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Timestamp: 2018-05-24 08:17:54+00:00

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← II Jornadas Internacionales de Actualización Jurídica
a. Cumplimiento de obligaciones: de conformidad con la normativa cambiaria vigente en Venezuela no está expresamente prohibida la celebración de pactos cuyo cumplimiento sea estipulado en moneda extranjera, sino que dicha restricción cambiaria implica que el pago que se haga en territorio venezolano debe ser en bolívares -moneda de curso legal- para que tenga efectos de liberación y, el monto debe ser calculado, conforme a la tasa de cambio oficial imperante al momento del pago (art. 128 LBCV). En consecuencia, la estipulación de la divisa extranjera, puede ser utilizada como marco de referencia para el pago de la obligación (se sigue doctrina de la SC, sentencia N° 1641 del 02-11-2011). TSJ-SPA, sentencia N° 353 del 24-04-2012, Exp. 2012-112
b. Moneda extranjera – Cuentas
Las personas naturales mayores de edad y las personas jurídicas domiciliadas en el país, podrán mantener fondos de divisas en cuentas a la vista o a términos en bancos universales, sin perjuicio de lo previsto en la Res. del BCV N° 12-09-01 de fecha 04-09-2012 (Reforma Parcial de la Res. N° 13-02-01). BCV-Res. N° 13-03-01 del 21-03-2013
Reimpresa por error material G.O. N° 40134 del 22-03-2013
Las pautas de jurisdicción y competencia no están vinculadas a la aplicabilidad o no de la ley del foro, sino a otras reglas, tales como las relativas al lugar donde se encuentre situado el bien (mueble o inmueble), al domicilio de las partes, al lugar donde deba ejecutarse la obligación, al lugar del perfeccionamiento de las citaciones, a la voluntad de las partes, etc. Es por ello que perfectamente puede ser lo controvertido del conocimiento del juez venezolano, aun cuando el derecho aplicable sea el extranjero y no la lex fori, en cuyo caso, aun de oficio, el juez patrio deberá aplicar el derecho extranjero (art. 60 LDIP); pero, como se apuntó, ello no encausa su falta de jurisdicción para conocer de la controversia. TSJ-SPA, sentencia N° 499 del 09-05-2012, Exp. 2012-532
(i) Actas del estado civil: un certificado de matrimonio carece de eficacia probatoria y debe ser desestimado en juicio si no cuenta con los trámites de legalización (arts. 11, num. 29 y 54, num. 9 LOSC, y 1923 CC). TSJ-SCS, N° 11 del 15-02-2013, R.C. Nº AA60-S-2011-483
(ii) Sentencias: la copia certificada de una sentencia de divorcio extranjera no puede valorarse en juicio si no cumple con los requisitos exigidos para que pueda dársele fuerza ejecutoria en Venezuela (art. 53 LDIP). La legalización de este tipo de documento debe hacerse siguiendo las pautas establecidas para el otorgamiento del exequátur, toda vez que es el procedimiento a través del cual las sentencias dictadas por autoridades extranjeras, adquieren fuerza ejecutoria en Venezuela (se sigue doctrina de la SPA, sentencia N° 1561 del 04-07-2000). TSJ-SCS, N° 11 del 15-02-2013, R.C. Nº AA60-S-2011-483
(i) Personas físicas: la ley prevé que por domicilio de las personas físicas debe entenderse el lugar donde tengan su residencia habitual (arts. 11 y 15 LDIP). TSJ-SPA, sentencia N° 353 del 24-04-2012, Exp. 2012-112
(ii) Personas jurídicas: como ninguna mención especial hizo el legislador se ratifica la vigencia del concepto que se desprende del CCom. (art. 203), es decir, el lugar que determina el contrato constitutivo de la sociedad, y a falta de esta designación, el lugar de su establecimiento principal (se sigue doctrina de la SPA, sentencia Nº 2207, del 21-11-2000). TSJ-SPA, sentencia N° 499 del 09-05-2012, Exp. 2012-532
b. Criterio general atributivo de jurisdicción
(i) Domicilio del demandado
La regla general para determinar la jurisdicción de los Tribunales venezolanos respecto de los extranjeros es el domicilio del demandado, por cuanto este tiene derecho a que se le demande ante los tribunales de su domicilio, lo cual facilita y hace menos onerosa su defensa. TSJ-SPA, sentencia N° 353 del 24-04-2012, Exp. 2012-112
Si la demandada, persona jurídica, se encuentra domiciliada en Caracas y está inscrita en el Registro Mercantil de dicha Circunscripción, debe concluirse que el caso encuadra dentro del supuesto de hecho previsto en el art. 39 LDIP, relativo al domicilio del demandado como criterio general atributivo de jurisdicción a los tribunales de Venezuela, aunado al hecho, de que las partes, en los pagarés objeto de la demanda, establecieron: “Para cualquier acción o proceso legal con respecto a este pagaré, El Emisor, el tenedor bajo este documento y cualquier otro firmante de este pagaré se someten expresamente a (…) y/o a los Tribunales competentes de la ciudad de Caracas, Distrito Capital, República Bolivariana de Venezuela (…) a elección del tenedor bajo este documento (…)”, razón por la cual se estableció que hubo sumisión expresa a la jurisdicción venezolana. TSJ-SPA, sentencia N° 499 del 09-05-2012, Exp. 2012-532
(ii) Prueba
Para la determinación de residencia habitual de la hija del solicitante se requirió un reporte de movimientos migratorios, en el cual se evidencia que la niña salió del país el 16-09-2009 con destino a la ciudad de Miami Florida, EE.UU., como consecuencia de una decisión dictada por la Sala de Juicio del Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de restitución de responsabilidad de crianza (custodia) internacional requerida por EE.UU. De lo cual se concluye que la niña vive en los EE.UU. desde finales del año 2009, fecha en la que viajó y no consta en autos que haya retornado a Venezuela, lo cual denota que no posee en los actuales momentos su residencia habitual en Venezuela. TSJ-SPA, sentencia N° 33 del 25-01-2012, Exp. 2010-322
Para la determinación de la residencia habitual de los codemandados en Venezuela, se constata de las actuaciones que cursan en el expediente lo siguiente: instrumento poder otorgado por los codemandados a los abogados que ejercen su representación ante Notaría del Distrito Capital en el cual se señala que ambos estaban “domiciliados en la ciudad de Caracas”; documento por medio del cual los codemandados adquirieron un inmueble ubicado en el municipio El Hatillo en el cual se señala que ambos compradores tenían su domicilio en la ciudad de Caracas. Estos documentos ponen de manifiesto que los codemandados para el momento de la interposición de la demanda, estaban domiciliados en Venezuela, lugar donde tienen su residencia habitual. TSJ-SPA, sentencia N° 353 del 24-04-2012, Exp. 2012-112
Según las propias declaraciones realizadas por el demandante, el demandado tiene una estabilidad laboral desde hace más de veintisiete (27) años en una empresa que desempeñara sus labores o tiene domicilio en Venezuela. En consecuencia, el demandante para el momento de la interposición de la demanda, estaba domiciliado en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, Venezuela, lugar donde tenía su vivienda y trabajo. TSJ-SPA, sentencia N° 90 del 08-02-2012, Exp. 2011-1196
a. Admisibilidad – Requisitos
(i) Carácter concurrente: basta que se presente el incumplimiento de alguno de los requisitos de admisibilidad para que se rechace la solicitud de exequátur (art. 852 del CPC). Pero, la declaratoria de inadmisibilidad surte efectos únicamente respecto al proceso al cual atañe la decisión, y no impide que los interesados acudan nuevamente para presentar otra solicitud de exequátur, siempre y cuando la misma cumpla a cabalidad con los requisitos cuya deficiencia fue detectada en decisión de inadmisibilidad. TSJ-SCC, sentencia N° 84 del 19-03-2013, Exp. 12-767
En mismo sentido, ver también: TSJ-SCC, sentencia N° 120 del 22-03-2013, Exp. Nº 13-79
(ii) Domicilios: si no aparecen las direcciones o lugares donde están domiciliados la interesada y el demandado en la solicitud de exequátur, debe declararse inadmisible (art. 852 del CPC). TSJ-SCC, sentencia N° 75 del 12-03-2013, Exp. 2012-000692
(iii) Legalización: la solicitud de exequátur interpuesta resulta inadmisible, ya que se evidencia del examen de las actas del expediente, que la sentencia cuyo pase se pretende no cumple con la legalización, pues no fue legalizada ante el Consulado de Venezuela situado en el territorio Palestino, en el Edificio BIP, piso 1, transversal al Misterio de Salud, Ramala. TSJ-SCC, sentencia N° 118 del 28-02-2012, Exp. 2011-675
(i) Asuntos contenciosos: corresponde a la SCC conocer de una solicitud de exequátur de una sentencia extranjera dictada para resolver un proceso de nulidad de matrimonio, de naturaleza contenciosa (art. 850 CPC y art. 28 num. 2 LOTSJ). TSJ-SCC, sentencia N° 54 del 28-02-2013, Exp. 2012-598
(ii) Asuntos contenciosos y no contenciosos: la SCC es competente para otorgar el exequátur o la declaratoria de fuerza ejecutoria de las sentencias extranjeras de acuerdo con lo establecido en los tratados internacionales y, en su defecto, de acuerdo a lo establecido en la Ley, para las decisiones de naturaleza contenciosa, como en el caso de una demanda de divorcio dirimida mediante un proceso contencioso, aunque no se evidencie con exactitud la causal de la misma. Por otra parte, Juzgados Superiores serán competentes para conocer de la solicitud de exequátur cuando la misma verse sobre emancipación, adopción o cualquier otra materia de carácter no contencioso. TSJ-SCC, sentencia N° 28 del 24-01-2012, Exp. Nº 2011-93
En mismo sentido, ver también:
TSJ-SCC, sentencia N° 157 del 14-03-2012, Exp. 2010-290.
TSJ-SCC, sentencia N° 160 del 16-03-2012, Exp. 2011-704.
TSJ-SCC, sentencia N° 266 del 27-04-2012, Exp. 2011-750.
TSJ-SCC, sentencia N° 384 del 31-05-2012, Exp. 2012-115.
TSJ-SCC, sentencia N° 75 del 12-03-2013, Exp. 2012-692.
TSJ-SCC, sentencia N° 84 del 19-03-2013, Exp. 12-767.
TSJ-SCC, sentencia N° 120 del 22-03-2013, Exp. Nº 2013-79
(i) Normas internas
Cuando se solicita que se declare la fuerza ejecutoria en Venezuela, de una sentencia dictada por un Tribunal de Puerto Rico, país con el cual Venezuela no ha suscrito tratados internacionales en la materia, siguiendo el orden de prelación de las fuentes se impone la aplicación de las normas de DIP venezolano. TSJ-SCC, sentencia N° 28 del 24-01-2012, Exp. Nº 2011-93
Cuando se solicita se declare fuerza ejecutoria en Venezuela, de una sentencia dictada por un Tribunal de EE.UU., país con el cual Venezuela no ha suscrito Tratados en la siguiendo el orden de prelación de las fuentes en la materia, se impone la aplicación de las normas de DIP venezolano (art. 53 LDIP). TSJ-SCC, sentencia N° 390 del 31-05-2012, Exp. 2010-570
En el mismo sentido, ver también: TSJ-SCC, sentencia N° 673 del 24-10-2012, Exp. 2011-399
(ii) Tratados
Cuando se solicita que por el procedimiento de exequátur se declare la fuerza ejecutoria en Venezuela, de una sentencia dictada por un Tribunal de Colombia, país con el que Venezuela tiene tratados en esta materia, vale decir, la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros. Por tanto, debe procederse al análisis de la decisión extranjera a la luz de los presupuestos establecidos en la Convención (art. 2), y no como lo alegó el abogado solicitante quien sostuvo que debía hacerse a la luz del art. 53 de la LDIP. TSJ-SCC, sentencia N° 131 del 01-03-2012, Exp. 2011-576
En el mismo sentido, ver también: TSJ-SCC, sentencia N° 157 del 14-03-2012, Exp. 2010-290.
d. Objeto: el procedimiento de exequátur tiene por objeto revisar la sentencia extranjera para permitir su ejecución en nuestro territorio, pues dicho fallo es considerado una manifestación de la soberanía de otro Estado. TSJ-SCC, sentencia N° 118 del 28-02-2012, Exp. 2011-675
e. Requisitos de fondo
(i) Cosa juzgada – prueba
La solicitud debe venir acompañada de la ejecutoria que se haya librado de la sentencia extranjera, a los fines de comprobar que se trata de una sentencia definitivamente firme. Del propio texto de la sentencia extranjera se lee textualmente: “…Modo impugnación: contra la presente resolución cabe recurso de APELACIÓN (sic) ante este Juzgado, que deberá interponerse por escrito en el plazo de VEINTE DÍAS (sic) hábiles contados desde el siguiente de la notificación de la resolución (artículo 458.1 LEC). (…). Comuníquese esta sentencia una vez firme a la oficina del Registro Civil que corresponda para su anotación…”. Lo anterior evidencia que la sentencia cuya ejecutoria se pretende hacer valer en Venezuela carece de firmeza, en virtud de que no consta en autos la comunicación dirigida al Registro Civil de Barcelona, España, a la cual se hace referencia en el dispositivo de la sentencia extranjera (se sigue doctrina de la SCC, sentencia N° 329, de fecha 28-07-2010). TSJ-SCC, sentencia N° 84 del 19-03-2013, Exp. 12-767
Aun cuando no conste en el fallo extranjero la manera cómo se realizó la citación del demandado en el tribunal, si el solicitante del exequátur fue el demandado por divorcio en el juicio extranjero, debe presumirse que no existió inconveniente con su citación y que tuvo oportunidad de defenderse con tiempo razonable. TSJ-SCC, sentencia N° 673 del 24-10-2012, Exp. 2011-399A pesar de que en cierto casos no conste en la sentencia extranjera la forma en la cual fue citada la parte demandada o si fue debidamente citada, cuando conste de las actas del expediente de solicitud de exequátur, que la parte demandada en el extranjero, convalidó la decisión cuyo exequátur se pretende, -bien sea en el escrito de contestación o mediante el escrito de solicitud- se considerará satisfecho el supuesto relativo a la citación (art. 53 num. 5 LDIP). TSJ-SCC, sentencia N° 28 del 24-01-2012, Exp. Nº 2011-93
En el mismo sentido, ver también: TSJ-SCC, sentencia N° 390 del 31-05-2012, Exp. 2010-570
(iii) Jurisdicción exclusiva: El requisito establecido sobre “…que no versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República…” está referido a la acción, es decir, que el presupuesto necesario para que no pueda por vía convencional ser derogada la jurisdicción de la República, el que el asunto verse sobre bienes inmuebles y que tal derogatoria afecte una controversia presente o futura, lo que es lo mismo, que la materia sea de tipo litigioso, que viene a significar que las partes tienen posiciones encontradas respecto a un asunto que está siendo o ha de ser dirimido por vía jurisdiccional. Si en el caso no se sometió a discusión o decisión de la jurisdicción del tribunal extranjero la división de los bienes reales ubicados en la República, porque se trata simplemente de la homologación de lo decidido y convenido de mutuo acuerdo por las partes en el “acuerdo de solución matrimonial”, en nada afecta la jurisdicción exclusiva de los tribunales venezolanos. Se acogen los criterios de la SPA de la extinta CSJ, en sentencia del 23-03-1994, y SCC, en sentencia Nº 39 del 31-01-2008. TSJ-SCC, sentencia N° 390 del 31-05-2012, Exp. 2010-570
(iv) Jurisdicción indirecta
El criterio atributivo de jurisdicción conocido como paralelismo consiste en atribuir jurisdicción para conocer del asunto al tribunal del Estado cuyo derecho resulte aplicable al fondo de la controversia (art. 42, num. 1 LDIP), lo cual en materia de divorcio se determina mediante el domicilio del demandante (art. 23 LDIP). Por cuanto, el domicilio del accionante, según se evidencia de lo expuesto en la parte motiva de la decisión cuyo exequátur se solicita, se encontraba en Puerto Rico desde el año 2003, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico, tenía jurisdicción para pronunciarse sobre el divorcio. TSJ-SCC, sentencia N° 28 del 24-01-2012, Exp. Nº 2011-93
En el mismo sentido, ver también: TSJ-SCC, sentencia N° 182 del 30-03-2012, Exp. 2011-455
En la aplicación del criterio del paralelismo para la determinación de la jurisdicción en los casos de divorcio es necesario tener en cuenta que el domicilio del cónyuge demandante debe ser de por lo menos un (1) año. Pero cuando en el fallo extranjero no especifica cuánto tiempo tenían los cónyuges o al menos la demandante viviendo en los EE.UU., basta con que consta que “las partes en esta demanda, han sido residentes en el Condado de Miami Dade, Florida por más de seis meses antes de proceder con la demanda, para que se considere cumplido el cuarto requisito exigido por el legislador para la procedencia del mismo (arts. 42, num. 1 y 23 LDIP). TSJ-SCC, sentencia N° 390 del 31-05-2012, Exp. 2010-570
(v) Orden Público
Contenido: el orden público puede manifestarse en el fallo cuando se crea o reconoce una situación jurídica manifiestamente contraria a los principios especialmente protegidos por la legislación sustantiva del Estado receptor; también puede producirse en el modo en que fue proferida la resolución judicial, lo que se relaciona estrechamente con el derecho a la defensa, y en definitiva con el orden público procesal, el cual se traduce en la protección de los principios fundamentales de justicia que tiende a garantizarse en un proceso, especialmente a la parte demandada (art. 5 LDIP). TSJ-SCC, sentencia N° 28 del 24-01-2012, Exp. Nº 2011-93
Presupuesto adicional: la sentencia extranjera sometida al exequátur no afecta ni contraría los principios esenciales del orden público venezolano, pues es asimilable por analogía en Venezuela a la causal de imposibilidad de la vida en común (art. 185, ord. 3° CC), al manifestar que “el matrimonio entre las partes ha perdido su vínculo irremediablemente”. TSJ-SCC, sentencia N° 390 del 31-05-2012, Exp. 2010-57
a. Alcance de las decisiones sobre jurisdicción: la causa presenta elementos de extranjería relevantes, como lo son: el domicilio de las partes y que los pagarés fueron suscritos en la ciudad de Washington; por lo que se impone su análisis a la luz del DIP, con el objeto de determinar la jurisdicción para conocer sobre el asunto debatido (art. 1 LDIP), advirtiendo previamente que la apreciación que haga este Alto Tribunal respecto de los alegatos formulados por las partes y los elementos que componen el expediente, solo concluirá en la determinación de si el Poder Judicial venezolano tiene o no jurisdicción para conocer de la demanda; por lo que las consideraciones que se expondrán en el presente fallo no constituyen un pronunciamiento acerca del fondo del asunto debatido. TSJ-SPA, sentencia N° 499 del 09-05-2012, Exp. 2012-532
b. Cláusulas de elección de foro: las sociedades de comercio fijaron que para “cualquier acción o proceso legal” con relación a los mencionados pagarés se sometían a:“cualquier Corte Federal de los Estados Unidos de Norteamérica situada en el Estado de Nueva York o en el Distrito de Columbia”; “cualquier Corte Estadal en esos Estados”; “Los Tribunales competentes de la ciudad de Caracas, Distrito Capital, República Bolivariana de Venezuela” o a los “Tribunales competentes del domicilio del Emisor o avalista”, ello “a elección del tenedor bajo este documento”. Se observa, que las partes establecieron varias opciones (instancias jurisdiccionales) “a elección del tenedor bajo este documento”, a los fines de resolver las controversias que se plantearan con relación a los mencionados pagarés.
En este sentido, las partes usaron la expresión “y/o” la cual debe entenderse como alternativa, es decir, dispusieron varios domicilios alternativos, por lo cual, debe interpretarse como una cláusula que otorgó a las mismas la posibilidad de escoger a su elección la jurisdicción ante la cual presentar su demanda, entre las varias opciones fijadas previamente por ellas. TSJ-SPA, sentencia N° 499 del 09-05-2012, Exp. 2012-532
c. Consulta y regulación de jurisdicción – competencia: le corresponde a la SPA conocer de las consultas y recursos de regulación de jurisdicción (art. 23, num. 20 LOJCA y art. 26, num. 20 LOTSJ) TSJ-SPA, sentencia N° 33 del 25-01-2012, Exp. 2010-322
En el mismo sentido, ver también:
TSJ-SPA, sentencia N° 90 del 08-02-2012, Exp. 2011-1196
TSJ-SPA, sentencia N° 1265 del 31-10-2012, Exp. 2012-810
d. Falta de jurisdicción: cuando un Tribunal declara la falta de jurisdicción del Poder Judicial respecto a la Administración Pública, al Juez extranjero o al arbitraje, el expediente debe ser remitido a la SPA a los fines de la consulta obligatoria (art. 59 CPC). A estos fines el Tribunal remitirá inmediatamente los autos a la SPA suspendiéndose el proceso desde la fecha de la decisión y deberá decidir la cuestión dentro de los diez días, después de recibido, con preferencia a cualquier otro asunto (art. 62 CPC). Una vez devuelto el expediente al Juzgado de origen en virtud del fallo que resuelve dicha incidencia, el proceso continúa en el estado en que se encontraba para el momento de la declaratoria de falta de jurisdicción. TSJ-SPA, sentencia N° 428 del 03-05-2012, Exp. 2012-20
e. Derogatoria de jurisdicción: la del juez venezolano frente al extranjero, es de carácter excepcionalísimo y solo opera bajo supuestos taxativos establecidos ex lege. TSJ-SPA, sentencia N° 499 del 09-05-2012, Exp. 2012-532
f. Divorcio – criterios atributivos: en el caso de autos, se ha ejercido una acción sobre el estado de las personas, como lo es el divorcio, razón por la cual resulta necesario atender a los criterios atributivos de jurisdicción para las acciones sobre estado y relaciones familiares (art. 42 LDIP): paralelismo y sumisión, expresa o tácitamente, siempre que existan elementos que denoten una vinculación efectiva con el Estado a cuya jurisdicción se sometan. TSJ-SPA, sentencia N° 90 del 08-02-2012, Exp. 2011-1196
g. Excepción de litispendencia
(i) Concurrencia de requisitos: la pretensión hecha valer en Colombia, relativa al proceso de “Cesación de los efectos civiles del matrimonio católico” es diferente a la hecha valer en Venezuela, que se contrae a una acción de divorcio con relación a un matrimonio civil celebrado en Venezuela, con fundamento en lo previsto en los nums. 2 y 3 del art. 185 del CC, estando cada una de dichas acciones, fundada en un acto jurídico diferente. TSJ-SPA, sentencia N° 90 del 08-02-2012, Exp. 2011-1196
(ii) Requisitos: para que proceda la litispendencia internacional deben verificarse los requisitos siguientes: 1.- Que la causa pendiente ante tribunales extranjeros sea la misma pendiente ante tribunales venezolanos; 2.- Que la causa cuya pendencia se alegue esté en efecto, pendiente de decisión; 3.- Que los tribunales venezolanos tengan jurisdicción para conocer del caso, según las normas venezolanas sobre la jurisdicción contenida en la LDIP; 4.- Que la jurisdicción de los tribunales venezolanos no sea exclusiva; 5.- Que los tribunales extranjeros ante los cuales se ha propuesto el litigio tengan jurisdicción, de acuerdo con los principios generales de jurisdicción consagrados en la LDIP; 6.- Que el juez extranjero haya prevenido al juez venezolano, es decir, que haya practicado la citación del demandado primero; 7.- Que esa citación se haya realizado según las normas aplicables, vigentes en el lugar donde se lleva a cabo el juicio y en el lugar donde efectivamente se practicó” (se sigue doctrina de la SPA sentencias Nos. 1121 y 1920 de fechas 19-09-2002 y 28-11-2007, respectivamente). TSJ-SPA, sentencia N° 1265 del 31-10-2012, Exp. 2012-810
El proceso de ofrecimiento de obligación de manutención iniciado por el padre a favor de su hija, con residencia habitual en EE.UU., se trata de un asunto con elementos de extranjería relevantes, por lo que debe procederse a la revisión de las fuentes del DIP (art. 1 LDIP). Al no existe tratado alguno entre EE.UU y Venezuela que regule lo referente a las relaciones paterno-filiales, se hace necesario el examen de las normas de DIP venezolano a los fines de la determinación de la jurisdicción de los tribunales venezolanos. TSJ-SPA, sentencia N° 33 del 25-01-2012, Exp. 2010-322
La sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia, declaró con lugar la cuestión previa de falta de jurisdicción, al considerar que la cantidad de dinero dada en préstamo bajo la figura del mutuo y otorgada en moneda extranjera, no puede ser pagada en el territorio nacional, en virtud del control de cambio existente. A la SPA le corresponde determinar si los Tribunales venezolanos tienen jurisdicción para conocer del presente juicio de cobro de bolívares, en el cual el demandante es de nacionalidad holandesa, el codemandado es de nacionalidad española y, las cantidades de dinero reclamadas, fueron establecidas en el instrumento fundamental de la pretensión en divisas de los EE.UU, el cual fue suscrito en Venezuela. Se trata de un asunto con elementos de extranjería relevantes que impone ser analizado a la luz del DIP, con miras a precisar la jurisdicción que en definitiva debe conocer de la presente demanda de cobro de bolívares, a cuyos fines se debe acudir a las fuentes del DIP (art. 1 LDIP). A falta de tratado entre EE.UU y Venezuela que regule lo referente a la determinación de la jurisdicción, se hace necesario el examen de las normas de DIP venezolano. TSJ-SPA, sentencia N° 353 del 24-04-2012, Exp. 2012-112
El demandante afirmó que está domiciliado en Venezuela y la demandada afirma que está domiciliada en Colombia así que se trata de un asunto con elementos de extranjería relevantes que impone ser analizado a la luz del DIP, con miras a precisar la jurisdicción que en definitiva debe conocer de la demanda de divorcio, a cuyos fines de debe acudir a las fuentes del DIP (art. 1 LDIP) Al verificarse que no existe tratado en materia de divorcio con Colombia, se hace necesario el examen de las normas de DIP venezolano a los fines de la correspondiente determinación (art. 39 LDIP) TSJ-SPA, sentencia N° 90 del 08-02-2012, Exp. 2011-1196
i. Ofrecimiento de obligación de manutención – criterio atributivo: con fundamento en el criterio del paralelismo, los tribunales de Venezuela tendrán jurisdicción, siempre que se determine que el ordenamiento jurídico venezolano es el competente para regir el fondo del asunto; en razón de lo cual, a los fines de dilucidar si el derecho venezolano es el aplicable al caso de autos (art. 24 LDIP), que en materia de filiación y relaciones paterno-filiales establece que el derecho aplicable es el del domicilio del hijo (art. 13 LDIP). TSJ-SPA, sentencia N° 33 del 25-01-2012, Exp. 2010-322
j. Orden público: la SPA como garante de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y en consideración al interés superior del niño, visto que en el caso bajo examen se encuentran directamente involucrados los derechos e intereses de la niña, ya que la presente solicitud pretende, a través de la obligación de manutención ofrecida, brindarle a la referida niña todo lo necesario para “cubrir sus necesidades básicas, alimentos, vivienda, recreación, vestimenta, asistencia médica, medicinas, educación, etc.”, requeridos por ella; a los fines de que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y en condiciones dignas. Esta protección por parte del Estado implica el compromiso de brindarle protección tanto en lo social como en lo jurídico.
Así, en atención a que los derechos de los niños, niñas y adolescentes constituyen materia de orden público de conformidad con lo previsto en los artículos arriba transcritos, y siendo que la mencionada niña tiene la nacionalidad venezolana por nacimiento, y que el padre trabaja en Venezuela, desde donde ofrece remitir recursos para la manutención, se declara que el Poder Judicial venezolano sí tiene jurisdicción para conocer del caso. TSJ-SPA, sentencia N° 33 del 25-01-2012, Exp. 2010-322
k. Paralelismo: los tribunales de Venezuela tendrán jurisdicción, siempre que se determine que el ordenamiento jurídico venezolano es el competente para regir el fondo del asunto. En materia de divorcio, la ley aplicable es la del Estado en que el cónyuge demandante hubiese establecido su domicilio (art. 23 LDIP), entendiendo por éste, el lugar donde tiene su residencia habitual (art. 11 LDIP). Esto es, debe determinarse si el cónyuge demandante poseía su residencia habitual en Venezuela. TSJ-SPA, sentencia N° 90 del 08-02-2012, Exp. 2011-1196
l. Recurso de regulación de jurisdicción
(i) Errónea interposición: el actor en su petición ejerció el “recurso de apelación”, en lugar de haber propuesto el recurso de regulación de jurisdicción por ser éste el medio de impugnación idóneo. En orden a lo anterior, considera la Sala que la apelación ejercida contra la decisión del Juzgado Superior debe entenderse como un recurso de regulación de jurisdicción. TSJ-SPA, sentencia N° 33 del 25-01-2012, Exp. 2010-322
(ii) Actuaciones remitidas: el TSJ debe atenerse únicamente “a lo que resulte de las actuaciones remitidas”; razón por la cual se encuentra vedado a la SPA, emitir cualquier pronunciamiento respecto al contenido de los alegatos presentados por la parte actora con posterioridad a la fecha de haberse dado cuenta en la Sala del recurso de regulación de jurisdicción (art. 63 CPC). TSJ-SPA, sentencia N° 1265 del 31-10-2012, Exp. 2012-810
m. Sumisión tácita
Cuando los argumento de falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos para conocer del caso de autos, son planteados por la parte demandada, la primera vez que actúa en juicio, tal defensa debe entenderse opuesta oportunamente, no operando la sumisión tácita a la jurisdicción del Poder Judicial venezolano (art. 45 LDIP). TSJ-SPA, sentencia N° 499 del 09-05-2012, Exp. 2012-532
Este criterio con relación al demandante se evidencia de la interposición de la demanda y, en cuanto al demandado, queda de manifiesto cuando al contestar la demanda, no alega la falta de jurisdicción del tribunal o no se opone a una medida preventiva (art. 45 LDIP). No se produce la sumisión tácita, cuando la representación de la parte demandada presenta escrito de contestación a la demanda a través del cual opone, entre otras defensas, la falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos para conocer de la demanda incoada. TSJ-SPA, sentencia N° 90 del 08-02-2012, Exp. 2011-119
n. Sumisión expresa: existe sumisión de jurisdicción, cuando las partes, en uso de su autonomía de la voluntad, acuerdan en indicar los órganos jurisdiccionales a quienes someten el conocimiento de sus conflictos (art. 44 LDIP), esta debe constar por escrito, lo cual significa que los interesados deben designar de manera clara, terminante y tajante el Juez a quien desean someterse. TSJ-SPA, sentencia N° 499 del 09-05-2012, Exp. 2012-532
ñ. Voluntaria – autorización para cesión de bienes a un niño, niña o adolescente: se desprende que la solicitud presentada ante los Tribunales de Venezuela, que lo requerido es una autorización judicial para que los padres, venezolanos, cedan a título gratuito un bien inmueble libre de gravámenes y cargas a favor de su hijo también venezolano y domiciliados todos en Venezuela. Se advierte que existe una vinculación efectiva de estos con el territorio de la República y no es aplicable al caso de autos, como erróneamente lo fundamentó el Tribunal remitente, lo establecido en la LDIP en cuanto a la jurisdicción de los tribunales venezolanos cuando se ventilen acciones relativas a la disposición o tenencia de bienes situados en el territorio de la República, ya que no se trata de una acción como las que delimita la referida norma, sino de un asunto de jurisdicción voluntaria en el que se pretende que el Poder Judicial otorgue autorización para que un adolescente pueda recibir el bien que sus padres pretenden cederle. Por lo tanto, obra a favor del referido adolescente, independientemente de que el bien inmueble esté ubicado en el exterior. TSJ-SPA, sentencia N° 1065 del 20-09-2012, Exp. 2012-619
7. Legalización (ver también: 3.a; 5.a.iii) Es competencia del Cónsul venezolano en el exterior (art. 11, num. 29 LOSC). TSJ-SCC, sentencia N° 118 del 28-02-2012, Exp. 2011-675
a. Medios de corrección-Finalidad: en tal sentido, resulta imprescindible distinguir, en primer lugar, la finalidad de cada uno de los medios de corrección de la sentencia (art. 252 CPC), de acuerdo a las deficiencias que se presentan en cada caso particular, sin que las correcciones en ningún caso puedan disminuir o modificar el fondo de los pronunciamientos que en las sentencias se hagan. La finalidad de la ampliación de la sentencia es el pronunciamiento complementario que realice el juez, a petición de parte, sobre algún punto esencial del pleito que hubiese omitido en su decisión; mientras que la aclaratoria tiene por objeto disipar una duda, dilucidar algún concepto ambiguo o explicar una expresión oscura que pueda prestarse a confusión. Por su parte, salvar omisiones consiste en agregar aspectos materiales omitidos en el fallo, mientras que rectificar la sentencia consiste en corregir un error involuntario del tribunal, tales como: los errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos (se sigue doctrina de la SPA, sentencias Nros. 1554, 1860 y 483 del 19-09-2007, 16-12-2009 y 13-04-2011, respectivamente). TSJ-SPA, sentencia N° 428 del 03-05-2012, Exp. 2012-20
b. Extranjera (ver también: 3.a.ii). Es necesario para establecer la admisibilidad de la solicitud de exequátur, determinar si el fallo presentado es de aquellos que pueden ser objeto del procedimiento respectivo de la pautada pretensión, pues fue dictado por la Corte Sharí de Nablus Occidental de la Autoridad Nacional Palestina. TSJ-SCC, sentencia N° 118 del 28-02-2012, Exp. 2011-675
Publicado por E-Boletín de Legislación y Jurisprudencia DIP-UCV en marzo 31, 2013 en Novedades
abril 28, 2013 at 6:06 pm
Conflictos con elementos de extranjería relevantes pueden ser dirimidos ante tribunales venezolanos, determinando a través del artículo 1 LDIP si éstos tienen jurisdicción. En los casos laborales establecen que siempre existe jurisdicción venezolana porque el artículo 2 de la LOTTT indica que las normas que contiene son de orden público, pero éste artículo es sobre derecho aplicable y no sobre jurisdicción, estableciendo erróneamente una especie de criterio de paralelismo y, en opinión de varios aurotes, se está determinando “a priori” el orden público.
mayo 13, 2013 at 11:05 pm
Comentario 8.b TSJ-SCC No. 118 28-02-2012, Exp. 2011-675
La sentencia se vincula al contenido del Derecho Procesal Internacional ya que plantea las consideraciones de la Sala Civil del Tribunal Supremo para otorgar o no eficacia en el territorio venezolano a una sentencia extranjera.
Se plantea la solicitud de reconocimiento de una sentencia de divorcio dictada por la Corte Sharí de Nablus Occidental, Autoridad Nacional Palestina (ANP), para lo cual la Sala en primer lugar y a través de la aplicación del artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado analiza los tratados internacionales que otorgan personalidad jurídica a la ANP reconociéndola como Estado, admitiendo en consecuencia que se trata de una sentencia extranjera susceptible de exequátur, sin embargo lo niega visto que la misma no cumple con los requisitos exigidos por el derecho venezolano para su legalización.
En la sentencia N° 499 del 09-05-2012, el tribunal de primera instancia analiza el artículo 29 de la LDIP sobre la voluntad de las partes en derecho aplicable a las obligaciones convencionales, confundiendo derecho aplicable con jurisdicción; en todo caso debió recurrir a los artículos 39 y siguientes de la LDIP.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 29