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Timestamp: 2019-03-24 18:16:03+00:00

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﻿ Sentencia 2011-00339 de marzo 5 de 2015
SENTENCIA 2011-00339 DE 05 DE MARZO DE 2015
CONTENIDO:EXCEPCIONES AL RÉGIMEN GENERAL DEL IVA. SE INDICA QUE EN CUANTO AL RÉGIMEN GENERAL DEL IVA PUEDEN CREARSE EXENCIONES A GRAVÁMENES A TASA CERO QUE DAN DERECHO AL DESCUENTO DE LOS IMPUESTOS A LAS VENTAS PAGADOS POR EL RESPONSABLEO EXCLUSIONES, ES DECIR, EXONERACIONES IMPERFECTAS QUE IMPLICAN LA NO CAUSACIÓN DEL GRAVAMEN EN LA VENTA DEL BIEN O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SIN LUGAR AL DERECHO AL DESCUENTO. ASÍ MISMO SE EXPLICA QUE EXISTEN MODALIDADES DE EXCLUSIÓN TALES COMO SUBJETIVA, OBJETIVA O MIXTA. LA PRIMERA SE PRESENTA CUANDO DETERMINADO GRUPO DE PERSONAS SON EXCLUIDAS DEL PAGO DE TRIBUTO, COMO POR EJEMPLO CIERTOS BIENES DE LOS DIPLOMÁTICOSLA SEGUNDA, TIENE LUGAR CUANDO DETERMINADOS BIENES O SERVICIOS QUEDAN EXENTOS DEL PAGO DEL IMPUESTO, CON INDEPENDENCIA DE LA PERSONA QUE LO ADQUIERALA ÚLTIMA, TIENE LUGAR CUANDO LA EXCLUSIÓN SE PRESENTA POR LA CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO Y DE LA PERSONA QUE LO ADQUIERE.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DIAN, IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, ESTATUTO TRIBUTARIO, SANCIÓN POR NO PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN TRIBUTARIA
Sentencia 2011-00339 de marzo 5 de 2015
Rad.: 25000-23-27-000-2011-00339-01(19876)
Asunto: Impuesto sobre las ventas tercer bimestre del año 2006
Corresponde a la Sala decidir si es nula la resolución que impuso a la sociedad Grupo Sis Servicios Integrales de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito S.A., la sanción por no presentar la declaración del impuesto sobre las ventas correspondiente al tercer bimestre del año gravable 2006.
Asimismo, si para imponer la sanción por no declarar, la administración tributaria debió notificar a la sociedad un pliego de cargos, en los términos del artículo 638 del estatuto tributario.
Teniendo en cuenta que mediante la Sentencia 19636 del 5 de febrero de 2015 la Sala decidió la demanda presentada por el Grupo SIS en relación con la imposición de la sanción por no declarar por el primer bimestre del año 2006 y que existe identidad en los hechos y fundamentos de derecho de los dos procesos, en esta oportunidad se reitera lo allí expuesto.
En este caso la administración profirió, el 1º de febrero de 2010, el emplazamiento para declarar 312382010000003, conminando a la sociedad actora a que cumpliera con la obligación de presentar la declaración del impuesto sobre las ventas correspondiente al tercer bimestre del año gravable 2006.
Teniendo en cuenta que la demandante no presentó la declaración y, por el contrario, manifestó que no estaba obligada a hacerlo por desarrollar una actividad excluída, procedió a imponer una sanción de ciento sesenta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil pesos $164.448.000, mediante la Resolución 312412010000014 del 8 de julio de 2010.
Agotado el procedimiento previsto en los citados artículos 715 y 716 del estatuto tributario, la administración puede determinar, mediante liquidación oficial de aforo, la obligación tributaria omitida, según lo dispuesto en el artículo 717 ibíd.
De la normativa citada se concluye que el procedimiento de aforo comprende tres etapas a saber: el emplazamiento por no declarar, la sanción por no declarar y la liquidación de aforo(1). Si bien el emplazamiento es un acto de trámite, su expedición previa es requisito de validez para proferir la resolución sancionatoria y para el debido adelantamiento del proceso de aforo, encaminado a la determinación oficial de la obligación tributaria al contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, omisos.
El artículo 420 del estatuto tributario establece que son hechos generadores del IVA las ventas e importaciones de bienes corporales muebles que no estén excluídas y la prestación de servicios en el territorio nacional. A partir de la Ley 6a de 1992, la regla general es que están gravados con IVA todos los servicios, salvo los que el legislador expresamente excluya (E.T., art. 476).
ART. 1º—(Modificado. D. 2577/99, art. 1º). De conformidad con lo previsto en los numerales 3º y 8º del artículo 476 del estatuto tributario, están exceptuados del impuesto sobre las ventas los siguientes servicios vinculados con la seguridad social de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993:
PAR.—<Modificado. D. 2577/99, art. 1º. El nuevo texto es el siguiente:> Así mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 16 del artículo 476 del estatuto tributario, las comisiones de intermediación por la colocación y renovación de planes del sistema de seguridad social en pensiones, salud y riesgos profesionales de conformidad con lo previsto en la Ley 100 de 1993, están exceptuados del impuesto sobre las ventas.
ART. 2º—Servicios de administracion de fondos del estado del sistema de seguridad social. Se exceptúan del impuesto sobre las ventas, los servicios de administración prestados al Fondo de Solidaridad y Garantía, al Fondo de Solidaridad Pensional, al Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional, a los fondos de pensiones del nivel territorial y al Fondo de Riesgos Profesionales” (se resalta).
Una revisión a la enumeración que hace el artículo 1º del Decreto 841 de 1998 permite establecer que en el literal G se exceptúan del impuesto a las ventas “(…) Los servicios prestados por entidades de salud para atender accidentes de tránsito y eventos catastróficos (…)”; por lo tanto, dado que la actora no es una entidad de salud, no puede entenderse que el servicio de carácter administrativo que le presta a la aseguradora, está cobijado por la excepción otorgada a los prestados por las entidades de salud para atender los eventos descritos en la disposición.
Lo anterior, porque los servicios que presta que consisten en analizar y liquidar las cuentas correspondientes a las reclamaciones de amparo que cubre el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, no tienen ninguna relación con los servicios prestados por las entidades de salud para atender accidentes de tránsito y eventos catastróficos, ya que estos últimos se refieren a la atención que tales entidades brindan a las personas que resultan lesionadas en accidentes de tránsito o en eventos catastróficos, pues son esos los servicios que prestan las entidades de salud y no otras.
Es así como el Decreto 1283 de julio 23 de 1996(2), mediante el cual se reglamentó el funcionamiento del Fondo de Solidaridad y Garantía del sistema general de seguridad social en salud, al derogar el Decreto 1813 del 3 de agosto de 1994, definió, en el artículo 32, los beneficios a los que tendrían derecho las victimas que sufran daño en su integridad física como consecuencia directa de accidentes de tránsito. La disposición estableció que uno de los beneficios consiste en los servicios médico quirúrgicos y los definió como “(...) todos aquellos servicios destinados a lograr la estabilización del paciente, al tratamiento de las patologías resultantes de manera directa del evento terrorista, catastrófico o accidente de tránsito y a la rehabilitación de las secuelas producidas”. También señaló que los servicios médico-quirúrgicos comprenden las siguientes actividades:
En el contrato que se allegó con la demanda, se verifica que el objeto del mismo consiste en “(…) el análisis y liquidación de cuentas correspondientes a reclamaciones por los amparos que cubre el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (…)” y, según se afirma en el recurso de apelación, la labor del Grupo SIS “agiliza el desembolso de las indemnizaciones aseguradas por la rápida verificación de la ocurrencia de los accidentes, de la identificación de las víctimas y las lesiones sufridas”.
De acuerdo con lo anterior, el servicio prestado por la sociedad demandante no es un servicio vinculado con la seguridad social; no es un servicio prestado por la entidad de salud al afectado en el accidente de tránsito; no tiene relación con la prestación de los servicios médico-quirúrgicos entre los que se encuentra la atención de urgencias; es una auditoría o control de carácter administrativo que realiza para la aseguradora, que tiene que ver con las reclamaciones por los amparos que cubre el seguro obligatorio de accidentes de tránsito.
En relación con el argumento expuesto en la demanda, y reiterado en la apelación, sobre el carácter objetivo de la exención, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-341 de 2007, esta Sala considera necesario recordar que dicha providencia no definió cuáles son los servicios vinculados a la seguridad social de acuerdo con lo previsto en la Ley 100 de 1993.
(…) en lo que atañe al régimen general del IVA, pueden crearse exenciones o gravámenes a tasa cero que dan derecho al descuento de los impuestos a las ventas pagados por el responsable; o exclusiones, es decir, exoneraciones imperfectas que implican la no causación del gravamen en la venta del bien o la prestación del servicio, sin lugar al derecho al descuento. En tal sentido, el legislador puede optar por diversas modalidades de exclusión: subjetiva, objetiva o mixta. La primera se presenta cuando determinado grupo de personas son excluidas del pago de tributo, como es el caso de ciertos bienes de los diplomáticos; la segunda, tiene lugar cuando determinados bienes o servicios quedan exentos del pago del impuesto, con independencia de la persona que lo adquiera; la última, tiene lugar cuando la exclusión se presenta por la calidad del bien o servicio y de la persona que lo adquiere o lo presta.
En el sublite no se discute si la exclusión es subjetiva, objetiva o mixta; la controversia radica en la inexistencia del servicio excluido, pues la sociedad presta un servicio que no hace parte de los vinculados a la seguridad social.
Como lo concluyó el tribunal, el servicio prestado por la sociedad demandante se subsume en una labor meramente administrativa de auditoría de cuentas inherente al funcionamiento operacional de cualquier empresa, que carece de relación directa y objetiva con los fines de la seguridad social, los cuales buscan proteger los derechos a la salud, la vida digna y la integridad física y moral de sus afiliados.
El apelante sostiene que el liderazgo de Seguros del Estado S.A. en el ramo del SOAT responde a la labor que de manera exclusiva y profesional realiza el Grupo SIS para adelantar todas las labores inherentes a la actividad aseguradora, sin las cuales sería nula la protección efectiva de los heridos y que los servicios del Grupo SIS se encuentran estrechamente vinculados al componente asegurador de la seguridad social en materia de accidentes de tránsito.
Para la Sala es importante aclarar que en este proceso no se debate la naturaleza jurídica del contrato de seguro, ni la calidad del servicio prestado por la aseguradora, lo que se examina es si la actividad que realiza uno de sus contratistas está gravada con el impuesto sobre las ventas, aspecto este al que están encaminados los argumentos expuestos, de los que se concluye que el servicio prestado por la actora está sometido al gravamen y que, por lo tanto, estaba obligada a presentar la declaración por el tercer bimestre del año 2006.
CONFÍRMASE la sentencia del 8 de junio de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta Subsección B, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el Grupo SIS Servicios Integrales de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito S.A. contra la DIAN.
1 Sentencias del 13 de noviembre del 2008, expediente 25000-23-27-000-2005-00749-01(16350) y del 28 de enero de 2010, expendiente 25000-23-27-000-2006-01341-01 (17209).
2 Modificado por el Decreto 3990 de 2007.

References: resolución 
 artículo 638
 Resolución 
 artículo 717
 resolución 
 artículo 420
 artículo 476
 artículo 476
 artículo 1
 artículo 32