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Timestamp: 2018-04-25 10:36:50+00:00

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Tan actual y epifánico el legado surgido con Antístenes en el siglo IV a.C, alcanzando su culmen con Diógenes de Sinope, sin olvidar a Crates de Tebas o su esposa Hiparquía. La máxima de estos descomunales filósofos nos proporciona la clave de bóveda: no ser esclavo de nada ni de nadie en el pequeño universo donde uno halla su lugar. El eterno e imprescindible Non Serviam. Huyendo de todo falsario convencionalismo o ridículo requerimiento social. Despreciando las mercaderías protocapitalistas, hogaño, turbocapitalistas. Supieron detectar, con veinticinco siglos de antelación, que el feroz y fértil maridaje, implacable, entre el capitalismo gansteril y el Leviatán, ese ogro filantrópico, con sus respectivos dogmas de Estado (letal igualitarismo, sociopatías elegetebeís y de género, falsario ecologismo, inquietante multiculturalismo, pérfido pacifismo), solo deja en derredor pecios de un naufragio. Seres humanos como individuos utilitaristas, dependientes de la ley de la oferta y la demanda, cuya única motivación es la cuantificación de placeres y penas.
Cría y doma (Nietzsche) desde la más tierna infancia, domesticación de masas que requiere nuestro más feroz ladrido. Más como periodistas. Si no, estamos perdidos. Nos avasalla un humanismo amansador y desbravador funcionando como el poder oculto tras el poder: un poder abrumadoramente invisible. Amaestramiento de masas, domeñan cualquier alternativa (aliándose vilmente la sociedad del espectáculo y las drogas psiquiátricas). Vamos deglutiendo, dichosos, el pienso del sistema tecnoideológico (recuerden el magnífico film de Pixar, Wall-E). Parcialmente adiestrados, hora es de un gran ladrido, rugido o gañido atronador, no vaya a ser que la castración parcial (simbólica, ideológica y mental) se transforme en total.
Prefirieron los cínicos, los feraces cánidos, la vida frugal, modesto devenir vital, una autarquía existencial razonable. Previeron que la economía, pseudociencia cuya matemática hiperbólica oculta su nada conceptual, no estaba vinculada con nada, sólo con lo más maquinal, previsible y mecánico que hay en el ser humano. Mejor falsificar que negociar. Mejor holgazanear que la servidumbre del trabajo asalariado. Además, fueron espigando y recogiendo lo mejor del testamento socrático (de hecho la fidelidad intelectual de Antístenes al maestro es, en todos los sentidos, muy superior a la de Platón). Mejor ladrar (mejor morder, incluso) que utilizar las palabras como oscura coartada para justificar los abusos del poder, tanto estatal como comercial.
En primer lugar, valoremos de ellos la necesaria vuelta a la naturaleza. Ir a los bosques y vivir a conciencia, para no llegar a viejo y darse cuenta de que uno siempre fue un muerto viviente. De que duró en vez de vivir. De que la criminosa sanidad alopática actual (que no cura, sino enferma) no hizo más que prolongar vidas desdichadas e infelices. Con nuestro humilde gesto cínico, a fuer de perruno, denunciamos la vanidad y la pompa mundana, el vicio y la corrupción social circundante. Una huida que no es tal huida, porque el mundo nos sigue preocupando. Vindicar nuestra naturaleza: lo peculiar del hombre es su naturaleza, nos hace iguales, mejores. Tan solo nos diferenciaría lo arbitrario, lo convencional, las costumbres, además de los talentos.
También será bueno, siguiendo en ello a toda la filosofía helenística, vivir una suerte de ascesis. La cultura alimenta el vicio, la necesidad. En realidad necesitamos poco, más bien casi nada. Casi todo es inútil. Sobre todo, las palabras. Cuando las utilizamos, lo hacemos con poca parresía, Es decir, la plena libertad de expresión. Sócrates, maestro de todos en definitiva (más que de Platón) nos dio un ejemplo con su ironía. Ironía valerosa para desenmascarar la comedia humana. La libertad de expresión, tan muerta y perseguida hoy (véase España) requiere el uso del sarcasmo, de la exageración, de la hybris hiperbólica. Frente a un hombre o una patria que viven sumidos en el embuste, en un ridículo nihilismo lúdico, en un descuajeringado sueño de los muertos, es necesario el bastonazo, a la manera de Diógenes.
Y tampoco olvidemos el cosmopolitismo. Más bien el “caopolitismo“. El caos es un orden por descifrar (Saramago, Denis Villeneuve). Indudablemente. No las paridas apátridas, sino el cosmopolita barro humano del que estamos hechos (Gen 2,7). El hombre, al seguir a la naturaleza, la sigue en todas partes, porque la naturaleza es idéntica, mientras que las costumbres y convencionalismos son diversos: todos los hombres son iguales. Y profundamente diferentes. Ser cosmopolita es reconocer al otro como otro yo. Es reconocer la dignidad del otro por su propio ser, su propia naturaleza. Pero sin incurrir en el atroz igualitarismo que niega la consustancial distinción de los seres humanos. Porque si no evitamos el sórdido igualitarismo estaríamos ya en la invasión “vertical” de bárbaros, desde el interior de la propia sociedad, que Ortega y Gasset presagió hace muchos años en su ensayo La Rebelión de las Masas. El filósofo español dudaba de que la civilización técnica, moderna, se pudiera mantener cuando los “bárbaros verticales” tomaran el control de la sociedad...
...En fin, recordemos siempre a nuestros filósofos-perros, que tantas heridas incólumes podrían cauterizar. Gratitud eterna. Así sea.
Ellos nos invitan a la noble tarea de arrancar los disfraces, de evidenciar las supercherías, de echar abajo las mitologías y de hacer estallar en trocitos los malos hábitos adquiridos, más tarde amparados por la sociedad definitivamente anestesiada y tenebrosamente dócil. Por último, nos indican la necesaria labor de denuncia que supone el abisal hiato entre el saber y el poder. Nos replegaríamos, en principio, para más tarde ladrar asilvestrada y felizmente, impidiendo que las pastueñas y absurdas cristalizaciones de las locuras sociales de hoy no impidan vindicar el orgullo de la mónada solitaria. Más que nada para que cuando llegue el impertinente e inoportuno Alejandro Magno de turno no nos turbe nuestra paz de espíritu y nos deje tranquilamente disfrutar, cómoda y dichosamente, de la visión del sol.
Hace un año envíe un artículo al Club de los Viernes, asociación liberal a la que pertenecía hasta hace poco. Pensaba, ingenua de mí, que era el lugar apropiado para una libertaria que no se acobarda ante amenazas y no duda en publicar a pesar de ser tildada, en el mejor de los casos, de "políticamente incorrecta".
Pero resulta que los censores por excelencia son aquellos que piensan en cosas como "creemos en la libertad" -hasta que tus opiniones no sean exactamente las nuestras-, o "somos liberales" -hasta que la libertad implique publicar cosas políticamente correctas-. Os recomiendo leer este artículo que me censuraron los "liberales" del Club del los Viernes, un artículo que cualquier libertario firmaría a no ser que... En fin, sea usted liberal o no, entenderé siempre su crítica, jamás su censura.
La Mesa del Parlament acordó, el pasado viernes día 13 de abril, presentar una querella contra Pablo Llarena por la comisión de un delito de prevaricación judicial, que habría ejecutado por no permitir acudir, al pleno de investidura, al candidato de JxCat para la Presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez. La decisión de ejercitar la acción penal se adoptó con los votos a favor de JxCat y ERC, que tienen mayoría en el órgano rector de la Cámara parlamentaria autonómica.
Debe decirse que la querella que se ha decidido presentar es una auténtica querella catalana, denominación que se refiere a su falta de sostenibilidad jurídica y a la temeridad con la que se interpone, ya que Pablo Llarena no ha cometido un delito de prevaricación judicial. La Sentencia del Tribunal Supremo 585/2017, de 20 de julio, indica que “el delito de prevaricación judicial es un delito de técnicos en derecho, y que, por ello, las adjetivaciones de que la desviación de la decisión respecto del derecho debe resultar "esperpéntica", "apreciable por cualquiera", u otras expresiones semejantes, resultarán oportunas para otros funcionarios públicos, pero no para los jueces, que tienen la máxima cualificación jurídica y no pueden ser tratados como el resto de colaboradores de la Administración; previniendo incluso del subterfugio de acompañar la decisión, que se sabe injusta, de argumentos encubridores del carácter antijurídico del acto”. La misma resolución también señala que, para cometer el delito de prevaricación judicial se necesita “una resolución injusta, lo que exige la aplicación del Derecho sustantivo o procesal de forma que no resulta objetivamente sostenible”.
Es fácil decir que la querella no va a tener efectos procesales relevantes, pues resulta complicado pensar que Pablo Llarena ha cometido un delito de prevaricación judicial por haberse limitado a garantizar la efectividad de la prisión provisional que decreto para Jordi Sànchez. Precisamente, parece, por ese mismo motivo, que uno de los objetivos de la querella es intimidar a Pablo Llarena, pero no es el único.
La finalidad principal de la querella que se va a presentar es hacer ruido, causando una mayor agitación e incrementando el listado de supuestos agravios que el Estado ha adoptado contra los independentistas. Aunque la querella no tiene viabilidad legal, si que va a ser útil para dar a entender, en la disputa mediática que se está desarrollando en el plano internacional, que los poderes estatales están vulnerando, de manera sistemática, las libertades en Cataluña.
Es cierto que la querella va a suponer una auténtica pérdida de tiempo y dinero, pero eso no le importa a los amigos de Carles Puigdemont. Es imposible no tener la sensación de que los parlamentarios independentistas consideran que les sobran ambas cosas, aunque sea a costa de los ciudadanos, a los que llevan mucho tiempo engañando y manipulando.
Con ocasión del lío organizado con el máster de la todavía presidenta de la comunidad de Madrid, me sorprende mucho el interés de la población por el polémico postgrado, pasando olímpicamente del macrojuicio de los Eres de Andalucía, por ejemplo, el mayor latrocinio de dinero público de los últimos cuarenta años…
La práctica totalidad de los medios de comunicación llevan unas tres semanas “machacándonos” con el dichoso máster –que al fin y al cabo, no deja de ser un adorno en el curriculum de una persona-, lo que demuestra dos cosas, a mi modo de ver:
Una, el total izquierdismo de los medios, siempre en contra del PP, y a favor de los partidos alternativos como PODEMOS y el PSOE, aunque estos últimos sean la otra cara del PP, y
La imbecilidad pública generalizada, que hace que la gente confunda la anécdota con la categoría, y se interese por lo triviano, pero no por lo básico y sustancial.
Todo ello sin restarle un ápice de importancia al asunto, que obviamente lo tiene, y que es una clara demostración del estado de putrefacción de nuestras universidades, públicas y privadas, totalmente mercantilizadas, y convertidas en unas auténticas expendedurías de títulos, como los estancos de sellos y efectos timbrados.
Sigo pensando, y lo he expuesto ya en algún artículo anterior, que el principal curriculum de los políticos debe de ser el profesional.
Y no solo eso, sino que debería exigirse un período mínimo de actividad laboral, de cinco o diez años, por cuenta propia o ajena, de forma que quienes vayan a la política no aspiren a convertirse en políticos profesionales, dada su falta de oficio o profesión conocida –como sucede con el 90% de los políticos actuales, dicho sea de paso-, sino que la política sea un periodo intermedio de dedicación en sus vidas, para una posterior vuelta a sus ocupaciones, profesiones u oficios habituales.
Pero claro, ¿quién se baja del coche oficial, o del mullido sillón, en un estupendo despacho, con calefacción, aire acondicionado y una serie de pelotas, llamados asesores, que te ríen las gracias…?
Es como decirle a una persona que desayuna caviar por las mañanas, que pase a tomar un trozo de pan duro y un vaso de agua fría.
En resumen, mientras sigamos teniendo una casta política que pretende engañarnos, presentándonos unos curriculums académicos, en la mayoría de los casos falsificados o engrandecidos, pero que realmente no tienen un soporte o reconocimiento laboral…, no hay nada que hacer.
Seguiremos cargando sobre nuestras espaldas con una gran cantidad de inútiles e incompetentes –se calcula medio millón de personas-, a los que tenemos que mantener a cuerpo de rey, y lo que es peor, soportando y pagando todas sus ocurrencias e imbecilidades congénitas.
Jurista y escritor. Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
Los jueces que forman el tribunal alemán que rechazó la existencia del delito de rebelión por el que se pidió la entrega de Carles Puigdemont a España han demostrado escasos conocimientos sobre la cooperación penal internacional en el Derecho de la Unión Europea. Es fácil realizar esa apreciación tras observar algunas de sus decisiones.
Hay que tener presente que el artículo 1 de la Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, establece que “La orden de detención europea es una resolución judicial dictada por un Estado miembro con vistas a la detención y la entrega por otro Estado miembro de una persona buscada para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad”. Además, ese precepto señala que los Estados miembros ejecutarán toda orden de detención europea, sobre la base del principio del reconocimiento mutuo y de acuerdo con las disposiciones de la Decisión Marco indicada. Sin embargo, no se descarta el control de la doble tipificación, excluido en ciertos delitos, entre los que no se incluyen a los que afectan a las instituciones de los Estados.
El control de la doble tipificación no consiste en una valoración de las pruebas para declarar la culpabilidad o la inocencia del sujeto cuya entrega se requiere. Realmente, el control de la doble tipificación se limita a un análisis comparativo de las normas penales de Estado requerido y del Estado requirente, de forma que pueda comprobarse, por el juez encargado de la aprobación de la entrega, que el delito por el que se solicita la detención y traslado de una persona al Estado requirente existe en el Estado requerido.
Puede decirse que el tribunal alemán se ha excedido, pues está desarrollando actuaciones para las que no tiene competencia, pues el enjuiciamiento de los hechos por los que Carles Puigdemont está siendo investigado corresponde al Tribunal Supremo español. Además, es cierto que, por no saber lo que es la orden europea de detención y entrega, sus decisiones están perjudicando gravemente la imagen y la viabilidad de la cooperación judicial penal en la Unión Europea por la relevancia jurídica, política y mediática del caso.
Con cada día que pasa, parece ser más necesario que Pablo Llarena presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que deberá valorar si la orden europea de detención o entrega debe dar lugar a una valoración de la prueba o a una valoración comparativa de los delitos por los que se solicita la entrega de un sujeto, que deben existir en el ordenamiento jurídico del Estado requeri
El concepto de transparencia siempre ha existido en la Constitución de 1978, cuyo artículo 23 reconoce el derecho a participar en los asuntos públicos Además, hay otros preceptos, entre los que destacan el artículo 20, que establece el derecho a la información, y el artículo 105, que recoge el acceso a la información pública. Normas posteriores ya recogieron la transparencia como criterio de actuación de las Administraciones Públicas, siendo buenos ejemplos la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, que fue derogada en el año 2015, y la Ley 4/2007, de 3 de abril, de transparencia de las relaciones financieras entre las Administraciones públicas y las empresas públicas, y de transparencia financiera de determinadas empresas. También se puede hablar de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuyo artículo 69 indica que las Corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, fijó un régimen jurídico de transparencia que debía servir para facilitar el control de la gestión pública por parte de los ciudadanos. Para lograr ese objetivo, se implantó el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que puede dictar resoluciones requiriendo a entidades públicas para que aporten a un solicitante de información pública los datos que ha solicitado. La entidad requerida puede solicitar el inicio de un proceso judicial contencioso-administrativo para dejar sin efecto la petición de información.
Como la Abogacía del Estado no puede encargarse de los procesos que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tienen con entidades públicas por un problema de conflicto de intereses, se ha encargado a un despacho de abogados la defensa judicial del organismo. La licitación, valorada en 40.000 euros, fue adjudicada a Escárate, un despacho de abogados que llevará estos procesos durante al menos un año por 27200 euros, aunque podría producirse una prórroga.
Al final se ha conseguido que exista la misma opacidad que antes de la entrada en vigor de la Ley 19/2013 y que se incrementen la saturación de órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo y el gasto de dinero público. Por lo tanto, pocos problemas se solucionaron con la nueva normativa sobre transparencia.
Hay que hablar menos de transparencia y procurar que la misma exista verdaderamente. Sin embargo, todo dependerá siempre de la voluntad de los gestores públicos, a los que se les debe presionar electoralmente.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 1
 resolución 
 artículo 23
 artículo 20
 artículo 105
 artículo 69