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Timestamp: 2017-08-18 21:57:35+00:00

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ProCubaLibre | CUBA, DESARROLLO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA REGIÓN - Por Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CUBA, DESARROLLO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA REGIÓN
62. El 6 de enero de 2006 la Comisión envió al Estado de Cuba el presente informe para sus observaciones. El 24 de enero de 2006 la Comisión recibió una nota suscrita por el Jefe de la Sección de Intereses de Cuba en Washington D.C., en la cual se expresaba que "La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene competencia, ni la OEA autoridad moral para analizar este, ni ningún otro tema sobre Cuba."
63. Cuba es un Estado parte en la Organización de los Estados Americanos desde el 16 de julio de 1952, fecha en que depositó el instrumento de ratificación de la Carta de la OEA. La Comisión ha sostenido que el Estado cubano "es responsable jurídicamente ante la Comisión Interamericana en lo concerniente a los derechos humanos" puesto que "es parte de los instrumentos internacionales que se establecieron inicialmente en el ámbito del hemisferio americano a fin de proteger los derechos humanos" y porque la Resolución VI de la Octava Reunión de Consulta[61] "excluyó al gobierno de Cuba, y no al Estado, de su participación en el sistema interamericano".[62] Al respecto, la CIDH expuso que
67. Previo al análisis de los temas que a juicio de la Comisión requieren de una especial consideración, la CIDH se ve en la necesidad de reiterar que la falta de elecciones libres, justas, basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo[65], vulnera el derecho a la participación política consagrado en el artículo XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el cual dispone que "[t]oda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres". Por su parte, el artículo 3 de la Carta Democrática suscrita en Lima, Perú, el 11 de septiembre de 2001, define así los elementos que conforman un sistema democrático de gobierno:
68. Bajo la Declaración Americana, toda persona tiene derecho a acudir a los tribunales[66], a la protección contra la detención arbitraria[67] y a un proceso regular[68]. Estos derechos, junto a otros más, conforman el denominado cuerpo de "garantías del debido proceso legal", que no son otra cosa que garantías mínimas reconocidas a todo ser humano en lo que respecta a procesos judiciales de cualquier índole. Según ha reiterado la Corte Interamericana de Derechos Humanos[69] en varias oportunidades,
71. Varias de las detenciones efectuadas en el mes de julio fueron realizadas bajo el cargo de "peligrosidad predelictiva", es decir, sin que se haya cometido un delito sino como una medida de seguridad, fundada en los artículos 78 a 84 del Código Penal cubano.
72. Los arrestos en estas circunstancias atentan contra el derecho a la libertad personal y el derecho de protección contra la detención arbitraria garantizados en la Declaración Americana. La Comisión resalta que muchas de estas personas habrían quedado en libertad sin cargos. Sin embargo, nota con preocupación que Amnistía Internacional informó que al menos 15 hombres continúan en la cárcel y, según los informes, pueden ser acusados de "desorden público" o de cargos penales en virtud de la Ley de Protección de la independencia Nacional y la Economía de Cuba, también llamada Ley 88[74]. A la Comisión le preocupa también que estas personas puedan ser juzgadas bajo el procedimiento "sumarísimo" previsto por los artículos 479 y 480 de la Ley de Procedimiento Penal cubana, también llamada Ley 5.
75. De manera específica, la Comisión considera que la plena vigencia de las garantías judiciales consagradas en la Declaración Americana se asienta sobre la base de un Poder Judicial independiente y autónomo. La Comisión ha sostenido reiteradamente que en Cuba no existe separación entre los poderes públicos, por lo que no existe una garantía de administración de justicia libre de injerencias provenientes de los demás poderes. Al respecto, el artículo 121 de la Constitución Política de Cuba establece que "[l]os tribunales constituyen un sistema de órganos estatales, estructurado con independencia funcional de cualquier otro y subordinado jerárquicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado." La Comisión observa que la subordinación de los tribunales al Consejo de Estado, encabezado por el Jefe del Estado[77], representa una dependencia directa del Poder Judicial a las directrices del Poder Ejecutivo. Bajo este esquema, la Comisión estima que los tribunales cubanos no garantizan efectivamente los derechos de los procesados consagrados en la Declaración Americana. La Comisión encuentra que la falta de independencia del sistema judicial cubano constituye una falta de garantía de los derechos de los procesados, especialmente en casos donde existe una connotación política.
76. De conformidad con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, todo individuo tiene derecho a un tratamiento humano durante la privación de su libertad[78]. Al respecto, la Corte Interamericana ha sido reiterativa en el sentido de que "toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal"[79]. También ha manifestado que "[c]omo responsable de los establecimientos de detención, el Estado debe garantizar a los reclusos la existencia de condiciones que dejen a salvo sus derechos"[80]. La Comisión se ha referido en varios de sus informes al tema de condiciones de detención en Cuba[81].
81. La Comisión destaca la información recibida en el sentido de que varios presos más del "grupo de los 75" han sido favorecidos "licencia extrapenal", en virtud de la cual habrían sido excarcelados debido a sus problemas de salud. Sin embargo, observa que esta licencia está sujeta a revocación a discreción del Ministerio del Interior de Cuba, es decir que implica únicamente una libertad condicional.
82. Según quedó establecido en la Declaración Americana, "[t]oda persona tiene derecho a la libertad de […] expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio."[84] Igualmente ha quedado consagrado en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión[85] que,
83. Como en diversas ocasiones ha expresado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes gozan del derecho a la libertad de expresión "tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Es por ello que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social, a saber:
ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno".[87]
84. En relación con la dimensión social del derecho a la libertad de expresión la Corte Interamericana indicó que constituye "un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todos a conocer opiniones, relatos y noticias vertidas por terceros".[88]
85. Durante el año 2005, la Comisión Interamericana continuó recibiendo reportes, a través de su Relatoría para la Libertad de Expresión (en adelante, "la Relatoría"), sobre actos de represión y censura a quienes desean expresarse libremente en Cuba.[89] La Relatoría ha sostenido en repetidos informes preparados a pedido de la CIDH que Cuba es el único país del continente de donde de manera categórica se puede decir que no existe libertad de expresión. Esta afirmación se mantiene este año debido a la información recibida que da cuenta de maltratos a periodistas en prisión, procesos penales y encarcelamiento de periodistas independientes por expresar opinión contraria al gobierno, censura previa, ataques y actos intimidatorios contra periodistas, aplicación de leyes de desacato y violaciones indirectas a la libertad de expresión.
86. La Comisión recibió abundante información que da cuenta de las precarias condiciones de detención y del estado delicado de salud en que se encuentran algunos periodistas recluidos. Como es el caso de los otros miembros del "grupo de los 75" que siguen detenidos, las condiciones abusivas de detención no han variado del año anterior.[90] La Comisión, a través de la Relatoría, también recibió noticias del estado delicado de salud física y mental de algunos periodistas, en particular José Luis García Paneque, Normando Hernández González, Alfredo Manuel Pulido López, y Mario Enrique Mayo Hernández. Según la información recibida, los primeros dos sufren de enfermedades graves[91], el tercero está confinado a una cama y sufre de depresión aguda[92], y el último habrá intentado suicidarse dos veces.[93] A través de esta información, la Comisión puede concluir que las condiciones de reclusión que padecen estos periodistas podrían llegar a amenazar la vida en algunos casos.
87. La CIDH también recibió abundante información que da cuenta del alegado maltrato a que habrían sido sometidos varios periodistas encarcelados. Según lo informado a la Comisión, varios de los periodistas recluidos reiniciaron huelgas de hambre en protesta de sus condiciones de detención.[94] Entre ellos se encontró Víctor Rolando Arroyo, quien desde abril de 2003 está sirviendo una condena de 26 años por cometer supuestos actos que "persiguen subvertir el orden interno de la Nación y destruir su sistema político, económico y social."[95] También, el periodista Adolfo Fernández Saínz inicio una huelga de hambre en agosto para protestar el maltrato de otro disidente encarcelado, Arnaldo Ramos Lauzurique.[96] Según la información recibida por la Comisión, este último fue golpeado severamente por un guardia de prisión en una celda de castigo.[97]
89. En cuanto a censura previa, la Comisión recibió, a través de la Relatoría, información de nuevos procesos y condenas penales a periodistas independientes. La CIDH recibió información del arresto y juicio "sumario" a Albert Santiago Du Bouchet Hernández, periodista de la agencia Nueva Prensa Cubana.[102] Al igual, recibió noticias sobre el proceso penal en contra de los periodistas Lasamiel Gutiérrez Romero (Nueva Prensa Cubana)[103] y Oscar Mario González Pérez (Grupo de Trabajo Decoro)[104] y sobre el arresto de Florencio Cruz Cruz (Linea Sur Prensa)[105]. Con estos incidentes, se aumentó el número de periodistas independientes encarcelados en 2005 a 24, con perspectivas de subir en el año entrante.[106]
94. La Comisión manifiesta su preocupación por todos estos acontecimientos, que considera un nuevo retroceso frente al año anterior. La Comisión recuerda que siempre ha sostenido que el Estado cubano es responsable jurídicamente ante la CIDH en lo concerniente a los derechos humanos puesto que "es parte de los instrumentos internacionales que se establecieron inicialmente en el ámbito del hemisferio americano a fin de proteger los derechos humanos. Una de las obligaciones enumeradas en la Declaración Americana, es garantizar el ejercicio de libertad de expresión.[114] Tanto en este como en otros ámbitos, la Comisión seguirá su labor de denunciar violaciones y abogar a favor del gozo pleno de los derechos humanos por el pueblo cubano.
97. La Comisión nota que las autoridades han estigmatizado la labor de las defensoras y defensores con el objeto de que parte de la población tenga una concepción errónea del papel de quienes defienden y promueven los derechos humanos. En este contexto, la Comisión fue informada que el 1º de septiembre del 2005, el abogado Juan Carlos González Leiva, miembro de la Fundación Cubana de Derechos Humanos, fue víctima de un "acto de repudio" realizado por funcionarios militares y personas afectas al régimen de gobierno, mientras llevaba a cabo una reunión de la Fundación Cubana de Derechos Humanos en su casa, en la ciudad de Ciego de Ávila. Según la información conocida por la Comisión aproximadamente entre 200 y 400 personas gritaban ofensas, consignas gubernamentales, golpeaban fuertemente las puertas y las ventanas y gritaban a los participantes de la reunión que "no iban a permitir mas actividades en defensa de los derechos humanos". Los defensores señalaron que fueron amenazados de muerte y que alrededor de 20 ó 30 niñas y niños al frente de la turba gritaban "Abajo los derechos humanos"[116].
101. La Comisión ha constatado que personas involucradas en organizaciones de derechos humanos no autorizadas pueden incurrir en sanciones penales que pueden comportar varios años de prisión, bajo la aplicación de disposiciones criminales que castigan expresamente el ejercicio de libertades fundamentales. Las sanciones penales también son impuestas bajo la aplicación de normas penales cuya imprecisión y subjetividad ofrecen amplia discrecionalidad a los agentes del Estado para reprimir todo disentimiento de la política oficial. Así, los delitos contra la seguridad del Estado que aparecen tipificados en el Código Penal cubano y bajo los cuales son procesados y luego condenadas la mayoría de defensoras y defensores de derechos humanos son: "propaganda enemiga", "clandestinidad de impresos", "peligrosidad social", "rebelión", "desacato", "asociación ilícita", "difamación contra héroes y mártires", "desorden público", "sedición", "actos contra la seguridad del Estado", entre otras[118].
102. Otra figura penal frecuentemente utilizada por el Estado cubano para restringir la labor de las defensoras y defensores es el "estado peligroso" tipificado en el artículo 72 y siguientes del Código Penal cubano[119]. La Comisión ya se ha referido en anteriores informes a la gravedad de la vigencia y consecuencias de la aplicación de estas normas, por su incompatibilidad con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre[120].
106. Siguiendo un patrón similar, el 27 de septiembre de 2005, en horas de la tarde se presentaron dos agentes de la seguridad del Estado en la vivienda de Arturo Quesada Ortega, activista de la Asociación Ecológica NATURPAZ, en la localidad de Parraga, Municipio de Arroyo Naranjo. Los agentes le entregaron una citación para que se presentara el 28 de septiembre en la Unidad Policial del Capri, municipio de Arroyo Naranjo. Al día siguiente el señor Quesada se presentó en la unidad policial, donde fue amenazado durante el interrogatorio con el objeto de que "se retirara de la oposición". Los funcionarios le indicaron que sabían que en su casa se recibían llamadas del extranjero y que recibía dinero por dichas llamadas[125].
110. En relación con la libertad de asociación, la Comisión reitera su preocupación por la existencia de una sola central sindical reconocida oficialmente y mencionada en la legislación cubana, lo cual ha sido motivo de atención permanente de la Organización Internacional del Trabajo. La Comisión desea destacar que uno de los principios rectores de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, de la cual Cuba es signataria, incluye el "reconocimiento del principio de libertad sindical" como requisito indispensable para "la paz y armonía universales". En este sentido, la Comisión considera que los actos de hostigamiento contra sindicalistas que intentan defender el derecho a la libertad sindical son contrarios a los derechos humanos.
117. Si bien la Comisión ha insistido en la responsabilidad de la comunidad interamericana de crear condiciones externas que permitan a la sociedad cubana superar la situación que actualmente la afecta con miras a lograr una irrestricta vigencia de los derechos humanos,[136] los adversos efectos derivados de las sanciones económicas y otras medidas unilaterales dirigidas al aislamiento del régimen cubano constituyen un obstáculo para crear tales condiciones, necesarias para lograr una pacífica y gradual transición hacia un sistema democrático de gobierno".[137]
[61] El texto completo de la Resolución VI se encuentra en la "Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para servir de Órgano de Consulta en aplicación del Tratado Interamericano de asistencia Recíproca, Punta del Este, Uruguay, 22 al 31 de enero de 1962, Documentos de la Reunión", Organización de los Estados Americanos, OEA/Ser.F/II.8, doc. 68, páginas 17-19.
[69] En adelante la "Corte Interamericana" o la "Corte I.D.H".
[79] Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducación del Menor". Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 151; Corte I.D.H., Caso Castillo Petruzzi y otros. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 195; Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y otros. Sentencia de 19 de enero de 1995. Serie C No. 20, párr. 60.
[82] El denominado "grupo de los 75" está conformado por 74 hombres y una mujer que lideraron el movimiento disidente de y, como consecuencia de sus actividades, el grupo habría sido arrestado, juzgado en procedimiento "sumarísimo" y condenado por haber participado en supuestas actividades "contrarrevolucionarias".
[85] Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, adoptada en Washington, DC, en octubre de 2000, disponible en http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=26&IID=2 (visitada por última vez el 14 de noviembre de 2005). En adelante la "Declaración de Principios".
[87] Corte I.D.H., Caso Ricardo Canese, Sentencia de 31 de agosto de 2004, Serie C No. 111, párr. 77; Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa, Sentencia de 2 de Julio de 2004, Serie C No. 107, párr. 108; Corte I.D.H., Caso Ivcher Bronstein, Sentencia de 6 de febrero de 2001, Serie C No. 74, párr. 146; Corte I.D.H., Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros). Sentencia de 5 de febrero de 2001, Serie C No. 73, párr. 64; y Corte I.D.H., La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, Serie A No. 5, párr. 30.
[90] CIDH, Informe Anual 2004, Capítulo IV, "Desarrollo de los Derechos Humanos en la Región," párr. 62.
[116] "En Cuba abogado invidente, activista pro derechos humanos, sufre brutal repudio", Coalición de Mujeres Cubano-Americanas/ LAIDA CARRO, septiembre de 2005.
[119] De acuerdo con datos de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, entre enero y junio de 2005 11 disidentes políticos fueron condenados bajo cargos de peligrosidad predelictiva. Cfr. "Aumenta el número de presos políticos en Cuba". Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Disponible en: http://www.adcuba.org/Noticias%20Cuba/CCDHRN/CCDHRN%20Reporte%207.5.05.pdf
[121] La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional reportó que en el primer semestre del 2005, "el número de opositores encarcelados que se documentaron duplicó el de aquellos que lo fueron durante el segundo semestre de 2004". Ibídem.
[122] Véase, CIDH, "Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa preocupación por hostigamientos a disidentes Políticos". Comunicado de Prensa No. 30/05. 29 de julio de 2005.
[123] "Despliegan operativo contra opositores pacíficos", Cubanacán Press / www.cubanet.org
[124] "Allanan vivienda de dirigente sindical independiente", Ariel Delgado Covarrubias/ www.cubanet.org
[135] El artículo 23 del Reglamento establece que "Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la OEA puede presentar a la Comisión peticiones en su propio nombre o en el de terceras personas, referentes a la presunta violación de alguno de los derechos humanos reconocidos, según el caso, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conforme a sus respectivas disposiciones, el Estatuto de la Comisión y el presente Reglamento. El peticionario podrá designar en la propia petición, o en otro escrito, a un abogado u otra persona para representarlo ante la Comisión."

References: Resolución 
 artículo 3
 artículo 121
 artículo 72
 Resolución 
 artículo 23