Source: http://revistachiapas.org/No3/ch3foro.html
Timestamp: 2018-01-24 01:37:45+00:00

Document:
Chiapas 3 - Foro especial para la Reforma del Estado
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, dentro de las actividades correspondientes a la mesa 2 de diálogo con el gobierno de México sobre el tema Democracia y Justicia, ha hecho una amplia convocatoria a todos los sectores que componen la sociedad civil mexicana "a participar en el proceso de diálogo para la construcción de un tránsito civil y pacífico a la democracia en México, en contra del sistema de partido de estado y el modelo económico neoliberal, y por una nueva relación entre gobernantes y gobernados, para el encuentro de soluciones verdaderas y profundas a las causas que originaron la justa guerra del EZLN".[1]
Entre el 30 de junio y el 6 de julio de 1996, se congregaron en San Cristóbal de Las Casas alrededor de mil quinientas personas provenientes de casi todos los estados de la república y de los más diversos grupos sociales. Amas de casa, intelectuales, políticos, activistas, artistas, comunicadores, estudiantes, indígenas, mestizos e incluso extranjeros en calidad de observadores llevaron a las mesas de discusión del Foro sus experiencias, análisis, propuestas, confusiones, angustias, necesidades y esperanzas. Y la discusión se dio. Y los intercambios ocurrieron. Y se construyeron los puentes que permiten romper los cercos, cercos sociales, económicos, ideológicos, lingüísticos, culturales, políticos y hasta geográficos.
Las discusiones en las ocho mesas fueron intensas y abrieron la posibilidad histórica de unir lo diverso, de descubrir en el otro y aprender de él y con él, de saberse parte de un colectivo caótico y conflictivo pero convencido de que el camino al futuro marcha por la ruta de la democracia y la paz. Los debates no fueron fáciles y los acuerdos no reflejan toda su riqueza y variedad; sin embargo, los consensos logrados son mucho más importantes de lo que se podía suponer y las líneas de discusión quedaron abiertas para ser desarrolladas por la sociedad en su conjunto.
Uno de los grandes logros fue sin duda la reunión de personajes y organizaciones tan variados y, en muchos de los casos, tan confrontados entre sí. El EZLN, con su auténtico respeto a la diversidad, con la integridad y dignidad de sus dirigentes, construyó el tablado para esta confluencia y una vía para la recuperación de la eticidad de la política. La necesidad de espacios de discusión y no de imposición fue uno de los reconocimientos generales de este Foro que, por su experiencia, marca el primer paso en ese sentido. Dentro de los puntos comunes en las conclusiones de las ocho mesas destacan:
La urgencia de construir en el país un nuevo pacto social, de realizar un nuevo Constituyente en donde todas las fuerzas, sectores y presencias se reconozcan y se manifiesten a través de una nueva Carta Magna, de una nueva Constitución.
La convicción de que la democracia que necesita el pueblo de México pasa por la transparencia en los procesos electorales pero no se detiene en ella. Concierne a todos los niveles de decisión de los asuntos públicos y a todos los terrenos en que éstos se deciden. No es suficiente la democracia representativa, es necesario impulsar la democracia directa con intervención de todos, y para ello se propone, entre otras medidas, dar estatuto legal al plebiscito y al referéndum.
El reconocimiento del neoliberalismo como modalidad capitalista que trasciende lo económico para penetrar todos los niveles de la vida social, incluyendo el privado. Por su carácter autoritario, excluyente, antidemocrático, y por constituir una estrategia de individualización y de desarticulación comunitaria, el capitalismo neoliberal representa la forma más aguda de negación de la humanidad y debe ser combatido.
La exigencia de desmilitarización del país, así como de liberación de los presuntos zapatistas presos en las cárceles del país por delitos de conciencia.
La exigencia de que se cumplan los Acuerdos de San Andrés y de que se establezca de inmediato la Comisión de Verificación y Seguimiento.
La suscripción de las dieciséis demandas zapatistas como reivindicaciones elementales del pueblo de México.
La adopción en todos los niveles de la práctica social de una perspectiva de respeto y reconocimiento de la diferencia, de unidad en la diversidad étnica, lingüística, religiosa y de género.
EXTRACTO DE LA RELATORÍA DE LAS OCHO MESAS DE TRABAJO DEL FORO ESPECIAL PARA LA REFORMA DEL ESTADO ORGANIZADO POR EL EZLN
Hace ya dos años y medio los olvidados de siempre, los excluidos de siempre, los hombres y mujeres de piel morena del Sureste mexicano, se levantaron en armas para hacer oír su voz. El país todo vivía en la fantasía de creer que se encontraba en la antesala del Primer Mundo y sus clases dirigentes en la arrogancia de pretenderse invencibles. Ensoberbecida por su reconocimiento internacional, la generación del (libre) cambio ignoró el deterioro y la descomposición que su proyecto de modernización, autoritario y excluyente, infligió a nuestra nación.
Con su lucha, los campesinos e indígenas del EZLN abrieron un enorme hueco a este proyecto y a través de él se metieron una vez más a la historia. En lugar de buscar un lugar exclusivo para sí invitaron a todos los que, como ellos, se encontraban excluidos y oprimidos. Este Foro es un momento privilegiado de ese encuentro. Convocado por los más pequeños, por los sin rostro, reunió a su alrededor a centenares y centenares de hombres y mujeres de una amplia diversidad de ideas y pensamientos, convencidos de la necesidad de hacer realidad la democracia, la libertad y la justicia en nuestro país. Este Foro mostró que es posible que el EZLN se convierta en una fuerza política nacional autónoma, uniendo su destino al de miles de hombres y mujeres.
Ante la hegemonía de un modelo económico que condena a la mayoría de los seres humanos, convirtiéndolos en prescindibles de acuerdo con las necesidades del mercado, la defensa de la humanidad es hoy la piedra de toque de cualquier proyecto civilizatorio. Por eso en este Foro se comenzaron a discutir las tareas que se requieren para formar las redes de resistencia de la comunidad y los individuos.
Es convicción de este Foro que la reconstrucción de la república requiere de un nuevo pacto social, necesariamente diferente al que dio origen a la Constitución de 1917. Una nueva Constitución, elaborada por un nuevo Congreso Constituyente, convocado no por las fuerzas políticas tradicionales, sino por una amplia e incluyente coalición de fuerzas representativas de los sentimientos de la nación.
Los ciudadanos y las ciudadanas mexicanas tenemos derecho a tener derechos, tenemos derecho a tenerlos todos, incluido el derecho a la diferencia. Los pueblos indios nos han mostrado que la mejor vía que tienen para hacer valer sus derechos individuales es, precisamente, el reconocimiento y ejercicio de sus derechos colectivos. Sin ellos no habrá justicia.
La autonomía entendida como autogobierno, como derecho a darse o quitarse sus propios representantes y decidir sobre el camino propio, debe establecerse como principio básico de funcionamiento político y social.
Los campesinos e indígenas de Chiapas nos han dado la oportunidad de tomar un lugar en la historia sin renunciar a lo que somos. Han liberado una energía social que solamente esperaba el espacio para expresarse. Nos han invitado a sumarnos al arcoiris político capaz de labrarnos un lugar en el futuro. Tomemos el reto. Construyamos la patria nueva.
Coordinación del Foro y Delegados del Comité Clandestino
MESA DE TRABAJO 1: HACIA UNA ORGANIZACIÓN DE NUEVO TIPO
Después de casi tres siglos de vida independiente como nación, de guerras civiles, invasiones extranjeras, pérdida de territorio y revoluciones, nuestro país, México, se enfrenta en este último suspiro del siglo XX a su mayor reto histórico: mantenerse o perderse como nación entre el conjunto de las mismas.
Los números fríos que marcan las transferencias de capital de una cuenta a otra, de un país a otro, sustituyen a las voces, las necesidades y los anhelos de mujeres y hombres. Todo está fríamente calculado para la ganancia privada, nada importan ya la salud, la educación, el techo o el empleo de las mayorías.
En este contexto, el EZLN convocó a la construcción de una organización política de nuevo tipo.
Así, en esta ciudad de San Cristóbal, nos dimos cita 136 comités civiles de diálogo con 220 delegados que vinieron de 30 estados de la república, además de 65 delegados que trajeron la representación de 34 organizaciones políticas y sociales, entre las que se encuentran la Asamblea de Barrios Patria Nueva, la Asamblea Ciudadana de Deudores de la Banca, el Foro Regional Indígena Maya, el Comité de Defensa por la Libertad Indígena, Alianza Cívica del DF, la sección 9 del SNTE, El Barzón, el PRD, el Movimiento de Cristianos Comprometidos con las Luchas Populares, Conpaz, FAC-MLN, que, entre otras, expusieron 145 ponencias en cuatro días de trabajos.
Al hacer un primer balance de esta conjunción de ideas y propuestas, parece claro que esta nueva fuerza política debe reconocer, desde el momento de su esperanzador alumbramiento, la composición diversa y plural de sus integrantes, garantizando una estructura flexible, pero eficaz en su ardua labor de coordinación.
Muchos de los ingredientes que se necesitan para que esta nueva fuerza política sea lo que se requiere en esta lucha por la libertad, la justicia y la democracia se han venido expresando en las luchas que el pueblo mexicano lleva adelante contra el autoritarismo hecho sistema, en una forma cada vez más autogestionaria.
La nueva fuerza política deberá luchar por ir más allá de los estrechos límites y esquemas de la llamada democracia parlamentaria, hoy en crisis mundial, afirmando que la superación del desorden actual en nuestro país debe orientarse hacia un espacio democrático tal que permita que todos tengamos el mismo derecho y las mismas oportunidades, para satisfacer realmente las mínimas necesidades que se expresan en las dieciséis demandas que los zapatistas y la sociedad civil enarbolan como bandera de lucha.
Y la pregunta aquí es: ¿de dónde partir? Creemos que de los comités civiles de diálogo como estructuras de organización y acción básicas. El mandar obedeciendo nos da la posibilidad de ir más allá de los esquemas tradicionales de organización política.
Esta nueva fuerza política será una organización civil, pacífica, nacional y democrática, que no se sujetará a las estructuras partidarias clásicas, que no deberá avanzar por el camino de la profesionalización de cuadros, sino por el desempeño responsable y consciente de sus miembros. Además no luchará por convertirse en vanguardia, ni deberá ostentarse como dueña de la verdad. La democracia por la que luchará deberá iniciarse en el interior de sus filas y, así, su dirección será la dirección de todos. Simultáneamente, tenemos claro que no luchamos por acceder a poder alguno existente, sino por ayudar en la construcción de una verdadera democracia en nuestro país.
Así, por las características que hemos venido delimitando, esta nueva fuerza política sólo podrá tener posibilidades de existir con un programa abierto.
En los hechos deberá constituir la posibilidad de convergencia ideológica y política del zapatismo combatiente y los cada vez mayores destacamentos del zapatismo civil, en una sola unidad de acción para impulsar -junto con otras fuerzas- una transición integral a la democracia (económica, política, social, cultural, ecológica, sexual, etcétera). Para madurar su desarrollo, resulta preciso que esta fuerza en proceso de gestación se retroalimente con la propia lucha social en que ha irrumpido y en la cual ya desarrolla su trabajo. Sólo así sabremos si el futuro está cada día más cerca, si la nueva fuerza llevará el zapatismo como apellido y esencia, o bien quedará como una ilusión más en este final de siglo, tan urgido de victorias.
MESA DE TRABAJO 2: PROYECTO ECONÓMICO Y LAS DIECISÉIS DEMANDAS FUNDAMENTALES DEL PUEBLO MEXICANO
1. Ante el desastre y la descapitalización estructural del campo, se requiere de un desarrollo agropecuario y rural capaz de garantizar la soberanía alimentaria, el fortalecimiento de las agriculturas campesinas e indígenas, el empleo y un ingreso digno para la población rural. Los mercados y las relaciones comerciales externas deben subordinarse al propósito irrenunciable de la autosuficiencia y la soberanía alimentaria. La cartera vencida del agro debe resolverse según la capacidad de pago de los deudores. Es necesario renegociar el capítulo 7 del Tratado de Libre Comercio [TLC], crear un nuevo sistema financiero rural integrado y revisar el artículo 27 constitucional.
2. Para revertir la devastación laboral y sindical que ha significado el neoliberalismo se necesita: acabar con el régimen de excepción laboral con el que ilegítimamente se ha protegido a las maquiladoras; frenar y revertir la mutilación de los contratos colectivos y la destrucción de las organizaciones sindicales, que han conducido a la pérdida de conquistas históricas, laborales y sociales; revertir la flexibilización del marco jurídico laboral por parte del gobierno y los empresarios.
Exigimos el cumplimiento del precepto constitucional en términos de los criterios de suficiencia del salario. Reducción de la jornada a 30 horas semanales con pago de 56 y creación del seguro de desempleo; vigencia del salario mínimo en el campo; respeto a los derechos humanos, políticos y laborales de los trabajadores indocumentados; eliminación de cualquier legislación de excepción, así como de cualquier forma de discriminación.
La mesa 2 aprobó proponer a este Foro apoyar la realización de la Consulta Nacional sobre Trabajo y Libertad Sindical convocada por la Coordinadora Intersindical 1º de Mayo.
3. Frente a la acción devastadora del neoliberalismo en las ciudades, se requiere articular organizaciones y acciones democráticas colectivas que permitan detener el actual proceso de despojo y desalojo de inmuebles ocasionado por la usura bancaria e inquilinaria, frenar la política privatizadora de servicios urbanos, así como detener el proceso excluyente en el uso y gestión del territorio.
4. Es necesario crear una defensoría en salud y en educación y elevar el presupuesto educativo a por lo menos 8 por ciento del PIB, así como dar estatuto de garantía constitucional al derecho a la salud y a la alimentación.
5. Para enfrentar al neoliberalismo, el pueblo de México debe imponer un proyecto económico cuyo principio fundamental sea atender las necesidades de todos los mexicanos. Este proyecto:
Surge y se nutre de las demandas fundamentales de tierra, alimentación adecuada, salud, educación y vivienda, trabajo bien remunerado, medio ambiente equilibrado, democracia, justicia y recuperación de la soberanía e independencia de México.
Asume la pluralidad cultural, étnica y regional, para dar cabida a todas las formas de organización para la producción, distribución y consumo. Busca eliminar toda forma de discriminación por motivos de género, pertenencia a una etnia, lengua o religión.
Impulsa las iniciativas locales, comunitarias y sectoriales, evitando que el estado o el mercado destruyan la diversidad de formas de organización para la producción, consumo, comercialización y acceso al crédito.
Un nuevo estado democrático debe conducir un proyecto nacional consensado, participando en la vida económica como regulador y promotor del desarrollo, asumiendo directamente la responsabilidad de las áreas estratégicas y de las que constituyen dominio directo de la nación, por lo que las privatizaciones realizadas en estas áreas deben ser revertidas.
El proyecto debe cumplir las siguientes líneas estratégicas:
Para enfrentar la crisis y la situación de emergencia, impulsar medidas de política monetaria y crediticia, gasto público, tasas de interés, así como la resolución del problema de carteras vencidas.
Recuperar el papel central del mercado doméstico y alcanzar un equilibrio entre éste y el sector exportador.
Un nuevo estado democrático deberá practicar: a] un esfuerzo redistributivo de la tierra; b] el estímulo del empleo y la mejoría de los ingresos de los trabajadores; c] una carga fiscal mayor a quien más tiene, aumentar la participación tributaria de los municipios y estados y el gasto social, incluida la atención a la salud, la educación y la seguridad social; d] una política de capacitación y readiestramiento de la fuerza de trabajo que hoy no está ocupada.
Renegociar la deuda externa en su monto, plazos y tasas de interés y el Tratado de Libre Comercio [TLC]. Los convenios y tratados internacionales serán objeto de referéndum, por mandato constitucional.
Sólo un proyecto económico democrático, basado y nutrido por las dieciséis demandas fundamentales del pueblo mexicano, será capaz de permitir que nuestro pueblo recupere para siempre aquello que el neoliberalismo insiste en arrebatarle: la esperanza en un mañana mejor.
MESA DE TRABAJO 3: TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA
En México no existe democracia. Un presidencialismo omnímodo, la subordinación de los poderes legislativo y judicial al mando presidencial, la existencia de un partido de estado que hace las veces de representación partidario-electoral del grupo gobernante, la expropiación a los gobernados del derecho a elegir a sus gobernantes, la ausencia del estado de derecho, el control estatal de los organismos y procesos electorales, la regimentación corporativa de las organizaciones sociales, la ausencia de federalismo y de autonomía municipal son elementos constitutivos de un régimen político cuya estructuración y funcionamiento han conculcado a los mexicanos, durante más de setenta años, el derecho a decidir en los asuntos políticos y de gobernarse a sí mismos.
Hoy ese régimen experimenta una crisis profunda. Empeñado sin embargo en conservar el monopolio del mando, el actual grupo gobernante se ha negado reiteradamente a abrir la transición a la democracia.
Una de las polémicas centrales de esta mesa se refirió a las vías, supuestos y condiciones de la transición a la democracia. En este marco se dibujaron dos grandes líneas de debate. Una, dirigida a enfatizar las limitaciones e insuficiencias de la democracia representativa fundada en elecciones, aunque la transición mexicana a la democracia pasa también, necesariamente, por la celebración de elecciones libres y transparentes.
Una segunda línea de debate llegó al consenso de que la transición a la democracia no se agota ni se reduce a la dimensión electoral. Se requiere el desmantelamiento de todos los engranes legales y metalegales que componen el régimen de partido de estado, la recuperación para los mexicanos del derecho a determinar la política económica y nuevas formas de participación y control directos de la vida pública.
La transición a la democracia supone una reordenación global y profunda de todo el sistema político en sus niveles federal, estatal, municipal y local.
Hace falta crear condiciones equitativas de competencia electoral, crear mecanismos jurídicos que impidan el uso de fondos ilícitos y clandestinos en apoyo a candidatos; garantizar los plenos derechos políticos de los ciudadanos del Distrito Federal y restablecer el régimen municipal; establecer, en el artículo 40 de la Constitución, que la democracia debe ser participativa y no sólo representativa; garantizar a los mexicanos la plena tutela de sus derechos ciudadanos, incluyendo el amparo; cancelar el registro político estatal de los partidos y organizaciones políticas.
Es necesario establecer, en todo el país y en todos los niveles de gobierno, las figuras de referéndum para emprender reformas constitucionales; de plebiscito, para llevar a consulta ciudadana las políticas públicas, incluyendo el juicio político; la iniciativa popular para que los ciudadanos puedan proponer e iniciar leyes, y la acción popular como una forma de defensa de los ciudadanos ante las acciones del poder distintas de los derechos individuales.
Los municipios son la instancia de gobierno más próxima a la vida cotidiana. Por ello, si la democracia va a constituirse desde abajo, es indispensable rescatar la autonomía municipal y la soberanía ciudadana en la elección y revocación de las autoridades, y el derecho de los pueblos indios a elegir a sus autoridades y a gobernar de acuerdo con sus tradiciones culturales.
Las mujeres se encuentran sin voz, sin libertad, y obligadas a obedecer decisiones que afectan sus vidas y sus cuerpos y que ellas no tomaron. Es necesario legislar y diseñar las políticas públicas desde una perspectiva de género. Asimismo, es necesario que en todos los cargos de gobierno y de representación popular, en las organizaciones sociales y ciudadanas, se acuerden fórmulas que permitan avanzar hacia la representación equitativa de las mujeres.
Se acordó demandar que se ponga un alto al excesivo gasto militar y policiaco, y canalizar los recursos públicos a la atención de las necesidades sociales básicas. Se demandó también el pleno respeto de los derechos humanos y que se ponga fin a la impunidad que gozan los policías y militares responsables del abuso sexual.
Una paz con justicia y dignidad en Chiapas exige cambios profundos a escala nacional. En Chiapas es indispensable construir un nuevo pacto social constitucional, con la participación de todos los actores políticos y sociales, que garantice, básicamente, el respeto a los derechos agrarios de los indígenas y campesinos y el acceso equitativo a la tierra; el derecho a la autonomía de los pueblos indios; una nueva ley electoral que abra las posibilidades de participación ciudadana, y un nuevo código penal.
En lo inmediato, es urgente restituir el derecho de los chiapanecos a elegir a sus autoridades, por lo que es necesario convocar a nuevas elecciones y terminar con la impunidad.
MESA DE TRABAJO 4: NUEVA CONSTITUCIÓN, NUEVO CONSTITUYENTE
La paz sólo puede establecerse teniendo por base
la justicia, por palanca y sostén el derecho, y por
cúpula de ese edificio la reforma y el bienestar social.
Emiliano Zapata Salazar, Plan de Ayala, 1913
Tras un detallado y riguroso diagnóstico del significado de las contrarreformas a la Constitución impulsadas por el neoliberalismo, los participantes en este grupo de trabajo consideramos que la existencia misma de la república está amenazada. Frente a la gravedad de esta situación manifestamos la necesidad de una nueva Constitución y de explorar y construir los caminos para convocar a un nuevo Congreso Constituyente. Por ello convocamos a la sociedad mexicana a luchar creativa y valerosamente por la refundación de la república.
1. Justificación jurídico-política de la necesidad de una nueva Constitución
Porque los mexicanos hemos presenciado cómo un pequeño grupo que se adjudicó el poder de gobernarnos ha instrumentado una gran cantidad de reformas a la Constitución que nos regía desde 1917 y convertido en letra muerta sus principios éticos, políticos y filosóficos esenciales; la ha destrozado a tal grado que ha perdido su naturaleza como pacto social.
Porque todas las reformas a la Constitución se han hecho sin consultar al pueblo de México. Porque las reformas hechas a la Constitución están encaminadas a desmantelar totalmente la vida republicana y el estado de bienestar social propuesto por la revolución de 1910 y pactado como norma fundamental en 1917, propiciando el despojo de tierras a campesinos, ejidatarios, comuneros y pueblos indígenas, privando a los trabajadores de sus instrumentos de defensa como la huelga, la contratación colectiva y la libre sindicalización, suprimiendo las obligaciones del estado de proporcionar educación, salud y trabajo a todos los mexicanos. Las reformas a la Constitución se han convertido en la expresión de voluntad de este grupo usurpador del poder para hacer del gobierno una gran junta de negocios en la que ellos se han erigido como los administradores y beneficiarios vitalicios de los bienes de la nación. Han abierto las puertas al capital extranjero, permitiendo que éste, con su poder económico, sea el depredador de un sector de los empresarios y la totalidad de los trabajadores mexicanos y porque al amparo de las reformas ofrecen al mejor postor los bienes con que la naturaleza dotó al pueblo de México, por lo cual fueron elevados a la categoría de propiedad de la nación. Porque las contrarreformas realizadas por el salinato han puesto en grave peligro la soberanía nacional. Porque han utilizado a las fuerzas armadas de manera anticonstitucional en funciones policiacas exclusivas de la autoridad civil y reprimiendo los movimientos populares. Porque las reformas a la Constitución impulsadas por este grupo neoliberal contravienen el principio general de derecho que prohíbe limitar o cancelar un derecho previamente consagrado.
2. Justificación jurídico-política de la necesidad de un nuevo Congreso Constituyente
Un nuevo Congreso Constituyente se justifica por el hecho de que, en este momento de nuestra historia, los mexicanos no nos sentimos como un cuerpo social.
Ello implica la necesidad de refundar la república y establecer un nuevo pacto social que establezca claramente los derechos y obligaciones de todos los mexicanos y los mecanismos para hacerlos cumplir.
3. Características que debe contener la nueva Constitución
Conservar los principios básicos de democracia, soberanía, nacionalismo, rectoría estatal equilibrada de la economía y del desarrollo social planteados en Los sentimientos de la nación.
Desechar la filosofía del neoliberalismo como conductora del quehacer de gobierno y declarar como aspiración de los mexicanos la consecución de las 16 demandas fundamentales del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Garantizar el derecho a la educación, restableciendo el carácter obligatorio y gratuito de la que imparta el estado y su acceso en todos los niveles; el derecho a la salud a través de un sistema público equitativo con igualdad de acceso a los servicios; la necesidad de la solidaridad intergeneracional; los derechos laborales de huelga, contratación colectiva, seguro de desempleo; un salario suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer la educación obligatoria de los hijos; eliminar el régimen jurídico de excepción de los trabajadores al servicio del estado; prohibir todo tipo de corporativización obligatoria de trabajadores y empresarios.
Recuperar el espíritu original del artículo 27 en cuanto a establecer la protección integral de la tierra y territorio de los pueblos indígenas, fijar los límites de la pequeña propiedad; régimen de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad de tierras ejidales y comunales; acceso a la tierra a hombres y mujeres que carezcan de ella mediante dotación; fraccionamiento de latifundios para satisfacción de necesidades agrarias; prohibición a sociedades mercantiles de ser propietarias de tierras ejidales y comunales; restitución de tierras, bosques y aguas a los pueblos indígenas para su aprovechamiento y conservación, por ellos mismos, de los recursos naturales en ellas existentes, así como la declaración de nulidad de todos los contratos de compraventa de bienes ejidales y comunales posteriores a la contrarreforma de 1992.
Establecer el respeto a las autonomías, culturas y sistemas normativos de los pueblos indios para que en función de sus propias formas de organización propongan su nueva relación con el estado y el resto de la sociedad.
Establecer mecanismos que permitan a la sociedad vigilar el desempeño de todos los funcionarios, su manejo de los bienes públicos y la forma de exigirles responsabilidad y/o destituirlos del cargo; asimismo la prohibición de percibir salarios excesivos y vitalicios.
Incluir como medios irrenunciables de consulta a la sociedad en asuntos de interés público o nacional el referéndum y el plebiscito.
Declarar a la sociedad mexicana como la máxima instancia de decisión.
Recoger el espíritu original del artículo 28 en su régimen antimonopolios.
El texto constitucional se publicará y difundirá en todas y cada una de las lenguas propias de los pueblos indios que habitan el país.
MESA DE TRABAJO 5: POR LA HUMANIDAD Y CONTRA EL NEOLIBERALISMO
Experiencia del Foro
La riqueza, la creatividad y el placer de esta semana de discusión fueron un ejercicio en la construcción de la humanidad en contra del neoliberalismo.
A partir de una convicción colectiva de la necesidad de trascender lo estrictamente económico, el neoliberalismo fue concebido como un sistema que deteriora nuestra cotidianidad y nuestras condiciones de vida, que se expresa en el terreno educativo, de la salud y la alimentación, así como en todos los otros aspectos de nuestra vida económica y social.
El neoliberalismo corresponde a un momento de profunda interconexión mundial (internacionalización del proceso de reproducción, mundialización, globalización) en el que la disputa por los recursos estratégicos del mundo se abre paso a través de la destrucción ecológica y del avasallamiento de la soberanía de los pueblos.
1. Ubicado como momento histórico del desarrollo capitalista, el neoliberalismo se explica por lo menos:
Como una de las formas posibles de la internacionalización que se expresa en cuatro niveles de lucha: intercapitalista, entre naciones, entre fracciones del capital (productivo y financiero) y entre clases.
A partir de la revolución microelectrónica que abre paso a un nuevo reparto del mundo y a nuevas formas de dependencia y de apropiación de los recursos estratégicos mundiales.
Como expresión política de la sobreacumulación del capital en el mundo.
2. Ubicado como ideología, se explica como argumento tranquilizador bajo el supuesto de que es la solución a la crisis.
3. Ubicado como política, es un poder hegemónico de facto, no normativo, que rebasa los límites de los estados nacionales. El neoliberalismo destruye en su base las instituciones propias del estado de derecho. Es también y sobre todo la violencia de la pobreza y el desempleo ejercida contra la sociedad.
4. Ubicado desde la perspectiva cotidiana, el neoliberalismo es pobreza, desempleo, represión, desintegración social y familiar, migración, destrucción del medio ambiente, endeudamiento, estrés, enfermedad, sucidio y muerte. No hay nada local o regional que no sea al mismo tiempo mundial. En términos cotidianos, experimentamos la enajenación extrema, el individualismo y el consumismo, así como el intento homogenizador en todos los niveles.
Planos de contradicción entre humanidad y neoliberalismo
Las tendencias atomizadoras y el grado de desposesión extrema provocan, al mismo tiempo, un impulso hacia la colectivización o reconstrucción de lo comunitario. Lo comunitario es la negación o límite del neoliberalismo, es la base de la construcción de un proyecto alternativo que ponga al hombre en el centro y que se genere desde la humanidad.
La disputa por la hegemonía mundial se da en contraposición a los anhelos de soberanía de los pueblos y a sus derechos sobre el territorio. La soberanía originaria de los pueblos tiene que ejercerse de manera directa y participativa. La soberanía nacional no sólo se refiere a la protección y gestión de los recursos naturales por la nación, sino que debe involucrar a los habitantes del territorio en la autogestión y en la vigilancia popular de las políticas económicas nacionales.
En la educación neoliberal se reproducen los procesos ideológicos impuestos por el capital, el de la atomización social y el de la competencia individual.
Se cuestionó el horizonte sobre el cual opera el paradigma actual de atención a la salud. Hoy se considera a la salud como ausencia de enfermedad y, mientras más pacientes se atienden, mejores se suponen los servicios de salud.
La educación, los medios de comunicación y la iglesia están atravesados por las contradicciones de un accionar perverso que privilegia el autorita-rismo.
Los medios de comunicación fueron evaluados en dos sentidos:
En su práctica desinformadora, sustento de una visión deformada de la realidad social, basada en la mitificación del mercado y el individualismo.
En su sentido alternativo, los medios de comunicación constituyen un potencial para la creación de redes globales. Los medios de comunicación forman hoy parte de la resistencia activa contra el neoliberalismo.
Es urgente formular una estrategia global e integrada en forma de un proyecto de régimen social alternativo, en el sentido económico, político, social y cultural. La construcción de la humanidad es un proceso en el cual hay que rescatar y resignificar viejos valores como justicia, dignidad, democracia y el mandar obedeciendo. La resistencia al neoliberalismo se da en un horizonte marcado no por lo viable (lo que se puede hacer dentro del neoliberalismo), sino por lo posible (lo que se puede hacer en contra del neoliberalismo).
Es necesario romper los cercos teóricos y prácticos que nos aíslan y separan: la mayoría se construye a partir de minorías mediante el diálogo entre puntos de vista y experiencias diferentes. Contra la atomización que el sistema capitalista nos impone, la construcción de redes es un espacio de resistencia. Las redes pueden ser de muy diversa índole: consumo, producción, organización, distribución, información.
Estas redes civiles generan resistencias activas y operan bajo lógicas distintas a la del neoliberalismo.
La resistencia al neoliberalismo debe darse en todos los espacios y todos los niveles, desde el local hasta el internacional. En este proceso la práctica comunitaria y la pluriculturalidad han de constituirse como base de la alternativa para la reconstrucción de la humanidad.
A través de estas formas de resistencia se va generando una nueva cultura política, participativa y no delegativa, una cultura política que necesita nuevas formas de representación, directas y colectivas.
Consideramos que a partir y en torno al zapatismo hoy en México y en el mundo se articulan diversas formas de resistencia a las que hay que dar mayor organicidad. Proponemos impulsar la formulación de una nueva Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos en Resistencia, la significación de nuestros espacios comunitarios y la conformación de redes de insubordinación que, luchando en contra del neoliberalismo, nos permitan construirnos como humanidad.
La oposición al neoliberalismo y la búsqueda de opciones diferentes se están convirtiendo en movimiento mundial orgánico a favor y desde la humanidad.
En contraste con su discurso, el neoliberalismo recurre cada vez más a la violencia estatal y a la más amplia intervención pública, tanto por la incapacidad del sistema para vencer las resistencias sociales en su contra como para imponer cambios estructurales y eliminar obstáculos para su operación.
El combate contra el neoliberalismo es por la humanidad, una humanidad que se construye a sí misma, desde todos los países y grupos sociales. Junto con las luchas espontáneas y a partir de las más diversas formas de resistencia que se han desarrollado, es necesario promover colectivamente la alternativa integral al neoliberalismo, que contemple formulaciones sobre el orden económico, social, político y cultural. Nuestro esfuerzo en este Foro es, a la vez, parte de esa construcción y convocatoria para continuar la lucha.
MESA DE TRABAJO 6: NUEVO PACTO SOCIAL
Antecedentes y razones de un nuevo pacto social
La historia de nuestro país se ha desenvuelto en la lucha entre dos proyectos históricos: el impuesto por quienes han dominado el país y el que han concebido e impulsado los movimientos populares. El primero llegó de afuera y se ha basado esencialmente en el pacto social entre individuos homogéneos, supuestamente iguales entre sí, que libremente determinan el destino de la sociedad. El segundo tiene raíces profundas en los pueblos indígenas, que eran mayoría al fundarse el estado mexicano, y ha originado diversos proyectos alternativos para construir dicho pacto desde una visión plural.
La Constitución de 1917 representa un proyecto de pacto social en este siglo, que se fue rompiendo al surgir el corporativismo, la fundación del partido del estado y, hoy día, la imposición del modelo económico actual que se llama neoliberalismo.
El EZLN desafió ese proyecto al dar aliento a la causa de los pueblos indígenas; lo dio también a amplios movimientos populares que ahora intentan agruparse para dar forma a un nuevo pacto social y a un nuevo proyecto de nación. No se trata de regresar al régimen heredado de la revolución, sino de alcanzar lo que ese y todos los regímenes anteriores fueron incapaces de lograr: un pacto social que tenga realmente la participación de todos, y un proyecto de nación que reconozca la pluralidad de los pueblos y culturas que la forman.
Naturaleza y concepción del nuevo pacto social
Entendemos por nuevo pacto social un nuevo acuerdo político-jurídico que regule las relaciones sociales, económicas y culturales de la sociedad nacional; dicho pacto tendrá como principio una democracia en donde la gente común gobierne su propia vida.
El nuevo pacto social debe ser una relación de iguales en el marco de la diversidad. Se trata de un pacto igualitario entre diferentes. Debe haber una igualdad fundada en el respeto, una igualdad que erradique la pobreza y la exclusión.
Este pacto social implica una nueva cultura política que se asuma desde nuestra esencia individual y colectiva. Debe reflejar un cambio del entorno material y espiritual de la vida cotidiana, de acuerdo con un proyecto histórico y social sistemáticamente negado por todos los regímenes de gobierno.
Sujetos del nuevo pacto social
Con base en los principios de inclusión y pluralidad, en el nuevo pacto social habrán de participar todos los actores de la vida social, política, económica y cultural.
Los diferentes actores deberán asumir el nuevo pacto como un acuerdo que erradique la injusticia y la explotación. Este acuerdo normará la acción gubernamental bajo el principio de mandar obedeciendo.
Principios y fundamentos de un nuevo pacto social
En el nuevo pacto habrá de implementarse la democracia bajo el principio de mandar obedeciendo. En la idea y la práctica, el poder deberá estar esencialmente en manos del pueblo. Será necesario reconocer e impulsar que la democracia no se reduce a lo electoral, sino también incluye las decisiones comunitarias en la democracia directa, así como la participación activa de la población en el diseño, gestión y seguimiento de las políticas públicas.
El nuevo pacto respetará la pluralidad étnica, lingüística y cultural de México. Deberá partir del reconocimiento del pluralismo político y jurídico, con base en las raíces profundas y cosmovisión de los pueblos indígenas.
El nuevo pacto social tendrá como uno de sus principios establecer la armonía y compatibilidad entre los proyectos de vida de los diversos sectores que integran nuestro país.
Igualdad y equidad en la diferencia
El principio de igualdad que se propone no se refiere a la supuesta igualdad establecida por los regímenes constitucionales liberales. Se concibe la igualdad y la equidad en un contexto de diversidad. Se trata de un pacto entre iguales y diferentes.
El nuevo pacto deberá impulsar un modelo de desarrollo sustentable/ sostenido que tome en consideración factores sociales, económicos, culturales y ambientales, partiendo de las posibilidades mismas del medio ambiente. Un tipo de desarrollo que pueda satisfacer las necesidades de la población actual, generando un tipo y nivel de vida perdurable y una distribución de la riqueza socialmente justa, sin poner en juego las necesidades de la generación futura.
El nuevo pacto social deberá reconocer y armonizar las diversas formas de propiedad y producción existentes en nuestro país: la privada, social y colectiva, así como la propiedad comunal. En términos económicos, el nuevo acuerdo debe garantizar que dichas formas de propiedad y producción satisfagan las necesidades colectivas más elementales.
Algunas tareas hacia la construcción del nuevo pacto social
Construir estrategias de vinculación.
Respaldar los procesos organizativos alternativos que conduzcan a un nuevo Constituyente.
Impulsar una amplia consulta con toda la sociedad para definir el contenido de un nuevo pacto social.
Construir espacios sectoriales, regionales étnicos -como el Foro Nacional Indígena Permanente (FNIP)-, para ir consolidando una verdadera organización nacional que posibilite la construcción de un nuevo pacto social.
Hacemos nuestra la demanda actual del movimiento indígena nacional de reconocimiento y respeto a las instituciones y prácticas autonómicas en las comunidades y pueblos indígenas.
Con el fin de despejar el camino para la instrumentación de los Acuerdos de la Mesa 1 del Diálogo de San Andrés: Derechos y Cultura Indígenas, se demanda la inmediata constitución e instalación de la Comisión de Verificación y Seguimiento.
MESA DE TRABAJO 7: CULTURA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL TRÁNSITO A LA DEMOCRACIA
Todas las culturas son la vida. Por eso hay
que tomar en cuenta a todas las culturas que
forman nuestro país. Son la vida de México.
La cultura de México es un todo orgánico, donde la comunidad y su cultura se integran y reconocen en la nación y ésta se constituye y enriquece con la de todas las comunidades. La implantación del modelo neoliberal va en contra de esta realidad cultural. No existe una cultura superior a otra, todas tienen el mismo valor.
La situación actual de la educación en nuestro país es deplorable; es necesaria una reforma educativa global que garantice que la educación sea laica y gratuita a nivel primario, medio y superior, y cumplir la recomendación de la Unesco de asignar 10 por ciento del PIB a la educación.
Es fundamental para llevar a cabo esta reforma que los maestros participen de manera directa y democrática en su elaboración y que reciban un salario profesional, con el que no sólo puedan vivir dignamente sino que cubra las necesidades económicas que exige su constante preparación.
Los medios de comunicación deberán retomar el espíritu de servicio a la comunidad, brindando espacios útiles a la sociedad civil. Debe garantizarse la existencia de una radio y una televisión en manos de organizaciones ciudadanas e instituciones educativas y académicas.
La nación mexicana está formada por una pluralidad de culturas y lenguas cuyos derechos deben ser reconocidos en plena igualdad. Existen reglamentos en los medios de comunicación que impiden que la pluralidad cultural se exprese. Por ello, es necesaria una legislación que impulse, desarrolle y apoye el surgimiento de medios comunitarios y municipales.
El pueblo mexicano, a lo largo de su historia, ha transmitido y dejado testimonio de su cultura en obras materiales e intangibles. El estado no puede ni debe concesionar su uso, resguardo y conservación a intereses mercantiles privados, sean nacionales o extranjeros.
El crecimiento desmesurado de las ciudades, la destrucción ambiental en todo el país, así como la reducción del gasto social por parte del estado, entre otras cosas, han provocado que la calidad de vida de los mexicanos haya sufrido un grave deterioro. Es imprescindible resolver los problemas sociales, económicos y políticos que han causado la descomposición social en el país.
La soberanía es el derecho del pueblo mexicano a darse la forma de gobierno y las leyes que rijan su convivencia y desarrollo como nación libre, independiente, justa, plural y diversa en sus culturas. Es obligación del estado garantizar el fortalecimiento social y político de la soberanía popular. La entrega y venta del patrimonio de la nación y de sectores estratégicos de la economía, junto al grave problema de la deuda externa, vulneran la soberanía.
Comités civiles
Es prioritaria la creación de una red de comunicación alternativa entre la ciudadanía, y específicamente entre los comités civiles de diálogo. Llamamos a la nación a la construcción de una nueva cultura democrática. Por último, recordamos las palabras de la comandante Florencia: "Escribo para no olvidar lo que digo..."
El neoliberalismo se traduce en manipulación informativa, enajenación cultural, y pretende una homogeneización de los pensamientos y formas de vida; genera individualismo, aislamiento de las personas e insatisfacción, al crear mediante los medios de comunicación masiva una cultura de ficción que alienta la fragmentación social, la pérdida de identidad propia y la alienación.
Es necesario un marco jurídico que garantice plenamente el derecho a una información veraz, oportuna y suficiente; a la libre expresión de las ideas; el acceso a todos los medios de comunicación para todos los sectores de la población, entendido como el derecho de todos los integrantes de la sociedad a comunicarse entre sí y con el exterior.
Es para ello indispensable que en la ley se garantice la eliminación de los monopolios en las cadenas de radio y televisión, salas de cine, teatro, medios impresos, así como sus modalidades de circulación y distribución final.
Esto significa establecer una reglamentación que reconozca el derecho a la existencia de medios estatales y comerciales, pero también de medios de comunicación alternativa a través de los cuales se exprese la multiplicidad de culturas del país.
El municipio debe estar facultado para otorgar concesiones y regular los medios de comunicación locales.
Por ley, debe especificarse el uso que se da a los recursos obtenidos por los impuestos de los concesionarios de los medios de comunicación comercial, explicitando que una parte suficiente de ellos sea destinada para promover y apoyar medios de comunicación alternativa, cuya aplicación estaría en manos de una instancia plural, civil y democrática.
La vigilancia que garantice el ejercicio pleno de los derechos de réplica, información y comunicación, así como la aplicación de la ley en sus distintas modalidades, deberá recaer en una instancia ciudadana, conformada como un Consejo Civil de la Comunicación.
El camino de la democracia pasa por el reconocimiento de la mujer. La participación democrática y equitativa de las mujeres en los medios de comunicación debe estar garantizada en todos sus niveles.
En la actualidad, la distribución del papel ha sido un instrumento de control político y económico de grupos de interés. Se requieren mecanismos que permitan la obtención de dotaciones de papel e insumos necesarios a editores y organizaciones civiles que comprueben el impacto y el sentido social de sus publicaciones, ante una instancia ciudadana de regulación y vigilancia.
Los contenidos y la programación de la radiodifusión deben caracterizarse por ser participativos, plurales, educativos, informativos, formativos, entretenidos, cuidando de fortalecer y fomentar una cultura democrática y tolerante.
Para la creación de nuevas radiodifusoras comunitarias, deberá considerarse la alternativa de convertir las radios estatales e indigenistas en radiodifusoras en manos ciudadanas.
Debe garantizarse la existencia de una televisión social en manos de organizaciones ciudadanas. La televisión comercial deberá estar sujeta a auditorías permanentes que verifiquen el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Estos impuestos serían aplicados en el sostenimiento de la televisión social.
Es particularmente importante garantizar los derechos de comunicación y libre expresión a través de las redes de comunicación telefónica que involucran la interconexión informática, correo electrónico e Internet, garantizando la liberación de la información, el acceso libre y la confiabilidad, haciendo énfasis en la prohibición expresa del espionaje estatal, político o comercial en cualquiera de sus modalidades.
Creación y fortalecimiento de centros de comunicación alternativa en comunidades, barrios, colonias o pueblos, constituidos como comités o consejos, que realizarían el estudio de las condiciones para el desarrollo de sus medios de comunicación más adecuados, la capacitación necesaria, la instalación de laboratorios de comunicación alternativa experimentales, las estrategias de comunicación a seguir, así como las distintas consultas a sus propias comunidades.
Impulsar en todos los medios de comunicación existentes, especialmente los de comunicación alternativa y los que se crearán en el futuro, una política de tolerancia y respeto, imaginativa y creativa, participativa y democrática, fomentando una cultura crítica de la información que difunden los medios de comunicación masiva que contrarreste la política del engaño y la mentira.
Realización de talleres de capacitación en producción editorial, de radio y televisión, así como en las artes gráficas, manejo de medios y derechos humanos de los comunicadores.
Establecimiento de las bases organizativas de una red de comunicación alternativa que genere, difunda y reciba información hacia adentro y hacia afuera.
MESA DE TRABAJO 8: JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS EN EL TRÁNSITO A LA DEMOCRACIA
Tradicionalmente, el gobierno ha sido el principal transgresor de la ley y violador de los derechos humanos en el país.
Durante los últimos lustros, el grupo gobernante ha transformado el proyecto nacional, realizando unilateralmente su propia reforma del estado con el fin de imponer un modelo económico excluyente que ha empobrecido drásticamente a la mitad de la población, propiciando la acumulación de la riqueza y la inviabilidad de un proyecto económico nacional.
Es necesario construir un nuevo orden jurídico que incorpore la pluralidad étnica y social del país, respetando las autonomías y los sistemas normativos internos de las comunidades indígenas, en donde se reconozca que todos tenemos derecho a tener derechos.
Llama la atención la injerencia creciente del ejército en la vida civil y el hecho de que no se ha logrado la observancia del artículo 13 constitucional relativo a juzgar en tribunales civiles los delitos que los militares cometan contra la población civil.
Garantizar la independencia, eficacia, eficiencia e imparcialidad del poder judicial.
Que el ministerio público sea independiente del poder ejecutivo.
Que se amplíe, haga accesible y agilice el juicio de amparo.
Restringir la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública, mediante la derogación de la llamada Ley de Seguridad Pública.
Derogar las modificaciones constitucionales que han tenido como consecuencia restringir o establecer excepciones para el cumplimiento cabal de las garantías individuales.
Frecuentemente se pretende imponer valores y prácticas nacidos de la cultura occidental sobre las demás, como si fueran derechos humanos universales. En consecuencia, se propone abrir un diálogo intercultural en el marco del Foro Permanente Indígena sobre los derechos humanos.
Derechos de grupos especialmente vulnerables
La contrarreforma del artículo 27 constitucional constituye la medida jurídica que más ha afectado a estos pueblos, ya que los despojó del control de su territorio y recursos y convirtió a la madre tierra en una mercancía.
Garantizar el derecho de los pueblos indios a la autonomía, entendida como la facultad de:
Tener el control de su territorio, de sus recursos naturales (madera, lagos, ríos, recursos del subsuelo como bancos de arena, cerros y cuevas, etcétera), de los beneficios derivados de su explotación y de su patrimonio cultural (centros ceremoniales, etcétera).
Ejercer plenamente el derecho a una identidad propia y tener acceso a los medios para preservarla y enriquecerla, así como para lograr su pleno reconocimiento y respeto.
Autodeterminar su forma de organización política interna, elegir sus autoridades políticas y judiciales, utilizar sus propios sistemas normativos y de impartición de justicia.
Definir el contenido de sus programas educativos.
Se requiere, además de garantizar sus derechos fundamentales, fomentar una cultura que los haga partícipes y sujetos activos de la comunidad y la sociedad en su conjunto.
En relación con los menores indígenas, la situación de pobreza en las comunidades, el aislamiento y la marginación afectan principalmente a los niños, que ven canceladas sus oportunidades de vida plena. La educación formal que reciben los niños indígenas reprime y violenta su identidad cultural, pues castiga el uso de su idioma, de su cultura, e ignora su historia y su problemática concreta.
Homologar la legislación penal en todo el país, en concordancia con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, para que se considere a los menores de dieciocho años sujetos a una legislación especial tutelar y se eliminen todas las contradicciones que existan entre las leyes secundarias y los convenios internacionales.
Establecer penalidad agravada en caso de violación de menores.
Las mujeres indígenas sufren una triple opresión: por ser mujeres, indígenas y pobres.
Exigimos que se garanticen y protejan todos los derechos humanos de la mujer.
Prohibir y castigar todo tipo de violencia hacia la mujer en todo el país y, especialmente, hacia las mujeres hostigadas y violadas por militares u otros agentes de las fuerzas públicas, o bien particulares en situación de poder o de ventajas, en zonas de conflicto o militarizadas.
Situación de los derechos humanos en Chiapas
En Chiapas, el ejército mexicano ha venido a agudizar la violencia que ya de por sí había en las relaciones sociales y ha permeado todas las esferas de la sociedad chiapaneca. Ha violentado la cultura y costumbres indígenas, propiciando la drogadicción y prostitución. Además, los conflictos agrarios, la seguridad pública, los enfrentamientos políticos, los medios de comunicación y hasta la economía están ostensiblemente militarizados. Todos los sectores de la sociedad chiapaneca son hoy objetivos militares.
Vivimos una situación de emergencia, donde los derechos humanos de la población son sistemáticamente violados y la procuración e impartición de justicia está completamente rebasada.
Una verdadera reforma electoral que cuente con la aprobación de todos los sectores sociales y que garantice verdadero respeto a la decisión de las mayorías.
Revisar a profundidad los expedientes agrarios en el estado de Chiapas, a fin de acabar de una vez por todas con los latifundios simulados y establecer una verdadera justicia en el campo. Esta revisión se deberá hacer en forma conjunta entre las comunidades agrarias y las organizaciones campesinas.
Respetar e impulsar la educación indígena.
Que el orden jurídico de las comunidades indígenas y campesinas se reconozca y se adhiera a la legislación del estado.
Reformar el Código Penal chiapaneco suprimiendo todos aquellos artículos contrarios a los derechos humanos.
El desarme inmediato de los grupos denominados "guardias blancas" y demás grupos paramilitares, así como la investigación profunda y real, con apego a los derechos humanos, de los crímenes cometidos por ellos. El castigo de los autores intelectuales y patrocinadores de estos grupos y el desafuero de servidores públicos involuntarios.
Proveer garantías de seguridad a los desplazados por grupos paramilitares para el retorno a sus comunidades.
Subcomandante Insurgente Marcos, "Convocatoria al Foro sobre la Reforma del Estado", La Jornada, México, 14 de junio de 1996.

References: artículo 27
 resolución 
 artículo 40
 artículo 27
 artículo 28
 artículo 13
 artículo 27