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Timestamp: 2020-08-13 03:24:35+00:00

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ARARTEKO, La inclusión y la cohesión sociales: Una visión en clave de efectividad de derechos humanos LUIS JIMENA QUESADA Presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia
La inclusión y la cohesión sociales: Una visión en clave de efectividad de derechos humanos LUIS JIMENA QUESADA Presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia
La inclusión y la cohesión sociales: Una visión en clave de efectividad de derechos humanos
Presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia
La crisis económica y financiera mundial de los últimos años nos ha hecho reparar, y tal vez sensibilizarnos en mayor medida, con el problema de la pobreza y la exclusión social, también en el conocido mundo occidental y desarrollado. La necesaria, por justa y solidaria, política pública de cooperación al desarrollo con el “tercer mundo” (que se articula a través de la adopción de medidas tanto a escala estatal como autonómica) es compatible con las políticas públicas nacionales en pro de la inclusión y la cohesión sociales a favor del “cuarto mundo” (personas pobres y excluidas del mundo desarrollado). Es más, la crisis actual nos debe hacer ver que la noción de “cuarto mundo” tiene que dejar de concebirse como un mero eufemismo, para ser percibida como una realidad acuciante, susceptible de tratamiento jurídico, y no simplemente político. Precisamente ese enfoque jurídico (que obviamente requiere asimismo una complementaria aproximación política) ocupa la parte central de la exposición (apartado II, infra).
Así pues, existe un problema, real, que arranca del enfoque empleado para acometer la inclusión y la cohesión sociales, empezando por el discurso y el lenguaje utilizados. Estamos excesivamente acostumbrados a enfocar la inclusión y la cohesión sociales en clave sectorial y territorial, política y económica, sin preocuparnos por los mecanismos jurídicos de protección de derechos humanos frente a situaciones de pobreza y exclusión social. Se elaboran y adoptan medidas internas de alto rango normativo con gran impacto mediático y propaganda política, pero con bajo perfil y pobre efectividad en términos de articulación jurídica y de cultura de derechos humanos: a título de ejemplo: ¿hemos pensado en acompañar la reforma del art. 135 de la Constitución española de otras medidas de inspiración-imposición europea que no conciban la estabilidad económica como un fin en sí misma, sino como medio para la satisfacción de derechos sociales? ¿Hemos reflexionado en el ámbito autonómico sobre la posibilidad de acompañar las últimas reformas estatutarias (a partir de 2006), por ejemplo en materia de vivienda e inclusión social, de exigencias a los poderes centrales, no solo de financiación para asegurar aspiraciones descentralizadoras como fines en sí mismas, sino de mayores compromisos europeos sobre derechos sociales que comporten justamente ese soporte financiero? ¿Somos consecuentes los agentes sociales y las organizaciones de la sociedad civil cuando no incluimos la asunción de esos mismos compromisos en el discurso transnacional? ¿Nos creemos el propio discurso político, ya ni siquiera jurídico relacionado con los derechos humanos, sobre inclusión social y vivienda, cuando establecemos un Ministerio de Igualdad o un Ministerio de Vivienda y los suprimimos como si nada? ¿Somos coherentes los operadores jurídicos y académicos cuando, en ese mismo terreno de la inclusión social y la vivienda, seguimos acomodados en el lenguaje de la caridad como virtud en lugar de los derechos humanos como exigencia jurídica?
En este escenario, hemos asumido con naturalidad los males de la globalización económica y de las políticas públicas ineficientes sin prestar atención a los posibles beneficios de un Derecho global y de una protección jurídica multinivel de los derechos humanos. Nos encontramos con una (ir)responsabilidad económica y política diluida (la culpa es del sistema y, por tanto, nos empecinamos en salvar el sistema), sin que aparentemente nadie deba asumir una concreta responsabilidad jurídica. Efectivamente, la implementación de políticas públicas debe ir de la mano de la efectividad jurídica de los derechos correspondientes, para evitar la impresión ciudadana según la cual debemos resignarnos a asumir despilfarro económico, irresponsabilidad jurídica e inexigibilidad jurídica.
Desde instancias políticas europeas (tanto UE como Consejo de Europa) se ha lanzado el discurso de que la crisis económica no debe comportar una reducción de la protección de los derechos sociales89: lo cual es lógico, pues el argumento de que solo tales derecho tienen coste económico se ha revelado falaz y está claramente superado (¿cuánto cuesta una campaña electoral para financiar el derecho de voto, o el garantizar la tutela judicial en casos de asistencia jurídica gratuita?). Sin embargo, desde esas mismas instancias se pone más el acento en el acometimiento de adicionales estrategias o actuaciones económicas y programáticas (como la Estrategia Europa 2020 en la UE) que en el favorecimiento de la asunción de mayores obligaciones o compromisos jurídicos (como la Carta Social Europea revisada de 1996).
Ahora bien, es cierto que los derechos sociales no deben verse menoscabados en su defensa, pues ello es tanto como aceptar que las normas jurídicas (que los reconocen) sean vulneradas. Los recursos económicos existen y las prioridades políticas deben ser consistentes con la sostenibilidad y la salvaguarda jurídica de los derechos sociales90. Ello no obstante, el prevalente discurso exclusiva y excluyentemente económico-político acaba empobreciendo el lenguaje jurídico y la cultura de defensa de los derechos humanos. Estamos aquejados, incluso y esto es más grave, los actores jurídicos (y no digamos, entonces, la ciudadanía) de un lamentable déficit de conocimiento sobre los instrumentos jurídicos (internacionales y nacionales) y su alcance en materia de inclusión social: ¿acaso se conoce en España la llamada jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales que hace de la Carta Social Europea (incluso de la de 1961) un instrumento vivo y efectivo, más que un mero instrumento internacional citado ad abundantiam o como simple aderezo estético-cosmético por las jurisdicciones internas? ¿Estamos gastando las mismas energías en salvar el sistema bancario que en hacer viables jurídicamente institutos como la dación en pago como medio liberatorio definitivo de la deuda en el ámbito de la vivienda, en lugar de articularla al albur de la simple voluntariedad mediante medidas normativas extraordinarias como el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos?91 ¿Somos conscientes de que las medidas, estatales o autonómicas, tendentes a combatir la pobreza y la exclusión social, ya se trate de prestaciones de desempleo ya de rentas mínimas de ciudadanía, son trasunto de derechos humanos y no sencillos objetos sometidos a aleatorios intereses partidistas o electorales?
Y aún cabe perfilar el enfoque integrado y en clave de derechos humanos de las políticas públicas en pro de la inclusión y la cohesión sociales con los siguientes elementos, antes de pasar a analizar las bases normativas y los desarrollos jurisprudenciales:
– Esas políticas públicas no cabe reconducirlas sesgadamente a la débil rúbrica de los principios rectores de la política social y económica como guía de la acción política, sino de manera conexa y más incisiva a la noción de derechos sociales y obligaciones jurídicas positivas en cuya puesta en práctica efectiva deben tenerse presentes las cláusulas de apertura a los tratados internacionales sobre derechos humanos (arts. 10.2 y 93 a 96 de la Constitución).
– La exclusión social se manifiesta básicamente en el inaccesible ejercicio de la condición plena de ciudadanía, es decir, en el disfrute de los derechos no solo económicos, sociales y culturales, sino asimismo civiles y políticos; de ahí la conexión de esta temática con el derecho de voto y con la participación ciudadana en un sentido más amplio.
– Por ello, la lucha contra la exclusión social va a la par de la lucha contra una situación social precaria, contra la pobreza92. Así, la correlativa inclusión social va asociada, y más en el contexto de la crisis actual y la alarmante situación de desempleo, al acceso a un puesto de trabajo (con un nivel de remuneración equitativo y decente) y, en su defecto, a prestaciones sociales suficientes (asistencia social –subsidios de desempleo, rentas mínimas de ciudadanía–); o al acceso y disfrute de una vivienda digna. Y, en el plano subjetivo, no se olvide que la exclusión social va ligada a situaciones de discriminación (raza y etnia, nacionalidad, sexo, discapacidad), muchas veces múltiple.
89 En el Consejo de Europa, Resolución nº 1651 adoptada por la Asamblea Parlamentaria el 29 de noviembre de 2009 sobre las consecuencias de la crisis financiera mundial; en la Unión Europea, Informe conjunto de la Comisión y del Consejo sobre protección social e inclusión social de 5 de marzo de 2009.
90 Vid. JIMENA QUESADA, L.: “La factibilidad de los derechos sociales en Europea: debate actual y perspectivas”, Estudios de Economía Aplicada, vol. 27-3, octubre-diciembre 2009, pp. 743-766.
91 La actual Defensora del Pueblo de España se ha hecho eco de esta difícil situación de los deudores hipotecarios sin recursos en su reciente informe Crisis económica y deudores hipotecarios: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo, Madrid, Defensor del Pueblo (Informes, Estudios y Documentos), 2012. En los anexos se incluyen algunas resoluciones de órganos jurisdiccionales españoles que han dado por buena la dación en pago como medio liberatorio definitivo de la deuda, o han afrontado asimismo la problemática de las hipotecas con cláusulas de suelo, o los productos de permuta financiera (swaps, clip, stockpyme…). Al respecto, ha apuntado ALVAREZ ROYO-VILLANOVA, S.: “De nuevo en apoyo del deudor hipotecario. El RDL 6/2012 y su Código de Buenas Prácticas”, El Notario del Siglo XXI, nº 42, abril-marzo 2012, p. 42: “El creciente número de ejecuciones hipotecarias que afectan a familias que no pueden hacer frente al préstamo hipotecario de su vivienda es una de las cuestiones socio económicas más preocupantes de la actualidad. Así lo entienden no solo los indignados y las diversas plataformas de afectados, sino también la defensora del pueblo en un reciente y extenso informe”.
92 Sobre el particular existen algunos indicadores a nivel mundial (p.e., según el Banco Mundial, extrema pobreza se padece con un salario diario máximo de 1$ y pobreza con 2$) y europeo (p.e., EUROSTAT considera pobreza si el salario es inferior al 60% de la renta media del país en que se reside): véase YOTOPOULOS-MARGANGOPOULOS, A.: “Rapport introductif”, en el colectivo La pauvreté, un défi pour les droits de l’homme (dir. E. DECAUX y A. YOTOPOULOS-MARGANGOPOULOS), Paris, Pedone, 2009, pp. 15-24.
Cuando ponemos la mirada en los parámetros europeos en materia de derechos humanos, tenemos tendencia a fijar inmediatamente la mirada, sea cual sea el ámbito al que nos pretendamos acercar, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y en la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo (TEDH), confiando en hallar en aquel y en esta la solución. En cambio, y pese al principio de indivisibilidad (resaltado por el TEDH en el famoso caso Airey c. Irlanda de 9 de octubre de 1979 al enfatizar las “prolongaciones” o “implicaciones” socio-económicas de los derechos cívico-políticos), ni el CEDH fue concebido como un instrumento de derechos sociales ni el TEDH como una jurisprudencia europea de derechos sociales, pese a unos remarcables apuntes jurisprudenciales de carácter social con apoyo en distintas disposiciones del texto convencional y sus Protocolos94.
Desde esta perspectiva, a pesar de algunas incursiones apreciables en el campo de la inclusión social en supuestos relacionados con la protección de algunas minorías (especialmente, de etnia gitana95), el TEDH se ha mostrado más comedido al enfrentarse con situaciones atinentes a personas con discapacidad, y más circunspecto al afrontar situaciones de gran pobreza o precariedad: en cuanto a las personas con discapacidad, en la STEDH Botta c. Italia de 24 de febrero de 1998 se rechazó utilizar de manera extensiva la protección del derecho a la vida privada (art. 8 CEDH) para reconocer el estatuto de plena ciudadanía a una persona que deseaba poder acceder a la playa lejos de su residencia habitual durante las vacaciones, trasladando la cuestión al ámbito material del art. 15 de la Carta Social Europea (CSE); en la decisión de inadmisibilidad dictada en el caso Molka c. Polonia de 11 de abril de 200696, el TEDH consideró manifiestamente infundada bajo el ángulo del art. 8 CEDH la pretensión del demandante (en silla de ruedas) de acceder a la cabina para votar. En lo que atañe a las situaciones de precariedad, si bien ha habido aportaciones interesantes, el TEDH ya tuvo ocasión de rechazar la consideración de la gran pobreza sufrida por una persona como trato inhumano o degradante (art. 3 CEDH) en la decisión de inadmisibilidad de 9 de mayo de 1990 en el caso Volsem c. Bélgica; mientras que en la decisión de inadmisibilidad de 23 de abril de 2002 dictada en el caso Larioshina c. Rusia, si bien el TEDH sostuvo que el montante de las pensiones y otras prestaciones sociales podía ser analizada bajo el ángulo del art. 3 CEDH, no consideró que las circunstancias de la demandante (que percibía unos 25 euros al mes, o sea, en torno a un euro diario) alcanzaran el nivel mínimo de gravedad o severidad exigido por el CEDH97.
Dicho lo anterior, y pese a que el TEDH sea el buque insignia del Consejo de Europa, no conviene tampoco exagerar el impacto de su jurisprudencia en el terreno social, puesto que si bien en algunos casos puede dictar sentencias sobre recursos individuales con efectos generales y el Protocolo nº 12 podría comportar una incursión jurisprudencial constructiva y audaz sobre derechos sociales98, lo cierto es que confiar en una tarea taumatúrgica puede desilusionar, tanto más si tenemos presente que más del noventa y cinco por ciento de las demandas son declaradas inadmisibles; y, en cuanto a su jurisprudencia evolutiva, es menester tener presente no solo la conocida sobrecarga de asuntos (que ha pretendido contrarrestarse, entre otros aspectos, mediante la adopción del Protocolo nº 14), sino igualmente la propia presión política de los Estados (la Conferencia de Brighton celebrada los días 18-20 de abril de 2012 bajo presidencia británica del Comité de Ministros del Consejo de Europa así lo acredita). Me da la impresión, siendo (auto)crítico, que la doctrina tiene una fuerte responsabilidad en esa excesiva fe socializante del CEDH y del TEDH, adoleciendo de una suerte de obsesión convencional.
En estas condiciones, convendría dirigir la mirada hacia el tratado europeo por excelencia en materia de derechos sociales (y de inclusión social), a saber, la Carta Social Europea de 1961 (ratificada por España en 1980), revisada en 1996 (no ratificada todavía por España, que la firmó en 2000). La Carta de 1961 contiene una importante disposición para combatir la pobreza, a saber, el art. 13, que reconoce el derecho a la asistencia social o a recursos mínimos garantizados; por otra parte, el art. 16 establece la protección económica, jurídica y social de la familia, incluyendo la vivienda como parte de esa protección. Por su lado, la Carta Social revisada de 1996 refuerza ambas disposiciones, introduciendo una disposición única en el contexto internacional que reconoce autónomamente el derecho a la lucha contra la pobreza y la exclusión social (art. 30), completada por el específico derecho a la vivienda (art. 31). El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) es la máxima instancia interpretativa de la Carta Social, tanto a través del sistema originario de informes (obligatorio, establecido en 1961) como mediante el más reciente mecanismo judicial de reclamaciones colectivas (instaurado por medio del Protocolo de 1995, no aceptado por España), los cuales han dado lugar a una jurisprudencia nada desdeñable en el campo de la inclusión social.
En lo que afecta a España, el Comité ha declarado que se incumplía el art. 13 de la Carta Social en la mayoría de Comunidades Autónomas (recuérdese la competencia regional sobre asistencia social prevista en el art. 148.1.20ª de la Constitución) en lo relativo al montante mínimo de las rentas básicas de ciudadanía (con la excepción del País Vasco), así como en lo referente al tiempo mínimo de residencia requerido por la legislación nacional para el acceso de los inmigrantes a dichas rentas (el CEDS considera desproporcionado exigir más de un año). Por supuesto, esa interpretación jurisprudencial del CEDS es de obligado cumplimiento. Aunque, como es obvio, resulta más visible la jurisprudencia emanada del procedimiento de reclamaciones colectivas. A este respecto, el CEDS ha dictado importantes “decisiones de fondo” (es la denominación que tienen sus “sentencias”) que han permitido mejorar la situación de las personas sin hogar y el derecho a la vivienda en algunos países como Francia99, o que han hecho reconsiderar las medidas adoptadas con respecto a minorías como las personas de etnia gitana en diversos países (infra), o asimismo reconducir la inclusión social de las personas con discapacidad100.
Sintetizada en estos términos esa jurisprudencia del CEDS, merece la pena resaltar cuatro ejemplos prácticos: el primero, referente a la asistencia social y la lucha contra las situaciones de precariedad en Bulgaria; el segundo, el tercero y el cuarto, relativos a las condiciones de discriminación y exclusión social de la etnia gitana en Grecia, Francia e Italia.
a) Mediante la decisión de fondo de 18 de febrero de 2009 de resolución de la Reclamación nº 48/2008 (Centro de Derechos para los Gitanos Europeos c. Bulgaria), el CEDS declaró que hubo violación del art. 13.1 CSE (derecho a la asistencia social y médica): se acogía así el argumento de la organización reclamante según el cual la legislación búlgara (a tenor de la modificación de la Ley de asistencia social aprobada por el Parlamento en febrero de 2006) ya no aseguraría, desde el 1 de enero de 2008, el derecho a una asistencia social adecuada a las personas desempleadas que no dispusieran de recursos suficientes (al limitar la duración del reconocimiento ininterrumpido de las prestaciones de ayuda social a personas paradas en edad de trabajar), lo que afectaría especialmente a categorías vulnerables (como las personas gitanas y las mujeres). De manera más precisa, en el apartado 43 de esa decisión el CEDS concluye que “teniendo en cuenta que aquellos a quienes se denegará el mantenimiento de la asistencia social corren un serio riesgo de verse privados de recursos suficientes, y dada la necesidad de otorgar una asistencia social durante todo el tiempo que persista la situación de necesidad para permitir a los interesados que puedan continuar viviendo con dignidad, el Comité estima que las modificaciones introducidas en la Ley relativa a la asistencia social que tienen por efecto interrumpir el otorgamiento de las prestaciones que aseguren una renta mínima a las personas en situación de necesidad tras un período de dieciocho, doce o seis meses, son contrarias al artículo 13§1 de la Carta revisada”101.
b) La decisión de 11 de diciembre de 2009 sobre la Reclamación nº 49/2008 (INTERIGHTS c. Grecia) acogió la tesis impugnatoria de la entidad reclamante, declarando la vulneración del art. 16 de la Carta Social (protección social, jurídica y económica de la familia) en la medida en que el Gobierno griego habría continuado desahuciando a la fuerza a las personas gitanas sin proponerles un alojamiento adecuado, todo ello acompañado de discriminación racial en materia de acceso a la vivienda de los gitanos residentes en Grecia.
Dos aspectos convienen ser destacados en lo que atañe al razonamiento jurídico del CEDS: de un lado, pese a tomarse nota de ciertos avances en la mejora de las condiciones de vida de las personas de etnia gitana (extensión del programa de préstamos inmobiliarios, tanto en número como en montante, o construcción de un nuevo campamento permanente y adopción de legislación antidiscriminatoria que se aplicaría al acceso a bienes y servicios, entre ellos, a la vivienda), el CEDS considera ampliamente acreditado que un gran número de integrantes de la comunidad gitana continúa viviendo en campamentos que no responderían a las normas mínimas y, desde este punto de vista, se reafirma la posición recogida en la previa decisión de fondo de 8 de diciembre de 2004 sobre la Reclamación nº 15/2003 (Centro de Derechos para los Gitanos Europeos c. Grecia)102. De otro lado, y tras sostener que, en el caso de las personas de etnia gitana el asegurar un trato idéntico no constituye un medio adecuado de protección contra la discriminación, sino que debe tomarse en cuenta la diferencia, el CEDS estima discriminatorios los desalojos forzosos padecidos por dichas personas en Grecia, basándose tanto en la jurisprudencia del TEDH (se citan, entre otras, las sentencias dictadas el 27 de mayo de 2004 o el 13 de mayo de 2008 en el caso Connors y en el caso McCann, respectivamente, ambos contra el Reino Unido) como en la Observación General sobre la materia (la nº 7) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Esa discriminación se asienta en elementos como que un número considerable de personas de etnia gitana son desalojadas forzosamente, en violación del art. 16 de la Carta, sin ser consultadas previamente, sin un plazo razonable de preaviso y sin alternativa de realojamiento pero, sobre todo, no son informadas sobre los recursos disponibles para contestar la orden de desahucio. Esta última apreciación pone en conexión directamente la justiciabilidad de los derechos sociales con la problemática sobre la cultura jurídico-democrática en materia de derechos humanos.
c) La decisión de 19 de octubre de 2009 sobre la Reclamación nº 51/2008 (Centro de Derechos para los Gitanos Europeos c. Francia) acogió asimismo las pretensiones impugnatorias de la organización reclamante, según la cual las personas itinerantes, viajantes o nómadas (“gens du voyage”) en Francia son víctimas de injusticia en el acceso a la vivienda, y especialmente de exclusión social y de desalojos forzosos, así como de segregación en la atribución de las viviendas, de condiciones mediocres de alojamiento y de falta de seguridad; además, Francia no habría adoptado las medidas necesarias para mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes gitanos procedentes de otros Estados miembros del Consejo de Europa. En particular, la violación del art. 31 (derecho a la vivienda), en su apartado 1, se habría producido como consecuencia: de la creación insuficiente de zonas de acogida para personas itinerantes (solo algunos municipios de más de cinco mil habitantes dispondrían de ellas pese a la obligación impuesta al efecto por la “Ley Besson”, Ley nº 2000-614, de 5 de julio), lo que tendría por consecuencia conducir a dichas personas a ocupación ilegal de terrenos y a desahucios previstos en la Ley de 2003 para la seguridad interior; de las malas condiciones de vida y disfunciones de esas áreas de acogida, alejadas de zonas urbanas o próximas a instalaciones que generan molestias importantes (transformadores eléctricos o carreteras con gran volumen de tráfico); y de la no consideración de las caravanas de esas personas como viviendas al no estar sometidas a una licencia de construcción, quedando por tal razón excluidas asimismo de la posibilidad de acceso a préstamos para vivienda con tasas de interés reducidas. Por otro lado, el apartado 2 del art. 31 se encontraría vulnerado en la medida en que, si bien “la ocupación ilegal de terrenos o de viviendas es susceptible de justificar el desalojo de los ocupantes ilegales”, los procedimientos de desahucio deben ser ejecutados “respetando la dignidad de las personas afectadas”, y acompañados de soluciones de realojamiento (se cita jurisprudencia precedente del CEDS, en especial, la decisión de fondo de 5 de diciembre de 2007, dictada en la Reclamación nº 39/2006, FEANTSA c. Francia); ese respeto no se habría verificado en algunos supuestos de desalojo o desahucio, en los que se habrían constatado actos injustificados y desproporcionados de violencia (el CEDS se apoya al efecto en el Memorándum del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa realizado tras su visita a Francia en 2008 y en el informe de la Comisión Nacional de Deontología y de Seguridad).
Por lo demás, el CEDS considera que la violación del art. 31 se habría producido con discriminación (art. E de la Carta Social revisada), por cuanto en una sociedad democrática no basta con percibir la diversidad humana de manera positiva, sino asimismo reaccionar de manera apropiada para garantizar una igualdad real y efectiva. En la misma línea, en la medida en que en el seno de la población itinerante afectada habría numerosas familias, el CEDS entiende que se ha producido una vulneración del art. 16 (protección de la familia) y del art. E combinado con el primero. En parecido sentido, el CEDS estima que se ha infringido el art. 30 (derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social), considerado de forma autónoma y en conjunción con el art. E, en este supuesto no solo por las disfunciones provocadas por las autoridades públicas francesas en la adopción de medidas globales y coordinadas para promover el acceso efectivo a la vivienda, sino asimismo porque esa exclusión social de las personas itinerantes se hallaría en la base de la ruptura del principio de indivisibilidad de los derechos fundamentales, al quedar excluidas del derecho de voto y otros derechos relativos a la participación ciudadana: de hecho, la legislación francesa, al obligar a esas personas a estar inscritas de manera ininterrumpida en el mismo municipio durante tres años (en lugar de la regla general de seis meses) para figurar en una lista electoral y poder ejercer el derecho de voto, resultaría discriminatoria. En fin, se habría vulnerado igualmente el art. 19.4.c) de la Carta Social con respecto trabajadores migrantes y sus familias de otros Estados Partes con derecho a protección y asistencia en materia de alojamiento.
d) La decisión de fondo de 25 de junio de 2010 sobre la Reclamación nº 58/2009 (Centre on Housing Rights and Evictions c. Italia), se hizo eco igualmente de las denuncias formuladas por la organización reclamante, en donde se reprochaba a las autoridades italianas que la legislación de emergencia adoptada para hacer frente a la situación de las personas gitanas (población romaní y sinti) habría sometido a estas a un discurso racista y xenófobo, así como a campañas ilegales de expulsiones de los campamentos y del territorio italiano, con vulneración de los arts. 16 (protección social, jurídica y económica de la familia), 19 (protección y asistencia de los trabajadores migrantes y sus familias), 30 (protección contra la pobreza y la exclusión social) y 31 (derecho a la vivienda), invocados autónomamente y en conexión con la cláusula de no discriminación del art. E de la Carta revisada.
Entre las cuestiones preliminares, una de ellas, importantísima, tiene que ver con el alcance del principio de no discriminación (art. E), que merece la atención del CEDS al versar la reclamación básicamente sobre la discriminación racial en el disfrute de los derechos invocados. A tal efecto, se recuerda por el CEDS su propia jurisprudencia y la del TEDH para resaltar que el art. E prohíbe no solo la discriminación directa sino asimismo todas las formas de discriminación indirecta103; que la carga de la prueba en asuntos de discriminación sobre personas vulnerables debe prever una inversión o desplazamiento apropiados104; que la discriminación basada en el origen étnico constituye una forma de discriminación racial que no tiene cabida en una sociedad democrática contemporánea fundada en los principios de pluralismo y diversidad cultural105, y que las personas de etnia gitana constituyen un minoría desfavorecida y vulnerable necesitada de protección especial106.
El cuerpo de la decisión de fondo de 25 de junio de 2010 sobre la Reclamación nº 58/2009 está constituido por cuatro partes: en la primera se declara la violación del art. E (no discriminación) en combinación con el art. 31 (derecho a la vivienda), por la situación de exclusión social y condiciones deplorables sufridas por las personas de etnia gitana, ubicadas en guetos en la periferia de las ciudades (apartado 1); por la estigmatización de esas personas provocada por las “medidas de seguridad” (conocidas como “emergenza rom”) adoptadas por las autoridades italianas, que no solo habrían permitido la perpetración de violencia generalizada por individuos y grupos organizados contra campamentos y asentamientos gitanos, sino que habrían contribuido a favorecer dicha violencia por medio de reprochables intervenciones y omisiones policiales (apartado 2); y por la falta de acreditación por parte de las autoridades italianas de la adopción de medidas, sin perjuicio del nivel territorial competente en la materia, tendentes a facilitar el acceso a viviendas sociales sin discriminación (apartado 3)107.
En la segunda parte de la decisión de fondo de 25 de junio de 2010 se constata por el CEDS una violación del art. E con conjunción con el art. 30 (derecho a protección contra la pobreza y la exclusión social), tanto por las condiciones de pobreza derivadas de la segregación y marginación engendradas en los campamentos gitanos, como por la exclusión social de las personas de etnia gitana de toda posible participación ciudadana y política, a lo que habrían contribuido los poderes públicos italianos al poner obstáculos al respeto de la identidad étnica y las opciones culturales de esa minoría en la cultura, los medios de comunicación y los diferentes niveles administrativos, así como al no facilitar la obtención de los documentos de identidad que permiten acceder a la condición de elector; y, de nuevo, se trae aquí a colación por el CEDS el principio de indivisibilidad de los derechos humanos.
En la tercera parte se declara la violación del art. E en relación con el art. 16 (protección de la familia), tanto en la vertiente clásica de protección social y acceso a la vivienda como en la faceta civil novedosa (de hecho, se trata de una jurisprudencia nueva del CEDS, elaborada por analogía con respecto a la jurisprudencia del TEDH sobre el art. 8 CEDH) relativa a la protección frente a las injerencias injustificadas y discriminatorias en la vida familiar de las personas de etnia gitana, por el modo en que se ha producido el censo e identificación de dichas personas en los campamentos (huellas digitales, almacenamiento de datos fotométricos e incluso en algunos casos una etiqueta identificativa para acceder al campamento), lo cual no habría comportado un respeto de las normas internacionales en la materia (principios de declaración individual voluntaria y de autoidentificación; cooperación con los órganos de supervisión nacionales e internacionales, y consulta con las ONGs que representan o trabajan con esos colectivos vulnerables; confidencialidad, “habeas data” y compilación de respuestas múltiples relativas a la pertenencia étnica por parte de personal cualificado).
En fin, en la cuarta parte se constata la violación del art. E combinado con el art. 19 de la Carta Social (derecho de los trabajadores migrantes y sus familias a protección y asistencia), por la flexibilización de la legislación antidiscriminatoria sobre incitación al odio racial y la violencia, así como por la propaganda racista engañosa contraria a los inmigrantes romanís y sintis tolerada o emanada directamente de las autoridades públicas (apartado 1; se constata por el CEDS una violación agravada); por la discriminación contra esa población inmigrante gitana en situación regular en el acceso al alojamiento subvencionado y ayudas sociales [apartado 4.c)]; y por haber utilizado las “medidas de seguridad” como dispositivo normativo discriminatorio tendente a expulsar colectivamente a personas de etnia gitana (se cita en apoyo la STEDH Conka c. Bélgica, de 5 de febrero de 2002), incluso a muchas de ellas que reunían las condiciones para ostentar la nacionalidad italiana pese a no poder demostrarla por las trabas administrativas en el acceso a la documentación de identidad.
Por lo demás, aunque no hayamos aceptado por el momento el mecanismo de reclamaciones colectivas, la jurisprudencia del CEDS sobre las disposiciones de la Carta Social de 1961 elaborada en el marco de dicho mecanismo resulta lógicamente trasladable a España, y deberá ser tenida en cuenta por todos los poderes públicos y operadores jurídicos, a tenor de los mandatos contenidos en los arts. 10.2 y 96 de la Constitución.
94 Véanse, entre otros, LÓPEZ GUERRA, L.: “The European Court of Human Rights and the protection of social rights”, en Round Table on the Social Rights of Refugees, Asylum-Seekers and Internally Displaced Persons: A Comparative Perspective, Strasbourg, Council of Europe, 2009, pp. 6-7; así como MARGUÉNAUD, J.P., y MOULY, J.: “La jurisprudence sociale de la Cour EDH: bilan et perspectives”, Droit social, Nº 9/10, 2010, pp. 883-892.
95 Entre otros supuestos, STEDH Muñoz Díaz c. España de 8 de diciembre de 2009.
96 Entre ellos, la STEDH Van der Mussele c. Bélgica de 23 de noviembre de 1983, sobre asistencia jurídica gratuita a persona extranjera carente de recursos y obligaciones correlativas de profesionales ejercientes de la abogacía; o la STEDH D. c. Reino Unido de 2 de mayo de 1997, sobre contrariedad al art. 3 CEDH motivada por orden de expulsión al país de origen (Isla de Saint-Kitts) de un extranjero aquejado de una grave enfermedad cuya integridad correría peligro al no poder seguir allí un tratamiento médico similar al proporcionado en el Reino Unido.
97 Para enmarcar dicho caso en la jurisprudencia del TEDH, véase SUDRE, F.: “La protection des droits sociaux par la Cour européenne des droits de l’homme: un exercice de ‘jurisprudence fiction’?”, Revue trimestrielle des droits de l’homme, nº 14, 2003, pp. 755-779, especialmente p. 761. Por lo demás, la línea seguida por el TEDH es muy similar en la decisión de inadmisibilidad de 18 de junio de 2009 dictada en el caso Budina c. Rusia.
98 De nuevo, SUDRE (ibídem, p. 779) ha llamado la atención sobre esa posible jurisprudencia constructiva “en defecto de un utópico protocolo adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos que introdujere los derechos garantizados por la Carta Social Europea en el Convenio. (…) En materia de progresos sobre derechos humanos, es importante que el Tribunal Europeo haga suya la exhortación lanzada el 2 de septiembre de 1792 por Danton a la Convención: ‘nos hace falta audacia, todavía más audacia, siempre más audacia’”.
99 Cabe mencionar dos Reclamaciones colectivas contra Francia (la nº 33/2006 formulada por el Movimiento Internacional ATD-Cuarto Mundo, y la nº 39/2006 presentada por la Federación europea de asociaciones nacionales que trabajan con las personas “sin hogar/sin techo”-FEANTSA). En ambos casos, resueltos mediante sendas decisiones de fondo de idéntica fecha (5 de diciembre de 2007) se decidió por el CEDS que se había vulnerado el derecho a la vivienda (art. 31 de la Carta revisada) en combinación con la no discriminación (art. E) y, además, en el caso de la Reclamación nº 33/2006, el derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social (art. 30). Es cierto que en Francia se adoptó la Ley de 5 de marzo de 2007 que consagró la vivienda como derecho subjetivo defendible ante los Tribunales bajo determinadas condiciones; sin embargo, el CEDS consideró que dicha Ley no debía ser tenida en cuenta en los casos de autos, en la medida en que su entrada en vigor estaba prevista de forma progresiva para los años 2008 y 2012, lo que constituía una demora excesiva incluso en la satisfacción de una obligación de medios; además, el CEDS consideró que los procedimientos breves de desahucio o la ausencia de otras garantías (como evitar el desalojo en período invernal), las insatisfactorias modalidades de atribución de viviendas sociales a las personas más pobres y la insuficiencia de vías de recursos en tal terreno, comportaban en suma la ausencia de un enfoque coordinado para promover el acceso efectivo a la vivienda de personas en riesgo de exclusión social o de pobreza, lo que significaba un “atentado contra la dignidad del ser humano” (apartado 163 de la decisión sobre la Reclamación nº 33/2006).
100 A título de ejemplo, el Comité de Ministros del Consejo de Europa adoptó la Resolución Res/CM/ChS(2010)7 de 20 de septiembre de 2010, mediante la que constata los progresos realizados por el Gobierno de Bulgaria (consistentes en la reforma, reestructuración o cierre de centros especializados para personas con discapacidad mental, el aumento de niños incluidos en centros educativos ordinarios, o la mayor dotación de personal cualificado –pedagogos, etc.– en dichos centros) para la ejecución de la decisión de fondo 3 de junio de 2008 sobre la Reclamación nº 41/2007, Centro de defensa de los derechos de las personas con discapacidades mentales c. Bulgaria: en dicha decisión se había declarado la violación del art. 17.2 de la Carta revisada (protección de la infancia) en conjunción con el art. E (no discriminación), en la medida en que un gran número de menores con discapacidad se encontraban segregados en estructuras educativas especializadas en lugar de centros de enseñanza ordinarios como regla general.
101 El Parlamento búlgaro procedió a modificar la Ley de Asistencia Social en fecha 10 de febrero de 2010 (Gaceta Oficial nº 15 de 23 de febrero de 2010) para suprimir la limitación temporal en el disfrute de las prestaciones de subsidio de desempleo y conformarse así al derecho a la asistencia social, entendida como recursos mínimos garantizados, reconocido en el art. 13 CSE (véase Anexo a la Resolución del Comité de Ministros CM/ResChS(2010) 2 de 31 de marzo de 2010).
102 Para alcanzar la conclusión violatoria, el CEDS no se basa únicamente en los elementos probatorios proporcionados por INTERIGHTS, sino asimismo en otras fuentes como el informe de 2006 sobre la República Helénica del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, el informe anual correspondiente a 2008 de la Comisión nacional griega para los derechos humanos, el informe de 2009 sobre Grecia del experto independiente de Naciones Unidas sobre las cuestiones relativas a las minorías, el informe de 2009 sobre Grecia de la Comisión Europea contra el Racismo y la Xenofobia del Consejo de Europa, o el informe de octubre de 2009 de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre las condiciones de alojamiento de las personas de etnia gitana y gentes viajantes en la Unión Europea.
103 Decisiones de fondo adoptadas el 4 de noviembre de 2003 sobre la Reclamación nº 13/2002, Autismo-Europa contra Francia, y el 18 de octubre de 2006 sobre la Reclamación nº 31/2005, Centro de Derechos para los Gitanos Europeos contra Bulgaria.
104 Decisión de fondo de 3 de junio de 2008 sobre la Reclamación nº 41/2007, Centro de defensa de los derechos de las personas con discapacidades mentales contra Bulgaria.
105 STEDH Timichev contra Rusia, de 13 de diciembre de 2005.
106 STEDH Orsus contra Croacia, de 16 de marzo de 2010.
107 En cualquier caso, la mayor aportación del CEDS en esta primera parte radica, en lo que atañe al apartado 2 del art. 31, en haber “europeizado” la noción de violación agravada y responsabilidad agravada (tomada de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se cita explícitamente en la decisión de fondo), que considera producida cuando se cumplen dos criterios: uno, la adopción de medidas violatorias de derechos humanos que afectan expresamente a grupos vulnerables; el otro, la pasividad de los poderes públicos, que no solamente omiten adoptar las medidas apropiadas contra los autores de dichas violaciones, sino que concurren a provocar esa violencia.
Llegados a este punto, no me considero obviamente legitimado ni cualificado para efectuar reproches sobre las omisiones anteriores a la crisis ni proponer recetas posteriores a ella. Por el contrario, sí nos es dado hacer autocrítica, de un lado, sobre el cúmulo de despropósitos en que hemos incurrido al actuar sin previsión ni responsabilidad en el (ab)uso de los medios jurídicos y de los recursos disponibles; y, de otro lado, sobre las asignaturas pendientes que todavía estamos en condiciones de recuperar asumiendo nuevos compromisos jurídicos con coherencia y con voluntad (política, jurisdiccional y jurídica en sentido amplio, académica, social y ciudadana).
Empecemos por los despropósitos, por referencia a cuestiones directamente vinculadas con la inclusión social. Así, el supuesto superávit en el sistema de la seguridad social y la asistencia social ha propiciado que se reconozcan subsidios de desempleo con ligereza y electoralismo, esto es, con un discurso político en lugar de un lenguaje jurídico de reconocimiento efectivo de derechos (a la asistencia social o recursos mínimos garantizados), que por lo demás viene exigido por nuestros compromisos internacionales (entre ellos, el citado art. 13 CSE); además, al haber calado ese enfoque político, nos vemos incapaces de exigir responsabilidades jurídicas, no percibiendo que los derechos (también los relacionados con la inclusión social) no derivan de prebendas o regalos políticos a golpe de campaña electoral, sino que se luchan y se ganan a diario. Al final, ¿conoce la ciudadanía el modo y requisitos para acceder y disfrutar de ese derecho a una renta básica en la Comunidad Autónoma de residencia?
Del mismo modo, la ficticia burbuja inmobiliaria y el fácil e incontrolado acceso a préstamos hipotecarios (con la connivencia e irresponsabilidad de la banca) nos ha abocado a un delicado y crítico contexto: la existencia de personas sin hogar nos venía pareciendo un escenario tradicional residual en la praxis a modo de mal menor y minoritario, que nos ha llevado en los últimos tiempos al análisis prioritario de cuestiones jurídicas de índole menos preocupante como la calidad de la edificación, el disfrute de viviendas secundarias en régimen de multipropiedad o la comercialización turística de viviendas; en la actualidad, las personas que sufren pobreza y exclusión social del parque de viviendas ya constituyen un problema mayor y mayoritario, que acarrea el estudio de medios jurídicos reveladores de una ostensible preocupación como el acceso a la vivienda como auténtico derecho subjetivo justiciable, la garantía de soluciones habitacionales intermedias entre el denostado alquiler frente al preferente régimen de propiedad o el modo de evitar desahucios y articular la dación en pago ante la imposibilidad de hacer frente a un préstamo hipotecario. Al tiempo, los vaivenes normativos en la materia, especialmente en el ámbito autonómico108, acrecientan la inflación normativa y generan una enorme inseguridad jurídica que no solo tiene impacto en el terreno de los operadores jurídicos sino, sobre todo, en términos de acceso al disfrute del derecho a la vivienda por la ciudadanía: la idea “derechos de los pobres, pobres derechos109”, adquiere aquí toda su penosa virtualidad. De hecho, pareciere más difícil conocer a un persona de a pie los requisitos para acceder a vivienda (casi de “ingeniería jurídica”110) que a los técnicos para participar en contratación pública relacionada con construcción111.
Al hilo de lo anterior, la crisis debe enfocarse como una oportunidad para encontrar soluciones al problema del desempleo y de la vivienda, esto es, para profundizar en la mejora del disfrute y efectividad del derecho al trabajo (cuyo ejercicio convierta realmente en subsidiario el disfrute del derecho a la asistencia social) y del derecho a la vivienda (la crisis debe, cuando menos, llevarnos a apostar por la consecución de un punto razonable de equilibrio entre la concepción tradicional del acceso a la vivienda como un sueño integrante de un proyecto familiar y la problemática actual del acceso a la vivienda como una pesadilla que impide siquiera atisbar un proyecto de vida).
Pasemos ahora a las asignaturas pendientes. A mi entender, constituye un imperativo moral y político que España acepte como compromisos jurídicos internacionales tanto la Carta Social Europea revisada de 1996 como el Protocolo de reclamaciones colectivas de 1995112. Ello permitirá, por una parte, dotar de sentido y contenido a ambiciosas cláusulas sobre inclusión social y vivienda introducidas en las más recientes reformas estatutarias113, dinamizando las prioritarias competencias regionales y las supletorias competencias estatales en dichas materias114. Adicionalmente, y por otra parte, esa aceptación de los dos instrumentos europeos citados se erige en un imperativo de coherencia con otros mandatos internacionales ya asumidos: la propia Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (devenida obligatoria en el ámbito interno con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en diciembre de 2009115) se remite a la Carta Social Europea revisada de 1996 precisamente en materia de inclusión social y vivienda116; por añadidura, España ha sido el primer país europeo en aceptar (ratificación en septiembre de 2010) el mecanismo de denuncias individuales ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas incorporado al Pacto de 1966 mediante el Protocolo facultativo adoptado por la Asamblea General en la emblemática fecha del 10 de diciembre de 2008117.
En la falta de asunción de la Carta Social revisada de 1996 y del Protocolo de 1995 sobre reclamaciones colectivas se ha desplegado un juego de ausencia de responsabilidades y de voluntades compartidas. No ha mediado voluntad política en las instancias gubernamentales y parlamentarias estatales para proceder a la ratificación; tampoco desde sede ejecutiva y legislativa autonómica se ha hecho lo suficiente para impulsar esa ratificación; los agentes sociales y las organizaciones de la sociedad civil se han mostrado asimismo poco dinámicos en este preciso terreno (algunas propuestas específicas en tal sentido formuladas por el movimiento del 15-M han quedado desdibujadas entre otras muchas, solventes y menos); mecanismos importantes como las Defensorías del Pueblo (estatal y autonómicas) pueden ser polos más activos en tal dirección; no ha habido voluntad jurisdiccional (seguramente en términos de formación y de aplicación), no ya lógicamente en la aceptación de esos compromisos (no es competencia de la Judicatura), pero sí en la aplicación de los cánones europeos de inclusión social ya incorporados al ámbito interno (por ejemplo, la Carta Social de 1961 y la interpretación respecto de ella elaborada por el CEDS); y la voluntad académica en el ámbito universitario también ha brillado por su ausencia a la hora de ocuparse de esos compromisos europeos de carácter social, ante el apabullante éxito y no menos cómoda predilección investigadora por el CEDH y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.
Sobre este último aspecto, me gustaría introducir un apunte para, cuando menos, reflexionar sobre la corrección del enfoque. Se piensa que la realización de los derechos sociales y, por ende, de la inclusión social, será más realidad cuanto más pongamos el acento en mecanismos como la demanda individual ante el TEDH. Diversamente, y al margen del consabido duro filtro de admisibilidad, me parece erróneo pensar en simples términos de “justiciabilidad” de los derechos sociales antes que en su real “efectividad”. En efecto, el sistema de ejecución particular que disponga cada Estado para las sentencias del TEDH o para las decisiones de fondo del CEDS no constituye necesariamente el barómetro de la eficacia de cada mecanismo118. Si se pone el acento en dicha problemática, el diagnóstico puede revelarse paradójico: así, se ha tardado en ocasiones más de una década en ejecutar sentencias del TEDH119 (otras nunca se han ejecutado) y, diversamente, apenas unos meses en ejecutar decisiones de fondo del CEDS (o incluso con anterioridad a dictarse la decisión de fondo del CEDS ante una previsible condena)120.
Por lo tanto, con independencia del concreto sistema de ejecución de cada sentencia o cada decisión de fondo, lo esencial es recalcar que tanto el Convenio Europeo como la Carta Social son tratados de derechos humanos igualmente vinculantes, como obligatorias son las resoluciones de sus respectivos órganos de control. En este escenario, mientras Convenio Europeo y Carta Social continúen siendo instrumentos separados, deben seguir proponiéndose pasarelas entre ambos y un fluido diálogo entre el TEDH y el CEDS121 (al que hay que sumar el TJUE), para conjurar el riesgo de conflictos que, en definitiva, hagan perder credibilidad al conjunto del sistema europeo y, en lo que nos ocupa, a los derechos relacionados con la inclusión social122.
En suma, estamos necesitados de mayor coherencia, compromiso y responsabilidad. Las políticas públicas en pro de la inclusión y la cohesión sociales son factibles, y los paralelos derechos en la materia sostenibles económica y jurídicamente. ¿Cabe imaginar las prestaciones que hubieran podido y pueden satisfacerse de no tener que hacer frente a ingentes intereses de demora por causa de la irresponsabilidad de las Administraciones sanitarias al afrontar tardíamente las facturas a las empresas suministradoras de productos farmacéuticos o material médico a los hospitales públicos?
En fin, el enfoque integrado comporta que la inclusión social no se vea aquejada, como política pública, de una falta de coordinación administrativa y territorial que conduzca a un estatuto asimétrico de los derechos humanos en juego en un nivel básico y, por tanto, en detrimento del mínimo exigido por la igual dignidad de todas las personas. Y, como derecho humano, que la inclusión social no abandone la perspectiva del principio de indivisibilidad, interdependencia e igual importancia de todos los derechos. Ilustremos este enfoque, para concluir, con tres apuntes jurisprudenciales:
– En su Sentencia nº 1542 de 13 de octubre de 2000 (rollo de apelación nº 145/2000), el TSJ de la Comunitat Valenciana (Sala de lo Contencioso-Administrativo) declaró que la insuficiencia del salario madrileño mínimo de inserción al compararlo con la cantidad mínima para la presencia en territorio español (establecida mediante norma estatal) no podía jugar en perjuicio del extranjero sometido a orden de expulsión por tal motivo (en dicha sentencia se cita tanto el art. 13 CSE como el art. 41 de la Constitución, que manda a los poderes públicos que “la asistencia y prestaciones sociales [sean] suficientes”).
– En la STEDH De Wilde, Ooms y Versyp c. Bélgica de 18 de junio de 1971 quedó patente que resultaba inaceptable que tres vagabundos renunciaran a su libertad política por carecer de libertad económica.
– Y, en la decisión de fondo del CEDS de fecha 28 de junio de 2011 sobre la Reclamación nº 63/2010 (Centre on Housing Rights and Evictions c. Francia), referente al desmantelamiento de campamentos y expulsiones de personas gitanas originarias de Bulgaria y Rumanía en el verano de 2010, se puso asimismo de manifiesto que no cabía renunciar a derechos fundamentales como la libertad de movimientos y el no ser expulsado del territorio de otro Estado miembro de la UE a cambio de una exigua suma disfrazada de aparente ayuda humanitaria que prescindía de la necesaria colaboración entre el país de acogida y el país de origen.
108 A título de ejemplo, en Castilla-La Mancha se deroga la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Garantías en el Acceso a la Vivienda mediante la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales; mientras que en Navarra se adopta una nueva Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda que deroga a la anterior Ley Foral 9/2008, de 30 de mayo, del Derecho a la Vivienda.
109 IMBERT, P.H.: “Droits des pauvres, pauvre(s) droit(s)?”, Revue de Droit public, mayo-junio 1989, p. 747.
110 MÉNDEZ GONZÁLEZ, F.P.: “Fundamentación económica del derecho de propiedad privada e ingeniería jurídica del intercambio impersonal”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, nº 723, enero 2011, pp. 139-209.
111 Acúdase a las distintas colaboraciones publicadas en VV.AA: Estudio sobre la nueva Ley de ordenación de la edificación, Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 2000, 505 pp.
112 De los 47 Estados miembros del Consejo de Europa, 43 son Partes en la Carta Social Europea: 32 en la Carta revisada y solo 11 en la Carta original de 1961 (entre ellos, España: los últimos países en ratificar la Carta revisada, hasta completar los 32, han sido Hungría, Rusia, Serbia y Eslovaquia en 2009; Montenegro en 2010, Austria en 2011 y la antigua República Yugoslava de Macedonia en enero de 2012). Y 15 Estados han aceptado el procedimiento de reclamaciones colectivas (la República Checa ha sido el decimoquinto país en aceptar el procedimiento de reclamaciones colectivas, en marzo de 2012; entre los otros Estados Partes se encuentran los vecinos de España, es decir, Francia, Italia y Portugal).
113 Tras quedar avalada por el Tribunal Constitucional la posibilidad de un catálogo de derechos en los Estatutos de Autonomía tras la ola de reformas inaugurada con la valenciana de 2006 (STC 247/2007 sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, perfilada mediante la posterior STC 31/2010 sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya), todos esos “nuevos” textos estatutarios han incluido con mayor o menor desarrollo disposiciones relacionadas con la inclusión social el disfrute de la vivienda.
114 El art. 148.1 de la Constitución establece como competencia autonómica las materias de vivienda (3ª) y asistencia social (20ª).
115 Véase asimismo la Ley Orgánica 1/2008, de 30 de julio, por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Lisboa, cuyo art. 2 incorpora expresamente la Carta de los Derechos Fundamentales, invocándose de manera explícita el art. 10 de la Constitución.
116 En las Explicaciones anejas a la Carta de la UE, la relativa al art. 34 (Seguridad social y ayuda social) se dice explícitamente: “El apartado 3 se inspira en el artículo 13 de la Carta Social Europea y en los artículos 30 y 31 de la Carta Social revisada”.
117 España fue de tal suerte el tercer país (y primero europeo) en ratificar ese Protocolo (antes lo hicieron Ecuador el 11 de junio de 2010 y Mongolia el 1 de julio de 2010), requiriéndose no obstante una decena de ratificaciones para su entrada en vigor: los otros cuatro países que hasta finales de enero de 2012 lo habían ratificado son El Salvador (20 de septiembre de 2011), Argentina (24 de octubre de 2011), Bolivia (13 de enero de 2012) y Bosnia-Herzegovina (18 de enero de 2012).
118 Sobre los diferentes modelos de ejecución de sentencias del TEDH es interesante la lectura del Informe del Consejo de Estado español sobre la inserción del Derecho europeo en el ordenamiento español, de 14 de febrero de 2008, en particular pp. 293-323.
119 Verbigracia, STEDH Marckx c. Bélgica de 13 de junio de 1979: el Gobierno belga tardó once años en modificar la legislación civil que discriminaba a los hijos extramatrimoniales en cuanto a derechos sucesorios (vid. STEDH Vermeire c. Bélgica de 29 de noviembre de 1991).
120 Como ejemplo de ejecución posterior dentro de razonable plazo puede traerse a colación nuevamente la Reclamación nº 48/2008 (ERRC contra Bulgaria, Decisión de fondo de 18 de febrero de 2009), tras la cual el Gobierno búlgaro informó que el Parlamento nacional había procedido a modificar la Ley de Asistencia Social en fecha 10 de febrero de 2010 para suprimir la limitación temporal en el disfrute de las prestaciones de subsidio de desempleo. En lo atinente al otro supuesto comentado, en el curso de la sustanciación de las también mencionadas Reclamaciones nº 33/2006 (Movimiento Internacional ATD-Cuarto Mundo contra Francia) y 39/2006 (FEANTSA contra Francia), el propio CEDS tomó nota en sendas Decisiones de fondo de 5 de diciembre de 2007 (§54 y §53, respectivamente) de la nueva Ley francesa nº 2007-290 de 5 de marzo de 2007 sobre el derecho a la vivienda (Loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement).
121 Propuestas al respecto pueden leerse en AKANDJI-KOMBÉ, J.F.: “Carta Social Europea y Convenio Europeo de Derechos Humanos: perspectivas para la próxima década”, Revista de Derecho Político, nº 67, 2006, pp. 387-407.
122 JIMENA QUESADA, L.: “La tutela supranacional de los derechos sociales: el espacio de la Unión y del Consejo de Europa” (capítulo 5), en el colectivo Derechos sociales y principios rectores (coord. J.L. CASCAJO CATRO, M. TEROL BECERRA, A. DOMÍNGUEZ VILA, y V. NAVARRO MARCHANTE), Valencia, Tirant lo Blanch, 2012, pp. 135-163.

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 13
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