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Timestamp: 2018-10-22 01:51:20+00:00

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﻿ Sentencia 32060 de agosto 31 de 2010
SENTENCIA 32060 DE 31 DE AGOSTO DE 2010
CONTENIDO:UNIDAD DE EMPRESA. LA FIGURA JURÍDICO-LABORAL DE UNIDAD DE EMPRESA PROPENDE POR IMPEDIR EL DESMEJORAMIENTO DE LA SITUACIÓN DEL TRABAJADOR, A TRAVÉS DE LA FRAGMENTACIÓN DEL CAPITAL O DEL TIEMPO NECESARIO PARA ACCEDER A ALGUNAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY O EN LAS CONVENCIONES COLECTIVAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, UNIDAD DE EMPRESA, SOLIDARIDAD, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR, INDEMNIZACIÓN MORATORIA, CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
Sentencia 32060 de agosto 31 de 2010
Rad.: 32.060
Bogotá D.C., treinta y uno de agosto de dos mil diez.
1. Contrario a lo que sostiene la censura, el a quo sí examinó el punto de la unidad de empresa, bien que no de modo expreso y explícito, como se espera de la redacción clara, propia de la estructura lógico-jurídica de una buena sentencia, que no dé margen a equívocos y dudas, en el propósito de resolver, de manera definitiva e inmutable, el conflicto jurídico sometido al escrutinio judicial.
En efecto, el juez de primera instancia expresó:
“Ahora bien corresponde al juzgado pronunciarse sobre la solidaridad entre las demandadas, en atención a que dentro del proceso la gran mayoría de pruebas documentales dan cuenta de la vinculación del actor con la sociedad Comtevé Mercadeo y Servicios, no obstante, Caracol Televisión S.A. es socio mayoritario, además, efectuó varios pagos al demandante durante el tiempo que se desempeñó como gerente de ventas de Comtevé, según lo pudo constatar el perito (fl. 164), además que los testigos que declararon fueron enfáticos en afirmar que Caracol Televisión S.A. vendía sus pautas comerciales o realizaba sus negocios de publicidad a través de la sociedad Comtevé, por tanto para el despacho las dos demandadas son responsables por las obligaciones que el contrato de trabajo que existió con el demandante puedan generar”.
Tan consciente fue la parte demandada del pronunciamiento del juez de primer grado acerca de la unidad de empresa, que, justamente, uno de los soportes de la apelación que interpuso contra el fallo de aquel fue el de que no existía la prueba de aquella, como se lee en el siguiente pasaje:
“El actor no probó, como era su obligación en los términos del transcrito artículo 177 del Código de Procedimiento Civil el predominio económico de Caracol Televisión S.A. sobre Comtevé Mercadeo y Servicios Ltda. y al no darse (subrayo) uno de los elementos constitutivos de la unidad de empresa esta no puede ser declarada, dado que el ser el socio mayoritario de una sociedad no es plena prueba de la unidad de empresa” (fl. 271 del cdno. ppal.).
De tal suerte que el tribunal sí estaba revestido de competencia funcional para examinar y decidir sobre la unidad de empresa, puesto que hizo parte del elenco de materias impugnadas por la parte convocada a juicio.
Ahora bien, es cierto que el tribunal consideró que el tema de la unidad de empresa no había tenido un pronunciamiento expreso por el juez de primer grado, lo que es cierto. Pero ello en modo alguno le impedía estudiarlo, pues si bien en la parte resolutiva de la sentencia ese juez no se refirió al punto, como hubiera sido lo deseable, ello no significa que ese hecho que constató no fuese uno de los fundamentos para declarar la solidaridad entre las demandadas, que, así las cosas, podía ser susceptible de análisis en la segunda instancia, con mayor razón si, como ha quedado visto, fue materia del recurso de apelación que interpuso el apoderado de Caracol Televisión S.A.
Precisa anotar que la sentencia de primera instancia condenó solidariamente a las dos personas jurídicas demandadas a pagar al promotor de la litis cesantía, intereses de cesantía, prima de servicios, vacaciones e indemnización por despido injusto, junto con su indexación. Igualmente, fulminó condena por concepto de pensión sanción.
En ese sentido, el demandante no estaba legitimado para apelarla, frente a esas concretas condenas solidarias (a no ser por su cuantía), en tanto que no le causaba perjuicio alguno, esto es, no le era desfavorable o adversa. Por tanto, carecía de interés jurídico para impugnarla en el puntual aspecto de la unidad de empresa, porque, se recalca, el fallo acogió su pedimento de condena solidaria a las dos personas jurídicas enjuiciadas.
Bien vale la pena advertir que la solidaridad, derivada del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, la dedujo el a quo de manera adicional a la declaratoria tácita de unidad de empresa, que, así las cosas, puede entenderse fue la razón principal de su decisión. Así surge de los siguientes apartes de su fallo:
“Adicionalmente, el juzgado debe precisar que el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo establece que el beneficiario del trabajo es solidariamente responsable de las obligaciones adquiridas por el contratista o tercero, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades de la empresa, así…”.
“Comoquiera que la actividad desarrollada por el demandante y por la sociedad Comtevé Mercadeo y Servicios Ltda. relacionada con publicidad no es una actividad extraña a las actividades normales de Caracol Televisión S.A. toda vez que conforme al certificado de cámara y comercio que obra a folio 20 del expediente, precisa como uno de los objetos sociales la explotación de los diferentes medios de publicidad, también por este hecho solidariamente (sic) responsable con la entidad Comtevé de las obligaciones aquí adquiridas con el demandante” (el resaltado es de la Corte).
De otra parte, el ad quem no fundamentó la condena solidaria en ese texto legal, sino en la unidad de empresa que encontró acreditada. También la apoyó en la preceptiva del artículo 36, que consagra la responsabilidad solidaria entre los condueños o comuneros de una misma empresa entre sí, mientras permanezcan en la indivisión. Este soporte normativo del tribunal, independientemente de su acierto, no fue controvertido por la parte demandada en la sede de casación, por lo que continúa prestándole sustento al fallo de segundo grado.
Queda, pues, determinado que el ad quem no incurrió en la violación de los artículos 305 del Código de Procedimiento Civil y 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, ya que, se repite, la cuestión de la unidad de empresa fue materia de la apelación interpuesta por la parte demandada y, adicionalmente, fue el sustento de las pretensiones, de suerte que no hay nada reprochable en su conducta, si decidió, para confirmar el fallo impugnado, estudiar el asunto desde esa perspectiva.
Finalmente, la impugnación extraordinaria no cuestionó este argumento del tribunal —que, por tanto, sigue sirviendo de soporte a la decisión recurrida en casación—: “El juzgado de primera instancia condenó solidariamente a las sociedades demandadas a pagar las sumas de dinero por los conceptos antes referenciados, declaración que se ajusta a la solicitud de las condenas, de acuerdo con el petitum de la demanda. Si bien en la demanda se solicita se declare la unidad de empresa, también es cierto que el a quo, no se pronunció expresamente sobre tal aspecto, pero sin que pueda alegarse que modificó las pretensiones pues como se dijo, solicitó la condena solidaria”.
Es decir, el ad quem avaló la condena solidaria impuesta por el a quo, porque así se pidió en la demanda, por lo que —concluyó— no puede achacarse a este último que hubiese modificado las pretensiones.
Conviene recordar que la figura jurídico-laboral de unidad de empresa propende por impedir el desmejoramiento de la situación del trabajador, a través de la fragmentación del capital o del tiempo necesario para acceder a algunas prestaciones o beneficios establecidos en la ley o en las convenciones colectivas.
Su finalidad inequívoca es la de evitar que, mediante el expediente de constituir diferentes sociedades dotadas de personalidad jurídica, se oculte o simule la verdadera realidad económica en detrimento del trabajador, a los efectos de hacerla prevalecer, a plenitud, con toda su rica gama de consecuencias jurídicas.
Afirmar la existencia de una unidad económica y, en tránsito por esa vía, romper la apariencia de varios dueños, que se presenta a través del fraccionamiento del capital, para establecer la unidad patrimonial de la explotación económica, es el trascendental designio de la declaratoria de unidad de empresa.
El efecto jurídico de su declaratoria, por los senderos administrativos o judiciales, es tener a las varias personas jurídicas, o las varias unidades de una misma persona natural o jurídica, como una sola empresa, en beneficio del trabajador, con miras a que este pueda obtener el reconocimiento y pago de prestaciones que solo están a cargo de una empresa.
De manera que cuando el tribunal confirmó la condena solidaria deducida por el a quo, no hizo cosa distinta a la de desencadenar las consecuencias jurídicas propias de la actualización del supuesto normativo de la unidad de empresa que encontró acreditado —conclusión de unidad de empresa que, dicho sea de paso, no controvierte la censura—.
2. Contrariamente a lo afirmado por el recurrente, el tribunal sí apreció los documentos militantes en los cuadernos 2, con 157 folios, 3, con 137 folios, y el que carece de número, con 164 folios.
Tal conclusión encuentra sustento en el siguiente segmento de la decisión gravada:
“Con relación a los pagos, que acuerdo (sic) con los documentos que se entregaron en la inspección judicial, y que sirvieron de base para el dictamen pericial, fueron realizados a las sociedades Pinzón Ferreira y Cía. Ltda. y Colombina (sic) de Medios S en C, como lo señala el recurrente, se advierte que los testigos señalan que el procedimiento del pago de la remuneración utilizado por la demandada era ese, por lo tanto, dichos pagos corresponden a la prestación de los servicios del actor, los cuales constituyen salario de acuerdo con la definición del artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, pues como se dijo, del dicho de los declarantes, tal pago corresponde a la prestación de servicios, sin importar la denominación o forma que se adopte para su pago”.
El ad quem no fue indiferente a la presencia en el plenario de tales documentos, sólo que, al compás de su conclusión de la existencia de un contrato de trabajo —edificada sobre los testimonios recibidos, la inspección judicial y los documentos allegados (distintos de los examinados ahora)—, consideró que los pagos ahí registrados corresponden a salarios que retribuyen la prestación de servicios del demandante, en atención a que, conforme a los testigos, era “el procedimiento del pago de la remuneración utilizado por la demandada”.
Destaca la censura que el tribunal vio el contrato de agencia comercial celebrado entre Comtevé Mercadeo y Servicios Ltda. y Pinzón Ferreira y Cía. Ltda. y aceptó su existencia, pero no lo asoció con los documentos denunciados como dejados de apreciar, lo que, en su conjunto, a su juicio, muestra claramente que existió una relación comercial.
Aparece aquí envuelto un argumento que no toca con la objetividad de los medios probatorios, esto es, con su contenido material, concretado en los hechos que, de manera evidente, aquellos acreditan o no. El planteamiento del recurrente alude a la metodología que, de conformidad con el ordenamiento procesal, debe informar la gestión probatoria del juez, y que le impone hacer una valoración conjunta del material probatorio, pero no es suficiente para demostrar un desacierto ostensible del tribunal, porque el hecho de que hubiese dejado de apreciar algunos documentos sobre la forma de retribución del actor, que ya se dijo, no lo hizo, no significa forzosamente que las conclusiones que extrajo de otros de los medios de convicción sea equivocada.
Con más veras si la censura no se refiere puntualmente a todos los documentos de cuya falta de apreciación se lamenta, pues de manera genérica señala que muestran en su conjunto que claramente existió una relación comercial, pero no explica cómo lo que ellos acreditan deja sin piso las inferencias que el tribunal obtuvo de muchos otros de los medios de convicción del proceso.
El cargo señala que el demandante afirma, en sus declaraciones como parte, que se le obligó a constituir una sociedad para prestar sus servicios, “lo cual evidentemente no puede ser cierto dado lo que se ha expresado anteriormente”.
Sin duda, este enfrentamiento de un medio probatorio con una prueba documental desborda la simple materialidad de los documentos que, según la censura, no fueron valorados por el ad quem, y, por lo tanto, no es demostrativo de una equivocada valoración probatoria.
Además, olvida la impugnación que existe un espacio de gestión en la apreciación de las pruebas del juez de instancia, que, en principio, no es posible que el tribunal de casación invada, en la medida en que tal espacio comporta el ejercicio legítimo de un fuero de valoración probatoria, que, dentro de ciertos límites, le otorga el artículo 61 del estatuto que gobierna los ritos del trabajo y de la seguridad social, y que le permite al juez laboral acoger unas probanzas en desmedro de otras.
Tal predicamento cabe extenderlo al pasaje de la censura en el que se expresa que “Los comprobantes que aparecen en los 3 cuadernos no vistos por el tribunal para los efectos de su decisión, son concretos y directos en cuanto a lo que evidencian, mientras que los elementos demostrativos en que se apoyó el tribunal solo muestran hechos indirectos como los que se armó una conclusión, la de existencia de la relación laboral del actor con las demandadas, inexistente”.
Lo expresado es igualmente predicable de estos argumentos del recurrente:
“Que el actor tuviera un carné como ‘beneficiario’ (no como representante o como trabajador) de la acción de propiedad de Caracol para entrar al Club El Nogal no puede primar sobre los documentos a los que se hizo referencia, como tampoco puede hacerlo un carné (sin firma por lo demás) de Caracol, particularmente cuando lo que se está afirmando es que hubo una relación laboral con Comtevé. Lo mismo puede decirse en relación con el certificado de Colpatria pues ello no representa una afiliación a una EPS que es la que obra cuando se tiene la condición de trabajador, sino un servicio en el que claramente se indica al demandante como ‘subcontratante’, pero no como trabajador”.
Como también de este apartado:
“En el mismo sentido obran los documentos que se involucraron dentro de la inspección judicial, pues ninguno de ellos contradice lo consignado en los cuadernos que el tribunal no apreció, sino que incluyen unas expresiones, que mal podrían entenderse en la forma como lo concluyó erradamente el tribunal si se comparan con la claridad de los documentos no observados. Lo mismo puede decirse del video pues tampoco es una prueba directa de una relación personal del actor con las demandadas o, por lo menos, no contradice lo que obra en los cuadernos no apreciados por el ad quem”.
La censura resalta que “hay que tener en cuenta que no se trata de un trabajador cualquiera sino de una persona que por sus conocimientos y sus ingresos, claramente puede discernir entre un contrato de trabajo y un contrato comercial suscrito con una persona jurídica preexistente en varios años al momento en que se suscribió el contrato de agencia en cuestión”.
Se trata, a no dudarlo, de apreciaciones subjetivas del recurrente, que así se exhiban razonables, no devienen apropiadas en una acusación enderezada por la vía indirecta, en la que se acusa al juez de segunda instancia de la comisión de un error de hecho, entendido como aquel desacierto garrafal, que se impone a la mente, que hiere, derechamente y sin torceduras, la inteligencia.
El error de hecho, por tanto, aparece distanciado y alejado, en absoluto, de conjeturas, suposiciones o razonamientos o, en general, de interpretaciones de la prueba que, a través de raciocinios permita inferir algo distinto a lo que ella en sí misma, de manera evidente, acredita. Para nada importa que lo conjeturado resulte más o menos razonable.
Con suficiente dosis de razón, se ha dicho, en términos verdaderamente gráficos, que solo puede tildarse de error de hecho evidente el que “brilla al ojo”.
Con todo, importa anotar que esta Sala de la Corte ha considerado, entre muchas otras en la sentencia del 5 de noviembre de 1998, radicado 11.111, que, como se advirtió con antelación, le es permitido al sentenciador que le inspire más credibilidad una prueba frente a otra que le es antagónica, dentro del amplio fuero que le otorga el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y, a partir de esa preceptiva, ha precisado que no origina error de hecho el privilegiar unas pruebas, en perjuicio de otras, para estructurar su convencimiento.
En la aludida sentencia dijo la Sala:
“El tribunal formó su convencimiento valorando conjuntamente la confesión que consideró hizo el demandado al contestar la demanda, el documento que aparece fechado el 20 de noviembre de 1985 y los testimonios de José Gilberto Contreras, Mario de Jesús Madrid Palacio, Gustavo Villa Álvarez y Oscar de Jesús Rojas Cano; pero le dio mayor credibilidad a lo dicho por los testigos en cuanto a la real duración de la relación de trabajo que tuvo por probado existió entre Gustavo de Jesús Merino Restrepo y Miguel Vélez Mesa, lo que, sin más consideraciones, permite descartar la comisión de los errores de hecho manifiestos atribuidos a la sentencia, por ser sabido que en virtud de lo dispuesto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo, en los juicios del trabajo los falladores de instancia gozan de libertad para apreciar las pruebas, por lo que si bien el artículo 60 ibídem les impone la obligación de analizar todas las allegadas en tiempo, están facultados para darle preferencia a cualquiera de ellas sin sujeción a tarifa legal alguna, salvo “cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus”, pues en tal caso “no se podrá admitir su prueba por otro medio”, conforme literalmente lo dice la primera de dichas normas.
“Por parecer pertinente la doctrina expresada en aquella ocasión, se reproducirá aquí lo dicho en sentencia de 27 de abril de 1977, inédita, y en la que se explicó lo que a continuación se copia:
‘La eficiencia de tales errores en la evaluación probatoria para que lleven a la necesidad jurídica de casar un fallo no depende pues simplemente de que se le haya concedido mayor fuerza de persuasión a unas pruebas con respecto de otras sino de que, aun de las mismas pruebas acogidas por el sentenciador o de otras que no tuvo en cuenta, surja con evidencia incontrastable que la verdad real del proceso es radicalmente distinta de la que creyó establecer dicho sentenciador, con extravío en su criterio acerca del verdadero e inequívoco contenido de las pruebas que evaluó o dejó de analizar por defectuosa persuasión que sea configurante de lo que la ley llama el error de hecho”.
Cuanto al organigrama, el tribunal dijo:
“Se incorporó al expediente copia del organigrama de la estructura comercial de COM TV, en donde además del cargo se indica el nombre de la persona, y se observa como gerente nacional de ventas al demandante (anexo 6 fl. 143), de donde, unido al dicho de los testigos, se evidencia que el actor formaba parte de la jerarquía de la demanda Comtevé”.
El ad quem vio lo que objetivamente el documento mostraba: el actor figura como gerente nacional de ventas de Comtevé, de manera que no distorsionó su contenido material.
Su conclusión de que el organigrama, unido al dicho de los testigos, “evidencia que el actor formaba parte de la jerarquía de la demandada Comtevé”, no es más que el ejercicio de su deber de valorar en conjunto las probanzas, en el camino de formar su convencimiento sobre los hechos debatidos. Tal conclusión debe ser respetada por la Corte, mientras no se demuestre que contradiga la evidencia probatoria de autos. Y la ausencia de firma en ese documento, es cuestión que involucra su validez como medio de prueba, lo que no puede ser estudiado en un cargo orientado por la vía de los hechos.
Del documento de folios 85 y 86 del anexo 5, el juez de la apelación dijo que, por los términos en que está redactado, “se refiere a un servidor de la empresa y no a una persona ajena a la misma”.
De verdad que la conclusión del tribunal no se antoja disparatada, antes bien se ofrece razonable, como que pedirle a una persona que organice su tiempo, trabajo, programación de vacaciones y demás actividades, para asegurar su asistencia a unos talleres, al igual que informar sobre la eventualidad de no poder asistir por fuerza mayor, lo mismo que la advertencia de que al vicepresidente administrativo le compete evaluar la factibilidad de la ausencia, son circunstancias que se acercan más a las de un trabajador dependiente que a una persona ajena a la empresa que preste sus servicios de manera autónoma.
El documento de folio 118 del anexo 5 lo apreció el ad quem para determinar la fecha de terminación del vínculo, lo que guarda absoluta correspondencia con su criterio sobre la existencia del contrato de trabajo.
Respecto de lo anotado por la censura sobre la constancia del Instituto de Seguros Sociales que corre a folios 127 y siguientes, cabe recordar que el hecho de que el demandante hubiese sido trabajador de otras compañías, no descarta, en manera alguna, su calidad de tal frente a las sociedades demandadas, desde luego que el ordenamiento jurídico colombiano permite la coexistencia de contratos de trabajo (CST, art. 26).
Como no se demostró la estructuración de errores de hecho con la prueba calificada, la Corte queda relevada de examinar los testimonios y el dictamen pericial. Con todo, no es razón valedera para descartar el poder demostrativo de los testimonios su simple falta de coincidencia en relación con los extremos de la prestación de los servicios.
3. La casación parcial de la sentencia, en lo tocante a la condena por concepto de pensión proporcional de jubilación, pretendida por la parte demandada, viene asentada en que las dos demandadas son independientes, pues entre ellas no se declaró la unidad de empresa, por lo que el demandante no alcanzó a laborar, al servicio de cada una de ellas, el tiempo necesario para acceder a tal prerrogativa jubilatoria.
Quedó definido que el juez de primera instancia sí declaró la unidad de empresa; que este punto concreto fue materia de impugnación de la parte enjuiciada; y que, por tal razón, el juez de segunda instancia estaba investido de competencia para examinar y pronunciarse acerca de la declaratoria de unidad de empresa, como efectivamente lo hizo.
En esas condiciones, resulta totalmente válido sumar los tiempos de servicios prestados a las dos sociedades, como que la declaratoria de unidad de empresa comporta tener a esas dos personas jurídicas como una misma empresa, en beneficio del trabajador, para que pueda acceder a la pensión proporcional de jubilación.
Finalmente, y en cuanto hace a la afiliación del actor a la seguridad social, por cuenta de otros empleadores, debe la Corte anotar que el tribunal no se refirió para nada a los argumentos del juez de primer grado respecto de la pensión restringida, de suerte que es dable entender que los hizo suyos en su integridad. Y este fallador a quo no pasó por alto la afiliación del actor al sistema de seguridad social en pensiones, como surge del siguiente aparte de su decisión:
“En cuanto a la afiliación al sistema general de pensiones por las demandadas, no aparece que estas hubiesen cumplido tal obligación, pues si bien es cierto a folio 228 a 231 aparece (sic) unas afiliaciones al ISS dichas cotizaciones fueron por cuenta de otras entidades diferentes a las aquí demandadas, por tanto no se acreditó por parte de las empleadoras, cumplir con su obligación para liberarse de la pensión que se reclama por lo que será (sic) condenada (sic) a pagar la pensión sanción a partir de la fecha en que cumpla la edad de 60 años…” (fl. 255 del primer cdno.).
De lo transcrito se desprende que el tribunal, al apropiarse del análisis del juzgado de primera instancia, sí tuvo por probado que el actor fue afiliado al sistema de seguridad social, pero entendió que, al no haberlo sido por las demandadas, tal afiliación no impedía la imposición de la condena a la pensión restringida. Ese argumento involucra un razonamiento de orden jurídico, que el cargo no controvierte, y pone de presente que, en verdad, el fallador de segundo grado no incurrió en el desacierto fáctico que se le atribuye.
Por lo demás, cabe anotar que en el recurso de apelación que interpuso contra el fallo de primer grado, la parte demandada no se refirió al hecho de la afiliación del actor a la seguridad social, pues si bien controvirtió la condena a la pensión sanción, lo hizo por otras razones. De modo que, de acuerdo con el criterio mayoritario de esta Sala, por razón de lo establecido en el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, no estaba obligado el tribunal a estudiar ese hecho, aunque, como se dijo, lo hizo de manera implícita al respaldar el fallo del a quo.
Recurso de casación interpuesto por la parte demandante
El alcance de la impugnación figura planteado en los siguientes términos literales:
“Solicito que la honorable Corte Suprema CASE PARCIALMENTE la sentencia acusada en cuanto por el ordenamiento primero de su parte resolutiva confirmó la absolución del a quo por indemnización moratoria y la condena a la indexación del auxilio de cesantía y las primas de servicios. En la sede subsiguiente de instancia se deberá REVOCAR el artículo u ordinal QUINTO del fallo de primer grado en cuanto absolvió de la indemnización por mora para en su lugar disponer la condena a las demandadas por dicha indemnización y MODIFICAR o REFORMAR el artículo u ordinal SEGUNDO del mismo fallo del a quo, disponiendo que la condena a la indexación solo procede para los valores adeudados por los intereses a la cesantía, la compensación de vacaciones y la indemnización por despido”.
Con esa finalidad, propuso un cargo, que fue objeto de réplica.
Acusa la sentencia de ser indirectamente violatoria, por aplicación indebida, del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo en su texto vigente en noviembre de 2000, y de los artículos 19 del Código Sustantivo del Trabajo, 8º y 17 de la Ley 153 de 1887, 1613, 1614, 1617, 1626, 1627 y 1649 del Código Civil, 178 y 831 del Código de Comercio, 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 307 y 308 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 13 y 55 del Código Sustantivo del Trabajo, 49 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Dijo que la trasgresión normativa denunciada se produjo porque el tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho:
Dar por demostrado, contra la evidencia, que “la demandada tenía la convicción, aunque equivocada, de estar procediendo en debida forma”.
No dar por demostrado, estándolo evidentemente, que las demandadas siempre supieron que Ítalo Pinzón Heredia fue un trabajador a su servicio.
No dar por demostrado, estándolo evidentemente, que las demandadas siempre actuaron como empleadores o patronos de Ítalo Pinzón Heredia.
No dar por demostrado, estándolo evidentemente, que las sociedades que Ítalo Pinzón Heredia debió constituir con el fin de poder recibir a través de ellas la remuneración por sus servicios, fueron impuestas al actor por las demandadas precisamente para disfrazar el contrato de trabajo que se ejecutó en la realidad.
No dar por demostrado, estándolo evidentemente, que sin existir excusa de buena fe de su parte, las demandadas dejaron de pagarle al actor las prestaciones sociales que le estaban debiendo a la finalización del contrato de trabajo.
Expresa que los errores de hecho se produjeron en razón de que el tribunal dejó de apreciar algunas pruebas y apreció indebidamente otras.
1. Documentos de folios 13, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 33, 35, 40, 51, 54 a 60, 64, 73, 74, 75, 78, 81, 93, 101, 109, 117, 119, 122 y 123 del anexo número 5; 82, 83, 95 y 115 del anexo número 4; 26, 30, 40, 48, 57, 60, 61, 73, 75, 107, 111 y 143 del anexo número 6.
2. Piezas procesales y constancias de folios 115v, 116, 117, 119, 121, 122, 123, 152, 179, 180, 181, 182, 183, 187, 189, 192, 193, 194 a 196, 197, 199, 200, 201 y 202 del cuaderno principal.
Pruebas indebidamente apreciadas
1. Documentos de folios 3 a 5, 6 a 12, 15, 19, 26, 32, 34, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 53, 71, 77, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 97, 98, 99, 100, 113, 116, 118, 126 y 127 del anexo número 5, 215 del cuaderno principal, 143 del anexo número 6 y el video casete adjunto al anexo número 6 (extractado por el juzgado a fl. 101 del cdno. ppal.).
2. Inspección judicial (fls. 90 a 95, 118, 119 y 121 a 124v).
3. Testimonios de Luis Alonso Santamaría (fls. 76 a 79), Orance Rodríguez (fls. 80 a 82), María Nelly Alzate (fls. 83 a 85) y Olga Yaneth Salamanca (fls. 87 a 89).
4. Dictamen pericial (fls. 158 a 173, 184 a 186, 189 y 190).
En el desarrollo del cargo, expuso lo que, a su juicio, demuestran los documentos dejados de apreciar por el ad quem:
Los que reposan a folios 13 y 14 del anexo 5, que por la gerencia general de la demandada se consideraba al gerente nacional de ventas, Ítalo Pinzón, como un empleado más de la empresa.
El que corre a folios 16 y 17 del anexo 5, que la condición de empleado al servicio de la demandada que tenía el demandante, en su carácter de gerente nacional de ventas, era no solo conocida y aceptada, sino utilizada por la demandada.
El de folio 18 del anexo 5, que la empresa tenía pleno conocimiento del carácter de trabajador subordinado y vinculado por contrato de trabajo que tenía el actor, y que este reclamó el reconocimiento de un beneficio laboral propio de los trabajadores subordinados, imposible, desde luego, de conceder a personas jurídicas con las cuales se tiene una vinculación comercial.
Los que militan a folios 21, 23 y 24 del anexo 5, que los gastos de viaje se reconocieron al demandante como trabajador de la empresa y no a una persona jurídica, y que la demandada tenía pleno conocimiento de la vinculación laboral subordinada de aquel.
El de folio 27 del mismo anexo, que para Caracol Televisión y Comtevé el actor era un trabajador subordinado a su servicio, de lo que eran plenamente conscientes las demandadas.
El que cursa a folio 29 del anexo 5, que las demandadas tuvieron siempre conocimiento de la situación laboral de trabajador subordinado y asalariado que tenía el demandante.
El de folio 30 del anexo 5, que “una decisión como la que allí consta solo puede ser ejecutada por un trabajador asalariado de la demandada, de modo que la empresa no podía tener la menor duda sobre la dicha conclusión en que obraba Ítalo Pinzón Heredia, dada la absoluta imposibilidad de que una decisión semejante fuera adoptada por una persona jurídica extraña a las demandadas”.
Los de folios 33 y 40 del anexo 5, que no existía duda alguna por parte del empleador respecto de la condición en que actuaba el demandante como trabajador asalariado y, correlativamente, de la condición de empleador en que estaba actuando la demandada.
El de folio 35 del anexo 5, no solo la condición de trabajador subordinado que tenía el actor, sino el conocimiento que de tal condición tenía la sociedad Caracol Televisión S.A.
El de folio 51 del anexo 5, “no solo la condición de trabajador asalariado de las demandadas en que actuó el actor, sino especialmente el conocimiento que tenía la demandada de dicha condición de mi representado que le permitía impartir instrucciones y hacer amonestaciones a otros trabajadores que estaban bajo su mando o jerarquía dentro del personal de la demandada”.
El militante a folios 54 a 60 del anexo 5, el pleno conocimiento que tenía la demandada de que el demandante trabajaba a su servicio, en su condición de gerente nacional de ventas, como trabajador subordinado, pues resulta imposible suponer que una persona jurídica, ajena a las demandadas, pudiera tomar decisiones como las que constan en ese documento.
El que figura a folio 64 del anexo 5, que el tribunal jamás hubiera podido concluir que la empresa demandada creyó actuar de buena fe o “en debida forma”, al negar la existencia de la vinculación laboral subordinada con el demandante.
Los obrantes a folios 73 a 75 del anexo 5, no solo que el actor era trabajador subordinado de la demandada, sino que esta tenía pleno conocimiento de la condición en que actuaba el demandante.
El del folio 78 del anexo 5, que las sociedades demandadas eran plenamente conscientes de la vinculación laboral que tenían con el demandante, por cuya virtud este último actuaba como superior jerárquico de los gerentes comerciales, del gerente de mercadeo promocional, de los directores comerciales y de los ejecutivos comerciales de la empresa.
El que cursa a folios 81 y 119 del anexo 5, que las demandadas eran plenamente conscientes de que el demandante era un trabajador asalariado a su servicio y que no podía pensarse, en modo alguno, de buena fe, pudieran creer que estaban vinculadas con el actor por un contrato distinto al de trabajo.
El de folio 93 del anexo 5, el conocimiento que Caracol Televisión tenía de la condición en que actuaba el demandante como trabajador subordinado a su servicio.
Los de folios 101 y 109 del anexo 5, la plena conciencia de empleadora que tenía la demandada respecto del actor.
El de folio 117 del anexo 5, el pleno conocimiento que tenía Caracol de la condición de trabajador asalariado en que actuaba a su servicio el demandante.
El de folios 122 y 123 del anexo 5, que la demandada era plenamente consciente de la condición de trabajador subordinado en que actuaba el actor, “quien, a su vez, tenía trabajadores que estaban bajo su mando, de modo que resultaba imposible suponer que a la empresa le pudiera caber siquiera un asomo de vacilación respecto a la naturaleza laboral del contrato que la vinculaba al actor”.
El de folios 82 y 83 del anexo 4, que la demandada siempre supo la condición de trabajador subordinado en que actuaba el demandante dentro de la organización de la empresa “y que, por tanto, la demandada no procedió ‘en debida forma’ al negar el contrato de trabo y dejarle de pagar al actor las prestaciones sociales que le quedó debiendo a su terminación”.
El que corre a folio 95 del anexo 4, que el tribunal nunca hubiera podido afirmar que la demandada tuvo razones atendibles para negarle al actor su condición de trabajador subordinado.
El del folio 115 del anexo 4, que el tribunal habría necesariamente deducido que las demandadas siempre supieron que el actor fue un trabajador subordinado a su servicio.
El del folio 26 del anexo 6, que el demandante no era sólo un trabajador subordinado de la empresa, sino que, a sabiendas de la empleadora, actuaba en esa condición.
Los de los folios 30, 40, 48, 57, 60 y 61 del anexo 6, que el actor era un trabajador subordinado al servicio de la demandada y que esta, con plena conciencia, reconocía esa indiscutible calidad.
El que obra a folio 73 del anexo 6, que la demandada siempre supo que el actor era un trabajador subordinado suyo.
El de folio 75 del anexo 6, que la empresa demandada nunca pudo tener duda sobre la condición de trabajador subordinado y asalariado del promotor de la litis.
El que aparece a folio 107 del anexo 6, el conocimiento por la demandada de la condición de trabajador subordinado en que actuaba el demandante dentro de la empresa.
El de folio 111 del anexo 6, que la demandada era consciente de que el actor era un trabajador subordinado suyo y que, a sabiendas, actuó en consecuencia.
El que obra a folio 143 del anexo 6, que el tribunal jamás hubiera podido concluir “que la demandada actuó en debida forma negando la condición de trabajador asalariado que respecto de ella tuvo el actor”.
Respecto de las pruebas tildadas de mal apreciadas, expresó en que consistió la equivocación del ad quem:
La de folios 3 a 5, en cuanto dedujo que la demandada tenía la convicción, aunque equivocada, de estar procediendo en debida forma; y que de lo que se trató por las demandadas fue simular el contrato de trabajo que se venía ejecutando entre ellas y el actor.
La de folios 6 a 12 del anexo 5, no deducir que las demandadas era plenamente conscientes de la relación laboral subordinada.
La que reposa a folio 15 del anexo 5, no concluir que la empresa tenía plena conciencia de su condición de empleadora del demandante.
La de folio 19 del anexo 5, pasar por alto el pleno conocimiento que las demandadas tenían, en 1989, de la dicha relación subordinada.
Las de folios 26, 32, 38, 39, 71, 84, 97, 98, 99, 100, 113 y 116 del anexo 5, pasar por alto que las demandadas eran plenamente conscientes del contrato de trabajo existente entre ellas y el actor.
Las de folios 34, 37, 41, 44, 45, 53, 77, 88, 90 y 92 del anexo 5, no inferir que las demandadas tenían pleno conocimiento de su condición de empleadoras del actor.
La de folio 118 del anexo 5, no concluir que la demandada pretendía enmascarar, con plena conciencia, bajo una aparente relación mercantil, el verdadero contrato de trabajo que la vinculó con el demandante.
La de folio 126 del anexo 5, no concluir que Comtevé era plenamente consciente de que el promotor de la litis era un trabajador asalariado a su servicio y que, como tal, lo afilió al contrato de medicina prepagada.
La de folio 127 del anexo 5, no deducir que Caracol actuaba plenamente consciente de que el actor se desempeñaba a su servicio como gerente nacional de ventas.
La de folio 215 del cuaderno principal, no ver que la afiliación que le hizo Caracol al actor como beneficiario de su acción fue a título personal, es decir, como persona natural.
La que reposa a folio 143 del anexo 6, no colegir que la demandada sabía a conciencia que el demandante era su trabajador subordinado y asalariado.
La de folios 101 y 102 del anexo 6, no ver que para los directivos de la empresa no existía duda alguna de que el demandante era un trabajador subordinado.
La inspección judicial registrada en los folios 90-95, 118, 119 y 121 a 124, no inferir que las demandadas jamás le dieron al actor el tratamiento de representante de una persona jurídica, ajena a ellas.
Sostuvo que el tribunal apreció equivocadamente los testimonios, puesto que no dedujo que las demandadas fueron plenamente conocedoras de su situación de empleadoras, “sin que hubiera por tanto un asoma de buena fe en su conducta para dejarle de pagar al actor las prestaciones sociales que le debían a la terminación del contrato”. Lo mismo predica del dictamen pericial (fls. 158 a 173, 184 a 186, 189 y 190 del cdno. ppal.).
Por último, apuntó que el ad quem omitió considerar la conducta procesal de la demandada, “a la cual aludieron ambos auxiliares de la justicia en sus respectivos dictámenes y que aparece evidente en algunas constancias y piezas procesales que obran en el expediente y que el tribunal pretermitió”.
Frente al cargo, y en el propósito de lograr su desestimación, la parte demandada aduce dos clases de razones: de orden técnico y de orden procesal.
Hacen parte de las primeras las que se resumen a continuación:
Estima que el cargo presenta una incoherencia, porque con una sola acusación no es posible destruir los soportes de la absolución de la indemnización moratoria y de la condena por indexación, como que los cimientos de una y de otra son diferentes: la negativa de la indemnización moratoria se apoya en elementos fácticos, representados en la convicción de la demandada de estar obrando conforme a la ley, mientras que la condena por indexación es de orden conceptual o abstracto, no atacable por la vía indirecta. De ahí deduce que el objeto pretendido en el recurso resulta imposible, en atención a que si “no se puede liberar el fallo de la condena por la indexación, no habrá espacio que pueda ser ocupado por la sanción moratoria que se pide”.
Acorde con lo anterior, expresa que la proposición jurídica resulta inconsistente, porque los artículos 19 del Código Sustantivo del Trabajo y 8º de la Ley 153 de 1887 “no fueron utilizados por los juzgadores de instancia como consecuencia de un estudio probatorio y fáctico, sino como fruto de una elaboración puramente abstracta”, consistente en que la actualización de valor de las condenas procede al no prosperar la sanción moratoria.
A su juicio, la proposición jurídica es deficiente al no comprender el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, que consagra el principio de la congruencia, del que se echó mano expresamente para imponer la condena por indexación, de manera que resulta inatacable esta última “y ello impide que se genere el espacio que la parte demandante recurrente necesita para que se alcance su objetivo de obtener la condena por sanción moratoria”.
Considera que la sola denuncia de los artículos 307 y 308 del Código de Procedimiento Civil no basta, en tanto que se omite señalar las disposiciones que realmente gobiernan la materia, dado que aquellos fueron modificados por el Decreto 2282 de 1989, apartes 137 y 138 de su artículo 1º.
Estima que los errores identificados en los numerales 2º, 3º y 4º plantean elementos que solo pueden encontrarse en la interioridad de la demandada, en su aspecto cognitivo o intencional, por lo que no es posible predicar un yerro fáctico y mucho menos con la condición de evidente.
Dice que el cargo no precisa que las normas instrumentales enlistadas en la proposición jurídica obran como violación medio ni su incidencia en los errores que se denuncian. Además, el cargo no explica cómo se concreta la violación de las disposiciones acusadas, ni cuál es la incidencia de las normas civiles en el contexto de la acusación.
Advierte que, en el tratamiento de la censura, se le da a los testimonios y al dictamen pericial, pruebas no calificadas, un tratamiento igualitario al de las pruebas calificadas, lo que es impropio, pues las primeras solo pueden ser analizadas en una etapa posterior de la acusación y ante el eventual éxito de la denuncia fáctica que se apoye en las pruebas calificadas.
Finalmente, destaca que el cargo acude a una mecánica impropia de la regulación del recurso de casación en lo laboral, pues respecto de varias pruebas documentales afirma simultáneamente que fueron bien y mal apreciadas. Y añade que la censura considera “que para unas conclusiones el documento fue correctamente apreciado pero para la relacionada con la convicción de la demandada de estar actuando en debida forma, su estimación fue errada y aunque se acepta que ello puede suceder, lo que resulta inaceptable es que esa situación se convierta en la constante dentro de un estudio probatorio”.
Al desenvolver las que denominó razones de orden conceptual, puntualiza que el planteamiento del tribunal, en relación con la sanción moratoria, es muy escueto y se apoya en unos hechos y en una conclusión. El cargo, agrega, se ocupa de la conclusión, sin cuestionar los hechos, de manera que el ataque resulta inocuo, pues mientras estos se conserven, no es posible destruir la conclusión.
Precisa que el tribunal tuvo por establecido, como una realidad concreta, que el actor suscribió contrato en su condición de representante legal de una persona jurídica, que los pagos se hicieron a esa persona jurídica, que tal mecánica se prolongó en el tiempo y que no se expresó ninguna inconformidad sobre el particular. Y que de esos postulados concluyó que la demandada “tenía la convicción, aunque equivocada, de estar procediendo en debida forma”.
Resalta que los documentos señalados como dejados de apreciar y de erróneamente valorados no tienen la virtud de desvirtuar la conclusión del ad quem sobre los referidos supuestos fácticos.
1. La sentencia del tribunal confirmó la de primera instancia. En esta, se condenó a las demandadas a pagar al demandante cesantía, intereses de cesantía, prima de servicios, vacaciones e indemnización por despido injusto; se las absolvió de la indemnización moratoria, por estimarse que su proceder estuvo asistido de buena fe; y se las condenó a indexar las condenas referidas, en razón de la no prosperidad de la sanción moratoria y frente a la evidencia de la pérdida del poder adquisitivo del dinero, que no puede asumir el actor.
En consecuencia, es absolutamente coherente pedir la casación de la indexación y de la indemnización moratoria, para que, en caso de que se imponga esta última (la moratoria), en la subsiguiente sede de instancia, aquella (la indexación) solo proceda respecto de los conceptos laborales que no originan indemnización moratoria (intereses de cesantía, compensación de vacaciones e indemnización por despido injusto).
En ese sentido, el demandante no riñe contra la técnica de casación cuando centra todos sus esfuerzos argumentativos en derribar la absolución por concepto de indemnización moratoria, porque, de obtener éxito en tal empresa, en sede de instancia, se abriría pasó la condena por tal rubro y la indexación quedaría reservada para los conceptos laborales que no generan la moratoria.
Derruida la absolución por indemnización moratoria y, en su lugar, devenida la condena, irrumpe la indexación frente a los rubros laborales que no provocan la primera.
La razón no acompaña a la réplica cuando sostiene que “Si no se puede liberar el fallo de la condena por la indexación, no habrá espacio que pueda ser ocupado por la sanción moratoria que se pide”, como que la trama lógico-jurídica se construye de modo contrario, según quedó explicado.
En armonía con lo anterior, no se presentan la inconsistencia y la deficiencia en la proposición jurídica pregonadas por la parte demandada. La primera, porque si se pretendía la casación de la indexación, procedía denunciar como quebrantados los artículos 19 del Código Sustantivo del Trabajo y el 8º de la Ley 153 de 1887, ante la ausencia de norma jurídica expresa que consagre tal figura jurídica. La segunda, porque el cargo no imputa al fallo del tribunal incongruencia alguna.
Definitivamente, solo al abrigo de un formalismo a ultranza y sin sentido —que no tolera la Corte, desde luego— tendría significado desechar un cargo que cumple con la carga de denunciar el quebranto de normas jurídicas, pero que no alude a las disposiciones que le introdujeron alguna reforma o modificación. Tampoco lo tendría, por citar textos legales instrumentales, sin que se dijera que constituyen violación de medio, cuando del desarrollo del cargo se deduce que así se hace.
Cumple precisar que el hecho de que en la proposición jurídica se incluyan normas impertinentes, no torna deficiente la demanda de casación y desechable el cargo, siempre que comprendan la norma de derecho sustancial violada por el juzgador. En este caso, el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, que es la preceptiva de derecho sustancial que contempla la indemnización moratoria.
2. Para absolver a las demandadas del pedimento de indemnización moratoria, el tribunal razonó:
“La jurisprudencia ha precisado desde antaño que la aplicación de la sanción moratoria no es automática, sino que debe examinarse si el empleador ha actuado de buena fe evento en el cual se le puede eximir de la misma.
“En el asunto bajo examen, se advierte que el actor suscribió un contrato como representante legal de una sociedad con Comtevé Mercado y Servicios Ltda., y que recibía los pagos a través de las sociedades que constituyó para el efecto, lo que se prolongó a través del tiempo, sin que hubiese manifestado inconformidad alguna, hechos que permiten deducir que la demandada tenía la convicción, aunque equivocada, de estar procediendo en debida forma, circunstancia por la cual se confirmará este aspecto del fallo recurrido”.
Su conclusión de que las sociedades llamadas al plenario tenían la convicción, así fuese equivocada, de estar procediendo en debida forma, la construyó el juez de la alzada sobre estos soportes fácticos:
a) El actor suscribió un contrato, como representante legal de una sociedad, con Comtevé Mercadeo y Servicios Ltda.
b) El demandante recibía los pagos a través de las sociedades que constituyó para el efecto.
c) Esa situación se prolongó a través del tiempo.
d) No se manifestó inconformidad alguna.
En vez de atacar estos cimientos fácticos con los que el tribunal hilvanó su tesis de la buena fe en la actuación de las demandadas, el recurrente se extravió en enseñarle a la Corte que las pruebas señaladas como dejadas de apreciar o valoradas erradamente, evidenciaban que el demandante era trabajador subordinado de las enjuiciadas y que estas eran plenamente conocedoras de tal calidad jurídica del actor.
La confrontación del cargo con la sentencia del tribunal pone de presente que el recurrente, en realidad, en relación con la mayoría de las pruebas que cita en el cargo, se limitó a transitar el mismo sendero del sentenciador de la alzada para dar por demostrado que el servicio personal prestado por el actor a las demandadas fue subordinado, y de ahí que en más de una oportunidad en la demostración del ataque se aluda a las consideraciones de la sentencia y admita que las pruebas fueron, en parte, bien valoradas.
Pero lo cierto es que lo esencial del fallo en punto a la indemnización moratoria estuvo en considerar como suficiente razón atendible, demostrativa de buena fe empresarial, que el actor no mostró inconformidad con el tratamiento que se le dio.
Por otra parte, el análisis que se hace de los medios de convicción del proceso, como ya se dijo, está dirigido a demostrar otros hechos, que no fueron inadvertidos por el tribunal, mas nada dicen sobre lo que el fallador concluyó sobre la conducta asumida por las demandadas, de cara a demostrar su buena o mala fe, como surge de su análisis individual, que se hace para dar adecuada respuesta al cargo:
1. Para el recurrente, de los documentos de folios 13 y 14 del anexo número 5, se desprende que las demandadas consideraban al actor como un empleado más, pero en ellos simplemente se informa sobre los eventos que se realizarán y las comisiones respectivas. Nada muestran sobre la forma como el actor prestó sus servicios, ni evidencian subordinación laboral.
2. El documento de folio 17, suscrito por el actor, sólo contiene una relación de clientes. No prueba nada sobre el conocimiento que pudieran tener las demandadas sobre la verdadera naturaleza del vínculo del actor.
3. En el documento de folio 18, del cuaderno de anexos número 5, dirigido al gerente general de Comtevé, el actor informa que ha cumplido un periodo más de vacaciones y que reitera el pago en efectivo de un periodo, que abonará a la deuda que tiene con Comtevé. Pero, de allí no se desprende que el actor reclamara en vigencia del vínculo laboral los derechos laborales que demanda con el presente proceso, ni que la parte demandada tuviera plena conciencia de la naturaleza laboral de ese vínculo, o que el demandante, a través de ese escrito le estuviere poniendo de presente la índole jurídica de la relación. Igual sucede con los documentos de folios 81 y 119 de ese anexo.
Si bien la solicitud de reconocimiento de un derecho laboral, puede ser indicativo de la convicción del trabajador de la naturaleza del vínculo que une a las partes, en este caso específico, y teniendo en cuenta los razonamientos del tribunal, no es suficiente para dejar sin piso su conclusión, que, se insiste, se fundó en que echó de menos el reclamo de los derechos laborales demandados en el proceso.
4. Los documentos de folios 21, 23 y 24 del anexo 5 acreditan la legalización de unos gastos de viaje. No prueban la existencia de subordinación laboral, como tampoco, que, por razón de tales gastos, las demandadas tuviesen certeza de que el actor era su trabajador dependiente. Lo mismo puede decirse del anticipo de gastos de viaje de folios 33 y 40 de ese cuaderno.
5. Que el actor remitiera una cuenta a Caracol Televisión S.A., correspondiente a un almuerzo, como lo acredita el documento de folio 27 del cuaderno 5, no es indicativo de que esa empresa supiera que era su trabajador subordinado.
6. Igual conclusión debe obtenerse del documento de folio 29 del cuaderno de anexos Nº 5, en el que se hace referencia a los gastos efectuados con el teléfono celular del accionante, pues el hecho de que la sociedad Comtevé asumiera el pago de esa cuenta, no es prueba incontrastable de que aquel le reclamara el reconocimiento de derechos laborales, como tampoco que esa empresa ocultaba la naturaleza del vínculo laboral.
7. Que el actor informara a una funcionaria del departamento comercial sobre los ejecutivos que estarían a cargo de esa funcionaria, no prueba que la empresa le daba un trato de trabajador subordinado.
8. La solicitud de aprobación de un canje hecha por el actor a Caracol Televisión, tampoco es suficiente para acreditar que esta sociedad conociera que aquél tenía con la otra sociedad demandada un vínculo de naturaleza laboral. Y así con amplitud se entendiera que puede ser demostrativa de subordinación laboral, es claro que no muestra fehaciente de la ausencia de la buena fe que encontró acreditada el tribunal.
9. Que el actor hiciera un llamado de atención a un ejecutivo comercial (fl. 51 del anexo 5), acredita que formaba parte del engranaje administrativo de la empresa, mas no es prueba de ausencia de buena fe, ni de conocimiento de la naturaleza del vínculo, como tampoco de que el actor haya reclamado en la vigencia de la relación laboral el reconocimiento y pago de derechos sociales, que ya se dijo, fue el hecho en que, en esencia, fundó el tribunal su decisión sobre la sanción por mora.
10. La relación de distribución del mercado de televisión no es prueba de la naturaleza subordinada de los servicios desarrollados por el demandante. Tampoco, en consecuencia, que las demandadas sabían de ese hecho.
11. El documento de folio 64 efectivamente da cuenta de que el actor, atendiendo un ofrecimiento del gerente de Comtevé, solicitó dos días de descanso compensatorio. Este hecho serviría para probar la existencia de un vínculo laboral, mas no para dejar sin piso la conclusión del tribunal sobre el convencimiento con que se actuó ante la falta de reclamo del actor, como tampoco para probar que esa sociedad actuaba consciente de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que existía.
12. La simple información sobre el cambio de las fechas de una reunión, de que da cuenta el documento de folio 73 y las advertencias hechas por el actor a varias personas, presumiblemente ejecutivos de Comtevé que obran a los folios 74 y 75, nada aportan de cara a derruir la inferencia del tribunal. Ya se dijo que ese juzgador encontró probada la subordinación que, a lo sumo, probarían esos documentos, que no acreditan la ausencia de buena fe de la demandada. Cabe predicar lo mismo del documento de folio 74, con el cual el demandante hizo una reconvención a algunos empleados de la demandada Comtevé.
13. Una instrucción dada por el actor sobre la forma de hacer un cruce de cheques, que es lo que acredita el documento de folios 93 del anexo 5, no prueba ausencia de buena fe en las demandadas.
14. Tampoco prueba la ausencia de buena fe de las accionadas que al actor se le pidiera concepto y que él se excusara de asistir a una reunión (fls. 101 y 109).
15. El documento de folios 117 del cuaderno de anexos Nº 5 es una orden de servicios suscrita por el actor, que es inane para probar falta de buena fe de las convocadas al pleito.
16. El organigrama de folios 122 y 123 prueba la posición que tenía el demandante en la sociedad Comtevé. Sirve para acreditar el rol que cumplía en esa empresa, hecho que no pasó por alto el tribunal, mas no que esa empresa era consciente de la naturaleza de la relación que los ataba.
17. El documento de folios 81, 82 y 83 del anexo 4 no prueba la condición de subordinado del promotor del pleito, solo demuestra que él, en compañía de una ejecutiva comercial, hizo una solicitud de elaboración de órdenes a una agencia de publicidad.
18. Que el actor haya intervenido en una junta directiva como gerente nacional de ventas (fl. 95 del anexo 4) probaría que trabajó como persona natural, pero ese hecho lo tuvo como debidamente acreditado el tribunal, que partió de ese supuesto para imponer las condenas.
19. La información dirigida al accionante (fl. 115 del anexo 4) sobre un cambio de tarifas no prueba subordinación laboral y, por ende, tampoco que las demandadas sabían de la existencia de esa situación laboral.
20. El documento de folio 26 del cuaderno anexo 6 prueba que el actor actuaba como gerente nacional de ventas de Caracol Televisión S.A. Empero, no prueba suficientemente la dependencia laboral, pues no ofrece ningún elemento de juicio sobre la forma como se desarrolló esa labor.
21. Los documentos de folios 30, 40, 48, 57, 60 y 61, dirigidos por el demandante a varias empresas como gerente de ventas de Caracol Televisión, prueban que ejerció esa función, mas no que lo hizo bajo subordinación o dependencia, como tampoco si esa demandada conocía de esa subordinación. Lo mismo sucede respecto del documento de folio 73, pero respecto de la otra sociedad demandada.
22. El documento de folio 75 del cuaderno anexo 6 no está suscrito, luego no es posible establecer su autoría, ni por consiguiente su autenticidad.
23. El escrito de folio 107 del anexo 6 solo contiene una relación de programas, de lo que no es dable inferir la forma como el promotor del pleito prestó sus servicios. Así ocurre con el de folio 111, en el que solamente se informa sobre los destinatarios de unos incentivos.
24. Ya se dijo que el tribunal valoró el organigrama de folio 143 del anexo 6 y de allí concluyó que el demandante formaba parte de la jerarquía de la demandada Comtevé. Esa valoración es correcta para la Sala, porque de ese documento no surge que las demandadas no hubiesen obrado de buena fe por tener consciencia de la subordinación laboral, como tampoco que el actor reclamara sobre sus derechos laborales.
25. El contrato de folios 3 y 5 del cuaderno de anexos 5 no fue apreciado con error por el tribunal. En verdad, del hecho de que el actor apareciera en ese documento como representante legal de una de las partes no es suficiente para concluir que las demandadas sabían que su relación era laboral. La circunstancia de que ese contrato no se corresponda con la realidad de los hechos, no es prueba necesaria de ausencia de buena fe, pues podía establecerse de otros elementos de juicio, como lo hizo el tribunal. Y si bien se consideró por el juzgado de conocimiento que la relación laboral se pretendió disfrazar mediante un contrato comercial, ese razonamiento no fue acogido, en esos mismos términos, por el juez de la alzada.
26. Que el promotor del pleito declarara ante una superintendencia como gerente nacional de ventas, no es prueba contundente de que las demandadas tuvieran conocimiento de que el vínculo era laboral. Prueba, para el tribunal, la subordinación, pero no que se conocía de ella y que se ocultaba.
27. Que se pidiera al demandante que adelantara una gestión ante una aerolínea, que es lo que acredita el documento de folio 19 del anexo 5, no es prueba fehaciente de carencia de buena fe en las demandadas.
28. Que el actor recibiera copia de documentos de otros empleados, como gerente nacional de ventas, que es lo que para el recurrente surge de los documentos de folios 26, 32, 38, 39, 71, 84, 97 a 100, 113 y 116 del anexo 5, prueba que no existía duda del cargo que él desempeñaba y que era tratado en condición de gerente. Pero no acredita que la subordinación laboral fuese tan evidente que las demandadas no pudieran obviar su existencia o que la conocieran plenamente. Con todo, no prueban el hecho que guió la decisión del tribunal: que el actor no reclamó por sus derechos laborales durante la relación laboral, lo que generó en las demandadas la convicción de obrar en debida forma.
29. Que el actor estuviera obligado a reportar el costo de los consumos que hiciera en un club (fls. 34, 37, 41, 44, 45, 53, 77, 88, 90 y 92 del anexo 5), es elemento que incide en la determinación de la naturaleza del vínculo, mas no demuestra que las demandadas conocían esa naturaleza.
30. Es cierto que el documento de folios 85 y 86 del anexo 5 prueba la subordinación laboral y así lo concluyó el tribunal. No obstante, insiste la Sala, no acredita ausencia de buena fe de la demandada Caracol S.A.
31. El documento de folio 118 del anexo 5 prueba la terminación del vínculo laboral del actor, pero no que la demandada conociese la verdadera naturaleza de esa relación y que su obrar no estuviese asistido de buena fe, pues en esa comunicación, incluso, se alude a un contrato de agencia comercial.
32. La certificación de folio 126 del anexo 6, contrariamente a lo que concluyó el tribunal, por sí sola, no es indicativa de que el demandante tenía un vínculo de naturaleza laboral, pues el hecho de que la demandada Comtevé tuviera un contrato de medicina prepagada, en la que el actor aparece como subcontratante, por sí sola no es prueba irrefutable de subordinación laboral. Empero, si se admitiera que sí acredita ese hecho, como lo hizo el tribunal, es claro que no demuestra que dicha demandada le daba al promotor del pleito el trato de trabajador subordinado, pues de su texto no es posible obtener alguna conclusión sobre la forma como se prestaban los servicios.
33. El carné de folio 127 acredita que el demandante tenía el cargo de gerente nacional de ventas. No obstante, no es prueba de la condición de trabajador subordinado.
34. La certificación del Club El Nogal de folio 215 del cuaderno principal, muestra que el actor fue carnetizado como beneficiario en la acción de propiedad de la empresa Caracol S.A., hasta el año 2000. Pero no demuestra que esa demandada lo considerara su trabajador subordinado.
35. El video cuyo extracto según el recurrente aparece a folios 101 y 102 del cuaderno principal prueba que el actor ejercía la función de gerente nacional de ventas de Comtevé, pero de su contenido no es posible establecer que para los directivos de esa demandada no existía duda de que el demandante era un trabajador subordinado de esa empresa, pues no ofrece ningún elemento de convicción sobre ese particular.
36. Por último el recurrente se refiere a la diligencia de inspección judicial, pero en concreto no plantea una equivocación en su valoración, porque, de manera genérica, afirma que el tribunal no apreció algunos documentos que en desarrollo de esa diligencia fueron practicados. Sin embargo, no se refiere de manera particular a lo que prueba cada uno de esos documentos, pues no son debidamente individualizados. Además, la aseveración de que esa probanza acredita que la demandada siempre consideró al actor como trabajador subordinado, es vaga e imprecisa, en cuanto no se indica específicamente de dónde surge esa conclusión y, por lo tanto, no es suficiente para demostrar un desacierto evidente de hecho.
Como no se demostró un error evidente en la valoración de la prueba calificada, no puede la Corte ocuparse de los testimonios ni del dictamen pericial.
De lo expuesto, concluye la Corte que no fue adecuada, para acreditar los errores de hecho imputados al fallo impugnado, la particular postura que se presentó en el desarrollo del cargo, porque si la motivación del fallo sobre la naturaleza de la relación que hubo entre las partes no fue suficiente, a juicio del tribunal, para, pese a encontrar que hubo un verdadero contrato de trabajo, imponer la indemnización del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, la misma motivación, que es a la que en esencia se alude en el cargo, desde luego no sirve para la conclusión contraria, ya que no es cualquier error el que permite anular la decisión judicial de que se trate, sino el que se exhiba ostensible o manifiesto.
Entonces, al no rebatir las que constituyeron las razones esenciales del juez de la alzada para confirmar el despacho desfavorable de la indemnización moratoria, el fallo tiene la vocación de mantenerse inalterable, merced a la presunción de acierto y legalidad de la que viene precedido al estadio procesal de la casación.
Recuérdese que, como lo ha explicado, con profusión, esta Sala de la Corte, es carga del recurrente en casación controvertir todos los soportes del fallo que impugna, porque aquellos que deje libres de críticas seguirán sirviendo de pivote a la decisión, en la medida en que las acusaciones exiguas, precarias o parciales carecen de la virtualidad suficiente en el horizonte de la aniquilación de una sentencia en el, de por sí estrecho, ámbito de la casación del trabajo y de la seguridad social.
Como las partes no salieron airosas en las impugnaciones extraordinarias que interpusieron, no se impondrán costas en el recurso extraordinario.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Laboral, dictada el 24 de agosto de 2006 en el proceso ordinario laboral que promovió Ítalo Pinzón Heredia contra las sociedades Caracol Televisión S.A. y Comtevé Mercadeo y Servicios Ltda.

References: artículo 177
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 36
 artículo 127
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 60
 artículo 66
 artículo 65
 artículo 305
 artículo 1
 artículo 65
 artículo 65