Source: http://fen-naturismo.blogspot.com/2013/11/
Timestamp: 2017-05-30 09:12:14+00:00

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Blog de la Federación Española de Naturismo: noviembre 2013
Hoy día 18 de noviembre el vallisoletano y presidente de la FEN (Federación Española de Naturismo), Ismael Rodrigo, entregaba en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia en la que dejó casi intacto el Tribunal Castellano-Leonés el punto 16.6 de la "Ordenanza Municipal de Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Actuaciones Antisociales del Ayuntamiento de Valladolid".
Además la Sentencia dice textualmente: “la expresión "salvo que cuente con autorización expresa del Ayuntamiento" debe ser anulada.”. El TSJCyL establece que un ayuntamiento puede prohibir la desnudez y la semidesnudez, pero ¡no puede autorizarla!, y ello ¡porque sería inconstitucional!, así, sin más. Textualmente dice:
El presidente de la Fundación Internacional de Derechos Humanos, Jaume d'Urguell ha manifestado su honda preocupación por esta Sentencia, y analizará las vías legales para adherirse a la demanda de la FEN. El presidente de la FEN, Ismael Rodrigo, imparte mañana martes a las 18:30 una clase magistral sobre este tema dentro del máster de Derechos Humanos que comienza hoy en la Universidad Complutense de Madrid.
"al haber discrepado del sentir mayoritario de la Sala en el proceso 673/2012, y propugnado allí la estimación íntegra de la demanda, con la declaración de nulidad del artículos 16.6 de la “Ordenanza Municipal de Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Actuaciones Antisociales” del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid de 31 de marzo de 2012, debo, nuevamente, expresar mi disentir".
"Cabe, cierto, es, pensar que quepa hacerse una regulación sobre esta materia, pero ello deberá hacerse necesariamente por el legislador, pues, como se lee en el artículo 53.1 de la Ley de Leyes, “Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1 a).”, corresponde esa potestad al legislador, no a la administración."
PARTICULAR QUE FORMULA EL ILMO. SR. MAGISTRADO, DON AGUSTÍN PICÓN PALACIO, DE
ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 206 Y 260 DE LA LEY ORGÁNICA 6/1.985, DE 1 DE JULIO,
DEL PODER JUDICIAL, Y 203 Y 205 DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE
ENJUICIAMIENTO CIVIL, EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DICTADA EN EL PROCESO
ORDINARIO 673/2012 DE LOS DE ESTA SECCIÓN TERCERA DE LA SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
cordial y radicalmente de la sentencia dictada por la Sala, de cuya resolución
comparto el encabezamiento y los antecedentes y entiendo que hubiera debido ser
diferente el fallo dictado, y ello de acuerdo con los siguientes,
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1º.- En este proceso se impugna por la parte
demandante la “Ordenanza Municipal de Protección de la Convivencia Ciudadana
y Prevención de Actuaciones Antisociales” del Excmo. Ayuntamiento de
Valladolid, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid de 31
de marzo de 2012, y concretamente el artículo 16.6, a cuyo tenor, «Atendiendo
a las pautas mínimas de convivencia generalmente admitidas respecto a la forma
de vestir de las personas que permanecen o transitan por los espacios públicos
y a la protección del derecho de quienes comparten estos espacios a no sufrir
molestias o perjuicios que sean consecuencia de la falta de respeto de las
mismas, ninguna persona podrá estar desnuda o semidesnuda en los espacios y
vías de uso público, salvo que cuente con autorización expresa del Ayuntamiento
o realice actividades formalmente amparadas en el ejercicio de derechos
fundamentales. Asimismo, queda prohibido transitar o permanecer en los espacios
públicos mencionados en bañador o en cualquier otra pieza de ropa similar,
excepto en las piscinas, las playas o cualquier otro lugar en que sea normal o
habitual estar con este tipo de ropa. En estos casos los agentes de la
autoridad recordarán en primer lugar a las personas infractoras que su conducta
está prohibida por la presente Ordenanza y sólo si persistiesen en su actitud
se procederá a la formulación de la pertinente denuncia. De ser necesaria su
identificación y no lograrse, procederán en la forma prevista en el apartado 5
del artículo 15.». Impugnación que se hace, dada la finalidad de la
actuante, en cuanto se acuerda «la prohibición de la desnudez total o
parcial en los espacios públicos del término municipal de Valladolid».
2º.- Los términos en los que se
plantea el debate por los litigantes deben ser puestos de manifiesto, en cuanto
de ellos depende, en buena medida, el resultado que se hubiera debido dar a la
controversia según este voto. Así, es evidente que lo que se discute en este
proceso, no es si la administración local demandada puede o no exigir una
determinada forma de vestirse a los ciudadanos en supuestos concretos y
determinados, como puede ser un centro público –v.g., un colegio o un edificio
municipal- o un acto específico –v.g., un acto solemne o una manifestación
cívica o religiosa-, sino que se discute la potestad municipal para prohibir,
con carácter general, esto es, «excepto en las piscinas, las playas o
cualquier otro lugar en que sea normal o habitual estar con este tipo de ropa»¸
un determinado tipo de conducta a una persona consistente en «estar desnuda
o semidesnuda en los espacios y vías de uso público». Por lo tanto, habrá
de resolverse, de acuerdo con el principio de congruencia procesal ‑artículos
24 y 120 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, y 33.1 y 67.1
Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 218 de la Ley 1/2000,
de 7 de julio, de Enjuiciamiento Civil- sobre dicha cuestión, es decir, si el
Excmo. Ayuntamiento de Valladolid puede, a través de una vía como la empleada,
la de un reglamento, .prohibir un determinado y preciso tipo de conducta a los
ciudadanos que están en Valladolid, con el carácter general que se ha puesto de
3º.- Parece fuera de toda duda que la razón de
ser, en última instancia y en derecho positivo, de la potestad reglamentaria de
las corporaciones locales, se ubica en la regulación de los artículos 140 y
concordantes de la Constitución Española, que se desarrolla, a nivel general,
en la Ley 7/1985, de 2 abril, de Bases de Régimen Local, y en el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, y, a nivel
autonómico, en la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y
León, mientras que a nivel sectorial, tiene su más amplio desarrollo en ámbitos
específicos, como el urbanístico y el fiscal, y se desarrolla más ampliamente
en diversos Reales Decretos, tanto locales, como sancionadores. Del mismo modo,
ha de ponerse de relieve que la potestad sancionadora de las administraciones
locales fue enormemente ampliada por la reforma que la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, hizo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
concretamente de su artículo 127.1. -«La potestad sancionadora de las
Administraciones públicas, reconocida por la Constitución, se ejercerá cuando
haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con
aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo
establecido en este título y, cuando se trate de entidades locales, de
conformidad con lo dispuesto en el título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.»-, y de la referida Ley de Bases
de Régimen Local, en su artículo 139 -«Para la adecuada ordenación de las
relaciones de convivencia de interés local y del uso de sus servicios, equipamientos,
infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, los entes locales podrán,
en defecto de normativa sectorial específica, establecer los tipos de las
infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento de deberes,
prohibiciones o limitaciones contenidos en las correspondientes ordenanzas, de
acuerdo con los criterios establecidos en los artículos siguientes.»
Que esto sea así, es decir, que la administración local
pueda tipificar como infracciones administrativas determinadas conductas y que esa
potestad reglamentaria se haya efectivamente ampliado como ha sucedido en
alguna legislación mediterránea de la que parece haberse hecho eco la española,
no supone, sin más, que la administración local patria pueda tipificar como
infracción administrativa en su término municipal, cualquier conducta que no se
encuentre tipificada como infracción sancionable en cualquier otro ámbito
distinto. En un estado de derecho, y más en uno que se califica, además, como
social y democrático, como determina el artículo 1.1 de nuestra Ley de Leyes,
para España, pocos poderes son tan absolutos y amplios como para sostener tal
tesis de una manera tan amplia y desorbitada. Es claro que esa potestad
reglamentaria debe respetar los principios esenciales, como el acatamiento a la
Constitución y el resto del ordenamiento jurídico o al principio de jerarquía
normativa, como se dispone, entre otros, en el artículo 9.1 y 3 de la Ley
Fundamental de 1978. Más específicamente, nuestro Tribunal Supremo ha
determinado que la potestad reglamentaria‑sancionadora de la administración
local se halla sometida a la competencia de la propia administración, cuando
dice, «Al razonar como lo hace la sentencia, se produce una rechazable
inversión de los términos del problema, pues se antepone la consideración de la
infracción, pretendiendo justificarla con base en el art. 139 y 140 LBRL,
deduciendo de la legitimidad de la infracción la legitimidad de la prohibición»
-STS de 14 febrero 2013-. Es decir, es antes la posibilidad de regular que
la posibilidad de sancionar, de tal manera que solo si la administración puede
disciplinar una materia, puede sancionar sobre ella. En un sentido semejante,
para determinar los límites de la potestad reglamentaria de que se trata, será
de considerar que el artículo 51.1 de la Ley del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común –e,
igualmente, el artículo 23.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno- determina que, «Las disposiciones administrativas no podrán
vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la
Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las
Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.»
Y es aquí, en el ámbito de la potestad reguladora de los reglamentos y sus
límites donde debe verse la ilegalidad de lo impugnado en este proceso, como
plantea la parte actora y comparte este voto particular.
4º.- Cuando una persona se muestra a los demás de
determinada manera, además de resolver otras necesidades, lo que hace es
autodeterminarse y proyectar su forma de ser, pensar y sentir, su propia
personalidad y su forma de actuar. Así, cuando una persona va “de etiqueta”,
“deportivamente”, “de vestir”, “fresca”, “seria”, “informal”, etc., no
solo, y también, lo hace según su gusto, sino que se muestra de una determinada
manera, da conocer su propio yo, se proyecta hacia fuera su manera de ser, e
incluso, de esa manera, puede reivindicar tesis, que van desde aspectos más o menos
trascendentales a otros que, dialécticamente, son menos comprometidos, como
quien “viste los colores de su equipo”. Es palmario que en la forma de
mostrarse ante los demás –recuérdese que se está hablando en términos
generales, no en supuestos concretos- hay limitaciones; límites que se imponen
por razones térmicas, de moda, de sentir social, etc., pero son límites
incoercibles y por ello no estrictamente jurídicos que, por ello, quedan al
margen de esta sentencia, aunque tengan su clara trascendencia y así, la
realidad diaria permite ver que las tesis defendidas por la parte actora no
eran seguidas por una número apreciable de viandantes antes de la publicación
de la Ordenanza que las prohíbe. Por lo demás, es lo cierto que cuando alguien
se muestra al exterior, en nuestro estado social y democrático de derecho, no
teme a la autoridad, ni se somete a sus arbitrios, de tal manera que elige
libremente y el común de los vallisoletanos no ve a sus fuerzas de orden
público como una suerte de “guardianes de la moralidad”, como ve que sucede en
otros países a través de los medios de comunicación social, ni espera que el
agente como tal –otra cosa será la persona que lo encarna, y de manera interna-
tenga que tener una opinión sobre su forma de ser y expresarse y como pasó,
según las crónicas, en nuestro pasado histórico, a veces no demasiado lejano en
el tiempo. Cuando una persona, pues, se muestra hacia fuera, se autodetermina,
se desenvuelve en su personalidad, se desarrolla y ejercita la misma, así como
5º.- Tales circunstancias que muestran las
implicaciones de la personalidad con el mostrarse al exterior los seres
humanos, hacen difícilmente imaginable que la administración incida en ello.
Que la autoridad diga a un particular qué debe llevar o cómo debe ir, no deja
de ser una clara limitación en su libertad, de su forma de ser, de su
personalidad y, desde luego, no suele suceder, de ordinario, en nuestras
calles, paseos y plazas, donde se suele respetar escrupulosamente la libre determinación
de las personas, pues, se insiste, con ello se incide en su libertad, en su
integridad física y moral y en su libertad de pensamiento que se reconocen en
los artículos 14 y siguientes de nuestra Carta Magna y en una larga serie de
declaraciones de derechos suscritos por España. Es de clara percepción que
cuando una persona sale de casa no espera ni la bendición, ni la condena de la
autoridad, quien, quizá, tiene otras preocupaciones más trascendentes que
vigilar el vestir o no de sus ciudadanos.
Por ello, porque determinar cómo debe aparecer, o cómo
no, una persona afecta a sus derechos fundamentales, no cabe, de acuerdo con
los textos reseñados de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y de la Ley del Gobierno, que
la administración lo haga. Cabe, cierto, es, pensar que quepa hacerse una
regulación sobre esta materia, pero ello deberá hacerse necesariamente por el
legislador, pues, como se lee en el artículo 53.1 de la Ley de Leyes, “Los
derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título
vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso
artículo 161.1 a).”, corresponde esa potestad al legislador, no a la
administración. De hecho, así sucede en nuestro ordenamiento, que es el
legislador quien limita en supuestos concretos, que los ciudadanos se muestren
de una forma u otra; piénsese que es una ley y una Ley Orgánica, la de 9/1983,
de 15 de julio, del Derecho de Reunión, la que prohíbe hacerlo con uniformes
paramilitares –artículo 5.c)-, y que es una ley, al del Código Penal, la
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, la que impide el mostrase ataviado de
determinada manera en ciertas circunstancias –v.g., los supuestos de los
artículos 612.4º y 5º y 637. Por lo tanto, una ordenanza municipal que diga a
sus ciudadanos cómo no pueden mostrarse, excede de las competencias de la
autoridad municipal y debe tal disposición general ser anulada conforme el
artículo 62.2 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
6º.- Cuanto se acaba de decir, por otra parte, en
lo que se refiere a la regulación que la ley hace de la apariencia
externa de las personas para prohibirla en determinados supuestos, acota las
posibilidades de regulación por la administración. Efectivamente, si el
legislador ha excluido unos determinados comportamientos y solo se ha referido
a ellos, ha sido porque, implícita, pero claramente, entiende que los restantes
no merecen censura y cabe, fuera de los supuestos que él ha determinado, una
libre determinación personal al efecto. Recuérdese que la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, en la reforma que hizo de la Ley del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común y de la Ley
de Bases de Régimen Local, permite la potestad sancionadora “en defecto de
normativa sectorial específica”, por lo que, sensu contrario, no
cabe ejercer tal potestad si ya la ha usado la ley y si la ley ha descrito qué
estima prohibido en esta materia, no puede un reglamento ir más allá y
tipificar lo que no ha querido hacer el legislador, pues el reglamento solo
puede actuar limitadamente, ya que «Las disposiciones reglamentarias de
desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las
infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin constituir nuevas
infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la ley
contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la
más precisa determinación de las sanciones correspondientes», según el
artículo 128.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, lo que excede de las posibilidades
queridas por la administración en este caso.
7º.- Ha de hacerse referencia a tres cuestiones
que afectan al presente caso. Por un lado, la referencia a que la
administración no es que imponga ir de determinada manera con su Ordenanza,
sino que solo prohíbe hacerlo de una determinada, desnudo. Tal alegación, en
definitiva, no afecta al núcleo de cuanto se deja dicho más arriba de limitarse
la libre determinación y la libertad del ciudadano por la administración. Y,
desde luego, no deja de ser un juego de palabras, pues bien de manera positiva
o negativa, la administración quiere cuando no puede, incidir en la libertad
individual y es posible que, con sucesivas prohibiciones, se imponga una
determinada conducta, Así, por ejemplo, si se prohíbe ir sin guantes, sin
sombrero, sin abrigo, sin bufanda, los vallisoletanos pasarán, en todo caso,
mucho calor en el mes de agosto en su ciudad.
Por otra parte, es cierta, relativamente, la objeción de
que lo que prohíbe, al sancionarla, es una conducta extrema, el ir desnudo.
Relativamente porque también se prohíbe que “ninguna persona podrá estar
desnuda o semidesnuda en los espacios y vías de uso público” y "en
bañador o en cualquier otra pieza de ropa similar, excepto en las piscinas, las
playas o cualquier otro lugar en que sea normal o habitual estar con este tipo
de ropa”; es decir, no solo el caso extremo, sino también algo mucho más
indefinido, como es la semidesnudez o el porte de ropa de baño es lo que se
prohíbe. En todo caso, ha de señalarse que, efectivamente, se trata, en un
supuesto, del extremo de una de las formas de mostrarse en público las personas
en cuanto al vestuario se refiere. Si bien ello puede aceptarse así, es lo
cierto que en nada se opone a cuanto se deja dicho sobre las potestades
públicas administrativas incidiendo sobre la libertad personal y que la
limitación en estos casos no se produce por una cuestión de medida, según se
prohíba más o menos, el todo o un poquito, sino por principio, pues las
limitaciones en materia de derechos fundamentales deben hacerse por ley y no
vía reglamento, pues la Constitución no lo permite.
Finalmente, debe rechazarse que las relaciones de
convivencia de interés local sean una suerte de criterio omnímodo que permita a
la administración local en todo caso olvidar el sistema normal de fuentes y
regular por medio de reglamentos u ordenanzas, todo. Ello vendría a colocar a
la administración local al nivel de los Parlamentos bajo la idea de que, como
todo sucede en el ámbito de cada ciudad, cada corporación puede regular lo que
desee y no esté ya normativizado. Ello olvida el sistema de fuentes, la
división de poderes y que su potestad reglamentaria está destinada a cumplir
sus fines, porque, como ha dicho el Tribunal Supremo al respecto, en su citada
STS de 14 febrero 2013, “la del burka”, «En todo caso, por muy amplia que
sea la potestad de los Ayuntamientos para la regulación de infracciones y
sanciones, no puede olvidarse que el art. 139 LBRL se refiere a "las
relaciones de convivencia de interés local" [subrayado nuestro], lo
que de por sí obliga a suscitar la cuestión de si la limitación de un derecho
fundamental, que por definición constitucional corresponde a todos los
ciudadanos de la nación, puede considerarse como concerniente al interés local,
para así poder atribuir a los gestores democráticos de ese interés la
posibilidad de emanar regulaciones, que, al circunscribirse al ámbito espacial
del ente, no resultan coextensas con el ámbito propio del derecho, de modo que
el derecho resulte limitado en una parte del territorio nacional y no en
otras.». No constando, pues, prohibición al respecto por ley, que es quien debe
hacerlo, no cabe que el ayuntamiento sancione.
Procede, por tanto, en opinión de este voto discrepante estimar la pretensión
deducida en el escrito de demanda, al haberse llevado a cabo una regulación por
la administración de un ámbito personal del individuo que el ordenamiento
jurídico no le permite. Más allá, o acá, del juicio de valor que merezcan las
tesis de la parte demandante, lo cierto es que su regulación por vía
reglamentaria supone una merma de los derechos y libertades individuales que
corresponden a los ciudadanos y que u máxima norma ha encomendado hacer a sus
representantes parlamentarios, a ellos y no a otros diferentes.
determinan la expresión de la tesis de que se debió estimar la demanda
presentada por la parte actora y declarar nulo lo pro ella impugnado.
Lo que firmo en el
lugar y fecha en que signo la sentencia de que se discrepa.

References: artículo 53
 artículo 161
 resolución

 artículo 16
 artículo 15
 artículo 218
 Real Decreto

 artículo 127
 artículo 139
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 51
 artículo 23
 artículo 53

artículo 161

artículo 62

artículo 128