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Timestamp: 2018-02-26 01:37:10+00:00

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Sentencia T.S.J. Castilla y León 173/2006, de 20 de febrero. Extinción del contrato de trabajo. Incumplimiento empresarial grave - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Castilla y León 173/2006, de 20 de febrero
Extinción del contrato de trabajo. Incumplimiento empresarial grave. Impago de salarios: 11 meses y dos pagas extras, aunque sea debida a situación de crisis. Tramitación de expediente de regulación de empleo: no enerva la acción rescisoria.
Primero.-con fecha 10 de noviembre de 2005, tuvo entrada en el Juzgado de lo Social 1 de Salamanca demanda formulada por D.ª Melisa en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en el Suplico de la misma. Admitida la demanda y celebrado el juicio, se dictó sentencia desestimando referida demanda.
"1.º Melisa ha trabajado para la empresa demandada 'Arte Manual S.L.' desde el 12 de septiembre de 1995, con la categoría profesional de Auxiliar y percibiendo un salario de 579,60 euros brutos mensuales, incluida la parte proporcional de pagas extras.
2.º La empresa demandada no ha abonado a la trabajadora los salarios correspondientes al período comprendido entre los meses de octubre de 2004 a agosto de 2005, más las pagas extras de Navidad de 2004 y julio de 2005.
3.º Con fecha 11 de octubre de 2005 la empresa 'Arte Manual S.L.' presentó ante la Oficina Territorial de Trabajo de la Delegación Territorial de Salamanca de la Junta de Castilla y León, escrito solicitando autorización para suspender la relación laboral con dieciocho trabajadores de su plantilla por motivos económicos.
Primero: autorizar a la empresa 'Arte Manuel S.L.' la suspensión durante 6 meses como máximo de los contratos de los dieciocho trabajadores que se especifican en el expediente fundamentado en razones económicas según la relación de trabajadores que consta en el expediente, entre los que figura la actora.
4.º La actora ha interpuesto Recurso Ordinario contra la Resolución Administrativa de fecha 24 de octubre de 2005, que autoriza la suspensión del contrato de trabajo del actor, entre otros.
5.º Se ha celebrado el preceptivo acto de conciliación con el resultado de Intentado Sin Efecto".
Tercero.-Interpuesto Recurso de Suplicación contra dicha Sentencia por la actora, fue impugnado por la demandada. Elevados los autos a esta Sala se designó Ponente, acordándose la participación a las partes de tal designación.
Primero.-Frente a la sentencia de instancia, que desestima la demanda rectora de los autos, con la que la actora instaba la resolución indemnizada de su contrato de trabajo por incumplimiento grave de su empleador, "Arte Manual SL", aduciendo falta de pago del salario pactado, interpone aquella recurso de Suplicación que limita al examen del Derecho y en el que denuncia infracción de lo dispuesto en los art. 49.j), 50.1.b) y 2 ET.
Al no cuestionarse los hechos que declara probados, resultan ser inmodificados presupuestos fácticos del debate los de que:
La empresa adeuda a la actora los salarios desde octubre de 2004 hasta agosto de 2005, más las pagas extras de navidad de 2004 y julio de 2005.
Que la empresa solicitó autorización para suspender la relación laboral de 18 trabajadores, entre ellos la actora, en fecha 11 de octubre de 2005, dando lugar a expediente de regulación de empleo 16/2005 en el que recayó resolución de la autoridad laboral el 24 posterior autorizando indicada suspensión, que ha sido recurrida por la actora, quien había presentado papeleta de conciliación solicitando la extinción de su contrato el 23 de septiembre anterior.
Segundo.-Y con tales antecedentes, coincidimos plenamente con la misma respecto de que el incumplimiento contractual de la empresa constituye la justa causa de extinción del contrato que contempla el art. 50.1.b) del estatuto laboral y de que el ERE planteado en absoluto enerva la acción resolutoria ejercitada.
1. Respecto a lo primero, conforme a criterio jurisprudencial dictado para la unificación de doctrina (SSTS de 25-1-1999, 28-9-1998, 25-9-1995 o 29-12-1994, entre otras), "para que prospere la causa resolutoria a instancia del trabajador basada en la falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado" es necesaria la concurrencia del requisito de "gravedad" en el incumplimiento empresarial, y a los efectos de determinar tal "gravedad" debe valorarse exclusivamente si el retraso o impago es o no grave o trascendente en relación con la obligación de pago puntual del salario "ex" arts. 4.2.f) y 29.1 ET, partiendo de un criterio objetivo (independiente de la culpabilidad de la empresa), temporal (continuado y persistente en el tiempo) y cuantitativo (montante de lo adeudado); en consecuencia, concurre tal gravedad cuando el impago de los salarios no sea un mero retraso esporádico, sino un comportamiento continuado y persistente, por lo que la gravedad del incumplimiento se manifiesta mediante una conducta continuada del deber de abonar los salarios debidos, con independencia a estos fines de que tal retraso no esporádico sea debido al arbitrio injustificado del empresario o derive de una imposibilidad total o parcial debida a circunstancias económicas imputables o no a aquél; en efecto, pues si tal situación de crisis económica concurre impidiéndole cumplir con su obligación de pago puntual de salarios la norma estatutaria le posibilita el acudir a las formas de modificación de las condiciones de trabajo, suspensión o extinción "ex"arts. 41, 47, 51 o 52.c) ET, pero no puede obtener por su propia autoridad y contra la voluntad de los trabajadores afectados una quita o aplazamiento en el pago de sus obligaciones salariales, por lo que de no acudir a tales figuras y persistir en su continuado incumplimiento existe justa causa para la extinción contractual "ex" art. 50.1.b) ET a instancia de los trabajadores afectados; en suma, que una situación económica adversa, ponderable a efectos de posibilitar la modificación, suspensión o extinción de los contratos de trabajo, no es aducible, sin embargo, para excluir la aplicación de la causa resolutoria "ex"art. 50.1.b) ET, ya que dicha situación no afecta al esencial deber de abonar puntualmente los salarios".
La doctrina que ha sido reproducida significa que no cabe sino atribuir la exigible gravedad a incumplimiento empresarial tan trascendente -en cualquier economía, pero muy especialmente en la de un trabajador de oficio (auxiliar)- como es el adeudar a la fecha de ejercicio de la acción resolutoria los 11 meses precedentes del salario y 2 pagas extras, sin que conste por demás que la empresa hasta la petición de suspensión de las relaciones laborales arbitrara medida alguna, paccionada o no, para intentar saldar o minorar dicho débito. Y aunque la cuestión es ciertamente casuística, ha de destacarse que los supuestos enjuiciados en las sentencias del Tribunal Supremo que antes hemos citado ello contemplan situaciones en que el incumplimiento contemplado era en muchos casos de inferior entidad objetiva, pese a lo cual el Alto Tribunal consideró existente la justa causa para dar por extinguida la relación de trabajo. Por tanto, ante la constante y reiterada morosidad en el pago de los salarios, que gozan de especial protección legal, por su naturaleza de elemento patrimonial fundamental de subsistencia del trabajador y de su familia, con el consiguiente perjuicio para la trabajadora ahora recurrente respecto a la seguridad de poder realizar en tiempo sus propios pagos a terceros y en relación a los términos regulares de su subsistencia, es claro que concurre justa causa para extinguir su contrato de trabajo, con derecho a la indemnización señalada en el artículo 56.1.a del estatuto laboral, a la que se remite el citado artículo 50.2; y hemos de decir ya que el efecto constitutivo de la sentencia en este tipo de procesos, reiteradamente señalado por el Tribunal Supremo, entre otras en sentencia de 23 de abril de 1996, aboca a que para el calculo de la indemnización legalmente prevista se haya de considerar el período que media entre el inicio de la relación laboral y la fecha de esta resolución, lo que comporta, en función de la antigüedad de la trabajadora (12 de septiembre de 1995) y salario prorrateado que percibía (579,60 euros brutos/mes), una indemnización s.e.u.o. a su favor de 8.956 euros, aclarando que no procede, como se pide en el suplico de la demanda, el abono de salarios de tramitación, sin perjuicio de que la actora pueda reclamar los que le son adeudados hasta la fecha de extinción de su contrato.
2. En cuanto a lo segundo, ciertamente que la favorable acogida de la acción rescisoria basada en el art. 50 ET requiere que el contrato esté vivo en el momento de dictarse la sentencia, puesto que la extinción del contrato por voluntad del trabajador se origina por la firmeza de la sentencia que estime que la empresa ha incurrido en alguna de las causas que dan lugar a la resolución, pero no antes, de manera que tal sentencia es constitutiva y no declarativa, fijando la extinción del contrato en la misma fecha en que se dicta, pero subordinando su eficacia a la firmeza de la resolución (SSTS de 23 de abril de 1996 o de 8 de noviembre de 2000, entre otras). Pero esta exigencia que el contrato se mantenga en vigor no presupone que el ejercicio de la acción por el trabajador haya de realizarse necesariamente desde la situación de activo, por más que aquí así haya sido, ni que la suspensión colectiva de relaciones laborales ulteriormente solicitada y autorizada sirva para enervar la acción resolutoria entablada. A favor de este planteamiento se impone indicar que en el Ordenamiento jurídico ningún precepto legal prohibe el ejercicio de acción ex art. 50 ET a quien tenga suspendido su contrato de trabajo; ni ello consta en los arts. 45 a 48 ET ("suspensión del contrato"), ni en el propio art. 50 ET ("extinción por voluntad del trabajador"), ni a nada de ello apunta precepto alguno del R.D 43/1996 (19 de enero), por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos. Muy contrariamente, al señalar los efectos genéricos atribuibles a la suspensión del contrato, el art. 45.2 ET dispone que "la suspensión exonera de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo"; en su laconismo, la indicación legal viene a proclamar que durante la situación suspensiva tan sólo se interrumpen la prestación de los servicios y su correlativa obligación salarial, persistiendo el vínculo jurídico existente entre las partes y permaneciendo en vigor el restante contenido obligacional; o lo que es lo mismo, el contrato surte con carácter general todos los efectos que no se supediten a los servicios o a la retribución.
La Sala no desconoce la STS de 22 diciembre de 1988, que resolvió que procedía desestimar la pretensión de resolución de contrato ejercitada al amparo del art. 50 del ET porque el actor, incluido en un ERE aprobado por la Autoridad laboral, se había acogido a la solución de que su contrato de trabajo quedara suspendido y el trabajador "incorporado al Fondo de Promoción de Empleo del Sector de Línea Blanca", situación de suspensión contractual que resultaba "incompatible con la de la resolución del contrato de trabajo en base a las previsiones del art. 50 del Estatuto de los Trabajadores".
Pero no es el supuesto de hecho que aquí se analiza, como tampoco el que decidiera la Sala en su sentencia de 18-7-2005 -incumplimiento empresarial (impago del salario de diciembre de 2004 y extra de navidad) que no revestía la nota de gravedad, no pasividad de la empresa ante su situación de crisis económica, comunicando a los trabajadores que no podía darles ocupación efectiva antes incluso de la presentación de la demanda (14-1-2005) y negociando con el comité para alcanzar una solución negociada de la crisis, que concluyo con acuerdo (25 de febrero) que fue precedido de un período de consultas...-; y nos parece oportuno repetir aquí las palabras de la STS de 5 de abril de 2001 "Quinto.-En cambio, en pro de la tesis contraria a la que sustenta la resolución que aquí se combate, existen preceptos legales expresos, tales como el citado art. 50 del ET, que confiere a éstos, sin ninguna limitación, la acción resolutoria contractual, cuyo ejercicio -así como el de cualquier otra acción individual derivada del contrato- constituye un derecho laboral básico a tenor del art. 4.2 g) del mismo Texto estatutario, precepto éste último que supone el reflejo en un aspecto particular y concreto del derecho fundamental al libre acceso a los Tribunales y a la tutela judicial efectiva que consagra de manera general el art. 24.1 de nuestra Ley Fundamental. Por consiguiente, debe llegarse a la conclusión en el sentido de que, en tanto el contrato de trabajo esté vigente y el Ere iniciado antes de presentarse la demanda no se haya resuelto, no hay obstáculo legal alguno para la interposición de la aludida demanda y, por ende, para que el Juzgado dicte sentencia resolviendo el fondo de la pretensión, ya sea para estimar la demanda, ó ya para desestimarla, a la vista de las alegaciones y pruebas de ambas partes, en tanto en cuanto es preciso distinguir entre el derecho de acceso al proceso -que aquí se reconoce a los actores- y la acomodación o no a derecho de sus pretensiones, fundamentalmente si se parte de la inhabitual situación que se ha producido al solicitar una extinción por la vía del art. 50 del ET cuando existe una previa solicitud que persigue igual finalidad con amparo en el art. 51 del propio Estatuto. De la anterior doctrina se desprende la total indiferencia tanto del alegado y no probado conocimiento por parte de los trabajadores de la intención de la empresa de acudir a la vía del despido colectivo como de la efectiva tramitación del expediente de regulación de empleo decayendo, en consecuencia, los argumentos del recurrente en tal sentido". y si ello es así, con mayor razón será viable la acción resolutoria ejercitada antes de iniciarse el Ere de suspensión colectiva de relaciones laborales, no siendo éste óbice para su decisión ni eventual estimación de concurrir, como es el caso, causa justificada al efecto.
Que estimando el recurso de Suplicación formulado por D.ª Melisa contra la Sentencia del Juzgado de lo Social 1 de Salamanca de fecha 21 de diciembre de 2005, recaída en autos núm. 875/2005, seguidos a virtud de demanda promovida por precitada recurrente contra "Arte Manual S.L.", sobre Extinción de contrato, debemos revocar la misma y con estimación, en los términos señalados, de la demanda planteada declaramos resuelto el contrato de trabajo que unía a las partes, condenando a la mercantil demandada a abonar a la actora una indemnización de 8.956 euros.

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