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Timestamp: 2014-07-30 02:56:28+00:00

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INTRODUCCIÓN En los últimos años se ha producido un avance notable en la protección de los derechos laborales dentro del sistema de protección interamericano de los derechos humanos, siendo la sentencia de la Corte Interamericana sobre el Caso Baena Ricardo y otros, del 2 de febrero de 2001, la consolidación del proceso. Sin embargo, este proceso no ha sido ajeno a avances y retrocesos desde la constitución del sistema interamericano
Enviar a un amigo	En efecto, desde el inicio del sistema interamericano, los derechos laborales fueron incluidos dentro del listado de derecho humanos. Sin embargo, las particularidades de los derechos sociales en los que se encuentran inmersos los derechos laborales y los propios acontecimientos en la región menoscabaron en muchos casos su aplicación.
Asimismo, como un mecanismo de control sobre los derechos humanos dentro del sistema interamericano, la Carta reformada de la OEA en su artículo 106 del Capítulo XV establece la conformación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH). La CIDH tiene como función principal la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia. 1.3. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre Simultáneamente a la constitución de la OEA, los Estados Americanos reunidos en la Conferencia de Bogotá (abril de 1948) adoptaron la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Esta Declaración Americana se adoptó meses antes que la Asamblea de las Naciones Unidas aprobase la Declaración Universal de Derechos Humanos. El primer considerando de la Declaración Americana expone el marco de los derechos humanos dentro del hemisferio: “Que los pueblos americanos han dignificado la persona humana y que sus constituciones nacionales reconocen, que las instituciones jurídicas y políticas, rectoras de vida en sociedad, tiene como fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar materialmente y alcanzar la felicidad”.
El Protocolo de San Salvador fue adoptado el 17 de noviembre de 1988 y entró en vigor el 16 de noviembre de 1999 para los Estados Americanos que lo han ratificado. El sustento jurídico del Protocolo proviene del artículo 31 de la Convención cuando dispone: “Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta Convención otros derechos y libertades que sean reconocidos de acuerdo con los procedimientos establecidos en los artículos 26 y 77”. La carencia ya evidenciada en la redacción de la Convención Americana por la ausencia de derechos económicos, sociales y culturales, provocó la necesidad de elaborar un tratado complementario sobre la materia. En uno de sus considerandos, el Protocolo resalta “Teniendo presente que si bien los derechos económicos, sociales y culturales fundamentales han sido reconocidos en anteriores instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional, resulta de gran importancia que éstos sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos en función de consolidar en América, sobre la base del respeto integral a los derechos de la persona, el régimen democrático representativo de gobierno, así como el derecho de sus pueblos al desarrollo, a la libre determinación y a disponer libremente sus riquezas y recursos naturales”.
El sistema de peticiones y casos individuales tiene por sustento los ya mencionados artículo 44 de la Convención Americana para los Estados ratificantes del texto internacional y el artículo 20 del Estatuto de la CIDH para los Estados que no son partes en la Convención. Desde el inicio de sus actividades, la CIDH ha enfrentado denuncias que aludían a la violación de derechos laborales, pero especialmente por la persecución o asesinato de dirigentes sindicales. Durante las dictaduras militares del hemisferio estos hechos fueron constantes y abundantes, por lo que la CIDH cumplió una valiosa labor pronunciándose en reiteradas ocasiones sobre esta difícil situación. Sin embargo, aunque el hemisferio actualmente cuenta con gobiernos democráticos y han disminuido notablemente este tipo de violaciones, todavía se siguen produciendo y la CIDH continúa con sus pronunciamientos. A modo de ejemplo, podemos señalar su pronunciamiento sobre el Caso 10.879 de Zenón Huamani, dirigente del sindicato de profesores de Ayacucho (Perú) recogido en el Informe Anual de 1998. En él se señala la detención arbitraria y posterior desaparición del dirigente sindical cometido por las fuerzas públicas del Estado peruano. Otro caso muy grave fue el asesinato de Pedro Huillca, máximo dirigente de la Central sindical de trabajadores peruanos ocurrido en diciembre de 1992. Los familiares de la víctima han presentado una denuncia contra el Estado peruano por el referido hecho (Caso 11.768) y la CIDH ha decidido declararlo admisible en su Informe Anual de 1999.
Al lado de estos graves casos, la CIDH también analiza violaciones a los derechos humanos que afectan a los trabajadores de la región. A modo de ejemplo, podemos mencionar los que recientemente han sido declarados admisibles por la Comisión. Los casos 11830 y 12038 de los 257 trabajadores despedidos del Congreso peruano (Informe 52/00 del 15 de junio de 2000). El caso 11670 de peticionarios argentinos que reclaman la violación de un conjunto de derechos, siendo uno de ellos la seguridad social por no producirse el reajuste de los montos de sus jubilaciones o pensiones[2] (Informe 03/01 del 19 de enero de 2001). El caso 12084 de los despedidos trabajadores de la Municipalidad de Lima y de la Empresa de Servicios Municipales por el incumplimiento de las sentencias judiciales que ordenan su reincorporación a sus puestos de labores, además de dejar sin efecto las reducciones de remuneraciones y se exige el cumplimiento de los pactos colectivos de trabajo (Informe 85/01 del 10 de octubre de 2001). El caso 12319 de la Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios del Perú por el incumplimiento de la sentencia judicial que ordena el pago de sus beneficios sociales (Informe 86/01 del 10 de octubre de 2001). Todos estos casos no hacen sino reforzar la labor institucional de la CIDH por proteger los derechos humanos laborales en la región. Entre los estudios especiales de la CIDH destaca el Informe sobre la situación de los trabajadores migrantes y sus familiares en el hemisferio.
Durante las sesiones de mayo de 1996 de la CIDH se decidió considerar el tema de los trabajadores migrantes del Hemisferio como materia para un Informe. Para ello se constituyó un Grupo de trabajo, siendo presidido por un Relator miembro de la CIDH. En el alcance del estudio no se analizaría las “personas desplazadas en el ámbito interno”, los “apátridas” o los “refugiados”. La decisión de la CIDH en incluir esta materia como objeto de análisis se sustenta en la preocupación “por el fenómeno de los trabajadores migratorios y miembros de sus familias en consideración a su experiencia sobre la materia, en la cual ha podido observar a través de los años como consecuencia de sus visitas in loco, denuncias sobre violaciones de derechos humanos, o audiencias especiales, que los trabajadores migratorios y miembros de sus familias son sectores especialmente vulnerables de la sociedad y en muchas ocasiones objeto de abusos y violaciones sistemáticas de sus derechos esenciales o desconocimiento de los mismos” (Informe 2000, párrafo segundo).
El Informe de 2000 establece el objeto de la Relatoría Especial sobre trabajadores migrantes y sus familias en su párrafo cuarto: “La Relatoría Especial tiene por objetivo estimular de manera preferente la conciencia por el pleno respeto de los derechos humanos de los trabajadores migratorios y sus familias; formular recomendaciones específicas a los Estados miembros sobre materias relacionadas con la protección y promoción de los derechos humanos de estas personas, a fin de que se adopten medidas progresivas en su favor; elaborar informes y estudios especializados sobre la materia; así como actuar con prontitud respecto a peticiones o comunicaciones en donde se señale que los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias son vulnerados en algún Estado miembro de la OEA”. Otro punto muy destacable que menciona el Informe 2000 es la medida provisional otorgada por la Corte Interamericana con su resolución del 18 de agosto de 2000 ante el pedido de la CIDH, por la expulsión de miles de haitianos y dominicanos de origen haitiano que se encontraban en el territorio de la República Dominicana. Esta medida provisional ha sido la primera resolución de la Corte que aborda esta materia, y asimismo se innova un criterio asentado por el órgano jurisdiccional en sólo dictar este tipo de medidas para proteger los derechos a la vida y la integridad de personas en riesgo, con lo que se incluye en el marco de esta medida de protección el derecho de residencia en el país de origen. Como lo expresa la propia CIDH en su párrafo 20 del Informe: “Lo importante de esta jurisprudencia desarrollada por el sistema interamericano de derechos humanos, (...) radica en que es la primera vez que se pone en movimiento el mecanismo de medidas provisionales con el fin de: a) frenar las expulsiones masivas de personas; b) requerir a un Estado que se abstenga de expulsar de su territorio a determinadas personas; c) requerir a un Estado que permita el retorno inmediato de determinadas personas a su territorio; y d) requerir a un Estado que permita la reunificación familiar de determinadas personas”.
En este mismo Informe, la CIDH agrega otro elemento de análisis para la protección de los derechos sociales: el uso de los fondos destinados a gastos sociales. “A menudo se sostiene que lo reducido de los recursos públicos constituye un impedimento para la plena realización de los derechos económicos y sociales. Al respecto debe tenerse en cuenta que es frecuente que los recursos destinados por el Estado para tales rubros sean insuficientes, pero además debe tomarse en cuenta, que no sólo se trata de cuánto se destina a gastos sociales, sino también la manera en que los fondos son utilizados” (Informe de Paraguay 2001: párrafo 12). Finalmente, el Informe plantea el tema de la extrema pobreza como violador generalizado de los derechos humanos: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que la extrema pobreza constituye una violación generalizada a todos los derechos humanos, tanto civiles y políticos como sociales, económicos y culturales. Los requerimientos del derecho humano a una vida digna trascienden los contenidos igualmente fundamentales del derecho a no ser ejecutado arbitrariamente, del derecho a la integridad personal, del derecho a la libertad personal, de los derechos relacionados con el sistema de democracia representativa y de los demás derechos civiles y políticos. Además de destinar recursos públicos por un monto suficiente para los derechos sociales y económicos, los Estados deben velar por el uso apropiado de tales recursos. La experiencia demuestra que la pobreza extrema puede afectar seriamente la institucionalidad democrática, pues constituye una desnaturalización de la democracia y hace ilusoria la participación ciudadana, el acceso a la justicia y el disfrute efectivo, en general, de los derechos humanos”(Informe de Paraguay 2001: párrafo 17).
Una segunda materia prioritaria por la Comisión en sus Informes es el trabajo infantil en los países de la región. La Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo aprobado en 1998 ha resaltado como una tarea de la humanidad la abolición efectiva del trabajo infantil y la CIDH no se encuentra ajena a esa labor. En el Informe de Brasil de 1997, la CIDH resalta la explotación del trabajo del menor como una forma de violencia contra los menores. Si bien la legislación brasilera es protectora de los menores de edad, el trabajo de adolescentes con sustancias tóxicas, en condiciones insalubres o en locales peligrosos resulta ser una práctica común, especialmente en la industria. Además existen jornadas de trabajo largas que impiden a los menores de edad, en muchos casos, poder asistir a la escuela o verse en la necesidad de abandonarla (párrafo 41). Este tipo de ejemplos se reproducen en otras actividades económicas y en algunos casos se presentan otros tipos graves de violaciones a los derechos humanos. “Este tipo de trabajo se desarrolla generalmente en haciendas distantes de los grandes centros y en algunas usinas o empresas del país, en donde niños y adolescentes desempeñan trabajos expresamente pesados, como cortar caña de azúcar o bambú. Sus jornadas son comúnmente de 10 a 12 horas diarias y sus sueldos son bajos. Además, se ven obligados a pagar caro por los bienes necesarios para su sustento. Esto los lleva a contraer deudas con sus patronos, que van aumentando cada día y que obviamente no pueden saldar con sus bajos ingresos. Los dueños de las haciendas, por su parte, no les permiten abandonar el sitio de trabajo a menos que salden previamente sus deudas con ellos y contratan pistoleros para evitar que se fuguen. Los pistoleros a sueldo usan la fuerza para cumplir su cometido, llegando a veces hasta el asesinato. Todo lo anterior hace que la situación de los menores se transforme en una relación de servidumbre, ya que a raíz de este círculo vicioso de bajos ingresos y deudas crecientes, quedan prácticamente hipotecados de por vida con la hacienda. Cabe señalar, además, que se ha informado a la Comisión que estos menores manejan instrumentos y máquinas peligrosas, sin ningún tipo de protección, y es común que sufran accidentes graves de trabajo que, en general, no son denunciados a las autoridades por miedo a las represalias de los patrones” (Informe de Brasil 1997: párrafo 42).
El Caso de Haitianos y dominicanos de origen haitiano en la República Dominicana fue una solicitud de medida provisional presentada por la CIDH el 30 de mayo de 2000, en favor de personas haitianas y dominicanas de origen haitiano que se encuentran sujetas a la jurisdicción de la República Dominicana que corren el riesgo de ser “expulsadas” o “deportadas” colectivamente. Estas personas mayormente laboran como trabajadores de la zafra en las instalaciones del Consejo Estatal del Azúcar. La Corte Interamericana se pronunció en su Resolución del 18 de agosto de 2000 otorgando la medida provisional. Destaca en la resolución los requerimientos a la República Dominicana que adopte, sin dilación, cuantas medidas sean necesarias para proteger la vida e integridad personal de Benito Tide Méndez, Antonio Sension, Andrea Alezy, Janty Fils-Aime y William Medina Ferreras. Asimismo, que se abstenga de deportar o expulsar de su territorio a Benito Tide Méndez y Antonio Sension. También que permita el retorno inmediato a su territorio de Janty Fils-Aime y William Medina Ferreras. La Opinión Consultiva de Costa Rica por la colegiación obligatoria de los periodistas. El Gobierno de Costa Rica mediante comunicación del 8 de julio de 1985, sometió a la Corte Interamericana una solicitud de opinión consultiva sobre la interpretación de los artículos 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con la colegiación obligatoria de los periodistas y sobre la compatibilidad de la Ley No. 4420 de 22 de setiembre de 1969, Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica, con las disposiciones de los mencionados artículos. Si bien este caso no se encuentra directamente vinculado a un tema laboral, tiene relevancia respecto a la libertad de trabajo y al derecho de asociación. La Corte Interamericana se pronuncia en la Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, señalando que la colegiación obligatoria de periodistas, en cuanto impida el acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para transmitir información, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Ley No. 4420 de 22 de setiembre de 1969, Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica, objeto de la presente consulta, en cuanto impide a ciertas personas el pertenecer al Colegio de Periodistas y, por consiguiente, el uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse y transmitir información, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Sin embargo, el Estado panameño rechazó el Informe de la CIDH aduciendo obstáculos, motivaciones y fundamentos jurídicos del derecho interno que le impedían ejecutar las recomendaciones emitidas. La Comisión decidió someter el caso ante la Corte. La Corte Interamericana emitió dos sentencias, la primera para resolver las excepciones preliminares y, la segunda para resolver las cuestiones de fondo. La Sentencia sobre excepciones preliminares se produce el 18 de noviembre de 1999. En ella queremos destacar la resolución de la segunda excepción formulada por Panamá al caso. El Estado panameño argumenta que la CIDH no debió de aceptar la denuncia presentada porque existía una duplicidad de procedimientos, pues los trabajadores habían presentado una queja ante los órganos de control de la OIT. Señalan que en un caso similar la Comisión Europea de Derechos Humanos, al analizar casos presentados del artículo 27.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que en sustancia y redacción es similar al artículo 46.1 de la Convención Americana, ha sido constante en rechazar la admisión de un caso cuando ha sido previamente sometido a la OIT. La Corte resuelve que para que exista duplicidad se requiere que exista identidad entre los casos y que en el presente caso, únicamente la parte demandada ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT es la misma, el Estado panameño, la parte demandante no es idéntica. Tampoco hay identidad en el fundamento legal porque la demanda ante la Corte, se alegan violaciones a los artículos 8 (Garantías Judiciales); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 16 (Libertad de Asociación) y 25 (Protección Judicial), en relación con el artículo 1.1; 2; 33 y 50.2. La denuncia presentada ante el Comité de Libertad Sindical se basó en las violaciones a los Convenios 87 (Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación) y 98 (Convenio sobre el Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva) de la OIT. Por esto el objeto tampoco es el mismo, ya que el órgano de control conoció únicamente lo relativo al derecho a la libertad sindical y sobre el derecho laboral en general y, ante la Corte se planteó una serie de derechos no comprendidos en la denuncia interpuesta ante el Comité de Libertad Sindical. Asimismo, la sentencia resalta que la naturaleza de las recomendaciones emitidas por el Comité de Libertad Sindical es diferente a la de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana. En el primer caso se trata de un acto propio de un órgano de la OIT con el efecto jurídico propio de una recomendación a los Estados. En el segundo se trata de una sentencia que, en los términos de la Convención, es definitiva e inapelable (artículo 67), y de obligatorio cumplimiento (artículo 68.1). Por ello, no existe duplicidad de procedimientos en el caso.
En el mismo apartado de la Sentencia, la Corte Interamericana recoge los pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical y de la Comisión de Expertos de la OIT como elementos válidos de su análisis para el caso. “Para arribar a conclusiones sobre si el Estado vulneró el derecho de libertad de asociación, la Corte toma particularmente en cuenta las afirmaciones contenidas en la demanda de la Comisión (Interamericana), las constancias que figuran en el expediente y las Recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT, al resolver el caso No. 1569, las cuales no fueron contradichas o desvirtuadas por el Estado, en relación con los siguientes hechos: a) que la Ley 25 se expidió 15 días después de los hechos que dieron origen al presente caso; b) que no se observó la normativa referente al fuero sindical en relación con el despido de trabajadores; c) que fueron obstruidas las instalaciones e intervenidas las cuentas bancarias de los sindicatos; y d) que numerosos trabajadores despedidos eran dirigentes de organizaciones sindicales”. También la Sentencia aborda el tema del fuero sindical de los dirigentes al analizar el caso. “La Corte observa que, al contemplar la Ley 25, en su artículo 1, la posibilidad de destitución de trabajadores que ocuparan «cargos en las juntas directivas de las organizaciones sindicales y de las asociaciones de servidores públicos con independencia de la existencia o no del fuero sindical», y al derogar la Sección Segunda del Capítulo VI del Título I del Libro III del Código de Trabajo, así como el artículo 137 de la Ley 8 de 25 de febrero de 1975, aquella ley estaba no sólo permitiendo la desvinculación laboral de los dirigentes sindicales, sino abrogando los derechos que les otorgaban estas últimas normas al regular el proceso de despido de los trabajadores que gozaban de fuero sindical. Las disposiciones contenidas en los artículos 1 y 4 de la Ley 25 fueron puestas en práctica con efectos retroactivos, permitiendo que se dejasen de lado los procedimientos que debían aplicarse de acuerdo con la legislación vigente al momento de los hechos, y acarrearon el despido de un amplio número de dirigentes sindicales, con lo cual se afectó gravemente la organización y la actividad de los sindicatos que agrupaban a los trabajadores, y se vulneró la libertad de asociación sindical”.
Para la Corte no ha sido demostrado que las medidas adoptadas por el Estado panameño fueron necesarias para salvaguardar el orden público, ni que guardasen relación con el principio de proporcionalidad, por lo que las medidas no cumplieron con el requisito de necesidad en una sociedad democrática como lo señala el artículo 16.2 de la Convención. Por ello, la Corte concluye que “el Estado violó el derecho a la libertad de asociación consagrado en el artículo 16 de la Convención Americana, en perjuicio de los 270 trabajadores”. En la parte resolutiva de la Sentencia, la Corte ordena a Panamá el pago de los salarios caídos y demás derechos laborales que les correspondan a los 270 trabajadores; reintegrarlos en sus cargos y si esto no fuera posible brindarles alternativas de empleo que respeten las condiciones, salarios y remuneraciones que tenían al momento de ser despedidos; pagar a cada uno de los trabajadores la suma de tres mil dólares americanos por concepto de daño moral; y pagar al conjunto de los 270 trabajadores la suma de cien mil dólares americanos como reintegro de gastos generados por las gestiones realizadas por las víctimas y sus representantes, y la suma de veinte mil dólares americanos como reintegro de costas[6].
Este es sin duda uno de los temas más controvertidos de los sistemas judiciales internacionales, la supuesta carencia de ejecutividad de sus sentencias[7]. En el caso del sistema interamericano esto se encuentra normado por la propia Convención Americana cuando regula el cumplimiento de las decisiones de la Corte en su artículo 68. Así el numeral 1 señala: “Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”; y el numeral 2 dispone: “La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado”. Este artículo se complementa con lo prescrito en el artículo 63 numeral 1 de la Convención: “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización de la parte lesionada”.
En la práctica, los Estados del hemisferio han cumplido con la ejecución de las sentencias de la Corte, aunque en muchas ocasiones con excesiva lentitud. Los únicos casos en que la Corte se ha enfrentado a una situación de rebeldía ocurrieron con Trinidad y Tobago y Perú[8], pero felizmente resultan siendo casos aislados dentro del continente. Simultáneamente a lo ya señalado, resulta destacable que la Convención Americana haya normado un mecanismo para enfrentar situaciones en que los Estados actúen de manera rebelde frente a las decisiones judiciales de la Corte. El artículo 65 señala lo siguiente:: “La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organización en cada período ordinario de sesiones un informe sobre su labor en el año anterior. De manera especial y con las recomendaciones pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos”.
Tomando como referencia la inacción de la Asamblea General de la OEA en un caso tan grave como el de Trinidad y Tobago, por no mencionar también el caso peruano bajo el gobierno de Alberto Fujimori, se puede señalar que la debilidad del sistema interamericano de protección de los derechos humanos reside en la ausencia política de los Estados en involucrarse con presiones o sanciones hacia Estados de la región que incumplan las sentencias de la Corte. Los órganos de control no pueden sustituir esa ausencia, no sólo porque está fuera de su mandato sino porque es ajeno a su propia función jurisdiccional, le corresponde a los Estados del hemisferio apuntalar la labor jurisdiccional de la Comisión y la Corte.
[1] Abogado y Sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente, sigue estudios de Doctorado en Derechos Fundamentales en la Universidad Carlos III de Madrid. [2] Este caso resulta importante porque la CIDH ha señalado en su pronunciamiento de admisibilidad, que si bien el derecho a la seguridad social no se encuentra contemplado en la Convención y si en la Declaración, “esta circunstancia no excluye su competencia por razón de la materia”, pues en virtud del artículo 29 de la Convención, la Comisión puede examinar violaciones de la Declaración. [3] Los Capítulos II, V y VII del Informe de Brasil (1997), el Capítulo VIII del Informe de México (1998), el Capítulo III del Informe de Colombia (1999), el Capítulo IX del Informe de República Dominicana (1999), el Capítulo VI del Informe de Perú (2000) y el Capítulo V del Informe de Paraguay (2001).
[7] Como resalta RODRÍGUEZ, la teoría general del Derecho suele explicar esta situación bajo dos argumentos. Por un lado, se hace una distinción entre los roles del juez y el agente ejecutivo, como en el caso de la sociedad internacional no existe un agente ejecutivo centralizado, no puede darse potestades ejecutivas a los jueces. Por otro lado, se sostiene que los Estados deben gozar de un poder discrecional en cuanto a los medios para la ejecución de la sentencia, en razón que este compromiso nace de la propia limitación de la libertad de los Estados (RODRÍGUEZ 1998: 457). [8] Un análisis detallado de ambos casos se puede encontrar en FAÚNDEZ 1999: 568-574, aunque en el transcurso de los dos últimos años se han producido importantes cambios en el caso peruano.
Palabras claves: derechos, laborales, Protecci�n, Derechos, Humanos OTROS ART�CULOS DE INTER�S
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References: artículo 106
 artículo 31
 artículo 44
 artículo 20
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 artículo 13
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 resolución 
 artículo 27
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 artículo 1
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 artículo 16
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 artículo 63
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 artículo 29