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Timestamp: 2015-07-01 01:50:48+00:00

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Las Partes en el Proceso Civil – Representación Procesal – Procedimiento en Rebeldía. | patriotapy
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Las Partes en el Proceso Civil – Representación Procesal – Procedimiento en Rebeldía.
de martinezmartinezvictormanuel
LAS PARTES EN EL PROCESO CIVIL:
Concepto de partes.
De acuerdo con la opinión doctrinaria más aceptada parte es toda persona física o jurídica que en nombre propio o en cuyo nombre, pretende la actuación de una norma legal y aquél respecto del cual se formula la pretensión.
GUASP dice que se considera parte <el que reclama y frente a quien se reclama la satisfacción de una pretensión en un proceso determinado>.
Consecuentemente, tiene calidad de parte quien como actor, demandado o tercero interviniente, comparece ante los órganos jurisdiccionales peticionando una sentencia favorable a su pretensión.
Me permito transcribir, por su indudable valor, lo que CALAMANDREI expone sobre el particular: “Para entender el concepto de parte tal como, de conformidad con la tradición, está acogido en nuestro derecho positivo, hay que partir de esta premisa elemental: que la cualidad de parte se adquiere, con abstracción de toda referencia al derecho substancial, por el sólo hecho, de naturaleza exclusivamente procesal, de la proposición de una demanda ante el juez: la persona que propone la demanda, y la persona contra quien se la propone, adquieren sin más, por éste sólo hecho, la calidad de partes del proceso que con tal proposición se inicia; aunque la demanda sea infundada, improponible o inadmisible (circunstancias todas ellas que podrán tener efecto sobre el contenido de la providencia), basta ella para hacer que surja la relación procesal cuyos sujetos son precisamente las partes. Las partes son el sujeto activo y el sujeto pasivo de la demanda judicial”.
Más adelante agrega: “Las partes como sujetos de la relación procesal no deben confundirse con los sujetos de la relación sustancial controvertida, ni con los sujetos de la acción: si frecuentemente estas tres cualidades coinciden, toda vez que el proceso se instituye precisamente entre los sujetos de la relación sustancial controvertida, legitimados para accionar y para contradecir sobre ella, puede ocurrir que la demanda sea propuesta por quien (o contra quien) en realidad no esté interesado en la relación sustancial controvertida o no esté legitimado para accionar o contradecir; y, sin embargo, aún en ese caso, quien ha propuesto (o contra quien se ha propuesto) la demanda sin derecho o sin legitimación, será igualmente parte en sentido procesal”.
Posteriormente explica: “En efecto no hay que olvidar que, para proponer una demanda en juicio, no es necesario que el pro-ponente tenga realmente el derecho que alega o la legitimación para accionar que afirma: en el momento en que se inicia el proceso, el derecho y la legitimación son simples afirmaciones, no todavía hechos comprobados, y el proceso se instruye, precisamente, para llegar a comprobar si existe el derecho afirmado y si el sujeto activo del proceso está o no legitimado para hacerlo valer. La relación procesal se constituye y la calidad de parte se adquiere independientemente de la efectiva existencia del derecho y de la acción: aun quien propone una demanda sobre una relación sustancial inexistente o sobre una relación ajena frente a la cual está él desprovisto de legitimación activa, o contra una persona que no es legítimo contradictor en orden a aquella relación, da vida a una relación procesal en la cual independientemente de la que habrá de ser la decisión de mérito, adquiere sin más calidad de parte quien propone la demanda y la persona contra la cual se propone”.
Tiene calidad de parte quien interviene o figura en el proceso como sujeto activo (actor) o pasivo (demandado) de una pretensión, independientemente de que tenga o no el carácter de sujeto legitimado para obrar o para contradecir en el concreto proceso de que se trate. ROSEMBERG dice: “Actor es quien afirma el derecho material; y demandado aquel contra quien se lo quiere hacer valer”.
Lo que caracteriza a la parte es su sujeción a la relación procesal. Siendo así, no reviste calidad de parte en el proceso el representante legal o convencional porque no actúan en su interés sino en el de su representado.
Capacidad para ser parte.
CAPACIDAD PARA SER PARTE: La capacidad para ser parte consiste en la aptitud que tiene una persona para ser titular de derechos y deberes procesales. La capacidad para ser parte coincide con la capacidad de derecho.
Tiene esta capacidad toda y cualquier persona, física o jurídica. La primera, desde su concepción hasta su muerte y la segunda, sea de derecho público o privado, desde que adquieren personalidad hasta su disolución. Cabe aclarar que algunos entes sin personalidad pueden actuar en Juicio, v.g.: simples asociaciones, masa de la quiebra, etc…
CAPACIDAD PROCESAL (Legitimatio ad processum): La capacidad procesal es la aptitud para realizar personalmente o por medio de un mandatario convencional actos procesales válidos. La capacidad procesal es coincidente con la capacidad de hecho.
De lo expresado surge que la capacidad de la persona constituye un presupuesto de validez del proceso, por ello si falta esta capacidad puede oponerse la excepción previa de falta de personería (Art. 224, inc. b) CPC).
El interés legitimo.
LEGITIMACION PROCESAL (Legitimatio ad causam): La capacidad para ser parte y la capacidad procesal constituyen aptitudes jurídicas genéricas que habilitan para intervenir en cualquier proceso. No deben confundirse con la legitimación procesal que es la condición jurídica específica referida a la concreta materia sobre la que versa el proceso. La falta de legitimación fundamenta la oposición de la excepción de falta de acción (Art. 224, inc. c) CPC).
La comparecencia en juicio es acudir ante un juez, es promover la acción; es estar en juicio como actor o demandado.
(Ver Artículo 87 C.O.J. y Artículo 88 C.O.J. )
Art. 46.- Comparecencia en juicio. La comparecencia en juicio se regirá por lo dispuesto en el artículo 87 del Código de Organización Judicial.
Las personas jurídicas sólo podrán intervenir mediante mandatario profesional matriculado.
(obs: ver Art. 60 C.P.C.: Representación sin mandato.)
(Obs: las personas jurídicas deben ser representadas; no patrocinadas)
Constitución de domicilio.
Art. 47.- Constitución de domicilio. Toda persona que litigue por su propio derecho, deberá constituir domicilio dentro del radio urbano de la ciudad o pueblo que sea asiento del juzgado o tribunal. Este requisito se cumplirá en la primera intervención o presentación.
Art. 48.- Falta de constitución de domicilio. Si no se cumpliere con lo establecido en el artículo anterior, o no compareciere quien haya sido debidamente citado, quedará legalmente constituido su domicilio en la secretaría del juzgado o tribunal y automáticamente notificado de los actos procesales que correspondan, en la forma y oportunidad determinadas por el artículo 131.
Art. 49.- Subsistencia del domicilio. Los domicilios a que se refieren los artículos anteriores subsistirán para todos los efectos legales, hasta la terminación del juicio, mientras no se constituya o denuncie otro. Todo cambio de domicilio deberá notificarse por cédula a la otra parte. Mientras esta diligencia no se hubiere cumplido, se tendrá por subsistente el anterior.
Art. 50.- Muerte o incapacidad. Comprobado el fallecimiento o la incapacidad de quien actuare personalmente en juicio, el juez suspenderá la tramitación de éste hasta que comparezcan a tomar intervención los herederos o representantes legales, a cuyo efecto el juez los citará en sus domicilios, si fueren conocidos o por edictos, en caso contrario.
Deberes de las partes: deber de veracidad, mala fe y ejercicio abusivo de los derechos. Responsabilidad conjunta con los Abogados y Procuradores.
Art. 51.- Buena fe y ejercicio regular de los derechos. Las partes deberán actuar en juicio con buena fe, y no ejercer abusivamente los derechos que les conceden las leyes procesales.
Art. 52.- Mala fe. Repútase litigante de mala fe, a quien:
a) omita o altere manifiestamente la verdad de los hechos;
b) provoque o consienta el diligenciamiento de medidas cautelares decretadas a su pedido, en forma evidentemente innecesaria y no adopte en tiempo oportuno medidas eficaces para evitarla; y
c) use el proceso con el fin de conseguir un objeto o beneficio ilícito.
La enumeración precedente es taxativa.
Art. 53.- Ejercicio abusivo de los derechos. Ejerce abusivamente sus derechos, la parte que en el mismo proceso:
a) haya promovido dos o más impugnaciones de inconstitucionalidad, rechazadas con costas;
b) haya promovido y perdido tres incidentes con costas;
c) fuere sancionada más de una vez con medidas disciplinarias; y
d) formule pretensiones o alegue defensas que, juzgadas, resulten manifiestamente desprovistas de fundamento o innecesarias para la declaración o defensa del derecho.
Art. 54.- Oportunidad para solicitar la declaración. En cualquier etapa del proceso y en cualquier instancia, antes que se dicte resolución, podrá requerirse que en la decisión el magistrado se pronuncie sobre la mala fe o el ejercicio abusivo del derecho.
Art. 55.- Responsabilidad conjunta. Los profesionales que haya intervenido como apoderados o patrocinantes, serán responsables conjuntamente con sus representantes o patrocinados, por las consecuencias emergentes de la admisión de la mala fe o del ejercicio abusivo de derechos, salvo que de las constancias de los autos respectivos resulte que el motivo en el cual se fundó la imputación, no le sea atribuible y así se declare.
Art. 56.- Sanciones en caso de mala fe o ejercicio abusivo de los derechos. Sin perjuicio de otras sanciones que pueda prever la ley, la admisión de mala fe o de ejercicio abusivo de los derechos importará una presunción juristantum contra la parte a la que se imputen, cuando haya duda sobre el derecho invocado, o insuficiencia de prueba.
Aunque la parte culpable de mala fe o ejercicio abusivo de los derechos resulte vencedora en lo principal, serán a su cargo las costas del proceso. Los jueces y tribunales, al regular los honorarios de los letrados de la parte contraria, los aumentarán hasta el cincuenta por ciento, según la gravedad de los hechos. La parte perjudicada podrá, además, responsabilizar a la otra por los daños y perjuicios, conforme con lo dispuesto por el Código Civil.
REPRESENTACIÓN PROCESAL:
Noción fundamental.
Es la delegación de facultades propias en un mandatario o apoderado, que ostenta la personalidad jurídica del mandante o poderdante en los asuntos expresados. Es una potestad para comparecer por otro en juicio.
La que se exige o se permite, en lugar de las partes en sí, ante los tribunales judiciales. Suele concretarse, en lo procedimental, en el procurador, y en lo técnico, en el letrado patrocinante. Según los ordenamientos y las causas, es imperativa o se consiente actuar a los interesados por sí mismos.
REPRESENTACIÓN LEGAL Y REPRESENTACIÓN CONVENCIONAL
La representación puede ser legal o forzosa: caso que se funda en una necesidad de orden público y su origen se encuentra en la ley. Afecta a los incapaces en general y es fijada por la ley en cada caso;
Voluntaria o convencional: el origen de esta representación se encuentra exclusivamente en la voluntad de las partes. Se elige de acuerdo al negocio jurídico a realizar. (Por medio de mandato o poder).
Justificación de la personería y constitución y denuncia de domicilio. Efectos de la presentación del poder y admisión de la personería. Patrocinio obligatorio. Excepciones. Representación sin mandato. Deberes del apoderado. Alcance del poder. Cesación de la representación. Revocación de la personería. Unificación de la personería. Dignidad del abogado.
PERSONERÍA Dentro del proceso el abogado debe justificar su personería; debe acreditar por medio legal fehaciente que es representante de alguien por medio de un poder.
Art. 57.- Justificación de la personería y constitución y denuncia de domicilio. La persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio, deberá acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten el carácter que inviste, cumplir con lo dispuesto en el artículo 47, y denunciar el domicilio real de la personería representada.
PATROCINIO OBLIGATORIO
Art. 58.- Patrocinio obligatorio. Excepciones. El patrocinio obligatorio se regirá por lo dispuesto en los artículo 87 y 88 del Código de Organización Judicial. No será necesario el patrocinio letrado cuando se actuare para la recepción de órdenes de pago y para solicitar declaratoria de pobreza.
Art. 59.- Falta de firma de letrado. Se tendrá por no presentado y se devolverá al interesado, sin más trámite ni recurso, todo escrito que debiendo llevar firma de letrado no la tuviere.
REPRESENTACIÓN SIN MANDATO
Art. 60.- Representación sin mandato. ( se llama gestor procesal)
En casos urgentes (debe ser manifiesto) podrá admitirse la comparecencia en juicio sin los instrumentos que acrediten la personalidad,
pero si no fueren presentados y no se ratificare la gestión dentro del plazo de treinta días, (há biles, a partir del primer acto realizado a partir de la manifestación) (debe presentar el poder y la ratificación de la gestión)
será nulo todo lo actuado por el gestor y éste pagará las costas causadas, sin perjuicio de la responsabilidad por los daños ocasionados.
Para asegurar su responsabilidad, el gestor deberá ofrecer caución suficiente y formalizarla en el plazo que le fije el juez.
Art. 61.- Efectos de presentación del poder y admisión de la personería.
Presentado el poder y admitida su personería, el apoderado asume todas las responsabilidades que las leyes le imponen y sus actos obligan al poderdante como si él personalmente los practicare.
DEBERES DEL APODERADO
Art. 62.- Deberes del apoderado. El apoderado tiene la obligación de:
cumplir los deberes establecidos para las partes; y (lealtad, probidad, buena fe, veracidad.)
seguir el juicio mientras no haya cesado su personería.
Hasta entonces las citaciones y notificaciones que se le hagan, incluso las de sentencias definitivas, tendrán la misma fuerza que si se hicieren al poderdante, sin que le sea permitido pedir que se practiquen con éste. Exceptúanse los actos que por disposición de la ley deban ser notificados personalmente a las partes.
Art. 63.- Alcance del poder.
El poder conferido para un proceso determinado, cualesquiera sean sus términos, comprende la facultad de interponer recursos legales y seguir todas las instancias.
También comprende la facultad de intervenir en los incidentes y de ejecutar todo acto procesal,
Excepto: aquellos para los cuales la ley requiera facultad especial (transacciones, retiros de dinero, etc.), o se hubieran reservado expresamente en el poder.
Art. 64.- Cesación de la representación.
La representación de los apoderados cesa:
a)por revocación del mandato en el proceso. (el cliente)
En este caso, el poderdante deberá comparecer por sí o constituir nuevo apoderado sin necesidad de emplazamiento o citación, so pena de continuarse el juicio en rebeldía.
La sola presentación del mandante sin pedir reconocimiento de personería, no revoca el poder;
b)por renuncia, (Abogado)
en cuyo caso el apoderado deberá, bajo pena de daños y perjuicios, continuar con las gestiones hasta que hubiera vencido el plazo que el juez fijare al poderdante para reemplazarlo o comparecer por sí.
La fijación del plazo (se cuenta a partir del día siguiente de la notificación) se hará bajo apercibimiento de continuarse el juicio en rebeldía. La resolución que así lo disponga deberá notificarse por cédula en el domicilio real del mandante;
c) por haber cesado la personalidad con que litigaba el poderdante; (por incapacidad civil)
d) por haber concluido la causa para la cual se le otorgó el poder;
e) por muerte o incapacidad sobreviniente del poderdante.
En tales casos se suspenderá la tramitación del proceso.
El apoderado seguirá en ejercicio por el plazo que le fije el juez, a su pedido. Cuando el fallecimiento o la incapacidad hubiere llegado a conocimiento del mandatario, éste deberá hacerlo presente al juez o tribunal dentro del plazo de diez días, bajo pena de perder el derecho de cobrar los honorarios que se devengaren con posterioridad. En la misma sanción incurrirá el mandatario que omita denunciar el nombre y domicilio de los herederos, o del representante legal, si los conociere; y
f) por muerte o inhabilidad del apoderado.
En tales casos, se suspenderá la tramitación del juicio y el juez fijará al mandante un plazo para que comparezca por sí o por nuevo apoderado, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía.
Art. 65.- Unificación de la representación. Cuando actuare en el proceso diversos litigantes con un interés común, el juez, de oficio o a petición de parte, y después de contestada la demanda, les instará a que unifiquen su representación, siempre que haya compatibilidad con ella, que el derecho o el fundamento de la demanda sea el mismo o iguales las defensas. A este efecto fijará una audiencia dentro de los diez días. La inasistencia de los interesados se tendrá como negativa a la unificación.
No habiendo acuerdo unánime, la unificación podrá disponerse con respecto a las partes que están conformes con ella.
Producida la unificación, el representante común tendrá, respecto de su mandantes, todas las facultades y obligaciones inherentes al mandato.
RELACIÓN DE LA PERSONERÍA
Art. 66.- Revocación. Efectuado el nombramiento común, podrá revocarselo por acuerdo de las mismas partes o por el juez, a petición de alguna de ellas, siempre que en este último caso hubiere motivo que lo justificare. La revocación no producirá efectos, mientras no tome intervención el nuevo mandatario.
La unificación se dejará sin efecto, cuando desaparecieren los requisitos en que ella se fundó.
Art. 67.- Dignidad del abogado. Deberá guardarse a los abogados, en su actuación profesional, el mismo respeto y consideración debidos a los jueces.
PROCEDIMIENTO EN REBELDÍA:
Declaración en rebeldía. Presupuestos para la rebeldía. Efectos. Aperturas a pruebas y practicamiento de diligencias. Notificación de la sentencia. Medidas precautorias. Comparecencia del rebelde. Subsistencia de la medida precautoria. Prueba en segunda instancia.
REBELDÍA.Concepto:
La rebeldía es la ausencia de alguna de las partes en el proceso en que normalmente habría de figurar como tal.
Es la posición que asume un sujeto del proceso cuando debidamente emplazado, no comparece, o habiendo comparecido lo abandona posteriormente.
La rebeldía puede ser real, cuando se sabe que ha llegado a conocimiento cierto del sujeto la notificación o citación para comparecer. Puede ser ficta cuando ese conocimiento sólo es probable, como los casos de notificación por edictos.
También se utiliza el vocablo rebeldía, en ocasión del no ejercicio por uno de los sujetos procesales de un acto del proceso, dentro del plazo que se fijó para ello, no obstante haber comparecido, teniendo como única consecuencia, en este caso, la pérdida del derecho que ha dejado de ejercitar. Esta no es una situación procesal de rebeldía propiamente dicha como se comentara en el párrafo anterior.
PROCEDIMIENTO EN REBELDÍA. DECLARACIÓN EN REBELDÍA
Art. 68.- Declaración de rebeldía. La parte con domicilio conocido, debidamente citada, que no respondiere al emplazamiento, o la que abandonare el juicio después de haber comparecido, será declarada en rebeldía, a pedido de la otra.
Esta resolución se notificará por cédula. Las sucesivas resoluciones quedarán notificadas por ministerio de la ley.
PRESUPUESTOS PARA LA REBELDÍA
El primer requisito para la declaración de rebeldía es la existencia de una notificación válida dentro del proceso, una notificación practicada a la persona citada, que ha hecho llegar a su conocimiento, el llamado a juicio.
Otro requisito es su incomparecencia posterior a la notificación, citación o llamado que se le ha hecho para presentarse a juicio.
En caso de haber comparecido, debe haber abandonado posteriormente el proceso.
El último pedido es el pedido de la otra parte. No puede declarase la rebeldía por iniciativa del órgano judicial porque precisa del reclamo de la parte adversa.
Ya cumplidos estos requisitos debe dictarse la resolución de rebeldía, que nuevamente tendrá que notificarse por cédula al declarado rebelde.
EFECTOS Art. 69.- Efectos. La rebeldía no alterará el curso regular del proceso. La sentencia será pronunciada según el mérito de la causa, pero en caso de duda, la rebeldía declarada y firme constituirá presunción de verdad de los hechos ilícitos afirmados por quien obtuvo la declaración.
Serán a cargo del rebelde las costas causadas por su rebeldía.
APERTURAS A PRUEBAS Y PRACTICAMIENTOS DE DILIGENCIAS
Art. 70.- Apertura a prueba practicamiento de diligencia. A petición de parte o si el juez lo creyere necesario, recibirá la causa a prueba, o mandará practicar las medidas autorizadas por este Código tendientes al establecimiento de la verdad de los hechos.
NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA Art. 71.- Notificación de la sentencia. La sentencia se hará saber por cédula al rebelde.
(ver art. 133 notificación por cedula y personal).
Art. 72.- Medida precautoria. Declarada la rebeldía de un litigante, podrá decretarse, si procediere y la otra parte lo pidiere, la medida precautoria apropiada para asegurar el objeto del juicio, el pago de las costas.
COMPARECENCIA DEL REBELDE Art. 73.- Comparecencia del rebelde. Si el rebelde compareciere, cualquiera fuese el estado del juicio, cesará el procedimiento en rebeldía, será admitido como parte y se entenderá con él la sustanciación del proceso.
SUBSISTENCIA DE LA MEDIDA PRECAUTORIA Art. 74.- Subsistencia de la medida precautoria. La medida precautoria decretada de conformidad con el artículo 72 continuará hasta la terminación del juicio, a menos que el interesado justificare haber incurrido en rebeldía por causa que no estuvo a su alcance vencer.
Serán aplicables las normas sobre ampliación, sustitución o reducción de las medidas precautorias.
Las peticiones sobre procedencia o alcance de la medida precautoria se tramitarán por incidente, sin detener el curso del proceso principal.
PRUEBA EN SEGUNDA INSTANCIA Art. 75.- Prueba en segunda instancia. Si el rebelde hubiere comparecido después de vencido el plazo para el ofrecimiento de prueba, y recurriere de la sentencia, a su pedido se recibirá la causa a prueba en segunda instancia, siempre que concurran las condiciones establecidas para ello.
CÓDIGO PROCESAL CIVIL de la República del Paraguay, Ley Nº 1337/88.- Comentado y Concordado por HERNÁN CASCO PAGANO, Decima edición, año 2010, Editora la Ley Paraguaya S.A.-
DERECHO PROCESAL (parte general) Teoría General del Proceso; Miguel Ángel González Brítez, Editora Litocolor S.R.L.; asunción-Paraguay; 2007.-
GUÍA DE ESTUDIO: PROCESAL (CIVIL Y COMERCIAL); AUTOR: DR. MIGUEL ÁNGEL FONT; editorial estudio S.A.; Buenos Aires – Argentina.-
APUNTES ELEMENTALES DE DERECHO PROCESAL CIVIL; Carlos Enrique Sada Contreras; Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Colegio de Criminología; Impreso en Ciudad Universitaria de Nuevo León, México Primera edición: 2000.-
MANUAL DE DERECHO PROCESAL CIVIL; Lino Enrique Palacios; decimo sexta edición; editoria Lexis Nexis; Buenos Aires-Argentina..-
INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA JURÍDICA, Luis P. Frescura y Candía, edición especial actualizada y anotada por Horacio Antonio Pettit. Marben editora y grafica S.A. 2008. Asunción, Paraguay.-
TEORÍA GENERAL DEL PROCESO, Hernando Devis Echandia, tercera edición, editorial Universidad, Bs. As. Argentina. 2002.-
TEORÍA GENERAL DE LA PRUEBA JUDICIAL Tomos I y II, Hernando Devis Echandia, editor Víctor Zabalía, Bs. As. Argentina.-
TEORÍA DE LA PRUEBA Y MEDIOS PROBATORIOS, Jorge L. Kielmanovich, Rubinzabal-Culzoni Editores., Argentina.-
LA PRUEBA, TENDENCIAS MODERNAS; Augusto M. Morello; Edición supervisada por LIBRERÍA EDITORA PLATENSE y al cuidado de ENRIQUE H. BONATTO © LIBRERÍA EDITORA PLATENSE, La Plata (g) ABELEDO-PERROT S.A.E.el.—- Buenos Aires — Argentina.-
PRINCIPIOS DE DERECHO PROCESAL CIVIL POR JOSÉ CHIOVENDA; Tomos I y II; Editora REUS S.A. Madrid-España.-
DERECHO ROMANO – INSTITUCIONES DEL DERECHO PRIVADO, Guillermo Trovato Fleitas.-
TRATADO TEORICO PRACTICO DE DERECHO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL, PARTE GENERAL, Hugo Alsina, editores EDIAR SOC. ANON; segunda edición, argentina.-
Ley Nº 1879/2002, “De Arbitraje y Mediación”.-
LEY N° 3759/2009, “QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO Y REMOCIÓN DE MAGISTRADOS.-
Ley nº 879/88” CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN JUDICIAL”- y sus modificatorias.-
Código Civil Paraguayo, Ley Nº 1183/85. Y sus leyes modificatorias.-
Constitución Nacional de la República del Paraguay del año 1992.-
Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel Ossorio, 35ª Edición actualizada, corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, edit. Heliasta.
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 Artículo 88
 artículo 87
 artículo 131
 artículo 47
 artículo 87
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 resolución 
 artículo 72