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Timestamp: 2018-09-25 18:33:50+00:00

Document:
SENTENCIA nº 30 año 2017 dictada por la SALA DE JUSTICIA
Resolution: SENTENCIA nº 30 año 2017 dictada por la SALA DE JUSTICIA
Subject: Recurso de apelación, rollo nº 25/17, interpuesto contra la Sentencia Nº 24/2016, de 21 de diciembre, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-101/15, del ramo de Sector Público Local, Ayuntamiento de Sant Jaume dels Domenys, Tarragona.
Doctrine summary: Se desestima el recurso de apelación interpuesto por el representante procesal del Ayuntamiento contra la sentencia de instancia, quedando ésta confirmada con imposición de costas al Ayuntamiento. La representación del recurrente fundamenta su recurso en el hecho de que los demandados conocían la existencia de los expedientes de contribuciones especiales – debidamente presupuestadas para las obras de alumbrado y otros servicios urbanísticos- pero no realizaron ninguna actuación para llevar a cabo su liquidación efectiva incurriendo en dolo o en culpa grave, toda vez que los certificados de la Secretaria Interventora advierten claramente de que cuando el acuerdo se considere aprobado de forma definitiva es necesario publicarlo y notificar a cada sujeto pasivo las cuotas que le correspondan y esta acción no se realizó ni antes, ni durante, ni después de la ejecución de las obras. La Sala, sin embargo, coincide con las conclusiones de la sentencia apelada -que responden a una correcta valoración de la prueba- al considerar que los informes emitidos por la Secretaria Interventora no permiten interpretar que los demandados se apartaran a sabiendas o por descuido inexcusable de los criterios técnicos que les aportaron órganos especializados y adoptaran, en consecuencia, una postura de pasividad jurídicamente reprochable. La representación de uno de los demandados, a pesar de no haber recurrido la sentencia ni haberse adherido al recurso formulado por el Ayuntamiento, plantea una primera cuestión relativa al plazo de personación del Ayuntamiento que ya ha sido resuelta por la sentencia de primera instancia y una segunda cuestión referida a la temeridad procesal que se pretende atribuir al Ayuntamiento y que la Sala no comparte, puesto que ha quedado probada la existencia de un alcance en los fondos públicos municipales y la relación profesional entre los cargos ocupados por los demandados y los fondos públicos afectados.
Categories: ALCANCEDOLO O NEGLIGENCIAPERSONACIONRECURSO DE APELACIONTEMERIDADVALORACION DE LA PRUEBA
En grado de apelación se han visto ante la Sala los autos del procedimiento de reintegro por alcance nº B-101/15, del ramo de Sector Público Local, Ayuntamiento de Sant Jaume dels Domenys, Tarragona, como consecuencia del recurso interpuesto contra la Sentencia Nº 24/2016, de 21 de diciembre, dictada en primera instancia por la Excma. Sra. Consejera de Cuentas Doña Margarita Mariscal de Gante. Ha sido apelante el Ayuntamiento de Sant Jaume dels Domenys, representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Virginia Aragón Segura, bajo la dirección letrada de Doña María Isabel Obrador Miquel.
Han sido parte apelada Don M. M. D., Don M. V. C. y Don J. B. D., representados por los procuradores de los tribunales Don Argimiro Vázquez Guillén, el primero de ellos, y Don Jacobo García García, los dos últimos.
PRIMERO.- En los autos del Procedimiento de Reintegro por Alcance nº B-101/15 del ramo de Sector Público Local, Ayuntamiento de Sant Jaume dels Domenys, Tarragona, se dictó Sentencia Nº 24/2016, de fecha 21 de diciembre, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:
“lll F A L L O
Desestimo la demanda interpuesta por la representación del Ayuntamiento de Sant Jaume dels Domenys contra Don M. V. C., Don M. M. D. y Don J. B. D. Con imposición de las costas procesales al Ayuntamiento de Sant Jaume dels Domenys.”
SEGUNDO.- La representación procesal del Ayuntamiento de Sant Jaume dels Domenys presentó, con fecha 19 de enero de 2017, recurso de apelación contra la Sentencia Nº 24/16, de 21 de diciembre, dictada en el Procedimiento de Reintegro por Alcance nº B-101/15.
TERCERO.- Por Diligencia de Ordenación del Secretario del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento, de 23 de enero de 2017, se admitió el recurso y se dio traslado del mismo a las demás partes a fin de que, en el plazo de quince días, pudieran formular, en su caso, su oposición.
CUARTO.- Las representaciones procesales de Don M. M. D., Don M. V. C. y Don J. B. D. se opusieron al recurso mediante escritos que tuvieron entrada el 14 de febrero, el 20 de febrero y el 20 de febrero, todos de 2017, respectivamente.
QUINTO.- Mediante Diligencia de Ordenación de 28 de febrero de 2017, el Secretario del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento resolvió unir a los autos los escritos de oposición al recurso y elevar el procedimiento a la Sala de Justicia, emplazando a las partes a comparecer ante ella.
SEXTO.- Las representaciones procesales del Ayuntamiento de Sant Jaume dels Domenys, de Don M. M. D., de Don M. V. C. y de Don J. B. D. comparecieron personándose mediante escritos que tuvieron entrada con fechas 31 de marzo, 18 de abril, 20 de abril y 20 de abril, todos de 2017, respectivamente.
SÉPTIMO.- Recibidos los autos en esta Sala de Justicia, por Diligencia de Ordenación de la Secretaria de la misma de 24 de abril de 2017, se acordó abrir el correspondiente rollo, asignándole el nº 25/17, constatar la composición de la Sala para conocer del recurso y nombrar Ponente, siguiendo el turno establecido, a la Consejera de Cuentas Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez.
OCTAVO.- La Sala de Justicia acordó, por Auto de 27 de junio de 2017, inadmitir el recibimiento a prueba propuesto por la representación procesal del Ayuntamiento de Sant Jaume dels Domenys, para que se practicara el interrogatorio de parte en la persona del Alcalde-Presidente de dicho Ayuntamiento.
NOVENO.- Por Diligencia de la Secretaria de esta Sala de Justicia, de 12 de julio de 2017, se acordó pasar los autos a la Consejera Ponente, a fin de que preparase la pertinente resolución. La remisión de estos autos se realizó, una vez practicadas las pertinentes notificaciones, el 4 de septiembre de 2017, conforme consta en la Diligencia de la Secretaria de la Sala expedida en dicha fecha.
DÉCIMO.- Por Providencia de 15 de septiembre de 2017, esta Sala acordó señalar para deliberación, votación y fallo del recurso el día 25 de septiembre de 2017, fecha en la que tuvo lugar el citado trámite.
SEGUNDO.- La representación procesal del Ayuntamiento de Sant Jaume dels Domenys fundamenta su recurso en los motivos siguientes:
Los certificados de la Secretaria Interventora, de 4 de marzo de 2008, quizá pudiera interpretarse que no establecen de forma indubitada la necesidad de un acuerdo expreso de ordenación o que dicho acuerdo debía ser previo a la iniciación de las obras, pero advierten claramente de que cuando el acuerdo se considere aprobado de forma definitiva es necesario publicarlo y notificar a cada sujeto pasivo las cuotas que le correspondan (apartado 4.6. de los Informes de Secretaría Intervención de 4 de marzo de 2008) y a pesar de esta advertencia, esta acción no se realizó ni antes, ni durante, ni después de la ejecución de las obras.
Únicamente se llevó a cabo una notificación provisional, pero no la definitiva a cada sujeto pasivo con la finalidad de liquidar de forma efectiva el importe de las contribuciones especiales presupuestadas en la contabilidad del Ayuntamiento.
Los demandados conocían la existencia de los expedientes de las contribuciones especiales y también que las mismas estaban reflejadas en el presupuesto y, a pesar de ello, no realizaron ninguna actuación para llevar a cabo su liquidación efectiva, sin perjuicio de que la posterior notificación de la aprobación definitiva o, en su caso, la notificación de la aprobación provisional devenida definitiva pudiera resultar nula por no haberse realizado antes del inicio de las obras.
Los demandados incurrieron en dolo o en culpa grave por no haber siquiera intentado liquidar de forma efectiva las contribuciones especiales, máxime cuando la oposición en aquellos momentos les había advertido de la pendencia de las mismas.
Ha quedado demostrado en autos que los demandados eran conocedores de la existencia de unos derechos reconocidos pendientes de cobro pero nada hicieron por obtenerlos para las arcas públicas.
La negligencia imputable a los demandados es grave de acuerdo con la Jurisprudencia de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas (Sentencias de 17 de diciembre de 1998, 30 de abril de 1999, 30 de octubre de 1992 y 10 de marzo de 1995).
Con base en los motivos que se acaban de exponer, el apelante solicita la estimación del recurso, la revocación de la sentencia impugnada y que se dicte otra estimando las pretensiones de la demanda formulada por el Ayuntamiento en la primera instancia.
TERCERO.- La representación procesal de Don M. M. D. fundamentó su oposición al recurso en los motivos siguientes:
Los informes de la Secretaria-Interventora de 4 de marzo de 2008, como acertadamente se dice en la Sentencia apelada, adolecen de las siguientes imprecisiones/contradicciones:
Falta de una clara expresión de si el inicio de las obras debe ser posterior al acuerdo definitivo o al acuerdo provisional.
Contradicción respecto al momento en que se produce el devengo al que se refiere el apartado 3.5.2. de los informes, pues lo identifica con el momento en que las obras se ejecuten, aunque también expresa la posibilidad de fraccionamiento y la de exigir por anticipado el pago de las contribuciones previstas para el año siguiente.
La interpretación de los informes era compleja y requería de un esfuerzo cualificado de conocimiento jurídico.
La conducta de los demandados solo podría incurrir en culpa levísima, no en culpa grave.
En el año 2010, cuando se iniciaron las obras, el secretario-interventor no realizó advertencia alguna sobre la pendencia del acuerdo de aprobación definitiva de las contribuciones especiales, ni tampoco puso objeción al preparar los expedientes de contratación de las obras.
Entre los informes de la secretaria-interventora de 2008 y la firma de las actas de replanteo transcurrieron más de dos años, circunstancia que permitía entender que los acuerdos provisionales habían devenido en definitivos.
Existe otro expediente en el que el acta de replanteo se llevó a cabo en octubre de 2011 y fue firmada por el actual alcalde de la corporación demandante, en el que las obras también se ejecutaron antes de la ordenación concreta definitiva de las contribuciones especiales, un caso por tanto idéntico al aquí enjuiciado.
El apelante no identifica las actuaciones concretas del Sr. M. D. que dieron lugar a su negligencia grave, sino que se limita a especificar el cargo municipal que ostentaba.
El Sr. M. D. no era gestor de fondos públicos ni cuentadante respecto de los mismos ya que como teniente de alcalde y concejal de urbanismo y territorio no tuvo intervención en el expediente. Carece, por tanto, de legitimación pasiva en el presente proceso.
La Junta de Gobierno municipal de la que formaba parte el Sr. M. D. siempre se apoyó para tomar decisiones en los informes de la secretaría-intervención.
Con fundamento en los motivos que se acaban de exponer, la representación procesal de Don M. M. D. solicita la desestimación del recurso con condena en costas al recurrente.
CUARTO.- La representación procesal de Don M. V. C. se opuso al recurso con fundamento en los motivos siguientes
La apelación recoge una valoración interesada, voluntarista y parcial de los informes de la secretaria-interventora de marzo de 2008.
La Sentencia de primera instancia no aprecia dolo o negligencia grave en el demandado por una serie de razones que van más allá del contenido de los citados informes de la secretaria-interventora, y que se refieren a la falta de objeción del interventor cuando se iniciaron las obras y cuando se prepararon los expedientes de contratación de las mismas, así como a la posibilidad de interpretar que los acuerdos de imposición habían podido devenir firmes por no haber sido recurridos administrativamente.
Las razones por las que la Sentencia apelada no considera que tales informes puedan fundamentar el dolo o la negligencia grave del demandado son ajustadas a derecho, a lo que habría que añadir que durante los escasos dos años que transcurrieron entre los citados informes y el inicio de las obras, el cargo de secretario-interventor estuvo ocupado por tres personas distintas y ninguna de las que lo ocuparon con posterioridad, ni siquiera quien estaba al iniciarse las obras, pusieron reparos u objeciones a la actuación del demandado.
El recurrente guarda silencio sobre la diferencia de trato de los dos expedientes por los que se reclama responsabilidad en este proceso y el tramitado en relación con la calle Europa, en el que se siguieron los mismos trámites y se realizaron las mismas actuaciones y con las mismas consecuencias, con la única diferencia que el inicio de las obras, en este tercer expediente, fue firmado por el actual Alcalde de la Corporación.
Con base en los citados motivos, la representación procesal de Don M. V. C. solicita la desestimación del recurso con imposición de costas al apelante.
QUINTO.- La representación procesal de Don J. B. D. se opuso al recurso con base en los argumentos siguientes:
El recurso no identifica las actuaciones concretas por las que se exige responsabilidad al demandado, limitándose a reclamársela por la mera ocupación de su cargo municipal.
El recurso pretende una mera reproducción de la primera instancia por lo que no cumple los requisitos jurisprudenciales que se exigen a una apelación.
En la primera instancia debió haberse procedido al archivo de las actuaciones por no haberse personado el Ayuntamiento dentro del plazo legal.
Son correctos los motivos por los que la Sentencia apelada determinó la falta de negligencia grave o dolo en la actuación del demandado, pudiendo haberse añadido la pluralidad de personas que ocuparon el cargo de secretario-interventor en las fechas en las que se produjeron los hechos.
El recurso solo discute los informes de Secretaría- Intervención de 2008 y, respecto a ellos, únicamente un apartado concreto.
No basta con la imposición de las costas, sino que debe declararse la temeridad del Ayuntamiento en el litigio, tanto en la demanda, como en la apelación.
Con base en los aludidos motivos, la representación procesal del Sr. B. D. solicita la desestimación del recurso y la confirmación de la Sentencia apelada con imposición de costas a la parte apelante con expresa referencia a su temeridad.
SEXTO.- La Sentencia apelada declara, en su fundamento de derecho sexto, que los demandados no incurrieron en dolo o negligencia grave por dos tipos de razones:
1ª.- Motivos ajenos a los informes de la Secretaria-Interventora de 4 de marzo de 2008:
No consta reparo alguno por parte del secretario –interventor o advertencia de cualquier tipo respecto a las consecuencias que podrían derivar de iniciarse las obras sin acuerdo definitivo de ordenación.
Las obras se iniciaron transcurridos dos años desde la fecha de los acuerdos provisionales de ordenación, por lo que se podría entender que los acuerdos provisionales devinieron en definitivos.
Al Sr. V. C. no se le advirtió de las consecuencias del inicio de las obras.
Respecto a los Sres. B. D. y M. D., el recurrente no identifica las conductas imputables a los mismos que pudieran haber dado lugar al alcance en los fondos públicos, limitándose a hacer referencia al cargo público municipal que ostentaban.
Estos argumentos no han sido discutidos por la parte apelante y, además, esta Sala de Justicia los comparte en el sentido de que tienen relevancia jurídica suficiente como para excluir la gravedad de la negligencia que denuncia el recurrente.
La ausencia de advertencias de ilegalidad por los órganos técnicos competentes, la apariencia de legalidad que existía respecto a la situación jurídica de las contribuciones especiales y la falta de identificación, respecto a dos de los demandados, de sus concretas actuaciones contrarias a derecho, no permiten a esta Sala afirmar que el alcance en los fondos públicos fuera previsible para los gestores demandados, por lo que su intervención en el resultado lesivo para las arcas municipales no puede calificarse de actuación dolosa ni de descuido inexcusable (en este sentido, Sentencia de esta Sala de Justicia 2/2003 de 26 de febrero).
Debe recordarse, sobre este punto, que la responsabilidad contable no es una responsabilidad objetiva, no puede exigirse por el mero hecho de firmar un determinado documento u ocupar un determinado cargo, sino que solo se puede reclamar si a través de dicha firma o del ejercicio de tal cargo se ha separado el actuante del canon de diligencia profesional que le era exigible, lo que no se ha producido en el presente caso por las razones a las que nos estamos refiriendo.
2º.- Motivos derivados de los informes de la secretaria-interventora de 4 de marzo de 2008. Según la Sentencia apelada son los siguientes:
“a) En dichos Informes sólo se advierte de la necesidad de un acuerdo expreso y formal del Ayuntamiento de ordenación definitiva de las contribuciones para el caso de haberse efectuado reclamaciones contra la aprobación provisional, admitiendo incluso la posibilidad de acuerdo definitivo tácito para el caso de no presentarse reclamaciones a la aprobación provisional;
No identifica claramente si el inicio de las obras debe ser posterior al acuerdo definitivo, pudiendo entenderse igualmente que se refiere al acuerdo provisional de imposición y ordenación como acuerdo previo al inicio de las obras;
Se aprecian ciertas contradicciones en su fundamentación jurídica pues, de una parte, se previene respecto a no ejecutar la obra hasta que no se apruebe la imposición y ordenación concreta, entendiendo a estos efectos válidos la remisión a la Ordenanza General de Contribuciones Especiales (aptdo 3.2: “l’art. 34.2 del TRLHL preveu que l’acord relatiu a la realització de l’obra, si s’ha de finançar mitjançant contribucions especials, no s’executi fins que se n’aprovi la imposició i ordenació concreta. L’acord concret d’ordenació por remetre’s a la vigent Ordenança General de Contribucions Especials aprobada per l’Ayuntament en data 25 de setembre de 1999”), y, de otra, entiende aplicable al supuesto que nos ocupa el artículo 33 LHL pensado para obras fraccionables a ejecutar en distintos ejercicios y fases, lo que no resulta aplicable al presente caso en que las obras finalizaron (22 de diciembre de 2010) en el mismo ejercicio en que se iniciaron (aptdo. 3.5.2: “quan finalitzi la realització total o parcial de les obres s’han d’assenyalar els subjectes passius, la base imposable i les quotes individualitzades definitives; s’han de girar les liquidaciones procedents i s’han de compensar com a entrega a compte els pagaments anticipats que s’hagin efectuat”).
En definitiva, los Informes emitidos por la Secretaria Interventora no concluyeron de forma indubitada en la necesidad de un acuerdo expreso de ordenación definitiva de las contribuciones especiales y de la necesidad de notificar las cuotas correspondientes a los sujetos pasivos ofreciéndoles la posibilidad de recurrir en reposición y que dicho acuerdo debía ser previo a la iniciación de las obras.”
Las anteriores conclusiones de la Sentencia apelada responden, a juicio de esta Sala, a una correcta valoración de la prueba que no puede quedar desvirtuada por las meras alegaciones de parte del Ayuntamiento recurrente, ya que el contenido de los citados informes técnicos no permite concluir una interpretación lo suficientemente clara de la normativa aplicable como para deducir que los demandados, a sabiendas o por descuido inexcusable, se apartaran de forma inmotivada y arbitraria de los criterios técnicos que se les aportaron por los órganos especializados y adoptaran una actitud de pasividad jurídicamente reprochable.
Por el contrario, como se defiende en la Sentencia recurrida, los citados informes permitían una interpretación favorable a la ausencia de un deber jurídico de haber adoptado las medidas que considera imperativas el apelante, ya que del contenido de tales informes no se desprendía con claridad que se incurriría en ilegalidad si no se desarrollaban determinadas actuaciones.
Al no concurrir elementos fácticos ni jurídicos en los informes técnicos que pudieran poner en entredicho con claridad suficiente la apariencia de legalidad que se había creado respecto a las controvertidas contribuciones especiales, no cabe imputar a los demandados una actuación dolosa o gravemente negligente pues:
No ha quedado probado que actuaran por debajo del nivel de diligencia que les era exigible en su condición de gestores de fondos públicos (por todas, Sentencia de esta Sala de Justicia 15/04, de 26 de julio).
No ha quedado probado que la gestión desarrollada por los demandados no agotara los medios a su alcance profesional que hubieran podido prevenir o evitar el alcance en los fondos públicos (Sentencias de esta Sala de Justicia, entre otras, 2/03 de 26 de febrero y 4/06 de 29 de marzo).
No ha quedado probado que los demandados incurrieran en un “descuido inexcusable” de acuerdo con los criterios manifestados por esta Sala de Justicia en Sentencias como la 11/04 de 6 de abril.
SÉPTIMO.- La representación procesal del Sr. B. D., aunque no ha apelado la Sentencia de primera instancia ni se ha adherido al recurso formulado por el Ayuntamiento, plantea dos discrepancias con dicha Sentencia: el procedimiento debió archivarse por falta de personación del Ayuntamiento en plazo y la Sentencia recurrida debió declarar que la actuación del demandante adolecía de temeridad procesal.
Lo cierto es que del encabezamiento, cuerpo y petitum del escrito presentado por esta parte, lo que se despende es que formula oposición al recurso y solicita la confirmación de la Sentencia apelada, razón por la que sus aludidas discrepancias con dicha Sentencia no pueden resolverse por esta Sala en el presente recurso pues no forman parte del objeto del mismo, al no haberse planteado de forma adecuada a la concreta relación jurídico-procesal propia de la presente apelación.
No obstante, y partiendo de una interpretación generosa de la tutela judicial efectiva, esta Sala de Justicia considera que:
- La cuestión del plazo de personación del Ayuntamiento ha quedado motivadamente rechazada en el apartado c) del fundamento de derecho segundo de la Sentencia de primera instancia por razones que esta Sala comparte.
- En cuanto a la temeridad procesal que se pretende atribuir al Ayuntamiento, no cabe estimarla puesto que ha quedado probada la existencia de un alcance en los fondos públicos municipales y la relación profesional entre los cargos ocupados por los demandados y los fondos públicos afectados por dicho alcance.
OCTAVO.- De acuerdo con lo expuesto y razonado en los anteriores fundamentos de derecho procede desestimar el recurso de apelación formulado por la representación procesal del Ayuntamiento de Sant Jaume dels Domenys contra la Sentencia 24/2016, de 21 de diciembre, de la Excma. Sra. Consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance Nº B-101/15, que queda confirmada.
NOVENO.- En cuanto a las costas de esta segunda instancia, procede su imposición al Ayuntamiento de Sant Jaume dels Domenys, de acuerdo con el artículo 139.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, aplicable de acuerdo con el artículo 80.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, al haberse desestimado íntegramente su impugnación sin que esta Sala aprecie circunstancias que justifiquen la no imposición.
Todo ello sin perjuicio de que no se considera que concurra la temeridad procesal en el apelante que reclama la representación procesal del Sr. B. D. pues, como ya se dijo respecto a las costas de la primera instancia, dicha temeridad no puede aceptarse habiendo quedado probada la existencia de un alcance en los fondos públicos municipales y la relación entre los cargos ocupados por los demandados y los fondos afectados por los hechos enjuiciados.
PRIMERO.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la procuradora de los tribunales doña Virginia Aragón Segura, en nombre y representación del Ayuntamiento de Sant Jaume dels Domenys, contra la Sentencia Nº 24/2016, de 21 de diciembre, dictada en primera instancia por la Excma. Sra. Consejera de Cuentas Doña Margarita Mariscal de Gante en el procedimiento de reintegro por alcance Nº B-101/15, del ramo de Sector Público Local, Ayuntamiento de Sant Jaume dels Domenys (Tarragona), quedando confirmada la Sentencia recurrida.
SEGUNDO.- Imponer las costas causadas en esta segunda instancia al Ayuntamiento de Sant Jaume dels Domenys.
DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN.- Notifíquese esta resolución a las partes con la advertencia de que contra la misma cabe interponer recurso de casación, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, y en la forma prevista en el artículo 84 de la precitada Ley, en relación con el artículo 89 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, tras la modificación operada por la disposición final 3ª de la LO 7/2015.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la precedente Sentencia por la Excma. Sra. Consejera de Cuentas Ponente en estos autos, Doña María Antonia Lozano Álvarez, celebrada Audiencia Pública de la Sala de Justicia, de todo lo cual, como Secretaria de la misma, certifico en Madrid, a veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete.

References: artículo 33
 artículo 139
 artículo 80
 resolución 
 artículo 81
 artículo 84
 artículo 89