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Timestamp: 2018-12-15 07:29:49+00:00

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﻿ SENTENCIA 2002-00115/33574 DE DICIEMBRE 12 DE 2014
SENTENCIA 2002-00115 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL. PARA ESTABLECER SI UN RIESGO TIENE LA ENTIDAD SUFICIENTE PARA ACCEDER A MEDIDAS DE PROTECCIÓN, POR ENCONTRARSE TIPIFICADO COMO EXTRAORDINARIO O EXTREMO, EL DECRETO 4912 DE 2011 DISPONE QUE SE DEBE ANALIZAR POR EL FUNCIONARIO COMPETENTE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 1. QUE SEA ESPECÍFICO E INDIVIDUALIZABLE2. QUE SEA CONCRETO, FUNDADO EN ACCIONES O HECHOS PARTICULARES Y MANIFIESTOS, Y NO EN SUPOSICIONES ABSTRACTAS3. QUE SEA PRESENTE, NO REMOTO NI EVENTUAL4. QUE SEA IMPORTANTE, ES DECIR, QUE AMENACE CON LESIONAR BIENES JURÍDICOS PROTEGIDOS5. QUE SEA SERIO, DE MATERIALIZACIÓN PROBABLE POR LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO6. QUE SEA CLARO Y DISCERNIBLE7. QUE SEA EXCEPCIONAL EN LA MEDIDA EN QUE NO DEBE SER SOPORTADO POR LA GENERALIDAD DE LOS INDIVIDUOSY 8. QUE SEA DESPROPORCIONADO, FRENTE A LOS BENEFICIOS QUE DERIVA LA PERSONA DE LA SITUACIÓN POR LA CUAL SE GENERA EL RIESGO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, POLICÍA NACIONAL, DERECHO A LA VIDA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, DERECHO A LA SEGURIDAD, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA
Sentencia 2002-00115/33574 de diciembre 12 de 2014
Rad.: 17001-23-31-000-2002-00115-01 (33574)
Actor: Celina Quintero Noreña y otros
3. Previo a analizar el fondo del presente asunto, resulta pertinente pronunciarse sobre la jurisdicción y competencia de esta Corporación, la procedencia y caducidad de la acción, y la legitimación en la causa.
3.1. Por ser la demandada una entidad estatal, el asunto es de conocimiento de esta jurisdicción (CCA, art. 82). Además, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, el 28 de septiembre de 2006, en un proceso con vocación de doble instancia, en los términos del artículo 1º de la Ley 954 del 2005, teniendo en consideración que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, supera el monto de 500 smlmv para el momento de la presentación de la demanda, esto es, el 29 de enero del 2002(1).
3.2. Considera la Sala que la acción de reparación directa instaurada (CCA, art. 86) es la procedente, toda vez que, por esta vía se pretende el resarcimiento patrimonial del daño inferido a la parte actora consistente en la muerte del señor Clemente Alberto Noreña Vidal, ocurrida el día 27 de marzo de 2001 en zona rural del municipio de Marulanda, Caldas.
3.3. La legitimación en la causa aparece demostrada en el plenario, por una parte, porque los accionantes son los directamente afectados con la muerte del señor Clemente Alberto Noreña Vidal en su condición de cónyuge e hijos (fls. 4 a 6, cdno. 1) y, por la otra, porque es la Nación —Ministerio de Defensa— Policía Nacional, la entidad a la cual se le imputa el daño por ella sufrido.
3.4. El ordenamiento jurídico consagra la figura de la caducidad como una sanción por el no ejercicio oportuno de las acciones judiciales, para lo cual la ley establece taxativamente unos términos dentro de los cuales el interesado tendrá la carga de promover el litigio a través de demanda. Si el recurso judicial se ejerce por fuera de este lapso temporal, aquel perderá la posibilidad de hacer efectivo el derecho sustancial que intenta deprecar ante la administración de justicia.
3.4.1. En ese orden de ideas, el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, en lo relativo a la acción de reparación directa, instituye un término de dos (2) años para que sea impetrada, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia del daño (hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente).
3.4.2. Así las cosas, en el presente caso, la demanda fue presentada el 29 de enero del 2002 (fls. 10 a 18, cdno. 1) y los hechos datan del día 27 de marzo del 2001, por ende, se concluye que no operó el fenómeno de la caducidad, ya que el demandante pudo haberlo hecho hasta el 28 de marzo del 2003(2).
4. Teniendo en cuenta que algunos medios de prueba que se relacionan en el acápite de hechos probados fueron aportados en copia simple, la Sala se referirá a los mismos con el fin de valorarlos de acuerdo a las siguientes consideraciones:
4.1. Validez de los documentos aportados en copia simple. Con la demanda se allegaron algunos documentos en copia simple: certificación de denuncia por hurto expedida por la Fiscalía General de la Nación —Unidad Delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Pensilvania— Caldas, el 23 de mayo de 2001; contrato de enajenación de un campero, suscrito por Celina Quintero Noreña; y, certificación expedida por el tesorero de rentas municipales el 21 de junio de 2001. Con relación a estos documentos, la Sala se sujetará al criterio de unificación recientemente establecido por la Sala Plena de la Sección Tercera en cuanto al valor probatorio de las copias simples, según el cual, es preciso tener en cuenta que las partes en el curso procesal aceptaron que los documentos fueran tenidos en cuenta y coincidieron en la valoración de los mismos en forma recíproca, pues no fueron tachados ni al momento de arrimarlos al plenario probatorio ni durante el transcurso del debate procesal; por tanto, dichas copias tienen vocación de ser valoradas a fin de determinar el grado de convicción del juez frente a los hechos materia de litigio, pues de lo contrario se desconocería el principio constitucional de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal y el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, esta Sala procederá a valorarlas para decidir el fondo del asunto(3).
4.1.2. En aras de darle aplicación al criterio de unificación jurisprudencial en lo concerniente a las copias simples, la Sala considera que los sujetos procesales han conocido el contenido de los documentos allegados, lo que permite tenerlos en cuenta para fallar de fondo el sub lite.
c) Los hechos probados
5. Con base en las pruebas válidamente recaudadas en el proceso contencioso administrativo, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:
5.1. El 12 de noviembre de 1988, el señor Clemente Alberto Noreña Vidal contrajo matrimonio con la señora Celina Quintero Noreña en la Parroquia de San Antonio de Padua, Municipio de Herveo, Tolima (fl. 4, cdno. 1 - Registro Civil de Matrimonio expedido por la Dirección Nacional de la Registraduría Nacional del Estado Civil —Seccional de Herveo—Tolima).
5.2. Fruto del matrimonio contraído entre el señor Clemente Noreña Vidal y la señora Celina Quintero nacieron Leidy Lorena y Erika Tatiana Noreña Quintero (fls. 5 y 6, cdno. 1 —Registros Civiles de Nacimientos expedidos por el Notario Único del Círculo de Pensilvania— Caldas).
5.3. El señor Clemente Alberto Noreña Vidal era propietario de un establecimiento de comercio de expéndido de carnes, identificado con el Registro 140, en el municipio de Pensilvania, Caldas (fl. 9, cdno. 1 —Certificación expedida por el tesorero de rentas municipales de Pensilvania— Caldas el 21 de junio del 2001).
5.4. El 8 de agosto del 2000, la demandante Celina Quintero Noreña celebró con el señor Alberto Navarro Aristizábal, contrato de compraventa de automotor, vehículo marca Daihatsu, de placas HAI-094, de servicio particular, modelo 1980, el cual fue entregado materialmente a la compradora (fl. 8, cdno. 1- Contrato de enajenación de un vehículo)(4).
5.5. Clemente Alberto Noreña Vidal se desempeñaba como comerciante en labores de compra y venta de ganado. El día 26 de marzo del 2001, en horas de la mañana, se encontraba en el centro del municipio de San Félix - Caldas, consagrado a dicha actividad que ocupaba el giro ordinario de sus negocios, trabajo que estaba siendo realizado en compañía de otras personas de la región, entre ellos, los señores Alonso Noreña Vidal, Luis Álvaro Giraldo Patiño, John Jairo Hurtado Giraldo y Fabio García (fls. 50 a 52, cdno. 1 - Declaración juramentada rendida por el señor Luis Álvaro Giraldo Patiño).
5.6. Hacia las 11:00 a.m. del 26 de marzo del 2001, el señor Clemente Alberto Noreña Vidal salió de Telecom, establecimiento ubicado en el centro de la localidad del municipio de San Félix, se dirigió a su vehículo y cuando iba a arrancar, fue abordado por cuatro sujetos vestidos de civil quienes le pidieron sus documentos y le preguntaron si él era Clemente Alberto Noreña, minutos más tarde fue conducido en su propio vehículo por estos sujetos a un lugar desconocido. Al respecto, Luis Álvaro Giraldo Patiño entregó la siguiente declaración (fls. 50 a 52, cdno. 1):
Preguntado: Dentro de las presentes diligencias Acción de Reparación Directa, promovida por la señora Celina Quintero Noreña, en contra de la Nación y otros, se dice textualmente en el punto 2: “El fallecido Clemente Alberto Noreña Vidal, el día 26 de marzo de 2001 en compañía de los señores Alonso Noreña Vidal, Luis Álvaro Giraldo Patiño, John Jairo Hurtado Giraldo y Fabio García, encontrándose en el municipio de San Félix, Caldas al igual se dirigió para comprar ganado que era lo normal el giro de sus negocios (sic), después de salir de Telecom, ubicado en el Centro de esta localidad y cercano a la estación de policía, fue abordado por varios sujetos armados y conducido a su vehículo (vehículo cuyas características que describí en el hecho anterior), al percatarse sus acompañantes de esto, se le aproximaron a preguntarle qué pasaba, el fallecido les manifestó a viva voz que se lo llevaban los paramilitares, que si querían hacer algo por él informaran a la policía”. Con base en lo anterior háganos un recuento detallado precisando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió la muerte del señor Noreña Vidal. Contestó: Los muchachos que mencionan ahí, si estábamos con él, fuimos a Telecom, todos Alonso Noreña (q.e.p.d) y dos compañeros de él de José, de Pensilvania con él, ellos salieron de Telecom, para la calle, yo me quedé con José en Telecom, él hizo unas llamadas, yo hice otras, salimos de ahí, nos montamos en el carro de José, en un Daihatsu verde, eso fue por ahí a las once de la mañana más o menos, nos subimos al carro, él prendió el carro cuando ya íbamos a arrancar cayeron cuatro señores de civil ahí al carro y le pidieron papeles, le dijeron que si él era Clemente Alberto Noreña, él les comentó que si, que qué necesitaban o en qué les podía servir, y le dijeron que el Comandante de los paramilitares necesitaba hablar con él y yo me quedé con él ahí, aproximadamente una hora en el carro con él, y yo salí para la plaza a hacer unas vueltas, cuando por ahí a los diez minutos, pasó una camioneta blanca adelante y él detrás de esa camioneta, adentro del carro de él iban dos señores y en la otra camioneta iban por ahí siete u ocho señores, pasaron con él por la plaza, de ahí pues no sé para dónde lo llevarían.
5.7. El 27 de marzo de 2001, fue hallado el cuerpo sin vida del señor Clemente Alberto Noreña Vidal, en zona rural, vereda El Páramo, jurisdicción del municipio de Marulanda - Caldas, en circunstancias violentas. El levantamiento de cadaver fue practicado por el Inspector Municipal de Policía de Marulanda, Caldas(5) (fl. 2, cdno. 1 - Registro civil de defunción expedido por la Dirección Nacional de la Registraduría Nacional del Estado Civil —Seccional de Marulanda— Caldas; fl. 3, cdno. 1 - Certificado de Defunción expedido por el Ministerio de Salud; y, fl. 2, cdno. 4 - Certificado inspector municipal de policía Marulanda - Caldas).
5.8. En relación con el hallazgo del cadáver de Noreña Vidal, el 27 de marzo del 2001, obra en el plenario la declaración de Luis Álvaro Giraldo Patiño y las anotaciones en el Libro de Población de la Estación de Policía de Marulanda, lo siguiente (fls. 50 - 52, cdno. 3 - Recepción de declaración al señor Luis Álvaro Giraldo Patiño; fls. 29 - 45, cdno. 3 - Oficio 430 del 14 de octubre de 2003, expedido por el Departamento de Policía de Caldas - Estación Marulanda):
5.8.1. El señor Luis Álvaro Giraldo Patiño afirmó (fl. 56, cdno. 3):
Al otro día, a las once de la mañana, vino el carro de la ruta de Manizales, y nos dijo que de la Sonora para acacito (sic), había un muerto, los bomberos y un poco de gente nos fuimos en la volqueta del municipio de Marulanda, hasta el punto denominado La Sonora y allá estaba JOSÉ(sic) muerto, (es de resaltar que allá había unas bodegas, ya no existen), ya lo recogimos y lo trajeron en una camilla y le hicieron el levantamiento en la morgue.
5.8.2. El Libro de población de la Estación de Policía de Marulanda consignó la siguiente información (fl. 32, cdno. 3)
A esta hora (ilegible) fue practicado levantamiento de cadáver en el Hospital San José de Marulanda del señor Clemente Alberto Noreña Vidal, indocumentado, alfabeto, 45 años de edad, casado, profesión comerciante, residente en el municipio de Pensilvania (…) estatura aproximadamente 1.65 m, natural de Marulanda, quien presenta herida ocasionada al parecer con arma de fuego fusil a la altura de la ceja lado derecho con orificio de salida parte de atrás del cráneo, además presenta clavícula derecha fracturada y signos de tortura. Al momento de practicarse el levantamiento el occiso vestía chaqueta cuero, verde oscuro, botas texanas cuero negro, sombrero pequeño color crema, camisa color roja manga corta, pantalón café, correa en cuero color café, bolsa para joyas color verde la cual contenía una cadena al parecer en oro reventada, dicho cadáver fue hallado en la vereda la Zonora (Páramo).
5.9. El 4 de abril del 2001, la señora Cecilia Quintero Noreña, cónyuge del señor Clemente Alberto Noreña Vidal, puso en conocimiento de las autoridades judiciales el hurto del vehículo de su propiedad en el cual fue retenido y transportado en vida el señor Noreña Vidal (fl. 7, cdno. 1 - Certificado de la Unidad Delegada ante el juzgado promiscuo del circuito de Pensilvania, expedido el 23 de mayo del 2001):
[L]a señora Celina Quintero Noreña se presentó a esta Fiscalía el cuatro 4 de abril del 2001, con el fin de denunciar el hurto del vehículo de las siguientes características: clase: campero; marca: Daihatsu; color: verde; servicio: particular; placas: HAI-094; motor: 12R2232046; chasis: 510855; modelo: 1980. El automotor fue hurtado en San Félix el 26 de marzo del presente año y está a nombre de Alberto Navarro Aristizábal
D. Problema jurídico
6. Compete a la Sala establecer, si la muerte del señor Clemente Alberto Noreña Vidal, ocurrida el día 27 marzo del 2001, en zona rural de la vereda El Páramo, jurisdicción del municipio de Marulanda - Caldas, le resulta imputable fáctica y jurídicamente a la entidad demandada, o por el contrario, se encuentran configurados los elementos necesarios para que opere una causal eximente de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo y determinante de un tercero.
E. Análisis del caso
7. Previa acreditación de la existencia del daño alegada por la parte demandante, la Sala entrará a realizar un estudio, en primer lugar, sobre las obligaciones jurídicas del Estado colombiano en materia de protección del derecho fundamental a la seguridad personal y a la vida, el precedente constitucional en materia de riesgo para la seguridad personal, el marco legal para solicitar las medidas de protección del Estado; y, en segundo lugar, si el daño antijurídico es imputable por acción u omisión a la entidad demandada y, por lo tanto, si esta se encuentran en el deber jurídico de resarcir a los demandantes o, si por el contrario, es producto del hecho determinante y exclusivo de un tercero.
8. El daño originado con la muerte del señor Clemente Alberto Noreña Vidal.
8.1. La Sala encuentra debidamente acreditado que el día 27 de marzo del 2001, el señor Clemente Alberto Noreña Vidal falleció en la vereda El Páramo, municipio de Marulanda, Caldas, como consecuencia directa de impactos de proyectil de arma de fuego, tal como se encuentra acreditado con el registro civil de defunción y el levantamiento de cadáver, registrado en el libro de población de la Estación de Policía de Marulanda (V. párr. 5.8).
8.2. En conclusión, la Sala encuentra configurado el daño padecido por los demandantes con la muerte de su familiar Clemente Alberto Noreña Vidal, el 27 de marzo del 2001.
9. El derecho fundamental a la seguridad personal y las obligaciones del Estado en materia de protección a la vida
9.1. La seguridad personal: un derecho constitucional fundamental. Sobre la noción de los derechos fundamentales se han dado múltiples respuestas. Para Robert Alexy, los derechos fundamentales “son posiciones que, desde el punto de vista del derecho constitucional son tan importantes que su atribución o denegación no puede quedar en manos de la mayoría parlamentaria simple”(6). Según el autor alemán, entre el concepto de derecho fundamental y norma de derecho fundamental existe una relación inescindible, ya que “siempre que alguien tiene un derecho fundamental, existe una norma de derecho fundamental que le atribuye este derecho”(7). Por su parte, Ferrajoli define los derechos fundamentales como todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, ciudadanos y/o personas capaces de obrar; señala que los rasgos estructurales que los distinguen de otros derechos, son: i) la forma universal de su imputación, ii) su estructura de reglas generales y abstractas, y iii) su carácter indisponible e inalienable(8)(9). En esta definición, se encierran dos principios basilares del Estado constitucional, democrático y de derecho. Primero, se trata de derechos subjetivos, es decir, intereses jurídicamente protegidos en forma de expectativas positivas o negativas pertenecientes a las personas naturales y, segundo, se trata de derechos universales, esto es, pertenecientes a todos en condiciones de igualdad, jurídicamente protegidos como intereses de todos y tienen por ello el valor de intereses generales(10).
9.2. Así pues, son tutelados como universales y subjetivos y, por consiguiente, de factura fundamental, la libertad personal, los derechos políticos, los derechos sociales y la seguridad personal, entre otros. Al respecto, la Constitución Política introduce un mandato positivo en su artículo 2º, según el cual las autoridades públicas colombianas están instituidas para brindar protección a las personas, salvaguardando su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. De acuerdo con este encargo positivo, relativo a la seguridad personal, el precedente constitucional ha señalado que la tarea de las autoridades es la de proveer de manera efectiva las condiciones mínimas de seguridad que hacen posible la existencia de los individuos en sociedad, “sin estar expuestos a riesgos extraordinarios de recibir daños en su persona”(11) y concluye precisando que “la seguridad personal, en el contexto colombiano, es un derecho fundamental de los individuos. Con base en él, pueden exigir, en determinadas condiciones, medidas específicas de protección de parte de las autoridades, con el objetivo de prevenir la materialización de cierto tipo de riesgos extraordinarios contra su vida o integridad personal, que no tienen el deber jurídico de soportar, y que las autoridades pueden conjurar o mitigar”(12).
9.3. Las obligaciones del Estado de prestar el servicio de seguridad a sus funcionarios, se derivan de los artículos 2º y 218 de la Constitución Política, que en su orden, establecen que “[l]as autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares” y que la Policía Nacional “es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”(13).
9.4. En consonancia con las obligaciones internas vistas anteriormente, el Estado colombiano ha adquirido obligaciones internacionales tendientes a garantizar el derecho fundamental de seguridad personal de los ciudadanos: i) la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, establece en su artículo 3º que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; ii) la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José(14), establece en su artículo 7º: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales […]”; iii) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(15), dispone en su artículo 9º: “1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”.
9.5. En cuanto al contenido del derecho fundamental a la seguridad personal, la Corte lo definió como “aquél que tienen las personas a recibir protección cuando enfrentan ciertos tipos de riesgo para su vida e integridad personal”(16). En lo concerniente a la caracterización de la tipología de riesgo, la Corte advirtió:
Se tiene, en primer lugar, que dichos riesgos deben ser extraordinarios. Esto quiere decir que existe un nivel de riesgo ordinario, social y jurídicamente soportable, por estar implícito en la vida cotidiana dentro de cualquier sociedad. (…) (L)as personas no pueden exigir al Estado un nivel especial de protección frente a este tipo de riesgos elementales: soportarlos constituye una carga derivada de la condición misma de integrante de una comunidad de seres humanos, que se impone a todos los miembros de la sociedad por igual.
(…) En la medida en que la intensidad de dichos riesgos se incremente, es decir, cuando se tornen extraordinarios y reúnen las demás características señaladas en esta providencia, las personas tendrán derecho a solicitar la intervención protectiva de las autoridades para mitigarlos o evitar que se materialicen, cuando ello sea posible; tal intervención estatal podrá invocarse con distintos títulos, es decir, en virtud de distintos derechos fundamentales —la vida, la integridad personal o la seguridad personal—, dependiendo del nivel de intensidad del riesgo en cuestión y de sus características(17) (se resalta).
10. La jurisprudencia constitucional en materia de riesgo y la garantía del derecho fundamental a la seguridad personal
10.1. El derecho fundamental a la seguridad tiene una efectividad sustancial mínima traducida en un sistema de deberes y vínculos positivos dirigidos al poder público(18); así lo ha entendido la Corte Constitucional al considerar que la seguridad personal comprende un coto irreductible a favor de las personas contra ciertos riesgos o peligros que “no resultan legítimos ni soportables dentro de la convivencia en sociedad, de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales; se trata de riesgos extraordinarios cuya imposición misma lesiona la igualdad en la que deben estar las personas frente a la carga de vivir en sociedad”(19).
10.2. Con el propósito de delimitar objetivamente el campo de aplicación del derecho a la seguridad personal en el ordenamiento jurídico colombiano, la jurisprudencia de la Corte Constitucional(20) estableció una escala de riesgos, tomando en cuenta dos variables: i) los niveles de tolerabilidad jurídica del riesgo por los ciudadanos en virtud del principio de igualdad ante las cargas públicas; y, ii) los títulos jurídicos con base en los cuales se puede invocar la intervención protectora de las autoridades. Bajo tales parámetros estableció cinco niveles de riesgo: i) un nivel de riesgo mínimo(21); ii) un nivel de riesgo ordinario, soportado en condiciones de igualdad por quienes viven en sociedad(22); iii) un nivel de riesgo extraordinario, que las personas no están obligadas a soportar; iv) un nivel de riesgo extremo que amenaza la vida o la integridad personal(23); y, v) un nivel de riesgo consumado(24).
10.3. A partir de tal caracterización estimó la Corte que “el derecho fundamental a la seguridad personal opera para proteger a las personas de los riesgos que se ubican en el nivel de los riesgos extraordinarios, que el individuo no tiene el deber jurídico de soportar”(25).
11. El marco legal en el caso concreto para solicitar la protección en materia de riesgo del derecho fundamental a la seguridad personal
11.1. Para el momento del homicidio del señor Clemente Alberto Noreña Vidal, esto es, el 27 de marzo del 2001, la tutela del derecho a la seguridad personal se encontraba regulada por el artículo 6º de la Ley 199 de 1995, por medio de la cual se cambia la denominación del Ministerio de Gobierno y se fijan los principios y reglas generales con sujeción a los cuales el gobierno nacional modificará su estructura orgánica. Dicha Ley fue reglamentada por el Decreto 1592 de 2000, que precisa:
En desarrollo de la obligación constitucional del Gobierno Nacional de garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos, el Ministerio del Interior coordinará las actividades de todos los organismos del Ejecutivo, encargados de la promoción, protección y defensa de los derechos humanos. El Ministerio del Interior contará con un sistema de atención a las demandas de protección de los derechos ciudadanos. El desarrollo de este sistema estará a cargo de una Unidad Administrativa Especial dependiente del Ministerio del Interior, la cual deberá actuar previamente en caso de amenaza inminente de los derechos ciudadanos y desarrollar programas orientados a la protección, preservación y restablecimiento de los derechos humanos de los denunciantes. El Ministerio del Interior o la autoridad en la que se delegue esta función, emprenderá, de oficio, las acciones correspondientes ante las autoridades judiciales, sin detrimento de las funciones de las mismas o de las atribuciones del Ministerio Público (se resalta).
11.2. La tutela del derecho a la seguridad personal se encuentra también regulada por la Ley 418 de 1997, “por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones”, modificada y prorrogada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010 y el Decreto-Ley 4065 de 2011. Para establecer si un riesgo tiene la entidad suficiente para acceder a medidas de protección, por encontrarse tipificado como extraordinario o extremo, el Decreto 4912 de 2011(26) dispone que se debe analizar por el funcionario competente los siguientes elementos, a saber: i) que sea específico e individualizable; ii) que sea concreto, fundado en acciones o hechos particulares y manifiestos, y no en suposiciones abstractas; iii) que sea presente, no remoto ni eventual; iv) que sea importante, es decir, que amenace con lesionar bienes jurídicos protegidos; v) que sea serio, de materialización probable por las circunstancias del caso; vi) que sea claro y discernible; vii) que sea excepcional en la medida en que no debe ser soportado por la generalidad de los individuos; y viii) que sea desproporcionado, frente a los beneficios que deriva la persona de la situación por la cual se genera el riesgo.
11.3. Tomando en cuenta las anteriores consideraciones, procede la Sala a determinar, si en el caso concreto, los daños a la vida y a la seguridad personal del señor Clemente Albert Noreña Vidal le son imputables al Estado.
12. Juicio de imputación
12.1. En el sub lite no existe material probatorio que permita de manera fehaciente establecer la existencia del nexo causal entre la conducta positiva del Estado y el daño antijurídico padecido por la demandante, esto es, no se encuentra acreditada la participación causal del Estado en la producción del daño; por la razón anterior es menester dilucidar si existió una violación funcional por omisión de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional que sea objeto de reproche y, por ende, fundamento habilitante de imputación del daño al Estado, sobre la base de que desde el punto de vista causal naturalístico o fenomenológico, la muerte del señor Noreña Vidal fue producto de los actos violentos de un tercero.
12.2. La jurisprudencia de la Corporación(27) ha establecido que un daño antijurídico puede ser imputable al Estado, en las siguientes circunstancias: i) cuando en la producción del daño estuvo presente la complicidad por acción u omisión de agentes del Estado(28); ii) cuando se acredite que la persona contra quien se dirigió el ataque había solicitado previamente medidas de protección a las autoridades y estas no se las brindaron o las mismas fueron insuficientes o tardías, de tal manera que los efectos antijurídicos de la omisión concretados en un daño son objeto de reproche jurídico (infracción a la posición de garante)(29); iii) cuando la víctima no solicitó las medidas referidas, pero las fuerzas del orden conocían las amenazas que se cernían contra su vida(30) y, por ende, estaban obligadas a actuar (deber de diligencia); y, iv) porque en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, como por ejemplo, la grave alteración del orden público y el conocimiento público de amenazas por parte de terceros, el hecho era previsible y cognoscible, y no se realizó actuación alguna encaminada a su protección(31).
12.3. De acuerdo a lo anterior, el instituto de daños contribuye con el principio de la eficacia de la administración, pues debido a su función pedagógica no sólo advierte sobre el cómo debe actuar la administración, sino que exhorta para que en el futuro se eviten o prevean los daños antijurídicos. Por lo anterior, el instituto de daños no es una esclusa entre la administración y el ciudadano, todo lo contrario, es pieza que los articula en la medida en que el régimen de reparación integral de los daños antijurídicos obliga a evitar la mala administración; así, la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, prescrita en el artículo 90 Superior, no hace más que recordar desde un punto de vista constitucional, los límites y deberes que corresponden a la administración.
12.4. La Sala considera que la Nación —Ministerio de Defensa— Policía Nacional no es responsable del daño alegado en la demanda por las siguientes razones:
12.4.1. No está demostrado que el acto violento del tercero haya sido perpetrado con la intervención o complicidad de agentes del Estado; en ese sentido, obra oficio suscrito por el Coordinador Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía de Caldas, AG. Martín Alonso Jiménez Alzate, en el que indica que no existen antecedentes disciplinarios de relaciones o vínculos de miembros de la fuerza pública con grupos paramilitares(32);
12.4.2. No está acreditado en el proceso que el señor Noreña Vidal haya sido amenazado con anterioridad en su derecho fundamental a la seguridad personal, y que, sin mediar solicitud de protección, estas hubieren sido conocidas por la fuerza pública o que con posterioridad a la retención, sus acompañantes hubieren solicitado protección ante las autoridades competentes para salvaguardar el derecho fundamental a la vida y a la seguridad personal del retenido; tampoco se probó en el plenario que los familiares o amigos que lo acompañaban hubieren denunciado la retención y posterior muerte del señor Noreña Vidal, pues solo hasta el 4 de abril del 2001, después de haber encontrado el cadáver, la cónyuge del difunto puso en conocimiento de las autoridades judiciales el hurto del vehículo de su propiedad en el que fue capturado y transportado el señor Noreña (V. párr. 5.9), ni se probó nada respecto a los responsables directos o materiales de la muerte del señor Clemente Alberto Noreña Vida. Estas conclusiones son contundentes, y se desprenden del mismo testigo directo en la escena de los hechos, señor Luis Álvaro Giraldo Patiño, quien manifestó que después de haber sido retenido el señor Noreña Vidal, decidió, contrario a lo afirmado en el libelo de la demanda, no poner en conocimiento de la Policía Nacional la novedad. En sus palabras se dijo (fls. 50 a 52, cdno. 1):
Preguntado: Sírvase darnos el nombre de las personas con las cuales usted se desplazó hasta el sitio donde encontraron al señor Clemente Alberto, muerto. Contestó: Oliverio Garcia, Javier Molina, conductor de la volqueta, Jorge Valbuena, me parece que Uriel Flórez, no recuerdo quién más.
Preguntado: Cuando se llevaron al señor Clemente Alberto Noreña Vidal, hecho ocurrido en el Corregimiento de San Félix, qué actitud o diligencia hicieron ustedes, los compañeros que estaban con él. Contestó: Nosotros hablamos con varios ganaderos de allá de San Felix, nos dijeron que había que esperar qué pasaba que por que hablar con la policía para qué, que ponerle denuncio, a quién, que esperáramos haber qué pasaba más adelante si lo soltaban o qué. Hablamos con Modesto Patiño, vive en San Félix, Nohelio Rodríguez, don Benedo Higuera, no más (…).
Preguntado: Después de los hechos acaecidos aquél 26 de marzo de 2001 y luego que usted se trasladó a este municipio de Marulanda, a quién o quiénes, le hizo comentarios al respecto. Contestó: Pues cuando nosotros llegamos, Alonso Noreña y yo en la chiva, se nos arrimó Marfa Quintero, cuñada de Clemente Alberto y nos preguntó por Clemente Alberto, que qué pasaba que no venía que porqué se había quedado o que, y le echamos el cuento, que lo habían cogido unos señores y se lo habían llevado, no más. No le quisimos comentar a nadie más.
Preguntado: Cuando usted manifiesta que unos señores abordaron a Clemente Alberto en San Félix, le pidieron papeles, y le dijeron que si él era Clemente Alberto Noreña Vidal, y a renglón seguido afirma, que más tarde, se desplazaron unos hombres en una camioneta y el señor Clemente Alberto los seguía en su carro, en compañía de otros hombres, podría usted precisar a qué institución pertenecían estos hombres que usted refiere. Contestó: Ellos dijeron que el comandante de los paramilitares necesitaba hablar con él, no se más nada.
Preguntado: A qué distancia quedan las oficinas de Telecom en San Félix, con respecto al Comando de Policía. Contestó: Queda a cuadra y media.
Preguntado: Recuerda usted si el día de los trágicos hechos había vigilancia en la plaza, de agentes de policía. Contestó: Si por ahí por la calle había policía.
Preguntado. Hace unas manifestaciones donde afirma que en una camioneta se desplazan unos hombres y detrás de ésta iba el señor Clemente Alberto Noreña Vidal, conduciendo su vehículo de marca Daihatsu. Díganos si recuerda por qué sitio de la población, calles, carrera, o plaza principal, hicieron el desplazamiento. Contestó: Pues, pasaron por el mismo Cuartel de la Policía, siguieron por la carretera que pasa por la plaza de ferias, pero de ahí para allá no se para dónde irá esa carretera.
Preguntado: Díganos si el señor Clemente Alberto Noreña Vidal, tenía enemigos por esa región, en caso cierto, quién o quiénes. Contestó: No, no sé (se resalta).
12.5. Las afirmaciones de este declarante que el día de los hechos estuvo acompañando al señor Noreña Vidal, coinciden con las pruebas documentales y testimoniales que obran en el proceso, las cuales se describen a continuación:
12.5.1. En el Libro de Población y Anotaciones de la Estación de Policía de Pensilvania(33) y de San Félix(34) no figura para los días 26, 27, 28, 29 de marzo del 2001 denuncia ni información alguna sobre la retención, desaparición y muerte del señor Noreña Vidal; la única anotación que se consignó en el libro Minuta de Guardia, corresponde a la efectuada el día 30 de marzo del 2001 en la que se indicó que se había obtenido información del paradero del vehículo marca Dahiatsu, en el que se movilizaba el señor Noreña Vidal (occiso) el día de los hechos, de propiedad de la señora Celina Quintero Noreña, cónyuge del interfecto (fls. 14 a 28, cdno. 3 - Oficio 283/SUSFE expedido por el Departamento de Policía de Caldas – Subestación San Félix, el 27 de agosto de 2003).
12.5.2. El subintendente de la Policía Nacional Rubén Darío Grajales Gallego, en su declaración vertida en el presente proceso el 25 de junio del 2003, coincide con la de otros policiales(35), respecto a que tuvieron conocimiento del señor Clemente Alberto Noreña Vidal solo cuando hallaron su cadáver por los lados de la vereda el Páramo. En la declaración se dijo (fls. 3 y 4, cdno. 2):
Preguntado. Sírvase hacer un relato al despacho sobre lo que le conste acerca de los hechos que antecedieron a la muerte del señor Clemente Alberto Noreña Vidal, ocurrida en el mes de marzo de 2001 en paraje rural del municipio de Marulanda, Caldas? Contestó: en ese mes yo me encontraba laborando en el municipio de San Félix, no me di cuenta de la muerte de ese señor sino hasta unos días después que me informaron que habían encontrado un cadáver por los parajes de Marulanda cerca al páramo, desconozco los detalles.
Preguntado: para la época qué actividades desarrollaba usted en el corregimiento de San Félix Contestó: me encontraba en comisión ya que en ese tiempo San Félix era una comisión de cuatro meses, me encontraba prestando mis servicios en la policía en ese corregimiento. (…)
Preguntado: quién le dio esa información de la muerte del ciudadano en el área rural de Marulanda? Contestó: como San Félix y Marulanda son cercanos uno de otro, escuché comentarios de la gentes del pueblo que encontraron un cadáver en cierta parte del páramo. Preguntado: Conoció usted al señor Clemente Alberto Noreña Vidal? Contestó: No.
Preguntado: escuchó en alguna ocasión ese nombre. Contestó: para esa época no doctor, lo vine a escuchar cuando la gente comentaba que habían encontrado el cadáver en Marulanda, la gente decía que era un señor Clemente, carnicero de Pensilvania, pero nunca lo conocí. No supe de antecedentes de él, la gente rumora pero no escuché nada, solo dijeron que era un carnicero de Pensilvania, no he trabajado allá y por eso no sé nada de ese señor. (…)
Preguntado: tiene usted conocimiento si algunas personas acudieron a la estación de la policía en San Félix para denunciar la retención del señor Clemente Alberto Noreña Vidal Contestó: no doctor, ninguna persona recurrió a la estación a poner ningún tipo de queja.
Preguntado: Tuvo la policía conocimiento de la retención del señor Clemente Alberto Noreña Vidal en San Félix. Contestó: No.
12.6. La Sala comparte lo sostenido por Tribunal de primer grado cuando afirmó (fl. 114, cdno. 1):
[L]a Sala considera que el testimonio anterior [señor Luis Álvaro Giraldo Patiño] es insuficiente para entrar a declarar la responsabilidad de la administración en los hechos objeto del presente proceso, pues como se observa, el mismo por parte alguna indica, como lo dice la parte actora, que la Policía de San Félix fue informada de la retención del ciudadano Noreña Vidal, por el contrario afirma que no se adelantó dicha diligencia, pues prefirieron esperar a “ver que pasaba”; fuera de lo anterior, los otros dos aparentes testigos de los hechos no pudieron declarar en el proceso, el uno porque para la época en que se requirió su testimonio había fallecido y el otro porque nunca pudo ser ubicado; es de anotar que estos eran las otras personas que acompañaban al occiso en el momento de la retención de que fue objeto. Ahora bien, tampoco pudo el testigo señalar abierta y convincentemente que el fallecido fue retenido por un grupo paramilitar, pues solo le consta que así se identificaron quienes retuvieron al señor Noreña, sin que exista prueba que permita identificar los presuntos autores del homicidio del antes mencionado. Para corroborar lo anterior, vista la documental que obra en el proceso, allegada a instancias de la institución demandada, contrario a lo afirmado por la parte accionante, en el Libro de Población y Anotaciones de la Estación de Policía de Pensilvania, por los días 26, 27, 28, 29 y 30 de marzo del 2001, no se consignó ningún hecho relacionado con la muerte o retención del señor Noreña, ni denuncia del hecho por familiares ni amigos; igual sucede con el informe remitido por la subestación de policía San Félix, en el cual tampoco aparece relacionado ningún hecho relacionado con la desaparición y posterior fallecimiento del antes mencionado; la única anotación es del 30 de marzo, según la cual se informa que el señor de la chiva sabe donde se encuentra el carro del occiso (…) no obra en el proceso prueba alguna que permita establecer, la responsabilidad por omisión de que se acusa a la Institución demandada, y ni siquiera existe un indicio que indique que los agentes de la Policía de San Félix fueron informados de la retención del señor Clemente Alberto Noreña Vidal.
Consecuente con lo anterior en un todo de acuerdo con el concepto del Ministerio Público, es que se impone denegar las súplicas de la demanda y de contera la prosperidad de la excepción de rompimiento del nexo causal propuesta por la entidad demandada, pues no se demostró la existencia de dicho nexo entre la muerte del señor Clemente Alberto Noreña Vidal y la falla del servicio imputada a la Policía Nacional, a través de los agentes que prestaban el servicio por la época de los hechos en la Subestación de Policía de San Félix o de la estación de Policía de Pensilvania” (se resalta).
12.7. Asimismo la Sala comparte el Concepto 284-29-2004 del 19 de agosto del 2004 aportado al expediente por la Procuraduría Judicial 29, cuando se refirió a la declaración del señor Luis Alvarado Giraldo Patiño, testigo directo del desenlace de los hechos (fls. 99 a 102, cdno. 1):
Como puede verse este declarante, acompañante del occiso, no asevera, como se dice en la demanda, que los agentes del orden no obstante conocer de la retención de aquél por los paramilitares no hicieron nada para liberarlo, por el contrario indica que ni él, ni los ganaderos del lugar acudieron a la Policía para colocar el correspondiente denuncio e ignora si sus otros compañeros acudieron a pedir auxilio a los agentes del orden. Significa lo precedente, al no existir otros elementos de juicio que demuestren lo contrario, que en este caso no se puede afirmar, sin dubitación alguna, que los hechos objeto de demanda tuvieron como causa una omisión de los agentes estatales, máxime cuando dentro del plenario existe constancia e informes que indican que dentro de los libros de guardia y población de la Estación de Policía de Marulanda no se encuentra registrada ninguna denuncia sobre la retención del señor Noreña Vidal. Como corolario de los anteriores razonamientos, es necesario indicar que los medios probatorios adjuntos al expediente no tienen la eficacia suficiente para demostrar los hechos fundamentales de la acción incoada, por cuanto, iteramos, no se ha establecido el vínculo necesario entre el daño y el hecho culposo de un determinado agente o servidor estatal que, en ejercicio de su función o con ocasión de la misma hubiese dado lugar a los hechos que nos ocupan y es bien sabido que cuando el caso en examen no es el resultado de una falla presunta (no se evidenció que las heridas que causaron la muerte del señor Noreña se hubieran producido con un arma de dotación oficial), se deben probar, en debida forma, los hechos que generan la imputabilidad al ente público (…) Consecuente con lo antecedente y ante la ausencia de probanzas que corroboren las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los acontecimientos que hoy llaman nuestra atención, forzoso es concluir que no se demostró la existencia de un nexo causal entre la muerte del señor Clemente Alberto Noreña Vidad y una falla del servicio imputable al ente demandado.
12.8. De conformidad con lo anterior, la muerte del señor Clemente Alberto Noreña Vidal se trató de un acto de violencia execrable, cuyo autor y propósito se desconocen, y tampoco es un hecho notorio, razón por la que el daño sufrido por la demandante no le es imputable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, comoquiera que, además de ser un acto violento perpetrado por un tercero, resultó imprevisible e incognoscible por la entidad demandada, por lo tanto, extraño a las funciones constitucionales y legales asignadas a la fuerza pública. Para la Sala, las partes en la relación procesal no tiene prerrogativas en las que se pueden tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en el libelo de la demanda o en su contestación, sino que imperativamente se deben probar los hechos sobre los cuales se fundan las pretensiones.
12.9. De acuerdo con lo probado en el proceso, la fuerza pública no tuvo conocimiento de la retención padecida por el señor Noreña Vidal, quien desempeñaba funciones como propietario de un expendio de carnes y, en este sentido, la omisión frente al derecho fundamental a la seguridad personal y a la vida del señor Noreña Vidal de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional no fue ilícita, puesto que no resultaba evidente que este ciudadano asentado en el municipio de Marulanda pudiera ser objeto de ataques violentos de terceros intempestivamente y, por lo tanto, que este ciudadano tendría una alta probabilidad de resultar muerto o lesionado.
12.10. En estas condiciones, el hecho era imprevisible e invencible para la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional.
12.11. Bajo este orden de ideas, en el sub lite no está probada una conducta omisiva ni la infracción a deberes funcionales de la Policía Nacional, en consecuencia, se confirmará la sentencia proferida el 28 de septiembre del 2006 por el Tribunal Administrativo de Caldas, que denegó las pretensiones de la demanda.
13. Costas
13.1. Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
13.2. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
1. Confirmar la Sentencia del 28 de septiembre del 2006, proferida por la Sala de Decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, que denegó las pretensiones de la demanda.
3. No se condena en costas
(1) La pretensión mayor de la demanda se estimó por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante aproximadamente en $190.000.000 millones de pesos, monto que supera los 500 smlmv en 2002, equivalente a $166.000.000 millones de pesos, suma exigida para que un proceso adelantado en acción de reparación directa, fuera considerado de doble instancia.
(2) Ley 446 de 1998, artículo 44, numeral 8º: “La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.
(3) Consejo de Estado, Sección Tercera —en pleno—, Sentencia de agosto 28 de 2013, Radicado 25.022, M.P. Enrique Gil Botero.
(4) En el expediente obra prueba del contrato de compraventa del vehículo automotor, cuyo objeto fue descrito, así: “el enajenante transfiere a título de venta real y efectiva a favor del adquirente, y este lo hace a tal título, un campero de marca Daihatsu y de placas HAI-094, de servicio particular con motor 12R2232046 y de Chasis 510855, modelo 80, vehículo que fue entregado el día 8 de agosto del año 2000 (…) El enajenante ha hecho entrega real y material al adquirente del bien mencionado en el presente contrato y el adquirente los declara recibido en tal forma y a entera satisfacción”.
(5) Constancia del Inspector Municipal de Policía de Marulanda, Caldas, expedida el 28 de agosto del 2003, en la que certificó: “que visto el Exhorto 1606 de fecha 26 de junio del 2003, procedente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Caldas, Radicación 2002.0115-4, recibido 28 de agosto del año avante, me permito informar lo siguiente: este despacho practicó diligencias previas de levantamiento de cadáver del que en vida respondió al nombre de Clemente Alberto Noreña Vidal, muerto en circunstancias violentas el día 27 de marzo del 2001, en zona rural-vereda El Páramo jurisdicción de este municipio; dichas diligencias fueron remitidas por competencia a la Fiscalía Seccional de Salamina, mediante Oficio Penal 022 de fecha marzo 31 del 2001 (…)” (fl. 2, cdno. 4).
(6) Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, 2ª. Ed. traducción y estudio introductorio de C. Bernal Pulido, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2008, p. 454.
(7) Ídem, p. 31.
(8) Ferrajoli entiende por derecho subjetivo “cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y por status, la condición de un sujeto, prevista así mismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de estas”. Ferrajoli, Luigi, Los fundamentos de los derechos fundamentales, Trotta, Madrid, 2001, pp. 19-292; Ferrajoli, Luigi. Principia Iuris. Teoría del Derecho y de la democracia, Madrid, Trotta, 2011, pp. 686 y 687. Este autor, identifica también los derechos fundamentales como leyes del más débil y lo constata al señalar que esta tipología de derechos surgió históricamente “como limitaciones de correlativos poderes y en defensa de los sujetos más débiles contra la ley del más fuerte —iglesias, soberanos, mayorías, aparatos policiales o judiciales, empleadores, potestades paternas o maritales— que regían en su ausencia”. Ferrajoli, Luigi, Teoría del neoconstitucionalismo. Ensayos escogidos, M. Carbonell (editor), Trotta, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, Madrid, 2007, p. 82.
(9) Ferrajoli, Luigi. Principia Iuris. Teoría del derecho y de la democracia, Madrid, Trotta, 2011, pp. 686 y 687.
(11) Corte Constitucional, Sentencia T-719 de agosto 20 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda.
(12) Ibídem, consideración jurídica 4.2.2.
(13) El artículo 1º de la Ley 62 de 1993 establece: “Finalidad. La Policía Nacional, como parte integrante de las autoridades de la República y como cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, está instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida honra bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Así mismo, para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.
(14) Incorporada al ordenamiento colombiano mediante la Ley 16 de 1972.
(15) Aprobado mediante Ley 74 de 1968.
(16) Sentencia T-719 del 20 de agosto de 2003, consideración jurídica 4.2.3, M.P. Manuel José Cepeda y Sentencia T-728 de septiembre 13 de 2010, consideración jurídica 4.3, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(17) Ibídem, consideración jurídica 4.2.3.1.
(18) En la teoría del garantismo, cuyo máximo representante es Ferrajoli, la noción de garantía tiene una doble connotación que vale la pena recordar: En primer lugar, se refiere a una efectividad sustancial o de primer grado de los derechos subjetivos, esto quiere decir, un sistema de deberes, límites o vínculos dirigidos al poder público, consistentes en obligaciones de prestación o en prohibiciones de lesión. En segundo lugar, la garantía encarna ínsitamente una connotación de responsabilidad que interviene en caso de que las garantías primarias o deberes fundamentales sean vulnerados. Si las garantías primarias o sustanciales consisten en los derechos de prestación o de no lesión dispuestos para la tutela de los correlativos derechos, las garantías secundarias o instrumentales, también denominadas garantías jurisdiccionales o procesales, consisten en los deberes de poner remedio a los actos inválidos o ilícitos que nacen de la inobservancia de las garantías primarias. Cfr. Ferrajoli, Luigi. Principia Iuris, T.I, ob.cit., pp. 630, 637, 639, 657 y 730.
(19) Corte Constitucional, Sentencia T-719 de agosto 20 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda (consideración jurídica 4.2.3.1).
(20) Corte Constitucional: sentencias T-719 de agosto 20 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda; T-496 de mayo 16 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-1254 de diciembre 12 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda.
(21) Se trata de un nivel en el cual la persona se ve amenazada en su existencia e integridad sólo por factores individuales y biológicos.
(22) Se trata de los riesgos ordinarios, implícitos en la vida social.
(23) Este es el nivel de los riesgos que, por su intensidad, entran bajo la órbita de protección directa de los derechos a la vida e integridad personal.
(24) Este es el nivel de las violaciones a los derechos, no ya de los riesgos, a la vida e integridad personal: la muerte, la tortura, el trato cruel, inhumano o degradante, representan riesgos que ya se han concretado y materializado en la persona del afectado.
(25) Corte Constitucional, Sentencia T-728 de septiembre 13 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva (consideración jurídica 4.4).
(26) “Por el cual se organiza el Programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección”.
(27) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de agosto 29 de 2012, Radicado 24.444, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; Sentencia de agosto 11 de 2011, Radicado 20.325, M.P. Mauricio Fajardo.
(28) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de septiembre 4 de 1997, Radicado 10140, M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.
(29) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 20 de noviembre de 2008, Radicado 20511, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(30) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de junio 19 de 1997, Radicado 11875, M.P. Daniel Suárez Hernández.
(31) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de octubre 30 de 1997, Radicado 10958, M.P. Ricardo Hoyos Duque.
(32) Oficio 123 ASDIS-COMAN-DECAL-744 del 19 de agosto del 2003, suscrito por el Coordinador Control Disciplinario Interno, AG. Martín Alonso Jiménez Alzate (fl. 7, cdno. 3): “en atención a su oficio de la referencia, me permito informar ante su despacho que revisado el sistema de informativos disciplinarios que se llevan en esta dependencia, no figuran investigaciones o informes en contra de miembros de la institución, por presuntos nexos con grupos paramilitares”.
(33) En vista la documental que obra en el proceso, allegada a instancia de la institución demanda, contrario a lo afirmado por la parte accionante, en el Libro de Población y Anotaciones de la Estación de Policía de Pensilvania, por los días 26, 27, 28, 29 y 30 de marzo de 2001, no se consignó ningún hecho relacionado con la muerte o retención del señor Noreña, ni denuncia del hecho por familiares ni amigos: “adjunto al presente me permito enviar ante ese despacho, las fotocopias del libro de población y anotaciones que en esta Unidad policial se llevaron para el mes de marzo del año 2001 donde están radicados los casos conocidos para los días 26-27-28-29 y 30 del mes y año en relación, así: folios 87-88-89-90 y 91 (…) De igual forma quiero manifestar a su ente investigador que en lo relacionado con el particular Clemente Alberto Noreña Vidal, en esta unidad policial no reposa antecedente alguno que diga sobre procedimiento policial efectuado en su favor o en contra” (fls. 8 y s.s., cdno. 3 - Oficio 0245 WESPE del 21 de agosto del 2003).
(34) En el expediente obra Oficio 283 SUSFE del 27 de agosto del 2003, suscrito por el comandante de la Subestación de Policía San Félix (fl. 14, cdno. 3) en el que se precisa: “Adjunto al presente me permito dar respuesta a su oficio, según la fecha del 26 de junio del 2003, que relaciona el Exhorto 1602 y Radicado 2002-0115-4, así: Revisados los libros y archivo que se hallaron en la unidad con la fecha del 216 de maro al 06 de abril de dos mil uno, con relación a las acciones o actividades desarrolladas en el caso de la desaparición y muerte del señor Clemente Alberto Noreña Vidal, solo se halló información muy similar y al parecer atinente al caso, pero es de aclarar que concretamente sobre el caso no se observó algo en los libros, aun así se envía lo siguiente: 1. Once (11) fotocopias del libro de los servicios que relaciona el personal que para la fecha del 26 de marzo al 06 de abril de 2001 laboraba en esta unidad policial, según los folios 127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138; 2. Una (01) fotocopia del Libro minuta de guardia donde se hace mención que el agente Malla de Pensilvania informa que se pongan en contacto con el señor de la Chiva lechera que él sabe dónde está el vehículo Dahiatsu de placa HNR 094 o HNI 094, el cual pertenecía al señor muerto de hace unos días, anotación hecha el 30 de marzo del 2001 a las 18:15 horas, según los folios 561-562 (…)”.
(35) En el plenario fueron vertidos otros testimonios como el del Comandante de la Estación de Policía de Marulanda, rendido el 25 de junio del 2003, en el que sostuvo: “Preguntado. Sírvase hacer un relato al despacho sobre lo que conste acerca del fallecimiento del señor Clemente Alberto Noreña Vidal ocurrida en el mes de marzo del 2001, quien fuera encontrado en área rural del municipio de Marulanda, Caldas? Contestó: para esa fecha yo me encontraba como comandante de la estación de policía de Marulanda, Caldas, pero no recuerdo nada sobre sobre esos hechos. Yo estaba de comandantes allá y escuché algo sobre eso pero no recuerdo que fue. Preguntado: ya que dice usted que fue comandante en el municipio de Marulanda, acudieron a su despacho a denunciar algún hecho que para la época hubiese generado la muerte a manos de presuntos militares de algún ciudadano? Contestó: solo alcanzo a recordar sobre un comentario que se suscitó en el municipio sobre la muerte de un señor que se movilizaba en un vehículo en la vía que de este municipio conduce a San Félix”.

References: artículo 1
 artículo 136
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 6
 artículo 90
 artículo 171
 artículo 55
 artículo 44
 artículo 1