Source: http://criticaprocesal.blogspot.com/2013/10/reacciones-procesales-contra-los.html
Timestamp: 2019-07-19 04:34:54+00:00

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Crítica procesal y sustantiva: Reacciones procesales contra los errores en Sentencias y Autos definitivos en la misma Instancia
240.2: "Sin perjuicio de ello, el juzgado o tribunal podrá, de oficio o a instancia de parte, antes de que hubiere recaído resolución que ponga fin al proceso, y siempre que no proceda la subsanación, declarar, previa audiencia de las partes, la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular”.
214.3: “Los errores materiales manifiestos y los aritméticos en que incurran las resoluciones de los Tribunales y Secretarios Judiciales podrán ser rectificados en cualquier momento”. El apartado primero, a su vez, declara que "los tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan". La aclaración y rectificación de errores (no manifiestos, ha de entenderse) tiene un plazo muy breve (214.2), aunque suficiente (2 días, es decir, 3 con el de gracia).
"Si se tratase de sentencias o autos que hubieren omitido manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso, el Tribunal, a solicitud escrita de parte en el plazo de cinco días a contar desde la notificación de la resolución, previo traslado por el Secretario judicial de dicha solicitud a las demás partes, para alegaciones escritas por otros cinco días, dictará auto por el que resolverá completar la resolución con el pronunciamiento omitido o no haber lugar a completarla".
Sin embargo, por ejemplo, el Tribunal Supremo, Sala 1ª, en Auto de 8 de enero de 2013, recurso 1516/2008, declara: "...esta Sala, en la providencia de 20 de noviembre de 2012, puso de manifiesto a las partes litigantes la existencia de una irregularidad procesal -consistente en la falta de incorporación, antes de ser dictada la sentencia de 20 de julio de 2012 por la que se desestimaron los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, del escrito de 8 de febrero de 2011 y documentos acompañados al mismo-, a fin de que las partes pudieran efectuar alegaciones sobre la posible declaración de nulidad de la indicada sentencia, determinada por dicha irregularidad procesal. (...) La irregularidad procesal provocada por la falta de incorporación a este rollo -antes de que fuera dictada la sentencia de 20 de julio de 2012 - del escrito de 8 de febrero de 2011 y documentos que lo acompañan ha provocado que esta Sala no los haya tenido a la vista en el momento de dictarse la indicada sentencia, lo que supone que la recurrente no ha obtenido una respuesta a la petición formulada en este escrito. Se ha privado a la recurrente no solo de la tramitación de su petición -según impone el artículo 271 LEC-, sino también del juicio de relevancia de los documentos acompañados con dicho escrito, que la recurrente tiene derecho a obtener -en el caso de que proceda su incorporación- en la sentencia que decide sobre los recursos interpuestos, según establece el indicado precepto. En consecuencia, se ha provocado indefensión a la recurrente, dado que esta Sala no ha tenido a la vista el escrito de 8 de febrero de 2011 y documentos que lo acompañan en el momento de dictarse la sentencia de 20 de julio de 2012. Esto comporta que, en aplicación del artículo 225.3.º LEC y 228.2.II LEC, debe ser declarada la nulidad de la sentencia de 20 de julio de 2012, y acordar la reposición de las actuaciones al momento anterior a dictarse la providencia de 27 de junio de 2012, por la que se efectúa el señalamiento para la votación y fallo, que se deja sin efecto, para dar al escrito de 8 de febrero de 2011 el trámite procedente que establece el artículo 271.2. LEC."
Igualmente, podemos citar la Sentencia del TSJ de Cantabria, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, de 11 de enero de 2010, númerpo 5/2010, recurso 215/2009: Frente a dicha estimación parcial presentó recurso, invocando motivos de fondo, el Gobierno de Cantabria, al que se opuso la parte recurrente en primera instancia. La Sala, de oficio, planteó como cuestión no debatida por las partes, la falta de competencia del Juzgado de lo Contencioso para conocer de este procedimiento toda vez que tenía como objeto la extinción de la relación funcionarial, entendida en sentido amplio.(...) Ambas partes admiten la falta de competencia del Juzgado de lo Contencioso para conocer del nacimiento o extinción de la relación funcionarial, a la que se asimila la estatutaria, conforme se desprende del artículo 8.2.a) de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa 29/1998, de 13 de julio en relación con el artículo 10.1.a). La falta de competencia es cuestión de orden público que vicia de nulidad la sentencia, conforme se deduce de los artículos 238 y ss de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 227 y ss de la Ley de Enjuiciamiento Civil, previéndose específicamente la posibilidad de ser acordada de oficio, además de cómo motivo de recurso, en tanto la sentencia no adquiera firmeza (ver en este sentido ATS, Sala 3ª, sec. 1ª, 14-4-2005, rec. 169/2004 y STSJ de Cataluña, sec. 2ª, 8-4-2005, núm. 451/2005, rec. 114/2003). De esta se desprende que la sentencia no pone fin al proceso, hasta tanto no sea firme. En el caso de falta de competencia, no obstante, ha de reconocerse, se permite la declaración de nulidad de oficio como consecuencia del ejercicio de un recurso en la alzada.
Veremos una Sentencia en la que no existe un vicio tan claro. Así, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 15ª, de 21 de junio de 2000, número 216/2000, recurso 234/2000 dice: "Se ha formulado recurso de apelación que cuestiona la valoración de las secuelas que se contiene en la sentencia". A raíz de ello, el Tribunal constata la existencia de una serie de vicios: "El primero de los incumplimientos constatados tiene el inconveniente de que se prescinde de un hecho probado de clara relevancia, que luego es objeto de subsunción en un precepto; y con ello se priva al eventual lector de la sentencia de datos de indudable relieve, puesto que con ella, obviamente, no se hace entrega del informe del forense. La segunda de las infracciones se traduce en un defecto de motivación del que se deriva indefensión, ya que mal se puede discutir un aspecto de la decisión cuya "ratio decidendi" no se conoce. Y, además, impide el correcto funcionamiento de esta segunda instancia, puesto que tampoco resulta posible, por falta de elementos de juicio, valorar la corrección o incorrección del modo de operar del juzgador en ese punto. La consecuencia es que deba entenderse producida una infracción del deber del art. 120.3 de la Constitución que tiene encaje en la disposición del art. 238.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por ello, debe declararse la nulidad de la sentencia y de las actuaciones posteriores, a fin de que, retrocediendo en el trámite, se proceda a darle nueva redacción que subsane el defecto apreciado en los hechos probados e incluya la valoración específica de cada una de la secuelas y la conjunta a tenor de la fórmula de la ley 30/1995". Es decir, pro Tutela Judicial Efectiva, la Ilma. Sala declara de oficio la nulidad de una Sentencia incluso más allá del limite del 240.2, segundo párrafo, de la LOPJ, ante la imposibilidad de resolver la apelación planteada no sabemos si por la condenada o la acusación.
Así, por una parte, en sede de los Autos de Procedimiento Abreviado 357/2011 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Huelva. Planteamos dos motivos de recurso, una prescripción o caducidad, de los artículos 16 y 18 del RD 320/1994,de 25 de febrero y una infracción del artículo 72.3 de la Ley 17/2005, de 19 de julio y jurisprudencia de desarrollo (aportando una Sentencia del propio Juzgado). La Sentencia resuelve (FD2): "Se alega como único motivo de recurso (...) que se ha producido una vulneración de los principios y garantías existentes en el procedimiento sancionador...". No siendo planteable una revaloración del motivo de recurso segundo, denunciamos ante la misma Instancia la falta de resolución del primer motivo de recurso, el más claro. La Sentencia fue confirmada en una Resolución que venía a rechazar los argumentos de fondo, a nuestro entender, de nuevo erronéamente. Aunque el resultado está lejos de ser satisfactorio, al menos no hubo condena en costas.
Sin embargo, en el Juicio Verbal de desahucio por precario 1297/2010 del Juzgado de Primera Instancia número 22 de Palma, el planteamiento de nuestra solicitud propicia que el Magistrado reconozca haber olvidado la aportación de una certificación registral que acreditaba la titularidad de la demandada sobre la finca controvertida. Mediante Auto reconoce el hecho aunque decreta que la invariabilidad de la Sentencia impide su rectificación y emplaza a acudir a la Segunda Instancia. La Sentencia de la AP (Rollo 320/2011 de la Sección 3ª) acaba estimando el Recurso. Por suerte, por aquella época no había que afrontar los 800 euros que vale ahora sólo plantear el recurso y el mismo pudo verificarse. No sabemos que habría pasado a día de hoy, aunque la cuestión merece quizá una reflexión.
2 Por ejemplo, el publicado a raíz de la introducción de nueva regulación del incidente en la LOPJ, artículo 240, con motivo de la revisión de la misma por la Ley Orgánica 5/1997:http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292344076491?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content.. o bienhttp://www.larioja.org/upload/documents/670692_AA_N_14-2010.La_nulidad_de_actuacionesII.pdf, estudio más reciente, que afronta el tratamiento de la nulidad también en su relación con el complemento de Sentencias del artículo 215.2 de la LEC. Se expone la compatibilidad de ambos instrumentos procesales, admitida por la STC que reproduce parcialmente el estudio. El complemento, en tanto mecanismo de subsanación de una incongruencia omisiva tiene relación directa con el incidente de nulidad por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su manifestación de derecho a una resolución de fondo (no derecho de acceso a la jurisdicción, donde el ejercicio del derecho es más pleno, ni derecho al recurso). En este sentido resulta interesante a nuestro criterio referir cómo el CEDH, (en coherencia con nuestro derecho propio en sentido estricto) refuerza legalmente la efectividad del derecho al recurso sólo en el ámbito penal (art. 2 del Protocolo 7,http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf ), mientras que el derecho de acceso a la jurisdicción está consagrado también en el orden civil (artículo 6) y contra violaciones de derechos del propio convenio (art. 13)
5 "...posteriormente promovió nuevo incidente de nulidad de actuaciones frente a esta última providencia. Expresado incidente se tramitó dando traslado al Ministerio Fiscal y Abogacía del Estado, que coincidieron en su inadmisión. SEXTO.- Sin haberse resuelto el anterior incidente, consta que con fecha 9 de julio de 2013 el Secretario Judicial extendió Diligencia haciendo constar la existencia de dos procedimientos ante esta Sala (Autos A61/10/2007 y A61/17/2007), incoados en base al mismo escrito de demanda, resultando que la incoación de los presentes ha tenido lugar sobre una copia de la primera y única demanda que es la de fecha 20 de junio de 2007, que dio lugar a los Autos A61/10/2007. Asimismo se hace constar por el Sr. Secretario de la Sala que por la representación procesal del actor se ha participado al Tribunal, en su escrito de 19 de abril último, la duplicidad de actuaciones que se siguen con el mismo objeto y sobre una sola demanda, situando la causa del error en que presentó copia de la demanda original de fecha 20 de junio de 2007 a requerimiento de la Secretaría en el trámite de comunicación de la existencia de defectos subsanables. Con la misma fecha 09 de julio de 2013 la Sala dictó providencia acordando suspender la resolución del incidente de nulidad de actuaciones pendientes; oír a la parte actora, al Ministerio Fiscal y Abogacía del Estado sobre la posible nulidad de cuantas actuaciones se han practicado en el presente procedimiento A61/17/2007; con remisión de testimonio de la anterior diligencia y proveído para constancia en los Autos A61/10/2007". Se acaba declarando la nulidad.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 271
 artículo 225
 artículo 271
 artículo 8
 artículo 10
 artículo 72
 resolución 
 Resolución 
 artículo 240
 artículo 215
 resolución 
 resolución