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INFORME No. 37/10
1. El 22 de mayo de 2000, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) (en adelante, “el peticionario”) presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la Comisión” o “la CIDH”), contra la República Federativa del Brasil (en adelante, “Brasil” o “el Estado”). La petición indica que el Sr. Manoel Leal de Oliveira fue asesinado el 14 de enero de 1998, en el estado de Bahia, por motivos supuestamente relacionados con el ejercicio de la profesión de periodista. En sus escritos adicionales, el peticionario destaca que, pasados varios años, el crimen sigue impune. En la petición se denuncia la violación de los derechos consagrados en los artículos 4 (derecho a la vida), 13 (derecho a la libertad de pensamiento y expresión), 8 (derecho a las garantías judiciales) y 25 (derecho a la protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “la Convención Americana”) en conexión con el artículo 1(1) del mismo instrumento, en perjuicio de Manoel Leal de Oliveira.
2. El Estado no impugnó los hechos alegados por el peticionario.
3. Al analizar la admisibilidad del caso en el presente Informe, la Comisión concluye que la petición reúne los requisitos establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención. La CIDH también concluye que el Estado es responsable de la violación de los derechos a la vida, a la libertad de pensamiento y expresión, a las garantías judiciales y a la protección judicial, respectivamente consagrados en los artículos 4, 13, 8 y 25 de la Convención Americana, todos relacionados con la obligación que impone el artículo 1(1) del mismo tratado, de respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención, en perjuicio de Manoel Leal de Oliveira y sus familiares. Por último, la Comisión presenta sus recomendaciones al Estado en los términos del artículo 50 de la Convención Americana.
4. El 22 de mayo de 2000, la Comisión recibió la denuncia, a la que asignó el número 12.308. El 14 de julio de 2000, la Comisión la remitió al Estado, concediéndole el plazo de tres meses para que presentara información. El 13 de febrero de 2001, la Comisión reiteró al Estado la solicitud de 14 de julio de 2000 y le otorgó 30 días para responder. El 12 de febrero de 2002, la CIDH recibió información adicional de los peticionarios.
5. El 24 de enero de 2003, la Comisión comunicó al Estado que, ante la falta de respuesta a los pedidos de información, había decidido aplicar lo dispuesto en el artículo 37.3 de su Reglamento y diferir el tratamiento de las cuestiones de admisibilidad, para considerarlas conjuntamente con las de mérito. Por consiguiente, la Comisión solicitó a los peticionarios que presentaran sus observaciones sobre los méritos en el plazo de dos meses. El 21 de marzo de 2003, la CIDH recibió observaciones sobre los méritos de parte del peticionario, las que fueron remitidas al Estado el 24 de abril de 2003.
6. El 10 de septiembre de 2004, la Comisión solicitó al Estado y al peticionario información actualizada sobre la situación del proceso judicial y copia de las partes pertinentes de sus autos, las que fueron enviadas por el peticionario y remitidas al Estado el 10 de mayo de 2005.
7. El 27 de enero de 2006, la Comisión comunicó a las partes su disposición para mediar un acuerdo de solución amistosa. El peticionario envió una nota manifestando su disposición para iniciar dicho procedimiento. El 16 de febrero de 2006, el Estado presentó un documento solicitando una prórroga de 30 días para presentar la propuesta de solución amistosa, a lo que la Comisión accedió por comunicación de 28 de febrero de 2006.
8. El peticionario alega que el periodista Manoel Leal de Oliveira fue asesinado por motivos relacionados con el ejercicio de su actividad profesional, lo que implicaría el cercenamiento del derecho consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana. En relación con los requisitos de admisibilidad, alega que, pasados cinco años de cometido el crimen sin la conclusión del proceso penal, se habría configurado un atraso injustificado, aplicándose la excepción del agotamiento de los recursos internos prevista en el artículo 47(2)(c) de la Convención.
9. Subraya que el 14 de enero de 1998, Manoel Leal de Oliveira fue ejecutado en la ciudad de Itabuna, estado de Bahia, por pistoleros de la región. El hecho habría ocurrido tras la publicación de diversas denuncias en el periódico “A Região”, del que Manoel de Oliveira era editor, sobre la corrupción e irregularidades presuntamente cometidas por funcionarios del gobierno municipal y autoridades policiales.
10. Según relata el peticionario, el periodista Manoel Leal de Oliveira era casado, padre de tres hijos y fundador del periódico “A Região”. Manoel Leal de Oliveira era conocido en su ciudad por su inveterado activismo, llegando a responder a varios procesos judiciales por denunciar actos de corrupción que involucraban a políticos locales.
11. De acuerdo con el peticionario, en 1997 Manoel Leal y su amigo Flavio Eduardo Monteiro, director comercial del periódico, habrían sido advertidos por personas de la administración municipal de que se había encomendado la muerte de aquél. Subraya que, pocos meses antes del crimen, “A Região” había publicado una serie de denuncias contra el alcalde de Itabuna, Fernando Gomes Oliveira, y el comisario de la División de Delitos Económicos, Gilson Prata, que investigaba fraudes en la alcaldía.
12. El peticionario afirma que, el día del crimen, un grupo de sospechosos habría sido visto en las cercanías de la casa del periodista, en una camioneta Silverado, con dos hombres en la parte trasera y otro como conductor. Destaca que, ese mismo día, Manoel de Oliveira habría recibido una amenaza telefónica y que un funcionario de su empresa le habría informado sobre una conspiración para agredirlo.
13. Alega el peticionario que, el 14 de enero de 1998, poco antes de las 20.00 horas, Manuel Leal de Oliveira volvía en coche para su casa, situada en la calle número 1 del barrio Jardim Primavera, ciudad de Itabuna. Indica que tres hombres a bordo de una camioneta Chevrolet blanca, del tipo “Silverado”, lo esperaban a pocos metros de la casa. Cuando el periodista estacionó su coche, dos hombres habrían salido de la camioneta y uno de ellos le disparó varias veces. Las últimas balas alcanzaron a la víctima en la espalda, cuando trataba de huir para el domicilio de su hijo Marcel, dos casas más adelante. Herido de diversos disparos de bala, Manoel Leal de Oliveira fue trasladado al hospital en su propio vehículo por familiares y murió en el trayecto.
14. El peticionario destaca que dos de los principales sospechosos de ser los ejecutores del crimen, Monzar Brasil (también conocido como Mozart Brasil) y Roque Souza, trabajaban como asesores del comisario de policía Gilson Prata. Otro sospechoso, Marcones Rodrígues Sarmento, sería funcionario de una empresa del marido de Maria Alice Araújo, secretaria de gobierno del municipio de Itabuna.
15. El peticionario afirma que la investigación policial fue iniciada y conducida por el comisario João Jacques Valois Coutinho, quien, tras interrogar a 25 personas, emitió el informe final sobre el caso el 13 de agosto de 1998, considerando que no existían pruebas suficientes para indiciar a ninguno de los sospechosos.
16. Destaca que, por una llamada telefónica anónima recibida por la Policía Federal, se obtuvieron los nombres de los sospechosos del homicidio: Marcones Rodrigues Sarmento, Monzar da Costa Brasil y Roque Cardoso Souza, los dos últimos, policías civiles del estado de Bahia.
17. El peticionario alega que, una vez que el proceso se encontraba a la consideración del Ministerio Público de Bahía, el 22 de septiembre de 1998, el procurador de justicia Ulisses Campos de Araújo concluyó que era imposible presentar denuncia debido a la falta de pruebas y determinó que la información recabada permaneciera en archivo hasta el surgimiento de nuevas pruebas.
18. El peticionario subraya que el 18 de noviembre de 1998, el archivo de la investigación policial fue homologado por el juez Marcos Antonio Santos Bandeira. Alega que, en abril de 2000, la procuradora Cinthia Portela, después de analizar la investigación y en el contexto de publicaciones de periódicos de Salvador en relación con los crímenes contra periodistas, pidió la reapertura del caso, presentando denuncia el 17 de septiembre de 2001. La denuncia fue recibida por el juez Marcos Bandeira el 20 de septiembre de 2001, quien, el 17 de junio de 2003, presentó acusación contra Monzar Castro Brasil y Thomaz Iracy Moisés Guedes. Por imperio del artículo 366 del Código de Proceso Penal brasileño, el acusado Marcones Rodrigues Sarmento fue procesado separadamente porque no pudo ser localizado para entregar la citación.
19. El peticionario afirma que las autoridades brasileñas fueron negligentes en la conducción de la investigación y no realizaron diligencias clave para la identificación y sanción de los autores del delito.
20. El peticionario alega que no se investigó la amenaza telefónica recibida por el periodista el día del crimen ni la advertencia transmitida por el funcionario del periódico sobre una supuesta conspiración para agredirlo. Relata que no fueron incautados los objetos en poder de la víctima en el momento del crimen, como un papel que tendría la inscripción “Roque X-9”, supuestamente relacionada con uno de los sospechosos, Roque Souza. Tal papel se encontraría en el bolsillo de Manoel Oliveira y la información en él anotada habría sido recibida por teléfono poco antes del crimen.
21. Agrega que ningún funcionario del gobierno municipal fue citado a declarar durante la investigación, inclusive el alcalde Fernando Gomes, indicado por la familia del periodista como sospechoso del delito, por ser una de las personas más criticadas por el periódico “A Região”.
22. El peticionario afirma que la Policía Federal no procedió a investigación alguna respecto del delito, a pesar de la información recibida sobre el nombre de tres sospechosos, a través de un llamado anónimo. Alega que el procurador Ulisses Campos de Araújo aceptó el hecho de que el comisario responsable de la investigación policial no haya intimado al comisario Gilson Prata a prestar declaraciones, justificándose por no considerarlo “importante” para la investigación. Gilson Prata habría sido señalado por la familia de Manoel Leal de Oliveira como uno de los sospechosos, en razón de las denuncias a él dirigidas en el periódico del que era editor.
23. El peticionario destaca que el procurador Ulisses Campos de Araújo se limitó a autenticar las declaraciones del comisario Valois Coutinho, a pesar de tener conocimiento de que los principales sospechosos tenían vínculos con la policía y con personas influyentes, lo que podría comprometer las investigaciones.
24. El 18 de noviembre de 1998, nueve meses después del crimen, la investigación fue archivada por falta de pruebas.
25. El peticionario alega que, en carta de 11 de febrero de 1998, la Federación Nacional de Periodistas formuló un pedido de investigación del crimen a la entonces Ministra de Justicia, Íris Rezende, al que respondió su asistente, Cristina Antinoro, por carta de 19 de marzo de 1998, en la que afirma que el crimen no es de competencia del Ministerio de Justicia ni de la Policía Federal.
26. El peticionario resalta la falta de un programa de protección de testigos en la ciudad de Itabuna. Afirma que el agente policial Roberto Figueiredo habría prestado declaración dos veces en la comisaría de policía sobre el homicidio, bajo constante presión. Roberto Figueiredo se habría sentido amenazado por saber de la existencia de otro testigo, el conductor de taxi Leopoldino Nobre, asesinado después de relatar que el día del crimen en cuestión habría transportado al sospechoso Marcones Rodrigues Sarmento del aeropuerto de Itabuna a la casa de la secretaria municipal Maria Alice Pereira Araújo. Según el peticionario, Roberto Figueiredo fue amenazado para obligarlo a mantener silencio sobre el caso.
27. Por último, el peticionario alegó que la impunidad que impera en los casos de asesinatos de periodistas en el ejercicio de la profesión es una amenaza a la libertad de expresión en el estado de Bahia, existiendo varios crímenes de esta naturaleza que no han tenido solución.
28. Tanto la petición inicial como las demás comunicaciones del peticionario fueron remitidas al Estado, el cual no presentó respuesta alguna ni formuló alegación alguna sobre la admisibilidad o los méritos del caso.
29. Teniendo en cuenta las disposiciones reglamentarias en la apertura del caso, el silencio del Estado y las amplias oportunidades que tuvieron ambas partes para argumentar sobre la admisibilidad y los méritos del caso, el 24 de enero de 2003, la Comisión decidió aplicar la norma prevista en el artículo 37.3 de su Reglamento. De manera que la Comisión decidirá conjuntamente sobre la admisibilidad y sobre los méritos de la petición.
A. Competencia de la Comisión ratione temporis, ratione personae, ratione materia y ratione loci
30. La Comisión observa que la República Federativa del Brasil es Estado Parte de la Convención Americana y la ratificó el 25 de septiembre de 1992. La petición menciona como presunta víctima a Manoel Leal de Oliveira, persona natural, cuyos derechos consagrados en la Convención el Brasil se comprometió a respetar y garantizar. De manera que la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la denuncia.
31. De acuerdo con los artículos 44 de la Convención Americana y 23 del Reglamento de la Comisión, el peticionario, como entidad no gubernamental legalmente reconocida, está habilitada para presentar peticiones a la CIDH, referentes a supuestas violaciones de la Convención Americana.
32. La Comisión tiene competencia ratione materiae para examinar la petición, toda vez que esta refiere a supuestas violaciones de derechos protegidos por la Convención Americana. La Comisión tiene igualmente competencia ratione temporis, por cuanto los hechos alegados ocurrieron cuando estaba vigente para el Estado la obligación de respetar y garantizar los derechos establecidos en la Convención. Finalmente, la Comisión tiene competencia ratione loci para conocer de esta petición, por cuanto se alegan violaciones que habrían ocurrido en el territorio del Brasil.
33. El artículo 46(1)(a) de la Convención Americana dispone que, para que una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana sea admisible, de conformidad con el artículo 44 de dicho instrumento, es necesario que se hayan invocado y agotado los recursos internos conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. Este requisito tiene como objetivo permitir que las autoridades nacionales tengan conocimiento de la supuesta violación de un derecho protegido y, si corresponde, la corrijan, antes de ser planteada ante una instancia internacional.

References: artículo 1
 artículo 1
 artículo 50
 artículo 37
 artículo 13
 artículo 47
 artículo 366
 artículo 37
 artículo 46
 artículo 44