Source: https://lucasfrancoabogados.com/category/blog-derecho-penal/
Timestamp: 2020-01-20 22:09:03+00:00

Document:
BLOG – Derecho penal archivos - Lucas Franco Abogados
La extradición en España y su defensa penal
Los casos de extradición en España han de ser tratada por un despacho de abogados expertos en derecho penal internacional. Hemos llevado múltiples casos de extradición en España, la gran mayoría de casos, con resoluciones judiciales positivas para nuestros intereses, es decir, acordando denegar la extradición del reclamado.
La extradición Pasiva es un procedimiento de colaboración jurídica internacional que tiene su esencia en tramitar un procedimiento formal para decidir si por parte de España se entrega o no a una persona reclamada para el cumplimiento de una pena o para ser Juzgado en el Estado reclamante.
En definitiva tiene por objeto la puesta de un presunto delincuente, por el Estado requerido (donde se encuentra en el momento de tramitar la solicitud), a disposición de otro Estado (requirente), para su enjuiciamiento y para el cumplimiento de la condena.
A diferencia de la Euroorden, en este procedimiento los requisitos formales que acompañan cada solicitud de extradición en España son más amplios y el procedimiento cuenta con unos tintes menos automáticos que las euro ordenes. la principal diferencia es que la euro orden parte del reconocimiento previo de una serie de condiciones del estado reclamante que limitan el derecho de defensa del extraditurus.
Nuestro trabajo empieza por la asistencia penal del reclamado, en comisaría o ante el juzgado de guardia o ante el juzgado central de instrucción, atendiendo y defendiendo la vista de situación personal para lograr una inmediata puesta en libertad provisional.
Tras ello, dado el carácter formal del procedimiento de extradición en España, llevamos a cabo el mejor asesoramiento posible del caso, elaborando una línea de defensa, que variará según el estado que reclame, los documentos que aporte a la petición extradicional, si se trata de un ciudadano nacional español o no etc..
Especialmente importante en este tipo de procedimientos es la consideración del derecho internacional, y más concretamente de las resoluciones europeas. Así por ejemplo citamos el auto de la Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Recurso de Súplica 9/2014. Auto 10/2014, en el cual se valoraban estas vulneraciones de principios y garantías.
Auto de la Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Recurso de Súplica 9/2014. Auto 10/2014
“Para estimar esta eventual vulneración no cabe, como tienen establecido tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, exigir que la “persona acredite de modo pleno y absoluto la vulneración de sus derechos en el extranjero, de la que van a derivarse consecuencias perjudiciales para la misma, o que esa vulneración va a tener lugar en el futuro, toda vez que ello supondría normalmente una carga exorbitante para el afectado” ( STC 32/2003, de 13 de febrero ). Así debe estimarse suficiente que se justifique la existencia un temor racional y fundado de que estos derechos del reclamado pueden ser vulnerados por parte de los órganos del Estado requirente, y deberá excluirse la entrega la entrega de sujetos que, presumiblemente, con cierto grado de seguridad, puedan sufrir vulneraciones relevantes, por existir al respecto un temor racional y fundado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por su parte, en relación con los derechos a la vida y a no padecer torturas ni penas o tratos inhumanos o degradantes, tomando en consideración las circunstancias concretas que pueden entrañar en estos casos una dificultad probatoria, ha aludido a la existencia de motivos serios y acreditados para creer que si el interesado es entregado al Estado requirente correrá un riesgo real de ser sometido a torturas o a penas o tratos inhumanos o degradantes (caso Soering, caso Ahmed contra Austria; Sentencia de 11 de julio de 2000, caso G.H.H. y otros contra Turquía). Ello supone que es preciso que “el temor o riesgos aducidos, sean fundados, en el sentido de mínimamente acreditados por el propio reclamado” y, además, no bastan alusiones o alegaciones “genéricas” sobre la situación del país, sino que el reclamado ha de efectuar concretas alegaciones en relación a su persona y derechos ( STC 148/2004, de 13 de septiembre ).
La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con peticiones de extradición a Turkmenistán por Rusia estimaron ( S. 7-6-2007, caso Garabayed contra Rusia ) que se había vulnerado el art. 3 del CEDH , por la inexistencia de un marco legislativo que permita la protección a los individuo frente a malos tratos y por haberse infringido el deber de investigación oficial efectiva frente a las denuncias de malos tratos, también la vulneración del art. 5.1 porque el interesado no estuvo informado de las razones de su detención en el procedimiento de extradición en el plazo mas corto para poder recurrirla.
En el mismo sentido la Sentencia delTribunal Europeo de Derechos Humanos de 19.06.2008 (caso Ryabikin contra Rusia). También la Sentencia de 23.10.2008 (caso Soldatenko contra Ucrania ).
Más recientemente la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 17.06.2010 (Caso Kolesnik contra Rusia ) recuerda como ese tribunal ya declaró que la extradición a Turkmenistán por cargos penales puede suponer una violación del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos “nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”. Los factores relevantes que se habían tenido en cuenta fueron: los informes creíbles y consistentes de varias fuentes confiables de torturas, palizas y el uso de la fuerza contra presuntos delincuentes por las autoridades policiales de Turkmenistán; pésimas condiciones de detención, la discriminación contra las personas de etnia no turkmena, lo que los hacía especialmente vulnerables a los abusos, el efecto acumulativo de las malas condiciones de detención, en vista de la duración potencial de la condena; negativa sistemática de las autoridades de Turkmenistán para permitir la revisión de los lugares de detención por organizaciones internacionales o no gubernamentales.
También se señala que las garantías diplomáticas dadas por las autoridades de Turkmenistán no son suficientes para garantizar la protección contra el grave riesgo de malos tratos en el caso de la extradición.
El carácter vinculante de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos obliga a examinar si en el momento actual se siguen dando los factores que fueron estimados relevantes para temer que la extradición implica un grave riesgo de malos tratos.
Sobre la situación actual de Turkmenistán la documentación que aporta la defensa pone de manifiesto una preocupante situación en materia de derechos humanos, aunque también el esfuerzo legislativo y de medios que el estado de Turkmenistán esta llevando a cabo para incorporar y hacer efectivas las exigencias internacionales en aras a la protección de los derechos fundamentales.
El Informe de Amnistía Internacional de 2013 sigue describiendo una preocupante situación de los derechos humanos en ese país y se insta al Gobierno a dar pasos reales para garantizar la protección frente a la tortura u otros malos tratos, condenado éstas sin preservas, ocupándose del problema de la impunidad en los casos de torturas, y garantizando una investigación inmediata, en profundidad, independiente e imparcial.
También se recoge como se han producido reformas para permitir la existencia de partidos políticos rivales y se ha prometido luchar contra la tortura de forma más efectiva, y el temor a que estas reformas sean solo superficiales, porque la información sigue sometida a un control férreo, la población intimidada y la riqueza pública sometida al mismo expolio que antes. En el mismo sentido se siguen pronunciando los informes del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas.
El Parlamento Europeo (propuesta de resolución común del Parlamento Europeo de 22 de octubre de 2003) recoge como en el año 2003 Turkmenistán hacía caso omiso de las obligaciones derivadas de los convenios internacionales en materia de derechos humanos y e ignoraba sistemáticamente las recomendaciones del Relator para el país y la Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la Naciones Unidas de 2003. En ese momento era un Estado de partido único donde los derechos civiles y políticos, incluyendo las libertades de expresión, religión, asociación y reunión estaban severamente limitados y las minorías étnicas eran víctimas de discriminación a gran escala Actualmente y desde 2012 se han legalizado los partidos políticos y se han llevado a cabo modificaciones legales para el reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales. Sin embargo aún no se ha podido constatar que las torturas o las violaciones de derechos fundamentales estén siendo efectivamente perseguidas, que casos denunciados hayan sido objeto de investigación y de persecución de forma eficaz por organismos independientes. Sigue existiendo una falta de un sistema eficaz de prevención y de represión de la tortura.
En 2011-2012 se admitieron las primeras visitas de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja a centros de detención, pero aún está en estudio la posibilidad de cursar invitaciones a los Relatores Especiales de ACNUDH para que visiten Turkmenistán (Informe Nacional presentado por Turkmenistán a la Asamblea general de Naciones Unidas, de 4 de febrero de 2013). El reclamado no forma parte de la etnia del país, y este dato fue estimado por el Tribunal Europeo como relevante para evaluar el riego de malos tratos a los detenidos y presos.
En estas circunstancias parece que no sería posible establecer garantías suficientes para atenuar el riesgo de que el reclamado pueda ser sometido a torturas o tratos inhumanos, caso de accederse a la entrega.
El art. 44 del Convenio de Naciones Unidas contra la Corrupción establece 15 ” Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá interpretarse como la imposición de una obligación de extraditar si el Estado Parte requerido tiene motivos justificados para presumir que la solicitud se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona en razón de su sexo, raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas o que su cumplimiento ocasionaría perjuicios a la posición de esa persona por cualquiera de estas razones”.
Por todo ello se estima procedente rechazar la petición de extradición formulada por las autoridades de Turkmenistán.”
Abogado extradición en Madrid/Extradition/ Spain Lawyer extraditions/ Ley extradición pasiva/ defensa proceso penal/ Extradición y euroorden/ Libertad provisional/ garantías y derechos penales/ extradición España.
Los juicios rápidos son aquellos procedimientos en los que se pretende la agilización de la instrucción y enjuiciamiento del delito.
¿Qué circunstancias deben darse para que se pueda aplicar este tipo de procedimientos?
1. Debe tratarse de delitos castigados con pena privativa de libertad (pena de prisión) que no exceda de cinco años, o con cualesquiera otras penas cuya duración no exceda de diez años.
2. Debe existir un atestado policial que apertura las investigaciones en que se sustenta la instrucción. Ello es así porque debe tratarse de procedimientos en los que se hayan practicado la totalidad de las labores indagatorias o diligencias de prueba, pues sino el abogado defensor podrá solicitar que se transforme en diligencias previas interesando la práctica de alguna prueba, por ejemplo, audiencia de testigos, informes médicos, periciales etc…
3. Debe concurrir cualquiera de las circunstancias siguientes:
Delitos contra la salud pública previstos en el artículo 368.2 del Código Penal, de droga que causa daño menos grave a la salud.
Somos abogados expertos en defensa penal, procesal penal, y delitos económicos, en asistencia en procedimientos contra la seguridad del tráfico y vial, alcoholemias, delitos de robo y hurtos, o cualquier delito contra la salud pública. Nuestra asistencia es rápida y eficaz, y nuestros honorarios se ajustan a las necesidades del cliente, acordando precios y planes de pagos. Defiéndete con un abogado penalista en Madrid.
Asistimos y defendemos en todas las fases del proceso penal, Instrucción, procedimiento abreviado, Procedimientos Ordinarios y Sumarios con gran elocuencia en la fase de Juicio oral. Actuaciones contrastadas en los Juzgados de instrucción, Audiencia Provincial y Juzgado Penal, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo.
Este modelo de solicitud para libertad provisional pretende dar unas ideas a modo de fórmula inicial para solicitar la libertad provisional de un cliente detenido o interno en centro penitenciario en fase de instrucción.
El escrito solicitando la libertad provisional puede ser presentado en cualquier momento en fase de instrucción, incluso aun en el caso que esté en tramitación un recurso de apelación contra cualquier resolución de dicha instrucción:
Mi consejo es no ser reiterativo, y ordenar el escrito de la siguiente forma:
1.- Características concretas del investigado ( es decir, detallar si carece o no con antecedentes penales, circunstancias personales, familiares, sociales…etc..), todo aquello que pueda valer para posteriormente atacar los fines de adopción concretas por lo que se haya acordado la situación de prisión.
Cada alegación y fundamentación debe ir justificada documentalmente. Caso que se haya practicado la comparecencia de situación personal del art 505 de la Lecrim, no será necesario su unión documental. Basta con la remisión a los documentos aportados en la misma. En este caso, mi consejo es reiterar mediante otrosí digo que tales documentos figuran unidos al procedimiento mediante la evacuación del trámite de la comparecencia del art. 505 de la Lecrim, solicitando se tenga por unido a este escrito como medio de prueba.
2.- Alegaciones sobre los fines de la medida de prisión provisional con apoyo documental o con remisión expresa a las actuaciones de instrucción seguidas ante el Juzgado de Instrucción o Juzgado Central de Instrucción. En caso que el auto que acuerde la medida justifique de forma puntual el motivo por el cual se adopta debe atarse el Auto en atención a dicho motivo y finalidad.
En caso que el auto de prisión fuere genérico y quizás poco motivado las alegaciones que deben efectuarse deben ser, partiendo de una línea general de cada uno de los fines y justificaciones de esta medida que determina la ley, ir concretando uno por uno, en base a las actuaciones legales de tal forma que se rebatan para dejarlas sin efecto..
Ejemplo de modelo de solicitud de libertad provisional (a efectos orientativos).
Diligencias Previas núm…./. . . . . . . . . .
D/Dña……., (abogado, procurador, educador, el propio interesado), en nombre de D/Dña…………… (datos para quien se solicita la libertad provisional), cuyas demás circunstancias personales ya constan en la causa arriba indicada, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:
Que por medio del presente escrito vengo a solicitar la LIBERTAD PROVISIONAL de D………., en base a las siguientes
PRIMERA. D/Dña….., y descripción de las circunstancias personales y sociales del investigado con aportación de documentos acreditativos si procede.
SEGUNDA.- Relación y remisión a las actuaciones seguidas ante el juzgado de Instrucción o ante el juzgado central de instrucción que adveren algunas de las cuestiones anteriormente planteadas. (por ejemplo, si carece de antecedentes penales etc….).
TERCERA.- No debemos olvidar el derecho a la presunción de inocencia que debe presidir el régimen de los presos preventivos (artículo 5 de la Ley Orgánica General Penitenciaria). En el mismo sentido, el artículo 24 de la Constitución, siendo acreedor de la presunción de inocencia mientras no se demuestre su culpabilidad en proceso público con todas las garantías legales (relatar la versión de los hechos que puedan demostrar nuestra inocencia). La infracción de la presunción de inocencia, se encuentra integrada en la vulneración de la libertad personal. La apreciación de indicios racionales de criminalidad en la fase de investigación únicamente implica la existencia de motivos razonables que permiten afirmar la posible comisión del delito, pero no significa por sí sola, el establecimiento de una presunción de culpabilidad del imputado. Por tanto, si por meros indicios racionales de criminalidad se impusiera una privación de libertad, resultaría vulnerado el art. 24.2 CE en relación con el art. 17 CE (STC 47/2000 de 17 de febrero).
CUARTA. La situación de prisión preventiva de libertad es la excepción a la regla general de la libertad, al ser ésta un valor superior del ordenamiento jurídico, estableciendo el artículo 17 de la CE el derecho a no ser preso preventivamente, salvo las excepciones establecidas por la ley, debiendo interpretarse las normas que restringen aquel derecho de una forma restrictiva. La prisión provisional se caracteriza asimismo por ser una medida excepcional. El art. 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos expresa claramente esta idea: “La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá ser subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo”.
La excepcionalidad de esta medida cautelar ha sido también reiteradamente reconocida por la doctrina de este Tribunal (entre otras, SSTC 32/1987, de 10 de marzo, FJ 3; 34/1987, de 12 de marzo, FJ 2; 40/1987, de 3 de abril, FJ 2; 117/1987, de 8 de julio, FJ 2; 88/1988, de 9 de mayo, FJ 1; 9/1994, de 17 de enero, FJ 6; 19/1999, de 22 de febrero, FJ 4; 71/2000 y 72/2000, ambas de 13 de marzo, FFJJ 5 y 6 respectivamente). En relación con la prisión que se puede sufrir en un procedimiento por delito, la STC 14/2000, de 17 de enero, ha indicado en este mismo sentido que la situación ordinaria del imputado en espera de juicio no es la de hallarse sometido a una medida cautelar; así se deduce de la efectiva vigencia en nuestro Ordenamiento jurídico de los derechos fundamentales a la libertad personal (art. 17.1 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
Como consecuencia de esta característica de la excepcionalidad, rige el principio del favor libertatis (SSTC 32/1987 y 34/1987, ambas de 12 de marzo; 115/1987, de 7 de julio; 37/1996, de 11 de marzo) o del in dubio pro libertate (STC 117/1987, de 8 de julio), formulaciones que, en definitiva, vienen a significar que la interpretación y aplicación de las normas reguladoras de la prisión provisional “debe hacerse con carácter restrictivo y a favor del derecho fundamental a la libertad que tales normas restringen, dado, además, la situación excepcional de la prisión provisional. Todo ello ha de conducir a la elección y aplicación, en caso de duda, de la Ley más favorable, o sea, la menos restrictiva de la libertad” (STC 88/1988, FJ 1).”
Al hilo de lo anterior señalaremos que el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal expone que la detención y la prisión provisional se deberán practicar en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio.
En relación con el sustento jurídico de la adopción y su mantenimiento de la prisión provisional, el Tribunal Constitucional ha destacado (STC de 7 de abril de 1997, recordando lo dicho en las núms. 128/1995 y 62/1996) que, además de su legalidad, la legitimidad constitucional de esta medida exige tanto su configuración como su aplicación tengan, como presupuesto, la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva; como objetivo, la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de la medida, fines que pueden concretarse en la conjuración de ciertos riesgos relevantes que, para el desarrollo normal del proceso, para la ejecución del fallo o, en general, para la sociedad, parten del imputado: su sustracción de la acción de la Administración de Justicia, la obstrucción de la instrucción penal y, en plano distinto, pero íntimamente relacionado, la reiteración delictiva como presupuestos fundamentales.
QUINTA.- Nuestro Art. 502 LECR, dispone que esta medida de prisión provisional, sólo puede adoptarse siempre que no existan otras medidas menos gravosas que garanticen los fines de la adopción de la prisión provisional; para ello, deberán tomarse en consideración, no sólo la gravedad del delito imputado y la pena que pudiera corresponderle, sino que debe observarse las circunstancias concretas del caso y las personales del imputado.
Se trata de una medida de naturaleza cautelar y excepcional que en ningún caso puede transformarse en una pena privativa de libertad anticipada, no estando justificada su imposición sino cuando se trata con ella de alcanzar fines constitucionalmente legítimos y no de otra forma. Pues bien, estos fines previstos en el Art. 503 LECR pueden verse garantizados con otras medidas, porque en este caso, en una ponderación prudencial de la causa al imputado concreto, no existen ninguno de los riegos contemplados en la Ley, y mucho menos, que puedan venir originados por mi patrocinado. A saber:
A.- INEXISTENCIA DE RIESGO DE FUGA
La valoración del mantenimiento o no de la medida adoptada, no debe ampararse sólo en el estudio o examen jurídico de la misma, sino que se debe moderar la posible calificación y resultado jurídico, en todo momento discutible por no existir sentencia, con la situación personal del imputado (Hecho único y cierto, acreditado documentalmente).
Visto lo anterior y en lo que respecta a mi defendido se pueden observar las siguientes circunstancias al caso:
………………. Concretar a las circunstancia del caso para acreditar que no existe riesgo de fuga, reiteración delictiva o riesgo de destrucción de pruebas y que existen medidas menos gravosas que pueden ser adoptadas alternativamente.
B.- INEXISTENCIA DEL RIESGO DE OCULTACIÓN O DESTRUCCIÓN DE PRUEBAS Y DE REITERACIÓN DELICTIVA
No obstante lo anterior, como medidas alternativas a la adoptada hasta el momento, se solicita:
1.- La libertad provisional de Don ……….., con obligación de comparecer diariamente, o en su defecto dos veces por semana, en sede de este Juzgado y con prohibición de salida del territorio nacional con entrega de cuanta documentación de viaje dispusiere.
Así como la adopción de Fianza de 5.000 euros, que atendiendo a la situación familiar entendemos fianza más que prudente y suficiente.
2.- De manera alternativa a la anterior, localización permanente en su domicilio los fines de semana.
Por todo lo anterior entendemos que procede modificar la actual situación de mi defendido, solicitando se decrete la libertad de esta.
SUPLICO AL JUZGADO, que tenga por presentado este escrito, lo admita y, en su virtud, acuerde la LIBERTAD PROVISIONAL DE XXXXXXXXXXX, con la adopción de las medidas alternativas que el Juzgado estime procedentes, y subsidiariamente, las relacionadas en este escrito.
Pulse para descargar el Modelo solicitud libertad provisional.
Ser testigo de la actuación de un grupo de delincuentes no tiene cabida, por su propia naturaleza, en ninguno de los supuestos previstos para la concesión del asilo o protección subsidiaria
06 Abr, 2015.- La sala de lo Contencioso administrativo de la Audiencia Nacional no considera que el tiroteo que dice haber presenciado el Sr. Lucio y la posterior actuación de los cuatro delincuentes pueda considerarse un acto terrorista o relacionado con la actuación de grupos terroristas.
Sentencia AN (Sala de lo Contencioso-administrativo, 8ª) de 9 Marzo 2015, Nº rec. 439 (2013).
FJ CUARTO. Incongruencia omisiva.(…) La intervención del Ministerio Fiscal en los expedientes relacionados con el estado civil de las personas es relevante, en cuanto encargado de velar por la defensa de la legalidad reconociéndosele una especial legitimación y una participación activa en este tipo de expedientes tanto para la práctica de pruebas o para su intervención en las que se hubiesen acordado por el Encargado, así como por la necesidad de ser oído y emitir informes. Basta recordar lo previsto en los artículos 343 y 344 del Reglamento del Registro Civil , aprobado por Decreto de 14 de noviembre de 1958, en los que, al establecer las reglas generales en la tramitación de los expedientes, se dispone que ” El expediente será instruido por el propio Encargado, quien, oído el Ministerio Fiscal, dictará en forma de auto la resolución que proceda” o que “El Ministerio Fiscal conocerá los expedientes y recursos desde su iniciación para velar por la instrucción y tramitación adecuada, y emitirá informe como último trámite previo a la resolución del Juez correspondiente ” pudiendo incluso antes de emitir su informe definitivo ” proponer las diligencias o pruebas oportunas. Igualmente puede ampliar, modificar u oponerse a la pretensión deducida, sobre lo cual se oirá a los interesados. Aunque a su juicio haya alguna razón procesal bastante para la oposición ésta deberá incluir, a la vez, todas aquellas, procedimentales o de fondo, que impidan acceder a lo solicitado ” ( art. 344.2 del Reglamento del Registro Civil ) o la previsión del art. 348 de dicha norma en la que se dispone que “… el Encargado instruirá las diligencias oportunas con intervención del Ministerio Fiscal, quien emitirá informe, y en unión del suyo propio, dará al expediente el curso reglamentario”.
FJ QUINTO: Pues bien, pese a que en la demanda se alega la concurrencia de las condiciones para la obtención del reconocimiento de la condición de refugiado y del derecho de asilo de los recurrentes, incidiendo en el relato realizado por el interesado y pretendiendo contextualizar el episodio en el que se fundamenta la petición de protección internacional en el ámbito de la actuación terrorista, con connivencia de la policía, entiende la Sala que de lo obrante en el expediente, único elemento probatorio con que cuenta el tribunal, no cabe inferir que el tiroteo que dice haber presenciado el Sr. Lucio y la posterior actuación de los cuatro delincuentes, que lo amenazaron y robaron el rebaño que cuidaba, pueda considerarse un acto terrorista o relacionado con la actuación de grupos terroristas. En definitiva, ni hay constancia de datos que permitan pensar que las personas que perpetraron los hechos relatados por el interesado perteneciesen a un grupo terrorista, ni la propia actuación contra el solicitante, consistente en amenazas si les denunciaba y en el robo del rebaño, parecen actuaciones propias de actividad terrorista, sino que se insertan en el ámbito de la delincuencia común. En este recurso no se han desvirtuado los razonamientos de la resolución impugnada, en relación con el detallado Informe de Instrucción, y coincidente con la propuesta desfavorable -sin ningún voto en contraemitida por la CIAR, con asistencia de ACNUR, cuyo representante se mostró de acuerdo con la propuesta formulada, en reunión que dicha Comisión de 27 mayo 2013, según consta en la certificación del secretario de la CIAR obrante en el expediente. La aportación de una carta supuestamente dirigida por el Consejo ancianos de Tarki al director de un periódico, denunciando los hechos, haciendo referencia a una actuación terrorista y al consentimiento de los mismos por las autoridades, no puede considerarse prueba o indicio probatorio de la veracidad de tales hechos, máxime cuando se trata de un recorte de prensa en el que no consta dato alguno que identifique dicho periódico ni su fecha.
1. ¿Qué es el traslado de personas condenadas?
2. ¿Cuándo es conveniente solicitar el cumplimiento de la condena en España?
3. ¿Todos los presos españoles en el extranjero pueden pedir el cumplimiento en españa?
La suspensión de la pena está regulada en nuestro código penal en los arts. 80 a 87. Con carácter general los requisitos que se solicitan para lograra la suspensión de la pena son:
Entre los requisitos subjetivos del penado, el artículo 80 C.Penal, dice que el Juez valorará las circunstancias del delito cometido, las circunstancias personales del penado, sus antecedentes, su conducta posterior al hecho, en particular su esfuerzo para reparar el daño causado, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas.
Para adoptar esta resolución el juez o tribunal valorará las circunstancias del delito cometido, las circunstancias personales del penado, sus antecedentes, su conducta posterior al hecho, en particular su esfuerzo para reparar el daño causado, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas”.
3ª.- Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado y se haya hecho efectivo el decomiso acordado en sentencia conforme al artículo 127.
Ahora bien, existen algunas excepciones o puntualizaciones. Así, el artículo 80.3 Código Penal dispone que:
Excepcionalmente, aunque no concurran las condiciones 1.ª y 2.ª (de los requisitos objetivos que hemos expuesto), y siempre que no se trate de reos habituales, podrá acordarse la suspensión de las penas de prisión que individualmente no excedan de dos años cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado, así lo aconsejen.
Asimismo, se impondrá siempre una de las medidas a que se refieren los numerales 2.ª o 3.ª del mismo precepto ( pago de multa o trabajos en beneficio de la comunidad), con una extensión que no podrá ser inferior a la que resulte de aplicar los criterios de conversión fijados en el mismo sobre un quinto de la pena impuesta.
El artículo 81 establece: “El plazo de suspensión será de 2 a 5 años para las penas privativas de libertad no superiores a dos años, y de 3 meses a 1 año para las penas leves, y se fijará por el juez o tribunal, atendidos los criterios expresados en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 80.”
SUSPENSIÓN EN CASO DE DROGADICCIONES Y SUPUESTOS ESPECIALES:
1.- Penados que hubiesen cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia al consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas:
En estos casos, el juez o tribunal podrá acordar la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a 5 años de los penados que hubiesen cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia a dichas sustancias, siempre que se certifique suficientemente, por centro o servicio público o privado debidamente acreditado u homologado, que el condenado se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin en el momento de decidir sobre la suspensión.
Se condicionará la suspensión de la ejecución de la pena a que no abandone el tratamiento hasta su finalización. No se entenderán abandono las recaídas en el tratamiento si estas no evidencian un abandono definitivo del tratamiento de deshabituación.
2.- Penados aquejados de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables:
Los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno, salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo.
13 Nov Los delitos patrimoniales de robo y hurto
Posted at 14:52h in BLOG – Derecho penal
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. Previsión del Hurto y Robo en nuestro código penal.

References: artículo 3
 resolución 
 Resolución 
 artículo 368
 resolución 
 artículo 24
 artículo 17
in dubio
 artículo 520
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 80
 resolución 
 artículo 127
 artículo 80
 artículo 81
 artículo 80