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Timestamp: 2018-03-19 20:20:35+00:00

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Informes jurídicos de la AEPD | PROTEC-DATOS
¿Cuál es el plazo del que dispongo para conservar los datos personales? ¿Cuándo puedo eliminarlos?
Esta es una pregunta que en multitud de ocasiones nos han realizado tanto nuestros clientes como aquellos que han asistido a nuestros cursos de formación.
La respuesta a esta pregunta la podemos ver detallada y muy bien explicada en el Informe Jurídico 0408/2010 emitido por la Agencia de Protección de Datos que a continuación insertamos en su integridad para que esta duda pueda ser disipada en la mayoría de los casos, aunque habrá que reconocer que en ocasiones puntuales nos deberemos ajustar o alinear con las distintas legislaciones que pudieran verse afectadas.
Dentro de los principios recogidos en el artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999 bajo el título “Calidad de los datos” su número 5 recoge el relativo a la conservación de éstos disponiendo que “Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados. No serán conservados en forma que permita la identificación del interesado durante un período superior al necesario para los fines en base a los cuales hubieran sido recabados o registrados.”
En desarrollo de este precepto el artículo 8.6 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, dispone “Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados.”
No obstante, podrán conservarse durante el tiempo en que pueda exigirse algún tipo de responsabilidad derivada de una relación u obligación jurídica o de la ejecución de un contrato o de la aplicación de medidas precontractuales solicitadas por el interesado. Una vez cumplido el período al que se refieren los párrafos anteriores, los datos sólo podrán ser conservados previa disociación de los mismos, sin perjuicio de la obligación de bloqueo prevista en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en el presente reglamento.”
A este respecto, debe señalarse que la cancelación de los datos no supone su eliminación automática, sino su bloqueo tal y como dispone el artículo 16.3 de la Ley Orgánica 15/1999 al establecer que “La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión.”
El aludido Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, define en su artículo 5.1. b) la cancelación como “Procedimiento en virtud del cual el responsable cesa en el uso de los datos. La cancelación implicará el bloqueo de los datos, consistente en la identificación y reserva de los mismos con el fin de impedir su tratamiento excepto para su puesta a disposición de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento y sólo durante el plazo de prescripción de dichas responsabilidades. Transcurrido ese plazo deberá procederse a la supresión de los datos.”
En cuanto al modo de llevar a cabo el bloqueo, se señalaba en informe de esta Agencia de 5 de junio de 2007 que “deberá efectuarse de forma tal que no sea posible el acceso a los datos por parte del personal que tuviera habitualmente tal acceso, por ejemplo, el personal que preste sus servicios en el centro consultante, limitándose el acceso a una persona con la máxima responsabilidad y en virtud de la existencia de un requerimiento judicial o administrativo a tal efecto. De este modo, pese a permanecer el tratamiento de los datos, el acceso a los mismos quedaría enteramente restringido a las personas a las que se ha hecho referencia.”
Respecto del plazo de cancelación, la previsión contenida en el artículo 16.3 se complementa con la previsión contenida en el artículo16. 5 que indica que “los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado”.
En informe de 1 de agosto de 2005 se indicaba que resulta imposible establecer una enumeración taxativa de los períodos en que el dato habrá de permanecer bloqueado, en relación con lo dispuesto en el artículo 16.3, no obstante, señalaba los siguientes criterios:
“En cuanto a las causas que podrán motivar la conservación del dato, sujeto a su previo bloqueo, además de la relación jurídica con el afectado, a la que se refiere el artículo 16.5 de la Ley Orgánica 15/1999, éstas deberán fundarse en lo dispuesto “en las disposiciones aplicables” o a la “atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento”, tal y como prevé dicha Ley.
En este sentido, para la determinación del período de bloqueo de los datos debe tenerse en cuenta que la Sentencia del tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, viene a imponer, expresamente, el principio de reserva de Ley en cuanto a las limitaciones al derecho fundamental de protección de datos de carácter personal, de forma que cualquier limitación a ese derecho (como sería la derivada del artículo 16.3 de la Ley) deberá constar en una disposición con rango de Ley para que el bloqueo de los datos pueda considerarse lícitamente efectuado. Así, a título de ejemplo, podría considerarse que el bloqueo habrá de efectuarse durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación jurídica que funda el tratamiento, en los términos previstos por la legislación civil o mercantil que resulte de aplicación, así como el plazo de cuatro años de prescripción de las deudas tributarias, en cuanto los datos puedan revestir trascendencia desde el punto de vista tributario (habida cuenta de la obligación de conservación que impone el artículo 111 de la Ley General Tributarias y el plazo legal de prescripción de cuatro años previsto en el artículo 24 de la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes).
En todo caso, debe recordarse que el mantenimiento del dato bloqueado, supone una excepción al borrado físico del mismo que, en definitiva, es el fin último de la cancelación (tal y como prevé el propio artículo 16.3, al indicar que “cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión).”
A los períodos mencionados en el informe citado cabe añadir el plazo de prescripción de 3 años, previsto en el artículo 47.1 de la propia Ley Orgánica 15/1999 en relación con las conductas constitutivas de infracción muy grave, sin perjuicio de que otras normas con rango de Ley, en aquellos concretos sectores
en los que actúe en representación o defensa de su cliente, puedan establecer otros plazos de conservación de los datos.
Por consiguiente, los datos deberán cancelarse una vez hayan dejado de ser necesarios para la finalidad para la que se recabaron, manteniéndose bloqueados, en los términos vistos, al menos durante el tiempo necesario para la prescripción de las acciones que pudieran derivarse de la relación jurídica que vincula al consultante con su cliente, así como los derivados de la normativa tributaria, el plazo de prescripción previsto en el artículo 47.1 de la Ley Orgánica 15/1999, o los establecidos en otras normas con rango de Ley que resulten de aplicación al caso, debiendo suprimirse los datos una vez transcurridos dichos plazos.
2010-0408 Plazo de conservación de datos personales
Publicación en Internet de datos de los contratistas relativos a deudas de los Ayuntamientos
Esta es una cuestión candente en virtud de las informaciones que han venido apareciendo en los distintos medios sobre la iniciativa del gobierno de abonar las facturas pendientes a los proveedores de las entidades locales así como con las iniciativa parlamentaria de la ley de transparencia.
La Agencia de Protección de Datos ha emitido un informe jurídico que viene a aclarar, a la luz de la Ley 15/1999 y de su Reglamento, si dicha publicación en internet de datos de contratistas tiene o no amparo legal, este informe es el 0119/2012.
En síntesis, el informe viene a decir lo siguiente:
¿Se puede ceder al comité de empresa los cuestionarios de evaluación de los trabajadores?
Se denomina comité de empresa al cuerpo representativo de los trabajadores en una empresa. Es conocido también como comisión de empresa o comisión interna. Sus funciones y las normas que lo regulan varían considerablemente entre diferentes países, desde simples funciones de relación con el empleador y resolución de pequeños conflictos, hasta funciones representativas o compartidas en la negociación colectiva, ejercicio del derecho de información y consulta, y funciones de participación en el proceso de toma de decisiones de la empresa más o menos amplia.
En la legislación española el Comité de Empresa está regulado en los (artículos 62 y 63 del Estatuto de los Trabajadores), como uno de los tres órganos colegiados representativos de los trabajadores a efectos de relaciones laborales.
Por tanto, en este escenario planteamos esta pregunta, ¿podemos ceder a dicho comité los cuestionarios de evaluación de los trabajadores? ¿cuándo se podría y qué se requeriría?.
Esta cuestión fue planteada a la AEPD y en su informe jurídico 0071/2010 dio cumplida respuesta, respuesta que merece la pena ser repasada y comentada.
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References: artículo 4
 artículo 8
 Real Decreto 
 artículo 16
 artículo 5
 artículo 16
 artículo16
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 111
 artículo 24
 artículo 16
 artículo 47
 artículo 47
 resolución