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Timestamp: 2018-07-22 12:59:52+00:00

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Batería de proyectos para regular la tercerización
Presentamos una serie de proyectos de ley para regular la tercerización laboral estableciendo la responsabilidad solidaria de las empresas que tercerizan sus tareas a otras empresas subordinadas o relacionadas. De esta forma buscamos ampliar la regulación con el objetivo de evitar que sea una forma de precarización laboral y al mismo tiempo garantizar seguridad jurídica a todos los actores de las relaciones laborales, retornando a la redacción original de la Ley de Contrato de Trabajo que fue modificada por la última dictadura cívico-militar.
Estos proyectos de ley que impulsamos tienen por finalidad brindar una respuesta adecuada a la necesidad de protección del trabajador, que a raíz de la evolución y la utilización abusiva de la figura de la tercerización por parte de las empresas se encuentra cada vez más expuesto a la precarización de sus condiciones laborales, en su mayoría jóvenes en su primer empleo.
Un proyecto modifica el artículo 29 y 29 bis de la ley de Contrato de Trabajo, otro el artículo 30 e incorpora el 30 bis y el tercer proyecto busca modificar el artículo 31. Estas dos últimas iniciativas ya las habíamos presentado en 2012 y en 2014: la modificación del artículo 30 fue aprobada en la Comisión de Legislación del Trabajo en 2012, mientras que la modificación del artículo 31 tuvo dictamen de Comisión de Trabajo en 2014. Ninguno de los proyectos ha sido tratado en el recinto por falta de voluntad del oficialismo que ha dilatado el debate, por eso nuevamente hemos hecho la presentación.
CONTRATO DE TRABAJO – LEY 20744 -. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 29, SOBRE CONTRATACION POR PARTE DE TERCEROS Y 29 BIS, SOBRE EMPRESAS DE SERVICIOS EVENTUALES. 3752-D-2016. Presentado el 16/06/2016.
Artículo 1º. Sustitúyase el artículo 29 del Régimen de Contrato de Trabajo, aprobado por la ley 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias por el siguiente texto: “Artículo 29. Los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación. La relación laboral se tendrá a sus efectos legales, como no registrada.
Los trabajadores contratados por empresas de servicios eventuales habilitadas por la autoridad competente para desempeñarse en los términos de los artículos 99 de la presente y 77 a 80 de la Ley Nacional de Empleo, serán considerados en relación de dependencia, con carácter permanente continuo o discontinuo, con dichas empresas”.
Artículo 2º. Sustitúyase el párrafo primero del artículo 29 bis del Régimen de Contrato de Trabajo, aprobado por la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, por el siguiente texto: “Artículo 29 bis. Empresas de servicios eventuales. Tercerización fraudulenta. Solidaridad. El empleador que ocupe trabajadores a través de una empresa de servicios eventuales habilitada por la autoridad competente, será solidariamente responsable con aquélla por todas las obligaciones laborales, y deberá retener de los pagos que efectúe a la empresa de servicios eventuales los aportes y contribuciones respectivos para los organismos de la seguridad social y depositarlos en término. El trabajador contratado a través de una empresa de servicios eventuales estará regido por la convención colectiva que le fuere de aplicación, deberá ser remunerado de igual forma y gozará de las mismas condiciones de trabajo que los trabajadores permanentes de la empresa usuaria, será representado por el sindicato y beneficiado por la obra social de la actividad o categoría en la que efectivamente preste servicios en la empresa usuaria.
La prestación de servicios a favor de una empresa usuaria de personal provisto por una empresa de servicios eventuales no habilitada por la autoridad de aplicación o la inexistencia de causas objetivas que justifiquen ese tipo de contratación, hará aplicable en ambos casos el primero y segundo párrafo del artículo 29 de la presente ley”.
El trabajo no registrado, o indebidamente registrado, es un fenómeno de carácter ya estructural, que estuvo presente en el mundo del trabajo en la Argentina, pero que desde fines de la década de 1980 tomó una voluminosidad en el cuerpo social, manteniendo hasta esta fecha niveles altísimos.
La falta de registración impone a los trabajadores y trabajadoras una situación de extrema vulnerabilidad, que va más allá de sus consecuencias más inmediatas; sean estas pérdidas de salario, desmejoramiento de las condiciones de trabajo, pérdida de beneficios sociales o previsionales, etc. Las condiciones de vida y de trabajo crean una espiral de pérdida permanente de derechos, y como consecuencia de oportunidades para los trabajadores, trabajadoras y sus grupos familiares.-
Este proyecto tiene como punto de partida la decisión como parte del estado argentino, de llevar al plano de su efectividad los compromisos internacionales asumidos en la promoción y protección de los derechos humanos de los habitantes de nuestro territorio. La falta de registración importa la violación de un complejo e interconectado manojo de derechos económicos, sociales y culturales, contenidos en los distintos instrumentos internacionales suscriptos por nuestro país, los que tienen rango constitucional a partir de la reforma del año 1994.-
El ordenamiento laboral argentino, haciéndose eco de la necesidad de evitar, corregir y sancionar, las conductas lesivas de terceros -los empleadores- que a través de figuras de intermediación en la contratación laboral logran violentar los derechos de los trabajadores, ha sancionado distintas normas que acotan y reprimen tales conductas. En ese mismo sentido, la presente iniciativa tiene por objeto adecuar el texto legal para perfeccionar su respuesta correctiva, frente a algunos fraudes laborales que se originan en la intermediación, y muy particularmente cuando ese fraude se provoca utilizando el recurso legal de la prestación a través de empresas de servicios eventuales.-
Las empresas de servicios eventuales realizan una intermediación autorizada por la ley. El titular del contrato de trabajo es la empresa de servicios eventuales, la que a su vez contrata con un tercero para que preste servicios en sus dependencias.
La recurrencia a estos emprendimientos comerciales permite en la realidad y con habitualidad, la utilización de estos trabajadores para el cumplimiento de contratos de trabajo que no tiene por su objeto, naturaleza eventual (conforme artículo 99º). El proyecto va sobre el núcleo del fraude en este tipo de actividad, al exigir de modo expreso que existan las razones objetivas que justifiquen su contratación, para poder evitar así las sanciones propias de una relación no registrada o irregularmente registrada de los trabajadores. Va de suyo que aquí se mantiene vigente la carga de la prueba exigida en el “in fine” del artículo 99º de la LCT.
El proyecto además, fulmina los fraudes que se ocasionen a través de empresas de servicios eventuales que no se encuentren debidamente habilitadas; elevando a rango legal lo dispuesto en el ordenamiento a través de lo dispuesto (artículo 23º del Decreto 1.694/06). La inexistencia de habilitación, impone a la relación laboral el carácter irregular en su registración.-
En razón a lo expuesto, es que solicito al resto de los legisladores el acompañamiento en la presente iniciativa.
CONTRATO DE TRABAJO -LEY 20744- . MODIFICACION DEL ARTICULO 30, SOBRE SUBCONTRATACION Y DELEGACION. INCORPORACION DEL ARTICULO 30 BIS, SOBRE CEDENTES, CONTRATANTES O SUBCONTRATANTES. 3754-D-2016. Presentado el 16/06/2016.
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 30 del Régimen de Contrato de Trabajo, aprobado por la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, por el siguiente texto: “Artículo 30: Subcontratación y delegación. Solidaridad. Quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que les dé origen, trabajos, obras o servicios correspondientes a su actividad principal o accesoria, dentro o fuera de su ámbito, tenga o no fines de lucro, deberán exigir a sus cesionarios o contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo, higiene y seguridad y frente a los organismos de la seguridad social y asociaciones sindicales.
Las disposiciones insertas en este artículo resultan aplicables al régimen de solidaridad específico previsto en el artículo 32º de la ley 22.250 y a cualquier otro estatuto profesional en cuanto resulten más favorables”.
Artículo 2° – Incorpórese como artículo 30 bis del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el siguiente: “Artículo 30º bis: Los cedentes, contratantes o subcontratantes deberán exigir además a sus cesionarios, contratistas o subcontratistas el número del código único de identificación laboral de cada uno de los trabajadores que presten servicios y las constancias de pago de las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de seguridad social, obra social y, de corresponder, a la asociación sindical, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgos del trabajo. Esta responsabilidad del principal de ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones que tienen los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto de cada uno de los trabajadores que presten servicios, no podrá delegarse en terceros y deberá ser exhibido cada uno de los comprobantes y constancias a pedido del trabajador o de la asociación sindical representativa de los trabajadores o de la autoridad administrativa interesada en la verificación.
El incumplimiento de cualquiera de los deberes puestos a cargo del principal será considerado infracción grave en los términos previstos en el artículo 3°, inciso g), del anexo II al Pacto Federal de Trabajo ratificado por ley 25.212”.
El proyecto que vengo a representar corresponde al Nº 2156-D-2014, cuyo texto fue aprobado en la Comisión de Legislación del Trabajo en el año 2012, obteniendo dictamen favorable conforme obra en Orden del Día Nº 2148.
Esta situación que afecta a un gran universo de trabajadores -en su mayoría jóvenes en su primer empleo- ha quedado plasmada en las diferentes luchas que desde hace años los trabajadores vienen realizando frente a esta práctica empresarial fraudulenta. La misma tuvo momentos de grave exposición pública, cuando estos conflictos involucraron a trabajadores de empresas tercerizadas de la actividad ferroviaria, los que manifestándose legítimamente contra la utilización abusiva de la tercerización, desencadenó en la trágica muerte de un militante que participaba en la lucha contra la precarización laboral.
Ese hecho instaló una discusión que desde hace mucho tiempo se encontraba pendiente, y ha impuesto en toda la sociedad la obligación de discutir una ley que regule en forma seria y en sentido protectorio del trabajador el fenómeno de la tercerización.
Desde que el RCT sufriera los embates del neoliberalismo, sus derechos han ido en mengua. Con estrategias de técnica legislativa que, por ejemplo, con la utilización de una sola palabra lograban desarmar todo un andamiaje de protección (por caso, la palabra “específica” en el artículo 30 del RCT, como calificativo excluyente que deja fuera de protección a un gran colectivo de trabajadores -limpieza, seguridad, gastronomía, call center, informática, ferroviaria, transporte automotor de carga, etc.-), lo cual es inaceptable desde la óptica del Constitucionalismo Social, consagrado en nuestra Carta Magna.
Es por las razones hasta aquí señaladas que proponemos la modificación del art. 30 L.C.T. en el sentido que señalamos.
Por otra parte, no puede soslayarse que el empresario principal es quién elige a sus contratistas – derivándose de ello una responsabilidad “in eligendo”-, por lo cual la necesaria previa comprobación de la responsabilidad social y solvencia de esto constituye una previsión que resulta insoslayable en un “buen hombre de negocios”.
Por último, se deslinda del art. 30º e incorpora como art. 30º bis los actuales párrafos 2°, 3° y 4° del art. 30º que fueron incorporados por la Ley 25.013, pero se les otorga un sentido claramente diferente del que pudo haber tenido en mente quien propugnara su incorporación en 1998.
En el proyecto que sostenemos, la obligación del principal de exigir tales datos o instrumentos formales se elimina del art. 30º, a fin de que no pueda sostenerse que solo a ello se limita la obligación de control de la empresa principal. Tal como queda redactado el art. 30 L.C.T. no genera dudas que la responsabilidad solidaria del principal nace frente a cualquier incumplimiento del contratista o subcontratista.
CONTRATO DE TRABAJO -LEY 20744-. MODIFICACION DEL ARTICULO 31, SOBRE EMPRESAS SUBORDINADAS O RELACIONADAS. 3753-D-2016. Presentado el 16/06/2016.
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 31 del régimen de contrato de trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976), y sus modificatorias por el siguiente texto: “Artículo 31: Empresas subordinadas o relacionadas. Solidaridad. Siempre que una o más empresas, aunque tuviesen cada una de ellas personalidad jurídica propia, estuviesen bajo la dirección, control o administración de otras, o de tal modo relacionadas que constituyan un conjunto económico de carácter permanente o accidental, o para la realización de obras o trabajos determinados, serán a los fines de las obligaciones contraídas por cada una de ellas con sus trabajadores, con los organismos de seguridad social, con la autoridad administrativa del trabajo y con la asociación sindical representativa de los trabajadores, solidariamente responsables.
Con el presente proyecto se pretende volver a la redacción original del la ley 20.744. Esto es, solidarizar plenamente al conjunto económico, respecto a las obligaciones de la empresa controlada en relación a los trabajadores y los organismos de Seguridad Social, no obstante su personería jurídica propia, prevaleciendo el principio de la realidad económica, sustentado en el “Fallo Parque Davis y Cía. S.A.” C.S.J.N. del 31-7-73.-
Desde que el RCT sufriera los embates del neoliberalismo, sus derechos han ido en mengua. Con estrategias de técnica legislativa que, por ejemplo, con la eliminación de una sola palabra han logrado desarmar todo un andamiaje de protección (por caso, la palabra “accidental” en el artículo 31 del RCT), o bien con la incorporación de un requisito de muy difícil y en algunos casos de imposible comprobación, poniendo la carga de la prueba en cabeza del trabajador, quien debe acreditar que existen “maniobras fraudulentas o conducción temeraria” por parte de la empresa controlada, lo cual es inaceptable desde la óptica del Constitucionalismo Social, consagrado en nuestra Carta Magna.

References: artículo 29
 artículo 30
 artículo 31
 artículo 30
 artículo 31

Artículo 1
 artículo 29

Artículo 2
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 99
in fine
 artículo 99

Artículo 1
 artículo 30
 artículo 32

Artículo 2
 artículo 30
 artículo 3
 artículo 30

Artículo 1
 artículo 31
 artículo 31