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Timestamp: 2020-05-25 13:14:59+00:00

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CONSULTORA NORTE BROKER DE SEGUROS: ES UNA ALTERNATIVA DE ALTO NIVEL TÉCNICO PARA PREVENIR RIESGOS
Consultora Norte es una empresa heredera de una importante trayectoria y tiene más de 40 años en el mercado. Su fundador, Pablo Fernández Díaz, actual asesor corredor en el campo de seguros ha logrado destacados resultados de gestión y asesoría que han permitido fidelizar como sus clientes a las más grandes empresas del mercado.
Para Consultora Norte, la experiencia y el trabajo en equipo son dos pilares básicos. Por ello, trabajan con profesionales serios, de alto nivel técnico y moral que acreditan una contribución efectiva en el desarrollo del ámbito familiar, empresarial e institucional.
En el 2009, Consultora Norte fue ganadora del ‘Premio Empresa Peruana’ y en el 2010 del premio ‘Calidad, imagen y prestigio empresarial’.
De acuerdo con Pablo Fernández Díaz, gerente general, como corredores de seguros la empresa brinda sus servicios en: gestión de riesgos, diseño de programas de seguros y gestión de siniestros.
En el primer ámbito, Consultora Norte ofrece soluciones prácticas y rentables para identificar y evaluar los riesgos que amenazan la propiedad y operación del cliente. Sus inspecciones de riesgos garantizan el sustento específico y técnico para realizar una correcta suscripción de seguros. Además, ayudan a sus clientes a transferir los riesgos que no se pueden controlar, brindando recomendaciones de protección del patrimonio a través de oportunidades de mejora continua.
En el segundo aspecto, sus acciones se abocan en elaborar programas de seguros exclusivos y a la medida de las necesidades de cada institución apoyados en los resultados obtenidos de la gestión de riesgos, garantizando así que todos los riesgos se encuentren debidamente respaldados.
Finalmente, en cuanto a la gestión de siniestros brindan un servicio propio, efectivo y eficiente, centrado en la gestión proactiva de los expedientes, la excelencia técnica y el pago puntual de las indemnizaciones.
“Sabemos que cada siniestro es único, por ello ofrecemos soluciones flexibles y personalizadas, trabajando en estrecha colaboración con nuestros clientes para garantizar que los siniestros se gestionen rápida y eficazmente, minimizando así la posibilidad de rechazo o reducción de la expectativa de indemnización ante algún siniestro”, dice.
Añade que los seguros pueden ser personales o empresariales. Si es personal, brindan seguros oncológicos, vehiculares, para el hogar y los bienes, asistencia de viajes, SOAT y otros. Si es empresarial, para trabajadores, patrimonio, riesgo de ingeniería, transporte, agrícola y otros.
La historia de Consultora Norte se inicia hace 40 años, cuando Pablo Fernández Díaz se inicia como asesor de seguros de vida en el año 1976 y luego como inspector de zona de la compañía de seguros Sud América y la posterior autorización otorgada por la SBS para laborar como asesor profesional de seguros.
“Desde el inicio de mi labor traté de marcar la diferencia haciendo un estricto análisis de riesgos a cada uno de los clientes a fin de minimizarlos y transferir a las compañías aseguradoras los que realmente son necesarios. De esta manera se podía lograr los máximos beneficios con los mínimos costos posibles”, refiere.
Después de cinco años de experiencia, Pablo Fernández funda el bróker de seguros denominado ‘Naylamp Productores De Seguros SRL’ para participar en las licitaciones de seguros del Estado y las cooperativas agroindustriales de la región. Para ello fueron asesorados con el mejor técnico profesional del país en ese entonces: el ingeniero Walter Ruiz García, con quien decidió hacer una reingeniería de riesgos y mejorar las condiciones y coberturas de sus pólizas, además afinar la atención de siniestros.
“Inicialmente, los brókeres de Lima se creían los dueños del mercado y del conocimiento en seguros, por tanto no podíamos asesorar a importantes clientes, pero nuestra decisión, sueños y metas ya estaban trazadas”, detalla.
Añade que se llevaron una gran sorpresa cuando culminaron la reingeniería y el nuevo diseño de las pólizas. Por ejemplo, el nuevo costo de sus seguros solamente ascendía al 55 % de lo que pagaban en años anteriores, así que el sustento fue contundente y la aceptación de la asesoría de manera inmediata.
“Nuestro primer cliente corporativo fueron las Empresas Agroindustriales Pomalca, Pucalá y Cayaltí. Cabe mencionar que nos habíamos ganado la confianza y el aprecio de los gerentes, directivos y funcionarios de las agroindustriales por el buen servicio prestado. Incluso nos percatábamos antes que ellos de la ocurrencia de algunos siniestros por las visitas inter diarias que hacíamos en las fábricas y los campos de cultivos”, narra.
Luego, en el año el 2008 se formó como tal Consultora Norte para darle el realce justo y necesario a la labor de asesoría que venían realizando como asesores de seguros.
“Somos conscientes de que nuestro equipo de trabajo debe estar debidamente preparado para asumir este importante reto, por lo que es política de nuestra empresa actualizarnos permanentemente, pues ello nos permite mantenernos en condiciones altamente competitivas en un mundo globalizado”, finaliza.
EN CINCO MESES DE GESTIÓN: MPCH NO HA EJECUTADO NI UN SOL EN OBRAS
Tiene presupuestados cuatro proyectos de agua y desagüe y hasta el momento no ha empezado ni uno.
Para este año, la Municipalidad Provincial de Chiclayo – MPCH, tiene asignado un Presupuesto Institucional Modificado – PIM, ascendente a 130 millones 112 mil 696 soles, de los cuales ha ejecutado hasta el momento el 20.5 %. Del monto total, 52 millones 491 mil 120 soles están destinados a la ejecución de proyectos.
De acuerdo al Portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, la inversión en obras por la gestión del alcalde Marcos Gasco Arrobas, entre enero y el 22 de mayo, es nula.
En el presupuesto de este año, la comuna de Chiclayo tiene consignados 20 proyectos. Estos son:
“Rehabilitación de la avenida Víctor Andrés Belaunde, entre las avenidas Zarumilla y El Progreso”, valorizada en 30 mil 104 soles; “Rehabilitación de la calle Hipólito Unánue, entre la Avenida Fitzcarrald y la calle Francisco Cabrera”, por 176 mil 855 soles, así como la “Rehabilitación de la Avenida Los Tréboles, desde la Avenida Leguía hasta la Panamericana Norte”, con una inversión de 803 mil 81 soles. Ninguna de estas obras se ha iniciado.
Ese también es el caso de la “Rehabilitación de la Avenida Francisco Cúneo, entre la Panamericana Norte y la calle Bernardo Alcedo”, por 11 mil 39 soles; la “Rehabilitación de la Avenida Paseo del Deporte, entre la Avenida Zarumilla y la calle El Virrey”, por 88 mil 675 soles, y la “Rehabilitación de la Avenida Santa Rosa, desde la Avenida Pacasmayo hasta la Avenida Colectora, por 485 mil 745 soles.
Están pendientes de iniciarse trabajos de mejora de las calles: Leoncio Prado (106 mil 968 soles), Bolívar (268 mil 711), Loreto (16 mil 825), Oriente (298 mil 543), Juan Buendía (cinco mil 45), Juan Manuel Iturregui (29 mil 514) y Tumbes (488 mil 141), y las avenidas José Quiñones (cinco mil 287), Independencia (676 mil 669) y José Eufemio Lora y Lora (un millón 116 mil 336).
OBRAS EN EL LIMBO
La municipalidad de Chiclayo, según el Ministerio de Economía y Finanzas, tiene otro listado de obras, que teniendo código de inversión y presupuesto asignado, se mantienen sin ningún tipo de ejecución.
Este es el caso de la “Construcción del Parque Luis Heysen Incháustegui”, la “Instalación de redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias del pueblo joven Santa Teresita”, el “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en las calles Rufino Echenique, Manuel Polo Jiménez, Pedro Diez Canseco y Avenida El Progreso – Urbanización Remigio Silva”, y el “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en las calles Prolongación Garcilaso de la Vega, Talara, Oyotún, Los Rosales, Divino Maestro, El Muelle, Tulipanes, Pasaje San Basilio y Juan Aragón de la Urbanización Santa Ángela”. Esta última obra quedó con una avance del 94 % hasta el año pasado.
También está pendiente el “Mejoramiento del servicio en el mini complejo deportivo Enrique López Albújar”, el “Mejoramiento del pavimento en las vías de la Urbanización Campodónico y la Urbanización San Martín”, el “Mejoramiento de pavimento y veredas en las calles Polonia y Teatro de la Urbanización Las Brisas”, así como el “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular en las calles Universidad de la Cantuta, Universidad de Chiclayo, Universidad San Cristóbal y Pasaje Universidad Nacional de Ingeniería del pueblo joven Cerropón”.
En la lista figuran obras en las calles de la Urbanización Los Robles (dos millones 80 mil 481 soles), la renovación de las redes de agua potable y alcantarillado de la Urbanización Santa Ángela (un millón 103 mil 575 soles), el mejoramiento del Parque Cruz del Perdón por 457 mil 683 soles y de cuatro calles en 9 de Octubre presupuestadas en un millón 82 mil 853 soles.
Pese a tener presupuestos asignados desde el 2018, faltan ejecutar las obras: “Ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa de la Institución Inicial N° 004 Angelitos de María, del pueblo joven Muro”, presupuestada en 442 mil 219 soles, donde hasta diciembre pasado se gastó solo el 1 %; la “Construcción de pavimento y veredas en el pueblo joven César Vallejo”, con una partida total de seis millones 833 mil 45 soles, que llegó a fines del 2018 con el 11 % de avance, y el “Mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias en la calle Arequipa, tramo entre la Avenida Prolongación 9 de Octubre y Prolongación Garcilaso de la Vega”, con 226 mil 239 soles de partida, que solo tiene el 2 % de ejecución presupuestal.
En la misma situación está el proyecto de pistas y veredas en la calle Sergio Bermejo Quiroga, entre las calles Karl Weiss y Garcilaso de la Vega, que tiene un presupuesto de un millón 271 mil 914 soles y un avance de solo el 2 % (diciembre 2018); pistas y veredas en la calle Cois, entre las avenidas José Balta y Raymondi, donde se ha gastado el 19 % de los tres millones 229 mil 924 soles asignados y el mejoramiento de la transitabilidad de la calle La Gruta, en el pueblo joven 9 de Octubre, con un presupuesto de dos millones 673 mil 409 soles. Hasta fines del año pasado solo se ejecutó el 1 % de los recursos.
El revestimiento del canal Pulen, entre las calles Piura y 9 de Octubre, con una partida de dos millones 80 mil 342 soles, quedó hasta diciembre con 42 % de avance, en tanto el mejoramiento de agua potable y alcantarillado de los pueblos jóvenes Tupac Amaru y Ampliación Tupac Amaru, con el financiamiento de dos millones 263 mil 151 soles, quedó en 12 %.
En los pueblos jóvenes San Antonio y Ampliación Antonio, donde debió renovarse el saneamiento básico con el presupuesto asignado ascendente a cuatro millones 118 mil 382 soles, el avance hasta diciembre pasado fue del 1 %, situación que se repite en la obra de agua y alcantarillado del pueblo joven San Sebastián, valorizada en un millón 236 mil 750 soles, y el mejoramiento del parque principal La Inmaculada de la Urbanización Las Brisas, por 788 mil 464 soles. También se tiene el caso de las calles 3 y Los Gorriones en el pueblo joven Adriano Baca Burga, donde el avance fue de 2 %.
En el pueblo joven La Ciudadela debió concluirse la obra de pistas y veredas presupuestada en dos millones 205 mil 36 soles. Sin embargo, el avance solo ha sido del 26 %.
Trabajos en diferentes calles del pueblo joven Jesús Nazareno, por 778 mil 483 soles, quedaron al 10 % de avance presupuestal, al 39 % obras en calles del pueblo joven 9 de Octubre y al 6 % el mejoramiento del Parque 15 de Septiembre de la urbanización del mismo nombre.
La obra de la calle Precursor Miranda, en 9 de Octubre, llegó al 7 % del gasto, ascendente a un millón 209 mil 166 soles; el mejoramiento del Parque Alipio Ponce, de la urbanización José Quiñones Gonzales, avanzó solo hasta el 16 % de los 515 mil 618 soles asignados, mientras que la obra de pistas y veredas en el pueblo joven Elías Aguirre, presupuestada en dos millones 280 mil 300 soles llegó al 3 % hasta diciembre pasado.
Pendientes de ejecución están los trabajos en el Parque Santa Catalina de la Urbanización Las Brisas (386 mil 422 soles), el mejoramiento de agua y alcantarillado de la UPIS Cruz del Perdón (380 mil 433), la rehabilitación del cerco perimétrico en la Institución Educativa Augusto Salazar Bondy (405 mil 595), el mejoramiento y ampliación de agua y desagüe en la Urbanización El Ingeniero I (dos millones 866 mil 94) y la rehabilitación de la Avenida Zarumilla (717 mil 51 soles).
Del mismo modo, la rehabilitación de la Avenida Chinchaysuyo, ascendente a 680 mil 218 soles; de la calle La Florida, en la Urbanización Santa Victoria, por 170 mil 351 soles; la rehabilitación del Óvalo Eloy Ureta, ascendente a 127 mil 217 soles y de la calle Tarapacá, con 183 mil 140 soles.
También el agua y alcantarillado en la UPIS Espiga de Oro por 231 mil 233 soles, de la Urbanización 3 de Octubre por 259 mil 208, de la Urbanización Los Mochicas por 648 mil 542 soles, de la Urbanización Santa Elena por 854 mil 671 soles, y la pavimentación de las calles 8 de Octubre y Manco Capac, ascendente a 822 mil 59 soles. Se suman las obras en el Parque La Madre de la Urbanización José Quiñones, de agua y desagüe de la Urbanización Villa El Salvador, pistas y veredas del pueblo joven José Olaya y mejoras en los parques del sector L en Cruz de la Esperanza y Señor de los Milagros de la UPIS del mismo nombre.
En el rubro de “Mejoramiento del sistema de agua potable”, la comuna debería ejecutar – según su presupuesto, obras en las urbanizaciones El Amauta, La Florida, Santa María y el pueblo joven Jorge Basadre.
SE VULNERAN DERECHOS DE ADULTOS MAYORES: OCI CUESTIONA FUNCIONAMIENTO DE COMEDOR DE LA SBCH
La Sociedad de Beneficencia de Chiclayo va de tumbo en tumbo. En menos de un mes la gestión del alcalde Marcos Gasco Arrobas ha designado a tres presidentes del Directorio, uno de ellos duró 48 horas en el cargo, otro no cumplía el perfil y el tercero tendría un claro conflicto de intereses con la institución. En tanto, los fines de la beneficencia parecen ser lo menos importante. Contraloría ha señalado, por ejemplo, que uno de los comedores de la entidad no brinda atención adecuada a sus usuarios.
Esa es una de las conclusiones que se desprende del Informe de Orientación de Oficio N° 005-2019-OCI/0512-00, emitido por el Órgano de Control Institucional – OCI, de la beneficencia respecto al “Centro de Apoyo Alimentario Divino Niño Jesús”.
Los resultados de la intervención del organismo fiscalizador fueron puestos de conocimiento al flamante presidente de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo, Oswaldo Mendoza Otiniano, con el Oficio N° 000096-2019-SBCH/OCI, elevado el 20 de mayo por la jefa del OCI, Kelly Salazar Castañeda.
El 13 de mayo, a las 12:30 del día, la Comisión de Control de la beneficencia realizó una visita in situ al Centro de Apoyo Alimentario “Divino Niño Jesús”, verificándose que la auxiliar de nutrición, Clotilde Peralta Urrutia, había modificado la programación del menú, siendo que para ese día la ración de almuerzo consistió en menestrón, arroz con ajiaco de arracacha con bisteck y un vaso de chicha morada, no obstante el almuerzo que se sirvió a los beneficiarios fue arroz con saltado de carne y un vaso de cebada, situación que fue motivo de queja por parte de los beneficiarios.
El cambio injustificado del menú iba en contra de la programación del menú para la semana del 13 al 17 de mayo efectuada por la nutricionista Paola Ruiz Uceda, subgerente de Asistencia Social de la Beneficencia de Chiclayo.
“Posteriormente se entrevistó a los beneficiarios del Centro de Apoyo Alimentario, todos ellos personas adultas mayores, quienes manifestaron que vienen recibiendo una inadecuada atención, toda vez que no se les hace entrega de las raciones de almuerzo completo; es decir, algunos beneficiarios no reciben fruta y otros reciben una porción pequeña de alimentos. Asimismo, indicaron haber sido víctimas de maltratos por parte de la auxiliar de nutrición, hechos que ya han sido puestos de conocimiento a los funcionarios de la entidad”, detalla el informe.
Según OCI, los beneficiarios indicaron que en muchas ocasiones no se les brindó el servicio alimentario debido a la inconcurrencia de la auxiliar de nutrición al centro alimentario, hecho que se corrobora con el Informe N° 092-2019-SBCH/OGA, del 7 de mayo, emitido por el contador público Juan Simón Barrera Espinoza.
“Nos dimos con la sorpresa que la señora Clotilde Peralta no había llegado a laborar y los beneficiarios habían pasado a retirarse sin haber recibido la atención diaria”, detalla el documento.
Otro problema identificado respecto a dicho comedor es el horario. El centro no cuenta con un cartel informativo que señale cuál es el horario de atención a los beneficiarios, generando dificultades y confusión a los usuarios que diariamente acuden al programa social.
“De la visita in situ a los ambientes del Centro de Apoyo Alimentario de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo se advierte que no existe un cartel informativo que señale el horario de atención a los beneficiarios que acuden diariamente a recibir sus raciones de alimentos (almuerzos y/o desayunos)”, dice el documento.
Con relación a ello, los beneficiarios manifestaron que en ciertas ocasiones han acudido al Centro de Apoyo Alimentario después de la 1:00 de la tarde y no fueron atendidos con sus raciones de almuerzo, dado que la auxiliar de nutrición les comunica que el horario de atención es de 12:00 a 1:00.
No obstante y según el Informe N° 115-2019-SGAS-SBCH, de fecha 15 de mayo del 2019, la nutricionista Paola Ruiz Uceda, subgerente de Asistencia Social, señaló que el horario de atención se realiza desde las 12:00 hasta la 1:30 de la tarde y puede ser extendido hasta las 2:00.
En el mismo informe se reitera al presidente de la entidad que de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1411, norma que regula la naturaleza jurídica, funciones, estructura orgánica y otras actividades de las sociedades de beneficencia, estas tienen finalidades de protección social.
El Artículo 2 de la referida norma señala que las sociedades de beneficencia “tiene por finalidad prestar servicios de protección social e interés público en su ámbito local provincial a las niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo”.
Del mismo modo, el artículo 16 refiere que “los servicios de protección social son aquellos que atienden de manera permanente las necesidades de la población vulnerable determinadas por el ente rector”. Uno de esos servicios sociales es el de servicio de apoyo alimentario.
A ello se suma lo indicado por la Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, cuyo Artículo 27 indica que “El Estado, en sus tres niveles de gobierno, fomenta el buen trato a favor de la persona adulta mayor a través de acciones dirigidas a promover y proteger sus derechos fundamentales priorizando el respeto por su dignidad, independencia, autonomía, cuidado y no discriminación”.
También se entiende por buen trato hacia la persona adulta mayor la ausencia de violencia física y psicológica.
El Artículo 28 de la misma ley precisa que “se considera violencia contra la persona adulta mayor cualquier conducta única o repetida, sea por acción u omisión, que le cause daño de cualquier naturaleza o que vulnere el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales, independiente de que ocurra en una relación de confianza”.
OCI advierte que el cambio de menús por parte de la auxiliar de nutrición va en contra del Manuel de Perfil de Puesto, aprobado en noviembre del 2017, donde se señala expresamente que esta debe “ejecutar los menús de acuerdo a lo dispuesto por la nutricionista”.
“La inadecuada atención que brinda el Centro de Apoyo Alimentario Divino Niño Jesús ocasiona que los beneficiarios se ausenten del Servicio de Protección Social que ofrece la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo y que no se cumpla con el resultado o logro de los objetivos del Programa Social”, afirma el informe de OCI.
REMODELACIÓN CULMINÓ EN EL 2016: OBRA DEL COLEGIO JUAN MANUEL ITURREGUI NO HA SIDO ENTREGADA A LA UGEL LAMBAYEQUE
La inversión total fue de 42 millones de soles.
Institución educativa presenta filtraciones en los techos.
A pesar de haber sido recepcionada por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, en julio del 2016, justo antes que culmine el mandato del expresidente Ollanta Humala Tasso, la obra de remodelación del Colegio Emblemático Juan Manuel Iturregui no ha sido formalmente entregada a la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Lambayeque.
El director del plantel, Alberto Polar Córdova, señala que PRONIED es el organismo encargado de contratar con las empresas constructoras, el cual debe recepcionar la obra para hacer la posterior entrega a la unidad de gestión educativa local correspondiente, la misma que debe emitir sus propias observaciones.
Sin embargo, Polar Córdova afirma que ni él en su calidad de director ni la UGEL Lambayeque han recepcionado esta obra de remodelación, cuya ejecución demoró seis años.
Polar Córdova, quien asumió en el 2015 la dirección del colegio, cuenta que la remodelación de la institución comenzó en el 2010, estando el Consorcio Iturregui a cargo de la obra. Tras haber avanzado con la tercera parte de lo contemplado, hubo problemas con este grupo y se inició un arbitraje que hasta hoy no termina.
Mientras tanto, se realizó una nueva licitación para continuar con la remodelación, la cual la ganó el Consorcio Lambayeque. Sin embargo, nuevamente hubo problemas con este grupo constructor y se inició un otro arbitraje que, al igual que el primero, todavía sigue en curso.
Ya en el 2015, estando Alberto Polar en la dirección, se hicieron las gestiones para una tercera licitación, la cual ganó la empresa española Extraco S.A., la misma que se encargó de culminar la obra y darle los acabados a las dos primeras partes hechas por los consorcios anteriores.
Según Polar Córdova, la inversión final de la obra fue de 42 millones de soles.
No obstante, apunta que hay por lo menos algunos hechos extraños que han suscitado desperfectos en la infraestructura. Por ejemplo, señala que los techos del colegio han sido construidos poniendo una loza de concreto de cinco centímetros y luego colocando ladrillos panderetas, cuando las construcciones contemplan lo inverso; es decir, que primero se pongan los ladrillos y luego el cemento.
“Esto ha ocasionado que con el pasar del tiempo y las diferentes lluvias que azotaron Lambayeque, todos los techos del colegio hayan sufrido filtraciones. Esto debe investigarse a fondo, porque el que hayamos encontrado este tipo de situaciones quiere decir que la empresa supervisora no hizo bien su labor. Y de ser así, PRONIED, que es el ente que contrató, debe ejecutar alguna sanción”, asevera.
Por otro lado, manifiesta que, gracias a algunas gestiones, lograron que se asigne un presupuesto de 26 mil soles al colegio para el mantenimiento anual, pues antes recibían los 11 mil que le corresponde a toda institución educativa pública. Sin embargo, revela que ese monto solo alcanza para cubrir un 10 % de lo que demanda el colegio.
Apunta que una de las principales necesidades que tienen es personal de mantenimiento, toda vez que actualmente solo cuentan con siete para 80 aulas, cuando por ley un trabajador solamente puede limpiar ocho ambientes.
“Estoy hablando solo de las aulas, porque falta más personal todavía para los ambientes administrativos de primaria y secundaria, además de laboratorios, ambientes de cómputo, el polideportivo, la piscina que de por sí necesita personal especializado, y guardianes que increíblemente no tenemos en la nómina”, sostiene.
Añade que algunas cosas como el mobiliario suelen malograrse rápidamente por la cantidad de alumnado que hay. De igual forma, los baños también deben repararse constantemente.
PROBLEMAS CON LAS APAFAS
Por otro lado, comenta que desde el 2016 se acordó con la Asociación de Padres de Familia – APAFA, que sean estos quienes se encarguen de recibir donaciones para resolver la falta de personal que existe en el plantel.
Sin embargo, esta APAFA con la nueva que ingresó en el 2018 tuvo problemas por denuncias de malos manejos de los recursos, motivo por el cual, avalados en el Decreto Supremo Nº 028-2007, la dirección del colegio decidió que sea el mismo equipo directivo quien maneje las donaciones.
“Que manejemos nosotros este dinero es mucho más transparente, porque si el director hace un mal uso de aunque sea un sol, la UGEL lo procesa y sanciona, pero si padre de familia no hacía un correcto uso, no pasaba nada”, explica.
CONSORCIO GANADOR ESTÁ INTEGRADO POR EMPRESA CUESTIONADA: GERENCIA DE AGRICULTURA ADJUDICA OBRA A POSTOR QUE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN IRREGULAR
Comité no evaluó de manera correcta oferta presentada para la construcción del canal El Padre en Mochumí.
Luego de una serie de postergaciones que devienen desde noviembre del año pasado, la Gerencia Regional de Agricultura de Lambayeque logró, el 13 de mayo, adjudicar la buena pro para la ejecución de la obra “Mejoramiento del Canal de Riego El Padre del distrito de Mochumí”, recayendo la misma en el Consorcio Padre Fema, integrado por Corporación NEBUSI SAC, Vacons Ingenieros SRL y la cuestionada empresa de origen piurano Servicios Generales Viviana SRL. El postor resultó ganador ofertando un precio de cuatro millones 932 mil soles.
Expresión tuvo acceso a la oferta presentada por dicho consorcio, la cual fue sometida a una evaluación rigurosa realizada por nuestro equipo consultor en temas de contrataciones del Estado, evidenciándose ciertas irregularidades en la documentación que fue presentada para acreditar el equipamiento estratégico a ser utilizado en la ejecución de la obra, la experiencia requerida para el residente, así como las contrataciones que fueron incluidas en su oferta para demostrar experiencia en obras iguales y/o similares, las mismas que no se condicen con lo establecido en las bases integradas del procedimiento convocado.
MAQUINARIA AJENA
Así se tiene que el Consorcio El Padre Fema presentó para acreditar el equipamiento estratégico compromisos de venta y facturación que sustenta la propiedad de ciertas maquinarias, donde claramente se muestra que las mismas no cumplen con los aspectos técnicos requeridos para cada una de ellas, especialmente en lo que concierne a su potencia, en cuanto estas superan significativamente lo considerado en el expediente técnico, a pesar que las bases del proceso no consideraban la opción de presentar maquinaria con mayor potencia, incumpliendo de esta manera lo establecido en el expediente técnico del proyecto.
Asimismo, la integrante del consorcio Servicios Generales Viviana EIRL pretendió acreditar la propiedad de una excavadora hidráulica de orugas mediante la Factura Electrónica N° 0091, cuando dicho comprobante de pago consigna como adquiriente a la entidad financiera Scotianbank Perú SAA, incongruencia que no fue advertida al momento de la evaluación realizada por el Comité de Selección, lo que hubiera permitido la no admisión de la oferta presentada por el adjudicatario.
EXPERIENCIA MENOR
En esa misma línea evaluativa, se evidencia una irregularidad trascendente que debería determinar la revocatoria de la buena pro otorgada al Consorcio El Padre Fema, en tanto a folios 11 de su oferta presentó la Carta Compromiso del Personal Clave suscrita por el ingeniero Víctor Guillermo Muro Rosado, quien se compromete a realizar las labores de Residente Obra, para lo cual, y a fin de acreditar los cuatro años requeridos como experiencia mínima, refiere en el Ítem 1 de la misma haber laborado como tal en la obra “Creación de la bocatoma y mejoramiento del canal de riego Paraje Carhuamarán – San Antonio de Leguía, distrito de Leonor Ordoñez – Jauja – Junín”, a cargo del Consorcio Huancani.
Muro Rosado consideró como fecha de inicio de sus labores el 16 de febrero del 2018, culminando supuestamente las mismas el 21 de diciembre 12 del 2018; es decir, por un período acumulado de 309 días, el cual aparentemente se corrobora con el Certificado de Trabajo emitido por el consorcio ejecutor obrante a folios 081 de la oferta del adjudicatario, donde se consigna el mismo período indicado en la Carta de Compromiso.
En este extremo, de acuerdo al análisis realizado sobre la acreditación de la mencionada experiencia, se evidencia mediante el contrato suscrito con la Municipalidad Distrital de Leonor Ordoñez para la ejecución de la obra mencionada, que este fue firmado recién el 8 de marzo del 2018; es decir, 22 días después de la fecha consignada como inicio de las labores del profesional, condición que siendo desde ya inconsistente e inexacta, genera una contradicción implícita que invalida la experiencia acreditada y, por ende, su experiencia no alcanza los cuatro años requeridos. En consecuencia, por contener información falsa y/o inexacta la oferta debió ser descalificada.
Respecto a la acreditación de la experiencia en obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, tipificadas textualmente en las bases del procedimiento, estas deberían alcanzar como mínimo un total equivalente a cuatro millones 947 mil 81 soles, todo ello producto de las contrataciones que debieron presentar los consorciados como tales, lo que no fue cumplido a cabalidad, ya que la empresa Vacons Ingenieros SRL integrante del consorcio, aportó una experiencia en consorcio que supera los 600 mil soles por la ejecución de una obra cuyo objeto no está considerado en las bases integradas como igual y/o similar. Se trata del contrato celebrado con la Municipalidad Distrital de Mochumí, cuyo objeto consistió en la ejecución de la obra denominada: “Instalación del Sistema de Drenaje Pluvial en el Área urbana del Distrito de Mochumí”, antecedente que no debió ser considerado válido.
El monto que le corresponde al referido consorciado (Vacons Ingenieros SRL), al ser descontado del importe total acreditado, por el ejecutor del drenaje pluvial de Mochumí (cinco millones 475 mil 259.73 soles), da como resultado un monto inferior al requerido. En consecuencia, la oferta del Consorcio El Padre Fema debió ser descalificada.
Por otro lado, se tiene que la empresa Servicios Generales Viviana EIRL, integrante del Consorcio El Padre Fema, fue beneficiada en Piura con contratos por más de 96 millones de soles, todo ello para la descolmatación de canales y ríos y otras obras de la reconstrucción, manteniendo una serie de cuestionamientos respecto a la deficiente labor realizada. Según la Contraloría General de la República, inclusive se le habría cancelado montos importantes por trabajos no realizados.
ANTE REQUERIMIENTO DE LA OFICINA DE INTEGRIDAD: PROTEGEN A EX GERENTE DE ESSALUD LAMBAYEQUE
Jefe de Recursos Humanos no alcanzó información sobre sanciones contra Juan Rodríguez Terrones.
El abogado Yván Pérez Solf, jefe de Recursos Humanos de la Red Asistencial Lambayeque, habría incurrido en falta administrativa al incumplir con el requerimiento de la Oficina de Integridad de EsSalud de remitir información referida al exgerente de red, Juan Rodríguez Terrones, en virtud de lo que Expresión informó sobre este en mayo del año pasado.
El 1 de marzo la jefa de la Oficina de Integridad de EsSalud, Tatiana Mendieta Barrera, dirigió la Carta N° 0313-OFIN-PR-ESSALUD-2019, al jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la Red Asistencial Lambayeque, Yván Pavel Pérez Solf, requiriéndole información teniendo como referencia el informe publicado por Expresión en la Edición 1062, del 10 al 17 de mayo del 2018, bajo el titular: “Sancionado otra vez: Flamante jefe de EsSalud en Lambayeque quiso cobrarle a asegurada para operarla”, relacionada al actuar del médico Juan Rodríguez Terrones.
El requerimiento realizado a Pérez Solf, quien precisamente fue designado por Rodríguez Terrones al frente de la Oficina de Recursos Humanos, se sustentó en el literal d) del Artículo 35-A del Texto Actualizado y Concordado del Reglamento de Organización y Funciones del Seguro Social de Salud – EsSalud, aprobado con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 767-PE-ESSALUD-2015 y sus modificatorias, orientada a realizar “análisis e investigación para detectar posibles actos de corrupción”.
Mendieta Barrera le precisó al funcionario que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8.40 de la Directiva de Gerencia General N° 010-ESSALUD-2018 V.01, denominada “Procedimiento para la atención de denuncia por presuntos actos de corrupción en el Seguro Social de Salud – EsSalud y el otorgamiento de medidas de protección al denunciante”, los órganos de nivel central, general y desconcentrados de EsSalud “deben proporcionar en un plazo no mayor de tres días hábiles, bajo responsabilidad administrativa, la información solicitada por la Oficina de Integridad, así como brindar apoyo requerido para el desarrollo de su función”.
Siendo así, Pérez Solf debió dar respuesta a la carta de Mendieta Barrera a más tardar el miércoles 6 de marzo. Sin embargo, no cumplió.
La Oficina de Integridad de EsSalud requería que este remita información documentada referente a: confirmar si en contra del servidor denunciado (Juan Rodríguez Terrones) se había iniciado alguna investigación o procedimiento administrativo disciplinario, o en todo caso si a la fecha registraba alguna sanción administrativa. Asimismo, indicar si a la fecha afrontaba algún proceso judicial o había interpuesto alguna demanda contra EsSalud ante el Poder Judicial y, finalmente, si a la fecha mantenía vínculo laboral o contractual con la Red Asistencial Lambayeque.
Expresión accedió a la Carta N° 0313 y de inmediato tomó contacto con la Oficina de Integridad, recibiendo la respuesta del abogado asignado por dicha dependencia de la Presidencia Ejecutiva de EsSalud para el caso, identificado como Cayetano Quispe, quien confirmó que hasta el momento el jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la red no ha cumplido con remitir la información solicitada bajo responsabilidad administrativa.
Es más, el funcionario indicó que recientemente se ha enviado al despacho de Pérez Solf un documento reiterativo, ante la resistencia de este de informar a la Oficina de Integridad sobre los aspectos requeridos, pese a la obligatoriedad que existe conforme lo señala el Texto Actualizado y Concordado del Reglamento de Organización y Funciones del Seguro Social de Salud – EsSalud.
En la Edición 1062 de Expresión, publicada en mayo del año pasado,se dio cuenta de la sanción confirmada en la última instancia administrativa contra Juan Rodríguez Terrones, luego de acreditarse que propuso a una paciente de la seguridad social operarla de manera particular mientras era atendida en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo y que accedió de manera irregular a su historia clínica para deslegitimar la queja que esta presentó en su contra.
El hecho se remonta a marzo del 2016, cuando Yeri del Rocío La Rosa ingresó al servicio de Emergencia del Hospital Almanzor Aguinaga con un cuadro de cólicos de vesícula, siendo atendida en el Tópico de Cirugía por el médico Juan Rodríguez Terrones, quien – según su denuncia – intentó cobrarle tres mil 500 soles para operarla. La denuncia fue presentada por la paciente a través del Libro de Reclamaciones el 12 de abril del 2016.
El 28 de abril la entonces gerente de la Red Asistencial Lambayeque, Rosa Pascual Albitres, remitió la Carta N° 1434 a Yeri del Rocío La Rosa precisando que lamentaba el “malentendido ocasionado” y que se estaban tomando medidas correctivas al respecto. En respuesta, el 10 de mayo la paciente se dirigió a la gerente de la red con un recurso de reconsideración, pidiendo que se inicie una investigación y, de haber lugar, se aplique la sanción disciplinaria correspondiente al médico Juan Rodríguez por la presunta falta ética.
EsSalud procedió a iniciar el proceso administrativo contra Rodríguez Terrones. El médico fue notificado para que el 15 de febrero del 2018 exponga lo conveniente a su defensa a través de un informe oral, ya sea personalmente o mediante su abogado. Sin embargo, faltó a la diligencia y solicitó la reprogramación de la misma, siendo concedida mediante Carta N° 11 para el 22 de febrero. Empero, Rodríguez Terrones tampoco acudió y mucho menos presentó alegatos por escrito, levantándose las actas correspondientes.
Así, el 26 de febrero del año pasado, la jefatura del Servicio de Cirugía General, con Resolución N° 1, impuso la amonestación escrita al médico por haber vulnerado el numeral 2) del Artículo 6 del Código de Ética de la Función Pública, aprobado mediante la Ley N° 27815, concordante con el literal b) del numeral 5.1 del Código de Ética del Personal del Seguro Social de Salud – EsSalud, enmarcando su actuación con la falta administrativa disciplinaria establecida en el literal h) del Artículo 85 de la Ley del Servicio Civil – Ley N° 30057, en concordancia con el literal f) del Artículo 98.2 del Reglamento General de la Ley N° 30057.
En tal sentido, tras determinar que las actuaciones realizadas respetaron las etapas y fases del procedimiento administrativo disciplinario, la Oficina de Recursos Humanos de la Red Asistencial Lambayeque emitió la Resolución N° 5, del 24 de abril del 2018, declarando infundado el recurso administrativo de apelación presentado por Juan Rodríguez Terrones contra la sanción impuesta por el Servicio de Cirugía General del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo y declaró agotada la vía administrativa, debido a que dicha dependencia se constituye en la última instancia conforme lo señalado por la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General.
Si Pérez Solf hubiera cumplido el requerimiento de la Oficina de Integridad no solo hubiera estado en la obligación de dar cuenta de estos hechos, sino también que existe otra sanción (por 21 días) contra Rodríguez Terrones, confirmada por el Tribunal del Servicio Civil como última instancia, debido a que se probó que el médico acudió a operar en el Hospital Almanzor Aguinaga y en una clínica particular cuando se encontraba de descanso médico por un esguince en el tobillo, lo que se constituye en falta muy grave, pero además que para anular dicha sanción inició un proceso judicial contra la Red Asistencial Lambayeque, de la que fue gerente tras su designación con la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 338-PE-ESSALUD-2018, firmada por Fiorella Molinelli Aristondo, el 26 de abril del año pasado.
CÉSAR SAN MARTÍN: “LA PRISIÓN PREVENTIVA EXIGE QUE LAS INVESTIGACIONES SE REALICEN CON RAPIDEZ”
Juez supremo señala que esta medida gravosa no debe erigirse como una forma de castigo al imputado.
Imposición del grillete electrónico puede ser una medida alternativa a la prisión preventiva.
En concordancia con lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la necesidad de reducir el uso excesivo de la prisión preventiva en los países de Latinoamérica, particularmente en el Perú, tras el incremento de la duración de esta medida hasta en 48 meses, el presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República, César San Martín Castro, afirma que restringir a una persona de un derecho como la libertad obliga a que las investigaciones sean céleres, toda vez que parten del presupuesto de tener sospechas graves y fundadas.
“Una obligación que es consecuencia de la pérdida de libertad es que las investigaciones se realicen con rapidez, desde luego siempre reconociendo las dificultades propias de determinadas actuaciones probatorias o de investigación que deben hacerse en el extranjero cuando así corresponda”, asevera.
Salvo ese caso particular, San Martín Castro afirma que el grueso de las demás investigaciones no tiene por qué demorar, pues si se dictamina la prisión preventiva es porque ya hay pruebas lo suficientemente convincentes para formular la acusación fiscal.
Añade que el debate sobre la prisión preventiva no hubiese surgido en el país de no ser porque esta medida coercitiva fue impuesta a personajes de renombre político, lo cual no oculta que este problema de política criminal afectó y afecta hoy en día a muchas personas, razón por la cual urge volver a perfilar de modo razonables los métodos, técnicas y costumbres de esta institución para aplicarla correctamente.
San Martín Castro señala que la finalidad de la prisión preventiva será siempre asegurar la presencia del imputado en la celebración de la causa para el desarrollo del proceso penal, mas no para castigarlo, pues prima sobre él la presunción de inocencia mientras no haya una sentencia firme.
Apunta que es vital el principio de temporalidad, pues una duración excesiva de la prisión preventiva se constituye en una pena anticipada, lo cual significa la vulneración de la presunción de inocencia del imputado.
“Hay que ser bastante restrictivos porque está en juego la libertad de las personas y en una democracia, entre represión y libertad, se prefiere siempre la libertad, por más que haya gente que pida sangre”, sostiene.
Anota que la garantía de la presunción de inocencia funciona como regla de prueba, pues para una condena legítima se requiere que esta sea plural, fiable y suficiente en el sentido de inculpatoria más allá de toda duda razonable, sino entra a tallar el principio “in dubio pro reo”, el cual señala que la duda favorece siempre al imputado.
Además, la presunción de inocencia también funciona como regla de tratamiento, toda vez que a nadie se le puede restringir en el curso de un proceso un derecho fundamental sin que exista una sospecha grave y fundada, ya que el fin de la prisión preventiva no es punitivo.
CARACTERÍSTICAS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA
Sobre el objeto de la prisión preventiva y su carácter coercitivo, manifiesta que le asisten como características su absoluta jurisdiccionalidad, la patente excepcionalidad y no obligatoriedad, la injerencia de principios transversales y la temporalidad.
Respecto a la absoluta jurisdiccional, explica que esto significa que la prisión preventiva solo puede ser dictada por un juez competente al interior de un proceso penal abierto mediante disposición fiscal, es decir, con el acto de inculpación formal.
De la patente excepcionalidad señala que la prisión preventiva es una institución de aplicación excepcional que se rige bajo el entendimiento de las situaciones concretas, siempre en favor de la libertad.
Sobre la injerencia de principios transversales manifiesta que intervienen los concernientes al derecho a la libertad como son el de intervención indiciaria y el de proporcionalidad. Añade que tiene el carácter provisional, pues puede cambiar según varía la situación que provocó su dictamen y es temporal pues tiene una duración propia, distinta a la del proceso penal que se sigue en paralelo.
Según el Decreto Legislativo Nº 1307 – “Decreto Legislativo que Modifica el Código Procesal Penal para Dotar de Medidas de Eficacia a la Persecución y Sanción de los Delitos de Corrupción de Funcionarios y de Criminalidad Organizada”, el plazo para la prisión preventiva en las investigaciones simples es de nueve meses y para las complejas 18, tiempo que puede prorrogarse por la misma duración de tiempo en caso existan circunstancias que constituyan una especial dificultad. En el caso de las organizaciones criminales el plazo es de 36 meses con una extensión máxima de 12 más.
Por otro lado, el letrado señala que en esta institución es importante diferenciar entre un elemento y un medio de investigación. Apunta que los medios son los instrumentos que la ley establece respecto de cómo incorporar una determinada información al proceso, los cuales pueden ser mediante testimonios, inspección judicial, confrontación, etc.
En tanto, el elemento es el resultado que arroja la información proporcionada a través del medio de investigación. Es decir, la información resultante de lo que declara el órgano de prueba (testigo).
“A veces dicen en los medios ‘el fiscal aportó 40 elementos de convicción’ cuando no es así. El fiscal lo que da son 40 medios de investigación, luego habrá que hacer la respectiva interpretación y valoración a fin de comprobar si la información que ha dado el testigo es fiable”, señala.
Respecto al peligrosismo procesal, manifiesta que el peligro de fuga debe valorarse por encima del de obstaculización o entorpecimiento procesal, pues para lo segundo pueden aplicarse medidas de protección como la anticipación probatoria o la incautación de documentos, por lo que no pueden medirse ambos peligros bajo los mismos parámetros
Comenta que para valorar el peligro de fuga debe apreciarse no solo la gravedad del hecho y los antecedentes del imputado, sino también el arraigo, exigencia que demanda que el sujeto esté situado en un lugar, ya sea por familia o trabajo, condiciones que hagan más difícil su fuga.
“Siempre hay que buscar si existen medios suficientes a disposición del imputado para perpetrar la fuga. No se trata de decir: ‘Yo creo que va a fugarse’, debe haber datos que lo demuestren. Algunos pueden decir que se pide mucho, pero en realidad se restringe mucho, estamos hablando de la libertad de las personas”, sostiene.
Sobre el peligro de entorpecimiento de la actividad probatoria, manifiesta que debe diferenciarse la simple actividad obstruccionista del imputado. Para hacer una correcta valoración, el Código Procesal Penal señala que deberá tenerse en cuenta si el imputado destruye, modifica, oculta, suprime o falsifica elementos de prueba.
Hace hincapié en que el código debería decir fuentes de prueba (medios de investigación), en vez de elementos. Afirma que hacen falta conductas activas como influir en coimputados, testigos o peritos a fin de que informen falsamente para que pueda considerarse que existe un entorpecimiento de la actividad probatoria.
Señala que la sentencia del Tribunal Constitucional Nº 1091-2002-HC/TC, considera que el solo propósito de ocultar evidencias probatorias que ayuden a culminar con éxito la investigación judicial se constituye en una deslealtad procesal, lo que hace que el juicio de necesidad se supere inmediatamente, haciendo que no sea necesario discutir si se puede aplicar otra pena menos gravosa que la prisión preventiva.
San Martín Castro discrepa sobre esta sentencia, pues señala que la ley en cuanto a la obstaculización hace referencia a la prueba, más no al procedimiento. Manifiesta que negarse a declarar o mentir no constituye ninguna situación de gravedad para entorpecer el proceso, pues el imputado tiene derecho a guardar silencio y la ley tampoco le exige que diga la verdad. No obstante, algunos jueces equivocadamente valoran estos comportamientos como si fuera obstaculización del proceso.
En virtud de lo antes mencionado, afirma que la vigilancia electrónica es una buena medida como alternativa a la prisión preventiva, aunque para eso es necesario que la aplicación de esta institución se dé a nivel país, pues actualmente solo se aplica en determinadas ciudades.
Explica que la vigilancia electrónica personal regulada mediante el Decreto Legislativo Nº 1322 del 6 de enero del 2017, es una alternativa que requiere la aceptación del reo, pero además un pedido por parte del fiscal o del mismo imputado, ya sea como una medida inicial o revocatoria de la prisión preventiva.
“Está demostrado que, incluso desde el punto de vista financiero, la vigilancia electrónica es una buena alternativa, pues un imputado con grilletes le cuesta menos al Estado que uno tras las rejas”, sentencia.

References: Artículo 2
 artículo 16
 Artículo 27
 Artículo 28
 Artículo 35
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 6
 Artículo 85
 Artículo 98
 Resolución 
 Resolución 
in dubio