Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2019/as201931153.html
Timestamp: 2019-11-22 05:40:29+00:00

Document:
as201931153
Sucre, 19 de marzo de 2019.
Expediente: 066/2018-S
Demandante: Ana María Pilar Bravo García.
Demandado: Fundación PROCASHA.
VISTOS: El recurso de casación o nulidad en el fondo y en la forma de fs. 246 a 248 vta., promovido por Carmen Rita Ortiz Achá, en representación de Graciela Guadalupe Landaeta de Barrón, representante legal de la FUNDACIÓN DE PROMOCIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL HABITACIONAL “PROCASHA”, en mérito al Testimonio de poder especial y bastante Nº 170 de 05 de julio de 2010, otorgado ante la Notaría Nº 11 de la ciudad de Cochabamba a cargo del abogado Humberto Angulo Hidalgo (fs. 112), contra el Auto de Vista Nº 094/2017 de 12 de abril de 2017, de fs. 228 a 231, emitido por la Sala Primera Social y Administrativa, Contenciosa y Contencioso Administrativa, del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso social por pago de beneficios sociales seguido por María del Pilar Bravo García, contra la entidad recurrente, el Auto de 02 de febrero de 2018 de fs. 251, por el que se concedió el recurso; el Auto Supremo de 21 de febrero de 2018, por el que se admitió el recurso (fs. 261 y vta.) y todo cuando ver convino y se tuvo presente; y
Tramitado el proceso laboral, la Juez Segundo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cochabamba, emitió la Sentencia 252 de 23 de octubre de 2013 (fs. 205 a 211), declarando PROBADA EN PARTE la demanda de pago de beneficios sociales y otros derechos de fs. 24 a 26 vta., disponiendo que la fundación PROCASHA, demandada, cancele a la actora la suma de Bs. 56.903,27 por concepto de indemnización por 2 años 2 meses y 25 días, desahucio, aguinaldo en duodécimas por 11 meses y 20 días de la gestión 2008, doble por incumplimiento, aguinaldo de la gestión 2009, doble por su incumplimiento, vacaciones 30 días, menos pagos a cuenta acreditados a fs. 23 y vta., más la actualización y multa prevista por el art. 9 del Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1º de mayo de 2006.
En apelación promovida por la apoderada de la entidad demandada, conforme consta el escrito de escrito de fs. 214 a 215; por Auto de Vista Nº 094/2017 de 12 de abril, cursante de fs. 228 a 231, emitido por la Sala Primera Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa, del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, se CONFIRMÓ la sentencia apelada, con costas en ambas instancias.
Contra el referido Auto de Vista, la Fundación PROCASHA demandada, representada por Carmen Rita Ortiz Achá, por escrito de fs. 246 a 248 vta., interpuso recurso de casación o nulidad en el fondo y en la forma; recurso que al no haber sido respondido por la demandante, fue concedido ante este Tribunal mediante el Auto de 02 de febrero de 2018, que cursa a fs. 251; por ello mediante Auto Supremo de 21 de febrero de 2018, emitido por este Tribunal (fs. 261 y vta.), se declaró admisible, por consiguiente, se pasa a considerar y resolver el recurso:
Luego de relacionar el contenido de la Sentencia y el Auto de Vista, emitidos en el caso, argumentó:
Cuando se emitió el Auto de Vista, se vulneraron los arts. 4 del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975), 110, 111, 115-II, 116, 120, 141 y 178-I de la Constitución Política del Estado (CPE), porque la Sentencia no efectuó un razonamiento claro sobre el tiempo de trabajo, incumpliendo el art. 202 del Código Procesal del Trabajo (CPT), pese a que se demostró mediante el finiquito y recibos de pago de fs. 16 a 17 y 70 a 93 que existieron dos periodos de trabajo; el primero de naturaleza civil, conforme reconoció la demandante en el acta de confesión de fs. 197 vta., con un quiebre de 5 días, respecto del segundo contrato, que fue laboral y que a su conclusión se canceló la indemnización, conforme costa el finiquito de fs. 23 y vta., evidenciando que se vulneraron los arts. 159 y 167 del CPT y la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) Nº 1322/2015-S2 de 16 de diciembre, respecto de la validez del consentimiento como una expresión libre de la voluntad expresada; habiendo el Auto de Vista, circunscrito a señalar que es deber del Estado proteger los derechos de los trabajadores; sin considerar el contenido de la prueba documental y testifical de descargo, pues no tomó en cuenta que la actora incurrió en la causal de despido prevista por el art. 16 inc. e) de la Ley General del Trabajo (LGT), conforme se demostró en aplicación del art. 159 del CPT, por los documentos de fs. 56 a 68 y 179 a 186, y que no fueron valorados, conforme prevén las Sentencias Constitucionales (SC) 43/05-R de 14 de enero, 1006/04-R de 30 de junio, 284/05--R de 4 de abril y 437/05 de 28 de abril.
Consiguientemente indica que se confirmó un fallo que viola los principios de pertinencia, congruencia y el debido proceso, en mérito a jurisprudencia emitida por este Tribunal y el Tribunal Constitucional que cita en su recurso, habiéndose ordenado cancelar nuevamente la indemnización, incluido el desahucio que no correspondían.
Alegó que el Auto de Vista, contiene errónea interpretación y aplicación indebida de normas, porque pese al hecho que la actora recibió el pago de sus derechos y beneficios, volvió a solicitar su cancelación, encadenando su reclamación al pago del primer periodo en el que tuvo una contratación civil, infringiéndose de esta manera los arts. 159, 167 y 198 del CPT, vulnerándose el principio de verdad material; pues pese a haberse reclamado estos aspectos en el recurso de apelación, no fueron considerados por el Tribunal de alzada, porque no consideró la confesión de la actora quien reconoció su contratación civil, aspecto que evidencia una verdad material, conforme se ha instituido en la SC Nº 0882/2010-R de 10 de agosto; es decir, no se valoró la prueba presentada, vulnerándose la seguridad jurídica y el debido proceso, e incurrió en error de hecho en esa apreciación, violando los arts. 202-a) del CPT y 16-e) de la LGT, porque no correspondía el pago del desahucio, porque la actora renunció a su cargo.
Concluyó solicitando que se conceda el recurso, para que este Tribunal anule obrados para que se pronuncie nuevamente el Tribunal de segunda instancia, o se case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo, se declare improbada la demanda o se procede a un cálculo adecuado del monto adeudado, por tiempo de trabajo no indemnizado y los conceptos que realmente corresponda en honor a la verdad.
El recurso de casación no fue contestado por la demandante.
La temática principal del recurso de casación en la forma y en el fondo, es establecer si la primera contratación a la que se encontraba sujeta la demandante, tiene carácter civil o fue una típica relación laboral; y en su caso, establecer si corresponde el pago del desahucio, al haber existido una causal justificada de despido, una renuncia voluntaria o un despido intempestivo.
Además se debe tener presente que cuando se formula un recurso de casación en la forma o nulidad propiamente dicha, se debe fundamentar la existencia de errores in procedendo; es decir, errores de procedimiento que acarrean la nulidad del Auto de Vista impugnado o de todo o parte del proceso, hasta un vicio identificado precedentemente; mientras que la casación en el fondo o casación propiamente dicha, se sustenta en argumentos que evidencien la violación, la aplicación indebida, o la interpretación errónea de las normas que se aplicaron al caso; o la errónea valoración de la prueba, en mérito a errores de hecho o de derechos que se encuentren acreditados fehacientemente en el expediente; es decir, se denuncia la existencia de errores in judicando o errores en la resolución de la controversia y que amerita el pronunciamiento de una resolución en el fondo del caso.
Sobre el primer tema, este Tribunal ha establecido que con el fin de distinguir e identificar una relación laboral propiamente dicha, respecto de otros negocios jurídicos emergentes de la práctica contractual, se deben reconocer ciertas condiciones y características materiales, plasmadas en hechos concretos y no solo sujetarse en la literalidad gramatical de los documentos presentados por las partes o las afirmaciones que realicen una de las partes, respecto de esos patos y que sean contrarios al principio de primacía de la realidad, en el que los hechos se subordinan a las presuntas modalidades bajo las cuales se habría pretendido asimilar una relación laboral a otra figura jurídica, contrariando la verdad material de los hechos.
Más allá de la preparación técnica requerida para cada profesión u oficio, o las actividades a ser desarrolladas, se debe identificar la prestación de una labor, un servicio o la ejecución de una obra a favor de otro; para eso, tanto el art. 2 del Decreto Supremo (DS) Nº 23570 de 26 de julio de 1993 como el art. 2 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, han instituido las características esenciales de la relación laboral, consistentes en: a) La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador; b) La prestación del trabajo por cuenta ajena; y, c) La percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación y cuando concurren estas características esenciales, se puede concluir que esa relación se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la LGT.
La subordinación, la dependencia y la exclusividad, constituyen elementos principales para establecer si existió o no un contrato de trabajo, estos elementos conllevan un poder jurídico de mando detentado por el empleador y un deber de obediencia por parte del trabajador, además de la prohibición implícita de realizar tareas diferentes para otras personas; por ello este poder jurídico implica la facultad del empleador para dirigir e imponer reglas en la actividad laboral, incluido el poder disciplinario del empleador, respecto del desempeño de la labor o el servicio prestado.
El trabajo por cuenta ajena, constituye una labor personal (física o intelectual) que conlleva la realización de actos materiales, ejecutados por el trabajador con su pleno conocimiento, en beneficio del empleador, ya sea una persona natural o jurídica.
Desde esta perspectiva, la doctrina enseña que el trabajo por cuenta ajena exige tres características esenciales: a) Que el costo del trabajo corra a cargo del empleador; b) Que el resultado del trabajo se incorpore al patrimonio de aquél; y, c) Que sobre el mismo recaiga el resultado económico favorable o adverso, sin que ese resultado, afecte al trabajador.
Respecto a la desvinculación laboral, por una causa justificada como es la prevista por el art. 16 inc. e) de la LGT., referida al incumplimiento total o parcial del convenio, este debe estar acreditado por la parte empleadora, antes de determinarse el despido y en mérito a un proceso anterior en el que se resguardaron los principios y derechos a la de presunción de inocencia, el debido proceso y la defensa, porque de lo contrario, se considera que se incurrió en despido injustificado, motivando que el empleador, en caso de no haberse solicitado la reincorporación, conforme prevén los DS Nos. 28699 y 495, se vea obligado a pagar el desahucio.
En el caso presente, se ha alegado tanto en el recurso de casación en la forma, como en el fondo, el mismo argumento que consta en el recurso de apelación, respecto a que no correspondía el pago de la indemnización por antigüedad, respecto de un primer periodo trabajado, pactado como una relación civil, la que habría sido reconocido en tal calidad por la actora en una confesión convocada de oficio por la Juez a quo y que por ese motivo, al haberse cancelado el segundo periodo trabajado, sujeto bajo las normas de la Ley General del Trabajo, al haber incurrido en una causal de despido justificado, tampoco correspondía -dice la recurrente- el pago del desahucio.
Estos aspectos fueron absueltos en los puntos 1 y 2 del Auto de Vista ahora impugnado, por consiguiente, no puede acogerse la solicitud de nulidad de obrados, porque además de haberse argumentado una cuestión de fondo, referido a la apreciación de las pruebas, como una causal de nulidad, ésta temática ya fue adecuadamente absuelta en la resolución de vista, sin haberse incurrido en omisión de pronunciamiento respecto de los argumentos de la alzada, (pago de la indemnización y del desahucio), conforme exige el art. 265-I del Código Procesal Civil (CPC-2013); por consiguiente, se concluye que no es evidente que se hubiese incurrido en infracción de los arts. 4 del CPC-2013 (citado erróneamente en el recurso como CPC-1975), 110, 111, 115-II, 116, 120, 141 y 178-I de la CPE, 202 del CPT, 159 y 167 del CPT referidos, al debido proceso, a la vulneración de los derechos constitucionales, a la “imprescriptibilidad de los delitos de genocidio y otros”, (que seguramente fue citado erróneamente por la recurrente, por ser impertinente al caso), a la presunción de inocencia, a la prohibición de juzgamiento por comisiones especiales, a la forma de adquirir la nacionalidad (citas igualmente impertinentes al caso) y los principios de la administración de justicia, a la apreciación de la prueba documental y confesión en materia laboral, pues si bien existe documentos que acreditan una presunta contratación civil con la demandante, que fue reconocido en la confesión de oficio convocada por la Juez a quo, los hechos, demostraron que se trataba de una relación laboral, con las características previstas por los arts. 2 del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993 y 2 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.
Por otra parte, si bien la SCP Nº 1322/2015-S2 de 16 de diciembre, ha reconocido la validez de la voluntad de las personas, esta voluntad se refiere a actos consentidos por una persona que luego ha solicitado una tutela constitucional, la que lógicamente en aplicación del art. 53 núm. 2 del Código Procesal Constitucional, constituyen causal de improcedencia de esa tutela constitucional; empero en el caso presente, se trata de una “simulación” que se incluyó en un contrato laboral, aparentando ser de naturaleza civil, pacto que en aplicación de los arts. 4 de la LGT y 48-III de la CPE, se consideran inexistentes, por ser nulas las convenciones que tiendan burlar los efectos y desconocer los derechos y beneficios concedidos a los trabajadores.
Por esa misma razón también se concluye que no es evidente que no se hubiese apreciado adecuadamente las pruebas documentales, testificales y confesión producida en el caso presente, pues en aplicación de los arts. 59, 60 y 158 del CPT, el Juez no se encuentra sujeto a la tarifa legal de las pruebas, debe considerar que el objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consignados en la Ley substancial y con ese criterio, debe interpretar las disposiciones del Código Procesal y por tanto formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, para evitar que éstas, se sirvan del proceso para realizar un acto simulado o un fin prohibido por ley, resultando impertinente la cita de la jurisprudencia inserta en el recurso, por los argumentos desarrollados, en el presente acápite.
En mérito a estos fundamentos se establece que no es evidente que se hubiese vulnerado los principios de pertinencia, congruencia y el derecho al debido proceso, si el Auto de Vista impugnado cumplió a cabalidad el art. 265-I del CPC-2013, norma que responde al aforismo latino “quantum apellatum, tantum devolutum”, al estar correctamente ordenado el pago de la indemnización desde la primera contratación, considerándose el cese de la relación como un despido intempestivo, al haberse convertido la relación laboral en indefinida, desde la segunda contratación, conforme prevé el art. 1º de la Resolución Ministerial (RM) Nº 193/73 de 15 de mayo de 1972.
Resolviendo el recurso de casación en el fondo, que tiene la misma temática del recurso de casación en la forma, pero en el que se alegó la interpretación errónea y la aplicación indebida de los arts. 159, 167 y 198 del CPT, presuntamente atentando el principio de verdad material, porque conforme se argumentó en el recurso, se habría demostrado que la primera contratación fue una relación civil, y el despido se produjo por incumplimiento de contrato, luego se alegó contradictoriamente como “renuncia voluntaria”, y la nota de despido de fs. 21, afirma que se había cumplido el “periodo de prueba” y que la actora habría expresado su voluntad de “no continuidad en el cargo” y por ello es que se prescinde de sus servicios, sin advertir que esta nota emite una determinación de conclusión de la relación laboral y no así una supuesta admisión de una renuncia y que en el curso del proceso se la consideró como un “incumplimiento del contrato”.
Los otros aspecto del recurso de casación ya fueron absueltos por este Tribunal en los párrafos precedentes, cuando se absolvió el recurso de casación en la forma, respecto de la presunta contratación civil, el derecho al pago del desahucio y la verdad material identificada; no siendo evidente que se hubiese incurrido en violación de los arts. 202-a) del CPT y 16-e) de la LGT., porque la sentencia tiene todos los requisitos previstos por la primera norma adjetiva, y no se ha demostrado en el curso del proceso que la actora hubiese incurrido en la aludida c ausal justificada de despido.
Por consiguiente, se establece que no son evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación en el fondo y en la forma, correspondiendo aplicar el artículo 220-II del CPC-2013, por la permisión de la norma remisiva, contenida en el art. 252 del CPT.
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en el numeral 1 del artículo 184 de la CPE y del numeral 1 del parágrafo I del artículo 42 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación o nulidad en el fondo y en la forma de fs. 246 a 248 vta., promovido por Carmen Rita Ortiz Achá, en representación de la Fundación “PROCASHA”, contra el Auto de Vista Nº 094/2017 de 12 de abril de 2017, de fs. 228 a 231, emitido por la Sala Primera Social y Administrativa, Contenciosa y Contencioso Administrativa, del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, con costas.
No se regula el honorario del abogado patrocinante, porque no se respondió al recurso de casación.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 220
 artículo 184
 artículo 42