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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. BARRA MEXICANA, COLEGIO DE ABOGADOS, A.C. PUEBLA 2014 XIV CONGRESO NACIONAL DE ABOGADOS - PDF
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. BARRA MEXICANA, COLEGIO DE ABOGADOS, A.C. PUEBLA 2014 XIV CONGRESO NACIONAL DE ABOGADOS
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Antonia Revuelta Herrera
1 1 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. BARRA MEXICANA, COLEGIO DE ABOGADOS, A.C. PUEBLA 2014 XIV CONGRESO NACIONAL DE ABOGADOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS. Su identificación y propuestas de soluciones prácticas Ensayo: ALGUNAS REFLEXIONES DE SOCIOLOGÍA JURÍDICA Y EDUCACIÓN EN TORNO A LOS DERECHOS HUMANOS Mtro. Edmundo Aguilar Rosales. Licenciado en Derecho por la FES Acatlán de la UNAM. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C. Profesor de Sociología y Ética Jurídicas, FES Acatlán-UNAM. Integrante de la Red de Investigación sobre Discriminación en México, RINDIS- CONAPRED. Diplomado Religión y Sociedad en México. FLACSO México, CEREM y Secretaría de Gobernación. Diplomado sobre el Derecho a la no Discriminación, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM. Diplomado en Tanatología, Facultad de Medicina UNAM e INMETAC. Maestría en Psicoterapia Guestalt, UNIGEA.
2 2 ÍNDICE 1. EL VALOR DE LA DIGNIDAD HUMANA EN LA DEONTOLOGÍA JURÍDICA Y EN LA BARRA MEXICNA, COLEGIO DE ABOGADOS, A.C. 2. DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. 3. DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN COMO PRINCIPIOS DEONTOLÓGICOS EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA LA DEONTOLOGÍA JURÍDICA CÓDIGOS DONTOLÓGICOS EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 4. UNA MIRADA A LA ENCUESTA NACIONAL SOBRE DISCRIMINACIÓN EN MÉXICO 2010 Y EL REPORTE SOBRE LA DISCRIMINACIÓN EN MÉXCIO REFLEXIONES EN TORNO A LA LAICIDAD, DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. 6. DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, COMO PRINCIPIOS DE DEONTOLOGÍA JURÍDICA. BIBLIOGRAFÍA. HEMEROGRAFÍA. LEGISLACIÓN. DOCUMENTOS.
3 3 1. EL VALOR DE LA DIGNIDAD HUMANA EN LA DEONTOLOGÍA JURÍDICA Y EN LA BARRA MEXICANA, COLEGIO DE ABOGADOS, A.C. El 17 de septiembre de 2007 el Consejo Directivo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., aprobó la Declaración de Deberes que dota de contenido ético al símbolo de la Roseta propio de la Barra. Este símbolo es para sus miembros señal de pertenencia, reconocimiento y compromiso. Esta Declaración de Deberes expresa que: El abogado desempeña una función trascendental en la defensa de la dignidad humana, a través de buscar la realización de la justicia, en un marco de respeto al Estado de Derecho 1. Se considera pues que el Derecho es portador y defensor de principios y valores objetivos y universales 2. De este modo también se reitera el compromiso de la Barra y de sus integrantes con los contenidos de su Código de Ética Profesional que define al abogado como un servidor del derecho y un coadyuvante de la justicia 3. Debemos pues mantener el honor y dignidad profesionales 4 sobre la base de la dignidad humana ante todo. Es de este modo que me permito interpretar el mensaje de la Declaración de Deberes y del Código de Ética Profesional para los portadores de la Roseta emblemática. En la Barra Mexicana Colegio de Abogados reconocemos, apreciamos y defendemos el valor de ser humano y su dignidad. La conciencia de la dignidad humana es una constante en la tradición occidental como lo podemos constatar en una apretada síntesis, en cuatro de los principales momentos reflexivos de su historia. Para empezar en Grecia y Roma, la dignidad era una cualidad merecedora de aprecio y estimación, nada más que reservada para unos pocos. De cualquier modo, y salvadas las particularidades de su tiempo, rescatamos entre muchas otras aportaciones culturales la Ética Nicomaquea de Aristóteles. 1 Roseta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. Declaración de Deberes. 2 Idem. Roseta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. Declaración de Deberes. 3 Artículo 1º del Código de Ética Profesional, de la Barra Mexicana Colegios de Abogados, A.C. 4 Artículo 2º del Código de Ética Profesional, de la Barra Mexicana Colegios de Abogados, A.C.
4 4 En segundo lugar tenemos a las tradiciones judías y cristianas en las que la dignidad se aprecia en el vínculo religioso y se amplía la noción de virtud en la vida y pensamiento confesional. En el renacimiento el énfasis de la dignidad humana lo encontramos en la libertad. Ya hacia finales del siglo XV, Giovanni Pico della Mirándola, no exento de polémica en su tiempo, escribió su célebre Discurso sobre la Dignidad del Hombre 5. Este último texto, que se ha convertido en clásico de la literatura filosófica occidental, contiene la formulación de tres de los ideales del renacimiento europeo: el derecho a la discrepancia, el respeto por las diversidades culturales y religiosas y, finalmente, el derecho al crecimiento y enriquecimiento de la vida a partir de la diferencia. En cuarto lugar tenemos que para la modernidad, y en especial Immanuel Kant, el ser humano es un fin en sí mismo y no un medio. El ser humano es también para Kant autonomía y libertad. Cabe también agregar al pensamiento existencialista de siglo XX, que en uno de sus exponentes, Jean Paul Sartre, se manifiesta por un humanismo en el que el ser humano es fin y valor superior. En su texto clásico, El Existencialismo es un Humanismo 6, expone por un lado que nuestra existencia humana es libertad, responsabilidad y subjetividad. Por otro lado, sugiere otra idea digna de atención: la existencia precede a la esencia. Cómo entender pues en estas breves disertaciones, que hay una ética humana, defendida por el derecho y contemplada también en los deberes de la profesión jurídica, de contenidos y principios objetivos y universales? Cuando nos referimos a principios objetivos y universales, estamos diciendo que las cosas en sí, y en el caso de la persona humana, la persona en sí, es valiosa por el sólo hecho de serlo, y por lo mismo decimos que es universal. Nos estamos refriendo a que el valor está en el ser de cada cosa y de cada persona. En este sentido, y opuesto a Sartre, la esencia precede a la existencia, es decir, primero apreciamos al ser en sí y a la persona en sí como valiosa por su esencia, de aquí que con facilidad también lleguemos a reconocer metafísica y trascendencia en el ser humano. 5 Cfr. Picco della Mirándola, Giovanni, Discurso sobre la Dignidad del Hombre, Una Nueva Concepción de la Filosofía, Estudio preliminar, traducción y notas de Silvia Magnavacca, Argentina, Ediciones Vinograd, Cfr. Sartre, Jean-Paul, El Existencilaismo es un Humanismo, trad. Miguel Lamana, 2ª edición, Argentina, Editorial Losada, 1998.
5 5 Sartre, como ya se dijo con anterioridad, puso por delante a la existencia, es decir, a la experiencia de la persona, al sujeto, o dicho de otro modo, a la subjetividad. Ya podemos advertir que nos encontramos frente a la objetividad ética y a la subjetividad ética. Pensamos pues en una objetividad universal de la ética, y por lo mismo de los valores, o pensamos en una subjetividad relativa a cada sujeto de la ética, y por lo mismo de los valores. Risieri Frondizi, en su libro Qué son los valores? nos dice al respecto que: El subjetivismo tiene razón cuando sostiene que no hay valor sin valoración; yerra al negar el elemento objetivo adicional. El objetivismo, a su vez, acierta al indicar la importancia de las cualidades objetivas, pero se equivoca al dejar de lado la reacción del sujeto frente a tales cualidades 7. El mismo autor señala que la interpretación subjetivista de los valores implica un relativismo ético 8. Hay entonces valores, objetivos y universales, comunes a todas las personas más allá de la diversidad cultural y religiosa. Aquí, sugiero tener presente a Giovanni Pico della Mirándola cuando nos revela una dignidad humana en la diversidad y la discrepancia. Por otro lado, los valores estarán sujetos al aprecio personal de cada ser humano, y como nos dice Frondizi, en este sentido los valores serán relativos a cada persona, y agregamos que a cada cultura y expresión religiosa sin el encuentro o coincidencia de elementos o apreciaciones comunes. Estas son algunas de las implicaciones del objetivismo y subjetivismo éticos. Quien valora es un sujeto, una persona. El acto de valorar es subjetivo. Sin embargo, las cosas y las personas en sí ya son valiosas. Riseri Frondizi más bien sugiere, que el valor tiene un carácter relacional. Valorar es un acto que vincula a los sujetos con los objetos y con otros sujetos. 7 Frondizi, Risieri, Qué son los valores? 3ª edición, México, Fondo de Cultura Económica, 1988, Colección Breviarios núm.135, p Cfr. Ibidem, p. 107.
6 6 Es decir que valorar vincula a las personas, apreciables en sí mismas cada una por el sólo hecho de serlo, con otras personas igualmente valiosas por el sólo hecho de serlo. El sujeto que valora para el subjetivismo es aprecio subjetivo y personal. En el objetivismo, el ser humano tiene la cualidad objetiva de ser valioso en esencia. El vínculo entre un sujeto y otro, entre una persona y otra, es el vínculo de la cualidad objetivamente valiosa de una y otra y de sus subjetividades. De este modo, subjetivismo y objetivismo dejan de ser apreciaciones opuestas con respecto a los valores, y por lo mismo, ya tenemos también una coincidencia. La persona es valiosa por el sólo hecho de serlo, esto nos abarca a todos y nos vincula a todos en nuestra experiencia subjetiva. Y con respecto a Sartre, esencia y existencia también pueden dejar de ser opuestos irreconciliables para pasar a ser momentos simultáneos, es decir, la existencia no precede a la esencia. Tampoco en rigor, la esencia precede a la esencia. En ambos casos asumo que se puede interpretar como un acontecimiento relacional y simultáneo. Virtud, y en su caso, virtud religiosa; respeto y libertad en la diversidad cultural y religiosa; el ser humano como un fin en sí mismo, autonomía y libertad; libertad y responsabilidad, son todas cualidades que advertimos y reconocemos para referirnos a la dignidad objetiva, subjetiva y universal humana. Este reconocimiento objetivo de la dignidad humana por su universalidad nos iguala a todos en nuestra condición humana, y por lo mismo, advertimos un nuevo elemento que es precisamente la igualdad. La experiencia subjetiva y existencial coexiste con estas nociones que hemos enunciado de la tradición occidental. Sin embargo, durante nuestras breves disertaciones nos encontramos frente al problema de la relatividad de los valores, ya no frente a la existencia y la subjetividad, si no frente a la diversidad cultural y religiosa. Luego entonces, si los valores son relativos a cada cultura y a cada religión, no puede haber valores universales. De manera casi inmediata creo yo, si seguimos la línea sugerida en esta reflexiones, salta a la vista que la dignidad humana es universal y ésta no descarta a la diversidad ni se opone a la misma.
7 7 Es un tema por demás amplio y complejo, sin embargo, bien podemos dejar sentado que es a partir de la persona humana que apreciamos lo diverso en nosotros mismos. Por otro lado, creo que resulta pertinente compartir algunas reflexiones pluralistas 9. Tanto en la cultura en general, como en el fenómeno religioso, podemos advertir racionalidades o fundamentaciones éticas universalistas opuestas al relativismo, y de igual modo, racionalidades o fundamentaciones relativistas opuestas al universalismo. Ambos extremos pueden dificultar el reconocimiento de coincidencias, y en todo caso el diálogo. En ambos casos podemos llegar a la intransigencia de pretender posicionar de manera hegemónica o dominante una sola racionalidad o fundamentación, ya sea la universalista o la relativista. Para el universalismo cultural o religioso, por decirlo de alguna manera, solamente existe el reconocimiento de una racionalidad y una sola fundamentación. Para el relativismo ético, también para decirlo en breve, existen tantos fundamentos y argumentos que cualquiera puede ser correcto. El pensamiento pluralista reconoce que existen diversos modos correctos de fundamentar principios éticos cuyas argumentaciones son susceptibles de diálogo sin menoscabo de la dignidad humana. Es pues legítima la diversidad de racionalidades, fundamentaciones y argumentos, y percepciones del mundo, de modo tal que todas estarán sujetas a diálogo, finalidades éticas y contextos sin menoscabo de la dignidad humana. Esto cobra especial relevancia frente a la diversidad cultural, particularmente cuando nos referimos al dominio de la tradición occidental frente a pueblos originarios y el actual reconocimiento de sus derechos a la diversidad cultural. De todo lo anterior se desprende nuevamente que la coincidencia la encontramos en el reconocimiento de la dignidad humana. 9 Cfr. Salcedo Aquino, José Alejandro, Multiculturalismo. Orientaciones filosóficas para una argumentación pluralista, México, Plaza y Valdés-UNAM, Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, 2001, p. 149 y ss. La literatura con respecto a la argumentación pluralista es muy amplia sobre todo en cuestiones éticas y de derechos humanos. En este espacio solamente sugerimos el capítulo de conclusiones de la obra referida.
8 8 Encontramos pues que la dignidad humana es: virtud; es respeto y libertad en la diversidad cultural y religiosa; es el ser humano un fin en sí mismo; es autonomía y libertad; es libertad y responsabilidad; y es igualdad. La dignidad humana nos iguala a todos. Es pues deber ético del abogado mantener el honor y dignidad profesionales sobre la base de la dignidad humana ante todo. Lo mismo acerca de la dignidad humana que en torno a la dignidad de nuestra profesión, Eduardo J. Couture en sus Mandamientos del Abogado se expresa en los siguientes términos: TEN FE.- Te fe en el derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; en la justicia, como destino normal del derecho; en la paz, como sustitutivo bondadoso de la justicia; y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN letra que: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice a la Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Nuestra carta magna se pronuncia por que todas las personas gocen de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, que serán interpretados de modo en que las personas sean favorecidas con la protección más amplia en todo momento. 10 Couture, Eduardo, Los mandamientos del abogado, 11ª. edición, Buenos Aires, Editorial Depalma, 1990, p. 12.
9 9 Cabe pues añadir, que por lo mismo, el mismo texto constitucional establece que: Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En este orden de ideas, es necesario apuntar que se trata de prescripciones legales que establecen la igualdad de la persona en su dignidad y autonomía para el libre ejercicio de sus derechos sin distinción alguna. También, cuando el texto constitucional señala el deber de abstenerse de discriminar, es debido a que precisamente se trata de evitar el menoscabo, restricción, distinción, o exclusión de las personas y grupos en sus derechos fundamentales. A partir de 1948 la humanidad es sujeto de derechos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo segundo establece que: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Y el artículo siete de la misma Declaración dice a la letra: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
10 10 Jesús Rodríguez Zepeda elabora una definición propia de discriminación sobre la base de las definiciones en el espacio jurídico. Para el especialista: la discriminación es una conducta, culturalmente fundada, y sistemática y socialmente extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida y que tiene por efecto (intencional o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales 11. Se puede decir que para garantizar y hacer eficaz la protección de los derechos fundamentales es necesario entre otras cosas no discriminar, y por lo mismo, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de cumplir las disposiciones del artículo primero constitucional con respecto a los derechos humanos y la obligación de prohibir la discriminación tal y como ha quedado expresado. Sin duda alguna, tal y como lo señala la teoría constitucional contemporánea, la legitimidad del Estado tiene sus cimientos en el establecimiento formal y garantía práctica de los derechos fundamentales de las personas. Esta legitimación, dicen los de manera conjunta Miguel Carbonell y Pedro Salazar 12, también implica que la legitimidad de las políticas públicas, también depende de que éstas ofrezcan garantía eficaz a estos derechos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias están pues obligadas a garantizar los derechos humanos. Los principios y valores que subyacen a la protección jurídica de los derechos humanos, la igualdad y el derecho a la no discriminación son el respeto a la dignidad humana en igualdad y el ejercicio autónomo de la libertad. Tenemos pues que en la diversidad es necesario advertir la universalidad de la dignidad humana tanto en el plano ético y ético profesional, como en el plano jurídico. 11 Rodríguez Zepeda, Jesús, Una Idea Teórica de la no Discriminación, en De la Torre Martínez, Carlos (coord.), Derecho a la no discriminación, México, CONAPRED-CDHDF-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006, Serie DOCTRINA JURÍDICA, núm p. 43. La letra cursiva es del autor. 12 Cfr. Carbonell, Miguel y Salazar Ugarte, Pedro (coords.), La reforma constitucional de derechos humanos. Un nuevo paradigma, 3ª edición, México, Porrúa-UNAM, México, 2013., p. IX.
11 11 3. DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN COMO PRINCIPIOS DEONTOLÓGICOS EN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 3.1. LA DEONTOLOGÍA JURÍDICA Las normas deontológicas son básicamente exigencias de ética profesional. Para Víctor Pérez Valera, cuando hablamos de deontología jurídica, nos estamos refiriendo a la ética aplicada al ejercicio de la profesión jurídica 13. Miguel Villoro Toranzo nos dice que la deontología jurídica trata sobre los deberes éticos en el ejercicio profesional de los juristas 14. Ángela Aparisi Miralles, igualmente estudiosa del tema, coincide en decir que la deontología es el estudio de los deberes éticos en el desempeño de las profesiones, con la finalidad de establecer normas morales para el comportamiento de los profesionistas, y menciona de manera particular, a aquellas que se consideran de interés público, entre ellas, la medicina y el derecho. Para esta autora, la deontología se enfrenta además; exigencias éticas radicadas en la dignidad de la persona; fines de la profesión jurídica en particular, y en general, a problemas humanos 15. Carlos Arellano García en su Manual del Abogado, dice que la ética profesional del abogado o deontología jurídica: Es el conjunto de reglas de conducta, de naturaleza moral, que tienden a la realización de bien, en el ejercicio de las actividades propias de la persona física dedicada al derecho Cfr. Pérez Varela, Víctor Manuel, Deontología jurídica. La ética en el ser y en el quehacer del abogado, México, Oxford University Press, 2002, p Cfr. Villoro Toranzo, Miguel, Deontología jurídica, México, Universidad Iberoamericana, Departamento de Derecho, 1987, p Cfr. Aparisi Miralles, Ángela, Ética y deontología para juristas, México, Universidad Panamericana-Porrúa, 2009, p Arellano García, Carlos, Manual del abogado. Práctica jurídica, México, Editorial Porrúa, 1979, p. 269.
12 12 En los Lineamientos para un Código Deontológico de la Abogacía Mexicana, los autores; Oscar Cruz Barney, Felipe Ibáñez Mariel, José Antonio Lozano Díez y Cuauhtémoc Reséndiz Núñez, nos explican que los colegios de abogados deben contar con un código deontológico, entendido como un ordenamiento en el que se identifiquen aquellos deberes, derechos y obligaciones éticos aplicables al ejercicio profesional del derecho, que permitan a los practicantes el ejercicio de la profesión conforme a las mejores prácticas, así como el correspondiente control deontológico 17. Cuando estos mismos autores se refieren a la necesidad de hacer obligatoria la colegiación profesional de abogados en México, se refieren al ejercicio libre e independiente. Por supuesto que me adhiero a estas iniciativas, sin embargo, nuestras disertaciones van en otro sentido. Las diversas profesiones jurídicas tales como: el abogado como servidor público o autoridad pública en general; el abogado como ministerio público; el abogado en la carrera judicial; el abogado en el notariado; el abogado en la correduría pública; el abogado en la defensoría proveída por el Estado y aún el abogado en la vida académica; además del requisito inicial de titulación y obtención de cédula profesional, están sujetos a otros requisitos y controles de vigilancia para el ejercicio profesional correspondiente CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA El control y vigilancia del ejercicio profesional de abogado está sujeto, sin distinguir en principio a las diversas profesiones jurídicas, a reglas deontológicas en las que debemos advertir tres posibles formas de obligatoriedad. En primer lugar se trata de un compromiso personal y vocacional, es decir, un acto voluntario sin sanción jurídica. 17 ABA ROLI México (coord.), Lineamientos para un código deontológico de la abogacía mexicana, México, Asociación de la Barra Americana de abogados ABA ROLI México-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2013, p. XVIII. 18 Cfr. Ibidem. p. IX.
13 13 En segundo lugar, también encontramos que la colegiación en México es un compromiso voluntario del abogado independiente, es decir, lamentablemente no es legalmente obligatoria. Los colegios tienen funciones de control ético y profesional. En tercer lugar, existen muchos deberes éticos para los profesionales del derecho con carácter vinculante. En este último sentido, las disposiciones legales llegan a tener un alcance tan generalizado que abarcan a todas las profesiones jurídicas. Se trata, en principio, de las disposiciones constitucionales y reglamentarias del artículo 5º de la Carta Magna, y por supuesto, son muchas otras las disposiciones aplicables y abarcan diferentes ramas o materias. Ahora bien, si se trata del abogado en el servicio público y como autoridad, tenemos que tener en cuenta que hemos hecho un recorrido de tal modo que ya damos por sentada la universalidad de la dignidad humana tanto el plano ético y ético profesional, como en el jurídico como principios rectores de la vida y la convivencia de las personas. Hemos también advertido que toda autoridad pública está obligada a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en igualdad y evitar toda restricción, distinción, o exclusión de las personas y grupos, es decir, no discriminar. En nuestros días, la legitimidad del Estado tiene su fundamento en el reconocimiento formal y garantía práctica de los derechos fundamentales de las personas. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias están pues obligadas a garantizar los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación. Toda persona, todo profesionista, y por supuesto todo abogado en la función pública, están obligados por mandato constitucional a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Advertimos pues una obligatoriedad constitucional conforme a lo dispuesto por el artículo primero, otra legal y reglamentaria principalmente administrativa, y otra más por compromiso en la esfera ética profesional o deontológica. Esta obligatoriedad también se ve reflejada en disposiciones deontológicas para los servidores públicos.
14 14 Por ejemplo en el ejercicio de la función pública el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal del año 2002, establece entre otros, principios tales como: Imparcialidad, Justicia, Generosidad, Igualdad, Respeto. Con respecto a la imparcialidad, el código prescribe que el servidor público no concederá preferencias o privilegios y evitará prejuicios personales. Con respecto a la justicia queda privilegiado el cumplimiento del Estado de Derecho, que como ya se dijo con anterioridad, fundamenta su legitimidad en la garantía de derechos fundamentales y a ello queda obligada toda autoridad. Los principios de igualdad y respeto salvaguardan precisamente que los servidores públicos brinden trato igual si distinción alguna considerando en todo momento, los derechos, libertades y cualidades inherentes a la condición humana. El Código de Ética Profesional para los Agentes del Ministerio Púbico y de la Policía Judicial de 1993, establece que: ARTICULO 2o. Los agentes federales del Ministerio Público y de la Policía Judicial, como servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, están obligados a: I. Velar por el respeto permanente de los derechos humanos; III. Aplicar estrictamente la ley, sin hacer discriminación alguna por razones de raza, sexo, religión, edad, apariencia, condición social, militancia política, sin perjuicio de otorgar los beneficios que la propia ley prevé para los grupos que lo requieran; IV. Hacer del conocimiento de sus superiores, de manera inmediata, cualquiera violación a los Derechos Humanos, y V. Dar trato cortés y digno al público y a los detenidos, vigilando que en caso necesario se les proporcione asistencia médica.
15 15 El artículo 113 de nuestra Constitución establece que el ejercicio de la función pública debe cumplir con principios tales como la imparcialidad, quiere decir que el servidor público no debe conceder preferencias o privilegios ni obstaculizar sus labores por prejuicios personales, se trata de garantizar la igualdad y la legalidad. La Secretaría de la Función Pública emitió en marzo de 2012, lineamientos generales para asegurar el comportamiento ético de los servidores públicos. Dentro de estos lineamientos es relevante mencionar a los Comités de Ética y el desarrollo de Códigos de Conducta en cada dependencia y entidad. El Código de Ética del Poder Judicial de la Federación de 2004, menciona de manera sobresaliente el principio de independencia para que la labor jurisdiccional sea realizada con imparcialidad y objetividad. Estamos pues ante principios que tienen en la mira la salvaguarda de la igualdad de las personas ante la ley. Los códigos deontológicos para los notarios en el Distrito Federal y en el Estado de México también disponen de manera obligatoria el trato imparcial e igualitario y ausente de discriminación 19. Estos últimos ejemplos de disposiciones éticas en el servicio público, o de interés público en la función notarial, forman parte de las codificaciones deontológicas o éticas profesionales que involucran al profesionista del derecho. 4. UNA MIRADA A LA ENCUESTA NACIONAL SOBRE DISCRIMINACIÓN EN MÉXICO 2010 Y EL REPORTE SOBRE LA DISCRIMINACIÓN EN MÉXCIO 2012 Ahora bien, los controles sociales normativos, dentro de los cuales está el derecho, siempre cumplen funciones de prevención y promoción 20. Con respecto a los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación el artículo segundo de la Ley Federal para Prevenir la Discriminación es un ejemplo de las funciones del derecho a que he hecho referencia: 19 Particularmente así lo dispone el artículo 5.6. del Código de Ética Notarial del Estado de México. 20 Cfr. El capítulo segundo Las Funciones de Derecho en, Atienza, Manuel, Introducción al derecho, México, Distribuciones Fontamara, 2007, Colección Doctrina Jurídica Contemporánea núm. 2. p. 51 y ss.
16 16 Artículo 2.- Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país y promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos. También, como puede advertirse, se trata de un mandato que establece directrices para la realización de políticas públicas, específicamente de gobierno. Muchas de estas políticas cumplen funciones de orientación y persuasión dirigidas al plano social y cultural cargado de prejuicios negativos y estigmas relacionados con la discriminación, para generar el cambio que favorezca a la dignidad e igualdad de las personas y grupos. El derecho también cumple funciones educativas 21, y en este caso en particular, resulta relevante. En abril de 2011, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, publicó por segunda vez la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, en esta ocasión, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este documento se pone de manifiesto la magnitud y persistencia de la discriminación en nuestro país. La encuesta se divide en tres apartados que se ocupan de: Valores, actitudes y prácticas. Experiencia de personas y grupos ante las conductas discriminatorias. Y por último, la percepción acerca del Consejo. En el segundo apartado, encontramos que las personas y grupos más discriminados o vulnerados son: Mujeres, diversidad sexual, grupos étnicos, jóvenes, minorías religiosas, niños y niñas, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas migrantes y trabajadoras del hogar. 21 Cfr. Soriano, Ramón, Sociología del Derecho, España, Editorial Ariel, 1997, p. 386.
17 17 En el mes de octubre del año 2012, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México, publicó de manera conjunta con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Reporte sobre Discriminación en México En este otro documento quedó nuevamente de manifiesto que: En nuestra cultura persiste la desigualdad de trato, constituida sobre un pasado autoritario 22. El Reporte, a diferencia de la Encuesta Nacional, tiene como característica haber sido elaborado a partir de campos sociales e institucionales en los que se llevan a cabo actos discriminatorios, en vez de considerar a personas o grupos. Cabe tener presente que tres son en general los elementos relacionados al derecho a la no discriminación: Trato diferenciado. Distinción, exclusión y restricción. Y por último, motivos prohibidos de discriminación. Hay que recordar también que la discriminación es un acto desproporcionado, injustificado o arbitrario que surte el efecto de impedir o anular el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales. La discriminación pues, atenta contra la dignidad y autonomía de las personas y grupos y su acceso igualitario al ejercicio de derechos. Uno de los campos que fueron considerados por el Reporte fue el derecho civil mexicano. Una mirada rápida al documento nos lleva a advertir temas tales como: el derecho al nombre, los derechos de la familia y el matrimonio y el divorcio, violencia intrafamiliar, adopción, patria potestad y guarda y custodia de menores. Con respecto al nombre de la persona, tanto el Reporte, como el texto coordinado por Luz María Valdés 23 sobre los 150 años del Registro Civil en nuestro país, arrojan cifras que son relevantes al momento de pensar en el ejercicio eficaz de los derechos. Resulta que se estima en 7 millones de personas en el país las que no cuentan con acta de nacimiento. También se da cuenta de que el formalismo de las oficinas del Registro Civil dificulta el registro de nombres de procedencia indígena. 22 De la Madrid, Ricardo Raphael (coord.), Reporte sobre discriminación en México Introducción general, México, CIDE-CONAPRED, 2012, p Cfr. Valdés, Luz María (coord.), Conmemoración del 150 aniversario del Registro Civil. Fundamentos y reflexiones, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2011, SERIE: ESTUDIOS JURÍDICOS, núm. 191, p. 11.
18 18 Por otro lado, muchos indicadores en el Reporte y en otros estudios, nos hacen pensar que conviene distinguir al matrimonio de la institución familiar; el primero es la unión entre dos personas, y el segundo, puede implicar a más seres humanos, matrimonio y familia pues, no son necesariamente sinónimos. Además, se hace necesario pensar en formas diversas de vida familiar y ampliar o modificar la idea de un sólo modo de convivencia. Dicen José y Miguel Carbonell, cuando reflexionan en torno a la equidad de género en el Estado de bienestar, que: La alternativa está en transitar hacia una verdadera protección de las familias (en plural) y ya no de un solo modelo 24. También salta a la vista, principalmente en el Reporte, la merma en los derechos de las personas con orientación distinta a la heterosexual. Otro de los campos en los que con mayor persistencia se excluye y discrimina en México es el que se refiere a la justicia penal. Resulta poco eficaz el ejercicio de las garantías procesales y las personas que no gozan de esos derechos son víctimas de una maquinaria lastrada por los prejuicios, los estereotipos, el abuso de autoridad, la lentitud y la corrupción. El Reporte da cuenta entre otras cosas del factor económico como determinante para el acceso a la justicia. Policías y ministerios públicos son vistos con razón como nichos de abuso y corrupción. El legalismo predomina y obstruye los procesos. La mujer recibe tratos desproporcionados inclusive en la imposición de penas. Jóvenes varones de escasos recursos y escolaridad habitan las cárceles de manera alarmante. Una población sensiblemente vulnerable tanto para las policías y ministerios públicos, como para jueces e instituciones carcelarias, es la diversidad sexual. Tampoco las personas con discapacidad cuentan con condiciones adecuadas en los centros de readaptación social. 24 Carbonell, José et al., Las familias en el siglo XXI: Una mirada desde el derecho, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2012, SERIE: ESTUDIOS JURÍDICOS, núm. 205, 54.
19 19 También, el Reporte da cuenta de otro campo muy sensible; el del derecho a la salud. Gasto, cobertura y calidad en los servicios de salud por parte del Estado arrojan saldos de discriminación a personas migrantes, mujeres, indígenas, personas discapacitadas y personas de la diversidad sexual. Discriminación en el mundo del trabajo. Discriminación y el derecho a la alimentación. Discriminación y derechos políticos. Discriminación y libertad de conciencia. Discriminación en el acceso a la información y la protección de datos personales. Discriminación, libertad de expresión y medios electrónicos de comunicación. Discriminación en el acceso al crédito. Discriminación y el derecho a la educación, son otros de los campos sociales e institucionales contemplados por el Reporte sobre Discriminación en México 2012, y que quedan solamente enunciados en este texto. El problema de la discriminación en México es grave, y la labor de los juristas a favor de una sociedad más igualitaria en todos estos campos sociales e institucionales resulta de vital importancia. Hoy como nunca nos debemos al estudio y aplicación eficaz de los instrumentos legales, nacionales e internacionales en el rubro de los derechos humanos y el derecho a la no discriminación. Esta labor representa entre otros retos, un quehacer hermenéutico de interpretación y argumentación, siempre a favor de la persona y los grupos en: el concepto mismo de discriminación, en cada uno de los conceptos y cláusulas contenidos en los textos legales, y por último, en la cláusula abierta que con frecuencia encontramos en los instrumentos jurídicos aplicables. Muchos contenidos legales en textos sustantivos de ramas o materias tradicionales e históricas del fenómeno jurídico occidental se han caracterizado por salvaguardar a la persona, y por ejemplo, para la persistencia de la discriminación, pueden ser reinterpretados o modificados. Es el caso del daño moral, que por ejemplo, en el Estado de Baja California, contempla desde el año 2004, que el daño sucede también cuando una persona sea víctima de la discriminación.
20 20 En el derecho penal la persona y su integridad han sido derechos tutelados, y por ejemplo también, en Distrito Federal ahora está contemplada como delito la discriminación. 5. REFLEXIONES EN TORNO A LA LAICIDAD, DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN Laico y secular son conceptos polisémicos, es decir, son palabas con diversos significados. La palabra laico es de origen griego, laikós, que significa del pueblo. Es común hasta nuestros días que en la cristiandad católica se use el vocablo para referirse al feligrés, es decir, laico católico. También, dentro de la cristiandad católica, se usa la voz secular, secuslāris de origen latino, que significa siglo, y se suele emplear para designar al clero o sacerdocio que no viven en monasterios sujetos a una regla, sino en el mundo, adscritos a una parroquia, colegiata o catedral, mientras que el clero regular, se refiere al sacerdocio o monacato que pertenece a cualquiera de las órdenes o congregaciones, han hecho los votos monásticos y viven en comunidad. Laico y laicismo son palabras que también se emplean para señalar que existen espacios sociales, culturales y políticos, ajenos o autónomos de la esfera religiosa. Esto abarca desde la educación, la ciencia y la cultura, hasta las esferas de poder. La voz laicismo en particular se ha empleado con connotaciones antirreligiosas o anticlericales debido en mucho, a las pugnas históricas de las cristiandades. El laicismo, inclusive más allá de una carga negativa hacia el campo confesional, ha significado la separación de esferas de poder político de las instituciones religiosas. Por otro lado, cuando solamente usamos la voz laico, estamos hablando igualmente de un Estado ajeno o independiente a las diversas confesiones religiosas y sus instituciones. Ahora, el significado de laico se refiere al pueblo como titular de la soberanía del poder público del Estado. La idea de soberanía transitó de la monarquía al Estado moderno, y de la legitimidad basada en elementos e instituciones religiosas, a la soberanía y legitimidad basada en el pueblo y en el ordenamiento jurídico, y la independencia de los poderes públicos de las diferentes confesiones.
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