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Timestamp: 2020-07-15 02:57:48+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 302, de 18/04/2013
cve: DSCD-10-CO-302
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 302
- Sobre el mantenimiento del Centro de Formación de Tropa de Santa Ana en Cáceres. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000583) ... (Página2)
- Sobre la conservación y cesión de los terrenos y equipamiento que ocupaba la Fábrica de La Vega en Oviedo. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001317) ... (Página4)
- Sobre la información de instalaciones sensibles para la seguridad nacional obtenida de satélites cartográficos y accesible a través de fuentes abiertas o de acceso limitado. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001446) ... (Página8)
- Sobre la reorganización del Mando de Apoyo Logístico del Ejército (MALE), de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada (JAL) y del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire (Malog). Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/001421) ... (Página12)
- Por la que se insta al Gobierno a desafectar, para la Defensa, los terrenos y edificios sin uso de la base militar EVA-4 o base del Pení de Roses (Girona), con el fin de ser destinados al parque natural de Cap de Creus. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001506) ... (Página15)
- Sobre la necesidad de evaluar la participación española en la guerra, ocupación y reconstrucción de Iraq, así como las violaciones de derechos humanos en dicho país. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001515) ... (Página18)
Se abre la sesión a las dos y cinco minutos de la tarde.
- SOBRE EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE TROPA DE SANTA ANA EN CÁCERES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000583).
Para el gobierno de sus señorías, las votaciones se producirán no antes de las tres y media de la tarde. Esto quiere decir que si a las tres y media hemos acabado votaremos, si no continuaremos los debates hasta que llegue el momento. Todo dependerá de la continencia de los señores oradores.
Tenemos en el orden del día seis proposiciones no de ley que vamos a debatir en su orden. Empezaremos con la primera, que es la proposición no de ley sobre el mantenimiento del Centro de Formación de Tropa de Santa Ana en Cáceres, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra la portavoz del grupo.
La señora LUCIO CARRASCO: La proposición no de ley que traemos hoy a la Comisión de Defensa insta al Gobierno a seguir impulsando medidas que permitan que el Centro de Formación de Tropa y Marinería Santa Ana, ubicado en Cáceres, siga funcionando como lo viene haciendo tradicionalmente. El ministro de Defensa, en su comparecencia del 26 de enero, puso en valor el centro, su capacidad de dar formación, la excelencia de esa formación e insistió en la voluntad de que el centro siguiera funcionando para permitir a los militares una progresión profesional, tanto por el empleo militar que ostentan como por el nivel educativo que adquieren. Estas son palabras del ministro de Defensa. Pues bien, desde entonces hasta este momento no sabemos qué va a pasar con el centro de formación de Cáceres. No dicen que sí, no dicen que no y llevamos año y medio tratando de saber qué es lo que va a pasar realmente con este centro de formación. El centro ha formado a lo largo de la historia a muchos profesionales, hay 200 familias viviendo de su actividad y queremos saber qué va a pasar con él. Hay mucha gente pendiente. El tejido productivo de la ciudad de Cáceres ha valorado que se llegarían a perder 5,5 millones por la desaparición o la falta de actividad del centro. Por otro lado, en el contexto en el que vivimos actualmente, es muy importante que un centro como este, que se ha diferenciado de otros por su formación de excelencia, por su capacidad de formar a las personas y de capacitarlas no solo para la carrera militar sino también para trabajar fuera, en el mercado de trabajo, pueda continuar con su actividad. Lo que realmente necesita una provincia y ciudad como Cáceres es que todo lo que tenga que ver con formación, con posibilidad de empleo y con actividad económica se mantenga y no se pierda. Se necesita ya determinación. No podemos seguir sin saber qué es lo que va a pasar con este centro de formación. No se pueden seguir dando largas. Tenemos que saber si ese capital que hay en el Centro de Santa Ana de Cáceres va a ser utilizado al cien por cien. La gente que trabaja en el centro, la gente que vive en Cáceres, los negocios de Cáceres, el turismo, los centros comerciales, los centros de hostelería necesitan saber qué va a pasar. Es importante para nuestra comunidad autónoma, es importante para Cáceres, es importante para la ciudad, porque este sería un problema más a añadir en una provincia en la que la inversión per cápita ha disminuido notablemente en los Presupuestos Generales del Estado. Las decisiones que están tomando los Gobiernos de Mariano Rajoy, de Monago y de Elena Nevado están hundiendo una ciudad que tiene muchas posibilidades. Es imposible, si seguimos siendo tibios en las decisiones, que el Cefot pueda salir adelante. Espero que esta proposición no de ley sirva para aclarar por fin qué es lo que está ocurriendo, para aclarar qué es lo que va a pasar con este centro. Sabemos que hay otros centros en otros lugares que están en la misma situación. Esto nos interesa, porque Cáceres es una de las provincias que tienen mayor tasa de paro y el cierre del Cefot tendría una influencia negativa, valorada en 5,5 millones. Esperamos que esta proposición no de ley sirva para tomar una decisión y para que el Ministerio de Defensa diga ya qué es lo que tiene previsto para este centro.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra su portavoz.
El señor SERRANO CALURANO: Señorías, el Grupo Popular votará en contra de esta proposición no de ley, no por no compartirla, no por no compartir la preocupación, sino porque el Grupo Socialista presenta una PNL totalmente oportunista, una PNL demagógica, una PNL para hacer daño al Gobierno única y exclusivamente, una PNL para ahondar en la preocupación, en definitiva una PNL para desgastar al Gobierno.
En esta PNL, el Grupo Socialista insta al Gobierno a mantener la plena operatividad en capacidades formativas, a garantizar presupuestariamente los recursos para el pleno funcionamiento del Centro de Formación de Tropa número 1, sin cercenar ni temporal ni definitivamente su actividad y, en cualquier caso, a especificar cualquier delimitación de su uso. En el tercer punto insta a valorar, tanto por las autoridades políticas del Ministerio de Defensa como por las militares del Ejército de Tierra, la estrecha vinculación social, económica y cultural entre el centro de formación y la ciudad y provincia de Cáceres.
En cuanto al primer punto, tengo que decirle que el problema no es que se haya bajado la operatividad en capacidades formativas, el problema es la no convocatoria de oferta pública de empleo debido a una serie de razones. ¿Por qué se produce esto, señora Lucio? Esto se produce porque ustedes, en el ejercicio presupuestario 2011, gastaron 90.000 millones de euros más de lo presupuestado, gastaron en Fomento y dejaron un boquete de 40.000 millones de euros, dejaron 42.000 millones de euros del déficit tarifario, un boquete en las cuentas de la Seguridad Social de 17.000 millones de euros y además el año pasado hubo que habilitar un crédito extraordinario en Defensa de 1.700 millones para pagar facturas de los años 2009 y 2010. ¿Tienen ustedes claro por qué se produce esto, por qué no se saca esta oferta de empleo público?
En el segundo punto instan a garantizar presupuestariamente los recursos para el pleno funcionamiento del Centro de Formación de Tropa número 1. Sean ustedes valientes. Dígannos de dónde sacamos el dinero. Ya que se prestan a esta demagogia barata, dígannos de dónde lo quitamos. Quieren ustedes más dinero para sanidad, quieren ustedes más dinero para pensiones, quieren ustedes más dinero para educación, quieren ustedes más dinero para fomento, quieren ustedes más dinero para todo. Dígannos de dónde lo quitamos, porque su grupo también pretende recortar el presupuesto del Ministerio del Defensa. ¿Cómo lo hacemos? Dígannos, propóngannos una idea. La reducción del presupuesto de Defensa es una contradicción. No sé, señora Lucio, cómo se atreven ustedes a decir esto después de estos siete años de despilfarro y de derroche que hemos pasado, en los que gastaron ustedes el dinero que les dejamos en el año 2004 y el que no les dejamos, porque endeudaron a este país para las próximas dos generaciones. De aquellos polvos vienen estos lodos, eso es evidente. Señora Lucio, este es un Gobierno serio y responsable; un Gobierno que tiene que arreglar lo que ustedes destrozaron durante estos últimos siete años en este país, un desastre económico.
En el tercer punto instan al Gobierno a valorar la estrecha vinculación social, económica y cultural del centro con la ciudad y provincia de Cáceres. Somos perfectamente conscientes y conocemos muy bien la relación del centro con la ciudad, con la provincia y con Extremadura. Es de vital importancia y lo sabemos. Esto sin ninguna duda tiene una importancia muy significativa a la hora de valorar la continuidad de este centro. Pueden estar ustedes seguros de que este es un punto a tener en cuenta por parte del Gobierno.
Señora Lucio, dicho con todos los respetos, a ustedes les falla la memoria muy a menudo. Se acuerdan de hace setenta y cinco u ochenta años -y a nosotros no nos preocupa-, pero no se acuerdan de hace siete años. Le voy a recordar algunas cosas, porque usted está un poco falta de memoria. ¿Recuerda usted el Real Decreto 416/2006? ¿Se acuerda usted de José Bono? ¿Se acuerda usted de Carmen Chacón? Ese real decreto lo firmaba José Bono y daba un plazo de cuatro años para trasladar el Regimiento número 1 de Burgos a los acuartelamientos del Cefot número 1. Esto hubiera solucionado lo que usted está ahora reivindicando, pero como ustedes lo incumplieron, porque no se ha cumplido en absoluto lo que firmaron en el Real Decreto del año 2006, ahora tenemos este problema y ahora vienen a decirnos a nosotros que hagamos lo que ustedes no fueron capaces de hacer. Le digo más, el 6 de abril del año 2010, el periódico Hoy decía: Peligra la formación de nuevos militares profesionales en el Cimov. Este año solo se formarán en toda España 325 soldados de tropa y marinería, cuando en el 2009 la cifra ascendió a 5.000. Le digo más, 6 de octubre de 2010: Vara -¿le suena?- dice que el centro de formación de tropa seguirá en Cáceres. Dice: Esperemos que cuando la situación económica cambie -esto lo decía su presidente en el año 2010- se pueda incrementar la dotación militar de Cáceres tal como se comprometió el ministerio. Es decir, en el año 2010 ya tenían ustedes problemas. Le digo más. En el año 2011 la plantilla del Cefot 1 pasa de 230 mandos a 195, es decir, 35 mandos menos. Habla usted de Monago, de Rajoy y de la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, pues dígame quién gobernaba entonces. Mejor se lo digo yo, porque usted no se va a acordar: Gobernaba Zapatero, los ministros de Defensa eran José Bono y Carmen Chacón, en Extremadura gobernaba Vara y usted era consejera de su Gobierno. Díganme ustedes qué hicieron. Mira que he buscado para ver qué hicieron ustedes, he buscado y rebuscado, pero no he sido capaz de encontrar ni una sola palabra, ni una. Gobernaban ustedes. Por tanto, señores del Grupo Socialista dejen de amedrentar a la ciudad de Cáceres, dejen de sembrar
desconfianza, aparten sus temores y hagan caso a lo que decía Vara, si no nos quieren hacer caso a nosotros. Vara decía que cuando mejorase la situación económica se arreglaría el problema y eso lo decía en 2010. Hagan ustedes caso al que fue su presidente de Gobierno cuando usted era consejera de ese Gobierno. Señoría, el Ministerio de Defensa no tiene ninguna intención de cerrar el Cefot, pero le digo sinceramente que la situación del Cefot es responsabilidad únicamente de la mala gestión que hicieron los anteriores Gobiernos socialistas, con una planificación hecha y escrita en el Boletín Oficial del Estado. (Aplausos).
- SOBRE LA CONSERVACIÓN Y CESIÓN DE LOS TERRENOS Y EQUIPAMIENTO QUE OCUPABA LA FÁBRICA DE LA VEGA EN OVIEDO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001317).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día, que es la proposición no de ley sobre la conservación y cesión de los terrenos y equipamiento que ocupaba la Fábrica de La Vega en Oviedo, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Trevín.
El señor TREVÍN LOMBÁN: El Grupo Parlamentario Socialista presenta esta proposición no de ley y presenta al mismo tiempo una autoenmienda, que es la que defenderé a continuación. ¿Por qué la presentamos? Porque buscamos, señorías, el acuerdo con el resto de los grupos y fundamentalmente con el Grupo Popular. Esta PNL tiene cuatro puntos que hacen referencia a tres ámbitos: el laboral, el empresarial y el territorial.
En el ámbito laboral, que es el primero, pedimos que el ministerio inste a la empresa General Dynamics a negociar con los sindicatos para que en la reestructuración del grupo los excedentes no tengan una solución traumática. La formulamos de manera que la pueda votar también el Grupo Popular, porque el Partido Popular está de acuerdo en esto, al menos lo ha repetido insistentemente. En la Comisión anterior, don Ovidio Sánchez nos ha dicho: Santa Bárbara aguantará estos embates si se sabe trabajar con los sindicatos, porque yo recuerdo los años ochenta, con grandes movilizaciones, y se superó esa fase. Lo que pedimos ahora es que los señores de General Dynamics negocien con los sindicatos. Pedimos lo mismo que pidió don Ovidio Sánchez y que pidió el alcalde del Partido Popular del Ayuntamiento de Oviedo: Instar al Ministerio de Defensa a convocar a la empresa y a las federaciones estatales de los sindicatos más representativos a una mesa de diálogo y negociación. Pedimos lo que pidió el alcalde popular del Ayuntamiento de La Coruña, que decía: Es una afrenta a todos los representantes de los trabajadores de las plantas de toda España, que han mostrado una actitud de diálogo permanente y que no se merecen esta actitud hostil por parte de los dirigentes de la empresa. Yo no me atrevería a decir tanto, pero está claro que el Partido Popular está de acuerdo en instar al diálogo y es lo que queremos que haga de nuevo la empresa. Además, démonos cuenta de que es una empresa que hasta hace pocos meses ganó mucho dinero y ahora, con pocos meses de dificultades, gracias a la reforma laboral aprobada por el Gobierno, plantea una reestructuración dura, muy dura y con efectos hasta este momento muy traumáticos para los trabajadores. Por eso -como indicaba- pedimos que la empresa negocie antes de tomar las medidas definitivas dadas las afecciones que tienen para los trabajadores. La actual propuesta que está encima de la mesa plantea la extinción de 600 empleos -156 en La Coruña, 46 en Granada, 74 en Sevilla, 88 en la sede central de Madrid y 246 en Trubia- además de un ERTE para 218 trabajadores en el año 2013, 214 para 2014 y 156 para 2015.
Aparte del ámbito laboral, la proposición contempla el aspecto empresarial. En el aspecto empresarial hace referencia a dos ámbitos diferentes: por una parte, al ámbito de la empresa en su conjunto y, por otra parte, al ámbito de La Coruña y de los programas de Defensa. No podemos sustraernos al hecho de que a esta situación se llega después de lo que hizo un Gobierno, y lamento tener que hablar de otro Gobierno popular, porque aquí se saca la historia muy reciente pero se olvida lo demás. Aquí hubo un proceso de privatización, que se puso en marcha el 12 de abril del año 2000 y que se justificó porque se había elegido un socio con capacidad tecnológica, industrial y comercial para consolidar la Empresa Nacional Santa Bárbara como centro de excelencia mundial de armas terrestres. Fíjense bien cómo estamos trece años después, y eso que el Gobierno bien que apoyó a General Dynamics. La venta se llevó a cabo por 5 millones de euros y se hicieron, según el Tribunal de Cuentas, concesiones por valor de 500 millones de euros en contratos y otras consideraciones que se pusieron encima de la mesa. Ha sido un proceso privatizador que ha acabado como ha acabado y ahora tenemos la obligación de buscar remedio, primero
para la fábrica de La Coruña, fábrica que se cerraría a no ser que se tomase la solución de darle el tiempo suficiente para que otros compradores busquen una alternativa industrial que mantenga la actividad y el empleo. Les pido solamente, señorías del Partido Popular, que hagan caso a su alcalde, al alcalde de La Coruña, que ha dicho claramente que la decisión de la multinacional americana es una falta de respecto a toda la ciudad, que ha dejado claro su apoyo unánime al futuro de la fábrica de armas. Como lo ha dicho su propio alcalde, que está al frente de la corporación, les pido que le respalden votando favorablemente el punto en el que les pedimos que se dé tiempo a La Coruña para volver a tener un proyecto industrial con actividad y empleo, aunque sea con otra titularidad. En ese sentido, les pido también que el Gobierno haga un esfuerzo para agilizar programas de Defensa que pueden ser definitivos para dar futuro al Grupo Santa Bárbara. Los programas son básicamente el del 8 × 8 y el del Pizarro. (Rumores). Ya sé, ya sé, no se me enciendan. Piensan: Ustedes siempre nos dicen que haya menos dinero para temas de defensa. Es cierto, y ustedes siempre nos traen programas extraordinarios para programas de Defensa. Lo que les pedimos, porque ya lo trajeron en su momento y han anunciado otro para este año, es que ese programa se dedique a este grupo, se dedique a esos dos contratos, al contrato del Pizarro y al contrato del 8 × 8, porque eso puede suponer una oportunidad única para consolidar este grupo y que no tengamos la situación de dificultad que en este momento tenemos. El ministro bien que ha defendido que para el sector de armamento hay buenas perspectivas en este momento y lo ha justificado con la aprobación del crédito extraordinario de 1.800 millones de euros, diciendo que esta era una industria intensiva en I+D+i, que tenía empleos altamente cualificados y bien remunerados, que el 65% de sus productos iba a la exportación y que hay 500 empresas en España en este sector con 80.000 personas trabajando en ellas. En este escenario diseñado por el ministro, ¿por qué reducir tan drásticamente Santa Bárbara? Les pedimos que sean coherentes y que el próximo presupuesto extraordinario para programas de Defensa lo dediquen a este ámbito.
En tercer lugar, les planteamos una cuestión territorial. Hace pocas fechas, a principios de este mes, nos encontramos con noticias en la prensa asturiana que indicaban que Defensa iba a vender la parcela de La Vega para financiar sus programas de armas. No estamos de acuerdo con este planteamiento si no se aquilata y si no se determina que no debe salir del ámbito público, bien de la titularidad pública o del ámbito de las administraciones públicas. El Ministerio de Defensa, el ayuntamiento y la comunidad autónoma deben negociar para llegar a un acuerdo de ordenación y que quede en el ámbito público. Hay un elemento básico para explicar la solidez de esta propuesta. Esta fábrica tiene una larga historia, la fabricación de armamentos en la ciudad de Oviedo en los terrenos de La Vega se inició el 15 de septiembre del año 1794 y en el año 1855 tuvo una ampliación de tal dimensión que se requirió aumentar mucho el espacio donde estaba situada. ¿Dónde se hizo? Se hizo en el solar del antiguo monasterio benedictino de Santa María de la Vega. ¿Quién lo cedió? El ayuntamiento de Oviedo lo cedió al Ministerio de la Guerra. Vino del ámbito público, de la municipalidad ovetense, pedimos que quede en ese ámbito público y territorial de Asturias, de la municipalidad y de la comunidad autónoma. ¿Cómo? Con los acuerdos a los que el Ministerio de Defensa llegue con ambos. Es lo que pide también el Ayuntamiento de Oviedo, que por cierto se sintió engañado, lo reconoció don Ovidio Sánchez en la Comisión anterior, porque la empresa le dijo una cosa: salimos de La Vega, vamos a Trubia, mantenemos el empleo y ahora de momento la mitad del empleo o menos, pocos meses después. Además dijo: vamos a potenciar Trubia, y seguimos todavía pendientes de esa potenciación. El ayuntamiento de Oviedo rechazó frontalmente la decisión de la empresa, porque se sintió engañado al abandonar La Vega. Además tengo que decirles que esa apuesta por los terrenos públicos, presidida por desengaños, fíjense bien que el 11 abril 2012 la empresa dijo que se iba de La Vega concentraba todo en Trubia, pero mantenía el empleo y, el 14 de enero de 2013, menos de un año después, decía que mantenía la mitad de empleo, por lo que espero también...
El señor PRESIDENTE: Señor Trevín, debe de ir terminando.
El señor TREVÍN LOMBAO: Acabo ahora mismo pidiendo la coherencia de los alcaldes de los ayuntamientos de Oviedo y La Coruña y del resto de las ciudades y porque los propios diputados del Partido Popular hicieron declaraciones, tanto en sede parlamentaria como en ámbito mediático, haciendo una apuesta por esto mismo: por la negociación y por el mantenimiento de la actividad y de los terrenos.
Como sé que don Enrique Sostres, el portavoz de Foro, tiene que marcharse y tiene una enmienda presentada, si me permite voy a indicarle qué le propongo respecto a la enmienda para que no pierda su avión el señor diputado, que si no tendrá que esperar aquí largas horas y sería una molestia para él. A la propuesta que nos hace, que viene a plantear que quede en el ámbito público, quiero poner dos huevos
duros más, quiero que esto esté asegurado y más que asegurado. Como queremos respetar en esa negociación las competencias autonómicas y locales en la definición del régimen de uso de suelo, me refiero al de La Vega, estoy dispuesto a incluirlo, así como a garantizar que los usos urbanísticos sean concordantes con el catálogo. Al mismo tiempo, como sé lo que le preocupa al señor Sostres y es que no haya especulación, ni de lo privado ni de lo público, porque hay alguna empresa pública que puede especular, ...
El señor PRESIDENTE: Señor Trevín, por favor.
El señor TREVÍN LOMBAO: ...pues le añado: sin que su titularidad quede en el ámbito de las administraciones públicas. Con esto también ahorramos, señor presidente, el turno que tenía para aceptar o no las enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Álvarez Sostres.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Intervengo en nombre de Foro para trasladar el sentido de la enmienda presentada a la PNL sobre los terrenos de la fábrica de Oviedo, que solamente recuerdo que rezaba de este tenor: sobre la conservación y cesión de los terrenos y equipamiento que ocupaba la fábrica de armas de Oviedo. Por tanto, debo decir que era otra PNL que se ha enmendado por el proponente en su totalidad. A pesar del galimatías parlamentario, que ha podido producirse, porque no estaba calificada la proposición en tiempo y forma, y la que ha presentado estaba dentro ya de la arqueología parlamentaria, mantengo mi enmienda. Ahora con un mayor fundamento, porque efectivamente estoy y estamos muy preocupados con el tema de que en esta operación se pueda producir una especulación de los terrenos. La mantengo en el punto 4 de la actual renovada autoenmienda del Grupo Socialista. El anuncio en febrero por parte de la fábrica de armas General Dynamics de despedir a cerca de 300 trabajadores y de presentar un ERE que afectaría a otros 200 empleados supuso la consumación de una gran estafa social consistente en comprar en su momento Santa Bárbara, vaciarla y trasladar una de las dos fábricas de Oviedo a Trubia para, a los 107 días, enviar al paro a la plantilla trabajadora, a pesar de la garantía de mantener los puestos de trabajo. El plan de traslado de personal desde Oviedo a Trubia ha sido en realidad una tapadera con el fin efectuar una política de recortes duros y profundos en las plantillas. Lo que nosotros entendemos como un engaño a los trabajadores, a los ovetenses, a Asturias y todo dicho con el tancredismo político, ya proverbial por otra parte del señor presidente del Gobierno de Asturias, del señor Fernández.
En su momento desde Foro consideramos que el Ministerio de Defensa no podía permanecer indiferente ante esta injusticia y menos aún ser partícipe de ella. Por eso, entre otras iniciativas hemos pedido la comparecencia del ministro de Defensa en sede parlamentaria. A parte de la grave situación en la que se quedan los trabajadores y sus familias, fruto de un nuevo ejemplo de dejación importante con Asturias del actual Gobierno, de don Mariano Ruíz, que lleva a poner un nuevo hito en la desertización industrial de Asturias, el objeto de este debate es una proposición no de ley del Grupo Socialista sobre el futuro de los terrenos, aunque ahora quede enmascarado con otros tres puntos sobre fabricación, etcétera.
Se trata, como ha explicado el señor Trevín, de unos amplios terrenos de 120.000 metros cuadrados situados en una zona de especial centralidad, es decir, de especial sentido estratégico en Oviedo, con vistas al diseño de un Oviedo del siglo XXI. Estos terrenos son muy apetecibles para cualquiera, pero fundamentalmente para los especuladores. En este sentido, la postura de Foro, expresada por su grupo municipal en el Ayuntamiento de Oviedo, es clara y tajante: nos opondremos a cualquier modificación del PGU que suponga facilitar un pelotazo urbanístico. No se olvide que este plan califica al suelo de La Vega de urbano y destinado a usos industriales o de equipamiento. El futuro de los terrenos -este es el sentido de la enmienda- debe respetar en cualquier caso los usos urbanísticos conforme a la legislación vigente, es decir, estoy hablando del articuló 72.3 del Trotu y del artículo 207 del ROTU. Al estar la fábrica incluida en el catálogo de inmuebles -ya está incluida, señor Trevín-, por lo que no cabe en ningún caso la exclusión del mismo o el cambio de uso característico por otro distinto. Nos ofrecía muchas dudas ya en su primitiva PNL el plan especial al que ustedes aludían de viabilidad de este punto. En definitiva, Foro está a favor de que se dé una salida a los terrenos de la Fábrica de La Vega beneficioso para la ciudad y con acuerdo de las distintas fuerzas políticas, municipales y del principado. De modo que los ovetenses y asturianos puedan disfrutar de este espacio tras quedar sin uso industrial. Pero, desde luego, no va a amparar ningún tipo de pelotazo urbanístico, con independencia de a quién corresponda la titularidad o el
traslado de esa titularidad precedentes al margen. Este es el sentido de nuestra enmienda de sustitución del punto 4 a su propia autoenmienda, señor Trevín, que está formulada en términos de bien común para Asturias, para Oviedo, para la ciudadanía y que espera que sea aceptada por el grupo proponente es su literalidad y que, si no lo es, nos abstendríamos ante la propuesta y mucho más con el cambio precipitado de la proposición no de ley que ha tenido lugar.
El señor PRESIDENTE: En turno de portavoces ha solicitado la palabra, por Convergència i Unió, el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Intervengo muy brevemente para expresar nuestra ligera perplejidad ante el cambio sustancial del objeto de debate. Es habitual a veces que los grupos parlamentarios presenten enmiendas de actualización sobre el mismo objeto de discusión, pero nosotros cuando estábamos preparando esta Comisión de Defensa se nos instaba a posicionarnos sobre el plan de conservación del conjunto histórico industrial en Oviedo, del valor arquitectónico de estos edificios, de una cesión de terrenos, que por cierto de acuerdo con la legislación no es posible. Ha habido un cambio sustancial en este sentido. Señor presidente, le pido votación separada por una parte los puntos 1, 2 y 3 y, por otra parte, el punto 4, para poder fijar nuestro criterio de acuerdo con el objeto inicial de discusión de este punto del orden del día.
Respecto a los puntos 1, 2 y 3, no me quiero alargar. Simplemente quiero reiterar los argumentos que expuse cuando hace pocas semanas también discutimos el asunto de la empresa General Dynamics, Santa Bárbara, en Asturias y siendo conocedores y habiendo estudiado bien la situación de los programas de armamento y la importante cantidad de miles de millones, el equivalente al 3% del PIB español que en estos momentos aún tiene pendiente de afrontar el Gobierno, en aras de la responsabilidad es un poquito difícil apoyar un incremento en los programas de armamento.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Ovidio Sánchez.
El señor SÁNCHEZ DÍAZ: Señor Trevín, ni siquiera hace falta oponerse a esta PNL porque usted mismo lo ha hecho. Presenta una proposición no de ley y ahora de forma apresurada la cambia entera sustancialmente y mantiene solo en el punto 4 lo que era la auténtica proposición no de ley, por eso entiendo perfectamente al señor Xuclà que diga: ¡Oiga, qué nos trae usted aquí! La PNL no tenía ninguna solidez, era evidente. Se acompaña con una reflexión que es la misma que tuvimos en la última Comisión que tratamos este tema, en la que se ponen como excusa mis palabras, con las que estoy totalmente de acuerdo y que mantengo, nuestro gran disgusto con General Dynamics, pero también nuestra parte positiva de llamar permanentemente a las partes para que sigan negociando. Es un proceso puntual. Hubo una serie de contratos que cayeron por la crisis del año 2012-2013, que esperamos que se recuperen en los años 2014-2015.
El señor Trevín se pone la venda antes de la herida y dice: me van a sacar ustedes los programas de armamentos, el presupuesto, pues sí, se lo tenemos que sacar, pues lo que no tiene ninguna lógica es estar oponiéndose permanentemente al presupuesto de Defensa, querer bajarlo continuamente, no apoyar los pagos de los programas y después decir que el Gobierno invierta en Defensa. Podemos hacer una cosa u otra, pero no pueden tener la solución para las dos. Se oponen a las inversiones y después reclaman que General Dynamics tenga obra, porque no la tiene y que se la dé el Gobierno. Es prácticamente imposible.
En cuanto a los terrenos, es curioso porque este es un debate hoy por hoy falso, absolutamente falso. No hay ninguna decisión sobre los terrenos, solo hay un acuerdo entre el ayuntamiento y el Principado de Asturias -del que veo que al señor Trevín no le tienen informado en el Principado de Asturias-, en el cual hay un acuerdo para hacer un plan que afecte a los terrenos de La Vega y a los de El Cristo, en los que se reúnen el Ayuntamiento de Oviedo y el Gobierno regional, que es del Partido Socialista, es decir, el alcalde y la consejera de Infraestructuras. Estando de acuerdo en que evidentemente son 250.000 metros cuadrados, que son importantísimos para el futuro de la ciudad y que se hará en su momento de acuerdo con las administraciones, como tiene que ser. En Oviedo no es la primera vez que se llevan a cabo este tipo de negociaciones. Recordará, cuando gobernaba el Partido Socialista, que se hizo lo mismo con El Milán, lo que era un gran cuartel que hoy es una zona universitaria y que se hizo de acuerdo con el Ayuntamiento de Oviedo, con el ministerio y con el Gobierno regional, porque posiblemente no se pueda hacer ni tenga sentido hacerlo de otra manera. Este es un debate absolutamente falso, es un
debate de titulares de periódico. ¡Dicen que quieren vender para pagar!, nadie dijo nada y lo único que hay es un acuerdo entre las administraciones precisamente para diseñar una parte de la ciudad importantísima. Es muy difícil hacer política sobre invenciones periodísticas. Es evidente que el periódico no se lo inventó, pero alguien se lo expuso allí. Abrimos un debate sobre armamento, la fábrica y sobre todo, pero afortunadamente no hay nada de nada. Usted sabrá por el ministerio que la disposición del ministro es toda la contraria, estar de acuerdo con las administraciones para cuando ocurra, porque hoy por hoy no ha ocurrido.
En cuanto a General Dynamics lo que seguimos confiando y trabajando desde este grupo parlamentario -y se lo recomiendo a usted también- es que sigan negociando los sindicatos con la empresa y que este momento que estamos pasando de una gran penuria y de escasez en los proyectos sea superado cuanto antes mejor y todos esperamos que a partir de 2014 pueda haber mejores noticias. Inciden en el 8×8, en los Leopard, estamos en ello, el Gobierno está intentándolo. Se está negociando con países que usted conoce perfectamente, pero de momento esas negociaciones todavía no dieron fruto, pero no por eso se van a abandonar.
Señor Trevín, siempre que se habla de Asturias dentro del parlamento no es mala cosa, pero tenemos que hablar de cosas por lo menos que tengan algún sentido, esta no lo tiene.
El señor PRESIDENTE: Para manifestarse en relación con la aceptación o no de la enmienda tiene la palabra el señor Trevín.
El señor TREVÍN LOMBAO: Aunque mi gusto personal hubiera sido poder atender la propuesta de don Enrique Sostres y por eso le propuse una enmienda transaccional. Veo que esta enmienda no trata de asegurar el interés general, que lo asegura la propuesta, sino que es una enmienda inflexible, porque trata de asegurar una postura política, que respeto, pero que debemos de saber que se trata de ese juego, no de asegurar el interés general de La Vega, que queda asegurado. Es cierto que tanto el Ministerio de Defensa como ambas administraciones, la local y la autonómica, tienen un acuerdo, pero si en dos años este acuerdo no se concreta, deja manos libres al ministerio para hacer lo que quiera con ese terreno.
El señor PRESIDENTE: Señor Trevín, el turno que usted tiene es para manifestarse en relación con la enmienda presentada por el señor Álvarez Sostres, no para abrir un debate con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Ese tipo de habilidades ya las manifestó con el modo de tramitar la enmienda, no lo utilice también en el modo de emplear la palabra.
- SOBRE LA INFORMACIÓN DE INSTALACIONES SENSIBLES PARA LA SEGURIDAD NACIONAL OBTENIDA DE SATÉLITES CARTOGRÁFICOS Y ACCESIBLE A TRAVÉS DE FUENTES ABIERTAS O DE ACCESO LIMITADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001446).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la proposición no de ley presentada por Unión Progreso y Democracia, cuya portavoz está atendiendo otro compromiso. Entramos en el punto 4 del orden del día, que es la proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre la información de instalaciones sensibles para la seguridad nacional obtenida de satélites cartográficos y accesible a través de fuentes abiertas o de acceso limitado. Para su defensa, tiene la palabra la señora Moreno.
La señora MORENO FELIPE: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular trae hoy esta proposición no de ley para su debate en Comisión de Defensa con el fin de garantizar la seguridad de instalaciones sensibles para la seguridad nacional, lo que en definitiva supone garantizar la seguridad de nuestro país y de sus ciudadanos. El desarrollo de las nuevas tecnologías ha mejorado en muchos aspectos nuestra calidad de vida, proporcionándonos una mayor libertad de información y de movimiento. Sin embargo, estas tecnologías -como todas- pueden ser usadas a veces con fines no deseables. La cartografía por satélite, a través de Internet, proporciona una detallada información de enclaves e instalaciones sensibles que podría poner en riesgo la seguridad nacional y el mantenimiento de la estabilidad internacional. Desgraciadamente estos días el terrorismo ha vuelto a la actualidad y este hecho nos recuerda que hoy en día es una amenaza real, que puede sembrar la desgracia y el dolor en cualquier momento y en cualquier país del mundo. Es obvio que el terrorismo no existe por culpa de estas nuevas formas de
acceso a la información cartográfica, pero sí pueden facilitar la comisión de actos terroristas si no se protege debidamente la difusión de datos sobre instalaciones sensibles.
Señorías, se trata de evitar el mal uso de estas imágenes para fines tan poco éticos. En España, la legislación vigente califica claramente como material secreto el despliegue de unidades, por ejemplo, todos los sistemas de mando, control y comunicaciones, estructura, organización, medios, procedimientos específicos de los servicios de información, así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas, además califica como material reservado los planes de seguridad de instituciones y organismos públicos, como los de las unidades, centros de organismos de Fuerzas Armadas y de los centros de producción de material de guerra, las plantillas de personal de medios y equipos de unidades. Paralelamente dicha legislación regula la obtención de fotografías aéreas de las zonas restringidas o prohibidas y que contengan objetivos sensibles para la Defensa Nacional. El hecho de proteger instalaciones que comprometen la seguridad del Estado -como he argumentado- no es novedoso, puesto que la ley no permite sobrevolar o fotografiar dichas instalaciones. La novedad sería incorporar en esa limitación las imágenes obtenidas vía satélite de dichas instalaciones sensibles para la seguridad de nuestro país. Dicho de otro modo, la legislación ya existe, ha sido respetada por los distintos gobiernos de nuestro país, de toda condición política, con el fin de salvaguardar la seguridad de todos. Cada vez más países del mundo invierten en tecnología de este tipo con fines geoestratégicos y con fines claramente defensivos. Países europeos, americanos, asiáticos, de toda índole y condición política, realizan diversas tareas de control y supervisión de obtención de imágenes de instalaciones que consideran importantes para preservar su seguridad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular necesita y considera necesario abordar en este punto, como ya se está haciendo en otros países, y propone la realización de un estudio detallado sobre el grado de información que proporcionan dichos sistemas y, tras dicho estudio, realizar un listado exhaustivo de aquellas instalaciones consideradas de interés para la seguridad nacional. Además de incluir instalaciones civiles y militares sensibles para nuestra seguridad, consideramos que sería necesario incluir instalaciones industriales y energéticas, tales como centrales nucleares u otras instalaciones que podrían acarrear consecuencias graves y comprometer la seguridad nacional, en definitiva, hablamos de infraestructuras críticas. Somos conscientes de que no será fácil, porque las imágenes vía satélite hoy en día pueden obtenerse desde cualquier parte del mundo, por lo que consideramos imprescindible promover el diálogo y la necesidad de acuerdos entre países, organismos y empresas privadas que adopten determinadas medidas y que proporcionen que las zonas designadas como sensibles para la seguridad nacional aparezcan pixeladas o difuminadas, siendo imposible extraer información de forma detallada de las mismas. El Grupo Parlamentario Popular considera que debe instar al Gobierno a buscar y fomentar el diálogo con todos esos organismos, a través de los ministerios y organismos pertinentes, con el fin de salvaguardar las instalaciones vitales para la seguridad de nuestro país.
En ese sentido, queríamos comentar que se ha registrado una enmienda del Grupo Socialista -quiero agradecer la disposición al diálogo de su portavoz- y les comunico que estamos en vías de negociación para intentar llegar a un acuerdo en esta proposición no de ley. Desde el Grupo Parlamentario Popular instamos al Gobierno a realizar un estudio sobre los efectos, como fuente de información abierta, de los sistemas de cartografiado disponibles a través de medios telemáticos; realizar un estudio sobre el grado de información que se puede obtener a través de estos medios de instalaciones de interés para la seguridad nacional; realizar un listado exhaustivo de aquellas instalaciones civiles y militares consideradas de interés para la seguridad nacional y tomar las medidas oportunas, incluyendo la promoción de acuerdos bilaterales o a través de organizaciones internacionales, así como con empresas civiles, nacionales o internacionales, para limitar los daños potenciales a la seguridad nacional. Señorías, la seguridad nacional es cosa de todos, nos afecta a todos y por ello les insto a votar favorablemente esta iniciativa que no tiene más objetivo que proteger a todos y cada uno de los ciudadanos de este país. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Germán Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Empiezo mi intervención agradeciendo del mismo modo la predisposición de la portavoz del Grupo Popular a la hora de abordar un texto que pueda ser fruto del acuerdo y del consenso y que pueda recibir el máximo apoyo por parte de la Comisión. Es indudable el impacto que ha tenido el desarrollo de las nuevas tecnologías en el conjunto de nuestra sociedad. Un impacto indudablemente positivo, que se ha extendido a todos los ámbitos de conocimiento, de la actividad
económica, productiva, pasando por prácticamente todas y cada una de nuestras actividades más cotidianas. No obstante, la extensión y la creciente dependencia de este tipo de tecnologías, que han tenido un impacto positivo también para los sistemas de la defensa, llevan asociados una serie de riesgos que no podemos pasar por alto ni que debemos menoscabar y sobre los que es necesario hacer una reflexión. Lo evidente es que como sociedad somos cada vez más dependientes de aquellas infraestructuras que permitan el normal desarrollo de nuestros sectores económicos, de los sistemas de gestión y de la vida cotidiana de nuestros ciudadanos, por lo que resulta fundamental su protección. Del mismo modo, es fundamental proteger aquellas instalaciones que garantizan la seguridad de nuestro país ante cualquier tipo de ataque o amenaza. La proposición que nos presenta el Grupo Popular tiene que ver precisamente con todo ello, con la protección este tipo de infraestructuras y compartimos plenamente su objetivo.
Para explicar el fondo de la enmienda debería referirme a algunos instrumentos de los cuales ya contamos para proteger este tipo de infraestructuras críticas. En primer lugar, quiero referirme al apartado de defensa, a la normativa vigente desde el año 1975, que se ha ido actualizando, para la protección de instalaciones de interés militar y las zonas de interés para la defensa en las que se establecen diversas medidas de protección para estos espacios. Por otro lado, más recientemente se aprobó el Real Decreto 194/2010, por el que se aprueban las normas sobre seguridad de las Fuerzas Armadas, que dicta los criterios de seguridad en las unidades e instalaciones de las Fuerzas Armadas, entre ellas la designación de responsables de seguridad, la obligación de elaborar planes de seguridad con carácter clasificado, el régimen de guardias, etcétera.
En lo referente a las infraestructuras críticas, es básico referirse a la Directiva Europea 2008/114, del Consejo Europeo, sobre la identificación y designación de infraestructuras críticas europeas y la evaluación de la necesidad de mejorar su protección. Esta directiva fijó -y esto es importante- la responsabilidad principal y última de la protección de este tipo de instalaciones en los Estados y estableció unas obligaciones y actuaciones que debían incorporarse al ordenamiento y a las legislaciones nacionales. Antes de la entrada en vigor de la directiva, me gustaría subrayar que, en mayo de 2007, el secretario de Estado de Seguridad aprobó el Plan nacional sobre infraestructuras críticas, en el que se establecieron los criterios y directrices para asegurar la protección de este tipo de instalaciones. Posteriormente, en noviembre de 2007, el Consejo de Ministros aprobó también un acuerdo sobre protección de infraestructuras críticas en el que se designó a la Secretaría de Estado de Seguridad como la autoridad responsable de la dirección, coordinación y supervisión de la protección de este tipo de instalaciones; se estableció un catálogo nacional de infraestructuras estratégicas, como pedía la directiva europea, y se creó el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. Por último, el Gobierno también traspuso al ordenamiento español la mencionada directiva europea con la aprobación de la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecieron medidas para la protección de las infraestructuras críticas, que obtuvo la unanimidad del Congreso y también del Senado. En definitiva, quiero constatar que nuestro país cuenta con un sistema adecuado de protección de infraestructuras críticas y de un sistema de protección para las instalaciones de interés para la defensa, lo cual no significa en ningún caso que no debamos tomar en consideración y evaluar nuevos riesgos, tanto por parte los organismos responsables como por parte de esta Cámara.
El Grupo Parlamentario Popular nos propone que analicemos la información sobre infraestructuras sensibles que proporcionan los sistemas de cartografía por satélite, algunos de ellos disponibles en Internet, y que se adopten medidas para limitar los potenciales riesgos para la seguridad nacional. Nosotros compartimos y estamos de acuerdo en que se realice este análisis, aunque vamos a realizar algunas consideraciones al respecto. En primer lugar, pensamos que este es un trabajo que por su carácter técnico debe ser realizado por profesionales y técnicos de los organismos estatales con competencias en la materia y sin apriorismos. En este sentido creemos que cualquier restricción a los sistemas de cartografiado disponibles debe estar totalmente justificada. No podemos reducir la transparencia de la información aludiendo a razones de seguridad que no estén debidamente acreditadas. En segundo lugar, es importante que se tenga en cuenta la opinión de las entidades, los organismos y los colegios profesionales que trabajan en el ámbito de la geografía y la cartografía. De hecho estos colegios han manifestado alguna discrepancia o preocupación por el impacto que podría tener la restricción de esta información. Por tanto, nuestra opinión es que debemos tener en cuenta su punto de vista para no causar ningún perjuicio a algunas áreas de conocimiento, de investigación y de desarrollo, que también son importantes para nuestra sociedad. En tercer lugar, debemos de ser conscientes de la complejidad de esta materia que abordamos, es decir, los sistemas de información cartográfica hoy ya superan el ámbito de los Estados. Los sistemas de obtención, almacenamiento, servidores de datos y empresas que explotan
este tipo de información son múltiples y operan en diversos países. En caso de que se detectaran riesgos, las soluciones deben acordarse y coordinarse a nivel internacional, de lo contrario podríamos caer en aquello de querer poner puertas al campo. También debemos abordar hasta qué punto puede ser útil restringir las fuentes abiertas de este tipo de información por motivos de seguridad mientras existen operadores privados que puedan facilitar este tipo de información. En cuarto lugar, consideramos que no solo deberíamos centrarnos en la información cartográfica, sino que se deberían analizar aquellas medidas que se pueden adoptar a nivel interno para limitar la obtención de información sensible vía satélite y también nos parece importante que se realice una clasificación adecuada del tipo de instalación en función de su nivel crítico para que haya una proporcionalidad entre la respuesta que hay que dar y el grado de riesgo existente en cada caso. En resumen, es importante que cualquier recomendación que se haga en este aspecto esté fundamentada en el análisis técnico y en la opinión de los expertos de todos estos ámbitos.
Esto es lo que hemos tratado de reflejar en esta enmienda, que comparte la filosofía y buena parte del texto inicial, aunque hemos querido añadir dos puntos adicionales. Se trata de unos apartados en los que pretendemos señalar no la preocupación pero sí la prioridad que esta Comisión de Defensa da a la protección de las infraestructuras de interés para la seguridad nacional y a la protección de nuestras infraestructuras críticas. No hablamos de cantidades ni proponemos objetivos inalcanzables, simplemente solicitamos que se dote de los recursos y de los medios adecuados a los departamentos y los organismos encargados de la seguridad de estas instalaciones. Esperamos que el grupo proponente acepte alguna de estas aportaciones que, a nuestro juicio, reflejan aspectos interesantes. Esperamos que, como ocurrió en el pasado, en el marco de esta Comisión podamos alcanzar un consenso amplio respecto a una cuestión que es enormemente relevante para nuestra seguridad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Intervengo brevemente para manifestar nuestro apoyo a esta iniciativa, bien sea en la redacción inicial planteada por el Grupo Popular, bien sea con una posible transacción a partir del texto, también interesante, planteado por el Grupo Socialista. Quiero manifestar nuestro interés en los asuntos referidos a la privacidad. No sé si se puede recomendar una lectura, y menos una no literaria, pero permítanme que les recomiende una. Cada año, la Agencia de Protección de Datos publica el anuario de sus trabajos y lo presenta ante la Comisión Constitucional de este Congreso de los Diputados. Este informe anual no es una fría recopilación estadística sino que en sus primeras páginas expone algunos temas sobre privacidad y sobre el evidente desbordamiento que estamos viviendo entre las nuevas tecnologías y los marcos legislativos y cómo año a año vamos ajustando ese marco para limitar las violaciones de la privacidad. Saben que tantos años después de la aprobación de la Ley de Protección de Datos tan solo se ha depositado el 40 % de los ficheros que tendrían que estar en la Agencia de Protección de Datos.
No hace tantos años, Google Maps -cuando hablamos de los asuntos que hoy nos ocupan nos referimos básicamente a Google Maps- todavía no había pixelado las imágenes de las calles, de los ciudadanos y de algunos comercios que hasta hace muy poco tiempo estaban al alcance de cualquier persona que pudiera acceder a ellas. Señorías, ante un tema de seguridad, de privacidad, la realidad va por delante de la legislación y, por tanto, estas recomendaciones nos parecen muy adecuadas, aunque, como apuntaba la portavoz del grupo proponente, no será fácil llevarlas a la práctica en todos sus extremos, porque estos satélites no están solo a disposición de alguna empresa vinculada con las nuevas tecnologías sino de algunos países. Recientemente, a través de satélites disponibles en la red, hemos podido ver las capacidades militares de Corea del Norte, lo que nos ha tranquilizado relativamente porque hemos observado la gran distancia que hay entre la retórica del líder norcoreano y las potencialidades que tiene el país.
Aquí están en juego asuntos referidos a la seguridad y, por tanto, nos parece que esta es una buena iniciativa. Esperemos que no se trate de poner puertas al campo sino de ver que las nuevas tecnologías nos dan buenas oportunidades, pero siendo conscientes de que estas también han irrumpido para alterar algunos esquemas básicos en el ámbito de la defensa.
El señor PRESIDENTE: Para pronunciarse sobre la enmienda planteada, tiene la palabra la señora Moreno.
La señora MORENO FELIPE: Si no le importa, señor presidente, lo diremos antes de la votación, porque no hemos tenido tiempo material para negociar el texto.
El señor PRESIDENTE: Simplemente quiero que anuncie a la Presidencia si se acepta la enmienda o no para someterla a votación.
- SOBRE LA REORGANIZACIÓN DEL MANDO DE APOYO LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO (MALE), DE LA JEFATURA DE APOYO LOGÍSTICO DE LA ARMADA (JAL) Y DEL MANDO DE APOYO LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO DEL AIRE (MALOG). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/001421).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 3, que nos habíamos saltado, que es la proposición no de ley sobre la reorganización del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada y del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire, presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, doña Irene Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Quiero empezar agradeciéndoles la gentileza de retrasar un poco mi intervención.
Paso a defender la proposición no de ley de nuestro grupo. Lo que les planteamos es una propuesta que está destinada a racionalizar el gasto, tanto de las Fuerzas Armadas como del propio ministerio, a controlarlo adecuadamente, a supervisar los procesos de adquisición e implantar buenas prácticas contractuales. Sabemos que en estos momentos de crisis es fundamental racionalizar el gasto e incluso reducirlo en lo posible; por tanto, presentamos esta proposición no de ley con el afán de que esos recortes no recaigan sobre los propios miembros de las Fuerzas Armadas sino que se hagan realizando la mejor gestión.
Como saben, en la actualidad en nuestras Fuerzas Armadas existe un mando de apoyo logístico dependiente de cada ejército, además de la Dirección General de Armamento y Material, encuadrada en la Secretaría de Estado de Defensa. La articulación de cada uno de estos mandos de apoyo logístico está detallada con bastante precisión en la exposición de motivos de la proposición no de ley -no voy a mencionarla para ahorrarles toda esta nomenclatura administrativa-, y creo que queda claro, incluso dando una ojeada superficial, que hay una duplicación de órganos, de jefaturas, de direcciones, de secretarías, etcétera, cuando sería relativamente sencillo simplificar la gestión y obtener un ahorro económico. La unificación de estas áreas comunes de los mandos de apoyo logístico permitiría disminuir y centralizar estos órganos de contratación, lo cual facilitaría el control y supervisión por los cuerpos facultativos del Ministerio de Defensa y de los Ejércitos. De esta forma se producirían los ahorros que se derivan de una contratación unificada, tanto en adquisición como en mantenimiento de materiales similares en los tres Ejércitos: vestuario y equipamiento personal; armamento y sistemas de armas; municiones; sistemas de mando, control y comunicaciones; vehículos; transporte de material y personal, etcétera.
Entendemos que esta propuesta puede suscitar algunas dudas, sobre todo relativas al ahorro real que puede producir esta reorganización y a la repercusión que esa centralización de las compras puede tener en el propio funcionamiento del ejército. Voy a tratar de responder brevemente esas dudas. Pensamos que además de obtenerse una estructura más ágil, eficaz y eficiente, la creación de órganos independientes en su seno facilitaría el control y supervisión por los cuerpos facultativos del ministerio, promoviendo una ejecución del gasto más transparente que beneficiaría directamente a las Fuerzas Armadas como usuarias del material y a la industria de defensa como suministradora del mismo, ya que promovería la excelencia en las prácticas de contratación. Efectivamente, la centralización tendría los costes derivados de adecuación de instalaciones, traslado de material y personal y los derivados de la adaptación a la nueva estructura. Precisamente lo que proponemos es que se lleve a cabo este estudio y, como pueden ver, así se expresa explícitamente en la parte dispositiva de la proposición no de ley que presentamos. Es obvio que la centralización conllevará un ahorro de costes, pero son el propio Ministerio de Defensa y sus Ejércitos los que tienen la información disponible para evaluar el alcance económico de este ahorro, la inversión inicial que sería necesaria y el diseño y ejecución de la transición a la nueva estructura. Por eso sugerimos que se aborde este estudio y que se consideren estas opciones, analizándolas, por supuesto, previamente.
En cuanto a la posibilidad de que esta centralización restara agilidad a los Ejércitos, es cierto que si no se ejecutara correctamente podría ocasionar que en el organismo saliente de esta unificación no se tuviera una visión tan directa de las necesidades logísticas de cada ejército como la que se tiene actualmente. Para evitar este efecto, proponemos con toda claridad la centralización del apoyo logístico incluido en el apoyo a la fuerza, manteniendo en cada ejército los órganos logísticos correspondientes a la fuerza. El impacto de la centralización en la visión de las necesidades logísticas de los Ejércitos también se puede minimizar, desde nuestro punto de vista, incluso mejorando la situación actual, incluyendo en el organismo unificado un órgano de coordinación con comunicación directa con las divisiones de logística de los estados mayores de los Ejércitos. Esa agilidad de respuesta que supuestamente podría verse mermada es precisamente la causante de que, al existir varios órganos logísticos para adquirir el mismo tipo de material sin coordinación entre ellos, hagan -si se me permite la expresión coloquial- la guerra por su cuenta en detrimento de la eficacia y la eficiencia. Los grandes programas de adquisición de armamento ya se dirigen en gran medida de forma centralizada y no por ello se ha perdido la visibilidad de las necesidades específicas de sus ejércitos usuarios, por lo que consideramos que globalmente, y aún siendo conscientes de las objeciones que puede suscitar, esta unificación sería positiva.
En cualquier caso, lo que proponemos en esta iniciativa es -leo el texto dispositivo de la proposición no de ley- estudiar la centralización de las áreas comunes del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada y del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire en un solo organismo integrado en la actual Dirección General de Armamento y Material, modificando esta convenientemente. También proponemos estudiar la centralización de las direcciones de infraestructura de JAL, Malog e Inspección General del Ejército en la Dirección General de Infraestructuras. Por último, que en los organismos centralizados a los que se hace referencia en los dos puntos anteriores, se velara especialmente por la existencia e independencia de los siguientes órganos: Jefatura de Asuntos Económicos; Jefatura de Ingeniería; Asesoría Jurídica e Intervención, siempre con el fin de preservar los intereses del Estado y particularmente los del ministerio.
El señor XUCLÀ I COSTA: Intervengo para manifestar que esta iniciativa nos parece apropiada pero tímida, porque plantea un organismo unificado pero no una reducción de personal, cuestión en la que ha insistido mucho la portavoz del grupo proponente, cuando es elemental en la lógica de las economías de escala que la unificación de estos organismos tendría que suponer, aunque fuera mínimamente, una reducción de personal. Creo que este tipo de medidas de racionalización son las que en estos momentos nos tienen que conducir a la mejor distribución de los recursos públicos también en la política de personal. Insisto en que nos parece una buena iniciativa pero insuficiente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Esta iniciativa plantea una profunda reforma en el organigrama, en las estructuras, en la forma de gestión, en las competencias y en la coordinación de los mandos de apoyo logístico de los tres Ejércitos y del propio Ministerio de Defensa y afecta a materias tan fundamentales como la planificación, la gestión de compras, la obtención de sistemas de armas, el abastecimiento y mantenimiento de la fuerza, el apoyo logístico a las unidades y organismos de cada uno de los Ejércitos y también a una reestructuración del personal con la eliminación de varios unidades y la creación de un nuevo organismo dentro del Ministerio de Defensa. La propuesta, como ya se ha dicho, es la unificación de los tres mandos logísticos actuales de los Ejércitos en un solo macroorganismo, creando un mando de apoyo logístico centralizado.
En la propuesta se desarrolla una nueva estructura orgánica del Ministerio de Defensa, y ahí es donde creo que empiezan a no estar muy claras las cosas. Se dice que el nuevo organismo dependería de la actual Dirección General de Armamento, pero que esta elevaría su categoría a secretaría de Estado, de la que a su vez dependería una nueva dirección general de apoyo logístico que contaría con una estructura propia, como Jefatura de Asuntos económicos, de Ingeniería, Asesoría Jurídica, Intervención, que a su vez tendría direcciones, subdirecciones, etcétera. Las funciones de esta nueva secretaría de Estado serían, según la propuesta -leo textualmente-, las de ejercer el correcto control y supervisión de los procesos de adquisición y mantenimiento del material. No se menciona qué competencias se daría a las
unidades que actualmente ejercen estas funciones en Defensa ni por qué razón se eliminan las que actualmente tienen. Nada se dice sobre lo que pasaría con el personal que trabaja actualmente en estas unidades ni de qué personal se nutriría el nuevo macroorganismo. Tampoco se habla de cuál sería el ahorro de costes esperado o el aumento de los mismos, si es que lo hubiera, como ha quedado claro en el inicio de este debate. Se presupone que conllevaría la eliminación de los órganos de apoyo logístico de cada ejército con su personal adscrito, que actualmente depende de la Dirección General de Armamento y Material, que realiza las funciones de preparación, de planeamiento, de desarrollo de la política de armamento y material. Pero tampoco se dice nada de las importantes competencias que actualmente desarrollan el Sedef y el Jemad de coordinación, de seguimiento, de control de la actividad de los centros de apoyo logístico y que cuenta con sus propias comisiones de seguimiento de compras en cada uno de sus programas. La propuesta justifica la reforma en el principio de que la unificación en un solo organismo, según se dice también textualmente, es la evolución racional necesaria para aumentar la eficacia y la eficiencia de la adquisición de material y el mantenimiento de un alto nivel de nuestras Fuerzas Armadas. Entiendo que lo que se pretende con esta expresión es mejorar la eficacia funcional y económica en todos estos procesos, pero tampoco ha quedado suficientemente claro.
Esta iniciativa nos suscita algunas dudas serias y razonables. Los términos en que se plantea no parecen estar suficientemente fundamentados en el interés general del servicio que prestan las Fuerzas Armadas sino más bien en unos intereses muy sectoriales cuando no claramente corporativos. Quizá la creación de este macroorganismo podría mejorar ciertos aspectos de la gestión y de la contratación de las actividades comunes de los mandos de apoyo logístico, pero siempre que se preservara, desde nuestro punto de vista, el carácter público del servicio a prestar. Nos preocupa, además, que dicha centralización se convierta en un instrumento más para externalizar, es decir, para privatizar funciones esenciales que en estos momentos prestan funcionarios públicos y que son supervisadas y controladas por órganos públicos con plenas garantías, ya que la propuesta, al referirse a los objetivos que se pretenden, habla textualmente de la unificación y la externalización de ciertos niveles y procesos de mantenimiento y, sobre todo, de la racionalización de las encomiendas de gestión. Por otra parte, la unificación de estos servicios podría conllevar, sin duda, una pérdida de la especificidad que tienen actualmente los apoyos logísticos de cada uno de los Ejércitos, del Ejército de Tierra, del Ejército del Aire o de la Armada, que cuentan con sus propios expertos para definir sus necesidades, respetando, lógicamente, la unidad de criterios que debe preservarse por parte de Defensa. Desde un punto de vista funcional, tampoco nos parece eficiente ni seguro que un máximo órgano asuma el diseño, la ejecución, la coordinación, el seguimiento, el control y la verificación de estas decisiones. Creemos que los organismos de gestión deben ser autónomos y diferentes de los de coordinación, verificación y control de estas decisiones.
Señorías, no somos partidarios de asumir competencias que no son propias de este Parlamento, que son exclusivas del Gobierno, como es la definición de las estructuras y de los órganos de un ministerio, en este caso del Ministerio de Defensa. Esta es una de las claras reservas que nos plantea esta iniciativa. La proposición entra de lleno en este ámbito, porque el punto 3 plantea algunas cuestiones contradictorias o difíciles de entender, desde nuestro punto de vista, cuando se pide a no se sabe muy bien quién que se vele especialmente por la asistencia y la independencia de los órganos que dependerán de la nueva secretaría de Estado: la Intervención, la Asesoría Jurídica, la Jefatura de Asuntos Económicos, la Jefatura de Ingeniería, etcétera, con objeto de preservar los intereses del Estado y del Ministerio de Defensa. Nosotros nos planteamos lo siguiente. ¿Se supone que las unidades administrativas ahora existentes dentro del Ministerio de Defensa y de los propios Ejércitos no son suficientemente independientes o no defienden los intereses generales del Estado o del Ministerio de Defensa?
En definitiva, señorías, en esta iniciativa hay ideas que todos podemos compartir, por ejemplo, cuando se habla de hacer cambios que mejoren la coordinación, la gestión y la eficiencia económica, pero creemos que no debe abordarse de una manera sectorial y parcial sino de forma más global y conjunta para poder avanzar en una racionalización real de las estructuras orgánicas de Defensa y de las Fuerzas Armadas que nos permita afrontar su actualización y adecuación en un nuevo escenario de seguridad internacional, en un contexto de crisis económica que precisa de más ajustes, más coordinación, más innovación y más interlocución internacional.
Creemos realmente que es difícil justificar una reforma de esta naturaleza, profunda pero sectorial, que afecta seriamente al funcionamiento de los Ejércitos y a la coordinación del Ministerio de Defensa, sin analizar y elaborar un auténtico plan de racionalización de las estructuras orgánicas de Defensa y de las Fuerzas Armadas y con las reformas que sea necesario acometer en los órganos directivos y de mando
del ministerio y de los cuarteles generales. Así lo propusimos hace unos meses en una iniciativa, que defendió el diputado don José Enrique Serrano en esta Comisión, en la que se insistía en la necesidad de racionalizar las estructuras de Defensa y de las Fuerzas Armadas, evitando duplicidades y disfunciones que aún existen y que en estos momentos no podemos permitirnos. De todas maneras, este debate nos brinda de nuevo la oportunidad de poner de manifiesto la necesidad de trabajar juntos en esta Comisión para diseñar una estructura de Defensa y de las Fuerzas Armadas que responda a nuestras actuales necesidades y aborde ya urgentemente la racionalización de las estructuras administrativas del ministerio y de los Ejércitos. Pero claramente el ministro sigue solitario y silencioso, ajeno a lo que ocurre en esta Comisión y en nuestro país, sin entender la urgencia de abordar con seriedad cambios profundos en Defensa y en el funcionamiento de nuestras Fuerzas Armadas.
Por las razones que he intentado argumentar en mi intervención, nuestra posición como grupo va ser la de abstenernos en esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Carmen Navarro.
La señora NAVARRO CRUZ: En el Grupo Popular estamos convencidos de que todas las aportaciones que se hagan con el objetivo de mejorar deben ser bienvenidas y estudiadas, y con más razón esta que nos ha traído UPyD, que muestra el profundo y minucioso conocimiento interno de las estructuras militares que tienen las fuentes que hayan sido consultadas. Pero ciertamente las cosas cambian y no podemos decir que los momentos actuales sean comparables con los vividos hace unos años y muy probablemente tampoco serán iguales que los que nos queden por vivir; por tanto, coincidimos en la necesidad de reformar, de modernizar y de hacer más eficaz y eficiente su funcionamiento. De hecho, el Gobierno del Partido Popular no ha dejado de hacer reformas desde que los ciudadanos confiaron en él esa tarea y, por supuesto, en ningún caso, como acaba de decir la portavoz del Grupo Socialista, pensamos que esté eludiendo responsabilidades o que no esté siendo diligente en su cometido. En su comparecencia del día 25 de enero de 2012 ante esta misma Comisión, para informar sobre las líneas generales de la política del departamento, el ministro de Defensa señaló como una de las prioridades de su gestión revisar la estructura orgánica del Ministerio de Defensa con el fin de mejorar la eficiencia, evitar redundancias y adecuar su dimensión a esta nueva situación. Explicó que esa redefinición administrativa tiene que ver con la redistribución de tareas y responsabilidades entre el órgano central y los estados mayores y la simplificación del procedimiento de trabajo, con el objetivo de separar el planeamiento de la gestión. De este modo, una de las directrices marcadas en la Directiva de Defensa Nacional 2012 establece que se adaptarán las estructuras y los procedimientos de las Fuerzas Armadas de forma que se incremente la eficiencia tanto en la gestión como en la obtención y empleo de los recursos, promoviendo, además, la concordancia de los recursos financieros a disposición de Defensa con los requerimientos del escenario estratégico y las consiguientes necesidades de las Fuerzas Armadas. Por todo esto, tenemos constancia de que el Gobierno ya está estudiando la manera de materializar esa directriz que se encuentra, además, en línea con lo que se solicita en la proposición no de ley que plantea UPyD. En esta iniciativa se apuntan unos detalles que convendría estudiar detenidamente, ya que habría que considerar las enseñanzas aportadas por la experiencia de países de nuestro entorno y, sobre todo, los límites de la centralización, que deben estar condicionados a las necesidades de las Fuerzas Armadas.
Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta que ya se está trabajando en este sentido, el Grupo Popular tiene que manifestar su rechazo a esta proposición no de ley.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DESAFECTAR, PARA LA DEFENSA, LOS TERRENOS Y EDIFICIOS SIN USO DE LA BASE MILITAR EVA-4 O BASE DEL PENÍ DE ROSES (GIRONA), CON EL FIN DE SER DESTINADOS AL PARQUE NATURAL DE CAP DE CREUS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001506).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto quinto del orden del día, proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, por la que se insta al Gobierno a desafectar para la Defensa los terrenos y edificios sin uso de la base militar EVA-4 o base del Pení de Roses, en Girona, con el fin de ser destinados al parque natural de Cap de Creus.
Para su defensa, tiene la palabra don Carles Pàramo.
El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Esta propuesta de Convergència i Unió no tiene la trascendencia de la anterior que hemos debatido para la defensa nacional, pero sí creo que la tiene para la buena imagen de los cargos electos, por la responsabilidad que tenemos en la gestión del bien público. Voy a ponerles un poco en situación. La base del Pení se empezó a construir, de acuerdo con los convenios firmados con Estados Unidos en los años cincuenta...(Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señorías, bajen un poco el volumen de sus conversaciones para que podamos oír bien al señor Pàramo.
El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Esta base estuvo bajo mando americano hasta mediados de los años sesenta y posteriormente asumió el mando el Ejército del Aire, que la ha gestionado fantásticamente bien hasta nuestros días. Aquí viene la cuestión. Hacemos una modificación en el enunciado. No se pide la desafectación sino que habiéndose anunciado la desafectación lo que nos preocupa como grupo es que una instalación que hoy día está perfectamente bien conservada, que tiene grandes posibilidades como parque natural, por el sistema burocrático, administrativo, pueda quedar abandonada, degradándose, perdiendo todo su valor y creando un problema social en el municipio en el que está ubicada. Repito, no se trata de pedir una desafectación sino de que en el momento en el que se produzca el abandono, el repliegue del Ejército del Aire a un espacio más reducido en el mismo ámbito, no queden abandonadas estas instalaciones, al albur de lo que pueda pasar, que sabemos que no es nada bueno por otras experiencias anteriores.
En el pueblo de Rosas, situado en el Ampurdán, en el Mediterráneo, junto al cabo de Creus, que es una tierra de paso, tenemos instalaciones de defensa de diferentes épocas, desde los íberos hasta los romanos, pasando por los griegos, y allí construyó una ciudadela y un castillo el emperador Carlos I, Carlos V de Alemania. Desde el ayuntamiento cuidamos estas instalaciones -hace unos pocos años se compró la antigua batería de costa de Punta Falconera, cuya prestancia y origen militar se mantiene con orgullo- y procuramos que esta operación de desafectación no signifique su abandono.
No estamos juzgando una situación particular y local sino que es una imagen que se repite en todo el territorio español, de arriba abajo y de levante a poniente. Hay que analizar con mucha prontitud cuál es el bien que se desafecta. En este caso estamos hablando de unas instalaciones que por estar en un parque natural y por haberlo previsto así el Plan general urbanístico, aprobado con la aquiescencia de todas las administraciones competentes, el Estado también, no tienen ningún valor. Valen mucho, pero crematísticamente no tienen ningún valor. Me preocupa que los ciudadanos vean cómo se destruye, cómo se degrada aquello que en su día no tendrá ningún valor para el patrimonio del Estado, para el patrimonio del Ministerio de Defensa. Me preocupa que los ciudadanos vean cómo los legisladores, cómo los políticos responsables del Gobierno dejan que el bien común desaparezca y dan esta imagen de desorganización. Tenemos un bien que no vale nada, pero que dentro de un parque natural y en un municipio concreto puede tener un gran valor. Esta es la proposición.
Se nos ha presentado una enmienda que nos parece correcta. Nos parece muy bien que la acotemos de acuerdo con el Real Decreto 1286/2010. Lo único que hacemos es instar al Gobierno, al ministerio a que un bien que se desafecta y que está tan claro que no tiene ningún valor crematístico, que no se puede vender porque no tiene ningún provecho urbano, no pase a una lista de 50.000 cosas, dando a la ciudadanía esa imagen de descuido.
El señor PRESIDENTE: Sobre esta proposición no de ley pesa una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra doña Blanca Puyelo.
La señora PUYUELO DEL VAL: Señorías, intervengo para defender la enmienda presentada por mi grupo y para fijar nuestra posición sobre la proposición no de ley presentada por Convergència i Unió.
CIU nos trae a debate y votación la propuesta que todos ustedes conocen y cuyo resumen contiene el título de la misma. Haciendo un poco de historia, el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4, situado en la localidad de Roses, fue objeto de unas obras de modernización de infraestructuras que comenzaron en el año 2009. Estas obras permitieron una drástica reducción del personal, que dio como resultado que parte de sus instalaciones quedaran en desuso, por lo que se nos propone que instemos al Gobierno a desafectar para la defensa estos terrenos y edificios de la base militar del Pení de Roses con el fin de que sean destinados al Parque Natural de Creus.
Esta PNL es una reproducción casi exacta de otra proposición presentada por CIU en la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente, que se debatió y aprobó el pasado 12 de diciembre y a la que supongo que debemos su presentación hoy aquí. En esta ocasión y con el mismo espíritu, mi grupo parlamentario presenta una enmienda, que esperamos que, al igual que ocurrió en la citada Comisión, sea aceptada por el grupo proponente y que dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el momento oportuno estudie la viabilidad de que los edificios y los terrenos desafectados para la defensa de la base militar EVA-4 del Pení de Roses (Girona) se pongan al servicio del Parque Natural del Cap de Creus. En todo caso, el procedimiento estaría en consonancia con las disposiciones generales para la enajenación de los bienes inmuebles recogidas en el Real Decreto 1286/2010, de 15 de octubre. Esta enmienda es casi idéntica a la presentada por mi grupo en la Comisión de Agricultura, que el portavoz de CIU admitió y de la que dijo que resumía de manera clara el fondo de su propuesta. En esa ocasión -y me sirve también hoy- mi compañera, doña Concepció Veray Cama, en su intervención, explicó que el Ministerio de Defensa, mediante la Orden 63/2012, de 11 de septiembre, nombró un comisionado para la elaboración de una propuesta para la racionalización y utilización eficiente del patrimonio del ministerio, comisionado que estaba desarrollando sus funciones en esos momentos, y esperaba que próximamente presentara un primer informe con las propiedades que pudieran ser objeto de esa desafectación, tal y como se pide en esta PNL.
Quiero añadir que en el caso de que se procediera a la desafectación de los edificios y suelos del acuartelamiento del EVA-4 en desuso, sería necesario realizar una adecuación de los accesos a la zona técnica del escuadrón y una actualización de su vallado perimétrico de seguridad. Estas dos actuaciones tendrían un coste estimado cercano al millón de euros. La situación económica actual y la prevista han impedido su realización en el año 2012 y la hacen improbable en 2013. Por todo ello, se considera que las acciones para la reorganización de la base EVA-4, más allá de las incluidas en esta proposición no de ley, siguen encontrándose en estudio, razón por la que presentamos esta enmienda, que muestra nuestro firme compromiso con lo solicitado y manifiesta a su vez la comprensión con los momentos de dificultades económicas que estamos padeciendo, eso sí, con la tranquilidad de que durante la espera y gracias a la política que el Ministerio de Defensa lleva a cabo desde hace años se compatibiliza la misión de las Fuerzas Armadas con los objetivos de conservación, protección y, cuando es posible, recuperación del medio ambiente. Ejemplo palpable de ello es el convenio de colaboración firmado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y este ministerio para la conservación del medio natural y la gestión de los recursos naturales en las instalaciones militares, fruto del cual, en el año 2009, la Asociación Española de Normalización y Certificación, Aenor, concedió el certificado de gestión ambiental al sistema multisite implementado en los escuadrones de vigilancia aérea del sistema de mando y control, cuya validez de tres años ha sido renovada en octubre de 2012. Esto corrobora la importancia que para los escuadrones de vigilancia aérea tiene la preservación y el cuidado del medio ambiente, siendo una de sus señas de identidad, al estar muchos de ellos, como el que hoy nos ocupa, enclavados en parajes naturales de gran valor ecológico. Por tanto, estemos tranquilos. Es justamente esa presencia militar la que, como muy bien decía mi compañera en su intervención en la Comisión de Agricultura, garantiza la conservación de la flora y de la fauna no solo en este paraje que ustedes demandan sino en todos los lugares del territorio nacional donde se ubica. Es esta confianza en la actuación de nuestras Fuerzas Armadas la que me da la convicción para volver a solicitarles su comprensión y pedir al señor Pàramo que acepte esta enmienda, tal como lo hizo en la Comisión a la que tan ampliamente me he referido en mi intervención. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: En el turno de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Intervendré muy, muy brevemente, solo para anunciar nuestro apoyo a la proposición no de ley que presenta Convergència i Unió. Y si la redacción de la enmienda presentada, que reza que el Gobierno en el momento oportuno estudiará la viabilidad, satisface al proponente, miel sobre hojuelas.
El señor PRESIDENTE: Señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Intervengo con mucha brevedad.
Mi grupo comparte esta iniciativa incluso con la enmienda que ha presentado el Grupo Popular. No podría ser de otra forma, porque la proposición no de ley presentada en la Comisión de Agricultura, a la que se ha hecho mención, se aprobó por unanimidad, es decir, con el apoyo de mi grupo también. No
obstante, aprovechamos para señalar la conveniencia -y esto es algo que le correspondería hacer al ministerio- de tener una visión más global sobre este asunto y tener un marco común para desafectaciones como esta u otras similares a esta que se puedan producir dentro del territorio nacional.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sáez.
El señor SÁEZ JUBERO: Intervengo también con brevedad para fijar nuestra posición en relación con esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Fijamos posición en sentido positivo. No puede ser de otra manera, señor presidente, señorías, porque, como han dicho otros portavoces en las anteriores intervenciones, esta es una iniciativa presentada en términos parecidos a la que sustanciamos en la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente el 12 de diciembre de 2012 y que contó con la unanimidad de los grupos parlamentarios.
Esta iniciativa que ha presentado el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, defendida por don Carles Pàramo, alcalde de Roses, va en el sentido de que un paraje de la calidad ambiental de los terrenos de Defensa que ocupa la base militar del Pení en Roses (Girona) pueda incorporarse en un futuro muy próximo al Parque del Cap de Creus y, sobre todo, que pueda preservarse por su contenido medioambiental y que las edificaciones militares que tiene allí el ministerio puedan conservarse sin deterioro y puedan utilizarse en el funcionamiento del parque.
Esta es una dinámica que ya viene realizándose en los últimos años en nuestra provincia, en Girona, donde ha habido actuaciones parecidas muy significativas, como la que permitió la desafectación del Club Mediterranée en el propio Cap de Creus -una actuación de la entonces ministra Narbona- y la que llevó en el año 2006 al derribo de las antenas que Radio Liberty tenía en la playa de Pals, permitiendo mejorar el medio ambiente e incorporar el terreno al uso y disfrute del conjunto de los ciudadanos de Girona. Hay otras actuaciones pendientes también relacionadas con el Ministerio de Defensa que me permitirán que recuerde en esta Comisión y que van teniendo solución. Es el caso de los antiguos terrenos militares de la Clota en L'Escala, para cuya desafectación se llegó a un convenio en la anterior legislatura entre propio alcalde de L'Escala, Estanis Puig, y la entonces ministra de Defensa, Carmen Chacón, con la participación de nuestro compañero y diputado de esta Comisión de Defensa Germán Rodríguez, como jefe de gabinete del ministerio, y que finalmente, en fechas recientes, el Ayuntamiento de L'Escala ha podido adquirir previo pago del justiprecio. También está pendiente en el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí, L'Estartit, la desafectación y, en su caso, compra o enajenación de la antigua base de comunicaciones de Loran en esta localidad. Confiamos que en fechas próximas pueda llegarse a una resolución satisfactoria de este tema.
También compartimos, como lo hicimos en su día en la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente, la puntualización que hace el Grupo Parlamentario Popular con esta enmienda de modificación, para que esa desafectación y la posible enajenación en su día al Ayuntamiento de Roses o, en su caso, al Parque de Cap de Creus, se realice de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Real Decreto 1286/2010, de 15 de octubre. Tengo que decir que la enmienda usa un lenguaje parlamentario, pero que muchas veces es gubernamental, y que utiliza términos jurídicos indeterminados y atemporales, cuando dice: en el momento oportuno estudiar la viabilidad. A efectos polémicos, nos hubiera gustado alguna precisión mayor o simplemente la remisión directa al trámite administrativo que prevé el Real Decreto 1286/2010.
El señor PRESIDENTE: Señor Pàramo, ha manifestado ya que aceptaba la enmienda del Grupo Popular. No obstante, le doy la palabra por si quiere añadir algo al respecto.
El señor PÀRAMO I PONSETÍ: La exposición de la portavoz del Grupo Popular ha sido fantástica. Solamente quiero recalcar que se trata de hacer muy rápido lo que hay que hacer para que no se degrade la zona.
- SOBRE LA NECESIDAD DE EVALUAR LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN LA GUERRA, OCUPACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE IRAQ, ASÍ COMO LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN DICHO PAÍS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001515).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto sexto y último del orden del día, que es la proposición no de ley sobre la necesidad de evaluar la participación española en la guerra, ocupación y reconstrucción de Iraq, así como las violaciones de derechos humanos en dicho país, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa, tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Hace tan solo unas horas, pocas, poquísimas, al finalizar el Pleno de este Congreso de los Diputados, antes de las votaciones, el presidente del Congreso ha leído una declaración institucional condenando, como no podía ser de otra manera, los atentados de Boston muy, muy recientes. Pues, fíjense, el mismo día hubo un atentado atroz en Iraq y la mayoría de los grupos no se han acordado de que habían coincidido en el tiempo dos grandes atentados, el de Boston y el de Iraq. La verdad es que el de Iraq forma parte de la normalidad. Tan, tan normal es que incluso un parlamento democrático sensible con los derechos humanos y con las víctimas de todo el mundo no ha sido capaz de aunar los dos lamentables casos. ¿Qué puede significar esto? Puede significar que diez años después del inicio de la invasión de Iraq las cosas están mucho peor. De hecho, hoy día en Iraq hay una vulneración permanente de los derechos humanos, hay una privatización de todos los servicios públicos y el pueblo vive una situación muy difícil.
¿Cuáles son los hechos que nos llevan a plantear esta reflexión en forma de iniciativa parlamentaria? Quizás la impunidad con la que vamos metabolizando la historia, porque después de diez años del inicio de aquel conflicto el Parlamento español todavía no ha tenido la posibilidad de recibir por parte de los Gobiernos españoles, de derechas y de izquierdas, un informe sobre causas y consecuencias del conflicto. Esto podría significar un cierto olvido, que casi, casi raya con la impunidad. Las nuevas generaciones no van a aceptar esto, porque de la misma manera que a nosotros se nos puede imponer una cierta tergiversación de la historia no tan reciente, dentro de pocos años alguien se preguntará cómo y de qué manera el Parlamento español obvió durante diez años cualquier tipo de demanda para fiscalizar qué es lo que ocurrió y qué consecuencias tuvo aquella decisión. Repito, Amnistía Internacional denuncia la vulneración sistemática de derechos humanos, se ha restaurado la pena de muerte, la corrupción es casi, casi el atributo que más se adecua a la realidad y el Parlamento español todavía no sabe nada sobre cuánto costó la operación militar, cuál fue la cantidad de ayuda -entre comillas- destinada a Iraq ni dónde fueron a parar los 300 millones de dólares anunciados por el Gobierno español en la Conferencia de donantes de Madrid para la reconstrucción del país. Tampoco se han aclarado cuáles fueron las contrapartidas que iba a obtener el Estado español por participar en una guerra que tenía como finalidad apoderarse del petróleo iraquí y hacer negocio a raíz de la reconstrucción y privatización de los servicios públicos iraquíes. Recuerden que el Gobierno del Partido Popular prometió a las empresas españolas una cuota de participación del 9%, lo que representaba un negocio de casi 6.000 millones. Sé que ahora no hay tiempo, pero acuérdense de aquella famosa frase -finalmente la encontré- de Fernando Díez Moreno, secretario de Estado de Defensa y comisionado español para Iraq, cuando afirmó ante el Comité Hispano-iraquí de Cámaras de Comercio que había un especial -cito textualmente- deseo de Estados Unidos para que España participase en la reconstrucción como contrapartida por el apoyo a la guerra. Se hablaba de aquellos 6.000 millones que luego no aparecieron. La prueba está en que el ministro Trillo tuvo que trasladar al señor Rumsfeld -ustedes se acordarán- el disgusto del Gobierno español porque las empresas no pudieron colocarse, porque al final los americanos dieron esquinazo al Estado español, pagaron con moneda falsa.
El año 2006, para que vean ustedes que no nos sacamos un naipe de la bocamanga, planteamos esto mismo y el Grupo Socialista votó a favor. Es curioso. Votaron a favor y además era ministro un socialista, creo que el señor Bono. Se planteó entonces la necesidad de rendir cuentas ante el Parlamento, el Grupo Socialista votó a favor y un diputado -no puedo decir ningún nombre- que intervino en aquella Comisión estaba luego un tanto disgustado porque el Gobierno no hizo caso al Grupo Socialista que había apoyado a Esquerra Republicana en todo aquello que ahora volvemos a pedir diez años después. Ahora ha habido un colofón. A través de los medios de comunicación hemos podido ver un vídeo en el que se oía como un soldado español decía textualmente: A este se le han cargado ya. Creo que esta era la expresión. Hacía referencia a unos posibles malos tratos, a torturas, en definitiva a la vulneración de derechos humanos que padecía un prisionero iraquí. Por eso hemos introducido en la proposición no de ley un punto número 3, que pretende instar al Gobierno a encargar de manera inmediata una investigación exhaustiva e imparcial sobre la supuesta violación de derechos humanos cometida contra un prisionero iraquí por parte de soldados españoles que se ha hecho pública en un vídeo. Digo esto porque ustedes saben que Amnistía Internacional lo ha denunciado. Este punto número 3 está repetido en una autoenmienda que nos hemos hecho para poder votarlo de forma singular. Debo decir que retiro la enmienda, con lo cual tendremos opción de votar de forma separada al menos el punto número 3. Es posible que el Grupo Socialista ahora vote en contra. Les recuerdo que votaron a favor. ¡Claro! Ha pasado cierto tiempo. ¿Qué es lo que se pretende? Se pretende -y termino- que el Gobierno de turno, el Gobierno del Partido Popular presente
un informe sobre todo aquello que atañe a la guerra de Iraq, consecuencias desde el punto de vista de coste económico y consecuencias comerciales, es decir, todo aquello que otros grupos parlamentarios democráticos han reclamado en otros parlamentos europeos. No nos inventamos nada. También debo decir que ha habido parlamentos en los que se ha ganado y parlamentos en los que se ha perdido. Ustedes saben que en el Parlamento británico ha habido muchos problemas, muchas dificultades para que el Gobierno fuera transparente respecto a todo aquello que ocurrió en Iraq. En otros parlamentos no, en otros parlamentos se ha avanzado porque existe la máxima de que en todo aquello que no se metaboliza hay muchos riesgos de volver a cometer errores.
El punto número 2 -termino, señor presidente- dice que cuando recibamos -este es nuestro anhelo- el informe del Gobierno se traslade a la Comisión de Exteriores para que los portavoces, los diputados y diputadas miembros de la Comisión de Exteriores puedan reclamar, si es necesario, mayor información y la Comisión de Exteriores pueda emitir después unas resoluciones a las que el Gobierno luego hará caso o no.
El punto número 4 propone defender en todas las instancias internacionales oportunas la necesidad de garantizar los derechos humanos y el punto número 5 insta a realizar todas las acciones necesarias y oportunas para exigir la abolición de la pena de muerte en Iraq.
Así pues, señor presidente, retiro la autoenmienda para poder solicitar al menos la votación separada del punto número 3 y del punto número 5.
No sé, señor Tardà, si tiene mucho sentido estar en contra de la guerra de Iraq diez años después. Mi partido en aquel momento ni siquiera existía y no puedo más que decir que personalmente yo lo estaba, como por otro lado lo estaba el 80 % de la población española, tal como reflejaban las encuestas. Todo lo que usted propone en esta iniciativa -que se rindan cuentas sobre la participación española en esa guerra, que se informe con toda transparencia de los recursos, de las acciones y de los objetivos- hubiera sido muy pertinente en su momento. Es un tema que de hecho se ha discutido, no solo en referencia a la guerra de Iraq sino también a la de Afganistán. Hay un consenso general en el mundo entero en que esa guerra fue un error absoluto desde todos los puntos de vista, incluso desde el punto de vista de los recursos que detrajo de la guerra de Afganistán, lo que a su vez provocó que esta se alargara. Ahora hay una nueva Administración en Estados Unidos que ha tratado de tender los puentes que se rompieron en su momento con el mundo árabe. Las cosas han cambiado mucho. Aunque le doy la razón en que debió hacerse en su momento y no se hizo, porque no teníamos una ley de transparencia adecuada ni existían los mecanismos de rendición de cuentas adecuados en esta Cámara, no sé si tiene mucho sentido hacerlo ahora.
Lo que encuentro más actual de su propuesta es el punto 3, que es verdad que hay que investigarlo. Esa acusación que se ha hecho sobre miembros de las Fuerzas Armadas españolas y ese vídeo que existe son muy graves y la población tiene que saber la verdad de lo que ocurrió, pero la investigación ya se está llevando a cabo y está siguiendo los cauces oficiales. Responsablemente, deberíamos esperar a las conclusiones de esas investigaciones oficiales que se están llevando a cabo y requerir en su momento el dictamen que se emita. Vistas esas investigaciones, la información que se facilite y las explicaciones que se den quizás sea el momento de pronunciarse sobre este asunto. Por todo ello, mi grupo va a votar en contra de esta iniciativa.
El señor XUCLÀ I COSTA: Señorías, vamos a votar favorablemente la iniciativa recientemente defendida por el señor Tardà.
Hace justamente diez años, en aquel mes de marzo del año 2003, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió se opuso radicalmente a la intervención militar en Iraq y a la participación española en ella. Lo hizo en un momento en el que el marco de la política internacional se regía por un idealismo, el idealismo que gobernaba en aquel momento en la Casa Blanca, que pensaba que el gran remedio a los ataques del 11 de septiembre del año 2001 era una globalización exprés de la democracia en todo el
mundo. De la intervención en Iraq y de algunas otras hemos sacado algunas conclusiones. Casi todos nosotros, demócratas convencidos y partidarios de que la democracia arraigue en todos los rincones del mundo, sacamos de Iraq la conclusión de que la democracia exprés no era exactamente como lanzar ayuda humanitaria de unos aviones y que no se podía lanzar democracia sobre los países si no reunían algunas condiciones.
Nos parece bien que diez años después se realice en las Cortes Generales, como se está haciendo en tantos otros parlamentos, una investigación sobre la participación española en la guerra de Iraq -lo que el señor Tardà ha planteado y que sería como una comisión de escrutinio- y que después, como pide en el punto número 2 de su proposición no de ley, ese informe se envíe a la Comisión de Asuntos Exteriores, para que serenamente, diez años después, todos, quienes sostuvieron en este Parlamento la intervención en Iraq y quienes estuvimos en contra, podamos sacar algunas conclusiones a la hora de afrontar la guerra en Siria. Hace diez años en Iraq se optó por el desmantelamiento absoluto del ejército baasista y del régimen y no por el cambio desde dentro del régimen. Seguramente aquello nos dará algunas ideas sobre el abordaje que se debería producir en Siria, que en estos momentos está pivotando entre la opción de Gran Bretaña y de Francia de alimentar con armamento a la oposición siria, al llamado Ejército de Liberación, que tiene componentes muy plurales, o de intentar remover el actual régimen baasista.
Volviendo al objeto de esta proposición no de ley, vamos a votar favorablemente. Acabamos de saber por el señor Tardà que en épocas de Gobiernos socialistas, siendo ministro el señor Bono, se votó favorablemente. A veces hay momentos en que uno reflexiona si Bono y socialista no son contradictorios en sus propios términos, pero en todo caso en época del ministro Bono se votó favorablemente por parte del Grupo Socialista y estamos muy favorablemente predispuestos a los puntos 1 y 2. El punto 3 plantea algunas novedades a raíz de los recientes episodios conocidos de la difusión de un video por parte de un medio de comunicación escrito en su página web sobre los maltratos humanos: la violación de los derechos humanos a un prisionero iraquí. Estamos absolutamente a favor de esta investigación, recordando -por querer ser justos- que el Gobierno del Partido Popular ya ha iniciado esta investigación.
Finalmente, para terminar, en el punto número 5 se pide la cancelación de la pena de muerte en el sistema legislativo iraquí. Quiero recordar que España es parte firmante en la Asamblea General de Naciones Unidas de una petición para la moratoria universal de la pena de muerte con vistas al año 2015. Estamos a mitad del año 2013 y este gran propósito de la Asamblea General de Naciones Unidas, del cual España fue parte promotora, queda muy lejos de poder ser una realidad. No pedimos ni tan solo la cancelación en todos los sistemas legales, sino la moratoria universal de la pena de muerte.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Tudanca.
El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: La proposición que ahora debatimos es un refrito de otra similar que presentó el mismo grupo parlamentario allá en el año 2006, hasta tal punto que hoy debatimos una propuesta en la Comisión de Defensa que, entre otras cosas, pretende instar al Gobierno a que envíe un informe a la Comisión de Asuntos Exteriores, lo cual es un poco sorprendente. En aquel debate -y estamos hablando como decía del año 2006- todos los grupos expresaron fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, la inoportunidad de reabrir un debate sobre la participación española en la guerra de Iraq. Un debate que ya se había producido con enorme profusión desde el inicio de aquella legislatura del año 2004 y mi grupo se reafirma, porque si no parecía del todo oportuno en 2006 no parece que sea mucho más actual el debate en el año 2013. Decía la señora Lozano que en aquel año no existía su partido político. En aquel año yo no existía para mi partido político ni siquiera tenía cargo público ni nada que ver, pero también participaba en las manifestaciones contra aquella guerra y, desde luego, quiero dejar muy claro que no ha variado la posición de mi partido al respecto. Seguimos considerando que aquella guerra fue injusta e ilegal y que justificar una intervención militar con el negocio que puede suponer para un país ocupante, desde el punto de vista personal me sigue pareciendo repugnante. Quiero recordar que una de las primeras decisiones que adoptó aquel Gobierno, el Gobierno del señor Zapatero, fue precisamente traer a casa nuestras tropas y lo hizo exactamente hace nueve años, tal día como hoy, el 18 de abril del año 2004, se dio la orden de retirada, de repliegue, de la guerra de Iraq por parte de nuestras tropas. Fíjense que casi la única oportunidad de esta parte de la proposición es conmemorar una decisión sabia y absolutamente pertinente por parte del entonces presidente del Gobierno. En segundo lugar, en esa ocasión no todos los grupos, pero sí casi todos, hablaron en su día de la conveniencia de que se conocieran todos los datos precisos sobre aquella participación. De hecho fueron numerosísimas las explicaciones e informaciones que dio el Gobierno entonces en respuesta a numerosísimas iniciativas
parlamentarias. Incluso en el debate de aquella misma proposición en la Comisión la portavoz del Grupo Socialista, la señora Porteiro, expuso muchos de esos datos, los mismos que hoy pide el proponente. Aquel Gobierno y este Parlamento hicieron algo más importante todavía y para evitar que aquellos asuntos dependieran de la voluntad política durante aquellas dos legislaturas se diseñaron unos mecanismos de información e incluso se estableció la necesidad de autorización por esta Cámara en todo lo que tuviera relación con la participación de las Fuerzas Armadas españolas en misiones internacionales. Por tanto, a través de la Ley de Defensa Nacional, el Parlamento se convirtió en un eje del debate sobre aquellas misiones, para que no volviera a pasar aquello y para aprender de los errores. Compartimos la necesidad de ser transparentes sobre el funcionamiento, diseño, balance y gastos que se producen en este tipo de misiones. Quiero recordar que hace poco se debatió una proposición a instancia del Grupo de UPyD para ir precisando los datos en los Presupuestos Generales del Estado sobre los gastos en misiones, que contó con el apoyo de mi grupo. Nosotros presentamos enmiendas al último Presupuesto General del Estado. Se ha avanzado muchísimo en lo que tiene que ver con el comercio de armas también en este Parlamento, pero pedir en el año 2013 una pseudocomisión de investigación en la que se vuelvan a debatir las posiciones de cada grupo, por otra parte son muy claras sobre Iraq, y que se aprueben propuestas de resolución, no nos parece que tenga sentido. Si al grupo proponente le queda alguna duda tiene sobrados mecanismos parlamentarios de acceso a la información para obtenerla y para ese fin tendrá todo el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista. Curiosamente lo que sí es oportuno, actual y absolutamente necesario es lo que en la proposición solo parece la excusa -y que no centra el debate-, que es la publicación en los medios de comunicación de un video en el que aparecen soldados españoles maltratando a un prisionero en aquella operación. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado iniciativas parlamentarias para aclarar lo sucedido. Deben realizarse todas las investigaciones precisas para aclarar qué ha pasado, quiénes son los responsables y, desde luego, tomar todas las medidas para que no vuelva a suceder, porque los hechos son muy graves. Por supuesto, hay que despejar toda sombra de duda sobre la posibilidad de que hubieran sucedido otros hechos similares y también tomar medidas para que no vuelva a ocurrir nada semejante. Hay que hacerlo, porque, en primer lugar, están en juego los derechos humanos, pero también la reputación y el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas. Hemos pasado ya la conmemoración del 20º aniversario de la primera participación de nuestras Fuerzas Armadas en misiones internacionales. Siempre lo han hecho de forma absolutamente profesional y respetuosa con la legalidad internacional y nuestro prestigio no puede verse empañado por un hecho aislado sobre cuyos responsables -de confirmarse- debe caer todo el peso de la ley. Aquí no ha sucedido lo que ha pasado en los contingentes de algunos otros países, pero en todo caso tomemos nota y que este sea el primero y el último hecho de estas características. El Grupo Parlamentario Socialista apoyaría este punto y también los referidos a la defensa de la garantía de los derechos humanos en Iraq ante las instituciones internacionales y para realizar las acciones oportunas para acabar con la pena de muerte, aunque, como bien ha dicho el señor Xuclà, ya hay mecanismos y posición fundada de nuestro país en este sentido. Todo lo que ha dicho el señor Tardà lo compartimos con respecto a Iraq y a cualquier otro escenario. Me acuerdo de Iraq, de los atentados de Boston, de Siria, de Mali, porque mi grupo considera que los derechos humanos valen lo mismo en cualquier lugar donde se produzcan este tipo de hechos y este tipo de violaciones. Agradezco al señor Tardà que permita la votación separada para que podamos apoyar lo que nos parece la parte sustancial de esta proposición a día de hoy.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ferrer.
El señor FERRER ROSELLÓ: Siempre me viene a la memoria el hecho de que Iraq es un país que tiene una constitución democrática desde el año 2005 y que previamente a la guerra tenía un dictador brutal que se dedicaba a gasear masivamente a su pueblo, esta probablemente para ustedes sea una cuestión menor. (El señor Chaves González: ¡Hombre!). De su iniciativa, señor Tardà, podríamos distinguir dos derivadas completamente distintas. Una de claro contenido historicista y con concierto interés académico que no voy a negar: qué costó la campaña de Iraq, qué hicieron nuestras fuerzas, nuestros servicios secretos y algunas cuestiones más. No dejo de preguntarme si pretendemos que nuestra actividad responda al interés general de los ciudadanos, porque no centró su iniciativa en Afganistán, Mali, Somalia o El Líbano, que al final son operaciones vivas. Si como sospecho lo que le mueve es su interés por la historia, tal vez Libia, que es más próximo en el tiempo, un año solo, o bien Yugoslavia, en la que estuvimos bastante más tiempo, porque en definitiva la operación de Iraq quedó en entrar y salir. Si la debilidad de sus señorías son las cifras redondas y los aniversarios, me permito
sugerirle la campaña de Bailén, 205 años, o las Navas de Tolosa, 800 años clavados. De la campaña de Iraq, el Gobierno informó en su momento hasta la saciedad. Ahora ya es campo de la historia y me da la sensación de que también de la nostalgia de algunos.
La segunda cuestión que plantea sí es de rabiosa actualidad -no niego que tiene una profunda carga política-, pero no la vamos a apoyar por dos razones. En primer lugar, porque si lo que usted persigue es una investigación rigurosa e independiente sobre la actuación contraria a la ley y a las ordenanzas militares de tres individuos de tropa es innecesario. En este sentido puede estar tranquilo, el ministro de Defensa puso inmediatamente los hechos en conocimiento de la justicia militar, que está investigando con el rigor y la independencia que cabe esperar de los tribunales de Justicia. Ahora bien, tengo que reconocer a su señoría que la iniciativa era tentadora. Verá por qué se lo digo. Los hechos al parecer se producen inmediatamente antes del cambio de Gobierno, por lo que el gobierno del señor Aznar no pudo tener conocimiento alguno de los mismos. De hecho no existió ni una sola denuncia al respecto. ¿Podría la administración socialista afirmar lo mismo? Hombre, dispuso de siete años para enterarse de algo de lo que había pasado y según ha manifestado un conocido periodista del Heraldo de Aragón, don Gervasio Sánchez, él mismo puso en conocimiento del Ministerio de Defensa hechos muy similares a los que hoy le preocupan acaecidos también en la base de Diwaniya, incluso aporta una carta dirigida al mismísimo don José Luis Rodríguez Zapatero en la que con todo lujo de detalles pone en su conocimiento la situación. Ve por qué le decía que era tentador el tema. Haga su señoría un esfuerzo de imaginación conmigo, imagínese ya una comisión de investigación en el Parlamento llamando a capítulo al señor Bono, al señor Alonso, a la señora Chacón, incluso a lo mejor conseguíamos hacer bajar de las nubes a don José Luis, para que nos explicara cómo mientras uno afirmaba que se dejaría matar antes que matar el otro nos dedicaba encendidas arengas sobre la alianza de civilizaciones (La señora Pozuelo Meño: Tiene mucha gracia) y todos ellos en aquel momento -recordarán sus señorías- nos daban lecciones de moral y ética internacional, a ver si va a resultar que el señor Sánchez decía la verdad y habrían estado al mismo tiempo encubriendo graves violaciones de los derechos humanos. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Qué barbaridad!)
Señor Tardà, coincidirá conmigo en que la cosa tiene su aquél y que habría media docenita de explicaciones que dar al respecto. No vamos a entrar en ese juego. (La señora Pozuelo Meño: Ya ha entrado, ya ha entrado). Por sentido de la responsabilidad no vamos a pedir esa comisión de investigación. Si de lo que se trata es de juzgar acciones individuales -que es de lo que se trata- ya están en ello los tribunales de Justicia y el ministerio les ha brindado toda su colaboración. Si transformamos esto en una investigación política acabaríamos juzgando no a los individuos, sino a la institución y no se lo merece, señoría. No se lo merecen las docenas de miles de nuestros hombres y mujeres que durante 25 años se han jugado la piel y la vida defendiendo los intereses de España, la libertad, la democracia y la seguridad de sus compatriotas. No se lo merece el recuerdo de los 161 caídos que se dejaron la vida haciéndolo y no se lo merece el conjunto de las Fuerzas Armadas, que ha tenido siempre una actitud ejemplar y ha sido motivo de orgullo para todos. Le voy a decir algo más. El Partido Popular no está por la labor de propiciar que conductas individuales, por detestables que resulten, acaben redundando en el desprestigio de las instituciones básicas de este país. Estamos viviendo un momento en el que prácticamente se ha deslegitimado y generado un enorme proceso de desconfianza hacia todas ellas. Se empezó por el Poder Judicial, después el Legislativo, esta Cámara y el Senado, se continuó por el Estado de las autonomías, los sindicatos, la jefatura del Estado, los políticos en su conjunto, la Unión Europea, la economía de mercado y ahora las Fuerzas Armadas. Supongo que conoce la última campaña que incendia la red, porque habrá recibido los mismos emails que yo pidiendo la inmediata disolución del ejército. Sabe lo que pasa que una vez que se deslegitima por corrupto e incompetente el sistema democrático y representativo, se empieza a transmitir a la ciudadanía la idea de que la libertad está secuestrada y que hay que recuperarla en la calle siempre bajo la dirección de algunas elites concienciadas que dirigirán ese movimiento popular y espontáneo, a que le suena el mecanismo, señoría. ¿A qué conduce todo esto? Conduce a la revolución, a las barricadas, a la toma de la Bastilla, del Palacio de invierno, eso sí en versión cool. (Un señor diputado: conduciendo y bebiendo). Eso ha sido una grosería no sé de quién, probablemente de un grosero. (La señora Pozuelo Meño: Si provoca). Acabo en seguida. (Rumores.-La señora Pozuelo Meño: Más vale que acabe).
El señor PRESIDENTE: Señora Pozuelo, más vale que acabe no, porque le quedan tres minutos veintidós segundos y tiene derecho a utilizar su palabra. (La señora Pozuelo Meño: Si está provocando
desde que ha empezado). Señorías, por favor, dejen a los diputados usar la palabra, no se la atraviesen unos y otros. Esta Presidencia no ha oído lo que se ha dicho y, por tanto, no tiene nada que opinar al respecto. Pero por favor respétense en el uso de la palabra.
El señor FERRER ROSELLÓ: No vale la pena, señoría.
Repito, eso sí lo veremos en versión cool, en modalidad 2.0, acorde con los tiempos. En cualquier caso, señor Tardà, sabrá disculpar si le digo que los liberales conservadores no nos sumaremos con entusiasmo a este tipo de maniobras. Sí le diré que apoyaremos los apartados 4 y 5, por cuanto el Grupo Popular siempre se posicionará al lado de la defensa de los derechos humanos y, por supuesto, en contra de la pena de muerte. (Aplausos.-El señor Tudanca Fernández pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Señor Tudanca.
El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: Si me permite un segundo y dado que no pueden pedir la palabra por alusiones algunos de los citados por el señor Ferrer, simplemente me gustaría por el bien de esta Comisión, de este Parlamento y el suyo personal, que retirara las insinuaciones que ha hecho, ante miembros del anterior Gobierno, de haber ocultado crímenes de guerra por parte de nuestras tropas en la guerra de Iraq. Me parece que es lo más decente y lo más oportuno.
El señor PRESIDENTE: Señor Tudanca, lo que esta Presidencia ha entendido es que el señor Ferrer se refería a una hipótesis: si hubiera habido, resultaría aquí, y no ha hecho imputación ninguna.
El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: Eso es lo que define la Real Academia como insinuaciones, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Eso es lo que define en todo caso la habilidad parlamentaria para decir lo que se quiera sin necesidad de hacerlo. Señor Ferrer, usted ha pronunciado las palabras, diga usted lo que quiera.
El señor FERRER ROSELLÓ: Intervengo muy brevemente. Es que no es a mí a quien tienen que pedirles eso, tienen que pedírselo a don Gervasio Sánchez, que es el periodista que lo ha escrito. (La señora Pozuelo Meño: No, no, usted que ha dicho esas palabras en esta Comisión).
El señor PRESIDENTE: Señora Pozuelo, usted no está en el uso de la palabra, asunto zanjado. (La señora Pozuelo Meño: Desde luego que no estoy en el uso de la palabra).
El señor PRESIDENTE: Me gustaría que aclarasen, por favor, de los seis puntos de la proposición no de ley cuáles son las votaciones separadas que pide el Grupo Parlamentario Popular. (El señor Tardà i Coma pide la palabra). Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Si es posible desearía que se votaran los puntos 1 y 2 juntos y luego los puntos 3, 4 y 5 de forma separada, si es posible.
El señor PRESIDENTE: En relación con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a los satélites cartográficos recordarán sus señorías que hemos dejado pendiente una negociación entre el grupo proponente y el Grupo Socialista, que si tengo bien entendido consiste en una enmienda transaccional, en la cual el Grupo Parlamentario Socialista retiraría el segundo párrafo del punto 1, donde comienza "por una vez concluido" y acaba en "cartografía", manteniendo el resto del texto. Eso es lo que acepta el grupo proponente, el Grupo Parlamentario Popular, como enmienda transaccional. El enmendante tiene algo que añadir al respecto.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Intervengo muy brevemente. Quiero lamentar que no se haya podido incorporar la participación de los colegios de cartografía y de geografía a la elaboración del informe, pero quiero agradecer a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular el acuerdo al que hemos llegado.
El señor PRESIDENTE: Antes de comenzar la votación, están los grupos en disposición de que se pueda proceder a las votaciones o necesitan algún receso para llamar a presencia a sus diputados. (Pausa). Comenzamos las votaciones. Votación de la proposición no de ley número 1, del Grupo Socialista, que no tiene enmiendas.
Proposición no de ley número 2, del Grupo Socialista, relativa a la Fábrica de La Vega en Oviedo, con una autoenmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Se votan los apartados 1 a 3 y votaremos separadamente el apartado 4.
Votamos el apartado 4 de esta misma proposición no de ley.
Votamos la proposición no de ley número 3, del Grupo de Unión Progreso y Democracia, relativa a la reorganización del Mando de Apoyo Logístico del Ejército. No hay enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 23; abstenciones, 17.
Votamos la proposición no de ley número 4 del orden del día, del Grupo Parlamentario Popular, sobre instalaciones sensibles para la defensa y su observación a través de satélites. Se vota la enmienda transaccional en los términos presentados por los grupos firmantes de la misma.
Proposición no de ley número 5, del Grupo Catalán de Convergència i Unió, sobre la base del Pení de Roses. Se vota la enmienda del Grupo Popular aceptada por el grupo proponente.
Proposición no de ley número 6, votamos en un primer bloque los puntos 1 y 2 y en un segundo bloque los puntos 3, 4 y 5. (El señor Tardà i Coma pide la palabra).
El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, pedimos votación separada de cada uno de los puntos 3, 4 y 5.
El señor PRESIDENTE: Votaremos los puntos 1 y 2 en un bloque y después separadamente el punto 3, luego el punto 4 y finalmente el punto 5. Primer bloque, puntos 1 y 2.
Apartado 3 de esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad. (La señora Lozano Domingo pide la palabra). Señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Intervengo para dar una explicación del voto, señor presidente. Como respecto a este último punto dije en mi intervención que íbamos a votar en contra, quiero precisar que gracias a que el señor Tardà ha aceptado la votación por puntos separados, hemos podido revisar nuestra posición favorable en los distintos puntos.

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 real decreto 
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 artículo 207
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 resolución 
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