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Timestamp: 2020-07-10 12:05:44+00:00

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Registro Oficial. 3 de ENERO del 2007 Suplemento
0387-2005-RA Revócase la resolución del Juez de instancia e inadmítese la acción de amparo propuesta por la Compañía Elaborados del Café, EL CAFEÉ CS. A.
0838-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia constitucional y niégase el amparo constitucional solicitado por el señor Bruno Perrone Delgado y otros.
0023-06-RA Revócase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo presentada por la señora Vanesa Jara y otros.
0041-2006-RA Revócase la resolución del Juez de instancia constitucional y concédese el amparo solicitado por el ciudadano Blasco Renato Bernardy Zambrano.
0054-06-RA Niégase el amparo constitucional interpuesto por Augusto Fernando Bonilla Silva.
0080-2006-RA Revócase la resolución pronunciada por el Juez Segundo de lo Civil de Los Ríos y deséchase la demanda de amparo constitucional presentada por el master Holger A. Ramos Olmedo.
0081-06-RA Confírmase la resolución pronunciada por Beatriz Suárez, Jueza Octava de lo Civil de Pichincha, que y desechaéchase la petición de amparo constitucional propuesta por Luis Orlando Chicaiza y otro.
0099-2006-RA Revócase la resolución pronunciada por el Juez Suplente Décimo Cuarto de lo Civil de Manabí y deséchase la demanda de amparo constitucional propuesta por el abogado César Bajaña Maridueña, Gerente General de NONDE S. A.
0133-06-RA Confírmase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo presentada por la señora Rosa Elvira Verdugo Verdugo y otra.
0145-06-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia, y niégase el amparo constitucional propuesto por el señor José Niza Flores y otro.
0146-06-RA Revócase la resolución del Juez de instancia constitucional y niégase la acción de amparo solicitada por el ciudadano Miguel Euclides Obando Aguirre.
0147-06-RA Ratifícase la resolución del Juez de instancia y niégase la acción de amparo propuesta por el señor Miguel Angel Buestán Buestán..
0150-06-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por el señor Iván Gonzalo Yerovi Villalba.
0157-06-RA Revócase la resolución del Juez de instancia constitucional y niégase el amparo solicitado por el ciudadano Milton Lindao Saltos, Director del Jardín de Infantes Pparticular "Cardenal Bernardino Echeverría Ruiz".
0159-06-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional propuesto por la doctora Patricia de las Mercedes Wiit Rodríguez de Heredia, Presidenta Nacional de la Asociación Ecuatoriana de Investigación Estomatológica.
0209-06-RA Revócase la resolución del Juez de instancia, y niégase el amparo constitucional propuesto por el señor Raúl Marco Banderas Reyes.
0216-06-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia, y concédese el amparo constitucional propuesto por la ingeniera comercial Victoria Marillu Torres Incola.
Quito, 13 de diciembre\n de 2006
No. 0387-2005-RA
Vocal ponente:\n Doctor Juan Montalvo Malo
LA PRIMERA SALA\n DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En el caso signado\n con el No. 0387-2005-RA,
El presente caso viene a conocimiento\n del Tribunal Constitucional con fecha 24 de mayo de 2005; los\n señores María Elena Pontón Trujillo de Ordeñana\n y Joseph Massoud Azar, en sus calidades de Director Titular y\n Gerente General de la Compañía ELABORADOS DEL CAFÉ\n EL CAFÉ C.A., fundamentados en los artículos 95\n de la Constitución Política y 46 de la Ley del\n Control Constitucional, comparecen ante el Juzgado Séptimo\n de lo Penal de Portoviejo e interponen acción de amparo\n constitucional en contra del Director General y Director Regional\n del Servicio de Rentas Internas y Procurador General del Estado.\n Los accionantes en lo principal manifiestan:
Con fecha 8 de abril de 2003\n la compañía ELABORADOS DEL CAFÉ EL CAFE\n C.A. ha sido notificada con ocho Ordenes de Determinación\n que van desde la Nro. 020-SRIDRM-2003 hasta la 027-SRI-DRM-2003,\n de fecha 7 de abril de 2003, mediante las cuales el Servicio\n de Rentas Internas, en ejercicio de la facultad determinadora\n contenida en el artículo 68 del Código Tributario,\n procedió a verificar el cumplimiento tributario de su\n representada durante los ejercicios económicos 2001, Impuesto\n a la Renta, Impuesto al Valor Agregado y Retenciones en la Fuente\n y por el año 2002, Anticipo Impuesto a la Renta, Impuesto\n al Valor Agregado y Retenciones en la Fuente.
Mediante oficio Nro. RMA-ATIDABO2005-00011\n de 16 de marzo de 2005, notificado el 17 de los mismos mes y\n año, la Administración Tributaria comunica a su\n representada que con fecha 22 de marzo de 2005, se llevará\n a cabo el análisis de los resultados de las Actas Borrador\n de Determinación Tributaria antes referidas, lo que confirma\n que su representada se encuentra sujeta a un proceso de determinación\n que aún no está concluido.
Con fecha 17 de marzo de 2004\n la compañía accionante ha sido notificada con la\n resolución de clausura Nro. RMA-ATIRECL-200500001, mediante\n la cual el Director Regional del Servicio de Rentas Internas\n de Manabí dispone la clausura de los establecimientos\n de su representada por el lapso de 7 días calendario,\n por considerar que la compañía no presentó\n la información requerida mediante Requerimiento de Información\n Nro. 1130104ATIIPDO000119, notificado el 4 de octubre de 2004.
Que su representada fue legalmente\n notificada por la Administración Tributaria con ocho Órdenes\n de Determinación, desde la Nro. 020SRR-DRM-2003 hasta\n la 027SRI-DRM-2003, mediante las cuales se dispuso la Auditoría\n Tributaria de la Compañía Elaborados de Café\n El Café C.A., por el año 2001 Impuesto a la Renta,\n Impuesto al Valor Agregado y Retenciones en la Fuente y por el\n año 2002 Anticipo Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor\n Agregado y Retenciones en la Fuente.
Dentro del proceso de Determinación\n Tributaria y en cumplimiento de múltiples requerimientos\n planteados por la Administración, su representada presentó\n la documentación en la forma y en los medios que la poseía.
Mediante el Requerimiento que\n la administración considera antecedente de la Resolución\n materia de la presente impugnación, el SRI vuelve a requerir\n la misma información que fue oportunamente presentada\n como consta del documento ingresado con fecha 17 de diciembre\n de 2003, lo cual quebranta la disposición contenida en\n el artículo 27 de la Ley de Modernización del Estado.
Este acto lesivo quebranta los\n derechos constitucionales establecidos en el artículo\n 23 de la Constitución en sus numerales 8, 16, 17, 18,\n 23, 26, 27.
Que mediante la presente acción\n de amparo constitucional impugnan la Resolución Nro. RMA-ATIRECL-200500001,\n notificada con fecha 17 de marzo de 2005 y solicitan se la declare\n improcedente y se disponga la adopción de medidas urgentes,\n destinadas a cesar la lesión o evitar el perjuicio a su\n representada.
La parte demanda por medio de\n su abogado defensor manifiesta ser improcedente la presente acción\n de amparo, por no cumplir los presupuestos para su procedencia;\n que existe desobediencia reiterada de la Compañía\n de Elaborador de Café El café C.A., a los múltiples\n requerimientos de información del SRI, en el ejercicio\n pleno de sus facultades legales, lo cual, no solo que configura\n el tipo penal común descrito en el artículo 234\n del Código Penal, sino que constituye una infracción\n tributaria sancionada por la Disposición General Séptima\n de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas, con\n la clausura de los establecimientos del infractor.
El Juzgado Séptimo de\n lo Penal de Manabí resuelve conceder el amparo constitucional\n y suspender definitivamente la Resolución de clausura\n Nro. RMA-ATIRECL-2005-00001, de 17 de marzo de 2005, fundamentado\n en que obra del expediente como prueba a favor de la accionante\n la carta de fecha de 17 de diciembre de 2003 con su respectivo\n anexo, con la fe de presentación en el Servicio de Rentas\n Internas, ratificada con el anexo que el SRI presentó\n y agregó a este proceso en la audiencia pública\n los días 23 de marzo y 25 de abril de 2005, de cuyo texto\n se desprende que se dio cumplimiento con lo requerido por la\n autoridad administrativa de Rentas Internas.
De la resolución de la\n Juez Séptimo de lo Penal de Manabí, dentro del\n término legal, apeló el Servicio de Rentas Internas.
Radicada la competencia en esta\n Sala por sorteo, la PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL\n realiza las siguientes,
PRIMERA.- Que, la Sala es competente\n para conocer y resolver la presente causa, de conformidad con\n lo que disponen los artículos 95 y 276, número\n 3 de la Constitución Política de la República,\n en concordancia con el artículo 62 de la Ley del Control\n Constitucional.
SEGUNDA.- Que, en el presente\n trámite no se ha omitido solemnidad legal alguna que pueda\n incidir en la resolución del mismo, por lo que se declara\n la validez del proceso.
TERCERA.- Que, la acción\n de amparo constitucional, de acuerdo con lo establecido en el\n Art. 95 de la Constitución y el Art. 46 de la Ley del\n Control Constitucional, procede cuando coexisten los siguientes\n elementos a) Acto ilegítimo de autoridad pública;\n b) Que ese acto haya causado, cause o pueda causar un daño\n inminente y grave; y, c) Que ese acto vulnere los derechos consagrados\n en la Carta Fundamental o los consignados en las declaraciones,\n pactos, convenios y demás instrumentos internacionales\n vigentes en el Ecuador.
CUARTA.- Que, un acto de autoridad\n pública es ilegítimo cuando ha sido dictado sin\n competencia, o sin observar los procedimientos previstos en el\n ordenamiento jurídico, o cuando su contenido es contrario\n a dicho ordenamiento, o cuando ha sido dictado sin fundamento\n o suficiente motivación.
QUINTA.- Que, el acto de autoridad\n impugnado es la Resolución No. RMA-ATIRECL-200500001,\n emitida por el Director Regional del Servicio de Rentas Internas\n de Manabí, mediante la cual dispone la clausura de los\n establecimientos de la compañía accionante por\n el lapso de siete días calendario, por cuanto no cumplió\n con el Requerimiento de Información No. 1130104ATIIPDO000119.
SEXTA.- Que, de acuerdo con los\n Arts. 67 y 68 del Código Tributario, la administración\n tributaria está investida de la facultad determinadora\n de la obligación tributaria. Esta facultad de conformidad\n con lo dispuesto en el mencionado Art. 68 consiste en "el\n acto o conjunto de actos reglados realizados por la administración\n activa, tendentes a establecer, en cada caso particular, la existencia\n del hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y\n la cuantía del tributo. El ejercicio de esta facultad\n comprende: la verificación, complementación o enmienda\n de las declaraciones de los contribuyentes o responsables; la\n composición del tributo correspondiente, cuando se advierta\n la existencia de hechos imponibles, y la adopción de las\n medidas legales que se estime convenientes para esa determinación."
A efecto de que esta facultad\n de la administración se haga efectiva, la legislación\n tributaria ha previsto en varios cuerpos normativos la posibilidad\n de que la administración tributaria pueda requerir información\n referente a un ejercicio económico determinado o a ciertas\n transacciones o movimientos registrados por un contribuyente\n durante un determinado período de tiempo. En virtud de\n lo dicho, el Servicio de Rentas Internas inició un proceso\n de determinación de la compañía Elaborados\n del Café El Café C.A., y requirió una serie\n de información que de acuerdo con el demandado, y conforme\n se desprende del proceso, no fue entregada en su totalidad.
SÉPTIMA.- Que, frente\n al incumplimiento del contribuyente, la administración\n tributaria está plenamente facultada para imponer la sanción\n administrativa o pecuniaria que determine la ley para el caso\n correspondiente. En el presente caso, la omisión de la\n compañía accionante de presentar la información\n requerida por el Servicio de Rentas Internas, está sancionada\n de conformidad con lo dispuesto en la Disposición General\n Séptima de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas\n con la clausura, la misma que "no podrá ser sustituida\n con sanciones pecuniarias,..."
OCTAVA.- Que, del análisis\n del expediente, y en concreto del acto impugnado, no se ha encontrado\n evidencia alguna de que el mismo vulnere derechos constitucionales\n subjetivos de la compañía accionante, sino que\n se discute acerca de la legalidad del contenido de la Resolución\n No. RMA-ATIRECL-200500001, materia que no compete resolver a\n esta Sala. En relación a lo cual el asunto que se ha puesto\n a conocimiento de este Tribunal es un asunto de legalidad, por\n lo cual, la acción propuesto por la compañía\n accionante deviene en improcedente, de conformidad con lo establecido\n en el numeral 3) del Art. 50 del Reglamento de Trámite\n de Expedientes del Tribunal Constitucional.
NOVENA.- Que, la vía pertinente\n para ventilar este tipo de actos administrativos emanados de\n la administración tributaria es la contencioso tributaria,\n la misma que está determinada en el Art. 217 del Código\n Tributario, que textualmente dispone que "La Jurisdicción\n contencioso - tributaria consiste en la potestad pública\n de conocer y resolver las controversias que se susciten entre\n las administraciones tributarias y los contribuyentes, responsables\n o terceros, por actos que determinen obligaciones tributarias\n o establezcan responsabilidades en las mismas o por las consecuencias\n que se deriven de relaciones jurídicas provenientes de\n la aplicación de leyes, reglamentos o resoluciones de\n carácter tributario." En el caso concreto de las\n resoluciones de clausura, el literal a) de la Disposición\n General Séptima de la Ley para la Reforma de las Finanzas\n Públicas dispone que "Los tribunales distritales\n de lo Fiscal resolverán, en la plazo máximo de\n diez (10) días, las impugnaciones a las resoluciones de\n clausura que imponga la Administración Tributaria. La\n resolución de los tribunales distritales de lo Fiscal\n se dictará sobre la base del expediente formado por la\n Administración y de las pruebas que presente el sujeto\n pasivo al impugnar la clausura;"
Por lo expuesto y en ejercicio\n de sus atribuciones,
1.- Revocar en todas sus partes\n la Resolución del Juez de Instancia; y, en consecuencia,\n inadmitir la acción de amparo propuesta por la compañía\n accionante;
2.- Devolver el expediente al\n Juez de instancia para los fines pertinentes.-Notifíquese\n y Publíquese.-
f.) Dr. Juan Montalvo Malo, Presidente\n Primera Sala.
f.) Dr. Tarquino Orellana Serrano,\n Vocal Primera Sala.
f.) Dr. Enrique Tamariz Baquerizo,\n Vocal Primera Sala.
Razón.- Siento por tal\n que la Resolución que antecede, fue discutida y aprobada\n por los señores doctores Juan Montalvo Malo, Tarquino\n Orellana Serrano y Enrique Tamariz Baquerizo, Vocales de la Primera\n Sala del Tribunal Constitucional, a los trece días del\n mes de diciembre de dos mil seis.-
f.) Dra. Anacélida Burbano\n Játiva, Secretaria Primera Sala.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA\n SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 21 de diciembre\n del 2006.- f.) Secretaria de la Sala.
Quito, 13 de diciembre\n de 2006.-
No. 0838-2005-RA
Vocal ponente: Doctor Jaime Donoso\n Jaramillo
LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL
En el caso signado con el No.\n 0838-05-RA
Los señores Bruno Perrone\n Delgado, Mario Perrone Delgado y Mario Dapelo Benítez,\n por sus propios derechos y como representantes de la Comunidad\n de Sucesores de Inmobiliaria Mar Azul S.A., comparecen ante el\n Juzgado de lo Civil de Guayaquil y deducen acción de amparo\n constitucional en contra del señor Intendente General\n de Policía del Guayas, en la cual solicitan se suspendan\n en forma definitiva los efectos de la no atención y omisión\n del Intendente General de Policía del Guayas, que consiste\n en la no ejecución de la orden desalojo de los invasores\n que ocupan tierras de su propiedad. Manifiestan en lo principal\n lo siguiente:
Que mediante escritura pública\n No. 845 otorgada ante el Notario Jorge Jara Grau, el 10 de junio\n de 1963 e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de julio de\n 1963, se constituyó la compañía Inmobiliaria\n Mar Azul S.A.
Que el 7 de noviembre de 1963,\n fojas 453 a 458 y con el Registro No. 212 y No. 217 de Repertorio,\n se encuentra inscrita la Escritura Pública otorgada ante\n el Notario de Santa Elena, que contiene la compra venta que la\n Municipalidad de Santa Elena realiza a favor de la Compañía\n Inmobiliaria Mar Azul S.A., de una extensión de 461,60\n hectáreas.
Que mediante Resolución\n 932310000879 de 16 de abril de 1993, se dispuso la cancelación\n de la inscripción de Inmobiliaria Mar Azul S.A. "En\n Liquidación", que se inscribió en el Registro\n Mercantil el 28 de septiembre de 1993.
Que al momento de liquidarse,\n disolverse y cancelarse la inscripción de la Compañía\n Inmobiliaria Mar Azul S.A., ésta era propietaria de un\n macrolote de 461.60 hectáreas, ubicado frente a la carretera\n Santa Elena Manglaralto y que según consta del certificado\n del Registrador de la Propiedad del cantón Santa Elena,\n expedido el 6 de mayo del 2005, el Notario Séptimo del\n cantón concedió la Posesión Efectiva de\n los bienes de la compañía Inmobiliaria Mar Azul\n S.A., a favor de sus sucesores.
Que el 30 de marzo del 2000,\n se celebró la escritura pública en la que se designa\n al señor Mario Humberto Dapelo Benítez para que\n conjuntamente con los señores Mario Perrone Delgado y\n Bruno Perrone Delgado, ejerzan la representación legal\n de esta comunidad, confiriéndoles las más amplias\n e ilimitadas facultades y atribuciones para que interviniendo\n conjuntamente puedan actuar a nombre de todos los miembros de\n la sociedad disuelta, actuando como sus representantes legales,\n de conformidad a lo dispuesto en los artículos 2232 y\n 2240 (anteriores) del Código Civil.
Que mediante escritura pública\n suscrita ante el Notario del cantón Santa Elena, el 7\n de noviembre de 1963, inscrita en el Registro de la Propiedad\n con el No. 212, Inmobiliaria Mar Azul S.A. compró a la\n Municipalidad de Santa Elena, un lote de terreno; que, esta escritura\n pública contó con un antecedente "CONVENIO\n Y GARANTIA", celebrado entre los mismos intervinientes y\n que se elevó a escritura pública el 7 de agosto\n de 1963, inscrita en el Registro de la Propiedad con el No. 160,\n a la que se incluye un plano descriptivo del lote. Que del certificado\n del Registrador de la Propiedad del cantón Santa Elena,\n de 6 de mayo del 2005, se verifica la propiedad de Inmobiliaria\n Mar Azul S.A., actual Comunidad de Sucesores de Inmobiliaria\n Mar Azul S.A., del terreno de 461.60 hectáreas.
Que mediante Decretos Supremos\n Nos. 608 y 1468, publicados en los Registros Oficiales No. 243\n y 368 de 8 de mayo y 6 de noviembre de 1964, respectivamente,\n se revalida y convalida todos los actos municipales del Concejo\n Cantonal de Santa Elena, entre los que se encuentran los celebrados\n con Inmobiliaria Mar Azul, norma legal que tiene carácter\n de ley, por lo tanto elimina toda posibilidad de argumentación\n contra el título de propiedad.
Que el 7 de noviembre de 1999,\n el Director Ejecutivo del INDA, dentro del trámite de\n invasión contenido en el expediente No. 0317-96 relacionado\n con el lote de terreno de 461.60 hectáreas, de propiedad\n de la Comunidad de Sucesores de Inmobiliaria Mar Azul, mediante\n providencia señala que debido a las suficientes pruebas\n y documentos que constan en el proceso, la Comunidad de Sucesores\n de Inmobiliaria Mar Azul S.A., es la legítima propietaria\n del predio que ha sido invadido.
Que el terreno propiedad de la\n Comunidad de Sucesores de Inmobiliaria Mar Azul S.A., de 461.60\n hectáreas, tiene como vecino colindante los terrenos de\n propiedad de la Fuerza Aérea Ecuatoriana FAE, que consisten\n en un macro lote de 2.138,4 Has., terreno que fue adjudicado\n el 20 de diciembre de 1968 por el ex IERAC a favor del Ministerio\n de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Ecuatoriana, para la\n utilización de Polígono de tiro aéreo de\n los aviones de la Escuela de Aviación "Cosme Resella".\n Que la Fuerza Aérea Ecuatoriana, sin que exista autorización\n de parte de los propietarios ni de ningún juez o autoridad\n competente, decidió extender su cerramiento y apropiarse\n de manera ilegítima del terreno de su propiedad, con el\n fin de destinar estos terrenos a la siembra de especies bio acuáticas,\n en sociedad con la compañía COASELSA.
Que presentaron la denuncia ante\n las autoridades de Policía del Guayas el 8 de abril de\n 1999, comprobándose que por parte del personal de la Fuerza\n Aérea Ecuatoriana se había derribado el cerramiento\n e instalado una base militar con personal en servicio activo.
Que igualmente denunciaron ante\n el INDA la invasión y solicitaron el inmediato desalojo\n de los invasores, ante lo cual la autoridad mediante oficio No.\n 0000808-INDA, ordenó se efectúe el desalojo, pero\n la Fuerza Aérea Ecuatoriana evitó el cumplimiento\n de dicha orden.
Que el Director Ejecutivo del\n INDA, solicitó un nuevo informe pericial y mediante providencia\n de 7 de diciembre de 1999, dispone: "Por lo tanto, una vez\n confirmada la invasión por parte de la compañía\n COASELSA y otros al predio materia de la denuncia, dictamino\n en esta providencia el inmediato desalojo de todas las personas\n extrañas y maquinarias que se encuentran dentro del predio\n invadido de conformidad con lo que dispone el Art. 31 numeral\n 7 de la Ley de Desarrollo Agrario en concordancia con los Arts.\n 23 y 24 del Reglamento General de la Ley de Desarrollo Agrario,\n ...
....que se envíe atento\n oficio al Señor Intendente General de Policía de\n la Provincia del Guayas para que de cumplimiento a lo dispuesto\n en esta providencia y se de la protección policial necesaria\n para garantizar la propiedad.".
Que la compañía\n COASELSA y la FAE en varias ocasiones han interpuesto recursos\n en diferentes instancias, los que fueron desechados por improcedentes,\n como son: el amparo constitucional presentado el 22 de enero\n del 2000, por la compañía COASELSA, en el que solicita\n la suspensión del desalojo emitido por el Director Ejecutivo\n del INDA; demanda presentada ante el Tribunal de lo Contencioso\n Administrativo, por el Ministerio de Defensa Nacional, Fuerza\n Aérea Ecuatoriana; demanda de amparo posesorio interpuesta\n por la compañía COASELSA en el año 2000,\n sobre las tierras de propiedad de la Comunidad de Sucesores de\n Inmobiliaria Mar Azul, en virtud de un contrato de Comodato celebrado\n el 4 de agosto de 1998, con el Ministerio de Defensa Nacional\n - Fuerza Aérea Ecuatoriana, el que no fue inscrito y sobre\n el cual obra una negativa de inscripción por parte del\n Registrador de la Propiedad del cantón Santa Elena, por\n lo que el derecho de comodato carece de perfeccionamiento, por\n lo que el invocado derecho a la propiedad es cuestionado y desechado\n por la ausencia de todo respaldo legal que justifique la improcedente\n pretensión de COASELSA, sobre las tierras que ocupa ilegítimamente.
Que el 8 de diciembre del 2000,\n mediante oficio CCC.2000.2465 el Director Ejecutivo de la Comisión\n Cívica de Control de la Corrupción, insta al Gobernador\n de la provincia del Guayas, para que disponga las medidas necesarias\n con el fin de ejecutar la resolución emitida por el Director\n Ejecutivo del INDA, mediante la cual se ordena el desalojo del\n predio de propiedad de los sucesores de Inmobiliaria Mar Azul\n S.A.
Que el 14 de septiembre del 2000,\n el Presidente de la Comisión Especializada Permanente\n de Fiscalización y Control Político, solicitó\n a la Ministra Fiscal de la Nación, inicie las indagaciones\n y excitativas fiscales sobre las denuncias presentadas por el\n Ministro de Defensa Nacional y por el Comandante del Comando\n Aéreo de Combate, en contra del Director Ejecutivo del\n INDA, por la supuesta violación al derecho de propiedad\n de la FAE sobre el terreno cuya propiedad alegaban poseer.
Que el 3 de mayo del 2001, el\n Ministerio Fiscal mediante providencia dispone que el Director\n Ejecutivo del INDA actuó en estricto apego a la Ley y\n consecuentemente la orden de desalojo se encuentra vigente.
Que el Director Ejecutivo del\n INDA mediante oficio No. 02178 de 28 de marzo del 2000, comunica\n al Intendente General de Policía del Guayas que "...Recuerdo\n a usted que no existiendo sentencia u orden judicial en contra\n de esta Resolución que se encuentra ejecutoriada, su obligación\n es ordenar a la Policía Nacional que se efectúe\n la diligencia ordenada en la misma, tantas veces como sea necesario\n hasta que se de cumplimiento efectivo de lo dispuesto en la misma....".
Que la Delegación de la\n Procuraduría General del Estado ante la consulta realizada\n por el Presidente de la Fundación Libertad, manifiesta\n que "...de no tener los tres requisitos señalados\n anteriormente, se cumplirá a lo dispuesto en el artículo\n 76 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo,\n es decir, que el Intendente General de Policía está\n obligado a cumplir legalmente con la orden de desalojo de invasores\n dada por un órgano administrativo superior...".
Que el 17 de mayo del 2005, la\n Comunidad de Sucesores de Inmobiliaria Mar Azul, solicitó\n a la Intendencia General de Policía del Guayas, se disponga\n el inmediato desalojo de las tierras de su propiedad y de esta\n manera se acaten las órdenes emitidas en la providencia\n 007466 de 7 de diciembre de 1999, dispuesta por el INDA.
Que el 26 de mayo del 2005, la\n Comunidad de Sucesores de Inmobiliaria Mar Azul, mediante oficio\n reitera el pedido al Intendente General de Policía del\n Guayas y solicita que conforme a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo\n Agrario en concordancia con lo dispuesto por el Reglamento General\n de la Ley de Desarrollo Agrario, se disponga la diligencia de\n desalojo de las tierras de propiedad de la Comunidad de Sucesores\n de Inmobiliaria Mar Azul S.A. y se de cumplimiento a lo solicitado\n en su petición de 17 de mayo del 2005, en razón\n a que se les estaría causando daño grave e irreparable,\n por la moratoria en el cumplimiento de la orden de desalojo.
Que al haber transcurrido más\n de sesenta días desde que se presentara la denuncia y\n petición de 17 de mayo del 2005, la Comunidad de Sucesores\n de Inmobiliaria Mar Azul, el 20 de julio del 2005, reitera su\n pedido de desalojo.
Que el 2 de agosto del 2005,\n solicitaron se les permita verificar el estado y ubicación\n del expediente 711-99 MAR AZUL, sin haber recibido respuesta,\n lo que verifica el incumplimiento por parte de la Intendencia\n General de Policía.
Que el 9 de agosto del 2005,\n se les permitió revisar el expediente, confirmando de\n que no ha existido ningún tipo de diligencia, sobre el\n pedido de 17 de mayo del 2005.
Que se ha violentado los artículos\n 23 numerales 15 y 23; 24 numerales 13 y 17; 30 de la Constitución\n Política de la República; 8 de la Convención\n Americana para la Protección de los Derechos Humanos;\n 17 numerales 1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos\n Humanos; 23 de la Declaración Americana de Derechos del\n Hombre; 21 numerales 1 y 2 del Pacto de San José de Costa\n Rica; 1 del Protocolo Adicional No. 1 al Convenio Europeo para\n la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades\n Fundamentales; 8 de la Declaración de los Derechos y Libertades\n Fundamentales aprobada por Resolución del Parlamento Europeo;\n y, 21.1 de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los\n Pueblos.
Que de conformidad con lo dispuesto\n en el artículo 95 de la Constitución Política,\n solicitan se disponga al Intendente General de Policía\n del Guayas, cumpla con el inmediato desalojo de los invasores\n que se encuentran ocupando el lote de terreno de su propiedad\n y se suspenda de manera definitiva el daño que se les\n está causando.
En la audiencia pública\n el abogado defensor del Intendente General de Policía\n del Guayas, ofreciendo poder o ratificación, expresó\n que se ratifica en forma íntegra del contenido del escrito\n presentado en el juzgado el 17 de agosto del 2005, en el que\n manifestó que el 21 de junio del 2002, conforme consta\n del expediente que adjunta, se dictó la última\n providencia, de la que se desprende que la Intendencia General\n de Policía actuó en ese caso únicamente\n como Juez de Ejecución, por ser la materia competencia\n del INDA. Que el Intendente de aquella época, ordenó\n se oficie a la Policía Nacional a fin de que se de cumplimiento\n a lo resuelto por el INDA con fecha 7 de diciembre de 1999, lo\n cual instrumentó mediante oficio 1274-IGPG de 21 de junio\n del 2002. Que han pasado más de tres años, desde\n que se ordenó la ejecución por parte de la Intendencia\n General de Policía de lo ordenado por el INDA en el año\n 1999, por lo que esta Dependencia no encuentra violación\n ni daño irreparable causado por falta de ejecución\n alguna, ya que la misma se efectuó en su debido momento.\n Que la carga procesal sobre la vigencia de la resolución\n de 7 de diciembre de 1999, recae sobre los accionantes, lo cual\n no lo han realizado hasta ahora. Que no pueden empezar a ejecutar\n órdenes que daten de los años 1996, 2001, 1986,\n 1992, sin que la parte solicitante presente la debida prueba\n que justifique la vigencia de la resolución, que se pretende\n nuevamente ejecutar por parte del INDA. Que se pretende inducir\n a error, al hablar de plazos vencidos y órdenes no ejecutadas,\n por lo que adjuntó copia íntegra de lo actuado\n en esa dependencia. Por lo expuesto solicitó se desestime\n la causa y se ordene su archivo.
El abogado defensor de la Comunidad\n de Sucesores de la Inmobiliaria Mar Azul S.A., ofreciendo poder\n o ratificación, se reafirmó en los fundamentos\n de hecho y de derecho de la demanda.
La Jueza Trigésimo Primero\n de lo Civil de Guayaquil resolvió negar el amparo solicitado;\n y, posteriormente concedió el recurso de apelación\n interpuesto por la parte recurrente.
Encontrándose el presente\n caso en estado de resolver, para hacerlo se realizan las siguientes
PRIMERA.- Que, la Sala es competente\n para conocer y resolver el presente caso de conformidad con lo\n que disponen los artículos 95 y 276 número 3 de\n la Constitución, en concordancia con lo dispuesto en el\n artículo 62 de la Ley del Control Constitucional.
TERCERA.- La acción de\n amparo constitucional, de acuerdo con lo establecido en el Art.\n 95 de la Constitución y Art. 46 de la Ley del Control\n Constitucional, tiene un propósito tutelar traducido en\n objetivos de protección destinados a cesar, evitar la\n comisión o remediar las consecuencias de un acto u omisión\n ilegítima que viole derechos constitucionales protegidos,\n por lo que es condición sustancial de esta acción\n analizar la conducta impugnada de la autoridad y, como consecuencia,\n establecer las medidas conducentes a la protección de\n los derechos constitucionales vulnerados, cuyo daño grave\n o inminencia de daño, imponga la tutela constitucional\n efectiva que la acción de amparo garantiza. En este sentido\n es de valor sustantivo y condición de procedencia del\n amparo la verificación de la ilegitimidad en la que haya\n incurrido la autoridad pública y la posibilidad efectiva\n de la tutela que la acción promueve para garantía\n de los derechos constitucionales violentados.
CUARTA.- Que, una autoridad pública\n comente omisión ilegítima cuando teniendo la obligación\n jurídica no expide el acto o no ejecuta el hecho al que\n está obligado por disposición constitucional o\n legal de actuar y no lo ha hecho en el plazo legal o en un plazo\n razonable. Toda autoridad pública tiene como obligación\n fundamental respetar y hacer respetar la Constitución,\n debiendo atender diligentemente las demandas y reclamos legítimos\n de los ciudadanos, dejar de hacerlo o retardarlo constituye omisión\n ilegítima.
QUINTA.- Que, el acción\n de amparo constitucional propuesta acusa la omisión ilegítima\n en la ejecución de la orden de desalojo de los invasores\n que ocupan tierras de propiedad de los accionantes; orden de\n desalojo que se ampara en la providencia ejecutoriada del Instituto\n Nacional de Desarrollo Agrario dentro del proceso INDA No. 0317-96.\n La ejecución de la orden de desalojo dispuesta por el\n INDA debía ser ejecutada por el señor Intendente\n General de Policía del Guayas en el expediente No. 711-99.
SEXTA.- Que, de conformidad con\n lo establecido en el numeral 23 del artículo 23 de la\n Constitución Política del Estado el Estado reconoce\n y garantiza el derecho constitucional a la propiedad; propiedad\n que merece tal reconocimiento y garantía constitucional\n en tanto y en cuanto cumpla su función social, por lo\n cual, de conformidad con lo establecido en el artículo\n 30 del la Constitución, el Estado puede privar de su propiedad\n a una persona, siempre que ello no constituya confiscación,\n pues, el Estado debe indemnizar al particular por la expropiación\n de su propiedad. Por estas circunstancias, el Estado tiene la\n obligación de proteger la propiedad de las personas, tanto\n en el orden jurídico como en el administrativo.
SÉPTIMA.- Que, conformidad\n con lo establecido en la Ley de Desarrollo Agrario el Instituto\n Nacional de Desarrollo Agrario es competente para ordenar el\n desalojo de predios rurales invadidos de conformidad con lo establecido\n en los artículos 23 de la Ley de Desarrollo Agrario, 89\n y 91 de la Ley de Fomento y Desarrollo Agrario.
OCTAVA.- Que, para que proceda\n la acción de amparo constitucional el daño producido\n por la omisión ilegítima de la autoridad debe ser\n inminente, es decir, que el daño provocado por el acto\n impugnado debe ser próximo y no remoto, siendo que tal\n daño debe ser actual u ocurrir en el futuro inmediato.\n Para el autor Hernán Salgado: "se debe considerar\n que la inminencia y el daño grave se diluyen con el paso\n de los meses (no hablemos de años), es decir, pierden\n su fundamento real y, en este contexto, la acción de amparo\n pierde su razón de ser".
En el caso concreto, la resolución\n del INDA No. 0317-96 que resuelve el desalojo de la propiedad\n de los accionantes es de fecha 7 de diciembre de 1999, siendo\n que mediante providencia de 21 de junio del 2002, el Intendente\n General de Policía del Guayas, dispone la ejecución\n de la resolución de desalojo mencionada, oficiándose\n al Señor Comandante Provincial de la Policía Nacional\n para que de cumplimiento a la orden de desalojo. Por tales circunstancias,\n es claro que el paso del tiempo ha restado inminencia al reclamo\n de los accionantes, por lo cual, su acción se torna improcedente,\n sin que la interposición de los posteriores escritos de\n 17 de mayo y 20 de julio del 2005 puedan suspender o reactivar\n los efectos del tiempo transcurrido.
Por las consideraciones que anteceden,\n la Primera Sala, en uso de sus atribuciones constitucionales\n y legales,
1.- Confirmar la resolución\n del Juez de instancia constitucional y, en consecuencia, negar\n el amparo constitucional solicitado por los señores Bruno\n Perrone Delgado, Mario Perrone Delgado y Mario Dapelo Benítez.
2.- Devolver el expediente al\n Juez de origen para los fines legales pertinentes.- Notifíquese\n y publíquese.-
f.) Dr. Jaime Donoso Jaramillo,\n Vocal Primera Sala.
Razón.- Siento por tal\n que la Resolución que antecede, fue discutida y aprobada\n por los señores doctores Juan Montalvo Malo, Tarquino\n Orellana Serrano y Jaime Donoso Jaramillo, Vocales de la Primera\n Sala del Tribunal Constitucional, a los trece días del\n mes de diciembre de dos mil seis.-
Quito D. M., 13 de diciembre\n del 2006
No. 0023-06-RA
Vocal ponente: Doctor Tarquino\n Orellana Serrano
CASO No. 0023-06-RA
Los señores (as) VANESA\n JARA OZAETA, MARIO OSWALDO CORDERO CANDELARIO, JIMMY MONTALVO\n LOPEZ, VICENTE RAFAEL HUAMAN MANSSUR, y CARLOS JAVIER PÉREZ\n LEÓN a nombre y en representación de LIZZARD S.A.,\n BANAFRESH S.A., VIOECUADOR S.A., RECEPCAR S.A. y BANANA EXCHANGE\n DEL ECUADOR S.A. ECUAEXBAN respectivamente, comparece ante el\n Juez Sexto de lo Civil de Guayaquil y deduce acción de\n amparo constitucional en contra del señor SUBSECRETARIO\n REGIONAL DEL LITORAL SUR Y GALÁPAGOS, a fin de que en\n Resolución se disponga revocar el Oficio N° 170-SRLSG\n de 16 de Junio de 2005.
Los accionantes manifiestan que\n el día 16 de Junio de 2005, el señor doctor Luis\n Noblecilla García, en su calidad de Subsecretario Regional\n del Litoral Sur y Galápagos del Ministerio de Agricultura\n y Ganadería, suscribió el oficio circular N°\n 1700-SRLSG dirigido a Personas Jurídicas o Naturales exportadoras\n de banano en el que indica que por disposición del señor\n Ministro de Agricultura y Ganadería, Ing. Agr. Pablo Rizzo\n Pastor recordaba los siguientes puntos:
1.- Que el plazo otorgado para\n la suscripción del contrato único de compraventa\n con los productores vence el 10 de Julio de 2005; y,
2.- Que amparado en el Derecho\n Ejecutivo N° 672 del 4 de Agosto de 2003 y conforme a las\n disposiciones de este Portafolio de Estado, la cancelación\n a los productores por concepto de compra de fruta de banano se\n lo realizará obligatoriamente a través del Banco\n Central del Ecuador.
Tal oficio constituye un acto\n administrativo según lo define el artículo 65 del\n Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo\n de la Función Ejecutiva, dictado por Decreto Ejecutivo\n 2428 promulgado. De acuerdo al primer inciso del artículo\n 18 de la Constitución, los derechos y garantías\n determinadas en la Constitución y en los instrumentos\n internacionales vigentes, serán directa e inmediatamente\n aplicables por y ante cualquier Juez, Tribunal o Autoridad, por\n tanto la primera obligación de todo Juez, Tribunal o Autoridad\n es velar por la constitucionalidad de los actos.
El oficio es un acto violatorio\n a la garantía constitucional de libertad de contratación\n consagrada en el numeral 18 del artículo 23 de la Constitución\n Política, y esto es la obligatoriedad de cancelación\n a los productores bananeros por concepto del pago del precio\n de la compraventa de la fruta a través del Banco Central,\n en un acto ilegítimo de autoridad.
Según lo indicado en el\n oficio que es objeto del presente recurso, se basa en el Decreto\n Ejecutivo 672 del 4 de Agosto de 2003 que no ha sido publicado\n en el Registro Oficial como dispone así hacerlo el artículo\n 5 del Código Civil por lo cual no ha entrado en vigencia\n conforme a lo que dispone el artículo 6 del Código\n Civil y el artículo 82 del Estatuto del Régimen\n Administrativo de la Función Ejecutiva.
También cabe recalcar\n que es un acto administrativo sin fundamento tal como lo conceptúa\n la Corte Suprema de Justicia según consta la respectiva\n Resolución promulgada en el Registro Oficial 559, la que\n reformó el artículo 4 de la resolución sobre\n la interpretación y aplicación de la Ley de Control\n Constitucional expedida por la mismo Corte Suprema y promulgada\n en el Registro Oficial 378.
Ante esto los accionados señalan\n que el juicio debió ser rechazado de acuerdo al artículo\n 2 de la Resolución expedida por la Corte Suprema de Justicia.\n También manifiesta que los puntos impugnados no constituyen\n actos violatorios a la garantía Constitucional determinada\n en el artículo 23, numeral 18 de la Constitución\n de la República, por las razones siguientes: El contrato\n único que se celebra entre el productor y bananero y el\n exportador, se encuentra contemplado en el artículo 7\n del Decreto Ministerial número 3 del 10 de mayo de 2005,\n y, tiene concordancia con el artículo 17 del Reglamento\n a la ley codificada, para estimular y controlar la producción\n y comercialización.
El contrato único, es\n el resultado de una serie de actos públicos y reuniones\n celebradas por el Comité de Regulación de la oferta\n exportable del banano, en la que se aprobó este contrato\n por unanimidad entre exportadores (copias adjuntas).
La demanda es improcedente por\n falta de requisitos para su procedibilidad, de acuerdo al artículo\n 73 del Código de Procedimiento Civil, en su inciso 2.\n Los actores respectivamente no consignan sus generales de ley,\n como lo determina el artículo 72 en el numeral 2 del Código\n de Procedimiento Civil, por otro lado la demanda no menciona\n el nombre de la persona demandada, segundo requisito obligatorio.\n Tampoco la demanda contiene los requisitos 4 y 5 del artículo\n 71 del Código de Procedimiento Civil, al no señalar\n la cosa, cantidad o hecho que se exige, ni mucho menos determina\n la cuantía de la acción.
La demanda adolece de ilegitimidad\n de personería, ya que debió ser realizada hacia\n el representante legal del Ministerio de Agricultura y Ganadería,\n porque los actos administrativos generados o impugnados provienen\n directamente de la máxima autoridad, determinado así\n en el artículo 15 del Reglamento Orgánico Funcional\n publicado en el Registro Oficial Nro. 372.
Por las consideraciones expuesta,\n el señor Juez Sexto de lo Civil de Guayaquil, acepta el\n recurso de amparo constitucional presentado por los recurrentes,\n y consecuentemente deja sin efecto en su totalidad el Oficio\n Circular N° 1700-SRLSG de fecha 16 de junio de 2005 suscrito\n por el señor doctor Luis Noblecilla García en sus\n calidad de Subsecretario Regional del litoral Sur y Galápagos.
PRIMERA.- Que, la Sala es competente\n para conocer y resolver el presente caso de conformidad con lo\n que disponen los artículos 95 y 276 número 3 de\n la Constitución, en concordancia con lo dispuesto en el\n artículo 62 de la Ley del Control Constitucional;
SEGUNDA.- Que, no se ha omitido\n solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución\n de la causa, por lo que se declara su validez;
CUARTA.- En el proceso, se encuentra\n un oficio emitido por la Subsecretaria Regional del Litoral Sur\n y Galápagos, en la que se hace conocer a varias personas\n naturales y jurídicas, dos situaciones que es preciso\n analizar con independencia: en primer lugar, que existe un plazo\n fijo, para celebrar el contrato único de compra y venta\n entre productores y exportadores de banano; y, en segundo lugar,\n que se deben cancelar a los productores de la fruta del banano,\n por intermedio del Banco Central del Ecuador, los precios oficiales\n de la caja de dicho fruta, por disposición expresa del\n Decreto Ejecutivo No. 672 del 4 de agosto del 2003. Como aparece\n del impugnado oficio, el mismo recuerda estas obligaciones que\n se presume existen con anterioridad y que tienen como sustento\n disposiciones y actuaciones administrativas vigentes, sin que,\n tal oficio, de carácter circular, sea el que formalmente\n imponga obligaciones a quienes está dirigido. Por tanto,\n el análisis del indicado oficio sólo puede hacerse\n con referencia y en relación con las disposiciones administrativas\n que rigen sobre el particular y concretamente con relación\n a las disposiciones normativas a las que se remite la misma comunicación.
QUINTA.- Que el Decreto Ejecutivo\n Nro. 672 del 4 de agosto del año 2003, citado en el oficio\n que se impugna, no se encuentra publicado en el Registro Oficial,\n particular que informa mediante Oficio No. 386/DRO./06, el Director\n del Registro Oficial, a la Secretaría de la Primera Sala\n del Tribunal Constitucional. Por tanto, en aplicación\n del principio de publicidad, condición sin la cual, no\n nace a la vida jurídica una norma o una disposición\n administrativa, según se expresa en el Art. 5 del Código\n Civil Ecuatoriano en concordancia con el Art. 6 del mismo cuerpo\n legal, efectivamente, la comunicación en referencia y\n que es base de la impugnación se remite a un instrumento\n legal inexisten

References: resolución 
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 artículo 68
 resolución 
 artículo 27
 Resolución 
 artículo 234
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 artículo 62
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 artículo 95
 artículo 62
 artículo 23
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 Resolución 
 artículo 65
 artículo 23
 artículo 6
 artículo 82
 Resolución 
 artículo 4
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 Resolución 
 artículo 23
 artículo 7
 artículo 17
 artículo 72
 artículo 15
 artículo 62