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Timestamp: 2019-12-14 13:16:10+00:00

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C-279 de 2004
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020019011CC-SENTENCIAC279200424/03/2004CC-SENTENCIA_C_279__2004_24/03/2004200190112004SENTENCIA C-279/04 ACUERDO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE COLOMBIA Y URUGUAY CONVENIO IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL Y LEGISLACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL -Vigencia y eficacia ACUERDO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE COLOMBIA Y URUGUAY- Conservación de derechos adquiridos y pago de prestaciones TRABAJADOR MIGRANTE EN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL -Protección TRABAJADOR MIGRANTE EN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES -Protección ACUERDO INTERNACIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES- Protección de trabajadores migrantes ACUERDO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE COLOMBIA Y URUGUAY- Consideración de periodos de cotización cumplidos bajo una de las legislaciones para reconocimiento de derecho pensional ACUERDO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE COLOMBIA Y URUGUAY- Legislación aplicable a reconocimiento de prestación pensional ACUERDO INTERNACIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES Referencia: expediente LAT-242
CONSTITUCIONALIDADMarco Gerardo Monroy CabraRevisión oficiosa de la Ley 826 del 10 de julio de 2003 "Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Seguridad Social entre la República de Colombia y la República Oriental del Uruguay", hecho en Santafé de Bogotá, D. C., el 17 de febrero de 1998LAT242Identificadores20020019012true33325Versión original20019012Identificadores
Norma demandada: Revisión oficiosa de la Ley 826 del 10 de julio de 2003 "Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Seguridad Social entre la República de Colombia y la República Oriental del Uruguay", hecho en Santafé de Bogotá, D. C., el 17 de febrero de 1998
REVISIÓN oficiosa de la Ley 826 del 10 de julio de 2003 "Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Seguridad Social entre la República de Colombia y la República Oriental del Uruguay", hecho en Santafé de Bogotá, D. C., el 17 de febrero de 1998
La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Doctores Clara Inés Vargas Hernández - quien la preside -, Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Eduardo Montealegre Lynett y Álvaro Tafur Galvis, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia en la revisión oficiosa de la Ley 826 del 10 de julio de 2003 "Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Seguridad Social entre la República de Colombia y la República Oriental del Uruguay", hecho en Santafé de Bogotá, D. C., el 17 de febrero de 1998.
En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la C.P., el 21 de julio de 2003 el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República remitió a la Corte Constitucional, copia auténtica de la Ley 826 del 10 de julio de 2003 "Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Seguridad Social entre la República de Colombia y la República Oriental del Uruguay", hecho en Santafé de Bogotá, D. C., el 17 de febrero de 1998.
En efecto, desde el punto de vista formal, la Procuraduría considera que el Acuerdo fue firmado por los ministros de relaciones exteriores de los países vinculados, quienes, en términos de la Ley 32 de 1985 aprobatoria de la Convención de Viena, tienen plenos poderes para la suscripción del instrumento internacional. Adicionalmente, el Ministerio Público estima que la Ley aprobatoria del Acuerdo se tramitó de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución Política y en la Ley 5ª de 1992. Lo anterior, a pesar de que -según lo observado por el Procurador- faltan los datos relacionados con el número de congresistas que aprobaron el proyecto tanto en plenaria del Senado como en la Comisión Segunda de la Cámara, pues tales datos se suplen por las certificaciones expedidas por los funcionarios respectivos acerca de la existencia del quórum decisorio en todos los debates.
La Procuraduría hace un análisis pormenorizado de los artículos del Acuerdo, resumiendo su contenido y propósitos, y concluye diciendo que el instrumento en mención "desarrolla los preceptos consagrados en los artículos 2º, 9º, 224, 226 y 227, toda vez que con él se propende por (sic) salvaguardar los intereses estatales dentro de un marco de reciprocidad y conveniencia nacional, dirigidas a la integración y colaboración armónica con los países latinoamericanos y con los Estados de Colombia y Uruguay, en cumplimiento del artículo 9º, inciso segundo de la Carta Política".
De acuerdo a lo establecido en el numeral 10 artículo 241 de la Carta Política, esta Corte es competente para ejercer el control integral y previo de la constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. La Ley 826 de 2003 aprueba el "Acuerdo de Seguridad Social entre la República de Colombia y la República Oriental del Uruguay", por lo que su revisión, tanto desde el punto de vista material como formal es competencia de esta Corporación.
El Acuerdo fue suscrito en Bogotá, el 17 de febrero de 1998, por la, en ese entonces, Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Emma Mejía Vélez, y el, para el momento, Ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental de Uruguay, Didier Opertti Baddan. Tal suscripción es válida en términos de la Ley 32 de 1985, artículo 7o, numeral 2o, literal a, aprobatoria de la Convención de Viena sobre derecho de los tratados, la cual señala: g7. Plenos poderes. 1. Para la adopción la autenticación del texto de un tratado, para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a un Estado: (...)2. En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado: a) los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado; (...)h.
El Gobierno Nacional, por intermedio del Ministro de Relaciones Exteriores, Guillermo Fernández de Soto, y el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Angelino Garzón, presentó ante la Secretaría General de Senado, el 2 de agosto de 2002, el proyecto radicado bajo el No 34 de 2002, "por medio del cual se aprueba el Acuerdo de Seguridad Social entre la República de Colombia y la República Oriental de Uruguay". El proyecto fue publicado en la Gaceta del Congreso junto con su exposición de motivos, y repartido a la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado[1].
5.1. La necesidad de búsqueda de mejores oportunidades laborales, sumada a las necesidades productivas a nivel mundial, han implicado la migración de trabajadores que asuman un rol dentro de la generación de bienes y servicios. Esta realidad se ve enfatizada en un mundo globalizado como el presente."Según estimaciones recientes de la OIT, más de 96 millones de personas (trabajadores migrantes y sus familias) residen actualmente, legalmente o no, en un país diferente del suyo (...) la ONU afirma la existencia de 130 millones de migrantes, de los cuales un 40% parece encontrarse en situación irregular, número que parece aumentar, para todas las categorías, en alrededor de un 4 a 8% anual."[13]El hecho de abandonar temporal o definitivamente su país de origen pone a estos trabajadores en estado de vulnerabilidad. Así las cosas, se ha hecho imperioso consagrar en diferentes normas internacionales la protección a los trabajadores migrantes. En efecto, disposiciones laborales favorables con respecto a la forma de vinculación, pago de salarios, atención a riesgos profesionales, protección a los miembros de su familia, entre otros, se han venido desarrollando a nivel internacional desde comienzos del siglo veinte.
c.Declaración Iberoamericana de Seguridad Social de Buenos Aires, de 1972[22]
5.3. Esta Corporación ha encontrado ajustada a la Constitución normatividad en materia de protección de trabajadores migrantes que dentro de sus disposiciones abordaba el tema de protección en materia de seguridad social. En la sentencia C-106/95, Magistrado Ponente, Eduardo Cifuentes Muñoz, se conoció de la constitucionalidad de la Ley 146 de 1994, "por medio de la cual se aprob[ó] la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares". El artículo 27[23] de este instrumento consagra un trato igualitario en el derecho a la seguridad social de los trabajadores migrantes con respecto a los nacionales del país al cual migran. La Corte encontró que esto se ajustaba a la Constitución, toda vez que este derecho estaba previsto en el artículo 48 constitucional. En cuanto al contenido general del tratado que buscaba reconocer derechos a los trabajadores migrantes, la Corte señaló que tal planteamiento no era novedoso para nuestro país, toda vez que "[e]l Constituyente de 1991 se preocupó por garantizar la totalidad de los derechos a los que [la Constitución] se refiere, a todo habitante del territorio nacional, sin considerar su procedencia u ocupación."
Por otro lado, en la sentencia C-251/97, Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero, en el cual se estudiaba la constitucionalidad de la Ley 319 del 20 de septiembre de 1996, por medio de la cual se aprueba el Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -"Protocolo de San Salvador"-, se encontró ajustado a la Carta el artículo 9º del Convenio[24] que regula la seguridad social como un derecho de la persona a ser protegida contra las consecuencias de la vejez o la incapacidad - para poder llevar una vida digna -, toda vez que "[e]stas garantías coinciden con lo prescrito por la Carta, que establece el derecho a la seguridad social (CP art. 48), protege a la personas de la tercera edad (CP art. 46) y tiene expresamente previsto un especial apoyo a la mujer por razones de maternidad (CP art. 43)"
Por su parte, en la sentencia C-125/00, Magistrado Ponente Carlos Gaviria Díaz, se encontró ajustada a la Constitución la Ley 516 de 1999 "por la cual se aprueba el Código Iberoamericano de Seguridad Social". Dentro del mencionado Código se encuentran los artículos 14 y 20[25] que de manera expresa establecen el deber de desarrollar políticas de coordinación de los estados en materia de legislación de pensiones, con la finalidad de proteger a los trabajadores migrantes. Es de resaltar que en el articulado del Código Iberoamericano de Seguridad Social, dentro de los principios fundamentales, artículo 1º, numeral 1º, se reconoce a la Seguridad Social como un derecho inalienable del ser humano.[26] Esta disposición hace parte del ordenamiento interno, según lo señalado en el artículo 93, inciso 1.
Por otro lado, la Corte encuentra que de manera particular se cumple el mandato de optimización señalado en el artículo 13 de la Constitución cuando, independientemente de la proveniencia del trabajador -en virtud de la cual venía siendo cobijada por determinado régimen de seguridad social- se le reconoce un tratamiento igualitario en materia de seguridad social pensiones por parte del Estado receptor. Paralelamente, teniendo en cuenta la discriminación que puede acarrear el hecho de migrar de un país a otro para obtener empleo, se ve reforzado lo dispuesto en el artículo en mención con respecto a la promoción estatal de las condiciones para que la igualdad sea real.
6.2. Los artículos 2 y 3 relativos al ámbito de aplicación material y personal, respectivamente, desarrollan el principio de reciprocidad en las relaciones internacionales -artículo 226 C.P.-. El primero, puesto que delimita el ámbito de aplicación material a las legislaciones en materia de seguridad social pensiones de cada uno de los países y el segundo toda vez que, de igual manera, establece como aplicable el Acuerdo a los trabajadores que estuvieron o están sujetos a las normas de seguridad social de uno y otro país.
6.21. La Colaboración armónica entre las autoridades competentes, organismos de enlace y entidades gestoras de una y otra Parte es respetuosa del artículo 48 constitucional que prescribe un actuar eficiente en la prestación del servicio de seguridad social. Además, el hecho de que la colaboración se consagre dentro del artículo 25 del Acuerdo que señala que ésta se deberá prestar "como si se tratara de la aplicación de su propia legislación" es concordante con la forma en que se debe manifestar el actuar eficiente en términos del artículo 48; a saber, "en los términos que establezca la ley".
6.23. El hecho de que la presentación de documentos se entienda realizada en el momento en que se radican en la entidad gestora o el organismo de enlace de cualquiera de las partes -según lo estipulado en el artículo 29-, no contraría la Constitución; al contrario, se constituye en una facilidad más para los trabajadores migrantes para los cuales implicaría un esfuerzo innecesario tener que desplazarse al otro Estado Parte a fin de radicar dentro del plazo establecido los documentos requeridos. Además, este artículo desarrolla el principio de simplificación del artículo 16 del Código Iberoamericano de Seguridad Social.
6.24. El artículo 30 consagra la exención de impuestos y de legalización de los actos, documentos, gestiones y escritos relacionados con la aplicación del acuerdo. En la sentencia C-106/95, Magistrado Ponente, Eduardo Cifuentes Muñoz, se estableció que los trabajadores migrantes si bien no podían ser tratados en materia tributaria con más cargas que las de los trabajadores nativos, tampoco podían tener privilegios con respecto a éstos. En esa medida la exequibilidad de la normatividad tributaria aplicable a la importación y exportación de sus bienes de uso personal y enseres domésticos, prevista en el artículo 46 de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, fue declarada "bajo el entendido de que el Estado colombiano mantiene su derecho de dictar normas tributarias, cambiarias y monetarias que establezcan un trato igual entre trabajadores migratorios y sus familias y los nacionales, para la importación y exportación de bienes de uso personal, enseres domésticos, transferencia de ingresos y ahorros hacia el exterior, así como para proceder a la expropiación por razones de equidad y a la extinción del dominio en los eventos previstos en el artículo 34 de la CP.". Vale la pena dejar en claro que la exención de impuestos consagrada en el artículo 30 del Acuerdo en estudio es un caso diferente al del 46 del Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, toda vez que su aplicación no genera discriminación alguna, puesto que sólo los trabajadores migrantes cubiertos por el Acuerdo presentarán documentos relativos a la aplicación de este instrumento internacional; en esa medida no se presentará trato discriminatorio con respecto a individuo alguno.
6.25. El artículo 31 consagra la comprobación de veracidad de los documentos por parte de organismos de enlace y entidades gestoras de cada Parte, "de acuerdo con las formalidades vigentes en su respectiva Parte". No advierte la Corte vulneración alguna al ordenamiento interno ya que se prevé que se llevará a cabo de acuerdo a la legislación interna.
6.26. Según lo que señala el artículo 34 del Acuerdo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en Colombia, y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en Uruguay, -como autoridades competentes- deben "acordar disposiciones que garanticen los derechos en curso de adquisición derivados de los periodos de cotización, cumplidos con anterioridad a la fecha de derogación del Acuerdo." La Corte entiende que el objetivo del artículo 34 es evitar que, por mutuo acuerdo de los Estados Parte, se desvirtúe la validez de la homologación de los periodos de cotización que se habían hecho tanto en un Estado Parte como en el otro, con miras a la obtención de una prestación pensional. Estas situaciones jurídicas concretas se deben respetar aún si el Acuerdo que se revisa es derogado por los Estados Parte en el mismo. Esto se encuentra acorde con la protección en materia de seguridad social que procura la Constitución, toda vez que incluso en eventual ausencia del Acuerdo las situaciones jurídicas arriba mencionadas serán protegidas.
Primero: Declarar EXEQUIBLE el "Acuerdo de Seguridad Social entre la República de Colombia y la República Oriental del Uruguay", hecho en Santafé de Bogotá, D. C., el 17 de febrero de 1998.
Segundo: Declarar EXEQUIBLE la Ley 826 del 10 de julio de 2003 "Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Seguridad Social entre la República de Colombia y la República Oriental del Uruguay".
Exequible LEY_826_2003_10/07/2003
[1]Ver GACETA DEL CONGRESO Año XI, Nº 328 del 12 de agosto de 2002. Págs. 5 y ss
[2]Ver GACETA DEL CONGRESO Año XI, Nº 381 del 13 de septiembre de 2002. Pág. 10.
[3]Ver GACETA DEL CONGRESO Año XI, Nº 328 del 12 de agosto de 2002. Págs. 5 y ss
[4]Folio 2 cuaderno 2 del expediente.
[5]Ver GACETA DEL CONGRESO Año XI, Nº 485 del 31 de octubre de 2002. Págs. 23 y ss.
[6]Ver GACETA DEL CONGRESO Año XII No 31, del 4 de febrero de 2003. P. 22
[7]Certificación expedida por el Secretario General del Senado de la República del 22 de septiembre de 2003. Folio 120, cuaderno 1.
[8]Ver GACETA DEL CONGRESO. Año XII, No 139 del 28 de marzo de 2003, Pag 1 y ss.
[9]Certificación expedida por el Secretario General de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, del 21 de agosto de 2003. Folio 36, cuaderno 1.
[10]Ver GACETA DEL CONGRESO Año XII, Nº 227 del 29 de mayo de 2003. Págs 9 y ss
[11]Según certificación del Secretario General. Cámara de Representantes del 20 de junio de 2003. Folio 66 cuaderno 1.
[12]Ver folio 26 vuelto, cuaderno 1.
[13]http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/actrav/publ/129/2.pdf consultado el 29 de enero de 2004
[14] "Artículo 6
[15] "La Conferencia: Habiendo adoptado un Convenio sobre los trabajadores migrantes, 1939, y deseando completarlo con una recomendación,
13. Es de desear que los Miembros que no hayan ratificado los convenios internacionales del trabajo relativos a los seguros sociales concedan a los trabajadores extranjeros y a sus derechohabientes el trato previsto en dichos convenios."
[16] "Después de haber adoptado el Convenio sobre los trabajadores migrantes, 1939, y la Recomendación sobre los trabajadores migrantes, 1939,
1.Los Miembros entre los cuales los movimientos migratorios revistan cierta importancia o un carácter colectivo deberían completar las medidas tomadas para la aplicación de las disposiciones del Convenio y de la Recomendación sobre los trabajadores migrantes, 1939, con acuerdos bilaterales o plurilaterales, que podrían reglamentar eficazmente según las circunstancias, las cuestiones siguientes: (...) i) la liquidación de los derechos de pensión de los trabajadores migrantes en virtud del seguro de vejez, invalidez y muerte, si la conservación de estos derechos no estuviere organizada ya entre los Estados interesados."
[17]"47. Cuando los trabajadores migrantes no estén en condiciones de beneficiarse del mismo trato que los demás trabajadores en lo que se refiere a la protección contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte, se debería proceder, en la medida en que sea posible y oportuno, y en colaboración con los trabajadores, a la organización de sociedades de socorros mutuos y de fondos de previsión social, con objeto de hacer frente a las necesidades de los trabajadores migrantes en estos casos, debiendo considerarse esta organización como precursora de regímenes más amplios de carácter local, regional o territorial."
[18]"2. Los trabajadores migrantes y los miembros de sus familias que se encuentren legalmente en el territorio de un Miembro deberían disfrutar de igualdad de oportunidades y de trato con los trabajadores nacionales en lo relativo a: (...) f)(...) las medidas de seguridad social y los servicios y prestaciones sociales relacionados con el empleo; (...) 34. 1.Todo trabajador migrante que se marche del país de empleo debería tener derecho, independientemente de que su estancia en el país haya sido legal o no: (...) ii) al reembolso de las cotizaciones de seguridad social que, de acuerdo con la legislación nacional o los acuerdos internacionales, no den ni hayan dado lugar a derechos en su favor, en la inteligencia de que, cuando las cotizaciones a la seguridad social no confieran derecho a prestaciones, se debería hacer todo lo posible por concluir acuerdos bilaterales y multilaterales para proteger los derechos de los trabajadores migrantes. 2) En caso de desacuerdo sobre los derechos adquiridos por alguno de los conceptos previstos en el subpárrafo anterior, el trabajador debería tener la posibilidad de hacer valer sus derechos ante el organismo competente y disfrutar de igualdad de trato en materia de asistencia judicial."
[19] "Artículo 21. Seguridad social . 1. Ambas partes deberán determinar, en un acuerdo separado, los métodos para aplicar un régimen de seguridad social a los migrantes y a las personas a su cargo.
4. El acuerdo impondrá la obligación, a la autoridad competente del territorio de inmigración, de tomar medidas que garanticen, a los migrantes temporales y a las personas a su cargo, un trato no menos favorable que el que aplique a sus nacionales, quedando entendido que en caso de regímenes obligatorios de pensión se tomarán medidas adecuadas para el mantenimiento de los derechos adquiridos por los migrantes y de aquellos otros en curso de adquisición.h
[20]" Artículo 2.- Son objetivos del Convenio Simón Rodríguez: (...) Definir y coordinar las políticas comunitarias referentes al fomento del empleo, la formación y capacitación laboral, la salud y seguridad en el trabajo, la seguridad social, las migraciones laborales; así como otros temas que puedan determinar los Países Miembros"
[21]"Artículo1: El presente Convenio se aplicará respecto de los derechos de asistencia médico-sanitaria y prestaciones de vejez, invalidez y sobrevivientes previstos en los Sistemas obligatorios de Seguridad Social, Previsión Social y Seguros Sociales vigentes en los Estados Contratantes. (...)
Artículo 18. Las prestaciones económicas de la Seguridad Social acordadas en virtud de las disposiciones legales de los Estados Contratantes no serán objeto de reducción, suspensión, extinción, descuentos, quitas y gravámenes, fundados en el hecho de que el beneficiario resida en otro de los Estados Contratantes.h
[22]"DECLARACION (...) 7. A la efectividad del derecho de Seguridad Social están llamados cuantos organismos y entidades públicas, semipúblicas y privadas cumplan funciones sociales. Su actuación debe corresponder a la carácterística de servicio público y, como tal, estar integrada en la planificación nacional a cargo del Estado.
8. El desarrollo social y particularmente el derecho de Seguridad Social constituyen objetivos prioritarios y fundamentales para Iberoamérica y Filipinas y, por lo tanto, resulta indispensable acelerar todos los esfuerzos para alcanzarlos en el más corto tiempo posible."
[23]"Artículo 27 1. Los trabajadores migratorios y sus familiares gozarán en el Estado de empleo, con respecto a la seguridad social, del mismo trato que los nacionales en la medida en que cumplan los requisitos previstos en la legislación aplicable de ese Estado o en los tratados bilaterales y multilaterales aplicables. Las autoridades competentes del Estado de origen y del Estado de empleo podrán tomar en cualquier momento las disposiciones necesarias para determinar las modalidades de aplicación de esta norma.
2. Cuando la legislación aplicable no permita que los trabajadores migratorios o sus familiares gocen de alguna prestación, el Estado de que se trate, sobre la base del trato otorgado a los nacionales que estuvieren en situación similar, considerará la posibilidad de reembolsarles el monto de las contribuciones que hubieren aportado en relación con esas prestaciones."
[24]"Artículo 9 Derecho a la seguridad social. 1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes. 2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto."
[25]Elartículo 14 señala "1. La efectividad protectora de los sistemas de Seguridad Social depende, en gran parte, de la coordinación de los diferentes programas de protección social que se encuentran estrechamente ligados entre sí al objeto de garantizar una cobertura más racional y eficaz de las diversas necesidades. 2. Los Estados ratificantes se declaran inclinados a favorecer el progreso de la idea de coordinación institucional y operativa de las ramas, regímenes, técnicas y niveles de protección social." Esto se ve complementado con lo consagrado en elartículo 20 según el cual "1. El objetivo de convergencia de las políticas de Seguridad Social debe facilitar el de coordinación de las legislaciones respectivas en su aplicación concurrente, sucesiva o simultánea, al caso de los trabajadores migrantes. 2. Con ese fin, los Estados ratificantes se comprometen a elaborar un Protocolo adicional al Código, relativo a la Seguridad Social de los trabajadores que se desplazan en el interior de sus fronteras, y a la de sus familias."
[26]"Artículo 1 1. El Código reconoce a la Seguridad Social como un derecho inalienable del ser humano. 2. Este derecho se concibe como garantía para la consecución del bienestar de la población, y como factor de integración permanente, estabilidad y desarrollo de la sociedad."
[27]Artículo 10. Las personas protegidas de cada uno de los Estados Contratantes que presten o hayan prestado servicios en el territorio de otro Estado Contratante, tendrán en el país receptor los mismos derechos y estarán sujetas a iguales obligaciones que los nacionales de este Estado respecto a los regímenes de vejez, invalidez y sobrevivientes.
[28]Artículo 18. Las prestaciones económicas de la Seguridad Social acordadas en virtud de las disposiciones legales de los Estados Contratantes no serán objeto de reducción, suspensión, extinción, descuentos, quitas y gravámenes, fundados en el hecho de que el beneficiario resida en otro de los Estados Contratantes.
[29]Artículo11. Las personas comprendidas en el artículo anterior que hayan estado sujetas a la legislación de dos o más de los Estados Contratantes, y los causahabientes en su caso, tendrán derecho a la totalización de los períodos de cotización computables en virtud de las disposiciones legales de cada una de ellas. El cómputo de los períodos correspondientes se regirá por las disposiciones legales del país en el cual fueron prestados los servicios respectivos.
[30]Artículo 16. Los Estados ratificantes, cualquiera que sea el modelo organizativo e institucional adoptado, propiciarán una gestión apoyada en los principios de eficacia, eficiencia, simplificación, transparencia, desconcentración, responsabilidad y participación social.
[31]Artículo 13. El derecho a prestaciones de quienes, teniendo en cuenta la totalización de períodos computados, no cumplen al mismo tiempo las condiciones exigidas por las disposiciones legales de los Estados Contratantes, se determinará con arreglo a las vigentes en cada uno de ellos a medida que se vayan cumpliendo dichas condiciones. Los interesados podrán optar porque los derechos le sean reconocidos conforme con las reglas del párrafo anterior o separadamente, de acuerdo con las disposiciones legales de cada Estado Contratante con independencia de los períodos computables en la otra Parte.
[32]Artículo 14. Los períodos de cotización cumplidos antes de la fecha de vigencia de este Convenio sólo serán considerados cuando los interesados acrediten períodos de cotización a partir de esa fecha. En ningún caso ello dará derecho a la percepción de prestaciones fundadas en ese Convenio con anterioridad a la fecha de su vigencia.

References: artículo 241
 artículo 9
 artículo 241
 artículo 7
 artículo 27
 artículo 48
 artículo 9
 artículo 1
 artículo 93
 artículo 13
 artículo 48
 artículo 25
 artículo 48
 artículo 29
 artículo 16
 artículo 30
 artículo 46
 artículo 34
 artículo 30
 artículo 31
 artículo 34
 artículo 34
 Artículo 2

Artículo 18