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Timestamp: 2019-08-20 22:25:18+00:00

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STC 32/1996, 27 de Febrero de 1996 - Jurisprudencia - VLEX 15355392
STC 32/1996, 27 de Febrero de 1996
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 28/1994
Sentencia citada en: 4018 sentencias, 9 artículos doctrinales, una resolución administrativa
En el recurso de amparo núm. 28/94, interpuesto por don Fernando C. A. representado por el Procurador de los Tribunales don Víctor Requejo Calvo y asistido del Letrado Sr. Hermosilla, contra los Autos dictados por el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de los de Madrid, de fechas 2 de diciembre de 1993 y 22 de diciembre siguiente. Ha comparecido el Ministerio Fiscal y la entidad mercantil «Invermar, S. A.», representada por el Procurador de los Tribunales don José Alberto Azpeitia Sánchez y asistida por el Letrado don Luis Tena Paz. Ha sido Ponente el Magistrado don Javier Delgado Barrio, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante demanda que tuvo su entrada en este Tribunal el 5 de enero de 1994 y que fue presentada en el Juzgado de Guardia de esta capital el día 3 anterior, don Víctor R. C. Procurador de los Tribunales y de don Fernando C. A. interpuso recurso de amparo contra el Auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de los de Madrid el día 2 de diciembre de 1993.
a) El actor impugnó los acuerdos sociales adoptados en la Junta General de Accionistas de la entidad «Invermar, S. A.», solicitando su nulidad en el procedimiento civil núm. 925/88 de cuantía indeterminada tramitado en el referido Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Madrid.
c) Practicada la tasación de costas se impugnaron los honorarios del Letrado de «Invermar, S. A.», por indebidos. Para ello se utilizó el procedimiento incidental previsto al efecto, que terminó con Sentencia de 31 de enero de 1992, estimatoria de la demanda. Dicha resolución fue a su vez revocada por otra de la Audiencia Provincial de fecha 30 de junio de 1993, que declaró procedente la partida impugnada «debiéndose decidir por el Juzgado sobre la cuantía de la misma, al haber sido también impugnada por excesiva, sin que sobre el referido extremo quepa recurso».
d) Presentadas las alegaciones de las partes sobre este extremo, el 2 de diciembre de 1993 se dictó Auto en el que se afirma que ninguna de las partes impugnó la cantidad propuesta por el Juzgado -1.560.373 pesetas-, por lo que se aprobó la tasación con carácter definitivo.
Sin embargo, el recurrente había ya impugnado la cuantía de los honorarios del Letrado de «Invermar, S. A.», por excesivos mediante escrito de 27 de mayo de 1991 y posteriormente, el 13 de septiembre de 1993, había solicitado la aplicación del art. 523.4 L.E.C., fijando la cuantía de los honorarios en 333.333 pesetas.
Destaca en primer lugar el recurrente la importancia del derecho de audiencia, que consiste esencialmente, en que el juzgador tome conocimiento de las alegaciones de las partes, para que pueda dictar la resolución más ajustada a derecho posible, con respeto al principio de contradicción.
En el presente caso, al decir expresamente el Juez en el Auto impugnado, que «no habiéndose impugnado (la tasación de costas), por las partes, se está en el caso de tenerles por conformes tácitamente», se está desvirtuando la exigencia contenida en el art. 426 de la L.E.C. Este precepto dispone que de la tasación de costas se dará vista a las partes por término de tres días, «lo que fue realmente incumplido, más allá de la formalidad procesal, cuando el propio Juez reconoce que no ha tenido en cuenta para nada la impugnación y, más aún, que no ha tenido conocimiento de que la parte haya hecho uso de ese derecho para oponerse a la tasación». En definitiva, con este proceder, el Juez causó un perjuicio material y real en el derecho de defensa del recurrente.
En opinión del recurrente, este nuevo Auto, no sólo no repara la anterior lesión del derecho invocado, sino que por sí mismo vulnera el derecho reconocido en el art. 24.1 C.E., consistente en la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes, pues el error material no puede sobrepasar, como se pretende en este caso, el ámbito de un error mecanográfico o de transcripción o aritmético. Al no tratarse de un error material, en todo caso, dicha rectificación debería haberse hecho por el cauce del recurso de aclaración, para lo cual la ley concede el plazo de un día, que ya había transcurrido cuando se advirtió la contradicción. A mayor abundamiento, en el referido Auto de 22 de diciembre, no se hizo mención alguna a otra afirmación contenida en el Auto antecedente, y que por lo tanto hay que considerar vigente, en la que literalmente se afirma que «se está en el caso de tenerles por conformes tácitamente», frase que en el referido Auto sirve para concluir a continuación «y por ende aprobarla de conformidad con el art. 428 de la L.E.C., ello sin ulterior recurso».
5. En virtud de providencia de fecha 3 de noviembre de 1994, la Sección acordó tener por recibido el testimonio de las actuaciones remitidas por los órganos judiciales intervenientes y ponerlo en su conocimiento, así como tener por personado y parte al Procurador de los Tribunales Sr. Azpeitia Sánchez en nombre y representación de la entidad «Invermar, S. A.», que lo solicitó mediante escrito presentado en este Tribunal el 30 de septiembre de 1994.
6. En representación de la entidad «Invermar, S. A.», don José A. A. Procurador de los Tribunales, presentó sus alegaciones ante este Tribunal el 25 de noviembre de 1994 solicitando la desestimación de la demanda.
Si bien es cierto que en el Auto del Juzgado de 2 de diciembre de 1993 se cometió el error de decir que «dada vista a las partes por su orden y término de tres días para que, en su caso, la impugnara, ninguna se ha opuesto», cuando realmente el demandante de amparo había manifestado su disconformidad, también es cierto que mediante escrito de 29 de diciembre de 1993, por «Invermar, S. A.», se solicitó la rectificación de ese error, a lo que accedió el Juzgado mediante Auto de 22 de diciembre de 1993.
En esta última resolución, expresamente se hacía constar que «en la resolución de fecha 2 de diciembre corriente, se ha padecido un error al manifestarse en su único fundamento jurídico, que la tasación de costas no había sido impugnada, cuando lo cierto es que fue objeto de impugnación la misma, al considerar la parte actora que la minuta de honorarios presentados de contrario eran excesivos e indebidos, dándose a dicho incidente la tramitación correspondiente que marca la ley, por lo que de conformidad con lo establecido en el art. 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, procede subsanar el error padecido en la fundamentación jurídica de dicha resolución».
En opinión del Ministerio Público, no es posible extender la demanda, como se pretende, al Auto de aclaración y ello porque una vez presentada la demanda de amparo no cabe alterarla con posterioridad y además porque el Auto de aclaración se integra como un todo en la resolución a la que afecta y que realmente no llega a alterar, careciendo por esta razón de autonomía y sustantividad propia.
Apoyándose en las SSTC 165/1993, 166/1993, 122/1994, destaca el deber de motivar las resoluciones judiciales como un elemento esencial del derecho a la tutela judicial efectiva. Por otra parte, pone de manifiesto el desajuste que puede observarse en el Auto inicial entre la realidad procesal y la que resulta de la resolución, siendo el dato realmente determinante el de que en el Auto, a pesar de la rectificación posterior consignando que el recurrente impugnó la tasación, realmente no se ponderaron sus alegaciones y se utilizó como criterio de decisión una norma puramente instrumental, como es el art. 428 L.E.C.
b) Producida la tasación de tales costas, el aquí demandante impugnó la partida de honorarios del Letrado de «Invermar, S. A.», por estimarlos indebidos y, subsidiariamente, excesivos. Tramitada en primer término la impugnación relativa al carácter indebido de la señalada partida, la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, en apelación y por Sentencia de 30 de junio de 1993, declaró la procedencia de aquélla, acordando además que el Juzgado se pronunciase «sobre la cuantía de la misma al haber sido impugnada también por excesiva».
c) Por Auto de 2 de diciembre de 1993, el Juzgado, subrayando que no se había impugnado la tasación de costas y concluyendo que había conformidad tácita de las partes, aprobó aquella tasación «sin ulterior recurso».
3. Ya en este punto será de señalar que el Auto de aclaración -o rectificación- que se regula en el art. 267 L.O.P.J. está llamado a integrarse en la resolución originaria con la que viene a formar un todo, hasta el punto de que los plazos para recurrirla se computan precisamente desde la notificación del Auto de aclaración -y hoy de rectificación- (art. 407 L.E.C.). La doctrina constitucional viene destacando, en esta línea, la naturaleza «puramente accesoria» del Auto de aclaración (STC 142/1992).
4. Así las cosas, importa advertir que de los distintos aspectos del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 C.E.) que el recurrente entiende vulnerados por los Autos impugnados, una vez considerados éstos en su unidad, es el de la motivación de las resoluciones judiciales, como destaca el Ministerio Fiscal, el que aparece más directamente afectado.
Y esta exigencia constitucional de la motivación de las resoluciones judiciales aparece plenamente justificada sin más que subrayar los fines a cuyo logro tiende aquélla (SSTC 55/1987, 131/1990, 22/1994, 13/1995, entre otras): a) Ante todo aspira a hacer patente el sometimiento del Juez al imperio de la ley (art. 117.1 C.E.) o, más ampliamente, al ordenamiento jurídico (art. 9.1 C.E.), lo que ha de redundar en beneficio de la confianza en los órganos jurisdiccionales; b) Más concretamente la motivación contribuye a «lograr la convicción de las partes en el proceso sobre la justicia y corrección de una decisión judicial», con lo que puede evitarse la formulación de recursos; c) Y para el caso de que éstos lleguen a interponerse, la motivación facilita «el control de la Sentencia por los Tribunales superiores, incluido este Tribunal a través del recurso de amparo». En último término, si la motivación opera como garantía o elemento preventivo frente a la arbitrariedad (SSTC 159/1989, 109/1992, 22/1994, 28/1994, entre otras), queda claramente justificada la inclusión de aquélla dentro del contenido constitucionalmente protegido por el art. 24.1 C.E.
Pero ha de advertirse que la amplitud de la motivación de las Sentencias ha sido matizada por la doctrina constitucional indicando que «no autoriza a exigir un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión» (STC 14/1991), es decir, la ratio decidendi que ha determinado aquélla (SSTC 28/1994 y 153/1995).
a) La parte dispositiva de la resolución es en su integridad la contenida en el Auto originario de 2 de diciembre, pues la rectificación posterior atañe únicamente a la fundamentación jurídica, de suerte que la decisión judicial es la de la aprobación de la tasación de costas practicada el 22 de mayo de 1991, con desestimación implícita de la impugnación que había formulado el aquí recurrente por entender excesivos los honorarios del Letrado de «Invermar, S. A.».
De ello deriva, en la perspectiva constitucional propia del recurso de amparo, que en la unidad que integran los dos Autos aquí impugnados falta la motivación necesaria para expresar «los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión» (STC 153/1995), es decir, la ratio por virtud de la cual el tema debatido -calificación de excesivos para los honorarios impugnados, dada la cuantía indeterminada fijada en el proceso- se decidía en un sentido desestimatorio de la impugnación formulada por el ahora recurrente, lo que implica una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, dado que, como se ha dicho, la motivación se integra dentro de su contenido constitucionalmente protegido.
1. Anular los Autos dictados por el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de los de Madrid, los días 2 y 22 de diciembre de 1993, en el procedimiento núm. 0925/88, y que fueron impugnados en este recurso de amparo.
2. Declarar que al dictar las resoluciones a que se ha hecho referencia en el punto anterior, el Juzgado vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente.
3. Restablecer al recurrente en la integridad del derecho vulnerado, retrotrayendo las actuaciones en el citado procedimiento al momento inmediatamente anterior al de dictarse los autos recurridos, para que se dicte una nueva resolución suficientemente motivada.
AAP Pontevedra 158/2009, 24 de Septiembre de 2009
ATS 57/2019, 20 de Diciembre de 2018
STS 420/2000, 11 de Abril de 2000

References: resolución 
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e contrario
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