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Timestamp: 2018-10-22 12:44:45+00:00

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﻿ SENTENCIA C-21 DE ENERO 27 DE 1994
SENTENCIA C-21 DE 27 DE ENERO DE 1994
CONTENIDO:FACULTAD REGULADORA DEL CRÉDITO, ES FUNCIÓN PROPIA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA
TEMAS ESPECÍFICOS:CRÉDITO, FACULTAD REGULATORIA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:268 DE ABRIL DE 1994, PÁG.504
Sentencia C-21 de enero 27 de 1994
FACULTAD REGULADORA DEL CRÉDITO
ES FUNCIÓN PROPIA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA
EXTRACTOS: «Texto de la norma demandada.
LEY NÚMERO 34 DE 1993
ART. 3º—El Gobierno Nacional, dentro de los treinta días siguientes a la promulgación de esta ley, reglamentará la forma como los establecimientos de crédito oficiales refinanciarán las deudas contraídas con ellos por los productores de café y destinadas al cultivo, diversificación, obras de infraestructura y mejoramiento de vivienda de los caficultores, sin perjuicio de ejercer posteriormente esta facultad.
Para efectos de lo previsto en esta ley, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1. Las refinanciaciones se harán hasta por un plazo máximo de cinco (5) años y un período de gracia hasta de tres (3) años, contados a partir de la fecha de vencimiento de las obligaciones actuales. Sin embargo, una vez refinanciada la deuda (capital más interés causados), el primer abono de intereses no podrá exigirse antes de un año.
2. Los productores de café presentarán una solicitud de refinanciación a los establecimientos de crédito oficiales, la cual deberá resolverse en el término de un mes contados (sic) a partir de la fecha de su presentación. Dentro del mismo término la entidad crediticia hará una evaluación de su capacidad financiera como cultivador. Presentada la solicitud la entidad crediticia solicitará la suspensión del cobro judicial. Aprobada la refinanciación, se solicitará la terminación del proceso y el levantamiento de las medidas cautelares.
3. La refinanciación no constituirá novación y se efectuará conforme a los reglamentos que dentro del marco de esta ley expida el Gobierno Nacional.
4. Son refinanciables en los términos de la presente ley, todas las deudas contraídas antes del 15 de septiembre de 1992, excepto aquellas que estuvieran vencidas con anterioridad al 1º de enero de 1991. Los productores de café podrán acogerse a los beneficios de esta ley hasta el 31 de diciembre de 1993.
5. En ningún caso las refinanciaciones se harán en condiciones más gravosas que las del crédito original, ni superiores a las que rijan para esa clase de créditos a la fecha de la refinanciación.
6. Cuando presenten dos o más condiciones de las señaladas en el artículo 1º de esta ley, el Gobierno Nacional y los establecimientos de crédito otorgarán un tratamiento de excepción a los intereses de mora.
La Corte Constitucional es competente para conocer de la constitucionalidad del artículo 3º de la Ley 34 de 1994 en virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4 de la Carta, toda vez que la norma acusada hace parte de una ley de la República.
2. El manejo de la función crediticia en la Constitución.
2.1. Atribuciones del Congreso en relación con la moneda y el manejo de las políticas monetaria, cambiaria y crediticia.
La Carta Política no le da a la problemática del crédito un tratamiento particular, porque vincula su manejo con el de la política monetaria, en razón de que esta variable, así como la actividad cambiaria, están estrechamente vinculados a la estabilidad de la moneda, al punto que las decisiones que se tomen en cualquiera de estos frentes se refleja, en mayor o menor grado, sobre la cantidad, costo y disponibilidad del dinero; por eso el artículo 373 de la Constitución establece como objetivo e impone como responsabilidad del Estado, “velar por la capacidad adquisitiva de la moneda”. De esta manera se reconoce que el control de la inflación constituye un supuesto necesario del desarrollo económico del país y se convierte en el objetivo esencial de la política monetaria.
Al Congreso se le asignó por el constituyente la competencia para definir los principios y reglas generales sobre las cuestiones relacionadas con el manejo de la moneda, los cambios internacionales y el crédito, a los cuales deben ajustar su conducta las autoridades comprometidas en el desarrollo de las respectivas políticas.
2.1.1. Regulación de la moneda.
Al legislativo le corresponde, de manera exclusiva determinar por medio de la ley, la moneda legal, su convertibilidad y el alcance de su poder liberatorio (C.P. art. 150-13), esto es, señalar el signo monetario nacional, la viabilidad de que pueda ser cambiada por otra moneda o por un metal y la idoneidad de la moneda como medio para extinguir obligaciones y liberar al deudor de su carga.
En atención a que estas tres funciones comprenden íntegramente el espectro de la función del dinero, las atribuciones que ejerzan otras autoridades relacionadas con su manejo, vgr., las que lleva a cabo la banca central y el gobierno en materia cambiaria, quedan condicionadas a las regulaciones de la ley.
2.1.2. Regulación de las políticas monetaria,cambiaria y crediticia.
La Constitución le asigna al órgano legislativo la atribución de expedir las directrices en materia de política económica, relacionadas con el manejo monetario, el régimen de cambios internacionales y el crédito. En tal virtud, observa la Sala que el legislador es depositario de funciones mucho más amplias de las que les asigna el numeral 13 del artículo 150, como se infiere de los artículos 372 y 150-22 de la Carta Política.
El artículo 372 establece que las atribuciones de la Junta Directiva del Banco de la República, como autoridad monetaria, cambiaria, y crediticia, se cumplirán “conforme a las funciones que le asigne la ley”. El mismo propósito de vincular al legislador en la formulación general de dichas políticas, se deduce de los términos del numeral 22 del artículo 150, en cuanto dispone que a este organismo le corresponde “expedir las leyes relacionadas con el Banco de la República y con las funciones que compete desempeñar a su Junta Directiva”.
De igual modo la Carta destaca la participación del legislador en el diseño del régimen de cambio internacional, cuando el literal b) del numeral 19 del referido artículo 150 de la Carta, consagra como función del órgano legislativo la atribución de expedir las normas generales a las cuales debe sujetarse el gobierno en esta materia, en concordancia con las que la Carta le asigna a la Junta del Banco de la República.
2.2. Atribuciones del Banco de la República en materia monetaria, cambiaria y crediticia.
Al Banco de la República, bajo la dirección de su Junta Directiva, se le asignó por la Constitución Política la tarea de regular las actividades monetaria, cambiaria y crediticia (C.P. art. 371), funciones que desde 1963 (ley 21) y hasta la expedición de la Constitución de 1991, cumplía de manera exclusiva la Junta Monetaria. El Banco de la República, durante el lapso indicado, sólo actuaba en el papel de organismo emisor de la moneda y ejecutor de las políticas diseñadas por la Junta en las áreas referidas.
La Constitución Política del 91, modificó sustancialmente la estructura jurídica del Banco, al reconocerle la condición de Banca Central, y al asignarle, un conjunto de atribuciones que acogen las modernas tendencias sobre organización del Estado y responden a la necesidad de consolidar en cabeza de un sólo organismo estatal, de naturaleza jurídica única y con autonomía del ejecutivo, el ejercicio de un haz de funciones relativas a la regulación de la moneda, los cambios internacionales y el crédito, además de las relacionadas con la responsabilidad de emitir la moneda legal, administrar las reservas internacionales, ser prestamista de última instancia, banquero de los establecimientos de crédito y de servir como agente fiscal del gobierno (art. 371).
Debe reconocerse que la autonomía administrativa con que la Carta dota al Banco de la República, tiene un significado muy particular, porque no simboliza tan sólo la posibilidad de actuar con relativa independencia de la voluntad de otros órganos del Estado, como sucede dentro del régimen de las entidades descentralizadas, en donde, de todas maneras sobrevive alguna forma de tutela en virtud de la relación jerárquica con el organismo central, sino que le permite decidir con independencia frente a las exigencias de la comunidad, de los demás organismos del Estado y en particular del gobierno.
2.2.1. Alcance de la autonomía administrativa y técnica del Banco.
En la Asamblea Nacional constituyente, se identificó con claridad el sentido y alcance de la autonomía del Banco, y en su oportunidad los miembros de la comisión respectiva destacaron dicha autonomía, de la siguiente manera:
“La autonomía administrativa y técnica especial dentro de la estructura del Estado, permite establecer que el Banco Central no forma parte de las ramas legislativa, ejecutiva, jurisdiccional, fiscalizadora o electoral del poder público, sino que debe ser un órgano del Estado de naturaleza única, que por razón de las funciones que está llamado a cumplir, requiere de un ordenamiento y organización especiales, propia, diferente del común aplicable a las demás entidades públicas o privadas”.
El punto a la política monetaria, se expresó:
“La autonomía de la política monetaria así concebida, significa entonces que en lo sucesivo las decisiones del Banco Central no dependerán del curso que quieran seguir las autoridades gubernamentales, aunque deberán coordinarse con ellas. En otros términos, en sus decisiones frente al gobierno, el Banco Central será autónomo, debido a que en la realización de sus funciones será independiente de las instrucciones políticas del gobierno. La tarea fundamental del Banco será la de asegurar la estabilidad del dinero. En todo caso, deberá existir un alto grado de coordinación entre los distintos órganos ejecutores de la política económica”.
Como queda visto, los alcances de la independencia del Banco de la República no llegan hasta el punto de que sus decisiones puedan adoptarse al margen de las estrategias y orientaciones generales de la política económica incorporadas fundamentalmente en el plan nacional de desarrollo, porque si bien el Banco no es un órgano del ejecutivo, es de todas maneras, un organismo del Estado, y le está absolutamente vedado, por lo mismo, actuar bajo la simple inspiración de sus caprichos. De no ser así sobraría la advertencia final del artículo 371, que como se vio, acoge el principio universal de que las políticas generales del Estado no pueden desconocerse por ninguna autoridad y menos cuando está organizado en forma de república unitaria (C.P. art. 1º).
En la sentencia D-529 del 11 de noviembre de 1993, originaria de esta Corte, se dijo sobre el punto:
“Es claro que la autonomía del Banco de la República y su régimen legal propio, fiel reflejo de la especialidad e importancia de sus funciones, no significa ausencia de controles tanto de legalidad (C.P. art. 237 y 372) como de orden político (C.P. art. 371) ni desconexión respecto de la política económica general (C.P. art. 371). En efecto, las normas que en ejercicio de sus funciones dicte la Junta Directiva del Banco de la República son actos nacionales sujetos a la jurisdicción de lo contencioso administrativo; el Presidente de la República ejerce la inspección, vigilancia y control de la institución; y, adicionalmente, el Banco debe rendir al Congreso anualmente un informe sobre la ejecución de las políticas a su cargo y sobre los demás asuntos que se le soliciten”.
2.2.2. La Junta Directiva del Banco como autoridad reguladora.
Según el artículo 372 de la Constitución, la Junta Directiva, como órgano que tiene a cargo la dirección y ejecución de las funciones del Banco de la República, es la autoridad encargada de “regular” la moneda, los cambios internacionales y el crédito.
Lo anterior significa, que en las materias aludidas, el Banco, por intermedio de su Junta, expide los ordenamientos o reglas de acuerdo con los cuales se manejan en lo sucesivo las actividades monetarias, cambiarias y crediticias; lo cual no significa, como ya se advirtió, que esas regulaciones se deduzcan al margen de los criterios generales de política que en tales asuntos traza la ley; mas también se exige por la Constitución que tales determinaciones deben adecuarse al contexto de la “política económica general”; de no suceder así, es seguro que los actos que las contienen resultarían violatorios del artículo 371 de la Carta Política, y, por ende, inconstitucionales.
Las “regulaciones” de que trata el artículo 371, son, en principio, normas de carácter general, y su formulación, en lo que atañe con el manejo monetario y crediticio, constituye una atribución exclusiva de la Junta Directiva del Banco, porque la Carta no autorizó compartir tales facultades, ni con el Presidente, ni con ninguna otra autoridad u organismo del Estado. Tanto es así, que ni en el artículo 189 (atribuciones del Presidente de la República), ni en las disposiciones que regulan las funciones de la Banca Central (arts. 371 a 373), se establecen otros niveles de competencia en las materias indicadas.
3. La regulación en materia cambiaria.
No cabe duda que en este aspecto del manejo económico del Estado, tiene injerencia, tanto el gobierno como el Banco de la República, dentro de la órbita de sus respectivas competencias.
En relación con la Junta Directiva del Banco, su competencia reguladora en el manejo del cambio internacional resulta obvia (C.P. arts. 371 y 372), pero a la materia tampoco es extraño el gobierno, como expresamente lo consagra el ordinal b) del numeral 19 del artículo 150, cuando atribuye al Congreso la potestad de expedir leyes cuadro o “leyes generales”, con arreglo a las cuales el gobierno puede “regular el comercio exterior y señalar el régimen de cambio internacional, en concordancia con las funciones que la Constitución consagra para la Junta Directiva del Banco de la República”.
Como se colige de las disposiciones mencionadas, una y otra autoridad deben obrar con arreglo a las directrices que les señale el legislador, en una ley ordinaria si del Banco se trata, o en una ley marco si se refiere a gobierno. De todas maneras los estatutos en cuestión, tienen que guardar armonía en sus objetivos y en sus metas generales, pues las regulaciones apuntan en un mismo sentido, de manera que se eviten regulaciones que a la postre resulten contrarias e inconciliables. El legislador en esto debe ser cuidadoso y coherente, si quiere evitar que se rompa, en estas materias, la unidad de acción del Estado.
4. Intervención del gobierno en el manejo de la actividad crediticia, bursátil y aseguradora.
La capacidad de intervención del gobierno en las actividades financiera, bursátil y aseguradora o en cualquier otra actividad que cumplan organismos públicos o privados en el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público, está autorizada por el ordinal d), numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política y ratificada por el numeral 25 del artículo 189 de la misma Carta. El ejercicio de esta función está condicionado a la voluntad del legislador, en la medida en que este debe instruir al ejecutivo para ejercer la atribución, señalándole, mediante una ley marco, orientaciones y lineamientos a los cuales debe atenerse en su función interventora.
El artículo 335 de la Carta, que hace parte del título XII sobre el régimen económico y la hacienda pública, cataloga las actividades a que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150, de “interés público” y somete a la ley, como se ha visto, “la forma de intervención del gobierno en estas materias”.
La intervención del gobierno en las actividades financiera, aseguradora del mercado de valores y demás que tengan que ver con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público busca que aquellas se cumplan en concordancia con el interés público; que se tutelen los intereses de los usuarios que acuden a los servicios de las entidades que los ofrecen; que se ofrezcan, en general, condiciones patrimoniales y de manejo institucional que garanticen adecuadas condiciones de seguridad y transparencia en el manejo de los recursos de los ahorradores, depositarios y asegurados.
Los instrumentos de intervención comprenden todos los mecanismos que permiten manejar el ejercicio de las referidas actividades, fijar el plazo de las operaciones, señalar las garantías aplicables a cada operación en particular, establecer el margen de solvencia y el patrimonio técnico mínimo de la entidad o entidades objeto de intervención, en resumen, emplear los mecanismos de regulación adecuados que posibiliten una acción prudencial de los referidos organismos, de manera que las operaciones autorizadas se realicen con sujeción a su propia naturaleza y al objeto principal reconocido a la respectiva entidad.
Como se deduce de lo expresado, el gobierno carece de competencia para formular o participar en la formulación de la política de crédito del país, esto es, en la selección concreta de los instrumentos que permitan dirigir la aplicación de recursos e identificar los sectores económicos destinatarios de los correspondientes beneficios, a efecto de promover las actividades que, a juicio de las autoridades, sea conveniente incentivar e impulsar, de manera que no se puede asimilar, ni siquiera en parte, la facultad reguladora del crédito, que es función propia del Banco de la República, con la potestad de intervención del gobierno que le asigna la Carta Política para el ordenamiento y control de las actividades a que alude el numeral 25 del artículo 189 y demás disposiciones que se han mencionado.
Resulta obvio considerar, que el gobierno debe tener en cuenta, en su rol de interventor, las directrices consignadas en las leyes sobre moneda (C.P. art. 150-13), políticas monetaria, cambiaria y crediticia (C.P. arts. 150-22 y 372), así como los objetivos y metas de la política económica general, cuando ello incide de alguna manera en el manejo de las referidas competencias.
5. La actividad de fomento del Estado en el campo de la actividad agropecuaria.
En su capítulo segundo, título 2º, la Constitución consagra los “derechos sociales, económicos y culturales”, también conocidos como derechos de la segunda generación, cuyo significado esencial lo constituye el reconocimiento de que el hombre debe vivir y desenvolverse dentro de unas condiciones económicas, sociales y culturales acordes con su propia condición, y cuyo logro es responsabilidad del Estado. Según el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales de 1966, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que le permitan a cada persona gozar, no sólo de sus derechos civiles y políticos, sino de sus derechos económicos, sociales y culturales.
La Constitución otorga al trabajador del campo y al desarrollo agropecuario, un tratamiento particularmente diferente al de otros sectores de la sociedad y de la producción, con lo cual se pretende establecer una igualdad no sólo jurídica, sino económica, social y cultural, partiendo del supuesto de que el crecimiento de este sector trae consigo la prosperidad de los otros sectores económicos del país, y de que el Estado debe intervenir para mejorar las condiciones de vida de una comunidad tradicionalmente condenada a la miseria y la marginación social.
Particularmente, los artículos 64, 65 y 66 de la Carta Política tienen el carácter de ordenamientos programáticos, que constituyen el fundamento de la acción del Estado para crear las condiciones necesarias que permitan el acceso de los trabajadores agrarios a la propiedad de la tierra, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación y crédito, e igualmente dar prioridad, apoyo y especial protección al desarrollo de las actividades agropecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, y a la construcción de obras de infraestructura física en el campo. Concretamente, la Constitución le otorga al manejo del crédito rural un tratamiento privilegiado, que tiene en cuenta las variables que pueden afectar su inversión y oportuna recuperación.
El contenido normativo en cuestión, entraña el diseño de una estrategia global del desarrollo rural que el Constituyente configuró como un cometido estatal destinado a lograr el crecimiento del sector campesino y consecuencialmente, un mejoramiento sustancial de la calidad de vida de la población rural.
Para los fines de esta providencia importa destacar el alcance del artículo 66, según el cual, “las disposiciones que se dicten en materia crediticia podrán reglamentar las condiciones especiales del crédito agropecuario, teniendo en cuenta los ciclos de las cosechas y de los precios, como también los riesgos inherentes a la actividad y las calamidades ambientales”.
Igualmente es pertinente precisar, que el citado artículo 64 consagra no sólo una simple potestad, sino un deber del Estado, de facilitar el acceso al “crédito” de los trabajadores agrarios, “con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos”. La norma no hace distingos en punto a la calidad del beneficiario; por consiguiente, el derecho al crédito surge por la sola condición de “trabajador agrario”.
El desarrollo de los derechos incorporados en las referidas normas, exige la intervención del legislador, quien se encarga, a través de la ley, de definir los contornos de los programas o de las políticas con las cuales se alcanza la voluntad del Constituyente. Pero además, cuando se trata de la implantación y manejo de un programa de crédito, no puede faltar la participación del Banco de la República, porque a pesar de la especial motivación y tratamiento, en razón de los potenciales beneficiarios, que inspiran las antedichas disposiciones constitucionales, la regulación sigue siendo potestad de la Junta Directiva del Banco de la República.
5.1. Interpretación sistemática de la Ley 34 de 1993 y su encuadramiento constitucional.
No se puede interpretar y muchos menos aplicar una disposición cuando se examina de manera insular, vale decir, por fuera del contexto normativo dentro del cual se integra, porque entonces, la norma pierde su verdadero sentido y se desdibuja su alcance normativo. De manera que si se revisa desde una perspectiva sistemática, se logra entender y establecerse el rol que cumple la norma dentro del contexto general de la ley.
Como se puede establecer de su lectura, el artículo primero de la Ley 34, incorpora unos objetivos generales, que tienen relación con la promoción y apoyo de la actividad agrícola, a través de la refinanciación de los créditos de los productores “cuando se presenten situaciones económicas críticas respecto de un cultivo o una región”.
A la Junta Directiva del Banco de la República, previo concepto de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, se le asigna la función de escoger y establecer los mecanismos crediticios que faciliten los objetivos reseñados, y a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, le corresponde determinar la ocurrencia de las situaciones económicas críticas, que constituyen la condición esencial de las medidas financieras, para lo cual se establece por la ley, una serie de hipótesis que van, desde la caída coyuntural de los precios internacionales de los productos, hasta la presencia de plagas, fenómenos climatológicos o naturales, que den lugar a la pérdida masiva de las cosechas o reduzcan sensiblemente su calidad.
Según el artículo segundo de la ley, la Junta Directiva del Banco de la República debe adoptar las medidas o mecanismos que permitan conseguir un adecuado flujo de crédito destinado al normal funcionamiento del sector agrícola, cuando se presenten situaciones económicas críticas para los productores, “incluso la aplicación de deuda pública”.
Como se puede deducir de los textos referenciados, para la Corte la Ley 34 de 1993 constituye una ley de fomento y protección a la actividad agropecuaria, cuyos objetivos se descubren con absoluta claridad en el primer inciso del artículo primero, según el cual, “con el propósito de apoyar y promover la actividad agrícola, la Junta Directiva del Banco de la República... adoptará mecanismos que faciliten la refinanciación de créditos destinados a la producción agrícola”.
La misión impuesta por la ley a la Junta Directiva del Banco de la República, encuadra perfectamente dentro de las atribuciones que los artículos 371 y 372 de la Carta asignan al Banco, en su carácter de autoridad reguladora de la política general de crédito agrícola diseñada previamente por la ley.
Podría pensarse que la ley no puede regular por vía general el manejo del crédito para el sector agropecuario, en virtud de los términos perentorios del aparte final del art. 373, según el cual, “el legislador, en ningún caso podrá ordenar cupos de crédito a favor del Estado o particulares”.
Sin embargo, la anterior prohibición debe armonizarse, a través de un análisis sistemático de los textos constitucionales mencionados (arts. 64, 65, 66 y 373), de lo cual se infiere que el constituyente, al establecer como deber del Estado la obligación de promover y apoyar el crédito agropecuario, autoriza medidas legislativas como las previstas en los arts. 1º y 2º de la Ley 34 de 1993, pues no se explicaría que la Carta Política instrumentara una especial protección a la producción de alimentos y, en general, a la actividad agropecuaria, apoyada, entre otros mecanismos, en un servicio de crédito, y se enervara luego la posibilidad de hacer realidad la voluntad del constituyente. Por lo tanto, el mandato expreso de los artículos 64 y 66 en cuanto a la especial protección y apoyo del crédito agropecuario vincula al Banco de la República, como parte integrante del Estado que es. La expedición de la Ley 34 de 1993, se justifica precisamente en la inacción del Banco de la República en atender oportuna y adecuadamente la situación crítica del sector agrícola y, en particular, del subsector cafetero, en lo atinente a la solución de los problemas de crédito.
5.2. Análisis concreto del texto legal acusado.
La Ley 34 asigna al gobierno, mediante el artículo 3º objeto de acusación, la función de “reglamentar la forma como los establecimientos de crédito oficiales refinanciarán las deudas contraídas con ellos por los productores de café y destinadas al cultivo, diversificación, obras de infraestructura y mejoramiento de vivienda de los caficultores”.
Es claro deducir del texto legal, un mandato expreso al gobierno que supone la potestad de este para establecer, con carácter obligatorio, reglas en el manejo de los créditos otorgados por los intermediarios oficiales, para lo cual, inclusive, la ley le señala criterios precisos relacionados con el plazo de la refinanciación, período de gracia, suspensión de los cobros judiciales y terminación de los procesos en curso, condiciones financieras de la refinanciación y tratamiento particular de los intereses, etc. nada de lo cual se ajusta a la noción de intervención, que como se dijo, no supone ni se vincula con la regulación ni el manejo de la actividad crediticia.
Entre las atribuciones que la Ley 31 de 1992 asigna en materia crediticia a la Junta Directiva del Banco de la República, se encuentra justamente la de señalar las tasas máximas de interés que los establecimientos de crédito pueden cobrar o pagar a su clientela sobre todas las operaciones activas o pasivas (art. 16-e), y establecer el límite de la cartera (art. 16-d), sobre las cuales el gobierno, por virtud de la norma enjuiciada, tendría competencia reguladora, quebrantando los artículos 371 y 372 de la Constitución Política, que reservan para la Junta Directiva del Banco, las funciones en cuestión.
De otra parte, la Corte tiene en cuenta que los criterios aducidos por la norma acusada a los cuales debe sujetarse el proceso de refinanciación de las obligaciones de los cafeteros, son demasiado puntuales e inflexibles, de manera que de observarse por el Banco, en la práctica equivaldría a desconocer la capacidad de regulación que le otorga la Carta; en tal virtud, el texto acusado desconoce tanto la norma que atribuye al Congreso la función de establecer criterios generales para el manejo de la actividad financiera, como las atribuciones que la Carta le asigna al Banco para regular el crédito.
Dado que, según las consideraciones precedentes, deben despacharse favorablemente las pretensiones de inconstitucionalidad de la demanda, resulta innecesario adelantar el examen de los demás cargos que se propusieron contra el texto acusado.
6. Alcance de la sentencia.
Como ha quedado establecido, le corresponde a la Junta Directiva del Banco de la República expedir las regulaciones en materia crediticia, incluyendo, por supuesto las de refinanciación, en beneficio de los destinatarios de la Ley 34 y dentro de los criterios diseñados en dicho estatuto, sin que deba atender más limitaciones que las que la Constitución y la ley le señalan.
Como ya hubo ocasión de señalarlo en sentencia Nº C-113/93, la Corte puede fijar los efectos de su propia decisión. Por tal razón, la Sala determina que los efectos jurídicos de la presente decisión no afectan las refinanciaciones perfeccionadas, y ni siquiera las solicitudes de refinanciación presentadas antes de la ejecutoria de la presente sentencia, las cuales deben tramitarse con arreglo a las normas hasta entonces vigentes, a efecto de garantizar los principios de igualdad y de seguridad jurídica.
1. Declarar inexequible el artículo 3º de la Ley 34 de 1993, por las razones expuestas en esta sentencia.
2. La presente sentencia tiene efectos para el futuro, según las consideraciones consignadas en la parte motiva.
Notifíquese, cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase».
(Sentencia C-021 de enero 27 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Antonio Barrera Carbonell).

References: artículo 1
 artículo 3
 artículo 241
 artículo 373
 artículo 150
 artículo 372
 artículo 150
 artículo 150
 artículo 371
 artículo 372
 artículo 371
 artículo 371
 artículo 189
 artículo 150
 artículo 150
 artículo 189
 artículo 335
 artículo 150
 artículo 189
 artículo 66
 artículo 64
 artículo 3
 artículo 3