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Timestamp: 2020-05-26 23:32:12+00:00

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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 16 de Junio de 1998 - Jurisprudencia - VLEX 31811057
Dentro del proceso ordinario instaurado por MAYORISTAS DE AZUERO, S.A., SUPERCOMERCIAL LA GARANTÍA, S.A., G.F., S.A., SUPERMERCADO LA GARANTÍA, S.A. y AURELIO DOPESO CARREIRO contra BANCO EXTERIOR, S.A., los apoderados judiciales de ambas partes interpusieron sendos recursos de casación contra la sentencia de segunda instancia, proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial el 23 de enero de 1995, los cuales fueron admitidos por esta Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.
En vista de ello, se procede a decidir el mérito de los mismos, no sin antes hacer un breve resumen del proceso que nos ocupa.
Se trata de un proceso ordinario declarativo que se inició con la presentación de la demanda ante el Juzgado Primero del Circuito de H., con el objeto de que se formularan las siguientes declaraciones:
1) Que BANCO EXTERIOR manejó irregularmente los fondos de los demandantes, durante el tiempo que mantuvieron relaciones bancarias.
2) Que BANCO EXTERIOR autorizó sobregiros en perjuicio de los demandantes, sin contar con su autorización o con la de un tribunal de justicia.
3) Que en vista de los manejos irregulares y arbitrarios de BANCO EXTERIOR en sus relaciones bancarias con los demandantes, les causó perjuicios patrimoniales cuantificados, salvo mejor tasación pericial, en la suma de dos y medio millones de balboas (B/2,500,000.00).
4) Que se condene a BANCO EXTERIOR en costas y gastos del proceso.
Luego de surtidos los trámites correspondientes a la primera instancia, el Juzgado Primero del Circuito de H., mediante sentencia fechada 20 de agosto de 1992, resolvió hacer las siguientes declaraciones:
"1- El Banco Exterior manejó irregularmente los fondos que le habían confiado las sociedades Mayoristas de Azuero, G.F., Super Comercial La Garantía, Supermercado La Garantía y el ciudadano A.D., luego que presentó proceso ejecutivo en contra de las mismas.
2- El Banco Exterior otorgó sobregiros bancarios al administrador judicial en perjuicio de las sociedades demandantes, sin contar con autorización judicial.
3- El Banco Exterior ha causado perjuicios económicos a las sociedades demandantes por un monto que será cuantificado a través de la liquidación de condena en abstracto.
4- El Banco Exterior, como litigante perdidoso, tiene la obligación de cubrir las costas y gastos del proceso. La condenación en costas se ejecutará con arreglo a la liquidación expuesta en el punto anterior.
En igual forma se declara no probada la excepción de prescripción alegada por la parte demandada" (fs. 2204 a 2216).
Ambas partes apelaron de esta decisión de segunda instancia. Sin embargo, únicamente se le concedió el recurso a las demandantes, en vista de que el demandado no podía ser oído en el proceso, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1066 del Código Judicial, pues se encontraba moroso en el pago de costas.
El Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, mediante sentencia fechada 23 de enero de 1995, declaró no probadas las excepciones invocadas por el apoderado judicial de BANCO EXTERIOR y confirmó la sentencia de primera instancia en todas sus partes.
Contra esta decisión interpusieron ambas partes los recursos de casación que ocupan a la S. y que se analizarán separadamente.
Se invoca como única causal, la que se encuentra contenida en el literal d, del numeral 7, del artículo 1155 del Código Judicial: "Por no estar la sentencia en consonancia con las excepciones del demandado, porque se omite fallar sobre algunas de las excepciones alegadas".
"PRIMERO: A pesar que nuestro representado, la parte demandada, invocó en su alegato de conclusión (fojas 202) la excepción de prescripción, el fallo impugnado no examinó ni decidió dicha excepción, como estaba obligado a hacerlo.
A pesar de que fue invocada oportunamente la excepción de prescripción, la sentencia de segunda instancia, obligada a decidir la excepción de prescripción invocada en la primera instancia como presupuesto indispensable para conocer del fondo de la apelación, omitió examinar y decidir la excepción de prescripción oportunamente invocada;
El anterior error incidió en la parte resolutiva de la sentencia, toda vez que dejó de examinar y decidir respecto a la excepción de prescripción, que se había producido, desconociendo con ello el derecho de la parte demandada a valerse de una excepción, como la presente, que una vez invocada, es de imperativa decisión.
Tratándose de una excepción de orden público, como es la excepción una vez invocada, la sentencia de segunda instancia debió haber examinado y decidido la excepción de prescripción tanto en los considerando como en la parte resolutiva del fallo, lo que omitió hacer" (f. 2,526).
Como consecuencia de estos hechos, el recurrente en casación alega que fueron infringidos los artículos 978, 682, 981, 683 y 677 del Código Judicial.
El punto medular del presente recurso de casación en la forma consiste en que el Tribunal Superior omitió referirse a la excepción de prescripción, que fue alegada por BANCO EXTERIOR en primera instancia.
La Sala observa que el Tribunal Superior se refirió en la sentencia impugnada a las excepciones de litis pendencia, ilegitimidad de personería de la parte demandada e inexistencia de la obligación, porque a pesar de que fueron alegadas por el demandado en la contestación de la demanda y reiteradas en el respectivo alegato de conclusión, no fueron objeto de pronunciamiento por parte de la sentencia de primera instancia.
Consecuentemente, el Tribunal Superior subsanó dicha omisión, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 1134 del Código Judicial, que prescribe lo siguiente:
"ARTICULO 1134. Asimismo, podrá el superior y aunque afecte adversamente al apelante, en la resolución que decide un recurso de apelación interpuesto en contra de otra que le pone término a un proceso de conocimiento, adicionar la resolución objeto del recurso, siempre que en ella se haya omitido hacer una declaración que ordene la ley que se haga o que no se haya pronunciado sobre una pretensión o excepción y siempre que la parte opositora en el respectivo escrito solicite motivadamente la adición en referencia".
Del texto de la norma transcrita se colige que, efectivamente, el Tribunal Superior debía pronunciarse, como lo hizo, en relación con las excepciones que habían sido alegadas por la parte demandada y que no fueron resueltas por el juez de primera instancia.
No sucede lo mismo en relación con la excepción de prescripción que el Juez de Circuito declaró no probada en la sentencia de primera instancia ya que, a pesar de que la parte demandada se refirió a ella en el alegato correspondiente a la segunda instancia (f. 2,300), al no existir apelación en ese extremo por parte del demandado, el Tribunal Superior no debía pronunciarse sobre ella, en virtud del principio que contiene el artículo 1133 del Código Judicial, que es del tenor siguiente:
"ARTICULO 1133. La apelación se entiende interpuesta sólo en lo desfavorable al apelante y el superior no podrá enmendar o revocar la resolución apelada en la parte que no es objeto del recurso, a no ser que, en virtud de esta reforma, sea indispensable hacer a esta parte modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con la otra.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o exista prevista la consulta para la que no apeló el superior resolverá sin limitaciones".
De lo anteriormente expuesto se colige que el fallo impugnado no incurrió en la causal de forma que se le imputa.
Se invocan tres causales distintas: 1) Infracción de normas sustantivas de derecho por violación directa de la norma de derecho; 2) Infracción de normas sustantivas de derecho por error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba; y 3) Infracción de normas sustantivas de derecho por aplicación indebida de la norma de derecho.
Antes de analizar cada una de las causales de fondo es preciso señalar que la sentencia que se pretende impugnar, proferida por el Tribunal Superior en la segunda instancia de este proceso, se refirió únicamente a la apelación interpuesta por las demandantes; es decir, a la tercera y cuarta declaraciones de la sentencia de primera instancia en las que se condenó en abstracto a BANCO EXTERIOR, señalando que tanto el monto de los daños y perjuicios causados por éste a las demandantes, como las costas y gastos del proceso, deberán cuantificarse a través de una liquidación.
Así se desprende de la decisión atacada en casación, cuando literalmente expresa lo siguiente:
En su escrito de sustentación de la apelación (fs. 2285-2297) la representación judicial de las sociedades demandantes, señala que tiene por objeto que este Tribunal Colegiado reforme la sentencia recurrida, en cuanto a la condena en abstracto y en su defecto se declare previa modificación de la tercera y cuarta declaración, lo siguiente:
`que el monto de los daños y perjuicios materiales y el lucro cesante causado por el Banco demandado a la parte demandante, asciende, según la tasación pericial practicada en autos, a la suma de B/.7,894.146.52 de capital, esto es, las sumas desglosadas en la forma:
B/.2,489,892.52 de endeudamiento negativo.
B/.933,000.00, por pérdida de bienes y activos.
B/.4,471,250.00 por lucro cesante, más los intereses legales causados y los que se causen en el futuro, más las costas de las instancias, según la tarifa de honorarios profesionales vigentes los gastos incurridos durante la secuela del proceso´". (F. 2,463).
En otras palabras, sólo fue objeto de análisis en segunda instancia la condena en abstracto que los demandantes pretendían fuera liquidada por el Tribunal Superior y las excepciones de litis pendencia, ilegitimidad de personería de la parte demandada e inexistencia de la obligación, que fueron negadas en dicha resolución.
No obstante, el recurso de casación en el fondo presentado por el apoderado judicial de BANCO EXTERIOR, pretende impugnar extremos de la decisión de primera instancia que no fueron objeto de pronunciamiento en la sentencia de segunda instancia.
Para mayor ilustración, se transcriben los motivos que le sirven de fundamento a cada una de las causales respectivamente.
1) Motivos de la primera causal:
"PRIMERO: No obstante que los hechos generadores de la pretensión, consistentes en la presuntiva responsabilidad por la venta de inmuebles y en la expedición de sobregiros por parte del Banco Exterior y de asumir atribuciones de los administradores judiciales, se realizaron en el año de 1987, --fecha en la cual había transcurrido el año que los demandantes tenían para accionar por daños y perjuicios extracontractuales-- el fallo de segunda instancia dejó de reconocer la prescripción extintiva que, según la Ley, se había producido;
A pesar de que tratándose de responsabilidad extracontractual --ya que los actos imputados al Banco están fuera y al margen de la esfera jurídica a los contratos entre las partes-- la prescripción se produce a partir de los hechos generadores de los daños, a pesar de ello el fallo de segunda instancia dejó de reconocer la prescripción producida;
En virtud de la apelación promovida por la parte demandada el fallo de segunda instancia debió haber declarado prescrita la acción que se había producido y que se había invocado ante el Juez de Primera Instancia en el alegato de conclusión que nuestro representado propuso.
En adición a lo anterior, el fallo de segunda instancia responsabilizó al Banco Exterior por actos de terceros, tales como los realizados por los administradores judiciales y por el Señor A.D.C., siendo que las personas responden sólo por sus actos y aquellos preestablecidos en la Ley, tales como los dependientes, entre los cuales no se encuentra los administradores judiciales ni el S.A.D.C., quien era presidente- Representante Legal de las sociedades demandantes y/o enajenadas.
El fallo impugnado responsabilizó al Banco Exterior por la autorización de sobregiros a las empresas demandantes pero, por una parte, dichos sobregiros fueron otorgados con anterioridad a la designación de los administradores judiciales y, por la otra parte dicha autorización no constituye un acto ilícito dañoso, ni impone la obligación de utilizarlo al beneficiario, sino que por el contrario le permite atender compromisos que tenían.
El fallo impugnado condenó fundándose en que el Banco había impartido y expedido instrucciones a los administradores judiciales, los cuales en caso de proceder, responsabilizarían a dichos administradores ya que ellos, como administradores no están sujetos ni subordinados judicialmente al Banco ejecutante.
Los anteriores errores incidieron en la parte resolutiva." (Fs. 2,529-2,530)
2) Motivos de la segunda causal:
"PRIMERO: El fallo impugnado sostiene que el demandado Banco Exterior, S.A., impartió instrucciones y adoptó decisiones que correspondían a los administradores, sin indicar, ni existir, los elementos probatorios que le sirvieron para formular tal afirmación, incurriendo así en dar por existente una prueba que no existía.
La sentencia impugnada desconoció que la venta de la fincas lo hizo el propio señor A.D.C. (fojas 1906) -- Presidente y Representante Legal del Establecimiento El Arca de Noe -- lo cual entrañan error negativo. Igualmente desconoce que a fojas 1894 aparece documento donde A.D.C. otorga poder al Dr. Q., en representación de SUPERCOMERCIAL LA GARANTIA, S.A., para que cancele la Licencia Comercial por venta del negocio; pasó por alto la Escritura Pública Nº 90 de 24 de enero de 1986 (fojas 1906) en donde A.D. vende a P.M. el SUPERMERCADO EL ARCA DE NOE, de propiedad de G.F., S.A.; pasó por alto la Escritura Pública Nº 528 de 9 de mayo de 1985 (fojas 1908) en donde A.D.C. vende a E.P. varias fincas en el Distrito de Chitré.
La sentencia impugnada desconoció el contenido de las notas del Banco, que revelaban que se trataba de documentos que no eran de obligatorio cumplimiento para los administradores judiciales.
La sentencia impugnada afirma que el Banco se convirtió en administrador de las cuentas y bienes de las sociedades, sin que exista elemento probatorio alguno que le sirva de fundamento.
El Tribunal dejó de tomar en cuenta pruebas que acrediten que el Banco Exterior no ejerció funciones de administradores de las empresas demandantes, y que ellas tenían, por el contrario, administradores, en forma sucesiva por el Señor M.A. (fojas 428), M.P. de Canto (fojas 436), V. de Frias de Santos, quienes, por ministerio de la ley, tenía facultades autónomas y sólo estaban sujetos a la autoridad del Juez.
El Tribunal dejó de tomar en cuenta los documentos que establecen que el Gerente del Banco tenía facultades administrativas muy limitadas y carecía de representación legal, así como tampoco tomó en cuenta las fotocopias auténticas de las Escrituras Públicas 1382 y 1270 de 22 de marzo de 1991, todas de la Notaría Segunda del Circuito de Panamá, en virtud de las cuales se establecen poderes limitados y compartidos con otros oficiales del BANCO EXTERIOR, S.A., en favor de J.R.A.Y..
La sentencia impugnada ignoró la documentación que acredita que el S.A.D.C. era el dueño de las fincas vendidas por el y (sic) P. y Representante Legal de la sociedad GONZALEZ FOLLO, S.A., propietaria de las fincas Nº 1700 tomo 321, folio 94 y Nº 596, tomo 146 y folio 138 cuya enajenación el fallo imputa a nuestro representado a pesar de que está demostrado que tal enajenación se dio sin que existiese secuestro o embargo sobre dichas fincas" (fs. 2,533-2,535).
3) Motivos de la tercera causal:
"PRIMERO: La sentencia impugnada fundándose en la regla jurídica, de carácter sustantivo, contenida en el nuevo Código judicial, responsabilizó solidariamente al Banco Exterior como parte ejecutante por actos de los administradores designados por el Tribunal, siendo que dicha regla jurídica no era aplicable al caso presente ya que entró en vigencia en el año de 1987, antes de cuya fecha habían ocurrido los hechos generadores de las demanda interpuesta;
La sentencia impugnada aplicó una regla jurídica de carácter sustantivo a una situación que le regía ni le era aplicable.
El anterior error incidió en la parte resolutiva de la sentencia, ya que, al aplicarla al caso, condenó al Banco por actos de los administradores designados por el tribunal". (Fs. 2,537-2,538).
El análisis de todos los motivos que fundamentan cada una de las causales de fondo del recurso de casación interpuesto por la parte demandada en el proceso, pone de manifiesto que se refieren a la pretensión original de las demandantes, que fue concedida por la sentencia de primera instancia.
Sin embargo, la decisión de segunda instancia no se refirió a ella, en virtud del principio de la reformatio in pejus, al que se hiciera referencia en la casación en la forma, que contempla el artículo 1133 del Código Judicial, que señala que la apelación se entiende interpuesta sólo en lo desfavorable al apelante, prohibiéndole al superior enmendar o revocar la resolución apelada en la parte que no es objeto del recurso.
En el caso que nos ocupa, al haber apelado únicamente la parte demandante de la sentencia de primera instancia, el Tribunal Superior sólo podía pronunciarse, como en efecto lo hizo, sobre la condena en abstracto y sobre las excepciones que el inferior omitió en su decisión de primera instancia.
Consecuentemente, el recurso de casación de la parte demandada solamente podía referirse a esos dos puntos que constituyen el fallo de segunda instancia. Pero no es posible impugnar la excepción de prescripción que fue negada en la primera instancia ni la condena, en vista de que no fueron objeto de pronunciamiento en el fallo de segunda instancia.
Y es que, como ha señalado la Sala en numerosas ocasiones anteriores, la casación es un recurso extraordinario contra la sentencia de segundo grado y no una tercera instancia.
En este mismo sentido, el P.J.F.P. en su obra "Casación", se refiere al objeto en los recursos de casación, en los siguientes términos:
"Mediante el recurso de casación se produce una sustitución, una mutación, del objeto del proceso. Durante las instancias, el objeto del proceso es una materia determinada que tiene como punto de referencia la pretensión que ejerce el demandante en el libelo y la contestación y que se va delineando en el curso del proceso; en cambio, en casación el objeto es totalmente distinto, a saber, la impugnación en contra del fallo de segunda instancia que promueve el recurrente y que aparece en el escrito de formalización. Durante la tramitación del proceso, en las distancias (sic), el tribunal entra a examinar un tema, o un conjunto de temas, sometido a su conocimiento mediante el libelo y que se afirma derivarse de una relación material nacida fuera del proceso; en cambio, en la casación se produce una sustitución del objeto del proceso, en la que se prescinde de la relación jurídico-procesal primigenia y el tribunal de casación se dirige -como si fuera una pretensión de nulidad en contra de un negocio jurídico- a examinar el fallo y, de justificarse la pretensión, a proceder a su invalidación. En la apelación el tribunal de mérito analiza la relación jurídico-procesal inicial y pueda prescidir, (sic) en su acto intelectivo del fallo apelado; mientras que en la casación el fallo de segunda instancia es el centro alrededor del cual gravita la cognición del tribunal de casación y el tribunal de casación se avoca a conocer de los cargos formulados por el recurrente contra la sentencia por los vicios que imputan a ésta. La casación decide un (sic) la primera fase, rescindente, la impugnación en contra de la sentencia, no el proceso. (Pág. 43). (Subraya la Sala).
En vista de lo anteriormente señalado, la Corte descarta el recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte demandada.
RECURSO DE CASACIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE
Se invocan dos causales que se analizarán separadamente, como prescribe nuestro Código Judicial.
1) Primera Causal: consiste en la infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.
Los motivos que la fundamentan se resumen a continuación:
1) La sentencia recurrida condenó en abstracto al BANCO EXTERIOR, debido a la errónea valoración del informe pericial suscrito por los contadores públicos autorizados, L.C.G. y P.E.S. en el cual se establece que el monto de los daños y perjuicios que el Banco le ocasionó a los demandantes, es de siete millones ochocientos noventa y cuatro mil ciento cuarenta y seis balboas con cincuenta y seis centavos (B/.7,894,146.56).
2) De acuerdo con dicho informe, era imposible calcular el lucro cesante, pero en cuanto a los otros extremos de la experticia, estableció con toda claridad que: a) El endeudamiento negativo durante el período de la administración judicial de M.P. de Canto asciende a la suma de B/.2,489,895.52; y b) La pérdida de bienes o activos de propiedad de los demandados, como consecuencia de la insolvencia económica producida por el endeudamiento negativo de la administración judicial, asciende a la suma de B/.933,000.00.
3) El Tribunal Superior no le dio valor de plena prueba a las copias de los procesos instaurados por BANCO EXTERIOR contra los demandantes, en los cuales se da cuenta del cúmulo de violaciones contractuales y arbitrariedades cometidas por la citada institución bancaria en perjuicio de las demandantes.
El recurrente en casación alega que como consecuencia del error en la valoración probatoria, el Tribunal Superior violó los artículos 769, 770, 967, 821, numeral 3, 822 y 823 del Código Judicial; artículos 2, numerales 19, 23 y 28, 244, numerales 1, 5 y 8, 795, 982, 988, 989 y 990 del Código de Comercio y los artículos 974, 976 y 1107 del Código Civil.
La parte recurrente ataca en primer lugar, la valoración del informe pericial rendido por los L.P.E.S. HOY y L.A.C.G., peritos de la parte actora, el cual es consultable de fojas 729 a 742 del expediente (Tomo 2).
Dicho informe pericial responde los siguientes puntos:
Si hubo o no irregularidades, desde el punto de vista contable, en el manejo de las cuentas bancarias de los demandados en el BANCO EXTERIOR, Sucursal de Chitré.
Determinación del monto de los sobregiros bancarios otorgados por el Banco a las empresas demandantes, así como la indicación de las personas que autorizaron dichas operaciones.
Determinación del monto de los daños y perjuicios materiales y morales causados a las empresas demandantes, en virtud de las irregularidades cometidas en el manejo de las cuentas bancarias y de los fondos confiados por las empresas demandantes a BANCO EXTERIOR.
Determinar si el aumento del pasivo otorgado por el Banco a las empresas demandantes las afectó financieramente y si ello fue una causa directa de su insolvencia económica y su consiguiente cierre de operaciones.
Cualquier otro extremo útil en opinión de los peritos.
En relación con el punto a) los peritos señalaron que, a pesar de que "nos fue imposible efectuar examen de los documentos y registros de BANCO EXTERIOR, S.A.- Sucursal de Chitré, con el fin de determinar si hubo o no irregularidad, desde el punto de vista contable, en el manejo de las cuentas bancarias abierta (sic) por los demandantes", concluyeron que se dieron las siguientes irregularidades: 1) La administración judicial no abrió nuevas cuentas bancarias en su condición de depositario, de forma que se pudiera determinar con claridad las transacciones correspondientes a dicha gestión judicial; 2) A pesar de haber sido intervenidas judicialmentes, no se suspendieron las líneas de crédito y sobregiros que las demandantes tenían con el Banco.
En el punto b) cuantificaron el monto de los sobregiros o préstamos bancarios otorgados por el Banco a las demandantes, durante la administración judicial de la señora MAGLEDYS PINILLA DE CANTO, el cual asciende a la suma de B/.2,489,896.52.
No obstante, dejaron claro que "toda vez que las partes no nos suministraron elementos que pudieron (sic) ilustrar este extremo en cuanto a las otras Administraciones Judiciales, y por ello no podemos determinar si las otras administraciones utilizaron o no las líneas de créditos de las empresas demandantes, en la misma forma que la Administradora Judicial Magledys Pinilla de Canto" (f. 740).
Igualmente, señalaron que no encontraron ninguna autorización judicial para que los administradores judiciales pudieran solicitar préstamos o adquirir obligaciones en nombre de las empresas intervenidas, ni tampoco autorización de dichas empresas de que se siguieran utilizando las líneas de crédito después de su intervención judicial.
En el punto c) concluyeron que el monto de los daños y perjuicios causados a las empresas demandantes, "con excepción del lucro cesante que no nos fue posible calcular por ausencia de libros y documentos de contabilidad", ascendía a B/. 3,422,896.52.
Por último, en el punto c) y a manera de conclusión, expresaron lo siguiente:
"Es evidente, tal como se demuestra en los expedientes del proceso, que el endeudamiento negativo afectó a las empresas demandantes durante el periodo (sic) de Administración Judicial, como también está probado que cerraron operaciones estando bajo Custodia Judicial" (F. 742).
El análisis de este informe pone de manifiesto que en opinión de los peritos de la parte actora, BANCO EXTERIOR cometió irregularidades en el manejo de las cuentas de las demandantes, conducta que les causó daños y perjuicios y que fue reconocida por el juzgador de primera instancia y confirmada en segunda instancia.
No obstante, no considera la Sala que de él pueda determinarse el monto de dichos daños y perjuicios, como acertadamente señaló la sentencia del Tribunal Superior la referirse a esta prueba pericial, ya que como se señalara anteriormente, dichos peritos "nunca tuvieron acceso a documentos importantes para poder establecer de manera clara y precisa el total de los mismos". (F. 2,470).
El artículo 967 del Código Judicial señala que el valor del dictamen pericial será estimado por el Juez, tomando en consideración varios elementos: 1) Los principios científicos en que se funde; 2) La relación con el material utilizado; 3) La sana crítica; 4) La competencia de los peritos; 5) La uniformidad o disconformidad de sus opiniones; y 6) Su relación con las demás pruebas que consten en el proceso.
La Corte considera que el Tribunal Superior valoró la prueba pericial conforme a la disposición citada, por lo que se descarta este primer cargo.
En segundo lugar, el recurrente en casación alega que el Tribunal Superior no le dio valor de plena prueba a las copias de los procesos instaurados por BANCO EXTERIOR contra los demandantes, porque de ellas se desprenden las "violaciones contractuales y arbitrariedades cometidas por la citada institución bancaria en perjuicio de nuestros poderdantes".
Al analizar esta prueba el Tribunal Superior concluyó que, efectivamente, "los manejos inadecuados se dieron a raíz de la interposición de la demanda ejecutiva del Banco Exterior contra las sociedades, el 3 de abril de 1984", reconociéndole así, valor probatorio a la copia de las actuaciones de dicho proceso.
Pero, como se ha repetido en varias ocasiones a lo largo de esta decisión, ese punto no está en debate y lo único que se está discutiendo es la posibilidad de establecer una suma líquida para la condena impuesta.
La Sala considera que le asiste razón al Tribunal Superior cuando señala que esta documentación no arroja el monto de los daños y perjuicios causados a los demandantes. Consecuentemente, se concluye que la sentencia impugnada tampoco incurrió en la causal de error de derecho en la apreciación de esta prueba.
2) Segunda Causal: Se invoca la infracción de normas sustantivas de derecho por error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.
Como fundamento de esta causal el recurrente señala los siguientes motivos:
"2- La decisión de Segunda instancia, no tomó en cuenta, a pesar de constar en autos, los documentos privados no redargüidos de falsos y emanados del propio Banco demandado (estados de cuentas corrientes, cheques, cartas, comprobantes de aplicación de fondos, cancelación de obligaciones, documentos de aperturas corrientes,) que dan cuenta de los daños y perjuicios causados a la parte demandada (sic) y los cuales ascienden, según tasación pericial a la suma de B/.7,894,146.56.
3- La decisión de Segunda Instancia no tomó en cuenta, a pesar de constar en autos, las deposiciones testimoniales, en las que se dan cuenta del rosario de arbitrariedades y abusos cometidos por el Banco demandado al amparo de una administración judicial manejada y controlada, según sus intereses y en abierto desconocimiento de las relaciones comerciales existentes con la parte demandada al seguir usando las mismas cuentas corrientes con un simple cambio de firma y en sobregiro para afectar todo el caudal patrimonial de los demandantes en este proceso.
4- La decisión de Segunda Instancia no tomó en cuenta, a pesar de constar en autos, el informe requerido por el Juez de la causa (fojas 1.883 a 1.886) en el cual el Banco demandado acepta que siguió utilizando las cuentas corrientes de los demandantes durante la administración judicial y que las misma (sic) fueron cerradas en el año de 1989, esto es, un año después de interpuesta la presente demanda, con lo cual no queda duda alguna de los graves abusos y de los cuantiosos daños y perjuicios causados a los demandantes y los cuales han sido tasados en la suma antes indicada.
5- El Tribunal de la alzada no tomó en cuenta, a pesar de contar en autos, la confesión de actos arbitrarios e ilegales en perjuicio de los demandantes, que surge del informe requerido por el Juez de la causa y de la alegación en segunda instancia del Banco demandado en que acepta que manejó en sobregiro las cuentas de los demandados, (sic) la autenticidad de los cheques girados con firmas distintas a las registradas por los demandantes y la aplicación de los fondos de los bienes vendidos a su antojo, con lo cual se confirman los daños y perjuicios causados a los demandantes y los cuales han sido cuantificados y tasados en la suma antes indicada". (Fs. 2,504-2,505).
Como resultado del error de hecho que le imputa a la sentencia de segunda instancia, el recurrente estima que han sido violados los artículos 769, 843, numeral 3, 845, 904, 880, 882 y 884 del Código Judicial; artículos 2, numerales 19, 23 y 28, 795, 244, numerales 2,5, 7 y 8, 982, 988, 989 y 990 del Código de Comercio; y los artículos 974,976 y 1107 del Código Civil.
En esta segunda causal del recurso de casación, el apoderado judicial de los demandantes en el proceso se refiere: 1) de manera general, a un conjunto de pruebas documentales y testimoniales (que no individualiza); 2) específicamente al informe rendido por BANCO EXTERIOR, consultable de fojas 1,883 a 1,886; y 3) a lo que denomina como una "confesión" de dicha institución bancaria que, según él, aparece en el alegato de segunda instancia.
En su opinión, de dicho cúmulo de pruebas, que a su entender no fue objeto de análisis por parte de la sentencia impugnada en casación, se colige que BANCO EXTERIOR cometió una serie de abusos y arbitrariedades en el manejo de los negocios comerciales que mantenía con sus representados, los cuales le causaron daños y perjuicios por la suma de siete millones ochocientos noventa y cuatro mil ciento cuarenta y seis balboas con cincuenta y seis (B/.7,894,146.56) "según tasación pericial".
En otras palabras, considera que el monto que arroja el informe pericial, que ya fue analizado por esta S. en la causal anterior, constituye la cantidad líquida a la que debe ser condenado el demandando, en lugar de la condena en abstracto que fue fijada por la resolución de primera instancia y confirmada por la sentencia que se pretende impugnar, ya que dicho monto se deduce de las pruebas atacadas en la causal que se analiza.
La Sala observa que la decisión acusada sí se pronunció en relación con las pruebas a las que se refiere el recurrente, al igual que al resto del caudal probatorio allegado al proceso, que guarda relación con los daños causados por la conducta del Banco a los demandantes. Pero, concluyó que no se había aportado ninguna prueba idónea de la cual surgiera, sin lugar a dudas, a cuánto ascienden dichos perjuicios económicos. En ese sentido, expresó lo siguiente:
"Es decir pues, que al conocer esta segunda instancia del fallo apelado por el D.J.E.B. sólo en relación al pago de los daños y perjuicios y el lucro cesante respectivo, esta cámara judicial coincide con la primera instancia en cuanto a que es imposible cuantificarlos y al contemplar el citado dictamen pericial, nada en lo referente al lucro cesante, el cual debe ser también debidamente comprobado, se impone así, la ejecución de la sentencia por la vía de la liquidación de la condena en abstracto, misma en la cual se podrán cuantificar o determinar además las costas y gastos del proceso, en consecuencia, se impone la confirmación del fallo impugnado ya que volvemos a repetir en el proceso no contamos con ninguna prueba aportada por las partes que nos proporcionen base legal suficiente para que el fallo que se formule establezca una suma total a pagar". (Fs. 2,470-2,471).
De lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que el fallo impugnado no incurrió en error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba porque, efectivamente, las pruebas atacadas por el recurrente no demuestran la cuantía de los daños y perjuicios causados a los demandantes y, consecuentemente, lo procedente es la condena en abstracto, al tenor de lo que dispone el artículo 983 del Código Judicial.
Por tanto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial el 23 de enero de 1995, dentro del proceso ordinario instaurado por MAYORISTAS DE AZUERO, S.A., SUPER COMERCIAL LA GARANTIA, S.A., G.F., S.A., SUPERMERCADO LA GARANTÍA, S.A. y AURELIO DOPESO CARREIRO contra BANCO EXTERIOR, S.A.

References: artículo 1066
 artículo 1155
 artículo 1134
 resolución 
 resolución 
 artículo 1133
 resolución 
 artículo 1133
 resolución 
 resolución 
 artículo 967
 resolución 
 resolución 
 artículo 983