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Timestamp: 2018-05-20 19:21:25+00:00

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Crysol: diciembre 2011
LA CAMARA DE CASACION REALIZARA UN PLENARIO PARA AGILIZAR LAS NORMAS EN LOS JUICIOS POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD
Página 12. 30 12 11. Por Irina Hauser.
La mayoría de los camaristas consensuaron la necesidad de introducir cambios para evitar la reiteración de testigos y la permanente discusión sobre si hubo un plan de exterminio. En febrero se precisarán los alcances de las reformas.
La Cámara de Casación Penal, en plena renovación de sus integrantes, se dispone a hacer una revisión crítica de su actuación y a fijar “reglas prácticas” para agilizar los juicios orales por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Es una facultad que tiene este tribunal pero que jamás usó en este sentido, incluso hizo todo lo contrario al menos hasta hace algunos meses. Para diseñar las modificaciones y ponerlas en marcha, la mayoría de los camaristas consensuaron convocar a un plenario especial que se haría en febrero, según pudo confirmar Página/12. Los principales cambios que se analizan apuntan a evitar la reiteración de testigos y pruebas en distintos juicios, a impedir que en cada proceso se vuelvan a discutir definiciones doctrinarias tan elementales y firmes como –por ejemplo– si hubo un plan sistemático de exterminio durante el terrorismo de Estado y hasta a pautar el tiempo o número de audiencias que puede demandar un caso.
Esta iniciativa de la Casación aparece como una primera respuesta a denuncias y reclamos de organismos de derechos humanos que desde hace cinco años la señalaban como el gran embudo responsable de la demora de la resolución de las causas contra represores. En 2007 acumulaba más de cien recursos sobre expedientes de lesa humanidad, algunos de los cuales llevaban tres años ahí, congelados. Con el tiempo y el empujón de la Corte Suprema, los planteos se fueron destrabando y los juicios se van concretando. Pero según un informe reciente de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas de Derechos Humanos de la Procuración General, los problemas remanentes siguen focalizados en Casación, que retarda la confirmación de las sentencias. Este año revisó seis. De los 66 represores condenados, sólo 43 tienen condena firme.
Una de las misiones de la Cámara de Casación es reevaluar las conclusiones a las que llegan los tribunales orales. Otra, analizar situaciones de imputados privados de su libertad. Es excepcional que se pronuncie sobre procesamientos dictados en primera instancia.
Las “reglas prácticas” que planea implementar el tribunal no solucionarán directamente su propio retardo en la revisión de sentencias de crímenes de lesa humanidad, pero lo obligarán a ser consecuente. No sólo porque las plantea como un cambio cultural sobre cómo se deben manejar los juicios por violaciones a los derechos humanos, sino porque para que un tribunal oral incorpore como probados en un juicio los hechos que ya se juzgaron en otro, hará falta una sentencia previamente confirmada.
No volver sobre hechos juzgados y probados es uno de los pilares en los que se apoyaría la futura reglamentación para lograr apurar el inicio de los juicios y acortar su duración. Las audiencias se concentrarían entonces en “juzgar la autoría y la responsabilidad del imputado”, explican en Casación.
Un miembro del tribunal justificó ante este diario que si les quedan muchas condenas sin revisar es “por los problemas de integración y vacantes en la cámara que dificultaron el trabajo”, pero aun los subrogantes –admitió– más un sector de los camaristas más antiguos carecían de interés en darles prioridad.
La propuesta para convocar a “la reunión plenaria” en febrero la hizo la Sala II de Casación y se la entregó por escrito anteayer a la presidenta saliente Angela Ledesma. Le dice que el objetivo es “establecer pautas y normas prácticas ordenatorias y/o doctrinarias sobre los procedimientos a seguir en juicios por crímenes de lesa humanidad”. Luego recuerda que existe un artículo del Código Procesal, el cuarto, que le da facultades a la Cámara de Casación, para fijar todas las normas que crea necesarias para los juicios orales. Algunas de las que analizan, inspirados en tribunales internacionales, serían:
n Además de evitar volver sobre lo que ya se juzgó y se probó, buscarían generar un sistema para que no se reiteren los testigos el proceso de producción y estudio de las pruebas. El razonamiento es que la superposición conlleva un desgaste para los testigos y víctimas, a lo que se suma que se alargan los tiempos y crecen las chances de que los imputados mueran (por cuestiones de edad) antes de recibir sentencia. Habría audiencias previas entre las partes para acordar la incorporación de videofilmaciones y evidencias puntales.
n Aunque parezca mentira, dicen en Casación, en algunos juicios los defensores vuelven a poner en discusión cuestiones como si hubo un plan de exterminio en la dictadura o insisten en alegar el concepto de “guerra interna”. Algunos de los jueces de Casación ya plantean que “son cosas que no se pueden analizar cada vez, son parte de la doctrina y así se las debe incorporar en cada juicio: hubo plan sistemático, no cabe la idea de guerra interna y lo mismo cabe respecto de definiciones como quién estaba a cargo de cada cuerpo de ejército, de cada centro clandestino”.
n En función de un diagnóstico presentado por los fiscales acerca de las “disfunciones” en el primer juicio sobre los crímenes de la ESMA, y de otras experiencias similares, el tribunal podría establecer pautas prácticas que van desde fijar cantidad mínima de audiencias por semana y su duración, cuánto pueden extenderse las últimas palabras de un acusado y eliminar la lectura de todo el requerimiento de elevación a juicio, que puede llevar días.
Dos de los jueces que integran la Sala II, que tomó la iniciativa –Ana María Figueroa y Alejandro Slokar– son de los más nuevos, incluidos en las últimas designaciones de Cristina Kirchner. El tercero es Pedro David, un histórico del tribunal, que siempre desentonó con la mayoría de Casación y que acaba de volver de La Haya, donde estuvo desde 2008 juzgando los crímenes de la ex Yugoslavia.
David asumirá como presidente de Casación en febrero. Su nombramiento desató una batalla campal en el 2º Piso de Comodoro Py 2002 y dividió incluso a los camaristas más nuevos. Mariano Borinsky y Juan Gemignani se opusieron a que ocupara ese puesto y apoyaron a su compañero de la sala IV, Gustavo Hornos. Pero más allá de estas rencillas –documentadas en un acta–, la cuestión de los juicios de derechos humanos no suscitaría grandes diferencias conceptuales. Borinsky y Figueroa, por caso, fueron los primeros en volcar sus propuestas para agilizar los juicios por escrito haciéndose eco de las que envió días atrás el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, lo que también marcó el paso. Ledesma hace tiempo viene trabajando en la misma línea, pero meses atrás carecía de apoyo interno. A lo sumo puede esperarse algún atisbo de resistencia de quienes llevan casi veinte años como casadores.
La última convocatoria a una reunión del pleno del tenor de la que habría en febrero fue en noviembre de 2008 pero tuvo un sentido totalmente opuesto. Allí se firmó un “fallo plenario” conocido como “(Ramón) Díaz Bessone” –por el ex general– que estableció que aun ante delitos de los más graves se debe priorizar la excarcelación de los procesados sin condena si no hay peligro de fuga o entorpecimiento de la causa. No pareció un gesto de garantismo sino una decisión a medida de los represores, algunos de los cuales fueron liberados en consecuencia, hasta que la Corte comenzó a revocar esas excarcelaciones. La Casación, que con cuatro jueces nuevos está en plena renovación, parece dispuesta –aunque está por verse– a contribuir a cambiar la historia.
Familiares propone a Mirtha Guianze para la Institución Nacional de DDHH
Montevideo, diciembre de 2011
En el interín hubo fuertes presiones y amenazas de los golpistas encerrados, de los clubes militares que hacen de voceros oficiales de los mismos y de los que aún están en libertad, de jerarcas militares en actividad señalando que la Verdad era incompatible con la Justicia. Obviamente no faltaron las estruendosas declaraciones de los dirigentes políticos que han asumido en las dos últimas décadas el rol de guardianes de la impunidad al amparo de la alicaída “teoría de los dos demonios”.
La aprobación de la Ley 18 831 por parte del Poder Legislativo a fines de octubre no convocó multitudes a festejar en las calles. La procesión fue por dentro. La presencia multitudinaria, en realidad, se expresó en la jornada del 20 de mayo. Una verdadera pueblada manifestó en la calle al viejo estilo su indignación ante el fracaso de aprobar la ley interpretativa de la caducidad. Conmovió y conmocionó. Obligó tanto como la misma sentencia de la Corte IDH.
Comenzó a surgir un nuevo Uruguay.
La falta de festejos públicos no le quita valor y contenido al enorme paso logrado. Quienes llevamos años luchando sabemos cuánto costó. La eliminación tácita de la Ley 15 848 ha permitido restablecer la total independencia del Poder Judicial que durante dos décadas estuvo sometido al Poder Ejecutivo para abordar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
La plena separación de poderes ha sido restablecida plenamente reafirmando los principios constitucionales por los cuales tanto lucharon los trabajadores y el pueblo uruguayo desde el 13 de junio de 1968. La institucionalidad democrática, en este sentido, se ha visto robustecida, aunque se haya hecho sin el concurso de la mayoría de los partidos que integran el sistema político. Se ha mejorado la calidad democrática desechando una norma inmoral que había sido aprobada en 1986 ante la presión de los militares golpistas.
Al mismo tiempo se han reafirmado principios constitucionales básicos y cardinales para una convivencia democrática: el derecho a la justicia de todos los ciudadanos. Los miles de uruguayos que sufrieron en carne propia violaciones a los derechos humanos han recuperado su capacidad de recurrir al sistema judicial para que se investigue, se identifique a los responsables y si corresponde se los castigue penalmente. Ahora somos todos iguales ante la ley.
En el pago nos tienen idea.
Desde su nacimiento en el año 2000, Crysol repudió la Ley de Caducidad y se involucró en su cuestionamiento en el contexto posible de la época. Surgimos como instancia de encuentro y de reencuentro, de organización de la solidaridad en las nuevas condiciones y también como instrumento de trabajo para contribuir a construir un Uruguay democrático, justo y digno.
Desde el año 2005 las acciones y actividades destinadas a promover su anulación fue un eje central de nuestro colectivo, aunque ello llevara a que en el pago gubernamental, a veces, nos tuvieran idea, hasta el día de hoy. Desde la aprobación de la Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas en diciembre de 2005, el derecho a la Verdad, a la Memoria, a la Justicia y a la reparación para democratizar la democracia nos convocó a promover la creación de la Coordinadora Nacional contra la Impunidad junto al Pit – Cnt y otras organizaciones hermanas de DDHH.
En esta gran victoria popular para anular los efectos de la Caducidad nuestro colectivo aportó su granito de arena. Lo celebramos. Estamos orgullosos de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. No miramos hacia atrás. Miramos el presente y el futuro. Y hacia allá vamos.
Nº 005 - 27 de diciembre de 2011
Argentina: los juicios a los represores en números
SUMAN 266 LOS CONDENADOS POR CRIMENES DE LA ULTIMA DICTADURA. LOS PRESOS SON 593
Página 12. 24 12 11. Por Victoria Ginzberg
Durante 2011, 193 personas fueron juzgadas o están siendo juzgadas por crímenes de lesa humanidad. La cifra es la más alta desde la reanudación de los juicios por violaciones de derechos humanos en la última dictadura y es cinco veces más alta que la de 2009. Hasta el momento, los condenados suman 266 y los presos, 593.
Los números surgen del informe anual de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos de la Procuración General de la Nación. El documento registra los avances y obstáculos del proceso de justicia por los delitos vinculados con el terrorismo de Estado. Las demoras en la revisión de las sentencias por parte de la Cámara de Casación son, para este organismo, el principal motivo de preocupación.
En 2007, cuando la Unidad que dirigen Jorge Auat y Pablo Parenti hizo el primer análisis de la situación de las causas contra los represores de la última dictadura, encontró que existía una demora significativa en la etapa de instrucción, es decir, que las investigaciones tardaban más del tiempo justificado en ser elevadas a juicio oral y que se advertía una “atomización” de los casos, lo que implicaba que no se acumulaban hechos que debían ser investigados juntos y se realizaban juicios aislados y repetitivos.
Estos problemas, señalaron ahora, fueron abordados y mejorados. “En los últimos tiempos pudo observarse una consolidación del proceso de juzgamiento en casi todo el país. El anterior fue el año en el que más casos fueron llevados a juicio oral y la cantidad de condenas logradas se incrementó exponencialmente con el período completo desde el retorno de la democracia”, dice el informe. Sobre 2011, sostiene que “se mantiene una tendencia positiva” y que “se iniciaron juicios significativos en jurisdicciones en las que ello era una deuda pendiente”, como Bahía Blanca, en donde se está realizando un juicio que involucra a 17 acusados por 92 víctimas del centro clandestino La Escuelita.
Actualmente hay 842 personas procesadas y 296 que fueron juzgadas (desde 1983 hasta ahora) por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado; 266 fueron consideradas culpables y 30 fueron absueltas. Hasta 2008, las condenas eran 68, al final de 2009 ascendieron a 98, en 2010 a 199 y este año a 266 (ver cuadro 2). Es decir que entre 2008 y 2011 la cantidad de condenados casi se cuadruplicó.
En 2011, además, terminaron veinte juicios, en los que se condenó a 81 personas (a 66 por primera vez) y la Cámara de Casación revocó la absolución del represor Alejandro Guillermo Duret por el caso de Carlos Labolita. Todavía hay 12 debates orales y escritos en trámite, en los que se juzga a 118 acusados, y para los próximos meses se espera que se inicien otros ocho juicios que involucran a 60 procesados. Así, a lo largo de este año, 193 personas fueron o están siendo juzgadas en todo el país (ver cuadro 1).
La Unidad Fiscal señaló como desafíos para el futuro el avance en las investigaciones sobre violencia sexual durante el terrorismo de Estado, las complicidades civiles, en particular en el ámbito judicial y el trabajo con los archivos de las Fuerzas Armadas. Pero lo que identificó como “especialmente preocupante” es “la demora que se viene registrando en el ámbito de la Cámara de Casación Penal para la revisión de las sentencias de los tribunales orales”.
De los 66 represores condenados, sólo 43 tienen condena firme y la mayoría son de juicios realizados durante la década del ’80 o por apropiaciones de niños. Este año, sólo tres condenas quedaron firmes. Durante 2011, Casación revisó seis sentencias con relación a 13 imputados. Uno de los ejemplos graves que ya había sido mencionado en el informe del año pasado es el del Regimiento IX de Corrientes. El caso ingresó a Casación hace casi 34 meses y todavía no se resolvió.
La Cámara de Casación fue uno de los grandes obstáculos a salvar luego de la reapertura de los procesos por delitos de lesa humanidad. En febrero de 2007, Página/12 publicó que el tribunal acumulaba más de cien recursos sin resolver vinculados con crímenes de la última dictadura y que algunos de esos expedientes estaban allí hacía tres años.
Los organismos de derechos humanos denunciaban que se trataba de un plan deliberado para demorar el inicio de los juicios. Esto fue confirmado por el entonces presidente de la Cámara de Casación, Alfredo Bisordi, que luego de una confrontación pública con el entonces presidente Néstor Kirchner renunció y se dedicó a ejercer como abogado defensor de los represores que antes apañaba desde el Poder Judicial. Luego, las causas comenzaron a destrabarse, aunque ahora otra vez los ojos están puestos en ese tribunal.
En el último tiempo, Casación entró en un proceso de renovación: fueron nombrados tres nuevos magistrados y el jurista Pedro David fue designado como su presidente. Resta ver si se produce un avance en la confirmación de las condenas a los represores.
Nos hemos convocado nuevamente, a 37 años, en este memorial recordatorio que hemos erigido, desde la sociedad civil, con la voluntad de trabajo de los vecinos de la zona, en homenaje a luchadores sociales y políticos que como María de los Angeles Corbo, Graciela Estefanell, Mirtha Hernández, Héctor Brum y Floreal García, a pesar de los años transcurridos, no son sólo memoria sino vida abierta al futuro, a la dignidad, a la esperanza y a la lucha por un mundo mejor.
A 37 años de su asesinato los recordamos y los homenajeamos como hombres y mujeres de esta tierra que optaron por el compromiso, por la militancia social y política, por la utopía de la felicidad de los pueblos, por una sociedad justa donde se pudiera soñar, luchar y vivir en libertad.
Eran uruguayas y uruguayos sencillos y comunes como todos nosotros. Debieron emigrar, como lo tuvieron que hacer miles de uruguayos, para preservar su libertad, su integridad sin saber que el Cóndor que empezaba a levantar vuelo, el Cóndor de la represión de las dictaduras del Cono Sur no respetaba fronteras geográficas, de la misma manera que no respetaba Derechos Humanos, ni vidas ni haciendas, ni moral, ni libertades.
Secuestrados en el marco del Plan Cóndor
Fueron secuestrados el 7 noviembre del año 1974 en Buenos Aires por comandos uruguayos, recluidos en centros clandestinos en dicha ciudad y trasladados en el operativo represivo que se conoce como “vuelo cero” a nuestro país para ser asesinados como supuesta represalia cuando se ejecutara al coronel Trabal en Francia.
La decisión de ejecutarlos fue adoptada por el Consejo de Seguridad Nacional, el Cosena de la época. Sus responsables no son anónimos, tienen nombre y apellido. Algunos de ellos aún están vivos y en condiciones de ser indagados por la justicia. Presidía el fallecido dictador Juan María Bordaberry y el Tte. Gral. Gregorio Alvarez, procesado por otras crímenes y recluido en la cárcel de Domingo Arenas, lo integraba como Jefe de Estado Mayor de las FFAA.
Durante más de dos décadas la Ley de Caducidad, que fue votada para consagrar la impunidad de estos crímenes imprescriptibles e inamnistiables, impidió que la justicia cumpliera con sus obligaciones.
La justicia tiene que actuar con celeridad
A 37 años de los sucesos es imprescindible que la justicia investigue a fondo y con celeridad, se expida y adopte las decisiones condenatorias que correspondan para que las heridas de la democracia no sigan sangrando, para que haya Verdad y haya Justicia donde se asiente el futuro de los uruguayos.
Hasta el día de hoy, a 26 años del retorno a la institucionalidad democrática, las fuerzas armadas siguen sin repudiar y sin condenar enérgicamente y como corresponde el crimen alevoso de estos uruguayos ocurrido hace ya 37 años.
Siguen sin proporcionar la información en su poder que permita identificar a sus responsables. Por lo mismo, siguen amparándolos y encubriéndolos. Siguen cargando la mochila del terrorismo de Estado.
María de los Angeles Corbo y el hijo que llevaba en su cuerpo, Graciela Estefanell, Mirtha Hernández, Héctor Brum y Floreal García, al igual que el maestro Julio Castro, no murieron durante la tortura a que se sometía a todas y a todos los uruguayos cuando eran detenidos. Luego de semanas de interrogatorios y torturas fueron ejecutados fría y alevosamente como un acto de represalia institucional y gubernamental por la muerte del Cnel. Trabal en Francia.
La Resolución 60/147 de la ONU es el camino
Para afirmar plenamente la democracia superando los traumas y las secuelas del pasado terrorista, para cimentar una sociedad con pleno respeto de los DDHH, para construir un Uruguay con sólidos cimientos de no repetición, el Estado uruguayo debe transitar el camino indicado detallada y pormenorizadamente por la Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas.
El cumplimiento de las directrices de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas para asegurar la plena transición democrática compromete a todos los poderes del Estado. Compromete al Poder Ejecutivo, compromete al Poder Legislativo y también al Poder Judicial.
Estos crímenes siguen estando impunes y sus responsables, o algunos de ellos, siguen probablemente, transitando libremente por las calles como honorables ciudadanos o, tal vez, integrando los cuadros de la familia militar. Es a la justicia, al sistema judicial en su conjunto, a quien le corresponde actuar con la debida celeridad.
El Estado uruguayo debe asumir, a través de sus autoridades legítimas, la responsabilidad pública por lo ocurrido hace 37 años y expresar sus públicas disculpas y homenajeando y dignificando a las víctimas como lo establece la Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas.
Calen y Memorial de los Fusilad@s de Soca: Centros de Memoria
Así como reivindicamos que el Centro de Altos Estudios Nacionales, CALEN, la base operativa del Servicio de Información de la Defensa (SID) de las fuerzas armadas durante el terrorismo de Estado sea declarado oficialmente un Centro de Memoria y DDHH en repudio a las prácticas del Estado y para mantener viva la memoria de lo ocurrido, reivindicamos también que este Memorial, en este rincón del país sea monumento oficial.
Este memorial, erigido hace 4 años por los vecinos de la zona, con sus propias manos, con sus propias energías, debe ser declarado oficialmente, Memorial Recordatorio de las y de los Fusilados de Soca por parte del Estado como homenaje a las víctimas en el marco del repudio del Mercosur al Plan Cóndor y como compromiso de Nunca Más repetir estos crímenes.
María de los Angeles Corbo, Graciela Estefanell, Mirtha Hernández, Héctor Brum y Floreal García: ustedes siguen estando con nosotros. Son y serán inolvidables. Tan inolvidables como todos nuestros detenidos desaparecidos.
Están y estarán presentes con nosotros, con nuestra lucha y la lucha de las generaciones venideras.
y Nunca, pero Nunca Más,
Nº 004 - 19 de diciembre de 2011
LA CASONA DE PUNTA GORDA: LOS FUSILADOS DE SOCA, LA
OPERACIÓN MORGAN Y LOS VUELOS DE ORLETTI
Caras y Caretas. 16 12 11
El 8 de noviembre de 1974, siete uruguayos fueron secuestrados en Buenos Aires. La familia de Floreal García y Mirtha Hernández con su hijo Amaral (de tres años), el matrimonio de Daniel Brum y María de los Ángeles Corbo, embarazada, Graciela Estefanell y Julio Abreu, quien no era militante político y terminó siendo testigo de la detención, la tortura en Argentina, el traslado en avión (“vuelo cero”), la reclusión en la casa de la rambla y la muerte de los otros cinco, fusilados cerca de la localidad de Soca aquel 20 de diciembre. El niño Amaral estuvo once años desaparecido. Abreu convivió 30 años con su silencio, hasta que salió públicamente a decir lo que bajo amenazas había callado.
Abreu no dudó al identificar la casa de Punta Gorda y dijo: “Fue una noche. Sentíamos un ruido de armas, como que encasquillaban, trac trac, un ruido fuerte. Entraron y dijeron: ‘¡Levántense, tupamaros!’. Nosotros estábamos cubiertos con ponchos verdes del Ejército. Cuando yo me levanto, me dicen ‘¡Dije ‘tupamaros’, no ‘tarados’!’… A ellos se los llevan y al otro día, de mañana, siento que sube el de la voz más fuerte, el que mandaba. Una voz dura, imperativa, enérgica… Dice: ‘Bueno, ya los matamos, están todos muertos estos comunistas’”.
En el marco de esa primera ‘oleada’ represiva (1975-1976) desaparecen Eduardo Bleier, Juan Manuel Brieba, Fernando Miranda, Carlos Arévalo Arispe, Julio Correa, Otermín Montes de Oca, Horacio Gelós Bonilla, Ubagesner Chaves Sosa, Julio Escudero Mattos, y fallecen como consecuencia de las torturas Carlos Curruchaga, Álvaro Balbi, Carlos María Argenta, Julián Basilicio López, Ivo Fernández Nieves, Óscar Olivera Rossano, Nuble Donato Yic, Humberto Pascaretta, Silvina Saldaña, Dante Porta y Saúl Facio Soto.
Fuente: Roger Rodriguez.

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