Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2004/04/registro-oficial-8-de-abril-del-2004
Timestamp: 2019-08-26 04:57:53+00:00

Document:
Registro Oficial. 8 de ABRIL del 2004
Martes, 08 de Abril del 2004 - R. O. No. 310
1540 Refórmase el Reglamento\n sustitutivo. Al Reglamento para el funcionamiento del Mercado\n Eléctrico Mayorista.
1542\n Legalízase\n la conformación y la comisión de servicios en el\n exterior de la delegación de Gobierno que asistió\n a la 289a. reunión del Consejo de Administración\n de la Organización Internacional del Trabajo.
1543 Derógase el Decreto\n Ejecutivo 1522 de 23 de marzo del 2004
1544\n Déjase\n sin efecto el Decreto Ejecutivo No 2511 expedido el 2 de abril\n del 2002.
072 Delégase al economista\n Fernando Suárez, funcionario de la Subsecretaría\n de Política Económica para que represente al señor\n Ministro en la sesión ordinaria del Consejo de Comercio\n Exterior e Inversiones, (COMEXI)
075 Delégase al economista\n Diego Mancheno Ponce, Subsecretario de Política Económica,\n para que represente al señor Ministro en la sesión\n del Comité Especial de Licitación de PETROECUADQR,\n (CEL).
076\n Autorízase\n la emisión e impresión de quinientos mil (500.000)\n tickets para legalización de firmas, para uso del Ministerio\n de Relaciones Exteriores
077 Autorízase la emisión\n e impresión de trescientos mil (300.000) timbres consulares\n y diplomáticos.
078 Autorízase la emisión\n e impresión de varios certificados.
041-RUP Establécese una tarifa\n diferenciada para toda la correspondencia enviada desde el interior\n o exterior del país, que fuera depositada en cualquier\n oficina del Ecuador, por parte de las empresas privadas dedicadas\n al servicio postal.
012-2003-AA\n Acéptase\n parcialmente la demanda de inconstitucionalidad planteada por\n el señor doctor Carlos Humberto Rodríguez Paredes\n y otros.
048-2003-TC Recházase la demanda\n de inconstitucionalidad por el fondo de la Resolución\n No 184 emitida por el Consejo Nacional de Remuneraciones, CONAREM,\n publicada en el Registro Oficial No 204 de 5 de noviembre del\n 2003, por improcedente.
316-2003-RA Inadmítese la acción\n de amparo propuesta por Luis Grudena Accini
340-2003-RA Inadmítese la demanda\n de amparo constitucional formulada por Ramón Cobeña\n y otros.
486-2003-RA Revócase la resolución\n venida en grado y acéptase la demanda de amparo constitucional\n formulada por Lilian Guadalupe Portilla Carlosama.
652-2003-RA.\n Confírmase\n la resolución venida en grado y concédese el amparo\n propuesto por Tecniseguros S.A
673-2003-RA Confírmase la resolución\n del Juez de instancia en todas sus partes y concédese\n el amparo solicitado por Darío Dilorenzo Boza.
679-2003-RA Revócase la resolución\n del Juez de instancia y concédese el amparo solicitado\n por el licenciado Humberto Carreño.
730-2003-RA Confírmase en todas\n sus partes la resolución pronunciada por la Segunda Sala\n del Tribunal Distrital No 1 de lo Contencioso Administrativo\n con despacho en Quito y concédese el amparo solicitado\n por el señor Víctor Alfredo Lagla Jurado
787-2003-RA Revócase en todas sus\n partes la resolución del Juez Noveno de lo Civil de Guayaquil\n y concédese el amparo solicitado por la economista Claudia\n Magali Pena Abad
Cantón\n Echeandía:\n Para protección ambiental de las cuencas de las vertientes\n o caudales de las fuentes para abastecimiento al sistema de agua\n potable.\n \n
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 923 de 7 de octubre de\n 2003, publicado en el Registro Oficial No. 191 de 16 de octubre\n del mismo ano, se promulgó el Reglamento Sustitutivo al\n Reglamento para el Funcionamiento del Mercado Eléctrico\n Mayorista;
Que de la evaluación realizada al funcionamiento transitorio\n del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), se establece la\n necesidad de incorporar en el citado reglamento, la posibilidad\n de introducir volúmenes transitorios de energía\n que pueden comprometerse en los contratos aplazo;
Que durante este período transitorio, hasta alcanzar\n una estabilización tarifaria al consumidor final, es necesario\n implementar mecanismos que permitan reducir los montos de energía\n transados en el mercado ocasional, logrando con ello una disminución\n del precio medio de la energía en el Mercado Eléctrico\n Mayorista (MEM);
Que de conformidad a lo que dispone el artículo 5 de\n la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, constituye\n objetivo fundamental de la política nacional en materia\n de generación, transmisión y distribución\n de electricidad, el establecer sistemas tarifarios que estimulen\n la conservación y el uso racional de la energía;
Que según lo prescrito en el artículo 5.A de\n la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, corresponde\n a la Función Ejecutiva, a través de las correspondientes\n secretarías de Estado, la formulación y coordinación\n de la política nacional del sector eléctrico y\n la ejecución de la misma al Consejo Nacional de Electricidad;\n y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo\n 171, numeral 5 de la Constitución Política vigente,
La siguiente REFORMA AL REGLAMENTO SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO\n PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA.
Art. 1.- Sustitúyase el texto de la disposición\n transitoria primera por el siguiente:
"ÚNICA.- Contratos a plazo con Generadores.- Para\n el cumplimiento del artículo 31, literal d) del presente\n reglamento, las centrales hidroeléctricas Paute, Agoyán,\n Pucará, ELECAUSTRO y la central Marcel Laniado de HIDRONACION,\n venderán en contratos a plazo el cien por ciento (100%)\n de su producción energética total.
\n Las centrales Paute, Agoyán, Pucará y ELECAUSTRO\n tienen la obligación de vender a todos los distribuidores,\n en forma proporcional a la demanda de éstos, la energía\n correspondiente a la diferencia entre el cien por ciento (100%)\n de su producción real y la energía que se comprometa\n en contratos a plazo con los grandes consumidores.
En los contratos a plazo que suscriban Paute, Agoyán,\n Pucará y ELECAUSTRO con los distribuidores, los montos\n de energía a comprometerse serán referenciales\n y se los determinará sobre la base de la planificación\n operativa del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE),\n usada para el cálculo del precio referencial de generación.\n La producción de energía de los generadores hidroeléctricos\n y la demanda de energía de los distribuidores, correspondientes\n al porcentaje establecido en esta disposición transitoria,\n serán determinadas sobre la base del procedimiento que\n establezca el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE),\n considerando la producción y demandas reales horarias\n medidas, procedimiento éste que debe ser puesto en conocimiento\n de los Agentes de Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
A las centrales hidroeléctricas no escindidas de las\n empresas distribuidoras, se liquidará el cien por ciento\n (100%) de su producción con el precio promedio de los\n contratos a plazo de las restantes centrales hidroeléctricas\n arriba señaladas. En el caso de generadores que tengan\n contratos de compraventa de energía previamente suscritos,\n se respetarán los montos comprometidos y se suscribirán\n contratos con los distribuidores hasta completar el cien por\n ciento (100%) señalado.
Los generadores hidroeléctricos que no se encuentren\n mencionados en esta Disposición Transitoria, podrán\n vender hasta el cien por ciento (100%) de su producción\n energética total en contratos a plazo.
Las centrales termoeléctricas a vapor: Gonzalo Zevallos\n y Trinitaria ELECTROGUAYAS, y TERMOESMERALDAS, también\n tienen la obligación de vender a los distribuidores, en\n proporción a la demanda horaria real y en contratos a\n plazo, su producción de energía horaria real medida.
El plazo de vigencia de las obligaciones señaladas\n en esta Disposición Transitoria, se mantendrá vigente,\n hasta que entren en operación comercial los proyectos\n hidroeléctricos Mazar y/o San Francisco.".
Artículo final.- De la ejecución del presente\n decreto, que entrará en vigencia a partir de la fecha\n de su publicación en el Registro Oficial, encárguese\n al Ministro Energía y Minas y al Consejo Nacional de Electricidad\n (CONELEC).
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 31 de marzo del 2004.
Que el Ecuador es Miembro de la Organización Internacional\n del Trabajo, siendo actualmente titular del Consejo de Administración\n de entre los 18 países del mundo que ostentan esa responsabilidad,\n a más de ser el representante electo de los Países\n Andinos ante este organismo, por lo cual el Ecuador ha sido convocado\n a trabajar en la 289a. reunión del Consejo de Administración\n de la Organización Internacional del Trabajo, a relazarse\n en la ciudad de Ginebra, Suiza del 11 al 26 de marzo del .2004;
Que, el Ecuador debe trabajar en las comisiones del Consejo\n de Administración y los grupos tripartitos, según\n su responsabilidad adquirida en el marco de su elección,\n y al amparo del Reglamento de Funcionamiento del Consejo de Administración\n de la OIT, en cuyo contexto le corresponde cubrir ocho comisiones,\n dos subcomisiones, cuatro grupos de trabajo y una Junta Directiva,\n a más de la reunión de Consejo de Administración\n en la última semana;
Que es de suma relevancia tratar los temas precitados, en\n función de que se decide en esta reunión el trabajo\n y las agendas de trabajo en materia sociolaboral mundial, para\n el seguimiento del trabajo permanente de la OIT; y,
Art. 1 Se legaliza la conformación y la comisión\n de servicios en el exterior de la delegación de Gobierno\n que asistió a la 289a. reunión del Consejo de Administración\n de la Organización Internacional del Trabajo, celebrada\n en la ciudad de Ginebra, Suiza del 11 al 26 de marzo del 2004;\n de la siguiente manera:
\n Presidente de la Delegación y Delegado Titular
Emb. Hernán Escudero Martínez
\n Representante Permanente ante las Naciones Unidas,
\n Ginebra
\n Delegado Alterno
Dr. Walter Tapia Garófalo
\n Jefe de Asuntos Internacionales e Integración
\n Consejero Técnico y Delegado Suplente
Dr. Jorge Thullen
\n Asesor del Ministro de Trabajo para la OIT
Miembro de la Misión Diplomática en Ginebra
\n Asesor Político y Delegado Suplente
Art. 2 Declárase en comisión de servicios en\n el Exterior con derecho a sueldo al Dr. Raúl Izurieta\n Mora Bowen por el tiempo comprendido desde el 21 al 27 de marzo\n del 2004, inclusive; y, declárase en comisión de\n servicios en el exterior con derecho a sueldo al Dr. Walter Tapia\n Garófalo por el tiempo comprendido desde el 20 al 27 de\n marzo del 2004, inclusive.
Art. 3 Los pasajes y viáticos para el Dr. Raúl\n Izurieta Mora Bowen se pagarán por 7 días, y el\n Dr. Walter Tapia Garófalo se pagarán por 8 días,\n con cargo a la partida traslados, instalaciones, viáticos\n y subsistencias No. 13100000D 12100000005303000000, del vigente\n presupuesto del Ministerio de Trabajo.
El Ministro de Trabajo y Recursos Humanos, en su calidad de\n Presidente de la delegación, percibirá los correspondientes\n gastos de representación en el exterior, mientras dure\n la comisión oficial.
Art. 4 Encárguese la Cartera de Estado de Trabajo y\n Recursos Humanos, mientras dure la ausencia del titular, a la\n Dra. Beatriz García Banderas, Viceministra de Trabajo.
Art. 5 De la ejecución del presente decreto, encárguense\n a los señores ministros de Estado en las carteras de Relaciones\n Exteriores y de Trabajo y Recursos Humanos.
Dado en Quito, a 31 de marzo del 2004.
f) Emb. Patricio Zuquilanda Duque, Ministro de Relaciones\n Exteriores.
En ejercicio de la facultad que le confiere el Art. 171 numeral\n 9 de la Constitución Política de la República,
ARTICULO PRIMERO.- Derógase el Decreto Ejecutivo 1522\n de 23 de marzo del 2004, en virtud del cual se concedía\n licencia por asuntos de índole personal del 29 de marzo\n al 1 de abril del presente año, al Coronel Patricio Acosta,\n Ministro de Bienestar Social, licencia que no pudo hacerse efectiva\n por razones administrativas.
Que el señor Juez de Derecho de la I Zona Militar,\n mediante providencia dictada el 16 de febrero del 2004, dentro\n de la causa penal No. 07-2002, que se sigue en contra del Sr.\n Subí. de C.B. 1711148088 Naranjo Narváez Jaime\n Mauricio, dispone que se realice la rectificación del\n motivo de la baja del mencionado oficial;
Que el Sr. Subt. de C.B. 1711148088 Naranjo Narváez\n Jaime Mauricio, mediante Decreto Ejecutivo No. 2511 expedido\n el 2 de abril del 2002, fue dado de baja de la institución\n armada de conformidad con lo previsto en el artículo 87\n literal a) de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas en vigencia\n y en concordancia con el artículo 75 de la misma ley;\n y,
Que en ejercicio de las atribuciones que le conceden los artículos\n 171, numeral 14, concordante con el Art. 179, numeral 2 de la\n Constitución Política de la República del\n Ecuador y el 65, literal a) de la Ley de Personal de las Fuerzas\n Armadas y a solicitud del señor Ministro de Defensa Nacional,
Art. 1.- Dejar sin efecto el Decreto Ejecutivo No. 2511 expedido\n el 2 de abril del 2002, publicado en la Orden General Ministerial\n No. 060 del 4 de abril del 2002, mediante el cual fue dado de\n baja el Sr. Subt. de C.B. 1711148088 Naranjo Narváez Jaime\n Mauricio, de la institución armada.
Art. 2.- Dar de baja con fecha 1 de marzo del 2002, al Sr.\n Subt. de C.B. 1711148088 Naranjo Narváez Jaime Mauricio,\n de conformidad con lo previsto en el Art. 87 lit. g) de la Ley\n de Personal de las Fuerzas Armadas en vigencia que en su texto\n dice "Por hallarse incurso en los delitos de ausencia ilegal,\n abandono del servicio, deserción y abandono de banderas,\n sin perjuicio de su procesamiento penal".
Art. 3.- El señor Ministro de Defensa Nacional queda\n encargado de la ejecución del presente decreto.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito D.M., a 31 de marzo\n del 2004.
Artículo único.- Delegar al Econ. Femando Suárez,\n funcionario de la Subsecretaría de Política Económica\n de esta Secretaría de Estado, para que me represente en\n la sesión ordinaria del Consejo de Comercio Exterior e\n Inversiones (COMEXI), a realizarse el día martes 23 de\n marzo del año en curso.
Comuníquese.- Quito, 23 de marzo del 2004.
f.) Diego Roberto Porras A., Secretario General del Ministerio\n de Economía y Finanzas, Enc.
Artículo único.- Delegar al Econ. Diego Mancheno\n Ponce, Subsecretario de Política Económica, de\n esta Secretaría de Estado, para que me represente en la\n sesión del Comité Especial de Licitación\n de PETROECUADOR, (CEL), a realizarse el día jueves 25\n de marzo del año en curso.
Comuníquese.- Quito, 25 de marzo del 2004.
25 de marzo del 2004.
Que el artículo 118 de la Ley de Régimen Tributario\n Interno faculta al Ministro de Economía y Finanzas fija\n el valor de las especies fiscales, incluidos los pasaportes;
Que el artículo 3 del Acuerdo Ministerial No. 488,\n publicado en el Registro Oficial No. 690 de 12 de octubre de\n 1978, establece que para la emisión de especies valoradas\n se debe expedir el correspondiente acuerdo;
Que según lo prescrito en el artículo 1 del\n referido Acuerdo Ministerial No. 488, el Instituto Geográfico\n Militar es el único organismo público autorizado\n para que, en sus propios talleres imprima especies valoradas;
Que mediante memorando No. 0012 de 26 de febrero del 2004,\n el funcionario responsable de la administración y custodia\n de especies fiscales de la Subsecretaría de Tesorería\n de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas,\n remite las especificaciones que deben tener los tickets para\n legalización de firmas;
Que con oficio No. STN-2004-0790 de 26 de febrero del 2004,\n el Subsecretario de Tesorería de la Nación, solicita\n al Subsecretario Administrativo disponer a quien corresponda\n la elaboración del acuerdo ministerial, contrato y demás\n trámites que se requieran para la emisión de quinientos\n mil (500.000) tickets para legalización de firmas, para\n el Ministerio de Relaciones Exteriores, a un valor de comercialización\n de dos dólares de los Estados Unidos de América\n 00/100 (US $ 2,00 c/u) cada uno; y,
Art. 1.- Autorizar la emisión e impresión de\n quinientos mil (500.000) tickets para legalización de\n firmas, para uso del Ministerio de Relaciones Exteriores, a un\n valor de comercialización de dos dólares de los\n Estados Unidos de América 00/100 (US $ 2,00 c/u) cada\n uno, de acuerdo al siguiente detalle:
CANTIDAD VALOR NUMERACIÓN
\n DESDE HASTA
500.000 US $ 2,00 500.001 1´000.000
Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco\n de Quito, a 26 de marzo del 2004.
30 de marzo del 2004.
Que mediante nota No. 59493 DGCC/2003 de 15 de septiembre\n del 2003, el Ministro de Relaciones Exteriores a través\n del Director General de Cuentas Consulares, manifiesta que los\n timbres consulares y diplomáticos no requieren cambios\n en los diseños;
Que mediante memorando No. 0005 de 19 de enero del 2004, el\n funcionario responsable de la administración y custodia\n de especies fiscales de la Subsecretaría de Tesorería\n de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas,\n remite las especificaciones que deben tener las especies valoradas\n referidas en el considerando anterior;
Que con oficio No. STN-2004-0590 de 13 de febrero del 2004,\n el Subsecretario de Tesorería de la Nación, solicita\n al Subsecretario Administrativo disponer a quien corresponda\n la elaboración del acuerdo ministerial, contrato y demás\n trámites que se requieran para la emisión de trescientos\n mil (300.000) timbres consulares y diplomáticos, a un\n valor de comercialización de veinte dólares de\n los Estados Unidos de América 00/100 (US $ 20,00 c/u)\n cada uno; y,
Art. 1.- Autorizar la emisión e impresión de\n trescientos mil (300.000) timbres consulares diplomáticos,\n a un valor de comercialización de veinte dólares\n de los Estados Unidos de América 00/100 (US $ 20,00 c/u)\n cada uno, de acuerdo al siguiente detalle:
300.000 US $ 20.00 500.001 800.000
Que el artículo 3 del Acuerdo Ministerial No. 488,\n publicado en el Registro Oficial No; 690 de 12 de octubre de\n 1978, establece que para la emisión de especies valoradas\n se debe expedir el correspondiente acuerdo;
Que con oficio No. 2003-0761-CSG-PN de 8 de agosto del 2004,\n el Secretario del Consejo de Generales de la Policía Nacional,\n notifica al Jefe del Archivo Nacional, que dicho Consejo, mediante\n Resolución No. 2003-424-CsG-PN, le autoriza continúe\n con el trámite correspondiente, que permita poner en ejecución\n la propuesta para establecer una tasa como especie valorada a\n los documentos otorgados en el Archivo General de la Dirección\n General de Personal de la Policía Nacional;
Que con oficio No. 0588 DMG de 3 de octubre del 2003, el señor\n Ministro de Gobierno y Policía, remite la propuesta formulada\n por el Comandante General de la Policía Nacional para\n establecer tasas a través de especies valoradas por los\n servicios prestados por el Archivo General de la Dirección\n General de Personal de la Policía Nacional;
Que mediante oficio No. STN-2003-5987 de 21 de noviembre del\n 2003, dirigido al señor Ministro de Gobierno y Policía,\n el Subsecretario de Tesorería de la Nación, manifiesta\n estar de acuerdo con el sistema adoptado y se allana a la valoración\n inicial de los servicios a instrumentarse por el Archivo General\n de la Dirección General de Personal de la Policía\n Nacional del Ecuador, dejando expresa constancia que la responsabilidad\n de los costos de los servicios que presta, le corresponde exclusivamente\n al Ministerio de Gobierno; además que los gastos que se\n financiarán a partir de estos ingresos deberán\n incluirse en el presupuesto del Archivo General de la Dirección\n General de Personal de la Policía Nacional del Ecuador,\n previa autorización de la Subsecretaría de Presupuestos;
Que con Acuerdo Ministerial No. 216 de 5 de diciembre del\n 2003. publicado en el Registro Oficial No, 237 del 22 de los\n mismos mes y año, el Ministro de Gobierno y Policía\n expidió las normas para el arancel de autogestión\n institucional por los servicios prestados por el Archivo General\n de la Dirección General de Personal de la Policía\n Nacional del Ecuador, estableciendo las siguientes especies valoradas:\n "Certificado de no haber sido dado de Baja de la Policía\n Nacional", "Certificado de Revista de Comisario",\n "Certificado de Baja", "Certificado de Tiempo\n de Servicio"; y, "Tickets de Legalización de\n Firmas";
Que mediante memorando No. 0003 de 16 de enero del 2004. el\n funcionario responsable de la administración y custodia\n de especies fiscales de la Subsecretaría de Tesorería\n de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas,\n remite las especificaciones que deben tener las especies valoradas\n referidas en el considerando anterior;
Que con ofició No. STN-2004-0591 de 13 de febrero del\n 2004, el Subsecretario de Tesorería de la Nación\n solicita al Subsecretario Administrativo disponer a quien corresponda\n la elaboración del acuerdo ministerial, contrato y demás\n trámites que se requieran para la emisión de cuarenta\n y cinco mil (45.000) certificados de no haber sido dado de baja\n de la Policía Nacional, dos mil (2.000) certificados de\n revista de Comisario, dos mil (2.000) certificados de baja, ocho\n mil (8.000) certificados de tiempo de servicios y cincuenta y\n cinco mil (55.000) tickets de legalizaciones de firmas; y,
Art. 1.- Autorizar la emisión e impresión de\n los certificados que se especifican a continuación:
Denominación Cantidad Valor de Comercialización\n Numeración
\n Certificado de no haber sido dado de baja de la Policía\n Nacional 45.000 US$ 1,00 0.001 45.000
\n Certificado de revista de Comisario 2.000 US$ 1,00 0.001 2.000
\n Certificado de baja 2.000 US $1,00 0.001 2.000
\n Certificados de tiempo de servicio 8.000 US $1,00 0.001 8.000
\n Tickets de legalización de firmas 5.000 US $2,00 000.001\n 55.000
Es copia certifico.- f.) Diego Roberto Porras A., Secretario\n General del Ministerio de Economía y Finanzas Enc.- 30\n de marzo "del 2004.
No. 041-RUP
\n REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD
\n POSTAL
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 617, publicado en el Registro\n Oficial No. 134 de 28 de julio del 2003, se crea la Unidad Postal,\n con autonomía administrativa - financiera, adscrita al\n Consejo Nacional de Modernización del Estado, la cual\n estará representada por el Presidente del CONAM o su delegado\n y tendrá como objetivo la administración del servicio\n postal ecuatoriano;
Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del\n mencionado Decreto Ejecutivo No. 617, dice: "Los activos\n y pasivos, así como las obligaciones legales de la Empresa
Nacional de Correos suprimida mediante Decreto Ejecutivo No.\n 1494, publicado en el Registro Oficial 321 de 18 de noviembre\n de 1999 son transferidos y asumidos por la Unidad Postal";
Que, los servicios postales constituyen un instrumento esencial\n para el desarrollo de la comunicación y el comercio, coadyuvaron\n activamente a la cohesión económica y social del\n país;
Que, en el país se ha generalizado la práctica\n en la utilización de los servicios de la Unidad Postal\n del Ecuador, por parte de empresas privadas dedicadas al servicio\n postal, a fin de que la misma realice la clasificación,\n encaminamiento y distribución de la correspondencia al\n interior del país; y,
En uso de las atribuciones que se halla investido,
Art. 1.- Establecer una tarifa diferenciada para toda la correspondencia\n enviada desde el interior o exterior del país, que fuera\n depositada en cualquier Oficina de la Unidad Postal del Ecuador,\n por parte de las empresas privadas dedicadas al servicio postal,\n para su clasificación, encaminamiento y distribución\n al interior del Ecuador.
Art. 2.- La tarifa diferenciada a la que se refiere el Art.\n 1 del presente reglamento será equivalente del resultado\n de multiplicar por tres (3), la tarifa normal correspondiente\n para la respectiva categoría y envío establecido\n en el cuadro de tarifas vigentes, en el caso de correspondencia\n que se originare en el exterior y por dos (2) en el caso de correspondencia\n que se originare en el interior del país.
Primera." Este reglamento entrará en vigencia\n a partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial y prevalecerá sobre todos los que\n se le opongan, los cuales quedan expresamente derogados.
Dado en Quito D.M., a 29 de marzo del 2004.
f.) Ing. Carlos Vega Martínez, Presidente, CONAM, Representante\n Legal de la Unidad Postal.
Nro. 012-2003-AA
En el caso Nro. 012-2003-AA
ANTECEDENTES: Los señores doctor Carlos Humberto Rodríguez\n Paredes, Fausto Eduardo Narváez Calugullín, licenciado\n José Zapata Gómez y Carlos Arias Segovia, en sus\n calidades de Presidente. Gerente, Asesor General y Presidente\n del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Vivienda del Pueblo,\n con el informe favorable del Defensor del Pueblo que corre a\n fojas 316 a 321 del expediente, deducen demanda de inconstitucionalidad\n en contra del Ministro de Bienestar Social y solicitan la declaratoria\n de inconstitucionalidad y revocatoria de los Acuerdos Ministeriales\n No 1039 de 11 de noviembre de 1985; No 596 de 15 de mayo de 1986;\n No 597 de 15 de mayo de 1986; No 631 de 15 de abril de 1987;\n No 1334 de 21 de julio de 1988; No 0011 de 4 de enero de 1989,\n publicado en el Registro Oficial Nro. 126 de 10 de febrero de\n 1989; y. No 000429, artículos 2 y 3 de 11 de abril de\n 1989, publicado en el Registro Oficial Nro. 183 de 4 de mayo\n de 1989, demanda que ingresó a esta Magistratura el 9\n de julio de 2003.
Señalan que la Cooperativa de Vivienda del Pueblo,\n con domicilio en la ciudad de Quito, es una persona jurídica\n aprobada mediante Acuerdo Ministerial Nro. 04004 de 8 de noviembre\n de 1974 y ordenada su reinscripción en la Dirección\n Nacional de Cooperativas con Acuerdo Ministerial Nro. 02136 dictado\n el 16 de agosto de 1999, por el Ministro de Bienestar Social.\n Que la Cooperativa para cumplir con los objetivos para la cual\n fue creada adquirió varios predios y siguiendo el procedimiento\n establecido en los artículos 145 y 146 de la Ley de Cooperativas\n ejecutó varias obras civiles. Que en acatamiento a lo\n dispuesto en el artículo 174 del Reglamento General de\n la Ley de Cooperativas, en cada uno de los cuatro asentamientos\n se realizó el sorteo, en presencia y con participación\n del Delegado de la Dirección Nacional de Cooperativas\n y se adjudicó los solares a los socios, quedando solares\n excedentes. Que del total de 8.949 lotes constantes en los planos\n de los cuatro asentamientos, la Cooperativa de Vivienda del Pueblo\n adjudicó 6.529 solares, quedando el excedente de 2.420\n lotes;
Que mediante Resolución Nro, 49 de 10 de septiembre\n de 1984, la Dirección Nacional de Cooperativas dispuso\n la fiscalización de la Cooperativa. Que el 18 de diciembre\n de 1984, el funcionario encargado de la fiscalización\n presentó su informe en el que expresa que no se establecen\n cargos ni por fallante de caja ni por glosas en contra del Rindente\n y directivos de la Cooperativa; que los lotes han sido adjudicados\n a los socios de la Cooperativa por sorteo y con la participación\n del Delegado de la Dirección Nacional de Cooperativas\n y respecto a los excedentes manifiesta que la Cooperativa deberá\n realizar la distribución de los mismos de conformidad\n a los artículos 55 y 56 del Reglamento General de la Ley\n de Cooperativas.
Que el 21 de octubre de 1985, el Cabildo capitalino dictó\n la Ordenanza Nro. 2461 que aprueba la Urbanización del\n asentamiento Carretas de la Cooperativa de Vivienda del Pueblo.\n Mediante oficio 238-CVP-85 el Gerente de la Cooperativa remite\n a la Dirección de Promoción Popular del Ministerio\n de Bienestar Social el listado de los socios adjudicatarios y\n 55 planos con las especificaciones, para que siguiendo el trámite\n previsto en los artículos 174 y 175 del Reglamento General\n de Cooperativas, se dicte el Acuerdo Ministerial aprobando las\n actas de sorteo y ordenando la escrituración. Con oficio\n Nro. 473-DNPP de 22 de julio de 1985, la Directora Nacional de\n Promoción-Popular del Ministerio de Bienestar Social,\n acusa recibo del oficio referido y la documentación anexa.
Que el 11 de noviembre de 1985, el Ministro de Bienestar Social\n violando la Ley de Cooperativas y su Reglamento General, dicta\n el Acuerdo Ministerial Nro. 1039 por el cual ordena la intervención\n de la Cooperativa. Que sin que se publique en el Registro Oficial\n el Acuerdo, el 11 de noviembre de 1985 el Director con Resolución\n Nro. 39 nombra como Interventor de la Cooperativa al señor\n Jorge Cano Paredes, quien en forma ilegal y violando las letras\n a) y b) del artículo 58 de la Ley de Servicio Civil y\n Carrera Administrativa, delega las funciones y confiere poder\n a favor del Dr. Pedro Cevallos Román. Que el mandatario\n conjuntamente con un pelotón de "Escuadrón\n Volante" asalta militarmente el edificio y las oficinas\n de la Cooperativa, procediendo a incautar bienes muebles e inmuebles\n y archivos de propiedad de la Cooperativa, lo que viola los artículos\n 19, números 7, 8, 11, 12 y 13, 31, 48 y 85 de la Constitución\n y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Que estos\n actos violatorios deben ser declarados por el Tribunal Constitucional\n como de responsabilidad del Ministro de Bienestar Social. Que\n la afirmación contenida en el Acuerdo Nro. 1039, de que\n la Cooperativa creó programas de vivienda sin autorización\n del Organismo Rector del Cooperativismo Nacional, no tiene sustento\n legal, en razón a que la Cooperativa ha dado cumplimiento\n a lo señalado en los artículos 145 y 146 de la\n Ley de Cooperativas. Que este acuerdo ha sido dictado en contravención\n a lo previsto en los artículos 110 de la Ley de Cooperativas\n en concordancia con el 139 de su Reglamento General y que además\n fue observado por el Tribunal de Garantías Constitucionales\n en sesión de 1 de octubre de 1986, en el caso Nro. 188-85.
Que con Acuerdo Ministerial Nro. 1074 de 28 de noviembre de\n 1985, se aprueban el acta de sorteo de los lotes y la minuta\n de adjudicación presentada por el Lic. Cristóbal\n Suquillo Gómez, Interventor de la Cooperativa Vivienda\n del Pueblo y se dispone que las minutas de adjudicación\n y los planos de lotización, se protocolicen y se inscriban\n en el Registro de la Propiedad. Con oficio Nro. 005-ICVP-86 de\n 14 de mayo de 1986, el Interventor Lic. Suquillo Gómez,\n remite al Director Nacional de Cooperativas, 12 listados de los\n socios cooperados del Comité del Pueblo que están\n calificados y que viven en los lotes, a fin de que se apruebe\n la asignación de los lotes y adjunta copia del Acuerdo\n Ministerial 1074. Que el Interventor en el listado omite referirse\n y citar a 3.810 socios del asentamiento y omite garantizar los\n derechos que tenían 7.715 socios de los asentamientos\n de Puengasí, Carcelén y Mariana de Jesús,\n que aún no habían construido sus viviendas, pero\n que constaban en el Acta de sorteo.
Que el Ministro de Bienestar Social en el artículo\n 1 del Acuerdo 596, de 15 4e mayo de 1986, viola el procedimiento\n establecido en los artículos 174 y 175 del Reglamento\n General de Cooperativas para la adjudicación y escrituración\n de solares en una cooperativa de vivienda e igualmente viola\n el artículo 85 de la Constitución Política\n de la República, publicada en el Registro Oficial Nro.\n 763 de 12 de junio de 1984, lo que convierte al Acuerdo Ministerial\n 596 en un acto administrativo normativo inconstitucional y nulo.\n Que estos inmuebles serían luego entregados por interventores\n y liquidadores a terceras personas, violentando el artículo\n 47 de la Constitución, que prohíbe toda confiscación.
Que el Acuerdo Nro. 597 de 15 de mayo de 1986, autoriza al\n Interventor de la Cooperativa Vivienda del Pueblo, Lic. Cristóbal\n Suquillo Gómez, para que proceda al otorgamiento de las\n escrituras públicas de adjudicación de lotes a\n cada uno de los socios, conforme el sorteo realizado al efecto.\n Que el Ministro en el artículo 1 de este Acuerdo viola\n los artículos 47 y 85 de la Constitución Política\n de la República del Ecuador, publicada en el Registro\n Oficial Nro. 763 de 12 de junio de 1984 y el procedimiento establecido\n en los artículos 174 y 175 del Reglamento General de la\n Ley de Cooperativas. Que el artículo 20, número\n 5 de la Ley de Régimen Administrativo, al que se refiere\n el artículo 597, no faculta al Ministro emitir actos administrativos\n normativos inconstitucionales que violen el derecho a la propiedad\n y confisquen sus bienes a 8.004 adjudicatarios y deje en la indefensión\n a la Cooperativa de Vivienda del Pueblo con relación a\n sus excedentes.
Que el Director Nacional de Cooperativas (E), por medio de\n la prensa notifica al Interventor Jorge Cano Paredes a fin de\n que rinda cuentas de la gestión realizada en sus funciones\n de Interventor de la Cooperativa de Vivienda del Pueblo, la que\n no tuvo respuesta. Que presentaron ante el Tribunal de Garantías\n Constitucionales el reclamo y la denuncia por los atropellos\n de que han sido objeto, organismo que en sesión de 1 de\n octubre de 1986, observó el Acuerdo Ministerial Nro. 1039\n de 11 de noviembre de 1985, publicado en el Registro Oficial\n Nro. 327 de 3 de diciembre de 1985.
Que el 15 de Abril de 1987, el Ministro de Bienestar Social\n dicta el Acuerdo Nro. 630 en el que levanta la intervención\n de la Cooperativa de Vivienda del Pueblo, en cumplimiento a la\n excitación formulada por el Tribunal de Garantías\n Constitucionales, pero no ordena al Interventor a que cumpla\n con lo prescrito en el artículo 140 del Reglamento General\n de Cooperativas y no convoca a Asamblea General Extraordinaria\n para que elija nuevos organismos directivos que regularicen el\n funcionamiento de la Cooperativa, acción del Ministro\n que viola los artículos 141, inciso segundo, número\n 3, 19. números 7, 8, 11, 12, 13 y 17, 31, 48. 49 y 85\n de la Carta Magna, publicada en el Registro Oficial Nro. 763\n de 12 de junio de 1984, y los derechos consagrados en la Declaración\n Universal de los Derechos Humanos.
Que en el mismo día y hora el Ministro de Bienestar\n Social dicta el Acuerdo Nro. 631 en el que declara intervenida\n a la Cooperativa de Vivienda del Pueblo, en desacato a la excitativa\n del Tribunal de Garantías Constitucionales. Que la causal\n de intervención relativa a la violación del artículo\n 205 del Reglamento General de la Ley de Cooperativas citada en\n el Acuerdo 631, no es motivada, en razón a que mediante\n oficio 02900 de 28 de junio de 1984, el Secretario General/de\n Cooperativas (E) acusa recibo del oficio 125-CVP-84 de 1 de junio\n de 1984, al cual se anexa los balances y anexos correspondientes\n a los años 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 y\n 1983. Que en lo relacionado a la causal de intervención\n por violación del mandato del artículo 206 del\n Reglamento General de Cooperativas, aclaran que no informaron\n de salidas ni expulsiones, por no haberse producido estos hechos.\n Que en la Resolución del Tribunal de Garantías\n Constitucionales de 2 de septiembre de 2987, en el caso Nro.\n 114-87, el organismo concede ocho días de término\n al Ministro de Bienestar Social a fin de que emita su pronunciamiento\n respecto de la Resolución adoptada por el Tribunal en\n el caso Nro. 188-85 de 1 de octubre de 1985, contestación\n en la que el Ministro oculta al Tribunal que no puso en vigencia\n el Acuerdo Nro. 630 y que mediante Acuerdo 631 dispuso en forma\n ilegítima e inconstitucional la intervención de\n la Cooperativa de Vivienda del Pueblo, lo que viola el artículo\n 19, números 7, 8, 11, 12, 13 y 17 en concordancia con\n los artículos 31, 47, 48, 49, 85 e inciso segundo del\n número 3 del artículo 141 de la Constitución\n Política de la República:
Que con oficio Nro. 0942 de 1 de septiembre de 1988, el Procurador\n Síndico Municipal pone en conocimiento del Alcalde el\n informe sobre el barrio denominado Carcelén Libre, en\n el que manifiesta que en vista de que no existe impedimento legal,\n emite informe legal favorable, a fin de que el Alcalde en uso\n de la facultad que le concede el Reglamento 114 expedido por\n el Concejo el 22 de noviembre de 1984, legalice el barrio Comité\n del Pueblo Carcelén Libre. El Alcalde en base del referido\n informe autorizó se proceda a la legalización del\n barrio, mediante la suscripción de escrituras individuales\n de traspaso de dominio a favor de los poseedores de los lotes\n que se encuentran en el listado que adjunta. Que no existe acuerdo\n ministerial que apruebe el estatuto de ,1a Cooperativa de Vivienda\n del Pueblo Carcelén Bajo o Carcelén Libre, ni inscripción\n de estas cooperativas en el Registro de la
Dirección Nacional de cooperativas, tampoco es verdad\n que las inexistentes cooperativas hayan comprado el predio a\n la Compañía Anónima CARBASA S.A., y que\n en el acta que levantaron el Interventor de la Cooperativa de\n Vivienda del Pueblo y la delegada de la Dirección de Cooperativas,\n consta que en el asentamiento Carcelén de la Cooperativa\n de Vivienda del Pueblo, habían solamente 760 personas\n o adjudicatarios. Que el Ministro de Bienestar Social al aplicar\n los procedimientos que utilizó para la incautación\n de solares en Puengasí, facultó a que el Procurador\n Síndico y el Alcalde sustituyan al liquidador e ignoren\n las actas de sorteo de la Cooperativa de Vivienda del Pueblo,\n violando los artículos 174 y 175 del Reglamento General\n a la Ley de Cooperativas. Que el Alcalde (E) con memorando 1313\n de 15 de septiembre de 1988, autoriza para que se legalice el\n Barrio Carcelén Libre, mediante la suscripción\n de escrituras individuales, lo que viola la resolución\n de la Comuna Capitalina de 11 de julio de 1985, y el mandato\n de los números 1 y 5 del artículo 75 de la Ley\n de Régimen Municipal, convirtiéndose en un acto\n nulo por lo que disponen los artículos 9 y 10 del Código\n Civil.
Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. Olí de 4 de enero\n de 1989, publicado en el Registro Oficial Nro. 126 de 10 de febrero\n de 1989, se deja sin efecto el Acuerdo Ministerial Nro. 1334\n de 21 de julio de 1998 y se declara intervenida a la Cooperativa\n de Vivienda del Pueblo por 90 días, tiempo en el cual\n el interventor debe reestructurar los cuadros directivos y normalizar\n su funcionamiento, lo que desacata las Resoluciones del Tribunal\n de Garantías Constitucionales de 1 de octubre de 1986,\n 5 de agosto de 1987 y 19 de julio de 1988 y viola los artículos\n 141, número 3, 19, número 11, 12 y 13, 31, 47,\n 48, 49 y 85 de la Carta Magna, publicada en el Registro Oficial\n Nro. 763 de 12 de junio de 1984.
Mediante Acuerdo Ministerial 000429 de 11 de abril de 1989,\n publicado en el Registro Oficial Nro. 183 de 4 de mayo de 1989,\n se aprueba el Estatuto de la Cooperativa de Vivienda Urbana "Julio\n Zabala", se; dispone que los activos y pasivos que el anteriormente\n conocido como asentamiento "Marianitas" que tuviere\n la Cooperativa de Vivienda del Pueblo pasarán a constituir\n parte del acervo de la Cooperativa de Vivienda referida, para\n lo cual el interventor de la Cooperativa del Pueblo hará\n el desglose respectivo y dispone que la Cooperativa envíe\n a la Dirección Nacional de Cooperativas, la documentación\n de los ingresos de nuevos socios, para que ésta califique\n el procedimiento de su ingreso. Que de acuerdo a lo dispuesto\n en el artículo 9 en concordancia con los artículos\n 1724 y 1725 del Código Civil, los actos que prohíbe\n la Ley son nulos y de ningún valor, por lo que el Acuerdo\n Ministerial que dispone la transferencia de dominio de un inmueble\n de propiedad de una cooperativa a otra, es nula e inconstitucional,\n sino se da cumplimiento a los preceptos legales. El 19 de septiembre\n de 1989, se eleva a escritura pública la disposición\n constante en el artículo 2 del Acuerdo 000429. y se inscribe\n la misma en el Registro de la Propiedad del cantón Quito,\n lo que viola el derecho consagrado en el artículo 48 de\n la Constitución Política de la República.\n Que la escritura es nula por haberse celebrado violando los artículos\n 24, letra c, y 141 del Reglamento General de la Ley de Co

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 31
 artículo 87
 artículo 75
 artículo 118
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 174
 Resolución 
 artículo 58
 artículo 85
 artículo 1
 artículo 20
 artículo 597
 artículo 140
 artículo 206
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 141
 artículo 75
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 48