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Timestamp: 2020-06-01 23:36:06+00:00

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Inventar Los DDHHs
Dhualde Gras
Lima - Londres, abril 2010
Informe elaborado por Carlos Salazar, Cynthia García y Andrea Estrella de Socios Perú con la colaboración de Diana Klein y Yadaira Orsini de International Alert.
IV. Hallazgos del estudio
a. Conocimiento de los PV
b. Relevancia e importancia de un potencial proceso de Principios Voluntarios en el Perú
c. Actores clave en un proceso futuro
d. Pasos a seguir en el proceso de implementación
e. Impulsores del proceso: criterios de selección
f. Resumen de los principales hallazgos
V. Sugerencias para un plan de trabajo
Campaña informativa y fortalecimiento de capacidades
Implementación de los Principios Voluntarios en el Perú: Estudio Exploratorio
Desde la creación de los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos (PV), una década atrás, se ha ganado una vasta experiencia los temas de seguridad y derechos humanos. La iniciativa también ha crecido considerablemente: han aumentado los miembros de dos a siete países, de cuatro a nueve organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y de cinco a dieciocho empresas globales.
La experiencia colombiana de implementación de los Principios Voluntarios destaca sobre todo por ser el único país con un proceso de aplicación de los PV en curso en el que se trascienden los esfuerzos particulares de empresas extractivas; sin embargo, no resulta lo suficientemente sólido, teniendo en cuenta los desafíos que presenta el país en cuestión.
Siendo el primer país sudamericano miembro de los Principios Voluntarios, la experiencia colombiana ha motivado a Socios Perú e International Alert a explorar la posibilidad de realizar un proceso similar en el Perú. Ambas instituciones vienen trabajando en forma conjunta desde el 2007, y desde hace algunos años, Socios Perú viene explorando la posibilidad de implementar los PV en el país. Es a partir de esta meta en común que ambas instituciones deciden llevar a cabo el presente estudio, reconociendo el interés en desarrollar una estrategia conjunta y la capacidad de promoción de una cultura de diálogo y concertación para la transformación de conflictos en la sociedad.
Reconociendo que es el Estado el que tiene un rol protagónico en la protección de los derechos humanos, adherirse e implementar los Principios Voluntarios puede ser una oportunidad valiosa para que las empresas de industrias extractivas dirijan su atención a temas de derechos humanos relacionados a seguridad, así como una oportunidad de identificar con mayor efectividad los impactos que generan sus operaciones en los grupos de interés local, y para elevar sus estándares de comportamiento corporativo en temas de seguridad. En el caso de las ONG y las organizaciones de base, asumir los Principios Voluntarios puede significar dotarse de un mecanismo apropiado para la promoción de los derechos humanos, contando con canales adecuados y reconocidos. Para el Estado, adoptar los PV podría contribuir a la reducción del nivel de conflictividad entre comunidades y compañías en un área determinada, mejorando la situación de los derechos humanos y generando un clima favorable para la inversión extranjera.
El informe está organizado en cinco capítulos, dando cuenta de la metodología utilizada, el contexto de país en el que se realiza, los hallazgos encontrados, las principales constataciones y algunas ideas para el plan de acción. A partir de este derrotero, el estudio intenta corroborar la viabilidad de seguir un proceso de incorporación del país a los Principios Voluntarios y señalar los pasos a seguir en el futuro cercano.
La finalidad de este estudio ha sido explorar el potencial existente para un proceso nacional sostenido de incorporación de los Principios Voluntarios. Para realizarlo se han identificado los grupos de interés locales (empresa, sociedad civil y gobierno) y se ha propuesto una plataforma de diálogo sobre los Principios Voluntarios en Perú (en el Anexo 1 se presentan los términos de referencia del estudio), estructura que permitiría un flujo de información más dinámico y la formación de confianza entre actores que representan a cada uno de los pilares, elemento indispensable para iniciar el proceso de implementación en el Perú.
El estudio exploratorio se realizó entre los meses de enero y marzo del 2010. El levantamiento de información se basó en guías de entrevistas dirigidas a los tres grupos de interés priorizados: Empresa, Estado y sociedad civil, recogiéndose además la opinión de profesionales especialistas en el tema, tanto en Lima como en Bogotá. (En el Anexo 2 se presenta la guía de entrevista según sectores).
Se seleccionaron 52 instituciones y/o actores en el Perú y Colombia, efectuándose 35 entrevistas en ambos países (8 entrevistas fueron realizadas en la ciudad de Bogotá). Como se ha señalado, Colombia es el país líder en la región en la aplicación de Principios Voluntarios, por lo cual la información recogida fue sumamente valiosa para conocer las peculiaridades del proceso de incorporación en este país y las motivaciones políticas y empresariales para su inclusión. (En el Anexo 3 se presenta la relación de personas entrevistadas según sectores en ambos países).
Para completar la información recogida en las entrevistas, se organizó una Mesa Redonda que contó con la participación de aproximadamente 20 personas representativas de cada grupo de interés. La Mesa permitió ahondar respecto a las expectativas e inquietudes específicas que guarda cada grupo sobre la aplicación de los Principios Voluntarios en el país. (En el Anexo 4 se presenta la lista de participantes en la Mesa Redonda).
La Mesa Redonda tuvo dos puntos de agenda: a) presentación de la experiencia colombiana, a cargo de International Alert; b) una síntesis de los hallazgos de las entrevistas en Perú. Ambas presentaciones sirvieron para motivar un debate entre los asistentes e identificar posibles pautas de acción en la implementación de los Principios Voluntarios en el país. En los siguientes capítulos se dará cuenta de las opiniones y comentarios recogidos en las entrevistas y durante la Mesa Redonda.
Durante los últimos tres años, el Perú ha mostrado un crecimiento sostenido del PBI (6.8 en 2005, 7.7 en 2006, 8.9 en 2007, 9.8 en 2008 y 0.9 en 2009, según el Banco Central de Reserva). Este crecimiento ha ido acompañado de una reducción de la pobreza, cuya tasa ha disminuido de 54.4% en el año 2002 a 36.2 en el 2008.
Sin embargo, la pobreza extrema sigue siendo considerablemente alta (en el 2008 alcanzó el 12.6%). Las desigualdades entre el área urbana y en el área rural son impactantes: la pobreza extrema en el área urbana es de 5.8%, mientras que en zonas rurales se mantiene un altísimo 21%. Adicionalmente, la inequidad entre el área urbana (23.5) y el área rural (59.8) ha incrementado.
Los departamentos con mayor porcentaje de pobreza son Huancavelica (85.7%), Apurímac (69.5%), Ayacucho (68.3%), Puno (67.2%), Huánuco (64.9%), Cajamarca (64.5%) y Pasco (63.4%). Todos son departamentos andinos, lo que demuestra las inequidades existentes entre esa región y la costa e incluso la selva. La población que se encuentra en situación de pobreza extrema requiere de una mayor atención por parte de las instituciones estatales, mejorando el acceso a servicios básicos e incrementando la inversión, lo cual generará empleo e impedirá la reproducción de la pobreza en futuras generaciones.
Con respecto a la inversión privada y pública, en el 2007 alcanzaron los 20,000 millones de dólares y 5,000 millones de dólares, respectivamente. Según la Cámara de Comercio, la inversión empresarial privada al 2011 podría superar los 100,000 millones de dólares, si el país continúa mejorando su competitividad.
El crecimiento económico del Perú ha sido positivo en estos últimos años en cuanto al buen desempeño del PBI y el creciente porcentaje de inversiones extranjeras. Según el
Ciudadanos al Día (una firma consultora peruana) en el año 2006, las industrias de minería e hidrocarburos han sido las principales responsables de este crecimiento, habiendo experimentado un aumento de 412% en 2005 frente al año anterior.
“Aporte
sectores económicos a la recaudación”,
Los principales productos mineros comercializados por el país a nivel mundial son oro, cobre, zinc y plata. En términos de contribución a la renta nacional, la minería aportó al porcentaje total de inversiones 19.6%, energía 13.2% y el petróleo 20%. Por concepto de canon, los montos han sido considerables en los últimos años: 4,254 millones de soles en el 2006, 4,435 millones en el 2007 y 3,434 en el 2008. En el año 2009 los recursos provenientes de la minería se transfirieron de la siguiente manera:
25% al departamento de Ancash, 15% a Arequipa y 11% a Moquegua. Respecto al sector hidrocarburos, por concepto de canon y sobre canon se transfirió del total recaudado 43% a Piura, 24% a Loreto y 13% a Ucayali.
A pesar del auspicioso panorama macroeconómico, las políticas de Estado se han caracterizado por ser ineficientes al gestionar los ingresos obtenidos por actividades extractivas, por lo cual el país no ha experimentado el desarrollo necesario. Frente a esta situación, las empresas privadas se han visto obligadas a desarrollar prácticas de responsabilidad social como mecanismo de solución para atender las necesidades básicas de las poblaciones aledañas a sus operaciones.
Los proyectos mineros generan impactos políticos, sociales, económicos y culturales en las comunidades cercanas al proyecto. Esos impactos pueden incluir la alteración del medio ambiente, así como cambios en la organización comunitaria.
Estos y otros factores, si son manejados de forma inadecuada, generan inestabilidad e incertidumbre en una población fuertemente arraigada a sus costumbres ancestrales y para quien la tierra y el agua son activos fundamentales para la supervivencia. El
último reporte de conflictos de la Defensoría del Pueblo (enero 2010), da cuenta de la existencia de al menos 250 conflictos sociales, de los cuales el 65% (170) se encontraban activos y 90 (35%) latentes. Es importante resaltar que la mayoría de conflictos son socio ambientales (47%), siguiéndole los conflictos por asuntos de gobiernos locales (14%) y los laborales (11%). La mayoría de conflictos se concentraron en Cajamarca, Cusco, Ancash, Ayacucho y Puno.
En cuanto a los temas de seguridad y vulneración de derechos humanos, si bien en la actualidad los casos son esporádicos, su frecuencia se viene incrementando sostenidamente, evidenciándose problemáticas que de no ser atendidas apropiadamente podrían generar nuevos conflictos. Los conflictos que involucran temas de seguridad incluyen asuntos de seguridad públicos y privados, mal manejo de protestas sociales, ataques personales, entre otros. Algunos casos emblemáticos son los de la empresa Yanacocha en Cajamarca, que fue denunciada por espionaje a los actores que protestaban por supuestos abusos de la empresa; y el de la Empresa Minera Majaz con su proyecto Rio Blanco, ubicado en la sierra del departamento de Piura en las provincias de Huancabamba y Ayabaca, donde los pobladores locales protestaron porque no se llevaron a cabo los procesos de diálogo previo al inicio de sus exploraciones.
En suma, a pesar del crecimiento económico y las fuertes proyecciones que tiene el sector extractivo, en tanto no se planteen soluciones estructurales a la pobreza y exclusión, resulta muy probable que la existencia de conflictos continúe poniendo en peligro la viabilidad de los proyectos y dificulte el desarrollo del país.
Estos hallazgos recogen las percepciones y opiniones de representantes del Estado, empresas extractivas (o ligadas al sector) y organizaciones de la sociedad civil. Igualmente, considera la información recogida de profesionales expertos en el tema de derechos humanos y desarrollo empresarial, tanto en Lima como en Bogotá. Los grupos de interés entrevistados en Lima tienen significativa importancia para el desarrollo de la estrategia de aplicación de los Principios Voluntarios en el país por su representación sectorial y su diversidad; los entrevistados en Bogotá recogen su experiencia de años en el proceso de incorporación de Colombia a los Principios.
La información recogida a través de las diversas fuentes nos permitió formular premisas y esbozar pautas a seguir en un proceso de implementación en el Perú.
La información ha sido agrupada en cinco ejes temáticos:
El sector empresarial es el que mayor conocimiento muestra en el tema de los Principios Voluntarios. Funcionarios de empresas nacionales con matrices extranjeras con sede en Perú que fueron entrevistados, como Antamina (BHP Billiton), Yanacocha (Newmont), Quellaveco (Anglo American) y Las Bambas (Xstrata Cooper), manifestaron que los aplican desde hace algunos años. A pesar de los diferentes niveles de implementación en las compañías, el hecho de que estén teniendo
discusiones sobre los PV y los estén asimilando en sus empresas evidencia una toma de conciencia frente al beneficioso impacto que pueden traer los PV en sus operaciones, como un medio para reconfigurar positivamente sus redes y relaciones locales. Sin embargo, uno de los principales retos recae en el carácter del proceso de implementación, pues las empresas lo realizan mediante un proceso de capacitación al personal que en muchos casos está focalizado en un sector particular de la empresa. Por lo general este es el personal de Seguridad de las empresas, quienes planifican y/o ejecutan las acciones en torno a los Principios Voluntarios; son ellos quienes brindan las capacitaciones al personal, sea de planilla y/o contrata. Esta capacitación no llega a las comunidades del entorno, las que muchas veces son promotoras de conflictos o cuentan con unidades de seguridad no ortodoxas como las Rondas Campesinas 1 .
Las empresas extractivas peruanas (entrevistadas) han elaborado y están implementando una matriz de identificación de riesgos y acciones violentas; sea esta el PESC (Prácticas Empresariales Sensibles al Conflicto), metodología desarrollada por International Alert, u otras elaboradas por la propia empresa.
Por el lado de la sociedad civil organizada (gremios y ONG), así como por el lado de los representantes del Estado, no existe mayor conocimiento respecto a los Principios Voluntarios y lo asocian a una práctica empresarial socialmente responsable. Más aun, consideran que los Principios Voluntarios podrían ser una estrategia de marketing social para las empresas.
Es decir, se evidencia una asimetría en los conocimientos en torno a los Principios Voluntarios; las empresas con casas matrices extranjeras los conocen y los aplican mientras por parte de la sociedad civil y del Estado no los conocen y tienen ideas equivocadas sobre su carácter. Esta situación configura la forma en que se deberá trabajar si se desea implementar los Principios en el país, es decir, comenzar por una campaña de difusión y capacitación a los principales grupos de interés.
Los entrevistados estuvieron de acuerdo en que uno de los móviles principales del conflicto entre empresas extractivas, comunidades y Estado es la desconfianza. El Perú es un país socialmente fracturado, con severa debilidad institucional y con un Estado que no promueve la articulación entre los actores locales. El respeto a los derechos humanos en prácticas de seguridad por parte de las empresas extractivas se vuelve indispensable en un país donde el marco legal es contradictorio y vulnera abiertamente los derechos de sus ciudadanos.
Frente a esta situación, una propuesta como la de los PV ha despertado el interés de los actores relevantes en el Perú, quienes perciben este proceso como una oportunidad de articular actores estratégicos en cada sector, para contribuir en el fortalecimiento del diálogo e impactar en la promoción de una cultura nacional de prevención y resolución de conflictos.
1 Las Rondas Campesinas nacen en el Perú como organizaciones de defensa de las comunidades o poblaciones rurales frente al abigeato, con los años sin embargo han asumido prácticas de defensa y seguridad de su entorno. Están muy extendidas en la sierra norte y sur del país.
Los representantes de las instituciones del Estado entrevistados demostraron interés en los Principios Voluntarios, sobre todo en una coyuntura nacional de apertura de mercados y atracción de inversiones que está a la base del importante crecimiento nacional y local. Manifestaron también que los Principios podrían ser una oportunidad para atender las demandas poblacionales que actualmente no son debidamente atendidas y que generan profunda insatisfacción. Es importante acotar en este punto que si bien los Principios Voluntarios solo abordan temáticas relacionadas a seguridad y derechos humanos, sus estrategias a implementar, como la plataforma de diálogo, permitirían visibilizar estas problemáticas. Además, algunos expertos expresaron que la adhesión del Estado a los Principios Voluntarios podría reforzar la capacidad de diálogo con representantes de la sociedad civil y las empresas, abriendo posibilidades para entender de mejor manera los derechos humanos y las necesidades locales, y de esta manera implementar políticas más efectivas.
Cabe señalar que la Defensoría del Pueblo ha identificado una serie de conflictos socio- ambientales que involucran en gran medida a las empresas extractivas. En muchos casos estos conflictos derivan de la deficiente gestión de recursos -sobre todo agua y tierra- y de la incapacidad de relacionamiento entre actores. En tal medida, los PV constituyen una oportunidad para que el Estado genere condiciones para encontrar el balance entre desarrollo económico, con una atención adecuada a los derechos humanos fundamentales de la población local.
Actualmente, el Estado concede a las empresas los espacios de explotación en forma de concesión sin previo proceso de consulta y no interviene en los procesos de diálogo entre actores. Por tanto no se evalúa adecuadamente el impacto negativo de las operaciones en las comunidades en lo concerniente a tópicos relacionados a derechos humanos y seguridad. En este sentido, los PV pueden ser una oportunidad para que las comunidades traten estos asuntos, y potencialmente participen en la modificación del marco legal.
Debe tomarse en cuenta que países con niveles de pobreza como los que tiene el Perú, el impacto de la violación de derechos humanos es muy significativo dada la profunda desprotección en la que vive la población en situación de pobreza.
Por otro lado, algunos entrevistados manifestaron que las empresas debieran propiciar el establecimiento de reales y eficaces relaciones con los demás sectores. Actualmente sus relaciones son meramente funcionales, y se limitan a la firma de convenios de apoyo y financiamiento de proyectos locales en salud, educación, obras de infraestructura, entre otros; sin una toma de conciencia real de los derechos humanos en general.
Las empresas trabajan con las ONG con sede local para facilitar su acercamiento a los pobladores, mientras que las ONG ven a las empresas extractivas como posibles financiadores para sus proyectos. En este sentido, la implementación de los Principios Voluntarios podría incidir en la profundización de estos vínculos y en la generación de confianza con los otros actores clave.
Muchas de las prácticas empresariales son fiscalizadas por entidades desde el gobierno central, sin que las instancias regionales o locales tengan injerencia en inversiones de gran escala. En este sentido, mediante la implementación de los Principios Voluntarios, los gobiernos locales podrían adquirir competencias para desarrollar una actuación más
proactiva a nivel local, y de esta manera fortalecer el proceso de descentralización emprendido por el Estado.
Finalmente, otros entrevistados ven la implementación de Principios Voluntarios como un proceso tripartito entre Estado, comunidad y empresas, lo cual podría ayudar a tratar problemas asociados a la minería, como la minería ilegal, el lavado de dinero, trata de niños, prostitución forzada, etc.
Los entrevistados han reconocido que en torno a los Principios Voluntarios cada grupo
de interés puede tener sus propias motivaciones e intereses. La asimilación del Estado
a los Principios Voluntarios tendría como principal beneficio mejorar sus procesos de
relación con la empresa privada y sociedad civil. Al mismo tiempo, podría responder de manera más organizada a los intereses y necesidades de los actores, en tanto contaría con información actualizada y de primera fuente, a la cual podría acceder a través de las oportunidades de diálogo que generaría el proceso de implementación. Igualmente, adquiriría mejores capacidades de gestión para equilibrar eficientemente los intereses de los diferentes grupos y alinearlos con el desarrollo económico y social del país.
El Estado es el principal interesado en la reducción de los conflictos sociales. La creación de la Defensoría del Pueblo es un claro ejemplo de ello, ya que su función es identificar potenciales conflictos y plantear recomendaciones al poder Ejecutivo. Por otro lado, la Presidencia del Consejo de Ministros cuenta con un área especializada en resolución de conflictos y actualmente está desarrollando un proyecto para la formación de funcionarios y líderes sociales en resolución de conflictos. El proyecto también incluye la creación de un sistema nacional descentralizado de prevención de conflictos. El Ministerio de Energía y Minas cuenta con un área de gestión social cuyo objetivo es promover el diálogo entre empresa y comunidad, y hacer seguimiento de los procesos de negociación Finalmente, el Ministerio de Justicia cuenta con una Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Cabe precisar que a todas estas instancias nacionales les queda claro que la única institución autorizada para utilizar la fuerza frente al conflicto es la policía. Sin embargo, consideran que por lo general la respuesta del Estado es defensiva y tiene una capacidad limitada para prevenir conflictos, lo cual evidencia el poco conocimiento de las prácticas de resolución de conflictos.
Si bien el Estado cuenta con recursos propios para afrontar los conflictos en situaciones
de crisis, requiere del apoyo de la cooperación internacional y/o de otras entidades para financiar actividades preventivas. Esto significa que el proceso de implementación de los Principios Voluntarios probablemente requerirá fondos de agencias cooperantes y del sector empresarial local. Esto ayudaría a generar las bases para una inversión sostenida en el país.
Para la empresa privada, implementar los Principios Voluntarios contribuiría a mejorar su imagen ante los grupos de interés. Si se llevara a cabo la formación de un comité que monitoree el proceso, les brindaría posibilidad de contar con un espacio para socializar sus experiencias y recoger las experiencias de otras empresas. Esto podría tener un impacto positivo en el fortalecimiento de las relaciones de confianza con los
demás actores y permitiría al sector privado responder efectivamente a las demandas locales. Además, la prevención de abusos/violaciones de los derechos humanos relacionados a seguridad reduciría los impactos negativos de las operaciones mineras en las comunidades, lo cual ayudaría a prevenir conflictos que pueden amenazar sus instalaciones y activos.
En cuanto a la sociedad civil, la implementación de los Principios Voluntarios genera una oportunidad para la participación en discusiones sobre derechos humanos y la búsqueda de estrategias conjuntas que conlleven a una mejoría en la situación de los derechos humanos, así como mayor crecimiento y desarrollo local, que no entre en conflicto con la perspectiva de desarrollo nacional.
De acuerdo a la información recogida, un primer paso a seguir sería la selección de una institución promotora del proceso de implementación. Esta institución estaría encargada de convocar, dinamizar y poner en contacto a los distintos actores con la finalidad de constituir una instancia multisectorial encargada del proceso de implementación de los PV. Siguiendo el modelo colombiano, se sugirió la participación de una instancia internacional con experiencia en ese tipo de procesos, la cual debe contar con experiencia de aplicación de proyectos en la región sudamericana para poder brindar sugerencias acertadas durante el proceso de implementación.
Un segundo paso consistiría en la creación de un “Comité promotor de los PV”. El “Comité de Principios Voluntarios” debería estar conformado por actores representativos de cada sector. El comité tendría un equipo o una secretaría técnica que ejercería el rol de convocante y dinamizador de las acciones que se emprendan. Cabe precisar que se consideró relevante que la secretaría técnica cuente con experiencia en coordinación de instancias de diálogo, tenga legitimidad en todos los sectores y capacidad de operación propia. Se señaló también que sería importante que tuviera experiencia en el manejo de proyectos de cooperación internacional.
Entre las metas a cumplir por el “Comité” estaría el monitoreo del cumplimiento efectivo de los acuerdos y el seguimiento integral al proceso de implementación. Igualmente, coadyuvar a que cada empresa elabore un sistema de identificación de riesgos y acciones violentas, en cuyo proceso deberían participar miembros de la sociedad civil y de la comunidad. Por otro lado, debería promover y monitorear que las empresas adheridas capaciten a su personal público y privado de seguridad; de esta manera se podrían prevenir conflictos relacionados a la seguridad que atenten contra los derechos de las comunidades aledañas a la zona de intervención.
Se señaló también que el fin último del proceso de implementación de los Principios Voluntarios sería que el Estado peruano asuma el compromiso de implementación plena a nivel nacional, al igual que con el Convenio 169 de la OIT, con el objetivo de que las buenas prácticas de las empresas extractivas en torno a seguridad tengan vinculación con las políticas públicas de prevención de conflictos y gestión de riesgos.
Un tercer paso sería la socialización de los conceptos y prácticas de los Principios Voluntarios a través de eventos masivos, seminarios, foros, etc.; haciéndolos conocidos a los directamente involucrados pero también a sectores más amplios de la ciudadanía. Permitiría también que empresas que vienen ejecutando los Principios Voluntarios a
nivel nacional expongan sus experiencias de aplicación y lecciones aprendidas, logrando posicionarse mejor en su entorno local y regional.
Los entrevistados coincidieron en que un cuarto paso debería estar relacionado a la homogenización de la información manejada por los actores involucrados en la implementación de los Principios Voluntarios. Consideran que la difusión puede realizarse en el marco de reuniones ya programadas por instituciones interesadas o potencialmente interesadas, como la ONG empresarial “Perú 2021”, la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo, la Red Muqui (red de organizaciones católicas de promoción), el Grupo de Diálogo Minero y Desarrollo Sostenible, entre otros.
Por último, un quinto paso, sería la realización de capacitaciones en metodologías de análisis de riesgo, derechos humanos y seguridad y en metodologías como PESC (Práctica Empresarial Sensible al Conflicto). Varios entrevistados señalaron que una institución que podría brindar capacitaciones en torno a derechos humanos y seguridad podría ser el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica (IDEHPUCP), por contar con amplia credibilidad y considerarse una institución neutral por los tres sectores. De igual forma, siguiendo la experiencia colombiana se señaló el aporte que podría realizar International Alert en el tema de PESC.
En este punto se llegó al acuerdo unánime de que la institución que debe estar a cargo del proceso de facilitación debe no solo ser una institución que cuente con experiencia en procesos de diálogo y concertación, sino también debe contar con la legitimidad necesaria en cada sector partícipe del proceso. No obstante, algunas organizaciones de la sociedad civil hicieron hincapié en que debía ser el Estado el que promoviera directamente la propuesta, con el fin de que los resultados de esta sean vinculantes a transformaciones públicas estructurales a nivel de seguridad, protección de derechos humanos y operaciones de empresas extractivas.
Una dificultad indicada por los entrevistados es que no existe una institución pública con legitimidad suficiente para promover esta iniciativa, por ello debe buscarse un “actor colectivo”, representado por las distintas organizaciones promotoras.
Se mencionaron algunos criterios puntuales que deberían estar presentes en la selección: Legitimidad con los tres sectores (Estado, empresa y sociedad civil), imparcialidad comprobada, capacidad técnica, conocimiento de los temas de derechos humanos y prevención de conflictos, con presencia o trabajo a nivel nacional.
El sector empresarial es el que mayor conocimiento y aplicación muestra en el tema de los Principios Voluntarios. Sin embargo, está focalizado casi exclusivamente a nivel del personal de seguridad de las empresas. Algunas empresas extractivas peruanas han elaborado y gestionan una matriz de identificación de riesgos y acciones violentas; sea esta el PESC (Práctica Empresarial Sensibles al Conflicto) u otras elaboradas por la propia empresa.
La sociedad civil organizada y los representantes del Estado no tienen mayor conocimiento sobre los Principios Voluntarios y lo asocian a una práctica
empresarial socialmente responsable. Más aun, consideran que los Principios Voluntarios podrían ser una estrategia de marketing social para las empresas.
Una propuesta como la de los Principios Voluntarios podría revestir interés como articuladora de actores estratégicos en cada sector, abriendo espacios de diálogo entre compañías, así como también entre actores de la sociedad civil y agencias del gobierno.
Los representantes de las instituciones del Estado demuestran interés en los Principios Voluntarios por su complementación con la política de apertura de mercados y atracción de inversiones que está a la base del importante crecimiento nacional alcanzado en los últimos años.
La adhesión del Estado a los Principios Voluntarios podría generar una ruta efectiva para reforzar la capacidad de diálogo con representantes de la sociedad civil y las empresas, abriendo posibilidades para entender de mejor manera los derechos humanos y las necesidades locales, bases para desarrollar políticas públicas efectivas.
Cada grupo de interés involucrado en la implementación de los PV tendrá sus propias motivaciones e intereses, lo cual garantizará el compromiso que se requiere para procesos de largo aliento como este.
La asimilación del Estado a los Principios Voluntarios tendría como principal beneficio mejorar sus procesos de relación con la empresa privada, sociedad civil organizada población en general. El Estado tiene múltiples intereses en los Principios Voluntarios, poniendo el énfasis en la reducción y prevención de conflictos sociales (instituciones que trabajan el tema son la Defensoría del Pueblo, Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Justicia, entre otros).
Para la empresa privada, implementar los Principios Voluntarios contribuiría a mejorar su relación con los grupos de interés, lo cual en el largo plazo contribuye a facilitar la licencia social para operar; elevar su imagen y permitiría socializar sus experiencias y recoger las experiencias de otras empresas.
En cuanto a la sociedad civil, la implementación de los Principios Voluntarios permitiría una injerencia no politizada en pro del desarrollo local, estableciendo un lazo entre la perspectiva de desarrollo local con la perspectiva de desarrollo nacional.
Se identificaron cinco pasos para implementar los Principios Voluntarios en el Perú:
1. Selección de una institución promotora del proceso de implementación.
2. Creación de un “Comité promotor de los Principios” con carácter plural.
3. Campaña de difusión masiva (evento, seminario, difusión por prensa radial y escrita, entre otros) para socializar los conceptos y prácticas de los Principios Voluntarios.
4. Homogenización de la información manejada por los actores involucrados en la implementación de los Principios Voluntarios y en la identificación de actores estratégicos por grupos de interés.
5. Fortalecimiento de capacidades de los grupos de interés en metodologías de análisis de riesgo, derechos humanos y seguridad, como en metodologías como PESC (Práctica Empresarial Sensible al Conflicto).
La institución que podría estar a cargo del proceso de facilitación no debe ser sólo una institución que cuente con experiencia en procesos de diálogo y concertación, también debe contar con la legitimidad necesaria en cada sector participante del proceso. Aprendiendo de la experiencia colombiana se sugiere que esta institución cuente con una buena acogida entre los sectores involucrados. Criterios puntuales que deberían estar presentes en la selección: Legitimidad con los tres sectores (Estado, empresa y sociedad civil), imparcialidad comprobada, capacidad técnica, conocimiento de los temas de derechos humanos y prevención de conflictos, con presencia o trabajo a nivel nacional.
Las empresas que vienen trabajando con los Principios Voluntarios (Anglo American, Antamina, Yanacocha), así como representantes de ONG (Perú 2021, Red Muqui, Grupo de Diálogo Minero) y de los gobiernos del Reino Unido y los Estados Unidos, mostraron su interés y ofrecieron su apoyo para el proceso de implementación de los Principios Voluntarios en el Perú.
A partir de dos constataciones principales del estudio (identificación de una institución promotora y creación de una instancia plural de coordinación), se pueden definir un conjunto de actividades que serían indispensables para la implementación de los Principios Voluntarios en el Perú. Entre estas se encuentran principalmente las siguientes:
a. Actividades de coordinación
Identificación de los actores o instituciones que trabajarán en la fase preliminar de implementación de los PV.
Reuniones con organizaciones y gremios representativos (Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo; Confederación de Empresarios; ONG empresarial Perú 2021; Red Muqui, Grupo de Diálogo y Desarrollo Sostenible, entre otros) para comprometerlos en el proceso.
Reuniones con representantes del gobierno para informarlos, invitarlos a participar y comprometerlos con el proceso.
Recaudación de fondos para el proceso.
Animación del “C omité promotor” de los PV en el Perú.
b. Campaña informativa y fortalecimiento de capacidades
Elaboración, impresión y edición de material de difusión de los Principios Voluntarios.
Profundizar el estudio exploratorio sobre la implementación de los PV en el Perú.
Realizar capacitaciones en Metodología PESC, Derechos Humanos y Seguridad, dirigidos a los tres grupos principales de interés.
Participación en los eventos organizados por los grupos de interés involucrados para difusión de los Principios.
Creación de una página web para la difusión de los PV y temas relativos a su implementación.
Realización de una conferencia internacional para presentar el proceso de implementación de los PV en otros países y su adecuación al Perú.
c. Análisis complementario
Realización de estudios de casos para difusión de lecciones aprendidas y buenas prácticas en las empresas que implementan los Principios en sus operaciones.
Elaboración de análisis y seguimiento a los conflictos que comprometan la seguridad y los derechos humanos en las explotaciones.
Otros estudios de interés para las partes.
d. Posibles Riesgos
En base a las entrevistas realizadas, se infiere que una futura implementación de los Principios Voluntarios en el Perú deberá enfrentar expectativas que no podrá abarcar en este proceso, como la promoción para el desarrollo, reducción de pobreza, el fortalecimiento del aparato estatal, e incluso eliminar los problemas de derechos humanos en el Perú. Estas expectativas pueden partir de una falta de conocimiento de lo que implica un proceso de implementación de PV que aborda los derechos humanos desde una visión focalizada en aspectos específicos de los derechos humanos - violaciones/abusos por parte de compañías de seguridad públicas y privadas que son contratadas por las empresas extractivas localizadas en zonas de alto riesgo. Pero esta sobre
expectativa que puede generar la implementación de los PV es entendible dentro de un país con tantas carencias.
Esta misma situación tuvo que enfrentar Colombia, donde se apreció desde un inicio que muchas de las violaciones más graves a los derechos humanos sucedían en sectores no relacionados con la industria extractiva, y se emprendió un proceso paralelo, con el propósito de atender las expectativas generadas por las necesidades de otros sectores. El cómo se aborde la vulneración de derechos en el Perú será de por si un gran reto. Es ahí donde los actores claves representantes de cada sector y el grupo técnico que brindará soporte al proceso debe ayudar a focalizar el área de acción y así fortalecer el proceso. El trabajo y esfuerzo combinado facilitará a las empresas la ruta de implementación de los PV, sabiendo dirigir esas múltiples expectativas de diferentes grupos hacia el fortalecimiento del proceso nacional.
El Comité Colombiano de Energía y Minas en Seguridad y Derechos Humanos, que es el guardián del proceso de implementación de los PV en Colombia, ha dejado en claro que la experiencia colombiana no es un reflejo del proceso global. El contexto local no permite la transferencia de una iniciativa global. Es así que el proceso peruano tendrá que definir la naturaleza de su relación con los procesos globales de implementación de los PV y a su vez estos tendrán que definir hasta qué punto un “proceso de implementación en el país” es un proceso de implementación de los PV y cuándo se convierte en algo diferente. Este tema cobrará especial relevancia a medida que vayan aumentando el número de países que empiecen el proceso de adhesión a los PV.
Sostenibilidad – la sostenibilidad financiera es clave, pero no es lo más importante
En sociedades polarizadas donde los sectores privado, público y organizaciones de la sociedad interactúan de manera hostil, las mesas de diálogo son concebidas como espacios costosos en términos económicos y sociales. Solo si el ente promotor es apoyado de manera constante, esto resultará posible. Una forma de financiamiento consensuada sería lo adecuado. El repetir de manera constante los beneficios que traería la implementación hacia los tres sectores sería una manera de lograr el apoyo financiero requerido, pero es necesario primero formular un mensaje bien articulado con la finalidad de que los actores se sientan comprometidos en el proceso, recayendo de esta manera en una sostenibilidad financiera.
Resultados vs. enfoque orientado al proceso
Si el proceso colombiano no hubiera empezado bajo una lógica de proceso y se hubiera focalizado tan solo en firma de convenios y cambios de legislación, es seguro que no hubieran tenido los resultados que hasta la fecha se han concretado. Los procesos son frecuentemente criticados, por no medir los impactos y las metas alcanzadas. Sin embargo, un proceso con indicadores de éxito claros lo suficientemente flexibles para adaptarse al contexto permite desarrollar estrategias creativas imprescindibles para la gestión de problemas complejos como los que plantean la implementación de los PV.
Términos de referencia del estudio
Project: ‘Scoping Study for the Establishment of an In-country Process in Peru’
Draft, 29 October 2010
One important element of work of the Voluntary Principles on Security and Human Rights (VPs) is cooperation by VP participants at the county-level or “in-country implementation”. There is currently no approved definition or defined activities for a VPs in-country process. But it is broadly agreed by Plenary participants that it is a process aimed at building an effective in-country multi-stakeholder dialogue to strengthen effective implementation of the VPs in the country concerned.
One successful example is the Colombian in-country process which has existed for several years without significant assistance, intervention or resources from the Plenary or Secretariat. Attempts to replicate this model in other countries have not met with the same success. With growing interest in the VPSHR in Peru and with Peru having been identified by participants as one of 3 new target countries for in-country activity, funds sourced from the Norwegian government will support scoping mission and stakeholder meeting in order to create a platform.
1. Project Rationale and Goal
The purpose of this project is to explore the potential for a sustained in country
process in Peru, to identify local stakeholder (Corporate, Associations, Civil Society reps and relevant government counterparts) and propose a structure for an ongoing dialogue on the VPs in Peru
- Outputs: Undertake a survey of relevant counterparts in Peru as to their understanding of a VP in-country process in Peru, its potential structure, hosting organisations, host government counterparts and activities; based on the survey develop a VP in-country process strategy for Peru suggesting a structure, activities and outcomes of a VP in-country process in Peru; suggestions for an host government „champion‟ or group or host government organisations to provide the counterpart for such discussions; development of a TOR for a potential hosting organization of an VP in-country process in Peru.
- Outcomes: All relevant counterparts in Peru will have had the opportunity to feed into the process and to voice their opinion. The suggested VP in-country process strategy is supported by local counterparts, and provides a basis for moving forward engagement with host government.
IBLF will supervise the assignment and disburse funds –which will be carried out by a consultant / organization contracted by IBLF– with key steps and tasks to be approved by the Government of Norway.
3. The consultant‟s terms of reference
 Undertake survey/interviews in Peru: the consultant will prepare a first draft questionnaire and identify relevant counterparts for 1-to-1 interviews. The draft questionnaire for the survey which will be presented to IBLF and Government of Norway which will provide guidance on the organizations to be consulted. The consultant will undertake a series of interviews with the identified counterparts and keep detailed notes on all interviews. A summary of the survey will be presented to the Government of Norway and IBLF.
 Prepare a first draft in-country process strategy: The consultant will prepare a first draft of the in-country process strategy. The strategy will lay out the current challenges with regard to human rights and security in Peru, potential areas where a dialogue on the VPs could support overcoming those challenges, potential VP in-country activities in those areas, the suggestion of an overall structure under which on-going activities on the VP could be undertaken (governance) and how all stakeholders, including local NGOS, and the host government (identifying at which level and which most relevant Ministry/ies) could be involved in a VP in-country process. This first draft will be used as basis for further consultations (at workshop level) and will include:
- Suggestions on host government champions: The consultant will identify a first list of potential host government organisations that could champion participation of the Peruvian government in VP in- country activities and scope the interest and resources of those organisations in playing such a role. They should also identify which are most relevant ministry/ies and level of governmental input.
- First draft of TOR for hosting organizations: The consultant will prepare a first draft of TORs for a hosting organization and draw up a list of potential organizations that could host the secretariat of a VP in-country process. The consultant will also scope whether a secretariat structure is supported by the relevant counterparts in Peru and if necessary propose alternative models.
 Consultations: the consultant will undertake consultations with relevant counterparts on the practicability of the strategy, the list of potential host government champions and the TORs for the hosting organization.
 A related consultation workshop to be scheduled to involving key stakeholders to identify priority objectives and key points to platform a Government dialogue.
 A workshop report will be drafted with recommended next steps – in order to identify a lead Government to support VP activity within Peru and to outline steps for engaging government in-country and related funding for local activity.
Guías de entrevista según sectores
1. ¿Conoce los Principios Voluntarios?
2. ¿Cuáles son los principales riesgos de seguridad (que no sean de seguridad industrial) que ha tenido que enfrentar y cómo ha hecho su empresa para mitigarlos?
3. ¿En su código de conducta corporativa se hacen explícitos tópicos relacionados a la protección de los derechos humanos?
4. ¿Cuál fue su principal motivación de su empresa para adherirse a los PV?
5. ¿Qué unidades se vieron involucradas para la formulación de su estrategia de adhesión y aplicación de los Principios Voluntarios?
6. Si su empresa ya viene aplicando los Principios Voluntarios dentro de su gestión, ¿ha observado mejoras en algún nivel de producción u otros?
7. ¿Cómo identifican sus riesgos tanto en sus fases de exploración y explotación? ¿Los riesgos que identificaron de que naturaleza fueron?
8. ¿Cuando se presenta un problema interno o externo que involucra a la empresa en temas de seguridad, qué área en especifico se encarga de la resolución del problema?
9. ¿Recurre usted a instituciones mediadoras externas estatales y no estatales para promover el diálogo y encontrar una solución a la problemática?
10. ¿Cuando se presentan conflictos el personal de seguridad utiliza las armas tan sólo de manera defensiva?
11. ¿Qué acciones ha ejecutado su empresa en torno a temas de seguridad y derechos humanos tanto en su fase de exploración como explotación?
12. Si se presentaron conflictos, ¿Cuál fue la raíz y cómo se desenvolvieron los conflictos?
13. ¿Se promovieron investigaciones en torno a estos conflictos? ¿Qué unidad realizó dichas investigaciones?
14. ¿Se monitorearon sus resultados? ¿Qué unidad realizó dicha actividad?
15. Si su empresa aportó a la resolución positiva de los conflictos locales, a través de qué formas aportó en estas situaciones.
16. Si se presentaran casos de abuso hacia los derechos humanos de sus grupos de interés internos y externos, ¿cómo respondería su empresa en dichos casos?
17. Si la seguridad externa de la empresa la provee un contratista, ¿Puede mencionar cuál es y cómo la seleccionó y bajo qué criterios?
18. ¿Su empresa monitorea las prácticas de sus empresas proveedoras de servicios de seguridad externa?
19. ¿De qué manera afectaría en su empresa si tuviera que enfrentar los siguientes riesgos: jurídico, político, de imagen u operativo?
20. ¿Su empresa qué tipo de políticas de gestión de la información ha promovido para suscitar la transparencia de su gestión sin ver afectado su seguridad interna?
21. ¿Tiene identificado a sus grupos de interés? (representantes estatales, comunidad, organizaciones de la sociedad, gremios sindicales).
22. ¿Qué formas o estrategias de relación ha establecido con éstos?
23. ¿Con qué representantes del estado tiene mayor comunicación? ¿Cuáles son por lo general los temas en común?
24. ¿Con qué representantes de la sociedad civil o comunidades tiene mayor relación? ¿Cuáles son por lo general los temas en común?
25. ¿Ustedes como empresa brindan capacitaciones a sus proveedores de seguridad en temas relacionados al respeto a los derechos humanos en sus prácticas de protección de bienes de la empresa?
1. ¿Qué tipo de retos y/ oportunidades tuvo que enfrentar el sector extractivo en relación a prevención de conflictos y seguridad?
2. ¿Considera usted que existe relación entre los niveles de pobreza y los índices de desarrollo social con los conflictos locales en torno a empresas extractivas?
3. ¿Qué instituciones públicas se han creado para proteger los derechos ciudadanos en torno a seguridad y respeto de derechos humanos fundamentales?
4. ¿Las entidades estatales encargadas de proveer seguridad a nivel local y nacional cuentan con competencias claras si es que se produjese un conflicto en torno a una operación extractiva?
5. ¿Estás entidades cuentan con los fondos económicos requeridos para hacer cumplir la ley y hacer respetar los derechos fundamentales?
6. ¿Cómo sopesa el estado los derechos de los ciudadanos con los derechos de las empresas? ¿Qué marcos legales se han creado para evitar conflictos en torno a empresas extractivas? ¿Sobre qué marcos internacionales fueron formulados?
7. ¿Para promover estos cambios institucionales han recibido apoyo de agencias de cooperación u ONG?
8. Si han recibido apoyo, cuál fue la naturaleza del apoyo.
9. ¿Qué medios se utilizan para informar a los ciudadanos sobre la seguridad pública que garantiza el estado a las inversiones privadas del sector extractivo?
10. ¿Qué oficina, en su dependencia se involucra directamente con los conflictos relacionados a empresas extractivas?
11. ¿Su dependencia tiene una estrategia desarrollada para afrontar conflictos relacionados a sectores extractivos? ¿Si es que la tuviera, quienes estuvieron involucrados en su formulación?
12. ¿Qué acciones ha promovido su cartera para brindar estabilidad social y seguridad a las empresas extractivas para realizar sus operaciones?
13. ¿Qué estrategias o prácticas ha ejecutado su dependencia para fortalecer la institucionalidad y participación ciudadana local donde las empresas extractivas tienen operaciones?
14. ¿Su dependencia ha brindado capacitaciones en derechos humanos a Fuerzas Armadas y Policiales que son frecuentemente requeridas para solucionar conflictos relacionados a sectores extractivos?
15. ¿Cómo considera usted que los conflictos afecten en los procesos de concesiones y oportunidades de inversión extractiva en el Perú?
16. ¿Se han emprendiendo reformas relacionadas a seguridad interna y respeto a los derechos humanos? ¿Qué competencias tiene Fuerzas Armadas y Policiales en torno a conflictos que se generan en áreas de operación de empresas?
17. ¿Qué tipo de servicios le son requeridos con mayor frecuencia por parte de empresas privadas? ¿Cómo son cubiertas esas prácticas?
18. ¿Si las Fuerzas Armadas y Policiales son requeridas para prestar servicios de seguridad en caso de conflictos, previamente sus miembros son capacitados en
temáticas relacionados al cumplimiento de derechos humanos?
19. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que las empresas extractivas les han hecho llegar en torno a su relación en temas de seguridad con las Fuerzas Armadas y Policiales?
20. ¿Qué garantías ofrece el Estado para la inversión extractiva en materia de
1. ¿Qué tipo de retos y oportunidades tendrá que enfrentar el Perú en relación al desarrollo, prevención de conflictos y seguridad en estos próximos 5 años frente
a la presencia de empresas del sector extractivo en el Perú?
2. ¿Cuánta incidencia tiene el sector privado extractivo en el Perú en relación al
devenir del país?
3. ¿Considera usted que el entorno sociocultural y económico donde las empresas extractivas operan influye en el nivel de conflictividad local?
4. Desde su percepción, cuál es la relación entre la conducta responsable de las empresas extractivas con el concepto de desarrollo sostenible.
5. ¿Qué impactos generó la guerra interna que sufrió el Perú en las décadas del 80
y 90 en el panorama socioeconómico y conflictivo actual?
6. ¿Con que instancias públicas cuenta el Perú para resolver conflictos relacionados
a empresas extractivas?
7. ¿Existe una instancia nacional de apelación cuando los derechos humanos de los ciudadanos son vulnerados en conflictos producidos en el marco de operación de empresas extractivas?
8. ¿Tiene conocimiento del marco legal que el estado peruano ha promovido en torno a temas relacionados a Seguridad y Derechos humanos para empresas extractivas? Si es así, sobre qué marcos internacionales fueron formulados.
9. Este marco legal de qué manera incide en la relación entre las empresas extractivas con la sociedad civil que vive cercana a las operaciones.
10. Si tuviera que valorar el nivel de participación ciudadana frente a su relación con las empresas extractivas que operan en el Perú, cómo lo valoraría.
11. ¿Cuánta importancia considera usted dan las empresas extractivas a los Derechos Humanos y la Seguridad?
12. ¿Cómo evaluaría el nivel de cumplimiento del marco legal en el país en relación a las operaciones de empresas extractivas?
13. ¿Cuándo se producen conflictos relacionados a empresas extractivas, considera usted que el despliegue de las Fuerzas Armadas, Policiales y la Seguridad Privada, ha sido proporcional, competente y apropiada con la problemática?
14. ¿Qué zonas son potencialmente conflictivas en el Perú en relación a operaciones
extractivas?
15. En líneas generales, cuál considera usted es la naturaleza del conflicto en el país.
1 Eddy Ormeño
2 César Ipenza
3 Víctor Caballero
4 Ronald Ibarra
Xstrata - Las Bambas
Gonzalo Quijandría y Víctor Gómez
Antamina - BHP Billiton
Carlos Scerpella
Yanacocha – Newmont
Quellaveco - Anglo American
Silvia Loly
Salomón Lerner y Rocío Villanueva
Instituto de Derechos Humanos - PUCP
Jose de Echave y Juan Carlos Sueiro
Grupo Dialogo, Minería y Desarollo
Humberto Ortiz y Julia Huari
Roxana Arbocó
Consultor Independiente en temas de seguridad
Jessica Huaracayo
Alejandro Martínez y Sandra Flores
Comité Minero Energético para los Derechos Humanos
Consejero Presidencial para la protección de la Infraestructura Extractiva
(25-2-2010)
Newmont – Yanacocha
carlos.scerpella@newmont.com
rmorel@aaperu.com.pe
erubio@aaperu.com.pe
HuaracayoJM@state.gov
Jane.sidebottom@fco.gov.uk
Ministerio del Interior – MINTER
oscarmurilloserna@yahoo.com
ltovar@mimdes.gob.pe
mlevano@defensoria.gob.pe
henrilebienvenu@peru2021.org
vtorres@conveagro.org.pe
Universidad Católica del Perú – PUCP
ggaratea@pucp.edu.pe
Julia Huari
julia@ceas.org.pe
INNOVAPUC
cwendorff@pucp.edu.pe
JAroca@OxfamAmerica.org
yorsini@international-alert.org
jnaujoks@international-
alert.org
dklein@international-alert.org
cgarcia@sociosperu.org.pe
gzegarra@sociosperu.org.pe
csalazar@sociosperu.org.pe
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