Source: http://www.asesoriayempresas.es/legislacion/JURIDICO/215193/proyecto-de-ley-de-tratados-y-otros-acuerdos-internacionales
Timestamp: 2018-05-22 00:32:45+00:00

Document:
Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
Inicio > Legislación > Resultados > Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales
PROYECTO DE LEY DE TRATADOS Y OTROS ACUERDOS INTERNACIONALES (BOCG DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2013)
Capítulo II. Competencias en materia de tratados y otros acuerdos internacionales (Arts. 3 a 7)
Art. 3. Competencias del Consejo de Ministros
Art. 4. Competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Art. 5. Competencias de los departamentos ministeriales
Art. 6. Comisión interministerial de coordinación en materia de tratados y otros acuerdos internacionales
Art. 7. Competencias de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y Entidades Locales
Título II. De los Tratados Internacionales (Arts. 8 a 39)
Capítulo I. Representación internacional de España (Arts. 8 a 10)
Art. 8. Denominación del Estado español
Art. 9. Nombramiento de representantes de España
Art. 10. Plenos poderes
Capítulo II. Celebración de los Tratados Internacionales (Arts. 11 a 23)
Art. 11. Negociación
Art. 12. Adopción
Art. 13. Autenticación
Art. 14. Autorización de firma y actos de naturaleza similar
Art. 15. Aplicación provisional
Art. 16. Manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado
Art. 17. Trámites internos previos a la manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado internacional
Art. 18. Información a las Cortes Generales
Art. 19. Solicitud de información por las Cortes Generales
Art. 20. Control previo de constitucionalidad
Art. 21. Canje o deposito de los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación y adhesión
Art. 22. Reservas y declaraciones
Art. 23. Firma del instrumento de manifestación del consentimiento por el Rey
Capítulo III. Publicación y registro de los tratados internacionales (Arts. 24 a 28)
Art. 24. Publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y entrada en vigor
Art. 25. Contenido de la publicación
Art. 26. Registro
Art. 27. Custodia y depósito
Art. 28. Publicaciones periódicas
Capítulo IV. Aplicación e interpretación de los tratados internacionales (Arts. 29 a 37)
Art. 29. Eficacia
Art. 30. Observancia
Art. 32. Prevalencia de los tratados
Art. 33. Declaración de inconstitucionalidad
Art. 34. Efectos jurídicos de las reservas, ámbito territorial, cláusula de la nación más favorecida y aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma materia
Art. 35. Otros actos sobre tratados internacionales
Art. 36. Retirada de las reservas y de las objeciones a las reservas
Art. 37. Reglas de interpretación
Capítulo V. Enmienda, Denuncia y Suspensión de los tratados internacionales (Arts. 38 y 39)
Art. 38. Enmienda
Art. 39. Denuncia y suspensión
Título III. De los Acuerdos Internacionales Administrativos (Arts. 40 a 44)
Art. 40. Requisitos
Art. 41. Informe
Art. 42. Tramitación interna
Art. 43. Publicación y entrada en vigor
Art. 44. Recopilaciones
Título IV. De los Acuerdos Internacionales No Normativos (Arts. 45 a 50)
Art. 45. Naturaleza
Art. 46. Competencia
Art. 47. Informe
Art. 48. Tramitación interna
Art. 49. Mención expresa del Estado
Art. 50. Registro
Título V. De las Comunidades Autónomas, las Ciudades de Ceuta y Melilla y Entidades Locales (Arts. 51 a 55)
Capítulo I. La participación de las Comunidades Autónomas en la celebración de tratados internacionales (Arts. 51 a 53)
Art. 51. Propuesta de apertura de negociaciones
Art. 52. Deber de información
Art. 53. Participación en la delegación española
Capítulo II. Celebración de acuerdos internacionales administrativos y no normativos por las Comunidades Autónomas, las Ciudades de Ceuta y Melilla y las Entidades Locales (Arts. 54 y 55)
Art. 54. Celebración de acuerdos internacionales administrativos
Art. 55. Celebración de acuerdos internacionales no normativos
Primera. Comunicación a otros sujetos de Derecho Internacional
Segunda. Régimen de la acción exterior de la Unión Europea
Tercera. Sometimiento al principio de estabilidad presupuestaria
Cuarta. Contribuciones o aportaciones que realice la Administración General del Estado así como los Organismos Públicos dependientes de ella no previstas en Tratados y Acuerdos Internacionales
Quinta. Actos de aplicación de tratados internacionales para evitar la doble imposición y acuerdos sobre precios de transferencia
Segunda. Registro de acuerdos internacionales no normativos
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2013.
En efecto, el Derecho Internacional contemporáneo ha conocido un desarrollo que lo ha colocado en una situación que poco tiene ya que ver con la existente en el momento de aprobación del Decreto 801/1972, de 24 de marzo. Las Convenciones de Viena de 1969 y 1986 son, sin duda, el marco de referencia en materia de tratados internacionales, pero difícilmente puede obviarse la existencia de determinados fenómenos de nuevo cuño y cambios dentro de la comunidad internacional que también han tenido profundas consecuencias en la práctica internacional de los Estados y, muy en particular, en su actividad convencional. Así, en primer lugar, destaca la multiplicación de organizaciones internacionales con capacidad, en muchos casos, para celebrar acuerdos internacionales con los Estados. Ejemplo particularmente reseñable es el de la Unión Europea ya que tanto su naturaleza supranacional como la atribución de amplias competencias en materia exterior le empujan a la celebración de acuerdos internacionales, destacando por sus consecuencias para los Estados miembros la peculiar y compleja categoría de los con países terceros.
En segundo término, hay que tener presente que la práctica en materia convencional se ha ido haciendo cada vez más intensa, compleja y fértil sobre la base del principio de autonomía de la voluntad, lo cual ha dado origen a nuevas formas de acuerdos y nuevos problemas de aplicación. En este sentido, el Derecho interno de un Estado puede establecer la distinción entre tratados y otros tipos de acuerdos internacionales, posibilidad que contemplan expresamente las Convenciones de Viena de 1969 y 1986 en sus respectivos artículos 2.2. Así, en relación con las nuevas formas de acuerdos, cabe citar los acuerdos de ejecución de tratados internacionales, normalmente denominados en la práctica española «acuerdos internacionales administrativos» y la celebración de acuerdos internacionales no normativos, frecuentemente denominados Memorandos de Entendimiento o identificados mediante las siglas MOU derivadas de la denominación inglesa que instrumentan la asunción de compromisos políticos. Ahora bien, ello no impide en modo alguno que coexistan categorías diferentes a las tres reguladas por esta Ley que se rigen, todas ellas, por el Derecho interno de los Estados.
Asimismo, el diseño territorial del Estado realizado tras la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978 ha significado el reconocimiento a las Comunidades Autónomas, a través de sus respectivos Estatutos de Autonomía, de relevantes competencias en materia de acción exterior. De esta forma, como consecuencia de lo previsto en el apartado tercero del artículo 149.1 de la Constitución Española, el Estado posee una competencia de carácter exclusivo en materia de relaciones internacionales que, con base en una asentada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, incluye en su núcleo duro precisamente la capacidad de celebrar tratados internacionales, el llamado . No obstante, las Comunidades Autónomas tienen competencia para desplegar ciertas actividades de acción exterior entre las que cabe, por ejemplo, la celebración de acuerdos internacionales no normativos. También disponen de competencia para celebrar acuerdos internacionales administrativos, en concreción o ejecución de un tratado. Gozan, además, de competencias en otros aspectos de la acción exterior que también tienen consecuencias en la propia política exterior del Estado en materia de celebración de tratados internacionales y que deben ser objeto de regulación para garantizar su adecuada inserción dentro de la competencia exclusiva del Estado derivada de los artículos 97 y 149.1.3 de la Constitución Española. Tal es el caso, por ejemplo, del derecho de las Comunidades Autónomas a proponer la apertura de negociaciones para la celebración de tratados sobre materias respecto de las que acrediten un interés justificado, el derecho a ser informadas de la negociación de tratados internacionales que afecten a sus competencias o el derecho a solicitar al Gobierno formar parte de la delegación española que negocie un tratado internacional que afecte a competencias de las Comunidades Autónomas.
Igualmente, la pertenencia de España a la Unión Europea tiene profundas repercusiones en el ámbito de la celebración de tratados internacionales y otros acuerdos internacionales. No en vano la Unión goza de personalidad jurídica propia y de amplias competencias en materia exterior, lo cual se traduce en la posibilidad de celebrar acuerdos internacionales con países terceros u organizaciones internacionales. Dichos acuerdos vinculan tanto a las instituciones de la Unión como a los Estados miembros y son de dispar naturaleza según sea la competencia de la Unión sobre la que se base. Pueden existir, por tanto, acuerdos que celebre sólo la Unión con un país tercero o una organización internacional, sin participación alguna de los Estados miembros, si la Unión goza de competencia exclusiva para ello. Pero pueden existir acuerdos en los que, junto a la Unión, participen también los Estados miembros, si se trata de competencias compartidas; precisamente por este motivo, ha surgido la peculiar categoría de los. A su vez, según sea su contenido, naturaleza y finalidad, existe una amplia variedad de posibilidades de acuerdos: acuerdos de asociación, acuerdos comerciales, acuerdos de adhesión, entre otros. Se trata, en cualquier caso, de un ámbito específico en el que el tratamiento jurídico que dé cada Estado miembro exige también unas especificidades y una flexibilidad que permita asumir las peculiaridades derivadas de la pertenencia a un proceso de integración de carácter supranacional.
Artículo 1. Objeto.—La presente ley tiene por objeto regular la celebración por España de los tratados internacionales, los acuerdos internacionales administrativos y los acuerdos internacionales no normativos definidos en el artículo 2.
a) «tratado internacional»: acuerdo bilateral o multilateral celebrado por escrito entre España y otro u otros sujetos de Derecho internacional, y regido por el Derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación.
b) «acuerdo internacional administrativo»: acuerdo de carácter internacional no constitutivo de tratado que se celebra por órganos, organismos o entes de un sujeto de Derecho internacional competente por razón de la materia, cuya celebración está prevista en el tratado que ejecuta o concreta, cuyo contenido habitual es de naturaleza técnica cualquiera que sea su denominación y que se rige por el Derecho internacional. No constituye acuerdo internacional administrativo el celebrado por esos mismos órganos, organismos o entes cuando se rige por un ordenamiento jurídico interno.
d) «sujeto de Derecho internacional»: un Estado, una organización internacional u otra institución internacional que goce de capacidad jurídica para celebrar tratados internacionales.
l) «firma»: acto por el que España firma, sin la previa autorización del Consejo de Ministros, un tratado internacional, y que equivaldrá a la firma definitiva una vez aprobada la firma por el Consejo de Ministros.
n) «ratificación»: acto, precedido de una firma de autenticación, por el que España hace constar su consentimiento en obligarse por el tratado internacional, mediante el instrumento regulado en el artículo 23 de esta ley.
ñ) «adhesión»: acto por el que España hace constar su consentimiento en obligarse por un tratado multilateral, cuando no ha sido previamente firmado o ratificado por España, mediante el instrumento regulado en el artículo 23 de esta ley.
r) «reserva»: acto por el que España realiza una declaración unilateral al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado internacional o al adherirse a él, para excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a España, cualquiera que sea su enunciado o denominación.
s) «objeción a una reserva»: acto por el que España realiza una declaración unilateral como respuesta a la reserva formulada previamente por otro sujeto de Derecho Internacional.
t) «declaración interpretativa»: acto por el que España realiza una declaración unilateral para precisar o aclarar el sentido o alcance que atribuye al tratado internacional o a alguna de sus disposiciones, cualquiera que sea su enunciado o denominación.
u) «denuncia»: acto por el que España hace constar su consentimiento para terminar un tratado internacional.
Artículo 3. Competencias del Consejo de Ministros.—El Consejo de Ministros, sin perjuicio de las competencias atribuidas por el ordenamiento jurídico a los poderes del Estado y a otros órganos de la Administración:
b) Aprobará su firma.
Artículo 4. Competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.—1. En el ámbito de la Administración General del Estado, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación:
Artículo 5. Competencias de los departamentos ministeriales.—Corresponderá a los departamentos ministeriales respecto de los tratados y otros acuerdos internacionales que les afecten en el ámbito de sus respectivas competencias:
e) La propuesta al Consejo de Ministros, conjuntamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de los acuerdos de autorización de rúbrica, firma, canje de instrumentos o firma, a los efectos de la autenticación.
Artículo 6. Comisión interministerial de coordinación en materia de tratados y otros acuerdos internacionales.—Se crea la Comisión interministerial de coordinación en materia de tratados y otros acuerdos internacionales como órgano colegiado de intercambio de información y coordinación de los Departamentos ministeriales, cuya composición y funcionamiento se determinarán reglamentariamente.
Artículo 7. Competencias de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y Entidades Locales.—Las Comunidades Autónomas podrán participar en la celebración de tratados internacionales. Asimismo, las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y las Entidades Locales podrán establecer otros acuerdos internacionales en el marco de las competencias que les otorgan la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico, en los términos establecidos en el título V de esta ley.
Artículo 8. Denominación del Estado español.—La denominación oficial del Estado español en los tratados internacionales será «Reino de España».
Artículo 9. Nombramiento de representantes de España.—El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a propuesta del Ministerio o Ministerios competentes por razón de la materia, nombrará a los representantes de España para la ejecución de cualquier acto internacional relativo a un tratado internacional.
Artículo 10. Plenos poderes.—1. Para ejecutar en representación de España cualquier acto internacional relativo a un tratado y, en particular, para negociar, adoptar y autenticar su texto, así como para manifestar el consentimiento de España en obligarse por el tratado, la persona o personas que los lleven a cabo deberán estar provistas de una plenipotencia firmada por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en nombre del Rey.
Artículo 11. Negociación.—1. Los departamentos ministeriales negociarán los tratados internacionales en el ámbito de sus respectivas competencias, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Artículo 12. Adopción.—Corresponderá a los negociadores adoptar el texto de un tratado internacional. En el supuesto de un texto elaborado por una Conferencia internacional, o en el seno de una Organización internacional o de uno de sus órganos, la adopción se realizará de conformidad con el Reglamento de dicha conferencia, organización u órgano y, en su defecto, de acuerdo con las normas generales de Derecho internacional.
Artículo 13. Autenticación.—1. El texto de un tratado internacional se autenticará mediante el procedimiento que en él se prescriba o convengan los negociadores. En defecto de previsión o acuerdo el texto quedará establecido como auténtico mediante la firma, la firma o la rúbrica puestas en el texto del tratado o en el Acta final de la Conferencia internacional en la que figure dicho texto.
Artículo 14. Autorización de firma y actos de naturaleza similar.—1. El Consejo de Ministros autorizará la rúbrica, firma o canje de instrumentos, según sea el caso, de un tratado internacional, y aprobará su firma.
2. El Presidente del Gobierno y el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación podrán firmar cualquier tratado internacional. La firma por cualquier otro representante de España precisará la autorización del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación elevará la firma para su aprobación al Consejo de Ministros y comunicará la aprobación al depositario o, en su caso, a la contraparte.
3. La aprobación por el Consejo de Ministros de la firma de un tratado equivaldrá a la firma definitiva con efectos de autenticación.
Artículo 15. Aplicación provisional.—1. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y a iniciativa motivada del Departamento competente para su negociación, autorizará la aplicación provisional, total o parcial, de un tratado internacional antes de su entrada en vigor. El Ministerio de la Presidencia comunicará el acuerdo de autorización a las Cortes Generales.
Artículo 16. Manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado.—1. El Consejo de Ministros acordará la prestación del consentimiento de España en obligarse por un tratado internacional, de conformidad con la Constitución Española y las leyes, en la forma convenida por los negociadores.
Artículo 17. Trámites internos previos a la manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado internacional.—1. La manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado internacional de los previstos en los artículos 93 y 94 de la Constitución Española requerirá la previa autorización de las Cortes Generales en los términos establecidos en dichos preceptos.
Artículo 18. Información a las Cortes Generales.—El Gobierno informará inmediatamente a las Cortes Generales de la conclusión de todo tratado internacional y le remitirá su texto completo, junto con las reservas y declaraciones que España haya formulado.
Artículo 19. Solicitud de información por las Cortes Generales.—Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través de los presidentes de aquellas, la información y ayuda que precisen del Gobierno y sus departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla.
Artículo 20. Control previo de constitucionalidad.—El control previo de constitucionalidad de los tratados internacionales previsto en el artículo 95 de la Constitución Española se tramitará de conformidad con lo previsto en el artículo 78 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional y en los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado.
Artículo 21. Canje o deposito de los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación y adhesión.—El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación adoptará las medidas pertinentes para proceder al canje, depósito o notificación a los contratantes o al depositario de los instrumentos mediante los que se manifiesta el consentimiento de España en obligarse por un tratado internacional.
Artículo 22. Reservas y declaraciones.—1. La manifestación del consentimiento de España en obligarse mediante un tratado internacional irá acompañada de las reservas y declaraciones que España haya decidido formular.
Artículo 23. Firma del instrumento de manifestación del consentimiento por el Rey.—El Rey, con el refrendo del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, firmará los instrumentos de ratificación y de adhesión que manifiesten el consentimiento de España en obligarse por un tratado internacional.
Artículo 24. Publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y entrada en vigor.—1. Los tratados internacionales válidamente celebrados se publicarán íntegramente en el «Boletín Oficial del Estado». Dicha publicación habrá de producirse al tiempo de la entrada en vigor del tratado para España o antes, si se conociera fehacientemente la fecha de su entrada en vigor.
Artículo 25. Contenido de la publicación.—1. La publicación de un tratado internacional en el «Boletín Oficial del Estado» incluirá el texto íntegro del tratado junto a cualesquiera instrumentos y documentos anejos o complementarios, así como los actos unilaterales dependientes del tratado. Además, se publicará la fecha de entrada en vigor del tratado y, en su caso, la de aplicación provisional y su terminación.
2. Asimismo, se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado», cuando se produzcan, las alteraciones que puedan influir en la aplicación de un tratado internacional.
Artículo 26. Registro.—1. El Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, registrará en la Secretaría de las Naciones Unidas, y en cualquier otra Organización internacional que proceda, los tratados bilaterales en los que España sea parte, así como los tratados multilaterales de los que España sea depositaria.
Artículo 27. Custodia y depósito.—1. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación custodiará los textos originales de los tratados internacionales celebrados por España o, en su caso, los ejemplares autorizados de los mismos, así como los de cualquier otro instrumento o comunicación relativos a un tratado.
Artículo 28. Publicaciones periódicas.—Sin perjuicio de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación publicará periódicamente colecciones de tratados en vigor en los que España sea parte.
Artículo 29. Eficacia.—1. Las disposiciones de los tratados internacionales válidamente celebrados sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales de Derecho internacional.
Artículo 30. Observancia.—Todos los poderes, órganos y organismos del Estado deberán respetar las obligaciones de los tratados internacionales en vigor en los que España sea parte. El Gobierno velará por el adecuado cumplimiento de dichos tratados.
Artículo 31. Ejecución.—1. Los tratados internacionales serán directamente aplicables a menos que de su texto se desprenda que dicha aplicación queda condicionada a la aprobación de las leyes o disposiciones reglamentarias pertinentes.
Artículo 32. Prevalencia de los tratados.—Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente prevalecerán sobre cualquier otra norma del ordenamiento interno en caso de conflicto con ellas, salvo las normas de rango constitucional.
Artículo 33. Declaración de inconstitucionalidad.—La declaración de inconstitucionalidad de los tratados internacionales se tramitará por el procedimiento regulado en el Título II de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre.
Artículo 34. Efectos jurídicos de las reservas, ámbito territorial, cláusula de la nación más favorecida y aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma materia.—1. De conformidad con las normas generales de Derecho internacional y según lo previsto en el propio tratado, se determinarán:
Artículo 35. Otros actos sobre tratados internacionales.—Los actos que persigan producir algún efecto jurídico respecto de un tratado internacional ya consentido por España requerirán el previo pronunciamiento del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y del titular del departamento ministerial que sea competente por razón de la materia.
Artículo 36. Retirada de las reservas y de las objeciones a las reservas.—1. La retirada de las reservas, así como de las declaraciones u objeciones que España haya formulado requerirá la autorización del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Asimismo, el Consejo de Ministros tomará conocimiento y, en su caso, aceptará la retirada de reservas y declaraciones formuladas por otras partes.
Artículo 37. Reglas de interpretación.—1. Las disposiciones de los tratados internacionales se interpretarán de acuerdo con los criterios establecidos por las normas generales de Derecho Internacional y los contenidos en el propio tratado.
Artículo 38. Enmienda.—1. La enmienda de un tratado internacional se llevará a cabo en la forma en él prevista o, en su defecto, mediante la conclusión entre las partes de un nuevo tratado.
Artículo 39. Denuncia y suspensión.—1. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en coordinación con el Ministerio competente por razón de la materia objeto del tratado, acordará la denuncia o la suspensión de la aplicación de un tratado internacional.
Artículo 40. Requisitos.—1. Los órganos, organismos y entes de las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos internacionales administrativos en ejecución y concreción de un tratado internacional cuando el propio tratado así lo prevea.
Artículo 41. Informe.—1. Todos los proyectos de acuerdos internacionales administrativos serán remitidos al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación antes de su firma para informe por la Asesoría Jurídica Internacional acerca de su naturaleza, procedimiento y más adecuada instrumentación según el Derecho Internacional. En particular, dictaminará sobre si dicho proyecto debería formalizarse como tratado internacional o como acuerdo internacional no normativo. Asimismo, antes de su firma, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación remitirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aquellos que conlleven compromisos financieros para que informe sobre la existencia de financiación presupuestaria adecuada y suficiente para atender tales compromisos.
Artículo 42. Tramitación interna.—1. Los acuerdos internacionales administrativos no exigirán la tramitación prevista en el Título II de esta ley. Los signatarios tendrán autonomía para decidir el procedimiento que habrá de respetar, en todo caso, lo establecido en el tratado que le dé cobertura.
Artículo 43. Publicación y entrada en vigor.—De conformidad con la legislación en vigor, los acuerdos internacionales administrativos se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» por resolución del Secretario General Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con indicación de la fecha de su entrada en vigor.
Artículo 44. Recopilaciones.—El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación publicará periódicamente colecciones de acuerdos internacionales administrativos celebrados por España.
Artículo 45. Naturaleza.—Los acuerdos internacionales no normativos no constituyen fuente de obligaciones internacionales.
Artículo 46. Competencia.—El Gobierno, los Departamentos Ministeriales, los órganos, organismos y entes de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las Ciudades de Ceuta y Melilla, las Entidades Locales, las Universidades públicas y cualesquiera otros sujetos de derecho público con competencia para ello, podrán establecer acuerdos internacionales no normativos con órganos, organismos, entes, Administraciones y personificaciones de naturaleza equivalente de otros sujetos de Derecho Internacional en el ejercicio de sus respectivas competencias.
Artículo 47. Informe.—Los proyectos de acuerdos internacionales no normativos serán informados por el Servicio Jurídico respectivo del órgano u organismo público que los celebre acerca de su naturaleza, procedimiento y más adecuada instrumentación según el Derecho Internacional, en particular, dictaminará sobre si dicho proyecto debería formalizarse como tratado internacional o como acuerdo internacional administrativo. Asimismo, informará sobre la competencia para celebrarlo y sobre su adecuación al orden constitucional de distribución de competencias. En el expediente relativo a acuerdos no normativos que impliquen obligaciones financieras se acreditará la existencia de financiación presupuestaria adecuada y suficiente para atender los compromisos que se derivan de los mismos mediante informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas.
Artículo 48. Tramitación interna.—1. Los acuerdos internacionales no normativos no exigirán la tramitación prevista en el Título II. Los signatarios tienen autonomía para decidir el procedimiento.
Artículo 49. Mención expresa del Estado.—En los acuerdos internacionales no normativos se incluirá en todo caso la referencia a «Reino de España» junto con la mención del signatario.
Artículo 50. Registro.—De conformidad con la legislación en vigor, una vez firmado el acuerdo internacional no normativo, se remitirá una copia del mismo al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para su inscripción en el registro administrativo de dichos acuerdos.
Artículo 51. Propuesta de apertura de negociaciones.—Las Comunidades Autónomas podrán solicitar al Gobierno la apertura de negociaciones para la celebración de tratados internacionales dentro del marco competencial fijado por la Constitución Española y por sus respectivos Estatutos de Autonomía. El Gobierno resolverá motivadamente acerca de dicha solicitud, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, previo informe del de Hacienda y Administraciones Públicas sobre su adecuación al orden competencial, y del competente por razón de la materia.
Artículo 52. Deber de información.—1. El Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, remitirá a las Comunidades Autónomas información sobre la negociación de aquellos tratados internacionales que tengan por ámbito materias que sean de su competencia o interés específico, definido por las competencias que tengan atribuidas por el ordenamiento jurídico o por afectar de manera especial a su respectivo ámbito territorial.
Artículo 53. Participación en la delegación española.—1. Las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán solicitar al Gobierno formar parte de la delegación española que negocie un tratado internacional que tenga por ámbito materias propias de su competencia o interés específico, definido por las competencias que tengan atribuidas por el ordenamiento jurídico o por afectar de manera especial a su respectivo ámbito territorial, y en los términos previstos en sus Estatutos de Autonomía.
Artículo 54. Celebración de acuerdos internacionales administrativos.—1. Las Comunidades Autónomas podrán celebrar acuerdos internacionales administrativos en ejecución y concreción de un tratado internacional cuando tengan por ámbito materias propias de su competencia y en los términos previstos en sus respectivos Estatutos de Autonomía y con sujeción a lo que disponga el propio tratado internacional. Asimismo, cuando tengan por ámbito materias propias de su competencia podrán celebrarlos las Ciudades Autónomas y las Entidades Locales.
Artículo 55. Celebración de acuerdos internacionales no normativos.—1. Las Comunidades Autónomas podrán establecer acuerdos internacionales no normativos en las materias que sean propias de su competencia y en los términos previstos en sus respectivos Estatutos de Autonomía. Asimismo, cuando tengan por ámbito materias propias de su competencia podrán celebrarlos las Ciudades de Ceuta y Melilla y las Entidades Locales.
Disposición adicional primera. Comunicación a otros sujetos de Derecho Internacional.—El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación comunicará la presente ley a los sujetos de Derecho Internacional con los que España mantiene relaciones o de los que es miembro.
Disposición adicional segunda. Régimen de la acción exterior de la Unión Europea.—Lo dispuesto en la presente ley se entiende sin perjuicio de las peculiaridades que en materia de acuerdos internacionales puedan derivarse para España como consecuencia de la obligación de cumplimiento del Derecho de la Unión Europea, en especial de las disposiciones del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que regulan la acción exterior de la Unión.
Disposición adicional tercera. Sometimiento al principio de estabilidad presupuestaria.—De conformidad con el artículo 135 de la Constitución Española y, en particular, con lo establecido en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, todos los tratados internacionales, acuerdos internacionales administrativos y no normativos
que vayan a celebrarse deberán supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. A tal fin, en el expediente relativo a aquellos tratados o acuerdos que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública deberá constar la valoración de sus repercusiones y efectos sobre los gastos e ingresos públicos, presentes y futuros, y acreditar, en su caso, la existencia de financiación presupuestaria adecuada y suficiente para atender los compromisos que se derivan de los mismos.
Disposición adicional cuarta. Contribuciones o aportaciones que realice la Administración General del Estado así como los Organismos Públicos dependientes de ella no previstas en Tratados y Acuerdos Internacionales.—La suscripción o formalización de instrumentos jurídicos distintos de los definidos en los apartados a), b)y c) del artículo 2 de la presente ley, a través de los que la Administración General del Estado o los Organismos Públicos dependientes de ella se comprometan a realizar contribuciones o aportaciones a Organismos o Programas Internacionales, públicos o privados, aun cuando no se sujeten al Derecho internacional, deberá ser autorizada por el Consejo de Ministros, a propuesta del Departamento competente, previo informe del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación sobre su adecuación a los fines, directrices y objetivos de la política exterior y sobre su naturaleza, procedimiento y más adecuada instrumentación jurídica. El expediente que se eleve al Consejo de Ministros, deberá ir acompañado necesariamente del informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Disposición adicional quinta. Actos de aplicación de tratados internacionales para evitar la doble imposición y acuerdos sobre precios de transferencia.—No quedan sujetos a las disposiciones de la presente ley los actos de aplicación de los tratados y convenios internacionales para evitar la doble imposición, en particular, los acuerdos amistosos de resolución de los conflictos en la aplicación de los tratados para evitar la doble imposición. Tampoco quedan sujetos los acuerdos entre administraciones tributarias para la valoración de las operaciones efectuadas con personas o entidades vinculadas.
Disposición derogatoria. Derogación normativa.—Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la presente ley y, en particular, el Decreto 801/1972, de 24 de marzo, sobre ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de tratados internacionales.
Disposición final primera. Título competencial.—La presente ley se dicta al amparo del artículo 149.1.3.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales.
Disposición final segunda. Registro de acuerdos internacionales no normativos.—El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación adoptará las medidas pertinentes para la puesta en marcha y llevanza del registro administrativo de los acuerdos internacionales no normativos cuya publicidad se regirá por las disposiciones reguladoras de la publicidad de los registros administrativos.
Disposición final tercera. Desarrollo normativo.—Se autoriza al Gobierno y a los titulares de los departamentos ministeriales, en los ámbitos de sus respectivas competencias, a dictar las disposiciones que resulten necesarias para el adecuado desarrollo de lo dispuesto en la presente ley.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.—La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

References: artículo 149

Artículo 1
 artículo 2
 artículo 23
 artículo 23

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20
 artículo 95
 artículo 78

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43
 resolución 

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55
 artículo 135
 artículo 7
 artículo 2
 resolución 
 artículo 149