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Timestamp: 2019-06-17 15:45:46+00:00

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Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Charo Delgado Fernández el junio 17, 2016 a las 9:23pm
Gracias por las precisiones, de verdad. De todos modos la posibilidad de la cancelación de las deudas fue uno de los casos de aplicación mencionados por la abogada del Estado de la Junta Consultiva, Se ve que últimamente andan despistados...
No acabo de ver el tema de la junta Consultiva y los 15 dias. Añade a eso - suponiendo que se trate del propuesto adjudicatario y haya presentado el.DEUC para licitar entendiendo que no "miente" - los diez días hábiles para la documentación, tres o cuatro dias para mesa, adjudicar y comunicar y el plazo de 15 dias hábiles, al menos, antes de formalizar y ni te cuento donde se van los plazos. En el mejor de los casos, si te encuentras con esto dos mesecitos después de seleccionar no te los quita nadie. Menos mal que no se dará mucho el caso.
Lo que sí me gusta es qye determine las medidas de cumplimiento voluntario.
Consultores y abogadosPermalink Responder para Juan C Romar Villar el junio 18, 2016 a las 12:15pm
Sí resulta extraño que la redacción de la Directiva no permita el compliance –digámoslo así-, respecto a las deudas tributarias y con la Seguridad Social pero, sin embargo, el único supuesto que podíamos considerar de compliance que a día de hoy recoge el TRLCSP, -y que en cualquier caso se mantiene por ser un derecho del licitador y favorecer la concurrencia- se refiere precisamente a ese supuesto. En efecto, establece el artículo 60.1.d. 2º pfo., del TRLCSP
“En relación con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, se considerará que las empresas se encuentran al corriente en el mismo cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de tales deudas. (Art.60.1.d TRLCSP)”].
…. En definitiva, la empresa se encuentra al corriente cuando existe un compromiso de pago aceptado. Pues bien veamos como este precepto encajaría perfectamente en el contenido del artículo 57.6.2º pfo de la Directiva 2014/24:
“A tal efecto, el operador económico deberá demostrar que ha pagado o se ha comprometido a pagar la indemnización correspondiente por cualquier daño causado por la infracción penal o la falta, que ha aclarado los hechos y circunstancias de manera exhaustiva colaborando activamente con las autoridades investigadoras y que ha adoptado medidas técnicas, organizativas y de personal concretas, apropiadas para evitar nuevas infracciones penales o faltas.”
Aprovechando la entrada y, la transcripción del anterior apartado del artículo 57.6 de la Directiva quisiera hacer un par de comentarios:
1º) Podría argumentarse que tal apartado 57.2.2º pfo., se refiere exclusivamente a prohibiciones que derivan de sentencias penales, ahora bien, la expresión “infracción penal” debe entenderse que abarca todos los ilícitos penales, y que por lo tanto, “falta”, se refiere al quebrantamiento de una obligación de cualquier otro tipo. Recuérdese que las “faltas” han desaparecido como categoría del Código Penal. Con todo, la expresión “falta” de la Directiva puede llevar a confusión (La Directiva es del año 2014, y la modificación del Código Penal –que suprime las faltas- del año 2015) por haber sido, a mi entender, deficientemente traducida. Del texto de la Directiva en inglés y, sobre todo, en otros idiomas de raíz latina –salvo el portugués-, se deriva una traducción más acertada: “delito o mala conducta” (italiano y rumano) ó “crimen o fallo” (francés).
2º) Y hablando de Código Penal, creo que puede resultar orientador para los órganos de contratación (o el órgano que finalmente resulte ser el competente para aprobar las medidas adoptadas por el operador económico), el modo en que esta norma establece (Art.31 bis), las que podríamos denominar, -citando el artículo 57.6 de la Directiva 2014/24- “…medidas técnicas, organizativas y de personal concretas, apropiadas para evitar nuevas infracciones penales…”
“Artículo 31 bis.
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para María Pilar Batet Jiménez el junio 18, 2016 a las 12:42pm
Muy interesantes vuestras aportaciones. Yo creo que, en tanto no se desarrolle el art 57.6 de la Directiva 2014/24, que en el caso de que en un procedimiento, una empresa aporte las medidas adoptadas para excepcionar la aplicación de una prohibición de contratar, ante la inseguridad jurídica existente, ponderando el principio de concurrencia que sugiere aceptar la excepcionalidad y el principio de igualdad de trato que invita a que el nivel de exigencia para los licitadores sea el mismo, me quedo con éste último. Yo no soy partidaria, hoy por hoy, de admitir la excepcionalidad, si bien, mi opinión puede ir cambiando y adaptarse a la doctrina de los TARC y JCCA, STJ, y de vuestros artículos y opiniones, claro.
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Charo Delgado Fernández el junio 18, 2016 a las 3:22pm
Yo, sinceramente, espero que no se me de el caso antes de que, o bien se aclaren las normas, o los tribunales las aclaren vía resolución. Soy una cobardica...
Empresas, licitadores y contratistas.Permalink Responder para Marta Alba el junio 20, 2016 a las 9:25am
Buenos días y buen lunes:
Muchas gracias por todas vuestras aportaciones. Como me temía, la competencia parece que recaerá en el poder adjudicador y, consecuentemente, en los miembros de la Mesa de Contratación. Espero que no se dé con frecuencia el supuesto porque creo que nos pone a todos sus integrantes en una situación delicada, de forma que yo me plantearía consultar al órgano que impuso la prohibición.
Me parece muy acertada la decisión de Aragón de regular la cuestión.
En cualquier caso, hasta la fecha no me he encontrado con una situación así, por lo que iremos viendo con la práctica.
P.D. Respecto a las "mentiras" en la declaración responsable es una cuestión que se reitera en nuestros procedimientos, no ya en materia de prohibiciones de contratar, sino en acreditación de solvencia, etc. lo que hace que, en múltiples ocasiones, tengamos que retrotraer el procedimiento, cuando la exclusión inicial hubiera determinado un resultado distinto.
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Charo Delgado Fernández el junio 20, 2016 a las 10:27am
A nosotros, la verdad, es que nos mienten poco. Recuerdo un solo caso desde que usamos la declaración responsable y, teniendo en cuenta el volumen de papel que dejamos de manejar, casi que lo doy por bueno...
Community managerPermalink Responder para Guillermo Yáñez Sánchez el junio 24, 2016 a las 1:52pm
Hola a todos estoy trabajando en la actualización de esta página de la wiki y he visto esto.
Considerando 101 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de ... sobre los motivos de exclusión:
. "Además, se debe dar a los poderes adjudicadores la posibilidad de excluir a los operadores económicos que hayan dado muestras de no ser fiables, por ejemplo debido a que han incumplido las obligaciones medioambientales o sociales, entre ellas las normas sobre accesibilidad para las personas con discapacidad, o a que han cometido otras formas de falta profesional grave, como infracciones de las normas sobre competencia o de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Es preciso aclarar que una falta profesional grave puede poner en tela de juicio la integridad de un operador económico y por tanto hacerle no apto para ser adjudicatario de un contrato público, con independencia de si, en otros aspectos, pueda disponer de capacidad técnica y económica para ejecutar el contrato.
Al aplicar motivos de exclusión facultativos, los poderes adjudicadores deben prestar especial atención al principio de proporcionalidad. Irregularidades leves deberían llevar a la exclusión del operador económico únicamente en circunstancias excepcionales. Con todo, casos reiterados de irregularidades leves pueden dar lugar a dudas acerca de la fiabilidad de un operador económico, lo que puede justificar su exclusión".
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Charo Delgado Fernández el junio 24, 2016 a las 1:56pm
¿No da un poco la sensación de que se va a poder hacer lo que al poder adjudicador le de la gana? Ni te cuento el volumen de recursos...
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para José Manuel Martínez Fernández el junio 24, 2016 a las 4:50pm
O sea, lo contrario a las medidas de "redención"... Todo muy católico: por un lado, los órganos de contratación han de actuar como inquisidores y ver el pecado en los licitadores infieles...; pero también han de ser confesores: valorar el dolor de los pecados, propósito de la enmienda, cumplimiento de la penitencia, y perdonar a los pecadores...
Creo que sería bueno que todas estas modas de derecho anglosajón, que sólo aportan, creo yo, dolores de cabeza e inseguridad jurídica, se vayan del derecho comunitario con los ingleses... Y de paso enseñar al legislador comunitario a no incluir mandatos normativos en la "exposición de motivos"..
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Charo Delgado Fernández el junio 24, 2016 a las 6:42pm
Empresas, licitadores y contratistas.Permalink Responder para Marta Alba el octubre 11, 2016 a las 5:11pm
Hola a todos, no creáis que me he olvidado de este asunto... Es que estoy esperando, como agua de mayo, un informe de la Comisión Consultiva de Contratación que solicité en el mes de julio y que debe de estar al caer...
Por supuesto, en cuanto lo tenga, lo comparto. Os mantendré informados :)
Empresas, licitadores y contratistas.Permalink Responder para Marta Alba el enero 31, 2017 a las 6:54pm
Retomando este tema, he visto que el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público en su artículo 72.5 desarrolla este tema del siguiente tenor:
“Cuando conforme a lo señalado en este artículo, sea necesaria una declaración previa sobre la concurrencia de la prohibición, el alcance y duración de esta se determinarán siguiendo el procedimiento que en las normas de desarrollo de esta Ley se establezca.
No procederá, sin embargo, declarar la prohibición de contratar cuando, en sede del trámite de audiencia del procedimiento correspondiente, la persona incursa acredite el pago o compromiso de pago de las multas e indemnizaciones fijadas por la sentencia penal o resolución administrativa de las que derive la causa de prohibición de contratar, siempre y cuando las citadas personas hayan sido declaradas responsables del pago de la misma en la citada sentencia o resolución, y la adopción de medidas técnicas, organizativas y de personal apropiadas para evitar la comisión de futuros delitos o infracciones administrativas, entre las que quedará incluido el acogerse al programa de clemencia en materia de falseamiento de la competencia. En los supuestos en que el procedimiento de declaración de prohibición de contratar traiga su causa de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social por impago de impuestos y cotizaciones, la acreditación antes mencionada vendrá referida a la reparación del daño materializada en el pago de la cantidad adeudada a la Hacienda Pública y la Seguridad Social incluyendo los intereses y sanciones impuestas o la obtención respecto de dicha cantidad del correspondiente acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento.
La prohibición de contratar, así declarada, podrá ser revisada en cualquier momento de su vigencia, cuando la persona que haya sido declarada en situación de prohibición de contratar acredite el cumplimiento de los extremos a que se refiere el párrafo anterior. El órgano competente para conocer de la citada revisión será el mismo que dictó la resolución de declaración de prohibición de contratar.”

References: artículo 60
 artículo 57
 artículo 57
 artículo 57
 artículo 72
 resolución 
 resolución