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Timestamp: 2019-05-25 01:24:55+00:00

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C-47 de 2006
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020002347CC-SENTENCIAC47200601/02/2006CC-SENTENCIA_C_47__2006_01/02/2006200023472006Sentencia C-047/06 DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD -Falta de certeza en razones de inconstitucionalidad PRINCIPIO NON BIS IN IDEM- Concepto COSA JUZGADA EN PROCESO PENAL -Importancia PRINCIPIO NON BIS IN IDEM- No es absoluto PRINCIPIO NON BIS IN IDEM- Procede frente a sentencias ejecutoriadas De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la garantía del non bis in idem opera frente a sentencias definitivas, amparadas por la cosa juzgada. Esto es, el sindicado sólo puede acudir a esa garantía cuando ha concluido el juicio con una sentencia en firme. Es claro que, cuando en el proceso penal se ha configurado un sistema de recursos, de manera tal que lo decidido en primera instancia sea susceptible de control por una instancia superior, no cabe señalar que producida la sentencia de primera instancia, el juicio ha concluido y el sindicado que haya sido absuelto se encuentra amparado por el principio del non bis in idem. Ello solamente ocurre cuando exista sentencia ejecutoriada, bien sea porque no se interpusieron los recursos previstos en la ley frente a la decisión de primera instancia, o porque éstos fueron resueltos oportunamente en la instancia correspondiente. RECURSO DE APELACION EN PROCESO PENAL- Alcance La segunda instancia no da lugar a un proceso autónomo en el que se repita de manera íntegra el juicio, sino que se trata de la oportunidad prevista por el legislador para que el superior jerárquico controle la corrección de la decisión adoptada en primera instancia. Ello significa, tal como se desprende de lo dispuesto en el artículo 179 de la Ley 906 de 2004 y de consolidada jurisprudencia sobre el particular, que el superior actúa sobre los aspectos impugnados, para lo cual tiene como base los registros que, por solicitud de los interesados, se hayan allegado al recurso y los argumentos presentados en audiencia por los distintos sujetos procesales. La apelación no consiste, por consiguiente en una solicitud general y abstracta orientada a que se reexamine en su integridad lo actuado por el juez de primera instancia, sino que quien manifieste su inconformidad debe precisar y sustentar las razones que esgrime para ello. Se trata no de un nuevo juicio en el que deba repetirse íntegramente la acusación y la defensa, sino de la continuación del proceso en una instancia de control que se ha previsto como garantía interna orientada a obtener una decisión justa, sin perjuicio de la amplitud con la que, en ejercicio de su potestad de configuración, el legislador decida establecer el recurso. PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA- Regla general LEGISLADOR EN PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA -Establecimiento de excepciones DEBIDO PROCESO PENAL -Se predica de todos los intervinientes SENTENCIA ABSOLUTORIA EN PROCESO PENAL -Apelación no viola el principio non bis in idem / DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD JUSTICIA Y REPARACION -Apelación de sentencia absolutoria Si bien la impugnación de la sentencia condenatoria es un derecho consagrado expresamente a favor del sindicado en la Constitución y en diversos instrumentos internacionales, no es menos cierto que la posibilidad de apelar la sentencia absolutoria es expresión de derechos de similar entidad de las víctimas y materialización del deber de las autoridades de asegurar la vigencia de un orden justo. No solo no es violatorio del non bis in idem, establecer la posibilidad de apelar la sentencia absolutoria, sino que, por el contrario, excluir esa posibilidad podría resultar problemático desde la perspectiva de la garantía constitucional de la doble instancia, el derecho de acceso a la administración de justicia, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y el imperativo que la Carta impone a las autoridades de lograr la vigencia de un orden justo (CP art. 2°). De este modo, así como, por expreso mandato constitucional, que está previsto también en tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, nuestro ordenamiento garantiza la posibilidad del sindicado de impugnar la sentencia condenatoria, también se ha previsto, en desarrollo de la garantía de la doble instancia, la posibilidad de apelar la sentencia absolutoria, lo cual constituye una garantía para las víctimas y protege el interés de la sociedad en una sentencia que, con pleno respeto de los derechos del sindicado, conduzca a la verdad, la reparación y la justicia. BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD EN SENTIDO LATO- Concepto BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD STRICTO SENSU -Concepto PRINCIPIO NON BIS IN IDEM EN BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD SENTENCIA ABSOLUTORIA EN PROCESO PENAL -Apelación no se opone a la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Ni la Convención, ni el Pacto, contienen la prohibición de que los ordenamientos jurídicos de los estados parte establezcan la posibilidad de apelar la sentencia absolutoria en materia penal, ni de esos instrumentos se desprende una interpretación de la garantía del non bis in idem que sea contraria a la que se ha plasmando en el apartado precedente de esta providencia. Por el contrario, ambos instrumentos son explícitos al señalar que la garantía del non bis in idem procede frente a sentencias ejecutoriadas y si bien el derecho a impugnar la sentencia condenatoria se ha establecido a favor del sindicado, nada de lo dispuesto en esos tratados se opone a que los Estados establezcan, además, la posibilidad de apelar la sentencia absolutoria, eventualidad que, por otra parte, encuadra dentro de la concepción de lo dispuesto en esas convenciones internacionales como garantías mínimas, que no pueden desconocerse, pero si ampliarse y extenderse a otros supuestos, para el desarrollo de valores y principios que, contenidos en los ordenamientos internos, son expresión, también, del ordenamiento internacional. Esa posibilidad, finalmente, no solo, entonces, no resulta contraria al tenor literal de los tratados invocados por el demandante, sino que, además, obedece a postulados que los mismos instrumentos consagran y que hacen parte de un amplio consenso internacional orientado a la consecución de la verdad, la justicia y la reparación. De este modo, ni de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se deprede una prohibición para los Estados parte de establecer la posibilidad de apelar sentencia absolutoria en materia penal. Referencia: expediente D-5783
Juan Carlos Arias DuqueCONSTITUCIONALIDADRodrigo Escobar GilDemanda de inconstitucionalidad contra los artículos 176 (parcial) y 177 (parcial) de la ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"D5783Identificadores20020002348true12381Versión original20002348Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 176 (parcial) y 177 (parcial) de la ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"
SENTENCIA ABSOLUTORIA EN PROCESO PENAL-Apelación no viola el principio non bis in idem/DERECHOS DE LASVICTIMAS A LA VERDAD JUSTICIA Y REPARACION-Apelación de sentencia absolutoria
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDADSTRICTO SENSU-Concepto
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 176 (parcial) y 177 (parcial) de la ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Juan Carlos Arias Duque demandó parcialmente los artículos 176 y 177 de la Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
2. El auto que resuelve sobre la imposición de una medida cautelar que afecte bienes del imputado o acusado."
El accionante considera que la expresión "absolutoria", contenida en los artículos 176 y 177 de la Ley 906 de 2004, vulnera los artículos 29, 93, 94 y 250 numeral 4º de la Constitución Política.
A partir de esa consideración, el actor señala como razones de inconstitucionalidad de la expresión "absolutoria", contenida en las normas demandadas, las siguientes:
2.2. En segundo lugar, estima que la expresión demandada desconoce el artículo 250 numeral 4º de la Carta, ya que, en su criterio, la norma constitucional sugiere que la sentencia, cualquiera sea el sentido de la misma, debe ser resultado de un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías, lo que se traduce en la necesidad de que sea el juez que presenció el juicio y solamente él, quien decida sobre la absolución o la condena. En ese sentido, el demandante sostiene que si el juez de primera instancia ha decidido absolver al acusado en un escenario como el establecido por el artículo constitucional referido, no es posible que "dentro de un proceso de deliberación secreto, cerrado, sin ninguna relación de inmediación con las pruebas, sin ninguna garantía", el juez de segunda instancia decida condenar.
2.3. Finalmente, considera el actor que la inclusión de la expresión "absolutoria" en las normas demandadas, desconoce lo establecido por los artículos 93 y 94 de la Constitución, como quiera que en el campo internacional el derecho a la impugnación sólo se reconoce a favor del condenado. Así, el demandante se refiere al artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al artículo 8, numeral 2º, literal h, del Pacto de San José y al informe 17/94 (09/02/94)[1] de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de lo cual concluye que el derecho a la impugnación es exclusivo del imputado, toda vez que, someter el fallo absolutorio a una segunda instancia constituye una nueva oportunidad para que el acusado pueda ser condenado, lo que, en su concepto, comporta una violación al principio del non bis in ídem.
En su criterio, la disposición acusada no comporta una violación del principio del non bis in ídem ya que el derecho a la doble instancia surge precisamente del interés del Estado de evitar los errores judiciales, con fundamento en el principio de la "doble conformidad", según el cual, cuando dos jueces revisan la decisión dentro de un mismo proceso, se busca evitar que los errores judiciales hagan tránsito a cosa juzgada. En ese sentido, si se considera que la jurisdicción es un órgano unitario, hasta tanto no se agote la totalidad del proceso sobre la pretensión, el cual puede implicar varias instancias y por tanto varias sentencias, no puede hablarse de una decisión jurisdiccional en firme. Así, el principio del non bis in ídem garantiza que una persona no pueda ser sancionada dos veces por el mismo asunto y no, como lo entiende el demandante, la prohibición de que se realice una segunda valoración durante el trámite del proceso.
El interviniente tampoco encuentra que se vulneren los artículos 93 y 94 de la Constitución, ya que los pactos internacionales enunciados por el demandante no prohíben la apelación de las sentencias absolutorias. En efecto, el hecho de que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no consagre expresamente la posibilidad de apelar la sentencia absolutoria, no puede entenderse como una prohibición de que ello sea así, ya que éstos tratados lo que establecen son "mínimos de garantía que un Estado puede manejar aumentando el nivel de protección, pero nunca reduciéndolo". Así, no es posible que en Colombia se prohíba la apelación de sentencias condenatorias, pero nada impide que la apelación se extienda a los fallos absolutorios. En el mismo sentido, las normas contenidas en estos instrumentos y que se relacionan con la garantía del non bis in ídem, exigen la firmeza de la decisión, lo cual, en su concepto, no sucede en el caso del trámite de la segunda instancia.
Mediante comunicación de fecha 8 de junio de 2005, el Procurador y el Viceprocurador General de la Nación se declararon impedidos para rendir el concepto de rigor dentro del presente proceso, ya que, en razón de sus cargos, los dos participaron en el trámite del proyecto de ley que le dio origen a la Ley 906 de 2004, -nuevo Código de Procedimiento Penal-, de cuyo texto hacen parte las normas demandadas. Así, el señor Procurador participó en la Comisión Redactora del proyecto y el Viceprocurador, estuvo involucrado en la subcomisión redactora del mismo.
En su concepto, y con relación a la presunta vulneración del principio delnon bis in ídem consagrado en el artículo 29 de la Carta, el demandante parte de una apreciación equivocada que desconoce la jurisprudencia constitucional existente sobre el tema. En ese sentido, la Procuradora afirma que tanto la Corte Constitucional como el Comité Interamericano de Derechos Humanos han precisado que la prohibición de juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos opera cuando existe sentencia en firme, lo que no ocurre cuando el legislador expresamente establece la posibilidad de que una sentencia sea apelada, ya que el fallo emitido por el a quo no adquiere firmeza hasta tanto no se haya cumplido el término para interponer los recursos sin que esto hubiere sucedido, o cuando se haya resuelto la impugnación presentada. Por tal razón, las normas demandadas no violan el principio del non bis in ídem como quiera que ellas prevén la posibilidad de apelación de una sentencia que no ha hecho tránsito a cosa juzgada.
Frente a la presunta vulneración del artículo 250, numeral 4º de la Constitución, en virtud del cual sólo puede proferir sentencia el juez que presenció el juicio, la Procuradora considera que la Corte Constitucional debe inhibirse para decidir de fondo por cuanto el cargo se fundamenta en "una proposición jurídica deducida por el actor", que no corresponde al contenido normativo de la disposición constitucional señalada. Sin embargo, bajo el entendido de que la censura se refiere a la violación del principio de inmediación, la representante del Ministerio Público afirma que durante el trámite de la segunda instancia no es exigible el principio de inmediación probatoria, como quiera que la competencia del ad quem se circunscribe a la revisión de los asuntos impugnados por el recurrente, por lo que no es de su resorte proceder al análisis y valoración integral de las pruebas producidas en el juicio para determinar la responsabilidad o no del acusado. Así, la Procuradora sostiene que la actividad del juez de segunda instancia "se enmarca en la solución de los cuestionamientos presentados contra la sentencia del (sic) primera instancia, siendo ésta y el registro de la audiencia sus parámetros para dictar la sentencia de segunda instancia".
2.1. Para el demandante la expresión "absolutoria" contenida en las disposiciones impugnadas resulta, en primer lugar, contraria a la garantía contenida en el artículo 29 de la Constitución y conforme a la cual quien sea sindicado tiene derecho a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, porque cuando el juez de primera instancia dicta su veredicto y profiere sentencia absolutoria, se ha agotado el juzgamiento, y, por consiguiente, dar la posibilidad a un juez de segunda instancia de conocer nuevamente los hechos, de pronunciarse sobre ellos y de, eventualmente, revocar la absolución, desconoce la referida garantía constitucional. Agrega el demandante que la posibilidad de apelar la sentencia absolutoria en materia penal también es violatoria de los mandatos contenidos en el numeral 4º del artículo 250 de la Constitución, conforme al cual el juicio penal debe ser público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías, dado que la decisión de segunda instancia se produciría como producto de un proceso de deliberación secreto, cerrado, sin ninguna relación de inmediación con las pruebas y sin ninguna garantía, y podría conducir a la revocatoria de la absolución para dar lugar a una sentencia de condena. Finalmente, expresa el demandante que la posibilidad de apelar la sentencia absolutoria es contraria a los artículos 93 y 94 de la Constitución debido a que tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como en el Pacto de San José, el derecho a impugnar la sentencia se concede únicamente al inculpado y extender esa posibilidad frente a la sentencia absolutoria implica de alguna manera la violación del principio del non bis in idem.
3. La posibilidad de apelar la sentencia absolutoria en materia penal no es violatoria del principio delnon bis in idem.
La Corte Constitucional ha puntualizado que el principio de non bis in idem constituye la aplicación del principio más general de cosa juzgada al ámbito del ius puniendi, esto es, al campo de las sanciones tanto penales como administrativas. Ha dicho la Corte que "…la prohibición que se deriva del principio de la cosa juzgada, según la cual los jueces no pueden tramitar y decidir procesos judiciales con objeto y causa idénticos a los de juicios de la misma índole previamente finiquitados por otro funcionario judicial,[8] equivale, en materia sancionatoria, a la prohibición de 'someter dos veces a juicio penal a una persona por un mismo hecho, independientemente de si fue condenada o absuelta',[9]"[10]
Ha destacado la Corte que la institución de la cosa juzgada tiene, en cualquier ordenamiento jurídico, y en todos los campos, una importancia decisiva, "… pues de ella depende en gran medida la función pacificadora de la administración de justicia."[11] Ha agregado la Corporación que en el campo penal y del derecho sancionador, la cosa juzgada tiene, además, particular significación, no sólo en atención a los intereses en juego, como el derecho fundamental a la libertad, sino también para "… evitar lo que algunos doctrinantes han calificado como el ensañamiento punitivo del Estado, esto es, la posibilidad de que las autoridades intenten indefinidamente lograr la condena de una persona por un determinado hecho, reiterando las acusaciones penales luego de que el individuo ha resultado absuelto en el proceso."[12] Así, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, tanto en la Constitución como en los tratados de derechos humanos, en materia punitiva, la cosa juzgada se ve reforzada por la prohibición expresa del doble enjuiciamiento, o principio del non bis in ídem, postulado que, de acuerdo con la Corte, "… se constituye en un límite al ejercicio desproporcionado e irrazonable de la potestad sancionadora del Estado"[13].
No obstante lo anterior, la Corte ha puntualizado que tampoco el non bis in idem tiene carácter absoluto y que, en determinadas condiciones, "… la fuerza normativa de los derechos constitucionales de las víctimas y el imperativo que la Carta impone a las autoridades de lograr la vigencia de un orden justo (CP art. 2°) implican que en los casos de violaciones a los derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, si aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de los responsables de esos atroces comportamientos, entonces pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso si existen decisiones absolutorias con fuerza de cosa juzgada."[15] Agregó la Corporación que la razón para ello es que "… una prohibición absoluta de reiniciar esas investigaciones obstaculiza la realización de un orden justo e implica un sacrificio en extremo oneroso de los derechos de las víctimas"[16], y que, por consiguiente, "… en los casos de impunidad de violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, la búsqueda de un orden justo y los derechos de las víctimas desplazan la protección de la seguridad jurídica y la garantía del non bis in ídem…"[17].
En el nuevo Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, esa garantía esta prevista en el artículo 21, en los siguientes términos: "COSA JUZGADA. La persona cuya situación jurídica haya sido definida por sentencia ejecutoriada o providencia que tenga la misma fuerza vinculante, no será sometida a nueva investigación o juzgamiento por los mismos hechos, salvo que la decisión haya sido obtenida mediante fraude o violencia, o en casos de violaciones a los derechos humanos o infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario, que se establezcan mediante decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, respecto de la cual el Estado colombiano ha aceptado formalmente la competencia."
En particular la Corte Constitucional ha concluido que la Carta de 1991 reconoce a las víctimas y perjudicados por un hecho punible unos derechos que desbordan el campo de la reparación económica, pues incluyen también el derecho a la verdad y a que se haga justicia[23]. En ese contexto, si bien la impugnación de la sentencia condenatoria es un derecho consagrado expresamente a favor del sindicado en la Constitución y en diversos instrumentos internacionales, no es menos cierto que la posibilidad de apelar la sentencia absolutoria es expresión de derechos de similar entidad de las víctimas y materialización del deber de las autoridades de asegurar la vigencia de un orden justo. Al pronunciarse en sede de constitucionalidad con ocasión de una demanda de inconstitucionalidad presentada contra la posibilidad de interponer el recurso de casación frente a las sentencias absolutorias en materia penal, esta Corte señaló que "…si, se accediera a la petición hecha por el actor en el sentido de descartar la procedencia de la casación en las circunstancias que él invoca y por tanto no se permitiera al Ministerio Público, a la Fiscalía, a la víctima, o a los perjudicados con el hecho punible solicitar la casación de la sentencia absolutoria con el fin de que se corrija un eventual desconocimiento de la Constitución y la Ley, se estaría no solo desconociendo el derecho a la igualdad de dichos intervinientes en el proceso penal sino su derecho al acceso a la administración de justicia en perjuicio de los derechos del estado, de la sociedad, de la víctima o de los eventuales perjudicados con el hecho punible y con grave detrimento de los derechos a la verdad a la justicia y a la reparación[24]."[25]Mutatis Mutandis, tales consideraciones resultan aplicables a la posibilidad de apelar la sentencia penal absolutoria.
4.1. De acuerdo con la demanda, en la medida en que en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana de Derechos Humanos el derecho a impugnar el fallo en el proceso penal se ha previsto exclusivamente a favor del sindicado, se desprende que tales instrumentos internacionales proscriben la posibilidad de que los ordenamientos penales de los Estados establezcan la apelación de las sentencias absolutorias, prohibición que encontraría fundamento en el hecho de que someter la absolución a una nueva consideración en la segunda instancia "… implica repetir la posibilidad de que el acusado sea objeto de una condena, lo que implica de alguna manera la violación del principio del non bis in idem."
Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos estudiados, de la expresión "absolutoria", contenida en el inciso 3º del artículo 176 y en el numeral 1º del artículo 177 de la Ley 906 de 2004.
Exequible Artículo 176 LEY_906_2004_31/08/2004
Exequible por los cargos analizados Artículo 177 LEY_906_2004_31/08/2004
Exequible la expresión ... (inciso 3 ) Artículo 176 LEY_906_2004_31/08/2004
Exequible la expresión ... (numeral 1 ) Artículo 177 LEY_906_2004_31/08/2004
[8]SC-096/93 (MP. Simón Rodríguez Rodríguez).
[9]ST-575/93 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz). Véanse, también, las SC-479/92 (MP. José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero); ST-520/92 (MP. José Gregorio Hernández Galindo); SC-543/92 (MP. José Gregorio Hernández Galindo); ST-368/93 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa); SC-214/94 (MP. Antonio Barrera Carbonell); SC-264/95 (MP. Fabio Morón Díaz); ST-652/96 (MP. Carlos Gaviria Díaz).
[19] La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia de mayo 2 de 2002, señaló que "… la apelación, como una de las formas de acceder a la segunda instancia, no ha sido instituida a manera un nuevo juicio fáctico y jurídico con prescindencia de lo ya resuelto por el a quo, sino como instrumento de control de juridicidad y acierto de las decisiones adoptadas por los funcionarios de primer grado, limitada, por tanto, a revisar los aspectos sobre los que la parte que ha dicho mecanismo acude, manifieste inconformidad. // Y si bien esta inconformidad en últimas recae sobre el sentido de la decisión adoptada por la primera instancia, esto en modo alguno indica que en todos los casos la impugnación verse sobre la totalidad de los aspectos contenidos en ella, pues, como párrafos arriba se ha dejado expuesto, es la sustentación del recurso la que impone el límite al funcionario de alzada. Entenderlo de manera diversa conllevaría reconocer que la exigencia de interponer oportunamente el recurso y sustentarlo frente a los motivos de disenso, constituye apenas la apertura de una vía de acceso sin limitación ninguna para el funcionario de segundo grado, lo cual repugna a la idea de proceso reglado y contradictorio."
[21] Sobre este particular, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en doctrina inicialmente formulada en su Sentencia de 26 de mayo de 1988 -caso Ekbatani contra Suecia-, y desarrollada posteriormente en diversos pronunciamientos (V.gr. SSTEDH 8 de febrero de 2000 -caso Cooke contra Austria y caso Stefanelli contra San Marino-; 27 de junio de 2000 -caso Constantinescu contra Rumania-; y 25 de julio de 2000 -caso Tierce y otros contra San Marino), ha señalado que el proceso penal constituye un todo, y que la garantía del debido proceso legal y de los principios que lo integran, no se predica exclusivamente del juicio en primera instancia, sino que allí donde se haya previsto el recurso de apelación, el Estado tiene el deber de asegurar a los justiciables, en la segunda instancia el respeto de las garantías del debido proceso. Ha precisado, sin embargo, el Tribunal que para establecer el nivel de exigencia de esa garantía en la apelación es necesario atender a las circunstancias del caso y a las particularidades de la configuración legal del proceso, de manera tal que, por ejemplo, cuando la segunda instancia puede conocer de asuntos fácticos no cabe hacer excepciones a la necesidad de audiencia pública, al paso que cuando la impugnación versa exclusivamente sobre asuntos de derecho, puede tenerse por cumplida la garantía del debido proceso aún cuando no se haya producido audiencia pública en la instancia superior. El Comité de Derechos Humanos, en el caso Karttunen c. Finlandia (1992), sostuvo que existe el derecho a un juicio oral ante el tribunal de apelación en dos circunstancias: cuando este procedimiento es necesario para permitir una nueva evaluación de todas las pruebas presentadas por las partes, y cuando es necesario para determinar si las irregularidades ocurridas en la primera instancia han afectado la sentencia.
[24] Ver Sentencia C-228/02 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett. En dicha sentencia se hicieron las siguientes consideraciones que resulta pertinente recordar "(t)anto en el derecho internacional, como en el derecho comparado y en nuestro ordenamiento constitucional, los derechos de las víctimas y perjudicados por un hecho punible gozan de una concepción amplia-no restringida exclusivamente a una reparación económica- fundada en los derechos que ellas tienen a ser tratadas con dignidad, a participar en las decisiones que las afecten y a obtener la tutela judicial efectiva del goce real de sus derechos, entre otros, y que exige a las autoridades que orienten sus acciones hacia el restablecimiento integral de sus derechos cuando han sido vulnerados por un hecho punible. Ello sólo es posible si a las victimas y perjudicados por un delito se les garantizan, a lo menos, sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación económica de los daños sufridos.
[33] En el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos se dispone: Artículo 27. Suspensión de Garantías // 1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. // 2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. // 3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente Convención, por conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión. // En el artículo 4º del PIDCP se señala que no serán susceptibles de suspensión los derechos contenidos en los artículos 6, 7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18: "Artículo 4. // 1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. // 2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18. // 3. Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión."
[34] En el artículo 4º de la Ley 137 de 1994 se enuncian, siguiendo lo dispuesto en la CADH, los derechos que se consideran intangibles durante los estados de excepción: "ARTÍCULO 4o. DERECHOS INTANGIBLES. De conformidad con el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y los demás tratados sobre la materia ratificados por Colombia, durante los estados de excepción serán intangibles: el derecho a la vida y a la integridad personal; el derecho a no ser sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos; la prohibición de las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación; la libertad de conciencia; la libertad de religión; el principio de legalidad, de favorabilidad y de irretroactividad de la ley penal; el derecho a elegir y ser elegido; el derecho a contraer matrimonio y a la protección de la familia, los derechos del niño, a la protección por parte de su familia, de la sociedad y del Estado; el derecho a no ser condenado a prisión por deudas civiles; el derecho al habeas corpus y el derecho de los colombianos por nacimiento a no ser extraditados. Tampoco podrán ser suspendidas las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos."
[35] El numeral 7º del artículo 14 del PIDCP dispone que "[n]adie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país." A su vez, de acuerdo con el numeral 4º del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "[e]l inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos." (Subraya la Corte).
[36] De manera expresa en el Pacto, que sobre el particular dispone que "[t]oda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley." En la Convención la garantía esta prevista de manera más amplia, porque se dispone que durante el proceso, "… toda persona tiene derecho, en plena igualdad, …" entre otras garantías mínimas, "… a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior". Sin embargo esa disposición se ha interpretado como concebida principalmente a favor del sindicado, para permitirle proteger sus derechos mediante una nueva oportunidad para ejercer su defensa. Sobre ese particular la CIDH, en el caso La Tablada (1997), señaló que "[l]a Comisión considera que este recurso (el de apelación), establecido en favor del inculpado, le permite proteger sus derechos mediante una nueva oportunidad para ejercer su defensa. El recurso contra la sentencia definitiva tiene como objeto otorgar la posibilidad a la persona afectad por un fallo desfavorable de impugnar la sentencia y lograr un nuevo examen de la cuestión. Esta revisión en sí tiene como objeto el control del fallo como resultado racional de un juicio justo, conforme a la ley y a los preceptos de garantía y de la aplicación correcta de la ley penal."
[37] Tales desarrollos han sido particularmente significativos en orden la lograr la plena vigencia de los derechos humanos y de las normas del derecho humanitario, evitando la impunidad y que, tal como se pone de presente en el documento "Los Derechos de las Víctimas en los Procesos de Justicia Transicional - Justicia, verdad y reparación-", Fundación Social, Bogotá, 2005, en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos se condensan en: a) el deber de investigar los asuntos relacionados con violaciones de los derechos humanos (Cfr. CIDH Caso Velásquez Rodríguez, 1988), b) el recurso de las víctimas a un recurso judicial adecuado y efectivo (Cfr. Idem) y c) el deber de respetar en todos los juicios las reglas del debido proceso.

References: artículo 179
 artículo 250
 artículo 14
 artículo 8
 artículo 29
 artículo 250
 artículo 29
 artículo 250
 artículo 21
 artículo 176
 artículo 177
 Artículo 176
 Artículo 177
 Artículo 176
 Artículo 177
 artículo 27
 Artículo 27
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 27
 artículo 14
 artículo 8