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Timestamp: 2014-04-19 04:19:43+00:00

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JNE CONFIRMA QUE SOLICITUD DE VACANCIA DESESTIMADA CONTRA EL ALCALDE DISTRITAL DE SANTO TORIBIO JULIO PIOQUINTO MORALES ACOSTA.
Martes, 24 de Enero de 2012 10:27 | Escrito por Victor Castillo | | | Una vez mas se demuestra que la venganza no prospera, los regidores vacados no se salieron con la suya mas por el contrario el Jurado Nacional de elecciones confirmo su vacancia de los regidores Yemila Manuela Aguirre Pérez y Antonio Roger Chauca Cano.
Jurado NacionaL DE Elecciones mediante Resolucion 021-2012-JNE declaró INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Yemila Manuela Aguirre Pérez y Antonio Roger Chauca Cano y CONFIRMAR el Acuerdo de Concejo N.° 37-2011-MDST, que declaró infundada su solicitud de declaratoria de vacancia contra Julio Pioquinto Morales Acosta, alcalde del Concejo Distrital de Santo Toribio, provincia de Huaylas, departamento de Áncash, por la causal prevista en el artículo 22, numeral 9, de la Ley N.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. A Continuacion el texto de laS dos Resolucion del Jurado Nacional de Elecciones:
Resolución N° 021-2011-JNE
Expediente N.º J-2011-00788 Lima, doce de enero de dos mil doceVISTO, en audiencia pública de fecha 12 de enero de 2012, el recurso de apelación interpuesto por Yemila Manuela Aguirre Pérez y Antonio Roger Chauca Cano contra el Acuerdo de Concejo N.° 37-2011-MDST, que declaró infundada su solicitud de declaratoria de vacancia contra Julio Pioquinto Morales Acosta, alcalde del Concejo Distrital de Santo Toribio, provincia de Huaylas, departamento de Áncash, por la causal prevista en el artículo 22, numeral 9, de la Ley N.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y oídos los informes orales. ANTECEDENTESLa solicitud de declaratoria de vacanciaCon fecha 15 de septiembre de 2011, Yemila Manuela Aguirre Pérez y Antonio Roger Chauca Cano, solicita que se declare la vacancia en el cargo de alcalde Julio Pioquinto Morales Acosta, por considerarlo incurso en la causal prevista en el artículo 22, numeral 9, de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM).La solicitud de declaratoria de vacancia se sustenta en el hecho de que, en julio de 2011, el alcalde celebró un contrato verbal con Isidora Marcelina Ramos Dueñas, con el objeto de que el alcalde construyera nichos en el cementerio municipal a favor de la segunda, todo ello por la suma de S/.1475,00, por lo que el alcalde recibió un adelanto de S/.500,00. Dicha construcción, alegan los solicitantes, se realizó sin ninguna autorización previa de la Municipalidad Distrital de Santo Toribio, a pesar de que se utilizaron materiales de la municipalidad en dicha construcción.Con la finalidad de acreditar sus afirmaciones, los solicitantes presentan declaraciones juradas, así como la copia legalizada de la tarjeta de presentación del alcalde, la que él mismo como suscribe y en la que dice: “Yo, Julio Morales Acosta recibí la suma de S/. 500.00 nuevos soles como adelanto para la construcción de nichos, el cual el costo total será de S/.1475,00. Para mayor constancia, firmo”.Asimismo, adjunta una certificación de tributos realizada por Víctor Eliseo Flores Albites, responsable de administración y rentas de la Municipalidad Distrital de Santo Toribio, que señala Isidora Marcelina Ramos Dueñas no ha realizado ningún pago en la municipalidad sobre el terreno en el cementerio municipal para la construcción de nichos. Los descargos del alcalde Julio Pioquinto Morales AcostaCon fecha 11 de octubre de 2011, el alcalde Julio Pioquinto Morales Acosta presenta su escrito de descargo y manifiesta lo siguiente:1. La municipalidad no construye ni vende nichos, por lo que no resultaba factible que se obligue al gobierno local en un contrato que tenga dicho objeto.2. El contrato celebrado entre el alcalde y Carlos Percy Nolasco Ramos y en virtud del cual recibió S/.500,00, fue de naturaleza privada y en condición de bachiller en ingeniería civil de la autoridad municipal.3. El alcalde contrató con Aquiles Eusebio Bravo Velásquez para que construya los nichos en cuestión, lo que incluía el costo de los materiales y otros gastos adicionales que suponga dicha construcción, como los trámites administrativos ante la municipalidad.4. Aquiles Eusebio Bravo Velásquez solicitó ante la municipalidad la compra del terreno para la construcción de nichos en el cementerio municipal.5. Aquiles Eusebio Bravo Velásquez adquirió en el establecimiento comercial Multiservicios & Ferretería Económica S. R. L., con fecha 31 de agosto de 2011, el material que los solicitantes imputaban que se había sustraído del almacén municipal.6. El recibo que firmó el alcalde no consigna fecha, por lo que no es posible determinar que la misma fue en julio de 2011. En todo caso, el alcalde niega que haya suscrito un contrato con Isidora Marcelina Ramos Dueñas, menos aún con el objeto de construir nichos.7. En ningún momento el alcalde ha dejado de ejercer sus funciones para iniciar la construcción de los nichos en cuestión.Con la finalidad de acreditar sus afirmaciones, el alcalde adjunta los siguientes medios probatorios:1. Informe N.° 11-2011-MDST/SECRETARIA, de fecha 7 de octubre de 2011, elaborado por Elida Floriana Sánchez Aguirre, secretaria de la alcaldía, remitido al alcalde Julio Pioquinto Morales Acosta, mediante el cual señala que no se ha encontrado ninguna solicitud, oficio u otro documento que solicite la certificación de tributos desde enero hasta la fecha, ni tampoco documento alguno en el que se soliciten hacer constataciones en el cementerio municipal.2. Recibo de ingresos 003563, emitido por la Municipalidad Distrital de Santo Toribio el 17 de agosto de 2011, a Aquiles Eusebio Bravo Velásquez, por la venta de espacio de terreno de 7,35 metros cuadrados en el cementerio municipal para Carlos Percy Nolasco Ramos.3. Boleta de venta 005408, emitida por Multiservicios & Ferretería Económica S. R. L. el 31 de agosto de 2011, a Aquiles Eusebio Bravo Velásquez, por la compra de siete (7) bolsas de cemento SOL.4. Boleta de venta 000528, emitida por Fatego Santo Toribio, el 2 de septiembre de 2011, a Aquiles Eusebio Bravo Velásquez, por concepto de transporte de hormigón y cemento desde el distrito de Santo Toribio al cementerio municipal.5. Notificación administrativa 001-2011/MDST/AL, de fecha 22 de julio de 2011, emitida por el alcalde Julio Pioquinto Morales Acosta a Aquiles Eusebio Bravo Velásquez, en atención al Expediente N.° 607-2011, en el que solicita la compra de terreno, y se le informa que debe efectuar el pago respectivo el cual, según el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), es de S/.70,00 por metro cuadrado, con la especificación de que solo se utilizará un área de 7,35 metros cuadrados.6. Solicitud de compra de terreno para la construcción de nichos en el cementerio municipal presentado por Aquiles Eusebio Bravo Velásquez a la Municipalidad Distrital de Santo Toribio el 18 de julio de 2011.7. Recibo por honorarios N.° 0000046, emitido por Aquiles Eusebio Bravo Velásquez a Carlos Percy Nolasco Ramos, en el que da cuenta que recibió S/. 1475.00 por concepto de construcción de nichos a todo costo incluyendo materiales y otros, en el cementerio del distrito de Santo Toribio en un área de 7,35 metros cuadrados. Posición del Concejo Distrital de Santo Toribio En sesión extraordinaria de fecha 3 de noviembre de 2011, con la asistencia del alcalde y cinco regidores, el Concejo Distrital de Santo Toribio, por tres votos a favor de la declaratoria de vacancia y tres en contra, declara infundada la solicitud presentada por Yemila Manuela Aguirre Pérez y Antonio Roger Chauca Cano. Dicha decisión es formalizada mediante el Acuerdo de Concejo N.° 37-2011-MDST, de fecha 3 de noviembre de 2011.Consideraciones de los apelantesCon fecha 22 de noviembre de 2011, Yemila Manuela Aguirre Pérez y Antonio Roger Chauca Cano interponen recurso de apelación contra el Acuerdo de Concejo N.° 37-2011-MDST, reafirmando sustancialmente los argumentos expuestos en la solicitud de declaratoria de vacancia.CUESTIÓN EN DISCUSIÓNLa materia controvertida en el presente caso es determinar si el alcalde Julio Pioquinto Morales Acosta incurrió en la causal de vacancia prevista en el artículo 22, numeral 9, de la LOM.CONSIDERANDOSSobre el valor probatorio de las declaraciones juradas1. El procedimiento de declaratoria de vacancia por incumplimiento de las normas de restricciones de contratación, como ocurre en el presente caso, tiene una naturaleza sancionadora. En ese sentido, cabe formularse la siguiente interrogante: ¿resultaría legítimo que en mérito únicamente de declaraciones juradas pueda declararse la vacancia del cargo de una autoridad democráticamente elegida? Dicho en otros términos, ¿qué valor probatorio puede o se le debe asignar a una declaración jurada en el marco de un procedimiento de declaratoria de vacancia?2. Al respecto, no debemos olvidar que la declaratoria de vacancia del cargo de una autoridad municipal o regional supone despojarla, al menos para el periodo en que fue electa, del ejercicio de su derecho a la participación política, esto es, en el derecho a ser elegido que ha sido concretizado con la asunción de su cargo de autoridad, así como del ejercicio de su derecho de acceso a la función pública. No solo ello, debemos tomar en consideración que la vacancia del cargo de una autoridad municipal o regional implica también incidir negativamente en el ejercicio del derecho a elegir de la ciudadanía y, en general, en el principio de soberanía popular.3. En vista de ello, este órgano colegiado considera que la vacancia del cargo de una autoridad municipal o regional debe proceder únicamente cuando se encuentre debida e indubitablemente acreditada la causal invocada, por lo que no resulta admisible otorgar valor probatorio a las declaraciones juradas que tienen por objeto dicha finalidad.4. Distinto será el caso de las declaraciones juradas o el reconocimiento de las imputaciones por parte de la propia autoridad cuya vacancia se pretende. En dicho supuesto, sin perjuicio del respeto del derecho a la no autoincriminación, que implicaría el deber del Supremo Tribunal Electoral de acreditar la veracidad de los cargos que la autoridad reconoce, ello se deberá determinar en cada caso concreto.Alcances generales de la prohibición establecida en el artículo 63 de la LOM5. La norma aludida señala restricciones a la facultad de contratar del alcalde, regidores, funcionarios, servidores y trabajadores municipales. La finalidad de esta norma es la protección del patrimonio municipal, disposición de vital importancia para que las municipalidades cumplan con sus funciones y finalidades de desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. 6. En el caso de autos, para determinar si el alcalde Julio Pioquinto Morales Acosta ha incurrido en los alcances de la prohibición de contratar, expresada en el artículo 22, numeral 9, concordante con el artículo 63 de la LOM, consideramos necesario verificar el cumplimiento concurrente de los siguientes elementos:a. Elemento subjetivo: Este elemento se satisface con la acreditación de la existencia de una relación bilateral entre la municipalidad –en tanto institución– y un alcalde o regidor –en tanto sujetos particulares–, o de un tercero vinculado a dichas autoridades municipales.b. Elemento objetivo: Al valorar la configuración del presente elemento, deberá determinarse si es que existe: i) un contrato de cualquier tipo, con excepción del contrato de trabajo; ii) un remate de obras o servicios públicos municipales o iii) una adquisición de bienes municipales.c. Conflicto de intereses: Con relación a este punto, se deberá valorar si existe un conflicto de intereses entre la actuación del alcalde o regidor en su calidad de autoridad, y su posición o actuación como persona particular. Análisis del caso concretoElemento subjetivo7. En el presente caso consideramos que concurre la presencia de dicho elemento, por cuanto podemos apreciar la existencia de la relación bilateral establecida entre el gobierno local y Aquiles Eusebio Bravo Velásquez, persona a la que el alcalde reconoce que contactó para que construyera los nichos en el cementerio municipal, por encargo de Carlos Percy Nolasco Ramos. Conforme puede advertirse, la relación no se establece entre el alcalde como autoridad y el alcalde como ciudadano o sujeto particular, como lo sostienen los solicitantes de la declaratoria de vacancia, sino entre el alcalde como autoridad y un tercero vinculado a este.Elemento objetivo8. En el caso concreto se advierte que fue Aquiles Eusebio Bravo Velásquez y no el alcalde Julio Pioquinto Morales Acosta quien solicitó ante el Concejo Municipal la adquisición de terreno en el cementerio municipal para la construcción de nichos. Al respecto, cabe mencionar que ello se encuentra previsto en el TUPA del referido gobierno local, por lo que cabría preguntarse si nos encontramos ante una relación contractual o ante un procedimiento administrativo en sentido estricto. Dicha interrogante no resulta intrascendente, puesto que, si concluimos que el caso concreto se trata sobre un procedimiento administrativo, esto es, de un procedimiento reglado; entonces nos encontraríamos fuera del ámbito de aplicación de lo dispuesto en el artículo 22, numeral 9, de la LOM. Efectivamente, lo que persigue con el artículo en cuestión es evitar que se obtenga un provecho indebido, que se favorezca, quebrantando el principio-derecho de igualdad, a la propia autoridad municipal como sujeto particular o a una persona directamente vinculada con esta —entiéndase, con la autoridad municipal—. En el marco de un procedimiento administrativo, no existe mayor margen de discrecionalidad a la autoridad municipal, puesto que bastará el cumplimiento de los requisitos señalados en el TUPA del gobierno local, para que se estime la pretensión del administrado, sea que se trate de cualquier persona o de la propia autoridad municipal, cuando actúe como un sujeto particular.9. Este órgano colegiado considera que en el presente caso nos encontramos ante un procedimiento administrativo que, como resulta evidente, tiene como partes a la municipalidad distrital y Aquiles Eusebio Bravo Velásquez, persona vinculada con el alcalde Julio Pioquinto Morales Acosta. Sin embargo, no nos encontramos ante una relación contractual, por lo que, al no concurrir el elemento objetivo, la solicitud de vacancia debe ser desestimada.Conflicto de intereses10. Sin perjuicio de que se ha concluido que no concurre el elemento objetivo, este Tribunal Electoral considera que en el supuesto de que concurriese, no podría admitirse el pedido de declaratoria de vacancia pues faltaría el requisito del conflicto de intereses.11. Como lo mencionan los propios solicitantes, solo existe un único cementerio en el distrito de Santo Toribio, que es precisamente el cementerio municipal. Asimismo, existe consenso en que la construcción de los nichos en el cementerio municipal no se construye para el alcalde Julio Pioquinto Morales Acosta, sino para un tercero: Carlos Percy Nolasco Ramos.12. El hecho que exista un único cementerio, que es precisamente el administrado por el gobierno local, supone que los ciudadanos (el alcalde y regidores incluidos) no puedan contratar a adquisición de terreno y adquisición de nichos en otro cementerio, puesto que este no existe. Interpretar lo contrario, por ejemplo, supondría que el alcalde o regidor tenga que trasladar los cuerpos de sus familiares fallecidos fuera de la jurisdicción municipal. 13. Aparte de ello, el que a) los nichos hayan sido construidos a favor de un tercero y no en provecho propio del alcalde, para lo cual se realizaron los trámites administrativos correspondientes ante el gobierno local; b) se encuentra debidamente acreditado que Aquiles Eusebio Bravo Velásquez adquirió ante empresas municipales los materiales destinados a la construcción de los nichos en cuestión, y c) no exista prueba fehaciente que permita acreditar un menoscabo al patrimonio municipal en el pago que recibió el alcalde Julio Pioquinto Morales Acosta, más aún si dicho monto coincide con el consignado en el recibo por honorarios emitido por Aquiles Eusebio Bravo Velásquez a Carlos Percy Nolasco Ramos, precisamente, por la construcción de los nichos en el cementerio municipal; conducen a este órgano colegiado a concluir que no existe un conflicto de intereses; por lo que la solicitud de declaratoria de vacancia debe ser desestimada.CONCLUSIÓNPor lo expuesto, valorados de manera conjunta los medios probatorios contenidos en autos, este órgano colegiado concluye que el alcalde Julio Pioquinto Morales Acosta no ha incurrido en la causal de vacancia prevista en el artículo 22, numeral 9, de la LOM.Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones,RESUELVEArtículo único.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Yemila Manuela Aguirre Pérez y Antonio Roger Chauca Cano y CONFIRMAR el Acuerdo de Concejo N.° 37-2011-MDST, que declaró infundada su solicitud de declaratoria de vacancia contra Julio Pioquinto Morales Acosta, alcalde del Concejo Distrital de Santo Toribio, provincia de Huaylas, departamento de Áncash, por la causal prevista en el artículo 22, numeral 9, de la Ley N.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Regístrese, comuníquese y publíquese.SS.SIVINA HURTADOMINAYA CALLE DE BRACAMONTE MEZAVELARDE URDANIVIABravo Basaldúa Secretario General jrnw
RESOLUCION N° 005-2012-JNE
Expediente N.° J-2011-00790 Lima, cinco de enero de dos mil doceVISTO, en audiencia pública de fecha 5 de enero de 2012, el recurso de apelación interpuesto por José Carlos Mendoza Tapia contra el acuerdo adoptado en la sesión extraordinaria de fecha 3 de noviembre de 2011, que declaró infundada su solicitud de vacancia contra Antonio Roger Chauca Cano, Manuel Braulio Mendoza Huete y Yemila Manuela Aguirre Pérez, regidores del Concejo Distrital de Santo Toribio, provincia de Huaylas, departamento de Áncash, por la causal prevista en el artículo 11 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y oídos los informes orales.ANTECEDENTESLa solicitud de vacancia Con fecha 26 de septiembre de 2011, José Carlos Mendoza Tapia solicitó la vacancia de Antonio Roger Chauca Cano, Manuel Braulio Mendoza Huete y Yemila Manuela Aguirre Pérez, alegando que han ejercido funciones ejecutivas o administrativas, bajo los siguientes fundamentos:a. En la sesión ordinaria del 24 de enero de 2011, los citados regidores acordaron lo siguiente: i) que el control del personal administrativo estuviese a cargo de la secretaria del municipio, ii) el plan estratégico de ganadería fuera elaborado por el ingeniero Yuri, iii) que la movilidad sea contratada con la empresa Multiservicios Aries y iv) aprobaron la escala de viáticos para el alcalde y regidores. b. En la sesión ordinaria del 19 de febrero de 2011, los mencionados regidores adoptaron los siguientes acuerdos: i) conformar el Comité de Contrataciones y Adquisiciones y designar a sus integrantes, ii) el regidor Antonio Roger Chauca Cano pidió que el personal de almacén labore los sábados media jornada.c. En la sesión ordinaria de fecha 4 de marzo de 2011 acordaron lo siguiente: i) la regidora Yemila Manuela Aguirre Pérez informó sobre su viaje a la ciudad de Caraz para la contratación de docentes y sobre las fichas de evaluación, ii) el regidor Antonio Roger Chauca Cano informó sobre las coordinaciones que efectuó en la Universidad Cayetano Heredia sobre la contratación de docentes, iii) conformaron una comisión de evaluación de los contratos para docentes sin contar con el respectivo informe de disponibilidad presupuestal e incluso fijaron las remuneraciones; asimismo designaron como miembros de dicha comisión a los regidores Antonio Roger Chauca Cano y Yemila Manuela Aguirre Pérez. d. En la sesión ordinaria del 11 de abril de 2011, los regidores cuestionados acordaron lo siguiente: i) designaron a la fedataria de la entidad; ii) la contratación de una auditoría; sin embargo, posteriormente efectuaron cambios a dicho acuerdo, en contravención a la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM), iii) decidieron sobre la contratación de docentes para estimulación temprana, personal de salud, y iv) manifestaron su disconformidad con los movimientos del personal del municipio e insistieron en cesar el contrato de servicios de la contadora Rosa Rocío Tamariz Obregón y del ingeniero Robinson.e. En la sesión ordinaria de fecha 29 de abril de 2011, incurrieron en los siguientes hechos: i) el regidor Manuel Mendoza informó sobre la festividad del patrón de Santo Toribio, en la que ejerció labores de ejecución presupuestal; ii) la regidora Yemila Manuela Aguirre Pérez informó nuevamente sobre su visita a la UGEL Huaylas en Caraz; iii) el regidor Manuel Mendoza actuó como gestor de negocios proponiendo los servicios de una empresa auditora y solicitó la reconsideración de lo acordado en la sesión de fecha 11 de abril de 2011, sin cumplir los requisitos que establece el artículo 51 de la LOM; iv) el regidor Antonio Roger Chauca Cano solicitó la disolución del contrato de la contadora porque no estaba de acuerdo con que siga trabajando, y v) decidieron que, a partir de esa fecha, Olga Caballero Sarmiento se hiciera cargo de abastecimiento y almacén.f. En la sesión del 3 de junio de 2011, incurrieron en los siguientes hechos: i) el regidor Manuel Mendoza solicitó que se contratase al personal de campo y administrativo por locación de servicios; ii) acordaron que el cese del personal debía darse en sesión de concejo y no con documentos, y que, a más tardar, el 6 de junio deberían cesar los contratos de la contadora, de Celso Rau y del ingeniero Percy Sáenz; iii) a pedido del regidor Antonio Roger Chauca Cano, acordaron paralizar las obras en ejecución por falta de transparencia; iv) con relación a la movilidad, acordaron que se debía pagar S/.2100 y no S/.4800 y que el gerente tenía que devolver viáticos y pasajes, y v) respecto de los teléfonos celulares contratados por el alcalde, acordaron que el 6 de junio todo el personal que tenía equipos RPC debía devolverlos. g. En la sesión ordinaria de fecha 25 de junio de 2011 los regidores cuestionados reconocieron haber acordado utilizar teléfonos celulares para uso personal e incluso los regidores Manuel Mendoza Huete y Yemila Manuela Aguirre Pérez reconocen haber solicitado dos celulares para sus familiares, pese a que en las atribuciones que les otorga la ley no les corresponde, pues no deben cumplir labores administrativas. Además, en la citada sesión acordaron el corte del servicio de todos los equipos celulares y precisaron que el uso de teléfonos solo debe ser para el alcalde y para los regidores, no para el personal administrativo. Descargos de los regidores Con fecha 10 y 20 de octubre de 2011, los regidores Antonio Roger Chauca Cano, Manuel Braulio Mendoza Huete y Yemila Manuela Aguirre Pérez presentaron sus descargos en los que manifiestan lo siguiente:a. Ninguno de los acuerdos de concejo mencionados han sido ejecutados, prueba de ello es que todos los trabajadores mencionados continúan laborando hasta la fecha.b. El artículo 20, numeral 3, de la LOM establece que es atribución del alcalde ejecutar los acuerdos del concejo municipal. En tal sentido, los regidores no tienen la capacidad de ejecutar sus acuerdos.c. La causal invocada solo se configura cuando los regidores ocupan alguna de las plazas señaladas en el CAP o por designación, o por algún cargo de confianza, lo que no ha ocurrido.d. La propuesta de contratación de personal de campo y administrativo solo constituye una recomendación.e. Respecto a los viáticos que en algunas oportunidades les han abonado, se efectuó por acuerdo del concejo municipal y con autorización del propio alcalde.f. Si el asesor legal así como el alcalde han estado presentes en todas las sesiones ordinarias que menciona el solicitante de la vacancia, debieron hacer alguna observación sobre la ilegalidad del acuerdo, sin embargo no se aprecia observación alguna. Posición del Concejo Distrital de Santo Toribio Mediante el acuerdo de sesión extraordinaria, de fecha 3 de noviembre de 2011, luego de escuchar el descargo de los regidores, el concejo municipal acordó, por unanimidad, declarar infundada la solicitud de vacancia del cargo de regidores que ejercen Antonio Roger Chauca Cano, Manuel Braulio Mendoza Huete y Yemila Manuela Aguirre Pérez. Consideraciones del apelanteEl 23 de noviembre de 2011, José Carlos Mendoza Tapia interpuso recurso de apelación contra el acuerdo de concejo que declaró infundada la vacancia, por los siguientes argumentos:a. Los actos o funciones administrativas han sido realizadas por los regidores cuestionados con conocimiento de ello y no por ignorancia o porque alguien los haya hecho incurrir en error. Es así que en el sesión extraordinaria de 3 de junio de 2011 tomó conocimiento del informe legal n.° 43 emitido por el asesor legal del municipio en el que señaló que respecto de tales acuerdos cuestionados advirtió en los informes 22 y 29 que estaban incurriendo en la causal invocada, incluso sugirió que reconsideraran dichos acuerdos; sin embargo, no lo hicieron por autoritarismo.b. Los regidores cuestionados tienen formación superior; por ende, los acuerdos que adoptaron se hicieron con el ánimo de recortar las funciones del alcalde para entorpecer su función administrativa.c. Al adoptar decisiones administrativas como paralizar obras, cesar personal o designar fedataria y a los miembros del Comité de Contrataciones, ¿quién fiscalizaría estos actos?, lo que pone a la Municipalidad de Santo Toribio en situación de ingobernabilidad en la que no se cumplen las atribuciones que a cada órgano le ha otorgado la Constitución Política del Perú y la LOM.d. El regidor Roger Chauca formó parte de la comisión evaluadora para la contratación de docentes, en cuyo procedimiento resultó ganadora su sobrina Liseth Rosario Chauca Chauca, conforme al acta de evaluación, contrato y recibo por honorarios por lo que se evidencia claramente la incompatibilidad de funciones. CUESTIÓN EN DISCUSIÓNDeterminar si los regidores Antonio Roger Chauca Cano, Manuel Braulio Mendoza Huete y Yemila Manuela Aguirre Pérez han ejercido funciones administrativas o ejecutivas que configure la causal de vacancia prevista en el artículo 11 de la LOM. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓNLos alcances del segundo párrafo del artículo 11 de la LOM1. El artículo 11 de la LOM dispone en su segundo párrafo lo siguiente:“[…]Los regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o administrativos, sean de cargos de carrera o de confianza, ni ocupar cargos de miembros de directorio, gerente u otro, en la misma municipalidad o en las empresas municipales o de nivel municipal de su jurisdicción. Todos los actos que contravengan esta disposición son nulos y la infracción de esta prohibición es causal de vacancia en el cargo de regidor”.2. En ese sentido, resulta importante para este órgano electoral recordar que, mediante la Resolución N.° 241-2009-JNE, se realizó una interpretación de la referida disposición, en la que se señala que esta “[…] responde a que de acuerdo al numeral 4 del artículo 10 de la citada ley, el regidor cumple una función fiscalizadora, siendo ello así, se encuentra impedido de asumir funciones administrativas o ejecutivas dentro de la misma municipalidad, de lo contrario entraría en un conflicto de intereses asumiendo un doble papel, la de administrar y fiscalizar”.3. Es de indicar que se entiende por función administrativa o ejecutiva a toda actividad o toma de decisión que implica una manifestación de la voluntad estatal destinada a producir efectos jurídicos sobre el administrado. De ahí que cuando el artículo 11 de la LOM establece la prohibición de realizar función administrativa o ejecutiva respecto de los regidores, ello supone que dichas autoridades no están facultadas para la toma de decisiones con relación a la administración, dirección o gerencia de los órganos que comprenden la estructura municipal. 4. La finalidad de la causal de declaratoria de vacancia prevista en el segundo párrafo del artículo 11 de la LOM es la de evitar la anulación o menoscabo relevante a las funciones fiscalizadoras que son inherentes al cargo de regidor. En ese sentido, si es que los hechos imputados a algún regidor no supone, en cada caso concreto, una anulación o afectación del deber de fiscalización de la citada autoridad municipal, no debería proceder una solicitud de declaratoria de vacancia en dicho caso.Análisis del caso concreto5. En el presente caso, sobre la base de los medios probatorios aportados por el solicitante, que constituyen los motivos por los cuales se pide la declaratoria de vacancia de los regidores Antonio Roger Chauca Cano, Manuel Braulio Mendoza Huete y Yemila Manuela Aguirre Pérez, se analizará cada imputación y se determinará si sus actuaciones han infringido la prohibición prevista en el segundo párrafo del artículo 11 de la LOM.A. Sobre el control del personal administrativo 6. Sobre los acuerdos cuestionados por el solicitante, en el acta de sesión de concejo del 24 de enero de 2011, se señala lo siguiente: “[T]omó la palabra el regidor Antonio Chauca Cano manifestando [sic] que no se estaba cumpliendo con el tapado de los buzones de desagüe, el estado en que se encuentra la movilidad, sobre la rotación del personal del vivero, cómo y quién lo está controlando, porque hay comentarios que no están haciendo nada esperando a que uno les ordene, pidió tener bastante control con todo el personal que viene laborando para la municipalidad […] sobre el control del personal administrativo quedó aprobado que de ahora en adelante llevará el control la Secretaria […]”.Es de anotar que en la citada sesión de concejo estuvo presente el alcalde y los cinco regidores que conforman el concejo municipal, y se advirtió que el acuerdo adoptado con relación a que el control del personal esté a cargo de la secretaria del municipio se obtuvo por decisión unánime de los asistentes. A criterio de este órgano colegiado, dicho acuerdo obedece a la facultad del concejo municipal de fiscalizar la función o el desempeño de los funcionarios, conforme lo establece el artículo 9, inciso 33, de la LOM, por lo que no se configura la causal de vacancia por este hecho. B. Con relación a la elaboración del plan estratégico de ganadería.7. En el acta de sesión ordinaria de fecha 24 de enero de 2011 se señala como punto de agenda la elaboración del plan estratégico en ganadería. Ante lo cual el Pleno del concejo acordó que la elaboración del plan estratégico de ganadería esté a cargo del ingeniero Yuri, en coordinación con el ingeniero Hildebrando Pérez. Pues bien, a juicio de este órgano colegiado, dicho acuerdo no constituye función administrativa o ejecutiva atribuible a los regidores, sino una decisión del Pleno del concejo municipal, como órgano colegiado, por lo que no se configura la causal de vacancia por este hecho. C. Respecto de la contratación de movilidad 8. Según el acta de sesión ordinaria de fecha 24 de enero de 2011, se señala como punto de agenda la movilidad. En dicha acta consta que el servicio de movilidad se estaba alquilando de la empresa Multiservicios Aries a un costo de S/.150,00 diarios. Al respecto, tal como está redactada el acta, no se advierte que los regidores cuestionados hayan ejercido alguna función o acto administrativo o ejecutivo, en tanto que se aprecia que se puso en consideración del Pleno del concejo la contratación del servicio de movilidad, lo cual fue aprobado con el voto unánime de los asistentes. Por ello, no se configura la causal de vacancia invocada por este hecho. D. Sobre la aprobación de la escala de viáticos para el alcalde y regidores9. Del acta de sesión de concejo mencionada, aparece que se aprobó la escala sobre los viáticos de alcalde y los regidores. No obstante, dicho acuerdo fue adoptado por el Pleno del concejo municipal en decisión unánime por lo que, a criterio de este órgano colegiado, no se evidencia que los regidores cuestionados, por sí solos hayan ejercido función o acto administrativo o ejecutivo. En tal sentido, no se configura la causal de vacancia invocada. E. En cuanto a la conformación del Comité de Contrataciones y Adquisiciones 10. Según el acta de sesión ordinaria de fecha 19 de febrero de 2011, como punto 2 de la agenda se señala “formar el Comité de Contrataciones y Adquisiciones con el Estado”. Del tenor de dicha acta, se aprecia que los miembros del concejo municipal acordaron conformar el Comité de Contrataciones y Adquisiciones con el Estado y designaron como sus miembros a Robinson Marx Alba Carretero (Presidente), Maribel Belinda Quiñones Rodriguez y Olga Caballero Sarmiento (miembros).Cabe precisar que en efecto, según la normativa de la materia, es el titular de la entidad quien designa a los miembros del comité especial; sin embargo, es menester relievar que, en el caso de autos, este máximo organismo electoral advierte que el alcalde, quien estuvo presente en la sesión, ha puesto en consideración del Pleno del concejo municipal la designación de tal comité, lo cual legitima el accionar de los regidores, y, a criterio de este órgano colegiado, no anula o menoscaba la función fiscalizadora de dichos regidores; por lo que debe desestimarse la solicitud de vacancia en este extremo. 11. Por otro lado, se advierte del acta que el regidor Antonio Roger Chauca Cano mostró su inquietud en cuanto al personal de almacén que no estaba cumpliendo con el horario establecido y que deberían asistir también los sábados medio día. Sobre el particular, este órgano colegiado advierte que lo manifestado por el citado regidor obedece a su facultad de fiscalización de la labor del personal del municipio y lo señalado respecto del horario de trabajo para los sábados, resulta ser un pedido o una recomendación que, por sí solo, no constituye una función o acto administrativo. En consecuencia, no se configura la causal de vacancia por ese hecho. F. Sobre el informe de la regidora Yemila Aguirre Pérez y del regidor Antonio Roger Chauca Cano 12. En el acta de sesión ordinaria de fecha 4 de marzo de 2011, en la estación informes consta lo siguiente: “La regidora Yemila informó sobre su viaje a la ciudad de Caraz, en el cual se priorizó la contratación de una profesora para la IE. Víctor Flores Cortez, también hizo mención de que la IE. Simón Bolívar de Iscap requiere de un personal de servicio y auxiliar. En seguida informó sobre las fichas de evaluación para la contratación de maestros. También mencionó que el día anterior estuvo en la UGEL donde le solicitaron apoyo con movilidad para que un profesor supervise la IE. del distrito. Dicho informe pasó a orden del día[…] Seguidamente, el regidor Roger informó que hizo algunas coordinaciones con la Universidad Cayetano Heredia, también hizo mención sobre la contratación de profesores”. Al respecto, se advierte que los citados regidores pusieron en conocimiento del concejo municipal diversas actividades realizadas por ellos, sobre las cuales este máximo Tribunal Electoral considera que el contenido de los informes no revela incuestionablemente que hayan realizado alguna función o acto administrativo o ejecutivo que configure la causal de vacancia invocada en este extremo. G. Designación de la fedataria del municipio. 13. En el acta de la sesión ordinaria de fecha 11 de abril de 2011, se señala como punto 2 de la agenda la designación de la fedataria en la Municipalidad Distrital de Santo Toribio. Del tenor de la citada acta se aprecia lo siguiente: “sobre la designación de fedataria de la MDST, por unanimidad, queda aprobado designar a la Secretaria para que asuma las funciones de fedataria”.Al respecto, si bien los regidores han participado en la toma de decisión para designar a la funcionaria responsable de caja chica, este Pleno considera que tal decisión, al haber sido adoptada en consenso con el alcalde, quien ha presidido la sesión, evidencia que los regidores por sí solos no han ejercido función administrativa que configure la prohibición contemplada en el artículo 11 de la LOM y tampoco conlleva a un menoscabo en su labor fiscalizadora; por lo que este Pleno estima que no se configura la causal de vacancia invocada por este hecho. H. Sobre la contratación de docentes para estimulación temprana 14. Según el acta de sesión de concejo de 11 de abril de 2011, se señala como punto 6 de la agenda la contratación de un docente de estimulación temprana. En esta se señala textualmente: “[…] en cuanto al contrato de docente para estimulación temprana, por unanimidad se acordó que exista un ambiente para estimulación temprana y estarán coordinando con la profesora de la IE para que les preste un ambiente […]”.Del tenor del citado acuerdo, se evidencia que los regidores cuestionados han decidido que exista un ambiente para estimulación temprana, lo que no evidencia que dichos regidores hayan ejercido algún acto o función administrativa o ejecutiva al adoptar tal decisión. En tal sentido, no se configura la causal invocada por este hecho. I. Sobre el movimiento de personal del municipio 15. En la referida acta se señala literalmente: “[…] Seguidamente la regidora Yemila menciona que no está de acuerdo por el movimiento que se está haciendo con el personal, también el regidor Roger Chauca está en desacuerdo con que se viene contratando al personal sin ninguna evaluación; el alcalde menciona en cuanto al personal administrativo será a su cargo, solo los regidores son fiscalizadores no tendrán nada que ver con el personal administrativo, quedando desautorizados en cuanto al movimiento del personal […]”.De lo expuesto en el citado acuerdo, se aprecia que los regidores cuestionados expresaron su desacuerdo respecto de los cambios efectuados en el personal y que la contratación de personal se realice sin evaluarlos, lo cual a juicio de este órgano colegiado es una facultad fiscalizadora de los regidores respecto de los actos de la administración, sin que ello signifique una intromisión en las funciones administrativas o ejecutivas. J. Sobre los informes realizados por el regidor Manuel Mendoza Huete y la regidora Yemila Aguirre Pérez16. En la estación informes del acta de sesión ordinaria de fecha 29 de abril de 2011, el regidor Manuel Mendoza informó sobre la festividad del patrón Santo Toribio, la cual se realizó de forma normal. Asimismo, la regidora Yemila Aguirre Pérez informó sobre su presencia en la UGEL para tratar temas sobre los docentes y que el Pronei se convierta en institución educativa del centro poblado de Tambo.Al respecto, se advierte que los citados regidores pusieron en conocimiento del concejo municipal diversas actividades que realizaron; sin embargo, este Pleno considera que el contenido de los informes no revela incuestionablemente que los citados regidores hayan realizado alguna función o acto administrativo o ejecutivo que configure la causal de vacancia invocada en este extremo. K. En cuanto el pedido formulado por el regidor Manuel Mendoza Huete17. En la estación orden del día de la citada acta consta lo siguiente: “El regidor Manuel Mendoza Huete pide la reconsideración en cuanto a la auditoría del Estado para ver si se aprueba hacer una auditoría privada y el tema ya fue tratado en la asamblea anterior, por lo que se lleva a votación para su aprobación, quedando [sic] aprobado por mayoría de los regidores a la reconsideración. Seguidamente, se lleva a votación si se va a contratar una auditoría del Estado o privada, se llegó a un acuerdo que en cuanto a la propuesta hecha tienen que presentar su experiencia laboral. […]”Con relación a este hecho, se aprecia que el regidor Manuel Mendoza Huete solicitó al Pleno del concejo la reconsideración del acuerdo adoptado en la sesión ordinaria de fecha 11 de abril de 2011 en la que se decidió contratar una auditoría del Estado. Dicha solicitud del regidor, no implica el ejercicio de una función administrativa o ejecutiva, al margen de que si el pedido de reconsideración cumpliera o no con los presupuestos establecidos en el artículo 51 de la LOM; por lo que no se configura la causal de vacancia invocada en este extremo. L. Con relación a la solicitud formulada por el regidor Antonio Roger Chauca Cano18. En la mencionada acta consta lo siguiente: “El regidor Roger Chauca pide se disuelva el contrato de la contadora porque una vez más demuestra su incapacidad y no es capaz para llevar las funciones de contadora, por lo tanto se pide contratar un personal capaz de asumir estas funciones. […] En cuanto a la disolución del contrato de la contadora los regidores no están de acuerdo que siga trabajando la contadora […]. Sobre el particular, este órgano colegiado advierte que el regidor Antonio Roger Chauca Cano efectuó un pedido sobre la resolución del contrato de la contadora del municipio, lo que obedece a su facultad de fiscalización de la labor del personal que no constituye una función o acto administrativo. En consecuencia, no se configura la causal de vacancia por ese hecho. M. Sobre el cargo de abastecimiento y almacén de Olga Caballero Sarmiento 19. De la referida acta se aprecia que el concejo municipal aprobó que Olga Caballero se hiciera cargo de abastecimiento y almacén. Dicha decisión del Pleno del concejo municipal, no implica el ejercicio de función ejecutiva o administrativa que menoscabe la función fiscalizadora de los regidores, por lo que no se configura la causal en este extremo. N. Sobre la solicitud del regidor Manuel Mendoza Huete20. Conforme es de verse del acta de sesión ordinaria de fecha 3 de junio de 2011, en la sección pedidos el regidor Manuel Mendoza pide que el contrato del personal de campo y administrativo sea por locación o CAS. Sobre este hecho, este órgano colegiado advierte que se trata de un pedido del regidor que no constituye una función administrativa o ejecutiva, por lo que no se configura la causal de vacancia en este extremo. O. Con relación al cese del personal 21. Del tenor del acta se aprecia lo siguiente: “En cuanto al cese del contrato de la contadora, señor Celso Rau y el ingeniero Percy Sáenz, el regidor Roger manifiesta que se tiene que cesar el contrato por incapacidad del personal de quienes se está pidiendo el cese de contratos. Este se debe aprobar en sesión no con documentos. […] después de una amplia deliberación de los señores regidores sobre cese de contratos a más tardar el día lunes 6 de junio del presente año se debe cesar los contratos de: la contadora, señor Celso Rau, ingeniero Percy Sáenz, los señores regidores Manuel Mendoza Huete, Yemila Aguirre Pérez Sáenz María Alejandrina Escalante Pajuelo y el señor Roger Chauca Cano votan a favor para el cese de contratos del personal administrativo dándose un plazo hasta el día 6 de junio del presente año, el cese del contrato de la contadora se pide por incapacidad, del sr. Celso Rau por asumir funciones sin tener vínculo laboral con la municipalidad y del Ing. Percy por asumir funciones que no le corresponden. […] Estando formulada la petición de Roger Chauca Cano pide que se disuelva el contrato de la señora Olga Caballero Sarmiento por incompetente y conflictiva […] llevándose a votación […] el regidor Manuel Mendoza Huete, Yemila Aguirre Perez, María Alejandrina Escalante Pajuelo, Roger Cahuca Cano votan a favor […]”.Respecto de este hecho es menester relievar que, a criterio de este Pleno, la solicitud de cese de los trabajadores por sí sola no constituye un acto administrativo, en tanto que la decisión del concejo municipal por mayoría, debe ser ejecutada por la respectiva autoridad administrativa del municipio. En ese sentido, en este caso en concreto, no se evidencia que los regidores cuestionados hayan incurrido en la causal de vacancia invocada.P. Sobre la paralización de las obras 22. En la referida acta se señala que los regidores Manuel Mendoza Huete, Yemila Aguirre Pérez, María Escalante Pajuelo y Antonio Roger Chauca Cano votaron a favor para que se paralicen las obras por falta de transparencia. Al respecto, este órgano electoral considera que dicho acuerdo no evidencia el ejercicio de alguna función administrativa o ejecutiva ni menoscaba la función fiscalizadora de los regidores, por lo que no procede la vacancia por este hecho. Q. En cuanto al monto de la movilidad23. En la mencionada acta se transcribe lo siguiente: “[…] del mismo modo en cuanto al pago de movilidad se le debería pagar S/.2100 y no S/.4800. Asimismo, en cuanto al gerente tendrá que hacer la devolución de viáticos y pasajes […]”.Al respecto este Pleno considera que, tal como está redactada el acta, no se advierte que los regidores cuestionados hayan ejercido función administrativa o ejecutiva, por sí solos, que configure la causal de vacancia invocada en este extremo. R. Con relación a la devolución de equipos celulares24. Del tenor de la citada acta se aprecia lo siguiente: “[…] en cuanto a la entrega de equipos de RPC, todo el personal que tenga en poder el equipo de RPC hasta el día lunes 06 de junio tendrán que hacer entrega […]”. Sobre el particular, este órgano colegiado no advierte que los regidores cuestionados hayan ejercido alguna función administrativa o ejecutiva que menoscabe su función fiscalizadora y que configure la causal invocada. En tal sentido, la pretensión de vacancia debe ser desestimada por este hecho. S. Con relación a los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria de fecha 25 de junio de 2011 25. En el acta de sesión de concejo de fecha 25 de junio de 2011 consta que los regidores cuestionados reconocieron haber utilizado teléfonos celulares para uso personal e incluso los regidores Manuel Mendoza y Yemila Aguirre reconocieron haber solicitado dos celulares para sus familiares. Además, decidieron suspender del servicio de todos los equipos celulares y que el uso de dichos teléfonos solo sería para el alcalde y los regidores y no para el personal administrativo.Al respecto, este órgano colegiado considera que la utilización de teléfonos celulares con relación a los regidores no implica que ellos hayan ejercido alguna función administrativa o ejecutiva. Asimismo, la decisión de suspender el servicio de celulares al personal administrativo no significa el ejercicio de una función administrativa que conlleve a la causal de vacancia invocada. T. Sobre la conformación de la comisión de evaluación de los contratos para docentes. 26. En el desarrollo de la sesión ordinaria de fecha 4 de marzo de 2011 se aprecia lo siguiente: “[…] Orden del día: Seguidamente se pasa a conformar la comisión para la evaluación de docentes para contrato para la [sic] IE Ernestina Villar Quenti y Simón Bolívar de Iscap, […] quedando conformada la comisión evaluadora de docentes del siguiente modo: presidente, regidor Antonio Roger Chauca Cano, secretario regidora Yemila Manuela Aguirre Pérez, miembro N° 01 Presidente de aula de la I.E Ernestina Villar Alba-Quenti, miembro N° 02, Presidente de aula I.E Simón Bolívar Iscap”.Además, obra en autos el acta del proceso de evaluación para contrato de docentes de fecha 25 de marzo de 2011 en la cual la comisión de evaluación calificó los expedientes presentados por los postulantes y se les asignó los puntajes correspondientes así como de las entrevistas realizadas. Asímismo, se consigna el resultado del proceso en el que aparece con mayor puntaje Lizeth Rosario Chauca Chauca. Concluido el proceso acordaron elevar el informe correspondiente a la alcaldía con los documentos respectivos. Dicha acta está suscrita por los regidores Antonio Roger Chauca Cano y Yemila Manuela Aguirre Pérez, como presidente y secretaria, respectivamente, de la referida comisión.Asimismo, obra en autos el contrato de locación de servicios 034-2011-MDST/A celebrado entre la Municipalidad Distrital de Santo Toribio representada por su alcalde y Liseth Rosario Chauca Chauca para que preste servicios como docente de aula. 27. De la valoración conjunta de los citados medios de prueba, este Supremo Tribunal Electoral arriba a la convicción de que los regidores Antonio Roger Chauca Cano y Yemila Manuela Aguirre Pérez han evaluado a las personas que postularon a una plaza de docente en el distrito de Supe, tal como se evidencia del “acta del proceso de evaluación para contrato de docentes”, en cuyo contenido se aprecia que ambos regidores calificaron los expedientes presentados por los postulantes y los entrevistaron. Asimismo, otorgaron el resultado final de la calificación que dio como ganadora a Lizeth Rosario Chauca Chauca, cuyo contrato fue suscrito por el alcalde. En efecto, tal conducta de los regidores, a juicio de este órgano electoral, constituye una función administrativa que está reservada al personal administrativo del municipio y por ende implica una afectación al deber de fiscalización que es propio del cargo de regidor. Además, el accionar de los regidores produjo efectos jurídicos, cual es la contratación de Lizeth Rosario Chauca Chauca en el municipio. Por ello, dicho accionar cuestionado contraviene lo establecido en el segundo párrafo del artículo 11 de la LOM, conforme lo ha establecido también este Pleno en la Resolución N.° 306-2010-JNE, en un caso similar al de autos.Es propicio señalar que el ejercicio de la atribución establecida en el artículo 9, inciso 15, de la LOM, esto es conformar comisiones ordinarias y especiales, se desarrolla en función de las limitaciones que dicho cuerpo legal establece, conforme se ha establecido en la Resolución N.° 194-2010-JNE. 28. Por consiguiente, en este caso en concreto, procede la vacancia de los regidores Antonio Roger Chauca Cano y Yemila Manuela Aguirre Pérez en este extremo al haber infringido la prohibición contemplada en el segundo párrafo del artículo 11 de la LOM. CONCLUSIÓNPor consiguiente, este Supremo Tribunal Electoral, apreciando los hechos con criterio de conciencia, conforme al artículo 23 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, y compulsados los medios probatorios ofrecidos por ambas partes procesales, concluye lo siguiente:a. Los regidores Antonio Roger Chauca Cano y Yemila Manuela Aguirre Pérez han ejercido función administrativa al evaluar a los postulantes a un puesto de docente, lo que configura la causal de vacancia, por lo que el acuerdo de concejo impugnado deber ser revocado en este extremo.b. El regidor Manuel Braulio Mendoza Huete no ha ejercido acto o función administrativa o ejecutiva que configure la causal de vacancia invocada por lo que el acuerdo de concejo impugnado debe ser confirmado en este extremo. Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, bajo la presidencia del doctor José Luis Santos Velarde Urdanivia por ausencia del presidente titular, en uso de sus atribuciones,
Artículo primero.- Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por José Carlos Mendoza Tapia, REVOCAR el acuerdo adoptado en la sesión extraordinaria de fecha 3 de noviembre de 2011 en el extremo que declaró infundada la solicitud de vacancia contra Antonio Roger Chauca Cano y Yemila Manuela Aguirre Pérez, regidores del Concejo Distrital de Santo Toribio, provincia de Huaylas, departamento de Áncash, por la causal prevista en el artículo 11 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, REFORMÁNDOLO declarar la vacancia de Antonio Roger Chauca Cano y Yemila Manuela Aguirre Pérez, regidores del Concejo Distrital de Santo Toribio, por la causal prevista en el artículo 11 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y CONFIRMAR en el extremo que declaró infundada la solicitud de vacancia contra Manuel Braulio Mendoza Huete, regidor del Concejo Distrital de Santo Toribio, provincia de Huaylas, departamento de Áncash por la causal prevista en el artículo 11 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Artículo segundo.- CONVOCAR a David Bernabé Escalante Pumaricra y Francisco Solano Milla Durán para que asuman el cargo de regidores del Concejo Distrital de Santo Toribio, provincia de Huaylas, departamento de Áncash por el periodo de gobierno municipal 2011-2014.
Regístrese, comuníquese y publíquese.SS.VELARDE URDANIVIAPEREIRA RIVAROLA MINAYA CALLEDE BRACAMONTE MEZABravo BasaldúaSecretario General Plac

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 artículo 63
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 artículo 51
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