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Timestamp: 2019-04-24 02:25:17+00:00

Document:
﻿ Auto 2013-00054 de noviembre 20 de 2013
SENTENCIA 2013-00054 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2013
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL, REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, FUNCIONES DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, INSCRIPCIÓN DE CANDIDATURA, INSCRIPCIÓN DEL CANDIDATO INDEPENDIENTE, INSCRIPCIÓN DEL CANDIDATO POLÍTICO
Auto 2013-00054 de noviembre 20 de 2013
Radicación: 110010328000201300054-00
Demandado: Luis Fernando Castellanos Nieto (Notario Sesenta y Seis del Círculo de Bogotá).
Como se establece en los antecedentes, en el caso en estudio, la demanda pretende la nulidad del Decreto 1856 de 29 de agosto de 2013, por medio del cual el Gobierno Nacional efectuó el nombramiento del Notario 66 de Bogotá, con fundamento en que se desconoció el estricto orden de la lista de elegibles vigente para la fecha.
3. De los de nulidad de elecciones del Presidente y vicepresidente de la República, senadores, representantes a la cámara, así como de los de nulidad de las elecciones o nombramientos hechos por el Presidente de la República, el Congreso, las Cámaras, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el Gobierno Nacional o por cualquier autoridad, funcionario, corporación o entidad descentralizada, del orden nacional” (resaltado fuera del texto original).
Igualmente de los relativos a la acción de nulidad electoral que se promuevan con motivo de las elecciones o nombramientos hechos por estas corporaciones o funcionarios de que trata el inciso anterior o por cualquier organismo o servidor de los departamentos, de los citados municipios o del distrito capital” (resaltado fuera del texto original).
Nótese que las reglas establecidas por dicha normativa preveían las siguientes competencias: (i) si se trataba de un acto de nombramiento (incluido el de notario) efectuado por el Gobierno Nacional, quien conocía de su nulidad era el Consejo de Estado en única instancia y (ii) si lo que se debatía era la legalidad del acto de nombramiento de notario llevado a cabo por un gobernador, la competencia radicaba en los tribunales administrativos, en primera instancia, y en el Consejo de Estado, en segunda.
De esta forma, el control de la legalidad en el ejercicio de la facultad nominadora de los notarios correspondía al Consejo de Estado, en única instancia, si estos pertenecían a la categoría 1, por cuanto dichos nombramientos son efectuados por el Gobierno Nacional. En tanto que el nombramiento de los notarios de las demás categorías, es decir 2 y 3, como son llevados a cabo por los gobernadores, autoridad del orden departamental, eran conocidas por los tribunales administrativos, en primera instancia (D. 960/70, art. 161(1)).
Sobre el punto, revisadas las competencias asignadas por el nuevo código al Consejo de Estado, a los tribunales y a los juzgados administrativos, el despacho encuentra que con la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la corporación no tiene competencia para conocer el caso sub examine en única instancia —como lo venía haciendo—, aún cuando se trate de designaciones efectuadas por el Gobierno Nacional, toda vez que la autoridad judicial competente para ello es el tribunal administrativo, en primera instancia.
Las razones que le asisten a al despacho para establecer la anterior regla en materia de competencia electoral se derivan de la interpretación del numeral 9º del artículo 152 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que dispone:
En lo que concierne al primer requisito, es decir, que se trate de un nombramiento no cabe duda de que el asunto que nos ocupa se trata de un acto administrativo de esa naturaleza, pues el Decreto 1856 de 2013, “Por el cual se retira del servicio a un notario por haber alcanzado la edad de retiro forzoso, se hace un nombramiento en virtud del numeral 3º del artículo 178 del Decreto 960 de 1970, y se designa un notario en propiedad en el Círculo Notarial de Bogotá”, en su artículo 3º indica:
“ART. 3º—Nombramiento. Nómbrese en propiedad al doctor Luis Fernando Castellanos Nieto, identificado con la cédula de ciudadanía 79.297.031, como Notario Sesenta y Seis (66) del Círculo de Bogotá”.
En lo que respecta al segundo de los elementos, si bien esta Sección ha entendido que los notarios son en estricto sentido jurídico funcionarios públicos, se hace necesario interpretar de forma extensiva el concepto de “empleado público” al que hace referencia el numeral 9º del artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Sobre el punto el despacho reitera, tal y como lo sostuvo la Sala recientemente en sentencia del 11 de julio de 2013, que los notarios son verdaderos funcionarios públicos:
“Pues bien, en esta oportunidad la Sala reafirma su postura frente al tema, de manera que sigue entendiendo que los notarios son funcionarios públicos con condiciones especialísimas pues tienen un carácter distinto del empleado público tradicional”(2) (resaltado fuera del texto original).
En lo que se refiere al tercero de los requisitos, es decir que se trate del nombramiento de un funcionario de nivel directivo o equivalente, para el despacho, el cargo de notario debe entenderse como equivalente, en consideración a la importancia que revista tal dignidad, a las funciones que desarrolla, que están sometidas al principio de legalidad y establecidas en el artículo 3º del Decreto 960 de 1970(3), y al alto grado de autonomía con obligaciones especiales del que gozan, que les permiten, por ejemplo, de acuerdo con los artículos 2º, 3º y 4º de la Ley 29 de 1973(4), crear los empleos que requieran para el eficaz funcionamiento de las oficinas a su cargo y pagar las asignaciones de sus empleados subalternos con cargo a los recursos que reciban de los usuarios por concepto de los derechos notariales autorizados por la ley.
Finalmente, atendiendo al tipo de autoridades que realizan estos nombramientos, no escapa el despacho, que la designación de los notarios debe ser efectuada, como arriba se explicó, bien por el Gobierno Nacional, o por los gobernadores, según la categoría de la notaría (L. 588/2000, art. 3º).
Además, se advierte que la interpretación de la regla de competencia en mención reporta, como beneficio adicional, la aplicación del principio de la doble instancia para los procesos de nulidad electoral con los cuales se pretende cuestionar la legalidad de los actos administrativos con los que se nombran notarios. Al respecto cabe recordar que:
“La doble instancia tiene múltiples finalidades relacionadas con el derecho de defensa, tales como permitir que la decisión adoptada por una autoridad judicial sea revisada por otro funcionario de la misma naturaleza y más alta jerarquía, ampliar la deliberación del tema y evitar errores judiciales: “Su finalidad es permitir que la decisión adoptada por una autoridad judicial sea revisada por otro funcionario de la misma naturaleza y más alta jerarquía —lo que en principio es indicativo de mayor especialidad en la materia— con el fin de que decisiones contrarias a los intereses de las partes tengan una más amplia deliberación con propósitos de corrección… En la misma línea argumentativa, la Corte Constitucional ha resaltado que la doble instancia constituye un instrumento de “irrigación de justicia y de incremento de la probabilidad de acierto en la función estatal de dispensar justicia al dirimir los conflictos”(5) (resaltado fuera del texto original)
Ahora bien, como en el caso objeto de estudio la demanda de nulidad electoral se dirige contra (i) el acto de nombramiento del Notario 66, (ii) funcionario público, (iii) con un nivel equivalente al directivo y (iv) cuyo nombramiento se efectuó por el Gobierno Nacional; es menester dar aplicación a lo dispuesto por el numeral 9º del artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, siendo competente para conocer del asunto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia, y el Consejo de Estado en segunda.
En suma, mediante este auto se pretende esclarecer que: en tratándose de la nulidad del acto de nombramiento de notario, sea éste efectuado por el Gobierno Nacional o por un gobernador, la regla a aplicar es la contenida en el numera 9º del artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con la cual el conocimiento de las demandas respecto de tales nombramientos están asignadas al tribunal administrativo en primera instancia y al Consejo de Estado en segunda.
(2) En este sentido se pronunció la Sección Quinta, ver Consejo de Estado. Sentencia de 11 de julio de 2013, C.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, expediente 470012331000201200055-01.
(5) Corte Constitucional. Sentencia C-254ª de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

References: artículo 152
 artículo 178
 artículo 3
 artículo 152
 artículo 3
 artículo 152
 artículo 152