Source: http://espanito.com/bogot-d-c-veintisiete-27-de-junio-de-dos-mil-siete-2007.html
Timestamp: 2019-11-13 20:58:05+00:00

Document:
Referencia: expediente 2003-00100-01
Decídese sobre la admisibilidad del libelo con el que la demandada pretende sustentar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 3 de noviembre de 2006, proferida por la sala civil-familia-agraria del tribunal superior del distrito judicial de Cundinamarca, en el proceso ordinario de José Ignacio Rodríguez Muñoz, Yesid Rodríguez Caballero, Abraham Rodríguez García, José Armando, Yolanda, Luis Alfredo, Janneth, Blanca Myriam, Ignacio y John Alexander Rodríguez Farías, Harold Yesid y Andrea Giseth Rodríguez Márquez, John Alejandro, Luz Myriam y Maicol Rodríguez Afanador contra Expreso de Transporte Colectivo del Oriente S.A.
A cuyo propósito se considera:
Los actores solicitaron declarar que la demandada está llamada a responder por los perjuicios padecidos por ellos con ocasión del accidente de tránsito en el que perdieron la vida sus familiares (madres, esposa y compañeras permanentes), condenando a la sociedad al pago de los perjuicios causados.
Mediante la sentencia fustigada el tribunal confirmó el fallo que acogió las pretensiones, al hallar demostrados los pilares de la responsabilidad civil extracontractual, el daño, la culpa y el nexo causal, sin que la demandada hubiera desvirtuado su condición de guardián jurídico del vehículo, de donde derivó la obligación de la empresa de indemnizar los perjuicios irrogados a los actores, acogiendo la tasación que de ellos hizo el a quo, con base en claras pautas determinadas por la jurisprudencia y la doctrina.
Ahora bien, cuestión definida es que la naturaleza que caracteriza al recurso de casación implica una especial atención por parte del legislador a los requisitos formales de la demanda que lo sustenta, al punto de impedirse su admisión a trámite en el evento de subestimar el recurrente las exigencias estatuidas. Entre dichos requisitos cabe memorar el contemplado por el numeral 3° del artículo 374 del código de procedimiento civil, con arreglo al cual en el escrito impugnativo han de exponerse “los fundamentos de cada acusación en forma clara y precisa”, dado el cariz extraordinario y dispositivo de este recurso, que parte del reconocimiento de la presunción de acierto de los fallos impugnados en casación, pensamiento que a su vez impone a la Corte el desarrollo de actividad sólo dentro de los estrictos límites demarcados por la censura.
Y acontece que el primero de los cargos traído en la demanda, formulado al amparo de la causal segunda de casación, no cumple los referidos requisitos toda vez que fundado viene de manera ambivalente; parte por decir la censura que la violación de la ley se produjo “por incongruencia o inconsonancia de la demanda, a causa de errores evidentes de hecho en que incurrió el tribunal”, al desconocer que José Ignacio, Yesid y Abraham solicitaron el pago de los perjuicios a título personal y no en representación de sus hijos, que en tal sentido otorgaron el poder para incoar la demanda y además se tuvo por demostrado sin estarlo la calidad de cónyuges de los actores y los perjuicios reclamados, errores originados “por la equivocada estimación de las siguientes pruebas y la falta de apreciación de otras”, medios que seguidamente refiere.
En esa disputa, empero, asoma inocultable una riña con visos propios no sólo de la causal segunda, la invocada, sino también de la primera, mixtura a todas luces inaceptable; en verdad, si fustiga al sentenciador por una valoración equivocada y omisiva de los medios de prueba aportados, es claro que reproche semejante no puede encasillarlo en la causal segunda. Así que si el ataque no cuadra ni con una ni con otra causal, en la medida en que tiene cosas de allá y de acá, su admisión es improcedente pues, en cualquier caso, no podría la Corte, dado el cariz dispositivo del recurso, oficiosamente optar por el estudio de una u otra.
Algo parecido acontece en lo que concierne al ultimo cargo, que estructurado en la causal 5ª de casación denuncia la nulidad del proceso; expone la censura que el vicio procesal advino por la omisión de “los términos u oportunidades para… practicar pruebas…”, seguido de lo cual duélese de probanzas decisivas en su contra, decretadas oficiosamente en dos oportunidades y “arrimadas en forma extemporánea al proceso”, documentos que no sólo el ad quem interpretó erróneamente “como quiera que se allegó después de vencido el término fijado para su práctica, es decir, se omitió el término para practicarla”; tales escritos obran a folios 263, 296, 277 y 278, 284 y 285 del cuaderno 1º, últimos de los cuales se incorporaron “como anexos al peritazgo (sic) que fue desestimado como prueba”.
Esta exposición, indudablemente, envuelve una disputa probatoria que no la demostración de la nulidad cuya presencia alega el impugnante; en buenas cuentas, como fuera dicho, incurre en una mezcla que repugna notoriamente el requisito de precisión y claridad que debe predicarse de la demanda de casación, bastante para no admitir tampoco dicho cargo.
El tercero de los reproches, levantado contra la sentencia al amparo de la primera de las causales por violación directa, tampoco reúne las exigencias requeridas, en cuanto trae una serie de afirmaciones sin el fundamento debido, además de rozar con el ataque el soporte demostrativo que apuntala la providencia, apartándose, contra lo que anunció de entrada, de las conclusiones fácticas del juzgador.
En efecto, luego de advertir la recurrente su aceptación de los hechos y sustentos probatorios “vertidos al proceso” y de referir el artículo 230 de la Constitución como base de las providencias judiciales, puntualiza el desliz en que incurrió el tribunal al interpretar de manera equivocada las normas en que asentó su fallo; así duélese de la interpretación errada del artículo 1614 del código civil, que según señala “es de correcta aplicación cuando el proceso está establecido que no se cumplió una obligación, se cumplió imperfectamente o se retardó su cumplimiento”, reproche que además de no hacer ver en qué medida el juzgador malinterpretó el precepto, lo cierto es que tal artículo por lo demás ninguna trascendencia tuvo en la decisión combatida, pues ni siquiera fue citado, en tanto que el asunto estuvo enmarcado bajo los parámetros de la responsabilidad extracontractual; sobre la exégesis indebida de los artículos 2341 y 2344 ibídem, “pues a la demandada por ser persona jurídica le es imposible la comisión de un delito o culpa y su representante tampoco incurrió en tales infracciones a la ley”, igualmente cae en el vacío en atención a que el fallo por parte alguna se ocupó de establecer la culpabilidad o el actuar delictuoso de la sociedad demandada o de su gerente.
En relación con la interpretación errónea de los artículos 2346 a 2349 y 2352 ejusdem, “teniendo en cuenta que estos preceptos regulan casos de personas naturales menores de edad o de terceros que tuvieren a su cuidado estos menores o de los padres de estos o sus criados o del dueño de un inmueble”, desconoce la casacionista que si bien esta normatividad fue referida en la providencia combatida, lo cierto es que se hizo a título ilustrativo al definir el marco general de la responsabilidad alegada, pues el fallo estuvo centrado en la responsabilidad “por el hecho de las cosas inanimadas y por el ejercicio de las actividades peligrosas” y en el “régimen conceptual y probatorio” propio de este tipo de situaciones.
Respecto al estudio incorrecto “de los artículos 2350 a 2356 del código civil, pues igualmente estos preceptos sustantivos son reguladores de conductas sobre inmuebles, animales o cosas arrojadas de un edificio, determinando la última norma citada (artículo 2356) los cuatro casos taxativamente establecidos por el legislador que tipifican actividades peligrosas, dentro de las cuales no se encuentra lo que le ha añadido por vía jurisprudencial como lo es los hechos causantes de lesiones o muertes en accidentes de tránsito”, riña que por controvertir una jurisprudencia tan añeja y reiterada de esta Corporación exige una sustentación de más hondo calado y no, como ocurre, que el reproche venga contendido en una mera afirmación huérfana de fundamento, sin explicar siquiera el porqué de la restrictividad atribuida a la enumeración contenida en el citado artículo 2356 ni cuáles son las normas especiales que rigen este tipo de casos.
Así, de lo dicho, fácil es colegir que el reproche traído sobre las interpretaciones erradas dadas a los artículos mencionados adolece de falta de sustento que haga ver los desatinos del tribunal, ausencia que le resta idoneidad a esta parte del cargo, pues como en ocasión anterior dijo la Corte “no se da siquiera a la tarea de mencionar cuáles son las razones que allí se expresan que digan a qué una regla de ese tenor, ni expone los motivos que desde la perspectiva de la acusación denoten algo como eso, esto es, que muestre, como es propio en casación, por supuesto que en ello radica la labor de demostración que incumbe al recurrente, que la hermenéutica de los sobredichos textos indique cómo el ejercicio de esta acción requiere para su buen suceso no sólo el elemento que dio en relievar el tribunal, sino también otros dos más, los que reseña en la acusación”, para más adelante concluir “lo cierto es, como se viene diciendo, que nada, salvo lo dicho, trae el casacionista a efectos de demostrar la acusación, con lo que la dejó a mitad de camino” (casación civil de 14 de diciembre de 2005, expediente 1997-01208).
Por último insiste la recurrente en que la falta de aplicación del artículo 230 de la Ley Superior y la interpretación errónea de los anteriores preceptos, fue también secuela de la falta de aplicación de la normatividad de los códigos nacional de tránsito y de comercio, que de tenerlos en cuenta habría concluido el fallador que no es un funcionario del ministerio de transporte quien determina la vinculación del automotor a la empresa demandada, sino que conforme al artículo 22 del estatuto nacional de tránsito es el reglamento, no aportado al expediente, siendo el “SUIV” el que acredita el registro y que según los artículos 822 y 981 del código de comercio en concordancia con la última parte del artículo 1496 del código civil, el contrato de transporte es bilateral así sea verbal, por lo que para acreditarse era necesario, conforme al numeral 2º del artículo 1502 y 1541 ejusdem, que la demandada hubiese consentido en dicho pacto y se hubiera demostrado el cumplimiento de la actora, lo que no aparece en el expediente.
Vista la parte del cargo que antecede, fácil es colegir que al disentir la censura sobre el alcance dado a una de las pruebas aportadas para demostrar la vinculación del bus a la sociedad demandada, y al dolerse de la falta de prueba del consentimiento de la demandada con el contrato de transporte y de que “quienes utilizaron ese transporte” cumplieran con su “obligación contraprestacional”, desbordó los precisos límites de la vía escogida, restando con ello la aptitud del cargo para ser admitido a trámite.
Más que suficientes son, entonces, las anteriores razones para deducir la ineptitud de los cargos 1º, 3º y 4º contenidos en la demanda bajo estudio para ser admitidos a trámite, sin que lo mismo suceda con el segundo de los cargos propuesto por la causal primera de casación que alcanza desde el punto de vista formal los requerimientos para ser admitido.
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, resuelve:
Primero: inadmitir la demanda arriba mencionada en lo que hace relación con el primero, tercero y cuarto de los cargos.
Segundo: admitir la misma demanda en lo que atañe al segundo cargo, formulado por la causal que se dejó referida.
En consecuencia, córrase traslado a la parte demandante por el término de quince días.
A costa de la interesada y conforme a la petición que obra a folio 64 de este cuaderno, por secretaría expídanse las copias solicitadas.

References: artículo 374
 artículo 230
 artículo 1614
 artículo 2356
 artículo 230
 artículo 22
 artículo 1496
 artículo 1502