Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2013/as201321243.html
Timestamp: 2019-03-21 07:51:44+00:00

Document:
as201321243
Auto Supremo: 243/2013
Sucre: 16 de mayo 2013
Expediente: SC-28-13-S
Partes: Gladys Terrazas de Veizaga y José Henry Veizaga Céspedes. c/ Elfy
Terrazas de Sandoval.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 292 a 294, interpuesto por Gladys Terrazas de Veizaga y José Henry Veizaga Céspedes, contra el Auto de Vista Nº 36 de fecha 30 de enero de 2013, emitido por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso ordinario sobre rendición de cuentas seguido por los recurrentes contra Elfy Terrazas de Sandoval la respuesta de fs. 297 a 298; la concesión de fs. 299; los antecedentes del proceso; y:
El Juez Primero de Partido y Sentencia de Montero, el 28 de septiembre de 2012, pronunció la Sentencia Nº 31, cursante de fs. 266 a 267, declarando improbada con costas, la demanda de fs. 12 a 13 sobre rendición de cuentas interpuesta por los recurrentes contra Elfy Terrazas Sandoval, Gerente General de la Sociedad Educativa Privada “Domingo Savio”.
Contra esa Sentencia de primera instancia los demandantes interpusieron recurso de apelación (fs. 269 a 271 vlta.), en cuyo mérito la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz el 30 de enero de 2013 emitió el Auto de Vista de fs. 282 a 282 vlta., confirmando la Sentencia apelada. Con costas.
Resolución de Alzada recurrida en casación por los demandantes Gladys Terrazas de Veizaga y José Henry Veizaga Céspedes.
Interpuesto el recurso y si bien los recurrentes no manifiestan expresamente si el mismo es de fondo o de forma, en virtud del principio fundamental de acceso a la justicia, establecido en el art. 180 de la Constitución Política del Estado, este Tribunal pasa a resolver elmismo.
1.- Que, el Auto de Vista de manera errada sostiene que la Sentencia apelada contiene una fundamentación “lacónica”, cuando la misma ni siquiera ha mencionado las más de cien pruebas adjuntadas al proceso y menos las ha valorado, ignorándolas por completo, pues la Sentencia no contiene la debida fundamentación, motivación, congruencia y coherencia, tampoco contiene ningún tipo de análisis y es carente de evaluación de prueba,vulnerando el art. 190 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, motivo por el cual el Tribunal de Alzada cuando dice que la misma tiene la debida fundamentación, que el Juez A quo individualiza y describe todos los medios probatorios, falta a la verdad, violando con este hecho los artículos 1286 del Código Civil y 397 del Código de Procedimiento Civil.
2.- Que, el Auto de Vista impugnado se ha pronunciado sobre cuestiones no planteadas, emitiendo un fallo extra petita, cuando en la última parte del Segundo Considerando, concluye que la Gerente General y Administradora del Establecimiento Educativo, es su persona, sin considerar que la presente demanda está dirigida a que la demandada sea obligada a rendir cuentas, aspecto que no ha sido determinado por el Juez A quo.
1.- Que, el Auto de Vista viola e interpreta erróneamente el art.687 del Código de Procedimiento Civil, que señala que: “todo el que administre o gestionare negocios ajenos está obligado a rendir cuentas de su gestión.”, como acontece en este caso, en el que existe abundante prueba contundente cursante de fs. 1 a 11; 49 a 79; 104 a 133 y de fs. 211 a 248 de obrados por la que se demuestra que la demandada está obligada a rendir cuentas. Prueba que no ha sido analizada, compulsada ni valorada por el Juez A quo y confirmado por el Tribunal de Alzada.
2.- Que, el Auto de Vista, también desconoce por completo la existencia de las Sociedades Irregulares o de Hecho, establecido en los arts. 134 y 135 del Código de Comercio, como es el caso del Establecimiento Educativo “Domingo Savio”, constituido por Contrato cursante de fs. 1 a 3 y que hasta la fecha se ha conducido como Sociedad de hecho, no habiendo concluido aún con la tramitación de su personería jurídica, pero que sin embargo se mantiene vigente hasta la fecha, incurriendo en errónea interpretación y aplicación de los arts. 134 y 135 del Código de Comercio.
Manifiesta que por lo señalado el Auto de Vista al margen de vulnerar elart. 1286 del Código Civil, infringe los arts. 190, 192, núm. 2), 687, 397, todos del Código de Procedimiento Civil y 134 y 135 el Código de Comercio, por lo que pide a este Tribunal CASE el Auto de Vista recurrido con citación y emplazamiento de partes.
Interpuesto el recurso de casación y previo discernimiento de los agravios de forma y de fondo, corresponde en principio considerar el primero de ellos, toda vez que de ser evidentes las infracciones acusadas, este Tribunal estaría impedido de considerar los agravios de fondo.
En ese entendido, el principio de impugnación establecido y garantizado por la Constitución Política de Estado en su art. 180 parágrafo II así como por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, reconocen y garantizan el derecho a la impugnación, replicados los mismos en la Ley 025 como los principios que rigen a la jurisdicción ordinaria; así, la impugnación, entendida en su acepción más amplia como el derecho de las partes a solicitar la tutela de un Juez o Tribunal superior para que éste, revise la Resolución del inferior cuando la misma le causa agravio, que cumple su finalidad cuando el Juez o Tribunal superior brinda respuesta a través de una Resolución que más allá de que la misma satisfaga la pretensión individual o personal del recurrente, debe constituirse en el remedio que ponga fin a los conflictos de las partes y que debe contener inexcusablemente, la debida fundamentación, congruencia y pertinencia dispuestas por los arts. 190, 192 y 236 del Código de Procedimiento Civil.
Corresponde asimismo señalar que en el tema de nulidades y conforme los nuevos principios establecidos en la Constitución Política del Estado así como en la Ley 025, el Juez o Tribunal, previo a asumir tal decisión, tiene que evidenciar que los actos procesales se han alejado de las formalidades previstas por ley, teniendo en cuenta que a tiempo de anular, no solo trata de precautelar las formalidades dispuestas en la Ley, sino a garantizar que el proceso se desarrolle en resguardo del derecho del debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa.
Que, en el sub lite y al haberse acusado violación de las formas esenciales del proceso, es pertinente hacer las siguientes consideraciones referidas al tema. Así, en virtud del principio de especificidad, previsto por el art. 251 parágrafo I del Código del Procedimiento Civil, toda nulidad debe estar expresamente determinada en la ley, principio que descansa en el hecho de que, para la procedencia de esta medida, la misma debe aplicarse en caso de que sea estrictamente indispensable y así lo haya determinado la ley.
El principio de trascendencia debe también observarse en materia de nulidades, en virtud del cual no hay nulidad si el vicio formal que se acusa, no tiene incidencia y afectación sobre las garantías esenciales de la defensa en juicio. Es decir, que corresponde su aplicación, para enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación del proceso que afecten o restrinjan las garantías a que tienen derecho los litigantes. "No hay nulidad sin perjuicio", es decir, que no puede hacerse valer la nulidad cuando la parte, no ha sufrido un gravamen. En el sub lite, la falta de congruencia y de fundamentación de la Sentencia resultan vicios procesales que no pueden ser subsanados por las partes, toda vez que se trata de la conculcación a las normas esenciales del proceso y que producen afectación a los intereses de las mismas.
Otro principio es el de convalidación en virtud del cual toda nulidad se convalida por el consentimiento si no se observa en tiempo oportuno, operándose la ejecutoriedad del acto. Es decir, que "frente a la necesidad de obtener actos procesales válidos y no nulos, se halla la necesidad de obtener actos procesales firmes, sobre los cuales pueda consolidarse el derecho”, afirma Eduardo Couture, (Fundamentos de Derecho Procesal Civil, pág. 391). Lo que significa que si la parte afectada no impugna mediante los recursos que la ley le franquea y deja vencer los términos de interposición, sin hacerlo, debe presumirse que la nulidad aunque exista, no le perjudica gravemente y que renuncia a los medios de impugnación, operándose la preclusión de la etapa procesal y los actos, aún nulos quedan convalidados.
Asimismo, el principio de protección, que establece que la nulidad solo puede hacerse valer cuando a consecuencia del vicio que se acusa, quedan indefensos los intereses del litigante, sin ese ataque al derecho, la nulidad no tendría porqué reclamarse y su declaración carecería de sentido.
De la revisión de obrados, se tiene que el Auto de Vista recurrido de fecha 30 de enero de 2013 que corre de fs.282 a 282 vlta., confirma la Resolución del Juez A quo, aseverando que el juzgador ha realizado la adecuada valoración concreta e individual de las pruebas, rechazando en consecuencia los agravios expuestos por los apelantes, decisión del Ad quem que los recurrentes consideran vulneratoria de sus derechos pues al manifestar esos extremos está faltando a la verdad, acusando en consecuencia la falta de motivación, fundamentación y congruencia del Auto de Vista y la conculcación del art. 190 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y de los arts. 1286 del Código Civil y 397 de su Procedimiento, por falta de fundamentación y valoración de las más de cien pruebas aportadas al proceso.
En ese entendido, de la revisión de obrados se establece que la parte demandante a tiempo de apelar de la Sentencia cursante de fs. 266 a 267, con los fundamentos expuestos en su memorial de fs. 269 a 271 vlta., impugnó el fallo dictado por el A quo, manifestando los siguientes agravios:
Defectos de forma de la Sentencia, acusando los arts. 190 y 192 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, por falta de coherencia, motivación y congruencia en la misma.
- Errónea aplicación e interpretación de la ley, porque vulnera el art. 687 del Código de Procedimiento Civil al desconocer la existencia de las Sociedades de hecho y la aplicación de la normativa dispuesta por el Código Civil
- Ausencia de valoración de la prueba esencial aportada al proceso, al respecto, de manera puntual acusa:
- La no valoración de la prueba de fs. 1 a 3, concretamente la cláusula quinta de la Minuta de Constitución de Sociedad.
- En ese mismo sentido, respecto a la Resolución Administrativa de fs. 4. que autoriza el funcionamiento de la Unidad Educativa, emitida por la Dirección Departamental de Educación.
- Asimismo el certificado de Registro de Unidad Educativa de fs. 8
- De la misma manera, acusa no haberse tomado en cuenta ni valorado el Certificado de Inscripción en el Ministerio de Trabajo y Registro de Empleadores, de fs. 9.
- Tampoco la Licencia de funcionamiento del Establecimiento de fs. 10 y la Resolución Prefectural Nº 210/99 que autoriza el funcionamiento de la Unidad Educativa, de fs. 11.
- En ese mismo sentido, con relación a recibos de cobro de pensiones, recibos de pago de dividendos, recibos de pago de sueldos de fs. 49 a 79.
- Las cartas de padres de familia y docentes del Establecimiento, de fs. 77 a 79.
- Acusa asimismo, la falta de valoración de los documentos de fs. 105 a 133 y de 211 a 239, consistentes en recibos de cobro de pensiones por parte de la demandada.
- De la misma manera respecto de la prueba testifical de cargo y de descargo de fs. 201 a 203 y de 207 a 209 de obrados, argumentando que existe contradicción entre el contenido de las mismas y el decisorio asumido por el Juez de instancia.
- Acusa también, la errónea interpretación y aplicación de los arts. 134 y 135 del Código de Comercio, normas que reconocen la existencia de las sociedades irregulares o de hecho.
De los datos referidos supra, se advierte que el Tribunal de Alzada, no ingresó al tratamiento y fundamentación de los agravios deducidos, limitándose a la simple enunciación de los medios de prueba, sin ninguna otra consideración, concluyendo en la confirmación de la Sentencia apelada, pretendiendo con el escueto argumento esgrimido en el Auto impugnado, resolver cuestiones de la Sentencia, soslayando su obligación de pronunciarse sobre los agravios inferidos, confirmándolos o negándolos; actitud reprochable por cierto toda vez que la apelación se constituye en uno de los recursos ordinarios más importantes, que tiene la finalidad de que el Juez o Tribunal superior revoque, modifique o anule la Resolución que le causa perjuicio emitiendo Resolución bajo los principios de congruencia y pertinencia previstos por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, que constituyen el marco jurisdiccional sobre el cual debe pronunciarse la Resolución de segunda instancia, cuyo incumplimiento denota la conculcación del derecho a la impugnación y al debido proceso que debe ser reparada con la nulidad del pronunciamiento de Alzada, aún en el caso de que el Tribunal de Alzada considere que los agravios inferidos por el apelante no tienen trascendencia en el decisorio asumido.
Respecto a los agravios acusados en el fondo, al haberse tramitado el proceso con vicios de orden procedimental y habiéndose infringido normas de orden público y de cumplimiento obligatorio que devienen en la nulidad de lo actuado, no corresponde a este Tribunal emitir criterio alguno.
Por lo antes mencionado y evidenciada como está la omisión en la que ha incurrido el Tribunal de Alzada, corresponde a este Tribunal fallar conforme prevé los arts. 271 núm. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo 1), núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, en aplicación de lo dispuesto por los arts., 271 núm. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista cursante de fojas 282 a 282 vlta. de obrados, y dispone que la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, sin espera de turno y previo sorteo emita nuevo Auto de Vista en el marco de lo señalado por el art. 236 con relación al art. 227, ambos del Código de Procedimiento Civil.
Siendo inexcusable el error, se impone multa a los miembros del Tribunal, consistente en descuento de un día de su haber mensual, debiendo comunicarse la presente Resolución a la Dirección General Administrativa del Órgano Judicial y Financiera a los fines consiguientes.

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