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Timestamp: 2015-11-25 15:07:22+00:00

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Sinopsis artículo 10 for sinopsis CE
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La consagración de la dignidad de la persona y de los derechos que le son inherentes, como
fundamento del orden político y de la paz social, no aparece expresamente reconocida en ninguna
de nuestras muchas Constituciones históricas, si bien es cierto que se puede encontrar en la
Constitución de 1812 un precedente, ya que en su artículo 4 se proclama que "la Nación está
obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás
derechos legítimos de todos los individuos que la componen". Otro Antecedente más claro, aunque
de escaso valor jurídico, lo podemos encontrar en el Proyecto de Constitución Federal de la Primera
República, de 1873, que recoge en su Título Preliminar una serie de derechos, anteriores y
superiores a toda legislación positiva, reconocidos a toda persona, asegurados en la República, sin
que ningún poder tenga facultad para cohibirlos, ni ninguna ley facultad para mermarlos, entre los
que se encuentra el derecho a la dignidad de la vida.
Durante la dictadura franquista, encontramos referencias a la dignidad de la persona en dos de
las Leyes Fundamentales (artículo 1 del Fuero de los Españoles y artículo 3 de la Ley orgánica del
Estado), aunque como puede imaginarse no son más que meras formulaciones retóricas, dotadas de
puro valor semántico, sin ninguna eficacia real.
Por lo que se refiere al reconocimiento de los tratados y acuerdos internacionales como normas
interpretativas de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, recogido en el apartado
segundo de este artículo, el único precedente del constitucionalismo histórico que se puede señalar,
es el previsto en la Constitución de la Segunda República Española de 1931, en concreto en su
artículo 7, en el que se establece que "El Estado español acatará las normas universales del Derecho
internacional, incorporándolas a su derecho positivo".
El reconocimiento de la dignidad de la persona en virtud de su naturaleza humana y por ende
racional, que la configura como un ser especial, tiene lugar fundamentalmente tras la Segunda
Guerra Mundial y es precisamente en los textos internacionales sobre derechos humanos donde se
recoge por vez primera para extenderse posteriormente a diferentes Constituciones. El primer texto
internacional que constituyó un hito indispensable en la creación de un mundo en el que todas las
personas puedan vivir conforme a su dignidad, es la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con fecha 10
de diciembre de 1948. En el Derecho Comparado podemos citar, entre otras, las siguientes
Constitución de la República Italiana de 1947, artículos 2 y 3; Ley Fundamental de Bonn de
1949, que contiene en su artículo 1, apartados 1 y 2, y artículo 2.1, una redacción muy similar a la
que adoptó nuestro legislador constituyente y, por último, la Constitución Portuguesa de 1976, que
contiene una referencia a la dignidad de la persona en el artículo 1.
En cuanto a la interpretación de los derechos y libertades conforme a los tratados internacionales
encontramos en la Constitución Portuguesa de 1976 una disposición similar al artículo 10.2, nos
referimos al artículo 16, apartado 2, que dice así: "los preceptos Constitucionales y legales relativos
a derechos fundamentales deberán ser interpretados e integrados en armonía con la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre."
Únicamente el apartado primero del artículo 10 aparece reflejado en el Anteproyecto de
Constitución recogido en el artículo 13 de ese texto y el artículo 10 del Informe de la Ponencia
redactó su contenido sin variaciones sustanciales del texto original y en términos idénticos al que
definitivamente se aprobó en la Comisión Mixta Congreso-Senado.
Por lo que se refiere al apartado segundo, de este precepto, hay que advertir que no aparece hasta
el Dictamen de la Comisión Constitucional del Senado como artículo 10.2. La inclusión de este
apartado suscitó importantes debates, pues se consideró inútil e incluso peligroso. Lo cierto es que
pretendía reforzar una determinada interpretación de la libertad de enseñanza favorable a intereses
privados y religiosos, por lo que fue interpretado en cierta medida, como una quiebra del consenso
constitucional, aunque, finalmente, la Comisión Mixta Congreso-Senado aprobó el apartado
segundo en términos prácticamente iguales al previsto en el Dictamen de la Comisión.
Sin lugar a dudas, este artículo es la pieza angular de todo el sistema de derechos y libertades
reconocidos en el Título I de la Constitución. Dentro del sistema constitucional es considerado
como el punto de arranque, como prius lógico y ontológico para la existencia y reconocimiento de
los demás derechos tal y como se reconoce en la STC 53/1985, de 11 de abril (fundamento jurídico
Analizando el contenido del apartado primero de este esencial artículo, observamos que, en
primer lugar, se refiere a la dignidad de la persona, como valor inherente de la misma, que consiste
en el derecho de cada cual a determinar libremente su vida de forma consciente y responsable y a
obtener el correspondiente respeto de los demás como estableció el Tribunal Constitucional en la
STC 53/1985, de 11 de abril (fundamento jurídico 3). Además la dignidad de la persona debe
permanecer inalterada cualquiera que sea la situación en que la persona se encuentre, constituyendo
en consecuencia un "minimum" invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar (SSTC
120/1990, de 27 de junio, (fundamento jurídico 4) 57/1994, de 28 de febrero (fundamento jurídico
3 A). De modo que la Constitución Española salvaguarda absolutamente aquellos derechos y
aquellos contenidos de los derechos "que pertenecen a la persona en cuanto tal y no como
ciudadano o, dicho de otro modo...aquellos que son imprescindibles para la garantía de la dignidad
humana" (STC 242/ 1994, de 20 de junio (fundamento jurídico 4), en el mismo sentido, SSTC
107/1984, de 23 de noviembre (fundamento jurídico 2) y 99/1985, de 30 de septiembre,
(fundamento jurídico 2).
Llegados a este punto, podemos precisar las características de la dignidad esencial de una
persona: en primer lugar, la dignidad del ser humano es cualitativamente superior a la del resto de
seres del planeta; en segundo lugar, y en consecuencia con lo anterior, la dignidad humana no
admite grados, por lo tanto todos los seres humanos, por el hecho de ser personas, son iguales en
dignidad, no se pude considerar a nadie más digno que a otro, ni devaluar la dignidad de grupos de
personas y considerarlos de inferior condición con respecto a los demás. En tercer lugar, el respeto a
esta dignidad es el fundamento de todo Derecho positivo ya sea estatal o internacional; es necesario,
pues, acomodar cualquier norma del ordenamiento jurídico a las exigencias de la dignidad de la
persona. Por último, la dignidad humana es irrenunciable, las personas no pueden disponer de ella y
se conserva hasta el mismo momento de la muerte.
Este artículo consagra otros postulados, íntimamente relacionados con la dignidad de la persona:
el libre desarrollo de la personalidad, los derechos inviolables de la persona, que le son inherentes y
considera que son el fundamento del orden político y de la paz social. A la vez establece unos
límites en el ejercicio de los derechos: el respeto a la ley y a los derechos de los demás.
Por lo que se refiere a la cláusula interpretativa, de los derechos fundamentales y de las
libertades que la Constitución reconoce, conforme a la Declaración Universal de Derechos
Humanos y los tratados y acuerdos ratificados por España, establecida en el apartado segundo del
artículo 10, supone la apertura al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. De este modo,
tanto La Declaración como los tratados se convierten en parámetro interpretativo de todos los
derechos y libertades contenidos en el Título I de nuestra Constitución, con independencia de cuál
sea su ubicación en la sistemática del mencionado Título y por tanto de su sistema de garantías.
Consideramos, pues, que se debe otorgar un contenido amplio a las palabras "derechos
fundamentales y libertades". Sin embargo, hasta el momento, nuestro Tribunal Constitucional no ha
interpretado derechos contenidos en el Capítulo III de la Constitución a la luz de ningún Tratado
Internacional, aunque podemos señalar, a modo de ejemplo, la STC 199/1996, de 3 de diciembre
(fundamentos jurídicos 2 y 3) en la que parece admitirse únicamente de manera implícita la labor
exegética del Convenio de Roma en la interpretación del artículo 45 de la Constitución.
Resulta necesario aclarar que, a través del artículo 10.2 de la Constitución, no se otorga rango
constitucional a los derechos y libertades proclamados en los Tratados Internacionales en cuanto no
estén también recogidos en nuestra Constitución. Ha sido el Tribunal Constitucional el que ha
delimitado el valor de esta estipulación. Así, el artículo 10.2 se limita a establecer una conexión
entre nuestro propio sistema de derechos y libertades, de un lado, y los convenios y tratados
internacionales sobre las mismas materias en los que sea parte España, de otro. De este modo, en
palabras del Tribunal Constitucional "aunque los textos y acuerdos internacionales del artículo 10.2
constituyen una fuente interpretativa que contribuye a la mejor identificación del contenido de los
derechos cuya tutela se pide a este Tribunal Constitucional, la interpretación a que alude el citado
artículo 10.2 del texto constitucional no los convierte en canon autónomo de validez de las normas
y actos de los poderes públicos desde la perspectiva de los derechos fundamentales, es decir, no los
convierte en canon autónomo de constitucionalidad". "Si así fuera, sobraría la proclamación
constitucional de tales derechos, bastando con que el constituyente hubiera efectuado una remisión
a las Declaraciones internacionales de Derechos Humanos o, en general, a los tratados que suscriba
el Estado español sobre derechos fundamentales y libertades públicas". SSTC 64/1991, de 22 de
marzo (fundamento jurídico 4), 372/1993, de 13 de diciembre, (fundamento jurídico 7), 41/2002, de
25 de febrero (fundamento jurídico 2).
Hay que advertir que los tratados citados en este artículo 10.2 han de estar publicados
oficialmente en España para su consideración como parte del ordenamiento jurídico interno y su
utilización a efectos interpretativos, tal y como se establece en el artículo 96.1 de nuestra
Conviene, por último, precisar cuales son los textos internacionales sobre derechos humanos más
utilizados por nuestro Tribunal Constitucional en su labor hermenéutica. En primer lugar, el artículo
10.2 hace referencia a la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por
la 183 Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 217 A (III), Nueva York, con
fecha 10 de diciembre de 1948. Aunque el Tribunal Constitucional únicamente ha hecho referencia
a unos pocos artículos de la misma en unas treinta sentencias y casi nunca con alcance determinante
para el fallo. Además, en la mayoría de los casos la Declaración se ha utilizado junto con otros
textos internacionales.
En segundo lugar, este precepto alude a los tratados y acuerdos ratificados por España sobre las
mismas materias. Muchos son los tratados ratificados por nuestro país que afectan a derechos y
libertades, citaremos los más utilizados por el Tribunal Constitucional, y los clasificaremos en
virtud de la diferente instancia internacional de la que han emanado, distinguiendo si se trata de
una organización de ámbito universal o regional.
Ámbito universal:
1º Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, hecho en Nueva York,
adoptado por la resolución 2200 (XXI) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, de 16 de diciembre de 1966. Instrumento de ratificación de 27 de abril de 1977.
(BOE nº 103, de 30 de abril de 1977). Ha tenido una incidencia muy importante en la
labor interpretativa del Tribunal Constitucional. Más de ciento treinta sentencias aluden
a dicho Pacto.
2º Protocolo facultativo del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos,
hecho en Nueva York, adoptado por la resolución 2200 (XXI) de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 1966. Instrumento de adhesión de 25 de
enero de 1985. (BOE nº 79, de 2 de abril de 1985).
3º Segundo Protocolo facultativo del Pacto internacional de Derechos Civiles y
Políticos destinado a abolir la pena de muerte, hecho en Nueva York, adoptado por la
resolución 44/128 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 15 de diciembre
de 1989. Instrumento de ratificación de 11 de abril de 1991. (BOE nº 164, de 10 de julio
de 1991).
4º Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hecho en
Nueva York, adoptado por la resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 1966. Instrumento de ratificación de 13 de
abril de 1977. (BOE nº 103, de 30 de abril de 1977). De escasa incidencia en la labor
hermenéutica de nuestro Alto Tribunal. Tan sólo una docena de sentencias aluden al
5º Convenio para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, hecho en
Nueva York, adoptado por la resolución 260 A (III) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, de 9 de diciembre de 1948. Instrumento de adhesión de 13 de
septiembre de 1968. (BOE nº 34, de 8 de febrero de 1969).
6º Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra, adoptada por
la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los
Apátridas el 28 de julio de 1951. Instrumento de adhesión de 14 de agosto de 1978.
(BOE nº 252, de 21 de octubre de 1978; corrección de errores en BOE nº 272, de 14 de
noviembre de 1978).
7º Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York, el 31 de
enero de 1967. Instrumento de adhesión de 14 de agosto de 1978. (BOE nº 252, de 21
de octubre de 1978).
8º Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación Racial, hecha en Nueva York, adoptada por la resolución 2106 A (XX)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 7 de marzo de 1966. Instrumento de
adhesión de 13 de septiembre de 1968. (BOE nº 34, de 8 de febrero de 1969).
9º Convenio sobre los Derechos Políticos de la Mujer, adoptado en virtud de la
resolución 640 (VII) de la Asamblea General de Naciones Unidas. Nueva York, 31 de
marzo de 1953. Instrumento de adhesión de 14 de enero de 1974 (BOE nº 97, de 23 de
abril de 1974); corrección de errores en BOE de 22 de agosto de 1974).
10º Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la Mujer, adoptada en virtud de la resolución 640 (VII) de la Asamblea General de
Naciones Unidas. Nueva York, 31 de marzo de 1953. Instrumento de adhesión de 14 de
enero de 1974 (BOE nº 97, de 23 de abril de 1974); corrección de errores en BOE de 22
de agosto de 1974). Utilizada por el Tribunal Constitucional a la hora de perfilar la
discriminación por razón de sexo. Por ejemplo en la STC 317/1994, de 28 de
noviembre (fundamento jurídico 2).
11º Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, adoptada por la resolución 39/461 de la Asamblea General de Naciones
Unidas el 10 de diciembre de 1984 en Nueva York. Instrumento de ratificación de 21 de
octubre de 1987 (BOE nº 268, de 9 de noviembre de 1987). Se emplea en varias
sentencias del Tribunal Constitucional, para definir la tortura y los tratos inhumanos y
degradantes, con motivo de una supuesta vulneración del artículo 15. SSTC 120/1999,
de 27 de junio (fundamento jurídico 9), 137/1990, de 19 de julio (fundamento jurídico
12º Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la resolución 44/25 de la
Asamblea General de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989 en Nueva York.
Instrumento de ratificación de 6 de diciembre de 1990 (BOE nº 313, de 31 de diciembre
de 1990). Bastantes sentencias del Tribunal Constitucional utilizan como parámetro
interpretativo dicha convención, entre otras, STC 67/1998, de 18 de marzo (fundamento
jurídico 5).
13º Los diversos Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que tienen
una incidencia notable en el terreno de los derechos de los trabajadores. El Tribunal
Constitucional hace referencia a los mismos en unas cuarenta sentencias. Entre otras, la
STC 197/1998, de 13 de octubre (fundamento jurídico 3).
1º Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950. Instrumento de ratificación
de 26 de septiembre de 1979 (BOE nº 243, de 10 de octubre de 1979). Sin lugar a dudas
este convenio ocupa un papel destacado en la interpretación de los derechos y
libertades, es citado por nuestro Tribunal Constitucional en más de ciento ochenta
sentencias. Conviene tener presente además, que este Convenio tiene a su vez cómo
intérprete al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ello es habitual que el
Tribunal Constitucional se remita a la jurisprudencia del mismo para aclarar el
contenido y los límites de los derechos y libertades. Podemos citar, entre muchas otras,
SSTC 65/1986, de 22 de mayo (fundamento jurídico 4), 89/1987, de 3 de junio
(fundamento jurídico 2), 115/1993, de 6 de mayo (fundamento jurídico 2), 18/1995, de
24 de enero (fundamento jurídico 3)
2º Protocolo Adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y
las Libertades Fundamentales, París, 20 de marzo de 1952. Instrumento de ratificación
de 27 de noviembre de 1990 (BOE nº 11, de 12 de enero de 1991).
3º Protocolo número 6 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y
de las Libertades Fundamentales relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, hecho en
Estrasburgo el 28 de abril de 1983. Instrumento de ratificación de 20 de diciembre de
1984 (BOE nº 92, de 17 de abril de 1985).
4º Carta Social Europea, hecha en Turín el 18 de octubre de 1961. Instrumento de
ratificación de 29 de abril de 1980 (BOE nº 153, de 26 de junio de 1980). Se cita en
pocas decisiones del Tribunal Constitucional y con escasa relevancia en la
fundamentación jurídica. Entre otras STC 229/1992, de 14 de diciembre (fundamentos
jurídicos 2 y 4)
5º Protocolo Adicional a la Carta Social Europea, hecho en Estrasburgo el 5 de mayo
de 1988. Instrumento de ratificación de 7 de enero de 2000 (BOE nº 99, de 25 de abril
de 2000, corrección de errores en BOE nº 220, de 13 de septiembre).
Por último, sobre el artículo 10 puede citarse el trabajo Ruíz-Giménez Cortés (1997). Son
varios los autores que abordan la dignidad de la persona en artículos y monografías: Alegre
Martínez, (1996), Fernández Segado, (1995) y González Pérez, (1986). Sobre el artículo 10.2 de la
Constitución puede consultarse el libro de Sainz Arrainz, (1998).
Entre la bibliografía básica se destacan los trabajos de Ruiz Jiménez, Alegre, Fernández Segado o
González Pérez, entre otros.
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