Source: https://ar.vlex.com/vid/-40044120
Timestamp: 2019-12-13 13:21:53+00:00

Document:
Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 14 de Septiembre de 2001, H. 112. XXXVI - Jurisprudencia - VLEX 40044120
H. 112. XXXVI.
Haiat de B., N.L. c/B., Y..
La Sala AB@, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, resolvió modificar parcialmente la sentencia del juez de grado en cuanto al monto de las regulaciones efectuadas en la misma, las que fijó en la suma de $ 850.000 para el perito contador, y en $ 350.000 para la consultora técnica de la demandada (v. fs. 3062/3065 vta.).
El tribunal sentenciador señaló en sus consideraciones, que los apelantes discutían acerca de si el presente se trataba o no de un proceso con contenido económico. Manifestó al respecto que, a los fines de determinar los honorarios por la pericia contable y por la consultoría técnica realizadas en autos, debía ponderarse, siquiera estimativamente, la cuantía económica de los bienes sobre los cuales recayó la actividad de los expertos, por cuanto la pretensión incoada no tuvo por finalidad la mera extinción del régimen de ganancialidad, sino la posterior obtención por la actora del cincuenta por ciento de los bienes de carácter ganancial incorporados por el demandado (hoy fallecido), cuya gestión ponía en peligro el derecho de la entonces cónyuge, sobre tales bienes. Agregó que, a su vez, por medio de la acción de fraude se persiguió incorporar a la masa ganancial el valor de los bienes enajenados por las sociedades controladas por el demandado, supuestamente con la intención de perjudicar a la accionante.
Por ello, a criterio del juzgador, el interés económico comprometido a los fines regulatorios, estaba representado por la magnitud de los bienes cuyo derecho a repartir con el accionado intentó resguardar la actora, es decir, el cincuenta por ciento del valor de las sociedades que directa o indirectamente pertenecían al demandado, e igual magnitud de los bienes inmuebles cuya venta se reputó como
hecha en fraude de los derechos de aquélla, cuyo monto total había establecido el juez de grado en $ 86.242.655, por lo que en autos B razonó debía tomarse como pauta económica la suma de $ 43.121.327,50.
Manifestó que, tanto la accionante, como los herederos del demandado, descalificaron el importe al que se arribó con relación al patrimonio neto de las sociedades involucradas en la gestión del causante, pero que, sin embargo, el magistrado que intervino en la anterior instancia, lo hizo a partir de los resultados casi coincidentes señalados tanto por el perito de oficio en el dictamen de fs. 1807/2708, como por los consultores técnicos de los litigantes en sus respectivos informes de fs. 1717/1805 y fs. 2715/2767.
Señaló que el juez inferior, descartó la utilización de la escala mínima del 4 % establecida en el artículo 3, inciso g), del decreto-ley 16.638/57 (Arancel para los Profesionales de Ciencias Económicas), y aplicó un 2,5 % sobre los $ 86.242.655 para fijar los honorarios del perito contador, y del 0,5% para los de la consultora técnica del demandado. Sobre el particular, recordó que según el decreto P.E.N.
240/99, el capítulo II, del decreto-ley 16.638/57, en el que se halla integrado el citado artículo 3, inciso g), no se encuentra incluido entre las normas derogadas por el decreto 2284/91, ratificado por la ley 24.307, mediante el cual se dejaron sin efecto las declaraciones de orden público establecidas en leyes arancelarias. Sin embargo - prosiguió -, ello no significaba que debiera acudirse sin más a la aplicación de las escalas contempladas en aquel artículo que, por un lado, se encuentra incluido en una preceptiva impactada por las previsiones del artículo 13 de la ley 24.432, sino que, además, el citado artículo 3 contempla un supuesto ajeno al de autos.
Procuración General de la Nación En este sentido dijo -, es claro que dicho precepto se refiere a aquellos juicios donde se reclama el pago de sumas de dinero, previendo en su inciso d), que A. el honorario deba regularse sin que deba dictarse sentencia o sobrevenido transacción, se considerará a tal efecto como monto del juicio la mitad de la suma reclamada...@ . Expresó que en el sub lite no se pretendió el pago de suma de alguna, sino la extinción del régimen de comunidad de gananciales por mala administración atribuida al ex-cónyuge, y el reintegro al haber ganancial del valor de ciertos bienes de los cuales se habría desprendido el demandado, por lo que, en el supuesto de que se hubiere dictado sentencia acogiendo la pretensión, el pronunciamiento se habría limitado a declarar la disolución de la sociedad conyugal, y en su caso, la necesidad de traer a la futura partición el valor indebidamente sustraído del haber ganancial.
En consecuencia, a criterio del jugador, para regular los honorarios del perito y de la consultora técnica, no correspondía emplear las escalas establecidas en el artículo 3 del régimen arancelario sobre el interés económico comprendido en la presente causa, sino que la retribución de los nombrados, se realizaría teniendo en consideración, por un lado, dicho interés, así como el mérito, la naturaleza, complejidad y extensión de las tareas efectivamente ejecutadas por los expertos, que surgen de la peritación practicada a fs. 1807/2708, y las respuestas a los pedidos de aclaraciones introducidas por los litigantes, en el caso del perito contador, y del informe de fs. 2710/2767 en relación a la consultora técnica del demandado, respecto de la cual se fijaría en una proporción menor a la del perito, dado a que esta última revestía el carácter de verdadero defensor de la parte que la designara, en la materia de su especialidad. Por
último - expresó -, no podían dejar de considerarse el total de los honorarios que correspondían por la actuación de los letrados que intervinieron en el pleito.
Contra esta resolución, la actora, por sí y en su carácter de administradora de la sucesión de su ex-esposo, interpuso el recurso extraordinario de fs. 3072/3105, cuya denegatoria de fs. 3190, motiva la presente queja.
Al referirse a la admisibilidad formal del recurso, la apelante afirma que se encuentra cuestionada la inteligencia de una ley del Congreso, y reprocha que el decisorio impugnado, no obstante que cite la ley 24.432, particularmente su artículo 13, en realidad prescinde de la misma, por lo que desconoce su derecho a no ser víctima de un lucro desproporcionado a raíz de un pronunciamiento que no sólo es arbitrario, sino que configura el supuesto aprehendido por el artículo 14, inciso 3°, de la ley 48.
Relata luego el proceso, y reitera argumentos y agravios vertidos en instancias anteriores, alegando que la sentencia ha prescindido de ellos.
Manifiesta que desde la etapa de conocimiento, sostuvo que este juicio carece de contenido económico al igual que los juicios de divorcio, y puntualiza que tal había sido el criterio del propio a-quo cuando lo eximió de la tasa de justicia (fs. 1333/1336). Se queja de que este agravio no fue resuelto, dada la ambigüedad de la sentencia que dijo que debía ponderarse estimativamente la cuantía económica de los bienes, en conjunto con otros elementos de juicio, pero que, en realidad, dicha cuantía, no fue consideradamente solamente como una pauta más. Por el contrario - afirma la recurrente -, si bien el sentenciador desechó explícitamente la escala mínima del arancel reducida a la mitad por conclusión atípica
Procuración General de la Nación del proceso (art. 3, inc. @d@, del decreto-ley 16.638/57), sin embargo, en los hechos, la aplicó implícitamente al atribuir al perito, en números redondos, un 2 % de la mitad correspondiente a la actora en el supuesto valor de las sociedades, y a la consultora técnica, el 1% de dicho valor, con cierta reducción.
Agrega que lo más grave, es que, por tratarse de un porcentaje implícito y pretoriano, no entraría a jugar el artículo 13 de la Ley 24.432, y señala que el a-quo, en franca autocontradicción, citó esta norma para descartar la escala arancelaria que en el párrafo siguiente consideró inaplicable, no por excesiva, sino por contemplar procesos de distinta índole.
Reitera su queja en orden a que el perito contador, se venía desempeñando, a su vez, como interventor informante, por lo que sostiene que la regulación debió ser omnicomprensiva de sus trabajos, o, al menos, debieron dictarse regulaciones simultáneas, ya que aquella tarea y su regulación, constituyen pautas indispensables e inescindibles para evaluar la labor pericial. Por otra parte, manifiesta que lo expuesto se imponía a fin de evitar superar el tope legal, resultando el juzgador obligado a establecer los honorarios de los demás profesionales intervinientes, al margen de que algunos de ellos hubieran quedado desinteresados, ello en consonancia con lo dispuesto por los artículos 8 y 10 de la ley 24.432, de los cuales se prescindió al sentenciar.
Aduce, asimismo, que la Cámara no analizó su demostración de que, eliminando las participaciones accionarias recíprocas, y estando a las participaciones informadas por el propio perito, el 100 % del haber ganancial reflejado en las cinco sociedades, resultaba ser de $ 36.467.862,14 (v. fs. 3000) y no de $ 86.242.655. Sostiene al respecto, que el
juzgador omitió considerar el cuestionario pericial de fs.
1568 y vta., el informe del consultor técnico de la actora de fs. 1717/1805, y las impugnaciones a la pericia contable de fs. 2778/2797. Expresa que el perito se ajustó férreamente a la interpretación más restrictiva del temario, limitándose a informar el patrimonio neto de cada empresa resultante de su balance, y negándose a dictaminar acerca de la razonabilidad de tal exposición. En cambio B dice B el consultor técnico de la accionante, pese a estar ceñido a idéntico temario, hizo serias reservas en cuanto a la validez de la información resultante.
Agrega que el sentenciador fue engañado por el perito contador, al sostener éste, en su responde a los agravios de la actora (fs. 3043), que el monto informado por el consultor técnico de ésta, era absolutamente coincidente.
Afirma que tal coincidencia jamás se dio, pues, no obstante que, en el marco de las preguntas, su consultor técnico se vio obligado a sumar los patrimonios exteriorizados en los balances de las cinco sociedades, destacó sin embargo, que la información resultante no era válida, y, además, suscribió la impugnación de la pericia en la que se demostró que los patrimonios netos corregidos llegaban a una suma sustancialmente menor. Destaca que estas críticas fueron soslayadas por el perito, y no pudieron ser evaluadas por el Juez, toda vez que no llegó a aprobar la labor del interventor informante realizada por el mismo perito -, ni a dictar sentencia en el principal, por lo que expresa -, era en el momento de regular los honorarios del interventor-perito, cuando debieron tratarse sus impugnaciones.
Aduce que, además, prescinde del mérito de la labor realizada, de su trascendencia, del tiempo invertido, de la calidad del trabajo, del resultado de la pericia, etc., e
Procuración General de la Nación impide tomar razón de cómo se llega a las regulaciones.
Finalmente reitera que el recurso se basa en el artículo 14, inciso 3°, de la ley 48, afirmando que todas las normas recientes de desregulación se sustentan en fines federales, y que la fijación de emolumentos como los recurridos, infringe el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuanto a que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías. El tal sentido, razona, la ley 24.432 es reglamentaria de una norma de jerarquía constitucional superior, y de orden internacional, por lo que constituye materia federal.
Previo a examinar el fondo del asunto, procede recordar que, conforme lo ha establecido V.E., cuando el recurso extraordinario se funda, como ocurre en el caso, por un lado, en agravios de naturaleza federal, y de otro, en la arbitrariedad del pronunciamiento B, corresponde considerar en primer término este último, pues de existir arbitrariedad, deviene insustancial el tratamiento de los demás argumentos, ya que no habría sentencia propiamente dicha (v. doctrina de Fallos: 312:1034; 317:1455; 321:407, entre otros).
Partiendo de esta premisa, y en cuanto a las cuestiones en debate, no dejo de recordar que el Tribunal ha resuelto, en reiteradas oportunidades, que los problemas atinentes a los honorarios regulados en las instancias ordinarias constituyen materia ajena al recurso del art. 14 de la ley 48, toda vez que la determinación del monto del litigio, la apreciación de los trabajos cumplidos y la interpretación y aplicación de las normas arancelarias no son, como regla, en razón del carácter fáctico y procesal de tales cuestiones, susceptibles de tratamiento en la instancia
extraordinaria (v. doctrina de Fallos:300:295, 386, 439; 302:235, 325, 1135, entre otros). Sin embargo, V.E. tiene dicho, por otra parte, que se justifica la excepción a esta doctrina, en caso de haberse omitido la indispensable fundamentación conforme a las circunstancias de la causa (v. doctrina de Fallos: 308:1079; 313:664, entre otros), o cuando la resolución respectiva utiliza pautas de excesiva latitud y omite pronunciarse sobre articulaciones serias y conducentes para la decisión, formuladas oportunamente por los interesados (v. doctrina de Fallos:313:248; 314:565; 316:2166, entre otros), situaciones que, a mi ver se configuran en el sub lite.
En efecto, el sentenciador, a fs. 3064, y a los fines de la regulación, ratificó el importe del patrimonio neto de las sociedades tenido en cuenta por el Juez de Primera Instancia, sobre la base de estimar coincidentes al respecto, los resultados a los que arribaron el perito de oficio en el dictamen de fs. 1807/2708, y los consultores técnicos de los litigantes en sus respectivos informes de fs. 1717/1805 y fs.
2715/2767.
Sin embargo, tal coincidencia no existe, si se advierten las prevenciones que el consultor técnico de la actora formuló a fs. 1790/1791 acerca del riesgo de incluir en las sumas a un mismo bien más de una vez por año, y su recomendación de que la determinación patrimonial se formulase a una fecha común, con criterios legales homogéneos y neutralizando el efecto de los resultados de las participaciones recíprocas. El a-quo omitió estudiar estas observaciones, así como tampoco trató las impugnaciones a la pericia contable, ni los agravios relativos a la sumatoria de los patrimonios netos y a las participaciones accionarias, vertidos en la apelación a fs. 2999/3000.
Por otra parte, más allá de prescindir de estos
Procuración General de la Nación argumentos oportunamente planteados, la sentencia resulta poco clara en orden a si descarta la escala arancelaria del artículo 3 del decreto-ley 16.638 por aplicación del artículo 13 de la ley 24.432, o si lo hace por considerar que aquella norma de aranceles se aplica a procesos de otra índole.
De todas maneras, en uno u otro supuesto, el pronunciamiento carece del debido rigor de fundamentación, toda vez que, en la hipótesis de que haya aplicado el artículo 13 de la ley 24.432, por imperio de la misma norma, debía fundarlo explícita y circunstanciadamente.
En efecto, la citada disposición permite a los jueces prescindir de los montos o porcentuales mínimos establecidos en los regímenes arancelarios nacionales o locales que rijan la actividad de los peritos entre otros auxiliares de la justicia -, A...cuando la naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la tarea realizada o el valor de los bienes que se consideren, indicaren razonablemente que la aplicación estricta lisa y llana de esos aranceles ocasionaría una evidente e injustificada desproporción entre la importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución que en virtud de aquellas normas arancelarias habría de corresponder. En tales casos la resolución que así lo determine deberá indicar, bajo sanción de nulidad, el fundamento explícito y circunstanciado, de las razones que justificaren la decisión@ (el subrayado me pertenece), requisito que, como se ha visto, no fue cumplido en la sentencia impugnada.
En cambio, si estimó que no correspondía aplicar las escalas del artículo 3 del régimen arancelario por estar referidas a procesos distintos al presente, omitió precisar en el marco de qué normativa arribó a los resultados del decisorio, pues - a mi ver - no resultan suficientes para sustentarlo, las expresiones genéricas en el sentido que tendría en
consideración el interés económico, así como el mérito, la naturaleza, complejidad y extensión de las tareas efectivamente ejecutadas por los expertos (v. fs.
3065).
Sobre el particular, me permito recordar que en Fallos:320:495 - que, cabe señalarlo, se trató de un juicio de competencia originaria de la Corte -, V.E. se esmeró en poner de relieve las especiales características del caso, dedicó extensos párrafos a examinar la posible inequidad de la aplicación arancelaria, ponderó la naturaleza del reclamo, las sumas en juego, y, lo que es fundamental para la cuestión que aquí interesa, analizó circunstanciadamente la importancia y complejidad de las tareas realizadas por los peritos y demás profesionales intervinientes, en relación con el resultado del juicio (v. considerandos 12, 13 y 14 del fallo referido). En el sub-lite, en cambio, la Cámara se limitó a enunciar genéricamente, reitero, los elementos que tendría en cuenta para la retribución de los expertos, enunciados que aparecen insuficientes e imprecisos para revelar la singularidad del caso, y para proporcionar la debida fundamentación que este pronunciamiento exige (v. doctrina de la sentencia de fecha 13 de marzo de 2001, en autos: S.C.M.486, L.XXXV, caratulados AMunicipalidad de la ciudad de Buenos Aires c/ Establecimientos Industriales Febo@ que remite a los fundamentos de esta Procuración).
No está demás señalar que, asimismo, en la doctrina de Fallos:308:1079, V.E. dejó establecido que es arbitrario el auto regulatorio que no ha considerado los argumentos oportunamente planteados, y, en el caso de que se entendieran rechazados implícitamente, no hay fundamentos que permitan avalar la solución.
Todo lo cual autoriza a descalificar la sentencia recurrida en los términos de la doctrina de la arbitrariedad, resultando innecesario el tratamiento de los demás agravios,
Procuración General de la Nación sin que ello implique abrir juicio acerca de la base regulatoria que corresponda adoptar, ni respecto de la norma aplicable y razonabilidad de la regulación definitiva.
Sentencia Interlocutoria de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 24 de Septiembre de 2014 (caso Provincia de Buenos Aires contra Lanera del Sur S.R.L. Expropiación)
Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 22 de Octubre de 2008 (caso Causa L 94823)

References: artículo 3
 artículo 3
 artículo 13
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 8
 resolución 
 artículo 3
 artículo 13
 artículo 13
 resolución 
 artículo 3