Source: http://www.cidh.oas.org/Migrantes/migrantes.00sp.htm
Timestamp: 2018-06-24 23:59:45+00:00

Document:
Anual 2000 - Migrantes
OEA/Ser./L/V/II.111
doc. 20 rev.
II. PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA RELATORÍA DURANTE EL AÑO 2000
56. Para discutir de manera crítica la violación de los derechos humanos de trabajadores migratorios miembros de sus familias en el hemisferio, es preciso comenzarr por entender la naturaleza de la migración como fenómeno social. En este sentido, es importante recalcar que la violación a los derechos fundamentales de estas personas no se da en el vacío, sino que es parte de un contexto y está vinculada a las políticas migratorias de los Estados. La migración es un proceso complejo de múltiples repercusiones políticas, sociales, culturales y económicas que involucra diversos actores cuyos intereses difieren. Estos actores son, por una parte, los Estados que regulan la entrada y la salida de personas para garantizar sus intereses, y por otra, individuos y sus familias que migran porque aspiran a mejorar sus condiciones de vida. Entre los Estados, como ya se mencionó, es posible distinguir entre países receptores, de origen y de tránsito de migrantes.[39]
58. Criterios políticos también determinan la posición de los Estados receptores con respecto a la inmigración. Como norma general, los Estados restringen la entrada de extranjeros cuando la población local comienza a manifestar inquietud o incluso malestar ante la presencia de inmigrantes. Tal actitud por parte de la población local puede deberse a que un exceso de mano de obra producto de la entrada de extranjeros puede provocar una baja en las remuneraciones en el mercado de trabajo. Asimismo, puede obedecer a cierta ansiedad que la presencia de extranjeros sobrecargue servicios sociales prodigados por el Estado concebidos como beneficios sólo para los ciudadanos del país. Los Estados muchas veces restringen la inmigración cuando les preocupa que la presencia de extranjeros cambie los patrones culturales imperantes de un modo impredecible o simplemente indeseable. En muchos países, sobre todo los que tienen una población homogénea, la presencia de extranjeros con religión, apariencia y costumbres distintas puede llegar a generar mucha inquietud en la población local. Los Estados son muy sensibles a este tipo de manifestaciones; por ello, cuando la opinión pública manifiesta su malestar y demanda acciones concretas para restringir la llegada de extranjeros, los gobiernos tienden a implementar medidas anti-inmigratorias. Por el contrario, cuando la opinión pública se manifiesta en forma abrumadora en favor de acoger extranjeros, muchas veces como una medida humanitaria, los Estados tienden a flexibilizar las normas inmigratorias. Los Estados también reducen las restricciones inmigratorias ante la presión de ciertos grupos influyentes. Muchas veces sectores empresariales que requieren de trabajadores migratorios, ya sea porque hay un déficit en la mano de obra o porque les conviene contratar trabajadores foráneos que resultan menos onerosos, presionan a favor de una política de inmigración más permisiva.
59. Al igual que los países receptores, los Estados de origen de los migrantes promueven la emigración de sus nacionales de acuerdo a diversos intereses. Para estos Estados la inmigración muchas veces representa una válvula de escape para problemas sociales. Países pobres caracterizados por una vasta población y tasas de desempleo estructurales promueven la emigración de mano de obra no calificada para aliviar presiones sobre sus servicios sociales. En ciertas ocasiones, algunos gobiernos llegan incluso a promover la fuga de cerebros si es que el mercado de trabajo no es capaz de absorber personal calificado. Los países de origen también pueden estar interesados en promover la emigración para asegurar las remesas enviadas por sus ciudadanos. Para muchos de los países las remesas constituyen una importante fuente de divisas. Por otra parte, las remesas muchas veces representan también un valioso instrumento de política macro económica: varios países, de hecho, las ocupan para cuadrar balanzas de pagos deficitarias. Entre las razones políticas, los Estados de origen pueden promover la inmigración para deshacerse de detractores, o bien para incentivar la formación de personal calificado en el extranjero.[41]
61. Por último, como ya se enfatizó, los flujos migratorios también dependen en parte de los propios migrantes. Son diversas las razones que empujan a las personas a migrar. Gente sale de sus países en busca de un futuro mejor, huyendo de violencia, guerra, pobreza o de la falta de oportunidades económicas. Es importante recalcar, sin embargo, que la motivación de las personas a inmigrar trasciende razones políticas y económicas. Muchas personas emigran para elevar su estatus social. En el caso de mujeres y minorías religiosas o étnicas, la emigración en ocasiones implica la posibilidad de obtener igualdad y un trato más digno.[42]
62. Como se ha señalado, la migración es un proceso complejo cuya naturaleza y características dependen de los intereses económicos, políticos, sociales y culturales tanto de Estados receptores, de tránsito y origen, como también de las motivaciones y aspiraciones de los propios migrantes. Este es el contexto en que se dan los problemas de violaciones a los derechos humanos a migrantes, ya sea de personas que piden asilo político o trabajadores migratorios y sus familias. La mayor parte de dichas violaciones tienen lugar en los países de recepción y tránsito. En este sentido, es importante entender el dilema al que se ven expuestos estos países. Al tratar de regular la inmigración de acuerdo a sus intereses y prioridades, dichos Estados tropiezan con un problema político y ético de muy difícil solución. En el diseño de cualquier política de inmigración, los Estados están forzados a reconciliar dos principios fundamentales pero contrapuestos: por un lado, su derecho a regular la entrada de personas a su territorio de acuerdo a sus necesidades, en otras palabras, de ejercer su soberanía; y por otro, respetar la dignidad intrínseca y el derecho de millones de seres humanos que buscan emigrar de sus países en busca de mejores condiciones de vida para ellos y sus familias.[43]
63. Hasta ahora, esta contradicción se ha resuelto claramente en favor de los Estados los que, parapetados en el principio de la soberanía, limitan la entrada de extranjeros a su arbitrio. Es interesante subrayar, sin embargo, que los Estados propugnan que la emigración es una aspiración legítima, y por ello, abogan por suprimir cualquier restricción a la salida de personas de sus países de origen.[44] Al tratar de controlar la inmigración, sin embargo, los Estados a menudo violan derechos fundamentales de los migrantes. Dichos abusos afectan a gente que ha entrado en forma legal, pero de manera aún más acentuada a trabajadores indocumentados y refugiados. Las violaciones a los derechos humanos de inmigrantes y trabajadores migratorios muchas veces obedecen al deseo deliberado de los Estados de desincentivar la inmigración.
64. A este respecto, es preciso recalcar que inmigrantes y trabajadores migratorios se encuentran en una condición muy vulnerable. Estas personas muchas veces ignoran las leyes y el idioma del país receptor y en varias ocasiones deben enfrentar abierta hostilidad por parte de la población, incluso de las autoridades. La situación es particularmente grave en el caso de los migrantes indocumentados, cuya situación inmigratoria los expone aún más a abusos. De hecho, dada la situación particular de los migrantes se sostiene que estas personas enfrentan una condición de vulnerabilidad estructural.[45] A raíz de ella, los migrantes están expuestos a una serie de atropellos. Entre ellos se pueden mencionar arrestos arbitrarios y la ausencia de debido proceso; deportaciones masivas; discriminación para concesión de la nacionalidad o para acceder a servicios sociales a los que extranjeros tienen derecho por ley; condiciones de detención infrahumanas; apremios ilegítimos por parte de autoridades como policías y funcionarios de inmigración; y completa indefensión cuando son expuestos a condiciones de explotación por parte de empleadores inescrupulosos. Estas situaciones afectan de forma particular a las mujeres y niños migrantes, quienes están además expuestos a excesos como acoso sexual, golpizas y condiciones de trabajo deficiente.
65. Un fenómeno preocupante, no necesariamente vinculado con los Estados, pero que vulnera de modo directo la situación de los migrantes, es el aumento de las mafias dedicadas al tráfico de personas. Dado su poder y recursos estas organizaciones se han transformado en un problema grave. Un estudio reciente indica que el contrabando de personas a Estados Unidos es un negocio que mueve cada año alrededor de 3 mil millones de dólares estadounidenses.[46] Es importante recalcar que estas organizaciones delictivas no sólo lucran de forma ilícita, sino que a menudo maltratan, estafan o despojan a migrantes desesperados que contratan sus servicios. Además, en su afán de burlar la vigilancia de las autoridades, estas organizaciones muchas veces exponen a personas, incluidos mujeres, ancianos y niños, a peligros innecesarios que a veces terminan de forma fatal. Por ejemplo, traficantes de migrantes en ocasiones abandonan a sus clientes en el desierto o en el mar o los transportan en camionetas o contenedores en condiciones de hacinamiento tal que pueden llevarlos a morir por asfixia.
66. Otro fenómeno muy preocupante relacionado con la aparición de mafias dedicadas al tráfico de personas es la criminalización de las fronteras. De forma creciente, las fronteras, sobre todo las caracterizadas por grandes flujos de personas, se han transformado en lugares muy peligrosos donde operan una serie de bandas criminales. Estos grupos aprovechan la condición de vulnerabilidad de los migrantes para cometer todo tipo de fechorías como robos, asaltos, violaciones, extorsión, pillaje y asesinatos. La delincuencia, sin embargo, no solamente se remite a bandas criminales, sino, por desgracia, muchas veces también se extiende a funcionarios corruptos que roban, abusan y extorsionan a trabajadores migrantes. La actitud de estas personas en muchos lugares fronterizos no hace más que agravar la situación general de inseguridad en las áreas fronterizas.[47]
67. Hasta ahora los esfuerzos internacionales para enfrentar el problema creado por la creciente violación de los derechos humanos de millones de migrantes en todo el mundo han sido más bien modestos. Existen una serie de tratados y acuerdos internacionales que prodigan garantías generales a todas las personas, y que se extienden, por ese solo hecho, a quienes migran como la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.[48] Del mismo modo, varios artículos de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos protegen de manera genérica los derechos de estas personas.[49] De modo más específico, los convenios 97 (revisado) de 1949 y 143 de 1975 de la OIT brindan ciertas garantías de protección a los trabajadores migratorios y sus familias. Sin embargo, estos convenios han sido ratificados por pocos países (41 en el caso del convenio 97 y 18 en el del convenio 143).[50] A nivel del sistema de Naciones Unidas, se han desarrollado una serie de iniciativas. Primero, la Asamblea General aprobó la “Convención Internacional de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y los Miembros de sus Familias” en 1990. Más tarde, en 1997, la Asamblea General creó un Grupo Especial de Expertos para tratar el tema de los derechos humanos de los trabajadores migratorios, compuesto por cinco reputados investigadores y encabezado por Jorge Bustamante.[51] Dos años después, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU nombró a Gabriela Rodríguez Pizarro como Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Trabajadores Migratorios.[52] Asimismo, recientemente en el marco de la Convención de Naciones Unidas en Contra de la Delincuencia Organizada Transnacional, varios Estados suscribieron el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire.[53]
68. Entre sus puntos principales, la Convención Internacional de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y los Miembros de sus Familias busca ampliar los mecanismos de protección para los trabajadores migratorios y sus familias, sobre todo en los siguientes temas: condiciones de explotación y discriminación; control del tráfico ilegal de personas; y creación de lineamientos claros con relación a los beneficios sociales a los que debieran tener acceso estas personas. Lamentablemente, a más de diez años de su aprobación, la Convención no ha podido entrar en vigencia ya que hasta ahora sólo ha sido ratificada por 16 países (Azerbaiján, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Cabo Verde, Egipto, Ghana, Guinea, México, Marruecos, Filipinas, Senegal, Las Islas Seychelles, Sri Lanka, Uganda y Uruguay) y firmada por otros diez ( Bangladesh, Chile, Comoros, Guatemala, Guinea-Bissau, Paraguay, Sao Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Tayikistán y Turquía). [54]
69. El bajo nivel de ratificación y sobre todo el hecho de que no la ha suscrito ningún país desarrollado, ni siquiera los más progresistas en materia de legislación internacional en derechos humanos, como Suecia, Dinamarca, Noruega, Holanda y Finlandia, le han restado cierta legitimidad al documento. Muchos países se han negado a firmar la Convención porque sienten que es un instrumento excesivamente generoso, sobre todo en cuanto a la extensión de beneficios sociales a extranjeros, incluso indocumentados. En este sentido, muchos Estados se niegan a ratificar el instrumento porque temen que éste no sólo restringiría su capacidad para regular los flujos migratorios de acuerdo a necesidades e intereses, sino que también generaría mucha inquietud en la ciudadanía, sobre todo en circunstancias en que el número de migrantes ha crecido y la economía mundial muestras signos de debilidad.[55]
70. La falta de apoyo por parte de los países se traduce en que los trabajadores migratorios y los miembros de sus familias se encuentran en una situación de indefensión. En su último informe, Gabriela Rodríguez Pizarro enfatiza este problema al advertir que con respecto a este grupo existe un vacío importante en la jurisprudencia internacional de derechos humanos. La Relatora Rodríguez manifiesta que “el régimen casi universal de protección a los refugiados permite reconocer y remediar las violaciones de los derechos civiles y políticos sobre todo cuando amenazan la vida y la seguridad de las personas de tal modo que éstas se sienten obligadas a huir de su país. Pero no existe igual reconocimiento de las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, que también pueden ser tan graves que obliguen a las personas a huir de sus lugares de origen. No se reconoce, por lo tanto, la necesidad de proteger de alguna medida a las personas que no quieran o no puedan volver a situaciones en las que a falta de derechos económicos, sociales y culturales hace la supervivencia precaria o imposible.” [56]
71. Como se señaló con anterioridad, algunos países han formado grupos de trabajo para intercambiar ideas y ver cómo abordar el problema presentado por los trabajadores migrantes. Los quince miembros de la Unión Europea, que han avanzado en la armonización de sus políticas de inmigración a través de la firma de la Convención de Dublín sobre Asilo (1997) y del Tratado de Amsterdam (1999), han discutido por ejemplo medidas para asegurar que el trato a los migrantes se lleve a cabo de acuerdo a los estándares fijados por la Convención Europea de Derechos Humanos. El Consejo de Europa también ha aprobado resoluciones y declaraciones en las que fija normas y principios para determinar el trato de trabajadores migratorios. [57] Iniciativas como éstas, sin embargo, lamentablemente constituyen una excepción.
V. DISCRIMINACIÓN, XENOFOBIA Y RACISMO EN CONTRA DE LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS EN EL HEMISFERIO
73. Mary Robinson, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, recientemente declaró que la migración a gran escala ha provocado un aumento preocupante de casos de racismo y xenofobia.[58] Uno de los grupos más afectados por este problema son los trabajadores migratorios y sus familias quienes, independientemente de su condición legal, son comúnmente el blanco de actos de discriminación o de manifestaciones racistas o xenófobas. [59] Como reflejo de esta tendencia, un número significativo de países han experimentado en los últimos años incidentes extremadamente serios de xenofobia. En Europa, por ejemplo, en países como Alemania, Francia, Austria, e Italia, grupos de ultra derecha han perpetrado violentos ataques en contra de trabajadores migratorios de origen africano, turco, europeo del este o latino. En Libia, el año pasado la población local organizó violentos pogroms en contra de trabajadores visitantes de Ghana, Nigeria y Chad. Trabajadores migratorios de Bangladesh e Indonesia han recibido cruentas golpizas en Malasia. En Sudáfrica, en tanto, trabajadores migratorios de Angola, Mozambique, la República Democrática del Congo, entre otros, han sido asesinados o linchados por la población local.
75. De igual modo, los trabajadores migratorios y sus familias son a menudo hostigados o maltratados por las propias autoridades. En varios países, la policía controla de manera regular la documentación de los trabajadores migratorios también realiza redadas en lugares donde extranjeros se reúnen o residen, muchas veces sin que haya un motivo aparente para tal vigilancia. Los extranjeros son arrestados en repetidas ocasiones sin motivo, golpeados o insultados por las autoridades. Peor aún, muchas mujeres migrantes denuncian regularmente que han sido violadas por la policía. Por otro lado, la policía muchas veces no interviene cuando la población local fustiga o maltrata a trabajadores extranjeros, o bien simplemente se niega a investigar denuncias de maltrato interpuestas por trabajadores extranjeros.[60] Por último, en numerosos países se promulgan legislaciones y se mantienen prácticas discriminatorias en contra de trabajadores extranjeros, incluyendo parcialidad en el otorgamiento de visados y reglamentaciones abiertamente discriminatorias para insertarse en el mercado laboral.[61]
76. Al igual que la migración, el racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación son fenómenos sociales bastante complejos. Por ello, nos parece pertinente explicar, aunque sea de manera breve, la naturaleza de dichas manifestaciones, y en particular como éstas pueden afectar la política migratoria de los Estados. De acuerdo a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas la Formas de Discriminación Racial de Naciones Unidas,[62] la discriminación es “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o cualquier otra esfera de la vida pública.”(Artículo 1). El racismo, en tanto, es definido como una ideología basada en la idea de que los seres humanos deben estar separados en diversos grupos y que éstos pueden ser jerarquizados de acuerdo a criterios con respecto a su inteligencia, moralidad, habilidades o capacidades. La xenofobia, por último, se refiere a un odio irracional en contra de los extranjeros o de personas que son percibidas como foráneas.[63]
77. Expresiones de intolerancia y discriminación, como el racismo y la xenofobia, se asocian a manifestaciones de etnocentrismo; esto es, la creencia por parte de un determinado grupo que su cultura es superior o más valiosa que otras. El etnocentrismo muchas veces se entremezcla con tintes de racismo, lo que refuerza la impresión de supremacía por parte de ciertas culturas o pueblos. Aunque en grados diferentes, conductas etnocentristas derivadas de y exacerbadas por creencias religiosas, procesos de unificación nacional, diferencias lingüísticas, y desarrollos históricos, entre otros factores, y difundidas por sistemas educacionales han llevado a que conductas etnocentristas se hayan enraizado en prácticamente todas las naciones del mundo.[64]
78. Como se reseñó en la sección anterior, ciertas condiciones políticas son un factor importante en el diseño de las políticas migratorias por parte de los Estados. Entre ellas destacan el nivel de receptividad que la población local muestre frente a la presencia de extranjeros.[65] En cuanto a la discriminación y la xenofobia, algunos estudios han mostrado que en países heterogéneos con tradición inmigratoria (Canadá, Estados Unidos, Australia, Brasil, Nueva Zelanda y Argentina) la población, en general, tiende a mostrarse mucho más abierta a la presencia de inmigrantes. En estos casos, la interacción de diversas culturas contribuye a desmitificar los supuestos “efectos nocivos’ de la inmigración. Por el contrario, en países racial, religiosa y culturalmente más homogéneos y sin demasiada tradición inmigratoria (Alemania, Italia), la falta de contacto con extranjeros hace que la población local se muestre más recelosa e intolerante.[66]
79. Si bien en el hemisferio americano los incidentes de xenofobia, racismo y discriminación en contra de extranjeros no han adquirido la misma resonancia que en otras regiones, dichas manifestaciones son bastante comunes. Que este problema pase desapercibido refleja la ausencia de una reflexión sincera y la falta de una discusión abierta y franca frente al tema en gran parte de los países del hemisferio. El caso de Estados Unidos es paradigmático, ya que mientras la discriminación racial en contra de ciudadanos estadounidenses ha sido un tema ampliamente tratado, la xenofobia ha recibido escasa o nula atención. En América Latina y el Caribe, de un modo incluso más evidente, el tema ha sido absolutamente dejado de lado. A este respecto, el Seminario Regional de Expertos para América Latina y el Caribe Sobre Medidas Económicas, Sociales y Jurídicas para Luchar Contra el Racismo con Referencia Especial a los Grupos Vulnerables concluyó que en la mayor parte de América Latina y el Caribe la discriminación racial y la xenofobia son negadas o bien minimizadas tanto por el poder estatal como por la sociedad. También recalcó que en la región existe discriminación racial e intolerancia en contra de grupos indígenas, afroamericanos y mestizos, minorías como las comunidades judías y romaníes y grupos vulnerables como mujeres, niños, discapacitados, adolescentes y ancianos. [67]
80. Con respecto a la situación de los trabajadores migratorios y sus familias, el foro subrayó que en América Latina y el Caribe éstos “sufren, en general, una discriminación estructural que se expresa en diversas formas de exclusión y de reducción de posibilidades en su inserción ocupacional y en su acceso a instituciones del Estado en igualdad de condiciones. Asimismo, las relaciones interpersonales son objeto a menudo de prejuicios raciales y de discriminación.”[68]
81. La discriminación, el racismo, la xenofobia y otras manifestaciones de intolerancia en el hemisferio americano tienen su génesis en preconcepciones raciales y culturales traídas por los conquistadores europeos y fomentadas durante siglos de colonización. Actitudes de intolerancia y discriminación racial fueron reforzadas durante los procesos de independencia a principios del siglo XIX, cuando las nuevas autoridades continuaron con políticas de exclusión y de forma deliberada estigmatizaron y sometieron a indígenas y afroamericanos.[69]
83. Varios países del hemisferio se han visto afectados por denuncias de xenofobia en contra de trabajadores migratorios y sus familias. Numerosas organizaciones no gubernamentales (ONGs), la prensa y muchos gobiernos centroamericanos, incluidos Guatemala y Honduras, han revelado que en México trabajadores extranjeros son víctimas de discriminación y xenofobia por parte de la población, y en particular las autoridades. De igual modo, ONGs y el gobierno boliviano han denunciado que en Argentina existe xenofobia en contra de peruanos y bolivianos.[70] En Venezuela, por décadas se han recibido denuncias de maltrato en contra de inmigrantes y trabajadores migratorios colombianos. En Chile, en tanto, informes de organizaciones de derechos humanos y la prensa han difundido la existencia de algunos incidentes de xenofobia que han afectado de manera principal a inmigrantes peruanos. Asimismo, varios gobiernos centroamericanos y el mexicano, ONGs de derechos humanos y la prensa han denunciado que mexicanos y centroamericanos son blanco de ataques xenófobos y de discriminación racial en Estados Unidos. En su respuesta al cuestionario enviado por esta relatoría, el Gobierno de Estados Unidos reconoce de forma franca la existencia de incidentes y muestra su disposición a tomar las medidas adecuadas para remediar la situación. De igual modo, en su respuesta al cuestionario enviado por esta relatoría, el Gobierno de Costa Rica reconoce la existencia de brotes de xenofobia en contra de trabajadores nicaragüenses. Quizás uno de los casos más serios dice relación con la República Dominicana, donde la discriminación que sufren haitianos (así como dominicanos de origen afroamericano) parece ser sistemática. En su informe anual, Amnistía Internacional denuncia una serie de abusos en contra de haitianos como redadas policiales, maltratos y deportaciones forzosas masivas que contravienen normas internacionales.[71]
93. Nuestra segunda sugerencia en materia penal, es que se dispongan mecanismos de derecho interno para asegurar el acceso consular oportuno y facilitar la asistencia que los funcionarios consulares de su país estén en condiciones de brindarle. Este principio está claramente explicitado como obligación internacional de los Estados en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares,[72] ratificada por muchos de nuestros países. De todos modos, hay amplio acuerdo sobre el carácter de derecho internacional consuetudinario de esta norma sobre relaciones consulares. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ratificado en la Opinión Consultiva OC-16, que esta regla importa un derecho subjetivo del que es titular todo extranjero sometido a proceso, y que la falta de cumplimiento vicia de nulidad el procedimiento penal respectivo, por violación de los principios del debido proceso de ley.
95. En todo trámite o procedimiento de índole no penal a que pueda verse sometido un trabajador migratorio, debe regir también un cierto quantum de debido proceso. Ciertamente, ello no significa que las mismas garantías que son indispensables en un proceso penal deban aplicarse, por ejemplo, a la determinación de sanciones por infracciones de tránsito. Sin embargo, en todos los casos en los que está en juego el goce efectivo de un derecho o un interés legítimo, las decisiones de la autoridad pública deben adoptarse sólo después de que el interesado sea debidamente escuchado por las autoridades. Ese quantum de debido proceso depende del resultado que se puede esperar del proceso mismo. En el derecho penal, el acusado puede perder su libertad (y en algunos países y casos, su vida) y por eso allí las garantías son las máximas que el derecho contemporáneo ha creado para evitar injusticias. A medida que se desciende en el orden de importancia de los valores en juego, los contenidos del debido proceso legal pueden ser menores, en medidas compatibles con el principio general y también con la celeridad y eficacia de las decisiones de la autoridad. Este principio de debido proceso, con este grado de flexibilidad, se aplica no sólo a las decisiones jurisdiccionales sino también a las que adoptan las autoridades administrativas en la esfera de su competencia. Desde luego, sería imposible en este informe elaborar un catálogo de garantías procesales a ser aplicadas en cada contexto judicial o administrativo. Por ello, nos limitamos sólo a dejar enunciado el principio de que un mínimo de debido proceso es necesario aún en el ámbito del derecho administrativo, como lo estableció la Comisión Europea de Derechos Humanos en el Caso Hortolomei v. Austria.[73]
3. Los Estados no pueden discriminar en su política migratoria por razones de raza, color, religión, origen nacional o social, opinión política o de otra índole, idioma, estatus económico, nacimiento, sexo o género o preferencia sexual, u otra condición social (artículo 1(1), Convención Americana sobre Derechos Humanos). Este principio de igualdad y no-discriminación está consagrado en el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el 24 de la Convención Americana. La preferencia sexual como categoría prohibida para estos fines se entiende comprendida en la noción de sexo, según el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Caso Toonen vs. Australia).[74] El principio se aplica al goce y ejercicio de todos los derechos consagrados en los instrumentos internacionales, y a todos los beneficios de la política social de un Estado (conf. Artículo 2(2), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). A juicio de esta Relatoría, no hay razón alguna que permita exceptuar a la política migratoria de la aplicación del principio de no-discriminación. Es sin embargo obvio que, en materia de política migratoria, discriminar entre ciudadanos y extranjeros, y entre extranjeros con estatus regular y sin él, es permisible.
99. En nuestra observación de las prácticas en el hemisferio, hemos constatado la ausencia en muchos casos de normas claras sobre tales garantías. Asimismo, que existe una gran discrepancia entre los países sobre esta importante materia. Nos permitimos, entonces, sugerir la necesidad de un debate sobre las normas mínimas de debido proceso aplicables a determinaciones de estatus y exclusiones y deportaciones. Aunque no haya llegado aún el momento de proponer instrumentos al respecto – precisamente porque ello debe estar precedido de un debate riguroso entre Estados, organismos de la sociedad civil, académicos y órganos de protección internacional – adelantamos nuestra intención de contribuir al desarrollo de un instrumento tal en el momento oportuno. Por ahora, y a efectos de generar el debate que propiciamos, ofrecemos las siguientes consideraciones.
A. Adjudicador responsable e imparcial: Las decisiones en materia migratoria no pueden ser delegadas a funcionarios policiales o administrativos no especializados. El funcionario que toma estas determinaciones debe ser responsable ante la ley, ante sus superiores jerárquicos, y ante organismos de control horizontal, por la legalidad de las mismas. Su nombramiento y su ubicación en la estructura administrativa del Estado deben estar rodeados de garantías de imparcialidad y “blindados” contra posibles presiones e influencias. Nótese que no postulamos que estas decisiones deban ser tomadas exclusivamente por jueces. A nuestro juicio, es compatible con el derecho internacional de los derechos humanos que estas decisiones se confíen a funcionarios administrativos. En ese caso, sin embargo, tales funcionarios deben reunir las características de imparcialidad y responsabilidad mencionadas.
B. Derecho a ser oído: En estos procedimientos, el trabajador migratorio debe tener y gozar efectivamente del derecho a ser escuchado para alegar lo que estime correspondiente y así defender su derecho a no ser deportado. Este derecho a una audiencia debe extenderse a su capacidad para conocer y contradecir la prueba que se ofrezca en su contra, y para ofrecer y producir pruebas pertinentes, así como la oportunidad razonable para hacerlo.
C. Información, traducción e interpretación: Debe garantizarse que el inmigrante, cualquiera sea su status, entienda el procedimiento al que está sujeto, incluidos los derechos procesales que le asisten. A tal fin, de ser necesario, deben ofrecerse servicios de traducción e interpretación en el idioma que la persona entienda.
D. Representación legal: Debe garantizarse a la persona presuntamente deportable la posibilidad de ser representado por abogados de su elección, o bien de personas idóneas en la materia. Tal vez no sea exigible que el Estado provea defensa profesional gratuita, como en materia penal; pero al menos debiera ofrecerse representación gratuita a los indigentes. Asimismo, la información mencionada en el punto anterior debe incluir, para todos los interesados, alguna forma de asesoría especializada sobre los derechos que asisten al inmigrante.
E. Revisión Judicial: Como se ha dicho, es lícito que estas decisiones se adopten en la esfera administrativa. Pero en todos los casos debe haber posibilidad de revisión judicial de las decisiones, ya sea por vía de recursos en lo contencioso-administrativo o por vía de amparo o habeas corpus. No postulamos que cada decisión administrativa de deportación deba ser examinada de novo por la justicia, pero sí que los jueces deben reservarse un mínimo de control de legalidad y de razonabilidad de las decisiones del poder administrador, para satisfacer el deber de garantía del Art. 1.1 y el derecho a un recurso rápido y eficaz previsto en el Art. 25 de la Convención Americana.
F. Acceso a Autoridades Consulares: Como se ha indicado, nos parece fundamental que se tomen todas las acciones tendientes a garantizar el acceso consular oportuno, sobre todo de quienes se encuentran detenidos. Dicho acceso debiera hacerse de acuerdo a las cláusulas específicas establecidas por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
G. Condiciones de Detención Apropiadas. Debe garantizarse que las personas detenidas reciban un trato humano y que las condiciones de su detención no pongan en riesgo su salud o su vida. Las condiciones de detención deben satisfacer los estándares mínimos fijados por normas internacionales como la Convención Contra la Tortura y Tratamiento o Castigo Cruel, Inhumano o Degradante,[75] y los Acuerdos de Naciones Unidas Sobre Condiciones Mínimas para el Tratamiento de Prisioneros,[76] entre otros instrumentos.
100. En resumen, esta sección revisó de manera somera las garantías de debido proceso que resguardan los derechos de los trabajadores migratorios sometidos a procedimientos judiciales en países de destino y tránsito. Se señaló que en los países del hemisferio los trabajadores migratorios se encuentran sometidos a diversos procedimientos judiciales o administrativos en materia civil y penal. Asimismo, se enfatizó que los Estados deben proveer las garantías necesarias para asegurar que los procedimientos judiciales y administrativos sean justos. En este sentido, se sugirieron reglas de debido proceso que, unidas a la vigencia efectiva de las obligaciones internacionales mencionadas antes, contribuirían enormemente a dar certeza y seguridad jurídica a las decisiones en materia de deportación, así como a asegurar un mínimo de legalidad y justicia aplicable en todo el hemisferio. Es importante subrayar, sin embargo, que las reglas sugeridas no constituyen una lista cerrada ni excluyente de otros principios. Por ahora, las ofrecemos como base para una discusión más amplia.
VII. CONDICIONES DE DETENCIÓN
101. Lamentablemente no existe demasiada información comparada respecto a las condiciones de detención de trabajadores migratorios y sus familias en el hemisferio. Hasta ahora sólo se cuenta con algunas crónicas de prensa y reportes de ONGs. Entre estas últimas destacan un informe difundido por Human Rights Watch (1998) sobre la condición de peticionarios de asilo y trabajadores migratorios detenidos en Estados Unidos.[77] Recientemente, en tanto, la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM) presentó un completo informe sobre la situación migratoria en Norte y Centro América en donde prodiga información comparada sobre condiciones de detención en 11 países.[78] Del mismo modo, el “Seminario sobre Estándares y Procedimientos Mínimos para la Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes en Situaciones de Detención, Aseguramiento, Expulsión/ Deportación y Recepción”, efectuado en Guatemala en el año 2000, generó valiosa información sobre la materia. Para dicho encuentro, la agrupación Sin Fronteras envió un cuestionario a diferentes Estados para recabar información sobre las condiciones de detención de trabajadores migratorios en varios países de Centro y Norte América. La presente sección de nuestro informe se basa en los informes arriba mencionados.
102. Es preciso partir por indicar que las respuestas enviadas por los Estados al cuestionario de Sin Fronteras dejaron entrever que las condiciones de detención de estas personas son extremadamente deficientes en la mayor parte de los países. En particular, dado que los Estados reconocían que gran parte de los migrantes detenidos son enviados a recintos penales comunes, en donde, con la excepción de Canadá y en menor medida Estados Unidos, la situación en el hemisferio es francamente deplorable. Este informe no cuenta con información fidedigna sobre Sudamérica; por lo tanto, sólo hace referencia a las condiciones de detención de trabajadores migratorios en Centro América, Norte América y República Dominicana.
103. En muchos países de recepción o bien de tránsito, los trabajadores migratorios y sus familias son detenidos ya sea porque infringieron la ley, porque intentaron entrar con documentación falsa, o bien por su condición de indocumentados.[79] Como regla general, la detención de trabajadores migratorios pone a las autoridades en un difícil predicamento, ya que significa una carga extra para el sistema legal, peso que muchos Estados sencillamente no están en condiciones de asumir.
104. En el caso de trabajadores migratorios que han violado la ley, su condición es la mayor parte de las veces parecida a la de la población penal del país donde fueron apresados (en algunas ocasiones, claro, su situación es algo peor ya que son discriminados por el resto de los reclusos y por las autoridades carcelarias). El caso más grave, sin embargo, afecta a quienes son detenidos a raíz de una situación inmigratoria irregular. A diferencia de quienes delinquen, estas personas son detenidas por razones administrativas, no criminales. En otras palabras, las autoridades los detienen no para que cumplan condena o porque estén en proceso por su presunta participación en actos criminales, sino más bien para resolver su situación inmigratoria. Esto significa que, tras su detención, las autoridades o bien oficializan su situación inmigratoria y les extienden documentación adecuada o, por el contrario, los deportan a su país de origen o a un tercer Estado que esté dispuesto a recibirlos. Sin embargo, en algunos casos, los trabajadores migratorios no autorizados quedan detenidos. Esto puede deberse a varios factores: a) si tras ser detenido alguien interpone un recurso contra la deportación; b) si las autoridades consulares no pueden comprobar la nacionalidad de ciertas personas; c) si el país de origen de los migrantes detenidos se niega a aceptarlos; y d) si el Estado designado como receptor no cuenta con los medios para pagar la deportación de estas personas.[80]
105. Por desgracia, no existe suficiente información acerca del número de trabajadores migratorios detenidos cada año en el hemisferio. Se presume, sin embargo, que el número es bastante alto. Por ejemplo, las autoridades estadounidenses reconocen que al año llevan a cabo cerca de 1.6 millones de arrestos. Dado que muchas personas son arrestadas dos, tres y hasta más veces intentando ingresar a Estados Unidos, es difícil establecer con certeza cuánta gente es efectivamente detenida.[81] A modo de referencia, según el Comité Estadounidense para Refugiados (USCR), el INS detuvo el año pasado 200 mil personas.[82]
106. De cualquier forma, gran parte de los países del hemisferio, incluso los más pudientes, no cuentan con los recursos, la infraestructura y el personal para procesar de forma eficiente los casos de cientos de miles de trabajadores migratorios detenidos por su condición de indocumentados. Más allá de la escasez de recursos, sin embargo, quizás el problema de fondo tiene que ver con la criminalización de la que son objeto los migrantes no autorizados. Tratar a trabajadores migratorios indocumentados como verdaderos delincuentes es lamentablemente muchas veces una acción premeditada y corresponde al deseo de algunos gobiernos de inhibir la entrada de extranjeros. De acuerdo a la lógica que manejan muchos Estados receptores y de tránsito, prodigar un trato blando a quienes quieren ingresar sin la documentación adecuada incentiva a que más personas intenten inmigrar; por el contrario, un trato duro e inflexible sirve para asustar y desalentar a potenciales migrantes.
107. Dicha estrategia empieza desde el momento en que son detenidos los migrantes no autorizados. En este sentido, en Norte América, Centro América y República Dominicana, los trabajadores migratorios son detenidos con brusquedad, en ocasiones incluso con violencia. Algunos son golpeados, insultados o maniatados. Muchas veces, las autoridades no les explican sus derechos ni fundamentan la razón de la detención. Además, en repetidas ocasiones funcionarios sin atribuciones o competencia arrestan migrantes no autorizados, muchas veces con el propósito de extorsionarlos. Por otra parte, las autoridades no usan criterios específicos para interceptar a personas sospechosas de haber cruzado la frontera sin la documentación pertinente. Por el contrario, muchas veces interceptan personas con el objetivo de detenerlas a raíz de su apariencia física, vestuario, lenguaje y hasta su olor, lo que evidentemente demuestra un grado preocupante de discriminación. [83]
108. Una vez arrestados, los migrantes son esposados y transportados a estaciones de policía o lugares de detención provisoria donde son fichados. Tras el arresto, la gran mayoría son enviados a recintos carcelarios comunes. Casi siempre los detenidos son separados de sus familias y a menudo sus efectos personales son requisados o robados por funcionarios abusivos.[84]
109. Es importante consignar que, enfrentados al problema de tener que detener a un alto número de personas en circunstancias en que no existen recintos especiales y que la capacidad carcelaria está al límite, los Estados recurren muchas veces a lugares que no reúnen las condiciones adecuadas. Los Estados recluyen a trabajadores migratorios no autorizados en diversos lugares, entre ellos, centros especiales de detención, oficinas de migración, estadios de fútbol, gimnasios y hoteles. La mayor parte de los trabajadores migrantes, sin embargo, son detenidos en recintos carcelarios de diversa índole. Según Human Rights Watch, en 1998, el sesenta por ciento de los inmigrantes detenidos por razones administrativas en Estados Unidos, el país más rico del hemisferio, fueron enviados a prisiones comunes.[85] No existe información confiable con respecto a otros países.
110. Es importante consignar que en opinión de esta Relatoría, los inmigrantes indocumentados son, en el peor de los casos, infractores a normas administrativas. No son a nuestro entender, ni criminales ni sospechosos de cometer delitos. Dada su condición, estas personas deben ser retenidas en recintos de detención y no en prisiones comunes. En este sentido, trabajadores migratorios deben permanecer junto a sus familiares en espacios relativamente abiertos y no ser colocados en celdas. De igual modo, tendrían que tener acceso a bibliotecas, recreación, atención médica y derecho a salir un espacio al aire libre al menos por una hora cada día. Los recintos de detención también deberían contar con manuales con información en varios idiomas acerca de la condición legal de los detenidos, fichas con nombres y teléfonos de asesores legales y organizaciones a los que estas personas pudiesen recurrir para pedir apoyo si así lo estiman pertinente. Del mismo modo, visitas de parte de autoridades consulares, familiares, asesores legales u otras personas no deben en ningún caso ser restringidas.
111. Muy por el contrario, sin embargo, por lo general los trabajadores migratorios son enviados a cárceles caracterizadas por deficientes condiciones, donde muchas veces su salud e incluso su vida corren peligro. Esta Relatoría ve con mucha preocupación el hecho de que en numerosas ocasiones las autoridades migratorias, de quienes en última instancia depende el bienestar de los trabajadores migrantes, no monitoreen que las condiciones de detención de estas personas sean adecuadas. Peor aún, en una muestra de negligencia gravísima, a menudo las autoridades migratorias sencillamente pierden el rastro de las personas detenidas, quienes, pendiente su situación migratoria, languidecen por largos períodos en recintos de detención. En este sentido, las autoridades migratorias habitualmente transfieren ilícitamente la responsabilidad de velar por el bienestar de trabajadores migratorios detenidos a las autoridades carcelarias. Es preciso subrayar, sin embargo, que estas últimas no tienen formación en derechos humanos o derecho migratorio y que, por lo tanto, no saben cómo relacionarse con personas en detención administrativa.
112. Una vez en los recintos penitenciarios, los trabajadores migratorios son sometidos a un sinnúmero de abusos por las autoridades carcelarias. Guardias o gendarmes con frecuencia roban, golpean o someten a crueles castigos a los trabajadores migrantes. Esto afecta de modo particular a extranjeros que no hablan el idioma del país y que por ello tienen dificultades para entender las reglas de recintos carcelarios o bien para comunicarse con las autoridades de las prisiones. Por otra parte, en abierta violación a sus derechos, los trabajadores indocumentados son mezclados con reos comunes, muchos de los cuales cumplen condenas por delitos graves como homicidio, violación, o robo con violencia. Los menores de edad, asimismo, son mezclados con la población penal en recintos carcelarios para adultos. Al interior de las cárceles, reclusos que cumplen condenas y que están organizados en bandas extorsionan, roban, golpean y hasta matan a trabajadores migrantes.
113. Además del abuso al que son sometidos por reclusos y autoridades, los trabajadores migratorios detenidos deben soportar terribles condiciones físicas de detención. Al igual que los reos comunes, los trabajadores migratorios detenidos quedan hacinados en pequeñas celdas sin ventilación ni luz adecuadas. Las condiciones de higiene, en tanto, son muchas veces tan deficientes que ponen en riesgo la salud de los detenidos: la gente comparte celdas con ratones e insectos, los baños nunca son apropiadamente desinfectados y la deficiente manipulación de alimentos los expone a infecciones y enfermedades. Los trabajadores migratorios tampoco reciben ropa, elementos de aseo ni ropa de cama. Más grave aún, los detenidos muchas veces no tienen acceso a servicios de salud: gran parte de las cárceles no tienen médicos ni enfermerías y los reclusos tampoco reciben medicinas. En muchos casos, presidiarios con enfermedades contagiosas como SIDA, tuberculosis y hepatitis no son aislados del resto de la población penal.
114. Por otra parte, los trabajadores migratorios no tienen acceso a ejercicio o a recreación. Además, tienen dificultades para comunicarse con sus familiares y asesores legales porque muchas veces las visitas son denegadas, no hay acceso a teléfonos o bien se aplican reglamentos muy estrictos que les impiden recibir o enviar correspondencia. Del mismo modo, en repetidas ocasiones, los detenidos son trasladados de recinto sin previo aviso, lo que lleva a que pierdan contacto con sus familiares y asesores.
115. Las condiciones de detención de trabajadores migratorios y sus familias aquí detalladas indican que los Estados están violando en forma sistemática normas fundamentales de derechos humanos. Es importante reiterar que la detención de inmigrantes es de carácter administrativo. Por ello es una detención de naturaleza civil que de ningún modo debería ser usada como un castigo. Lamentablemente, la gran mayoría de los Estados del hemisferio no poseen estándares claros para guiar el proceso de detención de trabajadores migratorios y peticionarios de asilo.[86] En este sentido, esta Relatoría quiere destacar la reciente adopción por parte de Estados Unidos de estándares para regular la detención de dichas personas. Pensamos que esta medida es positiva y debiera ser emulada.
116. Es preciso indicar que varias normas internacionales de carácter general protegen a los trabajadores migratorios u otros migrantes no autorizados en situación de detención. De acuerdo al Pacto Internacional sobre Derechos Políticos y Civiles, “toda persona privada de libertad debiera ser tratada con humanidad y con respeto a la dignidad inherente de la persona humana” (artículo 7).[87] De modo similar, de acuerdo a la Convención Contra la Tortura y Tratamiento o Castigo Cruel, Inhumano o Degradante, las personas detenidas no pueden ser sometidas a tortura o tratamientos crueles y degradantes.[88] Por otra parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos así como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos también proscriben la violación de los derechos fundamentales de las personas detenidas.[89]
117. Por otro lado, numerosas normas específicas establecen estándares mínimos en cuanto al trato que deben recibir las personas privadas de libertad. Entre ellas se cuentan los Acuerdos de Naciones Unidas Sobre Condiciones Mínimas para el Tratamiento de Prisioneros, así como las Normas de Protección de las Personas Encarceladas.[90] Este último acuerdo goza de una legitimidad casi universal, en tanto incluye normas vinculantes según tratados de derechos humanos. Con respecto a las condiciones que debieran tener los detenidos, entre los principios más importantes enumerados en estas Normas es posible mencionar: a) separación de acuerdo a sexo, edad, y prontuario criminal; b) derecho a ser informado de todos sus derechos en un lenguaje que la persona entienda; c) el derecho a comunicarse y a recibir la visita de autoridades consulares, asesores legales y de la familia; d) acceso a tratamiento médico en caso de enfermedad; f) derecho a por lo menos una hora de ejercicio al aire libre cada día; g) prohibición del uso de esposas, cadenas, grilletes o camisas de fuerza. La validez de estos principios fue robustecida en 1988 tras la adopción por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas de los Principios para la Protección de Todas las Personas en cualquier condición de Detención o Reclusión.[91]
118. En resumen, a pesar de cierta falta de información comparada, es posible señalar que las condiciones de detención de trabajadores migratorios en Centro América, Norte América y República Dominicana son preocupantes. En este sentido, se indicó que los trabajadores migratorios son sometidos a abusos y a recluidos en condiciones deplorables, sobre todo en cárceles comunes, algo que no se condice con su situación legal. Esta Relatoría ve con preocupación que, a pesar de que varios Estados han firmado acuerdos internacionales o aceptado la validez de normas universales respecto al trato de personas detenidas, en el hemisferio la situación general de trabajadores migratorios los miembros de sus familias detenidos es crítica.
119. Con el objetivo de presentar un panorama completo respecto a las condiciones de detención de los trabajadores migratorios y sus familias, esta relatoría enviará un nuevo cuestionario a los Estados. En él se recabará información acerca del número de trabajadores migratorios detenidos y las condiciones de detención de estas personas, sobre todo en el caso de los países sudamericanos de los cuales se tiene mínima información. Nos interesará especialmente inquirir sobre la existencia y eventual eficacia de mecanismos oficiales de control sobre condiciones carcelarias y su aplicación a la situación de personas detenidas por su estatus migratorio. Con mayor información, estaremos eventualmente en posición de formular algunas recomendaciones prácticas sobre este tema. La Relatoría también explorará la posibilidad de recabar información acerca de la materia a través de contribuciones por parte de organizaciones con presencia en el terreno tales como iglesias, o bien ONGs de derechos humanos.
[41] Teitelbaum, Op. cit. pp. 29; Weiner, Op. cit.: 140-4, Zolberg (1981), op cit. pp., 6-25; Zolberg (1999), Op. cit., pp., 276-80.
[42] Teitelbaum, Op. cit., pp., 29; Weiner Op. cit., 140-4, Zolberg (1981), Op cit., pp., 6-25; Zolberg (1999), Op. cit., pp., 276-80.
[43] Weiner, Myron. “Ethics, National Sovereignty and the Control of Immigration.” International Migration Review (30) 1, 1996, pp. 171.
[44] En la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Amercana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los Acuerdos de Helsinki, por ejemplo, se establece el derecho inalienable de todas las personas a emigrar.
[45]Naciones Unidas. Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en los Derechos Humanos de los Migrantes, Informe E/CN.4/AC.46/1998/5, párrafo 28; Naciones Unidas, Derechos Humanos de los Migrantes, Informe E/CN.4/2000/82, párrafo 13.
[46] Skeldon, Ronald. “The Emergence of Trans-Pacific Migration,” en Cambridge Survey of World Migration (Robin Cohen ed.). New York: Cambridge University Press, 1995, pp. 536.
[47] Esta situación se grafica muy bien en el siguiente informe: Venet, Fabienne. “La Otra Frontera“ en Migración : México Entre sus Dos Fronteras. Informe elaborado por un consorcio de ONGs mexicanas 1999, pp. 53-6.
[48] Naciones Unidas, Asamblea General Resolución 217 A (III) del 10 de Diciembre de 1948.
[49]Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Bogotá, Colombia 1948; Convención Americana Sobre Derechos Humanos, San José de Costa Rica 1969.
[50] OIT. Convenio Sobre los Trabajadores Migratorios (revisado), 1949; OIT Convenios Sobre los Trabajadores Migratorios (disposiciones complementarias) 1975.
[51] Naciones Unidas, Resolución 1997/15 de la Comisión de Derechos Humanos, 1997.
[52] Naciones Unidas, Resolución 1999/44 de la Comisión de Derechos Humanos, 1999.
[53] Naciones Unidas, Documento A/55/383 de la Comisión de Derechos Humanos, 2000.
[54] Para entrar en vigencia la Convención necesita la ratificación de veinte Estados.
[55] Un análisis interesante de los problemas y virtudes de la Convención es presentado por Bosniak, Linda S.. “Human Rights, State Sovereignty and the Protection of Undocumented Migrants Under the International Migrant Workers Convention.” International Migration Review 25 (4), 1990, pp. 737-771.
[56] Naciones Unidas, Derechos Humanos de los Migrantes Informe E/CN.4/2000/82, párrafos, 13 y 31.
[57] Cohen, Andrew. “Mental Bloc: European Immigration” WorldLink (Nov/ Dic), 2000, pp. 18-9.
[58] Discurso pronunciado durante la apertura del seminario de expertos sobre recursos que pueden usar las victimas de actos de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia. Ginebra 6-18 de Febrero, 2000.
[59] Naciones Unidas, Derechos Humanos de los Migrantes. Informe E/CN.4/2000/82.
[60] Human Rights Watch. World Report. Special Issues and Campaigns: Racial Discrimination and Related Intolerance 2001. Página Internet http://www.hrw.org/wr2k1/special/racism.html#migrants; Naciones Unidas, Derechos Humanos de los Migrantes. Informe E/CN.4/2000/82, 2000, párrafo 13.
[61] Naciones Unidas, Derechos Humanos de los Migrantes Informe E/CN.4/2000/82, párrafo 54.
[62] Naciones Unidas, Resolución 2106 (XX) de la Asamblea General, 1965.
[63] International Encyclopedia of the Social Sciences. 20th ed. Volume 12, pp. 81; Online Dictionary of Social Sciences. Página Internet: http://datadump.icaap.org/cgi-bin/glossary/SocialDict/.
[64]Tilley, John. “Cultural Relativism.” Human Rights Quarterly 22 (2): pp 527, 540; Levine, Robert y Donald T. Campbell. Ethnocentrism. Theories of Conflict, Ethnic Attitudes and Group Behavior. New York: John Wiley & Sons, Inc. 1971, pp. 7-21; Hjerm, Mikael. “National Identities National Pride and Xenophobia: A Comparison of Four Western Countries. Acta Sociólogica 41 (4) 1998, pp. 335.
[65] Weiner, Op. cit., pp. 83-9.
[66] Teitelbaum,, Op. cit. pp. 29; Weiner, Op. cit., pp. 140-4; Zolberg (1981), Op cit. pp., 6-25; Zolberg (1999), Op. cit., pp., 276-80.
[67] Seminario Regional de Expertos para América Latina y el Caribe sobre Medidas Económicas, Sociales y Jurídicas para Luchar Contra el Racismo con Referencia Especial a los Grupos Vulnerables. Conclusiones y Recomendaciones pp. 2-3.
[68] Ibid, pp. 3.
[69] Gall, Olivia. The Historical Structure of Racism in Chiapas. Social Identities 4(2), 1998, pp. 237-9. A. Castellanos Guerrero, A, “Asimilación y Diferenciación de los Indios en México,” Estudios Sociológicos 34, 1994, pp. 4; Seminario Regional de Expertos para América Latina y el Caribe sobre Medidas Económicas, Sociales y Jurídicas para Luchar Contra el Racismo con Referencia Especial a los Grupos Vulnerables. Conclusiones y Recomendaciones pp. 2.
[70] Informe entregado a esta relatoría por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), 14 de Julio 2000.
[71] Amnistía Internacional. Informe Anual de Derechos Humanos Página Internet: http://www.web.amnesty.org/web/ar2000web.nsf/americas 2000.
[72] Firmada en Viena el 24 de abril de 1963.
[73] Véase, European Commission on Human Rights, Hortolomei v. Austria, April 1998. Pa. 38.
[75] Naciones Unidas, Resolución 39/46 de la Asamblea General, 1984.
[76] Naciones Unidas, Resolución 663C(XXIV) del Consejo Económico y Social, 1957.
[78] RROCM. Incertidumbre, Azar e Inequidad: Informe Sobre los Derechos Humanos de los Migrantes en Situación de Intercepción Detención, Deportación y Recepción en los Países Miembros de la Conferencia Regional Sobre Migración. Documento preparado para la Conferencia Regional sobre Migraciones, San José de Costa Rica, Marzo, 2001.
[79] De igual modo, en muchos países las personas que piden asilo político son detenidas por las autoridades hasta que su caso sea verificado y se tome una decisión sobre otorgar o no el asilo solicitado.
[80] Human Rights Watch, Op. cit., pp. 4.-5; RROCM, Op. cit., 25.
[81] Human Rights Watch, Op. cit., pp. 4.-5; OIM, Op. cit. p. 13.
[82] Estas personas permanecieron un tiempo variable en detención. USCR. “The INS Issues Detention Standards Governing the Treatment of Detained Immigrants and Asylum Seekers,” 2001. Página Internet: http://www.refugees.org/world/articles/developments_rr01_02.cfm
[83] RROCM, Op. cit., 22.
[85] Human Rights Watch, Op. cit., pp. 4.-5; RROCM, Op. cit., 23.; USCR 2001, Op. cit.
[87] Naciones Unidas, Resolución 2200A (XXI) de la Asamblea General, 1966.
[88] Naciones Unidas, Resolución 39/46 de la Asamblea General, 1984.
[89] Naciones Unidas, Resolución 46 de la Asamblea General, 1948; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Bogotá, Colombia 1948; Convención Americana Sobre Derechos Humanos San José de Costa Rica, 1969.
[90] Naciones Unidas, Resolución 663C(XXIV) del Consejo Económico y Social, 1957.
[91] Naciones Unidas, Resolución 43/173, UN Doc a/43/49 de la Asamblea General, 1988.

References: artículo 26
 Artículo 2
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