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Timestamp: 2020-07-04 10:51:01+00:00

Document:
C-065-03 | Voluntad y testamento | Caso de ley
C-065-03
Laura Rocha Galé
sentencia c-065/03
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LIBRO TERCERO Sucesion Her Edit Aria
11 Sucesion Intestada
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Conferencia Tramite Sucesoral Notarial
Modelo testamento cerrado
testamento públicos
Deberes y Derechos en el Código Civil
Nc972 2014.Ctc Acta de Comprobacion Testamento Cerrado
posesión efectiva GONZALEZ HERRERA Mercedes ACTUALIZADO.docx
DEFINICIONES DE TESTAMENTOS
DEmobekm
Referencia: expediente D-4185
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1068, numerales 5, 6, 7 y 13
Demandante: Héctor Gonzalo Avila Barajas
Héctor Gonzalo Avila Barajas, presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1068, numerales 5, 6, 7 y 13 del
Por auto de 24 de julio del año 2002, el magistrado sustanciador admitió la demanda presentada, y ordenó fijar en lista la
norma acusada. Así mismo, se dispuso dar traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera su concepto y
comunicó la iniciación del asunto al señor Presidente de la República, al señor Presidente del Congreso de la misma, y al señor
Ministro de la Justicia y el Derecho, con el objeto que si lo estimaban oportuno conceptuaran sobre la constitucionalidad de
“Artículo 1068. No podrán ser testigos en un testamento solemne, otorgado en los territorios:
1. Derogado Ley 8 de 1922, art. 4°.
2. Los menores de diez y ocho años;
3. Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia;
4. Todos los que actualmente se hallaren privados de la razón;
5. Los ciegos;
6 Los sordos;
7. Los mudos;
8. Los condenados a alguna de las penas designadas en el artículo 315, número 4°, y en general, los que por sentencia
ejecutoriada estuvieren inhabilitados para ser testigos;
9. Los amanuenses del Notario que autorizare el testamento;
10. Los extranjeros no domiciliados en el Territorio;
11. Las personas que no entienden el idioma del testador, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1081;
12. Los ascendientes, descendientes y parientes dentro del tercer grado de consanguinidad, o segundo de afinidad del
otorgante o del funcionario público que autorice el testamento;
13. Modificado D. 2820 de 1974, art. 59. El numeral 13 del artículo 1068 del Código Civil quedará así:
13. El cónyuge del testador;
14. Los dependientes o domésticos del testador, de su consorte, del funcionario que autorice el testamento y de las otras
personas comprendidas en los números 12 y 17;
15. Los que tengan con otro de los testigos el parentesco o las relaciones de que se habla en los números12 y 14;
16. El sacerdote que haya sido el confesor habitual del testador, y el que haya confesado a éste en la última enfermedad;
17. Los herederos y legatarios, y en general todos aquellos a quienes resulte un provecho directo del testamento;
Dos a lo menos de los testigos deberán estar domiciliados en el lugar en que se otorga el testamento, y uno, a lo menos,
deberá saber leer y escribir, cuando sólo concurran tres testigos, y dos cuando concurrieron cinco”
1. El ciudadano demandante considera que los numerales 5, 6 y 7 del artículo 1068 del Código Civil vulneran los artículos 13 y
83 de la Constitución Política, por cuanto consagra una discriminación al no aceptar que los ciegos, sordos y mudos actúen
como testigos válidos de un testamento solemne, poniéndolos en situación de desventaja frente a otras personas.
Así mismo, considera el actor que el legislador contempla un trato diferenciado en el ordenamiento jurídico, porque el
Código Civil en los artículos 1503 y 1504 ha establecido las incapacidades para que los actos y declaraciones de voluntad
tengan efecto, sin invalidar o hacer referencia a la capacidad absoluta o relativa de las personas ciegas, sordas o mudas, de
donde se infiere que sus actuaciones pueden tener valor. Agrega que lo mismo sucede en otras áreas de la vida jurídica,
como ocurre en algunos asuntos civiles, como por ejemplo el poder ser testigos de un matrimonio, poder testar, etc., así
como en asuntos penales, laborales y administrativos, en donde las personas limitadas por las causas que establecen los
numerales demandados, son consideradas hábiles para declarar o deponer.
Aduce el demandante que el Estado Colombiano debe buscar la normalización social plena y la total integración de las
personas con limitaciones físicas, pues así lo disponen entre otros instrumentos internacionales, la Declaración de los
Derechos Humanos y la Declaración de los Derechos de las Personas con limitaciones físicas.
Considera que los numerales 5, 6 y 7 del artículo 1068 del Código Civil, también resultan lesivos del artículo 83 de la
Constitución, porque desconocen el postulado constitucional de la buena fe, que debe regir todas las relaciones jurídicas.
2. Por otra parte, a juicio del actor el numeral 13 del artículo 1068 del Código Civil, vulnera el artículo 83 de la Carta, como
quiera que parte del supuesto según el cual las personas por el hecho de ser cónyuges entre sí, actúan de mala fe y, a su juicio
no puede subsistir en la ley la presunción de que las personas por ser casados dejan de lado el cumplimiento de ese mandato
constitucional. Agrega, que sancionar con nulidad el testamento en que uno de los cónyuges ha actuado como testigo, por
considerar que “ellos pueden implícitamente ponerse de acuerdo para burlar los derechos de terceros (herederos), equivaldría
a presumir la mala fe tanto del testador como de su cónyuge”.
Intervención del Ministerio de la Justicia y el Derecho
Solicita el interviniente, la declaratoria de exequibilidad de los numerales 5, 6, 7 y 13 del artículo 1068 del Código Civil, por
las razones que a continuación se resumen:
Aduce que los artículos 1503 y 1504 del Código Civil consagran unas excepciones a la capacidad general, que denomina
incapacidades absolutas y relativas, derivadas de factores específicos como la edad, el desarrollo mental y las enfermedades
congénitas “ya que ellas generan graves riesgos para los intereses económicos de los individuos, en el tráfico de sus
relaciones, bajo las reglas del régimen civil”. Particularmente, señala que el artículo 1504 íbidem, establece que son
absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito, es
decir, a su juicio la norma legal divide los sordomudos en dos clases: los que no pueden darse a entender por escrito y los que
sí lo pueden hacer, por lo tanto, sólo son incapaces los primeros.
Así las cosas, aduce que “En estos casos, la jurisprudencia y la doctrina se pronuncian en el sentido de admitir que la
condición jurídica que se desprende de la verificación de las mencionadas condiciones materiales, debe elevarse como límite
al libre juego de los civiles y se permite a la ley regular el régimen de las manifestaciones de la voluntad de aquellas personas,
cuando estén enderezadas a obligarse por si mismas y sin la autorización de otra. En este orden de ideas se tiene que la ley
establece como principio general el de la capacidad de los individuos y sólo por excepción se indica y declara la incapacidad”.
En ese orden de ideas, considera que las inhabilidades consagradas en la demanda deben ser interpretadas armónicamente
con el artículo 1504 del Código Civil, en el sentido de que la inhabilidad para ser testigos de un testamento solemne, sólo es
predicable cuando los ciegos, sordos y mudos no puedan darse a entender por escrito o por “signos inequívocos”.
Después de citar apartes de jurisprudencia de esta Corporación, expresa que los medios escogidos por el legislador no sólo
deben guardar proporcionalidad con los fines buscados por la norma, sino compartir su carácter de legitimidad. De ahí que el
principio de proporcionalidad busca que la medida no sólo tenga fundamento legal, sino que sea aplicada de tal manera que
los intereses jurídicos de otras personas o grupos no se vean afectados o, que si ello sucede, lo sean en grado mínimo.
Considera entonces, que con la expedición de la norma acusada, el Estado puso en vigencia e hizo operativo el artículo 13 de
la Carta, en cuanto al derecho de igualdad, en lo que atañe con el deber del Estado de proteger “especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y de
sancionar los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.
En relación con la acusación contra el numeral 13 del artículo 1068 del Código Civil, considera que no se viola el principio de
la buena fe, porque el legislador al diseñar una prohibición a algunas personas para ser testigos en los testamentos solemnes,
la establece precisamente para prevenir el eventual dolo o aprovechamiento en que puedan incurrir las personas a las que
ellas se extienden. No puede reprocharse a la ley que con sano criterio preventivo se anticipe y mediante la prohibición que
consagra el numeral 13 demandado, se clausure esa posibilidad.
Luego de citar apartes de las sentencias C-460 de 1992 y 296 de 1995, aduce que los argumentos expresados en dichos fallos
sirven para fundamentar la constitucionalidad del numeral acusado y, por ello, para ese Despacho la norma tiene legitimación
y justificación jurídica.
El Procurador General de la Nación, solicita la declaratoria de inexequibilidad de los numerales 5, 6 y 7 del artículo 1068 del
Código Civil, o en su defecto, la exequibilidad condicionada. En cuanto al numeral 13 del mismo artículo, pide su
exequibilidad. Los argumentos que le sirvieron de sustento a su solicitud, se resumen así:
Luego de mencionar la definición de testamento que trae el Código Civil, expresa que el artículo 1064 del citado Código,
clasifica los testamentos en solemnes o menos solemnes o privilegiados. Así, aduce que entre las solemnidades que
contempla la ley para el otorgamiento de un testamento, está el de hacerlo en presencia de testigos, que en el caso de
testamento abierto son tres (art. 1070 C.C.), y en el de testamento cerrado son cinco (art. 1078 ib.).
Señala entonces que la función de los testigos testamentarios es la de constatar sobre el acto de disposición del testador y
demás circunstancias personales del mismo, tales como su identidad, estado mental, nombre del cónyuge e hijos, si los hay,
datos que deben quedar consignados en el testamento por ministerio de la ley (art. 1073 C.C.). Como requisito adicional, se
exige a los testigos suscribir el testamento, con el testador y notario, y si alguno de los que intervienen en el acto no sabe o
no puede firmar, lo hace otro por él a ruego suyo (art. 1075 ib).
De lo anterior, aduce el Ministerio Público, se colige que el testigo en el otorgamiento del testamento deberá tener la
capacidad de conocer el contenido del mismo y de la persona que lo otorga, de ahí, que sea imperioso determinar si resulta
razonable que el legislador inhabilite a las personas limitadas visual, auditiva o sin la capacidad del habla para ser designados
como tales. Considera el Procurador que no, como quiera que esas limitaciones físicas no son en la actualidad obstáculos para
que quienes padecen dichas limitaciones, puedan cumplir con la función de ser testigos testamentarios, pues existen medios
de lenguaje y de comunicación que les permiten integrarse sin necesidad de que su limitación sea un impedimento para que
se les reconozca plena capacidad.
Tanto es así, que la ley en cumplimiento del mandato constitucional consagrado en el artículo 13 superior, ha dispuesto que
el Estado debe garantizar y proveer la ayuda de intérpretes idóneos para que las personas con limitaciones auditivas puedan
acceder a todos los servicios que como ciudadanos colombianos les confiere la Constitución, garantías y derechos que
además se encuentran contenidas en normas de carácter internacional, tal como lo sostiene el ciudadano demandante.
Así las cosas, considera que los numerales 5, 6 y 7 del artículo 1068 del Código Civil, contravienen las previsiones del artículo
13 de la Constitución Política, por cuanto establecen un trato discriminatorio, en contra de los ciegos, sordos y mudos, al
inhabilitarlos para ser testigos de un testamento solemne. Por lo tanto, solicita la declaratoria de inexequibilidad de esos
numerales, o en su defecto la exequibilidad condicionada al “hecho de que sólo podrán ser inhábiles quienes no puedan
darse a entender por los diversos medios que la tecnología y los avances lingüísticos han creado para lograr la integración de
quienes poseen las limitaciones a las que se refieren los numerales impugnados”.
Ahora bien, en relación con el numeral 13 del artículo 1068 del Código Civil, considera que no es que en esos eventos se
presuma la mala fe, sino que el legislador previo la necesidad de garantizar la total imparcialidad, que no puede ser
confundida con la mala fe, pues toda prohibición o inhabilidad se entendería contraria al postulado del artículo 83 de la
2. Inconstitucionalidad de los numerales 5, 6 y 7 del artículo 1068 del Código Civil.
2.1. Considera el ciudadano demandante que los numerales 5, 6 y 7 del artículo 1068 del Código Civil, en tanto prohíben a las
personas ciegas, sordas y mudas ser testigos de un testamento solemne, vulnera los artículos 13 y 83 de la Constitución
Política, el primero porque crea una discriminación injustificada en contra de quienes padecen alguna de esas limitaciones
físicas; y, el segundo, por cuanto se desconoce el postulado constitucional de la buena fe que debe regir todas las relaciones
Encuentra la Corte que le asiste razón al demandante por cuanto los numerales acusados al establecer la inhabilidad para ser
testigos de un testamento solemne a las personas ciegas, sordas y mudas, crea una discriminación inaceptable a la luz de la
actual Carta Política. En efecto, el artículo 13 superior dispone que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, y
recibirán el mismo trato de las autoridades “y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades”, sin que sea
posible establecer discriminación alguna por razones de “sexo, raza, origen nacional o familiar lengua, religión, opinión
política o filosófica”; e impone al Estado la obligación de promover las condiciones para que dicha igualdad sea efectiva y real.
Establece igualmente la disposición superior citada, que “El Estado protegerá a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que
contra ellas se cometen”.
Se impone entonces al Estado la obligación de proteger a quienes por sus condiciones físicas, entre otras razones, se
encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, como puede ser el caso de las personas que padezcan de limitaciones
como las que consagran los numerales acusados.
Esa obligación del Estado, se traduce en la necesidad de adelantar políticas “de previsión, rehabilitación e integración social
para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran” (art. 47
C.P.), así como en la imposición, no sólo del Estado sino de los empleadores de “ofrecer formación y habilitación profesional y
técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a
los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud” (art. 54 C.P.).
Estos mandatos constitucionales, tal como lo afirman el ciudadano demandante y el Ministerio Público, armonizan con
normas de carácter internacional que desarrollan la integración de las personas con limitaciones físicas, como la Declaración
de los Derechos Humanos, proclamada por las Naciones Unidas en 1948, y la Declaración de los Derechos de las Personas con
limitaciones físicas, aprobada por la Resolución 3447 de la Organización de Naciones Unidas ONU de 9 de diciembre de 1975,
el Convenio 159 de la OIT, o la Declaración Soun Berpt de Torremolinos UNESCO de 1981, así como la Declaración de las
Naciones Unidas concerniente a las personas con limitaciones de 1983, y la Recomendación 168 de la OIT de Mecanismos de
Integración Social de las personas.
2.2. Ahora bien, el testamento se encuentra definido en el artículo 1055 del Código Civil, como un “acto más o menos
solemne, en que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus
días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva”. Como acto solemne, se encuentra
revestido de formalidades esenciales, entre las cuales se encuentra la intervención de testigos, cuyo número varía según la
clase de testamento de que se trate (arts. 1070, 1071 C.C.).
La función de los testigos, además de asegurar la independencia del testador, es la de constatar por sus propios sentidos la
conformidad entre lo que se deja escrito y la verdadera voluntad del testador, así como las demás circunstancias del mismo
como son su identidad, nacionalidad, domicilio, y en general las establecidas en el artículo 1073 del Código Civil.
El Código Civil no establece cuáles han de ser las calidades que deben reunir los testigos instrumentales, pero el artículo 1068
del Código Civil sí señala las causas de inhabilidad para ejercer como testigo testamentario, de donde se infiere un
procedimiento negativo, según el cual se entenderá que son capaces quienes no se encuentren expresamente excluidos.
Entre las causales que establece el artículo 1068 del Código Civil, se encuentran las consagradas en los numerales 5, 6 y 7, que
hacen relación a las personas ciegas, sordas y mudas.
La pregunta que surge en el presente caso, es si la inhabilidad legal a las personas con dichas limitaciones para ser testigos de
un testamento solemne, encuentra algún fundamento constitucional razonable en la nueva normatividad superior. La
respuesta, como lo sostiene la vista fiscal es negativa. Como se vio, la Constitución no solo establece el deber de evitar todo
tipo de discriminaciones, sino que impone al Estado la obligación de protegerlos especialmente y de desarrollar políticas
específicas que les permitan su rehabilitación e integración social, de suerte que puedan vincularse a la sociedad en igualdad
de condiciones a fin de que puedan gozar de todos los derechos constitucionales.
Evidentemente, cuando la norma fue expedida encontraba una finalidad legítima, por cuanto en dicha época no se contaba
con el avance científico y tecnológico que le ha permitido a quienes padecen ese tipo de limitaciones desarrollar plenamente
sus capacidades y, por ello, consideró entonces el legislador que dichas personas no podían testimoniar sobre el
otorgamiento de un acto solemne como lo es el testamento. Pero, precisamente ese avance científico y tecnológico que les
ha permitido a las personas ciegas, sordas y mudas, actuar con la plenitud de sus atributos dentro de la sociedad, ha
promovido a su vez el reconocimiento pleno de sus derechos en el ordenamiento jurídico.
Lo anterior lleva a la Corte a concluir, que el artículo 1068, numerales 5, 6 y 7, del Código Civil, en cuanto prohíben a las
personas ciegas, sordas y mudas ser testigos de un testamento solemne vulnera la Carta, por cuanto establece una
discriminación que les impide actuar en igualdad de condiciones que a las demás personas en ese acto jurídico, lo que resulta
contrario al artículo 13 de la Constitución Política y, además, a lo dispuesto en los artículos 47 y 54 superiores, que imponen
al Estado la obligación de desarrollar políticas de rehabilitación e integración social de los disminuidos físicos, en todos los
campos, de suerte que puedan vincularse plenamente a la sociedad y gozar de todos los derechos constitucionales.
Aclara la Corte que no se trata de que el legislador no pueda establecer en las reglas aplicables a la sucesión por causa de
muerte, bien sea testada o intestada, causales de inhabilidad para actuar como testigos de un testamento solemne, lo que
sucede es que dichas prohibiciones no pueden vulnerar los principios, derechos y valores reconocidos en la Carta Política, la
cual establece que Colombia es un Estado social de derecho fundada en la dignidad humana y en la igualdad de todas las
personas ante la ley. Así, las prohibiciones que establezca el legislador para cualquier tipo de acto jurídico, a juicio de la Corte,
deben encontrarse enmarcadas dentro de los principios, valores o derechos protegidos por el ordenamiento constitucional
Por último, se observa por la Corte conforme a lo expuesto que la capacidad para testimoniar de los ciegos, sordos o mudos,
no es un asunto que guarde relación alguna con el principio de la buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución
Política, sino con el reconocimiento de la aptitud de esas personas para actuar como testigos de un testamento solemne, en
las mismas condiciones que podría hacerlo cualquiera otra. No se trata, simplemente de la igualdad ante la ley, sino de la
igualdad real, que se vería seriamente afectada si se aceptara esa discriminación.
En conclusión, la Corte retirará del ordenamiento jurídico los numerales 5, 6 y 7, del artículo 1068 del Código Civil, por cuanto
la inhabilidad que para ser testigos de testamento solemne se establece para quienes sean ciegos, sordos y mudos, resulta
contraria al artículo 13 de la Constitución Política.
3. Constitucionalidad del numeral 13 del artículo 1068 del Código Civil
A juicio del ciudadano demandante la inhabilidad que para ser testigo de un testamento solemne se establece para el
cónyuge del testador, es inconstitucional porque presume la mala fe, lo cual resulta contrario al artículo 83 de la Constitución
Política. No comparte la Corte dicha interpretación de la norma en cuestión, por las razones que pasan a explicarse.
El numeral 13 demandado, establece que no podrá ser testigo de un testamento solemne “el cónyuge del testador”,
restricción ésta que a juicio de la Corte no resulta contraria a la Constitución Política, por cuanto el fin buscado por el
legislador fue garantizar la autonomía e independencia del testador a fin de que pueda actuar libre de todo apremio, así
como buscar que el testigo testamentario pudiera actuar con plena imparcialidad, desprovisto de cualquier interés en el
contenido del acto a cuyo perfeccionamiento contribuye. No se trata, por supuesto de una presunción de mala fe, como lo
afirma el demandante, sino de una elemental precaución tenida en cuenta por el legislador en procura de proteger la
voluntad de quien está disponiendo de sus bienes en forma total o parcial, y de despojar el acto de cualquier sombra de duda
sobre la autonomía e independencia del testador, en un acto tan importante para la vida de una persona, más si se tiene en
cuenta que en el testamento el testador puede ejecutar otros actos jurídicos, como puede ser, por ejemplo, el
reconocimiento de un hijo extramatrimonial.
Esas fueron las razones que tuvo en cuenta esta Corporación para declarar la exequibilidad del numeral 16 del artículo 1068,
del Código Civil, en el cual se establece la inhabilidad para actuar como testigo al “sacerdote que haya sido el confesor
habitual del testador, y el que haya confesado a éste en su última enfermedad” 1, para preservar de su influencia la voluntad
del testador que ha de ser plenamente libre, pues el testamento es, por antonomasia ejercicio de la autonomía de la
En la citada sentencia, se hizo referencia a la filosofía que orientan estas disposiciones en el Código Civil y en el comercial. Así,
se citó, por ejemplo, el artículo 501 del Código Civil, en el cual se dispone que por regla general ningún acto o contrato en que
“directa o indirectamente tenga interés el tutor o curador, o su cónyuge, o cualquiera de sus ascendientes o descendientes”,
o parientes o los socios de comercio, podrá ejecutarse sino con autorización de otros tutores o curadores generales que no
estén implicados de la misma manera, o por el juez o prefecto en subsidio. En ese mismo orden de ideas, se citan los artículos
1053, 1056, en armonía con el artículo 2170 del Código Civil, así como el 906 del Código de Comercio, disposiciones todas
que obedecen como lo señaló la Corporación a :
“criterios específicos tomados en cuenta por el legislador para formular las exigencias contenidas en ellas. Así, lo dominante
en la regulación de las relaciones existentes entre tutor o curador y pupilo es la necesidad de proteger al incapaz, mientras que
en las disposiciones aplicables al vínculo jurídico entre mandante y mandatario, se pone de relieve la indispensable confianza
que supone una genérica relación de fiducia o de manejo, al paso que en la administración de bienes aparece de bulto el
imperativo de evitar el conflicto de intereses del administrador. Pero, claro está, todas las instituciones tienen en común la
importancia atribuida por la ley a los requerimientos y consideraciones de orden ético que el derecho asume de la praxis para
incorporarlos con carácter imperativo en los textos legales”.2
Siendo ello así, no encuentra la Corte que la restricción consagrada en la disposición demandada, en cuanto prohíbe ser
testigo en un testamento solemne al cónyuge del testador, resulte irrazonable y desproporcionada a la luz de la Carta Política,
si se tiene en cuenta la finalidad buscada por el legislador, que no es otra que garantizar la autonomía e independencia de
quien desea dejar consignada su última voluntad en lo relacionado con el destino que sus bienes han de tener después de su
muerte, así como la imparcialidad del testigo.
Como se ve, la prohibición al cónyuge para actuar como testigo en el otorgamiento de un testamento solemne, nada tiene
que ver con el principio de la buena fe que establece el artículo 83 de la Constitución Política, por cuanto la finalidad
perseguida por el Código Civil, como ya se dijo, es garantizar la autonomía e independencia de quien ejerce actos de
disposición de sus bienes para que tengan efecto después de su muerte. Así, el legislador ideó un instrumento jurídicamente
válido e idóneo mediante el cual precaviendo conflictos futuros, inhabilitó al cónyuge del testador para ser testigo de su
testamento dado el interés directo que éste puede tener sobre los bienes y decisiones que queden consignados en dicho acto
Por las razones expuestas, encuentra la Corte que el numeral 13 del artículo 1068 del Código Civil, se encuentra ajustado al
Sent. C-266/94 M.P. José Gregorio Hernández Galindo
Primero: Declarar INEXEQUIBLES los numerales 5, 6 y 7 del artículo 1068 del Código Civil.
Segundo: Declarar EXEQUIBLE el numeral 13 del artículo 1068 del Código Civil.
Aclaración de voto a la sentencia C-065/03
Actor: Héctor Gonzalo Ávila Barajas
En este fallo, la Corte resolvió (1) declarar inexequibles los primeros tres numerales que impedían a las personas sordas,
ciegas o mudas ser testigos de un testamento solemne, y (2) declarar exequible el numeral que impide ser testigo en la
misma situación al cónyuge del testador. Pese a que estoy de acuerdo con ambas decisiones y con las razones que llevaron a
adoptar la segunda de éstas, no ocurre así con los motivos que fundan la primera de la dos. De haber sido consecuente la
Sala con la normatividad que protege a las personas con discapacidades, la sentencia ha debido optar por estructurar su
análisis de acuerdo con el test de igualdad estricto.
2. La Corte consideró ajustada a la Constitución la prohibición legal de ser testigo del testamento al cónyuge del testador,
puesto que consideró que esta disposición no vulnera el principio de buena fe. La razón que lleva al legislador a imponer esta
prohibición no es que presuma que el cónyuge va a actuar de mala fe o va a actuar dolosa o fraudulentamente. Como lo
señala la propia sentencia C-065 de 2003, el legislador pretende alcanzar con esta medida un objetivo: “garantizar la
autonomía e independencia de quien ejerce actos de disposición de sus bienes para que tengan efecto después de su muerte”.
El propósito legislativo es pues, garantizar ante la sociedad en general la imparcialidad de los testigos de un testamento; la
finalidad no es prevenir los daños que eventualmente generarían los actos de mala fe que los cónyuges podrían realizar. Se
trata de un caso análogo al de la figura del conflicto de intereses, institución en virtud de la cual un miembro de un cuerpo
colegiado de representación no puede participar en una discusión en la que se debata un tema que afecte directamente sus
intereses. El conflicto de intereses, al igual que la prohibición para ser testigo del testamento del cónyuge, no presume la
mala fe de la persona, tan sólo pretende garantizar ante la sociedad la imparcialidad de quienes participen en la discusión, en
un caso, y de quien atestigua un testamento, en el otro.
3. Considero que el análisis realizado en el presente caso no cumple con los mínimos parámetros que ha establecido la
jurisprudencia constitucional para estudiar las violaciones al principio de igualdad y otorgar objetividad y legitimidad al juicio
de constitucionalidad. El razonamiento de la Corte, en atención a la Constitución, a la reiterada jurisprudencia de la Sala
Plena sobre el tema y a la normatividad que se encarga de proteger a los grupos de personas que tienen discapacidades, ha
debido seguir los pasos metodológicos del test de igualdad estricto, y garantizar así la efectiva protección de sus derechos. 3
3.1. Luego de citar la definición legal de “testamento”, la sentencia señala que los testigos de este acto tienen dos funciones:
(a) asegurar la independencia del testador, y (b) “(…) constatar por sus propios sentidos la conformidad entre lo que se deja
escrito y la verdadera voluntad del testador, así como las demás circunstancias del mismo como son su identidad,
nacionalidad, domicilio, y en general las establecidas en el artículo 1073 del Código Civil.”
3.2. Una vez identificado el sentido de la institución de ser testigo de un testamento, la sentencia introdujo el problema
jurídico que debía resolver en los siguientes términos: “La pregunta que surge en el presente caso, es si la inhabilidad legal a
las personas con dichas limitaciones para ser testigos de un testamento solemne, encuentra algún fundamento
constitucional razonable en la nueva normatividad superior. (…)” (acento fuera del texto).
Hasta este punto coincido plenamente con el razonamiento de la Sala Plena. Establecer si constituye una discriminación el
que la ley impida que las personas ciegas, sordas o mudas sean testigos de un testamento, supone, a la luz de la
jurisprudencia reiterada de la Corte, determinar si el trato diferente se funda en un criterio razonable constitucionalmente.
Esto es, el juicio constitucional de igualdad supone establecer si una distinción introducida por el legislador (1) se encamina
Razones similares me llevaron a salvar y aclarar parcialmente el voto a la sentencia C-709 de 2002 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
a alcanzar una finalidad constitucional imperiosa, (2) por un medio no prohibido que (3) sea necesario y (4) proporcionado.
No obstante, el análisis de la Corte es precario y no observa estos pasos metodológicos.
3.3. El análisis de la razonabilidad de la medida es efectuado por la sentencia de la Corte así,
“(…) cuando la norma fue expedida encontraba una finalidad legítima, por cuanto en dicha época no se
contaba con el avance científico y tecnológico que le ha permitido a quienes padecen ese tipo de
limitaciones desarrollar plenamente sus capacidades y, por ello, consideró entonces el legislador que dichas
personas no podían testimoniar sobre el otorgamiento de un acto solemne como lo es el testamento. Pero,
precisamente ese avance científico y tecnológico que les ha permitido a las personas ciegas, sordas y mudas,
actuar con la plenitud de sus atributos dentro de la sociedad, ha promovido a su vez el reconocimiento
pleno de sus derechos en el ordenamiento jurídico, (…)”
Podría decirse, en otras palabras, que la decisión de la Corte en cuanto al cargo en cuestión fue la siguiente: el legislador viola
el principio de igualdad al impedir que las personas ciegas, sordas o mudas no sean testigos de un testamento solemne,
puesto que tal disposición no constituye un medio adecuado para alcanzar la finalidad legítima de garantizar la
independencia del testador y la imparcialidad de los testigos. No obstante, pese a este breve análisis de cuál es el fin
pretendido por el legislador y el medio utilizado por éste para alcanzarlo, la falta de rigor en el análisis deja múltiples
interrogantes y problemas.
3.3.1. No se define de forma explícita cuál es el grado de intensidad al que se somete la norma.
La Corte no establece si las limitaciones a los discapacitados hacen parte de aquellas normas respecto de las cuales la Carta
Política demanda un estricto control de constitucionalidad (test de igualdad estricto), o si se trata de aquellas normas en las
que el análisis de constitucionalidad demanda un estudio deferente con el margen de libertad de configuración legislativa en
cabeza del congreso (test ordinario o leve). No obstante, dado el recuento normativo que hace la sentencia, tanto de
disposiciones constitucionales como internacionales que se ocupan de la defensa de los derechos de las personas que tienen
discapacidades, es preciso concluir que la constitucionalidad de las restricciones en estos casos deben someterse a un
Admitir un control de menor intensidad crea hacia el futuro el riesgo de que las medidas que excluyan a los discapacitados
sean “adecuadas” para alcanzar un “fin legítimo” y, por lo tanto, pasen un juicio de igualdad. En cambio, si el control es de
mayor intensidad se vería que la medida, lejos de ser razonable, es en realidad discriminatoria por no ser necesaria para
lograr un fin imperioso.
3.3.2. Se confunde el análisis de la finalidad buscada por el legislador con el análisis del medio empleado por éste para
obtener esa finalidad.
La sentencia sostiene que la finalidad por la que propendía originalmente la norma era legítima “(…) por cuanto en dicha
época no se contaba con el avance científico y tecnológico que le ha permitido a quienes padecen ese tipo de limitaciones
desarrollar plenamente sus capacidades (…)”. Posteriormente se sugiere que tal finalidad ya no es legítima pues el “(…)
avance científico y tecnológico que les ha permitido a las personas ciegas, sordas y mudas, actuar con la plenitud de sus
atributos dentro de la sociedad, ha promovido a su vez el reconocimiento pleno de sus derechos en el ordenamiento jurídico
El argumento de la sentencia confunde el fin que busca el legislador mediante la norma con el medio elegido por el legislador
para alcanzar tal fin, tal y como se pasa a mostrar a continuación.
La finalidad por la que propende el artículo 1068 del Código Civil es garantizar (a) la independencia del testador y (b) la
imparcialidad de los testigos. Como lo señala la propia sentencia, el mecanismo elegido en este caso por el legislador para
alcanzar este objetivo no fue fijar las condiciones para ser testigo de un testamento, sino excluir a aquellas personas que a su
juicio no garantizarían lograr dicha finalidad. En otras palabras, el medio elegido por el legislador para garantizar que los
testigos de los testamentos sean imparciales y garanticen la libertad del testador fue impedir que ciertas personas
taxativamente señaladas en le Código Civil (art. 1068) sean testigos. Concretamente, en los numerales 5, 6 y 7 se excluyen a
los ciegos, los sordos y los mudos por considerar que esas personas no podrían desempeñar cabalmente el rol de testigos de
Coincido plenamente con la sentencia en la siguiente conclusión: no es razonable que el legislador impida a los ciegos, los
sordos y los mudos, ser testigos de un testamento. No obstante me aparto de la siguiente afirmación: “debido a los avances
científicos que han posibilitado la integración de las personas que tienen alguna discapacidad sensorial la finalidad
establecida por el legislador ya no es legítima”. La finalidad buscada por el legislador [(a) la independencia del testador y (b)
la imparcialidad de los testigos], era legítima y lo sigue siendo en la actualidad; hasta el momento no hay razón jurídica
alguna para considerar que el ordenamiento constitucional vigente no propende a tales fines. La medida bajo análisis es
irrazonable debido a que el medio elegido (excluir a ciertos discapacitados) es discriminatorio pues no es necesario, existen
otros medios alternativos menos gravosos para lograr tales fines.
La tesis de la Corte es muy grave porque justifica en el pasado la exclusión de los discapacitados por ser ciegos, sordos o
mudos, dado que antes no se había presentado el avance científico y tecnológico”. La exclusión es censurable, antes y ahora,
por razones normativas, no por razones prácticas.
3.3.3. El escrutinio de constitucionalidad al que se sometió el análisis de las normas del código civil es mucho menos exigente
de lo que la Constitución y la jurisprudencia constitucional demandan.
3.3.3.1. Aunque la Sala Plena reconoce que para la Constitución de 1991 las personas con discapacidades físicas son sujetos
de especial protección, específicamente en materia de igualdad, los criterios fijados por la Corte para analizar la
constitucionalidad de las normas mediante las cuales el legislador les impone tratos diferentes, antes que proteger sus
derechos, defienden el margen de configuración del legislador.
La jurisprudencia constitucional ha precisado que el test utilizado para analizar eventuales violaciones al derecho a la
igualdad varía dependiendo del grado de intensidad en el análisis. Así, si se trata de una distinción introducida por el
legislador en un ámbito de relevancia básicamente legal, el legislador debe demostrar que la distinción introducida propende
por un fin legítimo. En cambio, si la distinción se funda en un criterio sospechoso, como ocurre en este caso, no basta con
que el legislador demuestre que el fin que justifica el trato diferente es legítimo. Para que sea razonable una diferencia de
trato en estos casos se requiere que el fin, además de legítimo, sea imperioso.
Por lo tanto, cuando la sentencia C-065 de 2003 decidió establecer si el fin era legítimo o no, optó por aplicar criterios fijados
por la jurisprudencia constitucional para llevar a cabo un control de constitucionalidad leve. Así, aunque la sentencia anuncia
que en virtud de las normas constitucionales y de los tratados internacionales es preciso someter a un escrutinio minucioso
la norma acusada, abandona los criterios de análisis propios de un control estricto. Pareciera entonces que bastara con que
se pretenda buscar un fin legítimo, para que el legislador pueda establecer tratos diferentes a los ciegos, los sordos y los
3.3.3.2. Además de la razón enunciada, la antigüedad de la norma también demandaba de la Corte un análisis más riguroso
de las normas demandadas que el que finalmente fue utilizado. En efecto, como lo ha señalado la jurisprudencia
constitucional, el estudio de aquellas disposiciones legales expedidas antes de que la Constitución de 1991 entrara en
vigencia debe ser más cuidadoso que el estudio de las normas legales expedidas bajo su vigencia. Mientras que las segundas
fueron expedidas por un Congreso en desarrollo de la Carta Política vigente, las primeras son desarrollos legislativos de la
Constitución anterior.
3.3.4. El argumento con base en el cual la sentencia finalmente toma la decisión pareciera sugerir que, debido a los adelantos
científicos, ya no le es dado al legislador introducir diferencia alguna entre los ciegos, los sordos y los mudos con respecto al
En efecto, la sentencia concluye su argumento en relación con el cargo de violación de la igualdad de las personas con
discapacidades así,
“Lo anterior lleva a la Corte a concluir, que el artículo 1068, numerales 5, 6 y 7, del Código Civil, en cuanto
prohíben a las personas ciegas, sordas y mudas ser testigos de un testamento solemne vulnera la Carta, por
cuanto establece una discriminación que les impide actuar en igualdad de condiciones que a las demás
personas en ese acto jurídico, lo que resulta contrario al artículo 13 de la Constitución Política y, además, a lo
dispuesto en los artículos 47 y 54 superiores, que imponen al Estado la obligación de desarrollar políticas de
rehabilitación e integración social de los disminuidos físicos, en todos los campos, de suerte que puedan
vincularse plenamente a la sociedad y gozar de todos los derechos constitucionales.” (acento fuera del
Surge entonces el siguiente interrogante: ¿Cualquier norma que impida actuar en un acto jurídico a los ciegos, a los sordos y
a los mudos en igualdad de condiciones implica una discriminación? No es razonable responder afirmativamente esta
cuestión. No es difícil imaginar casos en los que existan razones poderosas para limitar el acceso de una persona a una
actividad en razón a una discapacidad. Por ejemplo, parecería razonable que una norma limite la posibilidad de que las
personas invidentes sean chóferes de buses escolares, o que una persona sorda sea la encargada de llevar a cabo las
audiciones de un grupo de aspirantes a un coro.
Por lo tanto, si no es cierto que cualquier trato diferencial a que se someta a las personas con discapacidades sensoriales
respecto de los demás constituye una discriminación, surge un nuevo interrogante: ¿cuáles actos puede ser objeto de este
trato diferencial y cuáles no? ¿Por qué ser testigo de un testamento es uno de esos actos en los que el trato diferencial
implica discriminación? ¿Qué lo diferencia de aquellos actos en que sí es posible para el legislador establecer distinciones?
La aplicación poco rigurosa de la metodología establecida en reiterada jurisprudencia constitucional antes que ayudar a
aclarar estas cuestiones, ayudó a oscurecerlas.
4. A la Corte Constitucional ya le había correspondido en el pasado analizar casos similares, en los cuales la Corte fundó su
decisión atendiendo a la jurisprudencia de igualdad fijada por la Sala Plena. Citó tres de ellos que pueden ayudar a matizar y
comprender los alcances de la decisión que adoptó la Corte en el fallo respecto del cual aclaro el voto.
4.1. En la sentencia C-952 de 2000 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), la Corte decidió que no viola el derecho a la igualdad una norma
que establece como requisito de validez de la firma de personas ciegas o sordas la autenticación notarial o judicial, previa
lectura de viva voz del documento firmado. Partiendo de la jurisprudencia sobre igualdad, 4 se resolvió declarar exequibles las
normas acusadas en aquella ocasión5 con base en las siguientes consideraciones:
“En el presente caso nos encontramos justamente frente a una de esas situaciones en las que se busca
promover la igualdad real y efectiva respecto de un sector de la población que por sus condiciones físicas se
encuentra en desventaja respecto del resto de la comunidad; la medida con que se pretende reducir la
disparidad de hecho se encamina, entonces, antes que a crear un trato discriminatorio, a compensar las
cargas y a proteger los derechos de sujetos a quienes se les reconoce plena capacidad jurídica. El tipo de
prácticas que identifican la tradición jurídica nacional, dentro de las cuales resulta evidente el apego al
formalismo y la preferencia por las solemnidades escritas a la hora de perfeccionar los negocios relevantes
para el derecho, se convierte en fuente de latente riesgo respecto de aquellas personas que no cuentan con
todas sus capacidades sensoriales -v.gr. invidentes, sordomudos, etc.-. Ahora bien: el hecho de que se trate
de prácticas inveteradas sobre las que se sustenta la corriente jurídica que identifica nuestro derecho, no
exime de responsabilidad a las autoridades públicas para que desarrollen mecanismos de protección que
hagan posible que las personas que por causas naturales no cuentan con las mismas capacidades que el
común de los ciudadanos, puedan contraer derechos y obligaciones de manera efectiva y segura6.
(…) la intervención de un juez de la República o de un notario, funcionarios a quienes se les
encomienda la tarea de dar fe sobre la autenticidad de ciertas actuaciones jurídicas, se convierte en un
mecanismo eminentemente garantista, antes que una carga excesiva o innecesaria, que resulta
proporcionada con la finalidad protectora que se desea brindar a un grupo de ciudadanos.”
4.2. En la sentencia C-128 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) la Corte estudió la constitucionalidad de dos artículos
de la Ley 324 de 1996 (por la cual se crean algunas normas a favor de la población sorda), el artículo 2° que fijaba la “Lengua
Manual” como idioma propio de la comunidad de sordos, 7 y el artículo 7° que crea la obligación estatal de garantizar y
proveer intérpretes.8 Para analizar las normas acusadas la Corte siguió la jurisprudencia constitucional sobre igualdad, 9
señalando además que las personas con discapacidades gozan de una protección constitucional reforzada.
La Corte resolvió declarar inexequible el artículo 2° por considerar inconstitucional el que se limitara a las personas sordas
únicamente al lenguaje manual, puesto que ello les impedía desarrollar habilidades lingüísticas orales y escritas que, a su vez,
posibilitan una mayor integración social de este grupo social. 10 En cuanto al artículo 7°, la Corte resolvió declararlo exequible
Al respecto dijo la Corte en la sentencia C-952/00: “La aplicación efectiva de la igualdad corresponde, entonces, al juicio que se hace
sobre una determinada circunstancia, de tal forma que resulta indispensable tomar en consideración las exigencias propias de las
condiciones que afectan o caracterizan a cada uno de los miembros de una comunidad jurídica y el entorno en el que se desenvuelven. Así,
puede decirse que la vigencia del derecho a la igualdad no excluye necesariamente la posibilidad de dar un tratamiento diferente a personas
que, de acuerdo con sus condiciones, hacen razonable la distinción, o que, aún en casos en los que hay individuos enfrentados en una
misma situación, existan motivos que justifican un trato particularizado.”
Decreto 960 de 1970 (“Por el cual se expide el Estatuto del Notariado”), artículo 70. Si se tratare de personas ciegas, el Notario leerá de
viva voz el documento, y si fuere consentido por el declarante, anotará esta circunstancia. Si entre los comparecientes hubiere sordos, ellos
mismos leerán el documento y expresarán su conformidad, y si no supieren leer manifestarán al Notario su intención para que establezca su
concordancia con lo escrito y se cerciore del asentimiento de ellos tanto para obligarse en los términos del documento, como para
reconocer su contenido y rogar su firma. De otra manera el Notario no practicará la diligencia. Decreto 410 de 1971 (“Por el cual se
expide el Código de Comercio”), artículo 828. La firma de los ciegos no les obligará sino cuando haya sido debidamente autenticada ante
juez o ante notario, previa lectura el respectivo documento de parte del mismo juez o notario.
“Nuevamente insiste la Corte Constitucional en señalar que el artículo 13 de la Carta Fundamental, ordena a las autoridades dar igual
tratamiento jurídico a las situaciones de hecho iguales; pero también les ordena actuar positivamente en la promoción de las condiciones
para que la igualdad sea real y efectiva, en aquellos casos en los que las situaciones de hecho no son iguales y, por ello, el tratamiento
idéntico constituye un desconocimiento de las circunstancias de debilidad manifiesta y una discriminación en contra de las personas que las
viven". Sentencia T- 100 de 1994. M P. Carlos Gaviria Díaz.
Artículo 2°. El estado colombiano reconoce la Lengua Manual Colombiana, como idioma propio de la Comunidad Sorda del País.
Artículo 7°. El Estado garantizará y proveerá la ayuda de intérpretes idóneos para que sea éste un medio a través del cual las personas
sordas puedan acceder a todos los servicios que como ciudadanos colombianos les confiere la Constitución. Para ello el Estado organizará
a través de Entes Oficiales o por Convenios con Asociaciones de Sordos, la presencia de intérpretes para el acceso a los servicios
mencionados. || El Estado igualmente promoverá la creación de escuelas de formación de intérpretes para sordos.
Al respecto dijo la Corte: “En diferentes ocasiones, esta Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre este derecho, y ha establecido un mecanismo con el fin de determinar si
existe o no una violación a este derecho, el llamado “test de igualdad” para dilucidar si el trato diferenciado es objetivo y razonable. La Corte ha establecido que el derecho a la igualdad fija límites y horizontes para
la actuación de los poderes públicos y además es un derecho subjetivo de orden relacional y genérico que se traduce en el otorgamiento de un trato igual compatible con las diversas condiciones del sujeto. La
igualdad sustancial tiene entonces un carácter remedial, compensador, emancipador, corrector y defensivo de personas y grupos desaventajados al interior de la sociedad9. En ese sentido su importancia es
” (C-128/02)
indiscutible, especialmente en este caso, en el que se trata de eliminar la discriminación que ha agobiado a los limitados auditivos.
Los Magistrados Jaime Córdoba Triviño, Manuel José Cepeda, Eduardo Montealegre Lynett y Marco Gerardo Monroy Cabra se
apartaron de la decisión mayoritaria parcialmente pues consideraron que no era necesario declarar inexequible la disposición en cuestión. Al
bajo el entendido de que el apoyo estatal a los intérpretes idóneos en
la lengua manual colombiana sólo es legítimo si el Estado no excluye el apoyo a las otras opciones de
educación y rehabilitación de la población con limitaciones auditivas, como la
oralidad, y que la lengua manual es una técnica de comunicación, que no
constituye idioma oficial en Colombia.11
4.3. Finalmente, cabe recordar la sentencia C-983 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), un fallo reciente en el que se
estudio la constitucionalidad de los artículos 62, 432, y 1504 del Código Civil. 12 La Corte, siguiendo la jurisprudencia
constitucional, en especial la sentencia C-128 de 2002, consideró que eran inexequibles aquellos apartes de las normas que
implicaban considerar incapaces a las personas sordas y mudas cuando no podían darse a entender “por escrito”, puesto que
desconocían otras formas de expresión diferentes a la escrita mediante las cuales este grupo de personas puede “darse a
entender” y manifestar plenamente su voluntad (leguaje manual, por ejemplo). No obstante, la Corte consideró que sí era
razonable dar tratamiento diferente a aquellas personas sordas y mudas que no pudieran “darse a entender”, pues se trata
de una norma que protege y garantiza el libre ejercicio de sus derechos antes que limitarlo o afectarlo. 13
5. En conclusión, aclaro mi voto con relación a la decisión adoptada por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-065 de
2003, pues si bien se llegó a una conclusión que comparto, considero que (i) la metodología de análisis empleada en las
sentencia careció de rigor, (ii) las razones que fundaron la decisión justifican la inadmisible discriminación que se presentó
en el pasado contra los sordos, ciegos y mudos, y más grave aún, (iii) la decisión crea el antecedente de que normas
excluyentes de los discapacitados no tienen que ser juzgadas de manera estricta.
salvar parcialmente su voto indicaron que la norma ha debido declararse exequible, en el entendido de que no podría ser interpretada en un
sentido contrario a la Carta Política.
11 La Corte consider
ó que existía unidad normativa entre las normas demandadas y los artículos 1° y 3° de la Ley 324 de 1996, por lo que también
fueron objeto de pronunciamiento. Fueron declaradas exequibles, con un condicionamiento equivalente al fijado en cuanto al artículo 7°.
Código Civil: “artículo 62. (Modificado por el Decreto 2820 de 1974, art. 1). Las personas incapaces de celebrar negocios serán
representadas: 1. (Modificado por el Decreto 772 de 1995, art. 1) Por los padres, quienes ejercerán conjuntamente la patria potestad sobre
sus hijos menores de 21 años. || Si falta uno de los padres, la representación legal será ejercida por el otro. || Cuando se trate de hijos
extramatrimoniales, no tiene la patria potestad, ni puede ser nombrado guardador, el padre o la madre declarado tal en juicio contradictorio.
Igualmente, podrá el juez, con conocimiento de causa y a petición de parte, conferir la patria potestad exclusivamente a uno de los padres,
o poner bajo guarda al hijo, si lo considera más conveniente a los intereses de éste. La guarda pondrá fin a la patria potestad en los casos
que el artículo 315 contempla como causales de emancipación judicial; en los demás casos la suspenderá. || 2. Por el tutor o curador que
ejerciere la guarda sobre menores de 21 años no sometidos a patria potestad y sobre los dementes, disipadores y sordomudos que no
pudieran darse a entender por escrito. (...); Código Civil, artículo 432. Están sujetos a curaduría general los menores adultos que no han
obtenido habilitación de edad, los que por prodigalidad o demencia han sido puestos en entredicho de administrar sus bienes, y los
sordomudos que no pueden darse a entender por escrito.; Código Civil, artículo 1504. Son absolutamente incapaces los dementes, los
impúberes y sordomudos, que no pueden darse a entender por escrito. || Sus actos no producen ni aún obligaciones naturales, y no admiten
caución. || (Modificado por el Decreto 2820 de 1974, art. 60). Son también incapaces los menores adultos que no han obtenido
habilitación de edad y los disipadores que se hallen bajo interdicción. Pero la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos
pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes. || Además de estas incapacidades hay otras
particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos.
En esta ocasión, por unidad normativa, la Corte Constitucional también se pronunció respecto del artículo 560 del Código Civil.
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References: artículo 1068
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 artículo 83
 artículo 1068
 artículo 83
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 artículo 1504
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 artículo 13
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 artículo 1068
 artículo 1064
 artículo 13
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13
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 Resolución 
 artículo 1055
 artículo 1073
 artículo 1068
 artículo 1068
 artículo 1068
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 artículo 83
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 artículo 13
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 artículo 83
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 artículo 2170
 artículo 83
 artículo 1068
 artículo 1068
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 artículo 1068
 artículo 1068
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 artículo 7
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 artículo 13

Artículo 2

Artículo 7
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 artículo 315
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 artículo 1504
 artículo 560