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Timestamp: 2018-09-18 18:18:48+00:00

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﻿ ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS DE PAGO EN ESPAÑA: REGULACIÓN Y ASPECTOS RELEVANTES PARA EL USUARIO
CONTENIDO:LA MECÁNICA TRADICIONAL DE LAS OPERACIONES DE PAGO HA DEJADO PASO A UN NUEVO ESCENARIO MARCADO POR LOS CONTINUOS ADELANTOS TECNOLÓGICOS Y LA PREVISIÓN DE UNA REGULACIÓN UNIFORME DE LOS SERVICIOS DE PAGO. SI BIEN LA DIRECTIVA 2007/64/CE, Y SU CONSIGUIENTE TRANSPOSICIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL A TRAVÉS DE LA LEY 16/2009, DE 13 DE NOVIEMBRE, DE SERVICIOS DE PAGO, SISTEMATIZABAN DE MANERA NOVEDOSA ESTE CONTEXTO, LA REALIDAD PRÁCTICA DE LAS CITADAS OPERACIONES HA LLEVADO A LA NECESIDAD DE UNA NUEVA REGULACIÓN (PROPUESTA DE NUEVA DIRECTIVA DE 2013).
TEMAS ESPECÍFICOS:PAGO, CONSUMIDOR, DESARROLLO LEGISLATIVO
TÍTULO:ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS DE PAGO EN ESPAÑA: REGULACIÓN Y ASPECTOS RELEVANTES PARA EL USUARIO
REVISTA FORO DERECHO MERCANTIL N°:47, ABR.-JUN./2015, PÁGS. 13-31
Análisis de los servicios de pago en España: regulación y aspectos relevantes para el usuario
por María Nieves Pacheco
1. Aproximación al concepto de servicio de pago
Los denominados servicios de pago engloban numerosas transacciones —v. gr., ingreso y retirada de efectivo en cuentas de pago; ejecución de operaciones de pago —adeudos domiciliados, operaciones mediante tarjeta de pago o dispositivo similar, transferencias—; envío de dinero; ejecución de operaciones mediante dispositivos de telecomunicación, digitales o informáticos; etc.— en las que intervienen varios sujetos: ordenante, proveedores de servicios de pago y beneficiario.
En la era de la tecnología, donde la mayoría de los consumidores cuenta con una tarjeta de pago —crédito, débito o prepago— emitida generalmente por una entidad financiera(1) y los dispositivos electrónicos —v. gr., smartphones, tablets— copan nuestra vida cotidiana. Cada vez es más frecuente realizar operaciones de pago rápidas desde cualquier ubicación. Esta relativa facilidad choca de lleno con la complejidad técnica de la normativa que regula los servicios de pago —en España, Ley 16 del 2009, de 13 de noviembre; en lo sucesivo LSP —Ley de Servicios Pagos—(2), presentándose como un texto difícil de entender por el usuario.
De ahí que este estudio pretenda aportar una visión clarificadora del contenido de la citada ley, así como responder a los interrogantes que pueda plantearse el usuario con el uso de estos servicios. Para ello es conveniente partir de una visión general de la LSP, pasando por las cuestiones que afectan al usuario de estos, y finalizando con una previsión de futuro de las manos de la propuesta de la nueva directiva europea de servicios de pago.
2. La Ley 16 del 2009 de servicios de pago en España
El propio preámbulo de la ley contextualiza su necesidad al indicar que “la creación del euro en 1999 y su puesta en circulación en el 2001 como moneda única (…) debió originar, al mismo tiempo, la regulación uniforme de los instrumentos de pago que hacen posible la utilización de dicha moneda”. Pero, “aunque se aprobaron determinadas normas comunitarias con objetivos armonizadores sobre algunos aspectos de los sistemas de pago(3), no fue sino hasta el 2005 cuando la comisión de la Unión Europea presentó la propuesta de directiva sobre servicios de pago en el mercado interior, la cual fue aprobada como directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007.
Pues bien, el objetivo básico de la citada directiva es “garantizar que los pagos realizados en el ámbito de la Unión Europea —en concreto, las transferencias, los adeudos directos y las operaciones de pago directo efectuadas mediante tarjeta— puedan realizarse con la misma facilidad, eficiencia y seguridad que los pagos nacionales internos de los Estados miembros. Junto con ello contribuye al reforzamiento y protección de los derechos de los usuarios de los servicios de pago y facilita la aplicación operativa de los instrumentos de la zona única de pagos en euros —SEPA—”.
La Ley de Servicios Pagos —LSP— de 2009 incorpora la directiva del 2007 al ordenamiento jurídico español, atendiendo los objetivos específicos de esta, y con la finalidad de contribuir a “una mayor eficiencia, un nivel más elevado de automatización y un procedimiento común sujeto a la legislación comunitaria”, que son:
— “Estimular la competencia entre los mercados nacionales y asegurar igualdad de oportunidades para competir”;
— “Aumentar la transparencia en el mercado, tanto para los prestadores de los servicios como de los usuarios” —condiciones y requisitos de información uniformes—;
— “Establecer un sistema común de derechos y obligaciones para proveedores y para usuarios en relación con la prestación y utilización de los servicios de pago”.
La estructura de la LSP es la siguiente: cinco títulos, una disposición adicional, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y diez disposiciones finales.
El contenido de los cinco títulos puede resumirse como prosigue:
Título I. Artículos 1-5: acoge una serie de disposiciones generales sobre objeto y ámbito de aplicación, definiciones, excepciones a la aplicación de la ley, reserva de actividad a favor de los proveedores, acceso a los sistemas de pago.
Título II. Artículos 6-16: desarrolla el régimen jurídico de las entidades de pago, estableciendo aspectos tales como: definición, autorización y registro de dichas entidades; supuestos de revocación de la autorización; capital y recursos propios; actividades para las que están habilitadas —además de la prestación de los servicios de pago—; requisitos de garantía de los fondos recibidos de los usuarios; ejercicio del derecho de establecimiento y libre prestación de servicios cuando una entidad de pago española pretenda prestar servicios de pago por primera vez en otro Estado miembro de la UE; utilización de agentes y delegación de la prestación de funciones; conservación de documentación durante al menos cinco años; contabilidad y auditoría; supervisión a través del Banco de España; colaboración del Banco de España con las autoridades a través de informaciones relevantes, quedando a salvo el secreto profesional.
Título III. Artículos 17-22: regula la transparencia de las condiciones y los requisitos de información aplicables a los servicios de pago, resolución y modificación del contrato marco. Y ello sistematizando la obligación del proveedor de servicios de pago de facilitar al usuario de manera accesible para él toda la información necesaria; la gratuidad —a priori— del servicio de suministro de información —aunque con la posibilidad de acordar cobro de gastos por información adicional—; la carga de la prueba sobre los requisitos de información sobre el proveedor de servicios de pago; la modificación y resolución del contrato marco —que rige la ejecución futura de operaciones de pago individuales y sucesivas, que puede estipular la obligación de abrir una cuenta de pago y su condicionado—.
Título IV. Artículos 23-50: establece los derechos y obligaciones en relación con la prestación y utilización de servicios de pago. Es el título más extenso y engloba los siguientes extremos: las posibles excepciones a la aplicación de algunos artículos del referido título —supuesto del usuario no consumidor—; regulación de los gastos aplicables por el suministro de información o por las medidas correctivas o preventivas; el consentimiento y retirada de este por parte del ordenante del servicio de pago; limitaciones a la utilización del instrumento de pago por razones de seguridad; elenco de obligaciones del usuario y del proveedor de servicios de pago; oportuna notificación de operaciones no autorizadas o de operaciones ejecutadas incorrectamente; prueba por parte del proveedor de autenticación y ejecución de las operaciones de pago cuando falte autorización o se ejecute la operación incorrectamente; responsabilidad del proveedor y del ordenante en caso de operaciones no autorizadas; derecho de devolución del ordenante de la cantidad correspondiente a las operaciones de pago autorizadas por parte del beneficiario; recepción, rechazo e irrevocabilidad de la orden de pago; importes transferidos e importes recibidos y posibilidad de deducción de los propios gastos; plazo de ejecución y fecha de valor de la operación de pago; responsabilidades en caso del identificador único incorrecto, de no ejecución o de ejecución defectuosa de la operación de pago; derecho de reclamación del proveedor de servicios de pago contra el proveedor o intermediario responsable; causas de exoneración —circunstancias excepcionales e imprevisibles fuera del control de la parte que las invoca, cuyas consecuencias hubieran sido inevitables a pesar de todos los esfuerzos en sentido contrario—; protección en el tratamiento y cesión de datos; procedimientos de reclamación extrajudicial.
Título V. Artículo 51: régimen sancionador aplicable a las entidades de pago.
2.3. Elementos esenciales
En primer lugar, la LSP ofrece, en su artículo 2º, una serie de definiciones fundamentales para entender el desarrollo de la misma. He seleccionado las más utilizadas a lo largo de este estudio, a saber:
— “Servicio de pago”: “Cualquiera de las actividades comerciales contempladas en el artículo 1.2 de la presente ley”.
— “Entidad de pago”: “Una persona jurídica a la cual se haya otorgado autorización para prestar y ejecutar servicios de pago”.
— “Operación de pago”: “Una acción, iniciada por el ordenante o por el beneficiario, consistente en situar, transferir o retirar fondos, con independencia de cualesquiera de las obligaciones subyacentes entre ambos”.
— “Ordenante”: “Una persona física o jurídica titular de una cuenta de pago que autoriza una orden de pago a partir de dicha cuenta o, en el caso de que no exista una cuenta de pago, la persona física o jurídica que dicta una orden de pago”.
— “Beneficiario”: “Una persona física o jurídica que sea el destinatario previsto de los fondos que hayan sido objeto de una operación de pago”.
— “Proveedor de servicios de pago”: “Los organismos públicos, entidades y empresas autorizadas para prestar servicios de pago en España o en cualquier otro Estado miembro de la UE, así como los de terceros países que se dediquen profesionalmente a la prestación de servicios de pago”.
— “Usuario de servicios de pago”: “Una persona física o jurídica que haga uso de un servicio de pago, ya sea como ordenante, como beneficiario o ambos”.
— “Consumidor”: “Una persona física que, en los contratos de servicios de pago (…) actúa con fines ajenos a su actividad económica, comercial o profesional”.
— “Contrato marco”: “Un contrato de servicio de pago que rige la ejecución futura de operaciones de pago individuales y sucesivas, y que puede estipular la obligación de abrir una cuenta de pago y las correspondientes condiciones”.
— “Orden de pago”: “Toda instrucción cursada por un ordenante o beneficiario a su proveedor de servicios de pago por la que se solicite la ejecución de una operación de pago”.
— “Identificador único”: “Una combinación de letras, números o signos especificados por el proveedor de servicios de pago al usuario de dichos servicios, que este último debe proporcionar con el fin de identificar de forma inequívoca al otro usuario de servicio de pago, a su cuenta de pago, en una operación de pago o a ambos”.
Aclaradas estas cuestiones básicas, que he preferido adelantar, vuelvo al primero de los artículos de la ley, que, en su apartado 1, delimita el objeto de la misma, que no es otro que la “regulación de los servicios de pago (…) que se presten en territorio español, incluyendo la forma de prestación de dichos servicios, el régimen jurídico de las entidades de pago, el régimen de transparencia de información aplicable a los servicios de pago, así como los derechos y obligaciones respectivas tanto de los usuarios de los servicios como de los proveedores de los mismos”.
Por su parte, el apartado 2 del antedicho artículo, enumera los servicios de pago regulados por la ley:
“a) Los servicios que permiten el ingreso de efectivo en una cuenta de pago y todas las operaciones necesarias para la gestión de la propia cuenta de pago.
b) Los servicios que permiten la retirada de efectivo de una cuenta de pago y todas las operaciones necesarias para la gestión de la propia cuenta de pago.
c) La ejecución de operaciones de pago, incluida la transferencia de fondos, a través de una cuenta de pago en el proveedor de servicios de pago del usuario u otro proveedor de servicios de pago: ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos domiciliados no recurrentes; ejecución de operaciones de pago mediante tarjeta de pago o dispositivo similar; ejecución de transferencias, incluidas las órdenes permanentes.
d) La ejecución de operaciones de pago cuando los fondos estén cubiertos por una línea de crédito abierta para un usuario de servicios de pago: ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos domiciliados no recurrentes; ejecución de operaciones de pago mediante tarjeta de pago o dispositivo similar; ejecución de transferencias, incluidas las órdenes permanentes.
e) La emisión y adquisición de instrumentos de pago.
f) El envío de dinero.
g) La ejecución de operaciones de pago en las que se transmita el consentimiento del ordenante [que va a] a ejecutar una operación de pago mediante dispositivos de telecomunicación, digitales o informáticos y se realice el pago a través del operador de la red o sistema de telecomunicación o informático, que actúa únicamente como intermediario entre el usuario del servicio de pago y el prestador de bienes y servicios”.
2.4. Breve esquema de funcionamiento
Una vez clarificado el objeto de la ley, el usuario de estos servicios necesita conocer qué relación jurídica lo une en el proceso que empieza con la orden de pago hasta la llegada al beneficiario del pago efectivo.
El esquema de funcionamiento en la emisión de una orden de pago sería el siguiente:
3. Aspectos relevantes para el usuario de servicios de pago
Llegados a este punto, debe ponerse de manifiesto que la relativa comodidad de las operaciones de pago —v. gr., adeudos domiciliados, pagos mediante tarjeta, transferencias, o mediante dispositivos telemáticos— a través de proveedores de estos servicios de pago tiene como contrapunto la multitud de situaciones complejas que pueden darse en este escenario.
De ahí que el consumidor usuario de estos servicios deba tener muy presentes los siguientes aspectos:
A. El nuevo contexto de pagos al por menor generado por los nuevos instrumentos SEPA y la normativa sobre servicios de pago introducen los siguientes elementos para tener en cuenta(4):
a.1. Las cuentas bancarias se identifican mediante el código internacional IBAN —que se construye a partir del tradicional código cuenta cliente —CCC— usado en España—, mientras que las entidades bancarias se identifican mediante el código internacional BIC. Ambos códigos vienen siendo facilitados tradicionalmente por la entidad bancaria de diferentes formas —v. gr., extractos bancarios, aplicaciones de banca electrónica, talonarios, libretas—. Así, la entidad ejecutará las operaciones de pago basándose exclusivamente en estos códigos.
a.2. La zona SEPA y la aparición de nuevos proveedores de servicios de pago permitirán mayor competencia dentro del mercado de pagos minoristas, posibilitando más y mejores servicios.
a.3. La normativa sobre servicios de pago regula los plazos de ejecución(5), fecha valor(6) y disponibilidad de los fondos de forma tal que favorece al usuario de los servicios de pago.
a.4. La normativa sobre servicios de pago amplía y mejora la información sobre los pagos realizados y recibidos, destacando el supuesto de que la utilización de un determinado instrumento de pago lleve aparejados recargos o reducciones.
B. El contrato marco, como contrato de servicio de pago que rige la ejecución futura de operaciones de pago individuales y sucesivas, constituye un elemento clave para el desenvolvimiento de los servicios con el proveedor. El usuario puede resolver el contrato en cualquier momento, aunque puede pactarse un plazo de preaviso máximo de un mes. Los gastos derivados de la resolución estarán en consonancia con los costos, a no ser que el contrato marco se hubiese celebrado por un período indefinido o superior a doce meses, en cuyo caso la resolución será gratuita si se efectúa una vez transcurridos doce meses —ex LSP, art. 21—. Igualmente, el contrato marco podrá modificarse —destacándose con claridad— por el proveedor con una antelación no inferior a dos meses respecto de la fecha en que entre en vigor la modificación propuesta. No obstante, podrán aplicarse de manera inmediata todas aquellas modificaciones que resulten más favorables para el usuario —ex LSP, art. 22—.
C. El consentimiento es requisito imprescindible para iniciar el proceso de pago ya que “las operaciones se considerarán autorizadas cuando el ordenante haya dado el consentimiento para su ejecución”, retirándolo “en cualquier momento anterior a la fecha de irrevocabilidad(7)” —ex LSP, art. 25—.
D. La transparencia debe imperar durante todo el proceso(8). Ello se reflejará en:
d.1. Previamente a la orden de pago: identificador único(9), plazo máximo de ejecución, gastos desglosados, tipo de cambio efectivo.
d.2. Tras la recepción de la orden de pago: referencia que permite identificar la operación de pago y al beneficiario, importe, gastos desglosados, tipo de cambio, fecha de recepción de la orden de pago.
d.3. Tras la ejecución de la operación: referencia que permita al beneficiario identificar la operación —y cuando esté disponible, al ordenante—, importe, gastos desglosados, tipo de cambio utilizado, fecha valor del abono.
Merece una especial atención la cuestión de los gastos, que, por regla general, serán compartidos —el ordenante paga las comisiones y gastos de origen y el beneficiario los restantes—(10). Cuestión aparte son los gastos adicionales, tanto por el uso de un específico medio de pago como por facilitar información añadida, a saber:
d.4. En lo que respecta a los gastos adicionales por el uso de un determinado medio de pago, procede la remisión a la modificación efectuada por la Ley 3ª del 2014, de 27 de marzo(11), del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias —aprobado por el Real D.L. 1/2007—, añadiendo el artículo 60 bis y ter, que establece:“antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por cualquier contrato u oferta, el empresario deberá obtener su consentimiento expreso para todo pago adicional a la remuneración acordada para la obligación contractual principal del empresario. Estos suplementos opcionales se comunicarán de una manera clara y comprensible (…)”; “los empresarios no podrán facturar a los consumidores y usuarios, por el uso de determinados medios de pago, cargos que superen el coste soportado por el empresario por el uso de tales medios”. De este modo, la Ley 3ª del 2014 refleja la regulación contenida en la LSP —art. 24.3— sobre la limitación de las cuotas adicionales que pudieran imponerse por el uso de instrumentos de pago específicos, que “no podrán superar los gastos diferenciales en que efectivamente incurra el beneficiario por la aceptación de tales instrumentos”; añadiendo que “cuando, en la utilización de un determinado instrumento de pago se exija el pago de una cuota adicional (…), se informará de ello al usuario de servicios de pago antes de llevarse a cabo la operación”.
d.5. En lo referente a los gastos adicionales por facilitar información añadida, el artículo 24.1 de la LSP dispone que “el proveedor de servicios de pago no podrá cobrar al usuario del servicio de pago por el cumplimiento de sus obligaciones de información o por las medidas correctivas o preventivas contempladas en este título, salvo que se hubiera pactado otra cosa de conformidad con lo previsto en los artículos 19.2, 36.1, 37.5 y 44.2 de la misma. En esos casos, los gastos serán recogidos en el contrato entre el usuario y el proveedor de servicios de pago y serán adecuados y acordes con los costes efectivamente soportados por el proveedor de servicios de pago”(12).
E. El cada vez más habitual uso de dispositivos telemáticos para realizar operaciones de pago, puede llevar a una situación en la que impere pagar a través de smartphones o tablets y no con dinero en efectivo(13). Con la evolución de la tecnología, hace más de un año los tres principales operadores de red españoles —Movistar, Vodafone y Orange— hicieron públicos sus planes para lanzar comercialmente sus aplicaciones de pago por móvil(14). Estas aplicaciones permiten el pago a través de dos vías(15):
1. Tarjetero o monedero virtual —wallet—: especie de cartera electrónica vinculada a una tarjeta que permite, a través de las correspondientes aplicaciones —apps—, pagar on-line multitud de transacciones diarias. El uso del monedero es fácil: al tocar la tarjeta deseada en la pantalla del smartphone, se selecciona la aplicación correspondiente, se activa y, a continuación, se puede utilizar para realizar un pago. Es más, los monederos de última generación incluyen también la posibilidad de que los bancos ofrezcan todos sus servicios móviles en una sola aplicación para el smartphone, pudiendo el usuario realizar operaciones bancarias a través de él(16).
2. Conectividad NFC —Near Field Communication—: es un sistema de comunicación inalámbrico de corto alcance —< 5 cm—, que funciona por proximidad, integrado en smartphones y tablets, que permitirá a sus usuarios realizar pagos de forma segura almacenando de modo seguro los medios transaccionales —tarjetas y cuentas bancarias— en el dispositivo y posteriormente autorizándose cada transacción con un número único de un solo uso. Así mismo, se pueden realizar pagos en establecimientos físicos que dispongan de un terminal TPV con chip NFC(17). De este modo, acercando el móvil al terminal, se efectuaría el pago(18).
En estas dos vías el usuario del smartphone será el ordenante de operaciones de pago a través de su dispositivo —ex LSP, art. 1.2 g)—, que, con la tecnología citada, permitirá configurar un “monedero virtual” y transferir los datos de su tarjeta de crédito o débito. El proveedor de servicios de pago será la entidad bancaria emisora de la tarjeta, debiendo ejecutar correctamente la operación al proveedor del beneficiario —prestador de bienes y servicios—. Concretamente el operador de red actúa como intermediario(19), no sustituyendo a la entidad bancaria —proveedor de servicios de pago—, sino actuando como vehículo para realizar las transacciones con base en un contrato mediante el cual cobrará un alquiler a la entidad por aceptar sus tarjetas en los móviles de sus clientes.
4. Necesidad de cambios y nueva propuesta de directiva europea
Ante la constante evolución tecnológica y social, así como por las demandas del usuario de servicios de pago, que necesita ser protegido ante eventuales abusos, en julio del 2013 fue aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo una propuesta de directiva(20) sobre servicios de pago en el mercado interior, y por la que se modificarían las directivas 2002/65/CE, 2013/36/UE y 2009//110/CE, y se deroga la 2007/64/CE.
Su contexto es el siguiente: “El mercado de pagos electrónicos en Europa brinda grandes oportunidades de innovación. Los consumidores ya han modificado sensiblemente sus hábitos de pago en los últimos años. Aparte del número cada vez mayor de pagos efectuados mediante tarjetas de débito o de crédito, la expansión del comercio electrónico y la creciente popularidad de los teléfonos inteligentes han dado paso a la emergencia de nuevos medios de pago. Las ventajas de una mayor integración del mercado y una menor fragmentación en este ámbito a escala europea son considerables”. Así, su objetivo es “contribuir a un mayor desarrollo del mercado europeo de pagos electrónicos, lo que permitirá a los consumidores, los minoristas y otros agentes del mercado aprovechar plenamente las ventajas del mercado interior de la UE, en consonancia con la estrategia Europa 2020(21) y la agenda digital(22). Esta mayor integración se hace cada vez más importante, a medida que el mundo sustituye el comercio físico por una economía digital”. Para ello, es preciso actualizar y completar “la normativa vigente en materia de servicios de pago; estableciendo normas que aumenten la transparencia, la innovación y la seguridad en el ámbito de los pagos minoristas, e incrementando la coherencia entre las disposiciones nacionales, con especial hincapié en las necesidades legítimas de los consumidores”.
La propuesta enfatiza en la complicada distinción que existe hoy en día entre entidades de pago —sujetas a la directiva de servicios de pago del 2007— y entidades de dinero electrónico —sujetas a la directiva 2009/110/CE—, debido a la convergencia de la tecnología y los modelos de negocio. De ahí que considere que “la solución óptima consistiría en modernizar plenamente el marco referente a los pagos digitales”.
La Comisión Europea llevó a cabo una evaluación de impacto en la que analizó las posibles consecuencias para consumidores, comerciantes y proveedores de servicios de pago de la ausencia de un mercado de pagos europeo integrado. Se examinaron, en particular, las siguientes fuentes de problemas: aplicación heterogénea de las normas vigentes entre los Estados miembros, debido al gran número de opciones y a criterios de aplicación con frecuencia excesivamente generales; vacío legal para determinados proveedores de servicios por Internet de reciente aparición, como proveedores terceros que ofrecen servicios de iniciación de pagos basados en la banca en línea; diferencias e incoherencia entre las prácticas de tarificación —gastos cobrados por los comerciantes por la utilización de un determinado instrumento de pago— en los diversos Estados miembros.
La referida evaluación de impacto recibió el dictamen positivo del comité de evaluación de impacto en una audiencia celebrada el 20 de marzo del 2013. Atendiendo a las recomendaciones del comité, se introdujeron diversas modificaciones en el documento; entre ellas, la urgencia de llevar a cabo una revisión de la directiva sobre servicios de pago —DSP—. Esencialmente, las principales modificaciones serían las siguientes:
1. Se ampliará tanto el ámbito de aplicación geográfico como las monedas cubiertas.
2. La definición de servicios de pago debe ser tecnológicamente neutra, de modo que en ella tengan cabida futuros nuevos tipos de servicios de pago, garantizando, al mismo tiempo, condiciones operativas equivalentes para los proveedores de servicios de pago existentes y los nuevos.
3. Las disposiciones de la DSP sobre transparencia y requisitos de información se aplicarán también a las operaciones de pago con terceros países, en las que solo uno de los proveedores de servicios de pago esté situado en la Unión Europea, por lo que se refiere a las partes de la operación que se lleven a cabo en la Unión Europea.
4. Las disposiciones de la DSP sobre transparencia y requisitos de información no se aplicarán solo a las monedas de la UE, como actualmente, sino que se harán extensivas a todas las monedas.
5. Se prevé el derecho del consumidor a recibir la información pertinente de forma gratuita antes de quedar vinculado por un contrato de servicios de pago. Dicha información se realizará con elevado nivel de claridad, teniéndose en cuenta las necesidades del consumidor, así como los aspectos técnicos de carácter práctico y la relación costo-eficacia.
6. Un punto único de acceso electrónico —sitio web— fomentará la transparencia de las entidades de pago autorizadas y registradas, puesto que va aparejado con la interconexión de los registros públicos nacionales en toda la Unión, contribuyendo a la mejora de la cooperación entre las autoridades competentes.
7. Se ampliará la posibilidad de aplicar un régimen simplificado a las pequeñas entidades de pago, de tal manera que englobe un mayor número de pequeñas entidades.
8. Se armonizará en mayor medida las prácticas en materia de aplicación de recargos. Y ello porque la flexibilidad que ofrece la DSP vigente, que permite a los comerciantes cobrar al ordenante un recargo, ofrecerle una reducción o incitarle de algún otro modo a utilizar los medios de pago más eficientes, con la circunstancia añadida de que los Estados miembros pueden prohibir o limitar tales recargos en su territorio, ha dado lugar a una extremada heterogeneidad del mercado.
9. Se racionalizarán y armonizarán en mayor medida las normas en materia de responsabilidad en las operaciones no autorizadas, ofreciendo una protección reforzada de los intereses legítimos de los usuarios de servicios de pago. Salvo en caso de fraude o negligencia grave, el importe máximo que, en cualquier circunstancia, un usuario de servicios de pago podría verse obligado a desembolsar en caso de realizarse una operación de pago no autorizada descenderá del actual importe de 150 a 50 EUR.
10. Se incluirán nuevos servicios y proveedores de servicios que ofrecen pagos basados en la banca en línea —alternativa de bajo costo a los pagos con tarjeta—, permitiendo el acceso a las cuentas de pago. La DSP vigente no se aplica a estos agentes, ya que no disponen en ningún momento de los fondos del ordenante o del beneficiario. Por eso, la propuesta establece que se promoverán nuevas soluciones de pago electrónico de bajo costo en Internet, garantizando al mismo tiempo un nivel adecuado de seguridad, protección de datos y responsabilidad.
De la lectura de este estudio puede colegirse que la tecnología avanza más rápidamente que la normativa aplicable. Prueba de ello es la necesidad de adaptación de la regulación vigente a la proliferación de nuevos y variados hábitos de pago —v. gr., a través de smartphones, tablets, compañías de pago como PayPal, o mediante innovaciones como el denominado wearable banking—. Es cierto que este avance redunda favorablemente en el acceso del pequeño empresario al sistema financiero, la competencia, la eficiencia y la innovación, pero a su vez requiere un óptimo desarrollo normativo que garantice los derechos del consumidor usuario de servicios de pago, muchas veces desconocedor de los riesgos, fomentando la transparencia, la adecuada información y la seguridad.
(1) Aunque también pueden ser emitidas por comercios o compañías de pagos, como es el caso de la tarjeta prepago de PayPal —institución de crédito que permite a las empresas o consumidores que dispongan de correo electrónico enviar y recibir pagos en Internet de forma segura, cómoda y rentable. Su red de se basa en la infraestructura financiera existente de cuentas bancarias y tarjetas de crédito para crear una solución global de pago en tiempo real—. —Vid. https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/home—.
(2) BOE 275, de 14 de noviembre de 2009.
Desarrollada por Real Decreto 712/2010, de 28 de mayo, de régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de pago —BOE 131, de 29 de mayo del 2010—, modificado por RD 256/2013, de 12 de abril, que incorpora a la normativa de las entidades de crédito los criterios de la Autoridad Bancaria Europea de 22 noviembre del 2012, sobre la evaluación de la adecuación de los miembros del órgano de administración y de los titulares de funciones clave; y por la Orden EHA/1608/2010, de 14 de junio, sobre transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago —BOE 148, de 1º de junio del 2010—, modificada por OM EHA/2899/2011, de 28 de octubre, sobre transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.
(3) Zona única de pagos en euros —SEPA: Single Euro Payments Area—.
La zona única de pagos SEPA la crean 32 países con un alcance mayor que la eurozona por el número de países que se incluyen dentro de todos los protocolos de medios de pago. Estos países son los 27 estados que conforman la Unión Europea más Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza y Mónaco.
— La posibilidad de utilizar una sola cuenta bancaria para operaciones en euros dentro de la SEPA.
— Una mayor protección para los usuarios de servicios de pago.
— Uso de estándares comunes, que permite mejoras de eficiencia en los procesos de ejecución de pagos y redundará en mayor competencia.
— El potencial desarrollo de innovaciones en el ámbito de los instrumentos de pago, que servirá de plataforma de despegue de otros servicios de valor añadido, como la facturación electrónica y los pagos a través del teléfono móvil o de Internet.
— La desaparición de barreras para la ejecución de pagos internacionales.
—Vid. http://www.sepaesp.es/f/websepa/secciones/Sobre/12-folleto_SEPA.pdf—.
(4) Vid. http://www.sepaesp.es/f/websepa/secciones/Sobre/12-folleto_SEPA.pdf.
(5) El plazo máximo de ejecución de las operaciones es de un día hábil.
(6) En las operaciones emitidas, la fecha valor no podrá ser anterior al momento de cargo en su cuenta. En las operaciones recibidas, la fecha valor no podrá ser posterior al día hábil de recepción de los fondos por su entidad y la disponibilidad de los fondos será inmediata después de dicha recepción.
(7) LSP, ART. 37.—“El usuario de servicios de pago no podrá revocar una orden de pago después de ser recibida por el proveedor de servicios de pago del ordenante, salvo que se especifique otra cosa en el presente artículo (…)”.
(8) La Orden EHA/1608/2010, de 14 de junio, sobre transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago —modificada por OM EHA/2899/2011, de 28 de octubre, sobre transparencia y protección del cliente de servicios bancarios—, dispone que su objeto es “la regulación de los requisitos de transparencia exigibles en la prestación de servicios de pago, de conformidad con lo establecido en el título III de la Ley 16 del 2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago” —ex art. 1º—, aplicándose “a las operaciones de pago singulares, a los contratos marco y a las operaciones de pago sujetas a dichos contratos marco” —ex art. 2.1—, aunque contemplando la excepción de que “cuando el usuario del servicio de pago no sea un consumidor, las partes en las operaciones y contratos mencionados en el apartado anterior podrán acordar que no se aplique, en todo o en parte, esta orden” —ex art. 2.2—.
(9) La neutralidad técnica por la que aboga la LSP hace que pierda importancia la comprobación del beneficiario.
Atendiendo al cumplimiento del protocolo SEPA, y siendo obligatorio desde el 1º de febrero de 2014, se opta por el IBAN —International Bank Account Number: número de identificación internacional de cuenta bancario que añade antes de cada número de cuenta cuatro caracteres: dos letras que identifican al país y dos cifras de control para evitar errores de transcripción— y el BIC —Bank Identifier Code: código que identifica al banco beneficiario de una transferencia. También se conoce como código o dirección Swift—. Por su parte, el Reglamento (CE) 924/2009 obliga a comunicar al usuario el IBAN y el BIC —aunque a partir del 1º de febrero de 2016 el IBAN será el único código requerido—; y el Reglamento 260/2012, que recoge una serie de requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, de obligado cumplimiento, garantizando así el establecimiento efectivo de la zona SEPA, se complementa con la ley de servicios de pago —aunque no es de aplicación exclusiva para los instrumentos SEPA, es fundamental para su desarrollo—.
Atendiendo a varios contratos marco analizados de diferentes entidades bancarias, “una operación de pago ejecutada de acuerdo con el identificador único —IBAN+BIC— facilitado, se considera correctamente ejecutada en relación al beneficiario especificado en el mismo”.
(10) Aunque también podrán repartirse de otras maneras: a) los gastos se deducen del abono al beneficiario, restando la entidad del ordenante del importe original sus gastos y comisiones; b) el ordenante se hace cargo de la totalidad de gastos y comisiones.
(11) BOE 76, de 28 de marzo de 2014.
(12) Sirva como ejemplo el extracto de contrato marco entre ordenante y proveedor de servicios de pago Bankia S.A.: “La información relativa a los términos y condiciones aplicables a los servicios y operaciones de pago se facilita libre de gastos para el titular u ordenante. No obstante, cualquier tipo de información adicional o distinta o aquella que se comunique con mayor frecuencia a la establecida en este acuerdo, a petición del titular u ordenante, generará un gasto que se le liquidará según las tarifas del banco. El banco podrá además repercutir al titular los gastos ocasionados por la resolución del contrato, por la revocación de órdenes de pago y los que se deriven de la recuperación de fondos por operaciones de pago ejecutadas con identificador único incorrecto” —Bankia—.
(13) Los teléfonos móviles y smartphones se han convertido en un instrumento imprescindible para gran parte de la población y el uso de tarjetas —débito y crédito— ha disminuido, sobre todo para importes pequeños —menos de 20 euros—, los bancos —emisores de tarjetas— y operadoras de telecomunicaciones han encontrado un nicho de mercado rentable. —Vid. Barómetro anual de las tarjetas en España 2013, presentado por Mastercard: http://www.expansion.com/2013/12/11/empresas/banca/1386790453.html?a=8fa057cedefaed4559a0bece1e0b775f&t=1417260990—.
Un 58% de los españoles querría pagar directamente con su teléfono móvil en los comercios, y un 56% de los usuarios de teléfonos móviles ya usa sus terminales para realizar compras. —Vid. http://www.expansion.com/2014/03/22/empresas/digitech/1395503415.html—.
Según datos del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información —ONTSI—, el año 2013 ya aumentó significativamente el número de internautas que adquirieron productos o servicios a través de dispositivos móviles. La cifra alcanzó los 4,4 millones de personas, un 13,8% más, lo que supone ya el 25,6% del total de internautas compradores. —Vid. Diario Expansión de viernes 19 diciembre 2014, p. 15—.
(14) Los primeros en crear una alianza para desarrollar negocios digitales, incluyéndose la implementación de un wallet para permitir servicios de pago de dinero a través del móvil, fueron Caixabank, Santander y Telefónica. Posteriormente, Mastercard y Orange firmaron un acuerdo estratégico para potenciar y acelerar soluciones de pago a través del móvil por medio de la tecnología NFC. El último acuerdo ha sido el de La Caixa con Telefónica, Vodafone, Orange y Visa Europe para el lanzamiento de su servicio de pago con el móvil.
(15) En ambas vías la seguridad de la transacción se basa en que los datos referentes al “monedero virtual” se almacenan cifrados en una memoria específica del dispositivo —módulos de chip seguros—, que no es accesible para el resto del sistema operativo ni a sus aplicaciones. Aquí entra en juego el denominado Trusted Service Manager —vid. http://www.gi-de.com/es/trends_and_insights/tsm_for_nfc/trusted_service_ manager/tsm_1.jsp—. Su tarea consiste en evitar el acceso por terceros a números PIN u otros datos sensibles del smartphone, lo que hará distribuyendo la memoria de este de forma segura para que las áreas del proveedor de servicios se puedan separar entre sí.
(16) Vid. http://www.gi-de.com/es/trends_and_insights/tsm_for_nfc/_wallet_/wallet.jsp.
(17) La Caixa ha llegado a un acuerdo con Visa y las tres grandes operadoras de telefonía en España, Movistar, Vodafone y Orange, para el lanzamiento de una tarjeta virtual que puede ser usada en los 300.000 a 500.000 TPV contactless. —Vid. http://www.expansion.com/2014/03/22/empresas/digitech/1395503415.html y http://cincodias.com/cincodias/2013/12/16/mercados/1387198539_990170.html—.
(18) Resulta curiosa la modalidad contactless de wearable banking, o la opción de efectuar pagos a través de un dispositivo vestible —pulsera, por ejemplo—. Paypal llevó a cabo en España su primera experiencia a nivel mundial de pagos con una pulsera inteligente; concretamente en un festival de música en julio de 2014. Para hacer uso de la solución, el usuario debe vincular previamente su cuenta Paypal al chip que incluye la pulsera, dotada de tecnología de identificación por radiofrecuencia —RFID—. La ejecutiva de Paypal defiende el potencial de las pulseras inteligentes como medio de pago, especialmente dentro de entornos cerrados, con mucha aglomeración de gente y donde no se puede garantizar un acceso a Internet estable durante todo el evento. —Vid. http://cincodias.com/cincodias/2014/07/18/tecnologia/1405707928_772747.html—.
(19) Este papel de intermediario desaparecía con la tercera vía, creada por Bankinter al margen de las operadoras de red, inicialmente con Visa aunque también se prevé para MasterCard y American Express. El servicio facilitado por la tarjeta virtual móvil, para el que es necesario un móvil con tecnología NFC, no intercambia datos en la red ni necesita cobertura. Así, el cliente descarga en su smartphone una aplicación gratuita, abre una cuenta a través de la web del banco y registra con firma electrónica las tarjetas de crédito o debido deseadas para los cargos. Tras estos pasos el móvil queda habilitado como medio de pago. El mecanismo de funcionamiento es el siguiente: cada vez que haga un pago en un terminal de punto de venta —TPV— de una tienda a través de la tecnología NFC, la aplicación genera una tarjeta virtual, que desaparece una vez que se termina la transacción cargada en la cuenta. La entidad defiende la seguridad de este sistema ya que no hay que incluir el número de tarjeta del cliente en la SIM del móvil. Esta aplicación podrá ser utilizada también por otras entidades, a las que Bankinter cobraría derechos de propiedad industrial. Cada banco puede definir de forma autónoma su propio modelo de negocio e imagen de marca en medios de pago móvil, sin la intervención de intermediarios. —Vid.http://www.expansion.com/2013/12/11/empresas/banca/1386790453.html?a=8fa057cedefaed4559a0bece1e0b775f&t=1417260990.
http://cincodias.com/cincodias/2013/12/06/empresas/1386353551_614857.html—.
(20) Propuesta de nueva directiva de servicios de pago: Bruselas, 24.7.2013, COM (2013) 547 final, 2013/0264 (COD).
(21) “Europa 2020 es la estrategia de crecimiento de la UE para la próxima década. En un mundo en transformación, queremos que la UE posea una economía inteligente, sostenible e integradora. Estas tres prioridades, que se refuerzan mutuamente, contribuirán a que la UE y sus Estados miembros generen altos niveles de empleo, productividad y cohesión social”. —Vid. http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm—.
(22) “La agenda digital para España establece el desarrollo de un plan de servicios públicos digitales con el doble objetivo de mejorar la calidad y eficiencia de los servicios públicos mediante la utilización de las TIC, y de aprovechar la capacidad tractora de los proyectos de modernización de los servicios públicos para el desarrollo de la industria tecnológica, redundando en crecimiento, expansión internacional y creación de empleo. Los ejes y medidas establecidos en el plan refuerzan las políticas de inversión en las TIC para la mejora de los servicios públicos y se coordinan con las iniciativas impulsadas desde los ministerios competentes y las distintas administraciones territoriales”. —Vid. http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Paginas/plan-servicios-publicos.aspx—.

References: resolución 
 resolución 
 Artículo 51
 artículo 2
 artículo 1
 resolución 
 resolución 
 artículo 60
 artículo 24
 Real Decreto 
 resolución