56. Derecho al Nombre y a la Identidad:
Toda persona tiene derecho a un nombre propio, al apellido del padre y al de la madre, y a conocer la identidad de los mismos. El Estado garantizará el derecho a investigar la maternidad y la paternidad.
Artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Artículo 59. Libertad de Culto:
El Estado garantizará la libertad de religión y de culto. Toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y cultos y a manifestar sus creencias en privado o en público, mediante la enseñanza u otras prácticas, siempre que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. Se garantiza, así mismo, la independencia y la autonomía de las iglesias y confesiones religiosas, sin más limitaciones que las derivadas de esta Constitución y de la ley. El padre y la madre tienen derecho a que sus hijos o hijas reciban la educación religiosa que esté de acuerdo con sus convicciones.
Artículos 55 de la Ley de Régimen Penitenciario, 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 18 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y 41 y 42 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas.
Artículo 75. Protección a la Familia:
Artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 6 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 23 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Artículo 76. Protección a la Maternidad y Paternidad:
La maternidad y la paternidad son protegidas integralmente, sea cual fuere el estado civil de la madre o del padre. Las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos o hijas que deseen concebir y a disponer de la información y de los medios que les aseguren el ejercicio de este derecho. El Estado garantizará asistencia y protección integral a la maternidad, en general a partir del momento de la concepción, durante el embarazo, el parto y el puerperio, y asegurará servicios de planificación familiar integral basados en valores éticos y científicos.
El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos o hijas, y éstos o éstas tienen el deber de asistirlos o asistirlas cuando aquel o aquella no puedan hacerlo por sí mismos o por si mismas. La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaría.
Artículo 83. Derecho a la Salud:
Artículo 90. Derechos Laborales:
Artículos 23 y 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 15 y 16 de la ley de Régimen Penitenciario.
Artículo 91. Derechos Laborales:
Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaría, de conformidad con la ley.
Artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Régimen Penitenciario.
Artículo 99. Valores Culturales:
Artículo 102. Derecho a la Educación:
Artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 20 y 21 de la ley de Régimen Penitenciario.
Artículo 103. Educación Integral y Obligatoriedad de la Educación:
Las contribuciones de los particulares a proyectos y programas educativos públicos a nivel medio y universitario serán reconocidas como desgrávamenes al impuesto sobre la renta según la ley respectiva.
Artículos 22, 23, 24 , 25 y 26 de la Ley de Régimen Penitenciario.
Artículo 108. Contribución de los Medios de Comunicación Social a la Formación Ciudadana:
Artículo 37, 38 y 39 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, referentes al contacto con el mundo exterior.
Artículo 111. Derecho al Deporte:
Todas las personas tienen derecho al deporte y a la recreación como actividades que benefician la calidad de vida individual y colectiva. El Estado asumirá el deporte y la recreación como política de educación y salud pública y garantizará los recursos para su promoción. La educación física y el deporte cumplen un papel fundamental en la formación integral de la niñez y adolescencia. Su enseñanza es obligatoria en todos los niveles de la educación pública y privada hasta el ciclo diversificado, con las excepciones que establezca la ley. El Estado garantizará la atención integral de los y las deportistas sin discriminación alguna, así como el apoyo al deporte de alta competencia y la evaluación y regulación de las entidades deportivas del sector público y del privado, de conformidad con la ley. La ley establecerá incentivos y estímulos a las personas, instituciones y comunidades que promuevan a los y las atletas y desarrollen o financien planes, programas y actividades deportivas en el país.
Artículo 21 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas.
Artículo 130. Deber de Honrar y Defender a la Patria:
Artículo 131. Deber de cumplir y acatar la Constitución:
Artículo 132. Deber de participar en la vida política:
Todos aquellos condenados a penas de presidio y prisión, están inhabilitados para ejercer el derecho al voto, debido a que ambas penas principales comportan la pena accesoria de la inhabilitación política. Conservarían plenamente este Derecho-Deber todos aquellos privados de su libertad que se encuentren detenidos preventivamente.
Artículo 133. Deber de pagar impuestos:
Artículo 134. Deber de Prestar Servicios:
Artículo 135.Solidaridad Social:
Las obligaciones que correspondan al Estado, conforme a esta Constitución y a la ley, en cumplimiento de los fines del bienestar social general, no excluyen las que, en virtud de la solidaridad y responsabilidad social y asistencia humanitaria, correspondan a los o a las particulares según su capacidad. La ley proveerá lo conducente para imponer el cumplimiento de estas obligaciones en los casos en que fuere necesario. Quienes aspiren al ejercicio de cualquier profesión, tienen el deber de prestar servicio a la comunidad durante el tiempo, lugar y condiciones que determine la ley.
Artículo 143. Derecho a la Información Administrativa:
Artículo 145. Imparcialidad de los Funcionarios Públicos:
Artículo 184. Participación Ciudadana en la Gestión Pública:
Participación en la Gestión Penitenciaria
7- La participación de las comunidades en actividades de acercamiento a los establecimientos penales y de vinculación de éstos con la población.
Artículo 236. Atribuciones del Presidente de la República:
Artículo 253. Administración de Justicia:
Artículo 254. Independencia del Poder Judicial:
Artículo 256. Imparcialidad de los Jueces y demás Funcionarios del Poder Judicial:
Con la finalidad de garantizar la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones, los magistrados o las magistradas, los jueces o las juezas, los fiscales o las fiscalas del Ministerio Público; y los defensores públicos o las defensoras públicas, desde la fecha de su nombramiento y hasta su egreso del cargo respectivo, no podrán, salvo el ejercicio del voto, llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante, ni realizar actividades privadas lucrativas incompatibles con su función, ni por sí ni por interpuesta persona, ni ejercer ninguna otra función pública a excepción de actividades educativas Los jueces o juezas no podrán asociarse entre sí.
Artículo 257. El Proceso como Instrumento de las Justicia:
El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procésales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.
Artículo 271. Extradición de Extranjeros:
En ningún caso podrá ser negada la extradición de los extranjeros o extranjeras responsables de los delitos de deslegitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros Estados y contra los derechos humanos. No prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos, o contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes. Asimismo, previa decisión judicial, serán confiscados los bienes provenientes de las actividades relacionadas con los delitos contra el patrimonio público o con el tráfico de estupefacientes.
Artículo 272. Sistema Penitenciario:
El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación, funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias, y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización. En general, se preferirá en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoría. El Estado creará las instituciones indispensables para la asistencia pospenitenciaria que posibilite la reinserción social del ex-interno o ex-interna y propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico.
Este artículo, refleja la preocupación del Constituyente de 1999, por regular el sistema carcelario. Centra como objetivo principal de las políticas penitenciarias, la rehabilitación del interno o interna, por una parte y por otra hace énfasis en el respeto a los derechos humanos; ésta constituiría la idea primigenia del artículo.
En cuanto a la Descentralización Penitenciaria, se consagra como un principio fundamental de la organización del sistema, lo que quiere decir que progresivamente la administración de las cárceles deberá, por mandato constitucional ir pasando progresivamente del Ministerio del Interior y Justicia a las Gobernaciones o Alcaldías, las cuales deben prepararse para asumir esta responsabilidad. Con lo que se espera mejorar la deficiencia la supervisión y el control
El artículo, pareciera reconocer el hecho de que largos períodos de reclusión no son la vía para una cabal rehabilitación del recluso, tal como se considera en las ultimas tendencias de la criminología actual, donde se plantea, que la cárcel lejos de rehabilitar al ser humano, lo destruye. Se reconocen los sistemas de régimen abierto, que no son otros que las fórmulas alternativas de cumplimiento de condena, consagradas en el régimen de progresividad contemplado en la ley de Régimen Penitenciario y en el Código Orgánico Procesal Penal, con la finalidad de reinsertarlo en la sociedad. Por otro lado, estos centros se denominan abiertos porque, los residentes pueden salir a trabajar todos los días y regresar a dormir y pueden tener la libertad de visitar a sus familiares los fines de semana dependiendo de la conducta del individuo. No podemos decir que estos establecimientos constituyan la solución absoluta al problema, en el sentido de que si estos no cuentan con el personal adecuado y el apoyo necesario, el fracaso estaría garantizado, haciéndose lógico el cuestionamiento de cómo haría un ex-presidiario para conseguir empleo, que es requisito sine-quanon para gozar de la medida, sino no le es permitido salir, y en tal caso poco importa el haber sido trasferido a un establecimiento abierto, en estos casos el establecimiento termina convirtiéndose en cárcel.
El último aparte, incluye la asistencia post-penitenciaria, que no es otra cosa que la obligación del Estado, a colaborar con el proceso de reinserción que vive el privado de libertad una vez que es puesto en libertad. Nuevamente el constituyente abre el camino hacia la minimización de los efectos negativos de la prisionalización, al considerar necesaria una asistencia de este tipo.
Artículos del 46 al 54 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, 2 de la Ley de Régimen Penitenciario.
Artículo 273. El Poder Ciudadano:
Artículo 274. Misión del Poder Ciudadano:
Los órganos que ejercen el Poder Ciudadano tienen a su cargo, de conformidad con esta Constitución y con la ley, prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa; velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado, e igualmente, promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo.
Artículo 275. Advertencias del Consejo Moral Republicano:
Los o las representantes del Consejo Moral Republicano formularán a las autoridades, funcionarios o funcionarias de la Administración Pública, las advertencias sobre las faltas en el cumplimiento de sus obligaciones legales. De no acatarse estas advertencias, el Consejo Moral Republicano, podrá imponer las sanciones establecidas en la ley. En caso de contumacia, el presidente o presidenta del Consejo Moral Republicano presentará un informe al órgano o dependencia al cual esté adscrito o adscrita el funcionario público o la funcionaria pública, para que esa instancia tome los correctivos de acuerdo con el caso sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar de conformidad con la ley.
Artículo 277. Obligación de Colaborar:
Todos los funcionarios o funcionarias de la Administración Pública están obligados u obligadas, bajo las sanciones que establezcan la ley, a colaborar con carácter preferente y urgente con los o las representantes del Consejo Moral Republicano en sus investigaciones. Este podrá solicitarles las declaraciones y documentos que consideren necesarios para el desarrollo de sus funciones, incluidos aquellos que hayan sido clasificados o catalogados con carácter confidencial o secreto de acuerdo con la ley. En todo caso, el Poder Ciudadano sólo podrá suministrar la información contenida en documentos confidenciales o secretos mediante los procedimientos que establezca la ley.
Artículo 278. Promoción de Actividades:
Artículo 280. La Defensoría del Pueblo:
Artículo 281. Atribuciones del Defensor del Pueblo:
Artículo 282. Inmunidad del Defensor del Pueblo:
El Defensor o Defensora del Pueblo gozará de inmunidad en el ejercicio de sus funciones y, por lo tanto, no podrá ser perseguido o perseguida, detenido o detenida, ni enjuiciado o enjuiciada por actos relacionados con el ejercicio de sus funciones. En cualquier caso conocerá de manera privativa el Tribunal Supremo de Justicia.
Artículo 283. Principios de Actuación de la Defensoría del Pueblo:
La ley determinará lo relativo a la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo en el ámbito municipal, estadal, nacional y especial. Su actividad se regirá por los principios de gratuidad, accesibilidad, celeridad, informalidad e impulso de oficio
Artículo 284. El Ministerio Publico o Fiscalia General de la República :
El Ministerio Público estará bajo la dirección y responsabilidad del Fiscal o la Fiscal General de la República, quien ejercerá sus atribuciones directamente con el auxilio de los funcionarios o funcionarias que determine la ley.
Artículo 285. Atribuciones del Ministerio Público:
Artículo 286.Organización del Ministerio Público:
La ley determinará lo relativo a la organización y funcionamiento del Ministerio Público en los ámbitos municipal, estadal y nacional, proveerá lo conducente para asegurar la idoneidad, probidad y estabilidad de los fiscales o las fiscales del Ministerio Público. Asimismo establecerá las normas para garantizar un sistema de carrera para el ejercicio de su función.
Artículo 334.Integridad de la Constitución:

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 7

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24
 artículo 553

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 10

Artículo 27

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 43

Artículo 44
 Artículo 250
 Artículo 248

Artículo 46
 artículo 5
 artículo 7

Artículo 49
 artículo 49

Artículo 8

Artículo 51

Artículo 56

Artículo 18

Artículo 59

Artículo 75

Artículo 76

Artículo 83

Artículo 90

Artículo 91

Artículo 99

Artículo 102

Artículo 26

Artículo 103

Artículo 108

Artículo 37

Artículo 111

Artículo 21

Artículo 130

Artículo 131

Artículo 132

Artículo 133

Artículo 134

Artículo 135

Artículo 143

Artículo 145

Artículo 184

Artículo 236

Artículo 253

Artículo 254

Artículo 256

Artículo 257

Artículo 271

Artículo 272

Artículo 273

Artículo 274

Artículo 275

Artículo 277

Artículo 278

Artículo 280

Artículo 281

Artículo 282

Artículo 283

Artículo 284

Artículo 285

Artículo 286

Artículo 334