Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2019/as201931388.html
Timestamp: 2019-11-22 05:36:57+00:00

Document:
as201931388
Auto Supremo Nº 388
Expediente: 476/2018
Demandante: Rogelio Mamani Callizaya
Proceso: Compensación de cotizaciones
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 121 a 117 vta., (foliación invertida en todo el expediente), que interpuso Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista Nº 72/2018 SSA-II de 31 de agosto de 2018 de fs. 115 a 114 vta., emitido por la Sala Social y Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del trámite de compensación de cotizaciones iniciado por Rogelio Mamani Callizaya; el memorial de fs. 128 a 127, que respondió el recurso; el Auto N° 209/2018 SSA-II de 24 de octubre de 2018 de fs. 129, que concedió el recurso; el Auto de 3 de diciembre de 2018 de fs. 138 y vta., que admitió el recurso de casación; los antecedentes del proceso; y:
La Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR mediante Resolución Nº 1745 de 23 de marzo de 2016 de fs. 27, OTORGÓ A FAVOR DE Rogelio Mamani Callisaya, el formulario de cálculo de Compensación de Cotizaciones Nº 59.860 en el que se considera un monto de Compensación de Cotizaciones (CC), de Bs. 1.159,20.
Ante el recurso de reclamación de fs. 42 y vta., que interpuso el solicitante Rogelio Mamani Callisaya, la Comisión de Reclamación del SENASIR, mediante Resolución Nº 185/17 de 3 de abril de 2017 de fs. 72 a 68, REVOCÓ la Resolución Nº 1745 de 23 de marzo de 2016, otorgando una densidad de 4 meses de aportes y un Salario Cotizable del Salario Mínimo Nacional Vigente (SMNV), correspondiente al mes de febrero de 1974.
Contra la Resolución de la Comisión de Reclamación 185/17 de 3 de abril de 2017, Rogelio Mamani Callizaya, interpuso recurso de apelación de fs. 104 y vta., emitiendo la Sala Social y Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el Auto de Vista Nº 72/2018 SSA-II de 31 de agosto de 2018 de fs. 115 a 114 vta., que REVOCÓ la Resolución apelada y dispuso que la Comisión de Reclamación del SENASIR, emita una nueva resolución reconociendo a favor del solicitante los periodos efectivamente trabajos en la Empresa Minera Erich y la Empresa Minera Alameda Ltda., conforme se tiene señalado en la misma resolución.
En conocimiento del señalado Auto de Vista, el representante legal del SENASIR interpuso recurso de casación en el fondo de fs. 121 a 118 vta., alegando que el Tribunal de alzada, incurrió en interpretación errónea del ordenamiento jurídico, además de no haber realizado una correcta valoración de los antecedentes del proceso:
Por ello, firma que no se consideró en el Auto de Vista, que el SENASIR, realiza sus actos dentro de los parámetros de los principios de especialidad y verdad material y que en el caso presente, se habría violado los arts. 24 de la Ley Nº 065 de 10 de diciembre de 2010, 1º y 48-I y II de su Reglamento parcial, aprobado mediante DS Nº 0822 de 16 de marzo de 2011, pues estas normas establecen que la Compensación de Cotizaciones, es el reconocimiento que otorga el Estado, a los asegurados con sesenta o más aportes efectivamente cotizados al Sistema de Reparto y que fueron realizados hasta antes del 1 de mayo de 1997 y que tengan además un salario cotizable previo a noviembre de 1996.
En el caso presente se omitió considerar la Certificación de Salario Cotizable y Densidad de Aportes de fs. 60 a 61, documento que hace plena fe, conforme prevén los arts. 1287, 1289-I, 1296 y 1523 del Código Civil (CC), al emergen del SENASIR, que es una entidad gubernamental, ostentando las características de oficialidad y publicidad.
Por ello es que citando los arts. 48-I y 50 de la Constitución Política del Estado, referidas a que las normas sociales son de cumplimiento obligatorio y que el Estado mediante tribunales y organismos administrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de la seguridad social, afirma que respecto de los tres periodos que alega el solicitante hubiese trabajados, se evidencia que no se valoró correctamente la documentación presentada aplicando indebidamente el art. 14 del Decreto Supremo (DS) Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, porque esta norma, establece que en caso de ser inexistentes las planillas y comprobantes en los archivos del SENASIR, se certificarán los aportes, con documentación supletoria que identifica ésta norma.
En el caso, respecto de los periodos julio/1973 a octubre/1973, marzo/1974 a noviembre/1975, junio/1977 a mayo 1980 de la Empresa minera “Erich Hochhauser” y de mayo /1987 a enero 1988 de la Empresa Minera Alameda Ltda., el SENASIR, sí cuenta con la documentación de estos periodos, en los que no figura el solicitante; por lo que no correspondía admitir estos periodos por el Tribunal ad quem; mientras respecto de los periodos de diciembre/1975 a diciembre/1976 de la Empresa minera “Erick Hochhauser” y periodos de junio/1080 a julio/1982 y mayo/1983 a abril/1987 de la Empresa Minera Alameda Ltda., no fueron certificados porque el SENASIR, no cuenta con las planillas de estos periodos, pero para considerarlos, correspondía que el asegurado, en aplicación del Capítulo I, Numeral 1.4, inciso b) del Manual de Certificación de Salario Cotizable y Densidad de Aportes para la CC, aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 299.13 de 31 de julio de 2013, para cotejar los periodos que faltaran, correspondía certificar con planillas que hubiere del régimen básico en su caso con la última instancia, se aplicarán los formularios de afiliación y baja del ente gestor de salud respectivo; documentos que el asegurado en el caso, no presentó; pues la Caja Nacional de Seguro social, administraba los aportes de largo plazo hasta marzo de 1987, habiendo pasado a partir de abril de 1987 a los Fondos Complementarios correspondientes.
Por consiguiente, argumenta que la renta de vejez, debe proveerse de acuerdo a la ley y las normas específicas que rigen la materia (Decretos Supremos, Resoluciones Ministeriales, Secretarías, y Administrativas), las que afirma fueron erróneamente interpretadas por el Tribunal de alzada en el Auto de Vista recurrido.
Concluye afirmando que interpone recurso de casación, solicitando que se conceda ante este Tribunal, para que se emita Auto supremo CASANDO el Auto de Vista impugnado, confirmando la Resolución de la Comisión de reclamación Nº 185/17 de 03 de abril de 2017 de fs. 68 a 72 de obrados.
III. FUNDAMENTO JURÍDICO DEL FALLO:
Doctrina aplicable al caso en concreto:
El art. 24 de la Ley de Pensiones Nº 065 de 10 de diciembre de 2010, establece que la Compensación de Cotizaciones, es el reconocimiento que paga el Estado, a través del Tesoro General, a los afiliados de las AFP’s que realizaron aportes al Sistema Nacional de Reparto (SENASIR) y que no hubiesen obtenido las rentas de vejez o invalidez, ni fueron receptores de pagos globales emitidos por dicha entidad, disposición que para su aplicación debe observarse lo dispuesto por el art. 48-I-a) del DS No 0882 de 16 de marzo de 2011 (Reglamento de Desarrollo Parcial de la Ley Nº 065).
Para acceder a la compensación de cotizaciones, en artículo 27 de la Ley de Reactivación Económica Nº 2064 de 3 de abril de 2000, que fue luego reglamentada en el DS Nº 26069, 9 de febrero de 2001 y ratificada por señalado art. 24-IV de la Ley de Pensiones Nº 065, se han instituido dos procedimientos, el automático, que constituye una opción a la que acceden automáticamente todas las personas incluidas en la base de datos del Ministerio de Hacienda y que además estaban registradas en una AFP hasta el 30 de julio del 2000; y el procedimiento manual, que se concede a todas las personas no incluidas en el proceso anterior, que no se encuentran registradas en la base de datos del Ministerio de Hacienda y/o tampoco estaban registradas en una AFP al 30 de julio del 2000, también se pueden acceder a este procedimiento las personas que asuman un mecanismo de reclamo por no estar conformes con el cálculo obtenido en el proceso automático; en este procedimiento cada persona debe presentar a la Dirección de Pensiones un expediente de todas sus papeletas de pago y otros documentos, que permitan calcular los años que la persona aporto al sistema anterior, conforme a los reglamentos en vigencia.
Consiguientemente, de la interpretación de estas normas se deduce que la Compensación de Cotizaciones, al ser un reconocimiento de los aportes efectuados por el asegurado, para el goce de una jubilación, también es aplicable en el procedimiento manual de calificación de la Compensación de Cotizaciones, el tratamiento extraordinario de certificación de aportes, por determinación de la RM Nº 550 de 28 de septiembre de 2005, que estableció que puede aplicarse de manera supletoria las determinaciones del art. 14 del DS. Nº 27543 de 21 de mayo de 2004, para identificar las cotizaciones de aportes, en mérito a diferentes documentos acreditables, todo bajo presunción iuris tantum; es decir que pueden ser desvirtuados por prueba contradictoria, calificaciones que se deben realizar en el marco de la legalidad, conforme permite los arts. 24 de la Ley de Pensiones Nº 065 y 48-I-a) de su Reglamento de Desarrollo Parcial DS Nº 0822 de 16 de marzo de 2001 y otras, a partir de una interpretación contextualizada, así como desde y conforme a la Constitución Política del Estado
Es decir, considerando dicha normativa, cuando exista duda respecto de algún aspecto que no fue fehacientemente acreditado y velando los intereses de los beneficiarios, bajo el aludido principio iuris tantum, se aplican los mismos procedimientos previstos para el Sistema de Reparto, para la Certificación de Aportes en la Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual, conforme refiere la parte considerativa de la RM Nº 550 de 28 de septiembre de 2005, que en su tercer párrafo señala: "Que la Resolución Ministerial Nº 436 de 12 de junio de 2012, en su artículo 5 inciso 2), determina que para la certificación de aportes en la Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual, se utilizarán los mismos procedimientos del Sistema de Reparto", normativa reglamentaria emitida por el Ministerio de Hacienda, a fin de efectivizar el derecho instituido por la normativa citada.
El art. 14 del DS Nº 27543, establece que: “En el caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción iuris tantum. Los documentos serán uno o más de los siguientes: Finiquitos, Certificados de trabajo, boletas de pago o planillas de haberes, partes de filiación y baja de las Cajas de Salud respectivas, record de servicios o calificación de años de servicio, …”
El art. 18 del mismo DS, señala: “…Para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los Artículos 13, 16 y 17 del presente Decreto Supremo…”.
A su vez, el art. 16, puntualiza que: “…Para fines de certificación de aportes en mora de entidades, que dejaron de funcionar y se encuentran actualmente cerradas; que hubieran estado en su momento debidamente afiliadas a los entes gestores de salud y se evidencie la existencia de al menos un aporte al Sistema de Reparto, dichos aportes serán certificados con la documentación que curse en el expediente conforme al Artículo 14 del presente Decreto Supremo".
Por su parte, el art. 83 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA,) dispone que, cuando por algunos periodos de tiempo, no existieran planillas en sus archivos, se complementará la verificación de aportes con los avisos de afiliación y de baja del trabajador, de reingreso del asegurado, complementados por certificados de trabajo, records de servicios y finiquitos de pago de beneficios sociales, normas que velan por el acceso a un jubilación justa otorgan mayor facilidad para que los beneficiarios puedan acceder al beneficio de las rentas, disponiendo que, cuando por algunos periodos de tiempo, no existieran planillas en archivos del SENASIR, se complemente la verificación de aportes con otros documentos como los finiquitos, certificados de trabajo, avisos de afiliación y de baja del trabajador, etc., norma que debe ser aplicada conforme lo previsto por los arts. 13, 15, 16, 17 y 18 del DS N° 27543, así como lo señalado por el art. 83 del MPRCPA.
Consiguientemente, debe entenderse que, la intensión del legislador se encuentra orientada a garantizar el acceso a una jubilación justa, otorgando mayores facilidades al beneficiario para acceder a una renta digna, de tal modo que la referencia a la ausencia de planilla no se tenga como mandato restrictivo y se entienda que, en ese espíritu, aun contando con las mismas por los periodos reclamados por el trabajador, éste último no figure en dichas planillas, cumpliendo para eso los efectos y alcances del art. 45 de la CPE, conforme estableció el Tribunal Constitucional en la SC Nº 55/2013 de 11 de enero:
“…de la revisión del compilado normativo supremo, se puede evidenciar que el art. 45 referido a los derechos a la seguridad social, inmerso en el Capítulo Quinto de la Primera Parte denominado Derechos Sociales y Económicos, en la Sección II, dispone que todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, agregando a continuación que ésta se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia, y tanto su dirección como su administración corresponde al Estado, con control y participación social. En el parágrafo IV determina que el Estado garantiza el derecho a la jubilación con carácter universal, solidario y equitativo”.
De esa manera los principios y valores comprendidos en el art. 451 de la CPE, concordante con el Convenio 102 de la OIT de 1952, el art. 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), los arts. 2.1 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el art. XVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); tomando en cuenta que los derechos reconocidos en la norma jurídica fundamental del Estado son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos, conforme señala el art. 13-I2 de su mismo cuerpo normativo, conforme se tiene establecido en la jurisprudencia de éste Tribunal, entre ellas, el Auto Supremo Nº 31/2016, de 18 de febrero, correspondiente a esta Sala.
Consiguientemente, el derecho a la renta de vejez, como elemento de los derechos a la seguridad social, tiene un contenido propio, cual es el de garantizar a las personas recursos necesarios para subsistir de modo compatible con su dignidad humana intrínseca, preservando la seguridad jurídica, los derechos adquiridos, así como la protección adicional que requieren las personas que acceden a ese beneficio y que al ser convenios internacionales son de aplicación plena por el Estado Boliviano.
La jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (AASS Nº 213 de 11 de agosto de 2017, Nº 340 de 17 de octubre de 2016 y Nº 497 de 21 de julio de 2015) en cuanto al empleo de documentación supletoria a considerar por el SENASIR para la certificación de aportes reclamados y probados por los trabajadores, en el entendido que, cuando el SENASIR no cuente en su archivo central con planillas o datos que le permita verificar el tiempo real de servicios de sus asegurados, dificultando con ello su labor de certificación en base a una real densidad de aportes, tiene el deber de considerar a dicho efecto los finiquitos, certificados de trabajo, boletas de pago, planillas de haberes, partes de afiliación y baja de las Cajas de Salud respectivas, record de servicios o calificación de años de servicio, contratos de trabajo, memorándums de designación y despido u otros documentos equivalentes, presentados por el asegurado, ello considerando que dicha documentación tiene eficacia probatoria para acreditar dicho aspecto, al ser reconocidos por el art. 14 del DS N° 27543 de 31 de mayo de 2004, así como por el art. 1296. I del Código Civil.
El recurrente, afirma que se incurrió en interpretación errónea del ordenamiento jurídico y una correcta valoración de los antecedentes del proceso, porque vulnerando las previsiones de los arts. 24 de la Ley Nº 065 y 48-I y II del DS Nº 0822, se habría ordenado la nueva liquidación de las cotizaciones realizadas por el solicitante, sin considerar que estos se cancelan por el Estado y que en el caso, se ha demostrado por la Certificación de Salario Cotizable y Densidad de Aportes de fs. 60 a 61, que respecto de un periodo el SENASIR, tenía en su poder las planillas correspondientes en las que no figura el solicitante, como trabajador de las Empresas Mineras que argumenta; mientras que respecto de otros periodos, ciertamente no cursan en los archivos del SENASIR esas planillas, pero correspondía suplir con las planillas de cotizaciones al régimen básico o los formularios de afiliación y baja de la Caja Nacional de Salud, en aplicación del Manual de Certificación de Salario Cotizable y Densidad de Aportes para la CC, aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 299.13 de 31 de julio de 2013.
Sobre estos aspectos, definitivamente no existe duda que el pago del importe de la compensación de cotizaciones, que se reconoce a favor de los solicitantes-beneficiarios, efectivamente devienen de recursos provenientes del Tesoro General del Estado, conforme aluden los arts. 24 de la Ley Nº 065 y el DS Nº 0822, citados en el recurso de casación que ahora se resuelve; sin embargo, este hecho de ninguna manera desmerece que emergen de aportes, que en su momento, cuando los solicitantes- beneficiarios, ejercía labores como empleados o trabajadores, realizaron los al Sistema de Reparto.
Por consiguiente, no es evidente que se hubiese incurrido en violación de las indicadas normas y menos aún, que se hubiese provocado algún daño económico al Estado, como indirectamente se hubiese argumentado en el recurso, al pretender establecer que se ordenó esa nueva liquidación, considerando todos los periodos trabajados en las empresas mineras que ha identificado el solicitante, contrariando presuntamente la ley.
Por otra parte, en la doctrina aplicable al caso, se ha desarrollado de manera clara y concreta que las normas del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, se aplican también al momento de realizar el cálculo de las compensaciones de cotizaciones, conforme han establecido las RM Nos. 550 de 28 de septiembre de 2005 y 436 de 12 de junio de 2012, por lo que se establece que en el caso, tampoco se incurrió en aplicación indebida de esta norma, puesto que si bien respecto de algunos periodos, el SENASIR, contaba con las planillas correspondientes de las Empresas Mineras; sin embargo, el solicitante-beneficiario, no figuraba en las mimas, mientras que respecto ce otros periodos, no se contaban con esas planillas, -como reconoce la entidad recurrente-; sin embargo, la aplicación que realizó el tribunal de alzada, respecto de las previsiones del art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, fue correcta, porque junto al formulario de solicitud de calificación de Compensación de Cotizaciones, se adjuntó documentos originales (Finiquitos, certificados de trabajo y record de servicios), que tienen el valor previsto por el art. 1296 del Código Civil, al estar debidamente visados por la representación del Ministerio de Trabajo.
Estos documentos, de ninguna manera pudieron ser desconocidos por la entidad recurrente, en mérito al argumentó incorrecto que este vacío de información se habría suplido con la Certificación de Salario Cotizable y Densidad de Aportes de fs. 60 a 61, cuando se advierte que pudo ser que las Empresas Mineras, no remitieron las aludidas planillas, pese a haberse depositado el importe de las cotizaciones correspondientes, o en su caso, pese a tener trabajadores dependientes, no los consignaron en sus planillas y no cancelaron los importe de las cotizaciones realizadas por sus trabajadores, aspectos que corresponderá al SENASIR, esclarecer en la vía que corresponda, mediante las acciones judiciales o administrativas a ser formuladas contra las representaciones de esas Empresas Mineras, al no existir concordancia entre los finiquitos, certificados de trabajo y records de servicios, respecto de los aportes o cotizaciones a la Seguridad Social de largo plazo; sin embargo, estas omisiones de ninguna manera pueden afectar a los trabajadores, cuyos derechos a la seguridad social, son irrenunciables e imprescriptibles, conforme prevé el art. 48-IV de la CPE.
Por otra parte, si bien es cierto que en mérito al Manual de Certificación de Salario Cotizable y Densidad de Aportes para la CC, aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 299.13 de 31 de julio de 2013, se faculta al SENASIR, a realizar el cotejo de la información, respecto de las planillas de aportes que se hubiesen realizado al régimen básico de la Seguridad Social que dependía de la Caja Nacional de Salud; sin embargo, esta normativa, de ninguna manera deja sin efecto las previsiones del DS Nº Nº 27543 de 31 de mayo de 2004 y normas conexas citadas líneas arriba, que permiten establecer de manera supletoria, bajo presunción iuris tantum, los aportes realizados por los trabajadores, conforme determinó acertadamente el Tribunal de alzada en el Auto de Vista ahora recurrido.
Por consiguiente, corresponde resolver conforme prescribe el art. 220 parágrafo II del CPC-2013, aplicable por la remisión contenida en los arts. 633 del RCSS y 15 del MPRCPA.
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42 parágrafo I núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial; declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 121 a 117 vta., (foliación invertida en todo el expediente), promovido por Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo del SENASIR, contra el Auto de Vista Nº 72/2018 SSA-II de 31 de agosto de 2018 de fs. 115 a 114 vta., emitido por la Sala Social y Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Sin costas en aplicación de los arts. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y 52 del Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992.
1 “I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo...”.
2 “Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos”

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 27
 Resolución 
 artículo 5
 Artículo 14
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