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Timestamp: 2018-10-20 10:42:03+00:00

Document:
Resolución de TEAC, 00/961/2005, 01-03-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/961/2005 de 01 de Marzo de 2006
Núm. Resolución: 00/961/2005
En la Villa de Madrid, a 1 de marzo de 2006 en las reclamaciones económico-administrativas que, en recursos de alzada, penden de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, interpuestos por X, S. A., y en su nombre y representación por Dª. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra acuerdos del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de 21 de diciembre de 2004, recaídos en las reclamaciones ... y ..., en asuntos relativos a derivación de responsabilidad por sucesión en la actividad, por importes de 341.183,64 € y 262.253,37 € respectivamente.
PRIMERO: Con fecha 19 de diciembre de 2002, el Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de ..., dictó acuerdo por el que al amparo del artículo 72 de la Ley General Tributaria, declaraba a la entidad recurrente responsable subsidiaria por sucesión de la deudas contraídas por la entidad Y, S. A., en concepto de I.V.A. Régimen General 4T 97, Impuesto sobre Sociedades declaración anual año 2000, Impuesto sobre el Valor Añadido Actas de 1998 a 2000, Impuesto de Sociedades Actas ejercicios 1998 y 2000, Impuesto de Sociedades Expediente Sancionador 1998 y 2000, Sanción Tributaria por declaraciones fuera de plazo y Sanción Tributaria por no atender a requerimiento, por importe de 341.183,64 €. La sociedad deudora principal fue declarada fallida el 22 de octubre de 2002. Frente al citado acuerdo de derivación de responsabilidad notificado el 23 de diciembre de 2002, la sociedad interesada interpone reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... el 10 de enero de 2003, reclamación que se tramitó con el número ..., dictando dicho Tribunal Regional resolución el 21 de diciembre de 2004, estimándola en parte, confirmando el acuerdo de derivación de responsabilidad por sucesión pero reduciendo su alcance en cuanto que anula las liquidaciones derivadas por el Impuesto de Sociedades Acta de los ejercicios 1998 y 2000. Frente a la citada resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... notificada el 27 de enero de 2005, la interesada interpone el 25 de febrero de dicho año, el recurso de alzada número de R.G. 962-05, manifestando en síntesis la improcedencia de dictar declaración de fallido, que la deudora principal tiene créditos a su favor y que no existe sucesión empresarial.
SEGUNDO: El 20 de enero de 2003, el Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria dictó acuerdo rectificando el importe de la responsabilidad inicialmente exigida a la interesada tras excluir de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 1/98, de 26 de febrero, la sanción impuesta al sujeto pasivo por el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 1998 y 2000 por importe de 78.930,27 €. Frente a dicho acuerdo de rectificación y dos de las providencias de apremio emitidas ante el impago de las deudas derivadas, notificados el 28 de enero de 2003, la entidad interesada interpone la reclamación económico-administrativa número ... ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., el cual con fecha 21 de diciembre de 2001, dictó resolución estimando en parte la reclamación confirmando el acuerdo de rectificación de derivación de responsabilidad, si bien reduciendo su importe en 113.215,19 €, en concepto de Acta del Impuesto de Sociedades de los ejercicios 1998 y 2000, como en el acuerdo inicial y anulando la providencia de apremio derivada de la referida deuda y confirmando la relativa a Impuesto de Sociedades Declaración anual del 2000. Frente a la citada resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... notificada el 27 de enero de 2005, la entidad interesada interpone el 25 de febrero de 2005, el presente recurso de alzada número de R.G. 961-05, solicitando la acumulación del citado recurso de alzada al que se tramita con el número de R.G. 962-05.
TERCERO: Procede la acumulación de ambos recursos de alzada al amparo del artículo 37.1 del Reglamento de Revisión en Vía Administrativa aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.
SEGUNDO: En virtud de lo dispuesto en los artículos 4__h6_0083art>72 de la Ley General Tributaria y 13 del Reglamento General de Recaudación "Las deudas tributarias y responsabilidad derivadas del ejercicio de explotaciones y actividades económicas por personas físicas o jurídicas, (...) serán exigibles a quienes les sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercide las mismas (...)", la derivación de la acción adminisde cobro de deudas tributarias en supuestos como el presente puede originarse en tres causas distintas: La primera es la transmisión pura y simple de la titularidad de la empresa "por cualquier concepto", lo que supone una auténtica sucesión jurídica. La segunda es la sucesión que puede llamarse "de facto", y consiste en que una empresa, aparentemente, cesa en su actividad, pero en verdad la continúa bajo una apariencia distinta, utilizando buena parte de los elementos personales y materiales de la anterior, y amparándose en la aparente falta de título jurídico de transmisión para eludir la asunción de responsabilidades tributarias imputables a la desaparecida. La tercera forma, prevista en el artículo 13.2 del Reglamento General de Recaudación, se produce cuando una empresa adquiere elementos aislados de la sociedad deudora y, gracias a ello, aun sin transmisión jurídica de la titularidad, puede proseguir la explotación o actividad de la empresa desaparecida. En el presente caso, aunque no se haya formalizado un acto expreso de transmisión jurídica, se aprecian circunstancias indicativas de la concurrencia del segundo y tercer supuesto considerados en el Fundamento de Derecho anterior. Así del examen del expediente se deducen las siguientes circunstancias de hecho: Identidad de actividad entre la entidad Y, S. A. y X, S. A. y de domicilio social ya que ambas lo han tenido en ...; el administrador único de Y, S. A., es el Sr. A a la vez accionista mayoritario y su hijo el Sr. B figura como apoderado y autorizado en las cuentas de la entidad, siendo el Sr. A Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado de la entidad X, S. A., y después administrador único, y su hijo D. B Vocal del Consejo de Administración, figurando su padre como autorizado en la cuentas de la entidad; el principal activo de la entidad Y, S. A., lo constituye una finca inscrita en el Registro de la propiedad de ... percibiendo ingresos por la venta de ... en este terreno para su transformación en ... y ayudas públicas por este cultivo siendo que esta finca se la vendieron el 31 de octubre de 2001 a la entidad X, S. A. mediante escritura pública si bien confesaron que el precio de la venta lo recibieron con anterioridad; Y, S. A. transmite a la entidad X, S. A. una vivienda unifamiliar en el término de ..., X, S. A. vende la finca sita en ..., domicilio social y fiscal de Y, S. A.; la Tesorería de la Seguridad Social informa que no le constan trabajadores en la empresa Y, S. A. en el período que va de 1-1-98 a 31-12-2001; la entidad Y, S. A. se dio de alta en I.A.E el 7 de septiembre de 1999 no constando que X, S. A. se diera de alta en ningún epígrafe del I.A.E.
TERCERO: La resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... impugnada relativa al primitivo acuerdo de derivación de responsabilidad, lo confirma si bien excluye la deuda por el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 1998 y 2000, Acta, por haber sido anulada la liquidación por resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional como consecuencia de la reclamación económico-administrativa interpuesta por la entidad deudora principal, pero si que le exige la deuda por Sanción por dicho concepto y ejercicio, por lo que el acuerdo de rectificación de responsabilidad en aplicación del artículo 35 de la Ley 1/98, no le exige las Sanciones por el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 1998 y 2000, por lo que procede confirmar las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... la primera en cuanto que excluye deudas anuladas de la derivación de responsabilidad primitiva y la segunda porque confirma el acuerdo de rectificación pero reduce su importe asimismo a las deudas anuladas y anula la providencia de apremio derivada de la misma.
CUARTO: En cuanto a la improcedente declaración de fallido, el crédito que dice existir a favor de la sociedad deudora principal frente a la entidad Z, S. L., no consta en el expediente que exista dicho crédito, que en todo caso sería frente a la citada frente a la que no se puede trabar el crédito. En cuanto al crédito frente a W, S. A., dicha entidad informó ante el requerimiento cursado por el órgano de recaudación que no existía crédito pendiente de pago a favor de la entidad deudora, sino una retención de determinadas sumas en garantía del cumplimiento, no producido a la fecha según se afirma, de las obligaciones contraídas por Y, S. A. En todo caso, no cabe identificar la declaración de fallido con la insolvencia total definitiva e irreversible del sujeto pasivo, pues que para esta sea procedente basta, según se dice en el artículo 164.1 del Reglamento General de Recaudación, que se "ignore la existencia de bienes o derechos embargables o realizables", a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración tanto los criterios de eficacia a los que se alude en el apartado 3º del mismo artículo como las limitaciones que en el orden temporal tiene impuestas la Hacienda Pública a la hora de hacer efectivos los créditos tributarios, por lo que aunque el deudor no sea totalmente insolvente puede declararse su falencia si con los medios de que dispone la Administración Tributaria, tanto en orden a la investigación de bienes y derechos embargables como en orden a la realización de los mismos, la realización del crédito tributario no resulta posible atendiendo a los medios disponibles, bastando incluso que los posibles bienes o derechos encontrados en el patrimonio del deudor carezcan de valor suficiente o de capacidad para solventar los débitos, llegando a asimilarse a la carencia de bienes (artículo 164.2) la posesión de aquellos cuya adjudicación al Estado no hubiese sido acordada, y autorizándose a la Administración por el artículo 114 c) del mismo Reglamento, a no embargar, "aquellos de cuya realización se presuma, a juicio de los órganos de recaudación, que resulte producto insuficiente para la cobertura del coste de dicha realización". Lo que debe exigirse a la Administración es que acredite haber realizado las actuaciones a su alcance para investigar y realizar los bienes y derechos del deudor, documentando las oportunas actuaciones a su alcance para investigar y realizar los bienes y derechos del deudor, documentando las oportunas actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento administrativo de apremio, tanto en orden a la investigación de bienes y derechos susceptibles de embargo, mediante el uso de los medios que a disposición de los órganos de recaudación pone el artículo 133 de la Ley General Tributaria, como en orden a la realización, en las mejores condiciones posibles y con arreglo al procedimiento establecido en el propio Reglamento General de Recaudación, de los bienes y derechos que hayan podido embargarse tal y como ha hecho en este caso la Administración por lo que no procede la alegación de la declaración de fallido improcedente por existencia de créditos a favor de la deudora principal.
QUINTO: En cuanto a la extensión de la responsabilidad cabe excluir la sanción por no atender al requerimiento derivada y la otra sanción por declaración fuera de plazo, por ser exigibles al sucesor en la actividad sólo las que se concretan en un porcentaje de la cuota devengada por los tributos que recaen sobre la actividad, su ejercicio o los rendimientos que produce, pues sólo éstas son "deudas y responsabilidades tributarias derivadas del ejercicio de explotaciones y actividades económicas". Otras sanciones, como, por ejemplo, las impuestas por incumplir requerimientos, cualquiera que sea la causa de éstos; las debidas a infracciones simples documentales o contables, etc., no integran la deuda tributaria (a la que se refiere el artículo 58 L.G.T.) a estos efectos y no son exigibles al sucesor, pues no derivan del ejercicio de la explotación o actividad económica, sino de una conducta o un incumplimiento personales del obligado principal que son independientes de dicho ejercicio, aunque, claro es, estén mediatamente relacionados con él. En relación con las otras sanciones contenidas en el acuerdo de derivación de responsabilidad, debe tenerse en cuenta que la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que entró en vigor el 1 de julio de 2004, recoge una importante reforma en el régimen sancionador tributario, estableciendo en su artículo 10.2 que "2. Salvo que se disponga lo contrario, las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo y se aplicarán a los tributos sin período impositivo devengados a partir de su entrada en vigor y a los demás tributos cuyo período impositivo se inicie desde ese momento. No obstante, las normas que regulen el régimen de infracciones y sanciones tributarias y el de los recargos tendrán efectos retroactivos respecto de los actos que no sean firmes cuando su aplicación resulte más favorable para el interesado". En el presente caso dada la imposibilidad de fijar la base de las sanciones a la vista del expediente de gestión, corresponderá al órgano de gestión, fijada la base de las sanciones, aplicar la nueva Ley General Tributaria y siempre que resulte más favorable notificar liquidación por el importe resultante.
ESTE TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, ACUERDA: Estimar en parte los presentes recursos de alzada declarando que no procede exigir a la entidad declarada responsable la sanción por no atender a requerimiento y la sanción por no presentar una declaración y confirmar las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... impugnadas en cuanto al resto, con las precisiones contenidas en el Fundamento de Derecho que antecede.
Sentencia Administrativo AN, Sala de lo Contencioso, Sec. 7, Rec 717/2010, 18-02-2013
Orden: Administrativo Fecha: 18/02/2013 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: Fernandez Dozagarat, Begoña Num. Recurso: 717/2010

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 72
 resolución 
 resolución 
 artículo 35
 resolución 
 resolución 
 artículo 37
 Real Decreto 
 artículo 13
 resolución 
 resolución 
 artículo 35
 artículo 164
 artículo 114
 artículo 133
 artículo 58
 artículo 10