Source: http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=13&mn=1&id=2630&lg=62&anio=2
Timestamp: 2017-08-16 15:03:03+00:00

Document:
AÑO II Segundo Periodo Extraordinario LXII Legislatura Sesión Núm. 1
en la Ciudad de México, el 19 de Junio de 2014
- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: (12:51 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.
- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 73 ciudadanas Senadoras y Senadores.
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se abre la sesión extraordinaria del jueves 19 de junio de 2014. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.
- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se solicita a los presentes ponerse de pie para el acto de declaratoria de instalación de esta Cámara.
- El C. Presidente Cervantes Andrade: "Hoy, 19 de junio de 2014, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión se declara instalada para el segundo periodo de sesiones extraordinarias del segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, a que fue convocada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Sírvanse tomar asiento, muchas gracias.
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadoras y Senadores.
La Secretaría comunicará por escrito al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Presidente de la Cámara de Diputados, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a las legislaturas de los estados, de la instalación de esta Cámara.
- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió la comunicación del Presidente de la Comisión Permanente, por la que informa de los motivos que originaron la convocatoria a sesiones extraordinarias.
"México, D.F., a 19 de junio de 2014.
Por su conducto, me permito exponer al Pleno de la Cámara de Senadores los motivos y razones que originaron la convocatoria a sesiones extraordinarias de las Cámaras del Congreso General que inician el 19 de junio de 2014, lo que manifiesto en los siguientes términos:
1. Durante la sesión del 18 de junio de 2014, la Comisión Permanente recibió de la Junta de Coordinación Política del Senado una comunicación sobre el acuerdo alcanzado en la construcción de una agenda de asuntos a abordar y con la solicitud a esa Asamblea de convocar a la Cámara de Senadores a un periodo de sesiones extraordinarias.
2. El acuerdo de referencia establece el desahogo del proyecto legislativo que contiene reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, asunto sobre el que las comisiones del Senado de la República ya han emitido dictamen.
3. En esa misma sesión, se recibió de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados su acuerdo para solicitar a la Comisión Permanente convocar a esa Cámara a celebrar un periodo de sesiones extraordinarias y abordar los temas que incluyen la derogación de la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la reforma de diversas disposiciones de la Ley General en materia de Delitos Electorales y reforma al artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos.
4. Adicionalmente, se adjuntó otro acuerdo por el que informaban que la Cámara de Diputados se ocuparía, en su caso, de la elección de quien ocupará la vacante en la Comisión Permanente generada por la licencia otorgada al Diputado José Manzur Quiroga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como de la protesta de ciudadanos Diputados y de acuerdos de sus Organos de Gobierno.
5. A partir del contenido de los acuerdos recibidos y las comunicaciones adicionales, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente elaboró un proyecto de convocatoria, mismo que sometió a la consideración de la Asamblea.
6. El 18 de junio de 2014, la Comisión Permanente aprobó la Convocatoria a un Segundo Periodo de Sesiones Extraordinarias del Congreso de la Unión, a partir del 19 de junio del año en curso.
7. El Decreto aprobado por la Comisión Permanente establece que durante el Segundo Periodo de Sesiones Extraordinarias, el Congreso de la Unión se ocupará de los siguientes asuntos:
1.- Derogación de la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
2.- Reforma de diversas disposiciones de la Ley General en materia de Delitos Electorales.
3.- Reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
4.- Reforma al artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos.
De manera exclusiva, la Cámara de Diputados se ocupará de los siguientes asuntos:
1.- Elección de quien ocupará la vacante en la Comisión Permanente que funciona durante el Segundo Receso del Segundo Año de la LXII Legislatura, generada por la licencia otorgada al Diputado José Manzur Quiroga.
2.- Protesta de ciudadanos Diputados.
3.- Acuerdos de los Organos de Gobierno.
Presidente de la Comisión Permanente".
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Dicho informe se encuentra a su disposición en el monitor de sus escaños para su conocimiento y con ello la Asamblea se dé por enterada.
Pasamos enseguida a la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas del Distrito Federal; y de Estudios Legislativos, que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en materia política electoral.
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA POLITICO ELECTORAL
Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 193 y 195 del Reglamento, es de primera lectura.
- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, está a discusión.
Se concede el uso de la tribuna al Senador Mario Delgado Carrillo, como Presidente de la Comisión del Distrito Federal, para presentar el dictamen en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.
- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros:
Este dictamen, como todos sabemos, es producto de una adecuación que tenemos que hacer, a partir de la reforma política que aprobó el Congreso y que ordenaba la armonización del resto de las leyes locales en las distintas entidades federativas.
Sin embargo, como todos sabemos, la Asamblea Legislativa no puede legislar en la materia porque todavía, desafortunadamente, lo tiene que hacer el Congreso de la Unión por el estatus jurídico que prevalece en la Ciudad de México.
Se revisaron en la comisión, cinco iniciativas que llegaron en esta materia después de aprobada la reforma política.
Una iniciativa de los Senadores Miguel Barbosa y Alejandro Encinas; una proveniente de la Cámara de Diputados, del Diputado Fernando Rodríguez Oval; de Diputados también del Partido Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, fue su brazo, y Ricardo Mejía.
Otra iniciativa por parte de los Diputados Carlos Augusto Morales y Sarahí Larisa, y otra iniciativa que nos hizo llegar por consenso la Asamblea Legislativa.
Es importante destacar el proceso de negociación y consenso al que hoy se ha llegado, y se resuelve así pues un posible problema que se iba a detonar en la Ciudad de México ante el mandato que le daba el Congreso de hacer algo que no le era posible.
Y ante la inminencia del arranque del proceso electoral del año 2015, es urgente que se apruebe el día de hoy por parte de este Senado de la República el dictamen que estamos poniendo a su consideración.
Los temas más relevantes que quisiera destacar es que se armoniza el tema de la reelección en la reforma constitucional, se permite la reelección consecutiva hasta por cuatro periodos de Diputados y Diputadas federales y Diputados y Diputadas locales.
Lo que se va a hacer en esta reforma es que eso pueda ocurrir con los Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hasta cuatro periodos consecutivos.
Y en el caso de los presidentes municipales, donde se permite hasta dos periodos, aquí el equivalente que es el jefe delegacional, pues se está haciendo esta adecuación para que puedan ser reelectos.
También se aprueba establecer acorde a lo que dice ahora la Constitución y el Código Federal de Procedimientos Electorales, establecer la asignación directa de un Diputado a aquél partido que alcance el 3% de la votación válida emitida.
También se hace la adecuación para establecer el acceso a financiamiento público, así como a tiempos de radio y televisión a los candidatos independientes.
El Código de la Ciudad de México ya permitía las candidaturas independientes, ahora la nueva legislación lo permite también a nivel nacional; sin embargo, en el Estatuto de Gobierno no estaba prevista esa figura y es la armonización que se hace con este dictamen, para que pueda haber candidatos independientes y a partir de lo que se estableció en la reforma política tengan acceso a financiamiento, tiempo en radio y televisión.
También, una de las medidas más importantes que tuvo la reforma política fue la de garantizar la paridad de género en candidaturas a legisladores locales, se cambia el estatuto para lograrlo también en la Ciudad de México.
Se modifica el modelo de fiscalización, para hacerlo oportuno para los casos en el que el Instituto Nacional Electoral delegue la facultad a las entidades federativas; es decir, que se pueda replicar el modelo de fiscalización que se está planteando para el resto del país.
También, un tema muy importante de la reforma política, fue la designación de los Consejeros y los Magistrados Electorales. Ahora designados por el Instituto Nacional Electoral, en el caso de los primeros, y en el caso de los Magistrados por el Senado de la República. También se ordena el establecimiento de una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en el Distrito Federal.
Con este dictamen, de aprobarse, daríamos un paso muy importante para que la autoridad electoral de la Ciudad de México pueda organizar el proceso electoral que comienza ya en los próximos meses, próximas semanas.
Le damos legalidad y certeza que son dos pilares fundamentales de la función electoral, y lo más importante, que se pueda garantizar el respeto a la voluntad popular.
Esta iniciativa, este dictamen que hoy se pone a su consideración, como corrección, como fe de erratas, a lo aprobado en la reforma política es una buena corrección.
Pero quienes piensen que esto es parte de la reforma política, la verdad es que está muy lejos de serlo.
Como fe de erratas es una buena corrección, pero como reforma política es un remedo claramente insuficiente.
Y aquí vale la pena señalar otra vez el estado de excepción que guarda a la ciudad.
El estado de excepción que guarda a la ciudad en nuestra legislación, es la que ha provocado que el día de hoy estemos aquí para corregir lo que se aprobó de manera omisa en el caso de la ciudad.
Me parece que no es una victoria de nadie, una victoria política, simplemente es una corrección a tiempo de una omisión que llevaba a una crisis a la ciudad.
Afortunadamente, en este caso, se pudo corregir; pero desafortunadamente en el transcurso de las siguientes semanas y de los siguientes meses, van a ir surgiendo nuevas omisiones, no necesariamente para la ciudad que ha provocado este modelo híbrido de autoridad electoral, que mezcla facultades a nivel nacional, federal y la convivencia con los órganos locales.
En los próximos días, vamos a ver cómo muchas disposiciones que tiene que hacer por obligación el Instituto Nacional Electoral, las distintas normas que tendrá que dar, no necesariamente van a coincidir con las legislaciones locales, y creo que vamos a entrar en una etapa donde habrá muchas lagunas como parte del proceso electoral, por las características de la reforma política que aquí se aprobó.
Algunos lo dijimos, que esta reforma política era insuficiente, que no contenía lo necesario, ni iba a la profundidad requerida de lo que el país necesitaba: Garantizar el equilibrio en el juego democrático y la equidad en la participación política de todos.
Insuficiente también para abrir los espacios a las candidaturas independientes, que aunque se regulan se ponen requisitos prácticamente imposibles de cumplir, insuficientes las definiciones para los rebases a topes de campaña y el exceso de participación de los medios por algún candidato. Ambos causales que distorsionaron mucho la elección pasada.
Y aceptar este remedo, de ninguna manera representa que estemos consintiendo la postergación de una reforma política que una y otra vez se deja para una mejor ocasión.
Parece ser que la reforma política de la ciudad, la única evaluación política que se tiene al respecto es la posibilidad de chantaje que se tenga y se pospone una y otra vez, en lugar de pensar cómo mejorar y equilibrar los derechos políticos de la Ciudad de México.
De tal manera que se corrige a tiempo, es un buen remedo, pero que no se piense que esto es parte de la reforma política de la ciudad, que ya es muy necesaria, y nuevamente hago un exhorto a mis compañeras y compañeros Senadores, una de las reformas más prometidas y que no llega, se pospone sin ninguna explicación.
Hoy no deberíamos de estar aquí, en esta situación, deberíamos estar aprobando la reforma política de la ciudad para que la Ciudad de México no esté más en un estado de excepción.
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Delgado Carrillo.
Esta Presidencia saluda la presencia de un grupo de personas provenientes del estado de Guanajuato, invitados por el Senador Gerardo Sánchez García.
A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Graciela Ortiz González, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.
- La C. Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, señor Presidente; estimadas Senadoras y Senadores:
La dinámica política y social de nuestro país ha cambiado de manera significativa durante los últimos años, con ello, se han ido transformando las instituciones del Estado y, por supuesto, se ha actualizado el sistema constitucional y legal que nos rige, y eso es lo que nos tiene el día de hoy aquí, porque estamos hablando de que estas reformas que estamos haciendo al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, han respondiendo a esa reciente pluralidad y diversidad de nuestra sociedad que ha introducido y consolidado un mayor número de actores en todos los sectores, tanto en el entorno social como el político.
Hoy presento ante este Pleno, el dictamen aprobado por las Comisiones del Distrito Federal y de Estudios Legislativos, para adecuar el marco jurídico del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en materia político-electoral, que constituye el cumplimiento constitucional y legal al que nos hemos sumado las fuerzas políticas representadas en este Senado de la República para atender una reforma prioritaria e impostergable para la Ciudad de México.
Como consecuencia de la reforma político-electoral, aprobada el mes de mayo pasado, en el Artículo Tercero Transitorio de la Ley General de Partidos Políticos, se dispuso que el Congreso General de la Unión, los congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberían adecuar el marco jurídico electoral a más tardar el 30 de junio de 2014.
De acuerdo con el artículo 122 de la Constitución federal, corresponde al Congreso de la Unión legislar en lo relativo al Distrito Federal y expedir el Estatuto de Gobierno, por lo cual la Asamblea Legislativa se ve impedida para realizar las adecuaciones a dicho ordenamiento, con miras al proceso electoral local que se llevará a cabo el próximo año, el año 2015.
De ahí, entonces, que para cumplir con lo ordenado en esas disposiciones, es nuestra responsabilidad aprobar las iniciativas de reforma planteadas respecto del Estatuto de Gobierno en materia político-electoral, y con ello abrir paso para que la Asamblea Legislativa pueda adecuar su código electoral, precisamente a las reformas ya aprobadas a la Carta Magna, a las Leyes Secundarias y a este propio Estatuto.
Las Comisiones del Distrito Federal y de Estudios Legislativos nos dimos a la tarea de revisar cada uno de los puntos incluidos en las cuatro iniciativas planteadas por Senadores y Diputados de este Congreso, así como por la propia Asamblea Legislativa, para así arribar a un dictamen, el que les estamos presentando el día de hoy, que armonice el Estatuto de Gobierno con la Constitución federal y con las leyes generales de la materia.
En el proyecto que hoy estamos sometiendo a su consideración y para el que les pedimos su aprobación, se propone la modificación de 19 artículos del Estatuto de Gobierno en los que principalmente se contemplan los siguientes temas:
Se establece como derecho de los ciudadanos del Distrito Federal votar en las consultas populares, iniciar leyes en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y participar en los demás mecanismos de participación ciudadana.
El derecho de solicitar el registro de candidatos a cargo de elección popular ante la autoridad local electoral, corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos que establece y que determine la legislación.
Los Diputados a la Asamblea Legislativa podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos y los jefes delegacionales por dos periodos consecutivos de tres años cada uno.
Las jornadas electorales deben realizarse el primer domingo de junio del año que corresponda y por única ocasión la jornada electoral a celebrarse en el Distrito Federal en el año 2018, tendrá lugar en el mes de julio de ese año.
Todo partido político que alcance por lo menos el 3 por ciento de la votación válida emitida, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados, según el principio de representación proporcional.
Con esta reforma, se deroga la disposición actual que prevé la cláusula de gobernabilidad, ya derogada del artículo 122 constitucional, la cual disponía que el partido político que obtenga por sí mismo el mayor número de constancias de mayoría y por lo menos el 30% de la votación, le sería asignado el número de Diputados de representación proporcional suficiente para alcanzar la mayoría absoluta en la Asamblea.
En la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiera recibido menos de ocho puntos porcentuales.
Se reconoce al Instituto Electoral del Distrito Federal como organismo público local encargado de la organización de las elecciones locales, que tendrá a su cargo las actividades relativas a la educación cívica, los derechos y accesos a las prerrogativas de candidatos y partidos políticos; la preparación de la jornada electoral, la impresión de documentos y producción de materiales electorales, los cómputos y escrutinios, la declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales; los resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral y conteos rápidos.
Se establece como prohibición para ser Diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, haber sido Consejero Presidente o Consejero del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal o Magistrado Presidente o Magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal, a menos que haya concluido su encargo o se haya separado del mismo al menos tres años antes de la fecha del inicio del proceso electoral local correspondiente.
En concordancia con el texto constitucional, se propone que el órgano jurisdiccional se integre por cinco magistrados.
De igual forma, se acata el mandato constitucional relativo a que la designación de los magistrados sea hecha por el Senado de la República, los cuales durarán en su encargo siete años.
Finalmente, pero no menos importante, se armonizan con la reforma político-electoral, los temas relativos a que los partidos políticos garanticen la paridad entre los géneros en las candidaturas a Diputados de la Asamblea Legislativa, la postulación de candidatos a cargo de elección popular, la homologación del porcentaje mínimo del 3% de la votación local válida emitida para conservar el registro como partido político del Distrito Federal y las referencias al otrora Instituto Federal Electoral, con las del actual Instituto Nacional Electoral.
Estamos seguros los integrantes de estas comisiones, que la propuesta que hoy presentamos ante ustedes, satisface los mandatos que nos dimos al aprobar la reforma política, tanto en el ámbito constitucional como legal.
Por lo cual, sometemos a su consideración este proyecto que representa el compromiso de todas las fuerzas políticas de avanzar en la reforma política-electoral de la Ciudad de México.
Como lo expresó, el poder reformador de la Constitución en la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014, es incuestionable que la realidad histórica que vivimos obliga a replantear con responsabilidad el diseño institucional en el que se mueven nuestras estructuras políticas, y es precisamente lo que hacemos hoy con la aprobación, si ustedes así lo consideran, de este dictamen.
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ortiz González.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, tal y como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción II del Reglamento, serán en el orden creciente y por un tiempo máximo de diez minutos.
En primer término, se le concede el uso de la palabra al Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM.
Sonido en el escaño del Senador Pablo Escudero Morales.
- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.
Me parece que la explicación que presenta la Comisión ha sido suficiente, le pediré que se registre en el Diario de los Debates el posicionamiento del partido.
(Posicionamiento del C. Senador Pablo Escudero Morales)
- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto se insertará en el Diario de los Debates su participación.
En virtud de que el Senador ha pedido que se incluya en el Diario de los Debates su participación, pasamos al siguiente grupo parlamentario.
Esta Presidencia saluda también la presencia de un grupo de estudiantes de la carrera de estudios Socioterritoriales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Cuajimalpa. Invitados a esta sesión por el Senador Alejandro Encinas Rodríguez.
Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.
- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente; ciudadanas y ciudadanos Senadores:
El proyecto de reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal tiene como objetivo armonizar dicho ordenamiento con el contenido de la reciente reforma constitucional en materia electoral y con el conjunto de leyes secundarias en la materia aprobadas por el Congreso de la Unión.
En esta lógica, los congresos de los estados de la República se encuentran en procesos de discusión para adecuar sus leyes al espíritu y la letra de la reforma constitucional.
El hecho de que estemos en el Senado de la República aprobando reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal nos recuerda que tenemos una deuda pendiente con la capital del país y sus habitantes.
La reforma política del Distrito Federal no puede, ni debe esperar más; hoy la Asamblea Legislativa del Distrito Federal transformada en Congreso Local se hubiese encargado de las reformas a la norma suprema de la capital del país.
Si la voluntad política de consolidar nuestra democracia fuera del todo genuina, ni siquiera estaríamos hablando de un Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, sino de una Constitución de la Ciudad de México.
Las diversas fuerzas políticas representadas en la Cámara de Senadores y el gobierno federal estamos obligadas a ratificar nuestro compromiso de reconocer los derechos plenos de las y los ciudadanos del Distrito Federal y avanzar en la profundización de la vida democrática en la Ciudad de México.
No existe motivo alguno ni justificación que valga para seguir deteniendo la reforma democrática en el Distrito Federal.
Los exhortamos a que ratifiquemos ese compromiso y tracemos la ruta legislativa para concretar esta añeja demanda de las y los habitantes de la capital del país.
En tanto eso sucede, tenemos la obligación de armonizar el marco jurídico de la Ciudad de México a las reformas federales como lo hemos mencionado.
En esta ocasión, dado que se trata de sincronizar la ley local con la reciente reforma político-electoral, no podemos dejar de insistir en que dicha reforma está marcada por un carácter profundamente centralista, que consolida un súper poder nacional en detrimento de las entidades que integra nuestro pacto federal, ese pacto federal que este Senado encarna y está obligado a respetar y hacer valer.
Un súper poder a nivel nacional no es garantía de que nuestro país concluya una transición democrática que realmente consolide al poder soberano, esto es, a la ciudadanía, al pueblo de México; además de garantizar que tengamos elecciones limpias, legales y legítimas y, por tanto, autoridades electas con reconocimiento y consenso para encabezar nuestras instituciones y dirigir el rumbo del país.
El proyecto de reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal integra propuestas de diversos grupos parlamentarios, entre ellos, el nuestro, para avanzar en la armonización ya referida.
La modificación, por ejemplo, del artículo 20 para reconocer el derecho de los ciudadanos del Distrito Federal a votar en consultas populares y otros mecanismos de participación ciudadana, de garantizar el derecho de las candidaturas independientes y el derecho de las y los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero a sufragar en la elección del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
El artículo 37 se modifica para incorporar el requisito mínimo de representatividad del 3% de la votación válida para un partido político y, poder así, participar en la asignación de diputadas y diputados de representación proporcional. En este mismo artículo se establece la obligatoriedad de la paridad de género en las listas de representación proporcional a Diputadas y Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Asimismo, se definen las reglas para distribución de las diputaciones de representación proporcional poniendo un límite a la sobrerrepresentación que no exceda del 8 por ciento de la votación válida emitida.
También debe destacarse el derecho a la reelección de los Diputados a la Asamblea Legislativa; que se deriva de la reforma constitucional, aunque, subrayo, siga siendo cuestionable en sus alcances y goce del escaso consenso entre la ciudadanía del país y de la capital de la República.
O el artículo 105 que establece en la misma lógica la posibilidad de reelección de las y los jefes delegacionales hasta por dos periodos consecutivos, de tres años cada uno.
En el artículo 120 se ajusta la fecha para la realización de la jornada electoral en el Distrito Federal que, ahora, se realizará el primer domingo de junio del año que corresponda, al igual que las elecciones del ámbito federal.
El artículo 121 ratifica el derecho tanto de los partidos políticos con registro nacional y local, como de las y los ciudadanos que constituyan candidaturas para poder ser votados en forma independiente a los cargos de elección popular del Distrito Federal, en los términos de los artículos 36 y 116 de la Constitución mexicana.
Este artículo también ordena a los partidos políticos garantizar la paridad de género en la postulación de candidatas y candidatos a los cargos de elección popular para la integración de la Asamblea Legislativa.
Bajo el nuevo esquema de centralización se definen en varios artículos las nuevas reglas para la integración, funcionamiento y facultades del Instituto Electoral del Distrito Federal.
Algo similar ocurre en lo relativo al Tribunal Electoral del Distrito Federal, cuyos magistrados ahora serán electos por el Senado de la República.
El artículo 134 establece y obliga para ser incorporadas en la ley electoral local las causas de nulidad de las elecciones previstas en la Base IV del artículo 41 de la Constitución.
Por último, el artículo 135 obliga a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a contar con una Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y, el artículo 136 determina que la ley electoral local establecerá las facultades en la materia y las sanciones correspondientes en los términos establecidos en la Constitución y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Estos son los contenidos fundamentales del proyecto de reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Es nuestra obligación actualizar y armonizar sus contenidos en la definición de la reciente reforma constitucional y las leyes secundarias en la materia. Esto deberá permitir avanzar con certeza y en los tiempos establecidos para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal armonice y actualice las leyes locales del Distrito Federal en materia electoral; así como para que las nuevas instituciones electorales del país y la ciudad estén en condiciones de asumir la organización de las elecciones locales y federales del año 2015.
Dado que para nosotros el federalismo es un principio central, nos parece que el espíritu de la reciente reforma fortalece una visión centralista y subraya que, pese a que la transición ha sido muy larga en el tiempo y a un gran número de innovaciones en materia político-electoral; los cimientos y pilares del antiguo régimen autoritario no han desaparecido, sino que se están reforzando.
Los cambios incluyen temas trascendentes como candidaturas independientes y la paridad de género entre los más sobresalientes y los grandes avances que han sido demandas históricas del PRD y de la izquierda, que siempre hemos impulsado y que hoy serán una realidad.
Las elecciones locales y federales de 2015 pondrán a prueba el nuevo diseño electoral e institucional del país. La democratización a fondo de la vida política nacional sigue siendo una tarea pendiente, una deuda con el país y, en particular, con las y los habitantes del Distrito Federal.
Debemos ir más a fondo en el reconocimiento de más y de nuevos derechos de la ciudadanía, como la revocación del mandato de los servidores públicos electos, quienes ostentamos un cargo sólo tenemos un poder delegado de la soberanía popular; por lo que aceptar la revocación del mandato sí constituiría una reforma a fondo de nuestro sistema de representación política.
La participación ciudadana es, además, un mecanismo que alienta la participación efectiva del pueblo en los asuntos de interés colectivo a través de la creación de espacios públicos donde se debatan, construyan, decidan y vigilen las políticas públicas en todos los niveles de gobierno.
Reiteramos, por último, nuestra exigencia de concretar la reforma política del Distrito Federal, los derechos plenos para la Ciudad de México y sus habitantes es nuestra demanda. La tutela y el centralismo no tienen lugar en una verdadera democracia.
El Distrito Federal es el epicentro de la vida política, económica y cultural de toda la nación; el Distrito Federal cuenta orgullosamente con una porción importante de la ciudadanía más crítica, más activa, más progresista y libertaria del país que no va a permitir que sus derechos sean escamoteados, ni podrá permitir un trato de minoría de edad.
La reforma integral del Estado mexicano estará mocha mientras no se concrete una reforma política que dote al Distrito Federal de una constitución propia que permita a sus ciudadanas y ciudadanos ejercer plenamente sus derechos democráticos.
Por eso, nuestro llamado y nuestra exigencia para comprometernos con seriedad, con verdadera vocación democrática de cara a la nación, a la transformación democrática de la ciudad y del país.
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Padierna Luna.
El Pleno de esta Cámara de Senadores le brinda un saludo, y le da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Economía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quienes han acudido el día de hoy a esta Cámara a invitación del Senador Aarón Irízar López.
A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del PAN.
- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:
Quiero compartirles que este proceso de reforma confirma el tratamiento institucional que ha recibido históricamente el Distrito Federal.
El Poder Legislativo a raíz de las reformas constitucionales en materia político-electoral nos obligaron a armonizar las leyes capitalinas, en específico el Estatuto de Gobierno con la legislación federal. Es decir, han sido factores de carácter nacional los que nos trajeron a este punto, en lugar de haber sido la voluntad de los diferentes actores políticos de este Senado de la República para estar discutiendo ya la reforma política que tanto tiempo están esperando los capitalinos.
Desde luego que los cambios que contiene este dictamen son enormemente positivos, hay que celebrar que la paridad de género, que ha sido bandera en la lucha histórica del PAN, sea hoy una realidad y beneficie a las mujeres capitalinas. Si en promedio, elección tras elección, las mujeres alcanzamos 10 puntos porcentuales más de participación en las urnas que los hombres y representamos poco más de la mitad de la población, también era justa nuestra representación en el Poder Legislativo y está se incrementará a través de acciones que generarán un piso parejo. Los resultados están a la vista, pasamos de 28 por ciento de mujeres en la Cámara de Diputados en la LXI Legislatura a 37 por ciento en la actual. En el Senado pasamos de 17 por ciento a 32 por ciento. Es un hecho que esta serie de reformas van a permitir que la participación de más mujeres transforme de fondo la política de la ciudad.
De igual forma, podemos aplaudir que la reelección tanto legislativa como de los jefes delegacionales se convierta en una realidad, porque es el mejor mecanismo que se conoce internacionalmente para robustecer la rendición de cuentas y para profesionalizar el servicio público. Es innegable que uno de los peores mundos de corrupción que han padecido los capitalinos está en las delegaciones, poder premiar o castigar al jefe delegacional por sus resultados será un detonante automático para contar con mejores gobiernos.
De igual manera, una crítica recurrente de los ciudadanos es que los representantes populares sólo estamos cerca de ellos o en las calles cuando vamos a pedir el voto; la reelección va a obligar a los servidores públicos a informar sobre su trabajo y estar permanentemente preocupados por la gestión para dar buenos resultados.
Las candidaturas independientes junto con una mejor correspondencia entre votación y representación. El voto en el extranjero para los capitalinos que deseen participar en la elección del Jefe de Gobierno, y la posibilidad de que los ciudadanos inicien leyes también serán herramientas que fortalezcan nuestra democracia, son avances en la profundización de una verdadera democracia participativa.
En el PAN queremos que la democracia le cueste menos a la gente, por eso propusimos en la reforma constitucional que el umbral para el registro de nuevos partidos y para la pérdida de éste se elevara, ahora los partidos en el Distrito Federal serán requeridos de ese porcentaje mínimo tal y como se establece a nivel federal junto con la modernización de los criterios del financiamiento. Son dos acciones claras para que los partidos, en particular los que aparecen y desaparecen con facilidad, dejen de ser un lastre en lo económico.
Uno de los componentes claves en materia electoral de esta reforma es la transformación del Instituto Electoral del Distrito Federal para hacerlo un órgano que inspire confianza y certeza a los votantes. No es novedad que el Instituto Electoral de la Ciudad de México en los últimos años se había tornado en una institución a modo tanto del Jefe de Gobierno como del partido mayoritario en la ciudad, sus resoluciones, una y otra vez generaban controversias y polémica en la opinión pública; era fundamental que el ente encargado de la organización de las elecciones locales se sacudiera la injerencia y presiones políticas para dar un paso decidido hacia su profesionalización. Esta reforma y proceso de armonización cumple acertadamente el propósito de hacerlo un Instituto confiable.
A la par de todas estas bondades, es importante decir que apenas representan un paso, que la ciudad requiere una cirugía mayor para lograr dos objetivos que anhelamos quienes vivimos en ella:
Primero, que deje de ser un islote con rasgos autoritarios donde el poder lo concentra el Jefe de Gobierno con enormes márgenes de discrecionalidad, para pasar a una etapa de democracia cierta donde el poder lo tengan los ciudadanos, donde haya verdaderos contrapesos, mayor participación de los capitalinos y rendición de cuentas.
Segundo, necesitamos reformas para que el gobierno sirva y logre que la gente viva mejor; la ciudad pide a gritos una reforma que beneficie a la población y no a los partidos políticos o al gobierno en turno.
Por eso, reconocemos el avance que representan estas series de reformas tan relevantes, pero, insisto, son un paso y resultan todavía insuficientes para que los capitalinos dejemos de ser tratados como ciudadanos de segunda. Espero que los acuerdos alcanzados hasta el momento posibiliten que podamos este mismo año estar discutiendo la reforma política que requiere la Ciudad de México y que dejen de ser discursos solamente de los políticos en la ciudad, y que se convierta en una bandera de los ciudadanos que habitan el Distrito Federal.
Necesitamos poner a la Ciudad de México a la vanguardia y que se convierta también su modelo de gestión en un modelo a seguir en todo el país.
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Del Campo Gurza.
A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, del grupo parlamentario del PRI.
- La C. Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Al hablar en nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sin duda lo hago con la convicción de que la presente legislatura ha asumido como uno de sus grandes propósitos el perfeccionamiento de las normas que rigen nuestro sistema democrático, y de manera especial, las que se refieren a los procesos electorales.
En múltiples ocasiones hemos dejado a un lado nuestras diferencias y hemos puesto mayor énfasis en nuestras coincidencias para poder avanzar en el fortalecimiento del régimen democrático y del sistema de partidos desde las perspectivas de la legalidad y de la equidad.
Ese es el espíritu de la minuta que hoy nos ocupa, ese es el espíritu del dictamen que han presentado los Presidentes de ambas Comisiones, de la del Distrito Federal y de la de Estudios Legislativos, y que forman parte de este proceso de armonización normativa de las disposiciones constitucionales en materia electoral con la legislación secundaria vigente en las entidades federativas y, en este caso, del Distrito Federal.
No quiero ser reiterativa a lo que aquí ya se ha expresado en distintas voces de quienes me han antecedido en el uso de la palabra, pero sí quiero reiterar que en el caso de los priistas, estamos convencidos de que estas propuestas le darán mayor consistencia y un renovado vigor al régimen político del Distrito Federal, que permitirá articular de mejor forma la actuación de las autoridades electorales, federales y locales, tanto de carácter administrativo como jurisdiccional.
Pero también señalar que los priistas, una vez más estamos acompañando las inquietudes surgidas en otros grupos parlamentarios, y de manera responsable asumimos el compromiso de completar la armonización legal con el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
Con esta perspectiva se han incorporado, como aquí se ha señalado, los principios de paridad, de máxima publicidad, de transparencia, el modelo de financiamiento y de fiscalización en los partidos políticos.
También se han incluido las formas para el registro de candidatos independientes y la reelección de Diputados locales y de jefes delegacionales, señalando el inicio de la vigencia de la representación, en cada caso, y a partir de qué momento y bajo qué requisitos podrán solicitar su reelección.
Señoras y señores, se establecen reglas específicas para los temas de la sobrerrepresentación y de la subrepresentación en la Asamblea, y el derecho de las minorías a obtener un lugar en la representación proporcional cuando alcancen al menos un 3 por ciento de la votación válida emitida.
Sin duda, se trata de una reforma necesaria a la que nos obligan nuestras propias decisiones, por lo que, compañeras y compañeros, el grupo parlamentario del PRI votará a favor del presente dictamen, y al hacer uso de esta tribuna ratificamos nuestro compromiso con los ciudadanos de la Ciudad de México. Sin duda será necesario avanzar en la reforma integral, en la reforma política del Distrito Federal y, por supuesto, con ello poder fortalecer la democracia y con ello el reconocimiento a la pluralidad que existe, precisamente, en la sociedad de esta ciudad.
Que en ésta, como en el resto de la agenda pendiente, que no haya demoras porque sin duda son parte de las exigencias de nuestros electores y de los ciudadanos en su generalidad.
Gracias, señor Presidente, y esta es la posición del Partido Revolucionario Institucional.
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Alcalá Ruiz.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199, numeral 1, fracción III del Reglamento, informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen, se han inscrito los siguientes oradores:
Senadora Mónica Arriola Gordillo, de Nueva Alianza, en pro; Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para razonar su voto; Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, en pro y la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del PRD, en pro.
Se le concede el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, a la Senadora Mónica Arriola Gordillo.
- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Gracias, señor Presidente; Honorable Asamblea:
A los habitantes del Distrito Federal y al pueblo de México:
El dictamen, que es motivo de esta sesión extraordinaria, propone reformar diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para adecuarlo a la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014, que obliga a los congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que, a más tardar el 30 de junio de este año, realicen las adecuaciones necesarias para armonizar la normatividad local con las nuevas disposiciones aprobadas por el constituyente permanente.
Con las modificaciones que se ponen a consideración de este Pleno, se da viabilidad para que las reformas recién aprobadas en materia político-electoral tengan viabilidad en esta entidad federativa, ampliando así los mecanismos de participación de los ciudadanos a través de las candidaturas independientes, el establecimiento de criterios claros que impiden a los partidos evadir sus obligaciones en materia de transparencia, así como aquellas relativas a que toda la información, por regla general, deberá ser pública, y que en ningún caso se podrá reservar la información sobre la asignación y ejercicio de los gastos de campañas, precampañas y en general, los datos sobre las aportaciones de cualquier tipo o especie que realicen los particulares a los partidos.
Con este dictamen, el Senado de la República cumple con un mandato constitucional, al carecer la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de facultades para cumplir con lo establecido en los transitorios de la reforma político-electoral. Lo que nos lleva a considerar que existe en la agenda la discusión para otorgarle al Distrito Federal mayores facultades como una entidad más de la Federación.
Los cambios recientes en la vida política del país, y en especial, las circunstancias que vive la Ciudad de México, nos han planteado en diversos momentos la necesidad de revisar la estructura jurídico-administrativa del Distrito Federal, sitio geográfico donde se asientan la capital de la República Mexicana y los Poderes de la República.
Hoy en día, el Distrito Federal es la única entidad que no tiene la facultad de soberanía, detenta únicamente la de autonomía, circunstancia que le impide, entre otras cosas, contar con una constitución local, así como con la facultad que tienen el resto de las entidades para decidir su techo de endeudamiento.
Dentro de la transición democrática que vivió la Ciudad de México desde 1997, se logró que sus habitantes eligieran a sus gobernantes, así como a los jefes delegaciones, lo que fue un paso importante, pero no suficiente.
Tendremos en los próximos meses la oportunidad de discutir la reforma política del Distrito Federal, y con ello se reconocerá, por fin, la mayoría de edad de las ciudadanas y ciudadanos del mismo.
Mientras tanto, con la presente reforma se abre la posibilidad de que se adecue el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal a la reforma constitucional aprobada por el constituyente permanente, ampliando los derechos políticos y garantizando equidad, transparencia y certidumbre en los procesos electorales.
Por eso mismo, votaré a favor de este dictamen porque se le otorga a la ciudadanía del Distrito Federal el marco jurídico para hacer efectivo el derecho a una auténtica vida democrática, elecciones libres y equitativas, y todos los elementos necesarios para hacer realidad en los hechos la reforma constitucional aprobada en diciembre pasado.
Es cuanto, compañeros legisladores.
- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Arriola Gordillo.
Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, en pro, por el grupo parlamentario del PRD.
- La C. Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:
Quienes nos han antecedido en el uso de la palabra han sido suficientemente claros al señalar el fondo, el objetivo de esta reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, homologar nuestros derechos político-electorales al resto de los estados de la República en armonización con la pasada reforma política electoral que recientemente aprobamos aquí en el Senado de la República.
En el PRD hubiéramos querido que al hablar de la reforma político-electoral lo hubiéramos hecho de la misma manera que se ha venido haciendo en el resto de los estados de la República, desde nuestra propia constitución, y es precisamente la lamentable falta de disposición de los diferentes grupos parlamentarios, y aquí al interior del Senado, la que impidió cumplir con ese compromiso que esta legislatura asumió con los capitalinos para dotarles, de una vez por todas, de derechos plenos a través de la reforma política del Distrito Federal.
Fue un compromiso que se hizo públicamente, que se hizo de manera abierta, y que lamentablemente no pudimos desahogar. No hubo la disposición para poder cumplir con este compromiso en esta pasada reforma político-electoral que sostuvimos a nivel constitucional.
Y, bueno, esto se convierte, entonces, en un asunto que, evidentemente desde el PRD vamos a apoyar, es decir, no tenemos problema con el fondo, pero sí es importante detenernos a revisar la forma, la manera en la que lo estamos haciendo.
Y por ello es importante reconocer que esta reforma, atender esta reforma, nos coloca hoy en la necesidad de reformar el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal de una manera diferente a como lo están haciendo en el resto de los estados, en todos los demás estados de la República.
Son los poblanos los que deciden sobre sus normas electorales locales; son los jaliscienses los que resuelven sobre sus normas político-electorales; son los guerrerenses los que resuelven sobre sus normas político-electorales locales.
Y lo digo con todo respeto, pero también, como una realidad que tenemos que reconocer, una vez más para resolver las normas del Distrito Federal, están decidiendo legisladores desde otras entidades de la República.
Lo digo de manera respetuosa, pero también lo digo haciendo al mismo tiempo un llamado a este Pleno para que en el próximo periodo extraordinario, donde se ha señalado la urgencia de atender diferentes puntos, lo que tiene que ver con la posibilidad de una reforma energética, de una reforma en telecomunicaciones, le demos la misma importancia, la misma trascendencia a la reforma política del Distrito Federal.
Es importante retomar este compromiso con los capitalinos. Finalmente el Distrito Federal es la capital, es la ciudad de todos y en donde lo único que estamos solicitando para los capitalinos es la posibilidad de tener los mismos derechos que se tienen en el resto de los estados de la República.
Por ello, queremos reiterar, en el PRD vamos a acompañar esta reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
Estamos, por supuesto, de acuerdo con homologar nuestras normas político-electorales locales, y también queremos refrendar este llamado para que a la brevedad podamos resolver esa política o esa reforma política del Distrito Federal.
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Barrales Magdaleno.
Informo a la Asamblea, y solicito a la Secretaría dé cuenta con un oficio que remite la Cámara de Diputados.
- La C. Secretaría Palafox Gutiérrez: Doy cuenta con un oficio de la Cámara de Diputados.
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se turna el proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, Segunda.
Esta Presidencia solicita atentamente a los integrantes de dichas comisiones, reunirse de inmediato para que procedan al análisis del asunto y la emisión del dictamen correspondiente.
Lo hicimos contoda la cortesía parlamentaria.
Sonido en el escaño del Senador Encinas Rodríguez.
- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: (Desde su escaño)Atendiendo la solicitud que nos ha hecho, le solicitaría que se convocara a la reunión de Comisiones Unidas en el salón de Protocolo de la Mesa Directiva, en este momento, para poder acordar los términos del dictamen.
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Acaban de ser convocadas las comisiones en el salón de Protocolo, por elPresidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.
Y le pediría de todos modos a Servicios Parlamentarios que nos ayuden también a informar a las oficinas de los Senadores.
(Se reanuda la discusión del dictamen)
Tiene uso de la tribuna el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, en pro.
Más que oportuno el turno.
- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo creo que ya tanto nuestras compañeras como compañeros legisladores han abundado y profundizado en el contenido de esta reforma al Estatuto de Gobierno que busca en lo fundamental armonizar en lo que se refiere a las normas electorales que regirán el proceso electoral de 2015 en el Distrito Federal.
Y yo no quisiera que esto se convirtiera sólo en un trámite burocrático o protocolario, sino que avanzáramos en una discusión mucho más profunda de las implicaciones que significa la vigencia, hasta el momento, de un Estatuto de Gobierno para la capital de la República.
Y creo que ha llegado el momento ya, después de transcurrido casi un año, de que hagamos un exhorto a todos los grupos parlamentarios, al gobierno federal, en particular, a honrar el compromiso y la palabra empeñada para avanzar en el dictamen de la reforma política que otorga autonomía plena a la Ciudad de México y restituye los derechos plenos a los habitantes de la capital de la República.
Esta es una discusión que innecesariamente se ha postergado y que no debería de seguir en este in passe, por eso yo quisiera solicitar al Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, al Senador Enrique Burgos; al Presidente de la Comisión del Distrito Federal, al Senador Delgado Carrillo a que de inmediato nos convoquen a dictaminar el proyecto que ya tenemos acordadopara dotar de autonomía plena a la Ciudad de México, y que ésta sea por fin la última vez que discutimos un asunto que compete resolver única y exclusivamente a los capitalinos, alas capitalinas, a través de sus órganos de representación. Queremos una capital con autonomía, queremos ciudadanos con plenos derechos, queremos autoridades con facultades plenamente identificables para poder deslindar sus responsabilidades y queremos ya que por fin este Congreso, y particularmente el Senado, siga actuando como si fuera la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Señor Presidente, también solicitaría hiciera este exhorto para que en los próximos días dictaminemos el proyecto que hemos elaborado y que todas las fracciones parlamentarias tienen conocimiento.
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Encantado, se obsequia. Gracias, Senador Encinas Rodríguez.
Esta Presidencia ha insistido en este tema a las comisiones y lo vuelvo a hacer.
Tiene el uso de la tribuna el Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para razonar su voto.
- El C. Senador David Monreal Avila: Con el permiso, señor Presidente.
La vida democrática del Distrito Federal es prematura, pues tenemos que recordar que fue en el año de 1997 cuando se llevaron a cabo por vez primera elecciones en la Ciudad de México para elegir al Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Con ello se les otorga a los capitalinos su derecho a elegir libremente a sus gobernantes.
Así mismo se logró dar un paso para el derrocamiento del partido hegemónico; es indudable que, ante este reposicionamiento de la vida democrática constitucional, el principio de legalidad cobra gran trascendencia como fuente de legitimidad, y su instrumentación por la vía dogmática o por la vía orgánica, se estatuye como la mejor alternativa posible para alcanzar los consensos necesarios de gobernabilidad.
Sin embargo, la Ciudad de México, como bien lo saben, es la capital de México y sede de los tres Poderes de la Unión y por tal razón, carece de algunos derechos; uno de ellos, la ausencia de una constitución local que los norme y que a su Asamblea Legislativa no se aparte del constituyente permanente.
Temas no menores y que deben de ser atendidos con prontitud.
El Distrito Federal carece de autonomía constitucional, esto nos faculta a nosotros como legisladores federales a deliberar sobre algunos temas que infieren directamente en la Ciudad de México.
Por tal razón, actualmente en el Congreso de la Unión se está de acuerdo con que la ciudad necesita cambios en el tema, modificaciones que han sido propuestas por otras legislaturas y que penosamente no han prosperado hasta la fecha.
No obstante lo anterior, se está perdiendo una vez más una preciada oportunidad de hacer bien las cosas al no establecer un esquema claro, congruente y preciso de cuáles son las reglas del juegoa las que deben de sujetarse cada uno de los actores del escenario político.
Esto pormenoriza las reglas a que deben someterse los aspirantes a desarrollar cargos de elección popular, a las instituciones a nivel nacional y local encargadas de promover, resguardar ysancionar las malas prácticas políticas y su efecto que tan penosamente han mermado la vida democrática del país; a los partidos políticos como motor de cambio de una política sana y constructiva, y a los ciudadanos mexicanos en su conjunto como agentes llamados a ser los protagonistas de la trama política.
Asistimos, con pesar, a una serie de reformas constitucionales que condicionan la libertad de expresión, que no ponen en práctica el principio de división de poderes y que propenden a la subordinación de las instituciones democráticas a la voluntad del líder o del caudillo en lo que pudiera ser considerado un diseño constitucional autoritario.
Llegados a este punto, ¿es posible construir una democracia pluralista y competitiva desde un diseño constitucional de sistema presidencialista de partido hegemónico? Ese es, precisamente, el gran desafío que tenemos los legisladores en este momento.
Sin embargo, las modificaciones al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal no es más que la réplica de la reforma constitucional en materia electoral, ahondándose aún más, entre otros, el de la obstaculización a la participación ciudadana al entrampar el ejercicio de derechos democráticos tendientes a una participación activa de la sociedad civil en la vida política.
Existiendo inconsistencias de fondo en la materia, es necesario preguntarse, ¿cuál es la premura de aprobar esta reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal? Penosamente pareciera ser que la respuesta no es otra que el intercambio de votos de una reforma por otra.
Pareciera que no aprendemos de nuestros errores, se sigue legislando por la vía rápida, sin un análisis de fondo, únicamente de forma, pues aunque se está a favor del presente dictamen es cuestionable en el sentido que estamos votando una réplica de lo aprobado meses atrás.
Finalmente, es del todo necesario establecer que los compromisos están para ser cumplidos y que en este sentido el Senado de la República se encuentra aún en deuda con los ciudadanos del Distrito Federal en cuanto a legislar respecto a cuestiones de fondo y forma, como es el cambio jurídico del Distrito Federal a fin que su estatus sea equiparable a una constitución de cualquier entidad federativa, en lo que a su capacidad de decisión y presupuestaria respecta, lo que no puede ser concebido sino a partir de la expedición de una constitución al Distrito Federal.
Nosotros en lo personal habremos de apoyar este dictamen porque no podemos, tampoco, en la irresponsabilidad, dejar a la deriva a esta Ciudad de México, al Distrito Federal, en los próximos procesos electorales.
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Monreal Avila.
Informo que la intervención del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, la entregó por escrito y se insertará en su totalidad en el Diario de los Debates.
(Intervención del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya)
Ya se agotó la lista de oradores.
Informo a la Asamblea que no se recibieron reservas de artículos para su discusión en lo particular.
Consulto a la Asamblea si hay alguna reserva.
En esa virtud, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Abrase el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.
- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 107 votos en pro, cero votos en contra y cero abstenciones.
- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en materia político-electoral.
Por los trabajos de las comisiones de la minuta que llegó de la Cámara de Diputados, esta Presidencia declara un receso de 30 minutos en la sesión extraordinaria para esperar el dictamen de las Comisiones del Senado sobre el proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, en su caso, recibir los proyectos que nos remita la Cámara de Diputados.
(Se reanuda la sesión)
Informo al Pleno que hace unos momentos recibimos de la Cámara de Diputados la minuta proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Esta Presidencia acordó el turno del proyecto a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, para que a la brevedad analicen el asunto y emitan el dictamen que corresponda.
Compañeros Senadores, informo a ustedes que las Comisiones Unidas de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativo, Segunda, en atención al exhorto que se les hizo para emitir el dictamen sobre el proyecto que acabamos de recibir de la Cámara de Diputados, entregaron ya a la Mesa Directiva el dictamen que contiene proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
- El C. Presidente Cervantes Andrade: El dictamen está disponible en sus escaños, el documento viene acompañado del voto particular del Senador Roberto Gil Zuarth.
DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 209 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
(Voto particular del C. Senador Roberto Gil Zuarth)
Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omita la lectura del dictamen.
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Es de primera lectura.
Ahora consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se le dispensa la segunda lectura.
Se concede el uso de la palabra al Senador Miguel Angel Chico Herrera, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Reforma del Estado, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.
- El C. Senador Miguel Angel Chico Herrera: Con su permiso, señor Presidente; compañeras Senadoras y Senadores:
El pasado mes de mayo, el Congreso de la Unión dio origen a una de las reformas más importantes de los últimos años en materia político-electoral, cuya trascendencia reviste cambios profundos en lo referente a los procedimientos e instituciones relacionadas con el ámbito electoral.
Los cambios a los que me refiero recayeron en la creación de un nuevo marco jurídico con la finalidad de contar con un sistema político electoral más eficiente, brindar mayor certeza jurídica en los comicios nacionales, normar el actuar de los partidos políticos tanto en su vida interna como en su relación con la sociedad y contar con un catálogo de conductas sancionables que sean susceptibles de aplicación para quienes incumplan con lo establecido en la legislación en comento.
Sin embargo, para que esta legislación pudiera verdadera y eficazmente aplicarse, también fue necesario reformar otros ordenamientos jurídicos que guardan estrecha relación con los de nueva creación, en específico, me refiero a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuya finalidad fue armonizar las facultades de los órganos jurisdiccionales y así contar con mecanismos que garanticen la vida democrática de México.
La minuta que hoy discutimos, ha revestido una polémica que, sin duda alguna, ha resultado sensible para la sociedad mexicana. No obstante, como legisladores y representantes de los mexicanos, hemos tomado cartas en el asunto. Prueba de ello, es que legisladores de todos los grupos parlamentarios, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, estamos de acuerdo en derogar la facultad de los magistrados electorales, de determinar a través de su comité de administración su haber de retiro.
Por este motivo, el dictamen que se somete al Pleno por las Comisiones Unidas de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, Segunda, se presenta a favor de la derogación de la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reconociendo, en todo momento la necesidad de dotar de claridad y legitimidad el uso de los recursos que destinan a las remuneraciones y prestaciones de los servidores públicos de los distintos órganos del Estado.
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Chico Herrera.
Vamos a esperar unos minutos porque hay miembros de la comisión que están sesionando el otro tema que nos mandó, del extraordinario, la Cámara de Diputados, y son justo los Presidentes de las comisiones los que van a hacer los posicionamientos de los grupos parlamentarios.
Tiene el uso de la tribuna el Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, para presentar dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, en términos de lo dispuesto en el artículo 196 del Reglamento.
Pues en atención al turno que hace unos horas nos hizo el Pleno de este Senado de la República, hemos sesionado las Comisiones Unidas, tanto Reforma del Estado, como de Estudios Legislativos, Segunda, para analizar esta minuta que plantea. Es un tema que ya llegó a un debate sustancial no solamente en el Senado y la Cámara de Diputados, sino de opinión pública, que es la eliminación del haber de retiro para los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Creemos que en la minuta se recoge la parte más importante de las argumentaciones que se han vertido en el sentido de que ningún servidor público debe de recibir mayor emolumento de lo que establece la ley, y que en ningún caso deben recibir ingresos que no solamente resultan ofensivos para la población, sino que además no tienen la base legal suficiente, porque como lo establece la propia Constitución General de la República, no puede haber ningún haber adicional al que se establece en el propio presupuesto federal.
La fundamentación jurídica creo que está muy bien articulada y creo que es un buen punto de coincidencia lo que motivó que fuera aprobada por unanimidad de ambas comisiones este dictamen y planteamos su ratificación al Senado de la República.
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.
Pasaremos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT.
Mal ha iniciado ante la opinión pública la reforma político-electoral recientemente aprobada por la mayoría de los integrantes del Congreso de la Unión.
Quienes impulsaron los cambios a la legislación, ahora, ante la crítica mediática, ante los reclamos sociales y después de haber sido evidenciados de que sólo votan y aprueban dictámenes sin leer ni discutir, buscan echar y dar marcha atrás en esta aprobación.
De la manera más obscena y obtusa se aprobó la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; es decir, el “haber de retiro”, el cual es interpretado por varios legisladores como una pensión vitalicia para los siete Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para cuando terminaran su gestión.
Si bien es cierto que los jueces deben de gozar de condiciones económicas que garanticen tanto su independencia e imparcialidad en el quehacer de sus funciones públicas, éste no es un argumento suficiente ni necesario para otorgarles un “haber de retiro vitalicio”.
Lamentablemente no es el único caso ya que actualmente los ex presidentes de la República, los Ministros de la Suprema Corte, los altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros titulares de órganos autónomos de la Federación también reciben esta jugosa prestación.
De igual manera es innegable que todo lo que está vinculado al tema electoral se encuentra sometido a la duda, la incertidumbre, la sospecha y por supuesto este tema, el de la pensión vitalicia, no es la excepción:
Tan sólo hay que recordar el circo mediático con tintes políticos y clientelares que se vivió en el periodo extraordinario anterior por la aprobación de dicha disposición.
Ya que con el pretexto de que se podrían poner en riesgo los procesos electorales venideros, la mayoría de los legisladores aprobaron la pensión de los magistrados sin saber siquiera lo que se estaba votando.
Lo anterior ejemplifica de sobremanera que no existió un análisis profundo y real por parte de los legisladores que aprobaron las normas secundarias en materia electoral; lo que deja en claro que el sentido en que votan las distintas bancadas no se decide aquí en el Congreso, sino fuera de éste.
Ahora bien, paradójico resulta que se pretenda otorgar una pensión universal de tan solo 580 pesos a los ciudadanos, y en cambio se haya pretendido otorgar una pensión vitalicia a los magistrados del Tribunal Electoral Federal que ganan 4 millones 206 mil pesos al año, con el falaz argumento de que una vez terminada su gestión quedan imposibilitados para laborar durante dos años.
Al respecto es importante mencionar que los magistrados electorales, en el cargo, por una década, tienen altos beneficios como pago anual “por riesgo”, compensación garantizada, ayuda por jornadas electorales e incluso la prestación de viajar en primera clase; lo que deja ver con una buena administración, puedan vivir dignamente durante dos años aún cuando no reciban percepción alguna.
En consecuencia, resulta penoso cómo se promovió la idea de otorgar un haber de retiro y al mismo tiempo observar cómo aquellos que aprobaron las leyes secundarias en materia electoral ahora, promuevan con aires de indignación y con tal descaro esta modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Ha quedado de manifiesto que se desaprovechó una gran oportunidad para fortalecer las instituciones de nuestra precaria democracia representativa, pero no repararon en premiar a los integrantes de una institución que en los últimos años se ha caracterizado por ser un órgano parcial subordinado a los intereses del Poder Ejecutivo.
Este dictamen que ahora se discute es el resultado de la prisa legislativa y una muestra clara de los oídos sordos que prevalecen en el Congreso de la Unión.
Evitemos repetir estos errores y en este sentido; hago un respetuoso llamado a todas y todos mis compañeros legisladores para que en el marco de la discusión de la reforma energética nos conduzcamos con la responsabilidad y rectitud que las circunstancias demandan. Las prisas de unos cuantos no tienen porqué repercutir en el desarrollo y la vida democrática del país.
Es cuanto, y estamos a favor del dictamen para retirar esto que indignó a muchos mexicanos: la famosa pensión vitalicia o haber de retiro.
El criterio de esta Mesa va a ser flexible en el cumplimiento del Reglamento en el orden que se desahoga, ya que estamos al mismo tiempo, por ser un extraordinario, las comisiones sesionando para dictaminar las minutas de la Cámara de Diputados.
Por lo tanto, aunque iniciamos los posicionamientos de los grupos parlamentarios, le daré el uso de la tribuna al Senador Roberto Gil Zuarth, para presentar su voto particular.
- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: Con su permiso, señor Presidente.
Agradeciéndole la flexibilidad para poder presentar este voto particular ante la Asamblea Plenaria de este Senado de la República.
Con la Senadora Arely Gómez González presentamos a su consideración voto particular al dictamen de las comisiones unidas para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de haber de retiro de los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La congruencia personal y la convicción sobre la necesidad de fortalecer las instituciones impartidoras de justicia, razón más que suficiente para presentar a esta Asamblea una alternativa a la decisión de revertir un contenido sin reparar en su conveniencia, implicaciones y, sobre todo, fundamentos éticos y jurídicos.
Pero antes es preciso, con sentido de honor y de verdad, aclarar varias confusiones sobre el origen y alcance del haber de retiro. En primer lugar, su inclusión en el dictamen de la reforma política no fue de manera subrepticia, ni tramposa, ni fullera. Desde la discusión constitucional en las mesas alternas a este Senado, los haberes de retiro, junto con la ampliación del mandato de la actual integración de la Sala Superior, fueron motivo de análisis y discusión entre las fuerzas políticas.
En aquella primera etapa el Senado no aceptó el modelo sugerido; no se aceptó equiparar a los Magistrados Electorales a los Ministros de la Corte, en cuanto a la pensión vitalicia como derecho constitucional, pero sí se dijo claramente que se explorarían alternativas en la confección de las leyes reglamentarias desde el entendimiento compartido de que la reforma política tendría que ocupar de los incentivos a la imparcialidad de la justicia electoral.
En segundo lugar, es falso que dicha regla hubiese sido de imposible conocimiento para quienes integraron los grupos de trabajo o formaron parte de las comisiones. Existe evidencia de que desde el 12 de mayo, fecha en la que se circuló por primera vez la propuesta del dictamen entre los Senadores de todos los partidos políticos en la víspera de sesión de comisiones y tras una revisión integral a los textos en las reuniones del grupo negociador, la fracción XXXI del artículo 209 de la ley en comento, estuvo incluida en los términos en los que fue finalmente aprobada por este Pleno.
En tercer lugar, y lo más importante, es que la regla aprobada no constituye un derecho subjetivo a una pensión vitalicia; es decir, en modo alguno supone que todos los magistrados habrían de recibir el salario íntegro por el curso de su vida. No es un derecho como fue construido, sino como una facultad, una facultad asignada al órgano de administración del tribunal de integración mixta, por cierto, para establecer un sistema objetivo, proporcional, sostenible, racional de compensación a quienes por ley están inhabilitados para ejercer profesiones jurídicas remuneradas por el plazo de dos años, una facultad sujeta a la aprobación de la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos por la sencilla razón de que requiere partida y fondos para ser cubierta.
Esta discusión debe ser ocasión para superar prejuicios, asumir responsabilidades y, sobre todo, para secundar un consenso sólido y sensato sobre la institucionalidad de nuestro estado de derecho. El populismo jurídico, la demagogia irracional sobre la justicia que alentamos desafortunadamente desde la política, ha sido una de las principales causas de la atrofia crónica de nuestro sistema de justicia. O no, frente a los casos que indignan a la sociedad de inmediato se reacciona con propuestas de más delitos, penas más severas, prisión durante el juicio y menos garantías a los justiciables, ese, compañeros Senadores, es populismo penal, y el populismo penal trastoca la racionalidad de último fin de la potestad punitiva del Estado y germina en reacciones autoritarias.
Nosotros somos los primeros responsables de que el sistema de justicia no funcione adecuadamente en nuestro país, porque no hemos construido paradigmas en los que se sostenga un consenso de lo que podemos y debemos hacer para que la justicia funcione bien y sea verdaderamente eficaz, pues lo que hoy nos tiene aquí es también consecuencia de prejuicios y de la ausencia de un consenso sobre qué tipo de instituciones de justicia merece nuestro país.
Es expresión también de una claudicación, la renuncia al deber de asumir los costos de transformar y fortalecer a las instituciones, a esas instituciones que ponemos al servicio de los mexicanos y a las que encomendamos la pacificación de las relaciones sociales, por desconfianza desde su origen escindimos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, no lo incluimos en las garantías que aseguran la independencia judicial, a diferencia de los jueces y magistrados federales, los integrantes del Tribunal Electoral no cuentan con los incentivos y las protecciones inherentes a la carrera judicial, están sometidos a restricciones fuertes sobre su futuro profesional pero no cuentan con estabilidad en la función que se les encomienda, termina el cargo y se van a su casa sin capacidad legal para ganarse la vida en lo que saben hacer.
También de eso se trataba esta reforma política, de corregir un problema estructural que sin duda compromete la independencia y la imparcialidad de quienes arbitran los conflictos electorales, más aún, no tenemos opción de hecho, el Estado mexicano está obligado a resolver esta cuestión porque así lo mandatan diversos tratados y resoluciones internacionales que nos vinculan.
El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denominado “Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia”, aprobado por la propia Comisión el 5 de diciembre de 2013. Los principios básicos relativos a la independencia de la Judicatura de las Naciones Unidas, la Jurisprudencia de la Corte Interamericana y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, coinciden en que la ley debe asegurar a los jueces una remuneración, pensiones y condiciones de servicio y de jubilación adecuadas; incluso, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha considerado que el Estado debe garantizar las asignaciones presupuestales adecuadas para que el servicio público de justicia sea eficaz.
Exige al legislador garantizar la permanencia en el cargo de los jueces por periodos establecidos, su independencia y seguridad personal, así como una remuneración, pensiones, condiciones de salario y de jubilación dignas e invariables, máxime cuando el orden jurídico nacional establece una prohibición absoluta para aceptar o desempañar cargo o empleo en órganos del Estado, salvo los no remunerados, o en su caso, actuar como abogados, patrones o representantes en cualquier proceso ante los órganos jurisdiccionales federales.
Debemos preguntarnos si estamos dispuestos a permitir a que existan y prevalezcan incentivos para que los impartidores de justicia se corrompan, porque esos son los incentivos que crea la absurda regla de no compensar sus años de inhabilitación.
En el voto particular en consecuencia proponemos un modelo de haber de retiro con una duración máxima de dos años, equivalente al 80 por ciento del salario correspondiente a su cargo sin posibilidad alguna de monetarizar las prestaciones que hubiesen tenido durante el periodo correspondiente.
Debemos dejar ya ese discurso demagógico que afirma que aquello que tiene costo económico es un abuso. En democracia sostener a las instituciones y garantizar su adecuado funcionamiento sin duda es costoso. Hemos asumido como sociedad esos costos porque los beneficios lo justifican.
El régimen más barato es el régimen autoritario, en el que uno decide y los otros obedecen. Nada más barato que desaparecer la Judicatura, el Parlamento, los órganos reguladores y que un solo sueldo haga lo que hacen cientos de instituciones.
Esa es la anteojera que debilita la institucionalidad, que empobrece el debate y que demerita la existencia misma del estado de derecho. Todos hemos sufrido reveses de los jueces, eso no nos autoriza a extraviar los propósitos que nos tienen aquí; crear instituciones, maximizar derechos, fortalecer capacidades, dignificar a la política como al espacio de la racionalidad desapegada de pasiones, intereses y propósitos efectistas.
Ojalá alguna lección saquemos de este episodio en el que, de prosperar la votación, habremos perdido una oportunidad para hacer lo correcto y fortalecer a nuestras instituciones.
Por su atención, muchísimas gracias, señor Presidente.
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Gil Zuarth.
Informo a la Asamblea que ya no hay ningún Senador inscrito en posicionamientos ni en discusión en lo general. Pregunto a la Asamblea si alguien quiere inscribirse.
Sonido en el escaño de la Senadora Arely Gómez, por favor.
- La C. Senadora Arely Gómez González: (Desde su escaño) Señor Presidente, con su venia.
Por las consideraciones manifestadas con anterioridad por el Senador Roberto Gil y con la coincidencia del estudio internacional realizado, me sumo al voto particular que presentamos él y yo. Quiero manifestar mi total acompañamiento en este tema.
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Gómez González.
Entonces, informo a la Asamblea que el proyecto que nos ocupa consta de un solo artículo. Al no haber oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico de votación, se emitieron 97 votos a favor, 4 votos en contra y cero abstenciones.
- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se deroga la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Solicito a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, prosigan con los trabajos de sus respectivas comisiones, para que en un momento más este Pleno pueda conocer del dictamen que habrán de presentar. Por lo tanto, les pedimos a los miembros de esta Cámara de Senadores que esperemos un momento para que pueda ser presentado el dictamen en materia de delitos electorales y poder ser discutido y aprobado, en su caso.
Así es que les pedimos, pues, un momento de su atención para que estemos en espera que se presente el dictamen al cual hemos hecho referencia.
- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Les rogamos a las señoras y señores Senadores permanecer en el Pleno, estamos en espera de que en unos momentos más las comisiones puedan hacer llegar el dictamen a esta Mesa Directiva y ponerlo a consideración de las Senadoras y Senadores de esta Cámara.
Compañeras Senadoras y Senadores, hago de su conocimiento que recibimos de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, el dictamen con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 7, FRACCIONES VII Y XIV; 9, FRACCION VII; 10, PRIMER PARRAFO Y FRACCIONES I Y II; 11, FRACCION I Y 16 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el asunto se incorporea la agenda de este día para su trámite.
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Debido a que el dictamen está disponible en sus escaños para su conocimiento. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita su lectura.
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen anterior. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.
Bueno, como fue mandatado por el Pleno, nos hemos reunido las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, a fin de analizar la minuta enviada por la Cámara de Diputados, con proyecto de Decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley en Materia de Delitos Electorales.
Después de una discusión en donde no solamente se abordaron asuntos de forma, como por ejemplo el incorporar a las autoridades electorales del Distrito Federal, que no habían sido consideradas en el texto anterior, se hizo una discusión sobre temas de fondo que llevó a que el dictamen no fuera aprobado por unanimidad, sino que fuera aprobado por mayoría en cada una de las comisiones una vez realizada la votación nominal y haciendo las reservas en lo particular para presentarse en el Pleno.
¿En qué consiste el diferendo fundamental?, que yo debo de dar cuenta e informar aquí al Pleno, en la modificación que se hizo al artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, donde originalmente se establecía como delito electoral para los servidores públicos y superiores jerárquicos, que coaccionaran, amenazaran o inducieran a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, o para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición.
La minuta que nos ha remitido la Cámara de Diputados eliminó el concepto de "inducir", reduciendo solamente la comisión de delitos de servidores públicos, superiores jerárquicos, a los temas de coaccionar o amenazar a sus subordinados.
Quiero opinar ahora, a título personal, como lo hicimos en la propia comisión, de que entre los debates que dimos previos a la reforma política-electoral, donde se incluye la Ley General de Delitos Electorales, habíamos incorporado el concepto de "inducir" para que éste, que está hoy catalogado como una falta de carácter administrativo, se estableciera como un delito de carácter electoral, porque efectivamente, coaccionar o amenazar implica el ejercicio de una presión de violencia física o de violencia moral de un jerárquico y donde está plena y claramente identificada la comisión de este delito.
Sin embargo, la inducción no requiere necesariamente o no puede ser equivalente al concepto de coaccionar y amenazar porque inducir podría reducirse solamente a sugerir con cierta autoridad dado el carácter jerárquico del servidor público superior y con una palabra de "ahí te encargo al candidato", o por ejemplo un ofrecimiento de mejoras en sus condiciones laborales, pues hiciera una sugerencia que a la vez conduciría a la comisión de un delito de carácter electoral.
Se ha discutido en las comisiones unidas de que este tema se iba a desarrollar, o se está desarrollando en la exposición de motivos, para que no fuera objeto de interpretación por parte de la autoridad y desde la exposición de motivos se señalara que la inducción era el equivalente a la coerción o a la amenaza.
Sin embargo, de las consultas que hemos hecho con los especialistas en estos temas, pues se señala con toda precisión que el Código Penal es de estricta aplicación, y que los delitos que se tipifican en él no se pueden aplicar por simple analogía, sino de que son de observancia obligatoria.
Yo estoy obligado, como Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, a dar cuenta no solamente del procedimiento del resultado de la votación, sino dónde se concentró el debate y en donde reside la diferencia sustancial porque en todos los demás artículos de la minuta existe coincidencia y consideramos que no se trata, en este caso, de la modificación del artículo 11 de un asunto semántico, de un asunto de forma o de corrección de estilo, sino un asunto sustantivo que vuelve lo que habíamos tipificado como un delito electoral, a una sanción administrativa el acto de un funcionario, de un superior jerárquico a inducir el voto, esa es la litis y por eso la planteo al Pleno, para que éste norme su juicio, la orientación de su voto.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales tal y como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción II del Reglamento, será en orden creciente y por un tiempo de 10 minutos.
Tiene el uso de la tribuna la Senadora Dolores Padierna Luna, por el grupo parlamentario del PRD.
- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Senadoras y Senadores:
Cuando estuvimos discutiendo aquí la Ley de Delitos Electorales, dijimos en nuestro posicionamiento, que era un gran avance, que por primera vez en la historia legislativa se planteara, para el caso de servidores públicos, cualquier conducta que orientara, indujera, coaccionara el voto, era un delito penal. Dijimos que ese era uno de los muchos avances que tiene la Ley de Delitos Electorales.
Y hoy día nos regresan con que los servidores públicos, que son los que están obligados al cumplimiento cabal de la ley, a no salirse de su labor de servidor público.
Y, en el caso de la Ley de Delitos Electorales, hace varios apartados, una serie de consideraciones cuando son ciudadanos, otra cuando son funcionarios de partido, otra cuando son funcionarios electorales, y otra cuando son servidores públicos, funcionarios públicos que manejan programas, que manejan presupuesto, que son superiores jerárquicos.
Por eso, la tipificación para este sector es de que todas las conductas que fueran para coaccionar, inducir, amenazar a sus subordinados, para obligarlos a ir a actos proselitistas o para orientar el voto, fueran castigados severamente y fueran tipificados como un delito penal.
Ahora, nos vienen con un cambio de la Cámara de Diputados, que se nos dijo que era menor y no es menor, es quitar el delito de tipo penal y pasarlo a un delito de tipo administrativo y resulta que el servidor público, el superior jerárquico, el que comete el delito administrativo es el mismo que sanciona el delito administrativo, porque la parte administrativa sólo compete a los servidores públicos y por lo tanto se convierten en juez y parte; el que comete el delito, es el mismo que se va a autosancionar, y esto nos parece un verdadero contrasentido.
Pero, además lo hemos vivido, padecido, sufrido todo el tiempo, que los servidores públicos acostumbran no sólo coaccionar, no sólo amenazar, que eso ya es en extremo, inducen el voto a través de comidas, de desayunos, de bonos, de ascensos, de "ahí te lo encargo", "el voluntariamente a fuerzas", porque son superiores jerárquicos, y hay de aquellos subordinados que no obedezcan a su superior jerárquico porque con eso pierden el empleo.
Y entonces, realmente al quitarle: "inducir el voto", o "inducir a sus subordinados a que participen en eventos proselitistas", nos parece que está habiendo un retroceso. No estamos de acuerdo.
Se nos dice en la comisión, por el Presidente, por la Secretaria que lo pongamos en la exposición de motivos y que, entonces cualquiera que quiera quejarse puede apelar también a la exposición de motivos. No es cierto.
En el asunto de reclamar un delito, el delito tiene que estar expresamente escrito, no puede quedar a interpretación. Si no se escribe, no se sanciona, tiene que quedar por escrito en el articulado; no es suficiente con ponerlo en la exposición de motivos.
Entonces, yo conminaría a que el avance que tuvo el Senado de la República, no se le someta a un retroceso por asuntos de procedimiento, por asuntos de tiempo, para lo que está buscando la Cámara de Diputados.
Yo no sé quién lo propuso en la Cámara de Diputados, pero eliminar una acción concreta que es inducir el voto a un subordinado, a un sujeto pasivo, es un asunto grave, a mí me parece muy grave y, por lo tanto, debe de quedar como lo estableció el Senado, como un delito de tipo penal y no administrativo.
Por otro lado, y no quiero dejar de mencionarlo, aunque los abogados de nuestro grupo parlamentario y coincido con ellos que son los expertos, que son los que saben de estos asuntos, es en el artículo 16, donde se refiere a los ministros de culto.
Nos dicen los abogados que orientar o inducir es lo mismo y, entonces, se quitó una frase en el artículo 16 que los ministros de culto cometen delito, decía el Senado: "cuando orienten el sentido del voto". Esa frase se borró: "Orientar el sentido del voto".
Los ministros de culto, no sé, tienen muchas maneras, de que con sus feligreses orienten el voto y eso está absoluta y claramente establecido en la Constitución.
La Constitución, artículo 130, inciso e), lo pone como un supuesto muy grave porque la orientación del voto por parte de los ministros de culto, está claramente escrito, dice: "Los ministros de culto, no podrán realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna; tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, etcétera, etcétera, y se considerará un delito penal hacer esto", cuando se trata, cuando lo hacen ministros de culto.
Como está claramente escrito en la Constitución, no puede el Código de Delitos Penales establecer, borrarle esta frase, desde mi punto de vista.
Dicen los abogados: "Esa frase ya queda implícita o queda incluida en la frase subsiguiente que es inducir expresamente al electorado".
Cuando yo leí esto, cuando nos tocó posicionar en esta Ley de Delitos Electorales, orientar el sentido del voto es una parte, inducir expresamente al electorado a votar, bueno, nosotros decimos: "Lo que abunda no perjudica" y más vale que quede escrito a que quede implícito, a que no quede expresamente escrito en la ley.
Pero, acepto la orientación de nuestros asesores que son los que saben de derecho. Yo no soy de derecho, yo soy economista, yo sé otras cosas, pero esa no y acepto que en el artículo 16 pueda estarse subsanando nuestra preocupación. No así en el artículo 11 y por eso invitamos a votar en contra, no queda nada.
Pronto, la semana que entra vamos a tener un periodo extraordinario de nueva cuenta, y podemos volver a votar este asunto; así que no pongan de pretexto el tiempo, porque en unos días más estaremos en otro periodo extraordinario, volviendo a votar otras cosas y podemos volver a votar este asunto.
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Padierna Luna.
Informo que ya no hay oradores de los grupos parlamentarios, ni así tampoco en lo general.
Consulto a la Asamblea si alguna Senadora o Senador quiere inscribirse en la discusión en lo general.
¿Hay reserva de artículos? Tampoco.
Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación, hasta por 5 minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y en lo particular.
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico de votación, se emitieron 78 votos a favor, 23 votos en contra y cero abstenciones.
- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto que reforma los artículos 7, 9, 10, 11 y 16 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Informo a la Asamblea que, como lo permite el artículo 176 del Reglamento del Senado, en cuanto recibamos de la Cámara de Diputados el proyecto de Decreto que reforma el artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos, se turnará directamente a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado; de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.
Previamente el Senador Barbosa Huerta, Coordinador del grupo parlamentario del PRD, pidió hacer uso de la palabra.
Sonido en el escaño del Senador Barbosa Huerta.
- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño)Si me permite hacer uso de la tribuna.
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Por favor.
- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: Compañeras y compañeros Senadores; Mesa Directiva; respetado señor Presidente del Senado.
Estamos desahogando este periodo extraordinario que fue convocado conforme a un Orden del Día, del cual hemos desahogado tres puntos y falta por desahogar el cuarto y último, que se refiere a reformas, modificaciones al artículo 87 de la Ley de Partidos Políticos.
Por la mañana dimos a conocer lo que ya es información de todos, que hay un acuerdo del gobierno del PRI y del PAN para clausurar este periodo extraordinario de sesiones sin desahogar este asunto, para modificar el artículo 87 mencionado.
De manera formal, antes de dar argumentos, quiero pedir que esta decisión se resuelva mediante voto del Senado, mediante voto de este Pleno, de manera nominal, en el tablero, para que quede perfectamente claro quiénes votaron porque se clausurara este periodo extraordinario sin desahogar este punto, el de las reformas al artículo 87 de la Ley de Partidos Políticos.
Es la petición formal que desde este momento hago para que no quede confusa.
¿Quiénes la apoyan, por cierto, para el requisito de la formalidad? Ahí tiene usted a los Senadores que apoyan esta solicitud.
Quiero decirles que en la Cámara de Diputados aún se discute. Aún se discute que no es argumento de cerrar hoy el periodo bajo la posibilidad de que cuando llegue este dictamen, sea turnado a la comisión respectiva y pueda ser incorporado al siguiente periodo extraordinario.
No. Este es un acuerdo entre gobierno del PRI y PAN, y así lo denunciamos por la mañana, y queremos nosotros que quede constancia, quiénes asumen el costo de que así sea resuelto por el Senado de la República.
Quiero ser muy cuidadoso en el lenguaje para que podamos resolver esto, en la mejor forma.
Pero aún podemos dejar de mencionar cosas. No puede ser el Senado rehén de una fuerza política sobre los deberes legislativos, y terminar de desahogar los asuntos del Orden del Día de este periodo extraordinario, es un deber legislativo de todos nosotros.
¿Por qué no, si lo quieren parar, por qué no lo paran en Cámara de Diputados?
¿Por qué quieren dejar a salvo el prestigio de la Cámara de Diputados y que carguemos como institución la decisión de cerrar este periodo sin desahogar ese asunto?
Les hago la pregunta a todas y a todos.
¿Por qué en la Cámara de Diputados sí se desahoga este asunto?, y aquí cerramos el periodo sin resolverlo, no por un asunto de urgencia, sino por un asunto de un acuerdo oculto que se da para este sentido y para que el PAN pueda volver a la mesa de negociación sobre la reforma energética.
La omisión deliberada de resolver un asunto que forma parte de la convocatoria al periodo de sesiones extraordinarias, es una ofensa a la convivencia democrática. Así lo es.
¿Por qué no terminamos este periodo?, y cada quien cuando se ponga a consideración del Pleno, la votación de este asunto, puede votar en el sentido que sea.
Compañeras y compañeros Senadores, la transparencia democrática exige que los derechos, las decisiones que se tomen, deben ser de cara a la sociedad.
Y de ahí quiero referirme, por cierto, al contenido de un excelente libro que debiéramos todos de leer, se llama "Democracia y Secreto" de Norberto Bobbio.
Y permítanme solamente leer cuatro líneas: Según Norberto Bobbio, en este libro: "No hay democracia sin opinión pública. Sin formación de un público que reivindica el derecho de ser informado sobre las decisiones que se toman en favor del interés colectivo, y de expresar sobre ellas su libre crítica. Quien promueva formas ocultas de poder y quien se adhiera a ellas, precisamente desea eso, hurtar sus acciones al control democrático y evitar someterse a las limitaciones impuestas por cualquier constitución democrática".
Así opina Norberto Bobbio, en su libro "Democracia y Secreto".
¿Cuántos condicionamientos más hará el PAN al gobierno y al PRI a cambio de la reforma energética? ¿Cuántos más?
México, hoy así, en estos términos, es rehén de las negociaciones oscuras y vergonzantes que estamos presenciando.
Y mi petición está formulada.
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Barbosa Huerta.
Para razonar el criterio de esta Presidencia, pido a la Secretaría dé lectura al Decreto que dio la Comisión Permanente para convocar a este Congreso de la Unión a celebrar un periodo de sesiones extraordinarias.
El cual está publicado en la Gaceta, en las páginas 43, 44 y 45. En específico que se lea el Artículo Séptimo, por favor.
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al Decreto:
"Artículo Séptimo.- Cada Cámara realizará la correspondiente clausura del segundo periodo de sesiones extraordinarias, una vez que determine atendidos los asuntos que se describen en el presente Decreto o cuando así lo considere."
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se va a obsequiar la petición del Senador Miguel Barbosa, en términos de este artículo, porque se permitía, o el desahogo de todos los asuntos o cuando lo acuerden las Cámaras.
Por lo tanto, no es una decisión de la Mesa, no es una decisión de la Junta de Coordinación Política, es una decisión del Pleno.
Se obsequiará también que sea por tablero y como ya no están sesionando las comisiones, como fueron las anteriores, será hasta por tres minutos.
Abrase el tablero para recoger la votación.
El que esté en la afirmativa, se cierra el periodo; el que esté en la negativa, continúe el periodo.
El que esté en el sí, es sí continúa el periodo. El que esté en el no, se cierra el periodo.
El que esté en el sí, es que sí continúa el periodo. El que esté en el no, es no continúa el periodo.
Senadoras y Senadores, para no inducir a la confusión, vuelvo a repetir, antes de abrir, si es sí continúa el periodo; no, es no continúa el periodo y se cierra.
Sí, es continúa. No, se cierra.
Abrase hasta por tres minutos el tablero.
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 21 votos a favor de continuar con el periodo extraordinario, 63 votos en contra de continuarlo y 9 abstenciones.
“ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA
DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE
En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con cincuenta y un minutos del jueves diecinueve de junio de dos mil catorce, con una asistencia de setenta y tres senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.
El Presidente de la Mesa Directiva emitió la declaratoria de instalación de la Cámara de Senadores para el periodo de sesiones extraordinarias del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.- La Secretaría comunicó por escrito de la instalación de la Cámara de Senadores para las sesiones extraordinarias a los demás Poderes de la Unión, a la Cámara de Diputados, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a las legislaturas locales.
Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto que deroga la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado y de Estudios Legislativos, Segunda.
Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto que reforma los artículos 7, fracciones séptima y décima cuarta, 9, fracción séptima; 10, primer párrafo y fracciones primera y segunda; 11, fracción primera y 16 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.
Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en materia político-electoral.- Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. Para su presentación intervinieron los Senadores: Mario Delgado Carrillo, por la Comisión del Distrito Federal y Graciela Ortiz González, por la Comisión de Estudios Legislativos. Los posicionamientos delos grupos parlamentarios estuvieron a cargo de los senadores: Pablo Escudero Morales del PVEM; Dolores Padierna Luna del PRD; Mariana Gómez Del Campo Gurza del PAN; y Blanca Alcalá Ruíz del PRI. En la discusión en lo general, intervinieron los senadores: Mónica Arriola Gordillo, en pro; Alejandra Barrales Magdaleno del PRD, en pro; Alejandro Encinas Rodríguez del PRD, en pro; y David Monreal Ávila del PT, para razonar su voto. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el Senador Benjamín Robles Montoya entregó el texto de su intervención, el cual se integró al Diario delos Debates. El proyecto de decreto fue aprobadopor 107 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.
El Presidente de la Mesa Directiva declaró un receso de treinta minutos.
El Presidente de la Mesa Directiva reanudó la sesión extraordinaria.
Se recibió de las Comisiones Unidas de Reforma del Estado y de Estudios Legislativos, Segunda, proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Con dispensa de primera y segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. Para presentarel dictamen intervinieron los Senadores: Miguel Ángel Chico Herrera, por la Comisión de Reforma del Estado; y Alejandro Encinas Rodríguez, porla Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. El Senador David Monreal Ávila presentó el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. El Senador Roberto Gil Zuarth presentó un voto particular, a nombre propio y de la Senadora Arely Gómez González. El proyecto de decreto fue aprobado por 97 votos en pro y 4 en contra. Se remitió al Ejecutivo Federal.
Se recibió de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 9, 10, 11 y 16 de laLey General en Materia de Delitos Electorales.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Con dispensa de primera y segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. Para presentar el dictamen intervino el Senador Alejandro Encinas Rodríguez. La Senadora Dolores Padierna Luna presentó el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. El proyecto de decreto fue aprobado por 78 votos en pro y 23 en contra. Se remitió al Ejecutivo Federal.
El Presidente de la Mesa Directiva, a petición del Senador Miguel Barbosa Huerta del PRD, sometió a consulta de la Asamblea la consideración de haber sido atendidos o no, los asuntos incorporados enla Convocatoria para el periodo de sesiones extraordinarias.- En votación nominal fue aprobada la consideración de haber sido atendidos los asuntos de la convocatoria.
El Presidente de la Mesa Directiva declaró concluido el periodo de sesiones extraordinarias de la Cámara de Senadores correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura.- Se instruyó a la Secretaría participar por escrito de la clausura, al ciudadano Presidente de la República, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Cámara de Diputados, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como a las legislaturas de los estados.
La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciocho horas con diecinueve minutos.
- El C. Presidente Cervantes Andrade: En virtud del resultado, informo que el Acta de esta sesión se ha colocado en el monitor de sus escaños para su visto bueno.
En virtud de que no se han recibido observaciones a su contenido, voy a preguntar si alguno tuviera una observación.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión extraordinaria de hoy.
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acta de la sesión de este día. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.
Se solicita sean tan amables de ponerse de pie para la declaratoria que hará el Presidente.
Hoy 19 de junio de 2014, la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión declara concluido el segundo periodo de sesiones extraordinarias, correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional.
Se instruye a la Secretaría participar por escrito de esta clausura al ciudadano Presidente de la República, a la Suprema Corte de Justicia de la Unión, a la Cámara de Diputados, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como a las legislaturas de los estados.
(Se levantó la sesión a las 18:19 horas)
- Lista. Se abre la sesión con la asistencia de 73 ciudadanos Senadores.
- El C. Presidente declara legítimamente instalada la H. Cámara de Senadores para el presente periodo extraordinario de sesiones.
- Para participar de la instalación de la Cámara de Senadores a los otros Poderes de la Unión, a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; del C. Presidente de la Comisión Permanente, por la que informa de los motivos que originaron la convocatoria a sesiones extraordinarias.
- Se da cuenta, se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas del Distrito Federal; y de Estudios Legislativos. Para presentar el dictamen, intervienen los CC. Senadores Mario Delgado Carrillo, a nombre de la Comisión del Distrito Federal y Graciela Ortiz González, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos.
Para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, intervienen los CC. Senadores Pablo Escudero Morales, Dolores Padierna Luna, Mariana Gómez del Campo Gurza y Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz.
Para su discusión en lo general intervienen al respecto los CC. Senadores Mónica Tzasna Arriola Gordillo y María Alejandra Barrales Magdaleno.
- Remite minuta proyecto de Decreto que deroga la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
- Se reanuda la discusión en lo general, intervienen los CC. Senadores Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez y David Monreal Avila. Se inserta intervención del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya.
- Se declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en materia político electoral. Se turna a la Cámara de Diputados.
- Remite minuta proyecto de Decreto que reforma los artículos 7, fracciones VII y XIV; 9, fracción VII; 10, primer párrafo y fracciones I y II; 11, fracción I y 16 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
- Se da cuenta, se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, Segunda. Para presentar el dictamen, intervienen los CC. Senadores Miguel Angel Chico Herrera, a nombre de la Comisión de Reforma del Estado y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.
Para fijar la posición de su grupo parlamentario, interviene al respecto el C. Senador David Monreal Avila.
Para presentar su voto particular, a nombre propio y de la C. Senadora Arely Gómez González, interviene el C. Senador Roberto Gil Zuarth.
Se declara aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se deroga la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se remite al Ejecutivo Federal.
- Se da cuenta, se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda. Para presentar el dictamen, interviene el C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.
Para fijar la posición de su grupo parlamentario, interviene al respecto la C. Senadora Dolores Padierna Luna.
Se declara aprobado en lo general y en lo particular el Decreto que reforma los artículos 7, fracciones VII y XIV; 9, fracción VII; 10, primer párrafo y fracciones I y II; 11, fracción I y 16 de la Ley General en materia de Delitos Electorales. Se remite al Ejecutivo Federal.
- Se aprueba el acta de la presente sesión.
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=13&mn=1&id=2630&lg=62&anio=2

References: artículo 209
 artículo 87
 artículo 209
 artículo 87
 artículo 196
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 artículo 122
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 artículo 197
 artículo 199
 artículo 20
 artículo 37
 artículo 105
 artículo 120
 artículo 121
 artículo 134
 artículo 41
 artículo 135
 artículo 136
 artículo 199
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 artículo 58
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 artículo 196
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 artículo 58
 artículo 209
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 artículo 11
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 artículo 199
 artículo 16
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 artículo 130
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 artículo 58
 artículo 176
 artículo 87
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 artículo 209
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