Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2012/as201221227.htm
Timestamp: 2019-03-25 22:43:54+00:00

Document:
201207-Sala Civil-1-227
Auto Supremo: 227/2012.
Sucre: 23 de julio de 2012.
Expediente: LP-45-12-S.
Partes: Roger Emilio Cuaquira Segales y Cristina Loyda Moscoso Calle c/ María Nelly Salvatierra representante legal y Directora Ejecutiva de CEASS (Central de Abastecimiento y Suministros de Salud) Walter Harol Selum Rivero Ministro de Salud y Deporte.
Proceso: Mejor Derecho Propietario, Reivindicación y Restitución de Inmueble.
VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 169 a 171 vlta., interpuesto por Roger Emilio Cuaquira Segales y Cristina Loyda Moscoso Calle, contra el Auto de Vista Nº 187/2011, cursante a fs. 164 y vlta., emitido el 26 de agosto de 2011 por la Sala Civil Tercera de la Corte Superior de Justicia del Distrito de La Paz (ahora Tribunal Departamental de Justicia), en el proceso ordinario sobre Mejor Derecho, Reivindicación y Restitución de Inmueble seguido por los recurrentes contra María Nelly Salvatierra representante legal y Directora Ejecutiva de CEASS y Walter Harol Selum Rivero Ministro de Salud y Deporte; la concesión de fs. 177; los antecedentes del proceso; y:
Que, Roger Emilio Cuaquira Segales y Cristina Loyda Moscoso Calle, adjuntando documental de fs. 19 a 20 vlta., presentaron demanda de mejor derecho, reivindicación y consiguiente restitución de posesión del inmueble, acción negatoria más el pago de daños y perjuicios contra la Lic. María Nelly Salvatierra representante legal y Directora Ejecutiva del CEASS, señalando que son legítimos propietarios de un lote de terreno con una superficie de 4.568 Mts2, ubicado en el ex fundo Comunidad Pucarani "Uni" actual Senkata de la jurisdicción de la ciudad de El Alto, terreno que lo hubieran adquirido de su anterior propietario el señor Ulises Greco Quezada Manzaneda, cuyo derecho propietario se encontraría registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula Nº 2.01.3.01.0017800.
Citada la institución demandada en fecha 9 de abril de 2008 conforme consta a fs. 22, en fecha 23 de abril de 2008 se apersona el Director Ejecutivo interino del CEASS oponiendo excepción previa de impersonería, señalando que el Ministerio de Salud y Deportes sería el titular del derecho propietario del lote de terreno objeto de la litis, mismo que habría sido transferido a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria a título oneroso a favor del Ministerio de Salud y Deportes mediante Ley Nº 3700 de 26 de junio de 2007. Contestando los demandantes que la excepción era infundada y extemporánea de acuerdo a lo previsto por el artículo 337 del Código de Procedimiento Civil, el Juez de la causa emitió la Resolución Nº 195/2008 por la que rechazó la excepción previa interpuesta por el representante del CEASS. En fecha 19 de mayo de 2008 los demandantes ampliaron su demanda en contra del Ministerio de Salud y Deportes representado legalmente por Walter Harol Selum Rivero, quien respondió a la demanda en forma negativa conforme consta a fs. 45 y vlta.
Que, sustanciado el proceso, el Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de El Alto de La Paz el 26 de julio de 2010 pronunció la Sentencia Nº 260/2010, cursante de fs. 125 a 127, declarando improbada la demanda de fs. 19 a 20 vlta., de obrados interpuesta por los recurrentes salvando sus derechos para que los hagan valer por la vía que corresponda, al mismo tiempo declaró improbada la demanda reconvencional de fs. 45 y vlta., interpuesta por Walter Harol Selum Rivero Ministro de Salud y Deportes; sin costas por ser juicio doble.
Contra esa sentencia los demandantes Roger Emilio Cuaquira Segales y Cristina Loyda Moscoso Calle interpusieron recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil Tercera de la Corte Superior de Distrito de La Paz (ahora Tribunal Departamental de Justicia), el 26 de agosto de 2011 emitió el Auto de Vista Nº 187/2011, cursante a fs. 164 y vlta., anulando en parte el Auto de concesión de apelación de fs. 148, con relación a la concesión del recurso de apelación de fs. 133 a 138, por ser extemporánea. Al mismo tiempo aprobó la Sentencia cursante de fs. 125 a 127. Sin responsabilidad por ser excusable.
Contra el Auto de Vista Nº 187/2011, los demandantes, ahora recurrentes interpusieron recurso de casación en la forma y en el fondo.
Acusan errónea aplicación de la Ley Adjetiva Civil contenida en los arts. 220-I) y 142 del Código de Procedimiento Civil señalando que en ninguna parte de los mencionados artículos se establece de forma expresa que los plazos para apelar la Sentencia corren de momento a momento.
Indica que la Constitución Política del Estado garantiza "la seguridad jurídica" y el debido proceso en todos los actos procesales como medio idóneo de defensa de las partes. Asimismo, hace hincapié en que todas las personas naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funcionarios públicos e Instituciones públicas se encuentran sometidas a la Constitución.
Señala que el Auto de Vista sin efectuar ninguna fundamentación y menos haber realizado una valoración idónea de los antecedentes, de manera contradictoria con la parte expositiva y la dispositiva, aprobó la sentencia sin considerar que el inmueble objeto del litigio fue adquirido y titulado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a favor de los anteriores vendedores, por una parte y por otra que el Poder Ejecutivo a través del INRA transfirió a título oneroso el lote de terreno objeto de la litis a los demandados, de lo que se tiene demostrado en el proceso que ambas transmisiones fueron efectuadas del mismo propietario, INRA, a diferentes adquirientes, en este caso los ahora contendientes, sin haber al presente el Ad quem compulsado los puntos específicos de la apelación y no fundamentado el Auto de Vista, incurriendo en la infracción de lo previsto en el art. 397, 192, 236, 237 del Código de Procedimiento Civil.
Asimismo, señaló que existió errónea interpretación de la ley, porque tanto la Constitución Política del Estado como la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Costa Rica, resguardan la igualdad de derechos, no siendo admisible que una entidad pública por ser parte del Estado pretenda usurpar a un particular un bien inmueble que ha adquirido de forma legal conforme se ha demostrado con la documental adjunta, violándose la seguridad jurídica.
Por las razones expuestas solicitó se case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo se Anule el Auto de Vista y la Sentencia y/ o anulando obrados con reposición y se dicte nueva sentencia conforme a los datos y pruebas del proceso.
Que el recurso de casación es una demanda de puro derecho pudiendo ser de casación en el fondo, en la forma o en ambos a la vez, conforme esta establecido por el art. 250 del Código de Procedimiento Civil, que deben contener los requisitos enumerados en el artículo 258 del Código de Procedimiento Civil; con la debida fundamentación por separado, señalando de manera precisa y concreta las causas que motivan la casación, ya sea en la forma o en el fondo, no siendo suficiente la simple cita de disposiciones legales, sino la demostración de la infracción que se acusa. En el caso de acusarse errores "in iudicando" (recurso de casación en el fondo), en que hubieran incurrido los Tribunales de instancia al emitir sus resoluciones, estar debidamente identificadas y justificadas las causales señaladas en el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil. En tanto que de acusarse errores "in procedendo" (recurso de casación en la forma), referidos a la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas en la tramitación del proceso, enumeradas para cada caso en concreto por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil.
Como consecuencia de lo anterior y de sus características singulares, la resolución de cada una también adopta una forma específica y diferenciada. Cuando se plantea recurso de casación en la forma, el objetivo es la nulidad de obrados; y cuando se plantea recurso de casación en el fondo, lo que se procura es que el Tribunal case el Auto de Vista impugnado y resuelva el fondo del conflicto, siendo comunes para ambos recursos las formas de resolución por improcedente o infundado. Consecuentemente al margen de la exposición de motivos en que se fundare el recurso de casación en la forma como en el fondo, es deber del recurrente concretar su pretensión recursiva en forma congruente con el recurso que deduce.
En el caso de autos, habiendo interpuesto el recurso de casación en el fondo y en la forma contra el Auto de Vista que anuló la concesión del recurso de apelación por ser extemporáneo, sin haberse resuelto sobre la base de la apelación interpuesta por los actores; en todo caso el pronunciamiento del fondo del Ad quem obedece a la consulta conforme a lo previsto en el art. 197 del Código de Procedimiento Civil, por lo que queda claro que el pronunciamiento del Tribunal de alzada no obedece a los agravios formulados en la apelación de la parte recurrente, consiguientemente a ésta solo le está permitido impugnar en la forma lo resuelto por el Tribunal de alzada dada la extemporaneidad del recurso de apelación.
Establecido lo anterior, se concluye la manifiesta improcedencia del recurso de casación en el fondo; consiguientemente el análisis del fallo se circunscribirá a considerar los agravios formulados en la forma.
Respecto a la errónea aplicación de la Ley Adjetiva Civil contenida en los arts. 220-I) y 142 del Código de Procedimiento Civil, señalando que en ninguna parte de los mencionados artículos se establece expresamente que los plazos para apelar la Sentencia corren de momento a momento; es menester dejar establecido que los demandantes ahora recurrentes fueron notificados con la Sentencia de primera instancia Nº 260/2010, cursante de fs. 125 a 127 en fecha 30 de Agosto de 2010 a horas 14:55 como se verifica de la diligencia que consta a fs. 130 y el recurso de apelación fue presentado el 09 de septiembre del mismo año a horas 17:30, es decir, fuera del plazo fatal e improrrogable y perentorio previsto por el art. 220 parágrafo I num. 1) del Código de Procedimiento Civil, con relación al cómputo de dicho plazo, debe quedar claramente establecido que conforme señala el citado artículo en su parágrafo segundo señala que dicho plazo es fatal; es decir que corre de momento a momento desde la notificación con la sentencia; en este caso la ley procesal señala diez días para deducir el mismo con la debida fundamentación de agravios, dada esa su naturaleza fatal y preclusiva se traduce -como ha establecido la Corte Suprema de Justicia (hoy extinta) en diversa jurisprudencia- en la pérdida irreversible del derecho que se dejó de ejercer dentro del plazo, sin necesidad de declaración judicial ni petición de parte. Al respecto, el Tribunal Constitucional entre otros mediante Sentencia Constitucional No. 1053/2011 de fecha 1 de julio de 2011, señala que: "...este Tribunal sentó línea jurisprudencial respecto al plazo para la interposición del recurso de apelación mediante la SC 1643/2004-R de 13 de octubre, criterio que no es contrario a los lineamientos del nuevo ordenamiento constitucional, estableciendo que éste:procederá a favor de todo litigante, que habiendo sufrido algún agravio en la resolución del inferior, solicite que el juez o tribunal superior lo repare; recurso que salvo disposición contraria expresa, se interpondrá dentro del plazo de diez días tratándose de sentencias y autos definitivos...". " Estos plazos son fatales y se computarán a partir de la notificación con la sentencia o auto".
De lo que se infiere que el término (diez días) para la presentación de un recurso de apelación corre a partir de la notificación de la resolución que será impugnada, es decir, se computará a partir de la fecha y hora de la citación, entendiéndose entonces que es de momento a momento, tal como la norma lo indica estos son fatales y su inobservancia y/o incumplimiento para la interposición del recurso mencionado, puede dar lugar a que sea rechazado."
Estamos entonces frente al hecho de que en el caso de autos legalmente no existió recurso de apelación válido, por haber sido interpuesto de manera extemporánea contra una sentencia que en el momento de interponer el recurso referido ya había vencido el plazo respectivo para su interposición, al efecto y conforme se tiene en obrados, el Tribunal de segunda instancia obró en sujeción a las normas que rigen la materia al haber anulado la concesión del recurso, sin que existan las pretendidas infracciones acusadas por los recurrentes de tal suerte que el recurso de casación resulta sin valor y manifiestamente infundado en la forma.
Por las razones, expuestas este Tribunal no encuentra que sean fundados los agravios expuestos por los recurrentes, correspondiendo por ello fallar en la forma prevista por los artículos 271-1) y 2); 272 - 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los artículos 271-1) y 2); 272 - 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO en la forma e IMPROCEDENTE en el fondo el recurso de casación de fs. 169 a 171 vlta de obrados, interpuesto por Roger Emilio Cuaquira Segales y Cristina Loyda Moscoso Calle, contra el Auto de Vista Nº 187/2011, cursante a fs. 164 y vlta., de fecha 26 de agosto de 2011. Sin costas.

References: artículo 337
 Resolución 
 artículo 258
 artículo 253
 artículo 254
 resolución 
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