Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015/as201531502.html
Timestamp: 2019-03-23 08:40:10+00:00

Document:
A.S. 502-2015
AUTO SUPREMO No 502
Expediente: 184/2015-A
Demandante: VitaliaCasano Herrera
Demandado :Servicio Nacional del Sistema de Reparto
VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por Grover Vargas Lezcano y MirviaArrueta Montesinos, en representación de Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo a.i. del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) de fs. 296 a 297, contra el Auto de Vista Nº 33/2015 de 8 de mayo a fs. 291 a 293, pronunciado por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso de reclamación de pensiones seguido por VitaliaCasano Herrera, causahabiente de quien en vida fue Zenón Balcázar Huarachi contra el recurrente; el Auto de fs. 302 vta.,que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:
I.1.1 Resolución de la Comisión de Calificación de Rentas
La Resolución Nº 0011419 de 2 de diciembre de 2013 cursante de fs. 222 a 224, por la cual la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, resolvió desestimar la Renta Única de Viudedad solicitada por la Sra. VitaliaCasano Herrera.
I.1.2 Recurso de Reclamación y Resolución de la Comisión de Reclamación
VitaliaCasano Herrera, mediante memorial de fs. 259 a 260, interpuso recurso de reclamación que fue resuelto por la Comisión de Reclamación del Senasir, que a través de la Resolución Nº 832/14 de 19 de diciembre (fs. 268 a 271), confirmó la Resolución Nº 0011419 de 2 de diciembre de 2013 emitida por la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR.
I.1.3 Recurso de apelación y Auto de Vista
Notificada la beneficiaria con la Resolución de la Comisión de Reclamación, ésta a través del memorial cursante de fs. 276 a 278, interpuso recurso de apelación, que fue resuelto mediante el Auto de Vista refutado, por el cual el Ad quem, revocó la Resolución de la Comisión de Reclamación y deliberando en el fondo dispuso que la Comisión de Calificación de Rentas, pronuncie nueva Resolución otorgando la renta única de viudedad a la recurrente VitaliaCasano Herrera Vda. de Balcázar a calificarse en base a la renta que percibía su finado esposo Zenón Balcázar Huarachi desde la gestión 2013, fecha en la que solicitó el beneficio de derechohabiente.
Previa reseñade los antecedentes del trámite, desde el recurso de reclamación hasta el Auto de Vista;en el acápite IV“NORMAS LEGALES TRANSGREDIDAS E INDEBIDAMENTE APLICADAS”(sic), haciendo alusión al certificado de matrimonio de fs. 207, señaló que, el primer matrimonio del causante con Victoria Medina Sempértegui fue celebrado el 9 de diciembre de 1964 (fs. 219), matrimonio que al fallecimiento del causante se encontraba vigente, por lo que éste a su muerte contaba con dos partidas matrimoniales.
Continúan la argumentación citando el art. 34 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado mediante Resolución Secretarial No 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997, para enfatizar que:“al respecto en el cuarto considerando del Auto recurrido se señala que si bien existen dos partidas de matrimonio civiles que el segundo matrimonio ha sido declarado nulo y ante esta anulabilidad la recurrente fue declarada judicialmente como conviviente en unión libre o de hecho con los mismos efectos similares del matrimonio así como fue declarada heredera de todos los beneficios y derechos sociales…, por lo que constituye factor determinante para aplicar los arts. 34 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición y 52 del Código de Seguridad Social”(sic); dicen que, en el presente caso es aplicable los arts. 34 del Manual de Prestaciones y 52 del Código de Seguridad Social (CSS), por cuanto el causante al momento del fallecimiento contaba con dos partidas de matrimonio y si bien se anuló la segunda, la primera partida -con Virginia Medina Sempértegui- se mantuvo vigente; es decir, el causante al momento de contraer nuevo matrimonio e incluso al declararse la unión libre o de hecho, no tenía libertad de estado al no existir sentencia de divorcio ejecutoriada, por lo que “se aplica los citados artículos evidenciando una clara infracción por parte del Tribunal de apelación al pronunciar el auto de vista”(sic).
Enunciando el art. 32 del Manual de Prestaciones, afirmó que, el causante al momento de contraer matrimonio o ingresar en concubinato, tenía impedimento legal por tener un anterior matrimonio vigente, existiendo evidente infracción a esta norma legal.
Se hizo mención a los arts. 158 y 46 del Código de Familia (CF), para enfatizar que el Auto de Vista, al valorar la Resolución que declara probada la demanda de declaración judicial de unión libre o de hecho, vulneró lo establecido por el art. 46 del Código de Familia (CF), por cuanto la referida resolución emitida por el Juez Instructor Mixto Cautelar de Uncía, se encuentra viciada de nulidad.
Finalmente hacen referencia al art. 63.II de la Constitución Política del Estado (CPE), para señalar que, al no valorar correctamente la prueba se violó el art. 45.II de la CPE.
Solicitó a este Tribunal Supremo de Justicia, casar el Auto de Vista impugnado y mantener firme y subsistente la Resolución Nº 0832/14 emitida por la Comisión de Reclamación.
A través del recurso de casación, en esencia los recurrentes cuestionan que el Auto de Vista impugnado transgredió y aplicó indebidamente los arts. 32 y 34 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado mediante Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997 y 52 del Código de Seguridad Social; y que, se vulneró lo previsto por los arts. 63.II y 45.II de la CPE y 158 y 46 del CF, al valorar la declaración judicial de unión libre o de hecho.
En principio corresponde ratificar que, el art. 45 de la CPE establece que, todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, la que debe prestarse bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; precisando que su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social; este mismo dispositivo Constitucional en su parágrafo IV obliga al Estado garantizar el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo; obligación estatal que se encuentra reafirmada por el art. 67.II de la CPE, que impone al Estado, la obligación de proveer una renta vitalicia de vejez en el marco del sistema de seguridad social integral de acuerdo a nuestra legislación.
El hecho controvertido en la presente litis, radica en definir si la peticionanteVitaliaCasano Herrera, tiene derecho por parte del causante que en vida fue Zenón Balcázar Huarachi, a percibir la renta única de viudedad acorde con las prescripciones del Código de Seguridad Social y el Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición; ante la posición sostenida por parte del ente gestor Senasirque, la solicitante no tiene derecho a dicha prestación, porque el causante al momento de contraer nuevo matrimonio e incluso al declararse la unión libre o de hecho, no tenía libertad de estado, y que ante la concurrencia de vicios de nulidad, por no contar el causante con la libertad de estado para contraer un nuevo matrimonio, hace improcedente la solicitud de pago de renta única de viudedad.
Sobre dicha problemática es menester hacer referencia al art. 51.a) del CSS que precisa que la renta de viudedad se pagará: “con carácter vitalicio, si la viuda ha cumplido la edad de vejez que para la mujer señala el art. 45 o es reconocida incapacitada para el trabajo, a la fecha de fallecimiento del causante”; por su parte el art. 52 del citado Código, establece las condiciones para el acceso a la renta de viudedad señalando que:“la renta de viudedad se pagará en las condiciones previstas en el artículo anterior, a la esposa o a falta de ésta, a la conviviente que hubiere estado inscrita como tal en los registros de la Caja, por lo menos un año antes de la fecha de fallecimiento del causante, siempre que no hubiere existido impedimento legal para contraer matrimonio y que la vida en común se hubiere iniciado dos o más años antes de deceso. A falta de la esposa y en caso de no existir conviviente escrita en los registros de la Caja, tendrá derecho, a la renta, la conviviente que al momento del fallecimiento del asegurado, tenga hijos del causante o hubiese quedado en estado de gravidez para éste. No tendrán derecho a renta de viudedad la divorciada por sentencia ejecutoriada antes de la fecha de fallecimiento del causante, y la esposa que hubiere estado separada dos o más años por su culpa”; de este último dispositivo legal se identifica a las posibles beneficiarias de la renta de viudedad, primero a la esposa y segundo a la conviviente, además se identifica las condiciones de acceso a dicha prestación; respecto a la conviviente exige que ésta hubiere estado inscrita como tal en los registros de la Caja y la inexistencia de impedimento legal para contraer matrimonio; estas condiciones de acceso a la renta de viudedad se encuentran reafirmadas por los arts. 102 y 103 del Reglamento del Código de Seguridad Social, y 32 y 34 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA).
En autoscomo antecedentes se tiene que, la solicitante de la renta única de viudedad, después del deceso del causante Zenón Balcázar Huarachi, inició acciones legales obteniendo, respecto a lo reclamado por el Senasir, las siguientes resoluciones judiciales: 1. Del Juzgado de Instrucción Mixto y Cautelar de Uncía, la Sentencia Nº 7/2013 de 25 de abril, que declara judicialmente la unión libre o de hecho entre Zenón Balcázar Huarachi y VitaliaCasano Herrera; 2.Del Juzgado de Instrucción Mixto y Cautelar de Uncía, el Auto interlocutorio definitivo de 14 de junio de 2013, que declara a VitaliaCasano Herrera, heredera legal, forzosa y ab intestato de todos los bienes, acciones y derechos relictos al fallecimiento de Zenón Balcázar Huarachi; y,3. Del Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Uncía, el Auto interlocutorio definitivo de 4 de diciembre de 2013, que declara a VitaliaCasano Herrera, heredera social de todos los beneficios y derechos sociales, especialmente al derecho de percibir su renta de viudez del causante Zenón Balcázar Huarachi.
De las resoluciones judiciales detalladas y de los documentos cursantes en el expediente, está evidenciado que la peticionante mantuvo una relación conyugal con el causante por más de dos años, relación que subsistió hasta el día del deceso del causante, habiendo en esa relación procreado tres hijos de nombres Limber Alfredo, Aide y Rubén de apellidos Balcázar Casano todos mayores de edad, y que la accionante fue registrada como beneficiaria del causante en la Caja Nacional de Salud antes de obtener la renta de vejez como después de que se le otorgó dicho beneficio (fs. 21- 236); ahora bien, estos documentos hasta en tanto no sean declarados nulos por sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada, a instancia de los titulares de dicha acción, se mantienen vigentes con todo el valor legal y por lo tanto corresponde su cumplimiento; así también entendió el Tribunal de Alzada que concluyó:”…la recurrente fue declarada judicialmente como conviviente en unión libre o de hecho con los mismos efectos similares al matrimonio así como fue declarada heredera social de todos los beneficios y derechos sociales, especialmenteal derecho de percibir una renta de viudez, fallos que al tener la calidad de cosa juzgada debe ejecutarse y cumplirse sin alterar ni modificar su contenido que tendiere a dilatar o impedir el procedimiento de ejecución,…”(sic); por lo que no es evidente la denuncia de vulneración de los arts. 52 del CSS y 32 y 34 del MPRCPA que aduce el ente gestor ni de los arts. 158 y 46 del CF.
Por todo lo expuesto, y al no encontrar vierta la vulneración normativa que se acusó en el recurso examinado, corresponde resolver conforme prescriben los arts. 271.2) y 273 del CPC.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADOel recurso de casación interpuesto por Grover Vargas Lezcano y MirviaArrueta Montesinos en representación de Juan Edwin Mercado Claros, Director General a.i. del SENASIR, contra el Auto de Vista Nº 33/2015 de 8 de mayo a fs. 291 a 293, pronunciado por la Sala Contenciosa, Contenciosa Adm., Social y Adm.del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.
Sin costas, en aplicación a los arts. 39 de la Ley No 1178 y 52 del DS No 23215 de 22 de julio de 1992.

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