Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32009F0829
Timestamp: 2019-05-23 04:03:57+00:00

Document:
Según las conclusiones del Consejo Europeo celebrado en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999 y, en particular, su punto 36, el principio de reconocimiento mutuo debe aplicarse a los autos anteriores al juicio. El Programa de medidas destinado a poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal trata en la medida no 10 el reconocimiento mutuo de medidas de vigilancia.
Asimismo, las medidas previstas en la presente Decisión marco tenderán a fortalecer el derecho a la libertad y la presunción de inocencia en la Unión Europea y a garantizar la cooperación entre los Estados miembros cuando se someta a una persona a obligaciones o vigilancia estando la causa pendiente. Por consiguiente, la presente Decisión marco tiene como objetivo la promoción, cuando proceda, del recurso a medidas no privativas de la libertad como sustitución de la prisión provisional, incluso cuando, con arreglo al Derecho del Estado miembro de que se trate, no se pueda imponer ab initio dicho tipo de prisión.
Por lo que se refiere a la privación de libertad de las personas sometidas a actuaciones penales, existe el riesgo de que se dé un trato diferente a las que son residentes en el Estado del juicio y a los que no lo son: un no residente se arriesga a ser sometido a prisión provisional mientras que, en circunstancias similares, un residente no lo sería. En un espacio europeo común de justicia sin fronteras interiores, es necesario garantizar que la persona sometida a actuaciones penales no residente en el Estado del juicio no reciba trato diferente del de la persona sometida a actuaciones penales que sí fuera residente.
El certificado que debería enviarse junto con la resolución relativa a las medidas de vigilancia a la autoridad competente del Estado de ejecución debería especificar la dirección en que residirá el interesado en el Estado de ejecución, así como toda información pertinente que pueda facilitar la supervisión de las medidas de vigilancia en el Estado de ejecución.
La autoridad competente del Estado de ejecución deberá informar a la autoridad competente del Estado de emisión del período máximo de tiempo, si lo hay, durante el cual podrían supervisarse las medidas de vigilancia en el Estado de ejecución. En los Estados miembros en los que las medidas de vigilancia están sometidas a renovación periódica, este período máximo de tiempo ha de entenderse como período de tiempo total después del cual no es ya legalmente posible renovar las medidas de vigilancia.
Las solicitudes de la autoridad competente del Estado de ejecución de confirmar la necesidad de prolongar las medidas de vigilancia se harán sin perjuicio del Derecho del Estado de emisión aplicable a la decisión sobre la renovación, la revisión y la retirada de la resolución sobre medidas de vigilancia. Dichas solicitudes de confirmación no obligarán a la autoridad competente del Estado de emisión a adoptar una nueva resolución para prolongar la supervisión de las medidas de vigilancia.
La autoridad competente del Estado de emisión tendrá competencia para adoptar cualquier decisión ulterior relacionada con la resolución sobre medidas de vigilancia, incluida la orden de prisión provisional. Esta prisión provisional podrá ordenarse, en particular, en caso de incumplimiento de las medidas de vigilancia o de incumplimiento de citación para comparecer a las audiencias o a las vistas en el marco de un proceso penal.
Con el fin de evitar gastos innecesarios y dificultades en relación con el traslado de una persona sometida a actuaciones penales para diligencias de prueba o vistas, se autorizará a los Estados miembros a utilizar el teléfono y las videoconferencias.
Para la supervisión de las medidas de vigilancia podrá recurrirse, cuando proceda, a medios electrónicos, con arreglo al Derecho y a los procedimientos nacionales.
La presente Decisión marco debe posibilitar que las medidas de vigilancia impuestas a la persona afectada se supervisen en el Estado de ejecución, al tiempo que se garantiza la debida acción de la justicia y, en particular, que la persona afectada esté disponible para comparecer en juicio. En caso de que la persona afectada no vuelva al Estado de emisión de manera voluntaria, podrá ser entregada a ese Estado en virtud de lo dispuesto en la Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (2) (en lo sucesivo, «la Decisión marco relativa a la orden de detención europea»).
Si bien la presente Decisión marco abarca todos los delitos y no se limita a determinados tipos o niveles de delincuencia, las medidas de vigilancia se aplicarán, por regla general, a los casos de delitos menos graves. Por ello, las disposiciones de la Decisión marco relativa a la orden de detención europea, exceptuando su artículo 2, apartado 1, se aplicarán en caso de que la autoridad competente del Estado de ejecución tenga que tomar una decisión sobre la entrega de la persona afectada. Por consiguiente, también el artículo 5, apartados 2 y 3, de dicha Decisión marco se aplicará en ese caso.
Los gastos de viaje de la persona afectada entre los Estados de ejecución y de emisión en conexión con la supervisión de medidas de vigilancia o a fin de comparecer en una audiencia no se regulan en la presente Decisión marco. La posibilidad de la que dispone, en particular, el Estado de emisión de asumir todos o parte de dichos gastos supone un asunto que se rige por el Derecho nacional.
Dado que el objetivo de la presente Decisión marco, a saber, el reconocimiento mutuo de las decisiones sobre medidas de vigilancia durante una actuación penal no puede ser alcanzado de modo suficiente por la acción unilateral de los Estados miembros y, por consiguiente, puede lograrse mejor, debido a su escala y efectos, a nivel de la Unión, la Unión puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 5 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en ese último artículo, la presente Decisión marco no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
La presente Decisión marco respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y reflejados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Nada de lo dispuesto en la presente Decisión marco debe interpretarse como una prohibición de denegar el reconocimiento de la resolución sobre medidas de vigilancia cuando existan indicios objetivos de que se dictó para sancionar a la persona por razón de sexo, raza, religión, origen étnico, nacionalidad, lengua, convicciones políticas u orientación sexual, o de que la situación de dicha persona puede verse perjudicada por cualquiera de estas razones.
La presente Decisión marco no impedirá a los Estados miembros aplicar sus normas constitucionales relativas al derecho a la jurisdicción, la libertad de asociación, la libertad de prensa, la libertad de expresión en otros medios de comunicación y la libertad religiosa.
Lo dispuesto en la presente Decisión marco debe aplicarse de conformidad con el derecho de los ciudadanos de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros con arreglo al artículo 18 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
Los datos de carácter personal tratados en el contexto de la aplicación de la presente Decisión marco deben estar protegidos conforme a la Decisión marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal (3) y con arreglo a los principios del Convenio del Consejo de Europa, de 28 de enero de 1981, para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, ratificado por todos los Estados miembros.
garantizar la debida acción de la justicia y, en particular, que la persona afectada esté disponible para comparecer en juicio;
promover, en su caso, el empleo, en el curso de las actuaciones penales, de medidas no privativas de libertad para las personas que no sean residentes en el Estado miembro en el que estén teniendo lugar las actuaciones judiciales;
mejorar la protección de las víctimas y del público en general.
«resolución sobre medidas de vigilancia», una resolución ejecutiva adoptada en el transcurso de un proceso penal por una autoridad competente del Estado de emisión, adoptada con arreglo a su Derecho y procedimientos nacionales que imponga a una persona física una o más medidas de vigilancia como alternativa a la prisión provisional;
«medidas de vigilancia», las obligaciones impuestas e instrucciones dictadas a una persona física con arreglo al Derecho nacional y a los procedimientos del Estado de emisión;
«Estado de emisión», el Estado miembro en el que se ha dictado una resolución sobre medidas de vigilancia;
«Estado de ejecución», el Estado miembro en el que se procede a la supervisión de las medidas de vigilancia.
obligación de la persona de comunicar a la autoridad competente del Estado de ejecución cualquier cambio de domicilio, en particular para poder recibir las citaciones a comparecer en unas diligencias de prueba o vistas en el transcurso de las actuaciones penales;
obligación de no entrar en determinadas localidades, lugares, o zonas definidas del Estado de emisión o del Estado de ejecución;
obligación de permanecer en un lugar determinado, cuando proceda, en períodos determinados;
imposición de limitaciones respecto a la salida del territorio del Estado de ejecución;
obligación de presentarse en determinadas fechas ante una autoridad específica;
prohibición de aproximación a personas específicas relacionadas con los delitos presuntamente cometidos.
obligación de no realizar determinadas actividades relacionadas con los delitos presuntamente cometidos, lo que podrá incluir ejercer determinadas profesiones o trabajar en determinados sectores;
obligación de no conducir vehículos;
obligación de depositar una suma determinada o dar otro tipo de garantía, en un número determinado de plazos o en un pago único;
obligación de someterse a tratamientos terapéuticos o a tratamientos contra las adicciones;
obligación de evitar todo contacto con objetos específicos relacionados con los delitos presuntamente cometidos.
si procede, el plazo al que se aplica la resolución sobre medidas de vigilancia y si es posible su renovación;
de manera indicativa, la duración provisional del período durante el cual podrá ser necesario supervisar las medidas de vigilancia, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso de las que se tenga conocimiento en el momento de la transmisión de la resolución sobre medidas de vigilancia.
7. Si la autoridad competente del Estado de emisión desconoce cuál es la autoridad competente del Estado de ejecución, efectuará todas las consultas necesarias, inclusive a través de los puntos de contacto de la red judicial europea creada por la Acción común 98/428/JAI del Consejo, de 29 de junio de 1998, por la que se crea una red judicial europea (4), a fin de obtener esa información del Estado de ejecución.
cuando la persona de que se trate haya establecido su residencia legal habitual en un Estado distinto al Estado de ejecución;
en cuanto la autoridad competente del estado de emisión haya notificado a la autoridad competente del Estado de ejecución la retirada del certificado a que se refiere el artículo 10, apartado 1, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13, apartado 3;
cuando la autoridad competente del Estado de emisión haya modificado las medidas de vigilancia y la autoridad competente del Estado de ejecución, en aplicación del artículo 18, apartado 4, letra b), se haya negado a supervisar las medidas de vigilancia debido a que no están incluidas en los tipos de estas medidas a que se refiere el artículo 8, apartado 1, o en aquellos que haya notificado el Estado de ejecución de que se trate, de conformidad con el artículo 8, apartado 2;
cuando haya transcurrido el período de tiempo a que se refiere el artículo 20, apartado 2, letra b);
cuando la autoridad competente del Estado de ejecución haya decidido dejar de supervisar las medidas de vigilancia y lo haya comunicado a la autoridad competente del Estado de emisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.
explotación sexual de niños y pornografía infantil,
fraude, incluido el que afecte a los intereses financieros de las Comunidades Europeas con arreglo al Convenio de 26 de julio de 1995 relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (5),
cuando el certificado a que se refiere el artículo 10 esté incompleto o no corresponda manifiestamente a la resolución sobre medidas de vigilancia y no haya sido completado o corregido dentro de un plazo razonable fijado por la autoridad competente del Estado de ejecución;
cuando no se cumplan los criterios expuestos en el artículo 9, apartados 1 y 2, o en el artículo 10, apartado 4;
si el reconocimiento de la resolución sobre medidas de vigilancia vulnerase el principio ne bis in idem;
en los casos mencionados en el artículo 14, apartado 3, y, de haber presentado el Estado de ejecución una declaración con arreglo al artículo 14, apartado 4, en los casos contemplados en el artículo 14, apartado 1, si la resolución sobre medidas de vigilancia se refiere a hechos no constitutivos de infracción según el Derecho del Estado de ejecución. No obstante, en materia fiscal, aduanera y de cambio, no podrá denegarse la ejecución de la resolución aduciendo que el Derecho del Estado de ejecución no impone el mismo tipo de tasas o impuestos o no contiene el mismo tipo de reglamentación en materia de impuestos, de derechos de aduana o de cambio que el Derecho del Estado de emisión.
Cuando la posibilidad de enjuiciar la infracción por la vía penal haya prescrito según el Derecho del Estado de ejecución y la infracción se refiera a hechos que sean competencia del Estado de ejecución conforme a su Derecho nacional.
Cuando el Derecho del Estado de ejecución reconozca una inmunidad que impida la supervisión de las medidas de vigilancia.
Cuando el interesado, debido a su edad, no pueda ser considerado penalmente responsable de los hechos en que se basa la resolución sobre medidas de vigilancia según el Derecho del Estado de ejecución.
Cuando, en el supuesto de que el interesado incumpliera las medidas de vigilancia, el Estado de ejecución se viera obligada a negarse a entregarlo de conformidad con la Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (6) (denominada en lo sucesivo «Decisión marco relativa a la orden de detención europea»).
renovación, revisión y retirada de la resolución sobre medidas de vigilancia;
modificación de las medidas de vigilancia;
emisión de una orden de detención o de cualquier otra resolución judicial ejecutiva que surta los mismos efectos.
adaptar estas medidas modificadas de conformidad con el artículo 13, en caso de que la naturaleza de las medidas de vigilancia modificadas sea incompatible con el Derecho del Estado de ejecución;
negarse a supervisar las medidas de vigilancia modificadas si dichas medidas no corresponden al tipo de medidas de vigilancia a que se refiere el artículo 8, apartado 1, o a las medidas notificadas por el Estado de ejecución de que se trate de conformidad con el artículo 8, apartado 2.
de cualquier cambio de residencia de la persona de que se trate;
del período máximo de tiempo durante el cual podrán supervisarse las medidas de vigilancia en el Estado de ejecución, en caso de que el ordenamiento del Estado de ejecución establezca dicho período máximo;
de la imposibilidad práctica de supervisar las medidas de vigilancia debido a que, después de la transmisión de la resolución sobre medidas de vigilancia y del certificado al Estado de ejecución, no se ha podido hallar al interesado en el territorio del Estado de ejecución, en cuyo caso este último no tendrá obligación alguna de supervisar las medidas de vigilancia;
del hecho de que se haya interpuesto un recurso contra la decisión de reconocer una resolución sobre medidas de vigilancia;
de la decisión final de reconocer la resolución sobre medidas de vigilancia y tomar todas las medidas necesarias para la supervisión de las medidas de vigilancia;
de cualquier decisión de adaptar las medidas de vigilancia de conformidad con el artículo 13;
de cualquier decisión de no reconocer la resolución sobre medidas de vigilancia ni asumir la responsabilidad de supervisar las medidas de vigilancia de conformidad con el artículo 15, junto con las razones de tal decisión.
durante la preparación o, al menos, antes de transmitir la resolución sobre medidas de vigilancia junto con el certificado a que hace referencia el artículo 10;
para facilitar la supervisión ordenada y eficiente de las medidas de vigilancia;
cuando la persona de que se trate haya incumplido gravemente las medidas de vigilancia impuestas.
la información que permita la verificación de la identidad y el lugar de residencia del interesado;
la información pertinente extraída del registro de antecedentes penales de conformidad con los instrumentos legislativos aplicables.
seguir aplicando los acuerdos o convenios bilaterales o multilaterales de ese tipo que estén vigentes cuando la presente Decisión marco entre en vigor;
celebrar acuerdos o convenios bilaterales o multilaterales de ese tipo después de la entrada en vigor de la presente Decisión marco.
la medida en que los Estados miembros han tomado las medidas necesarias para cumplir la presente Decisión marco, y
la aplicación de la presente Decisión marco.
(1) Dictamen no publicado aún en el Diario Oficial.
(2) DO L 190 de 18.7.2002, p. 1.
(3) DO L 350 de 30.12.2008, p. 60.
(4) DO L 191 de 7.7.1998, p. 4.
(5) DO C 316 de 27.11.1995, p. 49.
a que se refiere el artículo 10 de la Decisión marco 2009/829/JAI del Consejo, de 23 de octubre de 2009, relativa a la aplicación, entre Estados miembros de la Unión Europea, del principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas de vigilancia como sustitución de la prisión provisional (1)
la autoridad antes mencionada
la autoridad central; si marca esta casilla facilite la denominación oficial de dicha autoridad central:
otra autoridad competente; si marca esta casilla facilite la denominación oficial de dicha autoridad:
la autoridad indicada en la letra b)
otra autoridad; si marca esta casilla facilite la denominación oficial de dicha autoridad:
en el Estado de emisión:
en el Estado de ejecución:
tipo y número del documento o documentos de identidad de la persona (documento de identidad, pasaporte):
tipo y número del permiso de residencia de la persona en el Estado de ejecución:
el interesado tiene su residencia legal habitual en el Estado de ejecución y habiendo sido informado sobre las medidas en cuestión, consiente en regresar a dicho Estado
el interesado ha solicitado que se transmita la resolución sobre medidas de vigilancia a un Estado miembro distinto del Estado miembro en que tiene su residencia legal habitual, por los siguientes motivos:
La resolución se refiere a un total de … infracciones presuntamente cometidas.
Si las presuntas infracciones señaladas en el punto 1 se corresponden con alguna de las siguientes infracciones, definidas con arreglo al Derecho del Estado de emisión, y están castigadas en él con una pena privativa de libertad o medida de privación de libertad de un máximo de al menos tres años, confírmelo marcando las casillas correspondientes:
En caso de que las presuntas infracciones señaladas en el punto 1 no estén contempladas en el punto 2 o si la resolución, así como el certificado, se remiten a un Estado miembro, que declaró que comprobará la doble tipificación (artículo 14, apartado 4, de la Decisión marco), descríbanse con precisión las presuntas infracciones de que se trate:
Plazo al que se aplica la resolución sobre medidas de vigilancia y si es posible su renovación (si procede):
Duración provisional del período durante el cual podrá ser necesario supervisar las medidas de vigilancia, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso de las que se tenga conocimiento en el momento de la transmisión de la resolución sobre medidas de vigilancia (a título indicativo):
Tipo de la(s) medida(s) de vigilancia (es posible indicar varias casillas):
obligación del interesado de comunicar a la autoridad competente del Estado de ejecución cualquier cambio de domicilio, en particular para poder recibir las citaciones a comparecer en unas diligencias de prueba o vistas en el transcurso de las actuaciones penales
obligación de no entrar en determinadas localidades, lugares, o zonas definidas del Estado de emisión o del Estado de ejecución
obligación de permanecer en un lugar determinado, cuando sea de aplicación en determinadas fechas
imposición de limitaciones respecto a la salida del territorio del Estado de ejecución
obligación de presentarse en determinadas fechas ante una autoridad específica
obligación de evitar todo contacto con personas específicas relacionadas con los delitos presuntamente cometidos
otras medidas cuya vigilancia esté dispuesto a asumir el Estado de ejecución, con arreglo a la notificación contemplada en el artículo 8, apartado 2, de la Decisión marco:
Si marcó la casilla correspondiente a «otras medidas», especifique de qué medidas se trata marcando las casillas correspondientes:
obligación de no realizar determinadas actividades relacionadas con los delitos presuntamente cometidos, lo que podrá incluir ejercer determinadas profesiones o trabajar en determinados sectores
obligación de no conducir vehículos
obligación de depositar una suma determinada o dar otro tipo de garantía, en un número determinado de plazos o en un pago único
obligación de someterse a tratamientos terapéuticos o a tratamientos contra las adicciones
obligación de evitar todo contacto con objetos específicos relacionados con los delitos presuntamente cometidos
otro motivo (especifique):
Se ruega proporcionar descripción detallada de la(s) medidas de vigilancia indicada(s) en el punto 3:
(1) El certificado se redactará o traducirá a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del Estado de ejecución o a una o varias de las demás lenguas oficiales de las instituciones de la Unión Europea aceptadas por dicho Estado.
obligación de la persona de comunicar a la autoridad competente del Estado de ejecución cualquier cambio de domicilio, en particular para poder recibir las citaciones a comparecer en unas diligencias de prueba o vistas en el transcurso de las actuaciones penales
otras medidas (especifique):
Otros hechos que puedan dar lugar a la adopción de cualquier resolución ulterior
«Con arreglo al artículo 14, apartado 4, de la Decisión marco del Consejo relativa a la aplicación, entre Estados miembros de la Unión Europea, del principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas de vigilancia como sustitución de la prisión provisional, la República Federal de Alemania declara que no aplicará el artículo 14, apartado 1 antes mencionado respecto de todos los delitos que se mencionan en dicho apartado.»
«Con arreglo al artículo 14, apartado 4, de la Decisión marco del Consejo relativa a la aplicación, entre Estados miembros de la Unión Europea, del principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas de vigilancia como sustitución de la prisión provisional, la República de Polonia declara que no aplicará el artículo 14, apartado 1 antes mencionado respecto de todos los delitos que se mencionan en dicho apartado.»
«Con arreglo al artículo 14, apartado 4, de la Decisión marco del Consejo relativa a la aplicación, entre Estados miembros de la Unión Europea, del principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas de vigilancia como sustitución de la prisión provisional, la República de Hungría declara que no aplicará el artículo 14, apartado 1 antes mencionado respecto de todos los delitos que se mencionan en dicho apartado.»
Por lo que se refiere a los «motivos constitucionales» mencionados en el artículo 14, apartado 4, Hungría ha dado la siguiente explicación:
«Tras haber ratificado el Tratado de Lisboa, Hungría ha modificado su Constitución para poder cumplir las obligaciones establecidas en dicho Tratado, incluida la necesidad de no aplicar la condición de doble tipificación en materia penal. Esta disposición constitucional entrará en vigor al mismo tiempo que el Tratado de Lisboa. No obstante, hasta la entrada en vigor de dicho Tratado, la doble tipificación sigue siendo una importante cuestión constitucional y, en tanto que principio constitucional consagrado por el artículo 57 de la Constitución, no puede ni debe ser ignorado. Por ello, el artículo 14, apartado 1, de la Decisión marco no se aplicará a todos los delitos allí enumerados (o, según el tenor de dicho artículo 14, apartado 4, “respecto de todos los delitos”)».
«Con arreglo al artículo 14, apartado 4, de la Decisión marco del Consejo relativa a la aplicación, entre Estados miembros de la Unión Europea, del principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas de vigilancia como sustitución de la prisión provisional, la Repúglica de Lituania declara que, por motivos constitucionales, no aplicará el artículo 14, apartado 1, respecto de todos los delitos que se mencionan en dicho apartado.»

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 6
 resolución 
 artículo 18
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 10
 artículo 13
 artículo 18
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 20
 artículo 23
 artículo 10
 resolución 
 artículo 9
 artículo 10
 resolución 
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 14
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 13
 artículo 8
 artículo 8
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 13
 resolución 
 artículo 15
 resolución 
 artículo 10
 artículo 10
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 8
 resolución 
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 57
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 14