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No control(ador)es
2010-12-06 Hoy, día 6 de diciembre de 2010, la Constitución Española cumple treinta y dos años de vigencia. Nada mal, para un país que ha tenido en su historia unas cuantas cartas magnas (aunque no tantas como pronunciamientos militares y sí más que guerras civiles relacionadas con los modelos de Estado que propugnaba cada una, pero ésa es otra historia). Su aniversario coincide con la puesta en vigor de uno de sus preceptos, más exactamente el contenido en su artículo 116.2, que dispone que: El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración. Los estados de alarma, excepción y sitio están regulados en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio. En el caso que nos ocupa, son los artículos 4 a 12, que componen el Capítulo Segundo de la Ley en cuestión. De su regulación interesan pasajes como éstos: Artículo 4. El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2 de la Constitución podrá declarar el Estado de Alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad: 3. Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución, y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo. Artículo 9. Uno. Por la declaración del Estado de Alarma todas las autoridades civiles de la Administración Pública del territorio afectado por la declaración, los integrantes de los cuerpos de policía de las Comunidades Autónomas y de las corporaciones locales, y los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas de la autoridad competente en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza. Artículo 10. Uno. El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la autoridad competente en el Estado de Alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las Leyes. Grosso modo tienen ustedes aquí la cobertura jurídica a la medida que tomó el gobierno el pasado sábado, como respuesta a la huelga orquestada por los controladores aeroportuarios. Hemos visto las escenas de caos en los aeropuertos, los viajeros bastante cabreados y muchas declaraciones por parte de nuestros gobernantes pero ¿realmente se han explicado las causas de todo este follón? No me refiero a la versión oficial de que los controladores viven como el Maharajah de Kapurtalah (el buen amigo de Don Pinpón), cobran como futbolistas y se han montado un chiringuito de impresión. Eso es lo que nos han contado para justificar un decreto-ley de constitucionalidad cuando menos, dudosa, y que viene a recortar sensiblemente los derechos laborales de un colectivo. Esta norma jurídica viene en la misma línea que la derivada del recorte salarial a los funcionarios (después de todo, otra casta de vagos que están puestos a dedo y viven reunidos en torno a la máquina del café) y se hermana en su espíritu con la que regula la reforma laboral (muy necesaria, dicen, para salir de la crisis, pero sin garantías de que los derechos confiscados retornen a sus legítimos titulares cuando pase el temporal). ¿Qué hay detrás de toda esta historia? Pues dejando aparte la torpeza habitual del Ejecutivo para hacer frente a cualquier problema real de los que sufre España de unos años para acá (y de unos años para allá, también), se habla medidas que incluyen la privatización –ahora parcial, más tarde ya veremos- de AENA. Que medidas como ésta las promueva un Gobierno que se dice socialista y obrero causan bastante sonrojo y moverían a la carcajada, si no asistiéramos a la progresiva degradación del Estado de bienestar. Pero que sean otras personas, las interesadas, las que cuenten su versión: La versión de un controlador, en MagaZine. La versión de un pasajero que reflexiona sobre la situación a la que se han visto conducidos los controladores, en Bloguionistas. Y otra versión de la historia, contada por otro contorlador, en Controladores aéreos y otras hierbas. Algo para contrastar fuentes, que la versión del Gobierno ya nos ha sido vendida hasta la saciedad. Sin entrar a valorar la postura de los controladores, creo que hemos asistido a una huelga auténtica, en el sentido de que así eran históricamente las propuestas de los trabajadores. Lo del pasado mes de septiembre fueron juegos florales que, fíjense ustedes el efecto que tuvieron en la reforma laboral. Desde el Gobierno se hace hincapié en la ilegalidad de los medios empleados para forzar la huelga; desde los controladores, se indica la ilegalidad del medio empleado para reformar su función. Puede que las prácticas de los segundos no sean todo lo políticamente correctas que los primeros querrían, pero después de ver cómo “casualmente” los pasajeros anclados en tierra eran alojados en el mismo hotel donde estaban los controladores, no me atrevería yo a señalar con el dedo a los presuntos infractores. Paradojas de la vida, cuando toda la opinión pública parecía favorable a la medida del Gobierno y bien dispuesta a poner al colectivo de controladores en la picota, la declaración del Estado de Alarma y la llamada a fuerzas armadas, así como el colocar a los controladores bajo control directo han generado un efecto bumerán que le ha dado al Presidente Rodríguez Zapatero justo en el entrecejo. La mera mención de los militares en un país que pasó cuarenta años bajo la bota de uno no ayuda a la tranquilidad y de nuevo ha quedado patente la torpeza con la que nuestro Presidente del Gobierno se enfrenta a los problemas importantes. Tampoco ayuda la intención que han mostrado algunos sectores de acusar a los controladores de un presunto delito de sedición. La idea ha sido descartada de plano por su inidoneidad jurídica, pero ha dejado en el aire la idea de que al trabajador que reclama sus derechos le caen encima la fuerza pública y el Ministerio Fiscal. No importa que sea cierta, pues hay ventoleras que conforme empiezan es muy difícil echar abajo. Mucho me temo que lo que ha pasado es que un Gobierno al que siempre se ha echado en cara su tremenda pusilanimidad ha intentado adoptar una postura de fuerza, ignorando aquella recomendación que al Conde Lucanor daba su consejero Patronio, según la cual si desde un principio no muestras quién eres, nunca podrás después, cuando quisieres. El semblante del talante ha quedado roto en mil pedazos, aunque, hay que decirlo, ya hay precedentes recientes que han generado profundas grietas. Más antiguo, su aparcado proyecto de cortar la conexión a Red a los presuntos piratas, sin una sentencia condenatoria firme (vulnerando el derecho a la justicia del artículo 24 de la Constitución Española); más reciente, el espantoso ridículo protagonizado por la Ministra de Sanidad Leire Pajín, solicitando que la mera denuncia (y no la condena firme) sea causa de privación de la guardia y custodia (de nuevo ignorando el citado precepto y pretendiendo convertir en ley lo que en la aplicación de la polémica Ley Orgánica 1/2004 constituye uno de sus peores defectos). Poco han tardado los tradicionales críticos de ZP para calificarle de facha y compararle con el Innombrable. Los más cachondos han llegado a decir que vivimos en una dictadura ¡comunista! Viendo la política económica que está aplicando ese aprendiz de la improvisación que es el jefe del Ejecutivo, no me queda más que partirme de la risa. Sin entrar a valorar el fondo del asunto, no puedo evitar sentir cierta admiración y cierta envidia por el colectivo de controladores. Han tenido el valor de convertirse en el potencial blanco de los odios de todo un país, con el fin de defender lo que eran derechos consolidados. Al final, gran parte de ese odio se ha diluido porque la poca cintura del Gobierno (sacando el decreto-ley de la discordia en una época caliente en lo que a vuelos se refiere) ha acabado provocando la aplicación de una regla que reclutaba a los díscolos controladores y les obligaba bajo la espada de Damocles de diversas sanciones a volver a sus puestos. Como viajero, muy seguramente yo estaría incómodo, hastiado y muy cabreado pero, si nos tocara estar en su lugar o, visto lo visto, cuando nos toque ¿qué haríamos? Solamente un par de reflexiones sobre el punto candente de estos días. Como dijo el gran guerrero Martin Luke, busquen, comparen y construyan su versión, pero infórmense más allá de lo que dicen los canales oficiales. Enviado por lcapote a las 20:45 | 9 Comentarios | Enlace
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Fecha: 2010-12-06 22:20
No es que me guste dar pábulo a LD (llegué a este artículo de rebote), pero ya puestos a poner versiones de los controladores, ponemos la de uno de los que están más arriba del todo en la cadena de mando (y antigüedad, parece). Enlace minimizado, para no dar publicidad a ya-sabes-quien :P
http://goo.gl/rNSWz
Por otro lado, yo creo que el problema de los controladores es que no han sabido negociar las cosas como son debido (epmezando por aceptar la solución de las horas extras en su día) y no han sabido venderse bien ante el público. Es demasiado fácil para un colectivo como ese ser objetivo de las iras del gran público.
Fecha: 2010-12-07 01:43
Pues si, van recortando derechos colectivo a colectivo. Los más poderosos se defienden y los demás dicen "fíjate que mal, como protestan esos privilegiados". Pero al final, los derechos de los trabajadores y el estado del bienestar que heredamos de luchas anteriores acabarán desapareciendo. Ojalá reaccionemos antes...
Fecha: 2010-12-07 03:38
Bueno, solo por jorobar un poco. Como tú mismo citas, el apartado tercero del artículo 4 habilita al Gobierno para declarar el Estado de Alarma en caso de:
"3. Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución, y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo." (Las negritas son mías).
Y ahora viene cuando la matan. "Las demás circunstancias o situaciones" son:
"1. Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud."
"2. Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves."
"4. Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad."
Que yo sepa no se han producido espidemias o situaciones de desabastecimiento, y la única calamidad pública que padecemos es este dichoso gobierno. Así que, ¿realmente tiene amparo legal esta declaración del Estado de Alarma? ¿O no estaremos ante una nueva chapuza en toda esta carrera de despropósitos?
De: Daniel-Aníbal
Fecha: 2010-12-07 04:07
Si mis estudios de Constitucional no están muy lejos (o, mejor dicho, los temas de la opo) lo que peor encaje tiene, principalmente de legalidad ordinaria, es el tema de la militarización-
Fecha: 2010-12-07 11:03
Yo optaría por lo de la chapuza, porque no recuerdo un Gobierno que tomara decisiones más contrarias a Derecho que éste. 6
Fecha: 2010-12-07 22:36
Aquí expone mi alter ego FeR una carta muy interesante enviada por alguien muy cercano a los controladores aéreos:
http://orbesdefer.blogspot.com/2010/12/distancias-entre-aeronaves-y-atajos.html
Y una versión más para tu colección Luís:
http://www.aviaciondigitalglobal.com/noticia.asp?NotId=14966&NotDesignId=4 Saludos Cordiales.
Una amable y encantadora lectora me ha enviado esta información:
Pero Ifatca no sólo carga contra el Gobierno, sino también contra los medios de comunicación, a los que acusa de engañar a la opinión pública."Contrariamente a lo persistentemente reportado por la prensa, los controladores aéreos no hicieron huelga por su sueldo, complementos o compensaciones económicas", explica.
Fecha: 2010-12-10 20:45
A mí me gustaría saber cuando fue la última vez que se pusieron en huelga con datos.
La opinión pública dice que "todos los años igual".
Los controladores que "hace veinte años".
Es uno de los pocos puntos sobre los que me quedan dudas para hacerme una opinión propia.
Fecha: 2010-12-11 01:45
Reproduzco aquí el comentario que he dejado donde JJ
Me he leído el RD de la discordia y dice: ...la actividad aeronáutica anual no excederá de 1.670 horas, sin perjuicio de la posibilidad de ser incrementada con horas extraordinarias hasta un máximo de 80 horas anuales. En el cómputo de este límite anual de actividad aeronáutica no se tendrán en cuenta otras actividades laborales de carácter no aeronáutico, tales como imaginarias y periodos de formación no computables como actividad aeronáutica, permisos sindicales, licencias y ausencias por incapacidad laboral. Estas actividades, al no afectar a los límites de seguridad aeronáutica, se tomarán en consideración exclusivamente a afectos laborales de conformidad con lo establecido en la disposición adicional única del Real Decreto 1001/2010.
Lo que parece a primera vista relativamente lógico: el razonamiento es que si no son horas de actividad aeronáutica no deben contar para el límite de actividad aeronáutica que se establece por seguridad. Pero si se piensa en un caso práctico ya no es taaan lógico. Supongamos que una controladora tiene un hijo el 1 de enero y se reincorpora a trabajar el 1 de junio después de su mes de vacaciones. Como no se computan la baja maternal ni las vacaciones, seguirá teniendo como límite 1670 horas pero ahora ese límite se aplica en 7 meses en vez de en 12 meses. Eso ya no parece lógico. Desde el punto de vista de la seguridad es independiente que ella estuviera en su casa con su bebé o trabajando los 4 primeros meses. El caso es que en los 7 últimos meses del año no se justifica que tenga una sobrecarga relativa de actividad aeronáutica. Así que debería existir una limitación diaria, que la hay: son 12 horas pero no más de 10 horas seguidas y 12h de descanso hasta el siguiente periodo. Pero 12 horas diarias son muchas horas, así que también debería haber un límite mensual, que son 200 horas. No acabo de verlo claro del todo, la verdad. Pero parece que tanto el límite diario como el mensual son muy altos y que por eso se establece el límite anual que ese en cambio es muy bajo comparando con el de un trabajador "normal". Así se permite que en unos meses concretos se pueda trabajar más (por ejemplo para cubrir temporadas de verano, me imagino) pero que ese ritmo de trabajo alto no se pueda mantener por mucho tiempo seguido, porque se alcanzaría el límite anual. Pero como a nuestra controladora el límite anual se le aplica solo en 7 meses parece como si le pudieran hacer trabajar un montón más durante esos 7 meses que a un compañero que no hubiera estado de baja maternal. Por ejemplo, si un controlador trabaja en actividades aeronáuticas un mes las 200h, el resto de los 10 meses trabajará como mucho 147 horas mensuales medias de actividades aeronáuticas. Pero nuestra controladora podría tener que trabajar los 7 meses 200h sin alcanzar el límite de las 1670h. Eso parece una injusticia flagrante y un problema para la seguridad en la medida en que se considere que ese trabajo, a ese ritmo continuado, no es sostenible. Así que lo suyo sería computar, a efectos de los límites, su baja maternal y sus vacaciones como si hubiera trabajado la jornada ordinaria. Vamos que no sé de quien es la culpa de lo sucedido durante el puente, pero el real decreto del gobierno es una pérdida de derechos concretos de unos trabajadores que no parecen unos privilegios extraordinarios, sino algo que tenemos todos los demás trabajadores como es el derecho a que cuando estamos de baja o de vacaciones esos meses se tengan en cuenta a la hora de calcular el trabajo ordinario y extraordinario en el resto de los meses del año. Nombre

References: artículo 116
 Artículo 4
 artículo 116
 Artículo 9
 Artículo 10
 artículo 24
 artículo 4
 Real Decreto 
 real decreto