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Timestamp: 2020-01-28 08:37:19+00:00

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La misión del nombre es procurar la identificación y la individualización de las personas; puede considerarse como una etiqueta colocada sobre cada uno de
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La misión del nombre es procurar la identificación y la individualización de las personas; puede considerarse como una etiqueta colocada sobre cada uno de nosotros.
Cada individuo representa una suma de derechos y obligaciones, un valor jurídico, moral, económico y social, y es de importancia que este valor aparezca al solo enunciado de un nombre, sin equivoco, sin confusión posible.
El nombre es verdaderamente un atributo esencial, primordial de la personalidad, la cual preserva de toda confusión y protege contra cualquier usurpación.
Teorías ius - publicistas: Establece que al tener el nombre una importancia de carácter general, en tanto, que su presencia es importante. Ese carácter general es lo que sostiene que el nombre es una institución propia del derecho público.
Teorías ius - privatistas: Esta teoría establece que el nombre es objeto de un derecho subjetivo de los particulares, específicamente, del derecho a la identidad.
El nombre esta constituido por elementos o términos que desempeñan, dentro de su finalidad, una función diversa, aunque coincide el nombre individual o nombre propiamente dicho, conocido este elemento como “prenombre” que en el lenguaje corriente se denomina nombre propio o de pila; ejemplo Edwin, David, Juan, etc y que sirve para distinguir al individuo de los demás miembros de la familia dotados del mismo nombre patronímico.
Y el segundo elemento denominado “apellido” o “cognomen”, nombre patronímico o nombre de familia por ejemplo Gonzáles, Pérez, Jurado, etc.
La combinación de esos dos términos: el nombre individual y el nombre patronímico, son los que constituyen el NOMBRE.
Fernández Sessarego define el nombre como: “El nombre es la expresión visible y social mediante el cual se identifica a la persona, por lo que adquiere singular importancia dentro de los derechos de la persona. Esta peculiar función hace que la facultad de la persona a ser reconocida por su propio nombre implique también el deber, frente a la sociedad, de no cambiar de nombre, salvo por motivos justificados y mediante autorización judicial”.
CRITERIOS DEL DERECHO AL NOMBRE EN RELACIÓN AL CÓDIGO CIVIL
El hijo matrimonial debe llevar los apellidos de los progenitores.
Al hijo extramatrimonial, se le atribuye los apellidos de sus padres que figuren en el registro.
El adoptado, los apellidos del adoptante o adoptantes.
En el caso de los recién nacidos cuyos progenitores son desconocidos; el código civil peruano establece que será el registrador del estado civil el que le atribuya el nombre adecuado.
El seudónimo, cuando adquiere la importancia del nombre goza de la misma protección jurídica (El seudónimo se diferencia del sobrenombre, puesto que el primero es la palabra a conjuntos de palabras que adopta lícitamente una persona para designarse y el sobrenombre es impuesto por terceros).
ANÁLISIS DE NUESTRA NORMATIVIDAD3
ARTICULO 19.- “Toda persona tiene el derecho y el deber de llevar un nombre. Este incluye los apellidos”.
El presente articulo no consigna el derecho que asiste a los padres, según sea el caso, a escoger los nombres de pila de sus hijos.
De otro lado, dado el carácter particular de estas cuestiones se ha dejado como materia propia de la ley o del reglamento que a de dictarse, el determinar cuantos nombres de pila o prenombres pueden ser usados por los padres.
Se considera imprescindible regular, a nivel legal o reglamentario las limitaciones del derecho que tienen los padres de escoger los nombres de pila o prenombres de sus hijos, teniendo en cuenta tanto la necesidad de no desnaturalizar la función identificadora del nombre como impedir la asignación de prenombres inapropiados, extravagantes, ridículos o contrarios al orden publico y a las buenas costumbres.
La inexistencia de una debida y oportuna regulación del derecho de los padres a escoger el prenombre de los hijos podría conducir en el futuro a situaciones incómodas para la persona, la que ha de generar frecuentes acciones para conseguir el cambio de sus nombres de pila.
ARTICULO 20.- “Al hijo le corresponde el primer apellido del padre y el primero de la madre”.
El artículo bajo revisión establece, con toda claridad que al hijo le corresponde el primer apellido del padre y el primero de la madre.
El nombre, además de la función individualizadora que le es inherente, permite determinar en la mayoría de los casos, el entronque familiar de la persona.
El apellido es la designación común del grupo familiar. A través de los apellidos, entonces, es posible no solo individualizar a la persona sino a evidenciar generalmente su relación familiar.
Y este dispositivo está relacionado a su derecho de identidad, como derecho inherente a la persona humana y por lo cual todo hijo nacido dentro como fuera del matrimonio merece identificarse plenamente con sus progenitores.
ARTICULO 21.- “Cuando el padre o la madre efectúe separadamente la inscripción del nacimiento del hijo nacido fuera del vínculo matrimonial, podrá revelar el nombre de la persona con quien lo hubiera tenido. En este supuesto, el hijo llevará el apellido del padre o de la madre que lo inscribió, así como del presunto progenitor, en este último caso no establece vínculo de filiación.
Cuando la madre no revele la identificación del padre, podrá inscribir a su hijo con sus apellidos”.
Este artículo consagra el derecho al nombre e identidad de toda persona, por consiguiente el hijo nacido fuera del matrimonio no puede ser privado de su derecho al nombre y de su derecho a la identidad, en el sentido de su vinculación “parental” con determinada persona.
ARTÍCULO 22.- “El adoptado lleva los apellidos, del adoptante o adoptantes”.
El adoptado, que resulta ser casi siempre un expósito o un menor que a perdido a sus padres o ha caído en estado de abandono material o moral, se incorpora plenamente a una nueva familia, ingresa a un nuevo hogar que lo recibe como si fuera suyo.
En cualquiera de estas hipótesis el parentesco de origen carece, para el menor adoptado, de sentido afectivo o simplemente lo ignoran. El adoptado en cambio, adquiere una nueva familia y con toda la significación espiritual y formativa consiguiente y es dable, por ende, que se sienta identificado con ella.
ARTÍCULO 23.- “El recién nacido cuyos progenitores son desconocidos debe ser inscrito con el nombre adecuado que le asigne el registrador del estado civil”.
EL contenido de este artículo se refiere al nombre del expósito. La norma pues, innovando al anterior Código, reconoce al registrador como facultado para atribuir un nombre al recién nacido, cuyos progenitores se desconocen.
La incorporación de este precepto se justifica plenamente por la necesidad jurídica, fundada en el interés social, de otorgar un nombre a cada persona.
ARTÍCULO 24.- “La mujer tiene derecho a llevar el apellido del marido agregado al suyo y a conservarlo mientras no contraiga nuevo matrimonio. Cesa tal derecho en caso de divorcio o nulidad de matrimonio.
Tratándose de separación de cuerpos, la mujer conserva su derecho a llevar el apellido del marido. En caso de controversia resuelve el juez”.
El dispositivo describe claramente el derecho que la mujer tiene de agregarse al suyo el apellido del marido y a conservarlo hasta que no contraiga matrimonio nuevamente.
Así mismo al no constituir un deber para la mujer, ésta puede renunciar a dicha facultad y mantener su nombre de soltera. Tratándose de divorcio o de nulidad del matrimonio cesa el derecho de la mujer a llevar el nombre del marido.
La novedosa disposición de la norma bajo comentario se sustenta en el principio contenido en el artículo 4 que prescribe la igualdad de derechos entre le varón y la mujer. En esta virtud se permite a esta última decidir libremente, de acuerdo a su propia conveniencia, sobre el apellido a usar en caso de contraer matrimonio.
ARTICULO 25.- “La prueba referente al nombre resulta de su respectiva inscripción en los registros del estado civil”.
Este registro contiene datos sobre la persona como su nacimiento, el nombre que le es atribuido por sus progenitores de acuerdo con lo establecido en el presente código.
Estas partidas de registro del Estado civil, por lo que contienen, permite en tanto son públicos, que cualquier persona pueda solicitar la transcripción literal de la partida en la que consta de modo autentico el nombre que corresponde a todo sujeto de derecho.
ARTICULO 26.- “Toda persona tiene derecho a exigir que se designe por su nombre.
Cuando se vulnere este derecho puede pedirse la cesación del hecho violatorio y la indemnización que corresponda”.
El presente dispositivo contiene el derecho de la persona a que se le designe e individualice mediante la mención de su nombre propio.
El artículo resalta el derecho a la identidad inherente a toda persona, por el hecho de ser ella misma y no otra, y del cual el nombre es una de las más importantes expresiones en su vida de relación. Así el nombre, según el artículo, conforma un derecho y un deber de la persona ya que mediante él se individualiza e identifica en sociedad.
El segundo párrafo del artículo 26, contiene además la norma que tutela en caso de ser violado el derecho al ser llamado por el nombre propio. Dispone que la persona a quien se conteste su nombre, se le discuta o niegue, está facultada para exigir la cesación del hecho violatorio; pero no solo eso, la persona a quien de se afecta esta facultad tiene también la atribución de que se le indemnice correspondientemente.
No puede desatenderse también el hecho que la contestación del nombre puede producir en la persona lesionada una intranquilidad, un malestar, una perturbación que nadie tiene la potestad de originar impunemente en una sociedad justamente organizada. Es por ello que, normalmente, la contestación del nombre conlleva un daño no patrimonial a la persona que debe ser reparado por la acción de una jurisprudencia atenta a la protección de los derechos de la persona.
ARTÍCULO 27.- “Es nulo el convenio relativo al nombre de una persona natural, salvo para fines publicitarios, de interés social y los que establezca la ley”.
El artículo presente consagra, en forma imparcial un principio doctrinario, en cuanto el nombre, por cuanto sustenta legalmente que el nombre, por ser un “derecho a la identidad personal”, carece de significación económica, y por ello no se acepta en el comercio de los hombres. Así este artículo declara nulo todo convenio relativo al nombre de la persona natural. Esto deviene de que el nombre es un derecho y mas un deber que tiene como función, identificar o individualizar jurídicamente a la persona.
A pesar de ello, debido a que en la actualidad, en la economía de mercado, se permite excepcionalmente pactar sobre el nombre de la persona natural para fines publicitarios. A esta excepción se le puede considerar como una que se funda en el interés social y que tenga como fuente la ley. Pero no significa esto, que al usar el nombre para fines comerciales se renuncie ni se cese al derecho al nombre ni tampoco a una limitación a su ejercicio. Sino se trata de sólo de permitir el uso temporal del nombre de un persona notoria y popular para, debido al prestigio y simpatía que inspira, se promueva la comercialización de un producto o una marca en una sociedad de consumo.
Artículo 28.- “Nadie puede usar nombre que no le corresponde. El que es perjudicado por la usurpación de su nombre tiene acción para hacerla cesar y obtener la indemnización que corresponda”.
Este artículo ordena que la violación del derecho al nombre (el uso de un nombre ajeno) sea sancionada con su cesación y con una indemnización.
El nombre es un derecho inherente a al persona, y un deber cuyo pretensor o facultado es la sociedad jurídicamente organizada, fundamente la regla del presenta artículo en tanto impide que la persona pueda usar nombre que no le corresponde.
El uso indebido de nombre ajeno significa la violación de un deber frente a la sociedad jurídicamente organizada, sino que además lesiona el derecho de una persona cuando se usurpa su nombre; es posible que el infractor de la norma utilice un nombre ficticio, pero puede suceder que se atribuya el nombre de otra persona con el afán de causarle daño o de obtener algún beneficio.
Es en esta última hipótesis que se coloca el artículo en mención, cuando prescribe que el perjudicado por la usurpación de su nombre tiene acción para hacerla cesar y obtener la indemnización correspondiente. El daño a la persona, por usurpación de su nombre puede no solo ser de índole patrimonial, sino también de naturaleza extrapatrimonial.
ARTÍCULO 29.- “Nadie pude cambiar su nombre ni hacerle adiciones, salvo por motivos justificados y mediante autorización judicial, debidamente publicada e inscrita. El cambio o adición del nombre alcanza, si fuere el caso, al cónyuge y a los hijos menores de edad”.
La presente norma, es recogida en sentido del anterior código, solo que en este se cambio la expresión “apellido” por la de “nombre”, además que el cambio deba obedecer a causas justificadas.
La fundamentación de este artículo se encuentra precisamente en la función individualizadora del nombre. Porque como es sabido la función implica también el deber de la persona de no cambiar su nombre no hacerle adiciones, ya que ello significaría, obviamente, desvirtuar la indicada función jurídica del nombre. Si existe la eventualidad, en resguardo de terceros se dispone que tal autorización debe ser publicada e inscrita.
El artículo establece también excepciones, reglamentadas para acceder al cambio del nombre, además que puede alcanzar, si fuere el caso al cónyuge y a los hijos menores de edad existentes. No se consideran los motivos que justifican el cambio del nombre, por considerarse inconveniente, en razón de la diversidad de casos que puedan presentarse en la vida real. En tal caso se deja la participación de justicia del juez, que según su comprensión debe autorizar una modificación del nombre.
Cabe resaltar también, que se considera viable una alteración del nombre originada por el transcurso del tiempo y del uso social. Ya que puede ocurrir, que por circunstancias se produzca de hecho un cambio del nombre de la persona, situación que sirve de fundamento para su modificación legal en resguardo del interés, tanto personal como social, de evitar confusiones contrarias a la especifica función jurídica del nombre.
ARTÍCULO 30.- “El cambio o adición del nombre no altera la condición civil de quien lo obtiene ni constituye prueba de filiación”.
El presente dispositivo, no deja mucho que interpretar. La función individualizadora del nombre, no afecta ni altera la condición civil de quien lo obtiene ni mucho menos es prueba de filiación.
Las consecuencias de una variación del nombre de la persona por motivos justificados no incide en su estado civil ni denota una modificación en su entronque familiar. La situación jurídica de la persona inalterable.
Se trata también aquí, el caso de justificaciones, no cabiendo alegar el pertenecer al sexo opuesto, por las razones que sean. En nuestro país no existe ley alguna que lo permita, ni se han hecho estudios al respecto previos a la materia, ni se conoce jurisprudencia sobre el particular.
Puede considerarse viable el cambio de nombre que se produce como resultado de la afirmación de un sexo contrario al que erróneamente le fue reconocido a la persona al momento de nacer.
ARTÍCULO 31.- “La persona perjudicada por un cambio o adición de nombre puede impugnarlo judicialmente”.
El numeral presente reconoce el derecho de la persona, de impugnar judicialmente todo cambio o adición del nombre de un tercero que, en alguna forma pudiera perjudicarla. Obviamente el derecho implica una reclamación de daños y perjuicios, si fuera el caso.
El numeral en mención tutela el legítimo interés de la persona de ser reconocida e individualizada por su nombre, lo que implica el deber de los demás de respetarlo, de no usurparlo, o contestarlo. Con esto también queda protegida y tutelada para oponerse a todo cambio o adición del nombre de un tercero que pudiera causarle un alguien perjuicio patrimonial o extrapatrimonial.
ARTÍCULO 32.- “El seudónimo, cuando adquiere la importancia del nombre, goza de la misma protección dispensada a éste”.
El seudónimo se encuentra considerado en el presente código, ya que cumple en determinadas circunstancias la función individualizadora o identificadora propia del nombre.
Se da el caso frecuentemente en artistas y escritores, el apoyo en seudónimos, que con el tiempo adquieren por el tiempo la importancia del nombre. Por ello que ha llegado a cumplir la misión identificadora de este último.
El seudónimo es un medio de individualización que se utiliza para una determinada actividad de la persona, ya sea este artística, literaria, teatral, etc. Precisamente la reputación que la persona adquiere del seudónimo lo hace digno de protección jurídica.
No se confunde con el nombre por no ser un atributo de la persona, de ahí que la persona puede cambiarlo, donarlo, modificarlo, cederlo. La persona puede tener mas de un seudónimo, los que podrán gozar de tutela jurídica si con ellos consigue fama, es decir si el seudónimo deviene en importante en lo que concierne a la individualización de la persona.
IMPORTANCIA4
“Así como todo individuo tiene un nombre, también debe tener un asiento legal en que se considera siempre presente”.
La institución del domicilio presenta algunas innovaciones, principalmente; la determinación que para constituirlo sólo es necesario el elemento objetivo de la residencia habitual, con prescindencia del subjetivo.
El considerar la protección del interés de un tercero a quien afecta cualquier variación de domicilio que no hubiere sido puesto en su conocimiento; el hecho de que la fijación del domicilio conyugal no es más una prerrogativa del marido sino que resulta ser aquel en el cual los cónyuges viven de consumo o, en su defecto el último que compartieron.
TEORIA OBETIVA: En esta teoría se da la materialización del hecho de residir habitualmente en un determinado lugar.
TEORIA SUBJETIVA: Esta teoría se funda en la intención de permanecer, habitar, residir en indeterminado lugar; es decir, se trata de una espiritualización del concepto de domicilio.
El concepto de domicilio es fundamental para el Derecho. Efectivamente los es porque la persona necesita un determinado lugar para ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones.
La persona en su vida de relación jurídica necesita ser ubicada en un lugar del espacio. Ya que la como lo diría Alessandri existe una relación permanente entre una persona y un lugar determinado en que aquella se halla establecida, o se le supone para ejercer sus derechos y cumplir sus deberes.
El domicilio, es pues, el asiento jurídico de la persona, su sede legal, el territorio donde se le encuentra para imputarle posiciones jurídicas, para atribuirle derechos o deberes.
Doctrinariamente se puede distinguir al domicilio de la residencia y ambos de la morada o habitación. El domicilio de una persona lo determina la ley. La residencia es el lugar donde normalmente vive la persona con su familia, es habitual. La habitación o morada es el lugar donde accidentalmente se encuentra a la persona, es temporal, aquí pues es el lugar donde la persona se halla por cualquier circunstancia de manera temporal, ya sea de vacaciones, por negocios o en el desempeño de una comisión.
Puede suceder que el domicilio se constituya por la residencia, si así lo determina la ley. En este último caso el dato formal coincide con el fáctico, con la realidad.
Domicilio voluntario: el lugar donde voluntariamente decide residir la persona.
Domicilio convencional: es aquel lugar que es considerado como domicilio o lugar de residencia por acuerdo entre las partes de una relación jurídica.
Domicilio Legal: es aquel lugar donde se establece la residencia de una persona por mandato de la ley.
CRITERIOS EN RELACIÓN AL DOMICILIO POR EL CÓDIGO CIVIL
Se puede establecer un domicilio especial para la ejecución de actos jurídicos.
En el caso de darse una pluralidad de domicilio, el código civil establece que a la persona se le considera domiciliada en cualquiera de ellos.
Los funcionarios públicos están domiciliados en el lugar donde ejercen sus funciones.
A la persona que no tiene residencia habitual, se considerada por domicilio el lugar en el que se encuentren.
ANÁLISIS DE NUESTRA NORMATIVIDAD
ARTÍCULO 33.- “El domicilio se constituye por la residencia habitual de la persona en un lugar”.
Este artículo se presenta como respuesta para la supresión del elemento subjetivo, el animus, para la constitución del domicilio de la persona. A ello se ha admitido la posición que señala que el domicilio debe fijarse, exclusivamente, en exclusión a un elemento objetivo.
Así, el simple hecho de residir real y habitualmente en un lugar es factor determinante para suponer que la persona lo ha escogido como centro espacial propio de imputación jurídica. Para ello se debe comprobar la nota de habitualidad.
Se ha preferido hacer la eliminación del elemento subjetivo del domicilio por considerarla difícil y a menuda imposible de efectuarla llegando al objetivo: entrar al mundo interior de la persona. Lo que se presume, a fin de cuentas es la intención generalmente, en base al hecho objetivo y perceptible, de residir habitualmente en un lugar.
ARTÍCULO 34.- “Se puede designar domicilio especial para la ejecución de actos jurídicos. Esta designación sólo implica sometimiento a la competencia territorial correspondiente, salvo pacto distinto”.
Esta disposición permite que no sólo para los contratos se pueda designar domicilio especial, sino para todos los actos jurídicos. Así pues deviene en la facilidad para celebrar actos jurídicos.
ARTÍCULO 35.- “A la persona que vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares se le considera domiciliada en cualquiera de ellos”.
El artículo 35 prescribe que la persona que vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares se le considera domiciliada en cualquiera de ellos. La norma no ofrece dificultad alguna en tanto su aplicación es usual en el país y permite a los terceros ubicar con facilidad a la persona a quien se imputa un deber o un derecho.
ARTÍCULO 36.- “El domicilio conyugal es aquel en el cual los cónyuges viven de consumo o, en su defecto, el último que compartieron”.
Este artículo fundándose en la igualdad de derechos civiles del varón y la mujer, determina que el domicilio es aquel en el cual los cónyuges viven de consumo y, en su defecto, el último que compartieron.
Resulta así que el domicilio conyugal se constituye de común acuerdo entre el marido y mujer, mediante la objetiva residencia habitual en un determinado lugar.
Este artículo recurre a una ficción al determinar que, en defecto de domicilio conyugal, se admite como tal al último que compartieron los cónyuges. La solución no se ajusta a la realidad, es una ficción, simulación que acoge el Código para suplir la ausencia de domicilio conyugal.
ARTÍCULO 37.- “Los incapaces tienen por domicilio el de sus representantes legales”.
Es comprensible que los incapaces no puedan ejercer por sí mismos el derecho de fijar, y libre y voluntariamente, su domicilio. En ausencia de esta voluntad es la ley quien prescribe que el domicilio de los incapaces será el de sus representantes legales. Es pues una razonable derivación del estado de dependencia del incapaz en relación a su representante.
ARTÍCULO 38.- “Los funcionarios públicos están domiciliados en el lugar donde ejercen sus funciones, sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el artículo 33.
El domicilio de las personas que residen temporalmente en el extranjero, en ejercicio de sus funciones del Estado o por otras causas, es el último que hayan tenido en el territorio nacional”.
Es importante que los funcionarios públicos, en ejercicio de sus funciones y para todo lo vinculado a sus actividades, domicilien en el lugar donde desempeñan su función oficial.
Este numeral distingue el domicilio general del funcionario público, al referirse al artículo 33 que establece que el domicilio se constituye por la residencia habitual, de aquel otro domicilio especial en el que dicho funcionario cumple su actividad laboral.
No se trata sin embargo, como el artículo 35 de una pluralidad de domicilios, el funcionario público no vive ni tiene ocupaciones alternativas en varios lugares, por lo que se entiende que aquí solo se distingue con nitidez el domicilio general (residencia habitual) del domicilio especial donde el funcionario ejerce su actividad o función habitual.
A efectos de prescribir en el segundo párrafo, que el domicilio de las personas que residen temporalmente en el extranjero, en ejercicio de funciones del Estado o por otras causas es el último que hayan tenido en el territorio nacional, debería entenderse en este caso que la personas permanecen en el extranjero por breve tiempo ya que de no ser así, por razones de habitualidad, tendría que considerársele domiciliada fuera del país.
ARTÍCULO 39.- “El cambio de domicilio se realiza por el traslado de la residencia habitual a otro lugar”.
La posición adoptada por este artículo es coherente, con el artículo 33 que admite la existencia de sólo el elemento objetivo para su constitución.
De ahí que es suficiente el simple hecho de trasladar la residencia habitual de la persona de un lugar a otro para concluir que se ha producido un cambio de domicilio. Así pues el lo determinante para que se produzca un cambio de domicilio es el hecho perceptible de residir habitualmente en lugar diferente a aquel en que anteriormente se vivía.
ARTÍCULO 40.- “El cambio de domicilio no puede oponerse a los acreedores si no ha sido puesto en su conocimiento mediante comunicación indubitable”.
Se establece en este artículo el deber de quien tiene la calidad de deudor de poner en conocimiento de sus acreedores, por medio indubitable, cualquier cambio de domicilio. De esta manera se está protegiendo a los terceros que pueden verse sorprendidos con un inesperado o clandestino cambio de domicilio de su deudor.
1 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo y SOMAMIRA UNDURRAGA, Manuel. Curso de Derecho Civil. Editorial Nascimento. Chile. 1940. Págs. 86 y sgtes.
2 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Derecho de las Personas. 8ª Edición. Editorial Grijley. Perú. 2001. Págs. 105 y sgtes.
3 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Derecho de las Personas. 8ª Edición. Editorial Grijley. Perú. 2001. Págs. 105 y sgtes.
4 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo y SOMAMIRA UNDURRAGA, Manuel. Curso de Derecho Civil. Editorial Nascimento. Chile. 1940. Págs. 98 y sgtes.
5 DIEZ PICAZO, Luis; Antonio. Sistema de Derecho Civil. Editorial Tecnos. España. 1994. Págs. 657 y sgtes; FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Derecho de las Personas. 8ª Edición. Editorial Grijley. Perú. 2001. Pág.117 y sgtes.
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2 ¿Cómo llegan las sustancias necesarias hasta cada una de las células del organismo?
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References: ARTÍCULO 22

ARTÍCULO 23

ARTÍCULO 24
 artículo 4
 artículo 26

ARTÍCULO 27

Artículo 28

ARTÍCULO 29

ARTÍCULO 30

ARTÍCULO 31

ARTÍCULO 32

ARTÍCULO 33

ARTÍCULO 34

ARTÍCULO 35
 artículo 35

ARTÍCULO 36

ARTÍCULO 37

ARTÍCULO 38
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 35

ARTÍCULO 39
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ARTÍCULO 40