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Codigo fiscal municipal del estado de colima - Página 7
Codigo fiscal municipal del estado de colima
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IV. Cuando los plazos se fijen por mes o por año sin especificar que sean de calendario, se entenderá en el primer caso que el plazo vence el mismo día del mes de calendario posterior a aquél en que se inició y en el segundo caso, el término vencerá el mismo día del siguiente año de calendario a aquél en que se inició. Cuando no exista el mismo día en los plazos que se fijen por mes, éste se prorrogará hasta el primer día hábil del siguiente mes de calendario.
ARTICULO 54.- Las notificaciones se podrán hacer en las oficinas de las autoridades fiscales, si las personas a quienes debe notificarse se presentan en las mismas, excepto las que den origen al procedimiento administrativo de ejecución. Las de requerimiento de cumplimiento de obligaciones fiscales y las que impongan sanciones a los contribuyentes, invariablemente deberán ser practicadas en el domicilio de los mismos. También se podrán efectuar en el último domicilio que el interesado haya señalado en el padrón de contribuyentes municipal, salvo que hubiere designado otro para recibir notificaciones.
Toda notificación personal realizada con quien debe entenderse, será legalmente válida aun cuando no se efectúe en el domicilio respectivo o en las oficinas de las autoridades fiscales.
En los casos de sociedades en liquidación cuando se hubieren nombrado a varios liquidadores, las notificaciones o diligencias que deban efectuarse podrán practicarse válidamente con cualquiera de ellos.
ARTICULO 55.- Cuando la notificación se efectúe personalmente y el notificador no encuentra a quien deba notificar, le dejará citatorio en el domicilio, ya sea para que le espere a una hora fija del día hábil siguiente o para que acuda a notificarse dentro del plazo de tres días hábiles a las oficinas de las autoridades fiscales. Tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución, el citatorio será siempre para la espera antes señalada y si la persona citada o su representante legal no esperasen al notificador, éste practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o, en su defecto, con un vecino.
En caso de encontrarse cerrado el domicilio del deudor, a pesar del citatorio, o que las personas que se encuentren en el mismo o los vecinos se negasen a recibir la notificación, ésta se hará por medio de instructivo que se fijará en lugar visible de dicho domicilio, debiendo el notificador asentar en el acta que se levante, la razón de tal circunstancia.
Si las notificaciones se refieren a requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos legales o notificaciones de créditos fiscales ya exigibles, se cobrará por concepto de honorarios por notificación, el equivalente a 2 unidades de salario del crédito fiscal omitido, debiendo cubrirse conjuntamente con el cumplimiento de la obligación requerida.
ARTICULO 56.- Las notificaciones por estrados se harán fijando durante tres días hábiles el documento que se pretenda notificar, en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación. La autoridad dejará constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos, se tendrá como fecha de notificación la del cuarto día hábil siguiente a aquél en el que se hubiera fijado el documento y comenzará a surtir sus efectos ese mismo día.
ARTICULO 57.- Las notificaciones por edictos se harán mediante publicaciones por una vez en el Periódico Oficial y por tres días consecutivos en uno de los periódicos de mayor circulación en la entidad y contendrán un resumen de los actos que se notifican. En este caso, se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación.
ARTICULO 58.- Los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal en alguna de las formas siguientes:
I. Depósito de dinero en la Tesorería;
II. Prenda o hipoteca;
III. Fianza otorgada por institución autorizada;
IV. Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia; y
La garantía deberá comprender, además de las contribuciones, los accesorios causados, así como los que se causen en los doce meses siguientes a su otorgamiento. Al terminar este período y en tanto no se cubra el crédito, deberá ampliarse la garantía para que cubra el crédito y el importe de los recargos, incluso los correspondientes a los doce meses siguientes.
El Tesorero Municipal podrá dispensar las garantías del interés fiscal cuando, en relación con el monto del crédito respectivo, sea notoria la amplia solvencia del deudor o la insuficiencia de su capacidad económica.
ARTICULO 59.- Procede garantizar el interés fiscal cuando:
I. Se solicite la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución;
II. Se solicite prórroga para el pago de los créditos fiscales o para que los mismos sean cubiertos en parcialidades, si dichas facilidades se conceden individualmente; y
III. En los demás casos que señale este ordenamiento y la ley de hacienda.
ARTICULO.- 60.- Las garantías constituidas para asegurar el interés fiscal a que se refieren las fracciones II, IV y V del artículo 58 de este Código, se harán efectivas a través del procedimiento administrativo de ejecución.
Si la garantía consiste en depósito de dinero o fianza, una vez que el crédito fiscal y sus accesorios queden firmes, se aplicará por la Tesorería.
ARTICULO 61.- No se ejecutarán los actos administrativos cuando se garantice el interés fiscal y se interponga un medio de defensa. Tampoco se ejecutará el acto que determine un crédito fiscal hasta que venza el plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos su notificación.
Si a más tardar al vencimiento del citado plazo se acredita la impugnación que se hubiere intentado y se garantiza el interés fiscal satisfaciendo los requisitos legales para su otorgamiento, se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución.
Si se controvierten sólo determinados conceptos de la resolución administrativa que determinó el crédito fiscal, el particular pagará la parte consentida del crédito y los accesorios correspondientes y garantizará la parte controvertida y sus accesorios.
No se exigirá garantía adicional si en el procedimiento administrativo de ejecución ya se hubieran embargado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal.
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION
ARTICULO 62.- Las autoridades fiscales quedan investidas de la facultad económica coactiva para exigir el pago y hacer efectivos los créditos fiscales que no hubieran sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por este Código.
ARTICULO 63.- El procedimiento administrativo de ejecución también se aplicará:
I. Para hacer efectiva la responsabilidad civil en que incurran los servidores públicos que manejan fondos públicos del municipio; y
II. Cuando los particulares se hayan sometido expresamente a dicho procedimiento, al contratar con el municipio o con alguno de sus organismos descentralizados.
ARTICULO 64.- Se podrá practicar embargo precautorio para asegurar el interés fiscal, antes de la fecha en que el crédito esté determinado o sea exigible, cuando a juicio de la autoridad hubiere peligro de que el obligado se ausente, enajene u oculte sus bienes o realice cualquier maniobra tendiente a evadir el cumplimiento. Si el pago se hiciere dentro de los plazos legales, el contribuyente no estará obligado a cubrir los gastos que origine la diligencia y se levantará el embargo.
El embargo quedará sin efecto si la autoridad no emite, dentro del plazo de un año contado desde la fecha en que fue practicado, resolución en la que determine los créditos fiscales. Si dentro del plazo señalado la autoridad los determina, el embargo precautorio se convertirá en definitivo y proseguirá el procedimiento administrativo de ejecución conforme a las disposiciones de este Capítulo, debiendo dejar constancia de la resolución y de la notificación de la misma en el expediente de ejecución. Si el particular garantiza el interés fiscal en los términos del artículo 58 de este Código, se levantará el embargo.
ARTICULO 65.- El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años. El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido, por conocimiento de la autoridad fiscal y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos. El término para que se consume la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que la autoridad fiscal notifique o se haga saber al contribuyente o por reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier acto de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del contribuyente.
Los contribuyentes podrán solicitar a la autoridad la declaratoria de prescripción de los créditos fiscales.
ARTICULO 66.- Las controversias que surjan entre el fisco municipal y el estatal sobre preferencias en el cobro de los créditos a que éste Código se refiere, con sujeción a lo dispuesto por el artículo 74, fracción VI de la Constitución Política del Estado, se decidirán por el Supremo Tribunal de Justicia, conforme a las siguientes reglas:
I. La preferencia corresponderá al fisco que tenga a su favor créditos por contribuciones sobre la propiedad raíz, tratándose sobre los frutos de los bienes inmuebles o del producto de la venta de éstos; y
II. En los demás casos, la preferencia corresponderá al fisco que tenga el carácter de primer embargante.
El fisco municipal tendrá preferencia para recibir el pago de créditos provenientes de ingresos que el municipio debió percibir con excepción de adeudos garantizados con prenda o hipoteca, de alimentos, de salarios o sueldos devengados en el último año o de indemnizaciones a los trabajadores de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.
Para que sea aplicable la excepción a que se refiere el párrafo anterior será requisito indispensable que con anterioridad a la fecha en que surta efecto la notificación del crédito fiscal, las garantías se hayan inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio que corresponda y respecto a los adeudos por alimentos, que se haya presentado la demanda ante las autoridades competentes.
La vigencia y exigibilidad del crédito cuya preferencia se invoque deberá comprobarse en forma fehaciente al hacerse valer el recurso administrativo.
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