Source: http://ww.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-235-03.htm
Timestamp: 2019-07-16 12:49:14+00:00

Document:
C-235-03
Sentencia C-235/03
CONVENIO MULTILATERAL SOBRE COOPERACION Y ASISTENCIA MUTUA ENTRE LAS DIRECCIONES NACIONALES DE ADUANAS-Ratificación presidencial subsana vicio de representación del Estado
CONVENIO DE COOPERACION Y ASISTENCIA ADUANERA-Incumplimiento requisitos para importación o exportación de mercancías
PROTOCOLO DE MODIFICACION DEL CONVENIO MULTILATERAL-Finalidad
CONVENIO DE COOPERACION Y ASISTENCIA ADUANERA-Objeto
CONVENIO DE COOPERACION Y ASISTENCIA ADUANERA-Finalidad
CONVENIO DE COOPERACION Y ASISTENCIA ADUANERA-Confidencialidad de la información
CONVENIO DE COOPERACION Y ASISTENCIA ADUANERA-Prohibición de reserva
CONVENIO DE COOPERACION Y ASISTENCIA ADUANERA-Aspectos formales y materiales se ajustan a los preceptos constitucionales
Referencia: expediente LAT-226
Revisión constitucional de la Ley 763 de 31 de julio de 2002 “Por medio de la cual se aprueba el Protocolo de Modificación del Convenio Multilateral sobre cooperación y asistencia mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas, aprobado en Cancún el 29 de octubre de 1999”.
Bogotá, D.C. dieciocho (18) de marzo de dos mil tres (2003).
La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, atendiendo lo dispuesto en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución Política, envió fotocopia autenticada de la Ley 763 de 31 de julio de 2002, “Por medio de la cual se aprueba el Protocolo de Modificación del Convenio Multilateral sobre cooperación y asistencia mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas, aprobado en Cancún el 29 de octubre de 1999”
En providencia de 15 de agosto de 2002, el despacho del Magistrado sustanciador asumió el conocimiento del presente asunto y, solicitó a las Secretarías Generales del H. Senado de la República y de la H. Cámara de Representantes, la remisión de los antecedentes legislativos de la ley en revisión, ordenó la fijación en lista para efectos de asegurar la intervención ciudadana, una vez allegados los documentos mencionados. Así mismo, dispuso correr traslado del expediente al señor Procurador General de la Nación, para que rindiera el concepto de rigor.
II. TEXTO DE LA LEY Y ACUERDO OBJETO DE REVISIÓN.
“DIARIO OFICIAL 44.889
LEY 763
por medio de la cual se aprueba el Protocolo de Modificación del Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas, aprobado en Cancún el 29 de octubre de 1999.
«PROTOCOLO DE MODIFICACION DEL CONVENIO MULTILATERAL
SOBRE COOPERACION Y ASISTENCIA MUTUA ENTRE LAS DIRECCIONES NACIONALES DE ADUANAS
3. Posteriormente, el presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de l os Estados que lo soliciten.
1. El presente Protocolo entrará en vigor tres meses después de que tres de las Partes mencionadas en el artículo 3°, numeral 1, lo hayan firmado sin reserva de ratificación o hayan depositado su instrumento de ratificación.
2. Respecto de toda Parte que firme el presente Protocolo sin reserva de ratificación, que lo ratifique o, según el numeral 3 del artículo 3° del presente Protocolo, se adhiera a él, después de que tres Partes lo hayan firmado sin reserva de ratificación o bien hayan depositado su instrumento de ratificación, el Protocolo entrará en vigor tres meses después de que dicha Parte lo hubiera firmado sin reserva de ratificación o depositado su instrumento de ratificación o de adhesión, según sea el caso.
5. La Parte que denuncie el presente Protocolo seguirá obligada por las disposiciones del artículo 8° del Convenio, mientras conserve informaciones y documentos o de hecho reciba asistencia o cooperación de otras autoridades aduaneras.
b) La fecha en la cual el presente Protocolo y cada uno de sus Apénd ices entren en vigor;
DE AMERICA LATINA, ESPAÑA Y PORTUGAL
h) “Partes”, los Estados suscriptores del presente Convenio;
8. Resolver las controversias que resulten de la aplicación del presente Convenio, entre dos o más autoridades aduaneras.< /p>
2. Respecto de toda Parte que firme el presente Convenio sin reserva de ratificación, que lo ratifique o, según el numeral 3 del artículo 16 del presente Convenio, se adhiera a él, después de que tres Partes lo hayan firmado sin reserva de ratificación o bien hayan depositado su instrumento de ratificación, el Convenio entrará en vigor tres meses después de que dicha Parte lo hubiera firmado sin reserva de ratificación o depositado su instrumento de ratificación o de adhesión, según sea el caso.
5. La Parte que denuncie el Convenio o retire su aceptación a uno o varios Anexos, seguirá obligada por las disposiciones del artículo 8° del presente Convenio, mientras conserve informaciones y documentos o de hecho reciba asistencia y/o cooperación de otras autoridades aduaneras.
El presente Convenio se firma en la ciudad de México, a los once días del mes de septiembre de mil novecientos ochenta y uno, en un solo ejemplar redactado en español, ante la presencia del señor Licenciado David Ibarra, Secretario de Hacienda y Crédito Público de los Estados Unidos Mexicanos, quien firma en calidad de testigo, asistido por los representantes de los Organismos Internacionales que se detallan
Argentina, Juan Carlos Martínez.
Haití, William Bonhome.
México, Guillermo Ramírez Hernández.
Paraguay, Miguel Martín González Avila.
República Dominicana, Teófilo García González.
Uruguay, Dante Barrios de Angelis.
David Ibarra, Secretario de Hacienda y Crédito Público, Estados Unidos Mexicanos.
Hugo Ernesto Opazo Ramos, Representante de la Asociación Latinoamericana de Integración.
Ignacio Echavarría Araneda, Representante de la Comisión Económica para América Latina.
Durval F. Deabreu, Representante de la Organización de Estados Americanos.
Arodys Robles Morales, Representante del Programa de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo.
José del Campo Ruiz, Representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Josefa Raquel Tablada Ortiz, Representante de la Secretaría de Integración Centroamericana.
Anexo al Convenio Multilateral de Cooperación y Asistencia Mutua entre Direcciones Generales de Aduanas, formulado durante la Segunda Reunión de Directores Nacionales de Aduanas de América Latina.
Hay firmas ilegibles.
DECLARACIONES DE FUNCIONARIOS ADUANEROS ANTE TRIBUNALES
INTERVENCION DE FUNCIONARIOS ADUANEROS DE UNA PARTE
EN EL TERRITORIO DE OTRA
ACCION CONTRA INFRACCIONES ADUANERAS QUE RECAEN
SOBRE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS
1. Las disposiciones del presente anexo no obstaculizarán la aplicación de las medidas en vigor, en el plano nacional, en materia de coordinación de la acción de las autoridades competentes para la lucha contra el abuso de los estupefacientes y de las sustancias sicotrópicas. Tampoco obstaculizarán, sino que complementarán la aplicación de las disposiciones de la Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961 (el Protocolo de Modificación de marzo de 1972) y de la Convención de 1971 sobre sustancias sicotrópicas (Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y de Sustancias Sicotrópicas del 20 de diciembre de 1988), por las Partes Contratantes de dichas Convenciones que también acepten el presente anexo.
c) medios o métodos utilizado s para la comisión de infracciones aduaneras sobre estupefacientes o sustancias sicotrópicas; y
10. Previa solicitud de la autoridad requirente, la autoridad requerida podrá autorizar, cuando lo considere apropiado, la presencia de funcionarios de la autoridad requirente en su territorio, en ocasión de la investigaci ón o de la constatación de una infracción aduanera sobre estupefacientes y sustancias sicotrópicas que interese a la autoridad requirente.
Primera parte del registro central: Personas.
Quedando entendido que las autoridades aduaneras que se abstuvieren de comunicar los nombres y señas de las personas en cuestión, porque su propia legislación se lo prohibiera, de todos modos remitirán una comunicación indic ando el mayor número posible de elementos señalados en esta parte del registro.
o) autoridad aduanera que suministre las informaciones (incluyendo número de refe-rencia).
Segunda parte del registro: Métodos, sistemas, vehículos y otro medios
de transporte utilizados.
ACCION CONTRA INFRACCIONES ADUANERAS QUE RECAEN SOBRE OBJETOS DE ARTE Y ANTIGÜEDADES Y OTROS BIENES CULTURALES
1. Las disposiciones del anexo se refieren a los objetos de arte y antigüedades, así como a los otros bienes culturales que, a título religioso o profano, son considerados como de importancia para la arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura, el arte o la ciencia, en el sentid o del artículo 1°, li terales a) a k) de la Convención de la Unesco relativa a las medidas a tomar para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales (París, 14 de noviembre de 1970), en la medida en que dichos objetos de arte y antigüedades y otros bienes culturales fueran objeto de infracciones aduaneras.
c) medios o métodos utilizados para la comisión de infracciones aduaneras sobre objetos de arte y antigüedades y otros bienes culturales.
6. A solicitud de la autoridad requirente, la autoridad requerida, actuando en el marco de las leyes y reglamentos en vigor en su territorio, procederá a investigaciones tendientes a obtener elementos de prueba relativos a los ilícitos aduaneros sobre objetos de arte y antigüedades y otros bienes culturales, que fueran objeto de investigaciones en el territorio de la autoridad aduanera requirente, recogerá las declaraciones de las personas investigadas en razón de esta infracción, así como las de los testigos o de los expertos y común icará los resultados de la investigación, así como los documentos u otros elementos de prueba, a la autoridad aduanera requirente.
n) naturaleza de la sentencia dictada y mon to de la pena;
d) otras observaciones se indicará especialmente las circunstancias en las que fue descubierta la infracción, y
e) autoridad aduanera que suministre las informaciones (inclusive el número de refe-rencia).
ENTRADA, SALIDA Y TRANSITO DE LOS ENVIOS DE SOCORRO,
EN OCASION DE CATASTROFES
3. Las autoridades aduaneras de las Partes adoptarán el máximo de medidas posibles para facilitar la recepción y el rápido despacho o desaduanamiento de los materiales o elementos que recibieren en calidad de socorro, con destino a sus respectivo s territorios.
Bogotá, D. C., 20 de septiembre de 2000
Artículo 1°. Apruébase el “Protocolo de Modificación del Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas”, aprobado en Cancún el 29 de octubre de 1999.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Protocolo de Modificación del Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas”, aprobado en Cancún el 29 de octubre de 1999, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Según informe secretarial de veintidós (22) de octubre de dos mil dos, durante el término de fijación en lista no fue presentado ningún escrito.
El Procurador General de la Nación, mediante concepto No. 3084 de 18 de noviembre del presente año, solicita declarar exequible el “Protocolo de modificación del Convenio Multilateral sobre cooperación y asistencia mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas”, aprobado en Cancún el 29 de octubre de 1999, y la Ley 763 de 31 de julio de 2002, aprobatoria del mismo.
El Ministerio Público una vez verificados los requisitos de orden formal, encuentra ajustado a las disposiciones constitucionales, el Instrumento Internacional objeto del presente examen.
Igualmente, realizado el análisis desde el punto de vista material el Ministerio Público, manifiesta que el Tratado que se analiza constituye una clara expresión del fortalecimiento de lazos de unión entre los países latinoamericanos y España y Portugal, a través de la cooperación y asistencia mutua contra toda forma de delincuencia originada en el ingreso de mercancías sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación aduanera.
Considera importante la aprobación de la modificación introducida al tratado original, para fortalecer los mecanismos de cooperación y asistencia mutua, mediante el intercambio de la información necesaria, tendiente a combatir el flagelo del contrabando que tanto afectan las economías del Estado y ponen en grave riesgo las relaciones internacionales entre los mismos.
Luego de hacer un breve resumen sobre el contenido del Tratado, aduce que ese instrumento internacional constituye el fomento a las políticas de los Estados en materia de control aduanero. Así, al identificarse los intereses comunes se logró demostrar la necesidad de ajustar el Convenio original y ajustarlo a los nuevos requerimientos en la materia, logrando de esa forma una adecuada asistencia recíproca para el control e investigación relacionadas con la entrada y salida de mercancías sin el lleno de los requisitos exigidos.
Así las cosas, para el Procurador General de la Nación, el Tratado que se revisa cumple con todos los requisitos de orden constitucional exigidos, tanto desde el punto de vista formal como material.
El 20 de septiembre del año 2000, el Presidente de la República aprobó y ordenó someter a la aprobación del Congreso de la República el Acuerdo en revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 189 numeral 2 de la Constitución Política. El Decreto también fue suscrito por los Ministros de Relaciones Exteriores y el Viceministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del Ministro de ese Despacho.
En el expediente legislativo correspondiente al trámite de la Ley 763 de 31 de julio de 2002, que ahora se revisa, no se encuentra la certificación relativa a los plenos poderes con los que debió actuar el funcionario que participó en la negociación del Protocolo de Modificación del Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas, aprobado por medio de la ley mencionada. Con todo, según lo dispuesto por el artículo 8° de la Convención de Viena, la ratificación presidencial subsana cualquier vicio de representación del Estado, como quiera que al Presidente de la República corresponde como Jefe de Estado, dirigir las relaciones internacionales (art. 189-2 CP), de ahí que la confirmación presidencial subsane cualquier vicio de representación durante el trámite de suscripción del tratado
El proyecto de ley radicado bajo los números 163/01 Senado y 014/01 Cámara, fue presentado al Senado de la República (art. 154, inciso final CP), por los Ministros de Relaciones Exteriores y Hacienda y Crédito Público. El texto original y la exposición de motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso No. 90 de 27 de marzo de 2001, por el Senado de la República, dando así cumplimiento a la exigencia de la publicación oficial del proyecto de ley por el Congreso, antes de darle curso en la Comisión respectiva, tal como lo señala el artículo 157, numeral 1 de la Constitución Política.
3.1. Trámite del proyecto de ley número 163 de 2001, en el Senado de la República y su conformidad con la Constitución Política.
Mediante certificación expedida por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República, en la sesión de 30 de mayo de 2001, esa Comisión aprobó en primer debate el proyecto de ley mencionado, con 9 votos a favor y ninguno en contra, cumpliéndose de esa manera el requisito que sobre quórum decisorio exige el artículo 146 de la Constitución Política.
La ponencia para segundo debate fue presentada por el Senador Javier Cáceres Leal y publicada en la Gaceta del Congreso No. 298 de 14 de junio de 2001.
El Secretario General del Senado, mediante constancia de 6 de agosto de 2002, certifica que el proyecto de ley fue aprobado en segundo debate en la plenaria del Senado por unanimidad, con el lleno de los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, con un quórum de 76 Senadores de 102 que integran esa célula legislativa, en la sesión ordinaria de 19 de junio de 2001.
3.2. Trámite del proyecto de ley No. 014 de 2001, en la Cámara de Representantes y su conformidad con la Constitución Política.
La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, fue presentada por el Representante Jiménez Walters Pomare, y publicada en la Gaceta del Congreso 614, el 30 de noviembre de 2001.
Mediante certificación expedida el 6 de mayo de 2002 por el Presidente de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley mencionado fue aprobado en primera debate por la Comisión Segunda, en sesión de 3 de abril de 2002.
La ponencia para segundo debate fue presentada por el mismo Representante, y aparece publicada en la Gaceta del Congreso No. 136 de 29 de abril de 2002.
Según la certificación expedida por el Secretario General de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley fue aprobado en la sesión plenaria el 6 de junio de 2002 por 129 de sus miembros. De esta forma, se cumplieron los requisitos de quórum decisorio exigidos por el artículo 146 superior, y el término que debe mediar entre la aprobación de un proyecto de ley en la comisión constitucional respectiva y la plenaria correspondiente, según lo dispone el artículo 160 de la Carta.
4. Sanción Presidencial.
El Presidente de la República, sancionó la ley aprobatoria del instrumento internacional objeto de examen, convirtiéndose en la Ley 763 de 31 de julio de 2002.
La Presidencia de esta Corporación, recibió el texto de la Ley 763 de 31 de octubre de 2002, junto con el Acuerdo que ella aprueba, en el lapso de los seis (6) días que señala el artículo 241, numeral 10 de la Constitución.
Realizado el análisis formal del proyecto de ley que culminó con la aprobación de la Ley 763 del presente año, referido al Protocolo de Modificación del Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas, aprobado en Cancún el 29 de octubre de 1999, encuentra la Corte que se cumplieron las exigencias constitucionales y legales.
5. Revisión material.
5.1. El Estado Colombiano preocupado por la creciente importación o exportación de mercancías sin el cumplimiento de los requisitos que para el efecto exige la ley, ha buscado mecanismos a través de los cuales se pueda acabar o por lo menos contrarrestar los efectos nocivos de esa práctica ilegal, que se conoce con el nombre de contrabando, la cual genera hondas consecuencias de orden social en perjuicio de toda la comunidad. En dicha búsqueda, ha suscrito instrumentos internacionales en procura de regular la cooperación y asistencia entre las administraciones aduaneras de diversos países.
En ese orden de ideas, Colombia aprobó mediante la Ley 16 de 1989 el “Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas, suscrito en Ciudad de México el 11 de septiembre de 1981”, con el fin de lograr a través del intercambio de información y de asistencia mutua entre los diferentes países que suscribieran el Convenio, frenar la práctica progresiva de defraudación de los Estados a través de la entrada o salida ilegal de sus mercancías. Este Convenio a pesar de haber resultado útil para el fortalecimiento de los fines que persigue, requería ser actualizado atendiendo las variantes circunstancias existentes en el contexto global de la economía de los países, particularmente del incremento y desarrollo del comercio entre las Partes. Por ello, como se señala en la exposición de motivos, se hizo necesario la adecuación del Convenio inicial, modernizándolo y ajustándolo a las nuevas circunstancias, sin variar la esencia y alcance de los acuerdos logrados en el Convenio inicial.
Así, en la XIX Reunión de Directores Nacionales de Aduanas de América Latina, España y Portugal, celebrado en Palma de Mallorca, España, en noviembre de 1998, los Directores Nacionales destacaron los logros obtenidos con el Convenio inicial y a fin de aprovechar al máximo todas las potencialidades del mismo en el espíritu integracionista que lo orienta, decidieron revisar y modificar el texto del Convenio con la finalidad de adaptarlo a las actuales circunstancias.
5.2. El Protocolo materia de estudio consta de cinco capítulos y veinticuatro artículos, orientados a garantizar la asistencia mutua, cooperación e intercambio de información, a fin de asegurar la pronta y correcta aplicación de la legislación aduanera, de suerte que se puedan hacer efectivos la prevención, investigación y el control de las infracciones a dicha legislación.
El capítulo I contiene las disposiciones generales, entre las cuales se encuentran las definiciones necesarias para el correcto entendimiento del Convenio; así mismo determina el objeto del Convenio recalcando la asistencia mutua y cooperación en el intercambio de información, la que podrá ser utilizada en todo tipo de procedimientos, esto es, judiciales, administrativos, investigaciones, resoluciones de determinación de clasificación arancelaria.
En el capítulo II se establecen los mecanismos y procedimientos para la solicitud de asistencia mutua, ejecución de las solicitudes, comunicación de la información, su tratamiento y confidencialidad, destacando que la información que se suministre podrá ser utilizada para fines diversos de los estipulados en el objeto del Convenio, siempre y cuando exista consentimiento de la autoridad requerida y bajo la reserva de las condiciones que ésta estipule. También se establecen en este capítulo las excepciones a brindar la asistencia requerida o a sujetarla a ciertas condiciones, cuando puedan atentar contra su soberanía, infringir el orden público, la seguridad u otros intereses nacionales; y, cuando se pudieran violar secretos industriales, comerciales o profesionales.
El capítulo III regula la solicitud de cooperación y su procedimiento, determinando medidas para su máximo aprovechamiento, utilización de recursos, capacitación técnica y mantenimiento de un registro actualizado de la información que allí se derive.
En el capítulo IV se regulan la organización y atribuciones del Comité Ejecutivo de Directores Nacionales de Aduanas, de las autoridades aduaneras, así como de la Secretaría, todos encaminados al logro efectivo de los fines del Convenio.
Por último, el capítulo V establece los requisitos para la adhesión de los Estados al Convenio, la entrada en vigor, denuncia, enmiendas, idiomas oficiales, comunicación directa, el registro ante la organización de naciones unidas y la no admisión de reservas.
El Tratado objeto de control constitucional, consta de seis anexos a los cuales pueden adherir las Partes signatarias del Convenio en forma independiente.
El anexo I, se refiere a la vigilancia especial y dispone lo relativo a la eventualidad en que la autoridad requerida deba ejercer en el marco de su competencia y posibilidades un control especial durante un período determinado, sobre el ingreso y salida desde y hacía su territorio de personas, mercancías y medios de transporte, de los cuales se sospeche la comisión de infracciones aduaneras, y de los lugares donde se sospeche que existe depósito de mercancías destinadas al tráfico ilícito.
En el anexo II se establece la forma como serán rendidas las declaraciones de funcionarios aduaneros en el extranjero. Y, el anexo III se refiere a la intervención de funcionarios aduaneros de una parte en el territorio de otra.
El anexo IV por su parte, regula lo relacionado con la acción contra infracciones aduaneras que recaen sobre estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Así, dispone lo relativo a la asistencia y cooperación mutua en materia de: intercambio de oficio de informaciones; solicitud de asistencia mutua en materia de vigilancia; investigaciones efectuadas a solicitud y por cuenta de una autoridad aduanera; intervención de funcionarios aduaneros de una Parte en el territorio de otra; la centralización de informaciones; registro de las personas; y, registro de métodos, sistemas, vehículos y otros medios de transporte que se utilicen para el efecto.
En el anexo V se prevé la acción contra infracciones aduaneras que recaen sobre objetos de arte y antigüedades, así como otros bienes culturales. En ese sentido, el Convenio establece lo relativo al intercambio de oficio de informaciones; solicitud de asistencia mutua en materia de vigilancia; investigaciones efectuadas a solicitud y por cuenta de una autoridad aduanera; intervención de funcionarios aduaneros de una Parte en el territorio de otra; centralización de informaciones; registro de personas y métodos o sistemas utilizados.
Finalmente, el anexo VI regula la cooperación y ayuda en relación con la entrada y salida de los envíos de socorro con ocasión de catástrofes, y prevé que las partes otorgarán el máximo de facilidades para acelerar la salida, el paso, el tránsito, la recepción y despacho de envíos que contengan elementos de socorro destinados a otras partes.
5.3. Analizado el contenido del Convenio objeto de control constitucional, encuentra la Corte que los integrantes son los Estados Latinoamericanos y los Estados de España y Portugal, los cuales a través de las suscripción del mismo, buscan promover y fomentar la cooperación e integración entre las Direcciones Nacionales de Aduanas de los respectivos países. Lo cual se encuentra acorde con el artículo 9, inciso final de la Carta, en el que se dispone que “la política exterior de Colombia se orientará hacía la integración latinoamericana y del Caribe”.
Por otra parte se observa que los fines buscados por los Estados Partes que suscriben el Convenio, son la integración de acciones conjuntas tendientes a fortalecer los instrumentos de colaboración internacional en relación con el intercambio de informaciones oficiales, documentos, material probatorio, recepción de testimonios y demás actuaciones que permitan prevenir, reprimir y erradicar actividades ilícitas que atenten contra la legislación aduanera de los países Partes, que van en detrimento de la economía de los Estados. Por ello, se busca aunar esfuerzos multilaterales de asistencia y colaboración mutua para el control de la entrada y salida de mercancías o de su tránsito interno, sin el cumplimiento de los requisitos que para el efecto se exijan.
Así mismo, como se vio en los anexos del Convenio, se regula lo relacionado con la obtención de información de personas y sitios en los cuales se pueda almacenar mercancía de procedencia ilegal o sustancias sicotrópicas, con lo cual se pretenden establecer mecanismos ágiles y efectivos de lucha contra el delito. Igualmente, se busca proteger el patrimonio cultural de los países, ante la posibilidad cada vez más común, de que piezas de arte de significativo valor histórico, cultural o artístico puedan salir ilegalmente de un Estado.
Observa la Corte que el artículo 8 del Convenio, establece la confidencialidad de la información que una parte obtenga de otra, la cual solamente podrá ser utilizada para los fines consagrados en el Convenio y bajo reserva de la condiciones que estipule la autoridad requerida que las proporcione. Así mismo, la información gozará por parte de la autoridad requirente que las reciba de las mismas medidas de protección de la información confidencial y del secreto profesional que esté en vigor en el país que suministra la información. Se estipula también que la información podrá se utilizada para fines diversos, siempre que exista consentimiento escrito de la autoridad requerida y “bajo reserva de las condiciones que ésta estipule”.
Para la Corte el tratamiento de confidencialidad de las informaciones obtenidas en virtud del Convenio que se analiza, no vulnera la Constitución Política, sino por el contrario encuentra lógico que la información obtenida en virtud de la asistencia mutua goce de cierta confidencialidad y que presente unos límites para su disposición en virtud de la figura de la reserva de las condiciones estipuladas por la autoridad requerida, por cuanto esto permite un control del Estado Colombiano sobre informaciones relativas al tráfico aduanero, que pueden afectar seriamente la economía de los Estados, por una parte, y, por otra, porque la información de los Estados Partes, en el presente Convenio puede versar sobre personas y sitios vinculados al tráfico ilegal de sustancias sicotrópicas, que requieren de un ámbito amplio de manejo de la información conforme al interés público, claro está, sin perjuicio de los derechos fundamentales de las personas.
El Convenio analizado en su artículo 18, dispone que no se admitirán reservas al mismo. En relación con la prohibición de formular reservas en los tratados internacionales, esta Corte expreso:
“[D]e conformidad con el artículo 2°, literal d) la Convención de Viena de 1969, la reserva es un derecho de los Estados que se ejerce mediante la declaración unilateral que hacen al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado. Así mismo, esa Convención, y la posterior de Viena de 1986, establecen como sus límites, los siguientes eventos: ‘a) que la reserva esté prohibida por el tratado; b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trate; c) que, en los casos no previstos en los apartados a) y b), la reserva sea incompatible con el objeto y el fin del tratado’ (art. 19).
“Lo expuesto lleva a concluir que, como lo dijo ya esta Corte, la reserva no es un derecho absoluto sino relativo, cuyo ejercicio depende de los acuerdos alcanzados por las partes en el respectivo instrumento internacional o de la materia sobre la cual éste se refiera; de ahí que, su prohibición no apareja una violación de los derechos de los Estados que intervienen en su formación o posteriormente se adhieren a él, ni un desconocimiento a los principios de soberanía nacional o autodeterminación de los pueblos para llevar a cabo sus relaciones exteriores”[1].
Siendo ello así, analizado el Convenio tanto en su aspecto formal como material, considera la Corte que éste se ajusta a los preceptos constitucionales pues, por una parte, se cumplen los requisitos exigidos por la Constitución y la ley para convertirse en parte integrante del ordenamiento jurídico interno; y, por otra, el contenido del Convenio sometido a control constitucional desarrolla los preceptos consagrados en la Carta Política, como quiera que se propende por salvaguardar los intereses del Estado dentro de un marco de reciprocidad y conveniencia nacional.
Declarar EXEQUIBLE el “PROTOCOLO DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO MULTILATERAL SOBRE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA MUTUA ENTRE LAS DIRECCIONES NACIONALES DE ADUANAS”, aprobado en Cancún el 29 de octubre de 1999, y la Ley 763 de 31 de julio de 2002, aprobatoria del mismo.
[1] Sent. C-991 de 2000 M.P. Alvaro Tafur Galvis

References: artículo 241
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 16
 artículo 8
 artículo 1

Artículo 1

Artículo 2
 artículo 1
 artículo 189
 artículo 8
 artículo 157
 artículo 146
 artículo 146
 artículo 160
 artículo 241
 artículo 9
 artículo 8
 artículo 18
 artículo 2