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Timestamp: 2018-10-16 23:28:09+00:00

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﻿ DECRETO 4365 DE 2004
DECRETO 4365 DE 23 DE DICIEMBRE DE 2004
CONTENIDO:MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2005, SE DETALLAN LAS APROPIACIONES Y SE CLASIFICAN Y DEFINEN LOS GASTOS.
DECRETO 4365 DE 2004
“Por el cual se liquida el presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal de 2005, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”.
Que el artículo 26 de la Ley 921 del 23 de diciembre de 2004, “por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2005”, faculta al Gobierno Nacional para que en el decreto de liquidación clasifique y defina los ingresos y gastos;
ART. 1º—Fíjense los cómputos del presupuesto de rentas y recursos de capital del tesoro de la Nación para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2005, en la suma de noventa y un billones quinientos ochenta y dos mil trescientos setenta y tres millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos noventa y un pesos moneda legal ($ 91.582.373.460.891), según el detalle del presupuesto de rentas y recursos de capital para el 2005, así:
ART. 2º—Presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública del presupuesto general de la Nación durante la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2005 una suma por valor de: noventa y un billones quinientos ochenta y dos mil trescientos setenta y tres millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos noventa y un pesos moneda legal ($ 91.582.373.460.891), según el detalle que se encuentra a continuación:
ART. 3º—El monto de los gastos que se financiarán con los recursos que se someten a consideración del Congreso de la República en virtud del proyecto de ley de financiamiento que se presentará al Congreso en los términos del artículo 347 de la Constitución Política, asciende a la suma de un billón cuatrocientos ochenta y seis mil millones de pesos moneda legal ($ 1.486.000.000.000) con lo cual el presupuesto total de apropiaciones, se fija en un valor de noventa y tres billones sesenta y ocho mil trescientos setenta y tres millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos noventa y un pesos moneda legal ($ 93.068.373.460.891).
A. Presupuesto de funcionamiento 10.253.769.455 10.253.769.455
Total presupuesto sección 10.253.769.455 10.253.769.455
A. Presupuesto de funcionamiento 1.475.746.230.545 1.475.746.230.545
Total presupuesto sección 1.475.746.230.545 1.475.746.230.545
Total presupuesto nacional 1.486.000.000.000 1.486.000.000.000
ART. 4º—Se entienden incorporados al presupuesto de rentas y recursos de capital, los ingresos provenientes del proyecto de ley de financiamiento a que se refiere el artículo 347 de la Constitución Política que presente el ejecutivo por la suma de un billón cuatrocientos ochenta y seis mil millones de pesos moneda legal ($ 1.486.000.000.000), si el Congreso de la República la aprueba, con el objeto de equilibrar el presupuesto de ingresos con el de gastos.
ART. 6º—El Gobierno Nacional podrá emitir títulos de tesorería, TES, clase “B” con base en la facultad de la Ley 51 de 1990 de acuerdo con las siguientes reglas: no contarán con la garantía solidaria del Banco de la República; el estimativo de los ingresos producto de su colocación se incluirá en el presupuesto general de la Nación como recursos de capital, con excepción de los provenientes de la colocación de títulos para operaciones temporales de tesorería; sus rendimientos se atenderán con cargo al presupuesto general de la Nación; su redención se atenderá con cargo a los recursos del presupuesto general de la Nación, con excepción de las operaciones temporales de tesorería cuyo monto de emisión se fijará en el decreto que las autorice; podrán ser administrados directamente por la Nación; podrán ser denominados en moneda extranjera; su emisión solo requerirá del decreto que la autorice y fije sus condiciones financieras; su emisión no afectará el cupo de endeudamiento y estará limitada, para las destinadas a financiar las apropiaciones presupuestales por el monto de estas.
ART. 8º—Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la deuda pública podrán efectuarse anticipos en el pago de los contratos de empréstito. Igualmente podrá atenderse con cargo a la vigencia en curso las del servicio de la deuda pública correspondiente al mes de enero de 2006.
ART. 9º—La representación legal y la ordenación del gasto del servicio de la deuda está a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o en quien este delegue, según las disposiciones de la ley orgánica del presupuesto.
ART. 10.—Los gastos que sean necesarios para la administración, consecución y servicio de las operaciones de crédito público, las asimiladas a ellas, las propias del manejo de la deuda, las operaciones conexas y las demás relacionadas con los recursos del crédito serán atendidos con cargo a las apropiaciones del servicio de la deuda pública.
ART. 11.—Facúltase a la dirección general de crédito público y del tesoro nacional para que con los excedentes de liquidez en moneda nacional y extranjera de los fondos que administre, realice las siguientes operaciones: compra y venta de títulos valores emitidos por la Nación, el Banco de la República, Fogafín, entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria y otros gobiernos y tesorerías; compra de deuda de la Nación; compras con pacto de retroventa con entidades públicas y con entidades financieras sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, dentro de los cupos que autorice el Ministro de Hacienda y Crédito Público; depósitos remunerados e inversiones financieras en entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria; depósitos a término y compras de títulos emitidos por entidades bancarias y financieras del exterior; operaciones de cubrimiento de riesgos; y las demás que autorice el Gobierno Nacional; así mismo, préstamos transitorios a la dirección general de crédito público y del tesoro nacional, reconociendo tasa de mercado durante el período de utilización, evento que no implica unidad de caja; y préstamos de títulos valores a la citada dirección a tasas de mercado.
ART. 12.—El Gobierno Nacional podrá realizar sin operación presupuestal alguna, sustituciones en su portafolio de inversiones con sus entidades descentralizadas, de conformidad con las normas legales vigentes.
ART. 13.—Los ingresos corrientes de la Nación y aquellas contribuciones y recursos que en las normas legales no se haya autorizado su recaudo y manejo a otro órgano, deben consignarse en la dirección general de crédito público y del tesoro nacional, por quienes estén encargados de su recaudo.
ART. 14.—El Ministro de Hacienda y Crédito Público fijará los criterios técnicos para el manejo de los excedentes de liquidez del tesoro nacional acorde con los objetivos monetarios, cambiarios y de tasa de interés a corto y largo plazo.
ART. 15.—Los rendimientos financieros originados con recursos de la Nación, incluidos los negocios fiduciarios, deben consignarse en la dirección general de crédito público y del tesoro nacional en el mes siguiente de su recaudo.
ART. 16.—Los establecimientos públicos podrán pagar con sus ingresos propios obligaciones financiadas con recursos de la Nación mientras la dirección general de crédito público y del tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público transfiere los dineros respectivos.
ART. 17.—Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios.
ART. 18.—Prohíbese tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y el ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.
ART. 19.—Para proveer empleos vacantes se requerirá del certificado de disponibilidad presupuestal por la vigencia fiscal de 2005. Por medio de este, el jefe de presupuesto o quien haga sus veces garantizará la existencia de los recursos del 1º de enero al 31 de diciembre de 2005, por todo concepto de gastos de personal, salvo que el nombramiento sea en reemplazo de un cargo provisto o creado durante la vigencia, para lo cual se deberá expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para lo que resta del año fiscal.
Previo al reconocimiento de la prima técnica se expedirá el certificado de disponibilidad presupuestal. Por medio de este se deberá garantizar la existencia de recursos del 1º de enero al 31 de diciembre de 2005.
ART. 20.—La solicitud de modificación a las plantas de personal requerirá para su consideración y trámite, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dirección general del presupuesto público nacional, los siguientes requisitos:
El Departamento Administrativo de la Función Pública aprobará las propuestas de modificaciones a las plantas de personal, cuando hayan obtenido la viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dirección general del presupuesto público nacional.
ART. 21.—Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie.
ART. 22.—La dirección general del presupuesto público nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público será la competente para expedir la resolución que regirá la constitución y funcionamiento de las cajas menores en los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación, y en las entidades nacionales con régimen presupuestal de empresas industriales y comerciales del Estado con carácter no financiero, respecto de los recursos que le asigna la Nación.
ART. 23.—La adquisición de los bienes que necesiten los órganos que hacen parte del presupuesto general de la Nación para su funcionamiento y organización requieren de un plan de compras. Este plan deberá aprobarse por cada órgano acorde con las apropiaciones autorizadas en el presupuesto general de la Nación y se modificará cuando las apropiaciones que la respaldan sean modificadas.
Cuando los órganos de que trata el artículo 5º del presente decreto requieran adquirir vehículos, deben obtener autorización previa de la dirección general del presupuesto público nacional. Para ello se deberá incluir una justificación en que se detalle el inventario de vehículos y su programa de reposición.
ART. 24.—Se podrá hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su destinación ni cuantía, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional estas distribuciones se harán por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos directivos lo hará el representante legal de estos.
Dichos actos administrativos requerirán para su validez de la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dirección general del presupuesto público nacional.
ART. 25.—Los órganos de que trata el artículo 5º del presente decreto podrán pactar anticipos únicamente cuando cuenten con programa anual mensualizado de caja, PAC aprobado.
ART. 26.—El Gobierno Nacional en el decreto de liquidación clasificará y definirá los ingresos y gastos. Así mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su objeto o naturaleza, las ubicará en el sitio que corresponda.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dirección general del presupuesto público nacional hará mediante resolución, las operaciones que en igual sentido se requieran durante el transcurso de la vigencia.
ART. 27.—El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dirección general del presupuesto público nacional, de oficio o a petición del jefe del órgano respectivo, hará por resolución las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de transcripción y aritméticos que figuren en el presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal de 2005.
ART. 28.—El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dirección general del presupuesto público nacional podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier operación presupuestal de las entidades señaladas en el artículo 5º del presente decreto que incumplan los objetivos y metas trazados en el plan financiero, en la programación macroeconómica del Gobierno Nacional y en el programa anual de caja. Para tal efecto, los órganos y entidades enviarán a la dirección general del presupuesto público nacional informes mensuales sobre la ejecución de ingresos y gastos, dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente.
ART. 29.—Los compromisos y las obligaciones de los órganos que sean una sección del presupuesto general de la Nación correspondientes a las apropiaciones financiadas con rentas provenientes de contratos o convenios, solo podrán ser asumidos cuando estos se hayan perfeccionado.
ART. 30.—Cuando los órganos que hacen parte del presupuesto general de la Nación, celebren contratos entre sí, que afecten sus presupuestos, con excepción de los de crédito, harán los ajustes mediante resoluciones del jefe del órgano respectivo. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, las superintendencias y unidades administrativas especiales con personería jurídica así como las señaladas en el artículo 5º del estatuto orgánico del presupuesto, dichos ajustes deben realizarse por acuerdo o resolución de las juntas o consejos directivos o el representante legal del órgano, si no existen juntas o consejos directivos.
Para iniciar la ejecución de los actos a que se refiere el inciso anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dirección general del presupuesto público nacional, aprobará las resoluciones o los acuerdos que deben ser remitidos para estos efectos, acompañados del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y su justificación económica en la cual se señale el objeto, valor y duración de los contratos.
ART. 31.—Cuando los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación posean bienes inmuebles que en la actualidad no estén utilizando o que no sean necesarios para el desarrollo normal de sus funciones, deben desarrollar todas las actividades tendientes a cumplir con lo establecido en el artículo 8º de la Ley 708 de 2001 y sus decretos reglamentarios.
ART. 32.—Ningún órgano podrá contraer compromisos que impliquen el pago de cuotas a organismos internacionales con cargo al presupuesto general de la Nación, sin que exista la ley aprobatoria de tratados públicos o que el Presidente de la República haya autorizado su aplicación provisional en los términos del artículo 224 de la Constitución Política.
ART. 33.—Los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación deben reintegrar, dentro del primer trimestre de 2005, a la dirección general de crédito público y del tesoro nacional, y a sus tesorerías cuando correspondan a recursos propios, los recursos originados en convenios con organismos internacionales que no estén amparando compromisos u obligaciones, y que correspondan a apropiaciones presupuestales de la vigencia fiscal 2003 y anteriores, incluidos sus rendimientos financieros, diferencial cambiario, y demás réditos originados en aquellos, con el soporte correspondiente.
ART. 34.—Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar de los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación, correspondientes al año 2004, deben constituirse a más tardar el 20 de enero de 2005 y remitirse a la dirección general del presupuesto público nacional en la misma fecha. Las primeras serán constituidas por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o quien haga sus veces, y las segundas por el ordenador del gasto y el tesorero de cada órgano.
ART. 35.—Constituidas las cuentas por pagar y las reservas presupuestales de la vigencia fiscal de 2004, los dineros sobrantes serán reintegrados a la dirección general de crédito público y del tesoro nacional.
PAR.—Los reintegros de que trata el inciso primero del presente artículo deben realizarse por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo del respectivo órgano, a más tardar el 20 de enero de 2005. Los mismos funcionarios reintegrarán los recursos a que se refieren los incisos segundo y tercero, a más tardar el 20 de enero de 2006.
ART. 38.—Las apropiaciones incluidas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2005 se clasifican en la siguiente forma:
ART. 39.—Las apropiaciones incluidas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2005 se definen en la siguiente forma:
Reconocimiento económico a algunos servidores públicos que se pagará de acuerdo con el cargo que desempeñe y una vez sea otorgada conforme a los requerimientos legales.
Por este rubro se deberán cubrir, conforme a los reglamentos, los estipendios a los servicios profesionales, prestados en forma transitoria y esporádica, por los árbitros designados por el Ministerio de la Protección Social, para dirimir los conflictos laborales, una vez agotada la etapa de arreglo directo en la negociación colectiva.
2.2. Adquisición de servicios.
Erogaciones por concepto de servicios de acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, energía, teléfonos, telefonía celular y demás servicios públicos domiciliarios. Estas incluyen su instalación y traslado.
Por este rubro se les reconoce a los empleados públicos y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales del respectivo órgano, los gastos de alojamiento, alimentación y transporte, cuando previa resolución, deban desempeñar funciones en lugar diferente de su sede habitual de trabajo.
Por este rubro se podrán imputar los gastos de transporte, en el perímetro urbano o intermunicipal de los inspectores de trabajo, con sujeción a las leyes 23 de 1967 y 47 de 1975; así como de los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, cuando el desplazamiento deba realizarse a puertos, aeropuertos, almacenes generales de depósito, depósitos habilitados o zonas francas, para las funciones de comercialización, representación externa, investigación disciplinaria, operativa, cobranza, fiscalización, devolución y liquidación de los tributos administrados por la entidad. De la misma manera se podrán imputar los gastos de transporte de los funcionarios que adelanten funciones operativas para llegar a bordo de los barcos de arribo en el proceso de recuperación de documentos e inspección de mercancías.
Comprende los gastos que los órganos deben realizar para atender la defensa del interés del Estado en los procesos judiciales que cursan en su contra, diferentes a los honorarios de los abogados defensores.
Por este rubro se atenderán gastos, tales como: fotocopias de los expedientes, cauciones, traslado de testigos, transporte para efectuar peritazgos, costos de los tribunales de arbitramento distintos a los honorarios de los árbitros y demás costos judiciales relacionados con los procesos.
Corresponde a aquellos gastos que, de acuerdo con los artículos 106 y 107 de la Ley 6ª de 1992 y 41 del Decreto 2117 de 1992, deba realizar la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por concepto de transporte, cargue, descargue, empaque, inventarios y demás gastos necesarios para el traslado de las mercancías del lugar de aprehensión hasta el sitio donde estas deban ser depositadas.
4. Gastos de comercialización y producción.
Las inversiones que estén financiadas con recursos del crédito externo, para poder ejecutarse, deberán tener el recurso incorporado en el presupuesto, tener aprobación de la dirección general de crédito público y del tesoro nacional someterse a los procedimientos de contratación administrativa.
ART. 40.—Para el cálculo de los aportes que los funcionarios del servicio exterior deban hacer por concepto de previsión social, excepto por los servicios médicos, se tomará como base de liquidación el sueldo básico, del cargo equivalente en planta interna según la nomenclatura del Departamento Administrativo de la Función Pública, al igual que para el pago de la cuota patronal, de conformidad con los artículos 76 del Decreto-Ley 2016 de 1968 y 12 del Decreto 10 de 1992. Los aportes por concepto de servicios médicos de los servidores públicos que deban cumplir sus funciones en el exterior, se efectuarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 1111 de 1995.
ART. 41.—Los conceptos de gastos no definidos anteriormente que figuren en este presupuesto solo podrán afectarse para los fines propios correspondientes a su denominación conforme al respectivo órgano con fundamento en norma legal.
ART. 43.—Las sentencias, conciliaciones y cesantías parciales, serán incorporadas al presupuesto de acuerdo con la disponibilidad de recursos, de conformidad con el artículo 39 del estatuto orgánico del presupuesto.
ART. 44.—Los órganos a que se refiere el artículo 5º del presente decreto pagarán los fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado. Para pagarlas, en primera instancia se deben efectuar los traslados presupuestales requeridos, con cargo a los saldos de apropiación disponibles durante la vigencia fiscal en curso.
ART. 45.—En virtud de la autonomía consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política, las universidades estatales pagarán las sentencias o fallos proferidos en contra de la Nación con los recursos asignados por parte de esta, en cumplimiento del artículo 86 de la Ley 30 de 1992.
ART. 46.—Las obligaciones por concepto de servicios médico-asistenciales, servicios públicos domiciliarios, gastos de operación aduanera, comunicaciones, transporte y contribuciones inherentes a la nómina, causados en el último trimestre de 2004, se pueden pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal de 2005.
ART. 47.—Autorízase a la Nación y sus entidades descentralizadas para efectuar cruces de cuentas entre sí o con entidades territoriales y sus descentralizadas, sobre las obligaciones que recíprocamente tengan causadas. Para estos efectos se requerirá acuerdo previo entre las partes. Estas operaciones deben reflejarse en el presupuesto, conservando, únicamente, la destinación para la cual fueron programadas las apropiaciones respectivas.
ART. 48.—La Nación podrá emitir bonos en condiciones de mercado u otros títulos de deuda pública para pagar las obligaciones financieras a su cargo, causadas o acumuladas a diciembre 31 de 1993, por concepto de pasivo por pensiones y cesantías de las personas beneficiarias del extinto fondo del pasivo prestacional del sector salud, y para sanear los pasivos correspondientes a las cesantías de las universidades estatales, a que se refiere el artículo 88 de la Ley 30 de 1992, del personal administrativo y docentes no acogidos al nuevo régimen salarial. Igualmente, se podrán emitir los bonos pensionales de que trata la Ley 100 de 1993. La emisión de los bonos o títulos de que trata este artículo, no implica operación presupuestal alguna y solo deben presupuestarse para efectos de su redención. El mismo procedimiento se aplicará a los bonos que se expidan en cumplimiento del artículo 29 de la Ley 344 de 1996.
ART. 49.—El presupuesto inicial correspondiente a la vigencia fiscal de 2005 contiene la reducción ordenada en el artículo 31 de la Ley 344 de 1996, y en el artículo 8º de la Ley 819 de 2003. En consecuencia, para dicho año se cumple con lo establecido en las mencionadas normas.
ART. 51.—La Nación podrá aportar a la Administración Postal Nacional los recursos necesarios, para garantizar el servicio de franquicia postal previsto por la ley, a los órganos que hacen parte del presupuesto general de la Nación, así como el servicio de telegrafía prestado por esta de manera directa, o a través de otras empresas, a la rama judicial.
ART. 52.—La Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y el Departamento Administrativo de Seguridad deben cubrir con cargo a sus respectivos presupuestos los gastos del personal vinculado a dichos órganos y que conforman los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal, Gaula, a que se refiere la Ley 282 de 1996.
ART. 53.—Los órganos de que trata el artículo 5º del presente decreto deben remitir al Departamento Nacional de Planeación, antes del 30 de marzo de 2005, el presupuesto de inversión debidamente regionalizado.
ART. 54.—Todos los programas y proyectos en carreteras y aeropuertos que no estén a cargo de la Nación y que estén financiados con recursos del fondo de inversiones para la paz, FIP, podrán ser ejecutados por el Instituto Nacional de Vías, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, UAEAC, o mediante convenios con las entidades territoriales, según el caso.
ART. 55.—En desarrollo del artículo 119 del estatuto orgánico del presupuesto, y para garantizar su saneamiento financiero, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas, IPSE, o quien haga sus veces, podrá capitalizar, previa consulta con los representantes legales de las entidades territoriales accionistas, en las empresas de servicios públicos de energía los activos de su propiedad que posee en el sistema interconectado y no interconectado nacional. Una vez capitalizados estos activos, el instituto podrá entregar a la Nación las acciones en dación en pago. Todas estas transacciones no requerirán operación presupuestal alguna.
ART. 56.—La Agencia Nacional de Hidrocarburos en desarrollo de lo previsto en el Decreto 1760 de 2003, reflejará en su presupuesto las regalías de que trata el artículo 5º de dicho decreto.
ART. 57.—La ejecución de los recursos que deban ser girados al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales con cargo al presupuesto general de la Nación, se realizará por medio de resolución expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ordenando el giro de los recursos. Si no fuere posible realizar el giro de los recursos a las administradoras del fondo, bastará para el mismo efecto, que por dicha resolución se disponga la administración de los mismos por parte de la dirección de crédito público y del tesoro nacional a través de una cuenta especial, mientras los recursos puedan ser efectivamente entregados.
ART. 58.—Los proyectos viales de las redes secundaria o terciaria y urbana, los aeropuertos y transporte fluvial a cargo de la Nación, que hayan sido seleccionados y priorizados en los distintos departamentos durante las audiencias públicas celebradas en cumplimiento del artículo 6º de la Ley 812 de 2003 y demás apropiaciones programadas por la presente ley a las entidades especializadas del sector transporte para estos propósitos, podrán ser ejecutados directamente por estas o mediante convenios con las entidades territoriales y/o sus descentralizadas. La responsabilidad de la Nación se limitará a la ejecución de los proyectos, y dichas redes seguirán a cargo de las entidades territoriales; en ningún caso podrá modificar el mantenimiento que actualmente la Nación adelanta en vías secundarias o terciarias.
ART. 59.—En cumplimiento del artículo 80 de la Ley 812 de 2003, y en caso de no ser posible el cruce de cuentas, el Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Educación Nacional suscribirán con las respectivas entidades territoriales los correspondientes acuerdos de pago para el saneamiento de las deudas que estas últimas tienen con los docentes y administrativos por concepto de salarios y prestaciones que se financiaban con los recursos del situado fiscal y que estuvieren vigentes a 31 de diciembre de 2001, los cuales se atenderán con cargo al servicio de la deuda.
ART. 60.—Las entidades estatales podrán constituir mediante patrimonio autónomo los fondos a que se refiere el artículo 107 de la Ley 42 de 1993. Los recursos que se coloquen en dichos fondos ampararán los bienes del Estado cuando los estudios técnicos indiquen que es más conveniente la cobertura de los riesgos con reservas públicas que con seguros comerciales.
ART. 61.—La Nación - Ministerio de Minas y Energía podrá financiar en la vigencia fiscal de 2005 hasta por la suma de ochenta mil millones de pesos ($ 80.000.000.000), los subsidios para pagos por menores tarifas eléctricas de las zonas interconectadas y no interconectadas, con los recursos del fondo de energía social.
ART. 62.—Las entidades responsables de la atención integral de la población desplazada por la violencia en los niveles nacional, departamental, municipal y distrital, darán prioridad en la ejecución de sus respectivos presupuestos a la atención de la población desplazada por la violencia, de acuerdo con el plan diseñado por el Gobierno Nacional en desarrollo de la Sentencia T-025 de 2004 proferida por la honorable Corte Constitucional.
ART. 63.—Los créditos condonables o no reembolsables que contraten las entidades territoriales en el mercado internacional, no computarán dentro de los indicadores a que hace referencia la Ley 358 de 1997, siempre y cuando la respectiva entidad territorial cumpla los requisitos que se establezcan para su condonación.
ART. 64.—El inciso 8º, numeral 3º, literal D, artículo 8º, del capítulo II, del título II de la Ley 812 de 2003, quedará así:
Las empresas de servicios públicos domiciliarios, la aplicarán al cobro de los servicios públicos a más tardar cinco (5) meses después de haber sido adoptadas por la alcaldía, o la gobernación en el caso de San Andrés, en el departamento de San Andrés y Providencia”.
ART. 65.—En desarrollo de lo establecido por el artículo 61 de la Ley 179 de 1994, el Gobierno Nacional mediante decreto incorporará durante la vigencia fiscal de 2005 al presupuesto general de la Nación, los recursos provenientes de donaciones o recursos de asistencia o ayuda internacional con destino a la financiación de los procesos de negociación que adelante el gobierno con organizaciones armadas al margen de la ley.
ART. 66.—El Incoder o la entidad nacional competente, deberá incluir en el contrato para el desarrollo del proyecto distrito de riego de ranchería, mediante los procedimientos legales correspondientes, los recursos que por la venta de las acciones de Carbocol deben ser invertidos en el departamento de La Guajira, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 226 de 1995, y los recursos que ha entregado y se ha obligado a entregar el departamento de La Guajira, en virtud del convenio interadministrativo celebrado por el INAT cedido al Incoder, para la financiación del mencionado proyecto.
ART. 67.—Autorízase a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público para asumir la deuda de la Empresa Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, Satena, originada en la adquisición del avión Boeing B-737-700 BBJ para el servicio de la Presidencia de la República. Para tal efecto, solo se requerirá que la Empresa Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, Satena, transfiera la propiedad de la mencionada aeronave al Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana, quien deberá atender con cargo a su presupuesto los demás gastos y costos en que dicha empresa haya incurrido para su adquisición y hasta la fecha de la transferencia.
ART. 68.—El Gobierno Nacional, con cargo a las apropiaciones de la presente vigencia fiscal, podrá otorgar créditos que podrán ser condonables al Instituto de Seguros Sociales y a las empresas sociales del estado creadas mediante Decreto 1750 de 2003, con el objeto de apoyar sus procesos de reestructuración, en las condiciones que establezca la dirección general de crédito público y del tesoro nacional. El incumplimiento de dichas condiciones dará lugar a la exigibilidad de los créditos.
ART. 69.—El plazo para el ofrecimiento de la cobertura previsto en el inciso 3º del artículo 96 de la Ley 795 de 2003, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2005.
ART. 70.—Cuando la estructuración financiera de proyectos de infraestructura a cargo de entidades públicas del orden nacional requiera otorgar condiciones o garantías de liquidez, la dirección general de crédito público y del tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá implementar los mecanismos que garanticen dicha liquidez.
ART. 71.—Los subsidios para vivienda establecidos en el artículo 24 del Decreto 353 de 1994, podrán ser reconocidos y pagados también con cargo a los excedentes de que trata el parágrafo 2º del artículo 22 del citado decreto o a las provisiones que para tal fin haya efectuado la Caja Promotora de Vivienda Militar, a los afiliados o vinculados por contrato de prestación de servicios que cumplieron requisitos en años anteriores al de la vigencia de la Ley 921 del 23 de diciembre de 2004 “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2005”.
ART. 72.—Modifícase el artículo 80 de la Ley 633 de 2000, el cual quedará así: “De conformidad con los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política, la Nación asignará un monto suficiente de recursos destinados a cubrir el valor correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del costo de la energía eléctrica, debidamente comprobado por las electrificadoras de cada región, de los usuarios de los distritos de riego y de los distritos de riego administrados por el Estado o por las asociaciones de usuarios debidamente reconocidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
PAR. 1º—Para el caso de los usuarios de los distritos de riego cuya facturación sea individual, este beneficio se otorgará para aquellos que no posean más de cincuenta (50) hectáreas.
PAR. 2º—Para efectos de la clasificación de los usuarios del servicio de energía, según la Ley 142 de 1994, la utilización de la energía eléctrica para riego dirigido a la producción agropecuaria se clasificará dentro de la clase especial, la cual no pagará contribución. Además con el objeto de comercializar la energía eléctrica, los usuarios en los distritos de riego y los distritos de riego, se clasificarán como usuarios no regulados”.
ART. 73.—Aclárase el inciso quinto del artículo 24 de la Ley 715 de 2001 en el sentido de que el valor máximo al cual allí se hace referencia es el equivalente a un punto del incremento adicional que tenga el sistema general de participaciones en los términos del segundo parágrafo transitorio del Acto Legislativo 1 de 2001.
ART. 74.—Las partidas asignadas a proyectos viales correspondientes a las redes urbanas, secundarias y terciarias y a transporte fluvial estarán sujetas al concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación.
ART. 75.—El presente decreto se acompaña de un anexo que contiene el detalle del gasto para la vigencia fiscal de 2005.
ART. 76.—El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2005.
Dado en Bogotá, D.C., a 23 de diciembre de 2004.
NOTA: El anexo “Presupuesto general de la Nación 2005” puede ser consultado en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

References: artículo 26
 artículo 347
 artículo 347
 resolución 
 artículo 5
 resolución 
 resolución 
 artículo 5
 resolución 
 artículo 5
 artículo 5
 resolución 
 artículo 8
 artículo 224
 artículo 3
 artículo 39
 artículo 5
 artículo 69
 artículo 86
 artículo 88
 artículo 29
 artículo 31
 artículo 8
 artículo 5
 artículo 119
 artículo 5
 resolución 
 resolución 
 artículo 6
 artículo 80
 artículo 107
 artículo 8
 artículo 61
 artículo 23
 artículo 96
 artículo 24
 artículo 22
 artículo 80
 artículo 24