Source: https://rafaelfontan.wordpress.com/2014/03/04/que-sera-de-las-faltas-tras-la-reforma-del-codigo-penal/
Timestamp: 2017-08-18 10:46:15+00:00

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¿Qué será de las faltas tras la reforma del Código Penal? | El bastón de Tiresias
Todo es, no obstante, presunto, provisional y susceptible de cambio (acaban de filtrarse las objeciones que el CGPJ publicará en los próximos días al Anteproyecto de LOPSC), pero, en cualquier caso, me voy a arriesgar a resumir el panorama con el que nos encontraríamos una vez se derogase el Libro III del actual CP y entraran en vigor los actuales proyectos y anteproyectos.
Primeramente, trascribiré los artículos del Código penal que tipifican las faltas, y, a continuación, en cursiva, daré cuenta de su desaparición, su transformación en ilícito civil o administrativo, o su conversión en delito.
Este comportamiento queda tipificado en el nuevo art. 147.2 CP referido a las lesiones: “El que por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental (…), será castigado con la pena de multa de uno a tres meses, cuando sea de menor gravedad, atendiendo el medio empleado o el resultado producido”.
Será incluido como delito en el nuevo art. 147.3 CP: ”El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, será castigado con la pena de multa de uno a dos meses”.
En ambos casos, los delitos solo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.
Es una de las infracciones que desaparece, con lo que los comportamientos castigados en este artículo tendrían que subsumirse, cuando proceda, en el art. 195 CP (omisión del deber de socorro).
Desaparecida la falta, el comportamiento contemplado en este párrafo podría castigarse por dos posible vías penales:
• La del art. 227 CP: “El que dejare de pagar durante dos meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad de matrimonio, proceso de filiación o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses”.
• La del nuevo art. 556 CP “Los que (…) desobedecieren gravemente (a la autoridad), en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de prisión de tres meses (antes seis meses) a un año”.
• Y fuera de la vía penal, podría sancionarse a través del artículo 776 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: “Los pronunciamientos sobre medidas se ejecutarán con arreglo a lo dispuesto en el Libro III de esta ley, con las especialidades siguientes: 1.ª Al cónyuge o progenitor que incumpla de manera reiterada las obligaciones de pago de cantidad que le correspondan podrán imponérsele por el Secretario judicial multas coercitivas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 711 y sin perjuicio de hacer efectivas sobre su patrimonio las cantidades debidas y no satisfechas. 2.ª En caso de incumplimiento de obligaciones no pecuniarias de carácter personalísimo, no procederá la sustitución automática por el equivalente pecuniario prevista en el apartado tercero del artículo 709 y podrán, si así lo juzga conveniente el Tribunal, mantenerse las multas coercitivas mensuales todo el tiempo que sea necesario más allá del plazo de un año establecido en dicho precepto. 3.ª El incumplimiento reiterado de las obligaciones derivadas del régimen de visitas, tanto por parte del progenitor guardador como del no guardador, podrá dar lugar a la modificación por el Tribunal del régimen de guarda y visitas. 4.ª Cuando deban ser objeto de ejecución forzosa gastos extraordinarios, no expresamente previstos en las medidas definitivas o provisionales, deberá solicitarse previamente al despacho de ejecución la declaración de que la cantidad reclamada tiene la consideración de gasto extraordinario. Del escrito solicitando la declaración de gasto extraordinario se dará vista a la contraria y, en caso de oposición dentro de los cinco días siguientes, el Tribunal convocará a las partes a una vista que se sustanciará con arreglo a lo dispuesto en los artículos 440 y siguientes y que resolverá mediante auto”.
Desaparece aparentemente del Código, con lo que los comportamientos castigados en este artículo tendrían que subsumirse, cuando procediese, en el art. 195 CP (omisión del deber de socorro)
2.ºLos que causen a otro una amenaza, coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve, salvo que el hecho sea constitutivo de delito.
Respecto a las amenazas y coacciones, éstas pasan a constituir delitos leves castigados en los arts 171.7 y 172.3 del proyecto:
171.7 CP: “Fuera de los casos anteriores (los constitutivos de otras amenazas), el que de modo leve amenace a otro será castigado con la pena de multa de uno a tres meses”.
172.3 CP: “Fuera de los casos anteriores, el que cause a otro una coacción de carácter leve, será castigado con la pena de multa de uno a tres meses”.
Y, como ocurría en el caso de las faltas del actual art. 620 CP, cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, la pena será la de localización permanente de cinco a treinta días (antes de la reforma que promueve el proyecto lo es de cuatro a ocho días), siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días (actualmente, de cinco a diez días).
Por otro lado, la injuria y la vejación injusta de carácter leve dejan el ámbito penal, pasando algunas de ellas, sin embargo, a constituir un delito del art. 173.4 CP en el caso de que la víctima sea una de las enumeradas en el art. 173.2 CP: “Quien causare injuria o vejación injusta de carácter leve, cuando el ofendido fuera una de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, será castigado con la pena de localización permanente de cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente y alejado de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses”. En los demás supuestos, ya no habrá sanción penal.
El artículo 36 del anteproyecto de LOPSC tipifica como infracciones leves, castigadas con una multa de 100 a 1000 € “las amenazas, coacciones, injurias o vejaciones que se realicen un una reunión o concentración cuando el destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (…); las amenazas, coacciones, injurias o vejaciones de carácter leve realizadas en vías públicas y espacios abiertos al público que produzcan alteraciones de la seguridad ciudadana (…); y las manifestaciones públicas efectuadas a través de cualquier medio de difusión cuya finalidad sean las injurias o calumnias a las instituciones públicas, autoridades, agentes de la autoridad o empleados públicos”.
El homicidio por imprudencia leve, las lesiones “de menor gravedad” (las del nuevo art. 147.2 CP antes mencionado) producidas por imprudencia grave, y las lesiones por imprudencia leve, se reconducen a la jurisdicción civil (por la vía del art. 1902 Cc), y dejan de constituir infracción penal.
Estas acciones quedan fuera del Código, salvo que pudieran ser subsumidas en el tipo recogido en el art. 226 CP: “El que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses”, o en el art. 556 CP antes referenciado.
Este comportamiento se convierte en delito. Y la cantidad de dinero hurtada que sirve de referencia de gravedad se eleva de 400 a 1000 euros. El nuevo art. 234 CP determina: “1º. El que con ánimo de lucro tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a dieciocho meses. 2º. Si el hecho, por el escaso valor de los bienes sustraídos y la situación económica de la víctima, resultara de escasa gravedad, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses. No se considerarán de escasa gravedad los casos en los que el valor de los bienes sustraídos fuera superior a 1.000 euros, o los casos en los que concurriese alguna de las circunstancias de los arts. 235 o 235 bis (es decir, las actuales del 235, más cuando se trate de cableado, de productos agrarios o ganaderos, o cuando se actúe con profesionalidad, en cuyo caso la pena es de uno a tres años de prisión).
Pasa a constituir un delito del nuevo art. 236.2 CP: “(…) si el hecho (furtum posessionis del art. 236.1), por el escaso valor de los bienes sustraídos y el perjuicio causado, resulta de escasa gravedad, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses. En ningún caso se considerarán de escasa gravedad los casos en los que el valor de los bienes sustraídos fuera superior a 1.000 euros”.
La falta se transforma en delito y, además, desaparece la diferenciación entre un vehículo de valor mayor o menor a 400 €: ahora constituirá delito el hurto de uso de vehículo a motor, cualquiera que sea el valor del mismo. El nuevo art. 244.1 CP dispone: “El que sustrajere o utilizare sin la debida autorización un vehículo a motor o ciclomotor ajenos, sin ánimo de apropiárselo, será castigado con la pena de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días o multa de dos a doce meses, si lo restituyera, directa o indirectamente, en un plazo no superior a 48 horas, sin que, en ningún caso, la pena impuesta pueda ser igual o superior a la que correspondería si se apropiare definitivamente del vehículo”.
Estos comportamientos se trasforman en delitos al añadirse nuevos párrafos a los tipos de estafa (art. 249 CP), apropiación indebida (arts. 253.2 y 254.2 CP), defraudaciones de fluido eléctrico y análogas (art. 255.2 CP) y uso fraudulento de terminal de comunicación (art. 256.2 CP). En todos los casos, se contemplan penas de multa superiores a las fijadas para las actuales faltas y, además, de cuantía distinta entre sí. En el proyecto de CP penal se determina que “(…) si el hecho, por el escaso valor –del perjuicio causado, de los bienes apropiados- y la situación económica de la víctima (esta última circunstancia no prevista para la defraudación de fluido eléctrico ni para el uso de terminal de comunicación), resultara de escasa gravedad, se impondrá una pena de” multa de uno a tres meses (apropiación indebida, defraudación de fluido eléctrico y uso fraudulento de terminal de telecomunicación), multa de uno a seis meses (estafa), o multa de uno a dos meses (para las apropiaciones indebidas especiales del 254.2 CP –dinero recibido indebidamente, por ejemplo-).
Se trata de faltas relacionadas con lesiones leves a la propiedad intelectual o industrial que el proyecto de nuevo Código Penal trasforma en delitos, modificando los arts. 270.1 CP y 274.3 CP, respectivamente. El nuevo art. 270.1. CP dispone “(…) No obstante, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener (por distribución o comercialización ambulante o meramente ocasional de obras infringiendo los derechos relativos a la propiedad intelectual), y siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del artículo 271, el Juez podrá imponer la pena de multa de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días”. Y el nuevo art. 274.3 CP especifica: ”La venta ambulante u ocasional de productos (con infracción de los derechos de propiedad industrial) (podrá) será castigada (…) atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del art. 276, con multa de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días”.
Este artrículo recoge supuestos de alteración de términos o lindes de pueblos o heredades o cualquier clase de señales o mojones destinados a fijar los límites de propiedades o demarcaciones de predios contiguos, que el nuevo art. 246 CP trasforma en delito: “(…) Si el hecho, por la poca utilidad reportada o pretendida, resultara de escasa gravedad, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses. En ningún caso se considerarán de escasa gravedad los casos en los que el valor de la utilidad reportada o pretendida fuera superior a 1.000 euros”.
Esta “leve” distracción de su curso de aguas de uso público o privativo pasa a constituir un delito y a contemplarse en el nuevo art. 247.2 CP: “Si el hecho, por la poca utilidad reportada, resultara de escasa gravedad, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses. En ningún caso se considerarán de escasa gravedad los casos en los que el valor de la utilidad reportada fuera superior a 1000 euros”.
Los daños contemplados en la falta tipificada en el art. 625 CP se trasforman en constitutivos de un delito del nuevo art. 263.1 CP: “Si el hecho (de causar daños en propiedad ajena), en atención a tales circunstancias (la condición económica de la víctima y la cuantía del daño) fuera de escasa gravedad, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses. En ningún caso se considerarán de escasa gravedad los casos en los que el valor de los daños fuera superior a 1.000 euros”.
Estos comportamientos desaparecen de la jurisdicción penal y, de acuerdo con el art. 35.27 del anteproyecto de LOPSC, pasan a constituir infracción grave sancionada con hasta 30.000 euros de multa: “Los daños o el deslucimiento grave de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, tales como señales de circulación, farolas, marquesinas, papeleras y demás mobiliario urbano, cuando no constituyan infracción penal, así como la obstaculización de la vía pública con mobiliario urbano.
Los deslucimientos menos graves supondrían, sin embargo, infracciones leves del art. 36.14 del anteproyecto LOPSC: “El deslucimiento leve de bienes muebles e inmuebles de uso o servicio público, tales como señales de circulación, farolas, marquesinas, papeleras y demás mobiliario urbano, así como de bienes muebles e inmuebles privados en la vía pública”, sancionado con multa de hasta 1000 euros.
Las acciones contempladas en este artículo pasan a constituir un delito castigado con pena leve, bien por la vía del art. 386.3 CP (“El que habiendo recibido de buena fe moneda falsa la expenda o distribuya después de constarle su falsedad será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 24 meses. No obstante, si el valor aparente de la moneda no excediera de 1000 euros, se impondrá la pena de multa en su grado inferior”), bien por la vía del art. 389.e CP (“El que adquiera de buena fe sellos de correos o efectos timbrados que, conociendo su falsedad, los distribuyera o utilizara será castigado con una pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 24 meses. No obstante, si el valor aparente de los sellos o efectos timbrados no excediera de 1.000 euros, se impondrá la pena de multa en su grado inferior”).
De acuerdo con el art. 35.20 del anteproyecto de LOPSC “El abandono de los instrumentos empleados para (el consumo de drogas tóxicas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas) en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos” constituirá una infracción grave castigada con multa de 1001 a 30.000 euros.
“Dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces o dañinos cuando no constituya delito, así como maltratar cruelmente o abandonar en condiciones en que pueda peligrar su vida a los animales domésticos o maltratar animales en espectáculos no autorizados legalmente, cuando no constituya delito” supondrá una infracción grave -según el anteproyecto de LOPSC-, y será castigada con multa de 1001 a 30.000 euros.
Este tipo de abandono pasa a constituir un delito, de acuerdo con la nueva redacción del art. 337 bis CP: “El que abandone a un animal doméstico o amansado en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad será castigado con una pena de multa de uno a seis meses”.
Pasa a constituir infracción administrativa medioambiental, en su caso, siempre que no se den los requisitos del art. 332 CP (“El que con grave perjuicio para el medio ambiente corte, tale, queme, arranque, recolecte o efectúe tráfico ilegal de alguna especie o subespecie de flora amenazada o de sus propágulos, o destruya o altere gravemente su hábitat, será castigado con la pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticinco meses”).
La falta contemplada en este número 2 pasa a constituir uno de los supuestos de delito contemplados en los números 1 y 4 del nuevo art. 337.CP: “1. El que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente: a) un animal doméstico o amansado, b) un animal de los que habitualmente están domesticados, c) un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano o d) cualquier animal que no viva en estado salvaje, causándoles lesiones que menoscaben gravemente su saludo, será castigado con a la pena de tres meses a un año de prisión (…); 4. Los que, fuera de los supuestos a que se refieren los apartados anteriores de este artículo, maltraten cruelmente a los animales domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente, serán castigados con una pena de multa de uno a seis meses”.
Este supuesto desaparece del Código Penal, e, inopinadamente, tampoco figura en el anteproyecto LOPSC, quedando residualmente aplicable la normativa propia de algún tipo específico de reunión (como las sanciones contempladas en la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte; o las previstas en el art. 684 LECrim. para el supuesto de perturbación o alteración del orden de las sesiones de un Tribunal).
Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad o sus agentes, o los desobedecieren levemente, cuando ejerzan sus funciones, serán castigados con la pena de multa de 10 a 60 días.
Esta falta se transforma en una infracción grave susceptible de ser castigada con multa de 1001 a 30.000 €, de acuerdo con el art. 37.5 del anteproyecto LOPSC, que tipifica como tal “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”.
No obstante, de acuerdo con el art. 36.7 del anteproyecto LOPSC, será castigada con multa de 100 a 1000 € y considerada infracción leve “(…)la falta de respeto y de la consideración debida a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones”.
Este supuesto se incluye en el supuesto de hecho del nuevo art. 203.2 del proyecto de Código Penal: “Será castigado con la pena de multa de uno a tres meses el que se mantuviere contra la voluntad de su titular, fuera de las horas de apertura, en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público”.
Este tipo de actividades se despenaliza, y pasa a sancionarse la infracción de acuerdo con los reglamentos específicos de la actividad de que se trate, tal y como se indica en el segundo párrafo para la falta de seguro en la conducción de vehículos.
Efectivamente, el art. 3 del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, especifica que “el incumplimiento de la obligación de asegurarse determinará: a) La prohibición de circulación por territorio nacional de los vehículos no asegurados. b) El depósito o precinto público o domiciliario del vehículo, con cargo a su propietario, mientras no sea concertado el seguro. Se acordará cautelarmente el depósito o precinto público o domiciliario del vehículo por el tiempo de un mes, que en caso de reincidencia será de tres meses y en el supuesto de quebrantamiento del depósito o precinto será de un año, y deberá demostrarse, para levantar dicho depósito o precinto, que se dispone del seguro correspondiente. Los gastos que se originen como consecuencia del depósito o precinto del vehículo serán por cuenta del propietario, que deberá abonarlos o garantizar su pago como requisito previo a la devolución del vehículo. c) Una sanción pecuniaria de 601 a 3.005 euros de multa, graduada según que el vehículo circulase o no, su categoría, el servicio que preste, la gravedad del perjuicio causado, en su caso, la duración de la falta de aseguramiento y la reiteración de la misma infracción. 2. Para sancionar la infracción serán competentes los Jefes Provinciales de Tráfico o, en las Comunidades Autónomas que tengan transferidas competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, los órganos previstos en la normativa autonómica, en los términos establecidos en el artículo 71 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 3. La infracción se sancionará conforme a uno de los procedimientos sancionadores previstos en el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 4. El Ministerio del Interior y las autoridades competentes de las comunidades autónomas a las que se hayan transferido competencias en materia sancionadora entregarán al Consorcio de Compensación de Seguros el 50 por ciento del importe de las sanciones recaudadas al efecto, para compensar parte de las indemnizaciones satisfechas por este último a las víctimas de la circulación en el cumplimiento de las funciones que legalmente tiene atribuidas.”
El uso indebido de uniforme se convierte en un magnífico ilícito múltiple, castigado (imagino que por imprudente error) penal y administrativamente. El nuevo art. 402 bis CP especifica que “el que sin estar autorizado usare pública e indebidamente uniforme, traje o insignia que le atribuyan carácter oficial, será castigado con la pena de multa de uno a tres meses”, y, por su parte, el art. 35.17 del anteproyecto de LOPSC castiga también, como infracción grave y con multa de 1001 hasta 30.000 euros, ”el uso público de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, o réplicas de los mismos, así como otros elementos del equipamiento de los cuerpos policiales o de los servicios de emergencia sin estar autorizado para ello, cuando no sea constitutivo de delito”.
La atribución pública de una cualidad profesional amparada por un título académico que no se posea se convierte en una cualifiación del delito de usurpación de funciones e intrusismo (ejercer actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título) del nuevo art. 403.2 a). CP., del que pasa a depender.

References: resolución 
 artículo 776
 artículo 711
 artículo 709
 artículo 173
 artículo 173
 artículo 36
 artículo 271
 Real Decreto 
 artículo 71
 Real Decreto