Source: https://tc.vlex.es/vid/sstc-stc-an-24-b-l-p-117-15355224
Timestamp: 2020-06-06 10:49:20+00:00

Document:
STC 202/1996, 9 de Diciembre de 1996 - Jurisprudencia - VLEX 15355224
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 3.366/1994
1. El problema de la falta de motivación suscitado en el presente caso es sustancialmente semejante a los resueltos en las SSTC 109/1992, 143/1992, 144/1992, 164/1992, 165/1992, 58/1993, y 347/1993, en las que se declaró que corresponde al órgano de suplicación comprobar, por su carácter de orden público, si se dan los requisitos de acceso al recurso, y, en concreto, si la Sentencia recurrida afecta a un gran número de trabajadores. Así hemos afirmado que la información sobre recursos contenida en la Sentencia de instancia, a efectos de la afección general o múltiple del asunto, no puede entenderse como una concesión del recurso de suplicación por el órgano de instancia, pues la misma no tiene valor vinculante para el Tribunal «ad quem», que es al que corresponde, dentro de su competencia para examinar la concurrencia de los requisitos para recurrir, comprobar si efectivamente la cuestión debatida afecta a todos o a un gran número de trabajadores, y la decisión sobre la concurrencia de tal circunstancia necesaria para que el recurso de suplicación sea procedente (STC 143/1992). En esta decisión, las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, de acuerdo con la legislación procesal y la doctrina constitucional, habrán de tener en cuenta factores posibles como la notoriedad de la afectación, si se ha realizado alegación y prueba al respecto en el acto de juicio, si el Juez de instancia se ha pronunciado o no -y en qué términos- sobre si la cuestión afecta o no a gran número de trabajadores, pero en todo caso, para respetar las exigencias del art. 24.1 de la C.E., en primer lugar, dicha decisión deberá ser debidamente motivada y, en segundo lugar, la misma no podrá fundarse en elementos meramente formales que nada dicen sobre la efectiva concurrencia del citado requisito de la afectación (STC 162/1992). La interpretación del art. 188.1 b) de la L.P.L. es así una cuestión de legalidad, correspondiendo por tanto su apreciación a los órganos judiciales que conozcan del asunto (art. 117.3 de la C.E.); si bien, esta facultad de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia está sometida a la exigencia de un razonamiento suficiente y fundado para dejar sin efecto la declaración contraria del Juez de lo Social, con lo que se trata de asegurar una aplicación objetiva de la Ley, con exclusión del puro voluntarismo selectivo en la admisión del recurso (STC 347/1993).
Sentencia citada en: 138 sentencias, 3 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 3.366/94, interpuesto por don Luis M. H. P. Procurador de los Tribunales, en representación de don Francisco J. M. P. S. con la asistencia letrada de don Francisco J. C. R. contra el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 30 de julio de 1994. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha sido Ponente el Magistrado don Fernando García-Mon y González-Regueral, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito presentado en el Juzgado de Guardia el 18 de octubre de 1994, y registrado en este Tribunal el día 20 siguiente, don Luis M. H. P. Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don Francisco J. M. P. S. interpuso el recurso de amparo del que se ha hecho mérito, con base en los siguientes hechos:
a) El recurrente en amparo presentó demanda por reclamación de cantidad contra el Instituto Social de la Marina, el día 9 de diciembre de 1992, y el 12 de julio de 1993, escrito de ampliación de la demanda. Con fecha de 27 de julio de 1993, el Juzgado de lo Social núm. 2 de Madrid dictó Sentencia desestimatoria de la demanda en la que se hace saber a las partes que contra la misma no cabe recurso alguno, al ser la cantidad reclamada inferior a 300.000 pesetas (art. 188.1 de la L.P.L). De otra parte, la Sentencia, en su fundamento jurídico segundo, acogiendo la alegación del Instituto Social de la Marina, inadmitía la ampliación a la demanda, por referirse la cantidad reclamada a un período que no fue objeto de reclamación previa (art. 72 de la L.P.L.).
b) Anunciado recurso de suplicación por el demandante contra la anterior Sentencia, el Juzgado de lo Social núm. 2 de Madrid declaró, mediante Auto de 1 de septiembre de 1993, tener por no anunciado el recurso (art. 192.2 de la L.P.L.). Formulado por el demandante recurso de reposición contra el Auto anterior, y sin formular alegación alguna el Instituto Social de la Marina, fue estimado el recurso por el Auto de 13 de octubre de 1993, que tuvo por anunciado el recurso de suplicación. Razonaba el Juzgado de lo Social, que había de concederse al demandante la posibilidad del recurso de suplicación pues «si bien es cierto que la demanda inicial tenía por objeto una reclamación de 219.158 pesetas, dicha demanda fue posteriormente ampliada para otro período, reclamándose otras 344.880 pesetas, por lo que la cantidad total reclamada era de 564.038 pesetas, y aun cuando en la Sentencia se entendió que dicha ampliación resultaba improcedente al no haber sido objeto de la preceptiva reclamación previa, debe entenderse que la cantidad reclamada por el actor excede de 300.000 pesetas»; pudiendo entenderse asimismo «que la cuestión afecta a un elevado número de trabajadores del Instituto Social de la Marina, por referirse a la interpretación de una disposición del Convenio colectivo vigente, y a la naturaleza sustitutiva del complemento por incapacidad laboral transitoria».
c) Formalizado por el demandante recurso de suplicación, el mismo fue desestimado por razón de su cuantía, mediante el Auto de la Sala de lo Social del T.S.J. de Madrid, de 11 de abril de 1994. Declaraba la Sala de lo Social en el fundamento jurídico único del citado Auto, que «cabe recurso de suplicación cuando se reclaman prestaciones de la Seguridad Social, siempre que su cuantía exceda de 300.000 pesetas en cómputo anual, y al no llegar al límite mínimo marcado en este precepto, es por lo que no cabe admitir el presente recurso».
d) El demandante interpuso recurso de súplica contra el anterior Auto, que no fue impugnado por el Instituto Social de la Marina, y que sería desestimado por el Auto de la Sala de lo Social del T.S.J. de Madrid, de 30 de julio de 1994. Frente a las alegaciones del recurrente (relativas a que el Juzgado de lo Social había aceptado que la cuantía litigiosa era superior a 300.000 pesetas, y se trataba de una cuestión que afectaba a gran número de trabajadores), la Sala de lo Social señala que «de la lectura de la Sentencia de instancia se advierte que en la misma se establece como importe reclamado el de 219.158 pesetas, coincidente con la de la demanda, y en cuanto al fallo, su párrafo segundo contiene la mención de que se notifique a las partes haciéndoles saber que contra la Sentencia no cabe recurso alguno, sin que se contenga a lo largo del relato histórico ni de la fundamentación, referencia alguna a la procedencia de otorgar recurso a la resolución con apoyo en dicha circunstancia».
Fundamenta el recurrente la violación del art. 24.1 de la Constitución, en primer lugar, en la falta de motivación de los Autos de inadmisión del recurso de suplicación. A su juicio, las resoluciones recurridas no tienen en cuenta los razonamientos del Juzgado de lo Social favorables a la admisión del recurso (por razón de la cuantía y por afectar la cuestión litigiosa a gran número de trabajadores), ni dan respuesta razonada alguna frente a los mismos, lo cual contradice la doctrina constitucional de las SSTC 109/1992, 143/1992 y 145/1992, sobre las exigencias de motivación que el art. 24.1 de la C.E. impone al Tribunal ad quem cuando considera que no concurre, como presupuesto habilitante para la formalización del recurso de suplicación, la afección a gran número de trabajadores, y su apreciación por el Juez de instancia sirvió para tener por anunciado el recurso.
Entiende el recurrente que la violación del art. 24.1 de la C.E. por parte de los Autos impugnados también se basa en la interpretación rigorista de los requisitos de admisión del recurso, no favorable, sino contraria al ejercicio de los derechos fundamentales que satisface la tutela judicial efectiva. El recurrente propone una interpretación distinta sobre la cuantía de la cantidad reclamada, y favorable al derecho al recurso, acorde con la doctrina constitucional.
Una interpretación que tiene en cuenta la cantidad reclamada en la ampliación de la demanda, y no la inicialmente reclamada, porque, además, la no estimación de la pretensión ampliatoria forma parte de un motivo específico del recurso de suplicación.
3. Mediante providencia de 1 de diciembre de 1994, la Sección Cuarta de este Tribunal acordó, conforme determina el art. 50.5 LOTC, conceder al recurrente un plazo de diez días para que aporte copia, traslado o certificación del Auto del T.S.J. de Madrid, de 11 de abril de 1993, y el mismo plazo al Procurador señor Herrero Pérez, para que acredite la representación que dice ostentar del recurrente de amparo.
En el escrito presentado en el Juzgado de Guardia el 15 de marzo de 1995 y registrado en el Tribunal el 17 de marzo de 1995, don Fernando R. V. y M. E. Procurador de los Tribunales, se persona en las actuaciones en nombre y representación del Instituto Social de la Marina.
Por providencia de 6 de abril de 1995, se le requirió para que en el plazo de diez días acredite la representación que dice ostentar del Instituto Social de la Marina. Por providencia de 4 de mayo siguiente, la Sección Tercera acordó tenerle por personado, y asimismo, dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que presentaran las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, así como desglosar el poder presentado por el Procurador señor Ruiz de Velasco, dejando en autos copia autorizada.
No obstante lo cual, entiende que, según la doctrina constitucional, el cómputo de la cuantía litigiosa exigida para poder recurrir es un tema de legalidad ordinaria, sólo revisable en sede constitucional si la interpretación fuera arbitraria, irrazonable o errónea, siendo en su opinión correcto el cómputo efectuado por la Sala de lo Social del T.S.J. de Madrid. También rechaza el motivo de impugnación de la demanda de amparo de falta de motivación, que en su opinión, existe, como se deduce de la lectura del Auto impugnado, aunque no sea acertada, desde el punto de vista del recurrente de amparo. Por último, asimismo se rechaza en el escrito de alegaciones que el Tribunal Superior haya de justificar el cambio de criterio respecto del Juzgado de lo Social, por tratarse de órganos judiciales distintos, pues la doctrina constitucional exige motivar el cambio de criterio en la aplicación de la Ley si se trata del mismo órgano judicial.
7. El Fiscal ante el Tribunal Constitucional, por escrito de 2 de junio de 1995, solicitó el otorgamiento del amparo, pues los Autos impugnados, atendiendo a la doctrina constitucional, carecen de motivación suficiente para cerrar el acceso al recurso de suplicación, y por ello deben ser anulados para que, retrotrayendo las actuaciones al momento anterior a los Autos anulados, el Tribunal Superior de Justicia dicte nueva resolución, admisiva o no del recurso, pero en todo caso motivada. El Ministerio Fiscal señala que los Autos impugnados niegan la posibilidad de recurso de suplicación, atendiendo al importe reclamado en la demanda y señalado por la Sentencia de instancia, «sin que se haga mención alguna a la ampliación de la demanda, ni siquiera para no aceptarla, ni a la circunstancia de que la cuestión litigiosa pueda afectar a gran número de trabajadores (lo que el Juez de Instancia había tenido en cuenta para admitir el recurso de suplicación), como no sea, respecto de este último punto, que se entienda referido a él la frase «sin que se contenga a lo largo del relato histórico ni de la fundamentación, referencia alguna a la procedencia de otorgar recurso a la resolución con apoyo en dicha circunstancia», lo que por otra parte es de difícil comprensión cuando parece estar referido a la advertencia de que no había recurso alguno. A su juicio, son suficientes para resolver el presente recurso de amparo los argumentos de la STC 109/1992, donde se advirtió un defecto de motivación del Auto de inadmisión del recurso, que corregía el criterio jurisprudencial de instancia sobre la admisibilidad del recurso, sin ofrecer razonamiento alguno por el que pudiera considerarse no concurrente el presupuesto de admisión apreciado por el Magistrado de instancia, y se declaró que «tampoco puede considerarse constitucionalmente satisfactoria una respuesta tácita negativa» que, en su caso, se haya querido dar al cumplimiento de los requisitos procesales apreciados por el Juez de instancia, considerándose también y por último, en cuanto a la cuestión relativa a si la resolución impugnada es, además de inmotivada, arbitraria y formalista, que la ausencia de motivación impediría a este Tribunal emitir juicio al respecto.
De acuerdo con la legislación procesal laboral, son recurribles en suplicación las Sentencias de los Juzgados de lo Social, salvo, entre otras, las dictadas en reclamaciones cuya cuantía litigiosa no exceda de 300.000 pesetas (art. 189.1 de la L.P.L.); procediendo en todo caso la suplicación en los procesos seguidos por reclamaciones, acumuladas o no, en los que la cuestión debatida afecte a todos o a un gran número de trabajadores o de beneficiarios de la Seguridad Social, siempre que tal circunstancia de afectación general fuera notoria o haya sido alegada y probada en juicio o posea claramente un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes [art. 188.1 b) de la L.P.L.].
Ahora bien, el problema de la falta de motivación suscitado en el presente caso es sustancialmente semejante a los resueltos en las SSTC 109/1992, 143/1992, 144/1992, 164/1992, 165/1992, 58/1993 y 347/1993, en las que se declaró que corresponde al órgano de suplicación comprobar, por su carácter de orden público, si se dan los requisitos de acceso al recurso, y, en concreto, si la Sentencia recurrida afecta a un gran número de trabajadores.
Así hemos afirmado que la información sobre recursos contenida en la Sentencia de instancia, a efectos de la afección general o múltiple del asunto, no puede entenderse como una concesión del recurso de suplicación por el órgano de instancia, pues la misma no tiene valor vinculante para el Tribunal ad quem, que es al que corresponde, dentro de su competencia para examinar la concurrencia de los requisitos para recurrir, comprobar si efectivamente la cuestión debatida afecta a todos o a un gran número de trabajadores, y la decisión sobre la concurrencia de tal circunstancia necesaria para que el recurso de suplicación sea procedente (STC 143/1992). En esta decisión, las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, de acuerdo con la legislación procesal y la doctrina constitucional, habrán de tener en cuenta factores posibles como la notoriedad de la afectación, si se ha realizado alegación y prueba al respecto en el acto de juicio, si el Juez de instancia se ha pronunciado o no -y en qué términos- sobre si la cuestión afecta o no a gran número de trabajadores, pero en todo caso, para respetar las exigencias del art. 24.1 de la C.E., en primer lugar, dicha decisión deberá ser debidamente motivada y, en segundo lugar, la misma no podrá fundarse en elementos meramente formales que nada dicen sobre la efectiva concurrencia del citado requisito de la afectación (STC 162/1992).
La interpretación del art. 188.1 b) de la L.P.L. es así una cuestión de legalidad, correspondiendo por tanto su apreciación a los órganos judiciales que conozcan del asunto (art. 117.3 de la C.E.); si bien, esta facultad de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia está sometida a la exigencia de un razonamiento suficiente y fundado para dejar sin efecto la declaración contraria del Juez de lo Social, con lo que se trata de asegurar una aplicación objetiva de la Ley, con exclusión del puro voluntarismo selectivo en la admisión del recurso (STC 347/1993).
4. Para precisar si se da o no la falta de motivación denunciada por el recurrente, es necesario examinar el contenido de dichas resoluciones no aisladamente consideradas, como se hace en el recurso de amparo y en las alegaciones del Ministerio Fiscal favorables a su otorgamiento, sino en relación con las actuaciones procesales que han precedido y han servido de base a los Autos objeto de impugnación. De las actuaciones resulta:
a) Que en la Sentencia que puso fin en la instancia al proceso, de 27 de julio de 1993, se hacía constar que «contra la misma no cabe recurso alguno, al ser la cantidad reclamada inferior a 300.000 pesetas» (art. 188.1 de la L.P.L.).
b) Que, pese a tal advertencia, el actor y actual recurrente en amparo, interpuso recurso de suplicación contra la citada Sentencia por entenderlo legalmente procedente. No fue éste el criterio del Juzgado que por Auto de 1 de septiembre de 1993 dispuso «tener por no anunciado el recurso de suplicación de la parte actora».
c) Contra este Auto interpuso el actor recurso de reposición, previo al de queja, fundándose en que la cuantía del litigio superaba la cantidad de 300.000 pesetas pues a la suma inicial reclamada en la demanda había de añadirse la solicitada como ampliación de aquélla, y porque, además, el concepto de lo reclamado, por derivar de una cláusula del Convenio colectivo, afectaba a un gran número de trabajadores. Así lo entendió el Juzgado que, estimando el recurso de reposición por sus dos motivos, revocó el Auto recurrido y en su lugar dictó el de 13 de octubre de 1993, teniendo por anunciado el recurso de suplicación y dando a éste la tramitación oportuna. Es de advertir que en esta resolución se hizo constar expresamente que ante las dudas que ofrece la procedencia del recurso «se estimaba procedente otorgar la posibilidad del recurso de suplicación» y se añadía «sin perjuicio de lo que sobre esta cuestión pueda acordar el Tribunal Superior de Justicia, conforme a los arts. 196 y siguientes de la citada Ley» (L.P.L.).
d) Formalizado el recurso de suplicación y la oposición al mismo que, por razones de fondo, formuló el Instituto Social de la Marina, se elevaron las actuaciones a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, de oficio, dictó el Auto de 11 de abril de 1994 en el que, «por no ser resolución susceptible de recurso de suplicación», en aplicación del art. 188 de la L.P.L. inadmitió el recurso.
e) Finalmente contra dicho Auto -y con ello entramos ya en lo que constituye realmente el objeto del recurso de amparo-, el actor interpuso recurso de súplica, alegando en él los dos motivos que, sustancialmente, esgrime ahora en amparo: el Auto de 11 de abril de 1994 no ha tenido en cuenta que la admisión del recurso por el Juzgado de lo Social tenía como base un Auto que, revocando en reposición la inicial inadmisión del recurso de suplicación, consideraba que tanto por la cuantía superior a 300.000 pesetas (computando lo pedido en la desestimada ampliación de la demanda), como porque la Sentencia podía afectar a un gran número de trabajadores, procedía otorgar al actor el recurso de suplicación que demandaba.
«Contra el Auto dictado el once de abril de mil novecientos noventa y declarando la inadmisibilidad el recurso de suplicación, por razón de la cuantía, interpone recurso el actor, quien asimismo había formulado la suplicación, alegando en favor de la admisión del recurso que el Juzgado de lo Social había aceptado que la cuantía litigiosa era superior a 500.000 pesetas y tratarse de una cuestión que afecta a gran número de trabajadores, pues bien, de la lectura de la sentencia de instancia se advierte que en la misma se establece como importe reclamado el de 219.158 pesetas, coincidente con la de la demanda, y en cuanto al Fallo, su párrafo segundo contiene la mención de que se notifique a las partes haciéndoles saber que contra la Sentencia no cabe recurso alguno, sin que se contenga a lo largo del relato histórico ni de la fundamentación, referencia alguna a la procedencia de otorgar recurso a la resolución con apoyo en dicha circunstancia, permaneciendo inatacado, de manera eficaz el Auto de once de abril de mil novecientos noventa y cuatro, objeto de la presente Súplica, que se desestima, confirmando la resolución de mérito.»
En la fundamentación del Auto, referida naturalmente -como en ella se dice- al recurso de súplica que desestima, se expone primeramente lo que el actor alega en favor de la admisión del recurso, «que el Juzgado de lo Social había aceptado que la cuantía litigiosa era superior a 500.000 pesetas y tratarse de una cuestión que afecta a gran número de trabajadores». El planteamiento es, pues, el formulado por el recurrente. Y la solución, aunque con razonamientos sucintos, responde a ambas cuestiones.
A la primera -la cuantía- lo hace de forma indudable: se inclina por entender que «de la lectura de la Sentencia de instancia se advierte que en la misma se establece como importe reclamado el de 219.158 pesetas, coincidente con la de la demanda».
Rechaza, pues, aunque lo haga implícitamente, que a dicha cuantía pudiera añadirse, como había hecho el Juzgado, la cantidad reclamada en el escrito de ampliación de la demanda que había sido desestimada por la Sentencia. El criterio del Juzgado en el Auto de 13 de octubre de 1993, que somete sus dudas al respecto a lo que «pudiera acordar el Tribunal Superior», las despejó éste en sentido contrario a la admisión acordado por el Juzgado. Uno y otro criterio interpretativo son igualmente razonables y admisibles desde un punto de vista constitucional y, dado el carácter de mera legalidad que tiene el problema, nada hemos de decir sobre la preferencia entre uno u otro. Nos basta con constatar que se trata de la decisión adoptada por el Tribunal con competencia para ello (SSTC 109/1992 y 347/1993).
En cuanto al tema de si la Sentencia de instancia afecta o no a un gran número de trabajadores, también lo resuelve escuetamente el Auto impugnado. Dice sobre «dicha circunstancia» -que despejado lo relativo a la cuantía no puede ser otra como apunta el Fiscal que la concerniente a esa materia-, que no se contiene en la sentencia «a lo largo de su relato histórico ni de su fundamentación, referencia alguna a la procedencia de otorgar recurso a la resolución con apoyo en dicha circunstancia». Si este razonamiento se analiza, como es procedente, con lo que respecto al citado recurso dice el art. 188.1 b) de la L.P.L. («... siempre que tal circunstancia de afectación general fuera notoria o haya sido alegada y probada en juicio o posea claramente un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes»), fácil es concluir que a tales requisitos se refiere el fundamento del Auto. Es cierto que si la «circunstancia» a que se refiere el Auto al final de su razonamiento fuera precedida de una referencia expresa a la segunda de las planteadas por el recurrente, resultaría más clara la motivación respecto de la misma; pero al deducirse del contenido de la motivación que se consigna a los requisitos establecidos por el art. 188.1 b) de la L.P.L., y haberse motivado en primer lugar el rechazo de la concerniente a la cuantía, no es difícil apreciar que se está refiriendo a dicho recurso. Por tanto es improcedente la nulidad que se pretende que, además de innecesaria, resultaría meramente formal.
STSJ Murcia 769/2008, 12 de Septiembre de 2008
SAN, 19 de Febrero de 2002
Resolución nº 00/5110/2008 de Tribunal Económico-Administrativo Central, 28 de Abril de 2009

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