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Timestamp: 2018-10-21 07:42:15+00:00

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Letras al Mango » ¿La seguridad ciudadana en la encrucijada?
Implicancias del Decreto Legislativo Nº 1148 -Ley de la PNP- En la investigación del delito
Ha pasado poco tiempo, algo más de una semanas, que en el distrito de Surquillo específicamente en la Notaría Paino, se perpetró el asesinato de una persona producto de un robo por la suma de S/. 280,000.00 nuevos soles en el contexto de una transacción de compra venta . Las cámaras de seguridad de dicha notaría captaron los precisos instantes en que los delincuentes redujeron al personal de seguridad, para luego ingresar, con armas en mano, al ambiente donde se realizaba la transacción y al encontrar resistencia por parte de la víctima, asesinarla a sangre fría.
En el presente caso (etapa de investigación preliminar), surgieron y surgen hasta la fecha diversos cuestionamientos tanto a la PNP como al Ministerio del Interior, instituciones representadas por el Gral. Raúl Salazar y el Dr. Wilfredo Pedraza respectivamente. Así es, días después de haber capturado a uno de los supuestos delincuentes que participaron en el Caso Paino, en declaraciones ante la prensa, Pedraza aseguró que para la DIRINCRI, Álex Mejía Espinoza, “tenía una mayor responsabilidad de la que admite”, mientras que, la defensa del investigado sostenía la configuración de una tortura a efecto de que se auto inculpe .
Por otro lado, se puso también en duda la existencia o no de una persecución inmediata después de la comisión del delito (supuesto de flagrancia), ya que, de las imágenes de las cámaras de seguridad -las que se encontraban a los exteriores de la notaría y las del distrito- no captaron imagen alguna que acreditara tal afirmación, del mismo modo se puso en tela de juicio la imputación de hecho realizada por la PNP en contra de Mejía Espinoza, esto es, que había participado en calidad de lo que comúnmente conocemos como el “campana” en el hecho ilícito, debido a que mediante las cámaras de seguridad, se pudo apreciar que la única persona que realizó disparos fue el ejecutor directo del asesinato y no el supuesto “campana”, esto es, Mejía Espinoza, sin embargo ¿cómo es que la prueba de absorción atómica realizada a éste sujeto, resultó negativa?
Todos estos cuestionamientos, sumados al asesinato del periodista del diario El Comercio, Luis Choy, y la catastrófica operación policial de desalojo de los comerciantes del mercado de la “Parada” que terminó con dos (02) muertos y más de cien (100) policías heridos , desencadenaron con fecha 06.03.13 la inevitable renuncia del Director General de la Policía Nacional del Perú, Gral. Raúl Salazar, quien dirigió dicha institución desde el 08.10.11, y el cual en su carta de renuncia, señalo, entre otras cosas, lo siguiente: “(…) Ha sido el Gobierno del Excelentísimo Señor Presidente Constitucional de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, Ollanta Humala Tasso, quién inició una verdadera reforma institucional, la misma que viene siendo impulsada con (…) las nuevas leyes que ahora la regulan, equipamiento e infraestructura como nunca antes ocurrió, además del incremento de remuneraciones y otras acciones de bienestar del personal (…)” .
Aterrizando al objetivo del presente ensayo, es preciso incidir que resulta poco seria dicha afirmación, puesto que sumado a las preocupantes pero a la vez lúcidas interrogantes propuestas por el Prof. Dr. Gonzalo Del Río Labarthe en su artículo sobre Seguridad Ciudadana publicado en Diario 16, esto es, respecto de si “¿Puede controlarse la seguridad ciudadana en un país con el día de franco de los policías (24 x 24)?; ¿Les podemos exigir a estos funcionarios públicos que nos protejan cuando no tienen recursos suficientes?; ¿Se puede enfrentar el problema de inseguridad ciudadana con una policía burocrática, mal organizada, que no se divide en especialidades específicas?; ¿Es posible combatir la delincuencia con policías mal pagados? ¿Es posible luchar contra los criminales sin un estricto control de armas?” .
Debemos señalar con sorpresa que, como consecuencia de la delegación de facultades del Congreso de la República al Poder Ejecutivo en materia de fortalecimiento institucional de la Policía Nacional del Perú y de la Carrera Policial, entre otras materias, conforme a lo señalado en el artículo 2º inciso 1 de la Ley Nº 29915, se promulgó con fecha 10.12.12 el Decreto Legislativo Nº 1148 “Ley de la Policía Nacional del Perú”, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 11.12.12 .
Mediante dicho decreto legislativo, se establece y regula la estructura, organización, competencias, funciones, atribuciones y facultades de la Policía Nacional del Perú, así como sus regímenes especiales, no obstante en su artículo 10º inciso 11, prevé respecto a la función y competencia de la PNP en relación a la investigación del delito: “Artículo 10º.- Son funciones de la Policía Nacional del Perú las siguientes: (…) 11. Planificar y conducir operativamente la investigación material del delito, en concordancia con las leyes de la materia; (…)”.
Esto es, se pretende retroceder de nuevo hasta la figura decadente del Atestado Policial, enmarcado en el Sistema Inquisitivo de Investigación, y regulado por el Código de Procedimientos Penales de 1940, por el cual los llamados “instructores” -policías sin conocimientos jurídicos penales-, “calificaban” el presunto hecho delictivo, por lo que no solo fue utilizado como herramienta jurídica durante el proceso, sino que se camuflaba como “medio de prueba idónea y suficiente” para fundamentar una sentencia condenatoria.
Pues gracias a esta Ley de la PNP, la cual tuvo como antecedente el Proyecto de Ley Nº 3205/2008-CR , dirigido a modificar la estructura del NCPP para instituir una sub fase de “investigación preliminar”, a cargo de la policía, diferente de una pretendida “Investigación Preparatoria propiamente dicha”, y transmutar al Ministerio Público y sus fiscales en simples apuntadores o consejeros jurídicos, dicho proyecto de ley fue objetado por el Informe N°. 02-2009-DNJ, de 26 de mayo de 2009, suscrito por el Director Nacional de Justicia, César José Bernabé Pérez . Pareciera que el panorama en el nuevo proceso penal peruano se torna sombrío, sin embargo en las siguientes líneas estableceremos quién es verdaderamente el representante por excelencia de la investigación del delito en nuestro país.
Como podrá advertir el ciudadano de a pie, existen y existirán diversas opiniones tanto políticas como jurídicas, respecto de este tema, sin embargo, resulta imprescindible volver una y otra vez sobre un concepto tan elemental y sobradamente conocido como el que encontramos en la respuesta a la siguiente interrogante ¿Quién, dirige la etapa de investigación del delito?, ¿Quién es titular de la acción penal?, ¿Quién realiza la calificación jurídica del delito?, ¿Quién posee la carga de la prueba?, ¿Quién dispone y controla jurídicamente los actos de investigación, entre otros?
El artículo 159º inciso 4 de la Constitución Política del Estado, señala: “Artículo 159º.- Corresponde al Ministerio Público: (…) 4. Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función”. El artículo IV inciso 1 del Título Preliminar del NCPP establece lo siguiente: “El Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Asume la conducción de la investigación desde el inicio”, pero siempre actuando bajo el principio de objetividad, esto es, la exigencia de que el Fiscal disponga no solo los actos de investigación de cargo sino también los de descargo, en consonancia del principio de igualdad de armas, permitiéndole una debida defensa, traducida, por ejemplo, en la ausencia de mecanismos o prácticas de tortura en su manifestación en sede policial que vulneren la garantía de no autoincriminación que le reviste.
Dándole practicidad a los mencionado en el párrafo anterior, debemos resaltar que el inicio de una investigación penal es motivada por la existencia de una denuncia, por la comunicación de la existencia de un delito por parte de la policía, o por una actuación de oficio del Ministerio Público, situaciones que pueden dar inicio a las Diligencias Preliminares de Investigación, etapa que tiene como finalidad realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión e individualizar a las personas involucradas, incluyendo a los agraviados .
Al culminar las Diligencias Preliminares, el Representante del Ministerio Público podrá archivar la investigación o formalizar la misma, Según el artículo 334º del NCPP, el Fiscal puede “declarar que no procede formalizar y continuar la investigación” y ordenar el archivo definitivo de lo actuado, si “al calificar la denuncia” o “después de haber realizado o dispuesto realizar diligencias preliminares” considera que “el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente, o se presentan causas de extinción previstas en la ley” .
Por lo tanto, resulta claro a todas luces, en atención a los previsto en los artículos 60º y 67º inciso 2 del NCPP, que la Policía cumple un rol de auxiliar de la investigación, un órgano de apoyo del Fiscal -en el ámbito de sus funciones y competencias-, sin perjuicio de que aquel por iniciativa propia y con excepciones de urgencia pueda realizar también sus propios actos de investigación, gracias a la ayuda técnica especializada que sus áreas poseen, de acuerdo a lo previsto en el artículo 67º inciso 1 del NCPP.
Así es, la idea principal en este nuevo Sistema Acusatorio, es el hecho de que el Fiscal es quién dirige y diseña la estrategia de investigación, más aún cuando los actos de investigación (urgentes e inaplazables) realizados en las Diligencias Preliminares no podrán repetirse una vez formalizada la investigación, salvo se advierta un grave defecto en su actuación o cuando se deban incorporar nuevos elementos de convicción -artículo 337º inciso 2 del NCPP-. Sin embargo, no podemos restarle importancia a la labor que desempeña la PNP, en ese sentido, “1) El ministerio Público debe comprender que la entidad que realiza, por regla general, las actividades de investigación, es la Policía, por razones de experiencia profesional, cobertura territorial y medios disponibles; y, 2) El Ministerio Público debe ser capaz de mostrar a la Policía que sin una coordinación de su trabajo, los resultados de las investigaciones sirven de poco o nada” .
A manera de cierre, debemos incidir en que el proceso penal peruano se funda actualmente en la “división de roles”, es decir, entre un Fiscal Investigador (titular de la acción penal, el titular de la acción penal, posee la carga de la prueba y dispone y controla los actos de investigación) y un Juez Instructor (cuya función principal es la de decidir la existencia o no de una afectación a los derechos fundamentales del investigado) auténtica manifestación del principio acusatorio, y no de otra forma (PNP y JUEZ).
Por estos argumentos, consideramos que el artículo 10º inciso 11 del Decreto Legislativo Nº 1148 debe declararse inconstitucional, en atención a las consideraciones esbozadas en el presente ensayo.
Por Ignacio Renán Chunga Soto
Miembro del Área Penal del Estudio Caro & Asociados. Asistente Investigador del CEDPE.
[1] Disponible en: http://www.larepublica.pe/21-02-2013/vea-el-preciso-momento-del-asalto-la-notaria-paino
[2] Disponible en: http://elcomercio.pe/actualidad/1545321/noticia-caso-notaria-paino-detenido-tieneresponsabilidad-mayor-que-admite
[3] Disponible en: http://elcomercio.pe/actualidad/1546684/noticia-editorial-blindaje-estuvo-ahi
[4] Disponible en: http://cde.elcomercio.e3.pe/66/ima/0/0/5/7/9/579682.jpg
[5] Disponible en: http://diario16.pe/noticia/22650-seguridad-ciudadana#.USz25VIj77c.facebook
[6] Disponible en: http://www.pnp.gob.pe/reforma/images/DL.1148-LEY_PNP.pdf
[7] Disponible en: http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/B53C83ABAC4D7A2105256CDF006C92C9/70E939FEA8FE1A9A052575A5006DE561?OpenDocument
[8] RODRÍGUEZ HURTADO, Mario Pablo. D.Leg. 1148 instituye investigación bicéfala y acoge propuesta policial rechazada más de una vez.
http://www.lozavalos.com.pe/alertainformativa/index.php?mod=documento&com=documento&id=2958
[9] DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo. La Etapa Intermedia en el Nuevo Proceso Penal Acusatorio. ARA Editores, Lima, 2010, p.38.
[10] DEL RÍOLABARTHE, G., “La Etapa Intermedia….”, cit., p. 38.
[11] MAURICIO DUCE, Julio. Reforma procesal penal y reconfiguración del Ministerio Público en América Latina. en Seminario Reforma Procesal Penal, Editorial Jurídica Conosur, Santiago de Chile, 2001, p. 56.
esta maso maso ah, le falta mucho para igual a su maestro del rio labarthe y muy gordito el nacho que baje de peso
que chevere la internet ahora cualquier gordo puede publicar
mark rodri
es un buen articulo de seguro debe estar en primer ciclo de su carrera por la manera de escribir
Que mal articulo definitivamente como estudiante de derecho de la UNMSM esperaba mas de otro san marquino este tal Renan de seguro estudia otra carrera no relacionada al derecho
el pocho lavezzi!!!
buena yogui!!!
esperaba mas de un san marquino

References: artículo 2
 artículo 10
 artículo 159
 artículo 334
 artículo 67
 artículo 10