Source: http://jquesnay.wordpress.com/la-ley-general-de-sociedades-a-traves-de-la-la-jurisprudencia-registral-actual/
Timestamp: 2014-04-24 04:54:43+00:00

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La Ley General de Sociedades a través de la la Jurisprudencia Registral actual | Johan Quesnay
espacio de difusión y debate de temas jurídicos La Ley General de Sociedades a través de la la Jurisprudencia Registral actual
SUMILLA: I. EL ÓRGANO MÁXIMO DELIBERANTE: LA JUNTA GENERAL II. EL ÓRGANO GESTOR Y REPRESENTATIVO: EL DIRECTORIO. III. EL LIBRO DE ACTAS Y DEMÁS ASPECTOS DOCUMENTALES SOCIETARIOS. IV. TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. V. DENOMINACIÓN (ABREVIADA). VI. ADECUACIÓN DE LAS SOCIEDADES A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. VII. PRESUNCIÓN DE EXTINCIÓN DE LAS SOCIEDADES POR PROLONGADA INACTIVIDAD REGISTRAL.
Nos acercamos a la primera década de la entrada en vigencia de la Ley General de Sociedades (LGS), tiempo que invita a reflexiones y balances preliminares sobre lo avanzado y lo que queda por hacer en esta materia.
Cabe recordar que la dación de esta norma supuso todo un acontecimiento en el panorama local, pues además de regular una de las personas jurídicas con mayor incidencia en el tráfico jurídico – las sociedades[1] -, modernizó el tratamiento de la materia societaria e inspiró innumerables publicaciones de carácter doctrinal, en forma de libros o revistas, de manera individual o colectiva. [2]
Es innegable que, el conocimiento del derecho exige, además de la legislación y doctrina, de la jurisprudencia, es decir, del análisis de las decisiones de los órganos encargados de interpretar y aplicar las normas y la doctrina en casos concretos.
Considerando la magnitud de la jurisprudencia existente en el ámbito judicial como administrativo, en esta ocasión delimitaremos nuestro estudio a la denominada “jurisprudencia registral” (jurisprudencia en sentido lato), con énfasis en los “precedentes de observancia obligatoria”, es decir, los “criterios de interpretación de las normas que regulan los actos y derechos inscribibles” establecidos por el Tribunal Registral en sus respectivos Plenos. [3]
La jurisprudencia registral en materia societaria ha girado en torno a diversos tópicos tales como, la junta general de accionistas, el directorio, los aspectos documentales, la transferencia de participaciones sociales de las sociedades comerciales de responsabilidad limitada, la denominación abreviada, la adecuación de las sociedades a la LGS, la presunción de extinción de sociedades por prolongada inactividad registral, etc.
En ese sentido, continuando con un proyecto anterior, procederemos a revisar y analizar la jurisprudencia registral actual en materia societaria, siempre desde una perspectiva personal. [4]
It is recalled that the foundation of this rule it was a local event in the picture, as well as a regular of legal persons with the greatest impact on traffic law – companies – modernized the treatment of the subject company and inspired countless publications doctrinal, in the form of books or magazines, either individually or collectively.
And what happened in the field of jurisprudence? In other words, what was the interpretation to the present have been given to the various provisions of the LGS in the judicial and administrative?.
Considering the magnitude of the existing case law in judicial and administrative, on this occasion, our study identified the so-called “registration law (case law in the broad sense), with emphasis on the” precedent of enforcement, “ie” criteria for interpretation of the rules governing the rights and registration act “established by the Court Registry in their respective House.
The case law regarding registration company has focused on various topics such as the general meeting of shareholders, the board, the documentary, transfer of shares in commercial companies with limited liability, the short name, the adequacy of corporations with the LGS, the presumed extinction of companies registered by prolonged inactivity, etc..
In that sense, continuing a previous project, we proceed to review and analyze case law regarding current registrar company, all from a personal perspective.
KEY WORDS: GENERAL CORPORATE LAW. COMPANY REGISTRATION. JURISPRUDENCE. ENFORCEMENT OF BINDING PRECEDENT.
I. EL ÓRGANO MÁXIMO DELIBERANTE: LA JUNTA GENERAL
La junta general constituye el principal órgano de la sociedad que conforma y expresa la “voluntad social”, sustentada en el “principio mayoritario” dentro de los límites establecidos por el estatuto, la ley o los convenios de accionistas[5] inscritos en el Registro. [6]
La LGS establece en su artículo 111 que, “la junta general de accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Los accionistas constituidos en junta general debidamente convocada, y con el quórum correspondiente, deciden por la mayoría que establece esta ley los asuntos propios de su competencia. (…)”. [7]
En ese sentido, este órgano requiere para su instalación, además de la reunión de titulares o representantes de acciones suscritas con derecho a voto, una debida y previa convocatoria por el órgano competente y haberse instalado con el quórum correspondiente en la oportunidad, lugar y agenda señaladas en el aviso de convocatoria; requisitos cuya conjunción facultará a la junta general a debatir y adoptar válidamente acuerdos con las mayorías exigidas, los mismos que obligarán a todos los accionistas, incluido los disidentes e inasistentes.
Cabe precisar que, existen algunos aspectos de la junta general que, conforme ha establecido la jurisprudencia registral, no son materia de calificación registral, tales como el “derecho de información” de los socios, la acreditación de la calidad de accionista, socio o de representante, la legalización del libro de actas en sede notarial o judicial; presumiéndose al efecto su cumplimiento, en tanto no se demuestre lo contrario.
El artículo 43 del Reglamento del Registro de Sociedades (RRS) establece que, “en todas las inscripciones que sean consecuencia de un acuerdo de junta general, el Registrador comprobará que se han cumplido las normas legales, del estatuto y de los convenios de accionistas inscritos en el Registro sobre convocatoria, quórum y mayorías, salvo las excepciones previstas en este reglamento”.
La calificación registral en esta materia, a efectos de su inscripción en el Registro de Sociedades, se circunscribirá a estos aspectos, los mismos que deberán reflejarse en las correspondientes actas de las juntas generales.
I.1 CONVOCATORIA
1. La convocatoria se refiere a aquellos mecanismos previstos en el estatuto, la ley o los convenios de accionistas inscritos en el Registro para hacer de conocimiento de los accionistas la realización de la junta general; a cuyo efecto debe tenerse en cuenta los sujetos legitimados para convocar, la forma de comunicación, la agenda, los plazos de anticipación, el lugar de celebración, etc. [8]
En ese orden, la convocatoria constituye un acto previo indispensable para la publicidad de la realización de la junta general y del contenido de su agenda y como tal es un instrumento de protección de los derechos de participación de los accionistas o socios en la conformación de la voluntad social; por lo que debe efectuarse cumpliendo los requisitos establecidos en el estatuto, la ley o los convenios de accionistas inscritos en el Registro.
Salvo los supuestos de junta universal, la junta general precisa de una previa convocatoria por parte del directorio o sujeto legitimado a efectuarla.
2. En cuanto a la agenda, el artículo 44 del RRS con un criterio amplio y recogiendo la reiterada jurisprudencia estableció que, “El Registrador no debe inscribir acuerdos sobre asuntos distintos a los señalados en el aviso de convocatoria o que no se deriven directamente de éstos, salvo en los casos expresamente previstos en la ley”; es decir, la junta general sólo está autorizada – en principio -, a tratar los temas de la agenda publicitada previamente, salvo aquellos que se derivan “directamente” de los primeros; lo que deberá definirse casuisticamente.
3. Tratándose de sociedades anónimas, el artículo 113 de la LGS establece que “El directorio o en su caso la administración de la sociedad convoca a junta general cuando lo ordena la ley, lo establece el estatuto, lo acuerda el directorio por considerarlo necesario al interés social o lo solicite un número de accionistas que represente cuando menos el veinte por ciento de las acciones con derecho a voto”.
4. Concordantemente, el artículo 117 de la LGS señala que si accionistas que representan no menos del veinte por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto solicitan notarialmente la celebración de la junta general, el directorio se encuentra obligado a “publicar el aviso de convocatoria dentro de los quince días siguientes a la recepción de la solicitud respectiva, la que deberá indicar los asuntos que los solicitantes propongan tratar” y la junta general “debe ser convocada para celebrarse dentro de un plazo de quince días de la fecha de la publicación de la convocatoria”.
Si la solicitud fuese denegada o transcurriesen más de quince días de presentada sin que el directorio efectúe la convocatoria, los accionistas pueden acudir ante el Juez de la sede de la sociedad solicitando ordene la convocatoria (proceso no contencioso); siendo que, “si el Juez ampara la solicitud, ordena la convocatoria, señala lugar, día y hora de la reunión, su objeto, quien la presidirá y el notario que dará fe de los acuerdos”.
Ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 119 de la LGS, que legitima al titular de una sola acción suscrita con derecho a voto a solicitar convocatoria judicial en los casos que no se convoque dentro de los plazos previstos y para sus fines o convocadas, en la mismas no se trate los asuntos que corresponden a “junta obligatoria anual o cualquier otra ordenada por el estatuto”.
5. En materia de convocatoria judicial, la jurisprudencia registral ha establecido que “no resulta procedente cuestionar la convocatoria judicial a junta general de accionistas, aun cuando no cumpla con el requisito de mediar 3 días entre la primera y segunda convocatoria, previsto en el artículo 116 de la Ley General de Sociedades, dado que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la norma referida, corresponde al Juez fijar, entre otros aspectos, el día y hora de la reunión”. [9]
6. La doctrina considera que el estatuto es la ley fundamental de la persona jurídica, aplicable por igual a todos sus miembros, en tanto “conjunto de normas que determina la estructura interna de la persona jurídica, que rige su actividad, que señala sus fines y que regula sus relaciones con el mundo exterior”[10], el mismo que no puede imponer obligaciones a los terceros, sino que éstos en sus relaciones jurídicas con la persona jurídica deberán respetar su derecho de auto-estructura interna en materia de representación, capacidad y facultades[11]; en ese sentido, creemos que la inaplicación o aplicación parcial de las normas estatutarias no constituye “per se” causal de invalidez o ineficacia de los acuerdos adoptados, sino que habrá que ver el tema en cada caso concreto.
Es decir, si como consecuencia del proceso iniciado por los socios el Juez dispone la convocatoria, aun si la misma tuviese defectos, como la inobservancia de las disposiciones estatutarias – en este caso, la convocatoria incumple los plazos mínimos legales de antelación entre la primera y segunda junta fecha -, el Registro no deberá cuestionarla ni enervar sus efectos, atendiendo a los fines del proceso de resolver un conflicto de intereses; ello sin perjuicio de calificar los demás aspectos del título, léase, quórum, mayorías y las formalidades del acta.
7. Tratándose de sociedades anónimas cerradas (SAC), la jurisprudencia registral ha reconocido que, “el artículo 245 de la Ley General de Sociedades, que establece que la junta de accionistas de la sociedad anónima cerrada es convocada mediante medio de comunicación que permita obtener constancia de recepción, es de carácter imperativo”. [12]
En efecto, la LGS incorporó a la sociedad anónima cerrada como forma o modalidad especial de sociedad anónima, dirigida a las empresas medianas o pequeñas y con preponderantes elementos personales; en ese sentido, se estableció para ella un régimen flexible para el funcionamiento de sus órganos sociales, siendo el directorio facultativo (artículo 247) y la junta general realizable de modo no presencial.
Así, el artículo 245 de la LGS estableció que “la junta de accionistas es convocada por el directorio o por el gerente general, según sea el caso, (…), mediante esquelas con cargo de recepción, facsímil, correo electrónico u otro medio de comunicación que permita obtener constancia de recepción, (…)”.
En el caso de la sociedad anónima cerrada existe una forma especial de convocatoria, menos gravosa que en las demás sociedades – que deben hacerlo mediante avisos publicados en el diario -, y que consecuentemente, constituye su característica esencial.
8. De otro lado, respecto de las sociedades comerciales de responsabilidad limitada (SRL) y sustentados en los similares argumentos, la jurisprudencia consideró que, “el artículo 294 inciso 3 de la Ley General de Sociedades[13], que establece que en las sociedades comerciales de responsabilidad limitada el gerente deberá efectuar la convocatoria utilizando medio de comunicación que permita obtener constancia de recepción, es de carácter imperativo”. [14]
9. Sobre las juntas universales, el artículo 120 de la LGS estableció que las mismas no requieren convocatoria en la medida que “se encuentren presentes accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto y acepten por unanimidad la celebración de la junta y los asuntos que en ella se proponga tratar”.
Sin embargo, quedaban dudas respecto a la posibilidad que en dichas juntas participen representantes de los accionistas o socios; por lo que, el artículo 46 del RRS cumplió con precisarla, al señalar “el Registrador no denegará la inscripción de acuerdos de junta universal adoptados con la intervención de representantes de accionistas”. Igualmente, el Reglamento en su artículo 45 considera inscribibles los acuerdos adoptados por una junta universal “celebrada en lugar distinto al del domicilio social”, asumiéndose que esa circunstancia no puede afectar la voluntad social conformada en dicha junta.
A fin de acreditar la “universalidad” de la junta general, deberán firmar el acta todos los asistentes o sus representantes, salvo hayan firmado en la lista de asistentes (indicando número de acciones y los diversos asuntos objeto de la convocatoria), en tal caso será suficiente la firma del presidente, el secretario y un accionista designado al efecto y la lista de asistentes se considerará parte integrante e inseparable del acta (artículo 135 LGS).
I.2 QUÓRUM
1. La junta general para que pueda reunirse (instalarse) válidamente requiere de la necesaria asistencia de un número mínimo de acciones con derecho a voto previsto en el estatuto, la ley o los convenios de accionistas inscritos en el Registro.
2. Antes de la instalación de la junta general debe formularse la “lista de asistentes” indicando “el carácter o representación de cada uno y el número de acciones propias o ajenas con que concurre”, lo que permitirá determinar el número de acciones representadas y su porcentaje respecto del total de las mismas (artículo 123 LGS); cuando este documento no forme parte del acta deberá insertarse en la escritura pública o se presentará en copia certificada notarialmente (artículo 47 RRS).
3. El quórum puede ser “simple” o “calificado” según el tema de agenda a que se refiera; salvo las particularidades establecidas por el estatuto.
Se requerirá “quórum calificado” para tratar y adoptar acuerdos “relacionados con los asuntos mencionados en los incisos 2, 3, 4, 5 y 7 del artículo 115″, es decir, referentes a la modificación del estatuto, al aumento o reducción de capital, a la emisión de obligaciones, al acuerdo de enajenación en un solo acto de activos cuyo valor contable exceda el cincuenta por ciento del capital social y a la transformación, fusión, escisión, reorganización, disolución y liquidación de la sociedad; supuestos en los que será necesaria, en primera convocatoria “cuando menos, la concurrencia de dos tercios de las acciones suscritas con derecho a voto” y en segunda convocatoria, “la concurrencia de al menos tres quintas partes de las acciones suscritas con derecho a voto” (artículo 126 LGS).
En los demás casos, se precisará de “quórum simple”, es decir, la junta general quedará válidamente constituida en primera convocatoria “cuando se encuentre representado, cuando menos, el cincuenta por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto” y en segunda convocatoria, “será suficiente la concurrencia de cualquier número de acciones suscritas con derecho a voto” (artículo 125 LGS).
4. Los quórum establecidos se entienden como mínimos, a tenor del último párrafo del artículo 127 de la LGS, ya que estatutariamente o vía convenios de accionistas inscritos en el Registro podría establecerse exigencias mayores, ¿incluso la unanimidad?; salvo los casos expresamente establecidos por la LGS, consideramos que la unanimidad en materia de quórum supone dificultades a la propia organización y conformación de la voluntad social; así, la inconcurrencia de una de las acciones suscritas con derecho a voto imposibilitaría la instalación de la asamblea general y finalmente la toma de decisiones corporativas.
5. En cuanto a la calificación del quórum en las sociedades anónimas, la jurisprudencia registral ha señalado que, “tratándose de la calificación de junta general de accionistas de las sociedades anónimas, no se debe exigir la presentación del libro matrícula de acciones para verificar el quórum de la junta, sino que para ello se debe comparar el número de acciones en que está dividido el capital social inscrito con el número de acciones concurrentes a la junta”. [15]
Dado que la calidad de accionista en las sociedades anónimas sólo puede verificarse del correspondiente “Libro matrícula de acciones”[16] y que dicho documento no obra en el Registro de Sociedades, el Registrador sólo deberá calificar este extremo basado en lo que aparezca del propio texto del acta y concordarlo con el antecedente registral; consecuentemente, ello escapa del ámbito de su responsabilidad.
6. En ese sentido, el Registrador “no asume responsabilidad por la autenticidad ni por el contenido del libro u hojas sueltas, acta o documento, ni por la firma, identidad, capacidad o representación de quienes aparecen suscribiéndolos. Tampoco, es responsable por la veracidad de los actos y hechos a que se refieren las constancias o certificaciones que se presenten al Registro” (artículo 8 RRS).
I.3 MAYORÍAS
1. La adopción de los acuerdos por la junta general precisa de un mínimo número de votos previstos en el estatuto, la ley o los convenios de accionistas inscritos en el Registro, según el tema del que se trate.
2. La junta general constituye un medio de expresión de la voluntad colectiva e individual de los accionistas o socios regido por el “principio mayoritario”, es decir, los acuerdos válidamente adoptados por la mayoría obligan a todos los miembros, incluido los disidentes y los que no hubieran participado en la reunión.
3. El artículo 127 de la LGS establece – como “regla general” -, que “los acuerdos se adoptan con el voto favorable de la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la Junta”.
Tratándose de aquellos asuntos mencionados en el artículo 126 de la LGS – como “regla especial” -, indica que “se requiere que el acuerdo se adopte por un número de acciones que represente, cuando menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto”, es decir, en aquellos casos referentes a la modificación del estatuto, al aumento o reducción de capital, a la emisión de obligaciones, al acuerdo de enajenación en un solo acto de activos cuyo valor contable exceda el cincuenta por ciento del capital social y a la transformación, fusión, escisión, reorganización, disolución y liquidación de la sociedad.
4. Cabe recordar la regla especial establecida en esta materia por el artículo 128 de la LGS, “cuando la adopción de acuerdos relacionados con los asuntos del artículo 126, debe hacerse en cumplimiento de disposición legal imperativa, no se requiere el quórum ni la mayoría calificada mencionados en los artículos precedentes”.
5. Las mayorías establecidas se entienden como mínimas, a tenor del último párrafo del artículo 127 de la LGS, ya que estatutariamente o vía convenios de accionistas inscritos en el Registro podría establecerse exigencias mayores, ¿incluso la unanimidad?.
Salvo los casos expresamente establecidos por la LGS, consideramos que la unanimidad en materia de mayorías – igualmente -, supone dificultades a la propia organización y conformación de la voluntad social; así, el sólo voto en contra de uno de los accionistas o socios imposibilitaría la adopción de acuerdos respecto de los temas de la agenda.
II. EL ÓRGANO GESTOR Y REPRESENTATIVO: EL DIRECTORIO [17]
1. La sociedad, en tanto persona jurídica, precisa de órganos para la conformación y manifestación de su voluntad social; esto es, para la adopción de acuerdos en general como para su administración y representación. [18]
La Ley General de Sociedades ha previsto como órganos de la sociedad anónima a la junta general de accionistas (órgano máximo deliberante) y al directorio y gerencia (órganos gestores y representativos). En esta oportunidad nos referiremos al Directorio.
2. La voluntad social se manifiesta esencialmente respecto de tres temas: “a. Los que conciernen a los elementos constitutivos de la sociedad (denominación, domicilio, duración, capital social, órganos sociales), al cambio de su forma societaria y a su subsistencia como persona jurídica. b. Los pertinentes a su gestión como empresa, esto es, al manejo de sus recursos, a su organización administrativa y al desarrollo de las operaciones tendientes a la consecución de su objeto. c. Los atinentes al control de esa gestión y a la aplicación de sus utilidades o cobertura de sus pérdidas”; siendo que, los temas a los que se refieren los literales a) y c) corresponderían a la junta general de accionistas y los del literal b), a los órganos administradores y representantes. [19]
3. Como queda dicho, la administración de la sociedad anónima está a cargo del directorio y la gerencia; salvo el caso de la sociedad anónima cerrada que opte por no tener directorio, en cuyo caso la Gerencia asume todas sus funciones (artículo 152, LGS).
Según el artículo 172 de la LGS, “el directorio tiene las facultades de gestión y de representación legal necesarias para la administración de la sociedad dentro de su objeto, con excepción de los asuntos que la ley o el estatuto atribuyan a la junta general”[20]; a su vez, conforme al artículo 188, salvo disposición distinta del estatuto o acuerdo expreso de la junta general o del directorio, “se presume que el gerente general goza de las siguientes atribuciones: 1. celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social; 2. representar a la sociedad, con las facultades generales y especiales previstas en el Código Procesal Civil; (…)”. [21]
En ese esquema, puede decirse que “el directorio es el órgano encargado de formar y expresar la voluntad de la sociedad en lo relativo a la formulación de la política general de la empresa, la programación de su gestión en los aspectos más amplios y el control de su ejecución por el gerente” y “la gerencia es el órgano permanente de administración ordinaria, ejecutor de la política general y de las resoluciones acordadas por el directorio”. [22]
4. Tratándose de la representación de la sociedad, la misma puede canalizarse a través de órganos previstos por la ley o el estatuto – representantes “legales” o “necesarios” – o apoderados designados por la propia persona jurídica – representantes “voluntarios” -.
En cuanto a la naturaleza de la representación de las sociedades, existen esencialmente dos teorías al respecto; por un lado, la “teoría del mandato” que entiende a los miembros de los órganos como simples mandatarios sujetos a los términos y plazos del mandato otorgado y de otro lado, la “teoría del órgano”, que asume al órgano directivo como permanente y necesario, con todas las facultades indispensables para el despliegue de su finalidad y capacidad, que debe permanecer hasta su renovación efectiva; ha sido esta última la que ha predominado y que actualmente rige, según veremos.
5. En materia de representación y no obstante el artículo 172 de la LGS – cuyo texto es similar al artículo 162 de la Ley derogada (1966) -, que dispone que “el directorio tiene las facultades de gestión y de representación legal necesarias para la administración de la sociedad dentro de su objeto, con excepción de los asuntos que la ley o el estatuto atribuyan a la junta general”, la praxis jurídica permite comprobar la existencia de problemas en materia de interpretación en torno a los alcances de las facultades del directorio para gravar o disponer de los bienes sociales. [23]
6. Sobre este particular, en sede registral prevaleció inicialmente una posición literalista, que exigía que las facultades dispositivas o de gravamen del directorio se encuentren previamente reconocidas en el estatuto u otorgadas expresamente por la junta general de accionistas, para tener cómo válida la actuación del directorio. [24]
Las principales críticas que se hicieron a esta postura fueron que, se equiparaba indebidamente los alcances de la representación orgánica y voluntaria; siendo que sólo en este último caso podía aplicarse el “principio de literalidad” en la interpretación de las facultades otorgadas, no así en la primera que se derivaba de la ley; asimismo, que se partía de la concepción que las facultades dispositivas correspondían exclusivamente a la junta general de accionistas y no al directorio que sólo detentaría facultades administrativas.
7. Posteriormente se habló en la jurisprudencia de los “actos de administración extraordinarios”, en virtud de la cual se consideraba que el directorio podía de manera “extraordinaria” realizar actos dispositivos o de gravamen (“extraordinarios” en tanto no se encontraban comprendidos en el objeto social; de lo contrario, serían “actos de administración ordinarios”).
Es decir, pese a no estar expresamente establecidos en el estatuto ni otorgadas por la junta general previamente, el directorio podía realizar aquellos actos, salvo limitación estatutaria expresa o legal; siendo ello así, si se quería realizar de manera “ordinaria” dichos actos debía previamente modificarse el estatuto, de lo contrario se produciría su “desnaturalización” y el subsecuente “exceso” del directorio en el ejercicio de sus facultades. [25]
La principal crítica que se hizo a esta postura es que, no existía plena certeza respecto a las facultades del directorio y su eficacia registral, ya que la interpretación del carácter “extraordinario” de la actuación del directorio – como tal admitida en sede registral -, resultaba excesivamente subjetiva; así, algunos consideraron que si el directorio otorgaba poderes para disponer bienes determinados no se desnaturalizaban los actos, no así si se hacía con carácter general, sin especificar a qué bienes se refería.
8. Es en ese contexto que, la jurisprudencia registral estableció como criterio de interpretación que, “excepto los asuntos que la ley o el estatuto atribuyan a la Junta General u otro órgano o excluyan expresamente de la competencia del Directorio, dicho órgano social se encuentra facultado para realizar todo tipo de actos, inclusive los de disposición”. [26]
Como sustento de lo anterior debe decirse que, el término “administración de la sociedad” del artículo 172 de la LGS no era equivalente a “actos de administración”; agregaríamos, “actos de administración” y “actos de disposición” son categorías propias del derecho civil, siendo que en el derecho mercantil sería preferible hablar de “actos de gestión”, con un sentido más amplio.
De otro lado, la LGS reconoce a la junta general facultades de disposición en forma “excepcional”, es decir, en casos de enajenación de activos de valor contable superior al cincuenta por ciento del capital (inciso 5, artículo 115 LGS) y las adquisiciones dentro de los seis meses siguientes a la constitución de bienes cuyo tráfico no es propio del objeto social de valor superior al diez por ciento del capital (artículo 77 LGS), entre otros.
Asimismo, cuando el artículo 172 de la LGS señala que el directorio tiene facultades para la administración de la sociedad “dentro de su objeto”, debe recordarse que el artículo 11 de la LGS al regular el tema precisa que se entienden “incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que coadyuven a la realización de sus fines, aunque no estén expresamente indicados”; lo que permite colegir que las facultades de administración del directorio comprenden todos aquellos actos no establecidos expresamente en el objeto que resultan necesarios para su realización. [27]
Por lo que no podría denegarse en sede registral la inscripción de los actos dispositivos o de gravamen realizados por el directorio, salvo exista disposición legal o estatutaria que atribuya tales facultades a otro órgano o excluya de las mismas al directorio.
III. EL LIBRO DE ACTAS Y DEMÁS ASPECTOS DOCUMENTALES SOCIETARIOS
1. Sobre el particular se ha dicho con mucho acierto que, “a efectos de su inscripción en el Registro, la formalización de los acuerdos colegiados de toda persona jurídica debe aparecer rodeada de una serie de cautelas tendientes a garantizar tanto la realidad de su existencia, como su válida formación y exacto contenido y que se traducen ante todo, en la exigencia de su reflejo en actas que recojan todas las circunstancias que garanticen aquellos extremos, y cuyo contenido, una vez aprobados, se ha de extender o transcribir en libros debidamente diligenciados y acompañarse de los documentos complementarios exigidos por la ley o el estatuto”. [28]
2. Salvo los acuerdos vinculados a la modificación del pacto social – incluido el estatuto -, que requieren formalizarse en escritura pública, en los demás, la inscripción en el Registro de Sociedades se efectuará en mérito a documentos privados, es decir, a copias certificadas notarialmente del acta de la junta general de accionistas, documento en el que se materializa la voluntad social y cuya fuerza legal se produce desde su aprobación (artículo 135, LGS).
3. En efecto, dado que la sociedad se constituye por escritura pública, la misma que contiene el pacto social y el estatuto, la inscripción de cualquier modificación de estos últimos requerirá observar la misma formalidad (artículo 5, LGS); en cambio, tratándose de otros actos, tales como el nombramiento de administradores, liquidadores o de cualquier representante y el otorgamiento de poderes por parte de la sociedad, su inscripción se hará en mérito a “copia certificada de la parte pertinente del acta donde conste el acuerdo válidamente adoptado por el órgano competente” (artículo 14, LGS).
4. En cuanto a las copias certificadas del acta, el artículo 6 del RRS precisa que, éstas serán “transcripciones literales de la integridad o de la parte pertinente del acta, mecanografiadas, impresas o fotocopiadas, con indicación de los datos de la legalización del libro u hojas sueltas, folios de que consta y donde obran los mismos, número de firmas y otras circunstancias que sean necesarias para dar una idea cabal de su contenido”.
Dispositivo que guarda concordancia con el artículo 104 de la Ley del Notariado, “El notario expedirá copia certificada que contenga la transcripción literal o parte pertinente de actas y demás documentos, con indicación, en su caso, de la legalización del libro u hojas sueltas, folios de que consta y donde obran los mismos, número de firmas y otras circunstancias que sean necesarias para dar una idea cabal de su contenido”.
5. Sobre la legalización de los libros, el artículo 115 de la Ley del Notariado establece que “Para solicitar la legalización de un segundo libro u hojas sueltas, deberá acreditarse el hecho de haberse concluido el anterior o la presentación de certificación que demuestre en forma fehaciente su pérdida”.
Aspectos que anteriormente eran revisados por el Registrador y que ahora, en virtud de la jurisprudencia registral, se excluyen de la calificación: “la persona jurídica debe acreditar ante el notario y no ante el registro la conclusión o pérdida del libro anterior para que proceda la legalización de un segundo y subsiguientes libros. A efectos de verificar la concordancia entre el libro de la persona jurídica obrante en el título cuya inscripción se solicita y el antecedente registral, se debe tomar en cuenta el libro correspondiente contenido en el antecedente registral inmediato”. [29]
Es decir, la verificación del cumplimiento de los requisitos para la apertura de un nuevo libro corresponderá exclusivamente al Notario y al Juez de Paz Letrado; en cuanto a este último y conforme al artículo 1 de la Ley 26501 se entendería comprendido en el criterio anterior. [30]
6. Además del documento principal constituido por el acta de la junta general de accionistas que contiene los acuerdos adoptados por dicho órgano, existen otros documento denominados “complementarios” que coadyuvan a la inscripción, como son la lista de asistentes, el aviso de convocatoria publicado en el diario (en original o copia certificada), etc.
7. El acta debidamente redactado por el secretario deberá indicar el lugar, fecha y hora en que se realizó la junta; si se celebró en primera, segunda o tercera convocatoria, los accionistas presentes o sus representantes, el número y clase de acciones de las que son titulares, quienes actuaron como presidente y secretario; en cuanto al aviso de convocatoria, las fechas y los periódicos en que se publicaron (cuyos originales o copias certificadas se adjuntarán al título o se insertarán en la escritura pública), la forma y resultado de las votaciones y los acuerdos adoptados, constancias del sentido de sus intervenciones y de sus votos expresadas por los asistentes. La lista de asistentes puede estar incluida en la misma acta o en documento distinto; sobre el número de firmas, si el acta fue aprobada en la misma junta, además de dejarse constancia de su aprobación, deberá ser firmada por el presidente, el secretario y un accionista designado por la junta; si el acta se aprueba posteriormente – máximo dentro de los 10 días siguientes -, adicionalmente al presidente y el secretario, deberán firmar no menos de dos accionistas, dejando igualmente constancia de su revisión y aprobación (artículo 135, LGS).
8. Tratándose de acuerdos contenidos en “actas especiales” que no han podido asentarse en el libro u hojas sueltas (artículo 136, LGS), debe indicarse que en el ámbito registral han existido diversos criterios sobre su aptitud para acceder al registro; situación que pretende ser superada por el RRS al establecer en su artículo 6 que podrán inscribirse estos acuerdos “sólo después que (las actas especiales que los contienen) hayan sido adheridos o transcritos al libro o a las hojas sueltas correspondientes”, sin embargo, con criterio amplio, admite de manera excepcional la posibilidad de su inscripción cuando por “razones debidamente acreditadas a criterio del Registrador no resulte posible adherirlos o transcribirlos”.
Será necesario entonces que la jurisprudencia registral precise la forma en que ha de probarse en sede administrativa tal imposibilidad, ello a fin de preservar las garantías mínimas de seguridad en la documentación que accede al registro; dado los efectos sustanciales que se derivan de la inscripción.
9. A propósito de la reapertura de actas se ha dicho en la jurisprudencia que, “es posible rectificar el contenido de las actas de sesiones de las personas jurídicas, corrigiendo un dato que se consignó en forma errónea o consignando un dato que se omitió –pudiendo consistir la omisión en un acuerdo que habiendo sido adoptado por la persona jurídica no se hizo constar en el acta-. Para ello deberá dejarse constancia de la fecha de la reapertura del acta y la misma deberá ser suscrita por quienes firmaron el acta primigenia o rectificada”. [31]
Criterio interpretativo – no obstante referido a personas jurídicas de naturaleza no societaria, plenamente aplicable a las societarias, salvo disposición distinta -, que busca facilitar las inscripciones al eliminar la exigencia de realización de nueva junta para la subsanación de los defectos u omisiones en el acta, aplicando por analogía el artículo 44 del Código de Comercio. [32] IV. TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
1. Conforme al artículo 291 de la Ley General de Sociedades, en caso el socio de una sociedad comercial de responsabilidad limitada desee transferir sus participaciones a persona extraña debe comunicarlo por escrito al gerente, quien lo pondrá en conocimiento de los otros socios en el plazo de 10 días; teniendo éstos 30 días desde la notificación para expresar su voluntad de compra y en caso de ser varios los interesados, se distribuirá entre todos ellos a prorrata de sus respectivas participaciones sociales.
Si ningún socio ejercita ese derecho la sociedad podrá adquirirlas para ser amortizadas, reduciendo el capital social.
Si transcurrido el plazo nadie ha hecho uso de su preferencia, el socio queda libre para transferir sus participaciones sociales, salvo que se hubiese convocado a junta para decidir la adquisición de las participaciones por la sociedad.
2. Asimismo, el artículo 97 del RRS señala que la inscripción de la transferencia se hará en mérito a escritura pública y precisa además que, en caso no se hubiese vencido el plazo para el ejercicio del derecho de adquisición preferente – regulado en el artículo 291 de la LGS -, deberá insertarse en la escritura los documentos que acrediten que los socios, y en su caso, la sociedad, han renunciado a tal derecho, salvo que intervengan en la escritura renunciado expresamente; y en caso de haberse vencido el plazo, se insertará en la escritura pública la certificación del gerente indicando que se ha cumplido con el procedimiento previsto en la Ley o el estatuto. [33]
3. Sobre el particular, la jurisprudencia registral ha precisado que “el solo hecho de que la junta universal de socios por unanimidad apruebe la libre transferencia de las participaciones sociales de una sociedad a favor de terceros, implica una renuncia de los demás socios así como de la sociedad misma a ejercer el derecho de adquisición preferente establecido en el artículo 291 de la Ley General de Sociedades, siendo suficiente para proceder a la inscripción de la transferencia, que se adjunte o se inserte en la escritura pública copia certificada del acta de la junta general donde conste el acuerdo respectivo, no siendo en estos casos exigibles los requisitos señalados en el segundo y tercer párrafo del artículo 97 del Reglamento del Registro de Sociedades. (…)”. [34]
Como puede advertirse, este criterio interpretativo establece una excepción a las exigencias establecidas por el artículo 97 del RRS, sustentado en que no se contraviene el último párrafo del artículo 291 de la LGS, pues la sanción de nulidad prevista está destinada a proteger el derecho preferente que tienen los otros socios y la misma sociedad de adquirir las participaciones del socio oferente.
Asimismo, la existencia de una junta universal realizada como consecuencia de la comunicación del socio, a través del gerente y que aprueba su transferencia a favor de terceros, implica una renuncia “tácita” al derecho de preferencia, por lo que deviene en innecesario exigir la “declaración” del gerente en los términos señalados en el artículo 97 del RRS.
V. DENOMINACIÓN (ABREVIADA)
1. Según la doctrina mercantil, la denominación constituye un atributo de la personalidad jurídica; siendo sus principios esenciales la libertad, unidad y exclusividad.
En ese sentido, la sociedad dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico puede adoptar la denominación que más convenga a sus intereses, la misma que deberá ser única y exclusiva; con relación a este último aspecto, la sociedad está facultada para accionar contra terceros a fin de preservar este derecho. [35]
2. En cuanto a la denominación, el primer párrafo del artículo 9 de la Ley General de Sociedades precisa que, la sociedad debe tener una denominación y que además puede emplear un nombre abreviado, pero sin explicar los criterios para su adopción, sólo enumera algunas de sus limitaciones; es decir, que no sea igual al de otra sociedad preexistente ni que contenga nombres de organismos o instituciones públicas o signos distintivos protegidos por derechos de propiedad industrial o elementos protegidos por derechos de autor, salvo legitimación, ni igual a otra sociedad que goza del derecho de reserva de preferencia registral.
3. Dado el carácter general de la LGS, el artículo 15 del RRS precisó que no es inscribible la sociedad que adopte una denominación completa o abreviada igual a la de otra preexistente en el índice y en especial que “tampoco es inscribible la sociedad que adopte una denominación abreviada que no esté compuesta por palabras o primeras letras o sílabas de la denominación completa. (…)”.
Es decir, se ha establecido reglamentariamente la forma en que debe abreviarse el nombre; siendo que, la denominación abreviada debe tener relación con la denominación completa, de manera tal que su estructura gramatical se componga por palabras o primeras letras o sílabas de la denominación. [36]
4. En ese sentido, la jurisprudencia ha señalado que, “la denominación abreviada de una sociedad podrá estar conformada por alguna o algunas palabras de la denominación completa”. [37]
Es decir, el artículo 15 del RRS al exigir que la estructura gramatical de la denominación abreviada se componga por “palabras” de la denominación completa, no excluye la posibilidad de que se emplee sólo una “palabra”, pues el requerimiento de todas ellas implicaría la repetición de la denominación, lo que resulta contrario a la finalidad querida con la abreviada, es decir, la identificación de la persona jurídica en el tráfico de una manera más simple.
VI. ADECUACIÓN DE LAS SOCIEDADES A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
1. La Ley General de Sociedades modernizó la regulación societaria incorporando los avances del derecho comparado, la jurisprudencia y la doctrina; situación que exigió que las sociedades y sus sucursales se “adecuen” a ella. [38]
2. La Primera Disposición Transitoria de la LGS estableció la obligación de las sociedades de adecuar su pacto social y su estatuto a las disposiciones de la Ley “en la oportunidad de la primera reforma que efectúen a los mismos” o “a más tardar dentro de los 270 días siguientes a la fecha de su entrada en vigencia”; plazo prorrogado reiteradas veces y que finalmente venció el 31.12.2001. [39]
Asimismo, la Segunda Disposición Transitoria dispuso como consecuencia de su incumplimiento la irregularidad de estas sociedades, esto es, a partir del 1.1.2002. [40] [41]
3. La jurisprudencia registral precisó los alcances de la adecuación; así señaló que “la nueva Ley (…) introduce determinadas modificaciones a la regulación de las sociedades que es necesaria que éstas incorporen a su estatuto; además la nueva ley no sólo modifica la regulación anterior (…), sino también introduce posibilidades anteriormente no reguladas, de carácter dispositivo, que si bien no necesariamente deben ser incorporadas al estatuto (…), pueden ser comprendidas en éste”; consecuentemente, “(…), las modificaciones del estatuto que no impliquen la adaptación a las normas imperativas o la incorporación de las normas dispositivas de la nueva ley, no constituyen una adecuación a la nueva ley y por tanto no se les debe aplicar el quórum y mayoría especiales establecidos para la adecuación, y tampoco se encuentran comprendidas en las materias a tratar si el aviso únicamente consignó como tales a la adecuación a la nueva ley”. [42]
4. Posteriormente y con la finalidad de resolver los problemas subsistentes, mediante Ley Nº 27673 se estableció que, “las sociedades que adecuen su pacto social y estatuto a las disposiciones de la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades, después de vencido el plazo establecido en la Primera Disposición Transitoria de dicha Ley, modificado por Leyes Núms. 26977, 27219 y 27388, no requerirán de convocatoria judicial y no serán consideradas irregulares y consecuentemente no les serán aplicables las consecuencias señaladas en la Segunda Disposición Transitoria de la Ley Nº 26887 ni la presunción de extinción por prolongada inactividad a que se refiere la Décima Disposición Transitoria de la misma Ley”. [43]
5. Aunque referido a sucursales, resulta plenamente aplicable a las sociedades el siguiente criterio interpretativo establecido en la jurisprudencia registral: “las sucursales de sociedades constituidas en el extranjero pueden adecuarse a las disposiciones de la Ley General de Sociedades en cualquier momento, conforme a la Ley N° 27673, no constituyendo dicha omisión causal para dejar constancia en el certificado de vigencia de la sucursal que aún no se ha producido la referida adaptación”. [44]
En cuanto a los alcances de la Ley 27673, se ha precisado con acierto que “desde el final del plazo de adecuación señalado por la Ley 27388 (31 de diciembre de 2001), hasta la publicación de la Ley 27673 (21 de febrero de 2002), transcurrieron casi dos meses. ¿Qué pasa entonces, con los contratos celebrados y demás obligaciones asumidas en ese periodo?. Consideramos que la Ley 27673 no puede contener disposiciones retroactivas por mandato constitucional. En ese sentido, cualquier acto celebrado durante ese periodo en que existía el efecto de irregularidad, conlleva a la responsabilidad solidaria, personal e ilimitada de sus administradores, sin perjuicio de que todos los contratos a partir de la fecha de publicación de la ley 27673 no conllevan dichos efectos”. [45]
VII. PRESUNCIÓN DE EXTINCIÓN DE LAS SOCIEDADES POR “PROLONGADA INACTIVIDAD REGISTRAL”
1. La Décima Disposición Transitoria de la Ley General de Sociedades incorporó la “presunción de extinción de las sociedades por prolongada inactividad” en los siguientes términos: “se presume la extinción de toda sociedad mercantil o civil que no ha inscrito acto societario alguno en los diez años precedentes a la publicación de esta ley. El Registro cancelará la inscripción. No obstante cualquier socio, administrador o acreedor de la sociedad puede solicitar que no se aplique la presunción, para lo cual, dentro de los treinta días de publicada la relación a que se refiera la siguiente Disposición Transitoria, debe presentar una solicitud a la correspondiente oficina registral y publicar un aviso según lo establecido en el artículo 43 (…)”. [46]
Asimismo, la Décima Primera Disposición Transitoria de la LGS estableció que, para este efecto, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos publicaría las relaciones de las sociedades que están incursas en dicha presunción. Vencidos los plazos señalados, la respectiva Oficina Registral procedería a cancelar de oficio la inscripción de las sociedades extinguidas respecto de las cuales no se haya presentado solicitud de no aplicación de la presunción.
2. Pareciera ser que la “causa” de incorporación en la LGS de esta figura fue el ánimo de “depurar” registralmente aquellas sociedades consideradas “inactivas”, es decir, que no inscriben actos societarios durante un tiempo prolongado.
3. Beaumont Callirgos sostiene al respecto que “esta es una norma de singular trascendencia. Es posible que jamás haya habido una de significación similar (…). Cancelar las inscripciones es hacer una depuración exhaustiva de orden societario-registral. (…)”. [47]
Por su parte, Elías Laroza refiere que se trata de un asunto excepcional, al decir, “en situaciones normales, la extinción de una persona jurídica se produce luego de concluir un proceso liquidatorio en el que se establece quién es el nuevo titular de los bienes de la sociedad. Por ello la sociedad desaparece como sujeto de derechos, cuando ya no tiene bienes. En los casos de muerte de una persona natural, por el contrario, es necesario formar una masa hereditaria con todos los bienes y deudas del causante, que pasa luego a sus nuevos titulares (herederos y legatarios). La extinción contemplada en la décima disposición transitoria puede darse cuando la sociedad tiene aun tiene bienes en su activo, los que, junto con sus deudas, pasan a formar una masa indivisa, similar a la masa hereditaria”. [48]
4. Algunos consideran que no existe propiamente “depuración” registral de sociedades, dado que, conforme al último párrafo de la Décima Disposición Transitoria de la LGS la “extinción” o “cierre” de la partida “no afecta en forma alguna los derechos de los socios para con la sociedad extinguida ni los de los terceros acreedores con ella o con sus socios (…)”, esto es, “jurídicamente” hablando no hay extinción – no obstante el cierre de la partida registral -, en tanto continúen las obligaciones a cargo de la misma, que precisan de la “subsistencia” de la personalidad jurídica de la sociedad.
5. De otro lado, resulta por lo menos discutible presumir la extinción de las sociedades que presentan “prolongada inactividad registral”, dado que, de acuerdo al propio esquema planteado por la LGS la “salida” del mercado de las sociedades se inicia con la disolución, continúa con la liquidación y culmina con su extinción y no en sentido inverso, como ocurre en este caso. [49]
6. Rodrigo Uría – refiriéndose a la legislación española -, enfatiza que “la desaparición definitiva de la persona social, en virtud de la cancelación de sus asientos registrales sólo se produce cuando la cancelación responda a la situación real de las cosas, es decir, cuando la sociedad haya sido previamente liquidada en forma y no haya dejado acreedores impagados: En otro caso, (…), los acreedores podrán pedir la nulidad de la cancelación y la reapertura de la liquidación”. [50]
En el mismo sentido y sustentando la necesidad del “proceso previo” para la extinción de la sociedad, Broseta Pont refiere que, “la existencia de aquellos tres elementos personales (sociedad, accionistas y terceros) explica que el proceso de extinción de la sociedad anónima deba transcurrir normalmente por dos fases complejas: la disolución (que afecta fundamentalmente a la esfera interna de la sociedad); y la liquidación (que afecta fundamentalmente a los terceros acreedores sociales y a los socios)” . [51]
7. En caso se hubiese cancelado la partida registral de la sociedad amparado en la presunción de extinción por prolongada inactividad registral, ¿podría en virtud de la Ley 27673 reabrirse la partida?.
Sobre este particular, la jurisprudencia ha señalado que “el Registro no podrá dejar sin efecto el asiento de cancelación por presunción de extinción por prolongada inactividad, extendido antes de la vigencia de la Ley 27673″. [52]
En efecto, el cierre de la partida registral goza de la “garantía de intangibilidad” establecida en el inciso b) del artículo 3 de la Ley Nº 26366, Ley de Creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos y de la Superintendencia Nacional.
Finalmente, los efectos jurídicos derivados de la inscripción no pueden ser enervados administrativamente conforme al artículo 2013 del Código Civil que consagra el principio de legitimación.
(*) Abogado. Vocal del Tribunal Registral de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Miembro del Instituto Peruano de Derecho Mercantil.
** Artículo publicado en “Diálogo con la Jurisprudencia”, Revista de “Gaceta Jurídica S.A”, Lima, Nº 96, Año 12, Setiembre, 2006.
[1] Artículo 1, LGS: “Quienes constituyen la sociedad convienen en aportar bienes o servicios para el ejercicio en común de actividades económicas”.
[2] ELÍAS LAROZA, Enrique. “Derecho Societario Peruano, La Ley General de Sociedades del Perú”. T. I, II y III, Trujillo-Editora Normas Legales S.A., 2000; VVAA. ”Tratado de Derecho Mercantil. Tomo I, Derecho Societario”. Lima–Instituto Peruano de Derecho Mercantil y Gaceta Jurídica S.A., agosto 2003; HUNDSKOPF EXEBIO, Oswaldo. “Derecho Comercial. Nuevas orientaciones y temas modernos”, Lima – Universidad de Lima, Tomo I, II, III, IV, V; entre otros.
[3] Artículo 158, TUO Reglamento General de los Registros Públicos: “Constituyen precedentes de observancia obligatoria los acuerdos adoptados por el Tribunal Registral en los Plenos Registrales, que establecen criterios de interpretación de las normas que regulan los actos y derechos inscribibles, a ser seguidos de manera obligatoria por las instancias registrales, en el ámbito nacional, mientras no sean expresamente modificados o dejados sin efecto mediante otro acuerdo de Pleno Registral, por mandato judicial firme o norma modificatoria posterior. (…). Los precedentes (…), conjuntamente con las resoluciones en las que se adoptó el criterio, deben publicarse en el Diario Oficial El Peruano y en la página web de la SUNARP mediante Resolución del Superintendente Adjunto, siendo de obligatorio cumplimiento a partir del día siguiente de su publicación en dicho diario”.
[4] ALIAGA HUARIPATA, Luis. “Las sociedades en la jurisprudencia registral” En: “Cuadernos Jurisprudenciales”. Lima – Gaceta Jurídica S.A., T. 50, Julio 2005.
[5] Artículo 8, LGS.- Convenios entre socios o entre éstos y terceros: “Son válidos ante la sociedad y le son exigibles en todo cuanto le sea concerniente, los convenios entre socios o entre éstos y terceros, a partir del momento en que le sean debidamente comunicados.Si hubiera contradicción entre alguna estipulación de dichos convenios y el pacto social o el estatuto, prevalecerán estos últimos, sin perjuicio de la relación que pudiera establecer el convenio entre quienes lo celebraron”.
[6] URÍA, Rodrigo. “Derecho Mercantil”. Madrid-Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A, 1998. p. 306.
[7] Artículo 114, LGS.- Junta Obligatoria Anual: “La junta general se reúne obligatoriamente cuando menos una vez al año dentro de los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio económico. Tiene por objeto: 1. Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio anterior expresados en los estados financieros del ejercicio anterior. 2. Resolver sobre la aplicación de las utilidades, si las hubiere; 3. Elegir cuando corresponda a los miembros del directorio y fijar su retribución;
4. Designar o delegar en el directorio la designación de los auditores externos, cuando corresponda; y, 5. Resolver sobre los demás asuntos que le sean propios conforme al estatuto y sobre cualquier otro consignado en la convocatoria”.
- Artículo 115, LGS.- Otras Atribuciones de la Junta: “Compete, asimismo, a la junta general: 1. Remover a los miembros del directorio y designar a sus reemplazantes; 2. Modificar el estatuto; 3. Aumentar o reducir el capital social; 4. Emitir obligaciones; 5. Acordar la enajenación, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda el cincuenta por ciento del capital de la sociedad; 6. Disponer investigaciones y auditorías especiales; 7. Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución de la sociedad, así como resolver sobre su liquidación; y, 8. Resolver en los casos en que la ley o el estatuto dispongan su intervención y en cualquier otro que requiera el interés social”.
[8] Artículo 116, LGS.- Requisitos de la convocatoria: “El aviso de convocatoria de la junta general obligatoria anual y de las demás juntas previstas en el estatuto debe ser publicado con una anticipación no menor de diez días al de la fecha fijada para su celebración. En los demás casos, salvo aquellos en que la ley o el estatuto fijen plazos mayores, la anticipación de la publicación será no menor de tres días.
El aviso de convocatoria especifica el lugar, día y hora de celebración de la junta general, así como los asuntos a tratar. (…)”.
[9] Precedente de observancia obligatoria aprobado en el IX Pleno Registral, publicado en el diario oficial “El Peruano” del 5.1.2005 y sustentado en la Resolución Nº 297-2003-SUNARP-TR-L- del 16.5.2003.
[10] GUTIÉRREZ ALBORNOZ, Javier. “La concesión de personalidad jurídica a las corporaciones y fundaciones”, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1963, p. 91.
[11] LLUIS Y NAVAS, Jaime. “Derecho de asociaciones”, Barcelona, Librería Bosch, 1977, p. 125-126.
[12] Precedente de observancia obligatoria aprobado en X Pleno Registral, publicado en el diario oficial “El Peruano” del 9.6.2005 y sustentado en las Resoluciones Nº 249-2002-ORLC/TR del 14.5.2002, Nº 18-1999-ORLC/TR del 29.1.1999 y Nº 213-2003-SUNARP-TR-L del 4.4.2003.
[13] Artículo 294, LGS.- “El pacto social, en adición a las materias que contenga conforme a lo previsto en la presente Sección, debe incluir reglas relativas a: (…). 3. La forma y oportunidad de la convocatoria que deberá efectuar el gerente mediante esquelas bajo cargo, facsímil, correo electrónico u otro medio de comunicación que permita obtener constancia de recepción, dirigidas al domicilio o a la dirección designada por el socio a este efecto. (…)”.
[14] Precedente de observancia obligatoria aprobado en X Pleno Registral, publicado en el diario oficial “El Peruano” del 9.6.2005 y sustentado en las Resoluciones Nº 249-2002-ORLC/TR del 14.5.2002, Nº 18-1999-ORLC/TR del 29.1.1999 y Nº 213-2003-SUNARP-TR-L del 4.4.2003.
[15] Precedente de observancia obligatoria aprobado en el II Pleno Registral, publicado en el diario oficial “El Peruano” del 22.1.2003 y sustentado en la Resolución Nº 137-2002-ORLC-TR el 8-3-2002.
[16] Artículo 92, LGS.- Matrícula de acciones: “(…). En la matrícula se anotan también las transferencias, (…), la constitución de derechos y gravámenes sobre las mismas, las limitaciones a la transferencia de las acciones y los convenios entre accionistas o de accionistas con terceros que versen sobre las acciones o que tengan por objeto el ejercicio de los derechos inherentes a ellas. La matrícula de acciones se llevará en un libro especialmente abierto a dicho efecto o en hojas sueltas, debidamente legalizados, o mediante registro electrónico o en cualquier otra forma que permita la ley. (…)”.
[17] Artículo 152.- Administradores
“La administración de la sociedad está a cargo del directorio y de uno o más gerentes, salvo por lo dispuesto en el artículo 247”.
[18] BROSETA PONT, Manuel. “Manual de derecho mercantil”. Madrid – Editorial Tecnos S.A., 1994, p. 189; DE CASTRO Y BRAVO, Federico. “La persona jurídica”, Madrid – Editorial Civitas, S.A., 1991, p. 261.
[19] MANUAL SOCIETARIO. Lima – Editorial Economía y Finanzas, Tomo I, p. 76. Sobre el particular se precisa que, “salvo disposición estatutaria expresa, las facultades del directorio no excluyen la posibilidad de que la junta general pueda intervenir en decisiones que atañen a la gestión y representación en determinados asuntos concretos, además de los que le sean reservados por la ley o el estatuto (art. 172) aun cuando no sea el órgano idóneo para ello – arts. 114, inc. 5 y 115, inc. 8”.
[20] HUNDSKOPF EXEBIO, Oswaldo. “Apuntes sobre la responsabilidad del directorio en las sociedades anónimas” En: “Derecho Comercial. Nuevas orientaciones y temas modernos”, Lima – Universidad de Lima, Tomo II, 1994, p.115.
[21] REY BUSTAMANTE, Alonso y Jorge, TRELLES CASTRO-MENDIVIL. “El Gerente General” En: ”Tratado de Derecho Mercantil. Tomo I, Derecho Societario”. Lima – Instituto Peruano de Derecho Mercantil y Gaceta Jurídica S.A., agosto 2003, p. 623.
[22] MANUAL SOCIETARIO… p. 279 y 312.
[23] Véase, ALDANA DURÁN, Mariela. “Las facultades del Directorio”, En: “El Derecho Registral en la Jurisprudencia Comentada”. Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Lima – Gaceta Jurídica S.A, p. 165. La autora fue ponente de la Resolución que sustentó el precedente de observancia obligatoria materia de comentario.
[24] Resolución del Tribunal Registral Nº 080-96-ORLC/TR del 1.3.1996.
[25] Resolución del Tribunal Registral Nº 481-98-ORLC/TR del 30.12.1998, precisado por la Resolución Nº 041-99 del 15.2.1999.
[26] Precedente de observancia obligatoria aprobado en el I Pleno Registral, publicado en el diario oficial “El Peruano” del 22.1.2003 y sustentado en la Resolución Nº 021-2002-ORLC/TR del 18.1.2002.
[27] Artículo 11, LGS.- Objeto social: “La sociedad circunscribe sus actividades a aquellos negocios u operaciones lícitos cuya descripción detallada constituye su objeto social. (…)”.
[28] Resolución del Tribunal Registral Nº 231-97-ORLC/TR.
[29] Precedente de observancia obligatoria aprobado en el X Pleno Registral, publicado en el diario oficial “El Peruano” del 9.6.2005 y sustentado en las Resoluciones N° 55-2001-ORLC/TR del 6.2.2001, 416-2000-ORLC/TR del 28.11.2000, 26-2002-ORLC/TR del 18.1.2002 y 256-2002-ORLC/TR del 16.5.2002.
[30] Artículo 1, Ley 26501.- “La legalización de apertura de libros contables y otros que la ley señale, es competencia tanto de los jueces de paz letrados como de los notarios, a elección del usuario”.
[31] Precedente de observancia obligatoria aprobado en el X Pleno Registral, publicado en el diario oficial “El Peruano” del 9.6.2005 y sustentado en las Resoluciones N° 521-2004-SUNARP-TR-L del 3.9.2004, 494-2003-SUNARP-TR-L del 8.8.2003, 176-2002-SUNARP-TR-L del 3.4.2002 y 579-2001-ORLC/TR del 10.12.2001.
[32] Artículo 44, Código de Comercio.- Corrección de errores u omisiones en los libros: “Los comerciantes salvarán a continuación, inmediatamente que los adviertan, los errores u omisiones en que incurrieron al escribir en los libros, explicando con claridad en qué consistían, y extendiendo el concepto tal como debiera haberse estampado. Si hubiere transcurrido algún tiempo desde que el yerro se cometió o desde que se incurrió en la omisión, harán el oportuno asiento de rectificación, añadiéndose al margen del asiento equivocado una nota que indique la corrección”.
[33] BEAUMONT CALLIRGOS, Ricardo. “Comentarios del Reglamento del Registro de Sociedades”, Lima – Gaceta Jurídica Editores SA, Octubre 2001, p. 286.
[34] Precedente de observancia obligatoria aprobado en el II Pleno Registral, publicado en el diario oficial “El Peruano” del 22.1.2003 y sustentado en la Resolución Nº 032-2002-ORLL-TR del 1.3.2002.
La segunda parte del precedente establece que: “Tratándose de una transferencia de participaciones sociales por compraventa, al no haberse pagado aún la totalidad del precio, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 1065 del Código Civil, en el sentido de que existe prenda legal con arreglo a lo establecido en el inciso 1 del artículo 1118 del Código Civil, toda vez que se trata de venta de bienes muebles inscritos, pues conforme a lo señalado en el inciso 8 del artículo 886 del Código Civil, las participaciones de los socios en sociedades tienen el carácter de bienes muebles; en consecuencia, deberá procederse a la inscripción de oficio de la prenda legal”.
[35] BROSETA PONT, Manuel. Op. Cit., p. 225.
[36] En la Resolución Nº 257-2001-ORLC/TR del 18.6.2001 se precisó que el nombre abreviado no podrá ser una segunda denominación de la sociedad, sin relación alguna con la denominación completa.
[37] Precedente de observancia obligatoria aprobado en el IX Pleno Registral, publicado en el diario oficial “El Peruano” del 5.1.2005 y sustentado en las Resoluciones Nº 636-2003-SUNARP-TR-L- del 3.10.2003 y 647-2003-SUNARP-TR-L- del 10.10.2003.
[38] ALIAGA HUARIPATA, Luis. “Las sociedades irregulares” En: “Estudios de Derecho Societario. Libro Homenaje a Enrique Elías Laroza”. Trujillo – Editora Normas Legales S.A.C., Junio 2005, p. 106. Véase el punto III (“una causal de irregularidad adicional: las sociedades que no adecuaron su pacto social a la nueva ley general de sociedades”).
[39] Debido a la omisión de las sociedades en cumplir con su obligación de adecuarse, el plazo se prorrogó sucesivamente, mediante las Leyes Nº 26977, 27219 y 27388; incluso, a fin de brindar facilidades se dictaron el Decreto de Urgencia Nº 111-2000 (“El Peruano”, 4.12.2000) y la Directiva Nº 007-2001-SUNARP/SN, aprobada mediante Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 211-2000-SUNARP/SN (“El Peruano”, 9.8.2001).
[40] ELÍAS LAROZA, Enrique. Op. Cit., p. 1195.
[41] BEAUMONT CALLIRGOS, Ricardo. “Comentarios a la nueva Ley General de Sociedades”. Lima, Gaceta Jurídica SA, 1998, p. 754.
[42] Resoluciones Nº 271-99-ORLC/TR del 20.10.1999 y 257-2001-ORLC/TR del 18.6.2001.
[43] Publicada en el diario oficial “El Peruano” del 21.2.2002.
[44] Precedente de observancia obligatoria aprobado en el VII Pleno Registral, publicado en el diario oficial “El Peruano” del 27.5.2004 y sustentado en la Resolución Nº 038-2004-SUNARP-TR-L del 26.1.2004.
[45] HUNDSKOPF EXEBIO, Oswaldo. “Inscripción de acuerdo de directorio de una sociedad irregular” En: “Diálogo con la Jurisprudencia”, Lima – Gaceta Jurídica S.A., Nº 74, nov. 2004, año 10, p. 72.
[46] ALIAGA HUARIPATA, Luis. “Apuntes sobre la presunción de extinción de sociedades por prolongada inactividad registral” En: “Actualidad Jurídica”. Lima – Gaceta Jurídica Editores S.A., T.97, Dic. 2001.
[47] BEAUMONT CALLIRGOS, Ricardo. Op Cit., p. 760.
[48] ELIAS LAROZA, Enrique. Op. Cit., p. 1203.
[49] HUNDSKOPF EXEBIO, Oswaldo. “Disolución, liquidación y extinción de sociedades y las sociedades irregulares” En: ”Themis” Revista de Derecho, Lima-Pontificia Universidad Católica del Perú. 2da. Epoca, Nº 37, 1998, p. 57.
[50] URÍA, RODRIGO. Op. Cit., p. 440.
[51] BROSETA PONT, Manuel. Op. Cit. p. 350.
[52] Precedente de observancia obligatoria aprobado en el II Pleno Registral, publicado en el diario oficial “El Peruano” del 22.1.2003 y sustentado en la Resolución Nº 302-2002-ORLC-TR del 18.6.2002.
Me gusta:Me gusta Cargando...	Written by jquesnay julio 30, 2009 a 3:25 pm
Es claro que en este trabajo el autor nos quiere mostrar la importancia de la ley general de sociedades como instrumento normativo de las distintas formas de asociacion que exiten para consituir una empresa en nuestro pais, ademas recalca las modificaciones de las que debe ser parte la ley puesto de ya va a cumplir una decada desde su aprobacion, y tambien lo que se quiere lograr con este trabajo es hacer ver la importancia que tiene la jusrisprudencia registral en el ambito societario, haciendo un desarrollo detallado de cada tema trasendente en la conformacion de una sociedad en sus distintas modalidades. Y se empieza mencionando a tema muy importante en formacion de la sociedad que es la junta general, como organo fundamental para dicha constitucuion, de la misma manera se toca le tema de la convocatoria como un mecanismo para atraer deciendo de alguna manera alos futuros socios o miembros del directoria.
De otro lado se hace mencin a las formas establecidas ne la ley para la toma de decisiones para beneficio de la sociedad y de alguna manera para quienes hicieron la suscripcion de sus respectivas acciones en dicha sociedad, y loq ue se busca es como estostemas han venido trastocandose a traves de resoluciones registrales con caracter vinculante.
noviembre 24, 2009 at 6:08 pm	Responder	LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES A TRAVÉS DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRAL
La Junta General es el órgano supremo, pues no tiene ningún ente superior que lo fiscalice, es decir se encuentra en la línea jerárquica más alta de la sociedad. La Junta General es una sola para efectos de competencia y decisión.
Hay dos formas de establecer la Junta General: Legal y Estatutaria.
La sección cuarta de la Ley General de Sociedades concerniente a los Órganos de la Sociedad considero es uno de los principales dentro de la Ley, además aquí se habla de las facultades de cada órgano societario; el tema de convocatoria establece un acto precedente necesario para la publicidad de la realización de la junta general y del contenido de su agenda.
-	El QUÓRUM no es otra cosa que la cantidad de acciones representadas en la Junta General de Accionistas.
-	EL DIRECTORIO es el órgano de gestión y representación de la Sociedad Anónima; el hecho de que la Ley establezca que el directorio es un órgano colegiado, quiere decir que debe estar conformado por una pluralidad de miembros, en número no menor de tres.
-	Un tema importante además de los expuestos en el espacio de debate; es el de Remoción de los Directores; bajo el nombre de “principio de libre revocabilidad de los administradores”, la doctrina reconoce la posibilidad de la junta general de disponer, en cualquier momento, el apartamiento del director. La mención, sin embargo, a la revocabilidad del director trae un recuerdo a la teoría del mandato, con arreglo a la cual el director puede ser apartado del cargo a través de la revocación de sus facultades de representación.
El tema de transferencia de participaciones de las sociedades comerciales de responsabilidad limitada; el socio de una sociedad comercial de responsabilidad limitada desee transferir sus participaciones a persona extraña debe comunicarlo por escrito al gerente, quien lo pondrá en conocimiento de los otros socios; creo que este aspecto viene referido a lo que es el derecho preferente que tienn los accionistas.
-	DENOMINACIÓN. Y razón social son términos que comúnmente tienden a ser confundidos, sin embardo en materia societaria son claramente definidos; denominación se emplea para aquellas sociedades de responsabilidad totalmente limitada, mientras que Razón Social se emplea para las sociedades con responsabilidad social.
Está comprobado que el tema de la jurisprudencia registral está estrechamente vinculado con los temas de la ley general de sociedades.
ROSMERY CHAVEZ LINARES
noviembre 24, 2009 at 8:40 pm	Responder	LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES A TRAVÉS DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRAL ACTUAL
El órgano principal de las sociedades es la Junta General.
La convocatoria constituye un acto previo indispensable para la publicidad de la realización de la junta general y del contenido de su agenda y como tal es un instrumento de protección de los derechos de participación de los accionistas o socios en la conformación de la voluntad social.
-	En las SAC. La Ley General de Sociedades, que establece que la junta de accionistas de la sociedad anónima cerrada es convocada mediante medio de comunicación que permita obtener constancia de recepción, es de carácter imperativo.
-	El quórum puede ser simple o calificado según el tema de agenda a que se refiera.
-	La junta general constituye un medio de expresión de la voluntad colectiva e individual de los accionistas o socios regidos por el principio mayoritario, es decir que estos acuerdos obligarán a todos los miembros de la sociedad con respecto a los acuerdos tomados.
-	El órgano representativo de la sociedad es el Directorio.
En cuanto a la transferencia de participaciones de las sociedades comerciales de responsabilidad limitada:
-	En caso el socio de una sociedad comercial de responsabilidad limitada desee transferir sus participaciones a persona extraña debe comunicarlo por escrito al gerente, aquí de cierta manera vemos el derecho de preferencia que tienen los miembros de la sociedad.
-	La denominación es un tema que tenemos claro va relacionado con la responsabilidad que tenga la sociedad.
TIRAVANTI DELGADO, VLADIMIR
noviembre 24, 2009 at 8:51 pm	Responder	Esta jurisprudencia registral actual en la sociedad ha recorrido o se ha encasillado en diversos puntos de la sociedad como la junta general, directorio etc con el fin de hacer un previo analisis sobre las normas societarias y su vinculacion con el registro de sociedades, en la cual nos daremos cuenta de que actos societarios son incurrentes a un anto o derecho inscribible.
noviembre 24, 2009 at 10:30 pm	Responder	LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES A TRAVEZ DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRAL
Son las desiciones de los organos encargados de interprestar y aplicar las normas y la doctrina en casos concretos que introducen determinadas modificaciones a la regulacion de las sociedades para que lo incorporen a su estatuto.
LA JUNTA GENERAL.- Es un organo de administracion y fiscalizacion dentro de la sociedad donde se toman las desiciones clave para la marcha y funcionamiento para la sociedad.
CONVOCATORIA.- Es un instrumento de proteccion de sus derechos de participacion de los accionistas o socios en la conformacion de la voluntad social.
QUORUM.- Numero requerido de asistentes a una sesion para que sea posible adoptar una decision valida simple y calificada.
MAYORIAS.- Aqui se rige el “principio mayoritario” es decir los acuerdos validamente adoptados por la mayoria obligan a todos los mienbros, incluidos los disidentes y los que no hubieren participado en la reunion.
LIBRO DE ACTAS.- Constan todos los actos societarios que emanan de los acuerdos de juntas generales de socios y de los directorios.
DENOMINACION ABREVIADA.- Podra estar conformada por alguna o algunas palabras de la denominacion completa
TRANFERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL Y SCR.- El solo hecho de que la junta universal de socios por unanimidad apruebe la transferencia de las participaciones sociales de una sociedad a fevor de terceros, implica una renuncia de los demas socios asi como de la sociedad misma a ejercer el derecho de adquisicion preferente.
Melisa Guevara Inga
noviembre 25, 2009 at 1:59 am	Responder	La persona jurídica es una entidad abstracta integrada por un grupo de personas
naturales o jurídicas, o de ambas a la vez, creada por éstas para alcanzar un fin determinado. Por
el hecho de su inscripción, la persona jurídica obtiene existencia distinta a la de sus miembros, es
decir, nace como un nuevo sujeto de derechos y obligaciones. Sin embargo, a pesar de su
autonomía, su actuación está regida por la voluntad colectiva de sus fundadores, reunidos en
asamblea o junta general. Efectivamente, son los integrantes o socios de la persona jurídica
quienes deciden su destino.
Al inscribirse la constitución de la persona jurídica, el Registro publica los aspectos más
relevantes de ella para el conocimiento de terceros. De este modo, en la partida registral de la
nueva persona jurídica se hace constar los rasgos característicos que la diferencian de otra de
igual clase, su estructura orgánica y quiénes la dirigen. Entre los primeros tenemos: su
denominación, duración, fines y domicilio. Entre los segundos: la junta general y los órganos de
administración, así como las personas que ejercen estos últimos cargos.
Consecuentemente, la inscripción de las personas que conforman el ente colectivo o las
que se van incorporando como socios luego de su inscripción, no constituye un dato relevante que
merezca ser publicado a terceros porque dicha información no incide en su desenvolvimiento,
salvo que una norma legal establezca lo contrario. De ahí que se trate de un acto no inscribible, es
decir, carente de mérito para publicarse en el Registro.
Esto significa que por regla general (salvo excepciones) la calidad de socio no figura en la
partida registral de las personas jurídicas. En el caso de las sociedades anónimas, sí constará en
la partida registral el nombre de los socios fundadores, pero la composición de los socios puede
variar con posterioridad a la constitución, por lo que la partida no publicita a los socios actuales,
sino únicamente el dato histórico respecto a quienes fundaron la sociedad.
En las sociedades anónimas, el control de los miembros es a través de la matrícula de acciones, acciones que representan partes alícuotas del capital social.
En cuanto al nombre de una persona jurídica es de suma importancia, pues es precisamente la denominación y la razón social que sirve como elemento de distinción entre una persona jurídica con otras, más aún en el caso de las personas jurídicas societarias que al ejercer la explotación de una actividad económica adquieren prestigio y reconocimiento.
Así, la seguridad jurídica y protección de la denominación, sea completa o abreviada, o la razón social en el proceso de constitución social o modificación del nombre de una persona jurídica es de suma importancia, y que para ello no se debe atender el tipo societario que se adopta, de acuerdo con la Ley General de Sociedades, y tampoco el tipo de persona jurídica, pues es la denominación y razón social en sí la que se debe proteger.
En nuestro ordenamiento legal, la protección del nombre de una empresa está contemplada en dos regímenes legales. El primero, en la Ley Nº 26364, que crea el derecho a la reserva de preferencia registral de nombre, denominación o razón social y reglamentada por el DS Nº 002-96-JUS, modificado por el DS Nº 004-2009-JUS, aplicable a las personas jurídicas no societarias y a las empresas individuales de responsabilidad limitada, por cuanto el régimen aplicable a las sociedades está regulado en la Ley General de Sociedades (Ley Nº 26887), y, el segundo, el Reglamento del Registro de Sociedades, aprobado por Res. Nº 200-2001-Sunarp-SN.
noviembre 25, 2009 at 2:39 am	Responder	LEY GENERAL DE SOCIEDADES A TRAVES DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRAL ACTUAL.
.Bueno aqui la Junta General es una sola para efectos de competencia y decisión.
De otro lado se hace mencion a las formas establecidas en la ley para la toma de decisiones para beneficio de la sociedad y de alguna manera para quienes hicieron la suscripcion de sus respectivas acciones en dicha sociedad, y lo que se busca es como estos temas han venido trastocandose a traves de resoluciones registrales con caracter vinculante.
ya que el órgano principal de las sociedades es la Junta General.
- La junta general constituye un medio de expresión de la voluntad colectiva e individual de los accionistas o socios regidos por el principio mayoritario, es decir que estos acuerdos obligarán a todos los miembros de la sociedad con respecto a los acuerdos tomados.
- La denominación es un tema que tenemos claro va relacionado con la responsabilidad que tenga la sociedad.
- Un tema importante además de los expuestos en el espacio de debate; es el de Remoción de los Directores; bajo el nombre de “principio de libre revocabilidad de los administradores”, la doctrina reconoce la posibilidad de la junta general de disponer, en cualquier momento, el apartamiento del director.
El tema de transferencia de participaciones de las sociedades comerciales de responsabilidad limitada; el socio de una sociedad comercial de responsabilidad limitada desee transferir sus participaciones a persona extraña debe comunicarlo por escrito al gerente, quien lo pondrá en conocimiento de los otros socios; creo que este aspecto viene referido a lo que es el derecho preferente que tienEn los accionistas.
- En las SAC. La Ley General de Sociedades, que establece que la junta de accionistas de la sociedad anónima cerrada es convocada mediante medio de comunicación que permita obtener constancia de recepción, es de carácter imperativo.
- El quórum puede ser simple o calificado según el tema de agenda a que se refiera.
FRANK DANIEL CERVERA HERNANDEZ
noviembre 25, 2009 at 4:10 am	Responder	No cabe duda que la materia Registral, referido a la doctrina, normatividad, y jurisprudencia, es de suma importancia para el correcto funcionamiento de una Sociedad, o cualquier persona jurídica sea el caso, o cualquier acto en otras palabras, que merezca Publicidad, y por ende cierto control y Garantía. De este modo podemos observar que en los acuerdos tomados en una junta general de una sociedad, el registrador tendrá la obligación de comprobar el cumplimiento de normas legales, estatutarias, convenios, quórum, Mayorías.
En cuanto a la Jurisprudencia Registral, específicamente, en la cede adminstrativa, el tribunal Registral, ha incurrido en ciertos temas, obviando la preocupación, de extender, a otros puntos controvertidos, a fin de establecer en doctrina jurisprudencial una debida interpretación de las normas societarias al caso concreto.
Michael Gravelo Díaz
noviembre 25, 2009 at 4:47 am	Responder	En la presente lectura podemos apreciar claramente los aspectos para la constitución de una empresa, su conformación y sus distintas modalidades regulada a través de la Ley General de Sociedades.
La importancia que tiene la Junta General (accionistas) como órgano supremo de la sociedad necesario para la empresa, también sobre la convocatoria (de interés social), el quórum (cantidad de acciones), el directorio (representante de la empresa) y la denominación que la empresa tiene que tener.
Ahora muy bien, apreciamos la importancia que tiene la jurisprudencia registral vinculante frente al tema societario como precedente.
noviembre 25, 2009 at 6:44 am	Responder	Al inscribirse la constitución de la persona jurídica, el Registro publica los aspectos más
igual clase, su estructura orgánica y quiénes la dirigen.el órgano principal de las sociedades es la Junta General.
caroline gamarra piscoya
diciembre 2, 2009 at 5:19 am	Responder	En el artículo de la referencia se hacen importantes precisiones sobre criterios de interpretación de las normas que regulan los actos y derechos inscribibles relacionados con la LGS, los cuales han sido establecidos por el Tribunal Registral en los diferentes plenos, los mismos que han sentado jurisprudencia de observancia obligatoria.Dicho de otro modo que para que el Registrador al momento de inscribir un acto o acuerdo societario debe verificar que cunpla con todas las formalidades exigidas por la Ley, el RRS y los plenos registrales.
MANUERL ROJAS CUBAS
diciembre 2, 2009 at 12:25 pm	Responder	SI BIEN ES CIERTO QUE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES REGULA EL ACCIONAR DE QUIENES CONDUCEN O SON PARTE DE EMPRESAS QUE ESTA REGULA, TAMBIÉN ES CIERTO QUE LA JURISPRUDENCIA EMITIDO POR EL TRIBUNAL REGISTRAL DA LAS PAUTAS PARA AQUELLOS CASOS EN LA QUE LA LEY DEJA UN VACÍO O INTERPRETACIONES DISPARES, CON EL FIN DE CAUTELAR LOS INTERESES GENERALES DE LAS SOCIEDADES QUE PARTICIPAN EN EL ASPECTRO ECONÓMICO DE UN PAÍS.
ES CLARO QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL MÁXIMO ENTE, PERO QUE ELLA ESTÁ SOMETIDA A UNA SERIE DE REQUISITOS COMO SON LA CONVOCATORIA, QUORUM, POR LO QUE NO ESTÁ FACULTADA IR MÁS ALLÁ DE LO QUE LA LEY, ES ESTATUTO O EL CONVENIO LO REGULA, TOMANDO TAMBIÉN COMO PARAMETRO LAS DIFERENTES RESOLUCIONES QUE SIENTAN JURISPRUDENCIA DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA LEY.
LUIS HEREDIA CLAVO
diciembre 9, 2009 at 1:51 am	Responder	Profesor esta bOnito el trabajo =) de investigación
TaLiaaa Rm*
diciembre 11, 2009 at 5:24 pm	Responder	La Junta General de Accionistas se clasifica en Junta General Ordinaria de Accionistas y en Junta General Extraordinaria de Accionistas.
Todos los años, se realiza por ley una Junta para la aprobación de las Cuentas Anuales y el resto de temas que se quieran plantear. A esa Junta, que se realiza todos los años y es obligatoria, se le denomina Junta Ordinaria de Accionistas.
Sin embargo, se puede convocar más de una Junta en un año si se estima conveniente. Todas aquellas Juntas diferentes a la Junta Ordinaria son Juntas Extraordinarias de Accionistas.
Lo habitual es que la Junta ordinaria trate los asuntos ordinarios y comunes de la marcha de la empresa (elección del directorio, distribución de dividendos, monto de la remuneración de los directores, etc), mientras que la segunda versa sobre puntos de gran importancia que surgen a lo largo del año, tales como:
•	La disolución, fusión, transformación y división de la sociedad.
•	Reforma de los estatutos sociales.
diciembre 16, 2009 at 4:01 pm	Responder	La junta general es el órgano soberano de una sociedad anónima, donde se toman las decisiones más relevantes de una sociedad. La Junta General puede ser ordinaria o extraordinaria. La Junta ordinaria se debe celebrar necesariamente una vez al año, en los seis primeros meses después de cerrar el ejercicio y para aprobar la gestión del Consejo de Administración, el balance, la cuenta de resultados y su distribución. La Junta extraordinaria se puede celebrar en cualquier momento siempre que se haya convocada adecuadamente.
Junta que se celebra para debatir temas especiales que afectan a la sociedad. Puede ser también Junta Universal cuando está presente todo el capital social en cuyo caso no se requieren los requisitos de convocatoria formal que exige la Ley.
La junta general ordinaria, previamente convocada al efecto, se reunirá necesariamente, dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.
En cuanto la denominación; la sociedad debe tener una denominación y que además puede emplear un nombre abreviado, pero sin explicar los criterios para su adopción, sólo enumera algunas de sus limitaciones; es decir, que no sea igual al de otra sociedad preexistente ni que contenga nombres de organismos o instituciones públicas o signos distintivos protegidos por derechos de propiedad industrial o elementos protegidos por derechos de autor, salvo legitimación, ni igual a otra sociedad que goza del derecho de reserva de preferencia registral.
Por otro lado en el caso de las sucursales; las empresas, domiciliadas o no en el país, pueden libremente establecer sucursales en el Perú, debiendo inscribirlas en el Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral de la SUNARP del lugar de su funcionamiento.
jose ocaña varagas
diciembre 16, 2009 at 4:19 pm	Responder	Actualmente la Ley lleva un aproximado de 12 años de vigencia, en donde se ha suscitado controversias en cuanto a la doctrina y a la legislacion.
En este articulo me llamo la atencion el contenido del QUORUM, importante problema a la hora de la concurrencia a la junta general para que esta se pueda sesionar validamente. Pero ¿cual es el problema a la hora de llevar acabo una junta en las que se encuentre representado un solo accionista?
Carmona Fuentes Pier Haroll
diciembre 17, 2009 at 5:57 pm	Responder	Quisiera una opinion urgente para tomar una decisión.
Respecto de la convocatoria en la S.R.L. el art. 294.- ESTIPULACIONES A SER INCLUIDAS EN EL PACTO SOCIAL ,- es claro en su inciso 3 cuando dice “La forma y oportunidad de la convocatoria que deberá efectuar el gerente mediante esquelas bajo cargo, facsimil, correo electrónico u otro medio de comunicación que permita obtener constancia de rececpción, dirigidas al domicilio o a la direccion designada por el socio a este efecto”. Esto en concordancia con el Precedente de observancia obligatoria establecida en el PLENO X , Art. 8 donde dice : ” 8.- CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EN S.R.L.
“El Art. 294 inciso 3 de la Ley General de sociedades, que establece que en las
sociedades comerciales de responsabilidad limitada el gerente deberá efectuar la convocatoria utilizando medio de comunicación que permita obtener constancia de recepción, es de carácter imperativo”.
Mi pregunta va a lo siguiente: realice una junta general con mis socios en mayoria un 60% , la convocatoria lo hice por esquela ( Porque asi lo establece mi estatuto ) la esquela se remitio mediante carta notarial y se certifico su entrega a su destinatario, incluso el socio respondio a dicha carta, quedando claro que recibio la convocatoria, en dicha junta uno de los acuerdos que intento inscribir fue la transferencia de un activo de la empresa, sin embargo de los 3 socios solo participaron 2 que representamos el 60% de las participaciones, al momento de ir a presentar al registro, previamente me entreviste con el registrador y este creo equivocadamente me exige q debi haber hecho publicaciones y que eso lo exige la ley, le indique que en mi estatuto no habla de publicaciones y me dijo que ellos solo se remiten a la ley, entonces para que este articulo? para que el estatuto? para que el precedente? si el observará mi titulo de todas maneras? que puedo hacer? saben si apelo al tribunal registral ellos me daran la razon? para el lugar donde presente mi titulo es el unico registrador y ya me aviso cual seria su respuesta. favor si alguien me aconseja con su experiencia q hacer, mi correo es lawyerperu2008@hotmail.com les agradecere su opinion desde ya.
enero 23, 2010 at 9:12 pm	Responder	En primer lugar, y a efectos de evitar brindar una opinión sin sustento, debemos establecer cuanto representa el bien de la sociedad cuya transferencia se pretende…así, si no constituye de significativo valor que afecte el patrimonio de la sociedad (por ejemplo si su valor representa mas del 50 % del capital social), simplemente el acuerdo de Junta General debería regularse bajo las reglas de un quorum simple y para la adopción de la decision tan solo de la mayoría de las participaciones presentes en la sesion de Junta General.
En segundo lugar, respecto de la exigencia del Registrador Público, llo que le importa es la verificación de la citación a Junta General, a efectos de evitar una suerte de indefension de los socios..en este sentido, el presentante del titulo o puede presentar las esquelas de notificacion con el debido cargo de recepcion o, ante una dificultad para ofrecer aquellas, el Reglamento del Registro de Sociedades posibilita suplir tal exigencia de presentacion mediante la presentacion de una DECLARACION JURADA en la cual el Gerente General de fe de haber procedido a la comunicacion a todos los socios para la realizacion de la Junta General…te recomiendo revisar este reglamento para que no te exijan mas alla de lo debido…
Espero haberte ayudado en algo…hasta pronto
jquesnay
enero 23, 2010 at 10:15 pm	Responder	Muchas gracias de antemano, el referito activo inmueble transferido es una concesión minera metálica que contiene un mineral de baja ley, por eso que se vendio, para mas seguridad mediante Junta General y la sesión se realizo en tercera convocatoria, conforme a ley se le dio tres fechas y no le intereso ir a ninguna, la esquela de convocatoria se realizó por carta notarial y se certifico al reverso su entrega al remitente, asimismo el respondio a esta carta, osea reconocio su recepción, sin embargo quiero hacer respetar mi estatuto y las formalidades que se cumplieron porque me temo que el registrador con el que converse se parcializo con el otro socio, x eso mi pregunta si podría apelar ante el tribunal registral ante una posible observacion o tacha.
enero 23, 2010 at 11:17 pm	Responder	hola a todos, espero no incomodar, soy estudiante de derecho y en estos momentos me encuentro haciendo un trabajo de investigacion acerca de la escision de sociedades en latinoamerica, y, me gustaria que alguno de usd me colaborara para poder acceder a esa informacion, agrdesco infinitamente la atencion y posible ayuda prestada
junio 21, 2010 at 10:03 pm	Responder	Deja un comentario Cancelar respuesta

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 artículo 117
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 artículo 294
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 artículo 128
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 artículo 188
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 artículo 162
 artículo 172
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 artículo 172
 artículo 11
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 artículo 104
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 artículo 9
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 artículo 2013
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 Artículo 8
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