Source: https://tc.vlex.es/vid/8-2-ba-379820562
Timestamp: 2019-04-24 22:27:01+00:00

Document:
STC 77/2012, 16 de Abril de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 379820562
Número de Recurso: 1171-2011
Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 28 de febrero de 2011 la Abogada de la Generalitat de la Comunidad Valenciana, en la representación que legalmente ostenta, promueve conflicto positivo de competencia contra el Real Decreto 1260/2010, de 8 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se regula la renta básica de emancipación de los jóvenes. El conflicto se fundamenta en las alegaciones que, resumidamente, se exponen a continuación.
Mediante providencia de 15 de marzo de 2011 el Pleno del Tribunal Constitucional, a propuesta de la Sección Tercera, acordó admitir a trámite el presente conflicto; atribuir, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.2 LOTC en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, su conocimiento a la Sala Segunda, a la que por turno objetivo le ha correspondido; dar traslado de la demanda y documentos presentados al Gobierno de la Nación, al objeto de presentar alegaciones en el plazo de veinte días; comunicar la incoación del conflicto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, por si ante la misma estuviera impugnado o se impugnare el citado Real Decreto, en cuyo caso se suspenderá el curso del proceso hasta la decisión del conflicto, según dispone el art. 61.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC); y publicar la incoación del conflicto en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Diari Oficial de la Comunitat Valenciana”.
Por escrito de 25 de marzo de 2011 el Abogado del Estado se personó en el proceso solicitando una prórroga del plazo concedido para formular alegaciones, prórroga que le fue concedida mediante providencia de la Sala Segunda de 28 de marzo de 2011. El escrito de alegaciones del Abogado del Estado se registró el día 19 de abril de 2011. En dicho escrito se opone a la demanda por las razones que se recogen a continuación.
Por providencia de 12 de abril de 2012 se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 16 del mismo mes y año.
El presente proceso constitucional tiene por objeto resolver el conflicto positivo de competencia planteado por el Consell de la Generalitat Valenciana contra el Real Decreto 1260/2010, de 8 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se regula la renta básica de emancipación de los jóvenes.
Así expuestos los términos de la controversia planteada entre las partes hemos de referirnos ahora a la incidencia que sobre el presente conflicto pueda tener la derogación, en virtud del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, del Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, en su momento modificado por el Real Decreto 366/2009, de 20 de marzo, y posteriormente por el Real Decreto 1260/2010, de 8 de octubre, siendo este último el objeto del presente conflicto. A este respecto tal y como dijimos en la STC 36/2012, de 15 de marzo, FJ 2, resolutoria de un conflicto planteado frente al Real Decreto 1472/2007, la derogación de éste no incide “sobre la cuestión debatida en el presente proceso, de carácter netamente competencial y centrada en la extralimitación de las competencias estatales en la regulación de la renta básica de emancipación y la consiguiente vulneración de las competencias autonómicas, sin que resulten alterados en virtud de esas modificaciones y, finalmente, por la derogación de la disposición impugnada los términos en los que se trabó la controversia competencial sobre la que se requiere el pronunciamiento de este Tribunal.” De ahí que la derogación del Real Decreto 1472/2007, modificado en su momento por el impugnado Real Decreto 1260/2010, no haya originado, conforme a reiterada doctrina de este Tribunal (por todas, STC 158/2001, de 19 de octubre, FJ5), la desaparición del objeto del presente conflicto.
Por otra parte, y a pesar de que el Consell de la Generalitat valenciana y el Abogado del Estado coinciden en el encuadre competencial del conflicto planteado, que se situaría, a su juicio en la materia de vivienda, lo cierto es que en la ya citada STC 36/2012 nos hemos apartado del encuadramiento competencial que se realizó en la previa STC 129/2010, de 29 de noviembre (FFJJ 3 y 5), en la cual afirmamos que la materia competencial afectada por la regulación del Real Decreto 1427/2007 era la relativa a vivienda, y que las competencias reconocidas al Estado en el art. 149.1.13 CE darían cobertura a la adopción de medidas como las establecidas en la norma cuestionada.
Realizada la señalada delimitación competencial, la STC 36/2012 descartó que el Real Decreto 1472/2007 hubiera invadido en bloque las competencias autonómicas en materia de asistencia social. Así, remitiéndose a la STC 178/2011, de 8 de noviembre, FJ 7, que resolvía un conflicto referido a subvenciones relativas al área de la asistencia social, señala que, es preciso considerar “incluida en la esfera de la competencia estatal la regulación de los aspectos centrales del régimen subvencional —objeto y finalidad de las ayudas, modalidad técnica de las mismas, beneficiarios y requisitos esenciales de acceso— mientras que situaremos dentro de la competencia autonómica lo atinente a su gestión, esto es, la tramitación, resolución y pago de las subvenciones, así como la regulación del procedimiento correspondiente a todos estos aspectos” (STC 36/2012, FJ 8, con cita de la STC 178/2011, FJ 7).
El artículo único.2 del Real Decreto 1260/2010, de 8 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, añade al artículo 3 del Real Decreto 1472/2007 un apartado 6, que establece: “El incumplimiento de los requisitos legalmente establecidos producirá la suspensión cautelar de la ordenación del pago de las ayudas por el Ministerio de Vivienda. La incidencia será comunicada a los beneficiarios y a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, a los efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 4”.
La impugnación relativa al apartado 2 del artículo 4 del Real Decreto 1472/2007 modificado por el Real Decreto 1260/2010, al que se le reprocha el establecimiento detallado de plazos y, en concreto, de un plazo de seis meses para la acreditación del cumplimiento de los requisitos que dan derecho a la ayuda y de otro de tres meses para la subsanación de los defectos que dieron lugar a la suspensión cautelar de la ordenación del pago de las ayudas, ha de ser desestimada por remisión a los razonamientos contenidos en la STC 36/2012 (FJ 10) en la medida que “el establecimiento de un plazo máximo común en todo el territorio nacional puede ser concebido como criterio coordinador que no menoscaba competencia autonómica alguna, en tanto que puede resultar adecuado, en ocasiones, que el Estado establezca condiciones que garanticen una cierta homogeneidad de la gestión” (con cita en ambos casos de la STC 129/2010, FJ 7).
El artículo 4.6 del Real Decreto 1472/2007 modificado por el Real Decreto 1260/2010 establece que “el interesado presentará la resolución de reconocimiento definitivo del derecho a la renta básica de emancipación a la entidad de crédito colaboradora a través de la cual haya solicitado recibir dichas ayudas. La entidad lo comunicará al Ministerio de Vivienda si no hubiera recibido previamente del mismo la autorización de pago, a efectos de recabarla, según los criterios que se acuerden al efecto con dicho Ministerio. Igualmente, el interesado presentará ante la entidad de crédito colaboradora las resoluciones de modificación o extinción del derecho a la renta básica de emancipación”.
Llegados a este punto solamente nos resta pronunciarnos sobre el alcance de las consecuencias de la vulneración de competencias que hemos apreciado. A este respecto, por las razones que ya señalamos en la STC 36/2012, FJ 12, nuestro pronunciamiento, que debe incluir no sólo la estimación parcial del conflicto con declaración de la titularidad de la competencia controvertida a favor de la Comunidad valenciana, sino también la anulación de los preceptos correspondientes, ha de realizarse con respeto, en todo caso, de las ayudas que ya hayan sido concedidas.
Estimar parcialmente el conflicto positivo de competencia interpuesto por el Consell de la Generalitat Valenciana y, en consecuencia, declarar que los artículos 3.6 y 4.6 del Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, en la nueva redacción que les ha dado el Real Decreto 1260/2010, de 8 de octubre, vulneran las competencias de la Comunidad Valenciana.
Anular los citados preceptos, con el alcance que se determina en el fundamento jurídico 8 de esta Sentencia.
STC 129/2010, 29 de Noviembre de 2010
STSJ Comunidad de Madrid 1116/2011, 12 de Julio de 2011
ATS 264/2016, 28 de Enero de 2016
SAP Jaén 322/2000, 21 de Junio de 2000

References: Real Decreto 
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 resolución 
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 artículo 3
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 artículo 4
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