Source: http://www.dgr.gub.uy/general/normas/leyes/res_2017.html
Timestamp: 2017-05-28 06:34:24+00:00

Document:
resoluciones 2017 normas de interés registral - d | g | r | web - dirección general de registros inicio | resoluciones 43 / 17 15 de mayo de 2017
Visto: El recurso de revocación interpuesto por la Cooperativa de XXX (CFXX) contra el acto administrativo dictado por el Registro de Personas Jurídicas Sección Registro Nacional de Cooperativas que le impidió presentar formalmente su oposición a la calificación registral del documento presentado para su inscripción con el número 9405, el 7 de julio de 2016.
Resultando: I) La recurrente expresa que las observaciones les fueron notificadas el día 7 de julio de 2016, por lo cual los 150 días dispuestos en el artículo 66 de la Ley 16871, vencieron un día inhábil, el sábado 3 de diciembre del mismo año. El Registro se negó a recibirles el escrito argumentando que el plazo para oponerse estaba vencido, sin embargo, entiende que de acuerdo al artículo 108 del Decreto Nº 500/91, si los plazos “vencen en día feriado, se extenderán hasta el día hábil inmediato siguiente”. Para determinar qué días son hábiles e inhábiles, el criterio del citado reglamento es “según funcionen o no, en ellos, las oficinas de la Administración Pública” (artículo 113 inciso 2º). Según el autor Carlos Delpiazzo (II Jornadas Latinoamericanas de Derecho Administrativo), quien a su vez cita a Juan Pablo Cajarville (“Procedimiento Administrativo,” pág. 123), debe entenderse por día feriado lo mismo que por día inhábil. Por lo tanto, concluye, si el plazo vencía un sábado 3 de diciembre, siguiendo la doctrina más recibida, lo que correspondía era presentar el escrito el día hábil siguiente al vencimiento, como se hizo, pero ello fue rechazado por el Registro.
II) La Registradora, Esc. María Claudia Pereiro, informa: a) tal como indica la norma del artículo 66 de la Ley 16871 en su actual redacción, la inscripción citada contaba con 150 días de plazo para la subsanación u oposición a las observaciones. La fecha de caducidad, según calendario, fue el sábado 3 de diciembre de 2016, por lo cual el último día hábil para que el usuario compareciera a la oficina lo fue el viernes 2 de diciembre. Habiendo comparecido el día lunes 5, la inscripción ya se encontraba caduca de pleno derecho, tal como expresamente indica el último inciso del artículo 66 citado. b) Agrega que avala la actuación del Registro la Resolución vinculante de la Dirección General de Registros Nº 350/2001, que apoya la opinión doctrinaria de que el plazo a que hace referencia la misma “es un plazo de caducidad que no admite suspensión, interrupción ni prórroga y que en consecuencia no rige para el mismo el artículo 65 del decreto Nº 99/1998, de 21 de abril de 1998”. Cita además la Resolución Nº 150/2004, que en su considerando II establece “los plazos de las inscripciones provisorias… son plazos de caducidad. En consecuencia dichos plazos vencen, indefectiblemente, en la fecha que corresponda al cómputo del período, no interesando si el vencimiento ocurre en día inhábil o feriado”, concepto que se cristaliza en el numeral 2º de dicha resolución. c) El Decreto 500/1991, tal como indica su artículo 1º, se aplica para el procedimiento administrativo común y a los especiales o técnicos en cuanto condigan con su naturaleza. El artículo 65 del Decreto 99/1998 cuenta con una norma similar al art. 108 del Decreto 500/1991, pero la misma no se consideró aplicable por la Resolución Nº 150/2004 citada, la cual tiene carácter vinculante para todos los Registros. d) En doctrina, la caducidad es definida como la extinción de un derecho por el transcurso del tiempo concedido para su ejercicio y también es conocida como la decadencia de derechos. Con el transcurso del tiempo que la ley fija para el ejercicio del derecho, éste se extingue inevitablemente. El fundamento de esta característica, es que se trata de derechos y facultades que suponen una situación de incertidumbre a la que, en beneficio de la seguridad jurídica debe darse definitiva solución, evitando que se perpetúe indefinidamente.
III) Se recibió el informe de la Sra. Encargada de la Asesoría Letrada, Dra. Beatriz Gargallo, quien expresa: a) La Registradora actuó de acuerdo a lo dispuesto por en las resoluciones 350/01 y 150/04, del 01/07/04, conforme correctamente señala en su informe. b) Sin perjuicio de ello, a su juicio, asiste razón al compareciente y, en consecuencia, considera que la resolución referida no es ajustada a derecho y, en su opinión, debería ser modificada. A su juicio, la cuestión se resuelve, sin lugar a dudas, por aplicación del art. 65 del Decreto 99/98. Dicho artículo, que no hace distinciones, prescribe, que los plazos que vencen en día feriado o de no funcionamiento de la Administración Pública se prorrogan hasta el día hábil inmediato siguiente. Le resulta irrelevante que el plazo de marras sea un plazo de caducidad o que la ley diga, expresamente, que “caducará de pleno derecho la inscripción provisoria”, porque tales cuestiones nada tienen que ver con el vencimiento del plazo. En efecto, lo que caracteriza a un plazo de caducidad –y lo distingue, por ejemplo, de la prescripción- es que no se suspende ni se interrumpe (no que se rija, en cuanto a su vencimiento, por un principio diverso). Además, el giro “de pleno derecho” –“ipso jure”- lo que destaca es que la caducidad opera en forma automática, por el solo transcurso del plazo. Pero ni la naturaleza jurídica del plazo ni esta última circunstancia tienen incidencia, entonces, sobre la cuestión analizada. Tanto la caducidad como la prescripción extintiva operan por el cumplimiento de un plazo. Al cumplirse “en vano” -es decir, que durante el mismo no se efectúe la actividad respectiva- se produce la pérdida del derecho o de la acción. Y conforme a un principio esencial que rige el vencimiento de los plazos –cualquiera sea su naturaleza jurídica-, que ha sido recogido por múltiples disposiciones legales –v. gr.: CGP, art. 95, que lo establece para todos los plazos sin hacer distinción alguna- y que, en la actualidad, ya constituye una especie de principio general de la materia, todo plazo que venza en día inhábil se prorroga hasta el primer día hábil siguiente. A esta misma solución y ante un caso perfectamente “extrapolable” a la especie, llegó el TAF 1º T (sent. Nº 33/04, del 16/02/04, -Baccelli, Maggi, Monserrat -r-; LJU, c. 14965). En dicha sentencia se concluyó que la acción de reducción de las donaciones inoficiosas prevista por el art. 1643 CC se extingue si no se promueve en el plazo de 4 años contado desde la muerte del causante. Dijo el Tribunal: "En autos puede trasladarse el principio general contenido en el art. 1439 CC en cuanto a que, respecto de las obligaciones, siendo feriado el día del vencimiento, la obligación será exigible el día inmediato posterior que no fuere feriado. Norma ésta que recibe su correlato procesal en el art. 95 del CGP, en cuanto dispone que "todos los plazos que venzan en día inhábil se entenderán prorrogados hasta el primer día hábil siguiente". No se entiende adecuada la interpretación que efectúa el apelante en cuanto distingue, a los efectos de la dilucidación de la cuestión, entre términos civiles y procesales, puesto que lo que se trata de decidir es si la acción pudo ejercerse hábilmente el último día del vencimiento del término, sea éste civil o procesal. Es decir, una cosa es el vencimiento de plazo de caducidad o de prescripción y otra el día hábil para accionar, y en casos como el presente puede decirse que si bien el plazo venció, el ejercicio de la acción es válido. (Anuario de Der. Civ. Urug., T. XXVIII pág. 44 c. 81)” Agrega la Dra. Gargallo que si bien no comparte la afirmación de “que si bien el plazo venció, el ejercicio de la acción es válido”. A su juicio, si el plazo del artículo 66 termina un día inhábil se prorroga su vencimiento para el primer día hábil siguiente y, en consecuencia, recién vence ese día, por lo cual si el compareciente se presenta el “primer día hábil siguiente” se presenta dentro del plazo y no se produce la caducidad de la inscripción.
IV) La Comisión Asesora trató el asunto en dictamen número 6/2017, asentado en Acta número 421, de fecha 10 de marzo de 2017, recibiéndose la opinión de los Escs. Carlos Milano, Fernando Echeverría, Daniel Cersósimo y Claudia Pereiro, quienes destacan que el punto es opinable, pero la cuestión en el ámbito registral quedó totalmente dilucidada con la vigencia de la Resolución Nº 150/2004, de 1º de julio de 2004, la cual fijó un criterio vinculante de actuación a los Registradores y que no podemos desconocer: los plazos “no serán prorrogables si los respectivos vencimientos ocurrieran en días inhábiles o de no funcionamiento de la Administración Pública”. Este criterio se aplicó pacíficamente desde esa fecha y todos los operadores jurídicos actúan respetándolo. Cambiar ahora el criterio sin una base normativa clara, sería totalmente inequitativo con innumerable cantidad de situaciones que han debido respetar las pautas de funcionamiento de la Dirección General de Registros. En conclusión, la Comisión Asesora dictaminó –por mayoría de sus componentes (Escs. Carlos Milano, Fernando Echeverría, Claudia Pereiro y Daniel Cersósimo), que corresponde no hacer lugar al recurso interpuesto. Discorde la Dra. Laura De Rosa, quien compartió el informe de la Dra. Beatriz Gargallo.
Considerando: I) Que por los fundamentos expresados, esta Dirección General se afilia a lo informado por la Registradora y la Comisión Asesora Registral. Atento: A lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto por los artículos 66 de la Ley 16871, de 28 de setiembre de 1997 y 65 del Decreto Nº 99/98, de 21 de abril de 1998. El director general de registros
1º) No hacer lugar al recurso deducido por la Cooperativa de XXX (CFXX) contra el acto administrativo dictado por el Registro de Personas Jurídicas Sección Registro Nacional de Cooperativas que le impidió presentar formalmente su oposición a la calificación registral del documento presentado para su inscripción con el número 9405, el 7 de julio de 2016.
2º) Notifíquese a la interesada, a la dirección del Registro de Personas Jurídicas, y comuníquese a la Comisión Asesora Registral.
3º) Publíquese sin expresión de nombres en el sitio web e intranet, circulándose a través del Servicio de Novedades.-
42 / 17 15 de mayo de 2017
Visto: Estas actuaciones, por las cuales la Sra. MPPB solicita la cancelación de la inscripción efectuada en el Registro de la Propiedad Sección Inmobiliaria de Maldonado con el Nº 455 al Fº 547 del Lº 2, el 8 de marzo de 1995.
I) Dicha inscripción corresponde una promesa de compraventa de fecha 6 de diciembre de 1994, respecto al Padrón 9439 de dicho departamento.
II) La solicitante relaciona los antecedentes de dominio del referido inmueble, todos debidamente inscriptos, de los cuales emerge su titularidad como co-heredera de MPR y HBV, junto a sus hermanos LJ y MCPB; sin embargo obtenida la información registral, surge la inscripción de la promesa de compraventa referida, otorgada por la misma persona jurídica (XX S.A.), que en 1975 se lo había enajenado a su padre, el Sr. MPR, existiendo falta de legitimación para realizar dicho negocio jurídico y por esa razón solicita la cancelación de la inscripción.
III) La Registradora de Maldonado, Esc. María Noel Tobías, informa que es correcta la relación de antecedentes inscriptos referida por la solicitante, pero que en el año 1995 el Registro no aplicaba el principio de tracto sucesivo y de acuerdo a la Resolución de la Dirección General de Registros Nº 18/2014, de fecha 5 de marzo de 2014, “No corresponde la modificación del asiento registral, como consecuencia de peticiones en tal sentido, fundadas en la falta de control del tracto sucesivo, relativas a inscripciones anteriores a la entrada en vigencia de la Ley Nº 16.871, al no ser de aplicación dicho principio registral en ese momento”. IV) La Comisión Asesora estudió el asunto en dictamen número 14/2017, asentado en Acta número 422, de fecha 24 de marzo de 2017, compartiendo lo informado por la Registradora. Debe recordarse además, que la presencia en el Registro de la inscripción de la promesa referida, no obsta en absoluto a la inscripción de nuevos actos, ya que “conforme a la excepción recogida en el inciso 1º del artículo 57 in fine de la Ley Nº 16.871, corresponde inscribir los negocios jurídicos aún cuando no coincida el disponente del derecho con el último titular inscripto, siempre que aquél estuviera legitimado” (numeral 3 in fine de la Resolución Nº 18/2014). Considerando: Que esta Dirección General comparte lo informado por la Registradora y la Comisión Asesora Registral. Atento: a lo dispuesto en el artículo 30 de la Constitución de la República y artículos 3º y 57 de la Ley 16.871 de 28 de setiembre de 1997. El director general de registros,
1°) No hacer lugar a lo peticionado por la Sra. MPPB.
2°) Notifíquese a la peticionante, a la dirección del Registro de la Propiedad Sección Inmobiliaria de Maldonado y comuníquese a la Comisión Asesora Registral.
41 / 17 15 de mayo de 2017
Montevideo, 15 de mayo de 2017.
Visto: El recurso de revocación interpuesto por la Escribana JAB, contra la resolución del Registro de la Propiedad Sección Inmobiliaria de Montevideo que le impidió levantar la observación formulada ante la inscripción Nº 44142, de 14 de diciembre de 2016, correspondiente a una solicitud de reserva de prioridad.
I) La reserva de prioridad solicitada comprendía dos inmuebles y la solicitante firmó el formulario, pero no así el anexo. II) La recurrente expresa que: a) no pudo identificar ni ser informada de la norma que impone el requisito de la firma del anexo. Si bien reconoce el principio de que “la ignorancia de la ley no sirve de excusa”, no se trata de una norma de ese rango, pero además existe un principio del Derecho Administrativo de “informalismo en favor del administrado”, por tanto se está en presencia de un requisito que no obra ni en la ley ni en el decreto reglamentario. b) Reconoce que la firma tiene una importancia clave en nuestro derecho, pero no estamos hablando de la firma que refleja la manifestación de voluntad del solicitante, que efectivamente estaba presente en el formulario, sino la de un anexo cuya existencia estaba indicada en el propio formulario (“sigue anexo”). c) El día 19 de diciembre siguiente, expresa, concurrió su gestora con dos vías firmadas a fin de levantar la observación, pretendiendo no la sustitución del anexo sino la agregación del documento firmado, tal como se levantan otras observaciones en el Registro, pero en la baranda de la oficina se le dijo que no puede proceder de esa forma y que se requería la presencia personal de la escribana interviniente para firmar dicho anexo. d) Cuando finalmente concurre al Registro el día 22 de diciembre de 2016, se le informa que la reserva ya había caducado, ya que el plazo es de cinco días desde que ingresa la solicitud. e) Ante su reclamo al Director del Registro, se le informa que éste había entendido que el anexo no estaba realmente firmado por ella, atento a que la gestora demoró muy poco tiempo en volver con el documento firmado. Expresa que ello no fue realmente así, no siendo posible que tuviera en su poder otra vía del anexo, ya que se trata de un formulario que debe ser impreso en computadora. La recurrente considera: 1) que si ni el formulario ni el anexo requieren de autenticación de firmas y se presentó el anexo firmado en plazo, debió agregarse y dar por subsanada la observación, ya que resulta impensable que la única forma de subsanarlo fuera con la presencia personal del escribano en el plazo máximo de cinco días; 2) que el Registro no puede dar por caduca una reserva que contiene dos padrones cuando existe una solicitud legalmente firmada y, más allá de que es un solo acto, nada impediría admitirla respecto del padrón indicado en el formulario, como sucede en el casos de los certificados de resultancias de autos sucesorios. En definitiva, la recurrente solicita se revoque la resolución impugnada, admitiendo la reserva de prioridad solicitada y se emita un pronunciamiento expreso en cuanto a la admisibilidad de subsanar la omisión de firma del anexo, mediante agregación de otro ejemplar firmado.
II) El Registrador de la Propiedad Inmueble de Montevideo, Esc. Daniel Ramos, informa que, como surge en estas actuaciones, el anexo presentado carece de la firma de la solicitante, lo cual invalida la solicitud en su conjunto, que es un solo acto aunque comprenda dos inmuebles. Agrega que, para admitir la reserva solo por el padrón indicado en la hoja firmada, la rogación debió efectuarse dentro del período en que la misma permaneció en estudio, cosa que no sucedió.
III) La Comisión Asesora estudió el caso en dictamen número 13/2017, asentado en Acta número 422, de fecha 24 de marzo de 2017, encontrando que en la especie deben dilucidarse dos cuestiones: a) Si puede fraccionarse la solicitud de reserva de un solo acto cuando ésta comprende más de un bien, de forma que resulte amparado aquel respecto del cual no existen observaciones; b) Determinar si es admisible, la presentación dentro del plazo de cinco días, de otro ejemplar del anexo firmado, como complemento de la solicitud previamente ingresada, aunque en el presente caso no puede saberse a ciencia cierta si ello ocurrió efectivamente dentro de dicho plazo. Respecto al primer punto, el Esc. Ramos expresa que para considerar aceptable la reserva por el bien incluido en el formulario que estaba firmado, la solicitante debió presentar rogatoria expresa en tal sentido dentro del plazo de cinco días, de igual forma en la que se procede con los Certificados de Resultancias de Autos cuando se solicita la inscripción solamente respecto de alguno/s bien/es.
Los restantes miembros de la Comisión entienden, sin embargo, que debió aceptarse la reserva por el bien contenido en el formulario que estaba firmado y no por el otro inmueble. Existen precedentes recogidos en resoluciones vinculantes de la Dirección General de Registros en los que se da amparo parcial a la reserva de prioridad (Res. 70/2005 y 295/2007, casos de amparo parcial para actos previstos en el art. 55 Ley 16871; Res. 10/2016, caso de amparo parcial de bienes o cuota parte de bienes).
Razonan que, si en estas resoluciones se da amparo parcial a alguno de los actos o bienes incluidos en la solicitud, es decir se fracciona el amparo de la reserva, con mayor razón deben admitirse las solicitudes en forma parcial, respecto de los bienes que no acusen observaciones. En cuanto al segundo punto, si es admisible la presentación dentro del plazo de cinco días, de otro ejemplar del anexo firmado, como complemento de la solicitud previamente ingresada, el Esc. Daniel Ramos expresa –aparte de que en este caso ello no ocurrió en dicho plazo– igualmente entiende que no es posible, ya que el penúltimo inciso del artículo 50 del Decreto 99/98, en la redacción dada por el Decreto 333/98 establece que “Podrá no admitirse la presentación de solicitudes de reservas de prioridad que omitieren alguno de los datos referidos en el presente artículo”. Entiende que el número de padrón es un dato relevante y que un documento sin firma no puede tener trascendencia frente a terceros en una clara contravención de lo dispuesto en el artículo 1587 numeral 3º del Código Civil. En el caso en cuestión, la simple hoja anexa a la principal refiere a otro bien distinto al que figura en la hoja principal, y que en todo caso, al no estar ligada y referida en esta, el Registro informará por la reserva de prioridad de un inmueble que no se sabe quién la solicitó ya que no está firmada. Se plantea la interrogante si a través de un anexo se puedan modificar también los actos, las partes y los profesionales intervinientes. Respecto a recurrir a un principio de derecho para solucionar el tema, entiende junto al profesor Miguel Angel Cacciatori en su libro “Lecciones de Derecho Registral”, que los principios son “medios para resolver lagunas del derecho” (integración) y que están recogidos en el artículo 16 del Código Civil. En el caso a estudio se trata de un caso de interpretación del derecho y es clara la norma en facultar al Registrador a dar el alcance manifestado en estas consideraciones. Los restantes miembros de la Comisión entiende que debería admitirse, aplicando el principio del informalismo en favor del administrado, el cual surge del artículo 9º del Decreto Nº 500/1991: “En el procedimiento administrativo se aplicará el principio del informalismo en favor del administrado, siempre que se trate de la inobservancia de exigencias formales no esenciales y que puedan ser cumplidas posteriormente”, no existiendo norma que exija la presencia personal del escribano solicitante para firmar la solicitud o el anexo. Dejan constancia empero, que en el presente caso no existe constancia alguna –más allá de las expresiones de la propia recurrente– que acredite haberse presentado otro ejemplar del anexo firmado dentro del plazo reglamentario. El Esc. Carlos Milano agrega: a) La modificación del Decreto 333/1998 no fue menor, por cuanto cambió la redacción original del artículo 50 del Decreto 99/1998 sustituyendo la expresión “No se admitirá la presentación de solicitudes de reservas de prioridad que omitieren alguno de los datos referidos en el presente artículo”, por la de “Podrá no admitirse la presentación…”, con lo cual demuestra una notable flexibilización de los requisitos requeridos para su admisibilidad; b) El artículo 1587 del Código Civil se refiere a la fecha en los documentos privados y establece en su inciso 3º que ella no se contará respecto de terceros sino “desde el día de su transcripción en cualquier registro público”, pero en el problema que nos ocupa no está en juego dicha fecha, sino la falta de firma en un anexo, aunque no en el documento principal que es propiamente el que contiene la solicitud a la oficina. c) No comparte que los principios solamente puedan aplicarse para resolver lagunas del derecho, y recuerda la definición aprobada por el Primer Congreso Internacional de Derecho Registral (CINDER), celebrado en 1972 en Buenos Aires y recogido en la llamada “Carta de Buenos Aires”, la cual fue ratificada por Uruguay: “Orientaciones fundamentales que informan una disciplina y dan la pauta en la solución de los problemas jurídicos planteados en el derecho positivo”, donde claramente se marca la incidencia de los principios en la solución de los problemas a los que se enfrenta el intérprete del derecho.Pero además, el texto claro del artículo 16 del Código Civil no circunscribe su aplicación a los casos de vacío legal, sino cuando “no pueda resolverse por las palabras ni por el espíritu de la ley de la materia” . d) Y con relación al principio del informalismo en favor del administrado, cita las expresiones del Prof. Dr. Héctor Frugone Schiavone (“El nuevo procedimiento administrativo”, 4ª Edición, pág. 33): “este principio se entiende siempre en favor del administrado, nunca en favor de la Administración y con él designamos la ausencia de formas estrictas en el procedimiento administrativo con miras a favorecer a dicho administrador para llegar a una decisión legítima sobre el fondo del asunto”. En definitiva, el Esc. Milano considera un exceso formalista de parte del Registro, no admitir una solicitud de reserva por un padrón cuya solicitud está correctamente firmada, solamente porque la firma en el anexo y por otro padrón no figura. También considera un exceso, la no admisión posterior y dentro del plazo de cinco días, de otro anexo firmado, pues ello va en contra de lo que claramente dispone el artículo 9 del Decreto Nº 500/1991: “se trata de la inobservancia de exigencias formales no esenciales y que puedan ser cumplidas posteriormente”.
IV) En conclusión, puesto el asunto a votación, la Comisión Asesora dictaminó por mayoría de votos que: a) Corresponde dar por aceptada la solicitud de reserva de prioridad por el bien incluido en el formulario que estaba suscrito por la escribana interviniente y en forma consecuente, dar por amparado el acto respecto del mismo bien. b) Recomendar a la Dirección General de Registros el dictado de una resolución vinculante para los Registradores, estableciendo que en el futuro debe aceptarse la presentación de otro ejemplar del anexo firmado, como complemento del que no había sido suscrito, si éste fuera presentado dentro del plazo de cinco días establecido en la Resolución Nº 38/1999, de 1º de marzo de 1999. Discorde el Esc. Daniel Ramos, por los fundamentos expuestos.
Considerando: I) Que por los fundamentos expresados, esta Dirección General se afilia a lo informado en mayoría por la Comisión Asesora Registral. Atento: A lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto por los artículos 66 de la Ley 16871, de 28 de setiembre de 1997, 50 del Decreto Nº 99/98, de 21 de abril de 1998 y 9º del Decreto Nº 500/1991, de 27 de setiembre de 1991. EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTROS
1º) Hacer lugar parcialmente al recurso de revocación interpuesto por la Escribana JAB, contra la resolución tomada por el Registro de la Propiedad Sección Inmobiliaria de Montevideo respecto de la inscripción Nº 44142, de 14 de diciembre de 2016, dando por aceptada la solicitud de reserva de prioridad por el bien incluido en el formulario que estaba suscrito por la escribana interviniente y en forma consecuente, dar por amparado el acto respecto del mismo bien.
2º) Establecer los siguientes criterios de calificación viculantes para los registradores: a) que siempre debe aceptarse un nuevo ejemplar del anexo firmado, como complemento del que no había sido suscrito, si éste fuera presentado dentro del plazo de cinco días establecido en la Resolución Nº 38/1999, de 1º de marzo de 1999.
b) que si no se presenta en dicho plazo un nuevo ejemplar del anexo firmado, los Registros deberán admitir las reservas por aquellos bienes contenidos en los formularios que estuvieren debidamente suscritos por el solicitante.
3º) Notificar a la recurrente, a la dirección del Registro de la Propiedad Sección Inmobiliaria de Montevideo, y a la Comisión Asesora Registral.
4º) Franquear el recurso jerárquico interpuesto en subsidio, elevándose las actuaciones al Ministerio de Educación y Cultura.
5º) Publicar la presente resolución, sin expresión de nombres en el sitio web e intranet de la Dirección General de Registros, circulándose a través del Servicio de Novedades.-
40 / 17 15 de mayo de 2017
Visto: Estas actuaciones, por las cuales el Sr. DSRL solicita la cancelación de la inscripción efectuada en el Registro de la Propiedad Sección Inmobiliaria de Pando con el Nº 3343, del 7 de junio de 1999 (Expte. 2016-11-0018-0278).
I) Dicha inscripción corresponde a un Certificado de Resultancias de Autos de la sucesión de JPLA en cuya relación de bienes se incluyó –entre otros– el padrón 333 de Cuchilla Alta, departamento de Canelones.
II) El solicitante expresa que el Sr. JPLA se lo había enajenado previamente, según compraventa inscripta en el citado Registro con el Nº 3473 Fº 4414 del Lº 79, el 11 de octubre de 1977, por lo que entiende se omitió el control del tracto sucesivo al inscribir el Certificado de Resultancias de Autos mencionado y corresponde la rectificación del asiento registral en lo que respecta al inmueble mencionado.
III) La Registradora de la Propiedad Inmueble de Pando, Esc. Mariella Prato, expresa que consultado el sistema, existe coincidencia entre los datos a que refiere la petición relacionada y lo que resulta de los asientos registrales, pero aclara que en la época que se efectuó la inscripción del Certificado de Resultancias de Autos de 1999, si bien el Registrador debía controlar el tracto, el Decreto 99/98 y la Resolución Nº 264/98 habilitaban a realizarlo con base en la constancia notarial.
IV) La Comisión Asesora estudió el caso en dictamen número 5/2017, asentado en Acta número 420, de fecha 17 de febrero de 2017, encontrando que el mismo encuadra en las previsiones de la Resolución Nº 18/2014 ya que se trata de una situación en la que el Registro no controló el cumplimiento del tracto sucesivo registral. La Resolución de referencia no deja margen de duda en cuanto a que “Las solicitudes de rectificación de aquellos asientos registrales posteriores a la entrada en vigencia de la Ley Nº 16871, en los cuales no se haya cumplido con el tracto sucesivo, se resolverán caso a caso por esta Dirección General, tomando en consideración si se observó lo establecido en los artículos 57 y 58 de dicha ley, debiendo brindarse las garantías legales y reglamentarias correspondientes (Art. 75 Decreto 500/991).” En conclusión, la Comisión Asesora dictaminó que se dan los presupuestos necesarios para rectificar el asiento registral que incumplió el tracto sucesivo, en lo que respecta al inmueble empadronado con el número 817 de Cuchilla Alta, departamento de Canelones, previa vista de los titulares de la inscripción del Registro de la Propiedad Sección Inmobiliaria de Pando Nº 3343 del 7 de junio de 1999, sucesores de JPLA, Sres. JP, IM y NILA.
V) La Administración procedió a notificar las actuaciones cumplidas a los titulares de las inscripciones que se solicita modificar, no recibiéndose oposición alguna a la petición de obrados, según constancia de Mesa de Entrada de fecha 4 de abril de los corrientes mes y año, por lo que corresponde proceder de conformidad a lo dispuesto en la Resolución Nº 18/2014, de 5 de marzo de 2014.
I) Que por los fundamentos expresados, esta Dirección General se afilia a lo informado por la Comisión Asesora Registral.
Atento: A lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por los artículos 3º numeral 5º y 57 de la Ley 16871, de 28 de setiembre de1997 y a la Resolución Nº 18/2014, de 5 de marzo de 2014.
1º) Hacer lugar a la solicitud de autos, procediendo a rectificar la inscripción del Registro de la Propiedad Sección Inmobiliaria de Pando Nº º 3343, del 7 de junio de 1999, en lo que respecta al inmueble empadronado con el número 817 de Cuchilla Alta, departamento de Canelones
2º) Notifíquese al peticionante, a la dirección del Registro de la Propiedad Sección Inmobiliaria de Pando y comuníquese a la Comisión Asesora Registral.
3º) Publíquese sin expresión de nombres en el sitio web e intranet, circulándose a través del Servicio de Novedades.
39 / 17 15 de mayo de 2017
Visto: Estas actuaciones, por las cuales el Sr. DSRL solicita la cancelación de la inscripción efectuada en el Registro de la Propiedad Sección Inmobiliaria de Pando con el Nº 3343 del 7 de junio de 1999 (Expte. 2016-11-0018-0283).
I) Dicha inscripción corresponde a un Certificado de Resultancias de Autos de la sucesión de JPLA en cuya relación de bienes se incluyó –entre otros– los padrones 111 y 222 de Cuchilla Alta, departamento de Canelones.
II) El solicitante expresa que el Sr. JPLA se los había enajenado previamente, según compraventa inscripta en el citado Registro con el Nº 3473 Fº 4414 del Lº 79, el 11 de octubre de 1977, por lo que entiende se omitió el control del tracto sucesivo al inscribir el Certificado de Resultancias de Autos mencionado y corresponde la rectificación del asiento registral en lo que respecta a los inmuebles mencionados.
IV) La Comisión Asesora estudió el caso en dictamen número 9/2017, asentado en Acta número 421, de fecha 10 de marzo de 2017, encontrando que el mismo encuadra en las previsiones de la Resolución Nº 18/2014 ya que se trata de una situación en la que el Registro no controló el cumplimiento del tracto sucesivo registral. La Resolución de referencia no deja margen de duda en cuanto a que “Las solicitudes de rectificación de aquellos asientos registrales posteriores a la entrada en vigencia de la Ley Nº 16871, en los cuales no se haya cumplido con el tracto sucesivo, se resolverán caso a caso por esta Dirección General, tomando en consideración si se observó lo establecido en los artículos 57 y 58 de dicha ley, debiendo brindarse las garantías legales y reglamentarias correspondientes (Art. 75 Decreto 500/991).” En conclusión, la Comisión Asesora dictaminó que se dan los presupuestos necesarios para rectificar el asiento registral que incumplió el tracto sucesivo, en lo que respecta a los inmuebles empadronados con los números 111 y 222 de Cuchilla Alta, departamento de Canelones, previa vista de los titulares de la inscripción del Registro de la Propiedad Sección Inmobiliaria de Pando Nº 3343 del 7 de junio de 1999, sucesores de JPLA, Sres. JP, IM y NI LA.
1º) Hacer lugara la solicitud de autos, procediendo a rectificar la inscripción del Registro de la Propiedad Sección Inmobiliaria de Pando Nº º 3343, del 7 de junio de 1999, en lo que respecta a los inmuebles empadronados con los números 111 y 222 de Cuchilla Alta, departamento de Canelones.
26 / 17 23 de marzo de 2017
Montevideo, 23 de marzo de 2017.
Visto: estas actuaciones, por las cuales la Registradora de Actos Personales Esc. Cristina Guattini consulta respecto a la actitud a tomar por cuando se presentan a inscribir oficios judiciales con contenido múltiple.
I) La Registradora explica que se han planteado situaciones en las que el Juez ordena la reinscripción y/o nueva inscripción de embargos referente a 2 personas y el Registro detecta que por uno de ellos corresponde efectuar una reinscripción y por el restante una nueva inscripción, por lo que corresponden dos tasas de inscripción, mientras que el usuario solo abona una de ellas. Pasados los 150 días legales para subsanar la observación, si el pago no se efectuó, queda la duda si corresponde dar por caducos los dos embargos o uno solo.
II) Agrega que hay que tomar en cuenta lo establecido en la Resolución de Dirección General de Registros Nº 453/08, que establece para los oficios con contenido múltiple, que queda definitivo el acto que no mereció observaciones y se caduca el que estaba observado, pero en el caso que plantea, ninguno de los actos quedó definitivo originalmente, sino que quedaron provisorios ambos, por falta de pago. III) La Comisión Asesora Registral trató el asunto en dictamen número 44/2016, asentado en Acta número 415, de fecha 30 de setiembre de 2016, destacándose que por el documento ingresado no se tributó como lo exige el artículo 368 de la Ley 16736, en la redacción dada por el artículo 520 de la Ley 18719: “El monto del Impuesto Servicios Registrales será de 3 UR (tres unidades reajustables) por cada acto cuya inscripción se solicite a los Registros Públicos” y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 16871, “No podrá admitirse la inscripción definitiva de los actos, negocios jurídicos y decisiones de las autoridades competentes… 3) que no hayan cumplido las exigencias de las leyes tributarias aplicables y sus reglamentaciones”. En dicha oportunidad, el representante de la Auditoría Registral, Esc. Pablo Pérez, manifestó que correspondería amparar uno de los actos, el primero que el Registro haya dado entrada y considerar caduco el restante, ya que de esta manera se ampara el derecho del inscribiente, quien abonó por lo menos una tasa. Considerando: Que esta Dirección General se afilia a la solución referida en la Comisión Asesora Registral y corresponde extender la misma a otros Registros en los cuales se plantee la misma problemática.
Atento: a lo dispuesto por el artículo 3º numerales 3 y 5 de la Ley Nº 16871, de 28 de setiembre de 1997 y a lo informado por la Comisión Asesora Registral; El Director General de Registros,
1º) Establecer, como criterio de actuación con carácter vinculante para los Registradores, que cuando se presentan a inscribir a los Registros, documentos conteniendo más de un acto inscribible y el interesado solo abona una tasa registral en el plazo que la ley otorga para el levantamiento de las observaciones, corresponderá dar por inscripto en forma definitiva al primer acto que se haya dado entrada y considerar caducos los restantes. 2º) Notifíquese a los Directores y Encargados de Registros, quienes harán lo propio con los funcionarios a su cargo y comuníquese a la Comisión Asesora Registral.
3º) Insértese en la página web e intranet el texto de la presente, comunicándose a las direcciones de correo de los usuarios inscriptos en el Sistema de Novedades de la Dirección General de Registros. Cumplido, archívese.- Esc. Adolfo Orellano Cancela
18 / 17 6 de marzo de 2017
Visto: La oposición interpuesta por la Escribana NN contra la calificación registral del documento inscripto provisoriamente en el Registro Nacional de Actos Personales sección Universalidades, el día 7 de noviembre de 2016, con el número 00000
I) Dicha inscripción fue observada por tratarse de una cesión de derechos hereditarios otorgada por la Sra. LR, como cónyuge supérstite, en la sucesión de JT, aclarándose que dichos derechos son lo que recibirá por concepto de porción conyugal..
II) La oponente entiende que la cónyuge porcionera es heredera del causante, fundamentándolo en lo siguiente: a) que existe un antecedente del año 2004, donde el Registro inscribió una cesión de derechos hereditarios otorgada por una cónyuge con iguales derechos; b) que el artículo 874 y siguientes del Código Civil, regula la porción conyugal como una asignación forzosa, adhiriéndose a la tesis de que la porción conyugal es una asignación hereditaria o a título universal o de herencia; c) el artículo 881, por su parte, dispone que en todos los órdenes de la sucesión menos en los de los descendientes legítimos, la porción conyugal es la cuarta parte de los bienes del difunto, es decir una fracción abstracta, cuota parte o alícuota en la sucesión, lo que se corrobora por el inciso 2 del mismo artículo, que dice que habiendo descendientes legítimos, el viudo o viuda recibirá como porción conyugal “la legítima rigurosa de un hijo” y esta legítima rigurosa es de naturaleza hereditaria, ya que el legitimario es obviamente heredero y por último, d) cita un caso forense del Dr. Rafael De los Reyes Pena del año 1942(La Justicia Uruguaya, Tomo IV, caso 940, pág. 210).
III) La Registradora de Actos Personales, Esc. Cristina Guattini, informa en primer lugar, que al no haber una resolución vinculante de la Dirección General de Registros sobre el tema, la calificación realizada por un Registrador en determinado momento, no obliga a los demás a tener el mismo criterio, en base a la autonomía técnica que les asigna el artículo 2 de la Ley 16871 y 1º del Decreto Nº 99/98, además de que las inscripciones no subsanan los vicios o defectos de que adolezcan los documentos (artículo 62 de la Ley Registral). En segundo lugar, y con relación a la pretendida naturaleza hereditaria que la impugnante atribuye a la porción conyugal, expresa: a) El artículo 833 del Código Civil equipara la responsabilidad del porcionero, a la responsabilidad subsidiaria de los legatarios, mientras que para los herederos la responsabilidad por las deudas hereditarias es directa, es decir que la disposición le confiere una responsabilidad que no condice con la naturaleza hereditaria de tal derecho. Además, si bien el artículo 874 se refiere al patrimonio, en el 881 se establece el quantum al que asciende la porción conyugal, que es la cuarta parte de los bienes, con lo que queda claro que no comprende el patrimonio activo y pasivo, sino exclusivamente el activo, descartando toda idea de universalidad. b) En nuestro ordenamiento jurídico, la porción conyugal es una asignación forzosa que está condicionada a la situación económica del cónyuge supérstite, a diferencia de las legítimas, que no lo están. El derecho del porcionero es un derecho eventual, pues del artículo 875 y siguientes surge que, si el sobreviviente tuviera bienes de cualquier origen, tales bienes se imputarán a la porción conyugal; por lo tanto, si aquellos exceden el valor de la misma, tal derecho no nace, salvo que el cónyuge supérstite haga abandono de sus bienes. c) Otro argumento sostenido por los Dres. Vaz Ferreira y Arezo, es que a diferencia de los herederos, que de acuerdo al artículo 1039 del Código Civil adquieren la propiedad y posesión directamente del causante, el cónyuge porcionero adquiere la propiedad y posesión por la tradición que le harán los herederos legitimarios, dado que es a ellos a quienes les corresponde el pago de la porción conyugal. d) Existen otros fundamentos, como el de que al cónyuge porcionero no le corresponde la acción de reducción de donaciones, la cual sí corresponde a los herederos legitimarios (art. 1639 CC), también la diferencia en cuanto a la posibilidad de acrecer que tienen los herederos forzosos y que según el artículo 883 no corresponde al porcionero, lo mismo que al regularse el segundo orden de llamamiento por el artículo 1026, se le confiere al cónyuge supérstite la opción de suceder como heredero o recibir como porcionero. Diferencias todas, que marcan la clara voluntad del codificador de no considerar al porcionero como un heredero. e) Finalmente y en relación a lo dispuesto por el artículo 1116 que alude al derecho del cónyuge supérstite a pedir la partición, hay consenso doctrinario en cuanto a que se está refiriendo a los derechos que le corresponden como consecuencia de la disolución de la sociedad legal de bienes, por sus gananciales y no como porcionera. La Registradora concluye que, descartando la naturaleza hereditaria de la porción conyugal, si lo que quiso ceder la cónyuge supérstite es la porción conyugal, dicho contrato es válido y eficaz, pero no es acto inscribible, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 16871, el cual enumera en forma taxativa los actos inscribibles en la Sección Universalidades del Registro Nacional de Actos Personales.
IV) La Comisión Asesora estudió el caso, arribando a igual conclusión que la Registradora. En efecto, la posición doctrinaria aludida por la impugnante, recogida en un caso jurisprudencial del año 1944, se considera en la actualidad totalmente superada y no es de recibo. Al respecto, recogen las palabras del recordado Profesor Dr. Enrique Arezo, quien estudiando un caso en el cual se debatía la naturaleza jurídica de la porción conyugal, señalaba: “Haciendo a un lado la tesis de que es una cuota de herencia, hoy prácticamente abandonada, si es que alguna vez tuvo seguidores de algún prestigio, se abren dos tesis que contribuyen a explicar la polémica naturaleza jurídica de esta asignación forzosa: a) la de que es un crédito (alimentario o no) y, b) la de que es un legado legal de eficacia personal”. (Rev. AEU T.85 (1-6) 1999). También en las Jornadas Notariales de Melo (1992), se concluyó que se está frente a un legado legal de eficacia personal. Ésta es también la orientación predominante de la jurisprudencia nacional: el porcionero es titular de un derecho personal, nunca real, ya que aun admitiendo que es un legatario legal, la eficacia de tal legado nunca habrá de serlo sobre bienes determinados. Tanto para los que se afilian a la tesis de que la porción conyugal es un crédito, como los que se afilian a la tesis de que se está ante un legado legal de eficacia personal, la porción conyugal es un crédito, que será dinerario siempre para los primeros o en bienes hereditarios para los segundos, pero siempre un derecho meramente personal para reclamar su satisfacción. Y tanto para los primeros como para los segundos, este crédito es siempre cedible, siguiendo las reglas de la cesión de créditos (artículos 1757 y siguientes del Código Civil). En conclusión, la Comisión Asesora entiende que tal como fue instrumentado el acto, el mismo no es inscribible en la Sección Universalidades del Registro Nacional de Actos Personales, ya que: a) un cónyuge porcionero no es titular de derechos hereditarios y b) la cesión de porción conyugal no es acto inscribible de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 16871, de 28 de setiembre de 1997. Considerando:
I) Que por los fundamentos expresados, esta Dirección General se afilia a lo informado por el Registrador y la Comisión Asesora Registral. Atento: A lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto por los artículos 833, 874, 875, 881, 1026, 1039 y 1639 del Código Civil y artículos 45 y 66 de la Ley 16871, de 28 de setiembre de 1997.
El Director General de Registros resuelve :
1º) No hacer lugar a la oposición deducida por la Escribana NN contra la calificación registral del documento inscripto provisoriamente en el Registro Nacional de Actos Personales sección Universalidades, el día 7 de noviembre de 2016, con el número 00000.
2º) Notifíquese a la interesado, a la dirección del Registro Nacional de Actos Personales, y comuníquese a la Comisión Asesora Registral.
3º) Publíquese sin expresión de nombres en el sitio web e intranet, circulándose a través del Servicio de Novedades. Esc. Adolfo Orellano Cancela
17 / 17 6 de marzo de 2017
Visto: Estas actuaciones, por las cuales los Sres. NP, GC, PC, en su calidad de herederos de su madre legítima CP y el Esc. NN, solicitan la cancelación de determinadas inscripciones del Registro de la Propiedad Sección Inmobiliaria de Maldonado.
I) Dichas inscripciones son: a) Nº 4385 Fº 5476 del Lº 19 Año 1988 (Segunda copia inscripta de compraventa donde se adquiere el solar 43 de la manzana 103 a favor de HP); b) Nº 2587 Fº 3218 del Tomo 11 Año 1986 (Certificado de Resultancias de Autos de la sucesión de HP) y c) Nº 8817 Año 2006 (Certificado de Resultancias de Autos de la sucesión de SG.
II) Los comparecientes expresan que dichas inscripciones padecieron error en la identificación del padrón adjudicado por Catastro, inscribiéndose por el Padrón 1111, siendo el que corresponde el padrón 2222 manzana 103 del solar 43 en el plano del Agrimensor OR, de noviembre de 1938, inscripto en Catastro con el número 40 el 16/5/1939. El padrón 1111, de acuerdo a la cédula catastral informada, según el mismo plano antes nombrado corresponde al solar 43, pero de la manzana 104. En cambio, el padrón 2222, según cédula catastral informada, es el solar 43 de manzana 103. En conclusión, los firmantes solicitan se cancelen las inscripciones citadas, ya que no corresponden al padrón 1111, sino el 2222 de la localidad catastral Balneario Buenos Aires, departamento de Maldonado.
III) El Escribano NN, también presenta nota aclaratoria, en la cual expresa que a él le toca intervenir profesionalmente con el padrón 1111 de la localidad catastral Balneario Buenos Aires, departamento de Maldonado, según el plano antes nombrado y al solicitar información por dicho inmueble detectó que por el mismo padrón existen inscripciones que no corresponden al mismo, por esa razón obtuvo el consentimiento de los sucesores del titular registral fallecido a los efectos de efectuar la rectificación del asiento.
IV) El Registrador Esc. Daniel Ramos, informa que, efectivamente existen inscripciones efectuadas por el padrón 1111, cuando en realidad debieron ser por el padrón 2222, pero no aconseja rectificar el error en el asiento, por cuanto existen otras inscripciones relacionadas con el primero que resultarían afectadas en su tracto sucesivo y no se cuenta con su comparecencia en estas actuaciones.
V) La Comisión Asesora Registral estudió el caso en dictamen número 2/2017, asentado en Acta número 420, recibiendo el aporte de la Esc. Mónica Gilardoni, Técnico Registradora del Registro en cuestión, quien manifiesta que tiene conocimiento que el Esc. NN pudo inscribir la promesa de compraventa autorizada por él, previo descarte que realizó de las inscripciones relacionadas, por lo que su problema ha sido solucionado. Por lo demás, comparte lo informado por el Esc. Daniel Ramos y por tanto sugiere no hacer lugar a lo peticionado en estas actuaciones.
I) Que por los fundamentos expresados, esta Dirección General se afilia a lo informado por el Registrador y la Comisión Asesora Registral. Atento: A lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el artículo 3º numeral 5º de la Ley 16871, de 28 de setiembre de1997.
1º) No hacer lugar a lo peticionado por los Sres. NP, GC, PC y el Esc. NN
2º) Notifíquese a los interesados, a la dirección del Registro de la Propiedad Sección Inmobiliaria de Montevideo y comuníquese a la Comisión Asesora Registral.
16 / 17 6 de marzo de 2017
Visto: Estas actuaciones, por las cuales la Sra. MM y la Escribana NN peticionan que se efectúe el volcado en el Registro de la Propiedad Sección Inmobiliaria de Montevideo de la inscripción de la promesa de compraventa de fecha 10 de mayo de 1963, inscripta en el Registro General de Inhibiciones Sección Promesas de Enajenación de Inmuebles a Plazos con el Nº 4228 al Fº 13694 del Lº 126, el 8 de julio de 1963 y hoy caduca.
I) La Esc. NN expresa que intentó volver a inscribir dicha promesa, pero el Registro no se lo permite porque surge la inscripción de otra promesa con el Nº 812 al Fº 3278 del Lº 182, de fecha 14 de marzo de 1990.
II) El Registrador de la Propiedad Inmueble de Montevideo, Esc. Daniel Ramos, informa que en realidad, la inscripción Nº 812 al Fº 3278 del Lº 182, corresponde a una “promesa de construcciones” efectuada como promitente vencedor por EP a favor de MM como promitente compradora. Sin embargo, al momento de la solicitud de inscripción de la promesa original del terreno, que habría caducado en 1998, el Registro la observa fundamentándose en que la promesa estaba inscripta. Señala que evidentemente, lo que estaba inscripto era una promesa de construcciones, situación que no fue advertida al momento del volcado histórico realizado en el año 2004. Aclara que la inscripción de ese tipo de actos, a mediados de la década del 90, perdió trascendencia jurídica por entenderse que las construcciones –de acuerdo al principio de accesión– pertenecen al dueño del terreno. Opina que si consideramos a la inscripción de la promesa de construcciones como de segundo grado o derivada de la promesa original, la misma también debió caducar en 1998, junto a la promesa del terreno del año 1963, por lo que entiende deberá ingresarse como nueva inscripción la promesa y cesión a efectos de ampararse a los beneficios de la Ley 8733, debiéndose caducar la inscripción Nº 812 al Fº 3278 del Lº 182.
III) La Comisión Asesora Registral estudió el caso, en dictamen número 3/2017, asentado en Acta número 420, de fecha 17 de febrero de 2017, compartiendo parcialmente lo informado por el Registrador. Evidentemente debe hacerse lugar a la inscripción de la promesa de compraventa de 1963 al amparo de lo dispuesto en la Ley 16323, de 8 de noviembre de 1992, ya que la inscripción Nº 812 al Fº 3278 del Lº 182 refiere a una promesa de construcciones y no obsta al acto que se pretende registrar, pero no comparte que deba considerarse caduca dicha inscripción, ya que es un acto independiente de la promesa del terreno y aunque inocuo del punto de vista sustantivo, no existe fundamento normativo que habilite a dejar sin efecto su inscripción.
Atento: A lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por los artículos 3º numeral 5º de la Ley 16871, de 28 de setiembre de1997.
1º) Hacer lugar
a la inscripción de la promesa de compraventa de 1963 al amparo de lo dispuesto en la Ley 16323, de 8 de noviembre de 1992, manteniéndose vigente la inscripción Nº 812 al Fº 3278 del Lº 182 de fecha 14 de marzo de 1990.
5 / 17 12 de enero de 2017
Montevideo, 12 de enero de 2017.
Visto: La oposición interpuesta por el Esc. JRM respecto a la calificación registral del documento inscripto provisoriamente en el Registro de la Propiedad Sección Mobiliaria de Flores con el número 1912, el 3 de octubre de 2016.
I) Dicho documento corresponde a una declaratoria otorgada el 29 de setiembre de 2016 por “AA SRL”, en calidad de actual titular municipal del vehículo padrón Nº 126789 de Flores, donde la sociedad declara ser propietaria del vehículo en cuestión con el fin de que posteriormente se pueda prendar el vehículo y cumplir en dicha prenda con el tracto sucesivo exigido por la norma.
II) La observación realizada por el Registrador fue que se trata de un acto no inscribible, ya que de conformidad con la Resolución Nº 208/2002, solamente se inscriben las declaratorias del importador. El oponente señala que no se advierten razones sustanciales para negar la inscripción de un acto que solo pretende dejar asentada la propiedad de un vehículo que su propietario ya adquirió por título y modo fuera del ámbito registral, una propiedad que es reconocida por la ley si bien no en forma expresa, sí tácitamente, Por otra parte, expresa que el artículo 25 de la Ley 16871, sustituido por el artículo 297 de la Ley 17296 es claro en cuanto a que se inscriben “instrumentos en que se transfiera, constituya, reconozca, modifique, declare o extinga el dominio, usufructo, uso, prenda sin desplazamiento de tenencia, crédito de uso y demás derechos reales relativos a vehículos automotores” y en el caso en cuestión la declaratoria se encierra en lo que la ley establece cono un acto donde se declara un derecho real sobre un vehículo automotor. III) La Registradora de Flores, Esc. Liliana Ihlenfeld, informa que el documento en cuestión es una mera declaración donde falta el consentimiento del enajenante. Considera no aplicable al caso la Resolución de la Dirección General de Registros Nº 208/2002, pues ella se refiere a declaraciones del importador, extremo que no se configura en la especie. Tampoco desconoce la Resolución Nº 267/03 que habilitó la inscripción de una declaratoria realizada por el importador del vehículo en el propio contrato de prenda, pues la misma reafirma que solo se contempla al importador o armador. Por último, señala que no encuentra coherencia en adoptar ese criterio en los casos de primera inscripción, cuando para las enajenaciones posteriores se exige que sean negocios bilaterales. No obstante lo expuesto, coincide en la necesidad de unificar criterios y verterlo en una Resolución vinculante para bien de nuestra institución y de los usuarios. IV) La Comisión Asesora trató el asunto en dictamen número 52/2016, asentado en Acta número 418, de fecha 9 de diciembre de 2016, recogiéndose opiniones divergentes. Por un lado, la Dra. Beatriz Gargallo y el Esc. Daniel Cersósimo comparten la opinión de la Registradora. Entienden que la Resolución Nº 208/2002 regula un caso puntual que admite la inscripción de declaratorias realizadas por los importadores o armadores de vehículos pero no se trata de una solución que deba extenderse a cualquier persona que realice una declaración de titularidad, ya que ese no es el sentido de la ley registral que manda inscribir las transferencias del dominio. Señalan que en su opinión, la declaratoria presentada no es un acto inscribible, y no se encuentra comprendido en el artículo 25 de la ley 16.871. Tampoco es asimilable a la excepción que establece la Resolución 208/02 de 31/10/2002, ya que si se pudiera inscribir este tipo de declaratorias al amparo del artículo 25 no hubiera sido necesario el dictado de esa Resolución, que habilita la inscripción de declaratorias de dominio del importador o armador, cuyo fundamento es que antes de la importación, o de que fuera armado, no existe para el derecho, su modo es originario, no deriva de otro. Dice el interesado que el vehículo, se lo transfirió la sociedad “BB SRL” y se lo facturó a su nombre el 06/11/2015, lo compró al contado y no adeuda nada ni soporta gravamen. Entonces, si el vehículo lo hubo por título compraventa y modo tradición, ese es el negocio jurídico de adquisición, el modo derivado en que adquirió la propiedad, y es el que debía inscribir. Agrega la Dra. Gargallo que cuando el inciso 1º del artículo 25 habla entre otros actos de "declaratorias", no se trata de cualquier declaratoria, sino aquellas que le reconozca, declare, un derecho que no obtuvo por un título y modo, ya sea tanto derivado como originario. La declaratoria que se pretende inscribir, no habilita a prendar, porque ella no le confiere la calidad de titular registral con todo lo que implica, desde que el acto no contiene un título de adquisición de dominio, sino solamente una declaración unilateral que carece de titulo y modo. El Esc. Daniel Cersósimo agrega además que, también el artículo 17 de la ley 16.871, establece se inscribirán en la sección inmobiliaria: “los instrumentos públicos en los que se …..... declare o extinga el dominio …...”. Esta disposición es igual a la del artículo 25 y a nadie se le puede ocurrir que en función de esta disposición se admita la inscripción de declaratorias unilaterales de propiedad sobre bienes inmuebles. La única declaración unilateral de propiedad admitida, es la que realiza el importador del vehículo, conforme a lo establecido en la Resolución Nº 208/2002. V) Por otro lado, los Escs. Carlos Milano, Fernando Echeverría y Judith Barboza, entienden que es admisible la inscripción de declaratorias realizadas por los propietarios de vehículos, siempre que se trate de vehículos sin matrícula registral. El artículo 21 de la Ley 16871 establece que “La presentación de un acto o negocio jurídico para registrar, de los enumerados en los literales A) y H) del Artículo 25 de la presente ley importa, por sí sola, solicitud de matriculación respecto de los automotores que aún no estén incorporados al sistema de la presente ley”. En efecto, cuando se matricula un vehículo automotor, estamos frente a situaciones en las que dicho bien no existía aun para el Registro y por esa razón se está abriendo la matrícula registral. Y la ley registral, habilita la matriculación con cualquiera de los actos previstos en el literal A) de su artículo 25 (el literal H fue derogado por el artículo 299 de la Ley 17296), de manera que las declaratorias de dominio es claro que matriculan. El Esc. Milano no comparte la comparación que realiza el Esc. Cersósimo entre el artículo 17 y el 25 de la Ley 16871, ya que el primero refiere actos inscribibles relativos a bienes inmuebles, donde siempre tenemos un titular dominial derivado de otro y no se concibe una primera inscripción sin precedentes, pero el artículo 25 contiene actos relativos a vehículos automotores, los cuales solo tienen aptitud registral cuando están aptos para la circulación, es decir una vez empadronados en el municipio respectivo y siempre tendremos una primera inscripción que abra la matrícula registral. Por algo la Resolución 208/2002 permitió la declaratoria de propiedad al importador. Pues bien, el importador del vehículo es tan propietario del vehículo como el particular que lo adquirió más tarde, aunque no haya documentado su adquisición mediante un contrato de compraventa en condiciones de ser registrado. No podemos perder de vista que la contratación en materia de bienes muebles es consensual, aquí no hay solemnidad alguna y la persona que adquiere un vehículo automotor puede optar por no documentarlo por escrito si así lo desea. Agrega que en nuestro sistema registral la inscripción no es obligatoria; el titular de un bien registrable tiene la carga de inscribir su adquisición pero nadie lo puede obligar a hacerlo. La regla general en nuestro sistema, es que la inscripción produce efectos de oponibilidad a terceros (artículo 54 de la Ley 16871), es decir que el adquirente de un automotor tiene la posibilidad de decidir si quiere o no darle esa oponibilidad, pero si no lo hace, ello no le quita eficacia a su adquisición y podrá acreditar la propiedad con los medios de prueba idoneos a tal fin. Fue por esta razón, que la Resolución Nº 264/1998 permitió la primera inscripción de vehículos usados cuando el enajenante es el “último titular municipal o quien justifique su legitimación por certificación notarial”. A juicio del Esc. Milano, en todos los casos de primera inscripción debe aceptarse el juego de la Resolución 264/1998, incluso tratándose de una prenda, no debería exigirse la previa inscripción de una declaratoria de dominio si se acredita la legitimación del propietario, porque se abre matrícula con cualquiera de los actos enumerados en el artículo 21 antes citado. En este sentido, recuerda que por Resolución Nº 276/2011, se aceptó la primera inscripción de una prenda sin antecedentes registrales, citándose como fundamento, justamente el carácter consensual de la compraventa de automotor, el artículo 57 de la Ley 16871 que establece la excepción al tracto sucesivo cuando el disponente se halla legitimado y la Resolución 264/1998 mencionada. Pero nada impide tampoco, que se inscriba una declaratoria de propiedad, pues –como expresó antes– la misma está dentro del elenco de actos previstos en el literal A) del artículo 25 de la Ley Registral, siempre y cuando se adjunten los recaudos exigidos por el artículo 19 del Decreto Nº 99/1998 y la Resolución 264/1998. Señala además, que sería incoherente y discriminatorio admitir la inscripción de declaratorias realizadas por el propietario importador o armador, pero no aceptarla cuando la realiza un propietario derivado de aquel. Si leemos los fundamentos de la Resolución 208/2002 vemos que ellos resultan íntegramente aplicables en la especie: “si por negocio declarativo se entiende aquel que no hace nacer “... inmediatamente, ninguna modificación de una determinada relación jurídica preexistente”, permaneciendo incambiada la situación jurídico-patrimonial del titular del bien, (Cf. CARIOTA FERRARA, Luigi. “El Negocio Jurídico”, pág. 221 y 222), “... el negocio jurídico por el que el importador de un vehículo automotor con aptitud registral declara el dominio que ya tiene del mismo a efectos de acceder al Registro y darle oponibilidad a terceros (artículo 54, Ley 16.871), es de tipo declarativo y por tanto ingresa sin hesitación en el elenco de actos inscribibles conforme al citado literal A) del artículo 25 ...”. También aquí, la sociedad declarante (“AA SRL”), manifiesta que ya es titular del dominio sobre el automotor. La cláusula 3 dice textualmente: “se lo transfirió la sociedad “BB SRL”… y la mencionada sociedad se lo facturó a nombre de “AA SRL” el 21 de octubre de 2015”. También importa destacar que no hay título y modo en la declaratoria en sí misma, sino en el negocio jurídico otorgado un año antes y que no se inscribió (porque no es obligatorio) pero que se relaciona ahora en dicha declaratoria. VI) No existiendo unanimidad de opiniones la Comisión Asesora dictaminó de acuerdo a la facultad conferida en el artículo 6 inciso 2º del Decreto Nº 99/1998: a) Respecto al contencioso registral, por mayoría de votos (Escs. Carlos Milano, Fernando Echeverría y Judith Barboza) que debe hacerse lugar a la oposición interpuesta. Discordes la Dra. Beatriz Gargallo y el Esc. Daniel Cersósimo por los fundamentos expuestos. b) Respecto a la discordancia de criterios entre distintas sedes registrales, aconsejar a la Dirección General de Registros el dictado de una Resolución vinculante sobre el punto (unanimidad).
Considerando: I) Esta Dirección General entiende que la correcta técnica jurídica notarial aconseja la instrumentación del negocio con el título compraventa y modo tradición, pero comparte lo dictaminado en mayoría por la Comisión Asesora Registral por cuanto no existe norma registral alguna que determine como obligatoria tal forma de documentación en una primera inscripción, existiendo igual fundamento en la especie que el recogido en la Resolución Nº 208/2002.
II) Que también se comparte la necesidad de establecer un criterio de calificación uniforme sobre el tema para todas sedes registrales. Atento:A lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto por los artículos 3 inciso 3º, 25 apartado A) y 66 de la Ley 16871, de 28 de setiembre de 1997 y Resoluciones Nos. 264/1998 y 208/2002 de la Dirección General de Registros. El Director General de Registros resuelve :
1º) Hacer lugar a la oposición deducida por el Esc. JRM respecto a la calificación registral del documento inscripto provisoriamente en el Registro de la Propiedad Sección Mobiliaria de Flores con el número 1912, el 3 de octubre de 2016.
2º) Establecer como criterio de calificación con carácter vinculante para todos los Registradores, que es admisible la registración de declaratorias de dominio realizadas por el propietario del vehículo automotor, siempre que se trate de primera inscripción y se cumplan los extremos requeridos por el artículo 19 del Decreto Nº 99/1998, la Resolución Nº 264/1998 y sus modificativas.
3º) Notifíquese al interesado y a la dirección del Registro de la Propiedad Sección Inmobiliaria de Flores. 4º) Notifíquese asimismo a los Directores y Encargados de Registros, quienes harán lo propio con los funcionarios a su cargo y comuníquese a la Comisión Asesora Registral.
5º) Insertese en el sitio web e intranet el texto de la presente, comunicándose a las direcciones de correo de los usuarios inscriptos en el Sistema de Novedades de la Dirección General de Registros. Cumplido, archívese.
4 / 17 12 de enero de 2017
Visto: el recurso de revocación interpuesto por los Sres. RFEF, VDEF, TVKE y VTKE, en su calidad de presuntos herederos del Sr. LEM, contra la Resolución de la Dirección General de Registros Nº 85/2016, de fecha 16 de agosto de 2016.
Resultando: I) El acto administrativo recurrido no hizo lugar a la oposición a la calificación registral de las promesas de compraventa inscriptas provisoriamente en el Registro de la Propiedad Sección Inmobiliaria de Maldonado, con los números 1171, 1177 y 1694, con fecha 4 de febrero, 4 de febrero y 18 de febrero de 2016 respectivamente.
II) Los recurrentes señalan los siguientes fundamentos: a) Respecto a la observación de falta de control de Contribución Inmobiliaria, señalan que ella no corresponde porque la inscripción ha sido solicitada exclusivamente por la parte promitente adquirente. b) En cuanto a que la sucesión de Joaquina Adorno está terminada y falta su inscripción, manifiestan que debe tenerse en cuenta el Decreto Nº 333/1998, que excepciona el control del tracto sucesivo cuando los herederos prometen en venta de acuerdo a la Ley 8733 bienes cuyo último titular registral sea el causante, siempre que se haga constar que ellos son únicos y universales herederos de dicho titular. A este respecto, señalan que no se encuentra establecido ni por ley ni por reglamentaciones, que la excepción del Decreto 333/1998 esté acotada a herederos que no han tramitado la sucesión o a casos en que existan sucesiones en trámite sin haberse llegado a la expedición del certificado de resultancias de autos. Sabido es que en una sucesión siempre pueden aparecer herederos y el hecho de que exista un certificado de resultancias de autos no causa estado. c) Se solicita por el Registro certificado registral de información por los padrones afectados; los recurrentes entienden que tal exigencia no corresponde porque el propio Registro tiene toda la información digitalizada y puede perfectamente acceder a la historia de cada bien. En cuanto a la necesidad de agregar cédulas catastrales informadas, los recurrentes no tienen objeciones. d) Se afirma por los Registradores que la sucesión de Adorno, si bien está terminada e inscripta por algunos padrones, se encuentra mal inscripta sin entrar en demasiado detalle. Sin embargo, si una persona obtiene información registral por uno de dichos padrones, la sucesión surge inscripta en forma definitiva, por lo que concluyen que la publicidad registral está fallando. Si bien es cierto que hay un expediente en curso vinculado con los inmuebles que se prometieron enajenar y un reclamo en trámite, consideran que una inscripción registral no puede estar sujeta al resultado de un juicio de rendición de cuentas que nada dilucidará a este respecto, o una sucesión en la cual posteriormente al otorgamiento de las promesas han aparecido nuevos presuntos herederos. Tal extremo solo sería observable una vez que se ingrese al Registro un nuevo certificado de resultancias de autos con una nueva declaratoria de herederos si lo hubiera.
III) La Comisión Asesora Registral estudió nuevamente el caso, en dictamen número 53/2016, asentado en Acta 318, de fecha 9 de diciembre de 2016, no encontrando en los fundamentos detallados nuevos elementos que hagan variar su postura emitida en oportunidad de informar el contencioso registral. La Dra. Beatriz Gargallo y los Escs. Carlos Milano y Mónica Gilardoni expresaron: a) En cuanto a la sucesión de Joaquina Adorno, debe tenerse en cuenta el principio de tracto sucesivo consagrado en los artículos 57 y 58 de la Ley 16871. Este principio busca lograr “un perfecto encadenamiento de adquisiciones sucesivas, cronológicamente eslabonadas las unas con las otras, de modo que el transferente de hoy sea el adquirente de ayer, y que el titular registral actual sea el transferente de mañana” (Roca Sastre, Derecho Hipotecario, T.II. pág.308, Barcelona 1968). La ley registral reconoce excepciones en el artículo 58, estableciendo situaciones específicas en las cuales no corresponde controlar la “previa inscripción” y dejando abierta la posibilidad de crear nuevos casos a través de la reglamentación. Tal es el caso de lo previsto por el artículo 2º, numeral 2, del Decreto 333/98, de 17 de noviembre de 1998, que contempla una situación de excepción y como tal debe aplicarse estrictamente: Los únicos y universales herederos, en cuanto sean de conocimiento del escribano interviniente, pueden inscribir una promesa de compraventa o enajenación si los bienes figuran a nombre del causante. Pero la inscripción de la promesa en dichos términos sólo es viable si no se ha expedido el certificado de resultancias de autos, ya que de lo contrario, corresponde la aplicación de los artículos 11 inciso 2º, 17 numeral 2) y 57 de la ley 16.871. En este sentido el certificado de resultancias de autos es un acto previo a efectos del tracto sucesivo. Dada la naturaleza de la norma especial, el Decreto 333/98, no puede derogar la ley que se reglamenta, ya que ésta dispone en el numeral 6) del artículo 17 que se inscribirán “Los certificados de resultancias de autos sucesorios, con el contenido que determine el decreto reglamentario”. Lo que la ley en el artículo 58 numeral 7) faculta, es a establecer nuevos casos distintos a los otros ya previstos en la propia ley, al expresar “los demás”. La reglamentación no puede ser contraria a lo que dispone previamente en el artículo 17 numeral 6) de la ley, ya que la inscripción del “certificado de resultancias de autos” tiene su propia regulación en los artículos 13 y 17 del Decreto 99/98. b) En cuanto a lo afirmado por los recurrentes, en el sentido de que en la base de datos existe inscripta la sucesión de Joaquina Adorno por otros padrones, ello no configura una situación de excepción de las previstas en el artículo 58 de la ley 16.871. La matrícula se efectúa por cada bien individualmente considerado (padrón) y es en la misma que deben surgir todas las inscripciones relacionadas con aquél. c) Con relación a la observación que se solicita certificado de información por los padrones objeto de la promesa, es de recordar que el inscribiente relaciona padrones actuales derivados de un padrón anterior en mayor área de los cuales el Registro no conoce, ya que es necesario individualizar el plano, solar y manzana. Si el Registro efectúa la consulta por el padrón actual, el sistema no lo informa ya que el antecedente era un padrón anterior en mayor área que no ingresó por padrón individual. El Registro no puede acceder a la historia de cada padrón, porque el antecedente está en mayor área y quien adjudica el número de padrón individual es la Dirección Nacional de Catastro y en tal caso, es esta la oficina que efectúa el vínculo pertinente. Cuando el bien actual mantiene el número de padrón original sí es viable consultar el antecedente pero no es lo que sucede en los casos a estudio. La matriculación debe hacerse por cada padrón individual (artículo 9 numeral 1 de la ley 16871, de 28 de setiembre de 1997) controlando la inscripción antecedente y el Registrador mal puede cotejar si el inscribiente no le aporta los datos necesarios. Ello de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14, numeral 3º, del Decreto 99/98, de 21 de abril de 1998.
IV) No compartieron lo informado precedentemente los Escs. Daniel Cersósimo y Fernando Echeverría. Ambos destacan que se mantienen en su postura de considerar que el Decreto 333/1998 ampara la posibilidad de registrar las promesas otorgadas por herederos del titular registral “siempre que el escribano actuante haga constar que son los únicos y universales herederos conocidos del titular registral” y no distingue según esté o no terminado el trámite sucesorio. Asimismo, considera que no es correcto, ni hay norma que exija al inscribiente la obtención de certificados de información para posibilitar el estudio del tracto sucesivo, ya que no es un problema del usuario que el Registro de Montevideo no tenga información que sí tiene el de Maldonado.
V) No existiendo unanimidad de opiniones, puesto el asunto a votación, la Comisión Asesora Registral dictaminó por mayoría de votos (Dra. Gargallo, Esc. Milano y Esc. Gilardoni) que corresponde no hacer lugar al recurso de revocación, franqueando el jerárquico interpuesto en subsidio.
Considerando: Que por los fundamentos expresados, esta Dirección General se afilia a lo dictaminado en mayoría por la Comisión Asesora Registral.
Atento: A lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto en los artículos 317 de la Constitución de la República y 3º numeral 5 de la Ley Nº 16871, de 28 de setiembre de 1997 y a lo dictaminado por la Comisión Asesora Registral.
El Director General de Registros resuelve:
1º) No hacer lugar al recurso de revocación interpuesto por los Sres. RFEF, VDEF, TVKE y VTKE, en su calidad de presuntos herederos del Sr. LEM, contra la Resolución de la Dirección General de Registros Nº 85/2016, de fecha 16 de agosto de 2016.
2º) Notifíquese a los interesados y a la Comisión Asesora Registral. Cumplido, elévese al Ministerio de Educación y Cultura franqueando el recurso jerárquico interpuesto.
d | g | r - 2017 | dirección general de registros

References: artículo 66
 artículo 108
 artículo 66
 artículo 66
 Resolución 
 artículo 65
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 65
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 artículo 66
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 artículo 57
in fine
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 artículo 30
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 artículo 50
 artículo 1587
 artículo 16
 artículo 9
 artículo 50
 artículo 1587
 artículo 16
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 artículo 368
 artículo 520
 artículo 65
 artículo 3
 artículo 874
 artículo 881
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 artículo 2
 artículo 833
 artículo 874
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 artículo 1039
 artículo 883
 artículo 1026
 artículo 1116
 artículo 45
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 artículo 3
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 artículo 25
 artículo 297
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 artículo 25
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 artículo 25
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 artículo 17
 artículo 25
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 artículo 21
 Artículo 25
 artículo 25
 artículo 299
 artículo 17
 artículo 25
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 artículo 25
 artículo 19
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 artículo 6
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 artículo 58
 artículo 2
 artículo 17
 artículo 58
 artículo 17
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 artículo 14
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