Source: https://www.scribd.com/doc/48884697/DE-LAS-OBLIGACIONES
Timestamp: 2018-05-24 14:08:35+00:00

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DERECHO CIVIL IV DE LAS OBLIGACIONES
Teoría general de las obligaciones - Antecedentes: El profesor Fueyo en su libro cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones señala que su hubiese que mencionar cuatro instituciones mayores del derecho civil comprensivas de todas las demás instituciones menores y que además fuesen receptáculos de estas tendríamos: 1) Persona 2) Familia 3) Patrimonio 4) Asociación Es en el campo del patrimonio donde se encuentra el tema de las obligaciones. El Patrimonio. La teoría clásica concibe al patrimonio como un atributo de la personalidad, esto es, una cualidad inherente a las personas por el solo hecho de ser tales, y lo concebía como una universalidad jurídica, esto es, como un continente distinto de su contenido, esta característica permite explicar el denominado derecho de prenda general de los acreedores. Art. 2465. Este derecho se encuentra consagrado en el art. 2465 y esta norma señala que el acreedor puede hacer exigible su crédito sobre todo el patrimonio embargable del deudor, es decir, lo que queda afecto al cumplimiento de la obligación es el patrimonio, o sea, el continente y no su contenido, el cual, por ende, puede variar, de ahí que esta disposición habla de bienes presentes y futuros. Del hecho de considerar al patrimonio como un atributo de la personalidad se derivan las siguientes consecuencias: 1) toda persona tiene patrimonio, aunque una persona carezca por completo de bienes y obligaciones avaluables en dinero siempre tendrá la aptitud para ser titular de ellos. 2) Solo las personas tienen patrimonio, es decir, todo patrimonio tiene por titular a una persona. 3) Cada persona solo puede tener un patrimonio. Esta teoría resulta insuficiente para explicar determinadas situaciones, por ejemplo: 1) patrimonios que no tienen por titular a una persona, esto es lo que ocurre, por ejemplo, con los condominios afectos a la ley de copropiedad inmobiliaria, estos condominios tienen su propio patrimonio, lo que se demuestra por el hecho de que pueden abrir cuentas corrientes, pero no son personas jurídicas. 2) Casos de personas que tienen más de un patrimonio, por ejemplo: a) situación de la mujer casada en régimen de sociedad conyugal, ella puede tener un patrimonio propio, un patrimonio reservado del art. 150, y patrimonios especiales de los art. 166 y 167. b) Hijo sujeto a patria potestad, que puede tener un peculio adventicio ordinario, un peculio adventicio extraordinario y un peculio profesional
o industrial. Art. 250 (primer párrafo es el ordinario, en el numero 1 esta el profesional, en el 2 y 3 el extraordinario). c) A propósito del beneficio de separación, puede ocurrir que una persona tenga deudas y esa persona fallece, su patrimonio transmisible pasa a sus herederos, de manera tal que ambos patrimonios se confunden, sin embargo, es posible que a los acreedores hereditarios no les convenga esa confusión de patrimonios, si los herederos no tienen la misma solvencia que el causante, pues ello puede llevar a que sus créditos en definitiva no sean satisfechos, de esta forma la ley les confiere el beneficio de separación que es aquel que tiene por finalidad evitar la confusión de patrimonios del causante con el del heredero, para que los acreedores hereditarios puedan pagarse primero en el patrimonio del causante y si queda algún saldo este se confunde con el patrimonio del heredero, mientras están separados los patrimonios el heredero es titular de ambos.
Frente a estos inconvenientes ( de la teoría clásica) surge la teoría del patrimonio fin o afectación, que concibe al patrimonio como un conjunto de derechos y obligaciones avaluables en dinero y que se encuentran unidos por su común afectación a un determinado fin u objetivo, para esta teoría habrá patrimonio cada vez que una persona destine un conjunto de derecho y obligaciones a una finalidad determinada, luego el patrimonio no es considerado como una universalidad jurídica, deja de ser una noción abstracta, sino que tiene una realidad concreta. A partir de esto se derivan las siguientes consecuencias: 1) No toda persona tiene patrimonio, puesto que si una persona carece completamente de bienes y obligaciones avaluables en dinero derechamente no tendrá patrimonio. 2) Una persona puede tener más de un patrimonio, para ello basta con que destine parte de sus bienes a finalidades diversas. 3) Puede haber patrimonios que no tengan por titular a una persona. Observaciones: Los derechos subjetivos pueden clasificarse según su contenido en: patrimoniales y extrapatrimoniales, los extrapatrimoniales son aquellos que carecen de un contenido económico directo, los patrimoniales son aquellos que tienen un contenido económico directo y dentro de los derechos patrimoniales encontramos: derechos reales y personales, derechos reales son los que se tienen sobre una cosa sin respecto a determinada persona y derechos personales son aquellos que solo pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley han contraído las obligaciones correlativas como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado o el hijo contra el padre por alimentos, art. 577 y 578 (saber bien). Diferencias entre derechos reales y personales. 1) Atendiendo a su estructura. a) Derecho Real: existen 2 teorías que tratan de explicar su estructura: i) Teoría Clásica: señala que la estructura de un derecho real viene dada por: - elemento subjetivo: que es el titular del derecho - elemento objetivo: que es la cosa objeto de del derecho.
ii) Teoría moderna: critica a la clásica pues señala que las relaciones jurídicas solo pueden darse entre personas y no entre personas y cosas, de ahí que la estructura del derecho real estaría dada por: - Sujeto activo: que es el titular del derecho - Sujeto pasivo: que está constituido por todas las demás personas, salvo el titular que por ende es indeterminado y que debe observar una conducta de no hacer nada que perturbe a su titular en el ejercicio de su derecho. - Elemento objetivo: que es la cosa objeto del derecho. b) Derecho Personal: - Sujeto activo: que es el acreedor - Sujeto pasivo: que es el deudor. - La prestación - El vínculo jurídico. 2) En cuanto a su número. a) Los derechos reales son limitados, tenemos: dominio, herencia, usufructo, uso, habitación, servidumbres activas, prenda, hipoteca, el censo en cuanto se persigue la finca acensuada, derecho real de aprovechamiento de aguas y el derecho real de concesión minera. b) Los derechos personales son ilimitados, ya que en virtud del principio de la autonomía de la voluntad o autonomía privada los particulares somos libres para crear tantos derechos personales como estimemos conveniente, y ello a través del contrato que es una de las fuentes de las obligaciones. 3) En cuanto a su adquisición. a) Los derechos reales se adquieren en virtud de la concurrencia copulativa de dos elementos que son el título y el modo. b) Los derechos personales se adquieren en virtud de las fuentes de las obligaciones ya que todo derecho personal tiene como correlato a una obligación y las fuentes de las obligaciones son el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley. 4) En cuanto a su protección. a) Los derechos reales están protegidos por las acciones reales, como la acción reivindicatoria y la acción de petición de herencia. b) Los derechos personales están protegidos por las acciones personales, por ejemplo, la acción de nulidad, la acción de simulación, la acción indemnizatoria, etc. 5) En cuanto a su duración. a) Los derechos reales son permanentes y tratándose del dominio se dice que es perpetuo. b) Los derechos personales son esencialmente transitorios, porque son el correlato de una obligación y estas están llamadas a extinguirse. 6) Atendiendo a la posibilidad de ser objeto de posesión. a) Los derechos reales indiscutidamente pueden ser objeto de posesión.
b) Los derechos personales mayoritariamente se entiende que no pueden ser objeto de posesión. 7) Atendiendo a su eficacia. a) Los derechos reales son absolutos, tienen una eficacia erga omnes. b) Los derechos personales son relativos, es decir, solo pueden reclamarse de ciertas personas. Derecho Personal y Obligación No debe creerse que se trata de cosas distintas, sino que se trata de una misma relación jurídica solo que es observada desde diferentes perspectivas, en efecto, desde el punto de vista del acreedor hay un derecho personal, en cambio desde el punto de vista del deudor hay una obligación, en consecuencia no puede haber derecho personal sin obligación ni obligación sin derecho personal, se habla de derecho personal para contraponerlo a los derechos reales, pero esta denominación es equívoca, porque da a entender que se trata de los derechos de las personas y resulta que todos los derechos tienen por titular a una persona, debido a lo anterior algunos autores prefieren hablar de créditos y así lo señala el art. 578 pero la expresión crédito proviene del latín creditore que quiere decir confianza o fe y pareciera ser que en la actualidad lo menos que hay en una relación obligacional es confianza. Es por ello que modernamente la doctrina prefiere hablar de derecho de obligaciones.
Fuentes de las Obligaciones. Concepto. Se pueden definir como, los hechos o Actos Jurídicos que dan nacimiento o que crean una obligación. Las Obligaciones - Concepto: 1) Las instituciones imperiales de Justiniano dicen que es un vínculo jurídico que nos pone en la necesidad de pagar alguna cosa, de conformidad a las leyes de nuestra ciudad. 2) Paulo dice que la sustancia de las obligaciones no consiste en hacer nuestra alguna cosa corpórea o una servidumbre sino que en que se constriñe a otra persona a darnos, hacernos o prestarnos alguna cosa. 3) *Jurídicamente se define como un vínculo jurídico entre dos personas determinadas en virtud del cual una de ellas se encuentra en la necesidad de dar, hacer o no hacer algo a favor de la otra la cual se encuentra facultada para exigir su cumplimiento* La palabra obligación proviene del latín obligatio lo que quiere decir ob por causa de y ligatio ligar o unir elementos de la obligación. Elementos de la Obligación.
1° Los sujetos o partes (acreedor y deudor). Estos sujetos pueden ser personas naturales o jurídicas. Como mínimo deben ser dos (un acreedor y un deudor), nada obsta para que sean mas de dos. El acreedor o sujeto activo, es quien puede exigir coercitivamente el cumplimiento de la prestación debida. El deudor o sujeto pasivo, es la persona que tiene la necesidad de cumplir con dicha prestación. 2° La Prestación debida. Esta constituido por el gravamen a que está sujeto el deudor; esta prestación determina la libertad económica del deudor, ya que al momento de obligarse y por el solo ministerio de la ley, el deudor pone a disposición de su acreedor todos sus bienes, presentes y futuros, muebles e inmuebles, con la sola excepción de los inembargables. Esto es conocido como el derecho de garantía general de los acreedores (prenda general). La prestación, como ya se dijo, puede consistir en dar, hacer o no hacer algo. 3° El vínculo Jurídico. Es la relación que une al acreedor con el deudor. Es el fundamento de la obligación. En virtud de este vínculo jurídico, el deudor debe cumplir con la prestación debida; y es éste el que permite distinguir entre la obligación propiamente tal y los deberes morales o sociales, ya que se encuentra amparado por la ley, pudiendo exigirse su cumplimiento coercitivamente.
Las fuentes de las obligaciones - Concepto*: Es un hecho o acto jurídico que da nacimiento a una obligación - Clasificación En doctrina no existe un único criterio que permita agrupar a las fuentes de las obligaciones, de ahí que se acostumbra a distinguir: a) Clasificación Clásica b) Otras clasificaciones: i) Clasificación que distingue entre el contrato y la ley ii) Clasificación que ve a la ley como la única fuentes de las obligaciones iii) Distingue entre fuentes voluntarias, fuentes no voluntarias y la ley a) Clasificación Clásica: Tiene su origen con los glosadores medievales, quienes interpretando los textos romanos señalaron que estos reconocían las siguientes fuentes: Contrato, cuasicontrato, delito y cuasidelito, y a estas se agregó con posterioridad la ley. Esta clasificación fue recogida por el código civil Francés y ahí paso, entre otros, a nuestro Código Civil i. ii. iii. iv. Contrato: es la convención generadora de obligaciones Cuasicontrato: es el hecho voluntario, lícito y no convencional que genera obligaciones Delito: es el hecho voluntario, ilícito, que cometido con dolo causa daño Cuasidelito: es el hecho voluntario, ilícito, que cometido con culpa causa daño
La ley: que se entiende que es una fuente directa e inmediata de obligaciones en todos aquellos casos en los que surge la obligación sin que sea necesario que exista un hecho del deudor, por ejemplo: la obligación de pagar alimentos
Críticas a esta clasificación: 1) Se dice que proviene de una errada interpretación de los textos romanos, ya que estos solo distinguían entre: contrato, delito y otras figuras de creación pretoria 2) La figura del cuasicontrato es un híbrido, ya que dentro de su … se comprenden figuras muy distintas que no tiene cabida en ninguna otra fuente, además se habla de cuasicontrato como si se tratara de una figura muy parecida al contrato cuando en realidad entre contrato y cuasicontrato hay diferencias sustanciales 3) En la actualidad no se justifica la distinción entre delitos y que ambos generan una misma obligación cual es la de perjuicios causados y el monto de la indemnización no disposición anímica del autor del hecho ilícito, sino que extensión del daño cuasidelitos, ya indemnizar los depende de la depende de la
4) Esta clasificación no comprendería algunas fuentes que si han sido consideradas en el derecho comparado, como ocurre con la declaración unilateral de voluntad y el enriquecimiento sin causa b) Otras clasificaciones: i) Clasificación que distingue entre contrato y la ley: Esta clasificación se formula a partir de la importancia que se da a la voluntad en el nacimiento de la obligación, en efecto al examinar las fuentes clásicas solamente en el contrato aparece que es la voluntad de quien se obliga la que genera la obligación, en cambio en las demás fuentes clásicas la voluntad del deudor no juega ningún papel sino que es la ley la que atribuye a un hecho del deudor el efecto de generar una obligación en consecuencia dentro de la ley se comprendería al cuasicontrato, al delito y al cuasidelito ii) La que ve a la ley como única fuente: En el fondo toda obligación surge porque hay una ley que así lo dispone, en consecuencia ni un contrato, ni un cuasicontrato, ni un delito o cuasidelito podrían generar obligaciones si es que no existiese una ley que así lo señale, luego la ley es la única fuente de las obligaciones Critica a esta clasificación: Se ha dicho es que poco precisa, porque si bien en el fondo toda obligación tiene su fuente en al ley, se prefiere reservar la expresión “obligaciones legales”, para aquellas que nacen directamente de la ley con prescindencia de un hecho del deudor. En cambio en todas las demás fuentes se necesita de un hecho del deudor al cual la ley le atribuye el efecto de generar una obligación
iii) La que distingue entre fuentes voluntarias, no voluntarias y la ley: Esta clasificación recoge las críticas formuladas a las demás clasificaciones y señala que el criterio para agrupar las fuentes debe apuntar a la intención del deudor en obligarse, así: i. Fuentes voluntarias: el deudor conciente en obligarse, ya sea en virtud de un concurso de voluntades, en cuyo caso estamos frente a un contrato o bien por sus sola voluntad, en cuyo caso estamos frente a la declaración unilateral de voluntad Fuentes no voluntarias: son aquellas que precisan de un hecho del deudor pero sin que exista la intención de obligarse, luego si ese hecho es lícito estamos frente a un cuasicontrato, si es ilícito estamos frente a un delito o cuasidelito La ley: que sería fuente de las obligaciones en todos aquellos casos en que esta aparece como fuente directa e inmediata de obligaciones sin que exista un hecho del deudor
Crítica a esta clasificación: Se señala que da demasiada importancia a la voluntad y resulta que modernamente existen ciertas figuras contractuales en las que la voluntad aparece muy disminuida como ocurre con los contratos concluidos por adhesión, los contratos forzosos, los contratos dirigidos, etc. - Las fuentes de las obligaciones en el Derecho Comparado 1) Código civil Francés: recogió la clasificación clásica, de donde pasó a nuestro código civil 2) Código civil Alemán: señala que las obligaciones solo pueden nacer de un contrato, a menos que la ley prescriba otra cosa, de ahí que también se consagren como fuentes, la declaración unilateral de voluntad, los hechos ilícitos, la gestión de negocios ajenos, la comunidad y el enriquecimiento ilegítimo 3) Código Suizo de las obligaciones: consagra como fuentes a los contratos, los hechos ilícitos y el enriquecimiento ilegítimo 4) Código Italiano: señala como fuentes al contrato, los hechos ilícito y cualquier otro hecho o acto idóneo para generar obligaciones de conformidad con el ordenamiento jurídico Comentario Del examen que se hace al derecho comparado se puede advertir que existen dos fuentes que no aparecen expresamente consagradas en nuestro derecho y que son: la declaración unilateral de voluntad y el enriquecimiento sin causa I. Declaración unilateral de voluntad - Antecedentes: Jurídicamente la voluntad juega un papel fundamental, por ejemplo: a) Permite que nazcan a la vida del derecho los actos jurídicos unilaterales b) Permite la adquisición del dominio en la ocupación
c) Permite dar término a ciertos contratos, como ocurre con la revocación del mandato por parte del mandante, y en la renuncia del mandatario, también en el desahucio en el arrendamiento de plazo indefinido, etc. Problema: ¿Puede una persona resultar obligada por su sola voluntad? Este problema implica prescindir de la voluntad del acreedor para que nazca la obligación, porque si fuese necesaria esa voluntad estaríamos frente a un contrato. Cosa distinta es que se necesite de la aceptación del acreedor, pues nadie puede adquirir derechos contra su voluntad, pero esa aceptación no es requisito para que nazca la obligación de ahí que quien manifiesta su voluntad de obligarse con posterioridad no puede retractarse
- Origen de esta teoría: Surge a fine del siglo XIX, con el jurista austriaco Siegel y a partir de entonces se fue incorporando a los códigos modernos. En general existen tres grandes sistemas entorno a la declaración unilateral de voluntad: i) ii) iii) Los que la aceptan en término amplios como fuentes de las obligaciones Los que la aceptan en términos restringidos, esto es para ciertos casos específicos Los que rechazan que una persona pueda obligarse por su propia voluntad
Situación en Chile No se considera expresamente como una fuente de las obligaciones, sin embargo existen casos en los que según algunos autores operaría la declaración unilateral de voluntad como fuente de las obligaciones a) Oferta a plazo: por regla general la oferta no es vinculante para el oferente, sin embargo excepcionalmente lo es, cuando el oferente se ha obligado a esperar contestación o a no disponer del objeto del contrato sino una vez desechada la oferta o transcurrido un determinado plazo. En estas hipótesis frente a la pregunta, ¿por qué resulta obligado el oferente? Algunos autores señalan que ha operado la declaración unilateral de voluntad como fuente autónoma de las obligaciones. En cambio aquellos autores que rechazan que nuestro código haya acogido a la declaración unilateral de voluntad como fuente autónoma de las obligaciones señalan que aquí habría un precontrato formado por la oferta a plazo y a aceptación tácita de quien recibe la oferta y emplea el plazo para reflexionar b) Oferta de recompensa: aparece a propósito de la ocupación de las especies al parecer perdidas pues si el dueño de la especie ofrece una recompensa a quien encuentre la especie resulta obligado y tiene que pagar la recompensa sin que pueda retractarse. Frente a esto algunos autores señalan que ha operado la declaración unilateral de voluntad como fuente de las obligaciones. En cambio otros autores señalan que aquí habría un contrato formado por al oferta de recompensa y la aceptación tácita de quien se dedica a buscar la especie. II. El enriquecimiento sin causa - Antecedentes: es común en la vida jurídica y comercial que se produzcan empobrecimientos patrimoniales porque las personas buscan obtener alguna ganancia
con sus negocios, de ahí que no es necesario que intervenga el derecho cada vez que se produzca un empobrecimiento, sino que ello ocurrirá en determinados casos. En efecto existen numerosas situaciones en las que se produce un enriquecimiento y el legislador ha regulado estas diversas situaciones, por ejemplo: i) ii) iii) iv) El ladrón que se apodera de una cosa ajena, hay un enriquecimiento Vendedor que recibe el precio y no entrega la cosa Comprador que recibe la cosa y no paga el precio Asegurador que no paga la indemnización, no obstante haberse producido el siniestro
Todos estos casos presentan los siguientes rasgos comunes: 1) Son ejemplos de enriquecimiento sin causa 2) Son casos regulados por al ley 3) Se trata de conductas contrarias a derecho 4) Se trata de casos en los que el legislador concede una acción específica para reclamar. Sin embargo el enriquecimiento sin causa que nos interesa es el Enriquecimiento Atípico que no ha sido regulado por el derecho, que no está vulnerando norma legal alguna, que en consecuencia aparentemente es conforme a derecho, pero que desde un punto de vista ético jurídico causa rechazo Don Fernando Fueyo cita varios ejemplos, de ellos encontramos el caso del reivindicante de una cosa mueble en el caso que el poseedor vencido la haya comprado en un almacén, feria u otro establecimiento en el que se vendan cosas similares pues en tal caso para que el reivindicante pueda recuperar la cosa deberá pagar al poseedor vencido lo que este pagó por la cosa. Art. 890: Este sería un caso de enriquecimiento sin causa, por cuanto el dueño estaría pagando para recuperar lo que le pertenece y en consecuencia se estaría empobreciendo - Concepto de Enriquecimiento sin causa Es el desplazamiento de valor que provoca un incremento patrimonial en un determinado sujeto a costa del empobrecimiento del patrimonio de otro sujeto, producido aparentemente conforme a derecho pero en el fondo sin causa ni justificación y que concede una acción de reembolso al perjudicado - Requisitos: 1) Enriquecimiento a expensas de otro Ese enriquecimiento puede consistir en la adquisición de un derecho, en el aumento de valor de una cosa sobre la que se tiene un derecho, en la liberación de un carga u obligación, etc.
Mayoritariamente se entiende que este enriquecimiento debe ser patrimonial aunque algunos autores hablan de una enriquecimiento moral, en todo caso resulta fundamental que esté determinado en su cuantía 2) Que ese enriquecimiento se produzca sin un causa justificada. Es decir que no exista relación jurídica alguna que lo justifique 3) Empobrecimiento de quien sostiene la pretensión - Fundamento del enriquecimiento sin causa En doctrina se han señalado diferentes fundamentos i) ii) iii) iv) v) vi) La buena fe Teoría de la equivalencia de las prestaciones La equidad Los hechos ilícitos El deber moral de ayudar a quien se ha empobrecido La teoría de la causa
- La Actio in rem verso Es la acción de repetición que la ley concede a quien se ha empobrecido injustamente, con el fin de obtener una indemnización de parte de quien se ha enriquecido sin causa y a su costa - Características de esta acción 1) Es personal 2) Patrimonial y de ello se derivan las siguientes consecuencias: a) Es transferible b) Es transmisible c) Es renunciable d) Es prescriptible. Y a falta de un plazo especial se entiende que prescribe en 5 años 3) Es subsidiaria, es decir, solo procede si el ordenamiento jurídico no ha concedido una acción específica para reclamar, de ahí que la jurisprudencia a señalado que prescrita la acción ordinaria no procede ejercer la actio in rem verso 4) Lo normal es que se haga valer como acción pero nada obsta a que se haga valer como excepción si es que su titular es demandado y busca defenderse alegando que ha habido enriquecimiento sin causa - Casos de enriquecimiento sin causa en nuestra legislación Nuestro código civil no reglamentó el enriquecimiento sin causa en términos amplios como una fuente autónoma de las obligaciones sin embargo aparece como un principio general que sirve de fundamento a diversas disposiciones, por ejemplo: i) A propósito de las prestaciones mutuas: el reivindicante debe abonar las mejoras necesarias tanto al poseedor de buena fe como al de mala fe, la razón de ellos es que si el reivindicante hubiese tenido la cosa en su poder habría tenido que incurrir en dichas mejoras, de manera que si no estuviese obligado a abonarlas habría un enriquecimiento sin causa
A propósito de la accesión: tratándose de la accesión propiamente tal de mueble a inmueble, por ejemplo: si en terreno propio se construye con materiales ajenos o se plantan semillas ajenas, el dueño del terreno se hace dueño de los materiales o semillas, pero debe pagar el precio de esos materiales o semillas a su dueño porque o si no habría un enriquecimiento sin causa Efectos de la nulidad: a propósito de estos, por regla general el que contrata con un incapaz no tiene derecho a ser restituido a menos que pruebe que la persona del incapaz se hizo más rica, entendiéndose que ello ocurre cuando las cosas adquiridas en virtud del acto o contrato nulo le fueron necesarias, o bien si no fueren necesarias subsisten y el incapaz quiere retenerlas. En estos casos el que contrató con el incapaz recupera si derecho a ser restituido pues de contrario habría un enriquecimiento sin causa A propósito del tercero civilmente responsable en materia extracontractual: según el art. 2320 las personas no solo responden de sus propios actos sino que además del hecho de aquellos que estuvieren bajo su cuidado. Esta persona que responde por el hecho ajeno es el tercero civilmente responsable y si paga la indemnización tiene una acción de reembolso en contra del autor del hecho ilícito, porque de contrario habría un enriquecimiento sin causa
Las fuentes de las obligaciones en el código civil chileno - Reglamentación: encontramos tres normas que se refieren a este tema: Art. 578* Art. 1437 Art. 2284 Nuestro código civil acogió la teoría clásica, en consecuencia encontramos las siguientes fuentes: i) Contrato: el art. 1438 señala que contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa
Criticas: a) Hace sinónimas las expresiones contrato y convención y resulta que entre ambas hay una relación de genero a especie, la convención es el genero pues comprende todo acto jurídico bilateral ya sea que tenga por objeto crear, modificar, o extinguir derechos y obligaciones. El contrato es una especie de convención pues se trata del acto jurídico bilateral que solo tiene por objeto crear derechos personales y obligaciones, frente a esta crítica algunos autores señalan que la intención del legislador habría sido hacer sinónimas ambas expresiones b) Define al contrato como un acto y resulta que nuestro código emplea la expresión acto para referirse a los actos jurídicos unilaterales, sin embargo si bien por regla general ellos es así no siempre la expresión acto está referida exclusivamente a los actos unilaterales c) Esta norma confunde lo que es el concepto de contrato con lo que es la prestación, en efecto bajo la apariencia del concepto de contrato en realidad el
legislador definió la prestación que es el objeto de la obligación y a su turno la obligación es el objeto del contrato ii) El cuasicontrato: El código no lo define y a partir de los art. 1437 y 2284 se señala que es el hecho voluntario, lícito y no convencional que genera obligaciones, sin embargo esta definición es criticada ya que procede por exclusión de manera que en ves de señalar que es el cuasicontrato en realidad nos dice que no es así:
a) Al hablar de hecho voluntario está significando que no se trata de obligaciones legales b) Al decir lícito está significando que no se trata de delitos ni cuasidelitos c) Al decir “no convencional” está significando que no se trata de un contrato Además en doctrina se crítica la noción misma de cuasicontrato porque dentro de ella se comprenden figuras de naturaleza muy distinta y que no tiene cabida en otra parte, además se habla de cuasicontrato como si fuese una figura muy parecida al contrato pero en realidad presentan diferencias sustanciales, en efecto en el contrato la obligación nace del acuerdo de voluntades de las partes, es decir, la voluntad juega un rol fundamental en el nacimiento de la obligación, pero en el cuasicontrato la voluntad no juega ningún rol ya que es la ley la que se señala cuales son las obligaciones que se generan, e incluso se pueden generar obligaciones en contra de la voluntad del deudor como ocurre en la agencia oficiosa. Por todo lo anterior se ha dicho, que la noción de cuasicontrato es falsa, inútil e irracional y ha desaparecido de los códigos modernos los cuales han consagrado a la comunidad o a la gestión de negocios ajenos como fuentes autónomas de las obligaciones - Explicación jurídica del cuasicontrato Se han dado diversas explicaciones para esta figura: 1) La equidad, pero en definitiva se ha dicho que es un fundamento muy vago y que por lo demás se supone que todas las instituciones jurídicas debieran tener por fundamento a la equidad 2) El enriquecimiento sin causa a costa de otro, pero esta institución no nos sirve para explicar todos los cuasicontratos 3) La voluntad tácita del deudor, pero tampoco nos sirve para todos los cuasicontratos porque puede haber agencia oficiosa contra la voluntad del deudor 4) La voluntad presunta de quien resulta obligado, pero tampoco permite explicar todos los casos 5) Se trataría de fuentes autónomas de las obligaciones como ha ocurrido en el derecho comparado - Los cuasicontratos en el Código civil chileno Art. 2285: se refiere a la agencia oficiosa, al pago de lo no debido y a la comunidad
Art. 1437: Se refiere a la aceptación de una herencia o legado Art. 2238: Se refiere al depósito necesario hecho en manos de un incapaz - Aceptación de una herencia o legado Se ha dicho que el art. 1437 no ha considerado a la aceptación de una herencia o legado como un cuasicontrato Razones: a) El tenor literal de la norma que señala como la aceptación de una herencia o legado y los cuasicontratos, es decir esta norma habría hecho una distinción porque si la intención del legislador habría sido asimilarlos habría dicho “y en todos los demás cuasicontratos” b) A la herencia o legado se llega en virtud del testamento o la ley y si el heredero o legatario tiene que pagar alguna deuda hereditaria, o se, alguna deuda que tenía su causante ello se debe a su calidad de heredero o legatario pero no a su aceptación - El depósito necesario en manos de un incapaz El depósito toma el nombre de necesario cuando la elección del depositario no ha dependido de la libre voluntad del depositante por haber acaecido alguna emergencia. Según el art. 2238 cuando se hace este depósito en manos de un incapaz este resulta obligado aunque no haya intervenido su representante legal y por ello sería un cuasicontrato. Sin embargo, los autores señalan que en estricto rigor ese contrato adolece de un vicio de nulidad y que es la ley la que impone la obligación Delitos y cuasidelitos: se trata de los hechos ilícitos y la diferencia que existe entre ambos es que en el delito hay dolo, o sea la intención de causar daño y en el cuasidelito hay culpa o negligencia. En la actualidad se señala que no tiene sentido mantener esta distinción entre delitos y cuasidelitos porque ambos generan la misma obligación cual es la indemnizar los perjuicios causados y resulta que el monto de la indemnización no depende de la disposición anímica del sujeto sino que de la extensión de los perjuicios causados. iii) Es por ellos que los códigos modernos se refieren a los hechos ilícitos iv) La ley: En un sentido amplio toda obligación tiene su fuente en la ley, puesto que es esta la que nos señala como surgen las obligaciones, es decir, a que hechos la ley atribuye el efecto de generar obligaciones, de ahí que algunos autores sostienen que la ley es la única fuente de las obligaciones, sin embargo, la expresión obligaciones legales suele reservarse para aquellas que tienen su fuente directa e inmediata en la ley con prescindencia de cualquier hecho del deudor.
- Características de las obligaciones legales i) Son excepcionales, estas obligaciones solo existen en virtud de un texto legal expreso, de ahí que el art. 2284 señale que las obligaciones que nacen de la ley se expresan en ella. Consecuente con lo anterior, toda ley que genera una obligación debe interpretarse
en forma estricta, sin que tenga cabida la analogía. ii) Estas obligaciones son poco frecuentes en el derecho civil patrimonial pero sí tienen una amplia cabida en el derecho de familia, por ejemplo, las obligaciones y derechos entre cónyuges y entre padres e hijos. iii) La capacidad no tiene ninguna importancia en estas obligaciones, ya que ellas nacen de la ley, por ejemplo, en la obligación tributaria de pagar las contribuciones a ella resultan obligados todos los propietarios de bienes raíces independientemente de su capacidad. iv) Generalmente son irrenunciables pues está comprometido el orden público, por ejemplo, el padre que ejerce la patria potestad tiene el derecho de representar legalmente a su hijo, pero a la vez tiene la obligación de hacerlo, de manera que no puede estar renunciando a ejercer ese derecho.
Existen varias teorías a este respecto, sin embargo, son tres las más trascendentes; a saber: 1° Teoría Clásica. Considera que las fuentes de las obligaciones son cinco; a saber, el contrato, el cuasi contrato, el delito, el cuasi delito y la ley. Esta teoría deriva del Derecho Romano, el cual en un principio sólo reconoció dos fuentes, los contratos y los delitos. Justiniano, teniendo presente los estudios del jurisconsulto Gayo, se dio cuenta que había ciertas fuentes que no derivaban propiamente de un contrato, y otras, que no lo hacían propiamente de un delito y las llamó cuasicontrato y cuasidelitos. De ahí pasó esta clasificación al Código Civil francés y por fin al nuestro. Teniendo presente lo anterior, podemos aventurar algunas nociones de estas fuentes; a saber: a) El Contrato. Es una convención generadora de obligaciones. b) El cuasi contrato. Es un hecho voluntario. Lícito y no convencional y generador de obligaciones. c) El Delito. Es un hecho ilícito, doloso que causa daño. d) El Cuasi Delito. Es un hecho ilícito, culpable que causa daño. Y, e) La Ley. Doctrinariamente es fuente de las obligaciones, cuando no existe ninguna de las otras fuentes a que pueda atribuirse una determinada obligación. Ej. Obligaciones alimenticias; tributarias, etc. La Jurisprudencia ha señalado que la enumeración de las fuentes de las obligaciones a que alude el artículo 1437 es taxativa. Por lo tanto, para nuestros Tribunales no existen otras fuentes de las obligaciones que las mencionas por dicha disposición y cualquier figura jurídica que genere obligaciones, forzosamente debe encuadrarse dentro de alguna de las fuentes a que alude la disposición in comento. El artículo 2284, también hace alusión a las fuentes. 2ª Teoría. Considera que sólo existen dos fuentes de las obligaciones, que serían el contrato y la ley. El resto de las fuentes clásicas se encuadrarían en la ley. 3ª Teoría.
Considera que además de las 5 fuentes clásicas, existirían, al menos, dos fuentes más que son la declaración unilateral de voluntad y el enriquecimiento sin causa. Modos de adquirir las obligaciones. Las obligaciones se pueden adquirir en forma originaria y derivativa. Se adquiere el crédito en forma originaria, cuando nace por 1ª vez a favor de su titular, sin haber tenido una existencia anterior. Y en este caso, la obligación puede nacer de cualquiera de las 5 fuentes; lo trascendente es, que nace por primera vez. El crédito se adquiere en forma derivativa, cuando la obligación ya existía, pero con otro acreedor y/o con otro deudor. Por Ej. Cuando se hace una cesión de crédito, en ese caso, el cesionario está adquiriendo un crédito en forma derivativa; también hay adquisición derivativa en la subrogación personal, que se presenta cuando cambia el sujeto activo o pasivo de la obligación. Esto no se debe confundir con la novación, la cual extingue la primitiva obligación. Clasificación de las obligaciones. I.- Según su origen. Se clasifica en contractuales y extracontractuales. II.- Según su eficacia. Se clasifica en naturales y civiles. Según sus efectos. Se pueden clasificar en: a) De ejecución única y de tracto sucesivo. b) Puras y simples y sujetas a modalidad. Según los sujetos. Se pueden clasificar en: simplemente conjuntas, solidarias e indivisibles. V.- Según su objeto. Se puede clasificar en: a) De especie o cuerpo cierto y de género. b) De objeto único y de objeto múltiple, estas a su vez se subclasifican en simplemente conjuntas; alternativas y facultativas c) De dar; hacer y no hacer d) Principales; accesorias y dependientes. e). Positivas y negativas. f). Patrimoniales y extrapatrimoniales. I Obligaciones según su origen. Contractuales. Son aquellas emanadas o nacidas de contratos. Extracontractuales. Emanan de otras fuentes de las obligaciones distintas al contrato; y así podemos distinguir las obligaciones cuasi contractuales, delictuales, cuasi delictuales y legales. Algunos autores agregan a esta clasificación las obligaciones precontractuales, que son las nacidas en la formación del contrato.
II Obligaciones según su eficacia. Civiles. (art. 1470 inc. 2°) Son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento. Naturales. (art. 1470 inc. 3°) Son las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas, autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas.
Las obligaciones naturales tienen su origen en el Derecho Romano. En él existían pactos que no daban acciones, pero que cumplidas permitían retener lo pagado por ellas. Asimismo existían los actos de los esclavos, que al no ser personas, no generaban acciones civiles, pero si voluntariamente se cumplían, no se podía exigir la repetición; Lo mismo acontecía con los actos de los hijos de familia. Naturaleza jurídica de las obligaciones naturales. a) Doctrina Clásica. Considera las obligaciones naturales como una obligación jurídica, entiende que se trata de una obligación civil que se ha desvirtuado. Para los autores clásicos, en la obligación natural existe un vínculo jurídico pleno y el que paga está cumpliendo con su obligación. b) Teoría o escuela Francesa. Considera que en la obligación natural no existe un vínculo jurídico y el que la paga, no está cumpliendo con una obligación, simplemente esta cumpliendo con un deber social o moral. Los Códigos modernos siguen esta teoría, como por ej. el alemán, suizo, italiano, etc. La posición de nuestro Código Civil es la clásica, es decir, para nuestra legislación la obligación natural es una obligación jurídica, que se diferencia del deber moral, por estar regulada en la ley. El que cumple un deber moral efectúa una liberalidad; En cambio, el que cumple con una obligación natural, cumple con una obligación propiamente tal. Lo único que tienen en común la obligación natural con el deber moral, es que su cumplimiento está entregado a la conciencia del deudor. En definitiva, para nuestro Código, la obligación natural, si bien es imperfecta, es una obligación jurídica. Características de las Obligaciones Naturales. a) No dan acción para exigir su cumplimiento. b) Cumplidas, autorizan para retener lo pagado por ellas. c) Pese a ser imperfectas, son obligaciones jurídicas. d) Tienen una regulación legal en el art. 1470 y siguientes del Código Civil. e) Sólo pueden tener su origen en la ley a diferencia de las obligaciones civiles que pueden nacer de cualquiera de las 5 fuentes clásicas. f) Son excepcionales, y por lo tanto, se deben interpretar restrictivamente. g) Como son excepcionales, nunca se presumen, debe haber texto legal expreso que las consagre.
Casos de Obligaciones Naturales. El artículo 1470 enumera los casos de obligaciones naturales. Se discute, si esta enumeración es o no taxativa. De cualquier manera, los autores han señalado que la intención del legislador fue hacerla taxativa, porque éste empleó la expresión “tales son”. Con todo, existen varios casos discutidos en la doctrina, de obligaciones naturales no consagrados en este artículo. Por razones didácticas, la enumeración del artículo 1470 se clasifica en dos grandes grupos: a saber. a) Obligaciones naturales nulas o rescindibles. Que sería el caso de los números 1 y 3 del artículo 1470.
b) Obligaciones naturales civiles o degeneradas. Que serian los casos de los números 2 y 4 del 1470. c) Obligaciones naturales nulas o rescindibles. Estos casos del 1 y 3 del 1470 se tratan conjuntamente, porque en ambos hay actos afectos a nulidad; que en el caso del N° 1 es relativa, y en el N° 3 es absoluta. 1470 N° 1 Se entiende que son obligaciones naturales, las contraídas por personas que adolecen de una incapacidad, pero que tienen suficiente juicio y discernimiento. De la sola lectura de este número, quedan descartados de él los absolutamente incapaces. Dentro de los relativamente incapaces también debe excluirse el disipador interdicto, porque carece de suficiente juicio y discernimiento para obligarse. En conclusión, el N° 1 del art. 1470 sólo se refiere a aquellas obligaciones contraídas por los menores adultos que son los únicos incapaces que tienen juicio y discernimiento. Respecto a las incapacidades especiales, los actos de las personas afectas a ellas, tampoco pueden generar obligaciones naturales, porque ellas no están legitimadas para actuar, y si de hecho celebran el acto o contrato, este no produce obligación alguna, ni civil, ni natural. Este N° 1 ha dado origen al problema de determinar, desde que momento existe la obligación natural. Aquí existen dos posiciones, a saber: 1.- Los profesores Fueyo y Alessandri sostienen que la obligación pasa a ser natural una vez que la rescisión (nulidad) ha sido judicialmente declarada, porque hasta antes, el acto se considera válido y produce obligación civil, ya que de acuerdo a las reglas generales, la nulidad sólo produce sus efectos cuando es declarada por sentencia ejecutoriada. Por lo tanto, para estos autores, si el menor adulto cumple la obligación antes de declararse la nulidad del acto, estaría cumpliendo una obligación civil, y si la cumple después de haberse declarado la nulidad, estaría cumpliendo una obligación natural. 2.- Una segunda posición, que es la mayoritaria y que aglutina, entre otros a los profesores Claro Solar y Somarriva entre otros, consideran que en este caso, la obligación es siempre natural, por las siguientes razones: * El N° 1 del art. 1470 dice que son obligaciones naturales “las contraídas”, por lo que se está refiriendo al momento de nacer la obligación.  Porque el art. 2375 N° 1, ubicado en la fianza, niega la acción de reembolso (por lo pagado) al fiador, cuando la obligación del deudor principal es natural, sin que sea necesario que previamente haya sentencia judicial. Lo que estaría confirmando que la obligación debe considerarse natural desde que se contrae. 1470 N° 3 En este caso la ley señala, que es obligación natural las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles, y la ley pone como ejemplo el caso del testamento que no se ha otorgado en la forma debida y que impone la obligación de pagar un legado. En este caso, si los herederos voluntariamente pagan el legado, pese a que el testamento es nulo de nulidad absoluta, no podrán pedir la restitución, porque habrán cumplido con una obligación natural.
Los autores discuten si el N° 3 se refiere sólo a los Actos Jurídicos unilaterales o si también se refiere a los bilaterales. Don Luis Claro Solar considera que se refiere a ambos tipos de actos, porque el sólo hecho de haber citado como ej. un acto unilateral, no es motivo suficiente para excluir a los bilaterales. Sin embargo, para la mayoría de los autores (Alessandri, Fueyo, Somarriva, etc.) han considerado que la ley se está refiriendo sólo a os Actos Jurídicos unilaterales, por las siguientes razones: * La ley pone como ejemplo al testamento que es un acto jurídico unilateral.  Cuando la ley quiere referirse a los actos unilaterales y bilaterales, habla de actos o contratos.  Si estuviesen incluidos los actos bilaterales se podrían producir situaciones injustas, porque si una de las partes hubiese cumplido con su obligación, no podría pedir la repetición, porque habría cumplido con una obligación natural, pero a su vez, esa parte no podría exigir a la otra el cumplimiento de su obligación, porque el acto estaría afecto a un vicio de nulidad. Otro problema que ha originado el número in comento es, al igual que en el caso anterior, determinar desde cuando la obligación es natural (se dan los mismos argumentos que se vieron en su oportunidad).
a) Obligaciones naturales civiles o degeneradas. 1470 N° 2 Señala que son obligaciones naturales, las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción. En esta norma el legislador incurrió en un error, porque la obligación nunca se extingue por la prescripción, lo que se extingue por la prescripción es la acción; y por lo tanto, lo que el legislador quiso decir en este N° 2, es que son obligaciones naturales, las obligaciones civiles, cuya acción para perseguir su cumplimiento se ha extinguido por la prescripción. Aquí se discute, desde cuando la obligación es natural. Y hay 2 posiciones, a saber: * Los profesores Claro Solar y Rozas, dicen que en este caso la obligación es natural una vez que ha transcurrido el plazo de prescripción, sin importar si esta prescripción se ha reconocido o no por sentencia judicial, y ello porque, el artículo 2514 señala que la prescripción extintiva sólo necesita del transcurso del tiempo.  Otros autores como Somarriva y Alessandri, dicen que en este caso la obligación va a ser natural una vez que la prescripción sea reconocida por sentencia judicial, y ello porque, si bien la prescripción opera de pleno derecho, debe ser alegada y por lo tanto, antes de la sentencia judicial se estaría cumpliendo con una obligación civil. 1470 N° 4 Señala que son obligaciones naturales, las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba. Para que en este caso la obligación se considere natural, deben darse los siguientes requisitos copulativos. A saber: + Debe existir un juicio. + El deudor debe ser absuelto. Y, + Esta absolución se debe fundar, en que el acreedor no pueda probar la existencia de la obligación. Efectos de las obligaciones naturales. Estos se pueden resumir de la siguiente manera. A saber: 1° Autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas, o sea se produce la irrepetibilidad del pago. Sin embargo, para que este efecto se produzca, deben darse los requisitos regulados en el artículo 1470 inc. final. a) Que el pago sea voluntario, es decir, el deudor debe cumplir con la obligación natural en forma libre y espontánea, y por lo tanto, la voluntad del deudor debe estar exenta de vicios.
b) Que el que dispositivo y por a) El pago de la la doctrina. Y en
paga debe tener la libre administración de sus bienes. El pago es un acto lo tanto el que paga debe ser plenamente capaz. obligación natural debe hacerse en conformidad a la ley. Este requisito lo agrega relación al pago propiamente tal, se aplican las reglas generales en la materia.
2° Se puede novar. (art. 1630). Como se verá, la novación es un modo de extinguir las obligaciones, por el cual se sustituye una obligación por otra, quedando la primera extinguida. La obligación natural puede novarse por una civil o viceversa 3° Se puede caucionar. (art. 1472). La caución debe constituirla un tercero distinto del deudor, porque si la constituye el deudor, como las cauciones acceden a la obligación principal, tendrán el carácter de naturales y no se podrá exigir su cumplimiento. En cambio, si la caución la constituye un tercero, la garantía será civil y podrá exigirse el cumplimiento de ella. Respecto a la fianza, El art. 2338 permite que pueda acceder a una obligación natural, con las siguientes particularidades: a) El fiador, por regla general tiene un “beneficio de excusión”, que consiste en que le solicita al acreedor, que primero se dirija contra el deudor principal y sólo si él no cumple, se dirija en su contra. Este beneficio no lo tiene el fiador de una obligación natural. Arts. 2357 y 2358 3ª. b) Una vez que el fiador pago al acreedor, cuando la obligación principal es natural, el fiador no tiene acción de reembolso. Art. 2375 N° 1. 4° La cosa juzgada respecto a la obligación civil, no se extiende a la obligación natural, por esto la sentencia que rechaza la acción no extingue la obligación natural. Art. 1471. Extinción de las obligaciones naturales. Las obligaciones naturales se someten en esta materia a las reglas generales. Por lo tanto, se extinguen por los modos que la ley regula en este ámbito, pero con las siguientes particularidades. 1° Respecto a la Compensación; Que es un modo de extinguir las obligaciones que se presenta cuando dos personas son deudoras y acreedoras recíprocamente, produciéndose la extinción de las deudas hasta la concurrencia de la de menor valor; este modo opera por el sólo ministerio de la ley. Uno de los requisitos necesarios para que opere, es que ambas obligaciones sean actualmente exigibles, por lo tanto, la compensación no opera respecto de las obligaciones naturales, porque ellas no son actualmente exigibles y además, porque en ellas el pago debe ser voluntario y en la compensación, el pago opera por el sólo ministerio de la ley. 2° Respecto a la prescripción extintiva; el plazo de prescripción de la acción para exigir el cumplimiento de una obligación (civil), se cuenta, por regla general, desde que la obligación se ha hecho exigible, y la obligación natural nunca es exigible, por lo tanto, respecto de ella no opera la prescripción extintiva. Casos en los que se discute si existe o no obligación natural. 1° En los esponsales. De acuerdo al art. 98, Las esponsales consiste en la promesa de matrimonio mutuamente aceptada. Y agrega esta disposición, que no produce obligación alguna ante la ley civil. El art. 99 señala que se si se pacta una pena o multa para el caso de no cumplirse la promesa, no puede exigirse su cumplimiento, pero si se paga, se puede retener lo pagado.
Para algunos autores, como don Fernando Fueyo, este sería un caso de obligación natural, porque se daría el efecto de la irrepetibilidad, que es propio de este tipo de obligaciones. Sin embargo, la mayoría de los autores como Alessandri, Somarriva y Claro Solar, consideran que la irrepetibilidad está consagrada como una sanción para el esposo incumplidor, pero no como una obligación natural. Y agregan, que fue la propia ley la que señaló que las esponsales no produce obligación alguna, y no distinguió entre obligaciones ni civiles, ni naturales. 2° En el pago por objeto o causa ilícita, a sabiendas. El art. 1468 establece que no podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas. También en este caso se da el fenómeno de la irrepetibilidad, pero mayoritariamente se piensa que no existe obligación natural, sino que al igual que en el caso anterior, la irrepetibilidad se consagra como sanción. 3° En el beneficio de inventario. Este consiste, en que los herederos limitan su responsabilidad en las deudas del causante, hasta la concurrencia del valor de los bienes recibidos en la herencia. Sin embargo, si un heredero voluntariamente paga más deudas de las que corresponde, en virtud de este beneficio no tiene derecho a pedir la repetición. Mayoritariamente se piensa, que no hay obligaciones naturales, sino que una renuncia al beneficio de inventario. 4° En el beneficio de competencia. Este se presenta, cuando dados ciertos requisitos, el Juez autoriza al deudor para responder hasta cierta cantidad de las deudas. Pero si el deudor paga más deudas de las autorizadas por el Juez, no existe derecho a repetición, y en este caso, al igual que en el anterior, se dice que existe una renuncia al beneficio, no habrá obligación natural. 5° En el juego y la apuesta. Son contratos aleatorios y se clasifican en: a) juegos de azar, los cuales están prohibidos por la ley, hay objeto ilícito. Art. 2259 b) juegos de destreza corporal que dan acción para exigir su cumplimiento y excepción para retener lo pagado. Producen obligaciones civiles de acuerdo con el art. 2263. c) Juegos de destreza intelectual. (ajedrez).Estos juegos no dan acción para exigir su cumplimiento, pero conceden excepción para retener lo pagado y la mayoría de los autores considera que en este caso, existe una obligación natural. Art. 2260.
Obligaciones positivas y negativas. -
Concepto. Esta clasificación se hace atendiendo a la naturaleza de la prestación. -
La obligación positiva es aquella en que su objeto consiste en una prestación, que puede ser dar o hacer, y es negativa, cuando su objeto consiste en una abstención no hacer- . Importancia de la clasificación. Cuando la obligación es positiva es necesario poner en mora al deudor para que éste quede obligado a la indemnización de perjuicios. Sólo desde que el deudor es constituido en mora debe indemnización de perjuicios. Por el contrario tratándose de una obligación negativa no es menester constituir en mora al deudor, basta que haya realizado el hecho de que debía abstenerse, artículo 1.557 CC.-
Obligaciones positivas. Ya se ha indicado cuales son. La actividad que se exige al deudor puede consistir en dar una cosa o realizar algún hecho. Por ello es que estas obligaciones pueden ser de dar o de hacer.
III. Obligaciones según su efecto. A) Obligación de ejecución única. Son aquellas que se producen de inmediato, sus efectos pueden ser cumplidos inmediatamente después de contraída la obligación y constituyen la regla general. Obligación de tracto sucesivo. Son aquellas que por su naturaleza no pueden ser cumplidas de inmediato, toda vez que sus efectos nacen y se cumplen a través del tiempo. Ej. las obligaciones que surgen de un contrato de arrendamiento. Las rentas se van devengando mes a mes. B) Obligaciones puras y simples. Son aquellas que producen sus efectos normalmente, sin alteración alguna. Obligaciones sujetas a modalidad. Son aquellas en que las partes, en virtud de la autonomía de la voluntad, le han incorporado elementos accidentales para alterar sus efectos normales. El elemento característico de estas obligaciones esta constituido por las modalidades, que son elementos accidentales que las partes incorporan a un Acto Jurídico para alterar los efectos normales de las obligaciones que nazcan de él. Las modalidades pueden afectar la obligación en tres fases. A saber: En su nacimiento; en su exigibilidad o en su extinción. Características de las modalidades. Son elementos accidentales, son excepcionales, deben convenirse expresamente. Sin embargo, extraordinariamente hay ciertas modalidades que constituyen elementos de la naturaleza de ciertos actos jurídicos; como por ej. La condición resolutoria tácita que va envuelta en todo contrato bilateral para el caso de no cumplirse por la contraparte lo pactado. Art. 1489. Otro caso es el del plazo tácito a que se refiere el art. 1494 y que es el indispensable para cumplir la obligación. Aún más, hay ciertos actos jurídicos en que la modalidad constituye un elemento esencial del mismo, como en el caso del contrato de promesa, a que se refiere el art. 1554. Este precepto le impone para su validez una serie de requisitos, entre ellos que “la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato” prometido. Si no acompaña a la promesa una de las modalidades que exige la disposición, ella es nula absolutamente. En consecuencia, es requisito esencial de este contrato una modalidad. Con todo, como las modalidades son excepcionales, no se presumen, salvo las situaciones esbozadas; no pueden interpretarse por analogía, sino que restrictivamente.
Campo de aplicación de las modalidades. Para determinar el campo de aplicación de las modalidades es preciso distinguir entre los actos patrimoniales y de familia. Los primeros, donde impera la voluntad de las partes y el legislador se limita normalmente a suplirla cuando no la han manifestado, admiten por regla general toda clase de modalidades. En el derecho de familia, en cambio, la situación es inversa, están muy restringidas, porque la mayoría de las normas en esta materia son de orden público, tiene un carácter imperativo. Las principales modalidades son el plazo, la condición y el modo. Obligaciones a Plazo. El artículo 1494 define el plazo diciendo que “El plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación”. Esta definición ha sido criticada por la doctrina, porque sólo se refiere al plazo suspensivo, sin comprender al extintivo, y por esto, se ha dicho que el concepto más completo de plazo, es el que dice que es “un hecho futuro y cierto del cual depende la exigibilidad o extinción de un derecho”. El plazo al ser un hecho futuro y cierto, existe certeza que va a ocurrir, es ineludible que llegará, y por esto es que no pueden existir plazos fallidos, su estado sólo puede ser, pendiente y cumplido. Clasificación del Plazo. 1° Según se sepa o no cuando va a ocurrir, se distingue entre plazo Determinado e Indeterminado. El plazo, como dijimos, siempre tiene que ocurrir, pero no siempre se sabe cuando. Lo normal es que el plazo sea determinado. Uno de los pocos plazos indeterminados es el día de la muerte de una persona Art. 1081 inc. 2°. Se sabe que tal sujeto debe morir, por lo cual hay certidumbre en el hecho, pero se ignora cuando. 2° Plazos Fatales y No Fatales. El plazo es fatal, cuando llegado su vencimiento se extingue irrevocablemente el derecho que debía ejercerse dentro del término señalado. Por ej. los plazos del C.P.C. y de acuerdo al art. 49, las expresiones “en” o “dentro de” son significativas de plazos fatales. El plazo es no fatal cuando, no obstante, haberse cumplido el plazo, el derecho aún puede ejercerse en forma válida. 3° Plazo Expreso y Tácito. De acuerdo al artículo 1494, inc. 1°, el plazo es expreso cuando se establece en términos formales y explícitos; y es tácito, el indispensable para cumplirlo. 4° Plazo Convencional; Legal Y Judicial. Plazo Convencional. Constituye la regla general, y es aquel que pactan las partes de común acuerdo. Este plazo admite una modalidad o una variación, que es el plazo voluntario, el cual es fijado por una sola persona a su voluntad. Ej. el plazo que pone el testador en su testamento. Plazo Legal. Es el fijado por la ley; estos plazos legales son escasos en materia civil, pero son muy comunes en procesal.
Algunos ejemplos en materia civil. El plazo de 24 horas del pacto comisorio calificado. Art. 1879; El caso del albacea, el cual debe cumplir su encargo en el plazo que el testador fije, y si nada señala, la ley le fija un plazo de un año. Art. 1304. Plazo Judicial. Es el más excepcional de todos; la regla general, es que el Juez no pueda fijar plazos, sólo puede interpretar el plazo concebido en términos oscuros o vagos; y de acuerdo al artículo 1494, inc. 2°, el Juez sólo puede fijar plazos, cuando la ley expresamente lo autoriza. Por ej. en las prestaciones mutuas de la acción reivindicatoria, el art. 904 establece que el poseedor vencido “restituirá la cosa en el plazo que el Juez señalare”. Otro caso es en el modo, porque de acuerdo al art. 1094, se faculta al Juez para fijar el tiempo en que ha de cumplirse el modo, si el testador no lo ha determinado. 5° Plazo Continuo y plazo Discontinuo. El Plazo Continuo, o de días corridos; corre sin interrupción y de acuerdo al art. 50, constituyen la regla general. Plazo Discontinuo, o de días hábiles; se suspenden o interrumpen por los días feriados, los que no se toman en cuenta para el cómputo del plazo y constituyen la excepción. 6° Plazo Suspensivo y Extintivo. El plazo suspensivo está regulado en el art. 1494, inc. 1°, porque el concepto que la ley da en este art. del plazo, se refiere justamente al plazo suspensivo; y consiste en un hecho futuro y cierto del que depende la exigibilidad o ejercicio de un derecho. Plazo Extintivo. Consiste en un hecho futuro y cierto del que depende la extinción de un derecho. La ley no definió este plazo y tampoco lo menciona en el art. 1567, entre los modos de extinguir. Sin embargo, existe acuerdo en considerar que el plazo extintivo es un modo de extinguir. La ley no dedica ningún art. para hablar de este plazo en general, reglamentándolo en los distintos contratos, arrendamiento, sociedad, mandato, etc.
Efectos del plazo suspensivo. Hay que distinguir: 1.- Antes del vencimiento. Cuando el plazo es suspensivo, el derecho existe, lo que ocurre es que aún no puede ejercerse. El acreedor tendrá su crédito y el deudor su obligación, pero todavía no puede exigirse el cumplimiento de ella. Consecuencia de esto. a) Lo que se paga antes de cumplirse el plazo, no está sujeto a restitución, porque se está cumpliendo con una obligación que existe (art. 1495). Esto es diferente de lo que ocurre en la condición suspensiva, porque en ella si se puede pedir la repetición, ya que si se paga antes de cumplirse la condición, el derecho todavía no existe. Art. 1485. La regla de que el deudor a plazo no puede repetir lo pagado antes de su vencimiento tiene una excepción en el inciso 2° del artículo 1495 en los “plazos que tienen el valor de condición”. Hay una evidente impropiedad de lenguaje del legislador al decir que hay plazos que tienen el valor de condiciones; el precepto quiso referirse a la situación prevista en el artículo 1085, en que existe una condición impuesta por la ley; en consecuencia el derecho y la obligación están sujetos a condición suspensiva y por ello procede la repetición de lo dado o pagado antes de cumplirse. b) El acreedor a plazo puede impetrar medidas conservativas. Esto no lo dice expresamente la ley; sin embargo, de acuerdo al artículo 1492, inc. 3°, el acreedor condicional tiene esta facultad y la jurisprudencia ha señalado que sí el acreedor condicional, que aún no tiene el derecho, puede impetrar estas medidas, con mayor razón lo puede hacer el acreedor a plazo cuyo derecho ya existe. c) El derecho y la obligación a plazo se transmiten. Art. 1084.
c) La obligación a plazo no se puede compensar, ya que u requisito de la compensación es que ambas obligaciones sean actualmente exigibles y la obligación a plazo, no es actualmente exigible. d) Si bien el derecho existe, como se dijo, no puede exigirse, y de ahí que el acreedor no puede demandar el cumplimiento, el deudor no está en mora mientras no se cumpla el plazo, no está corriendo la prescripción. 2.- Efectos del plazo suspensivo a su vencimiento. Cumplido el término se extingue el único efecto que la existencia de un plazo pendiente provocaba; el acreedor puede exigir ya el cumplimiento, y en consecuencia: a) Comienza a correr la prescripción, que de acuerdo al inc. final del art. 2514 se cuenta desde que la obligación se hizo exigible. b) Puede operar la compensación, que supone, como se dijo, entre otros requisitos, que las deudas que se extinguen por este medio sean exigibles. c) Si el plazo es convencional, por regla general a su sola llegada el deudor queda constituido en mora si no cumple su obligación. Art. 1551, N° 1.
Efectos del plazo extintivo. Mientras el plazo extintivo esté pendiente, el acto o contrato cuya terminación esté sujeta a él, produce todos sus efectos normales, como si fuere puro y simple. Y así en un arrendamiento a 3 años plazo, mientras ellos transcurren, el arrendatario goza de la cosa arrendada y debe pagar las rentas, etc. Vencido el plazo, se produce de pleno derecho la extinción del derecho y de la obligación correlativa. Por lo tanto, el plazo extintivo es un modo de extinguir y sólo opera con efecto futuro. Extinción del plazo. El plazo puede extinguirse de tres maneras: Por su cumplimiento, que toma el nombre de vencimiento; por la renuncia Y por la caducidad. 1.- Vencimiento del plazo. Es la forma normal de extinción del plazo y consiste en el cumplimiento del tiempo fijado en el plazo. Para determinar cuando el plazo está cumplido deben aplicarse las reglas generales para computarlo, contenidas en el Título Preliminar. Arts. 48 y siguientes. 2.- Renuncia del plazo. El plazo es renunciable, puesto que se ha establecido en favor de una o ambas partes, de acuerdo a la regla general del artículo 12. Corresponderá el derecho a renunciar el plazo a aquél en cuyo beneficio se encuentre establecido, y al respecto lo normal será que el término aproveche al deudor, pero también puede hacerlo el acreedor. El artículo 1497 se refiere a la renuncia del deudor, porque habitualmente es el único interesado en el plazo, y por ello se le permite, por regla general, salvo en los siguientes casos: Cuando el testador lo prohibió; o cuando las partes convienen lo contrario; o cuando el plazo beneficie al acreedor. Ej. el mutuo con intereses, aunque la ley permite al deudor renunciar al plazo, pero pagando todos los intereses. 3.- La caducidad del plazo. Consiste en la extinción anticipada de éste en los casos previstos por las partes o señalados por la ley. O sea, no obstante no haber transcurrido íntegramente el término, el acreedor puede exigir el cumplimiento anticipado de la obligación, porque ciertas situaciones producidas, especialmente en relación a la solvencia del deudor, hacen temer que de esperarse el vencimiento, el acreedor no pueda ya cobrar íntegro su crédito. Es pues, una institución establecida en beneficio del acreedor y en protección a su acreencia. Caducidad convencional.
Se produce en los casos expresamente previstos en el contrato, esto es, el acreedor se reserva el derecho a exigir anticipadamente el todo o parte de la obligación en el evento de cumplirse alguna condición. El caso más común de caducidad convencional se encuentra en los pagarés; en ellos normalmente se pacta que en el caso de incumplimiento de una cuota, se hace exigible toda la obligación, como si fuese de plazo vencido. (cláusula de aceleración). Caducidad Legal. Se presenta en los dos casos del artículo 1496. A saber: cuando el deudor es constituido en quiebra o se encuentra en notoria insolvencia; o, en el caso de perdida o disminución de las cauciones del crédito. 1.- Quiebra o notoria insolvencia del deudor. Son dos las situaciones, muy relacionadas, pero que no deben confundirse, las que contempla la disposición: La quiebra, es una situación jurídica o de derecho, ya que necesita una sentencia judicial; la Insolvencia, es una situación de hecho que se presenta cuando el pasivo de una persona es mayor que su activo. Si el deudor es declarado en quiebra o se encuentra en notoria insolvencia, la ley considera que no tiene sentido que el acreedor espere el vencimiento del plazo, porque dada la situación patrimonial del deudor, lo más probable es, que él no cumpla con su obligación, y mientras más tiempo transcurra, más se perjudicará al acreedor. 2.- Pérdida o disminución de las cauciones. El N° 2 del artículo 1496 permite al acreedor cobrar su crédito, no obstante existir plazo pendiente, “el deudor cuyas cauciones, por hecho o culpa suya, se han extinguido o disminuido considerablemente de valor”. El legislador considera que el acreedor ha otorgado el crédito por la seguridad que le conferían las garantías establecidas; si ellas desaparecen o disminuyen considerablemente, existe el justo temor de que el acreedor no pueda cobrar en su oportunidad, y por ello se le permite hacerlo anticipadamente. Pero la caducidad no es irrevocable; nuestro Código, a diferencia del francés, le permite al deudor atajarla “renovando o mejorando las cauciones”, esto es, otorgando nuevas garantías o aumentando las disminuidas. Con ello ha desaparecido el peligro para el acreedor y ya no se justifica la caducidad del plazo. Con todo, para que ella tenga lugar, el precepto presupone la concurrencia de tres circunstancias: a) Que el crédito tenga cauciones, de acuerdo al concepto de estas del artículo 46. b) Que estas cauciones se hayan extinguido o disminuido considerablemente de valor. Ej. si se hipoteca una casa y ésta se incendia. c)....La extinción o la disminución deben ser imputables al deudor, ya que el precepto exige el hecho o culpa suyos. Si ellas se deben a caso fortuito, no caduca el plazo, salvo el caso de la hipoteca, pues el art. 2427 no exige este requisito y no hace distinción alguna. Este criterio ha sido avalado por nuestra Corte Suprema.
De acuerdo al artículo 1473 “es obligación condicional la que depende de una condición, esto es, de un acontecimiento futuro que puede suceder o no”. Este mismo concepto se repite en el artículo 1070. Agregando los efectos de ella, se la define habitualmente en base a estos preceptos como el hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento o extinción de un derecho. De acuerdo a la definición dada, dos son los elementos de la condición: a) Que sea un hecho futuro. (elemento común con el plazo). Si el hecho en que consiste la condición es presente o pasado, el legislador previó la situación en el art. 1071, para las asignaciones condicionales, aplicable a las obligaciones por la remisión general del art. 1493. no hay condición y habrá que distinguir dos situaciones. Si el hecho presente o pasado ocurrió, la condición se mira como no escrita y el acto se considerará como puro y simple. Y si el hecho presente o pasado no ocurrió, la disposición no vale. b) Debe ser un hecho incierto. Es el elemento que distingue precisamente la condición de las demás modalidades. El hecho puede ocurrir o no, según las circunstancias. Y esta es una de las grandes diferencias con el plazo. La condición puede estar fallida a diferencia del plazo en que nunca es fallido. Clasificación de la condición. 1.2.3.4.5.6.7.suspensiva y resolutoria. (art. 1479) positiva y negativa. (art. 1474) Expresa y tácita. Determinada e indeterminada. Potestativa; causal y mixta. (art. 1477) Lícita e ilícita Posible e imposible
1.- Condición Suspensiva.- De acuerdo a lo que dispone el art. 1479 “la condición se llama suspensiva, si mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho”. Condición resolutoria. De a cuerdo al mismo art. “la condición es resolutoria cuando por su cumplimiento se extingue un derecho” Esta clasificación se verá más exhaustivamente en su oportunidad. 2.- Condición Positiva. De acuerdo al art. 1474 es aquella que consiste en acontecer una cosa. 2.1- Condición Negativa. De acuerdo al mismo art. es aquella que consiste en que una cosa no acontezca. Esta clasificación por sí sola no tiene mayor trascendencia; viene a adquirirla en relación a la posibilidad y licitud de la condición. En efecto, de acuerdo al art. 1475, la condición positiva debe ser física y moralmente posible. Es físicamente imposible cuando es contraria a las leyes de la naturaleza física. Es moralmente imposible, cuando el hecho en que consiste es prohibido por la ley u opuesto a las buenas costumbres o el orden público.
La condición, si es positiva y es física y moralmente posible, tiene pleno valor. En cambio, si es física o moralmente imposible, para determinar su valor hay que distinguir, según sea suspensiva o resolutoria. Si es suspensiva, en este caso el hecho en que consiste la condición es física o moralmente imposible y suspende el nacimiento de un derecho, de acuerdo al art. 1480, inc. 1°, la condición se considera fallida, porque es evidente que el derecho nunca podrá nacer; y el mismo tratamiento le da le ley a las condiciones redactadas en términos ininteligibles inc. 2°. La disposición agrega, que a la misma regla se sujetan las condiciones inductivas a un hecho ilegal o inmoral, inc. 3°. Si es resolutoria, el mismo art. 1480, en su inc. final, considera como no escrita la condición, y por lo tanto, la obligación se considera pura y simple. Si la condición es negativa, la ley da reglas comunes sea suspensiva o resolutoria, en el art. 1476. Con todo, en este caso, la condición negativa física o moralmente imposible tiene distintos valores. A saber: Si es físicamente imposible, la obligación es pura y simple, se entiende que no hay condición. Ej. te doy $ un millón si no vuelas por ti mismo. Si la condición es moralmente imposible, se vicia la disposición, es nula toda la obligación. En este caso la obligación debería ser pura y simple, pero la ley señala que la obligación se vicia, porque estima que el hecho de ofrecer algo a cambio de no ejecutar un hecho moralmente imposible, constituye también una inmoralidad. En esta norma hay una particularidad, lo normal es que la nulidad se produzca cuando falta un elemento esencial del acto o contrato, pero en este caso, falta un elemento accidental, como es una condición y se produce la nulidad. 3 Condición Expresa. Cuando se formula en términos formales y explícitos. Condición Tácita. Cuando la subentiende la ley sin necesidad de una estipulación expresa. El ej. más común es la condición resolutoria tácita. 4 Condición determinada. Es aquella en que se ha preestablecido un plazo para que dentro de él acontezca el hecho en que se funda la condición, so pena de tenerla por fallida. Condición Indeterminada. Es aquella que no tiene plazo, ni época prefijada su cumplimiento. Estas constituyen la regla general, y en principio puede cumplirse en cualquier momento, de tal suerte que, sólo estará fallida cuando es evidente que no puede cumplirse. Y decimos en principio, porque se ha discutido si realmente ella no tiene límites, si puede acontecer en cualquier época, pasen los años que transcurran, o si por el contrario, existe un plazo tope, vencido el cual, toda condición, aunque sea indeterminada, se considera fallida si no se ha cumplido dentro de él. A este respecto, fue la propia ley la que se encargó de establecer un plazo en esta materia. Y los autores lo fundan en el propio mensaje del Código Civil; en él, don A. Bello señalaba que toda condición se reputaba fallida si tarda más de 30 años en verificarse. Estos 30 años constituían el primitivo plazo de prescripción, que después fue modificado y quedó en 15 años y luego otra vez se redujo, quedando en 10 y 5 años que es el plazo actual. La doctrina discute en que plazo se tiene por fallida una condición indeterminada.
Hay dos posiciones. A saber: a). Se sostiene que el plazo en que se tiene que tener por fallida una condición indeterminada es de 5 años, porque en el fideicomiso, el art. 739 señala que toda condición de que dependa la restitución del fideicomiso y que tarde más de 5 años en cumplirse, se tendrá por fallida. b) Otros señalan, que esta es una norma especial, dada para el fideicomiso. Se afirma que la condición indeterminada se tendrá por fallida en el plazo de 10 años. Sus seguidores se apoyan en lo que establece el artículo 962, en virtud del cual, para suceder por causa de muerte, es necesario existir al momento de morir el causante, sin embargo, se considerarán válidas las asignaciones que se dejan a alguien que no existe, pero que se espera lleguen a existir, siempre que lo haga dentro de los siguientes 10 años. Sin embargo, se contra argumenta, en apoyo de la primera opinión, señalando que en muchas oportunidades el legislador consagra normas generales en instituciones especificas. Por ej. la buena fe. Con todo, la segunda opinión es la mayoritaria. 5 Condición Potestativa. De acuerdo a lo que señala el art. 1477, es la que depende de la voluntad del acreedor o del deudor. Ej. te doy $10.000 si mañana vas a Valparaíso. Condición Causal. El mismo art. dispone, que es la que depende de la voluntad de un tercero o de un acaso. Ej. te doy $10.000 si mañana Juan va a Valparaíso. Condición Mixta. La norma in comento señala que es la que en parte depende de la voluntad del acreedor y en parte de la voluntad de un tercero o de un acaso. Pero también es condición mixta la que depende en parte de la voluntad del deudor y por esto es más propio decir que la condición mixta es aquella que en parte depende de la voluntad del acreedor o del deudor y en parte de la voluntad de un tercero o de un acaso. Ej. te doy mi auto si te casas con María Valor de estas condiciones. Las condiciones causales y mixtas siempre son válidas y respecto de las potestativas, hay que distinguir. (art. 1478). Condiciones mera o puramente potestativas. Están reguladas en el art. 1478, inc. 1° y son aquellas que dependen de la sola voluntad, del capricho del acreedor o del deudor. Si la condición meramente potestativa depende del mero capricho del deudor, no vale, porque falta la seriedad en la voluntad. Ej. te doy mi auto si quiero. Si depende del mero capricho del acreedor, vale la condición. Ej. te doy mi auto si quieres; el pacto de retroventa del art. 1881 Condición simplemente potestativa. Es la que depende de un hecho voluntario del acreedor o del deudor; y de acuerdo al art. 1478, inc. final, estas condiciones siempre valen. Te doy mi auto si viajo. Es bastante sutil la diferencia entre unas y otras, pero de gran importancia. En ambas se depende de la voluntad de las partes, pero en las simplemente potestativas no es la sola voluntad, sino que también concurren circunstancias exteriores. Efectos de la condición. Hay que distinguir según el estado en que se encuentre la condición. A saber: Pendiente; cumplida y fallida. Condición Pendiente. La condición está pendiente mientras subsiste la incertidumbre de si el hecho se va a verificar o no; y sus efectos son distintos según sea suspensiva o resolutoria. Condición Fallida. Se refiere al punto el art. 1482, y es necesario efectuar un doble distingo, según si la condición es positiva o negativa, determinada o indeterminada.
La condición positiva determinada falla si transcurre el plazo convenido dentro del cual la condición debió verificarse y ello no ha ocurrido, o bien, no ha transcurrido aún el término, pero ya es imposible que el hecho ocurra. Ej. te regalo mi auto si te recibes de abogado en 3 años y ellos pasan sin obtenerse el título o el acreedor fallece antes que transcurra todo el plazo. Si la condición positiva es indeterminada fallará en el segundo caso, o sea, si ya no puede verificarse o han pasado 10 años sin que ocurra el hecho. En la condición negativa, en cambio, no se precisa la subdistinción. Ella fallará únicamente si acaece el hecho en que consiste. Ej. te regalo mi auto si no te casas con María, y se efectúa el matrimonio. El art. 1481, inc. 2° consagra un caso especial, en que la condición debía considerarse fallida, pero la ley la considera como cumplida. Este caso se presenta cuando la persona deudora condicional se vale de medios ilícitos o dolosos para evitar que la condición se cumpla. En este caso, aun cuando técnicamente la condición es fallida, la ley la considera como cumplida. Te doy mi auto si te casas con María y rapto a María para evitar el matrimonio. Condición cumplida. La condición se considera cumplida, a demás del caso excepcional recién señalado, en los siguientes, a saber: a) Si la condición es positiva, está cumplida cuando acontece el hecho futuro e incierto. b) Si la condición es negativa, para determinar cuando está cumplida, hay que distinguir: si es determinada, se considera cumplida cuando transcurre el plazo preestablecido sin que el hecho acontezca. Ej. te doy mi auto, si no te casas antes de 2 años, y ellos pasan sin celebrarse el matrimonio. Asimismo, también se considera cumplida, cuando sin transcurrir el plazo, ha llegado a ser cierto que el hecho nunca va a suceder. Ej. el mismo anterior, pero el matrimonio debe verificarse con una persona determinada, y esta fallece antes de cumplirse el plazo. Si la condición negativa es indeterminada, se considera cumplida cuando llega a ser cierto que el hecho no va a suceder o transcurren 10 años sin que el hecho suceda. Ej. vale el último señalado. Forma en que debe cumplirse la condición. Los Artículos 1483 y 1484 contienen al respecto dos reglas aparentemente contradictorias, primero, que las condiciones deben cumplirse del modo que las partes lo han entendido, y segundo, que el cumplimiento ha de ser literal. En efecto, el art. 1483 señala que la condición debe cumplirse del modo en que las partes lo han entendido: Por lo tanto, hay que recurrir a la intención de las partes; el precepto hace aplicar a las condiciones, la regla general de interpretación de los contratos (art. 1560). Pero el art. 1484 señala que la condición debe cumplirse literalmente, lo que pareciera contradictorio con la norma anterior. La doctrina ha señalado que la condición debe cumplirse según lo convenido por las partes, y agrega que la norma del artículo 1484 tiene una razón histórica, porque en el Derecho Romano, se permitía el cumplimiento de la condición por equivalencia, y con esta norma se quiso aclarar, de un modo expreso, que nuestra legislación no acepta el cumplimiento de la condición por equivalencia. Por último, la condición debe cumplirse íntegramente. Así lo señala el inc. 1°, del art. 1485. Retroactividad de la condición cumplida. Si se cumple la condición suspensiva, el derecho se adquiere pura y simplemente; y si se cumple una condición resolutoria, se extingue el derecho del deudor y nace la facultad del acreedor para
exigir la cosa, pero en el intertanto, mientras estuvo pendiente la condición, el deudor tuvo en su poder la cosa debida bajo condición. El principio de la retroactividad de la condición hace suponer, por una ficción legal, que cumplida la condición suspensiva, el derecho del acreedor no existe sólo desde el momento en que se verifica el hecho en que consiste la condición, sino desde la celebración del acto o contrato en donde se convino la condición. Si la condición es resolutoria, se supone que cumplida la condición el deudor jamás tuvo la cosa en su poder bajo condición de restituirla, ella siempre ha estado en manos del acreedor. En conclusión, en virtud de la retroactividad el acto condicional no ha existido como tal, ella hace desaparecer el estado de pendencia como si nunca hubiera existido y, en consecuencia, todos los actos realizados por el deudor en el tiempo intermedio. Este principio de la retroactividad, es una defensa para el acreedor condicional, que así no se ve perjudicado en sus derechos a la época de cumplirse la condición por los actos que el deudor pueda haber realizado en el tiempo intermedio, pero es, en cambio, un grave inconveniente para los terceros, pues verán afectados los actos o contratos celebrados con el deudor mientras la condición estuvo pendiente. Ello puede llevarlos a abstenerse de contratar, con lo cual se entraba la libre circulación de los bienes, que es un anhelo del legislador. Situación en nuestra legislación. En ella no existe ninguna norma que consagre expresamente la retroactividad o irretroactividad de la condición, a diferencia de lo que ocurre en el CC. francés, donde el art. 1179 consagra expresamente la retroactividad de la condición. Nuestro Código en oportunidades hace operar la condición con efecto retroactivo; y en otras sin dicho efecto. Algunos autores señalan que la retroactividad es la regla general, y la irretroactividad la excepción, por lo que en aquellos casos en que nada se dice, habría que aplicar la condición con efecto retroactivo. Sin embargo, otros autores (Manuel Somarriva) dan la regla contraria, es decir, la irretroactividad sería la regla general. Casos en que nuestro código hace operar la condición con efecto retroactivo. 1.- Artículo 1486, inciso 2°, 1ª parte, Este art. señala que pertenecen al acreedor los aumentos, mejoras, deterioros y perdidas fortuitas que haya experimentado toda la cosa debida antes de cumplirse la condición. Por lo tanto, se entiende que el acreedor siempre ha sido dueño; que el deudor nunca ha tenido la cosa en su poder, y por eso, todos los aumentos y pérdidas fortuitos son de cargo del acreedor. La condición opera con efecto retroactivo. 2.- Artículos 1490 y 1491. Estos artículos consagran la misma regla. La primera disposición se refiere a los bienes muebles; y la segunda a los inmuebles. Con todo, estas normas tiene la particularidad de que hacen operar la condición con o sin efecto retroactivo. En efecto, si el deudor condicional constituye sobre la cosa gravámenes o la enajena y los terceros se encuentran de buena fe, la ley señala que el acreedor no tiene la acción reivindicatoria; y, por lo tanto, los gravámenes y enajenaciones subsisten, de manera que en este caso la condición opera sin efecto retroactivo. Se entiende que el deudor estaba facultado para constituir el gravamen o la enajenación respectiva. Ahora bien, si los terceros se encuentran de mala fe, el acreedor tiene acción reivindicatoria en su contra; y, por lo tanto, la condición opera
con efecto retroactivo y se entiende que el deudor no estaba facultado para constituir el gravamen o la enajenación. 3.- Artículo 2413, ubicado en la hipoteca, señala que esta se puede constituir bajo condición suspensiva, y en este caso la hipoteca valdrá cuando se cumpla la condición, pero cumplida ella, la fecha de la hipoteca será la del día de su inscripción y no la del día en que se cumplió la condición. Cumplida la condición, retrotrae la fecha de la hipoteca a la de su inscripción. Por lo tanto, opera con efecto retroactivo. Casos en los que no se acepta la retroactividad. 1.- El mismo artículo 1486 señala que si las perdidas o deterioros son culpables, afectan al deudor. Por lo tanto, en este caso, se está reconociendo que el deudor tuvo la cosa en su poder, la condición opera sin efecto retroactivo. 2.- Artículo 1488, señala que cumplida una condición no se deben los frutos percibidos en el tiempo intermedio, a menos que la ley, el testador, el donante o las partes hayan convenido lo contrario. Si se aceptara la retroactividad, como se entenderá que el acreedor siempre fue dueño, el deudor debería restituir los frutos, pero la ley señala que los frutos no se restituyen; por lo tanto, se reconoce el derecho del deudor y la condición opera sin efecto retroactivo. 3.- Artículos 1490 y 1491, cuando los terceros poseedores están de buena fe, el acreedor no tiene la acción reivindicatoria. En estas circunstancias la condición opera sin efecto retroactivo, porque se le reconoce el derecho que tenía el deudor para constituir el gravamen o la enajenación. 4.- La condición opera sin efecto retroactivo respecto de los actos de administración del deudor condicional celebrados en el tiempo intermedio. Esto no lo dice ninguna norma expresa, pero toda la doctrina considera como válidos estos actos y, por lo tanto, se reconoce el derecho del deudor para haberlos celebrado. Forma en que debe entregarse la cosa cumplida la condición. Cumplida la condición, el deudor deberá entregar al acreedor la cosa que debía bajo condición suspensiva o tenía sujeta a una condición resolutoria. En la obligación genérica, normalmente no habrá problema alguno, porque el género por regla general ni perece, ni aumenta, ni se deteriora. Por lo tanto, el deudor cumple su obligación entregando una cosa del respectivo género. No ocurre lo mismo en las obligaciones de especie o cuerpo cierto, pues respecto de ésta, pueden haber ocurrido, mientras la condición estuvo pendiente, una serie de acontecimientos que analizaremos a continuación, a saber: 1.- La cosa puede haber experimentado mejoras y aumentos; 2.- La misma pudo haber sufrido deterioros; 3.- Es posible que haya producido frutos; 4.- Pudo haberse destruido, y; 5.- Puede haber sido enajenada o gravada por el deudor condicional. 1.- Los aumentos y mejoras que haya experimentado la cosa. De acuerdo a lo que señala el artículo 1486, inciso 2°, parte 1ª, la disposición es una aplicación lisa y llana del principio de la retroactividad de la condición cumplida. Esta norma se critica, porque se dice que puede ser fuente de enriquecimiento injusto; ya que incluso en las prestaciones mutuas, cuando el deudor está de mala fe, se le abonan las mejoras necesarias. Y aquí, el deudor no tiene derecho a que se le abone ninguna mejora.
Con todo, se intenta justificar esta norma, argumentando en el sentido, que es el acreedor el que sufre los eventuales deterioros y pérdidas fortuitos de la cosa, por lo tanto, es justo que se beneficie con las mejoras. 2.- Deterioros y disminuciones de la cosa. En este caso hay que distinguir: a) De acuerdo al art. 1486, inciso 2°, parte 1ª, si los deterioros son fortuitos, los sufre íntegramente el acreedor. b) Si los deterioros son culpables, se altera la regla anterior y los sufre el deudor. Art. 1486, inciso 2°, parte final. En este caso, el acreedor tiene el derecho alternativo del art. 1489, es decir, el acreedor puede pedir el cumplimiento o la resolución, en ambos casos con indemnización de perjuicios. 3.- Los frutos pertenecen al deudor. Lo dice el artículo 1488, en relación a la condición resolutoria; y el art. 1078 aplicable a las obligaciones por la referencia general del art. 1493, para las condiciones suspensivas. En este caso hay una absoluta negación de la retroactividad, por evidentes razones de equidad, porque si el deudor tuvo la cosa en su poder, la cuidó y conservó, es justo que se quede con los frutos. Sin embargo, los frutos pueden corresponder al acreedor si la ley, el testador o las partes, según los casos, lo han dispuesto así o convenido, respectivamente. Ej. de un caso en que la ley lo ordena, la del art. 1875, en la resolución de la compraventa por no pago del precio. 4.- Perdida de la cosa. Esta situación está reglamentada en el art. 1486, inciso 1°, el cual distingue según si la perdida es fortuita o imputable al deudor condicional. En todos los casos, debe tenerse presente lo dispuesto en el inciso final del precepto: “todo lo que destruye la aptitud de la cosa para el objeto a que según su naturaleza o según la convención se destina, se entiende destruir la cosa”. Es un caso de pérdida parcial, pero que se asimila a la total, por la razón que señala el precepto. Ej. si lo debido es un caballo de carrera y antes de la entrega queda cojo, se ha destruido el animal, puesto que ha perdido su aptitud para el objeto a que se le destina, las carreras. Esta norma se considera de aplicación general. Ahora bien, si la pérdida es fortuita, se extingue la obligación. Art. 1486, inc. 1°. El deudor nada debe entregar, ni tampoco está obligado a la indemnización de perjuicios, porque es ese el efecto del caso fortuito: extinguir la obligación sin ulterior responsabilidad para el deudor. Si la pérdida se debe a la culpa del deudor, y con mayor razón, al dolo, aunque el precepto no lo diga, es obligado al precio y a la indemnización de perjuicios. 5.- Enajenaciones y gravámenes constituidos en la cosa. En esta materia, el legislador distingue la situación de los bienes muebles, a que se refiere el art. 1490, de la de los inmuebles, reglamentados en el art. 1491. Con todo, podemos concluir para ambos casos que: a) Si los terceros poseedores están de buena fe, los gravámenes y enajenaciones subsisten y por lo tanto la condición opera sin efecto retroactivo. b) Si los terceros poseedores están de mala fe, las enajenaciones y gravámenes terminarán, porque en este caso la ley le concede al acreedor condicional, la acción reivindicatoria. Por lo tanto, la condición opera con efecto retroactivo. Esta es una de las grandes diferencias que existe entre la nulidad y la resolución; ya que en la primera la acción reivindicatoria se concede en contra de terceros que estén de buena o mala fe; en cambio, en la resolución, sólo hay acción reivindicatoria en contra de los terceros de mala fe. Condición Suspensiva. Recordemos que de acuerdo al art. 1479, la condición se llama suspensiva, si mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho, y que de acuerdo a la doctrina la hemos definido
como el hecho futuro e incierto, del cual depende el nacimiento de un derecho y su obligación correlativa. Los efectos de la condición suspensiva varía según el estado en que ella se encuentre: si pendiente, cumplida o fallida. Efectos de la condición suspensiva pendiente. a) Ni el derecho ni la obligación existen, es el efecto típico de la condición suspensiva. En consecuencia: + El acreedor no puede exigir el cumplimiento de la obligación. Art. 1485, inc. 1° + El deudor puede pedir que se le restituya lo que pagó antes de cumplirse la condición. Art. 1485, inc. 2°. Esta es una diferencia con el plazo suspensivo. + El acreedor no puede ejercer la acción pauliana, que establece el art. 2468, ya que aún no tiene la calidad de tal, y, en consecuencia, no lo perjudican los actos del deudor. + No hay obligación exigible. Por lo tanto, la prescripción no está corriendo; no hay novación pendiente la obligación; no puede operar la compensación Y no puede haber mora del deudor. b) El vínculo jurídico existe. No ha nacido el derecho y su obligación correspondiente, pero el acto o contrato existe, y en consecuencia: + Al contraerse la obligación, deben cumplirse los requisitos de existencia y validez del acto o contrato. + El deudor no puede retractarse. + La obligación condicional se rige por la ley vigente al momento de celebrarse el contrato. c) El acreedor tiene una legítima expectativa de llegar a serlo, de llegar a adquirir el derecho, de ser acreedor puro y simple. Los autores a esta mera expectativa la llaman germen de derecho; derecho eventual, derecho latente o derecho potencial. En consecuencia: +El acreedor puede impetrar medidas conservativas. Art. 1492, inc. final. + El derecho y la obligación condicional se transmite a los herederos Art. 1492, inciso 1°. Por lo tanto, este es otro caso en que la condición opera con efecto retroactivo, porque se entiende que el derecho y la obligación existen desde que se celebro el acto o contrato y no desde que se cumplió con la condición. Con todo, esta regla tiene dos excepciones “no se aplica a las asignaciones testamentarias, ni a las donaciones entre vivos”, art. 1492, inc. 2°. Esto porque tanto el asignatario, como el donatario de condición suspensiva, deben existir al momento de cumplirse la condición. Y si no existen, nada transmiten. La justificación de estas excepciones radica en que ambos son actos intuito persona. Efecto de la condición suspensiva fallida. Si la condición suspensiva falla quiere decir que el derecho y su obligación correlativa no van ya a nacer, y por tanto, la expectativa que el acreedor tenía se extingue. Consecuencia de esto: a) El acreedor condicional, nunca podrá exigir el cumplimiento de la obligación. b) Las medidas conservativas que hubiere solicitado, quedan sin efecto. c) Los actos de administración y disposición efectuados por el deudor, pendiente la condición, quedan a firme. Efectos de la condición suspensiva cumplida. Desde el momento que el hecho en que consiste la condición acaece, nace el derecho del acreedor y la obligación correspondiente del deudor. De allí: a) El acreedor puede exigir el cumplimiento, incluso forzado, de la obligación. b) Si el deudor paga, cumple su obligación, y si el pago lo efectuó pendiente la condición, ya no puede repetir lo dado o pagado. c) Siendo la obligación exigible, comienza a correr el plazo de la prescripción extintiva, el acreedor puede ejercer la acción pauliana, es posible la compensación, queda perfecta la novación, el deudor puede ser colocado en mora. d) El deudor condicional debe entregar la cosa debida condicionalmente y respecto a las mejoras; deterioros, perdidas, frutos y enajenaciones, nos remitimos a lo visto.
La Condición Resolutoria. Según el artículo 1479 se llama resolutoria la condición “cuando por su cumplimiento se extingue un derecho”, y habitualmente se la define como el hecho futuro e incierto del cual depende la extinción de un derecho. Ya hemos destacado lo que separa fundamentalmente la condición resolutoria de la suspensiva; mientras en ésta el derecho no nace hasta que la condición se cumple, en la resolutoria ha nacido desde un comienzo y produce todos sus efectos, sólo que uno y otros se encuentran amenazados de resolución, esto es, de extinción. Y de esta circunstancia nacen todas las diferencias que hay entre unas y otras. Desde otro punto de vista hay una distinción más: la mayor importancia práctica de la condición resolutoria, debida especialmente a un tipo de ella, la tácita, que va envuelta en todo contrato bilateral para el caso de no cumplirse la contraprestación del otro contratante. Clasificación. La Condición resolutoria admite una triple clasificación. A saber: a) Condición Resolutoria Ordinaria; b) Condición Resolutoria Tácita. c).Pacto Comisorio o Condición Resolutoria Comisoria. a. Condición Resolutoria Ordinaria. Consiste en cualquier hecho futuro e incierto que no sea el incumplimiento de una obligación, y que de ocurrir extingue el derecho. Ej. te presto mi casa y me la devuelves cuando yo retorne del extranjero. Esta condición la fijan las partes o la puede imponer el testador y se pueden encontrar en tres estados: pendiente; fallida y cumplida. Pendiente. Como la condición resolutoria, al cumplirse extingue el derecho, este, mientras ella pende, existe; el acto o contrato, según decíamos, produce todos sus efectos, como si fuera puro y simple, y se puede exigir el cumplimiento, y realizar toda clase de actos respecto de la cosa como si no estuviere afectada por una condición. El que tiene la cosa bajo condición resolutoria, deudor de ella, ejerce, en consecuencia, todos los derechos que en ella le otorga su título, con las limitaciones que derivan del hecho de que su derecho pueda quedar sin efecto. Fallida. Si la condición resolutoria falla, el derecho del deudor condicional pasa a ser puro y simple, quedando a firme todos los actos efectuados por él mientras la condición estaba pendiente. Cumplida. Se extingue el derecho del que tenía la cosa bajo condición, y por ello el artículo 1567 N° 9 enumera la condición resolutoria como un modo de extinguir las obligaciones. Nace para él, en cambio, la obligación de restituir (art. 1487), a cuyos efectos se aplican las normas ya estudiadas en cuanto a mejoras, aumentos, deterioros y disminuciones, frutos y perdidas de las cosas. La unanimidad de los autores y la Jurisprudencia están de acuerdo que esta condición resolutoria opera de pleno derecho, por el sólo hecho de cumplirse el evento de la condición. Toda condición opera en principio de pleno derecho; se requiere disposición especial para que no sea así, y ello ocurre en la condición resolutoria tácita. No existiendo nada semejante para la ordinaria, se aplica la regla general, que es muy fácil de comprobar. Del hecho de que la condición resolutoria ordinaria opere de pleno derecho, deriva otra consecuencia: que produce efectos universales, y puede invocarla quien tenga interés en ella, pues no proviene de una sentencia judicial de efectos relativos que la declare, sino de la ley. b) Condición Resolutoria Tácita.
El artículo 1489 la establece. Y la podemos definir como “aquella que va envuelta en todo contrato bilateral, y en que el hecho futuro e incierto que puede provocar la extinción del derecho de una de las partes, es el incumplimiento de sus obligaciones”. La condición resolutoria tácita se funda en la falta de cumplimiento por el deudor. El incumplimiento imputable de éste da un derecho alternativo al acreedor: o exigir el cumplimiento o pedir la resolución, y en ambos casos con indemnización de perjuicios. En esta condición se da un caso excepcional, puesto que es una situación donde la ley presume una condición, pero esta presunción sólo se da en los contratos bilaterales; y, por lo tanto, si las partes desean que esta condición opere en un contrato unilateral, deben estipularlo de un modo expreso; y en ese caso, la condición resolutoria tácita toma el nombre de pacto comisorio. Esta condición se ha establecido para proteger al acreedor, es decir, a la parte que cumplió o que esta llana a hacerlo, ya que en virtud de ella, si la otra parte no cumple, se podrá pedir o la resolución o la ejecución forzada y en ambos casos con indemnización de perjuicios. Origen de esta condición. El Derecho Romano no conoció la condición resolutoria tácita en los términos del derecho moderno: si una de las partes no cumplía su obligación, el acreedor tenía derecho a exigir el cumplimiento; sin embargo, en la compraventa apareció algo semejante, la lex comisoria, que era una estipulación de las partes destinada a dejar sin efecto el contrato si el comprador no pagaba el precio. En los pactos innominados se reconocía también el derecho del acreedor a dejarlos sin efecto, pidiendo la restitución de lo dado o pagado por él cuando no había tenido la contra prestación. Su origen próximo parece haber estado en el Derecho Canónico, que la estableció por razones de equidad y de respeto a la palabra dada. Ella llegó a ser sub entendida en todo contrato bilateral, y así lo estableció el CC. francés (art. 1184), del cual la recogió el nuestro, aunque con algunas diferencias, principalmente que aquél permite al Juez conceder un plazo al demandado para el cumplimiento, según las circunstancias. Fundamento. Mucho se ha discutido sobre el fundamento de la condición resolutoria tácita, y se han dado numerosas justificaciones al respecto: 1.- La equidad. Es evidente la razón de equidad y justicia que hay en que si una de las partes no cumple su obligación en un contrato bilateral, la otra puede a su vez desligarse del vínculo jurídico, dejando sin efecto el contrato. 2.- La voluntad presunta de las partes. Se dice también que el legislador interpreta la voluntad presunta de las partes, pues parece lógico concluir que el contratante diligente no desea seguir ligado con quien no ha cumplido su obligación, y esta intención ha estado presente al otorgarse el contrato. 3.- La causa. Para Capitant, y sus seguidores, la condición resolutoria tácita es una aplicación de la teoría de la causa: Para estos autores, en los contratos bilaterales la causa de la obligación de una de las partes, es la recíproca obligación de la contraparte; si ella no se cumple, no habría causa para el cumplimiento del otro contratante. Se ha rebatido esta teoría diciendo, que el contratante diligente tiene una opción para pedir el cumplimiento, y si puede hacerlo, es porque el contrato tiene causa. A mayor abundamiento, existe otro argumento aún más decisivo en contra de esta doctrina, y es que la causa es requisito de validez del acto o contrato, y basta, en consecuencia, con que concurra al momento de su otorgamiento. Si faltara la causa, la sanción sería la nulidad y no la resolución. La verdad es que la causa existió, pues ambas partes contrajeron obligaciones, la una en beneficio de la otra, y la resolución proviene del hecho de que una de ellas no cumplió. Con todo, la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia justifican el artículo 1489, en razones de equidad, porque es lógico que sí una de las partes no cumple, la otra pueda optar, o a la ejecución forzada, o a la resolución, y en los dos casos, con indemnización de perjuicios. Existe
otra disposición que se vincula con ésta, cual es la del artículo 1552, que consagra la “excepción de contrato no cumplido”, según la cual, no puede demandar el cumplimiento de un contrato la parte que no ha cumplido o que no está llana a hacerlo. Esta disposición se basa en el aforismo jurídico que dice “la mora purga la mora”, y se diferencia del artículo 1489, en el sentido que en el caso del 1552, ninguna de las partes ha cumplido o se haya en condiciones de hacerlo; en cambio en la condición resolutoria tácita, una de las partes cumplió con su obligación o está llana a hacerlo. Características de la condición resolutoria tácita. Dentro de la clasificación de las condiciones, es: 1.- Resolutoria, ya que tiene por objeto extinguir un derecho. 2.- Es tácita, puesto que el legislador la subentiende en todos los contratos bilaterales. No necesitan las partes estipularla, aunque pueden hacerlo, tomando entonces el nombre de pacto comisorio. Por ello se ha resuelto que la condición resolutoria tácita es un elemento de la naturaleza del contrato bilateral. 3.- Es negativa, pues consiste en que no ocurra un hecho. 4.- es simplemente potestativa, pues depende de un hecho voluntario del deudor. Forma en que opera la condición resolutoria tácita. La condición resolutoria ordinaria opera de pleno derecho, la tácita, en cambio, necesita de una sentencia judicial; la prueba más evidente de esto, es que el C.P.C. permite que el deudor enerve la resolución cumpliendo con su obligación, hasta ciertas instancias procesales. Si la resolución operara de pleno derecho, el deudor no podría enervarla; por lo tanto, en esta condición, la resolución sólo opera cuando queda ejecutoriada la sentencia que la acoge. Requisitos de la condición resolutoria tácita. Para que opere la condición resolutoria tácita es necesario: 1.- Que se trate de un contrato bilateral. 2.- Que uno de los contratantes se encuentre en mora de cumplir. 3.- Que el incumplimiento sea imputable al deudor en grado de dolo o culpa 4.- Que quien la pide, haya cumplido o esté llano a cumplir su propia obligación, y 5.- Que sea declarada por sentencia judicial. 1.- Que la condición resolutoria tácita tiene lugar únicamente en los contratos con prestaciones recíprocas es una característica de la institución, como que deriva de su propio fundamento en la interdependencia de las obligaciones recíprocas de las partes. La ley lo dice expresamente en el artículo 1489, disposición que no podría aplicarse por analogía por ser doblemente excepcional, en cuanto establece una modalidad, y más aún porque ella es tácita. Dentro de los contratos bilaterales, en cambio, se aplica a todos ellos. No hay duda, eso sí, que principalmente tiene lugar en la compraventa, donde incluso se le reglamenta especialmente. Situación de los contratos unilaterales. En general la resolución no puede tener lugar en los contratos unilaterales, y normalmente se traducirá en una anticipación en el cumplimiento de la obligación, una especie de caducidad del plazo por el incumplimiento. Por lo tanto, si en un contrato unilateral, la parte que tenía que cumplir no lo hace, la otra no puede pedir la resolución, pero tiene otros medios para proteger sus derechos. Todo lo anterior en el entendido que las partes nada hayan señalado, porque ellas en virtud de la autonomía de la voluntad, son libres para introducir en un contrato unilateral una condición resolutoria tácita, pero señalándolo expresamente, en ese caso la condición resolutoria tácita toma el nombre de pacto comisorio.
La resolución en los contratos de tracto sucesivo. La condición resolutoria tácita opera también en estos contratos, si ellos son bilaterales, como el arrendamiento, pero toma el nombre especial de terminación y no de resolución, porque produce efectos diferentes. Lo que caracteriza a tales contratos es que las obligaciones de las partes se van cumpliendo y renovando periódicamente, y por ello la terminación opera sólo hacia el futuro. El contrato se extingue, deja de producir efectos, pero no se alteran los ya generados, ellos quedan a firme. Lo que diferencia la terminación de la resolución es que ésta tiene efectos retroactivos de que carece totalmente la primera. La resolución no tiene lugar en la partición. La partición, aun cuando se haga por vía judicial, es un acto complejo, que participa de ciertos caracteres del contrato, y desde luego puede ser fuente de obligaciones para el adjudicatario, como por ejemplo, en el caso de la adjudicación con alcances, esto es, si a un interesado se le dan bienes que exceden su cuota en la comunidad y queda debiendo el saldo. Hay unanimidad de los autores y jurisprudencia para negar a los demás interesados la acción resolutoria, en el caso que el adjudicatario no pague los alcances. Las razones son varias: a) Porque si bien la partición participa de ciertos caracteres del contrato, no lo es, y menos uno bilateral. b) Se opone igualmente el efecto declarativo de la partición, pues no obstante los alcances, se supone que el adjudicatario ha sucedido directamente al causante y no ha adquirido el derecho de sus comuneros. c) El art. 1348 hizo aplicables a la partición las acciones de nulidad y rescisión, pero nada dijo de la resolución; cierto que el art. 1353 agrega que si no puede o no quiere intentarlas, el comunero conservará los otros recursos legales para ser indemnizado, pero la acción resolutoria no es indemnizatoria. 2.- Que uno de los contratantes se encuentre en mora de cumplir. Es decir, la parte incumplidora debe encontrarse en uno de los casos del artículo 1551. 3.- Que el incumplimiento del deudor se deba a dolo o culpa. Es decir, debe tratarse de un incumplimiento imputable. Este requisito está muy vinculado con el anterior, porque la mora supone, necesariamente, la imputabilidad del incumplimiento. No todo incumplimiento dará lugar a la resolución del contrato; debe ser voluntario e imputable, esto es con culpa o dolo del deudor. Si es por caso fortuito o fuerza mayor no habrá lugar a la resolución, porque la obligación se habrá extinguido por otro modo de poner término a las obligaciones: la imposibilidad en el cumplimiento, que nuestro Código reglamenta bajo el nombre de pérdida de la cosa debida. 4.- Que el acreedor haya cumplido con su obligación o esté llano a hacerlo. No lo dice expresamente el artículo 1489, pero deriva de las disposiciones que rigen el incumplimiento. De lo contrario, el deudor podrá oponerle la excepción de contrato no cumplido del art. 1552. 5.- Que se declare por Sentencia Judicial. Como se dijo, la condición resolutoria tácita no opera de pleno derecho, no existe ninguna norma expresa del CC. que así lo señale, pero todos los autores y la Jurisprudencia, están de acuerdo en que necesita una sentencia judicial, por los siguientes motivos: a) El art. 1489 discurre sobre la base de que exista un juicio, y dice en su inciso 2° “...podrá el otro contratante pedir...” b) El C.P.C. le permite al deudor enervar u oponerse a la resolución, cumpliendo con su obligación. En 1ª instancia, hasta antes de la citación a oír sentencia; y, en 2ª, hasta antes de la vista de la causa. Si la resolución se produjese de pleno derecho, el deudor no tendría esta facultad.
c) Si operara de pleno derecho, la parte cumplidora, no tendría la alternativa de pedir la ejecución forzada, porque si se puede pedir el cumplimiento de la obligación, es porque aún no se ha producido la resolución del contrato. Paralelo entre la condición resolutoria ordinaria y la tácita. Se asimilan por sus características y efectos, que son en general los mismos; difieren únicamente: 1.- En la ordinaria, el hecho futuro e incierto del cual depende la resolución puede ser cualquiera, menos el incumplimiento de una obligación de un contrato bilateral, que es precisamente el evento de que ella depende en la resolutoria tácita. 2.- Esta se subentiende en todo contrato bilateral; la ordinaria se aplica a cualquier negocio jurídico, pero siempre que se la estipule; 3.- La condición resolutoria ordinaria opera de pleno derecho, y la tácita en virtud de sentencia judicial; 4.- En la primera, sólo hay resolución, nunca por sí sola da derecho al cumplimiento, ni a la indemnización de perjuicios; en la tácita, hay incumplimiento, derecho optativo del acreedor al cumplimiento o la resolución y en ambos casos, indemnización de perjuicios. 5.- En ésta, el deudor puede enervarla pagando; la ordinaria, no puede ser enervada, porque se produce de pleno derecho, y, 6.- La condición resolutoria tácita debe demandarla el acreedor, mientras que la ordinaria puede hacerla efectiva a quien le interese la resolución. b) El Pacto Comisorio El Código se refiere al pacto comisorio en el párrafo 10 del título XXIII, del libro IV, que es el título de la compraventa, artículos 1877 y siguientes. Se le puede definir como “la condición resolutoria tácita expresada por las partes en el contrato”. La ley reguló este pacto, para el caso en que el comprador en el contrato de compraventa no pague el precio, sin embargo, todos los autores están de acuerdo en considerar que pese a que la ley lo reguló sólo en ese caso, el pacto comisorio es de aplicación general, y por lo tanto, podrá consagrarse en cualquier contrato, respecto de cualquiera de las obligaciones de las partes y no sólo en la compraventa, y en ella podrá estipularse para cualquier tipo de incumplimiento y no sólo para el caso del no pago del precio. Las principales razones para así concluirlo son varias, a saber: 1.- Es sólo una razón histórica la que llevó al legislador a tratar el pacto comisorio en la compraventa y referido a la obligación de pagar el precio, como un recuerdo de la ley comisoria romana limitada a ella. 2.- Pero lo más importante es que esta estipulación aunque el legislador no la hubiere contemplado expresamente, es perfectamente lícita, porque estamos en el terreno de la libertad contractual. 3.- Las partes pueden estipular cualquier hecho posible y lícito como condición resolutoria, aún el más caprichoso, ¿por qué no podrían convenir que lo fuera el incumplimiento de una obligación?. Nada de raro tiene, pues, que los autores y jurisprudencia se inclinen en este sentido, y que la cláusula sea muy frecuente en los arrendamientos y promesas de contrato. Clasificación del pacto comisorio. En esta materia se distingue el pacto comisorio simple y el calificado. Es ésta una distinción que ha hecho la doctrina; el primero se limita a reproducir el art. 1489, y estipular, en consecuencia, que el contrató se resolverá en el caso de que alguna de las partes no cumpla lo pactado. El pacto comisorio calificado o con cláusula de resolución ipso facto, se caracteriza por esto último, es decir, porque las partes han buscado alterar los efectos normales de la resolución,
conviniendo que el contrato se resuelve de pleno derecho, de inmediato por el sólo incumplimiento. La diferencia, pues, estriba en que el pacto comisorio simple no altera las reglas ya estudiadas de la condición resolutoria tácita, mientras que el calificado sí. El Pacto Comisorio Simple. El Pacto Comisorio Simple no difiere mayormente de la condición resolutoria tácita, y en consecuencia, como ésta requiere de sentencia judicial que declare la resolución, y el deudor puede pagar en el curso del juicio. El pacto comisorio simple la ley lo reguló en la compraventa, para el evento de que el comprador no pague el precio, pero esta regulación sólo se debe, como se dijo, a una razón histórica y es de aplicación general. Sin embargo, la doctrina discute que normas se aplican al pacto comisorio simple. En este caso hay que distinguir: 1.- Si el pacto comisorio simple fue regulado en la compraventa para el caso que el comprador no pague el precio, se van a aplicar todas las normas del artículo 1877 y siguientes porque la ley lo reguló para ese caso. 2.- Si el pacto comisorio simple fue consagrado en un contrato distinto al de compraventa o dentro de ésta para el caso de un incumplimiento distinto al del no pago del precio; la doctrina está dividida acerca de que normas son las aplicables. Algunos autores piensan que en este caso, por analogía, deben aplicarse las normas de los art. 1877 y siguientes. Otros autores, consideran que aquí deben aplicarse las normas que las partes hayan señalado, y si ellas nada han dicho, deberán aplicarse las normas de la condición resolutoria tácita. En conclusión, el pacto comisorio simple no es sino la condición resolutoria tácita estipulada y produce los mismos efectos de ésta, sea en la compraventa o en cualquier otro contrato, con la sola salvedad que en la primera, en caso de no pago del precio, está sujeta a prescripción especial del artículo 1880. El Pacto Comisorio Calificado. Esta regulado en el artículo 1879 y lo que lo caracteriza es que en él, las partes estipulan una cláusula de resolución ipso facto, en virtud de la cual, por el no pago del precio en el tiempo convenido, se produce de pleno derecho la resolución. Naturalmente, no es necesario utilizar esta frase o expresión, sino cualquiera equivalente: sin necesidad de juicio; inmediatamente, sin ulterior recurso, de pleno derecho, sin más trámite, etc. Este pacto comisorio calificado, al igual que el simple, la ley lo reguló en la compraventa para el caso del no pago del precio, y en esa situación, la ley, al igual que ocurría en el pacto comisorio simple, se entromete en la voluntad de las partes, y pese a que ellas han manifestado en forma expresa su ánimo de resolver el contrato, se permite que el deudor se oponga o enerve la resolución, cumpliendo con su obligación, es decir, pagando el precio dentro de las 24 horas siguientes a la notificación judicial de la demanda. Cabe tener presente, que este plazo es el único de horas regulado en el CC. y se computa, naturalmente, según la marcha del reloj. No es un plazo de un día. Forma en que opera el Pacto Comisorio Calificado. De acuerdo al pensamiento mayoritario de los autores, hay que distinguir: 1.- Si el pacto comisorio calificado se reguló en la compraventa para el evento del no pago del precio, en estas circunstancias, no hay duda que necesita sentencia judicial, porque el artículo 1879 permite al deudor enervar la resolución pagando el precio, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la demanda.
En este caso se discute, cuando se produce la resolución; si al dictar la sentencia, o si al transcurrir las 24 horas. Lo que queda claro es, que no opera de pleno derecho y los argumentos para concluir esto son: a) El art. 1878 permite al vendedor en el pacto comisorio optar, o por la resolución, o por el pago del precio y esta disposición no distingue entre el pacto comisorio simple o calificado, por lo tanto se concluye que se refiere a ambos. Y si el vendedor puede demandar el pago del precio, es porque la resolución no ha operado de pleno derecho. b) El artículo 1879 permite al comprador oponerse a la resolución pagando el precio dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la demanda y si el comprador puede oponerse a la resolución, es porque ella no ha operado de pleno derecho. c) La ley habla de la notificación judicial de la demanda, con lo que da a entender la existencia de un juicio. Resulta obvio concluir que la resolución no opera de pleno derecho. En conclusión, la condición resolutoria tácita; el pacto comisorio simple y el calificado en los términos del artículo 1879, necesitan sentencia judicial, pero tienen ciertas diferencias. A saber: + La condición resolutoria tácita y el pacto comisorio simple, permiten al deudor oponerse a la resolución pagando o cumpliendo su obligación; en la 1ª instancia, hasta antes de la citación para oír sentencia; y en la 2ª, hasta antes de la vista de la causa. En cambio, el pacto comisorio calificado, en las circunstancias del art. 1879, permite al deudor cumplir dentro de las 24 horas desde la notificación judicial de la demanda. + La acción resolutoria que nace de la condición resolutoria tácita, tiene ciertas diferencias con la que nace del pacto comisorio. 2.- Cuando el pacto comisorio calificado se estipula en un contrato distinto de la compraventa, o dentro de esta pero para un incumplimiento diferente al no pago del precio; en este caso, la mayoría de los autores considera que el pacto comisorio calificado opera de pleno derecho y así, también lo han reconocido nuestros Tribunales. Sin embargo, una parte minoritaria de la doctrina considera que en este caso, el pacto comisorio igual necesita sentencia judicial; y, agregan, que se debería aplicar el art. 1879 de manera que el deudor podría oponerse a la resolución cumpliendo su obligación dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la demanda. De cualquier manera, esta posición es minoritaria. La mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia, consideran que si el pacto comisorio calificado se estipula fuera de los términos del art. 1879, no necesita sentencia judicial y la resolución en esos casos se produce de pleno derecho; y dan las siguientes razones: a) Si las partes inequívocamente han manifestado su intención de que se resuelva de inmediato el contrato, no hay motivo alguno para desconocer la voluntad de las partes. b) La ley subentiende en todo contrato bilateral, la condición resolutoria tácita, y en virtud de la autonomía de la voluntad, las partes pueden modificar el momento y la forma en que opera. c) La ley reglamenta el pacto comisorio calificado en la compraventa para el caso del no pago del precio, y señaló que en ese caso necesita sentencia judicial, pero en los demás casos, estas normas no pueden aplicarse; por lo tanto, en ellos la resolución se produce de pleno derecho. d) Si el pacto comisorio calificado, en los demás casos distintos al del art. 1879, no operara de pleno derecho, no tendría ninguna diferencia con el pacto comisorio simple, y la única distinción que habría, sería el plazo en que el deudor podría impugnar la resolución. No tiene sentido que haya dos instituciones jurídicas prácticamente idénticas.
En conclusión, la condición resolutoria necesita sentencia judicial en los siguientes casos: en la condición resolutoria tácita; en el pacto comisorio simple y en el pacto comisorio calificado en los términos del art. 1879. Por el contrario, la condición resolutoria opera de pleno derecho en: la condición resolutoria ordinaria; en el pacto comisorio calificado fuera de los términos del art. 1879, ya sea en un contrato distinto al de compraventa o dentro de éste, pero en relación a un incumplimiento que no sea la falta de pago del precio. La Acción Resolutoria. Hemos visto que en el caso de incumplimiento de una obligación emanada de un contrato bilateral el acreedor tiene una opción: o pedir el cumplimiento o la resolución, y en ambos casos, la indemnización de perjuicios, la que se gobierna por las reglas generales. Según el art. 1489, el derecho de opción lo ejercita el acreedor a su arbitrio, de manera que no podría oponerse por el deudor el abuso del derecho. El acreedor no puede solicitar el cumplimiento y la resolución, porque son acciones totalmente incompatibles, pero podría hacerlo siempre que una sea subsidiaria de la otra (art. 17 C.P.C.), y así, solicitar el cumplimiento, y para el caso de no ser éste posible, que se declare resuelto el contrato. Aunque ha habido mucha vacilación injustificada en la jurisprudencia, no habría inconveniente alguno para que el acreedor demandara primero el cumplimiento, y luego abandonara esta petición para exigir la resolución y viceversa; no hay cosa juzgada entre un juicio y otro. El cumplimiento se pedirá por vía ejecutiva, si el título es ejecutivo, o por la ordinaria, en caso contrario; si la obligación no tiene un plazo especial, prescribirá en 3 años como ejecutiva, y en 5 como ordinaria. Concepto de la acción resolutoria. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, la acción resolutoria es la que emana de la condición resolutoria en los casos que ella requiere sentencia judicial, y en cuya virtud el contratante diligente solicita que se deje sin efecto el contrato por no haber cumplido la contraparte alguna de las obligaciones emanadas de él. La acción resolutoria no procede cuando la resolución se produce de pleno derecho. Nos remitimos a lo visto. Características. 1.- Es personal. La acción en estudio emana del incumplimiento de obligaciones contractuales; tiene por objeto hacer efectivos derechos de crédito, y en consecuencia, es una acción personal que corresponde al contratante diligente en contra del otro contratante que no cumplió algunas de las obligaciones que le impuso la convención. Sin embargo de lo dicho, la acción resolutoria puede afectar a terceros, principalmente en los casos de los arts. 1490 y 1491, que permiten dejar sin efecto las enajenaciones y gravámenes efectuadas y constituidos por el deudor en las cosas afectas a la condición resolutoria, tratándose de bienes muebles, si el adquirente estaba de mala fe, y de inmuebles si aquella constaba en el título respectivo inscrito.
Lo anterior no significa que la acción resolutoria sea real o mixta, lo que ocurre es que los terceros pueden verse afectados por el efecto retroactivo que la ley da a la condición resolutoria cuando los terceros están de mala fe y como consecuencia de ese efecto, nace en contra de estos terceros una acción reivindicatoria, y ella es la que en definitiva los afecta, pero no propiamente la acción resolutoria. 2.- Es patrimonial. La acción resolutoria es una acción netamente pecuniaria, susceptible de expresarse en dinero, puesto que persigue dejar sin efecto un contrato patrimonial. Y por ser de interés meramente privado, es renunciable, transmisible y se puede transigir. 3.- Es prescriptible. La prescriptibilidad es la regla general de las acciones, máxime si son patrimoniales, y la resolución no escapa a ella. Pero debe distinguirse; si emana de la condición resolutoria tácita, prescribe en 5 años contados desde que la obligación se hizo exigible; mientras la del pacto comisorio lo hace en el lapso que las partes señalen, que no puede exceder de los 4 años contados desde la fecha del acto o contrato (art. 1880). 4.- Puede ser mueble o inmueble. Aplicando la regla general del art. 580 la acción resolutoria será mueble o raíz, según lo sea la cosa en que recaiga. 5.- Es Indivisible. Esta indivisibilidad se manifiesta en dos sentidos: a) Objetivamente, porque el acreedor no podría pedir en parte el cumplimiento y en el resto la resolución, y b) Subjetivamente, porque siendo varios los acreedores, todos ellos deben ponerse de acuerdo para pedir el cumplimiento o la resolución, y siendo más de uno el deudor no podría el acreedor exigir a uno el cumplimiento y al otro la resolución. Paralelo de la acción resolutoria con otras acciones. Hay algunas acciones e instituciones que se asemejan a la resolución y que conviene precisar, porque suelen confundirse en el léxico jurídico, incluso en el Código. Acción resolutoria y la terminación. La terminación al igual que la resolución, deja sin efecto un contrato, pero se diferencia en que la resolución, opera con efecto retroactivo; en cambio, la terminación sólo opera hacia el futuro. Resolución, nulidad y rescisión. Entre nosotros, con el término nulidad, se designa a la absoluta, y con el de rescisión a la relativa, pero el legislador ha usado con mucha frecuencia, equivocadamente, todas estas denominaciones, porque ellas se parecen, pues dejan sin efecto el acto o contrato, y lo hacen retroactivamente. Pero se diferencian fundamentalmente: a) Porque la nulidad y rescisión suponen alguna infracción a los requisitos de validez del acto o contrato, que ha nacido viciado, y por ello se le deja sin efecto. En cambio en la resolución el acto es perfectamente valido , en sí mismo es inatacable y es un hecho posterior, el incumplimiento de una obligación, el que permite al acreedor solicitar que se deje sin efecto el contrato, pero también puede exigir el cumplimiento, precisamente, porque el acto es válido y eficaz: b) La nulidad y rescisión producen efectos radicales; borran totalmente el acto o contrato; la resolución es de efectos más atenuados; así la nulidad de acuerdo al art. 1689 da acción contra terceros sin efectuar las distinciones que realizan los arts. 1490 y 1491, para la resolución. c) La nulidad procede en toda clase actos y contratos, mientras que la resolución únicamente en estos últimos, si son bilaterales..
d) La acción de nulidad absoluta prescribe en 10 años; la rescisión en 4, y por regla general, la resolutoria en 5 años, que pueden ser 4 en el pacto comisorio. e) Las reglas de las prestaciones mutuas son diferentes, y así, en la nulidad y rescisión el deudor de mala fe debe restituir los frutos, mientras que en la resolución ellos no se devuelven, y no se pagan las mejoras necesarias, mientras debe hacerse en la nulidad y rescisión, etc. En resumen, las reglas dadas en la nulidad resultan más equitativas, y por esto la jurisprudencia ha señalado que no se puede pedir la resolución de un contrato nulo, porque en tal caso debe solicitarse la nulidad. Resciliación y resolución. La resciliación o anulación convencional, es un modo de extinguir regulado en el art. 1567, inciso 1° y consiste en que las partes de común acuerdo dejan sin efecto una obligación que en sí es valida. En la resolución, cuando hay acción resolutoria se necesita sentencia judicial, en cambio en la resciliación, basta el acuerdo de las partes. La resciliación no puede afectar a los terceros ajenos al acto, y en principio, carece de efecto retroactivo, a menos que las partes se lo confieran. Revocación unilateral y resolución La revocación consiste en la declaración unilateral de voluntad en virtud de la cual una de las partes manifiesta a la otra su voluntad o ánimo de no perseverar en el contrato y es un modo de extinguir que la ley lo permite excepcionalmente. La revocación unilateral opera siempre hacia el futuro, y los actos ya efectuados quedan a firme. Imposibilidad en el cumplimiento y resolución. Hay casos en que la obligación se extingue por la imposibilidad en el cumplimiento que nuestro Código la llama “perdida de la cosa debida”. Este concepto se ha criticado porque da a entender que la imposibilidad en el cumplimiento sólo se produce cuando existe pérdida de la cosa que se debe y esto no es así, porque puede ser que la imposibilidad se debe a otro factor distinto, y por esto el C.P.C. es más acertado y habla de imposibilidad en el cumplimiento. Esta figura se parece a la resolución, porque en ambas hay un incumplimiento, pero se diferencia, en cuanto a que en la resolución, el incumplimiento es imputable al deudor en grado de dolo o culpa, en cambio, en la imposibilidad del cumplimiento opera un caso fortuito o fuerza mayor y por esto en este caso se extingue la obligación sin responsabilidad para el deudor. Efectos de la Resolución. Si bien existen varias clases de condición resolutoria, los efectos de ella, sean ordinarias, tácitas, pacto comisorio simple o calificado, son los mismos. Y hay que distinguir: entre las partes y respecto de los terceros. Entre las partes. De acuerdo al art. 1487 “cumplida la condición resolutoria, deberá restituirse lo que se hubiere recibido bajo tal condición...”. La restitución de la cosa se hará en los términos ya estudiados, y comunes para todas las condiciones: a) Los aumentos y mejoras pertenecen al acreedor, sin aumento de precio. b) Las disminuciones y deterioros los sufre el acreedor, sin tener derecho a rebaja alguna, salvo culpa del deudor. c) Si la cosa se ha perdido fortuitamente, no hay obligación, pero si es culpable, el deudor debe el precio y la indemnización de perjuicios. d) Los frutos producidos por la cosa pendiente la condición, son del deudor. e) Los actos de administración del deudor condicional quedan a firma.
Efectos de la resolución respecto de terceros. Nuestro Código cuenta entre sus grandes méritos que, salvo algunos ripios de menor cuantía, se caracteriza por la excelente redacción de sus disposiciones, pero tal cualidad la perdió en los arts. 1490 y 1491, que pasamos a estudiar. A través de los distintos proyectos del Código se nota las vacilaciones de Bello, entre la aplicación lisa y llana de la retroactividad, solución que dio en un comienzo de su tarea, y la protección de los intereses de los terceros. Aplicando íntegramente el principio retroactivo todos los actos de disposición del que tenía o poseía una cosa bajo condición resolutoria, efectuados mientras la condición estuvo pendiente, deberían quedar sin efecto, porque emanaban de quien se considera que no ha sido dueño jamás. Pero, por otro lado, la retroactividad no es más que una ficción, y la verdad es que el contrato ha existido y el deudor ha sido poseedor o dueño, comportándose como tal, y de él proviene el derecho que invoca el tercero. De ahí que, finalmente, el legislador haya adoptado por un criterio transaccional en los arts. 1490 y 1491; no todas las enajenaciones o gravámenes quedan sin efecto, sino únicamente cuando el adquirente sabía o no podía menos que saber que el derecho de su causante estaba amenazado de extinción. El legislador distingue la situación de los bienes muebles, a que se refiere el art. 1490, de la de los inmuebles, reglamentados en el art. 1491, diferente tratamiento para uno y otro que se da en todo el Código, y que es un resabio del Derecho Romano. Ahora pasaremos a un análisis pormenorizado de tales normas. Con todo, previamente debemos aclarar que existe una profunda división en la doctrina respecto a la interpretación de estos preceptos. Artículo 1490. Este artículo se refiere a tres situaciones distintas, ya que alude al caso de la persona que tiene un bien mueble a plazo; también se estaría refiriendo al caso de quien tiene un bien mueble bajo condición suspensiva y al que tiene un bien bajo condición resolutoria. Todos los autores consideran que este art. fue mal redactado por dos razones: 1° Porque el art. 1490, sólo se aplica al caso de la condición resolutoria, no tiene aplicación ni en el caso del plazo, ni en el caso de la condición suspensiva; y, se dan las siguientes razones: a) En relación con la condición suspensiva, se dice que el art. 1490 no tiene aplicación, porque cuando existe esta condición, el derecho no ha nacido, el acreedor sólo tiene la mera expectativa de llegar a ser dueño, y como en nuestro ordenamiento jurídico, de los contratos no nacen derechos reales, el acreedor condicional, no tiene derecho real alguno, aunque se haya celebrado el contrato, su derecho va a nacer cuando se cumpla la condición y se le haga la tradición de la cosa, por lo tanto, este acreedor nada puede hacer respecto de las enajenaciones y gravámenes que el deudor condicional hubiese constituido. b) Respecto al plazo, si este es suspensivo, mientras no haya tradición, el acreedor no será dueño y aún cuando haya adquirido el dominio, nada puede hacer contra las enajenaciones y gravámenes, porque ellos se constituyeron cuando el acreedor no podía exigir su derecho. Si el plazo es extintivo, tampoco se aplica el 1490, porque en estos casos, la cosa se encuentra en poder de un mero tenedor, que no puede enajenarla, ni gravarla. Por ej. un arrendatario, un comodatario, etc. En conclusión, la doctrina considera que el artículo 1490, sólo se aplica a la condición resolutoria; sólo se refiere al caso de quien tiene una cosa en calidad de dueño, pero expuesto a perderla por el cumplimiento de la condición. Al resolverse el derecho del deudor condicional, los terceros se verán afectados, si estaban de mala fe. La buena fe consiste en este caso, en determinar si los terceros sabían o no que la cosa objeto de la enajenación estaba afecta a una condición resolutoria. El acreedor deberá probar la mala fe del tercero. 2° Otra critica es en el encabezado del artículo, porque empieza diciendo “si el que debe una cosa mueble” y ya se ha señalado que este artículo sólo se aplica a la condición resolutoria, y en ella el deudor nada debe, el es dueño, lo que sucede es que está expuesto a perder su dominio si se cumple la condición.
Artículo 1491. Como se dijo, esta disposición alude a los inmuebles. Los autores hacen las mismas críticas que en el caso del artículo anterior. También se comienza diciendo “si el que debe un inmueble” y reiteremos que el deudor condicional de condición resolutoria nada debe, es dueño. Y, además, este artículo habla de condición, sin distinguir entre la suspensiva y la resolutoria, concluyéndose, al igual que en la norma anterior, que sólo se aplica a la condición resolutoria. Por lo tanto, este artículo se está refiriendo al caso de que una persona tenga un bien raíz bajo condición resolutoria y lo grave o enajene antes de cumplirse la condición. Dichos actos, van a quedar protegidos cuando los terceros estén de buena fe, y por el contrario, habrá acción reivindicatoria en contra de ellos, si se encuentran de mala fe. La disposición in comento, en su parte final, establece un caso, que para la mayoría de la doctrina, es una presunción de derecho, en la cual se entiende que los terceros están de mala fe. Y esta consiste, en que se presume la mala fe de los terceros, si la condición constaba en el título respectivo, inscrito u otorgado por escritura pública. Esta norma se estableció, porque se entiende que si el acreedor es diligente, antes de aceptar la enajenación o gravamen, va a revisar los títulos y si la condición aparece en ellos, y pese a eso se enajena o grava, es porque el tercero estaba de mala fe.
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