Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S66-01.html
Timestamp: 2014-08-01 01:46:15+00:00

Document:
María Levoyer Jiménez
v. Ecuador, Caso No. 11.992, Informe No. 66/01, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser./L/V/II.114 Doc.
5 rev. 1 en 477 (2001).
1. Mediante petición recibida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión" o "CIDH") el 29 de diciembre de 1997, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (en adelante "el peticionario") presentó una denuncia contra el Estado de Ecuador (en adelante "Ecuador" o "el Estado"), por violación de los derechos humanos de la señora Dayra María Levoyer Jiménez. El peticionario sostiene que la señora Levoyer Jiménez fue detenida el 21 de junio de 1992, sin orden judicial y mantenida incomunicada por un plazo de 39 días, durante el cual fue sometida a torturas psicológicas. Permaneció detenida sin condena por un plazo de más de 5 años y fue finalmente sobreseida en todas las causas que se abrieron en su contra. 2. Durante su detención interpuso numerosas acciones de habeas corpus que no produjeron ningún resultado. Finalmente, el 16 de junio de 1998, el Tribunal Constitucional, al resolver una apelación en el último de los habeas corpus presentados, resolvió concederle la libertad, con base en la duración prolongada de la prisión preventiva. Sostiene también que la detención y posterior encarcelamiento durante más de cinco años de la señora Levoyer Jiménez obedece exclusivamente al hecho de ser la compañera de Hugo Jorge Reyes Torres,[1] quien fue acusado de liderar una poderosa banda de narcotraficantes en Ecuador. Alega además, que el Estado violó su derecho de propiedad, pues hasta la fecha no le fueron devueltos los bienes que le fueron secuestrados al momento de su detención.
3. En consecuencia, el peticionario alega que el Estado violó los derechos a la integridad física, a la libertad personal, al debido proceso, a la propiedad y al acceso a un recurso sencillo y rápido para el reconocimiento de sus derechos, consagrados en los artículos 5, 7, 8, 21 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención" o "la Convención Americana"). El Estado sostiene que no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna. 4. Durante su 106° período ordinario de sesiones, la Comisión mediante el Informe 29/00 (7/03/00), declaró admisible el presente caso respecto de las alegadas violaciones a los artículos 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana. Asimismo la Comisión decidió postergar para el informe de fondo lo relativo a la admisibilidad de la denuncia por la presunta violación del artículo 21 en concordancia con los artículos 8 y 25 de la Convención. En el presente informe, luego de un análisis de los hechos del caso, la Comisión concluye que el Estado ecuatoriano ha violado los artículos 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana. II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN
16. Durante el tiempo en que estuvo detenida, la señora Levoyer Jiménez interpuso numerosas acciones de amparo o habeas corpus judicial, con el objeto de obtener su libertad, alegándose la violación de la Constitución, la ley y los tratados de derechos humanos. Así lo hizo el 26 de julio de 1994, el 3 de abril de 1995, en marzo de 1996, el 18 de octubre de 1997 y el 18 de noviembre de 1997. Todos ellos fueron interpuestos ante el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, sin que en ningún caso el Presidente los haya resuelto. El peticionario sostiene en consecuencia, que la interposición de cuatro habeas corpus sin que hayan sido resueltos, constituye falta de acceso a un recurso sencillo y rápido, y por lo tanto una violación a las disposiciones de la Convención, en particular de su artículo 25. 17. El 15 de abril de 1998 se presentó una nueva acción de habeas corpus, por la cual se solicitó al Alcalde de Quito[5] la inmediata libertad de la señora Levoyer. La petición fue denegada el 21 del mismo mes, lo cual motivó una apelación que fue presentada el 24 de abril de 1998, ante el Tribunal Constitucional. 18. La Segunda Sala del Tribunal Constitucional, al resolver el 16 de junio de 1998, consideró cumplidos en exceso los plazos de la ley 04,[6] revocó la decisión de la Alcaldía y ordenó la libertad de la señora Levoyer Jiménez. Señaló el Tribunal Constitucional en su resolución que la excepción que la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas hacía respecto de la aplicación del artículo 114.1 del Código Penal, para los casos de los delitos contemplados en dicha ley, había sido declarada inconstitucional por ese mismo Tribunal, mediante resolución Nº 119-1-97 del 24 de diciembre de 1997. En consecuencia, agregó, no se encuentra vigente. Con esos fundamentos, el Tribunal consideró cumplidos los plazos del artículo 114.1 y ordenó la libertad de Dayra María Levoyer Jiménez, que se hizo efectiva unos días más tarde.
21. Con fecha 27 de julio de 1998, se recibió la respuesta del Estado. Sostiene que en el presente caso no puede hablarse de violación de los derechos humanos por cuanto no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna. 22. Argumenta que el artículo 249 del Código de Procedimiento Penal establece que, dictado el auto de sobreseimiento provisional, el sumario se suspende por el término de cinco años, plazo durante el cual pueden presentarse nuevas pruebas respecto de la inocencia o culpabilidad del encausado. Asimismo, el artículo 252 del mismo Código dispone que, luego de cumplido ese plazo sin que se haya reabierto el procedimiento, el juez dictará auto de sobreseimiento definitivo.
79. La revisión de la legalidad de una detención implica la constatación no solamente formal, sino sustancial, de que esa detención es adecuada al sistema jurídico y que no se encuentra en violación a ningún derecho del detenido. Que esa constatación se lleve a cabo por un Juez, rodea el procedimiento de determinadas garantías, que no se ven debidamente protegidas si la resolución está en manos de una autoridad administrativa, que no necesariamente tiene la formación jurídica adecuada, pero que en ningún caso puede tener la facultad de ejercer la función jurisdiccional. 80. El peligro de que este tipo de resoluciones esté en manos de una autoridad municipal ha sido remarcado por el mismo Tribunal Constitucional de Ecuador, al sostener que:

References: artículo 21
 artículo 25
 resolución 
 artículo 114
 resolución 
 artículo 114
 artículo 249
 artículo 252
 resolución