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CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO EN LATINOAMÉRICA, DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA 1 - PDF
CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO EN LATINOAMÉRICA, DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA 1
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Ángela González Fuentes
1 CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO EN LATINOAMÉRICA, DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA 1 ANA MARÍA CELIS B. 2 CARMEN DOMÍNGUEZ H. 3 PUBLICADO EN: VVAA, CELAM, Académicos UC. Investigaciones para que nuestros pueblos tengan vida, Ed. Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago 2006, pp Consideraciones previas 2. Reconocimiento de la libertad religiosa en América Latina; 2.1 A nivel internacional; 2.2 A nivel constitucional 3. Sistemas matrimoniales a nivel latinoamericano; 3.1 El matrimonio como cuestión mixta; 3.2 Panorama general, a. Concepto, b. Sistemas matrimoniales Aspectos particulares, a. Sistema facultativo a nivel latinoamericano, b. Precedencia del matrimonio civil, c. Situaciones especiales, d. Pueblos originarios y etnias 4. Desafíos. 1. CONSIDERACIONES PREVIAS El estudio y análisis del matrimonio en América Latina, incorporando como principio hermenéutico la libertad religiosa, contribuye a clarificar y dar respuestas a sus desafíos actuales incluso respecto del reconocimiento normativo de las uniones no matrimoniales. Inicialmente, quizás no se comprenda la relación y alcance de tal aproximación, por lo que parece conveniente recordar que cada persona, al 1 El artículo corresponde a la investigación Análisis de la realidad jurídica de la celebración del matrimonio en latinoamérica, desde la perspectiva de la libertad religiosa, desarrollada en el marco del Concurso Para que nuestros pueblos tengan vida, organizado por la Vicerectoría Adjunta de Investigación y Doctorado y la Dirección General de Pastoral y Cultura Cristiana de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La investigación se presentó en el VI Coloquio del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa en Río de Janeiro el 27 de septiembre de Investigadora principal, abogado, Dr. en Derecho Canónico, Directora del Centro de Libertad Religiosa y profesora de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además colaboraron en la investigación, los alumnos de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, sres. Álvaro Aedo, Matías Aránguiz y Maurizio Sovino y la diagramación de los mapas estuvo a cargo de la diseñadora Blanca Llona. 3 Co-investigadora, abogado, Dr. en Derecho, Directora del Centro de Familia y profesora de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 12 nacer, se constituye en ciudadano de un Estado, incluso antes de hacerse miembro de alguna organización religiosa o de participar de un determinado culto. Si además de ser ciudadano, se es creyente de una determinada confesión religiosa, se determina su sujeción al cumplimiento de sus deberes ante el Estado y su religión. En virtud de la libertad de conciencia y de religión, el Estado es llamado a reconocer el derecho de sus habitantes a creer o no creer; de cambiar de creencias, y de manifestarla individual y asociadamente, tanto en público como en privado. El arraigo del valor asignado a la libertad religiosa en Latinoamérica, queda en evidencia en la suscripción de tratados internacionales con tal fin, y su inclusión entre los derechos garantizados a nivel constitucional en todos los países estudiados, lo que fundamenta iniciar la investigación a partir de este tema. Además, para la mayoría de las religiones, el matrimonio es un acto de culto, o bien un acto de trascendencia religiosa que justifica al menos una bendición, de modo que aunque no pueda estimarse que en todas ellas significa una comunicación con lo sagrado, suelen intervenir representantes de la religión o ministros de culto para bendecir la unión. Diversos autores han estudiado los sistemas matrimoniales desde la perspectiva de la libertad religiosa a nivel europeo, pero aún no se desarrollan estudios similares en Latinoamérica y en ese sentido, aún cuando constituye un primer acercamiento al tema a partir de las fuentes normativas, esta investigación constituye un aporte que contribuirá a determinar el estado y los desafíos de la celebración del matrimonio en nuestro continente desde la consideración de la libertad religiosa. Por ello, un segundo momento se detendrá en la consideración del matrimonio como una cuestión de interés tanto para el Estado como para las confesiones religiosas, presentando un panorama general y particular en los veinte y un países en estudio. El ámbito territorial de la investigación comprende: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, y Venezuela. Ellos representan a veinte y un, 23 de las veinte y dos 4 conferencias episcopales que participan de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (CELAM). Estos países han compartido en muchos casos no sólo el idioma, sino también procesos históricos, complejidades internas y desafíos futuros, y en especial, una religiosidad heredera en su mayor parte del proceso de evangelización europeo emprendido por la autoridad civil de la época como estado misionero, en unión a la Iglesia Católica. A nivel latinoamericano, y para efectos de esta investigación, constituyen hitos históricos relevantes el Tratado de Tordesillas (1494) y la invasión napoleónica (1808): mientras el primero determinó la división de los pueblos descubiertos entre España y Portugal; la segunda motivó los procesos de independencia en el continente. La investigación no se concluye, sino que se abre al presentar los desafíos en esta materia a nivel latinoamericano, impulsando otros estudios transversales sobre la celebración del matrimonio en un contexto social que progresivamente parece ir admitiendo otras formas de uniones afectivas, que exige profundizar en la misma estructura del matrimonio como paradigma, que no puede ser desconocido ni sobrepasado. 4 La Conferencia Episcopal de las Antillas comprende 21 circunscripciones eclesiásticas, a saber: 5 arquidiócesis, 14 diócesis, 2 missio sui iuris, que corresponden a 25 territorios, de los cuales 13 son naciones independientes, 3 son departamentos de Francia, 2 forman parte de los Países Bajos, 6 son colonias británicas y uno constituye una dependencia de USA. La complejidad y particularidad de cada uno de esos territorios llevan a optar por dedicar una investigación separada dedicada a los territorios insulares y continentales de la Conferencia Episcopal de las Antillas. En todo caso, es posible indicar que en la mayor parte de ellos se reconoce la libertad religiosa, si bien en algunos existe una iglesia de Estado ; así como también se establece el matrimonio civil como unión reconocida por el Estado ya sea de manera obligatoria o facultativa respecto de la celebración religiosa del matrimonio. La población total de tales territorios asciende a , y el total de población estimada para el año 2005 correspondiente a los 21 territorios abarcados en la investigación, asciende a : cfr. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Anuario estadístico de América Latina y el Caribe (CEPAL), 2005, p4 2. EL RECONOCIMIENTO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN AMÉRICA LATINA La libertad de conciencia y de religión, es el derecho humano fundado en la dignidad de la persona, que comprende el creer y no creer, la posibilidad de cambiar de creencias o convicciones, y el derecho a manifestarse individual o asociadamente, en público y en privado. Este derecho ha sido reconocido tanto en ámbito internacional como constitucional, garantizándose en todos los países en estudio A nivel internacional Así, el derecho referido, ha sido reconocido en numerosos documentos internacionales e implica un reconocimiento del hecho religioso como antecedente al Estado, que éste debe tutelar. En efecto, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de , diversos textos internacionales han reconocido la libertad de conciencia y religión entre los derechos fundamentales. Ello ha sido particularmente relevante en Latinoamérica, y así, gracias al impulso desde este continente, se realizó la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones 7. Además, se han suscrito y ratificado a nivel latinoamericano la Convención Americana sobre derechos humanos 8 y el Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos 9, 5 Al respecto, es oportuno recordar la expresión del presidente del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, profesor Juan G. Navarro Floria, sobre el realismo mágico jurídico en relación a la falta de concordancia entre lo que expresa la norma y lo que efectivamente sucede en nuestros países más allá de declaraciones o compromisos (cfr. intercambio durante el VI Coloquio del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa celebrado en Río de Janeiro entre el 27 y 29 de septiembre de 2006). 6 Cfr. art 2 y 18 en Asamblea General de Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 de diciembre de Adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de noviembre de 1981, por lo que este año cumple 25 años y en algunos ámbitos se reflexiona acerca la conveniencia de impulsar que el texto de ocho artículos sea reconocido a la manera de una Convención o Pacto a fin de hacerlo exigible. 8 Cfr. en Organización de Estados Americanos, Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), 22 de noviembre de 1966, art Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. 2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias. 3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral o los derechos y libertades de los demás. 4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 45 que gozan en los respectivos países del rango correspondiente a los tratados sobre derechos humanos a tenor de las propias constituciones. Es conveniente hacer presente que, sin perjuicio que la religión católica aún es la predominante, ello no obstaculiza el reconocimiento de la libertad de conciencia y de religión, perdurando como religión oficial sólo en Costa Rica. Los acuerdos celebrados con la Santa Sede sobre algunas materias relevantes, por once países entre los investigados, gozan de nivel internacional y es el caso de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Haití, Paraguay, Perú, República Dominicana, y Venezuela. El primer Concordato se celebró entre Haití y la Santa Sede el 28 de marzo de 1860, pero la mayor parte de los acuerdos es posterior al Concilio Vaticano II y se refieren a tanto al Ordinariato Castrense como a la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas. Así sucede respecto de Argentina 10, Bolivia 11, Brasil 12, Ecuador 13, El Salvador 14, Paraguay 15, República Dominicana 16 y Venezuela 17. Además, en Argentina se La mayor parte de los países estudiados, han suscrito y depositado su ratificación con la excepción de Cuba y Puerto Rico. 9 Cfr. en Organización de las Naciones Unidas, Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, 19 diciembre 1966, los artículos correspondientes a la libertad de conciencia y de religión, a saber: Art. 2, 1: Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Además, lo dispuesto en el Art : Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza; 2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección. 3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la Ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás. 4. Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y el Art. 27 del Pacto dispone: En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural; a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. Tampoco han participado del Pacto Cuba y Puerto Rico; mientras que México hizo una declaración interpretativa respecto del art. 18 en relación a las manifestaciones públicas y a la enseñanza religiosa. 10 El 28 junio de 1957 se celebró un Acuerdo sobre la jurisdicción castrense y la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas, produciéndose un cambio de notas por su modificación, el 21 de abril de Acuerdo sobre la jurisdicción castrense y la asistencia religiosa de las Fuerzas Armadas el 28 de noviembre de 1958, modificado por el Acuerdo sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Policía Nacional el 1 de diciembre de El 20 de octubre de 1989 se suscribió un Acuerdo sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas. 13 En 1978 (3 agosto) celebró un Acuerdo acerca la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Policía Nacional, intercambiando las notas respectivas el 27 de enero y el 6 de julio de Se celebró un Acuerdo sobre la jurisdicción Castrense y Asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y a los Cuerpos de Seguridad el 11 de marzo de El Acuerdo sobre el Vicariato castrense es del 26 de noviembre de6 suscribió un Acuerdo sobre organización eclesiástica el 10 de octubre de 1966, que también fue materia en el acuerdo de Haití con la Santa Sede 18. En otros países, los acuerdos han servido para enmarcar la relación Iglesia y Estado en un marco más general, como en Colombia, que celebró un Concordato en 1973, y posteriormente un Acuerdo de modificación del Concordato en 1985, en el que se contemplan otras materias relevantes, como el reconocimiento del matrimonio religioso 19. También Perú, República Dominicana y Venezuela, tienen acuerdos de índole más general 20 que lo referido a Ordinariato Castrense y asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas. Bolivia celebró en su momento una Convención sobre las misiones el 4 de diciembre de 1957, y Ecuador tuvo un Modus vivendi y una Convención adicional el 24 de julio de Como se verá en seguida, no existe una relación entre los países que tienen acuerdos formales con la Santa Sede, y el carácter confesional o el sistema de separación con la Iglesia Católica establecido a nivel constitucional. La laicidad del Estado es sostenida en todos los países, con la sola excepción de Costa Rica que declara la religión católica como oficial. Por el contrario, no se hace en los países que tienen acuerdos con la misma, aunque ciertamente, el sólo hecho de celebrar acuerdos internacionales, importa un reconocimiento de la Iglesia Católica como sujeto de personalidad jurídica pública internacional, dado que si no fuese así, no podría ser interlocutor del Estado. En relación a las problemáticas presentadas en el seguimiento de la libertad religiosa en diversas partes del mundo, en general, los países latinoamericanos no son considerados entre los más conflictivos en materia de libertad religiosa. 16 El 21 de enero de 1958 se celebró un Acuerdo para regular la Asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas (además del Reglamento sobre el art. IV). El 11 de mayo de 1990 celebró un Protocolo adicional sobre el Ordinariato castrense. 17 El 24 de noviembre de 1994 suscribió un Acuerdo para erigir un Ordinariato Militar. 18 El Concordato del 28 de marzo de 1860, fue modificado en su art. IV por el Protocolo sobre nómina de obispos (15 de agosto de 1966), privilegio al que se renunció a través de otro Protocolo (8 de agosto de El primer Concordato entre Colombia y la Santa Sede se celebró el 12 de julio de 1973, luego, se intercambiaron notas el (17 y 18 de julio de 1974) para establecer un término al Concordato, y el 2 de julio de 1975 se canjearon los instrumentos de ratificación. Posteriormente, el 2 de julio de 1985 se intercambiaron notas a los diez años del Concordato de 1973, y el 20 de noviembre de 1992 se celebró un Acuerdo de modificación del Concordato. 20 Perú celebró un Acuerdo sobre asuntos de interés común el 19 de julio de 1980, mientras que el de República Dominicana tiene un Concordato desde el 16 de junio de 1954, y Venezuela desde el 6 de marzo de 1964 suscribió un Acuerdo general. 67 Así, debe considerarse por ejemplo, que no existen en la actualidad situaciones bélicas pretextando motivos religiosos, y al menos formalmente todos los Estados reconocen la libertad de conciencia y religión en sus textos constitucionales. No obstante lo anterior, en el informe 2006 de la U.S. Commission on International Religious Freedom 21, Cuba integra la lista de países observados por la Comisión, pero se considera eventualmente incorporarlo al nivel intermedio, esto es de países recomendados para ser estimados como Countries of Particular Concern (CPC) por el Departamento de Estado (USA) 22. Un informe de menor exactitud en los parámetros de medición, pero que cubre igualmente la realidad mundial sobre libertad religiosa, es el de la institución Ayuda a la Iglesia que Sufre (AIS) 23, que considera entre los países de riesgo sobre libertad religiosa a nivel latinoamericano a Cuba, y con conflictos por tensiones internas agrega a Colombia y Venezuela. En el primero de ellos, se hace mención de dificultades en torno a autorizaciones para celebraciones religiosas y para el ingreso de ministros de culto al país 24 ; en relación a Colombia se alude a situaciones de secuestro y en ocasiones la muerte de ministros de culto por la guerrilla 25. Respecto de Venezuela, han surgido problemas con la autoridad civil por el inadecuado empleo de símbolos religiosos, y por los crecientes obstáculos a la libre opinión de las organizaciones religiosas presentes en el país U.S. Commission on International Religious Freedom, Annual Report of the United States Commission on International Religious Freedom, Washington D.C. (USA), Actualmente, ni en ese nivel, ni en el nivel de los países que ya son de preocupación especial (CPC), se encuentra otro territorio de Latinoamérica o el Caribe. Más allá de las naturales reservas respecto de la objetividad del informe debido a la distancia entre ambos países, el informe considera hechos que pueden considerarse relevantes, como las consideraciones acerca las dificultades para manifestar el culto, para construir lugares de culto, para permitir el ingreso de ministros de culto extranjeros y para la enseñanza religiosa y distribución de material: cfr. U.S. Commission on International Religious Freedom, Annual Report of the United States Commission on International Religious Freedom, Washington D.C. (USA), 2006, pp. 82; 89, y especialmente el informe de pp. 221 a 224 en el que se indican los hechos que conducen a su clasificación en la lista de países observados por la Comisión. 23 Aiuto alla Chiesa che soffre, Rapporto annuale sulla libertà religiosa nel mondo, Roma, Cfr. Aiuto alla Chiesa che soffre, Rapporto annuale sulla libertà religiosa nel mondo, Roma, 2006, pp. 109 a Cfr. Aiuto alla Chiesa che soffre, Rapporto annuale sulla libertà religiosa nel mondo, Roma, 2006, pp. 104 a Cfr. Aiuto alla Chiesa che soffre, Rapporto annuale sulla libertà religiosa nel mondo, Roma, 2006, pp. 138 a8 2.2 A nivel constitucional Todos los textos constitucionales de los países en estudio reflejan, al menos a nivel normativo su adhesión al reconocimiento de la libertad de conciencia y de religión. Las particularidades entonces, se expresan en la consideración que realiza cada país acerca del estatuto jurídico específico de las organizaciones religiosas, que en general reconocen la personalidad jurídica de la Iglesia Católica y en cambio conceden algún tipo de estructura a las demás confesiones a través de un sistema de registro. La explicación de tal diferencia, que algunos entienden como discriminación respecto de las demás confesiones, se funda en razones de carácter histórico que se remontan a la época del descubrimiento de América. En efecto, la religión cristiana y particularmente la católica, constituye un patrimonio religioso común dado su predominio favorecido por el proceso de evangelización unido a la conquista, que ha significado hasta hoy, un predominio de los fieles de la misma. A partir de 1492, seguido del período de conquista y colonización, se ha compartido una historia común latinoamericana, que permaneció incluso de modo simultáneo y en colaboración en las acciones de independencia, como en los trazos comunes a la posterior institucionalización de las nuevas Repúblicas. Ello también comprendió la presencia exclusiva de la religión católica en el continente hasta la colonia e incluso en algunos lugares, recién con posterioridad al proceso de independencia comenzaron a llegar al territorio americano creyentes de otras religiones. Las creencias de las etnias indígenas nativas comprendían concepciones cósmicas que en la mayoría de los territorios, se adaptaron a convivir con el proceso de evangelización, resolviéndose en un sincretismo religioso. Mientras los países americanos estuvieron bajo la dominación española, los Romanos Pontífices concedieron a los reyes católicos el Patronato universal de todas las iglesias de las indias 27, que comprendía cuestiones eclesiásticas tales como el derecho de presentación, la intervención sobre las organizaciones de las diócesis, el envío de misioneros por parte del rey, la recaudación del diezmo y la construcción de lugares de culto y sostenimiento del clero. 27 El patronato regio fue consolidado por Julio II ( ) en la Bula Universales Ecclesia el 28 de julio de9 Desde 1808 la invasión napoleónica en territorios de España y Portugal, condujo a que en los territorios sometidos a España se instituyeran juntas de gobierno en principio temporales, y que la familia real portuguesa se trasladara a Brasil en 1806 para evitar ser aprehendida por las tropas napoleónicas. Paulatinamente, tales procesos llevaron a la independencia de los territorios americanos, que implicó además tener propios ordenamientos jurídicos nacionales. Una vez alcanzada la independencia, el derecho de patronato se reconoció respecto de algunas naciones como Perú y no respecto de otras (Colombia), lo que no fue obstáculo para que se siguiera ejerciendo en los distintos territorios, convirtiéndose en uno de las fuentes de mayor tensión entre las nacientes repúblicas y la Santa Sede. Ello influyó para que ésta última se dirigiera a los diversos pueblos, aunque sin reconocer formalmente a sus gobiernos hasta la consolidación de la independencia de cada país. Además de la simultaneidad y colaboración en los procesos de independencia, fue compartido el proceso del transcurso desde una confesionalidad del Estado hacia su separación y consiguiente secularización de las instituciones. La constante que puede observarse en todos los países estudiados, se refiere a la proclamación de la independencia que comportó al inicio un Estado confesional católico, asegurándose dicha religión como la oficial e incluso en algunos casos sin reconocer la libertad de otros cultos. Paulatinamente, los nuevos Estados abandonaron su confesionalidad para establecer un sistema de separación entre Iglesia y Estado que condujo a la vez a la secularización del matrimonio y de otras materias como el establecimiento de funcionarios civiles encargados de llevar las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción. En algunos países, ello ocurrió en medio de fuertes tensiones entre la autoridad religiosa y política, pero en otros se realizó una vez superadas éstas 28, o fue acompañada de la celebración de acuerdos o concordatos. 28 En Chile, las tensiones entre la autoridad civil y religiosa se inició con la cuestión del sacristán en 1856, recién en 1885 se dictaron las leyes laicas, pero recién en 1925 se estableció a nivel constitucional la separación entre la Iglesia Católica y el Estado. En ese momento, los obispos de Chile contribuyeron al clima pacífico en que se desarrolló la separación, al señalar que: El Estado se separa en Chile de la Iglesia; pero la Iglesia no se separará del Estado y permanecerá pronta a servirlo; a atender al bien del pueblo; a 910 El proceso de secularización, no significó un alejamiento masivo de los fieles católicos respecto de la Iglesia, y ha permanecido el pueblo creyente incluso en lugares donde lo religioso dio origen a situaciones de violencia como la guerra de los cristeros en México ( ). De este modo, si bien en la mayoría de los países hubo tensiones, provocadas tanto por la separación Iglesia y Estado como por la secularización del matrimonio, ellas han sido superadas. El reconocimiento de la libertad de conciencia y de religión como derecho fundamental en los textos constitucionales de todos los países en estudio se realiza según diversas fórmulas: reconociendo la libertad de culto (Argentina, art. 14); garantizando el ejercicio público de todo culto (Bolivia, art. 3); estableciendo como inviolable la libertad de conciencia y de creencia, asegurándose el libre ejercicio de todos los cultos religiosos (Brasil, art.5 VI); garantizando libertad de conciencia y de culto (Colombia, arts. 18 y 19); con el reconocimiento, respeto y garantía de la libertad religiosa (Cuba, art. 8); garantizando la libertad de conciencia, la manifestación libre de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos (Chile, art. 19 nº 6); en la garantía de la libertad de conciencia, la libertad de religión (Ecuador, art. 23 nº 11); asegurando el libre ejercicio de todas las religiones (El Salvador, art. 25); estableciendo que el ejercicio de todas las religiones es libre (Guatemala, art. 36); señalando que todas las religiones y todos los cultos son libres (Haití, art. 30); garantizando el libre ejercicio de todas las religiones y cultos sin preeminencia alguna (Honduras, art. 77); estableciendo la libertad para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo (México, art. 24); garantizando a toda persona el derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religión (Nicaragua, art. 29); asegurando la libertad de profesar todas las religiones, y el ejercicio de todos los cultos (Panamá, art. 35); a través del reconocimiento de la libertad religiosa, la de culto y la ideológica (Paraguay, art. 24); garantizando la libertad de conciencia procurar el orden social; a acudir en la ayuda de todos, sin exceptuar a sus adversarios, en los momentos de angustia en que todos suelen, durante las grandes perturbaciones, acordarse de ella y pedirle auxilio (Obispos de Chile, Pastoral colectiva de los Obispos de Chile sobre la separación de la Iglesia y el Estado, en La Revista Católica 25, [1925] 578, p. 491). 1011 y de religión en forma individual o asociada (Perú, art. 2 nº 3); señalando que no se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso (Puerto Rico, art 2, sección 3); garantizando la libertad de conciencia y de cultos (República Dominicana, art. 8 nº 8); estableciendo la libertad de todos los cultos religiosos (Uruguay, art. 5); indicando que es deber del Estado garantizar la libertad de culto y religión (Venezuela, art. 59). Los términos en que se reconoce la libertad religiosa corresponde a un sistema de separación entre las diversas iglesias o confesiones y el Estado, fortalecido además al establecer principios de igualdad y no discriminación por motivos religiosos. Algunas constituciones hacen mención explícita de aquello: En la República de Cuba, las instituciones religiosas están separadas del Estado. Las distintas creencias y religiones gozan de igual consideración 29, o bien, se establece que Habrá completa separación de la Iglesia y el Estado (Puerto Rico, art 2, sección 3), y también la Constitución mexicana previene sobre El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley (art. 130). En esa línea, en Nicaragua explícitamente se señala que El Estado no tiene religión oficial (art. 14), y el texto de la Constitución de Paraguay usa términos semejantes en su art. 24: Ninguna confesión tendrá carácter oficial, mientras que en Puerto Rico se establece que No se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión (art. 2, sección 3). La variedad de fórmulas utilizadas en los textos constitucionales para reconocer la libertad de conciencia y religión, en ocasiones da cuenta de la particular situación de la Iglesia Católica en los países de la región. Ello se traduce que en los textos constitucionales revisados se observen expresiones sobre su reconocimiento como religión oficial (Costa Rica) o mayoritaria, establecer precisiones sobre su financiamiento, o estatuto relativo a los bienes, su naturaleza jurídica, o el tipo de relaciones con la Santa Sede. 29 Cfr. art. 8 en Constitución de la República de Cuba (en Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición extraordinaria nº 3, de 31 de enero de 2003). 1112 Así, en la Constitución de Costa Rica se le declara unilateralmente como religión oficial: La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres (art. 75). En Panamá, junto a garantizar la libertad religiosa se reconoce que la religión católica es el de la mayoría de los panameños (art. 35). Y en el Código civil de Nicaragua se alude a la religión católica como mayoritaria a fin de justificar el reconocimiento civil del matrimonio de los católicos 30. En otros países señalan que es deber del Estado sostener el culto católico (Argentina, art. 2; y Bolivia, art. 3), entendiendo por ello un aporte pecuniario, mientras que en la Constitución uruguaya la expresión sostener consolida la laicidad del Estado sin referencia al financiamiento de las diversas organizaciones religiosas: El Estado no sostiene religión alguna (art. 5). En cuanto a los bienes de la Iglesia Católica, en Uruguay se Reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido total o parcialmente construidos con fondos del Erario Nacional, exceptuándose sólo las capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos. Declara, asimismo, exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las diversas religiones (art. 5). También en Guatemala se hace referencia a los bienes de la Iglesia: El Estado extenderá a la Iglesia Católica, sin costo alguno, títulos de propiedad de los bienes inmuebles que actualmente y en forma pacífica posee para sus propios fines, siempre que hayan formado parte del patrimonio de la Iglesia Católica en el pasado. No podrán ser afectados los bienes inscritos a favor de terceras personas, ni los que el Estado tradicionalmente ha destinado a sus servicios (art. 37). Además alude a las demás confesiones religiosas en cuanto a sus bienes y exenciones tributarias 31. En algunos países, se optó por un explícito reconocimiento constitucional de la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. Así, en El Salvador se establece 30 Cfr. art. 95 del Código civil. 31 Cfr. art. 37: Los bienes inmuebles de las entidades religiosas destinados al culto, a la educación y a la asistencia social, gozan de exención de impuestos, arbitrios y contribuciones. 1213 que Se reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. Las demás iglesias podrán obtener, conforme a la ley, el reconocimiento de su personalidad (art. 26). En Guatemala el texto constitucional señala que Se reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. Las otras iglesias, cultos, entidades y asociaciones de carácter religioso obtendrán el reconocimiento de su personalidad jurídica conforme las reglas de su institución y el Gobierno no podrá negarlo si no fuese por razones de orden público (art. 37). Mientras que por ejemplo en Panamá no se hace distinción respecto del estatuto jurídico de las confesiones religiosas: Las asociaciones religiosas tienen capacidad jurídica y ordenan y administran sus bienes dentro de los límites señalados por la Ley, lo mismo que las demás personas jurídicas 32. En Chile, si bien no hay un reconocimiento explícito a la Iglesia Católica, no hay duda que goza del rango de persona jurídica de derecho público, y el nuevo sistema registral se aplica a las demás organizaciones religiosas 33. Otro ámbito que evidencia la particular consideración de la Iglesia Católica se refiere a los términos de relación con la misma. Así, el texto paraguayo señala que: Las relaciones del Estado con la Iglesia Católica se basan en la independencia, cooperación y autonomía (art. 24). Y en Bolivia se establece que Las relaciones con la Iglesia Católica se regirán mediante concordatos y acuerdos entre el Estado boliviano y la Santa Sede (art. 3). Es necesario sin embargo insistir en que la celebración de acuerdos con la Santa Sede no tiene como consecuencia la confesionalidad del Estado, si bien la celebración de tales instrumentos evidencia que la Iglesia Católica es reconocida como sujeto de derecho internacional. Pero igualmente hay que detenerse en la legislación interna para constatar si existe un régimen de igualdad entre todas las organizaciones religiosas, como en el caso de Colombia 34. En los últimos años, se observa un aumento de nuevas denominaciones cristianas misioneras, la continua llegada de inmigrantes de otras religiones, 32 Art. 36, sin embargo, en el art. 35 de la Constitución se señala que el límite al ejercicio de todos los cultos es la moral cristiana y el orden público. 33 Cfr. art. 19 nº6 de la Constitución de 1980, art. 547 inc. 2º del Código Civil y art. 20 de la Ley sobre la constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas (Diario Oficial, 14 octubre 1999). 34 Cfr. art. 19 de la Constitución y el último Acuerdo de modificación del Concordato del 20 de noviembre de14 además del creciente fenómeno de presencia de las sectas en el continente. A nivel legal en varios países se ha regulado un sistema de registro de las entidades religiosas, que en todo caso, no ha menoscabado el estatuto jurídico de la Iglesia Católica donde ya se encuentra consolidado. El mapa que se acompaña, comprende las relaciones Iglesia Católica y Estado en Latinoamérica, desde la perspectiva de los acuerdos celebrados con la Santa Sede, sin embargo no significa que por ello pierdan su carácter laical según se expuso precedentemente. 1415 1516 3. SISTEMAS MATRIMONIALES A NIVEL LATINOAMERICANO La libertad de conciencia y religión se relaciona con la materia en estudio, toda vez que, el matrimonio es considerado acto de culto o bien de trascendencia religiosa por muchas religiones, por lo que, de respetarse la libertad religiosa, su consecuencia natural sería reconocer al matrimonio como acto de culto. El tratamiento específico del matrimonio en cada uno de los países en estudio es diverso en relación a los requisitos de validez, de celebración y terminación del mismo. Con todo, pueden agruparse en algunos sistemas según la modalidad de celebración del matrimonio, de tal manera que situar al matrimonio civil como modalidad obligatoria, resulta una lesión al derecho fundamental del reconocimiento de la libertad de conciencia y de religión. Y si además se impone que la obligatoriedad de la celebración civil preceda a la celebración religiosa, parece aún más contrario al respeto de la libertad religiosa, en especial, si paralelamente se admite el registro de uniones estables, pero el matrimonio religioso admite sanciones pese a la relevancia que posee para quienes lo contraen. 3.1 El matrimonio como cuestión mixta La creencia difundida, de considerar al matrimonio en occidente como una creación del cristianismo, no corresponde a la realidad histórica y a los aportes que el matrimonio cristiano recogió del matrimonio romano, hebreo y germano 35. A través de los siglos, se consolidó el matrimonio ante la Iglesia Católica como la única modalidad de matrimonio, que correspondía a la homogeneidad religiosa en Europa occidental, si bien se entregaba a la autoridad civil ciertos asuntos contenciosos, en especial de orden patrimonial. Hubo momentos y materias de especial discusión, como el debate sobre el momento constitutivo del matrimonio entre los académicos de las Universidades de París y Bolonia en el siglo XI. Posteriormente, la ruptura de la unidad religiosa de occidente en el siglo XVI, significó el inicio del proceso de secularización del matrimonio religioso, al que además contribuyó el surgimiento de los estados modernos. 35 Una buena síntesis de la historia del matrimonio desde una perspectiva jurídica se encuentra en Jean Gaudemet, Il matrimonio in occidente, Torino17 Mientras Lutero negaba la índole sacramental del matrimonio, cuestionando la competencia de la autoridad religiosa para intervenir en su formación, los nacientes estados buscaban competencia en dicho ámbito, regulando aspectos que se habían mantenido como exclusivos del ordenamiento eclesial, como los impedimentos para contraerlo. Así, por un lado el Concilio de Trento afirmó el carácter sacramental del matrimonio y la competencia exclusiva de la Iglesia respecto del matrimonio de los bautizados 36, y por otro, en territorios protestantes se reguló un matrimonio civil como expresión de tolerancia religiosa respecto de católicos, para no obligarles a contraer matrimonio confesional diverso del propio. Ello sucedió por primera vez en Holanda en 1580, y posteriormente en Inglaterra en 1680, pero la mayor influencia para la expansión del matrimonio civil en occidente, se debió al pronunciamiento constitucional (1797) y civil (1804) francés: la ley no reconoce sino el matrimonio civil, considerándole como una opción en que se adoptaba un estatuto jurídico igual para todos los ciudadanos, sin considerar sus convicciones religiosas. La Iglesia Católica se opuso a la secularización del matrimonio, pronunciándose contra éste y estimando que respecto de los católicos sería legalizar el concubinato, y además encontró oposición social por lo que las personas seguían contrayendo matrimonio religioso 37. En Latinoamérica, las primeras codificaciones a lo largo del siglo XIX, reconocieron el matrimonio celebrado ante la Iglesia Católica como el único capaz de producir efectos civiles, encargando su celebración al ministro de culto respectivo. Así, mientras el Código civil francés plasmaba la secularización del matrimonio, en Latinoamérica sólo se reconocía el matrimonio católico y la competencia de la Iglesia para pronunciarse sobre su 36 Concilio de Trento, sessio XXIV, Doctrina et canones de sacramento matrimonii et canones super reformatione circa matrimonium: Decr. Tametsi, 11 de noviembre de 1563, en DS La aplicación de las normas conciliares se sujetó a la promulgación del Concilio en los distintos territorios, lo que en América hispana sucedió a iniciativa del rey Felipe II, quien a través de la Real Cédula de 1564, proveyó a la aplicación del Concilio en todo el territorio del imperio español. Más tarde, el III Concilio Provincial de Lima (presidido por S. Toribio de Mongrovejo, celebrado entre el 15 de agosto de 1582 y el 18 de octubre de 1583) tuvo por finalidad la aplicación del decreto Tametsi. Por lo tanto, el único matrimonio válido era el matrimonio religioso, sujeto a las normas tridentinas, considerándose a la autoridad eclesiástica como la única competente para conocer de las cuestiones relativas a él (Ana María Celis B., La relevancia canónica del matrimonio civil a la luz de la teoría general del acto jurídico, Roma 2002, p. 229). 37 Cfr. síntesis de la postura del Magisterio en: Ana María Celis B., La relevancia canónica del matrimonio civil a la luz de la teoría general del acto jurídico, Roma 2002, pp18 validez, lo que por lo demás era coherente con la confesionalidad católica de los nuevos estados. De este modo, el proceso de separación de Iglesia y Estado fue simultáneo al de secularización del matrimonio y al establecimiento de funcionarios civiles que dieran fe de la celebración de tales actos. A diferencia de Europa, en Latinoamérica la secularización no fue consecuencia de la influencia directa de la ruptura de la unidad religiosa, sino que las ideas liberales influyeron para llevar adelante dichos procesos cuya culminación precisamente la constituyó el establecimiento del matrimonio civil como único válido y eficaz ante el Estado. El proceso de separación, alcanzó el ámbito matrimonial, donde se pasó desde considerar al matrimonio canónico como único matrimonio válido respecto de todos los habitantes, pasando por la fórmula francesa del matrimonio civil, y llegando a establecer la obligación de su precedencia respecto del matrimonio religioso. Actualmente, en algunos países se han alcanzado fórmulas más respetuosas de la libertad religiosa, como el reconocimiento de los efectos civiles de la celebración de tales matrimonios, e incluso en algunos territorios se reconocen los pronunciamientos acerca de la validez de los mismos. 3.2 Panorama general a. Concepto de matrimonio Entre los países estudiados, llama la atención que no se incluya habitualmente en la regulación del matrimonio una definición normativa del mismo 38, sino que se legisle directamente, en especial si se considera que en algunos textos constitucionales se alude explícitamente al matrimonio, junto al reconocimiento de la familia. La particularidad de tal opción no es evidente, sin embargo, resulta comprensible si se considera que el matrimonio se remonta al inicio de la historia republicana de todos los pueblos estudiados, recogiendo la herencia cristiana en un primer momento, dando por sentada su estructura para posteriormente secularizarlo. En todo caso, algunos textos 38 Cfr. Carmen Domínguez H., La situación jurídica de la mujer casada en los países del Mercosur ampliado: estado actual y líneas de reflexión de próxima publicación. 1819 constitucionales reconocen al matrimonio como fundamento de la familia, en algunas ocasiones equiparado a otro tipo de uniones. Así, en República Dominicana Se reconoce el matrimonio como fundamento legal de la familia (art. 8 nº 15, c), y en el texto constitucional cubano se define al matrimonio en los siguientes términos: El matrimonio es la unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común. Descansa en la igualdad absoluta de derechos y deberes de los cónyuges, los que deben atender al mantenimiento del hogar y a la formación integral de los hijos mediante el esfuerzo común, de modo que este resulte compatible con el desarrollo de las actividades sociales de ambos (art. 36). En otros textos constitucionales se observa la paulatina equiparación de las uniones de hecho heterosexuales al matrimonio. Por ejemplo, la Constitución de Costa Rica establece en el art. 52 que El matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges ; y el texto salvadoreño señala que ( ) El fundamento legal de la familia es el matrimonio y descansa en la igualdad jurídica de los cónyuges. El Estado fomentará el matrimonio; pero la falta de éste no afectará el goce de los derechos que se establezcan en favor de la familia (art. 32). En Ecuador, la definición constitucional del matrimonio coexiste con el reconocimiento de igualdad de derechos de las uniones estables y monogámicas heterosexuales cuando no existe vínculo matrimonial: El Estado reconocerá y protegerá a la familia como célula fundamental de la sociedad y garantizará las condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Ésta se constituirá por vínculos jurídicos o de hecho y se basará en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. Protegerá el matrimonio, la maternidad y el haber familiar. Igualmente apoyará a las mujeres jefas de hogar. El matrimonio se fundará en el libre consentimiento de los contrayentes y en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges (art. 37). La unión estable y monogámica de un hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial con otra persona, que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará 1920 los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción legal de paternidad, y a la sociedad conyugal (art. 38). Así, también en Haití se señala que el Estado protege la familia (art. 259), pero ello es independientemente de si se ha constituido por vínculo matrimonial (art. 260). En Honduras ocurre algo similar, pues mientras La familia, el matrimonio, la maternidad y la infancia están bajo la protección del Estado (art. 111), se agrega que ( ) Se reconoce la unión de hecho entre las personas igualmente capaces para contraer matrimonio. La Ley señalará las condiciones para que surta los efectos del matrimonio (art. 112). En Nicaragua se reconoce en la Constitución el derecho a constituir una familia (art. 71), para luego señalar que El matrimonio y la unión de hecho estable están protegidos por el Estado; descansan en el acuerdo voluntario del hombre y la mujer y podrán disolverse por mutuo consentimiento o por la voluntad de una de las partes. La ley regulará esta materia (art. 72). En Panamá, El matrimonio es el fundamento legal de la familia, descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges y puede ser disuelto de acuerdo con la Ley (art. 57) y La unión de hecho entre personas de distinto sexo legalmente capacitadas para contraer matrimonio, mantenida durante cinco años consecutivos en condiciones de singularidad y estabilidad, surtirá todos los efectos del matrimonio civil (art. 58) 39. En la Constitución de Paraguay, sin definir al matrimonio, se establece que La ley establecerá las formalidades para la celebración del matrimonio entre el hombre y la mujer, los requisitos para contraerlo, las causas de separación, de disolución y sus efectos, así como el régimen de administración de bienes y otros derechos y obligaciones entre cónyuges. Las uniones de hecho entre el hombre y la mujer, sin impedimentos legales para contraer matrimonio, que reúnan las condiciones de estabilidad y singularidad, producen efectos similares al matrimonio, dentro de las condiciones que establezca la ley (art. 39 El mismo art. 58 continúa estableciendo los requisitos: Para este fin, bastará que las partes interesadas soliciten conjuntamente al Registro Civil la inscripción del matrimonio de hecho. Cuando no se haya efectuado esa solicitud, el matrimonio podrá comprobarse para los efectos de la reclamación de sus derechos, por uno de los cónyuges otro interesado, mediante los trámites que determine la Ley. Podrán, no obstante, oponerse a que se haga la inscripción o impugnarla después de hecha, el Ministerio Público en interés de la moral y de la Ley, o los terceros que aleguen derechos susceptibles de ser afectados por la inscripción, si la declaración fuere contraria a la realidad de los hechos. 20 Mostrar más
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 Real Decreto 
 artículo 8
 Artículo 769