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Ariadna Tucma » Blog Archive » El constitucionalismo español y la representación política de los cubanos en las Cortes (1808-1878)
17 May 2017 | Historia | Tags: Constitución de 1812, Constitución de Bayona, Cortes, Leyes Especiales, Representación.
María del Carmen Alba Moreno, Yunier Jorge Feito Alba y Giselle Jordán Fernández*
Resumen/Abstract VER
Arriba: Promulgación de la Constitución de 1812. Salvador Viniegra. Museo de las Cortes de Cádiz
Durante el último cuarto del siglo XVIII España asistió a los primeros síntomas de crisis del Antiguo Régimen. La política reformista del “despotismo ilustrado” de Carlos III y en menor medida, de Carlos IV, resultó insuficiente para hacer frente a la presión que significaron dos fenómenos que representaron la coyuntura alcista del momento. Fueron estos el crecimiento demográfico y el alza de los precios agrícolas.[1] Las características feudales de la propiedad de la tierra entonces, limitaban el abastecimiento de una población en crecimiento, en tanto las frecuentes crisis de subsistencia se hacían sentir de forma más dramática en el sector agrario, a la vez que ponían en evidencia la necesidad de transformaciones en las estructuras de propiedad.[2] De forma que las tensiones entre los señores feudales y los campesinos sin tierras condujeron a las propuestas e implementación de las reformas de los ilustrados y a las primeras medidas conducentes al inicio del proceso de desamortización de las tierras.[3] Ello provocó la reacción de los sectores privilegiados de aquella sociedad estamental o si se quiere, de las élites tradicionales de poder, las cuales constituían el soporte fundamental de la monarquía absoluta.
Izquierda: Carlos III. Anton Raphael Mengs
Estas reformas se hicieron más lentas durante el reinado de Carlos IV. La inestabilidad social y política existente se vio incrementada con la influencia de la Revolución Francesa y del Imperio Napoleónico, en la medida en que su política expansionista incluyó a la península ibérica y en especial a España y su imperio colonial. Aquí entonces radicó la relación entre la fase decisiva de la crisis del Antiguo Régimen en España y la guerra de liberación nacional frente al invasor francés, el que a su vez, era portador de las transformaciones necesarias al impulso revolucionario burgués.[4] En este contexto tuvo lugar el inicio del proceso emancipador de las colonias de América continental.
Antecedentes de todo este proceso a nivel europeo fueron las transformaciones operadas entre el último tercio del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX y que llevaron a la instauración del régimen constitucional, a la estructuración de la sociedad de clases y al desarrollo económico en el marco del capitalismo industrial. En España, las contradicciones, desajustes y lento ritmo evolutivo en que se produjo este proceso revolucionario, estuvieron marcados por las peculiaridades de su formación, cuya evolución histórica, signada por la pluralidad de pueblos y regiones, no solo aportaron una diversidad institucional, jurídica y cultural en general, sino también un desarrollo económico desigual y con profundas diferencias entre cada una de dichas regiones.[5]
Derecha: Carlos IV. Francisco de Goya y Lucientes. Museo del Prado.
Este proceso de transformaciones lentas aconteció entre 1808 y 1868 y en él tuvieron lugar dos fenómenos históricos de la mayor importancia para el proceso revolucionario burgués: la crisis del Antiguo Régimen, enmarcada entre los años 1808 y 1840, y la instauración del Estado Constitucional entre 1840 y 1868, cuyos organismos jurídico – constitucionales refrendaron las reformas conducentes a la modernización de las estructuras económicas, sociales y políticas del país y que tuvieron su génesis en la Constitución de Bayona (Carta Otorgada por el Emperador)[6] y la Constitución gaditana de 1812[7]. Ambos procesos estuvieron antecedidos por la guerra de independencia – 1808-1814 – y la primera guerra carlista – 1833-1839 – y demostraron cómo la debilidad de la burguesía, la fuerza de la nobleza y el poder de la iglesia dificultaron el desarrollo del liberalismo frente a la alternativa absolutista, a la vez que retardaron la estabilidad y consolidación del régimen constitucional.[8]
El choque que provocó la invasión napoleónica y las abdicaciones de Bayona, marcaron de manera definitiva a todo el mundo hispánico. Los sucesos posteriores son conocidos: levantamientos contra los franceses y formación de juntas revolucionarias que emergieron en defensa de Fernando VII, en España y América, convocatoria a Cortes y elaboración de la primera Constitución en 1812, acontecimientos todos que entrelazados, iniciaron el camino de la revolución y que para la mayoría de los historiadores españoles, abrieron las puertas a la contemporaneidad en España. “La legislación de las Cortes de Cádiz responde en líneas generales a dos objetivos básicos: constituir un nuevo régimen y promover la transformación de la sociedad”.[9] Resaltan el origen popular de los levantamientos, la exaltación patriótica, esencialmente basada en valores antiguos como fidelidad al Rey y defensa de la religión y de las costumbres, junto a otros más modernos como nación y sentimiento nacional. Paralelo, la fuerza tremenda del tradicionalismo.
Izquierda: Jura de de Fernando VII como Príncipe de Asturias en Monasterio de San Jerónimo. 1789. Luis Paret y Alcázar. Museo del Prado.
Relevante resultó ser el tema de la soberanía y su reconocimiento en las constituciones liberales. De forma que la Constitución se presentaba ante la Nación como la norma que respondía a principios de ordenación del Estado y de la sociedad, tales como la distinción de poderes o la garantía de unos derechos ciudadanos, que bien determinaban la necesidad de cambios en el poder absoluto del monarca, el surgimiento de representaciones de los criollos en las cortes españolas y el advenimiento de un régimen constitucional, que respondiendo a las características del Nuevo Régimen, limitaba sus poderes y lo hacía recaer en la Nación.
No obstante el principio de soberanía nacional no fue plasmado de igual manera en las diferentes constituciones otorgadas o promulgadas a lo largo del proceso liberal en España. Así la Constitución de Bayona, en tanto Carta Otorgada, evitó el asunto de la soberanía, mientras que la Constitución de 1812 reconoció abiertamente la soberanía nacional, limitando el poder absoluto del monarca y estableciendo una división de poderes entre este y las Cortes, aún cuando tuvo como limitante el hecho de no contener una explícita declaración de derechos del ciudadano.
El Estatuto Real de 1834, promulgado luego de la muerte de Fernando VII, (1833) pretendió establecer un sistema seudoconstitucional y prescindió de temas como la división de poderes y los derechos de los ciudadanos. Más adelante y tras los sucesos de La Granja en 1836[10] se convocó a Cortes Constituyentes, cuyo resultado se plasmó en la Constitución de 1837 la cual fijó en su preámbulo la soberanía nacional, la separación de poderes y el reconocimiento de ciertos derechos y libertades, como la libertad de prensa “sin previa censura, con sujeción a las leyes”. En cambio, la Constitución de 1845, de corte moderado y vigente en sus fundamentos esenciales hasta que se elaboró la de 1869, marcó un retroceso en esta dirección al establecer una soberanía compartida entre el Rey y las Cortes. La misma solo intentó ser sustituida en 1856 en el contexto del Bienio Progresista (1854 – 1856) que sí reconocía la soberanía nacional, pero no pudo implementarse por la brevedad de período y el retorno de los moderados al poder.
La apreciación inmediata de esta sucesión de Constituciones resulta la de un caos político en España. Más si se acompaña de las agitaciones tales como levantamientos militares, guerra civil (carlistas) y agitaciones sociales. Ciertamente todas las leyes de leyes dictadas en los años comprendidos entre 1834 y 1876 resultaron prácticamente rechazadas inmediatamente después de su promulgación, sin embargo resultaron ser el soporte jurídico del lento proceso de transformaciones liberales en un período que por demás diseñó la evolución de España hasta la segunda mitad del siglo XX.
Los cambios institucionales hacia el Nuevo Régimen y los intentos de modificación de la estructura económica. El largo camino hacia la modernización
El proceso de modificación de la estructura agraria del Antiguo Régimen iniciado con la ilustración en España se aceleró con el establecimiento del régimen liberal. Las reformas se encaminaron a lograr la consolidación de la propiedad privada y el libre empleo de la fuerza de trabajo. En este sentido pueden enmarcarse los inicios del proceso de desamortización de algunas propiedades agrícolas, la liberalización del comercio de granos, la liberalización de algunos cercados y las limitaciones a los derechos de la Mesta.[11] Sin embargo, las reformas ilustradas no lograron alterar el viejo orden, ni en consecuencia, pusieron término a las instituciones del Antiguo Régimen. Ello solo fue posible mediante el establecimiento del sistema liberal, que como se señaló antes fue el marco legal que permitió el establecimiento de las nuevas instituciones y el Nuevo Régimen, a pesar de que su instauración resultó ser un proceso lento, discontinuo y condicionado por los equilibrios socio – políticos que lo favorecieron.
Así entonces, las reformas liberales desde sus inicios estuvieron encaminadas a barrer con los obstáculos que impedían el crecimiento y la expansión de la producción agrícola. De ahí la necesidad de abolir el régimen señorial, la amortización de las tierras, la abolición de los mayorazgos, la eliminación del diezmo y otras medidas tendentes a favorecer el incremento de la producción, la comercialización de los productos y la actividad fiscal. Esta última devino en fundamental para la configuración del sector agrícola, pero también para el Estado, básicamente luego de la independencia de las colonias de América.
La historiografía relativa a la economía española en general se refiere al conjunto de carencias o insuficiencias en el sector agrario, básicamente durante la primera mitad del siglo XIX. Ellas fueron la baja productividad del sector, la absorción por el mismo de los capitales que debieron invertirse en el fomento industrial, su incapacidad para liberar mano de obra y la falta de poder adquisitivo de los campesinos, quienes mantenían un nivel de autoconsumo que los incapacitaba para generar un mercado nacional para los productos industriales. Estos elementos resultan de la mayor importancia dado que la población mayoritaria se dedicaba precisamente al sector agrícola, aunque con marcadas diferencias en cuanto a renglones, rendimientos, competitividad, participación en el mercado y distribución regional.[12]
El proceso de cambios en la estructura de la propiedad se inició con el decreto del 6 de agosto de 1811 que dispuso la incorporación a la nación de todos los señoríos jurisdiccionales, a la vez que abolió los privilegios exclusivos de orden señorial. ”De todas las leyes reformistas emanadas de las Cortes de Cádiz la más importante y única que conoció una real aplicación fue el decreto del 6 de agosto de 1811, incorporando a la nación los señoríos jurisdiccionales […]”[13]. Otras medidas similares se promulgaron en 1821 y 1837. Todo ello favoreció el proceso de disolución de los señoríos y la consolidación de la propiedad privada. Más, la relación y compromiso de la nobleza en este proceso contribuyeron a la ampliación y consolidación de su poder territorial, solo que ahora en un nuevo contexto institucional.
Otra reforma en el ámbito de la propiedad territorial fue el proceso de desamortización que tuvo lugar hasta aproximadamente 1855, primero en las tierras de la Iglesia y más tarde en las tierras de la nobleza civil.[14] La abolición de los señoríos y del feudalismo expresada y legitimada por la Constitución de 1812 condujo a un proceso de reformas liberales cuya pretensión radicaba en la consolidación de la propiedad privada de la tierra y el libre empleo de la fuerza de trabajo. De modo que desamortización, eliminación de los mayorazgos, nueva política fiscal y liberalización de las restricciones para el libre empleo, devinieron en elementos básicos para la eliminación del Antiguo Régimen. Así, el marco legislativo para poner fin a la vinculación de la tierra fue completado por el régimen liberal mediante las leyes de eliminación del mayorazgo y de las limitaciones jurídicas al libre usufructo de los bienes por parte de sus propietarios. Todo ello asociado al proceso de cambios institucionales promovidos por el liberalismo[15]
En las Instrucciones para la Convocatoria de una Asamblea en Bayona, en su artículo 15 se planteaba que el Consejo de Indias debería designar a dos de sus miembros para que acudieran a la Asamblea de Bayona[21]. El Emperador francés necesitaba de la representación española en la Asamblea, a fin de lograr cierto nivel de consenso sobre el proyecto de Constitución, para lo cual resultaba también necesaria la presencia de diputados ultramarinos con el objetivo de neutralizar cualquier pretensión independentista que pudiesen albergar[22]
En la mencionada Orden de 19 de mayo de 1808, Napoleón concedió a los habitantes americanos el derecho de representación en la Asamblea de Notables, aunque la premura con la que se eligió la fecha para su celebración hizo que acudiesen solamente seis representantes que en esos momentos se encontraban residiendo en la Península. No obstante, se trataba de un hecho revolucionario para la historia colonial española ya que en el seno de la Asamblea se defendió el principio de igualdad territorial que posteriormente también fuera reconocido en Cádiz[23]. Con posterioridad a la redacción de las Instrucciones Generales, se realizó un nombramiento [24] con acuerdo de la Junta de gobierno, mediante el cual se designaban a “6 sujetos naturales de las dos Américas”[25]
El tercer proyecto del Estatuto de Bayona fue el que reconoció de forma definitiva la representación en las Cortes de los territorios de Ultramar, introduciendo un Título especialmente dedicado a los territorios americanos. Se regulaba el número de diputados por cada una de las circunscripciones hasta un total de veinte representantes, igualmente su forma de elección, que sería por mayoría simple en los Ayuntamientos de los pueblos designados, siendo el mandato de los representantes de ocho años.
No obstante fue la Constitución de Cádiz[26] por su fundamento doctrinal del gobierno representativo y de la democracia parlamentaria, la que más influyó en el afán de los criollos adinerados de participar y poder influir en las políticas económicas y comerciales.[27] Pero fue abrogada por Fernando VII el 4 de mayo de 1814 una vez restaurado el absolutismo tras la derrota de las tropas napoleónicas en España. Se volvió a poner en vigor el 10 de marzo de 1820, luego del pronunciamiento de Riego en Cabezas de San Juan durante el conocido Trieno Liberal, pero fue nuevamente declarada nula por el Manifiesto Regio del 1 de octubre de 1823 (al término de este periodo liberal y tras la restauración de Fernando VII por la intervención de la Santa Alianza). El 5 de julio de 1834 se promulgó el Estatuto Real que sustituyó a la Constitución de 1812; la Carta Magna gaditana volvió a entrar en vigor en 1836 por poco tiempo, a consecuencia del motín de sargentos de La Granja del 13 de agosto del mismo año, hasta que fue promulgada la Constitución de 1837, el 18 de junio que estableció en su artículo 80 que las Provincias de Ultramar debían ser gobernadas por leyes especiales[28], las cuales nunca llegaron a dictarse, al menos para el caso de Cuba. Mientras tanto, los Capitanes Generales mantenían las Facultades Omnímodas.
De tal suerte, las concepciones liberales en España marcaron el accionar político de esta hacia las colonias que le restaban y de forma particular, las relaciones económicas metrópoli-colonia. El contenido burgués y nacionalista de las reformas liberales, por tímidas y lentas que fueren, generaron el enfrentamiento pues era trascendente para la metrópoli el mantenimiento del status colonial. De modo que eliminación de la esclavitud y modificación en las relaciones económicas entre la metrópoli y la colonia y en la sujeción política serían cuestiones a resolver en breve tiempo. Téngase en cuenta que desde la segunda mitad del siglo el entramado político continental se había modificado: las colonias continentales de América habían alcanzado su independencia, Estados Unidos afianzaba el proceso expansionista en el área y en Cuba tomaban fuerza las ideas separatistas, reformistas, anexionistas y autonomistas como expresión de los intereses, a veces contrapuestos, de la burguesía esclavista cubana.
Cuba en las Cortes españolas: una participación interrumpida
La representación de diputados cubanos tuvo sus antecedentes en el decreto del 22 de enero de 1809 de la Suprema Junta Central constituida en Aranjuez, que estableció que “los vastos y preciosos dominios que España poseía en América, no eran propiamente colonias o factorías, sino parte esencial e integrante de la nación española”. El 8 de junio del propio año se dictó el Decreto creando la Comisión de Cortes según lo dispuesto en el Real Decreto. En octubre, el Cabildo de la Habana, a moción de Francisco de Arango y Parreño, reconoció a la Junta Central de España[29]; de esta forma se creaban las bases para la representación colonial en las Cortes. Por Cuba resultaron electos Luis de Peñalver y Cárdenas y Francisco de Arango y Parreño. Al ser sustituida la Suprema Junta Central por el Consejo de la Regencia, se anularon las anteriores designaciones para elegir nuevos diputados. En tal sentido, el Decreto de 14 de febrero de 1810 permitió la representación cubana en las Cortes Extraordinarias del Reino de diputados americanos. En esta fecha el Consejo de la Regencia de España e Indias emitió el Real Decreto en el que se dispuso la concurrencia de diputados de los dominios españoles de América y Asia a las Cortes Extraordinarias. A Cuba se le atribuyó el nombramiento de dos diputados que se obtendrían por sorteo entre tres candidatos nominados por cada Cabildo o Ayuntamiento de La Habana o Santiago de Cuba.
Matilla Correa, Andry, y Massó Garrote, Marcos Francisco (Coord.): De Cádiz a La Habana, Escritos con motivo del bicentenario de la Constitución Española de 1812, Ediciones ONNBC, La Habana, 2011
Moliner Prado, Antonio: Liberalismo y democracia en la España del siglo XIX: las Constituciones de 1812 y 1869, Revista Jerónimo Zurita, 85, 2010
Paredes, Javier (Coord.): Historia contemporánea de España (1808 – 1939). Ariel Historia, Barcelona, 1996
Pérez, Joseph: Historia de España. Editorial Crítica, Barcelona, 2001
Pichardo, Hortensia: Documentos para la Historia de Cuba. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1976.
Rodríguez López-Brea: La práctica parlamentaria durante el Estatuto Real: peticiones económicas de los procuradores en la legislatura 1834-1835, Revista de Estudios Políticos (Nueva Época) Núm. 93, Julio-Septiembre de 1996
Roldán de Montaud, Inés: Política y Elecciones en Cuba durante la Restauración, Revista de Estudios Políticos (Nueva Época) Número 104 abril-junio 1999
1. John Lynch: Historia de España. Edad moderna. Crisis y recuperación 1598-1808. Crítica, Barcelona, 2005, p. 439-441
2. Gonzalo Anes: Las crisis agrarias en la España moderna. Taurus Ediciones, Madrid, 1970, p. 147-189
3. John Lynch: Ob. Cit. p. 449-453
4. Joseph Pérez: Historia de España. Editorial Crítica, Barcelona, 2001, p. 381-386.
5. Aurea Matilde, Fernández: Breve historia de España. Ciencias Sociales, La Habana, 2005, p. 179-180.
6. Primera constitución aplicada en España. Contenía un conjunto de propuesta de transformaciones que estimaba Napoleón eran necesarias para España.
7. Primera constitución española. Ella y el resto de reformas legislativas que se elaboraron y promulgaron en Cádiz (1812), revolucionaron a España y al mundo colonial.
8. Raymond Carr: España 1808 – 1939. Ariel, Barcelona, 1985, p. 35-62.
9. Miguel Artola: La burguesía revolucionaria (1808-1974). Editorial Alfaguara, Madrid, 1981, p. 32
10. Motín que condujo a la restauración del régimen constitucional de 1812 y que llevó a la Regente María Cristina a mostrarse “más liberal” con el fin de salvaguardar el trono para su hija Isabel.
11. Agustín González Encizo y Juan Matés B: Historia económica de España, Ariel, Barcelona, 2006, p.162-169
12. Javier Paredes (Coord.): Historia contemporánea de España (1808 – 1939 1996, Ariel, Barcelona, 1996, p. 59-74
13. Miguel Artola: Ob Cit, pp.37
14. Aline Angoustures: Historia de España en el siglo XX. Ariel, Barcelona, 1992, p. 13-19
15. Agustín González Encizo y Juan Matés B Ob. Cit, p.166-168.
16. Julio Le Riverend: Historia económica de Cuba. Instituto Cubano del libro, La Habana, 1971, p. 50-72
17. Hortensia Pichardo: Documentos para la Historia de Cuba. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1976, p. 124-189
18. La que finalmente abriese un 7 de enero de 1821
19. En las Instrucciones para la Convocatoria de una Asamblea en Bayona se plantea el deseo de reunir una Diputación general de 150 personas, escogidas entre el clero, la nobleza y las otras clases de la nación española, para“(…) ocuparse de las leyes de felicidad de toda España, reconocer sus desgracias, que el antiguo régimen ha ocasionado, proponer las reformas y los remedios, para impedir la vuelta, sea para la nación en general, sea para cada provincia en particular”
20. Como notas distintivas del Estatuto de Bayona debe decirse que instituía un Senado, que debería suspender la constitución y velar por las libertades individuales; un Consejo de Estado, presidido por el rey para dirimir controversias y preparar proyectos de ley, y como órgano legislativo la Cámara aunque mantiene las Cortes. Resulta interesante mencionar que el artículo 11 del Estatuto preveía la creación de un Ministerio de Indias –de los nueve que establecía-, y el artículo 15 preveía una sección de Marina e Indias entre las cinco en que se iba a dividir el Consejo de Estado.
21. El Consejo de Castilla nombrará cuatro de sus miembros; dos el de Indias; dos el de Guerra, de los cuales uno será de espada otro de toga. Los Conseje­ros de Ordenes, Hacienda y de la Inquisición nombra­rán uno cada uno.
22. Antonio-Filiú Franco Pérez: “La “cuestión americana” y la Constitución de Bayona (1808)” En: Historia Constitucional (revista electrónica), n. 9, 2008. http://hc.rediris.es/09/index.html, p. 3
23. Antonio-Filiú Franco Pérez Ob. Cit, p. 4
24. No se conoce la fecha de dicho nombramiento, pero sí se sabe que es posterior a las Instrucciones Generales. Tampoco se conoce su articulado, sino simplemente los nombres de los elegidos que fueron publicados en la Gaceta de Madrid de 24 de mayo de 1808. Núm. 49, págs. 494-495
25. Resultaron designados, el marqués de San Felipe y Santiago, por la Habana; Don Josef del Moral, canónigo de México, por Nueva-España; Don Tadeo Bravo y Ribero, por el Perú; Don León Altolaguirre, por Buenos-Aires; Don Francisco Cea, director del jardín botánico, por Guatemala; y Don Ignacio Sánchez de Tejada, por Santa Fe. Ver: Beatriz Bernal G: “Diputados cubanos en las primeras Cortes de Cádiz” En: Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, 2013, http://biblio.juridicas.unam.mx p. 183
26. Ver: Antonio Moliner: “Liberalismo y democracia en la España del siglo XIX: las Constituciones de 1812 y 1869” En Revista Jerónimo Zurita, 85, 2010, p.167. El autor también plantea que el liberalismo español decimonónico presenta muchos paralelismos con los otros liberalismos europeos y es el resultado de la adaptación y de la lectura selectiva de los principales pensadores de la Europa ilustrada (Rousseau, Montesquieu, junto a Locke, Adam Smith y otros autores), a la luz de la tradición neoescolástica española (Santo Tomas, Suarez, Vitoria, Marina). Si bien confluyen las corrientes europeas del iusnaturalismo y del utilitarismo, se acomoda de alguna manera a la cultura católica hispana.
27. Antonio Moliner: Ob. Cit, p. 167
28. Para ese entonces solo restaban Cuba y Puerto Rico del antiguo Imperio Colonial español. El resto de las colonias habían alcanzado su independencia.
Janet Iglesias Cruz: La aristocracia habanera en las Cortes de Cádiz, https://halshs.archives-ouvertes.fr/ halshs-00529176, 2010 , p.75
Melchor Gaspar de Jovellanos (Gijón, España, 1744-1811). Destacado ilustrado español. Se pronunció por eliminar los obstáculos a la libre iniciativa, en especial los mayorazgos, la mesta, las tierras baldías.
31. Beatriz Bernal G: Ob Cit, p. 185
32. Realmente se tienen pocos datos de su participación en las Cortes, aunque participaron en las sesiones desde el comienzo hasta la llegada de los representantes electos.
33. Regidor y Alguacil mayor y exitoso comerciante de La Habana. Fue elegido representante a las Cortes el 6 de agosto de 1810 y presentó su juramento al año siguiente, el 27 de febrero de 1811.
34. Vicario de La Habana. Fue elegido representante por el Cabildo de Santiago de Cuba en 1811 y prestó juramento el 15 de marzo de 1812.
José Agustín Caballero y Rodríguez de la Barrera, (La Habana, 1762-1835). Orientó sus esfuerzos hacia la crítica de la escolástica y la introducción de la filosofía moderna. Considerado primer reformador educacional en nuestro país.
36. El concepto de nación recogido en la Constitución gaditana, incluyendo a los territorios de Ultramar, tiene también su origen en el Decreto de 15 de octubre de 1810 que establecía que los dominios españoles de ambos hemisferios habían de formar una sola y misma monarquía, una misma Nación, y una sola familia con igualdad de derechos.
37. Lo que en definitiva se vio afectado a la postre por el Real Decreto de 1810 que limitaba la representación americana a las Cortes. La igualdad de derechos, reclamada como igualdad de representación, fue reclamada por los diputados americanos en las Cortes en diciembre en 1810 y enero y febrero del año siguiente, siendo desestimada su pretensión en la sesión del 9 de febrero. No obstante, si bien los diputados americanos se encontraban proporcionalmente en desventaja con los metropolitanos sí lograron que se aprobaran determinadas medidas, entre ellas la libertad de siembras y cultivos, y promoción de industrias, manufacturas y artes, y la igualdad de opción por los empleos y destinos, constituyendo un ejemplo de unión entre las dos Españas. Ver Hernández Corujo: Historia Constitucional de Cuba, Tomo I, Universidad de La Habana, 1960, p. 40).
38. Artículo 10: Por lo respectivo a la representación las provincias de Ultramar, ínterin pueden llegar a representación los diputados, que eligieren se acudirá a su falta por el medio de suplentes acordado por el Consejo de Regencia en 8 de setiembre de 1810 para las Cortes generales y extraordinarias.
39. Hernández Corujo: Ob. Cit. p. 87
40. Manuel de Escovedo, quien fuese discípulo de Varela, no se presentó a las Cortes
41. La guerra independentista cubana es por consiguiente la razón que impide que se apliquen en Cuba el Título I de la Constitución que recogía las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos, Título que sí se aplicó en la colonia de Puerto Rico.
42. Artículo 89: Las provincias de Ultramar serán gobernadas por leyes especiales; pero el Gobierno queda autorizado para aplicar las mismas, con las modificaciones que juzgue convenientes y dando cuenta a las Cortes, las leyes promulgadas o que se promulguen para la Península. Cuba y Puerto Rico serán representadas en las Cortes del Reino en la forma que determine una ley especial, que podrá ser diversa para cada una de las dos provincias. Sin embargo, el artículo transitorio de la propia Constitución establece expresamente que el Gobierno determinará cuándo y en qué forma serán elegidos los representantes a las Cortes de la isla de Cuba; como dijimos, ello era consecuencia directa del conflicto bélico en el que se encontraba inmersa la isla.
43. Puerto Rico, al no estar inmersa en el conflicto bélico que sí se estaba llevando a cabo en la isla de Cuba, había estado enviando representantes a la península desde 1869.
44. Inés Roldán de Montaud: “Política y Elecciones en Cuba durante la Restauración”, En. Revista de Estudios Políticos (Nueva Época) Número 104 abril-junio 1999, p. 246-248.
Ariadna Tucma Revista Latinoamericana. Nº 11/12. Marzo 2016 – Julio 2017.
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References: artículo 15
 artículo 80
 Real Decreto 
 artículo 11
 artículo 15
 Real Decreto 
 Artículo 10
 Artículo 89