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Timestamp: 2019-02-17 21:01:37+00:00

Document:
CCyL: PL/000016-01. BOCCL nº 207/8 del 25/3/2013
BOCCL n. 207/8
PL/000016-01
BOCCL nº 207/8 del 25/3/2013
CVE: BOCCL-08-013185
Proyecto de Ley de estímulo a la creación de empresas en Castilla y León. Apertura del plazo de presentación de enmiendas hasta las 14:00 horas del día 19 de abril de 2013.
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 14 de marzo de 2013, ha conocido el Proyecto de Ley de estímulo a la creación de empresas en Castilla y León, PL/000016, y ha ordenado su publicación, el traslado a la Comisión de Economía y Empleo y la apertura de un plazo de presentación de enmiendas que finalizará a las 14:00 horas del día 19 de abril de 2013.
Con esta misma fecha se remite a la Presidencia de la Comisión de Economía y Empleo.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de marzo de 2013.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, adjunto remito a V.E. "Proyecto de Ley de estímulo a la creación de empresas en Castilla y León”, así como Certificación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en su reunión del día 28 de febrero de 2013, por el que se aprueba el citado Proyecto.
1) Memoria elaborada por las Secretarías Generales de las Consejerías de Hacienda, Economía y Empleo, Familia e Igualdad de Oportunidades y de Educación.
2) Informe de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Consejería de Hacienda.
3) Estudio económico de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Empleo.
4) Propuesta de conocimiento de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, con carácter previo al inicio de su tramitación.
5) Informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León.
6) Informe previo del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Castilla y León.
7) Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León.
Valladolid, a 11 de marzo de 2013.
CERTIFICO: Que en el Acta del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, celebrado el día veintiocho de febrero de dos mil trece, figura la aprobación de un Acuerdo, a propuesta de la Consejera de Hacienda, cuyo contenido es del tenor literal siguiente:
"Aprobar el proyecto de Ley de estímulo a la creación de empresas en Castilla y León.
Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo la presente en Valladolid, a veintiocho de febrero de dos mil trece.
PROYECTO DE LEY DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS EN CASTILLA Y LEÓN
En un contexto mundial cambiante, caracterizado por continuos cambios estructurales y una mayor presión competitiva, el papel de las empresas y particularmente las PYME, es cada vez más importante, ya que crean empleo y son protagonistas clave para garantizar la prosperidad de las comunidades locales y regionales. Unas PYME dinámicas darán a Europa la fuerza necesaria para hacer frente a la incertidumbre del actual mundo globalizado.
Hoy en día nadie duda de la importancia de la persona emprendedora como generadora de riqueza y empleo, lo cual es evidentemente cierto.
Y lo es en cualquiera de las formas posibles, ya sean autónomos, ya empresas de economía social, empresas integradas por discapacitados o por personas en riesgo de exclusión social, ya sean empresas de inserción o centros especiales de empleo, sociedades unipersonales o cualquier otra fórmula jurídica.
Castilla y León es una región con una larga trayectoria en la puesta en marcha de grandes proyectos emprendedores sólidos y bien construidos, y con grandes ejemplos de personas emprendedoras que los han hecho posibles y que son ejemplo de iniciativa, compromiso y rigor.
En la actualidad, las economías en general y la de Castilla y León en particular, se sustentan sobre sus autónomos, sus empresarios y PYMES. La mayor parte del empleo creado y riqueza generada tiene su origen en este tejido económico que requiere de un esfuerzo constante por emprender.
Es el momento de trabajar las futuras vocaciones emprendedoras, incidiendo principalmente en el ámbito educativo y su capacidad para formar a los profesionales de generaciones futuras.
Es el momento también de poner en valor la figura del empresario, factor imprescindible en la generación de la riqueza y bienestar de los territorios; y de su actividad, basada en la ética y la responsabilidad social.
Y es el momento, de la racionalización administrativa y la reducción del coste de tramitación para las empresas derivado de las obligaciones impuestas por las Administraciones Públicas. Esto último ya se ha presentado a lo largo de los últimos años como una prioridad, tanto en la Unión Europea como en los gobiernos de los países de nuestro entorno para facilitar las relaciones de los ciudadanos con la Administración, así como, para mejorar la productividad de las empresas y dinamizar la economía en general.
En la actualidad, la prolongación en el tiempo del conjunto de trámites que se exigen, para la realización de una actividad o, para la concesión de una subvención, no obedece a la premura de las necesidades del ciudadano, esto, ofrece una importante inseguridad jurídica, ya que se desconocen los pasos a seguir, la duración de los procedimientos y, sobre todo si la respuesta llegará a satisfacer sus necesidades.
Los legisladores deben -ahora más que nunca- centrar sus esfuerzos en simplificar los procedimientos administrativos y, en identificar, medir y reducir las obligaciones.
Por ello, es objeto de esta ley promover las actividades de las personas emprendedoras apoyando sus iniciativas y removiendo todos aquellos obstáculos que aparezcan en la regulación, acomodándola a las necesidades de innovación y flexibilidad de nuestro tiempo. Todo ello, sin merma de la seguridad jurídica y de la salvaguarda de los intereses generales. Una regulación que acompañe la dinamización del sector productivo, otorgando un papel principal a las personas emprendedoras.
La Constitución Española, en su artículo 148.1.13, dispone que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias, entre otras materias, en la relativa a “El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional”, y a la legislación básica del Estado existente sobre la materia.
El artículo 16 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, tras la reforma aprobada por Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, dentro de los principios rectores que deben orientar las políticas públicas, establece la necesidad de garantizar con plena eficacia, entre otros, los siguientes objetivos: “El desarrollo de todas las formas de actividad empresarial, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas y a los emprendedores autónomos”.
Para la consecución de este objetivo, el artículo 70, apartado 1, del Estatuto de Autonomía de Castilla y León otorga a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva, entre otras materias, sobre el fomento del desarrollo económico en los diferentes mercados y del comercio exterior y la planificación de la actividad económica de la Comunidad, dentro de los objetivos marcados por la política económica general (punto 18º), así como sobre el comercio interior (punto 20º).
Por su parte, el artículo 71, apartado 1, atribuye a la Comunidad de Castilla y León el desarrollo legislativo y la ejecución, en el marco de la legislación básica del Estado sobre la materia de Régimen Local (punto 1º).
Asimismo y conforme a lo dispuesto en el artículo 73 de la precitada norma estatutaria, en su apartado 1º, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa estatal.
El primero de los Títulos contiene las disposiciones generales referidas tanto al objeto de la Ley, como sus destinatarios.
Son destinatarios de esta ley las personas emprendedoras bien a nivel individual bien a nivel colectivo. Especial consideración tendrán aquellas iniciativas que conviertan el conocimiento tecnológico en nuevos productos, procesos o servicios por su capacidad generadora de riqueza y empleo.
Las trabas administrativas son definidas como el conjunto de trámites administrativos necesarios para crear una empresa o instalar una actividad y que suponen un factor restrictivo en el desarrollo e implantación de los nuevos proyectos empresariales.
Por su parte las cargas administrativas se definirían como aquellas obligaciones de información que deben suministrar las empresas, ya establecidas, a la Administración Pública.
En el ámbito de las cargas administrativas, se establece la prohibición expresa de que normas con rango inferior a la ley puedan establecer nuevos requisitos o trámites y de la misma forma, se trae la experiencia del derecho comparado de imponer la regla de que una nueva carga solo puede imponerse si se reduce otra o varias manteniendo su coste neto.
Cierra este título la calidad normativa mediante un mandato a la Junta de Castilla y León para que elabore planes de mejora y simplificación de la normativa con la fijación de objetivos concretos de reducción. Hacer un ordenamiento jurídico más sencillo, simple y accesible.
El Sistema promoverá la puesta en marcha de una serie de medidas de apoyo a los aspectos estratégicos de un nuevo proyecto y que van desde el desarrollo inicial de la idea de negocio hasta la financiación de los nuevos proyectos pasando por el apoyo a la innovación, a la producción y a su posterior comercialización.
Dentro de las disposiciones finales destacar la modificación de la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de Castilla y León, con el fin de reducir determinados plazos e incluir la imposibilidad de prórroga de aquellos plazos que determinan la caducidad de las licencias con el fin de fomentar la implantación de actividades comerciales.
1. El objeto de esta ley es promover la creación de empresas, correspondientes a cualquier actividad económica generadora de riqueza y empleo en Castilla y León, a través de las personas emprendedoras.
b) Crear un marco jurídico favorable al emprendimiento para la creación y consolidación de empresas, a través de la reducción progresiva de las trabas y cargas administrativas y la coordinación de las políticas y servicios de apoyo.
1. Son destinatarios de esta ley las personas emprendedoras. A efectos de la misma, se consideran como tal a aquellas personas físicas o jurídicas que se encuentren realizando o vayan a realizar los trámites necesarios para poder desarrollar una actividad económica a través de cualquier fórmula admitida en derecho, o aquellas que hayan iniciado su actividad en los dos años siguientes a la fecha de la Declaración Censal de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores y, en todo caso, que desarrollen o vayan a desarrollar su actividad en Castilla y León.
• Las personas físicas o jurídicas que desarrollen una actividad económica basada en productos, servicios, procesos o sistemas de gestión nuevos o mejorados y que son considerados de carácter innovador, o aquellas que desarrollan proyectos que convierten el conocimiento tecnológico en nuevos productos, procesos o servicios que tienen la capacidad de introducirse en el mercado como novedad tecnológica.
• Las creadas a partir de patentes, de registros de la propiedad industrial o intelectual, o de proyectos de investigación de las universidades, para canalizar la transferencia de sus resultados al mercado.
• A las que se les haya otorgado la condición de “joven empresa innovadora” de conformidad con la disposición adicional tercera de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
3. Los artículos 15 y 16 de esta Ley afectan como destinatario a todo el ámbito empresarial.
1. La Consejería competente en materia educativa reforzará la formación y motivación para la creación de empresas en las etapas educativas no universitarios, a partir de la educación primaria, la educación secundaria y el bachillerato y de forma muy especial en la formación profesional.
2. En la labor de impulso de la cultura emprendedora en el ámbito educativo no universitario, coordinará esta actividad con los departamentos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León competentes en materia de promoción económica, economía social y políticas activas de empleo.
1. La Administración de la Comunidad de Castilla y León, en colaboración con las Universidades y en el marco de sus políticas de transferencia de conocimiento, impulsará el desarrollo de programas y mecanismos conjuntos de apoyo a la creación y consolidación de nuevas empresas basadas en el conocimiento y la investigación universitarios, tendrán una especial sensibilidad a la máxima presencia posible de mujeres emprendedoras, de conformidad con los criterios y conceptos desarrollados en esta ley y en el resto de la legislación que le sea de aplicación.
4. En el marco de lo dispuesto de la Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León, el modelo de financiación de las Universidades públicas tendrá en cuenta indicadores relativos a la transferencia del conocimiento en el ámbito universitario.
1. La Administración de la Comunidad de Castilla y León promoverá, en colaboración con otras Administraciones públicas presentes en la región, las organizaciones empresariales y sindicales, las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria, los colegios profesionales, las escuelas de negocios, agrupaciones empresariales innovadoras o cualquier otra organización de la sociedad civil relacionada con la empresa y el emprendimiento, la celebración de cursos de formación entre otras materias, sobre cultura y ética empresarial, modelos de negocio, o gestión eficiente.
1. La Administración de la Comunidad de Castilla y León llevará a cabo un proceso de simplificación y automatización con el fin de suprimir las trabas administrativas innecesarias entendidas como el conjunto de trámites administrativos para crear una empresa o instalar una actividad y que suponiendo un factor restrictivo en el desarrollo e implantación de nuevos proyectos de las personas emprendedoras y las empresas no aporten una salvaguarda adicional ni proporcional al interés público que pretenden proteger.
Con el objeto de mantener un actuación constante y sostenible en el proceso de simplificación administrativa, las medidas que se tomen en este proceso se integrarán dentro de la planificación que se realice respecto de las cargas administrativas definidas como aquellas informaciones obsoletas o innecesarias que las empresas tienen que aportar a la Administración como consecuencia de su funcionamiento y su diligente gestión.
d) Las unidades encargadas del registro de la Administración de la Comunidad de Castilla y León o de los Entes Públicos de derecho privado deberán recibir indistintamente las solicitudes, escritos y comunicaciones que dirijan a cualquier unidad administrativa.
Salvo que una norma disponga lo contrario, la tramitación de los procedimientos para la creación e instalación de empresas no se supeditarán unos a otros y se realizarán de forma concurrente.
Al solicitarse los trámites que deban ser cumplidos por otras unidades administrativas de la Administración, deberá realizarse tal petición con expresión del carácter de urgencia en todo caso.
1. Cuando la normativa de la Comunidad de Castilla y León exija para el inicio o ejercicio de la actividad de las empresas, únicamente la mera inscripción en un registro administrativo, la ausencia de la misma no implicará obstáculo para el inicio o ejercicio de dicha actividad siempre que se haya presentado la solicitud en legal forma acompañada de una declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos para acceder al registro, bajo la responsabilidad del personal suscribiente.
3. Una vez hecha la declaración, si la Administración comprueba la inexactitud o falsedad de los datos declarados, este hecho comporta, previa audiencia a la persona interesada por plazo de cinco días, dejar sin efecto el trámite correspondiente, con cierre cautelar de la empresa y en caso de que la misma no resulte legalizable, la obligación de restituir la situación jurídica al momento previo al ejercicio de la actividad. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que se pudieran exigr por la normativa vigente.
1. En los procedimientos de creación e instalación de empresas que precisen de autorización o licencia, la autoridad competente para resolver podrá conceder una autorización o licencia provisional condicionada, si tras la revisión de las condiciones técnicas básicas de la iniciativa procede concluir su compatibilidad con la normativa aplicable.
a) La legislación autonómica que requiera, para el ejercicio de una actividad, la obtención de la correspondiente autorización o licencia municipal y la de la Administración autonómica podrá establecer la oportuna coordinación de todos los trámites administrativos necesarios para que, salvaguardando los intereses de ambas Administraciones, se precise una única autorización. La Administración a quien no corresponda la adopción de la autorización final deberá informar con carácter previo en relación con el ejercicio de sus competencias propias.
b) En aquellos expedientes en que deban emitir informe o hayan de intervenir otras Administraciones, y la resolución final corresponda a la entidad local, esta recabará de aquellas la realización de las actuaciones pertinentes conforme a la competencia que tuvieran atribuida. Cuando el informe deba ser emitido por la Administración de la Comunidad Autónoma, el plazo para su emisión, salvo que hubiera otro establecido, será de dos meses. De no emitirse en dicho plazo, se entenderá que es favorable.
2. Toda disposición de carácter general que afecte al ámbito económico deberá incorporar una cláusula de reexamen, y en su caso de revisión, y en particular en todas aquellas sujetas a una rápida evolución tecnológica, a fin de garantizar la actualización y adaptación regular de la legislación.
3. Como forma de asegurar que la evolución del sistema jurídico no quede por detrás de la realidad económica y empresarial, se potenciará la inclusión de las cláusulas de vigencia de las normas que implican la introducción de un término de vigencia concreto desde la aprobación de ciertas normas o desde la creación de organismos.
4. La Consejería competente en materia de calidad normativa llevará a cabo la necesaria planificación sobre mejora de la calidad normativa y simplificación del acervo jurídico autonómico que elevará a la Junta de Castilla y León para su aprobación y que podrá extender las medidas anteriores a otros ámbitos, así como introducir otra serie de actuaciones para el cumplimiento de un objetivo concreto de reducción del número de disposiciones que integran el ordenamiento jurídico autonómico, especialmente en materia empresarial.
2. Con el fin de garantizar un proceso continuo de mejora, los planes anuales ordinarios y extraordinarios de auditorías que realice el órgano competente incluirán con carácter obligatorio alguno de los procedimientos que afecten a los emprendedores y las empresas.
1. El Sistema Integral de Apoyo al Emprendedor para la creación de empresas (SIAE) estará constituido por el conjunto de recursos públicos y privados de la Comunidad de Castilla y León que de manera eficaz, eficiente y coordinada estén orientados a la promoción de la creación de empresas en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.
3. Las oficinas de apoyo a la creación de empresas serán los lugares a los que puedan acudir los emprendedores para constituir y solicitar la instalación de sus empresas, así como para solicitar todos los recursos disponibles del SIAE.
El conjunto de medidas que la Administración de la Comunidad de Castilla y León y el resto de Administraciones públicas y organizaciones de la sociedad civil presentes en la Comunidad pueden prestar de manera coordinada, se organizan en los siguientes grupos:
Además de la formación que se señala en el artículo 6 de esta ley, la Administración de la Comunidad de Castilla y León y el resto de Administraciones y organizaciones de la sociedad civil podrán desarrollar, entre otras y de manera coordinada, las medidas siguientes:
a) Apoyar la elaboración o revisión de planes de negocio y estratégicos para el desarrollo del nuevo proyecto empresarial, en especial los nuevos proyectos surgidos en el ámbito rural.
Respecto a la producción y a la comercialización de los nuevos proyectos emprendedores, a título enunciativo, podrán establecerse, entre otras, las siguientes medidas:
b) Asesorar en estrategias, metodologías y técnicas de gestión que garanticen la eficiencia de los procesos, valorizando el uso de recursos endógenos de la región.
La Administración de la Comunidad de Castilla y León podrá desarrollar las medidas siguientes de impulso de la financiación pública y privada de los proyectos empresariales, con una atención especial a las nuevas empresas que surjan en el ámbito rural y a las de economía social:
f) Establecer un sistema favorable a la inversión privada, potenciando las redes de inversores existentes en la región.
a) Apoyar las acciones de I+D+i de las empresas de la región y la puesta en marcha desde éstas de nuevas empresas tecnológicas.
2. A tal efecto, elaborará de manera coordinada con el resto de las Consejerías, en un plazo de seis meses desde la publicación de esta ley, un Plan de Apoyo a la Creación de Empresas, donde se establecerán todas las medidas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León para favorecer y facilitar la creación de empresas. Dicho Plan se elevará para su aprobación por la Junta de Castilla y León.
a) Impulsar el desarrollo coordinado de políticas e iniciativas efectivas de apoyo a las personas emprendedoras y a la creación y consolidación de nuevas empresas estableciendo mecanismos adecuados para la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la promoción de nuevos proyectos.
4. La Consejería competente en materia de promoción económica coordinará la ejecución del Plan. Del mismo modo, en cooperación con el resto de Consejerías participantes, podrá proponer las adaptaciones y los cambios del contenido del Plan que sean precisos, a la vista de las condiciones cambiantes de la economía, los mercados y las necesidades de los emprendedores.
2. La Administración Pública u organismo de la sociedad civil interesado en incorporarse podrá hacerlo mediante el oportuno protocolo de adhesión suscrito con la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Dicho protocolo de adhesión deberá reflejar la voluntad inequívoca de la entidad en adherirse, adoptada por su órgano de gobierno, así como relación de recursos y servicios esenciales que presta a las personas emprendedoras, o procesos de creación de empresas en los que participa como autoridad o colaborador.
3. La adhesión al SIAE trata de garantizar una programación eficiente, ordenada, coordinada y sinérgica de los recursos y servicios que los entes adheridos facilitan a las personas emprendedoras de Castilla y León, evitando duplicidades o ineficiencias y garantizando el máximo conocimiento y difusión de los mismos a aquellos que quieran crear una empresa en Castilla y León.
2. Dicho Foro Regional de Apoyo a la Creación de Empresas podrá proponer medidas de apoyo las personas emprendedoras en Castilla y León, así como identificar los instrumentos más adecuados para promover la iniciativa empresarial en Castilla y León, analizando regularmente la evolución de los datos referentes a igualdad de oportunidades y emprendimiento en Castilla y León.
3. El Foro Regional será promovido por la Consejería competente en materia de promoción económica.
a) Viveros de empresas: La Administración de la Comunidad de Castilla y León ha de poner en valor estas infraestructuras públicas para la creación de empresas en la región, mediante la coordinación administrativa, el fomento de su uso y la promoción de las empresas instaladas en dichas infraestructuras, con el objetivo de trabajar en red y la cooperación tanto a nivel local, regional, nacional y europeo de todos los viveros.
b) Incubadoras tecnológicas: La Administración de la Comunidad de Castilla y León promoverá la puesta en marcha de una red regional de Incubadoras Tecnológicas como recurso más apropiado para la implantación de pequeñas empresas innovadoras y/o de base tecnológica.
c) Parques Empresariales: La Administración de la Comunidad de Castilla y León coordinará también la dotación regional de suelo industrial público disponible con la finalidad de promover la implantación de empresas en Castilla y León.
d) Parques Científicos y Tecnológicos: La Administración de la Comunidad de Castilla y León impulsará una oferta de suelo tecnológico público en la región con la finalidad de promover nuevos proyectos empresariales de carácter tecnológico o la llegada e implantación de empresas innovadoras de fuera de Castilla y León.
Disposición adicional segunda. Habilitación de entidades colaboradoras.
Para el desempeño de la actividad de comprobación de los requisitos y circunstancias referidos a la declaración responsable, comunicación previa u otros trámites administrativos, mediante desarrollo de la presente ley, se podrá recurrir a la colaboración privada de entidades de valoración legalmente acreditadas, a través de las cuales podrá gestionarse la totalidad o una parte de la actividad de comprobación siempre que ello no implique el ejercicio de potestades públicas por estas últimas.
Disposición adicional tercera. Procesos de mejora continua.
Disposición adicional cuarta. Plan de Apoyo a la Creación de Empresas.
Uno. Se modifican la letra c) del apartado 4 y el apartado 6 del artículo 20 de la Ley 6/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de Castilla y León que quedan redactados del siguiente modo:
«c) En las ampliaciones de los grandes establecimientos comerciales, individuales o colectivos, cuando supongan al menos el 25% de la superficie total de venta al público del establecimiento y, en todo caso, cuando la ampliación supere los 2.500 m².
«2. Al día siguiente de haber sido practicada la comunicación, se dará audiencia por un plazo de 15 días a los Ayuntamientos limítrofes a aquel en cuyo término municipal se ubique el proyecto objeto de la solicitud y, paralelamente, se abrirá un trámite de información pública mediante la inserción del correspondiente anuncio en el “Boletín Oficial de Castilla y León”, en el que se indicará claramente el objeto de la misma, la duración, así como el lugar y horarios dispuestos para la consulta.
En dicho periodo de información pública, que tendrá una duración de 15 días, se podrá acceder a la siguiente documentación:
• La solicitud de licencia comercial.
• La descripción del proyecto del establecimiento de acuerdo con el apartado 2 c) del artículo 21.
• El certificado sobre la existencia de planeamiento habilitante o el instrumento de planeamiento urbanístico.
Disposición final tercera. Definición de procedimientos y trámites.
La presente ley entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León», a excepción de lo dispuesto en su título III, que entrará en vigor en el momento de la publicación del mandato previsto en la disposición final tercera.
Valladolid, a 28 de febrero de 2013.
CVE="BOCCL-08-013185"
Tramitación de: PL/000016-01
Tramitación de PL/000016-01
Pags. 29267-29289
Tramitación: PL/000016-01

References: artículo 109
 artículo 148
 artículo 16
 artículo 70
 artículo 71
 artículo 73
 resolución 
 artículo 6
 artículo 20
 artículo 21