Source: http://ricardoantelag.blogspot.com/2012/07/
Timestamp: 2017-08-24 10:30:36+00:00

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Puntos de vista: julio 2012
Un retiro que nos agrede a todos
El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 350
El presente artículo es para llamar la atención de los venezolanos con relación a la decisión del Presidente de Venezuela y candidato a la reelección, Hugo Chávez, de “retirarse” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). La CorteIDH es un tribunal creado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuya competencia para juzgar de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de los derechos humanos (DDHH) contemplados en esa Convención, fue reconocida por Venezuela el 24 de junio de 1981. Por lo tanto, para que Venezuela pueda “retirarse” o escapar a la jurisdicción de la CorteIDH, es indispensable que el Gobierno denuncie la totalidad de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y renuncie a la aplicación total de ese Tratado en el territorio de Venezuela.
La CADH es un tratado internacional impulsado en 1969 por un grupo de países americanos para consolidar en nuestro continente un régimen de libertad y de justicia social, fundado en el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, y eso justificaba (y aún justifica) una protección internacional complementaria a la que (no) ofrecen las leyes y los tribunales de cada país. Es por ello que la CADH reconoció derechos fundamentales, le impuso a los Gobiernos de América la obligación de hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales; y creó un tribunal supranacional para garantizar la plena efectividad de los DDHH reconocidos en la Convención.
La inminente denuncia de la CADH, decidida por el Presidente Hugo Chávez, le permitirá al gobierno de Venezuela:
· Debilitar su obligación internacional de respetar derechos fundamentales de TODOS los venezolanos, como la vida, la libertad personal, el debido proceso, entre otros;
· Disminuir su obligación internacional de garantizar a TODOS los venezolanos la plena efectividad de derechos como la educación, el empleo, la salud, la seguridad social, entre otros derechos sociales; y,
· Escapar a la jurisdicción de un tribunal supranacional que ofrece a TODOS los venezolanos protección internacional extra, cuando los tribunales de Venezuela no han sido efectivos en la protección de sus DDHH.
La denuncia unilateral del gobierno del Presidente Hugo Chávez, de renunciar a la CADH, infringe la Constitución de 1999, la cual predica la garantía universal y la Preeminencia de los DDHH (Preámbulo y art. 2). La protección de los DDHH es una garantía universal que asegura la preeminencia de esos derechos, incluso por encima de la soberanía de los Estados, cuyos gobiernos no pueden prevalerse de este principio para derogar tratados de DDHH ni para incumplir sentencias de instancias supranacionales.
La decisión presidencial de renunciar a la CADH igualmente infringe el principio de progresividad contenido en el artículo 19 de la Constitución, que impone al gobierno de Venezuela la prohibición de desmejorar la protección de los DDHH y de desconocer los progresos alcanzados en las normas nacionales e internacionales. Y exige que la regulación y protección de los DDHH sea siempre para avanzar, y no para disminuir derechos que los venezolanos conquistamos desde antes de la Constitución de 1999.
Asimismo, la decisión del Gobierno de Chávez de denunciar la CADH quebranta el derecho de toda persona a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales, para solicitar el amparo a sus DDHH, explícitamente reconocido por el artículo 31 de la Constitución y el artículo 8 de la Carta Democrática Interamericana, derecho este que el gobierno del Presidente Chávez se propone derogar arbitrariamente.
Vale decir, adicionalmente, que el Pueblo de Venezuela le confirió jerarquía constitucional a los tratados sobre DDHH en general (Art. 23 Constitucional), y específicamente a la CADH y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mencionados explícitamente por el artículo 339 de la Carta Magna. Al haberse integrado al bloque de la constitucionalidad, la CADH no puede ser unilateralmente renunciada por el Gobierno de Venezuela ni por algún otro órgano del Poder Público, sin vulnerar los artículos 23 y 339 de la Constitución.
No conforme con lo anterior, la decisión presidencial de renunciar a la CADH configura un incumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno del Presidente Chávez en la Carta Democrática Interamericana, mediante la cual, el gobierno de Venezuela y demás países de América se comprometieron a fortalecer el sistema interamericano de protección de los DDHH, y reconocieron el derecho de los ciudadanos a interponer denuncias o peticiones ante el referido sistema interamericano (Art. 8).
No obstante lo señalado, el Presidente Hugo Chávez pretende justificar su decisión de eliminar en Venezuela un tratado de protección a sus DDHH, con el pretexto de que una reciente sentencia de la CorteIDH (caso Díaz Peña) “deja al descubierto su complicidad con la política de protección a los terroristas”. Esta sentencia no se pronunció sobre los delitos cometidos por el señor Díaz Peña, ni objetó la condena impuesta por los tribunales venezolanos. La CorteIDH se limitó a cuestionar las condiciones de su detención en la sede de la antigua DISIP (El Helicoide) y concluyó que los procedimientos empleados por el gobierno de Venezuela fueron tratos inhumanos y degradantes. Los venezolanos deben saber que, para beneficio de TODOS los venezolanos, y en especial de los reclusos o privados de libertad, la CorteIDH le ordenó al gobierno de Venezuela que adopte, dentro de un plazo razonable:
Las medidas necesarias para que las condiciones de detención en el Control de Aprehendidos de la anterior Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) -actualmente Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN)- ubicado en El Helicoide de la ciudad de Caracas, Venezuela, se adecuen a los estándares internacionales relativos a esta materia… En particular, el Estado debe asegurar que toda persona privada de su libertad viva en condiciones compatibles con su dignidad humana, entre las que se encuentren, inter alia: a) celdas ventiladas y con acceso a luz natural; b) acceso a sanitarios y duchas limpias y con suficiente privacidad; c) alimentación de buena calidad, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de la salud y fuerza de la persona privada de libertad; y d) atención en salud necesaria, adecuada, digna y oportuna
La CorteIDH ha sido el único tribunal del mundo donde encontraron protección y tutela judicial las víctimas de las masacres en El Amparo (1988), el Retén de Catia (1992) y “El Caracazo” (1989); las víctimas de desapariciones forzadas durante la tragedia del estado Vargas (1999); así como la Familia Barrios, cuyos integrantes han sido asesinados y perseguidos por funcionarios policiales venezolanos desde 1998. Ninguna de estas condenas ha sido imputable personalmente al Presidente ni a los altos funcionarios de su gobierno, y en todos los casos, las víctimas han sido ciudadanos humildes, de escasos recursos económicos.
En tiempos anteriores de dictaduras, guerras civiles y violencia armada interna, y aún en tiempos modernos de democracias incipientes con poderes judiciales débiles, la ComisiónIDH y la CorteIDH, gracias a su independencia e imparcialidad, han sido una herramienta fundamental para proteger los DDHH en América y procurar justicia frente a situaciones que han comprometido la democracia y el Estado de Derecho. Así ocurrió durante el intento de golpe de Estado en Venezuela, en abril de 2002. En su comunicado de prensa del 13 de abril, la ComisiónIDH cuestionó las detenciones arbitrarias y otras violaciones a DDHH cometidas por el gobierno de facto; deploró la destitución de las más altas autoridades de los poderes públicos (incluyendo naturalmente la del Presidente Chávez); y advirtió que los hechos configuraban una interrupción del orden constitucional.
Los venezolanos no contamos con el Tribunal Supremo de Justicia para que haga cumplir la Constitución en este caso, y le impida al gobierno concretar esta gravísima decisión que menoscaba los DDHH de todos los venezolanos. Por el contrario, la Sala Constitucional del Supremo Tribunal ha justificado reiteradamente el incumplimiento de las sentencias emanadas de la CorteIDH y ha encabezado el movimiento de oposición al Sistema Interamericano, al extremo de pedirle al Gobierno de Venezuela que denunciara la Convención, con el pretexto de que viola la soberanía del País y usurpa funciones al Poder Judicial venezolano (sentencia N° 1939 del 18 de diciembre de 2008).
Los venezolanos debemos comprender que los DDHH y su protección no tienen ideología. Que la Convención Americana protege los derechos de todos los venezolanos, y de todos por igual. Por tanto, es responsabilidad de todos los venezolanos, sin distingo de ideología, movilizarnos y exigir a los Poderes Públicos que respeten nuestros derechos… ¡Todos nuestros derechos! ¡Todos por igual! ¡Y a todos por igual!
Publicado por Ricardo Antela Garrido en 3:37 a. m. 1 comentario:
Simulación de embargo ejecutivo
Representar algo, fingiendo o imitando lo que no es
Mediante la sentencia N° 765 del 28 de junio de 2012, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró procedente una supuesta solicitud formulada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), para hacer cumplir el pago de la multa que por más de nueve millones de bolívares (equivalente a dos millones de dólares USA), le impuso a Globovisión el Gobierno del Presidente Hugo Chávez, por informar sobre un asunto de evidente interés público: la crisis en la cárcel El Rodeo. El TSJ, sin esperar la sentencia definitiva sobre la validez de la multa, ordenó un (aparente) embargo ejecutivo sobre bienes propiedad de Globovisión, por más de 24 millones de bolívares (5,68 millones de dólares USA), que en realidad fue una amenaza de expoliación.
En efecto, Globovisión impugnó ante el Poder Judicial la referida multa y anunció que la pagaría sólo cuando hubiere una sentencia judicial definitiva que ratificara su validez, y que aún no ha sido emitida por el juzgado que conoce en primera instancia de este asunto: la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. En el curso del juicio de nulidad, Globovisión presentó dos apelaciones ante el TSJ contra dos decisiones cautelares de la Corte Primera, posteriormente desestimadas por el Supremo Tribunal. Según la ley, estos dos expedientes quedaban cerrados al ser decididos por el TSJ.
En razón de ello y con el propósito de forzar el pago anticipado de la multa, CONATEL presentó ante el TSJ una “demanda de intimación”, tal como se lo imponía el artículo 35 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. La tramitación de esta demanda exigía notificar al demandado Globovisión y realizar las audiencias correspondientes. Sorpresivamente, incluso para el demandante, el TSJ convirtió la demanda en una simple “solicitud” de pago y decretó un embargo “ejecutivo” para supuestamente ejecutar forzosamente una sentencia que aún no existe, pues como se señaló, el juicio de nulidad sobre la validez de la multa prosigue su curso en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y aún no hay una sentencia.
El embargo ejecutivo es, al menos en la legislación venezolana, una potestad que se le confiere al juez para hacer cumplir una “sentencia” o “cualquier otro acto que tenga fuerza de sentencia”. Efectivamente, el embargo ejecutivo está contemplado en el Título IV del Código de Procedimiento Civil (CPC) denominado “De la ejecución de la sentencia”. Y allí se prescribe explícitamente lo siguiente:
La ejecución de la sentencia o de cualquier otro acto que tenga fuerza de tal, corresponderá al Tribunal que haya conocido de la causa en primera instancia…
Cuando la sentencia haya quedado definitivamente firme, el Tribunal, a petición de la parte interesada, pondrá un decreto ordenando su ejecución. En dicho decreto el Tribunal fijará un lapso que no será menor de tres días ni mayor de diez, para que el deudor efectúe el cumplimiento voluntario, y no podrá comenzarse la ejecución forzada hasta que haya transcurrido íntegramente dicho lapso sin que se hubiese cumplido voluntariamente la sentencia.
Transcurrido el lapso establecido en el artículo 524, sin que se hubiese cumplido voluntariamente la sentencia, se procederá a la ejecución forzada.
Para decretar un embargo ejecutivo en este caso, era necesario que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (tribunal de primera instancia en el juicio de nulidad contra la multa) dictara una sentencia definitiva desfavorable al canal, en cuyo caso, la misma Corte Primera debía otorgar a Globovisión un lapso no menor de tres días para que el canal pagare voluntariamente el monto establecido en la sentencia, y en ningún caso podía comenzar la ejecución forzada de la sentencia y decretar un embargo, hasta transcurrir el lapso otorgado sin que Globovisión haya pagado voluntariamente.
Por el contrario, sin haberse decidido aún el juicio de nulidad contra la multa, y sin siquiera haber tramitado la demanda de intimación que presentó CONATEL, el TSJ se prevalió de uno de los dos expedientes previamente cerrados, para convertir la demanda de CONATEL en una solicitud de pago, insertar en ese expediente la supuesta solicitud de pago, entrometerse en el juicio de nulidad que cursa en otro tribunal, y ordenar un embargo ejecutivo que tuvo por objeto la ejecución de una sentencia que aún no existe… Y que seguramente ya no se producirá porque, aún sin terminar el juicio, ya el Gobierno lo ganó y logró su propósito de cobrar la multa a Globovisión, sin haberse borrado su inconstitucionalidad.
Publicado por Ricardo Antela Garrido en 11:34 p. m. No hay comentarios:
Poder y moral: El poder que corrompe
John Emerich Edward Dalkberg Acton
[Lord Acton], 1887
Interesante reflexión relatada por FÁTIMA DOS SANTOS, que le contó Cesar Pelay, sobre lo que Michael Lewis dijo en el discurso de graduación de la Universidad de Princeton este mismo año
Hace tiempo, investigadores del Departamento de Psicología de la Universidad de California crearon un experimento malicioso, para el cual seleccionaron a un grupo de participantes, a los cuales separaron por sexo y con los que luego conformaron grupos de tres.
A estos voluntarios se les pedía discutir durante media hora sobre algún problema moral que los afectaba como estudiantes (como qué hacer con los copiones o si debía regularse el consumo de alcohol dentro de la Universidad).
Previo al inicio de la discusión, y utilizando simplemente el azar, los investigadores designaron un líder dentro de cada grupo. El líder sabía que él guiaba, y los demás también lo sabían. Y ya. No había ninguna obligación ni derecho adicional para el líder.
A los treinta minutos de discusión, los investigadores (maliciosos, ya saben) entraban al salón con cuatro galletas en un plato. Obviamente, había una galleta para cada uno de los miembros del grupo. ¿Pero para quién era la cuarta galleta? En todos los grupos, fue para el líder. ¿Por qué? Tácitamente los "liderados" aceptaban que así debía ser, y el líder, que también estaba convencido de ello, sencillamente tomaba para sí la galleta de la discordia y la saboreaba como si fuera una prerrogativa declarada.
Muchas interpretaciones interesantes pueden hacerse luego de esto. Por sugerir algunas:
1. Como los autores mismos dicen, no es el poder absoluto el que corrompe. Las pequeñas y miserables cuotas de poder pueden corromper en igual medida. Todos conocemos algún caso de vigilante de estacionamiento, portero de ministerio, policía, profesor y hasta de ama de casa que se engolosinan en su pequeña parcelita de mando y logran que quien la pise sufra lo suyo. Como señalara ya bellamente Foucault, el poder no es vertical: es una red de hilos cruzados. Todos tenemos cuotas de poder.
2. Luego tenemos el giro que explica Michael Lewis. ¿Qué mérito tenía el líder de este experimento? Ninguno. Sólo el azar. Pero el poder se legitima a sí mismo y ante los demás con extrema facilidad. El líder elaboró para sí mismo un razonamiento que explicaba su designación ("soy más inteligente", "estoy más comprometido", "soy más humano", "soy el que mejor representa al pueblo" …o lo que sea). Y los liderados, por su parte, supusieron que esta razón existía.
3. Y yo me pregunto: ¿qué hubiese pasado si alguno de los liderados cuestiona el poder del líder, y le pregunta a él o a los investigadores el porqué de la designación? Uno no puede dejar de impresionarse de que los humanos acepten tan rápidamente la desigualdad y la pérdida de poder. Pero también es interesante lo frágiles que son estas situaciones, y lo rápidamente que pueden cambiar.
En este experimento, un simple golpe de suerte ungió al líder. Luego él se comportó como conductor e hizo que los demás lo reconocieran, hasta reservarse derechos que no tenía. Pero la diferencia entre un gran liderazgo y uno mediocre es cómo se enfrentan los retos morales que impone el poder. Porque el poder no corrompe: desenmascara.
Fuente del artículo: El Mundo Economía y Negocios. 11/07/2012. Pág. 11 (Caracas, Venezuela). Disponible en: http://www.elmundo.com.ve/firmas/fatima-dos-santos/poder-y-moral.aspx
Discurso de Michael Lewis sobre qué hacer con la cuarta galleta. Disponible en: http://www.princeton.edu/main/news/archive/S33/87/54K53/
Si quiere saber más sobre, ¿Por qué el poder corrompe? Acceda a:
http://www.muyinteresante.es/ipor-que-el-poder-corrompe
Publicado por Ricardo Antela Garrido en 11:26 p. m. No hay comentarios:
Por un Acuerdo sincero y efectivo de garantías electorales
3. Convenio entre dos o más partes.
4. Reflexión o madurez en la determinación de algo.
7. Uso de los sentidos, entendimiento, lucidez.
Desde hace algún tiempo, el Presidente de la República y candidato del gobierno, Hugo Chávez, así como su comando de campaña (Comando Carabobo), vienen reclamándole al candidato de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), Henrique Capriles, que se comprometa a respetar los resultados que anuncie el Consejo Nacional Electoral (CNE) en los comicios presidenciales del próximo 7 de octubre. Aunque respetar los resultados que anuncie el Poder Electoral es una obligación prevista en la Constitución y en las leyes, parece que el candidato del gobierno desconfía de su contendor y piensa (con o sin razón) que Capriles se propone no-reconocer los resultados y desconocer a la Constitución.
Hace cuatro días, el coordinador nacional del comando que promueve al candidato de la MUD (Comando Venezuela), replicó al reclamo del candidato Chávez y consignó ante la presidencia del CNE un proyecto de Acuerdo de Equilibrio y Justicia Electoral, que propone a los candidatos el compromiso de aceptar los resultados que sean producto de un proceso electoral transparente y que recoja la voluntad de los electores (lo que aparentemente satisfaría al candidato del gobierno), pero que propone también otros compromisos, como el del candidato-presidente de no usar las cadenas de radio y televisión para promover su candidatura; el de no utilizar fondos públicos en la campaña electoral, ni hacer propaganda encubierta bajo formato de micros informativos de obligatoria difusión; el de no utilizar sitios oficiales, físicos o digitales, para hacer propaganda electoral; entre otros. La pretensión del Comando Venezuela fue, aparentemente, que el CNE mediara y promoviera un pacto consentido de común acuerdo.
Aparentemente, el candidato Capriles desconfía también de su contendor y piensa (con o sin razón) que el candidato del gobierno se propone usar los bienes públicos para promover su candidatura y desconocer a la Constitución. En otras palabras, hay entre los dos principales candidatos a la presidencia de la república, un rasgo común que al mismo tiempo justifica el planteamiento de un Acuerdo de garantías electorales: ambos candidatos desconfían del otro y piensan que este no quiere respetar las condiciones establecidas en la Constitución… Y aún más, ambos candidatos desconfían de la capacidad del CNE y del resto de las instituciones para hacer cumplir las condiciones previstas en la Constitución y en las leyes.
Apenas pocas horas después de conocida la propuesta MUD, el candidato-presidente respondió y ofreció respetar los resultados de los próximos comicios del 7 de octubre, pero sin las condiciones planteadas por la MUD. “Yo Hugo Chávez Frías acepto que reconoceré los resultados pero sin condiciones, eso [lo que propuso la MUD] está en ley, eso está en la constitución”. Según parece, el candidato del gobierno considera innecesario incluir compromisos adicionales en el Acuerdo pues, según su decir, las condiciones propuestas por la MUD están previstas en la Constitución y por tanto, no requieren ser pactadas para que se cumplan. Este cuestionamiento del candidato-presidente carece de sentido pues, por esa misma vía, el candidato Capriles podría sostener que el compromiso exigido por su contendor (respetar los resultados electorales) está también previsto en la Constitución y no requiere ser pactado para que se cumpla.
Como se señaló, la necesidad de un Acuerdo de garantías electorales en la coyuntura actual de Venezuela, estriba en que ambos candidatos desconfían del otro y piensan que su contendor no quiere respetar las condiciones establecidas en la Constitución, y desconfían también de la capacidad de las instituciones para hacer cumplir esas condiciones. Así las cosas, para que un Acuerdo de garantías electorales sea, en esta coyuntura, sincero y efectivo, se requieren al menos tres condiciones esenciales: 1) El Acuerdo debe ser pactado y no impuesto por alguno de los proponentes; 2) El Acuerdo debe ser firmado personalmente por los candidatos y por el CNE, que sería el principal garante del Acuerdo; y, 3) El Acuerdo debe especificar al detalle lo que ambos candidatos aspiran que el otro respete de la Constitución, e incluir TODO lo que brinde confianza al proceso y a todos los contendores, aunque ello suponga reiterar o reproducir lo que establece la Constitución o la ley.
No obstante lo señalado, el día de ayer el CNE acordó por mayoría, presentar una propuesta de acuerdo que podría ser suscrito este martes 17 de julio, por los aspirantes a la presidencia o sus representantes, y las organizaciones políticas que les respaldan. Esta propuesta, así concebida, tiene tres debilidades que atentan contra el objetivo final de alcanzar un acuerdo sincero y efectivo:
1. Lo mínimo que se esperaba (o al menos lo que yo esperaba) era que el CNE convocara a los candidatos y abriera un espacio de conversación para mediar e intentar redactar, de común acuerdo entre los interesados, el texto del Acuerdo. En lugar de ello, el CNE convoca a los candidatos, incluso con fecha, a suscribir un documento redactado unilateralmente por el Ente Electoral, que no ha sido pactado o conversado previamente entre los interesados, y que por esa razón no tiene la oportunidad de ser sincero ni efectivo;
2. El CNE aparentemente acogió las objeciones propuestas por el candidato del gobierno y se limitó a proponer en el punto 1, el compromiso de “actuar en estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes, las normativas electorales que rigen el proceso electoral”, compromiso este que planteado así, en general y sin especificar alguno de los detalles propuestos por el candidato de la MUD, carece de utilidad y no tiene oportunidad de ser efectivo. Lo vuelvo a repetir: ambos candidatos ya han dicho que prometen cumplir la Constitución, pero no confían en que su contendor quiera respetar sinceramente las condiciones establecidas en la Carta Magna, y no confían en la capacidad de las instituciones para hacerlas cumplir. Por lo tanto, si se quiere que el Acuerdo sea sincero y efectivo, debe especificar al detalle lo que ambos candidatos aspiran que el otro respete de la Constitución, e incluir TODO lo que brinde confianza, aunque ello suponga reproducir lo que establece la Constitución.
3. Los únicos detalles incorporados por el CNE a su propuesta de Acuerdo son los originalmente propuestos por el candidato del gobierno (puntos 2 y 3): reconocer los “resultados emitidos por el Poder Electoral”; competir en un clima de respeto, paz y participación democrática; y no desconocer la voluntad del pueblo de Venezuela con hechos de violencia o de cualquier tipo que atenten contra el bienestar del país. Ambos candidatos podrían sostener (razonablemente) que estos compromisos están tácitamente incluidos en el compromiso previo de “actuar en estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes, las normativas electorales que rigen el proceso electoral”, y por tanto no sería necesario que los candidatos se comprometan específicamente.
En síntesis, cualquiera de los candidatos podría argumentar, razonablemente, que bastaría con suscribir el punto 1 del Acuerdo y podrían borrarse completamente los puntos 2 y 3. Aún más, podría borrarse también el punto 1 toda vez que toda persona tiene el deber constitucional de cumplir y acatar la Constitución, las leyes y los demás actos que en ejercicio de sus funciones dicten los órganos del Poder Público (Art. 131 CRBV). Ello así, tampoco sería necesario que los candidatos asuman el compromiso de “actuar en estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes, las normativas electorales que rigen el proceso electoral”.
En conclusión: Para que un Acuerdo de garantías electorales sea sincero y efectivo, se requieren al menos tres condiciones esenciales: 1) El Acuerdo debe ser pactado; 2) El Acuerdo debe ser firmado personalmente por los candidatos y por el CNE; y, 3) El Acuerdo debe ser fruto de la reflexión, la madurez, el entendimiento y la lucidez política, y por ello debe incluir TODO lo que brinde confianza al proceso, a los candidatos y a los venezolanos, aunque ello suponga reiterar o reproducir lo que establece la Constitución o la ley. Debe incluirse al menos:
1. Los candidatos deben comprometerse a no permitir que los órganos y entes públicos, ni los del Poder Nacional ni de los poderes estadales o municipales, utilicen fondos y bienes públicos en la campaña electoral.
2. Los candidatos deben comprometerse a no permitir que los órganos y entes públicos, ni los del Poder Nacional ni de los poderes estadales o municipales, utilicen sitios oficiales, físicos o digitales, para realizar propaganda electoral.
3. El candidato del gobierno debe comprometerse a no ejercer la potestad que le confiere el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, con fines de propaganda electoral. Por tanto, las alocuciones oficiales (o cadenas) y los mensajes institucionales de difusión gratuita y obligatoria en todos los medios, no pueden incluir llamados explícitos o implícitos a sufragar por su candidatura, ni difundir sus mensajes electorales con fines propagandísticos.
4. El candidato del gobierno debe comprometerse a que el Sistema Nacional de Medios Públicos y los trabajadores a su servicio, se rijan por principios de independencia (del Gobierno) y de neutralidad política; permitan la participación equitativa de los ciudadanos; y garanticen el acceso de todos los candidatos y sus voceros a los espacios de información y opinión (esta obligación debe extenderse a los medios públicos regionales y locales, si los hubiere).
5. Los candidatos deben comprometerse a competir en un clima de respeto personal, paz y participación democrática; a facilitar las condiciones para que los contendores (y sus respectivos seguidores) transiten libremente por el territorio nacional y realicen campaña con tranquilidad, sin perturbaciones indebidas y sin violencia (las autoridades nacionales, estadales y municipales deben ser garantes de este compromiso).
6. Los candidatos deben comprometerse a reconocer los resultados que anuncie el Poder Electoral, en el entendido que el Acuerdo fue razonablemente cumplido y los resultados recogen la voluntad popular. El respeto a los resultados debe incluir algunos compromisos mínimos del candidato del gobierno, para el caso de que no resulte victorioso, que garanticen la estabilidad institucional y constitucional desde el 8 de octubre hasta el 10 de enero de 2013, fecha de toma de posesión del presidente electo.
7. Los candidatos deben comprometerse a cumplir razonablemente, de buena fe y en el contexto de una sociedad plural y democrática, el Acuerdo suscrito, el Reglamento de Procesos Electorales en materia de Propaganda y las decisiones que dicte el CNE como garante de los mismos.
Publicado por Ricardo Antela Garrido en 6:27 p. m. No hay comentarios:
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References: Artículo 350
 artículo 19
 artículo 31
 artículo 8
 artículo 339
 artículo 35
 artículo 524
 artículo 10