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Timestamp: 2020-04-06 09:58:32+00:00

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Tarifa por uso de agua subterránea constituye una retribución económica y no un tributo [Casación 11961-2014, Lima] | LP
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3.2. Debido a la crisis mundial la Organización de las Naciones Unidas declaró el «Decenio Internacional para la Acción – El agua, fuente de vida 2005-2015”[9], ratificando su protección destacó que: “ningún ser vivo sobre la Tierra puede sobrevivir sin agua, la que es indispensable para la salud y el bienestar humano así como para la preservación del medio ambiente»; reconocido el “derecho humano al agua” por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Julio del 2010[10].
Recientemente reconocido, el “derecho fundamental al acceso al agua y saneamiento», el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Relativo al Derecho al Agua[11], y el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, identifican como contenido protegido el acceso equitativo al agua; los instrumentos de derechos humanos[12], y el Informe de la Experta Independiente[13], destacan que es un derecho de cuya satisfacción también se logra concretizar otros derechos fundamentales tan importantes como derecho a vivir con dignidad, derecho a la salud, derecho al bienestar; incluso incide en derechos de naturaleza laboral y económicos, y encamina a una mayor justicia social y ambiental, significando un gran paso al acceso universal al agua potable y saneamiento; enfatizando la Asamblea de las Naciones Unidas, la importancia de disponer de agua en condiciones equitativas como componente esencial del disfrute de todos los derechos humanos, reafirmando la responsabilidad de los Estados de promover y proteger tales derechos universales, indivisibles, interdependientes, relacionados entre sí, y que deben tratarse de forma global y de manera justa y equitativa y en pie de igualdad y recibir la misma atención[14]; aspectos que tienen especial e indisoluble incidencia en la resolución del presente caso.
3.4.3. La independencia del Juez en el ejercicio de la función jurisdiccional goza de amparo y reconocimiento constitucional[17] , posibilitando desmarcarnos de un obiter dicta, sosteniendo el jurista Domingo García Belaúnde que la independencia del juez es un argumento respecto de las razones suficientes, que se manifiesta en doble sentido: 1) en la calificación del criterio hermenéutico como ratio decidendi o como obiter dicta, 2) en la aplicación del criterio calificado como ratio decidendi, teniendo el juez la facultad de analizar las razones o fundamentos de la sentencia, y decir con base en criterios objetivos, si es razón suficiente o subsidiaria: «De esta manera, una razón que puede parecer ratio decidendi puede ser considerada -siempre con base en una argumentación válida y suficiente -como obiter dicta por el juez y, consecuentemente, vincularse solo relativamente a ella»[18].
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH), en interpretación vinculante[23], tiene señalado que la garantía vinculada con la correcta administración de justicia (que por cierto, encauza la función constitucional del Poder Judicial), protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el derecho suministra[24]; que, cuando el Estado ha ratificado un tratado como la Convención Americana, los jueces como parte del aparato del Estado, están sometidos a ella, obligándoles a velar porque los efectos de las disposiciones de los tratados internacionales sobre derechos humanos, no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin[25]; puntualiza que el Poder Judicial debe ejercer el «control de convencionalidad», entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y las normas convencionales[26]; que no se puede invocar las disposiciones de derecho interno como justificación para incumplir obligaciones convencionales[27]; que la CIDH es una vía residual y subsidiaria a la que se acude cuando los poderes y órganos internos no cumplen con su obligación de protección de los derechos fundamentales, incurriendo en responsabilidad el Estado[28]; señala que las afectaciones al derecho de acceso al agua limpia impactan de manera aguda el derecho a una existencia digna y las condiciones básicas para el ejercicio de otros derechos humanos, que es obligación de los Estados garantizar tales derechos[29].
4.9.7. Tampoco estamos ante un supuesto de tributo encubierto, el cobro no tiene naturaleza tributaria por las especiales características que lo distingue esencialmente de los tributos[63], pues si bien es una prestación de dar de naturaleza pecuniaria, no hay una relación jurídico ex lege “de prestación tributaria» como producto del acaecimiento de una hipótesis de incidencia tributaria[64]; desde la inexistencia de vínculo y relación jurídica tributaria establecida por ley entre acreedor y deudor tributario, los diferentes tipos de uso del agua, la gratuidad de algunas y onerosidad de otras, así como las diversas formas de autorización, concesión y derecho de uso del agua subterránea, el sistema de gestión integrada al que se encuentra sometido el uso y aprovechamiento del agua, participando entes de derecho público y privado; la metodología para la determinación de los valores no atiende a la capacidad contributiva del deudor, sino que es regulada en base a informes técnicos teniendo en cuenta criterios sociales, económicos y ambientales, cuyos montos van variando y son reajustados periódicamente; ratifican que en el caso del cobro por el uso del agua subterránea, no se dan los supuestos para el tributo, esto es hipótesis de incidencia tributaria, hecho imponible, y obligación tributaria, manteniendo su naturaleza jurídica de retribución económica.
Por tales consideraciones; declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL de fecha cinco de agosto de dos mil catorce, obrante a fojas cuatrocientos noventa y ocho; en consecuencia: CASARON la sentencia de vista contenida en la resolución número dieciséis, de fecha catorce de julio de dos mil catorce, obrante a fojas cuatrocientos noventa y uno, expedida por la Sexta Sala especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima; y actuando en sede de instancia REVOCARON la sentencia apelada contenida en la resolución número nueve, de fecha veinticuatro de octubre de dos mil trece, obrante fojas trescientos setenta y seis, que declaró infundada la demanda y REFORMÁNDOLA declararon FUNDADA la demanda, en consecuencia Nula la Resolución del Tribunal Fiscal N° 16447-10-2012 de fecha tres de octubre de dos mil doce; quedando SUBSISTENTE la Resolución de Determinación N° 240118100013858-2011/ESCE de fecha seis de octubre de dos mil once; debiendo el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL proseguir con la cobranza de la retribución económica por la extracción y uso de aguas subterráneas por parte de la Universidad Nacional de Ingeniería; en los seguidos por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL contra el Tribunal Fiscal y otro, sobre impugnación de Resolución Administrativa; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial «El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Juez Supremo Ponente: Rueda Fernández.
[3] “Una decisión está internamente justificada si y sólo sí entre las premisas utilizadas y la conclusión del razonamiento existe una conexión lógica (i.e la conclusión se deduce lógicamente de las premisas, mediante un razonamiento válido) «.En: Martínez, David (2007) Conflictos constitucionales, ponderación e indeterminación normativa. Marcial Pons, Madrid. Pp. 39
[16] El Dr. Domingo García Belaúnde sustenta: «la vinculación a las interpretaciones ahí contenidas no es absoluta como en el caso de las razones suficientes, hayan o no sido declaradas como precedentes vinculantes, sino más bien es una vinculación relativa». El Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, En: Estudios y Jurisprudencia del Código Procesal Constitucional, Análisis de los procesos constitucionales y jurisprudencia artículo por artículo, Editorial Gaceta Jurídica, Primera Edición, Miraflores, Lima 2009.página 41.
[26] Sustenta el Dr. Eloy Espinosa-Saldaña, que en la evolución del control de convencionalidad se hace patente en aspectos importantes, que órganos deben ejercer el control de convencionalidad, que «en principio, y de oficio, la labor de control de convencionalidad estaba confiada, dentro de cada Estado, a sus jueces (zas)». «Incidencia de la Jurisprudencia de Tribunales Supranacionales, como la Corte Interamericana, en el ordenamiento jurídico Peruano», Texto de la Conferencia presentada en el Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg, 25/03/2015, Convencionalización, Parte I a III, página 440.
[30] El Dr. Eloy Espinosa-Saldaña en su trabajo «El Precedente Constitucional Vinculante en el Perú: surgimiento, usos, evolución retos y riesgos», señala que en el Estado Constitucional es presupuesto básico el de limitación de poder, en lógica de corrección funcional con repartición de competencias ( exclusivas o compartidas), el respeto de la supremacía constitucional, reconocimiento y tutela de los Derechos Fundamentales, fin último; que el rol del TC de supremo interprete no implica que sea un superior jerárquico de aquellas otras autoridades, o que todas las instituciones del Estado Peruano se encuentren subordinadas al TC; que, el juez o jueza ordinario, puede no solo armonizar con un precedente, puede criticar, limitar, cuestionar o distinguirse, y que el apartamiento del precedente es siempre una posibilidad excepcional y razonada; y, que se tiende a apuntalar como justificaciones adecuadas para apartarse de un precedente, la del cambio de condiciones existentes, que pueden habilitar un tratamiento distinto en esa materia, la de mayor o menor tutela de los derechos fundamentales, pudiendo ir más allá en defensa y aplicación de la progresividad inherente a derechos como los de carácter fundamental. En, AAVV Código Procesal Constitucional Comentado. Arequipa, Adrus, 2009, páginas 994, 995, 996.
[35]Como señala el Fundamento 10 del Voto en Minoría del Dr. Landa Arroyo, sentencia de amparo N° 4899-2007- PA/TC. «se ha hecho uso del agua subterránea, y se pretende no cancelar monto alguno por su explotación», que, «Esto es a todas luces un acto contrario a los contenidos mínimos de justicia«, que «no ha tomado en cuenta la relevancia del elemento hídrico ni las proyecciones que sobre su escasez se plantean en la actualidad. Las aguas subterráneas son el depósito natural de reservas de este recurso y en épocas de escasez es utilizada para suplir la demanda de la sociedad de agua potable». (Subrayado nuestro).
[39] Establecía: “El Estado evalúa y preserva los recursos naturales. Asimismo fomenta su racional aprovechamiento. Promueve su industrialización para impulsar el desarrollo económico».
[45] Conforme al principio de derecho «ley superior deroga ley inferior» y no a la inversa.

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