Source: https://borm.tirantonline.com/borm/documento/show/173304?doccode=0R8xQB8DbisjPWJNRgxmiw%3D
Timestamp: 2019-03-24 07:20:52+00:00

Document:
Documento TOL173.304 ?
Capítulo I. De los Españoles y Extranjeros (Arts. 11 a 13)
Capítulo II. Derechos y Libertades (Arts. 14 a 38)
Sección 1ª. De los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas (Arts. 15 a 29)
Capítulo III. De los Principios Rectores de la Política Económica y Social (Arts. 39 a 52)
Capítulo IV. De las Garantías de las Libertades de y Derechos Fundamentales (Arts. 53 a 54)
Capítulo II. De la Elaboración de las Leyes (Arts. 81 a 92)
Título IV. Del Gobierno y la Administración (Arts. 97 a 107)
Título V. De las Relaciones del Gobierno y las Cortes Generales (Arts. 108 a 116)
13/12/2004 - 26/09/2014[Comparar]
28/08/1992 - 12/12/2004[Comparar]
29/12/1978 - 27/08/1992[Comparar]
TOL173.304 Legislación
Disposición: Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978
Norma: Constitución Española
Fecha Publicación: 29/12/1978 Fecha Norma: 27/12/1978 Fecha Última Reforma: 13/11/2015
Rango: Constitución Boletín: Boletín Oficial del Estado (BOE) N. Boletín: nº 311
[anterior] Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.
[anterior] Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.
[anterior] Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.
[anterior] Establecer una sociedad democrática avanzada, y
[anterior] En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente
[anterior] Título Preliminar
[anterior] 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
[anterior] 3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.
[anterior] 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
[anterior] 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
[anterior] 2. Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.
Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos
Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos
[anterior] 2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución.
[anterior] 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
[anterior] 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
[anterior] Título I. De los Derechos y Deberes Fundamentales
[anterior] 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
[anterior] Capítulo I. De los Españoles y Extranjeros
[anterior] 2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
[anterior] 3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aún cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.
[anterior] 2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.
[anterior] 3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de una ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.
[anterior] 4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.
[anterior] Capítulo II. Derechos y Libertades
[anterior] Sección 1ª. De los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas
[anterior] 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
[anterior] 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
[anterior] 2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
[anterior] 3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.
[anterior] 4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.
[anterior] 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
[anterior] 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
[anterior] 4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.
[anterior] Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos
[anterior] b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
[anterior] c) A la libertad de cátedra.
[anterior] d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
[anterior] 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
[anterior] 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
[anterior] 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
[anterior] 5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.
[anterior] 2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.
[anterior] 2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.
[anterior] 3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.
[anterior] 4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada.
[anterior] 5. Se prohiben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.
[anterior] 2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.
[anterior] 2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia al letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
[anterior] La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.
[anterior] 2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.
[anterior] 3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.
Se prohiben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales
[anterior] 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
[anterior] 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
[anterior] 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
[anterior] 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.
[anterior] 6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.
[anterior] 7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.
[anterior] 8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.
[anterior] 9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.
[anterior] 10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.
[anterior] 2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
[anterior] 2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.
[anterior] Sección segunda. De los derechos y deberes de los ciudadanos
[anterior] Sección 2ª. De los Derechos y deberes de los Ciudadanos
[anterior] 2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria.
[anterior] 3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general.
[anterior] 4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
[anterior] 2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.
[anterior] 3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.
[anterior] Artículo 32
[anterior] 2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.
[anterior] Artículo 33
[anterior] 2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.
[anterior] 3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.
[anterior] Artículo 34
[anterior] 2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22.
[anterior] Artículo 35
[anterior] 2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.
[anterior] Artículo 36
[anterior] Artículo 37
[anterior] 2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.
[anterior] Artículo 38
[anterior] Capítulo III. De los Principios Rectores de la Política Económica y Social
[anterior] Artículo 39
[anterior] 2. Los poderes públicos aseguran asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.
[anterior] 3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.
[anterior] 4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.
[anterior] Artículo 40
[anterior] 2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales, velaran por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.
[anterior] Artículo 41
[anterior] Artículo 42
[anterior] Artículo 43
[anterior] 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
[anterior] 3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.
[anterior] Artículo 44
[anterior] 2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.
[anterior] Artículo 45
[anterior] 2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
[anterior] 3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.
[anterior] Artículo 46
[anterior] Artículo 47
[anterior] La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
[anterior] Artículo 48
[anterior] Artículo 49
Los poderes públicos realizaran una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos
[anterior] Artículo 50
[anterior] Artículo 51
[anterior] 2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca
[anterior] Artículo 52
[anterior] Capítulo IV. De las Garantías de las Libertades de y Derechos Fundamentales
[anterior] Artículo 53
[anterior] 3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.
[anterior] Artículo 54
[anterior] Capítulo V. De la Suspensión de los Derechos y Libertades
[anterior] Artículo 55
[anterior] 2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.
[anterior] La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.
[anterior] Título II. De la Corona
[anterior] Artículo 56
[anterior] 2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona.
[anterior] 3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65,2.
[anterior] Artículo 57
[anterior] 2. El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España.
[anterior] 3. Extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España.
[anterior] 4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes.
[anterior] 5. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica.
[anterior] Artículo 58
[anterior] Artículo 59
[anterior] 2. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el Príncipe heredero alcance la mayoría de edad.
[anterior] 3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas.
[anterior] 4. Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad.
[anterior] 5. La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.
[anterior] Artículo 60
[anterior] 2. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política.
[anterior] Artículo 61
[anterior] 2. El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al Rey.
[anterior] Artículo 62
[anterior] b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución.
[anterior] c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.
[anterior] d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución.
[anterior] e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.
[anterior] f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.
[anterior] g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno.
[anterior] h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas.
[anterior] i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.
[anterior] j) El Alto Patronazgo de las Reales Academias.
[anterior] Artículo 63
[anterior] 2. Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes.
[anterior] 3. Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.
[anterior] Artículo 64
[anterior] 2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.
[anterior] Artículo 65
[anterior] 2. El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa.
[anterior] Título III. De las Cortes Generales
[anterior] Capítulo I. De las Cámaras
[anterior] Artículo 66
[anterior] 2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.
[anterior] 3. Las Cortes Generales son inviolables.
[anterior] Artículo 67
[anterior] 2. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo.
[anterior] 3. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras, y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios.
[anterior] Artículo 68
[anterior] 2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población.
[anterior] 3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional.
[anterior] 4. El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.
[anterior] 5. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos.
[anterior] La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España.
[anterior] 6. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.
[anterior] Artículo 69
[anterior] 2. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica.
[anterior] 3. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores -Gran Canaria, Mallorca y Tenerife- y uno a cada uno de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.
[anterior] 4. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores.
[anterior] 5. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional.
[anterior] 6. El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los Senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.
[anterior] Artículo 70
[anterior] b) A los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno.
[anterior] c) Al Defensor del Pueblo.
[anterior] d) A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo.
[anterior] e) A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo.
[anterior] f) A los miembros de las Juntas Electorales.
[anterior] 2. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras estará sometida al control judicial, en los términos que establezca la ley electoral.
[anterior] Artículo 71
[anterior] 2. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.
[anterior] 3. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
[anterior] 4. Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas Cámaras.
[anterior] Artículo 72
[anterior] 2. Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes y los demás miembros de sus Mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el Presidente del Congreso y se regirán por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara.
[anterior] 3. Los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes.
[anterior] Artículo 73
[anterior] 2. Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado.
[anterior] Artículo 74
[anterior] 2. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94,1, 145,2 y 158,2, se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras. En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso, y en los otros dos, por el Senado. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una Comisión Mixta compuesta de igual número de Diputados y Senadores. La Comisión presentará un texto que será votado por ambas Cámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta.
[anterior] Artículo 75
[anterior] 2. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación.
[anterior] 3. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.
[anterior] Artículo 76
[anterior] 2. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación.
[anterior] Artículo 77
[anterior] 2. Las Cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido, siempre que las Cámaras lo exijan.
[anterior] Artículo 78
[anterior] 2. Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presidente de la cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, la de asumir las facultades que correspondan a las Cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116, en caso de que éstas hubieran sido disueltas o hubiere expirado su mandato, y la de velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas.
[anterior] 3. Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales.
[anterior] 4. Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones.
[anterior] Artículo 79
[anterior] 2. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan los Reglamentos de las Cámaras.
[anterior] 3. El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable.
[anterior] Artículo 80
[anterior] Capítulo II. De la Elaboración de las Leyes
[anterior] Artículo 81
[anterior] 2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
[anterior] Artículo 82
[anterior] 2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.
[anterior] 3. la delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno.
[anterior] 4. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio.
[anterior] 5. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.
[anterior] 6. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control.
[anterior] Artículo 83
[anterior] b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.
[anterior] Artículo 84
[anterior] Artículo 85
[anterior] Artículo 86
[anterior] 2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.
[anterior] 3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.
[anterior] Artículo 87
[anterior] 2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.
[anterior] 3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.
[anterior] Artículo 88
[anterior] Artículo 89
[anterior] 2. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el artículo 87, tome en consideración el Senado, se remitirán al Congreso para su trámite en éste como tal proposición.
[anterior] Artículo 90
[anterior] 2. El Senado en el plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso retifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple.
[anterior] 3. El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.
[anterior] Artículo 91
[anterior] Artículo 92
[anterior] 2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.
[anterior] 3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.
[anterior] Capítulo III. De los Tratados Internacionales
[anterior] Artículo 93
[anterior] Artículo 94
[anterior] b) Tratados o convenios de carácter militar.
[anterior] c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I.
[anterior] d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.
[anterior] e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución.
[anterior] 2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios.
[anterior] Artículo 95
[anterior] 2. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción
[anterior] Artículo 96
[anterior] 2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.
[anterior] Título IV. Del Gobierno y la Administración
[anterior] Artículo 97
[anterior] Artículo 98
[anterior] 2. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión.
[anterior] 3. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.
[anterior] 4. La ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno.
[anterior] Artículo 99
[anterior] 2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara.
[anterior] 3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.
[anterior] 4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.
[anterior] 5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.
[anterior] Artículo 100
[anterior] Artículo 101
[anterior] 2. El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.
[anterior] Artículo 102
[anterior] 2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.
[anterior] 3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo.
[anterior] Artículo 103
[anterior] 2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.
[anterior] 3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
[anterior] Artículo 104
[anterior] 2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.
[anterior] Artículo 105
[anterior] b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.
[anterior] c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.
[anterior] Artículo 106
[anterior] 2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
[anterior] Artículo 107
[anterior] Título V. De las Relaciones del Gobierno y las Cortes Generales
[anterior] Artículo 108
[anterior] Artículo 109
[anterior] Artículo 110
[anterior] 2. Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas, y podrán solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus Departamentos.
[anterior] Artículo 111
[anterior] 2. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición.
[anterior] Artículo 112
[anterior] Artículo 113
[anterior] 2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno..
[anterior] 3. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.
[anterior] 4. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.
[anterior] Artículo 114
[anterior] 2. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en aquélla se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99. El Rey le nombrará Presidente del Gobierno.
[anterior] Artículo 115
[anterior] 2. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura.
[anterior] 3. No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5.
[anterior] Artículo 116
[anterior] 2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.
[anterior] 3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.
[anterior] 4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.
[anterior] 5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados.
[anterior] Disuelto el Congreso o expirado su mandato si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.
[anterior] 6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.
[anterior] Título VI. Del Poder Judicial
[anterior] Artículo 117
[anterior] 2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley.
[anterior] 3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.
[anterior] 4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho.
[anterior] 5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución.
[anterior] 6. Se prohiben los Tribunales de excepción.
[anterior] Artículo 118
[anterior] Artículo 119
[anterior] Artículo 120
[anterior] 2. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal.
[anterior] 3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.
[anterior] Artículo 121
[anterior] Artículo 122
[anterior] 2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.
[anterior] 3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.
[anterior] Artículo 123
[anterior] 2. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.
[anterior] Artículo 124
[anterior] 2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.
[anterior] 3. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
[anterior] 4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
[anterior] Artículo 125
[anterior] Artículo 126
[anterior] Artículo 127
[anterior] 2. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos.
[anterior] Título VII. Economía y Hacienda
[anterior] Artículo 128
[anterior] 2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.
[anterior] Artículo 129
[anterior] 2. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.
[anterior] Artículo 130
[anterior] 2. Con el mismo fin, se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña.
[anterior] Artículo 131
[anterior] 2. El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley.
[anterior] Artículo 132
[anterior] 2. Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.
[anterior] 3. Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administración, defensa y conservación.
[anterior] Artículo 133
[anterior] 2. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes.
[anterior] 3. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley.
[anterior] 4. Las administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes.
[anterior] Artículo 134
[anterior] 2. Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.
[anterior] 3. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.
[anterior] 4. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.
[anterior] 5. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario.
[anterior] 6. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación.
[anterior] 7. La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.
[anterior] Artículo 135
[anterior] 2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.
[anterior] Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.
[anterior] 3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito.
[anterior] Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.
[anterior] El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
[anterior] 4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.
[anterior] 5. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:
[anterior] b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.
[anterior] c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
[anterior] 6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.
[anterior] Artículo 136
[anterior] Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.
[anterior] 2. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste.
[anterior] El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido.
[anterior] 3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.
[anterior] 4. Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas.
[anterior] Título VIII. De la Organización Territorial del Estado
[anterior] Capítulo I. Principios Generales
[anterior] Artículo 137
[anterior] Artículo 138
[anterior] 2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.
[anterior] Artículo 139
[anterior] 2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.
[anterior] Capítulo II. De la Administración Local
[anterior] Artículo 140
[anterior] Artículo 141
[anterior] 2. El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.
[anterior] 3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.
[anterior] 4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos.
[anterior] Artículo 142
[anterior] Capítulo III. De las Comunidades Autónomas
[anterior] Artículo 143
[anterior] 2. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.
[anterior] 3. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados cinco años.
[anterior] Artículo 144
[anterior] b) Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial.
[anterior] c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143.
[anterior] Artículo 145
[anterior] 2. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales.
[anterior] Artículo 146
[anterior] Artículo 147
[anterior] 2. Los Estatutos de autonomía deberán contener:
[anterior] b) La delimitación de su territorio.
[anterior] c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.
[anterior] d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.
[anterior] 3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.
[anterior] Artículo 148
[anterior] 2.ª Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local.
[anterior] 3.ª Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
[anterior] 4.ª Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.
[anterior] 5.ª Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable.
[anterior] 6.ª Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.
[anterior] 7.ª La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.
[anterior] 8.ª Los montes y aprovechamientos forestales.
[anterior] 9.ª La gestión en materia de protección del medio ambiente.
[anterior] 10.ª Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales.
[anterior] 11.ª La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.
[anterior] 12.ª Ferias interiores.
[anterior] 13.ª El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional.
[anterior] 14.ª La artesanía.
[anterior] 15.ª Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma.
[anterior] 16.ª Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma.
[anterior] 17.ª El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.
[anterior] 18.ª Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.
[anterior] 19.ª Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.
[anterior] 20.ª Asistencia social.
[anterior] 21.ª Sanidad e higiene.
[anterior] 22.ª La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica.
[anterior] 2. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149.
[anterior] Artículo 149
[anterior] 2.ª Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.
[anterior] 3.ª Relaciones internacionales.
[anterior] 4.ª Defensa y Fuerzas Armadas.
[anterior] 5.ª Administración de Justicia.
[anterior] 6.ª Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.
[anterior] 7.ª Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.
[anterior] 8.ª Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial.
[anterior] 9.ª Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
[anterior] 10.ª Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.
[anterior] 11.ª Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de crédito, banca y seguros.
[anterior] 12.ª Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial.
[anterior] 13.ª Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
[anterior] 14.ª Hacienda general y Deuda del Estado.
[anterior] 15.ª Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
[anterior] 16.ª Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos.
[anterior] 17.ª Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.
[anterior] 18.ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas.
[anterior] 19.ª Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas.
[anterior] 20.ª Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves.
[anterior] 21.ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación.
[anterior] 22.ª La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial.
[anterior] 23.ª Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.
[anterior] 24.ª Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma.
[anterior] 25.ª Bases de régimen minero y energético.
[anterior] 26.ª Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.
[anterior] 27.ª Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas.
[anterior] 28.ª Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas.
[anterior] 29.ª Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica.
[anterior] 30.ª Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
[anterior] 31.ª Estadística para fines estatales.
[anterior] 32.ª Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.
[anterior] 2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.
[anterior] 3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.
[anterior] Artículo 150
[anterior] 2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.
[anterior] 3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.
[anterior] Artículo 151
[anterior] 2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para la elaboración del Estatuto será el siguiente:
[anterior] 2.º Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva.
[anterior] 3.º Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto.
[anterior] 4.º Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley.
[anterior] 5.º De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2 de este número, el proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por éstas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia, procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior.
[anterior] 3. En los casos de los párrafos 4.º y 5.º del apartado anterior, la no aprobación del proyecto de Estatuto por una o varias provincias no impedirá la constitución entre las restantes de la Comunidad Autónoma proyectada, en la forma que establezca la ley orgánica prevista en el apartado 1 de este artículo.
[anterior] Artículo 152
[anterior] Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste.
[anterior] Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123, las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia.
[anterior] 2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes.
[anterior] 3. Mediante la agrupación de municipios limítrofes, los Estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales propias, que gozarán de plena personalidad jurídica.
[anterior] Artículo 153
[anterior] b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150.
[anterior] c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias.
[anterior] d) Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.
[anterior] Artículo 154
[anterior] Artículo 155
[anterior] 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.
[anterior] Artículo 156
[anterior] 2. Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las leyes y los Estatutos.
[anterior] Artículo 157
[anterior] b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.
[anterior] c) Transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
[anterior] d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado.
[anterior] e) El producto de las operaciones de crédito.
[anterior] 2. Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios.
[anterior] 3. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado.
[anterior] Artículo 158
[anterior] 2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.
[anterior] Título IX. Del Tribunal Constitucional
[anterior] Artículo 159
[anterior] 2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.
[anterior] 3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.
[anterior] 4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil.
[anterior] En lo demás los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial.
[anterior] 5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.
[anterior] Artículo 160
[anterior] Artículo 161
[anterior] b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53, 2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca.
[anterior] c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.
[anterior] d) De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas.
[anterior] 2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.
[anterior] Artículo 162
[anterior] b) Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
[anterior] 2. En los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados.
[anterior] Artículo 163
[anterior] Artículo 164
[anterior] 2. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.
[anterior] Artículo 165
[anterior] Título X. De la Reforma Constitucional
[anterior] Artículo 166
[anterior] Artículo 167
[anterior] 2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma.
[anterior] 3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
[anterior] Artículo 168
[anterior] 2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.
[anterior] 3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.
[anterior] Artículo 169
[anterior] Disposición adicional primera
[anterior] La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.
[anterior] Disposición adicional segunda
[anterior] Disposición adicional tercera
[anterior] Disposición adicional cuarta
[anterior] Disposición transitoria primera
[anterior] Disposición transitoria segunda
Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse esta Constitución, con regímenes provisionales de autonomía podrán proceder inmediatamente en la forma que se prevé en el apartado 2 del artículo 148, cuando así lo acordaren, por mayoría absoluta, sus órganos preautonómicos colegiados superiores, comunicándolo al Gobierno. El proyecto de Estatuto será elaborado de acuerdo con lo establecido en el artículo 151, nº 2, a convocatoria del órgano colegiado preautonómico.
[anterior] Disposición transitoria tercera
La iniciativa del proceso autonómico por parte de las Corporaciones locales o de sus miembros, prevista en el apartado 2 del articulo 143, se entiende diferida, con todos sus efectos, hasta la celebración de las primeras elecciones locales una vez vigente la Constitución.
[anterior] Disposición transitoria cuarta
[anterior] 2. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto período del mandato del Organo Foral competente, y en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el artículo 143.
[anterior] Disposición transitoria quinta
[anterior] Disposición transitoria sexta
[anterior] Disposición transitoria séptima
[anterior] b) En el supuesto de que la iniciativa del proceso autonómico no llegara a prosperar por no cumplir los requisitos previstos en el artículo 143.
[anterior] c) Si el organismo no hubiera ejercido el derecho que le reconoce la disposición transitoria primera en el plazo de tres años.
[anterior] Disposición transitoria octava
[anterior] 2. A los efectos de lo establecido en el artículo 99, la promulgación de la Constitución se considerará como supuesto constitucional en el que procede su aplicación. A tal efecto, a partir de la citada promulgación se abrirá un período de treinta días para la aplicación de lo dispuesto en dicho artículo.
[anterior] Durante este período, el actual Presidente del Gobierno, que asumirá las funciones y competencias que para dicho cargo establece la Constitución, podrá optar por utilizar la facultad que le reconoce el artículo 115 o dar paso, mediante la dimisión, a la aplicación de lo establecido en el artículo 99, quedando en este último caso en la situación prevista en el apartado 2 del artículo 101.
[anterior] 3. En caso de disolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115, y si no se hubiera desarrollado legalmente lo previsto en los artículos 68 y 69, serán de aplicación en las elecciones las normas vigentes con anterioridad, con las solas excepciones de que en lo referente a inelegibilidades e incompatibilidades se aplicará directamente lo previsto en el inciso segundo de la letra b) del apartado 1 del artículo 70 de la Constitución, así como lo dispuesto en la misma respecto a la edad para el voto y lo establecido en el artículo 69,3.
[anterior] Disposición transitoria novena
[anterior] Disposición derogatoria
[anterior] 2. En tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considera definitivamente derogada la Ley de 25 de octubre de 1839 en lo que pudiera afectar a las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya.
[anterior] En los mismos términos se considera definitivamente derogada la Ley de 21 de julio de 1876.
[anterior] 3. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución.
Ley 1/1977, de 4 de enero.
[anterior] Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967.
[anterior] Ley de Principios del Movimiento Nacional, de 17 de mayo de 1958
Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, de 26 de julio de 1947
Ley de Referéndum Nacional, de 22 de octubre de 1945.
[anterior] Ley reguladora del Fuero de los Españoles, de 17 de julio de 1945.
[anterior] Ley Constitutiva de las Cortes, de 17 de julio de 1942.
[anterior] Fuero del Trabajo aprobado por Decreto de 9 de marzo de 1938.
[anterior] Ley sobre extensión a las Provincias Vascongadas de los deberes que la Constitución de la Monarquía impone á todos los españoles, de 21 de julio de 1876.
[anterior] Ley sancionando los fueros de las provincias vascongadas y Navarra, de 25 de octubre de 1839.
Índice de Sentencias Relevantes
Las sentencias señaladas aparecen extractadas junto a cada uno de los artículos de la Constitución
STC 18/1984 ; STC 8/1983 ; STC 83/1984 ; STC 181/2000 ; STC 10/1983
STC 76/1983 ; STC 80/1985 ; STC 64/1990 ; STC 100/1984
STC 76/1983 ; STC 82/1986 ; STC 83/1986 ; STC 84/1986 ; STC 30/1986 ; STC 74/1987 ; STC 123/1988 ; STC 195/1989 ; STC 337/1994 ; STC 46/1991 ; ATC 311/1993
STC 94/1985 ; STC 119/1992
STC 3/1981 ; STC 5/1983 ; STC 10/1983 ; STC 32/1985 ; STC 85/1986 ; STC 56/1995 ; STC 48/2003
ATC375/1983 ; STC 97/1985
STC 1/1981 ; STC 21/1981 ; STC 15/1982 ; STC 16/1982 ; STC 80/1982 ; STC 76/1983 ; STC 76/1988 ; STC 101/1983 ; STC 122/1983 ; STC 35/1983 ; 19/1982 ; 3/1983 ; 27/1981 ; ATC 647/1986 ; STC 179/1989 ; STC 8/1981 ; STC 8/1982 ; STC 42/1986 ; STC 99/1986 ; STC 99/1987 ; STC 27/1981 ; STC 63/1982 ; ATC507/1983 ; STC 15/1986 ; STC 126/1987 ; STC 46/1990 ; STC 27/1981 ; STC 66/1985 ; STC 108/1986 ; STC 151/1986
STC 11/1981 ; STC 25/1981 ; STC 78/1982 ; STC 53/1985 ; STC 254/1988 ; STC 64/1991 ; STC 215/1994 ; STC 207/1996
Declaración de 1-VII-1992
STC 107/1984 ; STC 115/1987
Declaración 1-VII-1992
STC 22/1981 ; STC 2/1983 ; STC 8/1983 ; STC 76/1983 ; STC 107/1984 ; STC 135/1985 ; STC 23/1989 ; STC 75/1983 ; STC 30/1987 ; STC 144/1988 ; STC 128/1987 ; STC 21/1992 ; STC 269/1994 ; STC 16/1995 ; STC 200/2001
STC 53/1985 ; STC 120/1990 ; STC 65/1986 ; STC 137/1990 ; STC 7/1994 ; STC 215/1994 ; STC 207/1996 ; STC 16/2004
STC 24/1982 ; STC 177/1996 ; STC 154/2002 ; STC 66/1982 ; STC 101/1983 ; ATC 1.227/1988 ; STC 122/1983 ; STC 47/1985 ; STC 214/1991 ; ATC 359/1985
STC 98/1986 ; STC 140/1986 ; STC 112/1988 ; STC 109/1987 ; STC 126/1987 ; STC 120/1990 ; STC 341/1993 ; STC 107/1985 ; STC 103/1985 ; STC 107/1985 ; STC 47/1986 ; STC 196/1987 ; STC 41/1982 ; STC 127/1984 ; STC 32/1987 ; STC 224/2002 ; STC 94/2003
STC 16/1981 ; STC 50/1983 ; STC 110/1984 ; ATC 257/1985 ;ATC 107/1988 ; ATC 231/1988 ; ATC 37/1989 ; ATC 207/1996 ; ATC 185/1989 ; ATC 214/1991 ; ATC 139/1995 ; ATC 40/1992 ; ATC 223/1992 ; ATC 7/1994 ; ATC 99/1994 ; ATC 117/1994 ; ATC 22/1984 ; ATC 160/1991 ; ATC 341/1993 ; ATC 10/2002 ; ATC 137/1985 ; ATC 114/1984 ; ATC 167/2002 ; ATC 209/2000
STC 8/1986 ; STC 85/1989 ; STC 94/1993
STC 6/1981 ; STC 30/1982 ; STC 127/1994 ; STC 35/1983 ; STC 168/1986 ; STC 31/1985 ; STC 120/1983 ; STC 88/1985 ; STC 6/1988 ; STC 153/1985 ; STC 62/1982 ; STC 104/1986 ; STC 99/2002 ; STC 159/1986 ; STC 107/1988 ; STC 165/1987 ; STC 171/1990 ; STC 144/1987 ; STC 63/1987 ; STC 5/1981 ; STC 83/2002
STC 91/1983 ; STC 36/1982 ; STC 115/1987 ; STC 85/1988 ; STC 66/1995
STC 5/1981 ; STC 10/1983 ; STC 115/1987 ; STC 165/1987 ; STC 218/1988 ; STC 89/1989 ; STC 179/1994
STC 10/1983 ; STC 101/1983 ; STC 23/1984 ; STC 24/1990 ; STC 32/1985 ; STC 51/1984 ; STC 75/1985 ; STC 29/1989 ; STC 26/1990 ; STC 36/1990 ; STC 85/2003
STC 64/1988 ; STC 197/1988 ; STC 46/1982 ; STC 19/1981 ; STC 37/1982 ; STC 60/1982 ; STC 32/1982 ; STC 89/1986 ; STC 199/1987 ; STC 5/2004 ; STC 48/1984 ; STC 16/1988 ; ATC 304/1985 ; ATC 15/1987 ; ATC 57/1984 ; ATC 36/1986 ; ATC 47/1986 ; ATC 196/1987 ; ATC 29/1995; ATC 101/2002 ; ATC 82/1988 ; ATC 105/1988 ; ATC 149/2001 ; ATC 47/1982 ; ATC 107/1989 ; ATC 30/1989
STC 89/1983 ; STC 25/1984 ; STC 75/1984 ; STC 159/1985 ; STC 65/1986 ; STC 140/1986 ; STC 127/1990 ; STC 101/1988 ; STC 19/1988 ; STC 172/1989 ; STC 21/1981
STC 5/1981 ; STC 77/1985 ; STC 86/1985 ; STC 26/1987 ; STC 55/1989 ; STC 106/1990
STC 40/1985 ; STC 98/1985 ; STC 141/1985 ; STC 39/1986 ; STC 11/1981 ; STC 26/1981 ; STC 27/1989
STC 81/1980 ; STC 242/1993
STC 15/1982 ; STC 160/1987
STC 110/1984 ; STC 45/1989 ; STC 76/1990 ; STC 6/1983 ; STC 19/1987
STC 1/1981 ; STC 66/1982 ; STC 128/1987 ; STC 184/1990
STC 111/1983 ; STC 166/1986 ; STC 37/1987 ; STC 227/1988
STC 49/1988
STC 22/1981 ; STC 31/1984 ; STC 83/1984 ; STC 108/1986 ; STC 89/1990 ; STC 122/1989
STC 89/1989 ; ATC 93/1980 ; 5/1996 ; 76/2003
STC 11/1981 ; STC 26/1981 ; STC 27/1989 ; STC 37/1983 ; STC 73/1984 ; STC 58/1985 ; STC 136/1987 ; STC 210/1990
STC 37/1981 ; STC 83/1984 ; STC 88/1986 ; STC 37/1987 ; STC 49/1988 ; STC 127/1994
STC 45/1989 ; STC 184/1990 ; STC 222/1992 ; STC 7/1994
STC 22/1981 ; STC 64/1990
STC 103/1983 ; STC 134/1987 ; STC 37/1994
STC 64/1982 ; STC 36/1994
STC 152/1988
STC 134/1987 ; STC 114/1987
STC 88/1986 ; STC 14/1992
STC 179/1994 ; STC 107/1996
STC 11/1981 ; STC 35/1983 ; STC 83/1984 ; STC 140/1986 ; STC 4/1981 ; STC 11/1981 ; STC 17/1981 ; STC 86/1982 ; STC 25/1981 ; STC 84/1982 ; STC 199/1987 ; STC 42/1985 ; STC 16/1981 ; STC 11/1982 ; STC 105/1983 ; STC 19/1983 ; STC 53/1983 ; STC 86/1985 ; STC 62/1982 ; STC 80/1982 ; STC 154/1988 ; STC 214/1990 ; STC 71/1989 ; STC 66/1985 ; STC 19/1982 ; STC 71/1982 ; STC 45/1989 ; STC 64/1988 ; STC 241/1992
STC 142/1988 ; STC 157/1988 ; STC 150/1990
STC 199/1987
STC 5/1987
STC 112/1984
STC 27/1981 ; STC 76/1983 ; STC 108/1986 ; STC 166/1986 ; STC 194/1989 ; STC 24/1990 ; STC97/2002
STC 10/1983
STC 101/1983 ; STC 75/1985 ; STC 26/1990 ; STC 119/1990
STC 75/1985 ; STC 40/1981 ; STC 76/1989 ; STC 4/1992 ; STC 40/1981
STC 45/1983 ; STC 72/1984 ; STC 80/1987 ; STC 27/1990
STC 36/1981 ; STC 51/1985 ; STC 9/1990 ; STC 36/1981 ; STC 90/1985 ; STC 243/1988 ; STC 186/1989 ; STC 51/1985
STC 101/1983 ; ATC183/1984 ; STC 12/1986 ; STC 296/1985 ; STC 659/1987 ; STC 118/1988 ; STC 44/1995 ; STC 139/1988 ; STC 141/1990 ; STC 205/1990
STC 5/1981 ; STC 38/1983 ; STC 76/1983 ; STC 160/1987 ; STC 25/1984 ; STC 77/1985 ; STC 137/1986 ; STC 140/1986
STC 1/1982 ; STC 51/1982 ; STC 47/1984 ; ATC69/1983 ; STC 205/1993
STC 99/1987
STC 29/1982 ; STC 6/1983 ; STC 111/1983 ; STC 60/1986 ; STC 23/1993
ATC 659/1987 ; ATC 76/1994
STC 108/1986
STC 97/2002 ; STC 234/2000
STC 28/1991 ; STC 64/1991 ; 79/1992 ; Declaración de 1-VII-1992 ; 45/1996
STC 18/1982 ; STC 83/1984 ; STC 77/1985 ; STC 45/1990
STC 16/1984
STC 22/1984 ; STC 60/1986 ; STC 85/1983 ; STC 99/1987 ; STC 67/1989 ; STC 27/1991 ; STC 178/1989
STC 31/1985 ; STC 81/1983 ; STC 141/1985 ; STC 194/1989 ; STC 55/1990
STC 61/1985
STC 127/1987 ; STC 209/1987
STC 204/1992
STC 181/1989
STC 220/1991
STC 108/1986 ; STC 23/1988 ; STC 1/1981 ; STC 265/1988 ; STC 23/1985 ; STC 75/1982 ; STC 180/1985 ; STC 93/1986 ; STC 199/1987
STC 32/1982 ; STC 54/1983 ; STC 61/1984 ; STC 67/1984
STC 3/1983 ; STC 138/1988 ; ATC 753/1988 ; ATC 43/1989 ; ATC 16/1994
STC 30/1982 ; STC 13/1985 ; STC 96/1987 ; STC 101/1985 ; STC 137/1988 ; STC 61/1983 ; STC 111/1985 ; STC 174/1985 ; STC 116/1986 ; STC 4/1994
STC 36/1984 ; STC 5/1985 ; STC 128/1989
STC 45/1986 ; STC 60/1986 ; STC 108/1986
STC 16/1981 ; STC 79/1986 ; STC 62/1990 ; STC 81/1986 ; STC 144/1988
STC 147/1985 ; STC 241/1992
ATC 771/1986
STC 24/1987
STC 1/1982 ; STC 64/1982 ; STC 111/1983
STC 39/1986 ; STC 77/1985 ; STC 98/1985
STC 96/1984 ; STC 37/1987 ; STC 95/1986
STC 37/1981 ; STC 76/1983 ; STC 29/1986
STC 4/1981 ; STC 227/1988 ; STC 58/1982
STC 6/1983 ; STC 19/1987 ; STC 37/1981 ; STC 4/1981
STC 63/1986 ; STC 65/1987 ; STC 27/1981
STC 76/1983 ; STC 187/1988
STC 4/1981 ; STC 37/1981 ; STC 32/1981 ; STC 213/1988 ; STC 170/1989 ; STC 16/1984
STC 1/1982 ; STC 150/1990
STC 25/1981 ; STC 37/1981 ; STC 37/1987 ; STC 52/1983 ; STC 64/1990
STC 4/1981 ; STC 84/1982 ; STC 32/1981
STC 32/1981 ; STC 27/1987 ; STC 214/1989
STC 4/1981 ; STC 32/1981 ; STC 179/1985
STC 89/1984 ; STC 100/1984
STC 89/1984 ; STC 100/1984 ; ATC 201 y ATC 202/2000
STC 44/1986
STC 76/1983 ; STC 99/1986 ; STC 209/1989
STC 18/1982 ; STC 32/1983 ; STC 48/1985 ; STC 25/1983 ; STC 26/1982 ; STC 35/1982 ; STC 76/1985 ; STC 56/1986 ; de 26-V-1994 ; STC 69/1988 ; STC 49/1984 ; STC 103/1989 ; STC 147/1989 ; STC 61/1997
STC 76/1983 ; STC 56/1990
STC 16/1984 ; STC 179/1989 ; STC 141/1990 ; STC 5/1987 ; STC 56/1990 ; STC 179/1985 ; STC 214/1989
STC 123/1984
STC 4/1981 ; STC 25/1981
STC 11/1984 ; STC 63/1986 ; STC 13/1992 ; STC 27/1987
STC 11/1984 ; STC 179/1985 ; STC 181/1988 ; STC 150/1990 ; STC 289/2000
STC 63/1986 ; STC 183/1988 ; STC 250/1988
STC 9/1981 ; STC 4/1981 ; STC 11/1981 ; STC 17/1981 ; STC 76/1983 ; STC 86/1982 ; STC 24/1982 ; STC 77/1985 ; STC 60/1986 ; STC 213/1988 ; STC 239/1992 ; STC 99/1987 ; STC 16/1981 ; STC 11/1982 ; ATC 147/1982 ; ATC 105/1983 ; ATC 187/1984 ; ATC 48/1989 ; ATC 9/1992 ; ATC 64/1991 ; ATC 141/1991 ; ATC 62/1992 ; ATC 32/1981 ; ATC 110/1983 ; ATC 166/1987 ; ATC 102/1988 ; STC 88/1989 ; STC 156/1990 ; STC 44/1986 ; STC 45/1986 ; ATC 23-I-1992
STC 25/1981 ; STC 84/1982 ; STC 199/1987 ; STC 42/1985 ; ATC 547/1989 ; ATC 19/1983 ; ATC 53/1983 ; ATC 86/1985 ; ATC 150/1990
STC 17/1981 ; STC 76/1982 ; STC 26/1984 ; STC 94/1986 ; ATC 389/1990 ; ATC 76/1992 ; ATC 67/2002
STC 5/1981 ; STC 11/1981 ; STC 150/1985 ; ATC 309/1987 ; ATC 20/1988 ; ATC 45/1989
STC 16/1984 ; STC 76/1988
STC 5/1984
STC 4/1981 ; STC 77/1982 ; STC 80/1983
STC 35/1987
*SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 57.5, haciendo efectiva la abdicación de Su Majestad Don Juan Carlos I de Borbón: Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio.
*SE MODIFICA el art. 135, por Reforma de 27 de septiembre de 2011.
*SE DECLARA que no existe contradicción entre los arts. I-6, II-111 y II-112 del Tratado de 29 de octubre de 2004 y la Constitución y la suficiencia del art. 93 de la misma, por Declaración de 13 de diciembre de 2004.
[anterior] *SE MODIFICA el art. 13.2, por Reforma de 27 de agosto de 1992 .S
*SE DECLARA que la estipulación contenida en el futuro art. 8.B).1 del Tratado constitutivo es contraria al art. 13.2 de la Constitución y que el procedimiento de Reforma constitucional que debe seguirse es el del art. 167, por Declaración de 1 de julio de 1992.

References: artículo 23
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 32
 Artículo 33
 Artículo 34
 artículo 22
 Artículo 35
 Artículo 36
 Artículo 37
 Artículo 38
 Artículo 39
 Artículo 40
 Artículo 41
 Artículo 42
 Artículo 43
 Artículo 44
 Artículo 45
 Artículo 46
 Artículo 47
 Artículo 48
 Artículo 49
 Artículo 50
 Artículo 51
 Artículo 52
 Artículo 53
 Artículo 54
 Artículo 55
 Artículo 56
 artículo 64
 artículo 65
 Artículo 57
 Artículo 58
 Artículo 59
 Artículo 60
 Artículo 61
 Artículo 62
 Artículo 63
 Artículo 64
 Artículo 65
 Artículo 66
 Artículo 67
 Artículo 68
 Artículo 69
 Artículo 70
 Artículo 71
 Artículo 72
 Artículo 73
 Artículo 74
 Artículo 75
 Artículo 76
 Artículo 77
 Artículo 78
 artículo 73
 Artículo 79
 Artículo 80
 Artículo 81
 Artículo 82
 Artículo 83
 Artículo 84
 Artículo 85
 Artículo 86
 Artículo 87
 Artículo 88
 Artículo 89
 artículo 87
 Artículo 90
 Artículo 91
 Artículo 92
 Artículo 93
 Artículo 94
 Artículo 95
 Artículo 96
 artículo 94
 Artículo 97
 Artículo 98
 Artículo 99
 Artículo 100
 Artículo 101
 Artículo 102
 Artículo 103
 Artículo 104
 Artículo 105
 Artículo 106
 Artículo 107
 Artículo 108
 Artículo 109
 Artículo 110
 Artículo 111
 Artículo 112
 Artículo 113
 Artículo 114
 artículo 99
 Artículo 115
 artículo 99
 Artículo 116
 Artículo 117
 Artículo 118
 Artículo 119
 Artículo 120
 Artículo 121
 Artículo 122
 Artículo 123
 Artículo 124
 Artículo 125
 Artículo 126
 Artículo 127
 Artículo 128
 Artículo 129
 Artículo 130
 Artículo 131
 Artículo 132
 Artículo 133
 Artículo 134
 Artículo 135
 Artículo 136
 Artículo 137
 Artículo 138
 Artículo 139
 Artículo 140
 Artículo 141
 Artículo 142
 Artículo 143
 Artículo 144
 artículo 143
 Artículo 145
 Artículo 146
 Artículo 147
 Artículo 148
 artículo 149
 Artículo 149
 artículo 27
 Artículo 150
 Artículo 151
 Artículo 152
 artículo 123
 Artículo 153
 artículo 150
 Artículo 154
 Artículo 155
 Artículo 156
 Artículo 157
 Artículo 158
 Artículo 159
 Artículo 160
 Artículo 161
 artículo 53
 resolución 
 Artículo 162
 Artículo 163
 Artículo 164
 Artículo 165
 Artículo 166
 Artículo 167
 Artículo 168
 Artículo 169
 artículo 148
 artículo 151
 artículo 143
 artículo 143
 artículo 99
 artículo 115
 artículo 99
 artículo 101
 artículo 115
 artículo 70
 artículo 69