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PROGRAMAS PRESIDENCIALES BAJO LA LUPA
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Rubén Maidana Alvarado
1 PROGRAMAS PRESIDENCIALES BAJO LA LUPA Dirección de Estudios Octubre 2013 INTRODUCCIÓN El domingo 17 de noviembre se realizarán en Chile las elecciones que elegirán no sólo a los consejeros regionales, diputados y algunos senadores, sino que, por sobre ellos, a la primera autoridad de la nación. La ciudadanía mayoritaria optará por uno de los nueve candidatos en competencia para encabezar la presidencia de la república. Por ello, el tiempo anterior a estos comicios se abre como una oportunidad para que, como país, reflexionemos en torno al Chile que soñamos y en qué dirección nos interesa que avance en los próximos cuatro años. Algunos candidatos aparecen como apuestas testimoniales, al parecer más interesados en instalar un discurso político en la sociedad antes que ilusionarse con alcanzar la primera magistratura. Otros candidatos, en cambio, se presentan articulados conceptualmente en base a un programa de gobierno de más o menos diversa extensión. En ese contexto, el ciudadano común y corriente puede no ver con claridad qué cosas distinguen a cada candidato y cuáles los identifican. Debido a esta dificultad práctica y a la necesidad de generar una ciudadanía informada y responsable, hemos visto oportuno presentar este informe. En él se invita a un recorrido por cada uno de los programas presidenciales, a fin de analizar críticamente las propuestas de cada uno de ellos. Como la variedad de temas que comprende la gestión de la cosa pública es elevada, hemos centrado la atención en cinco temáticas que, de acuerdo a las urgencias más inmediatas que reclama el bien común, nos parecen prioritarias. Así, nuestra reflexión comparada de los programas presidenciales se enfoca en la familia, la natalidad y la adopción; a continuación en la pobreza y la desigualdad; luego en el sistema de salud y en el sistema penitenciario; finalmente en las temáticas de educación. El desarrollo humano integral y la justicia social componen la matriz valórica desde la que se aborda el análisis de las propuestas presidenciales. Este marco de ideas guía la reflexión, bajo el entendido, por un lado, de que no habrá un país más feliz si no se trabaja por la dignidad de todo el hombre y de todos los hombres, y, por el otro, en que no será posible una amistad cívica profunda y estable si falta el sentido de responsabilidad por el bien de los otros y si las diferencias sociales se agudizan. Por último, metodológicamente en este informe hemos considerado exclusivamente los programas presidenciales oficiales de los candidatos, excluyendo las noticias de prensa, franjas electorales o medidas anunciadas en otros soportes. De esta manera, de las nueve candidaturas en competencia hacia finales de octubre, ocho de ellas contaban con sus respectivos documentos programáticos, mientras que Roxana Miranda carecía de alguna presentación definitiva. Su documento Bases Programáticas es únicamente una declaración de buenos deseos. Es tal su generalidad y abstracción, sin contener propuesta concreta alguna, que consideramos dejarlo fuera del análisis ya que no calificó como programa. Por esa razón, no fue posible contrastarsu visión de país con la de los restantes candidatos a la presidencia de la república. LAS PROPUESTAS PRESIDENCIALES FRENTE A FRENTE a) FAMILIA, NATALIDAD Y ADOPCIÓN Las candidaturas de Evelyn Matthei, Franco Parisi y Alfredo Sfeir no postulan una explícita definición de familia, omitiendo planteamientos al respecto. Ricardo Israel, en cambio, declara que todas las formas de familia son válidas y merecen un reconocimiento por parte de la sociedad y el Estado. Los que extienden las fronteras son los candidatos Tomás Jocelyn-Holt, Marcel Claude y Marco Enríquez-Ominami, quienes al promover el matrimonio homosexual, amplían la noción de familia a parejas del mismo sexo 1. Con un leve matiz, Michelle Bachelet propone convocar a un debate abierto, con participación amplia para la elaboración y posterior envío de un proyecto de ley sobre matrimonio igualitario. En lo que dice relación con la regulación de las uniones de hecho, Matthei propone fortalecer el proyecto de Acuerdo de Vida en Pareja (AVP), al que considera no meramente una comunidad de bienes, sino una expresión de familia. En la misma línea reflexionan Ricardo Israel y Tomás Jocelyn-Holt. Por su parte, Parisi y Sfeir no exhiben en esto una postura en sus programas. Sin embargo, la discrepancia de criterios se produce entre Claude y Enríquez-Ominami: el primero rechaza de plano el AVP diciendo que el actual proyecto de ley en tramitación valida a las personas de orientación homosexual en tanto propietarios o consumidores 2 ; Enríquez-Ominami, por el contrario, cree que el AVP, lejos de ser el pariente pobre del matrimonio igualitario, responde a necesidades distintas y es algo por sí mismo valioso, de modo que ambas iniciativas deben impulsarse en vía paralela. Michelle Bachelet, por último, considera que el proyecto de AVP impulsado por el actual gobierno es insuficiente y no constituye un mecanismo de solución integral a los problemas de las uniones homosexuales y heterosexuales; por ello, se propiciará una nueva regulación alternativa, que otorgue derechos y protección global a los convivientes en sus relaciones mutuas personales y patrimoniales. En materia de derechos derivados del matrimonio, Claude, Enríquez- Ominami y Jocelyn-Holt postulan que la adopción debe ser un derecho tanto de las uniones entre personas del mismo como de distinto sexo, para lo cual es necesario modificar la respectiva ley de adopción. Esta propuesta es consistente con la agenda de género que promueven los tres candidatos. Claude proyecta la implementación de planes de educación en temas de orientación sexual, identidad de género y sexualidad, además de proponer leyes de género que abar 1 En concreto, Claude, por ejemplo, plantea la reforma del art. 102 del Código Civil que contempla la definición de matrimonio, de manera que ya no dirá que es un contrato entre un hombre y una mujer sino sencillamente entre dos personas. 2 Dice textualmente Claude: No aceptaremos una ley excluyente y mentirosa como el proyecto de ley en el parlamento de unión civil de parejas del mismo sexo que por un lado otorga y por otro desconoce y omite. El proyecto actual es un engaño del sistema neoliberal pues se valida a las personas de orientación homosexual en tanto propietarios o consumidores, porque nada dice de, o le sirve a, parejas del mismo sexo que no tienen propiedades (Programa, p. 7).2 quen materias de salud, educación y derechos civiles. Por su parte, Jocelyn-Holt promueve una ley de género que reconozca a los cuatro mil transexuales existentes, y además asegurar el pleno ingreso de homosexuales en las Fuerzas Armadas. Por último, Enríquez-Ominami intensifica el discurso, planteando el perfeccionamiento de la Ley Antidiscriminación y también la aprobación de una ley que penalice la incitación a la violencia y los discursos de odio provenientes de ideologías políticas, creencias religiosas u organizaciones anti-sistema. Finalmente, la candidatura del PRO plantea derogar los arts. 365 y 373 del Código Penal 3, que considera como leyes homofóbicas. Michelle Bachelet propone la despenalización del aborto en caso de peligro de la vida de la madre, violación e inviabilidad del feto. Asimismo, promete la disponibilidad efectiva de métodos anticonceptivos, incluyendo la anticoncepción de emergencia. También propone perfeccionar la ley antidiscriminación, de manera que no se reduzca a una mera acción judicial, sino que obligue al Estado a generar políticas públicas contra la discriminación. En lo que respecta al descenso de la natalidad, únicamente Ricardo Israel reflexiona en las implicancias demográficas que ello acarrea. Efectivamente, niega que el aborto sea un derecho y sostiene promover políticas de natalidad y poblamiento del territorio nacional ante la significativa baja de la fecundidad en Chile 4. Enfrente de esta postura se sitúa Marcel Claude, quien plantea la despenalización del aborto, bajo el entendido de que es una ley que impide el libre arbitrio y expresión de las personas. Enríquez-Ominami, junto con mostrarse interesado en abrir el debate sobre el aborto en general, plantea la reposición de la norma que autoriza el aborto terapéutico en caso de riesgo para la vida de la madre, inviabilidad del feto y violación, mismas causales para las que lo contempla Tomás Jocelyn-Holt. El candidato del PRO complementa este ítem con propuestas que apuntan a aumentar las libertades en materias sexuales y reproductivas, como la anticoncepción de emergencia e implementar la asignatura de educación sexual laica en los colegios municipalizados y subvencionados de todo el país 5. Los otros candidatos no abordan la cuestión del aborto. En lo que se refiere a los hijos, Ricardo Israel propone la entrega de una asignación familiar única y pareja de $ equivalente a una asignación educacional, para todos los que tengan un ingreso inferior al máximo imponible (60UF = $ ); a los ingresos superiores a ese monto, propone un descuento de impuestos por igual suma por 3 El art. 365 del Código Penal fija edades de consentimiento sexual distintas para heterosexuales (14 años) y homosexuales varones (18 años). Por otro lado, el art. 373 indica que quien accediere carnalmente a un menor de dieciocho años de su mismo sexo, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación, será penado con reclusión menor en sus grados mínimo a medio. 4 Israel señala que el aborto, de cualquier tipo, no es un derecho y que menos puede pretenderse establecerlo como parte del capítulo de los derechos constitucionales con la modalidad retórica de los supuestos derechos reproductivos de la mujer. Declara apostar por la vida y por el reconocimiento constitucional de los derechos de los hijos que están por nacer. 5 Enríquez-Ominami plantea otras propuestas, como poner urgencia a la discusión parlamentaria de la Ley Marco de Derechos Sexuales y Reproductivos, la que deberá asegurar el acceso a la información, educación sexual en las escuelas, anticoncepción, incluida la anticoncepción de emergencia; asegurar la atención adecuada, oportuna, humanizada y confidencial en caso de embarazo juvenil; fiscalizar y asegurar el acceso a métodos anticonceptivos en todos los consultorios del país; crear Centros de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes en Salud Sexual y Reproductiva. Por último, Enríquez- Ominami postula crear centros de atención en reproducción asistida en el sistema de salud pública. cada hijo menor de edad. Asimismo, plantea crear el Ministerio de la Familia y el reemplazo del Estado subsidiario por un Estado protector y solidario en dos sectores: por un lado, la infancia y adolescencia, y, por el otro, la tercera edad. Michelle Bachelet, entre sus medidas de protección social, contempla la creación del Consejo Nacional de la Infancia. Por su parte, Enríquez- Ominami propone el pago compartido de la sala cuna para los hijos menores de dos años a todas las madres y padres asalariados, más allá del tamaño de la empresa. En las demás candidaturas no hay planteamientos expresos en materia de filiación. Acerca de la integración del adulto mayor, Sfeir propone hacer de la educación, transporte público, salud y farmacia un bien público gratuito para ellos. Crear un sistema de bonos de alimentación y, también, triplicar las jubilaciones y los montepíos, los cuales serán el 100% de la jubilación respectiva. Tener programas habitacionales especiales, fuertemente subsidiados, y asegurar que todas las dueñas de casa que pertenecen a la tercera edad tengan los mismos beneficios. Además, Sfeir planea hacer programas de verano, incluyendo plantación de árboles por la paz y hortalizas urbanas por la paz, junto con crear la Universidad de la tercera edad, sin costo alguno para los beneficiarios, con redes en todo el país. Bachelet restituirá el bono de invierno, habilitará 15 establecimientos que acogerán a los adultos mayores dependientes y que no disponen de cuidado familiar, extenderá el programa de vacaciones para la tercera edad, evaluará implementar subsidios para el transporte y se regularizará el sistema de residencias de larga estadía, etc. El programa de Enríquez-Ominami contempla la creación del cuarto pilar solidario, que busca garantizar el cuidado de enfermos y adultos mayores, a través de una red de servicios de cuidado por jornadas parciales y en sus hogares, evitando la ruptura de vínculos familiares. Por su lado, las propuestas de Evelyn Matthei persiguen aumentar la pensión básica solidaria a $ y ampliar el aporte previsional solidario hasta los que reciban $ También, la candidata de la Alianza por Chile ofrece un subsidio al transporte público para los adultos mayores con aporte de $5.000 mensual; promover mecanismos que incentiven la prolongación de la vida laboral (adaptación de la jornada laboral para adultos mayores, eliminar o reducir la cotización de salud para el 60% más pobre de aquellos mayores de 65 años). Israel plantea una serie de medidas pensadas en el adulto mayor. En previsión, un aumento de las jubilaciones más allá del pilar solidario actual; en salud, avanzar en la atención especializada geriátrica y focalizada en todos los centros asistenciales del país; en trabajo, promover sus servicios en trabajos livianos para mantenerlos activos y con sentido de dignidad; en transporte, carnet transporte similar al de los estudiantes, que les permita trasladarse principalmente a los centros médicos y asistenciales sin ningún costo. En materia de conciliación de la vida familia con la vida de trabajo, únicamente Sfeir e Israel contemplan propuestas. El primero cree necesario que, dentro de las relaciones laborales, se aumente la efectividad de las actividades de recreación acompañados de capital humano e institucional, a través de inversiones inteligentes como campos deportivos en todos los barrios, cine, música, cultura y tradiciones. Israel, a su vez, plantea favorecer una legislación que mida la productividad y no sólo la jornada de trabajo, regulando y promoviendo adecuada- 23 mente el teletrabajo y la incorporación igualitaria de todas las nuevas tecnologías informáticas al mundo laboral. b) DESIGUALDAD La pobreza y la desigualdad tienen la particularidad de que su combate no se lleva a cabo necesariamente por medidas directamente enfocadas a ella. Al contrario, se aborda en general de manera oblicua, es decir, a través de un conjunto de propuestas en materia social, que incluyen aspectos de vivienda, ingresos, educación, salud, transporte, etc., todas las cuales finalmente inciden en reducir los niveles de segregación. Por ello, en cierto sentido todas las propuestas de los programas presidenciales tienden a hacerse cargo del principal desafío político del momento: derrotar la pobreza y la desigualdad. Ahora bien, pese a la relativa unanimidad en este punto, no todos los candidatos entienden lo mismo bajo estas premisas. En Chile hay un consenso social e histórico en que se debe trabajar prioritariamente para erradicar la pobreza del país. Esto no se discute. Sin embargo, sí hay discrepancias ideológicas de envergadura en torno a la segregación. Por esto, cabe preguntarse si la desigualdad gravita como problema político para cada una de las candidaturas y, a continuación, de qué manera abordan el tema desde sus propuestas. Ricardo Israel propone el tránsito desde un Estado subsidiario hacia un Estado protector y solidario, con un compromiso más decidido y activo en materias sociales. Al mismo tiempo, postula un Estado estratégico que genere la imprescindible conectividad del país y le asegure a cada chileno educación y salud del mismo nivel, independiente de donde viva o de la solvencia de sus padres. Invita a un gran acuerdo en materia de salud, educación, energía, jubilaciones y desigualdad. Refiriéndose a esta última materia, señala que campea en todo el país sin que se hayan hecho los avances necesarios contra nuestro principal pecado social que es el clasismo. Para Franco Parisi la desigualdad es también un problema. Acota que, según variados estudios, a medida que aumenta las diferencias sociales, se agudizan los problemas como la adicción al alcohol y a las drogas, las enfermedades mentales, el fracaso escolar y la violencia. Para mejorar esta situación se debe alcanzar un salario mínimo que se ajuste en función del ritmo de la economía chilena. Parisi agrega que la tremenda diferencia del ingreso en Chile y el nivel económico alcanzado, hacen que sea una vergüenza nacional la existencia de campamentos, por ello la erradicación de estos es un problema de Estado. Evelyn Matthei tuvo una comisión que trabajó precisamente el tema desigualdad y pobreza. Se refiere a que el sistema educacional, particularmente en establecimientos públicos, pone trabas a la movilidad social y promueve la transmisión intergeneracional de la pobreza y de la desigualdad. Habla de establecer una canasta estándar de servicios municipales en cada comuna, compensando las diferencias que se generan entre los municipios de mayor ingreso y aquellos de menor ingreso. Tomás Jocelyn-Holt se refiere la desigualdad en materia de educación. A su vuelta a Chile, Michelle Bachelet señaló que el primer objetivo para el proyecto de la Nueva Mayoría es enfrentar la gran diferencia de ingresos económicos. Señala que reducir la segregación y contar con un país más integrado social y culturalmente debe ser un objetivo transversal en el diseño de políticas públicas. Considera que las causas de la desigualdad social son la educación, la distribución del ingreso y el disparejo nivel de oportunidades en el mercado del trabajo. Además, Bachelet plantea hacer más exigentes los instrumentos de medición y caracterización de la pobreza. En el programa de Marcel Claude llama la atención que en ningún momento se menciona la palabra desigualdad, aunque sí otros sinónimos, que nos dibujan cuál es su comprensión de este fenómeno. Así, emplea en reiteradas ocasiones concentración, haciendo referencia a la acumulación del poder estatal, del capital económico, de la administración, territorial, urbana y poblacional. Agrega que una sociedad libertaria significa precisamente desconcentración y descentralización, por lo que postula la desconcentración del Estado y del poder. Alfredo Sfeir dedica un capítulo a la inequidad, que considera una enfermedad, señalando que manifiesta distintas formas: económica, financiera, ecológica, cultural, social, étnica, etc. Señala: Chile tiene uno de los coeficientes más inequitativos de América Latina y uno de los peores del mundo. Esto significa que el sistema de libre competencia (neoliberal) no es una condición suficiente para asegurar la igualdad en nuestro país. Este sistema no tiene los mecanismos automáticos y correctivos para alcanzar patrones de equidad que en Chile se necesitan. Otra fuente de inequidad que advierte es la propiedad de los recursos naturales en manos de unos pocos, como lo demuestra la explotación de los recursos pesqueros. Marco Enríquez-Ominami señala que los gobiernos democráticos desde 1990 disminuyeron la pobreza, insertando al país en el escenario internacional. Pero quedan asignaturas pendientes, como la persistencia de los niveles de desigualdad e injusticia, algo que, en concepto de los progresistas, el mercado no se encargará de dirimir. Quieren un nuevo Chile en donde la economía esté al servicio de la ciudadanía y no al servicio de ciertos conglomerados. Enríquez-Ominami plantea reducir de manera sustancial la desigualdad, en particular en materia de educación, salud y sistema de pensiones. Advierte que el sistema de educativo segregado reproduce la inequidad estructural en la sociedad. Señala un grave problema de diferencia de oportunidades, de ingreso y de calidad de vida que se traduce en una creciente precarización del empleo y en el cuestionamiento de la calidad de la democracia. Indica que no basta con crecer para disminuir la desigualdad, sino que hay que además crear trabajos dignos y consolidar el diálogo social. Se refiere a las diferencias en la condiciones de vida y salud. Plantea disminuir las brechas en ámbitos tales como ingresos, redes sociales y educación; en el acceso y práctica del deporte; en la expresión del género y en el ejercicio de la sexualidad en personas homosexuales. También habla de las segregaciones regionales, en el acceso a bienes públicos, en materia de planificación urbana y en vivienda. 34 c) SALUD En lo que respecta al sistema de aseguradores de la salud, Ricardo Israel propone avanzar hacia un Fondo Nacional de Salud con plan general igualitario; es decir, un Fonasa sin los clásicos tramos A, B, C y D. El sistema con seguro privado de salud (las Isapres) será una opción más del mercado para quien quiera hacer uso de ella. A este mismo resultado llega la propuesta de Evelyn Matthei, quien propone fomentar la libertad de elección para los usuarios de Fonasa del tipo A, correspondiente a 2,5 millones chilenos, de modo que ellos también podrán optar dónde y con qué prestador atenderse, de la misma forma que la cobertura financiera que ofrecen los tramos B, C y D. Tomás Jocelyn-Holt, por su parte, propone un seguro básico garantizado obligatorio, al cual todos tendrán acceso; algunos pagarán la tarifa con un porcentaje de su sueldo y a quienes no les alcance, subsidiará el Estado. Para cubrir los gastos de salud fuera de los topes del seguro, las personas podrán contratar seguros adicionales. En un modelo similar razona Marcel Claude, quien plantea destinar a Fonasa el aporte de todos los trabajadores desde un 7% hasta un 15%, dependiendo de sus ingresos, y voluntariamente se podrá aportar a un sistema privado adicional a aquél fondo. Marco Enríquez- Ominami, por su parte, planea crear un Fondo Solidario de Salud, en donde el 7% sea administrado por Fonasa y en que las Isapres actúen como aseguradoras complementarias. Asimismo, el candidato del PRO sugiere que las Isapres que transfieran parte de sus utilidades a Fonasa, hagan efectiva la prohibición legal de la integración vertical, terminen con los factores de riesgo según género y grupo etarios, y, finalmente, que no puedan discriminar por preexistencias. Franco Parisi estima que terminar con el problema de la salud en Chile comienza por hacer cambios al actual sistema de Isapres y a su relación con las clínicas. Por ello, en primer lugar propone mejorar los incentivos en los aseguradores privados, de modo tal que se premie una salud preventiva y no tanto la curativa, a través de exámenes preventivos obligatorios. Segundo, se compromete a una mayor fiscalización de la Superintendencia de Salud para una separación efectiva entre clínicas e Isapres. Tercero, plantea crear un IPC de la Salud 2.0, que sirva como referencia para el aumento en el costo del plan a los afiliados a los seguros privados, a fin de evitar alzas abusivas y excesivas. Cuarto, Parisi postula terminar con la discriminación hacia la mujer en los planes de salud. Michelle Bachelet se conforma con convocar a un equipo de expertos con el mandato de redactar una propuesta de proyecto de ley de Isapres. Con ello se persigue evitar que una persona que tiene riesgo de enfermarse se le cobre más o se le expulse del sistema privado de salud. Por último, Evelyn Matthei apuesta por una mayor regulación al sistema de salud previsional, terminar con la judicialización del actual sistema (que lleva a gastar recursos en tribunales) y, finalmente, crear una comisión técnica encargada de mejorar el diseño del seguro privado ante enfermedades crónicas, tercera edad, mujeres en edad fértil y preexistencias. En segundo lugar, en materia de prestadores públicos de salud, Marcel Claude piensa construir un sistema integral que atienda proporcionalmente la dimensión preventiva, curativa y promocional, además de incorporar dentro de la salud pública, como también en las carreras relacionadas, la medicina de los pueblos originarios. Enríquez- Ominami postula fortalecer la atención primaria, para lo cual creará 200 nuevos consultorios; garantizará un mínimo de 20 minutos de atención por paciente y que cada consultorio cuente de manera permanente con un pediatra, ginecólogo, fonoaudiólogo y kinesiólogo; desmunicipalizará los consultorios, garantizando la conservación de los derechos adquiridos por los trabajadores de la salud primaria. Evelyn Matthei, a su vez, plantea la creación de 100 consultorios de excelencia, los que, a diferencia de los CESFAM, contarán con médicos especialistas y equipos de exámenes médicos, operando de 7:00 a 22:00 horas. Michelle Bachelet, por su parte, pretende habilitar 132 Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR), que atenderán toda la noche y contarán con equipos de rayos, kit de laboratorio básico y acceso a la telemedicina. Por su lado, Tomás Jocelyn-Holt propone licitar la atención de salud pública, en donde los centros licitados tendrán la obligación de atender por el valor que cubre el seguro básico. Alfredo Sfeir, desde un marco teórico diferente, propone crear el mejor servicio de salud rural del mundo y promover inversiones significativas en medicinas alternativas, a la vez que dar prioridad a la medicina preventiva. Asimismo, plantea tener una oficina nacional que se ocupe de todos los aspectos de alimentación y nutrición de la población con ramificaciones regionales y locales; también, entrenar, educar y fiscalizar en materia de alimentación especialmente a las madres embarazadas, lactantes, niños y adultos mayores. En materia de atención secundaria u hospitales, Israel desea crear instituciones públicas de salud a nivel regional y provincial, que cuenten con los especialistas médicos y el instrumental moderno indispensable para una cobertura de calidad en aspectos físicos y psíquicos. Enríquez-Ominami se compromete a garantizar 18 mil nuevas camas para los hospitales públicos de Chile y, además, a retirar la Ley de Hospitales Concesionados que profundizan el lucro en salud con fondos públicos. Michelle Bachelet promete asignar los recursos para que los servicios puedan contratar 33 mil horas médicas semanales adicionales de especialidades, que equivalen a la contratación de 750 médicos especialistas. Matthei, por otra parte, contempla un plan de acción de nueve medidas para mejorar el funcionamiento de los hospitales. Entre otras propuestas, se cuentan la implementación de nuevos gobiernos corporativos para hospitales, con novedosas atribuciones y herramientas; establecer que para cirugías y procedimientos clínicos los hospitales públicos deberán competir entre sí; flexibilizar normas de asignación presupuestaria; recompensar a los médicos por la cantidad de atenciones; establecer la autorización para convenios entre hospitales y aseguradores privados; generar un convenio con el Ministerio de Justicia para atención de pacientes derivados desde cárceles; y proseguir con la formación de tres mil nuevos médicos especialistas. Marcel Claude planea mejorar tanto las remuneraciones de los trabajadores de la salud pública como también las condiciones laborales. Pretende incorporar a la población organizada en la toma de decisiones sobre las prioridades de atención y el mejoramiento de la gestión de servicios de salud a nivel municipal y regional. En tercer lugar, en materia de infraestructura, Bachelet propone, en el 45 período , construir 20 hospitales, dejar 20 en construcción y otros 20 en procesos de licitación o estudio, además de proveer de aumentar el número de camas. Por su parte, Marcel Claude se compromete a generar y/o mejorar las normativas con relación a que toda nueva construcción de infraestructura en salud pública o privada (consultorios, clínicas, postas, servicios médicos, veredas, caminos, transporte público, etc.) debe ser diseñada y construida considerando el Diseño Universal. En cuarto lugar, en lo que respecta a medicamentos, Evelyn Matthei propone transformar la Agencia Nacional de Medicamentos (Anamed) en un ente autónomo e independiente, desvinculado del Instituto de Salud Pública. También promoverá el uso de nombres genéricos de medicamentos y autorizará a otros establecimientos distintos a las farmacias para que expidan medicamentos que no requieran de receta médica; en aquellas comunas donde no haya farmacias, los consultorios públicos deberán contar con ellos. Asimismo, Matthei se propone combatir la venta de medicamentos en ferias y lugares no acreditados por la autoridad, a la vez que apoyará en acceso a medicamentos a pacientes con enfermedades poco frecuentes que pongan en riesgo la economía familiar. Michelle Bachelet planea implementar el Fondo Nacional de Medicamentos, a través de la firma de los convenios con todas las municipalidades del país, para la entrega gratuita de medicamentos a los pacientes crónicos que se atienden en los centros de salud primaria. A su vez, Marco Enríquez-Ominami plantea crear un laboratorio nacional de fármacos y reincorporar la prescripción por nombre genérico. En quinto lugar, en lo que respecta a garantías y libertades en materia de salud, Marcel Claude instala como eje de su propuesta el garantizar a todo chileno una atención de salud púbica, de libre acceso, oportuna, de calidad y de copago cero. Así, todas las enfermedades existentes deben ser cubiertas por esta salud pública. Por otro lado, Marco Enríquez-Ominami propone reformar la Constitución para que esta establezca y proclame explícitamente el derecho universal a la salud, estructurado en los cinco principios fundamentales de acceso, calidad, integralidad, solidaridad y gratuidad. Esto, según el candidato del PRO, supone cambiar el modelo sanitario actual, dejando de lado el modelo de subsidio a la demanda (estructurado en torno a vouchers) para hacerse cargo de la salud en todas sus dimensiones y niveles de atención. Por último, a fin de asegurar su calidad, Enríquez- Ominami postula establecer la obligatoriedad de rendir y aprobar el Examen Único de Conocimientos de Medicina (EUNACOM) como requisito para trabajar en el sistema de salud pública. Finalmente, Evelyn Matthei propone dos novedosos ejes de trabajo en materia sanitaria, que no contemplan los otros candidatos. Primero, considera una agenda de diez medidas para mejorar las atenciones de salud mental y drogadicción, a través de la aprobación de una Ley de Salud Mental, la creación del Servicio Nacional de Salud Mental, proveer tratamiento de trastornos mentales en los consultorios, consolidar los tribunales de tratamiento de drogas, y normar la obligatoriedad de programas preventivos en escuelas y colegios del país. En segundo término, Matthei enfoca una propuesta de atenciones de salud especializadas en adultos mayores. Para ello, contempla los programas interdisciplinarios Te acompaño, Más activos y Vamos a tu casa, además de formación de médicos de familia especializados en el adulto mayor. d) SISTEMA PENITENCIARIO Ricardo Israel contempla la creación de nuevos recintos penales de acuerdo a un programa de cárceles concesionadas y perfeccionar las sanciones para adolescentes infractores de ley. Por otro lado, Marcel Claude recurre al discurso de la dignificación del sistema carcelario y su orientación hacia la rehabilitación, pero no esboza ninguna propuesta concreta, salvo la revocación del Decreto Ley de Amnistía para crímenes por derechos humanos cometidos entre 1973 y Alfredo Sfeir plantea que encarar el desafío de la violencia no pasa por más cárceles o más represión, proponiendo refaccionar todos los programas de penitenciarías en Chile para minimizar la reincidencia y aumentar radicalmente la integración familiar y social. Al mismo tiempo, propone hacer reuniones con los grupos que aparecen como las fuentes de violencia y llegar a acuerdos sociales que ataquen las causas y la eliminen progresivamente. Por su parte, el programa de Marco Enríquez-Ominami hace un diagnóstico bastante global respecto del mundo carcelario, sin embargo en materia de propuestas sólo menciona fortalecer la infraestructura de retención y reclusión, en especial respecto de la retención y atención a menores infractores de ambos sexos. Por último, Evelyn Matthei presenta un nutrido paquete de ideas, en especial en lo que se refiere a la rehabilitación y reinserción social. Así, propone desarrollar programas de tratamiento de alta complejidad para jóvenes vulnerables con consumo problemático de drogas y alcohol, en coordinación con el Minsal, Sename y Senda; ampliar atribuciones y cobertura de los Tribunales de Tratamiento de Drogas, que han mostrado reducir la reincidencia a la mitad entre quienes egresan de este programa; ampliar el modelo de Viviendas de Estadía Intermedia a todas las regiones, para aquellos que se estén rehabilitando; crear un sistema de evaluación a los nuevos internos según perfil delictual y en base a ello diseñar un plan de trabajo personalizado; desarrollar un programa de capacitación para diez mil condenados de perfil delictual medio-alto e incentivar la contratación de reclusos mediante beneficios tributarios. Asimismo, Matthei contempla otras medidas en materia de sanciones, tales como aumentar las facultades de los jueces para dejar en prisión preventiva al imputado de un delito grave, de manera que pueda decretarla cuando lo estime necesario y no como la última medida cautelar; impulsar la Ley de Ejecución de Penas, que fortalezca la institucionalidad encargada de la ejecución y el control de penas privativas de libertad, velando por su cumplimiento y por un mayor control sobre los beneficios penitenciarios que se otorgan; y crear un nuevo Servicio de Medidas y Penas en Medio Libre. También plantea construir cinco nuevas cárceles concesionadas que ofrezcan 15 mil nuevas plazas para reclusos. Michelle Bachelet propone construir nuevos recintos penitenciarios, a 56 fin de reducir el hacinamiento. Asimismo, plantea establecer el carácter público de la provisión de una amplia oferta de programas de reinserción y rehabilitación en las cárceles, junto con mejorar la cantidad y proporción de técnicos y profesionales que trabajan directamente con la población penal. Impulsará también un programa de capacitación y profesionalización del personal de Gendarmería, que incorpore materias de diversidad y no discriminación. Por último, creará el Servicio Nacional de Reinserción Social de Adolescentes, para lo cual dividirá al actual Sename. Ni Franco Parisi ni Tomás Jocelyn-Holt contemplan medidas en lo que se refiere al mundo penitenciario. e) EDUCACIÓN En relación con la idea de la educación y sus fines, Marco Enríquez- Ominami considera que ella persigue el desarrollo emocional, ético, artístico, recreacional y cognitivo de los estudiantes, logrando ciudadanos con formación integral. Por esto, propone reducir el currículo, favoreciendo la flexibilidad en función de las necesidades e intereses de los alumnos en la escuela específica. Esto es consistente con su propuesta de diseñar un modelo que incluya a todos los alumnos con necesidades educativas especiales. En cuanto a las notas distintivas, Enríquez-Ominami plantea que la educación pública garantizada por el Estado debe ser gratuita, de calidad para todos, laica y republicana. Por su parte, Marcel Claude aspira a crear un modelo pedagógico enfocado en el desarrollo de habilidades humanas y en la intervención cívica para la transformación de la sociedad. Alfredo Sfeir concibe la educación, tanto formal como informal, como la base de la transformación humana, por lo que tiene que estar basada en nuestra propia identidad e idiosincrasia, para su mejor y sustentable integración en la globalización; por ello propone que todas las instituciones educacionales del Estado enseñen técnicas contemplativas y del desarrollo del ser. En la línea de una enseñanza laica, a Claude le interesa abrir el abanico de posibilidades en cuanto a modelos educativos que puedan plasmarse en centros de enseñanza libertarios, con apoyo técnico y financiero del Estado. Por último, Tomás Jocelyn-Holt señala que el fin original de la educación pública es ser el centro de la integración social. Para ello, propone fomentar un currículum diverso que interprete la identidad cultural liberal de Chile. Michelle Bachelet plantea que este tema tiene un valor público innegable, por lo que debe estar al servicio de un ideal de sociedad fuertemente cohesionada, que supere la segregación social, que promueva la formación integral, la inclusión, la solidaridad y la democracia como valores centrales. Por el contrario, de ninguna de las candidaturas de Matthei, Israel y Parisi se desprende una noción expresa acerca de lo que conciben como educación. En relación con la etapa inicial, sólo cuatro candidaturas contemplan medidas en este ámbito. Evelyn Matthei propone terminar con el doble rol institucional de la Junji, que actúa como órgano proveedor y fiscalizador; igualar salarios de los docentes en el nivel parvulario con los del resto del sistema; crear para los padres un sistema de información de calidad de jardines infantiles y salas cuna; aumentar la cobertura del sistema; y mejorar en un 40% el financiamiento para todos los niños chilenos en edad preescolar e igualarlo entre establecimientos Junji e Integra y los establecimientos administrados por terceros. Michelle Bachelet plantea como proyecto entregar el listado de las localidades donde se implementarán en 2014 las primeras 500, de un total de nuevas salas cunas; además se propone crear la Subsecretaría de Educación Parvularia, dependiente del Mineduc. Marco Enríquez-Ominami se compromete a garantizar una sala cuna donde haya un niño o niña entre cero y dos años y un jardín infantil donde haya un niño entre tres a seis años. También, reemplazar los mapas de progreso, los estándares y mediciones en la educación parvularia, para transformarla en un bien en sí. Marcel Claude, por último, contempla asegurar el 100% de cobertura de la educación parvularia. Respecto del cuerpo docente de los establecimientos educacionales, Marco Enríquez-Ominami plantea desarrollar una nueva carrera magisterial centrada en el aula, en donde el avance salarial dependa de la experiencia, el desempeño pedagógico y administrativo, la formación permanente (a través de posgrados) y la académica. En esta misma línea, se compromete a mejorar las condiciones del trabajo docente, reduciendo y flexibilizando la malla curricular y los contenidos por asignatura, a la vez que reduciendo a 25 los alumnos por profesor. Finalmente, propone un marco regulatorio en donde los profesores y asistentes de la educación pública y subvencionada estén bajo un mismo régimen jurídico y laboral, y que contemple jubilaciones más justas. De modo similar, Evelyn Matthei propone aumentar los salarios para los profesores destacados y un aumento de los salarios iniciales de todos los nuevos docentes; disminuir las horas lectivas y aumentar las horas destinadas a planificación; instaurar una evaluación descentralizada de desempeño a cargo de cada sostenedor; entre otras medidas 6. Tomás Jocelyn-Holt centra sus propuestas en aumentar el porcentaje de horas no lectivas. Marcel Claude y Alfredo Sfeir coinciden en otorgar condiciones salariales y laborales al profesor acorde con su importancia y potenciando su enriquecimiento cultural. Michelle Bachelet propone a los profesores, cada cuatro años, participar de un programa de perfeccionamiento docente, totalmente gratuito; también potenciará la denominada Red de Maestros de Maestros y retomará la formación de mentorías para el apoyo e inducción a profesores principiantes. En lo que respecta a la educación escolar, Michelle Bachelet plantea terminar con toda selección a nivel de escuela, tanto económica, social, académica y conductual. Evelyn Matthei, por su parte, divide sus propuestas en tres niveles: educación básica, media y especial. En la básica, Matthei plantea reformular los programas curriculares en kínder y primero básico, donde la lectura sea pilar del sistema educativo (crear el profesor de lectura ); crear la Subvención Escolar Familiar (SEF), que será asignada directamente a las familias, para que ellas decidan a qué colegio subvencionado enviar a su hijo; crear las Agen 6 Evelyn Matthei contempla, además, bonificar a los profesores de colegios prioritarios mediante una bonificación a los docentes calificados como de excelencia y con una preferencia para postular a becas en Chile y el extranjero; elevar las exigencias mínimas para estudiar pedagogía y generar mecanismos de selección complementarios a la PSU que identifiquen habilidades consistentes con la vocación docente; establecer como obligatoria la prueba Inicia para todos aquellos que quieran ejercer en establecimientos que reciban financiamiento público; crear el Examen Inicial de Conocimientos y Habilidades Docentes, cuya rendición será obligatoria para los egresados de pedagogía que deseen hacer clases en el sector subvencionado; y crear convenios de desempeño entre el Mineduc y las universidades para aquellos programas universitarios que tengan por objeto la vinculación entre las escuelas de pedagogías y los establecimientos escolares público y particulares subvencionados. 67 cias Locales de Educación (ALE) para la educación municipal, de giro único y financiadas por subvención Estado, destinada a fortalecer la gestión de recursos públicos y orientar la discusión con el foco en el aprendizaje de los alumnos; eliminar selección ex ante en los liceos, y reemplazarla por sorteo, a fin de combatir la segregación; etc 7. En cuanto a educación media, la candidata de la Alianza propone que los liceos también sean sujetos de la propuesta de nuevo sistema de administración de los establecimientos educacionales y se beneficien de la SEF; fortalecer la educación media técnico-profesional, por medio de la pertinencia y especialidades de la EMTP, mejorar su financiamiento; facilitar la continuación de estudios y crear mecanismos de información para la población, especialmente para alumnos y padres. En cuanto a la educación especial, Matthei plantea crear una subvención equivalente a la SEP, enfocada en los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales; solucionar problemas operativos de la escuelas especiales, como alimentación, bibliotecas y TNE; desarrollar un programa de alfabetización a la población más vulnerable mayores de 15 años o con menos de cuatro años de escolaridad. Franco Parisi, por su parte, en educación escolar plantea ajustar la Unidad de Subvención Escolar al PIB per cápita en un plazo de 30 meses. De este modo, señala que si la Unidad de Subvención Escolar de 2011 fue de $18.190, con arreglo de la propuesta hubiera sido de $ Ricardo Israel promueve crear corporaciones estatales y regionales de Derecho Público, que cuenten con financiamiento directo del Estado, para hacerse cargo de la educación pública que actualmente administran los municipios. Bachelet, en cambio, cree necesario enviar al Congreso un proyecto de ley para una gran reforma educacional, que contemple calidad, sin segregación y en que no se lucre con fondos públicos. Marcel Claude propone destinar no menos del 25% del presupuesto nacional para financiar un acceso gratuito a la educación pública y de calidad en todas las etapas de la vida, desde infancia hasta tercera edad. Asimismo, plantea reevaluar la jornada escolar completa no hacia un futuro laboral, sino al desarrollo armónico del estudiante. Marco Enríquez-Ominami propone desmunicipalizar la educación en los liceos y devolverlos al Estado, a través de la creación de las Agencias Locales de Educación, las que tendrán funcionamiento comunal o intercomunal. La misma idea desmunicipalizadora proponen Michelle Bachelet, Tomás Jocelyn-Holt y Ricardo Israel, donde este último precisa que esa medida no es suficiente si no va acompañada de la creación de corporaciones estatales y regionales de derecho público, con financiamiento directo del Estado. Además, Enríquez-Ominami plantea establecer Sistemas Regionales de Educación, que reemplacen a las actuales Seremis, con el objeto de desarrollar aprendizajes sistémicos por región desde nivel primario hasta universitario. Por último, se muestra interesado en aumentar la subvención escolar entregada a escuelas y liceos fiscales, además de crear los Consejos de Escuela, a fin de cambiar los paradocentes por monitores de convivencia. 7 Matthei plantea además crear el Programa P-1000, con mecanismo de rendición de cuentas, para profesores de excelencia en las mil escuelas más prioritarias (60% asignará por logros al profesor y 40% a la escuela para invertir en infraestructura); crear el Sistema Individual de Logro Académico (SILO), a cargo de la Agencia de Calidad de la Educación, el que informará a las familias el desempeño de los estudiantes en forma regular; entre otras medidas. Sobre medición de calidad de la educación escolar, Enríquez- Ominami propone cambiar el SIMCE por un Sistema de Evaluación Multidimensional y Multifuncional (SEMM), que mida tanto lo cognitivo como lo emocional. En este contexto, le interesa reinstaurar la educación cívica en las aulas. Por su parte, Franco Parisi se muestra interesado en incorporar la enseñanza de finanzas personales en la educación media, mientras que Tomás Jocelyn-Holt plantea incorporar temas de educación laboral. En lo que respecta a los colegios subvencionados y a la discusión sobre el lucro, Ricardo Israel cree que los colegios particulares subvencionados que sean sociedades comerciales deben transformarse en personas jurídicas sin fines de lucro, al mismo tiempo que la autoridad debe regular acuciosamente el ingreso de nuevos de estos colegios. En la misma sintonía, Alfredo Sfeir, es partidario de racionalizar la legitimidad de la creación de nuevos colegios y universidades. Claude y Enríquez-Ominami van más lejos. El primero propone impedir la apertura de nuevos colegios subvencionados y estimular la conversión de los ya existentes hacia fundaciones o corporaciones sin fines de lucro. Junto con ello, desea estimular las cooperativas escolares, que se hacen cargo de la educación pública-comunitaria; asimismo, pretende acabar con el lucro en la educación, definiendo esta actividad como de alto interés social. Para Claude no es incompatible con esta propuesta la existencia de colegios particulares para quienes pueden pagar. Enríquez-Ominami, por su lado, propone terminar con el financiamiento compartido en la educación particular subvencionada, por lo que el Estado debe aumentar la subvención, que se entregará según matrícula (no según asistencia). En definitiva, el candidato del PRO fija como meta la eliminación gradual del lucro en las escuelas particulares subvencionadas que actualmente lucren. Bachelet se compromete a poner fin al lucro en la educación con fondos públicos, de modo que los colegios subvencionados tendrán un cierto plazo para ajustarse a una figura de entidades sin fines de lucro. También propone terminar gradualmente con el financiamiento compartido en la educación pública, en lo que coincide con Tomás Jocelyn-Holt. Ni Parisi ni Sfeir Ni Jocelyn-Holt mantienen un pronunciamiento sobre los colegios subvencionados y el lucro a nivel secundario en sus programas; Matthei ve estos colegios como una apuesta deseable para las familias. Acerca de la educación técnico-profesional, Evelyn Matthei propone aumentar los fondos y concursos para el desarrollo de planes de nivelación para la Educación Superior Técnico Profesional. Al mismo tiempo, cree necesario establecer un sistema de información para postulantes y estudiantes que indique índices de empleabilidad, las remuneraciones, entre otras variables.. Todas estas diseñadas para los estudios superiores técnico-profesional. Ricardo Israel, por su parte, plantea fortalecer la formación técnica de nivel superior congruente con el desarrollo regional, junto con redefinir el rol de los institutos profesionales. Michelle Bachelet propone firmar los convenios que crean los cinco primeros Centro de Formación Técnica públicos regionales, que funcionarán al alero de universidades públicas locales. Tomás Jocelyn Holt plantea revisar los planes de estudio y mejorar su infraestructura. Finalmente, Marco Enríquez-Ominami pretende reformar la educación media técnico profesional, a fin de vincularla con 78 las demandas del mundo laboral, y crear al menos cuatro centros de formación técnica (dos en el norte y dos en sur). Respecto del acceso a las universidades, Evelyn Matthei propone simplificar la modalidad de rendición de la PSU, de modo que se incorporen elementos tecnológicos y modalidad de rendir más de una prueba al año. En la misma línea y más concreto aún, Franco Parisi estima necesario crear la posibilidad de que la PSU pueda rendirse dos veces en el año, y que se pueda rendir por primera vez desde tercero medio. Michelle Bachelet plantea iniciar un programa para asegurar el acceso a la educación superior de los jóvenes más vulnerables, con la preparación y apoyo a jóvenes desde tercero medio. En lo relativo al financiamiento de las universidades, Evelyn Matthei propone un mayor aporte para que éstas atraigan a los mejores investigadores. Además propone doblar el gasto público en investigación en un período de diez años y acelerar los cambios que permitan la mayor integración entre los sectores productivos y las instituciones de educación superior. También, plantea redefinir el otorgamiento del aporte fiscal indirecto, en base a complementar los criterios de asignación vigentes, que se basan exclusivamente en a PSU, reemplazándolos por criterios que consideren el esfuerzo individual. En lo referente a ayudas estudiantiles, Tomás Jocelyn-Holt propone avanzar en gratuidad para los cuatro quintos del país, mediante una reforma tributaria. Evelyn Matthei postula fortalecer las becas de mantención para alumnos vulnerables y provenientes de regiones; implementar el nuevo sistema de créditos y becas consolidado, propuesto por el actual gobierno; establecer un programa de incentivo al ahorro para la educación superior, en un formato similar al del Ahorro Previsional Voluntario; y crear un programa de becas para estudiantes de pregrado de un semestre en el extranjero, en un país que no sea de habla hispana. Ricardo Israel promueve que en la educación superior pública se debe establecer el arancel diferenciado, de manera que exista educación superior gratuita para los primeros siete deciles y el apoyo de créditos complementarios para el octavo y noveno decil. Alfredo Sfeir señala que es necesario fijar programas con becas universitarias para las universidades privadas y que ellas tomen parte en su responsabilidad social hacia el país. Por otro lado, Franco Parisi propone crear fondos y becas destinados a alumnos que pasen un semestre en una universidad regional distinta a la de su región de procedencia. Marcel Claude postula que en las universidades privadas habrá acceso sin costo a todo estudiante de escasos recursos y arancel diferenciado al resto de los estudiantes en función del nivel de ingreso de sus familias. Por su parte, Enríquez-Ominami promete educación gratuita en las universidades estatales y aranceles diferenciados para las universidades privadas. Por último, Bachelet propone avanzar gradualmente en la gratuidad universal y efectiva de la educación superior, en un proceso que tomará seis años, en donde toda universidad que cumpla ciertos estándares podrá acceder a ella al menos para el 70% de la población menos aventajada. En lo que respecta a universidades regionales, Matthei propone incentivar la generación de conjuntos educativos regionales, asociándolos a los sectores productivos. Para ello, se agruparán regiones y se estimulará la oferta educacional de acuerdo a la realidad económica para generar sinergia con el sector productivo. Israel plantea generar incentivos tales como exención del impuesto a la renta a los egresados que decidan prestar servicios en regiones durante cinco años, a la vez que crear universidades estatales en las regiones de Los Ríos, Aysén y O Higgins. Michelle Bachelet propone enviar al congreso un proyecto de ley que cree dos nuevas universidades públicas regionales, en Aysén y O Higgins, las que deberán comprometerse efectivamente en el desarrollo local. Claude plantea desarrollar centros educativos en zonas de mayor necesidad socio-económica y con fuerte impronta cultural-comunitaria y cooperativista. Franco Parisi plantea realizar convenios de desempeño por un total de US$ 500 millones con universidades regionales, con el fin de que éstas tengan mejorías académicas y de infraestructura. Asimismo, fomentar la movilidad estudiantil entre las universidades nacionales. También Parisi propone contar con mil profesores con doctorado en universidades regionales; aumentar a 35% el financiamiento basal de las universidades regionales, el que se incrementará a 50% para las universidades ubicadas en regiones extremas, además de un plan de inversión de 30 millones de dólares para los campus; gratuidad gradual en el arancel de referencia que pagará el Estado a las universidades regionales, comenzando por las más apartadas. Por último, en todas las universidades de provincia se financiará un hospital clínico para que las universidades de la región formen a sus profesionales de la salud. Respecto de la calidad de la educación superior, Marco Enríquez- Ominami plantea establecer la acreditación como obligatoria y vinculante, y reformular los tipos de acreditación en tres tipos 8. Asimismo, propone modificar los estatutos de las agencias acreditadoras, transformándolas en agencias externas, relacionadas contractualmente con el Mineduc y no con las universidades. Franco Parisi propone dotar a la Superintendencia de Educación de atribuciones plenipotenciarias para regular, fiscalizar y sancionar desde jardines infantiles hasta las universidades. Debe generar informes anuales de las diferentes instituciones con indicadores de calidad y de viabilidad económica y financiera. Matthei asume una postura mucho más pasiva sobre el rol del Estado en la materia. Para ella, el Estado no puede ni debe asumir una responsabilidad sobre la cual no podrá responder, como es el aseguramiento de la calidad de la educación superior, aunque sí puede generar información e institucionalidad que permita el aseguramiento de ciertos estándares básicos a partir de los cuales cada institución desarrolle su proyecto y sus programas. Por esto, se propone perfeccionar la institucionalidad abordando los problemas de conflicto de interés; definir estándares para la acreditación, conocidos y convenidos; centrar la acreditación en la institución más que en las carreras. Ricardo Israel plantea establecer la acreditación de las Universidades como obligatoria y por un período único de cinco años. Sumado a ello, postula establecer para un conjunto de carreras profesionales y técnicas de una prueba de carácter obligatoria y habilitante para su ejercicio. Los resultados de estos egresados serán tomados en cuenta para la acreditación de las instituciones, y aquellos egresados que obtuvieron un porcentaje insatisfactorio deberán ser reforzados en forma gratuita por su institución. Por último, Israel piensa establecer un 8 La acreditación tipo 1 es obligatoria para impartir cursos de pregrado; la tipo 2 es obligatoria para impartir cursos de posgrado; la tipo 3 es obligatoria para certificar el desarrollo de líneas de investigación. 89 BALANCE CRÍTICO examen especial y obligatorio para ejercer la función docente en instituciones de educación superior. Además, deberán acreditar un curso habilitante de 400 horas pedagógicas en actividades de formación y capacitación. Tomás Jocelyn-Holt señala la obligatoriedad de acreditación completa en las instituciones de educación superior. En lo relativo a la institucionalidad, Ricardo Israel plantea rediseñar el Ministerio de Educación, asignándole más atribuciones y evitando la duplicidad de funciones, de modo que asuma el liderazgo en materia educativa. También sugiere crear la Subsecretaría de Educación Superior que desarrolle y coordine las políticas públicas en este nivel. Por su parte, Michelle Bachelet plantea crear la Subsecretaría de Educación Superior. En cuanto al lucro en las universidades, Marco Enríquez-Ominami propone garantizar que en el sistema privado de universidades se cumpla la ley que prohíbe el lucro. Para ello, piensa suspender la entrega de recursos públicos, ya sean directos o indirectos, a universidades que persigan prácticas de lucro y que estén dictando carreras que no proporcionan una adecuada integración laboral a sus egresados. Respecto de los programas académicos, Franco Parisi propone acortar las carreras profesionales, eliminando los cursos innecesarios. Lo mismo postula Ricardo Israel, quien cree conveniente estudiar el acortamiento de las carreras universitarias para aumentar las especializaciones. Parisi, además, plantea terminar con la diferencia entre licenciatura y titulación, donde este último trámite alarga y encarece la educación. Por ello, se mantendrán las actuales mallas pero el requisito tope será el de licenciado, salvo en el caso de Derecho en donde hay exigencias razonables de la distinción. Además, Parisi plantea que las mallas curriculares deberán tener un 30% de cátedras e-learning y al menos un 20% de los cursos deberán ser tomados en universidad diferente a la que está matriculado el alumno. También, en el programa de Parisi cada universidad pública deberá diferenciar entre la carrera académica ordinaria y la carrera académica docente, con concursos públicos para incorporación de los profesores. Marcel Claude propone fortalecer una educación superior vinculada con el progreso y desarrollo socio comunitario, en base a un proyecto país y hacia la integración regional latinoamericana. En lo que dice relación con el gobierno universitario, Ricardo Israel propone establecer la obligatoriedad de contar con el cargo de ombudsman institucional (defensor del pueblo), que actúe en el ámbito del control, la recomendación y la mediación de conflictos entre los distintos actores de la comunidad académica. Franco Parisi, por su lado, plantea instaurar los gobiernos universitarios tripartitos (generados por académicos, estudiantes y funcionarios), además de un Senado Universitario también tripartito, para promover el correcto uso de recursos y la democracia institucional. Asimismo, las autoridades académicas se elegirán por escalafón triestamental, desde el nivel departamental hasta el rector, sin derecho a reelección. a) ASPECTOS POSITIVOS 1. El retorno de algunos relatos o ideologías a la discusión presidencial: Si bien en las candidaturas de Bachelet, Parisi y Matthei cuesta distinguir una orientación valórica en sus propuestas, que son fundamentalmente respuestas técnicas a problemas concretos, los otros candidatos muestran una especie de retorno a los grandes discursos que nutren la política presidencial. Claude articula todo su programa en torno a la idea de sociedad libertaria; lo mismo hace Enríquez-Ominami en torno a la corriente progresista; Israel en torno al regionalismo; y Sfeir desde el ecologismo. Este prisma normativo los candidatos lo repiten como idea fuerza en gran parte de sus diagnósticos y propuestas particulares. Lo interesante es que reconocen explícitamente adherir a tales identidades políticas y que es desde ellas a partir de las cuales intentan construir coherentemente su programa concreto. Con ello se distancian de la actitud predominante en las anteriores elecciones presidenciales, caracterizadas por un relativo consenso en torno al modelo de desarrollo chileno y a cuestiones de índole ética. 2. La prolijidad de algunos programas: Los programas de Marco Enríquez-Ominami, Michelle Bachelet y Evelyn Matthei presentan una considerable extensión, suficiencia de temas abordados y diagnósticos acompañados de propuestas concretas. Marco Enríquez-Ominami contempla cinco ejes programáticos, en donde colaboró un equipo multidisciplinario de 20 profesionales. Evelyn Matthei dividió su trabajo en 19 comisiones, que contó en general con equipos coordinados por dos especialistas en cada comisión. Cabe mencionar que Michelle Bachelet distingue seis temáticas globales. Como resultado, los equipos de Matthei, Enríquez-Ominami y Bachelet produjeron documentos programáticos bastante completos y precisos en sus medidas. En un segundo nivel se encuentra el programa de Ricardo Israel, el cual si bien no es tan voluminoso en páginas como los anteriores y cuyos diagnósticos son más generales, exhibe una suficiencia temática en lo que respecta a las variables que implica la gestión de gobierno. 3. Los mejores temas trabajados: Desde la mirada de los temas en que se enfoca este informe, es la educación, sin duda, el tema que mayor atención recibió por todos los candidatos. El foco aquí estuvo puesto en el sistema escolar, en el mejoramiento académico y en las condiciones laborales y económi- 910 cas de los docentes. Asimismo, interesa destacar el compromiso de potenciar las universidades regionales, en donde coincidieron varios candidatos, así como en crear nuevas corporaciones de este tipo en zonas estratégicas del territorio nacional. Asimismo, los candidatos Enríquez-Ominami, Bachelet, Jocelyn-Holt, Claude y Sfeir manifestaron su visión acerca de la idea de educación y sus fines, situándose en el contexto de un debate propiamente educativo, una discusión que el movimiento estudiantil hasta ahora no ha sabido tematizar. Por último, en materia de educación escolar, ningún candidato plantea abolir los colegios privados, aunque en lo que respecta a los particulares subvencionados se restringirá su creación y los actualmente existentes deberán pasar a manos de entidades sin fines de lucro, opinión que comparten la mayor parte de las candidaturas. En segundo lugar, la salud recibió una especial atención. El centro neurálgico del debate programático se encuentra en el sistema de los aseguradores de salud, en donde los candidatos se comprometen tanto a una mayor fiscalización del sistema privado cuanto a un fortalecimiento y mejoramiento de Fonasa; sin embargo, ninguno de ellos plantea abolir las Isapres, que actuarían como mecanismo complementario. En materia de familia, importa destacar la problematización de la baja tasa de fecundidad que realiza Ricardo Israel, que tiene consecuencias demográficas y geopolíticas considerables; a la vez, resulta interesante la preocupación que exhiben Matthei, Bachelet, Israel, Sfeir y Enríquez-Ominami por la situación de los adultos mayores. También conviene destacar las propuestas que Israel y Sfeir plantean en torno a la conciliación de familia y trabajo. 4. El consenso en torno a la desigualdad como problema político: Todos los candidatos se muestran concordantes en que hay grados de desigualdad que no son tolerables en pos de un país cohesionado. La mayoría conceptualiza la desigualdad como un fenómeno que se patentiza en la diferencia entre algunas regiones, en la brecha excesiva de ingresos, el desigual acceso a la salud, a la vivienda y a otros bienes públicos. El punto de partida para su combate, coinciden los candidatos, es la educación. 5.El rechazo explícito al aborto en el programa de Ricardo Israel Un tema de tal sensibilidad política y mediática no fue motivo para que Israel omitiera planteamientos. No sólo se abstiene de legislar a favor del aborto, sino que contiene una defensa del derecho a la vida del no nacido, situándose entre aquellos candidatos que exhibe una defensa integral de la dignidad humana. a) ASPECTOS NEGATIVOS: 1. Una insuficiente aproximación hacia los problemas del mundo carcelario: El foco de los programas presidenciales se encuentra en la seguridad ciudadana y la prevención del delito, no en el mundo penitenciario. Entre los cinco candidatos que se ocuparon de la realidad carcelaria, el énfasis estuvo puesto en medidas tendientes a mejorar la seguridad, control y capacidad física de los recintos penales, pero no en una política pública destinada a lograr una resocialización integral y efectiva de los internos. Alfredo Sfeir y Marcel Claude aluden a la dignificación del sistema y a sostener reuniones con los grupos que aparecen como fuentes de violencia, sin embargo ninguno de esos objetivos se traduce en apuestas prácticas realizables. Sólo Evelyn Matthei contempla un paquete de medidas que se enmarcan dentro de una política pública tendiente a habilitar laboral y socialmente a los reos, mediante la capacitación. 2. La generalizada ausencia de políticas sociales a favor de la familia y de la natalidad: En los documentos programáticos no se visualizan medidas a favor directamente de la familia, como realidad por sí misma considerada, aunque sí propuestas en beneficio de algunos de los individuos que la componen, como los hijos y los adulto mayores. Con todo, éstas últimas son escasas, sobre todo en Franco Parisi, que no contempla propuesta alguna. Esto reviste notoriedad, ya que, por un lado, dicho candidato fue el único que soslayó este asunto y, por el otro, si consideramos que la familia es la primera red de protección social y la base de la vida política, es de toda lógica que uno de los principales cometidos de la gestión pública sea atender a los problemas de la comunidad familiar. Sólo Israel problematizó en las consecuencias del descenso de la tasa de fecundidad. 3. La apuesta por el aborto terapéutico: Marcel Claude, Tomás Jocelyn-Holt, Marco Enríquez-Ominami y Michelle Bachelet coinciden en la propuesta de despenalizar el aborto terapéutico. Sólo Israel la rechaza, señalando que el aborto mal puede ser comprendido como un derecho. Por otra parte, en el caso de Evelyn Matthei, si bien ella ha declarado que no propondrá una iniciativa de aborto terapéutico, porque dividiría a su conglomerado político 1, no se ha referido a qué ocurrirá con aquellos proyectos actualmente en trámite legislativo una vez sancionados por el Congreso: si efectivamente aplicará a ese proyecto de aborto terapéutico el veto presidencial o no, en especial a la moción que ella promovió en 2010 con el parlamentario Fulvio Rossi. Mientras la candidata no precise públicamente ese punto, no se puede razonablemente descartar una agenda atentatoria de la integridad de los niños que están por nacer. 1 Cfr. EMOL, Disponible en: matthei.html 1011 4. La falta de sentido crítico respecto del Acuerdo de Vida en Pareja: Todas las candidaturas, sin excepción, se muestran partidarias del acuerdo de vida en pareja (AVP), omitiendo, por un lado, la reflexión sobre su real necesidad jurídica y, por el otro, la deliberación acerca de los efectos que puede tener de cara a la posterior instauración del matrimonio homosexual. 5. La apuesta por el matrimonio homosexual y la adopción respectiva: Las candidaturas de Tomás Jocelyn-Holt, Marco Enríquez-Ominami y Marcel Claude apuestan por instalar el matrimonio homosexual en Chile, con plenitud de derechos, incluida la adopción de menores. En el caso de Michelle Bachelet, su propuesta es más vaga e indirecta, ya que ella anuncia que convocará a un debate abierto sobre el tema y que eventualmente enviará un proyecto de ley al respecto, el que naturalmente quedará sometido a los ritmos parlamentarios como cualquier otra iniciativa. 6. La mirada negativa respecto de los colegios particulares subvencionados En general los colegios particular subvencionados son mirados críticamente y con cierta desaprobación, sin hacer distinciones entre aquellos establecimientos que muestran buenos índices académicos y aquellos que no. Otro punto es que la mayor parte de las candidaturas simplemente toleran la existencia de estos colegios, siempre y cuando se constituyan como personas jurídicas sin fines de lucro; no obstante, coinciden en oponerse a la creación de otros nuevos establecimientos de este tipo. 7. El énfasis tecnocrático de la actividad universitaria: Algunas candidaturas pretenden intervenir con un sesgo tecnocrático en el diseño de los planes académicos. Por un lado, se propone acortar las carreras profesionales, eliminando los cursos innecesarios, y, por el otro, se plantea fortalecer una educación superior vinculada con el progreso y desarrollo socio comunitario. Si a esto se suma la creación de incentivos a aquellas universidades que produzcan productos antes que simples papers (propuesta de Parisi), advertimos que la actividad universitaria se concibe en función de la productividad y lo meramente útil. Se omite la reflexión sobre la esencia de las universidades, como centros de pensamiento cuya contribución a las ciencias, las artes y las humanidades es por sí misma valiosa; parece preferirse un diseño estatal orientado a lo socialmente rentable. 8. La injerencia más allá de lo razonable en la autonomía universitaria: Algunos candidatos proponen discutibles medidas. Por una parte, Ricardo Israel plantea establecer la obligatoriedad de contar con el cargo de ombudsman institucional (defensor del pueblo), que actúe en el ámbito del control, la recomendación y la mediación de conflictos entre los distintos actores de la comunidad académica. Por la otra, Franco Parisi propone instaurar los gobiernos universitarios tripartitos (generados por académicos, estudiantes y funcionarios), un Senado Universitario también tripartito y elección por escalafón triestamental de las autoridades académicas (desde el nivel departamental hasta el rector, sin derecho a reelección). Esto parece contrastar con la justa autonomía de que debieran gozar las universidades para su ordenamiento interno, sin que la canalización de recursos fiscales quede supeditada a su estructura de gobierno. 9. La candidatura sin programa: La información disponible a la presente fecha indica que la candidata Roxana Miranda no ha presentado su programa de gobierno, lo cual empobrece radicalmente el debate presidencial. O a lo menos, ese hecho genera que se deje de contribuir a la elevación de la política como actividad noble de servicio al mejoramiento de la vida de las personas. a) ASPECTOS NO DESEABLES: 1. Tardía entrega de los programas presidenciales a la opinión pública: Los candidatos en general presentaron durante el mes de septiembre sus programas de gobierno. No ocurrió así con Evelyn Matthei, Tomás Jocelyn-Holt y Michelle Bachelet, quienes recién en octubre presentaron sus proyectos programáticos, donde el segundo y el tercero lo hicieron con posterioridad a la quincena del mes. Este hecho entraña serias dificultades para una participación ciudadana realmente informada y que actúa con responsabilidad en el espacio público y podría revelar dificultades al interior de estos últimos comandos a la hora de ponerse de acuerdo. 2. Programas de discutible vaguedad y viabilidad: El programa de Alfredo Sfeir contiene muchos elementos discursivos, pero escasas propuestas concretas. El menor nivel de detalle se advierte también en los programas de Franco Parisi, Tomás Jocelyn-Holt y Marcel Claude. Un caso extremo fue el de Roxana Miranda, cuyo programa Bases Programáticas es únicamente una declaración de buenos deseos. Es tal su generalidad y abstracción, sin contener propuesta concreta alguna, que consideramos dejarlo fuera del análisis ya que no calificó como programa. Este fenómeno de la vaguedad hace que la viabilidad de muchas de las propuestas de los candidatos aparezca como sumamente discutible, por lo ambicioso de sus objetivos y nula referencia a los medios materiales para llevarla a cabo. 1112 CONCLUSIONES En primer lugar, es evidente que no bastan las propuestas contenidas en una programa presidencial para decidir un sufragio; deben considerarse, también, desde qué mundo de ideas se promueven dichas iniciativas, ya que más allá de la coincidencia fáctica de algunos candidatos en una misma propuesta, puede estar motivada por argumentos o valores radicalmente diversos. Es necesario, por lo tanto, complementar el análisis de los programas con la matriz ideológico-doctrinal de cada candidato. Así se tendrá una visión más global acerca de lo que proponen de cara al bien del país. En segundo lugar, las candidaturas en general han logrado abordar problemáticas de urgente solución, tales como el sistema de salud, la educación, la desigualdad y en menor medida la familia. Ello significa que los candidatos demuestran una inquietud seria por responder a necesidades reales de la población. Incluso en otras materias, como en el acortamiento de las carreras profesionales y en la introducción de la triestamentalidad en el gobierno universitario, algunos candidatos parecen llevar su preocupación a límites más allá de lo razonable, promoviendo una intervención estatal que amenaza con interferir en la justa autonomía que les cabe a las universidades en su ordenación interna. En tercer lugar, siguen tareas ausentes o pendientes para los candidatos, que debieran abordar o profundizar. Así ocurre con las políticas sociales en materia de cárceles, natalidad y conciliación de familia y trabajo. Se trata de ámbitos en que conviene iniciar un debate de relativa urgencia, pues no por tratarse de asuntos de bajo atractivo mediático deben descuidarse. Al contrario, se trata de variables esenciales para el desarrollo humano integral de Chile. Por último, advertimos con preocupación cómo ciertas agendas se concentran en socializar temas como el aborto y el matrimonio homosexual, en circunstancias que tales cuestiones entrañan debilitar el respeto a la dignidad de la persona o restar fortaleza a la familia. Llama la atención que quienes promueven estas banderas lo hagan desde una lógica de los derechos individuales, en circunstancias que para las materias sociales, políticas y económicas reclamen una óptica colectiva de parte del Estado. FUENTES - RICARDO ISRAEL, Programa de gobierno: ideas para un Estado regional y un pacto por Chile, PRI, Santiago. - EVELYN MATTHEI, Un 7 para Chile. Programa presidencial , Santiago. - FRANCO PARISI, Pilares programáticos y propuestas. - MICHELLE BACHELET, 50 compromisos para los 100 primeros días de gobierno y con posterioridad publicó Chile de todos. Programa gobierno Michelle Bachelet MARCEL CLAUDE, 8 ejes transversales. Crear una sociedad libertaria. - ALFREDO SFEIR YOUNIS, Una razón para votar. Una nueva formar de ha-ser política en Chile. Pensamientos para un futuro compartido. - MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI, Si tú quieres Chile cambia. Nuevas ideas para un nuevo Chile, Providencia. - ROXANA MIRANDA, Bases programáticas. - TOMÁS JOCELYN-HOLT, Compromisos del gobierno Tomás Mostrar más
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