Source: https://www.scribd.com/document/82388711/C-471-95-CLAVE
Timestamp: 2017-07-20 13:32:34+00:00

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C-471-95 CLAVEUploaded by Lucas Calderón D'MartinoRelated InterestsPrisonState (Polity)ConstitutionGovernment InformationSocial InstitutionsRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as RTF, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentSentencia No.C-471/95 DESCENTRALIZACION TERRITORIAL-Limitaciones Las limitaciones que comporta la descentralización territorial en el marco del Estado unitario, en el cual existe unidad legislativa, es decir, que el Congreso expide las leyes que tiene aplicación en todo el territorio nacional, y no pueden ser modificadas por las autoridades locales, al contrario de lo que ocurre en el Estado Federal; además destacó la Corporación que en el primero, el manejo del Estado es unificado bajo la filosofía del llamado control de tutela, y las células territoriales no están sometidas al control jerárquico propio del Estado centralizado. DESCENTRALIZACION DEL SISTEMA CARCELARIO/INPEC Dentro del criterio de descentralización de que se habla, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, no encuentra esta Corporación incompatibilidad alguna entre la Carta Política y el artículo 17 demandado, ya que la creación, fusión, supresión en materia carcelaria, de competencia de los departamentos y municipios, no quebranta el concepto del Estado unitario en cuanto la ley conserva en cabeza del Gobierno Nacional, por conducto del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario "INPEC", la ejecución de las sentencias penales y la detención precautelativa, la evaluación de las medidas de seguridad y la reglamentación y control de las penas accesorias, dejando solamente a los departamentos y municipios, así como a las áreas metropolitanas y al Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, la creación, fusión o supresión de cárceles para aquellas personas detenidas precautelativamente y condenadas por contravenciones "por orden de autoridad policiva", y es bien sabido que tanto para el régimen departamental como en el municipal, estos entes pueden prestar aquellos servicios públicos "que determinen la Constitución y las leyes". DESCENTRALIZACION DEL SISTEMA CARCELARIO-Recursos Previamente a la creación o fusión de cárceles, para los fines indicados, deben hacerse las previsiones presupuestales para que los respectivos recursos fiscales estén asignados en debida forma, o de lo contrario, los gobernadores y alcaldes no podrán ejercer la facultad referida. ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Creación Para la creación de cárceles, los gobiernos departamentales, municipales y distritales están sujetos a la observancia de lo ordenado por la Constitución, y a la ley; igual ocurre en el caso de las áreas metropolitanas, que se desarrollen con sujeción a la ley de ordenamiento territorial.
fusión. ANTECEDENTES. el Magistrado Ponente dispuso que se fijara en lista el negocio en la Secretaría General de la Corte Constitucional por el término de diez (10) días para asegurar la intervención ciudadana y además ordenó enviar copia de la demanda al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor. octubre 19 de 1995. Procede la Corte Constitucional a resolver la demanda de inconstitucionalidad presentada por el ciudadano HUGO SALAZAR PELAEZ contra el artículo 17 (parcial) de la ley 65 de 1993 "Por medio de la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario". subrayando el aparte acusado: "LEY 65 DE 1993 (agosto 19) "Por medio de la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario" El Congreso de Colombia ".REFERENCIA: EXPEDIENTE No. HERNANDO HERRERA VERGARA.C. administración. sostenimiento y vigilancia de cárceles por los departamentos.. del artículo 17 (parcial) de la Ley 65 de 1993 "Por medio de la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario". DECRETA:
. D. supresión. al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC. TEXTO DE LAS NORMAS ACUSADAS. ACTOR: Hugo Salazar Peláez. 50. en caso de estimarlo oportuno. organización. I.814 Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 1o. Aprobada por Acta No. MATERIA: Creación. Se transcribe a continuación el texto de la norma. y comunicar la iniciación del proceso al señor Secretario Jurídico de la Presidencia de la República. dirección. II.a fin de que conceptuaran sobre la constitucionalidad de las normas acusadas. MAGISTRADO PONENTE: Dr. Al proveer sobre su admisión. Santa Fe de Bogotá D.
En lo que constituye un solo cargo contra la constitucionalidad de la disposición acusada. éstas continuarán conociendo de los mismos. Corresponde a los departamentos. QUE SE CONSIDERAN
A juicio del actor la disposición demandada vulnera el artículo 356 de la Constitución Política. se incluirán las partidas necesarias para los gastos de sus cárceles. En los presupuestos municipales y departamentales. dirección. los presupuestos departamentales y municipales que no llenen los requisitos señalados en este artículo. por orden de autoridad policiva." Manifiesta que "Esta
. sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad. La Nación y las entidades territoriales podrán celebrar convenios de integración de servicios. organización. áreas metropolitanas. gastos de remisiones y viáticos. y que dicho precepto "igualmente establece que no se podrán descentralizar responsabilidades si previamente no se asignan los recursos fiscales pertinentes. vigilancia de los mismos. Los gobernadores y alcaldes respectivamente. municipios. para el mejoramiento de la infraestructura y el sostenimiento de los centros de reclusión del sistema penitenciario y carcelario. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA. y al Distrito Capital de Santafé de Bogotá. Los castigados por contravenciones serán alojados en pabellones especiales. Mientras se expide la ley que atribuya a las autoridades judiciales el conocimiento de los hechos punibles sancionables actualmente con pena de arresto por las autoridades de policía.ARTICULO 17. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ejercerá la inspección y vigilancia de las cárceles de las entidades territoriales. fusión o supresión. NORMAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS. se abstendrán de aprobar o sancionar según el caso. CARCELES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES. la creación. como pagos de empleados. materiales y suministros. expresa el demandante que el artículo 356 de la Constitución Política dispone "que mediante ley se asignarán los servicios a cargo de las entidades territoriales". compra de equipos y demás servicios." III. administración. IV. raciones de presos.
puesto que solamente la presencia de tal circunstancia podría permitir que mediante ley esa responsabilidad se transfiriera a las entidades territoriales. sostenimiento y vigilancia de las penitenciarías. El interviniente hace alusión a dos aspectos básicos: a la descentralización y al tránsito de legalización y el eventual vacío normativo al que se refirió el actor. se descentralizara. esto es. dirección. al irrespetar el mandamiento constitucional de no asignarle los recursos fiscales para su atención. INTERVENCION DE AUTORIDADES." Y concluye su afirmación diciendo que "Aceptar lo contrario sería crear un vacío jurídico que deja sin piso normas de toda clase y lo más grave. los derechos adquiridos conforme a las disposiciones entonces vigentes y que podrían resultar grave e injustamente vulnerados o desconocidos. Intervención del apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho. que en su artículo 1o. que su satisfacción y cumplimiento sea de la Nación. 1.regulación implica necesariamente que la responsabilidad de la prestación del servicio en cuestión sea del resorte central. El apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho solicita que se declare ajustado a la Constitución el precepto demandado. la norma en cuestión VIOLA FLAGRANTEMENTE LA PROHIBICION CONTENIDA EN EL MENCIONADO ARTICULO 356 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. establecía que al Gobierno Nacional le correspondía "la creación. 356 de la Constitución Política de Colombia que actualmente nos rige." Continúa diciendo que "En el art. Respecto del primer punto. manifiesta que el artículo 356 "asigna algunas competencias específicas a las entidades territoriales allí previstas en materia de educación y salud básicamente" pero que sobre el tema de la descentralización la Constitución consagra una normatividad más amplia "no
." V. el actor manifiesta que "Con la ley que se ataca se transfiere a los departamentos una obligación que antaño era del resorte exclusivo del Gobierno Central. con total olvido de las disposiciones expedidas bajo la vigencia del orden anterior (." Agrega que "La expedición y entrada en vigencia de un nuevo ordenamiento constitucional no puede entenderse como un salto irreversible de un ordenamiento jurídico a otro. administración. En consecuencia. el constituyente decidió hacer lo que en título (sic) sobre organización territorial se defiere a la ley: asignar algunas competencias específicas a las entidades allí previstas.." Recuerda el actor que previamente a la expedición de la Ley 65 de 1993 regulaba el régimen carcelario el Decreto 1817 de 1964." Finalmente. colonias agrícolas nacionales.) ni puede ignorarse (sic) las posibilidades de análisis y aplicación de la legislación producida bajo el imperio de la Carta anterior. es decir. dejaría sin fundamento normativo y sin protección alguna. organización. cárceles de las cabeceras de distrito judicial y cárceles de las ciudades donde funcione juzgado superior..
con lo que.siendo posible por tanto analizar el tema de forma aislada con base en un solo artículo." Agrega que desde el punto de vista presupuestal el artículo acusado prevé que "en los presupuestos municipales y departamentales. Y concluye manifestando que la transferencia de funciones tiene lugar respecto de cárceles "para personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad por orden de autoridad policiva". estatuto preexistente a la nueva Constitución. Aduce que el manejo y recuperación del sistema penitenciario del país es un propósito nacional." Respecto al tránsito de legislación y el vacío normativo expresado por el actor. sin que se produjera vacío normativo alguno. el de (sic) establecer 'la distribución de las competencias entre la Nación y las Entidades Territoriales". y para sustentar su apreciación alude a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia contenida en la sentencia del 18 de julio de 1991. a falta de previsión constitucional al respecto. y el artículo 302 establece que la ley puede delegar. la que se produce de manera sistemática y no aislada como pretende en su interpretación el petente. Además afirma que dicho decreto continuó vigente a la luz de la nueva Carta. lo cual encuentra plena justificación dentro del nuevo esquema del sistema carcelario que "busca evitar que se le de el mismo tratamiento penitenciario a los sindicados o condenados en procesos contravencionales y a los procesados y condenados por delitos. siendo este el caso de la ley 65 de 1993". "no fue declarado contrario a la misma. señala el apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho que el Decreto 1817 de 1964.
. 2. es absolutamente posible la derogatoria de normas con fuerza material de ley. y de la Corte Constitucional plasmada en providencia de mayo 29 de 1992. que el artículo 331 "impone a los municipios la prestación de los servicios públicos que determine la ley". se abstendrán de aprobar o sancionar según el caso. a uno o varios departamentos. Afirma además que "la asignación de funciones a las diferentes entidades territoriales debe hacerse mediante ley." Expresa que el artículo 288 de la Carta Política "señala como función de la ley orgánica del ordenamiento territorial." Argumenta que la disposición acusada "desarrolla lo preceptuado por la Carta en materia de descentralización dentro de los límites establecidos" razón por la cual "la norma sub-judice es una aplicación completa de los diversos mandatos constitucionales en materia de distribución de competencias. Intervención del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. los presupuestos departamentales y municipales" en el evento de que no se ajusten a lo dispuesto por la norma. No obstante lo anterior. de acuerdo con la descentralización prevista en la Carta Política "los diferentes niveles de gobierno deben jugar un papel fundamental en su desarrollo en la medida en que la ley se los ordene". se incluirán las partidas necesarias para los gastos de sus cárceles" y también que "Gobernadores y Alcaldes respectivamente. atribuciones propias de los organismos o entidades públicas nacionales. que según el artículo 298 corresponde a los departamentos "el ejercicio de una serie de funciones asignadas bien por la Constitución o posteriormente por la ley".
el representante del Ministerio Público se refiere a la descentralización en la cual está inmersa la norma acusada. generó un vacío jurídico. Competencia." VII. PRIMERA. y afirma que su "referente normativo no está constituído únicamente por los mandatos del artículo 356 superior. el señor Viceprocurador General rindió en término el concepto de rigor. sin que ello origine quebranto constitucional alguno. reclusión indiscriminada de las personas sin atender su condición de condenados. numeral 4o de la Carta. la Corte
. sindicados. (hacinamientos. así como también cuando hace referencia a la cooperación interinstitucional entre la Nación y las entidades territoriales". toda vez que mediante la expedición de una ley puede modificarse o derogarse la preexistente.)". "busca cerrar la brecha entre la realidad penitenciaria y el derecho que la sustenta. Los argumentos que sirven de sustento a su solicitud. solicitando a la Corporación declarar exequible la disposición acusada.Obra en el expediente el poder otorgado por la Jefe de la Oficina Jurídica del INPEC a la abogada MARIA AURORA PESCADOR DE PEDRAZA. pues el régimen penitenciario previo a la referida ley "se encontraba estático normativamente hablando. Aceptado el impedimento que en su oportunidad manifestó el señor Procurador General de la Nación. toda vez que con la incorporación a través de la asignación de unas competencias a nivel territorial para la creación y mantenimiento de cárceles en los supuestos allí descritos. racionaliza el sistema que se encontraba excesivamente centralizado". En primer término. concurrencia y subsidiariedad que la gobiernan en la concepción del sistema carcelario. como lo afirma el actor. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. se resumen a continuación. VI. CONCEPTO DEL SEÑOR VICEPROCURADOR GENERAL DE LA NACION. En virtud de lo dispuesto en el artículo 241. etc. A juicio del señor Viceprocurador la disposición demandada. Finalmente el señor Viceprocurador afirma que "ha de considerarse que el tránsito legislativo verificado en la materia carcelaria en ningún momento. cuando prevé la atribución de inspección y vigilancia de las cárceles a entidades territoriales en cabeza del Instituto Nacional Penitenciario. desde la expedición del Decreto 1817 de 1964. al ser concordada con los demás preceptos de la Ley 65 de 1993." Expresa que el artículo 17 de la Ley 65 de 1993 "nos enseña el escenario de la descentralización propuesta por la Constitución y la efectivización de los principios de coordinación. a fin de que presente "las razones que justifique (sic) la constitucionalidad de la norma causada (sic)" sin que se hubiese presentado intervención por parte de la misma.
una de cuyas primeras consecuencias es.. que se desprenden. partiendo de la organización del Estado colombiano en forma de República unitaria y descentralizada. entrar a regular de manera aislada la prestación de servicios públicos (. con lo cual se creó un "vacío jurídico" que deja sin piso normas de toda clase. y la expresión "a los departamentos".Constitucional es competente para decidir de manera definitiva sobre la demanda de inconstitucionalidad que dio lugar al presente proceso. es decir. Dijo al respecto la Corte en sentencia No. consagrada en la Constitución Política de 1991. En relación con la descentralización administrativa. Para efectos de dilucidar el cargo formulado por el demandante. 1o. llámense departamentos. de la propia adopción de la forma unitaria por la Carta Política. so pretexto de su autonomía. El actor en su demanda formula un solo cargo contra el inciso 1o. a fin de establecer o no la ocurrencia de un eventual "vacío jurídico" a que hace referencia el actor. además se analizará el tránsito legislativo ocurrido con motivo de la expedición de la Ley 65 de 1993. resulta indispensable hacer algunas consideraciones acerca de la descentralización administrativa bajo el amparo de la Carta Política de 1991. Además expresa que la entrada en vigor de la referida ley olvidó disposiciones expedidas bajo la vigencia del Decreto 1817 de 1964. La materia. en otras palabras. como se ha dicho.. que no es válida la pretensión de que las entidades territoriales. la de la uniformidad legislativa en el ámbito nacional. la Corporación ha tenido oportunidad de analizar en repetidas ocasiones las normas constitucionales que la consagran. Ello significa. y particularmente en relación con la descentralización del sistema carcelario. Por tal se entiende el que posee un solo centro de impulsión política.). a fin de verificar si ésta se encuentra ajustada o no a las normas constitucionales. afirmando que vulnera el artículo 356 de la Carta Política ya que en virtud de esta norma no se pueden descentralizar responsabilidades si no se asignan los recursos fiscales correspondientes. distritos o municipios.. aquel en el cual la soberanía se ejerce directa y continuamente sobre todo el conglomerado social asentado
. puedan. para comenzar. del artículo 17 de la Ley 65 de 1993 solicitando la inexequibilidad de la expresión "departamentales" ubicada en el encabezamiento de la disposición. lo siguiente: "Es cierto que la forma de Estado unitaria se encuentra atemperada en la Constitución de 1991. C-216 de 1994. con los principios de descentralización y de autonomía de las entidades territoriales que igualmente consagra el artículo 1o.)" La autonomía territorial no puede rebasar pues la naturaleza del Estado unitario (art. a la luz del ordenamiento jurídico Superior. con autonomía de sus entidades territoriales. Pero debe recalcarse que dichas descentralización y autonomía tienen limitaciones de orden constitucional. SEGUNDA.
. conceptos ampliamente desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia... el Estado. cualquiera que sea su índole.. En efecto. (. la denominada descentralización territorial. Todos los individuos convocados bajo la soberanía de éste obedecen a una misma autoridad nacional. y en especial aquella que implica el otorgamiento de competencias o funciones administrativas del sector central a las entidades territoriales. unidad en las decisiones de carácter político que tienen vigencia para todo el espacio geográfico nacional. unidad en todos los ramos de la legislación. mediante el otorgamiento de funciones específicas que son ejercidas autónomamente. la totalidad de los atributos y funciones del poder político emanan de un titular único. Pero la centralización política no es incompatible con la descentralización administrativa.) Existe. El Estado unitario supone el principio de la centralización política. La descentralización se ha entendido como la facultad que se le atribuye a determinadas entidades públicas para gobernarse por sí mismas. La Corte Constitucional definió la descentralización. en general.. de manera genérica. De esta suerte. entendida como el otorgamiento de competencias o funciones
.)" (Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa) De conformidad con la Carta Política de 1991..) La palabra "descentralización" se emplea en sentido genérico y en sentido técnico. se le da ese nombre a todo proceso que traslada a asuntos de la capital del Estado a las entidades secciónales o locales. la descentralización significa traslado de competencias de carácter administrativo a manos de autoridades regionales o locales.)" Y agregó en esa oportunidad. unidad en la administración de justicia y. la descentralización territorial y funcional o por servicios. la descentralización administrativa.. en los siguientes términos: "(. (. viven bajo un mismo régimen constitucional y son regidos por unas mismas leyes. que se traduce en unidad de mando supremo. lo siguiente: "(. que es la persona jurídica de derecho público suprema. así se habla de descentralización fiscal. y el 285 y concordantes establecen la descentralización territorial. por una parte. reviste entre sus modalidades. económica o industrial. el artículo 210 de la Carta Política consagra la descentralización funcional o por servicios. De acuerdo con el primero. ni con la autonomía de las entidades regionales.sobre un mismo territorio.. En sentido técnico jurídico. Por el contrario. la tendencia en los Estados unitarios en el mundo contemporáneo ha sido la de vigorizar estos principios. La centralización política no es otra cosa que una jerarquía constitucional reconocida dentro de la organización jurídica del Estado. respecto de las distintas modalidades de descentralización.
" En esa misma sentencia. "el control debe conciliarse -so pena de aniquilarlo. que el Congreso expide las leyes que tiene aplicación en todo el territorio nacional.* Ibídem. las limitaciones que comporta la descentralización territorial en el marco del Estado unitario.
11 J. fijarle la extensión (legalidad u oportunidad). y las células territoriales no están sometidas al control jerárquico propio del Estado centralizado. Se trata entonces de una situación en la que se le confiere cierta autonomía a las colectividades para el manejo de sus propios asuntos. cit. Respecto de este último aspecto señaló esta Corporación: "Sobre el control de tutela cabe hacer cuatro observaciones. autonomía que debe ser comprendida desde un aspecto administrativo y financiero. como en interés de la persona descentralizada.administrativas a las entidades territoriales regionales o locales. Respecto a la autoridad descentralizada. y no hay tutela más allá de los textos". se ha visto. por el contrario.11 En el caso de transferencia de funciones del sector central a las entidades territoriales como los departamentos. el control por parte del Estado central. es de principio y el control se ejerce sin texto: es para excluirlo que un texto es necesario. que debe salvaguardar su unidad política y vigilar el respeto a la ley. las cuales se ejecutan en su propio nombre y bajo su propia responsabilidad. el control se extiende a todos los aspectos del acto. municipios y distritos. p. la libertad es la regla. de allí las fórmulas clásicas: no hay tutela sin texto. aunque aparece también en las relaciones de las colectividades locales con los establecimientos públicos que dependen de ellas. y el control la excepción. la Corte analizó con apoyo en apreciaciones del tratadista y profesor Jean Rivero. a la vez. pp. designar la autoridad que lo ejerce en nombre del Estado. según el autor citado:a) La descentralización no excluye. ob. al contrario de lo que ocurre en el Estado Federal. 349
. y no pueden ser modificadas por las autoridades locales. En la centralización. es decir.con la libertad reconocida a la colectividad. y la libertad retoma su imperio. un texto debe establecer el principio. escribe Rivero. c) El control de tutela se refiere normalmente a las personas jurídicas de derecho público. 344-345. lo cual no significa que las autoridades locales se aparten del control ejercido por el poder central. Por ello se opone punto por punto al control jerárquico. la subordinación. d) Finalmente. Además ella (la subordinación) es total. los procedimientos fuera o más allá de las prescripciones legales. el lenguaje administrativo emplea el mismo término para el mismo control sobre algunas personas de derecho privado encargadas de un servicio público. en el fallo citado. tanto en interés del Estado mismo. la tutela termina. Este control es necesario. además destacó la Corporación que en el primero. b) El control de tutela es normalmente una atribución del Estado. y puede conducir a su anulación o a su modificación. y asimismo en interés de los individuos que pueden tener necesidad de una protección contra la autoridad descentralizada. RIVERO. el manejo del Estado es unificado bajo la filosofía del llamado control de tutela. en el cual existe unidad legislativa. a diferencia del federalismo. sin embargo.
Es importante aclarar que la ley puede limitar la autonomía territorial. art. Los establecimientos penales de la nación presentan el fenómeno de la promiscuidad y el hacinamiento. su integración.. el Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario quede facultado para crear otros nuevos en atención a la naturaleza de los internos y a los niveles de seguridad. y en este orden de ideas el art. El actual Código Penitenciario establece una tipología demasiado rígida. colonias. 2. pero nunca alterar su núcleo esencial. 2. Se define el sistema carcelario y penitenciario. ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION.3. 15 de la Ley 29 de 1973 está conforme a derecho.. la autonomía de las entidades territoriales para la gestión de sus intereses.la Corte Constitucional dijo en relación con los límites que la Carta Política estableció respecto de la descentralización de las entidades territoriales lo siguiente: "Ahora bien. penitenciarías. acerca del tema planteado. al pronunciarse sobre la autonomía territorial. La Sentencia 517 de 1992 de esta Corte. está limitada por los términos de la Constitución y la ley (Cfr. En este estatuto se pretende que además de los centros que corresponda a la División Judicial. Sistema carcelario y penitenciario. cárceles para miembros de la Fuerza Pública. En épocas anteriores esto era dantesco
. Se contempla la obligación que tienen los departamentos de crear sus propias cárceles.2. casa-cárceles y establecimientos de rehabilitación. En este Título II se encuentra también la clasificación enunciativa de los establecimientos de reclusión: cárceles. en consonancia con el artículo 287 constitucional. reclusión de mujeres.. 287 superior). conviene precisar los razonamientos consignados en la exposición de motivos del proyecto de ley presentado a la consideración del Congreso por el Ministerio de Justicia y del Derecho: "2. expresó que dicha autonomía se concreta en la gestión de intereses propios mediante autoridades propias.(. Cárceles departamentales y municipales. fusión y supresión de los centros de reclusión.)" Ahora bien. de suerte que la Carta prevé la función delimitante del legislador. 2.) 2. La Ley está autorizada por la misma Constitución para señalar los límites de la autonomía territorial.4. creación y organización.1.. Creación y organización. por parte del Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario. Clasificación de establecimientos de reclusión. (.
correctiva. Sin embargo. la dotación de los elementos y recursos necesarios para ellos y un sobresueldo a los funcionarios de la cárcel. Como nuestras cárceles crean estigmas sociales. la población carcelaria ha disminuido notablemente. los municipios y departamentos deben pagar entre otras cosas. página 3) En la misma exposición de motivos. de que a ellos. municipios. con el fin de rebajar los costos de construcción y funcionamiento de las cárceles. En efecto. Esto da origen al hacinamiento y de manera muy particular a la violación de las reglas mínimas que establecen la separación entre condenados. En su artículo 17 acusado se dispuso que: "Corresponde a los departamentos. Cali y Cartagena. es involucrarlo en un ambiente dañino y peligroso." Agrega más adelante que los funcionarios competentes para hacer efectiva la detención y ejecución de las sentencias son el Director General del Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario. Desde luego lo ideal es que municipios y departamentos tengan sus propias cárceles. se les recargan con exceso las funciones. fusionados o suprimidos. los Directores Regionales y los Directores de los Establecimientos de Reclusión. en el cual se fijan las obligaciones que hagan menos onerosa la carga del Estado." (Gaceta del Congreso del jueves 29 de octubre de 1992. sindicados y contraventores. se autoriza la "fusión carcelaria" bajo un establecimiento conjunto. ante la ausencia de cárceles municipales los contraventores son enviados a los establecimientos nacionales. Como hay municipios muy cercanos unos y otros. y
. en ausencia de cárceles municipales y departamentales la Nación ofrece a estos entes. la alimentación de los arrestados. el Gobierno Nacional define a las cárceles como "lugares de reclusión fundamentalmente para detenidos" y aclara que las penitenciarías son lugares "para purgar una pena. áreas metropolitanas. La Ley 65 de 1993 estableció el "Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario" integrado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario "INPEC" y por todos los centros de reclusión que funcionan en el país dentro de los cuales se encuentran los creados. De todas maneras en ciudades como Medellín. mandar a una persona a un centro de reclusión es imprimirle una marca denigrante y sobre todo. La razón es que la pena de arresto tiene la exclusiva función de ser retributiva y a lo más. por la razón justa.pero ahora con las vigentes normas penales y procedimientales. alojar a sus contraventores en las cárceles nacionales con el requisito de firmar un contrato.
supresión en materia carcelaria. vigilancia de los mismos. fusión. así como a las áreas metropolitanas y al Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. como pagos de empleados.al Distrito Capital de Santafé de Bogotá. dirección. no encuentra esta Corporación incompatibilidad alguna entre la Carta Política y el artículo 17 demandado. la ejecución de las sentencias penales y la detención precautelativa. administración. Mientras se expide la ley que atribuya a las autoridades judiciales el conocimiento de los hechos punibles sancionables actualmente con pena de arresto por las autoridades de policía. sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad. En los presupuestos municipales y departamentales. Los castigados por contravenciones serán alojados en pabellones especiales. la creación." Dentro del criterio de descentralización de que se habla. raciones de presos. La Nación y las entidades territoriales podrán celebrar convenios de integración de servicios. los presupuestos departamentales y municipales que no llenen los requisitos señalados en este artículo. y es bien sabido que tanto para el régimen departamental como en el municipal. 311 y 365 C.).P. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ejercerá la inspección y vigilancia de las cárceles de las entidades territoriales. por conducto del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario "INPEC". organización.
. la creación. de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte. Los gobernadores y alcaldes respectivamente. ya que la creación. por orden de autoridad policiva. no quebranta el concepto del Estado unitario en cuanto la ley conserva en cabeza del Gobierno Nacional. éstas continuarán conociendo de los mismos. fusión o supresión. dejando solamente a los departamentos y municipios. se incluirán las partidas necesarias para los gastos de sus cárceles. de competencia de los departamentos y municipios. la evaluación de las medidas de seguridad y la reglamentación y control de las penas accesorias. fusión o supresión de cárceles para aquellas personas detenidas precautelativamente y condenadas por contravenciones "por orden de autoridad policiva". materiales y suministros. gastos de remisiones y viáticos. compra de equipos y demás servicios. se abstendrán de aprobar o sancionar según el caso. estos entes pueden prestar aquellos servicios públicos "que determinen la Constitución y las leyes" (artículos 298. para el mejoramiento de la infraestructura y el sostenimiento de los centros de reclusión del sistema penitenciario y carcelario.
como pagos de empleados. que su satisfacción y cumplimiento sea de la Nación. de conformidad con la Constitución de 1886. como lo afirma el actor. materiales y suministros. cárceles de cabeceras de distrito judicial y cárceles de ciudades donde funcionara juzgado superior.. más aún en tratándose de determinados servicios como el que es objeto de análisis.. vigilancia de los mismos. el artículo 356 establece que "Salvo lo dispuesto por la Constitución. dirigir. el Legislador consideró conveniente trasladar las competencias señaladas en el artículo 17 respecto de las cárceles. relacionada con la condición misma de las personas detenidas preventivamente o condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad. artículo 201 numeral 1o. se descentralizara. organizar. el Distrito Capital y los distritos especiales de Cartagena. artículo 154. artículos 209 y 210. de la expresa determinación del Constituyente de permitir una mayor descentralización de las funciones a cargo del Estado. que el Decreto 1817 de 1964 establecía en cabeza de la Nación la facultad de crear.Si bien es cierto. 8 y 23. y artículo 311 de la Constitución Política. a fin de facilitar el cumplimiento de los objetivos propios de un Estado Social de Derecho. artículo 189 numeral 17. para lo cual está facultado de conformidad con los artículos 150 numerales 2. colonias agrícolas nacionales. la ley. Ahora bien. Y agrega que "Determinará (la ley). administrar. por orden de autoridad policiva. Santa Marta y
. y concluye que "Esta regulación implica necesariamente que la responsabilidad de la prestación del servicio en cuestión sea del resorte central. y que dicho precepto "igualmente establece que no se podrán descentralizar responsabilidades si previamente no se asignan los recursos fiscales pertinentes". compra de equipos y demás servicios. raciones de presos. esto es. a iniciativa del Gobierno. artículo 298. lo cual es consecuencia. 4. la Carta Política de 1991 amplió las posibilidades de descentralización. precisamente. de traslado de competencias del sector central a las entidades territoriales. artículo 200 numeral 1o. en el marco de un Estado unitario también descentralizado. bajo las condiciones y requisitos establecidos por la propia Constitución y la ley. entre otros. gastos de remisiones y viáticos. fijará los servicios a cargo de la Nación y de las entidades territoriales". es decir. así mismo. artículo 286. puesto que solamente la presencia de tal circunstancia podría permitir que mediante ley esa responsabilidad se transfiriera a las entidades territoriales. En razón de lo anterior. y en consecuencia. y dada la naturaleza misma de la función carcelaria y penitenciaria. esto es." Con respecto a lo anterior. pero con mayor moderación. y de dotar de más autonomía a aquellas entidades. el situado fiscal. el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos." El actor considera que las expresiones "departamentales" y "departamentos" vulneran el artículo 356 de la Carta Política por cuanto esta norma establece que "mediante ley se asignarán los servicios a cargo de las entidades territoriales". el artículo 17 de la Ley 65 de 1993 establece que en los presupuestos municipales y departamentales "se incluirán las partidas necesarias para los gastos de sus cárceles. sostener y vigilar las penitenciarías.
o de lo contrario. con especial atención a los niños". Eduardo Cifuentes Muñoz). organización. es decir. en principio aplicable el artículo 356 al asunto sub exámine. Dr. municipales y distritales están sujetos a la
. y la salud. primaria. pues el servicio penitenciario y carcelario no hace referencia a los niveles de educación señalados en esta disposición constitucional. C-478 de 1992. para la elaboración. y faculta a los gobernadores y alcaldes respectivamente. No obstante. aprobación y ejecución de su presupuesto". etc. y a lo establecido por la ley 38 de 1989. en los niveles que señale la ley.Barranquilla. establecen las condiciones. No es. para la creación de cárceles. provean los servicios de educación y salud. modificación. previamente al ejercicio de las competencias trasladadas de conformidad con el artículo 17 de la Ley 65 de 1993. de los servicios que se les asignen. Lo anterior también desvirtúa la afirmación del actor referente a que la prestación del servicio objeto de examen solo puede ser de competencia de la Nación. pues. No sobra advertir que. su creación. sujetarse a los postulados consagrados por la Constitución. tanto a nivel departamental como municipal. en lo que fuere pertinente. secundaria y media. De manera que. y tampoco al servicio de salud "en los niveles que señale la ley". los gobiernos departamentales. deben hacerse las previsiones presupuestales para que los respectivos recursos fiscales estén asignados en debida forma. fusión o supresión. de las transferencias que la Nación hace a los departamentos para que éstos directamente o a través de sus municipios. ya que el artículo 353 Superior expresamente señala que "Los principios y las disposiciones establecidas en este título se aplicarán. para la atención directa. Como ya lo precisó la Corporación. Además. al momento de elaborar sus presupuestos. y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo". desde el punto de vista fiscal. es cierto que el citado artículo 356 indica que "No se podrán descentralizar responsabilidades sin la previa asignación de los recursos fiscales para atenderlas".P. el artículo 356 "trata del situado fiscal. y respecto de este punto. ha de entenderse que. pues precisamente tanto la Ley 65 de 1993 como la Carta Política." (Sentencia No. aprobación. los gobernadores y alcaldes no podrán ejercer la facultad referida. para que se abstengan de aprobar o sancionar los presupuestos departamentales y municipales que no llenen los requisitos señalados en el artículo 17 demandado. Los recursos del situado fiscal se destinarán a financiar la educación preescolar. previamente a la creación o fusión de cárceles. M. las autoridades correspondientes deben. el artículo 352 de la Constitución Política expresa que la ley orgánica de presupuesto regula lo concerniente "a la programación. o a través de los municipios. ejecución de los presupuestos de la Nación. de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo. para que tales entidades territoriales asuman las competencias que se les transfieren respecto de las cárceles. para los fines indicados. es la propia Ley 65 de 1993 la que obliga a que en los presupuestos municipales y departamentales se incluyan las partidas necesarias para los gastos de sus cárceles. a las entidades territoriales. Ahora bien.
insértese en la gaceta de la Corte Constitucional. respecto del orden departamental. como consecuencia del cambio de régimen constitucionalimplica que se configure dicho vacío. aunque adoptando decisiones de fondo respecto de la organización del Estado. notifíquese. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Presidente JORGE ARANGO MEJIA Magistrado
. la Corte Constitucional declarará EXEQUIBLES en los apartes señalados la disposición acusada. Respecto del eventual vacío jurídico ocasionado como consecuencia de la entrada en vigencia de la Ley 65 de 1993. administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución. cúmplase y archívese el expediente. RESUELVE: DECLARAR EXEQUIBLES los apartes demandados del artículo 17 de la Ley 65 de 1993. DECISION. En mérito de lo expuesto. que se desarrollen con sujeción a la ley de ordenamiento territorial. oído el concepto del señor Viceprocurador General de la Nación y cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991. no comparte la Corporación los argumentos expresados por el actor. la Sala Plena de la Corte Constitucional. igual ocurre en el caso de las áreas metropolitanas (artículo 319 de la Carta). comuníquese a quien corresponda. razón por la cual tal afirmación carece de sustento jurídico. no vulnera la Carta Política. Por lo tanto. y a la ley. es decir. las expresiones acusadas. ya que de ninguna manera la derogación de una norma por otra de igual jerarquía -referida a los mismos temas. Cópiese. pues en ningún momento las disposiciones contenidas en el Decreto 1817 de 1964 dejaron de regir. como uno de órdenes de descentralización territorial consagrados en el artículo 17 de la Ley 65 de 1993. como es el del traslado de competencias del sector central a las entidades territoriales. y 313 numeral 6o.). la entrada en vigencia de la Ley 65 de 1993. Por las razones expuestas.. sino solamente hasta el momento de su derogatoria. y no afecta para nada la exequibilidad de la norma parcialmente acusada.observancia de lo ordenado por la Constitución (artículos 300 numeral 7o. De manera que el cargo formulado contra el artículo 17 de la Ley 65 de 1993 no está llamado a prosperar.
ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ MESA Magistrado VLADIMIRO Magistrado NARANJO
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