Source: http://tratapersonas.oimperu.org/groups/derecho-internacional
Timestamp: 2018-02-19 09:33:10+00:00

Document:
ARTÍCULO 3 DEL PROTOCOLO DE PALERMO SOBRE TRATA DE PERSONAS (RATIFICADO POR EL PERÚ EL 23 DE ENERO DE 2002. ENTRADA EN VIGOR: 25 DE DICIEMBRE DE 2003)
¿Cómo define el delito de trata de personas?
Es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
Finalidad de la trata
Esclavitud Artículo 7 de la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud. Estado o condición sobre un individuo, sobre el cual, se ejercitan algunos o todos los atributos del derecho a la propiedad.
Prácticas análogas a la esclavitud Artículo 1 de la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud.
Servidumbre por deudas: un deudor presta sus servicios personales, o los de alguien sobre quien ejerce autoridad, como garantía de una deuda.
Servidumbre de la gleba: una persona es obligada por la ley, por la costumbre o por un acuerdo a vivir y a trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona. La prestación de servicios puede ser remunerada o gratuita. La persona no tiene libertad para cambiar su condición.
Matrimonio forzado o servil: Comprende los casos donde una mujer es prometida o dada en matrimonio, sin que pueda oponerse, a cambio de dinero u otra contraprestación que es entregada a un familiar o cualquier otra persona así como los casos en los cuales la mujer pueda ser cedida o transmitida a otra persona.
Toda institución o práctica en virtud de la cual un niño o un joven menor de dieciocho años es entregado por sus padres, o uno de ellos, o por su tutor, a otra persona, mediante remuneración o sin ella, con el propósito de que se explote la persona o el trabajo del niño o del joven.
Trabajo forzoso Artículo 2 del Convenio 29 de la OIT. Trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera el trabajo o servicio se realiza de manera involuntaria.
Prostitución forzada Corte Penal Internacional. Elementos de los Crímenes, U.N. Doc. PCNICC/2000/1/Add.2 (2000). Una o más personas realizan uno o más actos de naturaleza sexual mediante la fuerza, la amenaza de la fuerza o coacción. El autor del delito obtiene o espera obtener ventajas pecuniarias o de otro tipo, a cambio o en relación con dichos actos.
Venta de niños, niñas y adolescentes Artículos 2 y 3 del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Consiste en todo acto o transacción a partir de la cual un niño, niña o adolescente es transferido por una persona o grupo a cambio de un pago u otro beneficio. Dentro de este supuesto también se encuentran los casos de adopción irregular, donde el tratante induce a los padres o a quien tiene la custodia a dar su consentimiento para una adopción ilegal.
El Perú es un Estado que ha optado por el sistema monista. Mediante este mecanismo, la incorporación de la norma internacional en el ordenamiento jurídico interno se da sin la necesidad de ningún acto expreso de voluntad del Estado. Es decir, la legislación nacional no prevé ningún acto de transformación, sino que la incorporación de disposiciones internacionales se da con la sola ratificación o adhesión del tratado por parte del Estado peruano, como figura a continuación:
Constitución Política del Perú. El artículo 55 señala que «los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional».
Ley 26647. Establece las normas que regulan actos relativos al perfeccionamiento nacional de los tratados celebrados por el Estado peruano. Así, dispone en su artículo 3 que los tratados celebrados y perfeccionados por el Estado peruano entran en vigencia y se incorporan al derecho nacional en la fecha en que se cumplan las condiciones establecidas en los instrumentos internacionales respectivos. Si bien esta norma establece en su artículo 4 que el texto de los tratados debe publicarse en el Diario Oficial, esta publicación de ninguna manera condiciona la entrada en vigencia del tratado; es decir, no se puede asumir que el tratado no ha entrado en vigencia para el Perú porque no se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano.
Los tratados de derechos humanos son aquellos «orientados, más que a establecer un equilibrio de intereses entre Estados, a garantizar el goce de derechos y libertades del ser humano».(Corte IDH 1982: 24)
En cuanto a la trata de personas, el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos establece explícitamente que esta constituye una violación de derechos humanos que afecta la dignidad y la integridad de las personas.
Sumado a ello, se debe considerar que al igual que otros tratados de derechos humanos, los tratados para combatir la trata de personas no tienen por objeto, exclusivamente, establecer un conjunto de derechos y obligaciones recíprocas entre Estados, sino más bien instituir un sistema de protección en favor de todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. En otras palabras, estos tratados pretenden proteger los derechos humanos de las víctimas de trata de personas y delitos conexos (Novak y Namihas (2004: 55).
Los tratados que buscan combatir la trata de personas, a su vez, protegen al ser humano de afectaciones a su vida, libertad e integridad y, en general, al conjunto de sus derechos.
Por todo ello, es posible concluir, por un lado, que estamos frente a instrumentos jurídicos que recogen normas orientadas a la protección de los derechos humanos.
¿CÓMO SE HA PRONUNCIADO LA CORTE IDH A NIVEL JURISPRUDENCIAL SOBRE EL DEBER DE IMPLEMENTACIÓN?
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha señalado en su jurisprudencia que «en el derecho de gentes [derecho internacional], una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha ratificado un tratado de derechos humanos debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas […]» (Corte IDH 2001: 87).
Asimismo, la Corte IDH ha desarrollado la obligación de los Estados americanos de implementar las obligaciones emanadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Así:
La CADH impone a los Estados partes la obligación general de adecuar su derecho interno a las normas de la propia Convención, para garantizar así los derechos consagrados en esta. Las disposiciones de derecho interno que se adopten para tales fines han de ser efectivas (principio del effet utile). Lo que significa que el Estado tiene la obligación de consagrar y adoptar en su ordenamiento jurídico interno todas las medidas necesarias para que lo establecido en la Convención sea realmente cumplido y puesto en práctica. Si los Estados tienen, de acuerdo con el artículo 2 de la Convención Americana, la obligación positiva de adoptar las medidas legislativas que fueren necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención, con mayor razón están en la obligación de no expedir leyes que desconozcan esos derechos u obstaculicen su ejercicio, y la de suprimir o modificar las que tengan estos últimos alcances. (Corte IDH 2002: 112 y 113)
En resumen, el deber de implementación tiene tres alcances:
Adoptar las medidas legislativas necesarias para proteger y garantizar los derechos reconocidos por la CADH.
Abstenerse de adoptar medidas contrarias a los derechos para proteger y garantizar los derechos reconocidos por la CADH.
Modificar o suprimir las medidas legislativas que son contrarias a los derechos reconocidos por la CADH.
1.Corte IDH. Caso Olmedo Bustos y otros vs. Chile. Sentencia del 5 de febrero de 2001, párrafo 87.
¿CÓMO SE HA PRONUNCIADO LA CORTE IDH A NIVEL JURISPRUDENCIAL EN CUANTO AL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD?
El control de convencionalidad fue abordado por la Corte IDH por primera vez en el caso Almonacid Arellano vs. Chile. Aunque son los Estados los sujetos obligados a ejercer este control, la Corte IDH en su desarrollo jurisprudencial ha dejado sentado que las autoridades encargadas de aplicar el control de convencionalidad son los jueces del Poder Judicial de la siguiente manera:
La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la CADH, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de «control de convencionalidad» entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la CADH. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la CADH. (Párrafo 124). (Las cursivas son nuestras).
Esta jurisprudencia ha sido reiterada en el 2009 en el caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos. Entonces, los jueces del Poder Judicial deben ejercer el control de convencionalidad en respeto de las competencias que ostenten. Para ello, no solo debe considerarse la fuente primaria, en este caso la CADH; sino también otras fuentes que lo hayan desarrollado, como la jurisprudencia de la Corte IDH, y otros documentos que proporcionen alcances sobre una adecuada interpretación de los derechos.
El principio pro persona es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos; e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre (Pinto 1997).
Ello implica que, en materia de trata de personas, no puede interpretarse de manera aislada el Protocolo de Palermo sin tomar en cuenta otros instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que son más protectores (TC 2009: 33 y TC 2003: 4).

References: Artículo 7
 Artículo 1
 Artículo 2
 artículo 55
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 2