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DERECHO. noticias. Arbitraje: una herramienta legal efectiva. Teoría de la argumentación jurídica
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Adolfo Domínguez Martín
1 DERECHO Nº 14 Año: 2011 Publicación gratuita de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales noticias Arbitraje: una herramienta legal efectiva Teoría de la argumentación jurídica Administración y participación ciudadana en la gestión pública
2 FCJS Los académicos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile tienen una permanente presencia, en calidad de voceros, en los distintos medios de comunicación. Nos interesa seguir marcando pauta, y, por eso, hacemos extensiva la invitación al cuerpo académico para que colabore en este desafío. Para mayores antecedentes, escribir a:
3 sumario editorial 4/5 Entrevista central: Claudio Valdivia, Director CAJ: Soy partidario de que se entregue un servicio de asistencia judicial profesionalizado Del 6 al 13 Tema central: Arbitraje 16 Actualidad Jurídica Administración y participación ciudadana en la gestión pública 19 Actualidad Jurídica Teoría de la argumentación jurídica y su conexión con los derechos fundamentales 21 Al día con las noticias El arbitraje En esta edición de la Revista Derecho Noticias, el tema central es el arbitraje, considerado una herramienta eficaz para resolver controversias y que, al interior de las Escuelas de Derecho, debiera profundizarse su enseñanza. No hacerlo, resta a los futuros abogados de la posibilidad de especializarse y dedicarse a esta área que siempre requiere de un mayor número de profesionales. Es por esta razón que, como Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, impartimos este año un Magíster en Arbitraje Civil y Comercial, programa que en formación de postgrado constituye un hito y que cuenta con numerosos alumnos y un cuerpo académico de alto nivel. De ahí, entonces, el interés en informar a los lectores de esta publicación, sobre los alcances del arbitraje, los beneficios que reporta su aplicación y cuáles son los factores que inciden en su escasa difusión: uno de ellos, la falta de árbitros capacitados. Otra materia analizada es la importancia moderna de una Teoría de la Argumentación Jurídica y su conexión con los Derechos Fundamentales. A través de una columna de opinión, el abogado y Director del Departamento de Derecho Económico y del Trabajo de la FCJS, Andrés Naudon, aborda sus principales aspectos. También, el Director del Departamento de Títulos y Grados, Dr. Francisco Pinilla, comenta la Ley N /2011 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, legislación que introduce en la Administración, el principio de participación como regla esencial dentro de su actividad. Tenemos, además, varias actividades académicas en las que han participado los docentes de la Facultad, como por ejemplo: charla de destacados expertos en Derecho Romano, Primer Congreso Judicial organizado por la Regional de la Asociación de Magistrados de Chile y que fue auspiciado por la Universidad Central de Chile, entre otras entidades; Convenio Marco de Cooperación entre la UCEN y la Universidad de Medellín; Debate sobre la consulta a los pueblos indígenas, actividad organizada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado; Seminario Internacional La Mediación Penal y Comunitaria: una experiencia comparada, el Seminario Internacional Convenio 169 de la OIT; y el Segundo Congreso Estudiantil de derecho. Los invitamos a leer esta edición. Ángela Cattan Atala Ex Decana Director: Sergio Fuenzalida Bascuñán / Editora General: Daisy Castillo Triviños / Diseño y Diagramación: Marcia Aguilar Caballero / Publicación: De la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile / Dirección: Lord Cochrane 417, Torre A, 4º piso Santiago, Chile / Teléfono: / Fax: / Impresión: Intergraf Universidad Central / Facultad de Derecho / Año 2011
4 entrevista central Claudio Valdivia, Director Corporación de Asistencia Judicial, Región Metropolitana: Soy partidario de que se entregue un servicio de asistencia judicial profesionalizado El abogado sostiene, además, que uno de los aspectos en los que ha concentrado su gestión es asegurar que la evaluación y calificación de las prácticas profesionales sea lo más completa posible y comprometida Por: Daisy Castillo Triviños En medio de una amplia agenda, el Director de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, conversó con la Revista Derecho Noticias sobre el proyecto que impulsará el Ministerio de Justicia en orden a modernizar la institución y entregar un servicio profesional a los usuarios de escasos recursos que no cuentan con los medios económicos para contratar un abogado particular. La iniciativa que, aún está en etapa de elaboración, implicaría, eso sí, poner término a las prácticas profesionales de los estudiantes de derecho. De esta manera, otras entidades deberán acoger a los jóvenes para que cumplan con su proceso de práctica. - Cuáles son las principales características que, como nuevo Director de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, desea imprimir en su gestión? La Corporación de Asistencia Judicial, particularmente en la última década, ha ido experimentando diversos cambios, marcados por las reformas a la justicia Reforma Procesal Penal y en los últimos tres años, la Reforma a la Justicia Laboral que significó que las Corporaciones se reforzaran en términos profesionales con la Oficina de Defensoría Laboral-. La institución ha ido, al mismo tiempo, asumiendo distintos desafíos. - Y cuándo asumió con qué escenario se encontró? Me encontré con que se había terminado y consolidado la instalación de esos procesos, respecto de lo que fue la implementación de la justicia de familia y su reforzamiento, y el término de la puesta en marcha de la justicia laboral. La tarea que asumo es distinta e involucra contar con una institución más moderna y estandarizada en cuanto a mecanismos y procedimientos que aseguren la calidad del servicio, de manera homogénea. - Por qué surge la necesidad de modernizar la CAJ?, se detectaron falencias, por ejemplo, en la entrega del servicio que se proporciona y que puede no ser eficiente? Más que hacer un juicio crítico, me interesan los desafíos. Creo que había cosas en las que uno necesariamente debía poner atención, como la implementación de mecanismos de evaluación y control al interior de una institución como ésta. -Pero, no existían esos mecanismos de evaluación y control? No estaban institucionalizados y, por eso, uno de los objetivos tras hacer la evaluación y diagnóstico fue crear un Departamento de Evaluación y Control. En toda institución que presta servicio a la ciudadanía y tiene usuarios, debe haber mecanismos que evalúen y realicen un seguimiento a la labor que se hace. No hay que pensar en la evaluación con una connotación negativa, sino que es necesaria para asegurar que se cumplan ciertas exigencias y ciertos estándares. - La línea de modernización, hacia dónde apunta? Tenemos un sistema escriturado y los sistemas que hemos ido implementando se basan en tecnología computacional y, en este plano, la institución se había quedado atrás. Tenemos que avanzar en la línea de ir automatizando algunos procesos y consolidar la información. - Qué procesos, por ejemplo, se incorporaron a esta nueva tecnología? Tenemos varios procesos en curso, son de mediano y largo plazo, en cuanto a su implementación. Hay que asegurarse de tener la plataforma computacional los computadores, los centros conectados entre sí-, y para eso se ha hecho un esfuerzo importante en materia presupuestaria y financiera. Estamos modernizando los computadores de los funcionarios y los programas de los computadores. Se está trabajando en el desarrollo de un sistema informático no sólo de registro de causa, sino también de tramitación.también implementamos un Data Center con la capacidad necesaria para almacenar y procesar la información con la cual contamos. Habrá próximamente un proceso de capacitación para los funcionarios. Además, en forma paralela estamos desarrollando un trabajo de modernización respecto de la atención de usuarios. - En qué consiste este plan de mejoramiento de la atención de usuarios? Una etapa contempla la implementación de un Call Center dirigido a orientar e informar a los usuarios y facilitar los canales de
5 entrevista central acceso a los usuarios cómo va su causa, qué documentos requiere para tramitar, dónde se hace el trámite-. Otro canal importante que también nos importa está relacionado con las condiciones en que entregamos el servicio a los usuarios. Para ello, se prevé habilitar mejoras en los centros. Se terminarán las prácticas profesionales en las CAJ? - En el plan de modernización de las CAJ se contempla la eliminación de las prácticas profesionales de los estudiantes de derecho? El Ministerio de Justicia estaría trabajando en la elaboración de un proyecto de ley que apunta hacia esa idea. Se trata de un proyecto que hoy día está en estudio en el Ministerio de Justicia. Cuáles son sus líneas centrales? La primera es asegurar que el servicio de asistencia judicial sea profesional, especializado y se focalice en aquellos usuarios que requieren de los servicios, porque no cuentan con los medios necesarios para contratar un abogado particular. Además, incorporar mecanismos de control, de evaluación, de seguimiento de estándares y hacerlo de manera pública y transparente. -Pero, es partidario de terminar con las prácticas de los egresados? Soy partidario que se entregue un servicio de asistencia judicial profesionalizado. Sobre el rol que les puede corresponder a los postulantes, éstos son diversos. Hoy, por ejemplo, existen postulantes en la Defensoría Penal Pública y se firmará un convenio con el Ministerio Público. Hay muchas instituciones que están disponibles y han manifestado su interés en suscribir convenios para integrar postulantes. -Una de las críticas de los detractores de las prácticas en las CAJ es que los usuarios son una suerte de instrumentos de aprendizaje para los postulantes. Uno de los aspectos en los que me he concentrado es asegurar que la evaluación y calificación de las prácticas profesionales sea lo más completa posible y comprometida en términos de tiempo para asegurar el estándar de atención. -La carga de trabajo de los postulantes es un factor que incide en una buena y oportuna tramitación También hice la práctica y cuántas causas teníamos? Más de cien y, obvio que para una persona que está en etapa de aprendizaje es difícil la tarea. - Qué medidas, en ese sentido, ha implementado en la CAJ? En 2010, nos propusimos reducir significativamente la carga. Hoy el estándar que cada postulante debe tener es de aproximadamente 50 causas. Otra medida es que sólo hasta el tercer mes de práctica se le asignan causas para que el postulante tenga el incentivo para tramitar de manera eficiente. - Cuáles son las principales debilidades que han detectado en los postulantes? El acercamiento de los aprendizajes después de egresar es complejo. La aplicación práctica de los conocimientos que se adquieren en la universidad siempre es un proceso complejo. Cuáles son las dificultades que ahí surgen respecto de las debilidades y destrezas para tramitar, para relacionar lo que dice el Código de Procedimiento Civil con lo que ocurre en un Tribunal Civil, cómo se presenta un escrito o cómo se prepara adecuadamente una audiencia de familia? Ciertamente, nos ayudan mucho las Escuelas de Derecho que tienen departamento de Clínica Jurídica más formados, ya que los alumnos llegan, al menos, con una aproximación de lo que ocurre en tribunales y de cómo se atiende a un usuario. La gratuidad de las prácticas/rol del Colegio de Abogados - Es partidario de que las prácticas de los estudiantes de derecho sean gratuitas? No cree que, de existir una retribución económica, podría influir positivamente en la actitud de los estudiantes? El sentido de la práctica tal como fue concebida cuando se crearon las Corporaciones de Asistencia Judicial es uno y se creó bajo un cierto contexto, donde la realidad universitaria y la realidad de las Escuelas de Derecho era diversa, la forma de financiamiento de las universidades era diversa. Por lo tanto, corresponde a un momento histórico distinto. Uno se debiera preguntar si esas condiciones se mantienen. Bajo esa premisa, considerando la enorme asimetría de información, capacidades, de aproximación que existe entre una persona que tiene un abogado y un usuario, al Estado le corresponde revisar cómo esas brechas disminuyen. -Pasando a otro tema, el Colegio de Abogados debiera jugar un rol más activo y sancionar en forma enérgica a los colegiados que se apartan de las conductas éticas? Hay distintos actores que, en el debate público respecto de la modernización de la asistencia judicial, tienen un rol que cumplir. El Colegio de Abogados es uno de ellos, no el único. Esta entidad en el último tiempo ha trabajado en la reforma a las normas del Colegio. - Debiera ser obligatoria la colegiatura? Legalmente no lo es. Universidad Central / Facultad de Derecho / Año 2011
6 análisis jurídico El arbitraje Isabel González. Abogada, Directora del Centro de Mediación, Negociación y Arbitraje de la Universidad Central de Chile. La importancia del arbitraje radica en su carácter resolutivo de conflictos, entendiendo que éstos son inherentes a la dinámica organizacional. De ahí, entonces, la trascendencia en la formación de árbitros capaces de abordar el conflicto con miras a gestionar y conciliar los intereses de los miembros de un grupo. El progresivo avance de la tecnología, unido a la liberalización e internacionalización de las economías, ha traído consigo grandes cambios en las condiciones de circulación del dinero, bienes y servicios, dando origen a nuevas formas de contratación que incorporan nuevos usos y costumbres, o figuras propias del derecho extranjero lo que hace indispensable la formación de profesionales que puedan intervenir en la resolución de los conflictos que se susciten. La carencia en nuestro país de personas preparadas para gestionar en forma colaborativa la solución de sus propios conflictos en materias familiares, comerciales, de arrendamiento y sucesorios, originados por su incapacidad de vivir en comunidad y compartir bienes comunes, como producto del individualismo y la sociedad de consumo, junto a la inexistente oferta de servicios de arbitraje para personas que no disponen de recursos económicos suficientes para terminar con la indivisión de sus bienes, es lo que.influye en el incremento de la conflictividad en la sociedad, producto de la frustración producida al no poder disponer libremente de sus bienes. El imperio de la conducta litigiosa que el sistema ha propiciado como la única forma de finalizar disputas, ha generado más demandas que las que él puede absorber, encontrándose con un colapso en la actualidad en todas las materias, particularmente en lo civil y en materia de familia, cuyo número de requerimientos crece año a año, según las estadísticas de la Corporación Administrativa del Poder Judicial 1. La ciudadanía percibe esta situación como desamparo ante un sistema calificado de inoperante, ya que muchos problemas jurídicos quedan sin solución u obtienen una solución tardía, lo cual se expresa en indefensión y desconfianza, frente a la satisfacción de una necesidad básica del individuo, como es la justicia. Lo que plantea la interrogante sobre si es posible idear una administración de justicia más eficiente con un mayor número de personas que tengan la capacidad de desempeñar la función jurisdiccional cómo árbitro sentenciador, lo que evitaría al Estado incurrir en un mayor gasto público, al no serle imprescindible crear más cargos judiciales y tribunales, pudiendo la función ser asumida en mayor grado de eficiencia, por los profesionales preparados al efecto. Asimismo, la modernidad y el liberalismo económico han impactado con mayor 1 Fuente:
7 análisis jurídico intensidad a la sociedad chilena, produciendo conductas litigiosas, consideradas agresivas y competitivas, en las que, si bien, se soluciona la disputa, el conflicto interpersonal se ve incrementado. En este orden de ideas, el aporte a la paz ciudadana y a la cohesión social que puede entregar el arbitraje es relevante. Impacto del arbitraje El derecho, requiere un diseño en el cual las herramientas que el ordenamiento jurídico provee sean efectivamente utilizadas por los individuos. Es así, como el arbitraje y la partición de bienes es una herramienta que no ha sido utilizada ni en sus mínimas capacidades, por problemas en la enseñanza de las Escuelas de Derecho, con lo que se genera una mentalidad desde y hacia el ordenamiento jurídico, como un mecanismo social que sólo permite acceder a la administración de justicia por medio de una demanda, obviando la posibilidad de obtenerla por medio de un árbitro, herramienta que la propia ley le ha entregado a la sociedad, hasta ahora en forma abstracta, incluso con mayores facultades y flexibilidad para administrar los bienes, que a los jueces dentro de un proceso judicial formal. La idea es que, la justicia civil se haga cargo de una mejor manera de los conflictos jurídicos, especialmente los de las personas de escasos recursos, teniendo en cuenta que hoy, el volumen de causas que ingresan al sistema es enorme, que no alcanza a ser absorbido por éste, sufriendo los grupos más vulnerables discriminación, obteniendo servicios ineficientes, tanto desde los tribunales, como desde la prestación de servicios jurídicos gratuitos, lo que junto a la excelente percepción de calidad de los usuarios de los sistemas colaborativos, que reflejan los estudios sobre la materia, refuerza la idea de fortalecer el arbitraje. De esta manera, la formación de árbitros y su correspondiente incorporación en el cuerpo social, permitiría generar una sociedad que sea cada vez más capaz de administrar justicia sin discriminación para las personas vulnerables y que ésta descanse sobre bases de negociación, articulación de intereses y paz social, en que las convenciones de las partes diriman sus conflictos, ayudadas por un árbitro, lo que indefectiblemente dará lugar a una sociedad con un mayor grado de madurez. El programa de Magíster en Arbitraje, que se ofrece en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile, se presenta como una oferta académica innovadora y única en el mercado. Se ha estructurado sobre la base de las necesidades existentes en la realidad nacional. De este modo, el programa tiene como propósito preparar profesionales árbitros y negociadores especialmente formados para intervenir en el conflicto jurídico y su gestión, que puedan dedicarse a la tarea de juzgar de un modo independiente, imparcial y ético, abarcando los ámbitos de relevancia jurídica a los que se ha abierto este método de solución de controversia, tales como la partición de bienes, los contratos civiles y mercantiles, liquidaciones de sociedades, comunidades y comercio internacional. En lo relativo al comercio internacional y la inversión extranjera, el programa de magíster procura: imponer la tendencia a recurrir al arbitraje por las múltiples ventajas que ello otorga a las partes en un contrato internacional, que garantice la imparcialidad en la resolución del conflicto, la flexibilidad y control sobre el procedimiento y el carácter confidencial del arbitraje. Cabe señalar que sólo durante 2010, del total de causas ingresadas en nuestro sistema judicial, compuesto por la justicia civil, laboral, penal, de cobranza provisional y de familia, el 63,3 del volumen total aportado por dichas materias, corresponde a materias civiles, y comerciales, que son arbitrables, lo que nos lleva a concluir, las oportunidades que se abren a los nuevos abogados especialistas en arbitraje. Justicia Vecinal Los Tribunales de Justicia Vecinal, son una anhelada iniciativa de política pública, que pretende fortalecer el acceso a la justicia en Chile, acercando a las personas nuevas formas de ejercer el derecho, más humanas e integrales que las conocidas hasta hoy por los ciudadanos. A través de mecanismos de solución colaborativa de conflictos, como son el arbitraje, la mediación y la conciliación, es posible cambiar la percepción de las personas, haciendo que no vean a la justicia como un instrumento lejano, lento y costoso. Este tipo de justicia da un fuerte impulso a la oralidad, concentración y celeridad de los procesos, con el objeto de propender a una justicia más oportuna y transparente. Universidad Central / Facultad de Derecho / Año 2011
8 análisis jurídico Intervención jurisdiccional y arbitraje En el mundo moderno es indiscutible la importancia y trascendencia del arbitraje, lo que en Chile por tratarse de un país más conservador, ha demorado su incorporación en forma masiva, probablemente por factores ajenos a la institución y que dicen relación con el costo del mismo y la falta de mayor transparencia en la designación de quienes han de ejercer esta importante labor. Lo anterior, dado que se conjuga por un lado, la potestad de los tribunales ordinarios de justicia en cuanto a designar, en ocasiones, a personas sin conocimientos específicos en áreas sensibles, lo que debería de exigir al menos postgrados o experticia demostrable y, por otra, el cuasi monopolio de muy pocas organizaciones de arbitraje institucional, donde los llamados a resolver se repiten constantemente y no se indaga si existen vinculaciones con directorios o comunidades de techo y abogados de los mismos. Además, hay estudios en los que también se suscriben contratos de adhesión por parte de poderosas trasnacionales quedando los subcontratistas en un pie de desigualdad y sometidos al arbitraje de personas que podrían estar relacionadas con los intereses de las partes. Esta situación, obliga a revisar y a innovar en orden a que se generen mayores causales de inhabilidad por parte del legislador y, que por ende, justifica la intervención jurisdiccional de los tribunales superiores de justicia, al menos vía recurso de queja. A ello se suma, la coexistencia en nuestra legislación del dualismo arbitral, esto es, se entrecruzan dos modelos de regulación antagónicos: uno flexible y desformalizado, que corresponde al arbitraje comercial internacional; el otro formalista y rígido, propio del arbitraje interno 1. En Chile, la naturaleza del arbitraje sin mayor discusión por la doctrina y jurisprudencia es la que le atribuye el carácter de jurisdiccional, con algunas limitaciones propias, como la falta de imperio que se les desconoce a los jueces árbitros, para disponer de la fuerza en la ejecución de sus resoluciones cuando se requiere de procedimientos de apremio o el empleo de medidas compulsivas. Entonces, los árbitros son jueces transitorios nombrados por las partes, para que, en un caso determinado, ejerzan jurisdicción; esto es, se trata de un tribunal público instituido por la ley y como tal goza de jurisdicción. Los textos constitucionales consagran y otorgan privativamente la facultad de administrar justicia: poder de conocer las causas civiles y criminales, de juzgarlas y de hacer ejecutar lo juzgado; es lo que se llama jurisdicción. El Estado acapara sobre sí la facultad de administrar justicia, así la jurisdicción es un atributo exclusivo del poder soberano, conforme a los Artículos 19 N 3 y N 74 de la Constitución Política, como el Artículo N 10 C.O.T. La ley reconoce a los particulares el derecho de substraer sus litigios a los tribunales permanentes y someterlos a jueces de su libre elección llamados árbitros. Además, se concede la facultad de dar poder a esos árbitros para que fallen las contiendas, sin sujeción a ley, sino observando únicamente los dictados de la equidad. Sin embargo, existe una doble restricción: no pueden someterse a arbitraje litigios en los que esté comprometido algún interés público y, a su vez, los árbitros sólo tienen la facultad de conocer y juzgar las controversias, pero no para ejecutar con auxilio de la fuerza pública lo juzgado, por lo tanto, carecen de imperio. El árbitro, respecto del arbitraje interno es un órgano del Estado, por cuanto es un tribunal mencionado en el Artículo N 5 del C.O.T., a propósito del funcionamiento del Poder Judicial y la administración de la justicia chilena, ya que la facultad de conocer las causas, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece a los tribunales establecidos por la ley (Artículo N 76 CP y 1 C.O.T.). Esto hace que esté sometido a la Superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema (Artículo N 82 CP). En materia de arbitraje, no existe una regla de competencia en cuanto a materia o territorio que compartan con otros poderes de juzgar, pues más bien la jurisdicción y competencia de los jueces árbitros está limitada por la ley o el mandato expreso de las partes. Entonces, no existen reglas de competencia a observar, ya que sus facultades se encuentran reguladas por la voluntad de las partes, contenida en el convenio arbitral, compromiso o en la cláusula compromisoria. Es principio fundamental del arbitraje que fuera de los casos en que la ley lo hace forzoso, nadie puede ser obligado a someterse a él. Gastón Salinas. Dr. y profesor Magíster Arbitraje y Mediación en la Universidad Central de Chile. No olvide que! La competencia del tribunal arbitral sólo alcanza a las personas que concurrieron a constituirlo y respecto de la materia llamada a resolver. En materia arbitral, se trata de una atribución de competencia distinta de la que resulta de aplicar los factores que el legislador considera para distribuir los asuntos civiles a los jueces estatales, conforme lo define el Artículo N 108 C.O.T. Así, en cuanto al fuero, en el arbitraje no tiene ninguna incidencia, pues las personas que se benefician con los efectos procesales ante la justicia ordinaria, no están impedidas de pactar un arbitraje -la norma que se refiere a que no produce efecto es la del Artículo N 133 C.O.T, respecto de la partición-. La falta de pertenencia del arbitraje a la estructura jerárquica del Poder Judicial es un hecho definitorio para que ese factor de competencia no produzca efectos en el campo arbitral. El factor materia, dice relación con el arbitraje forzoso y, al tratarse de un asunto de competencia absoluta, si la disputa se produce ante un juez ordinario o especial, la incompetencia se debe declarar de oficio para respetar el mandato legal en cuanto a la instancia arbitral 2. En el arbitraje voluntario, es en la cláusula arbitral donde se fija el campo de acción del compromisario, los árbitros no tienen más facultades que aquéllas que le confieren las partes o el juez en el título del nombramiento. Por lo anterior, la competencia del tribunal arbitral sólo comprende las materias enunciadas en el título del nombramiento, quedando limitada su jurisdicción al asunto o asuntos que expresamente le sean sometidos a su conocimiento, por los interesados que lo han investido como juez 3. Las consecuencias del control jurisdiccional de las sentencias arbitrales al existir la posibilidad de revisión por parte de los
9 análisis jurídico tribunales ordinarios, provocan un foco de distorsión de la actividad arbitral por medio de la filtración de la actividad jurisdiccional propiamente tal 4. Es decir, se produce una intervención jurisdiccional de tribunales no deseados por las partes, al menos al tiempo del convenio arbitral, lo que en mi opinión se justifica sólo en los contratos de adhesión con cláusula arbitral, determinándose de antemano al tribunal por la parte más fuerte o en casos en los cuales no existe un pie de igualdad de las partes al celebrar el contrato. En resumen, tratándose de materias de arbitraje de derecho o en los mixtos, caben todos los recursos ordinarios en contra de las sentencias pronunciadas por los árbitros, salvo que se hubiere estipulado por las partes que el examen superior se efectúe también por tribunales arbitrales designados o enunciados en la forma de designación. La dificultad surge tratándose de tribunales arbitrales en calidad de arbitradores o de renuncia a todos los recursos contra la sentencia, en cuyo caso atendida la facultad disciplinaria y correctora de la Corte Suprema sobre todos los tribunales del país, queda a disposición de las partes el recurso de queja 5. Antes de la Ley N se entendía que tratándose de jueces árbitros se debía interponer en la Corte Suprema, atendida su superintendencia correccional. Hoy, conforme al Artículo N 63 del C.O.T. letra b) número 2, Las Cortes de Apelaciones conocerán: 1 En única instancia: c) De los recursos de queja que se deduzcan en contra de jueces de letras, jueces de Policía Local, jueces árbitros y órganos que ejerzan jurisdicción dentro de su Además, hay estudios en los que también se suscriben contratos de adhesión por parte de poderosas trasnacionales quedando los subcontratistas en un pie de desigualdad y sometidos al arbitraje de personas que podrían estar relacionadas con los intereses de las partes. territorio jurisdiccional. Tratándose de árbitros, el legislador no ha efectuado ninguna distinción, en consecuencia será procedente que se ejerza el recurso de queja contra cualquier clase de árbitro arbitradores, de derecho, mixtos- que hubiere dictado una resolución con falta o abuso grave. La diferencia radica en que el recurso de queja en el caso de los árbitros arbitradores, las sentencias de primera o única instancia son compatibles con el recurso de casación en la forma. En cambio, tratándose de árbitros de derecho, el recurso de queja es incompatible con otro recurso ordinario o extraordinario, cuya procedencia lo hace inadmisible. Luego, producto de este dualismo arbitral, encontramos al arbitraje comercial internacional cuya normativa se contiene en la Ley N (publicada el 29 de septiembre de 2004) que consagra como principio rector, el de la mínima intervención judicial, limitando la participación de los tribunales chilenos a situaciones tasadas por la ley. De este modo, la impugnación del laudo sólo es posible, a través de la acción de nulidad y de la solicitud de aclaración, lo que conlleva a la exclusión de otros medios de impugnación, quedando fuera consecuentemente el recurso de queja. Todo, sin perjuicio que sobre el particular, el Tribunal Constitucional en una sentencia del 25 de mayo de 2004 (Rol ) ha estimado en relación con el Artículo N 34 de la LACI, que es constitucional, en el entendido que deja a salvo las acciones jurisdiccionales que contempla la Carta Política a favor de quienes puedan verse afectados en sus derechos fundamentales por la aplicación de esta ley. Como apreciamos, la solución está lejos de ser pacífica, manteniéndose esta dualidad en el sistema arbitral chileno. 1 ROMERO SEGUEL, Alejandro, El arbitraje interno y comercial internacional, LegalPublishing, 2ª edición, 2009, p. 11. Lo anterior determina las consecuencias de relevancia práctica: 1ª) Que las instituciones que dan vida al arbitraje reciban soluciones diversas, dependiendo si se trata de un arbitraje interno o uno comercial internacional; 2ª) Que cada sistema se comporta en forma autónoma, sin que la normativa de uno sea supletoria del otro, salvo situaciones de excepción, como es la definición de las materias de arbitraje prohibido ( que se rige por las normas de arbitraje interno, en virtud de ser éstas normas de orden público), o cuando la LACI permite expresamente la aplicación del derecho interno, como ocurre en las labores de asistencia judicial que los tribunales chilenos deben otorgar a un arbitraje comercial internacional que se realiza en nuestro país. 2 ROMERO SEGUEL, Alejandro y DIAZ VILLALOBOS, José Ignacio, El arbitraje interno y comercial internacional, LegalPublishing, Santiago, 2009, p RDJ, t. LXXXII, sec. 2ª p VASQUEZ PALMA, María Fernanda, Arbitraje en Chile, AbeledoPerrot, Legalpublishing, 2ª edición, 2011, p La Ley N reemplazó el Artículo N 545 del C.O.T. El recurso de queja tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional. Sólo procederá cuando la falta o abuso se cometa en la sentencia interlocutoria que ponga fin al juicio o haga imposible su continuación o definitiva, y que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario, sin perjuicio de la atribución de la Corte Suprema para actuar de oficio en el ejercicio de sus facultades disciplinarias. Se exceptúan las sentencias definitivas de primera o única instancia dictadas por árbitros arbitradores, en cuyo caso procederá el recurso de queja, además del recurso de casación en la forma. El recurso de queja no puede ser deducido conjuntamente con otro recurso ordinario o extraordinario, de hacerse hará improcedente al recurso de queja. La excepción son las sentencias definitivas de única o primera instancia dictadas por árbitros arbitradores, en cuyo caso procede el recurso de queja, además del recurso de casación en la forma. Vale decir, en ese caso excepcional es procedente la acumulación del recurso de queja con el recurso de casación en la forma, y se verá su tramitación conjunta conforme al Artículo N 66 COT. Universidad Central / Facultad de Derecho / Año 2011
10 análisis jurídico 10 El Arbitraje como una efectiva herramienta legal Jaime Mois. Abogado, Mg en Arbitraje Civil y Comercial en la Universidad Central de Chile. Partamos el tema con varias preguntas: con qué frecuencia se recurre a esta institución de derecho destinada a dirimir controversias?, los futuros abogados están interiorizados en el tema y habrán pensado, en algún minuto, dedicarse a esta alternativa judicial?, cómo podrán hacerlo, si las Facultades de Derecho enseñan muy poco de esta materia en pregrado? El arbitraje es una institución poco utilizada en Chile. Me atrevería, incluso a decir, que no se le saca todo el provecho que se debiera. Lo digo, porque puede contribuir de manera significativa a descongestionar el trabajo de los tribunales ordinarios y, por tanto, hacer más expedito el acceso a la justicia. Sin embargo, y a pesar de estar conscientes de esta ventaja, no podemos dejar de lado que una de las barreras prácticas que enfrenta y que ha influido en que no sea un proceso masivo y del cual la ciudadanía esté completamente informada, radica en la resistencia que para algunos abogados tienen los acuerdos extra-judiciales. Parte de su reticencia se debe a que todos nos hemos formado en la cultura de la judicialización de los conflictos. Pero, qué pasa si miramos el tema desde la otra vereda, de aquélla en la que no todo se judicializa? Nos daremos cuenta que existen otros métodos, otras alternativas para resolver conflictos legales y que son vías tan válidas como el llegar con una causa a un tribunal ordinario. Lo importante es abrir, de una vez por todas, el abanico de posibilidades y permitir que el ciudadano tenga otras opciones para elegir. Y, estando en esta misma vereda, uno se da
11 análisis jurídico cuenta que el arbitraje ayuda a la especialización tan ajena a los abogados que masifican sus servicios y a la confidencialidad y a la cualificación profesional de quienes actúan en calidad de árbitros. No hay que olvidar que el arbitraje permite que los procedimientos tradicionales sean eficaces y se actúe con celeridad, característica no menor, especialmente, cuando somos testigos de casos que se extienden en el tiempo y que terminan con sentencias que no satisfacen el interés que las partes tenían al iniciar el litigio. Recordemos, además, que al momento en que comienza un juicio no sólo éste implica un desgaste económico, sino también emocional. Al tener una sentencia arbitral, que se dicta en poco tiempo, se cumple con estos dos objetivos: el litigio se resuelve y las partes, al no existir un conflicto entre ellas, se distancian y los costos emocionales disminuyen. En Chile, nuestro Código Civil, Código de Procedimiento Civil, Código de Comercio y el Código Orgánico de Tribunales recogen este procedimiento que, hasta ahora, no ha sido tratado de manera concreta ni orgánica. Un claro ejemplo de esta situación se da en la existencia de varios conceptos relativos a la institución arbitral, como por ejemplo, Compromiso, Cláusula Compromisoria, Compromisario o árbitro, que tienen significados distintos, de acuerdo al contexto en que están tratados. Las doctrinas modernas hablan del Convenio Arbitral o Convención de arbitraje que es la base institucional del arbitraje en Chile y, como dice su nombre, su naturaleza jurídica es justamente una convención. No obstante, este concepto no es ampliamente utilizado en Chile y los tratadistas al referirse a él, utilizan palabras que, en ocasiones, pueden llegar a confundir a un lego. Dicho así, la doctrina y la jurisprudencia utilizan el concepto de Compromiso que es aquel contrato en que las partes pueden acordar sustraer un conflicto presente o futuro para someterlo al conocimiento de un árbitro que designan en ese mismo acto. La posibilidad de realizar esto se debe a que uno de los principios inspiradores de nuestra legislación, la denominada autonomía de la voluntad lo permite y, como ya sabemos, ésta opera siempre y cuando no haya norma expresa que prohíba un acto. Otro de los términos empleados para referirse al arbitraje es la Cláusula Compromisoria. Se trata de un acto jurídico en el cual las partes convienen encomendar a árbitros, el conocimiento de todas o Justicia Vecinal algunas de las discrepancias que se produzcan en el futuro, entre ellas relativas a las materias y asuntos que señalen, sustrayéndolas de los tribunales ordinarios de justicia. Esta cláusula, es una estipulación que forma parte de un contrato. De seguro que si usted no es abogado, con lo que he planteado técnicamente en estos últimos párrafos está confundido. Eso mismo ocurre cuando uno busca en la normativa cierta unidad y homogeneidad al momento de referirse al arbitraje. Por ahora, para aclarar su duda, le puedo decir que el Compromiso y la Cláusula Compromisoria son especies de convención de arbitraje, donde en la primera el árbitro o compromisario se individualiza con nombre y apellido y el conflicto es actual o futuro. Mientras que en la Cláusula Compromisoria, las partes acuerdan someter una eventual controversia al conocimiento de un árbitro, pero sin individualizarlo. En la práctica, más allá de las definiciones o de los distintos términos con los que uno puede referirse al arbitraje, lo medular es dar a conocer la existencia de esta institución que, de ser utilizada en forma masiva puede ser coadyudante para la paz social. El acceso a la justicia en Chile, si bien es un derecho, es muy frecuente que éste sea difícil o prácticamente imposible de conseguir para determinadas personas, especialmente, para quienes cuyo nivel socioeconómico es bajo y ven a diario cómo se reducen sus posibilidades de contar con una asesoría que les permita resolver un conflicto que les aqueja. En virtud de esta percepción, el Ministerio de Justicia lanzó un programa piloto llamado Justicia Vecinal: Acercando la justicia a los más pobres. Cuál es la debilidad en Chile? Muy simple, no hay interés de parte de los actores políticos de solucionar un problema que se transforma, muy a menudo, en bandera de lucha para captar votos y, además, tampoco existe la norma jurídica que obligue a las personas a acceder a este tipo de tribunales. Por qué digo esto?, porque en la práctica si un individuo tiene un conflicto con un vecino, o bien concurre a los tribunales vecinales y se insta a que se ajuste al procedimiento ofrecido, o bien, puede llegar a suceder que no pase absolutamente nada y el vecino siga en discordia, pues reitero, la normativa no lo obliga a presentarse. En el caso de las personas que saben cómo crear conflictos y perpetuarlos, simplemente optan por negarse a comparecer ante estas unidades. Esto, a diferencia de lo que sucede con el Juzgado de Policía Local, que frente a la ausencia de una de las partes puede despachar una orden de arresto contra el vecino rebelde. Pues bien, dicho todo esto es que la justicia vecinal, iniciativa que me parece muy atractiva, es en definitiva una forma estructurada de procedimientos y mecanismos ya utilizados, entre los que se cuentan la mediación, la conciliación y el arbitraje. La justicia vecinal puede ofrecer soluciones en un plazo breve y a menor costo, en problemas de carácter doméstico, como por ejemplo, el no pago de arriendos, la construcción de muros medianeros, mascotas que ladran sin parar y, en general, los problemas que se dan en el ámbito de la vecindad. 11 Universidad Central / Facultad de Derecho / Año 2011
12 análisis jurídico 12 Modernización del arbitraje Comercial El arbitraje en negocios mercantiles tiene una más amplia aplicación que en el derecho común, porque la vida del comercio, para su adecuado desenvolvimiento, requiere de una justicia especial que resguarde la circulación de la riqueza y tenga, en la equidad, el fundamento para allanar las dificultades, mediante soluciones rápidas y prácticas que no agudicen la conflictividad de la disputa, ni irroguen una extrema o severa judicialización de la contienda. Al mismo tiempo, el particularismo del comercio requiere del conocimiento de los tratos, usos, prácticas y costumbres mercantiles, que revisten el carácter de fuentes del derecho y máximas de interpretación, como consecuencia de las exigencias que la realidad económica sanciona como ineludible imperativo para su regulación, por lo que sus dificultades han de ser resueltas por tribunales especiales. Viene así, de la época del pretor en Roma, que aplicaba el ius gentium y, posteriormente, del denominado derecho estatutario de las corporaciones de comerciantes, como el de las ciudades italianas de Génova, Venecia, Nápoles, del que conocían los cónsules y, que luego, con las codificaciones del Siglo XIX, quedó en manos de los primeros jueces de comercio. Posteriormente, se radicó en los árbitros, siendo cada vez más difundida la actividad del arbitraje institucional que, a diferencia del arbitraje Ad hoc, regula su actuación a través de las asociaciones que han ido creando sus propios centros de arbitrajes, con nóminas de miembros que se seleccionan para su integración y que la propia entidad resguarda, para darle su respaldo administrativo y velar por su control ético, como son: la Cámara de Comercio Internacional (C.C.I.) con sede en París y la Comisión Interamericana de Arbitraje Internacional (C.I.A.T.), con sede en Washington y otras naciones, las que sirvieron de inspiración a la creación del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago y otras entidades que se han difundido en nuestro medio, como lo es AIDA Chile, cuya sigla corresponde a la sección chilena de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros. Existen numerosas convenciones internacionales que regulan el arbitraje y que han sancionado los países para hacer aplicable su funcionamiento en el ámbito general del derecho comparado, como es el caso de UNCITRAL, institución que tiene aprobada una convención que regula el arbitraje y que Chile ratificó. Es la ley modelo de arbitraje comercial internacional, sancionada el 21 de junio -de por la ONU. Modernización del arbitraje comercial Se encuentra en tramitación ante el Congreso Nacional, un proyecto de ley, cuyo objetivo es modificar el régimen legal del arbitraje en Chile. Esta iniciativa tiene como finalidad descentralizar a los tribunales ordinarios, de manera de ampliar el arbitraje comercial, considerando que el arbitraje clásico se circunscribe con carácter obligatorio sólo a ciertas materias, conforme a lo dispuesto en los artículos N 222 y N 628, ambos del Código de Procedimiento Civil. Resalta en el proyecto, la preocupación del Ejecutivo de someter a arbitraje todas las contiendas de carácter comercial, cuando al menos para una de las partes del acto o contrato del cual emanen las dificultades, sea mercantil, salvo que para ciertas materias la cuantía sea igual o inferior a U.T.M., en cuyo caso el actor podrá optar por concurrir a la justicia ordinaria. Lo anterior es expresión del devenir de la vida del comercio y que en Chile se refleja en la tendencia que ha tenido pacientemente su legislación, como lo Rafael Gómez Pinto. Abogado, árbitro en materias comerciales y profesor de Derecho Comercial de las Universidades de Chile, Central y Del Desarrollo. Profesor Magíster en Arbitraje Civil y Comercial de la UCEN.
13 análisis jurídico La Polar 13 Especial interés ha suscitado la tramitación del convenio judicial preventivo en el caso de la multitienda La Polar, aplicable en la especie, según el Artículo N 180 del Libro IV del Código de Comercio a todas las sociedades sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros, cuya competencia queda sometida a un tribunal arbitral que designa el presidente de la Corte de Apelaciones, respectiva. En el caso La Polar, hemos visto cómo se han enfrentado acreedores de bancos, AFP y clientes, todos quienes exigen una solución rápida al pago de sus créditos, lo cual nos demuestra que la negociación se ha impuesto como regla máxima en materia de arbitraje, lo que inspira el derecho comercial, puesto que hay que atender más al derecho vivo que se aplica en la práctica que al derecho estático, que se petrifica en los códigos. ilustran: el Artículo N 415 del Código de Comercio, al establecer que si nada se ha dicho en el pacto social de una sociedad colectiva, se entiende que las cuestiones entre socios se someterán a compromiso. El Artículo N 1203, del mismo Código, al consagrar que el conocimiento de toda controversia que derive de hechos, actos o contratos procedentes del comercio marítimo o de la navegación, será sometido a arbitraje, salvo excepciones. El árbitro tiene en esta materia, una latitud más amplia que lo ordinario, como lo sanciona el Artículo N Ley Nº , sobre Sociedades Anónimas, en su Artículo 4º, Nº 10, precisa que en la escritura social ha de señalarse la naturaleza del arbitraje a que se someterán las diferencias entre accionistas, o entre éstos y la sociedad o sus administradores y, si nada se dice, se entiende que su resolución será confiada a árbitros arbitradores. La misma ley, en su Artículo N 125, determina que, el arbitraje que establece la ley es sin perjuicio que el demandante pueda sustraer su conocimiento de la competencia de los árbitros y someterlo a la justicia ordinaria al producirse el conflicto. La Ley Nº , sobre Mercado de Valores, en su Artículo N 104, letra h) en relación con el Artículo N 105, somete a arbitraje las diferencias que se susciten como consecuencia de la emisión de bonos entre los tenedores y su representante y el emisor o su administrador. Asimismo, las impugnaciones a los acuerdos de las asambleas de tenedores quedan sujetas a compromiso. Lo propio ocurre con los negocios de las sociedades de securitización, cuando se suscitan esas mismas dificultades. En materia de Seguros, la justicia arbitral es de aplicación permanente, según los modelos de las pólizas registradas en la Superintendencia de Valores y Seguros, para resolver las dificultades suscitadas entre el asegurado, contratante o beneficiario y la Compañía de Seguros. El Artículo N 29 del D.F.L. Nº 251 somete a la jurisdicción chilena las cuestiones que se produzcan con motivo de los seguros directos y reaseguros. La Ley de Arrendamiento de Viviendas con Promesa de Compraventa, somete a un juez árbitro mixto, la demanda de resolución o término del contrato y toda otra controversia entre las partes, incluidas las indemnizaciones, prestaciones mutuas, etc. Hay nóminas de árbitros mixtos que confecciona el MINVU. La cuenta corriente bancaria y mercantil, se confía a la decisión de un árbitro, por recaer sobre juicios de cuentas, que son materia de arbitraje forzoso, según el Artículo N 227 del Código Orgánico de Tribunales. Dadas las necesidades de la vida del comercio, su devenir histórico y la tendencia reflejada en el derecho comparado, es de interés actualizar nuestra legislación, cristalizando como objetivo fundamental, darle al arbitraje el realce que requiere como solución que abriga el comercio para zanjar los conflictos que se suscitan en su ámbito de aplicación. Universidad Central / Facultad de Derecho / Año 2011
14 análisis internacional 14 Génesis de la demanda peruana La demanda de Perú por límites marítimos, no es un tema que interese sólo a unos pocos. Todo lo contrario, a la ciudadanía le importa, porque se trata de un tema país que nos afecta y nos involucra. Si bien, las autoridades chilenas han mantenido la férrea posición de declarar que no hay nada que resolver, Perú piensa distinto y alzó la voz, la misma que silenció durante casi cincuenta años. Para lograr entender esta disputa, es bueno comenzar recordando que, en favor de la posición chilena, están los argumentos más sólidos que existen en el plano del derecho internacional - en cuanto a fuentes se refiere- como es la Costumbre Internacional (siendo reconocido el gran nivel de Chile en el extranjero por regirse estrictamente por el derecho internacional público), establecida en el Artículo N 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, definido como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho.... Ésta no hace más que dilucidar la actitud reiterada de Perú frente a Chile y que demuestra que la disputa en materia de límites marítimos está resuelta: los más de 50 años que dejó pasar desde la Declaración de 1952 y 1954 para demandar a nuestro país, sin ni siquiera haber alguna sentencia judicial por parte de ambos países que diga lo contrario. Vale la pena preguntarse, empezarán ahora a cambiar los límites marítimos? La solidez de Chile se vio entorpecida por el Convenio suscrito entre Perú y Ecuador para aumentar el territorio marítimo con nuevas líneas de base, comenzando en otros lugares km2 a favor de Perú-. Sin embargo, para saber dónde se origina el conflicto debemos remontarnos al 18 de agosto de 1952 cuando se firmó la Declaración de Santiago entre los gobiernos de Chile, Perú y Ecuador que proclaman la soberanía y jurisdicción exclusivas que a cada uno de ellos corresponde sobre el mar de 200 millas marinas desde las referidas costas 1. Miguel Silva. Estudiante de cuarto año de Derecho de la Universidad Central de Chile. Ayudante cátedra de Derecho Internacional. Este Tratado fue el primer instrumento internacional multilateral en base a soberanía y jurisdicción de límites marítimos. También debemos recordar la Declaración del 4 de diciembre de 1954 en la ciudad de Lima, llamada Zona Especial Fronteriza Marítima que fue ratificada por Perú en 1955, por Ecuador en 1964 y por Chile en Este Convenio se encuentra vigente y es la reafirmación de que el límite marítimo entre los tres países era el paralelo geográfico, paralelo del punto que llega al mar la frontera terrestre 2. Este paralelo se establece desde dónde se proyecta la línea equidistante hasta 200 millas mar adentro, quedando de esta manera, los tres países conformes en la Declaración de Santiago sobre Zona
15 análisis internacional Marítima. A esto se suma, la materialización de la frontera marítima entre Chile y Perú, conocida como Hito N 1. Por parte de Ecuador -en 2005-, su embajador en Chile, Gonzalo Saavedra, a través de una declaración respaldó la postura chilena 3. Así, quedaba claro que ningún país realizó reservas ni mostró su disconformidad con la delimitación marítima acordada. Sin embargo, sabemos que la demanda se origina por el cuestionamiento de Perú. En 1986, Perú presentó reclamos e, incluso, expuso ante la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas un argumento ligado a la falta de convenio de límites, desconociendo los Tratados de 1952 y 1954, bajo la premisa de que sólo son Tratados Pesqueros. Ecuador: Imparcial o a favor de Chile? Hablemos ahora de la postura de Ecuador. Este país se ha mostrado independiente o más bien dicho, no comprometido, públicamente con Chile y tampoco con Perú. No obstante, nos preguntamos en virtud del acuerdo firmado entre esa nación y Perú, qué es lo que ocurrió con Ecuador?, haber firmado ese acuerdo implica tener una posición específica sobre el tema?, se puede ser realmente ecuánime?, no guardaba silencio respecto a los límites marítimos? Las objeciones planteadas por Perú, a través de notas diplomáticas indicaban que no había nada que resolver con Ecuador, aunque era evidente la amenaza al Tratado de Frontera Marítima que tenían. Perú, siempre tuvo una gran preocupación por establecer rápidamente los respectivos paralelos. Sin embargo, es natural que estimara que la tesis revisionista de Perú lo afectaba de manera latente. Por eso, emitió y depositó en Naciones Unidas una carta náutica que define su frontera marítima con expresa invocación de los tratados de 1952 y Ante esto, ambos países establecieron un acuerdo dando opiniones diferentes sobre su interpretación. En este El Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alfredo Moreno ha señalado en forma categórica que: la postura peruana, legalmente, no tiene ni pies ni cabeza. contexto, debemos recordar que la declaración peruana dice que sólo se refería a un límite peruano-ecuatoriano por el llamado efecto islas, para así, luego decir: Nosotros tuvimos que delimitar nuestras fronteras o más bien, lo que dijo el ex Presidente Alan García: Hasta ahora se decía que lo de 1952 es un acuerdo de límites, cómo se explica ahora que se firme un acuerdo de límites? Eso quiere decir que antes no había acuerdo de límites. Respecto a las islas fronterizas, el límite marítimo debe fijarse a través de una línea paralela situada a 200 millas, pero debemos saber que dentro de la Declaración de Santiago , la Cancillería peruana en su Artículo IV le atribuye sin fundamento alguno, un carácter excepcional y restringido a la delimitación de las fronteras marítimas, sólo donde se presentan islas. Es quizás más importante recordar lo que dijo el Canciller José Antonio García Belaunde: La Declaración de Santiago de 1952 es muy clara. Sólo en el caso de la presencia de islas, se considera como la frontera marítima a la línea paralela. Ése no es el caso de la frontera con Chile, donde debería ser perpendicular y esperamos que así lo ratifique la Corte de la Haya 5. Chile no peca de inocente al ir a la Corte Internacional de Justicia, porque en virtud del Tratado de 1948, está obligado a comparecer. Es importante tener claro que aunque Perú quiera políticamente una estrategia diferente, este acuerdo no hace más que reafirmar los Tratados de 1952 y De tal manera que, después de 13 meses, Perú ha aceptado la totalidad de esa carta y ahora ha comenzado el proceso de cambiar todas las cosas que son necesarias para poder adecuar su legislación a lo que señalaba Ecuador desde un principio, y lo que señalaba Chile desde un principio. Lo que ha hecho es aceptar todas y cada una de las cosas que aparecen en la carta náutica que es la misma posición de Chile de acuerdo a los Tratados de 1952 y Y un dato más: la declaración de la Cancillería ecuatoriana expuso que el espacio marítimo que Perú incorpora está situado en lo que hoy se consideran aguas internacionales, que se encuentran al final de las 200 millas de mar peruano y no afecta en lo más mínimo los espacios marítimos actualmente bajo la soberanía y jurisdicción del Ecuador. De esta forma, y en la práctica, lo que se está haciendo es reconocer la soberanía y jurisdicción en los Tratados de 1952 y Aquí vale la pena reiterar las palabras del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alfredo Moreno, quien ha señalado que Perú ha cambiado todo lo que había dicho hasta ahora... Ha tenido que reconocerle a Ecuador para que no vaya a la Haya, y eso va a significar que tendrá que explicar en el juicio por qué con los mismos argumentos operan de una manera en un lugar y, en otro, de otra. Y, no conforme con esa declaración, ha expresado que la postura peruana, legalmente, no tiene ni pies ni cabeza. La Corte Internacional de Justicia jugará un rol clave. Su decisión será fundamental para zanjar un conflicto que, por años, Perú mantuvo en silencio. Chile tendrá que acatar el fallo, lo mismo que el país que lidera Ollanta Humala. No quisiéramos ver al Consejo de Seguridad de la ONU en nuestras costas marítimas. 1 Hugo Llanos Mansilla, Teoría y Práctica del Derecho Internacional Público; Estado como sujeto de derecho internacional, tomo II volumen 1. Página Hugo Llanos Mansilla, Teoría y Práctica del Derecho Internacional Público; Estado como sujeto de derecho internacional, tomo II volumen 1. Página 154 y 155. Ratificada por Chile el 23 de septiembre de 1954; por Perú, el 6 de mayo de 1955 y por Ecuador, el 7 de febrero de Colombia, que se incorporó posteriormente, el 9 de agosto de 1979 a la CPPS, ratificó este Convenio el 16 de abril de Declaración: Declaración del Embajador de Ecuador en Chile, Gonzalo Saavedra Olguín. Reconoció también que Perú no le ha planteado a Ecuador tener problemas de límites con este país. Diario El Mercurio, 16 de noviembre de Hugo Llanos Mansilla, Teoría y Práctica del Derecho Internacional Público; Estado como sujeto de derecho internacional, tomo II volumen 1. Página de Mayo en el cuerpo A del Diario El Mercurio, titulado Nada Nuevo En El Mar. 6 Alfredo Moreno, en conversación con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura. 15 Universidad Central / Facultad de Derecho / Año 2011
16 actualidad jurídica 16 Administración y participación ciudadana en la gestión pública Profesor, Dr. Francisco Pinilla. Director de Títulos y Grados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UCEN. La Ley N /2011 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública (en adelante LAyP- CGP) constituye un paso importante sobre la regulación de entidades dedicadas a abordar intereses públicos o sociales. Introduce también en la administración, el principio de participación como regla esencial dentro de su actividad. Por ello, cobran notoriedad los variados aspectos que abarca esta ley y que, a grandes rasgos, plantea un interesante marco jurídico dispuesto a adecuar las formas de organización de los ciudadanos, su financiamiento dependiendo de la finalidad de éstas y la posición de la administración del Estado. No obstante, nos interesa indagar sobre el marco jurídico que se le dota a la administración en orden a fomentar la participación ciudadana en la denominada gestión pública. Ello, porque nuestro legislador ha dado avances importantes que permiten no sólo transparentar la información pública y la garantía de ser ésta provista, sino además velar porque dentro del ejercicio de ciertas funciones públicas, el ciudadano actúe de forma activa. Sin perjuicio de identificar lo que a nosotros respondería a los principales lineamientos que catalizan la relación entre la administración y el instituto de la participación, surge una cuestión de fondo sobre el efecto jurídico de la participación y la calidad o naturaleza de los aspectos entendidos dentro de la gestión pública. Esto, porque la participación en nuestro ordenamiento administrativo no sólo se resta al plano de la «gestión pública» sino que, además, se extiende dentro del procedimiento administrativo base como en procedimientos autorizatorios y de generación de normas es-
17 actualidad jurídica peciales. Conforme a esto último, y pese a que la intervención del ciudadano en la actividad administrativa no es vinculante, resta plantear algunas consecuencias jurídicas de esta vía. 1. Participación ciudadana en la gestión pública como regla de actuación de la administración La LAyPCGP ha provisto a la administración otra regla general que debe incorporar en su actuar, esto es, participación ciudadana en la gestión pública (Artículo N 3, inc. 2 LOCBGAE). Asimismo, se introduce en el cuerpo de la propia Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (en adelante LOCBGAE) (título IV) un régimen jurídico general que instituye en la administración: i) el reconocimiento del derecho de participación de las personas, ii) la facultad de definir las formas de participación, iii) el deber de información activa de los aspectos que componen la gestión pública, iv) el deber de cuenta pública de la gestión, v) la facultad de definir las materias que requieren de participación, vi) la instauración de un consejo de la sociedad civil, y vii) el ámbito de aplicación de este marco. Este marco se traduce en que la administración debe adoptar procedimientos y actuaciones en orden a generar instancias de participación con respecto a determinados instrumentos de gestión pública. Junto con ello, el ente administrativo debe, por tanto, reunir la información entregada por quienes participan y ponderarlas en la definición del instrumento de que se trate. Desde la perspectiva de la LOCBGAE este principio normativizado de participación se encaja desde un reconocimiento -y, por ello, materializado por las formas de encausar dicho reconocimiento - y por situar, desde ya, el ámbito de aplicación y los instrumentos concretos donde se sitúa esta consideración. Por lo que el legislador, si bien entroniza a la participación ciudadana en la gestión pública como principio de actuación, lo regula desde una mirada más bien limitada. Ahora bien, esta regla de actuación implica también para nuestro legislador una adecuación orgánica. A esto responden los consejos de la sociedad civil. Si bien la LOCBGAE acota la integración y finalidad de estos consejos, no es menor la finalidad de componer en los consejos representantes de asociaciones que tengan relación directa con las funciones de la administración en particular. Como observamos, la participación no sólo se garantiza a partir de una instancia de acceso a los ciudadanos, sino que además, se refuerza por medio de un órgano consultivo dentro de la administración, conformado por entidades vinculadas con las funciones del servicio. Se inserta a la administración activa un ente consultivo catalizador de la promoción de objetivos de interés público y de carácter especializado. Abordado entonces un aspecto más bien estructurador de la participación, sobre qué aspectos recae entonces la participación en la «gestión pública»? Los elementos que integran normativamente este concepto de «gestión pública» guardan relación con instrumentos destinados a proyectar o generar una prospección de las funciones administrativas. Ellos responden a «políticas», planes, programas y acciones (vid. Artículo N 69 LOCBGAE). Estos instrumentos de gestión pública administrativa revisten alta relevancia desde el punto de vista de la actividad material de la administración y, por lo tanto, constituyen un rol de catalizador de las políticas públicas en general y de la eficacia de la administración. Su posible vinculación con intereses públicos que pueden representar pretensiones para los ciudadanos es lo que ameritaría la participación de estos últimos. De esta forma, la incorporación de la opinión ciudadana en tales instrumentos constituiría una instancia a efectos de difundir los instrumentos de gestión. No obstante, si bien el legislador orgánico ha efectuado un reconocimiento general de estos instrumentos de gestión ( políticas, planes, programas y acciones ), no se puede desconocer que algunos, desde su tratamiento particular, han incluido técnicas de participación y que, a su vez, importan una plenitud normativa y reguladora relevante. 2. Finalidad de la participación ciudadana en la gestión pública La participación de los ciudadanos en la gestión pública alude a una interacción con visos de una constante injerencia de la opinión ciudadana en aspec- 17 Universidad Central / Facultad de Derecho / Año 2011
18 actualidad jurídica 18 El hecho de establecer en la administración la función de evaluar y ponderar al momento de la confección del instrumento de gestión pública, implicaría un desafío destinado a fundamentar, tanto la acogida de las cuestiones planteadas como, en su caso, la exclusión de éstas. tos relacionados con políticas, planes, programas y acciones, sin perjuicio de entramar un límite de fondo. Esto último, se encuentra provisto por la propia Constitución en torno al no contemplar en nuestro ordenamiento un carácter vinculante de los instrumentos participativos. Ello alcanza, por tanto, a todas las actuaciones de los poderes públicos y, en particular, a las técnicas de gestión administrativa y la actuación formal. Por esta razón, el encuentro entre el derecho de participación en la gestión pública de la administración del Estado y el fin de los resultados que genera dicha participación, pareciera ser un aspecto que debilitaría este derecho. La ley en comento institucionaliza un sistema general de actuación de los ciudadanos sobre instrumentos de la administración que son parte de su competencia, que manifiestan potestades públicas en el entendido de la formalización normativa de los lineamientos de órganos superiores de la administración. El derecho de participación se ejerce, entonces, sobre políticas, planes, programas y acciones que genere la administración o, también sobre las materias en que dichos instrumentos pueden darse lugar (vid. Artículo 73 inc. 1). No obstante, la opinión ciudadana como resultado del proceso de participación tiene un solo efecto para la Administración: el ente público debe evaluar y ponderar en la forma que señale la norma de aplicación general (vid. Artículo 73 inc. 3). En el caso que la opinión emane del consejo de la sociedad civil, dicho acto sólo tendrá un efecto consultivo, donde la norma no esclarece si dicho acto lo ejerce de oficio o a petición de la administración, donde dicho consejo se encuentra inserto. Sin perjuicio de ello, podríamos entender que el acto consultivo del consejo tendría el mismo efecto evaluador y ponderador de parte de la administración, aunque la norma omita también este señalamiento. Como venimos indicando, la opinión ciudadana por vía de los procedimientos y formas de participación no son vinculantes para el órgano administrativo. La ley pone como deber y límite a dicha opinión bajo la actuación, evaluación y ponderación que debe realizar la administración. Este sería el resultado de dicho proceso y que se traduce en el análisis de las opiniones recogidas y su coherencia, compatibilidad o aporte al instrumento de gestión afecto al procedimiento de participación. Esta etapa se debe sujetar a la norma de aplicación general, la que no especifica la propia LAyPCGP. Entendemos que una referencia general se puede obtener de la Ley de Procedimiento Administrativo en función a las reglas que orientan el contenido de la resolución final (vid. Artículos N 39 y N 41). En torno a esto último, y sin perjuicio de observar los límites institucionales de la opinión pública en la administración, como en cualquier otro órgano del Estado, podemos estimar que dicha opinión pública debería tener una consistencia mayor. Una interacción más profunda entre la opinión ciudadana y el diseño de instrumentos de gestión pública. El acusado límite constitucional hace perecer cualquier intento de esta clase. No obstante, si bien dada la generalidad en que se encuentra construida la norma, en función a la vinculación y objetivo de la opinión pública para la administración, entendemos que éste no es menor. Aunque, este mecanismo participativo no profundiza los niveles de participación ya contemplados en otros procedimientos especiales que se encuentran sujetos a niveles técnico-jurídicos más complejos. Sin embargo, el sistema introduce un verdadero deber de evaluación y ponderación de la opinión pública, al mismo tiempo que genera una apertura institucional de abrigar un órgano consultivo representativo de la ciudadanía. El hecho de establecer en la administración, la función de evaluar y ponderar al momento de la confección del instrumento de gestión pública, implicaría un desafío destinado a fundamentar, tanto la acogida de las cuestiones planteadas como, en su caso, la exclusión de éstas.
19 actualidad Jurídica 19 Teoría de la Argumentación Jurídica y su conexión con los Derechos Fundamentales Se escucha hablar bastante respecto de la importancia de la construcción de una Teoría de la Argumentación Jurídica, la que pertenece al derecho en general y no a una rama específica de éste. Muchos piensan que la causa de esta moda es la proliferación de los juicios orales. Me parece que hay una confusión en ello. La tendencia a la oralidad no es la causa del levantamiento de dicha teoría. Para probar lo anterior, basta con preguntarse: por qué la defensa oral debiera ser tan diferente a la escrita como para tener que comenzar a preocuparse de construir una Teoría de la Argumentación Jurídica? Lo que ocurre -y esto nos acerca a la respuesta sobre la verdadera causa-, es simplemente que los primeros procedimientos orales en Chile no se aplicaron al clásico Derecho Civil, sino al Derecho Penal, al Derecho de Familia y al Derecho del Trabajo, es decir, a aquellas ramas más vinculadas a los Derechos Fundamentales. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta sobre la causa de esta moda está en el creciente proceso de constitucionalización del derecho y de irradiación de los Derechos Fundamentales hacia las diversas disciplinas jurídicas. En efecto, en la concepción que hoy comienza a ser superada, una teoría sobre la argumentación no era relevante, pues los Andrés Naudon. Abogado. Director del Departamento de Derecho Económico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile. Universidad Central / Facultad de Derecho / Año 2011
20 actualidad jurídica 20 El reconocimiento de los Derechos Fundamentales en el Derecho del Trabajo, tiene una doble dinámica: por una parte, la citada norma laboral implica el reconocimiento pleno de la integración de los derechos laborales específicos al sistema universal de los derechos humanos, lo que podríamos denominar una dinámica ascendente, porque los derechos laborales suben al estrado de los derechos humanos. argumentos estaban en los códigos y en las leyes y la Constitución era concebida como un mero marco político-jurídico y se asumía como obvio que las leyes no rebasaban ese marco. Esa concepción, hoy no está vigente, porque las actuales cartas constitucionales son cada vez más materializadas, es decir, establecen cada vez más derechos subjetivos sustantivos que deben integrarse junto con las leyes a la interpretación de las normas que tienen que resolver los derechos controvertidos en juicio, y lo hacen ostentando un mayor rango que las leyes, estableciendo derechos materiales específicos, y más aún, siendo una ventana de entrada al Derecho Nacional, de los principios del Derecho Internacional. Prueba de esto en nuestra realidad constitucional, es la Reforma de 1989 que introdujo el siguiente inciso segundo al Artículo N 5: El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. La mencionada norma nos muestra cómo los derechos humamos bajan a las diversas disciplinas jurídicas. Pero esta dinámica también opera al revés, de manera ascendente, y lo prueba en materia laboral el inciso primero introducido al Artículo N 5 de nuestro Código del Trabajo por la Ley Nº , de 2001, que dispone: El ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador, tiene como límite el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pudieran afectar la intimidad, la vida privada o la honra de éstos. Derechos Fundamentales y Derecho del Trabajo Lo anterior demuestra que el reconocimiento de los Derechos Fundamentales en el Derecho del Trabajo, tiene una doble dinámica: por una parte, la citada norma laboral implica el reconocimiento pleno de la integración de los derechos laborales específicos al sistema universal de los derechos humanos, lo que podríamos denominar una dinámica ascendente, porque los derechos laborales suben al estrado de los derechos humanos. Sin embargo, en virtud de la Constitución, bajan de este estrado para integrarse al ordenamiento jurídico laboral y a su protección, una serie de derechos inespecíficos de la personalidad de fuente extra-laboral, como son la intimidad, la vida privada o la honra de los trabajadores, que antaño sólo podían reclamarse de la autoridad administrativa y, en cambio, hoy pueden reclamarse del empleador a través del Procedimiento de Tutela de Derechos Fundamentales ( dinámica descendente ). Creemos que ésta es la respuesta a la actual trascendencia de la Teoría de la Argumentación Jurídica, pues no debemos olvidar que esta última no consiste en diseñar estrategias para ganar un juicio, sino en escrutar cuáles argumentos son los más razonables para ser acogidos por un juez y para construir un argumento razonable. Hoy resulta indispensable integrar distintos planos normativos, siendo trascendental entre ellos, los Derechos Fundamentales, es decir, los derechos humanos reconocidos con rango constitucional. Y el Derecho Laboral nos entrega un ejemplo claro y reciente: alguien podría haber imaginado en el antiguo escenario, que en un juicio laboral sustanciado en el 2º Juzgado de Letras de Talagante se recurriría al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la inaplicabilidad de un artículo aparentemente tan secundario del Código del Trabajo, como es el Artículo N 26 bis, relativo a los trabajadores del transporte rural? Pues bien, ello ocurrió. En julio, nuestro Tribunal Constitucional declaró inconstitucional aquella parte de la referida norma que establece que no constituyen jornada de trabajo, los tiempos de espera entre turnos de los referidos choferes y auxiliares. Es decir, hoy en día, un juicio laboral trivial nos puede llevar a litigar en el Tribunal Constitucional. Lo anterior demuestra que son los Derechos Fundamentales la causa de la necesidad de prestar atención a la estructuración de una Teoría de la Argumentación Jurídica, la cual también nos ayudará a fundamentar la discusión sobre la existencia de los Derechos Sociales.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 4
 resolución 
 resolución 
 Artículo 73
 Artículo 73
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