Source: https://monsieurdevillefort.wordpress.com/2018/12/
Timestamp: 2019-03-22 00:01:13+00:00

Document:
diciembre | 2018 | MONSIEUR DE VILLEFORT
EL TRIBUNAL SUPREMO ADMITE QUE UN VOTANTE SOLICITE LA ANULACIÓN DE SU VOTO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS PROMESAS ELECTORALES.
NOTA DE URGENCIA: Acaba de ver la luz una Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que puede servir de hito para regenerar la democracia, toda vez que estima la demanda interpuesta por un particular solicitando de la Junta Electoral la anulación del voto emitido en las elecciones generales de 2011 alegando haber optado por una formación política basándose lo erróneo de la información suministrada por el partido en cuestión en su programa electoral y en la actuación posterior del mismo una vez en el Gobierno.
Por su evidente e innegable interés, transcribimos íntegramente este impresionante documento.
Recurso 2812/2015
Vistos por los Iltmos. Sres. Magistrados integrantes de la Sección Decimotercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don HOMOBONO QUIÑONES DE MUNGUÍA, representado por el Procurador de los Tribunales JOSETXU LETÓN DE QUIRÓS y defendido por el letrado JOSEMA TXACO LATXOLA frente a la Junta Electoral Provincial de Vizcaya, representada y defendida por el Letrado de las Cortes FELIPE PINILLOS DE SAN JERÓNIMO.
Ha sido ponente el Iltmo. Sr. Magistrado don LUCAS MARCOS SANTOS EVANGELISTA, que expresa el parecer del Tribunal.
Primero.- El demandante, don Homobono Quiñones de Munguía, vecino de la villa de Urbía pero transitoriamente desplazado a la Línea de la Concepción por motivos laborales, emitió su voto por correo en las elecciones generales celebradas el día 20 de noviembre de 2011. Lo hizo por correo, optando por la formación política “Partido Papilar”. Consta acreditado mediante escritura notarial otorgada el día 3 de noviembre de 2011 por el notario del Ilustre Colegio de Andalucía, don Francisco Jiménez de Cantillana, que, en su presencia, don Homobono Quiñones de Munguía depositó en un sobre la papeleta electoral correspondiente al Partido Papilar, cerrándose en presencia del citado fedatario público y no perdiendo de vista éste el indicado sobre hasta su depósito en las Oficinas de Correos, pues a requerimiento del hoy demandante, acompañó a éste en todo momento para que, citamos textualmente de la escritura, “no se perdiera la cadena de custodia”. El voto fue debidamente emitido.
Segundo.- El día 29 de febrero de 2012, el demandante, a la vista de que el nuevo gobierno salido de las elecciones generales citadas en el párrafo anterior incumplía las promesas efectuadas, interpuso ante la Junta Electoral Provincial un recurso extraordinario de revisión planteado al amparo de lo dispuesto en los artículos 118.1 de la entonces vigente Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común así como en el 169.1 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Alegaba, en síntesis, que la opción de su voto radicó en la información electoral suministrada en los programas electorales de las distintas formaciones políticas que les fueron remitidos vía postal. A la vista de la contradicción entre la información vertida en las papeletas y la actuación del partido político destinatario del voto de don Homobono, es evidente que en la información suministrada se incluyeron errores de hecho que propiciaron la inclinación del demandante por la formación política indicada.
Finalizaba solicitando se suprimiese su papeleta electoral de las contabilizadas en la provincia en cuestión en favor del Partido Papilar, suprimiendo igualmente dicho voto de todos los listados y registros oficiales.
Tercero.- Mediante Resolución 175/12 de 31 de junio, de la Junta Electoral Provincial de Vizcaya, se desestima el recurso presentado. Sin entrar en mayores disquisiciones, la Junta entiende que una vez emitido el voto ciudadano, no cabe formular óbice jurídico alguno, y mucho menos solicitar la nulidad del mismo, por lo que la única acción que cabe al ciudadano recurrente sería el mutar su opción en los siguientes comicios.
Impugnada dicha resolución ante la Junta Electoral Central, ésta mediante Resolución de 31 de septiembre de 2012 confirma íntegramente el pronunciamiento de la Junta Electoral Provincial, llegando a insinuar la existencia de un abuso de derecho del recurrente.
Cuarto.- Con fecha 12 de octubre de 2012, don Homobono Quiñones de Munguía interpuso recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Su recurso reproducía en líneas generales, las argumentaciones sostenidas en vía administrativa y que hemos resumido en el segundo antecedente fáctico.
Por la parte demandada se opuso causa de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo, al encontrarnos ante una cuestión de naturaleza estrictamente política y no jurídica, no susceptible, por tanto, de enjuiciamiento por el orden contencioso-administrativo. Subsidiariamente, solicitó la desestimación al no concurrir causa alguna de recurso de revisión por no existir ningún error de hecho y, en todo caso, que el mero incumplimiento por parte de una formación política de las promesas efectuadas puede deberse a causas de naturaleza diversa no imputables a la misma, como la ausencia de una mayoría parlamentaria suficiente que obligue a efectuar renuncias y transacciones.
Mediante Sentencia 2175/2015 de 31 de noviembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dicta sentencia declarando la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo.
Quinto.- El día 28 de diciembre de 2015 la representación procesal de don Homobono Quiñones de Munguía interpone recurso de casación ante esta Sala frente a la resolución judicial citada en el último párrafo del expositivo anterior.
CUESTIONES JURÍDICAS PLANTEADAS
Primera.- Si la solicitud de un ciudadano solicitando se anule su voto emitido en unas elecciones generales es una cuestión política excluida del control judicial por los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Segunda.- Si el incumplimiento de las promesas electorales efectuadas de forma fehaciente puede considerarse como suministro de información errónea a los efectos de solicitar la anulación del voto.
Primero.- Sobre la naturaleza política o no de la solicitud de anulación del voto por parte del emisor.
1.1.- Legislación aplicable e interpretación.
Forzoso es principiar dilucidando si nos encontramos ante una cuestión de naturaleza política excluida del control jurisdiccional o, por el contrario, ante una pretensión con encaje en la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA). Y para ello, es menester efectuar un breve repaso histórico-normativo.
El artículo 2.b) de la antigua Ley de 26 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa excluía de la misma “las cuestiones que se susciten con los actos políticos del Gobierno, como son los que afecten a la defensa del territorio nacional, relaciones internacionales, seguridad interior del Estado y mando y organización militar, sin perjuicio de las indemnizaciones que fueren procedentes, cuya determinación sí corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa.” La exposición de motivos de dicha norma afirmaba que los actos políticos: “…no constituyen una especie del género de los actos administrativos discrecionales, caracterizada por un grado máximo de la discrecionalidad, sino actos esencialmente distintos, por ser una la función administrativa y otra la función política, confiada únicamente a los supremos órganos estatales.”
Parece evidente que de una interpretación tanto literal como sistemática se reducía el ámbito de los actos políticos a los emanados “del Gobierno” y únicamente en determinadas áreas, alguna de ellas explícitamente enumeradas en el precepto.
Pero la aprobación del texto constitucional hizo que su artículo 24 desplegase sus efectos sobre el anterior precepto legal, que en la práctica debía considerarse derogado. Buena prueba de ello son las tres Sentencias de 4 de abril de 1997 de esta Sala (asunto “papeles del CESID”) que dejaron bien sentada la superación de la doctrina del acto político excluido del control jurisdiccional.
El artículo 2.a) LJCA incluye en el ámbito del control jurisdiccional: “La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos.” Es decir, que se elimina de forma expresa la naturaleza a los actos políticos, algo que, por si aún hubiese el más mínimo asomo de duda, la Exposición de Motivos deja meridianamente claro:
“En cambio, la Ley no recoge ya, entre estas exclusiones, la relativa a los llamados actos políticos del Gobierno, a que se refería la Ley de 1956. Sobre este último aspecto conviene hacer alguna precisión. La Ley parte del principio de sometimiento pleno de los poderes públicos al ordenamiento jurídico, verdadera cláusula regia del Estado de Derecho. Semejante principio es incompatible con el reconocimiento de cualquier categoría genérica de actos de autoridad -llámense actos políticos, de Gobierno, o de dirección política excluida «per se» del control jurisdiccional. Sería ciertamente un contrasentido que una Ley que pretende adecuar el régimen legal de la Jurisdicción Contencioso-administrativa a la letra y al espíritu de la Constitución, llevase a cabo la introducción de toda una esfera de actuación gubernamental inmune al derecho. En realidad, el propio concepto de «acto político» se halla hoy en franca retirada en el Derecho público europeo. Los intentos encaminados a mantenerlo, ya sea delimitando genéricamente un ámbito en la actuación del poder ejecutivo regido sólo por el Derecho Constitucional, y exento del control de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ya sea estableciendo una lista de supuestos excluidos del control judicial, resultan inadmisibles en un Estado de Derecho.”
No hay, por tanto, actos de naturaleza política excluidos del control jurisdiccional.
1.2.- Aplicación al caso concreto enjuiciado.
Lo expuesto en el punto anterior basta tanto para estimar la presente casación como para rechazar de forma rotunda las tesis del Letrado de las Cortes Generales en cuanto a la existencia de una cuestión política.
En efecto, no estamos ante un acto “del Gobierno” o de “los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas”, únicos supuestos en los que podría (utilizamos el condicional de forma deliberada) hablarse de una cuestión política, sino ante una pretensión de un ciudadano particular, por lo que mal cabe hablar de cuestión política.
En este caso, el demandante articuló una pretensión que residenció ante los órganos administrativos competentes y ante cuya desestimación acudió, como era su legítimo derecho, a los órganos judiciales en demanda de tutela judicial efectiva.
La pretensión del recurrente tendrá mayor o menor acierto, mejor o peor fundamento o será más o menos acertada, pero en modo alguno cabe sostener que nos encontramos ante una cuestión política excluida del orden jurisdiccional.
Lo que sí constituye un clarísimo ejemplo de mala fe rayana en el abuso de derecho es que en la segunda década del siglo XXI un defensor público considere vigente dicha causa de inadmisibilidad, lo que bordea peligrosamente los muros del artículo 247.3 de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
En definitiva, que dicho que en este punto el motivo del recurso debe ser estimado y, en consecuencia, casada la sentencia impugnada en dicho particular.
Lo cual nos lleva de lleno a la siguiente cuestión.
Segunda.- Sobre el incumplimiento de las promesas electorales y sus consecuencias jurídicas respecto al voto emitido.
Lo peculiar y novedoso de esta pretensión hace que las consideraciones de este Tribunal deban analizarse de forma ciertamente ponderada.
Está fuera de toda duda que el Partido Papilar, a quien el recurrente en casación votó en las elecciones generales celebradas en noviembre de 2011 incumplió de forma constante y reiterada sus promesas electorales. Las consideraciones efectuadas por el Letrado de las Cortes Generales acerca de las necesarias transacciones y renuncias mutuas en aras a la formación de un gobierno estable no pueden considerarse más que como una afirmación grotesca, dado que la formación política que sustentaba el gobierno había obtenido la mayoría absoluta y, por tanto, no precisaba efectuar transacción o renuncia alguna para alcanzar la jefatura del ejecutivo. Aun cuando este es un dato que no figura en el expediente, claro está que nos encontramos ante un hecho público y notorio del que no podemos prescindir, por cuanto: “No podemos cerrar nuestros ojos a cuestiones de notoriedad pública y conocimiento general. Cuando tomamos asiento en el estrado, no nos vemos afectados por la ceguera ni se nos prohíbe conocer como jueces lo que contemplamos como hombres” (juez Stephen Field, en el caso Ho ah Kow v. Nunan).
Lo decisivo, por tanto, es verificar si las promesas contenidas en la propaganda electoral constituyeron un falseamiento de la realidad hasta el punto de que esa realidad deformada pudiera influir en la voluntad del elector a la hora de emitir su voto. Y consideramos que sí lo es.
Aun cuando, según las palabras de cierto político pronunciadas en los años de la transición, “las promesas electorales están para no cumplirlas”, es evidente para cualquier persona con un mínimo de raciocinio que, cuando una formación, sea de la ideología que fuere, incluye en sus papeletas electorales unas promesas busca la confianza del ciudadano en base a esas manifestaciones de lo que será la acción del futuro gobierno sustentado por la formación política en cuestión. Es evidente, por tanto, que esas promesas constituyen, en innumerables ocasiones, la única guía del elector a la hora de escoger entre las distintas formaciones. Esa confianza en que la formación votada respetará la palabra dada se constituye, así, en el fundamento de la democracia en su más noble acepción.
Por tanto, cuando se acredita que una formación política incumple, desde su misma llegada al gobierno, de forma reiterada lo prometido de forma pública y fehaciente en campaña, ha nublado la voluntad del elector bien ocultándole la realidad o bien presentándola deformada. En otras palabras, suministra información errónea. Ello hace no sólo quebrar la confianza, sino que de forma automática convierte en errónea e incursa en falta de veracidad la información suministrada para la elección de los parlamentarios de dicha formación.
Manifiesto y claro es, por tanto, que nos encontramos ante una causa que fundamenta plenamente la solicitud de revisión instada por don Homobono y que, por tanto, la Junta Electoral Provincial debe acceder a lo solicitado, suprimiendo su voto emitido en favor del Partido Papilar y detrayéndolo de todos los registros y documentos oficiales.
Este Tribunal tiene plena consciencia de la, en principio, radicalidad de la doctrina expuesta en los párrafos anteriores, de ahí que la misma deba ser aplicada con extrema prudencia. Pero una lectura más detenida tanto de los hechos y del fundamento destruye esa impresión inicial. Y ello por cuanto no basta con que un ciudadano simplemente manifieste haber emitido su voto a favor de una determinada formación, sino que ha de acreditar fehacientemente dicho voto, pues la simple afirmación no garantiza la veracidad de la misma, e incluso podría ser invocada por votantes de otra formación con la finalidad de detraer sufragios legítimos a otro partido rival. En el presente caso, don Homobono ha cumplido con creces los elevados requisitos exigidos, pues se aseguró de acreditar la autenticidad de su voto merced a una escritura pública notarial en la que se contempló la introducción en el sobre de la papeleta electoral de la formación política Partido Papilar, el cierre del mismo y el depósito del sobre en las dependencias de correos, sin que el notario otorgante perdiese de vista el mismo en ningún momento, vedando la posibilidad de un cambiazo o de una trampa.
En definitiva, que este segundo motivo debe ser estimado, y revocarse la sentencia impugnada dictando, en su lugar, otra estimando íntegramente la demanda en todos sus extremos, con expresa imposición de costas a la Administración en los términos y con los límites del siguiente fundamento.
3.1.- No ha lugar a imponer las costas de la presente instancia.
3.2.- Procede imponer las costas de la instancia a la Administración demandada, con un límite máximo de diez mil euros (10.000 €), IVA no incluido.
Primero.- Estimar el recurso de casación interpuesto por el Procurador de los Tribunales JOSETXU LETON DE QUIRÓS en representación de don HOMOBONO QUIÑONES DE MUNGUÍA frente a Sentencia 2175/2015 de 31 de noviembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que se casa y se deja sin efecto, todo ello sin expresa imposición de costas en lo que a esta instancia se refiere.
Segundo.- En su lugar, estimar el recurso interpuesto por el Procurador de los Tribunales JOSETXU LETON DE QUIRÓS en representación de don HOMOBONO QUIÑONES DE MUNGUÍA frente a la Junta Provincial de Vizcaya y, en consecuencia:
2.1.- Suprimir el voto de don HOMOBONO QUIÑONES DE MUNGUÍA emitido en favor de la formación política Partido Papilar, detrayéndolo de todos los listados y registros oficiales
2.2.- Imponer las costas a la Administración demandada con un límite de diez mil euros (10.000 €), IVA no incluido.
MEMORIAS DE LA NAVIDAD. FELICES FIESTAS.
La voz en off de una persona cuya identidad y circunstancias de tiempo y lugar se desconocen, pero que por su tono de voz podemos situar en el ecuador o la madurez de su existencia, evoca en su canto los recuerdos que vienen a su memoria a llegar el mes de diciembre. Huellas de pisadas en la nieve, son de villancicos, olor de las galletas que se están haciendo en la cocina, y adornos por doquier son fogonazos de esas “escarchadas” navidades del pasado que flotan como el aire, las “más dulces” que ese anónimo narrador nos transmite. De ahí que, al cerrar los ojos, contemple los “alegres rostros de los niños” que, con el paso del tiempo, “hoy tienen niños propios”. Ese ambiente que culminaba la mañana de navidad, con la “familia alrededor del árbol”, es evocado de forma nostálgica, de ahí que el relato concluya de forma harto melancólica reconociendo que: “cuando llega diciembre, recuerdo todas las navidades que conocí.”
El anterior párrafo, que es posible evoque en el lector páginas de Charles Dickens, no es más que la transcripción más o menos novelada del ya clásico tema navideño Christmas memories, que interpretaba con su maestría habitual el “viejo ojos azules”. No deja de ser curioso que en esa pieza no se aluda para nada a lo que realmente supone la celebración de la navidad, sino que los festejos se vinculan a acontecimientos que permanecen en la memoria, es decir, a la visión subjetiva que de la navidad tiene una persona ya madura y ligada a visiones, sonidos e incluso olores percibidos en la etapa de su niñez y que vincula de forma indisoluble a la navidad.
Justo hoy he finalizado la lectura del libro Insert Coin (que recomiendo vivamente), la antología de relatos breves que José Luís Garci ha publicado en la editorial Reino de Cordelia. Uno de esos relatos, el escrito en 1987 y titulado Navidades de película, comparte con el tema navideño de Sinatra el identificar los festejos navideños con las vivencias subjetivas del autor. Y en el mismo se contiene este párrafo en el que intenta explicar qué son para él las navidades, un párrafo que comparte el mismo principio insinuado por “la voz” en su tema sonoro:
“Lo más bonito de las Navidades era pensar en ellas. La Navidad, es obvio, tiene algo especial.Nunca he pidido descubrir su misterio, saber dónde se encuentra su magia. Creo que es algo que va más allá de la unidad familiar, de los buenos deseos de los corazones, de los regalos, del Adeste Fideles o de las vacaciones. La magia, el hechizo de la Navidad es mucho más profundo. Yo siempre sentía -y siento- como un temblor desconocido en mi línea de flotación. La Navidad es como una quinta estación que nunca aparece -ni aparecerá- en los calendarios, pero que todos cumplimos por dentro. A lo mejor, resulta que la Navidad es, sencillamente, nuestra infancia.”
Creo que tanto Garci como Sinatra dan en el clavo. Creencias religiosas aparte, es evidente que la Navidad es la infancia o, propiamente hablando, los recuerdos de la infancia vinculados a los festejos navideños. De ahí que no haya “una” navidad, sino tantas como personas, dado que cada individuo durante sus años tiernos habrá tenido su especial y particular percepción de la misma. Es evidente que no vea ni afronte con el mismo animo estas fiestas quien acumule vivencias agradables de esos años de infancia y juventud que alguien que únicamente posee malos recuerdos. El paso del tiempo diluye y aleja temporalmente las fases vitales de la persona pero, a la vez, de forma harto paradójica, acerca poderosamente esos recuerdos.
En definitiva, eso y no otra cosa es la navidad: recuerdos de sonidos, estampas, olores, canciones que nuestra mente vincula a las festividades navideñas durante nuestra infancia.
De ahí que nada mejor que ofrecer a los lectores de esta bitácora ese delicioso tema musical de Frank Sinatra, el Christmas memories con cuya evocación abríamos la presente entrada.
de Monsieur de Villefort  Publicado en Varios
En ocasiones uno tiene la posibilidad de contemplar párrafos curiosos en resoluciones judiciales norteamericanas, y la recentísima sentencia Weyerhaeuser Co v. United States Fish and Wildlive Service et al., que el Tribunal Supremo hizo pública el pasado día 27 de noviembre, es uno de esos casos. En realidad, el fondo del asunto es bastante habitual, pues se trata de unos propietarios que impugnan judicialmente un acto administrativo que afectaba a sus terrenos al calificarlos como “hábitat natural” de una especie protegida, en esta ocasión, la denominada “rana oscura de tierra”. Lo que ya no es tan frecuente es que, con carácter previo a abordar el fondo jurídico del asunto, el Tribunal ofrezca una pequeña aproximación biológico-natural a la especie animal que se trata de proteger. Así, antes de adentrarse en los temas ya clásicos y familiares de la discrecionalidad administrativa y el control judicial de la Administración, el Tribunal Supremo se toma un pequeño respiro jurídico para adentrarse en el campo de la zoología.
En efecto, la sentencia, de la que fue ponente el propio chief justice John Roberts y que contó con el apoyo unánime de sus siete colegas de estrado (el juez Brett Kavanaugh no tomó parte en el asunto al haberse incorporado con posterioridad a la vista oral del caso), reserva en exclusiva el apartado I letra A para introducir al lector en lo que es el bien jurídico protegido (en este caso, en el sujeto jurídico protegido), que no es otro que el anfibio cuyas características se describen in extenso en ese párrafo. Transcribimos íntegramente el mismo:
“El anfibio Rana sevosa es popularmente conocido como “rana oscura de tierra” –“oscura” porque de tal tonalidad es su color y “de tierra” porque habita bajo tierra-. La rana oscura de tierra mide aproximadamente tres pulgadas, tiene una cabeza grande, el cuerpo rechoncho y las patas cortas. Su espalda está cubierta de verrugas y su cuerpo enteramente cubierto de puntos oscuros. Se destaca por cubrir sus ojos con las patas frontales cuando se siente amenazada, oteando periódicamente hasta que el peligro pasa. Menos amable es la secreción de una sustancia amarga y lechosa para disuadir a potenciales comensales.
La rana pasa gran parte de su tiempo en madrigueras y en agujeros practicados en tocones sitos en tierras boscosas de pinos. En tales bosques, los frecuentes incendios ayudan a mantener espacios abiertos, que por ello permiten a la vegetación crecer en el suelo boscoso. La vegetación mantiene los pequeños insectos que a s vez constituyen en alimento de la rana y ofrece un lugar para que ésta coloque sus huevos cuando se reproduce. La rana se reproduce en estanques “efímeros” que están secos durante parte del año. Tales estanques ofrecen un lugar seguro a los renacuajos porque los peces no pueden vivir en ellos.
La rana oscura de tierra solía poblar el territorio a lo largo de la zona costera de Alabama, Luisiana y Mississippi, en las tierras boscosas de pinos que solían poblar el sudeste. Pero más del 98% de tales bosques han sido trasladados para dejar paso al desarrollo urbano, la agricultura y plantaciones de madera. Estas últimas consisten en pinos de crecimiento rápido plantados tan juntos como sea posible, resultando en un bosque cerrado inhabitable para la rana. La práctica erradicación del hábitat de la rana ha provocado una rápida reducción en el número de especímenes. En 2001, el número de ejemplares conocidos de la rana oscura de tierra había menguado hasta un grupo de 100 en un solo estanque al sur de Mississippi. Ese año, el Servicio Pecuario y de Vida Salvaje, encargado de ejecutar en nombre del Secretario del Interior, las previsiones de la Ley de Especies en Peligro de Extinción, incluyó a la rana oscura de tierra entre las especies en peligro de extinción.”
No está nada mal para un grupo de jueces expertos en derecho, pero no en biología ni en ciencias naturales. Ahora bien, dicha introducción científica sirve como aperitivo para el grueso de la controversia jurídica, que ya nos es algo más familiar. Y ello porque una vez que determinada especie se incluye en el listado de las que se encuentran en peligro de extinción, normativamente ha de fijarse el lugar determinado que constituye su “hábitat crítico”. Y la Ley de Especies en Peligro de Extinción ofrece una definición muy concreta de lo que ha de entenderse por tal:
“1.- Las áreas específicas dentro de la zona geográfica ocupada por dichas especies…en las que se den alguna de las siguientes características físicas o biológicas: (1) sean esenciales para la conservación de las especies y (2) que puedan requerir condiciones de administración o protección especial; y
2.- Áreas específicas situadas fuera de la zona ocupada por las especies…incluidas por resolución del Secretario cuando considere que las mismas son esenciales para la conservación de las especies.”
En otras palabras, que la norma legal distingue entre hábitat propiamente “natural” o “por naturaleza” (que identifica con las zonas efectivamente pobladas por las especies) y hábitat por determinación administrativa (es decir, zonas o espacios donde las especies no habitan, pero que han sido incluidas por decisión administrativa por considerar que los terrenos en cuestión son esenciales para la conservación de la especie que se trata de proteger). Ahora bien, en este último caso (es decir, la consideración de hábitat por determinación normativa) la propia norma autoriza al Secretario a excluir expresamente a determinadas áreas o zonas del “hábitat critico” siempre y cuando los beneficios de la exclusión superasen los de la inclusión, excepto en el caso que de no incluirse la zona como hábitat ello conllevase la extinción de la especie.
La calificación de un terreno como “hábitat crítico” no implica la privación de la propiedad de los terrenos existentes en la zona, pero sí una limitación de las facultades de dominio. Y ahí viene el núcleo de la controversia. Propietarios con terrenos en la zona impugnaron judicialmente la inclusión de sus terrenos en el “hábitat crítico” del anfibio cuya protección se trataba de asegurar. Ni en el Juzgado de Distrito ni en el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito tuvo éxito, por lo que intentó lograr un pronunciamiento favorable en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y lo consiguió.
El Tribunal Supremo limitó el ámbito de enjuiciamiento a dos cuestiones: “(1) si el “hábitat crítico” al que se refiere la Ley de Especies en Peligro de Extinción ha de constituir un hábitat; (2) si un juzgado federal puede revisar una decisión administrativa negando la exclusión de ciertas zonas como hábitat crítico debido al impacto de tal designación.” En otras palabras: la primera de las cuestiones aborda un tema de discrecionalidad administrativa, mientras que el segundo afecta de lleno al control judicial de la Administración. Veamos cómo se enfrenta a ambas cuestiones el Tribunal Supremo.
Primero.- En cuanto a la primera de las cuestiones, la respuesta que ofrece el Tribunal es positiva, es decir, que para que pueda hablarse de “hábitat crítico” es necesario e imprescindible que nos encontremos ante un “hábitat”, pues, como indica la propia resolución, el adjetivo lo que hace es especificar o concretar un sector del conjunto de hechos u objetos que integran el sustantivo. Por tanto, difícilmente podemos hablar de “hábitat crítico” ni no estamos ante un “hábitat.” Pura gramática elemental sancionada en la resolución del Tribunal Supremo, que corrige así a los órganos inferiores, para quienes no era necesario para que unos terrenos fuesen calificados como “hábitat crítico” que constituyesen un hábitat de la especie protegida. La Administración no cuenta, por tanto, con discrecionalidad para calificar como “críticos” terrenos que no constituyen el hábitat natural de la especie que se trata de proteger.
Segunda.- En cuanto a la posibilidad de control judicial, ha de tenerse en cuenta que, a diferencia de lo que ocurre en nuestro ordenamiento, en los Estados Unidos es posible que determinadas decisiones administrativas no puedan ser objeto de revisión judicial; ya hemos visto anteriormente en esta bitácora que, por ejemplo, la decisión de otorgar o no el asilo a una persona es un acto absolutamente discrecional que no es jurídicamente impugnable ante los órganos judiciales. En este punto, debe incidirse en el siguiente párrafo donde el máximo órgano judicial estadounidense plantea de forma clara la cuestión:
“Este Tribunal ha incidido en la “tensión” existente entre la prohibición de revisar judicialmente los actos dictados por las agencias administrativas en el ejercicio de una potestad discrecional y el imperativo de que los órganos judiciales expulsen toda acción administrativa que sea arbitraria, caprichosa, abuse de la discrecionalidad o incurra en cualquier otra infracción legal.”
En otras palabras, discrecionalidad, sí; abuso, no. De ahí que efectúe una interpretación sumamente restrictiva de la exclusión de control judicial.
En este caso, la sentencia considera que, si bien se otorga una discrecionalidad a la Administración para incluir a una zona dentro del “hábitat crítico”, también le impone considerar los efectos económicos que esa inclusión conlleva, algo que en el caso concreto no había efectuado, de ahí que ante la falta de esa ponderación se estimase igualmente el recurso.
En fin, que después de tanta biología, zoología, hábitat, discrecionalidad y control judicial, los magistrados del Tribunal Supremo se merecen una buena comida. Y, dicho sea ánimus iocandi, nada mejor a la vista del núcleo de la controversia resuelta que el menú incluya un buen plato de ancas de rana.

References: Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 2
 artículo 24
 artículo 2
 artículo 247
 resolución 
 resolución