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Timestamp: 2019-01-18 10:17:21+00:00

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﻿ SENTENCIA 2009-00191/44523 DE AGOSTO 24 DE 2017
SENTENCIA 2009-00191 DE 24 DE AGOSTO DE 2017
CONTENIDO:SE CONFIGURA LA CULPA DE LA VÍCTIMA CUANDO OPERANDO LA PRECLUSIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN PENAL EN SU CONTRA, SE ENCUENTRA QUE FUE EL PROCEDER DEL PROPIO INVESTIGADO LO QUE DIO LUGAR AL PROCESO PENAL QUE SE ADELANTÓ EN SU CONTRA. AL ENCONTRARSE ACREDITADO A TRAVÉS DE UNAS INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS QUE EL ACTOR ESTABA VINCULADO CON EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS FALSOS O ILEGALES PARA ENTRADA Y SALIDA DE MIGRANTES DEL TERRITORIO COLOMBIANO, SE TIENE QUE ACTUÓ CON CULPA GRAVE PUES SU PROCEDER FUE NEGLIGENTE, IMPRUDENTE E ILEGAL LO QUE DIO INICIO A LA INVESTIGACIÓN. POR TANTO, AL MOMENTO DE RESTRINGÍRSELE LA LIBERTAD AL DEMANDANTE, EL ENTE ACUSADOR CONTABA CON INDICIOS RACIONALES QUE LE INDICABAN QUE PODÍA ESTAR INCURSO EN LOS DELITOS INVESTIGADOS. LO ANTERIOR, NO PUGNA CON EL HECHO DE QUE EL ENTE ACUSADOR EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y EN APLICACIÓN DE SU VALORACIÓN PROBATORIA CONSIDERARA QUE LOS MEDIOS DE PRUEBA RECAUDADOS NO ERAN SUFICIENTES PARA ACUSAR PENALMENTE AL SINDICADO POR LOS DELITOS DE TRÁFICO ILEGAL DE MIGRANTES Y FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO, PUES EL ANÁLISIS QUE SE HACE EN ESTA INSTANCIA ES ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE CON EL PROPÓSITO DE ESTUDIAR LA CONDUCTA DEL ADMINISTRADO FRENTE A SUS DEBERES CON LA ADMINISTRACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, CULPA DEL SERVIDOR PÚBLICO, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, TRÁFICO DE MIGRANTES, FALSEDAD EN DOCUMENTO
Sentencia 2009-00191/44523 de agosto 24 de 2017
Rad.: 250002326000200900191 01 (44523)
Actor: F. A. H. S.
Bogotá D.C. veinticuatro de agosto del dos mil diecisiete.
En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandante el señor F. A. H. S. en su condición de privado de la libertad, quien al ser la víctima directa del posible daño antijurídico reclamado, se encuentra legitimado en la causa por activa.
Por otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación —Fiscalía General de la Nación—, frente a lo cual debe preverse que el asunto que aquí se conoce fue de conocimiento de la Unidad Nacional de Fiscalías a la luz de la Ley 906 de 2004, en razón a lo cual la Sala considera que la entidad demandada se encuentra legitimada en la causa por pasiva.
En el caso concreto, la Sala observa que la investigación penal seguida en contra del demandante fue precluida mediante providencia que quedó ejecutoriada el día 18 de enero de 2008(22) y la demanda de reparación directa tuvo lugar el 6 de noviembre de 2008, esto es, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
Y se entiende por culpa grave no cualquier equivocación, error de juicio o actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, sino aquel comportamiento que revista tal gravedad que implique “manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suele emplear en sus negocios propios”, en los términos del artículo 63 Código Civil.
Solicita la parte demandante, se revoque la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, al considerar que si existían los medios probatorios que acreditaran que la privación del señor H. S. fue injusta y arbitraria, pues existía una insuficiencia de medios probatorios que demostraran su responsabilidad penal.
Así las cosas, le corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar la sentencia de primera instancia que no imputó responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación por la privación de que fue objeto el señor F. A. H. S., o si por el contrario, se debe revocar la decisión del a quo para condenar a dicha entidad.
Entonces, se encuentra demostrado que el señor F. A. H. S. fue capturado el 25 de enero de 2006 por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilegal de migrantes y falsedad en documento público, como consta en la orden de captura Nº 100004473 emitida por la Fiscalía
UNAIM(33) y en el acta de derechos de capturado y constancia de buen trato del 26 de enero de 2001 suscrita por el señor H. S.(34).
Por otra parte, se encuentra acreditado que existía una orden de allanamiento al inmueble donde residía la parte actora, ubicado en Bogotá D.C. en la carrera 13 A Nº 15-43 sur en el barrio Ciudad Jardín como se evidencia en proveído del 25 de enero de 2006 proferido por la Fiscalía UNAIM(35) circunstancia que dio origen a la captura del aquí demandante.
Asimismo, en Resolución 62457 del 25 de enero de 2006 proferida por el Despacho Cuarto de la Unidad Nacional de Fiscalías Antinarcóticos y de Interdicción Marítima de la Fiscalía General de la Nación, se resolvió declarar la apertura de la instrucción en contra de varios investigados entre ellos el señor H. S.(36). Después, en proveído del 14 de febrero de 2006 de la misma Fiscalía, resolvió la situación jurídica de los investigados, ordenando imponer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del señor H. S.(37).
Posteriormente mediante auto del 29 de junio de 2006 del Despacho Cuarto de la Unidad Nacional de Fiscalías Antinarcóticos y de Interdicción Marítima de la Fiscalía General de la Nación, se resolvió revocar la medida de aseguramiento en su contra y adicional a esto se decretó la ruptura de la unidad procesal, dando aplicación al artículo 92 de la Ley 600 de 2000(38).
Luego, mediante providencia del 9 de noviembre de 2006 de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, ordenó decretar la libertad provisional del señor H. S. por el vencimiento de términos contemplado en el artículo 365 de la Ley 600 de 2000(39).
A continuación, mediante providencia del 8 de enero de 2008 del Despacho Nueve de la Unidad Nacional de Fiscalías Antinarcóticos y de Interdicción Marítima de la Fiscalía General de la Nación, se ordenó precluir la investigación y revocar la medida de aseguramiento en contra del señor F. A. H. S. en aplicación del principio del in dubio pro reo, ya que como existió una ruptura de la unidad procesal, la prueba en la que se edificó la materialidad de las conductas punibles de los hechos de 2002, 2003 y 2004; es posterior y la investigación debía surtirse bajo la aplicación de la Ley 906 de 2004.
En ese orden de ideas, se encuentra acreditado el daño antijurídico consistente en la privación de la libertad del señor F. A. H. S., desde el 25 de enero de 2006 (fecha en la cual fue capturado) hasta el 9 de noviembre de 2006 (fecha en la cual se ordenó la libertad provisional).
Ahora bien, resulta necesario para la Sala analizar las circunstancias que llevaron a la captura y posterior investigación penal del señor H. S., todo esto para ver si el daño es imputable o no a la demandada. En primer lugar, analizando el auto del 25 de enero de 2006 de la Fiscalía UNAIM, en el que se declaró la apertura de la instrucción y se ordenó proferir las órdenes de captura en contra de los sindicados; se encuentra que se hace una mención a las pruebas que llevan a identificar a los presuntos responsables de los delitos de falsedad en documento público y tráfico ilegal de migrantes, estos son:
“Al efecto se ordenó la interceptación y vigilancia de las líneas presuntamente involucradas, los seguimientos de rigor, las labores de campo, el fijamiento mediante registros fílmicos y fotográficos de los encuentros clandestinos para tales propósitos, las pruebas periciales a que hubiere lugar, y es así como el informe final requerido, da cuenta como en efecto, en virtud de dicha gestión, se puso al descubierto una organización criminal que se dedica al tráfico ilegal de personas y que para ello permea los medios lícitos, posibilitándose así la elaboración y consecución de documentos espúreos, o a la expedición de auténticos con soportes falsos, con lo que se hizo posible en reiteradas oportunidades que sinnúmero de personas —aún extranjeros—, ingresaran y salieran de manera ilegal a territorio colombiano.
Como prueba trasladas reposan también, los resultados de la Técnica Especial de Investigación autorizadas en su oportunidad por la Dirección Nacional de Fiscalías en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 243 del CPP y el capítulo relativo a la cooperación judicial internacional, y en desarrollo de la cual fueron identificados a extremos intervinientes en la elaboración y adulteración de documentos utilizados por migrantes como a aquellos que desviando su deber legal, de alguna manera hicieron omisión de control y facilitaron su salida del país, con destino a Estados Unidos.
Las labores investigativas arrojaron que los autores de todo este episodio delictivo corresponden a los nombres de A. A. A., S. O. Y. Z., N. A. J. T., F. A. H. S. (…) quienes fueron plenamente identificados mediante acopio de las respectivas decadactilares, tal como se indicó en la resolución de apertura de la instrucción por lo que se solicita se impartan órdenes de captura en su contra con base en los resultados obtenidos conforme se consigna en informe Nº 017 datado el 20 de enero de 2006 y en virtud de cual se da cuenta del cabal cumplimiento a la última misión impartida el 12 de diciembre del 2005. El datado en la fecha Nº 018 los relaciona e identifica puntualmente tal como quedo consignado.”(40) (Negrillas fuera del texto)
Seguidamente en el auto de apertura de la instrucción de fecha de 25 enero de 2006 de la Fiscalía UNAIM, se consignó que obraban elementos de prueba tales como conversaciones telefónicas que permitían inferir la participación del señor H. S. en los delitos de concierto para delinquir, tráfico ilegal de migrantes y falsedad en documento público(41).
Igualmente en la providencia del 14 de febrero de 2009 en la que se resolvió la situación jurídica de los investigados, en lo referente al señor F. A. H. S., dentro del acápite de identidad de los sindicados se consignó lo siguiente:
“Es fundamento de su cargo acorde el informe policivo que es integrante de la organización dedicada a la falsedad de documentos y tráfico ilegal de migrantes, lo cual se estableció por los rastreos telefónicos realizados de los abonados celulares 3102XXXX (por este utilizado) y el Nº 3102XXXX (utilizado por el interlocutor D. S.). De las labores de campo y las constantes vigilancias a las líneas involucradas según fuera ordenada previamente, se estableció que era su tarea crucial la consecución de clientes en el exterior para documentarlos fraudulentamente. El trato frecuente del susodicho con el requerido en extradición D. S., pone de relieve las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y la recurrencia en que solicitaba a este último la elaboración y consecución de documentos, entre ellos, extractos bancarios y pasaportes de diferentes nacionalidades, especialmente venezolanos. Además de cómo se apersonaba de todo tipo de trámites ante las diferentes entidades oficiales – Ministerio de Relaciones Exteriores, Registraduría Nacional del Estado Civil, Embajadas, etc. -, tendientes a nacionalizar como ciudadano colombianos a personas extranjeras. Entre las llamadas incriminatorias más relevantes se relevan;
Línea celular 3102XXXX: Llamadas Nº 00C0934, 00C0950, 00C0951, 00C1069, 00C1072, 00C1088, 00C1117, 00C1135, 00C1154, 00C1173, 00C1184, 00C1256, 00C1361 y 00C1415, las que traen a comento mediante informe Nº 035 del 23 de febrero de 2005.
Línea celular 3102XXXX: Llamadas Nº 0A970010, 0A970028, 0A970035, 0A970044, 0A970048, 0A970050, 0A970255, 0A970501, 0A970505, 0A970522,0A970525 Y 0A970594 referidas en informe Nº 138 del 5 de julio de 2005. Del mismo modo las llamadas Nº OA971263, OA971267, OA971397, OA971405, OA971421, OA971483, OA971510, OA971518, OA971575, OA971615, OA971624, OA971624, OA971627 y OA971681 relacionadas en el informe Nº 178 del 24 de agosto de 2005.”(42) (negrillas fuera del texto)
De la misma forma, en el mencionado auto se hizo un recuento del informe Nº 060 del 27 de enero de 2006, en el que se relacionaron los elementos incautados en la diligencia de allanamiento en la residencia del demandante, entre los cuales se encontraron(43):
Maletín de lona el cual contenía armas de colección, con dos documentos salvoconducto de porte de armas.
Setenta y tres (73) papeles impresos de Central Bank of Iraq de 25 Dinar, caja de talonarios de PNC Bank, y un papel impreso del Banque Doliban de 1000 livres.
Diez (10) pasaportes, con documentos varios entre ellos de identificación y diversas fotografías; además de múltiples tarjetas plásticas.
Siete (7) celulares con sus documentos, cajas y cables.
Gran cantidad de CDs, audios en disquetes y casettes de VH.
Cartas de correos.
Papelerías de aerolíneas y caratulas de tiquetes de avión de Aero república.
Cuatro (4) cámaras con sus estuches y un computador.
Fajos de dinero en efectivo por una suma aproximada de cuarenta y tres millones de pesos ($43.000.000), en billetes de diferentes denominaciones y organizados en diversos paquetes.
Ahora bien, en lo referente a los delitos de falsedad en documento público y tráfico ilegal de migrantes, tiene probado la Sala que se investigaron por hechos ocurridos en los años 2002, 2003, 2004 y 2005; pero luego se declaró la nulidad de lo actuado por la ruptura de la unidad procesal. Se precisa, que el motivo por el cual se aplicó la figura del artículo 92 de la Ley 600 de 2000, no es el que se haya demostrado la inocencia del señor H. S., sino que los hechos ocurridos en 2005 y las pruebas de ellos son las que fundamentan la materialidad de las conductas punibles de los años anteriores, es decir, estas dos conductas punibles se hicieron evidentes por las entregas vigiladas realizadas desde el 19 de mayo hasta el 24 de noviembre de 2005(44), sin embargo como se debía garantizar el derecho al debido proceso no podía seguirse el tramite con la Ley 600 de 2000, por lo que la investigación penal debía tramitarse bajo el nuevo sistema penal acusatorio por ocurrir en vigencia de la Ley 906 de 2004, por ello se compulsaron copias a los nuevos fiscales del sistema penal acusatorio.
Por ende, se concluye que no es clara la inocencia o responsabilidad penal del señor H. S., ya que no obran en el expediente pruebas que indiquen si se inició o no un proceso penal o si fue condenado por estas conductas punibles bajo el esquema de la Ley 906 de 2004, simplemente hubo ruptura de la unidad procesal para garantizar el debido proceso de los investigados, por lo que no se entró a estudiar el asunto de fondo.
En segundo lugar, frente al concierto para delinquir, cuando en providencia del 29 de junio de 2006 se decretó la ruptura de la unidad procesal y se revocaron las medidas de aseguramiento de algunos investigados por esta conducta punible, no se incluyó el señor H. S. porque como se explicó en la mencionada providencia, habían medios probatorios como conversaciones que lo incriminaban y relacionaban con otros miembros de la presunta organización criminal desde el 2002 hasta el 2005. Después, en providencia del 9 de noviembre de 2006 se decretó la libertad provisional del investigado por el vencimiento de términos del artículo 365 de la Ley 600 de 2000.
Luego, por Resolución de 8 de enero de 2008 se precluyó la investigación en contra de F. A. H. S. por el delito de concierto para delinquir, por la aplicación del principio del in dubio pro reo ya que no habían elementos probatorios solidos que indicaran su participación o vinculación con la organización criminal para los hechos de 2002, 2003, y 2004; no obstante, se mencionó en la providencia que sí participó en los hechos de 2005 motivo por el cual se compulsaron copias para una nueva investigación penal en el sistema penal acusatorio. Finalmente, al investigado se le concedió la libertad provisional por una razón formal que fue la de vencimiento de términos.
De todo lo anteriormente expuesto, la Sala encuentra que si bien frente a los hechos ocurridos en 2002, 2003 y 2004 operó la preclusión de la investigación en favor del señor F. A. H. S., para la Subsección es claro que fue el proceder del propio investigado lo que dio lugar al proceso penal que se adelantó en su contra, ya que como se mencionó en las diversas providencias del procesos penal, se encentró acreditado en las interceptaciones telefónicas mencionadas, que estaba vinculado con el proceso de elaboración y obtención de documentos falsos o ilegales para entrada y salida de migrantes del territorio colombiano.
A su vez, mediante las entregas vigiladas realizadas en 2005 por el ente investigador, se encontró acreditada su participación en delitos como el tráfico ilegal de migrantes, falsedad en documento público y concierto para delinquir; sin embargo, la Fiscalía no pudo seguir la investigación penal bajo la Ley 600 de 2000, por lo cual le correspondió declarar la nulidad de lo actuado por la ruptura de la unidad procesal y compulsar copias para que se iniciara una nueva investigación penal con la nueva ley aplicable. De modo que esta Sala desconoce si se inició o no un nuevo proceso penal, de ello no hay prueba en el plenario; por lo cual se desconoce si efectivamente se logró desvirtuar la presunción de inocencia de F. A. H. S.
Todo lo anterior, revela para la Sala que el señor F. A. H. S., actuó con culpa grave, pues su proceder fue negligente, imprudente e ilegal, comoquiera que se vio involucrado en el proceso de elaboración de documentos, intercambios y entregas de documentos de identidad falsos entre ellos pasaportes para migrantes ilegales.
Por lo tanto, al momento de restringírsele la libertad a la aquí demandante el ente acusador contaba con indicios racionales que le indicaban que podía estar incurso en los delitos investigados, pues fue el proceder del propio investigado el que dio lugar al proceso penal que se adelantó en su contra, conforme se explicó en los párrafos anteriores.
Lo anterior, no riñe con el hecho de que el Despacho Nueve de la Unidad Nacional de Fiscalías Antinarcóticos y de Interdicción Marítima de la Fiscalía General de la Nación, en ejercicio de sus funciones y en aplicación su valoración probatoria considerara que los medios de prueba recaudados no eran suficientes para acusar penalmente a la sindicada por los delitos de tráfico ilegal de migrantes y falsedad en documento público, pues como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones la jurisprudencia de esta Subsección, el análisis que se hace en este tipo de casos es única y exclusivamente con el propósito de estudiar la conducta de la administrada frente a sus deberes con la administración.
En conclusión, se confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por encontrarse configurada la culpa exclusiva de la víctima, que da lugar a exonerar de responsabilidad patrimonial al Estado.
1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de febrero de 2012 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en esta providencia.
21 Consejo de Estado, auto de 9 de mayo de 2011, Rad. 40.324, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
22 Fecha de ejecutoria de la providencia del 8 de enero de 2008, mediante la cual se decretó la preclusión de la investigación seguida en contra del actor (constancia de ejecutoria visible a folio 373 cdno. 3).
24 “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en Afduam, 4, 2000, p.174.
27 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 1994, expediente 8666.
30 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 17 de noviembre de 1995, expediente: 10056.
31 Debe aclararse que en lo que respecta a las restricciones para salir del país o cambiar de domicilio, la Sala ha considerado que el daño antijurídico recae sobre la libertad de locomoción que tienen las personas y no se configura con la simple prescripción de la medida sino que debe acreditarse la afectación efectiva frente a la víctima en particular. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección cdno. Sentencia de 22 de enero de 2014. Exp. 27.689. En otra oportunidad, la Sala precisó que debe demostrarse “que con dicha medida se hubiera materializado la afectación efectiva de la libre locomoción, por cuanto no se acreditó entre otras, que [los demandantes] tuvieran la necesidad o proyecto para salir del país o que su vida personal o profesional les demandara salir del país con alta frecuencia”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección cdno. Sentencia de 26 de abril de 2017. Exp.: 41.326.
32 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de agosto de 2013, Rad. 27.577 M.P Olga Mélida Valle de De La Hoz
33 Folio 311 del cdno. 2.
34 Folio 312 del cdno. 2.
35 Folios 300-310 del cdno. 2.
36 Folios 295-299 del cdno. 2.
37 Folios 52-87.
38 Folios del 88-94 cdno. 2.
39 Folios 12-26 del cdno. 2.
40 Folios 301-302 del cdno. 2.
41 Folio 99 del cdno. 2.
42 Folio 56 del cdno. 2.
43 Folios 56-57 del cdno. 2.
44 Folio 89 del cdno. 2.

References: artículo 136
 artículo 63
 Resolución 
 artículo 92
 artículo 365
in dubio
 artículo 243
 resolución 
 artículo 92
 artículo 365
 Resolución 
in dubio