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Timestamp: 2019-10-14 05:57:33+00:00

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STC 68/1985, 27 de Mayo de 1985 - Jurisprudencia - VLEX 15034503
STC 68/1985, 27 de Mayo de 1985
Fecha de Resolución: 27 de Mayo de 1985
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 618/1984
1. La diligencia observada por el recurrente al intentar interponer en tiempo su demanda y el mismo principio «pro actione», permiten admitir la demanda, haciendo prevalecer no sólo el interés privado de la parte actora, sino el más general inherente a todo proceso en que se dilucidan cuestiones relativas a derechos fundamentales, frente a una rígida interpretación de la norma (arts. 43.2 y 44.2 LOTC), que sin duda hubiera podido ser tachada de formalista en el sentido peyorativo de la expresión. 2. La falta de audiencia no se puede imputar como cometida en el trámite mismo del recurso de reposición: ni lo denuncia así la recurrente, ni, si se hubiera producido, habría constituido una infracción susceptible de amparo, sino acaso sólo contraria al artículo 105 c) de la C.E., donde sólo se exige la audiencia «cuando proceda» (y aquí legalmente no procede), pues las exigencias del art. 24 no son trasladables sin más a toda tramitación administrativa. 3. Este Tribunal no puede pronunciarse sobre meras hipótesis o sobre alegaciones que sólo contienen supuestos de hecho no producidos, porque el proceso constitucional de amparo sólo puede tener como objeto actos realmente producidos e imputados a alguno de los poderes públicos a los que se refieren los artículos 41.2 y siguientes de nuestra Ley Orgánica.
Sentencia citada en: 452 sentencias, 10 artículos doctrinales, una resolución administrativa
En el recurso de amparo núm. 618/1984, interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Rafael O. S. y A., asistido por el Letrado señor G. F., en nombre de doña María P. D. y A., contra resolución de la Jefatura del Estado de 12 de septiembre de 1974, contra resolución del Ministerio de Justicia de 22 de septiembre de 1980, y, en cuanto las confirman, las sentencias de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 13 de mayo de 1983 y de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 18 de junio de 1984.
En el presente recurso de amparo ha sido parte, como codemandado, don Pedro D. H., representado por el Procurador don Julián Z. D. y el Fiscal General del Estado, ha sido Ponente el Magistrado don Francisco T. y V., quien expresa el parecer de la Sala.
1. El 6 de agosto de 1984, doña María P. D. y A., debidamente asistida y representada, interpuso ante este Tribunal recurso de amparo contra la Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 18 de junio de 1984 (que, según declara, le fue notificada el 11 de julio), contra la Sentencia de la Audiencia Nacional de 13 de mayo de 1983 confirmada por aquélla, y contra las resoluciones administrativas impugnadas ante la Audiencia Nacional en recurso contencioso-administrativo desestimado por la Sentencia citada, que son la resolución de la Jefatura del Estado de 12 de septiembre de 1974 y la resolución del Ministerio de Justicia de 22 de septiembre de 1980 que consideró improcedente, y como tal lo desestimó, el recurso de reposición interpuesto contra la anterior resolución.
2. Los hechos en que se basa la petición de amparo, tal como se deducen de la demanda, son los siguientes: Don Pedro D. R., segundo marqués de Domecq, en instancia de 26 de marzo de 1974 pidió al anterior Jefe del Estado que se dignara «ejercitar la gracia de autorizarle para designar sucesor en el título de marqués de Domecq D'Usquain... con alteración del orden sucesorio original, en perjuicio de tercero...», solicitud que fue resuelta en sentido favorable mediante Decreto de 12 de septiembre de 1974, «a propuesta del Ministerio de Justicia». Don Pedro D. R. otorgó testamento el 1 de octubre de 1974, designando como sucesor del título a su sobrino don Pedro D. H.. A la muerte de don Pedro D. R., ocurrida el 17 de febrero de 1979 la hoy recurrente en amparo acudió a la sucesión del titulo y al enterarse de la resolución de 12 de septiembre de 1974 interpuso contra el citado Decreto recurso de reposición que fue desestimado con el argumento de que la resolución impugnada constituía un acto discrecional y graciable que sólo podría impugnarse por defectos de forma. El subsiguiente recurso contencioso-administrativo fue desestimado por la Audiencia Nacional, en Sentencia de 13 de mayo de 1983, por tratarse de un acto discrecional y graciable que no era «susceptible de impugnación por los cauces de esta jurisdicción contencioso-administrativa», es decir, porque «no es acto de la Administración... así como tampoco acto sujeto a revisión jurisdiccional en esta vía». Esta misma línea argumental reaparece en la Sentencia del Tribunal Supremo, ahora impugnada, en la que se desestimó el recurso de apelación contra la de la Audiencia, añadiendo el Tribunal Supremo que por ser el acto graciable es difícilmente sostenible la infracción de trámite como también lo es el pretender que sea necesario el consentimiento o la audiencia de los perjudicados por el cambio en el orden sucesorio original en cuanto interesados o afectados.
3. La Sección Cuarta, por providencia de 3 de octubre de 1984, abrió el trámite del art. 50 de la LOTC para resolver sobre la posible concurrencia de la causa de admisibilidad del 50.2. b) LOTC. Tras las correspondientes alegaciones de la parte demandante y del Fiscal ante el Tribunal Constitucional, la misma Sección, por providencia de 14 de noviembre, acordó la admisión a trámite del recurso, así como también que se dirigiera atenta comunicación a la Audiencia Nacional para que remitiera las actuaciones del recurso contencioso-administrativo núm. 21.695, interpuesto por doña María P. D. y A., así como la Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, resolviendo el recurso de apelación 83.909 y el correspondiente expediente o certificación o fotocopia adverada del mismo.
Recibidas las actuaciones judiciales, la Sección, por providencia de 12 de diciembre, acordó acusar recibo a la Audiencia Nacional, interesar del Ministerio de Justicia la remisión del expediente y emplazar al Procurador don Julián Z. D., que representó a don Pedro D. H. en el recurso seguido ante la Audiencia Nacional, para que en el plazo de diez días pudiera comparecer ante este Tribunal, comparecencia que en efecto se produjo por escrito de 29 de diciembre acompañado del correspondiente poder. Asimismo se recibió la documentación interesada al Ministerio de Justicia, a quien se acordó acusar recibo por providencia de 30 de enero de 1985, en la cual se tuvo por personado y parte a don Pedro D. H., así como también se acordó en ella poner de manifiesto toda la documentación recibida al Ministerio Fiscal y a las partes para las alegaciones previstas en el art. 52.1 de nuestra Ley orgánica.
La representación de don Pedro D. H. comienza por plantear un problema de admisibilidad que en este momento se convertiría en causa de desestimación.A su modo de ver la demanda es extemporánea, pues siendo el último día hábil para interponer el recurso de amparo el sábado 4 de agosto, se presentó la demanda en el Registro del Tribunal el día 6, y aunque el recurrente afirma que la causa fue el encontrarse cerrado el Registro el sábado 4, lo cierto es que ni presentó su demanda en el Juzgado de Guardia ni aporta prueba de que el Registro estuviera cerrado. Por todo ello y como quiera que la responsabilidad por haber esperado al último día hábil es de la representación del recurrente, éste debe sufrir las consecuencias de la extemporaneidad, pues vigilantibus non domientibus iura sucurrunt. No obstante analiza las dos pretensiones contenidas en la demanda, se opone a ellas y pide la desestimación del recurso. Frente a la pretensión de violación del art. 24.1 por denegación de justicia, sostiene principalmente: a) que para que tal denegación se hubiera producido habría sido necesario que la jurisdicción contencioso-administrativa se hubiera declarado incompetente, y que también, y después, la jurisdicción civil ordinaria se hubiese negado a resolver la cuestión del mejor derecho a suceder de la demandante frente al designado sucesor, pero tal conflicto jurisdiccional negativo no se ha producido; b) los actos regios (antes, del Jefe del Estado) de concesión de mercedes no son actos de la Administración, no están sujetos al Derecho Administrativo y no están intra sino extra muros de la jurisdicción contencioso-administrativa; c) en consecuencia las dos Sentencias ahora impugnadas respondieron a una aplicación razonable y ponderada del artículo 1.1 de la LJCA, en nada contrario al art. 24 de la Constitución. A propósito de la segunda infracción constitucional denunciada, la representación de la parte demandada en los anteriores recursos afirma que tampoco se ha cometido indefensión «por no haberse dado audiencia a la recurrente antes de dictar el Decreto de 12 de septiembre de 1974», y ello por las siguientes y principales razones: a) porque el acto que así se impugna es preconstitucional y había agotado sus efectos al realizarse la designación, esto es, al producirse el acto autorizado en el testamento abierto de 22 de octubre de 1974, declarado subsistente por otro de 26 de marzo de 1975, todos ellos actos anteriores a la Constitución; b) aun omitiendo la argumentación anterior, tampoco habría violación del art. 24 por haberse omitido la audiencia en un procedimiento administrativo, pues en éstos (salvo los sancionatorios) la omisión de audiencia sería vicio de legalidad, pero no infracción del art. 24.1 de la C.E.; c) pero es que tampoco estamos ante un procedimiento administrativo, porque la autorización para designar sucesor en un título nobiliario con alteración del orden de suceder original no es un acto administrativo. En consecuencia, la recurrente carecía de todo derecho, y menos de un derecho constitucional a ser oída por el Jefe del Estado, si bien nada le hubiera impedido impugnar ante la jurisdicción civil la designación del sucesor, lo que, por cierto, no hizo. Concluye su escrito de alegaciones pidiendo la desestimación del recurso.
1. Aunque en el trámite de admisibilidad del art. 50, la Sección Cuarta no examinó la posible concurrencia de la extemporaneidad [art. 50.1. b) en relación con el 44.2 de la LOTC, incluso también con el 43.2 de la LOTC, pues el plazo es el mismo y el dies a quo también], en el trámite de alegaciones del art. 52.1 de la LOTC la representación de don Pedro D. H. la ha traído al proceso, sosteniendo que por extemporánea la demanda debió ser declarada inadmisible, causa de inadmisión que, de ser ahora apreciada, se convertiría en causa de desestimación. Es necesario, pues, que comencemos por examinar si concurre o no la extemporaneidad invocada.
El último día hábil contando el plazo a partir del día siguiente a la notificación de la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 1984 (notificada el 11 de julio) fue el 4 de agosto. El recurso sin embargo tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el lunes 6 de agosto y no el sábado día 4 y de ahí toma pie la representación de don Pedro D. H. para denunciar la extemporaneidad, aunque reconociendo que el principio del favor actionis puede llevar a justificar que las dudas de admisibilidad se resuelvan a favor del actor. Es lo cierto que el sábado 4 de agosto, como afirma la parte demandante, que no necesita aportar pruebas a este Tribunal de un hecho de su funcionamiento interno que en cuanto tal nos consta, el Registro General permaneció cerrado de acuerdo con las normas previstas por este Tribunal y publicadas el 2 de julio de 1982 («Boletín Oficial del Estado» núm. 157/1982) según las cuales «durante el período de vacaciones continuará abierto el Registro General del TC desde el lunes al viernes, ambos inclusive, desde las nueve treinta a las trece treinta horas» (Acuerdo de 15 de junio de 1982 «Boletín Oficial del Estado» citado, página 18069). Ante este hecho, siempre cabe presentar el recurso en el Juzgado de Guardia, como afirma quien pide el reconocimiento de la extemporaneidad. Pero el representante de la parte actora, en escrito fechado a 6 de agosto que presentó como adjunto a la demanda, afirma que lo intentó y que se le negó «su recepción (la del recurso) en el Juzgado de Guardia del citado día (el 4 de agosto) pese a indicarse que el plazo de interposición vencía el repetido día 4 de agosto». Como el recurrente presentó en este Tribunal el recurso el lunes 6 de agosto a primera hora de la mañana acompañado del aludido escrito explicativo, este Tribunal entendió y entiende que, aunque con un rigor estricto hubiera podido imputarse al recurrente el desconocimiento del Acuerdo citado hecho público en su día; y aunque la denegación por él denunciada no haya sido sometida a prueba, más allá de su propia afirmación tampoco carente de valor, la diligencia observada por la demandante tras el doble incidente para ella sorprendente del día 4 de agosto, y el mismo principio pro actione citado a este respecto, permiten admitir la demanda, haciendo prevalecer no sólo el interés privado de la parte actora, sino el más general inherente a todo proceso en que se dilucidan cuestiones relativas a derechos fundamentales, frente a una rígida interpretación de la norma (arts. 43.2 y 44.2 de la LOTC), que sin duda hubiera podido ser tachada de formalista en el sentido peyorativo de la expresión. En consecuencia, la Sala no aprecia la extemporaneidad.
4. Respecto a la pretendida infracción constitucional por indefensión, nuestro pronunciamiento ha de ser por fuerza desestimatorio, pues a ello obligan las siguientes razones. La violación se imputa no a un acto del actual Jefe del Estado (y conviene quizá señalar que el art. 43.1 de la LOTC ahora en juego no menciona entre los impugnables por esa vía los actos del Rey), sino a un acto del anterior Jefe del Estado, su Decreto de 12 de septiembre de 1974. Ahora bien, ese Decreto sólo podría impugnarse en amparo constitucional si no hubiera agotado sus efectos a la entrada en vigor de la Constitución (disposición transitoria segunda , 1, de la LOTC). El acto del anterior Jefe del Estado era un acto autorizatorio dirigido a quien se lo había solicitado y permitía a éste, don Pedro D. R., alterar en perjuicio de tercero el orden sucesorio originario del marquesado de Domecq. Como bien dice el representante procesal de don Pedro D. H. el acto autorizatorio del anterior Jefe del Estado agotó sus efectos al realizarse la designación del sucesor, lo que tuvo lugar por una primera designación y otras posteriores confirmatorias, todas en 1974 y 1975, anteriores, pues, a la Constitución. Ahí y entonces agotó el Decreto de 12 de septiembre de 1974 sus efectos con independencia de que la muerte del anterior marqués y, por tanto, la apertura de la sucesión, se produjeran ya vigente la Constitución, pues de otro modo el acto en cuestión sería a estos efectos perpetuo. Por consiguiente ni el Decreto de 12 de septiembre de 1974 ni la Orden del Ministerio de Justicia de 22 de septiembre de 1980 meramente confirmatoria de una cuestión de legalidad preconstitucional son impugnables en amparo por violación de derechos fundamentales.
5. La parte actora, tanto en su demanda como en uno de los poquísimos pasajes de su escrito de alegaciones en los que añade algo nuevo, trata de trasladar post Constitutionem la indefensión derivada de la inexistencia de previsión legal de un trámite de audiencia al perjudicado antes de que el Rey pueda realizar algún acto de gracia que implique perjuicios a terceros; y la representación en este proceso, don Pedro D. H., aceptó el planteamiento del problema, aunque sólo «a efectos dialécticos», para resolverlo en el sentido de que tampoco después de la Constitución se cometería infracción por indefensión en el supuesto de que el acto del Decreto de 12 de septiembre de 1974 hubiese sido realizado ahora por el Rey. Aunque la cortesía procesal aconseja que este Tribunal no guarde silencio ante las extensas alegaciones de las partes, poco es lo que puede y debe decir al respecto.
Denegar el amparo solicitado por doña María P. D. y A..
STSJ Canarias , 29 de Julio de 2005
STSJ Murcia 728/2008, 22 de Septiembre de 2008
STSJ Murcia , 3 de Mayo de 2004

References: artículo 105
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 artículo 1