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Timestamp: 2017-05-25 01:15:47+00:00

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Imprimir Rodrigo Varela - equipo jurídico INREDH
Las reservas de biósfera como la de Sumaco deben estar sometidas a las Estrategias de Sevilla, que consiste en cumplir con tres funciones esenciales: i) función de conservación con el fin de proteger los recursos genéticos, especies, ecosistemas y paisajes; ii) función de desarrollo económico y humano sostenible; y iii) función de apoyo logístico que apoye actividades de investigación, educación, formación y observación. Todas estas actividades deben estar relacionadas con las actividades de interés local, nacional y mundial y deben ser encaminadas a la conservación y desarrollo sostenible . Además, el Estado ecuatoriano tiene entre otras la obligación de: 7. Estimular las iniciativas del sector privado tendentes a establecer y mantener empresas sostenibles desde los puntos de vista ambiental y social, en las zonas apropiadas de la reserva de biósfera y sus alrededores, con miras a promover el desarrollo local. Por esta obligación, el Estado debería trabajar coordinadamente con el Pueblo Kichwa de Rukullakta e impedir toda actividad que no promueva el desarrollo local sostenible como es la extracción del petróleo.
Como parte de su cosmovisión, mantienen la costumbre de realizar mingas para alcanzar beneficios para toda la comunidad. Es así, que ellos lograron la construcción de la vía que une a las comunidades de Jatun Urko, Monditi Urko, Loma Alta y Selva Amazónica. Esta obra de 10 km y medio de carretera la lograron con la gestión del municipio de Tena, a quienes apoyaron con la realización de las mingas en las áreas de empalizado para fortalecer a la obra. De la misma forma, con el apoyo de las mingas y los gobiernos locales lograron la construcción de obras importantes para la educación y deportes en las comunidades de Zapallo, Jerusalén y San Vicente de Apayacu. Y además, han logrado promover el cultivo del cacao de aroma fino, lo cual ha impulsado el desarrollo comunitario de las comunidades. El reconocimiento del aroma fino del cacao lo han logrado aprovechando el calor húmedo característico de la Reserva de Sumaco. Y desarrollaron un modelo de gestión del cacao, el cual incluye 5 puntos: 1) promoción del cacao; 2), proyectos de innovación agroecológica; 3) gestión del conocimiento en cacao; 4) políticas públicas locales del cacao; y 5) fortalecimiento de la Mesa de Cacao.
Estas cinco fases han permitido posicionar al producto cuyo fortalecimiento se ha desarrollado desde el año 2009 con la participación de diversas comunidades en Napo, Orellana y Sucumbíos y la ayuda de las autoridades de los gobiernos seccionales Las actividades como las ferias de cacao que se realizan en la zona han permitido que las autoridades seccionales también se involucren en este proceso de gestión del recurso del cacao y de los demás productos que se cosechan en la zona. Es así, que desde la sociedad civil se sintió la necesidad de constituir la mesa del cacao cuyo objetivo debe ser permitir el acercamiento de la sociedad civil con las instancias estatales para incidir en las tomas de decisiones en temas que afecten a las actividades de cultivo del cacao.
Entre los logros obtenidos está el desarrollo de las técnicas que se utilizan para el cultivo del producto, lo cual implica que no se realiza una agricultura extensiva y dañina con el medio ambiente sino que las técnicas que se utilizan no son de una agricultura comunitaria y tradicional que es amigable con el medio ambiente. Este logro implica que las autoridades seccionales respetan el desarrollo propuesto por la sociedad civil propuesto desde su cosmovisión. Así, para sembrar el cacao lo hacen con sus propias manos y rotan los cultivos y los intercalan de forma que conservan las propiedades del suelo y evitan las plagas. El hecho de que la siembra y las tareas no se hagan con maquinarias y se las realicen con manos y machetes permite la conservación de la superficie del suelo, que en la amazonía es rica en humus.
En conclusión, la implementación de la mesa del cacao ha permitido que exista una coordinación entre los productores que son parte de la sociedad civil con las autoridades locales para generar esfuerzos en la promoción de los productos y el desarrollo de tecnologías de cultivo. Además, las autoridades han logrado trabajar coordinadamente con los sectores de la sociedad civil en las diferentes actividades de promoción de los productos. Cabe destacar que la implementación de la mesa de cacao también ha incidido para crear espacios de promoción para otros productos y otras actividades como la elaboración de las artesanías , la biodiversidad que existe en la provincia y las costumbres del pueblo kichwa.
El cultivo del cacao ha generado amplios beneficios ambientales como son la protección de las cuencas y fuentes hidrográficas, el amortiguamiento de áreas naturales protegidas, la conservación de la biodiversidad. Además, ha sido un gran apoyo para fomentar la participación de la sociedad civil y la coordinación interinstitucional de los gobiernos locales lo cual parte también del respeto a las autoridades indígenas para la toma de decisiones. Uno de los principales beneficios ambientales producidos por el cultivo del cacao es la conservación del río Napo. El mayor afluente es el río Napo que atraviesa por varias comunidades del oriente ecuatoriano. Es también uno de los afluentes de más importancia y el más grande en el Ecuador, por lo cual es navegable y ha favorecido a la comunicación entre las comunidades. También brinda otros servicios ambientales como la fertilización del suelo, ya que sus aguas arrastran los sedimentos que se depositan en las terrazas aluviales con muchos nutrientes, favoreciendo la presencia del humus en las riveras del río. Además, la presencia del río permite la conservación de la biodiversidad y en especial de aquella que tiene como hábitat las lagunas formadas por las inundaciones características en esta zona. Y por último favorece a la pesca por la variedad de peces de agua dulce que suma una totalidad de 400 especies. Por estas razones es de vital importancia la conservación del río Napo, por los beneficios que brinda a las diferentes comunidades que se encuentran influenciados por dicho río y que se benefician de la pesca, la agricultura, el turismo.
El territorio del puebo kichwa de Rukullakta ha sido afectado por las actividades extractivas en el bloque 20, campo Pungarayaku, concesionado a la empresa IVANHOE ENERGY ECUDOR INC. Su presencia significa el desmedro de la calidad de los recursos que obtienen de la tierra y del río Napo. Y este desmedro afecta a las actividades de cultivo, pesca y caza que realizan las comunidades para realizar su “proyecto de vida” y alcanzar el sumak kawsay. El proyecto de vida del pueblo de Rukullakta ha sido desarrollado desde su propia cosmovisión que es extensamente diferente al desarrollo que promueve el discurso extractivista neoliberal que ha permitido la concesión de campos para la extracción del crudo.
El pueblo kichwa de Rukullakta ha estructurado su territorio en 5 zonas más importantes en el cantón Archidona: i) lugares sagrados; ii) paisajísticos; iii) turísticos; iv) agrícolas; y v) ríos más grandes. Esta zonificación les permite hacer un uso sostenible de estos recursos para conservar y proteger la riqueza natural y cultural de la nacionalidad . Cabe recordar que el pueblo de Rukullakta está dentro de la reserva de biósfera de Sumaco, lo que implica que su territorio tiene diversos paisajes que son turísticos y con una inmensa biodiversidad. Esta zonificación fue afectada con la presencia de las compañías petroleras. En un principio esta zona iba a ser explotada por la estatal Petroecuador; sin embargo luego se decidió concesionar a la IVANHOE ENERGY ECUADOR.
De esta sentencia se desprende que para el juez de instancia no existe un derecho de consulta previa ambiental, puesto que si se tratara de un derecho existe una competencia de ley orgánica que no ha sido creada por el legislativo. Además, establece que un mero proceso de información a la comunidad debe ser tomado en cuenta para suplir la falta de consulta previa y consentimiento previo informado. En la sentencia nunca se determinó si la comunidad dio o no dio su consentimiento luego de la escaza información recibida respecto a los impactos ambientales. Y por último, esta sentencia permite que en estos procesos de socialización se pueda desconocer a las autoridades de los pueblos de las nacionalidades indígenas, olvidando que uno de los principios de la consulta previa y consentimiento previo informado es el respeto a la organización y autoridades de los consultados. Este mismo razonamiento lo tuvo la Corte Provincial que se pronunció en el sentido de que la consulta previa y consentimiento previo informado están contenidos en el mencionado decreto ejecutivo cuyo contenido es de carácter general y obligatorio, y establece:
4.1. Derecho a la propiedad y la concesión otorgada en territorio ancestral. La Convención Americana contiene los derechos humanos que antes se conocían como de primera generación y a los derechos de participación. Además, hacía referencia a los derechos económicos, sociales y culturales que luego fueron desarrollados en el Protocolo Adicional a la convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales también denominados Pacto de San Salvador. Dentro de la convención se establece el derecho a la propiedad privada por el cual ninguna persona puede ser privada de sus bienes. La Convención establece lo siguiente:
Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.
La segunda forma en que se violó el territorio del pueblo de Rukullakta fue cuando se declaró de utilidad pública el territorio concesionado, por lo que podría ser expropiado con la solicitud de la compañía, sin importar que este territorio sea inalienable, inembargable e indivisible conforme lo establece la Constitución como características esenciales de los territorios ancestrales. En conclusión, existe una violación al derecho del territorio por la falta de consulta que sea previa, libre e informada y por el hecho de que existe una limitación del territorio al haberse declarado la utilidad pública.
4.2. El derecho de participación y la consulta previa y consentimiento previo informado. La Convención garantiza el derecho a participar en los asuntos públicos en el artículo 23.1.a, en el cual establece: Artículo 23. Derechos Políticos 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; Para la Corte IDH, la participación no se limita al derecho al sufragio (elegir y ser elegidos), sino que también incluye la participación en las políticas públicas estatales, para lo cual, los Estados deben implementar mecanismos de participación directa.
Cuando se trata de pueblos y nacionalidades indígenas el mecanismo que deben emplear los estados es el de la consulta previa, libre e informada establecida como derecho colectivo en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la Constitución del Ecuador. Uno de los principios que rige a este derecho es el respeto a las autoridades indígenas y la organización de la comunidad. Así, en el proceso de otorgamiento de concesiones petroleras dentro de los territorios del pueblo de Rukullakta debió hacerse con la participación del pueblo y de conformidad a sus costumbres y tradiciones. Incluso, la consulta debe desarrollarse en el idioma de ellos para que la información que se otorgue sea comprensible.
4.3. Derecho a recibir información. El derecho a recibir información está consagrado en el artículo 13.1 de la convención y se encuentra dentro del derecho a la libertad de expresión: Artículo 13. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. En el caso se evidenció que ni el Estado ni la compañía otorgaron información adecuada al pueblo kichwa sobre las actividades, beneficios y perjuicios producidos dentro del territorio por las actividades de INVANHOE. Este derecho implica que tanto el Estado como la compañía tienen dos tipos de obligaciones. La primera respecto a generar la información y la segunda respecto a difundirla en un idioma comprensible para el receptor, esto es, sin muchos tecnicismos y en el idioma del receptor. El ejercicio de este derecho implica la consecución de la libertad de expresión en el sentido más amplio de recibir y difundir información que permitirá la apertura de canales de comunicación entre el Estado y la sociedad civil, que en el caso específico se trata del pueblo de Rukullakta. En tal virtud, la Corte IDH ha visto en este derecho el medio para el intercambio de ideas e informaciones; además, estableció que garantizar este derecho implica que las comunidades estarán realmente informadas cuando tengan que decidir y ejercer sus opciones . Este derecho a recibir información se encuentra vinculado al derecho a la consulta previa y consentimiento previo informado, en el sentido de que para ejercer este derecho para decidir respecto a una determinada actividad extractiva el pueblo kichwa en el caso presente debía estar informado previamente sobre las ventajas y desventajas de dicha actividad. Es decir, debía contar con los impactos positivos y negativos producidos por la actividad de la IVANHOE. En conclusión, al no permitírsele al pueblo de Rukullakta acceder a la información previa, pertinente y veraz se vulneró el derecho consagrado en el artículo 13 de la Convención lo cual vulneró el derecho a la consulta previa consagrado en el convenio 169 de la OIT puesto que se trata de una actividad que se encuentra dentro de su territorio y afecta directamente a su patrimonio natural, cultural e identidad.
4.4. Obligación del Estado de adoptar disposiciones de derecho interno para garantizar el derecho de consulta previa y consentimiento previo informado. La consulta previa y consentimiento previo informado son derechos humanos cuyo titular son las colectividades como el pueblo kichwa de Rukullakta. Estos derechos fueron reconocidos por el Ecuador puesto que el Convenio 169 de la OIT es parte de nuestro ordenamiento jurídico. En tal virtud, el Estado se encuentra en la obligación de tomar disposiciones de derecho interno para garantizar el efectivo ejercicio de estos derechos. La Constitución ecuatoriana dispone una limitante respecto a la competencia de ley para desarrollar los derechos consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en la misma Constitución. Es así que el Decreto Ejecutivo 1040 y el Acuerdo Ministerial 112 no son los instrumentos adecuados para garantizar estos derechos como lo sostuvo el Juez de lo Civil de Pichincha y la Corte Provincial. Es un principio universal el que los derechos humanos se limitan únicamente por ley, por tal razón, las disposiciones limitantes que constan en el mencionado decreto y en el acuerdo ministerial no pueden ser aplicadas cuando se trata de la consulta previa y consentimiento previo informado. Por esta razón está presentada ante la Corte Constitucional del Ecuador una acción de inconstitucionalidad al decreto presidencial 3401 que regulaba la consulta previa para los pueblos indígenas en materia hidrocarburífera y minera que fue presentada el 14 de diciembre de 2007 y de la que todavía no existe ninguna sentencia. Como el Estado ecuatoriano no ha adoptado dichas disposiciones de derecho interno las acciones que se presentan para tutelar estos derechos son rechazadas, como fue el caso del pueblo de Rukullakta, cuya acción de protección fue rechazada en ambas instancias. Y es necesario que exista una ley que desarrolle este derecho para que las acciones interpuestas para garantizar estos derechos no sean rechazadas.
4.5. Protección Judicial. La Convención establece que para proteger los derechos fundamentales reconocidos en la ley, Constitución y demás instrumentos internacionales, los Estados deben implementar recursos sencillos, rápidos y efectivos. En el caso del Ecuador se implementó la acción de protección que corresponde al amparo constitucional cuyo objetivo es tutelar los derechos vulnerados. Esta acción que fue implementada en la Constitución del 2008 contiene las siguientes características: i) debe ser una acción sencilla, desprovista de formalismos característicos de los procesos ordinarios; ii) debe ser una acción rápida, cuyos plazos deben ser cortos; y iii) debe ser una acción efectiva, que permita alcanzar el resultado esperados que es la protección de los derechos .
Por estas razones, desde Rukullakta activaron las vías de exigencia a nivel nacional cuando interpusieron la acción de protección, la cual fue negada sin fundamento por el juez civil de Pichincha y por la Corte Provincial de Pichincha. Al pueblo kichwa, por la negación de sus derechos en estas sentencias se los dejó en la indefensión y no obtuvieron la tutela jurídica efectiva y necesaria por parte de los jueces encargados. Ellos desconocieron el derecho de la consulta previa y consentimiento previo y lo tomaron como si se trata de un simple trámite para que una compañía pueda realizar actividades extractivas; y además, con estas sentencias se les desconoció su calidad de colectivo perteneciente a un pueblo indígena. Si bien los jueces nacionales no protegieron el derecho exigido por medio del mecanismo de garantía judicial (acción de protección), el pueblo de Rukullakta vio la necesidad de activar la vía internacional para exigir al Estado el reconocimiento y protección de sus derechos violentados al habérsele otorgado la licencia ambiental a la compañía IVANHOE sin haber realizado la consulta previa reconocida en el convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
Ellos han demostrado que el río da vida a los pueblos que se benefician de este recurso y que por tal razón, la contaminación a este recurso debe ser reparada de forma integral. También queda demostrado que el ejercicio del derecho a la consulta previa es importante para que el Estado pueda tomar las decisiones que son convenientes para los colectivos indígenas sin transgredir sus derechos. Por último, el desarrollo económico y social propuesto por el pueblo Kichwa no es contradictorio a la Estrategia de Sevilla, puesto que cumple con las funciones establecidas en dicho documento aceptado por el Estado ecuatoriano al haber declarado como Reserva de Biósfera a Sumaco. Este desarrollo comunitario de Rukullakta conserva la riqueza de la biósfera, respeta los elementos de la pachamama y permite que la comunidad y el pueblo participen en el desarrollo integral y sostenible. Y este modelo, contrario al extractivista propuesto por el gobierno, es el que debe imperar y ser respetado.

References: Artículo 21
 artículo 23
 Artículo 23
 artículo 13
 Artículo 13
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