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Timestamp: 2017-08-16 15:07:02+00:00

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interrupción de la prescripción | Derecho y Academia
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¿Interrumpe la prescripción la demanda ante tribunal incompetente?
Muchos aspectos interesantes de analizar contiene la sentencia de la tercera sala de la Corte Suprema de 27 de julio de 2017, rol Nº 68.818-2016, por la cual rechazó el recurso de casación en el fondo presentado por el Consejo de Defensa del Estado en representación del Fisco contra el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción que lo condenó a indemnizar a las hijas de una trabajador fallecido a consecuencias del tsunami posterior al terremoto del 27 de febrero de 2010. Se examina el concepto de falta de servicio, la irresistibilidad del caso fortuito, la relación de causalidad entre la conducta ilícita y el daño, los hechos notorios y la acreditación del daño moral. Nos interesa comentar en esta ocasión un aspecto quizás menos sustantivo pero que fue lo que dividió la votación de los jueces que conformaron la sala: la consideración de si la acción estaba o no extinguida por la prescripción (Ver texto).
Una primera discrepancia que se observa en la sentencia se refiere a si la acción de responsabilidad civil contra la Administración del Estado por falta de servicio prevista en el art. 42 de la ley Nº 18.175, está sujeta a la prescripción extintiva. Cuatro de los jueces están de acuerdo en que, en ausencia de disposiciones especiales, debe aplicarse el art. 2332 del Código Civil que establece un plazo de cuatro años para interponer la acción por responsabilidad extracontractual. El Ministro Sergio Muñoz discrepa, y en una prevención al fallo, insiste en la tesis de que el Código Civil no puede aplicarse al Derecho público, por lo que la acción de responsabilidad civil por daños causados por el Estado debería considerarse imprescriptible.
Los cuatro integrantes de la sala, si bien concuerdan en la aplicación de la prescripción del art. 2332 del Código Civil, difieren respecto a si fue interrumpida civilmente o no por la demanda de las actoras. La controversia se produce porque hubo en primer lugar una demanda que se interpuso ante un tribunal que más tarde fue declarado incompetente por la Corte de Apelaciones, por lo que hubo que deducirse nuevamente ante otro tribunal. La primera demanda, interpuesta ante el Primer Juzgado Civil de Talcahuano, fue notificada el día 7 de febrero de 2014 (es decir, antes de que vencieran los cuatro años desde el tsunami que causó la muerte al padre de las demandantes). El Fisco opuso la excepción dilatoria de incompetencia invocando los arts. 48 y 134 del Código Orgánico de Tribunales. Ante el rechazo de la excepción, el Fisco apela y la Corte le da la razón por entender que por la calidad del demandado el juicio debía ser conocido por un tribunal de asiento de Corte, y por tanto la competencia correspondía a un juzgado civil de la ciudad de Concepción. La resolución de la Corte se dictó el 2 de diciembre de 2014. Las demandantes interpusieron un libelo del mismo tenor ante el Segundo Juzgado Civil de Concepción, que fue notificado el 14 de enero de 2015, es decir, excedido el plazo de cuatro años desde la ocurrencia del daño. El problema, entonces, se plantea sobre la virtud que tendría la primera demanda, notificada dentro del plazo de cuatro años del art. 2332, para configurar una interrupción civil de la prescripción, lo que exige una interpretación de los arts. 2518 y 2503 Nº 1 del Código Civil.
El art. 2518 dispone que “La prescripción que extingue las acciones ajenas puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente. – Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente. –Se interrumpe civilmente por la demanda judicial; salvos los casos enumerados en el artículo 2503”. Por su parte, el art. 2503 señala que “Sólo el que ha intentado este recurso podrá alegar la interrupción; y ni aun él en los casos siguientes: 1º. Si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal…”.
La ministra María Eugenia Sandoval y el abogado integrante Álvaro Quintanilla estiman que si la demanda fue interpuesta ante un tribunal incompetente, su notificación no ha sido hecha “en forma legal”, ya que esta expresión exige que la notificación sea hecha “con sujeción a la ley procesal de manera que permita trabar debidamente la litis, circunstancia que no se verifica cuando el libelo pretensor ha sido presentado ante un tribunal incompetente, cual aconteció en este caso”. El Ministro Manuel Valderrama y el abogado integrante Jaime Rodríguez sostienen la tesis contraria, a la que adhiere el Ministro Sergio Muñoz, consiguiéndose así la mayoría para hacer fallo.
Los principales argumentos de esta posición son los siguientes:
1º) La prescripción busca la seguridad y la estabilidad de las relaciones jurídicas, pero contemplando por el lado opuesto a las personas de mala fe, deudores poco honestos o inescrupulosos (con. 13º).
2º) La interrupción civil de la prescripción contemplada en el art. 2518 es aplicable a la prescripción del art. 2332, pero debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia ha estimado que la expresión “demanda judicial” debe entenderse en sentido amplio como “cualquier gestión en la cual el acreedor pone en juego la facultad jurisdiccional para obtener o proteger su derecho” (cons. 15º).
3º) Al contener la demanda que fue tramitada, las mismas peticiones de la interpuesta en primer lugar, debe entenderse que las actoras manifestaron oportunamente su voluntad de no resignar su derecho a la indemnización, y que con ella desapareció la inactividad que funda la prescripción (cons. 16º).
4º) La excepción del Nº 1 del art. 2503 debe interpretarse restrictivamente, por lo que no cabe aplicarlo a un caso como éste en que ya por la primera demanda se trabó la litis con el Fisco, debiéndose la modificación de tribunal a una circunstancia especial que rige para ese demandado y no a negligencia de las demandantes ni a hechos que les son imputables. No corresponde aplicar, así, la sanción que es la prescripción (cons. 16º).
La verdad es que la posibilidad de que la demanda interpuesta ante tribunal incompetente tenga la eficacia para interrumpir civilmente la prescripción no es una novedad en nuestro Derecho. La unanimidad de los autores que han tratado el tema, entre los cuales pueden mencionarse a Somarriva, Alessandri, Meza Barros, Luz Bulnes, Domínguez Benavente y Barros Errázuriz, concuerdan en que esta es la mejor y más razonable interpretación de los arts. 2518 y 2503. En el último tiempo, esta doctrina ha recibido el refuerzo de la monografía de Ramón Domínguez Águila, La prescripción extintiva (Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2004). En ella se observan razones similares a las contenidas en el fallo que comentamos, como que “No debe olvidarse que uno de los fundamentos de la prescripción es el abandono, la negligencia de la persona contra la cual se prescribe, y uno de los principios de la interrupción, es que el acreedor rompe dicha negligencia y exige su derecho… “ y que “Estos principios están presentes… en la demanda ante tribunal incompetente” (p. 257). Siguiendo a la doctrina italiana, Domínguez sostiene que la notificación de la demanda aunque sea ante tribunal incompetente permite la expresión de voluntad del acreedor de exigir su derecho y que ésta sea conocida por el deudor: “La prescripción es cuestión substantiva y no procesal, lo que interesa es que la demanda es un medio de expresión de la voluntad del acreedor de salir de su pasividad y es por ello que la ley le confiere efecto interruptivo, de forma que la incompetencia del tribunal tiene efectos procesales; pero no como medio de manifestación de aquella voluntad” (p. 256).
Por nuestra parte, podemos añadir que una interpretación apegada al texto del Nº 1 del art. 2503 debiera llevar a la misma conclusión. La norma señala que el acreedor no puede alegar el efecto interruptivo de la acción interpuesta “si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal”. La norma exige que la demanda haya sido notificada y que esta notificación se haya hecho “en forma legal”. Lo que interesa, en consecuencia, es si la notificación se ha practicado con respeto a las formalidades que establece la ley. Si ella después pierde su eficacia porque se ha declarado la incompetencia del tribunal, sigue siendo una notificación, que en cuanto diligencia procesal, ha sido “hecha en forma legal”.
Siendo así, no debe aplicarse la excepción prevista en el art. 2503 Nº 1 y estamos entonces ante una demanda judicial que, al ser notificada con apego formal a la ley, interrumpe civilmente la prescripción extintiva.
Tags: art. 2332 del Código Civil, demanda ante tribunal incompetente, interrupción de la prescripción, prescripción de la responsabilidad civil del Estado, prescripción extintiva, responsabilidad del Estado, responsabilidad por falta de servicio, tsunami
Caso “Tsunami”: suspensión condicional del procedimiento e indemnización de perjuicios a las víctimas
La jueza del séptimo juzgado de garantía de Santiago, después de largas audiencias para escuchar a las numerosas víctimas del proceso penal instruido en contra de varias autoridades de gobierno, la Onemi y el Shoa por su eventual responsabilidad penal en la muerte de personas que sucumbieron en el tsunami provocado por el terremoto del 27 de febrero de 2010, accedió a la petición de la Fiscalía, con acuerdo de los imputados, y decretó la suspensión del procedimiento. Esto desató la indignación de las víctimas y de los querellantes particulares que hicieron sentir su disgusto por lo que perciben como una forma de asegurar la impunidad en el caso y además una denegación de justicia que les impediría hacer valer sus derechos como principales perjudicados.
Ante ello nos proponemos analizar brevemente en qué consiste esta alternativa al juicio penal oral y cuáles son sus consecuencias en relación con el derecho de las víctimas a obtener una reparación del daño sufrido por la vía civil.
La suspensión condicional del procedimiento es una salida alternativa al juicio penal oral, por la cual se suspende provisionalmente la tramitación del proceso, quedando el imputado sujeto a ciertas condiciones fijadas por el juez para que les dé cumplimiento en un determinado plazo, de modo que si son cumplidas se extingue la acción penal y se le sobresee, mientras que si no las cumple se revoca la medida y se continúa el proceso hacia el juicio oral. El art. 237 del Código Procesal Penal establece los requisitos para que proceda la medida, la que en todo caso debe contar con el acuerdo de fiscal y del imputado. Estos requisitos son 1º) que la pena que pudiere imponerse al imputado, en el evento de dictarse sentencia condenatoria, no exceda de tres años de privación de libertad; 2º) que el imputado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple delito, y 3º) que el imputado no tuviere vigente una suspensión condicional del procedimiento, al momento de verificarse los hechos materia del nuevo proceso.
El juez al decretar la suspensión debe fijar el plazo, que puede ir entre uno y tres años, y determinar las condiciones que deberá cumplir el imputado en dicho plazo. El Código Procesal Penal establece algunos ejemplos de condiciones como abstenerse de frecuentar determinados lugares, asistir a algún programa educacional o de capacitación, fijar domicilio, pero ellas no son las únicas ya que el fiscal puede proponer al juez otras condiciones que sean adecuadas a las circunstancias del caso (art. 238 CPP). Hemos de destacar que entre las condiciones que se ejemplifican está la de “pagar una determinada suma, a título de indemnización de perjuicios, a favor de la víctima o garantizar debidamente su pago”, pudiendo el juez autorizar el pago en cuotas o en un plazo que no sea superior al de la suspensión (art. 238 letra e CPP).
En el caso “Tsunami” esta condición fue expresamente contemplada: los imputados deben pagar distintas sumas que hacen un total de 235 millones de pesos, a las 104 víctimas que comparecieron en la acusación, sumas que se entregarán a título de indemnización de perjuicios.
Pero, cabe preguntarse: ¿es obligatorio para las víctimas contentarse con la suma fijada como condición en la resolución que decreta la suspensión provisional del procedimiento? La respuesta es negativa. El art. 237 del Código Procesal Penal advierte enfáticamente, en su inciso final, que “la suspensión condicional del procedimiento no impedirá de modo alguno el derecho a perseguir por la vía civil las responsabilidades pecuniarias derivadas del mismo hecho”. Esta disposición es reiterada por el art. 240 del mismo Código que dispone que “la suspensión condicional del procedimiento no extingue las acciones civiles de la víctima o de terceros”. De manera que, aunque se llegue a extinguir la responsabilidad penal, las víctimas o terceros perjudicados podrán interponer una demanda de indemnización de perjuicios a título de responsabilidad civil extracontractual y obtener la reparación de todos los daños que hayan padecido, lógicamente en la medida en que se cumplan los requisitos contemplados en la ley para que pueda hacerse efectiva dicha responsabilidad.
Pensamos que la acción civil podrá dirigirse no sólo contra el imputado que ha sido beneficiado con la suspensión provisional sino contra otros que resulten responsables por sus hechos, como podría ser, en este caso, el mismo Estado, ya sea que se invoque la responsabilidad por hecho del dependiente o la responsabilidad por falta de servicio. En caso de obtener una indemnización superior a la pagada en virtud de la suspensión condicional, esta última deberá imputarse a la que se decrete en el juicio civil. Así se deduce del art. 240 del Código Procesal Penal que indica que “si la víctima recibiere pagos en virtud de lo previsto en el artículo 238, letra e), ellos se imputarán a la indemnización de perjuicios que le pudiere corresponder”. Esta imputación procederá aunque la demanda civil se dirija con un tercero civilmente responsable que no sea el imputado, ya que se tratará de un daño ya reparado y por el cual no se puede pedir una segunda indemnización.
Y ¿qué sucede si en toda esta gestión en la vía penal se consumen más de los cuatro años que fija el art. 2332 del Código Civil como plazo de prescripción de la acción de responsabilidad civil extracontractual? En tal evento, debe tenerse en cuenta que las gestiones preparatorias de la demanda civil en el mismo procedimiento penal interrumpen el curso de la prescripción de la acción civil (art. 61 inc. 3º CPP). Si el procedimiento se suspende la prescripción continuará interrumpida pero la víctima debe interponer su demanda ante el tribunal civil en el término de 60 días siguientes a aquél en que quede a firme la resolución que ordena la suspensión del procedimiento. Si la demanda no se interpone en ese plazo, se reanudará el transcurso del plazo de la prescripción (art. 68 incs. 1º y 2º CPP).
No queda claro, sin embargo, si esta interrupción procede sólo respecto de la acción en contra del imputado o también contra los terceros civilmente responsables por los hechos de aquel. Opinamos que la interrupción sólo procede respecto de la prescripción de la acción en contra del imputado, ya que ésta es la acción civil que puede interponerse en el proceso penal. La acción contra el tercero civilmente responsable debe presentarse necesariamente ante los tribunales civiles y, no dependiendo de que se dicte sentencia penal respecto del autor directo, no hay justificación para considerarla interrumpida por incidencias ocurridas en el proceso penal. En consecuencia, habiendo pasado más de seis años desde los lamentables hechos que causaron el daño, no podrían los familiares afectados por la pérdida de sus seres queridos demandar ahora al Estado, invocando la suspensión condicional del procedimiento que se decretó respecto de los imputados penalmente por esos mismos hechos.
En todo caso, habrá que esperar la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago ya que los querellantes particulares han anunciado que apelarán de la resolución que declaró suspendido el procedimiento, y puesto que, como ya hemos dicho, los efectos de esta salida alternativa, incluidos los de carácter civil, sólo se producirán una vez que dicha sentencia haya quedado ejecutoriada.
Categorías: Derecho Civil, Derecho penal, Responsabilidad Civil
Tags: acción civil de las víctimas, caso "Tsunami", efectos civiles de la suspensión condicional del procedimiento, interrupción de la prescripción, suspensión condicional del procedimiento, terremoto 27-F

References: resolución 
 artículo 2503
 resolución 
 artículo 238
 resolución 
 resolución