Source: https://beta.e-justice.europa.eu/37/ES/costs?LITHUANIA&action=printMS&init=true&member=1
Timestamp: 2019-12-12 03:39:23+00:00

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Esta sección ofrece información sobre las costas procesales en Lituania.
En Lituania no existe esta profesión.
Los honorarios de los abogados no están regulados en Lituania. Dependen de la complejidad del asunto y de los medios empleados. No obstante, su importe no puede superar el límite máximo fijado en las recomendaciones aprobadas por el Ministerio de Justicia y el Presidente del Consejo del Colegio de Abogados de Lituania (Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas).
Abogados con facultad de representación en juicio
En Lituania no existe esta profesión diferenciada de los abogados en general.
Los oficiales de justicia solamente intervienen cuando el deudor incumple la sentencia y es preciso emitir documentos ejecutivos. Los honorarios, la forma de pago y las exenciones de las tasas de ejecución se rigen por el Reglamento de ejecución de sentencias. Todas las costas de la ejecución deben ser abonadas por el acreedor designado en la sentencia. Durante la ejecución o en una fase ulterior se podrán recuperar del deudor los honorarios del oficial de justicia.
Su importe dependerá del título de ejecución y del número de veces que se dicte. Algunos costes de ejecución son fijos, otros se cobran a razón de 60 LTL la hora y otros se establecen de acuerdo con un porcentaje sobre el valor de los bienes sujetos a ejecución.
Las costas judiciales en los procesos civiles están constituidas por el impuesto sobre actos jurídicos documentados y otros conceptos, como los honorarios de abogado, los gastos de notificación y entrega de resoluciones judiciales, los derechos de peritos, las indemnizaciones a testigos, los gastos de ejecución de la sentencia, etc. El impuesto sobre actos jurídicos documentados es fijo y su importe está definido en el Código de procedimiento civil. Las costas procesales se regulan en el capítulo VIII del Código de procedimiento civil (Civilinio proceso kodeksas).
El impuesto sobre actos jurídicos documentados se paga generalmente antes de presentar la demanda.
En los procesos penales no se pagan tasas judiciales.
Los procesos constitucionales son gratuitos, pero las demandas de inconstitucionalidad no pueden ser interpuestas por cualquier persona.
La legislación no impone directamente ninguna obligación al respecto.
Las costas de los procesos civiles son las establecidas en el capítulo VIII del Código de procedimiento civil.
¿Dónde puedo obtener información sobre las costas en Lituania?
Se publica información adicional en el Informe de Lituania para el Estudio sobre transparencia de las costas (950 Kb) .
La información se encuentra disponible en inglés.
Se puede encontrar más información en el sitio web: Procedimiento de mediación judicial
Condiciones para la concesión de asistencia jurídica gratuita
Con arreglo a la legislación lituana, existen dos clases de asistencia jurídica gratuita garantizada por el Estado:
La «asistencia jurídica gratuita básica» (pirminė teisinė pagalba) cubre la prestación de asistencia jurídica, de conformidad con las normas legales que regulan esta ayuda del Estado, así como el asesoramiento jurídico y la redacción de los documentos que se deban presentar ante los organismos estatales y municipales, pero no la elaboración de documentos procesales. Dicha ayuda incluye igualmente el asesoramiento dirigido a la resolución extrajudicial de conflictos, las negociaciones para la resolución de litigios por vía amistosa y la redacción de los acuerdos resultantes de la mediación.
La «asistencia jurídica gratuita secundaria» (antrinė teisinė pagalba) abarca la redacción de documentos, así como la defensa y representación ante los tribunales. Incluye la representación durante la fase preliminar extrajudicial de un litigio, cuando se requiera dicho procedimiento en virtud de una ley o sentencia judicial. La asistencia jurídica gratuita cubre también las costas procesales de los procedimientos civiles y contencioso-administrativos, así como las correspondientes las demandas civiles derivadas de un asunto penal.
Pueden tener derecho a la asistencia jurídica gratuita básica, con independencia de sus ingresos, todos los nacionales de la República de Lituania, así como los nacionales de los restantes países de la Unión Europea, al igual que las demás personas que residan legalmente en Lituania o en otros Estados miembros o que estén amparadas por los tratados internacionales suscritos por Lituania.
Pueden tener derecho a la asistencia jurídica gratuita secundaria los nacionales de la República de Lituania, así como los nacionales de los restantes países de la Unión Europea y demás personas que residan legalmente en Lituania o en otros Estados miembros. Para obtenerla, el patrimonio e ingresos anuales del solicitante no podrán exceder de los niveles establecidos por el Gobierno en la correspondiente Ley reguladora de la asistencia jurídica garantizada por el Estado.
Se aplica un régimen uniforme de límites máximos para determinar si la persona se encuentra por debajo del umbral de pobreza.
Derecho a recibir asistencia jurídica gratuita
El Gobierno ha establecido dos niveles de patrimonio e ingresos que no podrán superar los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita. Por otra parte, los ingresos anuales netos (percibidos durante los últimos doce meses) de los solicitantes no podrán estar por encima del primer o segundo nivel de ingresos definido por las normas lituanas.
El umbral de pobreza no es el único criterio que sirve para determinar si una persona tiene derecho a recibir asistencia jurídica secundaria.
El primer nivel corresponde a unos ingresos anuales inferiores a 8 000 litas (2 318,80 euros), además de 3 000 litas (869,60 euros) por cada dependiente. El segundo nivel corresponde a unos ingresos anuales inferiores a 12 000 litas (3 478,20 euros), además de 4 400 litas (1 275, 30 euros) por cada dependiente. Las obligaciones económicas del solicitante en relación con sus dependientes no se tienen en cuenta para la determinación del umbral de pobreza.
La asistencia jurídica secundaria es asumida por el Estado en las siguientes proporciones, que tienen en cuenta el patrimonio e ingresos del solicitante:
100 % para los casos correspondientes al primer nivel de ingresos.
50 % para los casos correspondientes al segundo nivel de ingresos.
Sin embargo, el Estado garantizará el 100 % de las costas de la asistencia jurídica secundaria cuando se trate de los casos contemplados en el artículo 12 de la mencionada Ley (véase más adelante), sin tener en cuenta el patrimonio o ingresos de los beneficiarios. Se exceptúan las personas (a las que hace referencia el apartado 6 del artículo 12 de la Ley) que pueden disponer libremente de sus ingresos y patrimonio, en cuyo caso se le asigna al segundo nivel, donde el Estado garantiza el 50 % de las costas de la asistencia jurídica.
Determinados grupos de personas pueden beneficiarse de la asistencia jurídica secundaria independientemente de los niveles de patrimonio e ingresos establecidos por el Gobierno (en virtud del artículo 12 de la Ley reguladora de la asistencia jurídica garantizada por el Estado):
Los imputados en procesos penales (conforme al artículo 51 del Código de procedimiento penal) o en otros tipos de procesos definidos por la ley, cuando sea obligatoria la asistencia de un abogado defensor.
La parte actora en procesos relacionados con indemnizaciones por daños resultantes de delitos, incluidas las demandas de indemnización por daños que formen parte de una causa penal.
Los beneficiarios de asistencia social destinada a las familias de bajos ingresos (o personas que viven solas) con arreglo a la legislación.
Las personas que residan en centros de acogida.
Las personas con discapacidad grave certificada, o a las que se haya reconocido la incapacidad laboral, así como las que hayan alcanzado la edad de jubilación o que necesiten cuidados especiales. Lo anterior se extiende también a los tutores y custodios legales que soliciten asistencia jurídica gratuita para la representación y defensa de los derechos e intereses de la persona tutelada.
Las personas que demuestren que no están en condiciones de disponer de su patrimonio e ingresos por razones objetivas, y que, como consecuencia de ello, dispongan de unos ingresos anuales inferiores a los niveles establecidos en la Ley reguladora de la asistencia jurídica.
Las persona que padezcan trastornos mentales graves, cuando se trate de procedimientos judiciales relacionados con su hospitalización y tratamiento, de conformidad con la Ley de salud mental. Se incluyen aquí también los tutores y custodios legales que requieran la asistencia jurídica gratuita para la representación y defensa de los derechos e intereses de la persona tutelada.
Los deudores en los juicios ejecutivos, cuando el cobro de la deuda implique el embargo de la vivienda en que residan.
Los padres u otros representantes legales de menores de edad en casos de desahucio.
Los menores de edad cuando acudan de forma independiente a un tribunal en defensa de sus derechos o intereses, al amparo de una ley específica. Quedan excluidos aquellos menores que hayan contraído matrimonio válidamente o aquellos a los que un tribunal haya reconocido la capacidad legal.
Las personas incapacitadas legalmente, en los procesos que requieran una resolución sobre la capacidad legal de una persona.
Las personas que planteen asuntos relacionados con inscripciones en el registro de nacimientos.
Otros beneficiarios que puedan acogerse a los tratados suscritos por la República de Lituania.
El tribunal deberá compensar a los peritos, por cada día que comparezcan ante el mismo, las pérdidas de ingresos derivadas de la imposibilidad de ejercer su profesión. Recibirán una remuneración por la realización de los exámenes pertinentes, y se les reembolsarán todos los gastos de viaje y alojamiento en que hayan incurrido por su comparecencia, además de las dietas diarias correspondientes a su manutención. La parte que solicite dictamen pericial deberá abonar una fianza por el importe previamente establecido por el tribunal. Si ambas partes lo solicitan, deberán prestar la fianza por mitades. Dicha fianza se ingresará en la cuenta especial del tribunal.
Cuando, en los casos previstos en el Código civil (Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas) u otras normas legales, el tribunal llame a testigos(liudytojai) y peritos (ekspertai) por su propia iniciativa, los gastos correspondientes correrán a cargo del presupuesto oficial. Puede tratarse de un determinado examen o de una inspección en el lugar del suceso.
Para fijar el importe de la fianza se tendrán en cuenta los gastos previstos. El tribunal pagará los derechos de los peritos una vez concluido su trabajo. También deberá pagar a las instituciones especializadas que realicen informes periciales las facturas que presenten después de entregados dichos informes, utilizando para ello los fondos de la cuenta especial del tribunal abierta en un banco de la localidad donde tenga su sede. Cuando no se haya fijado fianza, los derechos de los peritos e instituciones especializadas deberán ser reembolsados por la parte condenada en el juicio, o bien por ambas partes en función de los apartados de la demanda que hubieran sido aceptados y rechazados en la sentencia. El Ministerio de Justicia determinará los importes máximos de dichos honorarios.
El tribunal deberá compensar a los traductores, por cada día que comparezcan ante el mismo, las pérdidas de ingresos derivadas de la imposibilidad de ejercer su profesión. Los traductores tienen derecho a una remuneración por su trabajo de traducción, y se les reembolsarán todos los gastos de viaje y alojamiento en que hayan incurrido por su comparecencia, además de dietas diarias correspondientes a su manutención. La parte que someta documentos a la consideración de tribunal solicitando su traducción a una lengua extranjera deberá pagar anticipadamente una fianza en la cuantía que determine el tribunal.
El tribunal pagará los honorarios de los traductores con cargo a los fondos del presupuesto oficial destinados a estos efectos, excepto cuando se trate de traducciones de documentos presentados por las partes. Los gastos correspondientes a los servicios de interpretación y traducción durante las audiencias judiciales se abonarán con cargo al presupuesto oficial. El Ministerio de Justicia ha establecido los importes máximos admisibles para estos servicios.
Informe de Lituania para el Estudio sobre transparencia de las costas (950 Kb)

References: resolución 
 resolución 
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 51
 resolución