Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920492.html
Timestamp: 2019-11-20 21:01:30+00:00

Document:
as201920492
Auto Supremo: 492/2019
Expediente: SC-4-19-S
Partes: Juan Carlos Montoya Borda y otros c/Eldy Quiroga Aguilera.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 164 a 165 vta., interpuesto por Eldy Quiroga Aguilera contra el Auto de Vista Nº 154/2018 de 13 de septiembre, cursante de fs. 160 a 161 vta., pronunciado por Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso ordinario de resolución de contrato y otros seguido por Juan Carlos Montoya Borda y otros contra la recurrente; el Auto de Concesión de 04 de enero de 2019, cursante de fs. 173, el Auto Supremo de Admisión N° 57/2019-RA de 04 de febrero; todo lo inherente; y:
1. Juan Carlos Montoya Borda por sí y en representación de Ramiro Montoya Borda y Liliana Montoya Borda, interpusieron demanda de resolución de contrato por incumplimiento más pago de daños y perjuicios de fs. 37 a 39, en contra de Eldy Quiroga Aguilera, quien opuso excepción de litispendencia, contestó negativamente y reconvino por mejor derecho propietario, excepción que fue rechazada por Auto de 11 de junio de 2018, trámite principal que concluyó con la Sentencia Nº 5/2018 de 3 de julio, de fs. 110 a 113 vta., que declaró PROBADA la demanda.
2. Contra la referida determinación, la parte demandada interpuso recurso de apelación, mereciendo el Auto de Vista No 154/2018 de 13 de septiembre, por el que CONFIRMÓ la Sentencia en todas sus partes, resolución asumida en función a los siguientes argumentos:
Que la demandada al momento de asumir defensa en ningún momento alegó que los demandantes incumplieron con las obligaciones pactadas en la Escritura Pública N° 98/2017 de 16 de enero, o que no se encuentre en posesión del inmueble ubicado en la zona Sur-Este, Distrito 5, U.V. N° 10, lote Nº 16, Urbanización La Madre de la ciudad de Montero, entonces conforme lo establece el principio dispositivo y de congruencia, resulta extemporáneo que la apelante pretenda un pronunciamiento judicial sobre cuestiones que no han sido objeto de litis, durante el trámite de la causa, al margen que no existe medio probatorio que respalde los extremos denunciados, sobre todo si en el “Otrosí 4” del memorial de fs. 46 a 47, reconoce que se encuentra habitando el referido inmueble.
3. Fallo de segunda instancia que fue recurrido en casación por la parte demandada de fs. 164 a 165 vta., que es motivo de análisis en la presente resolución.
a. Después de realizar una descripción resumida de la demanda, Sentencia y Auto de Vista, la recurrente ampara todo su recurso en la vulneración del art. 568 del CC, porque desde su óptica se otorgó un valor probatorio erróneo a las documentales de fs. 35 a 36 (depósitos bancarios), porque de su compulsa se evidencia que solamente depositaron la cantidad de Bs. 2.563,58, faltando completar la suma comprometida, la cual en su totalidad asciende a Bs. 19.333,35, bajo ese precedente alegó que no se ha cumplido con la obligación contraída y únicamente pueden demandar la resolución de contrato por incumplimiento, cuando una de las partes ha cumplido con su obligación, lo cual no acontece, habiendo realizado los jueces de instancia una errónea valoración probatoria.
b. Acusó que el Tribunal de alzada incurre en interpretación y aplicación errónea del art. 568 del Código Civil, toda vez que no verificó que los demandantes efectivamente hayan cumplido con la exigencia del referido artículo.
Alegaron que han cumplido con lo determinado en la cláusula 3.1 del documento objeto de litis, cancelando las tres primeras cuotas conforme al plan de pagos establecido con el Banco Sol, hecho demostrado con los comprobantes de pago de fs. 35 a 36, pero al advertir las intenciones de la demandada, no han cumplido con las restantes cuotas, toda vez que el art. 573 del CC, les permite tal situación.
Indicaron que han cumplido con lo convenido en la cláusula 3.2. a) al haber transferido el vehículo acordado, así como lo referido en el inciso b) de la misma cláusula al haber otorgado en calidad de anticresis la línea de transporte público. Y finalmente también cumplieron con lo determinado en el inciso c) al abonar la suma de Bs. 45.305 a la cuenta de Eldy Quiroga Aguilera, conforme sale del comprobante de fs. 35.
Concluyeron, señalando que cumplieron con las prestaciones acordadas a diferencia de la parte demandada, que no cumplió con su obligación de entregar el bien.
Por otra parte, respecto a la actividad valorativa de la prueba por parte de los de instancia el Auto Supremo N° 240/2015, orienta que: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. Esta Tarea encomendada al juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.
III.2. Del principio de razonabilidad.
En cuanto a la aplicación del referido principio, la SCP Nº 0617/2015-S1 de 15 de junio de 2015, ha señalado: “El principio de razonabilidad y su vinculación con la aplicación directa y eficaz de los derechos fundamentales. La SCP 0121/2012 de 2 de mayo, indico que: “Como ya se puntualizó, el valor axiomático y dogmático-garantista de la nueva Constitución Política del Estado está íntimamente ligado al principio de aplicación directa y eficaz de los derechos fundamentales plasmado en el art. 109.I de la CPE, en ese orden de ideas, debe precisarse que el estándar axiomático, destinado a materializar por parte de las autoridades jurisdiccionales los valores de igualdad y justicia, es el principio de razonabilidad. Cabe precisar que los valores de justicia e igualdad constituyen el estándar axiomático y presupuesto para el ejercicio de los roles jurisdiccionales con la misión específica de asegurar la eficacia de los derechos fundamentales. Estos estándares axiomáticos, en el orden constitucional imperante en el Estado Plurinacional de Bolivia, tienen génesis directa en el valor supremo del Estado, que es el ‘vivir bien’, valor inserto en el preámbulo de la Norma Fundamental, a partir del cual deben ser entendidos los valores ético-morales de la sociedad plural, plasmados en los dos parágrafos del art. 8 de la CPE. En ese orden, estos parámetros axiomáticos, es decir, el 15 valor justicia e igualdad que son consustanciales al valor vivir bien, forman parte del contenido esencial de todos los derechos fundamentales, por lo que las autoridades jurisdiccionales en el ejercicio de sus competencias, deben emitir decisiones razonables y acordes con estos principios, asegurando así una verdadera y real materialización del principio de aplicación directa de los derechos fundamentales”.
De la jurisprudencia extractada se puede advertir que a la luz del nuevo modelo constitucional, el principio de razonabilidad encuentra su esencia que toda autoridad al momento de asumir una determinación la materialice de forma armonizada y razonada, dentro de un equilibrio normativo con el bloque de constitucionalidad imperante, acorde con valores plurales supremos como ser la justicia e igualdad, presupuesto esencial, para evitar asumir decisiones arbitrarias contrarias a un Estado Constitucional de Derecho, o sea, es la búsqueda de una razonable relación entre la aplicación normativa y el bloque de constitucionalidad.
III.3. De la Interpretación del art. 568 del Código Civil.
Al respecto, el art. 568 del Código Civil, prevé: I. "En los contratos con prestaciones recíprocas cuando una de las partes incumple por voluntad la obligación, la parte que ha cumplido puede pedir judicialmente el cumplimiento o la resolución del contrato, más el resarcimiento del daño; o también puede pedir sólo el cumplimiento dentro de un plazo razonable que fijará el juez…”, La norma citada, evidentemente presenta en lo principal dos alternativas como base de las acciones de resolución de contrato y el cumplimiento de contrato que nacen de un contrato celebrado con prestaciones recíprocas, es decir, que por lo dispuesto en dicho precepto normativo la parte que ha cumplido con su obligación puede exigir judicialmente el cumplimiento a la parte que incumplió; y por otro lado, la parte que ha cumplido pida judicialmente la resolución del contrato, más el resarcimiento del daño.
En este sentido se ha orientado a través del Auto Supremo N° 609/2014 de 27 de octubre, que: “…el art. 568 del Código Civil, pues dicha norma conforme a lo establecido anteriormente hace referencia a que en caso de incumplimiento de contrato, la parte que cumplió el mismo tiene dos opciones, la primera es la resolución judicial del contrato, cuando este hubiese sido incumplido por la otra parte, y la segunda opción es pedir a la parte que incumplió con el contrato que cumpla el mismo, es decir que en este segundo caso lo que se pretende es que el contrato se ejecute…”, y en los casos de incumplimiento recíproco en el AS Nº 05/2014 de 08 de septiembre, se ha orientado cuales los tópicos a ser analizados, refiriendo que: “si bien en definitiva ambas partes incumplieron sus obligaciones, le correspondía al juez determinar cómo se analizó supra, cuál de las obligaciones era de primigenia exigencia, y de la norma contenida en el art. 568 del Código Civil entender que quien dio cumplimiento–así no sea total- de lo pactado en el contrato en cuestión, lo esencial en situaciones como las que se controvierte en el caso de Autos, es que debe examinar el juzgador la razón inicial que motivó el incumplimiento, ese aspecto está inserto precisamente en el contrato en cuestión, y es tarea del juzgador dilucidar ese aspecto, al no hacerlo se vulnera entonces el debido proceso y no se cumple con la tutela judicial efectiva, en razón que el derecho constitucional fundamental al debido proceso se funda, entre otros aspectos, en la garantía de que, sometido un asunto al examen de los Jueces, se obtendrá una definición acerca de él, de donde se desprende que normalmente la sentencia tiene que plasmar la sustancia de la resolución judicial.”, “de lo que se puede concluir que al ser aplicable el art. 568 del CC, a las relaciones contractuales bilaterales, resulta importante determinar que para su procedencia el orden o prelación de las obligaciones generadas, es decir, se debe establecer qué obligación depende de la otra, para determinar quién incumplió con su obligación, en cuya finalidad y en procura de resolver dicho aspecto se debe realizar una interpretación amplia del contrato, o sea que dicha interpretación debe ser en relación a la redacción del contrato, la intención común de las partes contratantes, y la conducta de las partes en la ejecución de la misma, interpretación que debe ser realizada por todo juzgador para resolver las pretensiones cuya base jurídica sea el art. 568 del CC”.
Del contexto de su recurso de casación se denota dos reclamos que giran en torno a la vulneración del art. 568 CC, en el entendido que los Jueces de instancia, habrían realizado una errónea valoración probatoria de los documentos de fs. 35 a 36, porque la suma de ambos no alcanza al monto referido en el Escritura Pública N° 98/2017 de 16 de enero, de Bs. 19.333,35, sino únicamente al monto de Bs. 2.563,58, resultando inviable demandar la resolución del contrato cuando el demandante no ha cumplido con su obligación.
Antes de ingresar al estudio del punto de controversia, es menester realizar algunas presiones de orden jurídico procesal en cuanto a la metodología y forma de interposición del recurso de casación.
El art. 271.I del Código Procesal Civil, es una norma básica y de carácter orientativa para el uso de una adecuada técnica recursiva al momento interponer del recurso de casación, pues la referida normativa es clara al expresar: “I. El recurso de casación se funda en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, sea en la forma o en el fondo. Procederá también cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta de la autoridad judicial.”.
La normativa en estudio visualiza dos enfoques de procedencia a ser tomados en cuenta, es decir cuando exista: a) Violación, interpretación o aplicación indebida de la Ley y b) errónea apreciación probatoria, ya se trate de error de hecho o derecho.
En lo que concierne a la primera, es decir a la violación, interpretación o aplicación indebida de la Ley, dicho análisis fue desarrollado de forma amplia y detallada en el AS Nº 410/2019 de 24 de abril1, correspondiendo en consecuencia remitirnos a lo plasmado en aquella resolución en lo que concierne a este tópico.
En cuanto, al tema de la apreciación de las pruebas este Tribunal a través de su vasta jurisprudencia ha delineado que -es una facultad privativa de los jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley2,- entendimiento asumido bajo la óptica procesal, que al ser el recurso de casación asimilable o catalogado como una demanda de puro derecho por su función nomofiláctica se veía limitado y no podía inmiscuirse en la actividad o valoración probatoria, como si fuese un tribunal de hecho, no obstante el carácter evolutivo y progresivo de la Ley y la Jurisprudencia han reconocido la función dikelógica de este recurso, que actualmente encuentra su apoyo en el principio de verdad material emanado por la Constitución Política del Estado y por el efecto irradiador del que ella emana es aplicable en un correcto control de constitucionalidad a todos los cuerpos legales normativos, todo este antecedente alumbro la posibilidad que este Máximo Tribunal de Justicia, efectué, realice y analice actividad probatoria, pero no de forma independiente sino que esa actividad debe ser desplegada acorde a los parámetros expuestos en la norma (art. 271 CPC), o sea en los casos donde las autoridades de grado al momento de valorar o apreciar las pruebas - hubieran incurrido en error de derecho o error de hecho-, correspondiendo un estudio diferenciador de cada una, porque si bien ambas están enfocadas al tema probatorio, no obstante poseen un alcance totalmente disímil.
Cuando hablamos de error de derecho, alguno autores expresaron que : “ es el yerro del juez en el momento de la apreciación de las pruebas, es decir, cuando dándoles por existentes en el proceso, pasa a valorarlas, y en esta actividad interpreta desacertadamente las normas legales3”, debemos entender que el juzgador ha cometido un yerro, pero desde el punto de vista formal o legal al momento de analizar la prueba , o sea cuando asigna un estatus jurídico que no le correspondía o caso contrario no le consigno el mérito probatorio que le asigna Ley, en términos más claros el error de derecho puede ser invocado cuando al momento de otorgar el respectivo valor probatorio los jueces de instancia, confirieron uno diferente o desconocieron el determinado por Ley, por ejemplo, cuando se desconoce el valor probatorio a una confesión provocada u otorgarle un valor probatorio totalmente distinto.
Siguiendo el estudio de este punto, no está demás referir que nuestro ordenamiento jurídico, sigue la doctrina moderna en materia de valoración de la prueba, adoptando la tesis de la valoración razonada, libre valoración o sana crítica, pues en su articulado 145.II, describe que: “Las pruebas se apreciaran en conjunto tomando en cuenta la individualidad de cada una de las pruebas producidas y de acuerdo con las reglas de la sana critica o prudente criterio…”, deduciendo de ello que el sistema de sana crítica en la valoración probatoria importa un proceso racional en el que el juez debe utilizar a fondo su capacidad de análisis lógico para llegar a un juicio o conclusión producto de las pruebas actuadas en el proceso, situación que importa la libertad reglada del juez a través de cauces de racionalidad que tiene que justificarla utilizando el método analítico al estudiar la prueba individualmente y después la relaciona en su conjunto, es decir, que la sana crítica o prudente criterio, en la fundamentación de la resolución, interesa que el juzgador debe observar las reglas fundamentales de la lógica y la experiencia, concibiendo que esta fundamentación o motivación, básicamente consistirá en una operación racional fundada en la certeza, observando los principios lógicos supremos que gobiernan la elaboración de los juicios(conclusiones) y dan base cierta para determinar si son verdaderos o falsos, de tal manera que las leyes del pensamiento se presentaran como leyes necesarias, evidentes e indiscutibles a momento de analizar esas conclusiones, leyes que, como es conocido en la doctrina, están gobernadas por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Extremo que tampoco desplaza al sistema de valoración de prueba legal o tasada, que se encuentra aún vigente en la segunda parte del mencionado precepto legal (art. 145.II), cuando esta dice “…salvo que la ley disponga expresamente una regla de apreciación distinta”.
Ahora el error de derecho en la valoración probatoria, según doctrina se – caracteriza por un inadecuado manejo de los hecho del proceso, o no haberlos fijado correctamente por haberse valorado inadecuadamente el elemento probatorio4-, en este tema a diferencia del error de derecho, ya no se analiza el tema subjetivo o formal, sino el tema fáctico es decir se aprecia el contenido del medio probatorio para determinar si la autoridad ha reflejado su real contenido, o a contrario sensu en su actividad intelectiva valorativa se equivoca trascendentalmente, como ser da por probado un hecho que no surge del medio probatorio en cuestión, o cuando suprime u omite partes de su contenido.
De todo lo anotado podemos concretar que la alegación del recurrente encuadra dentro de los casos de error de hecho en la apreciación probatoria, porque el único punto controversial apunta que desconocieron el contenido de los documentos de pago o depósitos de fs. 35, porque de su compulsa se evidencia que solamente depositaron el monto de Bs. 2.563,58, faltando para completar la suma comprometida.
Teniendo en claro el problema jurídico, a los efectos que la argumentación jurídica desplegada sea coherente en su contenido, es necesario resaltar lo determinado en el punto III.3 de la doctrina aplicable en cuanto al art. 568 del CC, donde se determinó que en las relaciones contractuales bilaterales, resulta importante determinar que para su procedencia el orden o prelación de las obligaciones generadas, es decir, se debe establecer qué obligación depende de la otra, para determinar quién incumplió con su obligación, en cuya finalidad y en procura de resolver dicho aspecto se debe realizar una interpretación amplia del contrato.
Entendimiento que surge del carácter sinalagmático e interdependiente en las prestaciones carácter bilateral, pues no basta que en el contrato bilateral cada una resulte obligada a su prestación, sino que entre ambas debe existir un vínculo recíproco de interpendencia, es decir, que existe codependencia mutua y equitativa, situación que obliga a un estudio minucioso de las obligaciones, pues no basta con establecer que ambas partes incumplieron sino que en el estudio de esa interdependencia se debe determinar quién ha incumplido primero.
Teniendo como norte todo lo referido supra, corresponde centrar nuestro estudio en el contrato inserto en el testimonio de fs. 8 a 9 vta., que es objeto de litis, específicamente en su cláusula tercera puntos primero y tercero, al ser las que atingen a la causa, ya que el punto segundo de la citada cláusula no ha sido tema de observación.
Del contenido del referido documento visible de fs. 8 a 9 vta., en su cláusula tercera punto primero se desprende que los ahora demandantes se comprometieron a pagar el 50% de una deuda que corresponde a la ex conviviente y a su padre(+), consistente en Bs. 19.333,35, el cual será cubierto de acuerdo al plan de pagos elaborados por el banco, a contraprestación en el punto tercero la demandada, se comprometió a desocupar en el plazo de 90 días, el inmueble ocupado en la Zona Sur-Este, distrito 5, U.V. 10, Mza., Lote N°16, Urbanización La Madre de la ciudad de Montero, plazo computable desde la firma del acuerdo.
El referido antecedente vislumbra dos diferentes obligaciones, para los demandantes saldar una deuda de Bs. 19.333,35 de acuerdo a un plan de pagos y para la demandada desocupar el referido bien en el plazo de 90 días computables desde la suscripción del contrato (16 de enero de 2017), en cuanto a la obligación inherente a los demandantes de acuerdo las documentales de fs. 35 a 36, estas acreditaron el pago pero de forma mensual, o sea de acuerdo a un plan o forma de pagos tal cual señala la cláusula 3.1, no otra cosa demuestra los depósitos que fueron realizados en las siguientes fechas -06 de febrero de 2017, 06 de marzo de 2017 y 06 de abril de 2017-, momento a partir del cual no se hizo depósito alguno, sin embargo, la recurrente debe tomar en cuenta que de acuerdo al orden de prelaciones a quien le correspondía el siguiente acto de cumplimiento acuerdo al vínculo jurídico obligacional era a la demandada, pues el plazo de 90 días determinado en la cláusula 3.3 concluía el 17 de abril del 2017, sin embargo no hizo entrega del bien en debate, medios probatorios que denotan que en el orden del cumplimiento de prestaciones la demandada fue quien incumplió, a contrario sensu de los demandantes, que cumplieron con todas las obligaciones contraídas en la cláusula tercera.
En consecuencia resulta errada la tesis asumida por la recurrente, quien pretende generar el cumplimiento completo del monto consignado en la cláusula tercera punto 3.1 del contrato, cuando dicho acuerdo contractual es enfático al determinar que este monto será efectivo de acuerdo a un plan de pagos, el mismo que reiteramos se cumplieron de forma ordenada conforme a los depósitos de fs. 35 a 36, en consecuencia la descripción de los hechos fácticos y estudio de los elementos probatorios nos permiten establecer que el sujeto contractual que ha incumplido su prestación fue en principio la demandada, como dijimos al ser un contrato bilateral, existe un vínculo de reciprocidad e interdependencia en las obligaciones asumidas, resultando correcta la decisión asumida por el Juez de la causa.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 320 a 323 vta., interpuesto por Wi lma Gutiérrez Balderrama contra el Auto de Vista Nº 154/2018 de 13 de septiembre, cursante de fs. 160 a 161 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Se regula honorario profesional al abogado que contestó el recurso en la suma de Bs. 1.000 (Mil 00/100 Bolivianos).
1 este Tribunal por el carácter progresivo y evolutivo de la Ley tampoco puede dejar de lado la función uniformadora y dikelógica que completan a las facultades que ostenta este Máximo Tribunal de Justicia, retomando el tema de la clasificación antes glosada, corresponde generar el cuadro diferenciador de cada uno para tener certeza que no se tratan de sinónimos en su interpretación y/o aplicación.
2 Auto Supremo N° 240/2015
3 LA CASACION CIVIL, FRANCISCO VELASCO GALLO
4 La CASACION CIVIL, MARTIN HURTADO REYES pag. 99

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