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Timestamp: 2019-08-24 00:10:38+00:00

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CPLT Jurisprudencia | Daniel Castillo Uslar y Clemente Ponce Molina con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
Daniel Castillo Uslar y Clemente Ponce Molina con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rol: C1660-13
Consejo para la Transparencia, 17/01/2014
Se dedujo amparo en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, fundado en que dio respuesta nagativa a una solicitud de información referente a las salidas y entradas al país comprendida en el período correspondientes a las fechas que van entre el 1 de enero de 1991 y 30 de diciembre de 1992, esto es, dos años; ya que en dicho período él se desempeñaba como Director de Asuntos Económicos de la Cancillería, entiéndase Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, en su calidad de Embajador, entendemos que su rango no es óbice para no controlar su salidas y entradas del país, ello en atención al cargo que ejercía y que representaba. El Consejo acoge el amparo, toda vez que si bien la información solicitada constituye un dato personal, dicha información es dentro del periodo en que dicha persona ejercía un cargo público, vinculadas directamente con el cumplimiento de sus funciones. El conocimiento de dicha información , permite ejercer un debido control respecto al cumplimiento de las funciones públicas de una persona. En definitiva, la esfera de privacidad de un funcionario público se reduce en pos del necesario control social. Cabe señalar que si algún organismo público deniega la información basado en que la entrega de información afecta los derechos de terceros, debe realizar la notificación correspondiente para que dicho tercero haga sus descargos, no pudiendo el órgano reclamado señalar dicha causal de reserva de forma directa.
Consejo para la Transparencia, 14/09/2010, C353-10
Consejo para la Transparencia, 07/12/2011, C991-11
Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada ART-2 Transitorio
DECISIÓN AMPARO ROL C1660-13
Requirente: Daniel Castillo Uslar y Clemente Ponce Molina
Ingreso Consejo: 08.10.2013
En sesión ordinaria Nº 495 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de enero de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1660-13.
Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; la Ley N° 19.628, y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 26 de agosto de 2013, Daniel Castillo Uslar y Clemente Ponce Molina presentaron a la Policía de Investigaciones de Chile, en adelante también PDI, la siguiente solicitud de información “(…) venimos en solicitar a UD. la información correspondiente a don José Miguel Insulza Salinas, cédula nacional de identidad Nº (…),sobre las salidas y entradas al país comprendida en el período correspondiente a las fechas que van entre el 1 de enero de 1991 y 30 de diciembre de 1992, esto es, dos años; ya que en dicho período él se desempeñaba como Director de Asuntos Económicos de la Cancillería, entiéndase Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, en su calidad de Embajador, entendemos que su rango no es óbice para no controlar su salidas y entradas del país, ello en atención al cargo que ejercía y que representaba”.
2) RESPUESTA: El 16 de septiembre de 2013, la Policía de Investigaciones de Chile respondió a dicho requerimiento de información, mediante Resolución Nº 22, de 4 de septiembre de 2013, por la cual señaló, en síntesis, lo siguiente:
a) Los antecedentes relativos al control migratorio de todas las personas que ingresan y salen del país, no son proporcionados de manera voluntaria por la persona controlada, por cuanto el control policial es obligatorio. Las personas no pueden decidir si se registra o no dicha información. Por lo tanto, el registro de entradas y salidas del país no es obtenido de una fuente abierta de información, sino que en cumplimiento de funciones institucionales, consagradas en el DL N° 2.460.
b) En razón de lo anterior, los movimientos migratorios registrados de una persona determinada, en este caso del Sr. José Miguel Insulza Salinas, constituyen un dato de carácter personal protegidos por el artículo 2° letra f) de la Ley Nº 19.628, puesto que se refiere a hechos o circunstancias de la vida privada o íntima de la persona consultada, como es el ejercicio de la garantía constitucional de la libertad personal, particularmente referida a la libertad de tránsito regulada en la letra a) del numeral 7º del artículo 19º de la Constitución Política de la República. Por ello, la información requerida se encuentra amparada por la causal de secreto o reserva del artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia, pues con su divulgación se afecta la intimidad o vida privada del Sr. Insulza.
c) Como se trata de información personal, que no es obtenida de una fuente abierta de información, su entrega solo corresponde al titular de esa información o a su representante debidamente acreditado, o a los Tribunales de Justicia y Ministerio Público, situaciones que no se constatan en la solicitud de información.
3) AMPARO: El 8 de octubre de 2013, Daniel Castillo Uslar y Clemente Ponce Molina dedujeron amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la PDI, fundado en que recibieron respuesta negativa a la solicitud de información. Además, los reclamantes hicieron presente, en síntesis, lo siguiente:
a) La Resolución N° 22, de 4 de Septiembre de 2013, fue notificada el 16 de septiembre vía correo electrónico.
b) “Se solicitó información del Sr. Insulza Salinas en su calidad de embajador y Director de Asuntos Económicos de Cancillería, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1991 y el 30 de diciembre de 1992, de sus entradas y salidas al extranjero o proceso migratorio; la solicitud es en su calidad de Funcionario Público, no como persona natural, la razón para solicitar esta información se basa en que tenemos en nuestro poder los Decretos Supremos que lo comisionan para viajar al extranjero y por otra parte existen otros Organismos Públicos, que nos señalan al mismo tiempo en se encontraría en Chile en el mismo periodo, ante esta situación que reviste el carácter de compleja, es que necesitamos contar con dicha información para no incurrir en errores en la defensa de nuestros derechos”
c) La negativa se funda en la Ley N° 19.628, “que en la especie no es aplicable, ya que no se trata de un asunto privado, es absolutamente público, el Sr. Insulza es un funcionario público a la época en que se solicita la información, además que la ley es posterior a los hechos, sobre los cuales se basa nuestra solicitud”.
4) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: De acuerdo a lo previsto en el artículo 46, inciso segundo, del Reglamento de la Ley de Transparencia, este Consejo, mediante Oficio N° 4.270, de 16 de octubre de 2013, requirió a los solicitantes subsanar su amparo, a fin de que adjuntasen copia del correo electrónico en virtud del cual señalaron que habrían sido notificados de la respuesta denegatoria a su solicitud de información.
Mediante escrito de 16 de octubre de 2013, los solicitantes acompañaron copia de correo electrónico requerido, teniéndose por tanto, subsanado su amparo.
5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo trasladó este amparo, al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile mediante oficio N° 4.452, de 25 de octubre de 2013. Por dicho oficio se solicitó especialmente que al formular sus descargos: (1°) se refiriese específicamente, a las causales de hecho, secreto o reserva legal que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señalase si procedió a comunicar la solicitud de información al tercero a quien se refiere dicha información, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (3°) en caso afirmativo, acompañase copia de la respectiva comunicación de la solicitud de información al tercero involucrado, de conformidad al citado artículo 20, con el comprobante que acredite la fecha y medio de despacho; (4°) en caso que haya existido oposición, acompañase copia íntegra de la oposición presentada por el tercero, con el respectivo comprobante que acreditase la fecha y medio de presentación; (5°) proporcionase los datos de contacto del tercero involucrado, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; e (6°) indicase si en los sistema informáticos de la Policía de Investigaciones pueden distinguirse las entradas y salidas efectuadas por una persona en carácter oficial de aquellas realizadas en carácter personal.
Mediante ordinario N° 660, de 18 de noviembre de 2013, la Policía de Investigaciones de Chile presentó sus descargos, señalando, en síntesis, las siguientes observaciones:
a) La solicitud de información sólo hace mención a la calidad de funcionario público que tendría la persona de la cual se solicita la información. Los solicitantes solo en su amparo señalaron que mantendrían en su poder Decretos Supremos que comisionan al Sr. Insulza Salinas para viajar al extranjero y por otra parte, que existirían otros organismos públicos, que les habrían señalado que el Sr. Insulza se encontraría en Chile en el mismo período. Lo anterior, en su opinión, “dista mucho de los términos en que fue requerida originalmente la información a esta Institución, que si bien no incide en la decisión que fue adoptada, es preciso que el Consejo para la Transparencia tenga presente que la vía del reclamo ante el mismo, no es el medio para efectuar nuevas solicitudes, ni tampoco para ampliar el contenido de lo solicitado originalmente”.
b) La respuesta fue remitida a los solicitantes a través de correo electrónico de 16 de septiembre de 2013. Se negó acceso a la información por tratarse de materias reservadas, pues los movimientos migratorios que registra una determinada persona, constituye información de carácter personal, protegida por la Ley N° 19.628. Ese criterio ha sido ratificado por el Consejo, mediante decisión de amparo Rol C86-09, al denegar acceso a dicha información, por cuanto el peticionario no reunía la calidad de titular del dato personal solicitado. Al requerirse información de carácter personal, corresponde que su entrega se proporcione sólo al titular de dicha información o a su representante debidamente acreditado, situación que no se acreditó en su presentación.
c) La información solicitada es obtenida y sometida a tratamiento por la Policía de Investigaciones de Chile, en razón a las competencias y funciones otorgadas por su Ley Orgánica, DL N° 2460, del Ministerio de Defensa Nacional, de 1979, no pudiendo comunicar la misma a un tercero que no tenga la calidad de titular del dato que consulta. De acuerdo a la Resolución N° 31, de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional, de 2010, sólo el titular del dato personal requerido podrá acceder a éste, por cuanto su publicidad, comunicación o conocimiento a un tercero, afecta la esfera de su vida privada, garantía constitucional reconocida en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República. El principio de finalidad para la que han sido recolectados los datos personales es esencial para poder comunicar esta información, por lo que si no se cuenta con la autorización de su titular, de una ley o los datos no provienen de una fuente de acceso público, estos no pueden ser comunicados para una finalidad diversa a aquélla para la cual fueron recolectados, cómos sería el caso en la especie, por lo que dar acceso a la solicitud de información afectaría el derecho a la vida privada de su titular.
d) Por lo tanto, la PDI se encuentra impedida de hacer entrega de la información solicitada, configurándose la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, al afectar con su entrega o publicidad, la intimidad y vida privada del señor Insulza Salinas, titular de dicha información. Acceder a esa información implicaría informar todos los movimientos migratorios realizados durante ese período, sin distinción de si fueron realizados en carácter oficial o privado.
e) De acuerdo al período indicado en la solicitud, que abarca aproximadamente 2 años, podría existir información que no dice relación con la función pública, puesto que durante el período indicado, el Sr. Insulza pudo efectuar viajes fuera de Chile tanto para fines públicos como para fines privados. No es posible distinguir en los sistemas informáticos de la PDI, los movimientos migratorios efectuados por una persona en carácter oficial de aquellos realizados en carácter personal, por lo que resulta imposible practicar el principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia. Lo anterior por cuanto, lo que registra la Policía de Investigaciones de Chile, en cumplimiento a lo ordenado por la Ley de Extranjería, es el movimiento migratorio de la persona, esto es las entradas y salidas del país, sin consignarse las razones o motivaciones del viaje.
f) Finalmente, no se comunicó la solicitud de información al tercero involucrado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley, toda vez que la PDI no cuenta con antecedentes relativos al domicilio actual de la persona requerida, ni correo electrónico o número de teléfono.
6) GESTIÓN OFICIOSA: Por correo electrónico de 11 de diciembre de 2013, la Unidad de Análisis de Fondo de este Consejo solicitó a la PDI, a objeto de mejor resolver el presente amparo, que señalase si los sistemas que emplea la PDI, para el registro de las entradas y salidas de una persona del territorio nacional, en uso de pasaporte diplomático, son registradas por dicho organismo, de manera tal que pudiere distinguirse aquellos viajes realizados con ese especial pasaporte, de aquellos efectuados con pasaporte “común”. Específicamente en el caso del Sr. Insulza, para el periodo consultado, se requirió que señalase si resulta factible hacer la diferencia anotada, en orden a poder distinguir las entradas y salidas del país efectuadas en uso de pasaporte diplomático, de aquellas que podría haber realizado dicha persona en uso de otro documento.
Mediante ordinario N° 747, de 17 de diciembre de 2013, la Jefatura Jurídica de la Policía de Investigaciones de Chile, respondió la gestión oficiosa. Señaló, en lo pertinente, lo siguiente:
a) “Es posible distinguir las entradas y salidas del país en uso de pasaporte oficial y pasaporte “común” efectuadas por el señor José Miguel Insulza desde el 1 de enero de 1991 hasta el 30 de diciembre de 1992, para lo cual se requiere realizar una auditoría a las microfichas que contienen la información de las entradas y salidas de pasajeros del país”.
b) La vía del reclamo ante el Consejo no es el medio para efectuar nuevas solicitudes ni tampoco para ampliar el contenido de lo solicitado originalmente.
7) TRASLADO AL TERCERO INTERESADO: Mediante oficio N° 5334, de 19 de diciembre de 2013, este Consejo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia y en el artículo 47 del Reglamento de dicha Ley, comunicó la solicitud que dio origen a este amparo al Sr. Insulza Salinas, a fin de que presentase sus descargos y observaciones. Se solicitó especialmente que al momento de presentar sus descargos, indicase de modo expreso si accede a la entrega de la información migratoria solicitada correspondiente al periodo especificado o, en caso que se oponga a ello, hiciera mención expresa a los derechos que le asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad, total o parcial, de la información requerida.
A través de carta ingresada a este Consejo el 9 de enero de 2013, el Sr. Insulza señaló lo siguiente: “me permito agradecer el conocimiento que me ha dado del amparo en referencia deducido por los Sres. Castillo y Ponce en contra de la Policía de Investigaciones de Chile con fecha 8 de Octubre de 2013. Estoy cierto de que la respuesta se ajustará plenamente a las normas jurídicas y prácticas del Servicio que Ud. dirige”.
1) Que lo requerido se vincula con la información migratoria de una persona determinada, en el periodo comprendido entre el 1° de enero de 1991 y 30 de diciembre de 1992. De conformidad a lo indicado por los solicitantes, en la época consultada, el titular de dicha información se habría desempeñado en un específico cargo público. Atendido el tenor expreso de la solicitud, en que se alude expresamente a la “calidad de embajador” del Sr. Insulza, al cargo que ejercía y representaba, en relación con lo indicado por los solicitantes en su amparo, según consta en la letra b) del numeral 3) de lo expositivo, se concluye que lo solicitado comprende la información migratoria del Sr. Insulza, correspondiente al periodo acotado por los requirentes de acceso, en relación a sus ingresos y salidas del país en su calidad de funcionario público. Esto, por cuanto los propios solicitantes han precisado en su requerimiento, en este punto, que la información se refiere al Sr. Insulza en su calidad de funcionario, a la época indicada en su solicitud.
2) Que, respecto de la alegación de la PDI, contenida en sus descargos y luego reiterada en la respuesta a la gestión oficiosa, por la cual señala que los solicitantes habrían ampliado su solitud con ocasión de su amparo, pues solo en ese momento refirieron expresamente a que la información solicitada del Sr. Insulza, era en su carácter de funcionario y no de persona natural, cabe señalar que de la lectura del requerimiento, se desprende que lo solicitado se vincula con los viajes que la citada persona realizó en cumplimiento de sus funciones públicas. La precisión efectuada por los reclamantes en su amparo, así como los demás datos entregados, esto, es, que los solicitantes dispondrían de ciertos decretos y que necesitarían la información para determinados fines, no constituyen nuevas solicitudes o ampliaciones al requerimiento ya señalado, que alteren la solicitud que dio origen al reclamo. Por lo tanto, deberá descartarse la alegación en análisis.
3) Que, en cuanto al fondo de lo discutido en el presente amparo, este Consejo, a partir de la decisión de amparo Rol C86-09, ha sostenido que la información referida a los movimientos migratorios de una determinada persona constituye un dato personal, toda vez que dice relación con información concerniente a una persona natural identificada, de conformidad al artículo 2° letra f) de la Ley N° 19.628, que es obtenida y sometida a tratamiento por la Policía de Investigaciones de Chile, en razón a las competencias y funciones otorgadas por su Ley Orgánica, DL N° 2460, del Ministerio de Defensa Nacional, de 1979, no pudiendo comunicar la misma a un tercero que no tenga la calidad de titular del dato que consulta. En la especie, los solicitantes de información son personas distintas al titular de los datos migratorios, no constando a este Consejo que hayan acreditado actuar con poder para representarlo en esta materia.
4) Que la reclamada rechazó la entrega de la información invocando la causal de secreto o reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, que autoriza a negar el acceso a la información cuando su publicidad afecte derechos de las personas, en este caso, la esfera de su vida privada. Al respecto, este Consejo ha señalado que para dar aplicación a esta causal de reserva es necesario que previamente el órgano de la Administración haya dado aplicación al procedimiento establecido en el artículo 20 de la misma ley, a fin de comunicar al tercero eventualmente afectado en sus derechos, la facultad que le asiste para oponerse a la entrega de lo pedido o bien consentirla. Luego, si no se cuenta con la manifestación de voluntad de dicho tercero, no sería posible que el órgano requerido invocase directamente la causal del artículo 21 N° 2, pues estaría atribuyéndose una representación que no detentaría, salvo que se haya encontrado en la imposibilidad material de notificar al tercero involucrado. Así lo ha resuelto previamente este Consejo, al pronunciarse sobre el amparo Rol C420-13. En el presente caso, la PDI no practicó la notificación al tercero involucrado, pues según señaló en sus descargos, no contaría con su información actualizada. Por lo tanto, en el presente este caso el órgano reclamado ha alegado una suerte de imposibilidad material de notificar al tercero, circunstancia que le habría permitido invocar directamente la causal de reserva del artículo 21 N° 2. No obstante, llama la atención a este Consejo la alegación de la reclamada, atendido el carácter público del domicilio laboral del Sr. Insulza Salinas, quien se desempeña en la actualidad en un cargo de reconocimiento internacional.
5) Que sin perjuicio de lo razonado en el considerando 3), cabe tener presente lo que ha venido planteando sostenidamente este Consejo a partir de la decisión del amparo Rol A47-09, en orden a que “la esfera de privacidad del personal que trabaja para la Administración del Estado y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa es más reducida que la del resto de las personas –que se encuentran en una situación diversa–, en virtud, precisamente, de las funciones que aquéllos ejercen”. En razón de ello se ha entregado u ordenado entregar, los contratos a honorarios (en las decisiones C327-10 y C353-10); los informes de trabajos mensuales (decisión C991-12, en cuanto su divulgación posibilita el control social sobre la ejecución de los servicios contratados) y el currículum de los funcionarios (decisión C95-10). A mayor abundamiento, cabe recordar que según se indicó en la decisión de amparo Rol C1543-11, la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser funcionarios públicos al servicio de la misma.
6) Que en ese orden de cosas, en este caso particular, la información acerca de las salidas e ingresos del país del Sr. Insulza, dentro de un determinado periodo en que se desempeñó en un cargo público, y que se vincularon al cumplimiento de sus funciones, constituye información que se relaciona con el ejercicio de sus labores y desempeño de su cargo público. El conocimiento de dicha información, a juicio de este Consejo, permitiría efectuar el debido control respecto al cumplimiento de las funciones públicas de una persona durante un lapso en que ejerció un determinado cargo. Lo anterior, atendido que el carácter de funcionario público del Sr. Insulza a la época que comprende el requerimiento de información, supone un estándar de escrutinio público en el que la privacidad debe ceder en pos del necesario control social que cabe ejercer, respecto del cumplimiento y desempeño de funciones públicas.
7) Que la reclamada informó en sus descargos, que no era posible distinguir en sus sistemas informáticos, los movimientos migratorios efectuados por una persona en carácter oficial de aquellos realizados en carácter personal. Al respecto, el DL N° 2.460, de 1979, Ley Orgánica de Policía de Investigaciones, establece en su artículo 5°, en lo pertinente, que corresponde en especial a Policía de Investigaciones de Chile, entre otras funciones “controlar el ingreso y la salida de personas del territorio nacional; adoptar todas las medidas conducentes para asegurar la correcta identificación de las personas que salen e ingresan al país, la validez y autenticidad de sus documentos de viaje y la libre voluntad de las personas de ingresar o salir de él”. De la citada normativa se desprende que la obligación de la PDI en esta materia se dirige a controlar el ingreso y salidas de personas del territorio nacional, para lo cual debe identificar a las personas y verificar la validez y autenticidad de la documentación respectiva. Por lo tanto, no existiría la obligación para la reclamada de establecer en sus sistemas, las razones, motivaciones o causas de los movimientos migratorios de una determinada persona, por lo que no resultaría posible disociar las entradas y salidas del territorio nacional del Sr. Insulza, en su calidad de funcionario, como de aquellas que no fueron efectuadas en tal calidad.
8) Que sin perjuicio de lo señalado en el considerando precedente, con ocasión de la gestión oficiosa descrita en el numeral 6) de lo expositivo, la PDI explicó que resultaba posible distinguir las entradas y salidas del país en uso de pasaporte oficia o diplomático, respecto de aquellas efectuadas por una persona en uso de su pasaporte “común”. En el específico caso del Sr. José Miguel Insulza, la PDI explicó que era factible determinar sus salidas e ingresos a territorio nacional, en uso de pasaporte diplomático, en la época señalada en la solicitud, a saber desde el 1 de enero de 1991 hasta el 30 de diciembre de 1992. A objeto de determinar dicha información, conforme lo señalado, debía realizar una auditoría a las microfichas que contienen la información de las entradas y salidas de pasajeros del país.
9) Que al respecto, cabe señalar que el pasaporte diplomático, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en su sitio web http://www.minrel.gob.cl/pasaportes-diplomaticos-y-oficiales/minrel/2008-07-16/172628.html (revisado el 14 de enero de 2014), es aquel documento otorgado por el Departamento de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales, “a los funcionarios de la Administración del Estado, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo y del Ministerio de Relaciones Exteriores que viajan al exterior, en el cumplimiento de misiones oficiales”. En consecuencia, este Consejo estima que respecto de aquellos viajes realizados por el Sr. Insulza en uso de su pasaporte diplomático, se presume razonablemente que éstos fueron realizados en ejercicio de sus funciones públicas, toda vez que el señalado pasaporte es un documento otorgado a funcionarios que deben cumplir labores que suponen desplazamiento y viajes al exterior, precisamente para el cumplimiento de misiones de carácter oficial.
10) Que, al tenor de lo informado por la PDI, atendido que resulta posible aplicar el principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, a objeto de separar la información migratoria del Sr. Insulza, en el periodo consultado en la solicitud, referida exclusivamente a sus labores públicas, esto es, la información migratoria generada con ocasión de los viajes realizados en uso de su pasaporte diplomático, de aquellas efectuadas en carácter particular, se concluye que la PDI puede dar respuesta a la solicitud, entregando a los solicitantes aquellos datos migratorios relacionados con viajes en calidad de funcionario público, en uso de pasaporte diplomático, para el periodo indicado en el requerimiento de información.
11) Que, además, en cuanto al traslado conferido al tercero, según consta en numeral 7) de lo expositivo, no se advierte del tenor de la presentación efectuada por el Sr. Insulza Salinas que éste se haya pronunciado derechamente sobre la solicitud de información, en los que le fue solicitado, pudiéndose concluir, luego, que dicho tercero se abstuvo de formular oposición sobre la entrega de lo requerido en el presente amparo. En virtud de ello y de lo razonado en los considerandos anteriores, se acogerá el amparo y se requerirá a la PDI que entregue a los solicitantes la información solicitada, en el plazo que se señalará en lo resolutivo de este acuerdo.
12) Que por último, respecto a la alegación de los reclamantes, contenida en su amparo, en torno a que la Ley N° 19.628 no sería aplicable al caso particular, por ser “posterior a los hechos, sobre los cuales se basa nuestra solicitud”, cabe hacer presente que el artículo 2° transitorio de dicho cuerpo legal dispone que “Los titulares de los datos personales registrados en bancos de datos creados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley tendrán los derechos que ésta les confiere”. En el caso particular, habiéndose registrado los datos migratorios del Sr. Insulza en un banco de datos creado con anterioridad a la entrada en vigencia de la citada ley, aquello no obsta para que ésta le resulte plenamente aplicable y que se confiera al titular de tales datos, los derechos que esa Ley regula.
I. Acoger el amparo deducido por Daniel Castillo Uslar y Clemente Ponce Molina, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.
a) Entregue a los solicitantes la información migratoria, esto es, las salidas y entradas al país del Sr. José Miguel Insulza Salinas, en uso de su pasaporte diplomático, esto es, los viajes efectuados en su calidad de funcionario público, correspondientes al período que va entre el 1° de enero de 1991 y 30 de diciembre de 1992.
III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Daniel Castillo Uslar; don Clemente Ponce Molina; al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile y a don José Miguel Insulza Salinas, en su calidad de tercero involucrado en este procedimiento.

References: Resolución 
 artículo 2
 artículo 19
 artículo 21
 Resolución 
 artículo 46
 artículo 20
 artículo 20
 Resolución 
 artículo 19
 artículo 21
 artículo 11
 artículo 20
 artículo 25
 artículo 47
 artículo 2
 artículo 21
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 5
 artículo 11
 artículo 2