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Timestamp: 2017-12-13 20:40:13+00:00

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Declarado nulo contrato de préstamo revolving SANTANDER CONSUMER
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Declarado nulo el contrato de préstamo revolving de SANTANDER CONSUMER por intereses usurarios
La Audiencia Provincial de Madrid declara la nulidad del contrato de préstamo revolving, apreciando el carácter usurario del interés remuneratorio pactado (TAE 22,42 %).
La Sala sentencia que, la consumidora, solamente está obligada a devolver a la entidad financiera el dinero que efectivamente le fue prestado.
Gracias a este pronunciamiento judicial, la consumidora se ahorra todo el dinero que le reclamaba SANTANDER CONSUMER en concepto de intereses, comisiones y gastos.
Audiencia Provincial Civil de Madrid Sección Vigesimoprimera
Recurso de Apelación 576/2014
O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 21 de Madrid
Autos de Juicio Verbal 1556/2013.
APELANTE: D. /Dña. XXXXXXX.
PROCURADOR: D. /Dña. XXXXXXX.
APELADO: SANTANDER CONSUMER ESTABLECIMIENTO FINANCIERO
MAGISTRADO Ilma. Sra.: Dª XXXXXXX.
En Madrid, a 15 de diciembre de dos mil quince. La Ilma. Sra. Dª XXXXXXX, Magistrada de la Sección Vigesimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid, constituida como órgano unipersonal, ha visto, en grado de apelación los autos de juicio verbal número 1556/2013 procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 21 de Madrid, seguidos entre partes, de una, como Apelante-Demandando: Dª XXXXXXX, y de otra, como Apelada-Demandante: Santander Consumer Establecimiento Financiero.
PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia Primera Instancia nº 21 de Madrid, en fecha 28 de mayo de 2014, se dictó sentencia , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: “FALLO: Que estimando la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales D. XXXXXXX en nombre y representación de Santander Consumer Establecimiento Financiero de Crédito S.A. contra XXXXXXX debo condenar a la parte demandada a abonar a la demandante la cantidad de 4.609,63 euros más intereses legales y costas del procedimiento.”
TERCERO.- Por providencia de esta Sección, de 16 de octubre de 2015 se acordó que no era necesaria la celebración de vista pública, señalándose para resolución el día 23 de noviembre de 2015.
PRIMERO.- El Juicio verbal del que trae causa esta apelación se inició mediante la solicitud de Juicio monitorio presentada por SANTANDER CONSUMER ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO – EFC- S.A. contra Dª. XXXXXXX en reclamación de 4.609,63 euros que era lo debido a causa de haber dejado de pagar de crédito otorgado.
Requerida la prestataria por el tribunal de instancia se opuso, el motivo fue no reconocer la deuda, alegando que había estado durante cinco años abonando cuotas para amortizar el crédito que afirmaba en ese momento había sido solo de dos mil euros según se indicaba en el contrato aportado por la prestamista.
Opuesta la requerida fueron convocadas las partes a Juicio en el que la actora reiteró ser esa la deuda reclamada, aclarando ante lo opuesto de contrario que si bien el importe inicial del crédito del que había dispuesto la actora fue de dos mil euros posteriormente había hecho otras disposiciones hasta un total de ocho mil euros lo que se acreditaba mediante el documento que aportó y fue admitido.
En el acto del Juicio la demandada opuso la nulidad de las cláusulas contractuales al amparo de la Ley 7/1998 protectora de los consumidores y usuarios, y el Real Decreto Legislativo 1/2007 (LA LEY 11922/2007), la Directiva Comunitaria 93/13, y además ser nulo el contrato por aplicación de la Ley de la Usura (LA LEY 3/1908), por lo que solo se le podía reclamar lo que le había sido entregado más intereses legales y desde la sentencia los del artículo 576 LEC.
Propuesta prueba por las partes, fue admitida la documental de la actora, no así la de la apelada por no haberlo sido en forma, quedando los autos vistos para resolución en la que ha sido estimada íntegramente la demanda porque la actora había probado la realidad del crédito concedido y no haber probado el pago la demandada, rechazando a continuación que fuera nulo el clausulado del contrato al no contravenir la Ley protectora de los consumidores y usuarios ni la Directiva 3/13 (LA LEY 1652/2013) de 5 de abril, y no ser usurarios los intereses.
SEGUNDO.- La demandada admitió haber suscrito el contrato de 21 de julio de 2006, siendo el importe del crédito concedido a esa fecha de dos mil euros, y haberse comprometió a abonar para su reintegro una cuota mensual de cien euros mensuales hasta 1 de enero de 2007 y desde esa fecha 210 € mensual, habiendo abonado en total 13.100 euros.
Admitió haber dejado de pagar las cuotas, pero entendiendo que no procedía imputarle incumplimiento alguno en tanto no se le informara de qué debía por capital e intereses, previa liquidación, y menos aún admitía tener que pagar intereses que consideraba abusivos porque se le estaba exigiendo más del doble de lo que le había sido prestado, por lo que entendía que no solo contenía el contrato cláusulas abusivas sino que él mismo era usurario, refiriendo en apoyo de sus alegaciones lo dispuesto en la la Ley 7/1998 de 13 de abril (LA LEY 1490/1998) sobre condiciones Generales de contratación, Ley 27/1984 de 9 de julio para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre (LA LEY 11922/2007), Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993 (LA LEY 4573/1993) sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y ser usuario el préstamo conforme a la Ley de Usura (LA LEY 3/1908) de 25 de julio de 1908 en sus artículos 1 y 2, nulo el contrato de préstamo que fije un interés notablemente superior al del dinero, estando solo obligada a entregar la suma recibida.
Suplicando de conformidad con la conclusión última contenida en sus alegaciones de haber pagado más de lo debido lo que le debería ser reintegrado, que se revocara la sentencia “decretando la nulidad del contrato de crédito otorgado por Santander Consumer a Doña XXXXXXX, por contener cláusulas abusivas y ser el contrato usurario, condenando a la apelada a la devolución de las cantidades abonadas por la apelante y que sobrepasen del capital prestado mas el interés legal del dinero y desde que se dicte la sentencia el interés de mora del artículo 576 de la L.E.C (LA LEY 58/2000) mas condena en costas”.
La demandante negó que lo prestado fuera únicamente dos mil euros, sino una cantidad superior -8.616,85 euros en total- teniendo total conocimiento la recurrente de qué era lo que tenía que amortizar y cuándo no siendo posible indicar el número de cuotas en el contrato porque el contrato lo era de tracto sucesivo, pero sin que ello signifique desconocimiento porque mensualmente se me remitía información de lo dispuesto y pagos a realizar de conformidad con lo pactado -condición octava del contrato-, y negó que hubiera pagado lo que se afirma de contrario, y que hubiera habido retraso en la reclamación.
Rechazando que el contrato contuviera cláusulas abusivas ni que fuera usurario.
TERCERO.- El contrato suscrito por la recurrente con Santander Consumer E.F.C., S.A fue un crédito “permanente” a disponer mediante tarjeta, lo que se denomina crédito revolvente o “revolving” que es el que concede una entidad financiera teniendo carácter rotativo, porque el crédito disminuirá siempre que lo utilice y se restablecerá o aumentará si hace pagos para restituirlo, pudiéndose a su vez ampliar solicitándolo, habitualmente telefónicamente.
Una de sus características es la inexistencia de un número determinado de disposiciones máximas porque se le concede un límite o tope máximo en dinero del que puede ir disponiendo durante un periodo de tiempo, realizará adeudos cuando así lo considere que rebajará el límite e igualmente podría hacer abonos, restableciendo el límite.
La cuota siempre será la misma, pudiéndose si se incrementa el límite aumentarse, incluyendo la parte de capital e intereses remuneratorios que se hubieran convenido, la amortización será por tanto conforme vaya pagando.
CUARTO. – En este caso la demandada suscribió el 21 de julio de 2006 un contrato denominado “crédito permanente” siendo el límite dos mil euros, pero el mismo se incrementó hasta ocho mil lo que no se ha negado de contrario ni en la instancia -acto del juicio- ni en esta alzada, siendo el interés remuneratorio de 1,70 % nominal mensual (T.A.E 22,42 %) y el moratorio, estipulación novena, de un 2 % mensual desde la fecha del impago, así como la comisión de devolución del 5 % con un mínimo de 24 euros.
La demandada-apelante dejó de pagar las cuotas que eran de 210 euros al mes, en total 3.990 euros que le eran reclamados más 619,63 euros de capital pendiente de “amortizar anticipadamente vencido” más los intereses que resulten “legalmente exigibles dese su reclamación judicial por aplicación de lo prevenido en los artículos 1.108 (LA LEY 1/1889)y 1109 del Código Civil (LA LEY 1/1889), y con los intereses de la mora procesal devengados (…)”, folio 5, peticiones que reiteró la apelada en el acto del Juicio.
QUINTO.- La demandada partiendo de ser el contrato de adhesión y no habiendo negociado ninguna de sus cláusulas, afirmaba que había “un desequilibro entre las partes contratantes” y que el contrato era nulo por usurario, refiriendo de manera enunciativa como un “totum revolutum” las normas protectoras de los consumidores y usuarios Ley 7/1998 de 13 de abril (LA LEY 1490/1998) -Ley de Condiciones Generales de la Contratación (LA LEY 1490/1998)-, Ley 27/1984 de 9 de julio y Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre (LA LEY 11922/2007) y Directiva 93/13/CEE DEL Consejo de 5 de abril de 1993 (LA LEY 4573/1993), solicitando y la Ley de la Usura (LA LEY 3/1908) de 25 de julio de 1908, artículos 1 y 2.
Solicitando, como ya se ha trascrito anteriormente, que se declararan abusivas las cláusulas y el contrato usurario condenando a la apelada a la devolución de las cantidades abonadas por la apelante que sobrepasen del capital prestado más el interés legal del dinero, y desde que se dicte sentencia el interés de mora del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000).
Que la apelante refiere en apoyo de sus pretensiones sin diferenciar las normas protectoras de consumidores y usuarios y condiciones generales y a su vez la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908), no significa que ambas puedan ser aplicadas de forma concurrente, esto no es posible como tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencias de 18 de junio de 2012 y 2 de diciembre de 2014 por ser distinta su configuración y alcance, teniendo ámbitos diferenciados.
El Tribunal Supremo en sentencia de 2 de diciembre de 2014 , al igual que en la reciente de 25 de noviembre de 2015, razona que la Ley de Usura (LA LEY 3/1908) es un límite a la autonomía de voluntad de las partes, artículo 1255 CC”, pero además la primera dice refiriéndose a esa limitación que lo es “especialmente respecto de la consideración de inmoralidad de los préstamos usurarios o leoninos, presupone una lesión grave de los intereses objeto de protección que, a diferencia de la tutela dispensada por la normativa de consumo y condiciones generales, se proyecta tanto sobre el plano del contenido patrimonial del contrato de préstamo, sobre la base de la noción de lesión o perjuicio económico injustificado, como en el plano causal de la validez estructural del contrato celebrado.
Por contra, el control de contenido, como proyección de la aplicación de la cláusula abusiva, se cierne exclusivamente sobre el ámbito objetivo del desequilibrio resultante para el consumidor adherente en sus derechos y obligaciones, sin requerir para ello ninguna otra valoración causal acerca de la ilicitud o inmoralidad de la reglamentación predispuesta.”
Siendo la sanción que dispone la Ley de Usura (LA LEY 3/1908), única, la nulidad del contrato con la obligación o deber de restituir, artículos 1 y 3, por el contrario el control de abusividad no se extiende a la eficacia y validez misma de contrato, no determina su nulidad sino la ineficacia de la cláusula abusiva, (STJUE de 14 de junio de 2012).
Y otra diferencia a la que hace en referencia el Tribunal Supremo en la sentencia de 2 de diciembre de 2014, es la distinta “función normativa que cumplen o desarrollan ambas figuras.
En este sentido, aunque la Ley de Usura (LA LEY 3/1908) afecte al ámbito de protección de los terceros y al interés público, no obstante, su sanción queda concretada o particularizada en la reprobación de determinadas situaciones subjetivas de la contratación, sin más finalidad de abstracción o generalidad, propiamente dicha.
En cambio, la normativa de consumo y la de contratación bajo condiciones generales, tienen una marcada función de configurar un importante sector del tráfico patrimonial destinado a la contratación seriada, de suerte que doctrinalmente dicho fenómeno en la actualidad se califique como un “auténtico modo de contratar”, diferenciable del contrato por negociación, con un régimen y presupuesto causal también propio y específico (STS de 8 de septiembre de 2014, núm. 464/2014 (LA LEY 143790/2014))”.
El régimen jurídico de la Ley de Usura (LA LEY 3/1908) declara el Tribunal Supremo es sistemático debiéndose tener en cuenta la relación negocial en su conjunto, y se proyecto sobre los intereses tanto remuneratorios como de demora – STS 7 de mayo de 2012 -, por tanto el control “debe interpretarse de un modo objetivable a través de las normas de ser el “interés notablemente superior al normal del dinero” ya sea el interés remuneratorio o el de demora y en su caso a ambos.
SEXTO.- En este caso la parte recurrente además de alegar en la instancia en términos generales, porque no concretó qué cláusulas ni por qué consideraba que eran todos o algunas abusivas, porque no es ese el efecto directo de ser un contrato de adhesión, también opuso ser el contrato usurario por la desproporción de los intereses, que era esto lo alegado se infiere de sus afirmaciones de no deber lo que le era reclamado y haber pagado más de lo dispuesto, y es por lo que refiere la desproporcionalidad y su desconocimiento en la contratación.
Ni sus alegaciones referidas al límite del crédito dispuesto ni el desconocimiento han sido acreditadas, pero además quedó probado no solo por no haber negado la realidad de haberse ampliado el crédito inicial que era de dos mil euros al total de ocho mil, como tampoco ha acreditado cuál ha sido la cantidad pagada.
Lo que sí quedó probado como ya se ha indicado es haberle sido concedido un crédito superior al inicial, y que dejó de pagar las cuotas convenidas que eran de 210 euros al mes que incluían capital más intereses remuneratorios que eran según la cláusula quinta, del 22,42 %, siendo esto lo que ha sido causa de que se le reclamara el pago de lo debido más parte del capital pendiente, según la demandante.
Atendiendo a lo anteriormente expuesto lo que ha de resolverse en primer lugar no es si alguna o algunas o todas las cláusulas del contrato son abusivas, porque dicho control fundado en la protección al consumidor está limitada a lo que son los intereses moratorios, como bien indica la parte apelante, por el contrario la calificación de ser el contrato usurario exige comprobar ambos, sobre todo en este caso en el que el interés de demora considerado en sí mismo, tal y como viene pactado, condición novena, podría no ser abusivo porque es dos puntos más que el remuneratorio, cuestión distinta es si pudiera serlo por ser éste último usurario.
El control de abusividad solo es posible respecto de los intereses moratorios dada su finalidad indemnizatoria (STS de 22 de abril y 8 de septiembre de 2015), no cabe él mismo respecto a los remuneratorios porque éstos son causa del contrato, configuran el precio del dinero pero éste si puede ser usurario siempre que concurran los requisitos dispuestos por la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908), que es aplicable, así lo razona el Tribunal Supremo en la sentencia de 25 de noviembre de 2015, a este tipo de contratos por ser “equivalente a los de préstamo” conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la referida Ley.
El artículo 1 de la Ley de 1908 dispone que será usurario el préstamo o la operación de crédito asimilable al mismo cuando se pacte “un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso (…)”.
Solo estos requisitos son los que han de concurrir siendo carga probatoria de la prestamista, quien ha de probar cuando el interés -remuneratorio convenido- es superior al normal del dinero y desproporcionada la justificación de ello.
El tribunal lo primero que ha de comprobar es si el interés es notablemente superior, no al interés legal, sino al normal del dinero, y a continuación si la entidad financiera ha probado, cuando es desproporcionado, la causa de esto último.
En este caso el interés TAE pactado fue de 22,42 %, que se considera desproporcionado teniendo en cuenta no el interés legal, inferior, sino el normal que estaba según lo publicado por el Banco de España alrededor del 8 % y 9 %, y la apelada no ha acreditado o justificado la razón de esa desproporción, y es por ello que procede declarar que el interés remuneratorio era usurario, y por tanto el contrato.
Lo que ha de resolverse a continuación es cuál es la consecuencia del anterior pronunciamiento.
La prestataria-demandada está obligada, artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908) a pagar el capital del que dispuso que no fue dos mil euros como quedó probado -no fue tampoco impugnado porque no lo es remitirse al contrato escrito cuando cabía ampliarlo telefónicamente lo que no se negó siendo carga de quien es demandado, artículo 405LEC -.
Importe que habrá de determinarse en fase de ejecución y si hubiera abonado ya los ocho mil euros nada más tendrá que abonar, y si aun faltara pagar parte del crédito solo ese importe será el que deberá ser abonado.
Si bien el artículo 3 de la Ley de 23 de julio de 1908 (LA LEY 3/1908) después de disponer que el prestatario está obligado a entregar lo recibido, añade “y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado”, esta petición no procede ni siquiera en ejecución porque para que pudiera accederse a dicha petición, formulada por la apelante, debería haber formulado reconvención, artículo 438 LEC, pero la recurrente ni accionó por este cauce ni ha acreditado siquiera como ya se ha indicado cuál es el total que ha pagado, no constituyendo prueba sus alegaciones, en consecuencia no procede dicha pretensión.
SÉPTIMO.- En consecuencia procede estimar en parte el recurso de apelación declarando nulo el contrato por ser los intereses remuneratorios y en consecuencia también los moratorios usurarios, debiendo en ejecución de sentencia concretarse cuál es el importe pagado por la demandada en concepto de principal.
Y solo si hubiera pendiente una cantidad estará obligada a abonar esa cantidad y los intereses legales desde la relación incrementados en dos puntos desde esta sentencia.
OCTAVO.- No ha lugar a hacer pronunciamiento en costas en ninguna de las dos instancias de conformidad con lo dispuesto en los artículos 394 (LA LEY 58/2000) y 398 ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000).
Que estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación de la demandada Dª. XXXXXXX contra la sentencia dictada el 28 de mayo de 2014 por la Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia número 21 de Madrid en el Juicio verbal número 1556/2013, DECLARANDO usurario el contrato de fecha 21 de julio de 2006.
Al estar la demandada-apelante obligada a reintegrar el capital recibido, ocho mil euros, si quedara en ejecución acreditado haberlo hecho efectivo ninguna cantidad tendrá que abonar a la demandante apelada.
Y si quedara acreditado que no ha pagado el total del capital, abonará la diferencia más intereses desde la interpelación judicial incrementados en dos puntos desde esta sentencia.
No ha lugar a condenar a la actora, SANTANDER CONSUMER Establecimiento Financiero de Crédito S.A. a reintegrar cantidad alguna al no haber formulado reconvención la recurrente.
No ha lugar a hacer pronunciamiento en costas en ninguna de las dos instancias debiendo cada parte abonar las generadas a su instancia y las comunes por mitad.
Contra esta sentencia no cabe recurso alguno deviniendo firme.
Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, lo pronuncio, mando y firmo.
noviembre 27th, 2017 | Etiquetas: Banco Santander, Reclamar a bancos, Sentencias Tarjetas Revolving, Tarjetas revolving | Categorías: Bancos

References: resolución 
e contrario
 Real Decreto 
 artículo 576
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 576
e contrario
e contrario
 Real Decreto 
 artículo 576
 artículo 1255
 artículo 9
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 405
 artículo 3
 artículo 438