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Timestamp: 2019-12-16 12:21:58+00:00

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Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 248/2004
SENTENCIA 248/2004, de 20 de diciembre
(BOE núm. 18, de 21 de enero de 2004)
ECLI:ES:TC:2004:248
En el recurso de amparo núm. 3943-2002, promovido por don Francisco Javier Rodríguez López, representado por el Procurador de los Tribunales don José Luis García Guardia y asistido por el Abogado don Emilio Ginés Santidrián, contra el Auto de 15 de mayo de 2002 del Juzgado de lo Penal núm. 12 de Valencia. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente doña María Emilia Casas Baamonde, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito registrado en este Tribunal el 25 de junio de 2002, don Francisco Javier Rodríguez López manifestó su voluntad de interponer recurso de amparo para lo que solicitaba nombramiento de Letrado y Procurador de oficio. Tras efectuarse los oportunos nombramientos, el 18 de octubre de 2002, don José Luis García Guardia, en nombre y representación de don Francisco Javier Rodríguez López, interpuso recurso de amparo contra el Auto de 15 de mayo de 2002 del Juzgado de lo Penal núm. 12 de Valencia que denegó la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad impuestas en Sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia de 11 de marzo de 2002.
a) El recurrente fue condenado en Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 12 de Valencia como autor de un delito de resistencia a la autoridad a la pena de nueve meses de prisión, como autor de una falta de hurto en grado de tentativa a la pena de tres arrestos de fines de semana y como autor de dos faltas de lesiones a la pena de seis arrestos de fines de semana por cada una de ellas, además de las penas accesorias, responsabilidad civil y costas procesales. Recurrida la Sentencia en apelación por el Ministerio Fiscal, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia en Sentencia de 11 de marzo de 2002 estimó el recurso, revocó la sentencia de instancia y condenó al recurrente como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa a seis meses de prisión y como autor de un delito de resistencia a la autoridad a la pena de seis meses de prisión.
b) Por Auto de 15 de marzo de 2002 el Juzgado de lo Penal núm. 12 de Valencia acordó proceder a la inmediata ejecución de la Sentencia anterior para lo cual ordenó, entre otras actuaciones, la reclamación de hoja histórico-penal del condenado actualizada a efectos de una posible concesión o denegación del beneficio de "suspensión de condena". Por providencia del mismo Juzgado de 20 de marzo de 2002, una vez recibida la hoja histórico-penal solicitada, se acordó dar traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal a fin de que emitiera el preceptivo informe sobre la procedencia de la concesión del beneficio de suspensión de la condena a pena privativa de libertad. Por escrito registrado en el citado Juzgado el 25 de marzo de 2002 el Fiscal informó en el sentido de no proceder la concesión del beneficio "habida cuenta la propensión delictiva del penado como resulta de la hoja histórico-penal".
c) En Auto de 15 de mayo de 2002 el Juzgado de lo Penal núm. 12 de Valencia denegó la suspensión de la ejecución de la pena con el siguiente razonamiento jurídico único: "visto lo dispuesto en los artículos 81 y siguientes del vigente Código Penal, y lo reseñado en la hoja histórico-penal del/los condenado/s, hay que concluir que deviene legalmente imposible, en el presente caso, la concesión a aquel/los del beneficio solicitado, de la suspensión de condena de las penas privativas de libertad al/los mismo/s impuestas en esta causa, por todo lo que se procederá a efectuar los pronunciamientos a expresar en la parte dispositiva de la presente resolución". En el citado Auto no se efectúa indicación alguna sobre la firmeza del Auto o la posibilidad de interponer recursos contra el mismo.
d) El 24 de mayo de 2002 se notificó dicha resolución al recurrente en el Centro Penitenciario de Burgos escribiendo éste en el escrito de notificación: "ruego a su Ilma. me comunique por escrito si ante el recurso ante la A.P. Val. se hizo por ambas partes, fiscal y mi abogado de una forma congruente y fundamentada en Derecho al escrito. Dios guarde usted M.A. [sic]".
3. La demanda de amparo alega la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
4. Por providencia de 11 de diciembre de 2003, la Sección Segunda de este Tribunal acordó, a tenor de lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, conceder un plazo común de diez días, al Ministerio Fiscal y al solicitante de amparo, para que, dentro de dicho término, alegasen lo que estimaren pertinente en relación con la posible existencia del motivo de inadmisión consistente en carecer la demanda de forma manifiesta de contenido que justifique una decisión sobre el fondo de la misma, de conformidad con lo previsto en el art. 50.1 c) LOTC.
5. Por escrito registrado en este Tribunal el 30 de diciembre de 2003, la representación procesal del recurrente de amparo se ratificó de forma íntegra en la demanda de amparo.
6. Por escrito registrado en este Tribunal el 12 de enero de 2003 el Ministerio Fiscal interesó la admisión a trámite de la demanda de amparo al entender que la misma no carece de contenido constitucional.
7. Por providencia de 10 de febrero de 2004, la Sección Segunda de este Tribunal acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo y, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, dar vista de las actuaciones en la Secretaria de la Sala, por plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y al Procurador don José Luis García Guardia, para que, dentro de dicho término, formularan las alegaciones que estimaren pertinentes.
8. Por escrito registrado en este Tribunal el 5 de marzo de 2004, el Ministerio Fiscal interesó la estimación de la demanda de amparo por vulneración de los derechos de defensa y a obtener una resolución fundada en Derecho, reiterando la argumentación efectuada en el escrito de 12 de enero de 2003. A lo razonado entonces añade que, como deriva de las actuaciones, al serle notificado el Auto de 15 de mayo de 2002, el demandante ignoraba la viabilidad procesal de cualquier recurso, expresando, al recibir la notificación, que ignoraba si su Abogado había interpuesto recurso, solicitando información al respecto. De otra parte, reitera que el incidente de suspensión de condena, en el que estaba en juego el cumplimiento de una pena privativa de libertad, se ha tramitado "a espaldas del penado objeto de la decisión, a cuya representación procesal y defensa técnica se les ha dejado al margen, sin haberle notificado nada, ni dado, por ello, oportunidad de alegar, probar y defender las pretensiones del demandante, dictándose una decisión inaudita parte, cuando estaba en juego la libertad de una persona". Señala el Ministerio Fiscal que el derecho de defensa contradictoria de los imputados y penados además de derivarse directamente del art. 24.1 CE, aparece con profusión tutelado en la LECrim., arts. 118, 160, 784.6, 789, 791.1, 793, 798 etc., y en el Código penal, donde se regula la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, las referencias a la audiencia de las partes son abundantes (art. 80.2, 81.3 84.2 etc), "resultando por ello, sorprendente que el incidente se haya tramitado, con absoluta ausencia de contradicción, en una práctica que parecía ya totalmente desterrada".
9. Por providencia de 10 de diciembre de 2004 se señaló para deliberación y fallo el día 13 de mismo mes y año, día en que se inició el trámite que ha finalizado el día de la fecha.
1. La demanda de amparo se dirige contra el Auto del Juzgado de lo Penal núm. 12 de Valencia de 15 de mayo de 2002, que denegó la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad impuestas en Sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia de 11 de marzo de 2002. Como se ha expuesto con detalle en los antecedentes, el recurrente alega la vulneración del derecho de defensa (art. 24.1 CE) por haberse tramitado el incidente de ejecución de la Sentencia sin darle oportunidad de alegar la concurrencia de los requisitos para la concesión de la suspensión de las penas privativas de libertad impuestas y la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) por habérsele denegado la suspensión de la ejecución de dichas penas sin la motivación exigida por la Constitución, dado que no se tomó en consideración que los antecedentes penales deberían haber sido cancelados a los efectos del art. 81.1 del Código penal (CP) de conformidad con lo dispuesto el art. 136 CP.
2. Con carácter previo al examen del fondo de las pretensiones de la demanda de amparo, debemos despejar las dudas que en el caso pueden plantearse respecto de la eventual pérdida sobrevenida de objeto de la demanda de amparo y la eventual concurrencia de la causa de inadmisión prevista en el art. 44.1 a) LOTC, esto es, la falta de agotamiento de los recursos en la vía judicial previa.
3. Entrando ya en el fondo de las pretensiones, ha de otorgarse la razón al recurrente de amparo tanto en cuanto a la vulneración del derecho de defensa como en cuanto a la vulneración del derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, garantías ambas comprendidas en el derecho que tienen todas las personas a "obtener la tutela judicial de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión" (art. 24.1 CE).
Hemos de recordar que, al menos, desde la STC 4/1982, de 8 de febrero (FJ 5), este Tribunal viene declarando que "el derecho fundamental ... [a] obtener la tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales, ... en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos, comporta la exigencia de que 'en ningún caso pueda producirse indefensión'; lo que indudablemente significa que en todo proceso judicial deba respetarse el derecho de defensa contradictoria de las partes contendientes, o que legalmente debieran serlo, mediante la oportunidad dialéctica de alegar y justificar procesalmente, el reconocimiento judicial de sus derechos e intereses. Este derecho de defensa y bilateralidad ... se conculca ... cuando los titulares de derechos e intereses legítimos se ven imposibilitados de ejercer los medios legales suficientes para su defensa" (reiterado entre muchas STC 124/1994, de 25 de abril, FJ 2]. De modo que este derecho comporta en primer término el de ser llamado al proceso en el que se sustancian pretensiones que afectan a sus derechos e intereses legítimos, como primera garantía que asegura el derecho a intervenir en el proceso (por todas, SSTC 9/1981, de 31 de marzo, FJ 6; 216/1992, de 1 de diciembre, FJ 2).
4. Como acabamos de recordar en la STC 202/2004, de 15 de noviembre, FJ 3, "una resolución fundada en Derecho en materia de suspensión de la ejecución de la pena es aquélla que, más allá de la mera exteriorización de la concurrencia o no de los requisitos legales establecidos, que también debe realizar, pondera las circunstancias individuales del penado en relación con otros bienes o valores constitucionales comprometidos por la decisión (SSTC 25/2000, de 31 de enero, FJ 4). En particular, dado que esta institución afecta al valor libertad personal, en cuanto modaliza la forma en que la ejecución de la restricción de la libertad tendrá lugar y habida cuenta de que constituye una de las instituciones que tienden a hacer efectivo el principio de reeducación y reinserción social contenido en el art. 25.2 CE, la resolución judicial debe ponderar "las circunstancias individuales del penado, así como de los valores y bienes jurídicos comprometidos en la decisión, teniendo en cuenta la finalidad principal de la institución, la reeducación y reinserción social, y las otras finalidades, de prevención general, que legitiman la pena privativa de libertad" (STC 163/2002, de 16 de septiembre, FJ 4; en sentido similar, SSTC 25/2000, de 31 de enero, FFJJ 3 y 7; 8/2001, de 15 de enero, FFJJ 2 y 3; 110/2003, de 16 de junio, FJ 4)" [FJ 3].
5. Si bien la reparación de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, tanto en su vertiente de derecho a una resolución fundada en Derecho, como a que ésta se preste sin indefensión, requiere normalmente, además de la declaración de la vulneración misma, la anulación de la resolución judicial causante de dicha vulneración y la retroacción de actuaciones a los efectos de la subsanación de la indefensión producida o de que el órgano judicial efectúe un nuevo pronunciamiento fundado razonablemente en Derecho, en un caso como el presente la estimación del amparo ha de tener como efecto exclusivamente el reconocimiento del derecho de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado (art. 55.1.c LOTC). El Auto de 15 de mayo de 2002 contiene, entre los pronunciamientos de su parte dispositiva, el relativo a que se "continúe la ejecución de lo fallado en la precedente Sentencia firme en su normal trámite". Con base en ello se ejecutó la condena, se liquidó y se declaró extinguida con fecha de 16 de mayo de 2003. En consecuencia, su anulación comportaría mayores perjuicios en el recurrente y, en todo caso, no podría producir la reparación in integrum de la vulneración causada.
Otorgar el amparo solicitado por don Francisco Javier Rodríguez López y, en su virtud:
Número y fecha BOE [Núm, 18 ] 21/01/2004
Tipo y número de registro Recurso de amparo 3943-2002
Promovido por don Francisco Javier Rodríguez López frente al Auto de un Juzgado de lo Penal de Valencia que denegó la suspensión de su condena por robo y resistencia a la autoridad.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión: tramitación y motivación del acuerdo sobre la ejecución de una pena de prisión (STC 224/1992).
El Auto recurrido es una resolución estereotipada, en la que tan solo se efectúa una remisión a la hoja histórico-penal del condenado que vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión [FFJJ 4,5].
Una resolución fundada en Derecho en materia de suspensión de la ejecución de la pena debe ponderar las circunstancias individuales del penado en relación con otros bienes o valores constitucionales comprometidos por la decisión (STC 25/2000) [FJ 4].
El incidente de ejecución de la Sentencia cuyo objeto específico era la posibilidad de suspender la ejecución de las penas privativas de libertad, se tramitó sin dar la oportunidad al condenado de alegar lo que hubiera considerado pertinente [FJ 3].
En todo proceso judicial deba respetarse el derecho de defensa contradictoria de las partes contendientes. Este derecho se conculca cuando los titulares de derechos e intereses legítimos se ven imposibilitados de ejercer los medios legales suficientes para su defensa (reiterado entre muchas (STC 124/1994) [FJ 3].
La suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad afecta al valor libertad por cuanto incide en la forma de cumplimiento de la pena y en el efectivo ingreso en prisión del condenado (SSTC 25/2000, 110/2003) [FJ 3].
La estimación del amparo ha de tener como efecto exclusivamente el reconocimiento del derecho. La anulación del Auto recurrido no podría producir la reparación in integrum de la vulneración causada [FJ 6].
Artículo 81.1, ff. 1, 3, 4
Artículo 136, ff. 1, 5
§ 12, f. 3
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 23 de septiembre de 2004 (Kotsaridis c. Grecia)
§ 29, f. 3

References: resolución 
 resolución 
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Artículo 81

Artículo 136