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Timestamp: 2019-09-23 20:36:35+00:00

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﻿ SENTENCIA T-598 DE AGOSTO 3 DE 2007
SENTENCIA T-598 DE 03 DE AGOSTO DE 2007
CONTENIDO:LICENCIA DE MATERNIDAD. FALTA DE COINCIDENCIA ENTRE EL PERÍODO DE GESTACIÓN Y EL PERÍODO DE COTIZACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:LICENCIA DE MATERNIDAD, COTIZACIÓN AL SISTEMA DE SALUD, PERÍODO MÍNIMO DE COTIZACIÓN AL SISTEMA DE SALUD, PAGO DE LA LICENCIA DE MATERNIDAD, RECONOCIMIENTO DE LA LICENCIA DE MATERNIDAD
Sentencia T-598 de agosto 3 de 2007
Sentencia T-598 de 2007
Ref.: exp. T-1603945
Dentro del proceso de revisión del fallo proferido por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Palmira, Valle, que resolvió la acción de tutela promovida por Yeny Ríos Pineda contra Coomeva EPS y Transervisocial Cooperativa de Trabajo Asociado (en adelante CTA).
3. La señora Ríos Pineda expone que desde su afiliación a la CTA ha recibido de manera regular el servicio de salud por parte de Coomeva EPS. En tal sentido, aclara que una vez reportó su estado de embarazo a la EPS se le iniciaron los controles respectivos y en el mes de octubre de 2006 dio a luz a su hijo.
Actuación adelantada por el juez de instancia
7. El 17 de febrero de 2007, el Juzgado Tercero Penal Municipal de Palmira, Valle, ordenó vincular a la acción de tutela a Transervisocial CTA, para que se pronunciara respecto de los hechos y las pretensiones presentadas por la accionante.
8. El 26 de febrero de 2007, el Juzgado Tercero Penal Municipal de Palmira, Valle, recibió declaración de la señora Yeny Ríos Pineda, quien manifestó lo siguiente: “(...)Preguntado: Dígale a este despacho, cual es el motivo por el cual creé que se le esta (sic) violando sus derechos fundamentales. Contestó: Yo fui incapacitada por Coomeva EPS, en tres (3) ocasiones por ocho (8) días cada una y una final por 84 días para un total de 104 días, cuyas órdenes de incapacidad por maternidad, están numeradas con los seriales 225307, del 20 al 27 de septiembre; 2º serial 230086 del 27 de septiembre al 4 de octubre de 2006 y 3º serial 235103 del 4 al 11 de octubre de 2006 y el serial 1224584 por 84 días del 11 de octubre de 2006 al 2 de enero de 2007 y que equivalen a 108 días y en valor en pesos a $ 1.674.000. —La accionante aportó copia de las mencionadas incapacidades—. Preguntado: Dígale al despacho, en qué fecha, fue ud., afiliada a Coomeva y por qué empresa. Contestó: Señora juez fui afiliada a Coomeva por la empresa cooperativa “Transervisocial” de Cali, el día 3 de marzo de 2006, pero quiero aclarar que en realidad yo empecé a laborar con la empresa a finales de noviembre de 2005, pero solo fui afiliada en marzo de 2006. Preguntado: Manifieste al despacho, cuántos meses llevaba en embarazo al momento de la afiliación. Contestó: Yo no sabía que estaba embarazada, sino que el médico de Coomeva EPS UBA El Cerrito, quien es el que le hace el examen general a las nuevas empleadas de la empresa, me manifestó que yo llevaba más o menos 2 meses de embarazo. Pero para estar seguros me ordenó unos exámenes de sangre y me dio resultado positivo para embarazo. Preguntado: A qué se dedica ud. laboralmente en la actualidad. Contestó: Señora juez, como lo dije inicialmente, vivo en unión libre con el padre de mi hija y en estos momentos él es el que nos mantiene, vivimos con una tía mía y pagamos $ 60.000 de arriendo con servicios incluidos, pero él me da quincenalmente la suma de $ 130.000, para alimentación, para droga de la niña, y otros gastos, pero yo en la actualidad no laboro. Preguntado: Qué es lo que le solicita por medio de la tutela al juzgado. Contestó: Señora juez, lo que le solicito es que se le ordene bien sea a Coomeva EPS El Cerrito o a la empresa cooperativa “Transervisocial” de Cali, es que me cancelen las incapacidades causadas y a las cuales tengo derecho. Preguntado: Qué bienes posee. Contestado: Señora juez, no poseo ningún bien mueble ni inmueble, vivo del salario de mi compañero, no estoy laborando en la actualidad. (...)”.
El apoderado de la EPS señaló que no autorizó la prestación económica por licencia de maternidad a la señora Yeny Ríos Pineda, pues no había cotizado de forma ininterrumpida durante todo el período de gestación. En tal sentido, agregó que de acuerdo con la normatividad aplicable (1) , la accionante no cumple con los requisitos legales preestablecidos para que surja el derecho al reconocimiento y pago de la licencia de maternidad. Al respecto, aclaró que en el mes de junio de 2006 el pago no se efectuó de manera oportuna y que en los meses de enero, febrero y marzo de 2006 la accionante no se encontraba afiliada.
Adicionalmente, en concepto del representante de Coomeva EPS al momento de la afiliación la accionante contaba con no menos de dos meses de embarazo lo cual debió ser de conocimiento del empleador, y por tanto, es a este a quien le corresponde asumir el pago de la licencia de maternidad.
Finalmente, el apoderado de la EPS solicitó que se declare improcedente la acción de tutela comoquiera que existen otros medios de defensa judicial y la reclamación de la accionante es una erogación económica.
Período cotizado Fecha de pago Días cotizados
Abril de 2006 06/04/06 25
Junio de 2006 16/06/06 30
Julio de 2006 07/07/06 30
Septiembre de 2006 06/09/06 30
Octubre de 2006 05/10/06 30
Noviembre de 2006 10/11/06 30
Diciembre de 2006 06/12/06 30
Enero de 2007 05/01/07 30
En particular, el representante de la EPS señaló lo siguiente: “(...) la señora Ríos está vinculada como trabajadora asociada de Transervisocial desde el mes de marzo de 2006, se licenció en octubre 11 de 2006, lo que indica que prestó sus servicios un total de 72 días, esto quiere decir que su aporte de trabajo a la cooperativa fue solo de 72 días, sin embargo la cooperativa canceló aportes a la seguridad social por períodos mensuales completos desde el momento en que ella se convirtió en asociada nuestra, sumado a este valor que asumió la cooperativa, se canceló a la señora Ríos, una compensación por el servicio prestado en el contrato de desviscerado y descamado de pescado, por algunos días a la semana.
En la actualidad la señora Ríos, por obvias razones no puede aportar su fuerza de trabajo a la cooperativa, pero en aras de la solidaridad que es el objetivo primordial de esta empresa aún cancelamos al régimen de seguridad social, los aportes de la señora Ríos”.
El representante de la CTA aportó como pruebas: autoliquidaciones de los pagos que Transervisocial ha realizado a Coomeva y copia de los desprendibles de pago de la compensación por el trabajo aportado por la señora Yeny Ríos.
11. El 28 de febrero de 2007, el Juzgado Tercero Penal Municipal de Palmira, Valle, negó el amparo solicitado. El juez concluyó que no se cumple con el requisito legal de cotizar durante todo el período de la gestación. Al respecto, precisó que no obra prueba en el expediente que permita corroborar la afirmación de la accionante sobre el hecho de que ella hubiera laborado en la cooperativa accionada con anterioridad al mes de marzo de 2006. Así mismo, estableció que cuando la accionante empezó a cotizar al sistema de seguridad social en salud, a través de Transervisocial, ya tenía dos meses de embarazo.
13. Mediante comunicación de 6 de junio de 2007, Transervisocial CTA informó que el aporte de la señora Yeny Ríos a la cooperativa era su fuerza de trabajo en períodos discontinuos desde el 6 de marzo de 2006, los cuales se relacionan a continuación:
Al respecto, el representante de la cooperativa aclaró que: “(…) afilió desde el mes de marzo a la seguridad social a la señora Ríos y aunque la señora Ríos desde el mes de septiembre de 2006 no volvió a realizar su aporte, la cooperativa siguió cancelando oportunamente el aporte a la EPS Coomeva, realizando el último pago en el mes de abril de 2007.
En vista del fallo en contra de los intereses de nuestra asociada, en el que el juez de conocimiento exoneró del pago de la licencia a la EPS Coomeva, la cual en Colombia es la entidad encargada de dichos pagos, la cooperativa entregó a la señora Yeni Ríos una ayuda solidaria de manera voluntaria por el valor de $ 304.700, suma equivalente al valor de la incapacidad por los días de trabajo aportado los cuales fueron relacionados en el párrafo anterior, estos fueron entregados en presencia de la señora Aleyda Fajardo Pazos, inspectora de trabajo de Palmira, Valle, el día 14 de marzo de 2007”.
La cooperativa accionada aportó copia del convenio asociativo de trabajo de la señora Ríos en el que consta que este inició el 1º de marzo de 2006. Así mismo, adjuntó copia del acta de conciliación celebrada entre la accionante y Transervisocial CTA, el 12 de marzo de 2007, en la que se señala que la cooperativa cancelará “(...) como ayuda humanitaria de una de nuestras trabajadoras asociadas proponemos el pago de la licencia de maternidad en proporción al tiempo efectivamente trabajado de 72 días por un valor de $ 304.640”.
Reiteración de jurisprudencia (2) . Reconocimiento y pago de licencias de maternidad, de forma excepcional, a través de la acción de tutela
5. También tiene establecido que la protección especial para la mujer que dispone el texto constitucional debe ser interpretada conforme a los tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia (C.P., art. 93) dentro de los cuales se encuentra el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (4) que prescribe el deber de los Estados de conceder especial protección a las madres durante un período razonable antes y después del parto e igualmente, el reconocimiento de la licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social (5) .
6. La licencia de maternidad, entonces, tiene una doble finalidad, por una parte, brindar un descanso a la madre para que se recupere del parto (C.P., art. 43) y la posibilidad de brindarle al recién nacido todas las atenciones que requiere (C.P., arts. 44 y 50); y por la otra, garantizar el mínimo vital y la dignidad humana (8) de estos. Obsérvese que dicha protección está dirigida tanto a la madre como al hijo desde el mismo momento de la concepción.
a) En principio, el pago de la licencia de maternidad se trata de un derecho prestacional y, en consecuencia, no susceptible de proteger por vía del amparo constitucional. No obstante, cuando se halla en relación inescindible con otros derechos fundamentales de la madre o del recién nacido —tal es el caso de los derechos a la vida digna, a la seguridad social y a la salud—, el derecho al pago de la licencia de maternidad es un derecho fundamental por conexidad y, por lo tanto, que se puede amparar por vía de tutela.
b) Cuando la satisfacción del mínimo vital de la madre y del recién nacido dependen del pago de la licencia de maternidad, el reconocimiento de este derecho deja de plantear un tema exclusivamente legal, sometido a la justicia laboral, y se torna constitucionalmente relevante. En estos supuestos excepcionales, el pago de la licencia de maternidad puede ser ordenado por el juez de tutela.
c) La entidad obligada a realizar el pago es la empresa prestadora del servicio de salud con cargo a los recursos del sistema de seguridad social integral. No obstante, si el empleador no pagó los aportes al sistema de seguridad social en salud o si los aportes fueron rechazados por extemporáneos, es él el obligado a cancelar la prestación económica.
d) Si el empleador canceló los aportes en forma extemporánea y los pagos, aun en esas condiciones fueron aceptados por la entidad prestadora del servicio de seguridad social en salud, hay allanamiento a la mora y por lo tanto esta puede negar el pago de la licencia.
9. Aunado a lo anterior la Corte ha ampliado estas reglas jurisprudenciales para los casos en que la negativa de la entidad promotora de salud ya no reside en la mora en el pago de los aportes a la seguridad social sino en los que el período de gestación y el período de cotización no coinciden, no cumpliendo así con uno de los requisitos impuestos por los actos administrativos (D.R. 806/98 y 47/2000) que regulan el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad, esto es, haber cotizado ininterrumpidamente al sistema de seguridad social en salud durante todo el período de la gestación (15) , no obstante estar acreditada la afectación al derecho al mínimo vital de la mujer después del parto y de su hijo recién nacido, sujetos estos de especial protección por parte del Estado (C.P., arts. 43, 44 y 50).
En tales casos donde el lapso de no cotización es breve —inferior a un mes de los nueve que dura usualmente un embarazo— en aras de proteger el derecho fundamental al mínimo vital de la madre y del recién nacido, esta corporación ha dado aplicación prevalente a los artículos 43 y 53 de la Constitución y ha ordenado el pago de la licencia de maternidad (19) ”.
“Como corolario de lo expuesto se tiene que, según la jurisprudencia de la Corte, la exigencia legal de cotización al sistema de seguridad social en salud, por un período mínimo igual al de la gestación, para que proceda el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad (D. 806/1998, art. 63 y D. 47/2000, art. 3º, num. 2º), no debe aplicarse de manera automática, pues el hacerlo sería imponer un requisito que en algunos casos hace nugatorio el derecho a la mujer a que se le reconozca esta prestación económica, cuando compromete la subsistencia y vida digna, tanto de la madre como de su menor hijo. En estos casos, esta exigencia se convierte en un argumento formal que pretende hacerse prevalecer sobre lo verdaderamente sustancial (C.P., art. 228) que se concreta en el descanso remunerado en la época del parto (22) . De allí que al presentarse esta situación en casos como el aludido, proceda excepcionalmente la acción de tutela para ordenar el pago de la licencia de maternidad, previa inaplicación de las normas que resultan inconstitucionales, dando prevalencia a las garantías supralegales que entran a gobernar el caso (C.P., arts. 13, 43, 50 y 53) (23) .
“(...) se concluye que al aplicar de manera rigurosa el requisito legal, es decir, la exigencia de haber cotizado como mínimo un período igual al de la gestación, en algunos casos se estarían afectando los derechos fundamentales al mínimo vital y subsistencia tanto a la madre como a su menor hijo quienes subsisten económicamente de esta prestación económica.
14. La señora Yeny Ríos Pineda se encuentra afiliada desde el 6 de marzo de 2006 a Coomeva EPS a través de Transervisocial CTA. La accionante manifestó, en declaración rendida ante el juez de instancia, que comenzó a trabajar con la cooperativa accionada en noviembre de 2005 pero que solo se asoció a esta desde marzo de 2006. No obstante, de acuerdo con la conclusión del juez de instancia, no obra prueba en el expediente que permita confirmar la afirmación de la accionante, máxime cuando en sede de revisión se aportó copia de un acta de conciliación suscrita por la accionante en la que se establece que la relación con la cooperativa accionada se inició en marzo de 2006.
15. En el mes de octubre de 2006, la señora Ríos Pineda dio a luz a su hijo. La accionante señala que a partir de esa fecha, Coomeva EPS le concedió la licencia de maternidad por 84 días, pero le comunicó que no la cancelaría por falta de semanas cotizadas durante el período de la gestación. En efecto, a la señora Yeny Ríos Pineda no le coincide el período de gestación y el de cotización al sistema de seguridad social en salud.
En tal sentido, la Corte advierte que, de acuerdo con la información suministrada por Coomeva EPS, la accionante fue vinculada al sistema de seguridad social cuando contaba con cerca de dos meses de embarazo. Por consiguiente, si se aplican en forma mecánica el artículo 63 del Decreto 806 de 1998 y numeral 2º del artículo 3º del Decreto 47 de 2000, en principio no procedería el pago de la licencia de maternidad, comoquiera que hace falta un lapso de cotización dentro del período de gestación. No obstante, como lo ha reconocido la Corte, excepcionalmente procede el pago de la licencia de maternidad bajo las circunstancias descritas cuando se amenace el derecho al mínimo vital de la accionante y su hijo recién nacido.
16. Así las cosas, es preciso confirmar la afectación del derecho al mínimo vital para que sea procedente a través de la acción de tutela ordenar el pago de la licencia de maternidad. En efecto, la Corte recuerda que se presume la afectación del mínimo vital de la madre y su hijo o hija menor cuando devenga un salario mínimo y este es su única fuente de ingreso.
Como quedó demostrado en los informes de cotización que fueron aportados por Coomeva EPS, desde su afiliación la señora Yeny Ríos Pineda devengó un salario mínimo mensual. Así mismo, debe la Corte reseñar que según la manifestación de la accionante en la acción de tutela, el no pago de la licencia de maternidad está afectando su derecho al mínimo vital y el de su hijo.
17. En cuanto al término para la interposición de la acción de tutela, se observa que la accionante instauró la misma el 14 de febrero de 2007. Esto es, transcurridos aproximadamente 4 meses a partir del nacimiento de su hijo (oct./2006). Dado que la acción de tutela puede ser instaurada dentro del año siguiente al nacimiento de la menor, la madre estaba en tiempo de solicitar el pago de la licencia de maternidad por este medio de defensa judicial para la protección de sus derechos fundamentales.
18. Por lo anterior, se inaplicará el artículo 63 del Decreto 806 de 1998 y el artículo 3º numeral 2º del Decreto 47 de 2000, por ser normas contrarias a la Constitución (C.P , arts. 13, 43, 44 y 50) y se ordenará a la entidad promotora de salud accionada el pago de la licencia de maternidad a la accionante.
19. En virtud de lo expuesto, la Corte revocará el fallo proferido por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Palmira, Valle, y concederá el amparo solicitado por la señora Yeny Ríos Pineda y su hijo recién nacido para la protección de su derecho fundamental al mínimo vital. Para garantizar el derecho se ordenará a Coomeva EPS, que en el término de 48 horas, pague efectivamente a la señora Yeny Ríos Pineda, el valor de la licencia de maternidad a la que tiene derecho.
1. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Palmira, Valle, que resolvió la acción de tutela promovida por Yeny Ríos Pineda en contra de Coomeva EPS, y en consecuencia, tutelar sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital.
2. ORDENAR a Coomeva EPS, que si aún no lo ha hecho, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, proceda a pagar a la accionante la licencia de maternidad que le corresponde.
3. INAPLICAR con base en el artículo 4º de la Carta Política y para el caso concreto de la señora Yeny Ríos Pineda, el artículo 63 del Decreto 806 de 1998 y el artículo 3º, numeral 2º del Decreto 47 de 2000.
(1) Decreto 47 de 2000, artículo 3º y Decreto 1804 de 1999, artículo 21.
(2) Cfr. Sentencia T-264 de 2007 y T-510 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(13) En este sentido, también pueden estudiarse, entre otras, las sentencias T-091 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-147 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-271 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-273 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-947 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería; T-202 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-336 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(17) Al respecto, en la Sentencia T-790 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), en la que la Corte conoció el caso de una profesora, cabeza de familia, a quien la EPS a la que se encontraba afiliada le negó el pago de la licencia de maternidad por tener durante el tiempo de la gestación, un lapso de un mes sin cotizar (correspondiente al tiempo que estuvo sin empleo), señaló lo siguiente, reiterando la Sentencia T-210 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz): “(…) la corporación ha sostenido que, excepcionalmente, la acción de tutela procede para ordenar el pago de la licencia de maternidad, pues aquel “no puede considerarse como un derecho de carácter legal y, por el contrario, debe considerarse como un derecho de carácter fundamental, de orden prevalente, cuando se amenaza el mínimo vital y móvil de la madre y el niño”. Por consiguiente, en situaciones particulares, la jurisdicción constitucional es competente para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de la madre y el recién nacido, cuyo derecho al pago constituye un medio económico indispensable para su manutención” (los pies de página contenidos en esta cita fueron omitidos).
(18) Al respecto, ver entre otras, las siguientes sentencias: T-790 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra); T-549 de 2005 (M.P. Jaime Araújo Rentería); T-1010 de 2004 (M.P Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-931 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández). Estos cuatro casos se refieren al pago de la licencia de maternidad de trabajadoras que no cotizaron durante todo el tiempo de la gestación, por haber cambiado de trabajo, y haber existido entonces un lapso en el que no tuvieron empleo. En ninguna de las citadas sentencias el lapso de días sin cotizar superaba los 30 días (en la Sentencia T-790 de 2005 fueron 30 días; en la Sentencia T-549 de 2005 fueron 22 días; en el expediente T-956011, que fue acumulado con otros y fue fallado en la Sentencia T-1010 de 2004, fueron 30 días; y en la Sentencia T-931 de 2003 fueron 11 días).
(19) En el mismo sentido pueden consultarse las sentencias T-1010 de 2004, T-549 de 2005, T-790 de 2005, T-931 de 2005, T-1243 de 2005, T-461 de 2006, T-640 de 2006, T-728 de 2006 y T-298 de 2007, en las que pese a la falta de cotización durante un lapso del embarazo, la Corte admitió el reconocimiento de la prestación en el marco de la vulneración del derecho al mínimo vital de la madre y su hijo(a) recién nacido(a), como sujetos de especial protección constitucional.
(24) T-053 de 2007. En este caso la accionante había dejado de cotizar dos meses y dos días para que coincidiera el período de gestación con el de cotización.

References: artículo 63
 artículo 3
 artículo 63
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 63
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 21