Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/PL-2015/as20151L134.html
Timestamp: 2019-03-19 17:16:06+00:00

Document:
as20151L134
AUTO SUPREMO Nº 134/2015-RRC-L
Expediente : Santa Cruz 135/2009
Parte Acusadora : Daniela Alejandra Andrade Calderón y otros
Parte Imputada : Justo Sarmiento Alanes y otra
Por memorial presentado el 19 de octubre de 2009, cursante de fs. 212 a 218, Justo Sarmiento Alanes y Carmen Burgos de Sarmiento, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 229 de 30 de septiembre de 2009, de fs. 197 a 198, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz ahora Tribunal Departamental de Justicia, dentro del proceso penal seguido por Daniela Alejandra Andrade Calderón en representación legal de Jimmy Edgar Andrade Siles y María Elizabeth Trinidad Calderón de Andrade, contra los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Despojo, Alteración de Linderos, Perturbación de la Posesión y Usurpación Agravada, previstos y sancionados por los arts. 351, 352, 353 y 355 del Código Penal (CP), respectivamente.
Por Sentencia 07/2009 de 11 de julio (fs. 141 a 155 y vta.), el Juez Octavo de Sentencia del Distrito Judicial de Santa Cruz, declaró a los imputados Carmen Burgos de Sarmiento y Justo Sarmiento Alanes, absueltos de los delitos de Despojo, Alteración de Linderos, Perturbación de la Posesión y Usurpación Agravada, previstos y sancionados por los arts. 351, 352, 353 y 355, todos del CP.
Contra la mencionada Sentencia, la acusadora particular interpuso recurso de apelación restringida (fs. 176 a 181 y vta.), resuelto por Auto de Vista 229 de 30 de septiembre de 2009 emitido por la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, que declaró procedente el citado recurso y anuló totalmente la Sentencia, ordenando la reposición del juicio por otro Juez.
El 13 de octubre de 2009 (fs. 199), fueron notificados los recurrentes con el referido Auto de Vista y el 19 del mismo mes y año, interpusieron recurso de casación
Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo 012/2015-RA-L de 29 de enero, se extraen los motivos a ser analizados en la presente Resolución, sobre los cuales el Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
Denuncian errónea interpretación y aplicación indebida de la Ley y del derecho por parte del Tribunal de alzada, señalando que el Auto de Vista recurrido, les causa perjuicio personal además de económico, pues se vulneró el principio constitucional de libertad, violentando los alcances del Auto Supremo 240 de 06 de julio de 2006, dictado por la entonces Sala Penal Segunda de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece que el Tribunal de alzada sin necesidad de reenvió puede subsanar errores de derecho sin revalorización de prueba, aspecto incumplido en el Auto de Vista recurrido ya que ante la advertencia de errores de puro derecho el Tribunal debió corregirlos directamente sin la necesidad de anular la Sentencia absolutoria emitida a su favor, a este fin señala las Sentencias Constitucionales 1468/2004-R, 1846/2004-R de 30 de noviembre y 1917/2004-R de 13 de diciembre de 2004, respecto de este punto argumenta la vulneración del art. 247 de la Ley de Organización Judicial referida a la Nulidad de Obrados, que expresa que: “… en materia penal además de las anteriores solo será causal de nulidad o reposición de obrados…la FALTA DEL DEFENSOR DEL PROCESO EN LAS AUDIENCIAS”, aspecto que no ocurrió en el caso de Autos; consiguientemente, no correspondía dicha nulidad de obrados, porque no existió jamás la falta de defensor durante el proceso.
Reiterando el primer punto de su recurso señalan que; “el Tribunal de alzada al haber declarado procedente el recurso de apelación restringida también por el tercer motivo, estableciendo valoración defectuosa de prueba, y que los procesados intimaron a la casera de la casa quinta, refiriendo que el ingreso al predio fue con violencia además de estar permaneciendo en el mismo, constituye defecto insubsanable y que al encontrarse prohibidos de revalorizar prueba corresponde la reposición de juicio”. Al respecto los recurrente señalan que esta argumentación es contraria a los precedentes contenidos en los Autos Supremos 240 de 6 de julio de 2006 y 132 de 31 de enero de 2007, que indican que: “el Tribunal de alzada tiene facultades para RECTIFICAR el ERROR DE DERECHO pero no procede con actuaciones de oficio”; conforme a estos precedentes invocados los recurrentes señalan que el Tribunal de alzada debió dar cumplimiento a estos, pues, la interpretación sería clara y precisa, ya que si el Tribunal reconoció la defectuosa valoración de la prueba debió rectificarla conforme los precedentes invocados, constituyendo vulneración de derechos constitucionales, del debido proceso y la presunción de inocencia.
Los recurrentes solicitan, que en base a la doctrina y jurisprudencia legal aplicable se CASE el Auto de Vista 229 de 30 de septiembre de 2009, dictado por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Justicia de Santa Cruz de la Sierra y se mantenga subsistente la Sentencia de 11 de julio de 2009, misma que los declaró absueltos de culpa y pena de los supuestos delitos denunciados.
I.1.3 Respuesta de la parte contraria
Revisados los antecedentes del caso, se establece que la parte acusadora no respondió al recurso de casación interpuesto por Justo Sarmiento Alanes y Carmen Burgos de Sarmiento.
Por Auto Supremo 012/2015-RA-L de 29 de enero, éste Tribunal declaró ADMISIBLE el recurso interpuesto por Justo Sarmiento Alanes y Carmen Burgos de Sarmiento de fs. 212 a 218.
Por Sentencia 07/2009de 11 de julio (fs. 141 a 155 y vta.), el Juez Octavo de Sentencia del Distrito Judicial de Santa Cruz, declaró a los imputados Carmen Burgos de Sarmiento y Justo Sarmiento Alanes, absueltos de los delitos de Despojo, Alteración de Linderos, Perturbación de la Posesión y Usurpación Agravada, previstos y sancionados por los arts. 351, 352, 353 y 355 del CP, respectivamente.
La conclusión arribada por el juzgador en la Sentencia absolutoria, fue que, del análisis de los datos recogidos en el tramite penal, se pudo evidenciar que en la conducta de los imputados no aparecen de forma clara e inequívoca los elementos del tipo penal de Despojo, Perturbación de la posesión y Daño simple, al tornarse la prueba en insuficiente para generar la convicción en dicho juzgador sobre la responsabilidad de los imputados, además de que tanto la acusación como la actividad probatoria en el desarrollo del juicio no se individualizó la participación o conducta de cada uno de los imputados, pues los testigos no hubiesen establecido con precisión los hechos en controversia.
Contra la mencionada Sentencia, la acusadora particular interpuso recurso de apelación restringida (fs. 176 a 181 y vta.); mismo que contenía como motivos los siguientes argumentos:
Efectuada la relación de antecedentes denunció: i) VIOLACIÓN DEL ART. 370 NUM. 4) DEL CPP, QUE LA SENTENCIA SE BASÓ EN MEDIOS Y ELEMENTOS DE PRUEBA NO INCORPORADOS LEGALMENTE A JUICIO, señalando que de la inspección judicial se pudo advertir la apertura de calles, construcciones a medio avance, alambrado de lotes con postes nuevos, destrucción de construcciones antiguas, entre otros, además de las contradicciones en las que incurrieron los querellados; sin embargo, estos aspectos no habrían sido tomados en cuenta al momento de emitir sentencia ni tampoco en el proceso; ii) INOBSERVANCIA DE LA FUNDAMENTACION DE LA SENTENCIA Y LA INDIVIDUALIZACION DE LA PRUEBA PARA SER VALORADA CONFORME A PROCEDIMIENTO, VALORACION DEFECTUOSA DE LA PRUEBA, VULNERACION DEL ART. 370 NUM. 5 Y 6) DEL CPP, pues pese a la existencia de suficiente prueba de cargo acredita la configuración de los delitos denunciados, se emitió sentencia absolutoria bajo el argumento de que no existiría testigos que hayan presenciado el momento en el que los querellados hubiesen irrumpido violentamente en los terrenos; iii) VIOLACIÓN DEL ART. 370 INC. 1) Y 5) DEL CPP, POR VIOLACION A LA LEY SUSTANTIVA Y FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DE LA SENTENCIA, en la Sentencia no se consideró los antecedes con los que cuenta el querellado, además de la ubicación precisa del terreno motivo del ilícito, que resultaría ser distinta a los papeles de los querellados; es decir, que de ellos corresponde a la ENCONADA y el de la acusadora particular al cantón COTOCA, en consecuencia existió la comisión de los delitos de alteración de linderos, perturbación de la posesión, usurpación agravada.
La Sala Penal segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, resolvió el fondo del recurso de apelación restringida, emitiendo el Auto de Vista de 30 de septiembre de 2009 (fs. 197 a 198), que declaró procedente el citado recurso y anuló totalmente la Sentencia, ordenando la reposición del juicio por otro Juez, expresando los fundamentos siguientes:
a) Con relación al primer motivo, no sería evidente que la Sentencia se basó en elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio, pues no constaría que en la audiencia de juicio que los recurrentes, hubieren formulado incidentes de exclusión probatoria y en su caso se haya hecho la reserva de recurrir, consecuentemente se rechazó el agravio formulado.
b) Respecto del segundo motivo, resultaría cierto el agravio en sentido de que la fundamentación de la sentencia es insuficiente, vulnerado el art. 124 del CPP, ya que la fundamentación probatoria descriptiva es incompleta al no haberse detallado la generalidad de la prueba aportada por las partes; consecuentemente, la fundamentación intelectiva resulta incorrecta, pues se partió de premisas incompletas, en consecuencia se acreditó dicho agravio.
c) Al tercer motivo, se constató la veracidad de la denuncia respecto del defecto de la sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, relativo a la valoración defectuosa de la prueba, habida cuenta de que el Juez a quo obvió valorar el hecho de que Paulina Chumacero Michel, casera de la casa quinta, fue intimidada por los procesados para obtener la firma del documento que a la postre posibilitó su permanencia en el predio; asimismo, resulta incorrecta la valoración de la prueba en el entendido de que si bien no se acreditó las circunstancias del ingreso con violencia (de los procesados) al inmueble, no es menos cierto que permanecieron y aún permanecen en el predio, no obstante encontrarse acreditado que la posesión era ejercida por la ya nombrada casera por encargo de los acusadores particulares, en consecuencia como quiera que la valoración defectuosa es incompleta constituye un defecto insubsanable al concentrarse prohibida la revalorización de la prueba por parte del Tribunal de Alzada corresponde acoger el agravio y disponer el reenvió de la causa.
El recurso de casación de Justo Sarmiento Alanes y Carmen Burgos de Sarmiento admitido por precedente contradictorio, los recurrentes denuncian que el Tribunal de alzada ante la verificación de errores de derecho (defectuosa valoración de la prueba), sin revalorizar prueba pudo haberlo corregido directamente sin necesidad de anular la Sentencia absolutoria emitida a su favor; actuación del Ad quem que sería contradictoria a los Autos Supremos 240 de 6 de julio de 2006 y 132 de 31 de enero de 2007.
III.2 Formas de Resolución de la apelación restringida.
Conforme lo prevé el art. 413 del CPP: Cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación el tribunal de alzada anulará total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro juez tribunal.
Cuando el recurso haya sido interpuesto sólo por el imputado o en su favor en el juicio de reenvío no se podrá imponer una sanción más grave que la impuesta en la sentencia anulada, ni desconocer los beneficios que en ésta se hayan otorgado.
Cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, el tribunal de alzada resolverá directamente (sic).
Consecuentemente para cada una de las alternativas de resolución el tribunal debe constatar la concurrencia de los elementos que permitan justificar la decisión asumida, en el caso concreto se pronunció por la anulación total de la sentencia disponiendo el reenvío de juicio esto a mérito de no contarse con elementos suficientes que les permitan emitir una resolución de forma directa, pero principalmente por respeto a los derechos y garantías constitucionales y procesales que les asisten a los procesados, pues esta decisión permite que sea un nuevo Juez de Sentencia el que en base a una nueva valoración probatoria, respetando el principio de inmediación y aplicando la sana critica emita nueva resolución acorde a los datos del proceso.
Auto Supremo 240/2006 de 06 de julio, dictado dentro del proceso penal seguido por ALJR contra VFG, por la presunta comisión del delito de Calumnia, tuvo como antecedente fáctico que el Tribunal de alzada al disponer la anulación de la sentencia sin pronunciarse claramente sobre la situación procesal del recurrente obro de forma contradictoria ya que al haber establecido que se siguió un juicio ilegal por la existencia de atipicidad en la conducta del imputado, debió disponer la anulación de todo el proceso y el archivo de obrados. Estos antecedentes generaron la emisión de la siguiente doctrina legal aplicable:
“El Tribunal de alzada en el conocimiento de impugnaciones respecto a apelaciones restringidas debe tomar el ámbito de acción de su competencia que le otorga la Ley 1970 por lo cual la función principal de los Tribunales de alzada consiste en pronunciarse respecto de la existencia de errores "in judicando" o errores "improcedendo" en que hubiera incurrido el Tribunal a quo, de acuerdo a la previsión del artículo 414 del Código Procesal Penal, consecuentemente el Tribunal de alzada sin necesidad de reenvío puede subsanar errores de derecho existentes en el proceso pero sin revalorizar la prueba, ya que lo contrario significaría desconocer el principio de inmediación que se constituye en el único eje central en la producción probatoria reservada exclusivamente para los Tribunales de sentencia sean estos colegiados o unipersonales. De la misma manera las resoluciones que sin fundamentar debidamente anulen, revoquen, confirmen o declaren la improcedencia del recurso de apelación restringida violan la garantía constitucional "del debido proceso" y sobre todo el Derecho Constitucional a la defensa consagrado en el artículo 16-II Constitucional, consecuentemente es absolutamente imprescindible que el Tribunal de alzada fundamente debidamente sus resoluciones a efectos de no restringir y vulnerar principios, garantías o derechos constitucionales de los litigantes. Pero sobretodo en caso de "revocar" la sentencia impugnada en apelación restringida no pueden dejar latente la situación jurídica del imputado sin ninguna definición al respecto, como en el caso de autos que habiéndose revocado la sentencia apelada deja en situación de incertidumbre al imputado al no definirse su situación jurídica cuando como consecuencia de la revocatoria de la sentencia debió disponer la anulación de todo el proceso y el archivo de obrados por la conducta atípica del imputado ilegalmente”.
Auto Supremo 132/2007 de 31 de enero, dictado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la Aduana Nacional contra RAA y otro, por la presunta comisión de los delitos de Contrabando y otros, tuvo como antecedentes fácticos que el Auto de Vista impugnado, se pronunció fuera de los alcances previstos por el art. 398 del CPP, es decir, se pronunció de oficio sobre aspectos no apelados (devolución de un camión incautado), actuando sin competencia. Estos antecedentes generaron la emisión de la siguiente doctrina lega aplicable:
“Como resultado de las contradicciones jurídicas halladas precedentemente se determina con precisión que el Tribunal de Apelación al pronunciar su resolución debe fundamentar los aspectos de derecho aplicando la norma legal pertinente, en caso de incumplimiento, esta situación se convierte en defecto absoluto, porque desconoce el artículo 124 del Código de Procedimiento Penal y atenta contra los principios del debido proceso y la tutela judicial efectiva.
Que conforme al precepto consagrado en el artículo 31 de la Constitución Política del Estado, que hace a la reserva legal para el nacimiento de la competencia, norma de la cual dimanan las leyes sustantivas previstas tanto en la Ley de Organización Judicial y en la norma especial aplicable a la materia: Código de Procedimiento Penal, queda claro que el Tribunal de Apelación tiene limitada su competencia por el artículo 398 con relación al 413, ambos del nombrado Código Adjetivo Penal, instancia que se encuentra impedida para considerar y resolver otro aspecto distinto a los puntos impugnados en el recurso de apelación restringida, menos puede acomodar su actuar fuera de lo pedido por el recurrente, aspecto que constituye defecto absoluto porque desnaturaliza el recurso y contraviene la propia competencia del Tribunal. Ahora bien, si el Tribunal de Alzada se inclina por aplicar el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial, se concluye que el Tribunal de Apelación no podrá revisar de oficio los actos procesales o resoluciones cuando no haya solicitud expresa de subsanar un defecto relativo; sólo podrá revisar actos procesales o resoluciones que constituyen defectos absolutos, subsumiendo con esta actuación su proceder en las previsiones de los artículos 169 y 170 del precitado Procedimiento Penal.
Se ratifica por tanto que el Tribunal de Alzada tiene facultad para rectificar el error de derecho, según el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, pero no proceder con actuaciones de oficio, que atentarían contra los principios del debido proceso y la tutela judicial efectiva”.
De la revisión y contrastación de los precedentes invocados y la bases sentadas en la presente resolución en cuanto a la consideración de similitud de supuestos fácticos entre los precedentes invocados y el Auto de Vista del cual se recurre, se establece que:
Cuando la norma (art. 416 del CPP) se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en materia procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar, en el caso presente se considera esta última consideración, teniéndose como antecedente que en el recurso de casación se denuncia que el Tribunal de alzada al haber advertido la defectuosa valoración probatoria, siendo un error de derecho debió dictar resolución corrigiendo directamente dicha observación y no disponer el reenvío de juicio. Ahora bien, bajo esta premisa se tiene que los precedentes invocados no cumplen con la exigencia ya señalada pues conforme los siguientes argumentos los precedentes contradictorios invocados no cumplen con dicha condición: i) Auto Supremo 240 de 06 de julio de 2006, el supuesto fáctico generador de la doctrina legal aplicable, es distinto al de la problemática planteada por los recurrentes, es decir, no fue la observancia de una defectuosa valoración probatoria, sino fue que ante la falta de tipicidad en los hechos juzgados el Tribunal de alzada debió emitir un resolución que ponga fin al proceso penal, pues no correspondía mantener en incertidumbre al procesado máxime si se tenía claro que su conducta no se acomodaba al ilícito acusado; sin embargo, en el caso presente no se estableció que el actuar de los recurrentes sea atípico, pues en contrario se estableció que de la valoración defectuosa de la prueba lo que corresponde es que, esta (prueba) sea valorada por un nuevo Tribunal en base a los principios de continuidad e inmediación, pues el Tribunal de alzada no podía hacerlo de forma directa como pretenden los recurrentes, ya que la revalorización probatoria se les está prohibida por mandato legal.
ii) Auto Supremo 132 de 31 de enero de 2007, al igual que el otro precedente señalado supra, este contiene distintos tópicos (hechos fácticos y doctrina legal aplicable) pues, está referido a la imposibilidad que tiene un Tribunal de alzada de pronunciarse de oficio sobre aspectos no apelados.
Consiguientemente ambos precedentes invocados no condicen con lo reclamado por los recurrentes, no constituyéndose en precedentes contradictorios validos por no corresponder a un caso similar al Auto de Vista impugnado, por no ser atinentes en origen, objeto y razonamiento jurídico, por lo tanto no son susceptibles de contrastación.
Sin perjuicio de lo señalado respecto de la pertinencia de los precedentes contradictorios, a los fines de otorgar respuesta motivada a los planteamientos puestos a consideración de este Tribunal, se tiene que:
Respecto de los dos motivos recurridos, referidos a que el Tribunal de alzada al establecer la existencia de defectuosa valoración de la prueba en la sentencia, y corresponder a un defecto de puro derecho, sin revalorizar prueba debió proceder a corregir dicho error. Al respecto en cuanto al pronunciamiento de dicho tribunal se debe tener presente que la apelación restringida, como medio legal permite impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en las que se hubiese incurrido durante la sustanciación del juicio o la sentencia, no siendo el medio jerárquico para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho, actividad reservada a los Jueces o Tribunales de Sentencia, bajo los Principios de Concentración, Inmediatez y Congruencia, consiguientemente el Tribunal de alzada al momento de emitir la resolución ahora impugnada de manera correcta hizo conocer a las partes procesales que al existir un impedimento legal para proceder a una nueva valoración probatoria lo correcto era disponer el reenvío de juicio.
Los Tribunales de alzada son los encargados de garantizar los derechos y garantías constitucionales, los Tratados Internacionales, el debido proceso y la correcta aplicación de la Ley, por tal situación estos Tribunales conforme sus competencias establecidas pueden anular total o parcialmente la Sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro juez o tribunal, esto cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la Ley o su errónea aplicación o cuando la nulidad sea parcial, se indicará el objeto concreto del nuevo juicio y finalmente cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no sea necesaria la realización de un nuevo juicio, puede resolver directamente, en ese sentido, las normas procesales son de orden público y por consiguiente de cumplimiento obligatorio.
Cuando el Tribunal de alzada advierte que el Juez o Tribunal de instancia ha pronunciado fallos sustentados en defectuosa valoración de la prueba, vulnerando la previsión de los arts. 173 y 359 del CPP, incurriendo en el defecto establecido en el art. 370 inciso 6) del CPP, evidenciándose que la resolución no contendrá los elementos de prueba necesarios para subsanar el defecto en que incurrió el Juez o Tribunal de instancia, corresponde conforme prevé el art. 413 del Código de Procedimiento Penal anular la Sentencia totalmente y disponer la Reposición del juicio por otro Juez o Tribunal de Sentencia a efecto de garantizar que las partes en conflicto puedan someterse nuevamente a conocimiento, discusión y valoración de la prueba, (otro Juez o Tribunal), quienes observando los Principios de Inmediación y Contradicción que rigen al proceso y el circuito probatorio, emitan nueva Resolución en base a un nuevo criterio de valor emergente de la correcta aplicación de las reglas de la sana critica.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Justo Sarmiento Alanes y Carmen Brugos de Sarmiento.

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 414
 artículo 16
 resolución 
 artículo 124
 artículo 31
 artículo 398
 artículo 15
 artículo 314
 resolución 
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 Resolución