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Timestamp: 2019-09-21 17:58:22+00:00

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Ley 23/2007, de 8 de octubre, de creación de la Comisión Nacional del Sector Postal. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 444765230
Fecha de Entrada en Vigor: 10 de Octubre de 2007
Marginal: BOE-A-2007-17635
CAPÍTULO II. Organización y composición - arts. 3 a 5
CAPÍTULO III. Objeto y funciones - arts. 6 y 7
CAPÍTULO IV. Funcionamiento y medios - arts. 8 a 15
CAPÍTULO V. Procedimientos - arts. 16 a 20
Norma citada en: 32 sentencias, 10 artículos doctrinales, 21 disposiciones normativas, 9 resoluciones administrativas
Artículo 1 Creación de la Comisión Nacional del Sector Postal.
Se crea la Comisión Nacional del Sector Postal como organismo regulador del sector postal, con el objeto de velar por su transparencia y buen funcionamiento y por el cumplimiento de las exigencias de la libre competencia.
La Comisión Nacional del Sector Postal se configura como un organismo público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, de los previstos en la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado.
La Comisión es un organismo independiente funcionalmente de la Administración General del Estado, si bien se encuentra adscrito al Ministerio de Fomento a través de la Subsecretaría, que asume el ejercicio de las funciones de coordinación entre la Comisión y el Ministerio.
CAPÍTULO II Organización y composición Artículos 3 a 5
El Consejo Rector estará compuesto, inicialmente, por un Presidente, que será igualmente el Presidente de la Comisión Nacional del Sector Postal y cuatro consejeros, uno de los cuáles será Vicepresidente, y por un Secretario no consejero, que tendrá voz pero no voto.
El Presidente asume la representación legal de la Comisión, dirige sus actividades y ejerce las funciones que a los Presidentes de los órganos colegiados administrativos atribuye el artículo 23 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como las demás competencias que le asigne el Reglamento de funcionamiento interno de la Comisión. Su voto tendrá carácter dirimente.
El Vicepresidente suplirá al Presidente en los casos de vacante, ausencia o enfermedad y ejercerá las funciones que le delegue el Presidente y que prevea el Reglamento de funcionamiento interno de la Comisión.
El Presidente, el Vicepresidente y los consejeros serán nombrados por el Gobierno, mediante real decreto adoptado a propuesta del Ministro de Fomento, entre personas de reconocida competencia profesional en el sector postal y en la regulación de mercados, previa comparecencia ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados de los candidatos propuestos, que versará sobre su capacidad y conocimientos técnicos.
El Consejo Rector designará a su Secretario, que será asimismo el Secretario General de la Comisión.
Los cargos de Presidente, Vicepresidente y Consejero se renovarán cada seis años, siendo posible su reelección por una sola vez.
El Presidente, el Vicepresidente y los consejeros cesarán en su cargo por renuncia aceptada por el Gobierno, expiración del término del mandato o por separación acordada por el Gobierno, previa instrucción de expediente por el Ministerio de Fomento, en los supuestos de incapacidad permanente para el ejercicio de su cargo, incumplimiento grave de sus obligaciones, condena por delito doloso o incompatibilidad sobrevenida.
El Presidente, el Vicepresidente y los consejeros ejercerán su función con dedicación absoluta y estarán sometidos al régimen de incompatibilidad de actividades establecido con carácter general para los altos cargos de la Administración General del Estado en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado y en sus disposiciones de desarrollo, así como en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005, por el que se aprueba el Código de Buen Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.
El Consejo Rector aprobará el Reglamento de funcionamiento interno de la Comisión, en el que se regulará la actuación de sus órganos y el procedimiento a seguir para la adopción de acuerdos y la organización del personal.
Artículo 5 Régimen de compensación económica.
En virtud de la limitación impuesta por el artículo 4.8, el Presidente, el Vicepresidente y los consejeros, al cesar en su cargo por expiración del término de su mandato, renuncia o incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones, tendrán derecho a percibir, a partir del mes siguiente a aquel en que se produzca su cese y durante un plazo igual al que hubieran desempeñado el cargo, con el límite máximo de dos años, una compensación económica mensual igual a la dozava parte del 80 por 100 del total de retribuciones asignadas al cargo respectivo en el presupuesto en vigor durante el plazo indicado.
La citada compensación será incompatible con el desempeño de dichos cargos, en el caso de ser designado de nuevo para uno de ellos con posterioridad al cese.
CAPÍTULO III Objeto y funciones Artículos 6 y 7
Para el cumplimiento de sus objetivos, la Comisión, a través del Consejo Rector, ejercerá las siguientes funciones:
Resolver los conflictos que puedan surgir entre los operadores del sector postal, en los supuestos regulados en el artículo 16.
Velar porque los operadores postales establezcan procedimientos transparentes, sencillos y gratuitos para la resolución de las reclamaciones de los usuarios en los casos de pérdida, robo o deterioro, y por el cumplimiento de las normas de calidad de los servicios postales.
Otorgar y revocar los títulos habilitantes para la prestación por los operadores de los servicios postales, de acuerdo con lo dispuesto en el Título II de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales.
Velar para que los sujetos que actúan en el mercado postal lleven a cabo su actividad respetando los principios de libre competencia y evitando posibles discriminaciones en el acceso a la red postal y en el ejercicio normal de su actividad.
Determinar, anualmente, el coste neto o carga que supone la prestación del servicio postal universal para el operador al que hubiese sido encomendado y elaborar un informe anual sobre su coste, su financiación y la calidad del servicio que el Ministerio de Fomento elevará a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Fijar las condiciones de acceso a la red postal pública cuando los operadores no hubiesen llegado a un acuerdo sobre ello.
Dictar instrucciones dirigidas a los operadores del sector postal, con el objeto de adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la pluralidad de oferta en el mercado postal y el acceso a la red postal pública.
Ejercer la inspección de los servicios postales, con el fin de garantizar el desarrollo del servicio en un marco de libre competencia y el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los operadores en virtud de sus respectivos títulos habilitantes.
Ejercer la potestad sancionadora por los actos u omisiones que supongan un incumplimiento efectivo de las obligaciones de los operadores postales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales, y sin perjuicio de las competencias reservadas a los órganos de defensa de la competencia.
Controlar la aplicación de las directrices y, en su caso, el régimen de precios establecidos en los artículos 30, 31, 31 bis y 31 ter de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales.
Gestionar, en su caso, el Fondo de Compensación del Servicio Postal Universal destinado a complementar la financiación de dicho servicio, conforme a lo dispuesto en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales.
Llevar el Registro General de empresas prestadoras de servicios postales, creado por la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales, en el que se han de inscribir todos los datos relativos a los beneficiarios de autorizaciones administrativas, ya sean singulares o generales, así como sus posteriores alteraciones.
Actuar como órgano consultivo de la Administración General del Estado en materia postal, emitiendo los informes que le sean solicitados por el Ministerio de Fomento.
Elaborar anualmente un informe sobre el desarrollo del mercado postal, que será presentado al Ministerio de Fomento y elevado a las Cortes Generales. Este informe reflejará las actuaciones de la Comisión, sus observaciones y posibles sugerencias sobre la evolución del mercado y sobre el cumplimiento de las condiciones de libre competencia e incluirá el programa de las actuaciones que prevea desarrollar en el periodo siguiente.
Controlar el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos para los servicios postales.
Conocer de los procedimientos que implanten los operadores del sector postal para resarcir a los usuarios en caso de destrucción o extravío de los envíos o incumplimiento de las condiciones de prestación de los servicios.
Las resoluciones que dicte el Consejo Rector en el ejercicio de sus funciones públicas pondrán fin a la vía administrativa y serán recurribles ante la jurisdicción contencioso administrativa en los términos establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Artículo citado en: 3 sentencias, un artículo doctrinal, 3 disposiciones normativas, 2 resoluciones administrativas
CAPÍTULO IV Funcionamiento y medios Artículos 8 a 15
Artículo 8 Personal al servicio de la Comisión Nacional del Sector Postal.
El personal al servicio de la Comisión Nacional del Sector Postal, distinto de los miembros de su Consejo Rector, está constituido por:
Los funcionarios y el personal laboral destinados en el Ministerio de Fomento que, en el momento de la entrada en vigor de esta ley, estuvieran desempeñando servicios relacionados con la regulación e inspección de los servicios postales, salvo aquellos que permanezcan en el Ministerio para el ejercicio de las funciones excluidas del ámbito de actuación de la Comisión. Dicho personal pasará a depender de la Comisión dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su constitución.
El personal seleccionado por la Comisión Nacional del Sector Postal que, salvo en los supuestos previstos en el apartado 5, estará vinculado a ésta por una relación sujeta a las normas del derecho laboral.
El personal procedente del Ministerio de Fomento que pase a depender de la Comisión Nacional del Sector Postal, se incorporará a la misma conservando su condición de personal funcionario o laboral, con reconocimiento de la antigüedad que le corresponda y en la misma situación administrativa en que se encontrase en el momento de la integración.
El personal funcionario se regirá por las normas reguladoras de la función pública y aplicables al personal funcionario de la Administración General del Estado.
El personal laboral se regirá por las normas reguladoras del empleo público, el Estatuto de los Trabajadores y por el resto de la normativa laboral que le sea aplicable.
La Comisión contará con una relación de puestos de trabajo en la que constarán, en todo caso, aquellos puestos que deban ser desempeñados en exclusiva por funcionarios, por consistir en el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas y la salvaguarda de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas.
Artículo 9 Régimen de contratación.
Artículo 10 Régimen presupuestario.
La Comisión elaborará anualmente un anteproyecto de presupuesto, según la estructura que determine el Ministerio de Economía y Hacienda, al que será remitido a través del Ministerio de Fomento, para su incorporación al proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
Las variaciones que se introduzcan en el presupuesto serán autorizadas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Artículo 11 Régimen económico-financiero y patrimonial.
La Comisión tendrá patrimonio propio e independiente del patrimonio del Estado.
Los ingresos obtenidos por la liquidación de las tasas que tengan por objeto la financiación del funcionamiento de la Comisión.
Las transferencias que se efectúen, en su caso, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
El control económico y financiero de la Comisión se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Artículo 12 Tasas afectas al funcionamiento de la Comisión.
La recaudación de las siguientes tasas estará destinada a la financiación de los gastos que ocasione el funcionamiento de la Comisión:
Tasa por inscripción en el Registro General de empresas prestadoras de servicios postales.
Tasa por realización de actividades económicas en el sector postal.
Tasa por expedición de certificaciones registrales.
Las tasas enumeradas en el apartado anterior se regirán por lo dispuesto en esta Ley y en sus normas de desarrollo, en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos y en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Por orden del Ministro de Fomento se aprobarán los impresos que servirán de modelo para el pago de las distintas tasas.
La gestión de las tasas le corresponderá, en todo caso, a la Comisión Nacional del Sector Postal.
Artículo 13 Tasa por inscripción en el Registro General de empresas prestadoras de servicios postales.
Las personas y entidades que presten servicios postales y figuren inscritas en el Registro General de empresas prestadoras de servicios postales, estarán obligadas a satisfacer una tasa de periodicidad bianual, destinada a financiar los gastos derivados del funcionamiento de la Comisión Nacional del Sector Postal.
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas que presten servicios postales y figuren inscritas en el Registro General de empresas prestadoras de servicios postales.
La tasa se abonará en el momento en que se realice la inscripción en el Registro o la renovación de la misma.
La cuota a ingresar será de 50 euros, sin perjuicio de las actualizaciones que la Ley de Presupuestos Generales del Estado pueda efectuar en los sucesivos ejercicios.
Artículo 14 Tasa por realización de actividades económicas en el sector postal.
Los titulares de autorizaciones administrativas reguladas en los artículos 9 y 11 de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales, para la prestación de servicios postales, estarán obligados a satisfacer a la Comisión Nacional del Sector Postal una tasa anual, cuya recaudación estará destinada a sufragar los gastos que se generen por la realización de las actividades de gestión, control y ejecución que esta ley impone a la Comisión Nacional del Sector Postal.
El hecho imponible de la tasa radica en las operaciones de gestión, control y ejecución que ha de realizar la Comisión Nacional del Sector Postal en relación con los titulares de autorizaciones administrativas que habilitan para la realización de actividades económicas en el sector postal.
Constituye la base imponible de esta tasa el conjunto de los ingresos brutos de explotación que obtenga el titular de la autorización administrativa por la prestación de los servicios postales incluidos en el ámbito autorizado.
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas que presten servicios postales en virtud de autorización administrativa.
La cuota de la tasa no podrá exceder del 0,2 por ciento de la base imponible. El porcentaje a aplicar sobre la misma se determinará y podrá ser modificado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, teniendo en cuenta la diferencia entre los ingresos recaudados mediante la tasa y los gastos de funcionamiento de la Comisión Nacional del Sector Postal en el año anterior.
Los operadores del sector postal obligados al pago de la tasa deberán elaborar anualmente una declaración de ingresos y comunicarla, dentro de los seis primeros meses de cada año, a la Comisión, que efectuará la correspondiente liquidación sobre la base del volumen de los ingresos obtenidos en el correspondiente ejercicio.
El abono de la tasa en periodo voluntario se efectuará dentro de los plazos previstos en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Se podrá regular a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado el establecimiento, modificación, supresión y prórroga de las exenciones, reducciones, bonificaciones, deducciones y demás beneficios o incentivos fiscales de esta tasa.
Artículo 15 Tasa por la expedición de certificaciones registrales.
La expedición de certificaciones registrales por parte de la Comisión Nacional del Sector Postal dará derecho a la percepción de una tasa compensatoria del coste de los trámites y actuaciones administrativas necesarias. Se excluyen aquellas certificaciones emitidas en el momento de inscripción inicial en el Registro o posterior renovación de la misma.
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas que soliciten la certificación.
El devengo se producirá en el momento en que se realice la solicitud de la certificación registral, debiendo proceder al pago de su importe simultáneamente.
El importe de dicha tasa será de 100 euros, sin perjuicio de la actualización del mismo que pueda realizar la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio.
CAPÍTULO V Procedimientos Artículos 16 a 20
Artículo 16 Procedimiento de resolución de conflictos.
La Comisión Nacional del Sector Postal resolverá los conflictos que se susciten entre el operador prestador del servicio postal universal y otros operadores postales que lleven a cabo servicios incluidos en dicho ámbito, en relación con la existencia o no de los derechos exclusivos, la suficiencia o insuficiencia de las garantías ofrecidas a los usuarios y el derecho de acceso a la red postal pública.
El procedimiento de resolución de conflictos, que se regulará mediante orden del Ministro de Fomento, habrá de respetar los principios de audiencia, contradicción e igualdad.
El procedimiento se iniciará siempre a instancia de parte o de su representante, en el plazo de dos meses desde que se haya producido el conflicto. En la solicitud de iniciación se harán constar los extremos siguientes:
El nombre y domicilio del reclamante y de la persona contra la que se dirige la reclamación.
El contenido de la reclamación.
La proposición de pruebas.
Tras la presentación de la solicitud por la persona interesada o por su representante, la secretaría de la Comisión remitirá copia de la reclamación a la parte contra la que se formule, al objeto de que conteste en el término de veinte días, proponiendo, en su caso, las pruebas que considere oportunas.
Una vez contestada la reclamación, se practicarán, en el plazo de treinta días, las pruebas propuestas por las partes y admitidas por la Comisión, así como las que ésta haya decidido acordar.
Practicada la prueba, la Comisión requerirá a las partes para que formulen sus conclusiones por escrito en el plazo de veinte días, o bien acordará la celebración de vista oral.
Finalmente la Comisión dictará y notificará su resolución en el plazo de veinte días, ampliables a cuarenta por el Presidente de la Comisión, desde la recepción de las conclusiones o la celebración de la vista. La resolución constará por escrito y en ella se deberán especificar los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta la decisión.
La resolución tendrá carácter obligatorio para las partes y podrá imponer la obligación de resarcir los daños y perjuicios ocasionados.
La resolución será impugnable, en los términos establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Artículo 17 Procedimiento para la elaboración de instrucciones.
La Comisión podrá dictar instrucciones para las entidades que operen en el sector postal, que serán vinculantes una vez publicadas en el Boletín Oficial del Estado.
Las instrucciones serán aprobadas por el Pleno del Consejo Rector, estarán debidamente motivadas, y se dará, cuando proceda, audiencia previa a las entidades que ostenten la representación de los distintos intereses en juego.
Cuando se dicten instrucciones de carácter general que puedan incidir significativamente en las condiciones de competencia del mercado postal, la Comisión estará obligada a solicitar informe previo al órgano competente en materia de defensa de la competencia.
Artículo 18 Procedimiento inspector.
La Comisión ejercerá su potestad de inspección sobre todas aquellas actividades reguladas en la Ley 24/1998, de 13 de julio, que desarrollen los operadores postales.
El personal expresamente facultado por la Comisión Nacional del Sector Postal para el ejercicio de la función inspectora tendrá, en sus actos de servicio o con motivo de los mismos, la consideración de agentes de la autoridad y podrá requerir, a través de la autoridad gubernativa correspondiente, el apoyo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Los titulares o responsables de los servicios postales estarán obligados a facilitar al personal de la inspección, en el ejercicio de sus funciones, el acceso a sus instalaciones, a los elementos afectos a sus servicios o actividades y a cuantos documentos estén obligados a conservar.
El personal encargado de la inspección levantará acta de sus actuaciones, en la que habrá de constar:
La Comisión ejercerá su potestad sancionadora en relación con las infracciones reguladas en el Título V de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales.
La competencia para la instrucción del procedimiento sancionador corresponderá a los funcionarios del servicio de inspección de la Comisión y la competencia resolutoria al Presidente del Consejo, en el caso de las infracciones leves y al Pleno, en el de las infracciones graves y muy graves.
El procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora se regirá por lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-administrativo.
Artículo 20 Arbitraje de la Comisión.
La Comisión Nacional del Sector Postal actuará como órgano arbitral en los conflictos que le sometan los operadores postales, en el marco del régimen establecido en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, cuyas normas se aplicarán supletoriamente en lo no previsto en esta ley ni en sus normas de desarrollo.
La función arbitral no tendrá carácter público y será gratuita, salvo los gastos generados por la práctica de las pruebas.
El procedimiento, que se regulará mediante real decreto, se ajustará a los principios de igualdad entre las partes, audiencia y contradicción.
Disposición adicional primera Constitución del Consejo Rector.
Disposición adicional segunda Incorporación del personal procedente del Ministerio de Fomento.
Disposición adicional tercera Cuota de la tasa por realización de actividades económicas en el sector postal.
Disposición transitoria primera Régimen sancionador.
Disposición transitoria segunda Continuidad de funciones del Ministerio de Fomento.
Disposición final primera Modificación de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales.
Se modifica el artículo 8 de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales, que quedará redactado en los siguientes términos:
Se modifica el apartado 3 del artículo 10 de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales, que quedará redactado en los siguientes términos:
Se modifica el apartado 1.b) del artículo 19 de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales, que quedará redactado en los siguientes términos:
Disposición citada en: 19 sentencias, una resolución administrativa
Disposición final segunda Modificación de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Seguridad Nuclear, el Ente Público RTVE, las Universidades no transferidas, la Agencia de Protección de Datos, el Instituto Español de Comercio Exterior, el Consorcio de la Zona Especial Canaria, la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y la Comisión Nacional del Sector Postal se regirán por su legislación específica y supletoriamente por esta Ley.
Real Decreto 311/2001, de 23 de marzo, sobre ampliación de los medios traspasados a la Comunidad Foral de Navarra por el Real Decreto 1319/1997, de 1 de agosto, en materia de gestión de la formación profesional ocupacional, y por el Real Decreto 811/1999, de 14 de mayo, de la gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación.
Orden de 10 de noviembre de 2016, de la Consejería de Presidencia, por la que se prorroga temporalmente el horario de cierre de determinados establecimientos públicos en el municipio de Totana.

References: Artículo 1
 artículo 23
 real decreto 

Artículo 5
 artículo 4
 artículo 16
 resolución 

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14
 artículo 62

Artículo 15

Artículo 16
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 17

Artículo 18
 Real Decreto 
 resolución 

Artículo 20
 artículo 8
 artículo 10
 artículo 19
 resolución 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto