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Timestamp: 2020-07-05 01:47:01+00:00

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﻿ Información financiera y gobierno de la empresa
CONTENIDO:Este documento examina la evolución normativa en España y en la Unión Europea como consecuencia de los procesos de armonización de normas locales con estándares internacionales para la presentación de reportes financieros "IFRSs/NIIF" y hace una exposición de los nuevos retos en la preparación de información financiera, principalmente de aquellos derivados del uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Adicionalmente, se refiere a los conceptos de control interno, auditoría externa y medidas de refuerzo y control, instrumentos que hacen posible la transparencia informativa.Palabras clave: Gobierno corporativoIntangiblesInformación financieraEnforcementControl internoAuditoría externa.
REVISTA INTERNACIONAL LEGIS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA N°:19, jul.-sep./2004, págs. 157-236
Información financiera y gobierno de la empresa(1)
Presidente de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA, 1979
La información contable-financiera constituye el principal vehículo de comunicación entre los directivos y los propietarios y otros terceros interesados en la marcha de la empresa, en particular cuando se trata de sociedades cotizadas en los mercados de valores, en las que las participaciones en la propiedad se encuentran dispersas y alejadas del poder de decisión, que queda en manos de los administradores.
El buen gobierno de las sociedades o gobierno corporativo surge como una preocupación por la defensa de los intereses de aquellos propietarios u otros terceros que se encuentran alejados del centro de poder de las sociedades, confiando en que con la introducción de mecanismos de gobierno más rigurosos y transparentes, los mercados reciban una información financiera más fiable, de mayor calidad, dando lugar a una mayor estabilidad en las cotizaciones y evitando súbitos sobresaltos que puedan desembocar en situaciones de fracaso empresarial. Las más altas instancias políticas, tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos de América así vienen entendiéndolo, dadas las recientes leyes promulgadas en uno y otro ámbito sobre temas relativos a la información financiera y al gobierno de la empresa.
En palabras extraídas de las conclusiones de la presidencia del Consejo Europeo de Barcelona, celebrado el pasado año 2002:
“El buen gobierno de las empresas es fundamental para la eficiencia de la economía. Sus repercusiones sobre la gestión empresarial, la confianza, la inversión y los flujos de capital son bien conocidas. El Consejo alienta a los Estados miembros a que tomen medidas para garantizar la transparencia de la gestión y la contabilidad y a que protejan a los accionistas y a otros interesados”.
El gobierno de la empresa consiste en un conjunto de mecanismos mediante los cuales los accionistas, los administradores y otros terceros interesados en la marcha de la empresa protegen sus economías y su capacidad de ejercicio del poder. La información financiera suministrada por los directivos a los propietarios, a los mercados y al público en general, para que sea útil para la adopción de decisiones y el control de la actuación de las sociedades, debe estar dotada de un atributo esencial, el de su credibilidad. Para conseguir esta, es preciso que la empresa sea gobernada con buenas prácticas.
Esta interrelación entre información financiera y gobierno de las empresas constituye el eje principal de este documento. En lo que sigue trataremos de poner de manifiesto la reciente evolución experimentada por ambos conceptos, la regulación de que están siendo objeto y la investigación realizada sobre los mismos.
Dividiremos nuestra exposición en tres partes, relativas a la información contable-financiera de la empresa, a los nuevos retos con los que actualmente se enfrenta la misma, y a la relación existente entre la transparencia de la antedicha información y el gobierno de la empresa.
En la primera parte examinaremos la evolución normativa que está teniendo lugar en España, en la Unión Europea y en el ámbito internacional, mediante la que se está tratando de llegar a un lenguaje contable único, que dé respuesta a los objetivos de integración económica en el contexto de la globalización.
En la segunda parte pondremos de manifiesto aquellos retos que están teniendo mayor incidencia sobre la utilidad de la información contable-financiera: intangibles, tecnologías de la información y las comunicaciones y “gestión de beneficios”, frente a los que deben procurarse respuestas adecuadas, en pro del mantenimiento e incremento de la utilidad de dicha información para los inversores y otros terceros interesados en la misma.
En la tercera parte nos referiremos a los instrumentos de gobierno de la empresa que garantizan la transparencia informativa, como son: el control interno de la información financiera, la auditoría externa independiente y las medidas institucionales de refuerzo y control.
1. Información contable-financiera de la empresa
1.1. Algunos antecedentes referidos a España
La evolución experimentada durante los últimos años por la información contable-financiera que las empresas de nuestro entorno deben hacer pública sobre su patrimonio, su situación financiera y sus resultados, ha sido de una magnitud inimaginable. En España, con la incorporación a la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986, se produjo la adaptación de la legislación mercantil a las directivas sobre el derecho de sociedades a partir de 1988, lo que ocasionó un gran cambio en el panorama contable.
Hasta esa fecha, aunque la legislación mercantil contemplaba la obligación de la rendición anual de cuentas, esta era concebida bajo un prisma estrictamente contractual (Tua, 1983, p. 650). La información contable era básicamente un instrumento privado de comunicación entre administradores y accionistas; las leyes mercantiles contenían algunas disposiciones relativas a la contabilidad empresarial, pero estas cubrían más aspectos de forma que de fondo. Precisamente por ello, un usuario importante de la información contable de las empresas, la Hacienda Pública, venía incluyendo entre sus disposiciones fiscales normas relativas a la valoración de ingresos y gastos y al cálculo del resultado del ejercicio, habida cuenta que ciertos impuestos establecían su base imponible a partir de las cifras contables de ingresos o de beneficios empresariales.
Fue una norma fiscal la que dio pie al primer paso normalizador de la contabilidad en España, la ya vieja Ley de regularización de balances de 1961 (texto refundido de 1964), que facultaba al Ministerio de Hacienda para elaborar modelos de balances y cuentas de resultados. De ahí surgió el plan general de contabilidad de 1973, inspirado en el texto de igual nombre vigente en la vecina Francia desde 1947. El citado plan fue concebido como un instrumento de normalización contable de naturaleza voluntaria, estimulando su aplicación por la vía fiscal, lo que dio lugar a que año tras año fueran más las empresas que se incorporaban a las normas contables y a los modelos de cuentas establecidos por este. No sería justo dejar de reconocer que, en buena parte, la creciente implantación y desarrollo en España del plan general de contabilidad fue debida a su principal impulsor, Dr. Carlos Cubillo Valverde (q.e.p.d.), a quien con estas palabras me gustaría rendir un sentido homenaje.
Aun siendo muy importante la existencia del plan general de contabilidad, la progresiva apertura de nuestras empresas hacia los medios internacionales, exigía ir acomodando las cuentas preparadas por dichas empresas a las prácticas internacionales que estaban en uso. Con este objetivo nació en 1979 la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), la cual ha venido emitiendo desde entonces principios y normas de contabilidad generalmente aceptados por los profesionales y las empresas españolas. Dichos principios y normas, además de servir de guía orientadora del quehacer profesional, han dejado sentir su impronta en el desarrollo de las normas legales que se produjeron a partir de 1989 (Cañibano, 1992), a las que nos referiremos a continuación.
La adhesión de España a la Comunidad Económica Europea supuso asumir la obligación de adaptar nuestras leyes al ordenamiento vigente en ella, de ahí que, en el ámbito mercantil, fuera necesaria la promulgación de una ley que adaptara el Código de Comercio y la Ley de sociedades anónimas a las directivas de derecho de sociedades existentes. Entre las citadas directivas existían tres cuyo contenido era de naturaleza contable, referidas a las cuentas anuales de las sociedades, a las cuentas consolidadas de los grupos de sociedades y a la habilitación legal de los auditores de cuentas.
Por esta razón, fue promulgada la Ley de auditoría de cuentas en 1988, estableciendo la auditoría con carácter general y con naturaleza obligatoria para un importante conjunto de sociedades(2) y, poco después, en 1989, fue promulgada la Ley de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las directivas de la Comunidad Económica Europea en materia de sociedades, modificando el Código de Comercio y la Ley de sociedades anónimas, en cuyos textos legales quedaron insertadas las disposiciones contables emanadas de las directivas europeas.
Si, como ha quedado dicho, bajo nuestras viejas leyes, la información contable era básicamente un instrumento privado de comunicación entre administradores y accionistas, bajo la perspectiva de las directivas europeas –ya insertas en nuestras nuevas leyes– la información contable pasa a tener la naturaleza de un bien público, quedando enmarcada dentro de una visión institucional. Las cuentas de las empresas dejan de constituir un asunto privado entre administradores y propietarios del capital, pasando a tener presente la multiplicidad de usuarios interesados en la información contenida en las mismas, entre los que cabe citar, de acuerdo con el ya viejo “Corporate Report” (ICAEW 1975) a: inversores (accionistas), prestamistas, empleados, analistas financieros y otros asesores, otras empresas (clientes y proveedores), administración pública y público en general (consumidores, sindicatos, inversores potenciales, etc.).
Por esta razón, las cuentas anuales de las sociedades tienen que ser públicas, es decir, no solo publicadas, sino puestas a disposición en un registro público, de manera que cualquier interesado en las mismas, que desee consultarlas, pueda hacerlo libremente. Esta función ha sido asumida en España, a partir de 1990, por el registro mercantil.
Las leyes antes mencionadas establecen en sus disposiciones los aspectos de índole más general: contenido de las cuentas anuales de las sociedades y de las cuentas consolidadas de los grupos de sociedades, principios contables básicos y principales criterios técnicos para su elaboración, órganos societarios encargados de su formulación y aprobación, obligación de auditar las cuentas por profesionales legalmente habilitados y depósito en el registro mercantil. Pero, aun estando lo anterior relacionado con la situación preexistente, su correcta aplicación exigía desarrollar los aspectos más técnicos, lo que llevó a la creación de un organismo gubernamental, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, y a reelaborar el instrumento normalizador existente en España, el plan general de contabilidad.
El nuevo texto del plan vio la luz en 1990, siendo ahora de aplicación obligatoria para todas las empresas. Desde esa fecha, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas ha perfeccionado su aplicación mediante adaptaciones sectoriales y otras normas complementarias de desarrollo(3).
Con la inserción del plan general de contabilidad en el ámbito de la legislación mercantil, la autonomía de las normas contables frente a las disposiciones fiscales se convierte en una realidad. Ya no es mediante estas últimas como se establecen los criterios contables sino a través de la regulación que desarrolla lo establecido en el Código de Comercio. La propia ley fiscal así lo reconoce expresamente a la hora de promulgarse en 1995 una nueva Ley del impuesto sobre sociedades. Dicha ley adopta las normas contables contenidas en las disposiciones mercantiles que venimos mencionando, al determinar la base imponible del impuesto a partir del resultado contable, sin perjuicio de ciertas excepciones tipificadas por la propia ley.
La anterior reforma de nuestro ordenamiento mercantil y contable, ha contribuido en un grado elevado a lograr una mayor transparencia informativa en el ámbito empresarial, siendo los acontecimientos surgidos en la década de los noventa del pasado siglo los que generan una nueva dinámica. Los cambios entonces ocurridos pueden concretarse en los siguientes: política de privatizaciones adoptada en España y otros países europeos, crecimiento de la inversión institucional en los mercados de valores, globalización de la actividad económica, integración progresiva de los mercados financieros, tendencia creciente hacia la integración en grandes corporaciones de las empresas que operan en los principales sectores de la economía (Sánchez Fernández-Valderrama, 2003, p. 301).
Todos estos cambios han puesto de relieve las insuficiencias del modelo de información contable europeo basado en las directivas, de ahí que la propia Comisión Europea comenzara a plantearse desde 1995 una nueva estrategia contable, que ha desembocado en un nuevo marco regulatorio, en el que tienen cabida las directivas y las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), actualmente denominadas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
1.2. La estrategia contable de la Unión Europea
Las directivas europeas fueron concebidas como un instrumento armonizador ágil y flexible. Su aplicación al ámbito de la información contable-financiera, mediante la adaptación de las respectivas leyes nacionales, ha supuesto un avance indudable en el grado de transparencia empresarial en la Unión Europea; los pasos dados en España, referidos en el epígrafe anterior, constituyen una buena muestra de lo logrado a este respecto en nuestro entorno más cercano.
Pero, como también ha quedado dicho, los profundos cambios experimentados en Europa durante las décadas de los ochenta y de los noventa del pasado siglo, llevaron a la Comisión Europea a la necesidad de plantearse la adopción de una nueva estrategia contable (CE, 1995), que fuera más allá del tradicional instrumento normalizador –las directivas– para lograr una mayor comparabilidad y una auténtica equivalencia de la información financiera de las empresas europeas, en especial, de aquellas cuyos títulos cotizan en las bolsas de valores.
Las directivas europeas y, consecuentemente, las leyes nacionales deben ser instrumentos estables, habida cuenta del largo proceso requerido para su promulgación, por ello se refieren solamente a los aspectos más generales, dejando para otras normas de desarrollo las precisiones técnicas necesarias o la regulación posterior de los aspectos más variables. Este proceso lleva a que las prácticas contables discurran por cauces distintos en los Estados miembros de la Unión Europea, lo que afecta a la comparabilidad de los estados financieros de sus empresas (Cañibano y Giner, 1994). Los objetivos de equivalencia y comparabilidad de las cuentas a que se refieren las directivas constituyen una declaración más política que técnica.
Ante una realidad económica como la que va cobrando cuerpo en Europa desde los años noventa del pasado siglo, las directivas contables resultan un instrumento insuficiente de normalización contable (Van Hulle, 1997, p. 96). En efecto, como consecuencia de las privatizaciones la propiedad de grandes e importantes empresas ha pasado a manos del público, dando lugar a un crecimiento sin par de los mercados de valores. Muchas empresas europeas –más de un centenar– han dado el salto a Nueva York, en cuya bolsa han sido admitidas para cotización sus acciones.
La diversidad contable europea –basada en las directivas– no es comprendida por las autoridades norteamericanas, las cuales exigen ajustar o reconciliar la información financiera de las empresas foráneas con los criterios dimanantes de los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos (US GAAP)(4). Las diferencias que surgen entre las distintas varas de medir –la americana y las europeas, dependientes del Estado miembro correspondiente– causan cuando menos perplejidad entre la clase financiera local; los beneficios se trastocan en pérdidas y ciertas porciones del patrimonio desaparecen(5). ¿Dónde se encuentra la verdad, en América o en Europa?(6).
Aunque se trata tan solo de distintos criterios de medición, basados unos en las respectivas leyes nacionales –armonizadas con las Directivas europeas– y otros, en los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos (US GAAP), hay que reconocer que, cuando menos, esta situación genera perplejidad y confusión, aparte de mayores costes a las empresas que deben suministrar la correspondiente información, dado que tienen que aplicar dos sistemas de información financiera de manera paralela. En una economía globalizada lo anterior resulta difícil de comprender, de ahí los esfuerzos que se vienen realizando en aras de converger en un único lenguaje contable, aunque por el momento todavía estemos algo lejos de llegar a él.
La tradicional separación entre los sistemas contables europeos, continental y anglosajón, basada principalmente en el diferente sistema legal (derecho romano vs. ley común) y en la distinta estructura financiera (financiación bancaria vs. mercados de capitales), deja de estar tan clara como antes, al acceder numerosas empresas del continente europeo a la financiación a través de los mercados de capitales (Cañibano y Mora, 1999). Por otra parte, la investigación aporta evidencias de que se está produciendo una auténtica armonización contable de hecho entre las empresas europeas cotizadas en plazas internacionales (Cañibano y Mora, 2000), más allá de la pura armonización formal o legal(7).
Todos los anteriores aspectos ponen de manifiesto, ante la Comisión Europea, las limitaciones de las directivas contables como instrumento normalizador. La Comisión llega a la siguiente conclusión: resultan necesarias unas únicas normas contables para las empresas europeas que, respetando las directivas, vayan más allá, y que permitan una auténtica equivalencia y comparabilidad de las cuentas de las sociedades radicadas en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea.
Ante las alternativas posibles: abordar la emisión de unos principios de contabilidad generalmente aceptados en la Unión Europea (UE GAAP), adoptar las normas contables existentes en los Estados Unidos (US GAAP) o asumir las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), la comisión apostó por esta última alternativa, la cual podría llegar a convertirse no solo en el lenguaje contable europeo sino, como reza su nombre, en el lenguaje contable internacional.
La posición expresada por la CE en 1995 es ratificada nuevamente cinco años más tarde mediante la Comunicación de la Comisión “La estrategia de la UE en materia de información financiera: el camino a seguir” (CE 2000), estableciendo los pilares básicos del nuevo modelo de información financiera en la Unión Europea, el entramado institucional necesario para su implementación, así como el rango de las disposiciones legales mediante las cuales se otorgará carta de naturaleza a la aplicación de las normas internacionales de contabilidad.
El nuevo modelo de información financiera de la Unión Europea se asentará sobre las siguientes bases: normas contables claras, interpretaciones actualizadas y orientaciones de ejecución, auditoría legal, control por parte de los supervisores y medidas de refuerzo. El entramado institucional gira sobre dos órganos, un comité técnico, integrado por expertos independientes, el “European Financial Reporting Advisory Group” (EFRAG), y otro más político, compuesto por representantes gubernamentales de los Estados miembros, el Comité de Reglamentación Contable. Las disposiciones legales promulgadas para la aplicación de la nueva normativa contable internacional han sido las siguientes: el reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo del 19 de julio del 2002 y el reglamento de la Comisión del 29 de septiembre del 2003.
A partir del ejercicio 2005, las sociedades cotizadas en bolsas europeas de valores, deberán presentar sus cuentas consolidadas de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad asumidas por la Comisión Europea, incluidas las interpretaciones de las mismas (SIC)(8). Los Estados miembros podrán permitir o exigir la aplicación de las antedichas normas internacionales para las cuentas consolidadas de las sociedades no cotizadas o para las cuentas anuales individuales de cualquier sociedad. La obligación europea atañe, por tanto, exclusivamente, a las cuentas consolidadas de las sociedades cotizadas, sin perjuicio de la facultad de cada Estado miembro de extender la aplicación de las normas internacionales de contabilidad a otro tipo de cuentas y de sociedades, dentro de su ámbito nacional.
Sin embargo, en el ámbito financiero de los Estados Unidos continúan vigentes los US GAAP, por lo que las empresas europeas cotizadas en las bolsas de valores de dicho país deberán seguir reconciliando su información contable basada en las NIC con estos. No obstante lo anterior, cabe señalar que ya han comenzado a darse pasos en pro de la convergencia de estas normas contables, por una parte algunas NIC en proceso de revisión se están aproximando a los US GAAP y por otra, existen proyectos conjuntos de emisión de nuevas normas que, una vez concluidos, entrarían en vigor en ambos lados del Atlántico: América y Europa. Las nuevas normas internacionales de contabilidad dejarán de llevar este nombre, que será sustituido por la nueva denominación “Normas Internacionales de Información Financiera” (NIIF)(9); esperemos que este cambio de denominación no consista solo en una nueva imagen, sino que también traiga consigo la respuesta contable que tanto necesitan las empresas inmersas en la economía global.
1.3. Las normas internacionales de contabilidad
Distintos acontecimientos económicos protagonizados por empresas multinacionales, producidos durante los últimos años de la década de los sesenta y los primeros de los setenta del pasado siglo, y sus consiguientes repercusiones políticas suscitaron un amplio debate en los foros internacionales sobre el papel de las multinacionales. Como consecuencia de ello, varios organismos de las Naciones Unidas pusieron manos a la obra para elaborar un código de conducta dirigido a este género de empresas; pasos que fueron más tarde seguidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a través de su Comité de inversiones internacionales y empresas multinacionales. Una de las facetas que trataron de cubrir los trabajos de ambos organismos internacionales fue la relativa a la información contable-financiera que debían suministrar dichas empresas, habida cuenta de la diversidad industrial y geográfica de los negocios acometidos por las mismas.
En aquellos años, hablar de un lenguaje contable único era pura quimera, apenas se había iniciado el proceso de armonización contable en la Comunidad Económica Europea basado en las directivas. Sin embargo, la necesidad de contar con unas normas contables que trascendieran las fronteras era patente, por cuanto la existencia de empresas transnacionales así lo aconsejaba, según pusieron de manifiesto los comités especializados creados en los organismos internacionales antedichos.
Ante esta situación, la profesión contable adoptó la iniciativa de constituir el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (CINC). En 1973, los organismos y corporaciones profesionales de nueve países(10) suscribieron el correspondiente acuerdo de constitución, al cual se han ido adhiriendo a lo largo del tiempo otros organismos profesionales de diferentes países(11), lo que llevaría a afirmar que, en la actualidad, se encuentra incorporada la totalidad del orbe mundial.
El Comité de normas internacionales de contabilidad fue concebido, desde sus inicios, como una entidad independiente de los organismos profesionales que inicialmente lo promovieron o de los que se incorporaron después al mismo. No obstante, dichos organismos asumían el compromiso de respaldar las normas que fueran emitidas, hacer lo posible para su cumplimiento en su respectiva área de influencia, y propugnar su aceptación y cumplimiento en el ámbito internacional.
Los organismos internacionales, Naciones Unidas y OCDE, en las respectivas normas que publicaron para la presentación de informes financieros, se apoyaron fuertemente en las normas internacionales de contabilidad, que se convirtieron en su principal fuente de sustentación. No obstante, conviene señalar que los pronunciamientos de tales organismos fueron meramente orientativos, sin llegar a convertirse en norma de obligado cumplimiento en ámbito alguno.
Aparte de los antedichos usuarios de las normas internacionales de contabilidad, otros organismos internacionales tales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional apoyaron su aplicación entre sus prestatarios. También algunos países, jóvenes por lo general, optaron por asumir las NIC en lugar de embarcarse en un proceso de regulación contable interna.
Con la globalización de la economía y la afluencia a los mercados de valores de nuevas empresas foráneas, la diversidad contable se convierte en un auténtico problema, pasando las NIC a cobrar mayor importancia. En 1990 la Organización Internacional de Comisiones de Mercados de Valores (IOSCO) solicitó al Comité de normas internacionales de contabilidad el desarrollo de un conjunto de normas que pudieran ser utilizadas por las sociedades que desearan cotizar sus acciones en plazas financieras internacionales. El CNIC respondió con la intensificación de los trabajos que venía realizando en el marco de su proyecto sobre “comparabilidad de estados financieros” (IASC, 1993), mediante el cual trataba de reducir la posibilidad de utilizar criterios alternativos en las distintas normas(12).
En 1995 IOSCO y CNIC llegaron a un acuerdo para desarrollar un programa de trabajo conjunto que permitiera disponer de unas normas que pudieran ser utilizadas, a partir del año 2000, por las sociedades que desearan cotizar sus acciones en plazas financieras internacionales. De hecho se trataba de seguir progresando en la adopción de criterios únicos, reduciendo al máximo posible la utilización de criterios alternativos, en aras de mejorar la comparabilidad de los estados financieros de las sociedades.
Durante toda la década de los noventa se intensifican las relaciones entre la Comisión Europea y el CNIC, intercambiándose observadores en los foros apropiados de ambas instituciones, el Foro Consultivo Contable de la CE y el Comité Consultivo del CNIC. Como se ha manifestado la Comisión Europea adoptó en 1995 una estrategia contable consistente en adoptar las NIC para la preparación de las cuentas consolidadas de las sociedades cotizadas, siempre y cuando dichas normas no resultaran incompatibles con lo dispuesto en las directivas contables europeas. Ambas instituciones hicieron gala de una postura flexible, el CNIC expresando su disposición para modificar las normas que plantearan problemas, y la CE, para modificar las directivas contables, si fuera preciso, por el procedimiento más simplificado posible.
Como resultado de lo anterior, tras los correspondientes procesos en los respectivos ámbitos, hemos visto como se progresaba en ambos planos, el de las normas y el de las directivas. Un buen número de las NIC existentes fue revisado y otras nuevas fueron emitidas para completar el conjunto básico que debía ser presentado a la CE en el año 2000. La CE, por su parte, ha propuesto la modificación de las Directivas contables existentes, encontrándose ya promulgada por el Parlamento Europeo y el Consejo en el 2001 una nueva directiva que introduce la aplicación del criterio del valor razonable de mercado reconocido en las NIC, y estando a punto de promulgarse otra, mediante la que se modifican diversos aspectos contenidos en las directivas contables vigentes.
Para abordar la nueva etapa que se iniciaba con el nuevo siglo, el CNIC ha llevado a cabo profundas transformaciones en su estructura organizativa, con el fin de poder dar respuesta al reto asumido. Se ha dotado de una constitución (IASC 2000) en la que quedan establecidos sus objetivos, su sistema y su estructura de gobierno, así como las características exigibles a los miembros de su patronato, de su consejo y de los restantes órganos. Pocos meses más tarde adoptó un ligero cambio de denominación, pasando a ser el “Consejo de normas internacionales de contabilidad”.
Toda la organización se ha reestructurado atendiendo a criterios de mayor profesionalidad, de los 14 miembros del Consejo, 12 tienen dedicación completa, solo 2 están tiempo parcial. La selección de los mismos debe atender a su competencia técnica, a su experiencia internacional y a su independencia de criterio, debiendo ser remunerados de acuerdo con el nivel de las responsabilidades asumidas. Dicha remuneración es establecida por el patronato.
A partir de la antedicha reestructuración, la actividad del CNIC se ha multiplicado, emitiendo las nuevas normas pendientes para completar el conjunto básico comprometido con IOSCO y con la CE, incluyendo en su agenda nuevas revisiones de normas que requieren una actualización, iniciando así la emisión de la nueva serie de “Normas Internacionales de Información Financiera” (NIIF), acelerando el trabajo del comité de interpretaciones, intensificando su aproximación al regulador contable norteamericano en aras de llegar a consensuar futuras normas contables globales, en suma, asumiendo la responsabilidad que para dicho organismo supone el haber sido reconocido por la Unión Europea como el emisor de las normas contables en las que deben basarse las cuentas consolidadas de las sociedades cotizadas en las bolsas europeas de valores.
1.4. La reforma contable en España: El Libro Blanco
A partir de la declaración de la Comisión Europea del año 2000, mediante la que se establece la nueva estrategia de la Unión Europea en materia de información financiera, nuestras autoridades económicas se plantean la conveniencia de comenzar a estudiar que acciones acometer frente a los cambios que se avecinan.
El Ministro de Economía creó en el 2001 una comisión de expertos para el estudio de la situación actual de la contabilidad en España y de las líneas básicas para su reforma(13), en atención a las siguientes circunstancias: la internacionalización de las empresas españolas, la incorporación a la moneda única, la nueva estrategia de la Unión Europea en materia de información financiera, la aparición de nuevos instrumentos financieros cuya valoración desborda el contenido del vigente modelo contable, la importancia cobrada por los activos intangibles, la proliferación de las operaciones de reestructuración empresarial, la coexistencia de diversos órganos de normalización contable, la necesidad de un modelo contable más simplificado para las pequeñas y medianas empresas y, sobre todo, la consideración de que la información económica y financiera que las empresas deben transmitir a los usuarios se trata de un bien jurídico que debe ser protegido.
La comisión de expertos nombrada concluyó sus trabajos en junio del 2002, haciendo público a renglón seguido su correspondiente informe, normalmente conocido como “Libro Blanco para la reforma de la contabilidad en España” (Gonzalo, 2002a). Dicho texto es amplio y prolijo, catorce capítulos más uno de conclusiones y recomendaciones, aparte de un apéndice en el que se recogen los informes emitidos por las distintas subcomisiones. De este bagaje se ha valido el grupo de trabajo encargado de elaborar el documento base para la posible reforma de la legislación mercantil en materia contable, constituido en el ICAC (2002), antes de finalizar dicho año.
En lo que sigue nos referiremos a las principales recomendaciones contenidas en el Libro Blanco, estructurando las mismas, de acuerdo con Gonzalo (2003), en recomendaciones generales, técnicas e institucionales.
Las recomendaciones generales se refieren a la extensión de la aplicación de las NIC/NIIF y a los formatos de la información que se va a presentar.
En cuanto a la extensión de la aplicación de las NIC/NIIF, se considera que dichas normas deben ser directamente aplicadas a las cuentas consolidadas de todos los grupos de sociedades españoles, coticen o no en bolsa, con el fin de preservar la comparabilidad de la información financiera consolidada de todas las empresas. Por el contrario, las cuentas anuales individuales de las sociedades y otras entidades obligadas a formular dichas cuentas deberán seguir aplicando el plan general de contabilidad, a cuyos efectos se propone la modificación de dicho texto, con el fin de incorporar al mismo la filosofía y criterios de las NIC/NIIF, eligiendo, cuando alguna de estas normas permita varias opciones, aquella más acorde con el modelo contable español.
En cuanto a los formatos de la información que se va a presentar se aboga por el mantenimiento de los existentes: normal y abreviado, añadiendo otros dos: desgloses adicionales para las empresas cotizadas en bolsa y formato simplificado para las pequeñas empresas.
Las recomendaciones técnicas van dirigidas hacia la modificación del plan general de contabilidad con el fin, como acabamos de señalar, de que los criterios contables establecidos allí estén conformes con el contenido de las normas internacionales de contabilidad. Como ha quedado dicho, las citadas normas establecen en ocasiones criterios alternativos, opcionalmente puede elegirse uno u otro, pues bien, se trataría de que el plan eligiera, en estos casos, aquellos criterios más acordes con el modelo contable español.
Conviene señalar a este respecto que no se trata de una tarea mecánica, la filosofía inspiradora de las NIC/NIIF está basada en su orientación hacia el mercado de capitales, lo que lleva a situar en primer plano la utilidad del usuario y un enfoque prospectivo; esto choca con la tradición española de prudencia, protección de los acreedores, y precaución hacia el reparto de resultados no realizados. Conjugar dos filosofías distintas no es fácil, de ahí la controversia surgida entre los propios expertos de la Comisión (CEA, 2001 y 2002).
Las principales modificaciones de orden técnico que deberán ser acometidas para la consiguiente aproximación de nuestro modelo contable al del CNIC serían las siguientes:
• Incorporar los principales rasgos del marco conceptual para la información financiera.
• Ampliar el número de documentos principales que integran las cuentas anuales.
• Introducir la posibilidad de aplicación del criterio del valor razonable.
• Permitir la aplicación del método de puesta en equivalencia (valor patrimonial proporcional) para la valoración de inversiones financieras en las cuentas anuales individuales.
• Adoptar el concepto de resultado contable global frente al actualmente considerado, basado en el beneficio realizado.
• Extender los límites de los grupos de sociedades sujetos a la obligación de formular cuentas consolidadas.
El CNIC, tras una larga experiencia como ente emisor de normas contables decidió, en la década de los pasados ochenta, emprender la elaboración de un “Marco conceptual para la preparación y presentación de los estados financieros” (1989), siguiendo los pasos que en este sentido habían sido previamente dados por el regulador contable norteamericano (FASB) entre 1978 y 1985. El marco conceptual es un producto de y para la regulación contable; surge como una necesidad para alimentar la misma y, a la vez, como una justificación de su propio quehacer, como una especie de meta-regulación, que procede de quienes están legitimados para emitir normas contables, pero sin que el propio marco conceptual sea una norma contable (Cañibano, 1997, p. 272).
Consiste en un sistema de equilibrio reflexivo que permite reconstruir los conceptos básicos inmersos en el conjunto de intuiciones y de prácticas de lo que es la contabilidad financiera (Power, 1993). Adoptar las NIC implica asumir de algún modo su marco conceptual: los objetivos que prevé para los estados financieros, las hipótesis fundamentales en que estos se basan, sus características cualitativas, los elementos integrantes de los mismos, los criterios de reconocimiento y medición aplicables a los activos, pasivos, ingresos y gastos, y los conceptos de capital y de mantenimiento del capital ligados a la determinación del resultado(14).
El modelo de información financiera basado en las NIC/NIIF considera cinco documentos contables como de carácter principal: balance, cuenta de resultados, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria o notas a los estados financieros. El modelo contable español no incluye el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo, aunque sí viene ofreciendo cierta información relativa a los mismos dentro de las notas de la memoria. Cualquiera que sea el camino que se estime para propiciar una aproximación al contenido de las NIC/NIIF pasa por extender el contenido de nuestras actuales cuentas anuales, incorporando a las mismas, con carácter principal, los dos documentos contables antedichos.
Las NIC/NIIF introducen como criterio de valoración de ciertas partidas (instrumentos financieros, productos agrícolas y activos biológicos) el denominado “valor razonable”, que no es otra cosa que el valor de mercado de referencia o la mejor aproximación que pueda obtenerse sobre este mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración. Nuestro modelo contable no contempla otro método contable de valoración ordinaria que el coste de adquisición, por lo tanto resulta necesario proceder a las modificaciones legales pertinentes para hacer viable cualquier otra alternativa de valoración.
A dicho respecto, conviene señalar, que ya existe el oportuno marco jurídico en la Unión Europea para llevar esto a cabo, según quedó dicho con anterioridad, al ser promulgada en el 2001 la directiva que permite la aplicación del valor razonable, cuyas disposiciones deben ser incorporadas a las respectivas legislaciones nacionales antes del inicio del año 2004. Al menos los instrumentos financieros que formen parte de una cartera de negociación y los instrumentos financieros derivados deberán ser valorados con arreglo a este criterio del valor razonable. El proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social (Congreso de los Diputados, 2003), en sus artículos 68 y 69 ha introducido las oportunas modificaciones en el Código de Comercio y en la Ley de sociedades anónimas.
Las mencionadas NIC/NIIF valoran las inversiones financieras representativas de participaciones en el capital de empresas del grupo y en las asociadas, en las cuentas anuales individuales de la sociedad dominante, de acuerdo con el valor patrimonial proporcional de las antedichas inversiones o, lo que es lo mismo, mediante la aplicación del método de puesta en equivalencia. De esta forma se consigue que la dominante exprese un patrimonio y unos resultados análogos en sus cuentas individuales y en sus cuentas consolidadas, sin perjuicio del mayor detalle ofrecido en estas últimas, al estar basadas en la aplicación del método de integración global.
El modelo contable español no prevé la aplicación del método de puesta en equivalencia en las cuentas anuales individuales de la sociedad dominante, por el contrario, al seguir vigente para las mismas la aplicación del coste de adquisición, los importes de patrimonio y resultados mostrados en dichas cuentas disienten de los que se muestran en las correspondientes cuentas consolidadas. La aproximación a las NIC/NIIF de la normativa contable española hará necesaria, por lo tanto, la aplicación del método de puesta en equivalencia en la valoración de las inversiones financieras en aquellas participaciones en el capital que venimos comentando(15).
Frente al tradicional concepto de resultado contable, basado en el beneficio realizado, se alza ahora el concepto de resultado global, que integra el anterior beneficio realizado junto con los cambios resultantes de la aplicación del criterio del valor razonable o de la puesta en equivalencia. Este concepto no es nuevo en la literatura contable, incluso fue introducido en el marco conceptual norteamericano en 1980 (FASB, 1985) aunque no se reflejara de inmediato en norma alguna, habida cuenta de la polvareda que entonces levantó.
Cualquier cambio en la regulación, a que diera lugar esta nueva concepción del resultado contable, debería tener muy en cuenta los efectos mercantiles y los fiscales que el tradicional concepto de resultado, basado en el beneficio realizado, tiene en España. Una cuenta de resultados con varios niveles y posibles diferentes destinos de los saldos, según nivel, podría compatibilizar las nuevas ideas globales con las tradicionales bases de reparto de beneficios o de cálculo de impuestos.
El modelo de información financiera de las NIC/NIIF considera que existe un grupo de sociedades no solo en atención a los derechos de voto poseídos o controlados de una u otra forma por la sociedad dominante, sino que también tiene en cuenta el poder de dicha empresa para dirigir las políticas financieras y operativas de otras sociedades. De hecho, la directiva europea relativa a las cuentas consolidadas (1983) contemplaba también ambas posibilidades de constatar la existencia de un grupo: derechos de voto y unidad de dirección, aunque dejaba a la consideración de los Estados miembros la facultad de obligar a formular cuentas consolidadas cuando las bases de existencia del grupo descansaban tan solo sobre el concepto de unidad de dirección.
Como es sabido, España no incorporó esta posibilidad a su legislación en la reforma mercantil de 1989, por ello, ante la nueva perspectiva que se abre ahora con la aplicación de las NIC/NIIF, el concepto de grupo de sociedades debe ser ampliado para efectos de la formulación de las correspondientes cuentas consolidadas. Esta reforma ya ha sido acometida a través del artículo 68 del mencionado proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Junto a las anteriores recomendaciones técnicas, el Libro Blanco para la reforma contiene también ciertas recomendaciones institucionales relativas a la relación entre el rango de las normas y el grado de detalle de las mismas, al órgano emisor de las normas contables, a los mecanismos de refuerzo y de control para el cumplimiento de las normas y a la solución para preservar la independencia y la coordinación entre contabilidad y fiscalidad.
La súbita llegada de una regulación contable, que ha resultado ser creciente en el tiempo, aconseja emprender esta teniendo en cuenta una adecuada proporción entre el rango de la norma que la contenga y su grado de detalle. Así, el Código de Comercio debería quedar reservado para los principios básicos que regulan la contabilidad empresarial, mientras que las leyes de sociedades deberían referirse al derecho y deber de informar y a las instituciones relativas al control de la información, dejando el detalle de las reglas de contabilización (registro y valoración) y los formatos de las cuentas anuales (presentación) para el plan general de contabilidad y sus normas de desarrollo. Esto al considerar que estas disposiciones de menor rango pueden evolucionar de manera más rápida y cómoda que las leyes, adaptándose más fácilmente a las nuevas operaciones económicas y financieras y a las cambiantes situaciones empresariales.
Con respecto al órgano emisor de normas contables, lo primero que cabe constatar es la existencia de cuatro órganos emisores distintos en España. Junto al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, los supervisores financieros siguen manteniendo facultades legales para emitir normas contables de obligada utilización en su ámbito. El Banco de España, la Dirección General de Seguros y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tienen reconocidas competencias a su favor, no solo las propias de un ente supervisor, sino también las inherentes a la emisión y a la interpretación de normas contables e, incluso, de exoneración del cumplimiento de alguna de estas (Martínez Churiaque, 2002).
Esta no es una situación habitual en Europa; en los Estados miembros, por lo general, existe un organismo único de regulación contable, y allí de donde han partido de la existencia de varios, se tiende actualmente hacia la coordinación en un único organismo regulador de la contabilidad a escala nacional (Gonzalo, 2002a, p. 548).
Resulta paradójico que, por una parte, insistamos en la necesidad de un único emisor internacional de normas contables para que la información financiera sea comparable en términos globales y, por otra, nos aferremos al mantenimiento interno de una multiplicidad de órganos emisores de normas contables. Si para las sociedades cotizadas las normas contables ya emanan del mismo ente internacional, el Consejo de normas internacionales de contabilidad, parece lógico que para las sociedades no cotizadas, las normas contables sean emitidas por un único organismo regulador de la contabilidad en España, en el que por supuesto puedan confluir las debidas representaciones para efectos de la consecución de una adecuada coordinación.
Esta es la propuesta contenida en el Libro Blanco, que se constituya en el ámbito del ICAC una comisión emisora de normas contables, formada por representantes de la administración –entre los que estarían los de los antiguos emisores– junto con profesionales independientes con experiencia en la emisión, en auditoría o en análisis de las cuentas anuales hacia las que va dirigida la normativa que se va a emitir. Cabe recordar a este respecto la existencia en España de una asociación que ha venido emitiendo principios y normas de contabilidad generalmente aceptados por los profesionales desde hace más de veinte años, cuya experiencia en este campo puede y debe ser aprovechada en los nuevos planteamientos que se realicen, nos estamos refiriendo a la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, de cuya importante labor me gustaría dejar constancia expresa en este documento.
La existencia de unas normas contables de calidad y las adecuadas interpretaciones y orientaciones de ejecución de las mismas, constituyen condiciones necesarias, pero no suficientes para la elaboración de una información financiera de calidad por parte de las empresas. Hace falta que dichas normas e interpretaciones se apliquen, para lo cual debe existir un conjunto de medidas de refuerzo (enforcement) que, de manera permanente y fluida, propicie el funcionamiento del sistema. La “Federation des Experts Comptables Européens” (FEE, 2001) ha desarrollado la siguiente clasificación de los mecanismos de “enforcement”: autocontrol, auditoría externa independiente, aprobación de los estados financieros, control institucional, juzgados y sanciones, y reacción del público y de la prensa.
El Libro Blanco ha prestado especial atención a determinados aspectos relativos al control institucional, así como también ha recomendado la ampliación de la labor de las cortes de arbitraje para la resolución de conflictos relativos a la información contable. Dada la interconexión entre estas medidas de refuerzo y otras estrechamente conectadas al tema del gobierno de la empresa, aplazamos mayores detalles sobre las mismas hasta el numeral 3º de este documento.
Por último, dentro de las recomendaciones institucionales, cabe mencionar las aportadas por el Libro Blanco para que siga produciéndose una coordinación entre contabilidad y fiscalidad, sin perjuicio de la preservación de la independencia entre ambos ámbitos. La reforma contable no tiene por finalidad el aumento de la presión fiscal de las empresas, por lo tanto los cambios en el valor de activos y de pasivos, resultantes de aplicar los nuevos criterios contables internacionales, que se produzcan antes de la realización de dichos elementos, no serán objeto de gravamen fiscal hasta tanto tenga lugar dicha realización (Corona, 2002). El beneficio contable debe seguir sirviendo como punto de partida para la determinación de bases imponibles, estableciéndose por la ley fiscal las oportunas diferencias de cómputo.
2. Nuevos retos de la información contable
A la vez que los procesos de regulación y de armonización contable progresaban en la dirección que acabamos de apuntar, se producían importantes cambios tecnológicos, económicos y sociales que afectaban profundamente al contenido, a la difusión y a la estrategia de preparación de la información financiera. Hemos seleccionado tres de ellos para ser tratados aquí, pero nos gustaría dejar constancia que existen algunos otros, también de gran relevancia.
El desarrollo de la economía basada en el conocimiento ha puesto de manifiesto la importancia de los intangibles como elementos generadores de valor en la empresa, sin que la información contable-financiera de las compañías ofrezca detalle puntual de esta nueva realidad, más importante en muchos casos que la relativa a los elementos tangibles, sobre los que sí ofrece en cambio datos suficientes.
Uno de los pilares de esa nueva economía son las tecnologías de la información y las comunicaciones, mediante las que la difusión de la información financiera está alcanzando cotas difíciles de imaginar hace muy pocos años, dada la gran fluidez de aplicaciones lograda a lo largo de la cadena de suministro de información. La dirección de las empresas ha incorporado las variables contables a su estrategia, procediendo a realizar una gestión contable de beneficios, en aras de cumplir sus objetivos o de alcanzar los beneficios esperados por el mercado, lo cual ha desembocado lamentablemente en algunos de los más sonados escándalos empresariales.
Estos son los temas que trataremos a continuación, sin perjuicio de reconocer que también otros de importancia podrían ser considerados como actuales retos para la información financiera, como por ejemplo los relativos a la información sobre riesgos y a la información sobre responsabilidad social corporativa.
2.1. La relevancia de los intangibles
Uno de los actuales retos de investigación, es hacer frente a las grandes transformaciones que se observan en el entorno económico. Estamos abandonando la era industrial para adentrarnos en la del conocimiento, y este cambio tiene importantes implicaciones para los sistemas de valoración y la gestión de empresas.
Si hace tan solo dos décadas, el valor de una organización se asimilaba fundamentalmente al valor de sus recursos tangibles y financieros, en la actualidad, el potencial de desarrollo futuro de las empresas descansa, principalmente, sobre sus recursos intangibles. Los sistemas contables en vigor fueron diseñados durante la era industrial y responden a la necesidad de valorar los recursos tangibles de la empresa, pero resultan muy limitados en la nueva economía del conocimiento. Esta limitación de los sistemas contables para capturar el valor de las organizaciones se traduce en una mayor volatilidad e ineficiencia de los mercados de capitales, que no disponen de información fiable sobre las verdaderas fuentes de creación de valor de las sociedades cotizadas, así como también en una gestión ineficaz de las capacidades de la empresa.
Creciente importancia de los intangibles
El creciente peso de los intangibles demanda nuevas formas de valoración de la empresa, nuevos instrumentos para su medición y su comunicación, y también nuevas formas de valoración de la economía en su conjunto. Fruto de esta necesidad, la década de los noventa del pasado siglo fue testigo de un creciente número de iniciativas en el ámbito internacional sobre la medición y la gestión de los intangibles a escala macro, meso y microeconómica.
La primera llamada de atención sobre la creciente importancia de los intangibles en la economía surgió en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la pasada década de los ochenta. Utilizando datos agregados, la OCDE demostró que las inversiones en intangibles tales como la educación, I+D o software estaban aumentando a un ritmo mucho más rápido que las inversiones en elementos tangibles (OCDE, 1997b). Por tanto, de continuar dicha tendencia, la economía iba a estar cada vez más basada en el conocimiento.
Los estudios pioneros de la OCDE abrieron la puerta a un conjunto muy relevante de iniciativas internacionales sobre la valoración de los intangibles y su impacto en el crecimiento (Johanson, 2002), entre las que destacan varias conferencias organizadas por la propia OCDE (OECD, 1997a, 1997b, 1999) y la Unión Europea (Cañibano y Sánchez, 2003), un número creciente de publicaciones sobre la valoración de los intangibles entre las que sobresalen diversos artículos de revisión de la literatura (Cañibano et al., 1999 y 2000a, Johanson et al., 1999 y Petty y Guthrie, 2000) y diversos proyectos internacionales en los que vienen participando distintas empresas e investigadores.
Dentro de este último apartado, se puede afirmar que Europa ha liderado la investigación en medición, gestión y difusión de información sobre intangibles. Aunque en Estados Unidos se han llevado a cabo algunos proyectos de relevancia(16), ha sido en Europa donde se han desarrollado los proyectos de mayor envergadura e impacto internacional, muchos de ellos con el apoyo financiero de la Unión Europea. También es en Europa donde se encuentran las empresas pioneras en el desarrollo de herramientas para la gestión del capital intelectual o los intangibles, principalmente en los países nórdicos.
Uno de los primeros proyectos desarrollados en Europa, centrado en el análisis de los intangibles, ha sido el proyecto Meritum (1998-2001) (Measuring intangibles to understand and improve innovation management), coordinado por el grupo de la Universidad Autónoma de Madrid bajo la responsabilidad del autor de estas líneas, y en el que participaron nueve instituciones de seis países europeos. Meritum ha continuado, a partir del 2001, a través de la red temática E*Know-net, financiada por la Unión Europea y centrada, también, en la gestión y valoración de intangibles.
En el año 2000, y ante el creciente interés que estos temas estaban adquiriendo a nivel internacional, la Unión Europea financia la creación de un grupo de expertos en intangibles (high level expert group) a quienes les encarga la elaboración de un informe sobre la economía intangible y su impacto (Unión Europea, 2003). En el año 2000 también se pone en marcha un tercer proyecto europeo: Rescue/prism, cuyo objetivo fundamental consiste en la elaboración de estudios de caso sobre gestión de intangibles que pudieran utilizarse con fines de formación.
Todas estas iniciativas han producido como resultado numerosas evidencias sobre el creciente papel que tienen los intangibles en los procesos de generación de valor de las empresas, tanto a escala macroeconómica (cuentas nacionales), como mesoeconómica (mercados de capitales) y microeconómica (organización).
En el ámbito macroeconómico, la OCDE ha estimado el peso de la participación en el PIB de un conjunto de países, de intangibles tales como la educación, la I+D o el software. Vickery (1999) demuestra que la inversión en activos intangibles(17) en los países de la OCDE representa un 10 % del PIB, manteniendo un ritmo de crecimiento superior al de los activos tangibles.
Desde un punto de vista mesoeconómico existe un gran número de trabajos que estiman el impacto de los intangibles en los mercados de capitales incidiendo, como señala García-Ayuso (2003), en aspectos muy diversos, tales como: los efectos negativos de la escasa información de intangibles sobre el riesgo y el coste del capital, la habilidad de las empresas para obtener capital adicional y el impacto de los intangibles sobre algunas variables contables fundamentales.
Otros tratan sobre el análisis de la responsabilidad social corporativa (Guthrie et al., 2001 y Holland y Johanson, 2003); los mecanismos de difusión de la información sobre intangibles (Bukh et al., 2002) y su interpretación por analistas financieros (Roberts, 2002); y, finalmente, un grupo más reciente, estudios dirigidos al desarrollo de métodos para la estimación del valor de los intangibles, basados en el modelo de valoración de Ohlson (1995), que relacionan dichos intangibles con el resultado contable y el valor de mercado de las acciones (Giner y Pardo, 2002; Ballester et al., 2003; Giner y Rees, 2001 y García y Mora, 2003a y 2003b).
Dentro de este nivel mesoeconómico, también se encuentran algunos trabajos recientes sobre capital social e intangibles o sobre el impacto de la cultura nacional en la gestión de los intangibles que demuestran el impacto del entorno social y cultural respectivamente, en la gestión de los intangibles (Chaminade y Johanson, 2003).
Finalmente, en el ámbito empresarial, la gran mayoría de esfuerzos se ha centrado en el análisis de los procesos de gestión de conocimiento (Sánchez et al., 2000; Johanson, 2000; Johanson et al., 2001b y Roberts y Chaminade, 2003), la medición de intangibles (Cañibano et al., 2002), el impacto de la gestión de los intangibles en el desempeño de la empresa (Johanson et al., 2001a) o el desarrollo de informes de capital intelectual (Mouritsen et al., 2001a y 2001b; Danish Agency for Trade and Industry, 2002; Cañibano et al., 2002 y Danish Ministry of Science and Technology, 2003a y 2003b).
De forma simplificada, los trabajos anteriormente mencionados se podrían clasificar en dos grandes grupos: uno que atiende a la valoración de los intangibles como instrumento de gestión interna y otro que orienta dicha valoración como herramienta de comunicación externa. El primero está directamente relacionado con el aprendizaje organizativo, con la organización inteligente o basada en el conocimiento; el segundo, con la valoración externa de la empresa, con la información que esta suministra a sus accionistas y a otros terceros interesados en la misma, incluidos por supuesto los mercados de capitales.
Información financiera y no financiera sobre intangibles
Con relación a la información externa sobre intangibles dirigida a terceros, mencionada en el epígrafe precedente, cabe señalar, que la información contable-financiera tradicionalmente ha venido incluyendo en los balances los valores de ciertos intangibles calificados por Hendriksen y Van Breda (1992) como tradicionales (marcas, patentes, nombres comerciales, derechos de autor, etc.). Sin embargo, no ocurre así con los denominados nuevos intangibles (capacidad para atraer y retener recursos humanos, fidelidad de la clientela, capacidad innovadora, flexibilidad de la organización, etc.), salvo cuando se produce una venta de la empresa, en cuyo caso el precio global pagado por ella considera todos los activos netos adquiridos, estén o no contabilizados, entre los que lógicamente se encuentran los nuevos intangibles comentados.
El exceso del precio pagado sobre el valor real de los activos tangibles e intangibles tradicionales adquiridos es lo que constituye el fondo de comercio, el cual es reconocido contablemente como un activo más del comprador, cuya sustancia no es otra cosa que los intangibles susceptibles de generar valor, que no habían sido objeto de reconocimiento contable en la empresa adquirida.
De acuerdo con lo anterior, cuando una empresa adquiere otra empresa en funcionamiento, la primera puede incluir entre sus activos el valor de los intangibles por los que ha satisfecho un precio, pero no puede hacerlo con los intangibles internamente generados por ella misma, porque tales intangibles no han sido objeto de transacción alguna. Así pues, la información contable-financiera de dicha empresa no valora todos sus elementos intangibles de la misma manera, unos –los correspondientes a la empresa adquirida– se encontrarán incluidos en su balance, pero otros –los internamente generados– no lo estarán, lo que da lugar a una valoración asimétrica de los intangibles y a una información poco útil en términos comparativos, de la propia empresa en el tiempo y con relación a otras empresas.
Algunos autores han defendido la tesis de que los activos intangibles deberían recibir un tratamiento contable análogo a los activos tangibles. Wallman (1995, p. 85) indica que:
“Algunos de los nuevos y más significativos valores de negocio apenas aparecen en los balances, los cuales ofrecen una pobre imagen de la verdadera posición financiera de las empresas. Por ejemplo, laboratorios como Merck no muestran activo alguno relacionado con sus innovaciones de productos, (…) la marca Coca-Cola no se refleja como un activo en el balance de dicha compañía, (…) Microsoft cuyas acciones valen decenas de billones de dólares presenta un balance que le hace aparecer mucho más pequeña”. Lev y Zarowin (1998, p. 363), por su parte, señalan que: “Esta política contable acabaría con el absurdo de que los ladrillos y el mortero de las empresas químicas, farmacéuticas, electrónicas, informáticas, de biotecnología y de telecomunicaciones sean consideradas como activos, mientras que las inversiones en intangibles generadoras de la mayoría de sus ingresos no pueden encontrarse en sus estados financieros”.
La tesis anterior ha estado soportada por diversos estudios, inicialmente los realizados por Lev (1996, 1998 y 2001), en los que se evidenciaba el paulatino alejamiento de los valores contables de las empresas de sus respectivos valores de cotización en el mercado bursátil. Este alejamiento no se trata de una circunstancia temporal, sino de una tendencia observada durante más de veinte años, que da lugar a que la Bolsa valore las acciones multiplicando por cuatro y hasta por seis su valor contable(18). Esto significa que se valora mucho más lo que no aparece en el balance –los intangibles– que lo que se muestra en él.
El armazón de los principios de contabilidad generalmente aceptados se encuentra fuertemente cohesionado, lo que complica introducir cambios radicales en él, por ello el tratamiento contable análogo de activos tangibles e intangibles todavía deberá esperar. No obstante, un cambio de importancia sí ha llegado a producirse, de momento en los US GAAP (FASB, 2001) y, según los indicios, también se producirá a corto plazo en las NIC/NIIF.
Dicho cambio atañe al tratamiento contable del fondo de comercio, que ha pasado a ser considerado como un activo no amortizable(19), por lo que no procede su imputación sistemática a los resultados del ejercicio durante un plazo convencional(20). Procede en cambio la realización de un test de deterioro, ejercicio tras ejercicio, para comprobar si se mantiene o no el valor contable del mismo, dependiendo lo anterior de las expectativas de beneficios futuros del negocio correspondiente. Comprobada la existencia de un deterioro de dicho valor, su importe deberá ser contabilizado de inmediato en su totalidad, con el consiguiente reconocimiento de la pérdida como resultado del ejercicio(21).
Con esta incorporación al balance de algunos intangibles, vía fondo de comercio no amortizable, no se completa el reconocimiento contable de estos elementos porque todavía quedan fuera de la información contable todos aquellos intangibles internamente generados que no han sido objeto de una transacción similar a la que originó el fondo de comercio o que se corresponden con fondos de comercio ya amortizados, por haber surgido estos con anterioridad a la aplicación de la norma que prevé su no amortización. Para subsanar esta carencia informativa, el regulador contable norteamericano puso en marcha en el 2001 su proyecto sobre “Información a revelar sobre activos intangibles” (FASB, 2003), en el que se planteaba, no el reconocimiento en balance de los valores correspondientes, pero sí al menos la inclusión de una información sobre los mismos en las notas de la memoria de los estados financieros.
El CNIC, en su declaración programática de diciembre del 2000, se plantea también la conveniencia de revelar información sobre intangibles, sin precisar todavía si esta información debiera formar parte de las notas a los estados financieros o de otra información de índole complementaria, mediante la que podrían suministrarse comentarios cualitativos de la dirección, predicciones de futuros flujos de caja o valoraciones de expertos independientes. Esta información complementaria de tipo narrativo constituiría una nueva línea o capa de información en el sentido apuntado por Wallman (1996, p. 143).
Esta vía de información sobre los intangibles a través de un informe específico, con independencia del desarrollo que en el futuro pueda alcanzar la información que sobre los mismos contengan los estados financieros, ha sido objeto de especial atención en el ámbito de la Unión Europea, según ha quedado apuntado en el epígrafe precedente. Las “directrices para la gestión y difusión de información sobre intangibles (informe de capital intelectual)” (Cañibano et al., 2002) y las directrices danesas (Danish Ministry of Science and Technology, 2003a), ambas de naturaleza voluntaria, constituyen una buena guía mediante la cual las empresas pueden revelar información sobre sus intangibles de manera sistemática y estructurada.
El Libro Blanco sobre la reforma contable en España, tras referirse a los intangibles como elementos fundamentales de la creación de valor en la empresa, sintetiza las partes componentes del Informe de Capital Intelectual contenido en el proyecto Meritum (Gonzalo, 2002a, p. 164) de la siguiente forma:
“El informe de capital intelectual consta de tres partes: visión de la empresa, resumen de recursos y actividades intangibles y sistema de indicadores.
La visión de la empresa describe en qué se diferencia la empresa de sus competidores y qué recursos intangibles le permiten marcar distancias con otras organizaciones. Se narra cómo los distintos agentes se benefician de las actividades dirigidas a generar conocimiento en la empresa, justificando, por ejemplo, el interés de invertir en la empresa u obtener un empleo en la misma.
En el resumen de recursos y actividades intangibles se describen los recursos intangibles de que puede disponer la empresa y las diferentes actividades llevadas a cabo hasta la fecha y las que se realizarán en el futuro para incrementar el valor de dichos recursos. La presentación de los recursos y actividades intangibles se refiere a las tres categorías del capital intelectual: capital humano, capital estructural y capital relacional. La empresa debe mostrar que es precisa una combinación única de acciones para alcanzar los objetivos estratégicos y que la compañía está, en la práctica, desarrollando estas acciones.
El sistema de indicadores de los recursos y actividades intangibles, permite a los proveedores de bienes, servicios o capitales de la empresa, llevar a cabo una estimación acertada de los beneficios futuros de la empresa y del riesgo que conlleva la inversión en ella. Esta información será de mayor utilidad cuando no solo se presenten los indicadores, sino también su tendencia esperada y su relación con los resultados y el crecimiento futuro de la empresa”.
Concluye el Libro Blanco recomendando al regulador la normalización y divulgación de los indicadores sobre intangibles para su uso voluntario por parte de las empresas, aparte de considerar conveniente también, la eliminación de determinadas restricciones que impiden la inclusión en el balance de algunos intangibles.
2.2. La aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
Internet es una innovación que ha transformado profundamente los procesos de transmisión de información en la sociedad en general y en el mundo empresarial en particular. El punto clave de todas las ventajas que proporciona la red se encuentra en la “conectividad”, en la posibilidad de ofrecer y demandar información en tiempo real y de satisfacer de inmediato las necesidades informativas, incentivando un nuevo tipo de comercio que se extiende por todo el mundo. “Se podría decir que el lema de internet representa un sueño: el acceso de todos a toda la información en todo momento y en cualquier lugar” (Gandía, 2002, p. 771).
La posibilidad de difundir la información contable-financiera por medio de internet supone una nueva vía de comunicación entre las empresas y sus accionistas y otros terceros interesados en la marcha de la mismas, que puede llegar a confinar la tradicional información financiera de carácter histórico para ser sustituida por otra en tiempo real. De hecho, los directivos de las compañías ya utilizan información de esta naturaleza para basar en ella sus decisiones y por lo tanto es posible que, en poco tiempo, el tradicional modelo de rendición de cuentas anuales, tal como hoy lo conocemos, sufra profundas transformaciones, dado el desfase temporal que lleva consigo el mismo, a pesar de los estados financieros de información intermedia normalmente preparados, trimestral o semestralmente, por las compañías cotizadas en las bolsas de valores.
Pero antes de llegar a ese futuro que representa la posibilidad de acceder en tiempo real a la información contable-financiera de las empresas, veamos los pasos que se están dando para sacar partido a este nuevo vehículo de comunicación que es internet, dentro del contexto de la información de índole histórica que, al poder ser difundida por los nuevos medios que proporciona la red, puede llegar con mayor facilidad a sus potenciales usuarios y ser ampliada sin las restricciones que siempre representa su presentación tradicional en papel. “El reporting financiero electrónico ha venido a democratizar y diseminar la información financiera, dado que su divulgación es oportuna, interactiva, cómoda, económica, frecuente, reutilizable y compartida por los usuarios, especialmente por los inversores” (Carreira, 2003, p. 257).
Según un estudio relativo a las cien sociedades cotizadas más importantes de Europa (Bonsón, 2001), todas ellas tenían una página web activa y ofrecían en esta el ejemplar completo de su informe financiero anual, que incluye las cuentas anuales y el informe de auditoría. Solo 64 sociedades incluían los estados financieros intermedios, trimestrales o semestrales, sin auditar; 47 compañías suministraban un resumen de sus cuentas correspondientes a los últimos cinco años y 24 incluían ratios financieros.
Por lo que se refiere a los Estados Unidos, todas las sociedades cotizadas en la Bolsa de Nueva York suministran en su web sus cuentas anuales completas o bien un enlace con los archivos de Edgar, la base de datos electrónicos de la Comisión del Mercado de Valores de dicho país (SEC), donde se encuentran los informes contable-financieros de todas las sociedades cotizadas. Algunas de ellas ofrecen otra información adicional(22), especialmente noticias de la prensa financiera, pero por el momento no se encuentra disponible información en tiempo real, salvo la relativa a las cotizaciones.
En España, todas las sociedades cotizadas que forman parte del IBEX 35 disponen de sitio web, mostrándose en este su informe financiero anual. Con la promulgación de la ley dirigida a reforzar la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas, en julio del 2003, se introdujo la obligación legal a todas las sociedades cotizadas de que dispusieran de una página web, para efectos de la difusión de información relevante, de la que naturalmente forma parte la información contable-financiera a que nos venimos refiriendo.
A pesar del escaso tiempo transcurrido desde el comienzo de esta nueva vía de comunicación de la información financiera –los primeros estudios empíricos relativos a la divulgación financiera en internet comienzan a partir de 1996 (Gandía, 2001, p. 17)–, la publicación de estados financieros digitales en la web ha alcanzado un cierto grado de madurez, habiendo sido utilizados como mecanismos de reproducción archivos pdf, hojas de cálculo y archivos html(23). Todos estos mecanismos tienen en común que su diseño ha sido realizado pensando en un único tipo de usuario: los seres humanos.
Pero la cadena de suministro de información financiera empresarial no finaliza con la difusión de información que realizan las propias compañías emisoras de la misma. Como reiteradamente viene siendo expuesto (Di Piazza y otros, 2002, p. 10 y AECA, 2003, p. 23), tras esta fase quedan todavía otras etapas adicionales, como son aquellas que implican a los distribuidores de información (vendedores de información empresarial), a los analistas independientes (profesionales del asesoramiento financiero) y a los inversores y otros terceros interesados (consumidores últimos de la información empresarial), aparte de las implicaciones que tienen sobre todo el proceso las instituciones emisoras de normas de contabilidad y de auditoría y las agencias gubernamentales supervisoras.
Para el eficiente desempeño de las tareas a cargo de todos los anteriores se precisan otros mecanismos de reproducción de los estados financieros digitales, que permitan el paso de los mismos de un programa de ordenador a otro, de manera tal que los usuarios intermedios puedan trabajar con sus datos, incorporando los mismos de manera automática a sus modelos de análisis, evitando así seguros costes y posibles errores. Ninguno de los mecanismos de reproducción anteriormente citados permite un uso eficiente de nuevas aplicaciones de software, por lo tanto resulta necesario contar con una nueva herramienta que permita asegurar la transmisión fluida y segura de datos a través de la cadena de suministro de información empresarial a la que nos venimos refiriendo.
Para ello ha sido concebido un nuevo lenguaje, denominado (XBRL)(24), que “Extensible Business Reporting Language” facilita el intercambio automático de información entre aplicaciones de software, utilizando un conjunto de taxonomías que definen un marco para el intercambio de datos, de acuerdo con unas determinadas normas de información contable-financiera. Así, las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC/NIIF) permiten definir una taxonomía XBRL, lo que significa que cada elemento de un estado financiero formulado con arreglo a las NIC/NIIF, debe ser identificado y etiquetado independientemente con una denominación precisa, la cual podría ser reconocida por distintas aplicaciones de software, que reproducirían el dato y la denominación del elemento correspondiente en el idioma de trabajo utilizado por el usuario de la aplicación.
Teniendo en cuenta que las mencionadas normas internacionales de contabilidad han sido asumidas por la Unión Europea, afectando a las sociedades cotizadas a partir del ejercicio 2005, la presentación de los informes financieros en lenguaje XBRL a partir de dicha fecha, supondría una muy importante mejora efectiva de la cadena de suministro de información empresarial en Europa.
Por supuesto, la utilización de otros principios de contabilidad generalmente aceptados en distintos ámbitos –los US GAAP en los Estados Unidos o los diferentes principios contables nacionales en otros países– exigen sus correspondientes taxonomías XBRL, lo que pone de manifiesto, una vez más, la importancia de llegar a disponer de un único lenguaje contable global. En tanto llega este, XBRL está haciendo posible la comparación entre diferentes taxonomías, para permitir la conversión de un documento contable de una taxonomía a otra.
En resumen, la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a la difusión de la información contable-financiera empresarial, pese a haberse iniciado hace corto tiempo, está en constante proceso de cambio y mejora, quedando claro que con la publicación del informe financiero por parte de las compañías no termina la cadena de suministro de información, esta representa solo un escalón más, un input para los siguientes agentes que forman parte de dicha cadena de suministro. Con la utilización del lenguaje XBRL todos los mencionados agentes resultarán beneficiados, las propias compañías, los distribuidores de datos, los analistas, los reguladores y, por supuesto, los usuarios finales, así como también las empresas de software implicadas en el proceso.
Es muy posible que la práctica que ahora comienzan a ejercitar las empresas más punteras vaya incorporando con rapidez nuevos practicantes e, incluso, que los reguladores no se limiten a requerir la publicación de la información financiera en la web, sino que también maticen sus exigencias con respecto a la utilización de un lenguaje eficiente como el XBRL para la transmisión automática de datos.
2.3. Gestión contable de los beneficios
Los todavía recientes escándalos financieros de Enron y Worldcom en los Estados Unidos han situado en un primer plano de actualidad la posible utilización de prácticas contables de conveniencia, mediante las que se presentan unas cifras de beneficios que no corresponden con los realmente obtenidos por las empresas. Es cierto que siempre puede existir alguna flexibilidad a la hora de aplicar los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados, pero otra cosa muy distinta es la utilización de prácticas contables fraudulentas, o bien la utilización de procedimientos contables para “gestionar los beneficios”.
Esta gestión, alteración o manipulación de los beneficios (Earnings Management) mediante procedimientos contables, ha venido siendo objeto de atención en la literatura académica a partir de la formulación en la década de los setenta por Watts y Zimmerman (1986) de la teoría positiva de la contabilidad, habiéndose convertido en los últimos años en una de las principales líneas de investigación, habida cuenta de su trascendencia para los distintos usuarios de la información contable(25).
Diversos autores han tratado de definir este proceso de gestión contable de beneficios: “intervención deliberada en el proceso de elaboración de la información financiera con el propósito de obtener algún beneficio propio” (Schipper, 1989, p. 92); “selección de técnicas por parte de la gerencia de la empresa para obtener un nivel de beneficios deseado, sirviéndose de la flexibilidad permitida por los principios de contabilidad generalmente aceptados” (Apellániz y Labrador, 1995, p. 15); la gestión de beneficios tiene lugar cuando los directivos estructuran las transacciones para alterar la información contable-financiera, con el ánimo de conducir a conclusiones erróneas sobre los resultados de la empresa a los usuarios de dicha información o influir en los resultados de los contratos que dependen de las cifras contables (Healy y Wahlen, 1999).
Esta actuación proactiva de la gerencia para alcanzar por medios contables los beneficios apetecidos ha puesto en marcha un amplio número de investigaciones, tratando de revelar a través de las mismas las motivaciones que inducen la actuación de la gerencia en la dirección apuntada, las prácticas contables aplicadas para “gestionar” el beneficio y los métodos de investigación mediante los cuales se detecte la utilización de tales prácticas.
La extensión internacional de este fenómeno ha dado lugar a que las investigaciones empíricas realizadas no se refieran exclusivamente a las empresas del país donde se inició esta corriente. Estados Unidos, por el contrario existen también numerosos estudios relativos a empresas europeas, algunos de ellos referidos a la realidad española. Paralelamente también han alcanzado gran importancia las medidas de refuerzo y de control que deben ser aplicadas en los sistemas de información contable-financiera para evitar el exceso de “gestión de beneficios”, tema este que ha sido incluido dentro del conjunto de las denominadas prácticas de buen gobierno de la empresa, que será tratado en el siguiente apartado. En los epígrafes que siguen nos referiremos suscintamente a las motivaciones y a las prácticas contables de “gestión de beneficios”.
Motivaciones de la ‘gestión de beneficios’
Las motivaciones de la dirección para la gestión de beneficios estudiadas por los investigadores fueron inicialmente las de índole contractual y las de naturaleza política y gubernamental y, posteriormente, en la segunda mitad de los noventa del pasado siglo, quedaron puestas de manifiesto las motivaciones relativas a la valoración de la empresa por el mercado. A continuación nos referiremos a unas y a otras.
La relación entre ciertas cláusulas de los contratos de deuda suscritos por las empresas y determinadas magnitudes contables –por lo general el ratio de endeudamiento(26)– incentiva a la dirección de las compañías para acomodar las cifras contables a los supuestos más beneficiosos de los contratos, evitando así mayores tipos de interés o cualquier otro género de penalización; el hecho de que suceda lo anterior es más probable en compañías con elevados niveles de endeudamiento, dado su mayor perfil de riesgo.
Los contratos de remuneración de los directivos, dirigidos a alinear los intereses de estos con los de los accionistas, suelen estar también basados en magnitudes contables –por lo general en la cifra de beneficios– lo que incentiva a los citados directivos para desarrollar políticas contables que den lugar a mayores importes de beneficios, que redundan ventajosamente en sus propias economías.
Pero, más allá de los contratos, los directivos pueden sentirse presionados por su reputación y por su deseo de continuidad en la dirección de la empresa, lo que también puede moverles a adoptar una determinada estrategia contable; por ejemplo, ha sido estudiado y documentado (De Angelo, 1988) que durante el proceso de selección los directivos intentan ofrecer una buena imagen de la empresa, pero una vez incorporados al cargo empeoran dicha imagen con métodos contables, culpando a los anteriores directivos de una mala gestión, despejando así el camino para la contabilización de beneficios en ejercicios venideros.
Las relaciones entre empresas y administraciones gubernamentales derivadas de procesos políticos tales como regulaciones sectoriales, defensa de la competencia, leyes fiscales, etc., toman también como referencia las cifras contables para determinar la posición económica de la empresa. Debido a esto, las empresas pueden verse incentivadas para “gestionar” dichas cifras contables en aras de ofrecer una imagen que reduzca los costes derivados del proceso político.
Esto ocurre por ejemplo con las empresas de gran tamaño, que aplican políticas contables conservadoras para presentar menores beneficios cuando sus elevados resultados pudieran ser considerados como rentas de monopolio (Zmijeswski y Hagerman, 1981). Otros estudios realizados se refieren a diversos sectores tales como el petrolero, la televisión por cable, médico-hospitalario, eléctrico y bancario. En España estos dos últimos sectores han sido objeto de sendas investigaciones, relativas a la regulación de precios en el sector eléctrico (Gill e Illueca, 2003) y a los efectos de la regulación contable en la banca (Apellániz, 1991 y Arcas, 1993).
A las anteriores motivaciones de la dirección de las compañías para “gestionar” los beneficios, la investigación vino a añadir otra de gran trascendencia: la influencia de las cifras contables en la valoración de la empresa por los mercados de valores. Distintos estudios han venido a demostrar que aquellas empresas que tenían resultados positivos, un crecimiento sostenido de la cifra de resultados e importes de beneficios iguales o superiores a las predicciones de los analistas financieros, eran mejor valoradas por el mercado que el resto.
Las mencionadas predicciones han actuado como puntos de referencia (Earnings benchmarks), convirtiéndose en uno de los mayores incentivos para el desarrollo de prácticas de “gestión de beneficios”. Las fuertes presiones sentidas por empresas como Enron o Worldcom para cumplir con las predicciones de analistas y de inversores les llevaron a desarrollar prácticas de manipulación del resultado tan agresivas que finalmente se convirtieron en fraudulentas (García y Gisbert, 2003a y 2003b). También las empresas españolas tienden a aumentar sus resultados para evitar el reconocimiento de pérdidas y descensos de sus beneficios, según indican Gill y Alcarria (2003) y Giner y Gallen (2003).
Otros estudios han analizado la existencia de prácticas de “gestión de beneficios” con ocasión de ciertos acontecimientos singulares, como por ejemplo en la salida inicial a la bolsa o en posteriores emisiones, dada la asimetría informativa existente entre los directivos y los futuros inversores. Otras operaciones estudiadas han sido las de compra de empresas por sus propios directivos, los cuales pueden influir en los resultados contables de los ejercicios anteriores a la operación de compra, así como también los casos de fusiones de empresas en los que se produce un intercambio de acciones, cuya relación de canje ha podido verse influida por los mayores beneficios contabilizados por la sociedad absorbente en fechas previas a la de la fusión. Gabás, Apellániz y Apellániz (1999) han investigado sobre los factores determinantes de la elección del método contable en la fusión de empresas, por parte de empresas españolas, y su influencia sobre los beneficios presentados por la nueva entidad fusionada.
Prácticas contables y financieras
Las prácticas contables utilizadas para la “gestión de beneficios” consisten básicamente en desplazar alguno de los componentes de las corrientes de ingresos y de gastos de un ejercicio a otro. Algunos autores han realizado importantes esfuerzos de sistematización de las operaciones involucradas y de su respectivo grado de importancia relativa en la realidad fáctica investigada (Nelson, Elliot y Tarpley, 2003). Aquí no entraremos en detalle, nos limitaremos a hacer referencia a las partidas más utilizadas en la gestión contable de beneficios.
Los directivos prefieren “gestionar el beneficio” haciendo uso de aquellas prácticas que resultan menos visibles y menos costosas. Con relación a la visibilidad, cabe señalar que unas partidas son seguidas más de cerca que otras por los analistas financieros e inversores, dada su relevancia en el contexto de la empresa correspondiente; además, los principios de contabilidad generalmente aceptados exigen mayores niveles de revelación de información en unos casos que en otros, lo que lleva a preferir, a efectos de “gestión de beneficios”, aquellos que resulten menos visibles.
En cuanto a lo que se refiere al coste de utilizar una práctica u otra, esta es función del riesgo asumido por la empresa frente a los inversores y a las autoridades oficiales, cuando estos pueden penalizar a la empresa por la deficiente práctica utilizada.
Lógicamente las prácticas fraudulentas serán las más costosas, dadas las secuelas que puede traer el descubrimiento de las mismas, por lo tanto intentarán ser evitadas, aunque la realidad demuestra que cuando el uso intensivo de otras opciones menos costosas no permite alcanzar el nivel de beneficios deseado, puede caerse en la tentación de traspasar la frontera de la gestión para adentrarse en el terreno de la auténtica manipulación de beneficios.
Las prácticas contables más utilizadas para la gestión de beneficios son los ajustes por devengo y las dotaciones a las provisiones por operaciones de tráfico (morosidad y otros), por ser estas las menos visibles y menos costosas. Los cambios en los métodos de amortización resultan más visibles, aunque también son objeto de utilización. Igualmente el cálculo del efecto impositivo (impuestos anticipados y diferidos) ha sido detectado como una partida utilizada en este tipo de prácticas de gestión de beneficios. Además, con ocasión de operaciones de reestructuración, la imputación a resultados de los correspondientes costes también ha sido objeto de frecuente utilización, incluso algunos costes han sido directamente cargados contra reservas, evitando así su incidencia sobre la cifra de beneficios.
Más allá de los simples cambios en los registros contables a que se refieren las operaciones anteriores, se encuentran ciertas decisiones financieras, las cuales vienen condicionadas por el efecto que las mismas tienen sobre la determinación del beneficio. El momento en que se decide vender un activo lleva consigo el reconocimiento en una fecha u otra del resultado (ganancia o pérdida) correspondiente, lo que incentivará a su realización inmediata o a su aplazamiento(27); lo anterior consiste en aprovechar un ejercicio con escaso resultado operativo para realizar ganancias con la venta de ciertos activos cuyo valor contable es inferior al del mercado.
Otra importante decisión estratégica condicionada por las normas contables es la relativa a la selección de los proyectos de I+D en los que invertir, dada la repercusión inmediata de los costes correspondientes en los resultados del ejercicio, que puede llevar a inclinarse no por los mejores proyectos, sino por los menos costosos o, simplemente, por posponer la inversión ante la perspectiva de ver reducidos los resultados del ejercicio; los directivos pueden otorgar preferencia a la perspectiva de corto plazo, aunque esta no coincida con la decisión óptima para la empresa.
3. Transparencia informativa y gobierno de la empresa
El mejoramiento de la eficiencia y la competitividad de las empresas constituye uno de los principales objetivos económicos establecidos por las máximas autoridades de la Unión Europea. Unas empresas bien gestionadas y que cuenten con sólidas prácticas de gobierno empresarial obtienen mejores resultados que sus competidoras. Los recientes escándalos en que se han visto implicados los dirigentes de algunas empresas, exigen planteamientos eficaces que permitan devolver la confianza a los inversores y sirvan de protección a los terceros relacionados con las empresas. “Los medios de vida, las pensiones, la inversiones de millones de europeos dependen estrechamente del carácter adecuado y responsable de las prácticas y de la gobernanza de las empresas con cotización en las que invierten” (CE, 2003).
La preocupación por los temas relativos al gobierno de la empresa no es de hoy, pero debe reconocerse que han sido las transformaciones económicas experimentadas en la década de los noventa las que pusieron en marcha un renovado interés por estos aspectos, considerando que el gobierno de las sociedades constituye un elemento clave para mejorar la eficacia de la economía (OCDE, 1998).
El gobierno de la empresa incluye las interrelaciones entre la dirección de la compañía, su consejo de administración, sus accionistas y otros grupos de interés social, proporcionando la estructura que permite establecer los objetivos de la empresa, los medios para alcanzarlos y para supervisar y controlar su cumplimiento. El marco de gobierno de las sociedades debe asegurar que se presente información de manera precisa y de modo regular sobre todas las cuestiones importantes relativas a la empresa, incluidos los resultados, la situación financiera, la propiedad y el gobierno de la sociedad.
En España la preocupación por los temas relativos al gobierno de la empresa ha quedado patente en los últimos tiempos. Por una parte, con la constitución de dos comités especiales de expertos que emitieron sus correspondientes informes: Olivencia (1998) y Aldama (2003) y, por otra, con la promulgación de la Ley 44 del 2002, del 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero (Ley financiera), y la Ley 26 del 2003, del 17 de julio, de transparencia de las sociedades anónimas cotizadas, mediante las que se han introducido disposiciones que atañen al gobierno de la empresa y, en particular, a la transparencia de la información financiera de la misma.
Evidentemente, la temática tratada dentro de las declaraciones, normas legales o estudios relativos al gobierno de la empresa van más allá de los límites establecidos para el presente trabajo. Junto a los temas relativos a la transparencia informativa, en particular de la información financiera, que constituye el objeto de nuestro discurso, se encuentran otros que tienen que ver con la protección de los derechos de los accionistas y su tratamiento equitativo, la función de los grupos de interés social y las responsabilidades del consejo de administración y de sus miembros, por enunciar solo los de carácter general.
Los mecanismos de gobierno de la empresa, en particular los relativos a la transparencia informativa, han sido explicados por Gonzalo (2002b y 2003) a la luz de la teoría de la agencia.
El principal (los propietarios de la empresa) busca los mecanismos para reducir los riesgos derivados de la gestión realizada por el agente (los gerentes o administradores de la empresa), el cual tiene que dar cuenta de la forma en que ha gestionado la compañía mediante la información financiera. Como es el agente el que formula los estados financieros y el resto de la información, el principal busca reducir los problemas derivados de la posible “gestión de beneficios” a que se hacia alusión en el epígrafe precedente, para lo cual cuenta con instrumentos tales como el control interno de la información, la auditoría externa y las medidas de supervisión y de refuerzo a cargo de los organismos gubernamentales correspondientes.
La enunciación inicial de los instrumentos de transparencia contable para el gobierno de la empresa se debe al Informe COSO (Treadway, 1987), habiéndose vistos incluidos los mismos, con sus correspondientes matices, en sucesivas declaraciones profesionales e institucionales y, naturalmente, en el articulado de la Ley Sarbanes Oxley, promulgada en los Estados Unidos en junio del 2002, como reacción frente a los escándalos Enron y a otros.
La Comisión Europea se refiere reiteradamente a la auditoría legal, a la supervisión institucional y a las medidas de refuerzo (CE, 2000). En el Libro Blanco para la reforma contable en España (Gonzalo, 2002a, p. 314) se hace eco de los elementos básicos que, en opinión de la Federation des Experts Comptables Européens (FEE, 2002), deberían caracterizar a cualquier sistema eficiente de refuerzo y de control del cumplimiento de la normativa contable en la información financiera pública, mencionando los siguientes:
• La propia empresa, en quien recae la responsabilidad principal y primaria de implantar las reglas de conducta y sistemas de control interno relativos al gobierno de la empresa.
• La auditoría externa, realizada por auditores independientes que actúen en defensa del interés público y cuyo trabajo se encuentre sometido a un control de calidad y,
• El sistema institucional de supervisión, que debe ir más allá de las verificaciones meramente formales.
Seguidamente nos referiremos a cada uno de los tres elementos antes mencionados, bajo la perspectiva de su contribución a la transparencia informativa en el contexto de las prácticas de gobierno de la empresa.
El control interno consiste en un conjunto de elementos, normas y procedimientos, encaminados a lograr la máxima eficacia en la gestión de la empresa. Comprende el plan de organización y todos los métodos coordinados y las medidas adoptadas para proteger sus activos, identificar sus riesgos financieros y operativos, verificar la exactitud y fiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia en las operaciones y estimular la adhesión a las políticas de la dirección. Definición de responsabilidades, establecimiento de normas y procedimientos, segregación de funciones y supervisión efectiva de los responsables en los diferentes niveles son las piezas básicas involucradas en todo sistema de control interno de la empresa (Cañibano, 2001, p. 76).
La fiabilidad de toda la información contable-financiera de la empresa, que desemboca en los estados financieros o cuentas anuales formuladas por los administradores de la compañía, está basada en la existencia de un sistema de control interno eficaz, capaz de prevenir errores y, sobre todo, de prevenir y detectar fraudes. La confianza en los sistemas de control de las organizaciones debe ser renovada frecuentemente, por ello la dirección debe establecer los correspondientes planes de seguimiento.
La ejecución material de tales planes queda a cargo del departamento de auditoría interna, situado normalmente bajo la directa dependencia de la dirección general o del consejo de administración. Es a esta alta dirección de la compañía a quien compete la responsabilidad última del funcionamiento del sistema de control interno, sin perjuicio de la supervisión del mismo por parte del comité de auditoría, órgano de gobierno de la empresa al que nos referiremos con posterioridad.
En el informe COSO anteriormente mencionado (Treadway, 1987), se presentan diversas recomendaciones, dirigidas a las sociedades cotizadas, relativas a la auditoría y al control interno. En primer lugar se destaca la importancia que tiene el clima creado por la alta dirección de la compañía para prevenir el fraude en la información financiera; para establecer el clima apropiado la alta dirección debe identificar y valorar los factores que pueden conducir a una información financiera fraudulenta, estableciendo por escrito un código de conducta corporativa.
Las sociedades cotizadas deben mantener controles que proporcionen una seguridad razonable de que la mencionada información fraudulenta será prevenida o detectada prematuramente; como una parte relevante de este proceso se encuentra el comité de auditoría, quien revisa el programa establecido por la dirección para monitorear el cumplimiento de lo dispuesto en el mencionado código de conducta.
En segundo lugar se establece que la función de control interno en una sociedad cotizada debe ser efectiva y objetiva, y también encontrarse coordinada con el comité de auditoría, de forma tal que permita verificar el cumplimiento de las responsabilidades de la compañía relativas a su información financiera; a dicho respecto se extenderá también la coordinación de sus actividades con las que hayan de desarrollar los auditores externos.
La propuesta del antedicho informe COSO consistente en la creación de un comité de auditoría en el seno del consejo de administración, que ha sido unánimemente asumida por cuantos informes sobre gobierno corporativo o gobierno de la empresa, han visto la luz con posterioridad, siendo buena prueba de ello la comunicación de la Comisión Europea al Consejo y al Parlamento Europeo (CE, 2003, p. 93) que textualmente señala:
“Habida cuenta de los recientes escándalos vinculados a malversaciones contables, se pondrá un acento particular en el Comité de Auditoría (o cualquier órgano equivalente) con el fin de promover el papel fundamental que deberá desempeñar en la vigilancia de la función de auditoría, tanto en sus aspectos externos (selección del auditor externo para su nombramiento por los accionistas, seguimiento de las relaciones con el auditor externo, incluidos los honorarios no relacionados con la auditoría si los hubiera) como en sus aspectos internos (revisión de la política contable de la empresa, seguimiento de los procedimientos de auditoría interna de la sociedad y de su sistema de gestión de los riesgos)”.
La Comisión Europea no ha considerado necesario elaborar un código de gobierno de la empresa para la Unión Europea, manteniéndose en el plano de los principios y las recomendaciones, y dejando que los Estados miembros sean quienes emprendan directamente las modificaciones legales en sus respectivas legislaciones. Esto ha dado lugar a la promulgación de nuevas disposiciones legales en distintos países.
En efecto, mediante la Ley 44 del 2002, del 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, en su artículo 47, se añade como disposición adicional 18ª a la Ley 24 de 1988, del 28 de julio, reguladora del mercado de valores, la figura del comité de auditoría, con las funciones de supervisión de la auditoría y del control interno a los que se ha hecho mención anteriormente y de relación con los auditores externos a las que aludiremos con posterioridad. En el artículo 65 del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social (Congreso de los Diputados, 2003), en fase de tramitación parlamentaria, se modifica la redacción dada a la disposición adicional antes mencionada.
El comité de auditoría del consejo de administración juega un papel esencial para la preservación de la integridad de la información contable-financiera de las sociedades. Sus miembros tienen que pertenecer al consejo de administración, todos ellos tienen que ser independientes (Informe COSO y Ley Sarbanes Oxley) o todos ellos tienen que ser no ejecutivos o externos –independientes o dominicales– (Informe Aldama) o la mayoría tiene que estar formada por no ejecutivos o externos (Ley del mercado de valores).
Esta diferencia entre los atributos que deben reunir los miembros del comité de auditoría resalta las distancias culturales que afectan al mundo empresarial en uno y otro ámbito; en términos generales, en el mundo anglosajón se apuesta por una mayor independencia y profesionalidad de sus componentes (Informe Higgs 2003, Informe Smith 2003), mientras que en el continente europeo esta característica tiene menor importancia (Informe Winter 2002), toda vez que solo se habla de mayoría de consejeros externos, esto es los consejeros independientes junto a los consejeros externos dominicales. Las sociedades europeas cotizadas en la Bolsa de Nueva York, aparte de las diferencias en las normas contables dirigidas a la preparación de la información financiera, ya expuestas, se enfrentan ahora con otras diferencias relativas al gobierno de la empresa, tales como la señalada.
El Comité de Auditoría tiene que desarrollar sus funciones teniendo como punto de mira los intereses de los accionistas y de otros terceros interesados en la marcha de la sociedad. Según la ley española, sus tareas consisten en: supervisar los sistemas de control interno implantados en la sociedad por la dirección y los servicios prestados por el departamento de auditoría interna; conocer del proceso de información financiera y de los estados financieros que van a ser formulados por el consejo de administración; proponer el nombramiento del auditor de cuentas externo; relacionarse con el consejo para recibir cuanta información afecte el proceso de auditoría, en particular la relativa a los riesgos que gravitan sobre su independencia; informar en la junta general de accionistas sobre las cuestiones que en ella se planteen sobre las materias de su competencia.
Otros informes o disposiciones sobre gobierno corporativo, coincidiendo con las tareas antedichas, presentan además algunos otros matices, por ejemplo: El presidente del comité de auditoría tiene que dirigir una carta en la que se describan las actividades de dicho comité al presidente del consejo de administración; la dirección debe advertir a este comité sobre aquellas operaciones significativas susceptibles de un tratamiento contable alternativo; el comité debe supervisar el proceso conducente a la información financiera de carácter intermedio, trimestral o semestral (Treadway, 1987). Además, debe comentar el informe de auditoría con los auditores para conocer los problemas que hayan encontrado en la empresa y los principios y las normas contables que consideran más cuestionables; y, debe aprobar los honorarios de los auditores por otros servicios distintos de la auditoría prestados por estos (Bean, 1999).
El comité de auditoría surge, como una comisión del consejo de administración para facilitar la asunción por parte de este de una función establecida por la ley, la de formular las cuentas anuales de la sociedad, expresando la imagen fiel de su patrimonio, de su situación financiera y de sus resultados. La complejidad del proceso conducente a la formulación de la mencionada información financiera exige una supervisión del mismo por parte del propio Consejo, haciendo uso de unas pautas o normas de conducta preestablecidas por la sociedad y de acuerdo con las leyes, en aras de evitar errores, manipulaciones contables e incluso fraudes.
El Consejo toma en sus manos responsabilidades que anteriormente quedaban más al cuidado de la dirección. La “captura de los auditores” por parte de la dirección financiera quizá pueda seguir subsistiendo, pero no cabe duda que la interlocución auditor-cliente ha quedado situada ahora en un plano distinto al habitual. De acuerdo con Gonzalo (2003), es posible que los miembros del Comité de Auditoría sean objeto de alguna presión o desinformación por parte de los dos órganos que tratan de supervisar, la dirección y los auditores externos, máxime cuando los citados miembros del comité tienen una dedicación parcial a esta tarea y, además, no poseen una formación financiera específica que les permita conocer de antemano las soluciones que se deben aplicar a los problemas que puedan surgir.
En los Estados Unidos, la Ley Sarbanes Oxley exige una declaración escrita a los directivos responsables de la preparación de las cuentas anuales de la sociedad –CEO y CFO(28)– sobre la rigurosidad del contenido de las citadas cuentas, que se hace público junto a estas y el informe de los auditores. De esta manera la dirección de la compañía se compromete, en su más alto nivel, con el contenido de las cuentas anuales, sin perjuicio de las responsabilidades existentes para el consejo de administración y de las funciones que desarrollará el Comité de Auditoría.
Los sistemas de control interno utilizados por las sociedades para salvaguardar los activos empresariales, prevenir y detectar fraudes y garantizar la relevancia y fiabilidad de la información financiera que la sociedad hace pública, han pasado a ser considerados como una responsabilidad directa de los órganos de gobierno de la empresa, del consejo de administración y de su comité de auditoría, que ha de procurar una supervisión imparcial del mismo, en defensa de los intereses de todos los implicados en la empresa, en especial de los accionistas y otros terceros interesados que no participan en la dirección de la sociedad. Sin duda quedan muchos matices por perfilar y muchas mejoras que realizar en este terreno, pero entendemos que lo más difícil de cualquier cambio, que es su puesta en marcha, ya está realizado.
3.2. La auditoría externa
La delegación de los derechos de decisión por parte de la propiedad de la empresa en los administradores de la misma, y la importancia que el resultado tiene en esta relación contractual, motivó el nacimiento de la auditoría externa, con carácter voluntario, como forma de control de la gestión desarrollada por la dirección y como garantía de la calidad y de la credibilidad de la información contable elaborada por aquella.
En Estados Unidos, la decisión de exigir una auditoría obligatoria de la información contable por expertos independientes, consecuencia de una demanda mayor de la misma tras el crack bursátil de 1929, fue una forma de impregnar de integridad y de objetividad a la información financiera suministrada por las empresas a los inversores. La percepción pública de las citadas integridad y objetividad fue crítica para la eficacia y la credibilidad de los mercados de capitales.
La confianza es en esencia, al decir de Sutton (1997), lo más importante que el Congreso de los Estados Unidos otorgó a la profesión de los auditores en 1933. Dicha confianza pública debe seguirse nutriendo y protegiendo, sobre todo si tenemos en cuenta la consideración que hoy merece la información económica y financiera a nuestras autoridades económicas: “se trata de un bien jurídico que debe ser protegido” (Ministerio de Economía, 2001).
Ciertamente, la credibilidad en la información económico financiera dependerá, en gran medida, de la confianza del usuario de la misma en la opinión del auditor, alcanzando esta última mayor confiabilidad a medida que consiga un grado más alto de objetividad, siendo la meta final del auditor, como señala la FEE (1995, 1.1): “la expresión de una opinión objetiva, basada en su competencia profesional”.
Pero, el que las empresas tengan que someter sus estados financieros a una auditoría obligatoria, en virtud de lo establecido en una disposición legal, hace que la contratación de los servicios de los auditores no se rija estrictamente por los principios de mercado; no serán los incentivos privados los que motiven a los auditores para mantener su competencia e independencia, porque las empresas no pueden prescindir de sus servicios (Cañibano y Castrillo, 1999, p. 23).
La relación privada ha quedado revestida de consecuencias públicas en beneficio de la sociedad, la responsabilidad de los auditores se ha ampliado, adquiriendo estos una obligación moral con el conjunto de la sociedad como consecuencia de posibles yerros o fallos, constituyéndose en acreedora del que actuó con equivocación, quien tiene el compromiso moral de reparar o remediar los efectos negativos producidos con sus errores o fallos (Gonzalo y Larriba, 1996, p. 5).
Paz Ares (1996, p. 39) señala que, a mayor voluntariedad de la auditoría, menor necesidad de regulación y, viceversa, a menor voluntariedad de la auditoría mayor regulación. Puesto que la actuación profesional de los auditores se ha encauzado por los caminos de la obligatoriedad, la regulación sobre su actividad no se ha hecho esperar, siendo creciente a raíz de los escándalos empresariales a los que anteriormente se hizo referencia. “Los inversores, grandes o pequeños, reclaman a las empresas una mayor transparencia y una mejor información y se esfuerzan por ganar más influencia sobre las sociedades de las que son accionistas” (CE, 2003, p. 87).
Las principales medidas regulatorias que atañen a la auditoría, en atención a su consideración como pilar básico de la transparencia informativa dentro del contexto del gobierno corporativo de la empresa, se refieren a la independencia de los auditores y a la calidad del trabajo desarrollado por los mismos, sin perjuicio de la existencia de otras medidas que se refieren a su formación, responsabilidad, régimen sancionatorio, honorarios, etc. Seguidamente nos referiremos a las mencionadas independencia y calidad del trabajo, dada su interconexión con el gobierno de la empresa.
El reglamento de la Ley de auditoría de cuentas (R.D. 1990, 36. 2) define la independencia de los auditores como “la ausencia de intereses o influencias que puedan menoscabar la objetividad del auditor”. Las normas técnicas de auditoría (ICAC, 1991) amplían esa definición, señalando que la independencia supone una actitud mental que permite al auditor actuar con libertad en su juicio profesional, que este debe encontrarse libre de cualquier predisposición que limite su imparcialidad y que debe ser y parecer independiente, no teniendo otros intereses ajenos a los profesionales. La modificación de la Ley de auditoría de cuentas introducida por la Ley financiera (2002), implanta textualmente el último aspecto comentado (art. 51): “Los auditores de cuentas deberán ser y parecer independientes en el ejercicio de su función”.
Nos encontramos pues con dos formas de independencia: la independencia propiamente dicha (de hecho, mental o real) y la independencia percibida o apariencia de independencia. Arruñada (1999, p. 43) señala que la primera no es directamente observable, mientras que la segunda sí lo es, a través de signos, señales o indicadores. La regulación sobre la independencia de los auditores se dirige normalmente hacia la apariencia de independencia, es decir, hacia la percepción pública de la independencia, materializándose en disposiciones que contienen una larga lista de incompatibilidades derivadas de posibles relaciones profesionales, económicas o familiares entre el auditor y la empresa que va a auditar. Este ha sido el principal camino seguido en España.
La Comisión Europea, en su comunicación relativa a la independencia de los auditores (2002), tras manifestar expresamente que la citada independencia añade credibilidad a la información financiera y, por lo tanto, añade valor ante inversores, acreedores, empleados y otros terceros interesados en las sociedades de la UE, se manifiesta partidaria de un planteamiento basado en principios fundamentales más que en normas detalladas. Deja estas últimas para ser desarrolladas por los Estados miembros, presentando un marco conceptual en el que se recogen dichos principios, que versan sobre: objetividad, integridad e independencia; responsabilidad y alcance; amenazas y riesgos; sistemas de salvaguardia; divulgación de honorarios, y circunstancias específicas diversas.
Este nuevo planteamiento no supone únicamente el cumplimiento de una serie de obligaciones explícitas e impuestas externamente por medio de una detallada regulación que trata de prever cada una de las situaciones en las que la independencia del auditor puede ser dañada, sino que supone mucho más: la evaluación y posterior demostración de su independencia, al margen de prohibiciones universales (Cañibano y Castrillo, 2002, p. 37).
Posiblemente, a la luz de la anterior comunicación de la CE, cobre mayor sentido la atribución que, en la Ley española, se hace al comité de auditoría, relativa a las relaciones con los auditores externos para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo su independencia. Se trata, lógicamente, del análisis individualizado de las circunstancias que pueden dañar la independencia del auditor, bien por la actividad que va a desarrollar, bien por la relación con un cliente concreto o por otras causas, buscando qué medidas adoptar para resolver los problemas de dependencia real o de apariencia de independencia en el caso concreto. Este planteamiento resulta acorde con nuestra propuesta de nuevo enfoque sobre la independencia de los auditores, basada en un análisis individualizado que, además, debe quedar documentado en los papeles de trabajo del auditor (Cañibano y Castrillo, 1999, p. 26).
Con respecto al control de la calidad del trabajo de los auditores, la controversia que se plantea gira en torno a cuál debe ser el órgano encargado de llevarlo a efecto. Existe una fuerte tradición de autocontrol profesional, que ha depositado la responsabilidad del control de calidad en el seno de las instituciones profesionales correspondientes, las cuales lo han asumido bien creando un servicio especial para tal finalidad bien mediante la cooperación de sus propios miembros, de manera tal que unos se convierten en revisores de otros.
Esta práctica tiene su origen en los institutos norteamericanos y británicos, habiendo sido adoptada luego por otros del continente europeo. En algunos países, como por ejemplo en España, la responsabilidad del control de calidad es compartida por las corporaciones profesionales y una institución gubernamental, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
El autocontrol profesional tiene ventajas e inconvenientes. Entre las primeras cabe citar el fomento de la cohesión profesional, al quedar en sus propias manos el mantenimiento de su prestigio colectivo, sancionando internamente a aquellos miembros que han incurrido en malas prácticas, aparte del bajo coste para las autoridades públicas, al no asumir directamente dicha función. El principal inconveniente consiste en que las instituciones profesionales no asuman responsablemente la función de control, no dedicando a ella los recursos suficientes o, simplemente, malinterpretando el compañerismo y convirtiendo el control de calidad en una tarea meramente formal e inoperante.
Después de los escándalos ocurridos y la consiguiente responsabilidad de sus auditores, el autocontrol profesional ha sufrido un duro golpe, al perder estos su principal activo: la confianza del público. Las distintas leyes promulgadas recientemente en diversos países han situado el control de calidad en manos de organismos gubernamentales, financiando dicha función con recursos procedentes de los propios trabajos de auditoría. Así quedó establecido por la Ley Sarbanes Oxley en los Estados Unidos, creando el “Public Company Accounting Oversight Board”, y así lo ha dispuesto la Ley financiera en España, confiando dicha misión al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sin perjuicio de que continúe la colaboración en este terreno de las corporaciones profesionales de auditores.
En resumen, los poderes públicos que habilitan a los auditores y obligan a las empresas a auditar sus cuentas, han decidido reservar para sí el control de calidad de los trabajos de auditoría, habida cuenta de las prácticas de “gestión de beneficios” desarrolladas por la dirección de las compañías, algunas de las cuales han desembocado en claros fraudes, con la convivencia o el consentimiento de ciertos auditores.
Por último, queremos recalcar que, más allá de la calidad del trabajo de auditoría, se encuentra su propio contenido. ¿Es este suficientemente satisfactorio para sus destinatarios o, por el contrario, estos esperan algo más de lo que reciben? Nos encontramos ante el controvertido tema de la “diferencia de expectativas”, estudiado inicialmente en nuestro país por García Benau (1993), manifestando la distancia que hay entre lo que esperan recibir los usuarios del informe de auditoría y lo que finalmente reciben.
La dirección en que se mueven los acontecimientos, especialmente los nuevos retos con los que se enfrenta la información financiera: intangibles fuera de balance, mayores riesgos operativos y financieros, gestión contable de beneficios, serán causa de mayores desafíos para los auditores y de posibles mayores diferencias de expectativas. Cabe esperar que del fluido diálogo entre el consejo de administración y los auditores, en el marco de las prácticas de gobierno de la empresa, las expectativas sobre el informe de auditoría de las diferentes partes involucradas, bien como emisores bien como usuarios, vayan confluyendo.
3.3. Medidas de refuerzo y control
El tercero de los elementos coadyuvantes a la transparencia informativa que vamos a considerar se refiere a las medidas de refuerzo y de control (enforcement) que están siendo actualmente implementadas para el cumplimiento de la normativa contable, base, como ha quedado expuesto, de una información financiera de calidad.
El propio reglamento que implanta las normas internacionales de contabilidad (CE, 2002, p. 73), como señala el Libro Blanco (Gonzalo, 2002a, p. 311), se refiere a la necesidad de contar con medidas de refuerzo, cuando en su exposición de motivos, establece:
“Será determinante contar con un régimen riguroso y adecuado de ejecución para afianzar la confianza de los inversores en los mercados financieros. Según lo dispuesto en el artículo 10 del tratado, los Estados miembros deben adoptar medidas apropiadas para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales de contabilidad. La Comisión tiene intención de establecer contactos con los Estados miembros por medio, en especial, del Comité de responsables europeos de reglamentación de valores, a fin de elaborar un enfoque común de ejecución”.
Ante la aplicación de las NIC por vez primera en el ejercicio 2005, todos los países europeos de la UE se enfrentan a un problema similar, los supervisores de los mercados de valores tienen que velar por el cumplimiento de la normativa emanada del CNIC, posteriormente sancionada como regulación contable aplicable a las cuentas consolidadas de los grupos de sociedades cotizados en la bolsa. De acuerdo con lo establecido en el mencionado reglamento, el Comité Europeo de Reguladores de Valores (CESR(29)), creado para asesorar la aplicación del plan de acción de servicios financieros de la UE y para coordinar las acciones de los Estados miembros dentro del mismo, está ya trabajando en pro del establecimiento de unos principios de “enforcement” que refuercen el cumplimiento de las normas internacionales de información financiera. Tras una amplia consulta dirigida fundamentalmente a asociaciones empresariales (CESR, 2003a), ha emitido en marzo pasado su primer pronunciamiento sobre medidas de refuerzo y control del cumplimiento de las normas e interpretaciones contables aplicables a la información financiera en la UE (CESR, 2003b).
En dicho pronunciamiento, el ejercicio de esta actividad de “enforcement” se confía a las autoridades administrativas competentes, designadas por los Estados miembros, las cuales deberán ser independientes del gobierno y de los participantes en el mercado, y contar con recursos y con los poderes necesarios para monitorear la información financiera sometida a su supervisión.
Para este último efecto se contempla la posibilidad de aplicar procesos de revisión selectivos y rotatorios, de índole formal o de naturaleza sustantiva, cuya intensidad dependerá del nivel de riesgo implicado, realizándose normalmente con carácter ex post, salvo para los folletos de emisión, cuya revisión será ex ante, sin perjuicio de la posibilidad de otra revisión suplementaria ex post. Cuando el contenido de la información financiera sea considerado suficientemente inadecuado por el órgano competente, este deberá adoptar medidas para una rectificación pública de la misma, con objeto de preservar la integridad y la confianza en el mercado. Este tipo de acción es distinto de las sanciones que, a dicho respecto, pueden contemplar las respectivas legislaciones nacionales.
Comentario aparte merecen las medidas de coordinación establecidas. La primera y más importante, a nuestro juicio, es la prohibición a los organismos nacionales de que emitan “guías de aplicación” de las normas internacionales de información financiera, evitando con ello que pudieran llegar a darse distintas versiones nacionales de las NIIF. Las normas y sus interpretaciones son únicas para toda la UE, por ello no caben distintas aproximaciones nacionales. Eso sí, para promover la armonización de las medidas de refuerzo adoptadas en los distintos países y asegurar una aproximación consistente en la aplicación de las NIIF, se establece la necesidad de una coordinación ex ante y ex post de las decisiones adoptadas por las respectivas autoridades.
El control institucional de la información financiera correspondiente a las sociedades cotizadas en los mercados españoles de valores es ejercido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), teniendo en cuenta los antedichos pronunciamientos del CESR. Con las modificaciones introducidas en noviembre del 2002 por la Ley financiera en la Ley del mercado de valores, puede considerarse que la citada CNMV cuenta con los poderes precisos para desarrollar las medidas de refuerzo y control de la información financiera de las sociedades cotizadas, en los términos previstos por las instancias europeas.
Con respecto a las sociedades no cotizadas, que no se encuentran bajo la jurisdicción de la CNMV, cabe distinguir entre aquellas cuyas actividades sean objeto de regulación de las restantes. Las primeras están sujetas a la supervisión del correspondiente regulador: entidades financieras y de seguros, empresas del sector energético, de telecomunicaciones, de servicios públicos. En estos casos, el regulador puede efectuar y, de hecho lo hace, la correspondiente supervisión de la información financiera de las sociedades. Las restantes empresas quedan fuera de este mecanismo de control institucional, aunque indirectamente este sea asumido en ocasiones por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, al someter a su control técnico a los auditores de cuentas.
El Libro Blanco (Gonzalo, 2002a, p. 318) efectúa la recomendación genérica de avanzar en el diseño de mecanismos de refuerzo del cumplimiento de la normativa contable que alcance a otras empresas e instituciones, distintas de las cotizadas en la bolsa, comenzando por las sociedades más relevantes para la economía nacional.
Así mismo, también plantea la conveniencia de dirimir los conflictos surgidos con relación a la información financiera de las sociedades acudiendo a las cortes de arbitraje, dada la mayor rapidez y especialización de este tipo de procesos; la empresa podría insertar en la memoria de las cuentas anuales depositadas en el registro mercantil, su voluntad de someter a arbitraje los eventuales conflictos y las controversias de naturaleza contable-financiera que le pudieran plantear los accionistas, los acreedores con intereses legítimos o sus auditores externos.
La información contable-financiera de las sociedades ha pasado a ser considerada como un bien jurídicamente protegible, dada la utilidad de la misma para un amplio conjunto de usuarios, entre los que se incluyen los accionistas, los empleados, los acreedores y otros terceros interesados en la marcha de la empresa. Los inversores, sean grandes o pequeños, reclaman a las empresas una mayor transparencia y una mejor información, esforzándose por ganar influencia sobre las sociedades de las que son accionistas.
Las autoridades de la Unión Europea que establecieron como objetivo la libre circulación de capitales en el mercado interior consideraron que para el cumplimiento de dicho objetivo, la protección de los inversores y el mantenimiento de la confianza de los mercados financieros, era necesario profundizar en el proceso de armonización contable europea, yendo más allá de las directivas de derecho de sociedades y adoptando las normas internacionales de contabilidad o normas internacionales de información financiera, de manera tal que los estados financieros consolidados de las sociedades cotizadas en la bolsa resulten comparables.
Con la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea en 1986 y la consiguiente adaptación de nuestra legislación mercantil a las directivas comunitarias, la información contable-financiera de las sociedades pasó a ocupar el papel relevante que le correspondía en una economía que caminaba hacia la integración.
A pesar de la armonización contable que supuso la adaptación a las directivas de las distintas legislaciones europeas nacionales, la dinámica de cambio impulsada por los acontecimientos surgidos en la década de los pasados noventa, puso de relieve las insuficiencias del modelo contable europeo basado en las directivas, de ahí que la Comisión Europea adoptara una nueva estrategia, que ha desembocado en la adopción por parte de la Unión Europea de las normas internacionales de contabilidad o normas internacionales de información financiera, para la preparación de las cuentas consolidadas de las sociedades cotizadas en bolsas de valores.
Las sociedades españolas cotizadas en la bolsa deberán aplicar las citadas normas internacionales, a partir del ejercicio 2005, para la formulación de sus cuentas anuales consolidadas. Esto dará lugar a que, a partir de entonces, exista un modelo contable dual para la formulación de las cuentas de la sociedades: uno basado en nuestras normas internas para las cuentas anuales individuales y para las cuentas consolidadas de las sociedades no cotizadas y otro con fundamento en las normas internacionales para las cuentas consolidadas de las sociedades cotizadas.
Para disminuir esta dualidad de sistemas de información, el Libro Blanco de la reforma contable ha propuesto las consiguientes modificaciones en nuestra legislación mercantil y en el plan general de contabilidad, con el fin de aproximar el contenido de los mismos a la normativa contable internacional. Las primeras modificaciones legales, relativas al concepto de grupo de sociedades y a la aplicación del valor razonable a ciertos instrumentos financieros ya se encuentran en curso legislativo, el resto siguen su trámite en el Ministerio de Economía.
Pero, al mismo tiempo que el proceso de regulación y de armonización contable progresa en la dirección que acabamos de apuntar, se han venido produciendo importantes cambios tecnológicos, económicos y sociales que afectan profundamente el contenido, la difusión y la estrategia de preparación de la información financiera. El desarrollo de la economía basada en el conocimiento ha puesto de relieve la importancia de los intangibles como factores generadores de valor, por esto la información financiera de las empresas no puede seguir anclada en unos principios y normas contables procedentes de los tiempos de una economía manufacturera, sino que tiene que incorporar nuevos criterios que permitan visualizar la importancia de los nuevos factores que crean valor, ya sea utilizando los clásicos instrumentos de medición y reconocimiento en balance y en resultados, ya mediante sistemas de indicadores o revelación de información en la memoria. Los mercados serán más eficientes en su asignación de recursos si disponen de información sobre estos factores.
La comunicación de la información financiera por medio de internet está suponiendo una auténtica revolución que no acaba sino de empezar. Aparte de que este tipo de difusión sea oportuna, interactiva, cómoda, económica y frecuente, las posibilidades de reutilización de dicha información por los usuarios están ampliándose enormemente mediante el nuevo lenguaje XBRL, que facilita el intercambio automático de información entre aplicaciones de software. Esta nueva herramienta permitirá que las tareas subsiguientes de supervisores, reguladores, analistas e inversores puedan ser realizadas de forma más rápida y segura.
Los escándalos de Enron, Worldcom y otros, han situado en un primer plano de actualidad las prácticas contables de gestión de beneficios realizadas por la dirección de las sociedades. Es cierto que, cuando se habla de gestión de beneficios, se está pensando en un movimiento estratégico dentro de los límites de flexibilidad permitidos por los principios de contabilidad generalmente aceptados, pero no es menos cierto que unos pasos pueden ir seguidos de otros, pasando de la gestión a la manipulación y después al fraude.
La investigación contable inmersa en la línea de la teoría positiva de la contabilidad expone las motivaciones de los directivos para la utilización de políticas de gestión de beneficios, así como las prácticas contables y financieras utilizadas. No se trata de un fenómeno localizado en unas pocas empresas, existen evidencias de su amplia utilización en Estados Unidos y en Europa, y también en España. Ante la emergencia de los escándalos empresariales nombrados y, teniendo en cuenta lo que la investigación viene revelando, no es de extrañar el incremento de la regulación legal en materias tales como información financiera, auditoría y gobierno de la empresa.
Con el fin de restaurar la confianza de los inversores y proteger a los terceros relacionados con las empresas, los poderes públicos han acelerado los procesos de regulación que venían desarrollando para incrementar la transparencia informativa y mejorar las prácticas de gobierno corporativo de las sociedades, habiendo sido promulgadas disposiciones de rango legal en distintos países, entre otros España, así como diversas recomendaciones de la Comisión Europea dirigidas a los Estados miembros.
Para el logro de la transparencia informativa, se establecen mecanismos de refuerzo y control del cumplimiento de las normas contables utilizadas en la preparación de la información financiera, basados en la supervisión del control interno y de la auditoría externa por parte del consejo de administración de las sociedades, a través del comité de auditoría que forma parte del mismo. Igualmente se refuerza el control institucional de la información financiera, en particular de las sociedades cotizadas en la bolsa, tanto a escala nacional como de la Unión Europea.
El comité de auditoría del consejo de administración se configura como un órgano de gobierno de gran trascendencia para la fiabilidad y credibilidad de la información financiera de la sociedad, puesto que el mismo tiene como misión la supervisión del complejo proceso conducente a la emisión de la información financiera, a la luz de las pautas de conducta establecidas por la propia empresa, de acuerdo con lo dispuesto por las leyes.
Los sistemas de control interno utilizados por las sociedades para salvaguardar los activos empresariales e identificar riesgos, y para prevenir y detectar fraudes, han pasado a ser considerados como una responsabilidad directa de los órganos de gobierno de la empresa, del consejo de administración y de su comité de auditoría, que ha de procurar una supervisión imparcial de dichos sistemas, en defensa de los intereses de todos los implicados en la empresa, en especial de los accionistas y de otros terceros interesados que no participan en la dirección de la sociedad. No dudamos de que con la mayor independencia y profesionalidad de los miembros del comité de auditoría su función se vería muy beneficiada.
La auditoría externa e independiente ha venido siendo, desde hace largos años, el principal medio con que contaban los accionistas y otros terceros interesados en la empresa para controlar la gestión desarrollada por la dirección y como garantía de la calidad y de la credibilidad de la información contable elaborada por aquella. La confianza pública es consustancial a la función de los auditores externos, sobre todo si tenemos en cuenta que la información económica y financiera se trata de un bien jurídico que debe ser protegido.
Los recientes escándalos empresariales han dañado fuertemente la percepción pública de los auditores, de ahí las medidas legales dirigidas al reforzamiento de su independencia, a controlar de manera sistemática la calidad de su trabajo y a situar al comité de auditoría del consejo de administración como interlocutor y supervisor de la labor realizada por los auditores, el cual debe prestar especial atención a los riesgos reales o aparentes que pudieran gravitar sobre la independencia de los auditores y a los criterios contables controvertidos que pudieran haber sido aplicados en la preparación de las cuentas que forman parte de la información financiera de carácter público. También es de esperar que de dicha interlocución se deriven mejoras en el informe de auditoría, reduciéndose con ellas el desfase de expectativas existente entre auditores y usuarios de sus informes.
Finalmente, en los últimos quince años se han producido en España más y mayores cambios en la manera de preparar y comunicar la información financiera de los sociedades y en la forma de emprender el gobierno de las mismas, que en toda su historia precedente. No pensemos que dichos cambios constituyen una moda pasajera, porque los cambios en este terreno no son sino una consecuencia de las políticas tendentes hacia el incremento de la productividad, la competitividad empresarial y la integración de los mercados, los cuales siguen siendo objetivos prioritarios de la Unión Europea y lo seguirán siendo en el futuro.
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(1) Discurso pronunciado por el Dr. Leandro Cañibano Calvo, en la toma de posesión como académico numerario de la Real Academia de Doctores el día 21 de enero de 2004 en Madrid (España).
(2) Aquellas que superan determinados límites legales. Los previstos para el ejercicio 2004 son los siguientes: total activos 2,5 millones de euros, cifra de negocios 5 millones de euros, número de empleados: 50. En el año 2001 fueron objeto de auditoría 30.000 sociedades aproximadamente.
(3) En relación con el desarrollo del PGC pueden consultarse diversos trabajos del autor, entre los que cabe mencionar Cañibano y Cea (1997 y 1999) y Cañibano y Ucieda (2001).
(4) Normas contables emitidas a partir de 1939 por un comité profesional que cuenta con el reconocimiento expreso de la Comisión del Mercado de Valores (SEC). Dichas normas han sido sucesivamente denominadas: ARB (1939-1959), APB (1960-1973) y FAS (1974-presente).
(5) El caso más llamativo ocurrió en 1993, cuando Daimler Mercedes fue admitida a cotización en la Bolsa de Nueva York. Los beneficios presentados en Alemania, por importe de 314 millones de euros, pasaron a convertirse en unas pérdidas en los Estados Unidos por importe de 940 millones de euros. El patrimonio neto, en cambio, osciló en sentido contrario, los 5.676 millones de euros de Alemania pasaron a ser 7.862 millones de euros en los Estados Unidos. En el 2001, la modificación en los Estados Unidos de la norma contable relativa al Fondo de Comercio afectó sensiblemente a algunas compañías españolas, así Telefónica pasó de unos beneficios en España por importe de 2.106 millones de euros a unas pérdidas en los Estados Unidos de 7.182 millones de euros, modificándose también el patrimonio en sentido inverso, ya que pasó de 25.862 millones de euros en España a 31.770 millones de euros en los Estados Unidos.
(6) Estudios procedentes de autores europeos (Mora y Rodríguez, 2004) han puesto de manifiesto que los inversores americanos utilizan primordialmente las cifras de resultados y patrimonio neto tal cual se publican en las cuentas anuales originales de las empresas extranjeras, dado que la relevancia de las citadas magnitudes contables no desciende después de la reconciliación, por lo que, bajo un punto de vista empírico no existe suficiente justificación para la exigencia de dicha reconciliación. Sobre la importancia y características de las diferencias entre normas contables españolas y americanas puede verse Ucieda (2003) y entre las normas internacionales de contabilidad y las americanas, García y Ucieda (2004).
(7) La interrelación entre investigación contable y la evolución de la realidad económica inductora del proceso de armonización de la contabilidad en la UE ha sido estudiada por Giner y Mora (2001).
(8) La Comisión Europea ha adoptado todo el corpus de las NIC/SIC, 32 normas (entre la 1 y la 41) y 28 interpretaciones (entre la 1 y la 33). Las NIC Nº 32 y 39 sobre instrumentos financieros están siendo objeto de una nueva revisión por parte del Consejo de normas internacionales de contabilidad.
(9) En junio del 2003 ha sido emitida la NIIF Nº 1 “Aplicación por primera vez de las NIIF”. Hasta la fecha solo se encuentra disponible la versión original de dicha norma en inglés. Todavía no ha sido hecha suya por la Comisión Europea.
(10) Dichos países fueron lo siguientes: Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña e Irlanda, Holanda, Japón y México.
(11) Por parte española, se incorporó como miembro el Instituto de Auditores Censores Jurados de Cuentas de España.
(12) Un mismo hecho económico puede dar lugar a diferentes prácticas contables, las cuales son reflejo de las diferencias jurídicas, socioeconómicas y culturales existentes entre los países. La emisión de una norma internacional exige un cierto consenso, a veces difícil de conseguir, de ahí que inicialmente resultara preferible la adopción de dos o más criterios alternativos para consensuar la norma. Ulteriores pasos están permitiendo converger hacia un criterio único. Todavía existen normas que contienen junto a los criterios de referencia otros alternativos.
(13) Orden del Ministerio de Economía de 16 de marzo del 2001. BOICAC Nº 45, pp. 3-7.
(14) La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas emitió en 1999 un documento de su serie principios contables titulado “Marco conceptual para la información financiera”, en el que se ofrece cumplido tratamiento de todos sus componentes. Sus planteamientos son de corte similar a los del CNIC, si bien teniendo en consideración el conjunto de intuiciones y prácticas de la contabilidad financiera en España. Un compendio de análisis y comentarios doctrinales sobre el citado marco conceptual, editado por Tua (2000), fue también publicado por AECA.
(15) La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas tiene en curso el proyecto denominado “Procedimientos contables en empresas vinculadas”, relativo a la aplicación del método de la puesta en equivalencia en las cuentas anuales individuales.
(16) Destacan dos proyectos fundamentalmente, el primero sobre el análisis de la difusión de información sobre intangibles (Conference board) y, el segundo, sobre la relación entre los intangibles y el valor de la empresa en la nueva economía (Brooking institution task force on understanding intangibles) (Blair y Wallman, 2001), así como los numerosos estudios liderados por el profesor Baruch Lev de la New York University (http://www.baruch-lev.com).
(17) Solo se consideran las inversiones en educación, I+D y software, es decir, aquellos intangibles para los que se dispone de información agregada.
(18) El ratio medio precio/ valor contable (Market to book) de las 500 empresas incluidas en el índice Standard & Poor, cotizadas en la bolsa de Nueva York, a 31 de diciembre del 2000 era de 6,3 (Lev 2001). A 31 de marzo de 2002 era de 4,3 (Di Piazza et al., 2002, p. 40). En España dicho ratio era de 2,2 (Cañibano et al., 2000b), siendo destacable el ratio M/B correspondiente a algunas empresas a 31 de diciembre de 2003, como Telefónica móviles: 10,8 o Inditex: 9,7.
(19) Una de las características de los intangibles que forman parte del fondo de comercio consiste en que los mismos no se deprecian, pueden ser utilizados de manera simultánea y repetitiva sin que disminuya su utilidad, de ahí su no-amortización.
(20) Veinte años como máximo en España, de acuerdo con la NIC vigente.
(21) La contabilización del deterioro del fondo de comercio, según la regulación contable norteamericana, dio lugar a que los resultados de algunas compañías españolas cotizadas en la Bolsa de Nueva York (SCH, BBVA, Telefónica) se vieran sensiblemente reducidos en el ejercicio 2001.
(22) Entre otros estudios puede verse el relativo a la divulgación de información sobre intangibles (Gandía, 2002).
(23) El lenguaje HTML (HiperText Markup Language) es el medio más utilizado para la comunicación de información en la web, pero solamente permite describir cómo se distribuye y qué formato tiene la información que se muestra en pantalla, no especificando nada sobre el significado de los datos que se envían.
(24) XBRL es una adaptación del lenguaje XML (Extended Markup Language), dirigida a regular la transmisión de información contable, principalmente la contenida en los estados financieros elaborados por las empresas.
(25) Monterrey (1998) explica la razón de ser y la génesis de este nuevo enfoque de la investigación contable.
(26) Relación por cociente entre fondos ajenos y fondos propios.
(27) Una de las dificultades de introducción del criterio del valor razonable procede de la eliminación de la discrecionalidad temporal de reconocimiento del beneficio por venta de instrumentos financieros, al obligar a contabilizar dicho beneficio, año tras año, según el valor de mercado, con independencia de que se vendan o no los activos correspondientes.
(28) CEO son las siglas correspondientes a “Chief Executive Officer”, normalmente traducido por consejero delegado. CFO son las siglas correspondientes a “Chief Financial Officer”, normalmente traducido por director general financiero.
(29) Siglas correspondientes a su denominación en inglés: Committee of European Securities Regulator.

References: artículo 68
 resolución 
 artículo 47
 artículo 65
 artículo 10
 Resolución