Source: http://movimiento10deseptiembre.blogspot.com/2013/02/
Timestamp: 2017-06-27 13:56:27+00:00

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MOVIMIENTO 10 DE SEPTIEMBRE: febrero 2013
Ex embajador de Panamá ante la OEA: “El presidente Chávez tiene muerte cerebral desde el 30 de diciembre”
“El presidente habria sido desconectado de las máquinas que lo mantenian con vida hace cuatro días”, dijo el diplomático. “La información que estoy manejando es que el presidente Chávez desde el 30 de diciembre pasado estaba con muerte cerebral, en ese estado lo trasladaron a Venezuela porque no querían desconectarlo en Cuba”, dijo el exembajador, quien retó al gobierno de Venezuela a desmentir sus dichos. “Han estado engañando a Venezuela y al mundo entero”, dijo.
El Mostrador. .
LO DIFUNDO TAL COMO LLEGÓ, EL GARABATO VENÍA INCLUIDO.
SIN EMBARGO ANTE LAS GROSERÍAS EMITIDAS, POR LOS HUMORISTAS EN EL FESTIVAL DE VIÑA Y BAJO EL AMPARO Y ACEPTACIÓN DE LAS AUTORIDADES EDILICIAS DE LA CIUDAD, EL HUMOR DE LA PUBLICACIÓN ES SOLO UN PECADO VENIAL
Adjunto remito a ustedes video de "¿Quién es Bachelet? y sus más cercanos como Camilo Escalona. Lo aquí narrado proviene de fuentes abiertas y muestra en una síntesis quien fue y es ella y la gran relación de amistad y partidaria con su correligionario y actual Presidente del Senado Camilo Escalona, quien no tiene empacho de desplazarse como el mejor burgués en Mercedes Benz y gozar de una tremenda dieta parlamentaria por más de 20 años. Sí, el mismo que espetó a empresarios "Chupa Sangre". Él estuvo y está muy ligado a la responsabilidad que le cabe con Bachelet duarnte el gobierno militar para desestabilizarlo. Enlace de “¿Quién es Bachelet.?” en link de website TPC http://todoporchile.com/Bachelet.wmv
Enlace de “¿Quién es Bachelet.?” en link de facebook TPC https://www.facebook.com/pages/Radio-Todo-Por-Chile/471448402879716 HASTA CUANDO PRESIDENTE, HASTA CUANDO PAVIMENTA EL CAMINO PARA UN NUEVO GOBIERNO DE LA CONCERTACIÓN .…
Carlos Edo. Gary and Patrice Walcot “Social and Equal Justice” Defense of Human Rights *********************************************** Leer más....
Canciller asegura que en Chile no hay presos políticos.
DE CHILE INFORMAEDICIÓN 1.244¿Y los militares presos, qué son?Ayer por la tarde, el ministro de Relaciones Exteriores, AlfredoMoreno, se reunió con los periodistas. En la ocasión se limitó aleer una declaración donde el gobierno chileno sale al paso delas declaraciones emitidas por el presidente de Bolivia.En verdad resulta penoso que dos naciones se vean sumidasen una polémica que se dilata en los días y que se agudiza enlas declaraciones por un asunto de poca monta.El asunto de índole policial, fue bien manejado por Carabinerosde Chile que procedió como correspondía a detener a los tressoldados bolivianos, uno de ellos provisto de un fúsil, que sehabía internado dentro de nuestro territorio.Pero de ahí en adelante, el manejo gubernamental esdeficiente.Ningún chileno bien informado cree que tres muchachos –apenas conscriptos en su país- pueden poner en peligro lasoberanía nacional.Lo anterior pudo ocurrir por distintas causas – juventud,inexperiencia- torpeza u otras-, pero el gobierno debió actuarcon más grandeza, devolviéndolos, representando por la víadiplomática un llamado de atención.Ayer, los tres jóvenes bolivianos expresaron su decisión derechazar un juicio abreviado, que los dejaba libre, pero que loshacía reconocer culpabilidad, lo que ellos rechazan.Lo anterior, significa que ahora se inicia un juicio, con duraciónincierta. El gobierno de Chile, gratuitamente, se compró unconflicto tonto.Su homónimo boliviano en cambio, con esto, logra aumentar elamor patrio y desviar la atención ciudadano de los problemasreales, para descargarla en malestar contra Chile.Canciller boliviano, David ChoquehuancaMencionamos la declaración del canciller chileno a la prensa,ayer por la tarde, y en ella deslizó una frase que no la podemosdejar pasar por ser falsa.Afirmó él a los periodistas que en Chile no existen los presospolíticos. ¿Y los militares recluidos en Punta Peuco, enCordillera y en otros penales del norte y sur de Chile que son?El Canciller Moreno no puede mentir tan descaradamente.Por desgracia, los presos políticos militares, cercanos alcentenar, son una realidad, indesmentible.En esta ocasión les entregamos una nueva relación depersonas que expresan su comunión con este documentojurídico que busca una salida real y pronta al problema de lospresos políticos militares por haber combatido y vencido alterrorismo comunista.
DEL BLOG DE MÁXIMO miércoles, 27 de febrero de 2013
LA DERECHA Y LA LUCHA DE CLASES. Martes 26 de febrero de 2013
Arelis Pérez Zamora Esta carta dirigida al director de El Mercurio, da cuenta en lo que se está convirtiendo este país en estado de semi barbarie obsesionado por los pobladores, el pueblo, los pobres, y bla, bla, bla. Una de las grandes obras de la dictablanda, fue la focalización de la pobreza, el mapa de la extrema pobreza le decían, o le dicen. Se trataba de saber quien es quien, averiguar donde están los pobres, tener herramientas para analizar que política pública es más necesaria y cual es más eficiente. Con el correr del tiempo, el advenimiento de la democracia, la hemorragia encuestocrática, y gracias a las cada vez más millonarias recaudaciones de impuestos; la focalización de la pobreza se comenzó a utilizar para contar pobres, regalar cosas, hacer proselitismo, y dividir a los chilenos entre pobres y ricos (o, no pobres). La madre de Arelis Pérez, cometió el grave error de tratar de surgir en un país donde solo se premia la pobreza, la mediocridad, la desidia y el oportunismo. Arelis pagará las consecuencias. Arelis no tira piedras, no incendia, ni grita consignas. Arelis es, ante los ojos de nuestro estado socialista, una persona rica, y hay que castigarla por ese atrevimiento Publicado por Maximo Leer más....
DEL BLOG DE HERMÓGENES miércoles, 27 de febrero de 2013
La Farandulización es Todo Entraron al país tres conscriptos, portando uno de ellos un fusil, y fueron sorprendidos y apresados por carabineros cerca de la frontera. Ello ha dado lugar a un noticiado juicio y a un tremendo incidente internacional, del cual se informa en diversas partes el mundo. Todo eso, por supuesto, ha generado en Bolivia desfiles multitudinarios y una renovación de la campaña de ese país por tener algo que ya tiene, pero niega poseer: un acceso al mar. Porque Bolivia tiene acceso al mar: cualquier boliviano que desee meterse al Pacífico toma su auto y se viene a una playa chilena sin preguntarle nada a nadie y sin que nadie le pregunte a él. O si quiere tener un barco, se compra uno y lo navega y maneja desde Arica, Iquique, Valparaíso o Punta Arenas. Y a lo mejor los hay. O, en fin, si quiere importar o exportar por nuestros puertos lo hace con mejores facilidades que los chilenos. Es decir, los bolivianos tienen acceso al mar, y punto, como diría Lagos.
¿ESTAMOS PERDIENDO EL RUMBO?
¿Pérdida de Rumbo?
En la Costanera de Valdivia el Ejército de Chile hizo una exposición publicitaria sobre el Servicio Militar.
La muestra contaba con distintas piezas gráficas que mostraban las características del valioso servicio a la Patria. Pero ¡¡¡SORPRESA!!!, para no creerlo: Una de esas muestras que tenía por nombre “Hicieron el Servicio Militar”, mostraba en un plano bastante destacado la foto de Salvador Allende, el mismo subversivo que siendo “presidente” internó armas ilegales al país y organizo un ejército PARAMILITAR, o sea, que tenía el objetivo de enfrentarse y destruir al propio Ejército de Chile.
La historia del Servicio Militar en Chile está colmada de cientos de miles de ciudadanos limpios y honestos: muchos de ellos murieron durante la actividad; otros tantos pasaron difíciles momentos en trincheras esperando al enemigo, en tiempos de inminentes conflictos bélicos; otros participaron en la Gesta de 1973 devolviendo a Chile la libertad arrebatada por el marxismo, muchos perdieron la vida en esos álgidos días bajo las balas internadas por el mismo subversivo Allende.
Sin embargo las fotos de todos esos chilenos correctos y de conciencia limpia fueron omitidas, para ser reemplazadas por las de un enemigo del Ejército.
Alejandro Russell O’Kuinghttonss Leer más....
HECHOS HISTÓRICOS DESCONOCIDOS
Por razones estratégicas, los EE.UU de América compraron la región de Alaska al Imperio Ruso en
1867, por US$ 7.200.000 en oro, territorio que proporcionó una infinidad de recursos mineros, forestales,
energéticos, turísticos y acceso a la valiosa biomasa del mar de Bering, además de una posición vital
para los intereses del país durante la Guerra Fría y para la proyección sobre el Ártico.
En contraste, catorce años después Chile le regalaba a la Argentina 1.189.566 km.2 de territorio de
la Patagonia oriental, perdiendo su condición bioceánica y el control de la que fuera la única vía de
comunicación atlántica-pacífica hasta inaugurado el canal de Panamá, en 1914. Hoy, el territorio patagónico
sustenta la valiosa ganadería de la Argentina, de unas 25.000.000 de cabezas, y la provee de
gas, petróleo, uranio, molibdeno, carbón y otras riquezas. Tanto así, que ahora Chile depende de esos
recursos, provenientes de los mismos territorios regalados.
En 1964, asumió la Presidencia de la República Eduardo Frei Montalva. Su Canciller era Gabriel Valdés
Subercaseaux. En noviembre del año siguiente, Gendarmería Argentina invadió el territorio chileno de
Laguna del Desierto. Un piquete de 104 efectivos, acompañados hasta de “corresponsales de guerra”,
atacó a mansalva a cuatro carabineros de Chile que estaban acompañados de dos niños hijos de un
colono, asesinando vilmente al Teniente Hernán Merino Correa e hiriendo a otro uniformado. En los
cinco años restantes, el Gobierno de Frei Montalva nada hizo para sacar a los invasores, a pesar de los
cerca de 700 carabineros que, concentrados en Villa O’Higgins por siete meses, esperaban la orden de
recuperar la zona, que jamás llegó. Entre ellos, el entonces Capitán Rodolfo Stange Oelkers y el Teniente
Sergio Rodríguez Wallis. El ex Canciller Valdés Subercaseaux, por su parte ocupó entre 1990 y 2006
el cargo de Senador de la República, período en el que jamás abrió la boca para defender Laguna del
Desierto o Campo de Hielo Patagónico Sur, apoyando incluso la propuesta “poligonal” argentina, cuya
traza arrebata a Chile 33.000 hectáreas al Norte del Parque Nacional Torres del Paine.
Tales actitudes quedan señaladas en la historia como actos de cobardía, desidia y falta de coraje, pues
legitimaron un acto de invasión y vulgar piratería territorial como mecanismo válido para modificar fronteras.
Quizá la explicación esté en la famosa frase de Napoleón: “Todos los hombres tienen su precio”.
Patricio Aylwin Azócar, siguiendo esta tradicional mentalidad entreguista de que regalar territorio es
la forma de preservar la paz, las buenas relaciones y la lealtad vecinal, firmó en 1991 una infame Declaración
Presidencial para permitir el regalo de Laguna del Desierto y Campo de Hielo Patagónico Sur.
Aunque recientemente ha admitido que en su Gobierno también se apropiaron recursos fiscales para
“sobresueldos” de Ministros y otros funcionarios, en su momento Aylwin declaró que la cuestión territorial
de Laguna del Desierto no la enviaría a la Corte Internacional de La Haya, sino a un viciadísimo tribunal
especial, por razones de “economía”. Es decir, alcanzaban los fondos del Fisco para robárselos, pero
no para destinarlos a la defensa de los intereses nacionales más elementales.
Durante el siguiente Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (su mandato), el Canciller José Miguel Insulza,
poco antes de abandonar su cargo ministerial, se reunió con el directorio de nuestra Corporación de Defensa
de la Soberanía. Allí descubrimos con sorpresa que desconocía que Chile había sido nación bioceánica hasta
1881 y se mostró totalmente ignorante de algunos importantes temas históricos y geográficos de nuestro
país. Aun cuando hoy podamos decir que Ud. jamás debió haber designado a alguien así en el Ministerio
de RR.EE., sabemos de sobra que el problema consiste en que la Cancillería de Chile se usa para pagar
favores políticos: Enrique Silva Cimma (por bajar su precandidatura, en favor de Aylwin), Soledad Alvear
(por haber sido la carnada para el voto femenino en la campaña de Lagos) y Alejandro Foxley (para atraer
la fidelidad DC a Bachelet). Curiosamente, ninguno de ellos era diplomático de carrera.
Sr. Eduardo Frei Ruiz-Tagle, según su propia declaración, Ud. y el entonces Canciller Insulza, acataron
contra reloj un fallo adverso a Chile, que terminó de arrebatar los 560 km.2 de Laguna del Desierto.
Territorio que no pertenecía ni a Ud., ni a su gabinete, ni a los parlamentarios, sino a los 16 millones de
habitantes de nuestro país, a sus descendientes y a todas las generaciones venideras, hasta el final de
C O R P O R A C I Ó N D E D E F E N S A D E L A S O B E R A N Í A
Creada en 1960 como Comité Patria y Soberanía y fundada formalmente en noviembre de 1965. Constituida como
Corporación en Escritura Pública del 7 de junio de 1995. Personalidad Jurídica reconocida en Santiago el 2 de abril
de 1996, publicada en el Diario Oficial del 17 de mayo de 1996.
correo@soberaniachile.cl - www.soberaniachile.cl - Fono (presidente): (56-2) 334 9092
1 8 8 1 H O Y
los tiempos. Con esto no sólo terminó siendo cómplice de un acto de agresión al interés nacional, sino
culpable en su condición de Presidente de la República, cuando al votarse en 1998 en el Congreso la
aberrante línea “poligonal” para Campo de Hielo Patagónico Sur, nada hizo para que los parlamentarios
de la Concertación votaran a favor del interés de la misma Patria que debe soportar la pesada carga
pública de pagarles sus enormes dietas. Pareciera ser más bien que Ud. los instruyó para votar por el
interés argentino, ya que todo el bloque gobiernista votó a coro en contra de Chile, algo lindante en la
figura de ALTA TRAICIÓN A LA PATRIA, además sugerir una asociación ilícita para delinquir, según se
desprende de la lectura de los deberes constitucionales a los que estamos sujetos todos los chilenos,
incluyendo la casta privilegiada de sus políticos.
Cabe advertir también, que la Concertación contó entonces con muchos socios inesperados en la Alianza,
también a favor de la Argentina, lo que nos demuestra que el entreguismo no tiene color político. Entre
otros: los Senadores Sergio Romero, Andrés Chadwick, Carlos Cantero, Sergio Diez, Sergio Fernández,
Julio Lagos; además de los Diputados Gustavo Alessandri, Alberto Espina, Cristián Leay, Arturo Longton
y Lily Pérez.
Cuando Aylwin asistió en 1992 a la ExpoSevilla, en España, inició un discurso diciendo: “Vengo de un
país lejano y pequeño”. Curiosamente, abandonó la presidencia dejándolo más reducido. Poco después,
al comunicarse la pérdida de Laguna del Desierto, confesó su íntimo sentir con una frase artera, traidora
e indigna de un ex Presidente, que le pesará hasta el final de su existencia: “Qué importan pedacitos
más, pedacitos menos”. Frase que, sin embargo, tiene el mérito de representar a gran parte de nuestra
clase política, con algunos miembros tan ignorantes que creen que las riquezas salen del aire y no de
los territorios marítimos o terrestres, que generan los recursos de un país.
La “poligonal” fue el zapato chino que nos dejó Aylwin, hecho sobre un mapa adulterado, con la toponimia
falsificada (monte Stokes y otros hitos), como hemos demostrado hasta la saciedad. No es coincidencia
que, por entonces, también haya comenzado a forjarse la hoy llamada cultura de la corrupción, pues la
ideología de la corrupción es simiente de la ideología de la traición, ambas motivadas por mezquindades,
sectarismos e intereses particulares. Las manos de la corrupción sacan la billetera y pasan el fajo a las
manos de la traición; ésta acepta, y ambas se echan a reír.
Tampoco es casual, por ende, que con la desastrosa gestión sobre Laguna del Desierto y Campo
Patagónico de Hielo Sur, el resto de los vecinos haya decidido exigir también su tajada. ¿Cómo no
va a ser “pequeño” nuestro país, entonces, si nuestras clases políticas nos han convertido en la más
baja prostituta del barrio, dispuesta a todo y a un precio modesto para ceder a cualquier humillación?
¿Cómo no iba a ser así, si ya hemos regalado a la Argentina 1.265.000 km.2 de territorio (doble de la
superficie continental actual) esperando una reciprocidad que JAMÁS en la historia se ha dado? ¿Qué
han conseguido estas políticas entreguistas, salvo hacer que Bolivia exija una salida al mar violando
el mismo Tratado de 1904 que nos exige respetar, y que Perú pretenda modificar los límites marítimos
con repugnante prepotencia, luego de que Ud. cumpliera unilateralmente las obligaciones del Tratado
de 1929, al ceder una instalación portuaria en Arica?
Finalizamos reafirmando ante Ud. que nuestra posición es exigir que no se vuelva a entregar NI UN
CENTÍMETRO MÁS DE TERRITORIO CHILENO, NI UNA GOTA DEL OCÉANO PACÍFICO. Nuestra
soberanía no se regala y no se negocia, pero por sobre todo NO SE DISCUTE. Como ya antes hemos
anunciado, haremos todo cuanto esté a nuestro alcance para bloquear y confrontar a quienes vuelvan
a priorizar intereses traicioneros, personalistas y esencialmente entreguistas, por encima del interés y la
Y, como seguramente Ud. estará en desacuerdo y considerará que erramos al anticipar el juicio histórico
que pesará sobre su memoria y la de Aylwin Azócar, de Insulza Salinas, de Silva Cimma, de Valdés
Subercaseaux, de Frei Montalva, etc., lo emplazamos por la presente a iniciar con nosotros un debate
público, en condiciones y características que Ud. señale. Esperaremos su respuesta al respecto.
Jorge Figueroa Cruz (Presidente) Ramón Arrau Merino (Vicepresidente)
Benjamín González Carrera (Director General) Carolina Ruiz-Tagle Undurraga (Directora Adjunta)
María Cecilia Sánchez Echaurren (Coordinadora) María José Irarrázabal Echenique (Coordinadora)
Cristian Salazar Naudón (Secretario General) Constanza Paulsen Hübner (Secretaria de Comunicaciones)
c.c.: A todos los Senadores y Diputados de la República - A todos los medios de prensa nacionales -
A todos los institutos y centros de investigación y conmemoración histórica - A todos los organismos pertinentes.
«La Segunda» estuvo con los tres conscriptos en la casa de Hugo Gutiérrez, donde alojarán mientras estén en Chile y se realice el juicio. "Lo que estoy haciendo es lo correcto", se defiende el parlamentario PC. por: Marjory Miranda Desde Iquique ALGUNOS POSTEADOS POR LA ACTITUD DEL DIPUTADO COMUNISTA DEL PC. DE BRINDAR SANTUARIOS A LOS SOLDADOS BOLIVIANOSJulio Fuentes Chavarriga · Mejor comentarista · ProvidenciaEs una lástima que tu padre " El Gitano", no recibiera esa misma atención de tu parte cuando estuvo enfermo...También fue militar , pero chileno...Te lo digo a ti Hugo Gutiérrez. ¿Lo que haces hoy es en memoria de tu padre?Fernando Espinoza · Mejor comentaristaEste señor Fuentes está desautorizado. Trabajó en servicios secretos. Puede ser un ex Dina o un ex CNI. Quizás en que anduvo metido que le tiene tanto encono a Gutierrez. Será por el tema Derechos HUmanos ? Esto dice su página en FACEBOOK: "Logró las mejores calificaciones de su escalafón como alumno de la Escuela de Inteligencia del Ejército de Chile. Trabajó en Unidades Militares".Julio...respondele a Esinoza, pleaseMario Ramirez Cortes · Mejor comentaristaPATETICO SR DIPUTADO , PERDON ES COMUNISTA NO TIENE PATRIA...............Daniel Del Rio · Mejor comentaristaLos Invito a mí "Humilde" Casa, propia de un "Luchador Social" del Mundo "Trabajador", y que pude construir gracias a mí "Humilde" trabajo como Senador, con un "Humilde" Sueldo de $ 8.000.000 mes sin considerar viáticos, pasen por favor hay hasta 4 habitaciones disponibles y 3 baños para cada uno, bueno es lo más "Humilde" que pude obtener de los impuestos de los Chilenos ijijjijijijiijij..Juan Alberto Ortiz Molina · Mejor comentarista · En la mejor: Ejército de ChileApátrida. Seguramente s hubiera conflicto correría a esconderse. La canalla comunista por figurar son capaces de vender a su propia madre. Sería bueno que el apátrida Gutiérrez respondiera la pregunta que le hace en señor Julio Fuentes Chavarriga. Ha y los CHILENOS de la circunscripción de Gutiérrez, recuérdelo en octubre de este año, si es que va a la reelección.
Si a este caso, le sumamos la condena por prevaricación al juez Garzón en España y a la decisión de la justicia italiana en el caso que afectó a ex fiscal Podlech, podemos apreciar que Chile se está quedando solo en el mundo de la justicia, al persistir en falacias como los secuestrados permanentes y en transgredir principios legales como la prescripción, la cosa juzgada y la irretroactividad de la ley penal. Publicado por Maximo Leer más....
por: Soychile.cl Los Sitios de Memoria y Organizaciones de Derechos Humanos rechazaron la designación del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, como presidente del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel), ya que habría participado en violaciones a los derechos humanos, por lo que exigen su renuncia.
Las agrupaciones señalan que “este año se cumplirán 40 años del golpe militar y será la ocasión para abordar sus legados políticos, entre ellos la impunidad, el tutelaje, los secretos, la amnistía, el sistema binominal, el modelo neoliberal, la constitución política. En ese marco a las organizaciones e instituciones de derechos humanos nos cabe el rol de levantar las demandas de verdad, justicia, reparación y memoria, entre las cuales –aparte de otras-, se destaque la exigencia no solo de renuncia del ex general Juan Emilio Cheyre, sino el establecimiento de una legislación que impida a los represores del pasado como él, y a los del futuro, postular a cargos de elección popular o puestos de relevancia en la administración Leer más....
por: UPI SANTIAGO.- El diputado UDI Iván Moreira, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, cuestionó la "hospitalidad" del Partido Comunista con los tres soldados bolivianos detenidos en Chile.
ASI INFORMA BOLIVIA SOBRE LA DETENCIÓN DE SOLDADOS
PROCESOS CONTRA MILITARES: ¿UN PROBLEMA SIN SOLUCIÓN? SEGUNDA PARTE
DE CHILE INFORMA EDICIÓN Nº 1.241
PROBLEMA SIN SOLUCIÓN?
Nota de la Redacción.- Chile Informa entrega a sus lectores la segunda
parte del completo estudio jurídico que versa sobre la situación de los
Dedicamos hoy nuevamente la edición completa a este tema por su
Destacamos que este documento del abogado y capitán de navío de la
Armada de Chile don Adolfo Paúl dio origen al "Manifiesto frente al
desvarío" y sobre la base del cual este último se fundamenta, es decir,
que están íntimamente relacionados.
Escribe don ADOLFO PAÚL LATORRE
5. “SECUESTRO PERMANENTE”
Como es obvio, para que existiera “secuestro
permanente” debería acreditarse el hecho punible; es decir,
primero, un secuestro y, segundo, que él permanece. Si no se
prueban ambas cosas, no hay delito ni puede haber juicio.
En rigor, una cosa es que el secuestro tenga la
característica de delito de ejecución permanente —al igual que
otros tales como la violación de morada o el manejo en estado
de ebriedad— y otra muy distinta es la elemental exigencia de
que la permanencia de la consumación de este delito debe ser
probada en el proceso, como todos los demás elementos del
delito (conducta —acción u omisión—, tipicidad, antijuridicidad
y culpabilidad).
En efecto, que el secuestro tenga el carácter de
permanente significa que la conducta del autor crea una
situación antijurídica —en este caso, la privación de libertad—
que se sigue consumando mientras se mantiene ese estado
por voluntad del autor.
Pero esta característica del secuestro no libera al tribunal
de tener que acreditar que la prolongación de este delito y la
participación en él de los imputados ha continuado con
posterioridad al 10 de marzo de 1978, fecha límite de vigencia
de la amnistía, o de la fecha en que se cumplió el plazo de
Sin embargo, la alucinante tesis del “secuestro
permanente” postula que se ha cometido y se está cometiendo
secuestro cuando consta en un proceso la mera detención o la
privación de libertad inicial de un sujeto y no consta
posteriormente en el mismo proceso o su muerte o su puesta
en libertad; y que al desconocerse su actual paradero, se
presupone su existencia vital en régimen de secuestro.
Esta tesis tiene dos efectos prácticos: el primero es que
sustrae a los hechos constitutivos de delito de la esfera de
aplicación de la Ley de Amnistía (Decreto Ley 2191 de 1978) —
porque cronológicamente han salido del tiempo en que esa ley
tiene vigencia—; y, el segundo, es que se impide la aplicación
de la prescripción —porque ésta solo comienza a correr a
contar del momento en que se termina de ejecutar el delito—.
Con esta tesis del “secuestro permanente” se invierte el
peso de la prueba, desplazándola desde el acusador —que es
quien debe probar los elementos del delito— hacia el acusado;
y se da el absurdo de que los procesados o condenados, aun
estando privados de libertad estarían cometiendo el delito de
Y como normalmente nunca se podrá probar la inocencia
o el fin del secuestro —menos aún si el juez no acepta como
válidos o no considera ciertos elementos probatorios—, éste
se transforma en un delito inextinguible: una vez cumplida su
condena y como el delito aún se está cometiendo, el
“secuestrador” sería nuevamente procesado y condenado, y
así, sucesiva e interminablemente.
Hay jueces o ministros de Corte de Apelaciones en visita
extraordinaria que no solo violan abiertamente la presunción
de inocencia —que es un derecho esencial de los imputados—,
sino que en muchísimos casos no consideran pruebas que
acreditan fehacientemente determinados hechos que favorecen
al acusado, tales como pasaportes u otros instrumentos en los
que consta que éste no estuvo en el lugar de los hechos en el
momento o en la época en que ellos ocurrieron.
Tenemos, por ejemplo, el denominado “caso Woodward”,
en el que no le fue asignado valor alguno al certificado de
sepultación del cementerio y al certificado de defunción
emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación para
acreditar el fallecimiento de dicho sujeto.
Y tampoco a la constancia que de su muerte hay en el
Así, se llega a un auto de procesamiento absurdo, en el
que se dice que Michael Woodward “fue privado de su libertad
de desplazamiento sin derecho, manteniéndosele bajo
detención o encierro en recintos de la Armada, lo que se ha
prolongado desde el mes de septiembre de 1973 hasta el día de
Este aserto, que repugna a la razón, fue reproducido en
similares términos en el auto acusatorio de fecha 12 de mayo
Esta fantasía, esta farsa grotesca, esta felonía de
establecer —sin prueba alguna que así lo acredite y, por el
contrario, habiendo pruebas en sentido opuesto— que el señor
Woodward está actualmente detenido o encerrado en recintos
de la Armada es demencial y carente del más elemental sentido
Pero, como no es posible atribuirle tales características a
un juez, no queda otra posibilidad que la de presumir sevicia,
odio y resentimiento exaltados hasta el paroxismo.
Los casos como el precedentemente descrito son
innumerables. Lamentablemente, esta actitud aberrante de
algunos jueces de primera instancia es —en la mayoría de los
casos—cohonestada tanto por las Cortes de Apelaciones como
Los órganos jurisdiccionales deben legitimarse ante la
ciudadanía mediante sus fallos y resoluciones, en los que a
través de sus motivaciones dejan de manifiesto que sus
decisiones no son caprichosas ni arbitrarias, sino que
producto de un razonamiento lógico, coherente, transparente y
Resoluciones como las antedichas, absolutamente
sesgadas y tendenciosas en contra de los integrantes de las
FF.AA. y Carabineros, desprestigian a la judicatura y al sistema
Para fundamentar la sentencia no basta con que el
sentenciador aduzca o exprese cualquier razón, que motive el
acto de cualquier manera.
Las razones que el sentenciador ha de aducir, para excluir
la tacha de arbitrariedad, tienen que tener alguna consistencia,
un fundamento objetivo capaz de justificar la decisión y de
asegurar para ella el calificativo de racional.
La figura utilizada no tiene asidero en el derecho chileno,
según el cual el fundamento de todo proceso penal es la
existencia del hecho punible, pues es público y notorio que
ante ninguno de dichos jueces se ha rendido prueba alguna
que sugiera la existencia de algún individuo permanentemente
Más aún, las pruebas en contrario son múltiples, y tanto
los jueces como la ciudadanía entera saben que eso es una
mentira y que tales hechos punibles son inexistentes.
Fingirlos es solo un ardid destinado a eludir la aplicación
de leyes vigentes, como la amnistía y la prescripción.
Hay innumerables casos en los que se usa el subterfugio
de hablar de “secuestro permanente” para no declarar
extinguida la responsabilidad, pese a no haber en la causa
antecedente de que hubiera habido un secuestro y que éste
hubiera permanecido en el tiempo.
Su existencia tendría que probarse, pues el Código de
Procedimiento Penal determina que “la existencia del hecho
punible es el fundamento de todo juicio criminal”. Pero en tales
casos no hay prueba del supuesto “secuestro permanente”.
Se ha llegado a presumir de derecho el delito, pues no se
admiten pruebas en contrario. Y tal presunción de derecho está
Por otra parte la ley le exige al juez que, antes de
condenar, haya adquirido por los medios de prueba legal la
convicción de que realmente se ha cometido un hecho punible
y que en él ha correspondido al procesado una participación
culpable (artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal).
El juez debe llegar a la plena convicción del secuestro, y
dicha convicción no debe simplemente afirmar que “tuvo lugar
un secuestro”, sino que hay que llegar a la completa
convicción de que dicho secuestro se sigue perpetrando.
Si los jueces son capaces de llegar a la “convicción” de
un absurdo, de una fantasía que solo puede existir en una
mente afiebrada, los ciudadanos ya no sabremos qué esperar
cuando nos sometamos a su jurisdicción.
Los jueces que procesan o condenan por secuestro
utilizan el siguiente razonamiento falso: no han sido
encontrados los restos de fulano y, por lo tanto, está vivo; y
como no ha sido visto circulando por las calles ni se ha
presentado a las autoridades quiere decir que está
El mismo argumento falaz podría utilizarse en sentido
contrario: si fulano no ha sido encontrado vivo, quiere decir
que está muerto y, por lo tanto, no está secuestrado.
Es innegable la importancia del sentido común en la
convicción que puede formarse el juez.
La convicción que la ley reclama no puede desafiar a la razón
ni a la lógica, y las conclusiones a que es posible arribar, a
partir de ciertos antecedentes comprobados, no pueden no
considerar, por ejemplo, la duración de un secuestro y la
factibilidad —en relación con el tiempo transcurrido— de la
sobrevivencia del secuestrado luego del sometimiento a
prisión del secuestrador por largo tiempo.
Esa supervivencia debería prolongarse y, por ello, investigarse
la responsabilidad penal de los “otros” coautores, cómplices o
encubridores —distintos del preso— que mantienen con vida al
secuestrado, puesto que no se realiza el tipo penal del
secuestro sin secuestrado vivo; y el inculpado preso no ha
podido tener cuidado de la víctima.
De no probarse directamente la supervivencia del secuestrado,
estamos presumiéndola: ¿con qué antecedentes y
No es razonable dar por prolongada la situación
antijurídica de secuestro por el hecho de no localizar el
cadáver o de no ubicar a la persona, después de haber
transcurrido cuatro décadas desde la ocurrencia de los hechos
Falta la verosimilitud de la persistencia de la situación
ilícita dado el tiempo transcurrido, bien porque el detenido ha
recuperado su libertad o bien porque ha fallecido.
Por ello ha de considerarse que los hechos que la
originaron han dejado de tener relevancia penal al tiempo de la
Y la admisión de tal denuncia puede calificarse, por tanto,
como arbitraria.
Sostener que frente a homicidios o fallecimientos
comprobados o evidentes cometidos hace casi cuarenta años
se trataría de un secuestro, porque no se encuentran los restos
es una falacia, que al asentarse judicialmente solo acarrea falta
de confianza en la judicatura e inseguridad a los ciudadanos
La inexistencia de un cadáver no es un impedimento para
comprobar un homicidio, por cuanto el juez puede y debe
reconstruir la verdad procesal utilizando los procedimientos de
prueba que la legislación procesal penal vigente contempla, en
sintonía con las exigencias que los respectivos tipos penales
invocados imponen, mediante una lógica y armónica relación
de los diversos indicios y pruebas.
Cabe al respecto preguntarse cuál puede ser la
convicción del tribunal cuando, a título de ejemplo, se asesina
a una persona sin dejar resto alguno de su cuerpo, como
cuando alguien es arrojado a una fosa inalcanzable.
Supongamos que tal acción es realizada ante la presencia
de numerosos testigos; más aún, por ejercicio académico,
supongamos que ello ocurre ante los ojos del juez: ¿puede
éste no tener la convicción del homicidio porque no dispone de
un cuerpo humano muerto?,
¿Cuál es el delito, en tal caso, del cual podría tener
convicción?, ¿podrían ser lesiones?
La tesis de que sin cadáver no hay homicidio es
Peor aún aquella de que no se puede sancionar un
homicidio porque no ha sido hallado el “cuerpo del delito”, en
circunstancias de que el cuerpo del delito no es el cadáver,
sino los hechos típicos; el hecho criminal considerado en
relación con sus efectos.
Un mismo hecho criminal puede constituir diferentes
cuerpos de delito. Así, por ejemplo, en una puñalada que ha
causado la muerte del ofendido, el cuerpo del delito es un
homicidio; y en la que no ha causado tal efecto, solo hay
Se asimila la noción de cuerpo del delito con aquella que
le otorga el artículo 108 del Código de Procedimiento Penal:
“La existencia del hecho punible es el fundamento de
todo juicio criminal, y su comprobación por los medios que
admite la ley es el primer objeto a que deben tender las
investigaciones del sumario”.
Por lo demás, el contexto en que se produjo la
desaparición de un sujeto y la circunstancia de que treinta y
ocho o más años después continúe ignorándose de él, son de
por sí suficientes para concluir razonablemente que fue
privado de su vida o que está en libertad.
En los procesos seguidos contra militares y carabineros
por el delito de “secuestro” no sólo se está faltando a la verdad
—con sentencias inicuas, que presumen como verdadero lo
que es falso—, sino que se está quebrando la juridicidad y el
Continuar por la senda del debilitamiento del Estado de
Derecho es muy peligroso y nada bueno augura para nuestra
nación, puesto que conduce, inevitablemente, a la violencia y a
6. ¿SECUESTRO O DETENCIÓN ILEGAL?
Otro aspecto jurídico que dice relación con el secuestro, es el
hecho de que existe en nuestra legislación penal una figura
privilegiada que afecta a los funcionarios públicos, en cuya
virtud aquellos que priven de libertad a terceras personas no
caen dentro de la tipificación de secuestro, sino que dentro de
la tipificación de detención ilegal.
En efecto, el secuestro está tipificado en el artículo 141
del Código Penal, dentro del párrafo “crímenes y simples
delitos contra la libertad y seguridad, cometidos por
particulares”; mientras que la detención ilegal lo está en el
artículo 148 “de los agravios inferidos por funcionarios
públicos a los derechos garantidos por la Constitución”.
Por lo anterior, y de acuerdo con el principio de legalidad,
ningún miembro de las instituciones armadas o de orden —
dada su calidad de funcionario público— debería ser
procesado por el delito de secuestro; delito que, por lo demás,
tiene asignadas penas mucho más severas que el de detención
Para procesarlos por secuestro, los jueces argumentan
que la detención ilegal solo cobra sentido en cuanto el
funcionario público guarda una directa relación con el aparato
institucional de privación de libertad; si no lo está, tiene que
aplicarse la figura de secuestro (como lo sería, por ejemplo, si
el Director de Tránsito de una municipalidad detuviere a un
Esta interpretación podría ser dogmáticamente correcta, solo
que tiene un serio obstáculo: el principio de legalidad. Y como
la ley no distingue y solo dice “funcionario público”, no le es
lícito al intérprete distinguir.
Lo curioso en relación con este tema es la agilidad digna
de un acróbata que demuestran algunos jueces, al calificar
inicialmente a los imputados como particulares, para efectos
de su enjuiciamiento y penalización —más elevada— y,
posteriormente, como agentes del Estado para efectos de
cobrar una indemnización pecuniaria.
7. NO APLICACIÓN DE LA LEY DE AMNISTÍA
La abogada de Pinochet, Mónica Madariaga, que redactó la Ley de Amnistía.
La amnistía (del griego amnestia, olvido) es una causa de
En doctrina, se distinguen dos clases, según sea la
oportunidad procesal de su aplicación: la amnistía propia y la
La propia tiene lugar antes de que se pronuncie sentencia
firme, y es causa de extinción de la acción penal; la impropia
debe ser otorgada una vez dictada sentencia condenatoria y
extingue la pena.
En relación con esta institución de la amnistía —aplicada
profusamente a lo largo de la historia del mundo civilizado—,
es pertinente señalar que terminada una circunstancia
extraordinaria que ha alterado el orden social y para superar
las rupturas del orden institucional, es conveniente para la paz
interna de la nación afectada que se promueva la
reconciliación, por lo que es de bien común olvidar lo ocurrido,
incluso los delitos cometidos y las respectivas penas.
La prudencia recomienda dictar las más amplias
amnistías una vez superado el período de anormalidad.
Es comprensible el dolor de quienes han perdido a seres
queridos, pero ello no puede ser obstáculo para alcanzar un
bien de mayor jerarquía como lo es la paz social.
Por tales razones en el año 1978 fue promulgado el D.L.
2191, que concedió amnistía a todas las personas que, en
calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido
en hechos delictuosos, durante la vigencia de la situación de
Estado de Sitio, comprendida entre el 11 de septiembre de 1973
y el 10 de marzo de 1978.
Al respecto, cabría señalar que el cardenal Raúl Silva
Henríquez apoyó la dictación de dicho decreto, pues lo veía
como un gesto de reconciliación que iba a beneficiar a uno y
otro lado y como una forma de contribuir al término del clima
Por otra parte, cabría agregar que el Cardenal estaba
convencido de que la mejor forma de asegurar la futura
democracia era abandonar toda clase de venganza contra los
militares y que era torpe, aunque humano, exigir justicia y
venganza tras el término del régimen militar.
El D.L. 2191 de 1978 sobre amnistía es válido y está
plenamente vigente, como lo afirma la generalidad de los
juristas, aunque haya decaído su aplicación y exista un
cuestionamiento a su respecto.
El comportamiento de los tribunales durante los treinta
años de vigencia del D.L. 2191 ha tenido una notoria variación:
desde la aplicación inmediata de la amnistía bastando la
comprobación de que los hechos habrían ocurrido en el
período cubierto por ella (amnistía
propia); pasando por su aplicación
solo una vez identificados los
responsables y agotada la
investigación (amnistía impropia; que
corresponde a la llamada “doctrina
Aylwin”, según la cual —como lo
expuso en el oficio que le enviara a la
Corte Suprema en el año 1991— la
vigencia de la ley de amnistía no
podía ser obstáculo para que se
llevara adelante la investigación
judicial); hasta su no aplicación, casos en los que han sido
dictadas sentencias condenatorias y con cumplimiento efectivo
de las penas asignadas.
Esta evolución no es jurídicamente aséptica: está influida
por la posición política que abrazan los jueces.
Lo anterior, aparte de restarle certeza a la aplicación del
derecho y a la seguridad jurídica, atenta abiertamente contra la
garantía constitucional de igualdad ante la ley.
Las doctrinas en virtud de las cuales se niega la
aplicación de la amnistía van desde el absurdo de que las
“víctimas” aún están secuestradas —razón por la que el delito
no cae dentro del período cubierto por la amnistía— hasta la
aplicación de normas de la costumbre internacional o de
tratados de derechos humanos que establecen que los delitos
de lesa humanidad son imprescriptibles e inamnistiables, aun
cuando los delitos investigados no cumplan con los requisitos
para ser considerados como tales y que dichas normas no
estén vigentes en Chile o que no lo estaban a la fecha de
comisión de los supuestos delitos.
No obstante lo antedicho los tribunales de justicia, como
hemos visto, con diversos pretextos y recurriendo a
interpretaciones que chocan con el principio de legalidad y con
el sentido común, buscan la manera de inaplicar dicha ley.
Los tribunales también pasan por sobre el artículo 107 del
Código de Procedimiento Penal, que ordena a los jueces:
“Antes de proseguir la acción penal, cualquiera que sea la
forma en que se hubiere iniciado el juicio, el juez examinará si
los antecedentes o datos suministrados permiten establecer
que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del
En este caso pronunciará previamente sobre este punto un
auto motivado, para negarse a dar curso al juicio”.
La norma es clarísima y está redactada en términos
imperativos: no faculta al juez para hacer algo, sino que le
ordena actuar de una determinada manera.
Y resulta que, prácticamente en la totalidad de los casos,
los hechos están cubiertos no solo por la amnistía de 1978,
sino que también por la prescripción.
Ambas, de acuerdo con el artículo 93 del Código Penal,
extinguen la responsabilidad penal y dan lugar al
Los jueces, incluso, tienen la obligación de declarar la
prescripción de oficio, aun cuando el procesado no la alegue,
según lo dispone el artículo 102 de ese mismo código.
Por otra parte, el artículo 109 del Código de
Procedimiento Penal dispone: “El juez debe investigar, con
igual celo, no solo los hechos y circunstancias que establecen
y agravan la responsabilidad de los inculpados, sino también
los que les eximan de ella o la extingan o atenúen”.
Finalmente, nos referiremos a la doctrina de la jurista
doña Clara Szczaranski, quien señala que la amnistía vigente
en Chile es la impropia.
Funda tal aserto al constatar que la amnistía contenida en
el D.L. 2191 de 1978 no se refiere a hechos, sino a personas, de
lo cual se desprende que esta disposición exige la
determinación de sujetos culpables respecto de un ilícito penal
específico, en calidad de autores, cómplices o encubridores.
El grado de participación culpable de un acusado en un
delito solo puede determinarse una vez agotado un proceso
penal, en virtud de una sentencia ejecutoriada.
Apoya su planteamiento en un informe en derecho
elaborado en el año 1986 por la ministro de Justicia que
suscribió dicho decreto, doña Mónica Madariaga Gutiérrez, y
en declaraciones públicas difundidas por la prensa nacional el
20 de diciembre de 1978 por el entonces ministro del Interior
don Sergio Fernández Fernández, quien afirmó que la amnistía
“buscó justamente borrar los efectos penales tanto de los
delitos cometidos por quienes habían preparado fría y
sistemáticamente la guerra civil, como de los eventuales
excesos en que hubieren incurrido quienes tuvieron la misión
de conjurarla”, agregando que “cualquiera sea la verdad
concreta en cada situación, ella puede ser investigada por los
Doña Clara sostiene que la amnistía impropia vigente en
Chile no es una auto amnistía —pues no es de aquellas que el
hechor aplica a si mismo excluyendo la función jurisdiccional
posterior y, además, es aplicable y ha sido aplicada a todo
sujeto activo en el mismo período, en beneficio de personas de
distinta y antagónica ideología política—; no provoca una
denegación de justicia ni concede impunidad —ya que el
Estado cumple con su deber de otorgar justicia, de
conformidad con la normativa interna y la internacional, al
investigar los hechos, determinar los responsables y sancionar
jurídicamente a los culpables;
Lo que es algo completamente distinto del cumplimiento
efectivo o ejecución de la pena—; no se opone o contraviene
convenio o tratado internacional alguno sobre derechos
humanos y que ella debe ser aplicada correctamente, no solo
por ser ley vigente, sino que en virtud de los principios de
legalidad y pro reo, garantías vigentes en Chile y, además,
reforzadas por los tratados sobre derechos humanos
ratificados por Chile vía artículo 5º de la Constitución Política
Lamentablemente, la tendencia jurisprudencial ha sido la
de aplicar la amnistía a los violentistas y terroristas que
operaron durante el período cubierto por ella, e incluso durante
los gobiernos de la Concertación, pero no a quienes tuvieron
que reprimir la acción de aquellos y que también están
amparados por dicha ley.

References: artículo 108
 artículo 141

artículo 148
 artículo 107
 artículo 93
 artículo 102
 artículo 109
 artículo 5