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Timestamp: 2018-06-19 20:06:08+00:00

Document:
N. 78 Febrero 2015
Recientemente entraron en vigor las enmiendas al Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores («RETJ») y al Reglamento de Procedimiento de la Comisión del Estatuto del Jugador y de la Cámara de Resolución de Disputas («Reglamento de Procedimiento»), aprobadas por el Comité Ejecutivo de la FIFA.
A este respecto, el Comité Ejecutivo de la FIFA ha enmendado el redactado del artículo 1 Anexo 1 RETJ, relativo a la liberación de jugadores para equipos representativos de una asociación, esencialmente con el propósito de especificar ciertas cuestiones tales como (i) la fijación del calendario internacional y las competiciones en las que la liberación de jugadores es obligatoria; o bien, (ii) la determinación del periodo internacional reservado para actividades de los equipos representativos, entre otras.
Por otro lado, deberemos considerar que en cuanto a la indemnización por formación, la FIFA ha enmendado el párrafo 3 del artículo 5 Anexo 4 RETJ, el cual ha vuelto a su redactado original; en otras palabras, se ha eliminado el segundo párrafo in fine que decía «Esta excepción no será aplicable en caso de que el evento que origine el derecho a una indemnización por formación (v. anexo 4, art. 2, apdo. 1) ocurra antes de finalizar la temporada del 18º cumpleaños del jugador», con el propósito de evitar el «encarecimiento» de la indemnización por formación por los criterios aplicados a la categoría de los clubes de los jugadores.
Por último, respecto al Reglamento de Procedimiento, la FIFA ha modificado el párrafo 3 del artículo 12, relativo al procedimiento probatorio, que en su nuevo redactado estipula que «las partes deberán presentar todas las pruebas y comunicarán los hechos de los cuales tuvieran conocimiento en ese momento o debieran haber conocido si hubieran actuado con la debida diligencia». De lo anterior se desprende que la FIFA pretende que sean las partes, que tienen la carga de la prueba, quienes realicen sus mejores esfuerzos para clarificar los hechos enjuiciados por los organismos de la FIFA. A la vista del calado de las antedichas enmiendas, deberemos concluir que la FIFA ha pretendido, más allá de realizar una profunda modificación de su cuerpo normativo, es especificar ciertos aspectos de sus reglamentos.
El pasado 4 de diciembre de 2014 se publicó en el BOE la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo. Dichas modificaciones afectan fundamentalmente a aspectos relacionados con la Junta General y el Órgano de Administración de las sociedades de capital, con la idea de reforzar, entre otros aspectos, el buen gobierno de las compañías, la transparencia en su gestión y el fomento de la participación del accionista en el devenir social. Entre las cuestiones que se introducen en el nuevo texto legal hallamos la extensión a todas las sociedades de capital de la posibilidad de que la Junta imparta instrucciones al órgano de administración salvo disposición estatutaria en contrario, la atribución específica a la Junta General de la competencia para acordar la adquisición, la enajenación
o la aportación a otra sociedad de activos esenciales de la sociedad, la modificación del régimen de impugnación de acuerdos sociales, la necesaria votación separada en Junta de asuntos que sean sustancialmente independientes, el refuerzo y mayor concreción de los deberes de diligencia y lealtad de los administradores, la modificación del régimen de remuneración de estos, la limitación a la posibilidad de delegación de facultades por parte del Consejo de Administración o la obligatoriedad de que el Consejo de Administración se reúna por lo menos una vez al trimestre.
Asimismo se introducen determinadas novedades específicas para las sociedades cotizadas, igualmente focalizadas en su gran mayoría en la Junta General y el Consejo de Administración, suponiendo la positivización normativa de lo que antes eran recomendaciones de buen gobierno corporativo.
MODIFICACIONES EN EL REGLAMENTO GENERAL Y EN EL CÓDIGO DISCIPLINARIO DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL
El pasado 13 de enero de 2015 la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes aprobó de manera unánime las modificaciones que afectan a los artículos 174, 220, 240 y la Disposición Adicional Cuarta del Libro II del Reglamento General (RG); y 15, 27, 51, 57, 64, 68, 73, 74, 86, 88, 89, 101, 107, 108, 135 y 139 del Código Disciplinario (CD) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
A este respecto, debemos destacar que se ha profundizado en el contenido de las figuras del (i) delegado informador, regulado en el artículo 174 del RG, y (ii) del oficial especializado, descrito en la Disposición Adicional Cuarta del Libro II del RG. El primero de ellos deberá reflejar en sus informes los actos de racismo, xenofobia, intolerancia y discriminación de toda índole que ocurran durante los partidos, que, en su caso, usarán los órganos disciplinarios de la RFEF para adoptar las medidas sancionadoras procedentes. El oficial especializado velará por el cumplimiento de la normativa sobre la materia en cada partido y remitirá sus informes a la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, que podrá, si lo considera necesario, trasladar dichos informes a los referidos órganos disciplinarios de la RFEF para que impongan las sanciones correspondientes. Atendiendo a lo anterior, debemos tener en cuenta que con la nueva redacción del artículo 51 del CD, se incorpora una nueva escala de sanciones que, inter alia, van desde la multa a la pérdida del partido, el descenso de categoría, la exclusión de la competición, la privación de licencias o la clausura −total o parcial− del recinto deportivo; como particularidad, debemos hacer notar a este respecto que el artículo 57 del CD ha incluido que el club sancionado deberá mostrar mensajes de condena a los actos y a las conductas violentas, racistas, xenófobas e intolerantes en el fútbol y de apoyo al juego limpio en la zona del estadio clausurado.
Con las antedichas enmiendas, se pretende prevenir, controlar y sancionar con rigor cualquier manifestación violenta, racista, xenófoba y/o intolerante en el fútbol español.
NUEVA SENTENCIA DEL SUPREMO DECLARANDO LA NULIDAD DE LAS CLÁUSULAS SUELO INSERTADAS EN LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS
El pasado 8 de septiembre de 2014, el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo dictó una nueva sentencia sobre cláusulas suelo incorporadas a préstamos hipotecarios y sobre el inexcusable control de transparencia exigible para que puedan ser válidas. En su última sentencia, el Tribunal Supremo reitera la doctrina establecida por la STS 214/2013, de 9 de mayo, considerando la cláusula suelo que se inserta en los préstamos hipotecarios como «una cláusula no negociada que se impone al consumidor y que está sometida a los controles de las condiciones generales de contratación, los cuales no se superan por el cumplimiento de la regulación sectorial bancaria sino que se han de someter a un control de legalidad implícito en el control de transparencia y de necesaria supervisión judicial.» En aquel fallo, el Pleno de la Sala de lo Civil partió del concepto de control de transparencia entendido como aquel en el que «el consumidor tenga un conocimiento real de cuál es el sacrificio económico y de la carga jurídica que se deriva del contrato.» En consecuencia, en el caso concreto, declaró la nulidad de las cláusulas por falta de transparencia y condenó a eliminarlas y a abstenerse de ponerlas en el futuro. De este modo, el Tribunal Supremo consagra de forma definitiva el control de transparencia real que se debe enmarcar dentro del control de los abusos y que implica el necesario cumplimiento por parte de los bancos de unos deberes especiales a la hora de configurar estos préstamos hipotecarios que, en consecuencia, permitan que el consumidor comprenda realmente las consecuencias jurídicas y económicas del producto ofertado. Así pues, este control de transparencia no se reduce a la necesidad de que las cláusulas sean simplemente claras desde un punto de vista lingüístico, sino a que sean efectivamente entendidas por el firmante del préstamo hipotecario de forma que conozca lo que estas suponen. En el caso concreto, el Tribunal Supremo aprecia que la cláusula suelo «no se ajusta a este juicio de transparencia pues no forma parte de las negociaciones y tratos preliminares que se llevaron a cabo, ni tampoco resulta diferenciada en el contrato ni en la oferta previa vinculante, al quedar insertada en una cláusula mucho más amplia y genérica sobre el interés variable.» Asimismo, la sentencia también reconoce el trabajo realizado por los notarios en relación con el control previo de los abusos de las cláusulas contractuales, si bien insiste en que «el juicio de transparencia es un juicio judicial.» Finalmente, el Tribunal Supremo no entra a determinar las consecuencias de la declaración de nulidad de la cláusula suelo respecto de si las cantidades cobradas por el banco en aplicación de esta habrían de ser devueltas al consumidor, ya que tal punto fue rechazado en primera instancia y no fue recurrido en apelación por la parte perjudicada. De este posicionamiento se han derivado las principales quejas a la sentencia del Supremo del pasado 9 de mayo, precisamente, en que el Alto Tribunal se ha decantado por la no irretroactividad, es decir, por la no devolución de las cantidades indebidamente pagadas por los clientes de los bancos basándose en esas cláusulas ahora declaradas nulas. Se fundamenta, entre otras cosas, en «el posible riesgo de trastornos graves con transcendencia en el orden público» por las ingentes cantidades que la banca se vería obligada a devolver.
NUEVA SENTENCIA DEL TJUE EN RELACIÓN A LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) continúa su intensa actividad en el ámbito de las ejecuciones hipotecarias y de nuevo advierte a las entidades financieras respecto a las cláusulas abusivas existentes en sus hipotecas. Tras las ya conocidas sentencias de 14 de marzo de 2013 y de 17 de julio de 2014 −ambas con efectos legislativos en España−, en esta ocasión la Corte Europea estima que los jueces pueden considerar abusiva la cláusula que imponga unos intereses de demora excesivos y, en consecuencia, pueden proceder a su anulación. Esta resolución nace a raíz de que un juez español, que conocía de un procedimiento de ejecución hipotecaria, planteara una cuestión de prejudicialidad al tribunal a raíz de que Unicaja Banco y Caixabank presentaron sendas demandas de ejecución ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Marchena (Sevilla) aplicando los tipos de intereses de demora pactados. El juez español se planteó la cuestión del carácter abusivo de las cláusulas relativas a los tipos de interés de demora y de la aplicación de esos tipos de interés al capital cuyo vencimiento anticipado es consecuencia del retraso en el pago. Según la ley española, el juez debería ordenar que se recalculen los intereses de demora cuyo tipo es superior a tres veces el interés legal del dinero, de manera que se aplique un tipo de interés que no supere ese límite. En estas circunstancias, el juzgador preguntó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si la directiva sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores de la UE se oponía a la ley española. El tribunal europeo declara que el art. 6.1 de la Directiva 93/13/CEE no se opone a la ley española siempre que la aplicación de esta última: (i) no prejuzgue la apreciación por parte del juez nacional del carácter abusivo de la cláusula y (ii) no impida que el juez deje sin aplicar la cláusula si considera que es abusiva en el sentido de la Directiva. Por tanto, el texto da potestad a los jueces españoles para que anulen aquellas cláusulas que impongan un tipo mayor a «tres veces el interés legal del dinero» y, en consecuencia, impedir su aplicación estimando, así, que es plenamente compatible la legislación española de protección de los consumidores con el derecho de la Unión Europea. Como podemos comprobar, en los últimos meses se está produciendo un auténtico aluvión de novedades y modificaciones en este ámbito, de cara siempre a una mayor protección del consumidor, que es la parte débil en un contrato de préstamo hipotecario. No solo a nivel europeo, ya que los jueces españoles toman cada vez más conciencia del cariz social del asunto y, como claro ejemplo de ello, hace unas semanas nos encontramos con que la Audiencia Provincial de Girona −en un Auto de fecha 22 de diciembre de 2014− decidía acordar el sobreseimiento de una ejecución hipotecaria y la revocación de la subasta ya celebrada, debido a la existencia de, además de condicionantes de carácter social, numerosas cláusulas abusivas.
CONGRESO INTERNACIONAL PERSPECTIVAS DEL DERECHO EMPRESARIAL: Jueves, 12 de marzo de 2015
PLG es una red internacional de bufetes de abogados independientes que ofrece todos los beneficios de una gran firma internacional, y al mismo tiempo, brinda a sus clientes la posibilidad de trabajar con firmas locales y multilingües con amplia experiencia en todos los aspectos del derecho empresarial y corporativo. De la mano de nuestras 28 firmas miembros, contamos con presencia en 25 países.
Nos complace invitarlos al Congreso internacional que estamos organizando en Shanghái, con motivo de la fusión que tuvo lugar el año pasado entre nuestro miembro Boss & Young y Joinway. Los abogados de nuestras firmas miembro estarán encantados de saludarlos, bien durante el congreso/cóctel del jueves, 12 de marzo de2015,o bien el viernes, 13de marzo2015, a lo largo de la reunión que gustosamente organizaremos para usted con uno o más abogados de nuestras firmas miembro para discutir cualquier posible de tema de su interés. Para su comodidad, pondremos a su disposición un servicio de intérprete chino, tanto para el congreso como para las reuniones de negocios. Una fantástica oportunidad para relacionarse con abogados de otros países que se conocen bien, están acostumbrados a trabajar mano a mano en casos multijurisdiccionales, avalados por una magnífica experiencia en todos los aspectos del derecho empresarial.
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References: Resolución 
 artículo 1
 artículo 5
in fine
 artículo 12
 artículo 174
 artículo 51
 artículo 57
 resolución