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Timestamp: 2020-07-09 07:11:04+00:00

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Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 19 de Noviembre de 2004. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Serie C No. 116 - Jurisprudencia - VLEX 428299134
Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 19 de Noviembre de 2004. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Serie C No. 116
Caso: Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala
Acto: Reparaciones
Caso Masacre Plan de S. Vs. Guatemala
Sentencia de 19 de noviembre de 2004
En el caso Masacre Plan de S.,
A.S. Garrido, J. ad hoc,
de conformidad con los artículos 29, 56, 57 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), y con el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”), dicta la presente Sentencia.
El 31 de julio de 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte Interamericana una demanda contra el Estado de Guatemala (en adelante “el Estado” o “Guatemala”), la cual se originó en la denuncia No. 11.763, recibida en la Secretaría de la Comisión el 25 de octubre de 1996.
La Comisión presentó la demanda con base en el artículo 61 de la Convención Americana, con el fin de que la Corte “declar[ara] internacionalmente responsable al Estado […] por las violaciones a los derechos a la integridad personal, protección judicial, garantías judiciales, […] a la igualdad ante la ley, a la libertad de conciencia y religión y […] a la propiedad privada, en relación con la obligación de respetar los derechos, todos estos consagrados en los artículos 5, 8, 25, 24, 12, 21 y 1[.]1 de la Convención Americana”. En la demanda la Comisión alegó la “denegación de justicia y otros actos de intimidación y discriminación que afectaron los derechos a la integridad personal, a la libertad de creencia y religión y a la propiedad privada de los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de 268 personas […], en su mayoría miembros del pueblo indígena maya en la aldea Plan de S., Municipio de Rabinal, Departamento de Baja Verapaz, ejecutada por miembros del Ejército de Guatemala y colaboradores civiles, bajo tutela del ejército, el día domingo 18 de julio de 1982”. La Comisión señaló en su demanda que la masacre se encuentra en la impunidad, y que el Estado no ha realizado una investigación seria y efectiva para establecer los hechos, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, ni ha reparado sus consecuencias.
Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado adoptar determinadas reparaciones pecuniarias y no pecuniarias y el pago de las costas y gastos originados en la tramitación del caso tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ante los órganos del sistema interamericano de protección de derechos humanos.
Guatemala es Estado Parte en la Convención Americana desde el 25 de mayo de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana el 9 de marzo de 1987. Por tanto, la Corte es competente para conocer del presente caso, en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la Convención.
El 25 de octubre de 1996 el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (en adelante “CALDH” “representantes de las víctimas” o “los representantes”) presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana. El 1 de julio de 1997 la Comisión abrió el caso No. 11.763 y transmitió las partes pertinentes de la denuncia al Estado.
El 11 de marzo de 1999 la Comisión Interamericana, durante su 102º Período Ordinario de Sesiones, aprobó el Informe No. 31/99 sobre la admisibilidad del caso.
El 28 de febrero de 2002, durante su 114° Período Ordinario de Sesiones, la Comisión, después de analizar las posiciones de las partes y considerar concluida la etapa de solución amistosa, aprobó, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Convención, el Informe de Fondo No. 25/02, en el cual hizo una serie de recomendaciones al Estado.
El 31 de julio de 2002 la Comisión Interamericana presentó la demanda ante la Corte. El 22 de agosto de 2002 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), una vez realizado el examen preliminar de la demanda por el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), notificó ésta al Estado, y le informó sobre los plazos para contestarla y designar su representación en el proceso. Ese mismo día la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, informó al Estado de su derecho a designar un juez ad hoc para que participara en la consideración del caso. Igualmente, el 22 de agosto de 2002, de acuerdo con el artículo 35.1.e) del Reglamento, la demanda fue notificada a CALDH, y se le informó que contaba con un plazo de treinta días para presentar su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”).
El 27 de septiembre de 2002 los representantes de las víctimas remitieron su escrito de solicitudes y argumentos.
El 1 de noviembre de 2002 el Estado presentó su escrito de interposición de excepciones preliminares[1], contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos.
El 19 de febrero de 2004 el P. dictó una Resolución, mediante la cual requirió a la Comisión Interamericana, de conformidad con el artículo 47.3 del Reglamento, que los señores B.M.J. y E.G.R. prestaran sus testimonios a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávits) y que los señores L.R.R.G. y J.F.M.M. también prestaran sus peritajes a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávits). Asimismo, el P. otorgó un plazo improrrogable de veinte días, contado a partir de la transmisión de tales affidávits, para que los representantes y el Estado remitieran sus observaciones sobre las mencionadas declaraciones y peritajes. A su vez, el P. convocó a la Comisión Interamericana, a los representantes y al Estado a una audiencia pública que se celebraría en la sede de la Corte a partir del 23 de abril de 2004, para escuchar sus alegatos sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas, y escuchar los testimonios de los señores J.M.J., N.C.J. y B.M.J., y los dictámenes de los señores A.W.-Díaz y N.G.D., todos propuestos por la Comisión. Además, en esta Resolución el Presidente informó a las partes que contaban con plazo hasta el 24 de mayo de 2004, para presentar los alegatos finales escritos.
El 11 de marzo de 2004 la Comisión presentó los testimonios de los señores B.M.J. y E.G.R. y los peritajes de los señores L.R.R.G. y J.F.M.M., todos rendidos ante fedatario público (affidávits). Los días 12 y 15 de marzo de 2004 la Secretaría transmitió a los representantes y al Estado, respectivamente, las mencionadas declaraciones remitidas por la Comisión, con el fin de que presentaran las observaciones que estimaren pertinentes. Ninguna observación fue presentada.
El 21 de abril de 2004 el Instituto Comparado de Ciencias Penales en Guatemala (ICCPG), el Centro de Estudios sobre Justicia y Participación (CEJIP) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) presentaron un escrito en calidad de amici curiae.
Los días 23 y 24 de abril de 2004 la Corte celebró la audiencia pública, la cual tuvo dos partes, y comparecieron:
S.V., Delegada;
M.C.P., asesora, e
I.M., asesora;
por los representantes de las víctimas:
F.A.L.A., representante;
L.T., representante, y
J.P.P., representante;
H.E.M.C., Agente;
L.E.C.R., Agente Alterno, y
M.A.A., Directora Ejecutiva de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH);
J.M.J.;
B.M.J., y
N.C.J.;
A.W.-Díaz, y
N.G.D..
En el curso de la primera parte de la audiencia pública, el Estado manifestó oralmente y por escrito, que retiraba las excepciones preliminares interpuestas y reconocía su responsabilidad internacional en el presente caso. Por su parte, la Comisión Interamericana y los representantes, respectivamente, manifestaron durante la audiencia pública, así como de forma escrita, que aceptaban el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado. Ese mismo día, Guatemala presentó un segundo escrito en el cual se refirió a la posición de la Comisión y de los representantes en relación con el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado.
El 23 de abril de 2004, con posterioridad a la conclusión de la primera parte de la audiencia pública y a la presentación de los referidos escritos, el Tribunal emitió una Resolución en la cual decidió tener por retiradas todas las excepciones preliminares interpuestas por el Estado; admitir el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por éste; continuar la celebración de la audiencia pública convocada mediante Resolución del Presidente de 19 de febrero de 2004 (supra párr. 11), y delimitar su objeto a las reparaciones y costas. En dicha audiencia pública fueron escuchadas las declaraciones de los testigos y peritos convocados, los alegatos de la Comisión Interamericana, de los representantes y del Estado.
En la misma audiencia pública ante la Corte la perito N.G.D. entregó un dictamen escrito titulado “Informe sobre el daño a la salud mental derivado de la Masacre de Plan de S. para la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
El 29 de abril de 2004 la Corte Interamericana emitió sentencia de fondo, en la cual decidió, por unanimidad:
Reafirmar su Resolución de 23 de abril de 2004, en la cual tuvo por retiradas todas las excepciones preliminares interpuestas por el Estado y admitió el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por éste.
Decisión del Panel Administrativo nº DES2007-0016 de Tribunal Arbitral de la OMPI, 4 de Septiembre de 2007 (caso Xfera Moviles, S.A. v. Rabana Rapelang)

References: artículo 63
 artículo 61
 artículo 50
 artículo 35
 artículo 47
 Resolución 
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