Source: https://www.enfoquederecho.com/2019/04/08/editorial-el-precio-de-un-derecho/
Timestamp: 2019-10-19 17:14:37+00:00

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Editorial | El precio de un derecho
En el presente Editorial, Enfoque Derecho analiza la decisión del Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima sobre el matrimonio de Susel Paredes y Gracia Aljovín.
El pasado 04 de abril del 2019, el Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundado el proceso de amparo interpuesto por la actual Gerenta de Fiscalización de la Municipalidad de La Victoria, Susel Paredes y su pareja, Gracia Aljovín, contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Con ello, el Poder Judicial, en primera instancia, ordenó que se reconozca y, por lo tanto, se permita la inscripción de este matrimonio civil celebrado el 04 de agosto del 2016, en Miami, Estados Unidos. Anteriormente, Susel Paredes y su pareja habían solicitado la inscripción de su partida de matrimonio al RENIEC. No obstante, el 06 de febrero de 2017, esta institución rechazó la solicitud mediante la Resolución N° 303-2017-GOR/JR10Lim/ORLIMRENIEC, en base a dos argumentos centrales: en primer lugar, que el artículo 234 del Código Civil especifica que el matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer, y ,en segundo lugar, que si bien la unión es válida en Estados Unidos, esta no lo sería en territorio peruano, precisamente debido al artículo ya mencionado. A raíz de ello, Enfoque Derecho realizará un análisis sobre la normativa pertinente en este caso.
En primer lugar, es necesario revisar la norma de mayor rango en nuestro ordenamiento jurídico: la Constitución. Respecto a la institución del matrimonio, por un lado, la Constitución de 1979, en su artículo 5, establecía que “El Estado protege el matrimonio y la familia como sociedad natural e institución fundamental de la Nación. Las formas de matrimonio y las causas de separación y disolución son reguladas por la ley […]”. Por su parte, la Constitución de 1993 señala lo siguiente: “La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad […]”. Es ese sentido, desde una perspectiva histórica, la Constitución no ha restringido el matrimonio a las uniones celebradas entre un varón y una mujer.
Sin embargo, el Código Civil de 1984, en su artículo 234, especifica que “El matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este Código, a fin de hacer vida común […]”. Por lo tanto, esta norma establece una restricción que en su entonces la Constitución de 1979 no contemplaba, y que en su momento tampoco la Constitución de 1993 recogió. Antes de continuar, cabe precisar que el Código Civil es una norma infraconstitucional y que, por lo tanto, las normas que lo conforman deben ser acordes a la Constitución, cuya fuerza normativa la dota de una fuerza vinculante in toto, además de alcanzar a todo poder público, alcanza e irradia a todo el ordenamiento jurídico. En ese sentido, nos encontramos ante un caso en el que una norma infracostitucional da un trato diferenciado injustificado ahí donde la Constitución no lo hace. Se trata de una norma que contiene una restricción discriminatoria, que va claramente en contra de un principio básico en todo Estado Constitucional, Social y Democrático: el principio de igualdad, reconocido en el artículo 2 inciso 2 de nuestra Constitución actual. A ello se le añade, que el artículo 37 del Código Procesal Constitucional, sobre los derechos que salvaguarda la acción de amparo, incluye expresamente a la orientación sexual como un motivo proscrito de discriminación.
En atención a lo anterior, los jueces se encuentran habilitados para realizar un control de convencionalidad interno. Este mecanismo constitucional, que busca salvaguardar los derechos humanos y garantías individuales de los gobernados frente a leyes y actos emitidos por autoridades estatales, se despliega en sede nacional, y se encuentra a cargo de los magistrados locales. Con ello, los jueces pueden inaplicar normas internas que no se adecuen a los instrumentos internacionales de derechos humanos, ratificados por el Perú y que tienen rango constitucional conforme a la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución de 1993, y a los estándares interpretativos que sus tribunales han formulado a través de su jurisprudencia.
Para ello, es pertinente mencionar a la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita el 22 de noviembre de 1969, tras la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos realizada en San Jos’e, Costa Rica, y que entró en vigencia el 18 de julio de 1978. Esta Convención fija las bases del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos. En nuestro caso, Perú ratificó la Convención el 12 de julio de 1978 -antes de las Constituciones de 1979 y 1993, y del Código Civil de 1984-, y se sometió a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 21 de enero de 1981 -antes de la Constitución de 1993 y el Código Civil de 1984-. En esa línea, la Convención, en su artículo 17, sobre la protección a la familia, reconoce el derecho a contraer matrimonio y fundar una familia, sin discriminación:
Si bien la norma citada comprende la expresión “derecho del hombre y la mujer”, en ningún momento está señalando que el derecho a contraer matrimonio y fundar una familia está restringido a las uniones entre o conformadas por varones y mujeres. Como se puede comprender del texto, simplemente está reconociendole tal derecho a las personas, sean estas varones o mujeres. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuenta con jurisprudencia, vinculante para el Perú, que la que la orientación sexual y la identidad de género son reconocidas como categorías protegidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, a raíz del caso Atala Riffo y niñas vs. Chile.
Por otro lado, habiendo quedado comprobada la protección y exigencia de reconocimiento de matrimonios entre personas del mismo sexo en normativa nacional e internacional, vinculante para el Perú, existe la posibilidad de una eventual apelación a la decisión del Poder Judicial por parte del RENIEC. Al respecto, cabe resaltar que el caso Ugarteche y Fidel Aroche ha sido conducido al Tribunal Constitucional, precisamente, por la apelación del procurador. El RENIEC no tiene deber alguno de apelar las decisiones judiciales, es una facultad dentro del marco de una estrategia legal que elabora el procurador en búsqueda de la protección de intereses del Estado. Es más, se ha evidenciado que por temor a una inspección a cargo de la Contraloría, los procuradores se ven obligados a apelar la decisiones judiciales que involucren la modificación en la actuación administrativa. Sin embargo, acorde al Oficio 00845-2018-CG/DC, la Contraloría no puede direccionar la actuación de los procuradores.
Asimismo, frente a una eventual apelación se debe considerar que la actividad de RENIEC está dirigida a procurar un registro civil que logre reflejar la realidad. En el caso de Susel Paredes y su pareja Gracia Aljovín, el vínculo matrimonial que las une no se ve reflejado en el registro del RENIEC, donde figuran como solteras. Teniendo en cosideración la finalidad de la institución (RENIEC), el procurador no debería de apela, puesto que es necesaria la inscripción adecuada del estado civil de esta pareja. No obstante, de no llegarse a una sentencia final favorable al agotarse la vía judicial y una posterior dirección al Tribunal Constitucional, no ha de descartarse la posibilidad de acudir a la Corte Interamericana de Derecho Humanos.
La decisión judicial marca un hito histórico en el reconocimiento fáctico de derechos fundamentales como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, igualdad ante la ley, entre otros. Decisión, sumamente importante en un país como el peruano, donde la represión por razones conservadoras e ideológicas mantienen una brecha amplia entre el reconocimiento constitucional formal y la aplicación de este en la realidad. No obstante, el carácter oneroso del acceso a un derecho fundamental como los señalados, no puede pasar desapercibido. Pues el proceso de reconocimiento del matrimonio de Susel Paredes y pareja inició con un matrimonio (EE.UU.), seguido del intento de reconocimiento o validación del mismo por la administración peruana (RENIEC), devino en un proceso judicial, que como cualquier otro, genera costas procesales. Ello, en otras palabras, afirma la necesidad de contraer matrimonio en otro país, en el cual se reconozca el derecho al matrimonio por la condición de personas y no por el sexo de las mismas, y luego enfrascarse en un proceso judicial. Todo este proceso que, actualmente, en nuestro país, se debe dar para el reconocimiento civil del matrimonio entre personas del mismo sexo, representa una barrera para aquellas personas que no pueden costear todo lo que ello implica, como se ha señalado.
En ese sentido, respondiendo a un adecuado ejercicio de la actividad planificadora y de ordenación pública que ostenta la Administración Pública, se debe eliminar las barreras de acceso a derechos fundamentales y establecer el reconocimiento de matrimonios de parejas del mismo sexo a nivel infraconstitucional de manera taxativa. Como se ha analizado, el reconocimiento del matrimonio de personas del mismo sexo no encuentra ningún obstáculo a nivel constitucional, en tanto no se estableció ninguna restricción por razones de sexo respecto del matrimonio y se cuenta con soporte en el marco internacional. Por consiguiente, no es suficiente argumentar que el Código Civil, norma infraconstitucional, restringe el matrimonio a uniones heterosexuales para negarle, en específico, a Susel Paredes la inscripción de su partida de matrimonio; así como tampoco, en general, ello es razón válida para institucionalizar de tal manera la discriminación contra las personas LGBT.
https://www.cidh.oas.org/Basicos/Spanish/Basicos2a.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
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References: Resolución 
 artículo 234
 artículo 5
 artículo 234
 artículo 2
 artículo 37
 artículo 17