Source: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-475_2005.html
Timestamp: 2020-05-30 09:37:56+00:00

Document:
Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [C-475_2005]
Para el demandante las expresiones “durante el año inmediatamente anterior” contenidas en el artículo 431 de la Ley 599 de 2000 vulneran el derecho a la igualdad, toda vez que establecerían una discriminación entre los servidores públicos y las demás personas, toda vez que a los primeros se les posibilita pasado un año vulnerar los derechos de los demás ciudadanos en la medida en que pueden utilizar la información por ellos conocida en su condición de servidores públicos. La Corte constata que no resulta posible equiparar la situación de los servidores públicos a los que se aplica la norma en que se contienen las expresiones acusadas con la de cualquier otra persona. Cabe destacar en efecto que el actor no toma en cuenta que el bien jurídico específico que se pretende proteger por la norma es la administración pública y que es en consecuencia en relación con la protección de ese bien jurídico especifico que debe analizarse la eventual vulneración del principio de igualdad invocado. En este sentido es claro que es en función de que se ha tenido acceso a determinada información en calidad de servidor público en el año inmediatamente anterior que el Legislador establece una sanción penal de multa en este caso y ello como acaba de verse en función de la protección del bien jurídico administración pública. Situación que no es predicable de cualquier otra persona que no tenga dicha calidad y que por tanto no tiene en esas condiciones acceso a la información aludida y desde esta perspectiva no está en capacidad de vulnerar de esta manera el bien jurídico administración pública. En ese orden de ideas, es claramente improcedente exigir el mismo tratamiento jurídico frente a supuestos de hecho diversos, y por tanto ninguna vulneración del principio de igualdad cabe predicarse respecto de la tipificación efectuada por el Legislador del delito de “Utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de función pública” pues ni siquiera los supuestos planteados por el actor resultan comparables. A ello cabe agregar que en sí mismo el límite temporal establecido en la norma se enmarca dentro de la potestad de configuración que la Constitución reconoce al Legislador para determinar la política criminal y en este sentido para penalizar o no determinadas conductas
Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “durante el año inmediatamente anterior” contenida en el artículo 431 de la Ley 599 de 2000 “por la cual se expide el Código Penal”
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Jesús Antonio Espítia Marín presentó demanda contra la expresión “durante el año inmediatamente anterior” contenida en el artículo 431 de la Ley 599 de 2000 “por la cual se expide el Código Penal”, por la presunta vulneración del Preámbulo y de los artículos 1º, 2º, 4º y 13 constitucionales.
El demandante afirma que la expresión acusada vulnera el artículo 13 de la Constitución Política toda vez que: “…permite divulgar una información que el servidor público conoció en su condición de tal, luego de transcurrido un año de que el servidor haya dejado el cargo, a lo cual no habría sanción alguna para el infractor con relación a los daños que pudiera ocasionar con la manifestación por él hecha…”. En ese orden de ideas considera que el precepto acusado establece una discriminación entre quienes ya cumplieron un año de haber sido servidores públicos y las demás personas, toda vez que a los primeros, se les posibilita vulnerar los derechos de los demás ciudadanos en la medida en que pueden divulgar la información por ellos conocida en su condición de servidores públicos pasado un determinado tiempo, mientras que a las demás personas no se les da la misma posibilidad.
En ese orden de ideas, afirma que la actividad del legislador al momento de definir los delitos: “…está sujeta a los límites que impone la propia Carta, de tal suerte que el ejercicio del ius puniendi supone una adecuación de la potestad del legislador con los principios, valores y derechos consagrados en la Constitución, de tal manera que se garanticen efectivamente los derechos fundamentales dentro de un marco de respeto a la dignidad humana y la libertad…”. Sobre el particular cita un aparte de la sentencia C-248 de 2004.
Concluye entonces que: “…la descripción del artículo 431 del Código Penal se ajusta a las previsiones constitucionales, en tanto, como se ha advertido, con la incorporación del ingrediente normativo demandado se ha delimitado el margen de punibilidad atendiendo criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, y teniendo en cuenta además la naturaleza del bien jurídico y la plena aplicación del principio de legalidad …”.
Considera que el límite temporal fijado por el legislador en la expresión acusada es totalmente razonable, pues establece un lapso prudencial contado a partir del retiro del cargo, para que el exservidor se abstenga de utilizar la información que haya sido de su conocimiento, especialmente si se considera que: “…la velocidad con la que actualmente fluye la información, hace que el periodo de un año, (…) sea más que suficiente para la protección de la administración pública, pues lo que hoy puede ser información de gran connotación susceptible de reserva, en un tiempo no muy lejano, incluso menor a un año, podría ser simple historia…”.
Finalmente, señala que no es cierto que el ordenamiento jurídico nacional: “…permita dejar sin sanciones los casos que no puedan ser subsumidos bajo la norma en estudio, ya que hay que tener presente que corresponderá al organismo competente punitivo mirar si la conducta desplegada por ese ciudadano se adecua a otro tipo penal con el fin de determinar la posible pena a que se hace merecedor quien actúa de esa forma, a manera de ejemplo bien pudiera acomodarse dicho hecho al delito contemplado en el artículo 194 del Código Penal…”.
La Vista Fiscal advierte que: “…Los argumentos expuestos por el ciudadano Espítia Marín son confusos y no permiten inferir cuál es el concepto de la violación del ordenamiento superior ni demuestra como el precepto acusado infringe las normas superiores invocadas ”.
Recuerda que la jurisprudencia constitucional ha señalado que: “…la formulación de un cargo constitucional específico contra la disposición demandada, constituye uno de los requisitos materiales que debe cumplir el demandante, por lo que antes de pronunciarse de fondo, la Corte debe verificar si el actor ha cumplido con la exigencia de fundamentar en debida forma el respectivo cargo, so pena de inhibirse para fallar por ineptitud sustantiva de la demanda, al carecer de argumento susceptibles de ser analizados por el juez constitucional…”. Al respecto cita apartes de las sentencias C-131 de 1993 y C-045 de 2003.
La Vista Fiscal considera que: “…el ciudadano Espítia Marín no explicó suficientemente el concepto de la violación del principio de igualdad por parte de la norma acusada, ya que, bajo un contexto poco claro, intenta hacer una supuesta comparación entre los exfuncionarios y el resto de personas, sin definir supuestos de hecho claros que permitan realizar un verdadero test de igualdad, por lo que dicho cargo, también ha debido ser rechazado…”.
Para el actor las expresiones “durante el año inmediatamente anterior” contenidas en el artículo 431 de la Ley 599 de 2000 vulneran el derecho a la igualdad, toda vez que establecerían una discriminación entre los servidores públicos y las demás personas, toda vez que a los primeros se les posibilita pasado un año vulnerar los derechos de los demás ciudadanos en la medida en que pueden divulgar la información por ellos conocida en su condición de servidores públicos. Posibilidad que no existe para ninguna otra persona. Afirma igualmente que no resulta razonable ni se justifica la desigualdad prevista por la expresión acusada entre los servidores públicos y un ciudadano común y corriente, toda vez que no existe ningún motivo constitucionalmente válido que justifique la posibilidad para los primeros de utilizar la información simplemente por haber pasado un año.
Debe la Corte en consecuencia establecer si las expresiones “durante el año inmediatamente anterior” contenidas en el artículo 431 de la Ley 599 de 2000 “por la cual se expide el Código Penal” que tipifica el delito de Utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de función pública vulneran o no el principio de igualdad por cuanto supuestamente establecen una discriminación entre los servidores públicos y las demás personas sin ninguna justificación.
Esta circunstancia, permite que el legislador adopte distintas estrategias de política criminal, siempre que la alternativa aprobada, además de ser legítima en cuanto a la forma en que se configura, respete los valores, preceptos y principios constitucionales. Así las cosas, es evidente que la política criminal y el derecho penal no se encuentran definidos en el texto constitucional sino que corresponde al legislador desarrollarlos. La Corte ha precisado que en el ejercicio de su atribución el Congreso “no puede desbordar la Constitución y está subordinado a ella porque la Carta es norma de normas (CP art. 4). Pero, en función del pluralismo y la participación democrática, el Legislador puede tomar diversas opciones dentro del marco de la Carta.[5]”
La Corte también ha sido constante en afirmar que mientras en el cumplimiento de la función legislativa no resulten contrariados los preceptos fundamentales “bien puede el legislador crear o suprimir figuras delictivas, introducir clasificaciones entre ellas, establecer modalidades punitivas, graduar las penas aplicables, fijar la clase y magnitud de éstas con arreglo a criterios de agravación o atenuación de los comportamientos penalizados, todo de acuerdo con la apreciación, análisis y ponderación que efectúe acerca de los fenómenos de la vida social y del mayor o menor daño que ciertos comportamientos puedan estar causando o llegar a causar en el conglomerado”[8]. En el mismo sentido “puede consagrar regímenes diferenciados para el juzgamiento y tratamiento de delitos y contravenciones, pudiendo, incluso, realizar diferenciaciones dentro de cada uno de estos grupos, en la medida en que unos y otros se fundamenten en criterios de razonabilidad y proporcionalidad que atiendan una valoración objetiva de elementos tales como, la mayor o menor gravedad de la conducta ilícita, la mayor o menor repercusión que la afectación del bien jurídico lesionado tenga en el interés general y en el orden social, entre otros”.[9]
Por lo anterior, solamente “en los casos de manifiesta e innegable desproporción o de palmaria irrazonabilidad,”[10] correspondería al juez Constitucional declarar la inexequibilidad de la disposición que sea objeto de análisis.
Cabe destacar al respecto que la jurisprudencia ha señalado con especial énfasis que en el Estado Social de derecho, donde la dignidad humana ocupa un lugar de primer orden “El Constituyente erigió los derechos fundamentales en límites sustantivos del poder punitivo del Estado, racionalizando su ejercicio”. Por lo que “Sólo la utilización medida, justa y ponderada de la coerción estatal, destinada a proteger los derechos y libertades, es compatible con los valores y fines del ordenamiento”.[11]
En ese orden de ideas la Corte ha explicado que si bien el Legislador cuenta con una amplia potestad de configuración normativa para el diseño de la política criminal del Estado[12] y, en consecuencia, para la tipificación de conductas punibles es evidente que no por ello se encuentra vedada la intervención de la Corte cuando se dicten normas que sacrifiquen los valores superiores del ordenamiento jurídico, los principios constitucionales, o los derechos fundamentales[13].
La norma donde se contienen las expresiones acusadas, a saber el artículo 431 de la Ley 599 de 2000 hace parte del capitulo once “de la utilización indebida de información y de influencias derivadas del ejercicio de función pública”[14] del título XV “sobre delitos contra la administración publica” del Libro segundo “sobre los delitos en particular” del Código Penal.
Así en el Capítulo Octavo “De los abusos de autoridad y otras infracciones”, del título XV “sobre delitos contra la administración publica” del Libro segundo “sobre los delitos en particular” del Código Penal para el caso de los servidores públicos se penaliza la revelación de secreto (art. 418)[15], la utilización de asunto sometido a secreto o reserva (art. 419)[16], la utilización indebida de información oficial privilegiada (art. 420)[17].
A su vez, y en relación no con los servidores públicos sino respecto de cualquier persona en el capítulo VII “De la violación a la intimidad, reserva e interceptación de comunicaciones” del título III “de los delitos contra la libertad individual y otras garantías” del Libro segundo del Código Penal se penaliza la violación ilícita de comunicaciones (Art. 192)[18], la divulgación y empleo de documentos reservados (art. 194)[19], el acceso abusivo a un sistema informático (art. 195)[20], la violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial (art. 196)[21].
Para el demandante las expresiones “durante el año inmediatamente anterior” contenidas en el artículo 431 de la Ley 599 de 2000 vulneran el derecho a la igualdad, toda vez que establecerían una discriminación entre los servidores públicos y las demás personas, toda vez que a los primeros se les posibilita pasado un año vulnerar los derechos de los demás ciudadanos en la medida en que pueden utilizar la información por ellos conocida en su condición de servidores públicos. Posibilidad que no existe para ninguna otra persona. Afirma igualmente que no resulta razonable ni se justifica la desigualdad prevista por la expresión acusada entre los servidores públicos y un ciudadano común y corriente, toda vez que no existe ningún motivo constitucionalmente válido que justifique la posibilidad para los primeros de utilizar la información a que acceden en ejercicio de sus funciones simplemente por haber pasado un año.
En ese orden de ideas, es claramente improcedente exigir el mismo tratamiento jurídico frente a supuestos de hecho diversos, y por tanto ninguna vulneración del principio de igualdad cabe predicarse respecto de la tipificación efectuada por el Legislador del delito de “Utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de función pública” pues ni siquiera los supuestos planteados por el actor resultan comparables.
Ahora bien, resulta pertinente precisar de otra parte que no es cierto que en este caso se desamparen -pasado el limite temporal fijado en la norma- los derechos de las personas respecto de las cuales el servidor público pueda acceder a alguna información en razón de sus funciones pues es claro que como lo señala el señor fiscal General de la Nación serán otros tipos penales -en función de bienes jurídicos diferentes al de la administración pública- los que eventualmente sean utilizados para penalizar a quienes luego de haber dejado de ser servidores públicos lleguen a utilizar por fuera del limite temporal a que alude la norma una información que conocieron en tal calidad y que pueda afectar los derechos de determinadas personas. A título de ejemplo cabe recordar, como lo hace el mismo señor Fiscal General de la Nación, que el artículo 194 de la Ley 599 de 2000 contenido en el capítulo VII “De la violación a la intimidad, reserva e interceptación de comunicaciones” del título III “de los delitos contra la libertad individual y otras garantías” del Libro segundo del Código Penal sanciona con multa a quien en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro divulgue o emplee el contenido de un documento que deba permanecer en reserva, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.
Declarar EXEQUIBLES, por el cargo formulado, las expresiones “durante el año inmediatamente anterior” contenidas en el artículo 431 de la Ley 599 de 2000.
ART. 431.–Utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de función pública. El que habiéndose desempeñado como servidor público durante el año inmediatamente anterior utilice, en provecho propio o de un tercero, información obtenida en calidad de tal y que no sea objeto de conocimiento público, incurrirá en multa.
ART. 432.–Utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio de función pública. El que habiéndose desempeñado como servidor público durante el año inmediatamente anterior utilice, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función cumplida, con el fin de obtener ventajas en un trámite oficial, incurrirá en multa.
ART. 433.–Soborno transnacional. El nacional o quien con residencia habitual en el país y con empresas domiciliadas en el mismo, ofrezca a un servidor público de otro Estado, directa o indirectamente, cualquier dinero, objeto de valor pecuniario u otra utilidad a cambio de que éste realice u omita cualquier acto en el ejercicio de sus funciones, relacionado con una transacción económica o comercial, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ART. 434.–Asociación para la comisión de un delito contra la administración pública. El servidor público que se asocie con otro, o con un particular, para realizar un delito contra la administración pública, incurrirá por ésta sola conducta en prisión de uno (1) a tres (3) años, siempre que la misma no constituya delito sancionado con pena mayor.
[15] ART. 418.–Revelación de secreto. El servidor público que indebidamente dé a conocer documento o noticia que deba mantener en secreto o reserva, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público.
[16] ART. 419.–Utilización de asunto sometido a secreto o reserva. El servidor público que utilice en provecho propio o ajeno, descubrimiento científico, u otra información o dato llegados a su conocimiento por razón de sus funciones y que deban permanecer en secreto o reserva, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público, siempre que la conducta no constituya otro delito sancionado con pena mayor.
[17] ART. 420.–Utilización indebida de información oficial privilegiada. El servidor público que como empleado o directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier entidad pública, que haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones y que no sea objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, sea éste persona natural o jurídica, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público.
[18] ART. 192.–Violación ilícita de comunicaciones. El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida una comunicación privada dirigida a otra persona, o se entere indebidamente de su contenido, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.
[19] ART. 194.–Divulgación y empleo de documentos reservados. El que en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro divulgue o emplee el contenido de un documento que deba permanecer en reserva, incurrirá en multa, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.
[20] ART. 195.–Acceso abusivo a un sistema informático. El que abusivamente se introduzca en un sistema informático protegido con medida de seguridad o se mantenga contra la voluntad de quien tiene derecho a excluirlo, incurrirá en multa.
[21] ART. 196.–Violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial. El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida comunicación o correspondencia de carácter oficial, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años.
[27] En múltiples oportunidades esta Corporación ha explicado que. "la aplicación de los "tests" de razonabilidad y proporcionalidad se efectúa en etapas consecutivas y ordenadas (...)El orden de estas etapas corresponde a necesidades no sólo lógicas sino también metodológicas: el test del trato desigual pasa a una etapa subsiguiente sólo si dicho trato sorteó con éxito la inmediatamente anterior."Ver Sentencia C-022/96 M.P. Carlos Gaviria Díaz En el mismo sentido, ver sentencias T-230 de 1994, T-563 de 1994, C-337 de 1997, T-454 de 1998, T-861 de 1999, C-445 de 1995, C-673 de 1999, C-093 de 2001, C-586/01, C-742/01, C-233/02, C-1116/03, entre muchas otras.

References: artículo 431
 artículo 431
 artículo 431
 artículo 13
 artículo 431
 artículo 194
 artículo 431
 artículo 431
 artículo 431
 artículo 431
 artículo 194
 artículo 431