Source: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/paz596.html
Timestamp: 2019-06-17 01:56:56+00:00

Document:
Equipo Nizkor - Ambiguo y decepcionante acuerdo.
2.2. Su "buen recibo"
6. De la victoria al tratamiento "Resort"... Resumen
los miles de "falsos positivos"
"La ronda de las Madres continúa. Estamos en vigilia, despiertas, en vela, día y noche. Nos lo exigimos así para no ceder todo lo conquistado… Seguimos en la Plaza para mantener vivo el fuego que encendimos desde el primer día… Vienen artistas, periodistas, políticos, sociólogos… Invariablemente nos preguntan: "Pero, ¿qué esperan ahora? ¿Por qué siguen viniendo a la Plaza?". Y siempre contestamos: "No nos han dado aún ninguna respuesta… La ronda sigue porque sigue la injusticia / Ellos intentaron conformarnos con una CONADEP y con los juicios a las juntas. Nos dieron una muestra de todo el horror que había sucedido. Pero no tardaron en retroceder. Alianzas con los grupos de poder y las presiones de los militares dieron por tierra la legítima solución. Y quieren reemplazarla con una reconciliación por decreto / Por todo esto y porque resistimos a las traiciones nos sostendremos todo el tiempo que sea necesario para conseguir que se haga justicia".
("Circulo de amor sobre la muerte", Matilde Mellibovsky, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. Ediciones del Pensamiento Nacional, Buenos Aires, 1990, pág. 213).
Argentina no es Colombia, pero un crimen de lesa humanidad lo es allá como acá, como lo fue en Alemania, en la ex Yugoeslavia o lo es hoy contra el pueblo sirio o palestino. A las Madres de Plaza de Mayo les llamaban "locas". Ellas persistieron. Pasaron años… Finalmente unos altos mandos militares fueron procesados… En el poder en Colombia hay quienes impiden que ni ese mínimo se pueda dar. Les asusta el fantasma del juicio a las juntas militares. Hay prototipos de otras transiciones de impunidad, como la española. Donde los herederos del franquismo continúan con la corrupción y el control político que les permite seguir saqueando y criminalizar hoy a la oposición… No. Nuestra perspectiva no es esa. Es de lucha más semejante a la de esas mujeres de la ronda de los jueves, "locas", "derrotadas", a las que nadie nunca podrá despojar de su amor eficaz, de su victoria moral, de su lucidez y de su dignidad…
El día 10 de febrero de 2016, al cierre del Foro organizado en Bogotá sobre el "Fin del conflicto" a petición de la Mesa de La Habana, el padre Francisco de Roux hizo un llamado: "la tarea de los ciudadanos será la de hacer la paz y defender los acuerdos de La Habana". Así será, siempre y cuando estén racionalmente orientados a la superación de la más grave problemática nacional. Para ello los acuerdos deben estudiarse antes, saber qué se defiende y qué no, a fin de no caer en embustes y en el histórico engaño que urden los sectores dominantes.
Ese mismo día 10 de febrero de 2016, James Stewart, vice-fiscal de la Corte Penal Internacional, aseguró que un eventual respaldo al acuerdo sobre justicia pactado en La Habana, estará condicionado a la naturaleza de las sanciones que se impongan por graves crímenes, al tiempo que manifestó la preocupación del organismo respecto de los "falsos positivos", señalando que este tema debe ser una prioridad (http://www.cmi.com.co/apoyo-de-corte-penal-internacional-a-proceso-de-paz-en-colombia-sigue-en-veremos). El 11 de febrero la prensa difundió las serias críticas planteadas por Amnistía Internacional dos días antes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (ver más adelante). Amnistía Internacional indica que dicho acuerdo contiene disposiciones y ambigüedades no conformes con el derecho y las normas internacionales relativas al derecho de las víctimas. Advierte esta acreditada organización: "la oleada de bien fundado optimismo debe atemperarse con una dosis de cautela".
Tras la firma del acuerdo de justicia de diciembre de 2015, veníamos escuchando con suma preocupación lo que el Gobierno anunció desde ese momento, interesándose en dicha impunidad del sistema de poder. Posteriormente, unas recientes declaraciones complementarias, del 7 de febrero de 2016, y otras difundidas cuatro días después, el 11 de febrero, igualmente nos han desconcertado y defraudado, al tiempo que nos han obligado a dar este paso, y con pleno respeto a expresar por escrito y con transparencia nuestra posición, pues consideramos que con el sofisma de una "pedagogía de paz" se están fraguando mensajes claramente contrarios a los principios y objetivos de lucha de las víctimas de crímenes de Estado.
"El 24 de febrero de 1997, el comandante de la Brigada XVII, general Rito Alejo del Río Rojas, inició la Operación "Génesis" que tenía como propósito retomar zonas de la guerrilla, entre ellas las cuencas del río Cacarica, en Riosucio (Chocó) y las zonas aledañas. Hubo bombardeos y movimiento de personal por tierra. Las pocas familias que quedaron en la zona sólo atinaron a resguardarse en cambuches, mientras todo pasaba / Dos días después, cuando pensaban que el horror ya había cesado, casi un centenar de paramilitares fuertemente armados pertenecientes al bloque Élmer Cárdenas de las AUC acordonaron a la zona. Juntaron a los habitantes y los amenazaron con insultos. A Marino lo obligaron a bajar unos cocos para beber su agua. Él, invadido por el miedo y presintiendo la muerte, se quitó las botas y se trepó a las palmeras. Al rato, dos paramilitares tomaron a Marino del brazo, le recibieron los cocos y le pidieron su documento de identidad. Lo tildaron de guerrillero. Él les dijo: "ustedes saben que yo no soy guerrillero". Pero los 'paras' no le hicieron caso, desenvainaron un machete y comenzaron a perseguirlo / Marino intentó huir arrojándose al río, pero los hombres de camuflado le gritaron: "Si huye le va peor". Él decidió regresar pensado que le perdonarían la vida. Cuando llegó al bordo del río extendió su brazo izquierdo para salir del agua y, de un tajo, alias "Manito" le cortó la cabeza con el machete. Continuó con los brazos y las dos piernas a la altura de las rodillas. La gente del pueblo observó en silencio la carnicería. Algunos testigos, dentro de los que se encuentran los mismo victimarios hoy desmovilizados de las AUC, han relatado que la cabeza de Marino luego fue utilizada como balón de fútbol y cuando se cansaron de chutar, se dirigieron a la comunidad que estaba paralizada del miedo y le dijeron: "Esto no es nada... detrás de nosotros vienen más, pero a comer gente"" (http://www.semana.com/on-line/articulo/el-caso-marino-lopez/95014-3).
Lo hacemos respetuosamente, dando valor a importantes pasos que se encaminaron, pero destacando cómo, en este tema concreto de la "justicia", la resultante ha sido de redención o relegitimación de un régimen político dominante, que ha practicado sistemáticamente el terrorismo contra el movimiento popular y sus luchas históricas, y que continúa dicha estrategia.
c) Lo explicativo: lo que el Gobierno enseguida de la firma anunció va a desarrollar normativamente para sus compromisos de blindaje jurídico a jerarquías civiles y militares, ufanadas de triunfos como la liberación del coronel Plazas Vega, entre otros criminales vinculados con delitos de lesa humanidad que están siendo favorecidos de múltiples maneras. Su foto saliendo en muletas o en silla de ruedas tras un esguince al jugar tenis en las instalaciones militares donde estaba "detenido", demuestran la burla y el cinismo de una clase política que recompensa con impunidad y propaganda los servicios de la guerra sucia.
Dado el amplio margen ganado por el Gobierno en el acuerdo de la JEP, dichos compromisos los encamina de forma desequilibrada: no son de solidaridad con los cientos de miles de víctimas del terrorismo de Estado sino de encubrimiento de poderosos sectores "civiles" a quienes el Gobierno Santos busca favorecer y de las instituciones armadas a las que da protección a toda costa.
Sin reconocimiento de la descomposición estatal que en un diagnóstico apunte a superarla obligando a transformaciones del aparato institucional, en el acuerdo de La Habana (JEP) se asume de antemano o se presume como legítima la acción estatal y se refuerza con ello la tesis de que el problema que ha manchado al Estado no es de instituciones, mecanismos y doctrinas concertadas que han salvaguardado y sostienen intereses de estamentos que han infligido sus propias normas y el derecho internacional, sino que el problema de los crímenes de Estado "no existe como tal y sólo puede hablarse de casos, de infracciones individuales cometidas por algunas "manzanas podridas" que se habrían equivocado en la misión encomendada".
"…nadie podrá participar en esa estrategia de justicia transicional, hacer parte de sus medidas, si no ha cumplido con la dejación de armas, si no ha reconocido su responsabilidad, si no ha contribuido al esclarecimiento de la verdad, si no ha reparado integralmente a sus víctimas, si no ha liberado a los secuestrados, si no ha desvinculado a los menores… Esas condiciones, más la interrelación y las condicionalidades que tenga el desarrollo legislativo, es decir que esto ocurra en justicia, si esto ocurre en verdad, si esto ocurre en reparación y si no ocurre en todas las cosas, pues muy probablemente la persona tenga que enfrentarse a las condiciones de justicia ordinaria… creemos que ese sistema de condicionalidades le va a permitir a la gente no solamente entender quién es el máximo responsable sino poder contestar preguntas sobre qué paso en estas regiones tan golpeadas por la violencia en el país…" (Intervención de Sergio Jaramillo ante la Corte Constitucional / Audiencia del 25 de julio de 2013: https://www.youtube.com/watch?v=mJz0GrPEzcU).
Estando en su pleno y legítimo derecho de transformar su lucha como la concibe -sin que ello deba por sí considerarse un único camino-, defendiendo la decisión soberana de las FARC de materializar esa voluntad de construir por otros medios las opciones de paz y de "reincorporación a la vida civil", como reza la agenda o Acuerdo General de agosto de 2012 y el acuerdo de justicia de diciembre de 2015, deben por ello respetarse sus decisiones de lucha política por la paz y la justicia, que le vinculan para su proceso y sus compromisos.
Reconociendo que existen interesantes contenidos, como que el eje esté trazado retóricamente en la veridicción, en la obligación de contar todos toda la verdad, o que se supere la idea de la cárcel o de la "justicia retributiva" como panacea o finalidad, y acertadamente se piense más en medidas restaurativas, nos alarma no obstante el preocupante tono imperativo, de engañosa inexorabilidad, de supuesta eficacia de la pretensiosa única salida que allí se esboza.
Al igual que los otros doce o más acuerdos parciales o temáticos que desde 2012 se han firmado en Cuba, corresponde lo suscrito a una dinámica negociadora que compromete exclusivamente a las FARC y al Gobierno (llevando éste la voz del Estado y de la mayoría de la oligarquía y estamentos dominantes), o sea no representaría lo que, independientemente de su tamaño, diversos movimientos sociales, sectores civiles, organizaciones populares o la guerrilla del ELN piensan, plantean desarrollar y se obligarían a realizar. De hecho, esto es lo que ha llevado a plantear el día 8 de febrero de 2016 al comandante de las FARC Iván Márquez: "Una paz sin el ELN sería una paz incompleta". Así mismo sería incompleta una paz sin diversidad de sectores sociales participando directamente en su construcción.
Lo decimos en vista de lo que se expresa en el acuerdo de justicia, cuando se afirma unas veces de manera tajante, cerrada y equivocada, y otras de manera ambivalente, que será aplicado a todas las partes que han intervenido en el conflicto colombiano (por ejemplo en el punto o sección §15: "se aplicará de manera simultánea e integral a todos los que participaron directa e indirectamente en el conflicto armado". Igualmente en el §32). Se refieren al "Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición" (SIVJRNR), el cual se designa como inescindible, de tal manera que quien desee participar en la Comisión de la Verdad prevista, deba hacerlo también con efectos vinculantes en el componente de "justicia" y sus condicionalidades.
En la última semana de octubre de 2015 el presidente Santos y asesores suyos se reunieron con 170 generales y almirantes, a quienes explicaron la justicia transicional que se estaba pactando con las FARC. Los oyentes "se pusieron de pie y les dieron un prolongado aplauso" (http://www.semana.com/confidenciales/articulo/la-reunion-de-juan-manuel-santos-las-fuerzas-armadas-sobre-el-acuerdo-de-justicia-transicional/448246-3). No es una anécdota sino una demostración de la naturaleza de lo pactado y de la finalidad buscada.
Tres semanas después de haberse hecho público, Santos expresó que dicho acuerdo es "el mejor acuerdo de justicia transicional que se haya negociado hasta el momento en la historia de la resolución de los conflictos armados... es un avance de gran transcendencia y que será utilizado por otros países en el futuro, porque estamos en cierta forma sentando precedente" (Declaración del Presidente al término de la reunión sobre paz en Cartagena, viernes, 8 de enero de 2016, en http://es.presidencia.gov.co/).
El general Juan Pablo Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares expresó que lo pactado es "un acuerdo que brinda seguridad jurídica". El ex general Rosso José Serrano, quien fue director de la Policía "dijo que el anuncio es un reconocimiento (merecido) a la Fuerza Pública por los sacrificios para ponerle fin al conflicto". Y el general en retiro Jaime Ruiz Barrera, presidente de la principal asociación de ex altos oficiales, ACORE, afirmó que "todos los lineamientos que allí se plantean son de muy buen recibo para la institución" (http://www.eltiempo.com/politica/justicia/justicia-para-militares-en-el-conflicto-armado/16463603).
Se deberá ver consecuentemente no el texto sino su funcionamiento, desentrañando sus verdaderos medios y fines. Y a quiénes sirve. Por lo tanto habrá que ver esa jurisdicción con un riguroso "beneficio de inventario".
En la medida que la JEP se basa teóricamente en la noble deducción de que habrá verdad plena sobre graves crímenes, y que a cambio de esa verdad total se dejarán de aplicar sanciones extremas, como serían las penas de muchos años de "prisión" (que en contados pero importantes casos ha correspondido formalmente purgar a victimarios agentes de Estado o paramilitares), es transcendental mantener esas reivindicaciones de la verdad y la restauración, en tanto esa perspectiva de sanciones basadas en la verdad comprobada y la reparación más completa posible, es sin duda portadora de un mayor humanismo.
Sin embargo, el acuerdo de La Habana omite y no supera la realidad de asimetrías evidentes en los regímenes carcelarios o de privación de libertad, siendo esas condiciones muy desiguales, se trate de un guerrillero o de un militar. Además de que se potencia un trato privilegiado (§60: "Respecto a la ejecución de las sanciones, en el caso de los agentes del Estado se aplicará el fuero carcelario sujeto al monitoreo propio de este sistema"), otorga al Estado libremente la posibilidad de configuración definitiva de las sanciones propias del sistema aplicables (§60) a sus agentes (con posible extensión a agentes paramilitares).
"…no podemos desconocer lo que ya ha hecho la justicia colombiana frente a los grupos de guerrilla. La justicia colombiana no se ha quedado quieta. La justicia colombiana ha condenado a muchas de estas personas, sus comandantes en particular tienen decenas de condenas por los delitos más graves. En este momento cursan en la Fiscalía miles de investigaciones contra estas personas, de manera que no se puede decir que estemos viviendo en un contexto de impunidad. Sin duda se puede hacer más, pero la justicia ha obrado". (Intervención citada del Comisionado gubernamental Sergio Jaramillo ante la Corte Constitucional / Audiencia del 25 de julio de 2013).
Basta ver casos como el de Plazas Vega y la actualidad del denigrante trato dado a los prisioneros políticos: "Avanza la huelga de hambre como protesta pacífica ante el incumplimiento del Gobierno Nacional en cuanto a las Brigadas de Salud y Concentraciones en patios y cárceles determinadas, esto con respecto al Gesto de Paz anunciado el 21 de Noviembre de 2015, en el marco de los Diálogos que se desarrollan en La Habana Cuba… hemos tenido que llevar por nuestros propios medios a nuestros huelguistas deshidratados al área de Sanidad INPEC, sin resultados positivos. Para ninguno de ellos ha habido al menos un suero oral, algo mínimo en medio de una acción de protesta como la que estamos adelantando… nuestros enfermos en grave estado de salud tampoco han recibido atención especializada, tratamientos, cirugías, exámenes y mucho menos medicamentos… Lo anterior sin mencionar los casos que se vienen denunciando desde hace más de 2 años y que a la fecha no han tenido atención integral alguna… ninguna autoridad del Gobierno Nacional ha hecho presencia. Los profesionales de la salud aducen imposibilidad total para actuar ante el drama vivido, y la moralidad pública de los funcionarios del INPEC no alcanza para en un mínimo gesto de preocupación indagar qué es lo que acontece al interior de los patios" (http://www.pazfarc-ep.org/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/delegacion-de-paz-farc-ep/3306-7-d%C3%ADas-completa-jornada-de-desobediencia-en-eron-picota. Véase en esta misma página de las FARC la denuncia del 6 de febrero de 2016 sobre la muerte por negligencia estatal del prisionero político de las FARC Jhon Jairo Moreno Hernández).
El ejercicio estatal contrainsurgente explícitamente se valora como legítimo en dicho acuerdo. Obra "la presunción de que el Estado ejerce de manera legítima el monopolio de las armas" (§ 32).
En el acuerdo de La Habana la rebelión y su complejidad son homologadas a crímenes internacionales, al imponerse, a autores de delitos políticos y conexos, obligaciones o cargas que en derecho internacional son exclusivamente predicables de crímenes graves contra la humanidad (§ 27: "La concesión de amnistías o indultos o el acceso a cualquier tratamiento especial, no exime del deber de contribuir, individual o colectivamente, al esclarecimiento de la verdad conforme a lo establecido en este documento". Igualmente en el §43: "La concesión de amnistías e indultos no extingue el derecho de las víctimas a recibir reparación". Es decir llegando al absurdo de tener que reparar a poderes políticos y económicos que hayan resultado lesionados con la rebelión y conexos).
Explica Yesid Reyes, ministro de Justicia: "Las personas beneficiadas con indulto no quedan eximidas de la responsabilidad de contar la verdad. Ahí, por ejemplo, empatan los dos temas. En teoría, un indulto es simplemente la concesión de un perdón de la pena que libera de responsabilidad penal, pero en un sistema de estos no libera de la obligación de contar la verdad" (http://www.elespectador.com/noticias/judicial/un-abece-de-justicia-paz-articulo-613759).
Con ese menoscabo que implica aceptar la misma vara de medir, es asimilado un rebelde con un genocida o criminal de Estado, recibiendo igual castigo o incluso peor un guerrillero de las FARC por hechos conexos a la rebelión, que, según las premisas del sistema acordado, deberá confesar como si fueran crímenes rindiendo toda la verdad, sin ocultar la identidad y relación de sus mandos, pues de lo contrario desobedece la lógica de "verdad plena" requerida (§13 y §48, literal q) y recibiría la mayor pena estipulada (§60).
Frente a cómo se despojó a la rebelión de posibilidades de reivindicación y defensa, y cómo se desencadenaría una nueva judicialización y peligrosa exposición de los insurgentes, con alta inseguridad jurídica por hechos conexos que se investigarán y juzgarán como graves delitos, recogemos la opinión del ex asesor jurídico en La Habana, el abogado Carlos Alberto Ruiz Socha, quien manifestó críticamente en 2014 y 2015 que para evitar canje de impunidades, y antes de haber sido asumida esa jurisdicción especial para tratar crímenes internacionales no amnistiables, deberían las FARC haber forzado la adopción y aplicación previa de una amplia amnistía e indulto, únicamente para opositores y nunca para agentes estatales, así como exigir verdaderas garantías de no repetición por parte del Estado, el desmantelamiento del paramilitarismo, la persecución judicial a sus dirigencias políticas y empresariales, y la reforma de la doctrina de las fuerzas armadas(http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Carlos%20Alberto%20Ruiz&inicio=0).
Los insurgentes en proceso de "resocialización" (el texto del acuerdo señala ese absurdo concepto que contradice el valor de la rebelión, tratándose de una entidad de contenido ético superior al orden social dominante, en tanto definida como altruista y coherente. Cfr. § 60 y en el Listado de las penas, ya sean ordinarias o alternativas, apartados II y III), esos ex rebeldes que pasarán a ser sujetos vinculados a esa jurisdicción con la que el Estado vuelve a ser plenamente juez y parte, deberán no sólo reconocerse como si fueran peligrosos antisociales o delincuentes arrepentidos, sino que tendrán que relatar con exactitud plena lo que anticipadamente se ha demarcado como verdad referida a hechos criminales y no a la rebelión.
Álvaro Villarraga Sarmiento, director del Área de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, señala cómo la ley 35 de 1982 que concedió amnistía a los rebeldes "dio lugar a diálogos y acuerdos de cese al fuego y tregua bilateral, que se suscribieron en 1984 con los movimientos guerrilleros Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Movimiento 19 de Abril (M-19) y Ejército Popular de Liberación (EPL). Situación que permitió el retorno a la legalidad de 1.423 guerrilleros, tanto de esas organizaciones en tregua como del Ejército de Liberación Nacional (ELN) -que no suscribió la tregua- y del Movimiento Autodefensa Obrera (ADO), núcleo guerrillero urbano de Bogotá que se adhirió a ella y se desmovilizó. Las personas acogidas en la amnistía recibieron, por vía de varios decretos, beneficios para su incorporación a la legalidad; eran denominados amnistiados o "beneficiarios de la amnistía"; no entregaron armas. La mayoría procedía de las cárceles, y otros, de frentes rurales y urbanos…" (Ver "Experiencias históricas recientes de reintegración de excombatientes en Colombia". En http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/9124/index.php?id=9124).
Se estableció acerca de la Amnistía (§ 10): "condicionada a la finalización de la rebelión de las respectivas organizaciones armadas y al cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Final"; §38: "Antes de la entrada en vigor del Acuerdo Final se determinará la forma en que se coordinarán la dejación de las armas y la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil, la entrada en vigor del componente de justicia del SIVJRNR y el acceso efectivo a la amnistía / En el caso de las FARC-EP la participación en el SIVJRNR estará sujeta a la dejación de armas".
Manuel José Cepeda, uno de los comisionados del Gobierno que elaboró el acuerdo, explica cómo dichas normas del Estatuto de Roma "se aplicarán según lo que haya dicho la legislación penal colombiana en el momento en que se cometió la conducta, incluidas, por supuesto, la toma de rehenes y la privación arbitraria a la libertad... (a la pregunta del periodista Yamid Amat ¿Quienes cometieron secuestro extorsivo podrán ser amnistiados?, responde) No. El secuestro extorsivo no es amnistiable" (http://www.eltiempo.com/politica/justicia/entrevista-con-manuel-jose-cepeda/16462858).
Agrega: "Si alguien de las Farc incurrió en narcotráfico para financiar la rebelión, tendrá que demostrarlo. Deberá reconocer que incurrió en esa conducta, demostrar que no hubo lucro personal y que el narcotráfico tuvo como única finalidad financiar de manera específica la rebelión. El Tribunal Especial para la Paz decidirá...".
El acuerdo de La Habana no se refiere en profundidad a garantías de "no repetición", pese a ser una de las expresiones que más aparecen de modo retórico y tautológico. Se menciona en abstracto, no centrada esta obligación en el Estado, cuya institucionalidad es la que se preservará y subsistirá con capacidad de vulneración violenta, tras la prevista desaparición de la guerrilla de las FARC.
Muy superficialmente se trata este concepto, de manera general diciéndose por ejemplo que (§71) "En cualquier caso el Estado debe garantizar la no repetición de los delitos cometidos respecto a la Unión Patriótica". Tan insuficiente es su registro que las propias FARC han reclamado con posterioridad a la firma de lo pactado, diciendo cómo se incumple por el Estado y cómo continúa el paramilitarismo y la criminalización de las luchas sociales.
A finales de 2015 se mantienen las mismas campañas de exterminio denunciadas durante el año: 400 líderes sociales fueron víctimas de diferentes tipos de ataques durante apenas los primeros seis meses de 2015 (ver "Los nadies". Informe Semestral Enero - Junio 2015 del Programa Somos Defensores).
"En el 2015 las organizaciones sociales han puesto muertos, heridos y centenares de encarcelados por parte de un gobierno que habla de paz, democracia y justicia social no sólo en La Habana, sino en las Naciones Unidas y diversos foros internacionales…" (Mensaje del Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, La Habana, 30 de diciembre de 2015).
"Una de cada tres personas defensoras de derechos humanos asesinadas el año pasado en el mundo era colombiana. Los datos parciales indican que 54 fueron asesinadas allí, a pesar de los diálogos de paz… En Colombia hay lucha social y esperanzas de paz con justicias social, pero no hay garantías" (Colombia o la lucha social sin garantías. Javier Orozco Peñaranda. En http://www.rebelion.org/noticia.php?id=208041).
Ni siquiera previamente de las instituciones que por fuera de las fuerzas armadas están más directamente ligadas a la represión penal, a la inteligencia tutelada por centros de poder y que jugarán un papel determinante en esa jurisdicción especial, como la Fiscalía General de la Nación, que podrá presentar todo su arsenal de casos y calificaciones amañadas, como el corrupto, tenebroso y grotesco "modelo Springer" lo pretende últimamente frente al ELN (sobre los vínculos y antecedentes de Natalia Springer, ver del periodista David Escobar, Springer y CIA, en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=207718&titular=springer-y-cia-).
El sacerdote jesuita Javier Giraldo expresa cómo la impunidad en Colombia "crea en la sociedad un ambiente de aceptación fatal del crimen de Estado que lleva a considerar como altamente riesgoso el ejercicio de determinados derechos civiles, políticos y sociales, haciéndolos efectivamente nugatorios y destruyendo la conciencia moral de la sociedad (…) [La impunidad se escuda] en la omisión culpable de todos los poderes; en el celestinaje de los medios de "información"; en la manipulación sentimental de la opinión pública; en las intimidaciones y chantajes de los victimarios / A veces se la legitima con tesis que no resisten ningún análisis ético, como la de la licitud de combatir Crimen con crimen, absolviendo por principio y de antemano a quienes lo hacen desde el Estado; o la de equilibrar las amnistías e indultos otorgadas a grupos insurgentes con amnistías e indultos a los culpables de Crímenes de Lesa Humanidad desde el Estado, reivindicando para los victimarios el imposible "derecho de perdonarse a sí mismos"" ("Colombia, esta democracia genocida". En http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article58).
"En la Jurisdicción Especial para la Paz no van a caer hechos que puedan ser atribuidos a presidentes o expresidentes de la República. Su fuero constitucional se mantiene tal como está ahora" (Ministro de Justicia, Yesid Reyes, en http://www.elespectador.com/noticias/judicial/un-abece-de-justicia-paz-articulo-613759, cit).
§32: "La creación y el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz no modificarán las normas vigentes aplicables a las personas que hayan ejercido la Presidencia de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Constitución Política de Colombia en el momento de aprobarse el presente documento. En caso de que ante la JEP obre una información que comprometa a una persona que haya ejercido la Presidencia de la República, dicha información se remitirá a la Cámara de Representantes para lo de su competencia, remisión que se efectuará en el momento que se considere adecuado por la JEP, después de haber realizado las verificaciones pertinentes".
Ni torturas o ejecuciones, ni el caso del Palacio de Justicia en época de Belisario Betancur; ni las masacres contra campesinos durante la jefatura de Cesar Gaviria; ni las "Convivir", los asesinatos y detenciones desapariciones bajo el gobierno de Ernesto Samper; ni la extensión paramilitar y bombardeos indiscriminados en la administración de Andrés Pastrana; ni el régimen de terrorismo y control represivo en los períodos de Álvaro Uribe Vélez; ni la perfidia por el uso de emblemas falsos de la Cruz Roja; ni el asesinato del comandante Alfonso Cano y otros hechos durante el mandato de Santos… ninguna de esas actuaciones saldrá de los anaqueles de la impunidad para enjuiciamiento de quienes dieron órdenes o actuaron dejando transcurrir graves crímenes.
"…si hay un sector que se va a beneficiar de esta paz, es éste… permítame muy brevemente contarles a ustedes, porque son los más interesados, en qué va eso y por qué lo único que esto les trae a ustedes son beneficios. A ustedes y cualquier empresario del país… nosotros diseñamos una hoja de ruta muy clara, con unas líneas rojas, con unas condiciones. Y que de esas líneas no nos íbamos a mover. No íbamos a negociar nuestro modelo económico… Que no íbamos ni siquiera a permitir que se discutiera… Si ustedes se leen con cuidado los acuerdos que ya hemos logrado, se van a dar cuenta que ahí no hay un punto, no hay una coma, que los afecte negativamente, ni uno… Eso es lo que establecimos, un Tribunal, que no va a ir detrás de los empresarios, como algunos están diciendo. Que es que ahora si alguna empresa, el día de ayer o hace unos años, le pagó una extorsión a un grupo guerrillero o paramilitar, entonces este tribunal se va a ir en contra de esa empresa o de los funcionarios. No. Eso no va a haber aquí esa cacería de brujas, que algunos están diciendo que se va a crear con este Tribunal. Eso no es cierto… / ¿Cuál empresario ha sido culpable de crímenes de guerra o de lesa humanidad? Si hay uno, de pronto será sometido, pero no veo cómo, por dónde…" (http://es.presidencia.gov.co/ 16 de octubre de 2015).
Ese blindaje opera mediante una selección que se ofrecerá en dos fases: en un momento previo a partir de la pauta selectiva trascendental que se traza en el acuerdo de La Habana (§32, 3er párrafo), y posteriormente cuando funcionen las instancias de esa jurisdicción, que aplicarán la "impunidad de iure" o autorizada jurídicamente (en el §48 literal o y s, en el §50 literales c y g, o §51 literal d, por ejemplo) mediante los consabidos criterios de necesidad de clasificación, elección y priorización de casos representativos (lo que ya estaba definido estratégicamente en el Marco Jurídico para la Paz de la reforma constitucional de 2012, y es comúnmente aceptado como impunidad A limine: desde el umbral).
Quedó de manera expresa en el acuerdo de La Habana que hay "conductas de financiación o colaboración" fruto de "coacciones" en las que habrían participado ciertas personas no de manera "determinante o habitual" (Cfr. §32): "serán de competencia de la jurisdicción especial para la paz las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares, que no sean resultado de coacciones, respecto de aquellas personas que tuvieron una participación determinante o habitual en la comisión de los crímenes competencia de ésta jurisdicción".
Santos, el 22 de diciembre de 2015, a una semana de la firma del acuerdo, basándose en ese pacto con cláusulas de impunidad consagradas y plagando de sofismas sus anuncios, expide su Declaración sobre las bases de justicia para civiles(http://es.presidencia.gov.co). Desconociendo principios básicos de derecho penal y valiéndose del concepto de "civiles", de "colombianos comunes", arguyendo que victimarios poderosos son también "víctimas" e "inocentes", manifiesta su encubierto propósito de impunidad para una determinada clase de personas, para estamentos cercanos, para quienes financiaron paramilitares a través de las Convivir:
"Hoy damos un paso más al anunciar las bases de cómo funcionará la justicia transicional para los civiles, los colombianos comunes, los empresarios que de alguna forma hayan podido violar la ley en medio de esta guerra que queremos terminar / Lo hacemos entre otras cosas porque muchos de estos civiles han sido mencionados en expedientes que hoy tiene la Fiscalía, creo que ya hay más de 13, 14 mil expedientes que están mencionados, y que el día de mañana cualquiera de esos expedientes puede ser utilizado por un juez para llamar a este civil que ha sido mencionado / Y como lo que queremos es cerrar totalmente el conflicto, estamos dando la oportunidad para que también los civiles puedan tener los beneficios y puedan tener seguridad jurídica y puedan estar tranquilos hacia el futuro / ...quiero dejar una aclaración en este momento: los civiles antes que nada, han sido víctimas y no los vamos a victimizar de nuevo, algunos han sido obligados a colaborar material o económicamente con grupos armados ilegales... que quede muy claro, quienes colaboraron o pagaron extorsiones bajo amenazas, son víctimas y sus comportamientos no serán objeto de conocimiento por parte de esta jurisdicción especial para la paz... óigase bien: esta es una justicia para culpables, por ningún motivo, ni más faltaba, para inocentes.
...si no les damos la oportunidad de que cierren sus casos y se beneficien de esta justicia transicional, el día de mañana en 10, 15 o 20 años, podrán ser llamados por la justicia ordinaria y sometidos a un juicio... Yo creo que esto da una gran tranquilidad, debe dar una gran tranquilidad para mucha gente... porque aquí lo que se ha venido comentando y la desinformación que se ha venido dando, es que se iba a iniciar una 'cacería de brujas' contra todos aquellos que en una u otra forma habían pagado extorsión o habían financiado ciertos grupos de las Convivir y eso no es lo que va a suceder".
Dice el Vice Fiscal General Jorge Fernando Perdomo: "quienes… hayan "colaborado" de alguna forma, en todo caso menor, recibirán un trato más benigno que puede ir hasta la no persecución penal. Aquí es donde veo el mayor desafío en el diseño de los modelos, entre otras cosas porque muchos colombianos que colaboraron con grupos armados ilegales económica y políticamente deberán quedar al descubierto" (http://www.eltiempo.com/politica/justicia/entrevista-con-el-vicefiscal-general-jorge-fernando-perdomo/16483255).
En el acuerdo de la jurisdicción especial para la paz se señala que "a petición del investigado" la Sala de definición de situaciones jurídicas tendrá entre sus funciones (§50, literal f): "definir la situación jurídica de las personas que, sin pertenecer a una organización rebelde, tengan una investigación en curso por conductas que sean de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz", con lo cual podrá remitir el expediente a otras salas o considerar "si para definir la situación jurídica es procedente renunciar al ejercicio de la acción penal o disciplinaria, o aplicar cualquier otro mecanismo jurídico según el caso. La resolución que defina la situación jurídica hará tránsito a cosa juzgada".
Respecto a sanciones administrativas o disciplinarias en curso o ya surtidas contra funcionarios públicos, por su participación en algún grado en violaciones de derechos humanos, por ejemplo, en tanto aleguen un nexo "con el conflicto armado", exclusivamente a solicitud suya pueden obtener acceso a este mecanismo de impunidad y que se proceda a "anular o extinguir la responsabilidad o la sanción disciplinaria o administrativa impuesta por conductas relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado"; pueden lograr que se revisen dichas sanciones, y se aclara además que, si hubiese causa para una investigación penal, ésta no podrá adelantarse: "En todo caso la solicitud no podrá llevar aparejada la reapertura de una investigación penal por los mismos hechos" (§33).
La articulación de la renuncia de la acción penal se fija y se constata a partir de diferentes enunciados como el literal p del §48, que traza un camino de ambigüedad y permisión cuando prevé que una sala remita a otra sala listados de personas o conductas que, no siendo objeto de amnistía o indulto (o sea no rebeldes), tampoco estén incluidas en la resolución de conclusiones. De hecho se menciona que habrá "una segunda relación de personas a las que no habrá de exigírseles responsabilidades ante el tribunal por las causas que fuere" (como se confirma en los literales a y e del §50).
"9. Resolución de la situación jurídica: la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas tendrá la función de resolver la situación jurídica de los Agentes del Estado que hayan participado en el conflicto armado cuando no hayan tenido la mayor responsabilidad de los delitos más graves y representativos. En estos casos, frente a quienes hayan cumplido las condiciones del Sistema Integral, la Jurisdicción Especial para la Paz podrá aplicar, según el nivel de responsabilidad, medidas de resolución de la situación jurídica, como por ejemplo la suspensión de la ejecución de la pena y la renuncia a la persecución penal, entre otras" (19 de diciembre de 2015. Sistema Informativo del Gobierno http://es.presidencia.gov.co).
Al día siguiente de este anuncio, entre varios análisis, Juanita León lo resalta como un logro en "La moñona de los militares", al indicar cómo "los de menor rango también salieron beneficiados puesto que -en aras de tener una simetría frente a las amnistías que tendrán los guerrilleros rasos- se acordó" el mecanismo señalado: que "a quienes no hayan tenido la mayor responsabilidad de los delitos más graves y representativos, se podrá aplicar, según el nivel de responsabilidad, medidas de resolución de la situación jurídica, como por ejemplo la suspensión de la ejecución de la pena y la renuncia a la persecución penal, entre otros" (ver www.lasillavacia.com, 20 de diciembre de 2015).
En el §37 del acuerdo de justicia se fija la aplicación del artículo 6.5 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra, que dispone: "A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado".
"El componente de justicia prevé que a la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad. En todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz" (http://wp.presidencia.gov.co/Noticias/2015/Septiembre/Paginas/20150923_03-Comunicado-conjunto-N-60-sobre-el-Acuerdo-de-creacion-de-una-Jurisdiccion-Especial-para-la-Paz.aspx).
Sin embargo, en entrevista del abogado de las FARC, el español Enrique Santiago, difundida el 7 de febrero de 2016, y posteriormente en otras informaciones públicas sobre reuniones mantenidas por él con militares el 10 de febrero, expresando un punto de vista que nunca ni siquiera el Gobierno ha propugnado, en arbitrario desconocimiento de lo que se dijo y firmó el día 23 de septiembre de 2015, cuando se restringió clara y coherentemente el uso de ese instrumento a los "delitos políticos y conexos", manifiesta una aberración jurídica, ética y política, al sostener que en virtud de esa norma en Colombia "es viable la amnistía para militares procesados que no hayan cometido crímenes de lesa humanidad".
Según esa opinión (postura que falta ver si corresponde a la de las FARC), los militares pueden obtener penas burlescas por violaciones de derechos humanos: "aunque se conoce que la sanción restaurativa es de un máximo de 8 años de restricción efectiva de libertad, esa pena puede ser adecuada a un máximo de 5 años… (se) abre la puerta a que incluso haya sanciones de un término máximo de 2 años para conductas no tan graves, que podrán ser revisadas y modificadas, dependiendo del comportamiento del sancionado" (http://www.bluradio.com/#!123501/farc-no-reconocera-todos-sus-delitos-ante-tribunal-especial-enrique-santiago).
Sostiene además que puede darse la liberación de agentes del Estado responsables de infracciones penales que encuadren en crímenes de guerra, por ejemplo. Agrega Santiago: "hemos interpretado que conforme a lo establecido en el Protocolo adicional II esas personas también pueden ser merecedoras de amnistía" (http://noticiasunolaredindependiente.com/ultima-emision-2/Emision del domingo 7 de febrero de 2016. Reporta Patricia Uribe).
Prueba de ello es el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Penal que, resolviendo positivamente la extradición de un guerrillero de las FARC solicitado en Estados Unidos por narcotráfico, aclara: "internacionalmente no existe ninguna prohibición para amnistiar o indultar a los responsables por narcotráfico, en cambio, puede afirmarse con seguridad que, en el Derecho Internacional Público, la concesión de amnistías o indultos constituye una excepción al eventual compromiso de extraditar / Los límites internacionales de la potestad de configuración normativa interna en lo concerniente a las consecuencias de la conexidad de conductas punibles comunes con delitos políticos han de extraerse, principalmente, del derecho de extradición y de las amnistías y los indultos / Estos últimos mecanismos de exención penal, en el ámbito internacional, únicamente encuentran prohibición absoluta en relación con crímenes de lesa humanidad, genocidio y delitos constitutivos de graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Empero, en lo atinente a acciones de guerra, categoría donde perfectamente encajan conductas punibles conexas a los delitos políticos cometidos en el marco de un conflicto armado interno, no sólo no existe una prohibición de amnistiar o indultar, sino que el art. 6-5 del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra, autoriza expresamente la concesión de amnistías lo más ampliamente posible" (CP117-2015 / Radicación nº 43713, Aprobado en Acta nº 334, Bogotá, 23 de septiembre de 2015. Magistrado Eugenio Fernández Carlier).
"…existía mucho temor que un comandante de una unidad, comandante de batallón, comandante de brigada, comandante de división, sería responsable por los hechos de sus subalternos, por el simple hecho de haber sido el comandante en el momento en que produjeron esos hechos... Pues bien, aquí quedó establecido que no será así. No habrá esa responsabilidad simplemente porque un superior estaba encargado de esa unidad y alguien de esa unidad cometió un delito. No se va a culpar al superior" (Juan Manuel Santos, 19 de diciembre de 2015).
En un equilibrio para la impunidad de círculos de poder enquistados tradicionalmente en el Estado, de esa clase política y de la casta de altos mandos militares que han actuado desarrollando el terrorismo de Estado, en el acuerdo Gobierno - FARC, se estipula:
§44: "En ningún caso la responsabilidad del mando podrá fundarse exclusivamente en el rango, la jerarquía o el ámbito de jurisdicción. La responsabilidad de los miembros de la fuerza pública por los actos de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante y después de la realización de la respectiva conducta, así como en los medios a su alcance para prevenir, y de haber ocurrido, promover las investigaciones procedentes".
Explica el ministro de Justicia, Yesid Reyes que "Es indispensable que se demuestre, además, que el superior conocía de la situación irregular y disponía de los medios adecuados para conjurarla" (http://www.elespectador.com/noticias/judicial/un-abece-de-justicia-paz-articulo-613759).
Con esas pautas favorables para el Estado, de muy difícil comprobación o de riesgosa confirmación por las víctimas, a quienes de modo aberrante se les traslada la carga de la prueba, dichos altos mandos, gozando de la antes mencionada presunción de legitimidad de la fuerza pública (§ 32) y del postín de la presunción de inocencia, muy fácilmente pueden alegar no tener o no haber tenido "el control efectivo" ni haber tenido "conocimiento basado en la información a su disposición", pues lo firmado en el acuerdo de la JEP destruyó dicho principio de control y conocimiento presuntos.
En el Estatuto de Roma sí se fija esa presunción de control y de conocimiento efectivos o positivos sobre acciones o conductas de los que están a cargo, de quienes tienen mando, de un supuesto superior, y se plantea por lo tanto que este superior responde si "Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos" (literal a); o (literal b) "Hubiere tenido conocimiento o deliberadamente hubiere hecho caso omiso de información que indicase claramente que los subordinados estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos".
Tal y como quedó en el acuerdo de La Habana, se trata de ver sólo el eventual "control efectivo" o el "conocimiento" de la "respectiva conducta", sellando convenientemente un hecho, apartándolo del resto de actos en la cadena fáctica. Se rompe así la sucesión de actuaciones articuladas y se fija sólo el foco penal en una conducta, la "respectiva conducta", y no en el iter criminis o "camino del delito", que, de asumirse, pondría en evidencia el nexo de mecanismos y prácticas institucionales.
Ahora con el acuerdo de La Habana resulta factible eximirse arguyendo no la presunción obvia de responsabilidad del mando, sino la presunción de inocencia como si fuese el superior cualquier ciudadano; se presume no haber tenido ni ese control ni ese conocimiento antes, durante y después de la realización de la "respectiva conducta", ni tener "a su alcance" los medios adecuados para prevenirla o para haber promovido las investigaciones procedentes.
Fundamentado en el acuerdo de La Habana, el Gobierno agrega una "perla": "La responsabilidad de los miembros de la Fuerza Pública por los actos de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante, y después de la realización de la respectiva conducta, así como en los medios a su alcance para prevenirla, siempre y cuando las condiciones fácticas lo permitan, y de haber ocurrido, promover las investigaciones procedentes" (Cfr. Compromiso del Gobierno Nacional en el Marco del Fin del Conflicto Armado, para la Aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz a los Agentes del Estado, cit., numeral 7º. 19 de diciembre de 2015).
En la reseña sobre lo expresado por el abogado Enrique Santiago ante ACORE, Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, el 10 de febrero de 2016 (http://www.elespectador.com/noticias/paz/farc-no-reconocera-todos-sus-delitos-tribunal-especial-articulo-615970), llamando "persona afectada" al victimario, se arguye: "Aunque se presume en los delitos cometidos por militares que existe una cadena de mando, en la jurisdicción especial para la paz, la persona afectada podrá acreditar que no tenía información o que no tenía cómo saber la existencia del delito cometido, o podrá probar la existencia de algo que le imposibilitó que la cadena de mando funcionara correctamente".
Esta fórmula representa por lo tanto una línea de impunidad. La ya citada analista Juanita León, titulando "La moñona de los militares, explicó en referencia a teorías como las del penalista alemán Claus Roxin:
"Este punto era fundamental para los militares porque hay un intenso debate penal sobre qué es lo que se necesita para que una persona en un rango de jerarquía sea sancionada por actos criminales de sus subalternos... Bajo esta teoría, por ejemplo, podían terminar sancionados generales si se probaba que habían consentido y estimulado las alianzas con los paramilitares o los falsos positivos así no hubiera ninguna prueba de que habían dado la orden específica de haber hecho algo ilegal / Con lo acordado ayer, esa teoría del 'aparato organizado de poder', por el que se condenó por ejemplo al jefe paramilitar Salvatore Mancuso, queda por el piso puesto que la responsabilidad de los mandos deberá fundarse "en el control efectivo de la respectiva conducta". Esto podría salvar la responsabilidad penal, entonces, a muchos de los altos mandos que más temor tenían frente a la justicia transicional... En conclusión, los altos mandos quedaron contentos porque salvo que se les pruebe que pudieron haber evitado los crímenes de sus subalternos o que los determinaron no tendrán que pagar una condena".
La revista Semana (17 de diciembre de 2015 www.semana.com) señaló al respecto: "Hay un punto en el acuerdo de justicia que se acaba de firmar en La Habana que resolvería definitivamente casos como el de Alfonso Plazas Vega. El coronel había sido condenado por una teoría del alemán Claus Roxin denominada de autoría mediata por aparatos organizados de poder. Esta permite condenar a una persona, así no haya pruebas que la relacionen directamente con el delito, por su posición de líder dentro del organismo que cometió esos crímenes. En el acuerdo que presentaron el Gobierno y las FARC se excluye esa teoría. La Corte suprema, por su parte, que la había aplicado en el pasado, también la descartó en el juicio de Plazas, lo cual fue clave para declararlo inocente" (efectivamente, y para ello consúltese la sentencia de la Corte Suprema - Sala de Casación Penal / SP17466-2015 / Radicación Nº 38957, del 16 de diciembre de 2015).
"Conforme al derecho internacional, el conocimiento por parte de un superior jerárquico incluye tanto el conocimiento real como el presunto, es decir, lo que debería haber sabido o tenía razones para saber. Es indispensable que ambas formas de conocimiento estén contempladas por la responsabilidad de mando... En segundo lugar, el acuerdo sostiene que la responsabilidad del superior exige además "control efectivo de la respectiva conducta". Si bien el "control efectivo" es un elemento esencial de la responsabilidad de mando, en el derecho internacional el control se refiere a aquel ejercido sobre los subordinados, y no específicamente sobre el hecho ilícito (...) Si no se lleva a cabo una interpretación consistente con el derecho internacional, los altos mandos podrán argumentar que no tienen responsabilidad alguna, conforme a la responsabilidad de mando, ya que no existen evidencias que demuestren que tenían control efectivo sobre los hechos ilícitos o conocimiento real del delito. Esto generaría responsabilidad internacional para Colombia por violar sus obligaciones jurídicas internacionales" (Análisis de Human Rights Watch sobre el "Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto" alcanzado por el gobierno de Colombia y las FARC. 21 de diciembre de 2015. Disponible en www.hrw.org).
Con esa racionalidad disminuida o restringida sólo a unas formas inmediatas o directas del crimen en el nivel inferior, que burla el principio rector de la responsabilidad que recaía en la autoridad superior frente a un delito de sus subordinados que estaba obligado a vigilar, quedarían a futuro libre de juicio los responsables políticos y militares de instrucciones que produjeron un resultado criminal previsible y no interferido en la lógica del sistema, como las que aparecen en la Directiva 29 del 17 de noviembre de 2005 del Ministerio de Defensa, pues en teoría reglamentaba recompensas y no ordenaba o no valía para cometer los miles de "falsos positivos" que hoy se documentan.
En el acuerdo Gobierno - FARC se facilita el desconocimiento de esas categorías de responsabilidad penal del superior, con beneficio innegable dispensado a altos jefes militares del Estado que tanto han ocultado órdenes cuando no participado personalmente de las directrices generales con las que se ha desarrollado la guerra sucia con reparto de trabajo, o las específicas de planes y campañas de ataque y exterminio dirigidas contra determinadas organizaciones populares, movimientos de izquierda, sindicatos, comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, víctimas de crímenes de lesa humanidad.
Así, la quiebra de la cadena de mando, ruptura establecida en el acuerdo de La Habana, es perfeccionada y no parece ser una consecuencia de ingenuidad o una derivación fortuita, a partir de hechos ya comprobados en la experiencia reciente de Colombia, avanzándose, como se está ya, en la demostración de la responsabilidad de mandos militares, policiales y civiles en graves casos de crímenes como los "falsos positivos", entre otros fenómenos.
Se habla de declaraciones de verdad, que incluso pueden ser escritas, que se produzcan no sólo "de manera individual" sino también "colectiva", pensadas en el acuerdo para reconocimientos que haga una "organización" (las FARC por ejemplo) pero no instituciones (ver §47), lo cual aleja la posibilidad de comparecencias oficiales que no sean etéreas, que tengan calidad vinculante y la mayor concreción. Se evita o empobrece el valor que tendrían requerimientos presenciales en materia de verdad, reparación y garantías de no repetición frente a las víctimas de crímenes de Estado. Altos mandos civiles o militares referenciados quedan así fuera del alcance.
"La nueva jurisdicción también se aplicará a delitos perpetrados por agentes del Estado que estén "relacionados" con el conflicto armado y se hubieran cometido "con ocasión" de este. En tal sentido, el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas ha señalado que tales delitos incluirán la ejecución sistemática de nada menos que 3.000 civiles --conocidos como casos de "falsos positivos"-- por brigadas del Ejército en toda Colombia entre 2002 y 2008" (Ver cita # 3 del Análisis de Human Rights Watch reseñado. "Penas por falsos positivos podrán ser revisadas por Tribunal de Paz: MinDefensa", Blu Radio, 16 de diciembre de 2015, http://www.bluradio.com/118361/penas-por-falsos-positivos-podran-ser-rev...).
Complementa lo anterior la hipótesis de una escenificación con la que, ratificada la verdad hallada judicialmente, se abren las compuertas a una nueva afrenta de la impunidad: "un militar condenado a 25 años de prisión, que tenga cumplidos más de ocho años de cárcel en estos momentos, si comparece ante la jurisdicción especial de paz y reconoce la verdad de lo ocurrido y responsabilidades, la sanción máxima que se le podría imponer es de ocho años, como ya los tiene cumplidos, automáticamente quedaría excarcelado" (Enrique Santiago en http://noticiasunolaredindependiente.com/ultima-emision-2. Emisión del domingo 7 de febrero de 2016. Reporte de Patricia Uribe. Igualmente consultar los audios de instrucciones o explicaciones de Santiago en reunión con ACORE: http://www.bluradio.com/123603/audio-enrique-santiago-dice-que-farc-reconocera-lo-que-es-obvio-y-aburrido).
Esos inferiores o mandos caídos en desgracia, agentes del Estado con menor o sin ninguna relevancia política, con una verdad ya regulada procesalmente, modulada sobre el fondo de la cuestión, no suponen por ello un peligro de delación o develamiento de esos estratos de la alta oficialidad. Vienen a ser "chivos expiatorios", ejecutores ya señalados. La mayoría de ellos saben efectivamente la "verdad" de acuerdo a su rango, a su función en la parte inferior o media de la cadena. Su decir se circunscribe a hechos por lo general ya revelados, no a directivas extensas o corporativas.
No amenazan por ello la doctrina militar efectiva que les configuró y usó, ni las instituciones vigentes en pie de aparente "renovación", funcional a la impunidad.
Afirma el ya citado asesor Cepeda sobre la probable situación de favorabilidad de agentes del Estado: "Si están siendo investigados, la Fiscalía o la justicia penal militar deben presentarle un informe de todas las investigaciones en curso contra agentes del Estado a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Si son hallados culpables, cumplirían su sanción en un lugar especial para militares, no en prisión ordinaria. Si ya han sido condenados, pueden ir directamente a la sección de revisión del Tribunal para la Paz y pedir que se revisen sus sentencias a la luz de los criterios propios de esta Jurisdicción Especial, aplicando el DIH, lo cual va a llevar a absoluciones o reducciones de pena muy significativas... Hay falsos positivos que guardaron relación con el conflicto. La Jurisdicción Especial debe calificar en cada caso si tuvo relación con el conflicto armado. Si lo considera así, el responsable puede entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz".
"…celebro que se haya hecho claridad sobre varias cosas, por ejemplo, sobre la aplicación del Derecho Internacional Humanitario como ordenamiento rector de la guerra, pues por 8 años se negó el conflicto armado y esto, paradójicamente, a quienes más desprotegió jurídicamente fue a los militares. Algo también de resaltar es que se deje claro que por el solo hecho de la jerarquía en el mando no se pueden deducir responsabilidades de superiores (…) Lo que llamamos 'falsos positivos' hace parte de un concepto más genérico denominado ejecuciones extrajudiciales. Hay quienes consideran que los 'falsos positivos' siempre están ligados al conflicto. Otros creen que se deben definir criterios para determinar caso por caso cuándo un 'falso positivo' está enlazado al conflicto. Yo me inclino por la primera posición" (Ver "Falsos positivos siempre están ligados al conflicto" en http://www.eltiempo.com/politica/justicia/entrevista-con-el-vicefiscal-general-jorge-fernando-perdomo/16483255).
Amnistía Internacional ha subrayado: "el legado de delitos de derecho internacional y de abusos y violaciones de derechos humanos que se han cometido de manera generalizada y sistemática, unido a la arraigada impunidad que los ampara, implica que, pese a los progresos respecto a la paz, persisten numerosos problemas humanitarios y de derechos humanos, aparentemente insolubles, relacionados con el conflicto, que muy probablemente podrían agudizarse en un entorno de post conflicto" (9 Febrero de 2016 / AI: AMR 23/3341/2016 / La situación de los derechos humanos en Colombia. Declaración escrita de Amnistía Internacional ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su 31º periodo de sesiones).
Agrega Amnistía Internacional: "La preocupación por la posibilidad de que el Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto no haga comparecer ante la justicia a los presuntos responsables de abusos y violaciones de derechos humanos según lo dispuesto por el derecho y las normas internacionales se ve intensificada por varias leyes aprobadas en 2015 por el Congreso colombiano, en concreto la Ley 1765 y el Acto Legislativo núm. 1, que reforma el artículo 221 de la Constitución. Las dos leyes amplían el ámbito de actuación del sistema de justicia militar y, con ello, amenazan con dificultar aún más la rendición de cuentas de los miembros de las fuerzas de seguridad implicados en delitos de derecho internacional y violaciones de derechos humanos tales como ejecuciones extrajudiciales".
Esta aseveración la sustentamos no para concluir al respecto, no para plantar una única verdad, sino para invitar al país, y en especial a las víctimas de estos crímenes y a las organizaciones de derechos humanos, a un amplio debate, a un estudio juicioso sobre las implicaciones que tiene lo pactado y su "pedagogía", visto que prevalece en dicho acuerdo de la JEP un enfoque que en este tema tiende al negacionismo.
Esto puede interpretarse de dos maneras (como más adelante lo ratificamos): estos crímenes son parte del objeto de conocimiento de la JEP, en tanto estén ligados al conflicto armado; y si no lo están, no deben ser tratados por esas instancias. En este último caso, deberán ser investigados, dilucidados, enjuiciados y sancionados conforme a otras dinámicas, a otros espacios y a otros referentes: no por la "jurisdicción especial para la paz". Este será nuestro enfoque, y nuestro compromiso, en probable oposición a la lógica que se revela en las definiciones políticas tomadas en el acuerdo de La Habana que amparan o dispensan al Estado.
La operación de ocultamiento que sutilmente hace el Estado, y que se efectúa a lo largo del acuerdo, lleva a que el referente sea el derecho internacional humanitario en favor de sus fuerzas armadas. Así, en el punto ya analizado, de la quiebra y disipación de la cadena de mando (§44), se expresa: "respecto a los agentes del Estado, se establece un tratamiento especial, simultáneo, equilibrado y equitativo basado en el Derecho Internacional Humanitario. Dicho tratamiento diferenciado valorará lo establecido en las reglas operacionales de la fuerza pública en relación con el DIH".
En contraste, en el punto relativo a las FARC (§59), se aumenta para este grupo el prisma de acusación y desventaja, para ceñir más a esta guerrilla en el camino de futuras acusaciones: "Respecto a la responsabilidad de los integrantes de las FARC-EP se tendrá en cuenta como referente jurídico el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Penal".
"…exigimos se aborden de forma diferenciada las infracciones al Derecho internacional Humanitario (DIH), cometidos en el marco del conflicto armado y las graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y genocidio perpetrados en el contexto del conflicto político, económico y social, por cuanto la respuesta del Estado a esta conflictividad, que se remonta a etapas previas al surgimiento de las guerrillas, ha sido la implementación de estrategias legales, operaciones encubiertas a través del paramilitarismo y doctrinas del enemigo interno, entre otras, que han justificado la estigmatización, la judicialización y el exterminio contra procesos sociales y políticos alternativos de defensa y reivindicación de derechos (…) La verdad debe reconocer la dimensión colectiva del daño causado por parte del Estado, el reconocimiento de aparatos de poder diseñados desde las más altas esferas. Sólo así es posible reconocer la dimensión de hechos de violencia sistemática, masiva y generalizada, que fueron ejercidos por el aparato estatal contra amplios sectores de la sociedad vistos como enemigo desde las doctrinas de seguridad implementadas, que impidieron la aspiración legítima de vivir en una democracia auténtica respetuosa de la diferencia. La desclasificación y depuración de los archivos de inteligencia de instituciones civiles y militares, que sustentaron el discurso del enemigo interno, señalando a la oposición como objetivo militar, debe contribuir a ese propósito…" (http://www.movimientodevictimas.org/).
Las bases de esa jurisdicción desconocen deliberadamente que por parte del Estado y del Establecimiento hubo planes de "limpieza política y social", constitutivos de genocidio y de crímenes de lesa humanidad.
"La definición de los hechos de los cuales conocerá la jurisdicción especial para la Paz, como aquellos "ocurridos durante el conflicto armado interno o con ocasión de este", puede conllevar a que graves violaciones de los derechos humanos, propias de la violencia sociopolítica ejercida desde el Estado, se asuman como hechos del conflicto armado. De allí la importancia de que se reconozca la existencia de una criminalidad de Estado, que derive en el reconocimiento de una mayor responsabilidad de agentes estatales, por su obligación de garantes…" (http://www.movimientodevictimas.org/cit.).
El enunciado del punto relativo al Estado (§44) -insistimos: con notable diferencia respecto a lo que se establece para las FARC (§59)-, que concede a los agentes oficiales un tratamiento especial, simultáneo, equilibrado y equitativo basado en el DIH, remite para la protección legal de ellos a "lo establecido en las reglas operacionales de la fuerza pública en relación con el DIH". Éste es un instrumento interno y exclusivo de una de las partes, el Estado, que define y aumenta la capacidad de fuego e impacto en la conducción de operaciones militares, distorsionando, torciendo e interpretando los principios del DIH de manera unilateral, con el propósito de adecuarlo funcionalmente a la visión de las fuerzas militares.
Se ve fracasada frente al Estado, con dicho texto, por lo menos hasta el momento, una exigencia que señala el MOVICE (ídem): "el reconocimiento expreso de su responsabilidad, por acción u omisión, en el proceso de victimización y aniquilamiento de diversos procesos sociales, políticos y organizativos y en general, de gran parte de la sociedad civil, que se ha visto afectada por la violencia social y política ejercida bajo el pretexto del conflicto armado".
El acuerdo subraya en diferentes apartados (v.gr §2, §6, §9, §12, §19, §32, §33, así como en el punto 5.1.3.2. de Acciones concretas de contribución a la reparación, y especialmente en la instrucción contenida en el literal d del §54 que señala cómo al adoptar sus decisiones "el Tribunal procurará inscribir las conductas en el contexto del conflicto armado") un marco jurídico del que está ausente de manera explícita la categoría de crímenes de lesa humanidad, pero donde - en aras de la simetría alegada de Estado y FARC - se acentúa el derecho internacional humanitario, lo cual comporta para el Estado, por lo general, un alivio que atenúa la carga individual para el perpetrador inmediato del crimen pero sobre todo para las instituciones de las que recibió órdenes y a las que respondió, pues las libera no sólo de presunciones de responsabilidad sino específicamente de haber llevado a cabo una guerra paralela contra sujetos sociales que no participaban del conflicto armado, como es la población civil que goza teóricamente de inmunidad.
En los lineamientos esenciales para resolver la situación jurídica de agentes del Estado (véase Compromiso del Gobierno Nacional en el Marco del Fin del Conflicto Armado, para la Aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz a los Agentes del Estado, cit.) en el punto 8º se reafirma: "Revisión de sentencias: La Jurisdicción Especial para la Paz consagra que a petición del condenado, la Sección de Revisión del Tribunal revisará las sentencias proferidas por la justicia por inexistencia del hecho, error manifiesto en la calificación jurídica, por conductas cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, siempre que se cumplan las condiciones del Sistema Integral".
"...este tribunal cerrará definitivamente el conflicto. Y favorecerá en ese punto sobre todo a los militares, uno de los temas más complicados de esta discusión, porque nos rondaba el fantasma de Pinochet, de Videla… O incluso el del Coronel Plazas Vega. ¿Qué tal que a los 20 años lo vuelvan a llamar? 'Uy, mire, es que este pedacito no se lo juzgamos', y se va preso... Ese fantasma fue el que conjuramos estableciendo que este sistema jurisdiccional para la paz va a ser de cierre total. Poco a poco la gente irá entendiendo el documento (...) Si aparece un testigo contra Plazas Vega, por seguir con su ejemplo, y dice 'no, es que a este señor yo sí lo vi en la Casa de la Moneda diciendo cuelguen a estos hp', ¿podría llamarlo el tribunal especial a investigarlo? No lo puede llamar. Ojo con esto: los que ya han sido juzgados no pueden ser llamados, salvo que ellos mismos pidan la revisión de la sentencia" (ver http://www.eltiempo.com/politica/justicia/juan-carlos-henao-habla-sobre-acuerdos-juridicos-en-la-habana/16463621).
(Pregunta: "¿Qué diferencia habrá finalmente entre la forma como serán juzgados los guerrilleros y los militares?) "Fue uno de los grandes logros de la negociación... ¿Qué terminaron aceptando? [las FARC] Ni más ni menos, que el Gobierno es el que va a definir cuál será ese tratamiento equitativo y equilibrado, pero diferenciado, de los agentes del Estado... También fue muy peleado el fuero penitenciario. 'Claro, Tolemaida Resort, eso es lo que ustedes quieren para los militares', nos decían. A lo que respondíamos: 'llámenlo como quieran. Tolemaida Resort, Irotama Resort, pero nos respetan el fuero penitenciario para militares y policías'" (Ídem).
No sólo vendrían a compensar de este lado las recortadas amnistías e indultos que se otorguen eventualmente a los guerrilleros, sino que, valiéndose en ese hecho, aumentan todavía más el trato favorable a los agentes estatales, propósito que también la extrema derecha representada en el uribismo viene afanando desde hace años, como lo registran las propuestas presentadas en el Congreso por el Centro Democrático, que ha comenzado a validar parte de lo acordado en La Habana. Dichas propuestas en muchos de sus contenidos coinciden con lo adoptado en Cuba (véase el texto de la JEP sobre el trato diferenciado y el enfoque de privilegio que sustenta el uribismo. Además del proyecto de Acto Legislativo del 2014 relativo al fuero penal militar, la reforma del artículo 221, la adición a los artículos 221A y 221B, y la modificación del artículo 277 de la Constitución Política, sustentan la propuesta de creación de un Tribunal Nacional pro tempore para la Fuerza Pública; el proyecto de ley "Por medio del cual se establecen rebajas de penas a miembros de la Fuerza Pública por hechos relacionados con operaciones militares y policiales autorizadas, en particular con operaciones de orden público" y el proyecto de ley "por medio de la cual se contemplan beneficios penales y tratamiento diferenciado para los miembros de la fuerza pública de Colombia que han sido condenados y son procesados por conductas punibles cometidas en operaciones u operativos para el mantenimiento y el restablecimiento del orden público". Cfr. http://www.centrodemocratico.com/. Consúltese así mismo: http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/proceso-de-paz-asi-se-tejen-los-acercamientos-con-el-uribismo-al-proceso/16501396).
Lo suscrito al calor del proceso de paz y de los derechos de las víctimas, le sirve a la institucionalidad salpicada por graves crímenes para salir airosa y ofrecer mejoras sustantivas, procesales y de ejecución "penitenciaria". El citado general Rodríguez, congratulándose dijo: "Si los soldados y policías de la patria llegaron a cometer un error como parte del compromiso por lograr la paz, también tienen derecho a los mismos beneficios jurídicos que tengan otras personas que también participaron dentro del conflicto" (http://www.eltiempo.com/politica/justicia/justicia-para-militares-en-el-conflicto-armado/16463603).
Tal previsión de beneficios aparece también claramente destinada a agentes paraestatales, a paramilitares de "cuello blanco" (empresarios y políticos), de los que la versión oficial predica su supuesta participación "indirecta" en el conflicto, como si no hubiesen hecho parte regular y medular de tales grupos.
Así, en concordancia con el §34, que fija la extensión de un tratamiento diferente, equilibrado y equitativo "para otros actores que hayan participado en el conflicto" y con el §60 que establece que habrá "sanciones inferiores a los 5 años a quienes no hayan tenido una participación determinante en las conductas más graves y representativas, aun interviniendo en ellas", se dispone en el apartado §63 que "Las personas que sin formar parte de las organizaciones o grupos armados hayan contribuido de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto, podrán acogerse a los mecanismos de justicia… y recibir el tratamiento especial que las normas determinen siempre que cumplan con las condiciones establecidas de contribución a la verdad, reparación y no repetición".
Respecto a las condiciones de restricción de libertades de agentes estatales, en el Informe de WOLA, atrás citado, se expresa: "En 2011 se dio un escándalo alrededor de las condiciones "resort" en que se hallaba el personal militar condenado por crímenes graves en la base Tolemaida del ejército. Con el anuncio efectuado el 19 de diciembre se tiene que son las mismas fuerzas armadas las encargadas de custodiar a su personal acusado de serios crímenes de guerra, por lo tanto existe riesgo de que se repita el escándalo".
"(...) Si nuestras Fuerzas, si nuestros soldados, si nuestros policías hubiesen sido ineficaces, no hubiesen sido victoriosos en el campo de batalla, la posibilidad de un proceso de esa naturaleza simple y llanamente no existiría... yo no iba a permitir que se repitiera la injusticia de ocasiones interiores donde los soldados y policías acaban en la cárcel y los guerrilleros acaban libres (...) no permitiría que nuestra doctrina militar o policial fuese discutida con las Farc... hemos cumplido con lo prometido desde hace cinco años...
WOLA indicaba en el mes de diciembre de 2015: "Puede darse una liberación masiva entre los 4.300 militares que actualmente se hallan bajo juicio o encarcelados por crímenes contra los derechos humanos. Muchos ya habrán pagado más tiempo de prisión que el nuevo período de sentencia reducida, y algunos tendrán revisiones de sus casos, para encontrar que no violaron deliberadamente al DIH o que no tenían responsabilidad por comando efectivo".
Ese mismo día el Gobierno, por medio del comandante del Ejército, general Alberto José Mejía, y del ministro de Justicia, Yesid Reyes, aclararon que además de circunscribir la liberación de unos pocos guerrilleros a casos de delitos políticos cerrados, como la rebelión, los insurgentes beneficiados con esa medida tendrían que ingresar al programa oficial de reinserción y "firmar por escrito un compromiso de que no volverán a las filas de la guerrilla". El general Mejía dijo además:
"Ellos -los jefes de la guerrilla- pueden decir misa, decir lo que quieran. Mi opinión es muy clara: la justicia transicional antes, durante y después de los acuerdos se diseña y se planea en el Palacio de Nariño… El Presidente de la República es la única persona idónea que puede hablar y decir cómo va a ser este proceso -agregó- (...). Esto es algo que nos tiene muy tranquilos: no van a ser 'Timochenko', ni 'Gabino', ni 'Márquez', ni ninguno de estos señores, quienes nos van a decir cómo va a ser nuestra justicia. No nos interesa la opinión de ellos en este sentido" (http://www.eltiempo.com/politica/justicia/proceso-de-paz-16-que-seran-indultados-ya-firmaron-compromiso-de-no-volver-a-las-farc/16484799).
Leíamos (23 de enero de 2016) sobre el propósito claro que agencian criminales de Estado y políticos cómplices: "que las Farc no se opongan a otorgar beneficios jurídicos a los integrantes de la Fuerza Pública y que las propuestas de la guerrilla no incluyan, de ningún modo, sanciones que atenten contra lo que ellos llaman la dignidad militar: se resume en que no pierdan los grados obtenidos (que un general no deje de ser general) y que se mantenga el trato diferenciado entre agentes del Estado y guerrilleros" (http://www.elespectador.com/noticias/politica/reuniones-claves-el-canton-norte-articulo-612417).
James Stewart, vice-fiscal de la Corte Penal Internacional, señaló en febrero de 2016: "La oficina del Fiscal tiene que quedar satisfecha de que la lucha para acabar con la impunidad en los crímenes más serios se está librando de manera legítima. En lo que respecta a Colombia, la pregunta será si las sentencias impuestas en el contexto del proceso de justicia transicional han servido a este propósito en lo que se refiere a los crímenes más graves (…) El proceso de paz es de un gran significado y esperamos que su final sea exitoso. Sin embargo, es un proceso que también debe contemplar asuntos de responsabilidad para quienes cometieron los crímenes de guerra y lesa humanidad" (http://www.semana.com/nacion/articulo/cpi-y-acuerdo-de-justicia-cual-fue-el-mensaje-al-gobierno-y-las-farc/460285).
El acuerdo de diciembre de 2015 no supera las impunidades más acuciantes, pues se focaliza para unas y no para otras. Busca minimizar la verdad que adeuda el conjunto institucional represivo y sustraer al Estado de responsabilidad criminal, remitiendo a la resolución de situaciones personales de agentes o funcionarios que ya están siendo tratados con privilegio y distorsión, y que se verán todavía más protegidos con las medidas legislativas en preparación, en las que estará ausente la verdad a fondo sobre crímenes de lesa humanidad. En particular sobre esas miles de acciones que ni fueron actuaciones individuales ni necesariamente vinculadas con el conflicto armado, como miles de detenciones desapariciones de activistas sociales y miles de casos de "falsos positivos".
Contra ese cierre jurídico o "cosa juzgada universal" que busca mimetizar la guerra sucia en las formas y reformas de una democracia genocida, buscamos que la población en la que actuamos y de la que somos parte en procesos de organización, abra perspectivas, tome conciencia, se movilice como comunidades no sólo de víctimas sino de actores políticos por el cambio. Que no deba esperarse al montaje o ajuste de un sistema jurídico sin que éste se articule en la realidad de un conflicto histórico y su transformación democrática y popular.
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario "Sinaltrainal"
[Fuente: Sinaltrainal - Sindicato nacional de trabajadores del sistema agroalimentario, Bogotá, 18feb16]

References: e contrario
 resolución 
 artículo 174
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 6
 artículo 221
 artículo 221
 artículo 277
 resolución