Source: http://rafaelsilva.over-blog.es/page/49
Timestamp: 2017-10-20 23:07:44+00:00

Document:
11 enero 2016 1 11 /01 /enero /2016 00:00
Y una pieza fundamental, añadimos nosotros a la cita inicial, para que los episodios de deuda desbocada a los que hemos asistido no vuelvan a tener cabida. El ejercicio de auditoría y, en su caso, de repudio de la deuda pública se hace, como estamos pudiendo comprobar, cada vez más necesario. En este artículo de Eric Toussaint recomienda textualmente que "la suma destinada al reembolso de la deuda pública no puede superar el 5% de los ingresos del Estado (después de repudiar el conjunto de la deuda ilegítima, ilegal u odiosa)", y eso fue exactamente lo que recomendó para el reciente caso de Grecia, cuyo proceso de auditoría presidió. Proceso que, como sabemos, no sirvió realmente a los intereses que debió haber servido, ya que el Gobierno de Syriza, presidido por un cobarde Alexis Tsipras, decidió, en vez de hacer caso a los consejos del Comité de Auditoría de la Deuda, y de su Ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis (que había propuesto un plan alternativo de salida progresiva del sistema-euro), aceptar un humillante plan de rescate del país, aún con condiciones más indignas e inasumibles para el pueblo de lo que lo eran los anteriores.
Y es que la Troika, que no entiende de chiquitas, decidió que la mejor estrategia era usar el ejemplo griego para "demostrar" al resto de países que no hay alternativa a sus postulados, y que además, aquéllos gobiernos que osen cuestionarlos, se pueden ver en serios apuros, utilizando mezquinas, ruines y miserables imposiciones a la población, como el "corralito" al que se vio sometido el pueblo griego durante más de dos semanas. En palabras de Michael Hudson, la posición de la Troika era y es: "Imponed la austeridad ahora. Más adelante hablaremos de la reestructuración de la deuda. Pero primero debéis liquidar lo que queda del sector público. Debéis rebajar los salarios otro 20% y forzar a otro 20% de vuestra población a emigrar. Sólo entonces, cuando estemos seguros de que ya no podemos sacaros ni un euro más, entonces tal vez estemos dispuestos a hablar sobre reestructurar algo de vuestra deuda. Pero en cualquier caso, nunca antes de que os hayamos quitado todo lo que os quedaba para pagar". Cualquier que hoy día tenga duda de que efectivamente éstas son sus auténticas intenciones, es que es un colosal ingenuo, o que simplemente, vive en la luna.
El caso español no escapa a esta lógica neoliberal de la Troika. En nuestro país, como en todo el sur de Europa, el déficit presupuestario y la deuda pública se han convertido en elementos clave de cada PGE, para satisfacer las obsesivas directrices de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, hasta tal punto que el Gobierno (el del PP, además, de forma muy entusiasta) aplica recortes masivos para justificar su pago, y aducir razones de "saneamiento de cuentas públicas" y "ajustes presupuestarios". Es imposible, bajo esta situación, acometer, por ejemplo, un plan de inversiones en obras públicas sociales, en viviendas o en hospitales, y restituir los gastos sociales eliminados, sin repudiar y eliminar el pago de esta deuda. Desde 2008, la deuda pública española se incrementó en 650.000 millones de euros, pasando del 36% del PIB al 99% actual. Hoy en día debemos a nuestros acreedores un montante total prácticamente igual a toda la riqueza que genera el país en un año. La mayor parte de esta deuda está en manos de los bancos, del BCE y de grandes inversores nacionales y extranjeros. Y gran parte de esta deuda se generó para rescatar a los bancos quebrados, y a las grandes empresas que transfirieron al Estado sus propias deudas, en un claro proceso de socialización de pérdidas. Es, por tanto, y según la casuística y jurisprudencia presentada en artículos anteriores, una deuda ilegítima y fraudulenta.
Una deuda que ata el PGE a grandes partidas de pago de intereses, y que succiona la savia vital de la economía española, transfiriendo anualmente más de 35.000 millones de euros al pago de intereses, el verdadero negocio de la deuda pública, que va a los mismos bancos e inversores que fueron salvados con dinero público. Por eso, no tenemos más remedio que repudiar el pago de, al menos, parte de esta deuda pública, liberándonos de dicho dogal, para poder atender al resto de necesidades sociales de una población ya bastante maltratada, con unos servicios públicos en claro proceso de desmontaje y de privatización. Sólo habría que respetar, devolviéndoles su dinero, a los pequeños ahorradores que no disponen de otros recursos, o que depositaron allí sus ahorros de toda una vida de trabajo. Faltaría por determinar los agentes que han de llevar a cabo todo este proceso de auditoría. Nuestra propuesta, desde la izquierda transformadora, es que este proceso ha de protagonizarlo un Comité Ciudadano compuesto por representantes reconocidos del pueblo trabajador, de los sindicatos y de los movimientos sociales más implicados con el asunto de la deuda, actores elegidos democráticamente, y con una autoridad moral irreprochable. Debemos tomar como referencia otros procesos y comités de auditoría de la deuda que se hayan formalizado en otros países recientemente, y su fin debe ser exponer documentalmente las mentiras, corruptelas, desmanes y saqueos que implicó el negocio de la deuda pública en los últimos años, y así demostrar ante el conjunto de la ciudadanía la necesidad de su repudio en las condiciones planteadas.
No obstante, dicho Comité de Auditoría de la Deuda se limitará a publicar sus conclusiones cuando estén finalizadas, siendo el Gobierno de turno el responsable, a tenor de la información publicada, de tomar las oportunas decisiones al respecto, indicando los diversos tramos de deuda que se declaran impagados, en su caso, y los tramos que pueden ser objeto de renegociación y/o reestructuración. Es, por tanto, un sano ejercicio de democracia y de soberanía popular, completamente necesario, si queremos volver a tomar las riendas de nuestras propias decisiones, sin el lastre que supone la devolución de una deuda pública que no hemos generado. De ahí que todo este asunto haya sido tratado con profundidad en esta serie de artículos, porque pensamos que supone otro de los puntales fundamentales donde deben basarse las políticas socialistas del siglo XXI. El sistema-deuda globalizado ha de ser combatido por cada país, hasta que consigamos su completa erradicación, y eliminemos otra de las grandes herramientas que emplea el capitalismo mundial para atar a los países y controlarlos desde sus propias fuentes de financiación, impidiendo que puedan llevar a cabo políticas para satisfacer las necesidades sociales del conjunto de la población. Continuaremos en siguientes entregas.
8 enero 2016 5 08 /01 /enero /2016 00:00
El siguiente aspecto que las ONG's implicadas en estas medidas tocan, muy en relación con los aspectos climáticos y con los recursos naturales, es el relativo al urbanismo, esto es, al conjunto de características y objetivos que nos marcamos cuando nos ponemos a diseñar nuestras ciudades. Básicamente, ha de ser un urbanismo no especulativo, y a la medida de las personas, todo lo contrario de lo que se ha estado haciendo hasta ahora. La importancia de la ciudad es tal en nuestros tiempos, que uno de los Derechos Emergentes que se han reconocido ha sido el denominado "Derecho a la Ciudad". La mirada a nuestro pasado reciente, en el plano urbanístico, es desoladora. Poco nuevo nos queda que decir sobre la locura que ha supuesto la reciente burbuja urbanística en nuestro territorio. Baste señalar que en algunas de nuestras Comunidades Autónomas, en apenas 10 años, se urbanizó de forma urgente y avasalladora el equivalente a la mitad de la superficie que se había urbanizado en toda la historia previa. Evidentemente, no hay planeta que resista este ritmo.
Este desarrollo disperso, promovido por los propios Ayuntamientos y consentido o alentado por las Administraciones autonómicas competentes, ha sido posible, evidentemente, con una correlación de fuerzas políticas a favor de las que apuestan bien poco por la sostenibilidad del territorio, sino más bien todo lo contrario, es decir, para valerse de la "ordenación territorial" para sus corruptelas. Todo ello ha generado graves problemas de insostenibilidad, desequilibrios ambientales, multiplicando la ocupación territorial, la necesidad de transporte o la reducción de espacios naturales. Por otro lado, el parque urbanístico construido a toda velocidad no ha cumplido con los estándares adecuados desde el punto de vista de la eficiencia energética y del aprovechamiento pasivo de la energía, como tampoco ha satisfecho las necesidades de vivienda de una parte importante de la población, que no dispone de recursos suficientes. La ciudad se vuelve inhóspita, insostenible, inadecuada para el mundo animal, tremendamente contaminante, y devoradora de recursos naturales. Deja de respetar el espacio para los ecosistemas, y todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos/as se mercantilizan, desapareciendo los espacios públicos de reunión y organización de eventos. Proponemos para evitar y restaurar todo ello las siguientes medidas:
1.- Cumplir la legislación del sector y subordinar la actividad urbanística al interés general, recuperando la planificación y ordenación territorial desde las Administraciones Autonómicas y Locales (con participación social), que se ha abandonado durante estos últimos años. A ello debemos unir una legislación que no sólo no deje ningún resquicio a la corrupción, sino que dé la vuelta como un calcetín a los objetivos bajo los cuales se planifica la ordenación del territorio y el urbanismo actual.
2.- Apostar por las ciudades compactas y con funciones diversas, que reduzcan las constantes necesidades de movilidad obligada, y de largas distancias. Asímismo, prohibir nuevos desarrollos urbanísticos desgajados de núcleos preexistentes. Siempre que sea posible, los desarrollos se realizarán ocupando los vacíos urbanos (solares) cuando el área esté adecuadamente equipada de espacios verdes.
3.- Impulsar políticas de regeneración urbana, mejorando la habitabilidad de los cascos urbanos consolidados. Asímismo, construir ciudades que respeten mejor y den más espacios de esparcimiento y de seguridad a los animales (y no sólo contemplando el aspecto de la limpieza, como se hace hoy día).
4.- Realizar un censo de viviendas vacías y planes para incentivar su puesta en uso mediante Parques de Alquiler Social o medidas similares. Limitar la construcción de nuevas viviendas, en tanto no se reduzca el parque de viviendas vacías, y siempre respetando las necesidades sociales reales, y la sostenibilidad del territorio.
5.- Preservar el patrimonio municipal de suelo público de los Ayuntamientos, que debe dedicarse exclusivamente a vivienda protegida y social, de venta o alquiler, o a equipamientos públicos de gestión directa.
6.- Luchar contra el urbanismo ilegal, con la retirada de las competencias de disciplina urbanística a aquéllos Ayuntamientos que incumplan la normativa urbanística, sobre todo en suelo no urbanizable o en zonas de Dominio Público Marítimo Terrestre o Dominio Público Hidráulico.
7.- Implementar medidas que aseguren la transparencia y la participación públicas en las Comisiones de Urbanismo, con una amplia representación de las diversas organizaciones ecologistas, animalistas y de defensa ambiental.
7 enero 2016 4 07 /01 /enero /2016 00:00
1.- Susana Díaz adelantó la fecha de los comicios andaluces, que no tocaban todavía, incluso teniendo cerrado un acuerdo de Presupuestos para la Comunidad, para encontrarse en una posición dominante y ventajosa con respecto a PODEMOS, que aún en Andalucía no tenía una extensa infraestructura. Con tan poco tiempo de antelación y preparación de la candidatura, la formación morada no tuvo tiempo ni recursos suficientes para hacer una campaña más efectiva.
2.- A ello debemos sumarle los resultados moldeados por el injusto tratamiento que de ellos hace la Ley Electoral, que como sabemos, tanto a nivel autonómico como estatal, premia a los partidos mayoritarios, mediante el algoritmo D'Hont, produciendo un reparto no proporcional de los escaños, y favoreciendo claramente al bipartidismo andaluz (delegaciones de PP y PSOE en Andalucía). Los cálculos nos dicen que con una Ley Electoral realmente proporcional, los escaños del PSOE en el Parlamento Andaluz serían hoy día 38, en vez de 47.
3.- Existencia de una red de clientelismo político por parte del PSOE en Andalucía, labrada durante muchos años de preponderancia política, y dedicada a construir toda una cadena de favoritismos, nepotismo y tráfico de influencias, para asegurarse permanentemente el poder. En el fondo, no es más que una red corrupta institucionalizada. De hecho, en este artículo de nuestro Blog ya denunciábamos, a los pocos días de celebrarse las Elecciones, un escándalo de este tipo. El PSOE de Andalucía jamás ha dado explicaciones de estos hechos, ni de las prácticas intimidatorias a empleados y clientes, mediante la presencia de una serie de empresas públicas de carácter "fantasma", en las que el partido mantiene a todo tipo de enchufados/as, suponiendo una insoportable sangría de fondos públicos destinados a empresas que poseen, por decirlo coloquialmente, "más jefes que indios". Todo ello ha ido engordando la Administración Pública andaluza, construyendo una especie de Administración paralela, y una extensa red de clientelismo político, extendida en mayor o menor medida por todas las provincias andaluzas, que lógicamente, suponen una gran baza para la victoria del PSOE.
4.- El cuarto factor tiene que ver con la realidad de la propia sociedad andaluza, que configura, dentro del ránking de las Comunidades Autónomas del Estado Español, una de las de mayor subdesarrollo social y económico. En efecto, Andalucía lleva arrastrando desde siempre, con respecto a otras zonas de España, este bajo nivel de desarrollo, que se manifiesta en diversas vertientes, tales como el alto nivel de paro, el sobredimensionamiento del sector servicios, la baja renta per cápita, o el nivel de implantación de su tejido industrial, quizá el más pobre de España, junto a otras regiones, como Extremadura o Canarias. A todo ello se une una población más envejecida que en otras zonas, así como la presencia de grandes zonas rurales. Evidentemente, toda esta arquitectura social es proclive a disponer de una población mucho más conservadora en el voto, y más fácil de convencer y de manipular.
5 enero 2016 2 05 /01 /enero /2016 00:00
En el último artículo de esta serie nos quedamos hablando sobre el excesivo culto al trabajo que profesamos en nuestra sociedad capitalista, y a qué factores podría obedecer. Y siguiendo por esa misma línea, un peligro añadido son las "carreras profesionales" o los ascensos dentro de las empresas, porque, a la vez que abren la puerta a una posible realización personal, también la abren a una mayor explotación, a una mayor "prostitución", y a una mayor obsesión por el propio trabajo. De hecho, muchas parejas se descomponen, se rompen cuando alguno (o ambos) de ellos se dedica casi en exclusiva a su trabajo. Y es que el trabajo es parte importante de la realización personal, pero no puede ser utilizado como refugio de otras parcelas de la vida de las personas. Muchas familias dejan de ser familias para convertirse en grupos de personas que casi no se conocen puesto que casi no conviven, porque algún(os) de sus miembros antepone el trabajo a todo lo demás. El culto al trabajo obedece también a la reclasificación de las clases sociales, perdiendo protagonismo la clase trabajadora clásica, y apareciendo con mucha fuerza lo que denominamos como la "clase media", que no es sino la propia clase trabajadora, que se cree con más poder del que realmente tiene.
Y así, trabajar más, cobrar más, poseer más, adquirir más responsabilidades, no nos hace necesariamente más felices. Más bien al contrario, nos aliena más. Recomiendo a los lectores, para ilustrar lo que estamos argumentando, una película española titulada "Las verdes praderas", que refleja perfectamente esta situación, vivida por una familia española típica de dicha "clase media". Algunas preguntas son de todo punto lógicas: ¿de qué nos sirve ganar más dinero si no tenemos tiempo ni ganas para disfrutarlo? ¿No es entonces más importante compartir el tiempo con nuestros seres queridos que vivir en la oficina? Por otra parte, tarde o temprano, seremos totalmente prescindibles en nuestra empresa o centro de trabajo (incluso más con el avance de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las famosas TIC), y el empresario procurará sustituirnos por otro trabajador más barato, sin importar cuánto se resienta la calidad del trabajo, sin importar nuestras circunstancias personales ni nuestra trayectoria profesional. Al empresario sólo le preocupa, cada vez más, el coste a corto plazo. Sólo somos números para él. No somos personas. Somos máquinas de hacer dinero. Por consiguiente, sustituibles por otras "máquinas" más eficientes, es decir, para el empresario de miras cortas (que son la inmensa mayoría), de menor sueldo. Todos los retrocesos laborales que estamos viviendo en los últimos años tienen un hito muy claro e irrenunciable para la clase empresarial: el despido libre y completamente gratuito. Hasta que no lo consigan no pararán.
Esto es algo que muchas veces nos cuesta entender y descubrir a quienes hemos sido educados únicamente para trabajar, para rendir, para ser rentables, para competir con otros trabajadores, con otras empresas, con otros compañeros, para ser el mejor de cuantos profesionales de nuestro campo existan...pero eso, desgraciadamente, se traduce también en ser el mejor explotado, la mejor hormiga obrera. Las hormigas obreras hemos sido programadas para trabajar para la reina (para las élites que viven ociosamente), para apenas sobrevivir. Esta es una discusión que plantea José López en su "Manual de Resistencia Anticapitalista", y que seguiremos nosotros aquí, para hacerla llegar también a los lectores. De todos modos, recomiendo encarecidamente la lectura completa de dicha obra, muy ilustrativa de todos estos aspectos. Pues bien, se plantea este autor que algo debe fallar en nuestra "civilización", para que la mayor parte de la gente, en el fondo, obviando las formas, haga una vida muy parecida a la mayor parte de los animales. Incluso para que disponga de menos tiempo libre que ellos. ¡Rebelémonos contra el destino al que nos condenan! ¡No convirtamos las necesidades fisiológicas ineludibles en nuestras únicas aficiones! ¡Aspiremos a algo más! ¡Aspiremos a vivir, a realizarnos como personas, y no nos conformemos sólo con sobrevivir! ¡No somos máquinas! ¡Somos seres humanos! Además de disfrutar de los placeres físicos, podemos disfrutar también de los placeres intelectuales. Podemos cultivar esa otra vertiente que sí nos separa del resto de animales del planeta.
Y así, las artes, las ciencias, el cultivo de nuestro cuerpo y de nuestra mente de forma complementaria, nos deparan enormes posibilidades de realizarnos como personas. Pero no sólo siendo "espectadores", meros consumidores de lo que crean, inventan o diseñan los demás, sino también siendo "actores", productores, creadores de nuestra propia visión del mundo que nos rodea, y luego plasmándolo de la forma que más nos convenga, o bien de la que se adecúe mejor a nuestras posibilidades y capacidades. Muchas personas mueren sin haber descubierto capacidades que ignoraban que tenían, lo cual resulta bastante triste. O bien, otras saben perfectamente que las tienen, pero también mueren sin haberlas podido desarrollar, por falta de tiempo, de dinero o de oportunidades, lo cual es, si cabe, más triste aún. De hecho, una de las experiencias más gratificantes de la vida consiste, simplemente, en crear. La creatividad entendida al más alto nivel (que, por cierto, se realimenta a sí misma, una vez más nos topamos con la omnipresente dialéctica) proporciona un enorme placer, un conjunto de emociones y de sensaciones de completitud como casi no es posible alcanzar de ninguna otra manera. Escribir, y no sólo leer, enseñar, y no sólo aprender, son también magníficas opciones y grandes fuentes de placer, además de servirnos para sobrevivir mejor, para enfrentarnos mejor a los problemas de la vida, y sobre todo, para que nos convenzan los argumentarios del pensamiento dominante.
Pero volviendo al culto al trabajo, es claro que obedece inequívocamente, cómo no, a parámetros capitalistas, definidos y acotados también por el pensamiento único. Pero si consiguéramos salir de esos círculos, siendo más humanos, también conseguiríamos combatir más y mejor dicha alienación capitalista. El capitalismo desea anular o minimizar aquéllas facetas del ser humano que no tengan que ver con el trabajo. El capitalismo nos programa sólo para trabajar (en algo útil no para nosotros, sino para el sistema) y sobrevivir. Su ideal es convertirnos en máquinas sumisas y disciplinadas de hacer dinero. El capitalismo desea que el tiempo libre que tengamos, lo gastemos sólo en reponer fuerzas para así volver al trabajo con renovadas energías, y rendir mejor. Si no necesitáramos descansar, indudablemente, el capitalismo aboliría el tiempo libre. Aún así, siempre intenta minimizarlo. El papel al que nos condena el capitalismo, cualquier sistema alienante, es, ya lo hemos dicho, al de meras hormigas obreras. Sólo le interesa que comamos, durmamos, nos reproduzcamos (para que el ejército de las obreras no se extinga, la reina necesita a las obreras) y trabajemos. La mayor parte de las cosas que nos fomenta, son por el bien del propio sistema, no por el nuestro. Por ejemplo, si nos aconseja hacer deporte es sobre todo porque así rendimos mejor en el trabajo, porque así "combatimos" el estrés, o al menos lo mitigamos. El estrés sale caro al capitalismo, porque provoca muchas bajas laborales, porque reduce el rendimiento de los trabajadores, afectando así a la productividad. Continuaremos en siguientes entregas.
4 enero 2016 1 04 /01 /enero /2016 00:00
Pero como estamos viendo hoy día, alrededor de todo el mundo, los Gobiernos auténticamente decentes y honestos brillan por su ausencia. El caso es que este cambio constitucional sigue vigente hoy día, y además de constituir un claro precepto ilegítimo, según toda la jurisprudencia sobre el tema que hemos analizado en entregas anteriores de la serie, y además de chocar contra los preceptos de la propia Carta Magna española, contraviene a las leyes internacionales. Vamos a poner algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas (que lógicamente constituye el orden público internacional, o debería constituirlo), expresa con claridad la supremacía de la Carta sobre cualquier otro compromiso, como muy bien nos advierten Jerome Duval y Fátima Martín en su artículo de referencia, ya que el artículo 103 dice textualmente: "En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraidas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta". Nos encontramos por tanto ante un claro caso de ilegitimidad, que entra de lleno en los supuestos que hemos analizado en artículos anteriores.
Por tanto, está claro que la Constitución vigente de 1978 del Estado Español ha de respetar la Carta de las Naciones Unidas (al igual que el resto de Constituciones nacionales del mundo), y ésta especifica claramente en su artículo primero: "En ningún caso un pueblo podrá ser privado de sus propios medios de subsistencia", y el cambio de nuestro artículo 135 ya referido antepone claramente el interés de los acreedores al del conjunto de la ciudadanía española, toda vez que se vulneran las reglas más elementales de cualquier Estado Democrático y de Derecho que se precie. La Constitución de cualquier Estado miembro de la ONU no puede defender, como hace la nuestra en la actualidad, una violación generalizada de los Derechos Humanos como consecuencia de políticas impuestas por los acreedores extranjeros, priorizando el reembolso de la deuda como especifica dicho apartado 135.3 que destacamos en la entrega anterior. Porque como hemos concluido en reiteradas ocasiones, las deudas contraidas en el marco de acuerdos cuyo objeto es limitar la soberanía de los pueblos y de los Estados, y cuya aplicación conlleva la violación de los DDHH, son ilegítimas. Y según la Declaración Universal de los Derechos Humanos: "Es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión". Como podemos contemplar, hasta esta sagrada Declaración legitima la rebelión contra el poder despótico y las leyes abusivas.
Y por su parte, y según el artículo 1-2 de la Carta de la ONU y en el artículo primero, común a los dos Pactos de 1966 sobre los Derechos Humanos: "Todos los pueblos tienen el derecho de disponer de sí mismos. En virtud de este derecho, éstos determinan libremente su estatus político y aseguran libremente su desarrollo económico, social y cultural. Para conseguir sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y de sus recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones inherentes a la cooperación económica internacional, basada sobre el principio del interés mutuo y del derecho internacional. En ningún caso un pueblo podrá ser privado de sus propios medios de subsistencia". E igualmente, el artículo 2.3 de la Declaración de la ONU sobre el derecho al desarrollo de 1986 es incompatible con los planes de austeridad, y el referido cambio constitucional, ya que reza en los siguientes términos: "Los Estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo nacional adecuadas con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la población entera y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la equitativa distribución de los beneficios resultantes de éste", todo lo cual choca abiertamente con las políticas austericidas, con la imposición de la estricta disciplina presupuestaria, y con la obsesiva reducción del déficit público al que se nos obliga desde la Troika (FMI, BCE, CE).
Pero sobre todo, choca abiertamente contra el continuo y progresivo desmantelamiento de todos los sistemas de protección social y del propio Estado del Bienestar, practicado expresamente (bajo la excusa de la crisis) por los gobiernos neoliberales al servicio del gran capital, manifestados en nuestro país por el bipartidismo dominante, y demás fuerzas políticas que les apoyan. Es inconcebible que en un país que se autodenomina democrático y que además presume de ello, puedan ocurrir estas barbaridades políticas, que dan lugar a los crímenes sociales que contemplamos diariamente, fruto de todas estas medidas que obedecen al dogma neoliberal. Es preciso denunciarlas ante todos los foros internacionales, y es preciso llevar a sus máximos responsables ante los tribunales, por la aplicación de estas medidas. Y ya sabemos quiénes son sus cínicos e indecentes responsables: justamente aquéllos que hoy día se llenan la boca diciendo que "las deudas hay que pagarlas", o que "la ley es la ley, y todos tenemos que respetarla". Como bien dice nuestro refranero, "se descubre antes al embustero que al cojo". En resumidas cuentas, disponemos de todo un arsenal normativo, y de toda una serie de precedentes históricos, legales y circunstanciales que legitiman al Estado para que ponga fin a las condiciones impuestas por la Troika, derogue la reforma del artículo 135 de nuestra Constitución, y emprenda un proceso de Auditoría Ciudadana de la Deuda, que declare las partes de la misma que puedan ser ilegales, ilegítimas, odiosas o insostenibles, para rechazar el pago, o bien reestructurar el mismo, en aras al respeto hacia una política social que no vulnere abiertamente los Tratados Internacionales, ni los propios Derechos Humanos. Continuaremos en siguientes entregas.
31 diciembre 2015 4 31 /12 /diciembre /2015 00:00
Contra los Tratados de Libre Comercio (XVIII)
Del mismo modo que Fausto vendió su alma al diablo, la Comisión Europea vende con este nuevo acuerdo los derechos de los ciudadanos europeos a las grandes empresas estadounidenses y lo mismo hace el gobierno de Estados Unidos con los de sus conciudadanos
Otro importante capítulo dentro de las negociaciones del TTIP es el relativo a la energía y las materias primas ("commodities" en inglés), donde a pesar del secretismo general imperante, ya comentado en anteriores entregas de esta serie, y de la falta de transparencia que se ha venido practicando (usando normas propias de la más estricta dictadura), hemos podido tener acceso a ciertas informaciones, que lógicamente van en el mismo sentido que van para otros asuntos, es decir, a eliminar todas las barreras existentes que puedan dificultar sus negocios. Vamos a tomar como referencia las opiniones de Héctor del Prado, Responsable de Clima y Energía de la ONG Amigos de la Tierra, que en este artículo expone sus puntos de vista al respecto. Empecemos por preguntarnos: ¿cuáles son aquí las barreras para sus negocios? Pues evidentemente, tratándose de temas energéticos, ambientales y de materias primas, las barreras las representan toda la batería de prohibiciones expresas y medidas de control y salvaguarda, de interés público o de salud humana, que tanto tiempo y esfuerzo han costado conseguir en las diversas Directivas Europeas sobre Clima y Energía a lo largo de los últimos años.
Hay que tener en cuenta que USA ha pasado, durante la última década, de ser el mayor importador neto de combustibles fósiles del mundo, a ser un exportador neto de petróleo y de productos derivados del mismo. Por tanto, el interés norteamericano en este tema está bien claro. Por ejemplo, a lo largo de 2012, el volumen de negocio entre Estados Unidos y la UE fue de 32.000 millones de dólares. Y por su parte, en el otro lado negociador, tenemos a una UE que se ha ido convirtiendo en importadora neta de combustiles y materias primas y derivados de terceros países, aunque aquí la lista está más diversificada. Tenemos las rutas que llegan desde Rusia, las que llegan desde algunos países del Magreb, o las que pueden llegar desde América Latina. La UE está desde siempre obsesionada por diversificar y asegurar su mix energético, ya que ponerlo en peligro podría suponer dejar sin suministro a un mercado de más de 500 millones de personas. Los intereses, por tanto, a nivel empresarial, son mutuos.
Pero hemos de tener en cuenta, siempre que hablamos del tema energético y extractivo, del peligroso asunto del cambio climático, al que hasta ahora no se ha concedido la importancia debida. La reciente Cumbre de París ha avanzado algo en ese sentido, pero de nuevo, de forma tibia e incompleta, sin garantizar unos objetivos cuantificables que puedan alejar la idea del colapso climático. Pues bien, en lo que se refiere al TTIP, está claro que este acercamiento UE-EEUU pondría en jaque cualquier tipo de acción climática regional o internacional que se iniciara desde ambos continentes, unilateralmente o bajo el paraguas de los recientes Acuerdos de la COP21 de París. Y entonces, la expansión del negocio de los combustiles fósiles por parte de Estados Unidos, no sólo serviría para incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que además aumentaría el número actual de permisos de exploración y de explotación en ese país. Y a nivel europeo, se certificaría de nuevo nuestro elevado nivel de dependencia hacia las energías contaminantes durante muchos años más, pero ahora con mayor gravedad, pues el TTIP blinda a las empresas en sus inversiones transnacionales, y les protege frente a futuras decisiones de los Estados.
La situación nos llevaría a un posible estancamiento del uso e implantación progresivas de las energías renovables, las únicas capaces de frenar los terribles efectos del cambio climático. Y también se frenaría el crecimiento y afianzamiento de cualesquiera iniciativas energéticas locales o comunitarias (individuales, cooperativas o municipales). En palabras de Héctor del Prado: "La llegada masiva de buques con gas natural licuado y productos petrolíferos a las costas europeas nos alejaría de un futuro europeo cien por cien renovable al tiempo que agravaría el cambio climático". Por tanto, el TTIP, también en este tema, supone una amenaza a la justicia social y ambiental, suponiendo un riesgo para los ecosistemas y las personas que los habitamos, que nos veremos seriamente perjudicados en beneficio, como siempre, de las grandes empresas. De ahí que hayamos llamado especialmente la atención, porque si en algún tema se ve claro la total contradicción entre el argumentario y las buenas intenciones que expresan los líderes mundiales en las Cumbres sobre el Clima y las secretas negociaciones que llevan a cabo con las grandes empresas, es en el asunto energético. Mientras alardean de sus acuerdos de alcance en acción climática, están permitiendo que se negocie a puerta cerrado un obsceno y vergonzante tratado que convertirá todos los posibles logros en agua de borrajas, y que pasará por encima de todo en aras a los absolutos beneficios empresariales. En definitiva, el TTIP será totalmente incompatible con las políticas climáticas y energéticas necesarias, impidiendo que el cambio de modelo se haga factible. Continuaremos en siguientes entregas.
30 diciembre 2015 3 30 /12 /diciembre /2015 00:00
En otros muchos artículos hemos presentado la Renta Básica desde múltiples puntos de vista, relativos a su utilidad, su financiación, y sobre todo, a desmontar las infundadas críticas que se hacen contra la misma, desde los sectores de las clases dominantes, lógicamente contrarias a una medida de este calado. Pero en el presente artículo vamos a centrarnos en escenarios concretos que la existencia de una Renta Básica contribuiría a paliar, a hacer desaparecer, a extinguir, pues no tienen cabida en cualquier sociedad democrática, justa y avanzada que se precie. Antes de exponer dichos escenarios, vamos a puntualizar (porque aún se dan bastantes malentendidos sobre el tema) el modelo de Renta Básica al que nos referimos, que no es otro que el propugando en nuestro país por la Red Renta Básica (inserta en la Iniciativa Ciudadana Europea por una Renta Básica).
Pues bien, según la propuesta de referencia, la Renta Básica (en adelante, RB) consistiría en una prestación económica indefinida por parte del Estado a todos los ciudadanos por el hecho de serlo, distinguiendo lo que sería la RB completa, para adultos mayores de 18 años, y la RB para menores de dicha edad. La cuantía de dicha prestación sería la mínima imprescindible para que se erradicara la pobreza, suponiendo unos ingresos mínimos inembargables que sirvieran para el sustento mínimo de las personas, y la satisfacción de sus necesidades básicas. Podemos estar hablando, actualmente, en la horquilla entre 600 y 700 euros, y un porcentaje inferior para la RB de los menores. Las características de dicha prestación básica obedecerían a los tres siguientes pilares:
1.- Universalidad: Se manifiesta esta idea en el sentido de que la RB es una prestación que recibe absolutamente todo el mundo, desde la persona más rica del país hasta la más pobre (que con la RB, deja de serlo, evidentemente). Precisamente ha sido este enfoque uno de los más discutidos y utilizados demagógicamente por los detractores de la medida, pero si analizamos profundamente cómo se financia la RB (desde una profunda reforma fiscal progresiva, aunando prestaciones económicas diseminadas, y erradicando otras que dejarían de tener sentido), comprobaremos que, aunque los ricos también la cobren, la RB no les beneficia, pero en cambio sí beneficia muchísimo a las clases populares, trabajadoras o más vulnerables.
2.- Individualidad: Se manifiesta esta idea en el sentido de que la RB se concede a las personas a título concreto, íntimo, personal e intransferible, sin tener en cuenta otros factores como las "unidades familiares", los tipos de convivencia, si existen hijos o cónyuges, o el modelo de familia al que pertenece el/la beneficiario/a en cuestión. Por ejemplo, si en una familia viven un padre, una madre, y un hijo menor, se recibirían dos RB completas y una reducida. Pero si dicha pareja se separa, el hijo se emancipa, alguno de ellos comienza a trabajar, o enviuda, entre otras múltiples situaciones, las citadas RB no se verían afectadas.
1.- Existencia de pobres: La RB contribuiría no al soslayo ni a la reducción de la pobreza, sino a su completa erradicación, dejando de existir todos los colectivos "sin techo", sin comida, o viéndose obligados a malvivir de las limosnas que el resto de la ciudadanía tenga a bien regalarles. Dejarían de existir las clásicas estampas de gente rebuscando en los cubos de basura, o rellenando extensos formularios para "demostrarle" a la Administración competente que son más pobres que las ratas.
2.- Pensionistas que cobran 300 euros: Como las pensiones mínimas serían también absorbidas por la RB, dejaríamos de contemplar escenarios como los pobres pensionistas que cobran pensiones de miseria (200, 300, 400, 500 euros), incluyendo a las pensiones de viudedad u orfandad, que se verían todas ellas actualizadas a la cantidad de la RB. Por supuesto, las pensiones superiores a la RB se mantendrían igual. Pero no sólo acabaríamos con el gran porcentaje de ancianos y ancianas, jubilados y jubiladas que han de hacer malabares para llegar a fin de mes, sino que por extensión, la RB también les libraría de tener que soportar las cargas de sus hijos/as o nietos/as, muchos de ellos también en situación de precariedad, que necesitan de las pensiones de los abuelos y abuelas para sobrevivir.
3.- Mujeres sin independencia económica sobre sus maridos maltratadores: Escenario éste muy típico dentro de toda la casuística de la violencia de género, ocurre cuando la mujer víctima de dicha violencia (por parte de su pareja o ex pareja), se ve en la limitación de no poder dejar la vivienda conyugal, ya que no poseen recursos económicos por sí mismas. Entiéndase bien: no estamos queriendo decir que la RB sea por sí misma una medida contra la violencia de género, ya que éste es un fenómeno muy complejo, resultado de la implantación de los valores de nuestra sociedad patriarcal, que ha de ser abolido desde numerosos frentes. Pero lo que sí decimos es que la RB sería un medida que proporcionaría a las mujeres maltratadas la independencia económica mínima que necesitarían para poder liberarse del dogal de la vivienda conyugal, independientemente de que además tuvieran o no un trabajo digno.
4.- Contratos precarios (de días, de horas y de minutos): En efecto, y como medida anticapitalista, la RB posee un gran efecto de fortalecimiento de la capacidad negociadora de la clase trabajadora con respecto a la patronal, por lo cual, es evidente que gran parte de la precariedad que existe hoy día en los "empleos" que se crean desaparecería con la RB, pues los/as trabajadores/as no tendrían la "necesidad" de aceptar trabajos sumamente precarios, que llegan en la actualidad incluso hasta a minutos para ciertas profesiones (como las limpiadoras). Erradicaríamos también, por tanto, todas las situaciones de injusticia y precariedad en el trabajo, potenciando el trabajo digno, la estabilidad y la protección laboral.
Hemos querido retratar, por tanto, varias situaciones típicas, escenarios concretos con nombres y apellidos, que se multiplican en nuestro país diariamente, a tenor del desmantelamiento de las estructuras públicas de protección social, del empleo y del Estado del Bienestar. Pero por supuesto, la RB como medida social, política y económica es importantísima, pues concebida como un derecho de ciudadanía, exigible al más alto nivel, está relacionada con el trabajo, con la pobreza, con las mujeres, con la salud, con las migraciones, con los jóvenes, y con el propio Estado del Bienestar, entre otras muchas facetas. La Red Renta Básica ha demostrado experimentalmente que esta medida es posible, que puede ser financiada, e implantada en nuestro país, aunque para ello, como decíamos arriba, necesitamos romper la resistencia que hacia ella vuelcan las clases dominantes, divulgar y difundir la medida en todos los ámbitos políticos y sociales donde tengamos oportunidad, y desmontar y rebatir las continuas falacias que se vierten contra ella.
29 diciembre 2015 2 29 /12 /diciembre /2015 00:00
En efecto, muchas veces se le ha visto el plumero al PSOE, pero las maniobras, declaraciones, estrategias y argumentario que están desarrollando estos días posteriores a las Elecciones Generales, les hacen mostrar su más definitivo plumero...pero vayamos por partes. Lo primero que tenemos que decir es que bajo los efectos de un cálculo proporcional de escaños a tenor del porcentaje de votos, dentro del contexto de una Reforma de la Ley Electoral, la distancia entre PSOE y PODEMOS hubiese sido mucho menor, del orden de 77 para el PSOE y 72 para PODEMOS, por lo cual el miedo de los "barones socialistas" no ha tardado en escenificarse. Evidentemente, han de cerrar el paso como sea a la formación política de Pablo Iglesias, toda vez que una medida que dicho partido llevaría a cabo si gobernara sería la Reforma de la Ley Electoral, para que todos los votos valiesen lo mismo para conseguir escaño. Pero vayamos a los hechos.
Después del muy ajustado resultado electoral, y de varios días en silencio, el líder "socialista" Pedro Sánchez salió en rueda de prensa a decir que los tiempos en democracia han de ser respetados. Eso significa que, en primer lugar, la fuerza política más votada, en este caso el PP, es la que tiene en primer lugar la responsabilidad de intentar formar Gobierno, y que sólo en el caso de que no pudiera hacerlo, le tocaría al segundo de la lista, es decir, al PSOE. Pero teniendo en cuenta la dificultad de Rajoy para ser investido Presidente, incluso con la abstención de CIUDADANOS, todas las miradas comenzaron a fijarse sobre un posible pacto PSOE-PODEMOS, más terceras fuerzas, que pudiera garantizar un Gobierno progresista. Y ello, por supuesto, contando con que tanto Sánchez como otros líderes del PSOE (Luena, Hernando, etc.) ya se habían manifestado categóricamente en el NO rotundo a Mariano Rajoy, como de hecho ya se produjo en la primera reunión que tuvieron ambos líderes del PSOE y del PP. Pero lo cierto es que mientras todo este itinerario discurría, los "barones" (y baronesas) del PSOE comenzaban a contemplar como muy "peligrosa" la opción del pacto con PODEMOS.
Por supuesto, la formación de Pablo Iglesias había ya lanzado su propuesta de acuerdos mínimos a los que habría de apoyar el PSOE si quería un pacto con ellos, entre los cuales se situaba, como no puede ser de otra manera en un contexto democrático, la realización de un referéndum en Cataluña en torno a su encaje en el Estado Español. Y ésta es justamente la piedra de toque donde los "socialistas" se apoyan para denostar al partido morado, e intentar hacer ver a la sociedad que no se puede llegar a pactos con "formaciones políticas que plantean la ruptura de España". Es el caso de Susana Díaz, la lideresa andaluza del PSOE, una de las agrupaciones con más fuerza en toda España, que mientras asegura que "los ciudadanos nos han situado en la oposición" (respaldando así la legitimidad de la opción que finalmente creemos que van a tomar), ha llegado a plantear otro esperpéntico argumentario, consistente en difundir el mensaje de que "PODEMOS no quiere llegar a un pacto, lo que quiere es hundir al PSOE". Es un argumentario que ya desarrollaron durante la campaña, creemos que basado en la idea (muy correcta, por cierto, y experimentalmente demostrable) de que cuando el PSOE está más fuerte que sus oponentes por la izquierda, su tendencia es a virar y a acordar con las fuerzas políticas de la derecha.
No descubría nada nuevo Pablo Iglesias con dicha afirmación, que llevamos contemplando durante más de 30 años, durante los cuales no sólo se han aliado y votado junto al PP en numerosas propuestas, sino que incluso cuando IU lanzaba alguna proposición, casi nunca era apoyada por el PSOE. Y ello es porque, en realidad, los "socialistas" del PSOE tienen de socialistas como el que suscribe tiene de Obispo de Mondoñedo, es decir, absolutamente nada. Destapemos su careta de una puñetera vez, y hagamos ver su auténtico rostro, que viene siendo, desde siempre, la usurpación fraudulenta del espacio político de la izquierda, para a continuación prostituirlo y abandonarlo una vez están en el Gobierno. Por tanto, digámoslo alto y claro: ¡NO SON SOCIALISTAS! Se pasan la vida diciendo "Los socialistas queremos...", "Los socialistas decimos...", "Los socialistas proponemos...", ¡BASTA YA! Socialista es palabra sagrada, para utilizarla con tanto descaro, con tanto cinismo, y con tanta hipocresía como la utilizan ellos...Tiene mucha gracia, porque Pedro Sánchez, en una entrevista pocos días antes de las Elecciones, recomendaba a Pablo Iglesias que saliera del armario, y reconociera que es comunista...pero sin embargo, es más bien Pedro Sánchez quien debiera salir del armario, y reconocer que él no es socialista (ni nadie en su partido), que nunca lo ha sido, y que probablemente nunca lo sea...Asímismo, Rodríguez Zapatero, en otro mítin de campaña, recomendaba a Pablo Iglesias "que no perdiera el tiempo", porque poco menos que la patente de corso del socialismo en España la tiene el PSOE...Sin más comentarios.
El caso es que, visto lo visto, y con tantos plumeros que se le han visto al PSOE, pensamos que pronto vamos a verle el plumero definitivo, que no es otro que permitir que Gobierne el PP mediante una vertiente suavizada de la gran coalición bipartidista que incluso muchos barones del partido aprobarían. Pero creemos que están preparando una versión dulcificada de esa idea, que excluiría cualquier tipo de coalición o acuerdo explícito con el PP, para no manchar mucho su imagen, y que consistiría en la abstención (no sabemos si en primera votación o en sucesivas) del PSOE a la investidura de Rajoy, lo que permitiría a éste, junto a la abstención del partido de Albert Rivera, formar un Gobierno en minoría, y poder, al menos, arrancar la legislatura. Todas las pistas nos conducen a ello, basándonos en la constante actitud de los barones del PSOE, restando autoridad a Pedro Sánchez a la hora de pactar con otras fuerzas políticas, como asegura este artículo de El País, y en las declaraciones de Susana Díaz o de Felipe González, que verían con buenos ojos una situación de oposición del PSOE, con lo cual están advirtiendo solapadamente que van a permitir que vuelva a gobernar la derecha pura y dura.
Pero no son sólo los barones "socialistas" los que están empujando en esa dirección, sino que se están viendo también apoyados, como no podía ser de otra manera, por los grandes empresarios y banqueros mejor conectados a la actual dirección del PSOE, como asegura Federico Castaño en este artículo del medio VozPopuli. Básicamente, el IBEX-35 estaría empujando al PSOE a un pacto con el PP en aras de garantizar "la estabilidad", ese falaz mantra al que se recurre tantas veces en estas ocasiones, por parte de la clase dominante. Ha existido incluso una reunión de dichos empresarios con Jordi Sevilla, el gurú económico del PSOE, para hacerle ver la necesidad de apuntalar la tan cacareada como falsa "recuperación económica". Es la hora de las hipócritas llamadas a la "responsabilidad", a la "altura de Estado", y todas esas falacias que se argumentan en momentos donde dicha "estabilidad" se ve cuestionada, lo cual quiere decir, simplemente, que los poderosos entienden que su chiringuito se puede venir abajo, o al menos, verse seriamente tocado. Y así, hacen llamamientos contra el "aventurismo político", y sus terribles consecuencias, intentando hacer aparecer al PSOE como un "partido responsable y de Estado". La historia se repite, porque dichas situaciones ya las hemos vivido con anterioridad, y ya sabemos a dónde nos conducen dichos llamamientos, a saber: más recortes, más empobrecimiento para la clase trabajadora, y más privilegios para los ricos y poderosos.
Así que a estas alturas ya no engañan a nadie. Pero no nos quepa duda: el PSOE lo intentará por enésima vez, volviendo a defraudar y a traicionar la voluntad de sus votantes, y sus promesas electorales. Parece que esta vez se ha elegido a figuras como Susana Díaz y Felipe González para intentar reconducir al redil de los pactos con la derecha pura y dura, a este esperpéntico PSOE, para que no pacte con fuerzas más a su izquierda, y no provoque en Bruselas otra reacción de espanto, como la que protagonizó Angela Merkel cuando se enteró de que PODEMOS podía llegar a ser segunda fuerza política. Su expresión era auténticamente un poema, que reflejaba el peligro que las propuestas de izquierda representan para esta indecente Unión Europea. No descartamos incluso que se avenga a un pacto tripartito entre PP, PSOE y CIUDADANOS, ya que estos últimos también están esperando protagonismo, a pesar de haber dicho hasta la saciedad en campaña que no querían "ni a Rajoy ni a Sánchez". Pero las cosas son como son, y "los intereses de Estado y la unidad de España" deben estar por encima de todas las cosas. El resultado final lo podemos resumir de esta forma: si nada lo impide, tendremos otros cuatro años más de Gobierno del PP de Mariano Rajoy, gracias a la abstención de este partido autodenominado "socialista". Juzguen ustedes mismos. Como suele decir mi muy admirado Vicenç Navarro: ¡Así de claro!
28 diciembre 2015 1 28 /12 /diciembre /2015 00:00
Marxismo, Socialismo y Capitalismo en el Siglo XXI (105)
Bajo el relato optimista de la superación de la crisis de deuda se esconde también la farsa del éxito de las políticas de austeridad. Lo cierto es que la deuda sigue lastrando los derechos y el bienestar de la mayoría de la población española. Los más de 700 mil millones de deuda emitida desde 2013 podrían haber servido para invertir en economía productiva y generar puestos de trabajo. Pero han ido a pagar la deuda, a rescatar los bancos o financiar grandes infraestructuras de dudosa utilidad social y viabilidad económica. Los pagos de deuda y sus intereses, realizados en base a nuevo endeudamiento, siguen siendo aún hoy la razón para seguir aplicando recortes, teóricamente para hacer frente a unos límites de déficit fijados desde Bruselas. Unos límites y una austeridad definidas con el único objetivo de desmantelar el Estado del bienestar, generando así mayores márgenes de beneficios para los propietarios del capital
Yolanda Fresnillo (Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda)
En el artículo anterior de esta serie comentábamos, dentro del contexto de la necesidad de auditoría de la deuda, el caso de nuestro país, en el sentido de la reforma constitucional del artículo 135, cambiado por las fuerzas del bipartidismo (PP-PSOE) para consagrar la ineludible obligación del pago de la deuda, antes que ningún otro gasto social. En el último artículo habíamos discutido los aspectos de forma, y ahora vamos a discutir los aspectos legales. Seguimos este artículo de Fátima Martín y Jerome Duval, cuya lectura recomiendo, para más información. Porque para empezar, por haber reformado de manera unilateral y sin consulta popular ni debate público nuestra Carta Magna en un asunto relevante como el que nos ocupa, el Gobierno del Presidente Zapatero violó también la propia Constitución Española, que recoge en su artículo primero, apartado 2, que "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado". Y si resulta que ahora invocan tantas veces dicha soberanía y su ruptura ante la posible celebración de un referéndum en Cataluña...¿porqué no se aludió entonces al debido respeto a la soberanía nacional?
El cambio constitucional choca también con el artículo 158, que especifica la importancia de la garantía de los servicios públicos, lo que va justamente en dirección opuesta a los recortes practicados en dichos servicios, que afectan a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para priorizar el pago de la deuda. Dicho artículo se refiere exactamente a "...la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español". También tiene que ver con el artículo 128, que abre el Título VII de la Constitución, rotulado "Economía y Hacienda", y que subordina al interés general toda la riqueza del país, de forma que nadie puede ser privado de sus bienes y derechos si no es por causa justificada de utilidad pública o interés social. Y bajo este nuevo redactado, está claro que una gran parte de la riqueza del país (casi un tercio del PGE) va hacia afuera para llenar los bolsillos de los acreedores de nuestra deuda, léase grandes instituciones financieras, de seguros, bancarias, y grandes fortunas. De hecho, el apartado 2 del referido artículo 128 prevé "...acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general", lo cual parece ser una extrema medida comunista o bolivariana. Debe ser que los padres redactores de la Constitución eran todos unos peligrosos extremistas.
De igual forma, el artículo 131 aboga por una distribución justa de la riqueza para atender a las necesidades colectivas, ya que reza que "El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza, y su más justa distribución". Pero plantear hoy día estas cosas en cualquier debate (es decir, la intervención del Estado en la economía y en una justa redistribución de la riqueza) también resulta de extrema izquierda, de radicales y de antisistema. Bien, vayamos al nuevo redactado del artículo 135, el que fue aprobado en agosto de 2011, en un claro ejercicio de obediencia ciega a los postulados de la EuroAlemania, y a los designios del gran capital que gobierna esta Unión Europea. En su apartado 3, se dice textualmente (la mayúscula es nuestra): "El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos Y SU PAGO GOZARÁ DE PRIORIDAD ABSOLUTA. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión. El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el Producto Interior Bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea".
Un apartado servil que nos consagra a tener que depender del prioritario pago de los intereses de la deuda, aunque el país esté necesitado de implementar cualesquiera otros servicios públicos fundamentales para el conjunto de la ciudadanía, y a redistribuir justamente la riqueza, como proclaman otros artículos de la Carta Magna. Nos sumamos así al carro de otros cambios constitucionales que han ocurrido en el mundo bajo los dictados y los dogmas neoliberales instaurados por el gran capital, al amparo de la presión de organismos internacionales como el FMI, que son auténticos nidos de fanáticos economistas neoliberales, que están en realidad al servicio de los intereses de la gran banca privada y de las grandes empresas transnacionales. Y así, se cambian las Constituciones para imponer un techo de déficit público, un equilibrio presupuestario o un techo de gasto público, pero no para cultivar realmente la importancia de dichos logros, sino para utilizar dichos objetivos como pretexto y excusa perfecta para la intervención económica de los países, con la clara meta de socializar las pérdidas de las grandes empresas deficitarias, privatizar los beneficios de las empresas rentables, e instalar toda una serie de medidas del ideario neoliberal, que implican desmantelamiento del Estado del Bienestar, precarización del mercado laboral, y privatización de los servicios públicos. Éste es el verdadero itinerario que se persigue, como podemos observar claramente tomando nuestro país como ejemplo.
Estos principios, como muy bien señalan los autores del artículo de referencia, van justamente en dirección opuesta a otras Constituciones modernas del mundo, como la de Ecuador, que pone de relieve la prohibición de socializar deudas privadas (lo que exactamente está ocurriendo en España) o que prevé que el Estado sólo puede recurrir "...al endeudamiento público si los ingresos fiscales y los recursos procedentes de la cooperación internacional son insuficientes" (artículo 290, párrafo 1). La Constitución ecuatoriana proclama también a la propia naturaleza como sujeto de derechos, algo de lo que también deberíamos aprender. Otro ejemplo lo tenemos en la Constitución de Bolivia, que prohíbe expresamente la privatización del agua, o la de Costa Rica, que obliga a que el gasto público en Educación no sea inferior, en ningún caso, al 8% del PIB. Estos logros han sido posibles gracias a las movilizaciones sociales, a la tremenda presión ciudadana, e incluso a la organización de una Asamblea Constituyente, como en los casos referidos de Ecuador o Bolivia. Al contrario, el cambio constitucional del Estado Español impone la obligación de pagar deudas, aunque sean ilegítimas. Por si fuera poco, se prevé también multar al Estado si éste no cumple con los compromisos adquiridos de déficit o endeudamiento. Pero aún tenemos otros puntos de vista muy interesantes que resaltar. Continuaremos en siguientes entregas.
24 diciembre 2015 4 24 /12 /diciembre /2015 00:00
USA: Estado de Guerra Permanente (37)
La tortura no sólo degrada y destruye la humanidad de quien la sufre; también degrada y destruye al régimen político que ordena ejecutarla, la justifica o la consiente
Y volviendo a hablar de Derechos Humanos, y de las torturas practicadas por la Administración estadounidense, asunto que ya hemos abordado en entregas anteriores de la serie, tenemos el actual y flagrante caso de la emblemática prisión situada en el contexto de la base naval de Estados Unidos en Guantánamo. Seguiremos, entre otros, este artículo de Carlos Penedo para ilustrar la tremenda situación que se vive en dicho enclave, que además es reclamado por la Administración cubana, como parte de su territorio, como una de las condiciones que se han de dar para poder proseguir las conversaciones que retornen la normalidad diplomática entre ambos países, además de, por supuesto, el fin del bloqueo económico del gigante norteamericano hacia la pequeña isla caribeña, situación que dura ya más de medio siglo. Abierta a comienzos de 2002, la terrible prisión de Guantánamo sirve para mantener detenidas y en prisión extrajudicial a cientos de personas, a las que además se les somete a crueles torturas, ya descritas en artículos anteriores.
La ONG AI (Amnistía Internacional) define la situación en Guantánamo bajo los siguientes términos: "Detenidos privados de libertad año tras año sin cargos ni juicio. Torturas y malos tratos, desaparición forzada, detención arbitraria, uso excesivo de la fuerza, alimentación forzada, un puñado de enjuiciamientos en un sistema de comisiones militares que no cumple las normas internacionales para la celebración de juicios justos". Ahí es nada. Cuando el Presidente George W. Bush terminó su segundo mandato en enero de 2009, todavía había 245 personas detenidas en Guantánamo. El Presidente Barack Obama se comprometió a que su Gobierno cerraría dicho centro de detención ilegal "inmediatamente", y lo más tardar, antes de enero de 2010. Actualmente sigue habiendo 127 personas detenidas en esta macabra prisión, la mayoría de ellas sin cargos ni juicio. Pocos días antes de redactar este artículo, hemos sabido de la expresa intención de Obama de cerrar esta aberrante, inhumana e indecente prisión antes de que finalice su mandato, incluso aunque se encuentre con la oposición de la Cámara de Representantes, y tenga que recurrir a su capacidad ejecutiva para ordenar dicho cierre. Lo celebraremos en su caso, pero mucho nos tememos que no será así.
Sólo durante el último año, como señala Carlos Penedo, hasta tres órganos de la ONU responsables de la supervisión de los derechos humanos han reclamado una solución para este espinoso asunto. En abril de 2014, tras analizar el historial de EE.UU. en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Estados Unidos en 1992, el Comité de Derechos Humanos de la ONU hizo un llamamiento a dicho país "para que pusiera fin al empleo de la detención administrativa sin cargos ni juicio" en Guantánamo. Instó a la Administración norteamericana para que llevase a cabo los enjuiciamientos de los detenidos bajo el sistema ordinario de justicia penal, no en un sistema de comisiones militares, que incumple claramente las normas internacionales para la celebración de un juicio justo. En agosto de 2014, también hizo lo propio el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, exhortando al cierre de las instalaciones de detención de la Bahía de Guantánamo sin más demora, así como a que los detenidos que no fueran acusados de un delito formal y juzgados quedaran en libertad de forma inmediata. Y en noviembre de 2014, el Comité de la ONU contra la Tortura reiteró a EE.UU. lo que le había dicho 8 años antes, en 2006, en relación con las detenciones en Guantánamo, a saber, que "la detención indefinida constituye en sí misma una violación de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes", un Tratado también ratificado por Estados Unidos en 1994.
Dicho Comité expresó asímismo su preocupación por "el efecto acumulativo que las condiciones de detención y trato en Guantánamo han tenido sobre la salud psicológica de los detenidos". Y es que los detenidos en dicha base naval fueron sometidos a torturas y otros malos tratos de forma constante, tanto en la prisión como antes de llegar allí. En Guantánamo así como en otros lugares del sistema de detención estadounidense se llevaron a cabo detenciones prolongadas en régimen de incomunicación y desapariciones forzadas. Durante años, a cientos de detenidos de Guantánamo se les negó el derecho a que un juez emitiera un fallo sobre la legalidad de su detención. Anecdóticamente, el Gobierno estadounidense sólo ha trasladado a un detenido al sistema ordinario de justicia penal para ser sometido a juicio en un Tribunal Federal del país, y eso ocurrió hace cinco años. Pero la regla, como decimos, es que este régimen de detención ilegal y despiadada viola flagrantemente el derecho a la vida y a la dignidad humanas, precisamente por la potencia que se erige en paladín mundial para la defensa de los derechos humanos, situación que hemos denunciado y hecho notar en multitud de ocasiones, y para infinidad de asuntos.
No obstante, hay que recordar el pequeño programa de expulsión y reagrupamiento en terceras cárceles para presos de Guantánamo, que se llevó a cabo durante 2013. Y así, un total de 28 presos fueron trasladados de la base durante 2014, además de los 11 que ya habían sido trasladados durante 2013 a diversas cárceles de terceros países que quisieron participar en dicho programa de realojamiento. En diciembre de 2014, el Comité de Inteligencia del Senado confirmó que la CIA utilizó Guantánamo para detenciones secretas durante los años 2003 y 2004. Así que de nuevo, hacemos un llamamiento a la comunidad internacional, a la ONU y al resto de Organismos para que obliguen a Estados Unidos, el país del estado de guerra permanente, mediante la presión diplomática necesaria, no sólo a poner fin a las detenciones en Guantánamo de acuerdo con el derecho internacional, a poner fin a las torturas y al cierre inmediato de dicho centro de detención, sino también a garantizar las investigaciones exhaustivas e inparciales sobre todas las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos, hacer comparecer ante la Justicia a todas las personas responsables, y a garantizar el acceso real a una reparación para todas las personas que sufrieron dichas violaciones de sus derechos fundamentales. No es aceptable que en pleno siglo XXI, la mayor potencia mundial continúe siendo un referente de práctica habitual de torturas y detenciones ilegales, algo que no está justificado desde ningún punto de vista, ni bajo ninguna situación de emergencia. Continuaremos en siguientes entregas.

References: artículo 103
 artículo 103
 artículo 135
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 135
 artículo 135
 artículo 158
 artículo 128
 artículo 128
 artículo 131
 artículo 135