Source: https://www.e-coordina.es/2015/09/
Timestamp: 2020-01-22 07:46:44+00:00

Document:
septiembre 2015 - e-coordina
Home / septiembre 2015
ENFERMEDAD PROFESIONAL: CÁNCER DE LARINGE POR AMIANTO
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha actualizado el listado de enfermedades profesionales, incorporando el cáncer de laringe por inhalación de polvo de amianto. Esta actualización se publicará en un futuro Real Decreto.
Su inclusión es fruto de una investigación conjunta llevada a cabo por personal técnico de la Seguridad Social, sindicatos y patronal. Con las aportaciones y sugerencias de los miembros de este grupo, se presentó a finales de junio un estudio científico que verificaba la conexión entre la inhalación de amianto y el cáncer de laringe.
Se soluciona así una reivindicación histórica por el reconocimiento del exigente entorno en el que desarrollan su actividad los trabajadores en contacto con el amianto.
Este material, también conocido como asbestos o uralita, es habitual en las minas de rocas amiantíferas o la industria naval y está extendido en los trabajos de aislamientos y en algunas ramas de la construcción. Su uso fue prohibido en España en el año 2002.
El cuadro de enfermedades profesionales de la Seguridad Social data de 2006. Desde entonces se han producido importantes avances en las investigaciones y en el ámbito científico que permiten un mejor conocimiento de los mecanismos de aparición de ciertas enfermedades profesionales.
La gestión documental de la coordinación de actividades empresariales ha sido cuestionada por muchos técnicos de prevención por considerarla un trámite excesivamente burocratizado que exige importantes recursos, substrayendo parte de estos a otras actividades preventivas consideradas más efectivas en el orden práctico.
Necesidad de documentar la CAE
El Real Decreto 171/2004 que desarrolla el artículo 24 sobre Coordinación de Actividades Empresariales de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, enumera en su artículo 11 una lista no exhaustiva de medios de coordinación. No hace mención en ninguno de ellos a la necesidad de plasmar documentalmente la gestión de la CAE, por lo que la gestión documental no sería en sí misma un medio de coordinación de actividades empresariales. Pero sí es complementaria a cada uno de esos medios.
Si hacemos un intercambio de información y comunicaciones entre las empresas concurrentes tendremos que documentar el contenido, así como el flujo de información que se derive del intercambio.
Si celebramos reuniones periódicas de coordinación entre las empresas concurrentes tendremos que saber qué se ha tratado en cada una de ellas a través de las correspondientes actas.
Si se opta como medio de coordinación por las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud de las empresas concurrentes o, en su defecto, de los delegados de prevención; deberemos documentar el contenido de dichas reuniones.
Si optamos por la impartición de instrucciones se deberá documentar el contenido de las mismas.
Si el medio de coordinación que adoptamos es el establecimiento de protocolos de actuación o conjunto de medidas específicas de prevención de los riesgos que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes en el centro de trabajo, estos deberán ser conocidos y difundidos a través de los oportunos registros.
Si el medio de coordinación adoptado es la presencia de recursos preventivos tendremos que documentar en qué momentos deben actuar estos recursos y la designación de los mismos.
Por último, si escogemos como medio de coordinación la designación de una o más personas encargadas de la coordinación de actividades empresariales, al menos deberá quedar constancia documental del nombramiento y aceptación de estas personas.
Gestión documental necesaria ¿Por qué?
Todos estos medios de coordinación enumerados por el Real Decreto 171/2004 deben estar soportados en documentos, por lo que la gestión documental es absolutamente necesaria.
Esta afirmación tiene base en tres argumentos:
Las obligaciones en materia de gestión documental vienen exigidas por normas de calidad o por la especificación OHSAS 18001
Este argumento se basa en los sistemas de gestión de los que quiera dotarse cada empresa voluntariamente. Ahora bien, toda empresa que quiera cumplir con los estándares de la norma OHSAS 18001/2007, que contempla el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el trabajo, deberá establecer procedimientos de gestión documental de los registros que resulten del sistema.
Este estándar exige la gestión de los registros, entendiendo como tal un documento que proporciona evidencias de las actividades desempeñadas. En concreto, en su punto 4.5.4, se establece que la organización debe establecer y mantener los registros que sean necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Por tanto, quien voluntariamente se dote de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo deberá documentar a través de registros el cumplimiento del sistema, y dentro de este sistema se deberá incluir el procedimiento de coordinación de actividades empresariales.
Un segundo argumento vendría determinado por la necesidad de probar que se ha cumplido con lo establecido en la normativa de coordinación de actividades empresariales en caso de conflicto.
Este argumento se basa en el peso específico de la documentación a la hora de acreditar aquellos supuestos en los que interviene la inspección de trabajo o los tribunales de justicia.
El artículo 96 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (Ley 36/2011) establece en su número 2:
En los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad. No podrá apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira.
El artículo establece que corresponde a la empresa probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo. Las medidas previstas para ello están recogidas en el Real Decreto 171/2004 en materia de coordinación de actividades empresariales.
Tanto las empresas principales y titulares del centro de trabajo – deudores de seguridad -, como las empresas concurrentes en el mismo – concurrentes en la producción de daño -, tienen la obligación de probar que han adoptado todas las medidas necesarias para evitar los daños que se pudieran producir.
Nuestro derecho admite muchos medios, como la prueba testifical o la pericial – entre otras – además de la prueba documental. Pero esta tiene un gran alcance dentro del proceso y posibilita una gestión previa por parte de la empresa que no es posible con otros medios de prueba.
En atención a esta obligación de prueba que pesa sobre la empresa es necesario que dicha prueba se articule a través de un registro documental de las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales en general, y de coordinación de actividades empresariales en particular, de tal forma que en situaciones litigiosas se pueda probar la actividad conforme a la normativa de la empresa.
Un tercer argumento es de carácter legal, dado que la legislación en ciertos supuestos exige que el cumplimiento de las obligaciones legales se documente.
El propio Real Decreto 171/2004 establece en qué momentos se exige documentar los procesos de coordinación de actividades empresariales.
En su artículo 3 establece el deber de cooperación de las empresas que concurran en un mismo centro de trabajo, y una de las obligaciones es informar al resto de las empresas concurrentes de los riesgos específicos de su actividad que puedan afectar a los trabajadores de estas empresas. Esta información se deberá facilitar por escrito cuando alguna de estas empresas genere riesgos que puedan considerarse graves o muy graves.
Por su parte, los artículos 7 y 8, en el caso de concurrencia de empresas en el centro de trabajo de una empresa titular, establece la obligación de esta última de informar y dar instrucciones a las primeras. Esta información deberá darse por escrito en caso de existan riesgos graves o muy graves.
Por tanto, siempre que las empresas concurrentes puedan generar riesgos graves o muy graves que puedan afectar a la salud e integridad física de los trabajadores del resto de empresas en coordinación, se deberán dejar documentadas las obligaciones de información en todos los casos y las instrucciones en el caso de la empresa titular.
Pero, ¿cómo saber cuándo estamos ante un riesgo grave o muy grave? El artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales define riesgo “grave e inminente” aquel que puede suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.
El mismo artículo establece en el número 2 que para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.
La calificación y valoración de los riesgos se realiza mediante la evaluación de riesgos por lo que para la calificación de la gravedad del riesgo habrá que conocer el resultado de la misma. De esta forma, se deberá realizar una evaluación específica de riesgos de la actividad a desarrollar por cada una de las empresas concurrentes en el centro de trabajo. Y en la medida que estas contengan riesgos que por su probabilidad y severidad puedan considerarse como graves o muy graves, las obligaciones de información – empresas concurrentes – y la de impartir instrucciones – empresa titular – se deberán realizar por escrito.
En el caso de que en un centro de trabajo exista un empresario principal – empresario que contrata o subcontrata la realización de obras o servicios correspondientes a su propia actividad y en su propio centro de trabajo – deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de las empresas contratistas o subcontratistas.
Esto supone que, previo al inicio de la actividad, debe solicitar la acreditación escrita de que las contratas y subcontratas han realizado la evaluación de riesgos específica para la actividad para la que han sido contratadas, así como la planificación de la actividad preventiva.
También deberá exigir la justificación por escrito a las contratas y subcontratas de que han cumplido con la obligación de información y formación para con sus trabajadores con respecto a los riesgos existentes en los trabajos contratados por la empresa principal.
La norma no sólo exige que en los supuestos comentados exista un registro documental, sino que además, de acuerdo con la disposición adicional segunda del Real Decreto 171/2004; la información que se deba formalizar por escrito formará parte de la documentación a la que se refiere el artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Por tanto, se deberá tener a disposición de la autoridad laboral durante el plazo máximo de cinco años, que es el plazo legal de prescripción de las infracciones muy graves.
Por último, la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece en su artículo 16 que las empresas deberán dotarse de un plan de prevención de la empresa en el que deberán establecerse los procedimientos y procesos de gestión (integrados en el sistema general de gestión de la empresa) y dentro de estos procedimientos se deberá documentar el procedimiento de gestión de la coordinación de actividades empresariales.
En conclusión, la coordinación de actividades empresariales debe estar documentada de tal forma que los registros que genere el sistema puedan demostrar la evidencia del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa.
El Supremo avala la obligatoriedad para casos cuya actividad comporte riesgos especiales
El Tribunal Supremo ratifica en una sentencia de junio de 2015 que las empresas puedan obligar a sus trabajadores a realizar el reconocimiento médico si la actividad de las mismas comporta riesgos especiales. Por ello declara ajustada a derecho la exigencia de una empresa de someter a reconocimientos médicos a sus 700 trabajadores.
Dichos trabajadores son brigadistas y trabajan en la prevención y extinción de incendios, actividad – según la Sala – “compleja y arriesgada que exige una buena capacidad física y psicológica, por desarrollarse frecuentemente en terrenos accidentados, con muy altas temperaturas y grandes emisiones de humo”.
Según el Supremo, pese a que la regla general es la voluntariedad, los reconocimientos pueden considerarse obligatorios “si existe un riesgo o peligro objetivable”. Es “necesario, proporcional e idóneo y su obligatoriedad está amparada en la Ley de PRL (artículo 22.1) por concurrir uno de sus presupuestos para obligarlos”.
La legislación establece que se podrá exigir el reconocimiento en “los supuestos en los que la realización de los mismos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo”.
Permite obligar a los brigadistas porque, añade, “su correcto estado de salud evita o minimiza los peligros derivados del indiscutible riesgo de dicho trabajo, tanto para el propio trabajador como para los terceros relacionados con la empresa”.
En la sentencia se destaca también que la detección de enfermedades evitará que los propios trabajadores tengan que ser auxiliados en situaciones de emergencia. Motivo por el que, según el magistrado de la Sala, dicha obligatoriedad no supone una violación del derecho a la propia intimidad. “No prevalece el interés individual de los trabajadores en este caso”.
Y señala que “no acudir al reconocimiento puede suponer, además, un riesgo para terceros”.
En este sentido concluye: “hay otro interés preponderante que es el del resto de compañeros o incluso el de terceras personas que puedan verse afectadas”.
Gestión CAE personalizada
En e-coordina entendemos que no todas las empresas son iguales ni tienen las mismas necesidades. Por eso, independientemente del tamaño y características de una organización, nuestro software se adapta a las necesidades de cada cliente en materia de intercambio documental.
Empresas grandes, medianas o pequeñas, sea cual sea su tipo de organización, en cualquier sector e indistintamente del sistema de gestión documental que utilizaran previamente, ponemos a disposición de nuestros clientes servicios completos y personalizables 100%
Entre estos, cabe destacar:
Nos hacemos cargo de cargar en e-coordina toda la documentación propia y de tus contratas que ya tengas organizada, al margen de donde la tengas almacenada.
Nuestros consultores especialistas en PRL diseñan la estructura de organización en la plataforma en función del tipo de gestión que cada cliente quiera realizar. Con ello se crea un organigrama donde queda reflejado el esqueleto organizativo de cada uno de los centros de trabajo de la empresa principal.
Formación en CAE
Nuestros técnicos en PRL se ponen a tu disposición para formar a los departamentos oportunos en coordinación empresarial y en el uso de la aplicación.
Soporte a contratas
Todo un servicio de atención al cliente para facilitar tu trabajo y el de tus contratas. Servicio técnico de la aplicación, aclaración de dudas, resolución de incidencias, recepción de sugerencias… Más info en este enlace.
Técnicos superiores en PRL revisan la documentación cargada en e-coordina. En un plazo no superior a 48 horas toda la documentación queda verificada según la legislación vigente y los criterios de validación de cada cliente.
Actualización de documentación en terceras plataformas
Ayudamos a aquellas empresas a las que sus clientes solicitan documentación desde diferentes plataformas, encargándonos de su actualización periódica con la documentación ya alojada en e-coordina.
Recepción de documentación de contratas y depósito
Para facilitar la gestión CAE de usuarios a cualquier nivel, e-coordina puede recibir documentación vía e-mail para ser depositada donde corresponda.
Servicio integral a cliente y contratas
Desde la implantación de la aplicación y su puesta en marcha, hasta la verificación y validación de la documentación cargada. Nuestros clientes tienen la opción de delegar todo el proceso CAE en nosotros.
Si quieres conocer más sobre e-coordina y sus servicios, no dudes en solicitar una demo gratuita.
337 trabajadores fallecidos en accidente laboral hasta julio
Son seis más que en el mismo periodo de 2014
Según la estadística de accidentes de trabajo publicada por el Ministerio Empleo y Seguridad Social, 337 trabajadores han fallecido en accidente de trabajo durante el periodo enero-julio de 2015. Es un repunte del 1,8% con respecto al mismo periodo del año pasado.
Del total de accidentes mortales, un 83,4% se produjeron durante la jornada de trabajo, mientras que el 16,6% restante ha sido in itínere – durante el desplazamiento de su domicilio al lugar de trabajo -. Del total de 56 accidentes mortales in itínere, 50 han sido a consecuencia de accidentes de tráfico, cuatro por infarto o derrame cerebral y dos por otras causas.
Por sectores de actividad, la mayor parte de accidentes mortales producidos durante la jornada de trabajo se produjeron en el sector servicios (137), seguido por industria (74), construcción (37) y sector agrario (33).
Durante la jornada laboral, las principales causas de accidente mortal son infartos o derrames cerebrales (119). Por detrás, choques o golpes contra objetos en movimiento (44), atrapamientos, aplastamientos y amputaciones (37), accidentes de tráfico (33), caídas (26) y ahogamiento (7), entre otras causas.
ACCIDENTES EN JORNADA LABORAL CON BAJA
Durante el periodo a estudio se produjeron 300.550 accidentes laborales con baja, suponiendo un aumento del 7,7% con respecto al mismo periodo de 2014. De estos, 260.338 tuvieron lugar durante la jornada laboral, siendo el 0,74% de ellos de carácter grave.
La mayor parte de estos accidentes con baja fueron provocados por sobreesfuerzos físicos sobre el sistema musculoesquelético, seguido por accidentes o golpes contra objetos inmóviles – incluyendo caídas y tropiezos – y accidentes por choque contra objetos en movimiento. Los accidentes de tráfico durante la jornada laboral se incrementaron un 10% en este periodo.
Por Comunidades Autónomas, Baleares tiene el mayor índice de incidencia de accidentes en jornada laboral con baja, con 374 accidentes por cada cien mil trabajadores al mes. Seguido por Ceuta (321,6) y Asturias (312,3). La media nacional se sitúa en 265,4 accidentes por cada cien mil trabajadores al mes.
Por actividades económicas, las industrias extractivas tienen el mayor índice de incidencia de accidentes con baja durante la jornada de trabajo. Por detrás, suministro de agua (saneamiento) y construcción.
Según la misma estadística, entre enero y julio de 2015 se notificaron 408.135 accidentes sin baja laboral.
Acoso Laboral y CAE
EL ACOSO LABORAL COMO RIESGO EN LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
Estrenamos Nueva Web CAE
Con ella buscamos llegar a un público más amplio, concienciar sobre la importancia de una buena gestión CAE y hacer visibles las problemáticas con las que nos encontramos a la hora de documentar todo el proceso de coordinación.
Además en este blog publicaremos periódicamente noticias relevantes para el sector de la prevención: actualidad, entrevistas, artículos técnicos… Todo enfocado a transmitir una información completa y profesional, proporcionando una visión global al lector en materia de riesgos laborales.
Una CAE más productiva
Atrás quedan los tiempos en los que el e-mail era la única vía para el intercambio documental entre una empresa y sus contratas y proveedores. Los altos tiempos que se dedicaban a la petición y recepción de documentación y la necesidad de un control más efectivo sobre la misma, evidenciaban la urgencia de desarrollar una herramienta que pusiera solución a estas problemáticas.
Basándonos en la propia experiencia de los técnicos de prevención de Einber Prevenalia – Servicio de Prevención Ajeno – y bajo sus demandas y necesidades, se creó e-coordina con el objetivo de dar soluciones efectivas en coordinación.
El software desarrollado por e-coordina es el más intuitivo para la gestión documental en materia de coordinación empresarial y prevención de riesgos laborales. Es una herramienta de múltiple enfoque, capaz de facilitar a cualquier empresa sus procedimientos de:
Gestión documental propia
Control documental para la homologación de proveedores
Si quieres conocernos, basta con solicitar una demo gratuita. Nuestros técnicos en PRL te enseñarán cómo funciona e-coordina y cómo puede adaptarse a tus necesidades para optimizar tiempo y recursos.
Un papel que no enamora

References: Real Decreto 
 artículo 24
 artículo 11
 Real Decreto 
 artículo 96
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 4
 Real Decreto 
 artículo 23
 artículo 16
 resolución