Source: http://www.pensiones.co.cr/jurisprudencia/cCriTT/anualidades.htm
Timestamp: 2018-03-18 02:03:06+00:00

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0614, Sección Primera, 9:25 horas del 14/05/99
Esta sentencia encierra trascendental relevancia para los procedimientos de declaratoria de beneficios por este régimen. Se ocupa de la resolución generalizada que practicara esta Junta para el reconocimiento de anualidades a favor de dos mil novecientos treinta y nueve pensionados, sobre la cual la Dirección Nacional de Pensiones declinó brindar aprobación final, requiriendo el dictado de una resolución particular para cada beneficiario, extremo no compartido por el honorable Tribunal a partir de la consideración que las actuaciones individualizadas son exigidas para la declaratoria original del derecho, no así para los reconocimientos de carácter general. Extractaremos los considerandos II a VI inclusive, de los cuales en el primero se dice que entratándose de actuaciones generales donde no consta la efectiva notificación particular, ha de tenerse por interpuesto en tiempo el recurso de apelación; los restantes abordan el fondo del asunto.
“II. El artículo 92 de la Ley 7531 establece que el recurso de apelación deberá interponerse dentro del quinto día siguiente a la notificación del acto impugnado. Se observa de los autos que la resolución de la Dirección Nacional de Pensiones es de fecha 24 de noviembre de 1997, mientras que el escrito de apelación lo es del treinta de marzo de mil novecientos noventa y ocho (no aparece fecha de presentación). Interesa aquí exponer que ante la ausencia de la data en la cual esa resolución le fue notificada al impugnante, no queda otra alternativa que presumir que el actor recurrió ese auto dentro del quinto día siguiente a aquel en que tuvo conocimiento del pronunciamiento.
III. Según se lee del informe rendido por la Junta de Pensiones, los pensionados de Magisterio Nacional han tenido que recorrer un tortuoso camino para obtener el reconocimiento de sus anualidades. Esto debido a que tanto el Ministerio de Hacienda, como la Dirección Nacional de Pensiones han puesto diversos obstáculos para ello; dentro de ese trámite escabroso aparece una huelga con la cual se logró que el Estado accediera al deposito mensual de la suma de cinco millones de colones mensuales acumulativos para dar contenido económico a ese derecho salarial. La Junta de Pensiones, por medio de la resolución 6572-97 autorizó el pago de las anualidades reconocidas a dos mil novecientos treinta y nueve pensionados, mediante el sistema de planilla ordinaria, incluyendo dentro de ella al aquí actor, para quien se dispuso un reconocimiento de veintisiete mil quinientos cincuenta y dos colones (ver f. 109). La Dirección Nacional de Pensiones en resolución DNP-R-JPM-01-97 desaprobó el pago de las anualidades en los siguientes términos: “VII Que con respecto a los aumentos anuales incluidos dentro del considerando x, debe la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional emitir resolución razonada para cada uno de los beneficiarios de conformidad con la normativa establecida por el artículo 88, 89 siguientes y concordantes de la Ley 7531 de 8 de julio de 1995, y el artículo 155 de Código Procesal Civil”.
IV. Este Tribunal discrepa del criterio de la Dirección Nacional de Pensiones. El artículo 88 de la Ley 7531, dispone: “La Junta acordará por mayoría simple de sus miembros, otorgar los derechos y peticiones de los asegurados. En caso de empate, la petición se entenderá denegada. Las resoluciones que se dicten serán individualizadas por cada peticionario, y se ajustarán bajo pena de nulidad, a lo establecido en el artículo 155 del Código Procesal Civil”. Es importante tomar en cuenta que este numeral forma parte del capítulo noveno de este cuerpo normativo, titulado “Procedimiento Administrativo”. De una lectura minuciosa de este capítulo, se aprecia que éste está referido especialmente al procedimiento que ha de seguirse para el otorgamiento de la pensión: Así el artículo 80 dice: “ Toda solicitud de pensión o jubilación deberá ser presentada ante la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional de conformidad con lo dispuesto en los artículos 285 a 295 de la Ley General de la Administración Pública”, el 85 señala: “El procedimiento administrativo para la declaratoria del derecho a la jubilación o pensión, se ajustará a lo dispuesto en este Capítulo y a las disposiciones del Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública y, particularmente, a las referidas al proceso sumario”. El artículo 86 dispone: “Finalizada la instrucción del expediente, la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional conocerá de la petición y votará, recomendando o denegando su otorgamiento” (de la pensión); el artículo 87 hace referencia al quorúm, e inmediatamente después, el 88 regula lo atinente a las formalidades de la resolución en la forma que se transcribió supra.
V. De lo anterior se colige, que el legislador, al redactar y promulgar ese capítulo del procedimiento administrativo, y en especial, al establecer las formalidades de las resoluciones, tenía en mente, como objetivo primordial, regular lo concerniente a las solicitudes de pensión y jubilación originales, a los aumentos y no la totalidad de actos administrativos emitidos por la Junta de Pensiones y Jubilaciones, donde aparecen asuntos tan diversos y sui generis como el presente. En efecto, a la luz de la lógica, no es posible concebir que la Junta deba emitir una resolución para cada uno de los dos mil novecientos treinta y nueve pensionados con derecho a recibir anualidades. Obsérvese que cada una de esas resoluciones tendría que ser consultada a la Dirección Nacional de Pensiones, y muy probablemente, vendría ante este Tribunal en apelación, en demérito del derecho de los pensionados a recibir oportunamente el pago de sus anualidades.
VI. La Sala Constitucional en varias oportunidades se ha pronunciado acerca de la injusticia que se comete contra el jubilado que teniendo el derecho a un incremento, y habiendo sido declarado éste, no lo puede hacer efectivo, por problemas internos suscitados entre la Junta de Pensiones y la Dirección Nacional de Pensiones. La Sección Segunda de este Tribunal, en voto N°1220 de las nueve horas cincuenta minutos del nueve de setiembre de mil novecientos noventa y siete, cita a su vez el voto de la Sala Constitucional N° 6071-97 de las trece horas doce minutos del catorce de octubre de ese mismo año, que dispuso: “Es criterio de la Sala que el actuar del Ministerio de Hacienda es violatorio del principio de igualdad contenido en el artículo 33 de la Constitución Política, pues de los informes rendidos bajo fe de juramento, se tiene por acreditado que desde agosto de 1993 se han venido pagando los aumentos por revalorizaciones y anualidades correspondientes a algunos de los pensionados, sin embargo a pesar de encontrarse la recurrente en la misma situación de hecho que éstos, no le han pagado los aumentos que le corresponden, aún encontrándose autorizados estos pagos. De lo expuesto en el considerando primero se desprende que el atraso operado en el pago de los aumentos, por concepto de revalorizaciones, ha sido con ocasión del conflicto de competencias existente entre el Ministerio de Hacienda y no por algún motivo atinente a la recurrente. De manera que se ha violentado el derecho de igualdad, por cuanto un porcentaje de los pensionados se encuentran gozando de estos incrementos desde hace varios meses, mientras que a la accionante, sin justificación alguna, se le niega su derecho al aumento por concepto de revalorizaciones”.”
0019, Sección Primera, 08:10 horas del 19/01/01
Si bien la conversión que posibilita el artículo 57 de la Ley 7531 debe realizarse con vista de la ley que originalmente fundamentó la pensión extraordinaria, resulta absolutamente improcedente el reconocimiento de aumentos anuales por el período de disfrute del beneficio extraordinario.
“III.- En la especie nos encontramos frente a una disconformidad del reclamante con lo que dispusiera la Dirección Nacional de Pensiones, que según él le denegó su reclamo de conversión de su pensión extraordinaria a ordinaria. Recurre entonces solicitando se declare con lugar dicha conversión aprobada por la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional. Sin embargo, encuentra este Tribunal, actuando como jerarca impropio de la administración, que yerra el recurrente en su reparo por cuanto el citado ente gubernamental sí le aprobó la conversión reclamada, aunque con una diferencia en su monto, debido a que la citada Junta efectuó el cálculo con la Ley N° 7268, mientras que la Dirección Nacional de Pensiones lo hizo con la ley N° 7531. El error lo encuentran los suscritos en cuanto al cálculo de la diferencia por conversión, pues ésta debe efectuarse según los beneficios de la ley a la que se amparó su pensión, o sea, la N° 7268 de 14 de noviembre de 1991, por cuanto la aplicación retroactiva de la Ley N° 7531 de 10 de julio de 1995 le perjudica el derecho adquirido bajo esa normativa, permitiéndose únicamente la retroacción cuando ésta es más beneficiosa para el pensionado.
Ahora bien, observe el recurrente que, a tenor de l artículo 57 de la citada Ley N° 7531, “no podrán reconocerse aumentos anuales por razón de antigüedad con base en el tiempo en que percibió la pensión por invalidez”, y como no acreditó en forma fehaciente el tiempo que dice haber servido de más en la empresa privada, en este aspecto concreto del recurso, su reclamo resulta inatendible.”
0396, Sección Tercera, 10:00 horas del 06/04/01
Avala este fallo el reconocimiento de una anualidad practicada por la Junta, toda vez que el lapso de disfrute de la pensión extraordinaria no puede acrecentar ese rubro salarial que se traslada al beneficio de seguridad social, en razón que la causa generadora se encuentra en la efectiva prestación del servicio.
“III. Para resolver el punto en cuestión se hace necesario hacer notar que la servidora, según certificación de tiempo laborado de folio 43 y 105, sirvió, en el Ministerio de Educación, por espacio de 27 años y se le reconocieron 26 anuales, véase certificación de folio 103. Ahora bien, aún cuando se jubiló con más de 30 años de servicio, ello lo fue porque, el tiempo que estuvo disfrutando de una pensión extraordinaria, se tomó como tiempo de servicio para efectos de pensión, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 3, último párrafo de la ley 2248; sin embargo, es necesario hacer notar que ese tiempo se considera sólo para efectos de pensión, al permitirlo así la norma citada, pero no para efectos de anualidades. En efecto, el derecho a que se le cancele un monto mayor por concepto de años de servicio, previsto y regulado por la Ley de Salarios de la Administración Pública y sus reformas, exige la prestación efectiva del servicio; de manera que las pretensiones de la actora - independientemente de si la Junta debió de haber hecho el reconocimiento en forma individual o no como lo dispuso la Dirección Nacional de Pensiones- no son de recibo, salvo en lo que se refiere a un anual pues si laboró efectivamente por 27 años y sólo se le reconocen 26 anuales, es claro que se le adeuda uno.”
0580, Sección Tercera, 8:45 horas del 29/05/01
Señala el Tribunal que en virtud de la imprecisión de la resolución de la Junta, toda vez que incluye 210 registros en un solo acto, debe resolverse individualmente al apelante sin perjuicio de los criterios que puedan desarrollarse para el reconocimiento de los aumentos anuales.
“Independiente de los criterios sobre si la ley aplicable al reconocimiento de aumentos anuales de los pensionados del Magisterio Nacional, lo es la de salarios de la Administración Pública, y concretamente la reforma que se contiene en la 6835 del 22 de diciembre de 1982, o bien la 6995 del 22 de julio de 1985, con las consecuencias que se derivan de su declaratoria de inconstitucionalidad; si procede o no el reconocimiento para tales efectos del tiempo laborado en al empresa privada, o el período comprendido en las licencias por enfermedad, por permisos con goces de sueldo, y otros, asimismo si resultan de aplicación las disposiciones que para efectos de jubilación se contienen en las leyes de pensiones del Magisterio Nacional, en cuanto a la antigüedad (vg. Artículo 32, reconocimiento por zona inhóspito e insalubre, horario alterno, o enseñanza especial), es el criterio de este Tribunal que lo dispuesto por la Dirección de Pensiones debe confirmarse en el tanto la resolución de la Junta de Pensiones, contiene la aplicación del reconocimiento de aumentos anuales, no al apelante propiamente, y en particular como lo dispone el artículo 88, párrafo 2), de la ley de Pensiones del Magisterio Nacional vigente, número 7531 del 13 de julio de 1995, sino que lo hace en forma general para un total de doscientos diez registros B, y seis mi quinientos veintiún registros, sin que quede claro que es lo que corresponde al apelante.”
0613, Sección Tercera, 11:35 horas del 29/05/01
De manera categórica, al confirmar sendas resoluciones denegatorias de la Junta y la Dirección, refiere esta sentencia que únicamente pueden incorporarse en el monto de la prestación las anualidades efectivamente laboradas; de ahí que aún cuando el máximo a reconocer por este rubro, según los términos de la Ley de Salarios de la Administración Pública es de treinta aumentos, no pueden experimentar igual suerte las bonificaciones derivadas de ficciones legales al prestar el servicio en condiciones especiales.
“III. Del documento de folio 96, se extrae que el apelante se jubiló a partir de diciembre de 1980, al amparo de la ley 2248 de cinco de septiembre de 1958. Obviamente, el demandante se jubiló antes de que entrara a regir la ley 6995 de veintidós de julio de 1985, que concedió a quienes se acogieran a una pensión, el derecho a que se incluyeran los aumentos anuales dentro del monto de la pensión. Esa ley fue declarada inconstitucional mediante Voto 2136-91 de la Sala Cuarta, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. No obstante, también se acreditó que el recurrente suspendió el beneficio jubilatorio en dos oportunidades, para reingresar al servicio activo. La primera suspensión transcurrió del primero de marzo de 1988 al primero de septiembre de 1992, y la segunda del primero de marzo de 1994 hasta el primero de diciembre de 1995. En total, incluyendo esos dos reingresos al servicio, él acumuló veintiocho años (ver folios 96 y 167). Ahora bien, al tenor de los artículos 4 inciso a) y 5 de la ley 2248, el monto de la pensión a pagar debe ser igual el mejor salario percibido en los últimos cinco años, más el promedio de las dietas y los sobresueldos nominales devengados en el mismo período. De la documental de folios 108, 148, 158, 170 a 172 y 182, se desprende que el salario considerado para cuantificar la pensión, conforme a la normativa citada, se componía entre otros rubros, de veintiocho aumentos anuales. Ese rubro se ha seguido pagando en las mensualidades correspondientes, y no en virtud de la ley 6995, que no cobijó al actor, sino por aplicación de la Ley de Salarios de la Administración Pública, ya que el impugnante ostentó la condición de funcionario activo. Y por conexidad, al cuantificarse su pensión, debió hacerse con base en los salarios efectivamente devengados, incluyendo el rubro de anualidades, con en efecto se hizo. En tal estado de cosas, el interés de que se le reconozcan aumentos anuales carece de actualidad.
IV. En cuanto a la solicitud para que se le paguen hasta treinta y un aumentos, la misma es inatendible desde todo punto de vista, en primer lugar, porque es jubilado, y en segundo, porque él no superó los veintiocho años de servicio, y el beneficio de los cinco años de reconocimiento por haber laborado en zonas calificadas como incómodas o insalubres, se creó únicamente para efectos de la jubilación de los servidores que hubieran laborado en dichas condiciones. A lo anterior agréguese que la Ley de Salarios de la Administración Pública expresamente impone el límite máximo de treinta aumentos anuales, a pagar por el Estado patrono, siempre y cuando se verifique el cumplimiento de los correspondientes treinta años o más de labor. En tal estado caso de cosas, y habiéndose evidenciado la falta de motivo material de la apelación formulada, se confirma la resolución venida en alzada, sin perjuicio de los derechos adquiridos del promovente.”
0351, Sección Primera, 9:40 horas del 21/03/02
Resulta la primer sentencia notificada a la Junta con ocasión del reconocimiento de aumentos anuales. En el caso particular se trató del ajuste del porcentaje de ese componente salarial que a criterio de la Junta debe estar incorporado en el beneficio jubilatorio. Estima la Sección Primera del honorable Tribunal que en los salarios percibidos en ambas universidades, los que se tuvieron a la vista para fijar la prestación, ya se comprendía el rubro de las anualidades, razón por la cual de reconocerlo ahora se incurriría en un aumento ilegal.
“III.- Según como consta de las pruebas que corren agregadas al expediente administrativo, visible a folios 05, 61, 191 a 193, la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional otorgó a favor del recurrente el reconocimiento de un 28% de aumento anual, por un monto mensual total de ¢78.245,00. En este sentido, debe observarse que, conforme al estudio visible a folio 192, se comprueba que al recurrente originalmente se le reconoció un 32% de aumento por haber prestado servicios y continúo prestándolos hasta marzo de 1982, en la Universidad de Costa Rica.
Sobre el particular, valga aclarar que esa institución reconoce por cada año y hasta diciembre de 1986 un 2%, y de esa data hasta el día de hoy un 3%.
Sin embargo, de tomarse en consideración esos parámetros, se puede deducir que al interesado no se le puede reconocer doblemente esas anualidades por un tiempo de servicio ya reconocido. En efecto, al folio 153 se observa que al gestionante, la Universidad Nacional le reconoció un 51% de aumento salarial por anualidad y que se acogió a la pensión a partir del 16 de julio de 1987, de manera que el salario considerado para el otorgamiento de su derecho jubilatorio, que hora se pretende revisar, ya incluía ese tiempo de servicio. Eso mismo ocurre con respecto a la Universidad de Costa Rica, donde también le reconocieron las anualidades a las que legalmente tenía derecho (32% de anualidad a setiembre de 1981),
Por lo considerado, no procede acceder a la revisión solicitada, porque se estaría incurriendo en un aumento ilegal de la pensión, razonamiento que fue precisamente al que se acogió la Dirección Nacional de Pensiones, para denegar el reclamo formulado.
IV.- Por estas razones, y para agotar la vía administrativa, procede la confirmatoria de la resolución dictada por la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.”
581, Sección Tercera, 7:50 horas del 17/05/2002
Sostiene el Tribunal, criterio imperante en sede jurisdiccional, que para poder invocar el reconocimiento de aumentos anuales, los interesados deben acceder al beneficio jubilatorio dentro del período de vigencia de la ley, de modo que se desprecia el razonamiento de esta Junta, en el sentido que los acuerdos entre el Gobierno y las Organizaciones Magisteriales sirven de base para su satisfacción.
“III. Para resolver el punto en cuestión se hace necesario señalar que la Junta accedió a reconocer a favor de la petente doce aumentos anuales, sin embargo, ésta laboró para el Estado, a saber, el Ministerio de Educación, únicamente de mil novecientos cuarenta y cinco, a mil novecientos cincuenta y ocho, según consta a folios 8 y 9. Ahora bien, la ley número 6995 que vino a permitir el reconocimiento –a favor de los servidores públicos que adquieren el derecho a pensión en cualquiera de los regímenes del Estado- de la antigüedad acumulada en las instituciones del Estado en que hubieren laborado, es del 22 de julio de 1985, y para entonces, la recurrente no era servidora pública, de allí que tal ley no le es aplicable, aún cuando el derecho a jubilación se haya declarado con posterioridad.”
687, Sección Segunda, 8:30 horas del 5/06/2002
El pago del rubro anualidad a juicio de la Sección Segunda del honorable Tribunal resulta procedente para quienes accedieron a la pensión con posterioridad al 28 de diciembre de 1982; claro está, sin que pueda sumarse las bonificaciones de tiempo de servicio, las labores en empresa privada o en el extranjero, como tampoco aquel tiempo de disfrute de la pensión extraordinaria u ordinaria.
“II.- Pretende la reclamante al plantear estas diligencias, que se le reconozca el pago de anualidades, por un tiempo servido en el Sector Público, no reconocido. La Junta de Pensiones una vez examinado el caso particular de la interesada, acordó reconocer el tiempo servido en el Sector Público costarricense, para efectos de pago de las anualidades, entendiéndose que en ningún caso se podía sobrepasar el límite máximo de 30 anualidades fijado por ley, sin considerar para estos efectos los reconocimientos especiales por el artículo 32, inciso c) de las leyes 2248 y 7268, reconocimiento del tiempo en la empresa privada y tiempo laborado en el extranjero, ni el período de retiro en caso de que el pensionado hubiere recibido ese beneficio. Por su parte, la Dirección Nacional de Pensiones deniega el reconocimiento de antigüedad y por ende, el pago de anualidades, porque no tiene claro si se debe aplicar el ajuste por anualidades a todos los servidores, independientemente de la fecha de su jubilación o procede alguna distinción en torno a la aplicación de la Ley 6995, de 22 de julio de 1985 (anulada por la Sala Constitucional mediante resolución N° 2136, de 14:00 hrs, de 23 de octubre de 1991) y normas conexas.
III.- El tema que ahora ocupa a este Tribunal es muy sencillo y se resume al reconocimiento de todo el tiempo servido en el Sector Público, para efectos de pago de las anualidades respectivas y por ende, el correspondiente reajuste de la pensión. Este tema ya fue discutido en la Jurisdicción común, pues sobre él se plantearon al final de la década de los ochenta y principios de los noventa, gran cantidad de asuntos y la jurisprudencia emanada de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, se decantó por la tesis de establecer una diferencia entre los servidores que se pensionaron antes de 28 de diciembre de 1982 y los que se acogieron a ese beneficio con posterioridad a esa fecha. Estableció la jurisprudencia, que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 6835, solamente tenían derecho a ese reconocimiento los servidores públicos, que en ese momento tuvieran la condición de tal, o sea los pensionados o jubilados con anterioridad a la promulgación de esa Ley, no podían considerarse “servidores públicos”, porque habían dejado de ostentar esa condición laboral y habían pasado a formar parte de lo que se conoce como el “sector laboral pasivo” en contraposición al “sector laboral activo”. En lo que interesa dijo la Sala Segunda, en la sentencia N° 254, de 9:00 hrs, de 21 de octubre de 1992: de tal manera debe concluirse, que los servidores públicos activos, a partir de la vigencia de la Ley 6835 adquirieron el derecho a que la misma se refiere, pero no así quienes se retiraron del servicio con anterioridad al 28 de diciembre de 1982, porque la normativa es clara, en uno y otro caso, en concederlo a los servidores públicos. De lo anterior resulta que, aplicarse el beneficio, inclusive a quienes ya no trabajaban para el Estado o sus instituciones, -antes de 28 de diciembre de 1982- se le estaría dando aplicación retroactiva a la ley, en perjuicio del empleador o en su caso de los respectivos fondos de pensiones, lo que no es procedente, sin la autorización expresa de la misma ley (artículo 34 de la Constitución Política). En atención a lo expuesto y habiéndose demostrado con el análisis técnico elaborado, que la reclamante se acogió al beneficio jubilatorio a partir de julio de 1983, se le debe reconocer todo el tiempo servido en el Sector Público, para efectos de apago de las anualidades respectivas, conforme lo dispuso la Junta de Pensiones, incluyendo las limitaciones fijadas.”
*Ver en igual sentido las resoluciones: 688 de las 8:35 hrs, 695 de las 9:10 hrs, 697 de las 9:20 hrs, 698 de las 9:25 hrs, 699 de las 9:30 hrs, todas de la Sección Segunda y del 5/6/2002.
788, Sección Segunda, 10:20 horas del 14/06/02
En cuanto al rige de pago de las anualidades, el Tribunal en atención a la última directriz emitida por la Dirección Nacional de Pensiones, refiere que el debate de este asunto carece de interés actual, y por tal razón de confirma la resolución de la Junta que lo concede a partir de enero de 1999.
“II.- En el presente asunto nos encontramos frente a un caso de anualidades, sin embargo, el derecho al pago de las mismas no se discute, lo que se debate es el momento a partir del cual debe concederse el disfrute del beneficio. La Junta de Pensiones declara el derecho con un rige a partir de 1° de enero de 1999, por su parte, la Dirección de Pensiones establece que el rige debe ser a partir de 13 de octubre de 1999. Sobre este particular, se debe traer a colación un oficio enviado por el Director Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo, al Director Ejecutivo de la Junta de Pensiones, nos referimos al oficio N° DNP-0257-2002, de fecha 26 de enero de 2002, en donde en lo que interesa se dice. “1.- La Dirección Nacional de Pensiones se compromete, dentro del proceso de estudio que corresponda, en forma conjunta, a implementar dentro del proceso de resolución de expedientes, los siguientes criterios: b.-Rige de Anualidades. En atención a la directriz N° 005-2001 del Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, y especialmente en lo referente al punto 6 de la misma, el rige deberá igualarse al establecido por la resolución 4345-99, de la Junta de Pensiones, o sea 1° de enero de 1999.” (la negrita no es del original). En atención a lo expuesto, no hay nada que debatir, porque la misma Dirección Nacional de Pensiones, acepta en forma expresa acoger el criterio de la Junta de Pensiones, con respecto al rige del beneficio en caso de reconocimiento de anualidades. Incluso, en algunos asuntos, ni siquiera se discute ese punto.”
822, Sección Tercera, 8:45 horas del 24/07/2002
En criterio de la Sección Tercera del honorable Tribunal Superior de Trabajo, la Junta no se encuentra autorizada para incorporar en el monto de la prestación de seguridad social, monto alguno por concepto de anualidades, toda vez que una vez declarado el beneficio tan solo puede incrementarlo por el aumento en el costo de la vida, salvo que se fundamentara en una orden judicial derivada de un proceso instaurado por el interesado.
“III. De previo a resolver sobre el punto cuestionado, es preciso analizar si la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional y la Dirección Nacional de Pensiones están autorizadas por la ley para proceder a realizar un reconocimiento de anualidades a favor de un jubilado o pensionado. Aclaramos eso sí, que el análisis que de seguido hacemos está referido a una etapa posterior a aquélla en la que se fija el monto de la jubilación, etapa en la que sí se deben considerar los pluses salariales que se le han venido reconociendo a la servidora. Hecha la aclaración, es preciso señalar que, de conformidad con lo establecido por el artículo 97 de la Ley 7531, la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional es una entidad pública no estatal, y la Dirección Nacional de Pensiones, como dependencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es además, una entidad estatal. Siendo ello así, a la luz de lo dispuesto por el artículo 1 en relación con el 11, ambos de la Ley General de la Administración Pública, las dos entidades están sujetas al principio de legalidad, es decir, sólo podrán realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios, que autorice el ordenamiento jurídico, según la escala jerárquica de sus fuentes. En consecuencia, debemos examinar si hay alguna disposición que las autorice a reconocer un plus salarial como lo son las anualidades. El derecho a disfrutar de un incentivo salarial por antigüedad, está contemplado por la ley de salario de la Administración Pública, en donde se señala la forma cómo serán remunerados los servidores a quienes les es aplicable. Es decir, esa ley regula la relación servidor patrono. Sin embargo, mediante ley número 6995 del 2 de julio de 1985, ese derecho les fue conferido también a las personas que gozaban de una jubilación, así lo disponía el art. 161 de esa ley al establecer: "Artículo 161. (*)- A los servidores públicos que adquieran el derecho de pensión en cualquiera de los regímenes especiales del Estado, se les reconocerá la antigüedad acumulada en las instituciones estatales en que hubieren laborado". Pero esa disposición se anuló por Resolución de la Sala Constitucional Nº 2136-91 de las 14:00 horas del 23 de octubre de 1991, para restringir su eficacia únicamente respecto de aquellas personas que al emitir el voto estuvieran disfrutando del beneficio otorgado por esa disposición, o para aquellas cuyos derechos hubieran nacido con anterioridad a la primera publicación a que alude el artículo 90, párrafo primero de la Ley de Jurisdicción Constitucional, pero en todo caso, tampoco con esa norma, como veremos, se le está confiriendo a las entidades que administran el fondo de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional a actuar oficiosamente. En efecto, las leyes 2248, 7268 y 7531, regulan la relación entre los jubilados y pensionados y las entidades a cargo de la administración del respectivo fondo, a saber, la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional y la Dirección Nacional de Pensiones. La primera de las leyes citadas, y que surtió efectos hasta el 18 de mayo de 1993 en su artículo 29 y la ley 7268, que rigió hasta el 13 de enero de 1997, en su artículo 10, disponen que la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional debe proceder a "homologar los derechos jubilatorios en el mismo monto y en la misma forma en que se incrementan los sueldos de los referidos servidores del Ministerio de Educación Pública", cuando se realice una revaloración de puestos por el Servicio Civil, como consecuencia en el aumento en el costo de vida. Esa misma disposición está contenida en el artículo 29 de la ley 2248. Por su parte, en la ley 7531, en el artículo 79, hoy vigente, se dispone que "Las prestaciones otorgadas según lo dispuesto en este título se revalorizarán únicamente por el aumento en el costo de vida, en un porcentaje igual al Indice de Precios al Consumidor (IPC), de modo automático y con periodicidad semestral.
La revalorización se producirá sobre el monto total nominal de la pensión, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 37". (la negrilla no aparece en el texto original). De la transcripción que se ha hecho se deduce, entonces, que la única manera autorizada legalmente para que la Junta de Pensiones y Jubilaciones proceda a incrementar una pensión lo es de conformidad con los incrementos que se realicen por costo de vida. Ahora bien, el reconocimiento de anualidades conlleva a un incremento en el monto de la jubilación o pensión, según sea el caso, incremento que la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional no está autorizada a realizar según lo que se ha expuesto. De lo contrario, habría que aceptar que esa entidad se de a la tarea de determinar si a los actuales jubilados o a los causahabientes, en el caso de los pensionados, se les reconoció otros pluses salariales a los que podría tener derecho, como dedicación exclusiva, prohibición, carrera profesional, zonaje, etc.; y de no ser así, proceder a incrementar el monto de las jubilaciones o pensiones en la suma correspondiente, lo que -dijimos- no se le ha autorizado, pues una vez fijado el monto de la jubilación, éste únicamente puede incrementarse por el aumento en el costo de vida, salvo - claro está- que medie una orden judicial para que se practique algún otro incremento ante un proceso declarativo incoado por el interesado. En consecuencia, no está autorizada la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magistierio Nacional ni tampoco la Dirección Nacional de Pensiones, a reconocer ningún monto adicional por concepto de anualidades, salvo que haya una orden judicial que así lo señale, sin embargo, dado que la Dirección Nacional de Pensiones procedió en el presente caso a reconocer a favor de la petente un aumento anual, y, debido a que - según lo dispone el artículo 181 de la Ley General de la Administración Pública, el Jerarca Impropio debe decidir dentro del límite de las pretensiones y cuestiones de hecho planteadas por la recurrente, y no podrá anular de oficio, de conformidad con el artículo 184 de la citada ley, debemos mantener lo resuelto por la Dirección Nacional de Pensiones, no solo en cuanto al reconocimiento del anual sino también en cuanto a la fecha a partir de la cual se han de pagar las diferencias salariales respectivas.”
Ver en igual sentido las resoluciones 1012 de las 8:20 horas, 1014 de las 8:30 horas, 1015 de las 8:35 horas, 1019 de las 8:55 horas, 1020 de las 9:00 horas, 1021 de las 9:00, 1022 de las 9:10 horas, 1025 de las 9:25 horas, 1028 de las 9:40 horas,1030 de las 9:50 horas, 1031 de las 9:55 horas, 1037 de las 10:25 horas, todas del 9 de agosto de 2002 y 1042 de las 8:00 horas, 1044 de las 8:10 horas, 1045 de las 10:15 horas, 1046 de las 8:20 horas, 1047 de las 8:25 horas, 1049 de las 8:35 horas, 1050 de las 8:40 horas, 1051 de las 8:45 horas, 1052 de las 8:50 horas, 1053 de las 8:55, 1054 de las 9:00 horas, 1056 de las 9:10 horas, 1057 de las 9:15 horas, 1058 de las 9:20 horas, 1059 de las 9:25 horas, 1060 de las 9:30 horas, 1061 de las 9.35 horas, 1062 de las 9:40, 1063 de las 9:45 horas, 1064 de las 9:50 horas, 1065 de las 9:55 horas y 1066 de las 10:00 horas, del 16 de agosto de 2002; todas de la Sección Tercera.
849, Sección Segunda, 8:50 horas del 21/06/2002
La jurisprudencia del honorable Tribunal Superior de Trabajo respecto del tema de la anualidad, es conteste en el sentido que con fundamento en la Ley 6835, este rubro de reincorpora para los jubilados con posterioridad al 28 de diciembre de 1982. En el caso particular si bien el petente se jubiló inicialmente con anterioridad a esa data, es lo cierto que posteriormente reingresó al servicio activo, para finalmente acogerse nuevamente al beneficio a partir de abril de 1995. Así las cosas también resulta acreedor a las anualidades dentro de los límites que establece la Ley de Salarios de la Administración Pública.
“III.- El aspecto medular de la impugnación, está centrado en desentrañar si es posible reconocer todo el tiempo servido en el Sector Público, con el afán de aumentar la prestación económica de la jubilación. Para iniciar el análisis del presente asunto, debemos partir de que el reconocimiento de la antigüedad acumulada en el sector público, para efectos del pago de los aumentos anuales por los servicios prestados en cualquiera de sus instituciones, estén o no cubiertas por regímenes estatutarios, está basado en los artículos 4° y 12, inciso d), de la Ley de Salarios de la Administración Pública, reformados por la Ley N° 6835 del veintidós de diciembre de 1982. Esa reforma creó una nueva escala de salarios que debe regir, indistintamente y sin hacer excepciones, en favor de todos los servidores del Sector Público. La segunda norma citada, impuso la obligación en el sentido de que a los servidores del citado Sector, en propiedad o interinos, se les debe reconocer para efectos de los aumentos a que se refiere el artículo 5° anterior, el tiempo de servicios prestados en otras entidades del Sector Público. Sobre el punto existe copiosa y reiterada jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia que impuso una diferencia entre los servidores que se pensionaron antes de veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y dos y los que se acogieron a ese beneficio con posterioridad a esa data. Esa jurisprudencia, en forma diáfana dispuso que según la Ley 6835 tienen derecho a ese reconocimiento aquellos servidores públicos que, en aquél momento histórico tuvieran ese status, refiriéndose a que los pensionados o jubilados con anterioridad a la promulgación de esa normativa jurídica, no podían considerarse “servidores públicos”, porque habían dejado de tener esa calidad ya que, habían pasado a integrar el “sector laboral pasivo”. La fundamentación jurídica de la resolución de la Junta de Pensiones, es acorde con la finalidad de la reforma que la Ley 6835 introdujo a la Ley de Salarios de la Administración Pública, debido a que aunque el apelante se había jubilado en mil novecientos ochenta y uno, se reincorporó al servicio en mil novecientos noventa y uno, o sea dentro de la vigencia de la esa norma de rango legal. De esa forma, ineludiblemente incorporó a su patrimonio personal la ventaja que estableció la norma citada. Consecuentemente, en el caso bajo estudio al hallarse en relación activa de servicio a partir del mes de febrero de mil novecientos noventa y uno, es imperativo admitir sin lugar a equívocos que el apelante adquirió el derecho a las anualidades correspondientes, sin que interese que su solicitud o reclamo fuese formulado cuando ya no encuentra prestando ese servicio activo. Además, es importante destacar que el hecho de que se encuentre jubilado no enerva el derecho de aumentar su jubilación con esos pluses. En conclusión, con sustento en la reiterada jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, (vid. Sentencias 91-201, dictada a las nueve horas cincuenta minutos del veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y uno y N° 11 de las nueve horas diez minutos del veinte de enero de mil novecientos noventa y tres, entre otras) debe resolverse que los servidores públicos activos, a partir de la vigencia de la Ley 6835, adquirieron el derecho al pago de anualidades y ostentan el derecho a percibir la retribución que reclama el apelante. Quedan en descubierto aquellos servidores que se jubilaron antes del veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y dos. De lo contrario, se daría aplicación retroactiva a la ley, en perjuicio del Fondo de Pensiones del Magisterio Nacional. Encontrándose acreditado que el peticionario disfruta del derecho jubilatorio a partir del primero de abril de mil novecientos noventa y cinco, con los límites impuestos por el ordenamiento jurídico, es imperativo reconocerle todo el tiempo servido en el Sector Público, para efectos de pago de las anualidades respectivas, conforme lo ha dispuesto con acierto la Junta de Pensiones, en la decisión que se impone avalar.”
867, Sección Segunda, 9:20 horas del 24/06/2002
Conforme la vigencia de la Ley 6835, los jubilados a partir del 28 de diciembre de 1982, tienen derecho a que se incorpore en su prestación el rubro de anualidad; los anteriores a esa data no les asiste derecho.
“En conclusión, con sustento en la reiterada jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, (vid. Sentencias 91-201, dictada a las nueve horas cincuenta minutos del veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y uno y N° 11 de las nueve horas diez minutos del veinte de enero de mil novecientos noventa y tres, entre otras) debe resolverse que sólo los servidores públicos activos, a partir de la vigencia de la Ley 6835, adquirieron el derecho al pago de anualidades y ostentan el derecho a percibir la retribución que reclama el apelante. Quedan en descubierto aquellos servidores que, como la recurrente (...), se jubilaron antes del veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y dos y después de esa data no reingresaron al servicio activo que, sería la única forma de incorporar el derecho al patrimonio individual. De lo contrario, se daría aplicación retroactiva a la ley, en perjuicio del Fondo de Pensiones del Magisterio Nacional. Encontrándose acreditado que el peticionario disfruta del derecho jubilatorio a partir del primero de marzo de mil novecientos ochenta, es imperativo denegarle el reconocimiento del veinte por ciento por aumentos anuales, conforme lo ha dispuesto la Dirección de Pensiones, en la decisión que se impone avalar.”
895, Sección Segunda, 9:00 horas del 5/07/02
Confirma el fallo de mayoría la incorporación del rubro anualidad para los servidores públicos jubilados con posterioridad al 28 de diciembre de 1982; esto, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 6835. El voto de minoría nos dice que el sobrante de tiempo de servicio igual o mayor a seis meses pero inferior al año, no puede acreditar una anualidad toda vez que este beneficio tiene lugar con el año completo.
“III. La apelante se encuentra inconforme porque la Dirección Nacional de Pensiones sólo le computó veinticinco años de servicio, mientras que la Junta de Pensiones y Jubilaciones le contabilizó veintiséis. Analizados los autos, no encuentra el suscrito juez error alguno en el cálculo efectuado por la Dirección, como si lo aprecia del conteo realizado por la Junta. En efecto del documento de folio 95, se observa que este último ente contabilizó más años de los efectivamente trabajados, en razón de que redondeó el período sobrante mayor de seis meses, al año completo. Eso es incorrecto, porque la Ley de Salarios de la Administración Pública, sólo autoriza el pago de “anualidades” completas. Si bien el artículo 5 de la Ley 2248 posibilita el redondeo a un año, después de seis meses de servicio, lo cierto del caso, es que ese proceder está autorizado sólo para efectos del cómputo del tiempo de servicio para otorgar la pensión, pero no, para el pago de anualidades, toda vez que esta materia está especialmente regulada en la citada Ley de Salario de la Administración Pública y sus reformas. Por lo demás debe recordarse que en materia de Seguridad Social, el principio a aplicar en caso de conflicto de normas lo es el “Indubio Pro Fondo”, y que el artículo 29 de la Ley 7531 dispone que las interpretaciones correspondientes al Régimen de Reparto, serán restrictivas tanto en su aplicación como en su interpretación, por tratarse de un régimen transitorio, especial y sustitutivo del seguro obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social.”
Ver en igual sentido los votos:
897 de las 9:10 hrs., del 5/7/2002; 910 de las 9:30 hrs., del 5/7/2002; 905 de las 9:50 hrs., del 5/7/2002; 929 de las 9:00 hrs., del 17/7/2002; 930 de las 9:10 hrs., del 17/7/2002; 931 de las 9:20 hrs., del 17/7/2002; 932 de las 9:30 hrs., del 17/7/2002; 933 de las 9:40 hrs., 17/7/2002, todas de la Sección Segunda.
914, Sección Segunda, 10:35 horas del 5/07/02
El tiempo de servicio para una entidad educativa privada, no resulta apto para incorporar el rubro anualidad, toda vez que este es propio de los funcionarios públicos, según la Ley de Salarios de la Administración Pública. En el caso particular, las diez anualidades que disfruta y que no han sido impugnadas por la Administración mediante los mecanismos dispuestos al efecto se mantienen, mas confirma el Tribunal la denegatoria practica por la Dirección Nacional de Pensiones a las que declaró la Junta en la resolución que conoció esa instancia.
“IV. La apelante se encuentra inconforme porque mientras la Junta Nacional de Pensiones le otorgó dos anualidades más de las diez que ya le había concedido, la Dirección Nacional de Pensiones no le reconoció ninguna. De los autos, se aprecia que la razón por la cual está última institución resolvió de esa manera, fue porque consideró que la gestionante no había prestado servicios para instituciones públicas, sino sólo para una entidad educativa privada: Escuela Cristiana de las Asambleas de Dios de Linda Vista de Río Azul (ver f. 34). Revisado el expediente, considera este Tribunal que la Dirección Nacional de Pensiones procedió correctamente al rechazar el pago de las dos anualidades que ahora están en discusión y que motivan estas diligencias, toda vez que en autos no existe elemento probatorio alguno que demuestre que los salarios devengados por la actora hubieran sido pagados con el erario público. Debe tenerse presente que el reconocimiento de anualidades tiene su fundamento jurídico en la Ley de Salario de la Administración Pública, de manera que sólo a quienes hayan fungido como funcionarios públicos es posible concederles ese beneficio. Así las cosas, y mientras la gestionante no pruebe haber ejercido aquella función, no puede ser destinataria del derecho a percibir incrementos en su pensión por concepto de reconocimiento de anualidades.- Sin perjuicio de las diez anualidades que ya disfruta por acto administrativo que a la fecha no ha sido impugnado por la misma Administración mediante los instrumentos jurídicos previstos por el ordenamiento jurídico para ese efecto (art. 173 LGAP, 10 y 35 LJCA). Consiguientemente se impone rechazar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución impugnada en lo que fue objeto de discusión.”
958, Sección Segunda, 10:05 horas del 19/7/2002
“III. La apelante se encuentra inconforme porque la Dirección Nacional de Pensiones no le otorgó más anualidades, mientras que la Junta de Pensiones le reconoció una más. Analizados los autos, no encuentra el suscrito juez error en lo resuelto por la Dirección, como si lo aprecia del pronunciamiento realizado por la Junta. En efecto del documento de folio 23, se observa que a la señora (…) ya se le reconocieron veintisiete anualidades, número que corresponde al tiempo efectivo de servicio, según se aprecia del cómputo que aparece a folio 105. De allí que no exista razón para incrementar este beneficio. Por ello considero que debe ser confirmada la resolución que ha sido apelada.”
965, Sección Segunda, 10:40 horas del 19/07/2002
Al desarrollar la aplicación del principio de “in dubio pro fondo” que consagra el artículo 29 de la Ley 7531, para el Régimen Transitorio de Reparto, nos dice el voto salvado que no resulta ajustado a derecho, el computar la fracción igual o superior a 6 meses como si se tratase de un año, a efecto de sumar una anualidad en el sector público.
“III. La apelante se encuentra inconforme porque la Dirección Nacional de Pensiones sólo le computó veintitrés años de servicio, mientras la Junta de Pensiones y Jubilaciones le contabilizó veinticuatro. Analizados los autos, no encuentra el suscrito juez error alguno en el cálculo efectuado por la Dirección, como si lo aprecia del conteo realizado por la Junta. En efecto del documento de folio 2, se observa que este último ente contabilizó más años de los efectivamente trabajados, en razón de que redondeó el período sobrante mayor de seis meses, al año completo. Eso es incorrecto, porque la Ley de Salarios de la Administración Pública, sólo autoriza el pago de “anualidades” completas. Si bien el artículo 5 de la Ley 2248 posibilita el redondeo a un año, después de seis meses de servicio, lo cierto del caso, es que ese proceder está autorizado sólo para efectos del cómputo del tiempo de servicio para otorgar la pensión, pero no, para el pago de anualidades, toda vez que esta materia está especialmente regulada en la citada Ley de Salarios de la Administración Pública y sus reformas. Por lo demás debe recordarse que en materia de Seguridad Social, el principio a aplicar en caso de conflicto de normas lo es el “Indubio Pro Fondo”, y que el artículo 29 de la Ley 7531 dispone que las interpretaciones correspondientes al Régimen de Reparto, serán restrictivas tanto en su aplicación como en su interpretación, por tratarse de un régimen transitorio, especial y sustitutivo del seguro obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social.”
969, Sección Segunda, 11:00 horas del 19/07/2002
La jurisprudencia del honorable Tribunal Superior de Trabajo, en lo que respecta al tema de las anualidades, ha experimentado abismales diferencias. Tan sólo la Sección Segunda avala la declaratoria de ese rubro que desarrolla la Junta; por su parte las Secciones Primera y Tercera acusan una falta de competencia de la Junta y la Dirección para actuar oficiosamente; no obstante, confirman la decisión final de la Dirección Nacional de Pensiones. En este orden, el presente fallo que no habla del rige, indica acertadamente que existe un reconocimiento de ese derecho; de ahí que nos preguntemos el porqué acudir a un proceso jurisdiccional, cuando administrativamente se ha satisfecho el extremo de comentario.
“De otro lado, en lo que toca al rige del beneficio creemos que la data señalada aparece como la correcta y así ya había sido reconocido por el propio señor Ministro de Trabajo, cuando en su Directriz No. 005-2001 instruye a la Dirección Nacional de Pensiones para que adecué su actuación, entre otros aspectos, en el tema de las anualidades y se tramite las mismas sin necesidad de solicitud de parte, “dadas las gestiones generadas por las organizaciones magisteriales en representación de sus agremiados, y tomando como rige la resolución 4345-99 de sesión ordinaria No. 057-99 celebrada a las 9:30 horas del miércoles trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional revisada por resolución DNP-R-JPM-FG-04-99”, lo que evidentemente implica un reconocimiento de ese derecho. En consecuencia, se ha de revocar la resolución apelada y confirmar lo dispuesto por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional en la resolución No. 4615, dictada en la sesión ordinaria número 019-2002, celebrada a las catorce horas del catorce de marzo del año 2001.”
985, Sección Segunda, 9:40 horas del 24/7/2002
“III. La apelante se encuentra inconforme porque la Dirección Nacional de Pensiones no le otorgó las seis anualidades que aprobó la Junta de Pensiones, sino solamente dos. Analizados los autos, no encuentra el suscrito juez error alguno en el cálculo de tiempo de servicio efectuado por la Dirección, como si lo aprecia del conteo realizado por la Junta. En efecto de los documentos de folios 49, 57 y 105, se observa que este último ente contabilizó más años de los efectivamente trabajados, en razón de que tomó en consideración tres años y cinco meses que le fueron reconocidos a la gestionante por haber laborado en puesto administrativo, tiempo que para efectos de anualidades no es procedente reconocer. Por ello, si al día de hoy la señora (…) goza de veinte anualidades (f. 106), y el tiempo efectivo de trabajo es de veintidós años nueve meses, y catorce días (f. 123), entonces debe otro.0gársele dos anualidades más, y no seis, como erróneamente lo hizo la Junta. Consiguientemente se impone confirmar la resolución apelada.”
992, Sección Primera, 9:20 horas del 31/07/02
Reitera el criterio del honorable Tribunal, en el sentido que el rubro anualidad con fundamento en la Ley 6835 debe practicarlo el patrono y a instancia de parte. De ahí que la Junta y la Dirección carezcan de competencia para esa incorporación. No obstante, de haberse practicado, advierte el Tribunal la imposibilidad de modificarlo por esa instancia según el alcance de la norma 184 de la Ley General de la Administración Pública, así como que no resulta ajustado a derecho sumar para tal efecto las bonificaciones por reconocimientos especiales al tiempo de servicio (Art. 32, ZII, HA, EE, EA).
“IV.- SOBRE EL FONDO DE LO CONTROVERTIDO. Como puede observarse, la solicitud del apelante versa sobre el pago de las correspondientes anualidades, y la fecha de rige de éstas. En cuanto al pago en sí mismo, debe advertirse que la retribución de anualidades por tiempo servido en el sector público, con base en la Ley 6835, quien debe hacerlo es el patrono para los servidores activos durante la vigencia de ese cuerpo normativo; de manera que, una vez reconocido el aumento salarial por ese concepto, este a su vez pueda reportarse y ser aplicado, si procede, para el salario que ha de servir de base para la pensión o jubilación. Como se desprende de los autos, ni la Junta de Pensiones, ni la Dirección Nacional de Pensiones, tienen competencia para aplicar dicha norma, sino que el único que está legitimado es el patrono (en este caso, el Ministerio de Educación Pública) y a instancia de parte. No consta en autos que existiera solicitud de parte en ese sentido, por lo contrario, se evidencia que fue una decisión oficiosa de la Junta de Pensiones y Jubilaciones, por lo que se ha dado un error de derecho en este asunto.
Debemos acotar que, en todo caso, de haber procedido el pago de anualidades, lo que negamos, no podría considerarse al efecto, reconocimientos especiales por concepto del artículo 32, estipulado en la Ley 2248; y lo correspondiente al beneficio de zona incómoda e insalubre, horario alterno y enseñanza especial consagrado en los numerales 2, incisos b) y c) de las leyes 2248 y 7268, el reconocimiento del tiempo en la empresa y tiempo laborado en el extranjero, ni el período de retiro en caso de que el pensionado hubiere recibido ese beneficio. El reconocimiento se habría tenido que aplicar por años completos de servicio; pues de lo contrario se exorbita los fines de la ley.
Aplicación de la norma 6995, del 22 de julio de 1985. Dicha norma fue declarada inconstitucional por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante el voto número 2136-91 del 23 de octubre de 1991. Dicha ley se dirigió a beneficiar a los servidores públicos, de manera que, quiénes ostentaban esa cualidad o condición, al momento de entrar en vigencia y se acogieron a jubilación o pensión sin haber adquirido pago de anualidades por todos los servicios públicos, podían recibir el aumento en la pensión, siempre que lo hicieran durante su vigencia. La fecha de reclamo del pago de las anualidades acumuladas, tiene importancia. En este caso no hubo reclamo; por el contrario, la Junta lo hace de oficio y en fecha posterior a aquella en que la norma pierde vigencia, hecho que ocurrió el cuatro de noviembre de 1991. A pesar de que el gestionante se pensionó el primero de enero de 1997, de manera que, el derecho al disfrute de aumento de anualidades no procede en este caso. No obstante, en la resolución recurrida, la Dirección Nacional de Pensiones aprueba el reconocimiento de una anualidad. Aunque es contrario a la ley ese pronunciamiento, por lo ya expuesto, en vista de que no se puede anular lo resuelto por la Dirección Nacional de Pensiones a favor del apelante, por impedirlo así el artículo 184 de la Ley General de la Administración Pública, se debe mantener lo resuelto por dicha Dirección”
1025, Sección Segunda, 11:40 horas del 26/7/2002
“III. El apelante se encuentra inconforme porque la Dirección Nacional de Pensiones no le otorgó más anualidades que las ya reconocidas. Analizados los autos, no encuentra el suscrito juez error alguno en el cálculo de tiempo de servicio efectuado por la Dirección, como si lo aprecia del conteo realizado por la Junta. En efecto del documento de folio 2, se observa que este último ente contabilizó más años de los efectivamente trabajados, en razón de que redondeó el período sobrante mayor de seis meses, al año completo. Véase que los veinticuatro años, ocho meses, que el petente laboró fueron convertidos a veinticinco años. Eso es incorrecto, porque la Ley de Salarios de la Administración Pública, sólo autoriza el pago de “anualidades” completas. Si bien el artículo 5 de la Ley 2248 posibilita el redondeo a un año, después de seis meses de servicio, lo cierto del caso, es que se proceder está autorizado sólo para efectos del cómputo del tiempo de servicio para otorgar la pensión, pero no, para el pago de anualidades, toda vez que esta materia está especialmente regulada en la citada Ley de Salarios de la Administración Pública y sus reformas. Por lo demás debe recordarse que en materia de Seguridad Social, el principio a aplicar en caso de conflicto de normas lo es el “Indubio Pro Fondo”, y que el artículo 29 de la Ley 7531 dispone que las interpretaciones correspondientes al Régimen de Reparto, serán restrictivas tanto en su aplicación como en su interpretación, por tratarse de un régimen transitorio, especial y sustitutivo del seguro obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social.”
1057, Sección Segunda, 10:05 horas del 31/07/2002
De sumo interés resulta el voto de minoría que reconoce la totalidad de anuales con vista del tiempo servido. Parece inferirse que el ajuste de ese rubro al máximo de 25 por parte de la Junta, obedece a que estos son los años con los cuales accedió a la jubilación ordinaria la interesada; por ello de 24 que tenía se pasa a 25.
“III. La aquí gestionante, laboró para el Ministerio de Educación durante los cursos lectivos comprendidos entre mil novecientos setenta y cinco, y el año dos mil (certificación de folio 12). Así las cosas tiene derecho a que se le reconozca una anualidad por cada año efectivamente laborado. Como laboró un total de veintiséis años, tiene derecho a veintiséis anualidades. La Junta de Pensiones del Magisterio Nacional en resolución N° 12313 tomada en sesión 55-2001 de las diez horas del primero de agosto del dos mil uno, reconoció a favor de la recurrente el pago una anualidad adicional a las veinticuatro que hasta ese momento se le habían reconocido (ver certificación de folio 18) La Dirección Nacional de Pensiones en la resolución apelada, denegó el reconocimiento de nuevas anualidades, bajo la tesis de que el trabajo efectivo de la gestionante era de veinticuatro años, ocho meses. Como se aprecia ambas resoluciones son erróneas, porque tal y como se dijo supra existe prueba en autos (certificación de folio 12), de que la gestionante laboró un total de veintiséis años. En virtud de lo anterior procede revocar la resolución recurrida, así como la de la Junta de Pensiones, y aprobar a favor de (…), el otorgamiento de dos anualidades adicionales a las veinticuatro que actualmente disfruta.”
1061, Sección Segunda, 10:25 horas del 31/07/2002
Para avalar el rige brindado por la Junta al reconocimiento de anualidades, el Tribunal hace acopio de la directriz 5-2001 del señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, por virtud del cual se homologa a partir del primero de enero de 1999.
“II.- En el presente asunto nos encontramos frente a un caso de anualidades, sin embargo, el derecho al pago de las mismas no se discute, lo que se debate es el momento a partir del cual debe concederse el disfrute del beneficio. La Junta de Pensiones declara el derecho con un rige a partir de 1° de enero de 1999, por su parte, la Dirección Nacional de Pensiones establece que el rige debe ser a partir de 13 de octubre de 1999. Sobre este particular, se debe traer a colación un oficio enviado por el Director Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo, al Director Ejecutivo de la Junta de Pensiones, nos referimos al oficio N° DNP-0257-2002, de fecha 26 de enero de 2002, en donde en lo que interesa se dice:
“1.- La Dirección Nacional de Pensiones se compromete, dentro del proceso de estudio que corresponda, en forma conjunta, a implementar dentro del proceso de resolución de expedientes, los siguientes criterios: b.- Rige de Anualidades. En atención a la directriz N° 005-2001 del Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, y especialmente en lo referente al punto 6 de la misma, el rige deberá igualarse al establecido por la resolución 4345-99-, de la Junta de Pensiones, o sea 1° de enero de 1999.” (la negrita no es del original).
En atención a lo expuesto, no hay nada que debatir, porque la misma Dirección Nacional de Pensiones, acepta en forma expresa acoger el criterio de la Junta de Pensiones, con respecto al rige del beneficio en caso de reconocimiento de anualidades. Incluso, en algunos asuntos, ni siquiera se discute ese punto.
III.- En consecuencia, procede resolver la resolución apelada y declarar que el reconocimiento de anualidades debe hacerse a partir de 1° de enero de 1999, conforme lo dispuso la Junta de Pensiones en la resolución N° 9090 de las diez horas del trece de junio del dos mil uno, que se debe confirmar.”
1070, Sección Segunda, 11:10 horas del 31/7/2002
“III. El apelante se encuentra inconforme porque la Dirección Nacional de Pensiones no le reconoció más anualidades que las correspondientes al sesenta y cinco por ciento que ya disfrutaba, mientras que la Junta de Pensiones y Jubilaciones le reconoció un dos por ciento más. Revisados los autos considera este juzgador que faltan importantes elementos probatorios en ellos para poder sustentar un pronunciamiento justo. Véase que la Dirección Nacional de Pensiones efectúa el control de tiempo servido con base en el folio 65. Sin embargo ese documento no se encuentra agregado a los autos. Es criterio de este juzgador que la Junta de Pensiones debe remitir la totalidad del expediente administrativo y no parte de él. Ante tal situación no queda otra opción que confirmar la resolución impugnada.”
1318, Sección Segunda, 8:15 horas del 13/9/2002
A partir de una determinación puntual del tiempo de servicio, sostiene acertadamente este fallo que las bonificaciones en virtud de laborar en determinadas condiciones, no resultan hábiles para sustentar el pago del rubro anualidad.
“III.- De las pruebas que constan en el expediente administrativo, tenemos que de acuerdo con la recomendación técnica: Rev-anual-6272-2001, el tiempo de servicio laborado por la actora en el sector público costarricense es de 27 años y 5 cinco meses. Tanto la Junta de Pensiones y Jubilaciones como la Dirección Nacional de Pensiones, ambas del Magisterio Nacional, reconocieron a la aquí actora un total de dos aumentos anuales, a partir del primero de enero del 2000. En punto a lo expuesto, lo importante es determinar si la gestionante resulta acreedora de dos o bien de tres aumentos anuales. Revisados los documentos incorporados a los autos, concluimos que la petente no lleva razón en sus alegatos, ello en virtud de que si bien es cierto contabiliza un total de 27 años y 7 meses de servicio, únicamente se deben considerar para efectos del cálculo correspondiente, un total de 27 años y 5 meses (a razón de 2 anualidades más), ello en virtud de que 2 meses se le computaron por concepto de la bonificación que contempla el artículo 32, la cual no se toma en cuenta como tiempo efectivo de trabajo, porque justamente lo es para adelantar el disfrute de la pensión. Lo expuesto encuentra sustento en la propia sesión ordinaria número 56-2000 de la Junta Directiva celebrada el 04 de octubre del mismo año, la cual expresamente dispuso que en ningún caso se reconocerán y pagarán anualidades por virtud de las bonificaciones de tiempo de servicio que por ficción legal contemplen o hayan contemplado las diversas leyes aplicables al régimen del Magisterio Nacional. De conformidad con lo expuesto, se CONFIRMA la resolución dictada por la Dirección Nacional de Pensiones DNP-MT-M-5054-2001 a las 13:40 horas del 26 de setiembre del 2001.”
535, Sección Segunda, 9:10 horas del 28/03/2003
Reafirma el Tribunal en la presente resolución, la interpretación dispuesta por esta Junta de aplicar el párrafo segundo del artículo 5 de la Ley 2248, esto es que las fracciones mayores de seis meses se computarán como años enteros; postulado que también debe ser atendido para efectos de reconocimiento de anualidades.
“II.- La diferencia entre la resolución de la Dirección Nacional de Pensiones y la de Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, radica en que la segunda, redondeó el tiempo servido, para efectos el pago de anualidades, con apoyo del párrafo segundo del artículo 5 de la Ley 2248, que en lo conducente, establece que en tratándose de las jubilaciones ordinarias y extraordinarias, al sumarse el tiempo servido, las fracciones de un año que resulten se computarán por años enteros si son de seis meses y se despreciarán si fueron de lapsos menores. Este Tribunal, avala lo resuelto por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, por cuanto la norma citada, tiene carácter especial y priva frente a cualquier otra, inclusive respecto de cualquier interpretación contraria, derivada de los artículos 5 y 12 de la Ley de Salarios de la Administración Pública.”
1375, Sección Segunda, 9:40 horas del 10/06/2003
Si bien en lo referente al reconocimiento de anualidades, esta Junta ha razonado que la fecha o disfrute de la pensión no interesa debido a que hubo un reconocimiento tácito por parte del Gobierno, lo cierto es que el Tribunal establece que aquellos beneficiarios que se encuentren pensionados antes de 1982 no se hacen acreedores de ese derecho por existir abundante jurisprudencia jurisdiccional que así lo dispone.
“Es necesario advertir, que el punto ha sido suficientemente debatido a nivel jurisdiccional, produciendo abundante jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, la que estableció una diferencia entre los servidores que se pensionaron antes del 28 de diciembre de 1982 y los que se acogieron a ese derecho con posterioridad a esa fecha porque de aplicarse el beneficio a quienes ya no trabajan para el Estado o sus instituciones, se le estaría dando una aplicación retroactiva a la ley en perjuicio del empleador o, en su caso, de los respectivos fondos de pensiones, lo que es improcedente sin la expresa autorización de la misma Ley, en consonancia con el artículo 34 de la Constitución Política. Con fundamento en lo anterior teniéndose por demostrado que el causante se acogió al beneficio a partir de junio de mil novecientos ochenta (ver folio 7), no se le debe aprobar el pago de anualidades solicitadas, conforme lo dispuso la Dirección Nacional de Pensiones.”
Ver en igual sentido:
1395, Sección Segunda, 8:50 horas del 13/06/2003
345, Sección Segunda, 8:15 horas del 06/03/2007
En cuanto al otorgamiento de las anualidades reitera el Tribunal su posición de que sólo procede el reconocimiento de este beneficio por el tiempo laborado en el Sector Público. En ese sentido, señala que el tiempo que el funcionario haya laborado en otras dependencias que aún cuando se encuentren relacionadas con la educación se ubican estrictamente en el sector privado, el mismo no le genera el derecho a recibir aumentos anuales, toda vez que su régimen de empleo no corresponde al funcionario público.
“No obstante lo anterior, este órgano colegiado no tiene recursos probatorios idóneos para declarar el derecho a aumentos anuales adicionales, toda vez que la única relación de trabajo que se acredita en el expediente, es con la Fundación Piedad o Escuelas Asambleas de Dios (ver folio s 49 a 54), que si bien es una entidad dedicada a actividades docentes, por su misma personería jurídica, tiene la naturaleza de un ente del sector privado, no público. Al respecto, el hecho de que se hayan reportado cotizaciones al Fondo de Pensiones del Magisterio Nacional (ver folio 55) durante la relación laboral con dicha organización, no genera el derecho a percibir aumentos anuales, beneficio que conforme a la Ley 6835 del veintidós de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, sólo corresponde a los funcionarios en régimen de empleo público.”

References: resolución 
 resolución 
 artículo 92
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 88
 artículo 155
 artículo 88
 artículo 155
 artículo 80
 artículo 86
 artículo 87
 resolución 
sui generis
 resolución 
 artículo 33
 artículo 57
 artículo 57
 artículo 3
 resolución 
 Artículo 32
 resolución 
 artículo 88
 resolución 
 resolución 
 artículo 32
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 97
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 90
 artículo 29
 artículo 10
 artículo 29
 artículo 79
 artículo 37
 artículo 181
 artículo 184
 artículo 5
 resolución 
 artículo 5
 artículo 29
 resolución 
 resolución 
 resolución 
in dubio
 artículo 29
 artículo 5
 artículo 29
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 32
 resolución 
 artículo 184
 artículo 5
 artículo 29
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 32
 resolución 
 artículo 5
 resolución 
 artículo 5
 artículo 34