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Timestamp: 2018-01-20 15:05:44+00:00

Document:
RECONOCIMIENTO DE LA RAYUELA COMO DEPORTE NACIONAL. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE POLICÍA DE INVESTIGACIONES Y MEJORAMIENTO DE COORDINACIÓN CON AUTORIDAD POLÍTICA ENCARGADA DEL ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA
RESPALDO A RESERVA POR PUNTO FINAL DE FRONTERA TERRESTRE CON CHILE EN DECRETO SUPREMO DE PERÚ. PROYECTO DE ACUERDO
MALTRATO A TRABAJADORES CHILENOS Y CHINOS POR EMPRESA A CARGO DE AMPLIACIÓN DE MUELLE EN PUERTO DE SAN VICENTE DE TALCAHUANO. OFICIOS
PREOCUPACIÓN DE COMUNIDAD DE CURACAUTÍN POR AVANCE DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE RIEGO EN CUENCA DE RÍO CAUTÍN. OFICIO
PRONUNCIAMIENTO MINISTERIAL ANTE INQUIETUD POR CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DE HOSPITAL DE TRAIGUÉN A CATEGORÍA DE BAJA COMPLEJIDAD. OFICIOS
SOLICITUD PARA DECLARACIÓN DE ZONA ESTRATÉGICA DE REGIÓN DE ATACAMA. OFICIO
ANTECEDENTES TÉCNICOS PARA PROHIBICIÓN DE BULTOS DE GRAN TAMAÑO EN METRO DE SANTIAGO. OFICIO
PETICIÓN DE ANTECEDENTES SOBRE BONO DE APOYO A PESCADORES DE MERLUZA. OFICIO
DENUNCIA POR IRREGULARIDADES EN COLEGIO PIAGET DE TALCAHUANO. OFICIO
SOLICITUD DE INFORMACIÓN ACERCA DE PROCESOS DE RECONVERSIÓN EN REGIÓN DEL BIOBÍO. OFICIOS
Sesión 41ª, en miércoles 20 de agosto de 2014
Concurrieron, además, la Ministra Secretaria General de la Presidencia, señora Ximena Rincón González y el Ministro Secretario General de Gobierno, señor Álvaro Elizalde Soto. Asimismo, se encontraba presente el Subsecretario de Prevención del Delito, señor Antonio Frey Valdés.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Se dan por aprobada las actas de las sesiones 37ª y 38ª, ordinarias, de 12 y 13 de agosto del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
Con el primero informa que aprobó el proyecto de ley que modifica el Código Penal en relación con la figura del secuestro exprés (boletín N° 9.167-25).
Con el segundo expone que aprobó las enmiendas propuestas por esta Corporación al proyecto que modifica el Código del Trabajo y la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en materia de trabajo portuario, mediante el establecimiento de las obligaciones y beneficios que indica (boletín Nº 9.383-05).
--Se toma conocimiento y se envía el documento al archivo junto con sus antecedentes.
Responde acuerdo de la Corporación, adoptado a proposición de los Senadores señores De Urresti, Harboe, Horvath, Navarro y Quinteros, con el que piden a Su Excelencia la Presidenta de la República que instruya a las autoridades competentes para consultar, en el año 2015, recursos presupuestarios que financien diversas acciones y medidas inherentes al Plan de Descontaminación Atmosférica, Estrategia 2014-2018 (boletín N° S 1.660-12).
Contesta solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Guillier, a la que adhirieron los Honorables señores Quintana y Tuma, relativa a la posibilidad de alcanzar en el debate sobre reforma tributaria un acuerdo referido a un modelo de recaudación fiscal cuyos protagonistas sean las regiones y a otras medidas conducentes a la descentralización.
Atiende consulta, efectuada en nombre del Senador señor Lagos, respecto a la preocupación del Sindicato de Tripulantes de San Antonio y Talcahuano por el cumplimiento parcial de los protocolos de acuerdo suscritos con los respectivos Gobiernos, en el marco de la ley N° 19.713, en los años 2002, 2007 y 2012, relativos a reconversión, capacitación, ayuda social y pensiones.
Del señor Defensor Nacional, Defensoría Penal Pública:
Contesta solicitud de antecedentes, cursada en nombre del Senador señor Quinteros, concerniente a los principales delitos en que se ha dictado condena en contra de naturales de Isla de Pascua, con especial referencia a los ilícitos de connotación o alcance sexual.
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que aumenta la dotación de personal de la Policía de Investigaciones de Chile y que modifica el estatuto de su personal y el decreto ley N° 2.460, de 1979, Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones (boletín Nº 9.373-25).
--Por acuerdo de los Comités, queda para la tabla de esta sesión.
De los Senadores señor Horvath, señora Goic y señores Bianchi, Quinteros y Patricio Walker, con la que se da inicio a un proyecto que incorpora a los mapuches huilliches de la Región de Aysén en la ley Nº 19.253 (boletín N° 9.516-06).
De los Senadores señoras Allende y Muñoz y señores De Urresti, Girardi, Guillier, Larraín y Tuma, con el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República el envío de una iniciativa legal que cree la Subsecretaría de Recursos Hídricos dependiente del Ministerio de Obras Públicas (boletín Nº S 1.701-12).
De los Senadores señores Quinteros, De Urresti, Guillier, Horvath, Navarro, Rossi y Patricio Walker, con el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República modificar el Reglamento de Farmacias, Droguerías, Almacenes Farmacéuticos, Botiquines y Depósitos Autorizados para permitir la contratación provisoria, como auxiliares de farmacia, de quienes estén en trámite de inscripción conforme al artículo 28 de ese reglamento (boletín Nº S 1.702-12).
El señor LETELIER.- Señor Presidente, quiero solicitar dos cosas.
Entiendo que los Comités acordaron ver al principio de esta sesión un proyecto de acuerdo sobre un tema internacional¿
El señor TUMA (Vicepresidente).- Lo voy a informar en seguida, Su Señoría.
El señor LETELIER.- Conforme.
Y quiero solicitar que se trate en primer lugar, como si fuera de Fácil Despacho, el informe de las Comisiones Mixtas signado con el número 3 de la tabla y que recae en los proyectos de ley que reconocen la rayuela como deporte nacional.
El señor TUMA (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para proceder de esa forma?
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, por mi parte, solicito que se trate como si fuera de Fácil Despacho la iniciativa que aumenta la dotación de la Policía de Investigaciones, la cual fue vista por la Comisión de Gobierno.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Efectivamente, existe acuerdo en algunos Comités -y lo queremos ratificar en la Sala- para poner en primer lugar del Orden del Día el proyecto individualizado por Su Señoría.
Según lo acordado recién, lo veríamos inmediatamente después del informe conjunto de las Comisiones Mixtas relativo a la rayuela.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Conforme a lo convenido, corresponde tratar, en primer lugar, el informe conjunto de las Comisiones Mixtas encargadas de proponer la forma y el modo de resolver la divergencia surgida entre el Senado y la Cámara de Diputados durante la tramitación de los proyectos de ley que reconocen la rayuela como deporte nacional.
--Los antecedentes sobre el primer proyecto (8.097-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En trámite de Comisión Mixta, sesión 77ª, en 4 de diciembre de 2013.
Cambio de integrantes de Comisión Mixta, sesión 37ª, en 12 de agosto de 2014.
Mixta: sesión 40ª, en 19 de agosto de 2014.
Sesión 86ª, en 12 de diciembre de 2012 (se aprueba en general y en particular).
--Los antecedentes sobre el segundo proyecto (8.404-29) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 87ª, en 18 de diciembre de 2012.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 85ª, en 14 de enero de 2014.
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 84ª, en 8 de enero de 2014.
Sesión 84ª, en 8 de enero de 2014 (se aprueba el informe y queda rechazada en general y en particular la iniciativa).
El señor LABBÉ (Secretario General).- La divergencia suscitada entre ambas Cámaras deriva del rechazo de la idea de legislar tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado, en tercer trámite constitucional, de los dos proyectos de ley iniciados en moción, uno en nuestra Corporación y otro en la Cámara Baja, que reconocen la rayuela como deporte nacional.
El informe de las Comisiones Mixtas deja constancia de que sus miembros acordaron por unanimidad informar conjuntamente los proyectos antes individualizados, por tratar ambas iniciativas legales un mismo asunto, y que su discusión se efectuara primeramente en el Senado.
Las Comisiones Mixtas, como forma y modo de resolver la divergencia entre ambas Cámaras, proponen un texto que considera la rayuela como deporte nacional, sin aludir a su calidad de competencia o de recreación, e incluye la descripción general de esta actividad deportiva en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Asimismo, mantienen la norma aprobada por el Senado para el artículo 2°, referida al rol del Instituto Nacional de Deportes, pero efectuando la actualización de la referencia al Ministerio del Deporte y a la ley que regula su funcionamiento.
La Comisión Mixta acordó esta proposición por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Letelier, Prokurica e Ignacio Walker y Diputados señores Letelier, Ojeda y Schilling.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición figura el texto acordado por el Senado y rechazado por la Cámara de Diputados; el texto aprobado por la Cámara de Diputados y rechazado por el Senado, y la proposición de las Comisiones Mixtas.
El señor TUMA (Vicepresidente).- En discusión el informe conjunto de las Comisiones Mixtas.
La tiene el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- "Si le parece", señor Presidente, para que podamos pasar a la materia siguiente.
Este proyecto lo discutimos hace algún tiempo, y tiene por propósito declarar la rayuela como deporte nacional y, a la vez, asegurar que el Instituto Nacional de Deportes, en el texto original, o el Ministerio del Deporte, en el acuerdo de las Comisiones Mixtas, más conforme a la realidad institucional actual, tenga una política de apoyo a esta actividad.
Propongo que votemos sin más discusión, señor Presidente.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, abriremos la votación.
--Se aprueba el informe conjunto de las Comisiones Mixtas (22 votos afirmativos).
Votaron las señoras Goic, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, García-Huidobro, Guillier, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Moreira, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Ossandón.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, quiero solicitar -en este momento no se encuentra en la Sala el Presidente de la Comisión de Transportes, el Senador Ossandón- un nuevo plazo para presentar indicaciones, hasta el lunes 1° de septiembre, las 12, al proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 42 de la ley N° 18.290, de Tránsito.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Acordado.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Conforme a lo resuelto por los Comités, corresponde tratar la iniciativa, en segundo trámite constitucional que aumenta la dotación de la Policía de Investigaciones de Chile y que modifica su estatuto de personal y el decreto ley N° 2.460, de 1979, Ley Orgánica Constitucional de la Policía de Investigaciones, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Gobierno, Descentralización y Regionalización, sesión 41ª, en 20 de agosto de 2014.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal del proyecto es ampliar la capacidad de la Policía de Investigaciones, ante los mayores requerimientos de seguridad de la sociedad, y lograr una mejor coordinación de la institución con la autoridad política encargada del orden y seguridad pública.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización discutió la iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Bianchi, Espina, García-Huidobro, Quinteros y Zaldívar.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en la parte pertinente del primer informe del señalado órgano técnico.
El señor TUMA (Vicepresidente).- En la discusión general del proyecto, tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, esta iniciativa tuvo su origen en un mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, y fue conocida, en primer trámite constitucional, por la Honorable Cámara de Diputados, que la despachó con fecha 6 del presente mes. Y, por su parte, el Senado inició su tramitación el día 12 de agosto de este año.
El objetivo del proyecto consiste en ampliar la capacidad de la Policía de Investigaciones ante mayores requerimientos de seguridad, como también lograr una mejor coordinación de la institución con la autoridad política encargada del orden y seguridad pública.
Su texto se estructura en 3 artículos permanentes y 8 transitorios.
Para el adecuado debate de los asuntos contenidos en la iniciativa, el pasado lunes 18 de agosto la Comisión recibió al Ministro del Interior don Rodrigo Peñailillo y al Director General de la Policía de Investigaciones señor Marcos Vásquez, quienes expusieron acerca de la necesidad de contar con una nueva planta para la institución, dadas las necesidades adicionales en materia de seguridad ciudadana aparecidas en el transcurso de los últimos años.
Durante la discusión en la Comisión se hicieron presentes, para ser considerados ya sea por el Ejecutivo o por los señores Senadores, los siguientes puntos:
1) Aumento del presupuesto de la Policía de Investigaciones para que, junto con la modificación de las plantas, se construya la infraestructura necesaria a fin de que puedan llevar adelante sus labores.
2) En cuanto a los requisitos de ingreso, que no les sea posible postular a quienes estén acusados por delitos que merezcan pena aflictiva.
3) Solicitud de información sobre las unidades territoriales de la Policía de Investigaciones, de acuerdo con la organización administrativa del Estado y la determinación de sus competencias.
Sin perjuicio de los puntos enunciados, la unanimidad de los miembros de la Comisión acordó aprobar el presente proyecto de ley, con el objeto de que la Policía de Investigaciones de Chile contara con el número de efectivos necesarios para llevar adelante planes estratégicos que permitan entregar mayor seguridad a nivel nacional, regional, provincial y comunal.
Por las razones mencionadas, y considerando que la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización acordó la iniciativa por unanimidad, solicito a la Sala su aprobación, y propongo que las indicaciones sean recibidas hasta el 1° de septiembre, a las 12.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Solicito la anuencia de la Sala para el ingreso del Subsecretario de Prevención del Delito don Antonio Frey.
El señor TUMA.- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, esta iniciativa de Su Excelencia la Presidenta de la República forma parte de lo que imaginamos serán las propuestas en materia de seguridad pública de aquí a los próximos 4 años.
En lo concreto, señor Presidente, estamos frente a una de las instituciones de mayor prestigio en el mundo.
Quienes hemos tenido la posibilidad de salir del país, sabemos que muchas veces somos objeto de admiración por instituciones como Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, Gendarmería y las Fuerzas Armadas, en general.
Y eso hizo que, tal cual lo señaló su Presidente, el Senador Quinteros, la Comisión de Gobierno acordara este proyecto por unanimidad.
Ahora, con respecto a las indicaciones, estas serían inadmisibles. Por lo tanto, pienso que debiéramos adelantar la tramitación.
¿Y por qué lo digo, señor Presidente? Porque, además de los mil y tantos mujeres y hombres que entrarían a esta institución, se halla pendiente el ascenso de más de 300 funcionarias y funcionarios, el cual no ha podido concretarse, y que se encuentra fuera de plazo.
Entonces, a estas personas se les generó un perjuicio mayor, y la institución no ha podido hacer un enroque para que, en definitiva, puedan ascender.
Por consiguiente, quiero pedirle a la Sala que tramitemos esta iniciativa con la mayor urgencia posible.
Estoy seguro de que no existe Senador alguno que no tenga disposición para remediar esta situación, que afecta a muchos que no han podido ascender. Y, si así lo estimara la Mesa o la Sala, sería posible votarlo hoy.
¿Por qué lo pido? Porque, asimismo, existen más o menos 356 empleados a contrata -no tengo la cifra exacta-, quienes no han podido pasar a la planta. Y ello, obviamente, los afecta de manera negativa en lo previsional, laboral, etcétera.
En consecuencia, señor Presidente, quiero pedirle a la Sala que, ojalá, tratemos con gran urgencia lo relativo al ascenso de más de 300 funcionarios. Estaríamos corrigiendo rápidamente lo que hemos señalado de modo incansable: las figuras a contrata y a honorarios, que resultan tremendamente perjudiciales y dañinas.
Nos hallamos frente a una institución de enorme prestigio. Por lo tanto, con mayor razón, no veo el objeto de no votar hoy.
Además, toda indicación sería inadmisible. Y entiendo que se votaría el proyecto tal cual está, con estos ascensos, con esta movilidad y con esta incorporación; considerando, asimismo, que el país nos demanda más funcionarios.
Por lo tanto, si usted lo estimara necesario, podríamos darle una tramitación urgente, rápida, expedita, lo que, obviamente, serviría para acelerar la incorporación de más funcionarios a la PDI.
Por eso, pido a la Sala que ojalá despachemos la iniciativa hoy mismo, debido a la urgencia que tiene la institución en materia de dotación.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Señor Senador, este proyecto necesariamente debe ir a la Comisión de Hacienda, y también tiene que volver a la de Gobierno, que usted integra, para el segundo informe. Por tanto, no estamos en condiciones de votarlo en particular hoy.
El señor TUMA (Vicepresidente).- A continuación, saludo al Presidente del Consejo Nacional de Televisión, don Óscar Reyes, quien nos acompaña junto a su Directorio.
También doy la bienvenida al ex Diputado señor Egaña, quien se encuentra en las tribunas.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Se ha pedido abrir la votación.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, concuerdo con lo planteado por el Senador Bianchi en cuanto a la urgencia de tramitar -ojalá, a la brevedad- este proyecto de ley, porque no cabe duda de que lo que más solicita la gente en reuniones con juntas de vecinos, en el contacto directo es seguridad ciudadana.
La ley N° 20.113, de 2006, que creó nuevos Escalafones en las Plantas de la Policía de Investigaciones de Chile, "combina la formación policial tradicional con los conocimientos de la educación superior, potenciando las distintas especialidades de la investigación criminal y la gestión policial en su conjunto".
Si bien el proyecto de oficiales policiales profesionales se formuló y diseñó para paliar en parte el déficit histórico de dotación, a mi juicio, ha representado un avance concreto en el acercamiento de la PDI a la comunidad, pues, como nunca antes, dicha institución abrió sus filas para integrar civiles provenientes de carreras profesionales de la más diversa índole.
Al mismo tiempo, según los resultados de la última encuesta CEP, y también coincidiendo con el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, las instituciones que cuentan con mayor confianza ciudadana son: Carabineros (58 por ciento), las Fuerzas Armadas (53 por ciento) y la PDI (49 por ciento).
En tal sentido, la creciente sensación de inseguridad de los chilenos, en especial de los más modestos y de la clase media, exige un mayor y progresivo despliegue de funcionarios, así como más efectividad en las investigaciones policiales y en los programas de prevención a nivel local.
Según el informe de la DIPRES entregado a la Cámara de Diputados, el proyecto de ley originará un mayor gasto fiscal -más bien, una inversión-, en régimen, de M$ 21.749.587.
El principal objetivo de la iniciativa es aumentar la gestión operativa de la PDI, asegurando y ampliando su capacidad de respuesta a las crecientes demandas de la ciudadanía por mayores niveles de seguridad, e incrementando las plazas de policías, principalmente en el Escalafón de los Oficiales Policiales Profesionales de Línea.
En dicho contexto, el aumento de las plazas se contempla en los diferentes grados de los oficiales policiales, de los cuales 8 cargos se destinan a oficiales policiales de alto mando y 1.200 a oficiales policiales profesionales de línea.
Señor Presidente, hay que reconocer que esta iniciativa constituye un paso importante, por cuanto la seguridad ciudadana -lo he dicho repetidamente- sigue siendo uno de los temas que más preocupan a la ciudadanía.
Parte relevante de un programa sobre seguridad pública y prevención del delito implica precisamente reforzar el número de funcionarios de la PDI.
Tal medida va acompañada del aumento de 6 mil plazas en Carabineros de Chile, compromiso anunciado por la Presidenta Bachelet. Esperamos que esta sea una herramienta que aporte a la disminución de los índices de victimización en los hogares de aquí al final de este Gobierno.
Señor Presidente, según cifras entregadas por el Ministerio Público para el período enero-mayo de 2014 en la Región de Atacama, que represento, se produjo un incremento significativo en los delitos contra la propiedad y los homicidios con respecto a igual período del año anterior.
Aumentaron en 100 por ciento los homicidios, en 62 por ciento los robos de vehículos, en 28 por ciento los robos en lugar no habitado, en 19 por ciento los robos con intimidación y en 19 por ciento los robos por sorpresa. Lo anterior, sumado al alza en la tasa de desempleo (de 5,6 a 6,2 por ciento) durante el presente año en nuestra Región, hace prever que en esta y en otras partes los delitos, lamentablemente, irán en aumento.
Tales cifras hablan por sí solas cuando representamos la idea de que por todos lados se nos está pidiendo un mayor control policial.
Sin embargo, no puedo dejar de señalar que esta importante herramienta contra la delincuencia (el aumento de dotación en las instituciones policiales) no lo es todo. También es necesario reestudiar el proyecto que busca establecer la medida de control preventivo de identidad por parte de Carabineros de Chile, ya que constituye un instrumento esencial para el control que preventivamente deben realizar sus efectivos con el fin de evitar la comisión de delitos.
No basta con elevar el número de policías si no les entregamos las facultades necesarias para que cumplan sus objetivos.
Por último, quiero pedir la atención del Ministro Secretario General de Gobierno y del Subsecretario de Prevención del Delito para manifestar un asunto que hemos sostenido cada vez que se produce un incremento en el número de funcionarios de Carabineros o de la PDI.
Los diversos Ministros de Hacienda se han comprometido a aumentar los recursos para DIPRECA y no lo han hecho. No se ha cumplido con lo prometido en esta Sala para la Dirección de Previsión de Carabineros, que originalmente cubría solo a esta institución policial, pero a la cual se le agregó la PDI y, después, Gendarmería.
Sin duda, el mayor número en el personal de la PDI y de Carabineros, conjuntamente con la cobertura a Gendarmería, influye en el gasto previsional y de salud. A mi juicio, podría estar generándose una bomba de tiempo en DIPRECA, debido al efecto que tendrán en el futuro los fuertes incrementos de dotación, tanto de carabineros como de detectives, lo que podría terminar por colapsar el sistema.
Yo he advertido de esa situación en reiteradas ocasiones cuando se han tramitado proyectos de esta naturaleza.
Incluso, señora Presidenta, en una oportunidad en la Sala, juntos a otros señores Senadores, planteamos que no íbamos a tramitar más propuestas legislativas en este ámbito si no se comprometía el aumento respectivo en DIPRECA. De lo contrario, después se generará una situación extraordinariamente compleja, sobre todo cuando estos funcionarios pasen a retiro.
Según la DIPRES, "el gasto fiscal destinado al pago de pensiones aumentará en Dipreca a tasa promedio del 6% anual, ubicándose en torno a US$ 7,921 millones en 2050". La misma entidad señala que "el déficit de Dipreca se incrementaría para el año 2050 a 0,7% del PIB en la medida en que el sistema no sufra modificaciones". Y agrega: "Dipreca pasará de una cobertura de 62.582 pensionados en 2011 a 144.200 en 2050, es decir, un aumento de un 130%".
Hago esta prevención, señora Presidenta, teniendo claro que ningún Senador votará en contra de la iniciativa que nos ocupa. Sin duda, hay una necesidad de mayor vigilancia y seguridad ciudadana. Pero la situación que planteo ha sido olvidada por los distintos Gobiernos cuando se ha debatido sobre aumentos de dotación policial. Y DIPRECA sigue siendo lo mismo, sigue presentando problemas serios, los que en algún minuto deberemos abordar.
El señor ESPINA.- Señora Presidenta, creo que este es un excelente proyecto de ley. Felicito al Gobierno por impulsarlo. Desde ya, le hago presente que en esta materia cuenta con todo nuestro respaldo.
Más aún, ayer la Presidenta anunció las medidas del Programa del Gobierno con relación a seguridad ciudadana. Nosotros las vamos a apoyar abierta y resueltamente, porque estimamos que son buenas disposiciones. Están bien enfocadas.
Esta es una política de Estado y uno debe mirarla de esa manera; en particular, si sus medidas apuntan a llevar la lucha contra la delincuencia al ámbito de las decisiones comunales. Me refiero a la participación del alcalde, de los concejales, del comisario, de las juntas de vecinos.
Tal idea es notablemente buena.
De hecho, tenemos pendiente una audiencia con el Subsecretario Frey para conversar sobre este asunto.
Con todo, reitero que el Ejecutivo va a contar con nuestro apoyo en ese sentido.
Sabemos que las políticas de seguridad ciudadana en algunos momentos han presentado problemas. Pero no seremos como aquellos que magnifican las dificultades cuando estas se producen. ¡No! Vamos a contribuir para que les vaya bien. Porque en este ámbito a todos los Gobiernos -quiero decirlo derechamente- les ha ido mal.
Además, considero positivo que el Ejecutivo siempre haya estado interesado en informarnos acerca de las medidas que adoptará. Comprometemos nuestro mayor interés en ser socios activos para ese fin.
Por supuesto, haremos presente nuestras opiniones, con mucho respeto, cuando creamos que una política pública debe ser mejorada o cuando algún proyecto de ley que se encuentre paralizado.
Aprovecho de decirles -por su intermedio, señora Presidenta- a nuestro estimado Subsecretario de Prevención del Delito y al Ministro Elizalde -ya se lo expresé al Ministro del Interior- que en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento hay una iniciativa, llamada "Reforma de la Reforma", que establece mayores instrumentos para que la policía, los fiscales y los jueces puedan perseguir los delitos.
Pues bien, esa propuesta de ley fue elaborada por expertos en Derecho Penal en forma transversal; contó con el aporte de las distintas instituciones vinculadas al tema de la seguridad ciudadana; se está tramitando en la Comisión de Constitución, y lleva cuatro meses paralizada.
A mi juicio, dejar dormir ese proyecto es un profundo error, porque en nuestra legislación sobre investigación de los delitos se mantienen situaciones incomprensibles, que deben ser corregidas.
Solo voy a nombrar una.
Perdón que me desvíe de la materia que nos convoca.
Si una persona en nuestro país comete un crimen o simple delito y, transcurrida una semana, confiesa ser autor de ello, aporta las pruebas correspondientes, pero dice que tiene un domicilio conocido -y efectivamente lo tiene-, se produce el absurdo -cualquiera que sea la gravedad del delito- de que el fiscal no puede disponer su detención para los efectos de que la persona no se fugue.
Esto no lo descubrí yo. Ha sido estudiado por todos los expertos.
Por eso solicito a las dos importantes autoridades de Gobierno que nos acompañan que persuadan al Ministro Gómez, con quien me une una amistad y un trabajo en conjunto, para que la referida iniciativa no siga paralizada. Dios no quiera que se produzcan hechos de mayor gravedad a los que ya ocurren en materia de robos, que es el ámbito en el que Chile muestra mayores debilidades, y nos encontremos con que no hemos contado con información actualizada.
He hecho esta petición reiteradamente, y aprovecho de volver a plantearla, en el ánimo de querer colaborar con el Gobierno.
Respecto de la materia que nos ocupa, considero que estamos ante un gran proyecto.
Aumentar la planta de oficiales policiales profesionales de línea en 1.456 funcionarios es muy importante, como lo es también distribuir ese incremento de acuerdo a la realidad de cada región.
En mi opinión, si la Policía de Investigaciones contara con todos los instrumentos legales y la dotación suficiente, podría optimizar mucho su funcionamiento. Hoy, dentro de sus medios, hace lo mejor posible.
Durante el debate en la Comisión de Gobierno, se planteó la necesidad de hacer un catastro respecto de la cantidad de cuarteles y unidades policiales que se requieren. Algunos están en carpeta desde hace muchos años. Urge modernizar tales instalaciones en las distintas regiones del país.
Por otra parte, señor Presidente, pedimos que se oficie -ya fue cursada esta solicitud en la Comisión, pero vale la pena reiterarla- a la autoridad competente para que indique el número de órdenes de detención pendientes en la PDI por delitos de alto reproche social. Tal situación genera un dolor de cabeza enorme en la sociedad chilena.
Hay una gran cantidad de prófugos por delitos de robos violentos, ya sea robos con intimidación o violencia en las personas o robo con fuerza en las cosas, cometidos en domicilios, en casas particulares, en locales comerciales, en la vía pública. Necesitamos saber cuántos son.
Lo mismo respecto de delitos de homicidio o de abusos sexuales graves.
Ello nos va a permitir saber, dado el alto nivel de reiteración de delitos, cuál es el número de personas que están con órdenes de detención pendientes emanadas por los tribunales. Ese dato es superimportante para decidir exactamente cómo enfrentar uno de los puntos más débiles de la seguridad ciudadana: la cantidad de prófugos de la justicia.
Como ya señalé, este es un gran proyecto.
Con relación a su contenido, tengo una sola observación, que planteé en la Comisión en su momento.
Se refiere a una modificación introducida en la letra b) del numeral 2) del artículo 2º. En esa disposición se elimina la frase "se halle declarado reo" como requisito de ingreso al estatuto del personal de la Policía de Investigaciones.
Eso está bien suprimirlo, porque ya no existe el auto de procesamiento, el auto de reo. Sin embargo, sugerimos en la Comisión establecer una norma -una similar a la que dispone nuestra Constitución respecto del derecho a sufragio- que señale como impedimento para entrar a la Policía de Investigaciones encontrarse acusado por los tribunales de justicia por determinado delito.
Una cosa es la etapa del auto de reo, que hoy equivale a la formalización. Esta corresponde al instante en que a una persona la investigan por un delito. Para ello, el fiscal la lleva ante un juez de garantía y le dice: "Yo lo formalizo a usted por tal delito".
Pero algo distinto -ya no es posible obviarlo y este proyecto no lo contempla- es la norma que propongo y que nuestra Carta ya considera para otro efecto. Me refiero a estipular que una persona no puede ingresar a la PDI si está acusado por un fiscal y pronto a ser llevado a un juicio oral por delito de tráfico de drogas, de homicidio, de violencia intrafamiliar.
Es necesario corregir la disposición especificada.
Hay consenso en el Gobierno -el Ministro del Interior así lo manifestó- para incluir en esta materia lo que ya consagra nuestra Constitución respecto al derecho de sufragio.
Sería incomprensible que dijéramos: "Una persona acusada por un delito que merezca pena aflictiva no puede votar en Chile, pero sí entrar a la Policía de Investigaciones". En efecto, alguien acusado por homicidio, por tráfico de drogas, por asalto a mano armada ¡podría ser detective!
Es evidente que debe suprimirse la expresión "se halle declarado reo", porque ya no existen las declaratorias de reo. Sin embargo, tiene que haber un requisito -sobre todo, tratándose de un cargo tan importante como ser funcionario de la PDI- que impida el ingreso a dicha institución policial a quien se encuentre acusado por un fiscal ante un magistrado para ser llevado a juicio oral. Esa persona, mientras viva tal situación, no puede ser parte de la Policía de Investigaciones. Ahora, si aquella después prueba su inocencia, podrá postular en el momento en que lo estime pertinente.
Este requisito opera en todas las policías del mundo, y debiera existir también en la chilena.
Esa fue la razón por la que pedimos al Gobierno que, en forma rápida y expedita, presente una indicación. En realidad, esta puede ser formulada por cualquier parlamentario. Con todo, debiéramos resolver el punto.
Por lo demás, todos los miembros de la Comisión -y el Senador Quinteros, su Presidente, asiente- coincidieron en que era fundamental incorporar la norma mencionada.
Asimismo, quiero dejar constancia de un asunto muy importante.
Aprovecho de que están presentes dos autoridades de Gobierno, en especial el Subsecretario de Prevención del Delito -él lo sabe mejor que yo-, para pedir que se aceleren todos los mecanismos que signifiquen unificar la información entre las policías, los fiscales y los jueces.
En la actualidad, muchas veces los jueces, cuando deben resolver sobre la libertad de una persona, no conocen todo su prontuario penal ni las órdenes de detención en proceso.
En tales condiciones, ¡cómo un juez va a resolver bien!
No hay una base unificada de datos -una que integre los sistemas de información de Carabineros, de Investigaciones y del Poder Judicial- que permita saber cuál es la realidad de una persona frente al mundo del delito.
Respecto de los mecanismos de coordinación, que son fundamentales para que el sistema camine, todavía tenemos falencias. Pero sé que se están tratando de reforzar. Si no existe una coordinación adecuada, aunque dictemos todas las leyes del mundo, el sistema funcionará mal.
Por eso nos gusta tanto la propuesta del Gobierno enfocada en el trabajo a nivel comunal. Eso significar que se sentarán a resolver el alcalde, los concejales, el fiscal.
Ojalá fuera el juez de garantía. Porque es superimportante saber cuáles son los estándares probatorios que un magistrado pide en una causa.
No sé por qué en Chile existe una especie de temor en el sentido de que el juez no puede hablar con la ciudadanía.
En todas partes del mundo el magistrado le explica a la comunidad: "Para probar este delito requiero tales estándares probatorios. Por lo tanto, usted preocúpese de no destruir las pruebas del delito en el sitio del suceso".
¿Cuánta gente sabe cómo hacer aquello?
¡Nadie tiene idea!
Se comete un delito, la gente mueve todo y desaparecen las pruebas principales. Después, el magistrado dice: "¡Pero si no me entregaron las pruebas!".
Entonces, terminado el capítulo relativo a la labor de la Policía de Investigaciones, creo -con todos los méritos que tiene este proyecto- que debemos entrar a picar profundo en cuanto a la seguridad. Y una de las maneras de hacerlo es que en cada comuna de nuestro país se reúnan -aquí tenemos a varios parlamentarios que han sido alcaldes- el alcalde, el consejo de seguridad ciudadana -muchas veces lo nombra el alcalde y lo dirige un concejal-, el fiscal, el juez de garantía, las policías, las juntas de vecinos.
Porque cada comuna tiene una realidad delictual distinta. Los ilícitos que se cometen en la comuna X no son los mismos de la comuna A; son de diferente naturaleza. El modus operandi es diverso. La forma de operar es otra.
Entonces, la comunidad en sí misma, con el apoyo de especialistas, irá estableciendo la manera de enfrentar al mundo delictual en su barrio.
Por todas las consideraciones expuestas, votaremos a favor de esta iniciativa. Y esperamos que el Gobierno presente la indicación pertinente. Si no, lo haremos nosotros
El señor TUMA (Vicepresidente).- Deseo saludar a la delegación de la Universidad de Wiener, de Perú, que nos visita hoy. Son diez estudiantes, y vienen con su guía, el señor Fernando Urbina.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, me parece que todos apoyaremos este proyecto de la Presidenta de la República, mediante el cual se aumenta la dotación de la PDI y se modifican el estatuto de su personal y el decreto ley N° 2.460, Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones.
Al respecto, cabe destacar que con el aumento de personal propuesto se pretende mejorar la gestión operativa de Investigaciones, para ampliar su capacidad de respuesta ante los nuevos delitos, más complejos y difíciles, que está enfrentando nuestra sociedad. Y ello requiere un salto cualitativo en la calificación de los funcionarios.
Por otra parte, se busca permitir mayor coordinación y vinculación de la Policía de Investigaciones con la autoridad política.
Además, se establece una serie de mecanismos para coordinar mejor la labor operativa en terreno.
Para tales efectos, no solo se considera el aumento de efectivos que se especifica en este proyecto, sino que además se normaliza en la planta la situación de un grupo no menor de funcionarios que desde los últimos años se han ido incorporando a través del sistema de glosas y no de manera estructurada.
Por consiguiente, me parece correcto el saneamiento de la referida situación institucional.
También estoy de acuerdo con lo señalado por algunos Senadores en cuanto a la modificación de los requisitos de ingreso a la Policía de Investigaciones de Chile para adaptarlos a estándares más exigentes.
De otro lado, se definen en forma clara ciertos deberes del propio Director General de la PDI en orden a coordinar la entrega de información con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sobre todo la relacionada con la seguridad.
Se dispone, asimismo, que la delegación de funciones que el Director General efectúe en subordinados deberá ser informada a la autoridad correspondiente.
Entiendo que el mayor gasto que irroga la aplicación de la futura ley deberá financiarse a través del presupuesto de la Policía de Investigaciones de Chile y que el aumento de efectivos será gradual, en un período de tres años.
Ahora, me permito recoger una inquietud planteada en el sentido de que el aumento de personal debería estar asociado también a una política más clara en materia de equipamiento e infraestructura, toda vez que, particularmente en regiones, la Policía de Investigaciones opera con infraestructura arrendada, cedida, e inclusive con equipos facilitados por otras instituciones. Ello resta eficacia a su desempeño y despliegue a lo largo del territorio nacional.
En tal sentido, recojo la necesidad -si no en este proyecto, a fin de no demorar su despacho, cuando discutamos el presupuesto de dicha institución- de incluir lo relativo a infraestructura y equipamiento, que presenta déficits en regiones.
Por último, hago mío lo que señaló el Senador Prokurica en cuanto a la necesidad de tener una política más clara respecto al financiamiento de DIPRECA, cuya cobertura está aumentando -como le ocurre por lo demás a la mayoría de las instituciones que otorgan prestaciones de salud en Chile- sin que exista el correlato correspondiente en materia de desarrollo de esa entidad previsional.
Señora Presidenta, apoyo este proyecto, con las observaciones que indiqué, que espero sean recogidas por la autoridad.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, quiero saludar al señor Ministro Secretario General de Gobierno y al señor Subsecretario de Prevención del Delito.
A mi juicio, el proyecto que nos ocupa, que aprobamos en forma unánime en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización esta semana, va en el camino correcto de dar respuesta a las necesidades que tiene la Policía de Investigaciones de Chile ante los mayores requerimientos de seguridad de la ciudadanía y de lograr una mejor coordinación con la autoridad política encargada del orden y la seguridad pública.
Quiero manifestar también mis aprensiones con relación a la distribución del personal de Investigaciones a nivel nacional.
Solicité información por intermedio de la Comisión.
El Director General de la Policía de Investigaciones de Chile entregó una minuta que señala que el 45 por ciento de los funcionarios se halla en la Región Metropolitana.
En el caso de mi Región, la del Libertador General Bernardo O'Higgins, solo tenemos el 3 por ciento.
Hay, pues, una materia que debemos analizar profundamente a la luz del aumento de dotación propuesto: la descentralización a nivel nacional del personal que requiere cada una de las regiones.
Por ejemplo, la Undécima Región tiene 93 funcionarios.
Es muy importante, por lo tanto, el aumento de dotación en la Policía de Investigaciones, que, entre otras cosas, solucionará el problema de quienes cumplen los requisitos para ascender y no han podido hacerlo, situación que desde hace 2, 3, 4, 5 años ha afectado a detectives, subinspectores, inspectores y subcomisarios. Ello significa que hay 2 mil 88 oficiales policiales con ascensos pendientes.
Considero fundamental que los recursos para el aumento de personal vayan también a financiar la infraestructura y la tecnología que requiere la PDI. Esto es básico para que logre la eficiencia que todos esperamos en el ámbito de la prevención del delito.
De otro lado, quiero manifestar mi preocupación porque todo lo relacionado con aumento de la infraestructura se está cargando al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Así, cada una de las regiones deberá financiar los nuevos cuarteles.
El informe que obra en mi poder habla de que al año 2018 aumentará en casi 40 por ciento la superficie real, lo que está mayoritariamente financiado por los gobiernos regionales.
Creo que debe realizarse un esfuerzo en el Presupuesto con el fin de que ese financiamiento no se les cargue solo a los gobiernos regionales, sobre todo teniendo presente la falta de equilibrio existente en la distribución del personal de la Policía de Investigaciones a nivel nacional.
El Director General me reconoció hace bastante tiempo la necesidad de aumentar la dotación en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
Valoro el trabajo realizado por la Policía de Investigaciones en materia de narcotráfico, de violencia intrafamiliar, de los nuevos delitos que aparecen.
¡Cada día necesitamos más el apoyo de esa querida institución!
Señor Presidente, en nombre de la Unión Demócrata Independiente, quiero manifestar que votaremos a favor este proyecto.
Ojalá que los recursos se consideren también para la implementación de los cuarteles, la tecnología que se requiere hoy. Asimismo, espero que la distribución del nuevo personal (son 1.456 funcionarios) se efectúe en forma equitativa, para ir solucionando la falta de equilibrio existente en esta materia entre la Región Metropolitana y el resto de las regiones de nuestro país.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señora Presidenta, ya se han dicho muchas cosas sobre la iniciativa que nos ocupa.
Quiero saludar al Ministro señor Elizalde y al Subsecretario señor Frey y expresar que la ley en proyecto es muy importante no solo para la Policía de Investigaciones. Porque a la gente, a la población en general, le da mucho más tranquilidad saber que presentamos alguna iniciativa que beneficie a esa institución o a Carabineros de Chile.
Por eso, cualquier fórmula legal, cualquier indicación, cualquier iniciativa que vayan en la línea de dar mayores facultades, aumentar plantas, promover, dotar de más personal a las policías siempre serán una buena noticia para los ciudadanos.
He puesto énfasis en la presencia del Subsecretario de Prevención del Delito porque quiero decir, en nombre de Amplitud, nuestro movimiento, que nos parece que dicho personero está bastante bien encaminado respecto a lo que hay que hacer en materia de seguridad ciudadana.
Se lo hemos expresado al Ministro del Interior y a titulares de otras Carteras, y también a la Presidenta de la República.
Porque, a nuestro juicio, esta materia no debiese trabajarse con tensión política, ni tampoco desde la trinchera, sino con generosidad y entendiendo que en la medida que logremos involucrar mucho más a la comunidad, a los Poderes Judicial y Legislativo, no únicamente en la toma de decisiones, sino además en la necesidad de elaborar nuevas leyes, nuevos reglamentos, vamos a lograr un mejor resultado.
Por esa razón, todas las políticas que ha anunciado la Subsecretaría de Prevención del Delito cuentan con nuestro respaldo.
Obviamente, vamos a ayudar a mejorar lo que sea perfectible. Y hemos presentado algunos proyectos de ley en la idea de complementar las políticas dadas a conocer, que van en la línea de incorporar mucho más la territorialidad y a los municipios. Eso es bastante trascendente, no solo por las atribuciones o responsabilidades que estos tienen, sino también en términos de la participación, puesto que al final son los que mejor saben cómo se van desarrollando los problemas asociados a la delincuencia en cada comuna.
Al respecto, quiero recordar que el año pasado en la Región Quinta Cordillera realizamos un gran encuentro en la Municipalidad de Puchuncaví con ambas policías; las juntas de vecinos; el concejo municipal, presidido por el alcalde; funcionarios de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Trabajamos un domingo entero con la comunidad para diseñar políticas públicas destinadas a la prevención del delito. Fue algo realmente exitoso. Y les sirvió muchísimo a los habitantes de dicha comuna, incluida la gente de la Cámara de Comercio y la de todos los estamentos. La idea final era focalizar mucho mejor el uso de recursos públicos en el combate contra la delincuencia.
Por todo lo expuesto y porque esta iniciativa se inserta en el contexto de todo aquello que es deseable sacar adelante y que es positivo para el objetivo final que pretendemos, voto a favor.
El señor QUINTANA.- Señora Presidenta, sin lugar a dudas, lo que hoy está ocurriendo en el Senado es una gran noticia en materia de seguridad para nuestro país y una mala noticia para los delincuentes.
Porque, como lo señaló el Senador Guillier, aquí se busca perfeccionar los procedimientos, los aspectos operativos de la Policía de Investigaciones de Chile. Y cuando los incentivos se hallan bien planteados, eso se traduce en mejoramiento de los servicios y de la gestión operativa.
Me alegra que, después de muchos años, se dé respuesta a una aspiración de larga data en materia de plantas. Porque este proyecto aumenta la dotación de la referida institución y, al mismo tiempo, modifica el estatuto del personal y el decreto ley N° 2.460, Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones.
Se trata de uno de los cambios estructurales más importantes que se hayan realizado, no solo porque se aumenta la dotación de la PDI, sino también porque con ello se permite el tiraje de la chimenea.
Entiendo que a cerca de 300 oficiales (gente egresada de la Escuela de la PDI) se los ha debido nombrar mediante el sistema de glosas presupuestarias. Y, ciertamente, esa no es la idea para la dotación de una institución importante, grande, como la Policía de Investigaciones: tiene que haber una carrera bien estructurada, con etapas claras.
Me parece que la ley en proyecto se hace cargo de ello. Pero, al mismo tiempo, innova en otras materias, como la creación del Escalafón Profesional de Peritos, con 600 cargos, los cuales son muy significativos para las labores de investigación que desarrolla la PDI.
La Policía de Investigaciones siempre enfatiza el esfuerzo en las labores de investigación, donde, sin lugar a dudas, exhibe gran experiencia, gran trayectoria y mucha capacidad instalada. Pero con el aumento de la delincuencia que nuestro país -y en general las sociedades modernas- viene experimentando sostenidamente en los últimos años, se requiere también que las policías complementen su accionar en el ámbito de la prevención.
Es preciso, en mi concepto, que la PDI realice labor preventiva en forma coordinada y complementaria con Carabineros de Chile.
Entonces -insisto-, esta es una gran noticia para las labores operativas de la Policía de Investigaciones.
Por eso, valoro la decisión del Gobierno de la Presidenta Bachelet, representada acá por el Ministro Álvaro Elizalde y, muy especialmente, por el Subsecretario de Prevención del Delito, don Antonio Frey, quien tiene larga experiencia en esta materia y se halla impulsando y desplegando un sinnúmero de políticas que buscan mejorar las condiciones de vida de la población; sacar el narcotráfico de muchos barrios en sectores de gran crecimiento de Chile, y combatir la delincuencia con todo lo que eso significa: decisión, firmeza, pero también claridad de objetivos y no grandes titulares.
Porque durante mucho tiempo hemos tenido grandes titulares: "Vamos a terminar con la puerta giratoria", "Vamos a terminar con la delincuencia", sabiendo que eso no es posible y, además, que hoy los ciudadanos, más que grandes promesas, necesitan resultados.
Desde ese punto de vista, valoro el anuncio que hizo ayer el Gobierno, con el Subsecretario Antonio Frey y el Ministro Peñailillo, quien ha tenido un rol muy firme y decidido en torno al Plan Nacional de Seguridad, que innova también en cuanto al rol de las policías en el ámbito local.
Algo muy relevante y que no se había hecho era sumar a los actores locales en el combate del delito, desde el narcotráfico hasta el abigeato, que pueda tener lugar en cualquier zona apartada de nuestro país.
Me parece, pues, una gran noticia la decisión del Gobierno de la Presidenta Bachelet de presentar este proyecto, que se hace cargo de una materia importante, cual es el aumento de la dotación de la Policía de Investigaciones en 1.200 funcionarios, y al mismo tiempo, del problema de quienes no podían ascender, que también constituyen un número relevante. Se trata de alrededor de 250 personas que se hallan en una situación -por así decirlo- bastante irregular.
Estamos hablando, entonces, de casi 1.500 efectivos que pasarán a la planta, con todo lo que eso significa. Ello les dará la tranquilidad que necesitan para llevar a cabo de mejor manera su labor.
También es del caso destacar -lo vuelvo a repetir- la creación del Escalafón Profesional de Peritos, para la investigación en el ámbito criminal.
Por lo tanto, todo aquello debiera traducirse en una reducción de los niveles de inseguridad y en una baja de los índices de victimización, y -reitero- sin grandilocuencia ni grandes titulares, pero entendiendo que este es un trabajo central que forma parte de los principales desafíos de un Gobierno que quiere hacer las cosas bien.
Señora Presidenta, nuestro Partido, ciertamente, apoyará el proyecto presentado por el Ejecutivo.
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, en pocas palabras, quiero valorar el proyecto que ahora estamos votando. Y también, el hecho de que la Policía de Investigaciones haya tenido en estos últimos 20 años un proceso de fortalecimiento muy significativo.
La verdad es que allá por el año 90 estaba prácticamente desmantelada como policía judicial con capacidad de investigación en serio.
Hoy uno ve no solo el crecimiento numérico de dicha institución, a cifras que corresponden a nuestro nivel de desarrollo, a nuestra población. También puede constatar la inversión en infraestructura (en su Academia), su mayor profesionalismo (eso es muy relevante).
Yo connotaría, de la misma forma, la casualidad de que ahora hablemos de la PDI, no la de la Policía de Investigaciones. Ello va asociado a un esfuerzo muy relevante para procurar la modernización de su funcionamiento.
Sin duda, quienes hemos tenido la posibilidad de conocer bastante de cerca a los funcionarios de Investigaciones, institución que colabora de diversa manera en el quehacer nacional, valoramos adicionalmente la ley en proyecto.
Mi único comentario sobre la iniciativa es que, junto con el anuncio de recursos para fortalecer las acciones de prevención y de indagación, hemos de asumir que existe un problema pendiente: la muy precaria presencia de Investigaciones en las regiones, como señalaban otros colegas.
Y quiero ir más allá: si no fuera por los municipios, que a veces ponen las sedes a su disposición, ¡en las regiones no habría Policía de Investigaciones!
El señor BIANCHI.- Es verdad.
El señor LETELIER.- Actualmente, los locales de la PDI existentes a lo largo de nuestro país dependen de la voluntad de los municipios: en la comuna de Rengo, de uno; en la de San Vicente, de otro. Y uno suma y sigue en la Región de O'Higgins.
Las dotaciones no se condicen con la población ni con la complejidad de los delitos que se perpetran. Y esto redunda -situación que también se abordó- en la dificultad de los procesos investigativos.
Yo quiero dar un solo ejemplo, señora Presidenta.
Ante un delito ambiental cometido en la Región de O'Higgins, hay que pedir por favor que lleven especialistas de Santiago, los que llegan si les sobra tiempo. Y si les sobra tiempo, después debe solicitarse espacio en un laboratorio para la realización de los análisis.
Por tanto, las acciones vinculadas con los delitos ambientales transcurren sin las pruebas necesarias -para reunirlas la Policía de Investigaciones es clave- durante cinco años o más, hasta que se llega a la impunidad.
Aquello, por cierto, no depende de la voluntad de la PDI: tiene que ver con la forma como se distribuyen territorialmente sus capacidades.
Confiamos en que esto, que es una nueva oleada de modernización, de reforzamiento de la institución, de normalización de su planta -en particular, la ley en proyecto está destinada a ello-, vaya acompañado de una discusión.
Quizás en la Ley de Presupuestos, cuando se deba hablar de infraestructura, habremos de asegurar que la Policía de Investigaciones tenga la suya, sea comprando los locales que ya usa o construyendo donde corresponda los que requiere.
Porque, por desgracia, lo más probable es que durante los próximos 40 años no veamos una reducción en la dotación de Investigaciones, pues los complejos ciclos de la sociedad demandarán que dicha institución sea cada vez más respaldada en su profesionalismo y en sus diferentes especialidades.
Señora Presidenta, vamos a votar a favor, confiados en que aquí se retoma un esfuerzo de respaldo a una institución muy importante.
El señor HARBOE.- Señora Presidenta, quiero en primer término destacar que el proyecto que estamos discutiendo hoy es parte de un compromiso de Su Excelencia la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, y forma parte integrante del recién lanzado plan Seguridad para Todos.
Digo eso porque no se trata de una medida aislada; no se trata solo de aumentar la dotación de la Policía de Investigaciones: se trata de elaborar una estrategia de seguridad que dentro de sus componentes principales considera, obviamente, a los agentes policiales.
Y si la sociedad les encomienda a los agentes policiales el cometido de velar por la seguridad pública interior, corresponde, entonces, que la autoridad del Estado se haga cargo de las necesidades que, para cumplir de buena forma su función, tienen las instituciones a que ellos pertenecen.
Preservar la paz social es una labor no solo de las policías, sino del sistema en su conjunto.
Empero, ciertamente, en el acápite de la seguridad interior a la Policía de Investigaciones le corresponde un rol fundamental.
Por la evolución que ha tenido la PDI -positiva, a mi juicio-, ese rol fundamental se centra en dos ámbitos.
En primer lugar -y probablemente por derecho propio, debido a sus buenas experiencias-, la Policía de Investigaciones ha ido asumiendo ciertas acciones preventivas.
Si bien las normas legales vigentes establecen que la policía preventiva es Carabineros de Chile, en la práctica esta institución está cumpliendo un conjunto de funciones investigativas, en el marco del proceso del nuevo sistema judicial penal.
Pero también la Policía de Investigaciones, a través de las denominadas "BICRIM" (Brigadas de Investigación Criminal), ha ido transformándose en un coadyuvante de la seguridad preventiva, con muy buen resultado en varios lugares, debido a los niveles de preparación y de información que la PDI logra gracias a la buena formación profesional de sus efectivos, pero también al carácter civil de esta institución, que muchas veces le permite realizar acciones que la policía uniformada no puede acometer, atendida su naturaleza.
Por consiguiente, en ese escenario, la Policía de Investigaciones está cumpliendo un rol fundamental en el ámbito preventivo.
Pero quizás tanto o más importante es el papel que juega en el ámbito investigativo.
La PDI cumple hoy un esencial rol de apoyo a la labor jurisdiccional.
Podemos tener más fiscales, podemos tener más facultades para los fiscales, podemos tener más funcionarios para los fiscales, podemos tener más jueces, podemos tener leyes más duras; pero si no disponemos de un cuerpo policial con capacidad para investigar los delitos no flagrantes (es decir, aquellos en que no se conoce al delincuente en el momento de la perpetración del ilícito), no podemos satisfacer la demanda ciudadana vinculada con el esclarecimiento de los hechos delictuales.
Por eso el rol investigativo de la Policía de Investigaciones (valga la redundancia) es en extremo relevante. Y el profesionalismo con que ejerce su función resulta determinante, pues muchas veces permite individualizar a los autores de ilícitos que atentan contra la vida, la propiedad, la libertad sexual, la libertad ambulatoria de nuestros compatriotas, particularmente en los sectores más desposeídos, que son aquellos que no pueden acceder a mecanismos de seguridad.
Porque el más pobre de nuestro país -la persona del mundo rural, la persona que vive en una población- no tiene capacidad económica para contar con seguridad privada, ni para pagar un servicio de alarma o de guardias privados. En consecuencia, queda más bien al arbitrio de lo que la seguridad pública puede hacer por él.
Por ello es tan relevante que la política pública de seguridad, en primer lugar, sea coherente, estable en el tiempo. Pero además debe contar con agentes adecuadamente preparados para ejercer su función.
Y hay un tercer ámbito en el que la Policía de Investigaciones es aún más fundamental: el del otorgamiento de certeza científica en los procesos judiciales.
La PDI, a través de sus peritos y profesionales, se encarga de decirles a los tribunales de justicia, con carácter de pericia científica, si un arma, si una persona, si un artefacto están o no involucrados o han participado o no en la comisión de un ilícito.
¡Cuántas agresiones sexuales se han aclarado gracias al profesionalismo del CAVAS!
Nos gustaría que fueran muchas más. Y por eso estamos aumentando la dotación de la Policía de Investigaciones.
¡Pero por Dios que es importante aquello, pues les da certeza jurídica a las aseveraciones que se hacen en juicio!
Dicho lo anterior, debo puntualizar que el proyecto que estamos debatiendo hoy, a seis meses de iniciado el Gobierno de la Presidenta Bachelet, viene justamente a reforzar a la Policía de Investigaciones para que aumente la cobertura en los tres ámbitos de gestión que señalé: investigativo, preventivo y científico-pericial.
Señora Presidenta, yo estaba haciendo rápidamente un dibujo sobre la cantidad de cargos por grado que esta iniciativa involucra.
A decir verdad, es una pirámide, no quiero decir perfecta, pero sí bastante cercana a la perfección: no se aumentan muchos cargos en los grados superiores, sino más bien en los inferiores e intermedios.
Alguien podrá preguntar qué importancia tiene aquello.
Primero, porque la gran mayoría del personal que ingrese desempeñará funciones operativas, prácticas, o periciales.
Y segundo -se trata de una materia poco conocida en la opinión pública, aunque muy relevante-, porque el buen modelamiento de la planta de Investigaciones -es el caso- permitirá reducir los años de permanencia en cada grado.
¿Qué significa aquello? Que será factible ascender con mayor rapidez. Y eso constituirá un incentivo para que el personal permanezca en la institución y no migre a otros sectores.
Es decir, les estamos dando un premio a los funcionarios, pues podrán ascender antes. Porque en el esquema actual existe un promedio de ocho a nueve años por grado, lo que es excesivo y desincentiva la continuidad en la institución.
Se trata -reitero- de una planta bien hecha.
De otro lado, considero muy adecuada, y además acorde con las modernas políticas policiales del ámbito internacional, la incorporación de un escalafón especial de peritos profesionales. ¿Por qué? Porque hoy los oficiales periciales comparten el mismo escalafón con los oficiales operativos, lo que genera problemas en el ámbito de los ascensos.
La incorporación en comento permitirá la existencia de promociones adecuadas en dos escalafones separados. Y eso es muy positivo para el desarrollo de la carrera funcionaria, que constituye un pilar fundamental.
Sabido es que los sueldos de las policías en Chile no son buenos. Sin embargo, el incentivo a la permanencia en la institución no lo dan los ingresos, sino la carrera funcionaria, el acceso a los derechos previsionales poscarrera.
En consecuencia, el establecimiento de estímulos a través de la ley resulta fundamental para el Estado si desea que los buenos policías permanezcan en sus instituciones.
Por intermedio de la Mesa, quiero también felicitar al Ministro del Interior, don Rodrigo Peñailillo, y al Subsecretario de Prevención del Delito, don Antonio Frey, quien nos acompaña hoy, pues considero que el proyecto en debate va claramente en la línea correcta, porque le da sustentabilidad a la PDI y aumenta su gestión operativa; porque incrementa en los grados que se requieren.
El Director General de la Policía de Investigaciones, don Marcos Vásquez, sostuvo por su parte que esta iniciativa va a tener un impacto en la sustentabilidad operativa de esa institución.
En otras palabras, el Senado de la República está apoyando la labor de un coadyuvante fundamental en la lucha contra el delito.
Por eso, y por lo que señalé antes, votaré a favor de este proyecto. Y lo haré entusiasmado, pero con un recado al Gobierno, porque creo que el aumento de la dotación de la Policía de Investigaciones es el primer paso.
Debemos ir avanzando hacia la entrega de mayor cantidad de recursos logísticos a nivel nacional, no solo en las grandes urbes, sino también en las ciudades que no son capitales regionales y en las localidades rurales, para que la Policía de Investigaciones juegue asimismo un rol relevante en el esclarecimiento de delitos que, si bien no se conocen por los medios de comunicación, son de gran relevancia para chilenos y chilenas que también tienen derecho a la seguridad.
El señor ORPIS.- Señora Presidenta, Honorable Senado, por supuesto que aprobaré este proyecto de ley. Pero quiero plantear una reflexión un poco más profunda con respecto a la seguridad ciudadana.
Hace pocas semanas se realizó, a iniciativa de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Senado, una cumbre sobre seguridad ciudadana -valga la redundancia- que me pareció de enorme interés.
De esa reunión se desprende que las materias relativas a delito y seguridad revisten gran complejidad, por sus aristas, que son numerosas y diversas.
Por lo tanto, dichas materias no deben politizarse ni prestarse para eslóganes de campaña.
Los asuntos complejos no tienen respuestas fáciles: requieren respuestas de muchísima rigurosidad.
El resumen de lo que acabo de señalar está dado por el hecho de que los índices de victimización en nuestro país no han variado sustancialmente a lo largo del tiempo. Son malos, negativos. Se han realizado pruebas de distinta naturaleza. Los niveles de reincidencia superan el 50 por ciento. Es decir, no hay rehabilitación ni reinserción social.
Hace dos días el Gobierno, al que le deseo mucho éxito -por supuesto, contará con toda nuestra colaboración-, dio a conocer un nuevo plan de seguridad ciudadana, que en lo medular apunta a descentralizar más las decisiones y llevarlas al nivel local.
Sin embargo, a pesar de los planes formulados por los diferentes gobiernos, me falta algo que considero de la mayor importancia: un diagnóstico sobre la materia.
No existe un diagnóstico. Y si existe, no se ha dado a conocer públicamente.
En todo caso, no veo un diagnóstico sobre el origen del delito que permita establecer distintas estrategias para cada ámbito. Porque la acción no se agota en las policías. Hay otros entes involucrados, como el Gobierno, el Poder Judicial, Gendarmería de Chile. Es decir, son muchas las instituciones que deben colaborar, en función de una estrategia.
Pero -insisto- me falta el diagnóstico.
Si no se tiene un diagnóstico, y certero, al cabo de algunos años podremos encontrarnos con que los índices de victimización no habrán bajado de manera sustancial, pese a la rebaja de 10 por ciento planteada por la actual Administración respecto de algunos delitos.
¿Y a qué obedece toda esa reflexión, señora Presidenta?
Por supuesto, la planta que se propone para la Policía de Investigaciones constituye un avance importante.
¿Pero por qué para mí es relevante el diagnóstico inicial? Porque al final determina las modificaciones y las modernizaciones que hay que realizar -a mi juicio, es necesario hacerlas- en las distintas instituciones.
Por eso considero indispensable hacer una segunda discusión muy a fondo sobre este tema, para saber cómo abordar en las distintas entidades lo concerniente al delito y a la seguridad.
Daré un solo ejemplo, para graficar de alguna forma.
Hace aproximadamente un mes se llevó a cabo la Operación Capricornio, que permitió detectar el contrabando de droga más grande que ha existido en Chile: ¡tres toneladas!
Al respecto, le planteo al Senado la siguiente reflexión: ¿la Operación Capricornio fue fruto de la inteligencia policial o del azar?
¡Fue fruto del azar!
A raíz de una balacera, en la que muere una persona, se encuentra un celular, y a partir de él se detecta la red criminal.
Sin embargo, uno tendría que pensar que la operación más exitosa efectuada contra el narcotráfico en nuestro país debió haber sido producto, no del azar, sino de labores de inteligencia de carácter policial.
Por eso en la cumbre realizada por la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Senado se planteó con mucha fuerza lo relativo a la inteligencia. Y eso implica también una modernización de nuestras policías.
Entonces, señora Presidenta, quiero destacar que el proyecto que estamos aprobando es la punta del iceberg. Porque el problema es mucho más profundo y complejo.
A mí me encantaría que la referida Comisión, junto con el Gobierno, dieran el segundo paso y que en el ámbito de la seguridad ciudadana de nuestro país hubiera una política de Estado que trascendiera al gobierno de turno y se hiciera cargo de todas y cada una de las complejidades del problema, partiendo por un diagnóstico certero, pues un mal diagnóstico no daría lugar a buenas soluciones.
A mi juicio, con la iniciativa de ley que nos ocupa, atinente a la planta de la Policía de Investigaciones, simplemente se da un pequeño paso en la solución de un problema mayor. Y esa solución debería ser transversal, para que nunca más se politice la materia, porque la respuesta es tremendamente compleja. Deberíamos avanzar hacia allá con una política de Estado, ojalá acordada transversalmente, en la que tengamos claras cada una de las etapas y el camino que es preciso recorrer.
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, está claro que la definición de lo que hace la Policía de Investigaciones parece hallarse en constante evolución. Y si bien no cabe duda de que la iniciativa avanza y de que es importante y necesaria, se hace urgente y definitivo un proyecto de crecimiento, de normalización y de modernización constantes.
El hecho de que 256 detectives hayan sido nombrados por glosa -es decir, lo que se logró agarrar en el debate presupuestario de año a año- es expresivo, no de la improvisación de las direcciones de Investigaciones, sino de tacañería cada vez que se ha querido pasar dinero a la Institución. Se le exigen resultados, turnos de 24 horas, pero, a la hora de poner recursos, el Congreso y los Gobiernos han sido siempre bastante restrictivos.
Resulta indiscutible que fortalecer la Policía de Investigaciones es necesario. Es algo que da cuenta de una situación. Y la pregunta para todas las Administraciones dice relación con una responsabilidad por lo que estamos subsanando ahora, es decir, la circunstancia de que no hayan podido ascender 154 detectives, 588 subinspectores, 758 inspectores y 333 subcomisarios. Significa que 2 mil 89 oficiales policiales profesionales de línea de esos grados, quienes mayoritariamente cumplen funciones operativas, se encuentran con sus promociones pendientes.
Entonces, cada vez que le exigimos resultados a un organismo con una realidad interna derivada de la motivación propia de un profesional, cabe reflexionar que ello da cuenta de una deuda vigente.
Y mi consulta al señor Subsecretario es si el proyecto va a saldarla.
La formulo porque, al venir -conozco al señor Marcos Vásquez, quien estuvo dirigiendo en la Región que represento-, se pide lo que se ha conversado con el Gobierno. ¿Me explico o no? Ningún Ministro ni Subsecretario llegan a solicitar lo que necesitan, sino lo que acordaron en esa instancia. O sea, no hay tejo pasado.
La pregunta directa que le hago, para que la traslade al señor Ministro, dice relación con cuál es el programa de modernización y qué más se requiere. ¿Cuál va a ser la deuda que quedará pendiente con Investigaciones?
Si bien se contemplan mil 200 cupos nuevos para oficiales policiales profesionales de línea y se regulariza -repito- la situación de 256 detectives nombrados por glosa, el informe expresa que se crean ocho nuevos cupos para el Alto Mando, que hoy conforman 19 oficiales generales, con el propósito de que en cada Región exista uno de ellos, al igual que en la dirección de jefaturas nacionales de mayor importancia, como la Antinarcóticos, la de Crimen Organizado, la de Homicidios o la de Delitos Económicos.
Sin embargo, la PDI realiza el 99,6 por ciento de los controles migratorios, y se evidencia una demanda creciente. El informe consigna un 33,88 por ciento de incremento desde 2007 a la fecha, lo que exige más capacitación, más trabajo, más horas.
Y, por cierto, la idea es evitar problemas respecto del programa de exención de visa con Estados Unidos.
La tarea requerida a Investigaciones, entonces, particularmente en cuanto a la política de control migratorio, que está aumentando en el norte con motivo del ingreso de colombianos, peruanos, bolivianos, es urgente y necesaria.
Ahora, tendrán lugar una mayor gestión operativa, así como también más coordinación con el Gobierno, lo que siempre es apropiado, y un incremento de planta de 4 mil 850 oficiales policiales a 6 mil 306 en tres años, con cargo al presupuesto de la PDI.
Quiero entender que cuando se emplean las palabras "con cargo" a este último se hace referencia a que anualmente se va a incorporar lo suficiente para cubrir el costo. No significa que se va a repartir aquello con que ya se cuenta -a propósito del debate sobre el cambio del binominal-, sino que el financiamiento provendrá de recursos frescos, adicionales.
Deseo recordar que en la Cámara de Diputados hay un proyecto, muy importante también, para elevar en seis mil los cupos de carabineros. Aquí se disponen unos mil 500 para Investigaciones, lo que resulta significativo desde el punto de vista del total de una policía y otra.
Sin embargo, quiero llamar la atención sobre lo siguiente: ¿Chile requiere más oficiales de la PDI? La respuesta va a ser siempre afirmativa.
La Escuela de Investigaciones registra 300 egresos anuales, pero los postulantes fueron 6 mil 400 en el último año. La demanda de nuestra juventud que prefiere optar por ese establecimiento y no por una universidad o un instituto técnico es enorme. Su prestigio es grande.
A mi juicio, 300 egresos anuales no son suficientes, porque se requiere formación. Queremos oficiales policiales calificados. Debiera tenderse a una política permanente de mayores exigencias, pero también de más cupos, que permitan seleccionar a los mejores.
Igualmente quisiera recordar -con mucha humildad, mas asimismo con mucho orgullo- la aprobación, tiempo atrás, de una iniciativa que impulsamos con gran fuerza, que permite desde hace cuatro años que a las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas ingresen todos aquellos postulantes que cumplan con los requisitos necesarios, cuenten con vocación y reúnan condiciones físicas, porque se contempla un crédito estatal. Es decir, ya los padres no tienen que pagar. Y, por lo tanto, podemos optar a que lleguen los mejores.
Me refiero a la formación de generales, de almirantes, de oficiales. Y eso es muy importante.
En el ámbito que nos ocupa se plantea el objetivo de fomentar a la Policía de Investigaciones en su tarea. Como decía el señor Nelson Mery, ex Director General -me agradaba bastante un lema estatuido en muchos de sus instructivos-: "Hay que investigar para detener y no detener para investigar". Ello enfatizaba claramente que la labor de la institución es indagar y proporcionar pruebas y elementos que permitan una actividad conjunta y no siempre fácil con Carabineros de Chile en la generación de una mayor protección a la ciudadanía.
Destaco y agradezco la contribución de la PDI en la Región del Biobío. El trabajo de su equipo de laboratorio, junto con el de la fiscal Ana María Aldana, en la investigación sobre las centrales Bocamina I y II, de Endesa, se ha traducido en un informe categórico, preciso, minucioso -ha sido cuestionado, por cierto, porque toca intereses muy grandes-, respecto de la presencia de metales pesados en las tierras, los techos, el polvo de los patios en la comuna de Coronel: cadmio, plomo, arsénico, mercurio. Ello no lo hubiéramos conocido si la fiscal no pide el apoyo del laboratorio de Investigaciones.
¡Y esos elementos están! ¿De dónde vienen? Es algo que el documento no dice y que podremos seguir averiguando. ¡Pero, de estar, están! Este es un dato precioso en un proceso de investigación por daño ambiental que se lleva a cabo en la Región del Biobío, en la comuna de Coronel, en el cual la Policía de Investigaciones ha cumplido un rol fundamental.
Por eso, es vital el aumento de los cargos de peritos.
Pero, junto a ello, es importante también el equipamiento de los laboratorios. No sé si contamos hoy día con la capacidad instalada definitiva para hacer las pruebas de ADN, que están demorando demasiado -en particular, en Chillán- y se requieren en cualquier caso de paternidad dudosa, pero asimismo en los de homicidio o de otros ilícitos.
Es preciso generar, entonces, la inversión para disponer de buenas instalaciones. Porque, como se trata de pruebas que pueden condenar de por vida a la cárcel o de combatir el delito, necesitamos contar con las mejores, que puedan ser capaces de sustentar una posición en un debate con cualquier laboratorio privado, nacional o internacional. Y tienen que estar a la altura.
El informe de la Comisión no menciona el punto.
Como lo ha dicho el Senador señor Letelier, con ocasión del próximo proyecto de Ley de Presupuestos podremos discutir cuánto es el dinero que vamos a poner para modernizar la institución, particularmente en materia investigativa. Y eso dice relación con los laboratorios.
Avanzamos en los ascensos; sacamos trabas; dignificamos mucho más la carrera policial.
Tenemos que comprar inmuebles. ¡Basta de arriendos!
No sé si hay cuarteles de Carabineros arrendados. ¡Debe de haber en algún lugar, pero poquitos¿!
Mas sé que hay bastantes inmuebles de la Policía de Investigaciones por los cuales se paga un arriendo altísimo.
Creo que con la iniciativa en examen podemos avanzar en fortalecer a esta última institución. Y lo que quede pendiente, que me gustaría conocer, se lo vamos a pedir al señor Subsecretario con motivo del debate presupuestario, para saber qué porcentajes estamos subsanando ahora con un proyecto adecuado, hermoso, positivo, que voto a favor.
El señor OSSANDÓN.- ¿Senado sin Navarro¿? Lo dijo Carlos Larraín.
El señor NAVARRO.- Eso lo decidirá el pueblo. ¡Y lo hará por otros 8 años!
El señor OSSANDÓN.- Señora Presidenta, voy a votar que sí.
Únicamente espero que, durante el estudio de la iniciativa y de las indicaciones, podamos tratar la cuestión, ya mencionada muchas veces por mis colegas, del personal de apoyo general, sobre todo porque un grupo importante, de alrededor de 200 asistentes policiales, usan armas, trabajan en la calle y están a contrata. Solo por sentido común, un personal armado -porque no es administrativo- que efectúa una labor policial en la calle y se halla a contrata puede constituir algo sumamente complicado. Ojalá podamos analizar el asunto en la discusión particular.
No menosprecio a quien no use tales implementos, pero estimo que el personal que lo hace debe ceñirse a una especialización, un reglamento y un compromiso a largo plazo con la institución por la que pasa, no sujeto a la eventualidad de que en enero del año siguiente sea vigilante en un supermercado.
Me parece muy bien que la modificación de la planta permita la carrera funcionaria, tan importante. La idea es que cada uno no esté rezando para que el jefe muera -aunque se vaya al cielo, pero que muera- para poder ascender, sino que se dé una lógica de desarrollo personal.
Insisto en que estudiemos las indicaciones, para ver si podemos ocuparnos en el personal que cumple en la calle una función policial peligrosa, armado y con un contrato anual. A mi juicio, ello no corresponde.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidenta, seré muy breve. Solo deseo manifestar mi apoyo a la iniciativa del Gobierno.
No cabe la menor duda de que la seguridad pública es un asunto pendiente, y parte significativa de estos problemas se resuelve con una mayor presencia policial. Ya lo hemos contemplado en materias de Carabineros y también en el caso de la Policía de Investigaciones. Hoy día se está dando un paso adelante.
Aprovecho la oportunidad para sumarme a los planteamientos de algunos colegas, como los Senadores señores Orpis y Harboe, quienes han hecho presente la necesidad de avanzar en el mejoramiento del funcionamiento de las policías, no solo en forma cuantitativa, sino también cualitativamente.
A mi juicio, es muy importante que eso se realice, porque, en el caso de Carabineros -para no dar el ejemplo de Investigaciones-, políticas como la del Plan Cuadrante, con ya varios años de aplicación, requieren ser evaluadas. No basta con seguir incrementando el número de funcionarios ni manteniendo intocado el sistema.
La Fundación Paz Ciudadana ha efectuado algunos trabajos en la materia, pero pienso que sería bueno que la Institución, dentro del propio plan de seguridad planteado esta semana por el Gobierno, incorporara ese tipo de análisis para darle más fuerza a su labor.
Lo mismo vale en el ámbito del combate al terrorismo. Las bombas que han recrudecido este año en el Metro y otros lugares públicos o los propios atentados en La Araucanía son reflejo, entre otras cosas, de una falta de efectividad de la inteligencia de los organismos policiales.
Entonces, es indispensable ir modernizando y perfeccionando el procedimiento de trabajo. Porque el mero incremento de las dotaciones ayuda, sin lugar a dudas, pero se requiere avanzar en la proyección de sistemas de funcionamiento efectivos, que logren realmente reducir la criminalidad.
Y, en la misma línea, en esa reunión sobre políticas de seguridad a que se refería mi Honorable colega Orpis expusimos la necesidad de contar con ellas en el ámbito rural.
Algo de ello se menciona en el plan que la Presidenta de la República dio a conocer el lunes en San Joaquín, pero me parece insuficiente. Es preciso poner más fuerza, porque la realidad rural es distinta.
Y lo es también la realidad regional. Al respecto, deseo sumarme al planteamiento del Senador señor García-Huidobro en orden a una mejor distribución de las plantas policiales. Santiago -es cierto- registra una alta tasa de victimización y de comisión de delitos, pero fuera de la Capital también se enfrenta el problema. Observo que a las regiones las afecta un claro desmedro -sobre todo a algunas, más que a otras-, por lo que requieren un aumento de la dotación.
Ojalá que el incremento que se efectúa a través del proyecto de ley se traduzca en algún beneficio de redistribución, a fin de que sea posible potenciar, con la necesaria fuerza policial, el combate a la delincuencia y la investigación de los crímenes y delitos que se cometen en ellas.
--Se aprueba en general el proyecto (35 votos), fijándose el lunes 1° de septiembre como plazo para la presentación de indicaciones.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Matta, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
La señora ALLENDE (Presidenta).- A continuación, vamos a seguir con el proyecto que figura en la tabla con el número uno.
Para tal efecto, pido la anuencia de la Sala para que pueda ingresar al Hemiciclo el señor Cristóbal Osorio, Jefe de la Unidad Jurídica del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Por supuesto, también se encuentra el titular de la Cartera, señor Álvaro Elizalde.
Boletín N° 9398-04
La señora ALLENDE (Presidenta).- Proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, en primer trámite constitucional, que modifica el régimen de probidad aplicable al Consejo Nacional de Televisión, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y urgencia calificada de "suma".
En primer trámite, sesión 25ª, en 17 de junio de 2014.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es perfeccionar el régimen de probidad aplicable al Consejo Nacional de Televisión, para lo cual se establece, en la ley que regula su funcionamiento, la observancia del principio de probidad por parte de sus consejeros y funcionarios; la obligación de que estos presenten declaraciones de intereses y de patrimonio, y diversas enmiendas al régimen de inhabilidades y prohibiciones que les son aplicables.
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Von Baer y señores Allamand, Rossi e Ignacio Walker.
Cabe tener presente que este proyecto de ley contiene disposiciones de carácter orgánico constitucional (el número 1 del artículo único permanente y el artículo transitorio) y normas de quórum calificado (los números 2, 3 y 4 del artículo único), por lo que requieren, para su aprobación, 22 y 20 votos favorables, respectivamente.
El señor ORPIS.- Seré muy breve, señora Presidenta.
Simplemente, deseo dejar una constancia.
A mí, al menos -ya lo hablé con el señor Ministro-, me llegó una carta de los funcionarios del Consejo Nacional de Televisión en la que señalan que en esta iniciativa habría temas vinculados con dietas, remuneraciones y cargos.
Por ello, deseo dejar expresa constancia de que este proyecto se refiere, única y exclusivamente, a inhabilidades y no guarda relación, ni con cargos, ni con remuneraciones. De tal manera que vamos a concurrir a aprobarlo en esos términos, por considerarlo un avance muy significativo. Además, el señor Ministro dejó la puerta abierta para recibir a la asociación de funcionarios que firmó la carta.
Hago presente que la iniciativa contiene normas de quórum especial y que solamente fue aprobada en general por la Comisión, por lo que debe volver a ella para su discusión particular.
--Se aprueba en general el proyecto (27 votos a favor) y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 8 de septiembre.	Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Van Rysselberghe y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Espina, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker y Patricio Walker.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Además, se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Moreira.
Boletín N° 9232-07
La señora ALLENDE (Presidenta).- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señora Pérez San Martín y señores Pérez Varela, Tuma y Patricio Walker y del ex Senador señor Gómez, en primer trámite constitucional, que modifica el artículo 66 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional en materia de reelección de integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.232-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señora Pérez San Martín y de los señores Pérez Varela, Tuma, Walker, don Patricio y del entonces Senador señor Gómez):
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 35ª, en 5 de agosto de 2014.
Sesión 16ª, en 13 de mayo de 2014 (se aprueba en general).
El señor LABBÉ (Secretario General).- La iniciativa fue aprobada en general por la Sala en su sesión de 13 de mayo de 2014.
La Comisión de Constitución deja constancia en su segundo informe, para los efectos reglamentarios, de que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
Dicho organismo efectuó una enmienda al proyecto de ley aprobado en general, consistente en sustituir el texto del artículo único del proyecto por otro, enmienda que aprobó por unanimidad, por lo que debe ser votada sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado que en su tercera columna contiene la enmienda acordada por la Comisión en su segundo informe; en la cuarta, el texto del proyecto aprobado en particular, y en la quinta, el texto tentativo de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional con la aludida modificación.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Ha solicitado la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, con ocasión de la discusión general del proyecto de ley, manifesté mi opinión contraria a esta modificación.
Fundamenté mi posición en el carácter fiscalizador o revisor que tienen los miembros del Comité de Auditoría, el que hace inconveniente establecer respecto de ellos un sistema que permita su reelección por otro período mediante la aprobación de los mismos congresistas, quienes somos sujetos de su labor fiscalizadora en cuanto al uso de las asignaciones parlamentarias.
Previne que exponíamos a los miembros de dicho Comité y a nosotros mismos a una situación incómoda cada vez que se acercara un proceso de renovación de dichos cargos.
En efecto, la ley vigente establece que los miembros del Comité de Auditoría Parlamentaria no pueden ser reelectos y son inamovibles en sus cargos. Este carácter les da a estos profesionales la libertad y autonomía necesarias para ejercer sus funciones, tal como ocurre hoy día, cosa que nadie cuestiona.
Sin embargo, la circunstancia de que sean reelegidos puede afectar su independencia, la que puede verse cuestionada o quedar bajo sospecha, toda vez que la eventual continuidad en sus funciones dependerá, en última instancia, de la aprobación de Senadores y Diputados, que son, precisamente, los sujetos de su labor fiscalizadora.
El reglamento del Comité de Auditoría Parlamentaria establece atribuciones relevantes para sus miembros, las que pueden traducirse en decisiones complejas que, si coinciden con el vencimiento de un período, pueden dar lugar a todo tipo de especulaciones en los medios de comunicación.
Los costos que pueden generarse en estos casos resultan obvios para los funcionarios injustamente aludidos y para los Diputados y Senadores, que siempre estamos bajo el escrutinio exigente de la opinión pública.
Atendida la especial característica de la labor de los miembros del Comité de Auditoría Parlamentaria, el sistema debiera considerar un mandato indefinido o por períodos no prorrogables. Así, por ejemplo, los directores de control de una municipalidad son funcionarios con nombramiento indefinido, mientras que el Contralor General, por otro lado, solo puede ser designado por un período, no sujeto a prórroga.
No entiendo por qué los criterios que utilizamos para algunas instituciones no pueden ser aplicados en el mismo Congreso Nacional. Es difícil explicar estas diferencias, más aún cuando regularmente vemos en los medios de comunicación cuestionamientos al monto o al destino de las asignaciones parlamentarias.
Naturalmente, la indicación presentada, que propone una renovación por hasta un período, es una mejora con relación a la moción original, pero no alcanza a satisfacer, a mi modo de ver, el estándar que hoy exige la ciudadanía para todas las funciones públicas.
El sistema debe ser impecable, coherente, exento de todo cuestionamiento, con prescindencia de los méritos de las personas que desempeñen los cargos.
Sé bien que muchas veces es infundada la desconfianza actualmente instalada en la sociedad, la que afecta, sobre todo, a las instituciones públicas. Pero en esta materia prefiero actuar preventivamente, con el mismo cuidado con que estamos legislando en materias de probidad y transparencia, y por esta razón me abstendré en la votación.
El señor ARAYA.- Señora Presidenta, la iniciativa que ahora consideramos en particular modifica el artículo 66 A de la Ley Orgánica del Congreso Nacional.
Esta disposición, incorporada por la ley Nº 20.447, creó el Comité de Auditoría Parlamentaria, servicio común del Parlamento encargado de controlar el uso de los fondos públicos destinados a financiar el ejercicio de la función parlamentaria y de revisar las auditorías que el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional efectúen de sus gastos institucionales.
Este Comité se encuentra conformado por tres profesionales, los cuales actualmente no pueden ser reelegidos para un nuevo período.
La norma aprobada en general por esta Corporación eliminó el vocablo "no" del mencionado precepto, de forma tal que los actuales integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria podrían ser reelegidos para desempeñar los cargos que ejercen.
En relación con esta disposición, se presentó una sola indicación, del Honorable señor Andrés Zaldívar, que sustituye el texto aprobado en general por otro que establece que "podrán ser reelegidos por una sola vez".
La Comisión de Constitución, luego de ponderar las razones que justifican la reelección de los integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria, acordó aprobar la referida indicación, precisando que los integrantes de este Comité podrán ser reelegidos por una sola vez, previa participación en el proceso de selección previsto en la legislación en vigor.
De esta manera, se perfecciona la normativa vigente, se le da la necesaria flexibilidad y se garantiza que la reelección de estos funcionarios se podrá hacer por una sola vez y siempre que cumplan con la condición de haber aprobado el proceso de selección que establece la ley.
Al respecto, considero importante puntualizar que el proceso de selección parte por un concurso público abierto que realiza el Sistema de Alta Dirección Pública, el cual termina proponiéndole una quina a un comité de Senadores y Diputados. Este, finalmente, hace una propuesta a ambas cámaras, las que deben aprobar dicho nombramiento con el quórum dispuesto en la ley.
En consecuencia, no se trata de un proceso de selección en que los parlamentarios tengan incidencia directa, toda vez que puede ocurrir que el Sistema de Alta Dirección Pública deje fuera de postulación a alguno de los integrantes del Comité que están buscando su reelección.
De esta forma, es posible satisfacer o aclarar parte de las dudas que tiene el Senador Quinteros, porque la primera etapa del proceso de selección es absolutamente independiente de lo que pueden hacer Senadores y Diputados; de hecho, es un proceso ciego, del cual solamente se conocen las personas que logran saltar las vallas de la Alta Dirección Pública.
Por las razones precedentemente indicadas, señora Presidenta, votaré a favor de la enmienda, en el entendido de que, además, el Comité de Auditoría Parlamentaria, a diferencia de otros organismos de control, es un cuerpo que ha ido adquiriendo grados de experiencia que no son tan conocidos en el resto de la Administración, dada la especial función que cumplen los parlamentarios y que muchas veces resulta difícil de fiscalizar.
Por lo tanto, soy de la opinión de que no podemos perder la experiencia, la expertise que adquieren los funcionarios que realizan esta labor.
Además, como una forma de evitar que cumplan mal sus funciones, existen dos mecanismos de control.
El primero es que el propio Congreso Nacional puede destituirlos en el evento de que se estime que no están actuando conforme a la ley o no están haciendo bien su trabajo.
Y el segundo consiste en que se ha establecido una limitación en la reelección, de manera que sus cargos no pasen a ser indefinidos.
A mayor abundamiento, cabe destacar que los integrantes del Comité no podrán ser reelegidos automáticamente, sino que deberán pasar por el proceso de selección que establece la ley, lo que, obviamente, genera la garantía necesaria para que postulen tanto ellos como terceros externos que pueden ganar el concurso por poseer un mejor currículum, si así lo determina el Sistema de Alta Dirección Pública.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra al Honorable señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señora Presidenta, no quiero repetir lo que fue tanto la discusión general de esta iniciativa, semanas atrás, como tampoco los planteamientos que, con acierto, ha formulado el Senador Araya sobre las características del sistema institucional que hemos creado para fiscalizar los gastos de Senadores y Diputados.
A mí me parece que el texto que tenemos sobre nuestros escritorios recoge adecuadamente los conceptos que se vertieron durante la discusión general, en el sentido de que estamos mayoritariamente de acuerdo en que los integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria tengan la posibilidad de participar en el concurso respectivo y ser reelegidos por una sola vez.
Creo que fue el Senador Zaldívar quien planteó esa consideración, la cual fue recibida positivamente por la Sala durante el debate de la idea de legislar.
Por lo tanto, creo que la enmienda propuesta perfecciona adecuadamente el texto de la ley, en el entendido de que, por una sola vez, las personas que han trabajado en el Comité de Auditoría y que, como bien dijo el Senador Araya, han adquirido la experiencia y la expertise de un proceso nuevo, distinto, novedoso e inédito de controlar cómo los Senadores y los Diputados gastamos los recursos que se ponen a nuestra disposición, puedan reelegirse para un segundo período. Y órganos externos a ambas Corporaciones y a la Comisión Bicameral establecerán los requisitos y las condiciones habilitantes para participar en el concurso pertinente.
Por lo tanto, señora Presidenta, creo que esta proposición -reitero- recoge adecuadamente el debate que se dio en la Sala y perfecciona de manera precisa una normativa que espero siga colaborando progresivamente en el buen funcionamiento del Senado y de la Cámara de Diputados.
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, cuando creamos el Comité de Auditoría Parlamentaria, organismo inédito en los Congresos del mundo, porque fija las asignaciones, la dieta, contrariamente a la creencia popular¿
La señora ALLENDE (Presidenta).- Senador señor Navarro, si me permite, usted habló del Comité de Auditoría. Pero es el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias el que realiza lo que usted mencionó. El Comité de Auditoría lo fiscaliza.
El señor NAVARRO.- Me corrijo, señora Presidenta. Se trata del Consejo Resolutivo de Asignaciones.
Ese organismo fue creado para dar transparencia a un elemento muy cuestionado por la ciudadanía. Y pienso que a veces creamos instituciones que, si bien deben cumplir una función administrativa, siendo este un órgano político, no la cumplen.
Creo que el Consejo de Asignaciones Parlamentarias efectivamente sigue cumpliendo una tarea, pero nadie sabe cuál es. Y allí, de vez en cuando, muchos, algunos desinformados, otros muy informados, terminan hablando de sueldos, de dietas y de asignaciones millonarias cuando, en verdad, no lo son.
He venido sosteniendo que, ojalá, no pasara ni un peso por la oficina de un parlamentario, y que todo fuera pagado por el Senado. De tal manera de dejar muy claro que uno no gana ni 25, ni 40, ni 50 millones de pesos.
Habría que difundir las labores del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.
Respecto del Comité de Auditoría Parlamentaria, en pro de la transparencia y en el mismo sentido, uno puede decir, claramente, que el organismo encargado de fiscalizarlos no debe ser nombrado por los parlamentarios. Y hay que dar un paso en tal sentido.
La posibilidad de la reelección por una vez facilita y allana el trabajo. Lo que no está bien señalado es que los fiscalizados no deberían elegir a sus fiscalizadores. Y, por tanto, siempre tendríamos que garantizar la mayor transparencia y evitar cualquier tipo de cuestionamiento.
De la lectura del artículo único: "podrán ser reelegidos por una sola vez, previa participación en el proceso de selección" se desprende que se mantiene la elección por los propios fiscalizados. Y deseo que el Presidente de la Comisión de Constitución, el Senador Harboe, nos aclare si la reelección por una vez implica algún cambio en la fórmula pertinente o se repite el mismo mecanismo. Es decir, si bien pueden ser reelectos por una vez, ¿ello significa una variación o limitación en materia de transparencia?
Siento que esa es la clave.
El señor ORPIS.- Pasarán por el sistema de selección del Consejo de Alta Dirección Pública.
Al elegirlos por una vez se crea cierta dependencia. Porque, evidentemente, ya están probados, ¿me explico o no?
Todos cumplieron el proceso inicial, ejercieron una función. Si quieren postular ya pasaron por el proceso, salvo que exista una competencia muy fuerte y los logren superar.
No sé si habrá tanto interés en pertenecer a este Comité de Auditoría Parlamentaria. Siento que debe primar el criterio básico de la máxima transparencia, como lo quisimos hacer con el Consejo de Asignaciones Parlamentarias, y que no nos ha dado resultado. Porque pensábamos que, si establecíamos una institucionalidad que fijara nuestras dietas, nuestras asignaciones -era el máximo de transparencia-, desaparecería el fantasma de la crítica constante al Parlamento.
¡Eso no ocurrió!
En el caso del Comité de Auditoría Parlamentaria, hay que echar abajo cualquier atisbo de oscuridad, de falta de transparencia.
Estoy disponible, por cierto, para apoyar un proyecto que garantice ese principio.
Así que dejo abierta la pregunta, señora Presidenta, esperando que alguno de los miembros de la Comisión nos pueda ilustrar.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Si les parece bien, le voy a dar la palabra al Senador Araya, quien integra la Comisión de Constitución.
El señor PÉREZ VARELA.- Abramos la votación.
El señor ARAYA.- Señora Presidenta, por su intermedio, deseo explicarle al Senador Navarro y a todos los colegas presentes que aquí se autoriza a quienes actualmente ejercen un cargo en el Comité de Auditoría para postular al proceso de selección.
En un llamado a concurso público que realiza la Alta Dirección Pública. Y una vez que esta finaliza su proceso de selección envía una nómina de currículum vitae ciego a la Comisión Bicameral del Congreso Nacional, constituida por Senadores y Diputados, la cual decide los nombres de quienes integrarán el Comité de Auditoría, que serán presentados a ambas Cámaras del Congreso para su ratificación.
Por eso, insisto en algo que dije en mi primera intervención: en la primera parte de este concurso los parlamentarios no tenemos nada que decir, porque el proceso lo lleva adelante el Consejo de Alta Dirección Pública.
Y quiero contar mi experiencia personal.
A mí me tocó integrar, junto con el Senador Larraín, la Comisión Bicameral que eligió a los miembros del Comité de Auditoría que hoy nos rige. Y lo que recibimos de la Alta Dirección Pública fueron currículum vitae ciegos, donde se señalaba qué hacían los postulantes, sin indicación de nombre. Se los entrevistó, y se seleccionaron personas cuyos nombres desconocíamos y respecto a las cuales no teníamos conocimientos.
Se hizo una apuesta sobre la base del currículum vitae y de las preguntas que se respondieron en la entrevista.
Entonces, el poder reelegirse no evita el tener que participar en el proceso de selección que lleva adelante la Alta Dirección Pública.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Espero que se hayan clarificado las dudas del Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Así fue.
El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, me alegro que la explicación del colega Araya haya aclarado las dudas del Senador Navarro. Porque la tendencia a confundir el Consejo Resolutivo de Asignaciones, sus atribuciones, su generación, su modo de elección, su composición, con el Comité de Auditoría, hace que a veces sostengamos un debate que no corresponde, como en este caso.
Ya que se generó esta discusión y, obviamente esto es televisado, quiero señalar que no toda la gente entiende la cuestión técnica de que estamos hablando.
A mayor abundamiento, es bueno decir que la exigencia que se coloca en la ley para quienes componen este Comité de Auditoría Parlamentaria es muy alta. Y uno de los motivos por los cuales se plantea la posibilidad de la reelección por una vez tiene que ver con que exista gente en condiciones de desarrollar esta función.
Quiero recordar que ese Comité se encuentra integrado por tres profesionales. Uno debe tener el título de abogado; otro de contador auditor. Pero deben acreditar a lo menos diez años de ejercicio profesional y tener dedicación exclusiva. El tercero debe ser un especialista en materia de auditoría, y se establece que se preferirá a quienes se hayan desempeñado por más de cinco años en la Contraloría General de la República.
Asimismo, no hay que olvidar que sus períodos duran seis años, y en estos tienen autonomía e inamovilidad: una vez que son nombrados, realizan y cumplen su función con total y absoluta independencia. Eso busca justamente evitar que alguien pueda tener la intención de influir en ellos y que no desarrollen su trabajo de manera profesional y a cabalidad.
Y otro punto, señora Presidenta, es que nosotros acá, en el Congreso, en el Senado, a veces les echamos a otros la culpa de nuestros propios problemas.
Lo referido a la falta de credibilidad o de confianza de la gente en el Parlamento no tiene que ver con que exista un Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias o un Comité de Auditoría.
Creamos a ambas instituciones en pro de un proceso de transparencia, en el sentido de que todo lo relativo a la decisión respecto a cómo se fijan las asignaciones para el cumplimiento de la labor parlamentaria se efectuara por un ente autónomo. No olvidemos que también existen requisitos para quienes componen el Consejo Resolutivo: son personas que tienen no solo la capacidad, el talento, sino asimismo la autonomía, la experiencia y el prestigio necesarios para cumplir esa función.
Lo que hacemos acá es posibilitar que quienes hoy desarrollan estas actividades, si quieren, puedan repostular en el proceso de selección que, como ha dicho el Senador Araya, es sumamente estricto, riguroso. Por lo demás, lo realiza la Alta Dirección Pública, respecto a la cual no tenemos nada que decir ni que opinar, salvo cuando llegan sus proposiciones. Y, finalmente, las personas seleccionadas deben ser nombradas por el Senado y por la Cámara de Diputados con un quórum altísimo: tres quintos, según entiendo.
Así que el tema de la transparencia y de la posibilidad de que aquellos puedan cumplir a cabalidad su función está plenamente garantizado, señora Presidenta.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señora Presidenta, el Senador Pizarro me ahorra muchísimos comentarios con respecto a esta iniciativa presentada por un grupo de Senadores y de Senadoras el año 2013.
Solo voy a poner énfasis en dos ideas fuerza.
La primera es que el Comité de Auditoría es, efectivamente, un organismo distinto y separado del Consejo Resolutivo de Asignaciones. Tiene funciones distintas, atribuciones distintas, origen distinto, naturaleza distinta.
En segundo lugar, quiero hacer hincapié en algo que varios Senadores han señalado: es un Comité absolutamente autónomo. Y eso es muy importante no solo por su origen -sus integrantes son determinados a través de la Alta Dirección Pública-, sino, como bien dijo el Senador informante, pues se los elige a través de currículum vitae ciego. Y eso es muy significativo.
¿Por qué razón pensamos el año pasado que era tan relevante enviar esta iniciativa? Porque se trata de personas con cierta expertise en estos temas, y se requiere contar con gente con mucha experiencia, altamente calificada. Además, el Comité de Auditoría realiza una labor tremendamente relevante en lo que dice relación con la transparencia y el buen uso de los recursos públicos. Y tenemos que velar fuertemente desde el Senado para que eso se cumpla a cabalidad y sin complejidad alguna.
Por último, deseo agregar que los integrantes de este Comité, al ser nominados a través de la Alta Dirección Pública, con postulaciones abiertas y por medio de currículum vitae ciego, no obedecen a cuoteo político, es decir, de los Partidos representados aquí.
Dicho eso, señor Presidente, quiero mencionar que me parece muy aportante y positiva la indicación del Senador Zaldívar -una vez más se nota su experiencia en estos temas-, porque va muy en la línea de lo que muchos pensamos en términos de ir siempre acotando, en todo tipo de instituciones, la posibilidad de repostulación, limitándola en este caso a una sola vez.
Por tales razones, señor Presidente, obviamente voto a favor.
--Se aprueba el proyecto en particular (20 votos a favor y 2 abstenciones), quedando aprobado en particular y despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, Chahuán, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Montes, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Quintana, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Se abstuvieron los señores Prokurica y Quinteros.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Si le parece a la Sala, a continuación se tratará un proyecto de acuerdo aprobado unánimemente en la Comisión de Relaciones Exteriores.
Boletín N° S1703-12
La señora ALLENDE (Presidenta).- Proyecto de acuerdo, presentado por los Honorables señor Letelier, señora Allende y señores Chahuán, García-Huidobro, Guillier, Lagos y Pizarro, con el que solicitan al Senado expresar su respaldo a la declaración pública del Gobierno de la República con la que efectúa una expresa reserva al decreto supremo con el que el Gobierno del Perú fijó la Carta límite exterior -sector sur- de su dominio marítimo; rechazar aquella actitud provocadora que dificulta una verdadera integración; llamar al cumplimiento íntegro del proceso de implementación del fallo de La Haya y reiterar la disposición a un diálogo franco y leal entre ambos países.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.703-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 41ª, en 20 de agosto de 2014.
La señora ALLENDE (Presidenta).- El texto es del siguiente tenor:
"1. Respaldar la declaración pública del Gobierno de Chile sobre esta materia, en la cual se hace expresa reserva en lo que atañe a la representación del punto final de la frontera terrestre entre ambos países.
"2. Destacar que nuestro país ha dado cumplimiento integral al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pese a que no comparte ciertos elementos del mismo, ni sus fundamentos. Chile permanentemente ha actuado en este proceso con la más absoluta buena fe.
"3. Rechazar categóricamente la actitud provocadora del Gobierno del Perú que dificulta gravemente la construcción de una verdadera y amplia integración.
"4. Llamar a que, en el actual proceso de implementación del fallo de La Haya, el Gobierno del Perú cumpla íntegramente con las normas de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
"5. Reiterar nuestra disposición a un diálogo franco y leal entre chilenos y peruanos, que tenga como fin una integración amplia y profunda entre ambas naciones para conseguir el bienestar y prosperidad de nuestros pueblos, objetivo que, en todo caso, se hace más lejano con esta actitud del gobierno peruano.".
Se puede verificar una votación o un pronunciamiento por unanimidad.
El señor ORPIS.- ¿Me permite, señora Presidenta?
El señor ORPIS.- A mi juicio, la declaración tiene valor; pero lo que se precisa es ir directamente al arbitraje de Estados Unidos.
¿Qué se saca con declaraciones?
El señor PIZARRO.- No procede una discusión. Se trata de un proyecto de acuerdo.
La señora ALLENDE (Presidenta).- La idea es sancionarlo en una votación -repito- o por unanimidad. No cabe abrir un debate.
Pensé que el Honorable señor Orpis se iba a referir a un punto de Reglamento.
Me parece lógico aprobar el proyecto de acuerdo.
Por lo demás, la Cámara de Diputados ya hizo otro tanto.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Van Rysselberghe y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Espina, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker y Patricio Walker.
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, solicitándole informar sobre NO OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS DE EXONERADO POLÍTICO A SEÑOR RUBÉN RÁUL NAVARRETE FERNÁNDEZ, DE COMUNA DE MÁFIL. Al señor Ministro de Educación, pidiéndole antecedentes relativos a REGISTRO DE INHABILIDADES PARA EJERCICIO DE DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. A los señores Ministros de Obras Públicas y de Bienes Nacionales, solicitándoles estudio para DEFINICIÓN DE CARÁCTER DE TERRENO DE PASEO PEATONAL "LA PISADA DEL DIABLO", COMUNA DE LAGO RANCO. A la señora Ministra de Salud, para que remita información sobre MEDIDAS TENDIENTES A GARANTIZAR DOTACIÓN COMPLETA DE MÉDICOS EN CENTROS DE SALUD FAMILIAR. Y Al señor Director Nacional de Vialidad, requiriéndole antecedentes acerca de OBRAS Y FUNCIONAMIENTO DE PUENTE CAUCAU, EN VALDIVIA.
Al señor Subdirector de CONADI Zona Sur, con el propósito de que informe estado de trámite de ACLARACIÓN DE LÍNEA DIVISORIA DE LOTES EN COMUNIDAD INDÍGENA JUAN CAYULEF, DE CHESQUE ALTO, COMUNA DE VILLARRICA.
El señor TUMA (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Partido Socialista.
En el turno del Comité Independientes y Partido MAS, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Le había pedido tiempo también al Senador señor Letelier...
El señor MONTES.- Yo se lo doy, señor Presidente.
El señor NAVARRO.- ¡Gracias al Partido Socialista de Chile! ¡Gran Partido!
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en la Región del Biobío se ha suscitado una situación compleja con la presencia de la empresa CHEC Chile SPA, contratada para ampliar el muelle del puerto San Vicente. Allí los trabajadores iniciaron una huelga luego de que la empresa se negara a acceder a las demandas en las instancias de negociaciones anteriores.
Los delegados sindicales Francisco Cisternas y Víctor Ovalle explicaron telefónicamente al informativo Resumen que desde hace bastante meses solicitan a la empresa un alza de salarios y el fin de la polifuncionalidad en las faenas.
"La empresa los contrata como jornales cuando su desempeño es en especialidades, las cuales se pagan a menos que en la construcción del muelle ENAP el 2010. De hecho, allí un maestro primero ganaba 500 mil pesos y en esta faena gana 370 mil pesos".
Los delegados han planteado, por cierto, una demanda dentro del marco de la relación trabajadores-empresarios.
Este proyecto contempla una inversión de 152 millones de dólares, monto que no dice relación con los salarios que se pagan.
Por otra parte -en esto quiero poner énfasis; es un tema que tendrá que resolverse entre empresarios y trabajadores-, existen graves problemas de higiene y seguridad en las faenas. Los obreros se han visto obligados a denunciarlos a la Capitanía de Puerto, provocando reacciones agresivas de los supervisores de origen chino. Los dirigentes relatan el caso de un trabajador que pidió el cambio de su esmeril angular -conocido popularmente como "galletera"-, pues estaba fallando, lo cual tuvo como respuesta que el supervisor lanzara a los trabajadores la herramienta en funcionamiento.
Hay gravísimas denuncias acerca de que estas supervisiones no cuentan con los elementos esenciales de respeto hacia los trabajadores chilenos.
Existe allí un hecho preocupante, ya planteado al Seremi del Trabajo, don Iván Quintana Miranda, y a la Dirección del Trabajo de la Región del Biobío, pero llama la atención profundamente que en esta obra, anunciada como una de las más modernas, exista un trabajo con características de esclavitud.
Algunos dirán que mis palabras son excesivas. ¡No! Sucede tal cual: junto con un barco sumergible y con sofisticadas máquinas que pondrán los pilotes del nuevo sitio de atraque del puerto, llegaron también obreros chinos. Según denuncian los delegados sindicales, tienen un contrato de once meses de trabajo continuo, de lunes a domingo, de 8 a 22 horas. Duermen en verdaderas barracas en el sector de Monte Redondo del cerro La Gloria, de Talcahuano. Y si requieren atención médica, deben costearla personalmente, por lo que se resisten a pedirla y trabajan enfermos.
Los chilenos que laboran en esa obra creen necesario que se apliquen nuestras leyes. No es posible el trato cercano a la esclavitud que se da a esos trabajadores chinos. A los que reclaman, los amenazan con devolverlos a China. Llevan más de un año en nuestro territorio sin vacaciones, feriados ni festivos. Se les prometieron once meses en Chile y uno en su país, lo que tampoco se ha cumplido. Es un abuso total. Incluso, hay trabajadores que se encuentran en una barcaza sin bajar a puerto. ¡No pueden tocar tierra! ¡No pueden desembarcar en el puerto de Talcahuano!
Hemos pedido un informe a la Dirección del Trabajo, y ahora deseo solicitar a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante y a la Gobernación Marítima de Talcahuano que nos informen si la condición de estos trabajadores, quienes permanecen, en los hechos, embarcados, sin tocar tierra, se enmarca dentro de la legislación nacional y si la empresa aludida está cumpliendo con las medidas de seguridad para realizar la obra en el muelle que he señalado. Ojala pudiéramos tener esta información a la brevedad antes de lamentar algún tipo de accidente laboral.
El señor TUMA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Partido Unión Demócrata Independiente e Independiente, nadie intervendrá.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, en primer lugar, pido enviar un oficio al Ministerio de Desarrollo Social -concretamente, a la Subsecretaria de Evaluación Social-, con relación a un proyecto denominado "Mejoramiento del riego en la cuenca del río Cautín", en la comuna de Curacautín.
Esto lleva tramitándose una gran cantidad de tiempo y se ha avanzado en las distintas etapas. Ahora terminó la de prefactibilidad.
Para pasar a la etapa de factibilidad, se requiere la aprobación del Ministerio de Desarrollo Social. Tal instancia es fundamental, porque, una vez superada, el proyecto entra en tierra derecha.
Y con ello comienza a complicarse la realidad de la comuna de Curacautín, desde el punto de vista social, económico, productivo, cultural.
Es sabido que dicha comuna supo transitar -tal vez mejor que otras- hacia actividades nuevas luego del cierre de las plantas madereras que ahí operaban. Recordemos que las empresas de este rubro generaban el sustento laboral de esos lugares. Hubo que esperar largos años para encontrar una reconversión productiva adecuada. El camino que se tomó fue el turismo: gran cantidad de hospedajes, restoranes, cafeterías, oferta turística, dada la belleza escénica y los atractivos del paisaje de esa zona (entre otros, acceso al Parque Conguillío, gran número de ríos, saltos, volcanes).
Existe una gran preocupación en la comunidad, especialmente en las organizaciones de defensa del río Cautín, por la tramitación y el avance que estaría teniendo este proyecto, y por la escasa participación que se les ha dado a las agrupaciones vecinales.
La etapa de factibilidad es crucial. Terminada la de prefactibilidad, la dirección de obras públicas debe realizar el estudio de factibilidad. Pero ello requiere la aprobación previa del Ministerio de Desarrollo Social.
Por lo tanto, solicito a dicha Cartera, a través de la Subsecretaría de Evaluación Social, encabezada por la señora Heidi Berner, que efectúe los estudios pertinentes y que tome contacto con la comunidad de Curacautín (con las autoridades locales, con las organizaciones de defensa del río Cautín, con la gente que está dedicada al turismo en esa zona), que entiende que un megaembalse de 200 millones de metros cúbicos claramente liquida cualquier posibilidad de seguir profundizando la línea del turismo.
Repito: pido oficiar a dicho Ministerio para que informe en detalle sobre la materia. Los antecedentes de los que se dispone hasta este momento los han obtenido los vecinos por las vías de las normas de transparencia, y no son muy detallados.
El señor QUINTANA.- En otro ámbito, solicito que se oficie al Ministerio de Salud respecto de un problema que afecta al Hospital de Triaguén, Dino Stagno Maccioni.
Este es un centro asistencial de mediana complejidad, que atiende la demanda hospitalaria no solo de Traiguén, sino también de comunas cercanas como Purén, Los Sauces, Lumaco y Galvarino. Y en él trabajan alrededor de 200 personas.
Durante los últimos días o semanas han surgido algunas voces que dicen que la actual administración pretende rebajar la complejidad de este hospital, lo que ha provocado -y con justa razón- inquietud e incertidumbre en los funcionarios y, también, en los vecinos y usuarios de dicho hospital de Traiguén.
En reciente visita a la comuna, pude constatar en terreno la desesperanza y la preocupación que existe ante la eventualidad de un cambio en la clasificación de este recinto hospitalario. Los vecinos ven con tristeza que el hospital en el que nacieron sus hijos hoy está disminuido significativamente.
Esto se debe a una arbitraria decisión del Gobierno anterior. Hay un oficio de la Directora del Servicio de Salud Araucanía Norte, emitido a fin del año pasado, donde se pide -en una acción inexplicable- bajar la clasificación, la categoría, la condición de resolutividad de ese hospital, de mediana a baja complejidad.
Consecuente con ello, procedió a cerrar pabellones, a entregar a otros recintos hospitalarios cercanos el servicio de lavandería.
Reitero: la solicitud para bajar la complejidad del hospital fue emanada el 30 de diciembre de 2013 por la Directora del Servicio de Salud Araucanía Norte de la época, mediante el ordinario número 2141. En ese documento se le explica al Subsecretario de Redes Asistenciales de ese entonces una serie de características que, a juicios de ella, harían del Hospital de Traiguén un establecimiento de baja complejidad. Por esa razón, solicitó el cambio de clasificación.
El Gobierno de la Presidenta Bachelet, quien nombró a la doctora Helia Molina a cargo del área de salud, tiene como preocupación el fortalecimiento de la salud pública, a diferencia de lo que hizo la Administración anterior, que abandonó a su suerte a muchos hospitales, que dejó como acreedores a varias destacadas clínicas privadas de la capital y que utilizó un programa de concesiones que el Ejecutivo hoy, según entiendo, ha decidido dejar de emplear para seguir adelante con recursos sectoriales en el financiamiento de los hospitales.
En definitiva, acá se expresa una preocupación.
Más allá de las explicaciones que hayan dado el actual Director del Servicio y la Gobernadora de Malleco, se requiere un pronunciamiento oficial del Ministerio de Salud en orden a que no se debilitará este hospital más de lo está.
Todo lo contrario, solicitamos que se contemple un servicio de diálisis, que se restablezca el funcionamiento de los pabellones para cirugía básica y que se incorporen algunas especialidades, como odontología y pediatría. Entendemos que la falta de especialistas es un problema nacional. Por tanto, no es posible contar con otras áreas médicas, lo que sería muy importante para la comuna.
Por todo lo anterior, solicito que se oficie a la Ministra de Salud y a la Subsecretaria de Redes Asistenciales, con el fin de que emitan un informe oficial respecto de la situación descrita. Ello puede traer tranquilidad a los funcionarios y, en especial, a los vecinos de la comuna de Traiguén y de las localidades aledañas que usan el Hospital Dino Stagno Maccioni.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, el tiempo que resta a mi Comité se lo cedo al Senador señor Navarro, del MAS.
En el tiempo del Comité Partido Demócrata Cristiano e Independiente, nadie intervendrá.
En el turno del Comité Partido Renovación Nacional, tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, pensé que la política de la retroexcavadora y de la razia había terminado, pero, después del discurso del colega que me antecedió, pareciera que no es así.
Se desprende de lo dicho que todo estaba malo en el Gobierno anterior, en circunstancias de que los índices de crecimiento, de cesantía y otros eran el doble de mejores que los de la actual Administración.
Por lo visto, algunos no han entendido bien las cosas.
Entro ahora al tema que me interesa exponer.
Por lo anterior, pedí al Gobierno de la Presidenta Bachelet tiempo atrás -y lo reitero hoy- que estudiara a fondo el requerimiento -ha sido hecho por la CUT, el exintendente, los gobernadores y las actuales autoridades- de entregar a la Región de Atacama la calificación de "zona estratégica", tal como ha ocurrido con otros lugares del país.
Hemos hecho de esta petición una causa de los funcionarios públicos de Atacama, quienes siguen esperando subirse al vagón de los beneficios que ha tenido la Región, los que han favorecido mejores condiciones remuneracionales en el sector privado, en especial en el vinculado a la minería.
Esto se ha dado en otras regiones, como en la de Antofagasta, como una solución para mejorar en parte la situación de los funcionarios públicos. En esos casos se ha accedido para hacer justicia con ese sector.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Continuando en el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Senador señor Ossandón.
El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, pido que se oficie a la empresa Metro S.A. para que remita los antecedentes técnicos respecto de la normativa que prohíbe el traslado de bultos grandes en el tren subterráneo.
Metro anunció que buscaría optimizar los espacios para los pasajeros, sobre todo en las horas punta, que se ven reducidos y congestionados.
Cuando fui alcalde, trabajé mucho con la empresa Metro. Se trata de una compañía profesional y seria. Por tanto, debe de tener razones técnicas y estudios comparativos con otros países para adoptar una medida como esa.
Me gustaría conocer esa información.
Sin embargo, el sentido común nos dice que se presentarán dificultades.
Sabemos que muchas personas en la Región Metropolitana, que represento, usan este medio de transporte para ir a trabajar. Con la normativa indicada, por ejemplo, un gásfiter que lleva una cañería de PVC de más de 80 centímetros -elemento que no reviste ningún peligro para nadie- no podría acceder al Metro. Si un pequeño comerciante va a la calle Meiggs a comprar escobas, no le permitirían ingresar con ellas, porque miden más de 80 centímetros. Sin embargo, cualquier podría llevar una caja chica que pese 50 o 60 kilos, la que en un accidente puede ser una verdadera bala.
La empresa aduce razones de seguridad -es factible que sean ciertas- y de espacio. Creo que debiéramos analizar el asunto, porque, de lo contrario, estas medidas, considerando lo que nos dice la sabiduría popular y la forma como trabaja nuestra gente, pueden ser un tremendo problema.
Es necesario aplicar un poquito de sentido común en esta materia.
Será importante que la Comisión de Transportes, que presido, reciba ese informe, pues entonces podrá ayudar. Porque tengo claro que el interés y las razones de la empresa Metro siempre han sido buenas. No creo que quieran molestar a la gente.
Además, cabe consignar que la saturación que vemos hoy en el Metro es otro pecado del Transantiago. La gente, por confiabilidad, por seguridad, prefiere el tren subterráneo. Y las micros van vacías.
También hay que considerar que el Metro es utilizado, por ejemplo, por personas de regiones, muchas de las cuales van a comprar pequeñas mercaderías. Pues bien, con esta nueva normativa podrían verse impedidas de ingresar al tren subterráneo.
La idea es apoyar el objetivo fijado, pero sin dejar de aplicar un poquito de sentido común.
Espero que esta disposición no afecte a mucha gente vulnerable de las zonas periféricas. Porque es ahí donde esto influye notoriamente; es ahí donde la gente usa el Metro en esas condiciones.
El señor TUMA (Vicepresidente).- En el saldo de tiempo del Comité Partido Por la Democracia e Independiente, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, parto agradeciendo al PPD por otorgarme estos tres minutos.
Quiero solicitar un oficio a la Subsecretaría de Pesca a fin de que nos informe acerca del estado del recurso merluza. Particularmente, nos interesa contar con información sobre los bonos de apoyo que se están distribuyendo en las caletas merluceras, que llevan años sin poder efectuar una captura adecuada, debido a la gran devastación generada por la captura indiscriminada. Los pescadores de merluza han venido siendo subsidiados producto de la ausencia del recurso.
Se me informa que se distribuirá un bono en las caletas que han visto limitada su capacidad de ingresos o donde la merluza ha desaparecido totalmente. Deseamos conocer el monto del beneficio, el tiempo de aplicación y los mecanismos de selección de los beneficiarios.
Hay mucha inquietud en las caletas. Ahí está Cocholgüe, en la Región del Biobío, la principal caleta merlucera del país: 60 por ciento de la merluza artesanal se descarga allí.
Los pescadores están preocupados por saber cuáles son los mecanismos de distribución, qué metodología se aplicará y cuál será el grado de regionalización del bono, o sea, cómo se distribuirá de manera adecuada.
Resulta importante la transparencia en este proceso, al igual que los montos.
El señor NAVARRO.- En otro orden de cosas, quiero solicitar a la Superintendencia de Educación un informe acerca de la situación del colegio Piaget, de Talcahuano.
Hicimos la denuncia pertinente. Allí estaban cobrando una subvención de 150 mil pesos por alumnos especiales, en circunstancias de que eran normales. Y se falseó el número total de estudiantes.
La denuncia lleva más de un año y medio esperando.
Se nos señala que no hay capacidad, pues los administradores provisionales no están inscritos. En consecuencia, no se puede fiscalizar.
Nos parece que esa ha sido una pésima decisión. Hemos tratado de corregirla, pero ha habido mucha oposición al respecto, incluso en este Senado. Ello, con el fin de dar continuidad a un sistema que, por ahora, es nefasto.
El señor NAVARRO.- Finalmente, deseo solicitar a la CORFO toda la información de que disponga respecto de los logros alcanzados por los procesos de reconversión aplicados a raíz de las crisis del carbón, de Lozapenco, de textil Bellavista Oveja Tomé y de la pesca.
Pido que se recaben antecedentes de diversos organismos del Estado: del Gobierno Regional, de la CORFO, del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Economía, acerca de los recursos invertidos en todos estos procesos de crisis terminal laboral y de sus resultados, con el objeto de que tomemos las mejores decisiones para enfrentar la crisis de empleo que, lamentablemente, vive hoy la Región del Biobío.
De esa manera, no se repetirán los errores que, por desgracia, se cometieron en los procesos anteriores.

References: artículo 28
 artículo 2
 artículo 42
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 artículo 66
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