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Timestamp: 2018-12-11 07:55:36+00:00

Document:
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE FUNCIONARIO DE REDACCIÓN DE SESIONES DEL SENADO SEÑOR EDUARDO PRADO NAVARRETE
AMPLIACIÓN, EN LEY PROTECTIVA DE CONSUMIDORES, DE CATÁLOGO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS DE USO FRECUENTE EN CONTRATOS DE ADHESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:17, en presencia de 15 señores Senadores.
El señor MONTES (Presidente).- Las actas de las sesiones 23ª y 24ª, ordinarias, en 12 y 13 de junio de 2018, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y los señores Senadores hasta la sesión próxima para su aprobación.
Con el primero da inicio a un proyecto de ley que crea un nuevo sistema de financiamiento solidario para estudiantes de la educación superior (boletín N° 11.822-04).
Con el siguiente retira la urgencia y la hace presente nuevamente, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno, aumentando las penas, tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal; y la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica (boletín N° 10.739-07).
Con los dos siguientes hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1) La que crea un nuevo sistema de financiamiento solidario para estudiantes de la educación superior (boletín N° 11.822-04).
2) La que fija el 4 de julio de cada año como Día Nacional del Cuequero y de la Cuequera (boletín N° 11.401-24).
Comunica que ha aprobado el proyecto de ley que modifica el Código de Procedimiento Civil para eliminar privilegios procesales a favor de autoridades eclesiásticas (boletín N° 10.324-07).
Remite copia de la sentencia definitiva dictada en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del siguiente grupo de normas:
-Artículos 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil; 58, inciso final, de la ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores; 46, inciso final, y 133, inciso primero, de la ley N° 18.046, sobre sociedades anónimas; 20 del Código Penal y 27 del decreto ley N° 3.538, que crea la Superintendencia de Valores y Seguros; todos en relación con los artículos 59, letras a) y f); 60, letra a); 165, incisos primero y segundo, y 166 de la ley N° 18.045.
-Artículos 196 ter, inciso primero, segunda parte, y 196 bis de la ley N° 18.290.
-Artículo 4°, inciso primero, parte final, de la ley N° 19.886, que establece la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
-Artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798 y artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216.
-Artículo 1° del Código del Trabajo.
-Artículo 828 del Código Civil.
Da respuesta a requerimiento, manifestado en nombre del Honorable señor Navarro, en relación con el nuevo cuerpo policial antiterrorista de Carabineros.
Remite antecedentes sobre los hechos de violencia ejercidos por fuerzas israelíes contra ciudadanos palestinos en Gaza, ante consulta realizada en nombre de los Honorables señores De Urresti, señoras Allende, Muñoz, Órdenes y Rincón y señores Bianchi, Chahuán, Durana, Girardi, Guillier, Harboe, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier y Navarro.
Atiende solicitud, expresada en nombre del Honorable señor Navarro, para informar sobre la situación de violencia que afecta a la Franja de Gaza.
Expone sobre los recursos que invierte la Armada de Chile para desempeñar su labor en el territorio antártico, ante petición realizada por el Honorable señor Navarro.
Consigna datos acerca de la posibilidad de separar la notaría y el conservador de Bienes Raíces de la comuna de Imperial para mejorar el servicio a la comunidad, en respuesta a requerimiento expedido en nombre del Honorable señor García.
Informa sobre el programa "Empleos de Emergencia" para la Región del Biobío, ante consulta efectuada en nombre del Honorable señor Navarro.
Da respuesta a planteamiento de los Honorables señores Bianchi, señoras Allende, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y señores Araya, Elizalde, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Letelier, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros y Soria a fin de que se presente un proyecto que modifique la ley N° 20.225 con el objeto de aplazar la obligación del pago de las cotizaciones para los trabajadores independientes.
Contesta petición manifestada en nombre del Honorable señor Latorre en relación con las medidas adoptadas para revertir los efectos dañinos en la salud de las personas provocados por el evento ambiental ocurrido en la zona de Ventanas y Puchuncaví, de la comuna de Quintero.
Remite antecedentes sobre el problema de contaminación ambiental que afecta a la comuna de Coronel, en respuesta a solicitud del Honorable señor Navarro.
Acompaña información ante petición del Honorable señor Sandoval, relativa a los montos destinados por los gobiernos regionales para suplementar los subsidios de construcción de viviendas.
Remite antecedentes acerca del estado del proyecto de electrificación rural El Salto, de la comuna de Coihaique, ante inquietud planteada por el Honorable señor Sandoval.
Adjunta reseña sobre el estado de los proyectos de abasto de agua potable que se señalan, que beneficiarán a la comuna de Padre Las Casas, en respuesta a consulta efectuada en nombre del Honorable señor García.
Contesta requerimiento, expedido en nombre del Honorable señor Bianchi, relativo a eventual conflicto de intereses que afectaría al Director Zonal de Pesca y Acuicultura de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
Da respuesta a solicitud de un estudio de redes para la construcción de una nueva escuela en el Valle de Colcura, comuna de Lota, ante planteamiento de Honorable señor Navarro.
Remite información en cuanto al cobro de servicios de agua potable y alcantarillado en la comuna de Cabo de Hornos, en respuesta a solicitud de Honorable señor Bianchi.
Del señor Intendente de la Región de La Araucanía:
Resuelve inquietudes del Honorable señor García, relativas a las siguientes materias:
-Estado del proyecto de abasto de agua potable para el sector que se señala de la comuna de Padre Las Casas.
-Avance del proyecto de "Construcción del Gimnasio CDP Villarrica".
Del señor Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Magallanes y de la Antártica Chilena:
Remite datos sobre la política que se aplicará para abordar el déficit habitacional que afecta a la localidad de Puerto Natales, ante petición expresada por la Honorable señora Goic.
Del señor Director Regional (s) del Servicio de Vivienda y Urbanización de Coquimbo:
Atiende preocupación de la Honorable señora Muñoz relativa a la solución habitacional destinada a familias vulnerables de adultos mayores de la comuna de Ovalle.
De la señora Directora (s) del Servicio de Salud de Aconcagua:
Indica las condiciones de entrega del cargo de director de este servicio al nuevo Gobierno, en respuesta a consulta del Honorable señor Chahuán.
Adjunta respuestas a consultas enviadas en nombre del Honorable señor Navarro sobre los accidentes de tránsito ocurridos en la ruta de tránsito del Biotrén y en el kilómetro doce, camino a Coronel, sector Lomas Coloradas, de San Pedro de la Paz.
De la señora Jefa del Departamento de Medio Ambiente, Obras Públicas y Empresas de la Contraloría General de la República:
Entrega antecedentes sobre el requerimiento del Honorable señor Castro relativo a la durabilidad de los hormigones en el contrato de construcción del Puente Chacao, Región de Los Lagos.
De la Comisión de Educación y Cultura, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que autoriza a erigir un monumento en memoria del ex Diputado señor Héctor Luis Olivares Solís, en la comuna de Rancagua (boletín N° 11.487-04).
De la Comisión de Economía, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo (boletín N° 9.170-23) (con urgencia calificada de "simple").
De los Senadores señoras Goic y Órdenes y señores De Urresti, Prohens y Sandoval, con la que dan inicio a un proyecto de ley para reducir la fabricación de botellas plásticas de un solo uso (boletín N° 11.809-12).
De los Honorables señores Moreira, De Urresti, Harboe, Huenchumilla y Pérez, con la que dan inicio a un proyecto de ley que sanciona penalmente la participación en carreras clandestinas de vehículos motorizados (boletín N° 11.815-07).
De los Senadores señora Rincón y señores Durana, Elizalde, Galilea y Harboe, con la que dan inicio a un proyecto que modifica la Ley General de Bancos, en materia de seguridad de las redes informáticas (boletín N° 11.816-05).
De los Senadores señor Navarro, señoras Aravena y Provoste y señores García-Huidobro y Guillier, con la que dan inicio a un proyecto de ley que establece la obligación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de contribuir a fomentar el fútbol amateur (boletín N° 11.817-04).
Del Honorable señor Navarro, para proceder al desarchivo de los siguientes proyectos de ley:
-El que incorpora en la ley N° 20.416 una sanción penal para castigar la conducta de las grandes empresas que no paguen, dentro del plazo legal, las facturas que adeudan a empresas de menor tamaño (boletín N° 9.807-07).
-El relativo a causales para la revisión de sentencias firmes (boletín N° 7.725-07).
-El que establece afiliación obligatoria en colegios profesionales y regula otras atribuciones de estos (boletín N° 9.207-07).
-El que establece un nuevo régimen de penas en caso de fuga del conductor que ha participado en un accidente de tránsito (boletín N° 6.034-07).
--Se accede a lo solicitado, volviendo los proyectos al estado en que se encontraban al momento de archivarse, conforme a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 36 bis del Reglamento del Senado.
Con el primero informa que dio su aprobación al proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, en materia de consulta, administración y uso, por parte del afiliado, de los excedentes de cotización en isapres (boletín N° 11.591-11).
Con el segundo comunica que ha aprobado el proyecto que adecua las leyes que indica, en razón de la creación de la Región de Ñuble (boletín N° 11.720-07) (con urgencia calificada de "simple").
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, para regular el tendido de cables aéreos (boletín N° 9.511-12).
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que declara el 15 de agosto de cada año como Día Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Taxis Colectivos (boletines Nos 11.384-15 y 11.385-15, refundidos).
Del Honorable señor Latorre, para ausentarse del país a contar del miércoles 20 del presente.
El señor MONTES (Presidente).- El domingo 17 del mes en curso se realizaron las honras fúnebres del funcionario de la Redacción de Sesiones del Senado señor Eduardo Prado Navarrete, fallecido el día anterior.
El señor Prado laboró en esta Corporación por espacio de veintitrés años, todos ellos en la planta de esa dependencia. Tenía cincuenta y dos años.
Solicito guardar un minuto de silencio en su memoria, tal como se ha procedido en ocasiones anteriores ante el deceso de otros trabajadores de la Corporación.
El señor MONTES (Presidente).- Manifestamos nuestras condolencias a todos sus compañeros de trabajo de la Redacción de Sesiones, quienes se encuentran en las tribunas.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los Comités adoptaron hoy los siguientes acuerdos:
1.- Retirar de la tabla de la presente sesión ordinaria el asunto signado con el número 1 en el Orden del Día, esto es, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo, en materia de contrato de trabajo por obra o faena (boletín Nº 7.691-13), y enviarlo a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para un informe complementario de su segundo informe, abriendo un nuevo plazo para presentar indicaciones, en la Secretaría de la Comisión, hasta las 12 del viernes 29 de junio en curso.
2.- Tratar en primer, segundo y tercer lugares del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 20 de junio, los siguientes asuntos:
-Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo (boletín N° 9.170-23).
-Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, para regular tendido de cables aéreos (boletín N° 9.511-12).
-Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señor Letelier, señoras Allende y Muñoz y señor Montes, que autoriza para erigir un monumento en memoria del ex Diputado señor Héctor Luis Olivares Solís en la comuna de Rancagua (boletín N° 11.487-04).
3.- Incluir en el Orden del Día de la sesión ordinaria del martes 3 de julio próximo los siguientes asuntos:
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores (boletín N° 6.956-07).
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el 15 de agosto de cada año como Día Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Taxis Colectivos (boletines números 11.384-15 y 11.385-15, refundidos).
4.- Abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica el artículo 3° del decreto ley N° 3.059, de 1979, para autorizar el cabotaje de pasajeros a cruceros de bandera extranjera en los casos que señala (boletín Nº 9.656-15), hasta las 12 del 10 de julio del año en curso en la Secretaría de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El señor MONTES (Presidente).- Puede intervenir sobre la Cuenta la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, se hizo referencia al proyecto que modifica la Ley General de Bancos, en materia de seguridad de las redes informáticas ante ciberataques y de aumento del monto de las sanciones que se contemplan.
Pido a la Mesa solicitar el acuerdo de la Sala para que la iniciativa sea vista por las Comisiones de Economía y de Hacienda, unidas, por dos razones: economía procesal, ya que será estudiada después por la primera de ellas, y enriquecimiento del debate, en razón de que sus autores son miembros de ese mismo órgano técnico.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, solicito a la Mesa pedir el acuerdo para que las subcomisiones de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos puedan funcionar simultáneamente con la Sala.
Estamos tratando de avanzar en la constitución de ellas y en despejar el trabajo del primer semestre. Algunas ya se formaron y otras lo estarán haciendo de aquí a la semana del 3 de julio.
El señor COLOMA.- ¿Desde cuándo?
El señor MONTES (Presidente).- ¿A partir de cuándo?
El señor LETELIER.- Diría que ello ocurrirá durante las próximas tres semanas y que considerarán la ejecución presupuestaria.
El señor MONTES (Presidente).- Si le parece, Su Señoría, lo acordaremos con la salvedad de que se suspenderá la autorización en la medida en que el debate lo requiera.
El señor LETELIER.- Evidentemente.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, pido a la Mesa recabar la autorización para que la Comisión de Seguridad Pública pueda funcionar de 18 a 19 solo por el día de hoy.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo al respecto?
El señor MONTES (Presidente).- Saludo a la delegación del cuarto medio del colegio Nuestra Señora de Pompeya, comuna de San Antonio, que viene con el profesor Francisco Laborda.
Boletín N° 10180-12
El señor MONTES (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción del Honorable señor Girardi, que modifica el Código Sanitario para prohibir el uso de leña y otros derivados de la madera o de la biomasa en la Región Metropolitana, con segundo informe de la Comisión de Salud. La votación se encuentra aplazada.
Salud (segundo): sesión 15ª, en 15 de mayo de 2018.
Sesiones 66ª, en 28 de noviembre de 2017 (queda para segunda discusión); 68ª, en 29 de noviembre de 2017 (se aprueba en general); 17ª, en 16 de mayo de 2018 (queda aplazada la votación en particular).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe consignar que en una sesión anterior se rechazó la modificación introducida por la Comisión en el segundo informe. Es preciso pronunciarse en particular, entonces, sobre el texto acogido en general por el Senado, respecto de lo cual se solicitó un aplazamiento en la sesión de 16 de mayo.
El señor COLOMA.- ¿Estamos en votación?
El señor MONTES (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Quinteros para hacer una consulta.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, me llama la atención la votación a que se llama, porque ya hubo un pronunciamiento aprobatorio en general. El 16 de mayo fue desechada una recomendación del órgano técnico. Entonces, ¿qué vamos a votar?
El señor COLOMA.- El cambio.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La razón es que no quedó acogido automáticamente lo que solo fue sancionado en general en la sesión a la cual se hizo referencia.
El señor QUINTEROS.- ¡Pero si la proposición fue rechazada! ¡El texto quedó igual!
El señor MONTES (Presidente).- La Sala tiene que pronunciarse en particular.
El señor COLOMA.- ¿Se va a votar?
La señora VON BAER.- Sí. El texto.
El señor MONTES (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI- Señor Presidente, reitero la insistencia en cuanto al proyecto. Santiago ha registrado dos preemergencias en los últimos fines de semana, las cuales no han obedecido al uso de vehículos. Justamente, si se da la situación cuando estos no circulan, significa que no se debe al momento en que hay una menor cantidad de autos, sino al uso de la leña. Esta aporta la mitad del PM2.5. Y cada vez que hay una preemergencia la mortalidad diaria aumenta en 6 por ciento producto de los niveles de PM2.5 que se alcanzan.
Hoy día -para que quede en conocimiento del Senado-, está prohibido el uso de leña en la Región Metropolitana. No se puede usar. El problema es que el instrumento que estableció el plan de descontaminación es poco practicable. ¿Por qué? Porque prohíbe el funcionamiento de chimeneas y estufas de doble cámara, pero en Santiago hay 7 millones y medio de habitantes, por lo que esa medida es materialmente imposible de fiscalizar.
Hoy día la seremi de Salud señaló que no cuenta con recursos para fiscalizar las chimeneas y las estufas de doble cámara en todas las casas que eventualmente podrían disponer de alguna de ellas. Su uso se halla prohibido durante todo el año. Adicionalmente, se debe considerar que esas chimeneas y estufas de doble cámara funcionan de noche. Habría que ingresar a las casas de las personas y preguntarles si están quemando pellets -elemento que sí se encuentra autorizado- o leña. No basta con ver el humo que sale por las chimeneas, porque podría producirlo el pellet, que -como ya dije- cuenta con autorización para ser usado.
La ley establece un instrumento de control distinto, cual es impedir el uso de la leña, lo que sí es practicable.
Es perfectamente posible, por ejemplo, detener un camión que va cargado con leña y que pretende ingresar a la zona de prohibición; o sea, a la provincia de Santiago o a las comunas de Puente Alto y San Bernardo.
Del mismo modo, es viable impedir que haya lugares de acopio o de venta de leña. Pero lo que parece totalmente inaceptable es que la ciudad decrete una preemergencia a consecuencia del uso de la leña, que no es un elemento fundamental. Parar los autos es difícil. Parar las industrias tiene un costo. Pero tener preemergencias, alertas y emergencias debido al empleo de leña en Santiago, donde existen alternativas de combustibles más baratos como la parafina o el gas, carece de todo sentido.
Además, su uso ya se halla prohibido. Sin embargo, el instrumento de control es inadecuado, porque busca impedir que funcionen las chimeneas y fiscalizar eso es materialmente imposible, ya que debe de haber un millón de ellas en la Región Metropolitana.
Y, cada vez que hay una preemergencia, vemos que se produce un aumento de 6 por ciento en la mortalidad.
En seguida, la norma actual es poco exigente. Ella fija el máximo aceptable en 50 microgramos de PM2.5 por metro cúbico, y el plan de descontaminación plantea que recién en el año 2032 debiéramos llegar a 25 microgramos, que es lo normal, lo adecuado, lo deseable.
Por lo tanto, Santiago está expuesto a niveles muy importantes de este material.
Para que el Senado conozca la evidencia, quiero agregar que el propio plan de descontaminación dice que por cada 10 microgramos que aumenta el PM2.5, el riesgo de morir en la Región Metropolitana se eleva en 1 por ciento.
Hay ocasiones en que los niveles de PM2.5 sobrepasan los 200 microgramos en 24 horas. Si ustedes calculan cuántas veces 10 hay de 25 a 200, verán que en esos días la mortalidad puede aumentar, incluso, en 18 por ciento, lo que es altísimo. Y el PM2.5 está produciendo no solamente enfermedades respiratorias, sino también infartos, accidentes vasculares y cáncer.
Entonces, ¿qué hace este instrumento? Viabiliza algo que está establecido en el plan de descontaminación, pero que es totalmente impracticable, como sostuvo hoy día la seremi que antes mencioné y que es de este Gobierno, porque no existen los recursos necesarios para fiscalizar chimeneas. En cambio, controlar el ingreso de leña a la ciudad, su acopio o venta es algo razonable.
Lo que estamos haciendo por esta vía es, en cierta manera, impedir que esta contaminación, que afecta a siete millones de habitantes, sea devastadora.
Para las regiones, tendrá que haber una política en lo futuro. Pero en Santiago sí se puede hacer ahora, porque la leña no es imprescindible, lo cual amerita que de una vez por todas resolvamos el problema.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, este tema lo discutimos largamente en una sesión anterior y no voy a repetir los argumentos. Sin embargo, quiero dejar en claro -para que no se instale una idea equivocada- que quienes votamos en contra no estamos tratando de ser una especie de contaminantes en potencia.
Lo que hemos planteado -y el Senador Girardi lo sabe perfectamente bien- es que el instrumento que han elegido, es decir, establecer la prohibición por la vía legal, tiene dos efectos perniciosos.
Primero, instala en el ámbito legislativo todas las facultades medioambientales que hoy día se ven a través de reglamentos, a través de la autoridad regional. Creo que eso significa maniatar a esta última respecto de la opción que tiene de recurrir al instrumento que fue definido por la ley para velar por que un problema esporádico y grave sea resuelto de acuerdo con la lógica regional adecuada.
En segundo lugar, hace algo mucho más complejo: si establecemos las restricciones al uso de la leña por ley, cada vez que haya una contingencia (en Coihaique, en El Maule o en Biobío) y la autoridad medioambiental decida actuar, al señalarse que esto es del imperio legal, va a quedar como si la restricción que se imponga se tratase de una ilegalidad.
Entonces, señor Presidente, quiero plantear la complejidad que reviste esta situación. Es cierto, existe una carcasa que nos podría inducir a señalar que es razonable. Pero no: no es razonable que se haga por la vía legal, porque todas las regiones presentan realidades distintas.
Esta es una iniciativa de carácter centralista. Es como si el único problema ambiental derivado del uso de la leña lo tuviera la Región Metropolitana. Nosotros sabemos perfectamente que no es así. Es la autoridad ambiental la que deberá determinar, lugar por lugar, las prohibiciones o los permisos, según las condiciones que en cada momento se planteen.
Por tanto, en vez de un avance esto significa un retroceso. Por algo se quiso cambiar por una indicación que no fue acogida. Entonces, con mayor razón hay que rechazar lo que tenemos acá, porque, en el fondo, es hacer una especie de zancadilla -indeseada, por cierto- a la autoridad ambiental al reemplazarla por la autoridad legal.
Todas las regiones quedarían en una suerte de complejidad para establecer sus propios planes, ya que todo se transformaría en materia de ley.
Esa es la razón por la cual algunos de nosotros votaremos en contra. Y lo haremos, precisamente, para darle facultades a la autoridad medioambiental, para que pueda funcionar, en lugar de quitarle esas facultades para entregárselas al legislador, entendiendo que este tipo de situaciones tienen mucho que ver con las estaciones y con las distintas condiciones del país, que es bastante más amplio que la Región Metropolitana.
El señor MONTES (Presidente).- Entiendo que de rechazarse el texto aprobado en general nos quedaríamos sin ley.
El señor COLOMA.- Regiría la que está vigente.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, adicionalmente a lo planteado por el Senador Coloma, quiero llamar la atención sobre un punto que hace más complejo aprobar el texto tal como está.
La enmienda de la Comisión que se rechazó anteriormente buscaba prohibir el funcionamiento de "calefactores que utilicen leña, estén o no provistos de sistemas de doble cámara de combustión, en la Provincia de Santiago y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo.".
Por su parte, el texto que estamos votando ahora prohíbe el uso de leña en la Región Metropolitana completa. Es decir, se incluye a zonas que no son urbanas, que son rurales.
Prohibir el uso de este tipo de combustible en zonas rurales es algo sumamente complejo, sobre todo si vemos cómo funcionan ellas y si consideramos que nada tienen que ver con la contaminación -no están directamente asociadas a ella- que se produce en ciertas comunas de Santiago.
Por algo se puso en votación la indicación que se aprobó finalmente en la Comisión de Salud.
Señor Presidente, el Senador Girardi sostuvo que esto era muy importante porque se prohibía el uso de la leña en toda la Región. Sin embargo, en la Comisión de Salud votó a favor de la indicación que se perdió en la sesión anterior y que planteaba lo mismo que Su Señoría afirma que está mal en el plan de descontaminación: que la seremi no pueda fiscalizar el tema de la calefacción en las viviendas.
Pero ¿qué decía lo que él mismo nos llamó a aprobar en la sesión anterior?: "Se prohíbe la utilización de leña para los efectos de calefacción en viviendas, así como el funcionamiento de todo tipo de calefactores que usen leña, estén o no provistos de sistemas de doble cámara de combustión".
Por lo tanto, el argumento que ahora plantea el Senador Girardi no se sostiene con la argumentación que hizo la vez pasada, cuando defendió el plan de descontaminación de Santiago, que contempla justamente lo que él plantea que no funciona, esto es, la prohibición de utilización de leña para efectos de calefacción de viviendas.
La verdad es que no se entiende la argumentación del Senador Girardi. Porque la vez pasada nos llamó a apoyar lo que ahora considera que no está bien.
No sé si me explico, porque es un poco difícil de comprender.
El Senador Girardi plantea que debemos aprobar lo que está en la columna número tres del boletín comparado porque prohíbe totalmente el uso de la leña en la Región Metropolitana y porque permitirá fiscalizar a los camiones. Sin embargo, en la sesión anterior en que tratamos este proyecto el mismo señor Senador nos instó a apoyar una norma que prohibía completamente el uso de leña para calefacción. En consecuencia, aquí se están cambiando los argumentos.
El hecho de que se prohíba la utilización de leña no significa que tendremos los recursos para realizar la fiscalización. El problema es contar con los recursos. Y eso no solo afecta a Santiago, sino que está presente en todas las regiones donde tenemos planes de descontaminación sin el financiamiento necesario para su fiscalización.
Lo que no me parece serio es que primero defendamos un argumento y, si después se nos cae, pongamos otro sobre la mesa.
En la sesión anterior el Senador Girardi defendió el texto final de la Comisión de Salud. Y hoy él lo califica de insuficiente, por lo que debemos votar el texto que fue aprobado en general. Entonces, no se entiende su argumentación.
Adicionalmente a lo que plantea el Senador Coloma, considero que el punto es que esto está en el plan de descontaminación. Y si este último no tiene los fondos suficientes para la fiscalización, hay que aumentarlos de manera que ella se pueda hacer no solo en la Región Metropolitana, sino que en todo el país.
El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, solo quiero dejar constancia de que me inhabilito en esta votación.
Aclaro, sí, con relación a lo que dijo el Senador Girardi, que los pellets no tiran humo. Así que es difícil saber cuándo se utilizan. Distinto es el caso de los calefactores de doble combustión, que sí lo emiten.
El señor MONTES (Presidente).- Hay caras de sorpresa, Senador señor Ossandón...
¿Nos podría explicar un poco más sobre el humo?
El señor OSSANDÓN.- Me inhabilito igual que en la votación pasada, porque mi hermano trabaja en esta área.
El señor QUINTEROS.- ¿Vende humo...?
El señor OSSANDÓN.- No. ¡Es el que hace las estufas...!
Entonces, tendría que votar en contra. Si no, ¡no me va a regalar ninguna estufa...!
El señor MONTES (Presidente).- Gracias, Senador señor Ossandón.
Quedó pendiente una explicación más exhaustiva.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, primero que todo, debo decir que lamento profundamente que esta iniciativa solo se haya tratado en la Comisión de Salud. Me parece que correspondía que la viéramos también en la Comisión de Medio Ambiente.
En segundo lugar, quiero señalar que obviamente este es un tema país. Sin embargo, nos estamos concentrando en la Región Metropolitana. Porque, si hay algo realmente dramático -lo hemos conversado otras veces; de hecho, en su próxima sesión la Comisión de Medio Ambiente recibirá a una delegación de Coihaique-, es ver cómo la Región de Aisén, que hace algunos años siempre admirábamos por su belleza natural y por su aire prístino, es hoy una de las más contaminadas del país, e incluso cuenta con un récord mundial en la materia, lo que es muy triste.
En consecuencia, este es un tema país, a pesar de que nos estemos concentrando hoy día en lo que respecta a la Región Metropolitana. Y, en lo personal, votaré a favor del texto que se nos propone.
Si el artículo único hubiese quedado como estaba al principio, cuando prohibía el uso de leña en toda la Región Metropolitana -creo que tarde o temprano tendremos que llegar a eso, o por lo menos cada vez que existan situaciones de preemergencia o emergencia ambiental-, se habría afectado a comunas rurales, donde efectivamente la leña es el único medio de calefacción. Pero, lamentablemente, con los vientos se produce la contaminación atmosférica. Y tarde o temprano termina llegando al Gran Santiago o a la provincia de Santiago, por lo que decíamos.
Pero uno no puede imponer una medida de estas características si no existe un proceso de transición, si no se ofrecen alternativas, si no se otorgan ayudas y subsidios para que la gente cambie su sistema de calefacción. O sea, sería un absurdo pretender prohibir el uso de este elemento a toda la región de la noche a la mañana.
Entonces, quiero señalar que estos son pasos que hay que dar. Sé que esta es una medida legislativa, pero claramente debemos ayudar a generar mayor conciencia en nuestra ciudadanía, de manera de entender lo que nos está pasando en términos de contaminación atmosférica, de darnos cuenta de la cantidad de muertes que podríamos evitar si fuésemos capaces de regular mejor y de relevar el costo y el daño para la salud que implica usar leña, particularmente cuando no es seca, sino verde, sin tratar, no certificada. Porque, obviamente, la seca cuesta más y la gente tiende a buscar simplemente lo que está más a la mano o lo más económico.
Claramente esto siempre debiera ir acompañado de mejores condiciones para realizar la fiscalización. Pero, más que fiscalización, lo que se requerirá es generar conciencia ciudadana, la responsabilidad de cada uno de nosotros de pensar cómo hacemos una ciudad donde, a diferencia de lo que está ocurriendo hoy día en las comunas de la provincia de Santiago, la gente no se vea tan afectada por la contaminación.
Lamentablemente, ya llevamos cuatro días seguidos en estado de preemergencia ambiental. Ello quiere decir que nuestros planes de descontaminación no están dando los resultados que quisiéramos, con los cuales se suponía que tenían que marchar.
La norma de la prohibición del doble número de patentes se rebajó. Me parece que eso tendríamos que revisarlo, porque no podemos seguir teniendo preemergencia por tres o cuatro días seguidos. Y, lamentablemente, ello indica que es probable que continuemos en estos términos. Porque todos sabemos que hay mucha menos lluvia y que el cambio climático nos está afectando. Ello significa que no limpiamos. Y también hay otros fenómenos asociados.
En resumen, señor Presidente, votaré a favor. Pero también hay que entender que estamos hablando de la provincia de Santiago, a la cual se agregan las comunas de Puente Alto y San Bernardo, y no de la región completa, salvo en los casos extremos que ya han sido mencionados y en los cuales hay que avanzar con políticas, subsidios y medidas alternativas. La idea es que poco a poco la gente vaya comprendiendo que probablemente el día de mañana tendremos que usar alternativas -el gas, por ejemplo- frente a lo que conocíamos tradicionalmente.
Sería interesante que Magallanes ayudara oportunamente a Aisén, por ejemplo, enviando gas, ahora que hay mayor producción. Eso favorecería muchísimo a la gente. Por supuesto, Aisén es un tema que está por verse.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, entiendo la argumentación que una distinguida Senadora manifestó al hacer presente su reserva en este proyecto. Ella planteó que, respecto a la calidad del aire, hay varias regiones del país que están en una situación igual o peor que la Región Metropolitana.
Personalmente, doy fe de que es así. Hay regiones que están mucho peor que la Región Metropolitana en este aspecto. La Región de Aisén y 17 comunas de la Región de O'Higgins tienen problemas. Y uno puede sumar y seguir. Por eso hay planes de descontaminación, los que no solo deberían incorporar la prohibición de quemas, como pasa en O'Higgins, sino también avanzar en la certificación de la leña como combustible y establecer la prohibición progresiva de su uso.
Es evidente que también hay una situación asociada al poder adquisitivo en esta materia.
Entiendo que quienes somos de otras regiones tendremos la responsabilidad de presentar una iniciativa sobre esos territorios. Y entiendo que ha sido el Senador Girardi quien ha promovido que en la Región Metropolitana se avance en tal dirección. Y, en verdad, cuando uno ve la calidad del aire, cuando ve cómo allí, a mi juicio, se ha relativizado el control en el uso de vehículos, observa un retroceso en este ámbito.
No comparto lo que está haciendo el actual Gobierno en cuanto a solo prohibir el tránsito de ciertos vehículos y aplicar la medida a un dígito para los que utilizan sello verde, a diferencia de lo que se hacía en otra época, donde la restricción se aplicaba a una cantidad mayor.
Sin perjuicio de aquello, es evidente que la quema de leña es un problema grave en la Región Metropolitana, y por eso voy a apoyar el proyecto, señor Presidente.
Entiendo que hay otros aspectos que se pueden perfeccionar en los planes de descontaminación. Quizás sería muy útil realizar una sesión especial en algún momento para ver cómo podemos acelerar los procesos de descontaminación, en particular de la calidad del aire, en varias regiones del país. Pero no porque no se incluya a las zonas que yo represento, donde también están presentes los mismos problemas, voy a negar que eso ocurra en la Región Metropolitana, donde las condiciones son muy nocivas para las personas y su calidad de vida, en especial para la salud de los niños y los adultos mayores, que son los más afectados cuando se dan situaciones como las que se dan en los meses de invierno.
La señora ÓRDENES.- Señor Presidente, algunos datos.
En la Región Metropolitana, de acuerdo con el último inventario de emisiones, el 38,5 por ciento del material particulado fino proviene del sector residencial, producto de la combustión a leña.
Sabemos que varias regiones cuentan actualmente con planes de descontaminación ambiental, y que cada uno recoge las particularidades del respectivo territorio.
Ahora bien, creo que hoy se dan las condiciones para modificar el Código Sanitario y prohibir la leña en la Región Metropolitana, específicamente en Santiago.
Yo vengo de una región que hoy registra los niveles más altos de contaminación atmosférica, en particular su capital, Coihaique. Y es evidente que en un territorio donde el 96 por ciento de las viviendas consume leña como combustible para calefaccionar es difícil instalar, en un plan de descontaminación ambiental, una medida del mismo tipo.
La situación en Santiago es distinta. El instrumento de gestión ambiental vigente, que es el PDA, establece ya la prohibición de la leña, pero, obviamente, es una medida que cuesta viabilizar, dado que la fiscalización se hace muy compleja para el Ministerio a cargo de dicha tarea. Y la ley permitiría abordar esa problemática. Además, el tema de la calefacción es más estacional en la Región Metropolitana.
Por lo tanto, señor Presidente, considero del todo viable dar curso a esta iniciativa, razón por la cual la voy a votar a favor.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, cuando el sistema predictivo del plan de descontaminación de la Región Metropolitana ya contiene los elementos contemplados en este proyecto de ley, a todas luces parece conveniente determinar cuál es la necesidad específica de aprobarlo.
Además, estamos ante una circunstancia de carácter esporádico que se pretende resolver a través de una norma general.
Voy a proporcionar algunas cifras.
El 2017, la ciudad de Coihaique -y no estoy hablando de los períodos peak, sino de una situación que se dio durante todo ese año- el promedio de material particulado fino 2,5 fue de 180 microgramos por metro cúbico, en circunstancias de que la OMS establece como norma esperada 20 microgramos por metro cúbico, e incluso ahora se está propiciando que sean 10. Y en períodos peak¸ en episodios que justamente se registran en estos meses del año, hemos llegado a 740 microgramos por metro cúbico.
Estas etapas extremas nos han llevado a ser la ciudad más contaminada, no de Chile y América, sino del mundo, en una región donde, curiosamente, nos vanagloriamos del espíritu de ser una reserva para la vida.
Por eso, para uno la idea resulta contradictoria, pudiendo estar, en el fondo, de acuerdo con ella. ¡Qué más quisiera yo que a través de una ley pudiéramos resolver el problema de la contaminación de Coihaique diciendo: "Desde mañana, se prohíbe el uso de leña en la Región de Aisén"!
El Ministro de Salud acaba de visitar nuestra zona y dentro de sus anuncios mencionó la posibilidad de implementar también el mecanismo de restricción del uso de leña durante algunos episodios, cuando la contaminación esté muy alta. Sin embargo, eso, probablemente -y el Senador Bianchi puede dar fe de ello-, se podrá aplicar a lo mejor en Los Ángeles, en Temuco, quizás igualmente en Osorno, pero no en una región donde la contaminación se da, adicionalmente, en condiciones de temperatura extrema de 10, 12, 15 grados bajo cero. Siendo alcalde de Coihaique, el 2002 me tocó vivir el episodio más dramático: 30 grados bajo cero en dicha ciudad, 35 en Balmaceda y 37 en Coihaique Alto.
Son situaciones extremas que quiero poner en el tapete de la discusión, porque, si estuviéramos convencidos de que el problema de la leña -en Aisén, causa fundamental de la contaminación- es fácil de resolver a través de una ley, yo firmaría mañana mismo una para ese territorio. Incluso más: si así fuese, habría sido irresponsable no haberla firmado con anterioridad.
Aparte, miren ustedes lo que estamos debatiendo: en un país con los niveles de desarrollo que se comenta hoy, se está planteando el uso del palo para la calefacción de los hogares. Solemos compararnos permanentemente con los países desarrollados, con los países de la OCDE. ¿Qué pasa en ellos? ¡Y estamos hablando de la Región Metropolitana, de Santiago!
En Aisén, el noventa y tanto por ciento del combustible para calefacción corresponde a leña. Y esta es una señal de bajo desarrollo, de baja calidad de vida de la gente, de la población; de la necesidad de mantener este tipo de combustible, y, además, de nuestra incapacidad de llevar adelante iniciativas que permitan resolver el problema de fondo.
Con este proyecto no resolvemos el problema de fondo. Significa seguir tapando el sol con un dedo, lo mismo que el plan de descontaminación de Coihaique, en que resulta necesario llevar a cabo una etapa adicional, nueva, que espero que el Gobierno asuma como un desafío a la mayor brevedad.
Por eso, debido a la dramática situación que se vive en la Región de Aisén, uno tendría que prohibir el uso de leña, porque, sin duda, en este minuto está en riesgo la vida de la población. El municipio y otras comunas ya han manifestado la misma inquietud.
En lo que a mí respecta, señor Presidente, no me voy a prestar para esto. Creo que se requieren medidas mucho más profundas, mucho más radicales, y no pretender resolver el problema con normas que más bien son de poco contenido y, al final del día, de poco resultado práctico.
Pienso que el país tiene una gran deuda en lo referente a los planes de descontaminación y que necesariamente debemos avanzar hacia una nueva etapa para resolver la situación.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, esta normativa va a tener consecuencias económicas porque establece la obligación de reemplazar la leña por gas.
La Asociación de Distribuidores de Gas Natural (AGN) ha evaluado esta medida y ha estimado que "si el gas natural lograra reemplazar el 75% del uso de leña, la emisión de material particulado 2,5 por consumo en los hogares, caería en un 74%, reduciendo el total de este contaminante en 69% a nivel nacional", agregando que, "En caso de implementar políticas públicas que fomenten el uso del gas natural por sobre el uso de la leña, el país se beneficiaría en más de $600 mil millones anuales debido a un mejoramiento de la salud de la población".
Esto lo explica Gonzalo Sanhueza, economista de Econsult, quien detalla que "este monto equivale al 29% del Plan de Inversión Hospitalaria 2014-2018, con el cual, por ejemplo, se podrían construir cuatro hospitales de alta complejidad como el de Chillán, considerado un hito en materia de inversión pública".
Señor Presidente, está claro que el reemplazo de leña por otro combustible trae aparejados beneficios para la salud, y que quienes tengan que asumir ese costo van a sufrir un impacto económico.
Hace alrededor de tres años se reemplazó el uso de carbón en el Hospital Guillermo Grant Benavente, de Concepción -el más grande de Chile-, pasándose de un gasto mensual de 30 millones de pesos para alimentar la caldera principal a 120 millones de pesos por la utilización de gas. Es decir, se cuadruplicó el gasto, lo cual incrementó los egresos generales de dicho establecimiento, disminuyendo los recursos con que cuenta para brindar su aporte a la ciudad.
Está claro que hay una compensación.
Sin embargo, no hay ningún estudio que señale que el reemplazo de la leña elimina la emisión, en especial, del material particulado. Antes estábamos en el PM10, pero dimos una dura batalla durante muchos años con la bancada verde, junto al Senador Girardi, para introducir el PM2.5, que afecta a las personas a nivel de alveolos y que termina dañando severamente el aparato respiratorio.
Por lo tanto, uno podría decir que todo lo que elimine material particulado va en beneficio de la salud, cuyo costo es millonario. O sea, la disminución de las afecciones de los niños en los períodos críticos, en particular en la Región Metropolitana, y especialmente la baja de las llamadas "IRA" (infecciones respiratorias agudas), va a significar un ahorro para el Estado.
Sin embargo, cabe preguntarse -y esto el Senador Girardi lo sabe muy bien- cuál será el impacto de lo propuesto en comunas como San Bernardo y en aquellas ubicadas en la periferia de la Región Metropolitana. A mi juicio, el proyecto está bien encaminado, porque tiene impacto positivo en la salud de las personas, y es recomendable ir en ese sentido. No obstante, señor Presidente -se lo digo a usted, como Senador de la Región Metropolitana, al igual que el colega Girardi-, hace 18 años la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, que presidí en tres oportunidades, evaluó con más de 70 expertos la situación de la Región Metropolitana y determinó que ella debía congelar su expansivo crecimiento habitacional, urbanístico, y también su parque automotor, dado que las variables que podemos lograr con este tipo de medidas se ven absolutamente destruidas por su crecimiento vegetativo, por la llegada incesante de más personas a la zona.
Se destruyó la cota mil (prohibición de construir sobre los mil metros) en toda la RM, lo que ha provocado un recalentamiento de la temperatura interna del sector, con efectos devastadores en materia de salud, tal como los expertos predijeron.
Por lo tanto, señor Presidente, voto a favor de este proyecto, reiterando que todas las medidas que se tomen respecto de la contaminación en Santiago van a ser absolutamente insuficientes si no se frena el expansivo crecimiento habitacional y no se pone coto al aumento del parque automotor en la capital. Todas estas medidas serán en vano si no hay una política que regule esos dos factores, tal como lo han indicado reiteradamente todos los expertos durante los últimos 20 años.
Este proyecto significa una contribución, pero está lejos de ser la solución definitiva al problema.
El señor MONTES (Presidente).- Ofrezco la palabra al Senador señor Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, a veces las segundas discusiones sirven para poder darles una vuelta más a los asuntos que debatimos y votamos. En este caso, he estudiado con mayor detención el proyecto que nos ocupa y quisiera compartir el fundamento de mi voto.
La pregunta es: ¿qué hay detrás de esta iniciativa, presentada por el Senador Girardi? En mi concepto, lo que aquí está en discusión es el derecho, instaurado por la Constitución en su artículo 19, N° 8°, a que los ciudadanos de nuestro país podamos vivir en un ambiente libre de contaminación. Es un derecho establecido constitucionalmente, pero todos sabemos que entre la letra de la ley y la realidad dolorosa de la gente muchas veces hay cierta distancia. Es así como, en este tema, tenemos gran cantidad de ciudades, desde Santiago hasta Coihaique, que sufren un tremendo problema de contaminación a causa del uso de determinado combustible: la leña.
Entonces, yo me pregunto si es posible limitar, jurídicamente, la venta de un producto como la leña. Y a mí me parece que esa opción nos la da el artículo 19, N° 23°, de la Carta Fundamental, por cuanto el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación es de interés nacional, causal que permite limitar legalmente la libre circulación de los bienes, en este caso de la leña.
Sin embargo, señor Presidente, legítimamente me pregunto si los proyectos son buenos en función de la persona que los presenta o si son buenos independientemente de aquello. A mi juicio, aquí estamos en presencia de la segunda hipótesis, porque en la capital de la región que yo represento, por ejemplo, tenemos una de las más altas contaminaciones a raíz del empleo de la leña.
Yo me pregunto, además, si aquí hay un problema ideológico que no queramos discutir, como muchas veces ocurre frente a determinados temas. Si deseamos tener claridad con respecto al derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, y si este es un asunto de interés nacional, la pregunta es: ¿cuál es el rol que el Estado y el mercado juegan en esta materia? Porque en ciertos lugares, como Temuco, la gente compra leña húmeda simplemente porque es más barata. Es el mercado el que empuja a personas sencillas, modestas, en miles de casas, a optar por el combustible más barato. ¿Y cuál es ese? La leña húmeda.
¿Qué podemos hacer frente a eso, considerando que la leña húmeda, barata, es producida por pequeños agricultores, tan pobres como los pobres de la ciudad? Si en Temuco prohibiéramos el uso de la leña, miles de pequeños agricultores y productores se verían desprovistos de su medio de subsistencia.
Es por eso que el mercado a veces es cruel, como decía un ex Presidente de la República, y se requiere, en consecuencia, la intervención del Estado para corregir tal deficiencia.
En el caso de la Región Metropolitana, ya hay un reglamento que prohíbe el uso de la leña. Y, por consiguiente, me parece lógico que nosotros le subamos el estándar jurídico a dicha prohibición estableciéndola por ley para que, en virtud de una normativa de mayor rango, Santiago pueda ir resolviendo su problema mediante una adecuada intervención del Estado en esta materia.
El señor GALILEA.- Señor Presidente, voy a repetir en alguna medida la argumentación que se dio cuando se rechazó una enmienda al proyecto hace unas cuantas semanas.
Hoy día, la ley ambiental le permite a la autoridad prohibir el uso de la leña en Santiago, en la provincia, en toda la Región Metropolitana, y en cualquier parte del país. Hay normas de emisión; debe efectuarse la declaración de zona saturada; tiene que haber un plan de descontaminación, y en este se puede prohibir el uso de la leña. Por lo tanto, no es necesaria ninguna ley para que eso ocurra.
Es verdad que en la Región Metropolitana cerca del 40 por ciento de la contaminación proviene de la leña, pero -reitero- no hay ninguna restricción para que la autoridad ambiental prohíba su uso a contar de mañana, si así fuera necesario.
En consecuencia, habría que preguntarse si con este proyecto se va a lograr algo.
El Senador Huenchumilla decía que hay que subirle la categoría a la prohibición para que efectivamente funcione. ¿Podemos pensar, sensatamente, que algo se va a conseguir con esto? En mi concepto, señor Presidente, con esta iniciativa, por muy bien intencionada que esté, no se va a lograr absolutamente nada.
El Senador Girardi afirmó que ahora se va a poder parar los camiones para que no llegue la leña a los hogares, lo que actualmente es muy difícil de fiscalizar.
Pero la verdad es que eso no sería posible por varias razones:
En primer lugar, porque esta iniciativa no prohíbe la comercialización de la leña, sino su utilización.
Además, esta prohibición regiría solo en algunas comunas de la Región Metropolitana: en las de la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto. Pero si uno analiza los datos duros, cerca del 40 por ciento de la contaminación por leña de la Región Metropolitana se produce en las comunas de las provincias de Maipú, Melipilla y Talagante -¡cerca del 40 por ciento!-. De hecho, la comuna que más aporta a esa contaminación es Melipilla.
Por lo tanto, la circulación de camiones con leña no va a tener impedimentos, porque no se prohíbe su comercialización.
En segundo lugar, como la leña viene del sur, ¿qué posibilidad existiría en cualquier inspección de detener a un camión si el conductor señalara que va a Talagante, o a Lampa, o a Colina, o a cualquier otra comuna del norte de la Región Metropolitana? ¡Ninguna posibilidad!
En consecuencia, aquí estamos ante una normativa que, además de no conversar correctamente con la legislación ambiental vigente en Chile -reitero que se podría prohibir el uso de leña mañana mismo si así se quisiera-, es perfectamente inútil, porque no va a prohibir su comercialización, es decir, su circulación, ni su utilización en las comunas que producen el 40 por ciento de la contaminación por leña de la Región Metropolitana. De modo que la dificultad de fiscalización seguirá exactamente igual como hoy día.
No tengo ningún problema respecto a las normas que mejoren el medio ambiente. Y, en eso, comparto la preocupación del Senador Girardi. Pero lo que aquí se propone está extremadamente malhecho. ¡Y con ello no se va a lograr absolutamente nada, salvo ganar titulares en las radios, en la televisión y en otros medios de prensa!
La comercialización de leña va a seguir intacta y su uso, en buena parte de las comunas de la Región Metropolitana, continuará igual. Por lo tanto, la contaminación en Santiago no variará y seguirá, básicamente, idéntica.
Señor Presidente, a mí me gustaría, sinceramente, que este proyecto de ley fuera a la Comisión de Medio Ambiente -como propuso la Senadora Allende-, a fin de promover una conversación mucho más profunda, menos efectista, que realmente permita mejorar los niveles de contaminación existentes no solo en la Región Metropolitana, sino también en ciudades de regiones que se encuentran sufriendo por esta causa, como Coihaique, en el sur de nuestro país.
Voto que no, porque con esta iniciativa de ley no lograremos absolutamente ninguno de los propósitos que, según se ha señalado, motivaron su presentación.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, al examinar este proyecto de ley -la segunda discusión nos permite apreciarlo con más tranquilidad-, es imposible no pensar en lo que ocurre en algunas regiones del sur del país que también tienen un problema de contaminación serio.
Como sostuvo recién la Senadora Ximena Órdenes, ello ocurre en la Región de Aisén, en la ciudad de Coihaique, lo que la ha convertido en una de las ciudades más contaminadas en Sudamérica.
El Senador Francisco Huenchumilla hizo presente que lo mismo sucede en la zona que representamos en el Senado, encontrándose Temuco y Padre Las Casas prácticamente en el mismo ranking, y también algunas comunas de la Región del Biobío.
Primero, lo que ocurre acá, señor Presidente, tiene que ver con razones ambientales, médicas, clínicas, las cuales nos obligan a tomar esta decisión. Y, segundo, la razón de por qué esta normativa no puede extrapolarse a otras comunas de Chile, apunta a algo que señaló la Senadora Órdenes, relativo al sustituto energético.
La verdad es que así como en la Región de Aisén no hay sustituto energético -en alguna medida podría existir en la del Biobío-, claramente en la de La Araucanía no disponemos de uno.
A mi juicio, en la iniciativa del Senador Girardi se establece una prohibición por ley, que ya está en un reglamento.
Bueno, ese reglamento es parte del plan de descontaminación para la Región Metropolitana. Y, como se ha señalado acá, en esta Región, de acuerdo al último informe sobre emisiones, el 38,5 por ciento del material particulado fino proviene del sector residencial, producto de la combustión de leña, por lo que resulta del todo necesario establecer una prohibición legal que desincentive su uso, considerando que existen sistemas de calefacción alternativos.
Reitero que, hoy, ese no es el caso de La Araucanía. Allí se está probando mucho con pellets y con otros sistemas descontaminantes, pero todavía en una etapa experimental, por lo que no hay resultados concretos.
Ahora bien, el Senador Huenchumilla también se refirió a cuál debería ser el aporte de los privados al respecto. De manera que hay que hacerse esa pregunta.
Sucede, por ejemplo, que en el Plan de Descontaminación Temuco-Padre Las Casas, el aporte fundamental lo están efectuando, entre otros, el Ministerio del Medio Ambiente, entregando recursos para el recambio de calefactores, con doble cámara, con filtro. Pero -insisto- la eficacia de dichos programas está todavía por verse, por demostrarse en el tiempo, y solo entre Temuco y Padre Las Casas hay que remplazar los calefactores de aproximadamente 27 mil hogares.
Otro tanto ocurre con las viviendas. Al respecto, hay que sustituir la aislación térmica de alrededor de 40 mil viviendas, concretamente, con el objeto de disminuir la combustión producto del uso de leña. Sin embargo, recién vamos en la vivienda 11 mil.
Se ha de reconocer el esfuerzo innegable efectuado en los últimos años para concretar recién el 25 por ciento de esta medida, que no es la única, porque viene junto con el de recambio de calefactores, ambos destinados a la descontaminación de las ciudades de Temuco y Padre Las Casas. Y digo "Temuco y Padre Las Casas" porque es allí donde se mide el PM2.5. Es probable que haya otras comunas de la cuenca del Cautín que seguramente exhiban o tengan niveles de contaminación tan altos como los señalados, pero en ellas no se efectúan mediciones.
Como ha sostenido el autor de esta iniciativa, se trata de un tema de salud pública, porque una de las causas de muerte más frecuentes en el mundo en la actualidad tiene que ver, justamente, con el factor de la contaminación atmosférica, precisamente por el PM2.5, cuyo agente principal proviene de la combustión de la leña.
Por tanto, me parece que avanzar en esta materia, pasando de un reglamento a la aplicación de una ley, en esta oportunidad para la Región Metropolitana, sin lugar a dudas les pone presión a otras regiones que requieren planes de descontaminación.
A nadie se le ocurriría pensar en terminar con el uso de leña en la Región de La Araucanía, porque -reitero- no tenemos sustituto energético en el corto plazo. Pero, indudablemente, se debe avanzar de manera más consistente en los planes de descontaminación, buscando otras alternativas: creación de industrias de calor, entre muchas otras fórmulas que se han planteado, sin resultado todavía o sin siquiera poderlas implementar.
Por todas estas razones, por el enorme daño que produce en la salud de las personas este contaminante, especialmente el PM2.5 -en el caso de la Región Metropolitana, el 38,5 por ciento se explica principalmente por la combustión de leña-, voy a votar a favor del proyecto para que demos este paso.
Espero que otras regiones también puedan tomar como ejemplo esta iniciativa, y que sigan mejorando los planes de descontaminación.
La señora ARAVENA.- Señor Presidente, los estudios en los que se basa el proyecto de ley presentado por el Senador Girardi se refieren a los efectos de la contaminación atmosférica en la salud de la población, y estos son irrebatibles. Lo discutible es la solución que se está dando al problema planteado.
A mi juicio, de alguna manera, como país necesitamos reconocer y regular la leña que se usa como combustible, de un modo general y orgánico, pues la situación que afecta a la Región Metropolitana abarca, en realidad -como lo han dicho varios colegas que me antecedieron-, a todo el país, especialmente al sur de Chile.
En la Región de La Araucanía, la misma ciudadanía se ha organizado, junto con la Academia, para establecer estándares de calidad en esta materia.
Es urgente formular una política pública a nivel nacional, y no realizar un nuevo parche legislativo ante una necesidad existente. Aunque, desde luego, no podemos sino agradecer al Senador Girardi por colocar en el debate esta materia.
En mi opinión, de alguna manera hay que decretar que la leña es un combustible, y normar su uso, a fin de que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) efectivamente haga su trabajo, dando solución a un problema que no depende solo del Ministerio de Salud. Porque, finalmente, el 46 por ciento del país consume leña.
Por lo tanto, más allá de tratar de solucionar un problema puntual de Santiago -y también coincido en que allí probablemente no es tan complejo como en las regiones del sur del país-, se sienta un precedente para que, de una u otra forma, frente a un problema de alta contaminación, busquemos lo más fácil para resolverlo, dictando una normativa para que en los hogares no se utilice leña.
Sin embargo, lo que no hemos hecho como país es regular su uso, es decir, decretar respecto de algo que en la realidad existe, que se usa como combustible en más de un 45 por ciento del territorio.
En ese contexto, creo que aprobar el proyecto deja asentado que la leña es mala por esencia. Y la verdad es que no podemos reducir un problema mayor y de urgencia nacional a etiquetar los bosques como energía contaminante, siendo que, si queremos avanzar, debemos mejorar los estándares de construcción de las viviendas; mejorar las estufas, que efectivamente hoy día no se ajustan a una normativa internacional; y, principalmente, utilizar leña seca.
Por lo expuesto, rechazo esta iniciativa.
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, cuando nos referimos al proyecto que prohíbe el uso de la leña y otros derivados de la madera o de la biomasa en la Región Metropolitana, es necesario, en primer lugar, expresar que el marco jurídico vigente ha sido insuficiente e ineficiente para resolver este problema en distintas partes del país, no solo en la Región mencionada.
No obstante, esta iniciativa se refiere en particular a la Región Metropolitana, que es la más poblada de Chile, y en la que existe, de hecho, una prohibición de la misma naturaleza, pero a través de normas jurídicas de otro rango.
A través de una ley que establezca la prohibición en la provincia de Santiago, así como en las comunas de Puente Alto y San Bernardo, se facilita la fiscalización y, por tanto, que se pueda garantizar el cumplimiento de las prohibiciones existentes en la materia para disminuir de manera significativa los niveles de contaminación de la ciudad de Santiago.
Obviamente, no se resuelve el problema general de la contaminación en muchas ciudades de Chile. Por cierto, como lo han dicho algunos señores Senadores, se requiere una solución integral. Pero el punto de fondo es que mientras esperamos la solución integral, ¿qué hacemos? ¿Nada?
A través de esta iniciativa al menos se permite resolver de manera significativa este problema en la región más poblada del país.
Ello no obsta a que se diga que en Chile se precisan políticas de incentivo, de inversión, para tener fuentes energéticas, y particularmente de calefacción, distintas a las que se utilizan hoy en numerosas ciudades de nuestro país, que generan niveles de contaminación dañinos para la salud y que afectan principalmente a los más vulnerables, esto es, a los adultos mayores y a los niños.
La reflexión de fondo es que, mientras esperamos o trabajamos por una solución integral o definitiva, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante el drama que vive cotidianamente la Región Metropolitana.
Por eso, señor Presidente, me parece necesario aprobar esta iniciativa, sin que eso signifique -reitero- no desarrollar todas las políticas públicas necesarias para resolver el problema de la contaminación en muchas ciudades de Chile, lo cual requiere, por cierto, de inversión, de innovación y tecnología y, sobre todo, de fuentes energéticas para calefacción distintas a las que hoy día se utilizan en nuestro país.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, como han dicho quienes me han antecedido en el uso de la palabra, esta iniciativa es innecesaria.
Al comparar lo que propone este proyecto de ley y lo que ya está contemplado en el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de la Región Metropolitana, se observa que el artículo 74 de este Plan es mucho más amplio, e incluso mucho más comprehensivo, porque establece: "A contar de la entrada en vigencia del presente Decreto, en la Zona A se prohíbe el uso de calderas de calefacción de uso domiciliario (...), calefactores y cocinas".
Las cocinas no están comprendidas en la iniciativa que se nos propone. Y todos sabemos que en los hogares más modestos usar la cocina, obviamente para cocinar y tener agua caliente, pero también para calefaccionarse, es algo que resulta atractivo porque al mismo tiempo es bastante más económico.
Además, el texto en comento agrega: "que utilicen o puedan utilizar leña, carbón vegetal y otros derivados de la madera, para cualquier fin. En estas 34 comunas solo estará permitido el uso de artefactos a pellet de madera, que cumplan con el límite de emisión establecido en el artículo 83 del presente Decreto".
Señor Presidente, recién se señalaba en algunas intervenciones: "Esto es necesario, porque no se está haciendo nada". "Esto es necesario porque no podemos permitir que continúe la contaminación". En fin.
¡Y no es verdad que no se esté haciendo nada! ¡No es verdad que no haya normas!
El uso de la leña no está permitido en estas 34 comunas, y no lo está en virtud de este Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana.
Por lo tanto, señor Presidente, siendo el citado Plan mucho más amplio, mucho más extenso de lo que señala este proyecto de ley, es mejor que nos quedemos con el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de la Región Metropolitana, que con esta iniciativa.
--Se aprueba en particular el proyecto (23 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Órdenes y Provoste y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Elizalde, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros y Soria.
Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Castro, Coloma, Durana, Galilea, García, Kast, Pérez Varela, Prohens, Pugh y Sandoval.
Se abstuvieron la señora Rincón y el señor Ossandón.
El señor MONTES (Presidente).- Antes de pasar al punto siguiente, quiero saludar a la delegación de la FENATS del Hospital El Pino, de San Bernardo, invitada por el Diputado señor Jaime Bellolio.
El señor MONTES (Presidente).- También saludamos a la delegación de la Universidad San Sebastián, de Providencia, invitada por el Diputado señor Carlos Kuschel.
¡Sean bienvenidos, también!
Boletín N° 9454-03
El señor MONTES (Presidente).- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señoras Allende y Goic y señor Lagos, y de los entonces Senadores señores Espina y Tuma, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, con el fin de regular el procedimiento de modificación de los contratos de adhesión, con informe de la Comisión de Economía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.454-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señoras Allende y Goic y señor Lagos, y de los entonces Senadores señores Espina y Tuma):
Economía: sesión 24ª, en 13 de junio de 2018.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal del proyecto es establecer en la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, un procedimiento que regule la modificación de los contratos de adhesión, contemplando una serie de requisitos copulativos para su validez, a fin de evitar modificaciones unilaterales que perjudiquen al consumidor y de velar por que este tome una decisión debidamente informada.
La Comisión de Economía deja constancia de que discutió este proyecto solamente en general y le dio aprobación por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Rincón y señores Durana, Elizalde y Galilea.
Asimismo, y también por unanimidad, la Comisión solicita que, una vez aprobada en general la iniciativa y atendido el hecho de que comparten sus ideas matrices y fundamentales, sea refundida con el boletín N° 9.916-03, correspondiente al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el fin de estandarizar los contratos de adhesión, y con el boletín N° 9.728-03, referido a la iniciativa que amplía en la Ley que Establece Normas Sobre Protección de los Derechos de los Consumidores el catálogo de cláusulas abusivas de uso frecuente en los contratos de adhesión.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 6 y 7 del primer informe de Comisión.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, claramente existe en nuestros ciudadanos una sensación de abuso por parte de empresas o de proveedores de bienes y servicios hacia los consumidores, lo cual se da en su mayor parte por medio de los contratos de adhesión.
Aquello ocurre normalmente cuando se ofrece un plan de telefonía celular, un seguro, un crédito de consumo, en fin.
Debido a la masificación del consumo, con las empresas del retail, los supermercados, las multitiendas, y dada la velocidad de las transacciones, es normal encontrar ese tipo de contratos.
Los contratos de adhesión son los que se imponen unilateralmente.
Hoy la ley puede evitar cláusulas abusivas. La normativa sobre protección de los derechos de los consumidores, en su artículo 16, prohíbe ciertas estipulaciones. Por ejemplo, las que establecen incrementos de precio no aceptados expresamente por el consumidor; las que pongan de cargo del consumidor los efectos de deficiencias, o las que inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor.
Estos son avances que nos ha costado mucho conseguir.
Otra cláusula es la que deja sin efecto, modifica o suspende unilateralmente el contrato de adhesión.
Sin embargo, ha surgido la necesidad de regular el procedimiento de dichos contratos.
Por eso adherimos a esta moción, con el objeto de normar esta materia, y así evitar la arbitrariedad y proteger a los consumidores.
Señor Presidente, cada vez hay mayor conciencia de los ciudadanos en cuanto a sus derechos. En este proceso debemos relevar el importante rol que han jugado las asociaciones de consumidores.
Ahora, lo ideal es que, al mismo tiempo, vayamos combatiendo esa sensación de desconfianza respecto de los contratos de adhesión.
Entonces, es preciso realizar un procedimiento regulado que evite esas modificaciones abusivas. Por ello se exige que la proposición del proveedor al consumidor se base en parámetros objetivos; que se ofrezcan prestaciones a lo menos equivalentes a las establecidas en el contrato original; que se asegure que se informe al consumidor tres veces consecutivas, mediando entre cada una de ellas no menos de treinta días; que haya sido aceptada por el consumidor -esto es lo más importante-, ya sea entre partes presentes o por medios de comunicación a distancia, incluyendo -como ya se estila- los electrónicos.
Gracias a la propuesta en comento, hoy día el silencio no va a significar una aceptación de las modificaciones unilaterales, sino que será una negación de estas. Además, le estamos dando al consumidor la posibilidad de desistirse de esos cambios o de darle término al contrato.
Por ello, hemos adherido a esta iniciativa, y la vamos a apoyar, pues es una forma de evitar la imposición de modificaciones que vulneren los derechos de los consumidores.
Por todas las razones expuestas, le doy mi respaldo a este proyecto.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Quiero saludar a la familia Romo-Molina, de Valparaíso, que nos visita esta tarde junto a la señora Eliana Vidal.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, los contratos de adhesión son una de las formas contractuales más extendidas hoy en el comercio.
Estos instrumentos suponen que una de las partes redacta las cláusulas contractuales y la otra se limita a aceptar o a "adherir" a lo que en el contrato se estipula.
Sin dejar de valorar este tipo de contratación, que claramente es rápida y eficaz, es preciso mencionar que, lamentablemente, todos hemos sido testigos de cómo muchas veces en esta clase de contratos se incluyen cláusulas abusivas en favor del proveedor y en contra de los consumidores.
Ese tipo de situaciones deben regularse, en particular aquellas que establecen el término unilateral del contrato; que importen el doble cobro de comisiones, o que consideren al silencio del consumidor como aceptación.
Probablemente, señor Presidente, este proyecto no sería necesario si se hubiesen aprobado plenamente las facultades fiscalizadoras, sancionatorias y normativas para el Servicio Nacional del Consumidor, que permitirían proteger de forma más expedita, rápida y resolutiva los derechos de los consumidores.
Sería el SERNAC el que tendría facultades para establecer como cláusulas abusivas determinadas estipulaciones de los contratos y, al mismo tiempo, sancionar estas conductas.
Sin embargo, con la norma vigente solo dependemos de la acción de los tribunales, con las limitaciones propias de esta instancia.
De esta manera, para dar plena protección a los consumidores, debemos legislar en particular frente a cada nueva cláusula abusiva que surja de la siempre creativa iniciativa de algunos empresarios que anteponen sus intereses a los de sus clientes.
Saben ellos que solo una minoría muy reducida de usuarios y consumidores está dispuesta a recurrir ante los tribunales para reclamar de sus derechos, y que el organismo destinado a fiscalizarlos, el SERNAC, no tiene dientes, o más precisamente, le fueron extraídos por el Tribunal Constitucional.
Para revertir esa decisión arbitraria y abusiva de dicho Tribunal, hemos presentado, junto con otros Senadores, un proyecto de reforma constitucional que releve la protección de los derechos de los consumidores, al objeto de que aquellos dejen de ser derechos de segunda categoría como ocurre hoy día.
Por todas estas razones, voy a votar a favor de estos proyectos, respecto de los cuales se solicitó que sean refundidos.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, los dos proyectos que figuran en la tabla de hoy -estoy de acuerdo con que se tramiten de manera conjunta- tienen por finalidad garantizar de mejor modo la certeza jurídica y una debida protección para los consumidores.
La primera de estas iniciativas, la que ahora nos ocupa, busca regular el procedimiento de modificación de los contratos de adhesión. Y la segunda persigue ampliar el catálogo de cláusulas abusivas de uso frecuente en los contratos de adhesión.
En seguida, quiero dar a conocer algunos antecedentes.
En mayo del año en curso, el Servicio Nacional del Consumidor publicó un estudio que demuestra que durante el segundo semestre del 2017 dicho organismo recibió 29 mil 755 reclamos en contra del mercado financiero, mientras que en el mismo período del año anterior fueron 24 mil 715 casos. El mayor incremento en el número de reclamos fue en el submercado de las tarjetas de crédito relacionadas al retail, mientras que el mayor aumento porcentual se registró en las empresas de crédito automotriz.
Por otra parte, en septiembre de 2017, un estudio del mismo SERNAC señaló la existencia de un incremento de 20 por ciento en los reclamos a empresas proveedoras. El aumento se debió principalmente al alza de reclamos en el comercio electrónico, en los servicios básicos (agua y electricidad) y en las telecomunicaciones.
En este sentido, indicaron que durante el primer semestre de 2017 el 44,7 por ciento de los consumidores obtuvo una respuesta negativa por parte del proveedor, lo que significa un aumento de 2,5 puntos porcentuales respecto de 2016, y corresponde al porcentaje más alto de respuesta desfavorable de los últimos tres años. Solo en el 30,2 por ciento de los casos el proveedor acogió totalmente la solicitud del consumidor solucionando su problema; y en el 25 por ciento de los casos el reclamo fue acogido parcialmente, o la empresa presentó una solución alternativa.
Esos índices y antecedentes pudieron ser un factor relevante y determinante para favorecer la aprobación de la conocida "nueva ley del SERNAC", que lo dotaba de mayores atribuciones en la defensa de los consumidores. Sin embargo, como sabemos, el Tribunal Constitucional dictaminó eliminar las facultades normativas y sancionatorias del proyecto de ley que fortalecía al referido Servicio, manifestando que sería inconstitucional que este actuara como juez y parte, por cuanto ejercería sus facultades fiscalizadoras, para luego aplicar una sanción.
Ya hemos visto que en Chile se beneficia abiertamente a las empresas infractoras. A estas les sale barato abusar: pagan una multa, y siguen obteniendo grandes beneficios financieros. Conocemos casos emblemáticos, como los perdonazos a La Polar o a Johnson's. Y hay muchos otros que podría nombrar.
Sin perjuicio de la necesaria aprobación de estas iniciativas, tenemos el desafío de avanzar y legislar para fortalecer nuestra calidad de ciudadanos y ciudadanas en una sociedad democrática, por sobre nuestra condición de consumidores en la sociedad de mercado.
Sabemos, incluso, que en nuestro país la sociedad de mercado está dominada por unos pocos grupos que se ponen de acuerdo, se coluden y abusan, vulnerando los derechos de las personas en cuanto consumidores.
Por todo lo anterior, estoy a favor de dichos proyectos, y esperamos que podamos avanzar mucho más en la defensa de los derechos de los consumidores.
El señor PIZARRO.- ¡Abra la votación, señor Presidente!
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, quisiera consultar si reglamentariamente se pueden votar las dos iniciativas juntas.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Sí. Podríamos votar el proyecto que estamos discutiendo ahora, y, con la misma votación que se registre, dar por aprobada la iniciativa que viene a continuación.
La señora RINCÓN.- ¿Habría acuerdo?
El señor COLOMA.- ¿Del proyecto que ahora nos ocupa?
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Repito: ¿habría acuerdo para abrir la votación?
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, durante casi tres años tramitamos en la Comisión de Economía y en la Sala del Senado el proyecto de ley que le otorgaba nuevas atribuciones al Servicio Nacional del Consumidor: el nuevo SERNAC. Y prometimos a los chilenos que sus derechos iban a ser defendidos.
¡No más Johnson's! ¡No más La Polar!
No más ministros de Estado ni candidatos presidenciales que deban renunciar por hacer cláusulas abusivas y, a través de contratos de adhesión, cambiar la situación comercial de cientos de miles de personas.
¡Más de 500 mil usuarios de tarjetas fueron afectados en el caso de La Polar!
Sin embargo, resulta que el Tribunal Constitucional, omnipotente, omnipresente, falló en el sentido de que el SERNAC -lo más importante que habíamos hecho respecto de este Servicio era darle facultades sancionatorias- solo podía regular, dictar normas, las cuales no se cumplen, pues nadie defiende al consumidor.
El referido Tribunal dejó al SERNAC como un perrito fiero, pero sin dientes, incapaz de morder a los abusadores.
Entonces, hoy día discutimos cláusulas que teóricamente van a proteger a los consumidores, por cuanto estableceremos a pie juntillas -hay tres proyectos que se van a refundir- que no producirán efecto en los contratos de adhesión las cláusulas o estipulaciones en que no haya mediado la voluntad del consumidor.
Por cierto, voy a votar a favor de este proyecto.
Pero tenemos un problema mayor.
No nos engañemos en esta Sala, señor Presidente: ¿alguien de verdad cree que estas iniciativas van a tener eficacia?
A la ciudadanía y a los consumidores poco les importa que sumemos leyes y más leyes, artículos y más artículos.
¡Ellos quieren que alguien los defienda de una buena vez!
Hoy día los consumidores se hallan abandonados por el Estado y a merced del mercado.
Pareciera que ya olvidamos que los abusadores de la colusión, en todas sus expresiones, fueron sancionados ¡con charlas ciudadanas...! Y que existen jóvenes que por robar una chaqueta de cuero de 60 mil pesos, ¡van cinco años y un día a la cárcel!
Esa es la justicia que la ciudadanía observa hoy.
De allí la poca, nula y escasa credibilidad que el Senado tiene en la gente (creo que estamos en 8 por ciento de aprobación); de ahí la nula y escasa aceptabilidad que registran nuestras instituciones.
Señor Presidente, vamos a votar favorablemente esta iniciativa.
Sin embargo, quiero decirles a mis colegas Senadores que de una u otra forma el Tribunal Constitucional se burló del Congreso Nacional.
Lo que debatimos siempre -fui miembro de la Comisión de Economía durante dos años- fue que un verdadero SERNAC debía ser un ente regulador, que estableciera normas (como hoy día lo está haciendo el Senado), pero que alguien tenía que defender a los consumidores. Y ese era el propio Servicio Nacional del Consumidor.
Es factible discutir el concepto teórico-jurídico respecto de quién lo hace. Pero lo que no debe ocurrir es que hoy día en Chile nadie pueda levantar la bandera de la defensa de los consumidores. Porque incluso las asociaciones que los protegen, las cuales tienen un financiamiento exiguo, están impedidas de hacerlo.
Entonces, no nos engañemos: seguimos sumando artículos que no logran ningún efecto práctico.
Yo voy a votar a favor, señor Presidente, porque entiendo que los autores de la moción están bienintencionados.
Sin embargo, los invito a debatir a propósito de esta iniciativa si el SERNAC que aprobamos y el SERNAC actual reúnen o no las condiciones necesarias para hacer efectiva la ley en proyecto.
--Se aprueba en general el proyecto (30 votos afirmativos).
Votaron las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Van Rysselberghe y los señores Allamand, Bianchi, Castro, Chahuán, Durana, Elizalde, Galilea, García, Guillier, Insulza, Kast, Latorre, Letelier, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quinteros, Sandoval y Soria.
El señor HUENCHUMILLA.- Por favor, agregue mi voto afirmativo, señor Presidente.
El señor LAGOS.- Y el mío.
El señor COLOMA.- También el mío.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Se deja constancia de la intención de voto afirmativo de los Senadores señores Lagos, Huenchumilla y Coloma.
Hay que fijar plazo para formular indicaciones.
La señora RINCÓN.- Propongo el 23 de julio, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- La señora Presidenta de la Comisión de Economía sugiere el 23 de julio próximo.
Boletín N° 9728-03
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Harboe, Pizarro y Tuma, en primer trámite constitucional, que amplía en la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores el catálogo de cláusulas abusivas de uso frecuente en los contratos de adhesión, con informe de la Comisión de Economía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.728-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Harboe y Pizarro, y del entonces Senador señor Tuma):
En primer trámite: sesión 64ª, en 18 de noviembre de 2014 (se da cuenta).
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de esta iniciativa es perfeccionar el artículo 16 de la ley Nº 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, estableciendo un catálogo numerus apertus de cláusulas que tienen lugar comúnmente en las operaciones económicas masivas, sin perjuicio de lo prescrito en el inciso primero del referido artículo, que trata de situaciones más generales y de aplicación estricta.
La Comisión de Economía deja constancia de que discutió el proyecto solamente en general y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Rincón y señores Durana, Elizalde y Galilea.
Asimismo, por igual unanimidad, solicita que, una vez aprobada en general la iniciativa, y atendido que comparten sus ideas matrices y fundamentales, sea refundida con el boletín Nº 9.916-03, correspondiente al proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el fin de estandarizar los contratos de adhesión, y con el boletín Nº 9.454-03, relativo a la iniciativa que se acaba de aprobar en general, mediante la que se enmienda la ley Nº 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, para regular el procedimiento de modificación de dichos contratos.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 10 y 11 del primer informe de la Comisión.
La Senadora señora Rincón va a informar sobre el proyecto en su calidad de Presidenta de la Comisión de Economía.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, esta iniciativa, que se halla en primer trámite constitucional, fue iniciada en moción de los Senadores señores Harboe, Pizarro y Tuma, ingresó al Senado el 18 de noviembre de 2014 y pasó a la Comisión de Economía.
Su objetivo es perfeccionar el artículo 16 de la ley Nº 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, estableciendo un catálogo numerus apertus de cláusulas que tienen lugar comúnmente en las operaciones económicas masivas, sin perjuicio de lo prescrito en el inciso primero del referido artículo, que trata de situaciones más generales y de aplicación estricta.
El proyecto consta de un artículo único que intercala en el artículo 16 de la ley Nº 19.496 un inciso segundo, nuevo, cuyo encabezado dispone:
"En especial, son nulas absolutamente en los contratos de adhesión las siguientes cláusulas:...".
Se enumeran en seguida trece cláusulas que tienen lugar comúnmente en las operaciones económicas masivas.
Nombraré solo algunas de ellas:
"Aquellas que faculten al proveedor a rescindir, modificar o alterar unilateralmente las condiciones o cláusulas del contrato.".
"Aquellas que faculten al proveedor dejar sin efecto una transacción celebrada con el consumidor y/o anular la venta cuando el precio ha sido fijado erróneamente por la misma.".
"Aquellas que impongan la obligación de otorgar mandatos irrevocables.".
"Aquellas que afecten el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales de carácter económico, financiero, bancario o comercial establecido en el art. 1 de la ley 20.575.".
"Aquellas que consideren al silencio del consumidor como aceptación.".
Y al final, con el número 14, se establece una norma abierta del siguiente tenor: "Y en general, todas aquellas cláusulas que sean notablemente injustas o abusivas para los consumidores.".
Señor Presidente, está de más señalar que este proyecto va en la misma línea del que acabamos de aprobar y del que despachamos hace ya algún tiempo, originado en moción de los Senadores señor Harboe, señora Pérez San Martín y señores Horvath, Pizarro y Tuma, y que se contiene en el boletín Nº 9.916-03.
Si esta Honorable Sala aceptara refundirlos, todos esos proyectos podrían ser tramitados en conjunto.
La señora ALLENDE.- Abra la votación, señor Presidente.
La señora EBENSPERGER.- Yo.
El señor NAVARRO.- Yo también.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Hay varios inscritos.
Me pidieron abrir la votación.
La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, históricamente, muchas veces ha ocurrido que, intentando defender los intereses de los consumidores, se termina perjudicándolos.
Nuestro país debe permitir que las instituciones funcionen.
Desde ese punto de vista, nosotros nos vamos a abstener en la votación de este proyecto.
Las cláusulas abusivas son un problema no solo de Chile, sino de todo el mundo. Pero donde se han hecho esfuerzos por crearlas existen estudios científicos que demuestran que ello termina ocasionándoles daño a los propios consumidores, quienes siempre son perjudicados por el proteccionismo excesivo.
Nosotros opinamos que es mucho más favorable mantener una norma amplia que les posibilite a los jueces interpretar debidamente si se está o no ante cláusulas abusivas y les permita resolver según su criterio, conforme a lo que dispone la ley.
No nos amarremos a la descripción de determinadas cláusulas abusivas, pues ello finalmente perjudicará a los consumidores, a quienes hoy día se quiere proteger.
Sobre esa base, señor Presidente, nosotros nos vamos a abstener -reitero- en la votación de este proyecto.
Creo que el espíritu de lo propuesto es bueno; todos lo compartimos. Pero -vuelvo a decirlo- siempre el proteccionismo exagerado termina perjudicando y no permite lograr lo que el legislador quería al principio.
Somos partidarios de una norma más amplia -insisto-, de textura abierta, que les permita a los jueces declarar abusiva cualquier cláusula que no proteja de manera efectiva a los consumidores.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, me parece conocida las palabras "que las instituciones funcionen": son las que la Derecha ha utilizado siempre cuando las instituciones no funcionan.
La Senadora Ebensperger ha hablado de "proteccionismo exacerbado", de "una norma de textura abierta", pues, a su entender, este proyecto podría dañar a los consumidores.
¡Lo que está dañando a los consumidores hoy día es que no hay nadie que los defienda!
He leído con extrema finura todo lo que les estamos prometiendo a los consumidores: que vamos a establecer un conjunto de medidas para protegerlos frente a los abusos cometidos mediante el cobro doble en las tarjetas de crédito y el otorgamiento de mandatos irrevocables; que les daremos las herramientas que deben tener para rescindir contrato y exigir que las empresas les entreguen información adecuada; que velaremos por que el silencio del consumidor no se entienda como aprobación y para que no exista prórroga automática de los contratos, en fin.
Señor Presidente, voy a leer lo que dice el Tribunal Constitucional en su fallo sobre el proyecto relativo al SERNAC: "... la función jurisdiccional corresponde que sea ejercida únicamente por aquellos órganos que revisten características de independencia e imparcialidad, como lo son los tribunales de justicia, y no por un órgano perteneciente a la Administración del Estado, como lo es el Servicio Nacional del Consumidor".
Dicho Tribunal argumenta que la facultad de juzgar (ejercida en este caso conforme al rol sancionador que aquí, en esta Sala, aprobamos para el SERNAC) "solo pueden ser adoptadas por un tribunal independiente e imparcial, características que éste" -el mencionado Servicio- "no reúne".
Por cierto, considera que "el proyecto de ley examinado no solo no dota al SERNAC con reglas ecuánimes de actuación, sino que abre espacios de amplia discrecionalidad, que amagan predisponerlo en contra de los derechos de los proveedores".
Lo que está en debate aquí, señor Presidente, es si vamos a defender los derechos de los proveedores o los derechos de los consumidores.
En esa línea, parece que la abstención que anuncia la Derecha tiene un claro sentido: ¡defender a los proveedores!
Podrá haber proveedores pequeños, sin duda. Pero lo que yo señalo -para que no se engañen quienes están viendo este debate a través de nuestro Canal- es que se les está diciendo a los ciudadanos que cuando, por ejemplo, compren una plancha en el retail -en Ripley, en Falabella- y los engañen cobrándoles dos veces la misma cuota vayan a los tribunales de justicia para resarcirse de los 12 mil pesos que se les han esquilmado, robado.
¡Vayan a los órganos jurisdiccionales!
Esto es lo que nos manifiesta hoy la Senadora Ebensperger: que las instituciones funcionen.
¿Y cuáles son las instituciones que nos indica el Tribunal Constitucional? Los tribunales de justicia.
En otras palabras, que la gente vaya a un tribunal a pelear contra los gigantes del retail -Falabella y los demás -; contra el gigante Banco de Chile. Que vaya a luchar contra esos gigantes, quienes van a gastar todo lo que tengan -y también, lo que no tengan- para no perder los juicios entablados.
Señor Presidente, estamos dejando en la más absoluta indefensión a todos los consumidores de Chile.
¡Yo pido definiciones!
Aquí levantamos la voz cuando conocimos el fallo del Tribunal Constitucional.
A mí me gustaría que los Senadores, tanto los de la ex Nueva Mayoría cuanto los de la Derecha -de la UDI, de Renovación Nacional-, pudieran decirnos quién va a defender a los consumidores.
Se pide que las instituciones funcionen.
El Presidente Lagos decía -¡y corrían para criticarlo!-: "Dejad que las instituciones funcionen". Y la Derecha y todos los Senadores que están precisamente a mi diestra sostenían: "Esa no es una respuesta adecuada, pues las instituciones no funcionan".
Yo quiero decirle respetuosamente al Poder Judicial que sus instituciones no funcionan para defender a los consumidores. En efecto, cuando tienen que defenderse ante ellas deben pagar abogado, porque la acción sin letrado está destinada al fracaso. Entonces, nadie va a ir a un tribunal para defenderse de la usurpación de recursos mínimos si ello implica desembolsar del bolsillo propio una mayor cantidad de dinero.
¡En nuestro país los consumidores están abandonados!
Por consiguiente, el fallo del Tribunal Constitucional solo ratificó lo que ya sabíamos.
Señor Presidente, me parece que la abstención anunciada es una señal muy clara, muy nítida.
"Por sus votos los conoceréis": eso podríamos expresar.
¿Acaso no hemos escuchado en esta Sala decir "No vamos a apoyar estas normas", que están destinadas a proteger a los consumidores, cuando ya sabemos que el Tribunal Constitucional radicó el asunto en los tribunales de justicia y que los consumidores no tienen capacidad económica para ir a defenderse ante ellos?
Tal pareciera ser que existe una confianza ilimitada en los tribunales de justicia.
Yo he escuchado al Presidente Piñera decir que no importa que, a raíz de las redadas masivas que se están realizando, los tribunales de justicia se llenen de sospechosos, de personas con órdenes de detención pendientes, en fin, y que ese es un problema de los jueces.
Es un problema de todos los chilenos. Es un problema de las instituciones, las que serán atrofiadas con la aplicación del mecanismo en cuestión.
Sin duda, yo quiero a los delincuentes en la cárcel. Pero también quiero que haya un sistema que permita encarcelarlos.
Entonces, en el trasfondo del debate que estamos efectuando en torno a varios proyectos de ley destinados a proteger al consumidor hay una concepción ideológica sobre el sistema económico.
Los consumidores son libres para comprar, pero asimismo para defenderse.
En tal sentido, pueden elegir qué comprar. Pero la verdad es que no tienen capacidad para defenderse. Entonces, es tarea irrenunciable del Estado y del Congreso Nacional el dotarlos de elementos eficaces para enfrentar a empresas ante las cuales no existe ninguna posibilidad de contrapeso.
Señor Presidente, espero que al calor de la discusión de los tres proyectos refundidos podamos ir al tema de fondo y aprobar un texto final. No obstante, si el SERNAC sigue siendo un perrito sin dientes, una institución carente de capacidad sancionatoria, de nada valdrá una ley dictada para defender al consumidor pero que en definitiva estará defendiendo a los poderosos de siempre, quienes tienen todo el dinero del mundo y los abogados que quieran para defenderse y continuar oprimiendo a los consumidores.
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, le solicito que recabe la autorización necesaria para que la Comisión de Derechos Humanos sesione hoy en paralelo con la Sala a partir de las 18:30.
El señor COLOMA.- ¿Quién acordó eso?
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¿Está acordado?
La señora MUÑOZ.- ¡Acordado por quién!
El señor COLOMA.- Por la Comisión.
La señora MUÑOZ.- ¡Por supuesto! ¡Por eso lo estoy planteando!
El señor COLOMA.- Me da un minuto, señor Presidente. Voy a consultarlo.
La señora MUÑOZ.- ¡Por si acaso, recuerdo que soy la Presidenta de la Comisión...!
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Lo está solicitando la señora Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
La señora MUÑOZ.- Lo acordamos los cinco integrantes.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Muy bien
Entonces, ¿habría acuerdo para acceder a la solicitud que formuló la Honorable señora Muñoz?
El señor COLOMA.- ¿Me da un minuto, señor Presidente? Quiero consultarlo con la Senadora Van Rysselberghe.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Señora Senadora, ¿tendría la gentileza de esperar un minuto?
La señora MUÑOZ.- Muy bien: esperaré, por cierto ¡ante esta situación de sospecha...!
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Comparto el juicio de Su Señoría.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, estimo que este proyecto va en la dirección correcta.
En una economía de mercado debemos tener disposiciones legales que ayuden a los consumidores, tal como lo decía el Senador Navarro en su intervención.
Sin embargo, para que las instituciones funcionen hemos de hacer bien las cosas. En el caso de los tribunales, si pretendemos que tengan claridad en cuanto a la aplicación concreta de la norma, debemos legislar de manera adecuada.
Entonces, como entiendo que estamos en la discusión general y que la iniciativa volverá a la Comisión de Economía -el señor Secretario me confirma que es así-, considero que sería bueno que al refundir los tres proyectos dicho órgano técnico tuviera presente la duda que plantearé en seguida desde el punto de vista jurídico.
A mi parecer, decir que las cláusulas señaladas en los números incorporados mediante el nuevo inciso segundo que se propone son nulas absolutamente me genera una duda.
Si uno se fija en el artículo 1682 del Código Civil, que establece la nulidad absoluta, debe decir que los numerales planteados no necesariamente producen nulidad absoluta.
El referido precepto, tras mencionar "La nulidad producida por un objeto o causa ilícita", se refiere a la producida por "... la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben", pero en función de la naturaleza del acto o contrato y no de la persona que celebra el contrato.
Agrega que "Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa".
Por lo tanto, pido que la Comisión estudie, al volver a ser conocido por ella el proyecto, si las cláusulas de los números 1 a 13 son todas nulas absolutamente. Al leerlas, dudo de que sea así. A mí me parece que algunas prescripciones lo serían y que otras lo serían relativamente, consecuencias que son distintas.
No quiero ahondar respecto del articulado en este debate, que es más bien político; pero estimo que si queremos lograr una buena decisión política, tenemos que sustentarla en una buena decisión jurídica, para que las leyes no signifiquen que los consumidores se vean después frustrados por haber carecido nosotros de la fineza de hacer las cosas bien.
Así que formulo la prevención, señor Presidente, para que sea considerada en particular en la Comisión respectiva.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Como se está votando en general, Su Señoría, usted tiene toda la razón. Al volver el proyecto al órgano técnico se verá en detalle el punto.
Puede intervenir la Honorable señora Aravena.
La señora ARAVENA.- Señor Presidente, no existe duda alguna de que la iniciativa en debate, al igual que la que acabamos de votar, constituye un esfuerzo verdadero de nuestra Corporación por mejorar la protección de los consumidores, consagrada en la ley N° 19.496, ante los abusos en que pueden incurrir el mercado y sus actores, principalmente, debido a la real diferencia de fuerzas -y no solo económicas- entre un proveedor y un consumidor o usuario de un bien o servicio, lo que toda esta legislación intenta corregir.
En este escenario, es preciso comprender que la celeridad y la eficiencia resultan ejes rectores para la operatividad del mercado que determinan, desde luego, la utilización de herramientas jurídicas como los contratos de adhesión, los cuales no podemos calificar de malos en sí mismos, por cierto, pues el problema de tales instrumentos radica en las cláusulas abusivas.
De esta forma, la necesidad de contratar con rapidez debe cuidar siempre de velar por la protección de los consumidores y eliminar cláusulas abusivas que pudieran ser impuestas por los proveedores. En otras legislaciones, como las de Brasil o de los Estados Unidos, se ha intentado combatirlas mediante otra herramienta jurídica, cuales son los contratos dirigidos, en que el Estado establece, en definitiva, el texto de estos y los pormenores que deben reunir a fin de no incluirlas.
Tratándose de nuestra legislación, bien sabemos que la técnica, en general, ha sido distinta y se ha inclinado por recoger un número de cláusulas tipo en un catálogo que la propia Ley de Protección al Consumidor contempla en su artículo 16, señalando que, de establecerse, NO PRODUCIRÁN EFECTO ALGUNO.
Lamentablemente, no todos los ciudadanos pueden suscribir todo tipo de contratos con un abogado al lado, como decía un señor Senador, y, por otra parte, sabemos que el ingenio de nuestros compatriotas es bien amplio. Probablemente vamos a incluir más cláusulas abusivas todos los años, porque en este país somos muy creativos.
A mi parecer, en ese contexto no resulta eficiente aumentar el catálogo como medida de protección, conforme lo pretende la iniciativa, por la imposibilidad de recoger todas y cada una de las eventualidades de abuso, las cuales, por lo demás, pueden llevar a un equívoco.
En consecuencia, me inclino por RECHAZAR el proyecto, dejando en claro que lo valoro, como he sostenido, mas creo que sería importante tener en cuenta la posibilidad de un control preventivo de los contratos mediante un organismo, como el SERNAC, que velara por que se ajustasen a derecho. Si bien nuestra legislación consagra en la letra g) del referido artículo 16, incluido en la reforma, una norma de apertura para que nuestros tribunales se puedan pronunciar respecto de su validez, estimo que nuestro objetivo debe ser el de no llegar demasiado tarde.
El señor GALILEA.- Señor Presidente, solo quiero reforzar lo informado por la señora Presidenta de la Comisión de Economía y referirme a algunos puntos de vista expresados por mi Honorable colega Navarro.
A propósito de lo que buscamos con la iniciativa, la refundición se vincula con la protección a los consumidores.
El señor Senador nuevamente fustiga a la que llama "Derecha". Debo decirle que...
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Diríjase a la Mesa, Su Señoría.
El señor GALILEA.- ... el Honorable señor Durana, por Arica; el que habla, y muchos integrantes de estas bancadas estamos votando a favor, porque nos importa, al igual que al Senador señor Navarro -por su intermedio, señor Presidente-, la justicia en las relaciones comerciales.
Ese elemento les hace bien a todos.
Ello profundiza un mercado justo, al que todos aspiramos.
Aquí se expresa un montón de exageraciones acerca de lo que pasó con el Tribunal Constitucional y el SERNAC. No es tan difícil entender el criterio del primero. Uno podrá compartirlo o no. Pero, de ahí a decir que "quitó todos los dientes" al SERNAC, me parece muy alejado de la realidad.
Lo único que ha querido el Tribunal es quitar los espacios de discrecionalidad. ¿Y por qué? Porque si hay mucha de ella en las decisiones de las autoridades públicas, entonces entramos nuevamente en un sistema que no resulta justo para alguna de las partes.
Insisto: se trata de lograr un sistema justo, en este caso, para el proveedor y para el consumidor. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer, con equilibrio y prudencia, todos los que participamos en el Hemiciclo -incluido, por supuesto, el Honorable señor Navarro, de quien espero grandes aportes a la normativa-, con indicaciones que creo que estaremos recibiendo, como se ha dicho, hasta el día 23 de julio.
Así que en el texto fusionado nos haremos cargo de las preocupaciones del señor Senador.
Y quiero consignar algo: la Honorable señora Ebensperger tiene razón. Me parece que el Senador señor Navarro -por su intermedio, señor Presidente- la interpretó mal. Entrar en listas exhaustivas es, muchas veces, la peor solución legislativa. La Comunidad Económica Europea nos lleva bastante tiempo de avance y ya lo ha decretado. Mucho más efectivo es dictar normas globales, que les permitan a las autoridades imponer sanciones de una u otra manera. Es una cuestión más de técnica legislativa que de otra cosa.
Estos son los aspectos que esperamos resolver en la discusión particular. Estoy seguro de que el señor Senador concurrirá gustoso al voto a favor de la iniciativa ya completamente terminada en su trámite legislativo.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¡Creo que Su Señoría hasta convenció al Honorable señor Navarro...!
El señor GALILEA.- ¡Sin ninguna duda...!
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Puede intervenir la Senadora señora Muñoz.
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, es una cuestión de Reglamento.
¿Se cuenta ahora con la autorización para que la Comisión de Derechos Humanos pueda sesionar en paralelo?
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se otorgará.
La señora MUÑOZ.- Muchas gracias.
--Se aprueba en general el proyecto por 28 votos contra uno y 5 abstenciones.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Allamand, Bianchi, Castro, Chahuán, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Letelier, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros y Soria.
Votó en contra la señora Aravena.
Se abstuvieron las señoras Ebensperger, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Coloma y Kast.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- El Honorable señor Sandoval deja constancia de su intención de abstenerse.
El plazo de indicaciones es exactamente el mismo del proyecto anterior, vale decir, el 23 de julio.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las fusiones también quedaron aprobadas.
Habiéndose cumplido su objetivo, procederé a levantar la sesión, sin perjuicio de dar curso a los oficios llegados a la Mesa.
Al señor Ministro de Obras Públicas, para que se informe acerca de REUNIÓN CHILENO-ARGENTINA SOBRE OBRAS EN PASOS FRONTERIZOS; RAZÓN DE RETRASO EN CARIRRIÑE Y HUAHUM, Y EXISTENCIA O NO DE NUEVO CRONOGRAMA.
A la señora Ministra del Medio Ambiente, al señor Superintendente del Medio Ambiente, al señor Director General de Aguas (s) y al señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, a fin de que se proporcionen antecedentes acerca de DENUNCIA DE CONCEJALES DE RÍO BUENO ANTE SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE POR MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEFORESTACIÓN EN SECTOR CONTRA CORONEL.
Al señor Subsecretario de Pesca y Acuicultura, con el objeto de consultar por RETRASO EN ENTREGA DE INSUMOS A PESCADORES ARTESANALES EN REGIÓN DE LOS RÍOS CONFORME A PROGRAMA DE ENERGÍAS RENOVABLES VERSIÓN 2017.
Al señor Alcalde de Lago Ranco, pidiendo antecedentes sobre PLAN DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL DE MUNICIPIO Y CRONOGRAMA DE ACCIONES.
Al señor Alcalde de Melipilla y al señor Director Nacional (s) del Servicio Agrícola y Ganadero, para que se informe sobre FISCALIZACIÓN DE HUMEDAL EN CHACRA SAN PEDRO.
Al señor Superintendente de Servicios Sanitarios, solicitando remitir RESULTADOS DE FISCALIZACIONES RESPECTO DE PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS, LAGO RANCO.
Al señor Superintendente del Medio Ambiente, para que envíe ANTECEDENTES SOBREFISCALIZACIONES EN CUENCAS DE LAGO RANCO Y RÍO BUENO ACERCA DE PROYECTOS DE PISCICULTURA LICÁN, LOS TAMBORES, ICULPE, CURILEUFU, NILAHUE, PITREÑO Y CENTRO LICÁN.
Al señor Director Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, solicitando información sobre ESTADO DE PAGO DE EMPRESA CONSTRUCTORA ICIAL, A CARGO DE EJECUCIÓN DE CAMINO ITROPULLI-SAN PEDRO YTRABAJOS EN CAMINO SANTA ROSA-ESTRELLA CHILE, COMUNA DE PAILLACO.
Al señor Director Nacional del Servicio Electoral, para REITERACIÓN DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN SOBREPROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS POR INFRACCIONES EN ELECCIONES MUNICIPALES DE 2016.
A la señora Directora Nacional (s) del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, pidiendo dar a conocer MEDIDAS DE FISCALIZACIÓN PARA GARANTÍA DE DERECHOS DE PESCADORES DE LA ARAUCANÍA.
Al señor Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales del Libertador General Bernardo O'Higgins, con el objeto de pedir CATASTRO DE PROPIEDADES FISCALES DE REGIÓN, CON INDICACIÓN DE DISPONIBLES PARA DESTINACIÓN EN COMODATO.
A la señora Ministra de Salud, a fin de que envíe información respecto de IMPACTO DE CONTAMINACIÓN EN SALUD.
A la señora Intendenta y al señor Secretario Regional Ministerial de Economía de Aisén, para solicitarles antecedentes de RESULTADOS DE ESTUDIO "DIAGNÓSTICO PLATAFORMA COMERCIAL PESCA ARTESANAL XI REGIÓN DE AYSÉN" YESTADO DE EJECUCIÓN DE INICIATIVA "PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA ARTESANAL".
Del señor SORIA:
Al Consejo de Defensa del Estado, para consultar por MEDIACIONES OBLIGATORIAS EN ÚLTIMO LUSTRO ANTE DAÑOS EN SALUD; RESULTADOS, Y MONTO POR ACUERDOS Y LAPSO HASTA PAGO EFECTIVO.
--Se levantó a la 18:24.

References: artículo 1
 artículo 36
 artículo 3
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 74
 artículo 83
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 1682
 artículo 16
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