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Timestamp: 2015-04-02 00:08:42+00:00

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Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electr�nicas, y por el que se adoptan medidas para la correcci�n de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores el�ctrico y gasista.
Vigente desde 1/Abr/2012
Modificaciones relativas a la transposici�n de Directivas en materia de energ�a
Modificaciones relativas a la transposici�n de Directivas en materia de Telecomunicaciones y Sociedad de la Informaci�n
�Modificaci�n de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones
�Modificaci�n de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informaci�n y de comercio electr�nico
Medidas dirigidas a corregir las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos en los sectores el�ctrico y gasista
�Modificaci�n de la retribuci�n de la actividad de distribuci�n de energ�a el�ctrica
�Retribuci�n de la actividad de transporte de energ�a el�ctrica
�Establecimiento de medidas en los sistemas el�ctricos insulares y extrapeninsulares
�Instituto para la Diversificaci�n y Ahorro de la Energ�a
�Planificaci�n de la red de transporte de energ�a el�ctrica
�Aplicaci�n del mecanismo de restricciones por garant�a de suministro
�Pagos por capacidad
�Retribuci�n del servicio de interrumpibilidad
�Retribuci�n de almacenamientos subterr�neos b�sicos de gas natural
�Atenci�n a los consumidores vulnerables de energ�a el�ctrica
�Obligaci�n de los comercializadores en relaci�n con el servicio de atenci�n a las reclamaciones
�Validez y eficacia de las habilitaciones existentes
�Facturaci�n de consumos de energ�a el�ctrica
�Limitaciones al sobrecoste por cambio de combustible en los sistemas insulares y extrapeninsulares
�Establecimiento de peajes de acceso a las redes de energ�a el�ctrica y al sistema gasista
�Instalaciones pertenecientes a la red troncal de gasoductos
�Suspensi�n de la tramitaci�n de los procedimientos relativos a nuevas plantas de regasificaci�n en territorio peninsular
�Suspensi�n de la autorizaci�n administrativa de nuevas gasoductos de transporte y estaciones de regulaci�n y medida
�Financiaci�n del operador del sistema
�Pr�rroga de la vigencia de las Resoluciones de la Direcci�n General de Pol�tica Energ�tica y Minas por las que se establecen las tarifas de �ltimo recurso de energ�a el�ctrica y la tarifa de �ltimo recurso de gas natural a aplicar en el primer trimestre de 2012
�Restricciones a los principios de neutralidad tecnol�gica y de servicios en los t�tulos habilitantes para el uso del espectro radioel�ctrico para la prestaci�n de servicios de comunicaciones electr�nicas
�Incorporaci�n de derecho comunitario
�Modificaci�n del Real Decreto 1747/2003, de 19 de diciembre, por el que se regulan los sistemas el�ctricos insulares y extrapeninsulares
�Supresi�n de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones
.� Retribuci�n correspondiente al a�o 2012 de empresas distribuidoras con menos de 100.000 clientes conectados a sus redes
R Congreso de los Diputados 25 Abr. 2012 (acuerdo de convalidaci�n RDL 13/2012, transposi�n directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas, comunicaciones electr�nicas y medidas de correcci�n de las desviaciones por desajustes) Ocultar / Mostrar comentarios V�ase Res. 25 abril 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicaci�n del Acuerdo de convalidaci�n del R.D.-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas en materia de comunicaciones electr�nicas, y por el que se adoptan medidas para la correcci�n de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores el�ctrico y gasista (�B.O.E.� 28 abril).
V�ase Res. 25 abril 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicaci�n del Acuerdo de convalidaci�n del R.D.-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas en materia de comunicaciones electr�nicas, y por el que se adoptan medidas para la correcci�n de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores el�ctrico y gasista (�B.O.E.� 28 abril).
La transposici�n en plazo de directivas comunitarias, especialmente las de mercado interior, constituye en la actualidad uno de los objetivos prioritarios establecidos por el Consejo Europeo. La Comisi�n Europea somete informes peri�dicos al Consejo de Competitividad, a los que se les da un alto valor pol�tico en cuanto que sirven para medir la eficacia y la credibilidad de los Estados miembros en la puesta en pr�ctica del mercado interior.
El cumplimiento de este objetivo resulta hoy a�n m�s prioritario habida cuenta del nuevo escenario dise�ado por el Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Uni�n Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, para los incumplimientos de transposici�n en plazo, para los que la Comisi�n puede pedir al Tribunal de Justicia de la Uni�n Europea la imposici�n de importantes sanciones econ�micas de manera acelerada (art�culo 260.3 del Tratado de funcionamiento de la Uni�n Europea –TFUE–).
Espa�a viene cumpliendo de manera consistente con los objetivos de transposici�n en plazo comprometidos, desde el inicio del establecimiento de los mismos. Sin embargo, en estos momentos se da un retraso en la transposici�n de algunas directivas, que requieren una norma con rango de ley para su incorporaci�n al ordenamiento jur�dico interno, por cuanto existe un riego de multa con base en lo establecido en el art�culo 260.3 del TFUE.
Ante la gravedad de las consecuencias de seguir acumulando retraso en la incorporaci�n al ordenamiento jur�dico espa�ol de tales directivas, resulta necesario acudir a la aprobaci�n de un real decreto-ley para proceder a su transposici�n, lo que permitir� cerrar los procedimientos de infracci�n abiertos y con ello evitar la imposici�n de sanciones econ�micas a Espa�a.
En cuanto a la utilizaci�n del real decreto-ley como instrumento de transposici�n, cabe se�alar que el Tribunal Constitucional, en la sentencia 23/1993, de 21 de enero, se�ala que el decreto-ley es un instrumento constitucionalmente l�cito para afrontar coyunturas econ�micas problem�ticas, y en su sentencia 1/2012, de 13 de enero, avala la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad del art�culo 86.1 de la Constituci�n cuando concurran �el patente retraso en la transposici�n� y la existencia de �procedimientos de incumplimiento contra el Reino de Espa�a�.
Por otra parte, no es la primera vez que ha de recurrirse a este instrumento jur�dico para eludir el riesgo cierto e inminente de la imposici�n de sanciones econ�micas por el incumplimiento del Derecho de la Uni�n Europea. As�, el dictado del Real Decreto-ley 8/2007, de 14 de septiembre, por el que se modifican determinados art�culos de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, se justific� en la �existencia de un presupuesto habilitante, al que se refiere la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en el que la necesidad de origen de la norma haya de ser de tal naturaleza que no pueda ser atendida por la v�a del procedimiento legislativo de urgencia, debido a la exigencia de su inmediatez�. Este presupuesto tambi�n concurre en el caso actual.
Por un lado, este real decreto-ley incorpora a nuestro ordenamiento aquellas previsiones contenidas en la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, que requieren una modificaci�n de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector El�ctrico, as� como de aquellas otras contenidas en la Directiva 2009/73/CE del Parlamento y del Consejo, de 13 de julio de 2009, que requieren una modificaci�n de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. Igualmente, se incorpora parcialmente la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energ�a procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE.
La Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE, introduce nuevos preceptos para lograr una separaci�n efectiva de las actividades de suministro y generaci�n de las actividades de red, planteando diferentes opciones para llevar a cabo dicha separaci�n entre actividades.
Tambi�n refuerza el papel de las autoridades reguladores nacionales y as� prev� la creaci�n de una �nica autoridad reguladora a escala nacional, jur�dica y funcionalmente independiente de cualquier otra entidad p�blica o privada, as� como fija los objetivos, obligaciones y competencias de las autoridades reguladoras.
Por otro lado, se refuerzan las obligaciones de servicio p�blico. En este sentido cabe resaltar la regulaci�n del acceso de los consumidores a sus datos de consumo, los precios asociados y los costes del servicio, as� como a la informaci�n relativa a las v�a de soluci�n de conflictos. Se dispone asimismo que los Estados miembros deben definir el concepto de cliente vulnerable y establecer medidas para garantizar su suministro de energ�a el�ctrica. Tambi�n se hace referencia a la pobreza energ�tica.
La Directiva 2009/73/CE introduce el concepto de separaci�n patrimonial, entendiendo por tal una situaci�n en la que el propietario de la red es designado gestor de la red y es independiente de cualquier empresa con intereses en la producci�n y el suministro; al tiempo que persigue una mayor armonizaci�n de las competencias y el fortalecimiento de la independencia de los reguladores nacionales de energ�a, como medio para procurar un nivel igualmente efectivo de supervisi�n reguladora en cada Estado miembro.
La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector El�ctrico, y sus disposiciones normativas de desarrollo establecieron el r�gimen jur�dico de las actividades destinadas al suministro de energ�a el�ctrica de acuerdo con las previsiones contenidas en la Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre, sobre normas comunes para el mercado interior de electricidad.
Posteriormente, la Ley 17/2007, de 4 de julio, modific� la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector El�ctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.
La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, estableci� las bases de funcionamiento del mercado de gas natural, avanzando en la liberalizaci�n como medio para la consecuci�n de una mayor eficiencia y calidad del servicio, del incremento de la competitividad y de la garant�a de la seguridad de suministro y de la sostenibilidad, de acuerdo con las previsiones contenidas en la Directiva 98/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, relativa a normas comunes para el mercado interior del gas natural.
Posteriormente, la Ley 12/2007, de 2 de julio, modific� la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30/CE.
En relaci�n al sector el�ctrico, el presente real decreto-ley da cumplimiento a la obligaci�n contenida en la Directiva 2009/72/CE consistente en que cada Estado miembro designe formalmente a una �nica autoridad reguladora a escala nacional. Asimismo, se contemplan de forma detallada las competencias y funciones de esta autoridad reguladora, reforzando las ya existentes. En especial, se profundiza en los objetivos y funciones que contribuyan a garantizar la efectividad y aplicaci�n de las medidas de protecci�n de los consumidores, en coordinaci�n con otras Administraciones.
Para garantizar la independencia entre las actividades de red y las actividades de generaci�n y suministro se tienen en cuenta los requisitos establecidos en la Directiva 2009/72/CE en cuanto a las limitaciones en la participaci�n en empresas y toma de control de las mismas, y se contempla la designaci�n de los gestores de redes de transporte, facultando a la autoridad reguladora para certificar con car�cter previo a estos gestores en base al procedimiento que se establezca reglamentariamente.
Por otro lado, se introduce la referencia al consumidor vulnerable, contemplando que es aqu�l que cumpla las caracter�sticas sociales, de consumo y poder adquisitivo que se determinen, y se establece la adopci�n de las medidas oportunas para garantizar una protecci�n adecuada a estos consumidores. Transitoriamente, hasta la definici�n de los consumidores vulnerables, se considerar� como tales a aquellos que se encuentren dentro del �mbito de aplicaci�n del art�culo 2 y de la disposici�n transitoria segunda del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energ�tico y se aprueba el bono social, es decir, los consumidores que tienen derecho a acogerse al bono social.
Otra medida en relaci�n con la protecci�n al consumidor es el establecimiento, por parte de las Administraciones competentes, de puntos de contacto �nicos en coordinaci�n con la Comisi�n Nacional de Energ�a para ofrecer a los consumidores toda la informaci�n necesaria relativa a sus derechos, a la legislaci�n en vigor y a los procedimientos de soluci�n de conflictos de que disponen en caso de litigio.
Por otra parte, se habilita a la Administraci�n General del Estado para la puesta en marcha de mecanismos de cooperaci�n internacional para el cumplimiento de los compromisos derivados de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energ�a procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE, que tiene como finalidad establecer un marco com�n europeo para el fomento de la energ�a procedente de fuentes renovables con el fin de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero; as� como para promover la eficiencia energ�tica y reducir la contaminaci�n debida al transporte.
En relaci�n con el sector de hidrocarburos, las modificaciones introducidas incluyen la definici�n del gestor de red de transporte como el titular de instalaciones de la red troncal. Al gestor de red de transporte se le exige la separaci�n efectiva de las actividades de transporte, por un lado, y de las actividades de suministro y producci�n, por otro. A tal fin se propone, con car�cter general, un modelo de separaci�n patrimonial, de forma que ninguna persona puede ejercer el control sobre una empresa de suministro y producci�n y, al mismo tiempo, tener intereses o ejercer derechos en un sistema de transporte, evitando as� que empresas verticalmente integradas puedan favorecer a las de su propio grupo empresarial, discriminando a sus competidoras. No obstante lo anterior, para aquellas empresas titulares de instalaciones de la red troncal que ya eran titulares de estas instalaciones antes del 3 de septiembre de 2009 y que, adem�s, no cumplieran con los requisitos propios de separaci�n patrimonial, se prev� la posibilidad de ceder la gesti�n de las mismas a un gestor de red independiente que d� cumplimiento a los requisitos establecidos.
Asimismo, se establece el procedimiento de certificaci�n de separaci�n de actividades para los gestores de redes de transporte y los gestores de red independiente establecidos en la citada Directiva 2009/73/CE. Dicha certificaci�n ser� realizada por la Comisi�n Nacional de Energ�a.
En lo que ata�e al organismo regulador, la Comisi�n Nacional de Energ�a, se ampl�an sus funciones y se establece que ser� la encargada de aprobar las metodolog�as para el c�lculo de los peajes y c�nones de los servicios b�sicos de acceso. Se le otorga potestad sancionadora as� como capacidad para dirigir decisiones jur�dicamente vinculantes a las empresas, todo ello en el �mbito de las competencias que dicho organismo tiene atribuidas. Igualmente, se profundiza en los objetivos y funciones que contribuyan a garantizar la efectividad y aplicaci�n de las medidas de protecci�n a los consumidores, en coordinaci�n con otras Administraciones.
Asimismo, se incluye en el �mbito de aplicaci�n de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, al biog�s, al gas obtenido de la biomasa y a otros tipos de gas, siempre que sea t�cnicamente posible su inyecci�n en la red de gas natural. Se introducen tambi�n modificaciones relativas al r�gimen de separaci�n patrimonial en el transporte, incluyendo la definici�n, obligaciones y condiciones que deben cumplir los transportistas de la red troncal y los gestores de red independiente para ser certificados por la Comisi�n Nacional de Energ�a. Se establecen las caracter�sticas de acceso a los almacenamientos no b�sicos y el procedimiento de concesi�n de la exenci�n de acceso a terceros a nuevas infraestructuras o ampliaciones de las existentes. En l�nea con lo dispuesto en la Directiva 2009/73/CE, se recogen nuevas obligaciones a los comercializadores para asegurar la protecci�n de los consumidores dom�sticos. Se establece el nuevo sistema de determinaci�n de los peajes y c�nones de las actividades de transporte, regasificaci�n y almacenamiento pertenecientes a la red b�sica, siendo la Comisi�n Nacional de Energ�a la responsable de fijar su metodolog�a. Finalmente, se actualiza el r�gimen sancionador para adecuarlo a la atribuci�n de competencias al efecto a la Comisi�n Nacional de Energ�a, tal y como establece la Directiva 2009/73/CE.
Por otro lado, mediante este real decreto-ley se efect�a la incorporaci�n al ordenamiento jur�dico espa�ol del nuevo marco regulador europeo en materia de comunicaciones electr�nicas, marco que est� compuesto por la Directiva 2009/136/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 (Derechos de los Ciudadanos), y la Directiva 2009/140/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 (Mejor Regulaci�n).
La transposici�n de estas Directivas se efect�a mediante la modificaci�n de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, as� como una modificaci�n puntual de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informaci�n y del comercio electr�nico.
Las modificaciones introducidas en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, persiguen crear un marco adecuado para la realizaci�n de inversiones en el despliegue de redes de nueva generaci�n, que permita ofrecer servicios innovadores y tecnol�gicamente m�s adecuados a las necesidades de los ciudadanos. Para ello, entre los objetivos y principios de la Ley, se introduce el fomento de la conectividad y la interoperabilidad extremo a extremo de redes y servicios de comunicaciones electr�nicas y la promoci�n de la capacidad de los usuarios para acceder y distribuir informaci�n a trav�s de cualquier aplicaci�n o servicio. Todo ello, sin olvidar, las especiales necesidades de grupos sociales espec�ficos, como los mayores y las personas con discapacidad o en situaci�n de dependencia.
En lo referente a las obligaciones que puedan imponerse a operadores con poder significativo de mercado, se introduce la posibilidad de obligar a realizar una separaci�n funcional entre activos de red y suministro al por mayor de productos de acceso, como remedio extraordinario para supuestos de fallo persistente de la competencia. No obstante, al tratarse de una medida de extraordinario calado, que puede tener fuertes repercusiones a largo plazo en distintos �mbitos, se establecen numerosas cautelas que garantizan que dicha medida solo ser� adoptada en casos justificados y tras una minuciosa evaluaci�n de impacto.
Asimismo, por este real decreto-ley se introducen importantes novedades en relaci�n a los derechos de los operadores, reforzando su derecho a la ocupaci�n de la propiedad p�blica y privada, que la norma exige que se garantice de modo efectivo. En todo caso, los l�mites a este derecho que pudieran llegar a imponerse habr�n de estar basados en causas objetivas y ser proporcionados y no discriminatorios. Con el mismo objetivo de facilitar el despliegue de redes, se establece un plazo concreto para la resoluci�n de las solicitudes de ocupaci�n, que no podr� exceder de seis meses, salvo en caso de expropiaci�n.
En materia de protecci�n de datos, se apuesta de manera decidida por alcanzar mayores niveles de seguridad, extremando las cautelas en lo que se refiere al tratamiento y la protecci�n de datos por parte de los operadores.
En l�nea con la importancia que dan las Directivas 2009/136/CE y 2009/140/CE al refuerzo de la integridad y seguridad de las redes p�blicas de comunicaciones electr�nicas, se obliga a los operadores a gestionar de manera adecuada los riesgos de seguridad que pudieran afectar a sus redes, atribuyendo al Ministerio de Industria, Energ�a y Turismo la supervisi�n de las obligaciones de informaci�n, notificaci�n de incidentes y auditor�a, entre otras, que en esta materia puedan imponerse.
La reforma refuerza, asimismo, los derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones electr�nicas, regulando, entre otros, su derecho al cambio de operador con conservaci�n del n�mero, en el plazo de un d�a laborable y mejorando la informaci�n que ha de suministr�rseles, prest�ndose especial atenci�n a las necesidades de los usuarios con discapacidad.
En lo que se refiere a la gesti�n del dominio p�blico radioel�ctrico, se generaliza la aplicaci�n de los principios de neutralidad tecnol�gica y de los servicios y se profundiza en la regulaci�n del mercado secundario de espectro. Con ello se pretende maximizar el rendimiento de los recursos espectrales asignados a los operadores, lo que redundar� en beneficio de la innovaci�n tecnol�gica y en una mayor oferta de mejores servicios.
Adicionalmente, se refuerzan las facultades de verificaci�n del uso efectivo y eficiente del dominio p�blico radioel�ctrico, habida cuenta la relevancia que, como valor escaso y de importancia creciente, adquiere la garant�a de un buen uso de este recurso.
Por �ltimo, se modifican varios art�culos de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informaci�n y del comercio electr�nico, a fin de adecuar su r�gimen a la nueva redacci�n dada, por la Directiva 2009/136/CE, a la Directiva 2002/58/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protecci�n de la intimidad en el sector de las comunicaciones electr�nicas, debi�ndose destacar la nueva redacci�n que se da a su art�culo 22.2, para exigir el consentimiento del usuario sobre los archivos o programas inform�ticos (como las llamadas �cookies�) que almacenan informaci�n en el equipo de usuario y permiten que se acceda a �sta; dispositivos que pueden facilitar la navegaci�n por la red pero con cuyo uso pueden desvelarse aspectos de la esfera privada de los usuarios, por lo que es importante que los usuarios est�n adecuadamente informados y dispongan de mecanismos que les permitan preservar su privacidad.
Finalmente, en lo que hace a la incorporaci�n de las Directivas, la parte final del real decreto-ley incluye tres disposiciones adicionales que se refieren a la atenci�n a los consumidores vulnerables de energ�a el�ctrica, a las obligaciones de los comercializadores en relaci�n con el servicio de atenci�n a las reclamaciones y a la validez y eficacia de las habilitaciones existentes otorgadas al amparo de la Ley General de Telecomunicaciones, respectivamente.
Siguen tres disposiciones transitorias relativas, respectivamente, a las instalaciones pertenecientes a la red troncal de gasoductos, al establecimiento de peajes de acceso a las redes de energ�a el�ctrica y al sistema gasista y a las restricciones a los principios de neutralidad tecnol�gica y de servicios en los t�tulos habilitantes para el uso del espectro radioel�ctrico para la prestaci�n de servicios de comunicaciones electr�nicas.
Junto a las anteriores medidas, este real decreto-ley tambi�n viene a abordar, con car�cter de urgencia, una bater�a de medidas con el objetivo �ltimo de suprimir los desajustes entre ingresos y costes de los sistemas el�ctrico y gasista.
Las medidas tienen por objeto la reducci�n de los desajustes temporales para el a�o 2012 tanto para el sector el�ctrico como para el gas natural, de manera que el desajuste remanente pueda ser absorbido mediante el incremento de los peajes de acceso para alcanzar, de manera inmediata, el principio de suficiencia recogido en la en la disposici�n adicional vig�simo primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector El�ctrico y en el art�culo 26 del Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema econ�mico integrado del sector de gas natural.
Este real decreto-ley se configura como un primer paso para alcanzar la suficiencia de los ingresos para cubrir los costes de los sistemas el�ctrico y gasista, si bien, resulta necesario acometer una reforma m�s profunda de ambos sectores que permitan dotar a estos de mecanismos adecuados para afrontar con garant�as los retos que plantea el escenario energ�tico actual para nuestro pa�s: elevados costes del sistema, fuerte dependencia exterior, acceso incierto a los recursos, gran volatilidad en los precios de la energ�a y elevados impactos ambientales del ciclo energ�tico. Esa reacci�n, en l�nea con la pol�tica energ�tica europea, se ha de articular alrededor de tres ejes b�sicos: garant�a de suministro, competitividad econ�mica y respeto al medio ambiente, adem�s de la protecci�n al consumidor.
En definitiva, la reforma de los sectores el�ctrico y gasista tendr�, como primer objetivo la suficiencia tarifaria y el equilibrio econ�mico a largo plazo, y en segundo lugar, la adaptaci�n de los mismos al nuevo escenario econ�mico, racionalizando los costes e introduciendo mecanismos de eficiencia que permitan mejorar la competitividad de la actividad industrial, contribuyendo al restablecimiento de la senda de crecimiento de nuestra econom�a.
Posteriormente ser� necesario el desarrollo de medidas adicionales para posibilitar una situaci�n de equilibrio y sostenibilidad a largo plazo.
Por todo lo expresado anteriormente, la adopci�n del conjunto de medidas que a continuaci�n se describen re�nen las caracter�sticas de extraordinaria y urgente necesidad exigidas por el art�culo 86 de la Constituci�n. Extraordinaria y urgente necesidad derivadas de las razones ya mencionadas de protecci�n a los consumidores y garant�a de la sostenibilidad econ�mica del sistema el�ctrico, y cuya vigencia inmediata es imprescindible para que la modificaci�n normativa pueda tener la eficacia que se pretende.
El proceso liberalizador del Sector El�ctrico iniciado con la entrada en vigor de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector El�ctrico modific� la estructura de actividades del sector a trav�s de la coexistencia en el mismo una serie de actividades que se desarrollan en r�gimen de monopolio natural, como son las actividades de transporte y distribuci�n de energ�a el�ctrica, con otras totalmente liberalizadas: la generaci�n y comercializaci�n de energ�a el�ctrica.
Un hito importante en el proceso de liberalizaci�n fue el 1 julio de 2009, fecha en la que la actividad de suministro a tarifa dej� de formar parte de la actividad de distribuci�n y el suministro pas� a ser ejercido, en su totalidad, por los comercializadores, en libre competencia.
Con anterioridad a dicha fecha, los ingresos del sistema proced�an tanto de los peajes de acceso como de las tarifas a las que las empresas distribuidoras suministraban energ�a el�ctrica a los consumidores y que se fijaban con base en los costes del sistema el�ctrico, incluyendo el coste de la energ�a. Actualmente son los peajes de acceso la principal fuente de ingresos del sistema el�ctrico, adem�s de otros precios regulados, que sirven para financiar las actividades reguladas junto con el resto de costes del sistema.
Para garantizar la sostenibilidad econ�mica del sistema, el Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energ�tico y se aprueba el bono social, modific� la disposici�n adicional vig�sima primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, introduciendo el principio de suficiencia de ingresos y de aditividad de las tarifas de �ltimo recurso, esto es, que los ingresos del sistema deben ser suficientes para garantizar la cobertura de los costes del mismo y que el reparto de los costes debe generar se�ales econ�micas de eficiencia. As�, la aplicaci�n de cada peaje de acceso por su nivel y tensi�n de consumo, junto con la se�al de precio de la energ�a en el mercado, deber�a llevar al consumidor a adoptar sus decisiones de consumo e inversi�n de manera eficiente.
Sin embargo, en los �ltimos a�os, la evoluci�n expansiva de las diferentes partidas de costes del sistema, unida a unos peajes de acceso que se han revelado como insuficientes para cubrir la totalidad de los costes del sistema, ha provocado la aparici�n de los d�ficits anuales, adem�s de poner en cuesti�n los objetivos de creaci�n de se�ales de precio para la toma de decisiones por parte de los consumidores.
Estos d�ficits anuales provocados por el desequilibrio entre los ingresos del sistema, recaudados, fundamentalmente, en concepto de peajes de acceso y los costes reales, est�n llevando al sistema a una situaci�n de riesgo inasumible, tanto para las empresas el�ctricas, como para los consumidores, con consecuencias graves para la seguridad del sistema si no se acometen las reformas necesarias para su completa resoluci�n.
El problema, adem�s, es de una doble naturaleza: por un lado, la cuant�a de los d�ficits acumulados desde el a�o 2000 y, por el otro, los d�ficits anuales que se siguen generando y cuya supresi�n se plantea cada vez m�s compleja, a la vista del escenario actual de ca�da de la demanda, crecimiento del r�gimen especial y costes del sistema.
El Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energ�tico y se aprueba el bono social, estableci� una senda decreciente de l�mites para acotar el incremento anual del d�ficit de la tarifa el�ctrica hasta su supresi�n en 2013, mediante la modificaci�n de la disposici�n adicional vig�sima primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector El�ctrico. As� se establec�a que, a partir del 1 de enero de 2013, los peajes de acceso ser�an suficientes para satisfacer la totalidad de los costes de las actividades reguladas.
Al mismo tiempo la norma creaba un mecanismo de financiaci�n del d�ficit acumulado, mediante la cesi�n de los derechos de cobro al denominado Fondo de Titulizaci�n del D�ficit del Sistema El�ctrico y su colocaci�n a terceros a trav�s de un mecanismo competitivo.
Sin embargo, desde la aprobaci�n de este real decreto-ley, se sucedieron una serie de circunstancias, que provocaron que los l�mites anuales m�ximos de d�ficit ex ante establecidos resultaran insuficientes. As�, factores como la ca�da significativa de la demanda, el incremento en la producci�n el�ctrica a partir de fuentes renovables primadas y la reducci�n de los precios de mercado por la delicada situaci�n econ�mica internacional, provocaron incrementos de los desajustes temporales de dif�cil absorci�n, dado que �stos, hubieran debido cubrirse mediante un incremento de los peajes de acceso, que afectar�a en el corto plazo a la compleja situaci�n econ�mica de las familias y las empresas.
Por este motivo, tanto en el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperaci�n econ�mica y el empleo, como en el Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la correcci�n del d�ficit tarifario del sector el�ctrico, fueron adoptadas nuevas medidas de urgencia para la soluci�n del problema. As�, en el citado Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, se elevaron los l�mites m�ximos de d�ficit que se establecieron en el Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, para los a�os 2010, 2011 y 2012, manteniendo el objetivo de eliminaci�n de la aparici�n de nuevo d�ficit en el sistema el�ctrico a partir del 2013. Adem�s se procedi� a la adopci�n de otras medidas puntuales de protecci�n al consumidor y de reducci�n de determinadas partidas de los costes y de los ingresos del Sistema.
Entre las medidas de reducci�n de costes imputables a los peajes de acceso se establec�a que las empresas productoras del r�gimen ordinario financiar�n el Plan de acci�n 2008-2012 aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de julio de 2005, por el que se concretan las medidas del documento de Estrategia de ahorro y eficiencia energ�tica en Espa�a 2004-2012. Asimismo, se limitaban las horas equivalentes primadas de funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas para corregir los desv�os en las previsiones de generaci�n de esta tecnolog�a, motivados, fundamentalmente, por la sobreinstalaci�n, al margen del control administrativo que da derecho al r�gimen econ�mico y se incrementaba, en la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2011, la cuant�a establecida para el otorgamiento del aval del Estado para hacer frente a los d�ficits previstos para los a�os 2010 y 2011, hasta un m�ximo de 22.000 millones de euros.
Por el lado de los ingresos, se estableci� la obligaci�n de los productores de energ�a de hacer frente a un peaje de generaci�n, dada la incidencia de esta actividad en el desarrollo de las redes de transporte y distribuci�n.
La adopci�n sucesiva de medidas como las contempladas en los reales decretos-leyes anteriores, han tenido un efecto parcial sobre la resoluci�n del problema, retrasando su soluci�n definitiva y trasladando las consecuencias del d�ficit del Sistema El�ctrico a los consumidores futuros, que deber�n hacer frente a los desajustes econ�micos del pasado.
El d�ficit tarifario ha pasado de ser una consecuencia temporal de los desajustes transitorios entre ingresos y costes del sistema, a convertirse en un problema estructural cuya resoluci�n deviene imprescindible en el momento actual por el riesgo que conlleva para la sostenibilidad econ�mica del sistema y para la seguridad de suministro.
Aun cuando la econom�a espa�ola atraviesa uno de los peores momentos de su historia moderna, y las medidas que se adoptan en este real decreto-ley repercuten de forma notable sobre todos los agentes y sujetos del sistema, la resoluci�n del problema no puede demorarse m�s. El Gobierno tiene la clara determinaci�n de adoptar las medidas necesarias para suprimir de una forma definitiva los desajustes entre ingresos y costes del Sistema El�ctrico y devolver al mismo la situaci�n de equilibrio y suficiencia que siempre habr�a debido primar en la ordenaci�n de un sector como el el�ctrico tan complejo e importante para la econom�a del pa�s. S�lo con la contribuci�n y esfuerzo de todas las partes implicadas, consumidores, empresas que desarrollan su actividad en el sector el�ctrico y administraciones p�blicas ser� posible la conclusi�n de este objetivo.
La energ�a el�ctrica constituye un bien b�sico para el funcionamiento de nuestra sociedad y en particular para el desarrollo de la actividad econ�mica. Sin embargo, aun cuando los precios de la energ�a negociada en el mercado se sit�an en el entorno de la media de las econom�as europeas, el precio que pagan los consumidores incorpora, adem�s, los peajes con los que se financian los costes del sistema, alcanzando con ellos niveles superiores a los de los pa�ses de nuestro entorno.
Los incrementos de los costes del Sistema acaecidos en los �ltimos a�os no pueden trasladarse �ntegramente al consumidor, siendo necesario proceder a una revisi�n del modelo que permita reducir las ineficiencias existentes reduciendo los niveles de costes soportados.
Las sucesivas �rdenes de peajes el�ctricos dictadas durante los �ltimos a�os han procedido a un reconocimiento de los incrementos de costes y, en lugar de adoptarse medidas de contenci�n, se pospon�a la resoluci�n del problema y se adoptaban incrementos de peajes que se revelaron luego insuficientes. Estas �rdenes han sido objeto de controversia por parte de las empresas el�ctricas, que sistem�ticamente han recurrido las normas alegando la vulneraci�n del principio de suficiencia tarifaria previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector El�ctrico.
En este escenario, resulta urgente la adopci�n de una serie de medidas durante este a�o 2012, de manera que se racionalicen las diferentes partidas de costes del sistema el�ctrico y los peajes de acceso sean suficientes para satisfacer los costes de las actividades reguladas, teniendo en cuenta el l�mite de d�ficit ex-ante previsto para este a�o en la disposici�n adicional vig�sima primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector El�ctrico.
En este real decreto-ley se adoptan, por tanto, de manera excepcional, un conjunto de medidas que permiten, para este a�o 2012, respetar el l�mite de d�ficit establecido, alcanzando el 1 de enero de 2013, la suficiencia tarifaria.
No obstante, adem�s de la adopci�n de las medidas contempladas en la presente norma, resultar� necesario proceder a una revisi�n de los peajes de acceso de manera que se obtengan los ingresos suficientes para completar el impacto en los costes del sistema de este real decreto-ley y conseguir as�, eliminar los desajustes existentes en 2012 con el fin de dar cumplimiento a las resoluciones judiciales del Tribunal Supremo. De esta manera, se reparte el esfuerzo a realizar entre los distintos agentes y sujetos del sistema el�ctrico.
La principal alternativa a la presente norma ser�a no proceder a su aprobaci�n y, en su lugar, realizar una revisi�n al alza de los peajes de acceso a las redes en cuant�a necesaria para cubrir en 2012 todos los desajustes que existen en este ejercicio, incluyendo aquellos que se cubren con las medidas contempladas en el presente real decreto-ley. En este caso, ser�an �nicamente los consumidores los que contribuir�an a eliminar los desequilibrios.
Sin embargo, esta opci�n tendr�a un grav�simo impacto sobre el consumidor final, tanto dom�stico como pymes o industrias, que ver�an afectada su competitividad de manera inmediata, con consecuencias de especial relevancia en un contexto generalizado de crisis como el actual.
La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos estableci� las bases de funcionamiento del mercado de gas natural, avanzando en la liberalizaci�n como medio para la consecuci�n de una mayor eficiencia y calidad del servicio as� como el incremento la competitividad, de la garant�a de la seguridad de suministro y de la sostenibilidad.
El modelo de desarrollo del sistema gasista se ha basado en una planificaci�n energ�tica donde se contemplan una serie de infraestructuras que necesariamente deben acometerse. La Ley 34/1998, de 7 de octubre, en su redacci�n dada por la Ley 12/2007, de 2 de julio, establece que la planificaci�n gasista tendr� car�cter indicativo, salvo en lo que se refiere a los gasoductos de la red b�sica de transporte, a la red de transporte secundario, a la determinaci�n de la capacidad de regasificaci�n total de gas natural licuado necesaria para abastecer el sistema y a las instalaciones de almacenamiento b�sico de gas natural.
El fin pretendido por la legislaci�n era conseguir que se liberalizasen el sector del gas natural en su actividad de aprovisionamiento y comercializaci�n y, en cambio, que las actividades de transporte y distribuci�n sigan reguladas y, en el caso del transporte, sometidas a una planificaci�n vinculante.
Este modelo se ha revelado eficiente en las fases de crecimiento del mercado, sin embargo, se muestra ineficiente para resolver los problemas surgidos en las fases de decrecimiento o estabilizaci�n de la demanda. El principal inconveniente estriba en la poca flexibilidad para autocorregirse ante los cambios de escenario como el que se lleva viviendo desde el a�o 2008.
Hasta el a�o 2005, la demanda convencional en Espa�a present� un crecimiento exponencial, caracter�stica habitual del periodo de introducci�n de un nuevo producto en el mercado, sin embargo, durante los �ltimos a�os, se ha experimentado una importante reducci�n del consumo de gas natural. En concreto, esta reducci�n de la demanda se ha focalizado en el gas natural destinado a la generaci�n de electricidad como consecuencia de la penetraci�n de las energ�as renovables en el mix el�ctrico. Los niveles de consumo previstos para 2012 son similares a los del a�o 2005 y se estima que puede tardarse varios a�os en alcanzar la cifra de demanda de 2008.
En el sector gasista, si bien no existe un problema de d�ficit de la magnitud del el�ctrico, el desajuste entre costes e ingresos ha superado el 10 por ciento de los ingresos regulados en el a�o 2011 y, en caso de no adoptar las medidas necesarias, de forma inmediata, dicho desajuste se ver� incrementado como consecuencia de la contracci�n de la demanda y de la construcci�n e incorporaci�n al sistema retributivo de un n�mero importante de infraestructuras previstas en la planificaci�n.
La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector El�ctrico, establece que la distribuci�n de energ�a el�ctrica tiene car�cter de actividad regulada, cuyo r�gimen econ�mico ser� objeto de desarrollo reglamentario por parte del Gobierno.
Tras la promulgaci�n de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector El�ctrico, el desarrollo de la normativa referida a la actividad de distribuci�n se estableci� en el Real Decreto 2819/1998, de 23 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte y distribuci�n de energ�a el�ctrica y con posterioridad en el Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el r�gimen retributivo de la actividad de distribuci�n de energ�a el�ctrica.
Si bien este �ltimo real decreto establec�a una nueva metodolog�a retributiva que se apoyaba en la contabilidad regulatoria y en un Modelo de Red de Referencia, el nivel retributivo que se tom� al inicio del periodo regulatorio no respond�a a la aplicaci�n de la formulaci�n recogida en el mismo, sino que para las empresas con m�s de 100.000 clientes conectados a sus redes, as� como FEVASA y SOLANAR, se tomaron en cuenta, de acuerdo con la disposici�n adicional primera de dicho real decreto,las cuant�as que proced�an de la anterior metodolog�a. A lo largo del periodo regulatorio 2009-2012 no se ha tenido en cuenta que los activos contenidos en esa valoraci�n se han ido amortizando, por lo que en la actualidad el sistema est� retribuyendo, en concepto de retribuci�n por amortizaci�n, algunos activos ya amortizados y, en concepto de retribuci�n financiera, por la totalidad del activo bruto y no por el activo neto cuyo coste es el que se encuentra pendiente de recuperaci�n.
En el Informe de la Comisi�n Nacional de Energ�a sobre el Sector Energ�tico Espa�ol de 9 de marzo de 2012, se recogen para las empresas distribuidoras con m�s de 100.000 clientes conectados a sus redes y FEVASA y SOLANAR, las cuant�as que se encontraban incluidas en la retribuci�n de estas empresas correspondientes a activos amortizados desde el a�o 2008. Puesto que la retribuci�n de la actividad de distribuci�n tiene para el a�o 2012 car�cter provisional de acuerdo con el art�culo 2 de la Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2012 y las tarifas y primas de las instalaciones del r�gimen especial, se considera adecuado minorar la retribuci�n en esa cantidad.
En el caso de empresas con menos de 100.000 clientes conectados a sus redes, la retribuci�n se estableci� b�sicamente tomando la mayor de las cantidades que resultaba de comparar el valor resultante de la diferencia entre la energ�a comprada a la tarifa de venta a distribuidores y la energ�a vendida a las tarifas que en su momento eran de aplicaci�n y el valor resultante del an�lisis instalaciones que declaraban. Tenemos, por tanto, unas empresas distribuidoras de energ�a el�ctrica a las que se les est� retribuyendo en funci�n del margen que genera la actividad del suministro, que a d�a de hoy ya no ejercen las empresas distribuidoras. En cuanto a las empresas retribuidas en funci�n del an�lisis de las instalaciones, tenemos que en las actualizaciones que han venido realiz�ndose a lo largo del periodo regulatorio no se ha descontado el valor de aquellos activos que se hayan amortizado o hayan sido transmitidos o cerrados a lo largo de dicho periodo. En ambos casos tanto si su retribuci�n est� calculada por el m�todo del margen o v�a valoraci�n de activos, nos encontramos con que no se ha tenido en cuenta en la retribuci�n la presencia de activos ya amortizados por lo que procede la minoraci�n de la retribuci�n en un porcentaje similar al de las empresas con m�s de 100.000 clientes conectados a sus redes, ya que esta retribuci�n tiene, de acuerdo con la Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre, car�cter provisional.
Por otra parte y con el fin de disponer de la informaci�n auditada en el momento de realizar la evaluaci�n de la retribuci�n correspondiente a nuevos activos puestos en servicio se establece que, con efectos en la retribuci�n a percibir desde el 1 de enero del a�o 2012, el devengo de la retribuci�n generado por instalaciones de distribuci�n puestas en servicio el a�o n se iniciar� desde el 1 de enero del a�o n+2.
Como consecuencia de todo lo anterior se procede a revisar, con car�cter excepcional y con el alcance temporal indicado, la retribuci�n de la actividad de distribuci�n, impulsando a la par, la reforma del procedimiento por el que se determina la retribuci�n de la actividad de distribuci�n con el fin de vincular la retribuci�n a los activos en servicio no amortizados, eliminando bolsas de retribuci�n no justificadas y ligando el incremento de retribuci�n de la actividad en el a�o n a los activos puesto en servicio el a�o n-2. Esta medida tendr� efectos en la retribuci�n a percibir en 2012 por lo que la retribuci�n correspondiente a instalaciones puestas en servicio durante el a�o 2011 ser� percibida desde el 1 de enero de 2013.
Asimismo se considera oportuno realizar una minoraci�n de la retribuci�n percibida por las empresas distribuidoras de energ�a el�ctrica en concepto de gesti�n comercial puesto que la mayor parte de las funciones que se retribuyen por este concepto hoy d�a son realizadas por las empresas comercializadoras.
De igual modo que en la actividad de distribuci�n y con el fin de disponer de la informaci�n auditada en el momento de realizar la evaluaci�n de la retribuci�n correspondiente a nuevos activos puestos en servicio, se establece que, con efectos en la retribuci�n a percibir desde el 1 de enero del a�o 2012, el devengo de la retribuci�n generada por instalaciones de transporte puestas en servicio el a�o n se iniciar� desde el 1 de enero del a�o n+2. Esta medida tendr� efectos en la retribuci�n a percibir en 2012 por lo que la retribuci�n correspondiente a instalaciones puestas en servicio durante el a�o 2011 ser� percibida desde el 1 de enero de 2013.
Por lo tanto, se procede tambi�n a revisar con car�cter excepcional la retribuci�n de la actividad de transporte impulsando a la par, una profunda reforma del procedimiento por el que se determina la retribuci�n de esta actividad, con el fin de vincular la retribuci�n a los activos en servicio no amortizados, eliminando bolsas de retribuci�n no justificadas y ligando los incrementos de retribuci�n en el a�o n+2 a los activos puesto en servicio el a�o n.
El Real Decreto 1747/2003, de 19 de diciembre, por el que se regulan los sistemas el�ctricos insulares y extrapeninsulares, adapt� los principios de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector El�ctrico, a las peculiaridades de los sistemas extrapeninsulares e insulares con el triple objetivo de garantizar el suministro de energ�a el�ctrica y su calidad para que se realice al menor coste y con las menores singularidades posibles.
La retribuci�n de la actividad de generaci�n debe ser adecuada y suficiente para asegurar la continuidad de las actividades destinadas al suministro de energ�a el�ctrica que se desarrollen en estos territorios, con el objetivo adicional de mejorar su eficiencia econ�mica.
La Orden ITC/913/2006, de 30 de marzo, por la que se aprueban el m�todo de c�lculo del coste de cada uno de los combustibles utilizados y el procedimiento de despacho y liquidaci�n de la energ�a en los sistemas el�ctricos insulares y extrapeninsulares y la Orden ITC/914/2006, de 30 de marzo, por la que se establece el m�todo de c�lculo de la retribuci�n de garant�a de potencia para las instalaciones de generaci�n en r�gimen ordinario de los sistemas el�ctricos insulares y extrapeninsulares establecen el modelo retributivo de costes fijos y variables de las centrales de generaci�n en los sistemas el�ctricos insulares y extrapeninsulares desarrollando el m�todo establecido en el citado Real Decreto 1747/2003, de 19 de diciembre.
Tal y como se pone de manifiesto en el Informe de la Comisi�n Nacional de Energ�a sobre el Sector Energ�tico Espa�ol de 9 de marzo de 2012, la compensaci�n extrapeninsular e insular ha aumentado significativamente desde el a�o 2003. En el citado informe se proponen unas medidas, que pasan por la revisi�n de las �rdenes ITC/913/2006, de 30 de marzo e ITC/914/2006, de 30 de marzo citadas, cuya instrumentaci�n se propone expresamente de forma urgente.
El an�lisis de dicha evoluci�n del extracoste de las actividades de generaci�n en los sistemas el�ctricos insulares y extrapeninsulares hace que sea necesaria una revisi�n, en el corto y medio plazo, del modelo retributivo en estos sistemas.
Asimismo, en los sistemas el�ctricos insulares y extrapeninsulares se ha producido en los �ltimos ejercicios un deslizamiento de la producci�n t�rmica convencional a partir de fuel�leo a favor del gas�leo, que si bien es menos contaminante resulta tambi�n considerablemente m�s caro, al verse alterado el despacho por el reforzamiento de las restricciones medioambientales auton�micas o locales en materia de emisiones. En consecuencia, teniendo en cuenta la propuesta de la Comisi�n Nacional de Energ�a en su Informe sobre el Sector Energ�tico Espa�ol de 9 de marzo de 2012, se habilita al Ministro de Industria, Energ�a y Turismo a establecer limitaciones al sobrecoste que puede ser asumido con cargo a los peajes de acceso derivado de los cambios de combustible que no se justifiquen por razones t�cnicas, en las centrales de estos sistemas.
Por otro lado, tanto el Real Decreto 1747/2003, de 19 de diciembre como sus �rdenes de desarrollo, limitan la retribuci�n por garant�a de potencia a que la potencia total existente en cada uno de los sistemas no supere los l�mites m�ximos de potencia necesaria establecidos. Esto lleva a que las nuevas centrales m�s eficientes t�cnica y econ�micamente, no puedan percibir una retribuci�n por garant�a de potencia a no ser que se adopten medidas de car�cter extraordinario. Mediante este real decreto-ley se establece el mecanismo para fomentar la instalaci�n de centrales m�s eficientes que desplacen potencia de centrales ya amortizadas.
La Comisi�n Nacional de Energ�a obtiene su financiaci�n conforme a lo dispuesto en la disposici�n adicional duod�cima de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. Teniendo en cuenta el contexto en el que se acometen las medidas contenidas en el presente real decreto-ley, y la necesidad de que todos los agentes del sector contribuyan a su soluci�n, se introducen asimismo en la presente norma los mecanismos necesarios para ajustar la financiaci�n de la citada Comisi�n. As�, se disminuyen las tasas correspondientes a los sectores el�ctrico y gasista, sin que estas reducciones afecten al normal funcionamiento y ejercicio por parte de la Comisi�n Nacional de Energ�a de las actividades necesarias para el desarrollo de las funciones que tiene encomendadas, de acuerdo con el Informe de la citada Comisi�n Nacional de Energ�a sobre el Sector Energ�tico Espa�ol de 9 de marzo de 2012, manteniendo la independencia econ�mica del organismo.
Estos ingresos razonables y proporcionados para cada ejercicio han ido constituyendo un remanente que se ha venido consolidando como resultado de ejercicios anteriores, y que figura en la partida de fondos propios del balance publicado por dicho organismo. Por este motivo, se considera oportuno, adicionalmente, que dichas cantidades sean consideradas ingresos liquidables de los sistemas el�ctrico y gasista.
Asimismo, se incluyen en la presente norma la disposiciones necesarias para proceder al ingreso en el sistema, por parte del Instituto para la Diversificaci�n y Ahorro de la Energ�a, de las cantidades que, habiendo sido ingresadas con cargo a la tarifa el�ctrica, a resultas del Real Decreto 1156/2005, de 30 de septiembre y del Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre para la financiaci�n del Plan de Acci�n 2205-2007 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energ�tica (E4), as� como de la Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre y de la Orden ITC/3801/2008, de 26 de diciembre para la financiaci�n del Plan de Acci�n 2008-2012, no hayan sido efectivamente aplicadas, a 30 de junio de 2012, a actuaciones a ellos vinculadas.
De igual modo, se incluyen en la presente norma la disposiciones necesarias para proceder al ingreso en el sistema gasista, por parte del Instituto para la Diversificaci�n y Ahorro de la Energ�a, de las cantidades que, habiendo sido ingresadas con cargo a la tarifa de gas natural, a resultas de las Ordenes ITC/3863/2007, de 28 de diciembre, ITC/3802/2008, de 26 de diciembre, ITC/3520/2009, de 28 de diciembre y ITC 3354/2010, de 28 de diciembre para la financiaci�n del Plan de Acci�n 2008-2012, no hayan sido efectivamente aplicadas, a 30 de junio de 2012, a actuaciones a ellos vinculadas.
Otra medida adicional que contribuye a la reducci�n de costes del sistema el�ctrico es la eliminaci�n de la financiaci�n del operador del sistema con cargo a los costes permanentes del sistema el�ctrico que deben ser cubiertos por los peajes de acceso. As�, se contempla que el operador del sistema se financiar� conforme a una metodolog�a que ser� fijada por el Gobierno en funci�n de los servicios que efectivamente preste. Asimismo, se incluye un periodo transitorio para la adaptaci�n a la nueva situaci�n hasta que se realicen los desarrollos reglamentarios oportunos.
Si bien la retribuci�n del operador del sistema permanece actualmente regulada por la Administraci�n, se ha considerado que, dado el incremento de agentes y funciones asumidas por este operador desde la entrada en vigor de la reforma de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, contemplada en la Ley 17/2007, de 4 de julio, y al igual que en el caso del operador del mercado, resulta adecuado el paso de su financiaci�n actual a trav�s de los peajes de acceso a los sujetos a los que presta sus servicios. Esta nueva financiaci�n contribuir� a asegurar la seguridad del suministro al m�nimo coste.
El 26 de febrero de 2011 se puso en marcha el mecanismo de resoluci�n de restricciones por garant�a de suministro de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, por el que se establece el procedimiento de resoluci�n de restricciones por garant�a de suministro y se modifica el Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producci�n de energ�a el�ctrica. Mediante este procedimiento, a trav�s del mercado y de los pagos por capacidad, las centrales el�ctricas que deben consumir ese carb�n, reciben una retribuci�n regulada que viene a reconocer los costes incurridos por la compra de carb�n, as� como por el resto de costes variables y fijos incurridos por la central. Con este mecanismo, las centrales que no resultan casadas en el mercado diario, son programadas por el Operador del Sistema en el proceso de restricciones por garant�a de suministro.
El mecanismo est� suponiendo un sobrecoste directo provisional para el consumidor que contribuye a su financiaci�n a trav�s de los pagos por capacidad.
Teniendo en cuenta que debe mantenerse el procedimiento de restricciones por garant�a de suministro con el fin de mantener la eficiencia del funcionamiento del mercado, una alternativa para reducir el coste de su aplicaci�n para el consumidor el�ctrico es la revisi�n del volumen previsto de quemado del carb�n nacional. Por ello, se contempla en el presente real decreto-ley de manera excepcional para el a�o 2012 una limitaci�n del volumen total a quemar en 2012 para la aplicaci�n del actual mecanismo de restricciones por garant�a de suministro.
La Orden ITC/3127/2011, de 17 de noviembre, regula el servicio de disponibilidad de potencia de los pagos por capacidad y modifica el incentivo a la inversi�n a que hace referencia el anexo III de la Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, por la que se revisan las tarifas el�ctricas a partir del 1 de octubre de 2007. En el momento actual nos encontramos en una situaci�n de baja demanda de energ�a el�ctrica y de un riesgo de d�ficit en capacidad instalada que se estima reducido, en base a la informaci�n disponible. Por tanto, en este contexto, se considera necesaria la revisi�n de las retribuciones asociadas a los servicios de disponibilidad de potencia de los pagos por capacidad y del incentivo a la inversi�n medioambiental al que hace referencia la disposici�n adicional segunda de la Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas el�ctricas a partir del 1 de enero de 2008.
Teniendo en cuenta esta situaci�n, con car�cter excepcional para el a�o 2012, se reduce la cuant�a anual para las instalaciones de generaci�n a las que es de aplicaci�n la retribuci�n del incentivo a la inversi�n en capacidad a largo plazo de acuerdo a lo establecido en el anexo III de la Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, as� como la cuant�a del incentivo a la inversi�n medioambiental al que hace referencia la disposici�n adicional segunda de la Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas el�ctricas a partir del 1 de enero de 2008.
En l�nea con lo se�alado para los pagos por capacidad, debe tenerse en cuenta la situaci�n actual de bajo riesgo de d�ficit en capacidad instalada a los efectos de aplicaci�n del servicio de gesti�n de la demanda de interrumpibilidad regulado en la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, por la que se regula el servicio de gesti�n de la demanda de interrumpibilidad para los consumidores que adquieren su energ�a en el mercado de producci�n. En efecto, la aplicaci�n de dicho servicio de interrumpibilidad se configura como una herramienta que flexibiliza la operaci�n del sistema y que permite dar respuestas r�pidas y eficientes ante eventuales situaciones de emergencia, de forma que se minimice el impacto en la seguridad del sistema.
No obstante, en un contexto de baja demanda como el actual, la aplicaci�n de este servicio se reduce a lo que se determina en las sucesivas �rdenes de peajes. En estas �rdenes se contempla que, a efectos de comprobar el funcionamiento efectivo del servicio de gesti�n de la demanda de interrumpibilidad el Operador del Sistema aplicar� de manera aleatoria dicho servicio en cada a�o, en el 1 por ciento de las horas del a�o en que prevea la mayor demanda del sistema.
Esta situaci�n justifica y hace necesaria una revisi�n de los costes previstos para la retribuci�n del servicio de gesti�n de la demanda de interrumpibilidad, teniendo en cuenta la utilizaci�n que actualmente se hace del mismo.
Por �ltimo, se prorroga la vigencia de los precios de la tarifa de �ltimo recurso aplicables al primer trimestre de 2012, contenidos en la Resoluci�n de 30 de diciembre de 2011, de la Direcci�n General de Pol�tica Energ�tica y Minas, por la que se establece el coste de producci�n de energ�a el�ctrica y las tarifas de �ltimo recurso a aplicar en el periodo comprendido entre el 23 y el 31 de diciembre de 2011, y en el primer trimestre de 2012, que ha sido objeto de correcci�n de errores por Resoluci�n de 2 de febrero de 2012 de la Direcci�n General de Pol�tica Energ�tica y Minas.
Ello no obstante, ante la previsi�n de revisi�n de los peajes de acceso a las redes de energ�a el�ctrica, se habilita expresamente a la Direcci�n General de Pol�tica Energ�tica y Minas para que pueda, igualmente, revisar los precios de la tarifa de �ltimo recurso contenidos en la citada Resoluci�n de 30 de diciembre de 2011, incorporando, con efectos desde 1 de abril de 2012 y asegurando su aditividad seg�n lo dispuesto en el art�culo 18 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, los precios de los peajes de acceso que correspondan.
En lo relativo al gas natural, es sabido que, de acuerdo con la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos y con el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema econ�mico integrado del sector de gas natural, la actividad de almacenamiento b�sico tiene la consideraci�n de actividad regulada y, por tanto, ser� retribuida con cargo a las tarifas de �ltimo recurso, los peajes y los c�nones que se determinen, y a los precios abonados.
La Orden ITC/3995/2006, de 29 de diciembre, por la que se establece la retribuci�n de los almacenamientos subterr�neos de gas natural incluidos en la red b�sica, introdujo por primera vez un mecanismo espec�fico de retribuci�n para este tipo de infraestructuras. Por otra parte, el art�culo 15 del Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, establece que los sistemas de actualizaci�n de las retribuciones se fijar�n para per�odos de cuatro a�os, procedi�ndose en el �ltimo a�o de vigencia a una revisi�n y adecuaci�n, en su caso, a la situaci�n prevista para el pr�ximo per�odo.
La Orden ITC/3128/2011, de 17 de noviembre, por la que se regulan determinados aspectos relacionados con el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribuci�n de las actividades reguladas, ya actualiz� parcialmente determinados par�metros de dicha retribuci�n. No obstante, es necesario continuar dicha revisi�n para articular un esquema retributivo de los almacenamientos subterr�neos que, sin perjuicio de garantizar a sus promotores la recuperaci�n, en los t�rminos normativamente establecidos, de sus inversiones, se acomode a la par al principio de rentabilidad razonable y sostenible, todo ello, adem�s, de manera coherente con las nuevas necesidades del sistema gasista.
En este sentido, est� prevista en el a�o 2012 la entrada en funcionamiento de nuevos almacenamientos subterr�neos. Estas instalaciones tienen un coste muy elevado y, de acuerdo con el r�gimen retributivo establecido en la Orden ITC/3995/2006, de 29 de diciembre, las anualidades devengadas desde el a�o de su puesta en marcha, deber�an ser retribuidas en el a�o de inclusi�n definitiva en el r�gimen econ�mico, lo que conllevar�a un impacto puntual sobre los peajes y c�nones del sistema en los pr�ximos ejercicios dif�cilmente asumible, especialmente bajo las actuales perspectivas de evoluci�n de la demanda.
Por dicho motivo, se juzga oportuno llevar a cabo una adaptaci�n del r�gimen retributivo de los almacenamientos subterr�neos con puesta en servicio a partir del a�o 2012, suspendiendo el abono de la retribuci�n provisional a aquellas instalaciones que la solicitaron y determinando que no pueda acumularse en el mismo a�o la percepci�n de m�s de una anualidad devengada.
Asimismo, para tener certitud del �ptimo funcionamiento de las estructuras geol�gicas como almacenamiento subterr�neo, se establece que el acta de puesta en servicio se otorgue en dos fases. De esta forma, en un primer momento las Direcciones de las �reas, o en su caso, Dependencias de las �reas de Industria y Energ�a extender�n un acta de puesta en servicio provisional, que permita el llenado del gas colch�n para as� probar suficientemente el buen funcionamiento del almac�n. Posteriormente, tras demostrarse que la instalaci�n ha funcionado de acuerdo con sus par�metros nominales, se podr� extender el acta de puesta en servicio definitivo. Con objeto de asegurar la rentabilidad razonable de la inversi�n a los titulares del proyecto, a partir del d�a siguiente al de eficacia de del acta provisional, se podr� abonar a cuenta una retribuci�n provisional.
Por �ltimo, ante la previsi�n de revisi�n de los peajes y c�nones de acceso a las instalaciones del sistema gasista, se prorroga la vigencia la tarifa de �ltimo recurso de gas natural aprobada por Resoluci�n de la Direcci�n General de Pol�tica Energ�tica y Minas de 30 de diciembre de 2011. Asimismo, se habili

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