Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/5079
Timestamp: 2020-01-27 05:19:40+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 74/2004
SENTENCIA 74/2004, de 22 de abril.
ECLI:ES:TC:2004:74
En el recurso de amparo núm. 7159-2002, promovido por don Íñigo Tapias García, representado por la Procuradora de los Tribunales doña Raquel Nieto Bolaño y asistido por la Abogada doña María Begoña González Fleitas, contra la Sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 2002, que desestimó el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia del Tribunal Militar Territorial Quinto de 21 de diciembre de 2001, que confirmó la sanción de pérdida de un día de haberes impuesta al recurrente como autor de una falta leve prevista en el art. 7.14 de la Ley Orgánica 11/1991, de 17 de junio, del régimen disciplinario de la Guardia Civil. Ha sido parte el Abogado del Estado y ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Eugeni Gay Montalvo, quien expresa el parecer de la Sala.
1. El día 17 de diciembre de 2002 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito, firmado por la representación procesal del recurrente, don Íñigo Tapias García, mediante el cual se interpuso recurso de amparo contra las resoluciones citadas en el encabezamiento.
a) El guardia civil don Íñigo Tapias García, con destino en la patrulla del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Tercera Compañía de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife, se encontraba de baja para el servicio cuando, previa citación, el 23 de diciembre de 2000 se presentó ante el Teniente Jefe interino de su compañía, el cual le informó de que debía presentarse en el botiquín de la unidad, ante el Comandante médico al objeto de verificación de los motivos de su baja médica. El referido Teniente, aprovechando la presencia del demandante, le informó de que iba a proceder a la iniciación de procedimiento oral, previsto para las faltas leves en la Ley Orgánica 11/1991, de 17 de junio, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, por unas posibles réplicas desatentas realizadas a su persona el día anterior. A ello contestó el guardia civil que, si daba cuenta de él, en relación con ese incidente del día anterior, también él daría parte del Teniente por haberle ordenado comparecer a su presencia estando de baja para el servicio.
b) Toda vez que el oficial consideró que estas últimas manifestaciones pudieran ser constitutivas de falta, el 28 de diciembre de 2000 le instó para que expresara cuanto en su descargo considerara pertinente, lo que el guardia civil don Íñigo Tapias García hizo, alegando que venía acompañado de una Abogada, a la que no se permitía su presencia en ese trámite de audiencia; que hace unos días había cursado un escrito dando cuenta de determinadas irregularidades, aún sin tipificar por la autoridad, y que, en base a ello y al art. 53.3 de la Ley procesal militar (LOPM), consideraba que debía recusar al instructor. A ello añadió que negaba las acusaciones que se le habían hecho, no deseando declarar otra cosa.
c) El 29 de diciembre de 2000 el indicado Teniente Jefe interino de la compañía le impuso la sanción de pérdida de un día de haberes como autor de una falta leve consistente en "la falta de respeto a los superiores y, en especial, las razones descompuestas y réplicas desatentas a los mismos", prevista en el art. 7.14 LODGC, a causa de que el 23 de diciembre de 2000, al ser informado por él mismo, en su condición de superior, de la apertura de un procedimiento por falta leve, le contestó que, si daba cuenta de él, en relación con ese incidente del día anterior, también él daría parte del Teniente por haberle ordenado comparecer a su presencia, estando de baja para el servicio.
d) El interesado interpuso contra la Resolución sancionadora un primer recurso de alzada, que fue desestimado por Resolución del Comandante Segundo Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife de 2 de febrero de 2001 y contra esta Resolución presentó un segundo recurso, que fue desestimado por Resolución del Coronel Jefe de la Zona de Canarias de la Guardia Civil de 4 de abril de 2001.
e) Contra tales Resoluciones formuló el sancionado recurso contencioso- disciplinario militar preferente y sumario ante el Tribunal Militar Territorial Quinto (con sede en Santa Cruz de Tenerife).
f) Notificada la Sentencia a las partes, la representación procesal del demandante manifestó su intención de interponer recurso de casación contra la misma, recurso que se tuvo por preparado mediante Auto del Tribunal Militar Territorial de 11 de febrero de 2002. Debidamente emplazado y comparecido ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo formalizó el recurso de casación, que se fundamentó en cinco motivos: 1) Denegación de la práctica de pruebas propuestas con la finalidad de acreditar la existencia de animadversión del mando sancionador hacia el recurrente. 2) Vulneración del derecho a la asistencia letrada en el trámite de audiencia del procedimiento disciplinario. 3) Conculcación del art. 53.3 LOPM, regulador de la causa de recusación invocada, y consiguientemente del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE). 4) Vulneración del principio de presunción de inocencia. 5) Conculcación del art. 25 CE, por no concurrir los elementos del tipo disciplinario aplicado.
g) El recurso de casación, registrado con el núm. 65-2002, fue desestimado mediante Sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 2002, que confirmó íntegramente los pronunciamientos del Tribunal Militar Territorial Quinto.
3. La demanda de amparo denuncia la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). Así: a) En primer lugar aduce el demandante la indefensión sufrida como consecuencia de habérsele denegado la práctica de aquellas pruebas que le hubieran permitido desvirtuar la que, a su vez, fue la única prueba de cargo apreciada para sancionarle, esto es, la percepción directa de los hechos por el propio mando sancionador. b) Alega también la violación del principio de presunción de inocencia por ausencia de prueba de cargo que permita la imposición de la sanción, argumentando que la percepción directa de los hechos por el mando no constituye una prueba plena e incontrovertible, máxime en el presente caso, en que esa percepción era la única prueba de cargo y se le había denegado la práctica de pruebas propuestas con el fin de demostrar la animadversión del referido mando hacia su persona. c) También se invoca la infracción del derecho a un proceso con todas las garantías por no haberse admitido la recusación del mando que impuso la sanción, que fue quien instruyó el expediente y quien le tomó declaración en el trámite de audiencia; añade que el referido mando había sido denunciado por el recurrente, imputándole la comisión de un delito, lo que constituye la causa de recusación prevista en el art. 53.3 LOPM. d) Finalmente aduce la violación del derecho a la asistencia letrada, ya que, estando su Abogada en las dependencias donde había sido citado, se denegó su presencia en el trámite de audiencia; argumenta que el carácter no preceptivo de la asistencia letrada en ciertos procedimientos no impide que el interesado pueda hacer uso facultativo de la misma, máxime dada la circunstancia de que iba a prestar declaración ante un mando al que había denunciado cuatro días antes; por lo demás la presencia de la Abogada en nada perjudicaba a la finalidad de reponer la disciplina supuestamente quebrantada.
4. Por diligencia de ordenación de fecha 9 de enero de 2003, conforme al art. 50.5 LOTC, se concedió al recurrente un plazo de diez días para que acreditara fehacientemente la fecha de notificación, a su representación procesal, de la Sentencia de 18 de noviembre de 2002, dictada por la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo; para que aportara copia de la Sentencia de 21 de diciembre de 2001, dictada por el Tribunal Militar Territorial Quinto; para que aportara copia del escrito de formalización del recurso de casación; y para que facilitara el nombre del Letrado que lleve la dirección técnica del recurso; apercibiéndole de que, de no verificarlo, se procedería al archivo de las actuaciones.
5. Por providencia de 1 de abril de 2003 la Sección Tercera de este Tribunal acordó, a tenor de lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, conceder un plazo común de diez días al Ministerio Fiscal y al solicitante de amparo, para que, dentro de dicho término, alegaran, con las aportaciones documentales que procedieran, lo que estimasen pertinente en relación con la posible existencia del motivo de inadmisión consistente en carecer la demanda manifiestamente de contenido que justifique una decisión sobre el fondo por parte de este Tribunal (art. 50.1.c LOTC).
6. Mediante providencia de 18 de diciembre de 2003 la Sala Segunda de este Tribunal acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo, así como, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir atenta comunicación a la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, al Tribunal Militar Territorial Quinto y a la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife para que remitieran certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes (respectivamente, del recurso de casación núm. 65-2002, del recurso contencioso-disciplinario militar preferente y sumario núm. 10-2001 y del expediente disciplinario), interesando al propio tiempo que se emplazara a quienes fueron parte en el recurso ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, a excepción del recurrente en amparo, que aparece ya personado, para que, en plazo de diez días, pudieran comparecer en este proceso constitucional.
7. Una vez recibidos los testimonios de las actuaciones, mediante diligencia de ordenación de 22 de enero de 2004 se acordó tener por personado al Abogado del Estado y, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, dar vista de las actuaciones del presente recurso de amparo, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal, al Abogado del Estado y al solicitante de amparo para que, dentro de dicho término, presentaran las alegaciones que a su derecho convinieran.
8. El día 12 de febrero de 2004 tuvo entrada en este Tribunal el escrito de alegaciones del Abogado el Estado, en el que solicitó la denegación de la petición de amparo. Expone que el art. 18 LODGC impone a todo mando el deber de corregir las infracciones que observe en los inferiores, le estén o no subordinados directamente, y el de sancionarlas por sí mismo, si tiene potestad para ello; que en ese deber de corrección se sitúa uno de los pilares de la disciplina militar, dada la necesidad de la inmediata corrección de las conductas desobedientes, desatentas, o incluso amenazantes, como sucedía en el caso de autos. Añade que, desde un punto de vista tanto teórico como práctico, no sería razonable propugnar que la corrección de estas conductas hubiera de condicionarse a trámites de procedimiento más pausados y lentos, con una diferenciación personal entre denunciantes, instructores y órganos sancionadores; por ello el legislador, respetando una práctica tradicional y común, ha previsto un mecanismo de corrección inmediato y directo; de modo que las infracciones leves se pueden, y se deben, sancionar en acto único o inmediato, sin ruptura.
9. El demandante de amparo presentó sus alegaciones el 25 de febrero de 2004, reiterando la queja de vulneración del derecho a la presunción de inocencia por no concurrir otra prueba de cargo que la supuesta percepción directa del mando, lo que la propia Sentencia impugnada reconoce que no constituye una prueba plena e incontrovertible. Ello pese a que el recurrente, no sólo negó los hechos, sino que propuso prueba tendente a desvirtuar lo manifestado por el mando, prueba que le fue absolutamente denegada en el proceso contencioso-disciplinario.
10. La Fiscalía ante el Tribunal Constitucional presentó el 27 de febrero de 2004 su escrito de alegaciones, en el que estima vulnerados los derechos a la práctica de las pruebas pertinentes para la defensa y a la asistencia letrada (art. 24.2 CE), solicitando el otorgamiento del amparo y la anulación de las resoluciones impugnadas, incluida la que impuso la sanción, y que se retrotraigan las actuaciones al momento inmediatamente anterior a aquél en que se denegó la presencia de la Letrada y la valoración de la animadversión alegada, con el fin de que, respetando las garantías exigibles en la tramitación de este procedimiento, se resuelva por los órganos competentes con arreglo a Derecho. Tras recordar la doctrina de este Tribunal sobre el alcance de la aplicación al ámbito administrativo sancionador de las garantías procesales constitucionalizadas en el art. 24.2 CE señala que el demandante no propuso en vía administrativa la práctica de las pruebas que sí solicitó posteriormente ante la jurisdicción militar, de modo que, no habiendo sido propuestas aquéllas en tiempo y forma adecuados, no puede alegar ahora una indefensión que deriva única y exclusivamente de su propia negligencia. No obstante, a pesar del anterior razonamiento, el Ministerio Fiscal añade que, debido al carácter oral y breve del procedimiento, debió permitírsele la práctica de la prueba interesada pues, aunque no la formuló con claridad cuando recusó al Teniente, es lo cierto que la invocación de la animadversión ya se encontraba implícita en su denuncia de recusación, y que la no reclamación y consiguiente valoración de la denuncia invocada por el actor y el rechazo de la prueba con el solo argumento de que era inútil o impertinente, no colma las exigencias constitucionales; las pruebas interesadas por el actor para demostrar la supuesta animadversión que hacia él sentía el Teniente que le sancionó eran procedentes porque tenían una finalidad clara y explícita, y porque podían practicarse sin afectar a la esencia del procedimiento sumario seguido. Si la única prueba de su acción era el testimonio directo del Teniente, resultaba relevante comprobar si existía, desde antes, una animadversión del oficial que podía sancionarle.
11. Por providencia de 19 de abril de 2004, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 22 del mismo mes y año.
1. La demanda de amparo se dirige contra la Sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 2002, desestimatoria del recurso de casación interpuesto contra la Sentencia del Tribunal Militar Territorial Quinto de 21 de diciembre de 2001, que confirmó la sanción de pérdida de un día de haberes impuesta al recurrente como autor de una falta leve prevista en el art. 7.14 de la Ley Orgánica 11/1991, de 17 de junio, del régimen disciplinario de la Guardia Civil (en adelante, LODGC). La sanción impugnada fue impuesta por Resolución del Teniente Jefe interino de la Tercera Compañía de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 29 de diciembre de 2000, confirmada en alzada por Resolución del Comandante Segundo Jefe de la Comandancia de 2 de febrero de 2001 y ésta, a su vez, por Resolución del Coronel Jefe de la Zona de Canarias de la Guardia Civil, de 4 de abril de 2001. En consecuencia, como reiteradamente hemos venido diciendo aunque el suplico de la demanda se contrae sólo a las resoluciones judiciales, hemos de entenderlo ampliado a las resoluciones administrativas de que traen causa y que son lógica y cronológicamente presupuestos de dichas resoluciones judiciales (por todas SSTC 189/2002, de 14 de octubre, FJ 1, y 132/2001, de 8 de junio, FJ 1).
2. El recurso de amparo trae causa de la sanción de pérdida de un día de haberes impuesta al recurrente, guardia civil, por el Teniente Jefe interino de su Compañía como autor de una falta leve consistente en "la falta de respeto a los superiores y, en especial, las razones descompuestas y réplicas desatentas a los mismos", prevista en el art. 7.14 LODGC, a causa de que el 23 de diciembre de 2000, al ser informado por el propio Teniente de la apertura de un procedimiento por falta leve, por unas supuestas réplicas desatentas ocurridas el día anterior, el recurrente contestó que si daba cuenta de él, en relación con ese incidente del día anterior, también él daría parte del Teniente por haberle ordenado comparecer a su presencia estando de baja para el servicio.
El demandante denuncia la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), a un proceso con todas la garantías (art. 24.2 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). Tales vulneraciones tendrían su origen en las siguientes causas: a) Haberse denegado la práctica de aquellas pruebas que hubieran permitido desvirtuar la que, a su vez, fue la única prueba de cargo apreciada para sancionarle, esto es, la percepción directa de los hechos por el propio mando sancionador. b) Haber sido sancionado sin pruebas de cargo, ya que la percepción directa de los hechos por un superior no constituye una prueba plena e incontrovertible, máxime dada la animadversión del referido oficial hacia su persona. c) No haberse admitido la recusación del indicado mando, que había sido denunciado por el recurrente ante el Director General del cuerpo por supuestas irregularidades, lo que constituye la causa de recusación prevista en el art. 53.3 de la Ley Orgánica procesal militar (LOPM). d) No haberse permitido la presencia de su Abogada durante la práctica del trámite de audiencia del procedimiento sancionador.
3. La cuestión suscitada en este recurso de amparo, en consonancia con los procesos previos de los que trae causa (contencioso-disciplinario militar y ulterior recurso de casación), puede desdoblarse, a efectos expositivos, en dos ámbitos diferenciados. En el primero de ellos se sitúan las quejas relativas a la tramitación y resolución del expediente disciplinario; dichas quejas se dirigen tanto contra la actuación administrativa como contra la posterior fiscalización de la misma efectuada por los órganos de la jurisdicción militar, y parten de una fundamentación común: la preconizada aplicabilidad al procedimiento administrativo disciplinario de las garantías constitucionales de carácter procesal previstas en el art. 24 CE para el enjuiciamiento penal. En un segundo ámbito se ubica la denuncia dirigida contra la denegación de determinados medios de prueba por los órganos de la jurisdicción militar en el curso del proceso contencioso-disciplinario preferente y sumario.
4. Siguiendo a la demanda en el orden expositivo de las quejas que atañen a la actuación administrativa hemos de examinar, en primer lugar, la denuncia de vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), alegándose por el demandante de amparo la ausencia de prueba de cargo que permita la imposición de la sanción por entender que la percepción directa de los hechos por el mando no constituye una prueba plena e incontrovertible, máxime en el presente caso, en que al recurrente se le denegó la práctica de aquellas pruebas que le hubieran permitido acreditar la animadversión que hacia su persona sentía el oficial que impuso la sanción.
5. Se aduce también por el demandante de amparo la infracción del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) por no haber apreciado, ni la Administración ni la jurisdicción militar, la causa de recusación prevista en el art. 53.3 LOPM, consistente en "estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes como responsable de algún delito o falta", alegando que el mando que impuso la sanción, que fue quien practicó el trámite de audiencia, había sido denunciado por el recurrente ante el Director General del cuerpo por la comisión de determinadas irregularidades.
6. El demandante de amparo alega también, como con mayor detalle se ha expuesto en los antecedentes que, una vez que le fue comunicada la incoación del procedimiento sancionador y que se iba a proceder a la práctica del trámite de audiencia, solicitó que pudiera estar presente una Abogada que le había acompañado hasta las dependencias oficiales, lo que fue denegado por el Teniente en atención a que, tratándose de un procedimiento oral por falta leve, la Ley 11/1991, de 17 de julio, no contempla la posibilidad de que el interesado cuente con asistencia letrada, a diferencia de lo previsto para los expedientes sancionadores por falta grave o muy grave. A su vez el criterio del Tribunal Militar Territorial Quinto, confirmado por la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, fue el de entender que el oficial que no permitió la presencia de la Letrada pudo haber actuado de otra manera, pero que haciéndolo como lo hizo no vulneró ningún derecho fundamental, toda vez que cualquiera de las dos soluciones era legalmente correcta ante la falta de una prohibición o disposición en un sentido o en el contrario, ya que, así como en relación al expediente disciplinario por faltas graves y muy graves (regulado en el capítulo III del título IV de la Ley Orgánica 11/1991) de 17 de junio, se prevé (en el art. 42 de la citada Ley) que el expedientado pueda contar en todas las actuaciones a que dé lugar el procedimiento, con el asesoramiento de un Abogado o del militar que designe al efecto, por el contrario no existe una norma semejante en el capítulo II, regulador del procedimiento oral para faltas leves, que fue el seguido en el caso ahora examinado.
7. Con independencia de la actuación administrativa examinada, la demanda atribuye directamente a los órganos de la jurisdicción militar la vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa (art. 24.2 CE) en la medida en que el recurrente pretendió desvirtuar la principal prueba de cargo mediante la incorporación de otras pruebas cuya práctica fue denegada.
8. Reproducida, en lo esencial, la doctrina constitucional sobre la materia, debemos examinar, en primer lugar, la circunstancia de que las pruebas denegadas no fueran propuestas en el curso del procedimiento administrativo sancionador, sino en el recurso contencioso-disciplinario, lo que lleva al Ministerio Fiscal a cuestionar la relevancia constitucional de la vulneración aducida en atención a que, no habiéndose propuesto previamente en la vía administrativa la práctica de las pruebas que sí se solicitaron posteriormente ante la jurisdicción militar, no podría alegarse ahora una indefensión que deriva única y exclusivamente de la propia negligencia, al no haber sido propuesta la prueba en tiempo y forma adecuados.
Seguidamente resulta preciso examinar la relevancia y virtualidad exculpatoria de las pruebas propuestas y denegadas, que fueron: la declaración de cuatro miembros de la Guardia Civil (a fin de que testificaran sobre el trato profesional al recurrente por parte del Teniente que le impuso la sanción impugnada y sobre la animadversión de éste hacia su persona), así como que se libraran oficios a la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife a fin de que: a) Se certificara por el Comandante de puesto de la capital si en diciembre del año 2000 recibió orden expresa del Teniente de que participara inmediatamente cualquier novedad que tuviese relación con el recurrente, y si es cierto que cuando se ordenó la agregación del recurrente a su unidad pidió la orden por escrito, lo que le fue denegado por el Teniente; igualmente sobre si el 15 de enero de 2001 recibió orden, junto a otros guardias civiles, de que anotaran todas las entradas y salidas de la vivienda del guardia civil recurrente. b) Se remitiera copia testimoniada del libro de registro de entradas y salidas del acuartelamiento, indicando la razón de por qué la única entrada y salida de guardias civiles que se registra es la del recurrente, y si tal anotación obedece a una orden del Teniente. c) Se certifique por el Comandante del puesto si el Teniente prohibió la entrada y presencia de la Abogada del recurrente en una declaración, llegando el mismo a extender una certificación acreditativa de tal extremo.
9. Resta únicamente por determinar, con arreglo a lo dispuesto en el art. 55.1 LOTC, que el alcance del amparo otorgado, por la vulneración de los derechos a la asistencia letrada y a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 CE), será el de restablecer al recurrente en los derechos fundamentales indicados, anulando las resoluciones recaídas, tanto judiciales como administrativas, retrotrayendo las actuaciones al trámite administrativo de audiencia al recurrente a fin de que se practique de forma respetuosa con su derecho a la asistencia letrada.
Otorgar el amparo solicitado por don Íñigo Tapias García y, en consecuencia:
1º Declarar que se han vulnerado los derechos del demandante a la asistencia letrada y a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa (art. 24.2 CE).
2º Restablecerlo en sus derechos y, a tal fin, anular la Resolución del Teniente Jefe interino de la Tercera Compañía de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife de 29 de diciembre de 2000, la Resolución del Comandante Segundo Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife de 2 de febrero de 2001, la Resolución del Coronel Jefe de la Zona de Canarias de la Guardia Civil de 4 de abril de 2001, así como los Autos de 11 de septiembre y 2 de noviembre de 2001 y la Sentencia de 21 de diciembre de 2001 del Tribunal Militar Territorial Quinto y la Sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 2002, recaída en el recurso de casación núm. 65-2002.
3º Retrotraer las actuaciones al momento del trámite administrativo de audiencia al recurrente para que se practique de forma que sea respetuosa con su derecho a la asistencia letrada.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 7159-2002
Promovido por don Íñigo Tapias García frente a la Sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo que confirmó la sanción por una falta de respeto a los superiores.
Supuesta vulneración de los derechos a la presunción de inocencia y a un juez imparcial, y vulneración de los derechos a la asistencia letrada y a la prueba: sanción disciplinaria militar fundada en el testimonio de un superior, e impuesta por él; garantías del procedimiento administrativo sancionador.
No se ha lesionado el derecho a la presunción de inocencia, pues existe actividad probatoria de cargo, ya que la percepción directa por los superiores jerárquicos de hechos sancionables realizados por quienes les están subordinados puede constituir válida prueba de cargo capaz de enervar la presunción de inocencia [FJ 4].
La presunción de inocencia rige sin excepciones en el ordenamiento sancionador y ha de ser respetada en la imposición de cualesquiera sanciones ( SSTC 76/1990, 169/1998) [FJ 4].
De entre los contenidos que incorpora el derecho fundamental a la presunción de inocencia resulta aplicable al procedimiento administrativo sancionador la exigencia de un acervo probatorio suficiente, recayendo sobre la Administración pública actuante la carga probatoria tanto de la comisión del ilícito como de la participación del acusado, sin que a éste pueda exigírsele una probatio diabolica de los hechos negativos (STC 45/1997) [FJ 4].
El derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley y a un proceso con todas las garantías es una garantía característica del proceso judicial que no se extiende al procedimiento administrativo (STC 22/1990, ATC 320/1986) [FJ 5].
La interpretación y aplicación del régimen de abstención y recusación de quienes integran los órganos administrativos pertenece al ámbito de la legalidad ordinaria [FJ 5].
La finalidad del rápido restablecimiento de la disciplina militar, fundamento del procedimiento oral sumario para la corrección de las infracciones leves, no resultaba comprometida, y la restricción al derecho a la asistencia letrada careció de justificación desde la perspectiva constitucional [FJ 6].
Las restricciones al ejercicio del derecho de asistencia letrada sólo resultarán admisibles en la medida en que ese ejercicio resulte incompatible con la finalidad del procedimiento disciplinario [FJ 6].
Puesto que, mediante algunas de las pruebas cuya práctica se denegó, a lo que se aspiraba era a combatir la eficacia probatoria de la apreciación personal del mando sancionador, hay que concluir que la denegación in genere de las mismas vulneró el derecho del recurrente a utilizar los medios de prueba pertinentes [ FJ 8].
La prueba de cargo que sustenta la resolución sancionadora es la percepción por el propio oficial que sanciona, que fue, al mismo tiempo, el destinatario de la réplica desatenta que se atribuye al guardia civil sancionado [FJ 8].
Doctrina constitucional sobre el derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes (SSTC 165/2001, 168/2002, 131/2003) [FJ 7].
El recurso contencioso-disciplinario militar no ha de fundarse necesariamente en lo ya alegado previamente ante la Administración demandada, sino que, siempre que no se incurra en desviación procesal, podrán aducirse en él cuantos motivos se estimen convenientes en relación al acto administrativo impugnado, se hubiesen alegado o no al agotar la vía administrativa [FJ 8].
La posibilidad de incorporar en el proceso judicial motivos de impugnación no planteados en la vía administrativa debe conllevar el derecho a aportar las pruebas que acrediten las alegaciones planteadas ex novo. Por tanto las pruebas fueron solicitadas en el momento procedimental adecuado [FJ 8].
13	El alcance del amparo otorgado será el de restablecer al recurrente en los derechos fundamentales indicados, anulando las resoluciones recaídas y retrotrayendo las actuaciones al trámite administrativo de audiencia al recurrente [FJ 9].
Artículo 24.2 (derecho a la prueba), ff. 3, 7, 9
Artículo 53.3, ff. 2, 5
Capítulo III, título IV, ff. 5, 6
Artículo 7.14, ff. 1, 2
Artículo 38, ff. 5, 6
Derecho a la pruebaDerecho a la prueba, Doctrina constitucional, f. 7
Derecho a la pruebaDerecho a la prueba, Vulnerado, f. 8
Privación de abogado de libre elecciónPrivación de abogado de libre elección, f. 6
Falta de respeto a un superiorFalta de respeto a un superior, f. 2
Sanción administrativa fundada en prueba de cargoSanción administrativa fundada en prueba de cargo, f. 4
Denegación de pruebaDenegación de prueba, f. 8
Recurso contencioso-administrativo fundado en motivos no alegados en vía administrativaRecurso contencioso-administrativo fundado en motivos no alegados en vía administrativa, f. 8

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Artículo 24

Artículo 53

Artículo 7

Artículo 38