Source: http://www.revista-notariado.org.ar/2018/12/enajenacion-de-bienes-inmuebles-por-institutos-de-vida-consagrada-y-sociedades-de-vida-apostolica-ivc-y-sva/print/
Timestamp: 2019-04-24 14:37:27+00:00

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Revista del Notariado » Enajenación de bienes inmuebles por institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica (IVC y SVA) » Print
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2. La vida consagrada en la Iglesia Católica Apostólica Romana
2.2. Síntesis histórica
2.3. Una cuestión eclesiológica con consecuencias jurídicas en el ámbito estatal
2.4. Situación actual de la vida consagrada en el derecho canónico
2.4.1. Institutos religiosos
2.4.2. Institutos seculares
2.4.3. Sociedades de vida apostólica
2.4.4. Una clasificación con proyecciones en los ámbitos eclesial y estatal
2.4.4.1. Institutos de Derecho Pontificio
2.4.4.2. Institutos de derecho diocesano
2.4.4.3. Monasterios sui iuris
3. La vida consagrada en el derecho argentino
3.1. Las órdenes religiosas antes de la fundación del Estado Argentino
3.1.1. Desde la conquista hasta la Revolución de Mayo
3.1.2. Luego de la Revolución de Mayo
3.2. Regulación de la vida consagrada luego de la organización nacional
3.2.1. El tratamiento de la cuestión en la Constitución Nacional
3.2.2. El Código Civil
3.2.3. Impacto del Acuerdo de 1966 entre la Santa Sede y el Estado Argentino
3.2.4. La Ley 24483 y su normativa reglamentaria
3.2.5. El Código Civil y Comercial de la Nación
4. Eficacia civil de las normas canónicas que regulan la capacidad patrimonial de la Iglesia
4.1. Preliminar: Sistemas de interrelación entre el ordenamiento canónico y el derecho del Estado
4.2. La situación en la República Argentina de acuerdo con las normas vigentes
5. La enajenación de inmuebles por parte de IVC y SVA
5.1. Normativa canónica aplicable
5.1.1. Conceptos introductorios
5.1.2. Normas provenientes del CIC
5.2. Normativa estatal aplicable
5.2.1. La Ley 24483
5.2.2. El Decreto Reglamentario 491/1995
5.2.3. Resolución 448/1996 de la Secretaría de Culto
Imagen: William Pearce, CC-BY-ND 2.0
Autores: María Marta Herrera (ver bio) | Cecilia Korniusza | Diego M. Mage (ver bio)
Resumen: Se analiza el régimen jurídico dispositivo en materia inmobiliaria de los Institutos de vida consagrada y Sociedades de vida apostólica (antiguas órdenes y congregaciones religiosas). Se concluirá que las afirmaciones que ha efectuado el magisterio pontificio respecto de estos organismos, sumadas a la sanción de la ley 24.483 y su normativa reglamentaria, y los artículos 146 y 147 del Código Civil y Comercial de la Nación, autorizan a afirmar que los mismos deben ser considerados como personas jurídicas de derecho público. A su vez, la normativa canónica que regula su capacidad dispositiva, en tanto no contradiga el orden público, es derecho vigente por expresa remisión que a la misma hace la legislación civil, y por tanto debe ser conocida por el operador jurídico para evitar posibles nulidades.
Palabras clave: Iglesia Católica, órdenes y congregaciones religiosas, eficacia civil del derecho canónico, requisitos para disponer de bienes inmuebles.
Recibido: 3/9/2018 | Aceptado: 17/9/2018
Si en 19 de cada 20 escrituras aparece vendiendo sor Amalia, a la 21 no os queda más remedio que recordar y estudiar el régimen jurídico registral de los entes eclesiásticos. Y cuando llegas a leer el cúmulo de disposiciones existente, piensas que es más fácil calificar una escritura de venta de un solar por una sociedad cuyo objeto social sea el desarrollo de la investigación de hidrocarburos que la realizada por una congregación, aunque en ésta los socios emitan sólo votos simples… 1
La cita que inicia este trabajo de investigación, ingeniosa y clarividente, nos introduce en el tema que a continuación desarrollaremos y anticipa el problema al que nos enfrentamos los notarios al analizar actos dispositivos en los cuales intervienen o han intervenido institutos de vida consagrada (en adelante, “IVC”) o sociedades de vida apostólica (en adelante, “SVA”): 2 conocer los requisitos legales que deben cumplirse ineludiblemente para que tales actos no contraríen los órdenes normativos eclesial 3 y estatal, y, a través de su correcta aplicación, poder evitar consecuencias jurídicas perjudiciales o disvaliosas en ambos ámbitos. Podría parecer que el tema carece de actualidad o de relevancia, pero documentos pontificios recientes 4 y emprendimientos inmobiliarios novedosos 5 demuestran que la cuestión dista sobremanera de ser así.
Por un lado, ante las necesidades de la comunidad, el espacio urbano deviene en terreno fértil para las inversiones económicas de capital, que se materializan en la construcción y comercialización de grandes emprendimientos inmobiliarios: shopping centers, hoteles, centros de convenciones y megaeventos, urbanizaciones cerradas verticales y horizontales, edificios comerciales y lúdicos, etc. Para ello, resulta sumamente oportuna la reconversión y recuperación de espacios urbanos desaprovechados tales como, en la actualidad, lo son muchos de los inmuebles de propiedad de los IVC y SVA. Por otro lado, estamos ante antiguas instituciones que, frente a la falta de vocaciones religiosas, resultan titulares de un cuantioso patrimonio que se encuentra inutilizado y, además, carece de gestores idóneos. Tanto es así que la Santa Sede, a través del organismo competente, 6 se ha visto en la necesidad de emitir recomendaciones y orientaciones jurídicas y pastorales respecto de la administración de los bienes pertenecientes a los IVC y SVA. 7 Como se podrá advertir, el tema conlleva considerar una vastedad de cuestiones históricas, teológicas, filosóficas y jurídicas que torna imposible que cada una sea tratada con la profundidad que se merece. 8
La República Argentina cuenta con un importante patrimonio que es propiedad de la Iglesia Católica pero de cuya influencia y beneficios han participado tanto el Estado como la sociedad en general. 9 Si bien, para nuestro ordenamiento jurídico, la capacidad de la Iglesia Católica para adquirir, administrar, retener o enajenar toda clase de bienes 10 nunca ha sido controvertida, 11 más difícil resulta determinar a quién nos referimos de manera específica al aludir a esta institución. En concreto, ¿la componen únicamente las entidades que en la historia jurídica argentina fueron identificadas como la Iglesia, es decir, la Santa Sede, las diócesis, las parroquias, los seminarios, los cabildos catedralicios, etc.?, ¿o incluimos también a las antiguamente denominadas órdenes o congregaciones religiosas (hoy en día IVC y SVA)? 12
Por otro lado, ¿tenemos en claro que el tratamiento de la titularidad y régimen jurídico de los bienes de la Iglesia exige hacer referencia a dos sistemas normativos distintos: el derecho canónico y el ordenamiento jurídico estatal? Y, en caso de responder de manera afirmativa a este interrogante, ¿contamos con un conjunto normativo sistemático y unitario que regule los bienes que integran el patrimonio de la Iglesia (englobando, en este concepto, a todas las entidades eclesiales que la conforman) y que determine clara e indubitadamente de qué manera se ha de proceder en el tráfico inmobiliario? La respuesta negativa se impone y es por esto que debemos hacer un estudio transversal del derecho para poder dar solución a esta cuestión.
Para responder a los interrogantes que anteceden, hemos intentado hacer una prudente selección de los tópicos que, entendemos, tienen mayor trascendencia en relación con el tema a analizar y su influencia en la génesis, aprobación y aplicación de la normativa vigente. A través del presente trabajo pretendemos fundamentar que, por conformar los IVC y SVA una parte fundamental de la estructura constitucional de la Iglesia Católica, no pueden tener un tratamiento diferenciado al que históricamente han recibido otros entes eclesiásticos como, por ejemplo, las diócesis o las parroquias. Por esto, en los actos jurídicos que impliquen actos de disposición, debe respetarse la legislación canónica, por ser esta la fuente jurídica que regula esta actividad por remisión expresa de la normativa estatal. Para ello, además de efectuar un breve repaso histórico de estas formas de vida asociativa, nacidas en el seno de la Iglesia, y repasar las leyes canónicas y estatales y las diversas relaciones entre ambos órdenes normativos, abordaremos los requisitos legales necesarios para que los IVC y SVA puedan enajenar válidamente inmuebles de su propiedad.
2. La vida consagrada en la Iglesia Católica Apostólica Romana ^
Para los fieles católicos, la vida consagrada implica la respuesta dada a un llamado especial que Dios les formula a participar en la misión salvífica de la Iglesia, de acuerdo con un determinado carisma, entendiéndose por tal al don que Dios gratuitamente concede a algunas personas en beneficio de la comunidad. 13 Al responder a ese llamado, el fiel se consagra de manera especial mediante la profesión de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. 14 A los bautizados, la Iglesia los exhorta a llevar una vida de pobreza, pero no al punto de llegar al desprendimiento total de los bienes terrenos; de castidad, pero no hasta el punto de renunciar al matrimonio; de obediencia, pero no hasta el extremo de despojarse de la propia voluntad. Pero para quienes han sido llamados a seguir a Cristo en esta forma de vida, estos preceptos deben ser asumidos de manera más profunda, intensa, permanente y visible.
La vida consagrada, como toda realidad eclesial, presenta un aspecto teologal y otro de índole jurídica. Evidentemente, ambos son diversos pero complementarios, dado que no se concibe el segundo sin el primero y, a la vez, el primero busca institucionalizarse dentro de la Iglesia a través de la formulación de estructuras jurídicas. Como señala Heredia, 15 el §1 del canon 573 del CIC 16 toma los principales elementos teológicos de la vida consagrada, mientras que el §2 y el canon 207-§2 brindan los elementos que configuran las formas institucionalizadas de la misma. 17 Así, bajo el aspecto teológico, los elementos esenciales serán la vocación y consagración, el seguimiento más estrecho de Cristo, la entrega total y especial a Dios y a la Iglesia con miras a la salvación del mundo, una unión especial con la Iglesia y su misión salvífica, la búsqueda de la perfección como signo en este mundo del Reino de Dios, y que esta forma de vida sea asumida de manera estable mediante la profesión de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, de tal forma que quien los asume adquirirá un nuevo estatuto jurídico dentro de la Iglesia. 18 Bajo el aspecto canónico, los elementos constitutivos de la vida consagrada serán, en el caso de la consagración en formas de vida comunitaria –que son las que nos interesan para este trabajo 19–, su profesión mediante votos u otro víncu­lo sacro, en un instituto erigido canónicamente.
2.2. Síntesis histórica ^
Como ya dijimos, para los cristianos, la vida y enseñanzas de Jesucristo constituyen el paradigma de la vida a imitar. Los Evangelios narran el llamado que Él hizo a sus primeros discípulos, quienes dejaron todo para seguirlo, renunciando a ellos mismos en pos de convertirse en sus más estrechos seguidores y propagadores de su mensaje. 20 Pero a ese grupo inicial se fueron sumando otros miembros que conformaron la primera comunidad apostólica, algunos de entre los cuales comenzaron a vivir tratando de seguir lo más estrictamente posible la vida de Cristo pobre, casto y obediente. 21
Si hacemos una prieta síntesis de las formas de vida consagrada que surgieron en la historia de la Iglesia, podemos citar primero a las vírgenes y a los ascetas, quienes cultivaron la continencia, la renuncia a los bienes materiales, la oración y la penitencia, pero dentro de las comunidades de las cuales formaban parte. Con posterioridad surgió el monaquismo, mediante el cual sus cultores buscaron esos mismos objetivos, además de una vida contemplativa de las cosas divinas, apartándose totalmente de la vida secular. 22 En la Iglesia Latina, resulta particularmente importante San Benito, puesto que de sus reglas se derivarían las principales formas de vida monástica en Occidente 23 y a través de las cuales los monjes comenzarían a efectuar votos de conversión de las costumbres, de estabilidad y de obediencia, sometiéndose a la regla y al abad que era su intérprete. Luego, surgirían otras formas de vida consagrada como la de los canónigos regulares, 24 las órdenes mendicantes 25 y, luego de la reforma religiosa, las órdenes de clérigos regulares, que unirían el ministerio sacerdotal a la profesión religiosa pero abandonando las observancias monásticas y asumiendo prácticas de apostolado más dinámicas. Es a partir del siglo XVI que, en la Iglesia, se consolidaron las órdenes o institutos religiosos aprobados por la autoridad eclesiástica, a los cuales se ingresaba mediante la profesión de votos “solemnes” de pobreza, castidad y obediencia. 26 Sin embargo, debemos destacar una gran diferencia entre las órdenes masculinas y las femeninas: el Concilio de Trento impidió que las mujeres consagradas efectuaran la práctica de los consejos evangélicos fuera de sus monasterios, puesto que una religiosa debía emitir no solo votos solemnes sino, fundamentalmente, vivir dentro de un convento de clausura, es decir, apartada del mundo secular.
Sin embargo, las necesidades de la evangelización provocaron que las prohi­biciones tridentinas se fueran suavizando. De esta manera, comenzaron a surgir sociedades de clérigos y laicos, hombres y mujeres, que no hacían votos 27 o, si los hacían, no eran reconocidos como tales por la Iglesia como votos “religiosos”. Mediante estas nuevas formas, se buscaba desarrollar actividades apostólicas que la profesión religiosa (votos solemnes, vida regular y clausura para las mujeres) impedía. Las mismas recibieron la denominación de “congregaciones”, a las cuales también se les equipararon las sociedades piadosas, que eran aprobadas por un obispo diocesano. Tuvieron su reconocimiento como formas de vida consagrada mediante la constitución apostólica Conditae a Christo (1900), del papa León XIII, aunque con el nombre de “congregaciones”, siendo su característica principal la emisión de votos “simples”. 28 Finalmente, mediante la constitución apostólica Provida Mater Ecclesia (1947), del papa Pío XII, recibirían reconocimiento jurídico los institutos seculares como nueva forma de vida consagrada, a la cual haremos referencia en los párrafos siguientes.
Sin embargo, el camino hacia el reconocimiento y la aprobación de otras formas de vida consagrada no se encuentra cerrado, situación específicamente prevista por el canon 605 del CIC, 29 aunque debemos aclarar que este permiso solo puede otorgarlo la Sede Apostólica, por conllevar tal declaración un pronunciamiento de tipo magisterial. 30
2.3. Una cuestión eclesiológica con consecuencias jurídicas en el ámbito estatal ^
Históricamente, se ha entendido a la Iglesia Católica como una sociedad perfecta 31 pero desigual, destacándose que está constituida de modo jerárquico, tomando como punto de partida dos clases de fieles, los clérigos y los laicos. 32 Son estos últimos quienes deben ser gobernados por los primeros, a quienes les corresponde la dirección de la Iglesia, entendiéndose a los religiosos o consagrados solo como una clase distinta que proviene de ambos grupos y cuyo objetivo es la práctica de los consejos evangélicos. 33 Sin embargo, esta no es la visión que se perfilaría a partir de los debates teológicos ocurridos durante el transcurso del Concilio Vaticano II 34 y que culminaría proyectando sus consecuencias en el CIC, en el CCEO 35 y en documentos pontificios posteriores, es decir, si la vida consagrada es un elemento esencial de la estructura constitucional de la Iglesia Católica o si, por el contrario, solo es un modo práctico de llevar a cabo su misión pero sin que sea un elemento constitutivo suyo.
Al comentar los cánones introductorios del CIC referidos a la vida consagrada, 36 Rincón Pérez resumió esta discusión con absoluta claridad:
… existen al respecto dos posiciones doctrinales. W. Aymans […] propugnó la necesidad de distinguir entre estructuras constitucionales y estructuras de asociación, [reiterando] su convicción de que «constitucionalmente sólo tiene relevancia la distinción entre clérigos y laicos». Frente a esta postura científica –y refiriéndose sólo a canonistas– E. Corecco ha sostenido reiteradamente que el Código ha acentuado el carácter constitucional del que él llama el estado de los consejos evangélicos […] equiparándolo institucionalmente por otro, al estado laical y clerical… 37
Por su parte, el magisterio pontificio a partir de la exhortación apostólica 38 Vita Consecrata 39 (1996), del papa Juan Pablo II, ha coincidido con la visión de Corecco, 40 que señala que la vida religiosa es un elemento constitutivo esencial de la Iglesia y, por eso, uno de los tres pilares básicos sobre los que se asienta su estructura fundamental. 41 Tal consideración ha sido recientemente reafirmada por el documento pontificio aprobado por el papa Francisco referido a la cuestión bajo análisis. 42
Por tal motivo, debemos concluir que la vida religiosa y, por ende, las instituciones en las cuales se lleva a cabo este modo de vida pertenecen a la estructura constitucional de la Iglesia Católica, puesto que, como señalara Juan Pablo II, una Iglesia conformada únicamente por clérigos y laicos, que deje de lado de dicha estructura constitucional a los consagrados que profesan los consejos evangélicos en una forma de vida consagrada aprobada por la Iglesia, “no corresponde, por tanto, a las intenciones de su divino fundador”. 43
Así, esta cuestión eclesiológica no nos resulta de ninguna manera indiferente y mucho menos inocua. Si los IVC y SVA son parte constitucional de la Iglesia, una adecuada interpretación de los ar­tícu­los 146 y 147 del Código Civil y Comercial (en adelante, “CCCN”) y de las ambiguas estipulaciones de la Ley 24483 y de su reglamentación (Decreto PEN 491/1995) nos llevan a concluir que los mismos deben recibir idéntico tratamiento que las organizaciones que tradicionalmente el derecho estatal ha entendido como “Iglesia Católica”: Santa Sede, diócesis y parroquias, seminarios, cabildos catedralicios, etc., avanzando así sobre la histórica interpretación que se hacía de los ar­tícu­los 33, 41 y 2345 del Código Velezano (en adelante, “CCIV”), que entendía que estas instituciones eran personas jurídicas de carácter privado.
Sobre estos puntos volveremos a explayarnos más adelante, cuando analicemos detenidamente la legislación estatal.
2.4. Situación actual de la vida consagrada en el derecho canónico ^
Las formas que actualmente admite el derecho canónico son comunitarias e individuales. Las individuales están conformadas por los ermitaños o anacoretas 44 y las vírgenes consagradas, 45 es decir, varones y mujeres que se consagran a Dios a tenor de las normas de la Iglesia pero de manera personal y no mediante formas asociativas. Por el contrario, las formas comunitarias suponen únicamente la existencia de personas jurídicas.
Antes de abocarnos al análisis de su capacidad dispositiva en el ámbito intra eclesiástico, y sus consecuencias en la esfera civil, nos parece relevante efectuar una sinopsis de sus rasgos característicos fundamentales. Tales formas comunitarias son:
2.4.1. Institutos religiosos ^
Un instituto religioso es una sociedad en la que los miembros llevan vida fraterna en común y, según el derecho propio, emiten votos públicos perpetuos o temporales que han de renovarse, sin embargo, al vencer el plazo. El testimonio público que han de dar los religiosos a Cristo y a la Iglesia lleva consigo un apartamiento del mundo propio del carácter y finalidad de cada instituto (CIC, canon 607, §2 y §3).
De la definición que da el CIC surge que la publicidad de los votos diferencia a los institutos religiosos de las SVA, otra forma de vida consagrada asociativa en que sus miembros, en principio, no emiten votos públicos. Y el hecho de que sus integrantes deban vivir separados del mundo, como testimonio público de su consagración, es el elemento que los distingue de los institutos seculares, cuyos miembros viven insertos en la sociedad secular.
Los institutos religiosos, antes de la reforma producida por el CIC en el año 1983, se clasificaban en órdenes y congregaciones, según emitieran votos solemnes o simples. La propia disciplina del CIC de 1917 giraba en torno de esta distinción. 46 Hoy en día, los diversos tipos de institutos religiosos ya no se distinguen por el tipo de voto que emiten sino por el tipo de vida que llevan: algunos son de vida exclusivamente contemplativa, 47otros son de vida contemplativa 48 y los demás tienen actividad apostólica. 49 En todos ellos, sean masculinos o femeninos, para la legislación universal de la Iglesia se es miembro por haber efectuado la profesión religiosa mediante voto público. 50
En cuanto a su regulación interna, además de las normas generales de la Iglesia establecidas en el CIC de 1983 –cánones referentes a la vida consagrada en general (573-606) y cánones directamente referidos a esta modalidad de vida consagrada (607-709)–, estos institutos tienen un derecho propio conformado por sus propias constituciones, estatutos y directorios. Como señala I. Aldonondo:
Los institutos religiosos han tenido desde antiguo una vida jurídica más o menos autónoma y un Derecho propio para preservar su identidad. El término Derecho propio aparece oficialmente por primera vez en el CIC de 1983 diferenciándolo del Derecho particular proveniente principalmente de las diócesis. El Derecho propio de un instituto no se reduce al Código fundamental o Constituciones, sino que está integrado por las demás normas establecidas por la autoridad competente que se recogen en otros Códigos complementarios susceptibles de asumir diversas denominaciones (Directorios, Reglamentos, Estatutos, etc.). El Derecho propio es el cuerpo de normas integrado por el Código fundamental, por el Código accesorio general, por los Códigos particulares, por las normas y documentos capitulares, por las disposiciones ejecutivas de los superiores y por el conjunto de tradiciones y costumbres que sean tales. 51
Finalmente, el CIC ya no menciona a las órdenes, congregaciones o religiones (como se designaban antaño) porque esas antiguas designaciones no traen aparejadas distinciones de naturaleza jurídica. Sin perjuicio de esto, por razones de índole histórica permite que las mismas puedan conservar estas denominaciones.
2.4.2. Institutos seculares ^
De acuerdo con el canon 710 del CIC, los institutos seculares son IVC en los cuales los fieles aspiran a la perfección de la caridad y se dedican a procurar la santificación del mundo, viviendo dentro de la propia sociedad secular. Como expusimos con anterioridad, durante muchos siglos en la Iglesia, la vida religiosa fue la única manera de vivir la vida consagrada. La consagración a Dios mediante la profesión y práctica de los consejos evangélicos solo se podía hacer en institutos religiosos. 52 En la actualidad, también es posible que esto acontezca en los institutos seculares, en los cuales la consagración tiene una característica peculiar: no exige el alejamiento de la sociedad en el sentido material a través de la vida en una comunidad apartada, sino que se lleva a cabo viviendo “en” el mundo y “desde” el mundo.
Sus miembros asumen los consejos evangélicos pero sin evitar la vida secular. 53 Estos institutos se rigen por los cánones referentes a la vida consagrada en general (573-606), por las normas que el código les dedica de manera específica (710-730) y por su derecho propio: constituciones, estatutos y directorios.
2.4.3. Sociedades de vida apostólica ^
Estas sociedades se asemejan a los IVC porque sus miembros abrazan los consejos evangélicos, buscan el fin apostólico de esa sociedad y aspiran a la perfección en la caridad, pero se diferencian porque les falta, por definición, el elemento fundamental de la consagración: no emiten votos, solo asumen esos consejos mediante un víncu­lo definido por las constituciones, a través de la profesión privada. 54
Estas sociedades se asemejan a los IVC, especialmente a los institutos religiosos por los fines que persiguen y porque sus miembros hacen vida en común. Por estas razones, son constantes en la normativa canónica las remisiones a las normas que regulan los institutos religiosos. 55
Las SVA están regidas por los cánones generales referentes a la vida consagrada (573-606), por los específicamente referidos a ellas (731-745), de manera subsidiaria por las normas codiciales que regulan a los institutos religiosos (607-709) y, por último, por su derecho propio: constituciones, estatutos y directorios.
2.4.4. Una clasificación con proyecciones en los ámbitos eclesial y estatal ^
Finalmente, nos parece imprescindible agrupar las mencionadas formas asociativas de acuerdo con la clasificación que efectuaremos a continuación, puesto que de esta categorización se desprenden consecuencias jurídicas en el plano no solo canónico sino, también, en la órbita civil. Así tendremos:
2.4.4.1. Institutos de Derecho Pontificio ^
Reciben esta denominación cuando han sido erigidos o aprobados como tales por decreto formal de la Santa Sede, de quien dependen y a quien están sujetos de modo exclusivo e inmediato en lo que se refiere a su régimen interno y disciplina, lo cual excluye toda injerencia –en este ámbito– de los obispos diocesanos, quienes únicamente pueden intervenir a tenor del derecho. 56 En estos institutos, la Santa Sede ejerce su potestad a través de los diversos dicasterios, 57 en especial la Congregación para los IVC y SVA. Pero esta competencia es solo a los efectos del régimen interno y la disciplina. Sin perjuicio de ello, por ser entes públicos que están radicados y desarrollan sus actividades en una determinada diócesis o iglesia particular, están también sometidos a la autoridad de los obispos, conforme a las específicas prescripciones del derecho.
2.4.4.2. Institutos de derecho diocesano ^
Son aquellos erigidos por el obispo diocesano pero que no han obtenido de la Santa Sede el decreto de aprobación como tales. Gozan, también, de justa autonomía en lo relativo a su vida interna y a su gobierno, pero permanecen bajo el cuidado especial de los obispos diocesanos: de aquel donde se sitúa la casa principal o de aquellos en donde el instituto tenga otras casas. A estos obispos diocesanos, el derecho canónico les reconoce particulares competencias, 58 no solo por ser entes públicos radicados en sus respectivas diócesis sino también con relación a su régimen interno. Sin perjuicio de ello, esta atribución no puede menoscabar la potestad interna de los respectivos superiores de los institutos.
2.4.4.3. Monasterios sui iuris ^
Son monasterios autónomos, verdaderos monasterios independientes. No tienen, además de su propio superior, otro superior mayor. Tampoco están asociados a otros institutos religiosos, de tal manera que el superior pueda ejercer sobre estos monasterios algún tipo de potestad. Únicamente quedan confiados, en cuanto a su vigilancia, a la autoridad del obispo diocesano según las normas del derecho canónico. 59
3. La vida consagrada en el derecho argentino ^
3.1. Las órdenes religiosas antes de la fundación del Estado Argentino ^
3.1.1. Desde la conquista hasta la Revolución de Mayo ^
Para poder comprender esta cuestión, debemos abordar el estudio de la situación jurídica de la Iglesia Católica en América a partir de la colonización española. Al producirse el descubrimiento de América, el régimen del patronato español fue directamente trasplantado al territorio americano. 60 Los monarcas ejercieron todas las atribuciones que recibieron de la autoridad eclesiástica, justificándose esta especie de delegación en las enormes distancias que separaban las Indias Occidentales de Roma. Las facultades que otorgaron los papas a los soberanos españoles para el gobierno y administración de las iglesias en América, si bien se atenían al espíritu religioso de los gobernantes de aquellos tiempos, dieron como resultado la subordinación de la Iglesia al Estado, neutralizando la independencia necesaria entre una y otra potestad.
La gestación del patronato indiano no fue inmediata. De las primigenias bulas de Alejandro VI, mediante las cuales se efectuaron las primeras concesiones a los Reyes Católicos, 61 llegamos a la de Julio II denominada Universalis Ecclesiae, por la cual el pontífice reconoció sin rodeos que los monarcas españoles tenían efectivamente el derecho exclusivo de solicitar a la Sede Romana la confirmación de las erecciones que hicieran de iglesias mayores y menores, junto con el derecho ya concedido de presentar a los arzobispos y obispos que nombraren a fin de que el papa les confiriera la institución canónica, en tanto que para los beneficios menores bastaría la presentación de los monarcas a los obispos diocesanos respectivos, sin necesidad de recurrir a la Santa Sede. Asimismo, para que no quedara la más mínima duda sobre la extensión del real patronato indiano, el papa Julio II dispuso que ninguna iglesia metropolitana, catedral, colegial, abacial, parroquial, votiva, monasterio, convento, hospital, hospicio ni otro lugar pío o religioso de la clase o gradación que fuere podía ser erigida, instituida, fundada, dotada o siquiera construida sin el permiso del monarca. 62 Además, el papa Julio II nombró a los reyes españoles “legados” de la Santa Sede y “vicarios apostólicos”, situación que implicó la concesión a la corona española de potestades para ejercer un poder que excluía a cualquier otro representante pontificio. 63
A la fecha del descubrimiento de América, las órdenes religiosas que acompañaron a los conquistadores para cumplir la tarea de propagar la fe católica eran alrededor de cuarenta, con varios conventos cada una en la metrópoli española. 64 Tales órdenes también fueron objeto de una profusa regulación por parte de la legislación de Indias. Nada podía escapar al control del monarca y de las atribuciones que le habían sido conferidas, puesto que se temía que el poder espiritual superase en importancia al poder ejercido por las autoridades civiles, situación que los soberanos españoles no estaban dispuestos a tolerar. 65 Por su parte, la importancia de los religiosos en la conquista de América radicó en el hecho de que el clero regular, 66 a diferencia del clero secular, contaba con “mayores aptitudes para convivir con los indios y conllevar con ellos una existencia miserable y llena de peligros. Pertenecían a las órdenes de Santo Domingo, San Francisco, San Agustín y San Ignacio de Loyola”. 67
3.1.2. Luego de la Revolución de Mayo ^
La Revolución Francesa habría de cambiar la faz de Europa y de sus colonias. Sin embargo, en las tierras del Plata, las reformas liberales de la Revolución Francesa no ejercieron influencia alguna en el régimen eclesiástico, puesto que se siguió considerando al rey, además de titular del derecho de patronato, como vicario general apostólico del Romano Pontífice. 68 Por ello fue que luego de la Revolución de Mayo, en la que se juró mantener la integridad del territorio bajo Fernando VII y guardar las leyes del reino, uno de los temas que más cuidó el primer gobierno patrio fue el atinente al orden eclesiástico:
… no por respetar la fe jurada, sino por convenir así a la política revolucionaria; pues como las leyes del reino habían organizado un sistema que sometía la Iglesia a la soberanía del rey en calidad de patrono y vicario general apostólico, nada era más conveniente que el mantenimiento del régimen eclesiástico indiano para impedir que el clero español se saliera de madre y poder así utilizar mejor los servicios del clero argentino. La Revolución de Mayo atribuyó al gobierno propio los mismos poderes que los monarcas españoles habían ejercido en el Virreinato sobre las cosas de la Iglesia y personas de los eclesiásticos 69
Sin embargo, la incomunicación con la Silla Apostólica y el hecho de que los reyes españoles siguieran considerándose patronos de la Iglesia indiana impidieron que los gobiernos patrios pudieran ejercer el patronato presentando al papa candidatos que se hicieran cargo de las diócesis vacantes en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por su parte, el papa seguía reconociendo al rey como único patrono y a los criollos como rebeldes. En lo atinente a los religiosos, diversas órdenes fueron objeto de varias medidas de gobierno, en especial aquellas que no simpatizaban con la causa revolucionaria.
Luego de la anarquía del año 20, algunas incluso intentaron retomar directamente y sin intermediación del Estado, las relaciones con la Sede Apostólica, situación que provocó la reacción del gobernador de la provincia de Buenos Aires, don Martín Rodríguez, a instancias de su ministro Bernardino Rivadavia, quien resolvió que la comunicación con el papa solo podía ser considerada como un hecho oficial y cierto cuando se entablaran relaciones diplomáticas entre el Estado argentino y la Santa Sede, a través del respectivo concordato: “no existiendo nada de esto, las órdenes religiosas no podían recurrir por ante el papa”. 70 La reforma de Rivadavia también se hizo sentir en la organización interna de los conventos, en la potestad de sus superiores y fundamentalmente en lo atinente a los bienes eclesiásticos, que debían ser administrados conforme a la reglamentación que dictara el gobierno.
3.2. Regulación de la vida consagrada luego de la organización nacional ^
3.2.1. El tratamiento de la cuestión en la Constitución Nacional ^
Como ya sostuviéramos, la independencia de las colonias americanas no acarrearía cambios en el ejercicio del patronato, puesto que los gobiernos de las nuevas naciones continuaron con su práctica jurídica, por entender que era inherente a la soberanía que habían reasumido y que heredaban del Estado español. 71 Sancionada la Constitución Nacional, además de la polémica relativa a la provisión de las sedes episcopales vacantes, la cuestión de los religiosos tampoco pasó desapercibida.
Se reservó al Congreso de la Nación la potestad de admitir nuevas órdenes religiosas, 72 vedándosela a los gobiernos provinciales. 73 Se fundó esta resolución en el hecho de que, independientemente de que fueran la manifestación del derecho de libre asociación reconocido por la Constitución, 74 las nuevas órdenes religiosas no resultaban útiles a la sociedad 75 y su actividad de alguna manera se encontraba vinculada con cuestiones atinentes al régimen de patronato. 76
3.2.2. El Código Civil ^
Dalmacio Vélez Sarsfield, quien redactara el CCIV aprobado mediante la Ley 340 y vigente hasta el año 2015, reflejó en su obra la concepción regalista del ejercicio del patronato indiano. 77 De esta manera, la Iglesia Católica fue objeto de un régimen jurídico particular que conllevaría el reconocimiento de la legislación canónica como presupuesto de algunas disposiciones contenidas en el CCIV. Sin embargo, debemos destacar que Vélez se apartó tanto del regalismo tradicional que sostenía que la Iglesia debía estar sometida al Estado como de las nuevas ideologías liberales imperantes en el siglo XIX, que propugnaban la separación total de la Iglesia y el Estado y que relegaban la religión al ámbito de las conciencias. 78
En lo atinente a las comunidades religiosas, en el año 1857, al ejercer la función de asesor general del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Vélez Sarsfield ya había sido sumamente innovador. Consciente de que la profesión religiosa mediante la profesión de los votos solemnes acarreaba la muerte civil, 79 recomendó a la Congregación de las Hermanas de la Merced que no fundaran un convento 80 sino una asociación religiosa. 81Tal es la solución 82 que sería adoptada en lo sucesivo por las diversas órdenes y congregaciones religiosas hasta la sanción de la Ley 24483. Respecto de su naturaleza jurídica, para Vélez, se trataba de personas jurídicas de existencia posible, junto con las demás asociaciones de bien común, debiéndose sujetar a los requisitos de poseer patrimonio propio y ser estatutariamente capaces de adquirir bienes sin depender de los que obtuvieran del Estado, pero siempre requiriendo autorización del Estado para funcionar. 83
Debemos recordar que, a la época de sanción del CCIV, la única manera de ser religioso en el sentido canónico del término era mediante la profesión de votos “solemnes” en una orden religiosa. Sin embargo, por el hecho de profesar votos “simples”, los miembros de las congregaciones religiosas y pías uniones terminaron siendo objeto de un diverso tratamiento jurídico por parte de la ley civil. Esta situación trajo aparejada una gran confusión terminológica y jurídica que la doctrina y la jurisprudencia tratarían en el futuro de desentrañar.
En primer lugar, nunca terminó de quedar en claro cuáles eran las órdenes preconstitucionales a las que hacía referencia el inciso 20 del ar­tícu­lo 67 de la Constitución nacional. 84 Solo algunas obtuvieron reconocimiento expreso, pero no lo hicieron a través de una ley del Congreso sino por medio de sentencias judiciales 85 o de decretos del Poder Ejecutivo Nacional. 86
En segundo lugar, a pesar de este reconocimiento, el marco normativo no resultaba claro. Por un lado, las órdenes contaban con su derecho propio, aprobado por la autoridad eclesiástica competente. Pero este derecho, que funcionaba al mismo tiempo como una especie de “estatuto civil”, provocó dificultades prácticas a la hora de regular su actuación en el ámbito secular. 87 En aras a solucionar la cuestión, las órdenes religiosas terminaron quedando sometidas al control de la autoridad de aplicación estatal, 88 como el resto de las entidades civiles sin fines de lucro.
En tercer lugar, siguiendo la sugerencia del propio Vélez Sársfield cuando se desempeñaba como asesor del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 89 las órdenes y congregaciones religiosas que ingresaron al país luego de 1853-60 optaron por utilizar la figura de asociaciones civiles, sin exhibir su verdadera condición y naturaleza jurídica. Así, comenzaron a actuar en los términos del ar­tícu­lo 33 inciso 5º CCIV como personas jurídicas privadas, es decir, como asociaciones civiles sin fines de lucro o como simples asociaciones religiosas. 90
Por último, hasta la sanción de la Ley 24483, la doctrina fue unánime en considerar a estas entidades como personas jurídicas de existencia posible, reguladas por el ar­tícu­lo 33 inciso 5º CCIV en su primitiva redacción y, por el mismo ar­tícu­lo inciso 2º de la segunda parte, luego de la reforma efectuada por la Ley 17711. 91
3.2.3. Impacto del Acuerdo de 1966 entre la Santa Sede y el Estado Argentino ^
El régimen del Patronato Indiano, como ya señaláramos, contenía un cúmulo de facultades concedidas a los reyes españoles pero que fueron asumidas unilateralmente por el Estado argentino a través de la Constitución de 1853-60. En lo esencial, el Estado reivindicó para sí las siguientes facultades: a) presentar a los obispos residenciales para ocupar las sedes vacantes, b) conceder el pase o exequátur de los decretos de los concilios, las bulas, los breves y rescriptos del papa, con acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; admitir, por permiso del Congreso de la Nación, el ingreso de nuevas órdenes religiosas. La Santa Sede nunca reconoció estas facultades, pero eso no significó que no existiera un modus vivendi mediante el cual se pudieran brindar soluciones satisfactorias a ambas potestades.
Luego del Concilio Vaticano II, 92 en el cual la Iglesia reclamó a los Estados la renuncia a privilegios, como podía ser el derecho de patronato, se procedió a negociar un convenio que se cristalizó en el Acuerdo de 1966. 93 Del mismo, por su valor en el aspecto interpretativo, nos parece importante destacar la primera parte de su preámbulo:
La Santa Sede reafirmando los principios del Concilio Ecuménico Vaticano II y el Estado Argentino inspirado en el principio de la libertad reiteradamente consagrado por la Constitución Nacional y a fin de actualizar la situación jurídica de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que el Gobierno Federal sostiene, convienen en celebrar un Acuerdo. 94
En el ar­tícu­lo V de este tratado internacional, 95 se previó el caso de las órdenes y congregaciones religiosas 96 y se puso fin a las restricciones que establecía el inciso 20 del ar­tícu­lo 67 de la Constitución Nacional.
3.2.4. La Ley 24483 y su normativa reglamentaria ^
La Ley 24483 puso fin a esta situación de discrepancia entre la naturaleza jurídica de estos entes eclesiales y la forma asumida en el ámbito civil. Dicha ley, promulgada el 27 de abril de 1995 y actualmente vigente, así como su Decreto Reglamentario 491/1995 y la Resolución 448/1996 de la Secretaría de Culto, trajeron como novedad la introducción en el lenguaje jurídico argentino de la terminología acuñada por el CIC: la ley ya no hace referencia a órdenes y congregaciones religiosas sino a IVC y SVA. Además de la expresa remisión al derecho canónico, su ar­tícu­lo 1º dispuso que el hecho de tener personalidad jurídica en el seno de la Iglesia Católica conlleva el reconocimiento de tal personalidad en la esfera civil. Es decir, la sola inscripción en el registro especial que lleve la Secretaría de Culto de la Nación torna innecesaria la constitución de una asociación civil o el uso de cualquier otra forma asociativa distinta de la que le es propia. En síntesis, aprobadas sus reglas por la autoridad eclesiástica y elegidas sus autoridades a tenor del derecho canónico universal y propio, estas actuaciones adquieren eficacia en el ámbito civil.
También debemos destacar que tal inscripción no resulta obligatoria, sino que es voluntaria. Cualquier IVC o SVA que hubiera funcionado con el ropaje jurídico que le dieran las figuras asociativas del derecho civil podría seguir funcionando de esta manera, es decir, sin inscribirse en la Secretaría de Culto. Incluso, aun habiéndose inscripto como IVC o SVA, podría mantener su patrimonio a nombre de estas asociaciones sin transferir su titularidad a su nombre. 97
Es cierto que la Ley 24483 no definió el tema de si los IVC y SVA son personas jurídicas públicas o privadas y, cuando expresa que gozan de personalidad jurídica “pública”, lo hace a tenor de la norma canónica. 98Pero, teniendo en consideración lo que ya expresáramos en cuanto a que estos institutos “son” parte de la estructura constitucional de la Iglesia, debemos reconocerle la misma condición de personas jurídicas públicas, similares a otras que históricamente han sido consideradas como tales, por pertenecer a su estructura jerárquica.
3.2.5. El Código Civil y Comercial de la Nación ^
El CCCN continuó con la tradición de considerar a la Iglesia Católica como a una persona jurídica de carácter público en virtud de lo dispuesto por el ar­tícu­lo 2º de la Constitución Nacional y de los víncu­lo s históricos e institucionales que el Estado argentino ha mantenido con aquella. En sus ar­tícu­los 146 c) y 147, dispone que la Iglesia como persona jurídica pública se rige, en cuanto a su reconocimiento, comienzo, capacidad, funcionamiento, organización y fin de su existencia, por las leyes y ordenamientos de su constitución. Por ello, es que se ha sostenido que su organización surge del derecho canónico, en tanto que las relaciones que mantiene con el Estado se rigen por el concordato celebrado en el año 1966. Asimismo, nos parece importante recordar el inciso e) del ar­tícu­lo 148 que enuncia a las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas como ejemplos de personas jurídicas privadas, pero entendiéndoselas como credos distintos del culto católico apostólico romano. 99
4. Eficacia civil de las normas canónicas que regulan la capacidad patrimonial de la Iglesia ^
4.1. Preliminar: Sistemas de interrelación entre el ordenamiento canónico y el derecho del Estado ^
Antes de comenzar el análisis de esta cuestión, nos parece oportuno advertir que, a pesar de la influencia que la Iglesia Católica ha tenido en la historia de nuestro país, el cual tiene una profunda impronta religiosa, al punto tal de ser la cuna de uno de los líderes más importantes del mundo como lo es el papa Francisco, las obras sobre derecho eclesiástico no abundan, específicamente las que tengan como objeto de estudio las relación entre el ordenamiento estatal y la legislación canónica. A excepción de Boggiano 100 y Barra, 101 son escasísimos los trabajos que hayan analizado el llamamiento que la legislación argentina hace del derecho canónico y las consecuencias que de este se derivan. 102
Por tal motivo y como preliminar, nos parece imprescindible explicar de qué manera se conectan el derecho estatal y el ordenamiento canónico, cuestión que por su dificultad y complejidad no puede ser reducida a una breve síntesis. 103 Para esto, hemos seguido diversos trabajos de derecho eclesiástico español, 104 puesto que, a pesar de las deficiencias del ordenamiento jurídico argentino en la materia –en nuestro caso, carecemos de un tratado específico como el que celebraran la Santa Sede y España sobre asuntos jurídicos–, la tradición legal entre Estado e Iglesia es similar: existe una historia de varios siglos en común que, como ya viéramos, impactó en la Constitución Nacional de 1853-60 y en la primitiva codificación civil y comercial. Asimismo, razones históricas, sociológicas y jurídicas provocaron que en ambos países se reconociera un status jurídico especial a la Iglesia Católica, sin que esto signifique menoscabo alguno a la libertad de cultos consagrada por sus respectivos textos constitucionales.
Siguiendo a los prestigiosos tratadistas españoles Lombardía, Ferrer Ortiz, De Fuenmayor y Champín, Larna Bedarrain, Fernández Arruty, García Hervas, Aldanondo Salaverría, González del Valle, Zalvidea, Beneyeto Berenguer, Ruano Espina, Rodríguez Blanco, entre otros; 105 y a Boggiano, Barra y Casiello, 106 al hacer referencia a “ordenamientos jurídicos”, estamos aludiendo a ordenamientos jurídicos primarios u originarios, es decir, a cuerpos normativos que encuentran su fuerza y vigor en sí mismos, sin depender del reconocimiento de otro.
En el caso particular y como señala Barra, en el supuesto del ordenamiento eclesiástico y su relación con el ordenamiento estatal, la situación es de especial singularidad dado que, por un lado, el primero se encuentra frente al segundo en la misma condición de soberanía e independencia pero, a diferencia de lo que sucede con los demás ordenamientos estatales, el eclesiástico es a la vez un ordenamiento “que actúa en el interior del comunitario sin sometimiento al ordenamiento general”, es decir, sin el mismo tipo de sometimiento al que se encuentran obligados los ordenamientos secundarios o intracomunitarios. 107
Ambos órdenes normativos se relacionan mediante diversos tipos de mecanismos que, aunque no son los únicos, son considerados como los principales y más frecuentes:
— Tratados internacionales o concordatos: la Iglesia Católica y el Estado se relacionan a través de acuerdos internacionales y plasman cláusulas normativas, que constituyen una fuente bilateral de las futuras relaciones jurídicas entre ambas potestades, sobre temas de mutuo interés.
— Remisiones: son referencias que un ordenamiento jurídico hace a las normas jurídicas de otro. Las hay de dos tipos:
a) Remisiones materiales: Son las más elementales y superficiales, puesto que consisten en la mención que hace un ordenamiento jurídico a la norma del otro ordenamiento pero sin reconocerle eficacia en su ámbito. Se la cita como dato de hecho. El Estado recibe las normas canónicas pero sin declarar que es competencia del derecho canónico regular alguna materia determinada. El ordenamiento estatal regula un supuesto de hecho y lo complementa con la disposición emanada de la norma canónica
… sobre todo para no tener que promulgar una nueva ley cuando el otro ordenamiento cambie la suya… […] como suele llamarse una “norma en blanco” para que se llene de contenido de esa norma extraña a la que se refiere, bien sea la actual o futura… 108
En síntesis, la remisión material es la conversión de normas confesionales en normas estatales, sin que ello implique reconocer la competencia del derecho confesional para regular esta materia. 109
b) Remisiones formales: son las denominadas remisiones en sentido estricto. Se entiende que la remisión no receptiva o forma se produce cuando el Estado, aun tratándose de una materia que él podría regular, quiere limitar su propia competencia legislativa y excluye esa cuestión que constituye el objeto de su competencia para reconocérsela a otro ente originario, de modo que las normas de este último ente vienen a adquirir cierta eficacia para el Estado, pero no como normas del Estado, porque él no las ha recibido sino como normas o leyes extrañas que surgen de otro ordenamiento jurídico primario. En el caso particular, el Estado reconoce la plena autonomía de la Iglesia en su propio y específico ámbito y trata al derecho canónico como un sistema normativo primario, como un ordenamiento independiente, legislado por una entidad soberana.
— Presupuesto: el Estado no recibe la regulación canónica sino que, simplemente, parte de ella para regular, mediante sus propias normas, una relación jurídica determinada, es decir, sanciona sus propias leyes a partir de las definiciones y clasificaciones que efectúa la ley canónica. 110
— Reenvío: En derecho internacional privado, el reenvío es un mecanismo de solución a los conflictos negativos de jurisdicción, esto es, aquellos que acaecen cuando con ocasión de una relación de derecho privado con elementos extranjeros relevantes surgen dos o más legislaciones de distintos ordenamientos jurídicos nacionales y ninguna de ellas se atribuye competencia a sí misma para resolver el asunto, sino que cada una de ellas (las legislaciones) da competencia a una legislación extranjera. El reenvío se produce cuando la norma de conflicto del foro (país en el que se juzga el asunto) se remite a un derecho extranjero (de otro país) y la norma de conflicto de ese país, a su vez, se remite a otro (“reenvía”). Sin embargo, para que surja el reenvío se precisa que inicialmente haya un conflicto negativo, es decir, que las reglas de conflicto de dos o más Estados consideren aplicable una norma jurídica distinta a la de ellos. 111
En virtud de los conceptos que anteceden, la remisión material se diferencia de la formal porque la primera lleva consigo que las normas incorporadas se interpreten conforme a los principios del ordenamiento receptor, es decir el estatal; en cambio la remisión formal implica que la interpretación se efectúe de acuerdo con los principios del ordenamiento incorporado con el límite del orden público. 112 En este segundo supuesto, la interpretación de las normas se hace de conformidad con los principios propios del ordenamiento confesional, supuesto que podría conllevar, en algunos casos, entrar en colisión con la laicidad propia del ordenamiento estatal; por eso el límite del orden público. 113
Por su parte, la remisión se diferencia del presupuesto en que, en este segundo supuesto, el Estado se encuentra ante institutos jurídicos confesionales que no puede reglar porque carece de competencia para ello. En consecuencia, en el momento que pretende conferirles un concreto status normativo en el ámbito civil, toma a la norma confesional como supuesto de hecho de la legislación estatal. 114
Por último, también nos permitimos diferenciar la remisión del reenvío. Entendemos al reenvío como el género que engloba a todos los supuestos donde resulta aplicable derecho extranjero, incluyendo a los supuestos de primero, segundo o ulterior grado. 115 En el caso de la remisión, estamos ante un supuesto de reenvío de primer grado, donde las normas de derecho internacional privado (el art. 147 CCCN, las disposiciones de la Ley 24483 y las normas reglamentarias) directamente remiten a todo el ordenamiento jurídico canónico (CIC, CCEO, leyes particulares y derecho propio de IVC y SVA). Por su parte, entendemos que existe reenvío de segundo grado en el caso del canon 1290 CIC cuando la norma canónica remite a la legislación particular de cada país en lo relativo a las disposiciones locales que regulan los contratos.
4.2. La situación en la República Argentina de acuerdo con las normas vigentes ^
Entonces resulta necesario que resolvamos el método que debemos utilizar para solucionar los problemas que se presentan en las situaciones en las cuales una misma relación jurídica es objeto de regulación por el derecho canónico y el derecho estatal. A tales efectos, ¿acudiremos al reenvío? ¿O la solución la encontramos en lo que los iuspublicistas eclesiásticos españoles denominan “supuestos de remisión material o de remisión formal”? ¿O la ley canónica es solo el presupuesto de la legislación civil?
Boggiano 116 parte del contexto especial en el que se encuentra la Iglesia Católica al ser objeto de especial reconocimiento en el texto constitucional 117 y por el hecho de ser la Santa Sede un sujeto de derecho internacional público, con potestad para dictar normas regulatorias de las personas sujetas a ellas (legislación canónica, sentencias que dicta la Rota Romana y potestad de ejecutar penas en las cuestiones en las que ejerce su jurisdicción). Este autor entiende que las citadas facultades resultan reconocidas en el ar­tícu­lo I del Acuerdo de 1966, que, como tratado, posee un rango superior a la ley. 118 Esta situación implica una relación de referencia o remisión al derecho canónico y el reconocimiento de la actividad jurisdiccional o legisferante de la Iglesia en los ámbitos de su competencia, que el Estado argentino debe reconocer. Asimismo, aclara que este reconocimiento no significa que todas las normas del derecho canónico, como derecho referido, tengan jerarquía superior a las leyes argentinas puesto que, a su juicio, la norma de referencia contiene una reserva de orden público que puede funcionar contra ciertas normas del derecho canónico 119 y entiende que el “reconocimiento de facultades en materias reservadas al derecho canónico no son materias no justiciables”. 120 Por último, con fundamento en la sentencia que la Corte Suprema de Justicia de la Nación oportunamente hiciera en autos “Lastra, Juan” (1991), 121 Boggiano sostiene la tesis que el reconocimiento del libre y pleno ejercicio de la jurisdicción de la Iglesia, en el ámbi­to de su competencia, conlleva la más plena referencia al ordenamiento jurídico ca­nó­ni­co y califica a la situación que se plantea entre los ordenamientos estatal y canónico, surgida a tenor de lo establecido en el ar­tícu­lo I del Acuerdo de 1966, como un supuesto de reenvío. 122 Desde nuestro punto de vista, si pretendemos hallar la solución en el Acuerdo de 1966, nos encontramos con un texto que no da una expresa solución al tema, sino que la misma resulta, fundamentalmente, de la interpretación que de él ha hecho la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la citada sentencia. 123También podemos citar debates doctrinarios originados con relación a esta causa. Pero no mucho más.
Por su parte, el CCCN, en sus ar­tícu­los 146 y 147, solo dispone que la Iglesia Católica, por ser una persona jurídica de carácter público, se rige en cuanto a su reconocimiento, comienzo, capacidad, funcionamiento, organización y fin de su existencia, por las leyes y ordenamientos de su constitución. Y por último, la Ley 24483, aunque anterior al Código específicamente aplicable a la materia, establece que los IVC y SVA inscriptos en el registro que dispone el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto tendrán la más completa autonomía en cuanto al gobierno interno, de conforme con las normas del derecho canónico, a las que se reconoce validez en la esfera civil, de acuerdo a lo que establece, entre sus fundamentos, el Decreto Reglamentario 491/1995. 124
Por esto, siguiendo los criterios aportados por los estudiosos del derecho eclesiástico español y en virtud de la normativa antes citada, podemos distinguir:
4.2.1. Un primer nivel, en el cual, siguiendo la tradición de los ar­tícu­los 33 y 2345 del CCIV así como la nota del ar­tícu­lo 41, encontramos a la Iglesia Universal, la Santa Sede, la Conferencia Episcopal Argentina, 125 las iglesias particulares, 126 las parroquias y todas las demás circunscripciones territoriales o personales que forman parte de la estructura organizativa o jerárquica de la Iglesia. 127 Estas gozan de personalidad jurídica en tanto la tienen canónicamente y es notificada por la autoridad eclesiástica a la autoridad civil. 128 La personalidad jurídica de estas entidades depende de la configuración jurídica que tengan en el ordenamiento canónico, por lo que se deduce que la extensión de la capacidad civil que se les atribuya en la realización de actos y negocios jurídicos, así como su capacidad para transmitir los bienes de su propiedad y realizar los negocios jurídicos necesarios, se encuentra subordinada a la normativa canónica sobre organización, competencia y capacidad jurídica de tales entidades. En definitiva, estamos ante un supuesto de entidades cuya regulación proviene del derecho canónico, orden normativo reconocido por un acuerdo internacional que a su vez proyecta sus consecuencias en el derecho interno del Estado argentino. A esto podemos sumar la expresa remisión formal efectuada por la legislación argentina a la legislación canónica, conforme el significado que anteriormente diéramos del instituto de la remisión.
4.2.2. Más complejo resulta el segundo supuesto, según el cual los IVC y SVA, si bien adquieren personalidad jurídica en el seno de la Iglesia, para recibir el reconocimiento como personas jurídicas en el ámbito civil, y el respeto de su naturaleza jurídica eclesial, requerían un acto del legislador a tenor de la Constitución Nacional de 1853. Esta situación fue solucionada por la Ley 24483. Pero si bien la norma hace referencia a la personalidad jurídica “pública” de estas entidades, no resuelve si las considera incluidas en la estructura constitucional de la Iglesia, tema que sí ha sido objeto de recientes pronunciamientos pontificios, contemporáneos o posteriores a la sanción de esta ley y que, a nuestro juicio, proyecta consecuencias jurídicas en el análisis de la cuestión. 129
La Ley 24483 estipula que la inscripción de tales entes en el registro dependiente de la Secretaría de Culto de la Nación es al solo efecto del “reconocimiento”, 130 es decir, que el Estado no realiza un acto de carácter constitutivo de la personalidad civil sino que solo se limita a registrar la existencia de una persona jurídica que ha nacido en el ámbito eclesial, situación análoga a lo que acontece con la erección de las diócesis, parroquias, seminarios, etc.
4.2.3. En relación con el orden jurídico aplicable, entendemos que la remisión que la Ley 24483 hace a la legislación canónica implica el reconocimiento de
… un estatuto personal autónomo de dichas entidades que solamente tendría como límite el orden público y el fraude a la ley a tenor del […] Código Civil y su colocación jerárquica sería el puesto inmediatamente inferior a los Acuerdos de la Santa Sede… 131
Es decir, en tanto no se lesione el orden público o haya fraude a la ley, la norma civil deberá adaptarse a las disposiciones de las normas canónicas. 132
Por ello, debemos concluir que a tenor de las reglas que rigen el derecho internacional privado, la capacidad en general de los IVC y SVA y la específicamente necesaria para disponer de sus bienes, así como las normas que regulan la legitimación de sus representantes legales, están sujetas a la normativa canónica. En primer lugar porque, como ya dijéramos, existe un concordato que reconoce la potestad de jurisdicción de la Iglesia en el ámbito de su competencia. En segundo lugar, porque el CCCN y la Ley 24483 remiten expresamente a la legislación canónica. De este modo, será esta última la que determine los requisitos de capacidad y legitimación para que un IVC o SVA pueda enajenar válidamente un bien inmueble de su propiedad. Asimismo, la norma canónica será la encargada de determinar qué bienes deben recibir el tratamiento de “eclesiásticos”, los rasgos peculiares que pueden presentar, 133 así como los requisitos para que tal enajenación sea factible. Al Estado, por su parte, solo le corresponderá regular la forma de celebración del contrato, la determinación de qué constituye un inmueble como cosa objeto del contrato, tanto en su aspecto catastral como registral, el régimen de los derechos reales regulatorio de tales transferencias, y los requisitos tipificantes del contrato mediante el cual se lleven a cabo tales transmisiones.
5. La enajenación de inmuebles por parte de IVC y SVA ^
5.1. Normativa canónica aplicable ^
5.1.1. Conceptos introductorios ^
Los bienes temporales de los IVC y SVA, aunque son bienes eclesiásticos y se adquieren para los fines que específicamente tienen en la Iglesia, por pertenecer a personas jurídicas públicas con una particular identidad dentro de ella, deben administrarse conforme a esa identidad y al derecho propio. 134 Por esto, antes de analizar el régimen que específicamente prevé el CIC para las enajenaciones de bienes por parte de IVC o SVA, resulta necesario efectuar algunas precisiones terminológicas de acuerdo con la normativa canónica.
En primer lugar, debemos recordar que la Iglesia, sin perjuicio de sus manifestaciones magisteriales, 135 reitera que por derecho nativo e independiente de toda potestad civil puede adquirir, retener, administrar y enajenar bienes temporales para alcanzar sus propios fines, 136 puesto que tales bienes le permiten cumplir su misión y sus fines de sostener el culto divino, sustentar honestamente al clero y demás ministros y hacer las obras de apostolado sagrado y de caridad. 137 Este derecho lo tiene independientemente de que la autoridad civil lo reconozca o lo deniegue aunque debemos admitir que, en este segundo caso, le será muy difícil su ejercicio. 138
En segundo lugar, solo son bienes “eclesiásticos” aquellos que pertenecen a personas jurídicas “públicas” que actúan como tales por expresa disposición de la Iglesia. 139 Respecto de tales bienes, existe una situación compleja: su dominio corresponde a la persona jurídica que los ha adquirido legítimamente, pero bajo la autoridad suprema del Romano Pontífice. Así, el dominio que detenta su legítimo titular no es total ni absoluto sino que está limitado por el cumplimiento de los fines anteriormente señalados y, por su sometimiento, al control de la autoridad suprema de la Iglesia. 140
En tercer lugar, dado que hemos circunscripto el objeto de nuestra investigación a los requisitos que deben cumplirse para que los IVC y SVA enajenen válidamente bienes de su propiedad, debemos puntualizar a qué nos referimos cuando hablamos de “enajenación”. En el derecho canónico, la enajenación tiene un sentido más amplio que en el derecho civil, entendiéndose por tal no solo al acto por el cual se transfiere la propiedad de un bien a un tercero sino que comprende todos aquellos negocios jurídicos u operaciones de los que pueda resultar perjudicada la situación patrimonial de la persona jurídica. 141
5.1.2. Normas provenientes del CIC ^
Como ya señaláramos, las órdenes y congregaciones religiosas tuvieron desde antiguo una vida relativamente autónoma cristalizada en un derecho, propio que les permitió preservar esa identidad. Así, el canon 586 CIC, siguiendo esta tradición, les ha reconocido la potestad de disponer de su propia disciplina dentro de la Iglesia, también en materia de bienes temporales. Sin embargo, el ordenamiento canónico prevé ciertas medidas de control para garantizar que los IVC y SVA no sobrepasen la esfera de autonomía que les ha sido asignada. Por ello, sus constituciones o estatutos deben ser previamente aprobados por la autoridad competente de la Iglesia (Santa Sede u Obispo diocesano, según se trate de un Instituto de Derecho pontificio o de Derecho diocesano) y otros actos que se produzcan luego de su aprobación estarán sometidos al control de la autoridad eclesiástica a tenor del derecho.
En lo tocante a la enajenación de bienes, los IVC y SVA deben actuar respetando su derecho propio, conforme lo establecen los cánones 638, 718 y 741 para los institutos religiosos, institutos seculares y SVA, respectivamente. Pero, también, debe aplicarse de manera supletoria la regulación contenida en los cánones 1290-1295, transcriptos a continuación:
— Canon 638: §1. Dentro de los límites del derecho universal corresponde al derecho propio determinar cuáles son los actos que sobrepasan la finalidad y el modo de la administración ordinaria, así como también establecer los requisitos necesarios para realizar válidamente un acto de administración extraordinaria. §2. Además de los superiores, los encargados para esta función por el derecho propio realizan válidamente gastos y actos jurídicos de administración ordinaria, dentro de los límites de su cargo. §3. Para la validez de una enajenación o de cualquier operación en la cual pueda sufrir perjuicio la condición patrimonial de una persona jurídica, se requiere la licencia del superior competente dada por escrito, con el consentimiento de su consejo. Pero si se trata de una operación en la que se supere la suma determinada por la Santa Sede para cada región, o de bienes donados a la Iglesia, a causa de un voto, o de objetos de gran precio por su valor artístico o histórico, se requiere además la licencia de la misma Santa Sede. §4. Los monasterios autónomos, de los que trata el c. 615, y los institutos de derecho diocesano necesitan además obtener el consentimiento del ordinario del lugar, otorgado por escrito.
— Canon 718: La administración de los bienes del instituto, que debe manifestar y fomentar la pobreza evangélica, se rige por las normas del Libro V, De los bienes temporales de la Iglesia, así como también por el derecho propio del instituto. De igual modo, el derecho propio ha de determinar las obligaciones, sobre todo económicas, del instituto respecto de aquellos miembros que trabajan para el mismo.
— Canon 741: §1. Las sociedades y, si las constituciones no determinan otra cosa, sus circunscripciones y casas, son personas jurídicas y, en cuanto tales, tienen capacidad de adquirir, poseer, administrar y enajenar bienes temporales, de acuerdo con las prescripciones del Libro V, De los bienes temporales de la Iglesia, de los cánones 636, 638 y 639, y también del derecho propio. §2. De acuerdo con la norma del derecho propio, los miembros también son capaces de adquirir, poseer, administrar y disponer de bienes temporales, pero pertenece a la sociedad todo lo que ellos adquieran por su razón.
— Canon 1290: Lo que en cada territorio establece el derecho civil sobre los contratos, tanto en general como en particular, y sobre los pagos, debe observarse con los mismos efectos en virtud del derecho canónico en materias sometidas a la potestad de régimen de la Iglesia, salvo que sea contrario al derecho divino o que el derecho canónico prescriba otra cosa, quedando a salvo el c. 1547.
— Canon 1291: Para enajenar válidamente bienes que por asignación legítima constituyen el patrimonio estable de una persona jurídica pública y cuyo valor supera la cantidad establecida por el derecho, se requiere licencia de la autoridad competente conforme a derecho.
— Canon 1292: §1. Quedando a salvo lo prescrito en el c. 638 §3, cuando el valor de los bienes cuya enajenación se propone, se halla dentro de los límites mínimo y máximo que fije cada Conferencia Episcopal para su respectiva región, la autoridad competente se determina por los propios estatutos, si se trata de personas jurídicas no sujetas al obispo diocesano; pero, si le están sometidas, es competente el obispo diocesano, con el consentimiento del Consejo de Asuntos Económicos y del Colegio de Consultores así como el de los interesados. El obispo diocesano necesita, también, el consentimiento de los mismos para enajenar bienes de la diócesis. §2. Si se trata, en cambio, de bienes cuyo valor es superior a la cantidad máxima, o de exvotos donados a la Iglesia, o de bienes preciosos por razones artísticas o históricas, se requiere para la validez de la enajenación también la licencia de la Santa Sede. §3. Si la cosa que se va a enajenar es divisible, al pedir la licencia para la enajenación deben especificarse las partes anteriormente enajenadas; de lo contrario, es inválida la licencia. §4. Quienes deben intervenir en la enajenación de bienes con su consejo o su consentimiento no han de darlos si antes no se les informó exactamente, tanto de la situación económica de la persona jurídica cuyos bienes se desea enajenar como de las enajenaciones realizadas con anterioridad.
— Canon 1293: §1. Para la enajenación de bienes, cuyo valor excede la cantidad mínima determinada, se requiere además: 1) causa justa, como es una necesidad urgente, una evidente utilidad, la piedad, la caridad u otra razón pastoral grave; 2) tasación de la cosa que se va a enajenar, hecha por peritos y por escrito. §2. Para evitar un daño a la Iglesia, deben observarse, también, aquellas otras cautelas prescritas por la legítima autoridad.
— Canon 1294: §1. Ordinariamente, una cosa no debe enajenarse por un precio menor al indicado en la tasación. §2. El dinero cobrado por la enajenación debe colocarse con cautela en beneficio de la Iglesia o gastarse prudentemente, conforme a los fines de dicha enajenación.
— Canon 1295: Los requisitos establecidos en los cc. 1291-1294, a los que también se han de acomodar los estatutos de las personas jurídicas, deben observarse no solo en las enajenaciones sino, también, en cualquier operación de la que pueda resultar perjudicada la situación patrimonial de la persona jurídica.
El canon 638, aunque sancionado para regular la manera en que han de administrar y enajenar bienes los institutos religiosos, puede ser utilizado también para regular a los Institutos seculares y para las sociedades de vida apostólica, conforme se deduce de los cánones 718 y 742, cuyos textos guardan similar sentido. Por ello, al analizar el tema, haremos referencia únicamente al canon 638 que es el que ha sido objeto de una regulación más detallada. Esta norma dispone cómo ha de proceder el superior en los casos de administración ordinaria y extraordinaria y, recién a continuación, establece reglas relativas a la enajenación de bienes temporales. Análogamente a lo que hace el legislador en los cánones 1290 a 1295, el legislador eclesiástico establece los requisitos mínimos requeridos para que la actuación sea válida y la autoridad competente para intervenir.
Lo que primero debemos observar es que, a diferencia de lo dispuesto por el canon 1277, 142 y en consonancia con lo dispuesto por el canon 1281 §2 143, el §1 del canon 638 preceptúa que es el propio derecho de cada instituto el que debe determinar, dentro de lo que dispone el derecho universal, cuáles son los actos que sobrepasan la finalidad y el modo de administración “ordinaria” y, en consecuencia, cuáles son los actos que comportan una administración “extraordinaria” y los requisitos necesarios para realizarlos válidamente. El código sólo establece en el §2 del canon 638, como actos de administración ordinaria, los gastos y actos jurídicos propios de dicho tipo de administración, dentro de los límites señalados por el propio derecho. Pero reiteramos, la determinación de los actos que exceden la administración ordinaria, así como de los requisitos para su validez, no surgirá de una norma de la Conferencia Episcopal dictada a tenor del canon 1277 144 sino de las propias constituciones o estatutos.
Al comentarse este canon, se ha señalado que suelen ser calificados como de administración extraordinaria los siguientes actos: 145
— compra y venta de bienes inmuebles;
— aceptación o reconocimiento de herencias, donaciones, etc., que lleven anejas condiciones;
— venta, permuta, hipoteca, aceptación de una servidumbre, constitución de usufructo o uso de un inmueble, arrendamiento de un inmueble por un período mayor al determinado por la Conferencia Episcopal del país donde se sitúa tal inmueble;
— adquisición de deudas por la contratación de préstamos;
— edificación, demolición, reconstrucción de inmuebles o reparaciones extraordinarias efectuadas en los mismos;
— establecimiento de un cementerio;
— interposición de acciones judiciales.
En segundo lugar y ya en el tema que nos atañe, que es el de la enajenación, de la interpretación armónica del canon 638 con los cánones 1291-1295, se extraerán los siguientes requisitos:
a) Requisitos para la licitud:
— Justa causa: como puede ser una necesidad urgente, una evidente utilidad, una razón pastoral grave;
— Tasación de la cosa: hecha por, al menos, dos peritos y por escrito;
— Precio: que el precio de la enajenación no sea inferior al indicado en la tasación y que el resultado de la enajenación, sobre todo si es dinero, sea colocado en beneficio de la Iglesia.
Aun a costa de parecer reiterativos, nos parece importante subrayar que estos requisitos se exigen tanto para las enajenaciones cuyo valor es superior al límite mínimo señalado por el canon 638 como para aquellas cuyo valor se encuentra por debajo de la cantidad máxima.
b) Requisitos para la validez:
IVC o SVA
de derecho pontificio IVC o SVA
de derecho diocesano Monasterios sui iuris
de qué actos
son de administración extraordinaria Derecho propio: constituciones, estatutos
o reglamentos aprobados
por la autoridad eclesiástica competente Derecho propio: constituciones,
por la autoridad eclesiástica competente
Enajenación de bienes cuyo valor es inferior
de U$S 300.000 a) Licencia del superior competente con el consentimiento de su consejo a) Licencia del su­perior competente con el consentimiento de su consejo.
b) Consentimiento del ordinario del lugar otorgado por escrito a) Licencia del su­perior competente con el consentimiento de su consejo.
b) Consentimiento del ordinario del lugar otorgado por escrito
a) cuyo valor excede la suma de U$S300.000;
b) donados a la Iglesia con ocasión de un vo­to, o
c) de gran valor artístico o histórico a) Licencia del su­perior competente con el consentimiento de su consejo.
b) Licencia de la Santa Sede a) Licencia del su­perior competente con el consentimiento de su consejo.
b) Consentimiento del ordinario del lugar otorgado por escrito.
c) Licencia de la Santa Sede a) Licencia del su­perior competente con el consentimiento de su consejo.
c) Licencia de la Santa Sede.
La primera aclaración que queremos efectuar es la siguiente: como la legislación canónica reconoce un amplio margen de operatividad al derecho propio, por imperio de esta normativa particular y a tenor del canon 638 §1, además de los requisitos necesarios para realizar válidamente un acto de administración extraordinaria y de lo dispuesto por las normas generales, cada instituto puede establecer otras cantidades mínimas y medias, señalando la necesidad de cumplimentar estos u otros requisitos adicionales. Estas cantidades no tienen por qué coincidir con lo dispuesto por la Conferencia Episcopal para la región. Asimismo, regirá como límite el importe señalado por la Santa Sede a través de la Congregación para los IVC y SVA, cuya praxis habitual es hacerlo coincidir con el de la Conferencia Episcopal de la región. En nuestro país, tal monto es de dólares estadounidenses trescientos mil (U$S 300.000). 146
La segunda tiene que ver con el superior competente que debe de intervenir de acuerdo con el derecho propio. De conformidad con el canon 620 y siguientes, 147 son superiores mayores las siguientes personas: a) el supremo moderador general de un Instituto; b) los que son designados superiores provinciales; c) los superiores locales de una casa sui iuris, incluidas las abadesas y superioras de monasterios de monjas; d) sus superiores vicarios; e) y los abades primados y superiores de una congregación monástica, aunque el ámbito de su potestad resulte más limitada que la que establece el derecho universal. En lo atinente a los consejos que prestan su consentimiento al superior, serán los que determinen las propias constituciones (cánones 627 y 638 §1). Si el que actúa es el superior general, se deduce que solicitará la opinión del consejo o capítulo general, mientras que si lo hace el superior provincial o el local, requerirá el parecer del respectivo órgano provincial o local. 148 Por ejemplo, si un IVC o SVA necesita enajenar un inmueble, lo primero que el notario debe analizar son los estatutos o constituciones, porque allí constatará cuál es el representante legal que está facultado para actuar como órgano de la institución y suscribir la escritura de venta, quién es el Superior competente para otorgar la licencia para la enajenación y qué consejo debe darle su consentimiento al superior para poder conceder dicha licencia, que establecerá cómo ha de actuar.
Como señala Andrés, 149 la licencia del superior competente es un permiso que debe reunir tres requisitos para la validez del acto de enajenación: a) sin esa licencia el acto es inválido, b) la licencia debe darse por escrito, c) el superior que la concede debe tener competencia para el otorgamiento de esa licencia. También es requisito de validez el consentimiento del Consejo, puesto que ayuda al superior desempeñando las mismas funciones que le vendrían asignadas al consejo de asuntos económicos exigidos para toda persona jurídica pública, a tenor del canon 1280. En relación con estos consejos, para que su actuación no resulte inválida y proyecte sus consecuencias sobre la licencia que debía darse a tenor de su actuación, resulta imperioso recordar los requisitos de quórum y mayorías establecidos en el derecho propio del IVC o SVA y en el canon 127. 150
Con respecto a los bienes divisibles, como podría acontecer con un predio que fuera objeto de subdivisión parcelaria o que fuera subdividido de manera horizontal, resulta aplicable el §3 del canon 1292, es decir que, si todavía no se ha hecho ninguna subdivisión, se deberá pedir la licencia por el valor total del inmueble, aun cuando la subdivisión provoque un aumento del mismo. Tal solución se deduce, a contrario sensu, del propio texto del canon, puesto que si la enajenación se hubiera efectuado sobre alguna de las partes que hubieran resultado de la división y no se hubiera hecho constar esta obrepción o subrepción de información, la licencia resultaría inválida. De esta manera, la norma busca evitar que un bien de valor elevado pueda ser enajenado por partes para eludir los controles establecidos. 151 A su vez, cuando el §4 menciona que se necesita el consentimiento escrito del Ordinario de lugar, no solo está haciendo referencia a los obispos diocesanos o sus equiparados (prelado territorial, abad territorial, prefecto apostólico, vicario apostólico) sino, también, a sus vicarios generales y episcopales. 152
Por último, no queremos culminar este punto sin hacer al menos una mención al canon 1269. Esta norma dispone que “Las cosas sagradas […] si pertenecen, en cambio, a una persona jurídica eclesiástica pública, sólo puede adquirirlas otra persona jurídica eclesiástica pública”. 153 Dicha norma debe ser interpretada a tenor del texto oficial de promulgación del CIC, que es el latín, puesto que contiene la palabra “si”. De acuerdo con lo establecido por el canon 39, “condiciones in actu administrativo tunc tantum ad validitatem censentur adiectae cum per partículas si, nisi, dum modo exprimuntur”; es decir que, de la redacción del canon, por tener este vocablo, se deduce que la enajenación hecha en contradicción a sus disposiciones es inválida. 154
Debemos recordar que, en general, los antiguos edificios de propiedad de IVC o SVA tienen dentro un espacio destinado a la oración o a la celebración del culto divino. 155. Sin perjuicio de ello y teniendo en consideración que el carácter sagrado de un lugar debe ser objeto de un estudio más pormenorizado, 156 por las consecuencias jurídicas que acarrea esta condición, 157 recomendamos que la cuestión sea analizada tomando en consideración no solo los cánones 1269 y 39 sino también la Parte III del Libro IV del CIC, que regula los lugares y tiempos sagrados, específicamente el Título I, destinado a codificar el régimen de los lugares sagrados, que solo pierden tal carácter en caso de destrucción o de reducción al uso profano por decisión de la autoridad eclesiástica o de hecho. 158
5.2. Normativa estatal aplicable ^
5.2.1. La Ley 24483 ^
Como ya hemos visto, la sola inscripción de los IVC y SVA en el Registro de Institutos de Vida Consagrada, dependiente de la Secretaría de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 159 trae aparejado el reconocimiento de su personalidad jurídica en el ámbito civil, 160 así como su carácter de entidades de bien público. De esta manera, con la inscripción, estas entidades no solo quedan equiparadas a las órdenes preconstitucionales, sino que aquellas que hubieran funcionado bajo otras formas jurídicas conservan todas las exenciones y beneficios de que gozaban con anterioridad. 161
En cuanto al régimen interno, existe una remisión expresa al derecho canónico. Según el ar­tícu­lo 2º de la ley, su gobierno interno se llevará a cabo de acuerdo con el derecho canónico (universal y propio), siendo la inscripción de futuros cambios de sus constituciones, estatutos y autoridades, un requisito necesario solo para su oponibilidad a terceros.
Por último, la ley también ha previsto la posibilidad de que las entidades que hubieran funcionado bajo otra estructura jurídica diversa a la de los IVC y SVA, puedan transmitir los bienes a nombre del ente registrado bajo esta modalidad jurídico-canónica. 162
5.2.2. El Decreto Reglamentario 491/1995 ^
Este decreto, además de establecer cuál ha de ser la autoridad de aplicación competente para el registro de los IVC y SVA, también efectuó aclaraciones terminológicas extraídas de la legislación canónica. 163 De su texto, podemos extraer los requisitos para que el Registro pueda proceder a la inscripción de tales instituciones. 164
Esta inscripción es sumamente relevante porque no solo permite acreditar la existencia del IVC o SVA en el ámbito eclesial sino que, culminado el proceso de inscripción mediante el dictado de la pertinente resolución administrativa, el IVC o SVA podrá actuar a través de sus representantes en el ámbito civil. Esta resolución no solo se extiende por escrito sino que su existencia puede ser corroborada a través de internet (http://www.infoleg.gob.ar), en la sección correspondiente a resoluciones dictadas por la Secretaría de Culto de la Nación. 165
Cada vez que se solicite la inscripción de un IVC o SVA ante el Registro competente, se labrará un expediente administrativo en el cual no solo quedará copia de toda la documentación presentada sino también el registro de la firma de quien desempeña el oficio de representante legal, 166 situación que permitirá comprobar la identidad del firmante y cotejar “a priori” la similitud gráfica de la signatura.
5.2.3. Resolución 448/1996 de la Secretaría de Culto ^
Esta resolución nos parece sumamente relevante, puesto que en su ar­tícu­lo 3º contempla la posibilidad de que los IVC y SVA presenten una versión sintetizada de sus constituciones, es decir, de su derecho propio. Tal “síntesis” debe contener los siguientes elementos: nombre y finalidad del instituto, estructura y régimen de gobierno, forma de elección de sus autoridades y personas cuya actuación obliga al instituto, normas para la disposición y administración de los bienes temporales, capacidad de sus provincias y/o casas, requisitos para la admisión o salida de sus miembros y destino de los bienes en caso de extinción o disolución.
La documentación que guarda el Registro de Institutos de Vida Consagrada es sumamente importante, puesto que permite a cualquier notario cotejar la verosimilitud de documentación habilitante oportunamente exhibida por el representante legal de un IVC o SVA (constituciones, estatutos, y actas de designación de autoridades). Asimismo, en caso de que las decisiones de los órganos de los IVC o SVA se hayan instrumentado en actas labradas en libros rubricados por el Registro, se podrá verificar la rúbrica expedida por el organismo público competente.
Si bien el ar­tícu­lo 3º de la Resolución 488/1996 es claro en cuanto a que la presentación de la “síntesis” de las constituciones no es obligatoria sino facultativa para los IVC y SVA, debemos advertir que en el tráfico moderno, donde tales entidades deben efectuar gestiones y trámites diversos ante organismos administrativos y fiscales, nacionales o locales 167, entidades bancarias, etc., cumplir con este recaudo facilita su funcionamiento en el ámbito civil.
También nos parece importante hacer referencia a la dificultad que puede plantear la obligación de exhibir los libros originales en los cuales se haya instrumentado la autorización al representante legal para que otorgue un acto jurídico, a tenor de lo dispuesto por el ar­tícu­lo 307 del CCCN. 168 Tales libros muchas veces pueden ser antiguos o de gran valor histórico, y a la vez contienen información sensible respecto de las vicisitudes internas acaecidas en el interior de estos institutos. Existe un temor fundado de pérdida o extravío de dicha documentación, o que trasciendan hechos delicados en ellos registrados. Por ello, si bien debemos remarcar la disposición expresa del CCCN, coincidimos con Acquarone en cuanto a que
… ante la imposibilidad de exhibir el documento original que acredite la representación se pueda suplir la exigencia de la exhibición de los mismos por la documentación certificada o constatada por otro notario que dé fe pública de haber visto el original… 169
Luego de haber analizado el plexo normativo aplicable a las intervenciones que los IVC y SVA pueden tener en el tráfico inmobiliario, advertimos que en lo atinente a capacidad y legitimación de entidades que conforman la Iglesia Católica, así como respecto de los bienes que conforman su patrimonio, el derecho argentino ha efectuado una incorporación de normas canónicas de manera plena y literal, sin remisiones ambiguas o de dudosa comprensión.
A tenor de lo que disponen el Acuerdo de 1966 y la legislación estatal, general y específica, cualquier persona que contrate con personas jurídicas que integran la Iglesia Católica o que en el desempeño de su actividad profesional le toque intervenir en cuestiones en las cuales la Iglesia haya sido una de los sujetos negociales, debe conocer el derecho canónico universal (CIC y CCEO), la legislación particular (decretos de la Conferencia Episcopal Argentina) y el derecho propio de los IVC y SVA. En efecto, cualquier tercero que pretenda contratar con un IVC o SVA, o que advierta que en la cadena negocial intervino alguna de estas instituciones eclesiásticas, no puede olvidar que al ordenamiento normativo estatal, se le suma la legislación canónica universal y particular.
La legislación canónica universal resulta de fácil acceso, conforme a las indicaciones que diéramos al inicio de este trabajo. En cuanto al ordenamiento canónico propio de estos institutos, se encuentra a disposición de los operadores jurídicos en el registro público estatal competente, que no solo acredita la existencia de los IVC y la identidad de sus representantes legales, sino que también guarda copia en sus respectivos archivos de las constituciones y estatutos que conforman este derecho propio.
Como señala Beneyto Berenguer, en palabras que hacemos propias “el problema quizá esté en un desconocimiento del derecho canónico y del derecho eclesiástico del Estado, en una ignorancia de estos registros y de la publicidad de los mismos”, 170 pero, precisamente, el objetivo de este trabajo ha sido el de tratar de arrojar luz sobre esta cuestión.
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2. Cuando nos referimos a estas entidades, estamos aludiendo a las antiguas órdenes, congregaciones religiosas o conventos, es decir, a las personas jurídicas que comprenden los diversos fenómenos asociativos eclesiales mediante los cuales los fieles católicos viven, de manera institucional, la profesión de los consejos evangélicos de pobreza, obediencia y castidad, y a los cuales, en adelante, denominaremos IVC y SVA.
3. Entre las normas de la Iglesia que citaremos, fundamentalmente están el Codex Iuris Canonici (Código de Derecho Canónico para la Iglesia Católica; en adelante, “CIC”), sancionado en 1983; y el Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (Código de los Cánones para las Iglesias Orientales; en adelante, “CCEO”), sancionado en 1990; más las normas particulares que serán objeto de mención específica. [N. del E.: última consulta de las fuentes: 1/11/2018. Los mismos hipervíncu­lo s se utilizarán a lo largo de todo el ensayo].
4. Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, a) Linee orientative per la gestione dei beni negli Instituti di vita consacrata e nelle Societá di vita apostolica. Lettera circolare, Vaticano, Librería Editrice Vaticana, 2014 [N. del E.: ver aquí; última consulta: 7/11/2018]; y b) Economía al servicio del carisma y de la misión. Boni dispensatores multiformis gratiae Dei, Vaticano, Librería Editrice Vaticana, 2018.
5. Ver “Otro convento porteño se transforma: en Villa Devoto construirán un edificio de departamentos” (La Nación, 11/5/2018) y “Villa Crespo: convierten un convento de monjas en un hotel boutique y locales comerciales” (La Nación, 3/5/2018). [N. del E.: última consulta: 1/11/2018]. Beneyeto Berenguer advierte, en idéntico sentido: “podemos encontrarnos con enajenaciones auténticamente escandalosas: por ej: ventas de monasterios o conventos a inmobiliarias para que en los mismos construyan viviendas de lujo, cuando la misma diócesis estaría interesada en seguir manteniendo el monasterio-convento” (Beneyeto Berenguer, Remigio, Enajenación de los bienes eclesiásticos y su eficacia civil, Valencia, EDICEP, 2006, p. 66).
6. Ver Juan Pablo II (papa), [constitución apostólica “Pastor Bonus” sobre la Curia Romana], en Acta Apostolicae Sedis, Vaticano, Nº 80, 1988, pp. 841-912, art. 108 §1, que dispone que esta Congregación “Resuelve todo aquello que, de acuerdo con el derecho, corresponde a la Santa Sede respecto a la vida y la actividad de los institutos y sociedades, especialmente respecto a […] la administración de los bienes” (el resaltado es nuestro).
7. Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, ob. cit. (cfr. nota 4-a), pp. 11 y 63. Como se señala en dicho documento y en atención a que, en los últimos años, muchos IVC y SVA han tenido que afrontar problemas de naturaleza económica, tomando nota de esta situación, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica ha instado a los institutos a ser más conscientes de la relevancia de los asuntos económicos, proporcionando criterios y directrices prácticas para la gestión de los bienes. En este contexto, se insertaron los dos simposios internacionales sobre la gestión de los bienes, a partir de los cuales se elaboraron, posteriormente, las líneas orientativas para la gestión de los bienes en los IVC y en las SVA y el documento actual. El texto que se presenta se propone continuar el camino de la reflexión eclesial sobre los bienes y su gestión; recordar y explicar algunos aspectos de la norma canónica sobre los bienes temporales; sugerir algunas herramientas de planificación y programación sobre la gestión de las obras; instar a los IVC y SVA a repensar la economía en fidelidad al carisma para ser “incluso hoy, para la Iglesia y para el mundo, la avanzada de la atención a todos los pobres y a todas las miserias, materiales, morales y espirituales, como superación de todo egoísmo en la lógica del Evangelio, que enseña a confiar en la Providencia de Dios” (Francisco [papa], [mensaje a los participantes en el Simposio Internacional sobre el tema “La gestión de los bienes eclesiásticos de los institutos de vida consagrada y de las sociedades de vida apostólica al servicio del humanum y de la misión en la Iglesia” {Roma, 2014}]. [N. del E.: ver aquí; última consulta: 5/11/2018]).
8. Debemos considerar que, junto con los fines estrictamente religiosos del patrimonio eclesiástico, el mismo reviste una especial importancia y utilidad para la sociedad en general porque los bienes que lo conforman, además de cumplir una función eclesial, revisten un interés social y cultural y contribuyen de forma significativa al cultivo y difusión de valores espirituales, humanistas y científicos: son bienes culturales no solo al servicio de la Iglesia sino de toda la comunidad.
9. Pensemos en antiguas iglesias o conventos y sus edificios anexos en los cuales funcionaron las primeras instituciones educativas, establecimientos asistenciales, orfanatos, hospitales, cementerios, etc., construidos por órdenes religiosas llegadas al país con los conquistadores españoles y antes del nacimiento de la Nación argentina y que, aún hoy en día, continúan con el destino para el cual fueron creados.
10. La Iglesia siempre ha reivindicado su derecho a ser titular de bienes temporales para la consecución de los fines que le son propios. Así ha regulado y limitado su ejercicio, subordinándolo al bien común eclesial.
11. Ver, entre otras disposiciones, arts. 2 y 14 de la Constitución Nacional, o arts. 33, 41, 2345 y cc. del Código Civil (en adelante, “CCIV”); arts. 146, 147 y cc. del Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante, “CCCN”), o los arts. pertinentes de la Ley 24483 y su decreto reglamentario (491/1995), que han reconocido la capacidad patrimonial de la Iglesia y de las entidades eclesiásticas que la componen de actuar en el tráfico jurídico conforme a las normas del derecho canónico, con plena eficacia civil.
12. Nos parece importante destacar que, al concluir el proceso de unificación nacional con la sanción de la Constitución de 1853-60, la percepción que se tenía sobre las órdenes o congregaciones religiosas no era positiva. El art. 67 del texto constitucional es un ejemplo de esta postura, cuando otorgó competencia exclusiva al Congreso de la Nación para “admitir en el territorio de la nación otras órdenes religiosas a más de las existentes” (art. 67 inc. 20), o el art. 65, que estableció la prohi­bición para que los eclesiásticos regulares fueran miembros del Congreso (art. 65). Por eso, como más adelante desarrollaremos, durante muchos años las órdenes o congregaciones religiosas no fueron incluidas dentro del concepto de Iglesia Católica sino como entidades relacionadas a ella pero distintas y particulares.
13. Los dones recibidos de Dios son llamados carismas, del griego charis, que viene del verbo charizomai, que significa: donar, ser generoso, dar con gratuidad. En el Nuevo Testamento, el término carisma se utiliza solo con referencia a dones que proceden de Dios. Los carismas no son dones concedidos a todos sino que cada carisma es un don particular que el Espíritu Santo distribuye “como quiere” (1 Corintios 12,11). Ver Congregación para la Doctrina de la Fe, “Carta Iuvenescit Ecclesia sobre la relación entre los dones jerárquicos y carismáticos para la vida y misión de la Iglesia”, Roma (15/5/2016). [Última consulta: 1/11/2018].
14. Como señala Ghirlanda, la vida consagrada por la profesión de los consejos evangélicos conlleva un seguimiento de Cristo de manera más intensa o más radical: “efectivamente Jesús radicalizó en su vida terrena en sí mismo todos los preceptos de la ley nueva establecida por él: amó hasta el fin, llegó hasta el fondo en el sentido de que en su muerte llegó a la radicalización más total de su virginidad, precisamente por la totalidad y exclusividad del amor al Padre y a todos los hombres; de su pobreza, ya que se despojó de todo apoyo humano y experimentó el sentimiento del abandono de Dios; de la obediencia, por haberlo cumplido todo según el designio del Padre superando toda tentación de realización autónoma” (Ghirlanda, Gianfranco, El derecho en la Iglesia. Misterio de comunión. Compendio de derecho eclesial, Madrid, Ediciones Paulinas, 1992, p. 202).
15. Ver Heredia, Carlos I., La naturaleza de los movimientos eclesiales en el derecho de la Iglesia. Excerpta ex dissertatione ad doctoratum in facultate iuris canonici pontificiae universitatis gregorianae, Buenos Aires, EDUCA, 1994, p. 121.
16. Cfr. nota 3. [N. del E.: en las notas al pie del presente del ensayo, se utilizarán las siguientes abreviaturas: “c.” para “canon”, y “cáns.” para “cánones”, respectivamente].
17. CIC, c. 573: “§1. La vida consagrada por la profesión de los consejos evangélicos es una forma estable de vivir en la cual los fieles, siguiendo más de cerca a Cristo bajo la acción del Espíritu Santo, se dedican totalmente a Dios como a su amor supremo, para que entregados por un nuevo y peculiar título a su gloria, a la edificación de la Iglesia y a la salvación del mundo, consigan la perfección de la caridad en el servicio del Reino de Dios y, convertidos en signo preclaro en la Iglesia, preanuncien la gloria celestial. §2. Adoptan con libertad esta forma de vida en institutos de vida consagrada canónicamente erigidos por la autoridad competente de la Iglesia aquellos fieles que, mediante votos u otros víncu­lo s sagrados, según las leyes propias de los institutos, profesan los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, y, por la caridad a la que estos conducen, se unen de modo especial a la Iglesia y a su misterio”. CIC, c. 207: “§1. Por institución divina, entre los fieles hay en la Iglesia ministros sagrados que, en el derecho, se denominan también clérigos; los demás se denominan laicos. §2. En estos dos grupos hay fieles que, por la profesión de los consejos evangélicos mediante votos u otros víncu­lo s sagrados, reconocidos y sancionados por la Iglesia, se consagran a Dios según la manera peculiar que les es propia y contribuyen a la misión salvífica de la Iglesia; su estado, aunque no afecta a la estructura jerárquica de la Iglesia, pertenece, sin embargo, a la vida y santidad de la misma”.
18. CIC, c. 574: “§1. El estado de quienes profesan los consejos evangélicos en esos institutos pertenece a la vida y a la santidad de la Iglesia, y por ello todos en la Iglesia deben apoyarlo y promoverlo. §2. Dios llama especialmente a algunos fieles a dicho estado, para que gocen de este don peculiar en la vida de la Iglesia y favorezcan su misión salvífica de acuerdo con el fin y el espíritu del instituto”.
19. Dejamos de lado las formas individuales de vida consagrada, como la vida eremítica y el orden de las vírgenes consagradas, que regulan los cáns. 603 y 604, porque precisamente no implican vida asociativa que requiera la creación, reconocimiento y actuación de una persona jurídica (c. 603: “§1. Además de los institutos de vida consagrada, la Iglesia reconoce la vida eremítica o anacorética en la cual los fieles, con un apartamiento más estricto del mundo, el silencio de la soledad, la oración asidua y la penitencia, dedican su vida a la alabanza de Dios y salvación del mundo. §2. Un ermitaño es reconocido por el derecho como entregado a Dios dentro de la vida consagrada, si profesa públicamente los tres consejos evangélicos, corroborados mediante voto u otro víncu­lo sagrado, en manos del Obispo diocesano, y sigue su forma propia de vida bajo su dirección”). C. 604: “§1. A estas formas de vida consagrada se asemeja el orden de las vírgenes que, formulando el propósito santo de seguir más de cerca a Cristo, son consagradas a Dios por el obispo diocesano según el rito litúrgico aprobado, celebran desposorios místicos con Jesucristo, Hijo de Dios, y se entregan al servicio de la Iglesia”.
20. Evangelios: Lucas 9, 57-62; Mateo 16, 24-25 y 19, 16-30; Marcos 3, 13-15.
21. Ver 1a Carta a los Corintos 7, 8-9 y 17.
22. Será el Concilio de Calcedonia el primer documento legislativo que dará reconocimiento al monacato como estado especial dentro de la Iglesia (ver García y García, Antonio, Historia del derecho canónico. El primer milenio, Salamanca, Instituto de Historia de la Teología Española – Subsidia, 1967, p. 244).
23. Este modo de vida fue originariamente laical, es decir que, para ser monje, no era necesario haber recibido el sacramento del orden sagrado. Asimismo, cada monasterio era independiente de otros (sui iuris) pero, desde el siglo IX, estos comenzaron a reunirse en varias congregaciones, entre las que destacaron las de Cluny y Citeaux que dieron origen a las órdenes religiosas.
24. Los canónigos vivían ligados a las iglesias catedrales y colegiales y, de manera similar a los monjes, establecieron reglas de vida en común y práctica de la pobreza. Tales organizaciones, originariamente autónomas (sui iuris), también evolucionarían en órdenes o congregaciones.
25. Entre ellas se destacan las órdenes de los dominicos, franciscanos y carmelitas. Lo específico de estas órdenes fue la praxis de la vida fraternal, la observancia rigurosa de la pobreza y la unión en una sola orden de las observancias monásticas y de las prácticas de apostolado.
26. Los votos solemnes, a diferencia de los simples, además de tener consecuencias de índole matrimonial y patrimonial en el derecho canónico, conllevan la invalidez de los actos que le son contrarios (para ello, ver los cáns. 579 y ss. y 1119 y 1703 del CIC de 1917 [N. del E.: ver CIC de 1917 aquí {fuente no oficial; última consulta: 7/11/2018}]). En la actualidad, esta categoría ha sido formalmente eliminada del CIC pero, sin embargo, sus aspectos sustanciales se deducen del c. 1192 §2 y del derecho particular de muchos institutos religiosos que lo conservan y que obligan a la renuncia radical, obligatoria o voluntaria de los propios bienes antes de la profesión perpetua, mediante actos jurídicos que deben ser civilmente válidos; a tal punto que el §5 del mencionado canon puntualiza, de manera tajante, que el religioso pierde la capacidad de obrar en materia patrimonial, es decir, pierde la capacidad de adquirir y poseer, con la consecuencia de que todo acto contrario al voto de pobreza es inválido para el derecho canónico (ver Di Mattia, Giusseppe, [comentario al c. 668], en Marzoa, A., Miras, J. y Rodríguez-Ocaña, R. [dirs.], Comentario exegético al Código de Derecho Canónico del Instituto Marín de Azpilcueta de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra, t. II-2, Pamplona, EUNSA, 3ª ed., p. 1696). De todos modos, debemos recordar que con la sanción del Código Civil y Comercial (en adelante, “CCCN”), la incapacidad que regulaba el art. 1160 del Código Civil (en adelante, “CCIV”) ha sido derogada.
27. Se entiende por tales los votos solemnes.
28. La diferencia esencial con el voto solemne es que los actos efectuados en contradicción con las obligaciones impuestas por los votos simples acarrean su ilicitud mas no su nulidad, además de otras diferencias de contenido matrimonial y patrimonial (ver el c. 579 del CIC de 1917 [N. del E.: ver CIC de 1917 aquí {fuente no oficial; última consulta: 7/11/2018}]), puesto que tales religiosos no perdían su capacidad patrimonial.
29. CIC, c. 605: “La aprobación de nuevas formas de vida consagrada se reserva exclusivamente a la sede apostólica. Sin embargo, los obispos diocesanos han de procurar discernir los nuevos dones de vida consagrada otorgados a la Iglesia por el Espíritu Santo y ayudar a quienes los promueven, para que formulen sus propósitos de la mejor manera posible y los tutelen mediante estatutos convenientes aplicando, sobre todo, las normas generales contenidas en esta parte”. Esto no es nuevo en la historia de la Iglesia. La jurisdicción exclusiva del Romano Pontífice sobre la vida consagrada se hizo evidente a partir del siglo IX, en parte para suplir las negligencias de las jerarquías locales, así como para proteger la autonomía de la vida consagrada. En el año 1215, en el IV Concilio de Letrán, el papa Inocencio III instauró una regla que sería una de las fuentes originarias del citado c. 605, por la cual ninguna orden religiosa podía ser fundada sin la aprobación pontificia. Los obispos solo conservaron el derecho de fundar comunidades que, en caso de que no fueran aprobadas por la Santa Sede como órdenes regulares, sólo serían “congregaciones” cuyos miembros vivían como religiosos pero sin serlo desde el punto de vista jurídico del derecho canónico (siendo el antecedente de las congregaciones de voto simple o sencillo).
30. Ghirlanda, con relación a las nuevas formas de vida consagrada, destaca que “en esta perspectiva pueden considerarse los movimientos eclesiales en donde se van abriendo nuevas formas de consagración a Dios en el servicio eclesial”, entendiéndose como tales los que están conformados por “todas las categorías y órdenes de fieles (obispos, presbíteros, diáconos, seminaristas, laicos y laicas, casados, casadas, célibes, viudos o viudas, religiosos o religiosas, personas consagradas en el movimiento en la forma contemplativa, apostólica o secular, etc.) para vivir en la Iglesia un elemento o aspecto particular de su misterio como la unidad, la comunión, la caridad, el anuncio del evangelio, la vida evangélica, las obras de misericordia, etc.)” (Ghirlanda, Gianfranco, ob. cit. [cfr. nota 14], pp. 211 y 288].
31. Casiello escribe: “Considerada en función de su carácter la Iglesia es una sociedad jurídicamente perfecta, instituida por Jesucristo Nuestro Señor para la salvación eterna de los hombres. Tal es la definición que de ella nos dan los estudiosos del Derecho Público Eclesiástico. Es una sociedad en cuanto unión estable de personas que se proponen la consecución de un fin determinado, usando medios adecuados y comunes para lograrlo. Jurídicamente perfecta en cuanto tienen en sí misma lo que ella requiere para el cumplimiento de ese fin […] es, ciertamente, una sociedad jurídica, ya que para dirigir a sus fieles, es decir para imponer a éstos una unidad de conducta colectiva, ejercita lo que se llama la potestad de jurisdicción. Se trata de un verdadero poder legislativo, análogo al que ejerce en su orden el Estado […] Es no sólo jurídica, sino jurídicamente perfecta porque en la esfera de su fin, la Iglesia no tiene ninguna otra sociedad ni reconoce otra que le sea superior” (Casiello, Juan, “La personalidad de la Iglesia; su capacidad jurídico-económica. Posición del Estado ante la misma”, en AA. VV., La doctrina católica en el desenvolvimiento constitucional argentino. 2as Jornadas Nacionales de Profesionales de A. C. Rosario 1957, Buenos Aires, APAC, 1957, pp. 32 y 33).
32. CIC, c. 207: “§1. Por institución divina, entre los fieles hay en la Iglesia ministros sagrados, que en el derecho se denominan también clérigos; los demás se denominan laicos”. Son clérigos quienes reciben el sacramento del orden sagrado, conforme disponen los cáns. 1008 y 1009 (c. 1008: “Mediante el sacramento del orden, por institución divina, algunos de entre los fieles quedan constituidos ministros sagrados, al ser marcados con un carácter indeleble, y así son consagrados y destinados a servir, según el grado de cada uno, con nuevo y peculiar título, al pueblo de Dios”. C. 1009: “§1. Los órdenes son el episcopado, el presbiterado y el diaconado”).
33. Frugoni Rey, Guillermo F., “Condición de religioso, órdenes y congregaciones. Admisión, capacidad jurídica y modo de actuación”, en AA. VV., La doctrina católica en el desenvolvimiento constitucional argentino. 2as Jornadas Nacionales de Profesionales de A. C. Rosario 1957, Buenos Aires, APAC, 1957, pp. 236 y 237.
34. La constitución apostólica “Lumen Gentium” (fruto del Concilio Vaticano II) en su §44 in fine, refiriéndose en particular a los religiosos, señala: “Por consiguiente, un estado está en la profesión de los consejos evangélicos, aunque no pertenezca a la estructura jerárquica de la Iglesia, pertenece sin embargo de manera indiscutible a su vida y su santidad” (AA.VV., Concilio Vaticano II. Comentarios sobre la constitución de la Iglesia, Madrid, BAC, Madrid, 1986, p. 77). [N. del E.: acceda a todos los documentos emanados del Concilio Vaticano II aquí; última consulta: 7/11/2018].
35. Cfr. nota 3.
36. CIC, cáns. 573-606.
37. Rincón-Pérez, Tomás, [comentario a la introducción de la Parte III del Libro II], en Marzoa, A., Miras, J. y Rodríguez-Ocaña, R. (dirs.), Comentario exegético al Código de Derecho Canónico del Instituto Marín de Azpilcueta de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra, t. II-2, Pamplona, EUNSA, 3ª ed., pp. 1381-1387.
38. La exhortación apostólica es un documento pontificio utilizado por los papas para comunicar a la Iglesia las conclusiones a las que ha llegado tras considerar las recomendaciones de un sínodo de obispos. También la ha usado en otras circunstancias para exhortar a los religiosos a una vida evangélica más profunda. En síntesis: “es una exhortación de carácter doctrinal, disciplinar o pastoral” (Busso, Ariel D., La autoridad suprema de la Iglesia, Buenos Aires, EDUCA, 1997, p. 29). Como la citada exhortación procede de un sínodo episcopal, nos parece importante que quede aclarado cuál es el significado y utilidad de esta institución: “Sínodo procede de la palabra griega synodos, que puede traducirse como ‘reunión’ y que es fruto de la suma de dos elementos claramente delimitados: el prefijo syn-, que es sinónimo de ‘con’ o ‘junto’, y odo”, que es equivalente a “ruta” o “camino”. Los sínodos pueden ser diversos. Se denomina sínodo episcopal al encuentro de obispos seleccionados de diversas partes del mundo para estrechar los víncu­lo s entre el papa y estas autoridades. Es importante diferenciar entre el sínodo episcopal y el concilio ecuménico, ya que ambos son encuentros de obispos: mientras que el sínodo apunta a las consultas y a asesorar al papa, el concilio puede fijar definiciones dogmáticas.
39. Juan Pablo II (papa), [exhortación apostólica post sinodal “Vita consecrata” al episcopado y al clero, a las órdenes y congregaciones religiosas y las sociedades de vida apostólica y a todos los institutos seculares sobre la vida consagrada y su misión en la Iglesia y en el mundo {Roma, 25/3/1996}]. [N. del E.: ver aquí; última consulta: 5/11/2018].
40. Corecco, E., “Aspetti della ricesione del Vaticano II nel Codice di Diritto Canonico”, en Alberigo, G. y Jossua, J. P. (eds.), Il Vaticano II e la Chiesaki, Brescia, 1985, p. 335
41. La exhortación apostólica “Vita consecrata” (ob. cit. [cfr. nota 39]) señala en su §29: “La reflexión teológica sobre la naturaleza de la vida consagrada ha profundizado en estos años en las nuevas perspectivas surgidas de la doctrina del Concilio Vaticano II. A su luz se ha tomado conciencia de que la profesión de los consejos evangélicos pertenece indiscutiblemente a la vida y a la santidad de la Iglesia. Esto significa que la vida consagrada, presente desde el comienzo, no podrá faltar nunca a la Iglesia como uno de sus elementos irrenunciables y característicos, como expresión de su misma naturaleza. Esto resulta evidente ya que la profesión de los consejos evangélicos está íntimamente relacionada con el misterio de Cristo, teniendo el cometido de hacer de algún modo presente la forma de vida que Él eligió, señalándola como valor absoluto y escatológico. Jesús mismo, llamando a algunas personas a dejarlo todo para seguirlo, inauguró este género de vida que, bajo la acción del Espíritu, se ha desarrollado progresivamente a lo largo de los siglos en las diversas formas de la vida consagrada. El concepto de una Iglesia formada únicamente por ministros sagrados y laicos no corresponde, por tanto, a las intenciones de su divino Fundador tal y como resulta de los Evangelios y de los demás escritos neotestamentarios” (el resaltado es nuestro).
42. “la libertad carismática y la catolicidad de la vida consagrada se expresen también en el contexto de la Iglesia Particular. Esta no correspondería plenamente a lo que Jesús deseó para su iglesia, si no tuviese a la vida consagrada, que forma parte de su estructura esencial así como el laicado y el ministerio ordenado. Por tal motivo, y a la luz del Concilio Vaticano II, hablamos hoy de coesencialidad de los dones jerárquicos y de los dones carismáticos (“Lumen Gentium”, §4 [cfr. nota 34]), que fluyen del único Espíritu de dios y alimentan la vida de la Iglesia y su acción misionera” (ver Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, ob. cit. [cfr. nota 4-b], p. 54 [el resaltado es nuestro]; el documento cita a Francisco [papa], [discurso a los participantes del Congreso Internacional para los Vicarios Episcopales y los Delegados para la Vida Consagrada {Roma, 2018}]. [N. del E.: ver aquí; última consulta: 5/11/2018]).
43. Exhortación apostólica “Vita consecrata” (ob. cit. [cfr. nota 39]), §29.
44. De acuerdo con lo que dispone el c. 603 CIC, la Iglesia reconoce la vida eremítica o anacorética como aquella en la cual los fieles, con un apartamiento más estricto del mundo, el silencio de la soledad, la oración asidua y la penitencia, dedican su vida a la alabanza de Dios y a la salvación del mundo. Un ermitaño es reconocido por el derecho como entregado a Dios dentro de la vida consagrada si profesa públicamente los tres consejos evangélicos mediante voto u otro víncu­lo sacro, en manos del obispo diocesano, y sigue su forma propia de vida bajo su vigilancia.
45. Conforme lo que dispone el c. 604 CIC, las vírgenes consagradas son mujeres que individualmente formulan el propósito santo de seguir más de cerca a Cristo. Se consagran a Dios por el obispo diocesano según el rito litúrgico aprobado por la Iglesia, celebran desposorios místicos con Jesucristo y se entregan al servicio de la Iglesia. Pueden asociarse para posibilitar, mediante la ayuda mutua, un servicio mejor a la Iglesia, pero se concibe como una forma de vida consagrada individual.
46. Como ya explicamos, “los actos contrarios a un voto simple eran ilícitos, mientras que los actos contrarios a un voto solemne eran inválidos; el voto simple constituía un impedimento impediente para el matrimonio y no conllevaba la pérdida de la capacidad patrimonial, en tanto que el voto solemne constituía un impedimento dirimente para el matrimonio y sí implicaba que el religioso no pudiera poseer bienes” (Mage, Diego M., “El derecho canónico, una alternativa de solución para la incapacidad del ar­tícu­lo 1160 del Código Civil”, en AA. VV., Jornadas Anuales. La Plata 28, 29 y 30 de octubre de 2009, Buenos Aires, Sociedad Argentina de Derecho Canónico, 2010, p. 124). [N. del E.: ver CIC de 1917 aquí {fuente no oficial; última consulta: 7/11/2018}].
47. Sus miembros viven en monasterios aislados del mundo, dedicándose únicamente a la contemplación de las cosas divinas y a la oración.
48. Sus miembros, además del ejercicio preferente de la contemplación, se dedican también, según su derecho propio, a realizar obras de apostolado directo.
49. Los miembros de estos institutos se dedican, a tenor de su derecho propio, a realizar actividades apostólicas, colaboran activamente en el ministerio pastoral directo de difusión del Evangelio.
50. El c. 1192 del CIC dispone: “§1. El voto es público, si lo recibe el Superior legítimo en nombre de la Iglesia; en caso contrario es privado. §2. Es solemne, si la Iglesia lo reconoce como tal; en caso contrario, es simple. §3. Es personal, cuando se promete una acción por parte de quien lo emite; real, cuando se promete alguna cosa; mixto, el que participa de la naturaleza del voto personal y del real”.
51. Aldonondo, Isabel, “La enajenación de bienes de institutos de vida consagrada (a propósito de una sentencia del Tribunal Supremo de 27-11-99)”, en Revista Española de Derecho Canónico, Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca, v. 56, Nº 146, 1999, pp. 177-202. [N. del E.: ver aquí; última consulta: 7/11/2018].
52. Recordemos el caso de las mujeres, que solo podían hacerlo mediante la profesión de votos solemnes y vida comunitaria en conventos de clausura, es decir, totalmente apartadas del mundo secular, hasta los albores del siglo XX en que fueron aprobadas las “congregaciones religiosas”, que les permitieron emitir votos simples y servir a la Iglesia mediante el apostolado.
53. Entre los religiosos y los miembros de los institutos seculares, hay una base común que es la consagración por medio de los consejos evangélicos dentro de un Instituto propio, pero se diferencian en que los religiosos asumen esos consejos y se consagran mediante votos públicos, se comprometen a la vida fraterna en común y a cierta separación o apartamiento del mundo. En cambio, los miembros de los institutos seculares asumen los consejos evangélicos mediante votos u otros víncu­lo s no públicos (aunque tengan algunos efectos jurídicos), no se comprometen a la vida en común (aunque tampoco se la excluye) y, finalmente, no se apartan del mundo sino que ejercen su consagración en la sociedad secular, en el sentido que no necesitan apartarse de ella puesto que su objetivo es imbuir a la sociedad del espíritu evangélico (Corral Salvador, Carlos [dir.], Diccionario de derecho canónico, Madrid, Tecnos, 1989, pp. 330 y 331.)
54. De acuerdo con el c. 731 del CIC: “§1. A los institutos de vida consagrada se asemejan las sociedades de vida apostólica, cuyos miembros, sin votos religiosos, buscan el fin apostólico propio de la sociedad y, llevando vida fraterna en común, según el propio modo de vida, aspiran a la perfección de la caridad por la observancia de las constituciones. §2. Entre estas existen sociedades cuyos miembros abrazan los consejos evangélicos mediante un víncu­lo determinado por las constituciones”.
55. CIC, c. 732: “Se aplica a las sociedades de vida apostólica lo establecido en los cc 578-597 y 606, quedando a salvo sin embargo la naturaleza de cada sociedad; pero a las sociedades mencionadas en el c. 731 §2, se aplican también los cc. 598-602”.
56. El c. 397 §2 del CIC establece que “sólo en los casos determinados por el derecho puede el Obispo hacer esa visita a los miembros de los institutos religiosos de derecho pontificio y a sus casas”. Pero esto no significa que estemos ante Institutos “exentos”, es decir, aquellos que estén sometidos directamente a la autoridad del Romano Pontífice o a otra autoridad eclesiástica. Por el contrario, solo los institutos de derecho pontificio gozan de una justa autonomía de vida y de gobierno protegida por la misma Santa Sede, pero sin que esto signifique que estén totalmente exentos de la autoridad local, quien conserva las correspondientes potestades en los casos que determina el derecho (derecho de visita, concesión de licencias eclesiásticas, etc.).
57. Con este término se denomina de forma genérica a todos los organismos ministeriales de la Curia Romana, entre ellos, las congregaciones, tribunales, oficios y pontificios consejos.
58. El c. 595 CIC dispone: “§1. Al obispo de la sede principal aprobar las constituciones y confirmar las enmiendas que legítimamente se introduzcan en ellas, exceptuado aquello en lo que hubiera puesto sus manos la Sede Apostólica, así como tratar los asuntos más importantes que se refieren a todo el instituto y están por encima de la potestad de la autoridad interna consultando, sin embargo, a los demás obispos diocesanos, si el instituto se hubiera extendido a distintas diócesis. §2. En casos particulares, el obispo diocesano puede dispensar de las constituciones”. El §2 del c. 625 CIC reserva al obispo de la sede principal la presidencia en la elección del superior de un monasterio autónomo y del superior general de un instituto de derecho diocesano o de efectuar el derecho de visita (c. 628 §2.2).
59. En estos monasterios, le corresponde al obispo diocesano su vigilancia, aparte de la que ejerce su propio superior, y que se manifiesta en diversas atribuciones como la de presidir la elección de dicho superior, la visita al monasterio, aprobar algunos actos de administración de bienes, aprobar los confesores, etc.
60. El patronato indiano fue definido como “un haz en el que se confunden poderes de hecho, poderes tolerados –ejercidos a ciencia y paciencia de los Sumos Pontífices– y poderes expresamente otorgados, estos últimos a partir de la concesión de Urbano II a Pedro I de Aragón en 1095, limitada a la iglesia de los pueblos que reconquistase de los árabes y a las que fundase, pasando por las de Inocencio VIII a los Reyes Católicos, referida a todas las iglesias catedrales y monasterios o prioratos del reino de Granada e Islas Canarias […] y culminando con la extensión del patronato a todos los obispados de España hecha por Adriano VI a Carlos V en 1522” (Levaggi, Abelardo, Dalmacio Vélez Sársfield y el derecho eclesiástico, Buenos Aires, Perrot, 1969, p. 24). Hoy en día, el derecho de patronato ha sido abolido (ver Paulo VI [papa], [carta apostólica “Ecclesiae Sanctae”, emitida motu proprio], 1966, I, §18. [N. del E.: ver aquí; última consulta: 7/11/2018; y CIC, c. 377 §5). En el CIC 83 solo subsiste el derecho de presentación a partir del c. 1258. Sin embargo, el CIC todavía preveía este instituto en el c. 1448, al cual definía como “el conjunto de privilegios, con ciertas cargas, que por concesión de la Iglesia competen a los fundadores católicos de una Iglesia, capilla o beneficio, o también a sus causahabientes”. El patronato incluía el derecho de intervenir en defensa de la catolicidad y reprimir cualquier tentativa de apostasía, herejía o cisma (ius protectionis), el derecho de actuar en el seno de la Iglesia a efectos de realizar todas las reformas necesarias para su recto funcionamiento o para evitar casos de abusos eclesiásticos (ius reformandi), el derecho de inspeccionar el recto funcionamiento de la vida exterior eclesiástica (ius supremae inspectionis), el derecho de oponerse al nombramiento de eclesiásticos propuestos para un oficio determinado (ius exclusivae), el ius placeti regii o exequatur mediante el cual el monarca transformaba en ley de su reino las normas provenientes del Romano Pontífice, o el derecho de someter a control las normas de los superiores de órdenes religiosas residentes fuera de la península, y por último el derecho de ejercer control sobre las sentencias y los ocasionales abusos de los tribunales eclesiásticos (ius appelationis). (Busso, Ariel D., La Iglesia y la comunidad política, Buenos Aires, EDUCA, 2000, pp. 159-160).
61. El papa Alejandro VI, mediante la bula “Inter Caetera”, donó motu proprio a los reyes de Castilla y de León todas las islas y tierra firme que se hubieren descubierto hacia Occidente, donación pontificia que resultaba “concordante con la doctrina medioeval de que todo el mundo pertenece a la Iglesia; no acordaba a los reyes católicos sino la soberanía temporal de América, reservándose la Sede Apostólica la soberanía espiritual” (Esquivel, Héctor D., Régimen eclesiástico argentino, Buenos Aires, Librería y Casa Editora de Jesús Menéndez, 1928, p. 70).
62. La bula “Universalis Ecclesiae Regiminis” del año 1508, emitida por el papa Julio II, concedió a los reyes de España el derecho del patronazgo sobre la Iglesia en las tierras americanas conquistadas: “concedemos al mencionado Rey Fernando, que es también gobernador general de los Reinos de Castilla y León, y a nuestra queridísima hija en Cristo, Juana, reina de los mismos reinos e hija del mismo Rey Fernando, que ninguna iglesia, monasterio o lugar piadoso, unto en los crudos Jugares e islas ya adquiridas como en los que serán adquiridos, puedan ser erigidos o fundados sin el consentimiento de los citados reyes Fernando y Juana y sus sucesores en los reinos de León y de Castilla”.
63. Esquivel señala que “en efecto, los reyes, como Legados, excluían a cualquier otro representante pontificio en América, pues entendíase por tal legado al personaje que el papa enviaba ante los reyes para tratar con ellos los asuntos relacionados con la Iglesia y la Religión, pudiendo absolver de las censuras, conceder indulgencias, ejercer amplia jurisdicción ordinaria por sí sólo o en concurrencias con los diocesanos, conferir beneficios eclesiásticos, etc. Y los reyes como legados y vicarios pontificios pudieron hacer el oficio de vice papas en Américas” (Esquivel, Héctor D., ob. cit. [cfr. nota 61], p. 75). Sobre esta interpretación, discrepamos de manera categórica porque mal podrían ejercer funciones espirituales ligadas al sacramento del orden sagrado, cuando los monarcas solo eran laicos que a lo sumo podían ejercer potestad de jurisdicción por delegación, pero reiteramos, de ninguna manera las derivadas inescindiblemente del sacramento del orden sagrado.
64. Esquivel, en su detallada obra, menciona las siguientes: agustinos, basilios, benedictinos, bernardos, brígidas, carmelitas, cartujos, clérigos menores, jesuitas, dominicos, escolapios, franciscanos, franciscanos menores, franciscanos terceros, capuchinos, jerónimos, hospitalarios, mercedarios, mínimos, salesas, trinitarios y teatinos (ídem, pp. 84 y 85).
65. “en cuanto a las iglesias de los monasterios y conventos, se mandó que antes de edificarse ninguna de ellas, se pidiera licencia ‘como se ha acostumbrado, dice una ley, a nuestro Consejo de Indias, con el parecer y licencia del prelado diocesano, conforme al concilio de Trento y del virrey, audiencias o gobernadores, e información de que concurren tan urgente necesidad y justas causas que verosímilmente puedan mover a nuestro ánimo y quedar informados para lo que fuéramos servidos de proveer” (ídem, pp. 97-98). “varias fueron las razones que determinaron este monopolio de las órdenes religiosas en la evangelización de América, argumentado legalmente por la bulas papales mencionadas, las cuales son fruto en algunos casos de las condiciones mismas del descubrimiento del Nuevo Continente. Así, tras el fracaso de la experiencia caribeña, que supuso la desestructuración de la sociedad indígena y el progresivo exterminio de la población autóctona, la incorporación en 1521 de las posesiones del imperio azteca a los dominios hispanos, con su riqueza, extensión territorial y amplio abanico cultural, puso en marcha el proceso de conversión y evangelización de las distintas comunidades que formaron el Virreinato de la Nueva España. México se convierte entonces en un gran banco de pruebas donde se prioriza la labor evangélica, en oposición a la política de los gobernantes hispanos caribeños que apenas se preocuparon por construir iglesias, encargándose de ella las órdenes religiosas que predican con vigor el retorno a la pobreza y basan sus reglas en la vida comunitaria, la oración y la predicación. Entre esas órdenes monásticas destacaron las «mendicantes», llamadas así porque fueron fundadas al margen de los beneficios eclesiásticos, sustentándose gracias a las limosnas voluntarias de sus fieles y benefactores” (Espinosa Spínola, G., “Las órdenes religiosas en la evangelización del Nuevo Mundo”, en AA. VV., España medieval y el legado de occidente, México, SEACEX-CONACULTA, 2005, pp. 249-257, ver online aquí [última consulta: 5/11/2018]).
66. Como coloquialmente se suele designar a los miembros de una orden religiosa que a la vez han recibido el sacramento del orden sagrado.
67. Esquivel, Héctor D., ob. cit. [cfr. nota 61], p. 99.
68. Ídem, p. 127.
69. Ídem, p. 132.
70. Ídem, p.156.
71. Esta institución, cuyo ejercicio por parte del gobierno argentino no fue nunca admitida por la Sede Apostólica, pasaría a ocupar la atención de los juristas y canonistas durante más de un siglo y medio, hasta que fue resuelta de manera definitiva mediante el acuerdo celebrado entre la Santa Sede y la República Argentina en el año 1966.
72. Constitución Nacional, art. 67, inc. 20.
73. Constitución Nacional, art. 108.
74. Constitución Nacional, art. 14.
75. Uno de los argumentos invocados fue el hecho de que las comunidades religiosas dependían, en su régimen interno, de una autoridad que tenía su sede fuera de la República (Heredia, Carlos y Navarro Floria, Juan G., Régimen jurídico de los religiosos y los institutos de vida consagrada, Buenos Aires, Educa, 1998, p. 16). Otro de los argumentos hacía hincapié en el hecho de que tanto la Iglesia como estas comunidades tenían un cuantioso patrimonio que quedaba separado “del resto de la economía en general, manteniéndolos en una quietud que implica ruina. Despreocupados de la ley del progreso incesante y general lo obstruyen con esta cristalización deliberada, anteponiendo su extraña institución al interés público y al mejoramiento y bienestar de toda la sociedad” (Peña, David, La materia religiosa en la política argentina, Buenos Aires, Bases, 1960, p. 46). A su vez, se señala: “el sólo modo de vivir de los religiosos conspira contra la economía nacional. Para obtener los fines de su instituto los religiosos dedican o deben dedicar casi todo su tiempo a las prácticas devotas, o a la meditación, o a las cosas divinas; si alguna vez realizan algo útil para la sociedad es cuando, para hacer la beneficencia, piden a unos para dar a otros. Debiendo ser casto, el fraile no puede constituir una familia, y por lo tanto, ni contribuye a aumentar la población del país. Tampoco son libres porque desdeñan las libertades que les asegura la Constitución para reconocer los religiosos voluntariamente la tiranía del superior jerárquico” (Esquivel, Héctor D., ob. cit. [cfr. nota 61], pp. 287-288).
76. Frugoni Rey trae a colación los argumentos del convencional Zapata al momento de discutirse el inc. 20 del art. 67 de la Constitución Nacional, y expresa que para este legislador constituyente se debía “vincular dicha atribución con el patronato por la dependencia de las órdenes a sus superiores generales residentes por lo común en Roma y dependientes a su vez del Santo Padre, soberano de un Estado” (Frugoni Rey, Guillermo, ob. cit. [cfr. nota 33], p. 242).
77. Esta concepción regalista fue el resultado de la formación intelectual que brindaban las universidades españolas y americanas, según la cual la sola norma eclesial carecía de imperium si no contaba con la ratificación o el reconocimiento de la ley estatal, situación que subrayaba la importancia del reconocimiento previo de la ley canónica por parte de la ley civil.
78. Levaggi, Abelardo, ob. cit. (cfr. nota 60), p. 16.
79. La muerte civil por profesión religiosa recién fue suprimida en el art. 103 CCIV, que al regular sobre el fin de la existencia de las personas físicas, consignó que la muerte civil no tendría lugar en ningún caso, ni por pena ni tampoco por profesión religiosa.
80. “El convento hace cesar política y civilmente la persona natural, cuyos derechos civiles acaban en la muerte civil que sucede a los que han profesado por votos solemnes la vida conventual. Cesan sus relaciones jurídicas de familia, no pueden instituir ni ser instituidos herederos, no pueden obtener función alguna pública, como la tutela, la curatela, etc., cesa su capacidad personal de adquirir, no pueden estar en juicio, acarrea en fin la persona civil […]. Las hermanas de la Merced, por negarse V.E. a autorizar la fundación de un convento no pierden ninguno de los derechos que declara a todos la Constitución del Estado. Las que quiera formar una asociación relijiosa pueden hacerlo bajo los estatutos que voluntariamente se dén, sujetándose o no a la autoridad y penas espirituales que le imponga el prelado de la iglesia ¿de qué derecho se le priva?” (Vélez Sarsfield, Dalmacio, [dictamen en el expediente promovido por la congregación de las Hermanas de la Misericordia a fin de fundar un convento en esta ciudad], citado por Levaggi, Abelardo, ob. cit. [cfr. nota 60], pp. 244-247).
81. A la manera de una asociación civil sin fines de lucro u otra de análogas características.
82. Art. 33, inc. 5, CCIV (en su primitiva redacción) .
83. Vélez Sarsfield entendía que “La existencia de las Comunidades Religiosas debe sólo depender de las leyes del Estado. El interés social y no el derecho o interés individual debe decidir sobre su conveniencia. Buscar el derecho a crearlas o de conservarlos en la voluntad o fantasía del individuo, es subordinar el Estado al Ciudadano, la gran comunidad a la pequeña, aniquilar la soberanía nacional. Esas comunidades no pueden existir tampoco como grupos aislados de individuos sin superiores reconocidos, sin formar una persona moral, libre cada uno para salir de ella, o gobernarse por los solos deberes que los unos se hayan creado hacia los otros sin obligaciones respecto a la sociedad. El fin y objeto de ellos debe precisamente tener íntima referencia al pueblo, ó a la propagación de la doctrina, relaciones sociales de cuya conveniencia la ley de Estado puede solo decidir, y no el simple individuo que acaso no mire en tales instituciones sino el medio de satisfacer deseos o inclinaciones particulares” (Vélez Sarsfield, Dalmacio, Derecho público eclesiástico. Relaciones del Estado con la Iglesia en la Antigua América Española, Buenos Aires, Centro Jurídico y de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1889, p. 215 [N. del E.: ver también aquí {edición digitalizada por Google Books, pp. 153-154; última consulta: 7/11/2018}].
84. Esquivel advierte que “oficialmente no se ha determinado todavía cuáles son las órdenes establecidas en el país antes y después de sancionada la Constitución. Las autoridades eclesiásticas mantienen relaciones con las siguientes órdenes existentes en la ciudad de Buenos Aires: Franciscanos, Dominicos, Mercedarios, Carmelitas, Capuchinos, Asuncionsitas de Tierra Santa, Agustinos, Jesuitas, Escolapios, Lateranienses, Misioneros del Corazón de María, Lazaristas, Lacorderistas, Bayoneis, Lourdistas, del Santísimo Sacramento, Trinitarios, Redentoristas, Pañonistas, Benedictos, Salesianos y del Verbo Divino. Son veintidós de las cuales seguramente sólo las tres primeras existen desde antes de la sanción de la Constitución, habiéndose establecido las demás clandestinamente, pues es bien sabido que el Congreso no ha dictado jamás una ley autorizando el establecimiento en el país de una nueva orden religiosa” (Esquivel, ob. cit. [cfr. nota 61], pp. 285-286; el resaltado es nuestro).
85. Ver CSJN, 26/2/1932, “Ponce de León, Isidora” (Fallos, t. 163, p. 367), sentencia que reconoció el carácter de orden preconstitucional al Convento de las Carmelitas Descalzas o Monjas Teresas, en la cual además se resolvió que tal reconocimiento alcanzaba a la “orden” como institución de derecho canónico y no solo a la casa religiosa en cuestión. [N. del E.: ver aquí; última consulta: 7/11/2018].
86. Ver Decreto 29153/1933 (BO 5/10/1933), que reconoció el carácter de orden preconstitucional a la Orden de los Carmelitas Descalzos; Decreto 19321/1938 (BO 17/12/1938), que efectuó similar reconocimiento a los agustinos; y Decreto 71131/1935 (BO 5/2/1936), que lo hizo respecto de los frailes menores capuchinos; por Decreto 2376/1992, se le reconoció a la Provincia Bonaerense de la Congregación del Santísimo Redentor; por Decreto 805/1994, se le reconoció a la abadía Gaudium Marieae de monjas benedictinas; mediante Decreto 912/1995 se reconoció a la Abadía San Benito de la Orden Benedictina.
87. En el siglo XIX, era común que los superiores provinciales presentasen al Gobierno Nacional sus patentes de nombramiento no obstante emanar de los superiores de la orden y no del papa para obtener igualmente su pase o exequátur, que en general era otorgado por el Gobierno Nacional, o a veces con intervención de la CSJN en los términos del antiguo art. 86 inc. 9 de la Constitución (Heredia, Carlos y Navarro Floria, Juan G., ob. cit. [cfr. nota 75], p. 32).
88. En el ámbito de la Capital Federal, quedaron sometidas al control de la Inspección General de Justicia, que, mediante su Resolución General 6/1980, estableció en art. 109: “Órdenes religiosas. Existencia preconstitucional. Obligaciones. Libros. Las órdenes religiosas de existencia preconstitucional, que han sido reconocidas en el carácter de personas jurídicas por expresa autorización estatal, están obligadas a cumplir, en lo pertinente, con las disposiciones legales y/o reglamentarias que rigen en el caso de las demás entidades civiles y, por ende, con las disposiciones pertinentes sobre tenencia y rúbrica de libros”.
89. Ver Vélez Sarsfield, Dalmacio, ob. cit. (cfr. nota 80).
90. A pesar de la discrepancia entre los estatutos aprobados por la autoridad eclesiástica y los presentados a las autoridades civiles, algunos autores como Iribarne lo aconsejaban, para evitar el escrutinio de la autoridad administrativa respecto de las reglas ya aprobadas en el seno de la Iglesia situación que, en muchos casos, hubiera provocado la dificultad para obtener la conformidad de la autoridad secular respecto de los textos aprobados por la autoridad eclesiástica (Iribarne, Ramón, Personalidad jurídica de las comunidades religiosas, Córdoba, 1958, p. 112).
91. Ver Raffo Benegas, Patricio y otros, [comentario al art. 33], en Llambías, J. J. (dir.), Código Civil anotado. Doctrina. Jurisprudencia, t. 1, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1978, pp. 76-77; Lavalle Cobo, Jorge E., [comentario al art. 33], en Belluscio, A. C. (dir.) y Zannoni, E. A. (coord.), Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado, t. 1, Buenos Aires, Astrea, 1978, p. 152; Aráuz Castex, Manuel, Derecho civil. Parte general, t. 1, Buenos Aires, Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales, 1974, p. 454; Lloveras de Resk, María E., [comentario al art. 33], en Bueres, A. J. (dir.), y Highton, E. I. (coord.), Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, t. 1, Buenos Aires, Hammurabi, 1995, p. 313. Sobre el particular, llama la atención que los comentarios más actuales del art. 33 seguían citando, respecto de las instituciones bajo análisis, a las antiguas órdenes y congregaciones a tenor del CIC de 1917 [N. del E.: ver CIC de 1917 aquí {fuente no oficial; última consulta: 7/11/2018}], cuando a partir de 1983 ya teníamos un nuevo CIC, con una nomenclatura y una legislación nuevas.
92. [Cfr. la N. del E. en nota 34].
93. Acuerdo aprobado por la Ley 17032 (sancionada el 23/11/1966; BO 22/12/66; hoy J0640).
94. Ibídem.
95. “Los concordatos son pactos internacionales que celebra el Sumo Pontífice como soberano espiritual o como jefe del Estado del Vaticano con uno o varios Estados políticos determinados o sujetos del derecho internacional público. Un tratado es celebrado entre dos –o más– sujetos de derecho internacional público, en un Concordato uno de los sujetos necesaria y obligatoriamente es la Santa Sede” (Montilla Zavalía, Félix A., “Conceptos sobre el derecho concordatario. Las relaciones convencionales internacionales entre la Iglesia Católica y las sociedades políticas”, en La Ley, Buenos Aires, La Ley, t. 2002-D, p. 992).
96. Acuerdo de 1966, art. V: “El Episcopado Argentino puede llamar al país a las órdenes, congregaciones religiosas masculinas y femeninas y sacerdotes seculares que estime útiles para el incremento de la asistencia espiritual y la educación cristiana del pueblo.- A pedido del Ordinario del lugar, el Gobierno Argentino, siempre en armonía con las leyes pertinentes, facilitará al personal eclesiástico y religioso extranjero el permiso de residencia y la carta de ciudadanía”.
97. Ley 24483, art. 3: “Los sujetos a que se refiere el ar­tícu­lo 1, que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley gocen de personería jurídica bajo la forma de asociación civil u otra que no corresponda a su propia estructura canónica, y se inscriban en el registro, podrán transferir sus bienes registrables a nombre del Instituto de Vida Consagrada o Sociedad de Vida Apostólica inscrito, con exención de todas las tasas, impuestos y aranceles que graven la transmisión de bienes o su instrumentación y las actuaciones que ella origine, siempre que: a) La asociación o persona jurídica actualmente existente preste su expresa conformidad por medio de sus órganos facultados para disponer de tales bienes; y b) la transmisión se realice dentro del plazo de tres años a partir de la reglamentación de la presente ley. Cuando se haya optado por el procedimiento previsto en este ar­tícu­lo , la persona jurídica que reciba los bienes será solidariamente responsable con la persona transmitente por las deudas de ésta existentes a la fecha de la transmisión”.
98. CIC, c. 116.
99. Ver Crovi, Daniel, [comentario a los arts. 146-148], en Lorenzetti, R. L. (dir.), Código Civil y Comercial de la Nación comentado, t. 1, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2014, p. 588. En idéntico sentido se expresa Urbaneja, Aldo E., [comentario al art. 148], en Clusellas, E. G. (coord.), Código Civil y Comercial de la Nación comentado, anotado y concordado. Modelos de redacción sugeridos, t. 1, Buenos Aires, Astrea-Fen, 2015, p. 464.
100. Ver Boggiano, Antonio: a) “Presentación al derecho internacional a.D. 2000 en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Derecho de las relaciones entre los ordenamientos jurídicos”, en La Ley, Buenos Aires, La Ley, t. 2000-B, p. 1078, cita online AR/DOC/13023/2001; y b) “La Corte Suprema y el derecho de los tratados internacionales”, en La Ley, Buenos Aires, La Ley, 31/3/2015, t. 2015-B, p. 815, cita online AR/DOC/947/2015.
101. Barra, Rodolfo C., Tratado de derecho administrativo. Organización y función pública. La Iglesia, t. 2, Buenos Aires, Ábaco, 1998.
102. Recordemos que, en el tema en estudio, nos referimos fundamentalmente a la Ley 24483, a su Decreto Reglamentario 491/1995 y al ar­tícu­lo 146 CCCN.
103. Ver De Fuenmayor y Champin, Amadeo, Derecho eclesiástico del Estado español, Granada, Comares (colección “Religión, derecho y sociedad”), 2007, p. 64.
104. Ver: Beneyeto Berenguer, Remigio, ob. cit. (cfr. nota 5); De Fuenmayor y Champin, Amadeo, ob. cit. (cfr. nota 103); Fernández Arruty, José Á. y Larna Beldarrain, Javier (dirs.), Derecho eclesiástico, Madrid, Dykinson, 2004; Ferrer Ortiz, Javier (coord.), Derecho eclesiástico del Estado español, Pamplona, EUNSA, 2007 (6ª ed. renovada, a cargo del Instituto Martín de Azpilcueta); García Hervas, D. (coord.), Manual de derecho eclesiástico del Estado, Madrid, Colex, 1997; González del Valle, Juan M., Derecho eclesiástico español, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1997; Rodríguez Blanco, Miguel, Libertad religiosa y confesiones. El régimen jurídico de los lugares de culto, Madrid, Boletín Oficial del Estado, 2000; Ruano Espina, Lourdes, Régimen jurídico registral de los bienes de las confesiones religiosas y su tratamiento jurisprudencial, Navarra, Thomson-Aranzadi, 2005; Zalbidea, Diego, El control de las enajenaciones de bienes eclesiásticos. El patrimonio estable, Pamplona, EUNSA, 2008.
105. Cfr. nota 104.
106. Ver Boggiano, Antonio, ob. cit. (cfr. nota 100 a-b); Barra, Rodolfo C., ob. cit. (cfr. nota 101); y Casiello, Juan, ob. cit. (cfr. nota 31).
107. Barra, Rodolfo C., ob. cit. (cfr. nota 101), p. 364.
108. De Fuenmayor y Champin, Amadeo, ob. cit. (cfr. nota 103), p. 65.
109. Rodríguez Blanco, Miguel, ob. cit. (cfr. nota 104), p. 31.
110. A modo de ejemplo, pensemos en el art. 2011 inc. 6 CCIV, que prohi­bía a los que tuvieran órdenes sagradas ser fiadores salvo por sus iglesias, por otros clérigos o por personas desvalidas. En este caso, vemos cómo el legislador partió del concepto de clérigo (categoría regulada por el derecho canónico) para establecer una prohi­bición puramente por parte del derecho civil.
111. Podemos citar como supuesto de reenvío el c. 1290 CIC, cuyo texto dispone: “Lo que en cada territorio establece el derecho civil sobre los contratos, tanto en general como en particular, y sobre los pagos, debe observarse con los mismos efectos en virtud del derecho canónico en materias sometidas a la potestad de régimen de la Iglesia, salvo que sea contrario al derecho divino o que el derecho canónico prescriba otra cosa”. En el caso particular, el art. 147 CCCN remite respecto a los negocios jurídicos en los que interviene la Iglesia al derecho canónico, mientras que este efectúa un reenvío a lo que dispone la propia legislación argentina. De Paolis entiende que “con el reenvío a las leyes civiles, estas se vuelven efectivas también en el ordenamiento canónico, no en virtud de la autoridad del Estado, sino en virtud de la voluntad de la Iglesia: las leyes civiles producen efectos en el ordenamiento canónico sin entrar, por otro lado, a formar parte del mismo […] se trata de reconocer el valor normativo de la ley civil también para los súbditos del ordenamiento canónico, en cuanto estos son también súbditos del ordenamiento civil: el legislador canónico no hace otra cosa que recordar la obligación que los fieles tienen de observar, como ciudadanos la ley civil” (De Paolis, Velasio, Los bienes temporales de la Iglesia, Madrid, BAC, 2012, pp. 35-42).
112. La normativa canónica no podría establecer la existencia de bienes absolutamente inenajenables, o inembargables, o inejecutables, sustrayéndolos de manera total del comercio.
113. Villar Pérez, Andrés, “Naturaleza de la licencia canónica de enajenación y su eficacia civil”, en Revista Española de Derecho Canónico, Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca, v. 53, Nº 141, 1996, pp. 515-551. [N. del E.: ver aquí; última consulta: 7/11/2018].
114. Rodríguez Blanco, Miguel, ob. cit. (cfr. nota 104), p. 32.
115. El reenvío se divide en grados, que pueden ser: a) de primer grado; también llamado reenvío simple, cuando la regla de conflicto del tribunal juzgador considera competente la regla de conflicto extranjera, que a su vez señala como competente la regla de conflicto del propio tribunal juzgador; b) de segundo grado o reenvío ulterior, aquí la norma de conflicto del segundo país remite no a la ley del juez que conoce del asunto sino a la ley de un tercer país. Sin embargo, algunos autores consideran que existen hasta tercer o cuarto grado según se dé el reenvío.
116. Ver Boggiano, Antonio, obs. cits. (cfr. nota 100 a-b), entre otras.
117. Constitución Nacional, art. 2.
118. Constitución Nacional, art. 75 inc. 22.
119. En el caso particular, Boggiano menciona el art. 230 del Código Velezano, que niega la indisolubilidad del matrimonio canónico (ver Boggiano, Antonio, ob. cit. [cfr. nota 100-a]).
120. Como pauta interpretativa advierte “si, por ejemplo, una sanción canónica se aplicara sin respeto por los derechos fundamentales de defensa y arbitrariamente, tal sanción sería judicialmente revisable ante los jueces estatales, pues no hay en el estado argentino espacios liberados de no derecho” (cf. ar­tícu­lo citado en nota 100-a).
121. CSJN, 22/10/1991, “Lastra, Juan c/ Obispado de Venado Tuerto” (Fallos, t. 314, p. 1324; El Derecho, t. 145, p. 493; Doctrina Judicial, 1992-1, p. 162; Jurisprudencia Argentina, t. 1991-IV, p. 340, cita online AR/JUR/829/1991 [N. del E.: ver aquí; última consulta: 7/11/2018]).
122. Boggiano, Antonio, ob. cit. (cfr. nota 100-a).
123. Ibídem.
124. Ver fundamentos del Decreto.
125. Decretos 230/1973 y 1475/1988.
126. Diócesis y equiparadas a tenor del c. 368 CIC.
127. Recordemos que la constitución jerárquica de la Iglesia se basa en los sacramentos del bautismo y del orden sagrado.
128. A modo de ejemplo, podemos citar el art. II del Acuerdo de 1966: “La Santa Sede podrá erigir nuevas circunscripciones eclesiásticas, así como los límites de las existentes o suprimirlas, si lo considerare necesario o útil para la asistencia de los fieles y el desarrollo de su organización. Antes de proceder a la erección de una Diócesis o de una Prelatura o de otros cambios de circunscripciones diocesanas, la Santa Sede comunicará confidencialmente al Gobierno sus intenciones y proyectos a fin de conocer si éste tiene observaciones legítimas, exceptuando el caso de mínimas rectificaciones territoriales requeridas por el bien de las almas. La Santa Sede hará conocer oficialmente en su oportunidad al Gobierno las nuevas erecciones, modificaciones o supresiones efectuadas, a fin de que éste proceda a su reconocimiento por lo que se refiere a los actos administrativos. Serán también notificados al Gobierno las modificaciones de los límites de las Diócesis existentes” (el resaltado es nuestro).
129. Algunos autores entienden que las órdenes y congregaciones preconstitucionales son personas jurídicas de carácter público, mientras que las que han recibido reconocimiento estatal a tenor de la Ley 24483, por imperio del art. 148 inc. i CCCN, son personas jurídicas de carácter privado (ver Montilla Zavalía, Félix A., “La subjetividad de la Iglesia Católica en el derecho argentino conforme al Código Civil y Comercial. Breves consideraciones respecto de los arts. 146 y 148”, en El Derecho, Buenos Aires, UCA, t. 259, p. 859). Disentimos de esta posición no solo por lo que ya expusimos en cuanto a que las formas de vida consagrada forman parte de la estructura constitucional de la Iglesia de acuerdo con el magisterio pontificio de Juan Pablo II y de Francisco, sino porque nos parece una contradicción que un IVC, por el hecho de haber ingresado al país antes de la sanción de la Constitución Nacional, resulte una persona jurídica pública en tanto que otro, de igual naturaleza jurídica, por el solo hecho de ser posterior a la sanción del texto constitucional, resulte una persona jurídica privada.
130. Ley 24483, art. 1: “A los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica que gocen de personalidad jurídica pública en la Iglesia Católica, admitidos por la autoridad eclesiástica competente conforme al ar­tícu­lo V del Acuerdo entre la República Argentina y la Santa Sede aprobado por la Ley 17032, les será reconocida la personalidad jurídica civil por su sola inscripción en un registro que se llevará en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. El mismo régimen se aplicará a las distintas provincias o casas que gocen de personalidad jurídica autónoma, conforme a sus reglas, constituciones o estatutos y lo pidan expresamente” (el resaltado es nuestro).
131. López Alarcón, Mariano, “Algunas consideraciones sobre el régimen jurídico de las entidades eclesiásticas católicas”, AA.VV, Estudios de derecho canónico y derecho eclesiástico en homenaje al profesor Maldonado, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1983, p. 384.
132. Más aún cuando los arts. 6 y 11 del Decreto 491/1995 establecen que, para la oponibilidad a terceros, los IVC y SVA que pretendan el reconocimiento estatal de su personería deben presentar copia de sus constituciones vigentes o derecho particular, así como de sus modificaciones para que dicho derecho particular sea oponible a terceros.
133. P. ej., su inclusión dentro de las categorías de bienes sagrados o preciosos, ex votos, diversos tipos de lugares sagrados, etc., que surgen del CIC y del CCEO.
134. Garceranth Ramos concluye, respecto de los bienes de los institutos religiosos, que “aunque a esta clase de bienes se aplica la normativa general establecida en el Libro V del CIC 83, De los Bienes Temporales de la Iglesia, también se les aplican, de manera específica, los cánones del CIC 83, Libro II: Pueblo de Dios, Parte III: De los Institutos de Vida Consagrada y de las Sociedades de Vida Apostólica, Sección I, De los Institutos de Vida consagrada, Título II: De los Institutos Religiosos, Capítulo II: Del gobierno de los institutos, Art. 3: De los bienes temporales y de su administración” (Garceranth Ramos, Ismael A., “Los actos de administración ordinaria y extraordinaria de los bienes temporales de institutos religiosos. Del CIC17 al CIC83” [online], en Revista Universitas Canónica, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, vol. 33, Nº 49, 2016 [última consulta: 7/11/2018]).
135. Ërdo expresa que el Concilio Vaticano II confirma la capacidad patrimonial de la Iglesia, aunque conectada con su especial misión y fines (Ërdo, Peter, “Chiesa e beni temporali: Principi fondamentali del Magisterio del Concilio Vaticano II”, en Velasio de Paolis [coord.], I beni temporali della Chiesa, Vaticano, Librería Editrice Vaticana, 1999, p. 22).
136. CIC, c. 1254, §1: “Por derecho nativo, e independiente de la potestad civil, la Iglesia Católica puede adquirir, retener, administrar y enajenar bienes temporales para alcanzar sus propios fines”.
137. CIC, c. 1254, §2.
138. Pérez de Heredia y Valle, I., Libro V del CIC. Bienes temporales de la Iglesia, Valencia, Instituto Diocesano de Estudios Canónicos, 2002, p. 46.
139. CIC, c. 116: “§1. Son personas jurídicas públicas las corporaciones y fundaciones constituidas por la autoridad eclesiástica competente, para que, dentro de los límites que se les señalan, cumplan en nombre de la Iglesia, a tenor de las prescripciones del derecho, la misión que se les confía mirando al bien público; las demás personas jurídicas son privadas. §2. Las personas jurídicas públicas adquieren esta personalidad, bien en virtud del mismo derecho, bien por decreto especial de la autoridad competente que se la conceda expresamente; las personas jurídicas privadas obtienen esta personalidad sólo mediante decreto especial de la autoridad competente que se la conceda expresamente”. Así, a modo de ejemplo, y citando a Beneyto Berenguer, podemos hacer la siguiente enunciación ejemplificativa de personas jurídicas públicas eclesiásticas: “son personas jurídicas eclesiásticas públicas ipso iure, siguiendo a Giuseppe Dalla Torre, las iglesias particulares (c. 373), las provincias eclesiásticas (c. 432.2), las conferencias episcopales (c. 449.2), las parroquias (c. 515.3), los seminarios (c. 238.1), los institutos religiosos, sus provincias y casas (c. 634.2) Entre las personas jurídicas eclesiásticas públicas que pueden adquirir personalidad jurídica pública por decreto especial de la autoridad eclesiástica competente se encuentran las regiones eclesiásticas (c. 433.2), las conferencias de superiores mayores (c. 709), la universidad católica (c.807), y las universidades y facultades eclesiásticas (cc. 815-816), las asociaciones públicas de fieles (c. 301.3), las fundaciones pías autónomas (c. 1303.1). Todos los bienes pertenecientes a esas personas jurídicas eclesiásticas públicas constituyen patrimonio eclesiástico. Son bienes eclesiásticos” (Beneyto Berenguer, Remigio, ob. cit. [cfr. nota 5], pp. 23 y 24; el resaltado es nuestro).
140. CIC, c. 1273: “En virtud de su primado de régimen, el Romano Pontífice es el administrador y distribuidor supremo de todos los bienes eclesiásticos”. Esto significa que su potestad no es dominical, como si el Pontífice fuera el dueño de los bienes eclesiásticos; es una manifestación de su potestad de régimen: por un lado, no anula la propiedad privada eclesiástica; por el otro, actúa para que los bienes cumplan con el fin sobrenatural que es propio de la Iglesia, vigilando, interviniendo y supliendo la actuación de sus propietarios, dado que dicho dominio no es del todo independiente en su administración de la potestad pontificia (ver Aznar Gil, Federico, La administración de los bienes temporales de la Iglesia, Salamanca, BAC, 1984, pp. 68-70).
141. Giménez Fernández, resaltando esa mayor amplitud del concepto canónico de la enajenación, señaló que este concepto engloba diversos actos jurídicos: “a) El acto jurídico que hace salir una cosa del matrimonio eclesiástico (venta, donación, cesión en pago). b) El que transmite un derecho real sobre un inmueble eclesiástico (servidumbre, uso, habitación). c) El que crea un derecho real, aún pendiente de condición suspensiva para su ejercicio, como los de garantía (prenda, hipoteca). d) El que transfiere el uso establemente si lo es por largo tiempo. e) Cualquier otro que perjudica el patrimonio eclesiástico, creando un derecho sobre él, que disminuye su disfrute por el titular” (Giménez Fernández, M., Instituciones jurídicas de la Iglesia Católica, Madrid, Saeta, 1942, pp. 115-197).
142. CIC, c. 1277: “Por lo que se refiere a la realización de actos de administración que, atendida la situación económica de la diócesis, sean de mayor importancia, el Obispo diocesano debe oír al consejo de asuntos económicos y al colegio de consultores; pero, aparte de los casos especialmente determinados en el derecho universal o en la escritura de fundación, necesita el consentimiento del mismo consejo así como del colegio de consultores para realizar los actos de administración extraordinaria. Compete a la Conferencia Episcopal determinar qué actos han de ser considerados de administración extraordinaria”.
143. CIC, c. 1281 §2: “Debe determinarse, en los estatutos, qué actos sobrepasan el límite y el modo de la administración ordinaria; y si los estatutos no prescriben nada sobre esta cuestión, compete al Obispo diocesano, oído el consejo de asuntos económicos, determinar cuáles son estos actos para las personas que le están sometidas”.
144. La Conferencia Episcopal Argentina, con relación a los cáns. 1277 y 1292 §1 del CIC, ha establecido: “a) enajenación o transferencia de dominio por venta o donación; b) transferencia de alguna facultad que corresponda al dominio; c) cesión onerosa o gratuita de derechos reales, como ser, servidumbre, hipoteca, enfiteusis; d) adquisición onerosa de nuevos bienes patrimoniales; e) adquisición onerosa de bienes de producción; f) aceptación de legados onerosos, de prestaciones vitalicias o de depósitos de terceros; g) locación extraordinaria por causa del tiempo o del uso, arrendamiento o aparcería; h) administración de bienes de terceros; i) concesión de rentas vitalicias; j) concesión de fianzas y de mandatos ad omnia, k) contratación de préstamos de consumo o de uso; l) transformación y demolición de inmuebles, cuando no sean urgentes o imprescindibles” (decreto aprobado 58ª AP [1989], reconocido el 2/12/1989 y promulgado el 6/3/1990).
145. Morrisey, F., [comentario al c. 638], en Marzoa, A., Miras, J. y Rodríguez-Ocaña, R. (dirs.), Comentario exegético al Código de Derecho Canónico del Instituto Marín de Azpilcueta de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra, t. II-2, Pamplona, EUNSA, 3ª ed., p. 1604.
146. El reciente documento pontificio de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica ya citado así lo dispone al señalar que el dicasterio competente parar entender en las autorizaciones que ha de otorgar la Santa Sede tiene como praxis habitual adecuarse para cada región a la cantidad máxima fijada por las Conferencias Episcopales (ver Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, ob. cit. [cfr. nota 4-b]). En nuestro país, la suma que originariamente servía de límite era la de U$S 200.000, que contiene la suma pecuniae per tabellam diversarum regionum ordinata, ultra quam requiritur beneplacitum apostolicum ad bona ecclesiastica religiosa alienda, aliosque contractus onerosos extraordinariae administrationis pergendos (ver Ochoa, X., Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici Editae, t. 6 [“Leges Annis 1979-1985”], Roma, Edurcla, 1987, p. 9045). Tal suma también es reseñada por Aznar Gil, F., ob.cit. (cfr. nota 139), p. 352; aunque por el importe de U$S 300.000. En reciente consulta efectuada por quienes suscriben a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, con la colaboración de la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Católica Argentina, hemos podido confirmar que la suma de U$S 300.000 se mantiene como importe señalado por la Santa Sede para nuestro país.
147. CIC, c. 620: “Son Superiores mayores aquellos que gobiernan todo el instituto, una provincia de éste u otra parte equiparada a la misma, o una casa autónoma, así como sus vicarios. A éstos se añaden el Abad Primado y el Superior de una congregación monástica, los cuales, sin embargo, no tienen toda la potestad que el derecho universal atribuye a los Superiores mayores”. C. 621: “Se llama provincia al conjunto de varias casas erigido canónicamente por la autoridad legítima que forma parte inmediata de un instituto, bajo un mismo Superior”. C. 622: “El Superior general tiene potestad, que ha de ejercer según el derecho propio, sobre todas las provincias, casas y miembros del instituto; los demás Superiores la tienen dentro de los límites de su cargo”.
148. Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, ob. cit. (cfr. nota 4-b), pp. 92-94.
149. Andrés, D. J., El derecho de los religiosos según el Código, Madrid, Marcial, 1985, pp. 213-217.
150. El c. 127 es de importancia capital en cuestiones donde deben intervenir órganos colegiados. Su texto dispone: “§1. Cuando el derecho establece que, para realizar ciertos actos, el Superior necesita el consentimiento o consejo de algún colegio o grupo de personas, el colegio o grupo debe convocarse a tenor del c. 166, a no ser que, tratándose tan sólo de pedir el consejo, dispongan otra cosa el derecho particular o propio; para la validez de los actos, se requiere obtener el consentimiento de la mayoría absoluta de los presentes, o bien pedir el consejo de todos. §2. Cuando el derecho establece que, para realizar ciertos actos, el Superior necesita el consentimiento o consejo de algunas personas individuales: 1) si se exige el consentimiento, es inválido el acto del Superior en caso de que no pida el consentimiento de esas personas, o actúe contra el parecer de las mismas o de alguna de ellas; 2) si se exige el consejo, es inválido el acto del Superior en caso de que no escuche a esas personas: el Superior, aunque no tenga ninguna obligación de seguir ese parecer, aun unánime, no debe sin embargo apartarse del dictamen, sobre todo si es concorde, sin una razón que, a su juicio, sea más poderosa. §3. Todos aquellos cuyo consentimiento o consejo se requiere están obligados a manifestar sinceramente su opinión, y también, si lo pide la gravedad de la materia, a guardar cuidadosamente secreto, obligación que el Superior puede urgir” (el resaltado es nuestro).
151. Mantecon, Joaquín, [comentario al c. 1292], en Marzoa, A., Miras, J. y Rodríguez-Ocaña, R. (dirs.), Comentario exegético al Código de Derecho Canónico del Instituto Marín de Azpilcueta de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra, t. IV-1, Pamplona, EUNSA, 3ª ed., p. 159.
152. A tenor del c. 475 y ss., se regula la función de los vicarios, es decir, de aquellos clérigos que auxilian al obispo en el gobierno de los asuntos diocesanos y que son designados y nombrados libremente por él. La diferencia entre los vicarios generales y episcopales radica en que los primeros tienen potestades generales, en tanto los segundos ejercen su potestad en un ámbito específicamente delimitado. Ambos tienen en común que no actúan en nombre propio sino en nombre y por la potestad propia del obispo diocesano, no como algo propio de la persona que lo desempeña, sino como una potestad que se tiene recibida mediante la desconcentración de funciones.
153. El texto en latín establece: “Si vero ad personam iuridicam ecclesiasticam publican pertinent, tanto ab alia persona iuridica ecclesiastica publica adquiri possunt” (el resaltado es nuestro).
154. Rodríguez Blanco advierte que “para el derecho canónico, tanto bajo la vigencia del Código anterior como en el régimen actual, las cosas sagradas son susceptibles de negocios jurídicos, siempre que se cumplan determinadas formalidades, destinadas, principalmente, a garantizar el destino cultural […]. Centrándonos en el aspecto que aquí interesa resaltar, debe decirse en caso de ausencia de la preceptiva licencia canónica, el acto jurídico enajenatorio será radicalmente nulo. Ineficacia del negocio jurídico que se traslada al plano civil o estatal, al regirse los entes eclesiásticos por sus propias normas en orden a su capacidad de obrar” (Rodríguez Blanco, Miguel, ob. cit. [cfr. nota 104], pp. 231 y ss.).
155. Aunque suelen ser identificadas en el lenguaje coloquial como la iglesia o capilla del convento, o la capilla del colegio, etc., en realidad nos estamos refiriendo a “oratorios”, es decir, a lugares que, según establece el c. 1223, están destinados al culto divino en beneficio de una comunidad y cuya dedicación, como lugar sagrado, proviene de la licencia del Ordinario competente.
156. Tirapu advierte que “son cosas sagradas aquellas cosas muebles o inmuebles que con la consagración o la bendición han sido destinadas al culto divino (c. 1171). No se trata de un tipo especial de bienes eclesiásticos […] aunque están sujetos a un carácter especial por su carácter de sagrados. Señala Aznar Gil que la «la consagración o bendición imprimen a la cosa en sí misma un carácter espiritual y la colocan en una condición jurídica particular, distinguiéndola de las cosas profanas y apartándolas de usos profanos o impropios […] Las cosas sagradas por su misma significación deben ser tratadas con reverencia y no deben emplearse para un uso profano o impropio independiente de su titular jurídico (cc. 1171, 1260)»” (Tirapu, Daniel, [comentario al c. 1269], en Marzoa, A., Miras, J. y Rodríguez-Ocaña, R. [dirs.], Comentario exegético al Código de Derecho Canónico del Instituto Marín de Azpilcueta de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra, t. IV-1, Pamplona, EUNSA, 3ª ed., pp. 94 y 95).
157. Rodríguez Blanco señala que “el destino cultual de un bien […] condiciona las facultades del propietario, que si bien puede enajenar el inmueble, quizá no pueda sustraerlo a su utilización religiosa; limitación que se puede extender, en su caso, al adquirente. El propietario ocupa aquí una posición parecida a la del titular de un bien gravado con una hipoteca o sobre la que un tercero tiene derecho de usufructo. No se cuestiona la titularidad ni la comercialidad del bien, pero éste se encuentra sujeto a determinadas obligaciones” (Rodríguez Blanco, Miguel, ob. cit. [cfr. nota 104], pp. 232-233).
158. CIC, c. 1212.
159. Es el organismo competente como autoridad de aplicación del régimen previsto por la Ley 24483 (en adelante, “el Registro”).
160. Ley 24483, art. 1: “A los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica que gocen de personalidad jurídica pública en la Iglesia Católica, admitidos por la autoridad eclesiástica competente conforme al ar­tícu­lo V del Acuerdo entre la República Argentina y la Santa Sede aprobado por la Ley 17032, les será reconocida la personalidad jurídica civil por su sola inscripción en un registro que se llevará en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.- El mismo régimen se aplicará a las distintas provincias o casas que gocen de personalidad jurídica autónoma, conforme a sus reglas, constituciones o estatutos y lo pidan expresamente”.
161. Ley 24483, art. 4: “Los sujetos mencionados en el ar­tícu­lo 1, una vez inscriptos, serán a todos los efectos considerados entidades de bien público y equiparados a las órdenes religiosas existentes en el país antes de la sanción de la Constitución Nacional. Conservarán todas las exenciones y beneficios de que gozaban las asociaciones o personas jurídicas preexistentes, a las que se refiere el ar­tícu­lo anterior”.
162. Ley 24483, art. 3: “Los sujetos a que se refiere el ar­tícu­lo 1, que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley gocen de personería jurídica bajo la forma de asociación civil u otra que no corresponda a su propia estructura canónica, y se inscriban en el registro, podrán transferir sus bienes registrables a nombre del Instituto de Vida Consagrada o Sociedad de Vida Apostólica inscrito, con exención de todas las tasas, impuestos y aranceles que graven la transmisión de bienes o su instrumentación y las actuaciones que ella origine, siempre que: a) La asociación o persona jurídica actualmente existente preste su expresa conformidad por medio de sus órganos facultados para disponer de tales bienes; y b) La transmisión se realice dentro del plazo de tres años a partir de la reglamentación de la presente ley. Cuando se haya optado por el procedimiento previsto en este ar­tícu­lo , la persona jurídica que reciba los bienes será solidariamente responsable con la persona transmitente por las deudas de ésta existentes a la fecha de la transmisión”.
163. Ver Decreto 491/1995, art. 1.
164. Decreto 491/1995, art. 6: “Son requisitos para la inscripción en el Registro De Institutos De Vida Consagrada: a) Presentar copia del Decreto de erección dado por autoridad eclesiástica competente, de sus constituciones vigentes, y del acto de aprobación de ellas otorgado por la autoridad eclesiástica competente. b) Acreditar el consentimiento de la autoridad eclesiástica competente conforme al art. V del acuerdo aprobado por la Ley Nº 17.032, para establecerse en la República Argentina. c) Presentar una memoria donde se detalle la estructura del instituto, su forma de gobierno, autoridad suprema y autoridades locales y competencia de cada una de ellas, procedimientos para la modificación de sus constituciones, fecha de instalación en el país, principales actividades que desarrolla, y casas o fundaciones actuales. d) Acreditar la elección o designación del superior mayor con sede en la REPUBLICA ARGENTINA, y el plazo de su mandato. e) Establecer una sede legal (domicilio) en el país, y constituir domicilio especial para notificaciones en el ámbito de la Capital Federal. f) Si hasta la fecha de presentación hubiese actuado bajo la forma de asociación civil u otra semejante, acompañar copia de los estatutos civiles y del acto de reconocimiento civil de esa persona; y del acto por el que hubiera sido reconocida como entidad de bien público en su caso, así como de toda otra inscripción vigente ante los poderes públicos”.
165. A modo de ejemplo, citamos la Resolución SC 317/2017 (11/12/2017, BO 29/12/2017), mediante la cual la Secretaría de Culto reconoció como persona jurídica al Instituto Hijas del Santísimo e Inmaculado Corazón de María o Filiación Cordimariana, con sede legal en la calle Tucumán Nº 2207 de la ciudad y provincia de Córdoba, el que quedó inscripto bajo el 219/1 del Registro.
166. Decreto 491/1995, art. 13: “El superior mayor o autoridad responsable de cada instituto inscripto, designada según el ar­tícu­lo 6º, deberá registrar su firma en el Registro de Institutos de Vida Consagrada. Podrá también pedir el registro de firma de otras personas autorizadas a representar al instituto ante la autoridad civil. El Registro de Institutos de Vida Consagrada no dará curso a ninguna presentación de institutos inscriptos que no esté suscripta por alguna de las personas con firma registrada” (el resaltado es nuestro). Esto es de suma importancia ya que permite tener actualizada la información de quiénes son las autoridades que representan estas personas jurídicas.
167. Pensemos en el caso de IVC y SVA que son titulares de instituciones educativas o sanitarias y que deben presentar documentación ante diversas reparticiones públicas del Estado Nacional o de las provincias, municipios o entes descentralizados.
168. CCCN, art. 307: “Documentos habilitantes. Si el otorgante de la escritura es un representante, el escribano debe exigir la presentación del documento original que lo acredite, el que ha de quedar agregado al protocolo, excepto que se trate de poderes para más de un asunto o de otros documentos habilitantes que hagan necesaria la devolución, supuesto en el cual se debe agregar copia certificada por el escribano. En caso de que los documentos habilitantes ya estén protocolizados en el registro del escribano interviniente, basta con que se mencione esta circunstancia, indicando folio y año”.
169. Acquarone, aunque circunscribiendo su presentación al ámbito de las sociedades extranjeras, expresa: “Creemos que hay situaciones en la representación orgánica en las que la documentación original no se puede presentar. Es el caso de las sociedades extranjeras que son representadas por su representante orgánico designado en actas de libros que se encuentran en otro país. Puede haber otras situaciones ya sea de distancia o por encontrarse en depósito forzoso en una jurisdicción distinta al que se hace la escritura donde debe acreditarse, en las que no se puede acompañar la documentación original” (Acquarone, María T., “Legitimación de los representantes. Documentación habilitante art. 307 Código Civil y Comercial”, Buenos Aires, [s.e.], 2017 [ponencia presentada en las XXVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil {La Plata, 2017}]; ver online aquí[última consulta: 7/11/2018]).
170. Cf. Beneyto Berenguer, Remigio, ob. cit. (cfr. nota 5), p. 177.
URL to article: http://www.revista-notariado.org.ar/2018/12/enajenacion-de-bienes-inmuebles-por-institutos-de-vida-consagrada-y-sociedades-de-vida-apostolica-ivc-y-sva/

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