Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2015/se201500397.html
Timestamp: 2019-03-22 18:55:13+00:00

Document:
se201500397
SENTENCIA: 397/2015.
EXPEDIENTE Nº: 94/2010.
PARTES: Ana Carola Valverde Orellana contra la Aduana Nacional de Bolivia.
Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por Ana Carola Valverde Orellana contra la Presidente Ejecutiva de la Aduana Nacional.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa cursante de fojas 186 a 192, la contestación de fs. 218 a 220, réplica de fs. 227 a 230, los antecedentes procesales.
CONSIDERANDO I: Que, Ana Carola Valverde Orellana, instaurando demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución de Recurso Jerárquico Nº RA-PE-03-145-09 de 26 de noviembre de 2009 emitida por el Presidente Ejecutivo a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia, fundamentando su acción en los siguientes hechos:
I.1. Que la Aduana Nacional ha efectuado violación al principio constitucional del non bis in ídem, dado que se ha practicado doble proceso con un ensañamiento muy evidente, iniciándolos por el mismo hecho imaginario por supuesto de parte de la Aduana, a su persona y por la misma institución, resultando:
Proceso Administrativo, con el argumento de tratarse de funcionaria pública, lo cual no es cierto ni evidente, pues muy al contrario desde el 4 de octubre de 2007 su persona había dejado de ser funcionaria pública de la Aduana y alegando como una incongruencia a la emisión de la resolución de directorio RD. 03-117-07 de 21 de diciembre de 2007 que representó la disposición del directorio por la razones que dice evidentes de que no existe relación laboral entre su persona y la Aduana Nacional dado que no es funcionaria de la Aduana, a lo que expone que en la resolución final del proceso sumario no se hace una valoración a las pruebas presentadas, ni siquiera se hace mención a la prueba fundamental y determinante consistente en el Informe AN-GNAGC Nº 022/2007 de 31 de diciembre de 2007 (Anexo 19) emitido por la Gerencia Nacional de Administración de Finanzas de la Aduana Nacional de Bolivia que indica en una de sus partes lo siguiente: “Revisada la información pertinente, se ha constatado que la Dra. Ana Carola Valverde Orellana con C.I. 2320046 L.P., - No figura en la planilla presupuestaria aprobada como funcionaria de la Aduana Nacional, toda vez que no existe Item para el cargo de Interventora. Sic…- No tiene contrato de servicios con la institución en la Partida -25200-Consultores. Sic…- No ha sido contratada como personal eventual bajo la Partida 12100…..Sic…” Concluyéndose que no es funcionaria de la Aduana Nacional, Sic… (Proceso Sumario con resoluciones de Directorio y de Presidencia que se indican en el Anexo 26); Proceso Judicial, (Anexo 27), al haber denunciado supuesta comisión de delitos de abandono de funciones e incumplimiento de deberes ante la autoridad jurisdiccional, lo que en orden jurídico se conoce como atropello a las garantías constitucionales consagradas a favor de todo boliviano y boliviana, ya que es muy curioso que el Gerente Jurídico de la Aduana, Reynaldo Guzmán Amurrio irrumpió con un grupo de funcionarios de la Aduana, las oficinas de la empresa intervenida ubicada en la ciudad de El Alto (carretera Oruro) para sacar fotos y constatar que su persona ya no estaba en las oficinas y luego sustentar su querella penal alegando abandono de funciones e incumplimiento de deberes, haciendo conocer que eso le traería consecuencias, habiendo tenido conocimiento el mismo de su renuncia.
I.2. Manifestó que en consecuencia de haberse emitido la Resolución AN-GEGPC-SM-Nº 221/2009 de 27 de agosto de 2009, ha interpuesto recurso jerárquico sobre lo que se ha pronunciado la Resolución RA-PE-03-145-09 de 26 de noviembre de 2009, la que debió ser emitida por el Vicepresidente del Directorio de la ANB, según nota AN-PREDC Nº 25/2009, por lo que tampoco ha sido cumplido, ya que la resolución del Recurso Jerárquico fue emitida por el mismo Presidente de la ANB, Sr. Wilfredo Vargas Valdez, resolución que ha sido emitida en contravención a lo determinado por la Constitución Política del Estado, en sus art. 117.II. “Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho….” y lo determinado por el Art. 110.I. “Las personas que vulneran derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de las autoridades bolivianas”.
Finaliza indicando que en la resolución impugnada, no se observa sustento legal, ni se demuestra su calidad de funcionaria pública, menos haber abandonado sus funciones o haber incumplido resoluciones, toda vez que la misma Aduana ha declarado que no tiene calidad de funcionaria pública y esto ha sido también reconocido en el proceso penal que ha mencionado y cuyas partes resolutivas se tienen adjuntas a la presente demanda, arguyendo que menos todavía existe lugar a haber incumplido con sus deberes cuando más bien ha tenido el valor de representar las ilegales resoluciones que está acreditado con los memoriales también adjuntos a esta demanda; indicando que su persona mientras estuvo en el cargo de Interventora a DBU S.A., cumplió con las determinaciones del art. 97 del Reglamento de Concesiones, así como la Resolución de Directorio Nº 03-086-07 de designación de interventora y cualquier otra situación al margen de dichas disposiciones y que violen las mismas, es decir que se aparten de dichas consideraciones; no pueden servir de sustento para buscar un forzado proceso.
Por todo lo expuesto impugna la Resolución Nº RA-PE-03-145-09 de 26 de noviembre de 2009, por contener una serie de supuestos no respaldados siendo un conjunto de palabras que no tienen respaldo legal alguno ameritando su nulidad absoluta. Por memorial cursante de fs. 227 a 230 vlta., reiteró en la réplica los fundamentos expuestos en la demanda.
CONSIDERANDO II: Admitida la demanda mediante auto de 1 de abril de 2010 (fs. 195), fue corrida en traslado a la parte demandada, apersonándose Rodrigo García Paz, en representación de la Aduana Nacional de Bolivia, quien contestó la demanda (fs. 218-220 vlta.) bajo los siguientes fundamentos:
II.1. Por la revisión de los antecedentes, afirma que mediante RD. 03-086-07 de 4 de octubre de 2007 el Directorio de la Aduana Nacional resolvió intervenir la Empresa Depósitos Bolivianos Unidos S.A.-DBU y designar a la exfuncionaria Ana Carola Valverde Orellana como interventora de la misma; el 10 de junio de 2009 la Aduana Nacional mediante Auto Inicial de Proceso Sumario Contravencional Interno AN-GEGPC-SM Nº 225/2009, determinó iniciar proceso administrativo interno en contra de la ex servidora pública Ana Carola Valverde Orellana, por existir indicios de responsabilidad administrativa de parte de la misma, emergente del incumplimiento de sus deberes y obligaciones de interventora de DBU S.A.; Resultado de dicho proceso la Resolución Final AN-GEGPC-SM Nº 154/2009, resolvió declarar parcialmente probado el proceso administrativo instaurado, declarando la responsabilidad administrativa de la ex servidora ya mencionada por contravenir los Num. Sexto y Séptimo de la Resolución RA-PE 03-048-09 de 24/04/09 y los arts. 145 y 147 inc. a) y b) del Reglamento de Personal de la Aduana Nacional, fallo Administrativo que fue requerido por la sumariada mediante Recurso de Revocatoria el 19 de agosto de 2009 y confirmado en su totalidad por la Autoridad Sumariante mediante Resolución Nº RA-PE-03-145-09, que resolvió confirmar la Resolución de Revocatoria Impugnada; Finalmente el 20 de febrero de 2010 la sumariada interpuso Demanda Contencioso Administrativa.
En consecuencia, Ana Carola Valverde Orellana impetra que su demanda se base en el hecho de que no existe la calidad de funcionaria pública de su persona, en razón a su desvinculación laboral con la Aduana Nacional, producida al momento de asumir el cargo de interventora de la Empresa Depósitos Bolivianos Unidos-DBU S.A.; al respecto alega la Aduana Nacional que al momento de intervenir la Empresa Depósitos Bolivianos Unidos S.A.-DBU, designó a la misma a tener la condición de funcionaria de la institución, puesto que antes de darse la intervención de dicha empresa auxiliar de la función aduanera, esta funcionaria fungía como asesora de presidencia ejecutiva, desde el 10 de julio de 2007 hasta el 3 de octubre de 2007 y posteriormente recién se le designo como interventora mediante RD- 03-086-07 de 4 de octubre de 2007.
II.2. Manifestó, que es cierto la Administración Aduanera al tener la facultad de administración de sus depósitos aduaneros y poder conceder esta administración a personas jurídicas privadas, acorde al art. 114 de la Ley General de Aduanas, la misma no es ajena a la función aduanera y en consecuencia mal podría darse la designación y calidad de interventor de estos almacenes dependientes de la Aduana Nacional a un funcionario ajeno a la Administración Aduanera; enfatizando que la Aduana Nacional no puede, ni podía haber contratado a una persona particular ajena a la institución, para detentar el cargo de interventor de una de sus concesionarias; asimismo no es inconveniente a la calidad de funcionaria pública de la demandante, el informe AN-GNAGC Nº 022/2007 de 31 de diciembre de 2007 y la certificación ANB/UH/001-2008 de 12 de marzo de 2007 emitidos por el Departamento de Finanzas de la Aduana Nacional, presentados por esta en calidad de prueba, que señalaban que la demandada no figuraba en planilla presupuestaria y no tiene contrato de servicios con la institución, pues es más que claro que la misma no se encontraba en planillas, porque era funcionaria interventora de DBU S.A., designada mediante RD- 03-086-07 de 4 de octubre de 2007 emitida por el Directorio de la Aduana Nacional y no así por un ente administrativo ajeno a la institución, por lo que su remuneración y pago de haberes devenía de la mencionada concesionaria pública dependiente de la Administración Aduanera, en consecuencia los argumentos y pruebas de la demandante no tienen efectos y consecuencias legales de ningún tipo.
Finalmente aclaró la Administración Aduanera que resolvió declarar la responsabilidad administrativa de la exfuncionaria Ana Carola Valverde Orellana, en razón de que una vez que cumplió con su gestión como interventora, no entrego inventarios de toda la documentación y activos a su cargo, contraviniendo la RA-PE 03-048-09 de 24 de abril de 2009 en el numeral Sexto y Séptimo de su parte resolutoria, por consiguiente el art. 145 y 147 inc. a) y b) del Reglamento de Personal de la Aduana Nacional, no teniendo asidero legal alguno el alegato de la recurrente. Por decreto de fs. 237, se establece que no respondió al traslado dispuesto a fs. 233, en el plazo señalado por normativa.
En el caso la controversia radica en determinar si la demandante Ana Carola Valverde Orellana era o no funcionaria de la Aduana Nacional a efectos de determinar la pertinencia de haber iniciado en su contra un proceso administrativo propio de los funcionarios públicos, y si en consecuencia, habría incurrido en abandono de funciones.
De la revisión de antecedentes se establece que:
III.1. El 19 de junio de 2009 se emite la Resolución Final del Proceso Sumario Interno AN-GEGPC-SM Nº 154/2009, que determina responsabilidad Administrativa en contra de la ex servidora pública (Anexo 16); interpone Recurso de Revocatoria Ana Carola Valverde Orellana (fs. 107-109 vlta.), Resolución de Revocatoria AN-GEGPC-SM Nº 221/2009 de 27 de agosto de 2009, que determinó confirmar totalmente la Resolución Final AN-GEGPC-SM Nº 154/2009 de 17 de julio de 2009; Interpone Recurso Jerárquico contra la Resolución AN-GEGPC-SM Nº 221/2009 11 de septiembre de 2009 (fs. 136-139); Resolución de Recurso Jerárquico RA-PE-03-145-09, la cual determina confirmar la Resolución Administrativa AN-GEGPC-SM Nº 221/2009 de 27 de 2009 (fs. 140-144).
III.2. En este sentido con carácter previo a resolver la problemática presentada es necesario hacer hincapié en el fundamento de la recurrente, en el que indudablemente existe contradicción ya que si bien afirma que no era dependiente de la Aduana Nacional de Bolivia, es decir niega la calidad de servidora pública mientras desempeñó el cargo de interventora de DBU S.A., siendo muchos los documentos que demuestran que en realidad su nombramiento se sujeta a las disposiciones del Directorio de la Aduana y Ejecutivos como el Presidente Ejecutivo y el Gerente General, demostrándolo ella misma al presentar su renuncia ante tales funcionarios, expresando fehacientemente que existía una relación de acatamiento, quedando totalmente claro que la recurrente si era dependiente de la Aduana Nacional de Bolivia y evidentemente funcionaria pública, conforme lo dispuesto en el art. 4 de la Ley Nº 2027, que indica que es servidor público sin interesar jerarquía y calidad, quien presta servicios en relación de dependencia a una entidad; siendo cierto, ya que la Administración Aduanera al tener la facultad de administración de sus depósitos aduaneros y poder conceder esta administración a personas jurídicas privadas, acorde al art. 114 de la Ley General de Aduanas, el cargo de interventora de DBU S.A. no es ajeno a la función aduanera y en consecuencia mal podría darse la designación y calidad de interventor de estos almacenes dependientes de la Aduana Nacional a un funcionario ajeno a la Administración Aduanera, como pretendió demostrar la recurrente.
III.3. Fundamenta asimismo la demandante, que dejó el cargo en virtud a su renuncia; sin embargo, no consta en antecedentes, que haya esperado el término previsto en la norma, para que la ANB se manifieste por la aceptación de la misma (15 días). Entonces, se deduce que en el caso, la actual demandante, hizo abandono del cargo, porque consta la nota de “renuncia” de 21 de abril de 2009, presentada a la Aduana Nacional de Bolivia el 22 de abril de 2009, en su calidad de interventora. Siendo esta la segunda vez, ya que la primera no fue aceptada su renuncia.
El art. 41 de la Ley Nº 2027-Estatuto del Funcionario Público, señala que el retiro podrá producirse por abandono de funciones por un periodo de tres días hábiles consecutivos o seis discontinuos en un mes, no debidamente justificados; el retiro de la actora se produjo a partir del 28 de abril del 2009, ya que es originado por el abandono de funciones, no teniendo fundamento el alegato de la reclamante, ya que la tan mencionada renuncia no respalda respuesta alguna por parte de la Aduana Nacional.
III.4. En estudio y consideración de la demanda, debe tenerse presente que la Ley de Procedimiento Administrativo prevé en su art. 4 inc. c) el principio de sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso; por otra parte el art. 28 inc. b) en relación a los elementos esenciales del acto administrativo, señala que el mismo deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; por su parte el art. 30 inc. a) de la misma normativa, establece que los actos administrativos serán motivados con referencia a resolución de los Recursos Administrativos por tanto, se evidencia que la Resolución impugnada, cumple con la debida fundamentación, por lo que corresponde desestimar este reclamo de parte de la demandante.
Finalizando, se determina que los actos administrativos cuestionados por la demandante, fueron dictados por el Directorio de la Aduana Nacional en el marco de las atribuciones contenidas en el art. 37 de la Ley General de Aduanas, por lo que se constata claramente por lo expuesto, que Ana Carola Valverde Orellana incumplió a sus obligaciones por ser funcionaria pública dependiente de la Aduana Nacional e incurrió en abandono de funciones, como consta en antecedentes.
En consecuencia, conforme a los fundamentos expuestos, corresponde confirmar la resolución impugnada.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs. 186-192, presentada por Ana Carola Valverde Orellana, manteniendo firme la Resolución RA-PE-03-145-2009 de 26 de noviembre de 2009, dictada por el Presidente Ejecutivo a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia.

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución