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Timestamp: 2019-10-20 12:12:34+00:00

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FORTALECIMIENTO DE FACULTADES DE DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES EN MATERIA DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Sesión 64ª, en miércoles 24 de octubre de 2018
(De 22:54 del 24 de octubre a 00:21 del 25 de octubre)
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver, y de Educación, señora Marcela Cubillos Sigall.
Asimismo, se encontraban presentes diversos asesores del Ejecutivo y de los señores y señoras Senadores.
Actuó de Secretario General subrogante el señor José Luis Alliende Leiva, y de Prosecretario subrogante, el señor Julio Cámara Oyarzo.
--Se abrió la sesión a las 22:54, en presencia de 33 señores Senadores.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- En este momento han llegado a la Mesa los siguientes documentos:
Informe de la Comisión de Educación y Cultura y Certificado de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley que fortalece las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en los casos de violencia que indica (boletín N° 12.107-04), con urgencia calificada de "discusión inmediata".
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- En sesión que se acaba de celebrar, los Comités adoptaron los siguientes acuerdos sobre el procedimiento al que se someterá el debate y el despacho de la iniciativa antes mencionada:
-En cuanto al uso de la palabra, se concederán 5 minutos a cada uno de los miembros de las dos Comisiones informantes: de Educación y Cultura y de Hacienda.
-Por su parte, los Comités País Progresista e Independientes y Evópoli también tendrán derecho a intervenir por 5 minutos.
-Asimismo, hará uso de la palabra, cuando le corresponda, la señora Ministra, si lo desea.
-Terminado el debate, el proyecto de ley se votará en un solo acto.
Se hace presente que se requiere alcanzar 23 votos, ya que existe una norma que tiene rango orgánico constitucional.
-Durante la discusión y la votación en general, los señores Senadores podrán dejar constancia de los reparos u observaciones que les merezcan algunas de las disposiciones.
-Por último, se facultó a los asesores tanto del Gobierno como de los Comités para que puedan ingresar a la Sala.
El señor MONTES (Presidente).- Y se autorizó que las dos Comisiones puedan entregar tiempo a un representante por Partido, para que puedan sumar sus minutos.
Boletín N° 12107-04
El señor MONTES (Presidente).- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que fortalece las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en los casos de violencia que indica.
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.107-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite: sesión 53ª, en 25 de septiembre de 2018 (se da cuenta).
Educación y Cultura: sesión 64ª, en 24 de octubre de 2018.
Hacienda (certificado): sesión 64ª, en 24 de octubre de 2018.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Cabe señalar que el proyecto cuenta con informe de la Comisión de Educación y Cultura y certificado de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
El señor PIZARRO.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, nosotros entendimos que, luego de rendido el informe de ambas Comisiones, se abriría la votación.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo para abrir la votación luego del informe de las dos Comisiones?
Le ofrezco la palabra a la Honorable señora Provoste.
La señora PROVOSTE.- Por favor, después del Senador Letelier.
Le ofrezco la palabra al Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, en el día de hoy la Comisión de Hacienda recibió el informe de la Comisión de Educación para conocer el proyecto, iniciado en mensaje del Presidente de la República, que fortalece las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de convivencia escolar.
Los miembros de la Comisión, como le consta a la Sala, trabajamos en forma discontinúa durante varios momentos.
En esencia, primero, en el texto se introduce una modificación a la ley de subvención escolar; segundo, se realiza una enmienda a la LEGE; tercero, se incorporan artículos transitorios, y, cuarto, también nos pronunciamos sobre un artículo segundo transitorio que venía de la Comisión de Educación, respecto al financiamiento de otro asunto.
En la iniciativa que conoció la Comisión se presentaron tres indicaciones, que fueron aprobadas con modificaciones.
Ahora paso a relatar lo que se acordó.
Permítanme recordar, dado que la Comisión de Educación no es la que partió con el análisis del informe, que este es un proyecto que tiene como finalidad enfrentar una situación de la convivencia en los planteles educacionales de nuestro país. Y, en particular, lo que se ha propuesto es establecer procedimientos sancionatorios, tanto de expulsión como de suspensión, frente a actos graves que afecten la convivencia escolar. Y eso es lo que se abordó en las indicaciones, a partir de lo que existe en el artículo 1, párrafo segundo, y específicamente en el artículo 6° de la normativa que regula la subvención escolar.
La parte que abordamos respecto al artículo 6° dice relación con que los establecimientos, según lo dispuesto en la letra d), deben contar con reglamentos internos de ciertas características.
En esencia, en la ley vigente se dice que "Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento y, además, afecten gravemente la convivencia escolar.".
Eso se modificó, porque aquí había dos condiciones copulativas, en cuanto a que las medidas de expulsión y cancelación tenían que aplicarse en ambos casos: cuando estaba en el reglamento interno y cuando alteraban la convivencia. En consecuencia, se puso de tal forma que no fuera copulativo.
Lo segundo que se hizo fue incorporar una definición sobre qué se entenderá por la frase relativa a que "afecten gravemente la convivencia".
En tal sentido, se agregó el siguiente párrafo.
"Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar, los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.".
Lo que se ha hecho es describir, no en forma taxativa, qué se entiende por actos que alteran gravemente la convivencia escolar.
Hay otros actos que pueden afectar la convivencia escolar, pero no son considerados graves.
Eso es muy importante explicitarlo para no confundir respecto a cuándo puede operar este mecanismo de sanción.
Señor Presidente, en otro momento se había pensado que esto pudiese formar parte de un artículo transitorio en que se dijera que los reglamentos deben incluir estas materias, pero se decidió ponerlo en el texto permanente de la ley.
¿Qué se debatió hoy? Se debatió acerca de dejar explícito qué entendemos por algo que afecte gravemente la convivencia escolar.
En las otras materias se incluyó -está, si no me equivoco, en el numeral 3- lo que tiene que ver con los directores.
Así, se expresa que "El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar".
Lo que hemos hecho es disponer que cuando se produzca algo que afecte gravemente la convivencia escolar, de acuerdo a los parámetros que fijamos, le corresponderá al director iniciar un procedimiento sancionatorio.
Puede ocurrir que en los reglamentos internos existan otras causales para este tipo de procedimientos. Simplemente, explicitamos que, cuando aquellas afecten gravemente la convivencia escolar, también deberá iniciarse el procedimiento respectivo.
Asociado a lo anterior, pero fundamentalmente vinculado a lo que es el debido proceso, se agrega:
"El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, y que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.".
Primero, esta es una facultad que tienen los directores, pero ahora se comienza un proceso que tiene plazos. Por eso hablamos de que la suspensión que se pueda determinar de inmediato no significa una sanción, sino una medida cautelar, a partir de la cual se sigue un procedimiento conforme al debido proceso.
No me voy a detener en otras normas de la Comisión de Educación en esta materia, porque es algo que la Senadora informante podrá relatar.
Lo otro que discutimos en la Comisión de Hacienda, señor Presidente, es que este procedimiento, estas definiciones de alteración grave a la convivencia, como parámetros básicos que deben tener los directores, se tienen que aplicar no solamente a los colegios que reciben subvención escolar pública.
Lo anterior también requiere -y se aborda en el artículo 2- una modificación al DFL Nº 2, de 2010, a fin de que se entienda que para la educación básica y media se aplicarán estos mismos criterios.
Ello apunta a que efectivamente nos hagamos cargo de este fenómeno en toda la convivencia escolar.
Además, se plantea un artículo primero transitorio, en que se hace una modificación solo formal respecto a que hay un plazo para actualizar los reglamentos internos.
Por último, hay un artículo segundo transitorio, del que tuvimos conocimiento, según el cual le corresponderá al Ejecutivo reiterar lo que voy a decir a continuación, que para nosotros es de la esencia de esta iniciativa, porque los temas de convivencia y su alteración es algo que nos preocupa a todos.
En mi opinión personal, hoy logramos abordar en el proyecto en discusión cómo generar las condiciones para construir un acuerdo después de muchos desencuentros.
Y debo decir que nos preocupan no solamente los actos que alteran gravemente la convivencia escolar, sino también la necesidad de tener políticas públicas para ayudar a los planteles educacionales que están en situación crítica y que efectivamente existan intervenciones psicosociales y comunitarias frente a situaciones graves.
De ahí que, si bien tuvimos que declarar como inadmisibles algunas normas que había aprobado la Comisión de Educación -ella tendrá que plantear lo suyo-, porque significaban afectar la administración financiera del Estado, le expresamos al Gobierno la importancia de que exista un compromiso explícito de destinar una cantidad de fondos relevantes para no quedarnos solo en los temas sancionatorios, sino, sobre todo, en cómo abordar los de convivencia y lograr una efectiva intervención psicosocial para ayudar a las comunidades que se encuentran en situación de crisis.
Señor Presidente, es cuanto puedo informar sobre el trabajo de la Comisión de Hacienda, que emitió su informe en esa dirección.
El señor MONTES (Presidente).- Muchas gracias, Senador señor Letelier, Presidente de la Comisión de Hacienda. Pienso que se hizo un muy buen trabajo.
Le ofrezco la palabra a la Senadora señora Provoste, Presidenta de la Comisión de Educación.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, me corresponde exponer el informe de la Comisión de Educación y Cultura, recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que busca fortalecer -así lo señalaba inicialmente- las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en los casos de violencia que indica.
Es necesario hacer presente que, por acuerdo de la Sala de fecha 25 de septiembre del año 2018, esta iniciativa fue conocida en primer término por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, con el objeto de recabar su opinión desde la perspectiva constitucional en cuanto a su compatibilidad con la garantía del debido proceso.
Dicha Comisión, por mayoría de votos, consideró que esta iniciativa, de acuerdo al tenor del mensaje, infringe la garantía constitucional al debido proceso.
Se pronunciaron en ese sentido los Senadores señores De Urresti, Harboe y Huenchumilla. En cambio, los Senadores señora Ebensperger y señor Galilea manifestaron que esta iniciativa de ley no vulnera la normativa constitucional.
Dejamos constancia de que, como consecuencia de la aprobación de la indicación sustitutiva señalada más adelante, la Comisión de Educación, por tres votos a favor, de los Senadores señora Provoste y señores Latorre y Quintana, y dos en contra, de los Senadores señora Von Baer y señor García, acordó remplazar el nombre de la iniciativa por el siguiente: "Proyecto de ley que fortalece las facultades de los directores de los establecimientos educacionales en materias de convivencia escolar".
Cabe señalar, señor Presidente, que la Comisión de Educación, como sistema de trabajo y previo a la votación de la propuesta legislativa, acordó recibir en audiencia a diferentes personas.
A mayor abundamiento, quiero leer la nómina de quienes concurrieron a la Comisión de Educación para exponer con relación a la iniciativa en debate: don Gonzalo Muñoz, Director del Magíster en Liderazgo y Gestión Educativa de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales y ex Jefe de la División de Educación General del MINEDUC; don Ibán de Rementería, académico experto en drogas, participación comunitaria y seguridad ciudadana; señora Patricia Muñoz García, Defensora de la Niñez; doctora María Teresa Rojas, académica de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado; Fundación Nodo XXI; don Gonzalo Durán, Alcalde de Independencia; don Daniel Jadue, Alcalde de Recoleta; doctora Alejandra Arratia, Directora de Educación 2020; don Paolo Mefalopulos, representante de UNICEF en Chile; don Mario Aguilar, Presidente Nacional del Colegio de Profesores; la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES); señora Consuelo Contreras, Directora de Instituto Nacional de Derechos Humanos; don Felipe Alessandri, Alcalde de Santiago; don Humberto Garrido, Director del Liceo de Aplicación; señora María Teresa Cortés, Inspectora General del Instituto Nacional; señora Daniela Torres, asistente de educación de Liceo Manuel Barros Borgoño; señora María Isabel Toledo, antropóloga, doctora en Ciencias de la Educación y Directora Ejecutiva del Programa Valora de la Pontificia Universidad Católica de Chile; señora Isidora Mena, psicóloga y doctora en Ciencias de la Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales; don José Saúl Bravo, doctor en Ciencias de la Educación, Secretario del Observatorio sobre Violencia y Convivencia en la Escuela Chilena; doña Macarena Morales, doctora en Psicología, investigadora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; señora Carmen Paz Tapia, académica e investigadora de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Temuco, Programa Convive; don Carlos Cuadrado, Alcalde de Huechuraba; don Jaime Retamal, investigador y doctor en Ciencias de la Educación de la USACH; don Luis Cordero, profesor de Derecho Administrativo; doctora Verónica López, encargada del Programa de Convivencia Escolar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; señora Fanny Pollarolo, profesora, miembro del Instituto Igualdad, médico psiquiatra, y CORPADE.
Todas esas personas fueron invitadas a participar en la Comisión.
Cabe hacer presente que la mayoría de los integrantes de la Comisión, Senadores señora Provoste y señores Latorre y Quintana, contra el voto de los Senadores señora Von Baer y señor García, se manifestó disponible para discutir este proyecto de ley solamente en general en el trámite de primer informe, decisión que cambió cuando el Ejecutivo hizo presente la urgencia de "discusión inmediata".
Cerrado el debate el día de ayer, se puso en votación la idea de legislar. Se expresaron a favor los Senadores señora Von Baer y señor García; votó en contra el Senador señor Latorre, y se abstuvieron los Senadores señora Provoste y señor Quintana.
Por influir las abstenciones en el resultado de la votación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento, se procedió a repetir la votación, ocasión en la cual se mantuvo inalterado el referido resultado, por lo que, según lo consagrado en el inciso segundo de dicho precepto, las abstenciones fueron consideradas favorables a la votación de mayoría, quedando aprobado en general el proyecto de ley, reglamentariamente.
Posterior a ello, presentaron indicaciones tanto el Ejecutivo como los Senadores Quintana, Latorre y Provoste y los jefes de Comités de los partidos de la Oposición.
La indicación sustitutiva del Presidente de la República fue rechazada por mayoría de votos.
En cambio, la indicación sustitutiva de origen parlamentario, de la cual di cuenta al comienzo de mi intervención, cuya consideración previa deja establecido el cambio del nombre de este proyecto, fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión.
Es importante señalar que la iniciativa original del Ejecutivo contemplaba solo un artículo.
El objetivo del texto propuesto por la Comisión es fortalecer las atribuciones de los directores de los establecimientos educacionales en materias de convivencia escolar, facultándolos para suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento.
La estructura del proyecto aprobado por la Comisión está compuesta de dos artículos permanentes y dos disposiciones transitorias.
Es importante señalar a esta Sala que el texto que hoy se discute contiene normas de quorum especial. La Comisión deja constancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, número 11°, de la Constitución Política de la República, que el artículo 2 de la iniciativa es de rango orgánico constitucional, por lo que requiere, para su aprobación, el voto conforme de las cuatro séptimas partes de los Senadores en ejercicio, según lo dispone el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental.
Recordamos que el proyecto se originó en un mensaje, pero su contenido se modificó en virtud de una indicación parlamentaria. Hoy se pone en discusión en esta Sala el texto que la Comisión aprobó ayer, por mayoría de sus integrantes, del cual he dado una rápida lectura.
Los cuerpos legales que se modifican o se relacionan con esta materia son el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1996, sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales; el decreto Nº 400 del Ministerio de Defensa Nacional, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 17.798, sobre Control de Armas, y la ley Nº 20.370, General de Educación, a la que se hace referencia en la norma de quorum especial que señalé.
El señor MONTES (Presidente).- Gracias, señora Senadora.
¡Un tremendo trabajo el de la Comisión de Educación!
Dedicó mucho tiempo al análisis de la iniciativa. Hizo una labor muy seria.
Procederé a abrir la votación, tal como se había acordado.
El señor COLOMA.- ¿Cómo vamos a votar, señor Presidente?
El señor MONTES (Presidente).- Si le parece a la Sala, haremos una sola votación.
Les recuerdo que una de las normas es de quorum especial, por lo que se requerirían 23 votos favorables para aprobar la iniciativa.
La señora ALLENDE.- ¿Qué informe se vota?
El señor LETELIER.- El de la Comisión de Hacienda.
El señor MONTES (Presidente).- Exacto. Se vota el texto propuesto por la Comisión de Hacienda.
El señor MONTES (Presidente).- Ofrezco la palabra al Senador señor Guillier.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, primero, quiero señalar -porque lo estimo estrictamente necesario, no por otro motivo- que es una paradoja haber discutido un proyecto de ley sobre convivencia escolar en un clima político y de convivencia que no fue precisamente un ejemplo para la democracia.
El nivel de descalificaciones que hemos vivido estas dos semanas, particularmente los miembros de la Comisión de Educación, son inaceptables en el juego democrático.
Ello ha ido acompañado de montajes comunicacionales que son una vergüenza del periodismo. ¡Y lo digo como periodista y expresidente del Colegio de Periodistas de Chile!
Ese tipo de prácticas, que operaron de modo sistemático en otros países de América Latina, terminó por destruir las democracias al debilitar instituciones como el Congreso Nacional y el Poder Judicial, entre otros organismos, todo lo cual llevó al surgimiento de regímenes dictatoriales que nos avergüenzan a todos.
Por lo tanto, me veo en la obligación de pedir al Gobierno respeto en los próximos proyectos de ley.
Desde un comienzo le señalamos a la señora Ministra nuestra disposición a aprobar esta iniciativa, pero introduciéndole mejoras e indicaciones.
De hecho, en esta materia hicimos públicas actividades con el Alcalde de Santiago, con apoderados del Instituto Nacional, con representantes de Educación 2020, con el Colegio de Profesores en Santiago y en mi Región, y con estudiantes, profesores y apoderados en Antofagasta.
También pedimos informes al propio Ministerio de Educación para conocer los fundamentos del proyecto específico del Gobierno, pero no los recibimos.
Por lo tanto, me hago la obligación de reclamar respeto para el Senado de la República y sugerir una disposición permanente a conversar.
Al menos, en los cuatro años y medio que llevo acá, nunca nos hemos negado a discutir una iniciativa de ley y siempre nos hemos respetado entre nosotros.
En consecuencia, exijo al Gobierno que deje de lado las malas prácticas que ha mostrado en los últimos días, las que, incluso, comprometen a Su Excelencia el Presidente de la República. Les recuerdo que él tiene que ser el primero en cuidar la convivencia democrática.
Dicho lo anterior, felicito a los cinco miembros de la Comisión de Educación, porque han hecho un trabajo difícil, duro, en un ambiente hasta hostil. Pero al final, como es habitual en este Senado, se ha llegado a un buen acuerdo, que creo que recoge lo que planteaban sectores tanto de Oposición como de Gobierno.
El problema existe y se exigía una legislación al respecto. Pienso que la solución que se ha dado corresponde a la necesidad demandada.
Además, se ha respetado el principio de dar reconocimiento al colegio, al director del establecimiento, y se pone de relieve el rol del consejo de profesores, que es la instancia que siempre debe encargarse de la convivencia escolar, mediante plenas facultades al efecto.
Me parece que este proyecto reafirma tales atribuciones para propiciar que el establecimiento se regule en este ámbito, con métodos pedagógicos y procedimientos serios, reglamentados, conocidos, que respeten las consideraciones de las partes involucradas, pudiendo aplicar sistemas sancionatorios cuando corresponda.
Asimismo, se respetan los plazos pertinentes y se propone una salida adecuada, que despeja las muchas dudas que había sobre esta materia.
Por otra parte, se hace un acto de justicia al señalar que será responsabilidad del Estado efectuar un seguimiento de los estudiantes sancionados por violar las normas legales y de convivencia. Ello debe considerar su reubicación en condiciones razonables en otro colegio.
Finalmente, estimo que es importante que las normas de esta iniciativa se hayan extendido a todos los establecimientos educacionales.
Creo que el texto que ahora se somete a votación reúne las buenas características de un proyecto que, pese a partir, incluso, con visos de inconstitucionalidad, honra a este Senado, por abordar un tema real a través de un articulado que recoge las opiniones de todos los sectores.
El señor MONTES (Presidente).- Ofrezco la palabra al Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en esta noche tenemos buenas noticias para nuestras comunidades educativas.
Por supuesto, eso debe ser motivo de satisfacción y alegría para el Gobierno: para la Ministra de Educación, para el Subsecretario de Educación, para el Ministro Secretario General de la Presidencia y para su Subsecretario, y también para las señoras Senadoras y los señores Senadores.
¡Hemos logrado un acuerdo!
En algún minuto estuvimos lejos de alcanzarlo. Sin embargo, conversando, dialogando, buscando los puntos de encuentro, logramos llegar a un proyecto que se hace cargo de una situación dramática, ¡dramática!
Ese fue el sentimiento que nos transmitieron las personas que han sufrido esa violencia extrema.
Recuerdo el testimonio de la Inspectora General del Instituto Nacional, quien fue rociada con combustible y escuchaba decir a quienes llevaban adelante esos hechos: "¡Quémenla! ¡Quémenla!".
Del mismo modo, oímos el testimonio de una paradocente, quien trabaja en una oficina y creyó que su obligación era salir a defender su comunidad educativa, para evitar que se produjera la toma del establecimiento, para proteger a otros estudiantes que no querían participar en la protesta. ¡También fue rociada con combustible!
Frente a esos hechos, ¡graves, gravísimos!, no puede el Gobierno -cualquier que sea este-, no puede este Senado y no podrá mañana la Cámara de Diputados hacer como que nada está pasando y no dotar a nuestras comunidades educativas de un instrumento eficaz que permita prevenir, sancionar, castigar y, de esa manera, aminorar y, ojalá, erradicar de nuestros colegios y de nuestras aulas esa violencia extrema.
Señor Presidente, estimadas Senadoras, estimados Senadores, el acuerdo al que se ha llegado en las últimas horas respecto del proyecto que presentó inicialmente el Ejecutivo implica una ampliación de las causales. Estas se hallan expresamente señaladas en el articulado permanente de la ley y se han definido como aquellas que afectan gravemente la convivencia escolar".
Producida alguna de estas conductas u otras establecidas en los reglamentos internos de convivencia escolar, se genera un procedimiento sancionatorio, que contempla la suspensión como medida cautelar y una investigación que garantiza el derecho a la defensa de las personas afectadas.
Se consolida así un instrumento eficaz, disuasivo y, en caso de ser necesario, punitivo, con garantías a las normas del debido proceso cuando se incurre en faltas graves a la convivencia escolar.
Por otra parte, se extiende la aplicación de las causales de grave afectación a la convivencia escolar y sus disposiciones procesales a todos los establecimientos educacionales regidos por la Ley General de Educación.
El Gobierno ha asumido también el compromiso de incorporar al proyecto de Ley de Presupuestos en trámite recursos adicionales para implementar un programa nacional de prevención de la violencia y también un plan de acompañamiento para establecimientos con graves problemas de convivencia, que incluiría apoyo psicosocial y formativo. Con ello se haría un abordaje mucho más integral a los hechos de violencia extrema que, lamentablemente, el país ha conocido y que ha afectado a muchas de nuestras comunidades educativas.
Señor Presidente, creo que este es el camino que debe seguir nuestro país: el de los grandes acuerdos; ese en el que, más allá de nuestras legítimas diferencias, somos capaces de alcanzar consensos -como ha ocurrido en este caso-, para entregar un instrumento eficaz que permita, ojalá, erradicar la violencia extrema de nuestros establecimientos educacionales.
No puedo terminar mis palabras, señor Presidente, sin rendir un homenaje muy sincero a las profesoras y a los profesores, a las asistentes y a los asistentes de la educación, a las manipuladoras de alimentos y a todos quienes integran una comunidad escolar y han sido víctimas de esta violencia extrema.
Sus testimonios nos han conmovido a todos nosotros, ¡a todos, sin excepción! Y hemos rechazado esa violencia con la mayor energía y con la mayor fuerza.
En nombre de esas víctimas y en virtud del acuerdo al que hemos llegado esta noche, podemos decir que el Senado está enviando una señal clara: ¡No más violencia extrema en nuestros colegios! ¡No más violencia en nuestras salas de clases!
Los Senadores de Renovación Nacional votaremos favorablemente esta iniciativa.
El señor MONTES (Presidente).- Señor Senador, por cierto, su intervención incluye doble tiempo, y no lo ocupó en su totalidad. Por lo tanto, si quiere, después tiene derecho a hablar por tres minutos.
Tiene la palabra el Senador señor Kast, por cinco minutos.
El señor KAST.- Señor Presidente, en primer término, deseo felicitar a la Ministra, a los equipos técnicos, a los miembros de las Comisiones, que han trabajado arduamente.
En verdad, me alegro de que el día haya terminado así, a pesar de las altas horas de la noche. Qué bueno que no hubiese primado lo que muchas veces, por desgracia, ocurre en política, que es simplemente el "gallito" político, las diferencias de colores políticos, y que finalmente hoy día podamos darle una señal a nuestro país de que en el Senado se conversa, se escuchan argumentos, de que, más allá de las legítimas preocupaciones, estas se solucionan, pudiéndose realizar mejoras constructivas a los proyectos.
Partimos este día -y lo sabemos- con debates bien acalorados, con diferencias que no hablaban bien de la política, en que parecía que teníamos un debate de sordos.
Hoy día Chile pedía y pide que seamos claros en un elemento que a veces en la educación lo hemos ido perdiendo, que es el respeto, el poder entender que la educación es un proceso que se debe dar en un ambiente de paz y de respeto.
La señal que estábamos dando se alejaba de eso.
Sé que las causas de este problema son muy profundas y que este proyecto de ley no soluciona todos los problemas. ¡Y jamás lo ha dicho el Ejecutivo, ni el Presidente, ni la Ministra! Pero si, finalmente, les dábamos la espalda a esos profesores, a esos asistentes de la educación, lo único que hacíamos era que nuestro silencio fuera cómplice de que se instalara la violencia y de que esta, paradójicamente, terminara destruyendo la educación pública, la que, sabemos, no pasa por un buen momento.
Por eso, en nombre de la bancada de Evópoli, quiero agradecerles a todos los Senadores que participaron y que ayudaron desde distintos lugares para que la cordura, el entendimiento y la discusión profunda pudieran primar.
También deseo agradecerles a la Ministra y al Ejecutivo, porque siempre mantuvo la esencia de la discusión y del proyecto, para que, a pesar de que un reglamento no tuviese especificado claramente cuál era la causal, ¡nunca, en ningún colegio, toleráramos que la violencia pudiera primar!, ¡nunca, en ningún colegio, toleráramos que un profesor, un directivo quedara indefenso!
Por eso, creo positiva esa señal de respeto, de tener un sistema educacional en todo Chile, sin excepción, en el que cuando alguien tome la vía de la violencia pueda recibir una sanción -obviamente, con un debido proceso- clara, directa, que permita, además, valorar la autoridad que debe tener un establecimiento educacional.
No es posible que hoy día haya profesores con miedo, profesores que entraron a la docencia para tratar de cambiar Chile, para tratar de emparejar la cancha, y lo único que muchas veces reciben es la espalda, la ignorancia de muchos de nosotros frente a su angustia.
Ojalá esta agenda que valora la seguridad fuese transversal, que no veamos siempre a un sector político promoviendo con mucha fuerza la seguridad ciudadana, sino que esta sea también un patrimonio de la Izquierda. Y ojalá con la Izquierda aquí presente la hagamos entre todos un patrimonio transversal.
Y creo que la señal que se da hoy día apunta justamente en esa dirección.
El señor LETELIER.- ¡La violencia la vivimos nosotros! ¡Es una falta de respeto!
El señor KAST.- No es ninguna falta de respeto, Senador Letelier. Por el contrario, es poder decirles e invitarlos a que estas causas las afrontemos en común y que no siempre terminemos divididos, sino que la seguridad ciudadana sea un patrimonio de todos los sectores políticos y no solo de un sector político.
El señor LETELIER.- ¡Suyo no es!
El señor KAST.- Nadie ha dicho que sea de uno.
Por lo mismo, valoro el que hoy día esta Sala pueda efectivamente aprobar en forma unánime este proyecto de ley.
El señor LETELIER.- ¡Es una provocación!
¡No entiende nada!
El señor MONTES (Presidente).- Silencio, por favor, Senador señor Letelier.
El señor KAST.- Aprovecho de pedirle al Senador Letelier que tenga un poquito de respeto. Yo lo escuché cuando estaba hablando. Ojalá que escuche también al resto.
La señora MUÑOZ.- ¡Está provocando!
El señor KAST.- Así que muchas gracias a todos.
Y felicito a la Ministra por este tremendo proyecto, que, sabemos, marca una señal potente de respeto a la educación chilena.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer, por diez minutos.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, creo que hoy podemos estar contentos, porque hemos llegado a un acuerdo que recoge una preocupación planteada -como dijo el Senador García- por profesores, asistentes de la educación y también por padres y apoderados en la Comisión de Educación. Fue una preocupación que, creo, nos tocó el corazón a todos.
Esa preocupación por la violencia que se ha vivido en los colegios de nuestro país ha llevado hoy día a un acuerdo que, en mi opinión, es muy bueno.
¿Qué buscaba el proyecto presentado por el Gobierno? Que en casos de violencia extrema, como el porte o uso de armas en un colegio o de agresión física a un profesor o a un asistente de la educación, se debía iniciar un procedimiento sancionatorio para poder expulsar al estudiante. Y, adicionalmente, perseguía que durante ese proceso para llegar a la expulsión -el procedimiento sancionatorio- fuera posible suspender al alumno, para impedir algo que ocurre ahora: que durante el procedimiento el estudiante puede volver al colegio o al instituto, con lo que se revictimiza a la persona agredida, violentada.
¿Cuál era el problema, señor Presidente? Que la ley actual dispone que las medidas de expulsión y cancelación de matrícula solo se pueden aplicar si las causas por las cuales se inicia el procedimiento pertinente están claramente descritas en el reglamento interno.
Ahí comenzaban las dificultades, porque si alguna de esas causas no estaba claramente descrita en el reglamento interno, se complicaba para el director establecer la medida de expulsión o cancelación de la matrícula. A la vez, como bien señaló el Senador Letelier, se requería un elemento copulativo, pues, además de estar descrita en el reglamento interno, la acción debía afectar gravemente la convivencia escolar.
¿Qué hace el acuerdo a que llegamos hoy?
Primero, establece las causas en la ley y, por lo tanto, no en los reglamentos internos.
Ese es un cambio tremendamente importante.
¿Y cuáles son las causas que afectan gravemente la convivencia escolar y por las cuales se podrá expulsar a un estudiante independientemente de si esas situaciones están descritas en el reglamento interno?
Esas causas son: agresión física a una persona de la comunidad educativa o a terceros; agresiones de carácter sexual; agresiones físicas que produzcan lesiones; uso, porte, posesión y tenencia de armas o de artefactos incendiarios, además de situaciones que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo.
Señor Presidente, estas situaciones son más amplias que las que se consideraron en el proyecto original. Se recogen las contenidas en él, que son el uso, tenencia y posesión de armas y la agresión física, pero se agregan la agresión física contra terceros, la agresión de carácter sexual y los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo.
Son, por lo tanto, más amplias.
Pero lo relevante, además de ser más amplias, radica en que no es obligatorio que estas situaciones estén descritas en el reglamento interno para iniciar un procedimiento sancionatorio, que era uno de los problemas que había recogido el Ejecutivo en su conversación con las comunidades educativas.
Adicionalmente, a través de una indicación, se establece que se podrá suspender al estudiante. Y aquí viene un cambio significativo en el marco del acuerdo alcanzado hoy día: no se va a poder suspender al estudiante sin establecer en cuanto a qué, es decir, será posible suspender al estudiante cuando se inicie un procedimiento sancionatorio que lleve a la expulsión.
Esto fue planteado muchas veces, por ejemplo, por la asistente de la educación Daniela Torres, en el sentido de que la problemática es que durante el proceso de expulsión los estudiantes volvían al instituto y, por lo tanto, había una revictimización. Hoy día, cuando se inicie un procedimiento sancionatorio que lleve a la expulsión, se podrá suspender al alumno y no se entenderá que esa es una doble sanción.
Con esta norma estamos protegiendo a aquellos que fueron agredidos y violentados. Esto es ponerse en el lugar de las víctimas, y me parece que es muy relevante.
Adicionalmente, el proyecto lleva estos dos temas a los colegios particulares pagados que no reciben subvención.
Señor Presidente, creo de verdad que este es un día en que podemos estar orgullosos como Senado, porque en un proyecto que generaba muchas diferencias llegamos a un acuerdo respecto del cual estamos todos tranquilos y con el que nos hacemos cargo de un clamor de las comunidades educativas: que estas situaciones de violencia extrema no podían quedar sin sanción.
En tal sentido, el director tiene -no es una facultad- que iniciar un procedimiento sancionatorio. Esto no es facultativo: debe iniciar ese procedimiento sancionatorio.
¡Y resulta relevante que el director dé comienzo a ese procedimiento sancionatorio!
Porque, de esa manera, se transmite, se instala con claridad en nuestra sociedad que este tipo de situaciones ¡no pueden ocurrir!, que son hechos que ¡no queremos ver dentro de nuestros colegios!
Pero, adicionalmente, hace que los directores, amparados en la ley -es decir, aunque estas situaciones no estén descritas en el reglamento interno-, tengan que iniciar ese procedimiento de sanción.
Eso es muy relevante.
Y también lo es el hecho de que la suspensión no sea también una sanción.
Señor Presidente, este acuerdo se pone hoy del lado de las víctimas.
Hoy todos quienes están votando a favor de este acuerdo nos estamos poniendo del lado de las víctimas. Y les estamos diciendo con claridad a aquellos que han tomado el camino de la violencia que ¡ese no es el camino correcto!
No queremos ver situaciones de violencia extrema en nuestros colegios. Deseamos establecimientos donde toda la comunidad educativa no solo pueda asistir a clases y educarse en paz, sino donde, a la luz del acuerdo alcanzado, también sancionemos situaciones en que se rompe el mobiliario, en que se agrede físicamente a un tercero.
Señor Presidente, creo que hoy podemos estar todos muy orgullosos, porque como Senado le hemos dicho que no a la violencia y como sociedad hemos dado una señal muy clara en el sentido de que la violencia no tiene espacios en nuestros colegios.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, en la Comisión de Educación se dio un rico debate en solo dos semanas. No tuvimos mucho más tiempo, dada las urgencias del Ejecutivo y la presión mediática para abordar este proyecto de ley.
Solo dos semanas para escuchar a un sinnúmero de especialistas, actores del mundo de la educación que fueron a dar su opinión sobre el proyecto de ley, como es normal en cualquier proceso legislativo: escuchar primero a actores involucrados, especialistas que entreguen su parecer acerca de una iniciativa.
La Senadora Provoste, Presidenta de la Comisión, nombró un listado largo.
Yo solo voy a rescatar algunas citas que a mí me hacen mucho sentido en cuanto al enfoque de este proyecto de ley.
"Expulsar es un fracaso de la escuela" (María Teresa Rojas, Directora del Doctorado en Educación de la Universidad Alberto Hurtado).
"No es efectivo sostener que hoy no existen mecanismos para los directores de colegios para proceder a la separación de alumnos involucrados en hechos violentos o para proceder a la expulsión o cancelación de matrícula. Lo que pretende este proyecto es sacar de la vía reglamentaria la facultad del director para ponerlas por la vía legal como un deber, saltándose un aspecto fundamental que es el debido proceso: la concurrencia de un proceso previo, racional y justo" (Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez).
"La evidencia mundial es contundente respecto a que las sanciones punitivas y represivas no han logrado la disminución de violencia por parte de los estudiantes, por el contrario, han sido las sanciones formativas y rehabilitadoras las que han tenido efecto positivo de disminuir los actos de violencia en los estudiantes". Esto lo planteó el representante de la UNICEF en Chile a propósito de las políticas de cero tolerancia implementadas en Estados Unidos a partir de matanzas, porte de armas en establecimientos educacionales y otros actos graves de violencia en Estados Unidos.
"Las políticas de mano dura son irresponsables y perjudiciales para los estudiantes a largo plazo, para sus comunidades, para el sistema escolar, para el sistema de Justicia y para el propio presupuesto estatal por el gasto público futuro" que habrá que generar (Verónica López, Doctora, Directora del Centro de Investigación de la Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso).
"Esta es la punta del iceberg y si creemos que sacando la punta del iceberg, solucionamos el tema de fondo, estamos cometiendo un error fundamental y el barco va a terminar chocando otra vez" (Alejandra Arratia, Directora Ejecutiva Fundación Educación 2020).
Son algunas citas. Hay muchas otras, de CORPADE, de académicos de la Universidad Diego Portales, de una psicóloga de la Universidad Católica especialista en violencia escolar. ¡Hay muchas más citas!
Quiero expresar mi argumento, que planteé ayer. Soy una minoría acá y mi voto es absolutamente irrelevante para efectos del acuerdo político al que se llegó en la Comisión de Hacienda. Entre paréntesis, me parece muy sui géneris estar abordando temas de convivencia escolar en una Comisión de Hacienda.
Pero mi punto es que creo que el problema grave, gravísimo de violencia que hay en siete u ocho establecimientos educacionales de la comuna de Santiago ¡no se va a solucionar con este proyecto de ley!
La evidencia en investigación en educación, en violencia escolar, en convivencia escolar da cuenta de que esto no es la solución. Si nosotros tenemos la fantasía de que con este proyecto de ley se van a resolver esos problemas de violencia, creo que estamos en un profundo error.
En los establecimientos educacionales se van a abrir múltiples debidos procesos y procedimientos sancionatorios, habrá múltiples expulsiones -ya van 700 expulsados durante este año en establecimientos con fondos públicos, tanto subvencionados como del sector municipal- y se van a abrir muchos procedimientos más.
Creemos que esa no es la solución.
Sí puedo estar de acuerdo con una suspensión como medida cautelar, mientras se abre un debido proceso.
Hay cosas que valoro de este proyecto.
También reconozco el hecho de que se regule a los colegios particulares pagados, donde también hay situaciones de violencia.
Tenemos un problema serio de convivencia escolar en nuestro país, en distintos establecimientos, y existen diversos tipos de violencia.
Si creemos que con esta iniciativa vamos a solucionar esos temas, creo que estamos profundamente equivocados.
Lamento que el Gobierno no haya también incorporado un programa de acompañamiento en el "acuerdo" a que se llegó en la Comisión de Hacienda. Entiendo que la Ministra se va a referir después a ello, en el sentido de que en la Ley de Presupuestos de 2019 se incorporará algún programa de acompañamiento.
Pero pienso que nos debimos haber evitado todo este debate con una buena mesa de trabajo, escuchando a los especialistas, llegando a un proyecto de ley que sea legitimado, consensuado políticamente, pero también con las organizaciones sociales especialistas en educación.
O sea, pudimos habernos dado un tiempo más moderado, para abordar el problema con un enfoque integral y no a la rápida y tratando de hacer un gallito por la prensa.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, termino expresando que lamento el proceso que se siguió.
Considero que perdimos una oportunidad.
Yo no estoy de acuerdo con el tono de la celebración, como si se tratara de un gran acuerdo nacional.
Me viene a la memoria otro acuerdo: ¡el de las manitos levantadas...!
A mi entender, aquí estamos enfrentando solo la punta del iceberg, pues no se ha abordado de manera más integral el problema, que es complejo.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, no cabe ninguna duda de que, en su fase final, esta iniciativa es muy distinta de lo que era hace exactamente un mes, cuando partió en la Comisión de Constitución, trámite que acordó la Sala precisamente porque en torno a este polémico proyecto, denominado en su oportunidad "Aula Segura", surgieron dudas de constitucionalidad.
En tal sentido, la Comisión de Constitución fue categórica, luego de escuchar a constitucionalistas de distintas vertientes.
El procedimiento en cuestión fue tachado de "bloqueo", de "obstruccionismo", de "ánimo de dilación".
En verdad, señor Presidente, no conozco otra forma de funcionamiento del Congreso Nacional.
En mi opinión, el Parlamento debe tomarse los tiempos necesarios para abordar asuntos profundos como este. Y lo que todo el mundo ha dicho es que el proyecto de Aula Segura era una solución facilista para cuestiones extremadamente complejas.
En definitiva, me alegro por lo que se logró con el acuerdo adoptado. El texto que llegó a la Sala es infinitamente superior al de Aula Segura, de la que prácticamente ya no queda nada.
Ahora, para poner las cosas en perspectiva, debo decir que si se llegó a acuerdo en la Comisión de Hacienda fue precisamente porque anoche en la Comisión de Educación se hizo una sustitución completa, profunda, estructural del proyecto primitivo.
Señor Presidente, yo quiero expresar -porque de esto todos hemos de sacar lecciones: el Parlamento, el Ejecutivo- que cuando se instala una discusión basada en argumentos de la opinión pública y no en estudios pedagógicos o educacionales que aconsejen caminar en determinada dirección el resultado es finalmente el que conocemos: por una parte, un Gobierno que no se da cuenta de lo que ocurre y se estrella contra la pared, y por otra, Senadores que, con actitud provocadora, vinieron a decir aquí que los sectores de la Oposición no estaban preocupados por la seguridad.
En la Sala estamos votando esta noche un proyecto de cuatro artículos: dos permanentes y dos transitorios. Mediante Aula Segura se nos proponía un solo artículo.
Insisto, señor Presidente, en las lecciones que la discusión de esta materia nos debe dejar.
En el tiempo que llevo en el Senado no he sabido de la existencia de un gobierno y de ministros que, ante la robusta evidencia mostrada por expertos (premios nacionales, doctores, especialistas en investigación aplicada), por gente que ha entregado su vida a esta materia, hayan actuado con tanta indiferencia y establecido un verdadero muro. Ello, a tal punto que a ratos se les faltó el respeto a esas personas cuando se decía que eran "expertos de papel".
¡Por favor! ¡Si había evidencias!
Muchos de esos expertos llegaron con trabajos empíricos, basados en encuestas que hicieron en sus establecimientos.
La UNICEF entrega datos preocupantes cuando sostiene que aprobar Aula Segura llevaría a una situación muy similar a la de Estados Unidos, que el año 90 dijo "tolerancia cero" (porque eso es fácil, es artificioso comunicacionalmente) y hoy día, incluso con Trump a la cabeza, no hallan cómo aplicar reversa a esa medida, que ha dado lugar a la existencia de pistoleros que asesinan a estudiantes en sus establecimientos.
Australia transitó por un camino similar.
Señor Presidente, como decía recientemente un Senador, la expulsión es un recurso de ultima ratio.
Ahora, cuando un estudiante es expulsado, por las razones que sean, es el sistema el que fracasa, pues no fue capaz de orientarlo, de acogerlo; porque el director no tuvo capacidad para advertir las primeras señales que se estaban dando en torno de una convivencia que se iba a desmejorar.
De otro lado, quiero reiterar que el acuerdo final que se logró es, por muchas razones, muy superior a lo que se nos planteó inicialmente.
Porque, señor Presidente, a veces olvidamos que esta discusión partió el año 2011 -y quiero destacar a los Senadores Andrés Allamand, Andrés Chadwick (hoy, Ministro del Interior), Ricardo Lagos, Ignacio Walker y quien habla-, pues en ese momento todavía no teníamos una conversación en materia de convivencia escolar.
Aquello se hizo, y se empezaron a aplicar los manuales.
Yo llamo al Ejecutivo a analizar la situación, ¡pero en serio!, y a revisar los manuales.
En las comunas más apartadas de Chile hay posibilidad de abordar y solucionar los problemas de convivencia escolar.
Sin embargo, el Alcalde de Santiago no se halla en igual situación. Porque en el caso de los siete establecimientos de la Capital cuestionados (cuatro con causas abiertas, dice la Fiscalía) ¡alguna responsabilidad tendrá el sostenedor!
¿Por qué Purén (Región de La Araucanía), Cochamó y Puerto Aisén pueden resolver problemas de convivencia escolar y no puede hacerlo Santiago, que tiene a cien personas trabajando en las duplas psicosociales?
Señor Presidente, creo que este proyecto, con el giro que dio, con el cambio sustancial de que fue objeto, nos permite abordar en serio la situación existente.
Los datos de la Fiscalía Centro Norte muestran que los problemas en comento se centran en cuatro establecimientos y que no ha habido ninguna condena frente a delitos que son extremadamente graves.
¡Quién puede no entender que el uso de overoles blancos para actuar; el incendio de establecimientos; el intento de quemar a profesores y a asistentes de la educación son hechos deleznables y condenables por todos!
¡Eso nunca ha estado en discusión!
El punto radica en que a la gente no le podíamos generar expectativas falsas, pues finalmente no se iban a poder cumplir, debido a la ineficacia de la ley.
Incluso, antes de aquellos ilícitos, que se registran en Santiago, tenemos una mayor prevalencia de delitos de agresiones sexuales.
¿Acaso alguien puede decir que la agresión sexual no es un tipo de violencia?
Por eso aquello fue recogido en las propuestas sobre las que nos estamos pronunciando ahora.
Originalmente se planteaba trasladar dos delitos. Por una parte, llevar uno de la Ley de Armas -el Senado lo aprobó hace tres años- íntegramente a la Ley de Subvenciones. Por otra, uno relativo a las agresiones, que está tipificado en el Código Penal. Pero las normas pertinentes ya están en vigor. Y se lo dijimos en todos los tonos al Ejecutivo.
Por eso ahora ampliamos hacia otras hipótesis delictivas graves gravísimas, las que por supuesto podrán ser recogidas, estén o no en el reglamento (por cierto, todos deseamos que estas materias se contengan en él).
En consecuencia, señor Presidente, creo que en esta materia se ha avanzado.
Desde luego, era necesario perfeccionar el proyecto.
También es menester hacerse cargo de otras cuestiones.
Si, como algunos han sostenido, en los ya referidos establecimientos de Santiago hay efectivamente adoctrinamiento (no lo que un medio de televisión difundió mediante un programa, lo cual resultó ser un montaje; y la explicación de ese canal fue del todo insuficiente); si en verdad existen células -yo no tengo antecedentes para asegurar lo contrario-, reclutamiento, objetivos políticos, en fin, será el Ministro del Interior quien, con buena información y sin operaciones como la denominada "Huracán" -porque lo último se parecía un poco a dicha operación-, deberá enfrentar ese tipo de situaciones.
¡No podemos exigirle la inteligencia policial al director del establecimiento!
¡Ahí estaba el gran error que tenía el proyecto anterior, el de Aula Segura: transformaba en juez al director, al conductor, al líder del proceso educativo del establecimiento!
En la Sala hay varios abogados, quienes saben que impartir justicia es tremendamente difícil.
Asimismo, en el proyecto de Aula Segura no había ni una sola línea, ni una sola frase que se preocupara de las víctimas. Y por eso algunas de las provocaciones que uno escucha a ratos desde la Sala.
Por consiguiente, el cambio es inmenso.
Ahora se faculta al director para expulsar al estudiante por la comisión de hechos graves, descritos como tales en los reglamentos internos; y también en la ley, cuando corresponda.
La suspensión se consideraba una medida cautelar.
Se lo dijimos a la señora Ministra el primer día, cuando empezó la discusión. Pero ella tenía un punto al respecto, pues se trata de una medida en que al menos hay fallos contradictorios de Cortes de Apelaciones.
Mientras la iniciativa planteada por el Gobierno hacía referencia únicamente a infracciones a la Ley de Armas y a lesiones graves, el texto que aprobamos -el que nos ocupa en este momento- aborda el problema de la violencia de manera más sistémica. Ello, no solo porque considera las conductas que incluyó el Ejecutivo, sino además porque incorpora los atentados contra la integridad física y psíquica de cualquier integrante de la comunidad educativa; también, por supuesto, las agresiones de carácter sexual, como ya dije.
La norma pertinente considera hechos o situaciones en que puede participar o verse envuelto cualquier integrante de la comunidad educativa.
¡Cómo no va a ser eso pensar en la seguridad más integral del establecimiento!
En tanto Aula Segura otorgaba únicamente dos días para formular descargos, el texto de la Oposición -el que estamos apoyando en este instante- fija un plazo de diez días, garantizando de esta forma el derecho a defensa del estudiante afectado y resguardando al mismo tiempo los principios del debido proceso, por supuesto protegiendo a la víctima y separándola de su agresor desde el primer día.
Mientras Aula Segura contemplaba dos días para resolver la solicitud de reconsideración, la disposición aprobada ahora considera cinco, tal como lo señala para todos los demás casos la ley en vigor.
Por otro lado, en tanto Aula Segura solo se refiere a los establecimientos subvencionados -esto es muy importante; porque el Gobierno se resistió hasta el final- la norma planteada por
la Oposición (la que estamos votando ahora) aplica lo dispuesto por la ley en proyecto a todos los establecimientos educacionales, incluidos los particulares.
Aula Segura nos decía "procedimiento especial abreviado para los establecimientos públicos", y, por supuesto, mantenía el debido proceso para los establecimientos pagados. Eso, evidentemente, implica una desigualdad ante la ley y una discriminación arbitraria.
Asimismo, se respeta la autonomía de las comunidades educativas al permitirles autorregularse, garantizándose de esta forma el respeto al plan educativo de cada establecimiento. Porque en el pasado reciente muchas veces algunos nos reclamaban autonomía para los establecimientos, pero hoy día olvidan que la autonomía era también un discurso especialmente del mundo liberal.
Además, al proyecto se le cambió el nombre, y hoy día tenemos un texto que refrenda las medidas explicitadas.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, me expresaba un comentarista, fiel exponente de la dictadura cívico-militar que gobernó a Chile entre 1973 y 1990, que no entendía por qué yo no apoyaba el proyecto de Aula Segura.
Mi respuesta es muy clara: porque tengo convicción sobre los valores democráticos de una sociedad libre y tolerante.
Por eso me opuse a Aula Segura, pues instalaba una forma de entender que en esta materia se podía avanzar a través de una iniciativa de ley carente del mínimo proceso.
Al respecto, la lista es larga.
El proyecto de Aula Segura partía por la sanción de expulsión, y el proceso venía después.
El peso de la prueba recaía en el acusado y no en el acusador.
Partíamos, como bien lo dijo el Senador Jaime Quintana, con un plazo de dos días, que después se elevó a cuatro.
Ni siquiera se señalaba cómo y sobre qué base el director del establecimiento tomaba la decisión de expulsar.
¿Qué nos decía además -"nos decía", porque quedó en el pasado- el referido proyecto?
Que la violencia solo la cometían los estudiantes, pues únicamente ellos eran objeto de esa iniciativa.
Se refería exclusivamente a hechos protagonizados por alumnos.
Sin embargo, hemos visto cómo a lo largo de nuestro país, lamentablemente -y hemos manifestado siempre nuestro rechazo más enérgico a los hechos violentos-, existe violencia de adultos contra maestros. Lo ha dicho de forma reiterada el Colegio de Profesores. Pero nada existía sobre el particular en el proyecto de Aula Segura.
Asimismo, dicha iniciativa establecía la expulsión sumaria por dos causales, referidas a la infracción a la Ley de Armas y a lesiones graves.
Uno de nuestros invitados, el Ministro del Interior, sostenía que se trataba de una problemática acotada, que se daba en siete establecimientos de la comuna de Santiago.
Por lo tanto, se nos obligaba a pensar que Santiago es Chile.
A nosotros nos interesa legislar, pero para todo el país, y asumir las realidades diversas, desde Arica hasta Magallanes, respetando lo que las propias comunidades educacionales son capaces de definir.
¡Santiago no es Chile!
¿Por qué yo no podía estar de acuerdo con el proyecto de Aula Segura, señor Presidente?
Porque la iniciativa más importante para el actual Gobierno, que era esa, consignaba la existencia de estudiantes de primera y de segunda categorías.
En efecto, se disponía la expulsión sumaria por los hechos tipificados solo para estudiantes de establecimientos que recibieran subvención del Estado. Es decir, los colegios particulares pagados quedaban fuera de la regulación planteada.
¡Expulsión sumaria para los públicos y debido proceso para los privados...!
¡Ese no es el Chile que imaginamos!
Todos los especialistas que concurrieron a la Comisión de Educación -parte de eso lo manifestó el Senador Latorre- nos expresaron que iniciativas como esta generan una escalada de violencia. Lo dijeron todos ellos: con proyectos como este, autoritarios y represivos, se sabe dónde comienza la escalada de violencia, pero nunca dónde termina.
Señor Presidente, en Chile las primeras conductas autoritarias y represivas contra adolescentes y jóvenes tras el golpe de 1973 fueron de patrullas militares que recorrían las calles, detenían a los muchachos, los ponían en fila y les cortaban el pelo. Para los militares, los hombres no debían usar el pelo largo.
¡Después las patrullas militares se convirtieron en caravanas de muerte que se desplegaron a lo largo de nuestro país deteniendo y matando a civiles!
Señor Presidente, ayer y hoy hemos rechazado los actos de violencia, pues ello forma parte de una convicción profunda que tenemos.
En ese mismo período los jóvenes Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana fueron detenidos, rociados con combustible y quemados vivos.
Luego se detuvo a muchachos que caminaban hacia sus universidades; se les asesinó, y sus cuerpos fueron abandonados en las playas. Es el caso de Mario Martínez.
No hay momento más oscuro en la historia de Chile que aquellos diecisiete años. Y lo peor de todo es que podría volver a ocurrir si no somos capaces de defender la sociedad libre que hemos construido a partir de la derrota de la dictadura el 5 de octubre de 1988.
Se dirá que no es posible que vuelva a instalarse un régimen neofascista fundado en la fuerza y en la violencia, como el que padecieron Alemania, Italia, España, o como las dictaduras que emergieron en América Latina.
Se dirá que nuestra democracia y que nuestros modos de vida son sólidos y están consolidados.
Permítanme decirles que la democracia que perdimos en 1973 era mucho más antigua y firme que la que todavía no acabamos de recuperar.
Sabemos muy bien adónde va a parar la metodología de la fuerza.
Por eso levantamos una oposición clara y firme al proyecto que el Gobierno presentó con el nombre "Aula Segura". Y fuimos capaces, en forma unitaria, los integrantes de la Comisión de Educación Jaime Quintana, Juan Ignacio Latorre y quien habla, y las bancadas de la Oposición -Partido Socialista, Partido Por la Democracia y Partido Demócrata Cristiano-, de presentar un proyecto alternativo, porque aquí está en juego el modelo de sociedad que nosotros queremos construir.
La iniciativa que presentó el Ejecutivo buscaba resolver las diferencias a través de la imposición autoritaria, represiva, propia de la que se puede ejercer sobre bienes patrimoniales.
Nuestro proyecto, el de Aula Democrática, que estamos discutiendo en este momento (y me alegro que tantos y tantas manifiesten su absoluta convicción de apoyarlo) se funda en otros valores, emanados de la Convención de los Derechos del Niño, que desde los inicios de la transición de la dictadura hacia la democracia hemos venido concretando en políticas públicas con enfoque de derecho.
Insisto, señor Presidente, en la importancia del diálogo y de escuchar.
Todos los especialistas que concurrieron a la Comisión de Educación coincidieron en señalar algunas claves para la formación de una política democrática.
Primero, sostuvieron que la violencia en las escuelas involucra a todos sus actores y a los estamentos sociales.
Por eso nuestro proyecto de ley pone la mirada no solo en los alumnos -al revés de lo que hacía la iniciativa antigua-, sino en toda la comunidad escolar.
Segundo, que la violencia también procede desde fuera de la escuela.
Tercero, que las causas y manifestaciones de la violencia son más profundas y complejas que las agresiones practicadas por grupos de alumnos de siete establecimientos, por muy relevantes que estos sean.
Cuarto, que se precisa una nueva ciudadanía democrática que comprometa a todos los agentes mediadores de la educación, especialmente a las familias, a los apoderados, así como también a los agentes activos de la comunidad local.
Quinto, que no se puede estigmatizar a niños, niñas y adolescentes sin correr el riesgo de generar exclusiones y violencias aún más graves que las conductas que se pretende sancionar.
Y sexto, que por la vía punitiva y represiva solo conseguiremos más segregación social, lo que acabará destruyendo los referentes comunes de nuestra identidad nacional.
Quiero terminar haciendo un llamado especialmente al Gobierno a fin de proyectar el consenso que durante décadas, como política de Estado, hemos venido construyendo en favor de la niñez, la juventud y la infancia.
Los derechos de la niñez son indivisibles. No podemos condenar los daños que padecen los menores del SENAME e ignorar las condiciones que originan la violencia en las escuelas. Al igual que los adultos, los niños viven, como categoría social, las mismas segregaciones y discriminaciones de clase, de género, de raza, de edad, de estilos de vida.
En 2019 se cumplirán treinta años de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Estamos convencidos de que los reglamentos internos de las escuelas son la llave institucional que debe garantizar nuestro compromiso con la convivencia democrática a cuyo fortalecimiento debe dar lugar ese aniversario.
El señor MONTES (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, abrigo la convicción de que el presentado originalmente al Congreso era un mal proyecto. El texto cambió, y pasó de ser más bien sancionatorio a poner énfasis en la convivencia; de preocuparse por una parte reducida de la comunidad educativa a hacerlo por el conjunto; de presentar problemas de constitucionalidad respecto del debido proceso a resguardarlo, como lo planteó la Comisión de Legislación; de ser más bien parcial y discriminatorio y solo para colegios con fondos públicos a abarcar a todos los establecimientos, tanto básicos como de enseñanza media. Tuvo lugar un proceso de mejoramiento.
Hubo un Senador -por desgracia, no está en la Sala- cuyas expresiones no han hecho más que revelar ¡que no comprendió nada! ¡Nada! ¡Fue la razón de haber perdido tiempo en esta última semana! ¡La Derecha no es la depositaria del rechazo a la violencia, a la agresión, como ese colega quería insinuar!
¡Disculpen, Sus Señorías! En esta sociedad hemos vivido momentos horribles, en que chilenos mataron a otros chilenos por pensar distinto. ¡Y ello contaminó por completo la convivencia! A mi juicio, insinuar que un sector político ampara la violencia en el sistema educacional es realmente ofensivo. La diferencia que mantuvimos en relación con la iniciativa nunca fue por esa razón o por la sanción a alumnos que andaban con bombas molotov, que les pegaban a profesores o que cometían cualquier otro acto absolutamente inaceptable.
Desde luego, no debemos quedarnos en este fenómeno, que registra otras causas y requiere una aproximación distinta, lo cual tiene que ver con factores más profundos en nuestra sociedad. Por ello, hemos pedido que el proyecto vaya acompañado de recursos, para abordar de mejor manera los aspectos de convivencia e intervenir en forma psicosocial estas comunidades.
La discrepancia ha tenido que ver con los procedimientos. Porque los establecimientos pueden expulsar en la actualidad, y la medida se debe de haber aplicado este año a cientos de alumnos por romper normas serias de conducta. Lo que objetamos en el proyecto original fueron los procedimientos que proponía.
Tal como lo dijo en su intervención el Senador señor Guillier, se generó un clima brutal que llevó incluso a montar un reportaje en la televisión respecto de lo que pasaba en un liceo de niñas en Santiago.
Es decir, se creó un clima que hoy se rompió, afortunadamente. En el Senado logramos generar un espacio de diálogo distinto, que deberíamos resguardar siempre. Cabe dejar de lado las caricaturas y la actitud de una Ministra y un Presidente que han tuiteado en una forma absolutamente polarizadora. Eso no ayuda a la convivencia democrática y da un pésimo ejemplo si se afirma que se quiere un buen trato en los establecimientos educacionales.
El actual es un mejor proyecto: se pasó de una lógica sancionatoria a una de convivencia, se fijaron plazos y procedimientos que garantizan el debido proceso y, junto a entregar atribuciones claras frente a hechos absolutamente inaceptables, se planteó la necesidad de inyectar recursos en establecimientos con situaciones límite.
Espero que en esta Corporación podamos dar lugar siempre a condiciones para conseguir un diálogo constructivo en relación con nuestras diferencias. Pero, para que eso ocurra, pido dejar de lado -repito- las caricaturas, que mataron la democracia en el pasado y dañan mucho la convivencia cuando se practican hoy.
Hemos podido lograr una mirada común sobre un tema, y estoy seguro de que no solo desde las bancas de la Oposición, sino también por parte de los representantes del Gobierno que nos acompañan, se abriga la convicción de que el texto sale mejor que en los términos originales; que realmente se perfeccionó a través de un proceso de diálogo democrático.
Pero igualmente es cierto -y termino, señor Presidente- que el proyecto no resuelve todas las dificultades de convivencia en los colegios. Existen otras, más graves, más preocupantes, de las comunidades en que están insertos algunos establecimientos o de la realidad de algunos alumnos y de parte de la comunidad escolar, que vive otros problemas. Esperamos encontrar una solución en conjunto.
La señora CUBILLOS (Ministra de Educación).- Señor Presidente, quiero agradecer al Senado por el acuerdo. Lo dije al iniciarse la tramitación. Quizás por haber sido parlamentaria durante ocho años, siempre he entendido que el Congreso no es un buzón; que en el debate parlamentario es donde las iniciativas se enriquecen, aclaran, complementan y construye una coincidencia entre todos, como la que hoy día hemos conseguido.
Para nosotros, como Gobierno, esta iniciativa ha sido necesaria y urgente, no solo por hechos de violencia que tienen que ver con el uso, porte de armas o lanzamiento de artefactos incendiarios, sino también por considerar causales como la agresión a profesores, que hoy día se mantienen. Ellas se registran, desgraciadamente, a lo largo de todo Chile.
El articulado fue construido a partir de las víctimas. En el Liceo de Aplicación se escuchó a profesores decir que no quieren seguir presenciando la normalización de la agresión; que no saben cómo proteger a sus estudiantes asustados cuando ocurren hechos de violencia extrema. Los padres han tenido que hacer turnos para ir a trabajar tranquilos, luego de ver que ese día ya no se registrará algún hecho de violencia extrema. Daniela Torres, del liceo Barros Borgoño, explicó que era ella la que tenía que haberse ido por un tiempo del colegio, mientras su agresor seguía asistiendo a clases.
El proyecto busca la determinación de las causales -agradecemos que el acuerdo se haya establecido así- en la ley. Porque algunas son tan graves y afectan de manera tan importante la convivencia escolar que deben estar consignadas en esa forma, independientemente de lo señalado por los reglamentos.
Respecto de la expulsión, consideramos que quien tiene que dejar el colegio es el alumno que ha decidido automarginarse al incurrir en hechos graves de violencia y no el que quiere estudiar o la profesora que ha dedicado su vida a la educación.
La suspensión es una medida que va en directo beneficio de la víctima. Y en eso sí que ha habido acuerdo desde el comienzo, según entiendo, porque nadie podría comprender que esta tuviera que convivir con su agresor mientras dura todo el procedimiento sancionatorio.
Estamos convencidos de que no puede haber calidad de la educación sin aulas seguras para enseñar y para aprender.
Quiero agradecer a cada uno de los señores Senadores que han apoyado el acuerdo, porque esta coincidencia transversal es un fuerte apoyo a directores, docentes, asistentes de la educación y alumnos que han sido víctimas de la violencia.
Además, creo que hoy día se ha demostrado, con el acuerdo y con la iniciativa que se aprueba en este momento, que la seguridad en nuestras aulas no tiene por qué estar entrampada por diferencias políticas o ideológicas.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
--Se aprueba en general y en particular el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quorum constitucional exigido, de que se registran 33 votos contra uno.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Elizalde, Galilea, García, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Kast, Letelier, Montes, Moreira, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros y Soria.
El señor MONTES (Presidente).- Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 00:21.

References: artículo 1
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 2
 artículo 178
 artículo 19
 artículo 2
 artículo 66