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Timestamp: 2019-11-16 02:37:18+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 788/2019 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 788/19
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: “CIMPORTEX PARAGUAYA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. C/ ESTADO PARAGUAYO Y OTRO S/ COBRO DE GUARANIES”. AÑO: 2018 - N.° 1582.
En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los catorce días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores GLADYS BAREIRO DE MÓDICA, ANTONIO FRETES y MIRYAM PEÑA CANDIA, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: “CIMPORTEX PARAGUAYA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. C/ ESTADO PARAGUAYO Y OTRO S/ COBRO DE GUARANIES”, a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por el Procurador General de la República, Abogado Francisco Barriocanal, y los procuradores delegados Abogados Jorge Fernando Velazco y Víctor Antonio Silvera, en representación del Estado Paraguayo y; los Abogados Maria Gloria Ramírez, Teresita Arias Casado y Carlos Ulices Núñez Rodríguez en representación del Instituto Forestal Nacional (INFONA).
A la cuestión planteada la Doctora FRETES dijo: Se presenta el Procurador General de la República. Abogado Francisco Barriocanal, y los procuradores delegados Abogados Jorge Femando Velazco y Víctor Antonio Silvera en representación del Estado Paraguayo, a fin de promover Acción de Inconstitucionalidad en contra de la S.D. N° 641 de fecha 5 de octubre de 2017, dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Tercer Turno de la Capital y, del Acuerdo y Sentencia N° 37 de fecha 22 de junio de 2018, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial Cuarta Sala de la Capital, en los autos caratulados como: “CIMPORTEX PARAGUAYA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. C/ ESTADO PARAGUAYO Y OTROS S/ COBRO DE GUARANÍES”.
La S.D. N° 641 de fecha 5 de octubre de 2017, dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Tercer Turno de la Capital, en la parte resolutiva dispone: "I.- HACER LUGAR a la presente demanda ordinaria que por COBRO DE GUARANIES promueve la firma CIMPORTEX PARAGUAYA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. en contra del ESTADO PARAGUAYO y el INSTITUTO FORESTAL NACIONAL (INFONA), condenando a los mismos al pago de la suma de GUARANIES DOS MIL SETENCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS (Gs. 2.792.891.552) más intereses legales a razón del 1,5 % mensual a computarse desde el 23 de junio de 2003 hasta el efectivo pago total de la presente condena judicial, en el perentorio plazo de diez (10) días computados a partir de que la presente resolución quede firme y ejecutoriada; en caso de que el Estado Paraguayo y el INFONA no cuenten con los recursos financieros pertinentes para abonar el monto de la condena pecuniaria en plazo fijado en la presente sentencia, deberían incoar los mecanismos administrativos pertinentes para incluir la obligación en el Presupuesto General de Gastos de la Nación, de conformidad a las consideraciones expuestas en el exordio de la presente resolución. El Acuerdo y Sentencia N° 37 de fecha 22 de junio de 2018, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial Cuarta Sala de la Capital, en la parte resolutiva dispone: "DESESTIMAR los Recurso de nulidad interpuesto por la parte apelante. CONFIRMAR la S.D. N° 641 de fecha 5 de octubre de 2017, dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Tercer Turno de la Capital, por los fundamentos expuestos en el exordio de esta resolución”.
Primeramente cabe recordar que la acción instaurada posee un carácter excepcional, por tanto corresponde analizar previamente si se han observado los requisitos para su procedencia contra resoluciones judiciales. Al respecto el Art. 132 de la Constitución Nacional consagra: “De la inconstitucionalidad. La Corte Suprema de Justicia tiene facultad para declarar la inconstitucionalidad de las [...] resoluciones judiciales, en la forma y con los alcances establecidos en esta Constitución y en la ley". El Código Procesal Civil establece en su Art. 556: “Acción contra resoluciones judiciales. La acción procederá contra resoluciones de los jueces o tribunales cuando: a) por sí mismas sean violatorias de la (constitución: o h) se funden en una ley, decreto, reglamento u otro acto normativo de autoridad, contrario a la Constitución en los términos del artículo 550"; el mentado Art. 550 dispone: "Procedencia de la acción y juez competente. Toda persona lesionada en sus legítimos derechos por [...] resoluciones [...] que infrinjan en su aplicación, principios o normas de la Constitución, tendrá facultad de promover ante la Corte Suprema de Justicia, la acción de inconstitucionalidad en el modo establecido por las disposiciones de este capítulo". Por su parte, en su Art. 557 legisla los requisitos de la demanda: "Al presentar su escrito de demanda el actor constituirá domicilio e individualizará claramente la resolución impugnada, asi como el juicio en que hubiera recaído. Citará además la norma, derecho, exención, garantía o principio constitucional que sostenga haberse infringido, fundando en términos claros y concretos su petición [...]". Así de las normas anteriormente transcriptas surge que para la procedencia de la acción contra resoluciones judiciales es necesario que el accionante identifique la resolución judicial y el juicio en el que esta se dictó, acredite ser titular del derecho lesionado por la resolución atacada y la lesión alegada: la norma, derecho, exención, garantía o principio constitucional que la resolución ha infringido, y la fundamentación clara y concreta de la inconstitucionalidad. Debe además especificar si a su criterio la resolución es por sí misma violatoria de la Constitución, esto es por arbitrariedad: o si su inconstitucionalidad deriva de la aplicación de una norma violatoria de la Constitución.
En atención a las cuestiones señaladas más arriba, el accionante expreso: "...Las resoluciones impugnadas son claramente inconstitucionales pues, a través de ellas, el juzgado de primera instancia y el tribunal de apelaciones, 4° sala, han violado el principio de legalidad, apartándose sistemática y substancialmente de las normas positivas vigentes aplicables al proceso, haciendo lugar a la pretensión del hoy demandado, en otras palabras los órganos jurisdiccionales inferiores han omitido la aplicación de las normativas vigentes aplicables al caso...”.
Corrido el traslado que ordena la ley, el Abogado Rodolfo Gubetich Mojoli, bajo patrocinio del Abogado Hermann Weisensee Samson, en nombre y representación la firma Cimportex Paraguaya Industrial y Comercial S.A. ("Cimportex"), expresaron: "...En primer lugar niego en forma enfática y absoluta cada uno de los argumentos expuestos por la PGR en la infundada acción de Inconstitucionalidad... la referida demanda tiene como pretensión el cobro de la suma de dinero más arriba indicada en virtud a certificados de reforestación expedidos con todas las formalidades legales por el Servicio Forestal Nacional (actual INFONA), luego de verificado el cumplimiento del plan de Manejo Forestal aprobado., lo expuesto por la PGR constituye en una falacia, pues expone en la presente acción de Inconstitucionalidad cuestiones ya planteadas y ampliamente debatidas en primera y segunda instancia, con lo que pretende constituir a la Excelentísima Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en una tercera instancia revisora...”.
Por otra parte, la Fiscalía General del Estado, expreso: "...En las condiciones apuntadas, se concluye que los fallos impugnados por la presente vía resultan violatorios del art. 256 de la Constitución de la República, por lo que esta Representación Fiscal es del parecer que corresponde se haga lugar a la presente acción de inconstitucionalidad...”.
Examinados estos autos, en relación a la S.D. y al Acuerdo y Sentencia impugnado, se advierte que se encuentran fundado razonablemente, circunstancia que no amerita considerarlo como violatorio del orden constitucional, o arbitrario como manifestó el accionante. "EL VICIO DE ARBITRARIEDAD DEBE SER GRAVE Y TIENE QUE PROBARSE. ...De ahí el recurso extraordinario por arbitrariedad de la sentencia, como el mismo tribunal lo observa, reviste carácter excepcional y no tiene por objeto abrir una tercera instancia ordinaria en donde puedan discutirse decisiones que se estimen equivocadas."(Néstor Pedro Sagúes, Compendio de Derecho Procesal Constitucional. Bs. As., Ed. Astrea. 2a reimpresión. 2016. p.217). La decisión tomada por los juzgadores está basada en constancias obrantes en los autos principales traídos a la vista y ha existido interpretación de las leyes aplicables al caso concreto, surgidas del leal saber y entender. En el interlocutorio, los magistrados han expuesto los motivos de la conclusión a que han arribado, no se observa violación de normas constitucionales que rigen el debido proceso contemplado en los arts. 16, 17 y 256 de la Constitución Nacional, como tampoco se observa que se haya violentado el principio de igualdad contemplado en los Arts. 46 y 47 de la Ley Suprema, es así, que el recurrente en todo momento ha tenido el debido y pleno acceso durante todo el proceso ante los Magistrados que han entendido en el juicio.
Se debe tener presente que la interpretación de la ley y su aplicación al caso concreto es materia opinable, reservada únicamente a los Magistrados intervinientes en cada causa concreta, que no habilita a abrir la vía de la inconstitucionalidad, siempre que los Juzgadores actúen dentro del margen de discrecionalidad que la ley les otorga, como el caso sometido a consideración de ésta Sala, pues sostener la tesitura contraria, implicaría poner en tela de juicio el razonamiento de los Magistrados quienes se remiten a las reglas de la "Sana Crítica" para formar sus convicciones y apoyar sus decisiones.
Es sabido que se puede disentir con el criterio sostenido por los Magistrados de las instancias ordinarias, más ello no constituye motivo de declaración de inconstitucionalidad. puesto que ésta acción no es el medio para imponer un criterio de interpretación distinto al sostenido por los juzgadores de las instancias inferiores, pues si así fuera, se daría lugar a una indebida tercera instancia con la consiguiente desnaturalización de la misma.
Por tanto, no existiendo violación de principios, derechos, ni de garantías constitucionales a ser reparado por esta vía. y visto el parecer de la Fiscalía General del Estado, no corresponde hacer lugar a la presente Acción de Inconstitucionalidad promovida, con costas conforme a lo previsto en el Art. 192 del C.P.C. Es mi voto.
A su turno el Doctor PEÑA CANDIA dijo: me adhiero al voto del Dr. Fretes en cuanto rechaza la acción promovida por la Procuraduría General de la República por los mismos fundamentos, y me permito ampliar conforme a las siguientes consideraciones:
En estos autos se hallan acumuladas tanto la acción promovida por la Procuraduría General de la República, como la acción promovida por el Instituto Forestal Nacional (INFONA), ambos codemandados en el juicio principal, quienes impugnaron las mismas resoluciones recaídas en primera y segunda instancia, por considerarlas arbitrarias. Los agravios del Instituto Forestal Nacional se centran en que "...ambas resoluciones incurrieron en un error in iudicando o de derecho, al haber omitido en el Considerando y el Resuelve de las resoluciones, la aplicación de las leyes que rigen en esta materia, en especial en cuanto que ambas resoluciones concluyeron que la parte actora ha cumplido con todos los requisitos legales establecidos para el cobro de las bonificaciones derivadas de la Ley N° 536/95, omitiendo una cuestión muy importante y esencial para la resolución del conflicto que nos ocupa...”. Señala que “...en ambas instancias se condenó tanto al INFONA como al Estado Paraguayo, aplicando la Ley 536/95, obviando la vigencia de la Ley N° 1639/00, sin considerar que los certificados fueron emitidos en el año 2003, muy posterior a la vigencia de la Ley N° 1639/00, violentando los principios de legalidad, con actuaciones arbitrarias, no ajustadas a derecho y lesionando gravemente los derechos patrimoniales del INFONA como del Estado Paraguayo...”.
Por su parte, la Procuraduría General de la República, en representación del Estado Paraguayo, coincide básicamente con los agravios expuestos por el INFONA, y que resume en la omisión de aplicación del Art. 19 del Decreto N° 9425/95 "Por el cual se reglamenta la Ley N° 536/95 de Fomento a la Forestación y Reforestación"' y del Art. 1° de la Ley N° 1639/2000 que modifica y amplía la Ley 536 "De Fomento a la Forestación y Reforestación”, para desconocer validez a los Certificados de Forestación.
Es así que los agravios expuestos por ambos accionantes se basan en la arbitrariedad, con motivo de haberse omitido disposiciones legales aplicables para la decisión de la controversia, y que hacían referencia a los requisitos y el procedimiento para habilitar el pago de los certificados de forestación y reforestación: como así también, a la improcedencia de los intereses por no estar previstos en la normativa especial vigente.
En este sentido, se percibe que en ambas instancias no soslayaron la aplicación del Art. 19 del Decreto N° 9425/95 "Por el cual se reglamenta la Ley N° 536/95 de Fomento a la Forestación y Reforestación", sino que hicieron una interpretación armónica del mismo, con una justificación razonable, de manera a complementar el significado y alcance de la normativa reglamentada -los Arts. 7, 9 y 10 de la Ley N° 536/95- De ahí que no puede percibirse una extralimitación o desviación del marco de discrecionalidad que paseen los magistrados de las instancias inferiores en lo que respecta a la labor hermenéutica, siendo que no han prescindido del texto legal aplicable, sino que por el contrario, procuraron armonizar razonablemente la normativa vigente sobre la materia.
Asimismo, han verificado el cumplimiento de los recaudos administrativos exigidos por la ley para considerar acreditada la fuente generadora de la obligación a cargo de la Administración Pública -pago de bonificaciones previstas como incentivo a la acción de forestación y reforestación-, a partir del propio contenido de los certificados expedidos por el Servicio Forestal Nacional. En efecto, argumentaron que en los certificados expresamente consta la previa fiscalización o constatación técnica in situ de la nueva superficie forestada o reforestada por parte de un profesional especializado, así como también las constancias de inscripción exigidas por la ley.
Por su parte, el Tribunal también concluyó en el mismo sentido, que la firma CIMPORTEX había acreditado los presupuestos exigidos por la Ley N° 536/95, y su modificatoria, el Art. 1° de la Ley N° 1639/2000. así como el Decreto N° 9425/95 para acogerse a los beneficios -cobro de bonificaciones- previstas en la mentada normativa, sin que la ausencia de la firma del técnico en el Certificado sea motivo suficiente para su invalidación, dado que se había acreditado el hecho generador concreto de las bonificaciones legales reclamadas.
En cuanto a los agravios que versaban sobre la inclusión de intereses, argumentó el Ad quem que si bien el Art. 1° de la Ley N° 1639/2000 no contemplaba este rubro, ello no era óbice para aplicar lo dispuesto en el Art. 424 del C.C., al no existir ninguna prohibición legal expresa. Si bien podemos discrepar con este criterio interpretativo, el mismo se halla razonablemente justificado con base en disposiciones generales del Código Civil, y ciertamente tampoco se muestra irracional, arbitrario o contra legem, de manera que no puede ser revertido por vía de inconstitucionalidad.
Por las razones precedentemente expuestas, corresponde el rechazo de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República, como también de la acción promovida por el Instituto Forestal Nacional (INFONA), con costas a la perdidosa, con base en el Art. 192 del C.P.C.
A su turno la Doctora BAREIRO DE MÓDICA dijo: Ante esta Sala Constitucional se presentan los Abogados María Gloria Ramírez. Teresita Arias Casado y Carlos Ulices Nuñez Rodríguez en representación del Instituto Forestal Nacional (INFONA) y en igual sentido se presenta el Ministro - ProcuradorGeneral de la República. Abog. Francisco Barriocanal Arias y los Procuradores Delegados Abogados Víctor Antonio Silvera y Jorge Fernando Velazco Rivero por el Estado Paraguayo a promover acción de inconstitucionalidad contra la S.D. No. 641 de fecha 05 de octubre de 2017 dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Tercer Tumo de la Capital y contra el Acuerdo y Sentencia No. 37 de fecha 22 de junio de 2018 dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial Cuarta Sala de la Ciudad de Asunción, en los autos "CIMPORTEX PYA IND. Y COM. S.A. C/ ESTADO PARAGUAYO Y OTRO S/ COBRO DE GUARANIES" Año 2013. No. 127.
Los decisorios impugnados dispusieron medularmente:
a) S.D. No. 641 de fecha 05 de octubre de 2017: “...1) HACER LUGAR a la presente demanda ordinaria por COBRO de GUARANIES que promueve la firma CIMPORTEX PARAGUAYA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA. en contra del ESTADO PARAGUAYO Y EL INSTITUTO FORESTAL NACIONAL (INFONA), condenando a los mismos al pago de la suma de GUARANIES DOS MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS (Gs. 2.792.891.552) más intereses legales a razón del 1,5 % mensual a computarse desde el 23 de Junio de 2003 hasta el efectivo pago total de la presente condena judicial en el perentorio termino de diez días (10) días computados a partir del que la presente resolución quede firme y ejecutoriada; en caso de que el Estado Paraguayo y el INFONA no cuenten con los recursos financieros pertinentes para abonar el monto de la condena pecuniaria en el plazo fijado en la presente sentencia, deberán incoar los mecanismo administrativos pertinentes para incluir la obligación en el Presupuesto General de Gastos de la Nación, de conformidad a las consideraciones expuestas en el exordio de la presente resolución. 2) IMPONER las costas a la parte demandada....".
b) Acuerdo y Sentencia No. 37 de fecha 22 de junio de 2018: "...CONFIRMAR la S.D. No. 641 de fecha 05 de octubre de 2017, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Tercer Turno, por los fundamentos expuestos en el exordio de esta resolución...".
Sostienen por su parte los representantes del INFONA que las resoluciones impugnadas se hallan afectadas por errores in iudicando, al haberse obviado en las diferentes partes de los decisorios la aplicación de las leyes específicas que regulan la materia debatida en los autos principales. En igual sentido impugnatorio, el Estado Paraguayo a través de la Procuraduría General de la República sostiene la omisión de aplicación del Art. 19 del Decreto No 9425/95 “Por el cual se reglamenta la Ley No. 536/95 de Fomento a la Forestación y Reforestación'' y del Art. 1° de la Ley No. 1639/2000 que modifica y amplía la Ley 536 “De Fomento a la Forestación y Reforestación". Ambos recurrentes ante esta Sala Constitucional afirman la violación del Art. 256 de la Constitución Nacional.
Por proveído de fecha 20 de febrero de 2019 (fs. 56) se corrió el traslado de ley a la parte contraria, presentándose el Abog. Rodolgo Gubetich Mojoli, bajo patrocinio del Abog. Hermann Weisensee Samson en nombre y representación de la firma actora del juicio principal: negando en primer término, todos y cada uno de los argumentos expuestos en la presente acción de inconstitucionalidad, expresando que tanto el Infona y la Procuraduría General de la República no contestaron en tiempo y forma el traslado de la demanda principal, denotando de esta manera una negligencia procesal. Sostiene igualmente que lo manifestado por las partes impugnantes son hechos que ya tuvieron oportuno estudio e incluso aceptación de los mismos en las instancias inferiores y que el objetivo de la presente acción de inconstitucionalidad es que se vuelvan a revisar los fundamentos de las decisiones.
Mediante el proveído ut-supra igualmente se dio intervención a la Fiscalía General del Estado y posteriormente por proveído de fecha 26 de marzo de 2019 se corrió traslado a la misma; contestando mediante el Dictamen No. 993 de fecha 07 de mayo de 2019 la Abog. Gilda Villalba Tottil, Fiscal Adjunta y concluye que los fallos impugnados son violatorios del Art. 256 de la Constitucional Nacional, por lo que es del parecer que corresponde que se haga lugar la acción de inconstitucionalidad impetrada.
Luego de haber realizado un profuso estudio de las resoluciones en cuestión, no se observan indicios de arbitrariedad, ni surgen argumentos antojadizos o ilógicos, pues las mismas se encuentran extensa y debidamente fundadas conforme a Derecho y a la Sana Critica. Resulta imposible constatar lesión concreta a disposiciones constitucionales, en razón a que los agravios de los accionantes solo traducen desacuerdo con la decisión del caso, pretendiendo imponer un criterio de interpretación distinto al sostenido por los Magistrados intervinientes, de tal forma a reeditar en esta instancia, cuestiones que han recibido oportuno estudio. Resulta oportuno señalar que la acción de inconstitucionalidad y la competencia de esta sala es de carácter excepcional y de ninguna manera puede ser vista como una “tercera instancia” para tratar delineamientos pronunciados por órganos jurisdiccionales ordinarios con jurisdicción inherente.
Con anterioridad la Corte Suprema de Justicia ha dejado bien en claro en reiteradas ocasiones que la mera disconformidad con los fundamentos del decisorio no puede servir de base para una proposición constitucional.
QUE, dicho esto resulta importarte citar al Prof. Dr. Oscar Paciello Candía, que, en un voto ha expresado: "...///...las discrepancias subjetivas que cualquiera de las partes pudieran tener con la decisión impugnada no autorizan la promoción de una acción de inconstitucionalidad, puesto que ello implicaría la apertura de una tercera instancia que, legalmente, es imposible...//” (C.S.J Asunción. 8 de mayo, 1996. Ac. y Sent. N° 147).
QUE, por último, es importante señalar con respecto a la arbitrariedad , para lo cual se trae a colación a Augusto M. Morello, quien dice: "por la tacha de arbitrariedad no se puede incluir en la revisión extraordinaria a sentencias meramente erróneas, o que se fundan en doctrina opinable, o con las que solamente se discrepa por diferencia de enfoque; y todavía más la Corte aclara que la impugnación por arbitrariedad demanda que la sentencia así tildada acuse violación de garantías constitucionales, y que se demuestra la relación directa entre la misma sentencia y las aludidas garantías. Asimismo, la Corte deslinda bien que la doctrina de arbitrariedad de sentencia no tiene por objeto abrir una nueva instancia ordinaria para corregir sentencias equivocadas" (Augusto M. Morello, El recurso Extraordinario. Bs. A., Librería Editora-Platense - Abeledo Perrot, 1987, p. 217).
Por las Consideraciones que anteceden, opino que corresponde rechazar la acción de inconstitucionalidad promovida por el Instituto Forestal Nacional (INFONA) y la Procuraduría General de la República desconformidad a la Constitución Nacional y las leyes vigentes. Con respecto a las costas, las mismas deben ser impuestas a las partes perdidosas en virtud a lo dispuesto en el Art. 192 del C.P.C. Es mi voto.
Asunción, 14 de octubre de 2019.
NO HACER LUGAR a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República y por el Instituto Forestal Nacional (INFONA).
IMPONER costas a la perdidosa.

References: resolución 
 artículo 550
 resolución 
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