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Timestamp: 2019-09-15 10:00:49+00:00

Document:
STSJ Cataluña 10706, 15 de Julio de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 20971854
STSJ Cataluña 10706, 15 de Julio de 2005
Ponente: EDUARDO SAAVEDRA MALDONADO
Número de Recurso: 292/2002
Número de Resolución: 10706
EXTRANJERO. DENEGACIÓN DE PERMISO DE RESIDENCIA. El artículo 3 del Real Decreto 239/2000 previene que los extranjeros que soliciten permiso de trabajo y residencia deberán presentar una cierta documentación, siendo evidente que la decisión que se adopte viene predeterminada por la constatación y ponderación de la prueba, sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma. No es... (ver resumen completo)
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA Recurso nº 292/2002 Partes: Jesús María contra LA SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN BARCELONA S E N T E N C I A Nº 921 Ilmos.Sres.:
PRESIDENTE D. EMILIO BERLANGA RIBELLES MAGISTRADOS D. JOSE ANTONIO MORA ALARCÓN Dña. Mª JESÚS FERNÁNDEZ DE BENITO D. EDUARDO SAAVEDRA MALDONADO En la ciudad de Barcelona, a quince de julio de 2005 VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCION SEGUNDA), constituida para la resolución de este recurso, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo nº
292/2002, interpuesto por Jesús María , representada y asistida de Letrado, contra LA SUBDELEGACION DEL GOBIERNO DE BARCELONA, representado y asistido por el ABOGADO DEL ESTADO.
Ha sido Ponente el Ilmo.Sr. Magistrado D. EDUARDO SAAVEDRA MALDONADO, quien expresa el parecer de la SALA.
Por la representación de la actora se interpuso recurso contra la resolución del SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN BARCELONA de fecha 15-01-02 por la que se acuerda desestimar el permiso de residencia a Jesús María
Ley reguladora de esta Jurisdicción. La actora dedujo demanda en la que tras relacionar los hechos y fundamentos de derecho que estimaba aplicables, terminaba suplicando que se dictara sentencia que anule la resolución que se recurre y por no ser ajustada a derecho.
Se prosiguió el trámite correspondiente y, practicadas las pruebas que propuestas fueron admitidas, se pasó al trámite de conclusiones su cintas, señalándose para votación y fallo el 7 de julio de 2005.
En la substanciación de este pleito se han observado las prescripciones legales.
- PRIMERO.- Se impugna en el presente recurso resolución administrativa que deniega permiso de residencia a extranjero solicitada al amparo del articulo 31.4 de la ley 8/2000 y articulo 41.3 del Real Decreto 864/2001 que permite la regularización de extranjeros establecidos en España por existencia de causas excepcionales residencia temporal.
La resolución considera que con la documentación aportada por el hoy recurrente no se prueba la existencia de causas excepcionales o humanitarias que justifiquen la excepcional medida que permite la ley, añadiendo que no se justifica ni la entrada en España ni un solo indicio del arraigo en nuestra sociedad.
Para resolver la cuestión controvertida es preciso partir de la doctrina general sobre la materia que puede concretarse en los siguientes términos :
El referido artículo 31.4 establece que podrá otorgarse un permiso de residencia temporal cuando concurran razones humanitarias, circunstancias excepcionales o cuando se acredite una situación de arraigo, en los supuestos previstos reglamentariamente.
Esta norma así como la específca de su desarrollo reglamentario ya citada tiene unos antecedentes que ya fueron enjuiciados por esta Sala que se ha pronunciado reiteradamente en los siguientes términos:
El art. 53.1 del Reglamento de ejecución de la LO 7/85, de 1 de julio, sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España, aprobado por RD 155/96, de 2 de febrero establecía que podrá otorgarse un permiso de residencia por circunstancias excepcionales en los supuestos previstos en la D A 1ª del Reglamento de aplicación de la Ley 5/84, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado (modificada por Ley 9/94, de 19 de mayo), aprobado por RD 203/95, de 10 de febrero , así como cuando concurran razones humanitarias, en particular haber sido víctima de conductas tipificadas como delitos, racistas o xenófobas, de interés nacional o de seguridad nacional que así lo justifiquen.
En desarrollo de esta disposición se dictó la Orden de...
SAP Cáceres 266/2015, 5 de Junio de 2015
SAP Cádiz 151/2005, 9 de Diciembre de 2005

References: artículo 3
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 31