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Timestamp: 2020-02-23 21:26:33+00:00

Document:
Sentencia condenatoria contra Martha Moyano por el delito de difamación agravada | Derecho penal | Castigos
Mediante sentencia condenatoria de fecha 22 de enero de 2019 el Vigésimo Séptimo Juzgado Penal de Lima declaró la culpabilidad de la ex congresista Martha Moyano y Gregory Gallegos Ibarburu (Presidente del FENAVIT), de la comisión del delito de difamación agravada en perjuicio de la ciudadana Jenny Romero Coro, al haber declarado falsamente a través de distintos medios de comunicación ( RPP Noticias, Exitosa Noticias, Canal N, etc.), que perteneció a la organización terrorista Sendero Luminoso, y, además, ser una de las personas que participó en el atentado dirigido contra la lidereza popular Maria Elena Moyano que acabó con su vida.
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SEDE PROGRESO,
Juez:URIOL ALVA Ena Daysi FAU 20159981216 soft
Fecha: 22/01/2019 13:09:36,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
Electronicas SINOE Vigésimo Sétimo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima
Secretario:QUINTO QUINTO Jaime
Manuel FAU 20159981216 soft
Fecha: 22/01/2019 13:12:00,Razón:
JUDICIAL,D.Judicial: LIMA /
EXPEDIENTE : 07228-2017-0-1801-JR-PE-27
JUEZ : URIOL ALVA ENA DAYSI
ESPECIALISTA : QUINTO QUINTO, JAIME MANUEL
QUERELLADO : GALLEGOS IBARBURU, GREGORY IVAN
: MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE
DELITO : DIFAMACIÓN
QUERELLANTE : ROMERO CORO, JENNY BERTHA
Resolución Nro. 16
Lima, veintidós de enero del años dos mil diecinueve.-
El Vigésimo Sétimo Juzgado Penal de Lima de la Corte Superior de Justicia de
Lima, a cargo de la Señora Juez, Ena Daysi Uriol Alva la potestad de
administrar justicia, ha pronunciado en nombre de la Nación, la siguiente:
VISTOS; los actos procesales y demás actuados obrantes en el presente
expediente judicial, formado con ocasión del proceso penal que por delito
contra el Honor – Difamación agravada por el empleo de medios de
comunicación social, en agravio de Jenny Bertha Romero Coro, se sigue en
• MARTHA LUPE MOYANO DELGADO, identificada con DNI N°
08911520, natural de la Provincia Constitucional del Callao, nacida día
14 de octubre de 1964, hija de don Hermogenes y doña Eugenia, estado
civil casada, instrucción superior incompleta y domiciliada en el Sector 3,
Grupo 12, Manzana E, Lote 4 – Villa El Salvador, cuyas demás generales
de ley obran a fojas 110.
• GREGORY IVÁN GALLEGOS IBARBURU, identificado con DNI N°
41657171, natural del departamento de Lima, nacido día 20 de diciembre
de 1980, hijo de don Mario y doña Bertha, estado civil soltero, instrucción
superior incompleta, ocupación director ejecutivo de FENAVIT y
domiciliada en el Pasaje Manco Inca 241, Urbanización Salamanca de
Monterrico - Ate, cuyas demás generales de ley obran a fojas 113.
Primero.- La presente investigación, se inició por ante ésta judicatura a mérito
de la demanda de folios 01/25, contra los citados querellados, por delito contra
el honor – Difamación.
Segundo.- El señor Juez Penal, al considerar que concurrían los presupuestos
requeridos, y de conformidad con el numeral trescientos dos del Código de
Procedimientos Penales, a folios 92/98 admitió a trámite la querella contra dicha
Tercero.- Concluido el plazo de la investigación judicial, tiempo durante el cual
se han verificado diversas diligencias, conforme a las normas procesales
vigentes, y oídos los informes orales, la causa se encuentra expedita de emitir
Que, de los hechos narrados por Jenny Bertha Romero Coro se desprende que
la incriminación concreta contra Martha Lupe Moyano Delgado y Gregory
Iván Gallegos Ibarburu, consiste en haber mancillado su honor en las distintas
entrevistas que habrían brindado en los medios de comunicación: el día 17 de
octubre del 2017, en el Programa ”Ampliación de Noticias” de Radio Programas
del Perú (RPP); el día 17 de octubre del 2017, en el Programa “Primero a las
doce de Canal N”; el 17 de octubre del 2017 en el Noticiero 24 Horas de
Panamericana TV, el 19 de octubre del 2017, en Exitosa Noticia y el 18 de
octubre del 2017, en el programa Primer Plano de Willax.
Que, en transcurso de la SUMARIA INVESTIGACIÓN, al recibirse la
declaración preventiva de la querellante, Jenny Bertha Romero Coro, narra en
forma detallada la manera cómo se desarrollaron los hechos, ratificándose en
todos los extremos de su denuncia de parte en contra de los querellados e
informando que dichas personas de algo que no han tenido que ver, porque es
inocente, primero tomó conocimiento por la radio, en radio programas del Perú
los querellados la acusaban directamente que había asesinado a la señora María
Elena Moyano, la señora Martha Moyano dijo textualmente que fue la persona
que puso la dinamita en el cuerpo de su hermana que inclusive ha sido
indultado cuando no ha sido sentenciada, ni procesada por el caso de María
Elena Moyano, quien fue asesinada en al año 1992, cuando la declarante tenía
15 años de edad y cursaba el tercer año de secundaria en el colegio Nuestra
Señora de Trinidad del distrito de Surquillo, asimismo refiere que los
querellados al día siguiente, salieron en otros medios de comunicación, en el
programa 24 Horas de Panamericana Televisión dijeron lo mismo, la acusaron
de haber participado directamente en el asesinato de la señora María Elena
Moyano, agrega haber sido investigada y procesada por delito de terrorismo,
precisando que fueron por hechos distintos a los que se refieren los querellados,
en dicho proceso fue declarada inocente.
Por su parte la querellada, Martha Lupe Moyano Delgado, al prestar su
declaración instructiva, se ha declarado inocente manifestando que a raíz de la
liberación de la terrorista Martha Huatay y Garrido Lecca, la Federación
Nacional de Familiares y Victimas del Terrorismo que preside, se enteraron que
a través de un decreto supremo se estaba otorgando un terreno a victimas del
terrorismo, al revisar la lista de beneficiarios se percataron que la mayoría eran
indultados por terrorismo, entre ellas, Jenny Bertha Romero Coro, a quien se le
conocía como “camarada Lucero” según el reportaje del periódico “El
Comercio” del año 2000, así como del informe de la Dircote donde se señala que
ella formaba parte del destacamento especial “Socorro Popular Zona Sur de
Lima” , y de acuerdo a esas dos afirmaciones la camarada “Lucero” participó
directamente en el asesinato de su hermana María Moyano, debido a esa
información que le causo indignación a su persona como a la federación que
preside, fue que salieron a los medios de comunicación a denunciar cómo es
posible que se otorguen terrenos a gente vinculada a delitos de terrorismo, peor
aún si el terreno colinda con la fabrica de municiones. La querellada precisa que
ha manifestado que la querellante fue sentenciada por terrorismo y participo en
el asesinato de su hermana, basándose en la información obtenida por el
periódico “El Comercio” de octubre del año 2000 y del Informe de la DIRCOTE,
no cuenta con ninguna documentación que fue procesada y sentenciada por
delito de terrorismo específicamente en el asesinato de su hermana.
El querellado Gregory Iván Gallegos Ibarburu, al prestar su declaración
instructiva, se considera inocente de los cargos que se le atribuye manifestando
que todo se suscito a raíz que tomaron conocimiento que el gobierno estaba
entregando terrenos a personas victimas del terrorismo, al leer la lista de
beneficiarios se dieron con la sorpresa que la mayoría de ellos eran terroristas y
una de ellas era la agraviada, Jenny Romero Coro, de acuerdo a sus
investigaciones primero en la página web Panamá America.com del 22 de
octubre del año 2000, donde se informaba con el titulo “Capturan a terrorista
que asesino a madre coraje”, habían capturado a Jenny Romero “camarada
Lucero”, quien formó parte integrante de la célula de aniquilamiento que
asesino a tiros a María Elena Moyano, según el diario “El Comercio” se informó
que habían apresado a la terrorista que asesino a María Moyano, refiriéndose a
Jenny Romero Coro, en base a esa información salieron a denunciar antes los
medios de comunicación, es por ello que ante los medios de comunicación dijo
que la querellada participó en el asesinato del María Elena Moyano, porque su
hermana Martha le contó como habían sucedido los hechos respecto al
asesinato de su hermana, finalmente agrega que no cuenta con ninguna
documentación, sólo con los informes periodísticos que ha detallado.
CONSTITUCION, BIEN JURIDICO Y LESIVIDAD PENAL
“Bien Jurídico, será todo lo que, aún no constituyendo derecho, es valorado por
el legislador como condición para que la vida comunitaria se desarrolle
normalmente. Por lo que es interés de la comunidad conservarlo íntegro
protegiéndolo mediante normas jurídicas” (Fundamento N° 10 del Acuerdo
Plenario N° 01-2012/CJ-116. Pleno extraordinario de la Corte Suprema de
Justicia de la República).
El artículo dos, inciso sétimo de la Constitución Política del Perú prescribe que
“toda persona tiene derecho al honor y a la buena reputación...”. Dada la
ubicación que tiene dicho bien jurídico dentro de la Carta Política, es evidente
que su consideración es la de un derecho fundamental, en la medida que el
honor consiste en el conjunto de relaciones de reconocimiento que se derivan de
la dignidad y del libre desarrollo de la personalidad. Defraudar las concretas
expectativas de reconocimiento que emanan de estas relaciones constituye un
comportamiento lesivo para el honor.
La Constitución protege el derecho fundamental al honor y a la buena
reputación (artículo 2, inciso 7). (Ver fundamento número 04 – STC recaída en
el Exp N° 05637-2006-AA/TC - Caso Roberto Woll Torres).
A este respecto, el Tribunal Constitucional ha considerado que este derecho
“está estrechamente vinculado con la dignidad de la persona, ( …); su objeto es
proteger a su titular contra el escarnecimiento o la humillación, ante si o ante los
demás, e incluso frente al ejercicio arbitrario de las libertades de expresión o
información, puesto que la información que se comunique, en ningún caso
puede resultar injuriosa o despectiva” (ver fundamento número 03 de la STC
recaída en el Exp N° 2790-2002-AA/TC – Caso José Loayza Supa).
Que el honor interno de cada persona, es decir la apreciación que de sus
propios valores y virtudes tiene, debe diferenciarse del honor externo, que es la
percepción que tienen los demás respecto a los valores y virtudes de esa
El delito de Difamación, previsto en el artículo ciento treintidós del Código
Penal, se configura cuando el agente atribuye a una persona un hecho – suceso o
acontecimiento- cualidad - calidad o manera de ser – o conducta – modo de proceder
de una persona – que pueda perjudicar su honor y reputación, realizado de
manera que pueda difundirse la noticia, agravándose dicho hecho delictivo por
el medio empleado, cuando se comete por medio de libro, prensa u otro medio
VALORACION DE LOS MEDIOS PROBATORIOS
Este Juzgado Penal, valorando las pruebas actuadas en forma conjunta,
considera que se encuentra acreditada la comisión del delito contra el Honor –
Difamación agravada por el empleo de medios de comunicación social, previsto
y penado en el artículo 132° tercer párrafo del Código Penal, además de
responsabilidad penal a titulo de autores de los querellados MARTHA LUPE
MOYANO DELGADO y GREGORY IVÁN GALLEGOS IBARBURU.
( I ) Imputación Objetiva
Nuestro ordenamiento penal establece que la figura legal
delito de difamación exige como requisitos: dos elementos objetivos: (a)
imputación (atribución) a algún individuo de un hecho determinado, especifico;
(b) comunicación con varias personas, estén ellas reunidas o separadas, pues lo
que interesa es la divulgación del hecho, la misma que puede hacerse en forma
oral o escrita., y, elemento subjetivo, se trata de un delito “doloso”, debiendo
entenderse por dolo la intención de realizar un hecho antijurídico, es decir el
conocimiento de la naturaleza ofensiva de las expresiones proferidas, no
requiriendo el elemento subjetivo de la presencia de algún animo especial
distinto de la forma dolosa (ánimo de difamar).
Seguidamente, debe procederse a establecer si la conducta atribuida a los
querellados MARTHA LUPE MOYANO DELGADO y GREGORY IVÁN
GALLEGOS IBARBURU se subsume en el tipo penal propuesto, es decir, si se
verifican todos y cada uno de los elementos objetivos y subjetivos del delito
materia de instrucción.
Con relación al tipo objetivo, es de advertirse que ha quedado plenamente
acreditado, con el mérito de la prueba de cargo presentada, la forma en que los
querellados han mancillado el honor y reputación de la agraviada, conclusión a
la que se arriba no sólo estando a la sindicación directa efectuada por la
perjudicada a fojas 107 a 109, sino que además se cuenta con el mérito de la
transcripción de las declaraciones brindadas por los querellados en los distintos
medios de comunicación, que fueran difundidos de la siguiente manera: en el
programa ”Ampliación de Noticias” de Radio Programas del Perú (RPP), al ser
entrevistados los querellados, textualmente manifestaron lo siguiente:
• Gregory Gallegos: “(…) es la delincuente terrorista Jenny Romero
Coro, ¿quién es Jenny Romero Coro? Jenny Romero Coro… alías
“camarada Lucero”, formó parte de la cedula de aniquilamiento que
asesino a María Elena Moyano”.
• Martha Moyano: “(…) podemos separar paja del trigo en esta lista, pero
lo que nos asombra es que está la persona que puso la dinamita al cuerpo
de mi hermana y, que fue sentenciada 30 años, y no solamente figura como
beneficiaria sino que fue sentenciada en el año 93 y, fue indultada en el
año 2001. Entonces podemos decir que es una persona inocente?, es
alguien que bueno el Estado se equivocó y la metió presa y luego la
indultó? No.
En el Programa “Primero a las doce de Canal N”, en entrevista efectuada en
Canal N manifestaron textualmente lo siguiente:
• Gregory Gallegos: “(…) lo que si es muy indignante es que la CMAN
que, ha estado encargada de hacer esta lista haya incluido terroristas
convictos y confesos. Por ejemplo, hay una terrorista de nombre Jenny
Bertha Romero Coro, alías camarada “Lucero”, Jenny Bertha Romero
Coro, perteneció a Socorro Popular del comité metropolitano, fue la
encargada de neutralizar a María Elena Moyano para que le ponga
dinamita y asesinarla, esa señora no sólo fue indultada un año después de
ser capturada, pero le están regalando un terreno de 200m2”.
En el Noticiero 24 Horas de Panamericana TV emitieron las siguientes
• Martha Moyano dijo: “Una de las que participó y dinamitó el cadáver
de mi hermana ha sido indultada en el año dos mil uno, ella fue
sentenciada a 30 años de prisión indultada por el gobierno de Toledo y sus
leyes en el año 2001; y va a ser beneficiada con un terreno en Huachipa.
(…) Hay una lista de más de 100 personas de este tipo que supuestamente
se hacen llamar indultados inocentes (…)”.
• Gregory Gallegos dijo: “Ella es alías ‘camarada Lucero’, su nombre es
Jenny Bertha Romero Coro, miembro de Socorro Popular del Comité
Metropolitano. Ella neutralizó a María Elena Moyano con el propósito de
que le pongan dinamita. ¿Y, a esa sanguinaria la indultan?”.
En el medio de comunicación Radio Exitosa Noticia, emitieron las siguientes
• Gregory Gallegos dijo: “(…) dentro de esa lista del terror que sacamos
al azar encontramos a la asesina, a la persona que neutralizó a María
Elena Moyano con el propósito de colocarle la dinamita” (…) Claro, se
llama Jenny Romero Caro”.
En el programa “En Primer Plano” de Willax TV, en entrevista realizada por el
periodista Jaime Chincha, la señora Martha Moyano dijo lo siguiente:
• Martha Moyano dijo; “Hemos encontrado que las hermanas Romero
Coro…(Coro) Angélica y Jenny, que participaron del atentado de mi
hermana, una neutralizándola, porque a mi hermana le dispararon en la
pierna para que caiga y luego le pusieron dinamita (…) una de ellas fue
sentenciada a 30 años. Bueno, las dos, una en el año 92, y la otra recién
capturada en el 2000 sentenciada también a 30 años. Pero, los dos, en el
2001, indultadas (…) fueron parte del grupo de aniquilamiento. Ellas
están en esta lista del decreto supremo”.
Al respecto, si bien de autos no se ha realizado una trascripción oficial de tales
medios audiovisuales (videos aportados) debe tener en consideración estos
medios de prueba no han sido objeto de cuestionamiento por parte de los
querellados; por ende se concluye que las declaraciones fueron realizadas por
ellos, conforme lo han corroborado en sus declaraciones brindadas en la sede
En tal contexto, deben ser evaluadas las expresiones a las que hace referencia
los querellados respecto a los hechos acaecidos y a la forma en que se difundió
la noticia. Así, se infiere que con lo expresado por los querellados se causó a la
agraviada Jenny Bertha Romero Coro un grave daño a su buen nombre, imagen
y reputación, por cuanto en las entrevistas realizadas, claramente le han
atribuido no sólo la calidad de “terrorista” indultada, sino además ha señalado,
Gregory Gallegos que “formó parte de la cédula de aniquilamiento que asesino
a María Elena Moyano”, “que perteneció a Socorro Popular del Comité
metropolitano, y fue la que neutralizó a María Elena Moyano con el propósito
que le pongan dinamita”, expresiones que del mismo modo la querellada,
Martha Moya profirió en los medios donde fue entrevistada.
Lo precedentemente expuesto se sustenta con lo vertido por los propios
querellados MOYANO DELGADO y GALLEGOS IBARBURU a fojas 110/112 y
113/115, respectivamente, quienes pese haberse declarado inocentes de los
cargos imputados, han aceptado haber dicho en entrevista periodística que la
querellante, Jenny Bertha Romero Coro fue sentenciada por terrorismo y
participó en el asesinato Maria Elena Moyano, basándose en la información
obtenida por el periódico “El Comercio” de octubre del año 2000 y del Informe
de la DIRCOTE. Al respecto debe precisarse que una de las modalidades que
exige el tipo de difamación es la atribución de un hecho que pueda perjudicar
su honor, para lo cual resulta irrelevante si el hecho atribuido a la agraviada es
verdadero o falso. En el presente caso, la Juzgadora considera que atribuirle a
la querellante haber tenido “participación en el asesinato de María Elena Moyano
como miembro de una agrupación terrorista”, a través del medio de comunicación
(radial y televisiva), resulta perjudicial, por sí mismo, para su honor, ya que los
querellados sin haber probado sus afirmaciones con medio probatorio idóneo
y suficiente que lo corroboré y/o sustente, difundieron en distintos medios de
comunicación social conductas de carácter ofensivo que dieron por “ciertas” y
con lo cual menoscabaron el honor de la querellante, resultando evidente el
ánimo de desacreditar a la querellada por el hecho de resultar beneficiada con
la adjudicación de un terreno otorgado por un decreto supremo según han
declarado los querellados, y que a consideración de ellos no le correspondería
obtener por lo motivos ya expuestos, debiendo precisarse que del tenor de la
trascripción de los textos, los querellados no hacen mención como fuente de
información al Diario Comercio e informe de DIRCOTE, para asegurar que la
querellante fue una “terrorista” involucrada en el asesinato de María Elena
Moyano como posteriormente lo han hecho en sede judicial, sino que en forma
directa se han expresado de tal forma sin acreditar la veracidad de sus
Respecto de la difusión de la noticia lesiva al honor de la querellante, se
advierte que el delito alcanzó grado de consumación en el momento que se
emitieron las entrevistas concedidas por los querellados en el Programa
”Ampliación de Noticias” de Radio Programas del Perú (RPP), el día 17 de
octubre, en el Programa “Primero a las doce de Canal N”, el día 17 de octubre,
en el Noticiero 24 Horas de Panamericana TV, en Exitosa Noticia, el 19 de
octubre del 2017 y en el programa Primer Plano de Willax, el 18 de octubre del
2017, donde se menciona a la querellante con los término (glosados) materia de
denuncia, propalándose con ánimo doloso expresiones lesivas al honor y
reputación de la agraviada.
Con relación al tipo subjetivo, se puede establecer que el ánimo de los
querellados de informar la noticia se ve corroborado con el hecho de haber
difundido la conducta atribuida a la agraviada en los distintos medios de
comunicación escrito y radial, resultando típica su conducta respecto a los
En consecuencia, en autos se evidencia el ánimo de los querellados MARTHA
LUPE MOYANO DELGADO y GREGORY IVAN GALLEGOS IBARBURU de
difundir expresiones difamatorias a la agraviada, como se ha demostrado,
quedando descartados sus argumentos de irresponsabilidad bajo la excusa que
se remitieron a fuentes como el diario El Comercio e Informe de la Dircote,
habiendo quedado establecido que los querellados difundieron frases
difamatorios reñidos con la reputación de la querellante que evidentemente
menoscabaron su honor, por tanto la conducta desarrollada por los querellados
se adecua al tipo penal instruido.
( II ) Imputación Subjetiva y Responsabilidad Penal
Siendo así, ha quedado acreditado que los querellados han procedido con dolo,
es decir, de manera conciente y voluntaria, teniendo pleno conocimiento de los
hechos y circunstancias que rodearon su acto ilícito, representándose y por ende
asumiendo las consecuencias negativas que de manera necesaria iban ligadas a
su conducta antijurídica, relacionadas a la afectación de la agraviada quien se
vería perjudicada.
Por otro lado debe considerarse que los querellados MARTHA LUPE
MOYANO DELGADO y GREGORY IVAN GALLEGOS IBARBURU
procedieron en pleno uso de sus capacidades de discernimiento y de
organización, con total conciencia de la dañosidad social1 por cuanto puesta en
la situación altamente probable de incumplir la norma jurídico penal y vulnerar
un bien jurídico penal, no se abstuvieron ni se desistieron de su conducta ilícita
que finalmente determinó el resultado nocivo.
No se ha acreditado ningún supuesto que ponga en cuestión la capacidad de
motivación o comprensión de la norma jurídico penal ni la capacidad de
control o inhibición de los querellados MARTHA LUPE MOYANO
DELGADO y GREGORY IVAN GALLEGOS IBARBURU.
Los querellados en todo momento contaron con alternativas de organización
que le hubieren permitido adecuar sus comportamientos a lo prescrito por la
“Hay que injertar la dañosidad social en la lesión del bien desde fuera para poder calificarla de lesión del bien
jurídico” (…) “Lo importante es que la punibilidad se oriente no a lo disvalioso per se, sino siempre a la dañosidad
social”. Günther Jakobs, “Derecho Penal” – Parte General – Fundamentos y teoría de la Imputación” pp. 56 y
norma jurídico penal, no se abstuvieron de realizar dicha conducta ilícita, por lo
que deben de ser pasibles de una sanción, tanto por no observar la norma
jurídica penal2 como por vulnerar un bien jurídico penal,
constitucionalmente reconocido3.
( III ) Determinación cuantitativa de la pena
Para efectos de fundamentar y determinar la pena conforme al Principio de
Culpabilidad, conforme lo establece el artículo 45° del Código Penal, la
Juzgadora tiene presente que los querellados MARTHA LUPE MOYANO
DELGADO y GREGORY IVAN GALLEGOS IBARBURU son ciudadanos que
cuenta con grado de instrucción superior y presentan una situación económica
que les permite solventar sus necesidades básicas con arreglo a las mínimas
normas de convivencia social, por cuanto han señalado tener ocupación. Por
otro lado, debe apreciarse que respecto a su cultura y costumbres, éstos no
difieren notablemente de las pautas de comportamiento que se aprecian en un
medio social urbano donde se han socializado los querellados. Por estas razones
la Juzgadora considera que los querellados pueden ser catalogados como
ciudadanos integrados socialmente; que no reflejan graves carencias sociales
y por ende, puede afirmarse sus plenas capacidades penales.
El delito subexamine, materia presenta como pena abstracta una pena privativa
de la libertad no menor de uno ni mayor de tres años y de ciento veinte a
trescientos sesenticinco días-multa. En el presente caso, no existe concurrencia
de circunstancias atenuantes privilegiadas o agravantes cualificadas.
Para determinar la pena dentro de los límites fijados por Ley, la Juzgadora
atiende a la responsabilidad y gravedad del hecho punible para lo cual debe
de apreciarse la presencia de las circunstancias de atenuación y agravación; de
acuerdo al artículo 46° del Código Penal, Así se determina la concurrencia de la
siguiente circunstancia de Atenuación: (a) Ausencia de antecedentes penales de
los acusados, conforme se acredita en autos. Asimismo se establece la presencia
“La contribución que el derecho penal presta al mantenimiento de la configuración social y estatal reside en
garantizar las normas”. (…) “Bien jurídico penal es la vinculatoriedad práctica de la norma”. Günther Jakobs,
“Derecho Penal” – Parte General – Fundamentos y teoría de la Imputación” pp. 45 y 47.
“El cometido del derecho penal es la protección subsidiaria de bienes jurídicos” (…) “Los bienes jurídicos son
circunstancias dadas o finalidades que son útiles para el individuo y su libre desarrollo en el marco de un sistema
social global estructurado sobre la base de esa concepción de los fines o para el funcionamiento del propio sistema
Este concepto de bien jurídico abarca tanto los estados previamente hallados por el derecho como los deberes de
cumplimiento de normas creados sólo por el mismo. De tal concepto de bien jurídico que le viene previamente dado
al legislador, pero no es previo a la Constitución”. Claus Roxin, “Derecho Penal – Parte General – Tomo I. pp. 51
de la circunstancia de agravación prevista en el artículo 46° numeral 2 item (i)
del Código Penal, constituido por la pluralidad de agentes que intervinieron
Por tanto, estando a la concurrencia de circunstancias atenuantes y agravantes,
la pena concreta debe fijarse dentro del tercio intermedio de la pena
conminada; conforme lo prevé el artículo 45-A del Código Penal, por lo que la
pena concreta se fija en (02) años de pena privativa de la libertad y (200) días
( IV ) Determinación cualitativa de la pena
Para la determinación cualitativa de la pena debe valorarse, como presupuesto
básico, que la condena se refiere a una pena privativa de libertad no menor de
uno ni mayor de tres años y de ciento veinte a trescientos sesenticinco días-
Por otro lado, evaluando las necesidades de seguridad colectiva en atención al
bien jurídico amenazado o lesionado (Prevención General), se establece que la
naturaleza y modalidad del hecho punible si bien denota una moderada
afectación al interés público, y cierto nivel de recurrencia; también debe
apreciarse que en su consumación existe un mínimo nivel de planificación, por
lo que a nivel de la colectividad puede resultar tolerable al no ser considerada
por la sociedad peruana actual como uno de los mayores peligros para su
seguridad, ya que no se trata de un delito que cause zozobra a nivel de la
Por otro lado, las necesidades de resocialización (Prevención Especial), exigen
la evaluación de una serie de circunstancias personales. Así, es relevante la vida
previa de los querellados, es decir, existe una evaluación favorable de su
conducta anterior ya que no se ha acreditado que registren antecedentes
penales, judiciales o policiales. De otro lado, se advierte una razonable actitud
positiva frente al trabajo, ya que han señalado tener ocupación. Por otro lado,
con relación al delito no han reconocido los hechos imputados. También los
querellados han demostrado en el interior del procedimiento penal, una
conducta procesal distante de prácticas temerarias, dilatorias, obstruccionistas o
reñidas con la mala fe. También es relevante la personalidad de los agentes,
quienes se trata de procesados primarios – trasgresores ocasionales de quienes
no se ha acreditado un diagnóstico que establezca su proclividad al delito o
situación de vulnerabilidad que los haga propensos a reiterar actividades
ilícitas. Tampoco se evidencian situaciones que demuestren la peligrosidad de
los agentes por habitualidad o reincidencia.
De otro lado, debe apreciarse que la medida de suspensión condicional de la
pena, les permitirá a los querellados, conservar el vínculo directo con sus
familias, mantener sus trabajos y actividades económicas y sociales que
realizan de manera habitual; lo cual redundará en sus beneficios, alejándolos de
prácticas delictivas ocasionales; motivo por la cual la Juzgadora tiene la
expectativa fundada razonablemente (prognosis social favorable) que no
cometerán nuevo delito.
Por ende, en consideración a las funciones preventiva, protectora y
resocializadora de la pena, aplicadas a la luz de los principios constitucionales
de razonabilidad y proporcionalidad, debe aplicarse una pena suspendida
condicionalmente al existir, a criterio de la juzgadora, un pronóstico favorable
de no reiteración delictiva, sin perjuicio de señalarse reglas de conducta que
coadyuven a tal finalidad.
(V) Determinación de la reparación civil
Respecto de la Reparación Civil debe considerarse que conforme a lo prescrito
por lo artículos 92° y 93° del Código Penal, ésta comprende la (a) restitución del
bien o, si no es posible, el pago de su valor; y, (b) la indemnización de los daños
Ordenados así los conceptos, y valorados los referentes aparejados en autos a
efectos de determinar la consecuencia civil de la comisión del delito de
Difamación, por cuyo efecto se evalúa el perjuicio extrapatrimonial y el daño
moral ocasionado a la agraviada, debe tenerse en cuanta, que si bien por su
propia naturaleza no se puede medir cuantitativamente, debe fijarse un monto
razonable en vía de indemnización.
( VI ) De la lectura de Sentencia Condenatoria sin la presencia del acusado
La condena en ausencia prohibida por la Constitución Política del Perú (inciso
12 del artículo 139º), está referida a la condición jurídica procesal del ausente
que se configura cuando se ignora paradero del imputado y no aparece en autos
evidencia que estuviera conociendo del proceso, lo cual le imposibilita
materialmente del ejercicio de su derecho a la defensa.
Esta situación no corresponde al acusado que no concurre a la diligencia de
Lectura de sentencia y ostenta la condición de Reo Contumaz, por cuanto éste
conoce del proceso, ha prestado su declaración y ha podido ejercer su derecho a
la defensa durante todo el proceso hasta antes de la sentencia, en tal sentido el
acusado inconcurrente a la diligencia de Lectura de sentencia, no es el ausente
el que se refiere la normativa constitucional antes anotada.
Debe de señalarse que la Ejecutoria Suprema contenida en el R.N. Nº 4040-2011
emitido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la
República de fecha 29 de noviembre del 2012 ha establecido como Precedente
Vinculante Normativo el cuarto considerando de la mencionada Ejecutoria
Suprema que la lectura de sentencia sólo constituye un acto formal de
comunicación de la decisión, no afectando las garantías que rigen el
contradictorio, pues ya precluyó la actuación probatoria y éste se realizó en
igualdad de armas y con presencia del acusado y de su abogado defensor,
siendo ello así, la lectura de sentencia sin la presencia del acusado no se trata de
una condena en ausencia, por cuanto el acusado tuvo garantizado todos sus
derechos fundamentales (debido proceso y derecho a la defensa).
El artículo 285-B numerales 1) y 3) del Código de Procedimientos Penales4, que
autoriza la lectura de sentencia en presencia del abogado defensor, sin
presencia del acusado y que la condición de Reo Contumaz no impide la
realización del acto de Lectura de Sentencia, en concordancia con la Directiva
Nº 012-2013-CE-PJ aprobada por la R.A. Nº 207-2013-CE-PJ de fecha 29 de
Noviembre del 2013 denominada “Procedimiento del acto de lectura de
sentencia condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de
1940 y en el Decreto Legislativo Nº 124ª.
En ese sentido, es de advertirse que los querellados Martha Lupe Moyano
Delgado y Gregory Iván Gallegos Ibarburu, si bien no han concurrido a la
diligencia de lectura de sentencia, sin embargo, al haber asistido en su
representación sus abogados defensores designado en autos, corresponde
realizar el acto procesal de lectura de sentencia ordenada en el presente
Artículo 285-B.- Lectura de sentencia
1. La citación para la lectura de sentencia condenatoria deberá consignar en forma expresa, clara y
precisa que el acto es público e inaplazable y que se llevará a cabo con los que concurran al mismo, así como el
apercibimiento de designarse defensor público en caso de inasistencia del abogado defensor elegido por el
acusado. La sentencia será leída ante quienes comparezcan.
2. En los procesos sumarios, la citación se realizará en el último domicilio procesal señalado por las partes
en el proceso. Asimismo, al acusado se le citará en su domicilio real señalado en el proceso. En los procesos
ordinarios, la citación se realizará a los sujetos procesales concurrentes a la última sesión de audiencia en que se
declaró cerrado el debate.
3. La condición jurídica del contumaz no impedirá la citación al acto de lectura de sentencia
condenatoria, siempre que el proceso se encuentre expedito para sentenciar.
En consecuencia, estando a que la eficacia de una sentencia condenatoria está
condicionada a que los hechos constitutivos objeto de la Acusación se declaren
probados y se determinen jurídicamente, estableciéndose los distintos niveles
de imputación sobre la base de una suficiente actividad probatoria de cargo y
actuada con escrupuloso respeto de las normas jurídicas que la disciplinan; que
la prueba que sustente un fallo condenatorio, debe detentar una entidad
suficiente para enervar la “presunción de inocencia” que ampara a todo
procesado (literal e, del numeral vigésimo cuarto del artículo dos de la
Constitución Política del Estado) y concluir en la responsabilidad penal
correspondiente. Por ende estando a los fundamentos glosados, y contándose
con los medios probatorios que corren en autos valorados en forma conjunta, de
conformidad con lo prescrito por los artículos 11º,12º, 23º, 28º, 29°, 45º, 45º-A,
46º, 57°, 58°, 92º, 93° y el artículo 132° tercer párrafo del Código Penal vigente,
y los artículos 283° y 285° del Código de Procedimientos Penales, el Vigésimo
Sétimo Juzgado Penal de Lima:
1. CONDENANDO a MARTHA LUPE MOYANO DELGADO y
GREGORY IVÁN GALLEGOS IBARBURU, como autores del delito
comunicación social, en agravio de Jenny Bertha Romero Coro.
2. En consecuencia, se les IMPONE DOS AÑOS DE PENA PRIVATIVA
DE LIBERTAD, CUYA EJECUCIÓN SE SUSPENDE
CONDICIONALMENTE POR EL PLAZO DE UN AÑO, bajo las
siguientes reglas de conducta:
a. No variar de domicilio ni ausentarse de la ciudad sin previo aviso
y autorización por escrito del juzgado.
b. Concurrir mensualmente a dar cuenta de sus actividades y
suscribir el Registro de Control Biométrico de Procesados y
sentenciados de la Corte Superior de Justicia de Lima.
c. Cumplir con el pago de la reparación civil y demás obligaciones
pecuniarias derivadas de la sentencia.
Bajo apercibimiento de aplicársele los correctivos del numeral 59° del
3. Además a DOSCIENTOS DIAS MULTA a razón de tres soles por día
multa a favor del Tesoro Público, suma que deberán cumplir con
abonar dentro del décimo día de emitida la presente de acuerdo al
artículo cuarenticuatro del Código Penal y bajo apercibimiento en caso
de incumplimiento se aplique lo dispuesto en el artículo cincuentiséis
del acotado cuerpo legal;
4. Asimismo se les CONDENA al pago de VEINTE MIL SOLES por
concepto de reparación civil, que deberá abonar cada sentenciado a
favor de la agraviada, en los plazos y condiciones que señala la ley.
MANDO: Que consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución se
cursen los oficios respectivos con fines de registro y archivo, bajo
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STC 2440-2007-PHC - Procurador Público_1

References: RESOLUCIÓN 

Resolución 
 artículo 132
 artículo 45
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 45
 artículo 139
 artículo 285

Artículo 285
 artículo 132
 resolución