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Timestamp: 2019-11-15 19:17:20+00:00

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﻿ SENTENCIA 7991-05 DE FEBRERO 15 DE 2007
SENTENCIA 7991-05 DE 15 DE FEBRERO DE 2007
CONTENIDO:INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRABAJO DE DOCENTES OFICIALES. NORMATIVIDAD APLICABLE.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIDENTE DE TRABAJO, MAGISTERIO, DOCENTE, INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRABAJO, SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES, CULPA EN EL ACCIDENTE DE TRABAJO, DOCENTE DEL SECTOR PÚBLICO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:427 DE JULIO DE 2007, PG.1130
Sentencia 7991-05 de febrero 15 de 2007
INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRABAJO DE DOCENTES OFICIALES
Radicación 08001-23-31-000-2002-01657-01 (7991-05)
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia del 4 de noviembre de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en el proceso promovido por Natividad Llanos Sarmiento contra el Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
1. La parte actora, por conducto de apoderada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicita declarar la nulidad de la Resolución 002 del 14 de diciembre de 2001, proferida por el Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en el sentido de modificar el artículo 1º de dicho acto administrativo, correspondiente al monto de la indemnización, la cual debe ser de $ 18’974.151, y no como allí aparece; y de la Resolución 0216 del 6 de marzo de 2002, expedida por la misma entidad, por medio de la cual se resolvió un recurso de reposición.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, pide que se le reconozca y ordene a su favor una indemnización por accidente de trabajo por un valor de 18’974.151, equivalente a 22 salarios de lo devengado al momento del accidente, por pérdida del 45% de su capacidad laboral; que a título de indemnización se ordene a su favor el pago de sueldos, primas, vacaciones, cesantías, subsidio familiar, prima de antigüedad, bonificación y demás prestaciones sociales, así como todos los emolumentos a que tenga derecho, con los aumentos legales anuales, causados durante el tiempo que estuvo separado del servicio hasta su reintegro, debidamente indexados; y que se ordene dar cumplimiento y aplicación a los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.
Señala la actora que encontrándose en el ejercicio de sus funciones como docente, sufrió un accidente de trabajo, el cual ocurrió en el mes de octubre de 1997, por lo que acudió al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Seccional Atlántico para solicitar el reconocimiento y pago de la indemnización debido a dicha contingencia, petición a la que la administración dio respuesta positiva a través de la Resolución 002 del 14 de diciembre de 2001.
Manifiesta que dentro de los términos de ley, interpuso recurso de reposición contra la Resolución 002 del 2001, solicitando la revocatoria de dicho acto administrativo, para lo cual argumentó que la indemnización reconocida por la administración no era la ajustada a derecho, debido a que el artículo 209 del Código Sustantivo del Trabajo había sido modificado por el Decreto 2664 del 29 de noviembre de 1994, norma que establece el monto de la indemnización equivalente a 22 salarios por pérdida de la capacidad laboral de un 45%.
Aduce que posteriormente, la entidad demandada expidió la Resolución 0216 de 6 de marzo del 2002, confirmando en todas sus partes el primer acto administrativo, argumentando que los docentes tienen un régimen especial y ante la no existencia de un manual único para calificar la invalidez para los docentes oficiales, se tenía que acudir al artículo 209 del Código Sustantivo del Trabajo pero vigente al momento de la expedición de la Ley 100 de 1993.
Señala como normas violadas los artículos 1º, 2º, 6º, 25, 58, 90, 123, 125 y 209 de la Constitución Política; 209 del Código Sustantivo del Trabajo; 1º del Decreto 2644 del 29 de noviembre de 1994.
Argumenta que la ley se debe aplicar a partir de su vigencia, y por ello, se colige sin mayor esfuerzo que si una norma ha sido modificada o derogada consecuentemente debe dejar de aplicarse por carecer de validez jurídica y de esa manera el fallador al momento de aplicar una norma está sometido según la Constitución Política al imperio de la ley, que en ese momento procesal se encuentre vigente.
Dice que en su caso particular, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio dejó de aplicar la modificación del artículo 209 del Código Sustantivo del Trabajo, contenida en el Decreto 2664 de 1994, máxime si el accidente de trabajo había ocurrido en el año de 1997, cuando ya había entrado en vigencia la modificación de dicha norma.
2. La entidad demandada en la contestación de la demanda propuso la excepción de expedición legal del acto.
Señaló que según el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, al personal docente afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no le es aplicable el sistema integral de seguridad social contenido en dicha ley, lo que significa que la Ley 100 de 1993, tiene restringido su alcance en materia de prestaciones y de salud al personal docente.
De donde infiere que ni la Ley 100 de 1993 ni sus decretos reglamentarios pueden ser tomados como fundamento legal de las solicitudes que sobre estas materias hagan los afiliados a ese fondo.
Sostiene que en lo referente a esta materia el régimen aplicable es el establecido en los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978 y los artículos 204 al 211 del Código Sustantivo del Trabajo, artículos estos que se encuentran vigentes para los excepcionados por el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y por ello en la indemnización de la demandante debía aplicarse el artículo 209 del Código Sustantivo del Trabajo en que manda una aplicación del 45% como factor de pérdida de capacidad laboral y equivalente a 11 salarios de indemnización.
Por último, señaló que mediante el Decreto 692 de 1995, reglamentario de la Ley 100 de 1993, se adoptó el manual único para la calificación de invalidez que había sido creado por el Decreto 2664 de 1994 y ordenó su implementación y aplicación a todos los trabajadores de los sectores público, oficial, semioficial en todos los órdenes y del sector privado en general, de los que deben entenderse excluidos los afiliados al fondo de prestaciones del magisterio, por disponerlo así la Ley 100 de 1993 en su artículo 279.
El tribunal de primera instancia declaró no probada la excepción formulada por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y accedió a las súplicas de la demanda.
Consideró que el Decreto 2644 de 1994, reglamentario de la Ley 100 de 1993, no solo se expidió para quienes estuvieran cobijados por el sistema integral de seguridad social de la Ley 100 de 1993, sino también para los servidores públicos que estando en otro régimen les fuera aplicable el artículo 209 del Código Sustantivo del Trabajo, como es el caso de los docentes.
Dice que lo que hizo el gobierno fue unificar la tabla de indemnizaciones establecida en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993 y por el numeral 2º del artículo 209 del Código Sustantivo del Trabajo y así integrar en esa materia la indemnización por pérdida de la capacidad laboral entre el 5% y el 49.99% tanto para los cobijados por el sistema como para los que se encuentran por fuera de este.
Por eso, la indemnización que correspondía a la actora “con el 45% de pérdida de capacidad laboral, según el artículo primero del Decreto 2644 de 1994 era de 122 meses; de modo que tomando como base de su liquidación el ingreso que tenía, esto es, la suma de $ 928.688, arrojaría la cantidad de $ 20.431.136. Como la demandante solicita que se establezca el monto de la indemnización en $ 18.974.151, solo se accederá a reconocer esta cantidad, a fin de no incurrir en un fallo ultra petita, y con ello vulnerar el principio de rogatividad” (fl. 66).
La parte demandada discrepa de la posición del tribunal por cuanto en su sentir no se debe desconocer el régimen de excepción a que están sometidos los docentes del sector público nacional y nacionalizado afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a quienes por mandato del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 no les es aplicable.
Así, aclara que desde el momento en que el manual único para la calificación de invalidez contenido en el Decreto 2644 de 1944 fue adoptado por la Ley 100 de 1993, por medio del Decreto 692 de 1995, los docentes afiliados al mencionado fondo, quedaron excluidos de su aplicación.
Concluye diciendo que los docentes del sector público no están cobijados por la Ley 100 de 1993, ya que tienen un régimen especial regulador de su seguridad social, que en lo atinente a indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales viene a ser el conjunto de normas conformadas por los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978 y los artículos 204 al 211 del antiguo Código Sustantivo del Trabajo.
Surtido el trámite legal y como no se observa causal de nulidad procesal, se decide previas las siguientes,
El asunto a dilucidar se contrae a establecer si efectivamente en el caso de la indemnización por accidente de trabajo sufrido por la actora es viable la aplicación del artículo 209 del Código Sustantivo del Trabajo o si por el contrario, su caso debe ajustarse a lo preceptuado en el Decreto 2644 de 1994.
En el expediente se encuentra acreditado que el Consorcio Funblanorte, por remisión expresa del Fondo Prestacional del Magisterio, emitió concepto médico, decretando en relación con la actora una disminución de la capacidad laboral del 45% (fl. 21).
Así mismo aparecen las copias auténticas de las resoluciones(sic) 002 del 14 de diciembre de 2001, mediante la cual se reconoce y ordena pagar a la actora 9’286.880 pesos, correspondientes a la valorización equivalente a 10 salarios mensuales (fls. 13, 14).
Aparece copia del recurso de reposición presentado por la actora, en contra de la resolución anterior; y copia de la Resolución 0216 del 6 de marzo de 2002, que confirma en todas sus partes la primera.
Ahora para poder entender el asunto en cuestión es necesario traer a colación la Ley 100 de 1993, que en lo pertinente consagró lo siguiente:
Así mismo se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales, a favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida (...)”.
La anterior norma pretranscrita sencillamente consagra la exclusión que de la Ley 100 de 1993, se hace con relación a varios grupos de servidores públicos entre otros, los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, razón por la cual a tales funcionarios no se les aplica dicha norma.
Ahora bien, debe precisarse que para los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y más precisamente en lo referente a indemnización por accidente de trabajo o enfermedad profesional, debe aplicarse lo preceptuado en las normas establecidas para los servidores públicos.
Sobre el particular, el Decreto 3135 de 1968 “Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados oficiales”, señala lo siguiente:
“ART. 22.—Indemnización por accidente de trabajo o enfermedad profesional.
En caso de incapacidad permanente parcial de un empleado público o trabajador oficial, por enfermedad profesional o accidente de trabajo que no dé lugar a la pensión de invalidez, la respectiva entidad de previsión le pagará una indemnización proporcional al daño sufrido de acuerdo con las tablas del Código Sustantivo del Trabajo”.
Así mismo, el Decreto 1848 de 1969, “Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968”, establece lo siguiente:
“ART. 16.—Indemnización por enfermedad profesional.
1. En caso de que quede el empleado en incapacidad permanente parcial, como consecuencia de la enfermedad profesional, tiene derecho a una indemnización proporcional al daño sufrido, que se liquidará con base en el salario devengado y que no será inferior a un (1) mes ni superior a veintitrés (23) meses del referido salario.
2. Dicha indemnización se fijará de acuerdo con el grado de incapacidad, que será determinado por el servicio médico especializado de la entidad de previsión a la cual esté afiliado el empleado y se pagará con aplicación de las tablas de valuación de incapacidades a que se refieren los artículos 204, literal b), 209 y 210 del Código Sustantivo del Trabajo”.
Visto lo anterior, se torna evidente la remisión expresa que se hace de un ordenamiento a otro, concretamente de los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, hacia el Código Sustantivo del Trabajo, el cual en su artículo 209 consagra la valuación de incapacidades permanentes de accidentes de trabajo (aplicado por la entidad al momento de ordenar el pago de la indemnización de la actora).
Ahora bien, el numeral 2º del artículo 209 del Código Sustantivo del Trabajo, dice: “Esta tabla podrá ser modificada o adicionada en cualquier tiempo por el gobierno”, lo cual indica, que la tabla contenida en el numeral 1º del artículo 209 del referido ordenamiento, está sujeta a las distintas modificaciones que de ella quiera hacer el Gobierno Nacional.
De esta manera, se expide el Decreto 2644 de 1944, que consagra la tabla única para las indemnizaciones por pérdida de la capacidad laboral entre “el 5% y el 49% y otra prestación económica correspondiente”, el cual en su artículo 1º, prescribe que para una pérdida de capacidad laboral del 45%, que fue la establecida para la actora, corresponden 22.5 de monto de indemnización en meses ingreso base de liquidación.
Entonces, cabe decir, que en la medida en que la tabla contenida en el numeral 1º del artículo 209 del Código Sustantivo del Trabajo, que es la normativa a la cual remiten los ordenamientos correspondientes a los servidores públicos (D. 31354/68 y 1848/69), esté sujeta a las distintas modificaciones o adiciones que efectúe en cualquier momento el Gobierno Nacional, debe entenderse que ellas también son perfectamente aplicables a los funcionarios que como en el caso de la actora se rigen en algunos preceptos por el Código Sustantivo del Trabajo.
Ahora, lo anterior, no quiere decir, como pretende la parte demandada en el recurso de apelación, que el Decreto 2644 de 1994, haya comenzado a regir para los docentes como tabla única de indemnizaciones por pérdida de la capacidad laboral, puesto que lo que sucede es que en este caso, dicho decreto es aplicable porque por circunstancias de temporalidad, es evidente que este ya había entrado en vigencia cuando tuvo ocurrencia el accidente de trabajo (oct. 1997).
Luego no es posible, que en unos casos se aplique una normativa, que aparentemente se ajusta a derecho, y no se emplee para otros, cuyas circunstancias de tiempo dan lugar a la utilización de las modificaciones que sobre esa norma se han expedido.
Lo anterior impone confirmar en su totalidad la sentencia recurrida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
CONFÍRMASE la sentencia del 4 de noviembre del 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en el proceso promovido por Natividad Llanos Sarmiento contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional.
Cópiese notifíquese y cúmplase. Una vez en firme, devuélvase el expediente al tribunal de origen.
Ana Margarita Olaya Forero—Alberto Arango Mantilla—Jaime Moreno García.

References: Resolución 
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