Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-II/2012/as201212064.htm
Timestamp: 2019-03-26 06:16:24+00:00

Document:
201204-Sala Penal Segunda-2-064
Auto Supremo Nº 064/2012-RRC Sucre, 19 de abril de 2012
Expediente: Potosí 13/2012
Partes: Ministerio Público, Pablo Molina Siñani y Yovana Miranda de Molina c/ Gonzalo Flores Pumari y Wendy Marcela Carvajal Cuiza
Delito: Secuestro y encubrimiento
Por memorial presentado el 28 de febrero de 2012, de fs. 139 a 144, Pablo Molina Siñani y Yovanna Miranda de Molina, interpusieron recurso de casación impugnando el Auto de Vista 6 de 16 de febrero de 2012 (fs. 134 a 135 vta.), pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso penal seguido en contra de Gonzalo Flores Pumari y Wendy Marcela Carvajal Cuiza, por la presunta comisión de los delitos de secuestro y encubrimiento previstos en los arts. 334 y 171 del Código Penal (CP), respectivamente.
I.1.1 De los antecedentes del proceso se establece que, en mérito a la acusación Fiscal y particular, el Tribunal Primero de Sentencia del Distrito Judicial de Potosí, por Sentencia 13/2011 de 8 de diciembre, declaró al imputado Gonzalo Flores Pumari, culpable de la comisión del delito de Secuestro, previsto y sancionado por el art. 334 del CP, imponiéndole la pena de treinta años de presidio; y, a Wendy Marcela Carvajal Cuiza, culpable de la comisión del delito de encubrimiento, tipificado y sancionado por el art. 171 del CP, estableciéndose una pena de un año y seis meses de reclusión, además de imponer a ambos imputados el pago de costas a favor del Estado y de la víctima, así como la reparación de daños regulables en ejecución de Sentencia.
I.1.2 Contra la mencionada Sentencia, ambos imputados formularon recurso de apelación restringida conforme consta de fs. 114 a 115 vta. de obrados. Siendo resuelto por Auto de Vista 6 de 16 de febrero de 2012, que declaró inadmisible y parcialmente procedente el recurso, resolviendo en el fondo modificar la pena máxima impuesta de treinta a veinticinco años de presidio en lo que respecta a Gonzalo Flores Pumari, manteniendo en lo demás subsistente la Sentencia apelada (fs. 134 a 135 vta.) Resolución que es motivo del presente recurso.
I.1.3 Notificado el representante del Ministerio Público el 27 de febrero de 2012 y el acusador particular al día siguiente, conforme la diligencia cursante a fs. 136 vta., interpusieron los recursos de casación que son motivo de autos el 2 de marzo y el 28 de febrero de 2012, respectivamente.
Del memorial del recurso de casación, como del Auto Supremo 051/2012-RA de 30 de marzo, se extrae como motivos a ser analizados en la presente Resolución, los siguientes:
El recurrente manifiesta que el Auto de Vista 6 de 16 de febrero de 2012, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, hubiera vulnerado el debido proceso al omitir un pronunciamiento respecto a todos los agravios contenidos en el recurso de apelación restringida, invocando precedentes contradictorios y fundamentando en sentido de la obligación del Tribunal de apelación de circunscribir su Resolución a los puntos resueltos y que hubieran sido apelados, a la fundamentación debida y al hecho de que en ningún fallo puede existir incongruencia ni contradicción entre la parte considerativa con la resolutiva.
Otro aspecto por el que este Tribunal admitió el recurso de casación, es el referido a la impugnación respecto a la decisión del Tribunal de apelación de disminuir la pena impuesta al imputado, en cuyo fundamento citaron como precedente contradictorio el Auto Supremo 290 de 15 de septiembre de 2003, que confirmó una Sentencia con una pena de treinta años de presidio por haberse cobrado una suma de dinero por el rescate; sin embargo, el Auto de Vista ahora impugnado obliga al juzgador a la imposición de una pena de veinticinco años, cuando según el mismo Tribunal no concurrió su agravante.
Solicitó, se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, disponiendo que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental del Distrito Judicial de Potosí, conforme a la doctrina legal establecida mantenga la pena máxima para el autor del delito de secuestro, asimismo, solicitó la remisión de antecedentes al Ministerio Público para la investigación del delito de resoluciones contrarias a la ley.
Mediante Auto Supremo 051/2012 de 30 de marzo, este Tribunal declaró ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por los querellantes.
Conforme se evidencia de los datos del expediente, concluido el juicio oral el Tribunal Primero de Sentencia, y en virtud a la prueba admitida, producida e incorporada al juicio, la que consideró suficiente para generar convicción en el Tribunal respecto a la responsabilidad de los imputados, declaró a Gonzalo Flores Pumari, autor del delito de secuestro, tipificado en el art. 334 del CPP,
condenándolo a la pena de treinta años de presidio, y a Wendy Marcela Carvajal Cuiza, autora de la comisión del delito de encubrimiento, tipificado en el art. 171 del CP, condenándola a la pena de reclusión de un años y seis.
Notificados con tal determinación, ambos imputados, plantearon apelación restringida de la Sentencia, alegando los siguientes aspectos: a) Denuncian errónea aplicación de la Ley sustantiva (arts. 37, 38 y 39 del CP), por que no se valoró el arrepentimiento de Gonzalo Flores Pumari; tampoco el hecho de que devolvió gran parte del dinero; el hecho que alimentó y cuidó de la menor secuestrada, que no tienen antecedentes policiales ni penales, por lo que no se aplicó correctamente la dosimetría penal con referencia a la agravantes y atenuantes, por lo que solicitan que con relación a la imputada se declare su absolución y con relación al imputado se le asigne una condena de 15 años o en su caso se anule totalmente la Sentencia y se disponga un nuevo juicio.
Radicada la apelación restringida por ante la Sala Penal Segunda, se emite el Auto de Vista 6 de 16 de febrero de 2012, por el que se declaró parcialmente procedente dicho recurso, y deliberando en el fondo resolvió modificar la pena máxima impuesta de treinta a veinticinco años de presidio, y en lo demás mantener subsistente la Sentencia, en base al siguiente fundamento: Analizados los fundamentos de la Resolución impugnada, se llega a establecer que el Tribunal de apelación concluyó que se impuso la pena máxima de treinta años prevista en la última parte del art. 334, sin que se haya acreditado que la víctima hubiera fallecido como efecto del ilícito cometido, por lo que concurre tal presupuesto fáctico como agravante para aplicar la pena máxima del referido delito, por lo que a efecto de no vulnerar el principio de legalidad correspondía al Tribunal de Sentencia imponer una pena intermedia, ponderando los presupuestos de los arts. 38 al 40 del CP, lo que refleja una errónea aplicación de los artículos referidos; también el Tribunal de apelación advirtió que los Jueces del Tribunal de Sentencia consideraron como atenuantes y agravantes a la vez la edad del imputado y el hecho de tener dos hijos sin mayores explicaciones, lo que denota contrariedad que haría que se excluyan entre sí los hechos mencionados.
III.1. La fundamentación de las resoluciones como elemento constitutivo del debido proceso
Es necesario e importante referirse a que la fundamentación de las resoluciones emitidas por las autoridades jurisdiccionales, es un elemento constitutivo del debido proceso y de la tutela judicial efectiva, consagrada en el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), y se constituye en el derecho que tienen las partes de conocer las razones en virtud de las cuales se toma una determinada
decisión; asimismo, sirve como un mecanismo para que los tribunales superiores puedan ejercer control de los alegatos esgrimidos por los tribunales de instancias inferiores, de tal manera que sea posible a través de su análisis constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; por lo que el juzgador despojado de interés y parcialidad debe dictar la
resolución en convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma que se decidió, sin que ello signifique una exageración en las exposiciones, considerandos, citas legales y argumentos reiterativos, pues la motivación debe ser congruente y pertinente vinculado a un contenido razonable y contundente; siendo que esta exigencia es aún más relevante cuando el juez o tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por autoridades jurisdiccionales que dictaron la Sentencia.
III.2. De los precedentes contradictorios citados
El recurrente citó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 417 de 19 de agosto de 2006; 87 de 31 de marzo de 2005; 373 de 6 de septiembre de 2006; 223 de 3 de julio de 2006 y 290 de 15 de septiembre de 2003, a los que corresponde remitirnos a objeto del análisis establecido en el art. 419 del CPP:
En razón a los motivos admitidos en el recurso de casación, orden y relación entre los Autos Supremos citados, primero se ingresa al análisis de los Autos Supremos 417 (transporte de sustancias controladas); 87 (perturbación de posesión y despojo); 373 (estelionato) y 223 (despojo, este último declarado infundado), los que han sido citados por los recurrentes, para fundamentar su denuncia en sentido de que el Tribunal de apelación, hubiera vulnerado el debido proceso al omitir un pronunciamiento respecto a todos los agravios contenidos en el recurso de apelación restringida, invocando precedentes contradictorios y fundamentando en sentido de la obligación del Tribunal de apelación de circunscribir su Resolución a los puntos resueltos y que hubieran sido apelados, a la fundamentación debida y al hecho de que en ningún fallo puede existir incongruencia ni contradicción entre la parte considerativa con la resolutiva; En ese sentido, los primeros tres Autos Supremos citados sentaron doctrina legal aplicable referida a: "...que el Auto de Vista deberá circunscribirse indefectiblemente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de apelación y fundamentación" (Auto Supremo 417); "...el Tribunal de apelación se encuentra en el deber de cumplir el mandato del art. 398 del Código de Procedimiento Penal, debiendo resolver los puntos que son objeto de impugnación mediante el recurso de apelación restringida sin aumentar otro aspecto ajeno al mencionado recurso" (Auto Supremo 87); finalmente en igual sentido se pronunció el Auto Supremo 373.
Los recurrentes también citaron como precedente contradictorio el Auto Supremo 290 de 15 de septiembre de 2003, para sustentar su denuncia respecto a la decisión del Tribunal de apelación de disminuir la pena impuesta al imputado; dicho Auto Supremo, fue emitido dentro de una demanda de revisión de Sentencia condenatoria ejecutoriada, respecto de la Sentencia emitida dentro del proceso penal en la que se condenó al entonces imputado, por la comisión de los delitos de secuestro, asociación delictuosa, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, aplicando la pena máxima del delito más grave (secuestro - treinta años) en aplicación del art. 45 del CP por existir concurso real. Sobre este motivo, los recurrentes también citaron los Autos Supremos 132 de 31 de enero; 639 de 20 de octubre de 2004 y 437 de 24 de agosto de 2007; empero, no realizaron explicación alguna respecto a la posible contradicción existente, hecho que impide a este Tribunal realizar el análisis de los mismos.
Con los antecedentes hasta ahora citados, conviene remitirse a lo fundamentado por el Tribunal de apelación al emitir el Auto de Vista ahora impugnado y si tales fundamentos son contradictorios o no a los precedentes supra referidos, así señaló:
a) Sobre el primer motivo admitido del recurso de casación, el que está referido a la presunta vulneración del debido proceso por la omisión de pronunciamiento respecto a todos los agravios contenidos en el recurso de apelación restringida, es preciso recordar en primer lugar, que el recurso de apelación restringida fue interpuesto por los imputados y no por los acusadores particulares quienes ahora han recurrido de casación; en segundo lugar, cabe recordar que el mencionado recurso de apelación restringida contenía una sola denuncia o un solo motivo, y era el que estaba referido a la presunta errónea aplicación de la Ley sustantiva, específicamente de los arts. 37, 38 y 39 del CP, lo que hubiera incidido directamente en la imposición de la máxima pena de treinta años al imputado, y la pena impuesta a la coimputada (un año y seis meses), sobre este único motivo del recurso de apelación restringida el Auto de Vista ahora impugnado, en su tercer considerando abordó, desarrolló y fundamentó, advirtiendo que se impuso la pena máxima, sin que se haya acreditado que la víctima hubiera fallecido, por lo que en criterio del Tribunal de apelación no concurriría el presupuesto fáctico como agravante para aplicar la pena máxima; además, dicho Tribunal fundamentó su decisión de modificar y disminuir la pena, sólo respecto al imputado, por razonar que existió contradicción en el Tribunal de Sentencia al considerar las mismas circunstancias o hechos como agravantes y atenuantes a la vez; es decir, claramente se pueden advertir dos fundamentos que llevaron al Tribunal de apelación a resolver el recurso de la manera que lo hizo, de ello resulta que, no es evidente que el Auto de Vista no haya resuelto los motivos del recurso de apelación restringida, pues como se tiene señalado, dicho recurso solo contenía un motivo a ser resuelto y fue absuelto por el Tribunal de apelación, aclarando que el primero de estos fundamentos, referido a la imposición de la pena máxima sin que se haya acreditado muerte de la víctima, será analizado en el inciso siguiente.
b) Al margen de lo anteriormente señalado, no es posible dejar de mencionar, el hecho que en la presente problemática, son los imputados, quienes interponen el recurso de apelación restringida respecto de la Sentencia que los declaró autores de los delitos acusados; empero, en el caso analizado de manera anecdótica, son ambos querellantes, quienes plantean y argumentan como motivo de casación la supuesta falta de pronunciamiento respecto a los motivos del recurso de apelación restringida interpuesto por la parte contraria; sobre el particular, es evidente que tanto la Constitución Política del Estado, como el Código de Procedimiento Penal, reconocen a las partes el derecho a recurrir, tal es así que en cuanto a la víctima el art. 11 del CPP señala: "La víctima podrá intervenir en el proceso penal conforme a lo establecido en este Código, tendrá derecho a ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal y, en su caso, impugnarla" (sic), lo propio ocurre respecto al imputado cuando el art. 1 señala: "Nadie será condenado a sanción alguna si no es por sentencia ejecutoriada, dictada luego de haber sido oído previamente en juicio oral y público, celebrado conforme a la Constitución, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y este Código", y el art. 5 del CPP señala que el imputado podrá ejercer todos los derechos y garantías que la Constitución y Convenios Internacionales le reconozcan, de ello, queda claro que ambos están legitimados para hacerlo; empero, al margen de estar legitimados para recurrir, es necesario la concurrencia del gravamen o interés; es decir, que la Resolución a impugnar le cause agravio o perjuicio al apelante, en el caso presente, los recurrentes no explicaron ni fundamentaron, cómo el Auto de Vista les es perjudicial por no haberse pronunciado supuestamente respecto a todos los motivos esgrimidos en la apelación restringida interpuesta nada menos que por la parte contraria, pretendiendo habilitarse a un recurso, empero, en causa ajena (por decirlo de alguna manera), lo que ciertamente no es lógico, posible ni legal.
c) En tercer lugar, corresponde referirse respecto a la denuncia en sentido de que el Auto de Vista impugnado, es contrario al Auto Supremo 290 de 15 de septiembre de 2003, en razón a que el Auto Supremo hubiera confirmado una Sentencia que estableció como pena, treinta años por el delito de secuestro por haberse comprobado el cobro de una suma de dinero por el rescate, y contrariamente a dicho precedente, el Auto de Vista ahora impugnado impone la pena de veinticinco años, "peor aún cuando según el mismo Tribunal no concurrió su agravante" (sic); sobre el particular, no debe perderse de vista que el art. 416 del CPP cuando se refiere al precedente contradictorio, entiende a este como: "Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente ..."; ahora bien, recordado el marco normativo que rige en el recurso de casación, corresponde en primer lugar determinar si la situación planteada en el caso presente, corresponder a una situación de hecho similar, para ello es esencial remitirnos al Auto Supremo 290 citado como precedente contradictorio.
De inicio, corresponde mencionar que la situación contenida en el AS 290, está referida a una demanda de revisión de Sentencia condenatoria ejecutoriada que fue tramitada conforme a la Ley 1970, como emergencia de un proceso penal tramitado y concluido conforme al Código de Procedimiento Penal de 1972, en el que el imputado fue juzgado entre otros delitos por alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado y condenado finalmente por la comisión de los delitos de secuestro, asociación delictuosa, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, por lo que existiendo concurso real (art. 45 del CP) se le aplicó la pena más grave que correspondió en ese caso al de secuestro previsto en la segunda
parte del art. 334, pues como consecuencia del hecho, el culpable consiguió su propósito de cobrar una alta suma de dinero por concepto de rescate, lo que demuestra que si bien existe coincidencia en el tipo penal de secuestro, no es evidente que la situación de hecho sea similar, puesto que en el caso del precedente quedó establecido que el imputado fue condenado por cuatro delitos, lo que trajo consigo la aplicación de la previsión contenida en el art. 45 del CP; es decir, la Sentencia estableció la existencia de concurso real y como consecuencia, le impuso la pena máxima del delito más grave, que en ese caso correspondía al de secuestro; es decir, treinta años de presido, situación que resulta distinta de la problemática venida en casación, en la que el imputado fue condenado sólo por el delito de secuestro, consecuentemente, se establece que el Auto de Vista ahora impugnado, no es contrario al precedente establecido en el AS 290, además, con la salvedad que dicho Auto Supremo, fue emitido con motivo de un recurso de revisión de Sentencia condenatoria ejecutoriada; es decir, en este Auto Supremo, no están plasmados todos los fundamentos que sirvieron de base para imponer el quantum de la pena.
d) Por otra parte, este Tribunal considera que no es suficiente con haber concluido que el precedente contradictorio citado no es similar ni contradictorio al Auto de Vista ahora impugnado, por ello, en virtud al art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), no es posible dejar de señalar, que del mencionado Auto de Vista, se establece que el Tribunal de apelación incurrió en error al fundar su decisión de disminuir la pena de 30 años, bajo el argumento de que no se acreditó que la víctima hubiera fallecido, pues tal pena, no estuvo basada en consideración al fallecimiento de la víctima (porque este hecho no sucedió) en el presente caso, pues aparentemente se entendió que el segundo párrafo del art. 334, solo consignaría la figura de la muerte de la víctima como agravante, y resulta que no es así, pues dicho párrafo prevé más de una agravante cuando señala: "Si como consecuencia del hecho resultaren graves daños físicos en la víctima o el culpable consiguiere su propósito, la pena será de quince a treinta años de presidio. Si resultare la muerte de la víctima se aplicará la pena correspondiente al asesinato" (sic), previsión de la que se establece que existen otras agravantes a ser consideradas al momento de imponer la pena, como son: graves daños físicos en la víctima, o que el culpable consiguiere su propósito, con dicho antecedente, de la revisión del Auto de Vista impugnado, se establece que el Tribunal de apelación procedió a disminuir la pena, por considerar que en el caso no concurría el presupuesto fáctico de muerte de la víctima, y ello resulta correcto; sin embargo, vulneró el debido proceso de las partes en su elemento al deber de fundamentación de las Resoluciones, al no especificar ni fundamentar en cuál de las previsiones contenidas en el art. 334 del CP, el imputado adecuó su conducta para imponerle la pena de veinticinco años de presidio, porque dicho quantum de la pena corresponde a la aplicación de una de las agravantes contenidas en la segunda parte del art. 334 del CP, sin que exista fundamentación al respecto.
En cuanto a la determinación del quantum de la pena, el Tribunal de apelación, en caso de considerar inobservados los preceptos legales que rigen la materia, puede corregirlos directamente en base a la facultad reconocida en su favor por el art. 414 del CPP, que establece que los errores de derecho en la fundamentación de la resolución impugnada, que no hayan influido en la parte dispositiva, no la anularán, pero serán corregidos en la nueva sentencia, y que deberá proceder de la misma manera, cuando se trate de errores u omisiones formales y también los que se refieran a la imposición o el cómputo de penas, consecuentemente, los Tribunales de apelación tienen la facultad de corregir directamente el error referido al quantum de la pena; empero, deberán realizar una debida fundamentación complementaria, especificando puntualmente las atenuantes y/o agravantes que prevé la Ley, puesto que la falta de fundamentación de las Resoluciones jurisdiccionales, constituye un defecto absoluto, porque vulnera el derecho a la defensa, la seguridad jurídica y especialmente el debido proceso, en su elemento del deber de fundamentación de las Resoluciones, pues toda Resolución imprescindiblemente debe expresar los razonamientos jurídicos esenciales a objeto de garantizar la comprensión cabal de las partes, única manera de que los Tribunales recubran de legitimidad sus fallos, deber que adquiere mayor relevancia cuando de Tribunales de segunda instancia se trata.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Pablo Molina Siñani y Yovanna Miranda de Molina, cursante de fs. 139 a 144, y DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 6 de 16 de febrero de 2012, debiendo el Tribunal e Alzada pronunciar nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida en la presente Resolución.
Dando cumplimiento al art. 420 del CPP, remítase copias del presente Auto Supremo a todas los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado, para que, por intermedio de cada Presidente, pongan en conocimiento de las Salas, Tribunales y Jueces Penales.
En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura a los fine de ley.

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