Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2013_03_20/1338
Timestamp: 2020-01-23 06:36:22+00:00

Document:
Gaceta: LXII/1SPO-109
Oficio con el que remite solicitud de permiso para que el ciudadano Armando Ono Nakamura pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno del Japón.
Proyecto de decreto que reforma el artículo 28 Bis de la Ley General de Salud.
Propone reformar el numeral 2 del artículo 28 bis de la Ley General de Salud, a fin de depositar la responsabilidad de prescribir las recetas en los profesionales de la homeopatía, es decir, los médicos homeópatas y no los homeópatas como dice actualmente.
Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de suicidio.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA.
Plantea modificaciones a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para atender a los menores que se encuentran en estado de indefensión ante los trastornos mentales. Por ello, establece como obligación de madres, padres y de quienes estén al cuidado de ellos, la obligación de prestar atención inmediata de las alteraciones de conducta que permitan suponer la existencia de trastornos mentales.
Asimismo que las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales desarrollará acciones para la detección temprana, prevención y tratamiento de trastornos mentales de niñas, niños y adolescentes, que puedan alterar su sano desarrollo.
Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3 y 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Propone homologar las definiciones y criterios para determinar si la unidad económica es susceptible de considerarse MIPYME, a fin de garantizar que las acciones y apoyos de los que son beneficiarias lleguen a la población objetivo.
Asimismo, se faculta a la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para que emita recomendaciones y proponga acciones tendientes a incrementar la participación de las Mipymes en las contrataciones gubernamentales.
Oficio por el que informa:
La modificación en la integración de los Diputados ante el Foro Parlamentario Asia-Pacífico.
SE REMITIRÁN A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA.
La integración complementaria de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el estado de Chiapas.
Oficio del Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva, por el que solicita la aplicación de una fe de erratas al decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, aprobado el 12 de marzo de 2013.
SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA RECABAR LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES DEL DECRETO.
Comunicación suscrita por la Mesa Directiva de la Colegisladora, con la que remite fe de erratas al proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de servidores públicos, devuelto con modificaciones, el pasado 12 de marzo.
Propone reformar el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de que se consideren como áreas prioritarias para el desarrollo nacional la inversión y el fortalecimiento permanente de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, con el objeto de que contribuyan al desarrollo económico del país, eleven su competitividad nacional e internacional y se promueva la formación y capacitación de capital humano especializado.
De los Senadores Adriana Dávila Fernández y Ernesto Cordero Arroyo, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La iniciativa propone reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Ejecución de Resoluciones y Sentencias de Tribunales Internacionales y de Atención a Recomendaciones y Medidas Cautelares emitidas por Organismos y Órganos Internacionales.
La iniciativa propone adicionar el artículo 17, a fin de establecer que la jurisdicción de los tribunales internacionales establecidos en los tratados suscritos y ratificados por nuestro país será reconocida en los términos y conforme a los procedimientos determinados en dichos tratados. Se precisa que las resoluciones y sentencias irrevocables emitidas por tales tribunales no requieren para su validez y eficacia, de reconocimiento, revisión, o examen previo alguno, por lo que serán obligatorias y las autoridades administrativas, legislativas y judiciales del fuero federal, común y militar.
Finalmente, se prevé que las leyes generales que expida el Congreso de la Unión desarrollarán los procedimientos a seguir para la ejecución de dichas resoluciones y sentencias; para que dichas autoridades cumplan con las obligaciones que les correspondan; así como para la atención y, en su caso, cumplimiento de recomendaciones y medidas cautelares emitidas por organismos y órganos internacionales cuya competencia esté reconocida en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
Se propone reformar la fracción XXI del artículo 73, a efecto de facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en la que se homologuen los derechos y las modalidades para la atención de las víctimas y ofendidos. Asimismo se propone adicionar la fracción XXIX-R, a fin de otorgarle expresamente al Congreso de la Unión la facultad para legislar en materia de ejecución de resoluciones y sentencias de tribunales internacionales, así como de atención a recomendaciones y medidas cautelares emitidas por organismos y órganos internacionales, estableciendo las bases generales para distribuir competencias entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, con el objeto de cumplir los fines previstos en el tercer y cuarto párrafos del artículo 17 de esta Constitución.
Finalmente, se propone reformar la fracción XVII del artículo 89. a fin de otorgarle expresamente al ejecutivo federal la facultad de coordinar el cumplimiento de las resoluciones y sentencias emitidas por tribunales internacionales, así como la atención, en su caso, de recomendaciones y medidas cautelares emitidas por organismos y órganos internacionales, en los términos del tercer y cuarto párrafos del artículo 17 de esta Constitución y de las leyes generales que al efecto emita el Congreso de la Unión.
Se establece que el Ejecutivo Federal podrá dictar medidas administrativas para garantizar la ejecución de las resoluciones y sentencias y, en su caso, el cumplimiento de las recomendaciones y medidas cautelares a que se refiere el párrafo anterior; las cuales serán inatacables.
Propone en las disposiciones que regulan la protección materno-infantil y la promoción de la salud materna, incluir el diagnóstico oportuno de la displasia en el desarrollo de la cadera, a través del examen clínico en la primera semana del nacimiento, en el primer mes de edad y a los dos, cuatro, seis, nueve y doce meses de edad; así como la toma de ultrasonido de cadera o radiografía anteroposterior de pelvis, entre el primer y cuarto mes de vida.
Además dispone que en la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán acciones de diagnóstico y atención temprana de la displasia en el desarrollo de cadera, durante el crecimiento y desarrollo de los menores de cinco años.
De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud.
Propone reformas a la Ley General de Vida Silvestre a fin de crear una figura de manejo que considere los elementos mínimos necesarios para adoptar las medidas de trato digno y respetuoso y evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que se pudiera ocasionar a los ejemplares de flora y fauna silvestre durante su confinamiento, traslado, exhibición, adaptación a un nuevo espacio y entrenamiento.
Pretende que las colecciones científicas y museográficas públicas de especies silvestres se registren y actualicen sus datos cada 2 años ante la autoridad correspondiente; por otra parte, se establece la obligación a los propietarios, poseedores, responsables o encargados que manejen vida silvestre en confinamiento, para que cuenten con un plan de manejo aprobado por la Secretaría, y además la obligación de registrarse y actualizar sus datos cada 2 años ante la autoridad correspondiente.
Con la adición del artículo 78 Bis se indican los elementos básicos que deben contener los planes de manejo de especies fuera de su hábitat natural: especies y número de ejemplares; tipo de confinamiento por especie y número de ejemplares; dieta proporcional a la especie; cuidados clínicos y se salud animal; medio de transporte para movilización; medidas de mantenimiento, seguridad e higiene; aspectos de educación ambiental, de conservación y reproducción de las especies, con especial atención en aquellas que estén en alguna categoría de riesgo; medidas para garantizar el trato digno y respetuoso durante su confinamiento, manejo, traslado, exhibición, adaptación a un nuevo espacio y entrenamiento responsable, entre otros; y cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas que para tal efecto emita la Secretaría. Finalmente, la reforma establece que las Normas Oficiales Mexicanas deberán contemplar los requerimientos mínimos necesarios para el manejo de cada especie para su vida en confinamiento.
Propone reformar la fracción II, del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incluir entre las facultades del Senado de la República, las ratificaciones de jefes de unidad y demás empleados superiores de Hacienda, así como organismos públicos desconcentrados y descentralizados a la misma. Asimismo reforma la fracción III del artículo 89 constitucional para establecer en las facultades y obligaciones del Presidente de la República el nombrar con la aprobación del Senado a dichos funcionarios.
La iniciativa propone expedir la Ley Reglamentaria del párrafo tercero del artículo 1° y la fracción I del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reparación del daño generado por actos violatorios a los derechos humanos reconocidos por el orden jurídico mexicano que realicen las autoridades del Estado. Se establece que la reparación del daño por violaciones a derechos humanos, tiene como finalidad resarcir a los particulares por la acción u omisión de las autoridades del Estado que se apartan de las leyes y la normatividad aplicable y que vulneren tales derechos.
La iniciativa propone regular el procedimiento para la reparación, donde se precisa que solamente se reparará a personas físicas mediante este procedimiento. Los juzgadores que emitan una sentencia donde se determine una violación a un derecho humano, deberán pronunciarse también sobre la reparación del daño en la misma.
En la iniciativa se establecen los siguientes criterios de reparación del daño por violaciones a derechos humanos: Que se trate de actos u omisiones cometidos por una autoridad gubernamental; Que tales actos u omisiones constituyan violaciones a los derechos humanos reconocidos en el orden jurídico mexicano; y que de dichas violaciones a derechos humanos se desprenda la obligación de las autoridades de reparar el daño.
Se propone establecer los siguientes principios de la reparación del daño que deberán guiar al procedimiento: Nexo causal; Proporcionalidad; Equidad; y, Razonabilidad.
La reforma que se propone crea un procedimiento de solución amistosa. Indica que los recursos de reparación del daño provendrán de los presupuestos para el Poder Judicial de la Federación, las Cámaras del Congreso de la Unión, órganos constitucionales autónomos, tribunales administrativos o dependencias de las Administración Pública Federal y prevé la facultad de los sujetos del punto anterior para contratar seguros.
La iniciativa propone una propuesta integral para la atención y respeto a los derechos de las víctimas, por lo que en el proyecto se considera que las violaciones a los derechos humanos no deben ser materia de la Ley General de Víctimas, sino de una Ley Reglamentaria al artículo 1º. Constitucional; La iniciativa de reformas a la Ley General de Víctimas acota su ámbito a aquellas circunstancias de hecho que puedan constituir delitos en el ámbito local y federal; se considera la atención de urgencia a las presuntas víctimas de delitos en los que su vida, libertad e integridad física y psicosexual estén en peligro; se proponen mayores responsabilidades para las entidades federativas en la atención a las víctimas; se considera que dada la naturaleza de la Ley, que es general, no deberían establecerse reglas procedimentales propias de la legislación secundaria; se redefine el concepto de víctimas para efectos de la Ley; se rediseña el Registro Nacional de Víctimas; se elimina la reparación subsidiaria del Estado; se propone una estructura de diseño del Sistema Nacional de Atención a Víctimas que contará con una Comisión, ésta a su vez tendrá la asesoría de un Consejo Consultivo que será constituido con la participación de la sociedad civil. La estructura se replicará en los Estados y dependerán de la Comisión Nacional; se propone que la Comisión y las Comisiones de las entidades federativas estarán presididas de un procurador que será elegido por el Ejecutivo y ratificadas por las dos terceras partes del Senado.
Por otra parte, se propone una estructura de diseño del Sistema Nacional de Atención a Víctimas que contará con una Comisión, que a su vez tendrá la asesoría de un Consejo Consultivo que será constituido con la participación de la sociedad civil. A su vez, dichas estructura se replicará en los Estados y dependerá de cada entidad federativa su implementación. Estas comisiones, rendirán cuentas a la Comisión; se prevé que si una víctima no recibe el trato o atención adecuada podrá asistir a la delegación que será implementada por la Comisión Federal en cada Estado; dicha comisión deberá auxiliar a la víctima y en caso de que esa ayuda cause una erogación, ésta deberá ser cobrada a los Estados; la Comisión y las Comisiones de las entidades federativas estarán presididas de un procurador que será elegido por el Ejecutivo y ratificadas por las dos terceras partes del Senado; para la atención de víctimas del delito existirá un fondo federal el cual atenderá a las víctimas del delito del fuero federal y, en su caso, a aquellos casos del fuero común que no hayan sido atendidos por las comisiones estatales. En el caso de la atención de víctimas de delitos del fuero común, los recursos ejercidos por el fondo federal serán reintegrados en su totalidad por las Entidades Federativas en el ejercicio fiscal inmediato siguiente, para ello contemplarán en sus presupuestos locales los recursos necesarios para retribuir en su totalidad a la federación o en caso de que alguna entidad federativa incumpla con su obligación de retribuir en su totalidad los recursos, la federación podrá recuperar las cantidades erogadas de las participaciones que le correspondan a la entidad federativa en el ejercicio inmediato siguiente.
Además, cada una de las entidades federativas contemplará, en sus presupuestos de egresos locales, los recursos necesarios para la atención de víctimas del delito del fuero común.
Con el fin de atender y proteger a las víctimas, se presentan reformas a la Ley General de Atención y Protección a las Víctimas del delito en el que se tutelan eficiente y eficazmente sus derechos. Asimismo, se plantea una infraestructura que permite brindar de manera coordinada atención integral a las víctimas en un marco jurídico que permite la adecuada coordinación.
Finalmente, para hacer compatible la reforma propuesta a las diversas leyes, se incluye las iniciativas de reforma al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley de Coordinación Fiscal.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, DE DEFENSA NACIONAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.
Propone eliminar la extensión extraordinaria del fuero militar hacia los delitos del orden común, toda vez que esta disposición contraviene lo previsto por el artículo 13 constitucional, en términos de la exposición de motivos de la iniciativa.
Asimismo, pretende que el Ministerio Público militar únicamente pueda conocer de hechos que probablemente puedan constituir un delito de competencia de los tribunales militares, previa la declinación de competencia del Ministerio Público ordinario y se resguarden los derechos que, como personas en desarrollo, tienen los alumnos de las escuelas militares menores de dieciocho años.
Propone reformas a los artículos 84 y 130 de la Ley del Seguro Social, por considerar que violentan el derecho a la igualdad de género y no discriminación consignados en los artículos primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo en lo relativo a la no discriminación, la igualdad de género y el desarrollo de la familia
La reforma permite que el esposo de la asegurada o, a falta de éste el concubinario, en igualdad de condiciones que a la esposa o mujer, gocen del derecho a ser pensionado, siempre que se cumplan con los requisitos actuales que se exigen para la esposa del asegurado o pensionado por invalidez.
Se establece que tendrá derecho a recibir la pensión, el viudo o concubinario en igualdad de condiciones que a la esposa o mujer con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su marido, durante los cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquél, o con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato.
De la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de bebidas alcohólicas.
Propone que la Secretaría de Salud, en coordinación con la SEP y los gobiernos de las entidades federativas desarrollen programas para la prevención de las enfermedades. Asimismo la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaria del Trabajo y los gobiernos de las entidades federativas formulen, propongan y desarrollen programas de capacitación para la prevención y reducción del uso nocivo del alcohol en el lugar de trabajo, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la población.
Adiciona definiciones de: abuso de bebidas alcohólicas; acciones de intervención secundaria; acciones de intervención terciaria; acciones de prevención primaria; alcohol no comercial; alcoholismo; certificación de centros especializados en tratamiento para el trastorno de abuso y/o dependencia del alcohol; ciclo psicoevolutivo; encuestas de evaluación y detección de patrones de consumo; habilidades para la vida; salud biopsicosocial; salud conductual; y uso nocivo del alcohol.
Señala que la Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General se coordinarán para la ejecución del programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas.
Reforma el Título II del Capítulo V, que se denomina “Modalidades de la violencia”, y el artículo 21 para introducir a definición de violencia política como aquellas acciones o conductas agresivas cometidas por una o varias personas, por sí o a través de terceros, que causen daño físico, psicológico o sexual en contra de una mujer o de varias mujeres y/o de sus familias, en ejercicio de la representación política, para impedir, restringir el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad y/o de la ley. Asimismo establece 16 modalidades de violencia política de género como el estereotipo de género, proporcionar información falsa a candidatas; evitar que mujeres electas o funcionarias acudir a sesiones de toma de decisiones; impongan sanciones injustificadas y discriminen.
El actual artículo 21 pasa a ser 22 y así subsecuentemente con el resto del articulado. Adiciona el artículo 48 en su fracción VIII, pasando ésta a ser IX, para establecer la obligación del Instituto Nacional de las Mujeres el promover la formación de liderazgos políticos femeninos y vigilar el respeto a sus derechos políticos.
Además reforma el inciso j) del artículo 342 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para establecer como infracción de los partidos la difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas; y/o que realicen actos de violencia política de género. Reforma el inciso d) del artículo 350 para considerar infracción de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión la manipulación o superposición de la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos con el fin de alterar o distorsionar su sentido original o denigrar a las instituciones, a los propios partidos, o para calumniar a los candidatos; y/o incurrir en actos de violencia política de género.
EL DICTAMEN SE ACOMPAÑA DEL VOTO PARTICULAR DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA.
De la Comisión de Seguridad Pública, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Monte Alejandro Rubido García, como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
OMAR FAYAD MENESES, POR LAS COMISIONES, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN.
Oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor del ciudadano Monte Alejandro Rubido García como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para efectos de ratificación del Senado de la República.
•	Del ciudadano Rolando Ocampo Alcántar como miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para que ocupe el cargo desde el día de su ratificación y hasta el 31 de diciembre de 2020 y
•	Del ciudadano Félix Vélez Fernández Varela como Vicepresidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para que ocupe el cargo desde el día de su ratificación y hasta el 31 de diciembre del año 2016.
ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, POR LA COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN.
CRISTINA DÍAZ SALAZAR, POR LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN.
Oficio con el que remite propuesta de nombramientos de integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística Geográfica, a favor de los ciudadanos:
Rolando Ocampo Alcántar, para ocupar el cargo desde la fecha de su aprobación, en su caso, hasta el 31 de diciembre de 2020 y
Félix Vélez Fernández Verela, para ocupar el cargo desde la fecha de su aprobación, en su caso, hasta el 31 de diciembre de 2016.
SE DIO CUENTA CON UNA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN ENTREGADA POR LAS COMISIONES Y LA ASAMBLEA AUTORIZÓ INTEGRARLA EN LA DISCUSIÓN DEL DICTAMEN.
LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE ESTE ASUNTO SE DESPRENDE DE UN PROYECTO APROBADO INICIALMENTE POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA Y DEVUELTO CON MODIFICACIONES POR LA COLEGISLADORA, POR LO QUE SU DISCUSIÓN VERSARÁ SÓLO SOBRE LOS ARTÍCULOS 5, 16, 40, 61, 74, 79, 97, 107, 110, 111, 129, 153, 165, 166, 170, 172, 201, 205 Y LOS TRANSITORIOS DÉCIMO Y DÉCIMO PRIMERO RELATIVOS A LA LEY DE AMPARO, ASÍ COMO EL TRANSITORIO FINAL QUE DISPONE LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO.
EL PRESIDENTE INFORMÓ DE LA RESERVA AL ARTÍCULO 165, POR PARTE DEL SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO.
FUERON APROBADOS LOS ARTÍCULOS NO RESERVADOS.
EL SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO PRESENTÓ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 165, QUE FUE RECHAZADA POR LA ASAMBLEA. DICHO ARTÍCULO FUE APROBADO EN SUS TÉRMINOS.
SE DECLARÓ APROBADO EL DECRETO.
Las comisiones dictaminadoras refrendan en el dictamen su coincidencia con las modificaciones hechas por la Colegisladora a los artículos 5, 40, 97, 107, 110, 111, 153, 165, 166, 170, 172 y adiciona un artículo undécimo transitorio, las modificaciones se refieren a:
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, se efectúe el pago a los ex trabajadores migratorios que aún no lo reciben.
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo que exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre los connacionales sentenciados a la pena capital en los Estados Unidos de América.
Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo miércoles 20 de marzo de 2013 a las 11:00 horas, en la sala 1, ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República.
COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS, ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ESPECIAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCECIA
Convocatoria de las Comisiones a la presentación del Informe la infancia Cuenta en México 2012. Desafíos Actuales para la Garantía de los Derechos de la Infancia. Análisis del Marco Legal Mexicano, que se llevará a cabo el día miércoles 20 de marzo de 2013, a las 17:00 horas, en el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República.
Reunión de Trabajo de la Comisión denominada "Aportes al Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018", a celebrarse el próximo miércoles 20 de marzo del presente año, a las 16:00 hrs. en las salas 3 y 4 de la Planta Baja del Hemiciclo de la Sede del Senado.
Convocatoria a la reunión de trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo miércoles 20 de marzo a las 17:00 horas en la sala de Juntas de la Junta de Coordinación Política ubicada en el sótano 1 del Hemiciclo, edificio Sede.

References: artículo 28
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 17
 artículo 73
 artículo 17
 artículo 89
 artículo 17
 artículo 78
 artículo 76
 artículo 89
 artículo 1
 artículo 103
 artículo 1
 artículo 13
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 48
 artículo 342
 artículo 350
 ARTÍCULO 165
 ARTÍCULO 165