Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-910-de-diciembre-3-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_f10f27bb181002b2e0430a01015102b2&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-23 23:47:48+00:00

Document:
﻿ Sentencia C-910 de diciembre 3 de 2013
SENTENCIA C-910 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:CONVENCIÓN QUE PROHÍBE USO DE ARMAS EN RACIMO. LA CORTE CONSTITUCIONAL DETERMINÓ QUE LA ADHESIÓN DE COLOMBIA A LA CONVENCIÓN QUE PROHÍBE LA UTILIZACIÓN DE ARMAS EN RACIMO SE ADECÚA AL OBJETIVO DE CONSEGUIR LA PAZ, UN FIN Y UN DERECHO FUNDAMENTAL. TRAS DECLARAR CONSTITUCIONAL EL INSTRUMENTO, APROBADO POR LA LEY 604 DEL 2012, YA QUE SE BASA EN PRINCIPIOS DEL DIH ENCAMINADOS A ESTABLECER DIFERENCIAS ENTRE POBLACIÓN CIVIL Y COMBATIENTES Y A LA PROHIBICIÓN DE ATAQUES INDISCRIMINADOS
TEMAS ESPECÍFICOS:CONVENIO INTERNACIONAL, ARMAS DE FUEGO
Sentencia C-910 de diciembre 3 de 2013
Ref.: Expediente LAT-408
EXTRACTOS: «II. Texto de la ley aprobatoria de la convención objeto de revisión
A continuación se trascribe el texto sometido a control conforme a su publicación en el Diario Oficial 48651 del 21 de diciembre de 2012:
Preocupados porque los restos de municiones en racimo matan o mutilan a civiles, incluidos mujeres y niños, obstruyen el desarrollo económico y social, debido, entre otras razones, a la pérdida del sustento, impiden la rehabilitación postconflicto y la reconstrucción, retrasan o impiden el regreso de refugiados y personas internamente desplazadas, pueden impactar negativamente en los esfuerzos nacionales e internacionales de construcción de la paz y asistencia humanitaria, además de tener otras graves consecuencias que pueden perdurar muchos años después de su uso,
Acogiendo también con beneplácito la adopción del protocolo sobre restos explosivos de guerra, anexo a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, y su entrada en vigor el 12 de noviembre de 2006, y con el deseo de aumentar la protección de los civiles de los efectos de los restos de municiones en racimo en ambientes postconflicto,
(m) La cantidad de recursos nacionales, incluidos los financieros, materiales o en especie, asignados a la implementación de los artículos 3º, 4º y 5º de la presente convención; y
(f) Las solicitudes de los Estados Parte de acuerdo con lo previsto en los artículos 3º y 4º de la presente convención.
(b) Considerar la necesidad de celebrar reuniones adicionales de los Estados Parte, a las que se refiere el apartado 2 del artículo 11 de la presente convención, así como el intervalo que haya de existir entre ellas; y (c) Tomar decisiones sobre las solicitudes de los Estados Parte previstas en los artículos 3º y 4º de la presente convención.
2. Los costos en que incurra el Secretario General de las Naciones Unidas con arreglo a los artículos 7º y º8 de la presente convención serán sufragados por los Estados Parte de conformidad con la escala de cuotas de las Naciones Unidas adecuadamente ajustada.
ART. 1º—Apruébense la “Convención sobre municiones en racimo”, suscrita en Dublín, República de Irlanda, el 30 de mayo de 2008.
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, la “Convención sobre municiones en racimo”, suscrita en Dublín, República de Irlanda, el 30 de mayo de 2008, que por el artículo 1º de esta ley se aprueban, obligarán al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
“[D]icho control se caracteriza por ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviado directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano”(1).
2. En tal sentido, en razón del trámite ordinario de la ley, se requiere: (i) el inicio del procedimiento legislativo en la comisión constitucional correspondiente del Senado de la República; (ii) la publicación oficial del proyecto de ley; (iii) la aprobación reglamentaria en los debates de las comisiones y plenarias de cada una de las cámaras (C.N., art. 157); (iv) que entre el primer y segundo debates medie un lapso no inferior a ocho días y que entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, transcurran por lo menos quince días (C.N., art. 160); (v) la comprobación del anuncio previo a la votación en cada uno de los debates; y (vi) la sanción presidencial y la remisión del texto a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes (C.N., art. 241, num. 10).
3. De acuerdo con lo anterior, esta corporación procederá a la revisión integral, formal y de fondo, de la “Convención sobre municiones en racimo” y su correspondiente Ley Aprobatoria 1604 de 2012.
“(...) [A]ntes del sometimiento del tratado al Congreso de la República para su aprobación, tienen lugar la negociación y suscripción de aquel, fases que configuran el ejercicio de la soberanía estatal, y al mismo tiempo, los compromisos asumidos internacionalmente constituyen límites al ejercicio de aquella. En nuestro caso, el Presidente de la República “dirige las relaciones internacionales” (art. 189.2 superior), lo cual implica que adelante la correspondiente negociación y suscripción del tratado internacional, bien sea directamente o mediante un representante con plenos poderes, en los términos de los artículos 7º a 10 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre Estados de 1969”(2).
En ese sentido, como regla general, tanto para la adopción y autenticación del texto, así como para la manifestación del consentimiento, se considera que representan al Estado (i) quienes se encuentren provistos de plenos poderes; o (ii) cuando en la práctica, o de otras circunstancias, se deduzca que los Estados han considerado a determinado funcionario como su representante, sin necesidad de acreditar plenos poderes(3).
En el presente caso, como se observa en folio 54 del cuaderno principal, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, con el objetivo de llevar a cabo la suscripción de la “Convención sobre municiones en racimo” celebrado en la ciudad de Oslo, Noruega del 2 al 4 de diciembre de 2008; en documento de fecha 24 de noviembre de 2008, le fueron conferidos plenos poderes por el otrora presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, a la embajadora Clemencia Forero Ucrós, Representante Permanente de Colombia ante la Oficina de Naciones unidas y Organismos Internacionales con sede en Ginebra, para que en nombre del Gobierno Nacional procediera a la suscripción de dicho instrumento.
El 17 de noviembre de 2009, el Presidente de la República impartió la respectiva aprobación ejecutiva de la Convención sobre municiones en racimo y, a su vez, ordenó someterlos al conocimiento y trámite del Congreso de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 189, numeral 2º, de la Constitución Política. Este decreto también fue suscrito por el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez Merizalde (fl. 18).
5.3.3. Trámite del Proyecto de Ley 174 de 2011 Senado de la República, 244 de 2012 de la Cámara de Representantes.
En ese orden de ideas y de conformidad con las pruebas que obran en el expediente, el trámite que se dio al Proyecto de Ley 174 de 2011 Senado - 244 Cámara, hoy Ley 1604 de 2012, fue el siguiente:
En cumplimiento de lo establecido en el inciso cuarto del artículo 154 de la Constitución(4), el Proyecto de Ley 174 de 2011 fue presentado al Senado de la República por el Gobierno Nacional, a través de la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín Cuéllar y el ministro de Defensa Nacional Juan Carlos Pinzón Bueno, el día 23 de noviembre de 2011.
En cumplimiento de lo establecido en el numeral 1º del artículo 157 superior, según el cual: “Ningún proyecto será ley sin (...) [h]aber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva”, el texto fue publicado en la Gaceta del Congreso 894 del 25 de noviembre de 2011.
1. En atención al contenido del articulado, la iniciativa fue remitida a la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República. La ponencia para primer debate fue presentada por el senador Juan Lozano Ramírez y publicada en la Gaceta del Congreso 937 del 6 de diciembre de 2011. En este orden de ideas, se dio cumplimiento al artículo 156 de la Ley 5ª de 1992, en armonía con lo previsto en los artículos 142 y 160 de la Constitución Política, los cuales exigen dar primer debate a los proyectos de ley en comisiones y publicar el informe de ponencia en la Gaceta del Congreso.
2. En lo relacionado con el anuncio previo del proyecto, este se llevó a cabo en la sesión del 28 de marzo de 2012, según consta en el acta 18 de la misma fecha publicada en la Gaceta del Congreso 233 del 15 de mayo de 2012 (p. 28).
En relación con el contenido del anuncio, según se observa en la referida acta, se utilizó la siguiente fórmula: “Por instrucciones de la presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión: (...) 5. Proyecto de Ley 174 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la Convención sobre municiones en racimo, hecha en Dublín, República de Irlanda, el treinta (30) de mayo de dos mil ocho (2008)”. Cumpliendo así con lo dispuesto en el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003, según el cual “[n]ingún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada Cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”.
3. En cumplimiento de lo anunciado, el proyecto de ley en mención fue debatido y aprobado sin modificaciones en primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado del 10 de abril de 2012, como consta en el acta 19 de esa sesión, publicada en la Gaceta del Congreso 233 del 15 de mayo de 2012 (pp. 34 y 35), con un quórum de 13 de 18 senadores, el cual se infiere del llamado a lista llevado a cabo al inicio de la sesión, en el que consta la presencia de seis (6) senadores (p. 29), sumado a la constancia que deja el secretario de la comisión en el acta de la llegada durante el transcurso de la sesión de otros siete (7) senadores (p. 30). Con relación a la aprobación, reza en el acta:
“Lectura del articulado. || El secretario informa al presidente que el senador Vírgüez, ha solicitado la omisión de lectura del articulado. || El señor presidente, senador Carlos Emiro Barriga someta a consideración de la comisión la omisión de lectura del articulado. Lo aprueban los miembros de la comisión. || El secretario informa a la presidencia, que sí se aprueba por los miembros de la comisión, la omisión de lectura del articulado del Proyecto de Ley 174 de 2011 Senado. || El presidente, senador Carlos Emiro Barriga, somete a consideración de los senadores el articulado del proyecto. Aprueban el articulado del Proyecto de Ley 174 de 2011 Senado, los miembros de la comisión. || El secretario le informa al presidente que sí se aprueba el articulado del proyecto. || Lectura del título del proyecto: || Nota: Preguntarle al doctor Diego cómo se coloca aquí el título del proyecto, porque él lo lee así: “por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre municiones en racimo”, hecha en Dublín, el treinta (30) de mayo de dos mil ocho (2008). || El título original tal como aparece está así: Lectura del título del Proyecto de Ley 174 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la Convención sobre municiones en racimo, hecha en Dublín, República de Irlanda el treinta (30) de mayo de dos mil ocho (2008). || El señor presidente, senador Carlos Emiro Barriga, informa que está en consideración el título del Proyecto de Ley 174 de 2011 Senado que fue leído por el secretario. || El secretario, doctor Diego González González, le informa al presidente que los senadores de la comisión, sí aprueban el título del Proyecto de Ley 174 de 2011 leído. || El presidente, senador Carlos Emiro Barriga, pregunta a los miembros de la comisión, si quieren que este proyecto de ley tenga segundo debate en la plenaria del Senado. || El secretario, doctor Diego González González, le informa que los senadores sí quieren que el proyecto tenga segundo debate. || En consecuencia, el presidente, senador Carlos Emiro Barriga, nombra como ponente para el segundo debate al mismo senador Juan Lozano Ramírez. || Se continúa con el siguiente proyecto del orden del día”.
El acuerdo unánime en la votación a que fue sometida la Ley 1604 de 2012 en la Comisión Segunda del Senado, se deduce del acta transcrita, y adicionalmente de los siguientes criterios(5):
4. El texto definitivo aprobado en primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República, fue publicado en la Gaceta del Congreso 191 del 2 de mayo de 2012, dejando constancia de ello la presidenta, el vicepresidente y el secretario de dicha comisión: “El texto transcrito fue el aprobado en primer debate en sesión ordinaria de la Comisión Segunda del Senado de la República, el día diez (10) de abril del año dos mil doce (2012), según consta en el acta número 19 de esa fecha”.
B. Segundo debate: Plenaria del Senado de la República.
1. La ponencia para segundo debate en el Senado de la República fue presentada por el senador Juan Francisco Lozano Ramírez y publicada en la Gaceta del Congreso 191 del 2 de mayo de 2012.
2. El anuncio previo del proyecto tuvo lugar durante la sesión ordinaria del 22 de mayo de 2012, como consta en el acta 48 de esa misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 414 del 10 de julio de 2012. Se señaló expresamente:
“Por instrucciones de la presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 1 de 2003, por secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión. || Señor presidente, para la próxima sesión, los siguientes son los proyectos a debatir y votar. (...) || Proyecto de Ley 174 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre municiones en racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el (30) de mayo de dos mil ocho (2008)”(6).
En la parte final del acta se indicó el momento en el que se levantó la sesión y se convoca a la siguiente, en los siguientes términos: “Siendo las 11:40 p.m., la presidencia levanta la sesión y convoca para el día miércoles 23 de mayo de 2012, a las 3:00 p.m.”.
3. En cumplimiento de lo anunciado, y de acuerdo con certificación del secretario general del Senado radicada en la secretaría de esta corporación el 27 de febrero de 2013, el proyecto de ley en mención fue debatido y aprobado sin modificaciones en segundo debate en la sesión ordinaria de la plenaria del Senado del 23 de mayo de 2012, como consta en el acta 49 de esa sesión, publicada en la Gaceta del Congreso 415 del 10 de julio de 2012 (p. 18), mediante votación ordinaria conforme a lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 5ª de 1992, modificado por el artículo 1º la Ley 1431 de 2011, con un quórum de 93 de 100 senadores. Según reza en el acta:
“La presidencia somete a consideración de la plenaria el articulado del proyecto, y cerrada su discusión pregunta, ¿adopta la plenaria el articulado propuesto? Y esta responde afirmativamente. || La presidencia indica a la secretaría dar lectura al título del proyecto. Por secretaría se da lectura al título del Proyecto de Ley 174 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre municiones en racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el (30) de mayo de dos mil ocho (2008). || Leído este, la presidencia lo somete a consideración de la plenaria, y cerrada su discusión pregunta, ¿aprueban los miembros de la corporación el título leído? Y estos le imparten su aprobación. || Cumplido los trámites constitucionales, legales y reglamentarios, la presidencia pregunta, ¿quieren los senadores presentes que el proyecto de ley aprobado surta su tránsito en la honorable Cámara de Representantes? Y estos responden afirmativamente. || La presidencia indica a la secretaría continuar con el siguiente punto del orden del día”.
En consecuencia, como se infiere de lo expuesto, no solo se cumplieron con los requisitos de anuncio previo (C.P., art. 160), quórum (C.P., arts. 145 y 146) y modalidades de votación permitidas por el Texto Superior (C.P., art. 133), sino también con el término de ocho (8) días que debe mediar entre la aprobación de un proyecto de ley en la comisión constitucional respectiva y en la plenaria correspondiente (C.P., art. 160). En efecto, en el presente caso, la votación en primer debate tuvo lugar el 10 de abril de 2012, mientras que en segundo debate se llevó a cabo el 23 de mayo del mismo año. Finalmente, el texto definitivo del proyecto de ley aprobado por la plenaria del Senado y fue publicado en la Gaceta del Congreso 292 del 31 de mayo de 2012, según dejó constancia el secretario general del Senado: “El presente texto fue aprobado en plenaria de Senado el 23 de mayo de 2012 según texto propuesto para segundo debate”(7).
C. Primer debate: Comisión Segunda Cámara de Representantes.
1. Después de haberse puesto el proyecto de ley en conocimiento de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, se presentó la ponencia para primer debate por parte del representante Pedro Pablo Pérez Puerta, la cual fue publicada en la Gaceta del Congreso 559 del 28 de agosto de 2012(8).
2. El anuncio previo del proyecto, tuvo lugar el 3 de octubre de 2012, como consta en el acta 14 de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, publicada en la Gaceta del Congreso 17 del 6 de febrero de 2013. Para realizar el anuncio, se siguió la siguiente fórmula: “(...) Anuncio de proyectos de ley para ser discutidos y votados en la próxima sesión donde haya proyectos de ley, para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003. (...) || Segundo proyecto. Proyecto de Ley 244 de 2012 Cámara, 174 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre municiones en racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el 30 de mayo de 2008 (...)” (G.C. 17 de 2013, 6 de febrero de 2013, p. 21). Al final del acta, se cita para la siguiente sesión: “Se cita para el próximo martes a las 10 de la mañana, tal como lo ha ordenado el señor presidente. Se levanta la sesión siendo las 10:50 a.m.”(9).
3. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003, que adicionó un inciso al artículo 160 de la Constitución Nacional, y de acuerdo con lo establecido en el anuncio hecho en la sesión anterior, se produjo el debate y la aprobación de este proyecto en la sesión del 9 de octubre de 2013, como consta en el acta 15 de esa fecha, consignada en la Gaceta del Congreso 18 del 6 de febrero de 2013. En el marco de lo establecido en artículo 145 superior en concordancia con el 116 de la Ley 5ª de 1992, la sesión de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes inició el debate con la configuración de un quórum deliberatorio de seis (6) representantes. Consta en el acta de la sesión, que nueve (9) de los representantes miembros de la comisión “se hicieron presentes durante la sesión”, los tres representantes restantes presentaron excusa, dos de ellos por escrito(10).
En el acta 15 de 2013, se deja constancia que los representantes presentes en la comisión, aprobaron el articulado del Proyecto de Ley 244 de 2012 Cámara, 174 de 2011 Senado, el título del proyecto y la decisión que el proyecto fuera ley de la República y pasara a segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes(11). Fue designado como ponente para segundo debate el representante Pedro Pablo Pérez Puerta:
“Hace uso de la palabra el señor presidente (E), honorable representante Eduardo José Castañeda Murillo: || En consideración la proposición leída con que termina el informe de ponencia, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, ¿aprueba la comisión la proposición leída? || Hace uso de la palabra la secretaria general de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: || Ha sido aprobada la proposición con que termina el informe de ponencia señor presidente. || Hace uso de la palabra el señor presidente (E), honorable representante Eduardo José Castañeda Murillo: || Continuamos, señora secretaria. || Hace uso de la palabra la secretaria general de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: || Articulado del proyecto señor presidente. Le informo que son 3 artículos debidamente publicados en la gaceta correspondiente, no hay ninguna proposición modificatoria, aditiva, ni nada al respecto, señor presidente. || Hace uso de la palabra el señor presidente (E), honorable representante Eduardo José Castañeda Murillo: || En consideración el articulado leído, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, ¿aprueba la comisión el articulado leído? || Hace uso de la palabra la secretaria general de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: || Ha sido aprobado el articulado leído, señor presidente. || Hace uso de la palabra el señor presidente (E), honorable representante Eduardo José Castañeda Murillo: || Continuamos con el orden del día, señora secretaria. || Hace uso de la palabra la secretaria general de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: || Señor presidente nos falta aprobar el título del proyecto y preguntarles a los honorables representantes si quieren que este proyecto sea ley de la República. || Hace uso de la palabra el señor presidente (E), honorable representante Eduardo José Castañeda Murillo: || En consideración el título del proyecto. || Hace uso de la palabra la secretaria general de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: || Señor presidente procedo a leer el título del proyecto, por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre municiones en racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el treinta (30) de mayo de dos mil ocho (2008). || Hace uso de la palabra el señor presidente (E), honorable representante Eduardo José Castañeda Murillo: || En consideración el título del proyecto leído, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, ¿aprueba la comisión el título leído? || Hace uso de la palabra la secretaria general de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: || Ha sido aprobado el título del proyecto leído señor presidente. || Hace uso de la palabra el señor presidente (E), honorable representante Eduardo José Castañeda Murillo: || Continuamos, señora secretaria. || Hace uso de la palabra la secretaria general de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: || Señor presidente debemos preguntarles a los honorables representantes si ellos quieren que este proyecto sea ley de la República y pase a segundo debate en plenaria de Cámara. || Hace uso de la palabra el señor presidente (E), honorable representante Eduardo José Castañeda Murillo: || ¿Quieren los honorables representantes que este proyecto sea ley de la República y pase a segundo debate en la plenaria de la Cámara? se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, ¿lo aprueba la comisión? || Hace uso de la palabra la secretaria general de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: || Sí lo quieren, señor presidente. Señor presidente como ponente para segundo debate, ¿usted designa al representante Pedro Pablo Pérez Puerta? || Hace uso de la palabra el señor presidente (E), honorable representante Eduardo José Castañeda Murillo: || Queda designado como ponente para segundo debate el representante Pedro Pablo Pérez Puerta. || Hace uso de la palabra la secretaria general de la Comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias: || Así se hará señor presidente. || Hace uso de la palabra el presidente de la comisión (E), doctor Eduardo José Castañeda Murillo: || Continúe con el orden del día, señora secretaria” (resaltados en el texto original).
Adicionalmente, la secretaria general de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, en certificación del 9 de octubre de 2012 que reposa en el folio 167; indicó que el primer debate en la Cámara de Representantes (tercero del trámite legislativo), “se aprobó por unanimidad en votación ordinaria de acuerdo a la Ley 1431 de 2011, (...) con la presencia de 15 honorables representantes”.
Igualmente, se cumplió con el requisito previsto en el inciso 1º del artículo 160 constitucional que reza, “(...) entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, deberá transcurrir por lo menos quince días”. En el caso sometido a control, el Proyecto de Ley 174 de 2012 fue aprobado en la plenaria del Senado el 23 de mayo de 2012, mientras que la discusión y aprobación de esta iniciativa en la Comisión Segunda permanente constitucional de la Cámara el 9 de octubre de 2012.
3. El texto definitivo aprobado en primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, fue publicado en la Gaceta del Congreso 756 del 2 de noviembre de 2012, dejando constancia de ello el presidente, y la secretaria general de dicha comisión: “El texto trascrito correspondiente el(sic) Proyecto de Ley 244 de 2012 Cámara y 174 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre municiones en racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el treinta (30) de mayo de dos mil ocho (2008) fue el aprobado en la Comisión Segunda de la Cámara en Sesión del día 9 de octubre de 2012, acta 15”(12).
D. Segundo debate: Plenaria de la Cámara de Representantes.
1. La ponencia para segundo debate en la Cámara de Representantes fue presentada por el representante Pedro Pablo Pérez Puerta y publicada en la Gaceta del Congreso 756 del 2 de noviembre de 2012.
2. El anuncio previo del proyecto tuvo lugar durante la sesión ordinaria del 14 de noviembre de 2012, como consta en el acta 171 de esa misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 73 del 28 de febrero de 2013. Se señaló expresamente:
“Señor presidente, se anuncian los siguientes proyectos de ley y de acto legislativo para la próxima sesión del día jueves 15 de noviembre o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos de acuerdo al Acto Legislativo 1 de 2003. (...) || Proyecto de Ley 244 de 2012 Cámara, 174 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre municiones en racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el treinta (30) de mayo de dos mil ocho (2008)”(13) (resaltado en el texto original).
3. En cumplimiento a lo anunciado y de acuerdo con la certificación expedida por el secretario general de la Cámara de Representantes el 18 de febrero de 2013, en la sesión plenaria de esa corporación del 15 de noviembre de 2012, a la cual se hicieron presentes ciento once (111) representantes, como consta en el acta 172 de esa sesión publicada en la Gaceta del Congreso 54 del 15 de febrero de 2013, “fueron considerados y aprobados por unanimidad en votación ordinaria, la ponencia para segundo debate, el articulado, el título y la pregunta “Quiere la plenaria que este proyecto sea ley de la República” del Proyecto de Ley 224/2012 Cámara -174/2011 Senado”(14).
“Señor presidente puede poner a consideración el informe. || Dirección de la presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: || Gracias señora secretaria en consideración el informe de ponencia del proyecto mención anuncio que va a cerrarse, queda cerrado aprueba la Cámara. || Secretaria (e), doctora Flor Marina Daza Ramírez, informa: || Aprobado presidente. || Dirección de la presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: || Articulado del proyecto señora secretaria. || Secretaria (e), doctora Flor Marina Daza Ramírez, informa: || Señor presidente este proyecto tiene tres artículos sin proposiciones. || Dirección de la presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: || En consideración con el articulado del proyecto el mención, anuncio que va a cerrase, queda cerrado, aprueba la Cámara el articulado. || Secretaria (e), doctora Flor Marina Daza Ramírez, informa: || Aprobado el articulado señor presidente. || Dirección de la presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: || Título y pregunta del proyecto si la plenaria quiere que este proyecto se convierta en ley de la Republica, lea el título señora secretaria. || Secretaria (e), doctora Flor Marina Daza Ramírez, informa: || Titulo por medio de la cual se aprueba la Convención sobre municiones en racimo hecha en Dublín República de Irlanda el 30 de mayo de 2008. || Señor presidente ha sido leído el título. || Dirección de la presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: || En consideración el título y la pregunta, anuncio que va a cerrarse, ¿aprueba la plenaria de la Cámara el título y la pregunta? || Secretaria (e), doctora Flor Marina Daza Ramírez, informa: || Sí presidente, así lo quiere, ha sido aprobado”(15).
“Dirección de la presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: || Señora secretaria por favor abra el registro. || Secretaria (e), doctora Flor Marina Daza Ramírez, informa: || Sí señor presidente se abre el registro. || Dirección de la presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: || Hay algunos colegas que desean votar en contra del articulado, del título y de la pregunta, necesitamos abrir el registro. En consideración el título y la pregunta, doctor Bérner Zambrano tiene el uso de la palabra. || Intervención del honorable representante Bérner León Zambrano Erazo: || Presidente, si me permite mi intervención no es para este proyecto. || Dirección de la presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: || Doctor Bérner evacuemos el proyecto e inmediatamente tendrá usted el uso de la palabra. || Intervención del honorable representante Bérner León Zambrano Erazo. || Gracias.
Intervención del honorable representante Heriberto Sanabria Astudillo: || Gracias presidente, yo he anunciado mi voto negativo al título y al proyecto de ley y lo había anunciado simplemente porque no conocía ni el contenido ni el alcance del proyecto, el doctor Óscar Marín aquí hoy a fungido como un excelente Ministro de Relaciones Exteriores y después de la explicación del doctor Marín retiro mi voto negativo y anuncio mi voto positivo, (...) || Dirección de la presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: || En consideración el título y la pregunta, ¿aprueba la plenaria el título y la pregunta? || Secretaria (e), doctora Flor Marina Daza Ramírez, informa: || Aprobado señor presidente. || Dirección de la presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: || Gracias señora secretaria, (...)”(16).
“Intervención del honorable representante Iván Darío Agudelo Zapata: || Muchas gracias doctor Augusto y discúlpeme por no aceptarle su solicitud; pero es que me parece que es muy delicado y le agradezco al doctor Salamanca que me llama la atención y en esto quiero que quede constancia y que se verifique o que revisen el equipo porque en el Proyecto de Ley 244 de 2012 sobre las municiones en racimo aparece que yo soy el único Congresista que voto en contra del proyecto y quiero llamar la atención; pues fui profesor de derechos humanos, derecho internacional humanitario, capacité en Antioquia todas las Fuerzas Armadas, mis principios liberales me prohíben votar en contra de un proyecto de esta naturaleza. || Entonces por eso no pude dejar que pasara el siguiente doctor Augusto, qué pena y le agradezco al doctor Salamanca porque nunca en mis principios liberales me permitirían estar en contra de un proyecto de tal naturaleza, enemigos invisibles, enemigos que nunca se ven, todavía sabemos que hay armas de más de cuarenta, cincuenta años todavía esperando para asechar a su enemigo que nunca ha tenido nada que ver. || Entonces por favor que quede constancia de que nunca acompañaré o nunca estaré en contra de este proyecto y que por favor mi voto desaparezca de ahí de manera negativa y mi voto siempre será en favor de la vida. Muchas gracias señor presidente. || Dirección de la presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: || A usted doctor Iván y muy de acuerdo con la precisión que usted hace, señora secretaria que quede registrado el voto positivo a favor del Proyecto de Ley 244 del doctor Iván Darío Agudelo, no sé por algún motivo en el sistema registró su voto negativo y no es negativo, es positivo, continúe con la lectura de informe de ponencia”(17).
A pesar de que el debate llevado a cabo en la plenaria de la Cámara podría concluir que se presentó un votación nominal y pública, no se hace registro en acta de esa votación, toda vez que se deduce de lo arriba transcrito que la votación fue unánime a favor de la aprobación del proyecto de ley. Esta actuación es acorde con lo dispuesto por el numeral 16 del artículo 1º de la Ley 1431 de 2011, según el cual ante la existencia de unanimidad no era necesaria la votación nominal y pública. Por lo anterior, la Sala considera que la actuación se realizó de acuerdo con las norma parámetro de control de la misma.
4. Finalmente, el texto definitivo aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes, fue publicado en la Gaceta del Congreso 756 del 2 de noviembre de 2012, dejando constancia de ello la secretaria general encargada:
“En sesión plenaria del día 15 de noviembre de 2012, fue aprobado en segundo debate el texto definitivo sin modificaciones del Proyecto de Ley 244 de 2012 Cámara y 174 de 2011 Senado, por medio del cual se aprueba la “Convención sobre municiones en racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el treinta (30) de mayo de dos mil ocho (2008). Esto con el fin de que el citado proyecto de ley siga su curso legal y reglamentario y de esta manera dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992. Lo anterior, según consta en el acta de sesión plenaria 172 del 15 de noviembre de 2012, previo anuncio el día 14 de noviembre de los corrientes, según acta de sesión plenaria 171”(18).
Enviado al Presidente de la República el Proyecto de Ley 174 de 2011 Senado, 244 de 2012 Cámara, este sancionó el 21 de diciembre de 2012 la Ley 1604 del mismo año, por medio de la cual se aprueba la convención internacional objeto de este control, la cual fue publicada en el Diario Oficial 48651 del 21 de diciembre de 2012.
La secretaría jurídica de la Presidencia de la República, remitió el 26 de diciembre de 2012 a la Presidencia de la Corte Constitucional el texto de la Ley 1604 de 2012, el cual fue recibido por la secretaría general de esta corporación el 11 de enero de 2013. Teniendo en cuenta el lapso correspondiente a la vacancia judicial (dic. 20/2012 a ene. 10/2013), concluye este tribunal que el término de los seis (6) días que prevé el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política, fue cumplido.
Del análisis del trámite legislativo realizado por la Corte Constitucional, se concluye que el Proyecto de Ley 174 de 2011 Senado, 244 de 2012 Cámara cumplió de manera satisfactoria con la totalidad de los requisitos y exigencias previstas en la Constitución y en el reglamento del Congreso para una ley aprobatoria de tratados internacionales, pues, como ya se dijo: (i) comenzó su tránsito en el Senado de la República (C.N., art. 154); (ii) fue publicado previamente al inicio del proceso legislativo (C.N., art. 157, num. 1º); (iii) las ponencias —tanto en comisiones como en plenarias— fueron divulgadas antes de dar curso a los respectivos debates (C.N., art. 160, num. 4º); (iv) se verificó el cumplimiento del requisito del anuncio previo, en los términos expuestos por la jurisprudencia de esta corporación (art. 160, num. 5º); (v) fue aprobado tanto en primer como en segundo debate en cada una de las cámaras que integran el órgano legislativo, con el quórum y las mayorías exigidas (C.N., arts. 145 y 146); (iv) entre el primero y segundo debate realizado en cada Cámara, así como entre la aprobación del proyecto en la plenaria del Senado y la iniciación del trámite en la Cámara de Representantes transcurrieron los plazos mínimos previstos en la Constitución (C.N., art. 160, num. 1º); (v) su aprobación no superó el término de dos legislaturas, tal y como se dispone en el artículo 162 constitucional; (vi) fue sancionado por el Presidente de la República una vez concluido el trámite legislativo; y finalmente, (vii) fue enviado para su revisión a esta corporación dentro de los seis (6) días siguientes a su sanción.
5.4.1. Antecedentes.
Las municiones en racimo han sido definidas por el Comité internacional de la Cruz Roja, como aquellas armas que pueden ser lanzadas desde un avión, con artillería o con misiles, que se agrupan en un contenedor que se abre en el aire y dispersa grandes cantidades de submuniciones explosivas o “bombetas” sobre un área amplia. Dependiendo del modelo, el número de submuniciones puede variar desde varias decenas hasta más de 600(19).
Este tipo de armas, fueron empleadas por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial, y desde ese entonces la población civil se ha visto afectada por sus nefastos resultados. Se trata de un tipo de armamento impreciso, que al estar sometida a factores como las condiciones climáticas y tener un efecto zonal, pueden afectar dramáticamente a la población civil y objetivos militares, generando daños colaterales que a todas luces resultan desproporcionados.
Otra dificultad que surge por la utilización de municiones en racimo, es que un buen número de las armas dispersadas no estallan, lo que genera un riesgo permanente para la población civil, especialmente aquellos en estado de vulneración, como pueden ser los niños, personas de la tercera edad o personas que se encuentren en estado de discapacidad. Esto causa que el impacto negativo de este tipo de armas se presente durante el conflicto al igual que en la etapa del postconflicto(20).
Reiterando el daño humanitario irreparable que causan estas armas, el Gobierno del Reino de Noruega ejerció desde el 2001 el liderazgo mundial en la lucha contra las municiones en racimo en el marco de la Convención sobre ciertas armas convencionales (CCW). Buscando llevar esa lucha un paso más adelante y volverla más específica, en el año 2006, Noruega decidió convocar a otros países para desarrollar un proceso que concluyera en la construcción de un instrumento internacional que prohibiera el uso de este tipo de armas, previniera su proliferación y proveyera de asistencia a sus víctimas(21).
A la Conferencia de Oslo siguieron la Conferencia de Lima en mayo de 2007, la de Viena en diciembre de 2007, la de Wellington en febrero de 2008 y finalmente la de Dublín en mayo de 2008. Así mismo, en el marco del Proceso Oslo, también se realizaron reuniones regionales. En el caso de América Latina, se llevaron a cabo dos reuniones, una en Costa Rica del 4 al 5 de septiembre de 2007, y otra en México del 16 al 17 de abril de 2008(22).
Dando cumplimiento a lo establecido en su artículo 17, la Convención sobre municiones en racimo, entró en vigor el 1º de agosto de 2010, momento a partir del cual ha sido un instrumento vinculante de derecho internacional para aquellos Estados que expresaron su consentimiento en obligarse por él. Actualmente la convención cuenta con 113 Estados signatarios - Colombia uno de ellos, de los cuales 84 ya son Estados Parte.
El preámbulo de la convención sobre municiones en racimo, deja ver las cuatro principales preocupaciones que motivaron su creación y a las que brevemente hizo referencia este proyecto en el recuento de los antecedentes. La primera de estas preocupaciones hace referencia al hecho general de que “las poblaciones civiles y los civiles individualmente considerados, siguen siendo los más afectados por los conflictos armados”, preocupación que se encuentra concordante con la del ordenamiento jurídico colombiano, que entiende la paz como un fin y como un derecho fundamental(23).
Derivada de esa última circunstancia, la tercera preocupación que motiva la celebración de este tratado, obedece a los restos de municiones en racimo que “matan o mutilan a civiles, incluidos mujeres y niños, (...) impiden la rehabilitación postconflicto y la reconstrucción, retrasan o impiden el regreso de refugiados y personas internamente desplazadas, pueden impactar negativamente en los esfuerzos nacionales (...) de construcción de la paz y asistencia humanitaria (...)”. Esta debe ser una preocupación no solo que comparta el Estado colombiano, sino que debe ser puesto en el marco de implementación de esta convención, como una de sus principales preocupaciones, en aras de garantizar los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado, de manera especial las garantías de no repetición.
La última preocupación planteada por la parte motiva de la convención, hace referencia a los peligros que representan “los grandes arsenales nacionales de municiones en racimo conservados para uso operacional”, frente a lo cual el Gobierno colombiano ya ha tomado efectivas medidas, según lo expuesto en la exposición de motivos del proyecto de ley aprobatoria, medidas que se analizarán más adelante.
“Dichos principios, en nuestro ordenamiento jurídico no pueden reducirse a simples enunciados teóricos de propósitos loables de la comunidad internacional. Según lo ordena expresamente el numeral 2º del artículo 214 de la Carta Política, las reglas del derecho internacional humanitario deben respetarse y se encuentran incorporadas al derecho interno sin necesidad de ratificación previa o sin expedición de norma reglamentaria, puesto que se fundamentan en el respeto a la dignidad humana, valor constitucionalmente protegido. || No se puede olvidar que tales normas forman parte integrante del derecho consuetudinario (...) y por ello las mismas presentan una fuerza vinculante internacional, en la medida en que expresan un código ético y axiológico aplicable en los conflictos armados con aquiescencia universal y subordinante para todos los actores del mismo”(24).
El derecho internacional humanitario consuetudinario ha establecido en qué consisten los principios mencionados, de cuyo concepto se puede deducir una estrecha relación con la Convención sobre municiones en racimo y con la Constitución Política.
El principio de distinción entre civiles y combatientes, implica que “las partes en un conflicto tienen la obligación de distinguir en todas las circunstancias entre objetivos militares y personas o bienes civiles dirigir los ataques solo contra objetivos militares no dirigir los ataques contra personas o bienes civiles”(25).
En el marco de conflictos armados no internacionales, este principio de naturaleza consuetudinaria ha sido cristalizado en numerosos instrumentos del DIH, como consta en el trabajo recopilatorio realizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja(26):
“El párrafo 2 del artículo 13 del protocolo adicional II prohíbe que tanto las personas civiles como la población civil como tal sean objeto de ataques(27). La prohibición de dirigir ataques contra la población civil se expresa asimismo en el protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales(28). También se establece en el protocolo III de esta misma convención, que es aplicable a los conflictos no internacionales a raíz de una enmienda de su artículo 1º, aprobada por consenso en 2001(29). En la Convención de Ottawa que prohíbe las minas terrestres antipersonal se afirma, entre otras cosas, que esta convención se basa “en el principio de que se debe hacer una distinción entre civiles y combatientes”.
La definición de ataque indiscriminado se encuentra en el derecho internacional humanitario consuetudinario, y ha sido cristalizado en la Convención sobre ciertas armas convencionales. Se consideran “indiscriminados los ataques: a) que no están dirigidos contra un objetivo militar concreto; || b) en los que se emplean métodos o medios de combate que no pueden dirigirse contra un objetivo militar concreto; o || c) en los que se emplean métodos o medios de combate cuyos efectos no sea posible limitar como exige el derecho internacional humanitario; || y que, en consecuencia pueden alcanzar indistintamente, en cualquiera de tales casos, tanto a objetivos militares como a personas civiles o bienes de carácter civil”(30).
En cuanto al principio de proporcionalidad del ataque, esta norma del DIH establece una prohibición expresa cuando se pueda afectar la población civil, en los siguientes términos: “[q]ueda prohibido lanzar un ataque cuando sea de prever que cause incidentalmente muertos y heridos entre la población civil, daños a bienes de carácter civil o ambas cosas, que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista”(31).
Otro principio del DIH relevante en el marco de la Convención sobre municiones en racimo, es el de precaución en el ataque, que impone una obligación de cuidado previa a las fuerzas en conflicto, con el fin de no vulnerar los derechos de la población civil. Según las normas de derecho consuetudinario, el principio de precaución implica que: “Las operaciones militares se realizarán con un cuidado constante de preservar a la población civil, a las personas civiles y los bienes de carácter civil. Se tomarán todas las precauciones factibles para evitar, o reducir en todo caso a un mínimo, el número de muertos y heridos entre la población civil, así como los daños a bienes de carácter civil, que pudieran causar incidentalmente”(32).
Finalmente, como es planteado en el preámbulo de la convención “(...) el derecho de las partes participantes en un conflicto armado a elegir los métodos o medios de combate no es ilimitado”, por el contrario en el marco de los principios generales sobre el empleo de las armas, se ha establecido como norma consuetudinaria de DIH que, “[q]ueda prohibido el empleo de medios y métodos de guerra de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios”(33). Esta norma ha sido cristalizada en la Convención de Ottawa de 1997 relativa a minas antipersonales y en la ya mencionada Convención sobre ciertas armas convencionales, instrumentos internacionales que presentan una estrecha relación con el tratado sometido a control de constitucionalidad.
“En esos términos, la convención en estudio emerge como un instrumento eficaz en el manejo de varias situaciones, como por ejemplo: —la prevención de la guerra y la consecución de la paz y de condiciones pacíficas de convivencia, — la preservación del orden público, — la extinción de armas salvajes e inhumanas con destrucción indiscriminada, — la protección de los derechos a la vida, a la salud, a la integridad física y mental, a la circulación libre, a la paz y a gozar de un ambiente sano de los ciudadanos (C.P., arts. 49, 12, 24 y 79)”(34).
5.4.3. La naturaleza, objeto y fin de la convención (arts. 1º y 2º).
Como se deduce del análisis hasta ahora realizado y del articulado de la Convención sobre municiones en racimo, esta resulta aplicable en circunstancias de conflicto armado, ya sea este de carácter internacional o interno, por este motivo se trata de un instrumento perteneciente al derecho internacional humanitario.
Por otra parte, el artículo 2º contiene una serie de definiciones que contribuyen a dar claridad a la convención, explicando de forma técnica lo que significan los conceptos “munición en racimo”, “submunición explosiva”, “munición en racimo fallida”, “submunición sin estallar”, “municiones en racimo abandonadas”, “restos de municiones en racimo”, “transferencia”, “mecanismo de autodestrucción”, “autodesactivación”, “área contaminada con municiones en racimo”, “mina”, “bombeta explosiva”, “dispositivo emisor” y “bombeta sin estallar”.
Considera esta Sala que las obligaciones a las que hace referencia el artículo 1º de la convención, responden al objeto y fin de la misma y no resultan contrarios a la Constitución. En el mismo sentido, que las definiciones técnicas otorgadas en el artículo 2º, tienen como propósito la correcta implementación de la convención, así como la materialización de las obligaciones sustanciales. No encuentra la Sala que esta definiciones sean contrarias a la Norma Superior.
En el numeral 1º del artículo 2º de la convención, se adoptó una definición de “víctimas de municiones en racimo” en los siguientes términos: “se entiende todas las personas que han perdido la vida o han sufrido un daño físico o psicológico, una pérdida económica, marginación social o un daño substancial en la realización de sus derechos debido al empleo de municiones en racimo. La definición incluye a aquellas personas directamente afectadas por las municiones en racimo, así como a los familiares y comunidades perjudicados”.
“se reconoce como víctimas a todas las personas que hubieren sufrido un daño, como consecuencia de los hechos que el mismo precepto determina a continuación. Así, pese a que existen también otros criterios relevantes, el concepto de daño es el más significativo de todos, pues es de la acreditación de su ocurrencia que depende que las personas interesadas logren ser reconocidas como víctimas y accedan a los importantes beneficios establecidos en esta normativa. || Ahora bien, es importante destacar que el concepto de daño es amplio y comprehensivo, pues abarca todos los distintos fenómenos usualmente aceptados como fuente generadora de responsabilidad, entre ellos el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral en sus diversas formas, el daño en la vida de relación, el desamparo derivado de la dependencia económica que hubiere existido frente a la persona principalmente afectada, así como todas las demás modalidades de daño, reconocidas tanto por las leyes como por la jurisprudencia, ahora o en el futuro. || Según encuentra la Corte, la noción de daño comprende entonces incluso eventos en los que un determinado sujeto resulta personalmente afectado como resultado de hechos u acciones que directamente hubieren recaído sobre otras personas, lo que claramente permite que a su abrigo se admita como víctimas a los familiares de los directamente lesionados, siempre que por causa de esa agresión hubieren sufrido una situación desfavorable, jurídicamente relevante”(35) (resaltado en el texto original).
5.4.4. Las obligaciones operativas.
A. Almacenamiento y destrucción de reservas (art. 3º).
A la luz de lo establecido en el artículo 3º de la convención los Estados Parte se comprometen a separar y marcar todas las municiones en racimo bajo su jurisdicción y control, a más tardar, en un plazo de ocho años, contados a partir del momento en que la convención entre en vigor para ese Estado. Los Estados podrán solicitar, ante una reunión de Estado Parte o una conferencia de examen, una prórroga de hasta cuatro años, si encuentran que no les es posible destruir o asegurar la destrucción de de las municiones de racimo.
En los numerales 6º y 7º de este artículo de la convención se establecen las únicas excepciones legítimas a las obligaciones establecidas en el artículo 1º.
De acuerdo con el numeral 6º del artículo 3º de la convención, se le permite a los Estados Parte la retención o adquisición de un número limitado de municiones en racimo y submuniciones explosivas, dejando claro que las mismas tendrán una destinación específica: (i) desarrollo de y técnicas de detección, limpieza y destrucción de municiones en racimo, (ii) o el desarrollo de contramedidas. Si bien no establece un número específico de municiones en racimo que se pueden retener, es claro al establecer que esa cantidad no podrá exceder “el número mínimo absolutamente necesario para estos fines”.
El numeral 7º permite la transferencia a otro Estado de municiones en racimo, para su destrucción o para los fines descritos en el numeral 6º.
De las disposiciones reseñadas de la convención no se puede deducir ninguna contradicción con lo dispuesto en la Constitución Nacional, por el contrario, encuentra esta Sala que el cumplimiento de la obligación de destruir las municiones en racimo, contribuye al desarrollo de los fines no solo de la convención sino del Estado colombiano, como lo son la consecución de la paz(36), la preservación del orden público(37), la extinción de armas salvajes e inhumanas con destrucción indiscriminada(38), la protección de los derechos a la vida(39), a la salud(40), a la integridad física y mental(41), a la libertad de circulación(42), y a gozar de un ambiente sano de los ciudadanos(43).
La única advertencia que considera prudente realizar este tribunal, como lo hizo al analizar la constitucionalidad de una obligación similar en el caso de la Convención de Ottawa antes referenciada, es que la destrucción de las municiones en racimo “debe realizarse en condiciones que garanticen la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, pues solo así se daría cumplimiento de los deberes a cargo del Estado (C.P., arts. 2º, 13 y 79)”.
B. Limpieza y destrucción de restos de municiones en racimo y educación sobre reducción de riesgos (art. 4º).
Contenida en al artículo 4º de la convención, esta obligación compromete a los Estados a limpiar y destruir o asegurar la limpieza y destrucción, en un término máximo de 10 años desde la entrada en vigor del tratado, de los restos de municiones en racimo que se encuentran en su jurisdicción o control.
En el literal (e) del numeral 2º de este artículo, se establece el compromiso de los Estados Partes de “[i]mpartir educación sobre reducción de riesgos entre los civiles que viven dentro o en los alrededores de áreas contaminadas con municiones en racimo, encaminada a asegurar la sensibilización sobre los riesgos que representan dichos restos”.
Al igual que en el caso de la obligación anterior considera la Sala que no existe en el artículo 4º de la convención sometida a análisis, ningún elemento que sea contrario a la Carta Política y por el contrario, de esta norma se derivan disposiciones que contribuyen al cumplimiento del objeto del tratado. Se realiza la misma advertencia frente al cuidado que debe tener el proceso de limpieza de las zonas, para evitar la vulneración de los derechos de la población civil asentada en la zona.
C. Asistencia a las víctimas (art. 5º).
El artículo 5º de la convención hace una remisión directa a los estándares establecidos en el derecho internacional humanitario y en el derecho internacional de los derechos humanos, para establecer la obligación en los Estados parte de proporcionar una adecuada asistencia a las víctimas de municiones en racimo que responda a criterios de edad y género. De acuerdo con lo dispuesto en la norma convencional, conforma la asistencia: la atención médica, rehabilitación y apoyo psicológico. Igualmente los Estados se comprometen a recopilar datos pertinentes y fiables de las víctimas, y a proveer los medios para lograr su inclusión social y económica.
La obligación de asistir a las víctimas de municiones en racimo, concuerda con la obligación general de las autoridades estatales, consignados en el artículo 2º de la Carta Política, de proteger a todos los residentes en el territorio nacional, en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades y asegurar de esta forma el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, contribuyendo con esta asistencia a la consecución y mantenimiento de la paz.
La Corte Constitucional, reconociendo que si bien la asistencia humanitaria a las víctimas no se encuentra consignada en la Constitución, esta “(...) posee carácter fundamental[21] y representa la forma de satisfacer las garantías mínimas que necesita la persona víctima de la violencia para superar las consecuencias mediatas e inmediatas del hecho vulnerador de sus derechos (...)”(44).
La asistencia humanitaria a las víctimas, encuentra fundamento en el principio de solidaridad(45), propia de nuestro Estado social de derecho, como un medio de búsqueda de la satisfacción de los derechos humanos de todos los ciudadanos, sin importar sus circunstancias. En ese sentido ha sostenido la Corte, que la asistencia humanitaria “encuentran su fundamento en principios constitucionales tales como el Estado social de derecho, la dignidad humana, y en derechos fundamentales que se encuentran íntimamente ligados como la vida, la dignidad humana, mínimo vital, la salud, la vivienda, entre otros”(46).
Por lo anterior, concluye la Sala que la asistencia a las víctimas de acuerdo con lo establecido en el artículo 5º de la convención, no contradice lo establecido en la Constitución Nacional y por el contrario complementa y desarrolla en un contexto específico la misma.
D. Cooperación y asistencia internacional (art. 6º).
El artículo 6º de la convención, prevé la asistencia técnica, material y financiera entre los Estados Parte, con el objetivo de que puedan ser correctamente implementadas las obligaciones contenidas en el tratado, en los Estados afectados por las municiones en racimo. Esta asistencia podrá ser otorgada, inter alia, a través del sistema de Naciones Unidas, de organizaciones o instituciones internacionales, regionales o nacionales, de organizaciones no gubernamentales o de manera bilateral.
Se observa de la lectura del texto de la convención, que la cooperación internacional a la que hace referencia, respeta la obligación contenida en el artículo 9º, según el cual “las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios de derecho internacional aceptados por Colombia”, así como los criterios de equidad, igualdad, reciprocidad y conveniencia nacional, que enmarcan nuestras relaciones internacionales de acuerdo con los artículos 226 y 227 de la Carta. Por lo anterior, se puede concluir que el artículo examinado, es acorde con la Constitución Nacional.
5.4.5. Medidas de transparencia, y medidas de implementación a nivel nacional (arts. 7º y 9º).
Estas obligaciones específicas contenidas en los artículos 7º y 9º de la convención, respectivamente, buscan hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos que cada uno de los Estados ha adquirido en virtud de su manifestación voluntaria de querer hacer parte de ella.
De acuerdo con el artículo 7º, no más tarde de 180 días a partir de la entrada en vigor de la convención, cada Estado Parte debe informar al Secretario General de las Naciones Unidas: (a) las medidas de implementación a nivel nacional que ha tomado; (b) el total de las municiones en racimo bajo su jurisdicción o control; (c) las características técnicas de cada tipo de munición en racimo producida por el Estado Parte antes de la entrada en vigor, con la información que pueda facilitar su identificación y remoción, así como la remoción de los restos de municiones en racimo; (d) la situación y avance de los programas de cierre o reconversión de instalaciones de producción de municiones en racimo; (e) la situación y avance de los programas de destrucción; (f) los tipos y cantidades de municiones en racimo destruidas y los detalles del procedimiento de destrucción; (g) las reservas de municiones en racimo descubiertas después de concluido el programa de destrucción; (h) la ubicación detallada de todas la áreas contaminadas con municiones en racimo; (i) la situación y el avance de los programas de limpieza y destrucción de restos de municiones en racimo; (j) las medidas adoptadas para impartir educación sobre reducción de riesgos y una advertencia a los civiles que viven en áreas contaminadas con municiones en racimo; (k) la situación y avance del cumplimiento de la obligación de asistencia a las víctimas; (l) el contacto de las instituciones encargadas de dar información y llevar a cabo las medidas descritas; (m) la cantidad de recursos financieros, materiales o en especie, asignados al cumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 3º, 4º y 5º de la convención; y (n) las cantidades, tipos y destinos de la cooperación y asistencia internacionales proporcionada.
El artículo 9º por su parte, establece la obligación de que cada Estado vinculado por la convención, deberá adoptar todas las medidas legales, administrativas y de otra índole, para su implementación.
La Corte considera estas medidas resultan necesarias para garantizar la efectividad del la convención y el cumplimiento de todos los Estado Partes. Corresponden a un desarrollo del principio de derecho internacional pacta sunt servanda, en virtud del cual “[t]odo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”(47), reconocido por el artículo 9º de la Constitución, por lo que la disposición es acorde con la Carta Política.
5.4.5. Facilitación y aclaración de cumplimiento, y solución de controversias (arts. 8º y 10).
El artículo 8º establece el mecanismo de “facilitación y aclaración de cumplimento”, a la luz del cual, partiendo del acuerdo entre las partes de consultarse, cooperar entre sí y trabajar conjuntamente para facilitar la aplicación de las disposiciones de la convención, si uno o más Estados Parte desean aclarar y resolver cuestiones relacionadas con un asunto de cumplimiento por parte de otro Estado Parte, podrán presentar por intermedio del Secretario General de las Naciones Unidas, una solicitud de aclaración de dicho asunto a ese Estado Parte.
La Sala aclara que lo previsto en el artículo 10 de la convención en concordancia con el artículo 36 del estatuto de la Corte Internacional de Justicia, aplica como una cláusula compromisoria que le otorga competencia al órgano judicial de las Naciones Unidas para resolver las controversias que se generen entre Colombia y otro u otros Estados Parte de la Convención sobre municiones en racimo, en virtud de la interpretación o aplicación de la misma(48).
La consecución de la paz es uno de los fines principales del Estado, en virtud de los establecido en el preámbulo y en el artículo 9º de la Constitución, razón por la que la Sala concluye que los artículos 8º y 10 de la convención sobre municiones en racimo, que consignan mecanismos de solución de controversias y de cooperación entre los Estados Parte, no contradicen la norma de normas y por el contrario, contribuyen a la aplicación del acuerdo.
Los artículos 11 y 12 de la convención establecen dos organismos de seguimiento, vigilancia y control con funciones similares, pero con periodicidades diferentes: la reunión de los Estados Parte y las conferencias de examen. En el marco del primero de ellos, y como su nombre lo indica, se reúnen los Estados Parte anualmente desde la entrada en vigor de la convención, convocados por el Secretario General de las Naciones Unidas, con la finalidad de considerar y tomar decisiones frente a asuntos relativos a la aplicación o implementación de la convención. Puntualmente, en esta reunión se llevan asuntos sobre el funcionamiento y estado de aplicación de la convención, los informes que presentan los Estados, asuntos de cooperación y asistencia internacionales, el desarrollo de tecnologías para la moción de los restos de municiones en racimo, las solicitudes de aclaración no resueltas satisfactoriamente y las solicitudes relacionadas con los artículos 3º y 4º.
La conferencia de examen se reúne con una periodicidad de 5 años desde la entrada en vigor de la convención, convocados por el Secretario General de las Naciones Unidas. La finalidad de la conferencia es: evaluar el funcionamiento y el estado de aplicación de la convención, considerar la necesidad de celebrar reuniones adicionales de los Estados Parte y tomar decisiones frente a las solicitudes de los Estado en el marco de los artículos 3º y 4º.
Tanto a las reuniones como a las conferencias, podrán ser invitados a asistir en calidad de observadores, Estados no parte de la convención y organizaciones internacionales intergubernamentales y no gubernamentales. Los costos de las reuniones, según lo dispuesto en el artículo 14 de la convención, serán sufragados por los Estado Parte y los Estados no Parte que participen en ellas.
5.4.7. Enmiendas (art. 13).
“(...) cuando la Carta habla de tratados también hace referencia a las enmiendas. En tales condiciones, mutatis mutandi, las enmiendas están sometidas al mismo procedimiento de aprobación y control constitucional que los tratados, por lo cual la Corte, conforme al numeral 10 del artículo 241 superior, es competente para pronunciarse de manera automática y previa sobre las leyes que aprueban enmiendas a un tratado. Y, como lo ha señalado en repetidas ocasiones esta corporación, este es un control completo de constitucionalidad, por razones de fondo y también de forma”(49).
5.4.8. Relación con Estados no Parte de la presente convención (art. 21).
De acuerdo con el numeral 3º de artículo 21, “Sin detrimento de lo previsto en el artículo 1º de la presente convención y de conformidad con el derecho internacional, los Estados Parte, personal militar o sus nacionales podrán cooperar militarmente y participar en operaciones con Estados no Parte de la presente convención que pudieran desarrollar actividades que estén prohibidas a un Estado Parte”. Si bien la Sala no encuentra ninguna razón de inconstitucionalidad en contra de esa disposición, resalta que la misma aplica sin perjuicio de la aplicación del principio de reciprocidad en las relaciones internacionales contenido en el artículo 226 de la Constitución Nacional(50), el cual obliga a que en el marco de una relación bilateral o multilateral, las obligaciones sean análogas(51).
5.4.9. Otras disposiciones de la Convención sobre municiones en racimo.
En los artículos 15 al 23 de la convención, con excepción del artículo 21 analizado anteriormente, se establecen las cláusulas correspondientes al trámite de la convención, así: Firma (art. 15), ratificación, aceptación, aprobación y adhesión (art. 16), entrada en vigor (art. 17), aplicación provisional (art. 18), reservas (art. 19), duración y denuncia (art. 20), depositario (art. 22), y textos auténticos (art. 23).
La Convención de Viena sobre derecho de los tratados de 1969 define en su artículo 2º literal d) reserva como “(...) una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado”.
El artículo 19 de la Convención de Viena, reconoce tres circunstancias en que los Estados, a pesar de estar facultados para presentar reservas, no pueden hacerlo: cuando la reserva esté prohibida por el tratado; el tratado permita que exclusivamente se pueden hacer cierto tipo de reservas dentro de las cuales no se encuentra la que pretende hacer el Estado y que la reserva sea incompatible con el objeto y fin del Estado.
Con el planteamiento de esos tres casos en los cuales los Estado no pueden presentar reservas, la Convención de Viena permite concluir que las reservas no constituyen un derecho absoluto de los Estados(52), sino que por el contrario, el permitir o no las reservas dependerá del sentido que los Estados quisieron darle al instrumento internacional que construyeron, considerando el objeto y fin que el mismo persigue.
3. En cuanto al análisis del trámite legislativo realizado por la Corte Constitucional, se concluye que el Proyecto de Ley 174 de 2011 Senado, 244 de 2012 Cámara cumplió de manera satisfactoria con la totalidad de los requisitos y exigencias previstas en la Constitución y en el reglamento del Congreso para una ley aprobatoria de tratados internacionales. En consecuencia, la Ley 1604 de 2012 resulta exequible en lo que se refiere a su examen de forma.
1. Declarar EXEQUIBLE la “Convención sobre municiones en racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el treinta 30 de mayo de 2008.
2. Declarar EXEQUIBLE la Ley 1604 de 2012, “Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre municiones en racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el treinta 30 de mayo de 2008.
(1) Corte Constitucional, Sentencia C-767 de 2012, M.P. María Victoria Calle Correa, 3 de octubre de 2012. Reiterando: Corte Constitucional, Sentencia C-468 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero; Corte Constitucional, Sentencia C-376 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero; Corte Constitucional, Sentencia C-426 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz; Corte Constitucional, Sentencia C-924 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(2) Corte Constitucional, Sentencia C-615 de 2009, M.P. Humberto Sierra Porto, 2 de septiembre de 2009.
(3) En este último sentido, ver el artículo 7º de la Convención de Viena sobre derecho de los tratados: “Plenos poderes. 1. Para la adopción la autenticación del texto de un tratado, para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a un Estado: || a) si se presentan los adecuados plenos poderes, o || b) si se deduce de la práctica seguida por los Estados interesados o de otras circunstancias, que la intención de esos Estados ha sido considerar a esa persona representante del Estado para esos efectos y prescindir de la presentación de plenos poderes. || 2. En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado: || a) los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado; || b) los jefes de misión diplomáticas, para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados; || c) los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia. Organización u órgano.
(4) Constitución Política de Colombia: “ART. 154.—(...) Los proyectos de ley relativos a los tributos iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes y los que se refieran a relaciones internacionales, en el Senado” (resaltado fuera del texto).
(5) Ante la inexistencia en el acta en la que se consigna el debate del proyecto en estudio, de una manifestación expresa e inequívoca de la aprobación por votación unánime del mismo, estos serán los criterios tenidos en cuenta por la Sala en el análisis del trámite legislativo adelantado en los debates posteriores.
(6) Gaceta del Congreso 414 del 10 de julio de 2012, acta 48 de la sesión ordinaria de la plenaria del Senado, 22 de mayo de 2012, p. 17.
(7) Congreso de la República de Colombia, Gaceta 293 de 2012, p. 28.
(8) Congreso de la República de Colombia, Gaceta 559 de 2012, 28 de agosto de 2012, p. 10.
(9) Congreso de la República de Colombia, Gaceta 17 de 2013, 6 de febrero de 2013, p. 23.
(10) Congreso de la República de Colombia, Gaceta 18 de 2013, pp. 1 y 2.
(11) Congreso de la República de Colombia, Gaceta 18 de 2013, p. 18.
(12) Congreso de la República de Colombia, Gaceta 756 de 2012, 2 de noviembre de 2012, pp. 15 y 16.
(13) Congreso de la República de Colombia, Gaceta 73 de 2013, 28 de febrero de 2013, acta 171 del 14 de noviembre de 2012, p. 41.
(14) Ver folio 29 del cuaderno principal.
(15) Congreso de la República de Colombia, Gaceta 54 de 2013, 15 de febrero de 2013, acta 172 del 15 de noviembre de 2012, p. 37 y 38.
(16) Ibíd., p. 38.
(17) Ibíd., pp. 39 y 40.
(18) Congreso de la República de Colombia, Gaceta 826 de 2012, 21 de noviembre de 2012, pp. 13 y 14.
(19) Comité Internacional de la Cruz Roja, Municiones de racimo ¿Qué son y qué problema plantean?, 23 de septiembre de 2010. Disponible en: http://www.cicr.org/spa/assets/files/other/sp-fact-sheet-3-2010.pdf.
(20) Para mayor ilustración sobre el impacto de las municiones en racimo en la población civil ver: United Nations Institute for Disarmament Research, The Humanitarian Impact of Cluster Munitions, United Nations, Geneva, 2008. UNIDIR/2008/1.
(21) Cfr. Exposición de motivos del proyecto de ley por medio del cual se aprueba la “Convención sobre municiones en racimo”, hecha en Dublín el 30 de mayo de 2008, p. 1. En: Cuaderno de pruebas OPC-027/13, folio 394.
(23) Ver: Corte Constitucional, Sentencia C-370 de 2006; Corte Constitucional, Sentencia C-048 de 2001; Corte Constitucional, Sentencia T-439 de 1992.
(24) Corte Constitucional, Sentencia C-991 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis, 2 de agosto de 2000. Ver: Corte Constitucional, Sentencia C-225 de 1995; Corte Constitucional, Sentencia C-574 de 1992.
(25) Dominique Love, municiones en racimo desde la perspectiva del derecho internacional humanitario, Reunión Regional Latinoamericana sobre municiones en racimo, San José de Costa Rica, 4-5 de septiembre de 2007, Comité Internacional de la Cruz Roja - Ginebra.
(26) Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario, Vol. I: Normas, Comité Internacional de la Cruz Roja, Buenos Aires, 2007.
(27) Protocolo II adicional a los convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, 1977, título IV - Población civil artículo 13. Protección de la población civil, (...) “2. No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil”.
(28) Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos según fue enmendado el 3 de mayo de 1996 (Protocolo II según fue enmendado el 3 de mayo de 1996). Artículo 3º restricciones generales del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos. (...) “7. Queda prohibido, en todas las circunstancias, emplear las armas a las que se aplica el presente artículo, sea como medio de ataque, como medio de defensa o a título de represalia, contra la población civil propiamente dicha o contra personas civiles o bienes de carácter civil”.
(29) Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de armas incendiarias (Protocolo III) _ Artículo 2º protección de las personas civiles y los bienes de carácter civil. “1. Queda prohibido en todas las circunstancias atacar con armas incendiarias a la población civil como tal, a personas civiles o a bienes de carácter civil (...)”.
(30) Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario, Vol. I: Normas, Comité Internacional de la Cruz Roja, Buenos Aires, 2007, p. 46.
(31) Ibíd., p. 53 y ss.
(32) Ibíd., p. 59 y ss.
(33) Ibíd., p. 265 y ss.
(34) Corte Constitucional, Sentencia C-991 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis, 2 de agosto de 2000.
(35) Corte Constitucional, Sentencia C-052 de 2012, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, 8 de febrero de 2012.
(36) Constitución Política de Colombia de 1991, Preámbulo, y artículos 22 y 95.
(37) Constitución Política de Colombia de 1991, artículos 189, 213, 251, 296, 303, 315 y 330.
(38) Principios derivados del derecho internacional humanitario, desarrollados en detalle en la parte 5.4.2 de este proyecto.
(39) Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 11.
(40) Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 49.
(41) Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 12.
(42) Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 24.
(43) Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 79.
(44) Corte Constitucional, Sentencia C-914 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, 16 de noviembre de 2010. Ver: Corte Constitucional, Sentencia C-278 de 2007, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, 18 de abril de 2007; Corte Constitucional, Sentencia T-1094 de 2004, Corte Constitucional, Sentencia T-572 de 2008, Corte Constitucional, Sentencia T-922A de 2008 y Corte Constitucional, Sentencia T-1001-08.
(45) Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 1º.
(46) Corte Constitucional, Sentencia T-1094 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, 4 de noviembre de 2004 y Corte Constitucional, Sentencia T-922A de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, 18 de septiembre de 2008.
(47) Convención de Viena sobre derecho de los tratados de 1969, artículo 26 pacta sunt servanda, “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. Aprobada mediante la Ley 32 del 29 de enero de 1985.
(48) Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, artículo 36 “1. La competencia de la Corte se extiende a todos los litigios que las partes le sometan y a todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados y convenciones vigentes. || 2. Los Estados partes en el presente estatuto podrán declarar en cualquier momento que reconocen como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, la jurisdicción de la Corte en todas las controversias de orden jurídico que versen sobre: || a. la interpretación de un tratado; || b. cualquier cuestión de derecho internacional; || c. la existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría violación de una obligación internacional; || d. la naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional. || 3. La declaración a que se refiere este artículo podrá hacerse incondicionalmente o bajo condición de reciprocidad por parte de varios o determinados Estados, o por determinado tiempo. || 4. Estas declaraciones serán remitidas para su depósito al Secretario General de las Naciones Unidas, quien transmitirá copias de ellas a las partes en este estatuto y al secretario de la Corte. || 5. Las declaraciones hechas de acuerdo con el artículo 36 del estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional que estén aún vigentes, serán consideradas, respecto de las partes en el presente estatuto, como aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia por el periodo que aún les quede de vigencia y conforme a los términos de dichas declaraciones. || 6. En caso de disputa en cuanto a si la Corte tiene o no jurisdicción, la Corte decidirá”.
(49) Corte Constitucional, Sentencia C-692 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo, 2 de octubre de 2013; Corte Constitucional Sentencia C- 012 de 2004; Corte Constitucional, Sentencia C-991 de 2000; Corte Constitucional, Sentencias C-176 de 1997.
(50) Constitución Política de Colombia: “ART. 226.—El Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional”.
(51) Sobre el principio de reciprocidad Ver: Corte Constitucional, Sentencia C-221 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, 17 de abril de 2013; Corte Constitucional, Sentencia C-295 de 2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, 18 de abril de 2012; y Corte Constitucional, Sentencia C-577 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, 26 de agosto de 2009; entre otras.
(52) Ver: Corte Constitucional, Sentencia C-361 de 2013; Corte Constitucional, C-712 de 2012; Corte Constitucional, C-534 de 2012; Corte Constitucional, Sentencia C-991 de 2000.

References: artículo 11
 artículo 1
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 artículo 189
 artículo 154
 artículo 157
 artículo 156
 artículo 8
 artículo 129
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 160
 artículo 145
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 artículo 241
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