Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/24339
Timestamp: 2020-02-29 07:23:04+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 42/2015
SENTENCIA 42/2015, de 2 de marzo
ECLI:ES:TC:2015:42
b) El mismo día 20, sin que conste hora exacta, encontrándose detenido don Santiago Ángel Yanguas Gutiérrez solicitó la incoación del procedimiento de habeas corpus, interesando, en consecuencia, su puesta a disposición de la autoridad judicial. La solicitud se fundamentaba en que la situación de detención no estaba justificada, ya que “se debe por un dinero que me prestaron y mi madre me lo pide ya hace días y no puedo dárselo. Porque tengo una hija que lo necesita”.
c) Puesta dicha solicitud en conocimiento del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Mérida, en funciones de guardia, la Secretaria judicial extiende diligencia de 21 de mayo en que hace constar: “en el día de hoy y siendo las 9:00 horas se ha recibido la anterior solicitud de incoación de procedimiento de habeas corpus regulado en la LO 6/1984, de lo que paso a dar cuenta”.
En la misma fecha el Ministerio Fiscal solicitó la admisión del habeas corpus y la audiencia de la persona detenida, por considerar que concurrían los presupuestos legales para su admisión, previstos en la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo .
d) Por Auto de 21 de mayo de 2013 el Juzgado, sin oír previamente al detenido, acordó denegar a limine la incoación del referido procedimiento, razonando que el caso planteado por el detenido “no puede considerarse encuadrado en ninguno de los apartados del art. 1 de la Ley de Habeas Corpus, por lo que, conforme establece su art. 6, debe considerarse improcedente la petición efectuada”.
f) Por Auto del mismo 21 de mayo de 2013, el referido Juzgado acuerda no haber lugar a la declaración de nulidad de actuaciones, considerando que la Ley Orgánica reguladora del procedimiento de habeas corpus “permite realizar un juicio de admisibilidad, posibilitando denegar la incoación del procedimiento y, haciendo uso de tal posibilidad, se entiende que no se vulnera ningún derecho fundamental, entendiendo por tanto, que no ha lugar a la nulidad solicitada”.
El Ministerio Fiscal afirma que el órgano judicial, una vez solicitada la incoación del procedimiento de habeas corpus, procedió a su no admisión a limine con una argumentación estereotipada en que se limitaba a señalar que la petición no se encuadraba en ninguno de los supuestos del art. 1 de la Ley Orgánica 6/1984. Argumenta que esta decisión lesiona el derecho a la libertad personal del art. 17.1 y 4 CE, y contradice abiertamente la consolidada y reiterada doctrina de este Tribunal acerca de la efectividad del control judicial de las situaciones de privación de libertad, no acordadas judicialmente, citando, entre otras, las SSTC 303/2006, 165/2007 y 88/2011. Con arreglo a dicha doctrina, “el enjuiciamiento sobre la legalidad de la detención (policial), una vez constatada su realidad, debe llevarse a cabo en el juicio de fondo, por lo que no puede acordarse la no admisión de la solicitud por este motivo, sin examinar las circunstancias concurrentes y previa comparecencia y audiencia de la persona privada de libertad”.
El Ministerio Fiscal, con cita de la STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2, justifica la especial transcendencia constitucional de este recurso, en primer lugar, en la negativa del órgano judicial al deber de acatamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional [apartado f)], ya que, a pesar de que le fue puesta de manifiesto, no se hizo una aplicación de la misma. En segundo lugar, también fundamenta la especial trascendencia constitucional del recurso en que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre este particular está siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria [apartado e)], tal como se acredita del análisis de los distintos y reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Expone que “se trata, por tanto, de un supuesto deliberado de incumplimiento de la doctrina constitucional por parte del órgano judicial, que provoca, como consecuencia, la neutralización ab initio de su función de garante del derecho a la libertad personal. Esta mala praxis judicial contribuye a un fenómeno de banalización del derecho a la libertad personal, incompatible con la noción de Estado constitucional de Derecho”.
4. Mediante providencia de 9 de octubre de 2014, la Sección Tercera de la Sala Segunda de este Tribunal acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo presentada y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), dirigir atenta comunicación al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Mérida para que remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al procedimiento de habeas corpus 1-2013, y se emplazase a quienes hubieran sido parte en el citado procedimiento para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional de amparo, excepto la parte recurrente en amparo. Igualmente, se acordó también la publicación de la admisión en el “Boletín Oficial del Estado”, de conformidad con lo previsto en el art. 46.2 LOTC, a efectos de comparecencia de otros posibles interesados.
Para el Ministerio Fiscal —que actúa como demandante— las resoluciones adoptadas por el órgano judicial lesionaron el derecho a la libertad personal consagrado en el art. 17.1 y 4 CE, pues dichas resoluciones conculcaron abiertamente la consolidada doctrina constitucional en la materia, puesto que el Juez instructor inadmitió a limine la solicitud de incoación del procedimiento, sin tener en cuenta que concurrían todos los requisitos que, conforme establece el artículo 4 de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de habeas corpus (LOHC). Dada la concurrencia de los requisitos formales y procesales, el órgano judicial debió haber acordado la admisión a trámite y, previa sustanciación del procedimiento, resolver sobre la estimación o desestimación del habeas corpus, conforme a lo preceptuado en el art. 8 LOHC.
Finalmente, hemos afirmado que la mera referencia a que “no se dan ninguno de los supuestos del art. 1 de la Ley de habeas corpus”, como causa de justificación de la inadmisión a trámite de la petición formulada, no permite conocer la razón determinante de la denegación, por lo que una resolución judicial en estos términos, genérica y estereotipada, no ofrece la motivación mínima que es constitucionalmente exigible (STC 86/1996, de 21 de mayo, FJ 9). Esta doctrina ha sido reiterada recientemente, entre otras, en las SSTC 12/2014, de 27 de enero, FJ 3; 21/2014, de 10 de febrero, FJ 3, y 195/2014, de 1 de diciembre; FJ 3.
1º Reconocer el derecho a la libertad personal (arts. 17.1 y 4 CE) de don Santiago Ángel Yanguas Gutiérrez.
2º Declarar la nulidad, sin retroacción de actuaciones, de los dos Autos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Mérida de 21 de mayo de 2013 en el procedimiento de habeas corpus núm. 1-2013.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 3188-2013
Promovido por el Ministerio Fiscal en relación con el Auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Mérida que inadmitió la incoación de un procedimiento de habeas corpus.
Se otorga el amparo en aplicación de la constante doctrina contenida, entre otras, en la STC 35/2008, de 25 de febrero, relativa a la inadmisión a trámite de las solicitudes de habeas corpus. Según esta doctrina los únicos motivos constitucionalmente legítimos para no admitir un procedimiento de habeas corpus son los basados en la falta del presupuesto necesario de una situación de privación de libertad no acordada judicialmente o el incumplimiento de los requisitos formales establecidos por la Ley reguladora de este procedimiento. Sin embargo, cuando el juez fundamenta la decisión de no admitir en que el recurrente no se encuentra ilícitamente privado de libertad, como ocurrió en el caso, resulta inconstitucional por suponer un juicio sobre el fondo de la cuestión. La Sentencia considera grave y carente de justificación el frecuente incumplimiento de esta jurisprudencia por los órganos judiciales, lo que dota al asunto de especial trascendencia constitucional.
La privación de libertad no acordada judicialmente y la concurrencia de todos los requisitos formales exigidos por la Ley Orgánica reguladora del procedimiento de habeas corpus hace obligada la admisión a trámite del procedimiento, de modo que el órgano judicial vulneró el derecho a la libertad personal del solicitante (art. 17.1 y 4 CE), lo que conduce a la estimación del recurso de amparo [FJ 5].
Fundamentar la decisión judicial de inadmisión únicamente en que el recurrente no se encontraba ilícitamente privado de libertad vulnera los artículos 17.1 y 4 CE, que exigen una resolución sobre el fondo que solo puede realizarse una vez sustanciado el procedimiento porque el contenido propio de la pretensión formulada en el habeas corpus es precisamente la de determinar la licitud o ilicitud de dicha privación (STC 35/2008) [FFJJ 2 y 3].
La mera referencia a que no concurren ninguno de los supuestos del art. 1 de la Ley reguladora del procedimiento de habeas corpus, como causa de justificación de la inadmisión a trámite de la petición formulada, no permite conocer la razón determinante de la denegación, por lo que una resolución judicial en estos términos, genérica y estereotipada, no ofrece la motivación mínima que es constitucionalmente exigible (SSTC 86/1996, 195/2014) [FJ 3].
Los únicos motivos constitucionalmente legítimos para inadmitir un procedimiento de habeas corpus son los basados en la falta del presupuesto necesario de una situación de privación de libertad no acordada judicialmente o en el incumplimiento de los requisitos formales a los que se refiere el art. 4 de la Ley Orgánica reguladora del procedimiento de habeas corpus (STC 35/2008) [FJ 2].
La doctrina de este Tribunal sobre el derecho fundamental a la libertad personal y la admisión a trámite de las solicitudes de habeas corpus se incumple de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria, lo que dota de especial trascendencia constitucional al recurso, de conformidad con el apartado e) del fundamento jurídico 2 de la STC 155/2009, de 25 de junio [FJ 2].
Artículo 17.1, ff. 1 a 5
Artículo 17.4, ff. 1 a 5
Artículo 4, ff. 1 a 4
Habeas corpusHabeas corpus, Doctrina constitucional, ff. 2 a 5
Inadmisión a trámite de habeas corpusInadmisión a trámite de habeas corpus, ff. 2 a 5
Inadmisión a trámite de habeas corpus por razones de fondoInadmisión a trámite de habeas corpus por razones de fondo, ff. 2 a 5
Motivación de la inadmisión a trámite de habeas corpusMotivación de la inadmisión a trámite de habeas corpus, ff. 2 a 5
Presupuesto fáctico de situación de privación de libertadPresupuesto fáctico de situación de privación de libertad, ff. 4, 5
Privación de libertadPrivación de libertad, ff. 1, 4, 5

References: artículo 4
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 17

Artículo 17

Artículo 4