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título Bogotá, D. C., veintiuno (21) de octubre de dos mil diez (2010)
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La carga de acreditar lo concerniente a que el pago no se efectuó por los adquirentes ni tampoco fue recibido por la tradente, la tiene ésta por ser quien alega en dicho sentido y es la parte interesada en desvirtuar la presunción de veracidad y legalidad.
5.- Se observa que la discusión central de la controversia relacionada con las súplicas atinentes a la resolución de las dos compraventas, se refiere a si realmente fueron pagados por los adquirentes los precios expresamente pactados, y en relación con los cuales, a pesar de que en las cláusulas terceras de ambas escrituras se afirma que ello ocurrió y que fue recibido a satisfacción por la vendedora, se asevera en el libelo petitorio de manera categórica que nunca se produjo la anotada solución.
Aseguró la actora en varios hechos del indicado escrito (5°, 7° y 10°) que ninguno de los compradores canceló el dinero de los “precios” acordados, expresando en el segundo de los referidos que “los menores demandados, ni su representante legal señora Teofilde Duarte Moreno, pagaron suma alguna por la compra de los inmuebles mencionados en el hecho 6 de esta solicitud. Adicional a lo anterior, el precio es irrito y además los menores eran, en el momento de la venta, y aún continúan siéndolo, absolutamente incapaces. Por contera, la demandante tampoco recibió suma alguna por la venta”.
Por su parte los contradictores, por intermedio de su vocero judicial, manifestaron explícitamente al dar contestación a la demanda que tales asertos no correspondían a la verdad e insistieron en que el valor indicado en los instrumentos notariales sí fue entregado por ellos y recaudado por Myriam Rodríguez, lo que se pone de relieve en los textos que contienen las respuestas a los hechos 7 y 8.
El Tribunal al estudiar las súplicas de resolución de los contratos es contundente y enfático al concluir, con respaldo en las respuestas dadas por Teofilde Duarte Moreno al absolver interrogatorio de parte, Segundo Ramiro y Cecilia Duarte Moreno al rendir declaraciones de terceros, que sí hubo cancelación del debatido rubro atinente a la principal obligación de los adquirentes en un contrato de compraventa. En el análisis se privilegió por el sentenciador, entre otros aspectos, para justificar el cumplimiento de este deber, que la capacidad económica de los compradores estaba plenamente demostrada, entre otras razones, con los dineros producto de los ingresos de Teofilde y que fueron administrados por su compañero y esposo invertidos por él en el negocio de ganadería; de manera complementaria desestimó las versiones de Antonio María Barrera Carbonell, Lucy Margoth Rodríguez Jiménez y Rafael Emilio Rey Rodríguez, esposo, hermana y primo de la reclamante, por estimarlas insuficientes para probar lo contrario, esto es, el no pago del precio sustentado en la falta de patrimonio de los adquirentes.
Igualmente, debe tenerse en cuenta que el juzgador no consideró para tomar su determinación adversa a las súplicas deprecadas por la actora, los documentos relacionados y anexados en el traslado concedido para presentar alegatos en primera instancia, lo que se explica, porque no habían sido decretados ni incorporados legalmente en las oportunidades pertinentes.
7.- Es importante precisar, como lo ha definido la jurisprudencia de la Corte y lo analizó el Tribunal, que sí es posible probar en contra de lo manifestado expresamente en una escritura pública, en cuanto que en un contrato de compraventa, el comprador pagó el precio convenido en su totalidad y el vendedor, por consiguiente, lo recibió a satisfacción plena.
El artículo 1934 del Código Civil establece: “Si en la escritura de venta se expresa haberse pagado el precio, no se admitirá prueba alguna en contrario sino la nulidad o falsificación de la escritura, y sólo en virtud de esta prueba habrá acción contra terceros poseedores”.
Refiriéndose a la interpretación del citado precepto ha dicho la jurisprudencia de esta Corporación, en la sentencia n° 64 de 25 de abril de 2005, exp. 0989, que el “valor real del precio es aspecto que no tiene cortapisa probatoria y puede por tanto establecerse con cualquiera de los medios legalmente admisibles, aún contra lo consignado en el instrumento público, por tratarse de un debate entre las mismas partes contratantes, ya que "...el artículo 187 ib., establece el principio de la 'persuasión racional de la prueba', sin otras restricciones que las provenientes de 'las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos'. Por manera que al juez le es permisible (...) dejar de lado lo que en el instrumento público han consignado las partes para otorgarle el mérito a medios diferentes, cualquiera sea su naturaleza, si es que estos racionalmente lo persuaden por su mayor fuerza de convicción" (CLXXXIV, pág. 46)”.
Es claro que la limitación probatoria se presenta cuando el debate enfrenta a terceros que de buena fe adquirieron los derechos relacionados con los bienes disputados. Así lo tiene definido esta Corporación, en sentencia de casación n° 036 de 15 de marzo de 2001, expediente 6142, al establecer que “es de anotar, ante todo, que convocando el presente litigio a las partes contratantes, no existe restricción probatoria alguna para ellas frente al texto del artículo 1934 del código civil y la circunstancia de que en la respectiva escritura pública de compraventa conste haberse pagado el precio, comoquiera que la limitación contenida en dicha norma, cual lo tiene definido de antaño la jurisprudencia, está referida al accionar frente a terceros”.
8.- Ya se destacó que en este evento es claro e indiscutible, que consta de manera explícita en las escrituras públicas con las que se perfeccionaron las negociaciones controvertidas, que los compradores pagaron en dinero efectivo y la vendedora recibió a satisfacción las sumas acordadas como monto de los precios por los inmuebles disputados.
Frente a una afirmación de semejante envergadura, tal como quedó explicado en su momento, es factible y perfectamente admisible probar en sentido contrario, esto es, demostrar que dichos asertos no se ajustan a la realidad y que la solución expresamente admitida no corresponde a la verdad.
En este orden de ideas, la carga de acreditar lo contrario, es decir, lo concerniente a que el pago no se efectuó por los adquirentes ni tampoco fue recibido por la tradente, la tiene ésta por ser quien alega en dicho sentido y es la parte interesada en desvirtuar la presunción de veracidad y legalidad que ampara, en principio, a aquéllos derivada del texto de los mencionados instrumentos.
Discutida y aprobada en Sala de seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010).
Ref: Exp. N° 5000631030012003-00527-01
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la demandante frente a la sentencia de 30 de junio de 2009, proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, adicionada el 16 de julio de la misma anualidad, dentro del proceso ordinario promovido por Myriam Rodríguez Jiménez contra Teofilde Duarte Moreno y los menores (en la época en que se presentó la demanda) Nataly (hoy mayor de edad) y Diego Rodríguez Duarte, representados por su progenitora.
1.- Pide la accionante, en relación con los contratos obrantes en las escrituras públicas números 4824 y 4825 otorgadas ambas en la Notaría Veinticinco de Bogotá el 25 de noviembre de 1996 e inscritas en los folios 232-0002632 y 232-0000675 de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos correspondientes, que contienen las compraventas que, en su orden, hizo Myriam Rodríguez Jiménez a Teofilde Duarte Moreno del inmueble situado en el área urbana del municipio de Acacías y a los menores Nataly y Diego Rodríguez Duarte, de los predios rurales El Rubí I y El Rubí II localizados en la vereda Bajo Guamal, hoy San Lorenzo, jurisdicción del municipio de Castilla La Nueva del Departamento del Meta, lo siguiente:
I.- De modo principal: la resolución de las negociaciones por incumplimiento de los compradores.
II.- Primera subsidiaria: la “simulación absoluta” de las enajenaciones.
III.- Segunda supletiva: la “simulación relativa” de las transacciones que no fueron ventas sino donaciones, en relación con las cuales no se satisfizo el requisito de la insinuación.
Como consecuencia del éxito de cualquiera de los pedimentos anteriores, se declare que la propietaria de los tres bienes es la actora; se le comunique a la mencionada notaría para que en el original de las escrituras se haga la anotación de lo decidido; se ordene a los registradores de instrumentos que inscriban el fallo respectivo; se disponga que “Teofilde Duarte Moreno deberá restituir los inmuebles descritos” a Myriam Rodríguez Jiménez, “en un plazo no mayor de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria de la sentencia junto con el valor de los frutos percibidos o que haya podido percibir desde el día de su adquisición hasta el día de la restitución”.
a.-) Myriam Rodríguez Jiménez es la cuarta hija del matrimonio contraído por José Eugenio Rodríguez Cantor y Rosario Jiménez Cabarique; aquél celebró uno nuevo con Teofilde Duarte Moreno, unión dentro de la cual nacieron los menores Nataly y Diego Rodríguez Duarte.
b.-) Los bienes disputados los adquirió la actora mediante compra que le hizo a su progenitor obrante en la escritura pública n° 2365 otorgada en la Notaría Única de Acacías el 26 de octubre de 1996 y debidamente inscrita en las matrículas inmobiliarias correspondientes.
c.-) Los predios citados fueron enajenados simuladamente por la propietaria, quien nunca tuvo la voluntad de transferir de manera real y efectiva el dominio a los opositores, los que en ningún caso le cancelaron a aquélla precio alguno, además, el mismo “es írrito”, y en el caso de Nataly y Ricardo en el momento de la venta eran incapaces, “y aún continúan siéndolo”.
d.-) Por lo tanto, “como no hubo pago del precio en los negocios jurídicos estipulados en las referidas escrituras 4824 y 4825 antes mencionadas, tales negocios son inexistentes o cuando más degeneraron en una donación que por no haberse insinuado es absolutamente nula”.
3.- Notificados los demandados, se opusieron a las súplicas y formularon sin mucha claridad las defensas de “prescripción de pretenciones (sic) por el tiempo manifiesto transcurrido para ello 7 años y 6 meses como en el supuesto caso de deberse alguna deuda en el pago de los inmuebles vendidos” y, “compra y no otra figura válida por contar con el lleno de los requisitos legales de dichos contratos” (folios 53 a 61 del cuaderno uno). Igualmente, en escrito separado propusieron excepciones previas, las que fueron desestimadas por auto debidamente ejecutoriado.
4.- El Juzgado de conocimiento, Civil del Circuito de Acacías, Meta, decidió de fondo mediante sentencia en la que de oficio anuló el contrato de compraventa entre la demandante y los menores Nataly y Diego Rodríguez Duarte obrante en la escritura pública n° 4825 de la Notaría 25 de Bogotá; negó las pretensiones primera y segunda referidas a la resolución de las dos citadas negociaciones; declaró absolutamente simulada la enajenación de Myriam Rodríguez a Teofilde Duarte Moreno constante en la escritura pública n° 4824 de 25 de noviembre de 1996 de la misma oficina; ordenó librar las comunicaciones de rigor a los funcionarios respectivos “para los fines pertinentes”; previno a la accionada para que le restituyera a la reclamante el “predio objeto de la simulación” (folios 260 a 273); posteriormente se abstuvo, al adicionar el fallo, de disponer la entrega de los “predios objeto del contrato que se anula” (folio 289). El superior al resolver la alzada incoada por ambas partes confirmó el fallo en cuanto desestimó las súplicas planteadas; revocó el resto de la providencia, y en su lugar despachó adversamente “las pretensiones principales y subsidiarias de la demanda”; exoneró al apoderado de la actora de la sanción de multa “por su inasistencia a la audiencia prevista por el art. 360 del C.P.C.”, e impuso condena en costas de ambas instancias a la accionante.
1.- Inicia el juzgador afirmando la presencia de los presupuestos procesales y la inexistencia de motivo de nulidad que imponga retrotraer lo rituado a etapa anterior.
2.- A continuación precisa que dos son los contratos respecto de los cuales se deprecan las acciones principales y subsidiarias sucesivas: de “resolución” por incumplimiento de los demandados, simulación absoluta y relativa, junto con las consecuenciales pertinentes.
3.- Luego pasa a analizar lo atinente a la “acción resolutoria” reglamentada en el artículo 1546 del Código Civil enunciando los requisitos de procedibilidad de la misma: contrato bilateral válido, cumplimiento del accionante e incumplimiento del demandado.
4.- Precisa el Tribunal que se limitará a estudiar, en lo que respecta al primero de los elementos arriba mencionados, esto es, el concerniente a la celebración del acuerdo de voluntades “válido”, frente a la convención obrante en la escritura pública n° 4825 de 25 de noviembre de 1996 de la Notaría Veinticinco de Bogotá que involucra “los inmuebles denominados El Rubí I y El Rubí II (…) pues solo respecto de la determinación adoptada por el a quo frente a este negocio jurídico se mostraron inconformes las partes”.
Al efecto en la providencia se exponen los razonamientos siguientes:
a.-) El juez de primera instancia declaró de oficio la “nulidad absoluta” del referido convenio apoyado en la existencia de una “incapacidad absoluta” de los menores compradores y se abstuvo de pronunciarse sobre las prestaciones mutuas bajo el argumento de que “no había lugar a ello debido a que la ley no reconoce acción a quien ha contratado en esas condiciones”.
b.-) En tratándose de “menores”, la representación legal la tienen los padres sin necesidad de autorización o discernimiento específico, según las voces del artículo 288 del Código Civil.
c.-) Es indiscutible que en la mencionada compraventa Diego y Nataly Rodríguez Duarte actuaron “representados” por su progenitora Myriam Rodríguez Duarte, motivo por el cual resulta equivocada la aseveración del a quo “cuando consideró nulo ese negocio jurídico porque si bien los compradores eran incapaces absolutos, estuvieron representados en esa transacción por sus padres como encargados de la patria potestad sobre sus hijos”; en consecuencia, en armonía con lo previsto en los preceptos 1502, 1849 y 1857 ibídem la validez de la celebración de la negociación no ofrece ninguna discusión, razón suficiente para revocar el fallo de primer grado respecto de la declaratoria ex officio de la “nulidad absoluta”.
5.- El ad quem, en cuanto al no pago del precio como motivo del alegado incumplimiento, precisó lo que a continuación se destaca:
a.-) Que el juzgador de primera instancia aseguró que no era viable acceder a la “resolución” del contrato deprecada sustentada en la falta del pago del precio acordado, en atención a que constando en el instrumento público correspondiente tal solución, ello era inmodificable y no se podía revisar por nadie.
b.-) Para refutar el equivocado aserto anterior, cita el texto de la jurisprudencia que trae en su alegato la parte recurrente, en el que se efectúa el análisis del canon 1934, en cuanto que proclama de manera categórica que la afirmación documental que se haga en el sentido de haberse cancelado el monto estipulado de la venta admite entre los contratantes probanza en contrario.
c.-) Sigue examinando si la confesión que aparece en las cláusulas terceras de las escrituras públicas números 4824 y 4825 de 25 de noviembre de 1996 otorgadas en la Notaría Veinticinco de esta capital fue desvirtuada por la actora, quien es la persona que tiene por mandato del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil la carga de la prueba.
d.-) Concluye que no puede salir avante la “pretensión resolutoria” de las mencionadas convenciones, puesto que en el plenario no se encuentra debidamente acreditado que los demandados hayan incumplido la obligación de sufragar el valor pactado en cada una de ellas, según los siguientes planteamientos:
1°) Ninguno de los testigos presenció directamente las negociaciones.
2°) El esposo de la demandante, Jaime Antonio Barrera Carbonell, “dijo constarle que el precio no fue pagado sin explicar satisfactoriamente la razón de su afirmación”.
3°) Rafael Emilio Rey Rodríguez, sobrino de la actora, y Lucy Margoth Rodríguez Jiménez, hermana de ésta, únicamente expresan que hasta el momento su pariente “no ha recibido los dineros de esas transacciones”.
4°) Indica que si bien los declarantes dan cuenta, entre otras circunstancias, que Teofilde Duarte Moreno no tenía capacidad económica para adquirir el inmueble urbano de Acacías, “pues inicialmente laboró como empleada del servicio doméstico y luego sostuvo una relación sentimental con el padre de la demandante” procreando a Nataly y Diego, lo cierto es que de tales versiones no se puede establecer con precisión la duración de las tres etapas que evidencian los hechos, o sea, la de trabajo, la sentimental y la convivencia marital entre la pareja Rodríguez-Duarte, de donde puede deducirse que el apoyo económico absoluto que le prestó en vida José Eugenio Rodríguez Cantor a su compañera Teofilde y a sus hijos, generó una dependencia que condujera a ésta a entregarle a aquél sus ingresos para que los administrara, “además, por la condición personal de ella y contexto social, qué mejor que una persona experta en el comercio manejara sus dineros. Quizás ese capital y rendimientos no alcanzaron la proporción mencionada por la demandada y hermanos, pero al menos si fue suficiente para cancelar el precio pactado respecto del inmueble ubicado en la zona urbana del municipio de Acacías”, tal como se anotó en el indicado instrumento público.
5°) Además, no es razonable ni muy usual que el vendedor de un bien solamente se percate siete años después de perfeccionarse la negociación de la falta de cancelación de la prestación económica correspondiente, ni mucho menos que no haya efectuado requerimiento alguno en tal sentido acuciando su reconocimiento y satisfacción.
6°) La actora adquirió los dos bienes objeto de litigio de su progenitor un mes antes de venderlos a los aquí demandados, actos jurídicos que no han sido cuestionados y en los que aparece que “el precio fue recibido a entera satisfacción por el vendedor de manos de la compradora”.
7°) También mencionan los testigos que José Eugenio Rodríguez Cantor siempre cumplió cabalmente sus obligaciones respecto de sus hijos Nataly y Diego, “de ahí que fuera de su interés procurarles el mejor bienestar, adquiriendo para ellos los bienes de que da cuenta la escritura pública n° 4825 de 25 de noviembre de de 1996, pagando el precio pactado como consta en la cláusula tercera con los dineros recibidos días anteriores”.
8°) La prestación patrimonial a cargo de los compradores fue satisfecha, por lo que se confirmará este aspecto de la sentencia pero por las razones expuestas “respecto del negocio jurídico contenido en la escritura pública n° 4824 del 25 de noviembre de 1996 y se adicionará para negar la pretensión segunda principal relacionada con el contrato instrumentado en la escritura pública n° 4824 de la misma fecha” (sic).
6.- Subsigue a continuación el escrutinio de las pretensiones subsidiarias de simulación, refiriendo su conceptualización, clases existentes, requisitos para la configuración de cada una, forma de acreditarlos y destaca como medio principal de su demostración lo atinente a la prueba indiciaria.
Afirma tajantemente que los dos contratos no fueron fingidos y que la accionante no satisfizo la carga que le imponía el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, como pasa a precisarse:
1°) Nada refirieron la actora en el interrogatorio de parte (folios 132 a 134 del cuaderno 1), ni los testigos respecto de la “simulación”, pues, al contrario “de su dicho se desprende que los negocios celebrados por los demandados obedecieron a una compraventa seria y real, ajena a toda simulación absoluta o relativa. En efecto, los señores Antonio Barrera Carbonell (folios 135 a 143), Rafael Emilio Rey Rodríguez (folios 144 a 150), Lucy Margoth Rodríguez Jiménez (151 a 157), en su orden esposo, sobrino y hermana de la demandante, en ningún momento expresaron cosa diferente, no mencionan cuál pudo ser el móvil de los contratantes, tampoco en qué pudo consistir el acuerdo privado, ya sea para restarle contenido real al negocio aparente o que su intención se encaminó hacia la producción de efectos diferentes a los plasmados en el acuerdo exteriorizado”.
2°) Tan veraces fueron las convenciones controvertidas que los declarantes conocen e informan de la entrega de los inmuebles efectuada por la enajenante, tal como se hizo constar en los pertinentes instrumentos públicos.
3°) El pago de los precios estipulados en ambos acuerdos ciertamente sí se realizó, según el análisis sobre el punto expuesto en el momento en que se desestimó la resolución de los mismos por incumplimiento en este aspecto concreto.
4°) Aunque en consonancia con el dictamen pericial rendido en el curso de la instrucción del proceso, el valor pactado en las ventas puede estimarse irrisorio, dicha circunstancia no tiene mayor incidencia en este litigio porque fue igual al que pagó la actora al comprar a su padre, por lo que “en nada se afectó la negociación, atendiendo el principio de la autonomía de los contratantes”.
En Limache, a veinticuatro de noviembre de dos mil siete
Santiago, veintiséis de diciembre de dos mil trece

References: resolución 
 resolución 
 artículo 1934
 artículo 187
 artículo 1934
 resolución 
 resolución 
 artículo 1546
 artículo 288
 artículo 177
 artículo 177
 resolución