Source: http://mercantil.blogs.lexnova.es/2014/03/
Timestamp: 2018-10-20 19:43:44+00:00

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2014 marzo | Mercantil hoy
Artículos publicados en marzo, 2014
Nuevas directrices de la Unión Europea para las “ayudas de estado a aeropuertos y aerolíneas”
En el mes de julio del año 2013 aparecía en prensa la información de que la Comisión Europea promulgaría a principios del año 2014, una vez que hubiese sido consultada públicamente con los interesados del sector, una nueva normativa para las <<ayudas de estado a aeropuertos y aerolíneas>>.
El pasado 20 de febrero de 2014 la Comisión Europea ha adoptado finalmente las nuevas Directrices que anunciaba en el pasado año y que, parece ser, serán publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea a lo largo del mes de marzo de 2014. Tales Directrices sustituirán a las anteriores Directrices de 1994 y de 2005 sobre ayudas públicas en el sector aéreo.
Antes, en el mes de mayo de 2011, y por lo tanto ya en plena crisis económica, se publicaban noticias en las que se anunciaba que Bruselas quería frenar las ayudas públicas a los aeropuertos regionales, pues estaban en su punto de mira las inversiones públicas en aeropuertos regionales deficitarios, entre ellas las que se destinaban a atraer aerolíneas de bajo coste. Joaquín Almunia, Vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, decía entonces que “en un sector que lleva casi veinte años liberalizado resulta difícil justificar el gasto de aeropuertos duplicados y sin beneficios, sobre todo en un momento de austeridad y consolidación de los presupuestos públicos”. No obstante, el Comisario de la Competencia también precisaba que “era consciente de que en muchas ocasiones esas terminales regionales resultan claves para el desarrollo local y para colocar un territorio en el mapa”.
Así pues, en 2011 por un lado ya se reconocía que había que controlar las ayudas estatales a este sector mencionado para asegurar que la asignación de los siempre escasos recursos públicos es la correcta, pues supuestos como los que, por ejemplo, se comentaban del aeropuerto entonces recientemente inaugurado en el pueblo ilerdense de Alguaire (con sólo dos vuelos semanales y además subvencionados) o el de Castellón, que fue inaugurado sin aviones ni permisos para operar, o el de Ciudad Real, cuyos vuelos comerciales terminaron el 29 de octubre de 2011, tras 1.100 millones de euros de inversión, abrían un intenso debate sobre la lógica económica o social de algunas instalaciones aeroportuarias. Sin olvidar tampoco los casos de aeropuertos (normalmente regionales) en los que se han subvencionado rutas de imposible rentabilidad, y que por lo tanto se han sostenido únicamente con dinero público pues ninguna aerolínea los habría operado sin esas ayudas económicas, lo que ha llegado a suponer que determinadas rutas, cuando no aerolíneas e incluso aeropuertos, hayan tenido (o tengan) una existencia puramente artificial.
Pero, de otra parte, en ese año 2011 no dejaba también de indicarse que los aeropuertos regionales constituyen un medio fundamental para descongestionar la actividad de los grandes hubs, y en consecuencia para coadyuvar en la protección medioambiental; para facilitar la movilidad de muchos ciudadanos de distintas regiones europeas y conectar a los mismos con otras zonas geográficas y con grandes ciudades; así como un instrumento que convenientemente utilizado puede resultar muy eficaz en el desarrollo económico, y por ello en la prosperidad de tales regiones.
Una cuestión, la de la financiación pública de los aeropuertos regionales, que por lo tanto exige de una solución equilibrada, conciliadora de ambas ideas expuestas. Es el “dilema” de los aeropuertos regionales.
En definitiva, con dichas Directrices de 2014 la Unión Europea habría presentado las líneas maestras de un proyecto para regular las ayudas del Estado relacionadas con infraestructuras aeroportuarias y con aerolíneas, a fin de impedir los excesos cometidos en los últimos años. Parece que la Unión Europea quiere una reconversión del sector aeroportuario, que considera absolutamente necesaria, por lo que a partir de la promulgación de la propuesta normativa en principio será más exigente, y sólo bajo ciertas condiciones seguirá permitiendo el uso del dinero público. Algo no reñido (según se pretende) con la finalidad que la nueva normativa pretende impulsar: el facilitar la conexión entre regiones de la Unión Europea y la movilidad de los ciudadanos sin que simultáneamente se produzcan abusos o problemas de competencia.
Sólo el tiempo nos dirá si la nueva normativa es exitosa y se consiguen esas finalidades, pues aunque la experiencia acumulada de la Comisión Europea en este ámbito es mucha, y eso ha de servir, también es necesaria voluntad política, y eso muchas veces es lo que falta.
Las sociedades de responsabilidad limitada y las cooperativas podrán emitir obligaciones
Las sociedades de responsabilidad limitada y las cooperativas podrán emitir obligaciones si prospera el Anteproyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 7 de marzo. Se trata del Anteproyecto de Ley de fomento de la financiación empresarial que se incluye dentro del paquete de reformas para el crecimiento y apoyo a los emprendedores y a las empresas. Esta iniciativa que se considera de una importancia trascendental se ha elevado a audiencia pública por el Ministerio de Economía y Competitividad, por lo cual es muy probable que el texto sufra importantes modificaciones.
En todo caso, la circunstancia de que el Anteproyecto contemple sendas reformas del Texto refundido de la Ley de sociedades de capital aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de cooperativas, para permitir, respectivamente, que las sociedades de responsabilidad limitada y las cooperativas puedan emitir obligaciones, es una modificación de gran calado, digna de ser reseñada. Tal y como señala la exposición de motivos, se facilita la financiación a través de emisiones de renta fija, eliminando las disfunciones que la actual regulación presenta respecto al funcionamiento de los mercados de capitales y que procede, en gran medida, de la Ley de sociedades anónimas de 1951. Es por ello por lo que se revisan las prohibiciones vigentes, aunque se introducen salvaguardias para evitar un endeudamiento excesivo en las formas sociales para las que se instaura esta posibilidad. A su vez, para las sociedades anónimas y para las sociedades comanditarias por acciones se prevén reformas que eliminan los límites ahora existentes, de manera que podrán emitir obligaciones más allá de sus recursos propios. Y junto a estas previsiones se pasa a homogeneizar las obligaciones que corresponden a los emisores en relación a la protección del inversor, respecto a los valores que se emitan, negocien o se comercialicen en España con independencia de su nacionalidad, siendo obligatoria para todas ellas la constitución de un sindicato de obligacionistas.
Se ha procedido, por tanto, a proponer la modificación de los correspondientes artículos. En concreto, se da una nueva redacción al artículo 401 del Texto refundido de la Ley de sociedades de capital añadiendo a la sociedad limitada para que también pueda emitir series numeradas de obligaciones u otros valores que reconozcan o creen una deuda, pero que en ningún caso podrán tratarse de obligaciones convertibles. Se añade, para tal caso, que la sociedad limitada tiene que cumplir con las obligaciones dispuestas por los artículo 67 a 72 del Texto, que son los referidos a la valoración de las aportaciones no dinerarias en la sociedad anónima, y que no deben ser observados en principio por la sociedad limitada, salvo que se emitan obligaciones. Se añade el límite que ya se indica en la exposición de motivos, el doble de los recursos propios, pero que puede superarse en los supuestos en los que la emisión esté garantizada con hipoteca, con prenda de valores, con garantía pública o con aval solidario de entidad de crédito. Se procede también a la modificación de los artículos 403 y 406, pero en tales supuestos ya no se contemplan requisitos especiales para la sociedad limitada, sino para todas las formas sociales que pueden emitir obligaciones.
En el caso de las cooperativas, tras establecer en su artículo 54.1 que por acuerdo del consejo rector, salvo disposición contraria de los estatutos, podrán emitir obligaciones, se dispone la aplicación del régimen jurídico previsto en el Texto refundido de la Ley de sociedades de capital.
Parece, en consecuencia, que se dejan a un lado por fin las reticencias que siempre había suscitado esta ampliación de la posibilidad de emitir obligaciones en las limitadas en particular y también en las cooperativas, motivadas fundamentalmente para propiciar una separación entre tipos sociales con diferencias que poco a poco han ido eliminándose, y desde un punto de vista práctico evitar tanto posibles fraudes a los acreedores como un excesivo endeudamiento que es posible, ciertamente, pero que también impide, y esto es lo que ahora se trata de evitar, la utilización de una vía de financiación alternativa a la bancaria en un contexto de escasez como el que ahora predomina.
La próxima reforma del TRLGDCU: más allá del cigarrillo electrónico y las ofertas comerciales telefónicas
El 22 de noviembre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los <<derechos de los consumidores>>. La citada directiva procede a derogar la normativa europea vigente sobre la protección de los consumidores en los contratos celebrados a distancia y los contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles, estableciendo un nuevo marco legal en esta materia, al tiempo que modifica la normativa europea sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo.
La Directiva supone pues un nuevo impulso a la protección de los consumidores y usuarios europeos y a la consolidación de un mercado interior, dirigido a reforzar la seguridad jurídica, tanto de los consumidores y usuarios como de los empresarios, eliminando disparidades existentes en la legislación europea de los contratos de consumo que crean obstáculos significativos en el mercado interior.
En consecuencia, mediante una reforma se procederá a modificar el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, a fin de transponer al derecho interno la citada Directiva 2011/83/UE.
Los medios de comunicación en estos días han publicado artículos diversos sobre la próxima reforma del texto de la Ley de Consumo. Efectivamente, el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de 19 de febrero de 2014 ha publicado el Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
En tales artículos publicados en El País, El Mundo, y otros medios, aparecen titulares de diverso signo, que destacan fundamentalmente dos cuestiones. Una: “El Congreso aprueba utilizar el cigarrillo electrónico en bares y lo veta en colegios, hospitales y transporte público”, “Sanidad prohibirá el cigarrillo electrónico en hospitales, colegios y edificios públicos”, “Un gran paso atrás en la Ley del Tabaco”, “El Congreso aprueba la Ley del Consumo que regula el uso y publicidad del cigarro electrónico”. La otra: “Prohibidas las llamadas comerciales por la noche y los fines de semana”, “El consumidor ya puede oponerse a recibir llamadas comerciales”, “Prohibido el acoso telefónico comercial durante la noche y los fines de semana”, “El consumidor podrá oponerse a recibir ofertas comerciales telefónicas”.
Pero, el alcance de la reforma va más allá que esos dos aspectos referidos. Veamos algunas de sus múltiples modificaciones, pues son muchos los cambios.
Así, en primer lugar, en relación a las definiciones armonizadas que recoge la nueva ley, el nuevo concepto de consumidor y usuario englobará a las personas físicas y jurídicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión, pero lo serán también las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial (por ejemplo, una comunidad de propietarios de propiedad horizontal), algo que ya reconocían textualmente algunas leyes de consumidores autonómicas.
En cuanto al concepto de empresario, se define como tal a toda persona física o jurídica, ya sea privada o pública, que actúe, incluso a través de otra persona en su nombre o siguiendo sus instrucciones (aspecto éste novedoso en la normativa), con un propósito relacionado con su actividad comercial, empresa, oficio o profesión.
La nueva ley supone también un reforzamiento de la información al consumidor y usuario, a través de la ampliación de los requisitos de información precontractual exigibles en los contratos con consumidores y usuarios, que en el caso de los contratos a distancia y los contratos celebrados fuera del establecimiento del empresario han sido objeto de plena armonización por parte de la Directiva. Así, por ejemplo, entre las nuevas obligaciones de información precontractual que asumen los empresarios está la de informar a los consumidores y usuarios de la existencia y las condiciones de los depósitos u otras garantías financieras que, en su caso, tengan que pagar o aportar a solicitud del empresario, incluidas aquellas por las que se bloquee un importe en la tarjeta de crédito o débito del consumidor y usuario.
Se incorpora al texto refundido una nueva definición de contrato a distancia que abarca también las situaciones en las que el consumidor y usuario únicamente visita el establecimiento mercantil de la empresa con el propósito de recabar información sobre los bienes o los servicios y la negociación y celebración subsiguiente del contrato tienen lugar a distancia. Y la nueva definición de contrato celebrado fuera del establecimiento mercantil abarca también aquellas situaciones en que se establece contacto personal e individual con el consumidor y usuario fuera del establecimiento, aunque luego el contrato se celebre inmediatamente después en el establecimiento mercantil del empresario o a través de un medio de comunicación a distancia.
Las modificaciones introducidas por la ley suponen una regulación más amplia del derecho de desistimiento en los contratos a distancia y los contratos celebrados fuera del establecimiento, que por ejemplo incorpora un formulario normalizado al respecto que el consumidor y usuario podrá utilizar opcionalmente, al tiempo que se amplía el plazo para su ejercicio a catorce días naturales. Y se contempla la posibilidad de que el empresario ofrezca al consumidor y usuario la opción de cumplimentar el formulario de desistimiento en línea, en cuyo caso deberá proporcionar sin demora indebida un acuse de recibo, por ejemplo, por correo electrónico.
La ley establece también disposiciones generales que tratan de la ejecución y otros aspectos de los contratos celebrados entre empresas y consumidores y usuarios, como son la entrega del bien comprado, los cargos por la utilización de medios de pago, la transferencia al consumidor y usuario del riesgo de pérdida o deterioro de los bienes, las comunicaciones telefónicas y los pagos adicionales. Por ejemplo, para el caso de los contratos telefónicos, si el empresario llama por teléfono al consumidor y usuario para celebrar un contrato a distancia, deberá revelar, al inicio de la conversación, su identidad y, si procede, la identidad de la persona por cuenta de la cual efectúa la llamada, así como indicar el objetivo comercial de la misma. Además, deberá confirmar la oferta al consumidor y usuario por escrito, o salvo oposición del mismo, en cualquier soporte de naturaleza duradera. El consumidor y usuario sólo quedará vinculado una vez que haya aceptado la oferta mediante su firma o mediante el envío de su acuerdo por escrito, en papel o mediante correo electrónico, fax o sms.
En materia de cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, se da cumplimiento a la sentencia de 14 de junio de 2012, en el asunto C-618, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entendió que España no había adaptado correctamente su Derecho interno al artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE. Y también se modifican preceptos de la Ley de Competencia Desleal, de la Ley General de Sanidad, de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, de la Ley del Sector Eléctrico, de Ley sobre condiciones generales de la contratación y del Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre, por el que se regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales en desarrollo del artículo 5.3 de la Ley 7/1998, o de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Sucintamente, hemos podido ver que la reforma es de calado.

References: Real Decreto 
 artículo 401
 artículo 67
 artículo 54
 Real Decreto 
 artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 5