Source: http://doczz.es/doc/99406/las-dominicanas-y-la-violencia.-mar%C3%ADa-jes%C3%BAs-pola-z
Timestamp: 2020-03-30 18:53:49+00:00

Document:
Las Dominicanas y la Violencia. María Jesús Pola Z. - Derechos Humanos
Las Dominicanas y la Violencia. María Jesús Pola Z.
Una Aproximación al Sistema de Atención desde la Justicia
María Jesús Pola Z.
Una Aproximación al Sistema de
Atención desde la Justicia
© Fundación e-Libertad
María Alejandra Veras P.
Sobeida Cepeda P.
Margarita Marmolejos
Gelen Gil
Producción y diseño fotográfico
Asesor gráfico de fotografías
Impreso en Editora Corripio
Fundación e-Libertad
Calle César Dargam No. 3 esquina
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Las Dominicanas y la Violencia
esde el año 2000 hasta la fecha, se han registrado 911 feminicidios, evidenciando un alto grado de violencia de género
en la República Dominicana. Solo en el año 2005 fueron
reportados 190 casos, es decir, una muerte cada 48 horas. Al
30 de julio de este año 2006, la violencia de género se había cobrado 115
víctimas, y la cifra sigue creciendo.
Es indudable que en los últimos años se han elevado los niveles de conciencia de la ciudadanía sobre las consecuencias de la violencia de género, y en ello ha incidido la creación por parte del Estado de importantes
mecanismos legales e institucionales para prevenir esta actividad delictiva
y proteger a la mujer del abuso, ocasionado, entre otros importantes factores, por la falta de educación y de convivencia familiar.
La Ley de Violencia Intrafamiliar No. 24-97 y el Código Procesal Penal son
dos instrumentos que han contribuido al fortalecimiento del sistema judicial y a la protección de la mujer y la familia. Es de esperar que como
complemento, el proyecto de Código Penal que se debate para aprobación, sancione severamente a quienes cometen este tipo de atrocidades
que laceran la base misma de la sociedad.
Asimismo, la institucionalización del sistema de atención a las víctimas de
los casos de violencia de género es una necesidad que debe ser suplida,
toda vez que las estadísticas que existen están esparcidas en diferentes
instituciones oficiales o privadas. Es, por lo tanto, deseable que las tecnologías de la información y la comunicación, unidas a la transparencia, puedan contribuir a la modernización de las estadísticas en esta materia.
Para la Fundación e-Libertad es motivo de mucha satisfacción poner en
las manos de los ciudadanos de nuestro país este estudio diagnóstico
sobre datos estadísticos de casos, dispositivos y documentos nacionales
aplicados a prevenir, atender y contener la violencia de género en la
República Dominicana, de la autoría de Maria Jesús Pola Zapico, reconocida abogada y consultora en género.
Estoy seguro que esta publicación será una referencia de primera mano
para aquellos estudiosos de la realidad social de nuestro país, pues contiene datos actualizados y recomendaciones específicas sobre este tema
de vital importancia, tema que cuestiona lo más profundo del ser humano, la libertad.
Quiero agradecer a las diferentes empresas que han patrocinado este
estudio y su publicación, así como a la autora, quien desde el primer
momento que la contacté, estuvo dispuesta a hacer este magnífico trabajo con las consecuentes horas de esfuerzo y sacrificio que ello implica.
Es mi esperanza que este aporte contribuya a que cada día que pase
prime la igualdad y el respeto de género en el país. En honor a las 190
mujeres que, en el 2005, con valor, se enfrentaron y pagaron con sus vidas
ante la irracionalidad, la cual jamás deberá permanecer impune.
Presidente de la Fundación e-Libertad, Inc.
Introducción ............................................................................................................................11
Capítulo I. Marco referencial de la violencia de género
contra las mujeres......................................................................................13
1.1 El género como base de la construcción social ................................13
1.2 Lo público y lo privado ....................................................................................15
1.3 Las violencias basadas en el género..........................................................18
Capítulo II: Violencia de género en la República Dominicana
y respuestas del sistema de atención .........................................25
2.1 La familia dominicana.........................................................................................25
2.2 Violencia de género intrafamiliar a partir de la Ley 24-97 ..........32
2.2.1 El elemento normativo ........................................................................32
2.2.2 El elemento estructural .......................................................................36
- Las Unidades de Atención Integral
y las Fiscalías barriales.............................................................................39
- Asesoría Legal Barrial ........................................................................47
- La Casa Comunitaria de Justicia ................................................48
- Dirección Nacional de Atención a la Víctima, DNAV....48
- Organizaciones No Gubernamentales (ONG).................49
2.2.3 El elemento político cultural.............................................................50
- Escuela de la Judicatura y Suprema Corte de Justicia ...50
- La Escuela Nacional del Ministerio Público..........................53
- La Secretaría de Estado de la Mujer ........................................54
- Las Organizaciones No Gubernamentales, ONG ...........56
2.3 El Feminicidio en la República Dominicana ..........................................62
2.4 Seguridad democrática y las dominicanas .............................................71
Capítulo III: Balance de la situación ......................................................................79
3.1 Conclusiones .........................................................................................................81
3.2 Recomendaciones................................................................................................84
Bibliografía ................................................................................................................................90
reparado con la idea de compilar informaciones sobre la violencia de género en la República Dominicana, el presente ensayo se
pretende como un recuento de datos que puedan ser útiles
para quienes se interesen en conocer el perfil del sistema de
atención a la violencia de género intrafamiliar y su funcionamiento.
Estos contenidos, contrastados con el Diagnóstico de Género en la
Reforma y Modernización, realizado en el año 2000 por la Secretaría de
Estado de la Mujer(1), hablan por sí solos de los avances conseguidos en
la República Dominicana en el reconocimiento de los derechos de las
mujeres. Sin embargo, faltan muchas cosas que hacer para que la ciudadanía plena de las dominicanas sea considerada desde las políticas públicas del Estado.
Tomando las fuentes estadísticas de las diferentes instituciones y organizaciones que trabajan en el sistema de atención a las violencias, se sigue
la lógica de partir de lo conceptual con un marco referencial sobre la violencia de género, sus causas y consecuencias, en un primer capítulo que
abarca las diferencias culturales del género.
En el segundo capítulo, el tema es abordado presentando esas mismas
instituciones y los resultados del trabajo que realizan en el punto en que
se ubican dentro del sistema penal de atención a la violencia de género,
POLA Z, María Jesús. 2000. “Poder Judicial”, del Diagnóstico de Género en la Reforma y
Modernización. SEM, Santo Domingo, República Dominicana.
a fin de concretizar las acciones y el desarrollo conseguido desde la reforma al Código Penal, por la Ley 24-97 sobre violencia intrafamiliar, del mes
En el tercero y capítulo final, se hace un recuento de los mecanismos de
apoyo con que se cuenta en el país, agregando conclusiones y recomendaciones.
Para el abordaje se utiliza constantemente la metodología para el análisis
del género en un proyecto de ley propuesto por la jurista e investigadora costarricense Alda Facio, a fin de evidenciar el desbalance que existe
entre los componentes normativo, estructural y político cultural, de los
avances ocurridos en la búsqueda del equilibrio de los mismos y la concurrencia de actores y actoras en el sistema de derecho dominicano.
El desafío está en presentar una lectura que comunique estas informaciones de manera desmitificada y al alcance de cualquier persona a quien le
interese el dato de la violencia de género, sus causas, consecuencias y
efectos colaterales, como una violación de los derechos humanos de las
mujeres y un grave problema de salud.
género contra las
1.1 El género como base de la construcción social
Cuando se habla del género, se hace referencia al conjunto de conceptos históricos sobre lo femenino y lo masculino y a su trascendencia en
la asignación de características asignadas socioculturalmente a las personas en atención al sexo al que pertenecen.
Establecido en la base de nuestra cultura, el sistema sexo/género comprende los conjuntos de prácticas, símbolos, representaciones, normas y
valores que las sociedades elaboran a partir de las diferencias sexuales y
mientras el sexo hace referencia a las diferencias biológicas entre la mujer
y el hombre, el género se presenta como la construcción cultural, social
e histórica que, sobre la base biológica del sexo, determina lo masculino
y lo femenino en la sociedad.
Para entender la diferencia entre ambos conceptos, hay que recordar que
el sexo es efecto de la naturaleza y alude a las características biológicas
–anatómicas y fisiológicas- de las personas que diferencian al hombre de
la mujer. Mientras que el género es efecto de la cultura que determina en
cada sociedad y tiempo dado, un modelo del ser humano que depende
De esta manera, hombres y mujeres, aprenden desde que nacen un conjunto de prácticas demandadas por la sociedad para incorporarlas y mantenerlas dentro de un imaginario muy exigente y bajo la vigilancia de instituciones como la familia, la escuela, la iglesia, las leyes, así como los usos
y costumbres encargados de perfilarlas.
El género no solo determina los roles que juegan las personas, sino que
también abarca las relaciones, la manera de comportamientos, el valor
que le damos a todo y las actitudes frente a la cotidianidad, entre otras
cosas. La incidencia socio cultural del género es posible por sus características, ya que es:
• Relacional, porque no se refiere a mujeres o a hombres aisladamente,
sino a las relaciones que se construyen socialmente entre unas y otros.
• Contextualmente específico, porque existen variaciones en las relaciones de género de acuerdo a etnia, clase, cultura, etc.
• Institucionalmente estructurado, porque se refiere no sólo a las relaciones entre hombres y mujeres a nivel personal y privado, sino a un
sistema social que se apoya en valores, legislación, religión, etc.
• Jerárquico, porque las diferencias que establece entre mujeres y hombres, le dan mayor importancia y valor a las características y actividades
asociadas con lo masculino y a producir relaciones de poder basadas
en esas diferencias.
• Cambiante, porque a través del tiempo los roles y las relaciones varían y,
en consecuencia, son susceptibles de cambios mediante intervenciones.
A pesar de la constancia que existe de cómo las personas aprenden a ser
mujeres y hombres a partir del sexo natural, así como de la diferencia
que significa esto en términos de justicia social y equidad humana, las
características de género son difíciles de analizar de una manera objetiva
debido al sesgo androcéntrico del propio análisis.
El funcionamiento de un sistema de creencias sostenido en premisas falsas, aceptadas como verdaderas, o lo que conocemos como mito, fortalece una serie de estereotipos, permanentemente reciclados y, a la vez,
exigidos por el imaginario social como la presencia conveniente para ser
persona aceptada en una sociedad y cultura dadas.
Los mitos, caracterizados por su resistencia al cambio, funcionan como
perpetuadores de las costumbres y su fuerza reside en lo invulnerables
que son a cualquier prueba racional que quiera desmentirlos.
Precisamente, el argumento de “todo tiempo pasado fue mejor”, es un
ejemplo de la mítica creencia que reafirma a la cultura machista en las
costumbres autoritarias del pater familia, figura familiar masculina a quien
se le debe rendir la mayor obediencia.
Estas verdades, inventadas y trasmitidas de generación en generación,
conforman los estereotipos que son concepciones simplificadas sobre
personas o situaciones comúnmente aceptadas y “normalizadas”, a tal
punto de que son convertidas en un “deber ser” que no guarda relación
con la realidad. Mitos y estereotipos conforman el gran imaginario social
en que las personas se desenvuelven desde que nacen.
Como dice la periodista guatemalteca Laura Asturias, es posible comprender el vínculo entre las relaciones de género y la construcción de la
masculinidad hegemónica, una masculinidad dominante que no es otra
cosa que toda la gama de conductas que aprenden la mayoría de los
hombres. Se trata, en síntesis, de una masculinidad sexista, homofóbica
por lo general, racista y, concretamente, patriarcal.(2)
Siguiendo la lógica patriarcal de poder para unos y sumisión para otras, los
hombres y las mujeres se socializan en un imaginario mítico y estereotipado, en el que los niños juegan a ser valientes y controladores, aprendiendo a ser hombres como guerreros masculinos y violentos. Mientras, las
niñas juegan a ser madres -y no mujeres- con muñecas y cocinas en diminuto, que las enseñarán a ser “femeninas” como la sociedad imaginada lo
1.2 Lo público y lo privado
La historia y la antropología nos indican que hubo un tiempo que antecedió al patriarcado, en el cual las conversaciones eran en el amor; la
bonanza económica era tal, que habían excedentes económicos que permitían el desarrollo de la cultura y de las artes, todo para el disfrute de
hombres y mujeres en comunidades en las que no existía el control ni la
Exposición de Laura E. Asturias, Directora de la Revista Feminista La Cuerda, en el Foro “Mujeres
en Lucha por la Igualdad de Derechos y la Justicia Social”, en Ciudad de Guatemala, 5 de marzo de
1997 titulada, Construcción de la masculinidad y las relaciones de género.
sujeción de grupos determinados, así como tampoco habían clases que
dominaran ni mucho menos etnias diferenciadas con poder.
Como referencia, la reconocida antropóloga, socióloga y abogada de origen alemán, Riane Eisler, ubica el surgimiento de una cultura patriarcal
pastora, de modelo androcrático(3) y dominador, en unos cinco a siete
milenios atrás. Este proceso que ella denomina “de Eros a Caos”, vino de
tribus pastoriles que tenían un sistema de dominación que amenazaba la
vida, nos quitaba placer y aumentaba el dolor y era incapaz de sostener
el sistema de relaciones sociales en armonía. (Izquierdo; 1998: 22)
La tesis de la Dra. Eisler, fue probada y admitida por el Instituto de
Ciencias Sociales de Beijing, donde asumieron esta teoría de la transformación cultural como válida y encontraron que las primeras civilizaciones, más que las evocaciones paradisíacas que de ellas tenemos, fueron
sociedades matrísticas(4) en las que el modelo cultural era solidario, las
relaciones eran armónicas, cooperativas, sin supremacías y sin subordinaciones y el culto era a la diosa, como gestadora, creadora de la vida y asociada a la pertenencia a la naturaleza.
Eisler dice al respecto que, el hecho de que las mujeres desempeñaran
un papel preponderante y vigoroso en la vida y religión prehistóricas, no
significa que los hombres fueran vistos y tratados como inferiores.Ya que
aquí, tanto los hombres como las mujeres eran hijos/as de la Diosa, de
igual forma como eran hijos/as de las mujeres que encabezaban las familias y los clanes.Y dado que esto, ciertamente, le dio bastante poder a las
mujeres, homologando con la actual relación madre-hijo/a, parece haber
sido un poder que se equiparaba más a la responsabilidad y al amor que
a la opresión, los privilegios y el temor. (Eisler,1990:31)
El comienzo del patriarcado fue fruto de la dominación de las tribus pastoriles provenientes de lugares en los que la tierra no respondía al cultivo y doblegaron a la cultura pacífica de complementariedad de hombres
y mujeres, determinando a la humanidad y creando la división de los
Visión del mundo y de las relaciones sociales derivada de la consideración del hombre como el
elemento más importante.
Se refiere a una cultura de preponderancia de lo femenino, caracterizada por una propuesta de
relacionamiento armonioso y de complementariedad entre hombres y mujeres, que existían sin
subyugarse o negarse entre si. Uno de los vestigios más antiguos de esta cultura, es el de la Venus
de Willendurf, a la que se le calculan alrededor de treinta y tres mil años, encontrada en Austria y
que reposa en el Museo de Viena.
géneros, como una diferencia social agregada a la persona, al nacer hombre o mujer, expresada en la construcción de lo femenino y lo masculino
como dos categorías diferentes, desde las cuales se aplicará el poder de
unos sobre otras.
La dicotomía de lo público y privado favoreció los roles masculinos que
se fueron estableciendo como “normales” hasta nuestros días.
Progresivamente, lo masculino se fue definiendo como poder, control y
primacía sobre lo femenino que, en correspondencia, significa subordinación, sumisión, aceptación, pérdida de identidad y de decisión como persona y aceptación de la autoridad del hombre.
La esfera pública fue desde el comienzo política, regida por el principio
de la libertad y accesible sólo a los hombres libres de estar sometidos a
las necesidades de la vida. Se caracterizaba por las relaciones entre iguales, en la que se permitía a todos los ciudadanos ser vistos y oídos por
todos, es decir, la más amplia publicidad para un hecho visible desde todas
las perspectivas posibles. Esta esfera era el sitio donde todo individuo
tenía que distinguirse constantemente de los demás, demostrar con
acciones que era el mejor y competir.
Un ejemplo de unicidad y corporativismo en lo público es la propia
Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y
Ciudadano, principio de igualdad entre pares que no trascendió al reduccionismo de hombre blanco, en edad productiva y burgués, dejando al
resto en el caos de las discriminaciones humanas del racismo, clasismo,
sexismo, entre otras.
La esfera privada, en cambio, era regida por las necesidades elementales
de la persona y en ella los hombres(5) estaban privados de la presencia de
los demás y de las capacidades humanas practicadas en lo público como
el discurso y la acción. El mundo privado siempre fue el oculto refugio de
las pasiones del corazón, los pensamientos de la mente, las delicias de los
sentidos, el amor, la muerte, el dolor y las emociones.
La filósofa e historiadora alemana Hannah Arendt explica ese poder en
el nacimiento de la organización política de la sociedad diciendo como,
no sólo en Grecia y en la polis, sino en todo la antigüedad occidental […]
incluso el poder del tirano, era menor, menos “perfecto”, que el poder
Se utiliza “hombres” como varones, no en el sentido de “personas”.
con el que el paterfamilias, el dominus, gobernaba a su familia y esclavos(6),
hasta tener la facultad de decidir sobre la vida y muerte de ellos/as.
La brecha física entre lo público y lo privado desapareció en la Edad
Moderna, entre los siglos XV y XVIII, al introducirse lo social como un
conjunto doméstico o de las actividades económicas en la esfera pública,
con lo que la administración de la casa y todas las materias que antes pertenecían a la esfera privada, se convirtieron en interés colectivo. Un auge
social que coincidió con la transformación del interés por la propiedad
privada pero que mantuvo y mantiene la dicotomía del ejercicio de
poder desde lo masculino sobre lo femenino, a partir de la práctica de la
mujer que es la de la casa y la del hombre que es la de la calle; efectiva
La división de los géneros, con todas sus implicaciones trasmitidas y recicladas al pasar del tiempo, es causa y consecuencia directa de la brecha
entre lo público y lo privado; un círculo característico de la cultura
patriarcal que parece trascender al tiempo y a los esfuerzos de las mujeres organizadas en el mundo.
1.3 Las violencias basadas en el género
La sociedad organizada sobre la base de estereotipos masculinos y femeninos supeditados entre si con ventajas a ultranza para unos y grandes
desventajas para otras, separando roles, espacios y valoraciones, termina
sometiendo por el autoritarismo y la violencia a más de la mitad de la
humanidad sin considerar la acción inmoral ni discriminativa.
Como dicen Corsi y Peyrou, cuando la violencia de poder es explícita o
implícitamente aceptada por las normas o por las costumbres, la violencia se “normaliza” y por lo general permanece ignorada u oculta, a
menos que adquiera proporciones desmesuradas y difíciles de esconder.
Como ejemplo, las formas que adquiere la violencia familiar. (Corsi y
Peyrou; 2003:29)
La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, define la
violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológi(6)
ARENDT, Hannah. La condición humana. Ediciones Paidós. España. 1993.
co. Incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vía pública o en la vía privada”.
La violencia acompaña a la mujer en todas las etapas de la vida e incluso,
en algunos países, puede empezar antes del nacimiento, como lo indican
los abortos género selectivos en China y en India y la mortalidad materno infantil en los países en vía de desarrollo o periféricos.
El tema de la violencia de género que afecta sobre todo a las mujeres,
niños y niñas desde las relaciones sociales y familiares constituye uno de
los mayores y más complejos fenómenos socioculturales. Reconocida
como violencia de género contra la mujer, por su base de misoginia(7) dirigida a dañar a las mujeres por el solo hecho de serlo, se ha convertido
en una seria preocupación de diferentes grupos sociales, gubernamentales y no gubernamentales, que la reconocen como un fenómeno fundamentado en la relación de poder históricamente desigual establecida
entre hombres y mujeres y promovida desde la cultura.
Cuando se habla de violencia de género, se refiere a todo acto de violencia
que se ejerce contra la mujer por el simple hecho de serlo y que tiene como
resultado posible o real un daño físico, sexual, psicológico o emocional, ya sea
en la vida pública o en la privada, manifestándose como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. De acuerdo a las estadísticas reconocidas internacionalmente, con porcentajes tan altos como para
darle categoría de fenómeno, es una propuesta unilateral del hombre a la
mujer; de ahí que se le suela llamar también violencia machista. (8)
Por la direccionalidad de las agresiones a la persona mujer, existen varias
formas de violencias de género, como la que se ejecuta en el ámbito
doméstico, llamada intrafamiliar y de pareja. Las agresiones sexuales también son violencias de género contra las mujeres dentro y/o fuera del
espacio familiar o de pareja. También es violencia de género el acoso
En la teoría feminista, la misoginia es reconocida como una ideología política existente para justificar y reproducir la subordinación de las mujeres por los hombres. (Etimológicamente significa
“odio a las mujeres”). La misoginia y/o la actitud misógina forma parte de los patrones culturales
de muchas sociedades, que establece rígidas reglas de conducta para las mujeres y que ante la
duda con respecto al cumplimiento estricto de las mismas , se toma la vía de culpar a la mujer.
Al término del Decenio de la Mujer, en 1995, después de 10 años de investigación dedicados a
estudiar la situación de las mujeres en el mundo, la ONU determinó que la violencia contra las
mujeres era un fenómeno sociocultural de alcances universales. Al día de hoy, a pesar de los
esfuerzos e inversiones, sigue siendo un gran problema para los países del mundo.
sexual en las escuelas, universidades y en el trabajo. Estas violencias son
dirigidas en un alto porcentaje contra mujeres y niñas y prácticamente, en
un ciento por ciento, es ejercida por masculinos violentos.
Se habla de violencia institucional cuando el uso arbitrario o ilegítimo de
la fuerza, es ejercida o aceptada por el Estado y sus administraciones, permitiendo la fragmentación de la sociedad, pobreza, miseria, marginación,
exclusión, intolerancia, discriminación, marcada desocupación y subocupación con lamentable deterioro de los indicadores en salud y educación,
aislamiento, ausencia de horizonte y de expectativas. La violencia institucional afecta sobre todo a las mujeres, a los niños y niñas y a las personas envejecientes y, consecuentemente, a sus derechos humanos.
Entre las manifestaciones abusivas que se producen en las relaciones de
poder, una forma de discriminación por razón de género y que expone
mucho más a las mujeres que a los hombres, es el acoso sexual, definido
como cualquier tipo de acercamiento o presión de naturaleza sexual
tanto física como verbal, no deseada por quien la sufre, que surge de la
relación de empleo y que da por resultado un ambiente de trabajo hostil, un impedimento para hacer las tareas y/o un condicionamiento de las
oportunidades de ocupación de la persona perseguida.
El acoso sexual también constituye un problema en las escuelas y en las universidades o academias de estudios superiores, constituyendo un problema
de importancia al que no se le da crédito legal, por lo que no recibe el trato
adecuado de parte del sistema de atención y se tiende a ignorar.
En América Latina, así como en gran parte del mundo, el aumento de los
asesinatos de género o feminicidios se está convirtiendo en una preocupación con carácter de pandemia. Su incidencia y consecuencias afectan
a las democracias y a sus instituciones, afectando la credibilidad y la eficacia de los Estados que han demostrado incapacidad para ejercer justicia,
brindar seguridad a las mujeres y enfrentar fenómenos como los conflictos armados internos, la inmigración y tráfico de personas, la prostitución,
el narcotráfico y el uso y abuso de armas de fuego que nutren el feminicidio y que afectan la gobernabilidad.
Como señala la Socióloga mexicana Julia Monárrez, la práctica feminicida,
producto del sistema patriarcal, comprende toda una serie de acciones y
procesos de violencia sexual, que van desde el maltrato emocional y psicológico, los golpes, los insultos, la tortura, la violación, la prostitución, el
acoso sexual, el abuso infantil, el infanticidio de niñas, las mutilaciones
genitales, la violencia doméstica, la maternidad forzada, la privación de alimentos, la pornografía, hasta toda política, tanto personal como institucional, que derive en la muerte de las mujeres.Todo esto tolerado y minimizado por el Estado y las instituciones religiosas(9). (Monárrez: 2000).
En el cuadro siguiente, sin que sea exhaustivo, se distinguen las violencias
de género contra las mujeres a lo largo de su vida:
y vida adulta
• Abortos selectivos según el sexo.
• Efectos sobre el recién nacido de la violencia durante
• Mortalidad materna por violencia institucional.
• Infanticidio femenino.
• Abuso físico, sexual y psicológico.
• Mortalidad infantil por violencia institucional.
• Explotación sexual y laboral infantil y pornografía.
• Trata y tráfico.
• Acoso sexual escolar.
• Violencia institucional.
• Violencia durante el cortejo y el noviazgo.
• Sexo forzado por razones económicas.
• Abuso sexual en el sitio de trabajo.
• Violaciones sexuales.
• Acoso sexual laboral.
• Prostitución y pornografía forzadas.
• Tráfico de mujeres y trata.
• Violencia de pareja, conyugal o doméstica.
• Violación por la pareja.
• Abuso y maltrato físico.
• Abuso y maltrato psicológico.
• Abuso de mujeres con discapacidades.
• Embarazos forzados.
• Mutilaciones permanentes por violencia.
• 'Suicidio' forzado u feminicidio de viudas por razones
Julia Monárrez es una de las primeras investigadoras de los Asesinatos de Ciudad Juárez en México.
En los últimos veinte años la violencia contra las mujeres se reconoce
como un problema social de grandes dimensiones que causa más muertes y daños en las mujeres de 15 a 44 años que la malaria, el SIDA o la
guerra(10).
Casi todas las legislaciones de las regiones de Latinoamérica reconocen
las siguientes formas de violencia contra la mujer(11):
• Física: cuando una persona recibe un daño directo en su cuerpo. Por
ejemplo: a través de golpes, patadas, empujones, fracturas, mutilaciones,
disparos, torturas, heridas y/o vías de hecho.
• Psicológica o emocional: son todos aquellos actos y expresiones que
ofenden, humillan, asustan, amenazan o atentan contra la autoestima de
la persona. Por ejemplo: cuando se le dice a alguien inútil, bruta, usted
no sirve para nada; se le amenaza de muerte, se le impide salir a la calle,
visitar a la familia y tener amigos y amigas.
• Sexual: cuando una persona es obligada a realizar actos sexuales que
no desea. Por ejemplo: tener relaciones sexuales que no quiere, así sea
con la pareja, a ejercer la prostitución o la pornografía.
• Económica: cuando a la persona se le quita el dinero que gana, se le
impide gastarlo en beneficio suyo o de su familia, o se le niega el dinero, con el fin de controlar su independencia.
Si la violencia como respuesta en las relaciones de las personas es aprendida, como dice el chileno Rodolfo Maturana, la clave del cambio cultural
y social, y por lo tanto la posibilidad de desarrollo de las personas humanas en tanto mejoras cualitativas en la experiencia vital, radica en darse
cuenta y en querer cambiar nuestras emociones y acciones. El cambio
radica en que, los hombres y las mujeres, decidamos sanarnos y salvar la
vida de nuestros hijos y de nuestras hijas. El amor se aprende en la casa,
donde la recurrencia del contacto diario facilita el “ponerse los zapatos
del otro/a” y genera cercanías físicas y emocionales que nos hacen aceptar a la otra persona como un/a legítimo otro/a en la convivencia.
(Quiroga: 1994).
CARCEDO,Ana. 2001. Femicidio en Costa Rica 1990-1999. (Con la colaboración de Monserrat Sagot
). San José, Costa Rica
La descripción de estas maneras de violencia no es limitativa.
Caso emblemático de adhesión
a la cultura patriarcal
Pilar Betances Arias, pertenecía a una familia tradicional del
sector de Los Pepines, de la ciudad de Santiago, donde siempre vivió, hasta que, el 3 de agosto del 2003, fue asesinada
por el que fuera su compañero de casi 20 años de matrimonio y con dos hijos adolescentes. Pili, Psicóloga del Colegio
de La Salle era, para la cultura patriarcal de su entorno, una
triunfadora por resultados: buena madre, excelente compañera, trabajadora incansable, generosa, callada, tranquila,
reservada, tímida y muy religiosa. Eficiente en sus labores de
consejera, los alumnos y alumnas y los compañeros y compañeras de trabajo la apreciaban y valoraban día a día. Era tan
reservada que unos días antes del feminicidio, apenas le insinuó a una de sus hermanas que estaba al borde de tomar la
decisión de separarse del padre de sus hijos que cada vez se
tornaba más controlador y violento. Cuántos desvelos habrá
tenido Pili por el miedo de vivir con un armado ¡“compañero enemigo”! Ni las hermanas ni los hermanos sospecharon nunca la tragedia que se
avecinaba y ver a Pili alejada del entorno
familiar fue algo normal para esa familia cristiana. La noche del crimen, su compañero
terminó una discusión iniciada cuando él
regresó a la una de la mañana, silenciando
definitivamente los tradicionales argumentos de Pili con un certero balazo en la cabeza. Pili, como todas las víctimas de violencia
de género de pareja, no se merecía ni la violencia que sufrió tantos años en silencio,
esperando el cambio del hombre que había
escogido para formar un hogar hasta siempre, ni tampoco merecía su muerte. El feminicida fue condenado a 20 años de cárcel en primera instancia y se espera el
conocimiento del recurso de apelación que solicitara.
2.1 La familia dominicana(12)
Desde la mejor de las tradiciones de nuestra cultura aprendemos que la
familia, la casa, el hogar, es el espacio físico, social y emocional para la seguridad y estabilidad de las personas. Durante mucho tiempo, valorada como
“la célula de la sociedad”, en su modelo nuclear y, apoyada por nociones
míticas, la familia fue considerada el espacio privado de mayor seguridad en
el que las personas se socializaban afectivamente, sin embargo, en las últimas dos décadas del siglo XX, se señala su tendencia a ser conflictiva, debido a las características de intimidad y privacidad. (Corsi; 23:1995.)
Para 1988, en una investigación sobre la familia, R. Gelles y M. Straus, identificaban once factores que pueden incrementar el riesgo potencial de
agresión dentro de la familia:(13)
Los datos son tomados de la exposición de María Jesús Pola Z., titulada La mujer como Jefa de
Hogar y la Vivienda, en el Panel Políticas de Vivienda con Perspectiva de Género, en el Seminario
Internacional sobre Lineamientos de Políticas de Viviendas a Favor de la Mujer en Sectores de
bajos Ingresos. En Santo Domingo, República Dominicana, el 5 de mayo del 2005.
Referido por Jorge Corsi, en la obra citada.
1. La duración del período de riesgo, es decir, la cantidad de tiempo
que las personas miembras de una familia permanezcan juntas.
2. Las diferencias de intereses en las actividades y la multiplicidad de
contextos en que se produce la interacción de estas personas.
(Por eso los negocios en familia, unen).
3. La intensidad de los vínculos personales.
4. Las diferencias de opiniones en las decisiones que afectan a todas
las personas miembras.
5. El derecho, culturalmente adquirido, de influir en los valores, los
comportamientos y las actitudes de otras personas miembras de
6. Las diferencias de edad y sexo.
7. Los roles atribuidos según la edad y el sexo.
8. El carácter cultural privado del medio familiar.
9. La pertenencia involuntaria, es decir, el hecho de no haber elegido
10. El estrés atribuido al ciclo vital, los cambios socioeconómicos y
11. El conocimiento íntimo de la vida de cada una de las demás personas miembras de la familia, de sus puntos débiles, de sus temores y preferencias.
Sin embargo, el mismo Corsi, plantea que hay que considerar algunos elementos como determinantes para la evaluación del potencial de violencia en una familia, a saber:
Grado de verticalidad de las estructuras familiares.
Creencias en torno a la obediencia y al respeto.
Creencias acerca de la disciplina y al valor del castigo.
El grado de adhesión a los estereotipos de género.
El grado de autonomía relativa de las personas miembras de
Precisamente, el contexto histórico y sociocultural de nuestro país se
caracteriza por un grupo familiar en desbalance de poder, en el cual a los
hombres se les atribuye una jefatura total sobre el resto de las personas
que lo componen, el enraizamiento de esta tradición, heredada de la figura del pater familia de la cultura romana, es una de las principales causas
de la violencia como propuesta masculina hacia las mujeres.
En nuestro país, existe una imagen tradicional, idílica, idealizada, de la familia compuesta de padre, madre, hijos e hijas, en la cual todas las personas
que la componen trabajan en bienestar del conjunto. Se reconoce como
un grupo humano donde se reproduce la especie, se trasmite la cultura
y las costumbres a las nuevas generaciones y se sustenta el sistema de
producción de una sociedad. Esta es la imagen que se reivindica desde las
instituciones de toda sociedad patriarcal y capitalista.(14)
Esta representación de familia nuclear, biparental, armónica, compuesta
por hombres y mujeres que desarrollan roles claramente establecidos y
que forman a sus integrantes para el éxito social, se pregona desde todas
las instituciones sociales, se exalta en las canciones infantiles, en los
medios de comunicación, y en la cultura popular; pero es una imagen que
no nos ayuda a comprender nuestra realidad, porque no la refleja.
Sin embargo, este tipo de familia no es el más generalizado en la
República Dominicana donde las informaciones hablan del perfil que
tiene en el país(15):
• Sólo el 36.7% de los hogares del país – y sólo el 33.7% de los
hogares urbanos- responde al modelo de familia nuclear biparental con hijos.
• Casi el 50% de los hogares clasifica en las categorías de extendidos (27%), compuestos (13%) y unipersonales (8%).
• El 21% de las adolescentes ya ha iniciado la procreación. Entre las
adolescentes de 18 y 19 años, una de cada tres ya es madre.
• De los nacimientos ocurridos en los últimos 5 años, el 53% era
deseado en el momento de ocurrir el embarazo, el 33% lo
deseaba para más adelante y el 14% no lo deseaba (no quería
tener más hijos). Es decir, el 47% de los nacimientos no era
deseado al momento de la concepción.
• Más del 32.8% de los hogares dominicanos está encabezado por
una mujer; entre los hogares urbanos, esta cifra asciende a 36.5%
La dicotomía, el paralelismo y la doble moral arraigada en la cultura que
seguimos, determina la defensa de un modelo socio cultural de familia, convertido en un imaginario social que no nos permite aterrizar en las políticas ni en su aplicación para desmontar la violencia de género en la familia.
Los datos sobre familia, son tomados de Los Hogares Dominicanos: el mito de la familia ideal y los tipos
de jefaturas de hogar, de Isis Duarte y Ramón Tejada Holguín, IEDP, PROFAMILIA, 1995.
Datos tomados de la última Encuesta Demográfica y de Salud, ENDESA.
Curiosamente, en la familia se encuentran las más grandes exclusiones
socio culturales a las personas y a partir de la concepción tradicional y
milenaria que establece una cosmovisión androcéntrica de las cosas, que
ya establecida tendrá preferencias en el impacto de la discriminación,
convierte a la mujer en la más castigada, junto a los niños y niñas y a las
personas envejecientes. Esta violencia es de manera física, sexual, emocional y económica, con las combinaciones potencializadoras de riesgo que
implica edad y sexo en la familia.
Por lo tanto, los datos estadísticos y la realidad cotidiana, nos dicen que
la familia dominicana tipo no es armónica ni forma a las personas para la
autoestima, muy por el contrario, recicla los roles estereotipados de
género. Es decir, las características y modos de comportamiento que se
asignan socialmente en función del género y las formas particulares de
ser, de sentirse, de interactuar, de comportarse como mujer o como
hombre, de acuerdo a cómo cada sociedad define la masculinidad y la
feminidad, no en función de los gustos o aptitudes de cada quien.
En nuestra realidad dominicana, a los problemas tradicionales en relación
con las familias, se agregan nuevos surgidos en los últimos años, tales como:
• La diversidad de uniones familiares
• La violencia basada en el género contra la mujer en el ámbito
• El alto índice de separaciones y de desamores
• El abandono de los hijos y las hijas
• Abandono de madres y padres por parte de los hijos e hijas
• El incremento de la participación de la mujer en la economía
• La situación laboral de la doble y triple jornada para la mujer
Existe además, una realidad favorable al aumento de la jefatura femenina, lo
que se constituye en una violencia de género institucional, que obliga a las
dominicanas a enfrentar una cotidianidad en la que, en ausencia de un compañero/cónyuge, reorganizan sus familias en torno a una compleja red de
parentesco que tiende a incluir más de una generación de mujeres (abuela,
madre, hija), con la presencia de parientes masculinos como hermanos, tíos,
yernos, primos, entre otros. Duarte y Holguín Tejada, caracterizan a los hogares dominicanos encabezados por mujeres de la siguiente manera:(16)
DUARTE, Isis y TEJADA HOLGUIN, Ramón. 1995. Los Hogares Dominicanos: el mito de la familia ideal
y los tipos de jefatura de hogar. IEPD, PROFAMILIA. Imagen Editora. Santo Domingo. R. Dominicana.
• Tienen en promedio un número menor de personas que trabajan en la membresía familiar, que aquellos encabezados por
• La edad promedio de las jefas de hogar es mayor que el de los
hombres jefes.
• La mujer jefa tiene una menor participación en la actividad económica remunerada y está afectada por una tasa extraordinariamente mayor de desocupación.
Actualmente, en un período que se extiende desde finales del siglo pasado, cuando el Poder Ejecutivo nombró comisiones para los fines, se trabaja en la reforma a todas las leyes, entre las que se encuentran las que
elaboran anteproyectos del Código Civil Dominicano y de un Código de
Familia, de las que se espera una visión realista e inclusiva, a pesar de que,
entre las personas comisionadas y conocedoras del Derecho Civil, no se
haya convocado a ninguna experta en género.
La Encuesta Demográfica y de Salud, ENDESA, para el año 2002, hace
una distribución porcentual de las mujeres que han experimentado violencias físicas de acuerdo a la edad, el estado conyugal y la condición de
empleo; y determina el cuadro siguiente(17):
% Mujer alguna vez Violentada
Nunca Casada/Unida
Divorciada/Separada/Viuda
Trabaja por dinero
No recibe dinero
CACERES U., Francisco y ESTEVEZ T., Germania. 2005. Violencia Conyugal en la República
Dominicana: Hurgando Tras sus Raíces. Investigación basada en el Estudio Demográfico y Salud,
ENDESA 2002. PROFAMILIA, República Dominicana.
Las violencias institucionales basadas en el género atentan contra la familia, dentro de la cual las mujeres son las más afectadas debido a la condición de reproductoras y a las pocas políticas inclusivas existentes desde
Algunos resultados de la última Encuesta Nacional de Hogares de
Propósitos Múltiples; un estudio que cubre al 93% de la población dominicana, desarrollado sobre una muestra probalística de 22 mil hogares,
organizados en cuatro estratos, distribuidos en las 31 provincias del país
y el Distrito Nacional; muestra el crecimiento de la pobreza en el país.
La encuesta permitió obtener 11 indicadores de los 48 considerados en
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y algunos resultados.
Para los indicadores de escolaridad, el 65% de la población entre 15 y 19
años tiene por lo menos la enseñanza primaria completa. El índice de
matrícula mujer/hombre en la educación primaria es de 95.8 de mujeres
por cada 100 hombres, sin embargo, en la educación secundaria, por cada
100 hombres hay 118.2 mujeres y, en la educación superior, hay 163.8
mujeres por cada 100 hombres.
En los indicadores que se refieren a la forma de vida, el 13.9% de la población vive en hogares que utilizan carbón o leña para cocinar sus alimentos; sólo el 78.3% consume agua potable; el 82.4 % vive en hogares que
emplean sanitarios o letrinas privadas; sólo el 27% vive en hogares con
teléfono residencial fijo y el 3.1% de los hogares tiene servicio de Internet
La seguridad ciudadana, en nuestro país, se percibe como el segundo problema principal del país, señalado por el 48% de la población luego del
desempleo -considerado por el 51.6%- y, en tercer lugar, la falta de energía eléctrica, para el 40.4%. En casi todos los casos el nivel de satisfacción
con el accionar de la Policía es muy bajo y entre 57.7 % a 70.9% no se
siente satisfecha con la institución.
Según la Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA 2002) el 24% de las
entrevistadas (8,746 mujeres), con edades entre 15 y 49 años, ha sido víctima de agresiones físicas(18). El riesgo de agresión puede alcanzar valores de
Cáceres Ureña, Francisco y Estévez, Germania. Violencia Conyugal en la República Dominicana: hurgando
tras sus raíces. Asociación Pro Bienestar de la Familia (PROFAMILIA). Mediabyte. Santo Domingo. 2004.
hasta el 40% en el caso de las mujeres separadas o divorciadas y 33% entre
las trabajadoras del servicio doméstico. Estas agresiones provienen básicamente del marido o ex marido (63%) y, en menor medida, de la madre
(14%), del padre (10%) y de otro pariente (9%). Entre las mujeres alguna
vez embarazadas, el 6% recibió maltrato físico durante el embarazo(19).
La permisividad a controlar las decisiones de la mujer se destaca en el
67% de la población masculina -con edad entre 15 a 34 años- que considera como no aceptable que la mujer trabaje fuera si el marido puede
aportar suficiente dinero, en comparación con el 65.5% y el 63.3% de
hombres con edades entre los 35-44 y 45-59 años, respectivamente.
El 13% de la población con edad entre 15-34 años opinó que se justifica
pegarle a la esposa, respecto a un 8.5% y un 6.9% con edades de 35-44
y 45-59 años, respectivamente. El 50.3% de la primera categoría de edad
consideró que el hombre tiene derecho a sancionar a la esposa si se
niega a tener relaciones sexuales, las opiniones de las otras categorías de
edades estuvieron entre el 44.6% y el 42.2%, respectivamente.
De acuerdo a esta investigación la percepción sobre la mujer de la población masculina joven muestra mayores sesgos discriminatorios que aquella de mayor edad. Lo que lleva a plantearse hacia el futuro inmediato
acciones de desmonte del machismo en esta población.
Esta complejidad de las causas y consecuencias de la violencia de género intrafamiliar, asociadas a la pobreza y a las violencias sociales se convierten en un detonante que amenaza a la familia dominicana, sea cual
fuere su tipo de construcción socio cultural y es necesaria la intervención de alternativas económicas de apoyo para iniciar cualquier proceso de desmonte.
2.2 Violencia de género intrafamiliar a partir de la Ley 24-97
2.2.1 El elemento normativo(20)
El componente formal-normativo de la ley o la norma agendi, es la ley
formalmente promulgada, las normas escritas que conocemos a través de
los Tratados o Convenios Internacionales, la Constitución Política, las leyes
sustantivas, los decretos, los reglamentos, las convenciones colectivas, etc.
Esto es, el conjunto de normas jurídicas dictadas por los órganos especializados del Estado.
Uno de los mayores logros del siglo XX para el reconocimiento de los
derechos de las mujeres del mundo fue la Convención para la Eliminación
de toda Forma de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, como el
documento legal acordado en 1979 en el marco del Decenio de la Mujer.
A nivel regional, en el año 1994, en la ciudad de Belem do Pará, en Brasil,
la Organización de Estados Americanos, OEA, puso en función La
Violencia contra la Mujer,(21) o Convención de Belem do Pará, documento jurídico de especial valor político para las mujeres latinoamericanas,
cuyos países no contaban con legislaciones especiales en este sentido.
Estos Tratados sirvieron de plataforma para que las mujeres parlamentarias dominicanas, la Comisión de Mujeres Asesoras del Senado y el
Movimiento Feminista y de Mujeres Dominicanas, sometieran diferentes
proyectos que culminaron con la aprobación del instrumento jurídico de
mayor importancia en toda la historia para las dominicanas: la Ley 24-97
sobre Violencia Intrafamiliar, que modificó sustancialmente el Código
Penal de nuestro país.
Para el análisis de los resultados de la aplicación de la reforma penal del año 1997, con la Ley 24-97,
se asume la metodología sugerida por la abogada y jurista costarricense,Alda Facio, del Instituto
Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,
ILANUD, con la finalidad de analizar las contradicciones entre las normas escritas, su aplicación
práctica y la interpretación de las mismas, o lo que es igual, el componente o elemento normativo, el
estructural y el político cultural.
La región latinoamericana sentó un precedente con la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, o de Belem do Pará, promulgada en el marco de
la Organización de Estados Americanos, OEA, para 1995, ya que es la primera en el mundo en
tener una legislación tan completa para la violencia de género contra la mujer.
Hay que destacar que las mujeres políticas, junto con algunas destacadas
abogadas y otras representantes de las organizaciones no gubernamentales de mujeres, bajo la dirección de la Dra. Milagros Ortiz Bosch, única
Senadora por entonces, fueron las que lograron la promulgación de la
Ley 24-97. En el siguiente cuadro, los nombres de estas dominicanas: (22)
• Comisión Honorífica de Mujeres
Asesoras del Senado de la República
• Diputadas y representantes de los
Asesoras Jurídicas:
Representantes de Organizaciones No
Gubernamentales, (ONGs):
Licelotte Marte
Martha Olga García
Magaly Caram
Los cambios producidos por la modificación de las legislaciones, a partir de la CEDAW, empezaron en América Latina con la Ley Número 54
para la Prevención e Intervención contra la Violencia Doméstica, promulgada en Puerto Rico para 1988, que marcó un hito en cuanto a la
tipificación y sanción de los delitos de maltrato mediante amenaza o
restricción de la libertad y el delito de agresión sexual conyugal, así
como al establecimiento de órdenes de protección para las víctimas de
Tomado de la publicación La Ley 24-97, Una acción Política Concertada. Su Historia. Compilación de
Brinella Fernández
Siguió, en 1991, El Salvador, con la Ley de la Mujer Golpeada; en 1994,
Chile con la ley sobre Violencia Intrafamiliar y Argentina con la Ley
Número 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar; en 1995,
Ecuador aprobó la Ley contra la Violencia a la Mujer y a la Familia; en
1995, Panamá; en 1996 en Costa Rica se aprobó la Ley contra la Violencia
Doméstica; en 1996, también Nicaragua estrenó una legislación especial;
nosotras, en 1997,Venezuela en 1998.
Las leyes, como políticas públicas por excelencia, fueron las verdaderas
protagonistas en la voluntad del cambio. Sin embargo, estas reformas se
realizaron sobre todo en la normativa, dejando en suspenso la modificación de la estructura y del elemento político cultural de los sistemas de
derecho remozados; una transacción que atrasó el verdadero cambio y
alejó las posibilidades de revolucionar desde un principio los tres elementos que constituyen estos sistemas y la necesidad de que exista un equilibrio permanente entre la normativa, la estructura y lo político cultural
En la República Dominicana, alcanzar el enfoque se desdobló en muchas
dificultades, la mayoría de ellas comunes a la realidad de la región y después de casi diez años de promulgada la reforma al Código Penal
Dominicano, todavía cuesta entender que la violencia contra las mujeres
es un problema de género, recreado constantemente por la costumbre
y de una complejidad multifactorial que hay que abordar.
Una de las grandes dificultades nace del marco referencial de nuestro
derecho - francés y afrancesado- economicista y centrado en la figura de
la propiedad, que conserva los principios trascendentes e inmutables
desde el imperio romano. Un derecho que está hecho por y para hombres, con gran dificultad para permitirles a las víctimas concretizar sus
Si bien las violencias de género sólo se reconocen en la ley penal, la reforma de la Ley 24-97 incorporó las órdenes de protección, dictadas en el
tribunal o por el Ministerio Público; que, establecidas en el artículo 3096, establecen medidas penales y civiles:(23)
Informe Derechos Humanos de las Mujeres en el Anteproyecto de Ley que crea el Nuevo Código Penal de
la República Dominicana. Presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
por la Coalición de ONGs por una Legislación Moderna y Consensuada, en el 126º Período de
Sesiones, el Lunes 23 de octubre del 2006, en la ciudad Washington, D.C., USA.
• Orden de abstenerse de molestar, intimidar o amenazar al cónyuge, ex cónyuge, conviviente, ex conviviente o pareja consensual o de interferir en la guarda o custodia provisional o definitiva acordada en virtud de la ley o de una orden judicial;
• Orden de desalojo del agresor de la residencia del cónyuge, ex
cónyuge, conviviente, ex conviviente o pareja consensual;
• Interdicción del acceso a la residencia del cónyuge, ex cónyuge,
conviviente, ex conviviente o pareja consensual;
• Interdicción de acercamiento a los lugares frecuentados por el
cónyuge, ex cónyuge, conviviente o pareja consensual;
• Prohibición a la víctima de trasladar u ocultar los hijos comunes;
• Interdicción de enajenar, disponer, ocultar o trasladar bienes
propios de la víctima o bienes comunes;
• Orden de internamiento de la víctima en lugares de acogida o
refugio a cargo de organismos públicos o privados;
• Orden de suministrar servicios de atención a la salud y de
orientación para toda la familia a cargo de organismos públicos
• Orden de presentar informes de carácter financiero sobre la
gestión de los bienes comunes y de la empresa, negocio,
comercio o actividad lucrativa común;
• Orden de reponer los bienes destruidos u ocultados;
• Orden de medidas conservatorias respecto de la posesión de los
bienes comunes y del ajuar de la casa donde se aloja la familia;
• Orden de indemnizar a la víctima de la violencia, sin perjuicio
de las acciones civiles que fueren de lugar, por los gastos lega-
les, tratamiento médico, consejos psiquiátricos y orientación
profesional, alojamiento y otros gastos similares.
A las dominicanas sobrevivientes de violencia basada en el género, no les
ha sido fácil enfrentar la resistencia sociocultural sexista y, la gran mayoría,
han sido revictimizadas por hombres y mujeres del aparato operativo de la
justicia, en una ruta crítica muy accidentada en la que se tienen que enfrentar además, con un sistema endiosado, masculino por esencia, con una práctica privada hipertrofiada, celosa y creída dueña de la verdad absoluta.
Por lo que, la reforma de la norma penal de 1997, en los primeros seis o
siete años de promulgada, representó para el conjunto de nuestro Derecho,
una especie de “invitado de piedra” al que no se podía entender y menos
abordar la debilidad en la práctica jurídica dada por la ausencia de pautas
procedimentales claras, falta de reglamentaciones con sentido de género
pero, sobre todo, por inercia cultural de la administración de la justicia.
2.2.2 El elemento estructural
Referido a la estructura con que la ley cuenta para aplicarse, es el componente estructural de la ley o el contenido en forma de normas no escritas que las y los legisladores, las y los operadores judiciales, el personal de
las oficinas administrativas y la policía le dan a las reglas, leyes y principios
que se encuentran en el componente formal-normativo, al crearlas, seleccionarlas, combinarlas, aplicarlas e interpretarlas.
Las reformas a la normativa son las que más fácilmente se hacen, lo que se
entiende en el sistema de legislación dominicana, donde no se requieren
grandes formalidades para promulgar una ley, situación que produjo un
arranque lento en la aplicación de la reforma penal de la Ley 24-97; mecanismo que hasta hoy no cuenta con un reglamento de aplicación para apoyar el enunciado de los mal entendidos delitos basados en el género.
Para completar las reformas de la normativa se establecieron los primeros cambios en la estructura en octubre de 1997, cuando se puso en funcionamiento el primer destacamento de recepción de querellas, llamado
Departamento de Protección a la Mujer del Destacamento Policial de
Villa Juana, en el populoso barrio del mismo nombre en la ciudad capital,
como un esfuerzo coordinado por la Secretaría de Estado de la Mujer,
SEM, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional y el
Comisionado para la Reforma y Modernización de la Justicia de enton-
ces, una iniciativa para promover el proceso de adecuación de la normativa especial en el sistema de derecho(24).
Esta visión de una justicia comprometida con la violencia de género, llevó
el fenómeno de la violencia contra las mujeres a los litorales policiales y
del Ministerio Público y se crearon los Destacamentos y Departamentos
especiales(25); dirigidos por una persona ayudante fiscal a cargo, junto con
una dotación policial que recibieron un entrenamiento mínimo de parte
de la Secretaría de Estado de la Mujer, SEM, así como de las organizaciones no gubernamentales de mujeres.
Estos Destacamentos/Departamentos funcionaron, desde el año 1997
hasta finales del 2004, como la triste puerta de entrada a la ruta crítica
de las mujeres sobrevivientes a la justicia penal; un fracaso que pone en
cuestionamiento a la Policía Nacional de esa época como la institución
encargada de la contención e identificación del fenómeno de la violencia
de género y también a la Justicia, sobre todo, al Ministerio Público.
En el año 2000, la Secretaría de Estado de la Mujer, SEM, presentó un
diagnóstico del Destacamento de Villa Juana, en Santo Domingo, a partir
de una investigación realizada con una muestra representativa de 364
casos de los siete mil diecinueve recibidos hasta ese entonces en ese
Destacamento(26).
Los datos correspondientes a los indicadores requeridos que fueron
encontrados, son los siguientes:
Edad de las mujeres querellantes
Las mujeres que se presentan al Destacamento de Villa Juana son relativamente jóvenes, un 82.5% de 37 años o menos. El promedio de edad es de
29 años y la edad más frecuente es de 30 años, mientras que un 11.1% de
las querellantes son menores de dieciocho años con conflicto de pareja.
La Policía Nacional, creó el 9 de octubre de 1997, el “Destacamento de Protección a la Mujer”
según la Orden General Num. 41-(1997) emitida por su Jefatura, y adicionando la “Compañía de
Protección a la Mujer”, integrada por 62 miembros de la institución, quienes habían sido entrenados por la Dirección General de Promoción de la Mujer, DGPM, antes de ser Secretaría, como
parte del convenio entre las dos partes, lo que los calificaba para el trabajo. El Destacamento se
ubicaba, en el organigrama de la Policía Nacional, al mismo nivel de otros departamentos, tales
como Robos,Tránsito y Homicidios.
En la R. Dominicana la violencia basada en el género, sólo se reconoce desde el Derecho Penal
El trabajo fue realizado por Patricia Solano, Mildred Mata y María Jesús Pola Z.
Vínculo entre las partes
En un 82% de los casos atendidos las agresiones se dieron entre parejas
heterosexuales y, en el resto, las relaciones fueron entre la persona querellante y la querellada, variando de familiares a particulares y destacando un 3.3% de recepción de querellas por violencia a menores. Por la falta
de un instrumento adecuado de registro, no se recoge el dato acerca del
número de uniones formales (matrimonios) y consensuales en todos los
Una submuestra, tomada del vínculo de relación de pareja, arrojó el dato
de que la mayoría de las uniones en los casos recibidos eran consensuales
e informales y, de ellas, un 59% de los agresores fueron ex convivientes; un
dato que refuerza la teoría general de que las mujeres sufren un mayor
peligro de violencia en el momento en que se separan de los agresores.
El 58% de los casos recibidos en Villa Juana correspondieron a las agresiones físicas y, si bien los hechos contenían en su mayoría características
de las demás tipologías, no se pudo especificar en detalles debido a la
falta de un sistema de registro de datos que fuera conveniente y estandarizado; por ejemplo, en una muestra de 30 casos, 18 no tenían especificado el tipo de agresión física, en otros 3 casos se dijo que fueron golpizas, 4 se denominaron “violencias” al sacar a la víctima por la fuerza de
la casa, 1 fue intento de ahorcamiento y puñetazo en la cara, 1 intento de
tirar por el balcón y otros golpes, una bofetada y dos intentos de violación con agresión entre ex cónyuges.
Como dato importante, las amenazas de muerte se presentaron casi permanentemente en todos los tipos de violencia. Otras amenazas fueron
las de sacar de la casa a la víctima, agredirlas físicamente, quitarle los hijos
y/o las hijas y romper todos los trastes de uso doméstico.
El 70.7% de los expedientes del Destacamento eran negociados en
acuerdos formales entre las partes con la mediación de la Ayudante Fiscal
encargada del caso: una nueva modalidad no contemplada en la ley
entonces y cuya aplicación a los casos de violencia de género es delicada y discutida ampliamente ya que quien teme, mal puede manejarse en
un pie de igualdad frente a quien origina el temor.
En el estudio de Villa Juana se consideró importante el indicador de calidad
de atención con la finalidad de medir el tiempo en que se atiende a una persona, ya que todos los casos de violencia doméstica deben ser considerados por el sistema como una emergencia a causa del índice de feminicidios
como estadística internacional y nacional. Se observó de manera directa que
la falta de tiempo de las ayudantes fiscales, lleva al personal que operativiza
las citas a establecer los criterios para otorgarlas y defenderlos frente a las
magistradas con argumentos tales como: “...no hay tiempo”...”está lleno el cupo
de citas”, etc. Revisando las fechas de solicitud de citas por parte de las querellantes para ser escuchadas, en 48 expedientes se encontró que el promedio de tiempo para establecer ese contacto fue de 9.4 días.
Una de las grandes dificultades en los Destacamentos y Departamentos
especializados era la atención a las víctimas de delitos de violación y
abuso sexual que tenían que acudir al Departamento de Abuso Sexual,
ubicado en el Palacio de la Policía Nacional, adscrito al departamento de
Homicidios del Palacio Policial, con el cual no guardaba relación directa y
donde la atención, sobre todo a víctimas menores, era precaria.
Las Unidades de Atención Integral y las Fiscalías Barriales
A finales del año 2004, la Fiscalía del Distrito Nacional, abrió la primera
Unidad de Atención y Prevención de la Violencia, como una necesidad de
sustituir al Destacamento de Protección a la Mujer de Villa Juana que ya
era inoperante, para dar respuesta efectiva a la cantidad de víctimas
sobrevivientes de violencia de género y recibir los casos de Violencia de
Género y así como los de Violencia Sexual. A esta Unidad le siguieron las
de Santiago, la nueva Provincia de Santo Domingo, La Vega, Baní y algunas otras que existen o están en proceso de desarrollo.
Estos departamentos del Ministerio Público son unidades más estructuradas para recibir los casos de violencia de género y ofrecer algunas soluciones como una asistencia en crisis, detección de las violencias y valoración del riesgo de las víctimas, para lo que cuentan con un personal multidisciplinario de Psicología, Medicina Forense, Ministerio Público, Asesoría
Legal,Trabajo Social y dan atención a las víctimas y a los victimarios.
Existe, en la estructura del sistema de apoyo a la Ley 24-97, una experiencia novedosa creada por el Procurador Fiscal de la ciudad capital que
ha servido para ampliar la cobertura de respuesta a las mujeres sobrevi-
vientes de violencia de género. Se trata de las Fiscalías Barriales, espacios
cómodos ubicados en trece diferentes comunidades del Distrito
Nacional, cuyo objetivo principal es brindar un servicio especializado a la
ciudadanía, con todos los requerimientos establecidos, donde los casos
de violencia contra la mujer son asistidos por un/a fiscal, un/a sicólogo y
una abogada de la Secretaría de Estado de la Mujer.
En el balance de los dos primeros años de trabajo de estas Fiscalías
Barriales, que ya son trece, se encontró que los casos de violencia contra
la mujer ocupan la primera posición de querellas recibidas en ese período, convirtiéndose en dependencias muy importantes en la solución de
conflictos que antes eran referidos a la sede central.
Durante el período de un año, de octubre 2005 a septiembre del 2006,
estas Fiscalías recibieron un total de 22 mil 155 denuncias, 5 mil 46 de las
cuales fueron por abusos (violencias) a mujeres, 2 mil 845 amenazas y 2
mil 300 robos. También 726 casos por golpes y heridas, 818 correspondientes a pensión alimentaria, 628 por estafa, mil 73 por abusos de confianza, 330 por difamación, mil 104 de trabajos no realizados y no pagados; y 933 de conflictos entre vecinos.(27)
De acuerdo al Procurador Fiscal del Distrito Nacional, antes los fiscales
estaban ubicados en los destacamentos policiales donde su labor se veía
empañada por el nivel de “descrédito de los agentes del orden público”,
explicando que, previo a la instalación de las fiscalías barriales, se hizo un
diagnóstico a través del cual se pudo establecer que los fiscales laboraban en los destacamentos policiales en medio de un avanzado estado de
deterioro de las instalaciones, falta de higiene ambiental, así como de instrumentos de trabajo (computadora, teléfono y equipos mobiliarios).(28)
Las Unidades de Atención, tanto en el Distrito Nacional como en las provincias, mantienen un sistema de información y registro en desarrollo y se
está elaborando la unificación de un solo documento, tanto en la
Secretaría de Estado de la Mujer, como en la Dirección Nacional de
En Diario Digital RD, el miércoles 18 de octubre de 2006, por la periodista Guillermina Santos.
Nota del periodista Ramón Pérez Reyes, titulada Fiscalías barriales reciben 2 mil 123 querellas en
julio, publicada en el periódico El Listín Diario, Edición Digital, el domingo 13 de agosto del 2006.
Datos de violencia de género en las Unidades y en las Fiscalías Barriales
Datos de la Fiscalía y Fiscalías Barriales del Distrito Nacional
Agosto Sept.
Z. Colonial
Carr. Sánchez
V. Agrícolas
De acuerdo al reporte de la Fiscalía del Distrito, en los nueve primeros
meses del año 2006, la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia
y las Fiscalías Barriales del Distrito Nacional han recibido un total de
7,319 querellas por Violencia de Género Intrafamiliar y Sexual.(29)
Reporte de la Fiscalía de Santiago(30)
Los siguientes datos, tomados del reporte mensual de casos recibidos en
la Unidad de Atención a la Violencia de Género Intrafamiliar y Sexual de
Datos proporcionados por la Unidad de Atención y Prevención a la Violencia de Género y Sexual,
de la Fiscalía del Distrito Nacional.
de la Fiscalía de la ciudad de Santiago.
la ciudad de Santiago, correspondiente al período 1 de enero a 31 de
octubre 2006, reportan un total de 14,502 de casos recibidos, que se
desglosan como sigue.
Total de Casos Entrados
Casos asumidos de oficio:
Enviados para medidas de coerción:
Procesos en investigación:
Procesos desestimados:
Procesos conciliados:
Experticios patológicos solicitados:
Casos relativos a menores:
Interrogatorios al TNNA solicitados:
En el mes de enero, el 27.03% de los casos recibidos correspondió a
denuncias y el 72.96% a comparecencias. De las denuncias recibidas el 4.1%
por ciento corresponde a procesos enviados para medidas de coerción; el
3.6% a casos en proceso de investigación; el 1.5% fue desestimado; el 31.1%
fue conciliado y el 5.3% correspondió a casos relativos a menores.
En el mes de febrero el 20.96% de los casos recibidos corresponde a
denuncias y el 79.03% a comparecencias. De las denuncias recibidas el 3.6%
0% a casos en proceso de investigación; el 2.9% fue desestimado; el 18.3%
fue conciliado y el 0.5% correspondió a casos relativos a menores.
En el mes de marzo el 16.32% de los casos recibidos corresponde a denuncias y el 84.0% a comparecencias. De las denuncias recibidas el 4.9% por
ciento corresponde a procesos enviados para medidas de coerción; el 2.4%
a casos en proceso de investigación; el 3.9% fue desestimado; el 19.6% fue
conciliado y el 13.7% correspondió a casos relativos a menores.
Expedientes Referidos Por Barrio Seguro
En el mes de abril el 19.1% de los casos recibidos corresponde a denuncias y el 81.1% a comparecencias. De las denuncias recibidas el 3.4% por
ciento corresponde a procesos enviados para medidas de coerción; el 0%
a casos en proceso de investigación; el 1.9% fue desestimado; el 15.6% fue
conciliado y el 3.0% correspondió casos relativos a menores.
Casos relativos a menores
En el mes de mayo el 17.1% de los casos recibidos corresponde a denuncias y el 83.2% a comparecencias. De las denuncias recibidas el 4.6% por
ciento corresponde a procesos enviados para medidas de coerción; el
2.2% a casos en proceso de investigación; el 0.6% fue desestimado; el
11.8% fue conciliado y el 2.5% correspondió a casos relativos a menores.
En el mes de junio el 17.01% de los casos recibidos corresponde a denuncias y el 83.4% a comparecencias. De las denuncias recibidas el 2.6% por
0.4% a casos en proceso de investigación; el 1.4% fue desestimado; el
13.6% fue conciliado y el 1.6% correspondió a casos relativos a menores.
En el mes de julio el 19.2% de los casos recibidos corresponde a denuncias y el 80.8% a comparecencias. De las denuncias recibidas el 3.4% por
a casos en proceso de investigación; el 1.9% fue desestimado; el 17.2% fue
conciliado y el 1.5% correspondió a casos relativos a menores.
En el mes de agosto el 24.8% de los casos recibidos corresponde a denuncias y el 75.1% a comparecencias. De las denuncias recibidas el 4.6% por
ciento corresponde a procesos enviados para medidas de coerción; el 2.5%
a casos en proceso de investigación; el 1.3% fue desestimado; el 11.8% fue
conciliado y el 33.4% correspondió a casos relativos a menores.
En mes de septiembre el 19.9% de los casos recibidos corresponde a
denuncias y el 80.1% a comparecencias. De las denuncias recibidas el 3.9%
por ciento corresponde a procesos enviados para medidas de coerción;
el 2.9% a casos en proceso de investigación; el 0.9% fue desestimado; el
18.9% fue conciliado y el 1.8% correspondió a casos relativos a menores.
En el mes de octubre el 16.2% de los casos recibidos corresponde a
denuncias y el 83.8% a comparecencias. De las denuncias recibidas el 1.8%
el 0.3% a casos en proceso de investigación; el 1.0% fue desestimado; el
14.5% fue conciliado y el 2.1% correspondió a casos relativos a menores.
la ciudad de Santiago recibe un promedio de 2 mil denuncias mensuales
sobre amenazas, agresiones físicas, emocionales y sexuales contra mujeres y personas menores de edad(31). Mientras que en la ciudad de Santo
Domingo la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia hasta el mes
de septiembre recibió 2,083 denuncias. Las 13 Fiscalías Barriales de la
misma ciudad recibieron en el período enero-septiembre del presente
año 4,435 denuncias de violencia doméstica.(32)
Asesoría Legal Barrial(33)
El proyecto Asesoría Legal Barrial (ALBA) inició sus trabajos en el mes de
noviembre del 2004, funcionando como un mecanismo de información
para la zona sur de Santiago en coordinación con otros sectores del lugar
y del Municipio de Santiago los que a su vez son los beneficiarios del proyecto, con la finalidad de preparar el acceso a la justicia de las comunidades barriales de esa zona de la ciudad conformada por más de 45 barrios
El valor de la Asesoría Legal Barrial es su carácter no jurisdiccional y no
represivo, por lo tanto favorable para promover acuerdos extrajudiciales
sobre mediación de conflictos en aquellos asuntos en los que se puede y
en los que no se puede, la asesoría necesaria y puntual que agiliza cualquier proceso, comprobándose que existe una amplia vocación de mediación entre las personas, quienes prefieren la vía del diálogo en vez de recurrir a las instancias judiciales. Cuando los acuerdos no se cumplen, o si las
contrapartes se resisten a asistir a las citas o invitaciones para tratar el
asunto desde el ALBA, se les motiva entonces a recurrir a la vía judicial.
Sistema de Registro de la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar y Sexual de Santiago. 2006.
Citado en el Informe Derechos Humanos de las Mujeres en el Anteproyecto de Ley que crea el Nuevo
Código Penal de la República Dominicana. Presentado a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) por la Coalición de ONGs por una Legislación Moderna y Consensuada, en el
126º Período de Sesiones, el Lunes 23 de octubre del 2006, en Washington, D.C., USA
Datos tomados en entrevista con la Licda. Zobeyda Cepeda, Coordinadora del Proyecto ALBA, en
Los resultados del primer año, indicaron que en ALBA se atendieron un
total de 417 personas, de estas, 360 han solicitado servicios y 43 se presentaron como contrapartes o personas citadas, lo que sumando las
segundas visitas hacen un total de 463 consultas, las que convertidas en
tiempo mínimo cada una, significaría el mismo número de horas ahorrado al sistema público judicial.
También es interesante la triangulación de esfuerzos empleados en esta iniciativa en la que participan en primer lugar, las personas de la zona como
usuarias, el gobierno municipal que es quien costea los gastos administrativos mensuales junto con el Programa de Apoyo a la Reforma y
Modernización del Estado, PARME y las organizaciones de la sociedad civil
participando activamente con las instituciones de la ciudad, una coordinación
de la que resultan reuniones con informaciones especializadas, desde talleres comunitarios a estudios de casos en salud y en justicia, para la Zona Sur.
La Casa Comunitaria de Justicia(34)
La Casa Comunitaria de Justicia es un plan piloto para la resolución de
conflictos aplicado en el populoso barrio de Cienfuegos, proyecto auspiciado por Participación Ciudadana, la Suprema Corte de Justicia y el
Ministerio Público de Santiago, en el que laboran una fiscal adjunta, un
equipo de mediadores/as compuesto por tres personas, sendas áreas de
asesoría legal y popular, un departamento de desarrollo comunitario, un
sociólogo, una trabajadora social y paralegales de distintas universidades.
La Casa de la Justicia, en tan sólo 20 días atendió 70 casos de violencias
de género, una gran parte por agresiones físicas y de acuerdo a la
Directora de ese Centro; los casos por violencia doméstica, conflictos de
pareja, guarda de menores y soluciones a impases entre padres e hijos,
son los principales problemas que trata el equipo de profesionales.
Dirección Nacional de Atención a la Víctima, DNAV(35)
La Dirección Nacional de Atención a Víctimas surgió como una dependencia de la Procuraduría General de la República, iniciando sus labores
el 26 de abril del año 2005, con el propósito de unificar y regular el tra-
Datos relevados del artículo Llegan quejas a la Casa de Justicia. La mayoría por agresiones domésticas,
del periodista Miguel Ponce, publicado en el periódico El Caribe del lunes 6 de noviembre de 2006.
Datos tomados del Documento sobre Lineamientos de la DNAV
bajo realizado por instituciones gubernamentales y no gubernamentales
en el área de la intervención psicosocial a víctimas y con la finalidad de
establecer un accionar coherente y eficaz en la intervención de los y las
profesionales que ya laboran en esta área. Fue creada por la Resolución
del Procurador General de la República, No. 0008518, de junio de 2005.
Teniendo como gran objetivo defender los derechos de las víctimas de
violencia, la DNAV, dirige, coordina y articula los esfuerzos de las instituciones y organismos comprometidos con la protección, atención, intervención y/o seguimiento de las víctimas de violencia, además de prevenir
la violación de sus derechos, para lo que cuenta con un equipo de cinco
profesionales de la psicología y del derecho, dirigidos por una psicóloga.
La DNAV, entiende por violencia los siguientes delitos: violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia y/o abuso sexual, tráfico ilícito de
migrantes y trata de personas, maltrato, abuso de poder, intento de homicidio u homicidio y abuso patrimonial ó económico. Conceptos aplicables
a mujeres, hombres, adolescentes y menores indistintamente
El elemento estructural de la Ley 24-97, ha sido desarrollado en los tres
últimos años más que en los seis anteriores, desde que la ley reformó el
Código Penal; sin embargo, estas creaciones no se han generalizado en
todo el país y están centralizadas en las ciudades más importantes.
Las organizaciones de mujeres en el país, son las que comenzaron con el
reconocimiento del fenómeno de la violencia de género y las que se
mantienen en el sistema de atención a las sobrevivientes, sus hijas e hijos,
desde sus espacios.
La mayoría de las ONG de mujeres, están dando el servicio de atención
emocional y apoyo en el proceso legal de las víctimas desde comienzos
de la década de los ochenta, mucho antes de que la Ley 24-97 existiera,
siendo decisivas a la hora de la promulgación de esta ley y de la que creó
la Secretaría de Estado de la Mujer, SEM, institución promovida desde las
mujeres y la sociedad civil organizada como una necesidad para el establecimiento de políticas de género en el país.(36)
Para el presente trabajo se consideran tres, entre las de más larga data, PROFAMILIA, CENSEL y
NAM, más adelante presentadas.
Existe un Observatorio Judicial coordinado por un conjunto de ONG y
dirigido por un Equipo Técnico, con el auspicio del Programa de Apoyo
a la Reforma y Modernización del Estado, PARME, que utilizando métodos de investigación judicial empíricos, ha realizado un diagnóstico relacionado con el Sistema de Administración de Justicia Penal en áreas consideradas prioritarias, sobre todo, en el acceso a la justicia.
Para hacerlo, el OJ ha considerado ocho variables diferentes entre las que
los obstáculos culturales se destacan.
2.2.3 El elemento político cultural
Lo político cultural son las actitudes, voluntades, visión, ideas y creencias
de los hechos y sus consecuencias, que tienen quienes administran y trabajan en la justicia, quienes hacen las leyes y quienes recurren a ellas, es
decir, la ley no escrita, la doctrina, las costumbres y creencias alrededor
de lo que es legal o no, el sistema en que se vive y la época; el conocimiento que tengan los y las ciudadanas sobre el derecho y que las lleve
a ejercerlo.
La Ley 24-97 fue promulgada sin tener la fortaleza de una estructura ni
de un programa de información para capacitar al aparato administrativo
de la justicia en la complejidad de los crímenes por violencia basada en
el género; una situación que desfavoreció sus aplicación.
Desde 1997 hasta el 2000, la Secretaría de Estado de la Mujer y las organizaciones no gubernamentales de mujeres, ONG, impartieron cientos
de talleres a las personas operadoras en el subsistema penal de la justicia. Estas actividades eran enfocadas hacia el reconocimiento del fenómeno desde la desigualdad de los géneros y procuraban dar información
sobre la cultura mítica que promueve los estereotipos que sostienen el
desbalance de poder.
Escuela de la Judicatura y Suprema Corte de Justicia
El 12 de febrero del 1998, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia dictó
Resolución creando la Escuela de la Judicatura, designando a un Director
y, ese mismo año, en el mes de agosto, se promulgó la Ley de Carrera
Judicial, lo que favoreció la organización de los programas de capacitación
para la judicatura dominicana.
La Escuela de la Judicatura mantiene su misión Institucional de responder
a las necesidades de capacitación de los Magistrados y Magistradas que
conforman el Poder Judicial a fin de que puedan lograr una mejor productividad en el desempeño de sus funciones y, de esta manera, provean
una administración de Justicia oportuna, pertinente, y respetuosa de los
Para el año 2000, la Escuela de la Judicatura implementó un programa de
capacitación en género a los jueces y las juezas, con el objetivo de que
estas personas replicaran la formación con el resto de la judicatura y ha
mantenido estas actividades de sensibilización e información.
Actualmente, la Escuela de la Judicatura mantiene su participación en el programa de Encuentros con Magistradas de América Latina y el Caribe, así como
con el Grupo Focal de Magistradas para el tema de la violencia de género,
coordinado desde comienzos del milenio por el Instituto Latinoamericano de
Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,
ILANUD, instituto afiliado a las Naciones Unidas.
El ILANUD ha establecido como parte de su misión apoyar a los países
de América Latina y el Caribe para desarrollar y fortalecer sus sistemas
de administración de justicia, en particular, la prevención del crimen, la justicia criminal y la reestructuración de los mecanismos de control social.
Desde el año 2003, estas actividades de capacitación en género son diseñadas y trabajadas por el Programa Mujer, Justicia y Género (PMJG), del
ILANUD, en varios países de Latinoamérica, especialmente
Centroamérica, a través de cursos de capacitación, investigaciones y asistencia técnica dirigida a las distintas instancias del Sector Justicia (Cortes
Supremas de Justicia y Escuelas de Capacitación Judicial), a otros organismos gubernamentales e intergubernamentales y a organizaciones de la
Algunas de estas actividades que tanto se realizan en los países de
Latinoamérica y el Caribe como en la sede del ILANUD, en San José,
Costa Rica, son de participación mixta, con Magistradas y mujeres de las
ONG de la región, manteniendo el enfoque de los derechos humanos
La Suprema Corte de Justicia y la Escuela de la Judicatura del país, han sido
anfitrionas de estos encuentros y también participan con regularidad en los
talleres de Costa Rica, a través de la Dirección de Niñez y Familia(37), la que
a su vez comprende a la División Mujer y Familia(38). En la Suprema, además, existe el proyecto a corto plazo de instalar una unidad de género.
La capacitación en género no existe de manera transversal en los programas de la Escuela de la Judicatura, que sería lo ideal, sin embargo, los
cambios que se han dado lentamente en el elemento político cultural
desde este organismo, hacen una diferencia al aplicar la Ley 24-97 y es
de esperar que la inclusión del género se incorpore de una manera más
agresiva en el corto y mediano plazo.
Desde hace un año, por Resolución No. 1472-2005, de fecha 1º de septiembre del 2005, la Suprema Corte de Justicia dispuso habilitar el
Quinto Juzgado de la Instrucción y la Octava Sala Penal del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Nacional, como tribunales especializados
para conocer los casos de violencia intrafamiliar dentro de los límites de
su competencia, para conocer con exclusividad los casos de violencia
intrafamiliar, sin desmedro de la responsabilidad de conocer cualesquiera
casos de naturaleza penal.(39)
Estos tribunales especiales, asignados para conocer de la Ley 24-97, tienen que ser revisados y evaluados en su desempeño para potencializar
Actualmente, la Suprema mantiene el proceso para el establecimiento del
Observatorio Judicial Contra la Violencia Intrafamiliar y de Género, con el
objetivo principal de hacer un seguimiento de las sentencias y resoluciones judiciales dictadas en este ámbito, a fin de plantear pautas de actuación en el seno del Poder Judicial y a la vez sugerir modificaciones legislativas que se consideren necesarias para conseguir una mayor eficacia y
contundencia en la respuesta judicial.(40)
La Magistrada Carmen Rosa Hernández, es Directora de la Dirección.
La Abogada Iluminada González Disla, Master en Género y Desarrollo, está a cargo de esta División.
En el mes de noviembre del mismo año 2005, el Juez Presidente de la Suprema Corte de Justicia
dispuso lo mismo con el Cuarto Juzgado de la Instrucción, del Distrito Judicial de Santiago, anunciándolo en la inauguración de la Unidad de esta ciudad, hecho efectivo en el mes de enero del 2006.
Discurso del Magistrado Jorge A. Subero Isa, para Informe Anual, en la Audiencia Solemne del 7 de
enero del 2006, de la página web de la Suprema Corte de Justicia.
La Escuela Nacional del Ministerio Público(41)
La Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP) es una entidad adscrita a la Procuraduría General de la República y tiene a su cargo, entre
otras funciones, la capacitación de la membresía en servicio del Ministerio
Público y la formación de los aspirantes a ingresar a la Carrera. Al mismo
tiempo tiene como objetivo establecer e institucionalizar un Plan Único
Nacional de Formación para los funcionarios/as, empleados/as de la institución, que permita su realización en forma integral, sistemática y progresiva y al que se acogerán las instituciones nacionales e internacionales
que apoyen los esfuerzos de desarrollo del Ministerio Público.
Para el desarrollo de sus programas de formación la ENMP cuenta con
un cuerpo docente integrado por destacados juristas y profesionales
nacionales y extranjeros, formados en las más prestigiosas universidades
y con una vasta experiencia tanto en el sector público como en el privado. Una buena parte de estos profesionales han sido protagonistas directos de los más relevantes cambios legislativos e institucionales que ha
experimentado el sistema procesal penal en la República Dominicana.
La oferta curricular de la Escuela consta de tres programas principales
• Programa Extraordinario de Formación del Ministerio
Público (PEF), el cual está dirigido a todos los magistrados del
Ministerio Público que sobrepasaron las evaluaciones llevadas a
cabo por la Escuela en el mes de abril de 2005.
• Programa de Formación Inicial de Fiscales (PIF), el cual está
dirigido a formar a los aspirantes a ingresar al MP vía los concursos de oposición que lleve a cabo la Escuela.
• Programa de Perfeccionamiento. (PP), consistente en una iniciativa que pretende mantener actualizados todos los magistrados del Ministerio Público en cada una de las áreas de especialidad en las que está estructurado el trabajo por ellos desempeñado.
Los datos están relevados del Programa Extraordinario de Formación del Ministerio Público, 2005.
(La autora es profesora del PEFMP).
Todos los programas impartidos en la ENMP tienen un módulo asignado
al género. El módulo V, del Programa Extraordinario de Formación del
Ministerio Público (PEF), titulado Género, violencia intrafamiliar y derechos
humanos de la mujer, tiene solo 16 horas de duración y los temas a tratar son los siguientes:
- Tema 1- Género y derecho: El principio de igualdad/equidad en
el goce de los derechos humanos. Sexismo: derecho y derechos
humanos. Los derechos humanos desde la administración del
sistema de justicia penal. Los componentes del derecho y el
análisis del fenómeno jurídico desde una perspectiva de género.
- Tema 2- Violencia contra las mujeres y derecho:Violencia contra
las mujeres: aspectos generales. Violencia doméstica y violencia
intrafamiliar. Violencia contra las mujeres y sistema jurídico.
Importancia de introducir la perspectiva de género en la administración de justicia.
El programa de Formación Inicial de Fiscales (PIF), cuenta con un módulo de 24 horas, titulado Género y derechos humanos de las mujeres.
Con estas capacitaciones, nunca suficientes, las personas que son
Ministerio Público han ido incorporando niveles de sensibilidad que favorecen a las mujeres sobrevivientes que acuden a la justicia.
La Secretaría de Estado de la Mujer (SEM)(42)
La SEM cuenta con el Departamento de No Violencia, el que ejecuta el
Programa Nacional de Atención y Prevención de la Violencia Contra la Mujer
dirigido tanto a promover los mecanismos para reducir la violencia
doméstica y el abuso sexual, como a ejecutar, en coordinación con diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales, acciones para
disminuir los niveles de violencia. Tiene dos componentes: uno de atención y servicio y otro de capacitación.(43)
Los datos sobre la SEM, son tomados del Informe Derechos Humanos de las Mujeres en el Anteproyecto
de Ley que crea el Nuevo Código Penal de la República Dominicana, precedentemente citado.
Jansen, S.;“La Violencia Intrafamiliar en la provincia de Salcedo y Los Alcarrizos (Distrito Nacional),
Rep. Dominicana: Diagnóstico de situación”, ONAPLAN/BID, SD, julio 1998.
En noviembre de 1998 fue creada la Comisión Nacional de Prevención
y Lucha Contra la Violencia Intrafamiliar (CONAPLUVI)(44). Su finalidad
principal es, por un lado, facilitar la coordinación y supervisión de políticas orientadas a la prevención de la violencia de género y por otro, vigilar la aplicación de las Leyes 24-97 y 14-94, hoy Ley 136-03, (contra la
violencia y de protección a menores), el cumplimiento de los convenios
internacionales ratificados por el país y los acuerdos interinstitucionales
derivados del Plan Estratégico Nacional. El Plan Estratégico Nacional trazado por CONAPLUVI consta de cinco lineamientos de acción: prevención de la violencia de género, acciones y mecanismos para la aplicación
de la ley, atención a sobrevivientes de violencia intrafamiliar (VIFM), rehabilitación social e individual de agresores y apoyo emocional a proveedores de servicios de atención a sobrevivientes de violencia de género,
intrafamiliar y sexual.
Con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
se desarrolló el proyecto Regional Piloto de Prevención y Atención a la
VIFM contra la Mujer- Programa RD, ejecutado en el período 1998-2001
por la Oficina Nacional de Planificación, ONAPLAN(45), ejecutado a través de dos componentes: uno de atención y prevención y otro de comunicación. Este programa ha sido asumido por la Secretaría de Estado de
la Mujer (SEM) y sus resultados más importantes son:
- Las Normas Nacionales para la Atención Integral en Salud a la VIFM Contra
las Mujeres, cuyo objetivo es proporcionar los criterios técnicos y administrativos generales que orienten la atención integral de las mujeres afectadas por la VIFM en los diferentes niveles de atención y desde una perspectiva intersectorial y de género.
- Un Diagnóstico de Situación sobre la Violencia Intrafamiliar (VIFM) que
identifica y evalúa la oferta y la calidad de los servicios ofrecidos a las
mujeres que son víctimas de violencia y los programas de prevención
existentes. Este diagnóstico fue realizado en dos zonas geográficas: Los
Alcarrizos, en el Distrito Nacional (actual Santo domingo Oeste) y la provincia de Salcedo. Las poblaciones estudiadas fueron las mujeres víctimas
de violencia, los hombres victimarios y las/os prestatarios de servicios
(instituciones públicas o privadas que prestan apoyo a las mujeres afectadas por VIFM).
Mediante el decreto 423-98
Realizado en 5 países: Brasil,Argentina, México, Paraguay,Venezuela y RD.
Actualmente se está implementando el Departamento de Estadísticas de
la SEM, a fin de recoger las estadísticas de la Policía Nacional, de la
Procuraduría y del sector salud y mantener informaciones unificadas.
A través de sus programas y a lo largo de estos casi diez años de creada, la Secretaría de Estado de la Mujer, a través de sus diferentes departamentos, ofrece actividades de capacitación a las personas que trabajan
en el aparato operativo de la justicia y de salud, además de los acuerdos
interinstitucionales de formación en violencia de género que mantiene
con la Procuraduría y la Policía.
Las Organizaciones no Gubernamentales, ONG
En la República Dominicana las ONG del área de la mujer representan
un sector de la sociedad civil con una larga trayectoria histórica, ligada a
un movimiento social de reconocida incidencia en la sociedad dominicana de las últimas décadas, a la que se atribuyen múltiples logros en la
transformación de la condición social, jurídica y cultural de las mujeres.
Actualmente, algunas ONG del área de la mujer, están reunidas desde el
año 2001 en una Coalición por Leyes Modernas y Consensuadas que
funciona de manera autónoma y que trabaja para impulsar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos legales de las mujeres, a través de
políticas públicas que promuevan la igualdad de género en los ámbitos
La Coalición, como sector organizado, es el único de la Sociedad Civil que presentó una propuesta de reforma al Código Penal y en estos momentos se congrega con el Foro de Mujeres por la Reforma a la Constitución para trabajar
activamente en la búsqueda del respeto a los derechos de las dominicanas.
Entre estas organizaciones, las hay que prestan servicios de apoyo emocional y legal desde hace muchos años y antes de que existiera la Ley 24-97.
Algunos datos institucionales, son los siguientes:
PROFAMILIA(46)
PROFAMILIA, es una organización no gubernamental fundada en 1966 con el
propósito de promocionar y educar sobre la importancia de la planificación
Datos suministrados por Programa de Violencia Basada en el Género de PROFAMILIA.
familiar y viabilizar el acceso a los métodos anticonceptivos, principalmente
entre mujeres y hombres de barrios urbanos marginados y el área rural.
También para elevar la conciencia de los grupos de decisión y opinión del país
sobre la estrecha relación del crecimiento poblacional y el desarrollo.
Con más de cuarenta años trabajando con los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres, ha sido la primera en realizar la detección
de la violencia de género desde sus clínicas y consultorios. PROFAMILIA
cuenta con 7 clínicas: 1 clínica móvil; 26 puntos de distribución comunitaria, 73 puntos de mercadeo social y 2000 puntos de mercadeo comercial. Para el año 2005, el total de servicios proveídos fue de 928,575.
Desde noviembre del año 2005 hasta junio del 2006, algunos resultados
de detección, sobre un total de 4.867 mujeres atendidas fueron:
No. usuarias reportaron cualquier tipo de violencia de género: 706 (15%)
No. usuarias víctimas de violencia psicológica: 470 (10%)
No. usuarias víctimas de violencia física: 322 (7%)
No. usuarias víctimas de violencia sexual: 215 (4%)
No. usuarias víctimas de abuso sexual en la niñez: 472 (10%)
Desde el Programa de Violencia Basada en el Género, PROFAMILIA participa en la facilitación de talleres y actividades de información, sensibilización y capacitación a diferentes actores/as sociales, muchas veces en
coordinación con otras ONG y con instituciones gubernamentales.
Centro de Estudios Legales para la Mujer (CENSEL)(47)
El CENSEL es una ONG que nace en los años ochenta, de otra organización anterior llamada Asociación Dominicana de Abogadas (ADAD), con el
objetivo de trabajar por la educación socio-jurídica y el acompañamiento en
los tribunales a las mujeres de escasos recursos económicos y sus familias.
- Servicio legal e investigación jurídica y social sobre la problemática de la mujer.
- Formación y educación de promotoras en educación legal y
Datos suministrados por Maris Lucila Lara N., Directora Ejecutiva de CENSEL
Las abogadas y abogados de CENSEL, acompañan casos criminales, asesoramiento jurídico de ofrecimiento y la representación legal sobre todo
a las mujeres pobres, niños y niños sobrevivientes de violencia doméstica, violación sexual, incesto, y violación. También manejan conflictos de
trabajo y una gama amplia de casos en justicia.
Durante el período enero octubre del 2006, el CENSEL recibió 145
mujeres, para un total de 180 casos.
Violencia Intrafamiliar (golpes y heridas)
De los casos concluidos por violaciones sexuales a niñas, se lograron tres
condenados de 20, 10 y 3 años, confirmadas en la Corte de Apelación.
En el caso de 3 años, el tribunal falló una condena tal, en atención a la
avanzada edad del victimario que tiene 76 años.
Núcleo de Apoyo a la Mujer, NAM(48)
El NAM, es una ONG que trabaja desde 1986 con las causas y consecuencias de la violencia de género, desde la ciudad de Santiago y para la
región norte. Uno de sus ejes de trabajo es la coordinación intersecto(48)
Datos suministrados por la Coordinadora General del NAM, Licda. Manuela Vargas
rial e interinstitucional que desarrolla desde el año 1994, con otras ONG,
gremios, instituciones gubernamentales y el Ayuntamiento de Santiago,
que se agrupan como Movimiento Vida sin Violencia, MOVIDA, una red
de apoyo al sistema de atención local.
El Núcleo de Apoyo a la Mujer, NAM, reporta para el período enero a junio
La unidad de atención emocional asistió los siguientes casos nuevos:
64% (115 casos)
Dificultades en niños y niñas (enuresis, cleptomanía, bajo rendimiento escolar,VIF), situacio- 27% (48 casos)
nes personales (depresión, duelo, trastornos
Dificultades en adolescentes
(bajo rendimiento escolar,VIF)
Familiares de usuarias
14% (25 casos)
2% (3 casos)
3% (4 casos)
0.5% (1 caso)
La unidad de atención legal del NAM, atendió y dio seguimientos a los
siguientes casos nuevos:
73 casos todas mujeres, violencia intrafamiliar y de
Partición concubinato
35 % (26 casos)
11% (8 casos)
16% (11 casos)
3% (1 casos)
8% (6 casos)
4% (3 casos)
3%(1 casos)
5% (4 casos)
3% (2 casos)
Además, el NAM ha referido 25 casos a servicios especializados desde
las áreas de psicología y oficina legal.
Sobre estas tres ONG, PROFAMILIA ha establecido relaciones formales de
referimiento con dos ONG para proveer servicios legales especializados, el
Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM) en Santiago y el Centro de Servicios
Legales para la Mujer en Santo Domingo.Aunque PROFAMILIA provee asesoría inicial a las mujeres que revelan que se encuentran en situaciones de
violencia, no tiene los recursos para ofrecer servicios legales completos a las
mujeres que deciden tomar medidas legales. Estas alianzas han sido clave
para asegurar que las mujeres tengan acceso a soluciones legales.
En el caso de la alianza entre PROFAMILIA y el NAM, las psicólogas de
ambas organizaciones se reúnen con regularidad para revisar casos específicos y determinar si deben referirlos para que se inicie una intervención
legal. Las soluciones legales pueden incluir presentar una orden de protección y exigir que el abusador se mude del hogar, enjuiciar al abusador en una
corte criminal, y hacer los procedimientos de divorcio en una corte civil.
PROFAMILIA y el NAM tienen experiencia en diseño de actividades para
la capitación, coordinando en 2004 y 2005 con el entonces
Departamento para la Protección del os Derechos de Niños, Niñas,
Adolescentes y Familia, de la Procuraduría General de la República, un
programa de sensibilización y desarrollo de capacidades para funcionarios y funcionarias del Ministerio Público en la administración y la aplicación de las leyes contra la violencia.
Actualmente, estas dos ONG, comparten un programa de tres años a
partir del cual se está reforzando el elemento político cultural de la Ley
24-97, buscando nuevas habilidades en el sistema de atención a la violencia de género, tanto en la ciudad capital como en Santiago y con proyección nacional.
Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo
Domingo, INTEC
El Centro de Estudios de Género inició su trabajo en enero de 1987
como Programa de Estudios de la Mujer del Equipo de Investigación
Social, EQUIS y, en marzo de 1992 pasó a ser un Centro para el estudio
de los temas de mujer y género del Área de Ciencias Sociales del
Fue concebido como respuesta al vacío que existe dentro de las academias, donde se carece de espacios permanentes que posibiliten la producción, reflexión y difusión teórica sobre la problemática social desde
una perspectiva de género, a partir de esfuerzos encaminados a contribuir a la producción, análisis y difusión de conocimientos sobre la problemática de la mujer y las relaciones de género que propicie las transformaciones necesarias de las prácticas discriminatorias que impiden el
pleno desarrollo de los seres humanos y, de manera especial, de la mujer.
Con una tercera ronda de la Maestría en Género y Desarrollo, en el año
2003, el Programa de Violencia de Género del Centro de Estudios de
Género, diseñó y facilitó la primera ronda del Diplomado en Violencia
Intrafamiliar: Capacitación para su Prevención, Atención y Sanción, concebido
como un instrumento para la formación de los operadores y operadoras de justicia y de servicios sociales que están en contacto cotidiano con
El Programa del Diplomado diseñado se componía de 99 horas docentes y 12 horas prácticas. Con el aporte de Intermón Oxfam y el Núcleo
de Apoyo a la Mujer, el Centro de Estudios de Género becó a 31 estudiantes procedentes de diferentes sectores del país, seleccionadas por sus
En el siguiente cuadro, la procedencia y sexo de las personas becadas:
Sector / Instancia
10, 6 mujeres
y 4 hombres
Fiscalía del D.N. - Destacamento
de Villa Juana
5: 4 mujeres
y 1 hombre
Defensoría de Menores San Cristóbal
TOTAL DE PERSONAS BECADAS:
De las 31 personas becadas, 3 se retiraron por motivos personales y para
matricularse en la Maestría en Género y Desarrollo. En conclusión, 27 de
las 31 personas originalmente seleccionadas concluyeron el programa, lo
que corresponde a un 87%.Todas las personas que finalizaron el programa recibieron un certificado de aprobación. La docencia del Diplomado
en Violencia Intrafamiliar fue desarrollada en las aulas del INTEC.
Todos los módulos contaron con amplio material de apoyo que fueron
reproducidos para cada estudiante. También se prepararon y reprodujeron presentaciones en formato power point para cada una de las sesiones lectivas del Diplomado.
Hasta ahora, el Centro de estudios de Género, apoyado por Intermón
Oxfam, lleva un tercer Diplomado con muy buenos resultados.
2.3 El feminicidio en la República Dominicana
En nuestro país, desde mediados de los ochenta, el movimiento feminista, introdujo el término feminicidio en el discurso contra la violencia de
género y a partir de entonces, una vez desbordadas las fronteras del
colectivo, es el que define la muerte de mujeres en la República
Dominicana. A mediados de los noventa, la prensa empezó a reseñar en
sus primeras páginas estos crímenes manteniendo en la generalidad y
hasta el día de hoy, el apelativo de crímenes pasionales, a pesar de que el
concepto ha sido borrado de la legislación dominicana desde 1997.(49)
El Programa de Violencia Basada en el Género (VBG) de PROFAMILIA,
apoyado por Oxfam G.B., decidió en el año 2001, realizar y publicar un
estudio exploratorio sobre el tema del feminicidio en la República
Dominicana, lo que resultó en uno de los documentos más importantes
para el desarrollo del tema de la violencia basada en género contra la
mujer en la República Dominicana, en los últimos años.(50)
La Policía Nacional, en su Departamento de Estadísticas, aún llama a estos crímenes “pasionales”
POLA Z., María Jesús. 2002. Feminicidio en la República Dominicana. Un estudio de los casos ocurridos en
los distritos judiciales de Santo Domingo y Santiago en el período enero-diciembre del 2001. PROFAMILIA,
La primera publicación, dio algunos resultados de corto plazo, entre los
cuales citamos:
• La palabra feminicidio fue incorporándose a los titulares de la
prensa, poco a poco, hasta encabezar titulares de prestigiosos
• Su concepto, se ha llevado a diferentes foros de discusión, hasta
quedar incluido como un crimen diferente al homicidio, dentro
de la propuesta de reforma al Código Penal que presenta la
Coalición de ONG del área de la Mujer.
• Como concepto jurídico legal, se integra al conocimiento del
iter criminis que precede al feminicidio, es decir, las violencias de
género que lo anteceden o que, sin llegar a consumarse, significan una gran parte de la manera de vivir de las dominicanas,
aporte importante a la poca doctrina que existe sobre el tema.
• De los datos arrojados por el primer estudio exploratorio acerca de la calidad y cantidad de los feminicidios ocurridos en el
año 2001, se relevaron informaciones de importancia que
constituyen hasta ahora, puntos de partida para la mejor comprensión del fenómeno de la violencia de género, su abordaje
y su prevención en la República Dominicana.
• Los resultados fueron socializados de manera directa con algunas cuatrocientas personas de las áreas de justicia, salud y organizaciones no gubernamentales, de manera directa.
• De manera indirecta con la población en general a través de la
prensa escrita y otros medios de comunicación, lo que significó
el reconocimiento hacia el tema de un porcentaje considerable
del país y de la región, adonde el estudio fue llevado con motivo de reuniones internacionales.
• En la página web de Isis Internacional, el estudio consta en el
Banco de Datos del Feminicidio de América Latina y del Caribe
Español. (http//www.isis.cl/Feminicidio/festadisticas.htm)
Algunos resultados importantes del estudio:
- El 70% de los feminicidios cometidos fueron íntimos, es decir
que la víctima conocía al victimario y en el ciento por ciento de
estos casos, se trataba de mujeres que habían manifestado su
decisión de dejar a la pareja.
- La frecuencia mayor en edad de los feminicidas, fue la de treinta y uno a sesenta años.
- La mayoría de las mujeres asesinadas tenían de veinte a treinta
años y había cuatro menores de edad.
- En los casos de concubinato, el tiempo de duración de la relación entre el feminicida y la víctima era variable; desde un caso
de 20 años hasta otro de dos años de duración. Entre los ex
concubinos feminicidas, se incluye un ex amante que mató “por
celos” a la mujer con la que había mantenido una relación de
- En todos hubo presencia, previa al feminicidio, de acoso, amenazas y persecución a las víctimas.
El Programa de VBG de PROFAMILIA, valorando la necesidad de profundizar más el tema de las violencias de género, a propósito del feminicidio,
insistió con un segundo estudio para aportar una visión más integradora
del fenómeno al sistema, que tiene que aprender a reconocerlo para prevenirlo y en ese sentido, profundizar sobre el impacto social de este crimen y sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo.
El segundo trabajo, como continuación del anterior amplió las expectativas de profundización hacia otras fuentes de información a fin de identificar las características socioeconómicas, cantidad y la calidad de violencia
e intervención de instituciones públicas y privadas de los sistemas salud y
justicia, a partir los feminicidios ocurridos a nivel nacional, con énfasis en
la ciudad de Santiago.(51)
POLA Z., María Jesús. 2004. Feminicidio en la República Dominicana II: Profundización del fenómeno desde
diversas fuentes para el período enero-diciembre 2002. PROFAMILIA, Santo Domingo, R. Dominicana.
Como datos interesantes, en este segundo estudio, se realizaron entrevistas a jueces, juezas y fiscales y algunos resultados fueron los siguientes:
Para la actividad base con el Ministerio Público se escogió la técnica de
Grupo Focal, y se programaron actividades de apoyo en la Escuela
Nacional del Ministerio Público; sin embargo y debido a la cantidad desbordada de participantes, se aplicó una sencilla entrevista exploratoria
grupal, pre establecida en tres preguntas y a partir de la cual se pudiera
recabar información sobre el tema del feminicidio en particular. La
secuencia se fundamentó en la presentación del primer estudio de feminicidio en data show con la participación activa de las personas asistentes, primero oralmente y finalmente, escrita.
En total, se trabajó con cincuenta y una personas del Ministerio Público,
en encuentros llevados a cabo en la Escuela Nacional del Ministerio
Público, realizando una presentación a las personas participantes en data
show y a partir del primer estudio del feminicidio, entregándoseles un
ejemplar a cada una y a quienes se les preguntó lo siguiente:
a) ¿Considera importante incluir el término y el concepto feminicidio en la normativa del derecho dominicano? Justifique.
b) Identifique acciones procedimentales que pueden favorecer la
impunidad de un feminicidio.
c) ¿Qué puede Ud. hacer desde su puesto de trabajo?
A la primera pregunta de si es importante la inclusión del término y el
concepto del feminicidio en nuestra normativa, de las 51 personas representantes del Ministerio Público, solamente 7 respondieron de manera
negativa, las 44 restantes respondieron acordando la importancia de tipificar el crimen de manera expresa.
De las cincuenta y una personas participantes, solamente siete, es decir
el 13.72%, dijeron que no se debe modificar nada, ya que las cosas están
bien como están y cambiar la terminología sería excluir a las mujeres del
papel protagónico que están llamadas a jugar, además de que de nada
serviría porque en nuestro derecho, la legislación sobre el homicidio es
completa y la ley es la ley para hombres y mujeres
Para 17 de las 44 personas que respondieron afirmativamente, el 38.63%,
la importancia de distinguir el crimen del feminicidio en la normativa, radica en la posibilidad de tener un instrumento más efectivo, a partir del cual
se pudieran hacer reformas reglamentarias procedimentales y del sistema de atención adecuada, con lo que se ayudaría mejor a la prevención
Catorce de las personas participantes, 31.81%, consideran importante la
visibilización de la situación de discriminación de género contra las mujeres que se produciría con la diferenciación de estos dos crímenes, con lo
que además, se crearía una mayor concordancia de la ley con la realidad
al reconocer este fenómeno que es denunciado por las estadísticas mundiales y se priorizaría su estudio como problemática jurídico legal y social,
situación que puede beneficiar a la sociedad entera.
Para 10 de las personas que respondieron afirmativamente, 22.72%, la
importancia de establecer en la normativa la diferencia que tiene el feminicidio con el homicidio radica en que son crímenes diferentes atendiendo al dolo que los caracteriza, por lo que se tipificaría una infracción con
otras particularidades, referida a un crimen de dimensiones socio culturales en aumento en la República Dominicana.
Para la segunda pregunta, referida a la identificación de acciones procedimentales que pueden favorecer la impunidad de un feminicidio, de las
153 opciones como respuestas, 75, es decir el 49.01%, se refirieron a la
aplicación propiamente procedimental como manera de ventaja para la
impunidad del agresor y su distribución es como sigue:
Cuadro No. 3: Identificación de procedimientos M.P.
Correcionalización de los casos
Retiro de querellas
Conciliación en violencias previas denunciadas
Calificación como accidente
Mala instrumentación de los expedientes
Falta de datos en el Certificado Médico Legal
Aplicación del principio de la oportunidad
El resto de las identificaciones, 78, para un 50.98%, fueron referidas a las
actitudes de quienes administran la justicia en el subsistema penal, es
decir, que el reconocimiento de la influencia del elemento político cultural en las decisiones que favorecen la impunidad de los crímenes en razón
de género, a las mujeres constituye la mayoría de la apreciación que
sugieren las personas del Ministerio Público participantes en la encuesta.
Para la tercera pregunta, que era la propositiva, en el sentido de sugerir
tres cosas que cada participante pudiera hacer desde su puesto de trabajo, se obtuvieron 190 sugerencias y/o propósitos, de las cuales, 97, es
decir 51.05% fueron indicaciones hacia cambios de procedimientos,
mientras que 93, es decir, el 48.94%, referían la posibilidad de cambios en
las actitudes de las personas que ejercen el oficio de ministerio público.
Las sugerencias procedimentales, se agrupan de la siguiente manera:
Cuadro No. 4: Propuestas M.P.
Aplicar Ordenes de Protección de rutina
Establecer mecanismos de monitoreo en los casos
Coordinar acciones con la P.N.
No conciliar en casos de VIF
Crear tribunales especiales
Imponer las penas mayores
No otorgar libertad provisional bajo fianza
Crear refugios para sobrevivientes
No dar indultos
Crear espacios de asesoría e información desde la
Crear un directorio de datos de organizaciones que
puedan dar apoyo para referencia
Establecer el servicio de 24 horas para los casos de VIF
Integrar terapeutas a las Fiscalías
Ampliar la competencia a los/as Fiscalizadores/as
Darle competencia de impartir órdenes de
Protección al Ministerio Público
Al igual que en la pregunta dos, llama la atención la cantidad de sugerencias que se refieren a las actitudes de quienes aplican la justicia y en ese
sentido, en base a las 93 alternativas que presentan las personas participantes, se relevaron las que constituyen la mayoría como un dato a tomar
Cuadro No. 5: Propuestas y actitudes M.P.
Adoptar una mayor conciencia de la víctima, de sus
derechos y situación, para cuidarla y referirla
Atender las querellas de VIF con interés, creyéndole
a la víctima y atendiéndola con respeto
Asistir a los agresores, darles orientación y referirlos
a programas de recuperación
Tratar de juntar a la pareja
Propósitos y actitudes
Como dato relevante, además, se destaca el que un 5.37% de las personas funcionarias del Ministerio Público, aún cree que hay que hacer todo
lo posible por tratar de juntar a la pareja.
Los estudios Feminicidio I y II, arrojan el dato de una media dominicana de
150 casos por año, tomando en cuenta diferentes reportes, las dificultades para la consignación en la justicia penal y el subregistro y establece
algunos indicadores interesantes como la frecuencia, el lugar, el tipo de
arma, el vínculo existente entre la víctima y el feminicida, las edades, la
descendencia en común, la presencia de amenazas, la minimización del
suceso de parte del autor y el desplazamiento de la culpa hacia la víctima y el entorno, la justificación, el grado de adhesión a los modelos tradicionales machistas del feminicida, el riesgo en procesos de ruptura, etc.
En el segundo estudio, además, se introduce el elemento de masculinidad
violenta que permitió reconocer como, en la República Dominicana, la
masculinidad puede considerarse como desbordada hacia las relaciones
violentas, con la aplicación preocupante de la tríada de la violencia masculina como respuesta a la demanda de una postura de control y dominio desde la categoría de género a la que cree tiene que responder, por
lo que todo programa que se dirija a prevenir o atender la violencia de
género intrafamiliar, debe abordar la redefinición de los patrones masculinos dominicanos.
Sin embargo, uno de los mejores aportes de estos dos estudios, ha sido
descubrir que el feminicidio es un crimen diferente al homicidio en sus
elementos constitutivos, desgraciadamente, no se tipifica en la legislación
aún; sin embargo, es hora de que se reconozca esta forma extrema de
violencia de género a fin de que se establezcan desde las sociedades,
estructuras amplias para combatirla.
Algunos datos recientes de feminicidio
Desde finales del año 2004, el Departamento de Estadísticas de la
Procuraduría General de la República y la Secretaría de Estado de la
Mujer, recogen de manera periódica los resultados en la Policía Nacional
y se han ido desarrollando estrategias más confiables. Para el año 2005,
el número de feminicidios por mes, de acuerdo a la SEM, fueron los
(Fuente: Elaborado por la Secretaría de Estado de la Mujer, a
partir de los datos suministrados por el Departamento de
Estadísticas de la Policía Nacional)
Si se compara con el número de feminicidios por mes, de enero a septiembre del presente año 2006, se puede apreciar el incremento de estos
crímenes para este año 2006:
(Fuente: Elaborado por la Secretaría de Estado de la Mujer, a partir de los datos suministrados por el Departamento de
En el Taller sobre Conceptualización y Producción de Estadísticas de
Violencia Intrafamiliar y de Género, convocado por la Secretaría de Estado
de la Mujer y realizado, el día jueves 24 de agosto del 2006, las estadísticas aportadas por el Departamento de Estadísticas de la Procuraduría,
que dirige el Ing. Jesús Vásquez, fueron incorporadas a las presentadas por
el Núcleo de Apoyo a la Mujer, NAM, de Santiago, tomadas de la prensa,
resultando como sigue:
115 (Hasta 30 de Julio) Dirección Estadísticas Procuraduría General
Dirección Estadísticas Procuraduría General
NAM/Prensa
Feminicidio II
Feminicidio I
NAM/ Prensa
Mueve a alarma la cifra de feminicidios de dominicanas en los últimos seis
años: 911 mujeres asesinadas en el país, desde el año 2000 al 2006, lo que
supera a las alrededor de 400 muertas oficiales de Ciudad Juárez, en
México, un fenómeno que mantiene a la comunidad internacional conmovida.
Los feminicidios de Ciudad Juárez, cometidos de manera similar, como si
se tratara del mismo modus operando, perfilan a las víctimas como jóvenes trabajadoras que buscan superarse a partir de su trabajo y para trascender a otras tareas. Han sido difíciles de resolver y hasta ahora, no hay
feminicidas condenados.
Los feminicidios de República Dominicana, por el contrario, sí tienen
identificación en los perfiles del feminicida y de la víctima, por lo tanto, no
sólo se pueden resolver, sino que también se deben prevenir.
2.4 Seguridad democrática y las dominicanas
En la actualidad, cuando se habla de seguridad democrática ya no es más
en referencia al concepto tradicional que se asociaba con la represión del
delito y el mantenimiento del orden, por lo tanto, ya no se trata de mantener la asociación de control-represión-delincuencia.
En los procesos sociales de los últimos veinte años, han aparecido otras
categorías como seguridad ciudadana, seguridad humana y seguridad
democrática; las que se orientan al reconocimiento de nuevos conceptos
que tienen que ver con los derechos humanos de las personas.
En términos pragmáticos, la seguridad ciudadana es un tema que concita la
atención de las comunidades nacionales enteras, al punto de considerarse el
de mayor mención y proyección en los medios de comunicación, en los discursos y reclamos y hasta en las promesas políticas. Sin embargo, nuestros
Estados en la región, no han respondido con la rapidez y diligencia necesarias para disminuir lo que parece una desigual carrera entre una delincuencia mucho más estructurada y logística que los esfuerzos realizados.
Es que la seguridad es una condición inherente a la vida de la persona,
un privilegio como elemento fundamental para su desarrollo físico y
social, por lo tanto, la inseguridad afecta a la esencia misma de la dignidad
humana y a la vida en sociedad y sin ella, no existe posibilidad de un ejercicio igualitario de los derechos de las personas.
Hoy por hoy, entonces, la seguridad comprende dos conceptos: de una
parte, el objetivo, que estaría representado por el incremento del delito
y, por otro, el subjetivo, determinado por la sensación de incertidumbre,
de riesgo o de miedo que tienen las personas por el desarrollo de lo que
se denomina delincuencia ordinaria y los actos incívicos, diversos y no
agrupables bajo una sola categoría pero que, no obstante, no entran dentro de la categoría de delitos.
Para América Latina, región de las mayores desigualdades en el mundo, la
falta y/o imposibilidad de seguridad produce la alta corrupción y las dificultades de gobernabilidad y algo más complejo aún, es causa y consecuencia a la vez de la pobreza extrema y el crecimiento de las desigualdades económicas, sociales, étnicas/raciales y de género.
Estas condiciones de riesgo permanente de violencia asociada a la delincuencia, se reciclan a través de las costumbres establecidas y atentan contra los derechos de todos los hombres, las mujeres, niños y niñas, en la
medida en que desincentivan la dinámica democrática y se convierten en
obstáculo para su desarrollo.
Los problemas generados por la inseguridad son de consecuencias graves para la comunidad, pero hay grupos sociales que se mantienen en
niveles mayores de riesgo y que, a la vez, carecen de recursos para
enfrentarla, como son las mujeres, los niños y niñas, las personas envejecientes, las minorías por opciones sexuales, religiosas e ideológicas y la
Una de las amenazas más extensas a la seguridad pública es la violencia
contra las mujeres: una de cada tres mujeres ha sido víctima, en algún
momento de su vida, de violencia física, psicológica o sexual. Estos crímenes permanecen habitualmente sin registrar y sin sancionar. Las reformas
a la seguridad pública deben de tomar en cuenta que el mismo hogar
puede ser un sitio de inseguridad para mujeres y niñas/niños.
La claridad de las estadísticas y la referencia constante de las violencias
contra las mujeres, un colectivo que es algo más de la mitad de la humanidad, nos indican en un gran nivel, que la inseguridad tiene rostro masculino y que las mujeres, niños, niñas y personas envejecientes son quienes sufren en mayor escala estas violencias, por lo tanto, no existe programa que pueda avanzar en términos de desarrollo si no toma en cuenta la perspectiva de género.
La relación estrecha entre las violencias sociales y las que se aprenden en
el ejercicio de la cotidianidad en la familia, se complejiza y diluye en el
razonamiento de la cultura patriarcal como la nuestra. La experta mexicana, Marta Torres Falcón lo explica como al abordar separadamente las
violencias sociales y las violencias de género, se desarticula un fenómeno
que es integrado, profundamente vinculante entre sí, en las causas y también en las consecuencias.(52)
En el país, a pesar del trabajo del Movimiento Social de Mujeres y la SEM,
nuestra sociedad que mantiene una condena permanente a la violencia,
reacciona muy diferente cuando las víctimas son mujeres que reciben las
violencias de género sea en la esfera pública o en la privada. La complejidad, relación del fenómeno de las violencias todas, sin embargo es reconocida como una realidad social conflictiva que resultado de una variedad de factores, se ha manifestado en los últimos cinco a diez años en
nuestro país y para el cual la Secretaría de Interior y Policía, junto con el
Poder Ejecutivo, la Procuraduría y la Policía Nacional, han establecido un
programa mínimo o Plan de Seguridad Democrática, cuyos lineamientos
abarcan a toda la sociedad.
A raíz del auge de la violencia social durante el año 2005, en momentos
en que el país esta inmerso en un proceso global de reforma del sistema
judicial penal, se impulsa desde el mismo Poder Ejecutivo una Política
Criminal del Estado desde una perspectiva integral tanto en lo preventivo como en lo punitivo, que asegure un despliegue coordinado de los
diversos mecanismos y programas de que dispone el Estado y la sociedad dominicana en su conjunto.
Para enfrentar el problema, a mediados del año 2005 el Estado diseñó e
inició el proceso de implementación del Plan Nacional de Seguridad
Democrática, un programa que se pretende como la mejor herramienta
para abordar adecuadamente el fenómeno de la violencia social y la criminalidad de forma coordinada intrasectorial y extrasectorialmente.
Esta iniciativa para garantizar los derechos de las ciudadanas y ciudadanos
a disfrutar una mejora en la calidad de vida, no incluye una estrategia clara
y concreta para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar, cuyos vínculos directos con la violencia
Marta Torres Falcón, Violencia Social y Violencia de Género, en 2005, en El Salvador.
social, están en las causas y también en las consecuencias. La violencia de
género, intrafamiliar y sexual, es el laboratorio escuela de las violencias
sociales, en el que la delincuencia mayormente masculina se prepara
hasta desbordar los límites de la familia y llegar a la sociedad ampliada.
Teniendo en cuenta los documentos nacionales publicados para el tema
en el último año por las instancias gubernamentales que prepararon el
Plan de Seguridad Democrática, existe un reconocimiento al fenómeno de
la violencia basada en el género intrafamiliar y en sus estrategias se establecen acciones de atención, de carácter preventivo punitivo, a la misma.
En los Lineamientos de la Política Criminal dentro de los Parámetros del Plan
Nacional de Seguridad Democrática para la República Dominicana, una
publicación de la Procuraduría General de la República, apoyada por la
Agencia de los Estados Unidos para la Cooperación Internacional, USAID
y el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia,
en las propuestas de acción inmediata y como acciones de carácter preventivo-punitivo, está la violencia intrafamiliar y de género, para lo que se
proponen las siguientes acciones(53):
• Establecimiento y/o fortalecimiento de los programas de atención a las víctimas de maltrato familiar (refugios, asistencia terapéutica, provisión de celulares para mujeres en riesgo, etc.);
• Sensibilización de las instituciones que suelen detectar casos de
violencia familiar, especialmente a las autoridades policiales,
escolares y sanitarias, para que brinden la atención adecuada a
las víctimas y en su caso procuren la intervención de las instituciones especializadas;
• Fortalecer la actuación de las Fiscalías de Violencia contra la
Mujer, en el ámbito del Ministerio Público, capacitando a los/as
operadores/as, estableciendo protocolos de actuación (en
especial en medidas de protección directas o jurisdiccionales) y
construyendo redes para mejorar la ayuda a las víctimas;
• Establecer programas terapéuticos para personas violentas, en
el ámbito del sistema de salud pública;
Colección Derechos Ciudadanos, Libro 0, Plan de Seguridad Democrática,Voluntariado de Garantía
de los Derechos Ciudadanos. Instructivos sobre las Familias. Secretaría de Estado de Interior y Policía.
• Implementar un programa específico de resolución alternativa
de estos conflictos, con perspectiva de género.
• Establecer una línea 1-200 gratuita, de ayuda y asesoramiento a
víctimas en riesgo y otra para denuncias anónimas en caso de
maltrato o abuso de niños, niñas y adolescentes (NNA), de los
que se rendirá cuentas a los órganos correspondientes, entre
ellos a la Fiscalía de Violencia contra la Mujer.
Justificación: La violencia intrafamiliar es un problema serio en el país,
afecta a personas vulnerables, entre ellas a muchos NNA y tiene un efecto reproductor de otras formas de conductas violentas.
Institución Responsable: La Secretaría de Estado de la Mujer, El
Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia y la
Procuraduría General de la República, a través del Ministerio Público de
El mismo Plan, en el paquete de libros pequeños, entre los que se
encuentran las Convenciones, Tratados y demás mecanismos de derechos humanos, hay un Instructivo para el voluntariado de la garantía de
los derechos ciudadanos, que contiene directivas para las familias e indica la necesidad de realizar un censo de las familias de la comunidad en
cuestión, con detalles que la perfilen en su funcionamiento, salud, desarrollo emocional, etc., a partir del cual se preparará un plan de atención
Estos documentos orientan estrategias a trabajar con perspectiva de
género como necesidad fundamental, sin embargo, no se concretizan en
la práctica, como lo dice el cruce de los datos sobre los índices de criminalidad y el programa de Barrio Seguro, una línea de trabajo del Plan
Nacional de Seguridad Democrática.(54)
Tomando como base las estadísticas contenidas en el informe del mes de
agosto de la Procuraduría General de la República, estas indican una disminución considerable en las muertes violentas para el período de junio
agosto, situación que tiene que ver con la implementación de medidas de
Susi Pola en, Las Estadísticas y la Procuraduría, artículo publicado en el periódico El Nacional, el martes 5 de septiembre 2006.
seguridad puestas en marcha por el Poder Ejecutivo dentro del Plan de
Seguridad Democrática, según dicen las autoridades.
Las cifras de homicidios revelan que han disminuido en un 43.58% durante el período junio-agosto del presente año y el informe presentado en
Rueda de Prensa, por el Procurador General de la República, indica que
de julio de 2005 a julio de 2006, las muertes violentas se redujeron en
un 25.2%, mientras que de agosto de 2005 a agosto de 2006, la reducción fue mayor, con un 49.29%.
Si se toma en cuenta que de enero a julio del año pasado de 2005, fueron ejecutadas 81 mujeres, y que en este año 2006, para el mismo período fueron 118 las muertas de la misma manera, aclaramos que el incremento de los feminicidios es de un 31.35% en los primeros siete meses
de este año con respecto a los del año pasado, dato que alerta sobre la
necesidad de incluir en el Plan de Seguridad Democrática la prevención
de las violencias contra las mujeres, de lo contrario, estas medidas de
seguridad en el barrio dejan de lado a la mayoría de sus habitantes que
son las mujeres, cuya ejecución, sumaria y por razones de género, se
incrementa en un 31.35%, en la misma cara del patrullaje policiaco y militar que en las comunidades produce una disminución de los homicidios
En la República Dominicana los datos estadísticos oficiales no están sesgados por el género, una situación que impide visibilizar la magnitud de
este tipo de violencias y su trascendencia en las violencias sociales. Las
cifran indican tres situaciones que mantienen un reciclaje permanente de
las violencias sociales en el país:
1. Índice de violencia de género contra las mujeres muy
2. Las violencias todas son ejecutadas por masculinos
3. Se mantiene la impunidad de los perpetradores como
Sin embargo, la relación de la violencia contra las dominicanas, sea intrafamiliar y/o sexual, mantiene un incremento en cantidad y calidad preocupante con respecto a las demás violencias, lo que indica como las respuestas violentas se aprenden en la familia y se aplican más allá de sus
Hombre mata a su esposa en Villa
Altagracia luego de ser liberado
En un aparente arranque de celos un vigilante privado, conocido como Papito, asesinó a su esposa, Miriam Espinal Zapata,
de un disparo en la cara que le hizo con una escopeta calibre 12 que portaba. El homicida estaba detenido la noche
antes del crimen en el cuartel de la Policía de Villa Altagracia
debido a una querella que la víctima había hecho en su contra. Según se informó, Papito se las arregló para que el ayudante fiscal, Francisco de los Santos, asignado a la dotación
policial del municipio de Villa Altagracia, lo pusiera en libertad, espacio que aprovechó el vigilante para cometer el crimen. El hecho de sangre se produjo en el
barrio INVI-CEA, a eso de las 8:00 de la
mañana, y todavía a las 4:30 de la tarde de
ese día el cadáver permanecía en la morgue.
La víctima se había presentado en horas de
la noche del pasado miércoles a la comandancia policial donde presentó la querella
contra su esposo, Papito, por maltrato físico
y amenaza de muerte, según informó el inspector policial Julio Ernesto Pérez Félix.
Pérez Félix explica que luego de detener a
Papito le instrumentó un expediente acusatorio y procedió a enviarlo a la justicia, pero
posteriormente fue liberado. (Domingo de
Jesús Periódico El Listín Diario del lunes 9 de
julio 2001)(55)
Una crónica sobre la importancia de conocer la violencia de género y saber
detectar el peligro: el feminicida era reincidente y una de sus hijas alertó al
Fiscal sobre la conducta reiterativa de su padre.
En un recuento de los documentos básicos para el enfoque nacional, las
legislaciones específicas para el tema son las siguientes:
• Ley 14-94 de fecha 22 de abril de 1994, que crea el Código
para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, modificada
por la Ley 136-03 que deroga la Ley 14-94 a partir de octubre
17 del 2004.
• Ley 24-97 sobre violencia intrafamiliar
• Ley 88-03 que instituye en todo el territorio nacional las Casas
de Acogida o Refugios y sus Reglamentos
Los mecanismos nacionales reconocidos para el tema de la violencia de
género intrafamiliar, fueron trabajados a partir de la promulgación y aplicación de la Ley 24-97 en procesos de coordinación entre las autoridades gubernamentales y las ONG reconocidas que trabajan el tema desde
hace algunos años en el país. Estos instrumentos, nos permiten orientar
las acciones desde una ética y un marco conceptual común, así como
racionalizar y maximizar los recursos humanos y materiales de las instituciones que atienden el tema.
En estos protocolos y mecanismos nacionales, se reconoce la violencia
intrafamiliar como una forma de violación de los derechos humanos y de
las libertades fundamentales de las personas que se aprende de generación en generación. Además, se parte de que la violencia intrafamiliar es
un grave obstáculo para el desarrollo humano que no permite alcanzar
una buena calidad de vida para las personas, para reconocerla como un
grave problema público y de salud pública, que genera enormes costos
económicos, sociales y sicológicos en términos de pérdidas económicas
y humanas. Estos documentos son los siguientes:
• Modelo Nacional para la Prevención y Atención de la Violencia
• Normas Nacionales de Atención en Salud a la Violencia
Intrafamiliar contra la Mujer,
• Organización de Redes Locales de Atención Integral a la
En la estructura, actualmente el país cuenta con las Unidades de Atención
Integral, a cargo de la Justicia, con personal multidisciplinario; las Fiscalías
Barriales en la capital del país; la Asesoría Barrial Legal, ALBA, y la Casa de
la Justicia, en Santiago, que significan ampliación del servicio para una
mejor prevención. En estos espacios, existe coordinación intersectorial e
interinstitucional entre las diferentes instancias, gubernamentales y no
gubernamentales, que trabajan con la violencia de género en el país.
En lo político cultural, se han creado desde el año 2003, espacios académicos de especialización en el Instituto Tecnológico (INTEC), con un programa de Diplomado a prestadores y prestadoras, así como en los programas para el Ministerio Público que imparte la Escuela Nacional del
Ministerio Público, titulados por la Universidad APEC y dentro de los cuales, se contemplan módulos de género.
El Centro de Estudios de Género de INTEC, y PROFAMILIA, desarrollaron en diferentes momentos programas de sensibilización y seguimiento
al tema de la violencia de género intrafamiliar, creando programas de prevención para empleados y empleadas de las empresas León Jimenes, del
2001 al 2003, Interamericana Products, del 2003 al 2005 y en el mismo
período, al Grupo M de Santiago.
La Secretaría de Estado de la Mujer, SEM, y las ONG del área de la Mujer,
mantienen permanentemente actividades de sensibilización y capacita-
ción en atención a la violencia basada en el género, tareas que muchas
veces se hacen en coordinación con las agencias de financiamiento.
Las personas aprendemos desde el nacimiento un conjunto de prácticas
demandadas por la sociedad para incorporarlas y mantenerlas dentro de
un imaginario muy exigente y bajo la vigilancia de instituciones como la
familia, la escuela, la iglesia, las leyes, así como los usos y costumbres
encargados de perfilarlas.
Estas prácticas se fundamentan en las diferencias de género como categoría cultural creada y abarcan las relaciones, la manera de comportamientos, el valor que le damos a todo y las actitudes frente a la cotidianidad, planteando el poder de los hombres sobre las mujeres.
los mayores y más complejos fenómenos socioculturales que mata a
muchas mujeres en el mundo y en nuestro país, a más de doscientas
dominicanas al año.
El contexto histórico y sociocultural de nuestro país se caracteriza por un
grupo familiar en desbalance de poder, en el cual a los hombres se les
atribuye una jefatura total sobre el resto de las personas que lo compo-
nen, el enraizamiento de esta tradición, heredada de la figura del pater
familia de la cultura romana, es una de las principales causas de la violencia como propuesta masculina hacia las mujeres.
La representación de familia dominicana como nuclear, biparental, armónica, compuesta por hombres y mujeres que desarrollan roles claramente
establecidos y que forman a sus integrantes para el éxito social, pregonada desde todas las instituciones sociales, exaltada en las canciones infantiles, en los medios de comunicación, y en la cultura popular; es una imagen
que no nos ayuda a comprender nuestra realidad, porque no la refleja.
Los Convenios y Tratados internacionales, de los que el país es signatario,
sirvieron de plataforma para que las mujeres parlamentarias dominicanas,
la Comisión de Mujeres Asesoras del Senado y el movimiento feminista y
de mujeres dominicanas, sometieran diferentes proyectos que culminaron
con la aprobación del instrumento jurídico de mayor importancia en toda
la historia para las dominicanas: la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar,
que modificó sustancialmente el Código Penal de nuestro país.
Las mujeres políticas, junto con algunas destacadas abogadas y otras
representantes de las Organizaciones No Gubernamentales de mujeres,
bajo la dirección de la Dra. Milagros Ortiz Bosch, única Senadora por
entonces, fueron las que lograron la promulgación de la Ley 24-97.
protagonistas en la voluntad del cambio en la región y en el país. Sin
embargo, estas reformas se realizaron sobre todo en la normativa, dejando en suspenso la modificación de la estructura y del elemento político
cultural de los sistemas de derecho remozados; una transacción que atrasó el verdadero cambio y alejó las posibilidades de revolucionar desde un
principio los tres elementos que constituyen estos sistemas y la necesidad de que exista un equilibrio permanente entre la normativa, la estructura y lo político cultural que los componen.
tribunal o por el Ministerio Público; que, establecidas en el artículo 309-6,
establecen medidas penales y civiles.
Desde fines del año 2004, se produjeron reformas considerables en la
estructura de la Ley 24-97, se sustituyeron los Destacamentos Amigos de
la Mujer por Unidades de Atención Integral, se crearon las Fiscalías
Barriales en la capital del país, en Santiago, Asesoría Legal Barrial (ALBA)
y la Casa de la Justicia, con la finalidad de descongestionar las entradas del
sistema penal de atención. Sin embargo, estas experiencias son limitadas,
centralizadas a la ciudad capital y a Santiago, sin que el resto de país
pueda beneficiarse.
Desde abril del 2005, funciona la Dirección Nacional de Atención a
Víctimas como una dependencia de la Procuraduría General de la
República, con el propósito de unificar y regular el trabajo realizado por
instituciones gubernamentales y no gubernamentales en el área de la
intervención psicosocial a víctimas y con la finalidad de establecer un
accionar coherente y eficaz en la intervención de los y las profesionales
que ya laboran en esta área. Una creación importante que lleva a la
Justicia, el reconocimiento a las víctimas y una visión más amplia de la
Actualmente existen en el país programas formales para las personas que
operan en la justicia, que incluyen la perspectiva de género, aunque sería
conveniente transversalizarlos con el concepto o procurar más horas
para que la información sea equitativa. Además de talleres y cursos, se
imparten diplomados dirigidos a reforzar la atención de las personas proveedoras del sistema penal y de salud.
desde sus espacios, apoyadas por las agencias internacionales de financiamiento sensibles al problema, supliendo la falta de presupuesto del
Estado para estos fines.
La mayoría de las ONG de mujeres están dando el servicio de atención
mujeres, la sociedad civil organizada como una necesidad para el
En los últimos años, la Secretaría de Estado de la Mujer y las instituciones
y organizaciones de la sociedad civil, en esfuerzos coordinados muchas
veces, mantienen actividades de capacitación informal y formal en la capital y en provincias.Ya se han diseñado y se imparten con el apoyo de las
academias, actividades formales, como diplomados y cursos, para la formación especializada en la atención, prevención y sanción de la violencia
Desde la Justicia, con la Escuela Nacional de la Judicatura y Escuela del
Ministerio Público, se asegura una preparación más avanzada en las legislaciones que apoyan a las víctimas. El reto para la Secretaría de Estado de
la Mujer, como encargada de las políticas de género, es trascender a las
currículas de las carreras de Derecho y de Salud, porque en el enfoque
nacional, la violencia de género, es un problema de salud y de derechos
Desde el Estado, en el año 2005, se diseñó e inició el proceso de implementación del Plan Nacional de Seguridad Democrática, un programa
que se pretende como la mejor herramienta para abordar adecuadamente el fenómeno de la violencia social y la criminalidad de forma coordinada intrasectorial y extrasectorialmente. Sin embargo, el Plan no incluye a las mujeres y sus necesidades de seguridad.
• Incorporar a la agenda pública el tema del sexismo y sus consecuencias
como de atención especial, teniendo en cuenta la cantidad de feminicidios anuales en nuestro país.
• Cumplir con los protocolos internacionales en materia de violencia
contra la mujer y violencia intrafamiliar, de los cuales el país es compromisario.
• Asignación de un presupuesto visto desde las políticas del
Estado/Gobierno como una necesidad para el desarrollo del país y no
como un “recorte” que se entrega para el tema de las mujeres.
Mientras los recursos económicos para la estructura legal que tiene
que ver con el género no sean visualizados desde la repartición del
presupuesto nacional, no se avanzará en el sistema de atención.
• Romper el corporativismo machista del poder y tratar a los funcionarios que ejercen violencia intrafamiliar como delincuentes, sin derecho
a ocupar cargos.
• Realizar campañas de sensibilización para romper los estereotipos
sexistas que propician la violencia de género y propulsar a los poderes
públicos para que determinen espacios en todos los medios de comunicación, que permitan la denuncia pública y la condena de actitudes y
comportamientos violentos masculinos hacia la mujer y sus hijos e hijas.
• Realizar campañas y actividades públicas que reconozcan e incorporen
la terminología feminicidio y que la expliquen a toda la sociedad.
• Promover un presupuesto adecuado para desarrollar acciones hacia la
erradicación de la violencia de género a todos los niveles en el país.
• Aplicar el Plan Nacional de Atención y Prevención de la Violencia
• Coordinar acciones de atención y prevención contra la violencia hecha
a la mujer y la violencia intrafamiliar con las organizaciones de mujeres
que trabajan el tema en el país y reconocer el trabajo especializado que
algunas han realizado en los últimos veinte años.
• Desarrollar estrategias de empoderamiento frente a las demás
Secretarías para implementar políticas de género desde el Estado
• Incorporarse a los Planes Nacionales de Seguridad
• Abrir Casas de Acogida o Refugios en cuatro regiones del país.
• Promover en los medios de comunicación el desmonte cultural de la
• Incorporar en el sistema educativo el Principio de la Igualdad, las relaciones de cooperación entre los sexos y la no tolerancia hacia las actitudes y comportamientos que generen violencia de género.
• Incorporar en los programas educativos el fomento de resolución pacífica de conflictos.
• Fomentar la investigación sobre la violencia de género en el país.
• Fomentar el desarrollo de una cultura de gestión que tenga en cuenta
el género para reemplazar a la cultura de predominio masculino
• Apoyar la realización de estudios multidisciplinarios de las masculinidades y los roles masculinos, especialmente la investigación sobre las condiciones sociales y culturales que producen una masculinidad violenta y
• Realizar actividades de sensibilización y detección de violencia, con el
alumnado y los padres y madres.
• Revisar los programas y currículas en todos los segmentos de la educación formal.
• Establecer un sistema de registro para los feminicidios que sea uniforme en el sistema de justicia y que utilice el prefijo FEM, por oposición
al prefijo HOM que tienen los expedientes de asesinatos y muertes
actualmente. Si se establece el prefijo sugerido, se facilitarían informes
anuales que recojan indicadores de importancia para establecer programas especiales.
• Capacitar a todo el aparato operativo de la justicia en el conocimiento de la violencia de género, sus causas y consecuencias, agregando más
horas a los programas que existen.
• Introducir las reformas legales necesarias para que el feminicidio sea
tipificado como un tipo de crimen especial.
• Crear un reglamento que determine el procedimiento de la Ley 24-97
para facilitar la unificación del procedimiento, a fin de que las actitudes
sexistas culturales no incidan negativamente.
• Impulsar reformas legales que prohíban los abusos judiciales que favorecen la gratificación de los feminicidas, tales como libertad provisional
• Recrear los principios de victimología necesarios como referencia a la
Ley 24-97.
• Establecer la gratuidad de los servicios médicos y legales para quienes
recurren a las Leyes 14-94 y 24-97.
• Mantener programas en la formación de jueces/zas, Ministerio Público,
policías, abogados/as y agentes sociales, la materia de violencia de género, intrafamiliar y el feminicidio.
• Prohibir la conciliación en materia de violencia de género y dar mayor
cobertura de seguridad a las medidas cautelares especificadas por la
• Elaborar protocolos comunes que sirvan de referente a los profesionales de las áreas de justicia y salud, a la hora de abordar la problemática
• Fortalecer los mecanismos de prevención de las violencias de género,
tales como ampliación de las unidades y personal especializado en la
atención a casos de violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar,
registro de datos de reincidencia.
• Asumir el compromiso de interactuar con la sociedad civil organizada
de manera transparente, a partir de acuerdos claros con delimitaciones
precisas de los roles a jugar en los programas que se establezcan.
• Establecer reglas del juego claras para quienes asuman el trabajo de
atención a los casos de violencia y tener en cuenta que la atención solo
la dará la persona encargada de ello, nunca el personal circundante.
• Crear un programa de atención en la Policía Nacional que asegure a las
sobrevivientes en las provincias, una atención digna en los destacamentos locales.
• Promover el desarrollo de alianzas entre las organizaciones de mujeres,
en el ámbito nacional e internacional, así como con todas aquellas instituciones que están llamadas a intervenir en los casos de violencia a
mujeres, para coordinar y proyectar unidas un activismo para la lucha,
encaminado a eliminar la violencia de la vida de las mujeres. Así como
las coordinaciones de abogacía que mantengan el reclamo en la sociedad entera sobre los derechos de las humanas y de la niñez.
• Crear espacios de coordinación interinstitucional con otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, que implementen
acciones comunes para la erradicación de la violencia.
Berta Rivas, mujer y sus circunstancias
Berta Rivas, la joven mujer de 32 años, “escarmentada” brutalmente por el compañero, por creerla “infiel” y/o “cuernuda”,
nunca hubiera pensado que Fausto Hernández Coronado, sargento mayor de la Policía Nacional y padre de su hija, iba a cumplir
las amenazas con que la mantenía en constante zozobra. Mucho
menos que no sería capaz de cometer el escarnio a que la sometió.Y cuenta como se separó de él montones de veces, para volver cuando él le decía: “...tú tienes que volver conmigo, porque yo te
quiero, no quiero que me dejes, no vayas a la Policía, no me denuncies,
porque yo te quiero”. También, Berta negó que su marido la sorprendiera en un motel, asegurando que él la interceptó próximo
a la avenida Padre Castellanos, en la cercanía de su casa, en Los
Mina, la llevó cerca de la casa de su abuela, la desnudó frente a la
casa 47, de la calle El Tamarindo, de la urbanización Las Frutas,
donde la amarró a un poste de luz, le puso las esposas que usa en
su trabajo como policía y allí, valiéndose de alambres de púa la
torturó y masacró delante de sus dos hijas y del público que quisiera presenciarlo. En el caso de Berta, lo circunstancial se ha normalizado de tal manera que, con una oreja cortada, heridas en la
cabeza, en los brazos y en los glúteos, la cabeza rapada al mejor
estilo medieval y el brazo izquierdo enyesado, la acusación de
adúltera e infiel de parte del victimario raso mayor
de la P.N., ha sido suficiente para adquirir la condición de paria en esta sociedad vigilante de sus
“buenas costumbres”, es decir, controladora,
machista, dicotómica y decadente. (Susi Pola,
publicado en El Nacional del martes 15 de
junio 2006)(57)
Los medios de comunicación, en los días
siguientes a la tortura de Berta, hicieron
programas con su caso, burlándose, reafirmando la acción del agresor masculino
violento y justificando las violencias, una
muestra del machismo y la violencia que
permanece en la cultura dominicana y
que hay que desmontar.
BIRGIN, Haydée y PASTORINO, Gabriela. 1995. “Violencia Doméstica:
la falacia de una ley”, de la Revista FEMPRESS, No. 160/161 (Argentina).
CISNEROS, Susana; CHEJTER, Silvia, PEREZ, Diego y otras. 2005.
Femicidio e Impunidad. Edición del Centro de Encuentros Cultura y Mujer,
Cecym, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll.
CACERES U., Francisco y ESTEVEZ T., Germania. 2005. Violencia
Conyugal en la República Dominicana: Hurgando Tras sus Raíces.
Investigación basada en el Estudio Demográfico y Salud, ENDESA 2002.
PROFAMILIA, República Dominicana.
CARCEDO, Ana. 2001. Femicidio en Costa Rica 1990-1999. (Con la colaboración de Monserrat Sagot ). San José, Costa Rica.
COBO, Rosa. 1993. “El discurso de la igualdad en el pensamiento de
Poullain de la Barre”, del libro Historia de la Teoría Feminista, compilación
de Celia Amorós. Madrid, España.
CORSI, Jorge. 1995. Violencia Intrafamiliar, una mirada interdisciplinaria
sobre un grave problema social. Editora Paidós.Talleres Gráficos EDIGRAF
S.A., Buenos Aires, Argentina.
CORSI, Jorge y otros/as. 1995. Violencia Masculina en la Pareja. Paidós,
CORSI, Jorge, PEYRU, Graciela. 2003. Violencias Sociales. Editorial Ariel,
CORSI, Jorge (Compilador). 2003. Maltrato y Abuso en el Ámbito
Relaciones Familiares. Paidós, Buenos Aires, Argentina.
DUARTE, Isis y HOLGUÍN TEJADA, Ramón. 1995. Los Hogares
Dominicanos: el mito de la familia ideal y los tipos de jefaturas de hogar, IEDP,
PROFAMILIA, 1995.
EISLER, Riane. 1990. El cáliz y la espada. Nuestra historia, nuestro futuro.
FACIO, Alda. Cuando el género suena cambios trae: Metodología de análisis para el género del fenómeno legal. ILANUD. San José, Costa Rica 1992.
FERNANDEZ, Brinella. 2000. La Ley 24-97, Una acción política y concertada. Secretaría de Estado de la Mujer, Santo Domingo, R.D.
IZQUIERDO S, José M. 1998. “Entrevista a Riane Eisler”, publicada en el
periódico El Mercurio, domingo 6 de septiembre. Santiago de Chile.
JANSEN, S. 1998. La Violencia Intrafamiliar en la provincia de Salcedo y Los
Alcarrizos (Distrito Nacional), República Dominicana: Diagnóstico de situación, ONAPLAN/BID, SD,
KAUFMAN, Michael. 1989. HOMBRES, placer, poder y cambio. Editado
por CIPAF/TALLER. Santo Domingo, República Dominicana.
LEMAITRE, Julieta. 2001. “Derechos de las mujeres ¿UNA
REVOLUCIÓN O UNA REVUELTA?”, en la Revista Virtual Una Apuesta
por la Equidad, Casa Manuela Ramos, Lima Perú.
LEÓN, Magdalena y Dora Rothlisberger. (1978). La participación política
de la mujer de clase obrera. Un estudio de caso. Universidad de Los Andes.
Departamento de Ciencias Políticas y Asociación Colombiana para el
Estudio de la Población (ACEP). Bogotá, Colombia.
LUND, Caroline (1977). Introducción, escritos sobre la cuestión femenina.
León Trotski, Cuadernos Anagrama, Editorial Anagrama. Barcelona, España.
MONÁRREZ FRAGOSO, Julia Estela. 2000. “La cultura del feminicidio
en Ciudad Juárez, 1993 - 1999”, en Frontera Norte, vol. 12, núm. 23,
enero- junio 2000, El Colegio de la Frontera Norte.
POLA Z., María Jesús. 2000. El Departamento de Protección a la Mujer del
Destacamento Policial de Villa Juana en Santo Domingo, República
Dominicana, Análisis de la experiencia de Coordinación Especializada en
atención a la Violencia Intrafamiliar. SEM/UNICEF. Santo Domingo, R. D.
POLA Z., Maria Jesús. 2003. La Mujer Dominicana en la Relación de Pareja,
Respuesta de la Justicia en la Violencia de Género. Instituto Tecnológico de
Santo Domingo, INTEC. República Dominicana.
POLA Z., María Jesús. 2002. Feminicidio en la República Dominicana, Un
estudio de los casos ocurridos en los distritos judiciales de Santo Domingo y
Santiago en el período enero-diciembre del 2001. PROFAMILIA, Santo
POLA Z., María Jesús. 2004. Feminicidio en la República Dominicana II:
Profundización del fenómeno desde diversas fuentes para el período enerodiciembre 2002. PROFAMILIA, Santo Domingo, RepúblicaDominicana.
POLA Z, María Jesús. 2000. “Poder Judicial”, del Diagnóstico de Género
en la Reforma y Modernización. SEM, Santo Domingo, República
QUIROGA, Rayen.1994. “Apropiación y mal desarrollo, ¿Nos damos
cuenta?, publicado en la Revista Género y Sociedad, Vol. 2, No. 4, Sept. a
Dic., Centro de Estudio de Género, INTEC, Santo Domingo.
SAGOT, Monserrat. 2000. Ruta Crítica de las Mujeres Afectadas por la
Violencia Intrafamiliar en América Latina. Estudios de Caso. Organización
VOVELLE, Michel (1979). Nueva historia de la Francia contemporánea. La
caída de la Monarquía, 1787-1792. Editorial Ariel, Barcelona, España.
WILLIAMS, Joan. 2000.“Igualdad sin discriminación”, publicado en le libro
Género y Derecho, de A. Facio y L. Fries. La Morada, Chile.

References: artículo 3096
 resolución 
 Resolución

Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 309
 resolución