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Timestamp: 2019-05-21 07:46:56+00:00

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Diario de Sesión: Sesión Especial N°112
ANÁLISIS DE SITUACIÓN QUE AFECTA A NIÑOS VULNERADOS ATENDIDOS POR ORGANISMOS COLABORADORES ACREDITADOS POR EL SERVICIO NACIONAL DE MENORES (PROYECTOS DE RESOLUCIÓN)
PARTICIPACIÓN : Claudia Nogueira Fernandez
LEGISLATURA 364ªSesión 112ª, en martes 20 de diciembre de 2016
(Especial, de 16.34 a 18.37 horas)
Presidencia de los señores Andrade Lara, don OsvaldoEspinosa Monardes, don Marcos y Silber Romo, don Gabriel.
V.- OBJETO DE LA SESIÓN .................................................................................................................... 13
ANÁLISIS DE SITUACIÓN QUE AFECTA A NIÑOS VULNERADOS ATENDIDOS POR ORGANISMOS COLABORADORES ACREDITADOS POR EL SERVICIO NACIONAL
DE MENORES (PROYECTOS DE RESOLUCIÓN) ........................................................................... 13
1.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS VALLEJO, CARIOLA Y MOLINA, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES CARMONA, MIROSEVIC, MONSALVE, NÚÑEZ, DON DANIEL; RINCÓN, TORRES Y WALKER, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO PARA REGULAR EL EJERCICIO DEL DERECHO A SALA CUNA”. (BOLETÍN N° 11027-13) ............................ 43
2.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES GARCÍA, BECKER, BERGER, PÉREZ, DON LEOPOLDO; SANTANA Y VERDUGO, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA NÚÑEZ, DOÑA PAULINA, QUE “MODIFICA LA LEY N° 18.290, DE TRÁNSITO, PARA PERFECCIONAR LA REGULACIÓN DEL DESCANSO DE LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE CARGA”. (BOLETÍN
N° 11036-15) ............................................................................................................................ 43
Del secretario ejecutivo del Consejo Regional Metropolitano de Santiago por el cual comunica las renuncias de diez de sus miembros, con motivo de una eventual postulación a un cargo parlamentario en las elecciones a realizarse en el año 2017, y da a conocer la nómina de sus reemplazantes en el mencionado Consejo (413).
Del alcalde de la Municipalidad de Lumaco por el cual remite, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso final del artículo 4° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, el decreto alcaldicio N° 717, de 30 de noviembre de 2016, mediante el cual se aprueba el trato directo con el proveedor Sociedad Comercial Palexyon Limitada para la prestación del servicio de Extracción, Aseo, Ornato , Mantención de Áreas de Espacios Públicos, Cementerios y otros, por el mes de diciembre de 2016 (1049).
Del jefe de bancada de diputados del Partido Socialista por la cual informa que el diputado señor Rocafull reemplazará a la diputada señora Pascal
en la Comisión Especial Investigadora de las adquisiciones de insumos y prestaciones de salud efectuadas por Fonasa a prestadores privados, desde el año 2012 hasta la fecha, considerando sus diversas modalidades y posibles conductas de colusión, así como el eventual perjuicio fiscal sufrido como consecuencia de las pérdidas registradas en los ejercicios financieros, a partir del año 2010, y el posible lucro con que esta situación beneficiaría a prestadores privados de salud.
Del jefe de bancada de diputados del Partido Socialista por la cual informa que la diputada señora Pacheco reemplazará a la diputada señora Pascal
Del jefe de bancada de diputados del Partido Socialista por la cual informa que el diputado señor Soto reemplazará al diputado señor Castro
Con impedimento grave: La diputada señora Maya Fernández Allende.
-Se abrió la sesión a las 16.34 horas.
El acta de la sesión 103ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 104ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
Tiene la palabra el diputado señor Juan Antonio Coloma.
Señor Presidente, en la sesión de esta mañana, a solicitud de la diputada Provoste, la Sala aprobó por unanimidad que el proyecto que autoriza traspasar recursos provenientes de la aplicación de la Ley Reservada del Cobre al Tesoro Público, permitiendo una capitalización extraordinaria a la Corporación Nacional del Cobre de Chile, modificando otras normas que indica, fuera visto mañana por la Comisión de Minería.
El oficio enviado por la Presidenta de la República a la Comisión de Hacienda establece que esa instancia solo tiene una sesión para analizar la iniciativa, en circunstancias de que al ser calificada de discusión inmediata, también podría ser vista mañana en otra sesión.
Me gustaría ver la posibilidad de que se corrija el oficio para que se permita que el proyecto de ley pueda ser visto también mañana en la Comisión de Hacienda, toda vez que lo relevante de la solicitud de la diputada Provoste es que el proyecto sea visto mañana en la Comisión de Minería y no fijar una sola sesión para que sea analizado y votado en la Comisión de Hacienda.
Señor diputado, la Mesa entiende que el acuerdo consiste en que el proyecto en cuestión será tratado un día en la Comisión de Hacienda y otro día en la Comisión de Minería, y que se someterá a votación el jueves en la Sala.
La Comisión de Hacienda, en uso de sus atribuciones, puede resolver tratarlo hoy y votarlo mañana. Lo importante es que mañana pueda ser visto por la Comisión de Minería. El oficio puede ser corregido.
Señor Presidente, para los 44 parlamentarios que estábamos esta mañana al comienzo de la sesión de Sala, quedó total y absolutamente claro que el proyecto en cuestión se analizaría en una sesión en la Comisión de Hacienda y en una sesión en la Comisión de Minería, y que el jueves se vería en la Sala.
Hoy, está la disposición y la voluntad de la inmensa mayoría de los miembros de la Comisión de Hacienda para sesionar, si es necesario, hasta las 19.30 horas para discutir ese proyecto. Están invitados todos los actores: el Ejecutivo y los gremios.
La Mesa no va a pasar por encima de la decisión que adopte la Comisión de Hacienda. Solo he hecho presente los contenidos del acuerdo, en los términos que he precisado. Si la Comisión de Hacienda adopta una decisión distinta, está dentro de su ámbito de competencia.
Señor Presidente, respecto del tema planteado por el diputado señor José Miguel Ortiz, el proyecto en comento, que dice relación con Codelco y con la Ley Reservada del Cobre, también debiera ser estudiado por la Comisión de Defensa Nacional.
Por lo tanto, solicito que esta comisión lo vea, porque estamos hablando de un proyecto de ley que afecta o puede afectar directamente esta materia, y parece ser que ello no está contemplado.
Señor Presidente, lo que debe quedar claro es que, en principio, la Comisión de Hacienda adoptó la decisión de ver exclusivamente en una sesión, en el día de hoy, el proyecto de ley sobre la capitalización de Codelco.
En la interpretación que se está dando ahora, y en la corrección que se hará por oficio, se entiende que ya no tendría esa obligación, y la Comisión de Hacienda podría, por ejemplo, sesionar eventualmente mañana por la mañana. Lo que importa es que esté habilitado para que la Comisión de Minería y Energía lo vea en la tarde.
Por consiguiente, no hay una restricción de una sola sesión, como se entendió originalmente, sino que podrían ser dos. Lo preciso porque mañana podríamos recibir invitados.
¿Es esa la interpretación correcta?
Eso es lo que ha planteado e interpretado la Mesa, señor diputado.
Respecto del planteamiento del diputado Jorge Ulloa , le aclaro que por unanimidad se estableció que vieran el proyecto las comisiones de Hacienda y de Minería y Energía, el martes y el miércoles, para votarlo el jueves. No estaba previsto que pasara a otra comisión. Ese fue el acuerdo adoptado.
-Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma.
Señor Presidente, esta sesión, que tiene como objeto analizar la situación que afecta a los niños vulnerados que se atienden en organismos colaboradores acreditados por el Sename, la discriminación arbitraria que sufren en el trato por parte del Estado y la deuda que se arrastra a instituciones colaboradoras, fue fijada con bastante anticipación.
La semana pasada, en la reunión de Comités, se autorizó la presencia de la directora nacional del Sename, señora Solange Huerta , a la sesión de hoy. Tengo entendido que se le cursó la invitación, la que habría rechazado, debido a que, según señaló, se encontraba en otra comuna.
Al analizar el Reglamento de la Corporación, puede constatarse que el artículo 76, inciso séptimo, está redactado en la lógica de que son los ministros de Estado los invitados a las sesiones. Me gustaría que pudiese aplicarse la misma lógica a la directora nacional del Sename, quien fue debidamente invitada. La norma señala que los “ministros de Estado que no asistan -lo hago extensivo a la directora del Sename, ya que fue especialmente invitada a la sesióna las sesiones especiales deberán dar excusa fundada de su ausencia, cuyo mérito será calificado por la Sala y, de no ser justificada, será notificada al Presidente de la República.”.
Considero que la presencia de la directora del Sename en esta sesión es fundamental y relevante.
Como el Reglamento considera solo la presencia de los ministros, solicito que se haga extensivo, en la aplicación lógica del Reglamento, a la directora del Sename, y se lean las excusas fundadas que ameritan su ausencia y, si no se consideran fundadas, hacérselo presente y notificar la ausencia de la señora Solange Huerta directamente a la Presidenta de la República, en el entendido de que este es un tema fundamental en que, como bancada, hemos solicitado la presencia tanto del ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien se encuentra presente, como de la directora del Sename, que no asistió.
Por lo tanto, me gustaría conocer cuáles son los motivos fundados de la ausencia y, en caso de que no sean satisfactorios, que se notifique su ausencia a la Presidenta de la República.
Señor diputado, la Mesa de la Cámara, una vez adoptado el acuerdo, le remitió ese mismo día la invitación a la señora directora del Sename. Ahora, la señora Solange Huerta no ha rechazado la invitación; se ha excusado por razones de fuerza mayor, ya que se encuentra en la Región de Los Lagos.
Para los efectos de lo que solicita, y aplicar el mismo criterio que se utiliza respecto de los señores ministros, en el caso de ella -el acuerdo consistió en invitarla-, tendría que recabar la unanimidad de la Sala para los efectos de aplicar el criterio que su señoría señala.
Si le parece, recabaré la unanimidad.
Señor Presidente, en sesiones anteriores, en caso de no contar con la unanimidad, después se ha procedido a votar.
Pero cuando se trata de ministros, diputado Coloma. No estoy en condiciones de hacer una interpretación tan extensiva como usted. Como no le puedo aplicar el mismo tratamiento, tendría que pedir la unanimidad de la Sala. Si le parece, lo hago.
Pido el asentimiento unánime de la Sala para hacer extensiva la citación, con el mismo carácter que se le hizo al ministro, para asistir a esta sesión a la directora del Servicio Nacional de Menores. Si lo hubiese, tendríamos que calificar si las excusas que ella expresó son de la suficiente entidad, de forma tal que, si no lo estimásemos así, procedamos a notificar a la Presidenta de la República de tal ausencia.
Señor Presidente, ¿nos consulta para hacer la extensión de la citación a la directora del Sename?
Para darle el carácter de citación.
¿Pero cómo la va a citar hoy para el mismo día? Ella fue invitada.
Permítame explicarle, señora diputada.
El diputado Juan Antonio Coloma está solicitando que se le dé el mismo tratamiento de la citación que se hace al ministro a la invitación que se le formuló a la directora del Sename, sobre la base de que, si posteriormente estimamos injustificada su inasistencia, se notifique a la Presidenta de que las excusas que entregó nos parecieron insuficientes.
No hay acuerdo unánime. Tiene la palabra el diputado Fuad Chahin.
Señor Presidente, en este ámbito, todos los precedentes son muy importantes. Hay asuntos que, ni aun por unanimidad, podemos acordar, sobre todo en relación con garantías y derechos mínimos de las personas.
Si alguien fue citado a una sesión, la cual ya comenzó, no se le puede dar, posteriormente, a esa invitación el carácter de citación, para los efectos de aplicar una sanción. Eso no es algo que esté a disposición de la Sala, porque está vulnerando una garantía, a propósito de la calidad con que se le envió esa invitación o citación, para después evaluar si se le puede aplicar o no una sanción por su inasistencia.
Esto no lo debe considerar, porque el día de mañana la unanimidad de la Sala puede citar retroactivamente a funcionarios públicos y después sancionarlos, lo que me parece que no podemos acordar, ni siquiera por unanimidad.
Señor diputado, si lo pide un parlamentario, no tengo más alternativa que hacer la presentación a la Sala.
Señor Presidente, solo quiero aclarar mi petición.
La solicitud que realicé no fue para pedir que, ante su ausencia, la directora del Sename fuera declarada como citada. Eso carece de lógica, porque ella ya no vino.
La solicitud que realicé fue distinta. Atendido el hecho de que el Reglamento hace referencia a los ministros, y que como ella fue autorizada a asistir por los Comités con una semana de anticipación, pero no vino, pedí que se califique si es fundada o no fundada la excusa entregada para no asistir.
No he planteado que se entienda citada con retroactividad, porque eso carece de lógica, pero sí que se analice si la excusa presentada por la directora del Sename para no asistir a una sesión que trata sobre un servicio que le corresponde presidir es fundada o no. En caso de declararse infundada, que se informe de ello a la Presidenta de la República.
Así lo entendió la Mesa, señor diputado, pero, como le he señalado, nos parece que no corresponde aplicar a la directora de un servicio, por simple asimilación, el procedimiento que cabe a un ministro. Ese fue el razonamiento de la Mesa.
Esta sesión tiene por objeto analizar “la situación que afecta a los niños vulnerados que se atienden en organismos colaboradores acreditados por el Sename, la discriminación arbitraria que sufren en el trato de parte del Estado y la deuda que se arrastra con las instituciones colaboradoras.”.
A la presente sesión han sido invitados los ministros de Justicia y Derechos Humanos, y de Hacienda, y la directora del Servicio Nacional de Menores.
Se han excusado de asistir el ministro de Hacienda y la directora del Servicio Nacional de Menores.
En el tiempo previo de 15 minutos, tiene la palabra la diputada señora Claudia Nogueira.
Señor Presidente, es increíble constatar la ausencia del ministro de Hacienda y de la directora del Servicio Nacional de Menores. Esto que vemos hoy muestra la falta de compromiso y de interés que tiene este gobierno con la infancia vulnerada.
Perdone, señor Presidente, pero es una vergüenza. No recuerdo que el Sename, tal como está hoy, haya tenido una crisis más profunda y terminal. Tenemos niños fallecidos, otros explotados sexualmente y deudas millonarias. Esa institución no resiste ni un minuto más.
Los niños de la Región de Los Lagos requieren ayuda, pero no son los únicos. Todos los niños de Chile requieren ayuda y, por tanto, la directora del Sename debiera haber estado presente en esta sesión dando la cara por todos los niños de Chile y no solo por algunos.
Quiero agradecer, por su intermedio, señor Presidente, la presencia en la Sala del ministro de Justicia, para que se haga cargo de este grave problema que estamos viviendo.
Esta sesión especial busca analizar la situación que afecta a los niños vulnerados que se atienden en organismos colaboradores acreditados por el Sename, la discriminación arbitraria que sufren en el trato por parte del Estado y la deuda que se arrastra con las instituciones colaboradoras del Sename.
Según el anuario estadístico del Sename de 2015, 195.112 niños fueron atendidos por alguna medida de protección. En cuanto a los niños privados de su medio familiar y que se encontraban en centros residenciales en 2015, de los 14.245 niños atendidos, 11.492 se encontraban en centros residenciales privados y tan solo 2.753 se ubicaban en centros de administración directa del Sename. Actualmente, 8.377 niños están en centros residenciales.
Todo esto amerita preocupación, la que hoy, lamentablemente, no vemos en el gobierno. Del total de niños vulnerados solo el 1,3 por ciento es atendido directamente por el Sename, mientras que el 98,7 por ciento restante es atendido por organismos colaboradores acreditados. Es importante tener presente que el 7 por ciento de los niños vulnerados se encuentra en centros residenciales de administración directa e indirecta del Sename. Del total de los niños sujetos a medidas de protección y privados de su medio familiar, 20 por ciento se encuentra en centros del Sename, en 11 residencias, y 80 por ciento en centros de administración privada, en 248 residencias.
Por si estas cifras fueran poco, de los 616 niños vulnerados fallecidos que fueron informados por la directora del Sename -según nos dijo ayer el fiscal Emilfork , esas cifras no son todas-, 210 estaban en centros residenciales de protección, 170 en centros residenciales privados, 40 en centros de administración directa del Sename y 406 en programas ambulatorios de protección, todos atendidos por órganos colaboradores privados.
Con estos datos, lo primero que observamos es que nuestra institucionalidad de la niñez se basa en un sistema mixto de protección, donde uno de cada diez niños vulnerados en sus derechos es atendido directamente por el Estado y los nueve restantes en el sistema privado de protección. En teoría, la preocupación del Estado debiera estar no solo en el 1,3 por ciento, sino también en el 98,7 por ciento de los niños vulnerados. Sin embargo, ello no es así y es recurrente en el gobierno confundir lo público con lo estatal. Basta mirar el presupuesto del Sename, donde el 0,1 por ciento va a subvenciones para organismos colaboradores.
Los niños que se encuentran en la misma situación de vulneración deben recibir igual protección e inversión por parte del Estado. No hacerlo constituye una discriminación flagrantemente arbitraria. Si tienen la misma vulnerabilidad, ¿por qué un niño que se atiende en un centro residencial del Estado va a tener mejor atención que uno que se atiende en un centro residencial no estatal? No hay respuesta razonable para ello.
De acuerdo a la Observación General 18 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la discriminación debe entenderse referida a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se base en determinados motivos, como raza, color, sexo, idioma, religión, posición económica, lugar de nacimiento o cualquier otra condición social que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas.
Diversos tratados internacionales, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño, han destacado el valor de la igualdad y la no discriminación arbitraria.
Por otro lado, dicha discriminación se ve reflejada en la nula prioridad que existe para pagar las deudas que se tienen con los organismos colaboradores acreditados. Fundaciones y corporaciones han manifestado que ello redundará, inevitablemente, en la falta de protección de los niños vulnerados.
La deuda asciende a 8.701.000.000 de pesos. Lo más increíble es que esta deuda viene de años anteriores, lo cual agrava la nula prioridad por los niños vulnerados.
Otro punto crítico, que obligará a los tribunales de Familia a continuar utilizando la facultad que les otorga el artículo 80 bis de la ley N° 19.968, guarda relación con que el Sename no cuenta con una oferta programática suficiente. Por ende, con la cobertura adecuada, de acuerdo a las líneas de acción contempladas en la ley N° 20.032, se puede dar respuesta oportuna a las situaciones de graves vulneraciones de derechos que afectan a todos y cada uno de los niños vulnerados.
En efecto, hoy existen alrededor de 8.300 niños esperando ingresar a algún programa del Sename, lo que no ha ocurrido. Lamentablemente, como han dicho algunos miembros de las organizaciones colaboradoras acreditadas, existe falta de reconocimiento de la histórica y positiva labor que instituciones de la sociedad civil han cumplido en la atención de la niñez, supliendo la ausencia de compromiso del Estado.
Pido al ministro que cortemos con la improvisación, porque la preocupación es sincera y el compromiso total para superar las deficiencias que hoy tiene el sistema. Faltan dos servicios especializados en protección -que la Presidenta de la República ha anunciado tres veces y que todavía el Parlamento está esperandopara niños sujetos a protección y menores infractores de ley. Pese a todos los ofrecimientos y a la “preocupación” por la infancia en Chile, todavía no se ha presentado un proyecto para dar el debido resguardo que requieren nuestros niños.
Por su intermedio, señor Presidente, le digo al ministro que se necesita un rediseño total que determine lo que realmente necesitan los niños para que sus derechos sean restituidos.
El sistema de subvención del Sename está absolutamente agotado y superado por las necesidades urgentes que requieren nuestros niños para ser intervenidos oportunamente, de manera de vincularlos nuevamente a su medio familiar. La idea es no recurrir permanentemente al artículo 80 bis de la ley N° 19.968, obligando a los organismos colaboradores a hacerse cargo de niños que no están contemplados en las licitaciones originales.
No hay un estudio ni un diseño que determinen cuántos son los niños que requieren intervención y programas ambulatorios y residenciales. Tampoco hay una evaluación y una medición del impacto que tienen estos programas, es decir, si son o no exitosos. Hay duplicidad de programas que muchas veces no apuntan a la restitución y a la reparación de los derechos de los niños vulnerables.
La discriminación que actualmente vive el 93 por ciento de los niños atendidos en los organismos colaboradores del Sename no resiste más. Se necesita mayor preocupación y compromiso del Estado para abordar tanto la reforma a la ley de subvenciones como la adecuación de los tribunales de Familia, iniciativas que seguimos esperando en la Comisión de Familia. Solo ha habido ofrecimientos de proyectos de ley que en algún momento se iban a presentar. Lamentablemente, pese a los anuncios de la Presidenta de la República, tales proyectos siguen siendo fantasmas, siguen siendo humo.
También se sigue diciendo que se ha hecho una focalización de las políticas públicas para la niñez vulnerable. Sin embargo, vemos la ausencia en esta sesión de la directora del Sename y también del ministro de Hacienda, quien tiene mucho que ver en la materia que nos ocupa. Por su intermedio, señor Presidente, le digo al ministro de Justicia y Derechos Humanos que no es solo él el responsable; hay una serie de ministros que deberían estar dando la cara y haciéndose cargo de la infancia vulnerable. Se trata de un problema transversal que comprende a los ministerios de Desarrollo Social, del Trabajo y Previsión Social, de Vivienda y Urbanismo, de Educación y -el más importantede Salud, toda vez que el 80 por ciento de los niños “residencializados” padece graves trastornos de salud mental que no han sido tratados.
Por su intermedio, señor Presidente, pido al señor ministro que nos hagamos cargo del citado artículo 80 bis; no es momento para no evaluar. Debemos determinar con una política pública si vamos a prestar colaboración o nos vamos a hacer cargo de los niños vulnerables. Si vamos a recurrir a órganos colaboradores, evaluemos cuánto cuesta hacerse cargo de la deuda que existe con esos establecimientos, la cual no estaba reflejada en el presupuesto, de modo que determinemos cuánto cuesta restituir los derechos de los niños y cuánto cuesta revincularlos a su medio familiar.
Debemos hacer con urgencia todas las modificaciones legales que se requieren, dada la grave crisis que vive el Sename. Lamentablemente, la realidad que vemos es la ausencia en esta sesión de los actores importantes para determinar las fallas y para hacer tales modificaciones legales. Lo digo con dolor, pero sobre todo con una gran vergüenza.
Tiene la palabra el diputado Claudio Arriagada.
Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Lo dijimos en su momento, cuando la situación del Sename adquirió connotación nacional: el país requiere de un gran acuerdo nacional para abordar el tema. Si no logramos aquello, solo nos vamos a atrincherar en argumentos para descalificar o para reconocer lo que se ha hecho.
El diagnóstico es claro: durante largos años ha existido una situación de vulneración de los derechos de la infancia, particularmente de los niños que están bajo la tutela del Estado. Este momento es de vital importancia, porque se ha puesto en el centro de la opinión pública un problema que no resiste más. Tampoco resiste más que tratemos se sacar provecho político de una situación que, por cierto, es extremadamente dura.
Al tener claridad sobre la gravedad de la situación, debemos reconocer que se ha puesto el acento de la solución en una vía apropiada. La aprobación en la Comisión de Familia del proyecto de ley que establece un marco regulatorio de garantías de la infancia no puede ser desconocida. Tampoco puede ser desconocido que ante aquellas denuncias graves sobre muertes de menores, las autoridades del Estado han dejado en manos de la fiscalía la realización de una seria investigación, que abarca todo el territorio nacional, que ha contado con la colaboración de nuevos fiscales y que se rige por el manual de procedimiento basado en la doctrina de la Fiscalía Nacional sobre cómo abordar investigaciones que vinculen a infantes.
No podemos negar que también existe el compromiso concreto del gobierno de ingresar prontamente al Parlamento el proyecto de ley que crea dos servicios: el que se hace cargo de la protección de la infancia y el que se hace cargo de la defensa de dicha infancia en el caso de menores infractores. Tengo confianza en que ello va a ocurrir y que podremos llevar a cabo un debate serio sobre la creación de dos servicios importantes, con el debido financiamiento, para empezar a abordar como corresponde el trato a la infancia en Chile.
Por lo demás, tenemos la obligación de dar cumplimiento a los convenios internacionales que nuestro país ha suscrito. No debemos tener temor a la investigación que en algunos casos la Unicef realiza sobre el real cumplimiento de las normas que en Chile nos hemos comprometido a aplicar.
Hoy ha surgido una nueva denuncia sobre redes de explotación sexual de menores en servicios vinculados al Sename. Por mandato de la Fiscalía Nacional, se ha instruido la investigación que corresponde; pero, además, cabe señalar la denuncia oportuna hecha por la nueva dirección del Sename. Eso no se puede dejar de reconocer.
Quiero referirme a la importancia de retomar con urgencia la paralizada discusión del proyecto de ley sobre adopción, que es un desafío para el gobierno toda vez que se requiere actualizar las normas que regulan los tribunales de familia. La adopción es un tema serio. En reuniones de la comisión investigadora hemos abordado la situación que afecta a las menores de edad víctimas de adicción a las drogas, quienes no cuentan con la posibilidad de acceder a centros de rehabilitación y, en paralelo, mantener la tuición de sus hijos. Muchas veces los hijos son entregados en adopción, con lo cual se niega la posibilidad de rehabilitación de sus madres y el derecho de ejercer la maternidad después de haber superado una situación tan dolorosa como es la adicción a algún tipo de drogas.
En relación con el mencionado artículo 80 bis, es cierto que la deuda con los organismos colaboradores existe; pero también existe el vacío de no contar con un sistema de evaluación sobre el cumplimiento por tales organismos de lo que los tribunales ordenan. Los organismos que administran más del 80 por ciento de los recursos que destina el Estado a los menores también tienen fracasos en su gestión, registran un porcentaje significativo de niños muertos en sus dependencias y tienen bastante incumplimiento.
Por ello, antes de reclamar el cumplimiento de la deuda, señor ministro, me interesaría conocer la dotación de profesionales del área de salud mental que tienen los organismos colaboradores -si la tienen y cuántas horas profesionales dedican a los niños. Es decir, junto con exigir el pago de la supuesta deuda, también debería exigirse un estándar a esos organismos.
No basta con que llegue una lista del tribunal exigiendo el diagnóstico de los menores; también hay que exigir que se informe con qué competencias, con qué profesionales y con cuántas horas de atención a los niños cuentan esos organismos, para efectivamente cumplir con el artículo 80 bis.
Estamos en un momento muy especial. Es importante lo que está ocurriendo en la comisión investigadora y es importante el rol de la fiscalía y de los tribunales de justicia para establecer la verdad de los hechos. Pero quiero poner el acento en un punto crucial: los trabajadores están en cuestión. Incluso, se ha llegado al límite de señalar que hay funcionarios formalizados por delito de tortura.
En los argumentos dados para la aprobación del proyecto de ley que tipifica el delito de tortura tuvimos especial cuidado en señalar la diferencia entre el uso y aplicación de tortura con fines políticos y la aplicación de medidas de fuerza, de negligencia funcionaria, etcétera. Pero, ¡por favor!, a raíz de esta circunstancia no podemos caer en decir que la tortura en Chile se empieza a mimetizar con cualquier situación. ¡Son temas totalmente distintos!
No se puede acusar de tortura a un funcionario negligente y que para la opinión pública ese delito aparezca mezclado con cualquier situación. En ese punto debemos ser extremadamente delicados.
Sin embargo, también nos interesa mencionar que es posible que se configure el delito de tortura en determinado caso, lo cual se debe investigar. Muchas veces se trata de funcionarios que no tienen todas las competencias para cumplir sus tareas, que no reciben la capacitación necesaria de manera permanente, que no cuentan con protocolos actualizados para enfrentar circunstancias adversas en su vida laboral.
Asimismo, cuando se juzga a un funcionario se le debe garantizar el debido proceso. No pueden ocurrir que todos los funcionarios del Sename sean víctimas del escarnio público, en el sentido de que todo lo que ahí ocurre es su responsabilidad. Aquí entramos en una colisión de derechos muy importante: por un lado, los derechos de la infancia, que deben ponerse en primer lugar y que el Estado debe garantizar, y, por el otro, el derecho a la honra de los trabajadores del Sename, esto es, que cuando haya un cuestionamiento serio, con antecedentes, que se investigue, se establezca la responsabilidad y se sancione, pero garantizando el debido proceso.
Sin embargo, señor ministro de Justicia, hoy no tenemos un organismo distinto al de las propias jefaturas del Sename, que son las que instruyen los sumarios al interior de dicho servicio.
Fíjese que entre los años 2011 y 2013 hubo 2.301 sumarios, de los cuales 1.606 finalizaron. Asimismo, de los 695 sumarios que se encuentran actualmente en tramitación, 100 son por presuntos maltratos a niños, niñas y adolescentes.
Durante ese mismo período finalizaron 63 procesos en el Sename. Me estoy refiriendo al gobierno pasado, que implementó en dicho servicio el programa llamado Ascar, el cual contó con un presupuesto de 3.000 millones de pesos. Mediante dicho programa se contrataría a personas a honorarios, adicionales a la planta, para revisar el cumplimiento de las normas de esa institución.
Eso es fundamental. Por esa razón presentamos un proyecto de resolución para que en todas las direcciones regionales del Sename se implementen fiscalías internas que lleven a cabo los sumarios.
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Luis Rocafull.
Señor Presidente, en esta materia hay que partir de una premisa que se hace indiscutible, cual es dejar en claro que este no es un problema de determinado gobierno o de un partido político en particular, sino un problema de país, lo cual nos involucra a todos y a todas.
Integro la actual comisión especial investigadora sobre la materia y he escuchado muchos testimonios, que para algunos son nuevos, pero para otros, entre los que me incluyo, no lo son tanto. Es algo que se ha repetido por décadas en la historia de Chile.
Cuando se plantean soluciones con cierta liviandad no se está yendo al origen del problema. Deberíamos partir preguntándonos por qué existe el Sename, qué originó la creación de dicho servicio en Chile.
Creamos una institución e invisibilizamos algo que molesta a la imagen del país.
Hoy nos encontramos en un momento crucial y complejo al que tenemos que hacer frente, pero –reitero como país, no solo a través de una institución. Esto tiene que ver con niños, niñas y adolescentes que han sido desprovistos de un derecho inalienable, sagrado, del derecho más importante que tienen: el derecho a ser felices. Ellos no podrán ver esta semana con la esperanza y la ilusión de que se viene la Navidad. ¡No! Esos niños, niñas y adolescentes tendrán que conformarse con la llegada de algunas instituciones colaboradoras que entregarán un chocolate y un regalo a cada uno -si es que lo reciben-, y punto. ¡Nada más que eso!
Entonces, nuestra responsabilidad en esta materia abarca mucho más.
Al analizar los diversos casos nos damos cuenta de que en esto intervienen numerosos aspectos. Por ejemplo, las familias cuyos niños les son quitados por no tener una casa, cuando hoy no sé cuántos miles de soluciones habitacionales estamos dando a la población; la situación de los hogares monoparentales u otras muy simples que quizás pueden resolverse; el desarraigo de los niños de sus familias por temas vinculados a la pobreza. A esos niños y niñas que son desprovistos de sus derechos más básicos nosotros les quitamos el resto de sus derechos, como el derecho a vivir.
En consecuencia, debemos poner este tema arriba de la mesa y discutirlo, pero rápidamente, pues no solo es atingente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sino a muchas otras instituciones: los ministerios de Salud, de Vivienda y Urbanismo y de Desarrollo Social; el gobierno, los partidos políticos y nosotros.
Si en esta materia hubiera una preocupación real de cada uno de los servicios y una intención de coordinar, estaría presente también el propósito de reparar en algo el daño que les hemos hecho a esos niños.
Eso es lo que nos hace falta como país: ser un poco más sensibles en este tema. Lo digo porque hoy se pueden hacer lindos discursos al respecto; se hace alarde y se rasgan vestiduras sobre este asunto, pero ¿qué esfuerzo hacemos el Senado, la Cámara de Diputados, los ministros y las personas para ponernos todos de acuerdo?
Si queremos un país más seguro, más feliz, debemos pelear por eso hoy, pero de verdad. No es posible que estemos solo hablando respecto de esta situación y que pasado mañana o el próximo año creemos una tercera comisión investigadora del Sename para revisar si se cumplió lo comprometido en la actual. ¡No! Señor ministro, en esta situación se deben adoptar medidas a corto plazo ahora.
Ayer, en la comisión investigadora, el fiscal regional de Los Lagos nos dio un diagnóstico. A su vez, el diputado Saffirio presentó un informe que señala que la causa de muerte de Lissette no es la que se ha manejado hasta ahora.
Entonces, de alguna manera se está estigmatizando o culpando a funcionarios que quizás tuvieron que actuar sin conocer el protocolo existente para tal efecto. ¿Qué pasó? Estamos fallando día a día en esta materia.
Por lo tanto, si bien aquí se debe hacer un diagnóstico acabado para llegar a una solución definitiva y transitar hacia ella por un camino que no es fácil, sino complicado, de todas formas hoy se requiere la adopción de medidas inmediatas a través del personal del Sename, de ciertos proyectos de ley, pero también de la intención y la colaboración que queramos dar. Ello, porque se podrán dictar diez o veinte leyes más, pero si no tenemos el amor y las ganas de mejorar nuestro país y la vida de nuestros compatriotas, realmente será muy poco lo que podremos avanzar.
Insisto en que en esta materia se requiere la voluntad de todos. Depongamos esa actitud en el sentido de decir: “A ellos no les interesa”, “a usted no le interesa”, “de esa manera ustedes se preocupan por los niños”, porque acá todos nos preocupamos por los niños y niñas. Por tanto, vayamos al origen de este problema.
Cuando veamos a nuestros hijos o a nuestros nietos pelear por el regalo que les vamos a entregar, pensemos en que hay niños que jamás han visto un árbol de pascua.
Por ello, estimo que debemos luchar por la igualdad en nuestro país, y una de las manifestaciones de la igualdad se vincula con esto: con dignificar la vida de los niños, pero con acciones mucho más comprometidas que las que se han llevado a cabo hasta ahora. ¿Acaso creen que uno de esos niños se puede matricular en un colegio particular subvencionado?
¿Creen que lo recibirían? Ni en un colegio municipalizado lo recibirían incondicionalmente. Dirían : “¡Este niño es un problema! ¡Sáquenlo de acá!”.
Si existiera voluntad y disposición, las cosas serían distintas. Esta es una oportunidad para avanzar, pero los plazos se acaban. Hoy debemos tomar la decisión de trabajar en un plan a corto plazo; sin embargo, no debemos olvidar que luego deberemos elaborar planes de mediano y largo plazo.
Tiene la palabra el diputado Ramón Farías.
Señor Presidente, gran discurso el del diputado Luis Rocafull, quien también integra la comisión especial investigadora sobre la situación de los menores de edad en Chile. Apoyo cada una de sus palabras.
Han transcurrido seis meses desde que se constituyó esa comisión especial investigadora, que presido. Han sido seis meses de una ardua labor, durante los cuales hemos recibido a gran parte de los intervinientes y colaboradores del Sename, así como a las organizaciones que conforman la red de trabajo de esa institución.
Hemos escuchado los testimonios sobre las atrocidades sufridas por esos niños, que pudimos ratificar con nuestra propia experiencia, dado que recibimos sus declaraciones en los centros que visitamos; pero también por los relatos que conocemos día a día a través de los medios de comunicación y por lo que nos informan las autoridades persecutoras, antecedentes que se reiteran como una evidencia dolorosa de lo que ha sucedido con estos niños, que no fueron favorecidos con una red familiar que cuidara de ellos.
Sin duda, estos hechos han provocado consternación en nuestra sociedad, en especial por la falta de seriedad con que se ha abordado el problema.
No obstante que se escucha reiteradamente que el Sename está en crisis, pocas personas logran comprender la magnitud de esa afirmación. Ni la sociedad ni el Estado dimensionan el daño ocasionado a la infancia más vulnerable de nuestro país; tampoco sopesan la deuda que como chilenos tenemos en cuanto a intentar reparar esa injusticia.
La profunda discriminación de que han sido víctimas estos niños, la negación constante de derechos fundamentales solo por estar institucionalizados debe preocuparnos y ocuparnos, pues nuestra actitud pasiva frente a esa realidad es un elemento común que favoreció la situación de crisis permanente del Sename que hoy reconocemos.
Nuestro mea culpa debe partir por reconocer que nuestra institucionalidad en materia de infancia y adolescencia padecía de falta de actualización y modernización, carencia que se arrastraba desde hace muchos años, lo que hacía imposible que continuara prestando un servicio que estuviera en condiciones de cumplir los principios rectores que para esta materia han sido establecidos en el ámbito internacional. Además, se legisló tardíamente sobre temas que eran fundamentales para la adecuada protección infantil. De hecho, aún hay proyectos en tramitación, como el de garantías de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; el de adopción, que ya comenzaremos a tratar; el que crea una nueva institucionalidad, y tantos otros.
Si bien esas falencias están siendo subsanadas, el compromiso del Estado chileno debe ir más allá.
Hace pocas décadas luchamos por recuperar el respeto a los derechos humanos, que fueron gravemente vulnerados en nuestro país. Creímos con orgullo que el restablecimiento del Estado de derecho nos devolvería la dignidad que habíamos perdido como país; pero se han transgredido los derechos de protección y seguridad para la infancia, su derecho a la protección contra el abuso y la discriminación, su derecho a una vida sana y segura, que son elementos fundamentales para asegurar el desarrollo íntegro de niños, niñas y adolescentes.
Quiero que reflexionemos sobre cómo han sido vulnerados esos niños, sobre las carencias que ellos han debido soportar; sobre los maltratos, abusos y delitos cometidos en su contra, realidades que desnudan un atropello permanente a sus derechos humanos, con la agravante de que ellos no pueden reclamar su respeto como lo hicieron los adultos alguna vez.
Sin defensas posibles, dejamos a estos niños solos frente a lo peor de nuestra sociedad y dimos la espalda a sus ahogadas imploraciones de ayuda.
La situación es grave, por lo cual las medidas que se adopten deben ser acordes a dicha gravedad. No podemos conformarnos con sugerir o informar; es tiempo de poner punto final a la vejación de los menores vulnerables. Aquí existió desidia, falta de voluntad y de compromiso. Los niños y niñas vulnerables de Chile no fueron tratados como prioridad.
Una de las denuncias que he efectuado desde el comienzo en relación con este grave problema es la necesidad de revisar los estándares y exigencias que se imponen a los funcionarios que trabajan directamente con los niños y niñas vulnerables, ya que para nadie es desconocido que la labor de contención y atención debe estar a cargo de profesionales. No cualquiera puede ingresar a una institución como el Sename y prestar servicios si no cuenta con la capacitación y la instrucción debidas. No es posible que personas que solo cuentan con estudios de enseñanza media estén a cargo de manejar situaciones tan complejas como las que hemos conocido, en que se involucran la seguridad y la salud de niños y niñas. Del mismo modo, se debe trabajar para mejorar las débiles condiciones en que los funcionarios realizan sus labores, acompañándolos, capacitándolos y conteniéndolos. En caso contrario, seguiremos insertos en este círculo vicioso de poca profesionalización y falta de atención adecuada para los niños, niñas y adolescentes, que ha terminado, dramáticamente, por producir consecuencias fatales.
La propuesta de una política real de infancia debe ser llevada a cabo en forma prioritaria, sin postergaciones y teniendo en cuenta que existe un compromiso transversal para evitar una nueva crisis, como la que se está viviendo en el Sename.
¿Qué proponemos? ¿Cuál es el camino? A nosotros, como legisladores y legisladoras, nos corresponde tramitar con urgencia y responsabilidad toda la batería de proyectos que el gobierno ha propuesto en materia de infancia, por lo que tenemos una densa agenda a la cual dedicarnos.
Es cierto que no todo pasa por la ley, pero ese es el rol que nos compete como Cámara de Diputados. Nos quedan por discutir el proyecto de ley que establece garantías para los derechos de la niñez, el que crea la Subsecretaría de la Niñez y la tan esperada reformulación del Servicio Nacional de Menores.
Hago un llamado a todos y a todas mis colegas a que mostremos voluntad real de avanzar en estas materias, a dejar de lado las motivaciones equivocadas y a que continuemos con esta línea de iniciativas en la Comisión de Familia y Adulto Mayor. Por ello, pido al gobierno, a mí gobierno, que ponga las urgencias necesarias, a fin de que podamos dedicarnos a terminar, por ejemplo, el proyecto de ley de adopción, cuya reforma evitaría tantos casos dramáticos como los que continuamente salen a la luz pública.
Celebro profundamente la presencia de las autoridades del gobierno en esta sesión y las insto, así como a todos los ciudadanos de este país, a ayudar a instalar la situación de los niños, niñas y adolescentes vulnerables en forma definitiva en la agenda estatal y a que nos preocupemos de que las políticas públicas sean una forma efectiva de protección para los niños más desamparados de nuestra sociedad, no un oscuro y triste pasaje en la historia de nuestra nación, como ha sido hasta ahora.
Tiene la palabra, hasta por dos minutos y medio, el diputado Gabriel Boric.
Señor Presidente, hablar hoy del Sename, lamentablemente, es hablar de soledad, de muerte y de abandono; es hablar de los 477 niños y niñas muertos; es hablar de Lissette, de Alan, de Paula o de Marisel. Estamos hablando de nombres, de niños de carne y hueso y de vidas que debieron ser dignas, como las nuestras, pero que no lo fueron.
¿Cómo podemos brindar protección a nuestros niños y niñas si este sistema no nos asegura una vivienda, la protección del medio ambiente, escuelas públicas de calidad o un sistema de salud que otorgue prestaciones que aseguren prevención, atención y tratamiento, para que nuestro pueblo viva feliz?
Como vemos, el problema es mucho más complejo que el propio Sename .
La atención de las dificultades que enfrentamos hoy en el Sename hace necesaria la inyección de más recursos y el apoyo de voluntades puestas a pensar en cómo mejorar el sistema, como bien expresó el diputado Ramón Farías ; pero también hace necesario invertir más en condiciones de trabajo dignas y en capacitación para los funcionarios, quienes en muchos casos desempeñan sus labores con más cariño, esfuerzo y desgarro que con herramientas proporcionadas por el Estado, que es su empleador.
No caigamos en el error de meter a todos los trabajadores en el mismo saco.
La situación de abandono, exclusión y vulneración que viven miles de niños, niñas y adolescentes de nuestro país exige mucho más de nuestra parte. No podemos abordar este tema solo desde la conmoción provocada por los casos particulares. La situación de esos niños es solo la punta del iceberg de un sistema que los ha marginando desde su nacimiento y que los ha excluido de la posibilidad de tener una vida con amor y dignidad. Ellos son expresión de la constante indiferencia e individualismo de este sistema. La falta de recursos, de condiciones adecuadas, de cuidados y educación en el Sename son la expresión de la brutalidad extrema de un sistema que perpetúa la pobreza y la invisibiliza; son la expresión más triste de una sociedad desigual, mercantilizada e institucionalmente violenta, en la que el carácter de nuestra dignidad depende del tamaño de nuestros bolsillos.
La aplicación de este modelo neoliberal ha convertido en muchos casos al Estado en el peor de los victimarios. No miremos solo la punta del iceberg, sino el problema en su conjunto. Nuestro deber es construir una alternativa que no mida nuestra humanidad exclusivamente por la capacidad de producir y de perpetuar el sistema, y que nos permita entendernos como socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres.
Señor Presidente, comparto absolutamente la opinión de que no es el momento para pronunciar discursos ni hacer grandes intervenciones en relación con los males que aquejan a nuestros niños, situación que tiene una dimensión básica y esencialmente humana.
Cuando decimos que Chile está contraviniendo la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por nuestro país, estamos señalando que no solo el Estado, sino toda nuestra sociedad están en una situación que causa vergüenza y que debe calar muy profundo en el corazón y en el alma de todos nosotros.
No puede ser que estos hechos que afectan los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes terminen siendo un número más en la prensa, un noticia dolorosa más en la televisión o, lo que es peor, que nos dejen de asombrar las penosas situaciones que afectan a los niños, a las niñas y a los adolescentes que están bajo la custodia del Estado.
Aquí se han dicho muchas palabras, pero lo que corresponde ahora es realizar acciones concretas.
Seis meses de desempeño en la institución tiene la nueva directora del Sename. El presidente del sindicato del Sename habló hoy de los 2.500 millones de pesos, del desarrollo de una nueva institucionalidad y de una nueva norma jurídica para separar a los niños infractores de ley de aquellos a quienes se les han vulnerado sus derechos; pero todo lo expresado no se ha reflejado todavía en resultados concretos para resolver este problema que afecta el alma de nuestro país.
Cuando hablamos no de cuatrocientos, sino de más de mil niños que han muerto en manos de alguna organización del Estado desde el retorno a la democracia, no nos referimos a esta vergüenza humana que tenemos que enfrentar por la manera en que actuamos respecto de un grupo tan vulnerable como son esos niños, niñas y adolescentes.
Por intermedio del señor Presidente, señalo al ministro que la aplicación de medidas para resolver de raíz este problema de fondo contará con toda nuestra voluntad, disposición y apoyo, incluyendo las medidas económicas, ya que en Chile hay mucho gasto superfluo o que no tiene justificación alguna.
Daré un solo ejemplo tomado de la región que represento, la de Aysén. Se han gastado 500 millones de pesos en los últimos dos años en viáticos para los consejeros regionales de una región que tiene tantas necesidades; sin embargo, la Corte de Apelaciones de Coyhaique, en un acuerdo suscrito por todos sus ministros, señaló la tremenda precariedad en que viven los niños vulnerados en sus derechos. Aun más, ante la ausencia de infraestructura adecuada, el Sename ha arrendado una cabaña turística para atender a grupos de niños vulnerables.
Creo que estamos frente a una herida profunda del alma de los chilenos, porque estamos hablando de niños, niñas y adolescentes sumamente vulnerables.
En consecuencia, por intermedio del señor Presidente, repito al ministro que cuenta con toda nuestra voluntad y disposición, porque tenemos que dar una solución radical y rápida a esta situación. Todos los discursos se pronunciarán con la mejor de las intenciones; pero usted, como jefe de la cartera, tiene en sus manos la posibilidad de llevar adelante esta gran transformación de nuestras instituciones, que reclaman los niños, las niñas y los adolescentes vulnerados de nuestro país.
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Kast.
Señor Presidente, dada la profundidad del tema, cuesta conformarse con solo hablar, sobre todo porque sabemos que lo que decimos queda en nada, lo que produce una frustración muy grande, porque parece que solo damos vueltas en círculo en torno a un problema tan profundo y sensible como este.
Por intermedio del señor Presidente, pregunto al ministro de Justicia en forma muy directa y muy concreta: ¿Por qué no somos capaces de invitar a alguien que nos asegure que la transformación del Sename puede ser un proceso de largo plazo y profundo? Me refiero a alguien que tenga la autonomía necesaria para exigir lo que Chile requiere, en lo que probablemente todos estamos de acuerdo en esta Sala. ¿Por qué no le pedimos a alguien como Benito Baranda , quien da garantías, que se haga cargo de una transformación estructural del Sename?
Llevamos muchos gobiernos esperando que se realice una transformación importante de ese servicio, en el que hemos sabido en los últimos meses que el Estado ha violado en forma flagrante y rotunda los derechos de los más vulnerables. Muchos culpan aquí al sistema neoliberal en forma bastante global, sin hacerse cargo de que la responsabilidad es nuestra, del mundo político, del Estado, de quienes gobiernan.
Lo que realmente necesitamos es generosidad para que los mejores se hagan cargo de las instituciones públicas. Sabemos que no es un problema de recursos, porque hoy se produce la paradoja de que las organizaciones de la sociedad civil están subsidiando al Estado. Por eso, pido a todos un mínimo de coherencia.
Ojalá que el ministro se atreva, por nuestros niños, a poner a Benito Baranda a la cabeza de esa institución para que, en un período de dos años, haga una transformación importante en el Sename, la que espero que pueda proyectarse al futuro gobierno.
Señor Presidente, a ocho meses de la muerte de Lissette Villa, y después de una verdadera catarsis mediática y de dimes y diretes morales acerca de quién o quiénes tienen responsabilidad en las muertes de niños que hoy indaga el fiscal Marcos Emilfork, tengo la terrible sensación de que, como país, no avanzamos hacia ninguna solución inmediata.
Este es mi parecer luego de escuchar, por ejemplo, la exposición de la jueza señora Mónica Jeldres en la Comisión del Sename, quien en el conocido informe que tuvo a su cargo como jueza de familia, advirtió hace tres años sobre las barbaridades que aún siguen ocurriendo sistemáticamente en los centros del Sename.
Para qué hablar sobre el informe elaborado en la Cámara en relación con el mismo proceso y que fue bastante claro acerca del panorama en que están viviendo ahora esas personas inocentes.
Asimismo, el informe sobre infancia publicado hace pocos días por la Universidad Central afirma claramente que Chile no garantiza un adecuado respeto a los derechos de las niñas y de los niños. Mientras el 34,4 por ciento de ellos sufren algún tipo de carencia y el 18,2 por ciento vive bajo el umbral de la pobreza, el Ministerio Público investiga por lo menos cuatro redes de prostitución que operan utilizando niños, niñas y adolescentes provenientes de centros del Sename solo en la Región Metropolitana, y ya se anticipan más casos en otras partes del país, que se conocían desde 2010.
Sabemos que once funcionarios del Sename debieron ser destituidos a propuesta del propio Poder Judicial, lo cual no fue posible porque de acuerdo con la ley N° 10.336, no se pueden aplicar medidas disciplinarias desde treinta días antes de un proceso eleccionario y hasta sesenta días después de realizado.
Y ahora se ha comprobado que la muerte de Lissette no fue de pena y, al parecer, tampoco por una sobredosis, ya que el segundo informe del Servicio Médico Legal habla de una muerte por ahogamiento, luego de que dos mujeres adultas pusieron su cuerpo sobre el tórax de esta pequeña de once años. Hoy hablamos de apremios ilegítimos y de tormentos con resultado de muerte en varios centros de Sename en Chile.
Comprendo que no todos los cambios se pueden hacer de la noche a la mañana; pero incluso una implementación progresiva de un nuevo sistema no va a ser suficiente, ya que el Ejecutivo deberá tramitar seis proyectos sobre infancia y dos iniciativas que crean el servicio de responsabilidad civil juvenil y un sistema de protección para los niños, que dependerá del Ministerio de Desarrollo Social, los que, se supone, deberían ingresar a discusión en enero de 2017.
Desde ya es imperativo aclarar varias dudas relativas a la reestructuración del sistema. Cuando leíamos casos conocidos hace años, cifras sobre más de dos mil niñas embarazadas en los centros, prostitución a lo largo de distintos establecimientos del país, abuso sexual, y ahora, con todas sus letras, tortura y muerte, me pregunto si será suficiente que una institución acreditadora evalúe ese 90 por ciento de las atenciones que entregan instituciones privadas ligadas a fundaciones y -digámoslo directamente a grupos de poder. No sé si la figura de una defensoría de la infancia va a ser suficiente, en circunstancias de que cada niño que ingresa al Sename debería contar con un abogado. No es posible que siga habiendo niñas y niños internados por medidas de protección que son alejados de sus familias y que el sistema olvida.
He tenido la dolorosa experiencia de atender en Antofagasta casos de familias desesperadas porque los organismos del Estado han determinado que sus niños deben ingresar a centros del Sename.
Pregunto sí vale la pena arrebatar niños a familias solo por ser pobres, porque eso es lo que está sucediendo en nuestro país. Hay una institucionalización de la pobreza, y digo con mucho dolor que hay sectores de nuestra sociedad que la necesitan para seguir existiendo.
Me gustaría que el 2017 sea el año de la infancia en Chile; el año en que, como país, vamos a dejar de escribir informes, hacer comisiones y presentar proyectos. Tenemos que actuar. Miles de niños necesitan que no solo las autoridades, sino la sociedad sean capaces de actuar. Como país, tenemos que actuar.
En el tiempo del Comité Partido Comunista e Izquierda Ciudadana, tiene la palabra la diputada señorita Camila Vallejo.
La señorita VALLEJO (doña Camila).-
Señor Presidente, en reiteradas oportunidades hemos abordado el tema que hoy nos convoca. Hay comisiones que están trabajando en proyectos de ley para adaptar nuestra legislación a los compromisos internacionales suscritos por el Estado de Chile para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
Además, se encuentra funcionando una comisión investigadora del Sename, de la cual soy una de sus integrantes. Por eso, al leer el objeto de esta sesión especial, me parece que ella es un tanto innecesaria y superficial.
¿Por qué lo digo? Porque en esa comisión investigadora hemos visto que el problema no se soluciona simplemente con un aumento de las subvenciones o de los recursos. Aquí hay un problema sistémico y estructural.
Por lo tanto, me complica que la sesión tenga por objeto terminar con las discriminaciones arbitrarias en el cálculo de las subvenciones a los organismos colaboradores, Todos los invitados, de distintas instituciones, de diferentes colores políticos y profesiones, han señalado que el sistema de subvenciones, en sí mismo, es perverso, porque hay un incentivo a mantener a los niños en los programas o en las residencias para asegurar la subvención. Estamos tratando de solucionar un problema, pero, a la vez, estamos agravándolo, debido a un sistema de subvención que es perverso y que no resuelve los problemas estructurales asociados.
En cuanto a la estructura de costos, las residencias de administración directa del Estado tienen un mecanismo de financiamiento distinto; pero en el caso de los organismos colaboradores, cuando disminuye el número de niños, disminuye el apoyo estatal.
El problema no se soluciona simplemente aumentando la subvención para transferir más recursos públicos a los organismos colaboradores privados. En estos últimos también hay muchos problemas, aunque, hasta el momento, en general solo se han denunciado los del Sename. En los organismos colaboradores también se han producido fallecimientos de menores, abusos de todo tipo y no se ha registrado a algunos niños, de los que no existe información, lo que, por cierto, es responsabilidad del Estado y de su falta de supervisión.
Entonces, ¡ojo con las supuestas buenas intenciones que están detrás de esta sesión especial! No se aborda el problema de fondo.
El problema de fondo -lo han señalado algunos colegases el carácter de nuestro Estado. Es fácil acusar al modelo neoliberal, pero el problema es del Estado, un Estado neoliberal. Los Estados no son neutros, tienen un carácter, tienen un sello distintivo. No todos los Estados son iguales, y el Estado chileno tiene un sello, un fundamento ideológico, que es delegar en los privados. Y cuando el privado no se puede hacer cargo -en los casos extremos-, se hace cargo el Estado. Lo mismo pasa en el Sename: la mayoría de los niños se atiende en instituciones privadas, y el Estado se hace cargo de los casos más complicados, tal como sucede con la educación pública. El Estado juega un rol subsidiario, propio del modelo neoliberal. Además, es un Estado que no se hace cargo de garantizar derechos sociales fundamentales. Entonces, ¿cómo nace el niño? ¿Nace drogadicto, delincuente, vulnerable, o sus derechos son vulnerados porque el Estado no garantiza la protección y el adecuado desarrollo de la familia?
Muchos niños nacen en condiciones de hacinamiento y de exclusión. ¿Alguien puede negar que el Estado no garantiza el derecho a la vivienda social porque los terrenos en los que se puede construir pertenecen a privados y son objeto de especulación inmobiliaria? El mercado funciona a través de la especulación, lo que aumenta el valor de los terrenos, cuyo precio lo fijan los privados y el Estado nada tiene que hacer.
Cuando se quieren construir hospitales, las concesionarias se coluden para subir los precios, lo que provoca que el Estado no pueda asegurar el derecho a la salud de la población.
Las enfermedades psiquiátricas son detectadas de manera tardía, cuando ya nada se puede hacer.
En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado señor Osvaldo Urrutia.
Señor Presidente, en este tema hay responsabilidades compartidas, tanto del Poder Ejecutivo como de los poderes Legislativo y Judicial.
En enero de 2005, hace once años, ingresó al Senado un proyecto sobre protección de derechos de la infancia y de la adolescencia (boletín N° 3792-07), el cual fue tramitado íntegramente en esa Corporación, y pasó a la Cámara de Diputados con fecha 10 de abril del año2007, es decir, prácticamente dos años después.
En ese entonces, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet , retiró la urgencia y el proyecto quedó radicado en la Comisión de Familia.
El 6 de noviembre del 2007, a raíz de la muerte de diez niños en un hogar cerrado del Sename de Puerto Montt, se aprobó, mediante un proyecto de acuerdo, la creación de una comisión investigadora.
Las conclusiones de ese entonces -año 2007fueron lapidarias, y son las mismas de hoy: hacinamiento, falta de funcionarios, falta de capacitación adecuada a los funcionarios, falta de oferta programática, falta de psicólogos. Se recomendó una reingeniería total del sistema. A pesar de ello y de las conclusiones de esa comisión investigadora, nada se hizo. No se avanzó absolutamente en nada.
En 2010 asumió el Presidente Sebastián Piñera , y envió al Congreso Nacional, el 2 de agosto de 2012, un proyecto de ley que suprime el actual Servicio Nacional de Menores, creando dos nuevos servicios de atención a la infancia y la adolescencia: uno de protección y otro de responsabilidad penal juvenil o para niños infractores de la ley.
Ese proyecto fue tramitado regularmente en la Comisión de Constitución hasta el 7 de enero de 2014, pocos días antes de que Sebastián Piñera abandonara el gobierno.
El 11 de marzo de 2014 asume Michelle Bachelet y el proyecto quedó detenido hasta el día de hoy.
En el intervalo, en 2013 Ciper denunció graves abusos en centros del Sename, a raíz de lo cual la Cámara de Diputados constituyó dos nuevas comisiones investigadoras -¡ya vamos en tres!-: una se radicó en la Comisión de Familia, presidida por la entonces diputada María Angélica Cristi ; la otra fue presidida por el diputado Saffirio . En homenaje al tiempo, no voy a repetir sus conclusiones, pero fueron las mismas de la comisión anterior. Es decir, en tres comisiones la Cámara de Diputados ha dicho lo mismo, exactamente igual.
No obstante, en septiembre de 2015 ingresa un proyecto de ley sobre sistema de garantías de los derechos de los niños, pero solo son declaraciones de buenas intenciones, porque resulta absolutamente desfinanciado. Brilla por su ausencia el ministro de Hacienda.
Han pasado más de quince años y recién se anuncia el próximo envío del proyecto de ley que crea el defensor de la niñez -aún no ingresa al Parlamento-, y la creación de una subsecretaría de la niñez, que, obviamente, no soluciona los problemas actuales que tienen los niños: hacinamiento, falta de servicios, falta de profesionales, reinserción en la familia, carencia de un rediseño de ingeniería para el Sename, en fin.
Todo esto se explica en dos frases: los niños no marchan; los niños no votan.
Tiene la palabra la diputada Marcela Sabat .
Señor Presidente, a pesar de que nuestro país ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño hace más de un cuarto de siglo, hoy tiene políticas de infancia muy lejanas a su calidad de país perteneciente a la OCDE o que aspira a ser desarrollado.
Lamentablemente, el aumento de presupuesto del Sename y las enmiendas legislativas que conducen a satisfacer las obligaciones que nos impone la Convención no son una prioridad gubernamental, y eso queda de manifiesto en el presupuesto público votado y despachado hace poco. Resulta inexplicable que, aunque se tengan a la vista todas las desgracias, todas las muertes ocurridas en el Servicio Nacional de Menores, el presupuesto público no haya subido ni en un peso, en términos reales, para subvenciones.
Aprovecho la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos para pedirle -por su intermedio, señor Presidenteque nos explique cómo es posible que las subvenciones en el área de protección haya subido 0,1 por ciento y que las subvenciones en el área de infractores a la ley haya subido 0 por ciento. ¡Nada!
Más que una decisión o una prioridad gubernamental, lo anterior se relaciona con una responsabilidad internacional del Estado de Chile.
El artículo 4 -para mencionar uno solode la Convención sobre los Derechos del Niño impone a los Estados parte la obligación de implementar todas las medidas para dar efectividad a los derechos allí reconocidos. Y en materia de derechos económicos, sociales y culturales, exhorta a los Estados a la asignación de recursos hasta el máximo de sus capacidades.
¡Hasta el máximo de sus capacidades! Claramente, en Chile eso no está pasando, porque no estamos dando hasta el máximo de las capacidades como Estado, y así lo demuestran particularmente los estudios académicos y las acciones gubernamentales en, por ejemplo, materia de salud mental.
El propio servicio nos ha señalado que alberga cerca de 1.300 menores con patologías mentales severas, de las cuales un número importante tiene potencial riesgo vital. En ese sentido, la falta de atención psiquiátrica de los menores en centros del Sename no solo vulnera lo presupuestado en la Convención, sino que además el mandato constitucional que establece el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas.
El mismo equipo que tiene que diagnosticar estas patologías mentales a los niños no tiene ni siquiera un psiquiatra entre sus miembros, tal como lo señaló el Ministerio de Salud en la comisión investigadora.
Cuesta encontrar organismos tan cuestionados, desde todos los sectores y desde la opinión pública, como el Servicio Nacional de Menores. Esto no responde solo a cuestiones mediáticas o a temas que dicen relación con la contienda política. Son más bien hechos reales que hablan de un servicio que está atrapado -así lo señalan los mismos funcionarios del servicio por la acción de los partidos, en que la oferta de programas, recursos y competencias es absolutamente insuficiente.
Pido que no se me malinterprete. Tenemos claro que en esta materia ha habido una falla de Estado por parte de todos los gobiernos. Pero también entendemos que este gobierno, en particular, tiene el deber de tomar medidas urgentes, y por eso hoy emplazamos a la Presidenta de la República para que lo haga. ¿Cuántas muertes más tenemos que esperar? ¿Tiene que aparecer otra red de explotación sexual? ¡Presidenta de la República, hágase cargo!
¡Tome las medidas ya, porque es urgente!
Aquí tiene los votos para lo que sea con tal de mejorar la política de infancia que hoy tenemos.
En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Enrique van Rysselberghe.
Señor Presidente, en mi intervención quiero enfocarme en un oscuro cómplice del terrible drama que se ha vivido en el Servicio Nacional de Menores y que hasta el momento no ha pagado ningún precio; le ha salido gratis. Me refiero al Instituto Nacional de Derechos Humanos.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha sido sordo, ciego y mudo ante las inminentes violaciones a los derechos humanos de los niños del Sename y no es presentable que recién ahora se pronuncie sobre los hechos ocurridos al interior del servicio, y diga algo tan escaso y genérico, como que en su interior se usa violencia en forma de castigo para inhibir e intimidar, cuando todo el mundo sabe que hay cientos de niños muertos, presumiblemente miles de niños abusados y un número no determinado de menores prostituidos por redes de comercio sexual que operan al interior de ese servicio público y en las que existe una alta posibilidad de que también estén implicados agentes del Estado.
Nos parece impresentable que en lugar de pedir disculpas por su increíble omisión de no hacerse cargo de la defensa de los derechos humanos de los niños, el Instituto Nacional de Derechos Humanos se pronuncie de manera tan poco contundente acerca de lo que ocurre en el Sename.
Asimismo, nos preguntamos dónde están y dónde estuvieron los observadores del Sename, los mismos observadores que el Instituto Nacional de Derechos Humanos envía a todas las manifestaciones, para fiscalizar el uso de la fuerza pública contra los manifestantes.
Si el Instituto Nacional de Derechos Humanos no fue capaz de fiscalizar ni de detectar los abusos a menores en un servicio público, cometidos por funcionarios del Estado, quiere decir que algo no funciona bien en esa dependencia, y, por lo tanto, corresponde realizar en ella una profunda restructuración, para que verdaderamente se defiendan los derechos de los chilenos más vulnerables y no limite su accionar a controlar, de manera casi obsesiva, el actuar de las Fuerzas de Orden.
Es tarea del próximo gobierno adecuar el Instituto Nacional de Derechos Humanos a los nuevos desafíos y exigencias de una sociedad que presenta nuevas formas de abusos y violaciones a los derechos humanos y que están más allá de la retórica y de los modelos provenientes de la izquierda, que hoy tiene capturado a este servicio público.
En el tiempo del Comité Mixto e Independientes, tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar.
Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro presente.
Dudé mucho de intervenir hoy en la Sala, pues me embarga una sensación muy compleja. Dispongo de dos minutos para hablar, pero tengo la duda de si esta es la instancia donde realmente debemos resolver o intentar resolver la tremenda crisis que está teniendo la institucionalidad encargada de proteger a los niños más vulnerables de nuestro país.
Tal como lo expresaron intervenciones anteriores, este es un tema definitivamente de Estado. No sacamos nada con acusar que esto es culpa de este gobierno, porque si miramos hacia atrás vamos a encontrar que falló el Poder Judicial y el mismo Congreso Nacional al aprobar, todos los años, presupuestos insuficientes. Llevo diez años en el Parlamento y puedo dar fe de que hubo negligencia en toda la institucionalidad del Estado, en mandar los proyectos de ley, en capacitar a sus funcionarios, en no entregarles las mínimas condiciones laborales, en que el INDH no investigue, etcétera. Finalmente, el análisis es bastante triste, porque todos nos hemos visto sobrepasados.
Entonces, hoy me pregunto dónde tenemos que canalizar las energías de todos aquellos que decimos que no queremos que esto se vuelva a repetir, y lamentablemente creo que no es en las sesiones especiales.
Señor ministro, con mucho respeto y humildad, lo llamo, como lo hice en la tramitación del presupuesto, a que generemos instancias reales, a que, de ser necesario, pidamos ayuda. Pero no nos mantengamos en la dinámica que hemos llevado durante diez o quince años y que, lamentablemente, permite que se repitan los mismos casos, una y otra vez, como si fuera un déjà vu.
En el tiempo de la bancada de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg.
Señor Presidente, en los mismos dos minutos, levanto la voz para hacer un llamado a que dejemos de lado la hipocresía, porque todos conocemos la agudísima crisis del Sename, pero -hay que decirlonadie hace nada en serio para enfrentarla.
Fíjese que este año el presupuesto del Sename en infraestructura, personal y equipamiento, con todo lo que hemos sabido, registró el incremento más bajo de los últimos tres años.
El informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), organismo encargado de velar por los derechos de los niños, entre otros, es absolutamente amarillo y nada dice respecto de lo que está ocurriendo.
El Poder Judicial, que tiene la facultad de golpear la mesa y exigir al ministro -aquí presenteque financie cada una de las disposiciones del tantas veces citado artículo 80 bis, permanece de brazos cruzados.
El gobierno, por su parte, no solo no cumple, sino que tampoco paga cuando se cumple. Por último, el Congreso, que habla, llora, grita y cita a conferencias de prensa, aprobó por mayoría el presupuesto del Sename, que tiene un déficit de 8.000 millones de pesos.
¿De qué estamos hablando? ¿Por qué no les quitamos plata a otros organismos y se la dimos al Sename? Pero este Congreso y, particularmente, esta Cámara, por mayoría, aprobó el presupuesto del Sename.
Hablemos menos y practiquemos más. Discurseemos menos y hagamos más. No estamos jugando a la política: estamos hablando de niños que lo están pasando mal.
Tiene la palabra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Jaime Campos.
El señor CAMPOS (ministro de Justicia y Derechos Humanos).-
Señor Presidente, en primer lugar, agradezco la invitación que me ha cursado esta Cámara para participar en esta sesión especial que, como se ha dicho, tiene por objeto analizar la situación que afecta a los niños vulnerados en Chile, quienes fundamentalmente se atienden en el Sename o en organismos colaboradores y acreditados por él.
Agradezco la invitación, porque más allá de intervenciones que escuché sobre esta materia en el Parlamento con motivo de la discusión del proyecto de ley de presupuestos, me sensibilizo con las distintas percepciones de los señores parlamentarios sobre este tema. Evidentemente, ayuda, ilustra y contribuye en momentos en que el Ejecutivo deba adoptar resoluciones sobre el particular.
En segundo lugar, y a pesar de las observaciones formuladas por algunos parlamentarios, debo indicar que la directora nacional del Sename, señora Solange Huerta , no ha concurrido a esta sesión porque con mucha anterioridad a la convocatoria, citación o invitación que le llegase de esta honorable Cámara, tenía planificado y ordenado un viaje por las regiones Décima y Undécima , en el desempeño de sus funciones, para cumplir importantes labores. Es por ello que desde el domingo se encuentra en terreno para recorrer Puerto Montt, Chiloé , Palena, etcétera, y algunos lugares de la Undécima Región. Bien sabemos que la movilización y el traslado por dicha zona no es tan expedita como uno quisiera para regresar pronto a Santiago.
Esa y no otra es la razón por la que ella hoy no está presente, independientemente de que debo recordarles que muchas de las preguntas o planteamientos que se han formulado sobre el Sename han sido respondidos, a través de diversos oficios, por la señora Huerta , en su calidad de directora nacional del Sename.
Ahora bien, comienzo indicando que, en términos generales -matices más, matices menos; énfasis más, énfasis menos; motivaciones más, motivaciones menos-, comparto todas las intervenciones que he escuchado, pues sé distinguir perfectamente los propósitos que animan a unos y también a otros. De esas intervenciones, de ese diagnóstico que se ha hecho, que, por cierto, es muy crítico y doloroso, ¿qué puedo concluir al término de esta sesión especial? Reitero lo que vengo señalando desde que asumí como ministro de Justicia y lo que ha indicado su excelencia la Presidenta de la República: la política de menores en Chile y la institucionalidad de los menores vulnerables colapsó. Ese colapso no solo tiene que ver con el diseño, con la existencia de una política de menores, sino que guarda relación con la institucionalidad que existe en el sector y con los recursos económicos que se requieren para implementarla; incluso con los instrumentos que los distintos agentes públicos y particulares utilizan para tratar de dar una respuesta a esos menores vulnerados y vulnerables, que requieren de una preocupación y atención especial.
¿Por qué han fracasado la política y la institucionalidad? Ya lo han dicho algunos señores parlamentarios. La propia diputada Claudia Nogueira aboga por un rediseño total del sistema, porque seamos francos: la institucionalidad y la política de menores en Chile es la misma que se diseñó en la época del Presidente Frei Montalva . Y si ustedes me apuran, también tiene que ver con lo que en la década del 40 diseñó el Presidente Juan Antonio Ríos.
En los últimos cuarenta, cincuenta o sesenta años el país ha cambiado una barbaridad, la vida se ha tornado más compleja y los problemas sociales que aquejan son, obviamente, infinitamente superiores o mayores a los que existían en el pasado. Han cambiado la familia y los valores y principios sobre los cuales se compartía; ha cambiado el sistema educacional y también los riesgos que todos los ciudadanos y particularmente los menores tienen que enfrentar día a día.
Por ello, la política de hoy, los instrumentos de hoy y la institucionalidad de hoy no están dando cuenta de la magnitud del problema que enfrentamos. Esa es la razón por la que su excelencia la Presidenta de la República ha invitado al Parlamento y a todo el país a generar un debate nacional sobre el particular, con el objeto de que seamos capaces de diseñar una nueva política, una nueva institucionalidad y nuevos instrumentos, acordes con los nuevos tiempos y exigencias.
Sobre ese punto, el gobierno no se ha quedado exclusivamente en el discurso: existen seis proyectos de ley, ingresados en la Cámara o en el Senado, que guardan relación con la materia. Quiero recordarles -porque a veces la memoria es frágil y porque en la Sala se acaba de decir que esas iniciativas no han sido enviadas que el 22 de marzo de 2016 ingresó el proyecto que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez, y que en septiembre de 2015 ingresaron el proyecto que crea la Subsecretaría de la Niñez y el que crea el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez. Por último, también ingresó el proyecto de ley que establece nuevas normas en materia de adopción.
Todo lo anterior son materias que, de uno u otro modo, apuntan a la necesidad de definir una nueva política de la niñez en Chile y una nueva institucionalidad que enfrente los problemas sectoriales.
En los próximos días van a ingresar al Congreso Nacional los dos proyectos restantes, los tan esperados proyectos institucionales, que crean dos nuevos servicios en los cuales se va a dividir el Sename: uno vinculado con los menores infractores de ley, dependiente del Ministerio de Justicia, cuya discusión con la Dirección de Presupuestos concluyó, y otro que se vincula con los menores vulnerables o vulnerados, servicio dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, proyecto que también concluyó, pero respecto del cual se están terminando de afinar o de resolver las materias presupuestarias con el Ministerio de Hacienda y con la Dirección de Presupuestos. Por eso, sobre la base de las instrucciones de la Presidenta de la República, confiamos en que ambos proyectos ingresarán al Parlamento a la mayor brevedad posible.
Por lo tanto, honorables diputados, el compromiso y la idea que animan no solo a la Presidenta de la República, sino a todo el gobierno, y particularmente a este ministro, es que durante el transcurso de 2017 avancemos en la discusión y en la aprobación de esas iniciativas, lo cual está absolutamente priorizado por el gobierno, como lo iremos constatando desde el 1 de enero en adelante.
Señor ministro, lo voy a interrumpir un momento porque tenemos que resolver un problema de carácter reglamentario.
Las comisiones deberían haber iniciado su trabajo a las 18.00 horas y tienen quince minutos para constituirse. Por lo tanto, solicito el acuerdo de la Sala para que el inicio del trabajo de las comisiones se prorrogue por cinco minutos después de que termine la votación respectiva en esta sesión.
Continúa con la palabra el señor ministro.
Gracias, señor Presidente. En razón de lo señalado, confío en que, con el mismo espíritu de los discursos que he escuchado esta tarde en la Sala, seamos capaces de avanzar en el sentido ya indicado.
Sin embargo, como ministro, lo anteriormente dicho no me basta, no puede bastarme y no puede bastarnos como país, porque todos sabemos que nos vamos a demorar años antes de aplicar y de implementar lo que construyamos, lo que diseñemos y lo que hagamos, y como dice el sentido común y la frase tan recurrida: “Los niños no pueden esperar”. Por eso, algo tenemos que empezar a hacer hoy. Y aquí vienen mis problemas, que son o deberían ser también los problemas de ustedes.
Primera pregunta: ¿Qué se hace con los recursos que anualmente el Estado recauda a través de los impuestos y que deben focalizarse en medidas o en instrumentos relacionados con los menores en Chile?
En los últimos cinco años el presupuesto de Sename ha aumentado en 50 por ciento. Reitero: en 50 por ciento. Y perdónenme, señores diputados, pero yo no he visto ningún cambio sustantivo, perceptible por los sentidos, a pesar de que el presupuesto aumentó en 50 por ciento. Perfectamente puedo tener dudas en orden a si estamos gastando bien o estamos gastando mal la plata.
Este año el presupuesto aumentó en 6 por ciento; se trata de 16.000 millones de pesos, a los que ya me voy a referir. En concreto, serán 270.000 millones de pesos los que en 2017 el Estado de Chile gastará en la política de menores, de los cuales el 65 por ciento, es decir, 170.000 millones de pesos, se transferirán al sector privado, a las instituciones privadas colaboradoras del Sename en materia de cuidado de menores.
Perdónenme, honorables diputados, no estoy poniendo en duda nada; pero no tengo información fidedigna, concreta y demostrable que me diga que esos 170.000 millones de pesos que entregamos al sector privado realmente provocarán un cambio en la niñez en Chile, y debo tener un mínimo de responsabilidad respecto del manejo de la caja fiscal.
Por lo tanto, honorables diputados, lo que pasa es que estamos gobernando y haciendo políticas a ciegas. Algunos me dicen: “¡No, ministro, póngale más recursos al sistema!”. Y me lo dicen sin que hayamos hecho una evaluación seria respecto de la eficiencia y eficacia de los mismos.
Es cierto que han pasado todos los últimos gobiernos, ¡todos los últimos gobiernos! Pero esta es responsabilidad nuestra, como también lo es de ustedes, porque los niños no solo se están muriendo hoy: ¡desde hace años que ello está aconteciendo!
Entonces, no tengamos una mirada sesgada sobre el particular.
El señor CAMPOS (ministro de Justicia y de Derechos Humanos).-
¿Qué vamos a hacer? La pregunta no es qué vamos a hacer, sino qué estamos haciendo.
Señores diputados, evitemos los diálogos mientras el ministro hace uso de la palabra.
Repito: la pregunta es qué estamos haciendo. Modestamente, y en espera de que surjan nuevas políticas, se han ido adoptando algunas definiciones.
Primera definición: con motivo de la discusión del proyecto de ley de presupuestos que ustedes aprobaron hace algunas semanas y que significó un incremento de 16.000 millones de pesos al presupuesto del Sename, hemos resuelto focalizar esos recursos en los centros de dicho servicio dependientes del Estado de Chile. Ello, por una razón muy simple: porque esos son los únicos centros que trabajan con menores de edad infractores de ley, que son los más vulnerados y vulnerables de todo el sistema, y, por tanto, requieren una atención especial. Además, porque queremos elevar el estándar de los centros del Sename, que –reitero son públicos, para que los agentes colaboradores particulares se acerquen al nivel de los servicios que el Estado presta a dichos usuarios.
¿Qué más hemos estado haciendo? En los últimos meses -la señora Solange Huerta asumió la dirección del Sename hace poco más de cuatro meses-, puesto que estamos convencidos de que esto debemos enfrentarlo multisectorialmente, hemos ido adoptando medidas con el fin de asegurar el derecho de los menores a la salud.
Así, hemos suscrito convenios con el Ministerio de Salud y con el Senda para asegurar la adecuada atención de los menores de edad tanto en materia de salud mental como de su salud en general. Al respecto, ya hay convenios vigentes con el Colegio Médico de Chile que apuntan a lo que les estoy indicando.
Alguien podrá decir que esto viene preparado, pero señalo que fue una mera casualidad.
El domingo recién pasado visité el centro Galvarino , donde murió Lissette -luego me referiré a eso-, y vi a médicos del Colegio Médico de Chile trabajando -ello, conforme al convenio suscrito con el Sename-, dándoles atención oftalmológica, pediátrica, etcétera, a los menores de edad que allí residen. De esa manera, lo que hemos ido implementando en tal sentido ya está provocando algún efecto.
Asimismo, hemos ido incorporando a los menores atendidos por el Sename a toda la red asistencial de salud del país, puesto que ni siquiera aparecían registrados en el sistema público de salud.
De igual forma, y siempre dentro del ámbito de la salud, se hizo algo que no se había hecho en 25 años -si ustedes quieren, en todos los gobiernos pasados desde que recuperamos la democracia-: el Sename definió los estándares sanitarios que deben tener los centros públicos y privados, puesto que, a nuestro entender, esa es una condición esencial para seguir avanzando sobre el particular.
¿Qué más hemos estado haciendo? Hemos suscrito los convenios pertinentes con el Ministerio de Educación, porque estamos convencidos de que el tema educacional es un elemento esencial para permitir la rehabilitación de los menores de edad infractores de ley y solucionar parte de la problemática que afecta a los niños vulnerables o vulnerados.
Del mismo modo, se firmaron convenios entre el Sename y el Servicio de Registro Civil e Identificación para contar con un registro de datos, ya que el tema informático en este tipo de cuestiones era muy precario.
De igual forma, hemos suscrito convenios con el Consejo Nacional de las Cultura y las Artes, con el Sernatur y, para qué hablar, con Senda, pues el tema de la droga también es muy recurrente, una variable que se debe tener en consideración cuando se habla de este tipo de menores de edad.
Asimismo, en un esfuerzo quizás no muy glamoroso, pero muy interesante, firmamos un convenio con el Ministerio de Bienes Nacionales a partir del cual nos transferirá una cantidad importante de bienes raíces públicos para crear nuevos centros residenciales de propiedad del Sename, esto es, públicos, del Estado, en los términos que he mencionado.
También, en los últimos meses se ha hecho un esfuerzo de gran envergadura al interior de la institución, que va desde el mejoramiento de la gestión administrativa y financiera para mejorar la calidad de la información, para levantar procesos críticos en cada uno de estos aspectos e incorporar nuevas tecnologías…
Señor ministro, le informo que estamos llegando al término de la discusión.
Termino enseguida, señor Presidente.
Por último, y alguien me podrá decir que este tema no es menor, estamos finalizando procesos sumariales internos que datan –afírmense del año 2010. ¡De 2010!
Dicho de otra manera -podría seguir agregando mucho más en la materia-, más allá de comprometernos y de trabajar en la respuesta definitiva a este tema, que es, sin lugar a dudas, construir una nueva política sobre menores de edad en Chile y una nueva institucionalidad sectorial, nos estamos haciendo cargo del día a día y de intentar dar una solución, dentro de nuestras posibilidades, a estos niños que tanto esperan.
Señor Presidente, quiero finalizar mis palabras con lo siguiente.
El domingo recién pasado fui a conocer el centro Galvarino , donde murió Lissette . Sobre la base de las informaciones de prensa y de lo que han dicho algunos parlamentarios, pensé encontrar un orfelinato de esos que narraba Charles Dickens en las novelas de 1800; pero no encontré eso, sino un centro ordenado, limpio, pequeño. No vi los hacinamientos que algunos le atribuyen a dicho centro, y, perdónenme, tenía hartas más comodidades que las que yo tuve en el internado del Liceo de Hombres de Talca.
¿Había algún médico, un psiquiatra?
Sí, señor diputado. Estaba el Colegio Médico de Chile prestando atención en salud.
Luego me trasladé a un lugar que tampoco conocía: la Casa Nacional del Niño, ubicada frente al Estadio Nacional, y encontré que era un centro muy interesante y muy bien dotado.
Con lo anterior no estoy diciendo que todo esté bien, sino que hay percepciones y percepciones.
Sí hubo algo que me llamó la atención: en ambos centros existen más funcionarios que niños residentes, lo cual es un tema para conversar.
Por tanto, señor Presidente y honorable Cámara de Diputados, espero que durante el transcurso de 2017 podamos seguir avanzando en esta materia y concluir el año con una nueva política y una nueva institucionalidad en materia de menores de edad, que dé una respuesta idónea y satisfactoria a estos niños que tanto la necesitan.
El señor Prosecretario dará lectura al primero de ellos.
Proyecto de resolución N° 782, de los diputados Claudia Nogueira Marcela Sabat Osvaldo Urrutia David Sandoval Juan Antonio Coloma Claudio Arriagada René Saffirio Nicolás Monckeberg Felipe Kast y Karla Rubilar que en su parte dispositiva señala:
1. Que en el presupuesto exista equidad en la inversión que se hace en los niños vulnerados, sin discriminaciones arbitrarias por la propiedad del centro residencial que los resguarda, poniendo el foco en la vulnerabilidad para estar de acuerdo a los estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño.
2. Que se pague a la brevedad posible los 8.701.201.000 pesos que se deben a los organismos colaboradores de acreditación de manera de no afectar al 98,5 por ciento de los niños vulnerados en la garantía de sus derechos y que se tomen las medidas pertinentes para que no vuelva a existir el respectivo retraso con el pago, en virtud de la utilización del artículo 80 bis de la ley de tribunales de familia.
3. Que se aumente la oferta de programas por parte del Sename con la cobertura adecuada, necesaria y especializada para hacer frente a la restitución de los derechos de los niños vulnerados.
4. Que se reformule la facultad del artículo 80 bis de la ley de tribunales de familia, de manera que sea utilizada correctamente y produzca los efectos acordes con las necesidades de atención de los niños vulnerados.
5. Que se aumente la subvención para los organismos colaboradores de acreditación, de manera de resguardar de mejor forma a los niños vulnerados, modificando la ley N° 20.032, que establece un sistema de atención a la niñez y adolescencia, a través de la red de colaboradores del Sename y su régimen de subvención.
6. Que se ingrese a la brevedad un proyecto de ley que suprima el Sename y cree dos servicios especializados, uno de protección y otro de reinserción social.
Señor Presidente, me parece insólito que dejemos pasar lo que acaba de decir el ministro. Es una cuestión que escapa a toda norma. Es de una desfachatez y de una desvergüenza tremenda.
Diputado Boric , lo llamo al orden.
El señor BORIC .-
Señor Presidente, si esto tiene que ser un debate,…
…que venga el ministro de Estado a decirnos de que el centro donde murió Lissette es mejor que el internado donde él estudió… ¡Que se vaya a la cresta!
Señor Presidente, no puede ser que nos quedemos impávidos frente a una declaración de esas características. Y después nos pregunta…
Corresponde votar el proyecto de resolución N° 782.
Señor Presidente, pido la palabra para plantear un tema de Reglamento.
Señor Presidente, es un tema reglamentario.
Solo quiero diez segundos para pedir que la Secretaría retire mi nombre de la lista de suscriptores de este proyecto de resolución.
-Aplausos en la Sala.
En votación, el proyecto de resolución N° 782.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 31 abstenciones.
Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Farcas Guendelman, Daniel ; Flores García, Iván ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Jackson Drago, Giorgio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa , Patricio ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia, Paulina ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe.
-Votó por la negativa el diputado señor Jaramillo Becker , Enrique.
Aguiló Melo, Sergio ; Álvarez Vera, Jenny ; Auth Stewart, Pepe ; Cariola Oliva, Karol ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Cicardini Milla, Daniella ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Melo Contreras, Daniel ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian.
El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución N° 783.
Proyecto de resolución N° 783, suscrito por los diputados Claudio Arriagada Claudia Nogueira René Saffirio Marcela Hernando Gabriel Boric Cristina Girardi Juan Morano Ramón Farías Alejandra Sepúlveda y Karla Rubilar que en su parte dispositiva señala:
La Cámara de Diputados acuerda oficiar a su excelencia la Presidenta de la República para que tenga a bien instruir al Ministerio de Justicia la implementación, en cada dirección regional, de una fiscalía interna en el Servicio Nacional de Menores, encargada de realizar las investigaciones, garantizar la toma de medidas precautorias necesarias, el debido proceso y aplicar las sanciones que correspondan.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 2 abstenciones.
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Cariola Oliva, Karol ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan , Joaquín ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe.
Schilling Rodríguez, Marcelo ; Urízar Muñoz, Christian.
El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución N° 784.
Proyecto de resolución N° 784, suscrito por los diputados Marcela Sabat Paulina Núñez Nicolás Monckeberg Bernardo Berger Alejandro Santana Jorge Rathgeb Felipe Kast Germán Becker y Claudia Nogueira que en su parte dispositiva señala:
La Cámara de Diputados resuelve solicitar a su excelencia la Presidenta de la República lo siguiente:
1. La designación de un interventor o delegado, de manera de enfrentar la situación de crisis que actualmente afecta al Servicio Nacional de Menores, con el objeto de asesorar a las autoridades del Ministerio de Justicia y a los actuales directivos del Servicio Nacional de Menores, en la aplicación de medidas correctivas urgentes que se requieren para mejorar la gestión de dicho organismo.
2. Disponer la creación de planes de atención mental para los menores que se encuentran en programas del Servicio Nacional de Menores, de manera que estos reciban atención psiquiátrica periódica por parte de un médico especialista.
3. Solucionar a la brevedad los problemas de financiamiento que afectan al sistema de medidas de protección que decretan los tribunales de familia en favor de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, de manera de no afectar la oferta programática existente y/o empeorar sus condiciones de atención.
4. Ingresar a trámite legislativo a la brevedad o disponer la urgencia del mensaje ingresado por el ex-Presidente don Sebastián Piñera , al proyecto de ley que reformula el actual Servicio Nacional de Menores en dos servicios, de manera de satisfacer un compromiso presidencial que aún no se materializa.
5. Disponer medidas para dar cumplimiento a las obligaciones que impone la Convención Internacional de los Derechos del Niño y las observaciones formuladas por el Comité del Derecho del Niño, particularmente en lo relativo a la satisfacción en los derechos económicos, sociales y culturales, según el criterio de progresividad del artículo 4 de dicho tratado internacional.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 42 abstenciones.
Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Edwards Silva, Rojo ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa , Patricio ; Mirosevic Verdugo , Vlado ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Silva Méndez, Ernesto ; Trisotti Martínez, Renzo ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe.
Saffirio Espinoza, René ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra.
Aguiló Melo, Sergio ; Álvarez Vera, Jenny ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Cicardini Milla, Daniella ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Poblete Zapata, Roberto ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallespín López , Patricio.
-Se levantó la sesión a las 18.37 horas.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS VALLEJO, CARIOLA Y MOLINA, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES CARMONA, MIROSEVIC, MONSALVE; NÚÑEZ, DON DANIEL; RINCÓN, TORRES Y WALKER, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO PARA REGULAR EL EJERCICIO DEL DERECHO A SALA CUNA”. (BOLETÍN N° 11027-13)
El Código del Trabajo en el Libro II regula "la protección a los trabajadores", dentro del cual, su Título II establece normas que regulan "la protección de la maternidad, la paternidad y la vida familiar" de las trabajadoras y trabajadores. Adicionalmente, conforme al artículo 194, esta materia es extensible a los servicios de la administración pública, los servicios semifiscales, de administración autónoma, de las municipalidades y todos los servicios y establecimientos, sean públicos o privados.
Sin embargo, a pesar de la regla general antes señalada, el derecho a sala cuna solamente pueden exigirlo las mujeres que presten servicios en empresas de 20 o más trabajadoras, con el objeto que tengan un lugar donde puedan alimentar a sus hijos menores de 2 años. En estos casos, el empleador puede optar entre:
1° mantener salas anexas;
2° construir otras junto a más empleadores
3° pagar los gastos directamente a la sala cuna.
Los costos del mantenimiento de las salas cunas, así como de los pasajes por el transporte que requiera la trabajadora para la ida y regreso del establecimiento, son de cargo exclusivo del empleador.
Al respecto, la jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo ha sostenido que las modalidades para asegurar el derecho de sala cuna presentan un carácter taxativo, por lo que sólo mediante ellas el empleador puede dar cumplimiento. Esta taxatividad, asimismo, se ha interpretado respecto a la imposibilidad que el mismo derecho se pueda ejercer por los padres de las niñas o niños, con la excepción del "trabajador o trabajadora a quienes, por sentencia judicial, se le haya conferido el cuidado personal del menor de dos años".
Esta misma taxatividad de la norma legal, que ha sido reforzada por la doctrina jurisprudencia! de la Dirección del Trabajo, impide que el derecho a sala cuna sea universal, lo que implica una discriminación a los padres, especialmente, aquellos comprometidos con la corresponsabilidad parental. Adicionalmente, el porcentaje de empresas que están obligadas al cumplimiento de la ley son aproximadamente cercanas al 10% [1], ya que la cifra de 20 o más trabajadoras empleadas es una cifra considerablemente alta, que ha operado en la práctica como un obstáculo para garantizar adecuadamente el derecho de protección a la maternidad o paternidad.
"La vida cambia continuamente ante nuestros ojos; antiguos hábitos y costumbres desaparecen poco a poco. Toda la existencia de la familia proletaria se modifica y organiza en forma tan nueva, tan fuera de lo corriente, tan extraña, como nunca pudimos imaginar."
Las relaciones familiares que existen actualmente en Chile no se corresponden a la concepción que de ellas tiene la legislación vigente. Por el contrario, la concepción de familia que el legislador chileno ha reproducido, a pesar de valiosos y considerables avances en la materia, sigue correspondiendo en gran medida a costumbres cada vez menos representativas de la realidad. En efecto, detrás de la concepción de la "familia tradicional" se supone que la mujer es quien se dedica especialmente a la crianza de las hijas e hijos, priorizando dicha labor a su desarrollo laboral o personal; se supone también que el hombre es quien trabaja y garantiza el sustento económico a la familia.
Esta concepción tradicional, sin embargo, está completamente sobrepasada a las actuales formas de relaciones familiares, en que los hombres han comenzado a ocupar un rol cada vez más activo en la crianza de sus hijas e hijos. Considerar, en cambio, tal como lo plantea el artículo 203 del Código del Trabajo (que el derecho a sala cuna corresponde ejercerlo a las mujeres) es replicar una concepción de familia tradicional, donde las funciones del hogar se distribuyen de acuerdo a roles de género que naturalizan la explotación de las mujeres a través del trabajo doméstico, como ha sostenido Silvia Federici. En otros términos, precisamente este tipo de normas son las que Pierre Bourdieu conceptualizó como violencia simbólica, en las que el sujeto dominador despliega una forma de violencia indirecta en contra del o los sujetos dominados, quienes a su vez no denuncian esta violencia o incluso no son conscientes de la violencia que sufren.
En este sentido, es importante señalar que el problema no sólo está en el lenguaje, sino en la concepción de la familia que subyace, para el objeto de este proyecto de ley, en el ejercicio del derecho a sala cuna, que se contradice, por ejemplo, con el principio de corresponsabilidad parental que se ocupa de encontrar un reparto equitativo de los derechos y deberes que los progenitores deben ejercer frente a sus hijos.
El principio de corresponsabilidad parental ya está reconocido por la Convención Internacional de los Derechos del Niño y ha sido incorporado en nuestra legislación gracias a la Ley N° 20.680. El nuevo artículo 224 del Código Civil, por ejemplo, señala: "Toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de sus hijos. Éste se basará en el principio de corresponsabilidad, en virtud del cual ambos padres, vivan juntos o separados, participarán en forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación de sus hijos.".
Esta modificación legal reconoce que a la madre y al padre les corresponde un derecho y un deber de crianza por su calidad de tales, y no por tener a su cargo el cuidado personal del hijo o hija, ya que se trata de un derecho y una responsabilidad de ambos. Pues bien, como se ha señalado por la doctrina nacional en Derecho de Familia: "El principio significa que ambos padres se responsabilizan y participan, es decir, concurren ambos, asumen en común ciertas funciones en relación con los hijos, las de mayor impacto en su formación integral: su crianza y educación. Las expresiones distribución o reparto que emplean algunas definiciones, por muy equitativo que sea, choca frontalmente con lo que se quiere comunicar, pues en realidad si los padres se reparten las funciones y uno se ocupa de la crianza habitual y otro de los esparcimientos, uno de los gastos y otro de la gestión, uno del cuidado diario y otro del cuidado ocasional, realmente no hay corresponsabilidad en los términos de la Ley." [2]
A mayor abundamiento, la Convención Internacional de los Derechos del Niño señala explícitamente que el principio de corresponsabilidad parental consiste en que "ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño", declaración que es coherente al artículo 16 letra d) de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres, establece que se deben reconocer "los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas a sus hijos".
1° Hacer extensivo el derecho a sala cuna a los padres de las hijas e hijos, de conformidad al principio de corresponsabilidad parental, eliminando el requisito de una sentencia judicial que les otorgue el cuidado personal de sus hijas y/o hijos, pudiendo ser exigible indistintamente por padres o madres, sea cual sea su estado civil.
2° Modificar el requisito del número de trabajadoras para habilitar la exigencia de este derecho, para universalizar el ejercicio del mismo y, especialmente, modificar el criterio, pasando del número de trabajadoras a la necesidad misma de la sala cuna.
Por tanto, en virtud de los fundamentos expuestos, la diputada abajo firmante, presenta el siguiente:
Artículo 1°: Reemplázase el artículo 203 del Código del Trabajo por el siguiente:
Las trabajadoras y trabajadores podrán hacer exigible a su empleador el derecho a sala cuna, para dejarlos mientras estén en el trabajo, el cual podrá cumplirse mediante la creación y mantención de una sala cuna anexa e independiente de los lugares de trabajo; construyendo o habilitando y manteniendo servicios comunes de sala cuna con otros establecimientos de la misma área geográfica; o bien, pagando directamente los gastos de sala cuna al establecimiento al que la trabajadora o trabajador lleve a sus hijos menores de dos años.
Las empresas donde concurran diez o más de sus trabajadoras o trabajadores, que hagan exigible el derecho a sala cuna, deberán tener salas anexas e independientes del local de trabajo. Igual obligación corresponderá a los centros o complejos comerciales e industriales y de servicios administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica, cuyos establecimientos ocupen, entre todos, diez o más trabajadoras o trabajadores. El mayor gasto que signifique la sala cuna se entenderá común y deberán concurrir a él todos los establecimientos en la misma proporción de los demás gastos de ese carácter.
En los períodos de vacaciones determinados por el Ministerio de Educación, los establecimientos educacionales podrán ser facilitados para ejercer las funciones de salas cunas. Para estos efectos, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podrá celebrar convenios con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, las municipalidades u otras entidades públicas o privadas.
Para el caso que el empleador opte por pagar el costo de una sala cuna ajena al establecimiento de trabajo, sólo podrá hacerlo entre aquellas que cuenten con la autorización de funcionamiento o reconocimiento oficial del Ministerio de Educación. El empleador pagará el valor de los pasajes por el transporte que deba emplearse para la ida y regreso del menor al respectivo establecimiento”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES GARCÍA, BECKER, BERGER; PÉREZ, DON LEOPOLDO; SANTANA Y VERDUGO, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA NÚÑEZ, DOÑA PAULINA, QUE “MODIFICA LA LEY N° 18.290, DE TRÁNSITO, PARA PERFECCIONAR LA REGULACIÓN DEL DESCANSO DE LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE CARGA”. (BOLETÍN N° 11036-15)
El transporte de carga por carretera es probablemente uno de los rubros más importantes de nuestro país, ya que supone la actividad de miles de conductores como por la incidencia que tiene para el desarrollo del resto de los rubros económicos del país. Esta importancia no se refleja en cuando observamos la regulación en materia de seguridad que tienen los conductores – incluyendo a los dependientes como a los independientes – planteando un desafío como país.
En la legislación laboral existente no se ha logrado ajustar a la realidad actual para efectivamente garantizar una seguridad vial. La Asociación Chilena de la Industria del Transporte de Carga por Carretera (Chile Transporte) junto a la Asociación Gremial Chilena de Empresarios del Transporte Internacional de Carga por Carretera (AGETICH) y la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC) plantearon el 19 de julio del presente año en la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados que efectivamente se necesitan cambios a la legislación para garantizar un efectivo descanso al 7º día; áreas de descanso y control de la jornada de conducción y descanso.
En esa misma sesión expusieron cifras que demuestran la necesidad de regular de mejor forma la jornada de conducción y de descanso.
Este es un tema que no es nuevo y se viene trabajando entre autoridades y los distintos gremios y sindicatos en más de una ocasión. Así, el 30 de noviembre del 2015 se firmó un protocolo de acuerdo resultante de la mesa de diálogo entre el Gobierno y las asociaciones gremiales y organizaciones sindicales del transporte de carga para alcanzar buenas prácticas laborales.
Esta mesa de diálogo se desarrolló desde el año 2010, emitiendo en el 2012 un documento con un diagnóstico de la actividad y generando un Plan de Gestión en los siguientes puntos:
-Tiempos de espera.
-Capacitación y profesionalización.
-Buenas prácticas en las relaciones laborales.
Durante el año 2014, se elaboró un documento “respecto a la implementación de las zonas de descanso en cuanto a su infraestructura. Se señaló las condiciones que debe tener obligatoriamente una zona de descanso, y, algunas zonas donde se requerían con suma urgencia dichos lugares, siendo la zona norte la más afectada por esta falencia grave” [1].
Las jornadas de trabajo y el descanso de los conductores actualmente se encuentran reguladas en el artículo 25 bis del Código del Trabajo: El trabajador tiene derecho a un descanso mínimo ininterrumpido de ocho horas dentro de cada veinticuatro horas. La norma legal establece que el trabajador en ningún caso puede manejar más de cinco horas continuas, después de las cuales debe tener un descanso cuya duración mínima debe ser de dos horas. En todo caso, esta obligación debe ser cumplida en el lugar habilitado más próximo en que el vehículo pueda ser detenido, sin obstaculizar la vía pública. Finalmente, la norma legal establece que el camión debe contar con una litera adecuada para el descanso, siempre que éste se realice total o parcialmente a bordo del vehículo.
Esta legislación busca asegurar que los conductores tengan un tiempo de descanso obligatorio, ya que se debe priorizar la seguridad vial que incumbe tanto al conductor como a los otros automóviles que circulan por las carreteras. Pero de la forma en que está regulado el descanso en el Código del Trabajo quedaría fuera de la norma cualquier conductor que no sea dependiente, por ejemplo, los conductores que a su vez son propietarios del camión. Esto es lo que pretendemos enmendar al hacer el descanso como obligatorio para el conductor, cualquiera sea su situación (trabajador, propietario o familia no asalariada). Creemos que los resguardos que se encuentran en el artículo 25 bis del Código del Trabajo - que aportan a la seguridad vial - se deben aplicar a todos los conductores, independientemente de si están regidos por una relación laboral o no.
Por otra parte, la OIT a través del Convenio 153 sugiere a los países miembros el control de jornada de conducción y descanso para conductores contratados, autónomos y otros. Lo anterior queda claro en sus artículos 5º y 11º:
1. No deberá autorizarse a ningún conductor a conducir ininterrumpidamente durante más de cuatro horas como máximo sin hacer una pausa.
2. La autoridad o el organismo competente de cada país, habida cuenta de las condiciones particulares nacionales, podrá autorizar que se sobrepase en una hora como máximo el período mencionado en el párrafo 1 de este artículo.
3. La duración de la pausa a que se refiere el presente artículo y, si ha lugar, su fraccionamiento deberán determinarse por la autoridad o el organismo competente de cada país.
4. La autoridad o el organismo competente de cada país podrá precisar los casos en que las disposiciones del presente artículo serán inaplicables por disfrutar los conductores de pausas suficientes en la conducción a consecuencia de interrupciones previstas por el horario o a causa del carácter intermitente de su trabajo.
1. La autoridad o el organismo competente de cada país deberá prever:
a) un sistema adecuado de inspección, que comprenda controles en las empresas y en las carreteras;
b) sanciones apropiadas en caso de infracción.” [2].
Finalmente, hacemos presente que estas normas que persiguen la seguridad, tanto de los conductores como de las demás personas que transitan por nuestras carreteras, quedan en letra muerta si el Estado no invierte en las zonas de descanso necesarias y no cumple su rol fiscalizador del cumplimiento de las normativas existentes.
Por lo fundamentado, venimos a proponer lo siguiente:
Artículo único.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones a la Ley del Tránsito:
-Agrégase en el inciso primero del artículo 4° después del punto seguido (.) y antes de “Asimismo” un párrafo del siguiente tenor:
“De la misma forma, fiscalizarán que el conductor de vehículos destinados al transporte de carga deberá tener un descanso mínimo ininterrumpido de ocho horas dentro de cada veinticuatro horas. En ningún caso el conductor podrá manejar más de cinco horas continuas después de las cuales deberá tener un descanso cuya duración mínima será de dos horas.”.
-Agrégase en el inciso primero del artículo 4° después del punto final (.), que pasa a ser seguido, un párrafo del siguiente tenor:
“En el caso de los conductores no regidos por el Código del Trabajo, toda contravención a esta norma será sancionada con multa de 1 a 1,5 unidades tributarias mensuales A los reincidentes se les impondrá el doble de la multa establecida, la que se elevará al triple en caso de incurrirse nuevamente en dicha conducta.”

References: artículo 4
 artículo 76
 artículo 80
 artículo 80
 artículo 80
 artículo 80
 artículo 80
 resolución 
 artículo 4
 artículo 80
 resolución 
 artículo 80
 artículo 80
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 4
 artículo 194
 artículo 203
 artículo 224
 artículo 16

Artículo 1
 artículo 203
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 4
 artículo 4