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Timestamp: 2017-08-16 17:34:50+00:00

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Ley 30077 Ley contra el crimen organizado – TRIBUTACION PERU Alan Emilio Matos Barzola
20 agosto, 2013 20 agosto, 2013 Alan Emilio Matos Barzola
Ley 30077 Ley contra el crimen organizado
Artículo 3. Delitos comprendidos
5. Delitos contra el patrimonio, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 186, 189,195, 196-A y 197 del Código Penal.
9. Delitos informáticos, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 207-B y
207-C del Código Penal.
14. Tráfico ilícito de drogas, en sus diversas modalidades previstas en la Sección II del
Capítulo III del Título XII del Libro Segundo del Código Penal.
3. La resolución judicial que autoriza la ejecución de las técnicas especiales de investigación previstas en este capítulo, así como el requerimiento mediante el que se solicita su ejecución, según sea el caso, deben estar debida y sufi cientemente motivados, bajo sanción de nulidad, sin perjuicio de los demás requisitos exigidos por la ley. Asimismo, deben señalar la forma de ejecución de la diligencia, así como su alcance y duración.
2. Toda correspondencia retenida o abierta que no tenga relación con los hechos investigados es devuelta a su destinatario, siempre y cuando no revelen la presunta comisión de otros hechos punibles, en cuyo caso el fi scal dispone su incautación y procede conforme al inciso 11 del artículo 2 de la Ley 27697, Ley que otorga facultad al Fiscal para la intervención y control de comunicaciones y documentos privados en caso excepcional.
1. En el ámbito de la presente Ley, la grabación mediante la cual se registre la intervención de las comunicaciones es custodiada debidamente por el fi scal, quien debe disponer la transcripción de las partes pertinentes y útiles para la investigación.
2. Las comunicaciones que son irrelevantes para la investigación son entregadas a las personas afectadas con la medida, ordenándose, bajo responsabilidad, la destrucción de cualquier transcripción o copia de las mismas, salvo que dichas grabaciones pongan de manifi esto la presunta comisión de otro hecho punible, en cuyo caso se procede de conformidad con el inciso 11 del artículo 2 de la Ley 27697.
1. El fi scal se encuentra facultado a disponer la circulación o entrega vigilada de cualquier bien relacionado a la presunta comisión de uno o más delitos vinculados a una organización criminal, conforme a lo dispuesto en el artículo 340 del Código Procesal Penal aprobado por el Decreto Legislativo 957.
2. Las personas naturales que colaboren, con autorización o por encargo de la autoridad competente, en la ejecución de esta diligencia se encuentran exentas de responsabilidad penal, siempre que su actuación se haya ceñido estrictamente al ámbito, finalidad, límites y características del acto de investigación dispuesto por el fi scal para el caso concreto.
Del mismo modo, no puede imponerse consecuencia accesoria ni medida preventiva alguna a las personas jurídicas que obras en dentro de estos márgenes permitidos.
Los agentes encubiertos, una vez emitida la disposición fiscal que autoriza su participación, quedan facultados para participar en el tráfi co jurídico y social, adquirir, poseer o transportar bienes de carácter delictivo, permitir su incautación e intervenir en toda actividad útil y necesaria para la investigación del delito que motivó la diligencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 341 del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957.
El fiscal, de ofi cio o a instancia de la autoridad policial, y sin conocimiento del investigado, puede disponer que este o terceras personas con las que guarda conexión sean sometidos a seguimiento y vigilancia por parte de la Policía Nacional del Perú, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 207 del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957.
1. Todas las instituciones y organismos del Estado, funcionarios y servidores públicos, así como las personas naturales o jurídicas del sector privado están obligadas a prestar su colaboración cuando les sea requerida para el esclarecimiento de los delitos regulados por la presente Ley, a fin de lograr la efi caz y oportuna realización de las técnicas de investigación previstas en este capítulo.
1. El juez, a solicitud del fi scal, puede ordenar, de forma reservada y de forma inmediata, el levantamiento del secreto bancario o de la reserva tributaria, conforme a lo establecido por el Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957. La información obtenida solo puede ser utilizada en relación con la investigación de los hechos que la motivaron.
2. El juez, previa solicitud del fi scal, puede ordenar que se remita información sobre cualquier tipo de movimiento u operación bursátil, relacionados a acciones, bonos, fondos, cuotas de participación u otros valores, incluyendo la información relacionada a un emisor o sus negocios según lo establecido en los artículos 40 y 45 del Decreto Legislativo 861, Ley del Mercado de Valores, en la medida en que pudiera resultar útil para la investigación. Asimismo, la autoridad fiscal o judicial puede solicitar cualquier información sobre los compradores o vendedores de los valores negociados en el sistema bursátil, de conformidad con lo establecido en el inciso a) del artículo 47 del Decreto Legislativo 861.
Son de aplicación las reglas y el procedimiento del proceso de pérdida de dominio para los bienes señalados en el anterior artículo, siempre que se presente uno o más de los supuestos previstos en el artículo 4 del Decreto Legislativo 1104, que modifi ca la legislación sobre pérdida de dominio.
1. El Juez aumenta la pena hasta en una tercera parte por encima del máximo legal fi jado por el delito cometido, sin que en ningún caso pueda exceder los treinta y cinco años, en los siguientes supuestos:
b) Si el agente fi nancia la organización criminal.
f) Si el agente, en condición de integrante de la organización criminal o persona vinculada a ella o que actúa por encargo de la misma, utiliza a terceras personas valiéndose de su conocimiento, profesión u ofi cio, o abusando de su posición de dominio, cargo, vínculo familiar u otra relación que le otorgue confi anza, poder o autoridad sobre ellas.
1. Si cualquiera de los delitos previstos en la presente Ley han sido cometidos en ejercicio de la actividad de una persona jurídica o valiéndose de su estructura organizativa para favorecerlo, facilitarlo o encubrirlo, el Juez debe imponer,
atendiendo a la gravedad y naturaleza de los hechos, la relevancia de la intervención de la persona jurídica en el delito y las características particulares de la organización criminal, cualquiera de las siguientes consecuencias accesorias de forma alternativa o conjunta:
No pueden acceder a los benefi cios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación, semilibertad y liberación condicional:
a) Recibir entrevistas o declaraciones de personas a fi n de esclarecer los hechos materia de investigación o juzgamiento.
b) Emitir copia certifi cada de documentos.
TERCERA. Competencia de la Sala Penal Nacional
La investigación y procesamiento de los delitos comprendidos en el artículo 3 de la presente Ley vinculados a organizaciones criminales son de competencia de la Sala Penal Nacional del Poder Judicial.
1. En los casos en que se encuentren a cargo del Ministerio Público, en etapa de investigación preliminar y pendientes de califi cación, es de aplicación inmediata la presente Ley bajo la vigencia del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957.
2. En los casos seguidos bajo la vigencia del Código de Procedimientos Penales, en que el fi scal haya formalizado denuncia penal pero el juez aún no la haya calificado, se procede a la devolución de los actuados al Ministerio Público a fin de que se adecúen a las reglas del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957.
La aplicación de la presente Ley se fi nancia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, y en el marco de las leyes anuales de presupuesto.
PRIMERA. Modifi cación de los artículos 80, 152, 179, 181, 186, 189, 225, 257-A, 272, 297, 310-C, 317 y 318-A del Código Penal
Modifícanse los artículos 80 in fi ne, 152 inciso 8, 179 inciso 7, 181 inciso 4, 186 in fi ne, 189, 225, 257-A, 272, 297, 310-C, 317 y 318-A del Código Penal, en los siguientes términos:
“Artículo 80. – Plazos de prescripción de la acción penal
Artículo 152. – Secuestro
Artículo 179. – Favorecimiento a la prostitución
Artículo 181. – Proxenetismo
Artículo 186. – Hurto agravado
Artículo 189. – Robo agravado
Artículo 225. – Condición y grado de participación del agente
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años y con noventa a trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36, inciso 4:
Artículo 257-A. – Formas agravadas
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de catorce años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa el que comete los delitos establecidos en los artículos 252, 253, 254, 255 y 257, si concurriera cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes:
Artículo 272. – Comercio clandestino
c) Por una organización criminal;
Artículo 297. – Formas agravadas
6. El hecho es cometido por tres o más personas o en calidad de integrante de una organización criminal dedicada al tráfi co ilícito de drogas o que se dedique a la comercialización de insumos para su elaboración.
Artículo 310-C. – Formas agravadas
Artículo 317. – Asociación ilícita
Artículo 318-A. – Delito de intermediación onerosa de órganos y tejidos
b. Constituye o integra una organización criminal para alcanzar dichos fines.
“Artículo 105-A. – Criterios para la determinación de las consecuencias aplicables a las personas jurídicas
Las medidas contempladas en el artículo anterior son aplicadas de forma motivada por el juez, en atención a los siguientes criterios de fundamentación y determinación, según corresponda:
5. El benefi cio económico obtenido con el delito.
7. La fi nalidad real de la organización, actividades,
recursos o establecimientos de la persona
La disolución de la persona jurídica se aplica
siempre que resulte evidente que ella fue constituida y
operó habitualmente para favorecer, facilitar o encubrir
actividades delictivas. ”
TERCERA. Modifi cación de los artículos 227, 230, 231, 249, 340, 341, 342 y 473 del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957
Modifícanse los artículos 227, 230, 231, 249, 340,
341, 342 y 473 del Código Procesal Penal aprobado por
Decreto Legislativo 957, en los siguientes términos:
“Artículo 227. – Ejecución
2. La apertura, examen y análisis de la correspondencia
y envíos se efectuará en el lugar donde el Fiscal lo considere
más conveniente para los fi nes de la investigación,
atendiendo a las circunstancias del caso. El Fiscal leerá
la correspondencia o revisará el contenido del envío
postal retenido. Si tienen relación con la investigación
dispondrá su incautación, dando cuenta al Juez de la
Investigación Preparatoria. Por el contrario, si no tuvieren
relación con el hecho investigado serán devueltos a su
destinatario, directamente o por intermedio de la empresa
de comunicaciones. La entrega podrá entenderse también
con algún miembro de la familia del destinatario o con su mandatario o representante legal. Cuando solamente una parte tenga relación con el caso, a criterio del fiscal, se dejará copia certificada de aquella parte y se ordenará la entrega a su destinatario o viceversa.
Artículo 230. – Intervención, grabación o registro de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación y geolocalización de teléfonos móviles
Artículo 231. – Registro de la intervención de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación
Artículo 249. – Medidas adicionales
Artículo 340. – Circulación y entrega vigilada de bienes delictivos
4. Los bienes delictivos objeto de esta técnica especial son: a) las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como otras sustancias prohibidas; b) las materias primas o insumos destinados a la elaboración de aquellas; c) los bienes, dinero, títulos valores, efectos y ganancias a que se refi ere el Decreto Legislativo 1106; d) los bienes relativos a los delitos aduaneros; e) los bienes, materiales, objetos y especies a los que se refieren los artículos 228, 230, 308, 309, 252 a 255, 257, 279 y 279-A del Código Penal.
Artículo 341. – Agente encubierto
Artículo 342. – Plazo
Artículo 473. – Ámbito del proceso y competencia
“Artículo 231. – Registro de la intervención de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación
Artículo 248. – Medidas de protección
h) Siempre que exista grave e inminente riesgo para la vida, integridad física o libertad del protegido o la de sus familiares y no pueda salvaguardarse estos bienes jurídicos de otro modo, se podrá facilitar su salida del país con una calidad migratoria que les permita residir temporalmente o realizar actividades laborales en el extranjero.
Artículo 341-A. – Operaciones encubiertas
La autorización correspondiente será inscrita en un registro especial bajo los parámetros legales señalados para el agente encubierto. Por razones de seguridad, las actuaciones correspondientes no formarán parte del expediente del proceso respectivo sino que formarán un cuaderno secreto al que solo tendrán acceso los jueces y fiscales competentes. ”
QUINTA. Modificación de los artículos 1 y 2 de la Ley 27697, Ley que otorga facultad al Fiscal para la intervención y control de comunicaciones y documentos privados en caso excepcional
“Artículo 1. – Marco y finalidad
La presente Ley tiene por finalidad desarrollar legislativamente la facultad constitucional otorgada a los jueces para conocer y controlar las comunicaciones de las personas que son materia de investigación preliminar o jurisdiccional.
Artículo 2. – Normas sobre recolección, control de comunicaciones y sanción
“Artículo 1. – Ámbito de aplicación
La presente Ley está circunscrita a las medidas que limitan derechos en el curso de investigaciones preliminares, de carácter jurisdiccional.
4. Delitos contra la libertad, previstos en los artículos 152 al 153-A, y delito de extorsión, previsto en el artículo 200 del Código Penal, siempre que dichos delitos se cometan por una pluralidad de personas. ”
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wigberto pérez cossio dice:
18 septiembre, 2013 en 4:56 pm
Este ley como todas las que sancionan los delitos, sirven para proteger a los delincuentes y mafiosos, por cuanto las penas son muy benignas en comparación al daño que hacen a la sociedad y al país entero, somos mal vistos internacionalmente, y estos a los políticos y gobernantes nada les importa, solo ven cuanto les va a ingresar a los bolsillos por coimas contratos que van en contra del país que en lugar de haber properidad existe miseria, si no quieren hacinamiento en los penales, que liberen a todos y que no exista poder judicial, ni leyes ni nada, por que eso es lo que quieren una sociedad corrupta, donde todos hagan lo quieren, como ya se está haciendo. Esta es la desgracia del Perú, sus políticos.

References: Artículo 3
 resolución 
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 340
 artículo 341
 artículo 207
 artículo 47
 artículo 4
 artículo 3

Artículo 152

Artículo 179

Artículo 181

Artículo 186

Artículo 189

Artículo 225
 artículo 36

Artículo 257

Artículo 272

Artículo 297

Artículo 310

Artículo 317

Artículo 318

Artículo 230

Artículo 231

Artículo 249

Artículo 340

Artículo 341

Artículo 342

Artículo 473

Artículo 248

Artículo 341

Artículo 2
 artículo 200