Source: http://www.lamoncloa.gob.es/espana/eh15/medioambiente/Paginas/index.aspx
Timestamp: 2017-01-20 16:02:12+00:00

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La Moncloa. 16/02/2016. Medio Ambiente [España hoy/España Hoy 2015-2016/Medio Ambiente]
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Lince ibérico (J. Pérez de Ayala MAPAMA)
​​​​Artículo 45 de la Constitución:　1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
La calidad ambiental. La evaluación ambiental
La protección de la atmósfera. El control de las emisiones
La conservación del medio natural: los espacios protegidos
La política forestal: la lucha contra los incendios forestales
La conservación de las costas y la protección del medio marino
Conservación de la biodiversidad. Especies protegidas
Las políticas de desarrollo rural
El medio ambiente constituye un sistema complejo de gran importancia para nuestro bienestar y para nuestro futuro, cuyo equilibrio y conservación se enfrenta a un gran número de retos. La superación de estos últimos es objeto de las políticas que lleva a cabo el Gobierno en el marco de nuestra pertenencia a la Unión Europea.
El informe de revisión del comportamiento medioambiental de España, elaborado por la OCDE y presentado a principios de marzo de 2015, reconoce los grandes avances realizados por nuestro país en este sector a lo largo de los últimos años. Pone de manifiesto el progreso espectacular logrado en muchos aspectos del comportamiento medioambiental, incluyendo una economía menos intensiva en carbono, en energía y en recursos, una expansión significativa de las zonas naturales protegidas, y la puesta en marcha de una nueva legislación eficaz que reduce significativamente la carga burocrática para empresas y ciudadanos, y refuerza la coordinación entre administraciones.
​La calidad ambiental. La evaluación ambiental
La evaluación ambiental es el conjunto de estudios que, articulados dentro de un procedimiento administrativo, tienen por objeto la identificación, predicción y valoración de los impactos ambientales que un plan, programa, proyecto o actividad produciría en caso de ser ejecutado, de modo que, mediante las oportunas medidas preventivas y correctoras, no se produzcan impactos adversos significativos y que el medio ambiente y los recursos naturales queden adecuadamente protegidos.
La normativa básica en materia de evaluación ambiental de planes, programas y proyectos se encuentra recogida en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación am​biental, la cual acometió una profunda reforma procedimental de este instrumento jurídico de control previo, con el fin de simplificar y agilizar los procedimientos, reforzando la protección ambiental.
Con el fin de garantizar la transparencia del proceso y la colaboración pública, los ciudadanos pueden participar en la fase de consultas y de información pública, tanto en la evaluación ambiental de proyectos como en la de planes y programas, pudiendo formular alegaciones y observaciones a los diferentes documentos ambientales generados a lo largo de los procesos de evaluación ambiental.
La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) calcula que las emisiones de contaminantes atmosféricos disminuirán en los países europeos durante las dos próximas décadas, gracias a la progresiva aplicación de instrumentos legislativos de control de emisiones, ya vigentes o en preparación, y a los cambios estructurales del sistema energético y de movilidad. Se prevé que las mayores reducciones afecten a las emisiones relacionadas con la energía (sobre todo de SO2, NOx, COV y PM-2,5 primarias) y transporte mientras que la reducción de emisiones de la agricultura puede ser menor.
El Ministerio de Agricultura y Pesca​​, Alimentación y M​edio Ambiente elaboró, y se aprobó en Consejo de Ministros en abril de 2013, el Plan Nacional de Calidad el Aire y ​​Protección de la Atmósfera 2013-2016: PLAN AIRE, con el objetivo de impulsar medidas que permitan mejorar la calidad del aire que respiramos y, de esta forma, se proteja la salud y el medio ambiente.
El PLAN AIRE contiene 78 medidas, tanto horizontales como sectoriales, con especial hincapié en las emisiones debidas al transporte, a las actividades industriales, incluidas la generación de energía, y las agrícolas.
El tráfico, y especialmente el originado por la distribución comercial, es una de las principales fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos. En 2012, más del 70% de los vehículos de reparto que se utilizaban en la distribución comercial de las ciudades españolas tenían una edad superior a 7 años.
Para hacer frente a esta situación, el Gobierno aprobó cuatro Reales Decretos: el Real Decreto 89/2013, de 8 de febrero, por el que se regula la concesión directa de ayudas del Plan "PIMA Aire" («PIMA AIRE 1», que el 25 de octubre fue modificado por el Real Decreto 831/2013 («PIMA AIRE 2»). Posteriormente se aprobaron el Real Decreto 128/2014, de 28 de febrero, por el que se regula la concesión directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente «PIMA Aire 3» y el Real Decreto 989/2014, por el que se regula la concesión directa de a​​yudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente «PIMA Aire 4», para la adquisición de vehículos comerciales, vehículos a gas y bicicletas eléctricas de pedaleo asistido.
El plan PIMA AIRE forma parte del conjunto de medidas incluidas en el Plan AIRE 2013-2016 y tuvo una dotación de 53,1 M€. El objetivo principal perseguido es el de reducir de forma significativa, las emisiones de gases contaminantes, principalmente partículas, además de reducir las emisiones de CO2 mediante la renovación del parque de vehículos comerciales y turismos por modelos más eficientes y de menor impacto ambiental disponibles en el mercado español, e impulsar modos de movilidad más sostenible, mediante la promoción del uso de la bicicleta eléctrica de pedaleo asistido.
La aplicación de los planes PIMA AIRE ha supuesto la renovación de cerca de 35.000 vehículos que sustituyen así a un parque con una antigüedad media superior a los 15 años. Además, los Planes PIMA AIRE, han facilitado la adquisición de motocicletas y ciclomotores eléctricos y de cerca de 5.000 bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico.
Este plan ha dado un impulso a la fabricación y venta de vehículos comerciales eficientes sin precedentes en España.
Como consecuencia de éstas y otras medidas implantadas, desde el año 1990 hasta 2013, última serie temporal reportada por el Sistema Español de Inventarios, las emisiones a la atmósfera de los principales gases acidificantes y eutrofizantes (óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COVNM) y amoniaco (NH3)) han experimentado notables disminuciones. En 2013 las emisiones nacionales de SOx y COVNM se situaron dentro de los límites máximos de emisión establecidos por la normativa comunitaria (Directiva de Techos Nacionales de Emisión) al igual que lo hicieron, por primera vez, las emisiones de NOx.
Fuente: Sistema español de inventario (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente)
Otra de las medidas principales del Plan AIRE es mejorar la información que se ofrece al público sobre la calidad del aire que respira. Por ello, durante el año 2014 y 2015 se ha hecho un esfuerzo muy importante para recibir en tiempo real todos los datos que miden las estaciones de calidad del aire, de forma que se pueda enviar también esta información al público a través de la página web del Ministerio.
Con este objetivo se ha desarrollado un visor que permite consultar la información de calidad del aire a nivel nacional de los contaminantes con valores legislados para protección de la salud en el Real Decreto 102/2011: SO2, NO2, PM10, PM2,5, O3, Pb, C6H6, CO, As, Cd, Ni y B(a)P, incluyendo datos en tiempo real y la evolución histórica de la evaluación de la calidad del aire.
El cambio climático es el mayor reto ambiental al que se enfrenta la comunidad internacional con efectos sobre la economía global, el bienestar social y la salud. A la vez, la lucha contra el cambio climático puede considerarse como una magnífica oportunidad para implantar nuevas formas de producción y consumo más eficientes, y en el uso de los recursos naturales, en particular recursos energéticos, que permita alcanzar el objetivo ambiental a la vez que contribuir a una mayor seguridad e independencia energética.
La política de lucha contra el cambio climático requiere de un planteamiento integral que refuerce su carácter transversal, con el objetivo de que el componente climático quede recogido en todas las actuaciones de carácter sectorial.
El cambio climático debe ser abordado tanto a nivel multilateral y global con acciones concertadas y solidarias, como a nivel individual, transformando nuestros patrones de consumo y de vida hacia opciones más respetuosas con el medio ambiente.
En el ámbito de la Unión Europea, el Consejo Europeo adoptó en 2014 el Marco sobre Clima y Energía a 2030 con tres objetivos vinculantes: a) 40% de reducción de emisiones de CO2 a nivel doméstico; b) alcanzar el 27% de energías renovables en el consumo energético; y c) lograr el 27% de mejora en eficiencia energética.
El Gobierno español ha sido en todo momento constructivo en el largo proceso hasta llegar a este Acuerdo del nuevo Marco Energía y Clima a 2030. Desde el comienzo de la negociación, España ha defendido, de manera reconocida por otros países, que es imprescindible avanzar hacia una Europa interconectada energéticamente. El avance logrado en materia de interconexiones de la Península Ibérica con el resto de Europa no sólo va a beneficiar a España y a Portugal, sino a toda la Unión y hará realidad un mercado interior de la energía que aportará seguridad de suministro y más capacidad de introducción de energías limpias.
España es un país firmemente comprometido en la lucha contra el cambio climático y, en consecuencia, siempre ha asumido sus compromisos a nivel internacional.
En el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, España ha cumplido con las obligaciones del primer periodo del Protocolo de Kioto (años 2008-2012) y está comprometida con el cumplimiento de sus compromisos en el periodo extendido.
La Cumbre del Clima de Paris (COP21) celebrada en diciembre 2015, ha dado lugar a un acuerdo mundial que vincula jurídicamente a los países a limitar el incremento de la temperatura global en 2 grados centígrados a final de siglo, y a un mecanismo de revisión de su implementación cada cinco años. El acuerdo fue fruto del impulso y las negociaciones lideradas por la Unión Europea, a las que España contribuyó firmemente.
España, durante la Cumbre del Clima, participó en varias iniciativas paralelas que muestran la colaboración del sector público y privado en esta materia, como la iniciativa 4x1000 para el incremento del contenido del carbono orgánico de los suelos agrícolas; la iniciativa franco-luso-española de impulso del vehículo eléctrico; y la del Pacto de París sobre el Agua y la Adaptación al Cambio Climático, con el objetivo de reivindicar el papel de los organismos de cuenca en la gestión sostenible de las políticas de agua y de adaptación al cambio climático.
En el mismo ámbito de Naciones Unidas, se ha preparado en 2015 la presentación del Segundo Informe Bienal (tras el Primer Informe Bienal en diciembre 2013) a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se trata de una compilación de información sobre emisiones, tendencias, objetivos, proyecciones, medidas, financiación, transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades durante los años 2013 y 2014, a fin de reportar sobre el cumplimiento de nuestras condiciones.
También se ha dado cumplimiento con las obligaciones de información establecidas en el Reglamento (UE) nº 525/2013 relativo al Mecanismo de seguimiento y notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero (MMR, Monitoring Mechanism Regulation). A lo largo de 2015 España presentó el Inventario Nacional de gases de efecto invernadero serie 1990-2012 (que recopila la información relativa a las emisiones y sumideros de gases de efectos invernadero según lo previsto en el Protocolo de Kioto y dicho Reglamento), las políticas y medidas puestas en marcha, las proyecciones de las emisiones de gases de efecto invernadero hasta el año 2030, las contribuciones financieras en materia de cambio climático, las acciones de transferencia de tecnología y el fortalecimiento de capacidades a países en desarrollo.
Por otra parte, España está comprometida con la financiación para cambio climático en países en desarrollo. En diciembre de 2014 anunció una contribución de 120 M€ al Fondo Verde para el Clima de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se espera que se convierta en el futuro el principal instrumento de financiación climática.
En 2015 también se ha dado seguimiento al Proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente denominado REGATTA, que está financiado por España y otros donantes y que tiene como objetivos: 1) La promoción de la cooperación en materia de cambio climático en la región iberoamericana. 2) El desarrollo de una plataforma online de conocimiento. 3) La identificación de centros de tecnología y conocimiento de referencia.
También en el plano internacional, España es miembro de la Alianza Global para la investigación de gases de efecto invernadero en la agricultura (GRA, Global Research Alliance on Agricultural Greenhouse Gases) y de la Alianza para una agricultura climáticamente inteligente (GACSA, Global Alliance for Climate-Smart Agriculture).
Asimismo, España participa en la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), agencia que ha contado con el apoyo de España desde su creación. Nuestro objetivo es dar una mayor participación a las empresas españolas en las actividades realizadas por la misma.
En cuanto al ámbito iberoamericano, gracias a la Red Iberoamericana de O​​ficinas de Cambio Climático (RIOCC), que nació en 2004, España mantiene un diálogo fluido permanente para conocer mejor las prioridades, retos y experiencias de los países de la región iberoamericana en materia de cambio climático. Desde 2015 la gobernanza de la red es copresidida por España y otro país de manera voluntaria y rotatoria. En 2015 fue México, donde tuvo lugar en octubre el XII Encuentro anual, y en 2016 será Colombia. A lo largo del año 2015, el Ministerio, con el apoyo de AEC​ID y otros actores internacionales, ha impulsado diversas actividades de la RIOCC para fortalecer políticas y actividades de lucha contra el cambio climático en los países de la región:
Taller regional de capacitación técnica sobre experiencias y herramientas para la mitigación, celebrado en Madrid, en marzo.
Taller regional de capacitación técnica sobre financiación climática en La Antigua (Guatemala), en septiembre.
Taller regional sobre adaptación al cambio climático a nivel local, celebrado en Cartagena de Indias, en noviembre.
Durante la cumbre COP21 de Paris, se celebró la Reunión ministerial anual de las Oficinas de cambio climático de la Red.
Finalmente, en el ámbito nacional, durante el año 2015 se ha continuado con el desarrollo del Tercer Programa de Trabajo del Plan Nacional de Adaptación. Junto con las actividades sectoriales de evaluación de impactos y vulnerabilidad en recursos hídricos, costas, bosques, biodiversidad, agricultura, medio marino, energía y turismo, se han desarrollado otras, como organización de seminarios sectoriales y la dinamización y mejora de la plataforma AdapteCCa, que es una herramienta de intercambio de información y de coordinación entre las administraciones y otros agentes activos en adaptación al cambio climático.
Paralelamente, en el año 2015 ha continuado los trabajos de elaboración de la Estrategia de adaptación de la costa a los efectos del cambio climático que incluye distintos tipos de actuaciones a poner en marcha en los diversos tramos de costa para aumentar la resiliencia de las zonas costeras a los efectos del cambio climático.
Conviene destacar que, por primera vez en España, se ha creado una partida sobre adaptación al cambio climático en el Presupuesto del Estado de 12,1 M€ bajo el formato de Plan de impulso al medio ambiente (PIMA, que se mencionará más adelante), el PIMA Adapta. Su objetivo es desarrollar proyectos concretos de adaptación al cambio climático en costas, en gestión hídrica, en medio natural y rural. Se han identificado 46 actuaciones en 2015. Para los presupuestos de 2016 se ha aprobado una nueva partida para este concepto por 17 M€.
El Gobierno ha priorizado una política de crecimiento bajo en carbono, orientando el presupuesto a la puesta en marcha numerosas iniciativas y proyectos con un doble objetivo: reducir emisiones y, a la vez, crear empleo y actividad económica.
En lo que respecta a las iniciativas de reducción de emisiones desarrolladas en el año 2015 se pueden destacar las siguientes:
A) Proye​ctos Clima
Son proyectos de mitigación en los "sectores difusos" cuyas reducciones adquiere el Fondo de Carbono durante los cuatro primeros años de vida del Proyecto. Hasta la fecha, se han realizado cuatro convocatorias: 2012, 2013, 2014 y 2015.
Se han alcanzado alrededor de 200 proyectos de reducción de emisiones desde 2012. Esta iniciativa contribuye a que España avance hacia una economía verde y una sociedad baja en carbono, constituyendo un instrumento eficaz para lograr la reducción de emisiones de CO2.
Los proyectos Clima aprobados favorecerán que España alcance los objetivos en 2020 de reducción de más de 4 millones de toneladas de CO2, al tiempo que han permitido crear más de 4.000 empleos hasta ahora.
B) Planes de Impulso al Medio Ambiente (PIMAs)
Los Planes de Impulso al Medio Ambiente (PIMA), en sus distintas iniciativas, forman parte de una estrategia más amplia para reducir de forma significativa las emisiones de contaminantes atmosféricos y de gases de efecto invernadero.
B.1.- PIMA Aire, ya mencionado por su contribución a la mejora de la calidad del aire.
B.2.- PIMA S​ol
El Plan de Impulso al Medio Ambiente en el sector hotelero PIMA Sol, aprobado por Real Decreto 635/2013, de2 de agosto, es una iniciativa destinada a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector turístico español. Promueve la reducción de las emisiones directas de gases de efecto invernadero en las instalaciones hoteleras conseguida mediante la rehabilitación energética de éstas.
El Ministerio de Agricultura​ y Pesca​, Alimentación y Medio Ambiente compra las reducciones de emisiones directas de GEI que se produzcan en los hoteles mediante los proyectos de renovación, contando con una dotación económica de 5,21 M€.
El Plan cuenta además con financiación del Banco Europeo de Inversión (BEI) y de bancos españoles en condiciones de tipo de interés y plazos muy ventajosos.
B.3.- PIMA Tierra
El Plan PIMA Tierra incentiva la renovación de tractores anteriores al 1/1/1999 a través de 70 € por CV de potencia del tractor o tractores achatarrados. Si el tractor nuevo pertenece a las clases A o B de eficiencia reciben un incentivo adicional de 1000 o 2000 €.
El Plan se articula a través del Real Decr​eto 147/2014, de 7 de marzo, y cuenta con 5 M€.
Una vez finalizado el periodo de vigencia del plan, el 31 de diciembre de 2014, se han adherido finalmente un total de 479 puntos de venta, destacando las Comunidades Autónomas de Castilla León, Andalucía y Aragón.
Con una muy positiva respuesta entre los agricultores, se han tramitado 796 solicitudes de ayuda.
Este Plan permitirá ayudar a renovar un parque muy envejecido de tractores por otros más eficientes. B.4.- PIMA Transporte
Aprobado por Real Dec​reto 1081/2014, de 19 de diciembre, el Plan fomenta el achatarramiento de los autobuses y vehículos de transporte de mercancías con más de 3,5 toneladas de masa máxima autorizada y con una antigüedad mayor de ocho años.
Está dotado con 4,7 M€. En 2015 se ha cerrado con 1.551 solicitudes (54% de camiones y 46% autobuses). Se estima que 1.200 se resolverán favorablemente y se ha procedido al pago de 400 solicitudes.
Se estiman unas reducciones de 20.000 t CO2eq /año derivadas del adelanto en la sustitución del vehículo, y otros beneficios adicionales como la reducción de las emisiones de contaminantes atmosféricos y la mejora de la seguridad vial.
B.5.- PIMA Residuos
Iniciativa destinada a fomentar a) la separación en origen de los bioresiduos para su posterior tratamiento biológico, y b) mejorar el comportamiento ambiental de los vertederos, mediante proyectos que reduzcan las emisiones de efecto invernadero asociadas. Se está gestionando a través de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Está dotado con 8,2 M€ en 2015.
Se han recibido diversas solicitudes de mejora ambiental de vertederos y de recogida selectiva y tratamiento de bioresiduos. La recogida selectiva se financia entre 5 y 11€/habitante, y la captación de biogás en vertedero a 9,7€/tCO2eq.
Se estiman unas reducciones de 500.000 tCO2eq/año en mejora de vertederos y 10.000 tCO2eq/año en fomento de compostaje, además de cumplir con los objetivos de la jerarquía de residuos.
B.6. - PIMA Empr​​esa
Promueve la puesta en marcha de actuaciones y obras que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores difusos, en aquellas empresas que estén inscritas en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. El Real Decreto 1007/2015, de 16 de noviembre, articula la compra de los créditos de carbono por parte del Fondo de carbono para una economía sostenible, FES-CO2.
El FES-CO2 podrá adquirir los créditos de carbono que generen una o varias actuaciones de una misma empresa, con un límite máximo de 150.000 € por empresa. Los créditos de carbono adquiridos por cada actuación nunca superarán el 15% del valor de la inversión elegible.
Está dotado con 5 M€ y permitirá adquirir 500.000 t CO2 eq e incentivar inversiones del orden de 50 M€ en instalaciones eficientes, energía renovables o mejoras en los procesos.
B.7. - PIMA Adapta, mencionado anteriormente.
C) Hoja de Ruta de los sectores difusos hasta 2020
El objetivo de la Hoja de Ru​​ta 2020 es planificar medidas adicionales, su grado de aplicación y coste para conseguir el objetivo esperado de reducir en 2020 un 10% de nuestras emisiones en sectores difusos respecto a 2005 de una manera eficiente.
Incluye 43 medidas con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en sectores como el de la vivienda, los transportes y los residuos, entre otros. Para cada una de estas medidas se lleva a cabo un análisis detallado en cuanto a costes (inversiones y ahorros), generación de empleo, fiscalidad y reducción de emisiones.
El modelo utilizado propone el grado de aplicación de dichas medidas necesario para cumplir de manera eficiente con los compromisos adquiridos. Consecuentemente, se evaluará el coste de cumplimiento para España del objetivo, así como otros parámetros como la generación de empleo y actividad económica.
Actualmente se está avanzando en la Hoja de ruta actualizada y extendida a 2030.
D) Registro de Huella de Carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2
El Registro de Huella de Carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2 es una iniciativa plasmada en el Real Decreto 163/2014, d​e 14 de marzo. Vincula el cálculo y reducción de la huella de carbono en las empresas con el fomento de los sumideros nacionales, de manera que, aquellas empresas que deseen compensar su huella de carbono lo hagan a través de la adquisición de unidades de absorción de origen nacional.
El registro se estructura en tres secciones: una sección de huella de carbono y de compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, una sección de proyectos de absorción de CO2 y una tercera sección de compensación de huella de carbono.
A finales de 2015 cuenta con 213 organizaciones que han registrado 294 huellas, de las cuales 3 han compensado (sello "calculo y compenso") y 15 han demostrado reducciones (sello "calculo y reduzco"). Igualmente hay 6 proyectos de absorción inscritos.
En 2015 también se ha hecho un importante esfuerzo de divulgación y sensibilización. Entre estas iniciativas es importante destacar el proyecto de "Un Millón de Compromisos por el Clima". España consiguió a finales de 2015 el reto de sumar más de un millón de adhesiones contra el cambio climático por parte de ciudadanos, empresas y organizaciones administrativas y sociales (ayuntamientos, ONGs, universidades...). Esta iniciativa consistía en asumir compromisos de acciones para reducir emisiones de CO2 a partir de un menú desplegado en www.unmillonporelclima.e​s, con más de 80 acciones posibles. La iniciativa arrancó en junio de 2015 con el objetivo de sensibilizar a la sociedad española contra el cambio climático de un modo sencillo y ágil. El resultado del proyecto fue presentado en Paris durante la COP21.
Se han realizado otros trabajos de divulgación y sensibilización en 2015, como numerosas jornadas, congresos y talleres: Jornada Técnica Cambio Climático y Movilidad, Seminario sobre la implementación del nuevo reglamento europeo de gases fluorados de efecto invernadero, Seminario internacional sobre biogás-biometano, Seminario sobre adaptación al cambio climático en el medio marino, Jornada sobre iniciativas internacionales relacionadas con el sector agrario, Seminario de Ganadería Extensiva y Cambio Climático y Taller Regional sobre Adaptación al Cambio Climático a nivel Local. De igual manera, cabe mencionar la participación en la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente y en el Congreso Nacional de Medio Ambiente Local.
Además, se ha completado el importante trabajo de comunicación y divulgación de los resultados de los Informes que comprende el Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC):
Cuadríptico sobre el IPCC, su estructura, composición y funcionamiento, y sobre los contenidos del Quinto Informe de Evaluación del IPCC.
Dossier de 44 páginas con los principales resultados del primer volumen del Quinto Informe de Evaluación del IPCC (bases científico físicas del cambio climático).
Dossier con los principales resultados del segundo volumen del Quinto Informe de Evaluación del IPCC (impactos, adaptación y vulnerabilidad al cambio climático).
Dossier con los principales resultados del tercer volumen del Quinto Informe de Evaluación del IPCC (mitigación).
El agua es un bien público ligado al desarrollo socioeconómico del país, por eso el primer objetivo del Ministerio de Agricultura y Pesca​, Alimentación y Medio Ambiente en esta materia es asegurar el suministro en cantidad y calidad suficiente para todo el territorio y para todos los usos, garantizando el respeto al medio ambiente.
A la garantía del suministro y la mejora de la calidad de las masas de agua se suma una adecuada gestión de los fenómenos meteorológicos extremos, inundaciones y sequías, que constituyen una amenaza no solo para la seguridad de las personas sino también para el medio ambiente y para las actividades económicas relacionadas con el agua.
Tres líneas de trabajo, garantía de suministro, mejora de la calidad de las aguas y gestión de inundaciones y sequías, que junto con la mejora de nuestro modelo de gobernanza para proporcionar un servicio eficaz y de calidad, tienen como base la planificación hidrológica, soporte técnico y espacio de participación pública en la definición de las políticas públicas del agua en nuestro país.
La planificación hidrológica se organiza en dos niveles: planes hidrológicos de cuenca y plan hidrológico nacional (este último, aprobado por la Ley 10/2001, de 5 de julio). En España, la planificación hidrológica a nivel de cuenca es un hecho irrenunciable y pionero en el mundo, que ha sido validado e impulsado por la Comisión Europea con la aprobación de la Directiva 2000/60/CE, conocida como Directiva Marco del Agua (DMA). De hecho, la gestión del agua en nuestro país se organiza a través de las Confederaciones Hidrográ​ficas u organismos de cuenca: organismos públicos dependientes de la Dirección General del Agua, cuyos límites jurisdiccionales son hidrográficos.
Los planes hidrológicos d​e cuenca permiten cuantificar el agua de la que se dispone en cada cuenca y las demandas existentes. Además, a través de sus programas de medidas, marcan las actuaciones que debemos acometer para satisfacer los objetivos socioeconómicos y de desarrollo de la cuenca, para seguir avanzando en materia de saneamiento y depuración o para gestionar los fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones y sequías.
Embalse (MAPAMA)En definitiva, son los planes hidrológicos los que hacen posible una gestión eficaz, eficiente, solidaria y medioambientalmente responsable del agua, tal y como nos exige la Unión Europea. Y tan necesaria en un país con escasez estructural de agua y en permanente adaptación a los riesgos que trae consigo el cambio climático. Riesgo especialmente significativo en el ámbito del agua por el previsible aumento de sequías e inundaciones y por la pronosticada reducción de la disposición de agua en el futuro de buena parte del territorio nacional.
En julio de 2014 concluyó el primer ciclo de planificación hidrológica con la aprobación, con un amplio consenso, de todos los planes cuya elaboración es de competencia estatal.
Igualmente, en 2015 (con aprobación final por el Consejo de Ministros en los primeros días de 2016) ha concluido el segundo ciclo de planificación 2016-2021, con la revisión de los planes hidrológicos de todas las demarcaciones hidrográficas de competencia estatal (12). Se ajusta así nuestra política planificadora al calendario marcado por Europa y sancionado por la legislación nacional en materia de agua. Asimismo, en 2015 ha concluido el segundo ciclo de planificación en la cuenca intracomunitaria de Islas Baleares y, junto con los 12 planes estatales, en los primeros días de 2016 se han aprobado los planes de segundo ciclo de las cuencas internas de Andalucía y Galicia.
En el segundo ciclo, que ha conllevado una nueva etapa de participación, se ha profundizado en tres importantes aspectos para avanzar hacia un modelo de gestión del agua cada vez más sostenible: los objetivos medioambientales, los programas de medidas y la integración de los planes de cuenca con los planes de gestión de riesgo de inundación.
Para cumplir con los objetivos medioambientales, el Ministerio está desarrollando una serie de pautas para conseguir que nuestras masas de agua alcancen los niveles de calidad exigidos por la normativa comunitaria.
Unas medidas que pasan, en primer lugar por mejorar nuestros sistemas de depuración con la ampliación, mejora o construcción de nuevas Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR). Esta labor se está llevando a cabo, en buena medida, gracias al Plan de Crecimiento, Competitividad y Efic​acia (Plan CRECE) que prevé unas inversiones de 1.100 millones de euros en actuaciones de depuración y saneamiento.
Al objeto de evaluar los objetivos medioambientales, es necesario mantener los programas de seguimiento. Con la finalidad de mejorar a vigilancia de las aguas, asegurando el mismo nivel de exigencia y la misma metodología a nivel nacional, se ha aprobado el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre. Se prevé una inversión de unos 101 millones de euros, que permitirá el seguimiento durante el escenario 2015-2021 de más de 5.000 masas de agua a través de 4.400 estaciones de control.
El seguimiento del estado de las masas de agua es una herramienta básica para la gestión de las aguas que debe proporcionar la información necesaria para evaluar la efectividad de las medidas adoptadas y el grado de cumplimiento de los objetivos marcados. De esta forma, se permite conocer el estado de las aguas; identificar la salud de los ecosistemas acuáticos; determinar el grado de contaminación de las aguas; valorar las consecuencias de la emisión de contaminantes procedentes de fuentes de contaminación puntual y difusa; evitar o reducir el deterioro producido por la presencia de sustancias prioritarias; evaluar el efecto de las alteraciones hidromorfológicas; etc.
Los programas de medidas
Las actuaciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos en los planes hidrológicos se encuentran plasmadas en los programas de medidas. En este sentido, incluyen aquellas actuaciones orientadas a garantizar el suministro en toda España, promover un uso más eficiente del agua e impulsar, cuando proceda, la utilización de recursos no convencionales para mejorar el abastecimiento.
La gestión del riesgo de inundación y el riesgo de sequía
Junto a los objetivos de garantía en el suministro y de calidad en el control de las aguas, otro de los objetivos de la política del agua pasa por garantizar la seguridad de las personas y los bienes mediante la correcta gestión de los riesgos asociados a los fenómenos meteorológicos extremos, es decir inundaciones y sequías. Y no hay mejor forma de hacerlo que seguir avanzando en la planificación de la Gestión de Riesgo de inundación y del ries​​go de sequía.
En paralelo al desarrollo del segundo ciclo de planificación hidrológica, se ha trabajado en la elaboración de los planes de gestión de riesgo de inundación, cuyo objetivo es lograr un actuación coordinada de todas las administraciones públicas implicadas para reducir las consecuencias negativas de las inundaciones, basándose en los programas de medidas que cada una de las administraciones debe aplicar en el ámbito de sus competencias a través de programas de prevención, protección, preparación y recuperación de daños.
Por otro lado, para minimizar los aspectos ambientales, económicos y sociales de eventuales situaciones de sequía, disponemos de los Planes Especiales de Sequía, que permiten no solo paliar situaciones de emergencia, sino gestionar en cada momento el riesgo existente.
Uno de sus pilares esenciales es su sistema de indicadores hidrológicos, que a partir del seguimiento de las variables hidrometeorológicas esenciales permiten definir la situación en la que se encuentra cada sistema respecto a una posible sequía (Normalidad, Prealerta, Alerta, Emergencia). La definición de unos umbrales para cada fase de la sequía permite aplicar progresivamente las actuaciones y medidas necesarias, retrasando la llegada de las fases más severas de sequías, y mitigando así las consecuencias más negativas de las mismas.
En resumen, una política hidráulica que se desarrolla desde la planificación y la gestión integrada del recurso, a partir de un conjunto de infraestructuras hidráulicas físicas y tecnológicas que hacen posible poner en práctica lo definido y consensuado en la planificación:
Almacenar el agua que de otro modo no podríamos usar y trasladar el recurso hasta donde existe la necesidad.
Suministrar la red con nuevos recursos hídricos, como el agua desalada, o reutilizar el agua que ya empleamos una vez.
Evitar la contaminación de nuestros ríos y preservar, en general, la calidad de las aguas.
Gestionar riesgos de inundaciones y sequías.
En definitiva, planificación, participación pública, gestión integrada del recurso y seguridad jurídica son los pilares de un sistema de gestión del agua, que en España sigue transitando hacia la sostenibilidad económica, social y medioambiental como garantía de eficacia frente al reto de la escasez y los riesgos que pone sobre nuestro país el cambo climático.
La Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados incorporó al derecho interno la Directiva 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. Esta ley constituye el nuevo marco jurídico para la gestión de los residuos en los próximos años. La ley consagra el principio de jerarquía de residuos que ha de ser aplicado en la política de residuos. Dicho principio prioriza las opciones de gestión de residuos con el siguiente orden: prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otras formas de valorización, incluida la energética y, por último, la eliminación, por ejemplo mediante depósito en vertedero. Al objeto de avanzar en el uso eficiente de los recursos, la Ley incorpora un objetivo de prevención (en 2020 reducción del 10% en peso de los residuos generados en 2010) y objetivos de reciclado y valorización a alcanzar en 2020 para los residuos municipales (50% de preparación para la reutilización y reciclado) y para los residuos de construcción y demolición (70% de preparación para la reutilización, reciclado y otra valorización de materiales).
Contenedores de basura (MAPAMA)Con ese fin, en diciembre de 2013 se aprobó en Consejo de Ministros, el Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020. Este programa se configura en torno a cuatro líneas estratégicas destinadas a incidir en los elementos clave de la prevención de residuos (reducción de la cantidad de residuos, reutilización y alargamiento de la vida útil de los productos, reducción del contenido de sustancias nocivas en materiales y productos, y reducción de los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente, de los residuos generados) que incorporan medidas de prevención. La puesta en práctica de estas medidas depende de acciones múltiples en distintos ámbitos en las que están implicados fabricantes, distribuidores, el sector servicios, los consumidores y usuarios finales y las Administraciones Públicas.
Otro elemento esencial para desarrollar las políticas comunitarias de residuos son los planes de gestión de residuos que deben dar cobertura a todo el territorio geográfico español. El Consejo de Ministros aprobó en noviembre de 2015, el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, que establece las líneas estratégicas y las medidas necesarias para avanzar hacia la denominada economía circular y cumplir los objetivos comunitarios en materia de residuos. Se trata de un instrumento clave para aplicar la jerarquía de gestión de residuos y para avanzar hacia la economía circular, que reincorpora al proceso productivo los materiales que contienen los residuos para la elaboración de nuevos productos. Impulsa, además, la coordinación entre administraciones, la mejora de la transparencia e información en materia de residuos, la inspección, el control y la sensibilización social.
Por otra parte, en febrero de 2015 se aprobó el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que incorpora al ordenamiento jurídico interno la Directiva ​2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y adapta el Real Decreto 208/2005 a lo establecido en la Ley 22/2011, a la vez que corrige las deficiencias y lagunas detectadas en la gestión de este tipo de residuos.
También, en marzo de 2015, se aprobó el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, relativo a los traslados de residuos, que desarrolla el artículo 25 de la Ley 22/2011 y regula los traslados de residuos en el territorio del Estado siguiendo las orientaciones en el Reglamento Comunitario 1013/2006 relativo al traslado de residuos, para garantizar el objetivo último de asegurar la trazabilidad y la correcta gestión de los residuos.
En julio de 2015 se aprobó el Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, porel que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, a través del cual se traspuso la Directiva 2013/56/UE, de 20 de noviembre de 2013, que modifica a la Directiva 2006/66/CE de pilas y acumuladores y residuos de pilas y acumuladores. La modificación del Real Decreto afecta fundamentalmente a la puesta en el mercado de pilas y acumuladores portátiles que contengan cadmio y de pilas botón con un bajo contenido de mercurio, y además adapta el contenido del mismo a las previsiones de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
Por último, se encuentra actualmente en tramitación la sustitución del vigente Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre la gestión de vehículos al final de su vida útil, para su adecuación a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio.
Red Natura 2000 (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente)
La protección del medio natural se lleva a cabo mediante diferentes instrumentos, como son las distintas figuras de Espacios Naturales Protegidos y la Red Ecológica Europea Natura 2000, compuesta a su vez por los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), y las áreas protegidas declaradas por instrumentos internacionales. Entre estos últimos destacan las Reservas de las Biosfera, dentro del programa MaB de UNESCO: en España existen 45 (9,5% del territorio español), lo que nos coloca en el segundo puesto mundial en el ranking de la UNESCO, solo por detrás de Estados Unidos.
El mayor nivel de protección sobre un territorio lo otorga su declaración como Parque Nacio​nal. Actualmente son 15 los espacios naturales que poseen este reconocimiento en nuestro país, abarcando un total de 384.504,09 hectáreas (368.515,89 terrestres y 15.988,20 marinas). Constituyen un sistema coordinado por el Estado, la Red de Parques Nacionales, que representa los principales sistemas naturales en España y alberga una selección de lo mejor de nuestro patrimonio natural.
En 2013 se incorporó a la Red el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, con una superficie de alto valor ambiental de 33.960 ha, pertenecientes a las Comunidades Autónomas de Madrid y de Castilla y León. En los dos últimos años se promulgó la nueva Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, reforzando y consolidando notablemente su protección, y se ha seguido trabajando en completar la Red. En concreto, se ha ampliado en un 50% (1.102 ha) el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel en la provincia de Ciudad Real, y en 2.467,59 ha el Parque Nacional de Picos de Europa en la vertiente asturiana. Se han iniciado también un proceso de identificación de áreas merecedoras de la calificación de Parque Nacional Marino.
Por su parte, la Red Natura 2000 tiene como finalidad asegurar, en todo el territorio de la Unión Europea, la supervivencia a largo plazo de los hábitats naturales y seminaturales y de las especies silvestres más destacadas y amenazadas de Europa. En 2015, la Red Natura 2000 ocupa un total de 22.213.909,87 hectáreas en España, de las cuales 13.783.561,04 hectáreas corresponden al medio terrestre (el 27,23 % de la superficie terrestre de España) y 8.430.348,83 hectáreas al medio marino (el 7,90 % de las aguas españolas). Está compuesta por 1.467 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), de los cuales 1033 ya han sido declaradas Zonas Especiales de Conservación (ZEC), y 643 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
La superficie forestal de España, que ocupa más de 27 millones de hectáreas, tiene una gran importancia en la producción de bienes y servicios. Además de producir madera, resina, corcho, pastos y frutos como el piñón o la castaña, el monte ofrece servicios de extraordinaria importancia como es la regulación del ciclo del agua, su contribución a evitar la desertificación, el aporte de oxígeno, el efecto sumidero de gases de efecto invernadero, la protección de la biodiversidad y los servicios recreativos. Por ello, nuestras políticas forestales van dirigidas a proteger el importante papel multifuncional del monte. Sus objetivos son: conservar y acrecentar el patrimonio forestal actuando eficazmente contra sus principales enemigos (plagas, enfermedades e incendios forestales) y diseñar, además, una nueva estrategia española para el desarrollo del uso energético de la biomasa forestal que la contemple de manera integral y que no tenga en cuenta sólo los restos de cortas y tratamientos silvícolas.
Incendio forestal (MAPAMA)En este sentido, hay que destacar la publicación y puesta en marcha en 2014 del Plan de Activ​ación Socioeconómica del Sector Forestal. Este plan está permitiendo aprovechar las oportunidades económicas y de generación de empleo que este sector ofrece, estando estrechamente ligado a la programación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y a la elaboración de los Pr​ogramas de Desarrollo Rural (PDR) que de él se derivan. Precisamente dentro de los nuevos PDR que las CCAA están diseñando para el periodo 2014-2020, según datos provisionales, en total para el nuevo periodo en España se destinarán a medidas forestales alrededor de 2.000 millones de euros de gasto público total.
Por otro lado, con la aprobación de la modificación de la Ley de Montes conseguiremos montes más cuidados y protegidos, en beneficio de nuestro medio ambiente y de la riqueza y el empleo en el medio rural, a través de la protección de la biodiversidad, la mejora en la prevención de los incendios forestales y en la lucha contra el cambio climático, así como un mejor aprovechamiento económico de los recursos forestales.
Nuestros bosques contribuyen también a evitar la erosión del suelo y la desertificación, riesgos que afectan a una parte considerable de la superficie del país. La erosión origina pérdidas medias de suelo superiores a 15 t/ha·año en siete comunidades autónomas, en dos las perdidas están entre 12 y 15 t/ha·año y en otras cinco las pérdidas son inferiores a 12 t/ha·año.
Los incendios forestales constituyen una de las principales amenazas de nuestros bosques. En el año 2014, tanto el número de conatos, como el número de incendios, estuvieron por debajo de la media del decenio anterior (2003-2014), un 38% inferior en el número total de siniestros en general y un 44% inferior el número de incendios. La superficie arbolada siniestrada ha descendido un 72% con respecto a la media del último decenio.
La franja costera española constituye un ámbito especialmente singular con gran variedad de ambientes climáticos, marinos, geológicos y sedimentarios. Sobre este mismo espacio se desarrollan actividades de gran tradición como la pesca, el turismo costero y el transporte marítimo ligado al comercio, así como otras actividades económicas necesariamente vinculadas al espacio litoral, como la acuicultura, que son fundamentales en el desarrollo socioeconómico y cultural de nuestro país.
Buque oceanográfico Miguel Oliver (MAPAMA)La política de costas constituye un instrumento esencial del Gobierno de España. La nueva Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, así como el Real Decreto 876/2014, de 10 d​e octubre, por el que se prueba el Reglamento General de Costas, tienen como objetivo fundamental la protección de la costa española, que constituye un deber inexcusable para los poderes públicos. La reforma del régimen jurídico del litoral concilia una elevada protección de la costa con el desarrollo sobre el mismo de actividades ambientalmente sostenibles capaces de generar empleo y riqueza. Las citadas normas concretan los bienes que integran el Dominio Público Marítimo-Terrestre estatal (DPMT) de acuerdo con criterios técnicos, regulan los títulos de ocupación del DPMT, así como su régimen económico y financiero; establecen una serie de limitaciones de uso de los terrenos colindantes con el DPMT para garantizar la protección ambiental y el uso público de éste y, además, regulan el régimen sancionador para fortalecer la protección física y jurídica de ese valioso espacio.
La gestión del Dominio Público Marítimo-Terrestre tiene como objeto la defensa de la integridad del medio litoral, de su equilibrio y de su progreso físico, mediante la protección y conservación de sus valores; la garantía de su uso y disfrute público abierto a todos; y el aprovechamiento racional de sus recursos, a través de las actividades económicas, turísticas, etc., compatibles con su preservación. En el ámbito concreto de la protección y mejora del litoral, el Ministerio de Agricultura y Pesca​​, Alimentación y Medio Ambiente viene trabajando en medidas preventivas para el control de los procesos de erosión y degradación del borde costero; la protección y recuperación de los ecosistemas litorales; la regeneración y rehabilitación de espacios litorales que han sido degradados; la corrección de aquellas actuaciones que están impidiendo o limitando una utilización racional y pública del litoral; la realización de actuaciones que mejoren la calidad ambiental y el uso público de la costa; y la dotación de infraestructuras vinculadas con el medio ambiente, como senderos litorales, infraestructuras de educación ambiental e interpretación de la naturaleza, la gestión del dominio público marítimo terrestre y la protección del mar. Para su ejecución, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar ha destinado durante 2015 un presupuesto de 64 millones de €.
Además, para hacer frente a los efectos del cambio climático, en particular el incremento del nivel del mar y el aumento de la erosión, se ha redactado la Estrategia para la Adaptación de la Costa a los efectos del Cambio Climático, prevista en la Disposición Adicional octava de la Ley 2/2013 de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas en la que se indican los distintos grados de vulnerabilidad y riesgo del litoral y se proponen medidas para hacer frente a los efectos del Cambio Climático. Además se han redactado igualmente Estrategias para la Protección de la Costa en cuatro zonas: Huelva, Maresme (Barcelona), Sur de Castellón (entre el puerto de Castellón y el de Sagunto en Valencia) y Sur de Valencia (entre el puerto de Valencia y el de Denia en Alicante), que tienen como objetivo prevenir los efectos de la erosión.
Durante 2015 se ha puesto en marcha el Plan PIMA ADAPTA, que, por lo que respecta al litoral ha supuesto una inversión adicional de 9,5 millones de € en actuaciones de adaptación de la Costa a los efectos del Cambio Climático.
Cabe destacar igualmente la ejecución del Plan Litoral 2015, puesto en marcha con la aprobación del Real Decreto-ley 2/2015, de 6 marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015 y que, asimismo, ha supuesto una inversión adicional de 21,4 millones de € para atender los daños causados en nuestro litoral.
La Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino es el marco jurídico fundamental sobre el que se apoyan las distintas actuaciones orientadas a proteger y a mejorar el estado ambiental del medio marino español. Esta norma se deriva de la transposición al sistema normativo español de la Directiva 2008/56/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un marco de acción comunitario para la política del medio marino (Directiva Marco sobre la Estrategia Marina).
El principal objetivo de dicha normativa es lograr o mantener un buen estado ambiental del medio marino antes de 2020, para cuya consecución se crean las Estrategias Marinas como herramienta de planificación del medio marino. En España se está elaborando una estrategia para cada una de las cinco demarcaciones marinas establecidas: noratlántica; sudatlántica, Estrecho y Alborán; levantino-balear; y canaria. Una vez concluidas las 4 primeras fases de las estrategias marinas (evaluación inicial, definición de buen estado ambiental, establecimiento de objetivos ambientales y diseño de programas de seguimiento) se están preparando los programas de medidas para las 5 demarcaciones marinas, que se aprobarán mediante Real Decreto.
Reserva de la Isla de Tabarca (MAPAMA)La Ley de Protección del Medio Marino también establece medidas encaminadas específicamente a proteger la biodiversidad marina, completando así el marco jurídico establecido por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Destaca la creación de la Red de Áreas Marinas ​Protegidas de España (RAMPE), que estará constituida por distintos tipos de áreas y figuras.
Otro de los cometidos en relación con la protección de espacios marinos consiste en la ampliación y gestión de la Red Natura 2000 marina, que incluye la declaración de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves marinas y la aprobación de sus planes de gestión. Se ha aprobado la Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio, por la que se declaran Zonas de Especial Protección para las Aves en aguas marinas españolas, todas ellas de competencia estatal, y para las que se aprobarán planes de gestión en el plazo de dos años. Además, se han propuesto a la Comisión Europea 10 nuevos LIC marinos de competencia estatal: Sistema de cañones submarinos occidentales del Golfo de León, Canal de Menorca, Volcanes de fango del Golfo de Cádiz, Banco de Galicia, Sistema de cañones submarinos de Avilés, Sur de Almería-Seco de los Olivos, Espacio marino de Alborán, Espacio marino de Illes Columbretes, Banco de la Concepción y Espacio marino del Oriente y Sur de Lanzarote - Fuerteventura.
A través de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, se elabora y actualiza el Inventario Español de Hábitats y Especies Marinos (IEHEM), instrumento esencial para evaluar el estado de conservación y ampliar el conocimiento sobre el patrimonio marino. En este ámbito, se ha desarrollado una Lista Patrón de Referencia Estatal de los tipos de hábitats marinos que pueda servir de referencia a todas las Administraciones e interesados, y actualmente se está trabajando en el inventario de las especies marinas españolas.
En relación con la protección de especies marinas que se encuentran incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, se está realizando un análisis de toda la información científica disponible para la posterior elaboración de los preceptivos planes de conservación y recuperación. Se están preparando, por ejemplo, la estrategia para la conservación de las tortugas marinas, el plan de gestión de la Orca en el Estrecho, y la actualización de la estrategia de la pardela balear.
Desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se llevan a cabo tareas relacionadas con la protección del litoral frente a la contaminación marina accidental, en particular mediante el Sistema Nacional de Respuesta ante la Contaminación Marina, aprobado mediante Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre.
En desarrollo de ese sistema, se ha aprobado la Orden AAA/702/2014, de 28 de abril, por la que se aprueba el Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación. Este plan complementa los planes territoriales establecidos por las Comunidades Autónomas, con el objetivo de asegurar la coordinación en las actuaciones de lucha contra la contaminación en la costa cuando el episodio de contaminación tenga carácter supra autonómico o supranacional, o en aquellos casos de especial necesidad en que el peligro de daños irreparables sea inminente.
Conservación de la biodiversidad. Especies protegidas​
España es uno de los 25 "puntos calientes" de biodiversidad en el mundo y se considera que somos uno de los países con mayor biodiversidad en la Unión Europea, gracias a las especiales condiciones de nuestra orografía, extensión y situación geográfica. Se estima que, tan sólo en el ámbito terrestre de España, existen unas 91.000 especies, de las que 8.000 son de flora, lo que representa más del 80% de las existentes en la ​Unión Europea y el 59% de las existentes en el continente europeo. De estas 8.000, 1.500 son endemismos, es decir, que tan sólo existen en nuestro territorio. Por otra parte, de las especies de fauna que se pueden encontrar en España, entre 50.000 y 60.000, suponen más del 50% de las presentes en Europa.
​Grupos taxonómicos ​ ​
​ ​ ​ ​Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
​TOTAL​ ​
​​Nº taxones solo en el Listado
​ ​ ​Catálogo Español (categorías de amenaza)
​ ​En peligro de extinción
​ ​112
​Invertebrados
​ ​17
​Peces
10​ ​
​Anfibios
2​ ​
​ ​7
​ ​21
​Mamíferos
​ ​176
​904
Número de taxones, por grupos taxonómicos, incluidos en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, regulado por el real decreto 139/2011, de 4 de febrero (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente).
Linces (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente)En cuanto a la conservación de especies silvestres, uno de los instrumentos más importante es la catalogación de las mismas puesto que, a nivel nacional, se precisa la redacción, puesta en marcha y seguimiento de planes de conservación y recuperación para las especies incluidas en las categorías "en peligro de extinción" y "vulnerables".
Por otro lado, la creciente demanda de especies, así como su comercio globalizado, está produciendo una entrada cada vez mayor de especies exóticas invasoras, las cuales constituyen una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitat o los ecosistemas, la agronomía y los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural o incluso la salud pública. Con el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, España ha sido uno de los primeros estados del Unión Europea en desarrollar una política integral para el control de las especies exóticas invasoras.
El denominado segundo pilar de la Política Agraria Comunitaria financia a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) la política comunitaria de desarrollo rural. Esta política se aplica a través de Programas de Desarrollo Rural, que tienen una duración de siete años. Además, existe la posibilidad de ejecutar los programas unos años más de la fecha tope del periodo, lo que es conocido como regla n+2 ó n+3 (que es el caso del nuevo periodo de programación 2014-2020).
Durante este año 2015 nos encontramos con que se está finalizando la aplicación de los programas de desarrollo rural 2007-2013 (se pueden seguir ejecutando hasta el 31 de diciembre de 2015) y que la Comisión Europea ha aprobado los programas de desarrollo rural para el periodo 2014-2020.
En el periodo 2007-2013, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en colaboración con las Comunidades Autónomas, elaboró el Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural y el Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013, donde se incluyeron las directrices nacionales para las actuaciones de desarrollo y se establecieron determinadas medidas a desarrollar con carácter horizontal en todo el territorio del Estado y, por tanto, a incluir en todos los programas regionales de desarrollo rural.
Estas medidas se aplicaban en España a través de diecisiete programas de desarrollo rural de ámbito autonómico (uno por Comunidad Autónoma), y del Programa de la Red Rural Nacional. Los programas de ámbito autonómico incluyen las medidas horizontales del Marco Nacional, siendo el Ministerio de Agricultura y Pesca​​, Alimentación y Medio Ambiente el organismo de coordinación. Dichos programas cuentan con cofinanciación del FEADER, de la Administración General del Estado a través del Ministerio y de las Administraciones autonómicas.
En el periodo 2014-2020, el FEADER se ha integrado en los llamados fondos ESI (fondos estructurales y de inversión), junto con el FEDER, el FSE, el FEMP y el Fondo de Cohesión. Por ello, en lugar de existir un plan estratégico nacional para el FEADER, existe un acuerdo de asociación, donde se detalla la estrategia española para todos los fondos ESI. El acuerdo de asociación se ha elaborado por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en colaboración con los Ministerios encargados del resto de fondos.
En la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de 24 y 25 de julio de 2013, se acordó que en el periodo 2014-2020, la estructura de programación en España contaría con un programa nacional, un marco nacional, que estableciera los elementos comunes a los programas de desarrollo rural y 17 programas de desarrollo rural autonómicos. La Red Rural Nacional que en el periodo 2007-2013 contaba con un programa propio, se integra en el programa nacional de desarrollo rural.
Por otro lado, en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada el 21 de enero de 2014, se acordó el reparto de fondos FEADER entre los programas de desarrollo rural. De los 8.291 millones de euros, 8.053 millones de euros se han destinado a los programas autonómicos y el resto se dedicará al programa nacional. Además, durante 2015 se han incorporado a los programas los fondos procedentes del capping, quedando la asignación de fondos FEADER por programa como sigue:
FEADER (€)
1.910.461.300,0
466.986.760,0
325.000.000,0
61.000.000,0
157.500.000,0
Cantabria​
98.800.000,0
969.189.286,0
1.147.779.504,0
348.652.161,0
204.000.000,0
890.932.690,0
889.800.000,0
76.529.160,0
219.304.740,0
136.514.270,0
87.100.000,0
70.010.129,0
237.828.821,0
8.297.388.821,0
Por otro lado, el 20 de diciembre de 2014 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 1080/2014, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen de coordinación de las autoridades de gestión de los programas de desarrollo rural para el período 2014-2020. Esta norma establece las bases para la coordinación de la aplicación de la política de desarrollo rural en España.
El 18 de diciembre de 2015 se acabaron de aprobar todos los programas de desarrollo rural de España.
El desarrollo rural y los regadíos
Los regadíos son un instrumento imprescindible para contribuir a alcanzar la seguridad alimentaria y la nutrición del país. Es un sistema de cultivo que permite un incremento de la producción, con absoluto respeto al uso de los recursos naturales, a la vez que se alcanza un desarrollo territorial equilibrado. Actualmente se riegan en España 3.638.008 hectáreas.
El regadío es, hoy día, un vector del desarrollo rural, al hacer viables las explotaciones agrícolas y ganaderas en las zonas donde está implantado. Con el regadío se diversifica la actividad económica, se crea agroindustria vinculada a las producciones, se crea empleo femenino y se asienta e incrementa la población.
Por ello, tanto las políticas de nuevas transformaciones, como las de modernización de regadío desarrollados directamente tanto por la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal como por la sociedad estatal SEIASA, son elementos necesarios en las políticas de desarrollo rural, que tienen como objetivo la gestión sostenible del agua.
Seguridad frente a fenómenos meteorológicos adversos
El Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos, conocido como meteoalerta, se encuentra plenamente consolidado en España, siendo un elemento clave para la salvaguardia de vidas y bienes ante los fenómenos meteorológicos extremos que regularmente nos afectan. Está integrado en el sistema europeo EMMA/meteoalarm, un portal de avisos al que contribuyen los sistemas de alerta temprana de los Servicios Meteorológicos Nacionales de más de 30 países europeos en 28 idiomas, entre ellos las cuatro lenguas oficiales en España.
Durante 2015 se han producido un gran número de situaciones meteorológicas adversas. En concreto se han emitido 13.530 avisos, 32 de nivel rojo, 1.998 de nivel naranja y 11.500 de nivel amarillo. Si agrupamos por fenómenos meteorológicos, destacamos los avisos por rachas máximas, 2.765; precipitación acumulada en una hora, 2.092; fenómenos costeros, 1.906; acumulación de nieve en 24 horas, 1.275 y tormentas, 1.230. Respecto a la distribución espacial destacan los avisos de nivel rojo asociados a tormentas y precipitaciones acumuladas en 1 hora en el área mediterránea y los emitidos por fenómenos costeros en las vertientes cantábrica y atlántica.
Predicción meteorológica por localidades
En España se dispone de un sistema accesible a todos los ciudadanos de predicción para los 8.117 municipios de España, que se genera operativamente cuatro veces al día, tanto para la predicción a 7 días como para la predicción horaria hasta 48 horas. Estas predicciones aportan un conjunto de variables meteorológicas (temperaturas, sensación térmica, probabilidad de precipitación, viento, índice de humedad y radiación ultravioleta) que permiten tener una visión muy completa de la situación meteorológica existente o prevista.
Sobre la información de predicción meteorológica habitual y con objeto de realizar un seguimiento de la ocurrencia de ciertos fenómenos meteorológicos denominados singulares, desde 2013 está operativa la aplicación SINOBAS, acrónimo de Sistema de Notificación de Observaciones Atmosféricas Singulares (http://sinobas.aemet.es), para recoger y poner a disposición de los ciudadanos información sobre la ocurrencia de estos fenómenos que se caracterizan por ser: locales (no se extienden por una región amplia), poco frecuentes (ocurren raramente), de intensidad significativa y con capacidad de provocar alto impacto social.
Estos fenómenos, a pesar de su intensidad, difícilmente son detectados por los medios convencionales de observación meteorológica, bien por la limitación de la densidad de la red de observación en tierra, o bien por la resolución espacial y temporal de los medios de teledetección como satélites y radares.
En 2015 se recibieron 32.092 visitas, y se introdujeron 141 reportes, entre los que destacan 30 tornados, 40 granizadas singulares, 25 precipitaciones súbitas severas, etc. De ellos 114 fueron validados con fiabilidad alta. Las provincias desde donde más informes se introdujeron fueron Valencia con 15 informes, Illes Balears con 11 y Alicante con 10.
Apoyo Meteorológico a la prevención y lucha contra los incendios forestales
El Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales regula las actuaciones de los diferentes órganos y entidades de la Administración General del Estado comprometidos a ofrecer una respuesta eficaz, tanto a nivel nacional como en apoyo a las Comunidades Autónomas que lo requieran. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente proporciona diariamente, y para todo el territorio nacional, información meteorológica para la estimación del peligro de incendios.
Esta información consiste en un conjunto de mapas en los que se indican los valores previstos para el día actual y para los tres días siguientes de un índice meteorológico de riesgo de incendios forestales. Se utiliza como base para la generación de dicho índice el sistema denominado FWI. Este Sistema es una parte del Sistema denominado CFFDRS (Canadian Forest Fire Danger Rating System), que actualmente tiene una gran aceptación internacional y ha sido aplicado con éxito en numerosos países con características climáticas y de tipo de vegetación muy variadas, utilizándose en particular en los países del sur de Europa.
Durante el año 2015 se generaron 2.920 mapas de riesgo para el territorio nacional y 17.520 mapas del resto de índices del sistema FWI.
Predicción climática para el siglo XXI
La observación y vigilancia del clima, así como la investigación, modelización y predicción climáticas forman parte de las componentes del Marco Mundial para la Prestación de Servicios Climáticos, que los gobiernos decidieron establecer durante la celebración de la Conferencia Mundial del Clima de 2009.
El clima a nivel global, y por ende a nivel regional, está cambiando como consecuencia de las actividades humanas, singularmente por las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la utilización de combustibles fósiles y a la deforestación. Para abordar este problema, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente calcula los escenarios de cambio climático para el siglo XXI regionalizados sobre España para diferentes escenarios de emisión en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), y que son esenciales en los trabajos de evaluación de impactos y vulnerabilidad. La información se ofrece a los usuarios tanto en formato gráfico como numérico.
En España se realizan mensualmente predicciones estacionales para los tres meses siguientes, utilizando diversos modelos. Los resultados de estas predicciones probabilísticas, basadas en terciles, se representan en forma de mapas que muestran, para los cuatro cuadrantes peninsulares, Baleares y Canarias, tanto para la precipitación como para la temperatura, los porcentajes de la probabilidad de las tres categorías (superior, normal e inferior) con respecto al período de referencia 1981-2010.
Asimismo España coordina el proyecto internacional MedCOF, en colaboración con la Organización Meteorológica Mundial, cuyo objetivo es proporcionar predicciones estacionales para la cuenca del Mediterráneo.
El Banco Nacional de Datos Climatológicos es la fuente básica de información para el desarrollo de estudios especiales sobre el clima y las influencias de su variabilidad en el entorno y en la sociedad. En él se almacena y gestiona la información de las variables climatológicas medidas en las estaciones de las redes de observación meteorológica, a lo largo de su historia, y contiene series de datos de más de 200 años de longitud. El volumen de la información almacenada alcanza actualmente los 110 Gigabytes, con un crecimiento medio anual que ha alcanzado los 20 gigabytes en el último año.
Seguimiento de la sequía meteorológica
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente realiza un seguimiento y evaluación continuada de la sequía a nivel nacional, con una información que se actualiza de forma mensual, y que está basada en el uso del Índice Estandarizado de Precipitación (SPI), referido a períodos de acumulación de precipitación variables desde 1 mes a 3 años.
Un elemento básico en relación al apoyo meteorológico y climático a la gestión sostenible de los recursos naturales en temas como prevención de incendios forestales, evaluación de las necesidades de riego o estimación anticipada del riesgo de sequías, es la estimación de la humedad del suelo. En España se lleva a cabo la evaluación y seguimiento a escala diaria de los valores de la humedad del suelo, a partir de los productos generados por la aplicación del Balance Hídrico Nacional. Dicha aplicación se actualizó en el año 2013, permitiendo mediante una estimación más precisa de los diversos términos del balance (precipitación, evapotranspiración, reserva de humedad estimada a distintas profundidades de suelo…) y un incremento de la resolución espacial del mismo que es actualmente de 5 Km.
Vigilancia de la composición atmosférica global
En España se ubica el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña (CIAI), Tenerife, una de las 29 estaciones que componen el programa de la Vigilancia Atmosférica Global (VAG) de la Organización Meteorológica Mundial. En el CIAI se lleva a cabo la vigilancia e investigación de los componentes atmosféricos capaces de propiciar un cambio en el clima de la Tierra (gases de efecto invernadero y aerosoles) y un deterioro de la capa de ozono mundial, así como el de aquellos componentes que juegan un papel fundamental en la calidad del aire, tanto a escala local como global. A finales de abril de 2013 se sobrepasaron por vez primera las 400 partes por millón de CO2, siendo la estación de Izaña la primera en informar sobre esta superación a nivel internacional. El pasado año se llevaron a cabo importantes actividades de validación de gases traza atmosféricos, medidos por satélites de EUMETSAT y de NASA, así como de desarrollo de nuevos algoritmos para determinación de gases atmosféricos desde satélite.
Avisos y evaluación de tormentas de arena y polvo atmosférico
El "Centro Regional de Avisos y Evaluación de Tormentas de Arena y Polvo atmosférico para el Norte de África, Oriente Próximo y Europa" es uno de los tres Centros Regionales (con el de Asia y el de América) designados por la Organización Meteorológica Mundial para desarrollar y coordinar el Sistema de Avisos y Evaluación de Tormentas de Arena y Polvo atmosférico (SDS-WAS: Sand and Dust Storm Warning Advisory and Assessment System). Este Centro gestionado por España, con sede en Barcelona (http://sds-was.aemet.es/), tiene como finalidad conseguir observaciones continuadas y coordinadas, así como capacidades de modelización de tormentas de arena y polvo con el fin de mejorar la vigilancia y el conocimiento de este tipo de tormentas y, consecuentemente, mejorar su predicción en una amplia región del hemisferio norte.
Información climatológica y de protección de la salud
El índice ultravioleta (UVI) es una medida internacional de la intensidad de la radiación solar UV y un indicador de su capacidad para producir lesiones cutáneas. Se utiliza para concienciar a la población y advertirle de la necesidad de adoptar medidas de protección cuando se expone a la radiación solar.
Para la medida de la radiación ultravioleta se dispone, dentro de la Red Radiométrica Nacional, de 26 estaciones de medida de radiación ultravioleta eritemática. Los instrumentos, radiómetros UV, utilizan un filtro de alta calidad que imita la respuesta de la piel humana a la radiación ultravioleta.
Con los datos registrados durante todo el año se elabora el índice ultravioleta (UVI) máximo anual para cada estación de la Red, determinando las regiones con valores más altos (generalmente en Canarias, Granada y las dos mesetas) y más bajos (zona Mediterránea, Cantábrica y Galicia).
​​Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio
Plan Nacional de Calidad el Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016: PLAN AIRE
Sexta Comunicación Nacional a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Marco sobre Clima y Energía a 2030

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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 artículo 25
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