Source: https://www.scribd.com/document/88652320/Legislacion-Nacional-Sentencia-Constitucional-243-2010-sobre-minera-Puerta-del-Sol
Timestamp: 2018-04-19 11:40:39+00:00

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Description: La sentencia constitucional 0243/2010-R, de 31 de mayo de 2010 emite sentencia sobre la revisión de la Resolución 1/2007 de 28 de noviembre, cursante de fs. 121 a 123 vta., pronunciada por la Jueza...
La sentencia constitucional 0243/2010-R, de 31 de mayo de 2010 emite sentencia sobre la revisión de la Resolución 1/2007 de 28 de noviembre, cursante de fs. 121 a 123 vta., pronunciada por la Jueza de Instrucción de Pucarani provincia Los Andes del Distrito Judicial de La Paz, dentro del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad presentado por Pablo Alberto Schwarz Capelli, Celia Ferreira Miranda, Martín Busson Oblitas, Wily Napoleón Lobaton Medina y Patricia Estrada contra Adelio Tito Altamirano, Subprefecto de la provincia Los Andes y José Guillermo Castillo Salcedo, Presidente del Concejo del Gobierno Municipal de Pucarani, provincia Los Andes del departamento de La Paz.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0243/2010-R Sucre, 31 de mayo de 2010 Expediente:2007-17108-35-RHC Distrito:La Paz Magistrado Relator
:Dr. Marco Antonio Baldivieso Jinés En revisión la Resolución 1/2007 de 28 de noviembre, cursante de fs. 121 a 123 vta., pronunciada por la Jueza de Instrucción de Pucarani provincia Los Andes del Distrito Judicial de La Paz, dentro del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad presentado por Pablo Alberto Schwarz Capelli, Celia Ferreira Miranda, Martín Busson Oblitas, Wily Napoleón Lobaton Medina y Patricia Estrada contra Adelio Tito Altamirano, Subprefecto de la provincia Los Andes y José Guillermo Castillo Salcedo, Presidente del Concejo del Gobierno Municipal de Pucarani, provincia Los Andes del departamento de La Paz, alegando persecución indebida y la vulneración de sus derechos a la libertad, a la seguridad jurídica, a la dignidad y a la garantía al debido proceso, previstos en los arts. 6.II, 7 incs. a) y g) y 16.IV respectivamente de la Constitución Política del Estado abrogada (CPEabrog). I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido del recurso I.1.1. Hechos que motivan el recurso Por memorial presentado el 14 de noviembre de 2007 (fs. 4 a 7), los recurrentes manifestaron que Pablo Alberto Schwarz, en su calidad de socio de la concesión minera “Puerta del Sol” fue invitado por las autoridades recurridas a objeto de poder dar conjuntamente una solución conciliatoria y pacífica sobre la referida concesión minera, con los comunarios de Pucarani y representantes de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la Provincia los Andes, motivo por el que se apersonaron el 11 de noviembre a horas 11:00 de 2007, al palacio consistorial donde sorpresivamente fueron detenidos, de manera ilegal y sin que existiera orden alguna emanada de autoridad competente, siendo tal acto cometido por las referidas autoridades de Pucarani, quienes de manera arbitraria y creyéndose dueños de la comunidad en forma abusiva sin respetar la presencia de los representantes del Ministerio de Gobierno y el representante del Ministerio de Minas, que de igual manera fueron privados de su libertad, desde horas 11:00 a 17:00, condicionaron su libertad a la firma de un documento elaborado por las autoridades comunarias del lugar presididas por el codemandado Subprefecto, quien en lugar de hacer cumplir la ley, por el contrario se dio a la tarea de intimidarles sometiéndoles a una serie de vejámenes, haciendo mención repetidamente a la justicia comunitaria, obligando de ese modo a Pablo Alberto Schwarz, a firmar un documento elaborado por esas autoridades,
mientras los demás recurrentes se encontraban retenidos y amedrentados, condicionando su libertad a la suscripción de dicho documento; cuyo texto definió la expulsión definitiva de la Empresa Concesionaria en su gerente propietario, el correcurrente Pablo Alberto Schwarz, de la comunidad de Vilaque, sin que hayan tomado en cuenta que tiene una concesión minera de la que paga impuestos y tiene cumplidas todas sus obligaciones con el Estado. Alegando en definitiva que fueron arbitrariamente privados de su libertad por el lapso de seis horas, sometiéndolos a una supuesta investigación de la concesión minera, siendo tales actos, a criterio de los recurrentes, dañados y viciados de nulidad, por no ser los recurridos autoridades llamadas por ley para definir una concesión minera, haciendo viable el recurso de hábeas corpus por haber sido privados de su libertad en Pucarani y actualmente perseguidos por las autoridades recurridas en complicidad con algunos comunarios. I.1.2.Derechos y garantía supuestamente vulnerados Los recurrentes alegan persecución indebida y lesión de sus derechos a la libertad, a la seguridad jurídica, a la dignidad y a la garantía del debido proceso previstos en los arts. 6. II, 7 incs. a) y g) y 16.IV de la CPEabrg. I.1.3. Autoridades recurridas y petitorio Por lo expuesto, los recurrentes plantean recurso de hábeas corpus contra Adelio Tito Altamirano, Subprefecto de la provincia Los Andes y José Guillermo Castillo Salcedo, Presidente del Concejo del Gobierno Municipal de Pucarani, provincia Los Andes del departamento de La Paz, solicitando se declare procedente el recurso y se disponga en audiencia el cese de la persecución indebida de las autoridades recurridas; se deje sin efecto el documento firmado y los actos realizados bajo coacción y privación de su libertad, con el pretexto de utilizar la justicia comunitaria; se restituya sus derechos y garantías constitucionales y se cumpla el ordenamiento jurídico vigente; se establezca responsabilidad civil para cada una de las personas afectadas y víctimas de la detención indebida, así como el pago de costas judiciales y responsabilidad civil. I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías En la audiencia de hábeas corpus realizada el 28 de noviembre de 2007, cuya acta corre de fs. 113 a 120, se suscitaron los siguientes hechos: I.2.1. Ratificación y ampliación del recurso Los recurrentes por intermedio de su abogado ratificaron el tenor de la demanda, y añadieron lo siguiente: a) Las autoridades recurridas no tenían competencia para resolver ninguna cuestión sobre la concesión minera, y aun así procedieron a la detención indebida de sus defendidos; b) El art. 14 de la CPE, establece que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales o
sometido a otros jueces que los designados por Ley; c) Por miedo y temor a los vejámenes sufridos, el correcurrente Pablo Schwarz, ahora vive en otro lugar, debido a que al momento de la presentación del presente recurso estaba siendo perseguido y amedrentado por los recurridos; d) Le hicieron firmar un documento a condición de darle libertad, sin que se haya tomado en cuenta que fue el Estado quien conforme a ley, les otorgó una concesión minera, por lo que su expulsión fue ilegal; e) Su defendido Pablo Alberto Schwarz Capelli, fue objeto de tratos humillantes (lo hicieron arrodillarse a la fuerza) y amenazas de muerte (le amenazaron con colgarlo), si no firmaba el documento redactado por los comunarios; y f) Es imposible que el señor Schwarz haya cedido de buena voluntad una concesión minera en la que invirtió y que vale más de diez millones de dólares, por lo que se concluye que dicha cesión fue obtenida en base a la fuerza y a la coacción física como psicológica por parte de los recurridos. I.2.2. Informe de las autoridades recurridas El abogado de la parte recurrida, informó en audiencia lo siguiente: 1) Debido a las constantes denuncias realizadas por autoridades comunarias sobre atropellos, abusos y persistentes avasallamientos que estaría realizando el correcurrente Pablo Alberto Schwarz Capelli, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la provincia los Andes, en coordinación con autoridades originarias, centrales agrarias entre otras, convocaron a un ampliado para analizar la Ley 3425 de 20 de junio de 2006 en sus arts. 2 y 3, normas que determinan la competencia de los gobiernos municipales en el manejo de los áridos y agregados, acto que se llevó con absoluta normalidad, para efectuar el referido análisis se invitó “fraternalmente” al recurrente como representante de la empresa minera Puerta del Sol, así como al Ministerio de Gobierno, Ministerio de Minería y Prefectura, que con la presencia de los “compañeros” que ascendían a 23 participantes, y que de acuerdo a sus usos y costumbres no tienen límite para su intervención, es por eso que la reunión se prolongó por más de 5 a 6 horas, sin que se haya suscitado ninguno de los actos denunciados por los recurrentes; b) El corecurrente, Pablo Alberto Schwarz Capelli, estampó su firma voluntariamente, sin que haya mediado coacción alguna y dio su aquiescencia y conformidad con la Resolución 1/2007 de 11 de noviembre, por lo que las amenazas y medios de coacción denunciados son falsos debido a que los recurrentes no demostraron fehacientemente estos supuestos malos tratos; c) En la reunión, sólo se estableció algunas irregularidades cometidas por el señor Schwarz; la primera se refirió a que no tenía el certificado de saneamiento ambiental, y la segunda irregularidad establecida fue que los trabajadores no estaban asegurados; d) En cuanto a los demás recurrentes afirma que no se les conoce, y tampoco se sabe si estuvieron presentes o no en la mencionada reunión, debido a que la misma es pública y todos pueden ingresar;
e) No existió en ningún momento detención ni procesamiento indebidos, menos persecución, por lo que debe declararse improcedente el recurso de hábeas corpus, debido a que este procede únicamente cuando se vulnera el derecho a la libertad. I.2.3. Resolución La Sentencia 1/2007 de 28 de noviembre, pronunciada por la Jueza de Instrucción de Pucarani, provincia Los Andes del Distrito Judicial de La Paz cursante de fs. 121 a 123 vta., declaró procedente el recurso y dispuso la cesación de la persecución ilegal, debido a que ya se encontraban en libertad, sancionando a los recurridos al pago de daños y perjuicios; con la siguiente fundamentación: a) La prueba de lo ocurrido cursa en la Resolución Provincial 001/07 que es la transcripción inextenso de lo ocurrido en la reunión donde consta que entre las varias intervenciones que se dieron, específicamente el representante del Comité de Vigilancia de Cohana dijo que los “empresarios deberán firmar para que se vayan de éste pueblo (textual)”, prueba que hace plena fe de que su derecho a la libertad y de locomoción se encontraba restringida a la firma de dicha resolución; b) En lo solicitado por la parte recurrente de dejar sin efecto el documento firmado bajo presión, estos deben acudir a la vía correspondiente para su impugnación; al igual que para las alegaciones que corresponden a la concesión Minera, por tratarse de un trámite administrativo; c) No devienen costas ni multas por ser excusable. I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional. Al haberse designado a las nuevas autoridades y reiniciado las labores jurisdiccionales, por Acuerdo Jurisdiccional 001/2010 de 8 de marzo, se produjo el sorteo del presente caso el 3 de mayo de 2010, por lo que la presente Resolución se pronuncia dentro de plazo. II. CONCLUSIONES Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes se llega a las siguientes conclusiones: II.1. El 6 de noviembre de 2007, José Guillermo Castillo Salcedo, Presidente del Concejo del Gobierno Municipal de Pucarani y otros cursaron invitaciones al Ministro de Gobierno, Secretario General de la Central Agraria de la provincia Los Andes, Viceministro de Minería, Prefecto del Departamento de La Paz y al hoy correcurrente Pablo Alberto Schwartz Capelli, para que asistan a una audiencia el 11 de noviembre a horas 10:00 en el auditorio del Gobierno Municipal de Pucarani, en coordinación con las organizaciones campesinas y las comunidades colindantes con los ríos, para tratar el impase suscitado entre los comunarios de Vilaque Huaripampa, con el súbdito extranjero Pablo Alberto Schwartz Capelli ( fs. 23 a 27). II.2. El 11 de noviembre de 2007, se llevó a cabo el cabildo abierto organizado por la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la provincia Los Andes, con la concurrencia del representante del Ministerio de Gobierno, el representante del Ministerio de
Minas, autoridades del Gobierno Municipal de Pucarani, el ahora correcurrido Subprefecto de la provincia Los Andes, Secretario General de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de dicha provincia, Centrales, Subcentrales, Secretaría General de la Central Única de Trabajadores Campesinos de la provincia Los Andes Bartolina Sisa, Mallkus originarios de la Central Agraria Marcka Quentupata, el correcurrente Pablo Schwarz y otros comunarios y dirigentes del lugar, emitiéndose la Resolución Provincial 001/2007 de 11 de noviembre, que resolvió lo siguiente: 1. La expulsión DEFINITIVA de la empresa concesionaria del correcurrente citado de la comunidad de Vilaque; 2. Las maquinarias y los demás bienes de la empresa minera Puerta del Sol, de propiedad del Sr. Pable Alberto Shwarz, deberán quedar en beneficio de la comunidad de Pucarani.; 3. Se hizo constar que dicha Resolución fue firmada por el referido correcurrente, para su fiel y estricto cumplimiento; 4. Que la Resolución era inapelable por ser “LA DECISIÓN SOBERANA INCLAUDICABLE DE LAS BASES” (sic) (fs. 28 a 31). III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO Los recurrentes ahora accionantes denuncian persecución indebida y la vulneración de sus derechos a la libertad, a la seguridad jurídica, a la dignidad y de la garantía del debido proceso, por cuanto consideran haber sido detenidos por las autoridades demandadas por seis horas sin orden emanada de autoridad competente y en forma arbitraria y abusiva, en una audiencia conciliatoria a la que fueron invitados por las autoridades demandadas, para solucionar conflictos de la concesión minera “Puerta del Sol” de la que es socio el codemandante Pablo Alberto Schwarz Capelli, sin que se haya respetado la presencia de autoridades del Gobierno, y además se condicionó su libertad a la firma de un documento elaborado por autoridades comunitarias y se los sometió a una serie de vejámenes, a lo que se adujo por parte del codemandado Subprefecto, que se estaba aplicando justicia comunitaria, por lo que a la fecha de presentación del presente recurso están siendo objeto de una persecución indebida. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si los extremos aseverados son evidentes y si se justifica otorgar tutela que se pretende. III.1.Consideraciones sobre la aplicación de la Constitución Política del Estado vigente Como este recurso, ahora acción, fue presentado y resuelto por el Tribunal de hábeas corpus en vigencia de la Ley Fundamental abrogada, es pertinente determinar, antes de analizar la Resolución venida en revisión, qué norma constitucional se aplicará. En ese sentido, conforme a los fundamentos desarrollados en la SC 0006/2010-R de 6 de abril, partiendo del principio pro hómine, contenido en los arts. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 13.IV y 256 de la CPE, el juzgador debe aplicar aquellas normas que resulten más favorables para la persona, su libertad y derechos, así como interpretar esas normas en sentido más amplio.
En similar sentido, de acuerdo al principio de interpretación progresiva de la norma, entre varios entendimientos posibles, corresponde optarse por aquél que limite en menor medida el derecho o garantía que se denuncia como vulnerado; es decir, se debe elegir la interpretación más extensiva en cuanto al reconocimiento de derechos y una explicación más restringida cuando se establezcan límites al ejercicio de los mismos. Conforme a dichos principios, siendo, por regla general, más garantista la Ley Fundamental vigente, es natural aplicarla; empero, en cada caso concreto, se realizará el análisis de las normas constitucionales para dar preferencia a aquellas que resulten más favorables para el recurrente, actual accionante. III.2. Términos procesales en la acción de libertad La Constitución Política del Estado abrogada, preveía como medios jurisdiccionales extraordinarios de protección de los derechos y garantías constitucionales a los recursos de hábeas corpus, amparo constitucional y hábeas data, los cuales se mantienen en la Constitución vigente, con algunas modificaciones que pueden percibirse fácilmente en el caso de la acción de libertad, al ampliarse su ámbito de protección al derecho a la vida y extender su tutela también a los actos provenientes de particulares. También existen algunas modificaciones en la configuración procesal de los antiguos recursos, siendo una de ellas, precisamente, la nueva concepción de estos medios jurisdiccionales extraordinarios como acciones de defensa, lo que repercute en los términos que deben ser utilizados por este Tribunal en la redacción de sus Sentencias, pues conforme se precisó en la SC 0006/2010-R de 6 de abril, por regla general se aplicará la Constitución vigente, al ser la norma que desarrolla de manera más amplia los derechos y garantías constitucionales. En ese entendido y con la finalidad de unificar la utilización de términos, la persona que presenta la acción tutelar será denominada “accionante” y la autoridad contra quien se dirige la acción, se denominará demandado o denunciado, indistintamente. Asimismo, en cuanto a la terminología con referencia a la parte dispositiva, en mérito a la configuración procesal prevista por el art. 126.III cuando en lo pertinente señala “(…) la sentencia podrá ordenar la tutela de la vida, la restitución del derecho a la libertad, la reparación de los defectos legales, el cese de la persecución indebida o la remisión del caso al juez competente”; a fin de guardar coherencia en caso de otorgar la tutela se utilizará el término “conceder” y en caso contrario “denegar” la tutela. III.3. La justicia constitucional y la jurisdicción indígena originaria campesina III.3.1. El Convenio 169 de la OIT y las reformas constitucionales de 1994
Hasta antes de las reformas constitucionales propiciadas a partir del Convenio 169 de la OIT, la teoría dominante del derecho en Latinoamérica se fundaba el monismo jurídico, vale decir que a un estado le corresponde sólo un sistema jurídico o derecho, legitimado en la idea que el estado nación representaba un pueblo culturalmente homogéneo. (YRIGOYEN FAJARDO, Raquel Z, Reconocimiento constitucional del derecho indígena y la jurisdicción especial en los países andinos {Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador}, 2000). El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes reconoció los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en el entendido que éstos son indispensables para el pleno desarrollo moral, material y espiritual de los individuos, quienes sólo podrán ser protegidos plenamente si están previamente garantizados los derechos colectivos. La aceptación del reconocimiento de estos derechos no supone una negación de los derechos individuales insertos en las declaraciones internacionales sobre derechos humanos y en la Constitución Política del Estado, sino más bien su enriquecimiento a través de un diálogo intercultural. En ese ámbito, el Convenio reconoce la obligación del estado de considerar las costumbres o derecho consuetudinario de los pueblos indígenas al aplicar la legislación nacional (art. 8.1), y el derecho de esos pueblos a conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos (art. 8.2). Las normas contenidas en ambos incisos implican el reconocimiento, por parte de los Estados firmantes, de un pluralismo jurídico interno, bajo un techo constitucional e internacional, de respeto a los derechos fundamentales. Se hace referencia al pluralismo jurídico porque en el Convenio no sólo se respetan las formas de producción jurídica de los pueblos indígenas, distintas a las instituciones estatales, sino que se les reconoce el derecho a conservar y aplicar sus costumbres a través de sus autoridades originarias, lo que implica el reconocimiento a la normatividad (las normas propias de los pueblos indígenas), institucionalidad (autoridades originarias) y jurisdicción (funciones jurisdiccionales). En el marco del Convenio 169 de la OIT, que fue ratificado por Bolivia mediante Ley 1257 de 11 de junio de 1991, se introdujo en la reforma constitucional de 1994, el reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural de Bolivia (art. 1.I), y en el art. 171 de la Constitución, además de declarar los derechos sociales, económicos y culturales de las comunidades indígenas y campesinas, en especial los relativos a sus tierras comunitarias de origen, su identidad, valores, lengua, costumbres e instituciones, se reconoció a las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas la facultad de “ejercer funciones de administración y aplicación de normas propias como solución alternativa de conflictos, en conformidad a sus costumbres y procedimientos (…)”. La Constitución boliviana realizó un reconocimiento de la vigencia de las normas de las
comunidades indígenas y campesinas, basados en los valores propios de la comunidad y la forma de regular su vida social, de sus autoridades naturales, tanto en sus métodos de selección como en el ejercicio de funciones jurisdiccionales para la aplicación de esas normas; además, se reconocieron los procedimientos utilizados para la solución de los conflictos suscitados dentro de las comunidades. Estas tres características fundamentales: normatividad, institucionalidad y procedimientos, implicaron el reconocimiento de un pluralismo jurídico en Bolivia: la existencia de diferentes sistemas normativos dentro del Estado, orientados por valores y principios característicos de las múltiples culturas existentes. En ese entendido, las “autoridades naturales” (autoridades de los pueblos indígenas) podían aplicar sus propias normas, siempre que las mismas no fueran contrarias a la Constitución y las leyes. Al prever esta limitación, la Constitución se alejó de los lineamientos generales establecidos por el Convenio 169, en el que se estableció como único límite de la aplicación del derecho indígena, los derechos humanos establecidos en los Pactos internacionales así como los derechos fundamentales reconocidos en las Constituciones de cada país. Sin duda, el límite impuesto por la Constitución en el art. 171, sobre la compatibilidad de la aplicación del derecho indígena con las leyes, es lo que le restó efectividad y fuerza, en la medida en que el ordenamiento jurídico nacional no tomó en cuenta la existencia de ese derecho indígena y, por tanto, la aplicación de sus normas siempre encontraba una barrera y un límite en las leyes. Por otra parte, cabe mencionar que si bien se reconocieron los derechos de los pueblos indígenas y la jurisdicción indígena, el marco del reconocimiento fue limitado, pues a más del art. 1 referido al carácter multiétnico y pluricultural de Bolivia y el art. 171 citado, el tema indígena seguía siendo ajeno a la configuración institucional del Estado boliviano, y estaba incluido como un Régimen Especial (Título Tercero, Régimen Agrario y Campesino, de la Parte Tercera, Regímenes Especiales). Además, el art. 171 de la CPE, establecía que una ley debía compatibilizar las función jurisdiccional indígena de “las autoridades naturales” con las atribuciones de los poderes del Estado; sin embargo, pese a la existencia de proyectos de Ley, éstos no fueron aprobados por el Parlamento. Ello determinó que los temas relativos, por ejemplo, a la competencia territorial, material y personal de la jurisdicción no estuvieran precisados, que no exista una norma expresa que estableciera el órgano destinado al control de la jurisdicción indígena y que, en los hechos, la jurisdicción ordinaria terminara por controlar las decisiones de la indígena. En ese ámbito, el Tribunal Constitucional, a través del recurso de amparo constitucional, ahora concebido como acción en la nueva Constitución Política del Estado, fue resolviendo algunos casos en los que miembros de la comunidad alegaban lesión a sus derechos fundamentales y
garantías constitucionales por parte de las autoridades indígenas. En dichas resoluciones constitucionales se reconoció a la jurisdicción indígena y se intentaron establecer mecanismos de equilibrio entre los derechos fundamentales lesionados y las normas propias de la comunidad indígena. Así, la SC 0295/2003-R de 11 de marzo, pronunciada dentro de un recurso de amparo constitucional, en el que los recurrentes alegaron que fueron expulsados de la comunidad de San Juan del Rosario (Potosí) debido, entre otras causas, al incumplimiento de sus obligaciones con la comunidad, el Tribunal Constitucional otorgó la tutela a los recurrentes, bajo la condición de que éstos cumplieran con las normas y obligaciones existentes dentro de la comunidad. III.3.2.La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas fue aprobada el 13 de septiembre de 2007, cuyo art. 1 establece que: los “indígenas tienen derecho, como pueblos o como personas, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la normativa internacional de los derechos humanos”. Como se puede apreciar, la Declaración hace referencia a dos titulares de derechos: Uno colectivo (los pueblos) y otro individual (los miembros de los pueblos). En este sentido, la Declaración reconoce una concepción integral de los derechos humanos: Para el efectivo ejercicio de los derechos individuales es necesario el reconocimiento de los derechos colectivos. En el art. 2, la Declaración establece que: “los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio de sus derechos que esté fundada, en particular, en su origen o identidad indígena”. Esta norma deja atrás la concepción de culturas superiores o inferiores, que consideraba a la occidental dentro de las primeras, y a las indígenas dentro de las segundas. La igualdad no sólo se predica entre los individuos, sino también entre los grupos, los colectivos, los diferentes pueblos indígenas. De ahí se desprende que, al ser iguales las diferentes culturas, sus sistemas jurídicos también deben gozar de un plano de igualdad respecto al sistema estatal u ordinario de justicia. La Declaración, en el art. 3, reconoce a los pueblos indígenas, como colectivo, el derecho a la libre determinación. Señalando que en virtud a este derecho “determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”, sin que ello suponga el quebrantamiento de la integridad territorial o unidad política de los estados soberanos e independientes (art. 46). En ese ámbito, tienen derecho a la autonomía, entendida como el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas (art. 4), y “a conservar
y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado”. Dicha norma se relaciona con el art. 34 de la Declaración que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a sus sistemas jurídicos, conforme al siguiente texto: “Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos”. Como se observa, y de acuerdo a lo que ya preceptuaba el Convenio 169 de la OIT, no sólo se reconoce el derecho a conservar sus instituciones, entre ellas las jurídicas, sino que también se reconoce el derecho de reforzarlas, a promover, desarrollar y mantener sus costumbres o sistemas jurídicos. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, fue ratificada por Bolivia mediante Ley 3760 de 7 de noviembre de 2007 y tiene un peso gravitante, como fundamento y justificación, en la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009. III.3.3.La Constitución Política del Estado vigente y la Jurisdicción indígena originaria campesina: Sus límites La Constitución Política de Bolivia promulgada el 7 de febrero de 2009, tiene un enfoque pluralista e intercultural para la gestión de la diversidad. En ese sentido, no sólo se declaran los derechos de los pueblos indígenas (art. 30), sino que la propia Constitución y las instituciones que crea están empapadas de pluralismo, haciendo efectivo el derecho previsto en el art. 30.18 de la CPE: “A la participación en los órganos e instituciones del Estado”. En virtud al derecho de los pueblos indígenas “A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado”, Bolivia se constituye en un “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario y con autonomías”, fundándose en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, “dentro del proceso integrador del país” (art. 1). En ese ámbito, no sólo se asumen los principios y valores propios de los pueblos indígenas como principios y valores del Estado (art. 8), sino que se reconoce que la democracia puede ser ejercida de manera comunitaria, por la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y, entre otros aspectos más, se reconoce a las autoridades indígenas originaria campesinas encargadas de administrar justicia como parte del órgano judicial, al sostener que la jurisdicción indígena originaria campesina es una forma de ejercicio de la función judicial. Ahora bien, la potestad de impartir justicia, (tanto en la jurisdicción ordinaria, como en la
indígena), se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos (art. 178.I CPE). De acuerdo al texto constitucional (art. 179), la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozan de igual jerarquía y, en ese sentido, no se prevé ningún medio de revisión, por parte de la jurisdicción ordinaria, de las resoluciones pronunciadas por la jurisdicción indígena originara campesina; es más, toda autoridad pública o persona debe acatar las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina, pudiendo las autoridades solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado (art. 192). La jurisdicción indígena originaria campesina, por otra parte, de acuerdo al art. 190 de la CPE, respeta el derecho a la vida, a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la Constitución y también claro está, en los Tratados Internacionales sobre derechos humanos, estableciendo el art. 119.I expresamente que: “Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la indígena originaria campesina.” De lo dicho se establece que el respeto a derechos y garantías, marca el límite de la validez, de las resoluciones y determinaciones de la jurisdicción indígena originaria campesina. En ese entendido, tanto la jurisdicción indígena originaria campesina, como la ordinaria, están controladas por la justicia constitucional, y, en definitiva por el Tribunal Constitucional Plurinacional, órgano que debe controlar el respeto a los derechos y garantías fundamentales en ambas jurisdicciones, considerando los principios generales de la potestad de impartir justicia previstos en el art. 178 de la CPE, entre ellos, el pluralismo jurídico y la interculturalidad. Conforme a ello, el Tribunal Constitucional Plurinacional se convierte en el órgano esencial para la consolidación del pluralismo y la interculturalidad en Bolivia. De ahí deriva la necesidad de su conformación plural, que en cierta medida garantizará el diálogo entre culturas, para permitir que las diferentes atribuciones del Tribunal Constitucional sean ejercidas en el marco de los principios antes anotados, lográndose bases, principios y consensos mínimos en un Estado Plurinacional, que sustenten una convivencia armónica entre las diferentes culturas. En ese entendido, será esa base principista la que informará las normas indígenas y no indígenas y, por lo mismo, ambas estarán recíprocamente influidas y enriquecidas por el diálogo intercultural. Cabe añadir que el Tribunal Constitucional Plurinacional, también consolidará el pluralismo jurídico, estableciendo los límites de la jurisdicción ordinaria y la indígena, pues entre sus atribuciones tiene que conocer y resolver los conflictos de competencia entre esas jurisdicciones. El desafío, por tanto, es lograr que, basados en el principio de interculturalidad, se logre un sustrato mínimo común, buscándose la unidad en la diversidad; pues, la existencia de un pluralismo jurídico no puede ser considerada como una desorganización axiológica, social y jurídica: “El reto del pluralismo jurídico es permitir un diálogo entre la noción de la unidad y de la diversidad, de tal modo que se garantice a la vez la aplicación de los derechos humanos (noción universal) y el de los derechos consuetudinario de los grupos culturales
(noción particularista)” (De Trazegnies Granda, Cit. por MOLINA RIVERO, Ramiro, “Una aproximación histórica y contemporánea al derecho indígena”, en Desafíos de la Democracia en la Región Andina, Comisión Andina de Juristas, Lima, Perú, 1998 p. 51-52). Ahora bien, debe dejarse establecido, que si bien actualmente no está conformado el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, atendiendo a que el límite de la jurisdicción indígena originaria campesina -contemplado tanto en los Tratados Internacionales sobre derechos humanos como en la Constitución Política del Estado- son los derechos fundamentales, este Tribunal Constitucional, en ejercicio del control al respeto a derechos y garantías constitucionales, tiene competencia para conocer las posibles violaciones a derechos y garantías constitucionales que se produzcan como emergencia de la aplicación de las normas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. En ese entendido, el Tribunal Constitucional debe realizar un detenido análisis para poder administrar objetivamente justicia y resguardar los derechos y garantías constitucionales, siendo necesario destacar lo desarrollado en este campo por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto a la convivencia de la jurisdicción indígena originaria campesina y la ordinaria, que en su SC 0295/2003-R de 11 de marzo, estableció que: “(...) debe llegarse a un punto de convergencia tal en el que ambos encuentren convivencia armónica, sin que ninguno avasalle al otro, resguardando en ambos, los derechos colectivos de las comunidades y los derechos fundamentales de las personas.” Conforme a ello, si bien los pueblos indígena originario campesino tienen reconocida su autonomía política y jurídica, ésta debe ejercitarse dentro de los parámetros que la Constitución fije para todos los habitantes de su territorio, tomando en cuenta que aún no existe la Ley de Deslinde Jurisdiccional, por lo que se puede concluir que la jurisprudencia citada es perfectamente compatible con el actual texto constitucional. Sobre lo anteriormente desarrollado se colige que la sujeción a la justicia comunitaria no es caprichosa ni arbitraria, más aun cuando se tiene un reconocimiento constitucional que le otorga una fortaleza jurídica igual a la jurisdicción ordinaria, empero, debe ejercerse en el marco de las normas constitucionales con el objetivo supremo de lograr la paz social al solucionar los conflictos políticos, sociales y económicos suscitados a su interior, tal como lo reconoció la SC 0295/2003-R. III.4. Análisis del caso En el presente caso, del análisis de los documentos presentados, se establece que la Conferencia Sindical Única de Trabajadores de la Provincia de los Andes en coordinación con autoridades originarias, centrales agrarias -entre otras- cursaron invitaciones a varias autoridades, como también al accionante Pablo Alberto Schwartz Capelli, para tratar específicamente el impase suscitado entre éste y los comunarios de Vilaque Huaripampa, sin embargo, del desarrollo de la audiencia se puede evidenciar que fue retenido en contra de su
voluntad por el espacio de seis horas, hecho confirmado por la parte demandada, que sostuvo que la reunión efectivamente duró alrededor de cinco horas y media, y además del texto de la participación del representante del Comité de Vigilancia de Cohana que dijo que los “empresarios deberán firmar para que se vayan de éste pueblo (textual)”, por lo que se comprueba que para la firma de la Resolución Provincial 001/2007 se retuvo al accionante en contra de su voluntad, y tal firma se realizó bajo coacción por parte de las autoridades demandadas. Por lo que se puede deducir que si bien el accionante fue citado para resolver el impase suscitado, empero se utilizó al accionante y su derecho a la libertad como un medio para lograr que firme una Resolución que definió la expulsión definitiva, de la Empresa Concesionaria de la comunidad de Vilaque y además que las maquinarias y los demás bienes de la empresa minera “Puerta del Sol” se queden para el beneficio de la comunidad, lo que evidentemente no sólo lesionó el derecho a la libertad física del accionante Pablo Alberto Schwartz Capelli, sino también su dignidad de ser humano, en la medida en que fue tratado como medio para la consecución de un fin, y no como un fin en sí mismo; aspecto que no está tolerado por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ni la Constitución Política del Estado, que en el art. 22 sostiene que “La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”. Dicha situación fue advertida por el propio representante del Ministerio de Gobierno, cuya intervención consta en el mismo documento, sobre las consecuencias legales y de indemnización, si se decidía retirar a la Empresa de la Región. Los hechos descritos, vulneraron además lo preceptuado por el art. 114 de la CPE que determina: “I. Queda prohibida toda forma de tortura desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia física o moral. Las servidoras públicas y los servidores públicos o las autoridades públicas que las apliquen, instiguen o consienta, serán destituidas y destituidos, sin perjuicio de las sanciones determinadas por ley”. Efectivamente, en el caso analizado existió coacción contra Pablo Alberto Schwartz Capelli instigada por la autoridades demandadas, al restringirle su libertad bajo amenazas y condicionar su libertad a la suscripción de la Resolución impugnada. Por lo expuesto, se evidencia que la actuación de las autoridades demandadas no se ajustó al marco constitucional, que tiene como base el respeto a los derechos y garantías constitucionales por parte de los órganos e instituciones del Estado, más aún dentro de las diferentes jurisdicciones previstas en la Constitución Política del Estado. Finalmente, con relación a los co-accionantes Celia Ferreira Miranda, Martín Busson Oblitas, Willy Napoleón Lobatón Medina y Patricia Estrada, de la revisión de los antecedentes cursantes en obrados, no se pudo constatar la lesión a su derecho a la libertad física o personal por parte de los demandados, quienes afirman que ni siquiera los conocen, debiendo advertirse que la concesión de la tutela con relación Pablo Alberto Schwartz Capelli se debió a la coacción ejercida y demostrada sobre su libertad para la firma de la Resolución Provincial 01/2007, en la cual evidentemente consta su firma, más no así de los demás accionantes. En consecuencia, la Jueza de hábeas corpus, al declarar procedente respecto a todos los accionantes ha valorado parcialmente los datos del proceso y las normas aplicables al mismo. POR TANTO
El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los art. 4 y 6 de la Ley 003 de 13 de febrero denominada Ley de Necesidades de Transición a los Nuevos Entes del órgano Judicial y Ministerio Público; arts. 7 inc. 8) y 93 de la Ley del Tribunal Constitucional, (LTC) en revisión, resuelve: 1.APROBAR en parte la Sentencia 01/2007 de 28 de noviembre, cursante de fs. 121 a 123 vta., pronunciada por la Jueza de Instrucción de Pucarani provincia Los Andes del Distrito Judicial de La Paz y, en consecuencia CONCEDE la tutela respecto a Pablo Alberto Schwartz Capelli y DENIEGA la tutela en cuanto a los demás accionantes. 2.Se aclara que el accionante pude acudir a la vía correspondiente para dejar sin efecto el documento firmado bajo coacción. Regístrese, notifíquese, y publíquese en la Gaceta Constitucional Fdo. Dr. Juan Lanchipa Ponce PRESIDENTE Fdo. Dr. Abigael Burgoa Ordóñez DECANO Fdo. Dr. Marco Antonio Baldivieso Jinés MAGISTRADO Fdo. Dr. Ernesto Félix Mur MAGISTRADO
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