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Timestamp: 2018-10-20 15:33:21+00:00

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APRENDER FORMANDO: La obligación de "contestar" de las Administraciones Públicas a los requerimientos de parte: el artículo 42 de la Ley 30/1992, LRJ-PAC
La obligación de "contestar" de las Administraciones Públicas a los requerimientos de parte: el artículo 42 de la Ley 30/1992, LRJ-PAC
Está claro que todo se rige por su legislación correspondiente; pero dentro del Derecho Público español (de esta rama jurídica que regula las relaciones y actuaciones entre Administraciones Públicas o entre éstas y particulares, en el ejercicio de sus funciones y potestades) existe una norma esencial que funciona como "piedra angular" de todo el sistema legislativo público a todos sus niveles (nacional, autonómico y/o local): La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común... o más comunmente conocida entre l@s juristas y estudios@s del derecho como la Ley 30/1992 o también LRJ-PAC.
Pues bien, resulta curioso que su artículo 42 se vea INCUMPLIDO por parte de determinadas Administraciones Públicas, cuando un particular requiere a la Administración una resolución u acto administrativo (contestación); por experiencia propia me he encontrado con dos tipos de incumplimientos en lo que se refiere al artículo 42 forma de "respuestas tardías" o "silencios" que no son justificables en manera alguna:
A nivel local (p.e., Ayuntamientos): aunque el art. 42.1 de la Ley establece claramente que es una obligación el que la Administración dicte Resolución Expresa, siendo el "Silencio Administrativo" (contemplado en el art. 43) la excepción, sin embargo muchas veces nos encontramos que invierten los papeles: convierten el "Silencio Administrativo" en el cauce normal, y la Resolución Expresa la convierten en algo extraordinario.
A nivel autonómico (p.e., Comunidad Autonóma): suelen responder; eso sí, dependiendo de la Consejería (en este caso hablo del caso de Andalucía) algunas dictan resolución en plazo (como me ha ocurrido en varios asuntos con la Consejería de Igualdad y Asuntos Sociales), mientras que otras lo dilatan en el tiempo hasta por espacio muy superior (por citar un caso, con la Consejería de Empleo, el plazo de resolución de la concesión de ayudas para los cursos FPE son de 3 meses y sin embargo he podido comprobar que tardan en resolver hasta 2 años).
A nivel nacional (Gobierno Central o Instituciones Nacionales): hasta la fecha, suelen contestar en plazo y forma de manera expresa, aunque es posible que se produzca de forma incidental algún "Silencio Administrativo" (artículo 43 Ley 30/1992 LRJ-PAC), sin que por ello se puedan descartar posibles irregularidades que se dan con más frecuencia dentro de las dos anteriores Admones. Públicas citadas.
¿Qué podemos sacar en claro?. Evidentemente, que la Administración que incumple está cometiendo una ilicitud por inobservancia de un imperativo legal, como es la obligación de responder expresamente y dentro del plazo establecido (3 meses máximo en el caso que no se establezca lo contrario; deben indicarlo claramente). En este caso, se puede incurrir en una posible responsabilidad disciplinaria por parte de la persona funcionaria que debiera resolver conforme a lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 42, además de otras posibles sanciones que también pudieran derivarse (por ejemplo, responsabilidad penal de quien debió resolver y no lo hizo, o de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública en cuestión por los daños que haya causado el no responder expresamente y en plazo).
Conozcamos el artículo 42 más en profundidad (os resalto en negrita lo más importante del mismo):
Publicado por Fran Martínez Araujo en jueves, marzo 15, 2012
Etiquetas: administracion publica, Andalucia, derecho publico, España, ley 30/1992, LRJ-PAC, obligacion resolver, particular, plazo maximo resolucion, resolucion expresa, RJPAC, silencio administrativo

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