Source: http://www.slideshare.net/72175883/prescripcion-y-perencion
Timestamp: 2016-10-21 20:43:31+00:00

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Prescripcion y perencion
32802946 la-carga-de-la-prueba
by Diiegö F. Pardo
1 DESISTIMIENTO TÁCITO Y PERENCIÓN COMENTARIOS A LA LEY 1194 DEL 9 DE MAYO DE 2008 SOBREDESISTIMIENTO TÁCITO Y AL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1285 DE 2009 (enero 22) SOBRE PERENCIÓN EN PROCESOS EJECUTIVOS Nattan Nisimblat** Abogado de la Universidad de Los Andes, Negociador del Programa de Negociación de las universidades deHarvard, MIT y Tufts, Especialista en Derecho Procesal de la Universidad del Rosario, Especialista enDerecho Probatorio de la Universidad del Rosario, Conciliador en Derecho adscrito a la Cámara de Comerciode Bogotá. Profesor titular de las áreas de derecho procesal, derecho privado y derecho constitucional en lasuniversidades Rosario, Católica, San Martín y Santo Tomás. Conferencista invitado en congresos, diplomadosy seminarios. Miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. 2.
2Abstract: This brief study compares two institutions in the Colombian Civil Procedure,which sanction the parties whenever they submit the process to oblivion, with thetermination of the trial.Este breve estudio compara dos instituciones del Derecho Procesal Civil colombiano quesancionan a las partes ante su inactividad procesal con la terminación del litigio.Palabras Clave (Unesco): Administración de justicia, Acción judicial, Procedimientojudicial, Proceso, Sanción, Principio jurídico.Key Words: Administration of justice, Legal procedure, Company law, Law reform,IntroducciónEl 9 de mayo de 2008, el Gobierno Nacional sancionó la ley 1194, "por medio de la cual sereforma el código de procedimiento civil y se dictan otras disposiciones". La ley introduceuna nueva institución al procedimiento civil en su artículo 346, denominada “desistimientotácito”, que reemplaza la antigua perención, quedando esta así desmaterializada en elordenamiento procesal civil vigente.A continuación transcribimos el texto original de la ley 1194 de 2008, tal y como fueaprobada por el Congreso de la República: 3.
3“Artículo 346. Desistimiento Tácito. Cuando para continuar el trámite dela demanda, de la denuncia del pleito, del llamamiento en garantía, delincidente, o de cualquiera otra actuación promovida a instancia de parte, serequiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte quehaya formulado aquella o promovido estos, el juez le ordenará cumplirlodentro de los treinta días siguientes, término en el cual, el expediente deberápermanecer en secretaria. Vencido dicho término sin que el demandante oquien promovió el trámite respectivo haya cumplido la carga o realizado elacto ordenado, quedará sin efectos la demanda o la solicitud y el juezdispondrá la terminación del proceso o de la actuación correspondiente,condenará en costas y perjuicios siempre que como consecuencia de laaplicación de esta disposición haya lugar al levantamiento de medidascautelares.El auto que ordene cumplir la carga o realizar el acto se notificará por estadoy se comunicará al día siguiente por el medio más expedito. El auto quedisponga la terminación del proceso o de la actuación, se notificará porestado.Decretado el desistimiento tácito por segunda vez entre las mismas partes yen ejercicio de las mismas pretensiones, se extinguirá el derecho pretendido.El juez ordenará la cancelación de los títulos del demandante si a elloshubiere lugar. Al decretarse el desistimiento tácito, deben desglosarse los 4.
4 documentos que sirvieron de base para la admisión de la demanda o libramiento del mandamiento ejecutivo, con las constancias del caso, para así poder tener conocimiento de ello ante un eventual nuevo proceso. Parágrafo 1°. El presente artículo no se aplicará en contra de los incapaces, cuando carezcan de apoderado judicial. Parágrafo 2°. Cuando se decrete la terminación del proceso por desistimiento tácito de la demanda, esta podrá formularse nuevamente pasados seis meses, contados desde la ejecutoria de la providencia que así lo haya dispuesto. ARTÍCULO 2°. Derogatoria. Esta ley deroga todas las disposiciones que le sean contrarias del Código de Procedimiento Civil y será aplicable solo a los procesos de naturaleza civil y de familia.”COMENTARIOSDenominación jurídica (nomen iuris). Se sustituye la sanción procesal de la perención,por el “desistimiento tácito”. MORALES2, explica en su curso de derecho procesal queambas instituciones, aunque comparten un elemento de resultado que es la terminación delproceso o de la actuación, no tienen el mismo significado.2 MORALES Molina, Hernando, Curso de Derecho Procesal Civil, Parte General, Undécima Edición, Ed.ABC, Bogotá, 1991. 5.
5 Perecer, según el diccionario de la lengua española, significa fenecer, fallecer, caducar, extinguir, expirar, morir. Desistir significa renunciar, dimitir, cesar, abandonar, dejar, eludir, retroceder, rendirse o resignarse.Aplicación a otros trámites. A diferencia de la perención, el desistimiento se predica de laacción, del procedimiento y de los recursos; la perención, por lo tanto, sólo tiene analogíacon el segundo de tales efectos, a menos que se comprobare la reincidencia, caso en el cualse pierde el derecho sustancial reclamado. En el Derecho romano sólo el desistimiento de la acción constituía una real y verdadera renuncia del derecho litigioso: Destitisse is videtur, non qui distulit sed qui liti renunciavit in totum, afirman las leyes del Digesto romano.Sujeto pasivo de la sanción. Se extiende la sanción al demandado y a otros sujetosprocesales. En la redacción original del art. 346 la sanción únicamente cobijaba aldemandante. La nueva previsión incluye conductas del demandado como son la denunciadel pleito, el llamamiento en garantía, los incidentes, o cualquier otra actuación promovidaa instancia de parte o de terceros. En este caso, la actuación se entenderá desistida, caso enel cual no se podrá, en virtud del principio de preclusión, incoar nuevamente la petición, elrecurso o el trámite desistido. 6.
6Tampoco se limita su aplicación en consideración a las partes intervinientes en el proceso,cuando se trate de aquellos en que sea parte la Nación, una institución financieranacionalizada, un departamento o un municipio o cuando se trate de procesos de división debienes comunes, deslinde, liquidación de sociedades, de sucesión por causa de muerte yjurisdicción voluntaria (penúltimo inciso del antiguo art. 346 que sí la prohibía en talesactuaciones), pues la restricción se limita exclusivamente a los procesos que no tengan la“naturaleza” de civiles, sin consideración a las partes intervinientes y a aquellos en los queinterviene un incapaz cuando carezca de apoderado judicial (Par. 1. Art. 1 L. 1194/08) y enaquellos casos en los que medie fuerza mayor valorados por el juez, conforme a loordenado por la Corte Constitucional en sentencia C-1186 de 2008, según la cual puedenexistir circunstancias como el desplazamiento forzado, el secuestro, la desapariciónforzada o la toma de rehenes, que impidan el cumplimiento de la carga procesal o del actode parte, eventos que deben ser valorados por el juez para que dado el caso, no se apliqueautomáticamente el desistimiento tácito y con ello se afecten derechos fundamentales de laparte concernida, razones por las cuales la Corte declaró exequible el artículo 1º de la Ley1194 de 2008, por los cargos examinados y exequible de manera condicionada, el parágrafo1º de la misma disposición.Empero, bajo una interpretación sistemática, debemos entender que otras previsiones dentrodel mismo código prohíben a la Nación o a sus representantes realizar ciertos actosdispositivos del derecho debatido, como lo son el allanamiento a la demanda, art. 94 delC.P.C., la transacción, art. 341, y el mismo desistimiento expreso consagrado en el artículo343, razón por la cual no se admitiría, así la norma no lo prohíba, la declaratoria de 7.
7desistimiento tácito de la demanda o del acto procesal, cuando el impulso corresponda a laNación, reparo que extendemos a los asuntos donde intervengan menores de edad, porrazón de la especial protección constitucional consagrada en el artículo 44 superior.Requisito de procedibilidad. Se introduce un requisito de procedibilidad de la sanción: Eljuez deberá dictar un auto interlocutorio requiriendo a la parte que haya formulado lademanda o promovido el acto procesal para que cumpla con la carga de impulsarlo dentrode los treinta días siguientes a la notificación. Con esto se modifica el régimen anterior deprocedibilidad de los seis meses de inactividad, el cual queda sustituido por elrequerimiento del juez para que se cumpla con el acto procesal dentro de los 30 díassiguientes a la notificación. Dicho requerimiento puede ser realizado, inclusive, antes de losseis meses de que trataba la norma anterior.El requerimiento puede ser efectuado de oficio o a petición de parte, conclusión que sedesprende de la redacción imperativa de la norma que reza: “el juez le ordenará cumplirlo”,es decir, sin que medie petición de parte, lo que no excluye, por supuesto, que sea la partela que inste la decisión.Afirmamos que es interlocutorio el auto que ordena dar impulso, en la medida en quecomporta el análisis por parte del juez de la situación procesal en concreto para concluirque un trámite o etapa que en efecto se encuentran inactivos, lo están por el incumplimientode una carga procesal endilgable a una de las partes o a un tercero que interviene en elproceso. 8.
8Tal calificación solo puede ser el producto del estudio de la carga procesal, en armonía conel procedimiento aplicable, pues se entiende que no toda parálisis del proceso es elresultado de la inactividad de las partes o aún del juez.Notificación y ejecutoria del auto que ordena cumplir. El auto que ordene darcumplimiento a la carga deberá ser notificado por estado y se comunicará al día siguientepor el medio más expedito. El término de los treinta días se cuenta a partir de lanotificación del auto que ordena dar cumplimiento a la carga procesal.No es claro, sin embargo, si el término de los 30 días se cuenta a partir del día siguiente a lanotificación por estado, o a partir del día siguiente del recibo de la comunicación, ya que,como se dijo antes, se estableció un régimen de notificación mixta.Declaratoria del desistimiento. Vencidos los 30 días, el juez dictará auto interlocutoriodisponiendo la terminación del proceso o de la actuación, según sea el caso.El juez estará a lo resuelto en el auto anterior, es decir, al trámite para el cual fue requeridala parte, lo que no obsta para que se abstenga de decretar la terminación del proceso siobserva error en el requerimiento o improcedibilidad de la sanción.Notificación y ejecutoria del auto que declara el desistimiento y decreta el archivo. Elauto se notificará por estado. En el régimen anterior la notificación de la perención se 9.
9realizaba por edicto. No encontramos, sin embargo, una justificación para la mixtura de lanotificación frente al auto que ordena el cumplimiento, pero no para la que declara laterminación del proceso.Esta forma de notificación no es novedosa en el sistema procesal civil, pues ya en elartículo 69 se prevé que la renuncia del apoderado no pone término al poder ni a lasustitución, sino cinco días después de notificarse por estado el auto que la admita, y sehaga saber al poderdante o sustituidor por telegrama dirigido a la dirección denunciada pararecibir notificaciones personales, cuando para este lugar exista el servicio, y en su defectocomo lo disponen los numerales 1º y 2º del artículo 320, previsión que estimamos debióincorporarse para el auto que decreta la terminación del proceso por desistimiento tácito yno tan solo para el auto que ordena el cumplimiento de la carga, pues si bien se entiende elsentido proteccionista de la norma, no así el por qué la limitación del amparo frente al autoque define la cuestión de fondo.Vale también la pena mencionar el vacío que deja la norma frente a la posibilidad denoticiar al poderdante acerca de la imposición que hace el juez de cumplir con la cargaprocesal, pues si bien es claro que al día siguiente de la notificación por estado secomunicará la decisión por el medio más expedito, no lo es que tal comunicación se dirijatanto al apoderado como a la parte o sólo al primero, caso en el cual podríamos aplicar demanera analógica, mutatis mutandis, el contenido del inciso cuarto del artículo 69 delCódigo de Procedimiento Civil antes citado. 10.
10Recursos frente al auto que decreta el desistimiento tácito. Aunque en el texto no seincluyó la expresa posibilidad de interponer el recurso de apelación contra el auto quedecrete el desistimiento tácito, debe tenerse en cuenta la previsión contenida en el numeralséptimo del artículo 351 del Código de Procedimiento Civil, según el cual es apelable“7. El que decida sobre un desistimiento, una transacción, la perención, decrete o levantemedidas cautelares, o por cualquier otra causa ponga fin al proceso.Efecto en que debe concederse y tramitarse la apelación. No se dispuso, sin embargo,del efecto en que se debe tramitar la apelación. La norma anterior disponía: “El auto quedecrete la perención es apelable en el efecto suspensivo. El que decreta el desembargo enprocesos ejecutivos en el diferido, y el que lo deniegue, en el devolutivo.” El vacío crearáinconvenientes, pues la disposición anterior era de orden práctico, en la medida en queimpide que se aplique el régimen general del efecto devolutivo consagrado en el artículo354 del CPC.Debe tenerse en cuenta la redacción especial del inciso primero del artículo 354 enmención: “La apelación de las sentencias se otorgará en el efecto suspensivo, salvodisposición en contrario; la de autos en el devolutivo, a menos que la ley disponga otracosa. Cuando la apelación deba otorgarse en el efecto suspensivo, el apelante puede pedirque se le otorgue en el diferido o en el devolutivo; y cuando procede en el diferido, puedepedir que se le otorgue en el devolutivo.” 11.
11Es claro que no existe previsión en el sentido de alterar el efecto, cuando la apelación seconcede en el efecto devolutivo, pues tan solo se autoriza la petición cuando debatramitarse en el suspensivo o en el diferido, caso en el cual sí es admisible pedir que setramite en el diferido o en el devolutivo, respectivamente.Consideramos pese a ello que por tratarse de la apelación de un auto que le pone fin alproceso, debe tramitarse en el efecto suspensivo, tal como lo indica el último inciso delartículo 345 ibidem, según el cual, el auto que resuelva sobre el desistimiento de lademanda es apelable en el efecto suspensivo. Otras normas que consagran asuntos similaresconfirman la posición, como son el artículo 85 inciso final, respecto del rechazo de lademanda, el artículo 99 en su inciso final y 429, respecto de la terminación del proceso porencontrarse fundadas las excepciones previas de falta de jurisdicción y compromiso, el 147respecto de las nulidades que impiden continuar el trámite procesal, el 171 que regula lasuspensión del proceso y el 340 frente al auto que decreta la terminación del proceso portransacción.Y es que no puede ser distinta la conclusión, ya que si se tramitara la apelación contra elauto que decreta el archivo por desistimiento tácito en el efecto devolutivo, implicaría sucumplimiento, es decir, la terminación del proceso mientras el superior resuelve, caso en elcual, de revocarse, habría que desarchivarlo y en consecuencia reabrirlo, situaciónclaramente atentatoria del principio de economía procesal. 12.
12Condena en costas y perjuicios. En el auto que ordene la terminación se condenará encostas y perjuicios, siempre que como consecuencia de la aplicación del desistimiento hayalugar al levantamiento de medidas cautelares. La condena será in genere.Extensión a todos los procesos civiles. Se extiende la sanción a los procesos ejecutivos yaún a los hipotecarios, siempre que sean de naturaleza civil, salvo en lo relativo a la reglade la perención establecida para este tipo de procesos en el artículo 209A de la Ley 270 de1996. En la redacción anterior, si la inactividad se verificaba en proceso ejecutivo no podíadarse por terminado. Sin embargo, si el proceso era de ejecución simple podía decretarse ellevantamiento de las medidas cautelares con la respectiva condena en costas, las cuales nopodían ser solicitadas dentro del año siguiente, salvo que se tratara de ejecutivoshipotecarios, donde no era admisible el levantamiento de las cautelas.Aplicación en trámites de instancia y otros trámites procesales. Aunque no se revive elartículo 347, se entiende que el desistimiento aplica también para los trámites de la segundainstancia, tal como se desprende de la redacción amplia de la norma, así como de laexposición de motivos a la ponencia para segundo debate Proyecto de Ley 062 de 2007Cámara.También se aplica para cualquier trámite que se surta en el curso del proceso, sea esteendógeno, como el recurso de casación, o exógeno como los recursos de revisión oanulación. A esta conclusión llegamos de la lectura del auto de marzo 21 de 1973, proferidopor la Corte Suprema de Justicia, dentro del trámite del Recurso Extraordinario de 13.
13Revisión, en el cual la Corte extendió los efectos de la perención a otras etapas del procesoy aún a los trámites posteriores.En el referido auto la Corte expresó: “Ninguna de estas dos normas, tampoco los preceptosque regulan el recurso de revisión, dicen expresamente que el abandono del litigantellamado a actuar en él para poner fin a un litigio se deba sancionar con los efectos de laperención. De este silencio no puede inferirse sin embargo la improcedencia de la sanción,puesto que si ésta se consagra positivamente para el recurso ordinario de apelación, conmayor razón debe admitirse que también procede en la revisión porque este recurso, dadossu carácter extraordinario y su finalidad propia, constituye, pero limitada en el tiempo, unaespecial excepción al principio de la cosa juzgada.” (CSJ, auto mar. 21/73, T. CXLVI,págs. 66, 2ª, 67, 1ª y 2ª).Término para iniciar el nuevo proceso. Se reduce el término para presentar nuevamentela demanda a 6 meses. La norma anterior preveía un lapso de 2 años. En el caso de losprocesos ejecutivos la demanda podrá presentarse, inclusive, con solicitud de medidascautelares, situación que no cobija las demás actuaciones procesales, cuando comoproducto de la inactividad se declaren tácitamente desistidas, pues la protección tan solo seadmite para el caso en que la sanción cobije todo el proceso y no una parte de él.Efectos de la sanción. Los efectos de la sanción varían según el acto declarado desistido,pues como antes expresamos, el desistimiento puede predicarse de la acción, delprocedimiento y de los recursos, mientras que la perención tan solo cobijaba al segundo de 14.
14ellos, es decir, el procedimiento, salvo que por segunda vez el proceso se hubiere intentadoy nuevamente feneciera por inactividad de la parte, caso en el cual la declaratoria hacíatránsito a cosa juzgada respecto de la pretensión, situación que se mantiene frente aldesistimiento tácito, cuando después de iniciado por segunda vez el proceso el juezdecretare nuevamente su terminación por inactividad, evento que extingue, como en elderecho romano, la pretensión y no simplemente la acción.Ahora, si se trata de otros actos procesales distintos de la demanda, el desistimiento tendráefectos relativos a la actuación y a la parte que la promovió, ya que en el proceso esadmisible el ejercicio del derecho de acción por personas distintas del demandante, como esel caso de la demanda de reconvención, los incidentes de terceros, el remate de bienes, laintervención ad-excludendum o la sucesión procesal, entre otros, casos en los cuales,dependiendo del derecho alegado, operará la preclusión y no la cosa juzgada, que si bienanálogas en su trato, no iguales en sus efectos, pues la primera impide que sobre una etapacerrada vuelva el juez a pronunciarse y la segunda que el derecho pueda ser debatido másde una vez en proceso posterior.Principio de legalidad. Advertimos sobre el principio de legalidad de la sanción, el cualestimamos es aplicable, según lo previsto en el artículo 29 de la Constitución Nacional, atoda clase de procesos.Según el principio de legalidad la sanción debe estar señalada expresamente en elordenamiento jurídico. El juez, aunque facultado para ejercer su poder de instrucción, de 15.
15ordenación y de disciplina, tan solo puede aplicar la sanción que prevé la ley procesal osustancial para el hecho demostrado, estando siempre limitado a su interpretación positiva,nunca analógica o extensiva. En esta medida, los aspectos no contemplados en la norma nopodrán ser resueltos analógicamente, pues se entiende que por hacer parte del régimensancionatorio este tipo de aplicación se encuentra expresamente proscrita por laconstitución.Así lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia desde 1963, al determinar que “enmateria de sanciones, como en asunto de nulidades, el criterio y la norma sobre elparticular, según lo tienen establecido la jurisprudencia y la doctrina, son de carácterrestrictivo y por eso el principio de analogía jamás tiene incidencia en esas materias.Quiere lo anterior decir que el juzgador debe ceñirse estrictamente, cuando aplica unasanción, al texto de la norma que la impone, sin poder deducir nunca consecuencias que lahagan más severa, porque de no proceder así, el juzgador impondría o agravaría unasanción, que no quiso imponer ni agravar el legislador”. (CSJ, Cas. Civil, sent. jun. 28/63.M.P. Enrique López de la Pava).Limitación de la sanción según la naturaleza del conflicto. En la exposición de motivosel legislador manifestó que la sanción “es de aplicación en todo tipo de procesos civiles”,pero ya en la redacción definitiva, se incluyó la expresión “de naturaleza civil y defamilia” (art. 2º), limitando su aplicación a tales asuntos, situación que ofrece inmensasdificultades, pues en principio se entendería que se reserva a los procesos que tienen dichacalidad y no a los procesos que se “tramitan” ante la jurisdicción civil y la de familia, lo 16.
16cual excluiría, por ejemplo, los procesos de naturaleza comercial, agraria y todos aquellosque se tramiten ante la jurisdicción civil, pero no ostenten tal linaje, recordando en estepunto la “cláusula de cierre de jurisdicción” que contempla el numeral 9º del artículo 16del Código de Procedimiento Civil.Ahora, sobre la posible extensión de la sanción a otros procesos donde el procedimientocivil es aplicable en caso de vacíos, debemos expresar lo siguiente: i.- En primer lugardeberá determinarse si la actuación regulada extensivamente por el procedimiento civiladmite desistimiento en consideración al derecho debatido. Son ejemplos de ellas la acciónpública de inconstitucionalidad (D. 2067/92), la acción pública de nulidad (D. 01/84) , laacción popular, la acción de nulidad electoral y la acción de pérdida de investidura, lascuales por disposición expresa del legislador no admiten desistimiento 3. ii.- Aún en los3 “La figura del desistimiento, entendida como la facultad de disponer del derecho en litigio, no se encuentraconsagrada en la Ley 472 de 1998 que desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política en relación con elejercicio de las acciones populares y de grupo, razón por la que debe acudirse al artículo 44 ibidem, el que asu vez remite a las disposiciones del Código Contencioso Administrativo, para regular los aspectos noprevistos en la citada ley, tratándose de acciones populares cuyo conocimiento compete a la jurisdiccióncontencioso administrativa, mientras no se opongan tales normas a la naturaleza y finalidad de esas acciones.En igual sentido, como quiera que el Código Contencioso Administrativo no prevé el desistimiento de lademanda, en principio debería aplicarse la remisión legal que el artículo 267 de ese estatuto hace al código deprocedimiento civil, codificación ésta última que en el artículo 342 dispone: “El demandante podrá desistir dela demanda mientras no se haya pronunciado sentencia que ponga fin al proceso”, actuación que implica larenuncia de las pretensiones de la demanda. Sin embargo, a juicio de la Sala, el desistimiento de la demandano es procedente en las acciones populares, por cuanto se opone a la naturaleza y finalidad de éstas, ya queen las acciones populares se persigue la protección de los derechos e intereses de una colectividad. Porconsiguiente, si una persona tuvo la iniciativa de presentar una demanda en ejercicio de la acción popular, malpodría pensarse en la procedencia del desistimiento de la demanda si se atiende a la naturaleza de laspretensiones que se invocan en la misma, encaminadas a la protección de derechos colectivos que seencuentran en cabeza de una comunidad, a la que son vulnerados o amenazados como consecuencia de laacción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares. En igual sentido, es claro que los derechoscolectivos que se pretenden proteger en las acciones populares desbordan los intereses personales osubjetivos de quien presentó la demanda, máxime cuando ésta no actúa en nombre o representación de lacomunidad, sino que, ante una situación que considera violatoria de tales derechos, se constituyó en defensorde las garantías de una colectividad, actitud que la misma Ley 472 de 1998 quiso reconocer mediante elincentivo económico previsto en el artículo 39. En síntesis, considera la Sala que la figura del desistimientono tiene cabida en las acciones populares, en atención a la naturaleza colectiva de los derechos para cuya 17.
17casos en que el legislador admita desistimiento expreso, como lo es el caso de la Acción deTutela (art. 26 D. 2591 de 1991), por la naturaleza del asunto no sería admisible undesistimiento tácito en la forma actualmente prevista4, aunque sí se prevea un modo dedesistimiento cuando el tutelante omite expresar con claridad dentro del término otorgadopor el juez las razones y fundamentos de su petición.Nos preguntamos, sin embargo, si por estar regulada la perención en el Código ContenciosoAdministrativo, más no el desistimiento tácito, que se incluye ahora en el Código deProcedimiento Civil, podría aplicarse la sanción procesal a quien hubiere promovidoactuación dentro del trámite contencioso subjetivo (ej. Acción de reparación directa, acciónde controversias contractuales), pues es claro que no siendo lo mismo la perención que eldesistimiento, como antes aclaramos, también es evidente que en el régimen procesalestatal ambas instituciones sí podrían coexistir, en la medida en al proceso contencioso le esaplicable íntegramente la regulación civil, conforme al artículo 267 del Decreto 01 de 1984,todo sin perjuicio de lo prescrito en el artículo segundo de la ley 1194 de 2008.Procesos de naturaleza comercial. Especial atención merece el tratamiento que debeotorgársele a los procesos de naturaleza o índole comerciales, pues varias razones dederecho apuntan en un sentido restringido para la aplicación de la ley, como son, entreotras: 1. La distinción a partir del 1º de enero de 1972 de los actos mercantiles de los noprotección fueron instituidas aquellas por el constituyente, dado que su contenido y finalidad no es de ordenpersonal o particular, sino, precisamente de naturaleza colectiva, de allí que la titularidad de dichas accionessea igualmente popular. Sentencia 00183(AP) del 03/07/10. Ponente: GERMAN RODRIGUEZVILLAMIZAR. Actor: DENNIS OMAR TARAZONA. Demandado: MUNICIPIO DE CUCUTA.”4 Por la inminente necesidad de dictar sentencia en el lapso perentorio de 10 días, según lo contempla elartículo 86 de la Constitución Nacional. 18.
18mercantiles, según lo expresado en los artículos 1º, 2º, 20, 21, 22, 23 y 24 del Código deComercio. 2. La creación en 1989 de los juzgados del circuito especializados en asuntosmercantiles con la expedición del Decreto 2273 de 1989 (aún vigente) y, 3. La claradiferenciación que en materia mercantil trae la ley 222 de 1995, respecto del régimen desociedades y responsabilidad de los administradores.Según los textos citados, tal y como ocurrió con los asuntos de familia y los agrarios, -portan solo citar algunos ejemplos-, que recibieron especial regulación por parte del legislador,en materia mercantil también se estableció un régimen especial, que separa los asuntosciviles de los comerciales con marcadas diferencias que impiden que unos y otros puedanresolverse bajo el mismo criterio jurídico, situación de la cual se ocupó la Corte Supremade Justicia en sentencia 006 del 7 de febrero de 1996, con ponencia del Magistrado Dr.Carlos Esteban Jaramillo Schloss, dentro del expediente No. 4602, en la cual expresó:“Bien sabido es que al igual que ocurre con el Derecho Civil, el Derecho Mercantil seocupa de regular relaciones privadas, pero evidentemente no todas sino apenas aquellasque de acuerdo con el ordenamiento positivo constituyen la que acostumbra a denominarse“materia comercial”. Por eso es necesario, como acontece con cualquier estatutonormativo de carácter especial o singular, que él mismo se ocupe de fijar la clase derelaciones a las cuales les es aplicable, y a este objetivo tienden sin duda alguna, por loque al Código de Comercio vigente en el país concierne, un buen número de susdisposiciones de entre las que aquí importa destacar los Arts. 1o, 11, 20, 21, 22, 23, 24 y100 de dicho cuerpo legal, habida cuenta que son ellos los que de manera general por lo 19.
19menos, van a permitir saber, en cada caso particular, si el negocio, contrato u operaciónde que se trata da origen o no a un verdadero “asunto mercantil”, independientemente dela calidad subjetiva de empresarios individuales o sociales (comerciantes) que tenganquienes participaron en su celebración o en su ejecución, esto por cuanto no es esacalidad, contra lo que podría suponerse sin mayor estudio del tema, el único elemento quepermite reconocer el acto de comercio y calificarlo como tal para los muchos conceptos enque hacerlo es cuestión jurídica prioritaria. (…).Y sentada la premisa que antecede, cuya utilidad resulta evidente en punto de despejar lasdudas que sobre el tema dejó consignadas el sentenciador de instancia en la providenciaque aquí es objeto de impugnación, debe advertirse a continuación que esa legislaciónespecial de la cual viene hablándose, no contempla una definición genérica del acto decomercio, sino que presenta apenas una enumeración “declarativa” (Art. 24 del C. deCom.) de los que deben ser tratados como tales cualquiera que sea la profesión de laspersonas que hayan tomado parte en ellos, y dentro de esa enumeración que con sentidopositivo y a la vez negativo aparece conjugada en los Arts. 20 y 23 de la codificación encita, preciso es señalar que hay allí un buen número de actos que por su esencia no son nimercantiles ni civiles, habida cuenta que de acuerdo con el criterio que inspira los textoslegales que los contemplan, pueden revestir uno u otro carácter según las circunstanciasen que se realicen y donde los móviles determinantes juegan un papel preponderante cualocurre, por ejemplo, con la adquisición a título oneroso de toda clase de bienes, así comotambién con su enajenación, que se catalogan como mercantiles si la manera como lasrespectivas operaciones son gestionadas y la extensión que se les imprime, de hecho dan 20.
20origen a una corriente comercial de negocios. Dicho en otras palabras, tratándose enconcreto de esta clase de actos de compra y venta descritos en el num. 1o del Art. 20 del c.de Com., la intención de especular bajo forma comercial sobre bienes raíces o muebles esel elemento que, por el ministerio de la ley, determina el carácter mercantil de esos actos ypermite, por añadidura, identificar la legislación de fondo que le es aplicable. (…)Llevando a la controversia especifica de la cual estos autos dan cuenta, el esquema dedoctrina legal resumido en el aparte anterior de estas consideraciones, ninguna duda cabeque en verdad, de estarse a los textos positivos correspondientes, los elementosdemostrativos de linaje documental señalados por la censura en este primer cargo, debidoa notoria falta de ciudadosa observación fueron ignorados por la corporaciónsentenciadora en segunda instancia al declarar en su fallo que el negocio origen delconflicto, no se encuentra “...encasillado claramente en el Art. 20 del c. de Com.”, y porconsiguiente, que la deuda reclamada por concepto de intereses se rige por el derechocomún, no así por el derecho comercial como lo pidió la demanda que al proceso le diocomienzo, omisión que para los fines del Art. 368 del c de P.C según se dejó explicadolíneas atrás, configura un error de hecho manifiesto y trascendente, a la vez, puesto quellevó al Tribunal a quebrantar de manera indirecta, en dicho enunciado decisorio, losArts.884 del C de Com y 1617 del C. Civil, el primero por falta de aplicación y el segundopor aplicación indebida.”Con base en lo anterior y bajo una interpretación íntegra y sistemática de la ley, podemosasegurar que en la actualidad no cabe duda de la separación que existe entre otros 21.
21regímenes sustantivos de la legislación civil, a pesar de la identidad del órgano competentepara conocer de los conflictos bajo ellos regulados.Así, podemos distinguir el régimen de familia del régimen civil (a pesar de suincorporación en un mismo cuerpo normativo) o este último del agrario, ya que ellegislador no solo previó normas sustanciales sino procesales para resolver los conflictosderivados de tales relaciones. Son ejemplos de tales legislaciones el Decreto 2272 de 1989,el Decreto 2303 de 1989, la Ley 270 de 1996 y la 1098 de 2006, normas todas que indicanclaramente la separación legal y por tanto conceptual de los actos y hechos de una y otra“naturaleza”, pues de antaño se ha reconocido que, por ejemplo, en materia de familia, apesar de estar contenidas sus previsiones en el Código Civil, hacen parte de otra rama oespecialidad del derecho, por regular aspectos de distinto linaje jurídico.Ahora, si se analizan las competencias de los jueces civiles, al margen de la denominada“cláusula de cierre”, encontramos que distintos asuntos cuya naturaleza distinta de la civilse tramitan ante estos y otros despachos de la jurisdicción civil ordinaria, como son lasacciones populares (ley 472 de 1998), la acción de tutela (Decretos 2591 de 1991 y 1382 de2000), algunos procesos de familia no mencionados en el Decreto 2272 de 1989 por razónde la cuantía, la acción de repetición contra los magistrados del Consejo de Estado (D. 01de 1984), el Exequatur ante la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema deJusticia (la sala conoce de asuntos de cualquier naturaleza, siempre y cuando hubieren sidodefinidos en laudo o sentencia proferida por juez extranjero) y las acciones impetradas en 22.
22contra de los actos administrativos emitidos por el Consejo de Estado (C.C.A., art. 97modificado por el art. 36 de L. 270/96 y adicionado por el art. 33 de L. 446/98), entre otros.Claro ejemplo de lo anterior lo encontramos en el artículo 18 del Código de ProcedimientoCivil, tal y como quedó reformado por el artículo 7º de la Ley 794 de 2003, según el cual“los jueces municipales y promiscuos municipales conocen privativamente (…) de laspeticiones sobre pruebas anticipadas con destino a procesos de competencia de lasjurisdicciones civil y agraria”, redacción que no da lugar a interpretaciones adicionales.Según lo anterior, y conforme al principio de legalidad que rige en el derechosancionatorio, en la aplicación de una pena (como en efecto se trata) jamás se podrá acudira criterios de interpretación analógicos o extensivos, pues tal posibilidad está reservadapara el derecho supletorio sustancial y aún para el procesal, pero jamás para elsancionatorio, del cual hace parte la nueva institución del desistimiento tácito, lo cualexcluiría de plano cualquier intento de aplicar a un conflicto de “naturaleza comercial”, lasanción prevista para otro de “naturaleza civil”.En suma, procesos en los cuales se disputen derechos derivados de un acto de comercio,como lo son, por ejemplo, aquellos en lo que ha intervenido una institución financiera,estarían a salvo de la nueva regulación, por razón de la aplicación de los criterios objetivosy subjetivos del Código de Comercio, conclusión a la que se arriba, además, del análisis dela derogatoria del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil por parte de la ley 794 de2003, la cual en modo alguno incluyó la perención en materia contencioso administrativa, 23.
23situación que hizo subsistir un régimen dual entre la legislación procesal civil y laadministrativa, donde hasta la fecha se mantiene la sanción de la perención, por asídisponerlo el artículo 148 del D. 01/84, sin que por ello, analógicamente, se pueda aplicaren el proceso civil.Desaparición de la perención en el proceso civil, salvo en procesos ejecutivos.Finalmente, concluimos que en adelante cuando se aborde el estudio de sanción deberáplantearse desde aquella prevista para el desistimiento ya que tal y como ha quedadoredactado el artículo 346, desaparece por completo en el procedimiento civil la de laperención, quedando reemplazada por aquél, entendido ahora en sus dos formas, el expresoy el tácito, salvo en lo concerniente a los procesos ejecutivos, por virtud de la adición alartículo 209A de la ley 270 de 1996 por la ley 1285 de 2009, la cual pasamos a comentar. LA PERENCIÓN EN LA LEY 270 DE 1996, ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIAMediante Sentencia C-713 de 2008, con ponencia de la honorable Magistrada Dra. ClaraInés Vargas Hernández, la Corte Constitucional revisó la constitucionalidad del Proyecto deley No. 286 de 2007 Cámara y No. 023 de 2006 Senado, correspondiente a la Ley 1285 de2009 (enero 22) “por la cual se reforma la Ley 270 de 1996, Estatutaria de laAdministración de Justicia”.En dicho proyecto de ley se incluyó el siguiente artículo: 24.
24 “Articulo 23º. Adicionase el Artículo 209A. Mientras se expiden las reformas procesales tendientes a la agilización y descongestión en los diferentes procesos judiciales, adóptense las siguientes disposiciones: a) Perención en procesos ejecutivos: En los procesos ejecutivos, si el expediente permanece en la secretaría durante nueve (9) meses o más por falta de impulso cuando este corresponda al demandante o por estar pendiente la notificación del mandamiento de pago a uno o varios ejecutados de un auto cuando la misma corresponda adelantarla al ejecutante, el juez de oficio, o a solicitud del ejecutado, ordenará la perención con la consiguiente devolución de la demanda y de sus anexos y, si fuera del caso, la cancelación de las medidas cautelares evento en el cual condenará en costas y perjuicios al ejecutante. El auto que ordene devolver la demanda es apelable en el efecto suspensivo, y el que lo deniegue, en el devolutivo.”En el numeral Vigésimo tercero de la mencionada sentencia, la Corte decide: DeclararINEXEQUIBLE el literal b) del artículo 23 del proyecto de ley estatutaria No. 023 de 2006Senado y No. 286 de 2007 Cámara, “por la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutariade la Administración de Justicia” y EXEQUIBLE el resto del mismo artículo. 25.
25COMENTARIOSRegla de conflicto. Resulta apenas evidente que mientras la ley 1194 de 2008 (9 de mayo)sepulta definitivamente la institución de la perención, con las implicaciones ya anotadas, laley Estatutaria de la Administración de Justicia la revive casi al mismo tiempo con maticesdisímiles y encontrados.Es también evidente, que por la fecha de los proyectos de ley, aunado a la naturalezajurídica de los cuerpos normativos que contienen ambas disposiciones, se evidencia undoble esfuerzo por parte del Congreso de la República por revivir la institución de laperención, con el infortunado agravante de expedir a un mismo tiempo dos leyes, cada unade distinta categoría jurídica, que regulan un mismo tema, como lo es la consecuenciaprocesal de la inactividad en procesos ejecutivos.En tal virtud, según las reglas generales de interpretación dadas por la propia Constitución,la Ley 57 de 1887 y la Ley 153 de 1887: i. Se preferirá la ley especial sobre la general. ii.Se preferirá la ley posterior a la anterior. iii. Se preferirá la ley Estatutaria por sobre laOrdinaria.Entonces, conforme a la primera regla, tenemos que la ley 1194 de 2008 no regulóexpresamente el proceso ejecutivo, como sí lo hizo la reforma a la ley estatutaria, caso en elcual estaríamos frente a ley especial frente a una general que, aunque complementa un 26.
26estatuto especial como lo es el Código de Procedimiento Civil, contempla variassituaciones reguladas por dicho estatuto.Conforme a la segunda, encontramos que aunque es evidente que el trámite de la ley 1194de 2008 se dio después de la reforma a la ley estatutaria, no así su expedición, pues comohemos dicho, la propia Constitución impone restricciones de carácter procedimental para laexpedición de este tipo de leyes, como lo son las mayorías, los lapsos para las discusiones yla revisión oficiosa por parte de la Corte Constitucional.Conforme a la tercera regla, dos son los aspectos que inclinan la discusión en pro de la LeyEstatutaria, como son: i. la circunstancia de ser una lex superior en la medida en que haceparte del bloque de constitucionalidad, de lo cual se deriva el segundo aspecto en virtud delcual, ii. La declaratoria expresa de constitucionalidad que mediante sentencia C-713 de2008 realizó la Corte Constitucional.Reducción del término para notificar la demanda en procesos ejecutivosCuando se estudian las reglas sobre perención y desistimiento, necesaria referencia se debehacer a la ley 794 de 2003, que no solo derogó el artículo 346 del Código de ProcedimientoCivil, sino que reformó el artículo 90 ibidem que en la redacción anterior otorgaba un plazode 90 días al demandante para notificar el mandamiento de pago al demandado, con unnuevo plazo de un año para desplegar la misma conducta. 27.
27En efecto, según el citado artículo la presentación de la demanda interrumpe el términopara la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisoriode aquélla, o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado dentro deltérmino de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación al demandante detales providencias, por estado o personalmente.Un año son doce (12) meses.Sin embargo, conforme al nuevo artículo 209 A de la Ley 270 de 1996, en los procesosejecutivos, si el expediente permanece en la secretaría durante nueve (9) meses o más porfalta de impulso cuando este corresponda al demandante o por estar pendiente lanotificación del mandamiento de pago a uno o varios ejecutados de un auto cuando lamisma corresponda adelantarla al ejecutante, el juez de oficio, o a solicitud del ejecutado,ordenará la perención con la consiguiente devolución de la demanda y de sus anexos y, sifuera del caso, la cancelación de las medidas cautelares evento en el cual condenará encostas y perjuicios al ejecutante.Conforme a lo aquí expresado, consideramos que en los procesos ejecutivos podránpresentarse al mismo tiempo dos consecuencias igualmente graves para el demandanteinactivo como son: i. El decreto de la perención, a juicio del juez a los nueve meses y ii. Lano interrupción de los términos de caducidad y prescripción a los doce meses. 28.
28Las consecuencias, aunque jurídicamente diversas, pueden apuntar en un mismo sentido,esto es, la pérdida del derecho sustancial reclamado, pues aunque es claro que en el caso dela perención lo que se pierde es el derecho a demandar (acción) y en la caducidad y laprescripción a reclamar (pretensión), en uno y otro la consecuencia puede atacar la segundade ellas, esto es, la pretensión.Decreto oficioso o a solicitud de parteDe la lectura de la proposición jurídica se extrae una aparente regla de excepción a lanotificación por conducta concluyente, pues de una parte se faculta al juez para decretaroficiosamente la perención, también se faculta al demandado para pedirla.Sin embargo, resulta apenas evidente que la norma prevé aquella situación procesal en queal demandando aún no se le ha enterado de la existencia del proceso, evento en el cual, bajouna interpretación literal, al formular la solicitud de archivo del proceso por perención setendría por ese solo hecho notificado del auto de mandamiento de pago por conductaconcluyente, interpretación que no consideramos del todo ajustada, pues se entiende que loque se busca es excluir expresamente esta situación de las contempladas en esta forma denotificación.Ahora, si el demandado elige no solicitar como su primer acto el decreto de la perención, setendrá por notificado del auto de mandamiento ejecutivo, caso en el cual consideramos queno sería procedente el decreto de la perención, pues debe entenderse que en materia de 29.
29procedimientos se debe preferir aquella regla que menos lesione el derecho sustancialdebatido por sobre aquella que lo impida, según lo previsto en el artículo 228 de laConstitución Nacional, materializado en el artículo 4º del Código de Procedimiento Civil.Término para iniciar el nuevo proceso. Debemos destacar que si se trata del instituto dela perención, por regular de manera exclusiva procesos ejecutivos, el impedimento parapresentar la nueva demanda no estará sometido a término alguno de espera, a diferencia loregulado en la ley 1194 de 2008, la cual, como hemos dicho, no aplica a este tipo deprocesos.Coexistencia de la perención y el desistimiento tácito en procesos ejecutivos.Finalmente, debemos destacar que la situación regulada en el literal a) del artículo 209 A dela Ley 270 de 1996, tal y como quedó reformada, tan solo se refiere a la inactividad deldemandante frente a la notificación del mandamiento de pago. En todos los demás aspectosrelativos a este proceso, tales como la intervención de terceros, el llamamiento en garantía,los incidentes, las medidas cautelares y cualquier otro acto procesal, se regulará por loprevisto en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, introducido por la Ley 1194de 2008. TEXTO DEL ANTIGUO ARTÍCULO 346 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 30.
30“ART. 346.—Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, num. 166. Perención del proceso. Cuandoen el curso de la primera instancia el expediente permanezca en la secretaría durante seis omás meses, por estar pendiente su trámite de un acto del demandante, el juez decretará laperención del proceso, si el demandado lo solicita antes de que aquél ejecute dicho acto.El término se contará a partir del día siguiente al de la notificación del último auto o al de lapráctica de la última diligencia o audiencia.En el mismo auto se decretará el levantamiento de las medidas cautelares, si las hubiere, yse condenará en costas al demandante. Dicho auto se notificará como la sentencia;ejecutoriado y cumplido se archivará el expediente.La perención pone fin al proceso e impide que el demandante lo inicie de nuevo durante losdos años siguientes, contados a partir de la notificación del auto que la decrete, o de la delauto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, si fuere el caso.Decretada la perención por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de la mismapretensión, se extinguirá el derecho pretendido. El juez ordenará la cancelación de lostítulos del demandante si a ello hubiere lugar.Lo dispuesto en este artículo no se aplica a los procesos en que sea parte la Nación, unainstitución financiera nacionalizada, un departamento, una intendencia, una comisaría, undistrito especial o un municipio. Tampoco se aplica a los procesos de división de bienes 31.
31comunes, deslinde, liquidación de sociedades, de sucesión por causa de muerte yjurisdicción voluntaria.En los procesos de ejecución podrá pedirse, en vez de la perención, que se decrete eldesembargo de los bienes perseguidos, siempre que no estén gravados con prenda ohipoteca a favor de acreedor que actúe en el proceso. Los bienes desembargados no podránembargarse de nuevo en el mismo proceso, antes de un año. En el trámite de lasexcepciones durante la primera instancia, el expediente permanece en secretaría seis meseso más, por estar pendiente de un acto del ejecutado, y el ejecutante lo solicite antes de quese efectúe dicho acto, el juez declarará desiertas las excepciones. El término se contarácomo dispone el inciso primero de este artículo.El auto que decrete la perención es apelable en el efecto suspensivo. El que decreta eldesembargo en procesos ejecutivos en el diferido, y el que lo deniegue, en el devolutivo.L. 446/98.ART. 19.—Perención. En materia civil, una vez cumplidas las condiciones del artículo 346del Código de Procedimiento Civil, el juez, aún de oficio, podrá decretar la perención delproceso o de la actuación, aunque no hayan sido notificados del auto admisorio todos losdemandados o citados. También cabe la perención cuando la actuación pendiente esté acargo de ambas partes. 32.
32PAR. 1º—En los procesos ejecutivos se estará a lo dispuesto en el artículo 346 del Códigode Procedimiento Civil.PAR. 2º—En los procesos de la jurisdicción de lo contencioso administrativo la perenciónse regulará de acuerdo con lo previsto en las normas especiales.Bibliografía 1. BETANCUR JARAMILLO, Carlos Derecho Procesal Administrativo. Señal Editora. Medellín. 1994. 2. BLONDEL, André. Le Contrôle jurisdictionnel de la constitutionnalité des lois. Aix, 1928 3. CAPPELLETTI, Mauro. Il controllo di costituzionalità delle leggi nel quadro delle funzioni delle Stado. En Vásquez del Mercado. Riv. Dir. Proc. 1960. 4. CALAMANDREI, Piero. Instituciones de Derecho Procesal Civil Según el nuevo código. Traducción del oridiginal “istituzioni di Diritto Procesuale Civile, secondo il nuovo códice”, segunda edición actualizada. Traducido por Santiago Sentís Melendo. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos Aires 1973. 5. CARNELUTTI, Francesco. Cómo se hace un proceso. Ed. Temis S.A., 3ª Edición. Bogotá, 2007. 6. CORREA HENAO, Néstor Raúl, Derecho Procesal de la Acción de Tutela. Pontificia Universidad Javeriana. 2ª edición. 2005. 33.
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Diiegö F. Pardo

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