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Procedimiento Ordinario 604/2012 P PDF
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Emilia Parra Sáez
1 Tribunal Superior de Justicia de Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Octava C/ General Castaños, NIG: / Procedimiento Ordinario 604/2012 P- 02 SENTENCIA Nº 505 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCION OCTAVA ILTMOS. SRES.: PRESIDENTE: DÑA. INÉS HUERTA GARICANO MAGISTRADOS: D. MIGUEL ÁNGEL VEGAS VALIENTE DÑA. EMILIA TERESA DÍAZ FERNÁNDEZ DÑA. CARMEN RODRÍGUEZ RODRIGO D. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GRAGERA En Madrid, a veinticinco de junio de dos mil trece Visto por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el Recurso Contencioso-Administrativo número 604/2012, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dª María Teresa Vidal Bodi en nombre y representación de D. TELMO VARELA FERNÁNDEZ, contra la resolución de 18 de febrero de 2012 dictada por la Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria que desestima el recurso de alzada interpuesto contra anterior resolución de 3 de noviembre de 2011 de la Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria por la que se deniega el traslado a un Centro Penitenciario más cercano a su domicilio familiar y entorno social. 1
2 Siendo parte demandada la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó a la parte recurrente para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito, en el que suplica se dicte Sentencia por la que, estimando el recurso, se revoquen los acuerdos recurridos y se dicte resolución judicial en la que se acuerde respetar el derecho a cumplir pena en una cárcel próxima a su domicilio familiar y entorno social. SEGUNDO.- El Abogado del Estado contesta a la demanda, mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia por la que se confirme la resolución recurrida. TERCERO.- No habiéndose recibido el pleito a prueba, y sí evacuado el trámite de conclusiones prevenido por la Ley, quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento. CUARTO.- Para votación y fallo del presente proceso se señaló la audiencia del día 9 de mayo de 2013, teniendo así lugar. QUINTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales. VISTOS los preceptos legales citados por las partes, concordantes y de general aplicación. Siendo Ponente la Magistrada de la Sección ILTMA. SRA. DOÑA CARMEN RODRIGUEZ RODRIGO. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Para la resolución del presente recurso, es necesario destacar como hechos esenciales, según constan en el expediente administrativo en relación con las 2
3 alegaciones de las partes, los siguientes: - el recurrente, nacido el 13 de abril de 1955 en Vigo, en sus inicios de su actividad delictiva estuvo vinculado al grupo terrorista GRAPO, siendo condenado en 1978 a una pena de 3 años de prisión por delito de terrorismo y tenencia de explosivos. Posteriormente ha cumplido condena de 18 años y 4 meses por tenencia ilícita de armas, homicidio en grado de tentativa, falsificación documental, depósito de armas, atentado contra la autoridad y robo con violencia. - tras un periodo de libertad condicional desde 2001 hasta 2006 el 11 de marzo de 2011 ingresó en el CENTRO PENITENCIARIO DE A LAMA (PONTEVEDRA) en calidad de preso preventivo en virtud de las Diligencias Previas 7696/2010 del Juzgado de Instrucción nº 5 de Vigo por un presunto delito de tenencia de explosivos y daños. - el 12 de julio de 2011 fue trasladado al CENTRO PENITENCIARIO DE DUEÑAS-LA MORALEJA (PALENCIA) por razones regimentales, solicitando el traslado a un Centro más cercano a su domicilio familiar y entorno social, que se le denegó por las razones aquí recurridas, sobre las que alega con dicha denegación, se restringen los derechos de la legislación penitenciaria. SEGUNDO.- Según el art. 80 del Reglamento Penitenciario es La Dirección General de Instituciones Penitenciarias es el órgano competente para decidir con carácter ordinario o extraordinario la clasificación y destino de los recluidos en los distintos Centros Penitenciarios. Conviene recordar, que, conforme al art. 1 de la L.O.G.P., tres son las finalidades de las Instituciones Penitenciarias: la retención y custodia de los detenidos, presos y penados; la reeducación y reinserción social de los sentenciados a penas privativas de libertad y la tarea asistencial de ayuda para internos y liberados, que el Reglamento Penitenciario hace extensiva a sus familiares, en colaboración con las instituciones y asociaciones públicas y privadas dedicadas a estas finalidades. Y esa finalidad de reeducación y reinserción de los penados -a la que toda pena tiene que estar orientada, art CE- se hace efectiva a través del tratamiento penitenciario, definido en los arts de la Ley y 237 del Reglamento como el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados y cuya finalidad no es otra que la de hacer del interno una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la Ley penal, así como de subvenir a sus necesidades. A tal fin, se procurará, en la medida de lo posible, desarrollar en ellos una actitud de respeto a sí mismos y de responsabilidad individual y social con respecto a su familia, al prójimo y a la sociedad en general (art. 59.2). Tratamiento, de carácter voluntario e individual para el interno -arts. 4.2 y 61 L.O.G.P. y 239.3º del Reglamento- que ha de estar inspirado, entre otros y por lo que aquí interesa, en los siguientes principios:...a) Estará basado en el estudio científico de la constitución, el temperamento, el carácter, las aptitudes y las actitudes del sujeto a tratar, así como de su sistema dinámico-motivacional y del aspecto evolutivo de su personalidad, conducente a un 3
4 enjuiciamiento global de la misma...c) Será individualizado, consistiendo en la variable utilización de métodos médico-biológicos, psiquiátricos, psicológicos, pedagógicos y sociales, en relación a la personalidad del interno...f) Será de carácter continuo y dinámico, dependiente de las incidencias en la evolución de la personalidad del interno durante el cumplimiento de la condena... (Art. 62 L.O.G.P.). De lo transcrito se infiere que la reinserción y reeducación social del interno -finalidad a la que ha de tender toda pena- se realizará a través del tratamiento y el contenido de éste será individualizado, teniendo en cuenta una pluralidad de parámetros: personalidad del interno, naturaleza del delito, evolución en el tratamiento... Es por ello que el régimen de ejecución de las penas privativas de libertad -art. 84 L.O.G.P.- es el llamado sistema progresivo o de individualización científica y como parte integrante de ese régimen de ejecución estará la decisión acerca del destino del interno. Decisión que compete, con carácter exclusivo -sin perjuicio de su ulterior revisión jurisdiccional-, a la Administración -art. 31 del Reglamento Penitenciario- y para la que, además, deberá tomarse en consideración factores tales como las disponibilidades materiales de los Centros, características de éstos y directrices de la política general penitenciaria en cada momento, variables en función de las circunstancias, siempre y cuando tales decisiones se produzcan con las garantías y dentro de los límites establecidos por la ley, los reglamentos y la sentencia (art. 2 de la L.O.G.P.). No existe entre los derechos reconocidos a los internos por la legislación penitenciaria el de ser destinado a un Centro Penitenciario determinado (art. 3 L.O.G.P.), ni mandato alguno en tal sentido para la Administración -el art. 12 LOGP, dentro del Título Primero De los establecimientos y medios materiales, se limita a decir: 1. La ubicación de los establecimientos será fijada por la Administración penitenciaria dentro de las áreas territoriales que se designen. En todo caso, se procurará que cada una cuente con el número suficiente de aquéllos para satisfacer las necesidades penitenciarias y evitar el desarraigo social de los penados. TERCERO.- Por su parte, el artº 31 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario establece que Conforme a lo establecido en el artículo 79 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, el centro directivo tiene competencia exclusiva para decidir, con carácter ordinario o extraordinario, la clasificación y destino de los reclusos en los distintos establecimientos penitenciarios, sin perjuicio de las atribuciones de los Jueces de Vigilancia, en materia de clasificación, por vía de recurso. Dicho centro directivo ordenará los traslados correspondientes, en base a las propuestas formuladas, al efecto, por las Juntas de Tratamiento o, en su caso, por el Director o el Consejo de Dirección, así como los desplazamientos de los detenidos y presos que les sean requeridos por las autoridades competentes. Se trata pues, de una potestad de carácter discrecional que corresponde en exclusiva a la Administración demandada, sin perjuicio de la función revisora de los Tribunales de Justicia. En el presente caso, se justifica la denegación del traslado de Centro, por tener en cuenta la gravedad y naturaleza de los hechos que se le imputan al recurrente, la entidad delictiva del interno, el régimen de vida asignado, la mayor disponibilidad de plazas adecuadas a estas características en el Centro trasladado y por razones de seguridad. 4
5 Ahora bien, sin negar la potestad discrecional de la Administración, en el expediente administrativo no se ha justificado documentalmente con los preceptivos Informes de la Junta de Tratamiento, del Educador Social, Psicólogo, Trabajador Social, las causas concretas en el interno que desaconsejan el traslado de Centro a otro más próximo a su entorno familiar y social. Incluso el único Informe existente de la Trabajadora Social (folio 16 expediente) emite una propuesta favorable al traslado a un Centro cercano a la familia para poder fomentar y mantener el vínculo familiar. Por ello, en el presente expediente, ante la ausencia total de motivación o justificación de la denegación del traslado, salvo la genérica explicación de razones regimentales conlleva a que proceda estimar el recurso interpuesto. TERCERO.- No procede efectuar pronunciamiento en materia de costas. FALLAMOS Que ESTIMAMOS el Recurso Contencioso-Administrativo nº 604/2012 interpuesto por la representación procesal de D. TELMO VARELA FERNÁNDEZ, contra la resolución de 18 de febrero de 2012 dictada por la Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria que desestima el recurso de alzada interpuesto contra anterior resolución de 3 de noviembre de 2011 de la Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria por la que se deniega el traslado a un Centro Penitenciario más cercano a su domicilio familiar y entorno social, y que se anula por no ajustarse a Derecho. Declarando el derecho del interno a cumplir pena en una cárcel próxima a su domicilio familiar y entorno social. Sin costas. Líbrese y únase certificación literal de esta resolución a las actuaciones con inclusión de la original en el Libro de Sentencias. Esta resolución es firme en esta vía jurisdiccional. Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACION.- En el mismo día de su fecha fue publicada la anterior Sentencia dictada por la Magistrada Ponente Iltma. Sra. Doña Carmen Rodríguez Rodrigo, de lo que como Secretario de la Sección, doy fe. 5
Roj: SAN 3318/2011 Id Cendoj: 28079230012011100346 Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 1 Nº de Recurso: 203/2010 Nº de Resolución: Procedimiento: CONTENCIOSO Ponente:

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 Real Decreto 
 artículo 79
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