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Ley 1/1995, de 27 de enero, de protección del menor, Versión 09/02/1995
LEY 1/1995, DE 27 DE ENERO, DE PROTECCIÓN DEL MENOR.Comunidad Autónoma del Principado de AsturiasBOE 94 de 20/04/1995Redacción publicada el 09/02/1995	Summary
CAPÍTULO I. Disposiciones generalesCAPÍTULO II. De los derechos del menorSección 1.ª Principios generalesSección 2.ª Derechos específicosCAPÍTULO III. De la prevenciónCAPÍTULO IV. De las medidas de protección en general y su régimenSección 1.ª Régimen jurídicoSección 2.ª De la Comisión del MenorCAPÍTULO V. Del apoyo familiarCAPÍTULO VI. De la situación de desamparo y la tutelaCAPÍTULO VII. De la guardaCAPÍTULO VIII. Del acogimiento familiarSección 1.ª Disposiciones ComunesSección 2.ª Acogimiento familiar administrativoSección 3.ª Acogimiento familiar judicialCAPÍTULO IX. De la propuesta de adopciónCAPÍTULO X. Del alojamiento en centrosCAPÍTULO XI. De las instituciones colaboradoras de integración familiarCAPÍTULO XII. De la participación socialCAPÍTULO XIII. De los registrosSección 1.ª Del Registro de Protección de MenoresSección 2.ª Del Registro de Instituciones Colaboradoras de Integración FamiliarDisposiciones AdicionalesDisposiciones TransitoriasDisposiciones Finales	Versión 09/02/1995
Sea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado, y yo en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto de Autonomía para Asturias, vengo en promulgar la siguiente Ley de Protección del Menor.
La Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias, de conformidad con el artículo 148.1.20.ª de la Constitución Española, establece en su artículo 10.1.p) la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de «asistencia y bienestar social, incluida la política juvenil», entre la que se encuentra, ineludiblemente, la protección de menores.
Para proporcionar una configuración clara de las competencias asumidas en relación con la asistencia y bienestar social, el Principado de Asturias aprobó la Ley 5/1987, de 11 de abril, de Servicios Sociales, la cual, a la vez que procede a iniciar el desarrollo de diversos contenidos constitucionales relacionados con este campo, viene a considerar a la infancia, la adolescencia y la juventud como un servicio social de carácter especializado, en consonancia con el desarrollo de uno de los principios rectores de la política social contenidos en el capítulo tercero del título I de la Constitución, cual es el de la protección a la familia y a la infancia (artículo 39).
En el plano de la legislación estatal y sin perjuicio de las normas contenidas en la legislación penal, laboral y administrativa, hoy, la protección de menores se enmarca en diferentes preceptos recogidos fundamentalmente en el Código Civil.
En este sentido, resulta obligada la referencia a la norma que constituye el marco legal fundamental regulador de la intervención pública en materia de protección de menores, la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción, si bien, y pese a su título, lejos de circunscribirse únicamente a tal institución jurídica, regula, de forma novedosa, aspectos sustantivos y procesales de las distintas figuras que pueden utilizar los poderes públicos en el ejercicio de la protección de menores, como son la tutela, el acogimiento familiar y la guarda.
Pieza clave de esta Ley es la atribución de amplias competencias a las entidades públicas a las que en sus respectivos territorios corresponda la protección de menores, llegando a desjudicializar de forma diáfana y rotunda la declaración del desamparo de los menores que pudieran encontrarse en tal situación y la consiguiente asunción de la tutela de los mismos.
Adquirido tal carácter por la Administración del Principado de Asturias a través del órgano administrativo correspondiente, al igual que la práctica totalidad de las restantes Comunidades Autónomas, se hace necesario dotar de un marco jurídico apropiado a los diferentes aspectos que la protección de menores comporta en el ámbito del Principado de Asturias, y ello, unido a la experiencia acumulada en las actuaciones llevadas a cabo desde la entrada en vigor de la citada Ley 21/1978, de 11 de noviembre, constituyen las dos razones fundamentales que determinan la oportunidad y la necesidad de la presente norma, a la que, expresamente, se ha querido dar carácter de Ley por la importancia de su objeto.
La norma se sitúa en el marco obligado de la legislación civil del Estado y de los convenios, tratados y pactos internacionales que vinculan directamente a nuestro país, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y ratificada el 30 de noviembre de 1990, y parte de la consideración del menor como sujeto social, fuera del ámbito exclusivamente familiar, y a la vez como titular de verdaderos derechos subjetivos, superando arcaicos sistemas tuitivos anclados en la caridad o en la beneficencia institucional.
Por ello, siendo como es una tarea común la de garantizar la virtualidad de tales derechos, a ésta deberán contribuir conjuntamente los padres, como titulares de la patria potestad, los tutores, la comunidad social, en general, y los poderes públicos, coordinándose los diferentes mecanismos de protección y de integración existentes, ya sean sanitarios, educativos o sociales, si bien estos últimos, en la materia específica de protección, deberán limitar su intervención a una actuación subsidiaria, que se manifestará en cuantas situaciones de desprotección se detecten.
De esta forma, se pretende proporcionar una protección integral a un colectivo social necesitado de apoyos, como es el de los menores desprotegidos que impulsen su desarrollo y bienestar, atendiendo y remediando no sólo situaciones de desamparo, sino también aquellas otras que, sin llegar a límites tan extremos, precisen la intervención de la entidad pública en orden a procurar un mayor bienestar del menor.
En tal sentido, la norma proclama que cualquier intervención de la Administración del Principado de Asturias deberá estar presidida por el criterio rector de atención en todo momento al interés superior del menor y dicha intervención estará orientada a configurar la actividad de protección no sólo como un instrumento de integración familiar, bien en su familia de origen o en otro núcleo familiar sustituto que reúna las condiciones de idoneidad para ello en atención a las propias circunstancias personales del menor, sino también como un instrumento de integración social.
De ahí que la Ley, al lado de instituciones ya típicas del Derecho de Familia como la tutela, el acogimiento o la adopción, contemple los aspectos de la prevención que deberá tener necesariamente carácter prioritario, y el apoyo familiar a través de diversos recursos para sostener el hogar familiar como soporte básico del desarrollo y bienestar del menor, eliminando las posibles situaciones de desprotección que por graves carencias materiales, culturales o formativas hubieran podido producirse.
Un aspecto destacable en la presente Ley es la creación de la Comisión del Menor, como órgano instrumental que permita el ejercicio de las funciones de protección de menores que corresponden a la Administración del Principado de Asturias, cuya organización y funcionamiento deberán estar presididas por la necesaria agilidad para intervenir con la debida prontitud en aquellos casos en que así resultare preciso en interés del menor.
Asimismo, la norma contempla el alojamiento en centros como última medida, a utilizar tan sólo si los anteriores mecanismos de integración familiar resultasen inviables.
La Ley aborda igualmente la regulación del reconocimiento de instituciones colaboradoras en la tarea de la integración familiar de los menores desprotegidos, obedeciendo a la necesidad imperiosa de buscar una mayor implicación de la comunidad en la apasionante tarea de la protección de menores, implicación que se pretende lograr también a través de la participación social, recogida como principio rector, creando un órgano específico a tal fin, la Comisión de Participación, con funciones consultivas y asesoras en orden a fomentar la solidaridad, la sensibilización y la conciencia social en torno a los aspectos que una adecuada atención al menor debe contemplar.
Por último, la Ley aborda la regulación de los diferentes registros que la Administración del Principado de Asturias debe custodiar, garantizando, en su caso, el carácter reservado y el acceso restringido a los mismos, aspectos éstos que junto a la necesidad de observar la máxima reserva en toda actuación de protección de menores, y el rigor en las decisiones que la Administración del Principado de Asturias adopte en este tema, a través de la evaluación de las situaciones concretas por equipos pluridisciplinares que actúen colegiadamente, suponen no sólo principios rectores en la actuación administrativa, sino también un expreso reconocimiento de unos derechos que el menor posee inalienablemente.	CAPÍTULO IDisposiciones generales	Artículo 1. Objeto.
La presente Ley tiene por objeto establecer las normas reguladoras de las actuaciones que en materia de protección de menores lleve a cabo la Administración del Principado de Asturias, constituida como entidad pública a los efectos señalados en el artículo 172.1 del Código Civil y en la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción.	Artículo 2. Concepto de protección.
A los efectos de esta Ley, se entiende por protección de menores, el conjunto de actuaciones, integradas en el marco del sistema público de servicios sociales, que la Administración del Principado de Asturias, en su condición de entidad pública, realice con la finalidad de promover el desarrollo integral del menor, así como prevenir y remediar cuantas situaciones de indefensión detecte, atendiendo, en todo momento, al interés primordial del menor y procurando su integración familiar y social.	Artículo 3. Ámbito de aplicación.
Las medidas de protección previstas en la presente Ley se dirigirán a aquellos menores de edad que residan o se encuentren transitoriamente en el territorio de la Comunidad Autónoma y en los que concurra alguna circunstancia susceptible de actuación protectora, sin perjuicio de que resultare aplicable otra normativa, en función de las circunstancias concurrentes en el menor objeto de protección, por razón de su origen o procedencia.	Artículo 4. Órgano competente.
1. En virtud de los títulos competenciales que le son propios, la Administración del Principado de Asturias es la entidad pública que en el territorio de la Comunidad Autónoma tiene encomendada la protección de menores.
2. Corresponde a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, de acuerdo con lo señalado en su estructura orgánica, el ejercicio de las competencias en materia de protección de menores.	Artículo 5. Habilitación.
La Administración del Principado de Asturias podrá habilitar a instituciones colaboradoras de integración familiar en la forma y con los requisitos prevenidos en el capítulo XI de la presente Ley.	Artículo 6. Principios rectores.
1. A los efectos establecidos en la presente Ley, la actuación de la Administración del Principado de Asturias se inspirará en los principios generales del sistema público de servicios sociales.
2. Específicamente, en el ejercicio de las competencias en materia de protección de menores serán principios rectores en toda actuación de la Administración del Principado de Asturias los siguientes:
a) La defensa de los derechos constitucionales del menor y de los reconocidos por los acuerdos internacionales.
b) La supremacía del interés del menor como criterio de actuación.
c) La prevención, como medida prioritoria, de situaciones de desprotección y graves carencias que afecten al bienestar social del menor.
d) La subsidiariedad respecto a las funciones inherentes a la patria potestad.
e) La coordinación con los diferentes poderes públicos que actúen en la atención de menores.
f) El mantenimiento del menor en el medio familiar de origen, salvo que ello no resultara conveniente para el interés primordial del menor.
g) La integración familiar y social del menor.
h) La sensibilización de la población en relación a los derechos del menor y la actuación ante situaciones de indefensión.
i) La promoción de la participación y de la solidaridad social.
j) La objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica en la actuación protectora, garantizando el carácter colegiado y pluridisciplinar en la adopción de las medidas.
k) La confidencialidad en la tramitación de expedientes de actuación protectora.	CAPÍTULO IIDe los derechos del menor	Sección 1.ª Principios generales	Artículo 7. Reconocimiento genérico.
El menor tendrá garantizado, en toda actuación protectora, el goce de los derechos individuales y colectivos reconocidos por la Constitución, el resto del ordenamiento jurídico y los convenios, tratados y pactos internacionales que forman parte del ordenamiento interno, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989.	Artículo 8. Subsidiaridad de la intervención administrativa.
Los padres y tutores tienen la obligación de ejercer responsablemente las funciones inherentes a la patria potestad o tutela, sin perjuicio de la actuación subsidiaria de la Administración del Principado de Asturias en los términos legalmente establecidos.	Artículo 9. Prohibición de discriminación.
1. Todos los menores disfrutarán de sus derechos sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, salud, color, sexo, idioma, cultura, religión, opiniones políticas o de otra índole de origen nacional o social, condición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio menor o de su familia.
2. No podrá existir discriminación o diferencia de trato alguno que afecte a los derechos del menor, y que pudiera derivarse de la organización, medios o características propias de las instituciones colaboradoras de integración familiar, que reconocidas y constituidas con las formalidades y requisitos prevenidos en el capítulo XI de la presente Ley, se hallaren realizando alguna actuación protectora sobre el menor, ni de aquéllas entre sí ni respecto de las mismas con la Administración del Principado de Asturias.	Sección 2.ª Derechos específicos	Artículo 10. Derecho a ser informado acerca de la actuación protectora.
El menor tiene derecho a ser informado por la Administración del Principado de Asturias de su situación personal, de las medidas a adoptar, de su duración y carácter, así como de los derechos que le corresponden conforme a la legislación vigente, atendiendo, en todo caso, a su interés primordial.	View the content of this document

References: artículo 31
 artículo 148
 artículo 10
	Artículo 1
 artículo 172
	Artículo 2
	Artículo 3
	Artículo 4
	Artículo 5
	Artículo 6
	Artículo 7
	Artículo 8
	Artículo 9
	Artículo 10