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Timestamp: 2020-01-18 11:27:51+00:00

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Subcomision investigadora de personas e instituciones involucradas en las acciones de anticoncepcion quirurgica voluntaria (aqv)
JUSTAMENTE SE HABIA YA VENIDO USANDO EL SISTEMA DE CONTROL DE LA POBLACIÓN PARA ELIMINAR LA POBREZA, CREEMOS QUE SE DEBE SACAR AL PUEBLO DE SU POBREZA A TRAVÉS DE LA EDUCACION Y LA SALUD.”
PREAMBULO SEÑOR PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
INDICE Capítulo I: Aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria a la Política de Población
Capítulo II: El Requisito de Autorización Escrita o Solicitud de Intervención de AQV
Participación de los Organismos Internacionales en el Financiamiento y Aplicación de los Programas de Planificación Familiar ejecutados por el Gobierno en los años 1995 - 2000
Acciones e investigaciones realizadas por la Subcomisión de AQV
Capítulo VI: Marco Internacional de Protección a los Derechos Humanos en lo que respecta a los derechos inherentes de la persona y Planificación Familiar
La conducta o comportamiento sexual de las personas
Los grupos humanos de mujeres
“la iniciativa de votar por la aprobación del proyecto en discusión con cargo a redactar
AQV: “anticoncepción quirúrgica voluntaria”.
AQV pueda ser considerada desde el punto de vista ético, religioso y hasta médico, como un método de planificación familiar;
Derechos Constitucionales sobre planificación familiar
Art. 6: “
(AQV@congreso.gob.pe)
INFORME FINAL SOBRE LA APLICACIÓN DE LA ANTICONCEPCION QUIRURGICA VOLUNTARIA (AQV) en los años 1990-2000
“JUSTAMENTE SE HABIA YA VENIDO USANDO EL SISTEMA DE CONTROL DE LA POBLACIÓN PARA ELIMINAR LA POBREZA, CREEMOS QUE SE DEBE SACAR AL PUEBLO DE SU POBREZA A TRAVÉS DE LA EDUCACION Y LA SALUD.”
Palabras del Sr. Christopher H. Smith, Congresista de los Estados Unidos de Norteamérica. Sesión de la Subcomisión Investigadora, 23 de Marzo del 2002.
SEÑOR PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA:
En cumplimiento del encargo recibido del Pleno de la República y habiendo concluido las diligencias investigadoras en el plazo señalado, es que elevamos el informe en mayoría. Con el presente informe manifestamos nuestra intención de aclarar las diversas denuncias contenidas en la Moción de Orden del Día N° 501 presentada por el Congresista Héctor Hugo Chávez Chuchón que dieron lugar a la conformación de esta Comisión Investigadora.
En la sesión del Pleno del Congreso del día 25 de octubre de 2001, se aprobó la conformación de una Comisión Investigadora de las supuestas irregularidades y violación a los derechos fundamentales de la persona en la aplicación de las acciones de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria AQV durante el anterior gobierno del ex presidente Alberto Fujimori Fujimori, en virtud de la Moción de Orden del Día Nº 501, presentada por el Congresista Héctor Chávez Chuchón.
Con Oficio N° 624-CR-DPM enviado por la Mesa Directiva a la Comisión de Salud, Población, Familia y Personas con Discapacidad de fecha 26 de octubre del 2001, el tercer Vicepresidente, Congresista Xavier Barrón Cebreros comunica el acuerdo del Pleno del Congreso de la República de aprobar la conformación de la Subcomisión Investigadora.
Con fecha 31 de Octubre en la Sesión Ordinaria dela Comisión de Salud, Población, Familia y Personas con Discapacidad se ratificó la confianza depositada en los integrantes del grupo de trabajo y cuya presidencia recae en el Congresista
Héctor Chávez Chuchón, el Vicepresidente Daniel Robles López y el secretario, el Congresista Marcial Ayaipoma Alvarado, así como se dio lectura al Oficio N° 624-CR-DPM por el cual se comunica el acuerdo del pleno del Congreso de la República de otorgar facultades de Comisión Investigadora a dicho grupo, de conformidad al artículo 88° del Reglamento del Congreso de la República.
El plazo para realizar la investigación fue fijado por el pleno en 120 días hábiles, contados desde la fecha de su instalación el 15 de febrero del 2002 hasta el 15 del mes de junio del 2002, el cual fue ampliado hasta el 30 del mes de junio de 2002.
En la sesión de instalación realizada el día 15 de febrero del 2002, se tomó el acuerdo de aprobar el Plan de Trabajo, el cual incluía la citación a los ex ministros de Salud del Gobierno de Fujimori, la visita a diversas localidades del interior del país en donde se realizaron las AQV, las reuniones con diversas personas y representantes de instituciones que tuvieron relación directa con las campañas de esterilizaciones materia de la investigación y la recopilación de documentos de instituciones públicas y privadas, así como denuncias de diversas personas.
La presente investigación se da dentro de las facultades que el artículo 97° Constitución Política del Estado confiere al Congreso de la República que a la letra dice:
Art. 97º: “El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer, por requerimiento, ante las Comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismo apremios que se observan en el procedimiento judicial.
Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier información, la cual puede implicar el levantamiento des secreto bancario y el se la reserva tributaria; excepto la información que afecte la intimidad personal. Sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales.
En concordancia con el artículo 94º de ese mismo cuerpo de leyes que establece que:
“El Congreso elabora y aprueba su Reglamento que tiene fuerza de Ley; elige a sus representantes en la Comisión Permanente y en las demás Comisiones; establece la organización y las atribuciones de los grupos parlamentarios; gobierna su economía...”
La presente investigación se realiza al amparo del artículo 35º acápite B del Reglamento del Congreso de la República.
“Existen tres clases de Comisiones:
Comisiones Ordinarias;
Comisiones de Investigación: encargadas del estudio, la investigación y el dictamen de los asuntos puestos en su conocimiento en aplicación del artículo 97° de la Constitución Política. Gozan de las prerrogativas y las limitaciones señaladas en dicha norma constitucional y el presente Reglamento.
Comisiones Especiales...”
Así también resulta aplicable el artículo 88° del Reglamento del Congreso de la República:
Art. 88°: El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público, promoviendo un procedimiento de investigación que garantice el esclarecimiento de los hechos y la formulación de conclusiones y recomendaciones orientadas a corregir normas políticas y/o sancionar la conducta de quienes resulten responsables, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Las Comisiones de Investigación se constituirán por solicitud presentada mediante Moción de Orden del Día. Para su aprobación sólo se requiere el voto aprobatorio del 35% de los miembros del Congreso. Integrarán la Comisión entre tres y cinco Congresistas, propuestos por el Presidente del Congreso, respetando el pluralismo y proporcionalidad de los Grupos Parlamentarios. La Comisión presenta un informe dentro del plazo que fije el Pleno del Congreso. No puede solicitarse prórroga sin que se presente un informe preliminar. El Consejo Directivo pone el informe en la agenda de la sesión en que se debata la prórroga, que debe ser la siguiente o subsiguiente a la presentación de la solicitud de dicha prórroga. Sus sesiones son públicas, salvo acuerdo distinto de la mayoría de sus miembros”.
El mandato del pleno del Congreso se desprende en el nombre que se le otorgó a la SUB COMISIÓN INVESTIGADORA DE PERSONAS E INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LAS ACCIONES DE ANTICONCEPCION QUIRURGICA VOLUNTARIA (AQV). Es la Moción de Orden del Día Nº 501 la que delimita el ámbito de la investigación de la Subcomisión, la misma que luego de su instalación se presenta y aprueba el Plan de Trabajo y se procede a solicitar información a diferentes instituciones y personas. Se cursan invitaciones y citaciones a personas ya sea autoridades o ex autoridades vinculadas estrechamente en el tema de la investigación, estableciéndose un Cronograma de trabajo que con ciertos reajustes se fue cumpliendo.
Aprobación del Plan de trabajo:
Se procedió a dar cumplimiento al Plan de Trabajo, aprobado, de la Subcomisión Investigadora. En el anexo pertinente del Informe se encuentran los cuadros de asistencia a las diversas sesiones que se realizaron, las personas que fueron citadas como invitadas, las personas que asistieron y aquellas que no concurrieron, la documentación solicitada, informes y otros importantes oficios y cartas que recibió la Subcomisión que de una u otra manera coadyuvaron a los fines de la misma.
Aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria a la Política de Población:
Lineamientos de la Política Nacional de Población 1990 – 1995.
Irregularidades detectadas en la aplicación del AQV. Preámbulo. Base Legal.
Violación al derecho constitucional de la libre elección y a la no discriminación. Denuncias de instituciones y organizaciones sobre violaciones al derecho de elegir el método de planificación familiar en ejercicio de un derecho constitucional: Defensoría del Pueblo, Cladem, Conferencia Episcopal Peruana, Colegio Médico del Perú.
Abandono de pacientes en la etapa post-operatoria. Denuncias de instituciones y organizaciones sobre violaciones al derecho a la salud: Defensoría del Pueblo, Cladem, Conferencia Episcopal Peruana, Colegio Médico del Perú.
Indicios de establecimiento de metas numéricas, incentivos, y/o de estímulos para el cumplimiento de cuotas de captación de usuarias. Disposiciones del Sector Salud al respecto. Denuncias de instituciones y organizaciones sobre establecimiento de metas: Defensoría del Pueblo, Cladem, Conferencia Episcopal Peruana, Colegio Médico del Perú.
Realización de Festivales y/o Campañas destinadas únicamente a promover la ligadura de trompas y vasectomía. Denuncias de instituciones y organizaciones sobre realización de festivales: Defensoría del Pueblo, Cladem, Conferencia Episcopal Peruana, Colegio Médico.
El Requisito de Autorización Escrita o Solicitud de Intervención de AQV:
El Formulario de Autorización Escrita. Su tratamiento en los Manuales de Normas y Procedimientos para actividades de AQV.
Como requisito previo a la práctica de la AQV.
Irregularidades en la suscripción de la Autorización o Solicitud para la AQV.
Esterilizaciones forzadas y/o realizadas bajo amenaza o engaños. Denuncias de instituciones y organizaciones: Defensoría del Pueblo, Cladem, Conferencia Episcopal Peruana, Colegio Médico del Perú.
Indicios de Ausencia de Registro de Autorización o Solicitud para la AQV. Denuncias de instituciones y organizaciones: Defensoría del Pueblo, Cladem, Conferencia Episcopal Peruana, Colegio Médico del Perú.
Acciones e investigaciones realizadas por la Subcomisión de AQV:
Sesiones públicas realizadas por la Subcomisión. Preámbulo
Participación del Señor Congresista de los Estados Unidos de Norteamérica: Christopher H. Smith en la Sesión de la Subcomisión AQV. Alcances e Importancia de su presencia en el Perú.
Citaciones a los Ministros de Salud que desempeñaron el cargo entre los años 1991 al 2000: Invitados Especiales
Testimonios sobre las irregularidades cometidas en la Aplicación de la AQV extraídas en las Sesiones de la Subcomisión Investigadora.
Marco Internacional de Protección a los Derechos Humanos en lo que respecta a los derechos inherentes de la persona y Planificación Familiar
Declaración Universal de los Derechos Humanos – 1948.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre – 1948.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos – 1966. Ratificado por el Perú en 1978.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – 1966 ratificado por el Perú en 1978.
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pacto de San José, 1969. Aprobado por el Perú en 1978.
Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer- 1979. Ratificada por el Perú en 1982.
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Protocolo de San Salvador. Ratificado por el Perú en 1995.
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer – 1994. Ratificada por el Perú en 1996
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo. El Cairo 1994.
Tipos Penales Código Penal Peruano. Irregularidades en la Aplicación de la AQV: Delito contra la Libertad Individual: Secuestro, Delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud: Lesiones; Delito de Genocidio y de Delito de Asociación Ilícita para Delinquir.
Conclusiones y Recomendaciones de la Subcomisión Investigadora de AQV:
Lineamientos de la Política Nacional de Población: 1990-1995
El nuevo programa de población del Gobierno que se inauguró el 28 de Julio de 1990 puso rápidamente en ejecución una nueva política de población que tomó forma en el “Programa Nacional de Población 1991-1995”, elaborado por un Comité Técnico Sectorial nombrado por R.S.: Nº 046-91PCM de fecha 13 de febrero de 1991. Dicho Programa estableció nuevas pautas de política demográfica así como nuevos métodos para alcanzar las metas que proponía. Poco después, la Comisión Interministerial de Asuntos Económicos y Financieros (CIAEF) aprobó el referido Programa Nacional de Población con lo que éste quedó convertido en política preferente del Gobierno Peruano.
El Programa en mención asumió como único fundamento de sus propuestas un diagnóstico demográfico elaborado por ese Comité Técnico Sectorial que daba por sentada y demostrada una relación negativa entre el crecimiento de población y el crecimiento económico. En base a este errado supuesto, el nuevo Programa Nacional de Población estableció estrategias y métodos demográficos declaradamente restrictivos y controlistas; en esa misma línea, se encargó la Secretaría Técnica al Fondo Nacional de Población de Naciones Unidas (UNFPA), de reconocida trayectoria de apoyo al control de la población en los países en vía de desarrollo.1 Para tal fin, el Fondo Nacional de Población de las Naciones Unidas actuará como Secretaría Técnica del mismo en coordinación con el Consejo Nacional de Población.2
Entre los ocho programas específicos diseñados por el nuevo Programa Nacional de Población se concedió prioridad especial a los de “Salud Reproductiva y Planificación Familiar”3 y al de “Descentralización de la Política de Población”, en este último caso, insistiendo y poniendo mayor énfasis en las zonas rurales de la selva y la sierra peruanas debido a que, según el PNP:
“... las mujeres de las áreas rurales mantienen sus patrones reproductivos en niveles altos y a que la tasa global de fecundidad de esas mujeres es más del doble de la que se observa en al área metropolitana de Lima- Callao.” (PNP págs. 4, 5).
El nuevo Programa propuso también como objetivo específico:
“...reducir el ritmo de crecimiento natural de la población a un nivel no mayor del 2% anual para 1995, promoviendo un descenso de la fecundidad compatible con la mejora de la salud materno - infantil, estableciendo además que: “...la tasa de fecundidad no deberá superar el nivel de 3.3 hijos por mujeres para mediados de la década”. (PNP pág. 11)
En lo que respecta a la prioridad destinada a la descentralización, el nuevo PNP señala que su estrategia se inspira “...en la necesidad de atender con prioridad a grupos humanos de bajos ingresos, como las mujeres de los sectores urbano-marginales y rurales y los jóvenes de estos mismos sectores”. (PNP pág. 12)
En el marco de estos lineamientos queda claro que:
El Gobierno Peruano asume una política demográfica, restrictiva y controlista.
Dentro de ese esquema, las áreas preferentes para las actividades del P.N.P. versan sobre lo siguiente:
La conducta o comportamiento sexual de las personas:
Ello se ha de regular, a través del “Programa de Salud Reproductiva”. El comportamiento reproductivo es calificado por el INEI y UNFPA como de alto riesgo debido a que la “alta fecundidad por sí misma está relacionada con altas tasas de enfermedad y muerte.”4
Los grupos humanos de mujeres: en edad fértil, residentes en las zonas pobres de la sierra y la selva peruanas así como de los sectores marginales.
El cumplimiento de metas demográficas del período 1990 – 1995: Destinadas a la reducción del crecimiento de la población a una tasa anual no mayor del 2% así como una Tasa Global de Fecundidad (T.G.F.) de 3.3 hijos por mujer.
Al promediar el año 1995, las metas del PNP se habían cumplido, aunque al parecer de modo insuficiente para las expectativas y/o proyectos del gobernante de entonces. Las tasas de crecimiento anual de la población fueron menores al 2% pasando de 1.9% en 1990 a 1.7% en 1995, siendo incluso críticas las correspondientes a las zonas rurales del país con 0.1%.
La TGF promedio para el quinquenio 1990-1995 se situó en 3,4%, apenas diez décimas por encima de la meta propuesta. La correspondiente a las zonas rurales bajó siete décimos respecto al quinquenio precedente5 y el uso de anticonceptivos en las mujeres se elevó de 57.3% a 64.2%.
La participación personal del Gobernante:
El Ex-Presidente Alberto Fujimori, al parecer, no se satisfizo con estos resultados; es por ello que variando la estrategia, su Mensaje a la Nación del 28 de julio de 1995 se centró en el tema poblacional de los derechos reproductivos, declarando que:
“... sería una hipocresía hacerse de la vista gorda, sabiendo que se aplican diferentes métodos para familias de diversas clases sociales. Lo justo es difundir, he hecho difundir, a fondo los métodos de planificación familiar(...) Hemos sido y seremos un gobierno pragmático, sin tabúes, ni vacas sagradas... las mujeres serían dueñas de su destino”.
El Ex Presidente utilizó, en esta ocasión, frases y términos que fueron considerados agraviantes para sus opositores y altos representantes de la Iglesia Católica.
Lo manifestado por el Presidente Fujimori no ha influenciado, de modo alguno en las conclusiones que ha arribado la Subcomisión Investigadora, sin embargo, es de resaltar que la referencia a la posibilidad de elección “de su propio destino” por parte de las mujeres, contrasta con la coacción a sus libertades y la vulneración de sus derechos fundamentales que se dieron en la aplicación de la anticoncepción quirúrgica voluntaria.
No es de extrañar, entonces, que ese mismo año, el Ejecutivo enviara al Congreso de la República, en los primeros días de setiembre y “con carácter de urgencia,” un Proyecto de Ley que legalizaba la esterilización voluntaria, modificando de esta manera el art. VI del Título Preliminar del Decreto Legislativo Nº 346, Ley Nacional de Población que establecía, que se excluía la esterilización como método de planificación familiar.
Es decir, el ex Presidente eliminó ese “obstáculo” enviando al Congreso de la República un proyecto de Ley para legalizar la esterilización (la esterilización y el aborto eran procedimientos de “birth control” recomendados por los organismos internacionales, como se detallará más adelante.)
Dicho Proyecto ingresó a la Comisión de Salud, presidida por la señora Congresista Martha Hildebrant Treviño, sin los recaudos jurídicos ni los motivos que lo justificaran. Es en el debate parlamentario, en el Pleno del Congreso, que se introdujo el condicionamiento de la expresión de libre ejercicio de la voluntad personal y la exigencia de que no hubiera ofrecimientos o estímulos materiales para el consentimiento; condicionamiento que no incluía el Proyecto original del Ex Presidente.
Extraemos de la sesión Plenaria del Congreso realizada el 07 de setiembre de 1995 la intervención del señor Congresista Roger Guerra García:
“...quiero informar al Pleno – porque ya lo hice en la Comisión. Sobre el inadecuado manejo de este tema en la sesión inicial de la Comisión de Salud. Confío en que la precipitación en querer votar el proyecto sin dictamen haya sido producto de la inexperiencia de su Presidente y de los miembros. Entonces tienen razón los Congresistas Chirinos Soto y Breña Pantoja cuando califican de modesto el dictamen. Si éste es modestísimo, es como consecuencia de la improvisación.6
El gobierno de Fujimori había enviado al Congreso de la República el Proyecto de ley 155/95–CR que propone la legalización de la esterilización humana como todo de planificación familiar. Pide, además, que se de a ese proyecto el carácter de “urgencia” que el Art. 105 de la Constitución concede para casos excepcionales.
La Comisión de Salud, Población y Familia presidida entonces por la Dra. Martha Hildebrandt Pérez Treviño convoca inmediatamente a sesión Extraordinaria de la Comisión, la misma que se lleva a cabo el 24 de agosto de 1995.
De acuerdo a las actas oficiales de esa sesión el proyecto del Ejecutivo se pone a votación sin que hubiera mediado el Dictamen previo que los usos parlamentarios exigen. Debido al desacuerdo se pasa a un cuarto intermedio al término del cual se lee un comunicado del Colegio Médico llegado por FAX en esos momentos que la presidenta considera equivalente al Dictamen.
Se pone al voto entonces “la iniciativa de votar por la aprobación del proyecto en discusión con cargo a redactar, posteriormente, el dictamen” lo que ocurre el 28 de agosto de 1995. Tuvo, pues un vicio procesal de origen al carecer de lo que se entiende formalmente como un dictamen propio de la Comisión, como establece el Art° 105 de la Constitución Política del Estado.
Estos son los antecedentes y el contexto dentro del que se produjo la legitimación del método de esterilización humana en el Perú, llevado a cabo exclusivamente por organismos del estado peruano y cuyas irregularidades, abusos y violaciones de los derechos humanos son objeto de análisis e investigación de esta Subcomisión del Congreso de la República.
Las razones de la precipitación con que actuó el ex Presidente Alberto Fujimori, (en momentos en que la transición demográfica hacía su propio trabajo), carecen de sustento probatorio pero se avalan en la conducta del ex presidente, en el contexto de sus declaraciones y en sus actos políticos:
Después del autogolpe de 1992 y la re-elección, Alberto Fujimori se sentía en la plenitud de su poder personal, contando además con una representación parlamentaria incondicional para imponer sus criterios y proyectos personales.
Habría practicado un primitivo análisis costo-beneficio, según el cual, los resultados demográficos obtenidos hasta entonces, mediados de 1995, en cuanto a la reducción de la natalidad y de la tasa de crecimiento de la población, retrasaban sus proyectos.
La inversión en la campaña de difusión de métodos anticonceptivos no resultaba eficaz para la mayor parte de los usuarios, especialmente en las zonas rurales del país. La esterilización, en cambio, no sólo representaba un menor costo, sino, principalmente, era un método definitivo e irreversible... un gasto por una sola vez.
IRREGULARIDADES DETECTADAS EN LA APLICACIÓN DEL AQV:
Como se mencionó en el acápite anterior, con la dación de la Ley Nº 26530 de fecha 09 de setiembre de 1995, que modificó el artículo VI del Título Preliminar del Decreto Legislativo Nº 346 (Ley Nacional de Población) se eliminó la restricción de considerar la esterilización como un método de planificación familiar. De esta manera, se consideró un “método permitido de anticoncepción” y constituyó la fase inicial de una serie de normas y dispositivos, emanados del Sector Salud y Direcciones dependientes encaminados a la ejecución de agresivas campañas masivas, destinadas a realizar casi exclusivamente, esterilizaciones (entiéndase ligaduras de trompas en las mujeres y vasectomías en los hombres) en los sectores más pobres del país. De allí que se emplea o publicita en dichas campañas la sigla AQV: “anticoncepción quirúrgica voluntaria”.
Al poner en marcha, el plan masivo de esterilizaciones, el Gobierno, a través de sus entidades competentes (El Ministerio de Salud y el IPSS), habría cometido serias irregularidades que van, desde la inexistencia de un consentimiento libre e informado por parte de los usuarios (entiéndase hombres y mujeres), hasta prácticas médicas contrarias al derecho de la salud, que significaron la muerte de un gran número de personas, hechos que pasaremos a detallar en los acápites que forma parte del presente Capítulo.
Si bien es cierto, que es discutible si la AQV pueda ser considerada desde el punto de vista ético, religioso y hasta médico, como un método de planificación familiar; por su carácter de irreversible, es indudable que afecta de manera determinante, la vida reproductiva de las personas (entiéndase hombres y mujeres) y es coincidente con lo que a lo largo de estos años; diversas Instituciones, han hecho llegar sus protestas y propuestas sobre dicho métodos.
Sin embargo, prescindiendo de dichas consideraciones, de acuerdo a la legislación aún vigente, la AQV es considerada un método, quizá no propiamente de planificación familiar, sino uno, entre los métodos anticonceptivos usados por algunas mujeres, en menor proporción por los hombres, en caso de la vasectomía.
La investigación que realiza la Subcomisión está encaminada a determinar si en la aplicación de los métodos de planificación familiar y concretamente en las anticoncepciones quirúrgicas voluntarias se cometieron violaciones constitucionales: al derecho de decidir libremente, a la integridad personal, a la salud, a la integridad física, a la igualdad, a la no discriminación, al derecho a la vida, entre otros.
Resulta propicio dar a conocer la trascendencia de los derechos fundamentales de la persona humana involucrados en el tema de la aplicación del AQV:
Derechos Constitucionales sobre planificación familiar:
Nuestra Constitución de 1993 consagra que:
Art. 1° “La defensa del persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”.
En el Capítulo II referido a los Derechos Sociales y Económicos tenemos:
Art. 6: “La política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir. En tal sentido el Estado asegura los programas de educación y la información adecuados y el acceso a los medios, que no afecten la vida o la salud”.
Art. 7: “Todos tienen derecho a la protección de la salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa.”
Art. 11: “ El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento.”
En lo tocante al Capítulo I del Título III referido al Régimen Económico, tenemos:
Art. 65º: “ El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población”.

References: artículo 88
 artículo 97
 artículo 94
 artículo 35
 artículo 97
 artículo 88