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Timestamp: 2018-08-15 11:07:41+00:00

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SENTENCIA 33129 DE 24 DE FEBRERO DE 2010
CONTENIDO:INASISTENCIA ALIMENTARIA. IMPUTACIÓN POR INASISTENCIA ALIMENTARIA DEBE ESPECIFICAR LA MODALIDAD, PARA EVITAR QUE EL JUZGADOR VULNERE EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA AL MOMENTO DE FALLAR
TEMAS ESPECÍFICOS:INASISTENCIA ALIMENTARIA, JUEZ, CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA, IMPUTACIÓN, FALLO
Aprobado Acta 57
1. La casación se concibe como un recurso extraordinario y como un medio de control jurisdiccional de la constitucionalidad y de la legalidad de los fallos, que en los términos del artículo 206 del Código de Procedimiento Penal 2000(2) pretende la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a estos, y la unificación de la jurisprudencia.
Al seguir siendo un recurso se puede interponer para controvertir la sentencia de segundo grado antes que alcance ejecutoria material; y, la connotación de extraordinario la da el hecho de surtirse por fuera de las instancias en tanto no plantea una nueva consideración de lo que fue objeto de debate en ellas sino un juicio de valor contra la sentencia que puso fin al proceso, esencialmente, por haberse proferido con violación de garantías fundamentales, materializado a través de una demanda que no es de libre elaboración porque debe ceñirse a unos parámetros lógicos mínimos, a causales taxativas y sólo procede contra sentencias de segundo grado.
La casación como medio de control constitucional y legal implica para la Corte Suprema de Justicia la tarea de verificar que las sentencias de segunda instancia se ajusten a la normatividad constitucional especialmente en lo referente al respeto de los derechos fundamentales garantizados a cada uno de los intervinientes, y que los fallos de los jueces se ciñan a la legalidad estricta.
Esa función restaurativa del ordenamiento jurídico la ejerce la Corte, no sólo desde la perspectiva del entendimiento clásico de la función nomofiláctica (nomofilachia) de la casación, sino y, sobre todo, en torno a la protección por vía de casación del iusconstitutionis o del ius litigatoris, imperativos que definen la procedencia de la casación tanto en protección de la ley (nomofiláctica y unificadora), como de los derechos del litigante (ius litigatoris) y del orden justo que garantiza la Constitución(3).
2. La casación no constituye sede adicional para prolongar el debate probatorio cumplido en las instancias ordinarias y concluido con el fallo de segundo grado, por el contrario, exige para la admisión de la demanda el cumplimiento de específicos requisitos formales orientados a demostrar a través de un juicio técnico jurídico que en la declaración de justicia allí contenida —la cual llega a esta sede amparada de la dual presunción de acierto y legalidad—, se incurrió en errores de hecho o de derecho ostensibles y relevantes o se profirió en un juicio viciado, ocurrencias una y otra que reclaman para sí el necesario correctivo.
3. Las reglas establecidas en artículo el 212 del Código de Procedimiento Penal de 2000, que rige a esta actuación, para la elaboración del libelo son de ineludible cumplimiento y cuando se soslayan aquéllas relacionadas con la adecuada formulación de los cargos y se omite indicar con la claridad y precisión debidas sus fundamentos, la consecuencia procesal inmediata no puede ser otra que su inadmisión(4).
4. Ha de agregarse que de conformidad con lo previsto por el artículo 205 ibídem, al recurso de casación se accede de dos maneras, a saber:
(i) La ordinaria, que procede contra las sentencias de segunda instancia proferidas por los tribunales superiores de Distrito Judicial y el Tribunal Penal Militar, por delitos sancionados con pena privativa de la libertad superior a 8 años; y
(ii) La excepcional, que procede contra los fallos de segunda instancia dictados por las mismas corporaciones por conductas punibles castigadas con pena privativa de la libertad igual o inferior a 8 años, y por los jueces penales del circuito por cualquier delito, evento en el cual la Sala podrá admitir la demanda cuando lo considere preciso para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales, siempre que reúna las demás formalidades.
5. Es evidente que de conformidad con el artículo 205 del Código de Procedimiento Penal sólo procede en este asunto el recurso de casación discrecional, porque la sentencia de segunda instancia no la dictó un tribunal superior sino el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga, en la medida en que el procesado fue condenado por un delito de competencia de los juzgados penales municipales, como es el de inasistencia alimentaria.
6. El anterior marco teórico permite afirmar que el censor desatendió (i) señalar con precisión los aspectos de los derechos y garantías fundamentales que necesitaban protección como para hacer necesario un pronunciamiento de la Corte de Casación por la vía excepcional y (ii) los principios que regulan el recurso extraordinario de casación orientados a conjurar confusiones argumentativas y conceptuales que puedan entorpecer el entendimiento de la propuesta.
7. Para impugnar la sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bucaramangaera necesario que el recurrente tuviera en cuenta las reglas que permitían acceder a la casación excepcional, punto omitido por el defensor.
8. En tal evento, la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que se hace necesario que el demandante exponga así sea de manera sucinta pero clara qué es lo que pretende con la impugnación excepcional, debiendo señalar el derecho fundamental cuya garantía persigue o el tema jurídico sobre el cual considera se hace indispensable un pronunciamiento de autoridad por parte de esta corporación.
9. En punto de la casación discrecional compete al casacionista expresar con claridad y precisión los motivos por los cuales debe intervenir la Corte, ya para proveer un pronunciamiento con criterio de autoridad respecto de un tema jurídico especial, bien para unificar posturas conceptuales o actualizar la doctrina, ora para abordar un tópico aún no desarrollado, con el deber de indicar de qué manera la decisión solicitada tiene la utilidad simultánea de brindar solución al asunto y a la par servir de guía a la actividad judicial.
10. Y si lo pretendido por quien demanda es asegurar la garantía de derechos fundamentales, tiene la obligación de demostrar la violación e indicar las normas constitucionales que protegen el derecho invocado, así como su desconocimiento en el fallo recurrido, circunstancias, que como ya lo ha reiterado la Sala, deben evidenciarse con la sola referencia descriptiva hecha en la sustentación.
11. Además, las razones que aduce el demandante para persuadir a la Corte sobre la necesidad de admitir la demanda, deben guardar correspondencia con los cargos que formule contra la sentencia. Lo anterior porque no podría entenderse cumplido el requisito de sustentación si se reclama el pronunciamiento de la Sala sobre la protección de los derechos fundamentales o un específico tema, es apenas elemental que la censura le permita a esta corporación examinar en concreto uno o los dos puntos que la habilitan. En otras palabras: debe haber perfecta conformidad entre el fundamento de la casación excepcional (desarrollo de la jurisprudencia y/o protección de garantías fundamentales), el cargo o los cargos que se formulen contra el fallo y, por consiguiente, el desarrollo de los mismos.
12. Ninguno de estos presupuestos fue cumplido satisfactoriamente por la recurrente, amén de que en el libelo no se indicó la trascendencia que el yerro podría tener en los intereses que representa, siendo menester que el casacionista señale de manera concreta el alcance de las pifias que denuncia, calificándolas como de estructura o garantía o si ocurrieron en el desarrollo de la actuación procesal o en la adopción del fallo.
13. A lo anterior, suficiente por sí sólo como para concluir que la demanda no se ajusta a la técnica casacional, se agrega que la censora tampoco cumplió con el deber que le asistía de satisfacer las demás exigencias legales que la demanda de casación conlleva (L. 600/2000, art. 212), por cuanto que la misma no es un escrito de libre formulación en el que resulte procedente hacer cualquier clase de cuestionamientos a una sentencia, emergiendo necesaria una argumentación lógica y sistemática en la que sólo es permitido denunciar los errores cometidos en el fallo al tenor de los motivos expresa y taxativamente señalados en la ley, demostrarlos dialécticamente y evidenciar su trascendencia en la parte resolutiva.
14. Las anteriores exigencias fueron incumplidas totalmente por la demandante, quien se conformó con plantear su particular punto de vista sobre el mérito y valoración que se debía otorgar a la prueba practicada y la cantidad de pena impuesta, disintiendo así de lo expresado por el ad quem, limitándose a argumentar como si la discusión debiera ser resuelta en una instancia, de modo que la Corte ha quedado sin conocer ciertamente en que consiste el yerro y la inconformidad del recurrente.
15. Como la recurrente por vía extraordinaria incumplió la obligación de sustentar los motivos de procedencia de la casación excepcional y la demanda adolece de graves deficiencias, no es posible proceder a estudiarla. La demanda se inadmitirá.
Casación oficiosa:
1. Quedó consignado en los antecedentes de esta providencia que la Fiscalía Décima Delegada ante los Juzgados Penales Municipales de Floridablanca, acusó al procesado Luis Eduardo Salinas Patiño por el delito de inasistencia alimentaria previsto en el artículo 233 del Código Penal, sin adiciones ni adjetivaciones, precepto que contemplaba para la época de los hechos pena entre 1 y 3 años de prisión.
2. No obstante, el sentenciador lo condenó por la misma conducta punible pero en la modalidad agravada prevista en el inciso segundo del citado artículo 233, normativa que contempla pena de prisión de 2 a 4 años cuando la inasistencia alimentaria se comete contra un menor de 14 años.
3. Como bien puede apreciarse resulta evidente que el sentenciador desconoció los extremos fácticos y jurídicos contenidos en la resolución de acusación, situación que condujo a la transgresión del principio de congruencia y, consecuentemente, de la legalidad de la pena, aspecto que comportó la violación de los derechos y garantías del sentenciado.
4. En cuanto a la congruencia, se hace necesario recordar que sistema procesal optó por una imputación fáctica y jurídica que debe determinarse de manera completa en la acusación, pues, como lo tiene señalado la ley, los extremos de la relación jurídico procesal deben estar cabalmente delimitados y, por lo mismo, puestos en conocimiento del acusado y su defensor.
5. Por ello, el juzgador al momento de elaborar el correspondiente juicio de derecho puede llegar a transgredir el principio de congruencia por acción o por omisión, según los siguientes eventos:
(i) Por acción:
a) Cuando se condena por hechos o por delitos distintos a los contemplados en la acusación.
b) Cuando se condena por un delito que nunca se imputó en la resolución de acusación.
c) Cuando se condena por el delito atribuido en la acusación pero se deduce circunstancia, genérica o específica, de mayor punibilidad no imputada en la acusación(5).
(ii) Por omisión:
Cuando en el fallo se suprime una circunstancia, genérica o específica, de menor punibilidad que fue reconocida en el pliego acusatorio.
6. Cuando un precepto penal está integrado por diferentes subtipos, uno básico y otros agravados, como ocurre con la inasistencia alimentaria, es deber del acusador fijar de manera precisa en cual de las diferentes modalidades punibles adecua la imputación jurídica, porque de lo contrario, y por razones de favorabilidad, deberá entender el fallador que la acusación se hizo por el tipo básico que importe menor pena so pena de vulnerar el principio de congruencia.
7. En consecuencia, como de la revisión detenida del expediente se concluye con claridad que al procesado Luis Eduardo Salinas Patiño no se le atribuyó en la resolución de acusación el haber incumplido la obligación alimentaria sobre un menor, circunstancia que sí se le imputó en la sentencia, la cual agrava la pena en sus extremos, la Corte, en aras de preservar el debido proceso y las debidas garantías del sentenciado y haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 216 del Código de Procedimiento Penal, casará oficiosa y parcialmente el fallo de segundo grado y, en consecuencia, ajustará la pena dentro del marco de la legalidad.
8. La pena a imponer:
La determinación de la pena debe hacerse dentro del cuarto mínimo o primer grado, porque en el presente asunto no se apreciaron circunstancias de mayor punibilidad, de modo que la Corte procederá a fijar la pena mínima establecida en el inciso primero de artículo 233, esto es, un (1) año de prisión. También se redosifica en su mínimo la pena de multa, que se establece en cuantía de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y la accesoria de inhabilitación correrá la suerte de la pena principal de prisión.
Por lo tanto, se condenará a Luis Eduardo Salinas Patiño a las penas principales de un (1) año de prisión y multa equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la accesoria de de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena privativa de la libertad, como autor del delito de inasistencia alimentaria previsto en el inciso 1º del artículo 233 del Código Penal (L. 599/2000).
Las restantes decisiones adoptadas en el fallo impugnado se mantienen incólumes.
1. INADMITIR la demanda de casación presentada por el defensor del procesado Luis Eduardo Salinas Patiño.
2. CASAR OFICIOSA Y PARCIALMENTE la sentencia y, en consecuencia, condenar a Luis Eduardo Salinas Patiñoa las penas principales de un (1) año de prisión y multa equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena privativa de la libertad, como autor del delito de inasistencia alimentaria previsto en el inciso 1º del artículo 233 del Código Penal.
4. ADVERTIR que contra la presente decisión no procede recurso alguno.
(2) Corresponde al artículo 180 de la Ley 906 de 2004.
(3) Desde antaño la jurisprudencia ha señalado: “Al lado de la unificación de la jurisprudencia y la defensa del sistema jurídico a través del control de las sentencias judiciales, se une entre sus fines el de corregir los injustos gravámenes recaídos sobre las partes, lo que constituye el estímulo al interés particular para que la casación sea viable poniéndole punto final a un perjuicio particular ocasionado por el fallo recurrido” (CSJ, S. Cas. Penal, sents. de cas. feb. 5 y 27/76).
(4) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto del 13 de julio de 2005, radicación 23889.
(5) Que puede presentarse en supuestos tales como el de múltiple concurrencia de sujetos en el delito o el monto de lo apropiado en los delitos contra el patrimonio, por ejemplo.

References: artículo 206
 artículo 205
 artículo 205
 artículo 233
 artículo 233
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 216
 artículo 233
 artículo 233
 artículo 233
 artículo 180