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Timestamp: 2017-11-22 23:44:26+00:00

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Servicio de Información GRUFIDES: agosto 2012
“EXISTE UNA NECESIDAD DE FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL EN EL PAÍS”
Urge una reforma en la gestión ambiental que parta del fortalecimiento de la institucionalidad ambiental en el Perú. Ese fue el planteamiento principal de los panelistas que participaron en el conversatorio “Nueva Minería en el Perú. ¿Cómo, dónde y bajo qué criterios?”, organizado por Comunicaciones Aliadas en alianza con la Red Muqui, realizado el 28 de agosto.
“El Ministerio del Ambiente tiene que ser la única autoridad ambiental, no puede haber autoridades ambientales sectoriales, lo cual significa que el ministerio se convierta en el responsable de los estudios de impacto ambiental” afirmó Giesecke.
“Asimismo, se debe procurar la presencia del sector ambiente en las regiones, para que el Ministerio del Ambiente esté físicamente bajo la égida del gobierno regional de tal manera que se fortalezca la institucionalidad regional y local, en una sola autoridad capaz de hacer el seguimiento de lo que se acuerde con los EIA”, explicó el ex ministro del Ambiente.
“El debate peruano sobre nueva minería no es un debate aislado. Esta es una tendencia regional porque en realidad somos parte de este ciclo de auge que estamos viviendo en varios países a consecuencia de esta creciente dependencia de exportación de estos commodities” dijo Monge.
“Conviene, más bien, pensar en algo que estamos llamando una estrategia postextractivista, y que se encarna en los debates de nueva minería, que ponga atención en la gestión del territorio, la conservación del ambiente y la protección de las bases de la biodiversidad”, acotó.
Servindi-Lima 29.08.2012
Publicado por . en 6:44 p.m.
¿CÓMO ENFRENTAR LAS DETENCIONES ARBITRARIAS DE ACTIVISTAS DE DD.HH. DESDE EL ESTADO DE DERECHO?
Fuente: Publicado en el portal informativo de Justicia Viva: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=879
Servindi-Lima 27.08.2012
¿SON VALIDAS LAS CONCESIONES MINERAS Y PETROLERAS NO CONSULTADAS?
El congresista Javier Diez Canseco acaba de presentar un proyecto de ley que busca modificar la segunda disposición complementaria final de la Ley 29785, con la finalidad de garantizar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas en relación con los actos administrativos y normativos, expedidos con posterioridad a la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT. Ciertamente, la explotación de los recursos naturales impulsada por el Estado es una actividad clave para el desarrollo del país, necesaria para solventar las políticas sociales, pero no a cualquier precio, no puede darse de cualquier manera, pisoteando los derechos de los pueblos indígenas o transgrediendo las normas que regulan la protección del medio ambiente.
La pregunta de fondo está relacionada con la validez de las concesiones mineras, de los contratos petroleros, de las concesiones forestales y otras medidas expedidas luego del año 1995 y antes de la publicación de la ley de consulta previa y que no fueron consultadas a pesar de que afectaban directamente a los pueblos indígenas.
El Gobierno y el Congreso intentan incumplir el Convenio 169 de la OIT
Si atendemos a las normas legales expedidas por el Gobierno concluiríamos que para este el Convenio 169 de la OIT no tiene efectos jurídicos. En su lugar, el Gobierno y el Congreso pretenden la realización de talleres informativos que vacían de contenido el derecho a la consulta. En efecto, según la 1ra DC del Decreto Supremo Nº 023-2011-EM, publicada el 12 de mayo del año 2011, norma que aprobó el Reglamento del procedimiento del proceso de consulta de actividades minero energéticas, de 1995 hasta el 12 de mayo del año 2011, se aplicarían a las concesiones inconsultas las normas de participación ciudadana que regulan las actividades mineras y petroleras. Nos referimos al Decreto Supremo Nº 028-2008-EM (Reglamento de participación ciudadana en el subsector minero) y al Decreto Supremo Nº 012-2008-EM (Reglamento para la participación ciudadana de las actividades de hidrocarburos).
La magia que hacen estas normas que regulan la participación ciudadana es increíble: primero reconocen el derecho a la consulta previa con bombos y platillos (ver el artículo II del Título Preliminar del Decreto Supremo 012-2008-EM y el artículo 4 del DS 028-2008-EM), y luego dicen, que este derecho se ejercerá a través de los mecanismos de participación ciudadana contenidos en esas mismas normas. ¿Dónde está la trampa? En que cuando uno revisa los diferentes mecanismos de participación ciudadana de estas normas (art. 6 del DS Nº 028-2008-EM), no encuentra nada que se parezca a la consulta.
Lo más cercano son los talleres informativos, que no exoneran al Estado de su responsabilidad de consultar con los pueblos indígenas (06316-2008-AA/TC, f.j. 25)(1). Luego, el 7 de setiembre del año 2011 se publica la Ley de Consulta Previa de los Pueblos Indígenas (Ley 27985). Según su cuarta disposición complementaria final (DCF), esta ley entró en vigencia el 7 de diciembre del año 2011 (90 días después de su publicación). Esta norma en su 3ra DCF derogó el DS 023-2011-EM, estableciendo en su 2da DCF que esta norma no modifica las normas que regulan la participación ciudadana en actividades extractivas. Con lo cual, las concesiones entre el 12 de mayo del 2011 y el 7 de diciembre del mismo año, se sujetaran a las cuestionadas normas que regulan la participación ciudadana antes mencionadas (D.S. Nº 028-2008-EM, y al D.S. Nº 012-2008-EM). En síntesis, no existe el Convenio 169 de la OIT y tampoco el derecho a la consulta.
El intento fallido del TC para incumplir la ley de consulta
El TC también trató de desvincularse del Convenio 169 de la OIT de forma vergonzosa, sosteniendo que el Convenio 169 de la OIT mismo exigible recién desde junio del año 2010, para luego tener que desdecirse y corregirse. En efecto, primero en la sentencia 00022-2009-PI/TC, que tiene fuerza normativa según el artículo 82 del Código Procesal Constitucional (Ley 28237), sostiene el TC la inaplicabilidad de la norma que contradiga el Convenio 169 de la OIT (f.j. 10), la aplicabilidad inmediata del Convenio 169 aun cuando no haya sido reglamentado (f.j. 12 y 13) y el reconocimiento del inicio de la fuerza vinculante del Convenio 169 de la OIT desde el año 1995 (f.j. 41). Luego en la sentencia 06316-2008-PA/TC sostiene que los actos administrativos inconsultos expedidos luego de la ratificación del Convenio 169 de la OIT son inconstitucionales (f.j. 27), incluso precisa otra vez que el Convenio 169 de la OIT está vigente desde 1995 (f.j. 23).
No obstante, en la resolución aclaratoria 06316-2009-AA, señaló “la obligatoriedad de la consulta desde la publicación de la STC 0022-2009-PI/TC, sujetándose a las consideraciones vertidas en tal pronunciamiento”. ¿Dónde está el problema? En que esta sentencia 00022-2009-PI/TC fue expedida el día 9 de junio del año 2010. Es decir, entre el año 1995 y junio del 2010, el Convenio 169 y el derecho a la consulta eran pura retórica. Felizmente esta posición fue rectificada posteriormente en la sentencia 00025-2009-PI, estableciéndose que el Convenio 169 está vigente y es exigible desde el año 1995 (f.j. 23)
Partiendo de la premisa que el Convenio 169 de la OIT tiene rango constitucional (00022-2009-PI/TC, f.j. 10) y que con o sin desarrollo normativo y reglamentario es vinculante y exigible desde el año 1995 (00022-2009-PI/TC, f.j. 12), podemos identificar cuatro posiciones. Una primera es la tesis de la validez de las concesiones, asumida por el Gobierno y por el TC en su momento. Esta sostiene que todas las concesiones anteriores a la aprobación y publicación son válidas y que el derecho a la consulta en realidad se debe aplicar para las concesiones futuras. Esta posición está en la sentencia 06316-2008-AA (f.j. 27) y en su resolución aclaratoria (f.j. 7), en el D.S. Nº 023-2011-EM (1ra DT) y en la Ley Nº 29785 (2da DCF). Para ellos, no debería aplicarse el Convenio 169 de la OIT pues no hay ley y reglamento y además porque se afectaría la buena fe o la “confianza” de las empresas. El problema con esta tesis es que no tiene fundamento constitucional, pues el Convenio 169 de la OIT está vigente desde el año 1995, y la vigencia de los derechos no está subordinada a su desarrollo legislativo y reglamentario.
La otra es la tesis de la nulidad de las concesiones. Ella puede ser hallada en el 3er párrafo del artículo 46 de la Constitución, según el cual son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. El Estado (MINEM) carece de competencia para expedir concesiones que afectan pueblos indígenas inconsultamente. También puede ser hallada el artículo 10.1 de la Ley General de Procedimientos Administrativos (Ley Nº 27444). El fundamento de esta tesis es la jerarquía normativa de la Constitución (art. 51 y 3er párrafo del art. 138 de la Constitución). La Constitución -y las normas de igual jerarquía como el Convenio 169 de la OIT(2) -, no sólo es la norma de mayor jerarquía, sino que es un criterio de validez del resto del ordenamiento jurídico (00047-2004-AI/TC, f.j. 9). El problema con esta tesis, es que si se aplicara a todas las concesiones expedidas desde el año 1995, todas estas serían nulas, generando una grave e intolerable afectación a la seguridad jurídica, la cual es un bien jurídico constitucional que debe también ser protegido. Por eso conviene diferenciar, dos conceptos, la invalidez de los actos administrativos y normativos inconsultos, por un lado y de la modulación de los efectos de las sentencias, por el otro, para no generar efectos más perjudiciales de los que se busca evitar. La invalidez de los actos inconsultos es una cosa innegociable, todo acto que va contra los derechos humanos es inválido, más allá de sus consecuencias. Sin embargo, ello no enerva modular las consecuencias de esta invalidez, para proteger otros bienes jurídicos.
En medio de estas dos posiciones, existen, fundamentalmente, dos fórmulas intermedias, que establecen una modulación de las consecuencias de la declaratoria de invalidez de los actos inconsultos. La tesis de la suspensión, y la tesis del plazo para la adecuación. La tesis de la suspensión de las concesiones, es la que ha asumido por ejemplo la Corte Constitucional de Colombia ante actos administrativos no consultados relacionados con actividades extractivas u obras de infraestructura pública(3). No se declaran nulas las concesiones inconsultas, sino que se suspenden sus efectos hasta que se consulte. Esta tesis también la propuso el Comité de Expertos de la OIT del año 2010(4) e incluso la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del Caso Saramaka vs. Suriname (párrafo 196.a). El problema con la suspensión generalizada de todas las concesiones es que también generaría un caos jurídico y una intolerable afectación del principio de seguridad jurídica, que podría no sólo generar una ola de demandas contra el Estado, sino poner en peligro la política energética nacional, su normal funcionamiento y en definitiva la gobernabilidad del país, lo cual no busca la consulta previa.
En nuestra opinión, debe hacerse una ponderación entre el principio de seguridad jurídica y el derecho a la consulta previa de rango constitucional y debe buscarse optimizar ambos bienes jurídicos. En ese sentido, proponemos una tesis del plazo para la adecuación de las concesiones al Convenio 169 de la OIT. Esta ponderación debería conducirnos a una fórmula intermedia donde los dos mencionados bienes jurídicos sean protegidos. Esto sólo es posible de lograr si se otorga al Ejecutivo un plazo razonable para realizar la consulta de las decisiones administrativas o normativas, posteriores a la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT, y anteriores a la publicación de la ley de consulta. En caso que no se haya realizado la consulta en el plazo concedido, las concesiones deberán ser suspendidas por un plazo y de persistir la negativa, declaradas nulas. Asimismo, debería precisarse que, si las actividades han generado condiciones intolerables para la salud, la alimentación, el medio ambiente o la dignidad de los pueblos indígenas, las concesiones deberán ser objeto de cancelación, dado que no son compatibles con la protección de los derechos de los pueblos indígenas.
¿Qué hacer con las concesiones inconsultas de los años anteriores?
Se debe requerir al ente público que ha tomado la decisión inconsulta, que realice el proceso de consulta. En caso que este se resista, se debe recurrir a un proceso de amparo. Tenemos 60 días hábiles para hacerlo desde la fecha de la expedición del hecho lesivo (la concesión). El “acceso a la consulta” es parte del contenido constitucional protegido del derecho a la consulta (00022-2009-PI/TC, f.j. 37), y sabemos que las demandas de amparo tiene que estar referidas necesariamente al contenido constitucional de un derecho, si no quieren ser declaradas improcedentes (art. 5.1 del Código Procesal Constitucional – Ley Nº 28237). ¿Qué hacer cuando las concesiones fueron expedidas hace 4 o 5 años? En principio las acciones en su contra deberían ser declaradas improcedentes (art. 5.10 del Código Procesal Constitucional). Sin embargo, en aquellos casos, el hecho lesivo que se deberá cuestionar no debería ser la concesión, sino la omisión del Estado de realizar el proceso de consulta. Sólo en ese caso, podríamos aplicar el artículo 44.5 del Código Procesal Constitucional, el cual precisa que “Si el agravio consiste en una omisión, el plazo no transcurrirá mientras ella subsista”.
(1) Una explicación más detallada en: Juan Carlos Ruiz Molleda, La implementación del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas. IDL, Lima, 2011, pág. 295. Revisar en: http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/publicaciones/archivo20122011-150924.pdf.
(2) STC Nº 00025-2005-PI/TC y 00026-2005-PI/TC, acumulados, f.j. 34.
(3) Ver por ejemplo T-652/98, T-880/06, T-769/09.
(4) La CEACR precisa que “suspenda las actividades de exploración y explotación de recursos naturales que afectan a los pueblos cubiertos por el Convenio en tanto no se asegure la participación y consulta de los pueblos afectados a través de sus instituciones representativas en un clima de pleno respeto y confianza, en aplicación de los artículos 6, 7 y 15 del Convenio”.
Servindi-Lima 24.08.2012
BAMBAMARCA INVALIDÓ EN LAS CALLES ILEGÍTIMO “ESTADO DE EMERGENCIA”
Servindi-Lima 23.08.2012
El polémico proyecto minero aurífero y cuprífero Conga en Perú, entró en una "fase de suspensión", confirmó este jueves el primer ministro Juan Jiménez, luego de que su gobierno puso un plazo de dos años a la compañía para que garantice que la región de Cajamarca (norte) no se quedará sin agua.
"Hemos entrado en un escenario distinto, el proyecto ha entrado en una fase de suspensión que ya ha determinado la propia compañía y, por supuesto, a pedido del gobierno", dijo Jiménez a periodistas.
El funcionario sostuvo que de esta manera el problema de Conga, resistido por la población norandina de Cajamarca donde se ubica, es un asunto que queda fuera de la agenda inmediata del gobierno. "Es un tema que está absolutamente fuera de lugar", subrayó.
El miércoles el presidente Ollanta Humala dijo que la compañía minera Yanacocha, controlada por la estadounidense Newmont, "tiene dos años de plazo para asegurar el agua a los cajamarquinos".
En tanto, desde Estados Unidos, el presidente ejecutivo de Newmont, Richard O'Brien, declaró días atrás que se realizarán "cambios significativos" para crear un entorno que permita avanzar con el proyecto Conga, que tiene previsto una inversión total de 4.800 millones de dólares.
"Tiene que haber un entorno consistente necesario para el buen desarrollo de la minería; en este momento no vemos ese ambiente en Conga. Tomará un tiempo significativo para que eso suceda", declaró O'Brien a la agencia Dow Jones Newswires.
El proyecto Conga prevé el secado de cuatro lagunas para extraer oro y cobre del fondo, y la empresa proyectaba construir reservorios de agua en la zona para asegurar la provisión del líquido a las poblaciones y para la actividad agrícola y ganadera.
Las obras son fuertemente resistidas por comunidades locales que afirman que existe un gran riesgo de que puedan quedarse sin provisión de agua.
El proyecto había sido suspendido en noviembre de 2011 a raíz de fuertes protestas, pero fue retomado en abril luego de una auditoría medioambiental ordenada por el gobierno.
A raíz de un incremento de las manifestaciones contra el proyecto, que dejaron un saldo de cinco muertos en julio, el ejecutivo peruano declaró el mes pasado un estado de emergencia y militarización en Cajamarca, que aún está vigente.
AFP NOTICIAS 23.08.2012
DERRAME DE ANTAMINA EN CAJACAY: A CASI UN MES, EL VALOR DE LA SALUD EN DEBATE
El día 08 de agosto se realizó una reunió entre la Comunidad Campesina de Cajacay y la empresa minera Antamina, anunciada con la presencia del Presidente de su Directorio. Las entidades que estuvieron presentes, entre ellas la Defensoría del Pueblo. Aparentemente, ésta y otras instituciones públicas no habrían sido invitadas formalmente, sino, por convocatoria de preocupados residentes cajacainos en Lima conscientes de esta situación.
El resultado fue la firma de un Acta de compromiso, con dos puntos resaltantes: 1. La construcción de la represa Huarco Curan y 2. El establecimiento de la Comisión de Salud que determine las indemnizaciones a los afectados.
No es la primera vez que ocurren problemas entre la Comunidad Cajacay y Antamina, desde el año dos mil en que se firmó el primer convenio para posibilitar las operaciones de la empresa en la zona se ha dado una historia llena de ofrecimientos, expectativas, y frustraciones en Cajacay, sin duda, la más relevante demanda para la Comunidad fue la construcción de la represa Huarco Curan.
La población local esperó y exigió que Antamina financie la obra considerada de importancia fundamental para la obtención de agua en las actividades productivas de la zona ante la variabilidad de lluvias a cambio de que en la zona funcione el mineroducto que transporta los minerales y la operatividad de dos válvulas.
Humberto Campodónico explica que: “En términos de suma simple, Antamina invirtió US$ 2,461 millones de 1997 al 2009. Comenzó a depreciar en el 2003 –de acuerdo a nuestros cálculos– por un total de US$ 2,248 millones y tuvo utilidades netas desde el 2005 por US$ 6,320 millones, lo que arroja un flujo neto positivo de US$ 6,106 millones”.
Ante esto, el siguiente cuestionamiento es: ¿Realmente, Antamina no pudo financiar en más de 10 años la represa que requería Cajacay teniendo un saldo neto de más de 6000 millones de dólares? Pareciera que tuvo que suceder el derrame de minerales para que la Comunidad obtuviera el compromiso de la ejecución de esta obra por la empresa en solo 45 días.
Como antecedentes, cuando la Comunidad exigía a la empresa que financie la construcción de dicha represa, ofrecida contractualmente con la firma del Convenio el año dos mil, con la cual obtuvieron la aceptación de la Comunidad para la construir de dos válvulas y permitir paso del mineroducto por una de sus calles principales . A cambio Antamina se comprometía a hacer las gestiones para buscar financiamiento. Así, textualmente, el acuerdo señala:“La fecha de culminación de la obra será la indicada en el expediente técnico, que no excederá del 31 de diciembre del 2001 salvo caso fortuito o de fuerza mayor”, este primer convenio establecía una multa de cincuenta mil dólares americanos si hasta el 31 de junio del 2001 no se iniciaba la construcción de la obra.
Han pasado ya once años y nada se ha hecho debido a trámites burocráticos (Muchos acusan al SNIP, entre otras instituciones) y cuestionados manejos comunales. Todo este incumplimiento provocó serios reclamos de los comuneros. El año 2009, la Comunidad realizó un paro para exigir la construcción de la represa, tal es así que la Defensoría del Pueblo registró el conflicto social en el Reporte Mensual de Conflictos Sociales, la policía usó balas para reprimir las protestas y resultaron 12 personas heridas.
El herido grave por bala, entonces, comunero Gregorio Balabarca Alva, nos manifiesta que se hizo cuatro operaciones para poder restablecer su Salud, estas fueron cubiertas por Antamina, sin embargo, después de esto no ha recibido ningún tipo de indemnización respecto a las secuelas del impacto de bala, así, dijo: “Yo fui una persona sana, trabajaba en empresas, ahorita, yo no sirvo para nada…ese fue el motivo para que mis hijos queden sin estudios”, por lo que, hasta el día de hoy exige una indemnización.
Si bien, había responsabilidades del Estado más que de la Empresa, nos preguntamos: ¿Por qué Antamina no fue claro respecto a sus limitaciones para conseguir la construcción de la represa como parte de una negociación para obtener las concesiones de la construcción del mineroducto y las dos válvulas en el distrito de Cajacay (una de ellas la que explosionó originando el derrame)? ¿Es que acaso Antamina jugó con las expectativas de la población? ¿O es que la deficiente comunicación entre empresa, Comunidad y Estado permitió que torpemente se generen condiciones de conflictividad social en la última década en la zona?
Así, las expectativas de la población estuvieron siempre en poder ver la ejecución de la represa; se trata pues de una frustración de más de 10 años a partir de la llegada de la empresa y así, las tareas de relacionamiento comunitario se vieron condicionadas a difíciles circunstancias sociales las cuales ofrecían como resultado una posición muy crítica respecto a la política de responsabilidad social de Antamina. La gran lección de todo esto fue que para la población local que exigía las muestras de transparencia, claridad y responsabilidad durante las negociaciones y establecimientos de acuerdos, dicha responsabilidad social se hubiera expresado en el cumplimiento de las obras prometidas desde el 2000.
Además de las posiciones críticas respecto los diagnósticos médicos, muchos comuneros se cuestionan sobre cómo se efectúa el proceso de reparaciones.
Finalmente, vale señalar que Antamina, a través de Nota de prensa, ha confirmado que: “se compromete a indemnizar por daños y perjuicios a la comunidad de acuerdo al resultado de los informes y los análisis técnicos, y lo que la comisión de salud proponga”. Así como también, que va a esperar la evaluación de la OEFA sobre los impactos de los sucesos (Esta saldría en 45 días).[1]
La falta de información, comunicación y transparencia hacia todos los afectados de la zona desde el día en que acontecieron los hechos, ha generado un clima de especulación sobre los pagos que Antamina tendría que hacer por los impactos del derrame. En suma, ha pasado casi un mes del derrame y los afectados, hasta la redacción de este artículo, no han recibido -o no se notaba- asesoramiento especializado y monitoreo permanente del Estado para conocer sobre la situación de los afectados, ni tampoco de ONGs que hagan conocer, entre otras cosas, cuál es el procedimiento, quiénes deberían recibir reparaciones y menos aún, tener claridad sobre lo que ha sucedido con la Salud de los afectados.
Algunos comuneros temen más que otros por su Salud y hasta muchos ven una oportunidad de beneficio económico importante, pero ninguno asegura saber exactamente cuál es su diagnóstico y las posibles consecuencias del impacto del derrame. Esto podría favorecer que se imponga una visión inmediatista que podría resultar peligrosa para ellos y por ello es el Estado el llamado a garantizar que los pobladores que han sido afectados reciban toda la atención necesaria para su Salud, así como una suma de dinero por concepto de indemnización correspondiente a los antecedentes internacionales sobre derrames ocurridos en otros casos (sentencias, acuerdos de indemnización, etc.).
CONTUNDENTE RECHAZO A PROYECTO MINERO: 78% DE CAJAMARQUINOS DICE CONGA NO VA
Cuatro de cada cinco cajamarquinos se oponen al proyecto minero Conga de la empresa Yanacocha. Así lo revela una reciente encuesta de Ipsos-Apoyo realizada en la provincia de Cajamarca entre el 3 y 9 de agosto.
Según el estudio el 78% de esta población se manifiesta en contra de la ejecución del proyecto mientras solo un 15% se expresa a favor -con una oposición en el área rural que sube a 83%- y un 7% que no precisa.
De la población encuestada que rechaza el proyecto, el 34% afirma que se opone a Conga porque contamina y destruye el medio ambiente, el 23% porque contamina el agua, el 22% porque no habrá agua en el futuro y el 8% porque contaminará y destruirá las lagunas y manantiales. Del total que se muestra a favor, el 67% señala que el proyecto minero a cargo de Minera Yanacocha generará más trabajo, el 24% sostiene que traerá desarrollo y el 17% que los beneficiará con el canon minero.
En otro punto de la encuesta se muestra que un 36% de cajamarquinos que rechazan el proyecto dejan abierta la posibilidad de cambiar de opinión mientras que un 42% de los encuestados que dijo estar en contra afirmó que no piensa cambiar su posición. Como se sabe el proyecto minero Conga contempla la afectación de numerosas fuentes de agua específicamente en las provincias cajamarquinas de Celendín, Cajamarca y Hualgayoc – Bambabarca.
El sondeo fue presentado ayer a un grupo de empresarios durante la cita anual del Servicio de Asesoría Empresarial de Apoyo Consultoría. Newmont admite que no hay condiciones Por su parte Richard O’ Brien, director ejecutivo de Newmont Mining Corp, empresa que tiene un 51,35% de Minera Yanacocha, reconoció en una entrevista a un medio extranjero publicada el pasado viernes, que es necesario hacer cambios significativos para que Conga sea viable. “Ahora mismo no vemos ese entorno en Conga.
Se necesita hacer cambios significativos para que eso suceda”, afirmó tras sostener que el trabajo que se debe realizar en adelante debe ser en pro de conseguir el apoyo mayoritario de la población.
PERÚ PIERDE UN DEPARTAMENTO CADA 10 AÑOS POR DEPREDACIÓN DE BOSQUES, INDICAN
El nivel récord de deforestación de la amazonía es causa de la explotación ilegal de madera, la implementación de agronegocios, la minería informal, narcotráfico y obras de infraestructura, según monitoreo del IBC. Lima. Con el ritmo actual de depredación de bosques que existe en el Perú, cada 10 años perderíamos un departamento, según indicó
Richard Chase Smith, director ejecutivo del Instituto del Bien Común (IBC), tras realizar un monitoreo independiente de la deforestación en la Amazonía peruana. “El Perú perdió entre el 2000 y 2005, 147 mil hectáreas por año y entre el 2005 y 2010, la taza subió a 153 mil hectáreas de bosque amazónico”, según indicó el especialista en entrevista con RPP Noticias. Según los estudios realizados por el IBC, la cifra de “depredación“http://peru.com/noticias-de-deforestacion-5872?pid=1 de los bosques de la amazonia al año está en aumento, pues Perú pierde mil 500 km2 por año que suma en 10 años, 15 mil kilómetros, comparando al tamaño del departamento de Tacna que tienen un promedio de 21 mil km2. En ese sentido, señaló que vienen trabajando en un novedoso sistema, denominado IMGTools que se pondrá en marcha en setiembre.
Su metodología fue desarrollado por el Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazonia- Imazon de Brasil, miembro de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georeferenciada. El proyecto cuenta con el apoyo de instituciones locales de los nueve países que forman la cuenca amazónica, bajo la coordinación del Instituto Socioambiental de Brasil. El IBC es la contraparte para el Perú.
De esta manera, se tendrá un sistema regional amazónico de monitoreo que permitirá analizar los riesgos de proyectos de integración regional como la construcción de carreteras, hidroeléctricas, y el temido cambio climático.
Perú.com 22.08.2012
El 36% de opositores podría cambiar de opinión si se cumplen compromisos que la empresa y el gobierno ya hicieron como no contaminar y garantizar el agua Una encuesta de Ipsos Apoyo señala que el 78% de los cajamarquinos está en contra del proyecto minero Conga y en el área rural, este rechazo alcanza el 83%. Los principales motivos son porque contamina y destruye el medio ambiente (34%), porque contamina el agua (23%), porque no habrá agua en el futuro (22%) y porque contaminará y destruirá las lagunas y los manantiales (8%).
El Comercio-Lima 22.08.2012
En exigencia del retiro de la maquinaria de Yanacocha y la declaración de la inviabilidad del proyecto minero Conga, además del levantamiento del estado de emergencia, la población de Cajamarca inicia hoy un paro convocado por el Comando Unitario de Lucha.
El dirigente Ydelso Hernández afirmó que las mayores protestas se darán en Hualgayoc, San Marcos, Chota, Cutervo y también en Jaén.
Sobre el acatamiento de la medida de fuerza en Bambamarca, que vive en situación de excepción, el presidente del Frente de Defensa, Edy Benavides, aseguró que no tomarán vías ni obligarán a un cierrapuertas en este distrito.
Mientras que el presidente de la Plataforma Interinstitucional Celendina, Milton Sánchez, sostuvo que en esta provincia, que tiene la misma restricción de Bambamarca, no habrá actos de masas pero sí embanderamiento de casas, cacerolazos y farolas.
Sobre el paro regional, el jefe del Frente Policial de Cajamarca, general Orlando del Águila, dijo que la policía ha previsto garantizar la tranquilidad en puntos críticos, como los lugares de concentración de manifestantes.
"Allí estará la policía uniformada, acompañada por un representante del Ministerio Público", anotó.
El general Del Águila hizo un llamado a los dirigentes a evitar los enfrentamientos, y advirtió que si sucede lo contrario ellos asumirán la responsabilidad.
No precisó el número de agentes que se encuentran actualmente en Cajamarca, sin embargo reveló tener un contingente que ha llegado de otras unidades, aunque no exclusivamente para esta protesta.
A pesar del estado de emergencia en la provincia de Cajamarca, el Sutep también anunció un paro de 48 horas a partir de mañana. Los profesores tienen previsto salir desde la Casa del Maestro y sentarse en las veredas de las calles formando un cordón que llegará hasta la Plaza de Armas de la capital regional.
Monseñor Miguel Cabrejos consideró que para solucionar el problema de Cajamarca solo hay dos caminos: el diálogo pacífico, o el de violencia y la fuerza.
La República-Lima 21.08.2012
Publicado por . en 1:33 p.m.

References: artículo 4
 artículo 82
 resolución 
 resolución 
 artículo 46
 artículo 10
 artículo 44