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Timestamp: 2016-10-24 21:46:35+00:00

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Los alegatos como formalidad esencial del procedimiento | Ovalle Favela | Cuestiones Constitucionales Revista Mexicana de Derecho Constitucional
Número 8 >	Ovalle Favela
José OVALLE FAVELA *
Dentro de la práctica jurídica de nuestro país se suele dar muy poca importancia a los alegatos. La prueba más evidente de esa falta de relevancia de éstos la da el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que no prevé una oportunidad razonable para expresar alegatos. Su artículo 393 señala que, una vez concluida la práctica de las pruebas, el tribunal dispondrá que las partes aleguen, cada una en un plazo de veinticinco minutos en forma sucesiva; pero el artículo 394 prohíbe dictar los alegatos a la hora de la diligencia, por lo que de su posible contenido no queda ninguna constancia, como no sea la frase vacía "y las partes alegaron lo que a su derecho convino", que asientan rutinariamente las secretarias mecanógrafas en el acta de la audiencia. El resultado es que carece de todo sentido expresar alegatos verbales que no va a conocer quien formule el proyecto de sentencia ni quien apruebe tal proyecto.
El mismo artículo 394 establece que las partes pueden presentar sus conclusiones por escrito, pero no otorga una oportunidad razonable para hacerlo. La única oportunidad en que podrían presentarse las conclusiones es en la misma audiencia de pruebas y alegatos, pero redactar alegatos sobre pruebas que todavía no se han practicado supondría un ejercicio de astrología de muy dudosos resultados. De modo que en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal no existe una oportunidad razonable, ni verbal ni escrita, para expresar alegatos.
Sin embargo, hay una tendencia reciente en la jurisprudencia a revalorar este acto procesal que constituye el momento más importante de la argumentación jurídica en el proceso, desde la perspectiva de las partes.
El punto de partida se encuentra en la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema de Corte de Justicia de la Nación en la que se sostiene que las formalidades esenciales del procedimiento que exige el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política para que se respete la garantía de audiencia, "son las que resultan necesarias para garan-tizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas".1
De acuerdo con esta tesis de jurisprudencia, los alegatos constituyen una de las formalidades esenciales del procedimiento, por lo que las leyes procesales que no prevean una oportunidad razonable para expresarlos o los juzgadores que no la otorguen, violarían la garantía de audiencia que establece el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política.
A pesar de la claridad de la tesis comentada, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito ha considerado que si la Junta de Conciliación y Arbitraje omite abrir el periodo de alegatos, "tal conducta no causa perjuicio alguno a las partes", pues en su opinión los alegatos "son únicamente apreciaciones personales de los litigantes, sin que formen parte de la litis y, por ende, no trascienden al resultado del laudo".2
Esta última tesis confunde el contenido de los alegatos ("no forma parte de la litis") con su función dentro del proceso, como formalidad esencial del procedimiento. El hecho de que la litis se forme con los escritos de demanda y contestación a la demanda (y, en su caso, con la reconvención y la contestación a la reconvención), y no con los alegatos, no significa que la etapa de éstos sea innecesaria o que se pueda prescindir de ella, sin violar la garantía de audiencia.
Durante algún tiempo la propia Suprema Corte de Justicia sostuvo que los alegatos no forman parte de la litis en el amparo,3 pero nunca dedujo de esta afirmación que se pudiera privar a las partes de la oportunidad para alegar. En este sentido, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito ha sostenido que las etapas de pruebas, alegatos y sentencia constituyen las formalidades esenciales del procedimiento de la audiencia constitucional, por lo que si ésta se celebra sin que se verifique el periodo de pruebas o el de alegatos, "se actualiza una violación procesal que amerita la reposición del procedimiento en términos del artículo 91, fracción IV" de la Ley de Amparo.4
Si, como hemos visto, el litigio o litis, es decir, el objeto del proceso, sólo se forma con los escritos de demanda y contestación a la demanda (y, en su caso, con la reconvención y la contestación a la reconvención): y si el objeto de la prueba sólo se puede integrar con los hechos afirmados por las partes precisamente en tales escritos,5 es claro que en los alegatos las partes no pueden introducir acciones, excepciones ni hechos que no hayan sido expresados en los escritos iniciales mencionados.6
Por el contrario, la función de los alegatos consiste en otorgar a las partes la oportunidad para expresar sus argumentos sobre el valor de las pruebas practicadas para demostrar que los hechos afirmados en sus escritos iniciales han quedado probados, y que, en cambio, las pruebas de la parte contraria no comprobaron los hechos afirmados por dicha parte; pero, además, para manifestar los argumentos jurídicos que demuestren la aplicabilidad de las normas jurídicas invocadas como fundamento de su respectiva acción o su excepción.
¿Debe el juzgador analizar en la sentencia los argumentos expresados en los alegatos? En un principio, la respuesta fue categórica: como los alegatos no forman parte de la litis, el juzgador no tenía el deber de hacerlo.7 Sin embargo, en los últimos años se advierte una tendencia a imponer al juzgador el deber de analizar los alegatos, bajo determinadas circunstancias, en los procesos de nulidad que se siguen ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Fiscal y en el juicio de amparo.
Por una parte, la reforma al artículo 235 del Código Fiscal de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 1997, dispuso que "los alegatos presentados en tiempo deberán ser considerados al dictar la sentencia". La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que la omisión del estudio de los alegatos debe ser motivo para que se otorgue el amparo al quejoso, sólo cuando tal omisión le cause un perjuicio, lo que no ocurre cuando los alegatos se limitaron a reiterar los conceptos de anulación o se insiste en las pruebas ofrecidas; en cambio, cuando en ellos se controvierten argumentos de la demanda o se objetan o refutan pruebas ofrecidas por la parte contraria "sí deberá concederse el amparo solicitado para el efecto de que la Sala responsable, dejando insubsistente el fallo, dicte otro en que se ocupe de ellos, ya que en este caso sí podría variar sustancialmente el sentido de la sentencia".8
Por último, dentro del juicio de amparo se ha considerado con razón que cuando en los alegatos se aducen causas de improcedencia, el juzgador de amparo sí debe analizar en su sentencia tales causas, conforme a lo que dispone el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo.9 Este razonamiento se debe aplicar por analogía a los alegatos en los procesos civiles en sentido amplio, cuando en ellos se cuestione el cumplimiento de los presupuestos procesales, pues en sentido estricto las causas de improcedencia en el amparo no son sino el incumplimiento de los presupuestos procesales propios de ese juicio. También en el proceso civil en sentido amplio (procesos no penales) el juzgador, por regla general, sí tiene el deber de analizar de oficio el cumplimiento de tales presupuestos.
1 Tesis de jurisprudencia P./J.47/95, "Formalidades esenciales del procedimiento. Son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. II, diciembre de 1995, p. 133; se publica también en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. I, materia constitucional, jurisprudencia, tesis 218, p. 260.
2 Tesis de jurisprudencia II.T. J/23, "Alegatos. No forman parte de la litis", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. XV, mayo de 2002, p. 895.
3 Particularmente en las tesis de jurisprudencia que se publican con los números 42 y 43 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, t. VI, pp. 27-28, con los rubros "Alegatos. no forman parte de la litis" y "Alegatos. No forman parte de la litis en el juicio de amparo". En el Apéndice 1917-2000, t. VI, pp. 31-32, se publica la segunda tesis, con el número 39.
4 Tesis de jurisprudencia VI.3º.A. J/4, "Audiencia constitucional. Es obligación del juez de distrito desahogar los periodos de pruebas y alegatos", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. XIV, septiembre de 2001, pp. 131-132.
5 Cfr. la tesis de jurisprudencia 611 del ASJF 1917-2000, t. IV, p. 571, "Prueba, materia de la. Sólo la constituyen los hechos controvertidos", así como la publicada con el rubro "Demanda. Los hechos constitutivos de la acción que se intenta deben precisarse y no inferirse de las pruebas que se acompañen", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. XIII, febrero 2001, p. 1654.
6 Cfr. la tesis de jurisprudencia I.3º.A. J/10, "Nulidad, juicio de. Alegato. No deben introducirse elementos nuevos a la controversia", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. III, abril de 1996, p. 253, así como el precedente "Excepciones. Ampliación inoperante de sus fundamentos en los alegatos", Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. IV, Sección Precedentes relevantes SCJN, p. 141.
7 En este sentido, véanse las tesis de jurisprudencia I.1º.A. J/20, "Alegatos en el juicio fiscal, la omisión de considerarlos en la sentencia no es violatoria de garantías", y VI.1º.A J/20, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, t. 60, diciembre de 1992, p. 38, "Alegatos en apelación. Como no forman parte de la litis su falta de examen resulta intrascendente", Semanario Judicial de la Federación, octava época, t. IX, febrero de 1992, p. 71, y "Alegatos, omisión del extracto o de referencia a los, intrascendente", Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. V, tesis 31, p. 25.
8 Tesis de jurisprudencia 2ª./J. 62/200, "Alegatos en el juicio contencioso administrativo previstos en el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación. Debe ampararse por la omisión de su análisis si causa perjuicio al quejoso, como cuando en ellos se controvierte la contestación a la demanda o se reputan pruebas", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. XIV, diciembre de 2001, pp. 206-207.
9 Tesis aisladas II.2º C44K, "Alegatos aun cuando no forman parte de la litis en el juicio de amparo. Procede su estudio si se propone una causal de improcedencia", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. X, julio de 1999, p. 838; y VIII.3º.11 K, "Alegatos en el amparo. Su análisis es obligatorio cuando plantean cuestiones relacionadas con la improcedencia del juicio", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. XV, febrero de 2002, pp. 757-758.

References: artículo 393
 artículo 394
 artículo 394
 artículo 14
 resolución 
 artículo 14
 artículo 91
 artículo 235
 artículo 73
 artículo 235