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Timestamp: 2018-02-19 23:23:36+00:00

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Exposici&#243;n de Ocampo a Ju&#225;rez comentando las leyes de desamortizaci&#243;n y nacionalizaci&#243;n de los bienes del clero.
Exposición de Ocampo a Juárez comentando las leyes de desamortización y nacionalización de los bienes del clero.
Heroica Veracruz, octubre 22 de 1859.
Excelentísimo señor presidente constitucional interino de la República, ciudadano Benito Juárez
No acierto a dar mejor forma que la de la presente exposición, a la constancia que vuestra excelencia [V. E.] quiere que quede en los archivos de las razones que se han tenido presentes para modificar y en parte para aclarar la ley de 13 de julio del presente año, por la cual ocupó el gobierno civil los bienes cuyos productos y, en parte la administración, eran del clero.
Antes de pasar al relato de lo acaecido y exposición de sus fundamentos, pido a V. E. que me permita hacer constar también una u otra reflexión sobre la naturaleza de estos bienes.
La ley de 25 de junio de 1856, que los trató como propiedad del clero, no solamente ha sido uno de los obstáculos más graves en la región de la inteligencia para dirigir el espíritu público a donde habría convenido, sino que fijó a esos bienes un carácter que sólo abusivamente habían ido tomando.
Las donaciones entre vivos y por testamento que forman estos bienes, los alejan del uso común y de la verdadera propiedad, puesto que no pueden ni alterarse en su posesión, ni variarse en sus aplicaciones.
Quedan propiamente de nadie.
Aunque el aprovechamiento de su usufructo esté destinado a personas determinadas como los capellanes, o indeterminadas como curas, sacristanes, músicos, cantores, etc. en las funciones.
Les faltan los dos principales caracteres de la propiedad, el aumento o disminución por la industria y la enajenación libre.
Declararlos, pues, de alguien era quitarles el mismo carácter de espiritualización que los interesados deseaban conservarles y que nuestras antiguas leyes así denominaron, sin duda para explicar de algún modo este singular abuso de la propiedad, que dizque sigue siendo propiedad aun cuando ya no tiene dueño.
Pero este alguien no debió ser el clero.
Vengamos ahora a la ley y las circulares que la han seguido.
Preferiré en esta exposición el orden cronológico, porque no quiero disertar sobre la materia.
Lo primero que tuvo que hacerse fue responder a las preguntas que el excelentísimo señor gobernador de este estado hizo, sobre el modo como debían ser remunerados los comisionados y peritos que la ley mandaba se ocupasen.
La simple lectura de la circular de 19 de julio explica el motivo que V. E. tuvo así para distinguir a los peritos ingenieros de todos los demás, como para dejar al arbitrio prudente y conocimientos locales de los excelentísimos señores gobernadores, las pocas disposiciones reglamentarias que se necesitaban para los comisionados.
Apenas se tuvo en México noticia de la publicación de la ley cuando vinieron muchos de los amigos y aun de los indiferentes, representando así a los miembros del gobierno, oficial y extraoficialmente, como a otras varias personas de la ciudad, y de este segundo modo, sobre el grave perjuicio que resultaría a los que redimiesen o denunciasen capitales o fincas, si, viviendo ellos en los puntos ocupados por la reacción, sus nombres se publicaban conforme a la prescripción del artículo 15 de la ley.
Era, en efecto, un mal modo de remunerarles por su confianza en el gobierno y obedeciendo a sus disposiciones, el de delatarlos a un enemigo sanguinario e implacable, como sostenedores del gobierno.
Por no exponerlos, pues, a tal peligro, se dictó la primera disposición que contiene la circular del 27 de julio.
La segunda prevención de ella, por la que se declara que los 30 días no empiezan a contarse sino después de la publicación oficial explica el artículo 31 de la ley.
Prefiero decir que ella no es bastante clara, más bien que no el que se suponga que el gobierno quiso privar de los derechos que él mismo había concedido a personas, que, lejos de merecer tal pena, merecían al contrario y merecen indemnizaciones de parte de quienes los perjudicaron, y aun recompensa de parte del gobierno, que los considerará por haberle ayudado en esta reforma social.
Esto necesita más amplia explicación y ruego a V. E. que aunque este escrito le parezca cansado, me permita entrar en ella.
Ya que por la ley de 25 de junio de 1856, se reconoció al clero una propiedad que nunca tuvo, que ni aun después de la ley adquirió sino sólo para facilitar sus abusos y, que si nunca tampoco debió declararse, mucho menos en el momento mismo en que de ella se la privaba por la enajenación de los bienes que él llamaba suyos, se determinó, muy cuerdamente, que los mismos inquilinos o arrendatarios de las fincas urbanas o rústicas, en que consistía una buena parte de esos bienes, fuesen los nuevos adquiridores de ellos.
Había en esto tres buenas y principales razones, que muy probablemente tuvo presentes el gobierno de aquella época.
Primera, la de justicia, por la que se conciliaba la posesión, el hábito, los intereses y a veces aun los efectos que los que ocupaban las fincas podían tener en ellas, se conciliaban, digo, con la necesidad de enajenarlas.
Segunda, la de conveniencia, pues que no encontrándose quién conociera y estimara más la alhaja poseída de lo que podía estimarla y conocerla el poseedor, con nadie se llegaba más fácilmente que con los mismos poseedores a las facilidades de la enajenación, a pesar de la traba que oponía el error económico de la alcabala.
Tercera, la necesidad porque careciéndose de los datos fiscales para saber y distinguir cuáles eran esos bienes ninguna pesquisa era ni más segura, ni más violenta ni más eficaz, que el interesar a los que conocían esos bienes, en denunciarlos ante la autoridad.
Permítame V. E. formular el contrato que supongo yo que tácitamente se proponía a los tenedores de esos bienes.
"Si me decís, señores inquilinos y arrendatarios del clero, cuántos son, cuánto valen, en dónde y cómo están los bienes llamados del clero, os hago dueños de los que tenéis de él; si no me lo decís, traslado este derecho que quiero concederos al que me los denuncie y así a los denunciantes como a vosotros y, mediante el pago de cinco por ciento de alcabala y de un reconocimiento al seis por ciento del valor que ahora tienen, os haré dueños para siempre de esos bienes".
Permítame, también, V. E. que ahora formule lo que a los nuevos propietarios decía la ley de 13 de julio:
"Si quieres poseer en plena libertad los bienes que te adjudiqué hace tres años y quitarte del gravamen y molestia de continuar reconociendo como rédito al seis por ciento al año el valor de ellos, te condonaré un cuarenta y dos por ciento de éste y te daré la facilidad de pagar en pequeños abonos el 58 restante, a saber: uno por ciento mensual durante cuarenta meses y 18 por ciento que te costarán tres quintos del valúo que me has de pagar en bonos a los 30 días de proponerte este contrato".
Y a los antiguos censatarios se decía: "Si quieres ser dueño del capital que hasta ahora has reconocido, te haré las mismas concesiones que a los adjudicatarios de 1856".
Pues bien, los adjudicatarios cumplieron, cuanto estuvo en su posibilidad, la parte del contrato que a ellos proponía el gobierno: pagaron desde luego el cinco por ciento de alcabala y fueron pagando sucesivamente la antigua renta convertida en rédito al seis por ciento.
Si algunos defraudando el texto o el espíritu de la ley, o sólo hicieron adjudicaciones simuladas, o después no pagaron la antigua renta, ni fueron todos, ni debemos tener en cuenta el abuso, sino para impedirlo o remediarlo.
Si después, una gran mayoría se vio imposibilitada de seguir cumpliendo su contrato y privada del beneficio que podía sacar de la posesión, todos sabemos que fue por fuerza mayor y que lejos de castigarla por ello se le debe, al contrario, reparación por parte de quienes hicieron el perjuicio.
Antes de continuar la exposición de este punto, creo conveniente decir, primero, que no era tan ventajoso adquirir las fincas con las condiciones de la ley de 25 de junio de 1856.
Me bastaría, como prueba de tal aserto, citar que hubo muchísimas fincas, fuera de las capitales, que quedaron sin adjudicarse, porque a ninguno pareció que eran benéficos, en aquellas fincas urbanas, los términos de la adquisición por haberse caído en el error de igualarlas con las de la capital, pero deseo, además, mostrar dos razones de las principales para corroborar este mi dicho.
"Es un axioma de la economía política, que no debe imponerse al capital, sino a la renta".
Este principio es fundamental y el quebrantarlo conduce al absurdo de que el fisco absorba todo, lo que es indebido.
La alcabala impuesta a la traslación del dominio, es uno de los errores españoles en que más claramente se ve que la imposición se hace sobre el capital.
El inventario social, cuando la finca es de A, en nada se altera, ni menos ha producido, cuando al instante después, la finca es de B, y como de llamarse primero de A y después de B, no se ha producido ningún nuevo valor, es claro que la cuota que deban pagar o A o B, ha de tomarse del capital que se transfieren.
Como la cuota, en nuestro caso, era de un cinco por ciento, si suponemos que en un mismo día el dominio de una finca se trasladase a 19 titulares, el pago de las 19 traslaciones al cinco por ciento, habría absorbido 95 por ciento.
Es claro, pues, que para el vigésimo a quien quisiera venderse o trasladarse la misma finca, ya no podría dársele, en esta última operación, más que el título porque el cinco único que restaba de los primitivos 100, debía también ser absorbido por el fisco.
Desprecio las fracciones para hacer más sensible el resultado.
Así, por el solo capítulo de alcabala de traslación de dominio, los bienes de manos muertas quedaron gravados en el inventario social, con una suma fuerte, el vigésimo de lo que se supone que valían, tomando tal suma de los otros bienes de la República, para que la consumiese el gobierno y para que el clero sanease y mejorase su dominio.
Se gravó, pues, la fortuna pública en cinco por ciento en beneficio del clero, que para nada volvería a contribuir a los gastos públicos.
Pero el gravamen que tales bienes tenían a la fecha del 13 de julio del presente año, era mucho mayor, como bien pronto procuraré demostrarlo.
Por lo pronto sólo debo hablar de la otra consideración por la que era onerosa la adquisición de los bienes de manos muertas conforme a la ley de 25 de junio de 1856.
A primera vista y para las personas irreflexivas, parece que pagar una cuota cualquiera mensual como renta es lo mismo que pagar su igual como rédito: si los números son iguales para la exhibición, parece que nada importa que se diferencien en el nombre.
El antiguo arrendatario, por sólo llamarse propietario tenía que pagar al cabo del año, a más de las 12 mensualidades de sus primitivas rentas, todo lo que tenía que gastar para la reparación y conservación de la finca, conservación y reparación que antes eran a cargo de la mano muerta.
Tenía, además, que sufrir todas las temporadas en que los inquilinatos vacaban, vacaciones que antes eran también a cargo de la mano muerta.
De manera, que por el solo hecho de haberse adjudicado a los inquilinos las fincas urbanas del clero, éste se volvió más rico y los inquilinos quedaron más gravados.
Acaso no se habría encontrado, aunque se buscase, medida más hostil contra la sociedad, ni pretexto menos lógico para sacar un 5 por ciento de la fortuna del adquiridor y en nombre de los bienes que se le adjudicaban disminuidos realmente en esta cantidad y gravados también realmente con reposiciones y vacaciones, así como con el pago de contribuciones que antes corrían a cargo del que se llamaba propietario.
Si la insolencia y espíritu de dominación del clero no hubieran sido para él superiores a toda consideración económica, habría debido no sólo aceptar sin murmurar unas disposiciones que tanto lo beneficiaban, sino aún bendecir y levantar estatuas a quien con tanto gravamen de la sociedad laica le había saneado y asegurado por esta conversión de la propiedad, la posesión de sus a veces mal adquiridos y casi siempre mal aplicados bienes.
En México, en donde la abundancia de población, comparativamente a los demás puntos de la República, hace tan fácil el encontrar inquilinos y subir tanto el precio de los alquileres; en México, en donde la suavidad del carácter había prevalecido sobre la avaricia del sacerdocio y conservado en muchos casos los bajos arriendos impuestos de muchos años atrás; en México podría ser ventajoso para muchos adquirir la propiedad, a pesar de las gravosas condiciones que he expuesto.
Algunos otros casos habría en que, en los demás pueblos de la República, se verificara también ésta; pero, sin temor de equivocarme, puedo asegurar que la mayoría de los adjudicatarios de fincas urbanas, adquirió por consideraciones muy diversas de las que un cálculo bien entendido de sus intereses les hubiera hecho tener presentes.
Pues bien, señor excelentísimo, a personas ya tan mal preparadas económicamente cuando les dice la ley de 13 de julio del presente año: "Te remito (reduzco) un 42 por ciento del avalúo de lo que te adjudicaste".
Condonación que podía tomarse no sólo como facilidad para hacer cumplir el espíritu de tal ley, sino también, aunque no principalmente para compensar en parte los perjuicios que acabo de manifestar que resintieron los adjudicatarios, no es justo, no es racional, no es siquiera decente, que tal remisión se acompañe de condiciones que la vuelvan nugatoria.
E inútil sería, burla pareciera, si para llegar a disfrutarla, no se les obligase a venir a presentarse ante el gobierno de V. E., cuando se halla alejado de los grandes centros de población de la República, rodeado por desgracia de una atmósfera de difícil acceso a causa de los ladrones y de los enemigos y cuando los concesionarios residen habitualmente bajo el dominio de éstos y podrían perder, si se supiere que con V. E. se entienden, algunos la libertad, algunos hasta la vida y todos la tranquilidad de muchos días.
A semejantes condiciones, lazo o trampa y no reparación ni favor, parecería el artículo 31 de la ley de 13 de julio, si no se hubiera aclarado en los términos que V. E. mandó que se hiciese y éste es el segundo punto de la circular de 27 de julio.
El artículo 22 de la ley condonaba los réditos vencidos hasta la publicación de ésta y sin hacer distinción de ninguna en el carácter de ellos.
Habíase ya vuelto una especie de rutina en la República reprobar la fidelidad en los contratos en el cumplimiento de las obligaciones y reprobarla tan severamente, que no sólo se castigaba a los que eran fáciles y exactos, sino que, y a fin tal vez de que el sistema fuese completo, se premiaba a los tramposos y negligentes y esto, no con un tanto por ciento proporcionado a las circunstancias de la trapacería, sino con el todo de la cantidad adeudada.
En muchas contribuciones y, especialmente, en las que en varias veces llevaron el nombre de préstamo forzoso, los que impulsados por un buen espíritu patrio o por una delicadeza habitual en cumplir lo que se les imponía como obligación, pagamos con religiosa exactitud las cuotas que se nos imponían, al natural vencimiento de unos plazos y, en muchas veces, al tercio o a la mitad de la recaudación de tales plazos una nueva iniquidad, revestida con el carácter de ley, venía diciendo que cesaba la contribución, que a los que habíamos pagado se nos reembolsaría. . . el día del juicio. . . y que se remitían a veces las multas o reagravación de cuotas a los morosos en el pago al vencimiento de los plazos, a veces la cuota toda a los que nada habían pagado.
Parecida en algo a esta irritante iniquidad, era la disposición del artículo 22 de que me ocupo; digo en algo, porque en este caso de los réditos había en verdad circunstancias que atenuaban tal injusticia; pero no eran tales que del todo la borrasen.
Chocó desde luego a V. E. esta disposición y, antes de seguir hablando de ella, me permitirá le recuerde varios pormenores, no sin interés, así para la más fácil inteligencia de parte de lo que sigue, como para la historia de las Leyes de la Reforma.
Servirá de rectificar al paso varios errados conceptos que ya circulaban y que, aunque alguna vez han de aclararse, conviene que desde ahora tengan reunidos y escritos algunos datos para verificarlos.
No creo que sea del caso hacer la historia de todo este negociado; pero sí me parece indispensable consignar aquí el recuerdo de los hechos que siguen.
Una vez resuelta la formación y promulgación de las Leyes de la Reforma, reunimos y leímos la mayor parte de todos los materiales, que así el excelentísimo señor ministro de Justicia, como V. E. mismo y yo, teníamos escrito desde el mes de junio de 1858.
Como entonces creíamos que la revolución podría tener un pronto término y como V. E. estaba resuelto a que antes de la entrada en México del gobierno constitucional, habían de publicarse simultáneamente todas las disposiciones que el nuevo programa exigía, habíamos procurado preparar todos estos trabajos.
Aunque no se discutieron uno a uno nuestros proyectos, de todos se fue tomando lo que pareció conveniente y la parte de la Reforma que consiste en la separación del gobierno civil de toda intervención eclesiástica, en la supresión de monasterios y establecimientos del estado civil de las personas, fueron obra de nuevas y largas discusiones, como lo había sido la mayor parte de los puntos del manifiesto.
Pero habiéndose tenido que vencer para la expedición definitiva de todos estos decretos, un muy considerable número de resistencias, aun de la parte del excelentísimo señor ministro de Hacienda, (1) a pesar de que había sido el más ardiente impulsor de su publicación, los sucesos se habían venido encima y hacían ya imposible la demora consiguiente a una más reposada y atenta discusión de los pormenores de esta ley de hacienda -13 de julio.
El excelentísimo señor Degollado se había ido a Tampico, seguro, por nuestro dicho, de que pronto vería esas leyes.
El excelentísimo señor Lerdo se iba para los Estados Unidos, a procurar, precedido de su buen nombre, sacar la mayor ventaja posible, así de la novedad que la publicación de esas leyes debía causar, como del buen espíritu que en favor nuestro había de suscitar su noticia.
El correo del Tennessee, que debía llevarla para México, debía salir en un término angustiado y angustiado también era el de la vuelta del mismo Tennessee para Nueva Orleáns.
V. E. recordará que tal ley de 13 de julio no tuvo más que dos lecturas en el gabinete: la una como si hubiese sido para lo que en el sistema parlamentario se llama discusión en lo general y la otra que, aunque se hizo deteniéndose en cada artículo, sólo fue por unos cuantos minutos y para discutir ligeramente las objeciones que la sola lectura hacía nacer.
Aún se convino en que el señor Lerdo, autor del fondo de esa ley, presentara después de tal discusión un ejemplar en limpio, en el que estuviesen ya salvas las objeciones hechas y se pudiese juzgar mejor de los términos en que quedase y del conjunto del pensamiento; pero la premura que ya he indicado impidió aun esto y hasta el punto de que tirados los primeros ejemplares que circularon en esta ciudad contra acuerdo expreso de todos nosotros, fue necesario que yo anduviese de prisa y ya en la noche, cuidando de que el señor Lerdo mandase a hacer una corrección importante, que por la urgencia le indiqué ante el excelentísimo señor McLane, en cuya compañía lo encontré.
Pasábamos una verdadera y grave crisis y, antes que todo, lo que importaba era que no pasase estéril.
No es, pues, extraño que después se hayan conocido huecos y defectos que tan somera discusión no permitió descubrir y lo es mucho menos reflexionando que la confianza que nos merecían los estudios especiales del excelentísimo señor ministro de Hacienda y su dicho muy repetido de haber sido éstos su constante ocupación de muchos años, y la ley de que se trata su estudio especial de los cinco últimos, creímos, como era natural, que todo debía estar bien meditado y combinado.
Fue ésta una de las causas de que V. E. no se fijara sobre el artículo 22 que tanto y tan justamente le llamó la atención después de publicada la ley.
Para evitar, pues, la notoria iniquidad que tal artículo consagraba y principalmente para que no quedaran premiados los defraudadores del Tesoro Público, que ni a él ni al clero pagaban, ni habían pagado, los réditos posteriores, a los adjudicatarios de 1856, fue necesario, por lo menos, ganar tiempo declarando que la ofrecida condonación quedaba modificada.
Este fue el objeto de la tercera medida de la repetida circular de 27 de julio, pensada, escrita e impresa con la mayor premura por la necesidad que se tenía de aprovechar uno de los raros conductos seguros que teníamos para comunicar con la capital.
Fortuna nuestra fue e increíble torpeza de nuestros contrarios, que se hubiesen puesto a publicar nuestras leyes en todos sus periódicos.
Un supersticioso vería claro en esto el dedo de Dios y era necesario aprovechar, si fuese posible, el estúpido candor con que los periódicos de la capital se apresuraban a hacer llegar a noticia de todos los que, sin tan impensada como estulta cooperación, no sé cómo hubiéramos nosotros conseguido.
Posteriormente se aclaró más este punto de réditos por otra circular y en la aplicación práctica se ha tenido toda la consideración que merecían los deudores, a quienes ya se había dado un derecho con la promesa de condonación.
He tenido la satisfacción de ver que aun los mismos deudores que se han acercado a esta secretaría y a quienes por eso he tenido la ocasión de explicar las razones de esta alteración, han reconocido la justicia de ella y confesado, que si bien era ventajoso y, por lo mismo, uno de los alicientes para aprovecharse de la ley, el artículo 22 de que me ocupo, por un lado recordaba todas las flagrantes injusticias que hace poco referí y, por el otro y más generalmente, sólo beneficiaba a los que menos lo merecían, a los tramposos y a los negligentes.
También se va a volver de larga explicación el recuerdo que V. E. me permitirá hacerle de los motivos porque acordó que se declarara la disposición contenida en el cuarto párrafo de la repetida circular de 27 de julio.
Apenas llegado V. E. a esta ciudad y entrado yo al ministerio de Hacienda, por la separación que la falta de salud obligó al señor Prieto a hacer de él y de esta ciudad, cuando se recibieron en dicho ministerio, largas listas de denuncias de casas que se decían espontáneamente devueltas al clero por sus primeros adjudicatarios.
Al dar cuenta a V. E. con esto, le hice presente la necesidad que había de impedirlo, entre otras razones, por la de que si se consentía llanamente en ir recibiendo como buenas estas denuncias, nada habría más fácil que dejar acumularse en manos de unos cuantos acaparadores grandes riquezas.
Esto contradiría y nulificaría tanto el espíritu que la ley de 25 de junio de 1856 había tratado de introducir, como el de todo gobierno previsor y que quisiera ser benéfico debía conservar, sobre que la propiedad se repartiese en el mayor número posible de personas, que así se vuelven las más quietas y son los más seguros apoyos del orden público.
En efecto, copiar las manifestaciones que los periódicos habían publicado en México, sobre la devolución que muchos beatos se apresuraban a hacer de bienes que aparentaban que sólo se habían adjudicado por defraudar la ley de 25 de junio y por conservarlos para el clero y en manos seguras contra el gobierno civil tales bienes, el copiar, digo, estas devoluciones espontáneas, estas confesiones de la mala fe con que se había procedido, reunirlas en un pedazo de papel sellado y pedir en seguida derecho a su propiedad, sin más trabajo ni gastos, era, repito, una cosa muy cómoda para el que lo hacía, pero muy perjudicial para los demás.
En estos demás, cuento principalmente al gobierno civil, que podía sacar alguna ventaja del derecho que de castigarlos le daban los defraudadores y cuento también, de un modo especial, las personas a quienes la ley concedía sustituirse en el lugar de los defraudadores y cuyos derechos eran también defraudados por las aspiraciones de los nuevos denunciantes.
Por poco que se hubiera impulsado por la simple tolerancia este nuevo giro que se daba a esos bienes, se habrían tenido en corto tiempo gruesas sumas monopolizadas en las manos de ávidos especuladores, que a condiciones más onerosas que las habituales del clero, hubieran obligado a mayores sacrificios a todos los que hubiesen tenido después la necesidad de arrendar o de comprar tales bienes.
Consulté, pues, a V. E. y se dignó acordar que se diese la circular del 20 de agosto de 1858, en la que se cerraba la puerta a tales modos fáciles de adquirir derechos sobre esas propiedades y en la que ya se anunció que el gobierno de V. E. había de tomar sobre todos esos bienes nuevas disposiciones, como en efecto las tomó unos cuantos meses después.
En el párrafo cuarto de que me voy ocupando, se habla del pago de alcabalas por las nuevas denuncias de las fincas a cuyos derechos habían renunciado espontáneamente los primitivos adjudicatarios.
Recordará también V. E. que fue éste el único retraente que me ocurrió oponer a los nuevos denunciadores y que V. E. lo aprobó reconociendo que no era infundada la interpretación que yo daba al artículo 10 de la ley de 25 de junio.
Así pagaron en efecto las alcabalas de sus denuncias durante mi permanencia en el ministerio de Hacienda algunos de los que las presentaron y así las han pagado otros en el tiempo del señor Lerdo de Tejada, y aun en mi vuelta al mismo ministerio por la separación de él de este señor, con motivo de su comisión en los Estados Unidos.
Como este señor informó de palabra y por escrito a varias personas antes de la discusión de esta ley, durante ella y después de que S. E. y yo discrepábamos en varios puntos, suplico a V. E. me permita consignar aquí uno de los de estas diferencias de opinión, por venir al caso.
Una de mis pretensiones era que los bienes ocupados se dividieran en dos o más categorías, bien distintas y fácilmente reconocibles.
Por ejemplo, fincas adjudicadas o adjudicables por la ley de 25 de junio, capitales a censos reconocidos al clero antes de dicha ley, bienes dejados por los monacales suprimidos y que antes no habían sido adjudicados.
Cuando ya se trató del viaje a los Estados Unidos, pronostiqué al señor Lerdo que la hipoteca que iba a ofrecer no era aceptable -pagarés de 40 meses sucesivos- y todavía le porfié por la división en categorías, algunas de las cuales se ofreciese aislada y sin gravámenes anteriores ni puntos discutibles, como hipoteca de un préstamo.
Volvió a rehusarlo y los hechos, si no son decisivos en favor de mi opinión sobre categorías, lo son sí en apoyo de mi predicción de que no encontraría fondo.
El párrafo quinto de la repetida circular de 27 de julio no tiene necesidad de explicaciones y pido a Dios que la amenaza que en él se hace a los especuladores que, sin pudor y sin conciencia, agitan nuestras discordias intestinas, para robar el Tesoro Público con pretexto de ellas, llegue alguna vez a tener efecto.
El becerro de oro es el último Dios que le falta a la humanidad que combatir y desacreditar.
Por fortuna se encuentran ya muchísimos que piensan que el dinero no es Dios y que si es útil para muchas cosas, nada tiene de respetable.
La última disposición de la circular es transitoria y de mero reglamento.
Se quiso evitar en ella, como V. E. recordará, que cualquiera héroe que en México se pronunciara por la Constitución, hiciera en nombre de ella las economías que todos hemos visto que saben hacer para sí sobre el Tesoro Público.
La circular del 3 de agosto no necesita explicación particular; basta su lectura para comprender su justicia y su conveniencia y, en cuanto a oportunidad, sólo recordaré a V. E. que se dio en los días que estuvo aquí el señor Whitehead.
Iba este señor a Londres, echado por Miramón y, con ocasión de haber sido uno de los que firmaron la representación que algunos ingleses hicieron, quejándose de los asesinatos de Tacubaya; se mostraba muy bien dispuesto a favor del gobierno de V. E.; en una conversación que con él tuve, vi que se podía aprovechar esta buena voluntad, no sólo en favor de los tenedores de bonos en Londres cuyo representante principal era él en México, sino también en beneficio del gobierno constitucional.
Deberé dejar al excelentísimo señor ministro de Justicia que explique los fundamentos de la circular de 4 del mismo agosto y acaso así lo hará, si V. E. se lo previene.
Es por otra parte tan claro lo que en ella se dispone, que juzgo superflua toda explicación.
La circular de 12 de agosto, se ocupa únicamente de lo relativo a capitales y capellanías, punto sobre el que la ley dejaba mucho que desear para la debida claridad y distinción.
Casi inútil me parecería explicar cada uno de los puntos que tal circular contiene, por ser obvias las razones de justicia en que se fundan sus resoluciones; pero el acuerdo de V. E. sobre que todo lo relativo a las modificaciones de esta ley se explique y haga constar, me autoriza para procurar hacer lo que en esto pueda.
Las capellanías de sangre, como V. E. sabe, más que bienes dedicados al culto, eran beneficios que los parientes ricos solían fundar en provecho de los parientes pobres.
El clero, cuyo prestigio era grande bajo muchos aspectos y merecido bajo el de permanencia en sus oficinas y giro de negocios, fue al principio, instintivamente y después por costumbre y conveniencia, electo como depositario de estas fundaciones o legados piadosos.
El mismo clero, diestro como siempre lo ha sido en sacar ventajas para su clase de cuanto directa o indirectamente llegaba a tocarle o a rozarse con sus negocios, por darse mayor respetabilidad, no menos que por abrirse puerta por la cual pudiera, andando el tiempo, convertirse de depositario en dueño de tales fundaciones, inventó primero la cláusula que de ordinario se ponía en estas fundaciones, sobre que el titular las disfrutase a condición de ponerse en carrera de llegar a ser eclesiástico; después inventaron también, lo que entiendo que llamaron derecho devolutivo.
Cualquiera creería, oyendo el nombre y sabiendo que a veces las fundaciones se hacían para parientes de las líneas laterales, que cuando éstas se extinguían, los bienes se devolvían a la línea del tronco.
Pero no era así; derecho devolutivo quería decir, en este caso, a pesar de la gramática, de la lógica y de la justicia, el abuso por el cual los obispos continuaban haciendo uso de estas capellanías, pero en favor de sus paniaguados y a veces de sus parientes, porque el nepotismo se conserva casi intacto a pesar de los cánones y de la universal censura.
No siempre se perdía la capellanía, si pasada cierta edad no había ordenádose su titular; pero sí se perdía cuando éste se casaba, lo cual no es prueba de que la Iglesia procurase, como el gobierno civil, dar alicientes al matrimonio.
Recordado así lo que fueron las capellanías llamadas de sangre, el gobierno civil, al sustituirse al clero en esta depositaría, no podía hacerlo con el carácter de conquistador sin ofender todas las leyes de justicia, de moral y aun de simple conveniencia.
Era, pues, necesario en punto a capellanías, excluir antes que todo las laicas y éste es uno de los objetos de la circular de que ahora me ocupo, objeto que fue necesario volver a tratar y aclarar más, porque hubo algunos que no entendieron bien este punto tocado ya en la circular de 4 del mismo mes, dada por el excelentísimo señor ministro de Justicia.
El segundo punto de la circular del 12, es la petición a los censatarios de datos por los cuales se pudiera juzgar de la naturaleza y estado del capital a censo, puesto que la ley nada había dicho sobre varios puntos relativos a este artículo, que sin embargo merecían bien establecerse y aclararse.
Sirvan de ejemplo las capellanías de sangre de que acabo de hablar y los capitales en que se conserven las dotes de las señoras religiosas que conforme a la ley tienen que dárseles.
Si no se continuaban en las manos de los mismos actuales censatarios estos últimos capitales, habría necesidad, para que el gobierno cumpliese la obligación que de ello tenía, de hacer nuevas imposiciones, con la desventaja de que, por cada 100 pesos que necesitara que se le reconociesen, tendría que exhibir más de 200, para demostrar lo cual basta recordar que de cada 100 pesos que hay obligación de pagarle ahora, sólo tiene que percibir poco más de 40 en efectivo.
La operación, pues, se volvería ruinosísima si el gobierno no conservase todos los capitales que deben subsistir en poder de las mismas personas que tienen ya contraída la obligación de reconocerlos.
Para conseguir que así fuese, se previnieron los varios puntos que contiene la segunda disposición de la circular.
En cuanto a la tercera, V. E. creyó conveniente que se aplicara a las capellanías la ley de Cortes sobre desvinculaciones, así por ser racionales sus preceptos como por haber sido cumplida y bien recibida en su época.
Los dos párrafos 5ª y 6ª, que en la circular siguen, son de mero reglamento, pero necesarios para que el clero sepa que no puede poseer esta especie de beneficios que ahora se le dejan, sin conocimiento y expreso consentimiento del gobierno civil.
Como juzgo éste uno de los medios eficaces para sujetar al clero, ya he tenido la honra de exponer a V. E. cuán conveniente sería, en mi concepto, que se prorrogara el plazo de tres meses fijado en la circular, puesto que, debiéndose cumplir el 12 del próximo noviembre, aún no se presenta sino un muy corto número de capellanes pidiendo se les reconozca por el gobierno su título de tales.
Podría acaso extenderse a seis meses más este plazo, atendida la dificultad que hoy tienen las disposiciones de V. E. para llegar a noticia de los interesados en los puntos que ocupa la reacción que, como ya otra vez he dicho, son los que más comúnmente habitan estos interesados.
El punto de réditos vuelve a ser tocado en esta nueva circular y se hace ya de ella la debida distinción entre los adeudados antes del 25 de junio de 1856 por capitales impuestos hasta entonces a censo y los que se adeuden en lo sucesivo por esos mismos capitales impuestos y por los bienes cuya adjudicación produjo la conversión de todos los bienes en capitales a censo.
Es notoria la justicia de esta distinción, principalmente si se reflexiona la extremada incuria y la refinada malicia con que el clero dejaba a veces por negligencia, a veces por el deseo de ser árbitro de la suerte de las familias, dejaba, digo, que se recargasen los réditos hasta volverse a veces dobles o triples de los capitales.
Durante la primera guerra que México tuvo que sostener para adquirir su independencia, una parte de la fortuna pública se arruinó.
Si se hubiese hecho en 1810 el inventario social de la llamada Nueva España y se hubiese comparado con otro igual en 1821, sin duda que se habría determinado la parte destruida, pero aun cuando tales valúos no se hayan hecho, sí es notoria tal destrucción parcial de la fortuna pública.
Parece que habiendo sido para mexicanos y por mexicanos el trabajo de la independencia, entre mexicanos debió repartirse el costo que había tenido el alcanzar ésta.
Pero no fue así; el clero declaro por sus hechos, aunque sin atreverse a formularlo con palabras, que él no era mexicano, sino ciudadano de la Luna o de Saturno y que si bien le tocaba y aceptaba y disfrutaba con gusto los bienes de la independencia, las costas debían solamente lastarse por los hijos de Nueva España; que en consecuencia, sus capitales debían considerarse como intactos y que la disminución o destrucción parcial de parte del inventario social debía atribuirse solamente a los censatarios.
Y luego vino la piedad de los juzgados de testamentos, que en calidad de jueces y partes declararon, que era obra pía que los censualistas en nada contribuyesen al bien público del país y que los censatarios reportasen por sí solos éste que parece en justicia que debiera ser cargo común.
Por el solo decurso de estos 11 años, cuyo promedio importa 27 ½ por ciento al cinco anual, los censatarios quedaron gravados en un cuarto más de sus adeudos.
Hablo del promedio y de lo que respectivamente puede llamarse uso, porque si hubiera de hablar del todo y del mayor abuso, el cuadro sería más sombrío.
Cuando no fuera, pues, sino por esta sola consideración, los réditos adeudados por los capitales reconocidos al clero antes de la ley de 25 de junio, debían merecer especial consideración y que no quiero hablar ni de las revoluciones subsecuentes, ni demás reflexiones de otra especie que de las ligeras indicaciones que siguen.
Vergüenza es decirlo, pero es cierto, para mengua de lo que entre nosotros se ha llamado administración de justicia y para baldón eterno de esos antros de ladrones que se llaman juzgados de testamentos, capellanías y obras pías; es cierto, repito, que las más claras disposiciones de nuestras leyes sobre prescripción fueron siempre eludidas por el clero y que los plazos de 10 y 20 años se redujeron siempre por el más notorio abuso de poder a la gran prescripción de 100 años llamada contra la Iglesia.
Sería tan largo como triste, que refiriese yo menudamente siquiera la centésima parte de los casos de perturbación y aun ruina de las familias por este estudiado recargo que el clero dejaba hacer de parte de sus réditos.
Basta recordar que el convencimiento que el clero había adquirido de ser el único árbitro de toda la propiedad del país y su insolente cinismo habían llegado hasta el punto de no dar a ninguno de los propietarios el título de tal, sino que a todos se dirija llamándolos simplemente poseedores.
Tenía la conciencia de que no éramos más que administradores sin sueldo de sus bienes.
Era, pues, indispensable ser muy considerado respecto de los deudores de tales réditos y por eso dispuso V. E. que los anteriores al 25 de junio se pagasen con bonos.
He explicado ya las buenas razones que había para no tener la misma consideración con los nuevos adjudicatarios y, sin embargo y atendiendo a las que también había para considerarlos en algo, V. E. sabe que en la práctica ha habido bastante lenidad sobre el pago de estos últimos réditos.
La circular de 22 de agosto tiene por objeto reglamentar el artículo 32 de la ley, cuya simple lectura, si V. E. se digna volverla a hacer, convencerá a V. E. de que sobre este capítulo de señoras religiosas, no hay allí más que un germen confuso de lo que pudiera establecerse.
Su práctica, atendida la letra, es de todo punto imposible y así debió sentir el excelentísimo señor gobernador del estado de Oaxaca, que pidió su aclaración.
Contiene además esta circular, la novedad de que si en algunos conventos los rendimientos de las fincas no bastaban al mantenimiento de las señoras, del Tesoro público se subviniese a él.
Esta medida de verdadera filantropía que siempre recomendará a V. E. era, además de diestra, política, porque debía probar que no había encono ni animosidad de ninguna especie en el gobierno de V. E., como tanto se ha procurado propalar por sus detractores y malquerientes ni contra la religión, ni mucho menos contra las víctimas inocentes de uno de sus extravíos.
Era, aunque muy remoto, posible, sin embargo, que las malas pasiones de los beatos, quienes por desgracia abrigan de las peores y más exacerbadas, llevasen a éstas hasta el extremo de negar las limosnas y demás medios comunes de subsistencia a las comunidades pobres, para excitar el fanatismo en unos y en todos mover contra el gobierno de V. E. la compasión, que naturalmente excitaría el saber la miseria a que estas pobres señoras llegaran a ser reducidas.
V. E. sabe que el hombre se rige más por el sentimiento que por la reflexión.
Cualquiera gravamen, pues, que se creyera que por éste debía venir al Tesoro público, era de casi ninguna importancia ante las razones de humanidad y conveniencia pública, que hacían necesaria tal medida.
La circular de 7 de septiembre no tiene necesidad de explicación, porque siendo buenas las razones que se tuvieron presentes en la circular de diciembre de 1856, que en ella se cita, basta su simple lectura para conocer la ventaja de recordar que estaba en vigor.
La circular de 10 de septiembre explica por sí misma la justicia y conveniencia de la disposición en ella tomada.
Es principalmente de considerarse la respectivamente mala posición en que la ley puso a los censatarios anteriores a la ley de 25 de junio de 1856.
En efecto, tener un capital al cinco o seis por ciento, que al seis eran pocos los que había, tenerlo aun en negocios como son las fincas rústicas y las casas de las poblaciones pequeñas, en negocios que dejan tan cortas utilidades habitualmente y que ninguna han dejado sino ruina en muchos puntos de la República, con motivo de la guerra larga y desoladora que el clero le ha procurado, era sin duda más ventajoso que tener que exhibir un 40 por ciento del mismo capital, aun cuando ese 40 se dividiera en otros tantos meses.
Muchísimos censualistas conozco, para quienes aún antes de esta guerra, era sumamente difícil pagar los cinco duodécimos mensuales por ciento que les correspondía por los antiguos capitales reconocidos al cinco.
Con cuanta más razón no les debiera ser difícil y para algunos casi imposible, exhibir un poco más del uno por ciento mensual, que conforme a la ley tendría que pagar.
Y digo un poco más, porque sea cual fuere el valor que se imponga a los bonos, dividido éste por los 40 meses, supera siempre en algo al uno que resulta de 40 por ciento dividido en 40 meses.
Vista la tendencia general de la ley, conocido el espíritu que la dictó y consultada la conveniencia pública sobre ello, es evidente para mí, que su carácter de recurso pecuniario debe subordinarse del todo ante un gran carácter de reforma social.
Yo no quiero echarla de profeta, pero tal vez llegará V. E. a tener ocasión de ver que de los ponderados millones del clero, será bien poco lo que el gobierno civil llegue a aprovechar y aun a conocer, porque son también inferiores y con mucho a las exageraciones que de ellos se han hecho.
De eso adolecía principalmente la ley de 25 de junio, de considerar como arbitrio lo que debiera ser reforma de la sociedad y de sacrificar al deseo de adquirir algunos recursos la suposición de que el clero era propietario de esos bienes, la mejora y saneamiento de ellos para él y el principio económico de que no debe hacerse ninguna imposición que hiera el capital.
Como último considerando, que suplico a V. E. me permita exponer sobre el objeto de esta circular, es que sin ella y sin la declaración de que los 30 días fijados por la ley para redimir debían correr desde la publicación oficial, el agio se hubiera interpuesto entre los que deberían ser beneficiados y el gobierno y unos cuantos pillos que de decentes no tienen más que el traje y las pretensiones, habrían sido los únicos que por contratos más o menos ruinosos hubieran aprovechado las leyes de desamortización y nacionalización, quedando así el gobierno que tal hubiera consentido con las notas de inepto o de inicuo; acaso con la de ladrones los que compusieron su personal y la República, con la esperanza perdida, de que alguna vez hubiese algo en México, que se hiciera sin más miras que las de la justicia y de la conveniencia pública.
Si he omitido algún otro informe, será sobre puntos que no tengan verdadero interés o secundarios y que no se han circulado a todos los estados, como los ya expuestos.
A los de Zacatecas y Michoacán, que lo pidieron, se les ha dado por V. E. amplitud de facultades para llevar a efecto la ley y se han negado las mismas a los de Campeche y Durango aunque también la solicitaron, porque V. E. ha creído, que ni eran unas mismas las circunstancias de unos y otros, ni tampoco era idéntico con el de V. E. como parece que lo es el de los gobiernos de Michoacán y Zacatecas, el espíritu de los de Campeche y Durango.
En esta ciudad de Veracruz ha habido una particularidad que V. E. me permitirá consignar aquí.
Pasados los 30 días de la ley, habían quedado sin redimir algunas casas, que conforme a la misma debieran ser rematadas en subasta pública.
Supe, extraoficialmente, que en algunas de ellas se hacía esto con toda malicia, para tomarlas por las dos terceras partes del valúo y procuré impedir esta quiebra que no era por error en la primitiva adjudicación o por cualquiera otra causa excusable.
Se consiguió colocarlas todas, aunque algunas con circunstancias más favorables a los adquiridores que las que tuvieron en el resto de ellas, pero ninguna con tanto gravamen como el que hubiera tenido el Tesoro público si se hubiesen sacado en diversas almonedas.
El jefe de Hacienda nos ayudó en esto.
Es fácil que en los informes que he procurado dar a V. E. como opinión mía, cuando he tenido necesidad de consultarle todos estos puntos, haya incurrido en más de un error.
Pido por ello a V. E. sincero perdón, como también lo necesito por la festinación con que en varios casos lo he molestado por resoluciones que creía yo no debían demorarse.
V. E., con su acostumbrada bondad, se dignará disimular todo esto, en favor de la sana intención y de la eficacia y prontitud con que he procurado servir los varios cargos que V. E. ha tenido a bien encomendarme.
Acepte V. E. la renovación de mi muy sincero respeto a su persona y de mi más cordial atención.
(1) Miguel Lerdo de Tejada.

References: artículo 15
 artículo 31
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 artículo 22
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 artículo 22
 artículo 22
 artículo 10
 artículo 32