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Carla Figueroa Toro
1 CIRCULAR INFORMATIVA RELATIVA A LA LEY 25/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE IMPULSO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA Y CREACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS EN EL SECTOR PÚBLICO Publicación: Día 28 de diciembre de 2013, BOE núm. 311 Entrada en vigor: A los veinte días de su publicación en el BOE (17 de enero de 2014), salvo el artículo 4, sobre obligaciones de presentación de factura electrónica, que entrará en vigor el 15 de enero de 2015; y el artículo 9, sobre anotación en el registro contable de facturas, y la disposición final primera, por la que se modifica el apartado 4 del artículo 34 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que han entrado en vigor el 1 de enero de Pero además de lo dispuesto sobre entrada en vigor en su Disposición Final octava -que acabamos de exponer- debe de tenerse en cuenta que las importantes modificaciones sobre la solvencia y clasificación de los contratistas públicos, que introduce la disposición final tercera ap. 8 de esta Ley en la legislación contractual, que entraran en vigor conforme dispongan las futuras normas reglamentarias de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Contratos. Fecha de esta ficha: 21 de enero de Contenido de interés para las entidades locales: La importancia de esta Ley para las Entidades Locales radica, en primer lugar, en su incidencia en la gestión administrativa de las facturas expedidas por sus proveedores, dado el carácter básico de la norma -disposición final quinta- y su ámbito de aplicación subjetivo, comprensivo de todas las Administraciones Públicas y las mutuas de accidentes. En concreto, obligaciones para sus órganos contables y de control interno; amen de las derivadas del denominado impulso de la facturación electrónica. En segundo lugar, y aunque su título no se refiera a ello, en las modificaciones sobre solvencia y clasificación que se introducen en el Texto Refundido de la Ley de Contratos, que detallaremos. Dada la especificidad del uso de la factura electrónica dentro de la más amplía obligación de creación del registro contable, procedimiento de gestión de facturas y obligaciones para los órganos contables, comenzamos nuestro breve análisis por esta segunda parte de la Ley.
2 I. Creación del registro contable de facturas del sector público. El artículo 5 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales ya estableció en su día la creación, bajo la gestión de la Intervención u órgano de la Entidad local que tuviese atribuida la función de contabilidad, de un registro de facturas. La presente Ley deroga expresamente ese precepto, y en su art. 8 establece la obligación de las entidades locales de disponer de un registro de facturas, interrelacionado con el sistema contable, cuya gestión corresponderá a la Intervención Local. A través de ello -con independencia del formato de la factura- se facilita el seguimiento de la morosidad mediante un indicador, el periodo medio de pagos, que permitirá aplicar los distintos mecanismos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Dicho registro, en virtud de lo dispuesto en el art de la LRJPAC, debería dar cumplimiento a la integración informática en el registro general de las anotaciones efectuadas en el mismo. II. Procedimiento de tramitación de facturas. La norma parte -art.3- de la obligación para el proveedor de expedición y presentación de factura en un registro administrativo en el plazo de 30 días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación de servicios. Esta dicción es coincidente con la del art del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que -recordemos- liga a esa presentación en tiempo y forma el inicio del cómputo del plazo que, en caso de demora, traerá como efecto el pago de intereses de demora e indemnización por costes de cobro. El art. 9 regula el procedimiento de tramitación de las facturas, cuyo paso inicial es la remisión de las mismas del registro administrativo al registro contable de las facturas, y asignado por éste un código de identificación, se remite al órgano competente para dar su conformidad y, reconocida la obligación, continuar con la tramitación ordinaria para su pago, si procede III. Actuaciones de la Intervención. De resultas de este procedimiento surgen dos actuaciones -reguladas en el art. 10- para el órgano que tiene atribuida la función contable: una, requerimientos periódicos de actuación sobre las facturas pendientes de reconocimiento; y, dos, elaboración de un informe trimestral sobre las facturas que no hayan sido reconocidas por los órganos competentes,
3 cuando hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación. Este informe trimestral, que en la normativa anterior se dirigía al Pleno, se remitirá ahora al órgano de control interno, con la paradoja en las entidades locales de que ese informe del órgano que tiene atribuida la función contable se dirige al órgano que tiene atribuida la función de control interno, esto es, en ambos casos la intervención local. En relación con las facultades y obligaciones del órgano de control interno se regula en el art. 12 su libertad de acceso a toda la documentación, y la elaboración de un informe anual al Pleno sobre el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad. El art. 13 regula la colaboración de los registros contables con la Agencia Tributaria, a la que deberán remitir información en los términos que desarrolle el Ministerio de Hacienda. IV. Impulso de la factura electrónica: obligación de este tipo de factura en la contratación pública. Desde el propósito declarado de la Ley de contribuir a la reducción de la morosidad de las Administraciones Públicas se impulsa el uso de la factura electrónica y su gestión y tramitación telemática. Ese impulso se concreta en el establecimiento de obligaciones tanto a los proveedores o contratistas como a las entidades locales. Para los contratistas: la obligatoriedad de expedición de facturas electrónicas en los términos y condiciones que ahora analizamos. Para las entidades locales: el establecimiento de un punto general de entrada de facturas electrónicas. Respecto a los contratistas se establece la obligatoriedad de expedición de facturas electrónicas a sociedades anónimas, sociedades limitadas, uniones temporales de empresas, y otras entidades colectivas (art. 4). No se extiende a las personas físicas. Esta obligación para los proveedores no entra en vigor hasta el 1 de enero de 2015 y las Entidades Locales podrán, previa la oportuna ordenanza, exceptuar de la misma a las facturas por importe de hasta El formato y firma de las facturas electrónicas que se remitan a las Administraciones se determinará reglamentariamente, estableciendo hasta ese momento que el formato existente anteriormente será válido (disposición adicional segunda de la Ley). También se admite el sello electrónico avanzado, y en tanto éste no se desarrolle reglamentariamente, podrá garantizarse la autenticidad e integridad de la factura mediante un certificado válido (disposición transitoria segunda). También se modifica la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de impulso de la información, en relación con la factura electrónica en el sector privado, y se añade,
4 además, un nuevo artículo 2 ter en dicha norma sobre la eficacia ejecutiva de la factura electrónica. Cabe destacar que la no obligatoriedad no impide el que voluntariamente cualquier proveedor o contratista pueda expedir y presentar de forma voluntaria facturas electrónicas por la entrega de bienes o prestación de servicios a las entidades locales, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 4.1 de la Ley, dado que la demora en su vigencia hasta el 1 de enero de 2015 se limita, en su disposición final octava, al contenido obligacional de dicho artículo. V. Punto general de entrada de facturas electrónicas. Por su parte, las entidades locales -así se establece en el art. 6 de la Ley- deben disponer de un punto general de entrada de las facturas electrónicas expedidas a su nombre y organismos dependientes. Esta obligación, sin perjuicio de las dificultades técnicas para su implantación efectiva, ha entrado en vigor a los 20 días desde la publicación de la Ley, y resulta acorde con el hecho recién citado del uso voluntario por los proveedores de la factura electrónica. Ese punto general de entrada proporcionará un servicio automático de puesta a disposición o de remisión electrónica de las mismas a las oficinas contables competentes para su registro. (art. 6.5). Las entidades locales podrán establecer su propio punto general o adherirse a la utilización del punto general de entrada de facturas electrónicas que proporcione su Diputación, Comunidad Autónoma o Estado. La adhesión por las entidades locales al Punto General estatal se regula en la disposición adicional quinta de la Ley. De la regulación del sistema para las facturas electrónicas parece desprenderse que el denominado punto general de entrada de facturas electrónicas o bien sustituye al registro administrativo del art. 38 LRJPAC donde el proveedor debe presentar su factura o bien coincide con el mismo, ya que se transmite desde este punto directamente al registro contable. La opción para las entidades locales que establezcan su propio punto es la de considerarlo como parte de su Registro general, y para aquellas que se adhieran a los puntos de otras Administraciones se deberá acudir a la interrelación, a las que nos hemos referido, entre su registro contable -que es donde habrá entrado la factura- y su registro general.
5 VI. Modificaciones Texto Refundido Ley de Contratos del Sector Público. Se modifica el apartado 1 del art. 65 (exigencia de clasificación), el art. 75 (solvencia económica y financiera), el 76 (solvencia técnica en los contratos de obras), el 77 (solvencia técnica en los contratos de suministro) y el 78 (solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios), el apartado f) de la disposición adicional decimosexta (uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos), y la disposición transitoria cuarta (determinación de los casos en que es exigible la clasificación de las empresas y de los requisitos mínimos de solvencia). Se introduce un nuevo artículo 79 bis (concreción de los requisitos y criterios de solvencia) y una nueva Disposición adicional primera bis. Reiteramos que, de acuerdo a la disposición transitoria cuarta de la Ley, la entrada en vigor de estas modificaciones se pospone en tiempo y forma a lo que dispongan las normas de desarrollo reglamentario del Texto Refundido de la Ley de Contratos por las que se definan los requisitos, criterios y medios de acreditación que con carácter supletorio se establezcan para los distintos tipos de contratos. En todo caso esa disposición transitoria cuarta reitera lo ya establecido por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, y nos recuerda que en la actualidad no será exigible la clasificación en los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a euros ni en los contratos de servicios cuyo valor estimado sea inferior a euros. Sin perjuicio de la lectura detallada de los artículos, podemos resumir las novedades o precisiones que entendemos más relevantes en los siguientes términos: La exigencia de clasificación del empresario se mantiene únicamente para los contratos de obras con un valor estimado igual o superior a En los contratos de servicios la clasificación no será exigible, y en resto de contratos ni exigible ni aplicable. El nuevo art. 79 bis establece que la concreción de los requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional exigidos para un contrato, así como de los medios admitidos para su acreditación, se determinará por el órgano de contratación y se indicará en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y se detallará en los pliegos, en los que se concretarán las magnitudes, parámetros o ratios y los umbrales, rangos o valores que determinarán la admisión o exclusión de los licitadores o candidatos. También obliga a la inclusión en el Pliego del código del Vocabulario Común de los Contratos Públicos (CPV) correspondientes al objeto del contrato, a los efectos de determinación del grupo de clasificación; pudiendo reglamentariamente fijarse la
6 exoneración del requisito de acreditación de solvencia para los contratos que no superen un determinado umbral. En los contratos de servicios y los de obras exentos de clasificación los empresarios podrán acreditar su solvencia económica y financiera, y técnica o profesional, indistintamente, mediante la clasificación en el grupo o subgrupo correspondiente, o acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio o invitación y detallados en los pliegos del contrato, elegidos por el órgano de contratación de entre los medios establecidos en los artículos correspondientes, con ligeras variantes pero en términos similares a los anteriores (puede destacarse la desaparición de informes de las Instituciones financieras y la ampliación de 5 a 10 años en las relaciones de obras, servicios y suministros). En defecto de estos requisitos la acreditación se efectuará con los requisitos y por los medios que reglamentariamente se establezcan; regulación supletoria respecto a lo que figure en los pliegos. En el resto de contratos se atenderá a lo dispuesto en anuncio, invitación y Pliegos; y supletoriamente por lo dispuesto en la futura reglamentación. La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera se efectuará mediante la aportación de los certificados y documentos que para cada caso se determinen reglamentariamente ; sin perjuicio, en todo caso, de la acreditación mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas de las Administraciones Públicas. Se suprime la excepcionalidad de acreditación de la solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento que autorizaba el art del TRLCSP.

References: artículo 4
 artículo 9
 artículo 34
 artículo 5
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 79