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Timestamp: 2020-01-27 13:58:50+00:00

Document:
7D - Institucional
7D, Preguntas Frecuentes
Artículos 45 y 161
Buenos Aires 19 de diciembre 2012.
COMUNICADO DEL GRUPO CLARÍN ANTE NUEVAS DECLARACIONES DEL MINISTRO ALAK
Al anunciar el segundo pedido de “per saltum” en pocos días, el Ministro de Justicia Julio Alak volvió a incurrir en falsedades respecto del Grupo Clarín y de la causa sobre la ley de medios.
Buenos Aires 17 de diciembre 2012.
El Gobierno vuelve a desconocer a la Justicia
Las violaciones constitucionales que denunció Clarín ante la Justicia
La ley de medios audiovisuales es una de las herramientas que pergeñó el Gobierno en su objetivo de colonizar los medios de comunicación y debilitar a los medios independientes, especialmente al Grupo Clarín . La normativa busca afectar la libertad de expresión, a partir de la fragmentación de los medios independientes, para hacerlos inviables y favorecer la concentración de medios estatales y paraoficiales, que se multiplican exponencialmente, dándole un control absoluto al Gobierno sobre el sistema de medios.
Fuente: Diario Clarín edición 12/12/12
Buenos Aires, 12 de diciembre del 2012
EL GRUPO CLARÍN ANTE EL DICTAMEN DEL FISCAL URIARTE
En su dictamen en la causa sobre la ley de medios, el fiscal Fernando Uriarte omite violaciones constitucionales flagrantes.
Para el Grupo Clarín, se trata de un dictamen que abunda en consideraciones políticas pero que desconoce los principios jurídicos y los sustentos fácticos acreditados en el expediente.
Al respecto se desea puntualizar lo siguiente:
– El dictamen desconoce la implicancia que los artículos impugnados tienen para la libertad de expresión, al quitarle sustentabilidad a los medios independientes, avanzar contra sus licencias, y favorecer la multiplicación de voces oficiales y paraoficiales, dependientes del dinero, los subsidios o los negocios estatales. Esto, además de violar el artículo 14 de la Constitución, vulnera el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que prohíbe limitar la libertad de expresión por vías o medios indirectos. La mejor prueba de este riesgo está dada por la conducta estatal: una brutal escalada de hostigamiento contra las voces críticas y una incesante colonización del sistema mediático con el fin de instalar el unicato comunicacional oficial, que ya supera el 80% de los canales y radios de la Argentina.
– El dictamen desconoce toda la prueba producida, proveniente de documentos y pericias oficiales, que acreditan que las arbitrarias limitaciones de la ley a las licencias de cable y a la producción de señales audiovisuales vulneran la libertad de expresión, porque ninguna de ellas utiliza espectro radioeléctrico y por lo tanto son de libre creación y están amparadas por el artículo 14 de la Carta Magna.
– También desconoce que la misma prueba consideró absolutamente irrazonable (e inédita en el mundo) la incompatibilidad entre licencias de televisión abierta y cable, así como la discriminación entre la cobertura del cable (24 localidades) y la de sus competidores directos (2.200 localidades). Ambas disposiciones conspiran contra la viabilidad de los grupos dedicados exclusivamente a la comunicación y benefician a aquellos grupos vinculados a negocios con el Estado, que no tienen restricciones (concesionarios de obras públicas, petróleo, energía, casinos, minería, etc.). También benefician a los grupos extranjeros, que no tienen estos límites, permitiéndoles economías de escala y menores costos, lo que ahoga la competencia y favorece, por ejemplo, al monopolio telefónico.
La misma objeción constitucional alcanza al límite del 35% de cobertura, que sólo rige para los medios privados, favoreciendo que la única voz con alcance nacional sea la voz oficial. En el caso del cable, este límite resulta discriminatorio y no rige en la legislación comparada. Pero el dictamen obvia estas consideraciones.
– El dictamen llega al extremo de desconocer que las licencias de los medios de comunicación son un derecho esencial para el ejercicio de la libertad de expresión, por lo que quitarlas afecta directamente ese derecho. Así, pretende justificar la aplicación retroactiva del nuevo régimen de licencias, desconociendo los derechos adquiridos sobre licencias de Cablevisión o Artear, que tienen varios años por delante. El fiscal incluso llega al punto de sostener que las licencias del Grupo Clarín “no están consolidadas”, y a decir que no se adecuaban a la ley anterior. Esto es falso. Todas las licencias del Grupo están totalmente vigentes, las excedentes tras la fusión fueron devueltas en 2008, las transferencias fueron comunicadas en tiempo y forma, y el Gobierno recibe el pago del gravamen por esas licencias, con lo que no puede desconocer su propiedad.
– El fiscal pretende justificar las arbitrariedades de la ley en materia de licencias de cable en supuestas prácticas antimonopólicas. Pero desconoce abiertamente que el Estado Argentino, a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aprobó, por resolución SCI 257/07, la actual composición de la empresa Cablevisión, expresando justamente que la misma no sólo no afectaba la libre competencia, sino que era beneficiosa para el interés general, pues iba a permitir incrementar las inversiones, ampliar las prestaciones, mejorar la calidad del servicio y optimizar la ecuación costo-beneficio para los usuarios. Hoy, cinco años después y tras una inversión de 1500 millones de dólares, se comprueba que esto era efectivamente así. Y ahora se pretende desconocerlo, para reducir la competencia y beneficiar a los competidores monopólicos de la empresa.
– Para intentar justificar sus argumentos, el dictamen invoca extrañamente normas derogadas como la ley de abastecimiento y resoluciones inconstitucionales revocadas por la Justicia, como las de Guillermo Moreno pretendiendo fijar discriminatoriamente el abono del cable.
– Del mismo modo, el fiscal omite mencionar que la propia Comisión Nacional de Defensa la Competencia reconoció que los mercados de cable y TV abierta no compiten entre sí, por lo que la ley en este punto también resulta arbitraria.
– El dictamen pretende respaldarse en principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre límites a los monopolios y oligopolios. Pero omite justamente que estos principios (artículo 12 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión) establecen claramente que las normas que se dicten en ningún caso deberán ser exclusivas para medios de comunicación. La ley de medios es uno de esos casos, pero además sin criterios técnicos ni antecedentes internacionales, sino como método de represalia y afectación a la sustentabilidad, para evitar las voces independientes. En otras palabras, la ley nunca puede presumir la existencia de monopolios: es un análisis que corresponde a los organismos técnicos y a la Justicia. Y en este caso ambos se pronunciaron acerca de la inexistencia de cualquier monopolio.
Buenos Aires, 6 de Diciembre de 2012.-
Grupo Clarín ha sido notificado de la resolución de la Cámara Federal Civil y Comercial que dispone la extensión de la cautelar hasta que exista sentencia definitiva sobre la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley de medios.
Como durante todo el trámite de esta causa, el Grupo Clarín seguirá a derecho, respetando la Constitución, la ley y los fallos de la Justicia.
Buenos Aires, 5 de diciembre del 2012
NI EL GRUPO CLARIN NI CABLEVISIÓN REALIZARON PRESENTACIÓN ALGUNA ANTE LA AFSCA.
TAMPOCO AVALAN SUPUESTAS CONSULTAS DE ACCIONISTAS MINORITARIOS.
Ante la versión de que el fondo de inversión Fintech, accionista minoritario de Cablevisión, habría tomado contacto con la AFSCA formulando consultas sobre el procedimiento reglamentario del artículo 161 de la ley de medios, el Grupo Clarín, titular del 60% de Cablevisión, hace saber que es totalmente ajeno a las mismas y que no avala presentación alguna en dicho organismo. El Grupo Clarín recuerda que dicho artículo se encuentra totalmente suspendido por la Justicia y, como señaló en reiteradas oportunidades, se encuentra a la espera de un fallo de fondo sobre su inconstitucionalidad o de una prórroga de la cautelar, tal como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
1. El ministro dijo que el gobierno estaba sufriendo “denegación de justicia”. Resulta escandaloso que el responsable de que hace 3 meses la Justicia no se expida en ninguna de sus instancias, pretenda dar vuelta los argumentos y erigirse en víctima. La única denegación de justicia, reconocida expresamente por la Corte Suprema, es la que está viviendo el Grupo Clarín, que tiene derecho a una sentencia de fondo o una prórroga de cautelar de manera urgente, tal como lo estableció el Máximo Tribunal. Y quien provocó este estado es el Gobierno, que intentó desmantelar un fuero completo para evitar cualquier fallo judicial, y que ahora quiere repetir desvergonzadamente la maniobra, desafiando la orden de la Corte.
2. Alak volvió a insistir en que el fuero Civil y Comercial Federal no es competente para tratar la ley de medios. Y volvió a desconocer que la competencia de este fuero fue ratificada en varias oportunidades por la Justicia, incluyendo la Corte Suprema. Mal que le pese al Gobierno, la competencia de los jueces la determina el Poder Judicial, no el Poder Ejecutivo.
3. Insólitamente, Alak pretendió adjudicarle responsabilidad en la demora de la causa al Grupo Clarín y al Poder Judicial. Está absolutamente acreditado en el expediente que las únicas dilaciones fueron atribuibles a conductas del Poder Ejecutivo. En 2010, por maniobras procesales (planteos de incompetencias y caducidades), el Gobierno logró paralizar el expediente durante casi 8 meses. Luego, se tomó 4 meses en contestar la demanda. Luego demoró varios meses en contestar oficios al AFSCA. Este año, impugnó o buscó anular todas las pruebas, porque no eran funcionales a sus intereses. Y desde el 27 de septiembre, cuando la causa estuvo lista para sentencia, llevó adelante interminables presiones y amenazas para que ningún juez se anime a fallar.
4. El ministro volvió a mentir respecto de la relación del Grupo Clarín con una una entidad internacional, de la que participan jueces, especialistas, reguladores e investigadores de más 15 países, y que es auspiciada por numerosas instituciones públicas, intermedias y privadas.
5. También volvió a mentir respecto de una supuesta relación profesional de un abogado con el Grupo Clarín, relación que nunca existió.
6. Otra de sus falacias fue decir que “la Corte sostuvo que el 7/12 vencía inexorablemente la cautelar” o que “la misma no podía extenderse”. Jamás la Corte dijo eso. Por el contrario, en su fallo del 22/5/12, dijo expresamente que la cautelar podía prorrogarse.
7. El ministro intentó sembrar dudas respecto de las resoluciones conocidas esta semana por su pronto diligenciamiento. Pero omite mencionar, a sabiendas, que esta fue una orden expresa de la Corte Suprema, para evitar, justamente la “denegación de justicia” denunciada por el Grupo Clarín. Además, los camaristas que comenzaron a desatar el nudo creado por el Gobierno fueron miembros de otro fuero, el Contencioso Administrativo, cuya intervención había pedido el mismo Gobierno.
8. La razón por la que Alak no quiere ninguna resolución –ni de fondo ni cautelar- antes del 7 de diciembre es muy simple. Porque el Gobierno quiere avanzar de facto, desconociendo abiertamente el fallo de la Corte y la propia ley de medios. La prueba más clara de su intención de atropellar el estado de derecho es el cambio de reglamentos que hizo la AFSCA en las últimas horas, donde eliminó el plazo de 30 días para la presentación de planes y habilitó al Estado a confiscar no sólo las licencias sino los bienes de los medios.
9. Finalmente, la amenaza de un ministro del Poder Ejecutivo de que un fallo distinto al que el Gobierno quiere sería un “alzamiento contra la ley, la división de poderes, la Corte y el pueblo”, es sin dudas de una gravedad inédita en toda la historia democrática argentina. El desafío a la división de poderes, base misma del sistema republicano, pocas veces ha llegado tan lejos.
Buenos Aires, 3 de diciembre del 2012
Ante nuevas declaraciones del titular de la AFSCA, el Grupo Clarín desea poner de manifiesto que:
– El funcionario volvió a insistir con el avance de oficio sobre licencias sin esperar ningún fallo judicial, pese a que la Corte Suprema dijo que esa situación implicaba “denegación de justicia”.
– Reconoció que a cuatro días del 7 de diciembre, el AFSCA, sin darle intervención a la oposición, habría cambiado los procedimientos de la Resolución 297/10 de dicho organismo, que reglamente el artículo 161 de la ley. De esta forma, se estarían modificando los plazos de adecuación vigentes, que otorgan 30 días más para la denominada “adecuación voluntaria”. Es evidente que esta modificación afecta los derechos adquiridos, el derecho de defensa y busca evitar que el fallo sobre la inconstitucionalidad llegue antes del avance de facto sobre las licencias.
– Pese a que Sabbatella sostuvo que el AFSCA quiere que se resuelva el juicio de fondo, toda la conducta estatal estuvo dirigida a demorarlo: lo demoró diez meses en 2010, lo demoró tres meses en 2012 con sucesivas maniobras para apartar jueces, y sigue buscando demorarlo hoy con presentaciones dilatorias en primera y segunda instancia.
– El funcionario reconoció que benefició a los grupos que no fueron a la Justicia, extendiéndoles un año el plazo de desinversión, que según dijo la Corte Suprema había vencido el 28 de diciembre del año pasado. Además, volvió a desconocer la composición accionaria de varios grupos y sus incompatibilidades con diversos artículos de la ley de medios, pese a las pruebas difundidas en estos días.
– En un desafío a las garantías constitucionales y para justificar un avance de hecho sobre las licencias, dijo que si el fallo de fondo determinara la inconstitucionalidad de los dos artículos impugnados, sólo habría derecho a una indemnización y no a la intangibilidad de las licencias, lo que implica una violación de todos los precedentes jurídicos, incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
– Repitió varias veces que la ley no afecta la libertad de expresión, cuando la Justicia jamás se pronunció sobre ello porque nunca falló sobre el tema de fondo. La mejor prueba de su afectación está dada por la colonización oficial del sistema de medios en estos últimos 3 años, donde prácticamente no quedaron radios y canales de TV fuera del control oficial.
Calificar con exabruptos como «sedicioso» o de «incumplidor de la ley» a quien hace lo que la Constitución y el estado de derecho prevén, es otro modo de desviar el foco sobre la maniobra, inédita en democracia, que ha llevado adelante el Gobierno para desmantelar un fuero judicial completo. Justamente el fuero que la Corte Suprema ha considerado competente para decidir sobre la constitucionalidad de dos artículos de la ley de medios.
El Grupo Clarín concurrió a la Corte en los términos del artículo 24, inciso 7 del Decreto 1285/58, que establece que es dicho tribunal quien decide «sobre el juez competente cuando su intervención sea indispensable para evitar una efectiva privación de Justicia».
La amenaza del titular de AFSCA de avanzar de oficio sobre licencias audiovisuales del Grupo Clarín, implica un desafío al estado de derecho y constituye un desconocimiento de la propia ley y del fallo dela Corte Supremade Justicia, que establece que el artículo 161 de la ley de medios está totalmente suspendido para el Grupo Clarín por su presunción de inconstitucionalidad.
Por el contrario, las reuniones que según el titular de AFSCA ha mantenido con otros grupos mediáticos, sí implican un desconocimiento a la ley yla Justicia, ya que dichos grupos deberían haberse adecuado -según dijola Corte Suprema-como máximo el 28 de diciembre de 2011. Con lo cual, al mantener estas reuniones un año después, el AFSCA está reconociendo que incumple dicho fallo y la propia ley de medios.
Aunque el Gobierno intente confundir, el plazo de un año previsto por el artículo 161 recién comienza a correr para el Grupo Clarín a partir del día en que entre en vigencia dicho artículo. De lo contrario, se daría la paradoja de que quienes no litigaron, no acudieron a los tribunales y no obtuvieron tres fallos a favor en distintas instancias -incluyendola Corte Suprema-estarían más beneficiados que los que sí lo hicieron.
Sabbatella habló también de índices de participación de mercado, los cuales están desmentidos por datos unánimemente aceptados y hasta por las propias estadísticas oficiales. Por otro lado, Sabbatella no explicó cómo construyó esos indicadores que benefician a medios cercanos al Gobierno.
Fue muy grave asimismo la mención de que el Gobierno pretende apoderarse no sólo de las licencias sino también de los bienes, infraestructura y equipos que se utilizan para su explotación y en los que se ha invertido. Esta sería una nueva y flagrante confiscación, prohibida porla Constitución Nacional.
En definitiva la presentación de hoy confirma lo que el Grupo Clarín viene manifestando desde hace meses. Se trata de una ley dictada con nombre y apellido, que quiere avanzar sobre las pocas voces independientes que quedan en el mundo audiovisual, y que busca seguir colonizando las radios y los canales de TV dela Argentina.
El pakman de los medios: la colonización oficial de la radio y la TV.
El Grupo Clarín presentó un nuevo spot radial institucional. Escuchálo: A ver si se puede opinar
Allí se marca la diversidad y pluralidad de voces de los periodistas y comunicadores que trabajan en sus diferentes medios.
El aviso recuerda que desde hace 67 años los medios del Grupo trabajan para ser elegidos todos los días.
La Voz 4/11/12
La Nación 27/09/12
Clarín 25/09/12
Clarín 23/09/12
La Nación 20/09/12
Entrevista a Martín Etchevers, Gerente de Comunicaciones Externas del Grupo Clarín en Radio Mitre Córdoba:
Entrevista a Martín Etchevers 24/09 en Primera Mañana
Entrevista Martín Etchevers 24/09 en Aquí Petete
Entrevista Martín Etchevers 10/09 Aquí Petete

References: artículo 14
 artículo 13
 artículo 14
 resolución 
 resolución 
 artículo 161
 resolución 
 Resolución 
 artículo 161
 artículo 24
 artículo 161
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