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Timestamp: 2019-07-17 04:18:09+00:00

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El poder de disposición de las “partes” en el proceso de calificación - El Derecho
El poder de disposición de las “partes” en el proceso de calificación
Foro 01-07-2013 Coordinador: Jacinto José Pérez Benítez
¿Resulta admisible el desistimiento, es correcta la decisión de tener por desistidas a las partes si no comparecen a la vista, o resulta posible el allanamiento en el proceso de calificación?
Planteamos a nuestros expertos en esta edición del Foro una cuestión de contenido eminentemente práctico pero que, nos parece, encierra enjundiosos problemas teóricos: la vigencia del principio dispositivo en la sección del concurso en la que los intereses privados se difuminan, para cobrar preponderancia el aspecto público.
Sabido es que la Disposición Final 5ª de la Ley Concursal -EDL 2003/29207- efectúa un lógico llamamiento general, como derecho supletorio de primer grado, a la ley procesal común. Esta remisión, complementada a lo largo del texto de la Ley con llamamientos específicos (vid. art. 195.1 y .4), lo es no solo a la norma positiva, sino como expresamente se afirma en el párrafo segundo, también a "los principios... en cuanto a la ordenación formal y material del proceso".
Por tanto, no deben caber dudas sobre la vigencia en el proceso concursal de los principios de audiencia bilateral, dispositivo, de aportación de parte y del principio de congruencia, todos ellos con implicaciones constitucionales, desde el punto de vista de la efectividad de la tutela judicial. Pero su aplicación práctica en todas las secciones del concurso no deja de plantear problemas.
Desde esta consideración podemos pensar en la exigencia del respeto del principio de congruencia, por ejemplo, en sede de calificación o de reintegración, con la exigencia de que la sentencia se ajuste a las causas o al juego de las presunciones invocadas por los legitimados activos. Cuestión que se ha planteado también respecto de la vinculación del juez a las concretas pretensiones de las partes sobre calificación de créditos concursales o sobre específicas pretensiones de créditos contra la masa.
Al margen de estos problemas, -muchos de los cuales han llegado a nuestros tribunales-, planteamos aquí la cuestión del poder de disposición de las partes sobre el objeto del proceso en la sección de calificación. ¿Es posible el desistimiento de los legitimados activos?, ¿quid con la posible disposición por otros sujetos, -los acreedores-, cuya posición como parte plena sigue resultando discutible?, ¿cabe que el demandado, -el deudor, las personas afectadas, los cómplices-, se allane?, ¿no será que el objeto del proceso es público e indisponible?, ¿resultará posible considerar desistidos al administrador concursal y al fiscal si no comparecen a la vista del incidente?, ¿caben las "sentencias de conformidad"?
A estas y a otras cuestiones dan respuesta nuestros expertos en los comentarios que siguen. Se verá que las contestaciones no son unánimes y que, desde consideraciones generales sobre la peculiar posición de los sujetos y del objeto de la sección sexta, se desciende a planteamientos concretos y se plantean abiertas discrepancias, en una estimulante falta de uniformidad interpretativa que tiene su reflejo en las resoluciones judiciales que hasta el momento se han pronunciado sobre estas materias. Una vez más será el lector el que obtenga sus conclusiones.
Este foro ha sido publicado en el "Boletín Mercantil", el 1 de julio de 2013.
La sección de calificación de un procedimiento concursal pone en juego rele...
La sección de calificación de un procedimiento concursal pone en juego relevantes intereses que se concentran en los diferentes sujetos o agentes que de una u otra forma pueden verse involucrados en la sección. Del lado que podríamos llamar "activo" están la administración concursal, el Ministerio Fiscal y los acreedores (tanto concursales como contra la masa). Del lado pasivo, el propio concursado, las personas que pueden resultar afectadas por la calificación y los cómplices. En el centro, naturalmente, el juez del concurso, a quien corresponde decidir si el concurso es o no culpable y, en caso de serlo, las consecuencias de la declaración de culpabilidad.
Se empieza este comentario de esta forma porque la identificación de las "partes" de la sección de calificación y el alcance de su intervención son elementos necesarios para establecer si tienen o no poder de disposición sobre el objeto de la sección. Pero antes, es clave establecer si existe o no un interés general en la tramitación y resolución de la sección que pueda condicionar la respuesta a la cuestión suscitada.
La sección de calificación. Interés general
El principio dispositivo que rige en los procedimientos civiles no es plenamente trasladable al procedimiento de calificación. Esta conclusión se alcanza sin demasiada dificultad con sólo atender a las consecuencias de la declaración de culpabilidad establecidas en los artículos 272 y 272 bis de la Ley Concursal -EDL 2003/29207 ("LC"): inhabilitación, pérdida de derechos, condena a la devolución de bienes o derechos, condena la indemnización de daños y perjuicios y condena a la cobertura del déficit. En particular, se advierte con especial intensidad en las sanciones como la de inhabilitación, que es imperativa en toda sentencia de declaración de culpabilidad, quedando la competencia del juez limitada a la determinación de su duración y, en su caso, a la posible autorización excepcional al inhabilitado a continuar al frente de la empresa o como administrador de la sociedad concursada.
La especial configuración de la sección de calificación, que no se limita a sus consecuencias, revela, en efecto, la presencia de un interés general que convive con intereses privados y necesariamente condiciona la labor de determinar si existe o no un poder de disposición de las "partes" en la sección de calificación.
A esa convivencia de intereses se refiere VELA TORRES, P. J., "Tramitación procesal de la sección de calificación del concurso y efectos de la sentencia de culpabilidad", en Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, fascículo 003, 2005, pp. 89 a 107, en particular p. 90: "su finalidad es la protección de intereses generales, superiores o más amplios que los meros derechos de los acreedores... al Estado y, más en general, a los poderes públicos, no le son indiferentes cuestiones íntimamente relacionadas con la calificación concursal, como la protección del crédito, la seguridad del tráfico económico o el impacto que sobre la economía o la productividad pueden tener las insolvencias empresariales". Es más, el interés general ha sido reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Así se desprende, entre otras, de la Sentencia de 27 de marzo de 1987, relativa a la legislación anterior a la Ley Concursal pero de indudable aplicación actual.
No parece, sin embargo, que se pueda reconocer a ese interés general el mismo alcance en todos los aspectos de la pieza de calificación. Así, ese interés puede considerarse, como se ha dicho, de singular intensidad en elementos como la propia determinación de si el concurso es culpable o fortuito o la imposición de sanciones como la de inhabilitación. En particular, la sección ha de abrirse siempre y sin excepción en todos los supuestos establecidos en el artículo 167 de la LC -EDL 2003/29207-(aprobación de un convenio gravoso o apertura de la fase de liquidación). Puede afirmarse, en este sentido, que el legislador ha considerado necesario, precisamente por la existencia de ese interés que trasciende los intereses particulares de los acreedores, que en esos supuestos se determine si el concurso ha de calificarse como culpable o fortuito, y que ello se haga tras un examen objetivo de los presupuestos y comportamientos contemplados por la propia Ley. Pero esa intensidad de la que se está hablando se mitiga o incluso podría pensarse que se desvanece si se presta atención a las consecuencias propiamente patrimoniales de la sección, más directamente relacionadas con los intereses privados de los acreedores. Esta constatación proporciona una pista relevante en la labor de decidir si las "partes" de la sección disfrutan o no de un poder de disposición sobre ésta y su alcance, en su caso. El paso siguiente lo proporciona la referencia a la especial configuración que también tiene la regulación de las facultades y deberes de los sujetos que se podrían denominar "partes" de la sección.
Las "partes" de la sección de calificación
Comenzamos por el lado activo. El protagonismo se concede a la administración concursal y al Ministerio Fiscal, cuyo informe y dictamen, respectivamente, constituyen la piedra angular de la sección de calificación por disposición expresa del artículo 169 LC. Cabe, no obstante, advertir alguna diferencia relevante en el alcance de su intervención. La de la administración concursal parece tener un grado superior de obligatoriedad. No en vano el artículo 169 LC -EDL 2003/29207 dispone que "la administración concursal presentará al juez..." su informe, con un contenido concreto; mientras que el Ministerio Fiscal puede abstenerse de emitir dictamen (art. 169.2 in fine LC), en cuyo caso se entiende que se adhiere al contenido del informe de la administración concursal.
Se ha discutido si el informe de la administración concursal y el dictamen del Ministerio Fiscal pueden o no equipararse a una demanda en los términos de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Tienen en común que son los documentos a través de los cuales se han de formular las pretensiones rectoras del procedimiento. Como tiene establecido la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid en su Sentencia de 9 de marzo de 2012, "la legitimación para plantear pretensiones en materia de calificación del concurso, para la determinación de personas afectadas por la misma y por complicidad y para interesar la condena de cualquiera de los implicados ha sido confiada por la ley a la administración concursal y al Ministerio Fiscal (artículo 169 de la Ley Concursal -EDL 2003/29207-). Dichos órganos concursales son los que ostentan, en exclusiva, la facultad de interesar del juez del concurso los pronunciamientos que entiendan que procedan en el seno de la pieza de calificación... Serán las pretensiones concretadas en su informe por la administración concursal y/o por el dictamen del Ministerio Fiscal las que determinarán de qué imputaciones tienen que defenderse el concursado y las personas por ellos identificadas como afectadas o como cómplices. Ese será el debate que conformará la fase alegatoria de la sección de calificación...". Pero no cabe establecer una equiparación absoluta entre el informe de la administración concursal y el dictamen del Ministerio Fiscal, de un lado, y una demanda civil, de otro. La razón fundamental está en la especial configuración de la sección de calificación, atenta al interés general concurrente. Se revela, en definitiva, acertada la valoración que respecto del alcance del informe de la administración concursal se contiene en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres de 24 de febrero de 2009 -EDJ 2009/44492-, según la cual "la Ley Concursal no considera el Informe preceptivo de la Administración Concursal sobre la calificación del Concurso como Demanda, sino como trámite o fase de obligado cumplimiento correspondiente a la Sección de Calificación del Concurso".
En el lado activo están también los acreedores (o cualquier tercero que acredite interés legítimo). Pero su intervención es más limitada. Sobre su alcance cabe simplemente recordar los completos razonamientos de la Sentencia de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 9 de marzo de 2012 -EDJ 2012/46079-, que les reconoce "las siguientes posibilidades de actuación en el seno de la sección de calificación: 1º) dispone del derecho de personarse en ella (según se disponía en la redacción originaria de la Ley 22/2003, de 9 de julio -EDL 2003/29207-) y de ser además considerado parte en la misma (según se aclaró con la reforma del artículo 168 de la LC por RDL 3/2009, de 27 de marzo); 2º) le asiste el derecho a alegar en el seno de dicha pieza, en el plazo que al efecto concede a todos los que acreditasen algún interés legítimo el artículo 168 de la LC, todo lo que considere relevante para la calificación del concurso como culpable; y 3º) tiene también derecho, como todos los que hubiesen sido parte en la sección de calificación, a interponer recurso de apelación contra la sentencia que ponga fin a la misma (artículo 172.4 de la LC)". Aunque en este punto se esté quizás adelantando la discusión que seguirá, cabe señalar que, a la vista de las facultades indicadas, difícilmente podrán los acreedores ejercitar facultades dispositivas, teniendo en cuenta que la conducción de las pretensiones en la sección de calificación es una parcela reservada a la administración concursal y al Ministerio Fiscal.
Finalmente, del lado pasivo tenemos al deudor concursado, a las personas afectadas por la calificación y a los cómplices. En este apartado cabe únicamente destacar que las personas afectadas y los cómplices se limitan a la defensa de sus intereses individuales en la búsqueda de una declaración de concurso fortuito, mientras que en el caso del concursado pueden darse diversas situaciones en las que su posición en la sección de calificación no se alinee con la de las personas afectadas y los cómplices. En particular, no son pocos los casos en que el deudor concursado se allana o intenta allanarse a una calificación de culpabilidad; por ejemplo, si se produjo un cambio en la administración de la compañía y la culpabilidad se pretende atribuir en exclusiva a los anteriores administradores. Aquí la variedad de situaciones y casos es muy amplia.
Poder de disposición. Supuestos concretos
La breve referencia realizada a la determinación de los intereses concurrentes en la pieza de calificación y a los sujetos que en ella pueden intervenir permite entrar en la valoración de si existe o no en esos sujetos un poder de disposición sobre el objeto de la sección.
El poder de disposición de las partes sobre el objeto del proceso civil se encuentra regulado con carácter general en los artículos 19 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463 ("LEC"). El principio fundamental es que los litigantes disfrutan de un amplio poder de disposición, con la excepción de las prohibiciones o limitaciones que la Ley establezca por razones de interés general o en beneficio de un tercero.
El principio, sin embargo, no puede entenderse aplicable con toda su amplitud a la sección de calificación, precisamente por su especial configuración y por la concurrencia simultánea de interés público e intereses generales, tal y como antes se ha explicado. Se trataría de uno de los casos de prohibiciones limitaciones al poder de disposición por razones de interés general a que se refiere el artículo 19 LEC -EDL 2000/77463-. Es cierto que la Ley Concursal no establece de manera expresa esas limitaciones, pero cabe razonablemente entender que resultan de la propia regulación de la sección. Y es realmente la ausencia de previsión expresa lo que dificulta la determinación del alcance de las prohibiciones o limitaciones y lo que ha dado lugar a posiciones doctrinales encontradas.
Por ejemplo, GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A., en La calificación del concurso, Madrid, 2004, p. 100, y LÓPEZ SÁNCHEZ, J., "Calificación del concurso", en Grandes Tratados, Madrid, 2012, son de la opinión de que no cabe reconocer una facultad de disposición de las "partes" sobre el objeto de la sección de calificación, ni siquiera en los aspectos de naturaleza esencialmente patrimonial. Con igual rotundidad se expresaba a propósito de la anterior legislación DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., en Derecho procesal civil. Ejecución forzosa. Procesos especiales, AA. VV., Madrid, 2000, p. 410: "procesos civiles no dispositivos son aquellos cuyos respectivos objetos, aun teniendo inequívoca naturaleza civil, revisten en mayor o menor medida un interés público. En éstos no se juzga sobre derechos o intereses privados disponibles por sus titulares sino que se juzgan situaciones a las que subyace un interés general que trasciende a los directamente afectados por ella. En nuestra opinión, desde esta caracterización es posible afirmar que el proceso de calificación del concurso constituye un proceso civil no dispositivo". Frente a ello, REVILLA GONZÁLEZ, J. A., "Derecho concursal procesal", en Tratado de Derecho Mercantil, OLIVENCIA, M., FERNÁNDEZ-NOVOA, C. y JIMÉNEZ DE PARGA, R. (dirs.), Madrid, 2008, p. 331, se muestra partidario de interpretar el silencio de la Ley Concursal -EDL 2003/29207 como evidencia de la existencia de un poder de disposición que se ve más claramente en los "derechos que coinciden plenamente con el interés individual del titular, como puede ser, por ejemplo, el importe de la indemnización de daños y perjuicios causados", siempre, eso sí, con el límite de "impedir que posibles actos procesales puedan entrañar un fraude de ley o se hagan en perjuicio de tercero o del interés general".
Respecto de esas opiniones, parece razonable sostener, en la línea de lo hasta ahora expuesto, que la configuración de la sección de calificación determina que, como poco, el poder de disposición de las "partes" sobre su objeto se encuentra fuertemente limitado. Esa limitación se evidencia con mayor claridad en los aspectos de la pieza de calificación en los que, como se ha visto, la presencia de un interés general es singularmente intensa. En particular, se está haciendo referencia a la propia determinación de la calificación del concurso como culpable o fortuito, que ha de hacerse en todo caso en que proceda la apertura de la sección y en atención a los presupuestos establecidos en la Ley Concursal -EDL 2003/29207-. También a las sanciones, como la de inhabilitación y pérdida de derechos, que han de imponerse siempre que el concurso se califique como culpable. En estos aspectos no parece que pueda siquiera hablarse de la existencia de un verdadero poder de disposición de las "partes". En cambio, la intensidad del interés general se matiza notablemente en el resto de pronunciamientos que ha de contener una sentencia de calificación de culpabilidad, de contenido esencialmente patrimonial y más vinculados a los intereses privados de los acreedores. De hecho, en esta línea apunta la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la naturaleza de la responsabilidad concursal, que la aleja de una sanción civil y la sitúa en el plano de una responsabilidad por deuda ajena con funciones indemnizatorias indirectas (Sentencias de 21 de mayo -EDJ 2012/128139 y 16 de julio de 2012 -EDJ 2012/154589-, entre muchas otras), con una cercanía, por tanto, mayor a los intereses privados de los acreedores que la que tendría de considerarse que su naturaleza es esencialmente sancionadora.
La práctica judicial no ha tratado el tema con la misma extensión que la doctrina. Pero cabe identificar resoluciones relevantes que precisamente hacen referencia a uno de los supuestos concretos en los que se ha suscitado la cuestión del posible poder de disposición en la sección de calificación: el de las consecuencias de la inasistencia de las partes a la vista, en el entendido de que se está haciendo referencia a quienes ocupan la posición activa en la pieza.
En el caso (no infrecuente) de inasistencia del Ministerio Fiscal las Sentencias de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 30 de abril de 2010 -EDJ 2010/118999 y 7 de mayo de 2012 consideran que "la incomparecencia del Fiscal al acto de la vista no supone desistimiento de su pretensión inicial". Se recuerda en esas resoluciones que "el Ministerio Fiscal participa en los trámites de la calificación, de modo necesario (artículos 169.2 y 184.1 de la LC -EDL 2003/29207-, en defensa del interés general..., sin que su eventual incomparecencia ulterior al acto de la vista oral, por más que hubiese sido deseable su presencia... pueda conllevar que se le aplique, como pretenden los recurrentes, el artículo 442.1 de la LEC -EDL 2000/77463 (por remisión del artículo 171.1 de la LC al incidente concursal y del artículo 194.4 de la LC a los trámites del juicio verbal de la LEC), pues dicha norma está prevista para un conflicto entre particulares, en el que todavía no habría mediado siquiera contestación a la demanda (a diferencia de lo que ocurre en el incidente concursal), de manera que en ese marco de referencia la incomparecencia del demandante supondría mostrar, siquiera de forma tácita, su desinterés en la prosecución del proceso. Mas ello no responde a lo acaecido en este caso, en el que medió un tipo de tramitación especial en la que ya se había completado la fase alegatoria, que incluye la previa emisión de dictamen escrito por parte del Ministerio Público (cuya falta, de haberse producido, hubiera conllevado, simplemente, el efecto específico que prevé el nº 2 del artículo 169 de la LC, es decir, la continuación del proceso sin considerarle opuesto a la propuesta de la calificación de la Administración Concursal, lo que supondría tenerle por conforme, de modo tácito, con la misma). La ausencia de ulterior ratificación por parte del Fiscal (al que la ley le reconoce, además, como alternativa a las comparecencias el poder dirigirse al tribunal mediante escrito artículo 3 in fine de la Ley reguladora del Estatuto del MF), supone, a estos efectos, un mera formalidad que no influye en los efectos inherentes a la previa emisión del dictamen por parte de aquél".
En cuanto se refiere a la falta de asistencia a la vista de la administración concursal, en la misma línea se pronuncia la antes citada Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres de 24 de febrero de 2009 -EDJ 2009/44492-, según la cual "en ningún caso puede considerarse como desistida del Incidente a la Administración Concursal si no concurre al acto de la vista del Juicio, pudiendo valorarse, sin ninguna limitación, dicho Informe, sobre todo cuando la propia Ley Concursal -EDL 2003/29207 no contempla el efecto procesal del desistimiento si la Administración Concursal -o el Ministerio Fiscal no comparecieran al referido acto de la vista del Juicio Verbal". En sentido contrario, en cambio, cabe citar la Sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 15 de enero de 2009 -EDJ 2009/213281-, que admite "el carácter legal e indisponible de la sección de calificación, que se abre ineludiblemente cuando concurre el supuesto legal para ello" pero afirma que "es perfectamente compatible con la posibilidad de que la parte que la insta, MINISTERIO FISCAL o ADMINISTRACIÓN CONCURSAL, no comparezca al acto de la vista, activándose el desistimiento del artículo 442.1 de la LEC -EDL 2000/77463-. En tal caso, sigue existiendo sección de calificación, aunque evidentemente, por las vicisitudes del proceso, concluirá con una declaración de concurso fortuito".
Entre los dos planteamientos expuestos, se considera más razonable el que entiende que la falta de asistencia a la vista de la administración concursal o del Ministerio Fiscal no puede considerarse como un supuesto de desistimiento tácito al que resulten de aplicación las previsiones del artículo 442.1 LEC -EDL 2000/77463 sobre la inasistencia de las partes al acto de la vista en el juicio verbal. Son varios los argumentos.
La posición de la administración y del Ministerio Fiscal en la sección de calificación no es enteramente equiparable a la del actor o demandante en un juicio verbal, que en principio interviene en el proceso exclusivamente a título particular y en defensa de sus intereses individuales, de manera que es razonable entender que su inasistencia a la vista equivale a un supuesto de desistimiento tácito. La intervención de la administración concursal y del Ministerio Fiscal en la sección de calificación reviste caracteres de obligatoriedad (sobre todo en el caso de la administración concursal) porque, dándose uno de los supuestos en los que la Ley impone la apertura de la pieza, es igualmente obligatorio que se dicte sentencia declarando el concurso culpable o fortuito, y que ello se haga dentro del marco del informe de la administración concursal y del dictamen del Ministerio Fiscal y en aplicación objetiva de las normas que regulan la sección. Si alguno de ellos, o los dos, no comparece al acto de la vista, el juez del concurso habrá igualmente de dictar la sentencia que corresponda tras el análisis objetivo de todas las actuaciones obrantes en la pieza. Las consecuencias de la ausencia a la vista habrán de depurarse en el plano de la responsabilidad de los "actores" de la sección.
El artículo 171.1 LC -EDL 2003/29207 dispone, es cierto, que en caso de oposición ésta se sustanciará por los trámites del incidente concursal, estableciéndose en el artículo 171.3 LC (cuya redacción actual es fruto de la modificación introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, "Ley 38/2011") las especialidades de la vista de los incidentes concursales, que "se desarrollará en la forma prevista en el artículo 443 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para los juicios verbales". Esta remisión es de absoluta relevancia. Se limita al artículo 443 LEC -EDL 2000/77463-, que se refiere exclusivamente al "desarrollo de la vista". Queda fuera el artículo 442 LEC, que regula las consecuencias de la "inasistencia de las partes a la vista". La limitación de la remisión al artículo 443 de la LEC no parece casual. Resulta plenamente coherente con la propia configuración de la regulación de los incidentes concursales, que incluye una primera fase alegatoria con demanda y contestación escritas que han de formularse en los términos previstos para el juicio ordinario (apartados 1 y 3 del art. 194.4 LC, que remiten expresamente a los arts. 399 y 405 LEC), para a continuación pasar, si procede, a la celebración de una vista que ha de centrarse en la práctica de las pruebas que se admitan sobre los hechos discutidos. Se dejan fuera incluso las cuestiones procesales, que se han de resolver con antelación por escrito en la forma prevista en la audiencia previa del juicio ordinario. Y estas especialidades son plenamente trasladables a la sección de calificación, que igualmente incluye una primera fase o etapa escrita que comienza con la presentación del informe de la administración concursal y del Ministerio Fiscal, sigue con la citación y emplazamiento de las personas afectadas y continúa con su posible oposición por escrito, para después seguir la tramitación por los cauces del incidente concursal. Así las cosas, se revela con fundamento la posición que considera que, dada la existencia de una regulación propia y específica completa, no resulta aplicable la previsión del artículo 442 LEC para los casos de inasistencia del actor a la vista del juicio verbal. Siendo ello así, la única consecuencia de la falta de asistencia de la administración concursal y/o del Ministerio Fiscal a la vista será ésa, es decir, que la vista se celebrará sin su intervención. Pero el juez del concurso habrá de resolver sobre el fondo en atención al informe y al dictamen de calificación emitidos.
Consideraciones similares a las expuestas (aplicables al desistimiento tácito derivado de la inasistencia a la vista) permiten responder a si cabe o no el desistimiento expreso de las pretensiones ejercitadas en el informe de la administración concursal y en el dictamen del Ministerio Fiscal. De nuevo es preciso tener en cuenta el interés general concurrente en la sección de calificación, que dificulta el reconocimiento de una facultad de desistimiento en este ámbito, especialmente allí donde ese interés general es plenamente vigente. Una vez formulada una propuesta de calificación de culpabilidad, no parece que quepa reconocer a la administración concursal o al Ministerio Fiscal la posibilidad de desistir de esa propuesta. Con todo, si se reconociera un poder de disposición de las "partes" sobre los aspectos de la pieza en los que toman protagonismo los intereses privados de los acreedores, ese reconocimiento habría de trasladarse a las expresiones de ese poder de disposición, incluidas la renuncia y el desistimiento.
Finalmente, del lado pasivo, se plantea si cabría el allanamiento, total o parcial, a los distintos pronunciamientos propuestos por la administración concursal y el Ministerio Fiscal. Recuérdese que, según el artículo 21.1 LEC -EDL 2000/77463-, la consecuencia del allanamiento es que el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por el demandante; mientras que el allanamiento parcial requiere que "por la naturaleza de dichas pretensiones, sea posible un pronunciamiento separado que no prejuzgue las restantes cuestiones no allanadas, respecto de las cuales continuará el proceso" (art. 21.2 LEC). Desde esta perspectiva, los problemas para reconocer la posibilidad de un allanamiento total o parcial en la sección de calificación se presentan muy difíciles de salvar. De entrada, precisamente por la existencia de un interés general relevante, no parece que quepa un allanamiento a la calificación de culpabilidad del concurso. Ésta ha de determinarse con arreglo a elementos objetivos, en el marco establecido por la administración concursal y el Ministerio Fiscal y de acuerdo con lo previsto por la Ley Concursal -EDL 2003/29207-. Y ese pronunciamiento, el de si el concurso es culpable o fortuito, condiciona el resto de pronunciamientos, lo que obstaculiza de manera relevante la admisión de un allanamiento parcial, que en todo caso, además, habría de referirse sólo a los intereses propios e individuales del sujeto que pretenda allanarse (por ejemplo, bajo ningún concepto cabría un allanamiento del concursado a la responsabilidad concursal, que por definición no puede afectar al concursado). Dicho esto, nada impide que el concursado, las personas afectadas o los cómplices muestren su conformidad con las propuestas que formulen la administración concursal y el Ministerio Fiscal, pero sin que ello pueda tener los efectos del allanamiento previstos en el artículo 21 LEC.
Se nos plantea en esta ocasión y tema muy interesante, como veremos polémic...
Se nos plantea en esta ocasión y tema muy interesante, como veremos polémico, y que además resulta difícil de responder habida cuenta de que, como señala el profesor N. GONZALEZ CUELLAR(1), la sección de calificación del concurso responde a una mala técnica legislativa, de forma que el texto "deja en la nebulosa las más elementales cuestiones objeto de debate".
Recordemos que el derecho de las partes a disponer del proceso aparece recogido en los artículos 19 y siguientes de la LEC -EDL 2000/77463-. El primero de los citados preceptos establece que "los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de un tercero". Parece que el tenor literal de este precepto nos debería llevar a concluir que no hay problema en disponer sobre la sección de calificación. Pero ya podemos adelantar que la respuesta no es tan sencilla en atención a (i) quienes son parte en la sección de calificación y (ii) si estas partes actúan en interés propio, de forma que puedan disponer efectivamente del objeto del procedimiento.
En primer lugar, respecto a quienes son parte en la sección de calificación, recordemos que la legitimación activa corresponde (i) a la administración concursal, quien como señala la Sentencia del Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona de 18 de julio de 2008, actúa en defensa del "interés del concurso"; (ii) al Ministerio Fiscal, quien actúa en defensa del "interés público" del propio concurso; y (iii) a los acreedores que se hubieran personado en la sección y hubieran realizado alegaciones, quienes actúan, como también señala la sentencia citada, en defensa de sus propios intereses.
Recordemos, aunque sea brevemente que, el reconocimiento de los acreedores como parte, se produce tras la reforma efectuada por el Real Decreto 3/2009 -EDL 2009/22291-, si bien, como señala la doctrina, se trata de una parte "anómala" puesto que (i) la calificación sólo procederá si la Administración concursal y/o el Ministerio Fiscal consideran en su informe y/o dictamen que el concurso es culpable (si no lo hicieran, por mucho que los acreedores hayan alegado el juez no emplazara a los posibles afectados por la calificación) y (ii) pese a que se considera parte, actúan en interés de la masa, esto es, no se les otorga legitimación para la defensa de su interés estrictamente individual, sino para el interés colectivo de los acreedores (tal y como señala LOPEZ SANCHEZ, J.(2)). Dejando de lado a los acreedores, nos debemos centrar en la Administración Concursal y en el Ministerio Fiscal.
Empezando con este último, como señala la M.PERALES CANDELA(3) puede asumir la condición de parte, si bien se trata de una parte especial, dado que siempre actuará en defensa del interés general, de forma que no puede realizar actos de disposición del derecho material tales como la renuncia o el allanamiento, aunque sí otros actos procesales tales como el desistimiento. En relación a si debe considerarse que la falta de asistencia del Ministerio Fiscal a la vista de calificación puede considerarse como desistimiento de la pretensión ejercitada, la Audiencia Provincial de Madrid (sección 28) se ha pronunciado en dos ocasiones en contra. Tanto en la sentencia de 30 de abril de 2010 -EDJ 2010/118999 como en la de 7 de mayo de 2012 -EDJ 2012/203649 la Audiencia indica que el Ministerio Fiscal participa en los trámites de la calificación de modo necesario, en defensa del interés general (así, la jurisprudencia había venido considerando a la calificación en relación con la quiebra, como de interés público (STS de 9 de noviembre de 1950), el cual subyace ante las situaciones de insolvencia. En consecuencia, dado que el Ministerio Fiscal emitió su dictamen, su inasistencia a la vista no puede considerarse un desistimiento, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 442.1 LEC -EDL 2000/77463 "pues dicha norma está prevista para un conflicto entre particulares".
Sin embargo, no podemos olvidar que el Ministerio Fiscal no siempre emite su dictamen, en cuyo caso se continuaría el proceso sin considerarle opuesto a la propuesta de calificación (conforme a lo previsto en el artículo 169.2 LC -EDL 2003/29207-), lo que supondría tenerle por conforme, de modo tácito, con la Administración Concursal. Pese a que algún autor considera que la presencia del Ministerio Fiscal carece de fundamento (puesto que superada la vinculación que había anteriormente entre la calificación de culpable de la quiebra y la insolvencia punible), lo cierto es que UNA de las posibles condenas derivadas de la calificación como culpable del concurso – la inhabilitación – responde única y exclusivamente al interés público (de evitar que se reproduzcan conductas reprochables que afecten al tráfico económico), tal y como se recoge en la Sentencia 211/2007 del Juzgado Mercantil número 1 de Alicante, de 21 de noviembre de 2007 -EDJ 2007/260607-, en la que se indica que la calificación tiene una doble función, ya que no sólo atiende a los intereses privados de los acreedores afectados, que explica las medidas patrimoniales dirigidas a su resarcimiento, sino también a la finalidad pública a la responde la sanción civil de inhabilitación. Por este motivo considero que no es posible la renuncia a la misma: si se ha propuesto la calificación del concurso como culpable, deberá mantenerse la inhabilitación de, al menos, alguna de las personas afectadas (aunque pueda admitir la condena al plazo mínimo).
Por el contrario, en las pretensiones de contenido patrimonial (la condena a la cobertura del déficit prevista en el artículo 172 bis y al pago de la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados), ciertamente no se trata tanto de defender el interés público como de defender el interés del concurso, o el interés de la masa (que se verá incrementada por una u otra vía, lo que permitirá una mayor satisfacción de los créditos de los acreedores). Por estos motivos considero que sí puede transigirse en cuanto a estas cuestiones.
En este sentido se pronuncian, entre otros, J.A. REVILLA GONZÁLEZ(4), J.LÓPEZ-SÁNCHEZ, (si bien más radical). También se desprende esta facultad de disposición – anudada al principio dispositivo del procedimiento civil – en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres 252/2011, de 24 de junio de 2011 -EDJ 2011/145470 y en la Sentencia 292/2007 del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma de Mallorca de 21 de diciembre de 2007 -EDJ 2007/285230-, en la que el magistrado acepta la renuncia de la Administración Concursal, respecto de una de las personas afectadas por la calificación (en concreto se renuncia respecto al administrador que presenta la solicitud de concurso y que había sido nombrado unos días antes de la misma, mientras se mantiene la pretensión de calificación de culpable y la condena al administrador previo), afirmando que "respecto de los requisitos objetivos, según el art.20.1 LEC, no caben renuncias que supongan una renuncia contra el interés o el orden público ni que causen perjuicio a terceros, cosa que no ocurre en el presente caso puesto que la renuncia es perfectamente lícita, pretendiendo finalizar un litigio que la experiencia señala como perjudicial para todos desde todos los puntos de vista (tanto de dinero como de tiempo), así como no se causa perjuicio alguno a terceros mediante el mismo, sino más bien lo contrario ya que se satisface el interés de los actores".
También el magistrado A.MUÑOZ PAREDES(5) considera posible la transacción aunque, como la administración concursal actúa en defensa de un derecho ajeno, opina que lo procedente sería suspender la vista al amparo del artículo 19 de la LEC -EDL 2000/77463 e interesar la autorización del juez para transigir previa audiencia a los acreedores, art. 188 LC -EDL 2003/29207-. Si bien esta propuesta, a mi juicio, reduciría considerablemente las posibilidades de cualquier transacción en la medida en que difícilmente alguna de las personas afectadas por la calificación va a admitir que la culpabilidad del concurso y su implicación si luego queda a expensas de las alegaciones que puedan hacer los acreedores. Ello lleva a advertir que, si bien la Administración Concursal tiene facultad de disponer de la sección de calificación, en cuanto a las posibles consecuencias patrimoniales de la misma (lo cual puede ser muy recomendable en casos complejos), debe hacerlo con especial cuidado para evitar incurrir en cualquier tipo de responsabilidad (que podría reclamarse vía el artículo 36 LC).
1) GONZALEZ-CUELLAR, N. "La pretensión de calificación en el concurso de acreedores". Diario La Ley 6356.
2) "Insolvencia y Responsabilidad". Ed. Civitas, Dir. J.A. García Cruces.
3) Enciclopedia Jurídica La Ley 3147/2008.
4) Tratado de Derecho Mercantil, Ed. Marcial-Pons, Dir. M. Olivencia, C. Fernandez-Novoa y R. Jiménez de Parga.
5) Tratado judicial de la Insolvencia, Ed.Aranzadi, Dir. P.PRENDES y A. MUÑOZ.
La sección sexta del concurso de acreedores, regulada en el Título VI LC -E...
La sección sexta del concurso de acreedores, regulada en el Título VI LC -EDL 2003/29207 bajo la denominación de la calificación del concurso, se inicia en la misma resolución judicial por la que se aprueba el convenio, el plan de liquidación o se ordena la liquidación (artículos 167 y 175 LC).
La sección sexta no es una sección de obligada formación de todos los procedimientos concursales sino que se abrirá en los supuestos generales referidos. Por excepción tras la reforma operada por la Ley 38/2011 -EDL 2011/222123-, no procede la formación de la sección de calificación cuando tenga lugar la aprobación judicial de un convenio en el que se establezca para todos los acreedores o para los de una o varias clases, una quita inferior a un tercio del importe de sus créditos o una espera inferior a tres años, salvo que resulte incumplido (artículo 167 LC -EDL 2003/29207-).
Dentro de los diez días siguientes a la última publicación que se hubiera dado, conforme a los artículos anteriores, a la resolución que acuerde la formación de la sección sexta, cualquier acreedor o persona que acredite un interés legítimo podrá personarse en la misma y ser parte en la sección (con las consecuencias que ello tiene STS 30 octubre 2012 -EDJ 2012/248608-) alegando por escrito cuanto considere relevante para la calificación del concurso como culpable (artículo 168.1 LC -EDL 2003/29207-).
También podrán personarse en el mismo plazo los interesados y ser parte en la sección de calificación o en la pieza separada cuando se acuerde la reapertura de la misma por incumplimiento del convenio, si bien sus escritos se limitarán a determinar si el concurso debe ser calificado como culpable en razón de incumplimiento del convenio por causa imputable al concursado (artículos 167.2 y 168.2 LC -EDL 2003/29207-).
La audiencia a los interesados no tiene por qué limitarse a las actuaciones en las que existan argumentos para la calificación del concurso como culpable, sino también con el objetivo de que sus argumentos consigan declarar el concurso como fortuito (artículo 163 LC -EDL 2003/29207-).
Vencido el plazo de personación de los interesados y dentro de los quince días siguientes, la administración concursal debe presentar al juez un informe razonado y documentado sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso con una propuesta de resolución. Unido el informe de la administración concursal, el Secretario judicial dará traslado al Ministerio Fiscal para que emita, en su caso, dictamen en el plazo de diez días (artículo 169 LC -EDL 2003/29207-).
Si tanto el informe de la administración concursal como el que emita, en su caso, el Ministerio Fiscal, coincidieran en calificar el concurso como fortuito, el juez, sin más trámite, ordenará el archivo de las actuaciones mediante auto contra el que no cabrá recurso alguno (artículo 170.1 LC -EDL 2003/29207-. STS de 22 de abril de 2010 -EDJ 2010/61321-).
En otro caso el juez dará audiencia al deudor por un plazo de diez días y ordenará emplazar a todas las personas que, según conste en lo actuado, pudieran ser afectadas por la calificación del concurso o declaradas cómplices a fin de que comparezcan en el plazo de cinco días si no lo hubieran hecho con anterioridad (artículo 170.2 LC -EDL 2003/29207-).
Los que comparezcan en plazo se les dará vista del contenido de la sección para que aleguen, en los diez días siguientes, cuanto convenga a su derecho. Si comparecieren con posterioridad se les tendrá por parte sin retroceder el curso de las actuaciones y si no comparecieran se les declarará en rebeldía y seguirán su curso las actuaciones sin volver a citarlos (artículo 170.3 LC -EDL 2003/29207-).
En cuanto a las partes, el artículo 184 LC -EDL 2003/29207 determina que en todas las secciones del concurso son reconocidos como parte, sin necesidad de comparecencia en forma, el deudor y los administradores concursales y, en la sección sexta, será parte además el Ministerio Fiscal. Los acreedores y demás legitimados actuarán representados por procurador y asistidos de letrado.
La disposición final quinta LC -EDL 2003/29207 establece como Derecho procesal supletorio lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463-, siendo de aplicación los principios que se establecen en la misma en cuanto a la ordenación formal y material del proceso.
Finalmente, el artículo 171 LC -EDL 2003/29207 establece que si el deudor o alguno de los comparecidos formulase oposición, se tramitará por los trámites del incidente concursal y si no se hubiere formulado oposición, el juez dictará sentencia en el plazo de cinco días.
Como se ha visto la sección de calificación se abre en supuestos concretos en los que las partes no están facultadas formalmente para disponer del objeto del proceso. Durante la tramitación del procedimiento corresponde a la administración concursal y al Ministerio Fiscal emitir informe o dictamen sobre la calificación del concurso que, si coincidieran en calificar el concurso como fortuito, el juez ordenará el archivo de las actuaciones; en otro caso se abre el período de audiencia al deudor y demás afectados por la calificación. En este último caso la LC -EDL 2003/29207 determina los efectos de la comparecencia tardía o no comparecencia.
En consecuencia y en principio sería posible el desistimiento y el allanamiento de las partes en el proceso de tramitación de la sección o en la tramitación del incidente concursal a que se refiere el artículo 171.1 LC -EDL 2003/29207 en relación con el artículo 193 LC (SAP Alicante de 27 de octubre de 2010 -EDJ 2010/314504-); si bien debe tenerse en cuenta que la no formulación de oposición o la no comparecencia no supone que se les tenga como allanados o desistidos en la pretensión de calificación al establecer la LC los efectos de dicha actuación (SAP Barcelona de 10 de febrero de 1987 o la SAP Pontevedra de 7 de marzo de 2011 -EDJ 2011/55236-).
La mejor doctrina concursalista, atendiendo a que el artículo 163.2 LC -EDL ...
La mejor doctrina concursalista, atendiendo a que el artículo 163.2 LC -EDL 2003/29207 dispone que "la calificación no vinculará a los jueces y tribunales del orden jurisdiccional penal que, en su caso, entiendan de actuaciones del deudor que pudieran ser constitutivas de delito", y que en apartado VIII de la Exposición de Motivos el legislador ha expresado que "los efectos de la calificación se limitan a la esfera civil, sin trascender a la penal ni constituir condición de prejudicialidad para la persecución de las conductas que pudieran ser constitutivas de delitos", ha considerado que "los efectos exclusivamente jurídico-privados que tiene anudada la calificación del concurso, son razones más que suficientes para desdibujar la presencia de un interés jurídico-público al menos tal y como se ha venido entendiendo tradicionalmente entre nosotros, en la apertura y sustanciación de la sección de calificación del concurso" [ROJO, A.; BELTRÁN, E; Comentario de la Ley Concursal; Thomson-Civitas; Madrid (2004); pág. 2520].
Y, aunque como acabamos de ver, la configuración del ámbito de enjuiciamiento de la Sección Sexta para la calificación del concurso, puede desdibujar la presencia de un interés jurídico-público, lo cierto es que el legislador ha confiado el impulso de la calificación no a quienes ostentan un interés particular y privado –los acreedores sino a un órgano público –el Ministerio Fiscal y a la Administración concursal.
Sea como fuere, lo cierto es que una vez formada la Sección Sexta por concurrir los requisitos establecidos en el artículo 167 LC -EDL 2003/29207-, no todo se deja al albur de la voluntad de la Administración concursal ni del Ministerio Fiscal. La Administración concursal tiene el deber de presentar el Informe de calificación dentro del plazo de quince días que le confiere el artículo 169.1 LC.
Abierta la Sección Sexta para la calificación del concurso, el Informe de calificación emitido por la Administración concursal es preceptivo (apartado VIII de la Exposición de Motivos) y debe ser emitido inexcusablemente de acuerdo con las previsiones del artículo 169.1 LC -EDL 2003/29207 en relación con los artículos 164 y 165 del mismo texto legal.
Obviamente, lo que la Ley no pretende imponer es una determinada orientación al Informe de calificación, la cual queda al buen criterio del Administrador concursal que deberá ajustarse a las previsiones legales.
A asegurar que el resultado será el adecuado debería coadyuvar la intervención el Ministerio Fiscal, que debe velar por el cumplimiento de la Ley.
Nada dispone la Ley Concursal -EDL 2003/29207 sobre la posibilidad de que la Administración concursal o el Ministerio Fiscal desistan de una eventual calificación inicial del concurso como culpable. La posibilidad de considerar esta posibilidad proviene de que la Disposición Final Quinta de la Ley Concursal remite, para todas las cuestiones procesales, a la Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463 "en lo no previsto en esta Ley", siendo posible plantearse la posibilidad de aplicar en la Sección Sexta del concurso el artículo 20 LEC, al no preverse nada en su regulación específica.
El artículo 20.2 LEC -EDL 2000/77463 regula el instituto del desistimiento. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la traslación del instituto del desistimiento a la actuación de la Administración concursal en la Sección Sexta lo convertiría realmente en una renuncia a la calificación del concurso culpable. A pesar de que uno de los efectos específicos del desistimiento es la posibilidad de "promover nuevo juicio sobre el mismo objeto." (artículo 20.3.II LEC) en la Sección Sexta no sería de aplicación, fruto del efecto preclusivo del plazo previsto en el artículo 169.1 LC -EDL 2003/29207 (dejando a salvo el caso excepcional de incumplimiento de convenio -ex artículo 167.2 LC-).
Sea como fuere, no vemos inconveniente insalvable en que el desistimiento pueda ser utilizado en la Sección Sexta para la calificación del concurso. Lo único a tener en cuenta es que fruto del desistimiento, la calificación de culpable se tornará, automáticamente, en solicitud de que el concurso se califique como fortuito. Decíamos que no debería existir inconveniente en hacer uso del desistimiento en la Sección Sexta porque si después de que la Administración concursal o el Ministerio Fiscal hubieran calificado el concurso como culpable, tienen conocimiento de un error en su calificación, fruto de nuevas evidencias o de razones desconocidas puestas de manifiesto en los escritos de oposición, nada debe imponerles el mantenimiento inútil de la calificación inicial.
Hay que tener en cuenta que sólo con que uno de los dos legitimados para promover la calificación del concurso como culpable, no se hurta la posibilidad de enjuiciamiento. Caso contrario, tampoco debería existir obstáculo para el desistimiento ya que si la Administración concursal y el Ministerio Fiscal tenían poder de disposición inicial sobre la calificación del concurso como fortuito o como culpable (ex artículo 170 LC -EDL 2003/29207-) no acertamos a ver ninguna razón para que se les sustraiga dicha facultad con posterioridad.
Ni siquiera el que se considere partes a aquellos que hubieran comparecido en la Sección Sexta de acuerdo con lo permitido por el artículo 168 LC justificaría la solución de impedir el uso de la facultad de desistir, ya que la calificación del concurso como fortuito o culpable ni se hace depender de la existencia de partes personadas ni a la existencia de partes personadas la Ley atribuye relevancia alguna a tales efectos (vid. artículo 170.1 LC -EDL 2003/29207-).
En relación con el allanamiento, tampoco parece justificado que se impida su uso en la Sección Sexta. A estos efectos, lo trascendente serán las limitaciones para allanarse contempladas con carácter general en el artículo 21.1 LEC -EDL 2000/77463-. Según dicho precepto el allanamiento no podrá hacerse "en fraude de Ley o si supusiera renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero".
No obstante, si el allanamiento se ciñe a la propia conducta -sobre lo que no debería existir obstáculo habida cuenta del criterio de individualización de conductas instaurado por la jurisprudencia ningún perjuicio debe causar a los demás que pueda ir más allá del que se puede producir como consecuencia del reconocimiento de hechos realizado en el ámbito de la prueba de interrogatorio de parte.
El poder de disposición de las u0022partesu0022 en el proceso de calificación.
El poder de disposición de las "partes" en el proceso de calificación.
¿Resulta admisible el desistimiento, es correcta la decisión de tener por desistidas a las partes si no comparecen a la vista, o resulta posible el allanamiento en el proceso de calificación?.
Respuesta: lo que trae a colación la pregunta que se formula es la disponibilidad del proceso por las partes en sede de calificación concursal y, en particular, si cabe entender como voluntad implícita de abandono (desistimiento) de la pretensión de imputación frente al deudor (art 164.1 LC -EDL 2003/29207-) y en su caso cómplices (art 166 LC) el hecho de no comparecer a la vista y si resulta admisible el allanamiento frente a la pretensión deducida en esta pieza por las partes legitimadas a sostener la responsabilidad concursal.
Ha de señalarse en primer lugar que plantear el desistimiento como efecto derivado de la falta de asistencia a la vista de la administración concursal y/o el Ministerio Fiscal y en su caso, si se acepta su legitimación, del acreedor que en su caso sostenga la pretensión condenatoria, siguiendo en ello el modelo del juicio verbal (art 442 LEC -EDL 2000/77463-) que prevé expresamente que en caso de que el demandante no comparezca a la vista y si el demandado no alegare interés legítimo en la continuación del juicio se le puede tener por desistido aquél de la pretensión deducida, plantea una primera cuestión derivada del hecho de que el trámite en el caso del juicio calificativo, tras la fase de alegaciones (art 171.1 LC -EDL 2003/29207-), sigue como incidente concursal, siendo así que conforme al artículo 194.4 LC la vista no constituye una fase procedimental necesaria sino eventual en atención a la concurrencia de alguna de las circunstancias que prevé el propio precepto, es decir, sólo en el caso de que exista discusión sobre los hechos relevantes y haya proposición de prueba sobre los mismos cuya práctica entienda pertinente y útil el Juez, de modo tal que es perfectamente dable que no quepa plantearse en caso alguno la cuestión porque no se producirá la situación.
Pero si se diera el caso, dado que en tales casos el juicio queda reducido a la práctica de la prueba, perdiendo su sentido alegatorio que en el juicio verbal ordinario tiene, el efecto de la incomparecencia de los promotores de la pretensión condenatorio no debería ser distinto al previsto para el Juicio Ordinario donde la previsión (art 432 LEC -EDL 2000/77463-) no es otra, para el caso de que no comparezca ninguna parte, que la de levantar acta y dejar el litigio visto para sentencia y, en caso de comparecencia de cualquiera de las partes, ocupe una posición u otra, la de continuar con el juicio.
La conclusión que se alcanza por tanto es que habiéndose articulado en la pieza de calificación concursal un procedimiento con fase de alegaciones por escrito que relega la fase del juicio a la práctica de la prueba, además de resultar congruente con la remisión del artículo 194.4 LC -EDL 2003/29207 al artículo 443 de la LEC -EDL 2000/77463 en cuanto a la celebración de la vista, sin referencia al artículo 442 LEC relativo a la incomparecencia de los demandantes a dicho acto, permite afirmar que no es dable atribuir a dicha incomparecencia los efectos de un tácito desistimiento pues ni está previsto en la ley ni resulta congruente con el modelo procedimental previsto, más apegado en lo que hace a la finalidad de la vista al Juicio Ordinario.
En cuanto al allanamiento.
Como es sabido, el allanamiento no es sino una manifestación de conformidad con la petición formulada de contrario que impone al Juzgador los hechos, quedando excluido el examen de valoración de los mismos. Ahora bien, la voluntad expresada en tal sentido por el demandado tiene como límites (art 21 LEC -EDL 2000/77463-) el fraude de ley, el interés general o el perjuicio de tercero, en modo tal que, concurriendo alguna de estas circunstancias el Juez puede rechazar el allanamiento mandando seguir el juicio.
En el caso de la pieza de calificación, ninguna dificultad debería plantear un allanamiento del deudor persona física. Pero más problemática resulta el allanamiento en caso de deudor persona jurídica, en especial si está sometido a suspensión de facultades, casos en los que conforme al artículo 54 LC -EDL 2003/29207 se requiere de complemento por la administración concursal para el allanamiento si la materia puede afectar al patrimonio de la deudora. También resultaría problemática esta misma situación en caso de mera intervención si bien en este caso el control debería asumirlo directamente el Juez; y finalmente, también resultaría complejo admitir el allanamiento en el caso de que existieran imputaciones respecto de terceros, bien con referencia a cómplices, en el caso del deudor, bien con referencia al deudor, en el caso de allanamiento por parte de cómplices pues, en estos casos, el allanamiento puede estar haciéndose en perjuicio de tercero, incluso de manera fraudulenta y el Juez habría de rechazarlo.
En conclusión, dados los intereses en litigio y en especial, por razón de la responsabilidad concursal, el allanamiento resulta ciertamente complejo de asumir dado que será fácil que hayan implicados intereses de terceros.
Los artículos 167 y ss. de la Ley concursal -EDL 2003/29207- (en adelante, L...
Los artículos 167 y ss. de la Ley concursal -EDL 2003/29207 (en adelante, LC), regulan la formación y tramitación de la sección de calificación del concurso estableciendo, básicamente, los supuestos en los que debe procederse a la formación de dicha sección, la personación y condición de parte y la tramitación de la sección (informe de la administración concursal y dictamen del ministerio fiscal, oposición y sentencia de calificación). En relación con la tramitación procesal de la sección de calificación se plantean en esta ocasión dos cuestiones distintas pero relacionadas entre sí, en tanto se refieren al ámbito del poder de disposición de los intervinientes sobre el proceso de calificación y sobre las pretensiones que en éste se sustancian: de un lado, si es admisible el desistimiento de las partes (expreso por declaración del actor o tácito por incomparecencia) y, de otro, si también es posible el allanamiento en el marco del proceso de calificación.
Con carácter general, la Ley Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463 (en adelante, LEC) reconoce la facultad de los litigantes a disponer del objeto del juicio pudiendo «renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a mediación o a arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero» (art. 19.1 LEC). Se trata de una de las manifestaciones del llamado principio dispositivo en cuya virtud la iniciativa para poner en marcha un proceso judicial corresponde a las partes como consecuencia de la naturaleza privada de las relaciones jurídicas controvertidas (ello conlleva que la actividad jurisdiccional únicamente pueda iniciarse a instancia de parte interesada, que la determinación del objeto del proceso corresponda igualmente a las partes en exclusiva, que el ámbito de decisión de juez venga también determinado por las pretensiones de las partes y, finalmente, que del mismo modo las partes puedan poner punto final al propio proceso sin esperar a que se dicte sentencia).
Específicamente, en el marco del proceso civil el desistimiento consiste en el acto a través del cual se manifiesta la voluntad de abandonar un proceso ya iniciado, sin hacer dejación de la pretensión ni del derecho que la fundamenta. Se trata de una posibilidad que se reconoce al actor, es decir, a quien ha iniciado el proceso mediante la interposición de la pretensión que se sustancia (art. 20 LEC, apartados 2 y 3 -EDL 2000/77463-). El desistimiento implica en consecuencia la finalización del proceso dejando la pretensión imprejuzgada en tanto desemboca en un auto de sobreseimiento que permite al actor volver a interponer de nuevo la misma pretensión.
En el proceso de calificación que se enmarca en el procedimiento concursal, sin embargo, el ejercicio de esta facultad de disposición plantea algunas cuestiones que conviene analizar previamente. Así, ante todo debe destacarse que la formación de la sección correspondiente que ha de concluir con una calificación del concurso como culpable o como no culpable (fortuito) no se realiza a instancia de parte interesada sino que ha de producirse de oficio cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en la propia LC (en concreto, que se apruebe el convenio, salvo en los casos excepcionales previstos en el art. 167.1 LC -EDL 2003/29207-, o el plan de liquidación o que se acuerde la liquidación conforme a las normas legales supletorias). No se requiere, en consecuencia, demanda o solicitud de la administración concursal ni tampoco de ningún otro interesado, sino que esta parte del proceso concursal se inicia a instancias del propio juez del concurso que ha de ordenar la «formación de la sección de calificación» en la misma resolución judicial que recoja alguna de las circunstancias señaladas anteriormente.
Formada la sección, se establece el deber de la administración concursal de emitir un informe sobre la calificación del concurso, informe que posteriormente se ha de someter a dictamen del Ministerio fiscal. Solamente en el caso de que el informe de la administración concursal, el dictamen del Ministerio fiscal, o ambos, propongan la calificación del concurso como culpable se ha de dar audiencia al deudor y emplazar a las personas que pudieran ser afectadas por la calificación o ser declaradas cómplices (en los casos en los que el informe de la administración concursal y el dictamen del Ministerio fiscal coincidan en calificar al concurso como fortuito, el juez ha de ordenar el archivo de las actuaciones, sin que contra esta resolución quepa recurso alguno, art. 170.1 LC -EDL 2003/29207-). A partir de ello, cabe que el deudor o cualquiera de quien hubiera comparecido (los emplazados o quienes se hubiesen personado en tiempo y forma) se opongan a la propuesta de calificación del concurso como culpable incluida en el informe de la administración concursal y/o en el dictamen del Ministerio fiscal, oposición que se sustanciará según los trámites del incidente concursal.
De este modo, por tanto, en el incidente concursal de oposición a la calificación como culpable del concurso, actuará como demandante quien o quienes se opongan a dicha calificación y como demandada la administración concursal y, en su caso, el Ministerio fiscal así como aquellos comparecientes que defiendan también dicha calificación (a tenor de lo previsto en el art. 193.1 LC -EDL 2003/29207-, «en el incidente concursal se considerarán partes demandadas aquellas contra las que se dirija la demanda y cualesquiera otras que sostengan posiciones contrarias a lo pedido por la actora»). Y es en relación con este trámite procesal con el que cabría plantear si el desistimiento del demandante puede poner punto final al propio proceso de calificación.
Al respecto entendemos que en relación con el proceso de calificación, del mismo modo que sucede en relación con otros procesos en los que el ordenamiento jurídico pondera otros intereses en el marco de relaciones jurídico-privadas y específicamente con el propio procedimiento concursal (cfr. art. 186.2 LC -EDL 2003/29207-), el poder de disposición de las partes sobre el proceso no es pleno. En el proceso de calificación (como en general sucede en el procedimiento de concurso en su conjunto) no se sustancia una controversia de naturaleza estrictamente privada entre las partes que en él intervienen, sino que el objeto del mismo se dirige a la calificación del concurso y a la adopción de determinados pronunciamientos cuya trascendencia excede de cuales sean los intereses privados de las partes del proceso de calificación y en los que se ponderan también intereses de carácter general (por esta razón, se prevé la intervención en esta fase del proceso del Ministerio fiscal).
Por ello, entendemos que el o los demandantes podrán desistir de su oposición a la calificación del concurso como culpable pero ello no implicará que juez deba dictar auto de sobreseimiento y proceder al archivo de la sección de calificación dado que ésta ha de finalizar, necesariamente, en una sentencia que califique el concurso como fortuito o culpable, además y en su caso del resto de pronunciamientos previstos en los arts. 172 y 172 bis de la LC -EDL 2003/29207-. En el mismo sentido, la incomparecencia del o de los demandantes a la vista únicamente podrá considerarse desistimiento tácito con esos mismos efectos (abandono de la oposición a la calificación) y sin que suponga por tanto finalización del proceso de calificación (así también en relación con la solicitud de concurso, el art. 19.3 LC -EDL 2003/29207 determina que la incomparecencia del solicitante o su falta de ratificación, no implica la terminación del proceso por desistimiento tácito, sino la búsqueda de otro acreedor que asuma la pretensión).
Y por esa misma razón en nuestra opinión tampoco cabe como medio de terminación del proceso de calificación el allanamiento, entendido como acto procesal de finalización del proceso derivado de la declaración del demandado de conformidad y aceptación, pura y simple, de la petición contenida en la demanda o de estar jurídicamente fundada la pretensión. Tampoco si la administración concursal o cualesquiera otra de las partes acepta la argumentación ofrecida por el demandante (el deudor o quienes se opongan a la calificación del concurso como culpable) como fundamento de su oposición, sin perjuicio de que ello sea tomado en consideración por el juez del concurso en el momento de dictar la sentencia de calificación correspondiente.

References: resolución 
 artículo 167
 artículo 169
 artículo 169
in fine
 artículo 168
 artículo 168
 artículo 19
 artículo 442
 artículo 171
 artículo 194
 artículo 169
 artículo 3
in fine
 artículo 442
 artículo 442
 artículo 171
 artículo 171
 artículo 443
 artículo 443
 artículo 442
 artículo 443
 artículo 442
 artículo 21
 artículo 21
 Real Decreto 
 artículo 442
 artículo 169
 artículo 172
 artículo 19
 artículo 36
 resolución 
 resolución 
 artículo 184
 artículo 171
 artículo 171
 artículo 193
 artículo 163
 artículo 163
 artículo 167
 artículo 169
 artículo 169
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 169
 artículo 167
 artículo 170
 artículo 168
 artículo 170
 artículo 21
 artículo 194
 artículo 194
 artículo 443
 artículo 442
e contrario
 artículo 54
 resolución 
 resolución