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Timestamp: 2019-11-12 23:23:31+00:00

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JOSE GABRIEL OCAMPO Y LAS FUENTES DE LA LEY SOBRESOCIEDADES ANONIMAS: ELPROCESO DE CODIFICACION COMERCIAL CHILENO EN UN EJEMPLO<A HREF="#BM_">*</A>
http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54551997000100008
JOSE GABRIEL OCAMPO Y LAS FUENTES DE LA LEY SOBRE
SOCIEDADES ANONIMAS.EL PROCESO DE CODIFICACION
COMERCIAL CHILENO EN UN EJEMPLO*
A estas alturas del siglo XX nos cuesta imaginar cómo sería trabajar sin contar con esa herramienta tan indispensable que es la computación. Enfrentado cualquier investigador en alguna área de las humanidades al problema de redactar un trabajo, sobre todo aquellos en que debe apoyarse en un número importante de fuentes, el apoyo en buenos programas computacionales aparece como fundamental. Más todavía, puesto a redactar, la posibilidad de que hoy disponemos de ir corrigiendo y recorrigiendo un texto sin tener que tirar al canasto de los papeles las hojas escritas a máquina en las que hubiéramos cometido algún error, nos ha traído algunas facilidades inimaginables hasta hace sólo algunos años.
Pero la computación y sus programas tienen también algunas desventajas. En efecto, los distintos ensayos y correcciones que se van introduciendo en el texto que el investigador trabaja, desaparecen sin dejar rastro, lo que hace más difícil al historiador, que al cabo de los años se ocupa de ellos, el trabajo de reconstruir la génesis del pensamiento de un determinado autor y las diversas etapas por las cuales éste pasó.
De ahí que pueda considerarse una verdadera bendición el que durante el siglo XIX la pluma fuera el elemento material más importante en el trabajo de cualquier escritor. Ello porque de esta manera han llegado hasta nosotros textos a través de los cuales es posible seguir paso a paso el proceso de generación de importantes obras jurídicas. Es el caso por ejemplo del Proyecto de Código de Comercio elaborado a mediados del siglo anterior por encargo del gobierno chileno, por el jurista argentino José Gabriel Ocampo.
Al respecto se conservan en la Biblioteca del Colegio de Abogados una serie de tomos manuscritos a través de los cuales es posible seguir en detalle la génesis de lo que terminaría siendo el primer Código de Comercio chileno. José Gabriel Ocampo escribía y corregía a mano, en grandes tomos, los borradores de su obra; tarjaba y reemplazaba palabras y textos completos haciendo todo tipo de anotaciones marginales e interlineales; señalaba en cada caso las fuentes en que se había apoyado para redactar las distintas normas allí contenidas; e iba generando nuevos borradores, identificados explícitamente como tales.
Dentro de este material, que por momentos resulta difícil de leer por lo complejo de la caligrafía empleada y los múltiples borrones y correcciones que caracterizan el texto, destaca por su claridad un apartado que lleva por título "Fuentes de la ley sobre sociedades anónimas".
Como bien se sabe y por las razones que más adelante veremos, esta ley formaba parte del proyecto codificador encargado a José Gabriel Ocampo, pero las urgencias del momento hicieron que se promulgara en forma anticipada a la totalidad del Código. De ahí que pareciera que, cuando el jurista argentino trabajaba en la última versión de su proyecto codificador, haya creído necesario adjuntar a los materiales y borradores del mismo, los textos en que se había apoyado para elaborar la ley recién citada que ahora debía integrarse al texto mismo del Código de Comercio. Como resultado de ello estos textos son de los más claros y completos que es posible encontrar entre los manuscritos de José Gabriel Ocampo relativos a la codificación comercial. Y su transcripción fiel constituye la parte medular de este artículo.
Para la cabal comprensión de dicho texto y del contexto histórico-jurídico en que se generó, hemos agregado a la transcripción de las fuentes algunos textos introductorios y complementarios.
II. ANTECEDENTES DEL PROCESO CODIFICADOR
1. El marco histórico de la codificación comercial chilena
Cuando hace ya algunos años analizábamos lo que se había escrito sobre Diego Portales, constatábamos cómo dos autores tan distantes en el tiempo como en su forma de pensar coincidían en identificar un mismo rasgo como típico del llamado régimen portaliano. Nos referimos a Francisco Antonio Encina y Simón Collier. En efecto, ambos están de acuerdo en identificar un componente "mercantil", manifestado en la búsqueda de la eficiencia y del desarrollo económico como característico del nuevo régimen. Collier llega a calificar a Portales como el "dictador empresario"1.
De hecho en el epistolario portaliano son constantes las referencias a que si algo movió a Portales a intervenir en política, es que hacía falta el orden necesario para dedicarse a los negocios.
Mario Góngora por su parte, al fundamentar lo que él considera el elemento sociológico que sería el "principal resorte de la máquina" a que se refiere Portales en alguna de sus cartas, tomando un lenguaje propio de Montesquieu, sustento del nuevo régimen, insiste en que este se apoya en una clase de propietarios, con interés en gozar de un sistema que les asegure el orden suficiente para dedicarse a los negocios2.
A conclusiones similares llegábamos nosotros cuando, más adelante, investigábamos la obra de uno de los más representativos políticos conservadores chilenos de la primera mitad del siglo XIX, don Antonio García Reyes. Es evidente, el pensamiento de éste giraba en torno a lo económico, como era bastante típico en mentalidades ilustradas como la suya. Así por ejemplo Jovellanos, uno de los autores y políticos ilustrados más leídos en Chile en esos años, había escrito: "No nos engañemos. La grandeza de las naciones ya no se apoyará, como en otro tiempo, en el esplendor de sus triunfos, en el espíritu marcial de sus hijos, en la extensión de sus límites ni en el crédito de su gloria, de su probidad o de su sabiduría... Todo es ya diferente en el actual sistema de la Europa. El comercio, la industria y la opulencia, que nace de entrambos, son, y probablemente serán por largo tiempo, los únicos apoyos de la preponderancia de un Estado"3.
En nuestra opinión, el programa de García Reyes, como es común a la gran mayoría de los políticos conservadores de la primera mitad del siglo XIX, "está pensado desde la perspectiva de los negocios. Más que grandes ideales -que también naturalmente los hay-, o política de principios, los móviles inmediatos son de naturaleza radicalmente práctica y positiva. Se busca organizar la sociedad de tal manera que los negocios puedan desarrollarse de la mejor manera posible y sin interferencias. Asegurado este mínimo, el resto debía venir casi por añadidura. Por eso el orden fue siempre para los pelucones un bien tan preciado. El desorden y la anarquía generan un ambiente en que el comercio y los negocios en general no pueden prosperar". La realidad parece mirarse desde la perspectiva de un negociante no demasiado arriesgado que cifra su máximo afán en ir aumentando poco a poco sus ganancias4.
Por lo demás las loas al comercio y al espíritu comercial eran una constante en la prensa de la época. Por ejemplo, en un editorial de El Progreso de 11 de noviembre de 1842, se decía: "Los varios rumbos que el comercio ha seguido en las diversas épocas del mundo han levantado en los focos de donde partían, o en los puntos forzosos de comunicación y de escala, naciones poderosas, cuyas artes y descubrimientos han formado los primeros eslabones de la cadena de progresos que durante una larga serie de siglos han elaborado la civilización de la especie humana. Más que las lucubraciones de los sabios, más que la libertad civil de algunos pueblos, el comercio, sirviendo de vehículo por donde se han comunicado los pueblos sus ideas, sus necesidades y sus luces han derramado la civilización por todas las extremidades de la tierra".
Relación entre comercio y civilización en la cual se insistía más adelante en El Mercurio, cuando daba a conocer su nueva línea editorial: "A lo que consagraremos sobre todo una especial atención es al comercio y a la industria, porque reconocemos en ambos, más que en los libros y en los periódicos, una influencia civilizadora"5.
El mismo Araucano, con toda su moderación, unía la ilustración y el comercio como elementos que servirían de base para cimentar la unión del género humano6. E incluso en El Siglo, se llegaba al extremo de sostener que el desarrollo del comercio y de la industria terminarían por hacer innecesarios los ejércitos7.
Como puede fácilmente constatarse, dominaba ya en esos años una visión del mundo y de la vida en que los ideales ilustrados se estaban viendo complementados y en ciertos círculos hasta superados por los avances del positivismo. Y este venía a reforzar ese centrarse en el comercio y en el bienestar material que, como hemos visto, parece una constante del nuevo régimen.
Muy indicativo al respecto es el tenor de un artículo publicado en el segundo número de la Revista Sud - América, donde se afirmaba que a esas alturas del desarrollo histórico "la política no puede significar otra cosa que el conato constante de los encargados de ellos, para allanar en el interior y en el esterior de su país las dificultades que embarazan la acción de los gobernados, a fin de procurarles mayor suma de bienestar y riqueza. La política tiene por blanco objetos de utilidad pura"8.
Y en forma casi grotesca reflejaba el positivismo dominante un editorial de El Mensajero en el que se sostenía la historia habría llegado a un punto en que "los hombres parecen desprenderse más del carácter metafísico y espiritualista de otros tiempos, poniendo su pensamiento en los bienes materiales cual en la única satisfacción positiva y cierta de la vida", momento en que "la importancia social y las más altas aspiraciones del hombre rinden feudo a la riqueza"9.
En un ambiente como éste, dominante ya de manera absoluta durante el gobierno de don Manuel Montt -en que aparecían como valores supremos la producción de riqueza y el bienestar material y en que se tenía una tan alta estima de la actividad comercial- no puede extrañar que apareciera como cada vez más imperiosa la necesidad de modernizar el derecho comercial.
Habría que agregar además que también era muy común en el período la exaltación del espíritu de empresa y el de asociación con esos mismos fines, como palanca fundamental para impulsar el progreso del país. Y esto era también un antecedente importante para dar impulso a un perfeccionamiento de la legislación comercial.
Por ejemplo, en su Mensaje al Congreso Nacional de 1 de junio de 1854 el Presidente de la República, Manuel Montt, destacaba como "en un estremo de la República, ayer desierto e inculto, se ha dado principio a un madero carril de 5 leguas por bosques y terrenos fangosos y construido ya una buena parte. El espíritu de asociación y empresa de los colonos de Llanquihue ha sido bastante poderoso para acometer con escasos recursos" una obra de tal envergadura10. Y en un editorial de El Progreso, y luego de abogar por la colonización por Chile del Estrecho de Magallanes, se afirmaba que si bien en estos casos, el primer paso correspondía al gobierno, "todo lo demás está en manos del espíritu de empresa tanto nacional como extranjero, que allana las dificultades y que sabe aventurar capitales cuando el proyecto de una utilidad inmediata se ofrece luminoso a su vista. El espíritu de empresa ha realizado en nuestros días los prodigios más asombrosos"11.
Y más adelante, y al momento de ser presentada al Congreso la primera parte que entró en vigencia del trabajo codificador de José Gabriel Ocampo -el proyecto de ley que reglamentaba las Sociedades Anónimas-, el presidente Montt explícitamente hacía ver la relación existente entre espíritu de empresa y nueva legislación que hemos venido destacando. En efecto, señalaba que las sociedades anónimas "han llegado a ser el medio más eficaz y en muchos casos el único de llevar a cabo las grandes empresas", y su falta de reglamentación aparecía como una traba en el desarrollo del "espíritu de asociación de que tanto debemos prometernos"12.
2. La intervención de José Gabriel Ocampo y el proyecto de Código
El espíritu mercantil que dominaba entre las clases dirigentes chilenas a mediados de siglo y que hemos reseñado en el párrafo anterior, explica que ya en la década de los cuarenta y bajo el gobierno de don Manuel Bulnes, se plantee la necesidad de modernizar el derecho comercial vigente, que seguía siendo el castellano y fundamentalmente las Ordenanzas de Bilbao. Y, en ese momento modernizar era prácticamente sinónimo de codificar.
En efecto, en diciembre de 1846 y dentro de las múltiples iniciativas que caracterizaron el ministerio presidido por Manuel Camilo Vial, se procedió a nombrar una primera comisión encargada de elaborar un proyecto de Código de Comercio. En el decreto correspondiente se señalaba: "Haciéndose sentir cada día más los vacíos y defectos de la Ordenanza de Bilbao, y la necesidad de su reforma y habiéndose ejecutado este difícil trabajo de una manera ventajosa en el nuevo Código de Comercio Español, al cual será sin embargo preciso hacer modificaciones adecuadas a nuestra actual situación; he venido en acordar y decreto: Art. 1º. Nómbrase una comisión compuesta por don Diego José Benavente, don Pedro Nolasco Mena, don Santiago Salas y don Santiago Ingram, a la cual se encarga la formación de un proyecto de Código Comercial, tomando por base el que rige actualmente en España. Art. 2º. La Comisión podrá llamar a su seno a los comerciantes y jurisconsultos que puedan suministrarle ideas útiles; y deberá presentar al Gobierno su proyecto en el término de 6 meses".
Sin embargo, este intento codificador no prosperó13.
Pero el Presidente Bulnes no se da por vencido y en el mes de julio de 1851 decreta la formación de una nueva comisión, integrada fundamentalmente por comerciantes. Sus miembros serían Manuel Hipólito Riesco, Carlos Lamarca, Jorge Lyon, Alfredo Ward, José Cerveró y Ambrioso Sánchez, los que deberían examinar el Código de Comercio español, indicando luego al Gobierno las modificaciones que consideraran oportunas "para hacerle adaptable a las necesidades del comercio chileno"14.
Pero tampoco esta comisión avanzó en el cumplimiento de su cometido.
Recién bajo el gobierno de don Manuel Montt el proceso codificador en materia de derecho comercial empezó a tomar un rumbo más decidido a partir de una ley de 14 de septiembre de 1852 que facultó al Presidente de la República para nombrar con remuneración a las personas a quienes se les encomendara la redacción de un Código.
En virtud de esa autorización el 24 de diciembre del mismo año se encomendó al jurista argentino don José Gabriel Ocampo15 la tarea de elaborar un proyecto de Código de Comercio para la República de Chile.
Al Dr. Ocampo ya le había correspondido alguna participación en el proceso codificador chileno pues, en cuanto miembro de la Facultad de Leyes, le había correspondido formar parte, a partir de octubre de 1852, de la Comisión Revisora del Proyecto de Código Civil de Andrés Bello, y tomó su nuevo encargo con absoluta seriedad. De hecho se concentraría en esta tarea durante los próximos siete años de su vida, estudiando primero la doctrina comercial más moderna, sobre todo española y francesa y familiarizándose con los principales códigos vigentes en ese entonces en el mundo, para luego comenzar la redacción de una serie de borradores, que se conservan en la biblioteca del Colegio de Abogados y que han servido de base para nuestra investigación.
De acuerdo a lo que se ha visto en el número anterior, y ante la importancia que se atribuía por las clases dirigentes chilenas al espíritu de asociación, Ocampo avanzó muy rápidamente en la elaboración de un proyecto de ley de Sociedades Anónimas que se promulgó en 1854, mientras que el resto del Código, una vez terminado el período de revisión, terminaría por ser promulgado recién en septiembre de 1865.
III. EL PROCESO DE CODIFICACION
DEL DERECHO COMERCIAL EUROPEO COMO
ANTECEDENTE DEL CODIGO DE COMERCIO CHILENO
El año 1865 entraba en vigencia en Chile el Código de Comercio, culminación del trabajo iniciado en 1852 por el jurista, nacido en Argentina, don José Gabriel Ocampo. Ese mismo año se promulgaba también el Codice di commercio para regir en el Reino de Italia que se encontraba en proceso de alcanzar su unificación. Apenas un par de años antes -1862-, y en un país que vivía un proceso político similar al italiano, la Alemania del canciller Otto von Bismarck, entraba a regir el Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch. Y ellos a su vez habían sido precedidos, entre otros, y por señalar sólo algunos de los más importantes, por el Wetboek van Koophandel, holandés, de 1838, el Código commercial portugués de 1833, el español de Sainz de Andino de 1829 y, finalmente, como punto de partida y como es característico del proceso codificador en todas las principales áreas del derecho, el Code de commerce francés de 1807.
Estos someros antecedentes bastan para hacer evidente la conclusión de que el proceso de la codificación comercial chilena forma parte de un movimiento mucho más amplio que abarcaba a la mayor parte del mundo occidental. De tal manera que, ni el chileno, ni ninguno de los demás códigos, con excepción del francés (y esto sólo por ser el primero de todos), son obras absolutamente originales, sino que se van formando fundamentalmente por una vía comparativa e imitativa. Y esto no sólo en lo que se refiere a la nueva técnica codificadora, sino también a los mismos contenidos, a las instituciones de derecho comercial que se encuentran en los distintos códigos.
Con lo anterior queremos decir que, pese a las particularidades locales, derivadas de la recepción en los códigos de derechos y tradiciones nacionales -por ejemplo, el derecho contenido en las Ordenanzas de Bilbao en los códigos de comercio español y chileno-, o al hecho de que la codificación civil haya o no precedido a la comercial, los códigos de comercio del siglo XIX tienen una matriz y contenidos fundamentales comunes.
Paradigmáticamente ilustrativa de la idea que estamos tratando de desarrollar, es el hecho de que ya en 1844 haya podido publicarse en París la obra de Fortuné Antoine de Saint-Joseph, titulada Concordance entre les Codes de Commerce Etrangers et le Code de Commerce Francais, donde se recoge, en forma comparativa, el contenido de todos los principales códigos, y hasta proyectos de códigos comerciales, elaborados hasta ese momento en Europa.
El libro de Saint-Joseph tiene dos partes fundamentales. En la primera, la auténtica concordancia, se contiene en forma sinóptica la normativa de distintos códigos comerciales sobre las diversas materias del derecho comercial, teniendo por base la sistemática del Code de commerce. De esta forma cada uno de los códigos (fuera del francés se contienen los códigos español, portugués, holandés, húngaro, ruso, la parte comercial del Allgemeinen Landrechts prusiano, las Ordenanzas de Bilbao y el proyecto de Código de Wurtemberg) es casi completamente traducido al francés. En la segunda parte se contiene, ordenados en forma alfabética según los distintos países, la traducción de una serie de leyes particulares de estados que todavía no habían llevado adelante un proceso codificador.
La unidad del proceso de codificación comercial se hacía así plenamente evidente. No es por tanto casualidad que la obra de Saint-Joseph fuera quizá la fuente más importante para el trabajo codificador que emprendería en Chile don José Gabriel Ocampo.
El siglo XIX, la gran época de la codificación del derecho, es por excelencia también la época del derecho comparado.
Pero, naturalmente, esta contemporaneidad de las codificaciones comerciales europeas y americanas se explica también porque había coincidencias más de fondo: los cambios jurídico-políticos y económicos, a partir de las revoluciones francesa e industrial, que serían comunes, aunque en diversos grados, a la mayor parte de los Estados europeos y americanos durante el siglo XIX.
El siglo XIX, tanto en Europa como en Chile, será el siglo del liberalismo y de la burguesía y esto llevará, casi necesariamente, a la aparición de un nuevo derecho. Este derecho se caracterizará por la preeminencia de la ley por sobre las otras fuentes tradicionales, que pasan a un segundo plano, como es el caso de la jurisprudencia y de la costumbre.
Se impondrá el constitucionalismo, lo que a su vez determinará que las leyes sean elaboradas por los órganos parlamentarios. Y, en cuanto a su forma, la codificación dominará sin contrapeso, reemplazando a las ordenanzas y recopilaciones características del Antiguo Régimen.
Como bien se sabe, y no corresponde en esta introducción entrar en detalles al respecto, el moderno pensamiento codificador tiene sus raíces en el desarrollo de la corriente iusracionalista y en la teoría jurídica de la Ilustración.
Entre sus notas fundamentales destaca la pretensión de regular en forma total y completa toda un área del derecho, no contemplando en principio la posibilidad de ocurrencia de vacíos jurídicos o la necesidad de otra normativa complementaria; el código debía estar estructurado en forma sistemática y usar un lenguaje claro y preciso, entendible para todos (leyes populares, a diferencia de la tradicional complejidad y especialidad del derecho originado en el común) con reglas y principios generales y abstractos que evitaran la casuística; la codificación debía eliminar el arbitrio judicial haciéndo del juez un mero aplicador de la ley; y, finalmente, en cuanto al contenido, debía servir para imponer el derecho natural racionalista.
La codificación liberal iusracionalista buscaba introducir tres nociones fundamentales: la igualdad, la libertad y el concepto moderno de propiedad.
La idea de igualdad se hacía evidente ya en el hecho de que la codificación estaba dirigida a todos los ciudadanos, sin consideración a las tradicionales diferencias estamentales del Antiguo Régimen, con sus diversos estatutos jurídicos. Esto causó un complejo problema en el ámbito del derecho comercial. En efecto, si bien había conciencia de las particularidades de esta rama del derecho, la elaboración de un código de comercio -una ley especial para los comerciantes- podía ser interpretada como un atentado contra la igualdad.
Junto a la igualdad, aparecía la libertad de las personas y de las propiedades como el otro rasgo central de la sociedad burguesa y liberal, que debía introducirce a través de la legislación. De acuerdo al ideario liberal, la sociedad debía estar constituida por ciudadanos libres e iguales, esto es, cuya posición jurídica no se viera influida por razones estamentales ni religiosas. La propiedad debía ser libre y protegida, dentro de un sistema económico de mercado, con libertad de comercio y libre circulación de los bienes. Esto implicaba la eliminación de todas las ataduras que, en el antiguo régimen, habían constreñido a las personas y sus propiedades y, por lo tanto, la introducción de reformas radicales.
Debe considerarse también, en referencia todavía más directa al derecho comercial, que todos estos cambios no eran sólo consecuencia de desarrollos ideológicos, sino que recibían quizá si su más fuerte impulso del proceso de profundas transformaciones económicas que estaba sufriendo el mundo europeo desde las últimas décadas del siglo XVIII.
Debe recordarse que la "revolución industrial", con sus efectos no sólo sobre la producción, que pasaría a ser masiva, sino también sobre la distribución de bienes, incluyendo su comercio y transporte, plantearía al derecho comercial tareas urgentes. Entre ellas cabe destacar:
1. Las nuevas empresas de la era industrial requerían la acumulación de grandes capitales, demostrándose al respecto como insuficientes las sociedades de personas tradicionales. Se hizo necesario, entonces, desarrollar el derecho de las sociedades por acciones. Sólo esta forma jurídica permitía reunir los cuantiosos recursos que demandaban las empresas de la era industrial. Al mismo tiempo las acciones pasaron a ser instrumentos del mercado de capitales, transables en bolsa, fáciles de comercializar y adecuadas para atraer a las industrias a pequeños inversionistas.
2. El desarrollo industrial se sustenta en las innovaciones tecnológicas. De ahí que no sea casualidad la importancia que adquirieron durante el siglo XIX las formas jurídicas de protección de los inventos, debiendo desarrollarse el derecho de patentes.
3. Debió desarrollarse también el mercado de capitales, con la circulación de acciones y de otros efectos de comercio.
4. Las condiciones de la economía características del siglo XIX hicieron necesario desarrollar formas contractuales nuevas o perfeccionar algunas de las existentes; por ejemplo todo lo que se refiere al derecho de seguros.
5. Particularmente revolucionario fue el cambio que significó la introducción del mercado, de la libertad de comercio, que vino a poner fin al rígido y restrictivo sistema gremial vigente. El orden económico corporativo se basaba en que la demanda era cubierta en forma solidaria por un determinado grupo dentro de la ciudad. Debían así garantizarse suficientes ingresos para asegurar el sustento de cada familia. El pequeño taller, dirigido en forma patriarcal, con un par de oficiales y aprendices, era el ideal social, quedando fuera cualquier idea de competencia. Los miembros del gremio tenían el derecho exclusivo para ejercer su profesión en un determinado lugar y la población estaba obligada a abastecerse sólo con ellos, constituyendo verdaderos monopolios. Su eliminación, por tanto, transformó radicalmente el derecho comercial, que incluso debió incursionar en áreas nuevas como la reglamentación de la libre competencia.
Todos estos cambios, en mayor o menor grado, fueron siendo comunes a los países europeos y, en parte por lo menos, a los americanos. De ahí que no sea extraño constatar, como señalábamos al comienzo, que las transformaciones que sufre el derecho comercial durante el siglo XIX sean también similares. Más todavía, que se recurra tanto al derecho comparado. Los juristas del período nunca y en ninguna parte, trabajaron en forma aislada, sino que se aprovecharon siempre de los desarrollos jurídicos de los países considerados como más cercanos.
Y el modelo por excelencia fue el francés. La codificación napoleónica en las distintas materias fue el paradigma para las codificaciones liberales del siglo XIX. Chile no sería la excepción.
Es por ello que al hacer una pequeña reseña de los principales códigos que sirvieron de fuente a don José Gabriel Ocampo en la elaboración de su proyecto de Código de Comercio, y, por ende, también en el de la Ley de Sociedades Anónimas, debe empezarse necesariamente por el francés napoleónico de 1807.
1. Code de commerce: en la Francia prerrevolucionaria el derecho comercial seguía regulado por las Ordennance du commerce de Colbert de 1673, pese a las numerosas críticas que habían sufrido durante el siglo XVIII, las que culminaron con un proyecto de reforma en el cual empezó a trabajar en 1778 una comisión encabezada por Hue de Miromesmil, ministro de Luis XVI.
Si bien en los cuadernos de quejas que circularon luego de la convocatoria a la reunión de los Estados Generales que se reunirían en 1789, precipitando la Revolución Francesa, aparece también la inquietud por reformular el derecho comercial vigente, no se darán avances importantes en esa dirección sino hasta la época del consulado.
En efecto, a insinuación del Ministro del Interior Jean-Antoine-Claude Chaptal, Napoleón Bonaparte, como Primer Cónsul, con fecha 3 de abril de 1801, nombró una comisión de 7 miembros presidida por Philippe Joseph Gorneau que debía elaborar un proyecto de Código de comercio. El el lapso de 8 meses esta comisión presentó un proyecto de 485 artículos, que recogía fundamentalmente elementos de la Ordenanzas colbertianas y del proyecto Miromesnil, regulando por primera vez en conjunto tanto el comercio terrestre como marítimo. Además se insistía en la corrección con que debían llevarse los libros de los comerciantes, se regulaban las sociedades por acciones, como también las bolsas, se introducían profundos cambios en materia de quiebras y el derecho comercial abandonaba su original carácter subjetivo para adoptar uno objetivo.
El proyecto fue objeto de críticas por los diversos sectores interesados de toda Francia, dando forma la comisión, con las sugerencias recibidas, a un segundo proyecto que fue publicado en 1803.
Este segundo proyecto pasó inmediatamente a manos del Consejo de Estado, que estaba ocupado en esos momentos con la revisión del Código de Procedimiento Civil, por lo que durante dos años prácticamente no se avanzó en su revisión. La situación sufrió recién un cambio radical cuando Napoleón, ahora Emperador, escribió desde Italia a Cambacérès con fecha 30 de abril de 1805, para que se acelerara la discusión del proyecto de Código de Comercio. Al parecer, la preocupación de Napoleón habría sido motivada por la ocurrencia en esa época de una serie de quiebras estrepitosas y fraudulentas, situación a la que quería poner fin, estableciendo al respecto drásticas sanciones.
De esta forma la sección del interior del Consejo de Estado presentó en 1806 un nuevo proyecto el que fue discutido entre el 4 de noviembre de 1806 y el 18 de septiembre de 1807. En este órgano la confrontación estuvo marcada por la existencia de dos grupos. El primero -los "civilistas"- que trataba de reducir a un mínimo el código, extendiendo al máximo, como contrapartida, los alcances del Código Civil aprobado un par de años antes, los que argüían que los intereses comerciales no eran comunes a todos los franceses. El segundo, compuesto por quienes entendían que la protección y regulación del comercio era algo que interesaba a toda la comunidad pues daba impulso a todo el sistema económico, por lo que debía dársele una normativa especial que lo beneficiara.
Finalmente pasó al Tribunado y al Cuerpo Legislativo. Fue promulgado por ley de 15 de septiembre de 1807 para entrar en vigencia el 1º de enero de 1808.
Estaba dividido en 4 libros: I. Du commerce en général; II. Du commerce maritime; III. Des faillites et des banqueroutes; IV. De la jurisdiction commerciale.
Este sería el primero de los grandes modelos que inspirarían la labor de José Gabriel Ocampo, como también la de la totalidad de los codificadores europeos de su tiempo.
2. El Código de Comercio español de 1829: a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, el derecho comercial español carecía de unidad. Esta situación se veía sólo en parte aminorada porque, de hecho, se recurría en forma bastante generalizada a las Ordenanzas de Bilbao de 1737, de las cuales la Novísima Recopilación había tomado dos capítulos y que desde 1827 era derecho aplicable por el recién creado Tribunal de Comercio de Madrid.
Como señalaba el profesor Rubio, "la regla de Derecho mercantil se busca indistintamente en el Derecho real, en el civil o en el consular, para aplicar, en primer término, la principal -es decir, la más próxima al punto controvertido- y progresivamente las secundarias como supletorias"16.
Ante esta situación, no extraña que ya los ministros ilustrados de las últimas décadas del siglo XVIII, como Campomanes en 1775 y Jovellanos en 1784, hayan solicitado la elaboración de un Código o de una legislación más general en estas materias. Incluso en 1797 Carlos IV comisionó a la Junta de Comercio, Moneda y Minas para que procediera a unificar el derecho comercial de la monarquía, trabajo que culminó en 1800 con la elaboración de un Proyecto General de Ordenanzas, presentado por Jerónimo Quintanilla Pérez, que servirían de material a la comisión codificadora de 1828.
En España la corriente codificadora sería oficialmente recepcionada por el constituyente de 1812. En efecto, en el artículo 258 de la Constitución de 1812 se establecía la necesidad de promulgar, entre otros, un Código de Comercio. A partir de ese momento se sucedieron una serie de intentos codificadores, demostrativos de la coincidencia que había tanto entre liberales como absolutistas respecto a la necesidad de la codificación mercantil, que, sin embargo, terminaron siempre en un fracaso.
Recién en noviembre de 1827 un cortesano y excelente jurista, Pedro Sainz de Andino, escribió al rey ofreciéndose para redactar un Código de Comercio. Fernando VII nombró una comisión con esta finalidad en enero de 1828 designando como secretario de esta al mismo Sainz de Andino. La Comisión y su secretario prepararon con independencia dos textos distintos, que fueron presentados al rey a comienzos de 1829, inclinándose el monarca por el de Sainz de Andino -al parecer técnicamente superior al de la Comisión- el que fue sancionado y promulgado por Fernando VII el 30 de mayo de 1829.
La finalidad perseguida por el legislador con su entrada en vigencia se expresa con toda claridad en el preámbulo, cuando allí se afirma: "Por cuanto hallándose reducida la jurisprudencia mercantil en esta Monarquía a las ordenanzas particulares otorgadas a los Consulados para su organización y régimen interior, se carecía de leyes generales que determinasen las obligaciones y derechos que proceden de los actos de comercio, de lo cual resultaban gran confusión e incertidumbre, tanto para los mismos comerciantes, como para los Tribunales y Jueces que habían de dirimir sus diferencias; y queriendo Yo poner término a males de tanta gravedad e interés, y dar al comercio un sistema de legislación uniforme, completo y fundado sobre los principios inalterables de la justicia y las reglas seguras de la conveniencia del mismo comercio..."
El nuevo Código estaba estructurado en siete libros: I. De los comerciantes y agentes del comercio; II. De los contratos del comercio en general, sus formas y efectos; III. Del comercio marítimo; IV. De las quiebras; V. De la administración de justicia en los negocios de comercio; VI. De los tribunales de comercio; VII. Del modo de proceder en las causas de comercio.
De inmediato salta a la vista en un primer análisis del nuevo código que tomó como modelo importante al francés de 1807. La única diferencia importante, en lo que a la estructura general de ambos se refiere, es que frente al primer libro -Du Commerce en général- del francés, el español de Sainz de Andino tiene dos, al dedicar uno a los comerciantes y otro a los contratos, de los que se contienen un número mucho mayor que en el modelo.
De hecho debe considerarse que, necesariamente, el español debía ser más extenso, desde el momento en que, a diferencia de Francia, en España el Código de Comercio precedía al Civil.
Ahora, en lo que se refiere al contenido de las distintas disposiciones, las similitudes con el modelo francés son menores. En cambio es más notorio el recurso al derecho tradicional español y a otros ordenamientos extranjeros, como, por ejemplo, el prusiano.
El Código resultó de excelente factura como lo demuestra el hecho de que el mismo Jean-Marie Pardessus, titular de la primera cátedra de derecho comercial en París (1809), y comentarista por excelencia del código francés, pudiera decir que era "mucho más perfecto que todos los que han salido a la luz hasta ahora".
3. El Código commercial portugués de 1833: en Portugal durante el siglo XVIII no existía ninguna normativa comparable a las Ordenanzas de Bilbao españolas, que pudiera servir de elemento de cristalización para una codificación nacional. Esta situación se hacía todavía más compleja, desde el momento que la actividad comercial en Portugal había tomado un gran desarrollo con las reformas de Pombal, las que incluyeron también cambios importantes en lo que a la administración económica se refiere.
En efecto, en 1755 se creaba la Junta de Commercio, Agricultura e Navegacao, en 1756 el Conservador Geral do Commercio y, más tarde, el Superintendente Geral dos Contrebandos, el Juiz dos Fallidos y el Juiz Conservador dos Privilegios (1771).
Todo esto hacía aún más evidente la falta de una normativa comercial de carácter general. Tan evidente era esto que de acuerdo a la Lei da Boa Razao de 1769 se podía recurrir en forma subsidiaria y en carácter de recta ratio a la legislación marítima y comercial de las naciones cristianas.
Esto mismo explica porqué, ya desde esa época, el derecho portugués aparece tan abierto y receptivo al mundo, y caracterizado por un fuerte elemento cosmopolita. Otra manifestación de lo mismo es la monumental obra de José da Silva Lisboa Principios de direito mercantil, publicada en 1798.
Con estos antecedentes y, como será común también en el resto del mundo, una vez que se inicia el desarrollo del constitucionalismo portugués, avanza el proceso de codificación que, para el caso del derecho comercial, se concreta con la publicación del Código commercial Portuguez por el regente Dom Pedro el 18 de septiembre de 1833. Como en el caso del español, su autor fue una sola persona, José Ferreira Borges, quien ya se había dado a conocer como autor con sus Instituiçoens de direito cambial portuguez, com referencias ás leis, ordenaçoens e costumes das principaes praças de Europa acerca de letras de cambio, quien había preparado el borrador del mismo en su exilio londinense.
El código, de 1860 artículos, alcanzó una gran extensión, porque, como en España, también precedía a la codificación civil. Su estructura es la siguiente: Parte primeira. Livro I: Das pessoas do commercio; Livro II: Das obrigaçoens commerciaes; Livro III: Das acçoens commerciaes, e organizaçao do foro mercantil, e das quebras. Parte segunda. Livro unico: Do commercio maritimo.
Superando en este aspecto a cualquier otra legislación comercial de su tiempo, el código portugués recoge influencias de una gran diversidad de países. No sólo recepciona el derecho francés y el español, sino también son reconocibles elementos italianos, alemanes y holandeses. Lo que es más notable, esto no le restó originalidad al conjunto, por lo menos en la opinión de los juristas europeos de su tiempo que se formaron de él un juicio favorable.
4. El Wetboek van Koophandel, código de comercio holandés de 1838: es este el típico caso de un material jurídico al cual José Gabriel Ocampo tuvo acceso probablemente sólo por haber sido incluido en la ya citada obra de Saint Joseph.
Holanda entró en la era de la codificación, como muchos otros países de la Europa occidental napoleónica, de manera forzada. En efecto, el primer código vigente fue el Code de commerce de 1807 desde el momento en que el reino de Holanda fue anexionado al imperio francés el 1 de enero de 1811.
Hasta ese momento las fuentes del derecho comercial vigentes en Holanda eran variadísimas y muy heterogéneas. No es posible encontrar aquí ninguna ordenanza general como en Francia. La base del derecho comercial vigente estaba constituida por las costumbres de los grandes puertos, y particularmente las
Costumen de Antwerpen que se habían ido escriturando en el curso de los siglos XVI y XVII.
Característico es también de la tradición jurídica holandesa el que no se diferenciara el derecho comercial del civil, lo que alcanzaba incluso a la competencia de los tribunales que era común para ambas materias. Esto explica porqué en un primer momento no se pensó en Holanda en codificar el derecho comercial sino en hacer una gran codificación del derecho privado.
Naturalmente el movimiento codificador en Holanda se inicia bajo la influencia napoleónica. Una comisión nombrada por el monarca elabora ya en 1809 un proyecto de Código, que viene a ser el primer intento de codificación del derecho comercial tras la entrada en vigencia del Code de commerce. Como es obvio, se ciñe en forma importante a su modelo, tanto en el orden de las materias como en el contenido, salvo en el caso de las quiebras que, como era tradicional en el derecho holandés se considera parte del derecho privado en general.
Pero, al mismo tiempo, el proyecto de 1809 enriquece en algunos elementos la creación francesa, sobre todo con elementos provenientes de la tradición comercial holandesa, particularmente importante en el derecho cambiario, marítimo como también en el ámbito de los seguros.
De esta forma el proyecto de 1809 se transformó en la obra legislativa de derecho comercial más lograda de su época, al reunir dos derechos de punta en el ámbito europeo: en lo material el altamente desarrollado derecho comercial holandés y en lo formal, la técnica codificadora francesa. Pero este proyecto no llegó a transformarse en ley, mientras que, como ya decíamos, la anexión de Holanda al Imperio francés significó la entrada en vigencia del Code de commerce.
Apenas recuperada la independencia, el sentir nacional que se resiste a la supervivencia del derecho extranjero, más todavía tratándose de un texto que, como el Code de commerce, presenta algunos vacíos, lleva a que ya en 1814 Guillermo de Orange, el nuevo monarca, nombre una comisión redactora de un nuevo código. Esta, integrada sobre todo por abogados -hombres de la práctica, más que teóricos- está en condiciones de presentar un nuevo proyecto en 1815. Este sigue bastante de cerca al de 1809, manteniéndose por tanto la característica de agregar al modelo francés la tradición jurídica holandesa.
Despues de un largo recorrido, que incluyó múltiples revisiones, con participación incluso de juristas belgas, país que había quedado unido a Holanda tras el Congreso de Viena de 1815, se promulgó una primera versión del Wetboek van Koophandel el 1 de febrero de 1831.
Pero, tras el levantamiento que terminó con la independencia de los belgas en 1830, toda la legislación aprobada durante el período que duró la unión de ambos países se sometió nuevamente a revisión. Esto incluyó el derecho comercial, de tal manera que recién el 1 de octubre de 1838 entraba definitivamente en vigencia el segundo Wetboek van Koophandel.
Es éste, sin duda, uno de los códigos de comercio más importantes y originales promulgados en la primera mitad del siglo XIX, siendo muy celebrado en el extranjero y también imitado, sobre todo en los países de habla alemana.
Su éxito se debió en lo fundamental tanto a la gran cultura jurídica -teórica y práctica- de Holanda, como también al hecho de ser los holandeses tradicionalmente un pueblo de comerciantes. Y estas diversas experiencias se nutrieron mutuamente en forma conjunta durante el proceso codificador.
Si se lo compara con el Code de commerce, es posible reconocer en el Wetboek van Koophandel ventajas en casi todas las materias. Sus disposiciones son mucho más claras, concretas, prácticas, y, sobre todo más adecuadas a los intereses del comercio; esto es, están inspiradas en un espíritu mucho más liberal. Liberalismo que no es tampoco el doctrinal o teórico, dominante en la segunda mitad del siglo XIX, sino el propio de una sociedad tradicionalmente comerciante.
Un típico ejemplo de este carácter liberal, o de esta tendencia a limitar lo mínimo posible la autonomía privada, puede encontrarse en lo que se refiere a los requisitos exigidos para crear una sociedad anónima. Si bien, como era del caso también en el Code de commerce, se requería de una autorización de la autoridad pública la negativa de ésta debía necesariamente fundarse en algunas de las causales señaladas en la ley.
Por otra parte, el Wetboek van Koophandel mantuvo todas aquellas mejoras que el proyecto de 1809 había introducido en el código francés.
En definitiva, y como ya hemos señalado, el código holandés es considerado como el más completo dentro de los códigos de comercio de la época pre industrial.
5. El proyecto de Código de comercio para el reino de Württemberg: Más todavía que en el caso anterior, la constante referencia que hace José Gabriel Ocampo en los primeros borradores de su proyecto de Código de Comercio chileno, sólo puede explicarse por su inclusión en la ya citada obra de Saint Joseph.
Por lo demás, no deja de sorprender que el proyecto württemburgés -que, como veremos, nunca llegó a tener vigencia- tuvo mucho más éxito en el extranjero que en los países de habla alemana. Y esto, debido a Saint Joseph. Pues este no sólo lo incluyó en sus Concordancias como si se tratara de una obra ya promulgada, sino que además lo destacó al considerarla una de las obras más logradas de su tipo. Para Saint Joseph era muy importante el hecho de que este proyecto hubiera sido obra de una sola persona, por lo cual tenía una gran unidad, y que reuniera todos los principales adelantos que habían tenido lugar en el área del derecho comercial en los años inmediatamente anteriores.
Los orígenes de este proyecto se relacionan con la historia del "Zollverein", la unión aduanera prusiana. Desde 1836, inmediatamente después de integrarse a ese organismo, el gobierno de Württemberg concibió la idea de preparar un proyecto de Código -inspirado en el francés que había tenido vigencia en importantes territorios de Alemania- que pudiera pasar a ser luego el derecho comercial vigente para toda la unión.
Carl von Hofacker, el jurista elegido por el gobierno de Württemberg, había terminado su proyecto en 1839, siendo presentado a los gobiernos alemanes al año siguiente, como también a juristas y comerciantes para que contribuyeran a su perfeccionamiento.
Las fuentes que utilizó Hofacker para su proyecto fueron fundamentalmente el Code de commerce, la parte comercial del Allgemeine Landrecht prusiano, los códigos de Holanda y Portugal y, sobre todo, el Código de comercio español (explicable porque tanto en Württemberg como en España el derecho comercial estaba precediendo al civil en el proceso codificador).
Pese a su innegable calidad, el proyecto de Hofacker no pudo imponerse frente a los intereses de Prusia, el Estado más fuerte de la unión, por lo que -como ya hemos adelantado- nunca se transformó en Código y debe en buena parte su influencia y supervivencia a su inclusión en la obra de Saint Joseph.
6. Las Ordenanzas de Bilbao: junto al proceso codificador del siglo XIX, que en materia comercial se concreta de manera paradigmática en los códigos y proyectos que hasta ahora hemos analizado, Ocampo recurrió también a algunos cuerpos legales del Antiguo Régimen. Así es posible encontrar en los distintos borradores de su proyecto de Código de Comercio citas del Allgemeine Landrecht (ALR) prusiano, como también y muy fundamentalmente, del derecho español vigente en Indias y en Chile hasta que se iniciara el proceso de codificación: de Las Siete Partidas, de la Recopilación de Leyes de Indias, de la Novísima Recopilación, pero, sobre todo, de las Ordenanzas de Bilbao.
Este último es un cuerpo legal elaborado en 1735 por los cónsules y mercaderes del Consulado de Bilbao, aprobado luego por Felipe V, quien las promulgó en 1737.
Los autores de estas Ordenanzas no fueron juristas, personas con formación jurídica teórica, sino seis comerciantes de Bilbao -hombres prácticos, por tanto- que consideraron para su trabajo sobre todo las prácticas comerciales en uso. Su obra así tendría más características consuetudinarias que doctrinales.
Está claro en todo caso que los comerciantes de Bilbao redactores de las Ordenanzas no se limitaron a considerar sólo las prácticas, las costumbres mercantiles y el derecho comercial de su ciudad, sino que dieron cabida también a la legislación extranjera, al Derecho Real castellano y a las Ordenanzas de otros consulados españoles.
De las Ordenanzas propias del consulado bilbaíno se aprecia gran influencia en todo lo que concierne a la jurisdicción y organización del propio consulado, así como también en materia de letra de cambio y seguro marítimo.
Se encuentran también huellas de las Ordenanzas francesas de Colbert de 1673 y 1681 en lo que se refiere a la regulación de las Compañías mercantiles y en lo relativo a navíos fletes y naufragios.
Más difusamente es posible encontrar elementos de las Ordenanzas de otros consulados y del Derecho Real, por ejemplo en la regulación de la quiebra y de algunos contratos mercantiles.
Las Ordenanzas, divididas en XXIX capítulos, abarcan prácticamente todas las materias del derecho comercial, de tal manera que el índice de sus capítulos parece el esquema de un futuro Código de Comercio.
De hecho la Ordenanzas de Bilbao son de alguna manera un anticipo de la política jurídica unificadora que será característica de la codificación. En efecto ellas son fruto del gran desarrollo que tuvo el comercio durante el siglo XVIII, época en que contrastan la presión mercantilista del Estado y la difusión de las primeras ideas liberales, lo que lleva a profundizar la crítica hacia el sistema corporativo vigente y a demandar la elaboración de un derecho unificado que facilite la práctica comercial.
7. El Allgemeine Landrecht prusiano de 1794: fue esta quizá la obra legislativa en que en forma más plena se recepcionó la concepción jurídica iusnaturalista racionalista desarrollada con particular fuerza en la Alemania del siglo XVIII. Es el típico caso de un código en el cual confluyen el ideal jurídico ilustrado y la fuerza política del monarca absoluto ganado por la nueva filosofía: Federico el Grande, como impulsor y Federico Guillermo II bajo cuyo gobierno entra finalmente en vigencia el proyecto elaborado por Carl Gottlieb Suarez.
El ALR era un código general, que abarcaba las más diversas ramas del derecho, incluyendo el derecho comercial en el título octavo. A este material jurídico es el que se refiere Ocampo cuando en los borradores hace referencia al código prusiano, obra que también conoce a través de las "Concordancias" de Saint Joseph.
8. El proyecto de Código de Comercio de Buenos Aires: es éste prácticamente el único texto americano citado por José Gabriel Ocampo en sus borradores. Se trata de una obra que se empieza a elaborar en el mes de julio de 1856 -casi en paralelo a lo que hacía Ocampo en Chile- cuando el Gobierno Provincial de Buenos Aires encomienda al Dr. Eduardo Acevedo, jurista uruguayo, con alguna experiencia en materia de codificación y que ejercía como abogado en esa ciudad, que preparara un proyecto de Código de Comercio. A Dalmacio Vélez Sarfield, en ese momento Ministro de Gobierno, correspondió la tarea de conducir este trabajo dándole a conocer a Acevedo los puntos de vista del gobierno y de aprobar su trabajo.
Acevedo se apoyó fundamentalmente en el Código brasileño de 1850, en la obra de Saint Joseph, y en la obra del tratadista francés Gabriel Massé, trabajando con gran rapidez, como lo exigía el gobierno, de tal forma que ya en 1857 el proyecto se presentaba al poder ejecutivo para que éste lo remitiera al congreso.
Finalmente sería aprobado en 1859, para entrar en vigencia en la provincia de Buenos Aires en 1860, luego en algunas otras provincias argentinas, para finalmente pasar a regir en la totalidad de la nación el año 1862.
Esta somera descripción nos permite concluir que el proyecto de Acevedo, por la premura con que se hizo y lo reducidas de las fuentes a las que recurrió, fue una obra solo mediocre.
IV. FUENTES DE LA LEY SOBRE SOCIEDADES ANONIMAS
Art. 1º1. 424 del Cod.2.
Persona Jurídica. Se ha preferido esta calificación a la de persona moral, ser moral o ficticio de que se usa en los lugares citados a continuación, por guardar conformidad con el lenguaje adoptado en el Proyecto de Código Civil Art. 33. De las personas jurídicas.
Cod. de W. 256. La sociedad anónima es una persona moral compuesta de la reunión de accionistas...
C. Port. 358. Se entiende por sociedad anónima una asociación de accionistas sin razón social, calificada por la designación del objeto que se propone y administrada por mandatarios temporales, revocables, accionistas o no, asalariados o gratuitos.
C. F. 29. La sociedad anónima no existe bajo una razón social, ni es designada por el nombre de ninguno de los socios.
Id. 30. Es calificada por la designación del objeto de su empresa.
Id. 31. Es administrada por mandatarios temporales, revocables, asociados o no asociados, asalariados o gratuitos.
C. E. 265. "La sociedad anónima se establece creando un fondo común de acciones determinadas para girar sobre uno o muchos objetos que den nombre a la empresa social, cuyo manejo se encargue a mandatarios o administradores amovibles a voluntad de los socios".
Encic. de Der. y Adm. verbo Acción de Compañía pag. 319. Formada una compañía por acciones, nace un ser moral, capaz de derechos y obligaciones, con un capital propio, formado de las entregas parciales de valores de todos géneros hechos por los accionistas.
Malp. y Jourd. 263 y 310.
Nótese que estos autores dicen en el Nº 264, que es sobre todo la sociedad anónima que merece el nombre de ser moral, de ser ficticio, porque su crédito no reposa sobre ninguna persona, sino solamente sobre su capital y sus haberes y porque ningún asociado lo administra en calidad de socio, sino como mandatario, y no contrae jamas obligación personal por los negocios de la sociedad.
Trop. 827. "La sociedad anónima no es una asociación de personas, sino una asociación de capitales. Ella no admite la responsabilidad personal: no concede sino la responsabilidad de las cantidades introducidas en la sociedad: los mismos administradores no son sino mandatarios puros y simples, nudi ministri; y si a su calidad de directores unen la de asociados, sus obligaciones aun en este caso agravante no pasan más allá de su puesta".
Del. 20. En la sociedad anónima no hay razón social; y por la naturaleza misma de la convención, la persona de los asociados no está obligada: es una asociación de capitales.
El mismo autor dice en el Nº 25, "La sociedad anónima es una sociedad de pesetas más bien que de personas".
Art. 2º 425 del Código
C.F. 40. Las sociedades anónimas no pueden ser formadas sino por instrumento público.
C. Wurt. 247. Es copia literal del art. precedentemente citado.
C. Hol. 38. La escritura de la sociedad debe ser otorgada ante escribano público so pena de nulidad.
C.E. 284. Todo contrato de sociedad se ha de reducir a escritura pública otorgada con las solemnidades de derecho.
C. Port. 539. Las sociedades anónimas no pueden constituirse sino por escritura pública.
Malp. y Jour. 245. La autenticidad de la escritura y la aprobación del Rey son formalidades esenciales de la sociedad anónima...
C.F. 42. Estas formalidades serán observadas so pena de nulidad respecto de los interesados; pero su falta no podrá ser alegada por los socios contra personas extrañas a la sociedad.
Malp. y Jour. 21. "Estas formalidades no son indispensables sino entre las partes contratantes, pudiendo los terceros probar por todos los medios legales una sociedad que ha existido de hecho entre varias personas, aun cuando no se haya presentado ni exista la escritura social".
Del. 516. "Los terceros no pueden ser castigados por una falta que no les es imputable: sus derechos no deben ser menoscabados porque los socios se nieguen a producir la escritura de sociedad".
Trop. 229. "Además el imperio de nuestra regla no es absoluto sino entre los asociados: el nada tiene que ver con los terceros".
"Una vez probada la sociedad, decía Freilhard, aunque no se haya hecho constar por escrito deben tener su cumplimiento las obligaciones contraídas a su nombre en provecho de terceros. Es bien sabido que los asociados no pueden oponer a los terceros la falta de un escrito constitutivo de la sociedad. No sería justo imputar a terceros lo que no tiene lugar sino por un hecho de los asociados".
Nota. En el Nº 524 de su Tratado de las Sociedades Comerciales dice Del.: que es difícil comprender la utilidad de la escritura pública en las sociedades anónimas, supuesto que no existen sino a condición de ser autorizadas por el Gobierno y de que la ordenanza autoritativa y la acta de la sociedad sean fijadas en lugares públicos por el término de tres meses. La escritura, agrega, queda invariablemente unida a la ordenanza: es publicada con ella en el Bolet. de las leyes; y no pudiendo sufrir alteración alguna en su contrato, mediando tales solemnidades, poco importa que sea pública o privada al propósito de establecer en los casos ocurrentes la existencia de la sociedad anónima.
Las observaciones de Delangle son al parecer muy atendibles; pero a nuestro juicio pesan más que ellas la uniforme autoridad de los códigos y jurisconsultos acerca de este punto.
Cierto es que la escritura privada no queda expuesta a ser alterada despues de llenadas las formalidades de que habla Delangle; mas estando sometida a ese peligro en todo el tiempo medio entre la suscripción y el momento en que llega a manos del Gob., claro es que esta circunstancia justifica las legislaciones que exigen como condición de existencia de las sociedades anónimas que se constituyan y prueben por escritura pública.
La facilidad de los medios probatorios contribuye poderosamente a evitar las cuestiones que frecuentemente ocurren entre los socios sobre la existencia de la compañía o sobre las condiciones de ella; y esta consideración nos induce a preferir la escritura pública a la privada, puesto que aquella trae en sí misma la prueba de la verdad de su contenido, al paso que ésta no la forma sino después de ser judicialmente reconocida.
Fuera de esto, la escritura pública es inevitable desde que se reconoce y admite como necesaria y útil la intervención del Gobierno en la constitución de las sociedades anónimas. El debe cerciorarse, antes de todo, de la certeza de la firma de los suscriptores; y sería indecoroso por una parte, dispendioso y lento por otra colocarlo en la necesidad de ordenar reconocimientos y dictar decretos para compeler a los accionistas que se negaren a hacerlos, ora sea por haberse arrepentido de la empresa, ora por retardar el momento de la entrega de sus cuotas, ora por cualquier otro motivo que sea.
La escritura pública satisface todas las necesidades sentidas en la constitución y prueba de las sociedades anónimas y por esta razón las preferimos a la privada que, sobre abrir un ancho campo a las especulaciones del fraude, se aviene mal con el sistema generalmente adoptado para la organización de esa especie de sociedades.
Artículo 3º 426 del Código
C.E. 286. La escritura debe expresar necesariamente: Los nombres, apellidos y domicilios de los otorgantes;
La razon social o denominación de la compañía;
Los socios que han de tener a su cargo la administración de la compañía y usar de su firma;
El capital que cada socio introduce en dinero efectivo, crédito o efectos, con expresión del valor que se dé a éstos, o de las bases sobre las que ha de hacerse el avalúo;
La parte que haya de corresponder en beneficios y pérdidas a cada socio capitalista, y a los de industria, si los hubiere de esta especie;
La duración de la sociedad, que ha de ser necesariamente por un tiempo fijo, o para un objeto determinado;
El ramo de comercio, fábrica o navegación sobre que ha de operar la compañía en el caso que ésta se establezca limitadamente para una o muchas especies de negociaciones;
Las cantidades que se designen a cada socio anualmente para sus gastos particulares, y las compensaciones que en caso de exceso hayan de recibir los demás;
La sumisión a juicio de árbitros en caso de diferencias entre los socios, expresándose el modo de nombrarlos;
La forma en que se ha de dividir el haber social, disuelta que sea la compañía;
Todos los demás objetos sobre que los socios quisieren establecer pactos especiales.
Ord. de Bil. cap. 10 Nº 4. C. Port. 592. C.F. 43. Húng. 55. C. W. 187. Inst. Minist. Franc. de 1817.6.
C.F. 46. La continuación de la sociedad expirado su término, será justificada por una declaración de los asociados:
Esta declaración y todos los actos que envuelvan la disolución de la sociedad antes del vencimiento del término fijado para su duración por la escritura que la establece, todo cambio o separación de los asociados, toda nueva estipulación o cláusula, todo cambio en la razón social, serán sometidos a las formalidades previstas por los artículos 42, 43 y 44.
C.E. 289. Cualquiera reforma o ampliación que se haga sobre el contrato de sociedad se ha de formalizar con las mismas solemnidades previstas para celebrarlo.
C.Port. 602. Toda disolución de sociedad, verificada antes del término expresado en la escritura social, toda continuación de la misma más allá de ese término, así como las alteraciones hechas en el contrato primitivo, capaces de interesar a terceros, están sometidas a la formalidad de la inscripción en el registro público de comercio bajo las penas establecidas en este Código por la omisión de tal formalidad.
C. Hol. 38 inciso final. Despues de establecer las solemnidades de la escritura pública, inscripción y publicación dice en el inciso final: "Todas las formalidades precedentes se aplican a los cambios que se hagan en las condiciones de la sociedad y a su continuación..."
Arg. del Art. 244 C. de W.
Malp. y Jour. 286... si todos los socios están de acuerdo para modificar los estatutos, en cualquier manera que sea, deberán hacerlo por una escritura auténtica y someterla a la aprobación; y no podrían llevar a efecto las alteraciones hechas sino después de haber obtenido una nueva autorización y la aprobación de los estatutos modificados. La escritura modificada es realmente una nueva escritura social, y está por lo mismo sometida a las mismas formalidades que la primitiva.
C.F. 41. Ninguna prueba de testigos podrá ser admitida contra ni extra lo contenido en las escrituras de sociedad ni sobre lo que se alegare como dicho antes, al tiempo o después del otorgamiento, aunque se trate de una suma que no alcance a ciento cincuenta francos.
C.E. 288. Los socios no pueden oponer contra el contenido de la escritura de sociedad documento alguno privado ni la prueba testimonial.
Artículo 6º 427 Código
Card. Tom. 2º pág. 250. Este autor es de opinión que debería "declararse como de competencia de una ley el establecimiento de las sociedades de banco y sus cajas subalternas y las que se forman para construir caminos, canales y cualquiera empresa que, siendo de interés público, pida algún privilegio exclusivo. Por consiguiente, en todos los demás casos basta que el Gobierno dé su autorización por medio de un decreto, incluso aquel en que una compañía se proponga beneficiar algunos de los privilegios industriales de invención o introducción que el Gobierno puede conceder, pues este caso está expresado expresamente.
Const. del Est. Art. 151.
C.E. 294. Cuando las compañías anónimas hayan de gozar de algún privilegio que el Gobierno les conceda para fomento, se someterán sus reglamentos a mi soberana aprobación.
Card. cit. en el art. precedente X.
X Tengase presente que establecida la forma de gobierno representativa, hay muchos privilegios que no pueden constituirse sino por una ley. Gómez de la Serna nota al art. citado en el...
C.F. 37. La sociedad anónima no puede existir sino mediante la autorización del Rey y con su aprobación por lo que hace a la escritura que la constituye. Esta aprobación debe ser otorgada en la forma prescrita por los reglamentos de la administración pública.
C. Hol. 36 inciso final. La misma autorización Real se requiere para todo cambio en las condiciones y para la continuación de la sociedad.
C. de W. 244. Ninguna sociedad anónima puede ser formada, prorrogada o modificada sin la autorización del Gob.
C. Rus. reglam. art 2º inc. único. Ninguna sociedad por acciones puede ser establecida sin autorización especial del Gobierno.
Art. 8 in fin. Vencido el término estipulado para la duración de la sociedad, la asamblea general de accionistas podrá solicitar la autorización para prorrogar la sociedad por un tiempo limitado o ilimitado.
C.E. 293. Este artículo establece que las sociedades anónimas no pueden formarse sin la aprobación del Tribunal de Comercio del domicilio que elija la sociedad.
Card. cit. en el art. 6º.
Nota. Las autoridades que se copian a continuación explican la naturaleza de la autorización del Gobierno i los motivos que se reclaman su intervención en esta clase de sociedades.
Int. Minist. Franc. de 1817.
Resulta de estos principios:
1º Que la autorización de su Majestad no es un privilegio; que se otorga exclusivamente en consideración a la forma de la sociedad anónima y no por razón del ramo de industria que se propone explotar;
2º Que en virtud de la libertad común muchas sociedades anónimas podrán ser autorizadas simultáneamente para emplearse en un comercio idéntico;
3º Que el único objeto de la autorización es la de certificar al público en primer lugar, que se han examinado las bases de la sociedad y verificado la suficiencia de los medios anunciados para llevar a cabo la empresa propuesta, y en segundo que se ha ejecutado un examen atento de la moralidad y conveniencia de la administración social;
4º Que por consiguiente el Rey no admite simples proyectos, no autoriza un prospecto en el interés de un inventor o de un especulador que busca accionistas, ni da su aprobación sino a sociedades verdaderas, formadas por escrituras públicas por las cuales conste que un número suficiente de suscritores han obligado y asegurado sus puestos.
Malp. y Jour. 289. A primera vista causará sorpresa que el legislador haya conferido al Gob. el derecho de examinar los contratos de las sociedades anónimas y le haya investido de un poder ilimitado para conceder o recusar la autorización necesaria para su establecimiento, poder que puede ser considerado como una traba al libre ejercicio de la industria y a la libertad del comercio. Pero por poco que se reflexione acerca de este punto, pronto se adquiere el convencimiento de que las formalidades a las cuales la ley somete las sociedades anónimas y la obligación que impone a los que quieren fundarlas de obtener la autorización del Gob. son la consecuencia necesaria del derecho exorbitante concedido a los asociados de conservar el anónimo y no comprometer sino un capital determinado, poniendo por lo demás al abrigo de toda eventualidad su responsabilidad personal. Si la ley hubiera guardado silencio, si no hubiese autorizado formalmente esta especie de sociedades, los asociados no habrían podido gozar de semejante privilegio. Permitiendo la limitación de esta responsabilidad por una derogación al derecho común, el legislador podía imponer a los asociados que quieran gozar de las ventajas que les ofrece obligaciones extrañas al derecho común con el designio de impedir el abuso de este modo de asociación. Las condiciones impuestas por la ley a la formación de las sociedades anónimas no son una traba al libre ejercicio de la industria ni a la libertad de comercio. Si los que proyectan el establecimiento de una sociedad anónima no quieren someterse a esas condiciones o si el Gob. rehusa su autorización, no se seguirá de aquí que no pueden asociarse para explotar tal o cual rama de industria lícita, puesto que les quedará el derecho de elegir entre los demás modos de asociación.
Los mismos autores Nº 290. Las observaciones precedentes nos conducen a decir algunas palabras acerca de la naturaleza de la aprobación y autorización del Gob. Esta aprobación y autorización no deben ser una vana formalidad: ellas son de parte del Gob. un verdadero acto de jurisdicción administrativa que no produce en la administración pública ninguna especie de responsabilidad a favor de terceros. Los fundadores de una Sociedad Anónima piden para sí y los socios que se les agregarán ulteriormente una dispensa de la responsabilidad personal; y desde entonces es justo que ellos ofrezcan garantías que ocupen el puesto de esa responsabilidad y sirvan como de fianza por las obligaciones que contraiga la sociedad. Estas garantías consisten, en general, tanto en los capitales y objetos muebles presentados o anunciados por los fundadores de la sociedad como en las cláusulas y estipulaciones de la escritura social. La autoridad administrativa debe pues examinar si la garantía ofrecida compensa la responsabilidad personal: si juzga que es suficiente, ella concede la autorización y su quicio es la ordenanza que la otorga: por el contrario, si juzga que las garantías son insuficientes, ella rehúsa la autorización o la concede condicionalmente imponiendo a la sociedad las obligaciones que cree útiles y suficientes para completar la garantía y asegurar a la vez la ejecución de los estatutos y de las condiciones impuestas por la ordenanza. La autoridad administrativa tiene derecho de imponer estas condiciones, porque si no se puede dudar de que pueda rehúsar la autorización no es posible dispensarle de la facultad de no otorgarlas sino bajo ciertas condiciones sin las que se creería en el deber de negarla. Además de esto, es un deber de la administración expresar formalmente la cláusula resolutoria de la ordenanza de autorización para el caso de inobservancia de las condiciones impuestas; por que estas condiciones no deben ser puramente conminatorias para que la autorización no asuma el carácter de una vana formalidad.
La legislación inglesa no reconoce el principio que justifica la intervención del Gob. en el establecimiento de las sociedades anónimas. Esto resulta de las siguientes autoridades:
Enciclopedia española tomo 5º. pág. 467.
M. Gautier copiado por la Encic. de Der. y Adm. Verb. Banc. de Crédito. La ley inglesa no admite como la nuestra la facultad de que los asociados de una empresa comercial cualquiera puedan limitar sus obligaciones a la suma que ponen o se obligan a poner en ella. No autoriza, pues, ni las sociedades en comandita por acciones, ni en general las sociedades en comandita, por lo que toda persona interesada en una asociación comercial queda obligada indefinidamente con sus bienes y con su persona por el mismo título y con la misma latitud que lo quedaría, si en lugar de contratar colectivamente contratase por sí individualmente. Sólo hay un medio de librarse de esta responsabilidad indefinida, cual es, reunirse o asociarse en corporación; pero para conseguirlo es indispensable obtener del Parlamento carta de incorporación. En ella suele declararse que los asociados no son responsables por más cantidad que por las que se hayan suscrito. Mas como esta forma de asociación es muy costosa, rara vez se hace uso de ella, y cuando se hace es para empresas de mucha importancia
Saint Joseph. Conc. entre los Cod. de com. estrang. Grande Bretagne. Cap. 1º Nº 2. Todos los asociados son individualmente responsables de las deudas de la sociedad en su totalidad; sin embargo, en las compañías públicas de comercio establecidas por patentes o por actos del Parlamento, los asociados no son ordinariamente obligados sino hasta la concurrencia de su interés. Pero es necesario que esta circunstancia sea expresada en la ordenanza o acta del Parlamento que establece la sociedad, pues esta cláusula no puede ser estipulada por los mismos asociados.
pág. 88 i.v Merlin, Rep. v. Societé, tomo 16, pág 296.
Tropl. Nº 163. En Inglaterra aun las sociedades más importantes son verbales, y rara vez dejan en pos de sí vestigios escritos. En estas sociedades figuran ordinariamente asociados secretos que llevan el nombre de socios durmientes, y que no quieren que el público conozca que tienen interés en una casa de comercio. Mientras que los negocios prosperan, ellos duermen realmente a la sombra del incógnito; pero si la desgracia viene a herir a la sociedad, estando ellos obligados solidariamente, los terceros interesados los despiertan de su sueño, y aunque falten frecuentemente pruebas por escrito llegan casi siempre a descubrirlos. Es de este modo que marchan en Inglaterra, en ese país clásico de la industria y del comercio, las asociaciones más complicadas; y jamás nadie se ha quejado de una legislación tan confiada y desprendida de formalidades.
Artículo 9 429 Código
Const. del Est. art. 151. Ninguna clase de industria puede ser prohibida, a menos que se oponga a las buenas costumbres y la seguridad o a la salubridad pública o que lo exija el interés nacional y una lei lo declare así.
Hol. 3ª. La autorización Real será acordada si la sociedad no es contraria a las buenas costumbres y si la escritura no contiene disposiciones contrarias a los artículos 38 y 55.
C. Rus. Reglam. 13. No pueden ser autorizadas las sociedades cuyo objeto sea imposible, contrario a las leyes, moral, buena fe comercial y orden público o que infieran grave perjuicio a los intereses del Tesoro o de la industria.
Saint. Joseph. loc. ante. cit 7. No podrá ser establecida sociedad alguna que tenga un objeto contrario al orden público y a las leyes.
Artículo 10 430 Código
Inst. Ministr. Franc. La ley ha debido tomar precauciones especiales respecto de las sociedades en que no existe la responsabilidad personal de los socios ordinarios; y en consecuencia se ha reservado el derecho de comprobar:
Que semejante sociedad no es un lazo tendido a la credulidad.
Que el objeto de la especulación es lícito y real, que existe no en vano provecho de una idea sin consistencia, sino una escritura social, obligaciones que aseguren la empresa, accionistas verdaderos y no ficticios que figuren en apariencia con el único propósito de provocar compromisos verdaderos.
Que los capitales anunciados existen efectivamente o que su entrega ha sido suficientemente garantida.
Que esos capitales son proporcionados a la empresa.
Que los estatutos que reglan la administración ofrecen a los socios una garantía moral, y en todo caso medios de inspección y el ejercicio de los derechos que les corresponden relativamente al empleo de sus fondos.
Artículo 11 431
W. 266. La sociedad anónima no puede celebrarse sino por un tiempo limitado.
Hol. 46. La sociedad anónima debe ser celebrada por un tiempo determinado salvo el derecho de continuarla a la expiración de cada plazo.
Soluc. a las cuest. prop. al Consej. de Estado de Franc. 1. Cuando el término de una sociedad no es fijado por la naturaleza de la empresa, debe ser determinado por la escritura de sociedad.
Observ. a la soluc. precedente. La confianza que merecen los primeros suscriptores de una sociedad anónima es una de las circunstancias en que se fija la consideración del Gob. al tiempo de conceder su autorización. Después de algún tiempo, la muerte o las cesiones voluntarias sustituyen nuevos interesados en lugar de los primitivos suscriptores; y por consiguiente es de interés público que, deseando la sociedad continuar sus funciones, sea expresamente renovada al vencimiento del término estipulado, y sometida de nuevo a la sanción de la autoridad para que el Go. pueda rehusarla si los nuevos socios no le parecen dignos de confianza.
Por otra parte es de tenerse presente que según el art. 49 del Código de Comercio se presume que las sociedades mercantiles son establecidas por tiempo limitado y que los artículos 40 de ese mismo código y el 1866 del civil exigen, para la prorroga o la continuación de la sociedad, los mismos documentos, formalidades y publicaciones que para su establecimiento primitivo.
C.F. 43. Enumerando las enunciaciones que debe contener el extracto de las escrituras sociales dice en el inciso final: "La época fija en que debe principiar y concluir".
C.F. 46 cit. en el art. 4º de este proyecto.
C.E. 286 inc. 6º copiado en el art. 3º de este proyecto.
Reglam. 8. La duración de la sociedad es limitada o ilimitada.
Malp. y Jour. 301. La obligación de fijar un término a la sociedad nace de que, después de un largo tiempo de existencia, podría no merecer la misma confianza que en la época en que fue autorizada, a causa de los cambios que en el intermedio han podido verificarse, ya en el personal, ya en lo material de la sociedad, ya en las probabilidades de buen suceso de la empresa. Podrá, sin embargo, renovarse la asociación al vencimiento del término, sometiéndola a un nuevo examen del Gob. y obteniendo una nueva autorización.
Artículo 12 428
Inst. Minist. precit. No será admitida la solicitud si no fuere acompañada de la escritura pública constitutiva de la sociedad, la que deberá contener una obligación formal de parte de los asociados, de tal suerte que su puesta social o la promesa de entregarla sea firme e irrevocable bajo la única condición de obtenerse la aprobación de su Majestad.
Card. Tom. 2º. pág. 520. No se permite la formación de ninguna compañía por acciones que no se proponga algún objeto determinado. Y para asegurar más este objeto y evitar todo engaño se manda que a la solicitud que se presente pidiendo la Real autorización, acompañe la lista de los suscritores que se propusieran formar la compañía, con sus estatutos y reglamentos que deben haber sido discutidos y aprobados previamente en junta general de dichos suscritores. Esta era también una de las enmiendas que habíamos propuesto al proyecto primitivo, a fin de evitar el abuso muy frecuente de que los fundadores de las compañías hagan los reglamentos en su exclusivo provecho, obligando después a los accionistas a pasar por ellos.
Para evitar las cuestiones que pudieran suscitarse sobre la fuerza obligatoria de los pedidos de acciones, se declara su efecto legal y además se determina como en el primer proyecto que no se dé curso a ninguna solicitud para formar compañía cuando no esté suscrita la mitad de sus acciones.
Con esta precaución se evitará el que se formen sociedades sin el capital suficiente para cumplir su objeto, el cual se asegurará aun más determinando en el Real decreto de su autorización la parte de las acciones que debe hacerse efectiva al tiempo de su constitución, la cual no puede exceder nunca de 25%.
Art. 13 433
Card. citado en el art. que precede 2. in fine.
C. Hol. 50. No será concedida la autorización Real hasta tanto que los primeros asociados representen al menos la quinta parte del capital social: en seguida se fijará un plazo dentro del cual deben ser colocadas las acciones restantes. El Rey podrá prorrogar este plazo a solicitud de los primeros accionistas.
Inst. Minist. Franc. Si los suscriptores de la escritura social, unida a la petición, no completan la sociedad que se trata de formar, y anuncian la intención de completarla cuando hayan obtenido la aprobación del Rey, deberán componer al menos la cuarta parte en suma del capital real, no comprendiendo las acciones de que se ha hablado en el Nº 2. En este caso si su Majestad juzga conveniente autorizar la sociedad, la ordenanza fija el plazo en que deben ser colocadas las acciones restantes.
Nota. El proyecto se ha separado de la prescripción del art. 50 del Código holandés. Este prohibe otorgar la autorización hasta tanto que se haya llenado la quinta parte del capital social, mientras que el proyecto deja a la prudencia del Gob. expedirla, sin esperar la realización de una porción determinada del fondo social. Le impone, sin embargo, el deber de señalar en la ordenanza la cuota del capital que debe hacerse efectiva, como condición necesaria para dar principio a las operaciones, con el fin de dar respetabilidad a los primeros pasos de la sociedad y asegurarle por este medio la confianza pública. La inflexibilidad del precepto que contiene el Código holandés podrá ser perjudicial en muchos casos y producir una traba vejatoria al establecimiento de algunas sociedades; y para evitar este inconveniente, se ha creído preciso confiar la designación de la cuota al juicio del Gobierno. Los hechos pueden diversificarse hasta lo infinito; y era prudente que la ley se abstuviese de calificarlos y dejase su apreciación a la conciencia de la única autoridad capaz de examinarlos con acierto.
Inst. Minist. loc. prox. cit. Las acciones que no deben tomarse en cuenta para calcular el cuarto del capital real de que se habla en el párrafo copiado son las acciones de venta o usufructo que se conceden al poseedor de un privilegio de invención de un secreto.
Artículo 14 432 Código
Soluc. a las cuest. prop. al Consej. de Estado de Franc. 8º. Las sociedades cuyas especulaciones se versan sobre acontecimientos inciertos, tales como las sociedades de seguros marítimos, deben expresar en sus estatutos el maximun de cada seguro fijándolo en razón compuesta del capital social y de la naturaleza y extensión del riesgo.
C. Hol. 53. En las sociedades de seguros de objetos particulares, la escritura deberá especificar el maximun del cual no puede pasar el seguro de un solo objeto, a menos que los asociados lo dejaren por una convención expresa a la discresión de los directores, con o sin comisario.
Artículo 15 434
Card. Tom. 2º. pág. 521. Para que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones bajo las cuales se autoriza la formación de las compañías, debe el Gob. fijarles un plazo, dentro del cual hayan de comenzar sus operaciones, transcurrido éste sin dar principio a ellas caduca la autorización.
C. Hol. 51. La sociedad no podrá principiar sus operaciones hasta que se hayan entregado en la caja social el 10% al menos del capital.
Inst. Minist. Franc. Después de haber justificado que existe en las arcas de la sociedad la cuarta parte del capital convenido se podrá pedir autorización para ponerla en actividad antes que el capital haya sido completado; y esta demanda será juzgada según las circunstancias del negocio.
Nota. El proyecto no hace distinción entre las operaciones provisorias y las definitivas como lo verifica la Instrucción Ministerial que se acaba de citar, porque ha parecido más liberal y expedito que las sociedades anónimas principien a existir y funcionar tan luego como acrediten debidamente que existe en sus arcas la cuota del capital que señale según las circunstancias la ordenanza del Gobierno.
Artículo 16 435
Card. cit. en el art. anterior.
Inst. Minist. Se debe notar cuidadosamente que no cumpliéndose esta condición en el tiempo prescrito, habla de la colocación de las acciones que falten para completar el capital, la autorización se tiene como no otorgada, a menos que su Majestad permita a la sociedad, si hubiere lugar, reducir su plan al capital que haya reunido con consentimiento de los interesados.
C. Hol. 50. cit. en el art. 13.
Artículo 17 436
Inst. Minist. Franc. final. Las sociedades anónimas cuyo objeto interese al orden público pueden hacer necesario un modo especial de inspección permanente.
Sol. del Consej. de Estado de Franc. 5. La misión del comisario que el Gob. nombre, al autorizar las sociedades anónimas, se contraerá especialmente a poner en conocimiento de la autoridad las contravenciones a los estatutos.
Card. Tomo 2º. pág. 521. Ultimamente el Gob. se reserva ejercer sobre las compañías la inspección que es conveniente, sin gravar por eso sus fondos ni entorpecer sus operaciones.
Malp. y Jour. 388. Pero las precauciones de la autoridad serían insuficientes si no asegura por todos los medios posibles la ejecución de las cláusulas y estipulaciones de la acta social y de las condiciones que contiene la ordenanza de autorización. El medio más eficaz de conseguir ese objeto es tener cerca de la sociedad un agente permanente, encargado de seguir todas las operaciones sociales y asistir a todas las deliberaciones de la administración y de las asambleas generales de accionistas y dar al Gobierno una cuenta exacta de todos los actos, sea de la administración, sea de las asambleas de accionistas y su dictamen acerca de los que puedan importar una infracción de los estatutos.
Malp. Jour. loc. prox. cit. Estos comisarios son pagados por la sociedad: este pago es una carga que el Gob. tiene... de imponer como condición de la ordenanza de autorización cuando la juzgue necesaria para asegurar la ejecución de los estatutos.
C. Rus. Reglam. 4. La autorización del Gob. no implica en ningún caso garantía del buen éxito de la empresa.
Malp. y Jour. loc. cit. en el art. 8º.
Los mismos autores Nº 389. La autoridad administrativa parece haber renunciado desde algún tiempo acá al nombramiento de comisario cerca de las sociedades anónimas, porque ha pretendido que por el nombramiento, el Gobierno se constituía garante de las operaciones de la sociedad respecto de terceros. Esta presunción no debe paralizar el empleo de una medida tan útil en las sociedades de una grande importancia, porque ella es evidentemente errónea. En efecto, el nombramiento de un comisario encargado de velar sobre las operaciones de una sociedad con el sólo propósito de impedir la violación de los estatutos y de las condiciones de la ordenanza autoritativa, no es sino una consecuencia del derecho de autorizar, y no puede comprometer la responsabilidad del Gob. así como no produce tal efecto la suscripción de la misma ordenanza de autorización.
Massé y Villeneuve verb. Societe anonime.
Artículo 19 437
Hol. 37. Toda sociedad anónima autorizada por el Rey será disuelta en virtud de una ordenanza real en caso de inobservancia de parte de los directores de las condiciones de la escritura.
Sol. del Consejo de Estado. 5 y 6. En la aprobación de las sociedades anónimas propuestas a S.M., se insertará una cláusula que prevenga que, en caso de inejecución de los estatutos o de su violación, la autorización podrá ser revocada por el Gob. salvo las acciones que puedan ejercer los particulares ante los tribunales, por razón de las infracciones cometidas en su perjuicio.
Malp. y Jour. Nº 287. Si el decreto de autorización es la ley de los asociados, quienes no pueden de ninguna manera modificarlo, una vez expedido, es también la ley de la autoridad administrativa, que no podrá ya revocarlo sin motivo. La autorización otorgada no puede revocarse sino cuando los asociados han infringido los estatutos o faltado a alguna de las condiciones impuestas por la autoridad. De lo contrario no habría seguridad para esta clase de sociedades.
Rogron. Coment. al art. 37. La autorización no tiene nada de irrevocable.
Delang. 475. La inspección del Gob. no cesa cuando, después de haberse cumplido las condiciones enumeradas ha dado su asentimiento a la sociedad proyectada.
Una sociedad anónima puede introducir la perturbación en el comercio, porque es posible que los asociados, garantidos por la inmunidad que los cubre y extendiéndose más allá de lo que permiten sus fuerzas, se entreguen a una fabricación excesiva, a compras y empréstitos que no guardan proporción con el fondo social y que arruinando a la sociedad arrastren en pos de sí a los negociantes cuya confianza ha sido sorprendida.
El Gob. tiene derecho de prevenir el mal o al menos de impedir que se agrave revocando la autorización que ha concedido. Ella ha sido otorgada con un fin de utilidad pública y para ayudar el desarrollo de la industria, y por lo mismo es preciso no permitir que se abuse de ella. La severidad es harto más necesaria cuanto que las sociedades anónimas obtienen generalmente un gran crédito en virtud de las verificaciones a que están sometidas.
El mismo autor 476. Este derecho de retirar la autorización, sin la cual una sociedad anónima no puede existir está reservado al Gob. El poder de los tribunales se reduce a pronunciar condenaciones personales contra los administradores por la violación de los contratos. Pasar más allá sería exceder los límites de sus atribuciones.
Artículo 20 438
C.F. 46. Toda continuación de la sociedad después de expirado su término, se hará constar por una declaración de los consocios.
Esta declaración y cualquier acto que envuelva la disolución de la sociedad antes del término fijado para su duración por la escritura constitutiva de ella, cualquier cambio o separación de los socios, cualquiera mera estipulación o cláusula, cualquiera mutación de la razón social, serán sometidas a las formalidades prescritas por los arts. 42, 43 y 44. En caso de omisión de estas formalidades habrá lugar a la aplicación de las disposiciones generales del artículo 42 último inciso.
Sol. del Cons. de Estado de Franc. 6. Las revocaciones serán publicadas del mismo modo que las autorizaciones.
Paillet. coment. al C. de Com.
Artículo 21 439
C. Hol. 37. En caso de denegación, la razón de ella se pondrá en conocimiento de los interesados.
Artículo 22 440
C.F. 42. El extracto de las escrituras de sociedades en nombre colectivo o en comandita debe ser remitido dentro de los 15 días inmediatos a su fecha a la oficina del Tribunal de Comercio del distrito en el cual se halla establecida la casa de comercio, para su transcripción en el registro y su fijación por el espacio de tres meses en la sala de audiencia. Si la sociedad tiene varias casas de comercio situadas en diversos distritos, la remisión, transcripción y fijación de este extracto se harán en el Tribunal de Comercio de cada distrito. Cada año en la primera quincena de enero, los Tribunales de Comercio designarán, en la cabecera de su jurisdicción y en su defecto en la ciudad más cercana, uno o más diarios en que deberán insertarse, en los quince días posteriores a su fecha, los extractos de las escrituras de sociedad colectiva o en comandita y regularán la tarifa de la impresión de estos contratos. Esta inserción será justificada por un ejemplar del diario certificado por el impresor, legalizado por el corregidor y registrado dentro de los tres meses posteriores a su fecha.
C.F. 45. La autorización del Rey que aprueba las sociedades anónimas deberá ser fijada con la escritura de asociación durante el mismo término.
C.E. 22. Este art. manda que se establezca en cada capital de provincia un registro público y general de comercio, en que entre otras cosas se tomará razón de las escrituras en que se contrae sociedad mercantil, cualquiera que sea su objeto y denominación.
C.E. 31. La copia del asiento se mandará al Tribunal de Comercio, o al juzgado real ordinario, para que la fije en el estado ordinario de sus audiencias y se inserte en el registro particular que cada Tribunal deberá llevar de estos actos.
C.E. 292. Somete las escrituras de reforma, ampliación, prórroga de los estatutos a las mismas formalidades prescritas en los artículos 22 y 31.
C.E. 295. En la inscripción y la publicación de las sociedades anónimas se insertarán a la letra los reglamentos aprobados por la autoridad correspondiente para su régimen y gobierno.
Sol del Consejo de Est. de Franc. 6. &iquest;Qué modo de publicidad conviene dar a las sociedades anónimas? Las autorizaciones de las sociedades anónimas continuarán siendo publicadas del mismo modo.
Los estatutos de las sociedades anónimas deberán insertarse en el diario de la ciudad o departamento donde tuviere su asiento la sociedad y en el Moniteur.
Todo sin perjuicio de los carteles prescritos por el artículo 45 del Código.
C.F. 42. Citado en el art. precedente de este proyecto.
C.E. 291. Si la compañía tuviese muchas casas de comercio situadas en diversos puntos, se cumplirán en todas ellas las formalidades prescritas por los arts. 22 y 31 sobre el asiento en el registro de provincia y su publicación en el domicilio respectivo de cada establecimiento.
Sol. del Cons. de Estado de Franc. 6. Citado en el art. precedente.
C.F. 46. Citado en el art. 20 de este proyecto.
C.E. 292 Citado en el art. 22 de este proyecto.
Artículo 25 441
Del. 478. La sociedad anónima no existe ni puede durar sin la autorización del Gob., desde entonces poco importa que los socios hayan declarado expresamente que celebran una sociedad anónima, si la autorización no ha sido otorgada, los socios no están obligados solamente hasta la concurrencia de sus puestas; los terceros con quienes han tratado tienen contra cada uno de ellos una acción solidaria. Una sociedad anónima no autorizada no es respecto de terceros sino una sociedad colectiva.
Del. 524. Si las partes no obedecen a la ley no hay sociedad anónima respecto de los terceros: los asociados se reputan serlo en nombre colectivo, y en esta cualidad son obligados solidariamente por las deudas sociales. El privilegio otorgado al socio anónimo de no ser responsable sino de la pérdida de su interés es una excepción que no puede hallarse separada de los hechos a que la ley lo liga.
Del. 343. 568. Explicando la misma doctrina añade: "En vano alegarían su buena fe y la voluntad que han tenido de no exponer a las eventualidades del comercio sino una suma determinada. No hay buena fe legalmente sino en cuanto se respetan las formas, la voluntad de las partes no puede vencer las disposiciones que ha hecho adoptar el interés general del comercio".
Mal. 275 ...279 y 280. Este autor después de sentar que la inobservancia de las formalidades prescritas envuelve la nulidad de la sociedad, pero que sin embargo subsistiría como comunidad de intereses o sociedad de hecho, pasa a considerar la responsabilidad, primero de los socios entre sí y establece cuatro hipótesis relativamente a ese punto.
1ª Los accionistas han elegido los administradores que han dirigido las operaciones y los han autorizado a comenzarlas antes que la sociedad se hubiese regularizado y en este caso les rehusamos todo recurso contra aquellos, puesto que no han hecho otra cosa que ejecutar el mandato que les fue confiado y pensamos que todos los accionistas deben soportar esta responsabilidad en razón directa del número de sus acciones.
2ª O los accionistas han entregado sus puestas antes que se hubiese dado principio a las operaciones y estas han principiado sin aprobación formal de su parte, pero a su vista y paciencia y sin que hayan formado oposición.
3ª O bien los accionistas no han entregado sus puestas sino después de principiadas las operaciones.
En estos dos últimos casos les rehusamos también todo recurso contra los administradores, porque ya dejándoles obrar a sabiendas, ya entregando sus puestas, cuando no ignorábamos que los mandatarios elegidos por la sociedad habían empezado a obrar antes que las formalidades prescritas por ley hubiesen sido cumplidas, ellos han aprobado tácitamente tanto la elección de los mandatarios cuanto las operaciones a las que se han entregado.
4ª O bien, en fin, los accionistas habían entregado el todo o parte de sus acciones, antes que las operaciones hubiesen principiado, ignorando que hubiesen sido principiadas prematuramente o sabiéndolo protestaron contra ellas; y en esta última hipótesis trepidamos en concederles un recurso en garantía contra los administradores que han violado evidentemente sus mandatos y que deben ser responsables del perjuicio que de ellos pueda resultarles.
Malp. 437. En una sociedad organizada en la forma de las sociedades anónimas, sin autorización o sin haber cumplido las formalidades, sería pues necesario decidir, según los principios que hemos indicado que todos los que han participado directamente o por delegación de la administración de los negocios comunes, deben ser asimilados a los socios en nombre colectivo, mientras que los accionistas que sólo hubiesen entregado sus puestas sin mezclarse de ningún modo con los actos de la administración conservan el carácter de simples prestamistas de fondos o comanditarios.
Trop. 475 y siguientes. Sigue la doctrina de Malp. y Jour. relativamente a las obligaciones de los socios.
El mismo autor 478. Está acorde con la distinción establecida por Malp. y Jour. respecto a la responsabilidad de los socios que se mezclan o no en la administración; pero cree que no es exacto decir que deben separarse de derecho como comanditarios los socios que no se han mezclado en la administración.
Nota. Una sentencia de la Corte de Nancy, citada por Rognon en el comentario al art. 45 Cod. de Com., consagra la opinión que el defecto de fijación de la ordenanza y de la escritura social no envuelve nulidad de la sociedad anónima.
Artículo 26 art. 441 inc. 2º
Trop. 227. Si algunos actos positivos, como cartas, correspondencia, confesiones, prueban la existencia de la sociedad de hecho, celebrada entre las partes, lo pasado debe ser respetado; es preciso dar efecto a las relaciones que han existido; la buena fe lo quiere así. Por otra parte si la sociedad no vale como sociedad para lo porvenir, vale por el tiempo transcurrido como comunidad. Juzgado así por la Corte de París.
Trop. 249. "Por ilegal que sea es un hecho consumado; que ha dado lugar a relaciones sociales, y su pasado no puede desaparecer sin dejar vestigios..." En seguida impugna la opinión de Locré que no debe tenerse en cuenta dicha sociedad...
"Deben arreglarse los negocios según la intención de las partes".
En cuanto a mí, no conservo el menor escrúpulo sobre esta cuestión. Puesto que no se ve necesitado por una irresistible necesidad a adoptar la sociedad como un hecho, es menester tomar este hecho en toda su plenitud; es preciso no truncarlo antojadizamente; no debe aceptarse una parte y rechazarse otra que ha sido uno de sus elementos esenciales; de lo contrario la buena fe, que es el alma de las sociedades, se siente herida...
Malp. 184. Califica de severa y despótica la prescripción que impone la pena de nulidad a la inobservancia de las formalidades de fijación.
Malp. 432. "Así aunque la nulidad pronunciada por el art. 42 sea según algunos autores y algunas sentencias, completa y absoluta aunque ella vicia el contrato que se reputa no haber tenido nunca existencia legal, sin embargo, si este contrato ha sido ejecutado, si algunas operaciones comunes han sido realizadas, si se han suscrito algunas obligaciones a nombre de la sociedad, si se han realizado beneficios y sufrido pérdidas, la jurisprudencia no podría negar estos hechos, ni rehusar a los asociados el derecho de pedirse cuentas respectivamente, no de una sociedad legal, sino de una sociedad de hecho, de una comunidad de intereses, de un conjunto de operaciones ejecutadas a nombre de todos equivalente a una sociedad".
Delang. 539. Respecto de los hechos consumados antes de la instancia de nulidad, la convención social debe ejecutarse: la voluntad que ha bastado para destruirla no puede hacer que no haya existido, que las partes no la hayan considerado como la ley de las relaciones que ellos habían formado, que no haya sido la condición bajo cuya fe han sido puestas en común, como materia de una especulación comercial, capitales, muebles e inmuebles. La nulidad no se retrotrae: su único efecto es restituir a cada uno su libertad antes del término señalado en la convención. Sería tan contrario al derecho como a la equidad que por un vicio de forma por grave que se le suponga, cuando por otra parte las capitulaciones son leales, el objeto de la sociedad es lícito y el contrato es obra del consentimiento ilustrado, fuese autorizado uno de los asociados para atribuirse exclusivamente el provecho de la explotación común o para exigir que la división se hiciese bajo bases diferentes de las convenidas. La nulidad no ha sido establecida para favorecer la mala fe y el rompimiento de la convención antes de su término es ya una grave pena impuesta a los asociados para que sea menester agravarla entregándolos a los cálculos de la expoliación y del fraude.
Son de la misma opinión: Nouquier en su Tratado de la Competencia de los Tribunales de Comercio pág. 265 edic. belga.
Pardessus: Curso de Derecho Comercial. 1007.1008.
Orillard: de la Competencia. 542 y demás autores y decisiones citadas por Delangle y Nouquier.
Artículo 27 442
Malp. 311. El capital social se compone de todos los valores entregados o por entregar por los asociados para la explotación del objeto de la sociedad; y debe ser fijado de una manera precisa e invariable en la escritura social porque sin esto no merecería la aprobación real.
Sin embargo se puede estipular que las sumas que debe entregar cada asociado serán pagadas de contado o en los plazos fijados por la escritura social, o parte al contado y parte a plazo. Hay también empresas en las cuales puede estipularse que los asociados conserven indefinidamente la cuota con que deben contribuir a la formación del capital y que no la paguen sino a medida que lo reclamen las necesidades de la sociedad: tales son las empresas que no tienen necesidad de fondos sino de crédito, como por ejemplo las sociedades de seguros, y sobre todo las de seguros mutuos.
Delang. 60. Todo lo que en el comercio es apreciable y susceptible de convenciones privadas puede ser la materia de una puesta social.
Inst. Minist. ya citada en el artículo 13.
Inc. 1º parte 1ª
W. 271. El fondo social de una sociedad anónima no podrá ser aumentado contra la voluntad de los accionistas, bien sea elevando la cuota de las acciones o emitiendo otras nuevas, en el caso de que tal aumento no haya sido previsto en los estatutos.
Trop. 189. Es un principio cierto que el capital social es la garantía de los terceros que tratan con la sociedad: él sirve de prenda a los acreedores que han seguido su fe y por consiguiente no puede ser empleado sino en los negocios sociales.
De este antecedente fluye naturalmente que el capital social no puede ser disminuido.
Inc. 1º parte 2ª
Trop. 182. El capital no puede ser aumentado si todos los asociados no consienten en ello. Vanamente decidiría la mayoría que el capital social es insuficiente y que son necesarios nuevos fondos para sostener la marcha de la empresa: la minoría podría rehusarse a ese requerimiento, toda vez que la escritura social lo autorice; un socio no está obligado a pagar sino la puesta convenida; y obligarle a un suplemento sería salir de los límites del contrato y ajustar otro nuevo sin su voluntad.
Llevan la misma opinión Malp. y Jour. 337 y Persil pág. 137 comentario al art. 45 a pesar de la sent. de la Cte. de Nimes.
Mr. Troplong aconseja en el Nº 188 que en la escritura social se prevea el caso de tener que aumentar el capital social, por medio de la emisión de nuevas acciones, y en seguida se explica en estos términos: "La deliberación de la asamblea obliga en este caso a la minoría disidente, por una razón bien sencilla. La eventualidad ha sido prevista, y para prepararse al advenimiento del caso, han diferido su determinación a la asamblea general".
C.W. 261. Podrá ser formado un capital de reserva destinado a cubrir las pérdidas futuras.
C.R. 50. Inciso 13. "La fijación del dividendo y la formación de un capital de reserva".
C. Hol. 48. A fin de prevenir la disolución en el caso del art. anterior la escritura deberá contener disposiciones para la formación de una capa de reserva que sirva para restablecer el capital disminuido en todo o en parte.
Soluc. a las cuest. prop. al Consej. de Estad. de Franc. 3. Es liberal.
Card. pág. 145 Tom. 1º. Entre las disposiciones que este autor cree conveniente se añadan se encuentra:
8ª El Gob. señalará a las sociedades que necesiten su autorización, la cantidad de sus beneficios que han de destinar a fondo de reserva. Vide. pág. 140 del citado tomo.
Trop. 465. Para precaver una crisis, la ordenanza de autorización exige que la sociedad haga, sobre los beneficios eventuales, una reserva destinada a evitar cualquier decremento del capital primitivo.
Artículo 28 Art. 445
Trop. 34. El capital de la sociedad anónima se divide en acciones y aun en cupones de acción de igual valor.
C.E. 280. "Pueden subdividirse las acciones en porciones de un valor igual".
C. Hol. 40. El capital de la sociedad se divide en acciones, sea personales, sea en blanco.
Artículo 29 Art. 446 inc. 1º Código.
Trop. 139. Las diferencias que existen entre las acciones de capital y las acciones de venta, de fundación, de industria, han aconsejado el dividir la totalidad de las acciones en dos series: la primera que comprende las acciones de capital; la segunda que comprende las otras. Cada acción lleva el número de su serie, de manera que toda confusión es imposible, y que una simple ojeada basta para impedir los equívocos perjudiciales en que puedan incurrir los terceros y la sociedad misma sustituyendo unas y otras acciones cuyas prerrogativas son desiguales.
Malp. 328. En la mayor parte de las sociedades en que una parte de los asociados suministra su industria, como por ejemplo en las sociedades por la construcción de los caminos de fierro, canales etc. se dividen las acciones en dos series: la una de acciones industriales, que son aquellas cuyo capital se ha suministrado mediante la obligación de ejercer su industria en provecho de la sociedad; la otra de acciones ordinarias cuyo capital se ha suministrado en dinero. En este caso el título lleva consigo la indicación de la serie a que pertenece; de manera que una sola inspección da a conocer cómo se ha suministrado el capital. Lo que sucede más a menudo, cuando las acciones se dividen de este modo, es que se estipula expresamente que las acciones industriales no darán derecho sino a la participación de los beneficios, no al capital.
Enciclop. de Der. y Administ. verbo acción de compañía pág. 138.
Card. pág. 139. Tom. 1º. Explica la necesidad de distinguir las acciones de capital de las industriales: y la conveniencia de hacer que éstas queden intransmisibles.
Artículo 30 Art. 446 inc. 2º
Trop. 133. Casi siempre se hacen dos estipulaciones al crear las acciones industriales.
La primera: que las acciones cuyo capital conste en un trabajo necesario para la marcha de la sociedad, queden depositadas mientras dure la sociedad a fin de que la empresa tenga una garantía contra los accionistas industriales que rehusen su concurso.
Enciclop. loc. prox. cit.
Artículo 31 Art. 447 inc. 1º Código.
Trop. loc. prox. cit. La segunda estipulación es que las acciones industriales no den lugar sino a la participación de los beneficios, y que los tenedores de ellas no concurran a la división del capital. Pero esta cláusula es puramente de precaución. La sola creación de acciones industriales distintas de las acciones de capital basta para probar que no se ha querido dar a la industria la misma parte que al capital.
Malp. 315. 328 ya citados en el art. 29.
Artículo 32 Art. 447 inc. 2º Código.
Malp. 329. El defecto de división de las acciones en acciones industriales y de capital, establece siempre una presunción que se ha querido confundirlas y dar los mismos derechos a todos los accionistas.
Trop. loc. cit. Esto sucede cuando la sociedad no reconoce sino acciones de capital todas iguales en derecho.
Enciclop. loc cit.
Inst. Minist. de 1817 citada. No se admite la solicitud si no se acompaña la obligación de los socios, en tal forma que su puesta social o la promesa de entregarla sea firme e irrevocable, sin otra condición que la aprobación de S.M.
Malp. 312. Es preciso para que la sociedad anónima pueda ser autorizada que los asociados se hubiesen comprometido formalmente en la escritura social a suministrar su fuerza social, o que la puesta sea suministrada de ante mano y su entrega comprobada, y que la promesa de entregar o la entrega sean irrevocables y hecha sin otra condición que la de obtener la autorización del rey.
Trop. 463. En algunas sociedades cuyas operaciones son sucesivas y progresivas no es siempre necesario realizar inmediatamente el capital social en entero: sería gravar con intereses onerosos a las sociedades. Se estipula que se realice el capital social en diversos pagos escalonados según las necesidades presuntas del negocio: los accionistas hacen un pagamento primero a cuenta, y otorgan la promesa de responder a todos los requerimientos de fondos. Pero ha acontecido varias veces que estas promesas han sido vanas. Para remediar este inconveniente, exige el Consejo de Estado de los suscriptores un depósito de valores públicos prontamente realizables. Vincens. citado por Trop. pág. 39.
Malp. 321. Casi siempre, al entregar una promesa acción se exige que el accionista otorgue pagarés para el pago de los dividendos del capital de la acción.
Malp. 324. Dos casos pueden presentarse: o los objetos depositados tienen un valor real y que no depende de un crédito o de la confianza otorgada al que los suministra: o son objetos cuyo valor es relativo y descansa tan sólo en el crédito del que los suministra.
Artículo 35 Art. 449 del Código.
C.R. 25. Cuando ha de entregarse el capital de las acciones en diversos plazos, se extiende, al momento de hacer la primera entrega, un título provisional, en el que se anotan las entregas ulteriores y que tiene el lugar de acción, en cuanto confiere al propietario todos los derechos y le impone todas las obligaciones del accionista. En el acto de la última entrega se cambia este título por la acción.
En ningún caso podrá extenderse la acción antes de haberse entregado el monto total de ella.
Malp. 314. Cuando el capital de cada acción ha de entregarse en varios plazos, no se da, al momento de suscribirse, sino un título provisorio, conocido con el nombre de promesa de acción, sobre el cual se asienta cada entrega, y que se cambia por el tít. definitivo o la acción después de la entrega del total. Este modo de entregar el título impide que los terceros puedan ser engañados porque la mera inspección de él basta para ver que la acción no está liberada.
Malp.321. cit. en el art. precedente.
Trop. 131. Al socio no se le pone en posesión de su acción hasta que haya entregado el monto de su puesta. Expone la doctrina de Malp. ya citada.
Trop. 174. Es sabido que cuando la sociedad extiende promesas de acción, los socios entregan sus puestas, parte en dinero, parte en pagarés a plazo, la prudencia hace su deber el exigir de los suscriptores la garantía de que será entregado oportunamente el capital necesario para la empresa. No hay que fiarse en estatutos que olviden semejantes precauciones, o que sustituyan en su lugar garantías equivalentes.
Trop. 463. Cita y copia la instrucción ministerial de 1817.
Del. 451. Si el accionista ha firmado, al tiempo de suscribirse, pagarés a plazo...
Banco de Barcelona. Estatutos [ Links ]art. 13. Exige que al tiempo de suscribirse firmen escritura pública que se registrará en la contaduría de hipotecas, obligándose, mediante garantía a satisfacción de la dirección, a entregar el resto en la forma y tiempo etc.
Rogron. Modelo de estatutos.
Art. 8º Los accionistas suscriben la obligación de entregar el monto de sus acciones. Esta obligación es garantida por la transferencia a nombre de la compañía de ...francos de renta del Estado al 3%, y por una entrega en numerario.
Los autores y leyes citados en el art. precedente.
C.E. 302. Entregando un socio a la compañía algunos créditos en descargo del capital que debiere poner en ella, no se les abonarán en cuenta hasta que hayan cobrado; y si no fuesen efectivos, después de hecha ejecución en los bienes del deudor, o si el socio no conviniere en hacerla, estará obligada a responder sin demora del importe de dichos créditos hasta cubrir la parte del capital de su empeño.
Artículo 38 Cod. Art. 443.
C.E. 301. Casi literal con el de esta ley: con la diferencia - "Cuando el capital o la parte de él que un socio haya de poner consista en efectos".
Car. pág. 145 Tom. 1º. Si algún socio pusiese efectos o bienes raíces se apreciarán por peritos y las acciones representativas no serán negociables. En la pág. 139 explica las razones en que funda la prohibición de enajenar las acciones de esta especie.
Malp. 297. Hablando de las acciones que se conceden a los socios que traen a la sociedad una merced o privilegio, opina porque no se admitan sino como acciones de venta.
Artículo 39 Art. 450.
Malp. 281. En semejante caso los derechos de los accionistas, aunque eventuales, pueden ser el objeto de convenciones -la venta es válida- no puede demandarse la nulidad de ella so pretexto de haberse negado la autorización.
Trop. 479 ...los derechos de los accionistas son eventuales, pero nada impide que se vendan como una esperanza. Si la autorización se deniega los jueces examinarán las circunstancias para decidir si la intención de las partes ha sido el subordinar la venta a una condición resolutoria o si han querido hacer un trato cuyas eventualidades buenas y malas debiera tomar por su cuenta el comprador.
Hol. 43. Si el valor de una acción no ha sido pagado enteramente, el asociado primitivo o sus herederos o sucesores singulares quedan obligados hacia la sociedad de la entrega de su puesta, a no ser que los directores o los comisionados, si los hay, no hayan expresamente consentido en la delegación del nuevo adquirente y libertado al primero de toda responsabilidad. Vide. Delangle nº 493.
Artículo 40 Art. 452 del Código.
Del 450. La cesión de la acción antes del pago íntegro del precio no libera al suscriptor. Esta cesión no establece relaciones sino entre el cedente y el cesionario, de manera que el vendedor queda tan estrechamente obligado como antes.
Del. 451. La novación suple el pago. Si el accionista ha firmado, al tiempo de la suscripción pagarés a plazo, y si el gerente de la sociedad consiente en devolvérselos, sustituyéndoles las obligaciones del cesionario, el cedente queda libre... La devolución de los pagarés equivale, salvo el derecho a la sociedad de reclamar contra el gerente, por los daños y perjuicios. Pardessus Tom. 4 pág. 150.
Tropl. 174. citado ya en el artículo agregado. Esta cesión no opera cambio ninguno en la condición de suscriptor de pagarés. Los valores firmados por el socio primitivo sirven de garantía a los terceros.
Tropl. 175. contra. Cree infundada la opinión que exime de responsabilidad al cedente cuando se le han devuelto sus pagarés o valores. No está en poder de los administradores, guardianes de las garantías sociales, el disminuirlas por medio de novaciones que los terceros pueden considerar como no hechas. De otro modo el activo social se disipará en varias promesas; una cohorte de insolventes tomará el lugar de los suscriptores serios.
Malp. 319 et. sig... La cuestión no puede presentarse sino respecto de las acciones de promesas de acción que aun no se hayan liberado... En seguida vuelven estos autores al punto del mismo modo.
Del art. 451 ya citado.
Modelo de estatutos. Rogron.
Pardessus 1043. Persil pág. 130 en contra
Malp. 324. La sociedad que, por sus mandatarios, ha consentido en la sustitución de un nuevo deudor al antiguo, no tendrá ya acción contra este último, salvo la responsabilidad de los administradores si se reconoce que por este acto han traspasado sus poderes, y si al mismo tiempo resulta un perjuicio para la sociedad.
Autores y lugares ya citados en este artículo.
Artículo 41 Art. 444 Código.
C.E. 300. El Código español da opción entre proceder ejecutivamente contra el socio omiso, o rescindir el contrato, reteniendo los intereses que tenga en la sociedad.
C.R. 26. Hace caer en comiso a favor de la sociedad las entregas ya hechas por el socio omiso.
C.W. 255. Concede a la sociedad dos arbitrios: 1º la vía del apremio. 2º la apropiación de las entregas hechas.
Malp. 325. Aconseja 1º la vía del apremio. 2º la confiscación de los dividendos pagados o parte de ellos a título de daños y perjuicios. 3º bien la venta de cuenta y riesgo del dueño.
Tropl. 179. Examina y funda la legalidad del arbitrio de confiscar la promesa de acción del socio omiso.
Estatutos del Banco de Barcelona 15. dice: "Perderán las cantidades que tengan anticipadas, quedando éstas a beneficio del banco, sin perjuicio de que el mismo use de su derecho para reembolsarse de las cantidades en que aquellos se encuentren en descubierto si lo estima conveniente.
Artículo 42 Art. 451 inc. 1º Código.
C.F. 35. La acción puede ser establecida bajo la forma de un título al portador. En este caso la cesión se opera por la tradición del título.
C.F. 36. La propiedad de las acciones puede ser establecida por una inscripción sobre los registros de la sociedad. En este caso la cesión se opera por una declaración de la transferencia escrita sobre los registros y firmada por el que hace la transferencia o por su apoderado.
C.W. 251. Las acciones pueden ser nominativas o al portador.
C.E. 280. Las acciones de los socios en las compañías anónimas pueden representarse para la circulación en el comercio por cédulas de crédito reconocido, revestidas de las formalidades que los reglamentos establezcan y subdividirse en porciones de un valor igual.
C. Hol. 40 como el francés 35.
Malp. 316.
Tropl. 144. En una misma sociedad puede haber acciones de las dos especies.
Su forma no tiene nada de sacramental. Se cortan regularmente de un registro de comprobación creado a este efecto. Llevan, tanto sobre el talón como sobre el título que debe entregarse, la firma social y la del comisionario establecido cerca de la sociedad si lo hay. Llevan el sello de la sociedad y en su dorso un acta de los estatutos. Pero estas formalidades precautorias no son de rigor.
Rog. Coment. art. 35 Cod. Las acciones al portador son válidas. La Corte de Casación ha consagrado la afirmativa.
Enciclop. de Der. y Adm. Verb. acción.
C. Hol. 41. No se pueden emitir acciones en blanco hasta que su monto no se haya entregado por entero en la caja de la sociedad.
C. R. 25. En ningún caso podrá entregarse la acción antes de cubrirse su importe total.
C.W. 252. No se podrán expedir acciones al portador sino cuando su importe solamente haya sido entregado en la caja social: en caso contrario, los otros interesados serán obligados a verificar las últimas entregas.
C.E. 281. Estas cédulas no podrán emitirse por valores prometidos, sino por los que se hayan hecho efectivos en la caja social antes de su emisión. Los consignatarios de las cédulas que se expidan, sin que conste de los libros de la compañía la entrega del valor que representan, responden de su importe a los fondos de la compañía y a todos los interesados en ella.
Rog. coment. art. 35 Sent. de la Corte de Casación - "no se prohibe la emisión de efectos al portador cuando su objeto no es reemplazar o suplir la moneda".
Card. tom. 2 pág. 521.
Artículo 44 Art. 451 inc. 1º-2ª parte.
C.F. 35 ya citado en el art. 42.
Tropl. 145 y demás expositores.
C.F. 36 Comentaristas citados.
Art. 451 inc. 2º 1ª parte Inciso 2º. Endoso sin garantía. Tropl. 146. Algunas veces se crean acciones a las que se da la forma de un papel negociable por la vía del endoso sin garantía.
Dicc. de Massé. ver. sociedades acciones. Las acciones pueden estipularse transmisibles por vía de orden, y en tal caso el endoso transfiere su propiedad: pero semejante endoso no tiene efecto sino entre cedente y cesionario, en el sentido de no producir hacia terceros los efectos especiales y exorbitantes atribuidos al endoso de las letras de cambio, que la ley ha declarado expresamente negociables por esta vía.
Enciclop. de Der. y Adm. ver. acción de compañía.
C. Civil F. 1965. La ley no concede acción ninguna por deudas de juego o para el pago de apuestas.
C. Penal F. 421. Las apuestas que se hayan hecho sobre el alza o baja de efectos públicos serán castigados con las penas prescritas por el art. 419.
C.F. 422. Será reputada como apuesta de este género, toda convención para vender o entregar efectos públicos que no se probaren haber estado a disposición del vendedor al tiempo de la convención o haber debido estarlo al tiempo de la entrega.
C. R. 29 inciso 2. En los mismos términos que el art. del proyecto y agrega "so pena de perdimiento de oficio del corredor y escribano que intervinieren en el acto, sin perjuicio de las penas con que conminan las leyes a los que se entregan a juegos de azar.
La nota de Sain Joseph advierte que esta disposición se debe probablemente a la jurisprudencia de los tribunales franceses.
Dicc. de Villanueva y Massé. verbo Marche a terme nº 2. Es preciso distinguir las ventas a plazo, propiamente dichas, y que son perfectamente lícitas, de los juegos de bolsa o apuestas sobre el alza o baja de ciertas mercaderías, que son también ventas a plazo, pero que la ley prohibe, y para las cuales ella rehusa toda acción en justicia.
Nº 18. En abstracto las ventas a plazo de efectos públicos son valederas; sólo son prohibidas y nulas las que sirven para encubrir una operación de juego.
Nº 19. Son ilícitas y nulas, si no hay depósito de efectos o títulos... sobre todo si estas operaciones no son sino especulaciones sobre el alza y baja, o verdaderos juegos de bolsa, no ofreciéndo más ganancia ni pérdida que la diferencia entre el precio de la cosa en el día de la venta y el que podrá tener el día de la entrega.
Dicc. cit verbo Jen de Bourse. Se designa bajo el nombre de juego de bolsa, o también bajo el de ajiotage, las ventas a plazo, cuando son ficticias e ilícitas; es decir las en que los contratantes no tienen por objeto hacerse entregar los objetos vendidos, sino tan sólo realizar la diferencia entre el precio de la cosa al tiempo de venderse y el que pudiera tener al tiempo de verificarse la entrega.
Estos contratos que no son otra cosa que un juego o apuesta enteramente extraña al verdadero comercio, que consiste en vender lo que no se tiene, o comprar sin pagar el precio, se verifican principalmente acerca de los efectos públicos, y también acerca de ciertas mercancías, cuyo curso está sujeto a frecuentes variaciones, tales como los aguardientes, aceites, etc. Son nulos en este sentido, que la ley no concede ninguna acción en derecho para reclamar su ejecución.
Malp. 318. En efecto el adquirente de una acción a interés en la sociedad se pone en lugar y vez del vendedor.
Tropl. 180. Es inútil decir que el cesionario queda investido de todos los derechos y obligaciones de su vendedor. A menos de estipulaciones contrarias, tiene derecho a los intereses y provechos vencidos desde la última repartición.
Del. 466. La misma doctrina.
Artículo 47 Art. 453 Código.
C.W. 230. Los acreedores particulares de un socio no pueden perseguir sino la parte correspondiente a su deudor.
C.R. 34. Caso de insolvencia de un accionista, no puede perseguirse su puesta social que permanece en el dominio de la sociedad; puede perseguirse su acción, como también los beneficios exigibles.
C.E. 296. Los acreedores particulares de un socio no pueden extraer de la masa social por virtud de sus créditos los fondos que en ella tenga su deudor y sólo les será permitido embargar la parte de intereses que puedan corresponder a éste en la liquidación de la sociedad para percibirla en el tiempo en que el deudor podría hacerlo.
Artículo 48 Art. 454.
Delang. 469. 470. El tenedor de una acción al portador ha de producirla para gozar de sus derechos. Si no la presenta, la probabilidad es que ha dejado de ser dueño de ella. Vanamente alegaría haberla perdido, la sociedad no tiene que discutir alegaciones más o menos verosímiles. Juzgada así por la Corte de París.
Pero si el accionista sostiene y prueba que ha sido despojado por un robo y si ofrece dar a la sociedad garantías suficientes, para el caso de reproducirse las acciones, debería palearse del mismo modo. La Corte de París ha juzgado que el accionista podía reclamar nuevos títulos.
Enciclop. de Der. y Adm. Verbo Bancos de Crédito. pág. 506. El accionista que justifique suficientemente el extravío, inutilización o robo de su acción o acciones, tiene derecho a que el banco se las renueve cancelándose en el libro matriz las primitivas y entregándole otras por duplicado.
Artículo 49 Art. 455. 1ª parte.
C.F. 33. Es literal, con la diferencia de referirse al monto de interés en lugar de acción.
C.R. 33. La responsabilidad de todo accionista, sin exceptuar los directores, queda circunscrita, relativamente a los terceros, a la puesta social y no puede extenderse ni a las personas ni a los bienes.
C.E. 278. "sino hasta la cantidad del interés que tengan en ella".
Trop. 457. Creo que los terceros que han contratado con la sociedad y que la hallan insolvente tienen derecho para proceder directamente contra los socios que no hayan entregado el monto de su acción. Su puesta de cada accionista es la garantía de los terceros; ella le es adquirida; es menester pues que puedan perseguir directamente al socio que debe aún a la sociedad.
El mismo autor 842.
Malp. 339. Los terceros pueden perseguir personalmente a los accionistas que no hubiesen entregado su puesta entera.
Del. Desde el Nº 276 al 302 sostiene que los terceros no pueden demandar directamente al socio comanditario que no ha entregado su puesta; pero después de haber hecho grandes esfuerzos para sostener su tesis, parece abandonarla en el nº 302, puesto que enseña allí que no bastaría que el socio comanditario produjese un finiquito del gerente, un arreglo hecho con él, o que alegase una compensación para escapar a toda reclamación... y que no sería eximido de su responsabilidad respecto de terceros, sino estableciendo que ha entregado realmente el monto de su puesta.
Artículo 51 Art. 455. 2ª parte.
Trop. 458 y Persil. Coment. art. 35. Son de este parecer: aunque este último opina en sentido contrario respecto de las sociedades en comandita.
Pardessus 1043. Es una asociación de capitales, y por consiguiente el capital sólo debe responder.
Del. 454. et. sig. Agrega. Si en el momento de repartirse las sumas, los negocios de la sociedad prosperaban y si los dividendos y los intereses han sido extraídos de beneficios realizados.
Merlin, Bravard de Langlade y Pardessus van más lejos. Creen que en ningún caso puede exigirse la restitución de lo que el accionista ha percibido, por que no hay acción contra las personas de los accionistas. Esto sería dar demasiada extensión a la regla...
Los dividendos que hayan recibido los accionistas, cuando no hay beneficios, o cuando los beneficios esperados no hayan sido realizados deben ser devueltos, por que las sumas que hayan percibido, a título de beneficios, es una parte del fondo social... En cuanto a las dificultades de hallar las partes obligadas, ella es relativa al hecho no al derecho. Las dificultades de ejecución no afectan al derecho.
Malp. 339. No puede distribuirse a los socios parte ninguna del capital, antes de la disolución bajo cualquier título que sea. Así no puede repartirse ningún dividendo en una época en que el balance de las ganancias y pérdidas no presenta ningún beneficio, puesto que entonces este dividendo sería tomado evidentemente del capital y lo disminuiría otro tanto.
Artículo 52 Art. 457 inc. 1º.
Trop. 31. Es igual al artículo del proyecto, excepto las palabras "elegidos etc." de que carece el francés.
C. Port. 538. Contiene las palabras literales del Cod. francés.
C. R. 3ª. Los directores son los mandatarios de la sociedad y como tales responsables de la inejecución o violación de su mandato, conforme a la ley común.
C.E. 265. "Cuyo manejo se encarga a mandatarios o administradores amovibles a voluntad de los socios".
V. la definición Art. 1º de esta ley.
Artículo 53 Art. 457 inc. 2º.
C.R. 3ª. En ningún caso podrá conferirse la administración de la sociedad por toda su duración y sin renovación aunque sea al primer fundador o al inventor del procedimiento industrial que debe explotar la sociedad.
Del. 426. Los administradores de la sociedad anónima reputados como simples mandatarios son esencialmente revocables; es la condición del mandato, y esta condición recibirá su aplicación aun en el caso en que el gerente, socio o no, hubiese recibido su nombramiento en los estatutos sociales.
En seguida impugna la sentencia contraria de la Corte de Bruselas, y la doctrina de los autores que cita.
Trop. 467. La ordenanza del Rey no admite gamas, que sobre texto de invención, de descubrimiento, de fundación, se atribuyan los autores del proyecto un derecho irrevocable a la gestión. Los gerentes de las sociedades anónimas deben ser siempre mandatarios revocables, y cada asociado debe tener derechos iguales y proporcionados a su puesta.
Malp. 363. Si por un artículo de la escritura social, se hubiere nombrado administradores por toda la duración de la sociedad, &iquest;será valedera esta cláusula? No lo creemos. Sigue este autor desarrollando esta doctrina, apoyándola en la circunstancia de ser de orden público todas las disposiciones relativas a la organización de este género de sociedades; y que por consiguiente no bastan a derogarlas las convenciones particulares.
Malp. 364. La cláusula que estableciese la irrevocabilidad de los mandatarios sería nula y debía contemplarse como no escrita.
Dalloz 272.3.4.
Card. tom. 1º pág. 144. El nombramiento de los administradores y gerentes aunque se haga en la escritura social será revocable...
Artículo 54 Art. 458-1ª parte.
Trop. 32. Es literal.
C.R. 33. citado ya en el art. 49.
C.E. 277. Está conforme.
Malp. 385. En general se sujeta a los administradores a rendir una fianza que debe estar siempre en proporción con la importancia de las operaciones que están encargados de ejecutar, y los capitales cuyo manejo tienen.
Trop. 144. Se exige por lo regular que una parte de las acciones del gerente sea inscrita en su nombre, y que las conserve inalienables en garantía de su gestión.
Malp. 385. De que el administrador haya dado de antemano una prenda o fianza no se puede inferir que el ejercicio de los derechos del acreedor ha sido limitado a esta prenda, así como no podrá decirse que un acreedor ordinario al aceptar una hipoteca sobre un inmueble de su deudor, ha renunciado a sus derechos sobre los demás bienes pertenecientes a éste.
C.R. 541. Hasta que se haya verificado esta inserción (la de los estatutos en la forma prescrita) los administradores o directores son obligados personal y solidariamente hacia los terceros que contraen con la sociedad.
Arg. del C.H. 45. Si infringen los estatutos son obligados personalmente y por todo el perjuicio que esperimenten.
Malp. 275. Cualquier accionista puede oponerse a que se principien las operaciones antes que la escritura social se haya revestido de todas las formalidades exigidas por derecho.
El mismo autor 285. Hasta llenadas dichas formalidades ninguna operación podrá ejecutarse.
Del. 484. La sociedad no es responsable de las deudas y gastos hechos antes de su constitución. ¡Qué inconvenientes, qué peligros no hay para terceros, si al momento mismo en que la publicación de los estatutos por el Boletín de las Leyes les da a conocer la existencia y los recursos de la sociedad, el capital que le sirve de base se halla absorto en gran parte por operaciones consumadas o empezadas antes de la autorización del gobierno!
Artículo 58 Art. 459 Código.
Del. 485. Sin embargo, si se trata de contratos, que siendo anteriores a la autorización, tuvieren por objeto y por resultado asegurar la planteación de la sociedad, y que si no hubiesen sido contratadas antes de la autorización, habrían sido su consecuencia, puede admitirse una excepción: por que el pago de semejantes empeños es un empleo legítimo del fondo social.
Artículo 59 Art. 461 inc. 1º y 2º.
Malp. 369. Hay una medida cuya necesidad hemos señalado, y que no debe omitirse. Consiste en la obligación que debía imponérsele a la administración de presentar cada seis meses, a las asambleas generales, el estado de situación de la sociedad y de depositar tres copias de este estado, una en la oficina del Tribunal de Comercio, otra en manos del Prefecto y una tercera en la Sala de Comercio del lugar en que tiene su asiento la sociedad.
Además las sociedades que tienen acciones al portador deben publicar, por la vía de la prensa, este cuadro de su situación.
Esta medida tiene por objeto hacer conocer el estado del capital y facilitar a los asociados, a los terceros y especialmente a la autoridad, los medios de asegurarse si se había reducido más bajo que el mínimum fijado para la obligación de disolver y liquidar la sociedad.
Soluciones Nº 5. Las sociedades anónimas deben presentar, cada seis meses, su estado de situación, del cual se remitirá una copia a la oficina del Tribunal de Comercio, o del tribunal civil, donde este haga sus veces, otra copia al prefecto del departamento, y la tercera a la Cámara de Comercio si existe en el distrito.
Las que remiten acciones al portador publicarán este estado de situación por la vía de la prensa.
C.Prus. 644. A falta de convenciones, las mercaderías y materiales existentes en los almacenes y que hacen parte del fondo de comercio serán avaluados en el inventario al precio de compra, o más bajo, si a la época del inventario su precio corriente se encontrase inferior.
El mismo autor 645. Debe hacerse además una... proporcional sobre los materiales que pueden disminuir en valor.
El mismo 646. Las deudas activas de la sociedad que no sean cobrables, no deben entrar en el inventario; en cuanto a las acreencias deudoras serán admitidas con una rebaja proporcional.
Card. tomo 1º. pág. 140. Y para prevenir la inexactitud de los inventarios podrán adoptarse dos disposiciones del Código de Prusia, una que manda incluir en ellos las mercaderías y efectos por su precio de entrada, y si estos se disminuyen, con una baja correspondiente; y otra que manda hacer igual disminución en las mercaderías que pierden por estar almacenadas, excluir todos los créditos de cobro difícil y no poner los dudosos sino por una parte de su importe.
Artículo 61 Art. 461. inc. 3º.
C.R. 45. Los administradores darán cuenta de su gestión a la asamblea general en las épocas fijadas por los estatutos. El informe será depositado con anticipación en la oficina del Directorio, con las actas, libros, registros y piezas que la comprueben, y allí podrán los accionistas tomar conocimiento de él.
C.Hol. 55. Una vez al año los Directores deberán presentar a los asociados un informe de los provechos obtenidos y de las pérdidas sufridas por la sociedad en el año precedente. Este informe podrá ser dado, sea en la asamblea general, sea por la remisión de un estado a cada asociado, sea por el depósito de una cuenta por el tiempo designado en la escritura social, y anunciado a los socios.
Artículo 62 Art. 462.
C.E. 309. En las compañías en comandita y en las anónimas no pueden los socios comanditarios ni los accionistas hacer examen ni investigación alguna sobre la administración social, sino en las épocas y bajo las formas que prescriban los contratos y reglamentos de la compañía.
C.Port. 536. En ninguna asociación comercial, sea de la naturaleza que fuere, no se puede rehusar a los asociados el examen de todos los documentos destinados a establecer el balance y la verificación de los papeles conducentes a evidenciar la situación de la administración social.
Artículo 63 Art. 463 Código.
Card. tomo 1º. pág. 140. Para prevenir estos fraudes, convendría establecer que no pudiera repartirse ningún dividendo a los accionistas bajo cualquier denominación que fuere, como no le sacasen de los beneficios líquidos, justificados por los inventarios hechos por los administradores y aprobados por la junta de accionistas.
Malp. 302. Para alejar cuanto sea posible el efecto de la obligación de disolver la sociedad, cuando el capital social ha bajado de un cierto mínimum, se exige que en todas las escrituras de todas las sociedades anónimas comerciales, se estipule la formación de una reserva anual con los beneficios, para hacer frente a las pérdidas que pudieran sobrevenir, e impedir que el capital sea disminuido por estas pérdidas. El efecto de esta cláusula es estorbar la repartición entre los socios a título de dividendo de la totalidad de los beneficios, hasta tanto que sea completado el fondo de reserva: hasta entonces no se debe repartir sino una porción de los beneficios; y consignar el resto en la caja de reserva.
El mismo autor 339. cit. en el art. 51.
Tropl. 191. Sostiene que es lícito asignar a los prestamistas de fondos un interés sobre sus capitales, desde el momento de su entrega en la caja social, como un medio de facilitar su concurrencia a la formación de las sociedades anónimas.
El mismo 465. Para prevenir esta crisis (habla de la que puede producir la disolución de la sociedad), la ordenanza de autorización exige que la sociedad haga con los beneficios eventuales un fondo de reserva, destinado a prevenir el decremento del capital primitivo. Este es por lo demás un medio de dar a las acciones un valor más constante. La reserva debe ser proporcionada al tamaño de los beneficios y de las eventualidades. Una compañía de seguros debe establecer una reserva más fuerte que una sociedad ocupada de una explotación menos expuesta a contingencias.
Sol. prop. al Cons. de Estado Nº 4 ya citada.
Artículo 64 Art. 464 inc. 1º y 2º.
C. Hol. 47. Tan luego como los directores tengan la prueba de que el capital social ha sufrido una pérdida de un 50% serán obligados a consignar el hecho en un registro conservado al efecto en la oficina del tribunal de distrito y anunciarlo a los periódicos indicados en el art. 28.
Card. pág. 140. tom. 1º. Loco. prox. cit. Acepta la precedente disposición y la recomienda como favorable a los terceros que contratan con los corresponsales anónimos.
El proyecto da sanción a lo dispuesto en cada artículo castigando la omisión con una multa pecuniaria, y la responsabilidad solidaria de los administradores. El holandés tiene un vacío en este respecto, que conviene llenar.
Artículo 65 Art. 464 inc. 3º final.
C. Hol. inciso. Si la pérdida es de 75%, la sociedad será disuelta de pleno derecho y los directores serán responsables personal y solidariamente hacia los terceros de todas las obligaciones que han contraído, desde que la existencia de semejante déficit les fue conocido o debió serlo.
C.W. 216 inc. 2º y 218. Declaran que toda sociedad termina por la pérdida total o parcial de su capital siempre que el fondo restante sea insuficiente para llenar los fines de la empresa social.
Del. 443. Del principio que asimila al administrador de la sociedad anónima al mandatario, nacen las consecuencias siguientes:
1. El administrador no puede ejecutar sino aquellos actos que se refieren derechamente a la administración: carece de facultad para enajenar a menos que lo exija la ejecución de su mandato, y si puede demandar y defender es únicamente en el caso en que las acciones se refieren a su gestión. Si los procesos versan sobre la propiedad de los inmuebles sociales, el administrador tiene necesidad de una autorización especial, del mismo modo que para transigir y comprometer a juicio de árbitros los intereses sociales.
Malp. y Jour. desenvuelven con sobrada latitud los principios de este artículo y su inciso y pueden consultarse útilmente los nº 370, 371, 373, 375, 580 y 582.
Malp. 378. Después de haber resuelto que la sociedad es válidamente emplazada en la persona de los administradores, cuando la demanda es relativa a los actos administratorios, se explican en estos propios términos:
&iquest;Deberemos decir lo mismo cuando se trata de actos extraños a la administración? Si son terceros los que intentan una acción contra la sociedad, es evidente que no sería justo forzarlos a dirigirse contra socios a quienes no pueden conocer. Exigir que ellos citen a todos los asociados sería colocarlos en la imposibilidad de hacer valer sus derechos contra la sociedad; y esta consideración debe hacer cesar toda hesitación para decidir que los terceros llaman a juicio válidamente a la sociedad cuando hacen emplazar a sus administradores.
C. Hol. 56. La sociedad disuelta será liquidada por los directores, a menos de disposición en contrario.
C.W. 225. En caso de disolución de la sociedad, los administradores son encargados de la liquidación a menos que la escritura social, o un acuerdo de la asamblea general decidan lo contrario.
C.E. 323. Toda diferencia entre los socios se decidirá por jueces árbitros, háyase o no estipulado así en el contrato de sociedad.
C.F. 51. C.R. 47. Ordza. de Bilb. Capt. 10, 16.
Están en desacuerdo con el artículo los códigos y autores siguientes: C. Húng. 53. Wurt. 259. Tropl. 520. Saint Joseph introduccion pág. 23. Fremery 65. 66.
Rog. art. 51 pág. 39 1ª cuestión. Se apoya en la sentencia de la Corte de Casación y demás autores que cita.
Art. 466 Código. Artículo 71
Sol. prop. al Cons. de Estado. cuest. 5ª "Cada seis meses"
Del. 435. La sociedad toda entera se reúne en asamblea general para examinar las cuentas anuales, fijar los dividendos repartibles si hay lugar y tomar las deliberaciones que reclaman los intereses de la sociedad.
Del. 437. En todos los casos la mayoría hace ley: le incumbe proveer a la ejecución de los estatutos; pero por esa misma razón sería irregular y nula toda deliberación y extraña a los estatutos, o que tuviera por resultado pervertir su aplicación... Hay que advertir que en este caso no basta la unanimidad para hacer obligatoria la deliberación... Si ésta tiene por objeto violar los estatutos, si distrae el fondo social de su destino, o si transforma la sociedad, es radicalmente nula, y se sujetan sus autores a la indemnización del daño que han causado.
Malp. 346. En todo contrato de sociedad anónima se estipula que los accionistas, es decir, los asociados, se reunirán periódicamente en épocas fijas, y en número determinado en asambleas generales, a fin de proceder al nombramiento de administradores, de oír el informe de la administración sobre la situación de la sociedad y las cuentas, y deliberar sobre ciertos objetos que interesan a la sociedad y cuyo conocimiento es de incumbencia de las asambleas, sea con exclusión de los administradores, sea conjuntamente con ellos.
El mismo autor 353. Los estatutos, al arreglar la composición de las asambleas generales, deberán fijar las épocas en que ellas se reúnan y la manera en que deban a los accionistas. La reunión de las asambleas de seis en seis meses, es útil en cuanto permite a los accionistas examinar a la vez, un semestre de operaciones, y hace más fácil y activa la vigilancia.
Los mismos autores 354. Los accionistas reunidos en asamblea general podrán deliberar sobre todos los intereses sociales, con tal que los objetos que hagan la materia de sus deliberaciones se dirijan a la ejecución de los estatutos, y no excedan los límites que ellos trazan. Entonces sus deliberaciones tomadas por una mayoría relativa o absoluta, según lo haya decidido la escritura social, serán obligatorias para todos los asociados. Pero estas asambleas jamás podrán modificar los estatutos: jamás la mayoría por grande que sea, podría obligar a la minoría a someterse a una decisión que produjese un cambio cualquiera en las estipulaciones del contrato de sociedad, porque ese contrato no puede ser modificado en sentido alguno sino por el consentimiento de todos los asociados, y aún en este caso sería necesario solicitar una nueva autorización. Puédese considerar como cierto que una escritura social que dejase a las asambleas generales el derecho de modificar las cláusulas de ella no obtendría la autorización del Gob.
Del. 440. Las asambleas generales no pueden jamás derogar las estipulaciones de sus estatutos que tienen por objeto el orden público y el interés de terceros. En estos términos se expresa la sentencia de 9 de marzo de 1841 que acabamos de recordar.
Tropl. 122 cit. en el art. 27.
Artículo 72 Art. 467.
Malp. 381. Las asambleas generales no pueden ser convocadas sino en las épocas determinadas por los estatutos; y de aquí resulta que si éstos no permiten a los administradores la convocación extraordinaria de las asambleas, para necesidades también extraordinarias de la administración, la obligación que aquellos tienen de esperar la época de la próxima reunión podrá dejar sin efecto la transacción. Si no se ha dado a los administradores la facultad de transigir sobre las dificultades sobrevinientes, relativamente a los actos de la administración, será necesario conferirles el derecho de convocar extraordinariamente las asambleas generales para que deliberen sobre las necesidades imprevistas de la administración.
Modelos de Estatutos. Malp. y Jour.
Id. Rogron.
Este artículo se justifica por sí mismo.
Art. 468 Código. Disposiciones transitorias Art. 1º, 2º y 3º.
Inst. Minist. de 1808. Art. 6º. Las sociedades anónimas actualmente existentes serán obligadas, so pena de interdicción, a solicitar la autorización del Gob. en los términos que prescribe la presente instrucción, dentro de 6 meses contados desde el 1º de enero de 1808.
V. LEY SOBRE SOCIEDADES ANONIMAS. TEXTO ORIGINAL
Santiago, noviembre 8 de 1854
Por cuanto el Congreso Nacional ha acordado el siguiente
Art. 1º. La sociedad anónima es una persona jurídica formada por la creación de un fondo común suministrado por accionistas responsables sólo hasta el monto de sus acciones; administrada por mandatarios revocables; que carece de nombre social y es conocida por la designación del objeto de la empresa.
Art. 2º. La constitución de las sociedades anónimas y la prueba de su existencia, debe hacerse por escritura pública.
La falta de ella no puede ser alegada contra terceros.
Art. 3º. La escritura debe expresar:
1º El nombre, apellido, profesión y domicilio de los socios fundadores.
2º El domicilio de la compañía.
3º La enumeración clara y completa de la empresa o negocio que la sociedad se propone y la del objeto de que toma su denominación.
4º El capital de la compañía, el número y cuota de las acciones en que es dividido y la forma y plazos en que los socios deben consignar su importe en la caja social.
5º La época fija en que deben formarse el inventario y balances y acordarse los dividendos.
6º La duración de la compañía.
7º El modo de la administración, las atribuciones de los administradores, su responsabilidad y las facultades que se reserve la asamblea general de accionistas.
8º La cuota de los beneficios que debe quedar anualmente en las arcas de la compañía para formar el fondo de reserva.
9º El déficit del capital que debe causar la disolución de la compañía.
10º La forma en que deben hacerse la liquidación y división de los haberes sociales, llegado el caso de la disolución.
11º Todos los demás pactos especiales que acordaren los interesados.
Art. 4º. También se harán constar por escritura pública la reforma o ampliación del contrato y estatutos sociales, la prórroga de la compañía y su disolución antes del término estipulado.
Art. 5º. No se admitirá prueba testimonial contra el tenor de las escrituras otorgadas en cumplimiento de los artículos 2º y 4º, ni para justificar la existencia de condiciones no expresadas en ellas.
Art. 6º. Las sociedades anónimas existen en virtud de un decreto del Gobierno que las autorice.
Esta autorización es igualmente necesaria para modificar sus estatutos, para prorrogar las sociedades que se constituyen por tiempo determinado y para disolverlas antes del término estipulado o fuera de los casos previstos por la ley.
Las sociedades que se propongan establecer bancos de emisión no podrán formarse sino a virtud de una ley.
Art. 7º. El Gobierno concederá la autorización de que habla el inciso primero del precedente artículo, siempre que se compruebe que se han llenado los requisitos que la ley exige.
Art. 8º. Se prohibe la autorización de las compañías cuando del examen de la escritura social aparezca que el capital creado no es efectivo o no está suficientemente asegurada su realización; que no es proporcionado al tamaño de la empresa o que el régimen de la sociedad no ofrece a los accionistas garantías de buena administración, los medios de vigilar las operaciones de los gerentes y el derecho de conocer el empleo de los fondos sociales.
Art. 9º. No se dará curso a ninguna solicitud para la fundación de una compañía, si no fuere firmada por un número de suscriptores que llenen la tercera parte al menos de las acciones en que se divida el capital y acompañada de una copia fehaciente de la escritura y estatutos sociales, aprobados en junta general de accionistas.
Art. 10. La autorización contendrá siempre la condición de hacer efectiva, dentro del plazo que ella señale, la cuota del fondo social que el Gobierno juzgue necesaria para comenzar las operaciones de la sociedad. El Gobierno no podrá por razón de esta cuota exigir en ningún caso más de un veinte y cinco por ciento.
El valor de las acciones de industria y privilegio no se tomará en cuenta para determinar esa cuota.
Art. 11. Justificada la existencia de la cuota a que se refiere el artículo anterior, el Gobierno expedirá un decreto en que declare que la compañía se halla legalmente instalada, y señale el plazo en que debe principiar sus funciones.
Art. 12. Vencidos los plazos sin haberse cumplido la prescripción de que trata el artículo anterior, la autorización quedará sin efecto, a menos que el Gobierno los prorrogase con previo conocimiento de causa.
Art. 13. La inobservancia o violación de los estatutos dará mérito a la disolución de la sociedad, y hará solidariamente responsables a los administradores y a los socios que acordasen la trasgresión, de los perjuicios que con ella causaren a los accionistas o terceros.
Art. 14. La sentencia que declare la disolución de la sociedad será fijada y publicada en los términos que se establezcan, conforme a lo dispuesto en el art. 15.
Los administradores que omitieren el cumplimiento de esas solemnidades pagarán la multa de mil pesos, aplicables al establecimiento de caridad que designe el Gobierno.
Art. 15. La ley o decreto que autorice una sociedad, y la escritura y estatutos sociales, la reforma o ampliación de ambas, la prórroga de la compañía o su disolución antes del plazo estipulado, serán publicados por la sociedad en el tiempo y forma que disponga el reglamento que dé el Gobierno para la ejecución de esta ley.
Art. 16. La inobservancia de las solemnidades dispuestas en los artículos 2º, 4º, 14 y 15 produce nulidad.
La sociedad que no las cumpliese será considerada como colectiva respecto de terceros, y los accionistas que hubieren tomado parte en la administración por sí o sus apoderados quedarán solidariamente obligados a favor de aquéllos.
Los socios que hubiesen entregado el todo o parte de sus acciones y que no se hubiesen mezclado en la administración serán sólo responsables hasta la concurrencia de la cantidad entregada.
Art. 17. Pronunciada la nulidad de una compañía por omisión de las solemnidades anteriormente enunciadas, será considerada en cuanto a los accionistas responsables según el artículo anterior, como sociedad de hecho; y las relaciones que hubieren creado entre ellos las operaciones ejecutadas con un fin social, se arreglarán en conformidad con la intención de las partes justificadas por los medios legales.
Art. 18. El capital social será fijado de una manera precisa e invariable, y se compondrá de todos los valores en dinero, créditos, muebles, inmuebles, industria, mercedes, privilegios, o cualquier otro objeto estimable que los socios se obliguen a entregar desde luego, a plazos fijos o según lo requieran las necesidades de la sociedad.
No podrá retirarse parte alguna del fondo social durante la compañía; podrá sin embargo aumentarse por acuerdo de la asamblea general de accionistas, siempre que el caso hubiere sido previsto en el contrato social.
Art. 19. Habrá en toda sociedad un fondo de reserva cuyo monto fijará el Gobierno y a cuya formación se destinará una cuota determinada de los beneficios anuales.
Art. 20. El fondo social se dividirá en acciones, y éstas podrán subdividirse en cupones.
Si el capital social se dividiere en acciones de capital y de industria, las últimas permanecerán en depósito hasta que el socio industrial haya cumplido su empeño.
Art. 21. Las acciones industriales sólo confieren derecho a una parte proporcionada en los beneficios de la sociedad, pero no darán ninguno al capital social, a menos que así se haya estipulado en la escritura de sociedad.
Art. 22. Los accionistas pueden transferir sus promesas de acción antes de obtenida la autorización de la sociedad, y el cesionario no podrá decir de nulidad de la cesión, aunque el Gobierno niegue dicha autorización.
Art. 23. La transferencia de una acción, háyanse hecho o no pagos a cuenta de ella, no extingue las obligaciones del accionista cedente a favor de la sociedad, salvo que los gerentes las hubieren cancelado.
Los administradores que hubieren verificado la cancelación, tomando del cesionario pagarés u otros valores inadecuados al monto de la deuda del cedente, serán responsables a la sociedad de los daños y perjuicios que esa operación le causare.
Art. 24. Cuando un accionista no pagare en las épocas convenidas su cuota en alguna fracción de ella, la sociedad podrá vender de cuenta y riesgo del socio moroso, y por conducto de un corredor de número, las acciones que le corresponden, o realizar cualquiera otro arbitrio que acordare el contrato social para subsanarle los daños y perjuicios que le ocasione la mora de los accionistas.
Art. 25. Las acciones definitivas pueden ser al portador o nominales. Estas son transferibles por inscripción o por endoso sin responsabilidad; aquéllas por mera tradición del título.
Art. 26. Se prohibe emitir acciones al portador antes de cubierto su importe.
Art. 27. Es nula la enajenación de acciones cuya entrega se difiera hasta cierto día o bajo de condición.
Art. 28. Justificado el extravío, hurto o robo de una acción al portador, se expedirá un nuevo título al propietario, previo el otorgamiento de una fianza a satisfacción de los administradores.
Art. 29. Los accionistas no son responsables sino hasta el monto de los derechos que tengan al haber social.
Art. 30. Encontrándose en insolvencia la sociedad, los terceros tienen derecho para perseguir directamente el pago de las acciones o cuotas que adeudaren los accionistas, quienes no están obligados a devolver a la caja social las cantidades que hubieren percibido a título de beneficios.
Art. 31. La sociedad anónima es administrada por mandatarios temporales y revocables, asociados o no asociados, asalariados o gratuitos, elegibles en la forma que prevengan los estatutos de la sociedad.
Son de ningún efecto las cláusulas de los estatutos que tiendan a establecer la irrevocabilidad de los administradores, aun cuando el nombramiento de éstos sea una de las condiciones del contrato social.
Art. 32. Los administradores no son responsables sino de la ejecución del mandato que han recibido.
Por el hecho de su gestión ellos no contraen ninguna responsabilidad personal ni solidaria relativamente a las obligaciones de la sociedad.
Art. 33. Es nula toda estipulación que tienda a absolver de responsabilidad a los administradores o a limitarla.
Art. 34. Los actos administratorios ejecutados antes de haber obtenido la autorización del Gobierno sólo comprometen la responsabilidad de la compañía si han tenido por objeto trabajos preparatorios u otras operaciones que se encaminen al planteamiento de la sociedad y que en todo caso serían considerados como un empleo legítimo del capital social.
Art. 35. Toda sociedad publicará cada seis meses un balance general de su situación, autorizado por sus administradores.
Art. 36. Los accionistas no podrán hacer examen ni investigación alguna sobre la administración social sino en la época y forma que prescriban los estatutos de la sociedad.
Art. 37. Los dividendos se deducirán en todo caso de los beneficios líquidos, justificados por los inventarios y balances aprobados por la asamblea general de accionistas.
Art. 38. Perdida la mitad del capital social o disminuido éste en el mínimum que los estatutos fijen como causa de disolución, los gerentes deberán consignar este hecho en una declaración firmada por todos y que publicarán en la forma que se prescriba para la publicación de las piezas de que se habla en el art. 15, incurriendo en caso de omisión en la multa que señala el art. 14.
En cualquiera de los dos casos a que se refiere este artículo, los administradores procederán inmediatamente a la liquidación de la compañía so pena de quedar personal y solidariamente responsables a las resultas de los contratos y operaciones ulteriores que practicaren.
Art. 39. Los administradores son mandatarios judiciales aun en los casos que las leyes requieren poder especial.
Art. 40. El Gobierno dictará los reglamentos necesarios para la ejecución de esta ley.
Art. 1º Las sociedades anónimas existentes en la actualidad y que no hayan sido aprobadas por especial acuerdo de la Legislatura, solicitarán la autorización necesaria conforme a esta ley dentro de seis meses contados desde la fecha de su promulgación.
Art. 2º La solicitud será instruida con la escritura y estatutos sociales y constancia de haberse obtenido el asentimiento de la mayoría de los accionistas computada con arreglo a los estatutos.
Art. 3º Las sociedades que no solicitaren la autorización gubernativa dentro del plazo señalado en el art. 1º de estas disposiciones, serán consideradas como colectivas, y los socios quedarán personal y solidariamente obligados por los contratos y operaciones ulteriores.
Y por cuanto oído el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, dispongo se promulgue y lleve a efecto en todas sus partes como ley de la República.
Manuel Montt Antonio Varas
VI. INDICE DE ABREVIATURAS DE CODIGOS Y AUTORES CITADOS
- Banco de Barcelona. Estatutos.
- Bravard de Langlade: Manuel de droit commercial, 1839. [ Links ]
- Card.: Cárdenas.
- C.Civil F.: Código Civil Francés.
- C. de W.: Proyecto de Código de Comercio de Württemberg.
- C. E.: Código de Comercio Español de 1829.
- C. F.: Código de Comercio Francés de 1808.
- C. Hol.: Código de Comercio Holandés de 1838.
- Cod. de W.: Proyecto de Código de Comercio de Württemberg.
- Const. del Est.: Constitución Política del Estado de Chile de 1833.
- C. Penal F.: Código Penal Francés.
- C. Port.: Código de Comercio Portugués de 1833.
- C. Prus.: Allgemeine Landrecht prusiano.
- C. R.: Código de Comercio Ruso.
- C. Rus.: Código de Comercio Ruso.
- C.W.: Proyecto de Código de Comercio de Württemberg.
- C.Wurt.: Proyecto de Código de Comercio de Württemberg.
- Dalloz: Noveau Code de commerce. Annote et explique d' apres la jurisprudence et la doctrina. [ Links ]
- Del.: Delangle, M., Des societes commerciales. Commentaire du titule III, livre 1er. du Code de commerce, Bruselas, 1844. [ Links ]
- Delang.: idem.
- Delangle: idem.
- Dicc. de Massé: Massé y Villeneuve, Diccionario de Derecho Comercial. [ Links ]
- Dicc. de Villeneuve y Massé: idem.
- Encic. de Der. y Adm.: Enciclopedia de Derecho y Administración, ed. por Pedro Gómez de la Cerna. [ Links ]
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- Fremery: Fremery, A., Etudes de droit commercial, Paris, 1833. [ Links ]
- Gómez de la Cerna, Pedro: Comentarios al Código Mercantil. [ Links ]
- Gautier, M.
- Hung.: Código de Comercio Húngaro de 1840.
- Inst. Minist. Franc.: Instrucción Ministerial Francesa de octubre de 1817.
- Mal.: Malpeyre y Jourdán.
- Malp.: Idem.
- Malp. y Jour.: Idem.
- Massé y Villeneuve: Diccionario de Derecho Comercial.
- Merlin, Felipe Antonio: Repertoire universel de jurisprudence, 1807ss. [ Links ]
- Nouguier, Louis: Des tribunaux de commerce, des commerce, commercants et des actes de commerce, Paris, 1844. [ Links ]
- Orillard: de la Competencia.
- Paillet, Alfonso Gabriel: Droit Public Francais. [ Links ]
- Pardessus, Juan María: Cours de droit commercial 1813-1817. [ Links ]
- Persil, Eugene: Traite des assurances terrestres suiri des status des diverses compagnies d' assurance, Paris, 1835. [ Links ]
- Ord. de Bil.: Ordenanzas de Bilbao.
- Rognon: Rogron, J.A.: Code de commerce expliqué.
- Saint Joseph, Fortuné Antoine: Concordance entre les Codes de Commerce Etrangers et le Code de Commerce Francais. [ Links ]
- Tropl.: Troplong, Raymond-Theodore: Droit civil francais suivant l'ordre des articles du code, depuis et - y compris cetire de la vente. [ Links ]
- Vicens M., Emile: Exposition raisonté de la legislation commerciale et examen critique du Code de commerce, Paris, 1821. [ Links ]
* Este trabajo forma parte del proyecto FONDECYT Nº 1950916.
1 Cfr. para todo lo anterior, Brahm García, Enrique, Portales en la historiografía, en Bravo Lira, Bernardino (Ed.) Portales el hombre y su obra. La consolidación del gobierno civil, Santiago, 1989. [ Links ]
2 Cfr. Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX (Santiago), 1981, p. 15. [ Links ]
3 Citado según Sarrailth, Jean, La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, (México, 1957), p. 544.
4 Brahm García, Enrique, Tendencias críticas en el conservantismo después de Portales, (Santiago, 1992), pp. 79 s.
5 Ed. de 18 de diciembre de 1843.
6 Ed. de 10 de enero de 1845.
7 Ed. de 9 de abril de 1844.
8 Artículo "Política y Comercio, Nº 2 de 1851.
9 Ed. de 23 de junio de 1853.
10 Sesiones del Congreso de 1854, p. 2.
11 Ed. Navegación y colonización del Estrecho de Magallanes, de 28 de noviembre de 1842.
12 Sesiones del Congreso (Diputados) de 1854, p. 196.
13 Según Olavarría Avila, Julio, Los Códigos de Comercio Latinoamericanos (Santiago, 1955), p. 270, el fracaso se habría debido a la ausencia del principal miembro de la comisión y a la oposición que despertó en algunos círculos el intento codificador. [ Links ]
14 Boletín de Leyes, tomo Séptimo.
15 Información sobre Ocampo, su vida y su participación en el proceso codificador chileno, pueden encontrarse en: Braun M., Armando, El Doctor Ocampo y el Código de Comercio de Chile, en Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, año VI, Nº 24 de 1951, pp. 567 a 582; Letelier, Valentín, El Dr. Ocampo, en Revista de Derecho y Jurisprudencia, (1908); Silva F., Pedro, El centenario del Código de Comercio, en Revista de Derecho y Jurisprudencia, T. 62 (1965), p. 20, Testa A., Enrique, Los manuscritos del Dr. Ocampo y la historia de los códigos de comercio de Chile y Argentina (Santiago, 1961), 18 ss.; von der Heyde, Carlos, El Dr. Gabriel Ocampo, argentino por nacimiento y chileno por gracia especial", en Revista Chilena de Historia y Geografía, 162, (1996). [ Links ]
16 Rubio, Sainz de Andino y la Codificación mercantil (Madrid, 1950), p. 104. [ Links ]
1. Corresponde a los artículos de la ley sobre sociedades anónimas.
2. Corresponde al número que se asignó en el Código de Comercio a la norma previamente contenida en la ley.

References: artículo 258

Artículo 3

Artículo 6

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12
 Real decreto 
in fine

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 19

Artículo 20
 artículo 42

Artículo 21

Artículo 22
 artículo 45

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27
 artículo 13

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 35

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 44

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65
 Artículo 71

Artículo 72