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Timestamp: 2020-08-06 17:03:48+00:00

Document:
Declaraciones y actividades corregido by Lorena Espinoza - Issuu
ABORTO LEGAL y SEGURO Una cuestión de Derechos Una cuestión de Democracia
Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe Movilización en la Región por la Despenalización del Aborto - Declaraciones y Acciones 2012
Esta es una publicación del Proyecto Ciudadanía Activa de las Mujeres que forma parte de una iniciativa financiada por la Unión Europea. El contenido es responsabilidad exclusiva de la Colectiva Mujer y Salud y CIPAF y en modo alguno debe considerarse que refleje la posición de la Unión Europea. Santo Domingo, República Dominicana. 2012.
Declaraciones y Acciones de la Regi贸n
Campa帽a 28 de Septiembre 2012
LLAMADO A LA ACCION CAMPAÑA 28 DE SEPTIEMBRE 2012 Campaña Regional 28 de Septiembre Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe Cada año, más de 4 millones de mujeres en América Latina y El Caribe deciden –a plena conciencia-abortar. Las legislaciones en la región regulan la práctica, en márgenes que van desde la autorización limitada hasta la completa prohibición; sin embargo, en cualquiera de estas circunstancias, las mujeres hacemos ejercicio del derecho a decidir, y cuando decidimos, abortamos. Para la mayoría de las mujeres en la región este acto de soberanía sobre la propia vida se hace en la clandestinidad, en condiciones inseguras e insalubres que vulneran la dignidad, la libertad y la salud. Las realidades más apremiantes se viven en Chile, Nicaragua, El Salvador, Honduras y República Dominicana, donde el aborto se prohíbe en cualquier circunstancia. En aquellos países en que se autoriza su práctica por razones terapéuticas o de violencia sexual, el acceso al procedimiento está plagado de obstáculos a causa de una institucionalidad pública que permite la intromisión de sectores religiosos y conservadores que atentan contra la oportunidad de la realización del aborto. La negación de la interrupción voluntaria del embarazo en la legislación o en las acciones de salud es un mecanismo de poder y control sobre los cuerpos, la autonomía, la sexualidad y las decisiones reproductivas de las mujeres. Mientras la interrupción del embarazo esté sujeta a la autorización de gobernantes, legisladores, jueces, médicos y religiosos – mayoría hombres, hijos sanos del patriarcado- a las mujeres se nos seguirá negando el reconocimiento, el respeto y la garantía de nuestra ciudadanía, ignorándonos como seres humanas plenas, capaces de tomar decisiones éticas sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Las democracias erigen como valores la autonomía, la soberanía y la libertad de los pueblos; sin embargo, estos valores son negados a las mujeres sobre el propio territorio de sus cuerpos. Obligarnos a llevar a término un embarazo que no deseamos o no estamos en condiciones de asumir es un acto de tortura que refuerza nuestra subordinación de género. Parte del continente hoy se ufana de los avances democráticos logrados en las últimas décadas, mientras en varios países la democracia está seriamente amenazada. El cambio hacia gobiernos más progresistas ha tenido poco impacto en la vida de las mujeres en el campo de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Las mujeres interpelamos a la nueva izquierda latinoamericana, que no es tal si nuestros derechos y libertades no forman parte sustancial de los principios y propuestas políticas, económicas, sociales y culturales que la inspiran. El bien vivir es laico; caso contrario, es un reciclaje del discurso que da prelación al embrión por sobre los derechos de las mujeres, y que reproduce las dobles morales y los dobles estándares que legitiman –por acción u omisión- que los curas exijan más nacimientos, mientras sus abusos sexuales contra niñas y niños quedan impunes. En este 28 de Septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto, exigimos y demadamos de nuestros Estados: Las condiciones para que la realización del aborto sea legal, gratuita, segura y accesible para todas las mujeres que lo decidan. El cese de las persecusiones judiciales, selectivas y abusivas de mujeres que han abortado, las cuales afectan mayormente a las mujeres más pobres. El encarcelamiento de mujeres por esta causa en nuestros países constituye una injusticia incalificable. 4
Declaraciones y Acciones de la Región
Medidas urgentes para evitar que la objeción de conciencia en hospitales públicos y otros contextos institucionales se convierta en un obstáculo al ejercicio de derechos o ponga en peligro la salud o las vidas de las mujeres. Acciones para garantizar la seguridad de las defensoras de los derechos de las mujeres, en particular los sexuales y los reproductivos, en todos aquellos países donde éstas enfrentan persecuciones, intimidación y amenazas. Reafirmar y proteger el carácter laico y plural de la democracia, evitando injerencias indebidas de extremistas religiosos que afecten la realización de reformas legales y/o la puesta en marcha de políticas públicas tendientes a mejorar la salud de las mujeres y el ejercicio de sus derechos. Seguiremos luchando para que nuestros Estados sean laicos y nuestras democracias nos respeten como ciudadanas plenas porque EL ABORTO LEGAL Y SEGURO ES UNA CUESTIÓN DE DERECHOS Y UNA CUESTIÓN DE DEMOCRACIA.
RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y DEL CARIBE RSMLAC 28 de Septiembre: La reivindicación feminista por la autonomía y autodeterminación del propio cuerpo La ciudadanía de las mujeres tiene su mayor expresión en la libertad y autonomía sobre sus cuerpos, territorio personal y privado sobre el cual deben tener la capacidad de decidir soberanamente, es decir, libres de coacción, control o violencia. Dicho ejercicio libertario da cuenta, entonces, de su capacidad para autodeterminarse en temas tan relevantes como la reproducción y la sexualidad. Por lo tanto, la defensa de la libertad sexual y reproductiva y del control del propio cuerpo constituye un elemento central de la agenda feminista, y debe ser considerada un principio ético político irrenunciable. El acceso al aborto legal, seguro y gratuito forma parte intrínseca de la autonomía sexual y reproductiva, y se sustenta no solo en consideraciones sanitarias, sino más bien en la perspectiva de las mujeres como sujetas de derechos, con plena capacidad moral para tomar las decisiones más favorables de acuerdo a sus necesidades y realidades de vida. En ese sentido, numerosas reflexiones acerca de la penalización del aborto que aún persiste en numerosos países y de los costos implícitos en dicha prohibición, enfatizan que este castigo atenta directamente contra el goce de una serie de derechos humanos consagrados de las mujeres, entre otros: • El derecho a la vida • El derecho a la libertad y seguridad personales • El derecho a gozar del más alto nivel de salud • El derecho a la igualdad y a la no discriminación • El derecho a la autodeterminación • El derecho a no ser sometida a torturas • El derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias • El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión • El derecho a controlar su propia fecundidad • El derecho a la privacidad • El derecho a contar con servicios de salud reproductiva y acceso al aborto seguro para responder a las necesidades de salud. • El derecho a los beneficios del progreso científico • Los derechos sexuales y reproductivos La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC, uno de cuyos principios de acción prioritarios es, precisamente, la defensa irrestricta de la libertad sexual y reproductiva y del derecho al aborto como derecho humano, ha estado comprometida con las acciones y discusiones relativas al tema que se desarrollan en nuestra región desde hace décadas. Asimismo, es integrante de la campaña regional 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, participando en su fundación y lanzamiento, y organizando en octubre de 1992, junto con Católicas por el Derecho a Decidir, CDD, de Uruguay, la reunión de Piriápolis donde se discutieron “Aspectos éticos y legales en la implementación del aborto”. De sus acuerdos y conclusiones surgió la primera 6
coordinación de la campaña que estuvo en manos de CDD y que hoy reside en la Colectiva Mujer y Salud de República Dominicana, la que ha lanzado su llamado a la acción 2012: Aborto legal y seguro. Una cuestión de Derechos, una cuestión de Democracia. La Campaña 28 de Septiembre da cuenta, entonces, de una voluntad conjunta de múltiples organizaciones que hace ya 22 años acordaron realizar esfuerzos y compartir estrategias destinadas a afirmar la ciudadanía plena sobre sus cuerpos, promoviendo acciones en cada uno de los países a partir de llamados a la acción definidos según la contingencia regional y las realidades locales. Sin embargo, los cambios culturales, sociales, políticos y legales que permitirían sustentar y reconocer el ejercicio de la libertad sexual y reproductiva de las mujeres no se han producido sino a paso muy lento, no solo en nuestra región sino en todo el mundo. Incluso asistimos a retrocesos en algunos avances ya logrados, lo que hace necesario repensar y rediseñar los abordajes políticos de la demanda del aborto, ampliando alianzas con otros sectores sociales, reforzando la defensa del Estado laico, renovando discursos que centren el debate no en aspectos sanitarios sino de igualdad, libertad, derechos y ciudadanía de las mujeres. Efectivamente, el ejercicio de una maternidad voluntaria y no impuesta, sigue truncado por la persistencia de la discriminación social de las mujeres a quienes el patriarcado continúa expropiándoles el poder de decisión sobre sus cuerpos, a través de leyes punitivas, de la imposición de una añeja tutela moral religiosa, de la violencia explícita y simbólica. Al mismo tiempo, permanece el perverso doble discurso social que permite el aborto clandestino e inseguro, al igual que la sanción y encarcelamiento de mujeres pobres y jóvenes que abortan, mientras las mujeres con recursos pueden hacerlo en forma segura y sin castigo, todo lo cual da cuenta de un problema de justicia social inaceptable. No podemos olvidar que América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo donde persisten las leyes más restrictivas y punitivas sobre el aborto, pese a lo cual se producen más de 4 millones de abortos inducidos, la mayoría clandestinos. Es decir, en nuestro contexto, la vida y salud de las mujeres tienen escaso o ningún valor, y sus opciones sexuales y reproductivas chocan contra el poder hegemónico de los Estados, las iglesias, el conservadurismo moral y político. Ante ello, decimos: Basta ¡ ¡Aborto seguro y legal ahora!!
POR NUESTROS CUERPOS Y NUESTRAS VIDAS CLADEM El Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer, CLADEM, red de organizaciones y mujeres activistas en más de 13 países de la región exigimos en este día que los Estados respeten los derechos reproductivos de las mujeres. La ciudadanía empieza en democracia, por decidir en libertad y sin coerción sobre el propio cuerpo, el poder optar sexualmente sin temor a la discriminación o violencia. No hay ciudadanía real para las mujeres si nuestros cuerpos están colonizados y/o controlados por políticas y leyes que nos colocan como personas que deben ser tuteladas por el Estado. Reivindicamos que la autonomía reproductiva es un derecho humano de las mujeres y se traduce en la posibilidad de decidir si tenemos o no hijos, cuántos, con qué intervalos y con quién; la posibilidad de interrumpir un embarazo no deseado o forzado; de contar con el asesoramiento y los medios para prevenir un embarazo no deseado, para acceder a él a través de nuevas tecnologías, o para llevarlo a cabo sin riesgos; para tener partos seguros y prevenir y evitar la morbilidad y mortalidad materna. Reivindicamos que la sexualidad es una dimensión constituyente de la dignidad de las personas, que se expresa como el derecho a la autonomía sexual, consistente en ejercer la ciudadanía sobre el propio cuerpo y en el poder de decisión sobre las opciones sexuales sin temor a discriminación o violencia. Por ello es necesario que los Estados proporcionen educación sexual como estrategia de calidad de vida actual y futura. Llamamos la atención a que los distintos Comités de las Naciones Unidas han manifestado preocupación por la elevada tasa de mortalidad materna que existe en la región y que especialmente afecta a las mujeres más pobres. Frente a esto han recomendado a los Estados revisar la legislación que criminaliza el aborto. Sin embargo, los Estados con visión patriarcal continúan penalizándolo en alianza con la jerarquía de la iglesia católica y de iglesias fundamentalistas, pese a que está entre las principales causas de muerte materna. Decimos noa la criminalización de las mujeres que deciden abortar, más aún cuando su vida está en peligro o porque producto de violación sexual o incesto enfrentan un embarazo no deseado. Tal como lo establece el Comité de Derechos Humanos los Estados deben brindar el servicio de aborto terapéutico, de lo contrario violan el derecho de las mujeres a no ser sometidas a torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Exigimos a los Estados que revisen su legislación en materia de aborto y que prevean excepciones a la prohibición total del aborto ante casos que ponen en riesgo la vida de las mujeres, embarazos productos de violación o incesto, tal como lo han recomendado el Consejo de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en distintas observaciones finales. Denunciamos que aún en los Estados donde existen estas excepciones a la ley y se permite la interrupción legal del embarazo bajo ciertas circunstancias como salvar la vida, la salud o en casos de violación, se dificulta su acceso en los hospitales públicos por falta de información, de servicios amigables y con calidad y por la tan aludida “objeción de consciencia” de los servidores/as públicos/as Estos casos muchas veces son judicializados constituyendo una práctica institucional innecesaria e ilegal que coloca en mayor riesgo a las mujeres. Convocamos a todas las personas, a las organizaciones de derechos humanos, a los Estados y a la comunidad internacional a no dar un paso atrás por el avance de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El aborto es una problemática que requiere ser analizada desde la perspectiva de los derechos humanos, como un problema social y de salud pública.
¡EXIGIMOS RESPETO IRRESTRICTO A LA LAICIDAD DE LOS ESTADOS DE LA REGIÓN! ¡AUTONOMÍA SEXUAL Y REPRODUCTIVA, YA!
YO ACUSO ¡Yo ACUSO al Estado de Nicaragua!
Por su actitud negativa e insensible a nuestros derechos humanos y negarnos a las mujeres el derecho a la vida. Por ser responsable de la muerte de niñas, adolescentes y mujeres que no han encontrado respuesta a embarazos impuestos. Por no asumir su responsabilidad ante la salud las mujeres y la interrupción voluntaria del embarazo. Por violentar los derechos humanos de las mujeres y dictar políticas públicas siguiendo los mandatos de la jerarquía eclesiástica, irrespetando nuestros derechos. ¡YO ACUSO a la Corte Suprema de Justicia! Por violar el derecho al acceso a la justicia del 52% de la población, las nicaragüenses, que ante la penalización total del aborto, cinco años después, estamos aún a la espera de la resolución de los Recursos que por Inconstitucionalidad y restablecer así la condición jurídica de persona humana. Dicha negativa constituye una conducta misógina, expresa claramente el menosprecio por la vida de las mujeres, y nos deja en total y absoluta indefensión, contradiciendo el derecho a la vida contenido en la Constitución Política de la República y violentando los derechos establecidos en diversos instrumentos de Derechos Humanos, entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Internacional de Derechos del Niño y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres ratificados por el Estado de Nicaragua. Denegar el acceso a la justicia o retardarla, ante la injusta penalización total del aborto, es cerrar la puerta para que las mujeres defiendan su propia vida, sobre todo las más empobrecidas y las más jóvenes. ¡YO ACUSO a la Policía Nacional! Por la negligencia demostrada en las investigaciones de los delitos que afectan a las mujeres, en contraposición de su acción persecutoria y diligente para investigar y acusar a aquellas que por circunstancias específicas se han visto en la necesidad de interrumpir un embarazo no deseado. La diligencia mostrada refleja falta de coherencia con su política institucional de género y su afán machista de seguir controlando y criminalizando el cuerpo de las mujeres. Quisiéramos que tal diligencia hubiera sido aplicada para llevar a los tribunales de justicia a los agresores de Lisette Sequeira, quien por ejercer su derecho a la protesta cívica fue secuestrada y golpeada salvajemente hasta provocarle un aborto. ¡YO ACUSO al Ministerio Público! Por ejercer la acción penal en delitos de aborto sin importarles que las mujeres a quienes acusan, son las verdaderas víctimas y el Ministerio Público por mandato de ley, las debe representar. Muchas son jóvenes o niñas abusadas sexualmente o que tienen que enfrentarse solas a las múltiples formas de violencias que significa un embarazo no deseado o impuesto por la irresponsabilidad masculina y la falta de beligerancia de la Fiscalía con los agresores. El Ministerio Público contrario a la ley, generan violencia estatal hacia las mujeres, en detrimento de su vida, libertad, dignidad, derecho a decidir y desarrollo humano. 10
¡YO ACUSO al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación!
Por no brindar atención humanizada a las mujeres que buscan servicios por complicaciones del aborto, ni actuar cuando llegan niñas y mujeres embarazadas producto de violación o abusadas y maltratadas. Por restringir el acceso universal a medicamentos que han demostrado eficacia para mejorar la salud reproductiva de las mujeres y su derecho a decidir. Por desinformar y negar acceso a métodos y técnicas que permitirían tomar decisiones responsables e informadas sobre la sexualidad y la reproducción. ¡YO ACUSO al Presidente inconstitucional Daniel Ortega y su régimen de facto Por haber sido artífices directos de la penalización total del aborto y ser el principal responsable de promover la cultura de la muerte hacia las mujeres. Por ser el máximo representante de la misoginia, el abuso sexual y violencia contra las mujeres en el país. Por ser él y todos sus subordinados, los verdaderos responsable de pervertir la institucionalidad y el Estado laico. ¡Yo ACUSO a la Asamblea Nacional! Por la violación del Estado laico, con pactos visibles con las jerarquías religiosas, ensañándose contra la libertad de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, obligándolas a recurrir a abortos clandestinos e inseguros, arriesgando su salud, integridad física, emocional y hasta sus vidas. ¡Yo ACUSO al Estado de Nicaragua! Porque no da muestras ni voluntad de cambiar la situación de retroceso en que se encuentran los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres. La penalización del aborto es sólo una muestra de ello. Es criminal obligar a las mujeres a renunciar a su propia vida. Este es un Estado que permite la impunidad de violadores, femicidas y agresores de niñas y mujeres. Los operadores/as de justicia obedecen a una estructura del sistema machita y sexista. No se reconoce a las mujeres como ciudadanas sujetas de derecho. ¡YO ACUSO AL ESTADO! ¡Sí a los derechos humanos de las mujeres! ¡Sí al derecho a decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos! ¡Queremos un Estado que proteja nuestros derechos! Aborto ilegal = Violencia institucional
EUROPA Declaraciones y Acciones de la Región
Campaña 28 de Setiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe Católicas por el Derecho a Decidir Confluencia Feminista Mesoamericana Petateras Movimiento Autónomo de Mujeres Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe Red de Mujeres contra la Violencia Red de Mujeres de Matagalpa Red de Mujeres del Norte
RESOLUCIÓN PES WOMEN (PARTIDO DE LOS SOCIALISTAS EUROPEOS) MI CUERPO, MIS DERECHOS: IGUALDAD EN LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS PARA TODAS LAS MUJERES EN EUROPA. La Igualdad de Género es uno de los pilares de nuestra familia política, como se menciona en la Declaración de Principios adoptada en el Consejo de la PES en noviembre de 2011 “construyendo sobre los logros ya adquiridos por el movimiento feminista, seguiremos luchando por la Igualdad de Género”. Lo que significa que mujeres y hombres compartan trabajo, compartan roles con la misma carga, compartan poder, compartan el tiempo, ambos por igual, tanto en la esfera pública como privada”.	Nuestra familia política ha sido siempre la precursora de los derechos de la mujer y del movimiento feminista. Ha establecido el Día Internacional de la Mujer. Ha luchado por la igualdad civil, los derechos laborales y sociales, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos. La crisis actual y una Europa dominada por la Derecha hacen peligrar los principios de Igualdad, retrocediendo de forma conservadora los derechos de la mujer. La Derecha ha reducido el acceso de la mujer al mercado laboral, empujándola a desempeñar, de nuevo, los roles tradicionales de madres, amas de casa. También ha frenado el empoderamiento de la mujer, su independencia social y económica, así como todos los progresos democráticos conquistados a través de las políticas de Igualdad de Género. Otro sorprendente ejemplo de este retroceso conservador es el retroceso en los derechos sexuales y reproductivos. A la vez que nosotros hemos conseguido significativos progresos en los derechos sexuales y reproductivos, en pocos años, en varios países europeos, los gobiernos conservadores han invertido la tendencia y restringido los derechos sexuales y reproductivos o los ha eliminado. En Hungría, Irlanda y España, se están modificando las leyes sobre estos derechos, con el objeto de prohibir y criminalizar el aborto, de restringir los programas de planificación familiar y limitar la libre elección de la mujer. Los derechos sobre la salud sexual y reproductiva - uno de los logros de desarrollo del milenio que debe alcanzarse en el 2015- van más allá del derecho a la salud. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos básicos que contribuyen al empoderamiento de la mujer en el campo social, económico y financiero. La conquista y la consolidación de los derechos de la mujer llevan al desarrollo progresivo de su posición en la sociedad, en general, y asegura su bienestar personal y social. Por lo que todas las mujeres deberían poder acceder a los servicios médicos y de asistencia sanitaria, de forma segura y legal, incluyendo el aborto. Y en todos los estados miembros de Europa debería estar garantizado el principio de igualdad de oportunidades y de justicia social. PES Women defiende, para todos los estados miembros de la UE, proteger y ampliar de manera significativa el derecho al acceso y elección a la información; a la educación sexual de chicas y chicos; a la asistencia médica incluyendo el aborto; a los servicios médicos; a la prevención y los medios anticonceptivos, como son los condones femeninos, y los anticonceptivos de emergencia. PES Women quiere luchar contra los tabúes aún existentes sobre los derechos sexuales y reproductivos incluyendo el aborto. Por ello debemos promover políticas de investigación científica y secular. PES Women no puede permitir un retroceso conservador, que marginalice los derechos de la mujer y las con14
dene a situaciones vulnerables, inseguras y clandestinas. Tenemos que asegurar la libertad de decisión de las mujeres. En 2010, PES Women organizó la campaña “Mi cuerpo, mis derechos”, que defendía los derechos a la libertad sexual y reproductiva de todas las mujeres en Europa, incluidas las inmigrantes. Continuaremos luchando bajo este lema para promover la concienciación y aumentar la presión sobre los gobiernos a fin de reforzar los logros progresistas respecto a los derechos sexuales y reproductivos. No permitiremos la restricción de derechos fundamentales debido a la crisis económica, a creencias religiosas o basados en argumentos a los desafíos demográficos. PES Women apoya las iniciativas y acciones llevadas a cabo en toda Europa (España, Irlanda, Rumanía, Reino Unido...), especialmente el 28 de Septiembre del 2012, en el “Día Mundial por el derecho al aborto seguro y legal” con el fin de salvaguardar y fortalecer la libre elección y acceso al aborto de las mujeres.
FRENTE NACIONAL CONTRA A CRIMINALIZAÇÃO DAS MULHERES E PELA LEGALIZAÇÃO DO ABORTO Nota pública
O ABORTO NÃO DEVE SER CRIME! Este ano as mobilizações em torno do dia 28 de setembro - Dia Latino-Americano de Luta pela Despenalização do Aborto – ganham dimensão internacional em todo o mundo organizações e movimentos sociais democráticos estão chamados a posicionarem-se. No Brasil, às vésperas das eleições municipais e no contexto do processo de reforma do Código Penal, vimos a público repudiar a ação de grupos políticos conservadores que, em nome da defesa da vida, tratam a problemática do aborto de forma irresponsável com os direitos humanos e a vida e saúde das mulheres brasileiras. Na revisão do Código Penal brasileiro, em curso no Congresso Nacional, reconhecemos a valiosa tentativa de se ampliar os permissivos para a prática do aborto proposta pela Comissão de Juristas. No entanto, prevalece no momento tendência de recrudescimento da criminalização, presente em grande parte das propostas de revisão. Há fortes riscos de que tenhamos um novo código penal com fortalecimento do Estado policial em detrimento do Estado democrático. Nas eleições, não é de hoje que questões da reprodução são tomadas como estratégia eleitoreira. Em anos passados assistimos a práticas condenáveis da troca de votos por ligadura de trompas. Na esteira da ausência de políticas que efetivem direitos, na impossibilidade de controlar a própria fertilidade de maneira segura e autônoma, milhares de mulheres já se viram obrigadas a receber este tipo de ‹ajuda› de candidatos e candidatas conservadores. No presente, não são poucos os candidatos e candidatas que se apressam em condenar o aborto e as mulheres e divulgam amplamente sua posição como estratégia para conferir uma pseudo seriedade e idoneidade a suas campanhas.
Certamente as mulheres gostariam de nunca precisar abortar, mas sabemos que nenhuma mulher está livre de um dia precisar abortar. Como demonstram inúmeros estudos e pesquisas e conforme anunciam e denunciam os movimentos de mulheres, a gravidez indesejada é resultante de muitas situações sociais: violência sexual, abuso e exploração sexual, recusa de uso de método contraceptivo por parte dos homens, falhas nos métodos de contracepção, limite de informação e de acesso aos métodos para as mulheres jovens e solteiras, bloqueios diversos a laqueadura de trompas, gestação de fetos anencéfalos, risco de morte para a gestante. Os mesmos atores que lideram o processo de criminalização do aborto condenam e tentam impedir iniciativas de educação sexual para adolescentes, pretendem proibir e criminalizar a venda e distribuição da contracepção de emergência, que evita que uma gravidez indesejada se instale, pretendem impedir o acesso das mulheres a informações científicas e seguras sobre métodos de aborto, fecham os olhos para os limites 16
dos serviços públicos na oferta de métodos contraceptivos, negam a diversidade de situações enfrentadas por mulheres quando precisam abortar e querem retirar os permissivos de aborto em caso de estupro e risco de morte que estão previsto no código penal brasileiro desde 1940.
A simples criminalização do aborto não resolve esta problemática. Ao contrário, a criminalização promove sofrimento, adoecimento e até morte das mulheres, seja por maus tratos nos serviços de saúde, seja por abandono e discriminação de familiares e da vizinhança, seja por colocar as mulheres na clandestinidade, recorrendo a serviços precários de abortamento. Por isto, neste 28 de setembro, conclamamos a todos e todas se posicionarem por uma reforma democrática do Código Penal que amplie direitos e cidadania. O aborto praticado por decisão da mulher não deve ser tratado como assunto policial, mas deve ser regulamentado no âmbito da política publica de saúde cumprindo a necessidade de sua legalização e respeito à decisão soberana das mulheres sobre suas vidas. NENHUMA MULHER DEVE SER PRESA, PUNIDA OU MALTRATADA POR TER FEITO UM ABORTO!http:// frentenacionalabortolegal.blogspot. com.br/
ABORTO LEGAL Y SEGURO: UNA CUESTIÓN DE DERECHOS, UNA CUESTIÓN DE DEMOCRACIA. Declaración por el 28 de Septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Arribamos a este 28 de Septiembre con el triste reconocimiento de que a las mujeres dominicanas se nos sigue negando la libertad de decidir y el acceso al Aborto legal y seguro, transgrediendo de esa manera, la autonomía corporal, sexual y reproductiva. La sanción a la interrupción del embarazo en todas las circunstancias resulta violatorio de los Derechos Humanos de las mujeres y les niega o lesiona su derecho a la vida, a la salud, a la autonomía, a la integridad personal, a la libertad de conciencia y a no ser discriminada, ni sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Seguimos siendo ciudadanas de segunda categoría y nuestras vidas tuteladas por las jerarquías masculinas que dominan los partidos políticos, las iglesias y el Congreso. Los efectos de la penalización de la interrupción del embarazo en todas las circunstancias profundizan la injusticia social, en tanto obligan a las mujeres de escasos recursos económicos a recurrir al aborto en condiciones insalubres, inhumanas y peligrosas, poniendo en riesgo su vida y su salud. Amén de poner en entredicho la calidad de la democracia y la vigencia misma del Estado de Derecho establecido en nuestra Constitución. La penalización absoluta del aborto viola los estándares mínimos de justicia social y equidad, y los compromisos internacionales que sobre derechos humanos ha asumido el Estado Dominicano, en especial, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Los comités de vigilancia de estos instrumentos internacionales de Derechos Humanos ratificados por nuestro país, han señalado en reiteradas ocasiones al Estado Dominicano la necesidad de modificar la legislación que penaliza el aborto en todas las circunstancias. Recientemente el Comité de Derechos Humanos en su recomendaciones sobre la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, llamó al Estado Dominicano revisar su legislación sobre el aborto y prever excepciones a la prohibición general del mismo por razones terapéuticas y en los casos en que el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto. Resulta inaceptable, que en la República Dominicana el aborto sea objeto de sanción penal de manera absoluta, mientras la tendencia en el mundo es a la promulgación de leyes que van, desde la despenalización total, hasta la despenalización en al menos algunas circunstancias. En consideración de lo planteado, exhortamos al gobierno dominicano a: 1. Reformar sin dilación la legislación nacional a los fines de garantizar a todas las mujeres el acceso al aborto legal y seguro; 2. Tomar todas las medidas a su alcance para garantizar el pleno respeto a la capacidad de las mujeres para decidir de manera autónoma sobre su sexualidad y su reproducción, en especial sobre la interrupción de embarazos no deseados; 18
3. Proteger el carácter laico y plural de la democracia y tomar acciones para evitar la injerencia de sectores integristas, religiosos y ultraconservadores que afectan la puesta en marcha de políticas públicas y reformas legales sobre salud y derechos sexuales y reproductivos; 4. Tomar todas las medidas a los fines de evitar más “Esperancita”. Reiteramos que constituye crueldad e inmoralidad extrema la prohibición del aborto por causales. Obligar a una mujer a llevar a término un embarazo que no desea o que no está en condiciones de asumir es un acto barbárico, que refuerza nuestra subordinación de género y que, en efecto, nos reduce a la condición de bestias biológicas. El derecho a decidir es pre condición para la ciudadanía plena de las mujeres. Hoy, 28 de septiembre, organizaciones de mujeres y sociedad civil de toda América Latina visitarán las embajadas dominicanas para unirse a nuestro reclamo y como parte de la solidaridad y el internacionalismo en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Aborto Ilegal: Violencia Estatal. Colectiva Mujer y Salud.
CARTA ABIERTA A LA SOCIEDAD CHILENA Aborto legal y seguro, deuda de justicia, libertad y ciudadanía de las mujeres La libertad de decidir y el acceso garantizado al aborto legal y seguro es una condición imprescindible de la ciudadanía de las mujeres, en tanto alude a su autonomía corporal, sexual y reproductiva. Esta es una materia pendiente del Estado chileno, que se ha negado a debatirla en su institucionalidad parlamentaria. Por siglos, la sexualidad y la reproducción han sido los ejes sobre los que se ha construido el control y la subordinación social de las mujeres, asignándoles la maternidad como su función primaria, mientras que el ejercicio de su sexualidad sigue indisolublemente ligado al mandato impuesto por las normas del sistema sexo-género, las religiones y las instituciones. Las mujeres chilenas hemos luchado históricamente por el reconocimiento de nuestra condición de ciudadanas plenas, con derecho a decidir en libertad sobre nuestros cuerpos y sobre los aspectos fundamentales para el desarrollo de nuestras vidas. Una democracia que se precie de tal no puede permitir leyes que regulen que las mujeres vivan sometidas a las decisiones de otros. En este marco, el acceso al aborto seguro y legal es imprescindible para la realización de nuestros derechos humanos. Toda mujer puede verse enfrentada a la decisión de abortar y las leyes punitivas no evitan los abortos, sino que fomentan las prácticas clandestinas y peligrosas. Colocan así en riesgo la vida y la salud de las mujeres más pobres y las jóvenes, lo que refuerza desigualdades de género y clase. Despenalizar el aborto significa respetar los principios de libertad y autonomía y garantizar el derecho de las mujeres a decidir, basándose en sus propias convicciones, deseos, creencias y circunstancias. La penalización del aborto transgrede los estándares mínimos de justicia social y equidad, y los compromisos que el Estado chileno ha asumido en conferencias mundiales y frente al sistema internacional de derechos humanos, en especial la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación a la Mujer (CEDAW), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Los comités de vigilancia de estos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por nuestro país, han señalado en reiteradas ocasiones al Estado chileno la necesidad de modificar la legislación que penaliza el aborto en toda circunstancia. Pero este ha rechazado las recomendaciones, demostrando su negligencia con la vida y titularidad de derechos de las mujeres, atropellando su libertad de decisión, lesionando su dignidad humana e interviniendo arbitrariamente su proyecto de vida. El Parlamento ha sido cómplice directo de esta situación, ya que desde los años 90 se ha negado a debatir un problema que compromete la vida, libertad y ciudadanía de la mitad de la población chilena. La Articulación Feminista por la Libertad de Decidir, este 28 de Septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, hace un llamado urgente a la sociedad chilena toda, a los diversos movimientos sociales, a los partidos políticos y a la academia para que, recuperando el carácter laico del Estado chileno, ampliemos la democracia, la justicia sexual y económica para las mujeres y construyamos una mayoría que exija el debate y la aprobación de una ley de aborto legal y seguro. Articulación Feminista por la Libertad de Decidir, Punto FocalCampaña 28 de Septiembre Por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe 20
ABORTO LEGAL Y SEGURO: UNA CUESTIÓN DE DERECHOS, UNA CUESTIÓN DE DEMOCRACIA: Taller Salud se une a la campaña del 28 de septiembre, Día de por la Despenalización del aborto en Latinoamérica y el Caribe El haber abortado alguna vez, a menudo es el gran secreto que mantienen muchas mujeres, aun cuando el aborto es legal en Puerto Rico. Es como si hubiésemos hecho algo incorrecto, algo que nos minimizara o convirtiera en malas personas, y continuamos cargando esta decisión con el peso de la culpa o la vergüenza. Mientras nuestra decisión, en vez de verse como una práctica de salubridad, conciencia y compromiso social, sea un secreto, quienes hacen legislación aprovecharán nuestro silencio y basándose en conceptos moralistas intentarán hacer ilegal un derecho adquirido. Entonces, la mujer continuará siendo aislada y reprimida en torno a su sexualidad y derechos reproductivos y la sociedad continuará ignorando los problemas reales que causa el aborto ilegal e inseguro. La campaña: “Yo aborté y estoy en paz” de Taller Salud es parte de la campaña del 28 de septiembre, Día por la Despenalización del aborto en Latinoamérica y el Caribe (1990), la cual es convocada este año por primera vez de manera internacional. En Taller Salud elegimos 5 historias distintas de mujeres que han abortado alguna vez en su vida y que están en paz con su decisión. Estas mujeres eligieron de manera consciente e informada. La campaña es una respuesta a las modificaciones del Nuevo Código Penal aprobado en Puerto Rico, que castiga con penas de cárcel de 3 años a las mujeres que se practiquen abortos en la isla, aun cuando de acuerdo a decisiones del Tribunal Supremo de E.U. y de PR, el aborto es un derecho constitucional protegido por el derecho a la intimidad. En este 28 de septiembre de 2012, las mujeres reclamamos que no daremos un paso atrás en torno a los derechos reproductivos que hemos alcanzado. Estamos convencidas de que los estados no pueden imponer una moral única ante la diversidad de pensamientos y creencias de la población de un país. Las mujeres debemos poder decidir sobre nuestro cuerpo, nuestra sexualidad y nuestra vida.
Aborto ilegal, ¡Nunca Más! Aborto legal, seguro y accesible: cuestión de derechos, de salud y de democracia.
LAS MUJERES SEGUIMOS EN MOVIMIENTO POR NUESTROS DERECHOS Las organizaciones de mujeres y feministas hemos sostenido una larga y renovada lucha desde la recuperación
de la democracia por la defensa de los derechos humanos de las mujeres y en esta lucha, el derecho a la autonomía física ha sido un componente central de la misma.
Ante el tratamiento en el pleno de la Cámara de Diputados del proyecto recientemente aprobado en la Comisión Especial de Salud sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo, el próximo 25 de setiembre, queremos expresar públicamente nuestro posicionamiento. Este proyecto no responde mínimamente a las demandas históricas de las organizaciones de mujeres, no se despenaliza el aborto, sino que se suspende la aplicación de la pena en determinadas circunstancias y condiciones. La conducta delictiva permanece aún cuando se cumpla con el proceso administrativo exigido para el acceso a la práctica del aborto. Las mujeres quedan exentas de la pena pero no del proceso penal, fuera de este procedimiento serán penalizadas, el delito del aborto se mantiene incluso dentro de las doce semanas y eso es inadmisible. La estigmatización social de quienes recurren a esta práctica y el mensaje de disciplinamiento sobre el cuerpo de las mujeres se perpetúa. El procedimiento dispuesto para acceder al aborto dentro del sistema de salud es complejo y discriminatorio para las mujeres al ser sometidas a “defenderse” ante un Tribunal que hurgará sobre los motivos de su decisión y les impondrá un plazo de 5 días para reflexionar La duda sobre la capacidad de las mujeres de decidir responsablemente sobre sus acciones, demuestran que el tutelaje del patriarcado está presente y las obliga a expresar su “voluntad” en un marco de presión y violencia institucional. Las exigencias para acceder al aborto en caso de violación o incesto son desmedidas y vulneran los derechos de las mujeres y las adolescentes, revictimizándolas, sin considerar las situaciones traumáticas de quienes han transitado por episodios de violencia sexual. La habilitación de la objeción de conciencia institucional en el marco normativo de este proyecto es preocupante, la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso a servicios de interrupción voluntaria del embarazo en todo el Sistema Nacional Integrado de Salud es imprescindible para proteger el derecho a la salud de las mujeres y respetar su decisión.La ciudadanía ha expresado la necesidad de un cambio legal que se adecue a la realidad social, los y las legisladoras tienen la oportunidad de avanzar en una normativa que refleje estas aspiraciones que hacen a un sistema político laico y democrático. En nuestro país cada vez que una mujer decide practicarse un aborto, está incurriendo en un delito, la criminalización del aborto, la estigmatización social, la maternidad forzada y la clandestinidad son las caras de una situación de injusticia social y de inequidad de género cuyos costos recaen en el cuerpo de las mujeres. En el marco del 28 de setiembre Díaporla Despenalización del Aborto de América Latina y el Caribe, adherimos a la Campaña Aborto Legal y Seguro: una cuestión de Derechos, una cuestión de Democracia y exigimos que las mujeres uruguayas puedan decidir con libertad y dignidad la interrupción del embarazo. Declaraciones y Acciones de la Región
Los derechos humanos de las mujeres no se negocian, se reconocen y se cumplen, NO ACEPTAMOS MENOS. Coordinaci贸n General CNSmujeres
A OÍDOS SORDOS, PALABRAS CLARAS 21 de setiembre de 2012
Ante el hecho de no haber sido consideradas las observaciones presentadas por la Coordinadora por el Aborto Legal a la Comisión Especial de Diputados sobre el último proyecto acordado (Posadas – FA) de “Interrupción Voluntaria del Embarazo”, las hacemos públicas para que puedan ser analizadas por la sociedad. Nos permitimos extendernos en el comunicado de forma para explicar qué implicancias prácticas tiene el proyecto de Ley a ser votado el 25 de setiembre próximo en el Plenario de Diputados. Artículo 2° “La interrupción del embarazo no será penalizada, y en consecuencia no serán aplicables los artículos 325 y 325 bis del Código Penal, para el caso que la mujer cumpla voluntariamente con los requisitos que se establecen en los artículos siguientes y se realice antes de las 12 semanas de gravidez.” ¿Qué significa este artículo? 1. Que NO despenaliza la Interrupción voluntaria del embarazo, apenas “suspende” la pena siempre y cuando se cumplan con todos los trámites y plazos establecidos en los artículos siguientes de la ley. 2. Que la misma conducta fuera de ese procedimiento será penalizada. Si una mujer interrumpe su embarazo antes de las doce semanas y lo hace en su hogar, puede ser penalizada. 3. Como el aborto seguirá siendo un delito aunque la mujer cumpla con todo el procedimiento puede ser denunciada. Artículo 3° “Dentro del plazo establecido en el artículo anterior de la presente ley, la mujer deberá acudir a consulta médica ante una institución del Sistema Nacional Integrado de Salud, a efectos de poner en conocimiento del médico las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales o familiares o etarias, que a su criterio, le impiden continuar con el embarazo en curso. (…) En particular, el equipo interdisciplinario deberá constituirse en un ámbito de apoyo psicológico y social a la mujer, para contribuir a superar las causas que puedan inducirla a la interrupción del embarazo, y garantizar que disponga de la información para la toma de una decisión consciente y responsable. A partir de la reunión con el equipo interdisciplinario, la mujer dispondrá de un período de reflexión mínimo de 5 (cinco) días, transcurrido el cual, si la mujer ratificara su voluntad de interrumpir su embarazo ante el médico ginecólogo tratante, se coordinará de inmediato el procedimiento, que en atención a la evidencia científica disponible, se oriente a la disminución de riesgos y daños. La ratificación de la solicitante será expresada por consentimiento informado, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 18.335, de 15 de agosto de 2008 e incorporada a su historia clínica.” ¿Qué significa este artículo? 1. Que no se le reconoce a la mujer el Derecho a decidir libremente sobre su vida, su maternidad. 2. Que la función del equipo multidisciplinario que se entrevista con la mujer es de convencerla para Declaraciones y Acciones de la Región
que NO se practique el aborto. 3. Que el proceso previsto es engorroso y legalmente injustificado: entrevista con médico, entrevista con “Tribunal” exponiendo las “penurias”, plazo mínimo de reflexión de cinco días, presentación para dejar por escrito su decisión, y recién allí comienza la intervención para la efectiva interrupción del embarazo. 4. Que las mujeres tengan que relatar “sus penurias” ante un Tribunal es discriminatorio de quienes deciden interrumpir el embarazo, las que deben ubicarse en una situación de “humillación” para no ser castigadas, transformándose en un obstáculo, cuando no en un instrumento de presión, para evitar los procedimientos. Artículo 6º: “Fuera de las circunstancias, plazos y requisitos establecidos en los artículos 2º y 3º de esta ley, la interrupción del embarazo solo podrá realizarse: a) cuando la gravidez implique un grave riesgo para la salud de la mujer. En estos casos se deberá tratar de salvar la vida del embrión o feto sin poner en peligro la vida o la salud de la mujer. b) cuando se verifique un proceso patológico, que provoque malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. c) cuando fuera producto de una violación acreditada con la constancia de la denuncia judicial, dentro de las catorce semanas de gestación.” ¿Qué significa este artículo? 1. Que aún teniendo la mujer un grave riesgo de salud se debe tratar de “salvar la vida del embrión o feto”, hecho que la ubica en situación de gran indefensión y riesgo de vida. 2. Que las mujeres o adolescentes embarazadas como resultado de violación o incesto (conductas punibles, delictivas) tengan hasta las 14 semanas para abortar es un retroceso en la legislación vigente, no considera la situación de vulneración en que se encuentra una adolescente o mujer luego de haber sufrido dicho delito. La ley vigente del año 1934 no exige a las mujeres que se encuentran en estas circunstancias plazos para realizar un aborto. Artículo 10º: “Todas las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud tendrán la obligación de cumplir con lo preceptuado en la presente ley. A tales efectos, deberán establecer las condiciones técnico-profesionales y administrativas necesarias para posibilitar a sus usuarias el acceso a dichos procedimientos dentro de los plazos establecidos. 26
Las instituciones referidas en el inciso anterior, que tengan objeciones de ideario preexistentes a la vigencia de esta ley, con respecto a los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo que se regulan en los artículos anteriores, podrán acordar con el Ministerio de Salud Pública, dentro del marco normativo que regula el Sistema Nacional Integrado de Salud, la forma en que sus usuarias accederán a tales procedimientos. “ ¿Qué significa este artículo? 1. Que la ley no prevé ninguna sanción a los servicios de salud que NO CUMPLAN con los plazos. 2. Al día de hoy no se han implementado en todo el Sistema Integrado de Salud los servicios exigidos en la Ley 18.426 vigente desde 2008. 3. ¿Qué sucede si una mujer comienza el trámite exigido en la ley para abortar pero el mismo no se completa antes de las 12 semanas de embarazo por responsabilidad de la mutualista o del hospital? ¿En qué situación queda la mujer? ¿Quién se hace responsable del incumplimiento y de la solución? Ninguno de los planteos, propuestas y cuestionamientos realizados por la Coordinadora por el Aborto Legal fueron tomados en cuenta para votar este proyecto. Lamentamos profundamente que el Parlamento le haya dado la espalda a las mujeres y a la sociedad civil organizada.
ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS ACREDITADAS PARA LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO
DÍA INTERNACIONAL POR LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO - POR UN ABORTO LEGAL Y SEGURO. La reforma anunciada por Justicia situaría a más de 73.000 mujeres de las 113.031 que abortaron en el año 2010 en nuestro país; en el limbo de la inseguridad jurídica y física; ya que el 62,35% de las mujeresque han abortado lo harían en cualquier caso. Siendo más de 3000 las que lo hacen por patología fetal. Dos circunstancias (la voluntariedad y la patología fetal) que, según lo anunciado, no estarían contempladas en la reforma de la Ley de SSR e IVE. Madrid, 28 de septiembre de 2012. En este día de Acción Global Internacional, ACAI denuncia que el Gobierno español ha emprendido una reforma que no solo contraviene todas las recomendaciones de losorganismos y tratados internacionales, sino que convierte a nuestro país en el único estado de la Unión Europea cuya legislación en relación al Aborto Provocado varía en función del signo político del partido en el Gobierno. Circunstancia que no solo menoscaba el derecho de las mujeres a decidir, sino que arroja a los/as profesionales médicos y sanitarios a una suerte de inseguridad jurídica permanente. A tenor de lo que trasciende a la opinión pública, la reforma del Gobierno pasaría por establecer centros públicos acreditados expresamente para emitir los informes pertinentes y autorizar las interrupciones. De prosperar esta disposición, la decisión de interrumpir un embarazo quedaría sujeta al signo político del gobierno autonómico y a los valores éticos e ideológicos de los facultativos que observasen los casos de las mujeres. La Asociación de Clínicas Acreditadas quiere recordar al Titular de Justicia que no se puede gobernar a espaldas de la realidad. Y la realidad nos dice que: el 48,47% de las mujeres que abortan en nuestro país lo harían en cualquier circunstancia, el 8,8% por razones de edad, motivo incambiable, siendo un 5,08% las que lo hacen por patología fetal o materna. La suma de estos porcentajes nos muestra que un 62,35% de las mujeres que abortan lo hacen por causas que no tienen un origen ni económico, ni laboral ni afectivo. ACAI quiere enfatizar que si el proyecto del Gobierno suprime la posibilidad de abortar por patología fetal grave, entre 3000 y 4000 mujeres al año, según los centros acreditados, no podrían interrumpir su embarazo por esta causa. Es decir, al dolor de asimilar una patología fetal grave en un embarazo deseado, se uniría la acusación de ilegalidad y de culpabilidad para estas mujeres. Por último, ACAI quiere recordar que las mujeres de 16 y 17 años representan tan solo entre un 3% del total de mujeres que abortan, de las cuales tan solo un 13% no pudieron comunicárselo a sus padres. Si la reforma de Gallardón obliga a que todas las menores necesiten del permiso paterno-materno para poder abortar; se estará obligando a hacerlo a menores en desamparo, en riesgo de sufrir malos tratos, mujeres nacidas fuera de España que viven emancipadas en el país, menores cuyos padres cuentan con una enfermedad paterna/ materna invalidante, con progenitores en prisión, o con padres abierta y manifiestamente contrarios al aborto. Por todo ello, ACAI, pide al Gobierno que se aleje de las opciones ideológicas y morales que se sitúan a la derecha del propio Partido Popular. Los/as profesionales piden al Ejecutivo que legisle para todas las mujeres, acorde con la situación real y en conformidad con la legislación europea predominante. 28
El protocolo porteño de atención de los abortos no punibles es otra muestra del desinterés por la vida de las mujeres de nuestros gobiernos. Tanto el Gobierno nacional como el de la Ciudad tergiversan la exhortación de la Corte Suprema para garantizar a todas las mujeres este derecho humano clave. La Ciudad demoró seis meses para producir un protocolo que deja a las mujeres cautivas del poder médico, incluso obliga a los médicos a documentar en la historia clínica todas las alternativas terapéuticas y explicar por qué descarta cada una, y esto debe ser convalidado por el director/a del hospital. De esta forma, pasamos de la judicialización a la medicalización de un derecho de las mujeres. Además, limita la práctica al período de 12 semanas certificado ecográficamente, que junto a la obligación de posponer la declaración jurada cinco días para que la mujer considere la información recibida, incluida la adopción, revictimiza a las mujeres y desconoce que esto es un pedido de la mujer basado en un derecho y no un problema de práctica médica. Por último, al ignorar los derechos de los niños y la legislación que los resguarda, exigiendo que las menores de edad requieran la autorización de los padres o representantes legales, culmina la vulneración de derechos. Esto se debe a que el Ministerio de Salud de la Nación no asumió su responsabilidad de garante de las políticas de salud al no aprobar por resolución la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles, elaborada en ese ministerio en 2010, y tampoco consensuó la respuesta con las provincias a través del Consejo Federal de Salud. Esta omisión deja a las mujeres libradas a distintas respuestas a sus derechos, algo inadmisible porque un requisito básico de los derechos humanos es su universalidad. Requisito que en el país está afectado si cada jurisdicción tiene una modalidad diferente y muchas sólo garantizan parcialmente este derecho o lo niegan. Esto no es federalismo, es una violación de los derechos de las mujeres que compromete no sólo su salud, sino su vida. por Mabel Bianco Presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Argentina. Sabado 15 de septiembre en Diario Perfil http://www.perfil.com.ar/ediciones/2012/9/edicion_710/contenidos/noticia_0025.html
DESPENALIZACION DEL ABORTO, UN DERECHO VITAL PARA LAS MEXICANAS Nuestra Carta Magna garantiza a todas las mujeres de México una vida digna y saludable. Sin embargo los prejuicios conservadores han impedido que ese derecho sea una realidad en la mayor parte del territorio nacional, debido a leyes injustas. Uno de los derechos de las mujeres —asumidos por México en diversos compromisos internacionales, como la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, de Beijing, y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, entre muchos otros— es el relacionado con su salud y capacidad de decidir sobre su propio cuerpo y maternidad. Cuando las mujeres mexicanas mueren por carecer de leyes que garanticen servicios médicos adecuados para los casos de interrupción del embarazo, el Estado incumple con los múltiples compromisos internacionales asumidos en la materia. La excepción es el Distrito Federal, que cuenta con la Interrupción Legal del Embarazo, dentro de las primeras doce semanas de gestación, que permite a las mujeres ejercer ese derecho de manera libre, responsable e informada, con servicios médicos seguros y gratuitos. La persistencia de condiciones sociales desfavorables, sumada a una insuficiente educación sexual laica y científica, así como la carencia de métodos anticonceptivos disponibles y accesibles, derivan con frecuencia en embarazos no deseados. El punto que cierra este círculo opresor es el estigma social y el castigo legal para las mujeres que intentan liberarse, al interrumpir sus embarazos. Es responsabilidad del Estado mexicano cumplir con los compromisos asumidos ante el mundo en materia de derechos de las mujeres. La clase gobernante de México tiene en sus hombros la responsabilidad de velar por la salud y la vida de toda la población. Resulta un terrible desatino abandonar a su suerte a miles de mujeres que en México abortan cada año en la clandestinidad y bajo condiciones que ponen en peligro su salud y sus vidas. Pero lo más grave es que aquellos que dicen legislar y gobernar para la ciudadanía, dejen de cumplir sus obligaciones por obedecer los lineamientos provenientes ajenos al estado laico mexicano, con lo cual traicionan de manera flagrante su juramento de servir a la Nación. Para que las mujeres de todo México podamos contar con la misma oportunidad de ejercer el derecho a una vida digna y saludable, es urgente mejorar las condiciones generales de vida para todas las ciudadanas, poner al alcance de todos los sectores sociales la educación sexual y los métodos anticonceptivos, pero sobre todo dejar de castigar a las mujeres que ejercen su derecho a decidir sobre su cuerpo y maternidad. Hoy la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser) realiza en todos los estados del país el Kilómetro por el Derecho a Decidir de las Mujeres, lo cual da testimonio de los beneficios que significa la despenalización del aborto en la vida de las mujeres y de la sociedad en general. Exigimos que todas las mexicanas podamos tener la misma posibilidad de elegir si queremos o no ser madres y el mejor momento para serlo. Que todas disfrutemos del derecho a decidir que menciona el Artículo 4 de nuestra Constitución,
garantizando que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el numero y el espaciamiento de sus hijos”. La despenalización del aborto en todo el país es una demanda que debe cumplirse. Recientemente el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha recomendado a México ampliar el acceso al aborto legal y armonizar las leyes federales y estatales relacionadas con el aborto, lo que implica eliminar los obstáculos que tienen que enfrentar las mujeres que buscan interrumpir un embarazo legalmente. Cuando las leyes limitan o prohíben que las mujeres tomemos decisiones sobre nuestros cuerpos no sólo se obliga a continuar con un embarazo no deseado, también se impone una maternidad que debiera ser elegida libre y amorosamente. La despenalización del aborto es una urgencia social y un deber del Estado mexicano, para que todas las mujeres podamos contar con leyes acordes a los compromisos internacionales asumidos por México y en nuestra Constitución, garantizando así una vida digna y saludable, para todas y todos ¡¡¡JUSTICIA PLENA PARA LAS MEXICANAS¡¡¡ ¡¡¡DECIDIR SOBRE NUESTROS CUERPOS ES UN DERECHO!! Red por los derechos sexuales y reproductivos ddeser
CARTAS PARA LAS EMBAJADAS DE ESPAÑA EN LA REGIÓN
Sr. Embajador del Estado Español Su Despacho. En nombre de la Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, las organizaciones abajo firmantes queremos, por intermediación suya, dar a conocer al Gobierno del Estado Español nuestra preocupación ante la anunciada reforma de la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. En los últimos años el Estado Español ha sido un referente importante en el ámbito internacional -y de manera muy especial, en nuestra región- de los avances en la agenda de igualdad y a favor de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Resulta por tanto inaceptable cualquier intento de retroceder las conquistas logradas en esta materia por la sociedad española, para dar paso a la agenda de una derecha religiosa cuyo signo distintivo parece ser la negación de derechos a las mujeres. Entendemos como una violación a los derechos humanos y un duro golpe a la democracia y al ejercicio de ciudadanía, cualquier medida que incremente la sanción a la interrupción legal del embarazo, que restrinja el acceso a toda la gama de anticonceptivos modernos, que ponga trabas al matrimonio igualitario y que reduzca el alcance de las políticas públicas en salud sexual y salud reproductiva. Un retroceso de esa magnitud lesiona los derechos a la igualdad, a la salud, a la autonomía, a la libertad y a la integridad personal, amén de poner en entredicho la calidad de la democracia y la vigencia misma del Estado de Derecho. Recordamos asimismo que de acuerdo a las normativas europeas e internacionales, el gobierno está obligado a garantizar la protección y seguridad jurídicas en materia de derechos sexuales y reproductivos. En consideración de lo planteado, exhortamos al gobierno del Estado Español a: •	Desistir de la reforma a la a Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, garantizando la implementación de todo su contenido. •	Tomar todas las medidas a su alcance con el fin de garantizar el pleno respeto a la capacidad de las mujeres para decidir de manera autónoma sobre su sexualidad y su reproducción, en especial sobre la interrupción de embarazos no deseados. •	Tomar acciones para evitar la injerencia de sectores integristas, religiosos y ultraconservadores en la puesta en marcha de políticas públicas sobre salud y derechos sexuales y reproductivos. Agradecemos la atención que presten a esta comunicación. Nos mantendremos vigilantes en defensa del aborto legal y seguro: es una cuestión de derechos, es una cuestión de democracia.
CARTAS PARA LAS EMBAJADAS DE CHILE,EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA Y REPúBLICA DOMINICANA (PAISES DONDE ESTA TOTALMENTE PENALIZADO EL ABORTO). 28 de septiembre, 2012 Santo Domingo, Rep. Dominicana
Sr. Cónsul De la Embajada Del Estado de Su Despacho, En nombre de la Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, las organizaciones abajo firmantes queremos, por intermediación suya, dar a conocer al gobierno del Sr. Presidente , nuestra preocupación por la penalización absoluta del aborto en su legislación. La sanción a la interrupción del embarazo en todas las circunstancias resulta violatorio de los Derechos Humanos de las mujeres y les niega o lesiona su Derecho a la vida, a la salud, a la autonomía, a la integridad personal, a la libertad de conciencia y a no ser discriminada ni sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los efectos de la penalización de la interrupción del embarazo en todas las circunstancias profundizan la injusticia social, en tanto obligan a las mujeres de escasos recursos económicos a recurrir al aborto en condiciones insalubres y peligrosas, poniendo en riesgo su vida y su salud. Amén de poner en entredicho la calidad de la democracia y la vigencia misma del Estado de Derecho. Resulta inaceptable, que en América Latina y el Caribe existan países donde el aborto es objeto de sanción penal de manera absoluta, mientras la tendencia en el mundo es a la promulgación de leyes que van, desde la despenalización total, hasta la despenalización en al menos algunas circunstancias. En consideración de lo planteado, exhortamos al gobierno de Sr. Presidente a: 1. Reformar sin dilación la legislación nacional a los fines de garantizar a todas las mujeres el acceso al aborto legal y seguro.. 2. Tomar todas las medidas a su alcance para garantizar el pleno respeto a la capacidad de las mujeres para decidir de manera autónoma sobre su sexualidad y su reproducción, en especial sobre la interrupción de embarazos no deseados. 3. Tomar acciones para evitar la injerencia de sectores integristas, religiosos y ultraconservadores en la puesta en marcha de políticas públicas sobre salud y derechos sexuales y reproductivos. Agradecemos la atención que presten a esta comunicación. Nos mantendremos vigilantes en defensa del aborto legal y seguro: es una cuestión de derechos, es una cuestión de democracia.
ACCIONES EN IMAGENES
1. Foro sobre Laicidad, Democracia y Drechos Humano. 2. Encuentro e intercambio sobre estrategias, tendencia y desafĂ­os de los movimientos por la laicidad de los estados con Felipe Gaytan. de la Red Iberoamericana para las libertades laicas.
Declaraciones y Acciones de la RegiĂłn
CampaĂąa 28 de Septiembre 2012
VISITAS A LAS EMBAJADAS PARA ENTREGA DE CARTAS SOLIDARIAS
CAMPAÑA REGIONAL Y GLOBAL
Declaraciones y actividades corregido
Declaraciones y Actividades de la Campaña 28 de Septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. 2012

References: resolución 

RESOLUCIÓN 
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 6
 Artículo 10
e contrario
 resolución 
 Artículo 4