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Timestamp: 2017-03-23 15:15:22+00:00

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RESOLUCION de 28 de abril de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Valencia don Fernando Olaizola Martínez, contra la negativa del registrador accidental del Registro Mercantil n.º III, de Valencia a inscribir una escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada
RESOLUCION de 28 de abril de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Valencia don Fernando Olaizola Martínez, contra la negativa del registrador accidental del Registro Mercantil n.º III, de Valencia a inscribir una escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada Mis Leyes
RESOLUCION de 28 de abril de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Valencia don Fernando Olaizola Martínez, contra la negativa del registrador accidental del Registro Mercantil n.º III, de Valencia a inscribir una escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Valencia don Fernando Olaizola Martínez, contra la negativa del registrador accidental del Registro Mercantil n.º III, de Valencia a inscribir una escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada.
En el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Valencia Don Fernando Olaizola Martínez contra la negativa del Registrador Mercantil don Rodolfo Bada Maño, actuando como Registrador accidental del Registro Mercantil número III de Valencia, a inscribir una escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada.
Mediante escritura autorizada el 12 de julio de 2004 en Valencia por el Notario recurrente, se constituyó la sociedad «Valenciana de Excavaciones y Zanjeos, S.L.», con unos Estatutos, cuyo artículo 17 regula los diversos modos de organizarse la administración y representación social, con reglas especiales para el caso de optarse por un Consejo de Administración, entre las cuales se prevé que «Las certificaciones de las actas serán expedidas por el Secretario o Vicesecretario con el Visto Bueno del Presidente o del Vicepresidente. El Vicepresidente y el Vicesecretario sustituirán al Presidente y Secretario en sus funciones cuando no asistan a las sesiones del Consejo de Administración o a las Juntas de la Sociedad».
Presentada copia de dicha escritura en el Registro Mercantil de Valencia fue objeto de calificación negativa el 26 de agosto de 2004, por la que se expresa, respecto del defecto ahora impugnado, que el Registrador ha resuelto no practicar la inscripción solicitada conforme a los siguientes
«... Fundamentos de Derecho: 1. Art. 17.II, párrafo penúltimo de los Estatutos: Se atribuye la facultad certificante y de visar de manera alternativa
al Secretario y Vicesecretario y al Presidente y Vicepresidente, cuando es configurada de manera imperativa por el art. 109 del R. R. M. con carácter subsidiario para los «Vices». Defecto de carácter insubsanable. Contra la presente calificación cabe interponer recurso en este Registro Mercantil para la Dirección General de los Registros y del Notariado en el plazo de un mes desde la fecha de la notificación de la mencionada calificación en los términos de los artículos 324 y siguientes de la Ley Hipotecaria. Asimismo, podrá solicitarse la intervención del Registrador sustituto en el plazo de 15 días siguientes a la notificación de la calificación precedente en los términos que establece el R.D. 1039/03, de 1 de agosto. El Registrador n.º III accidental. Fdo.: Rodolfo Bada Maño».
El Notario autorizante, mediante escrito de 20 de septiembre de 2004, interpuso recurso gubernativo, en el que alegó: 1.º Que sería conveniente conocer el criterio de esta Dirección General sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de notificación telemática de la calificación sin previa manifestación fehaciente en tal sentido del destinatario; 2.º Que la calificación impugnada vulnera el artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria por falta de motivación jurídica de las causas impeditivas de la inscripción, ordenada en hechos y fundamentos de Derecho, citando según exige la Resolución de este Centro de 3 de Enero de 2004, por lo que, aparte la posible responsabilidad disciplinaria del Registrador, se sitúa al recurrente en situación de desigualdad por no sustentarse la calificación en una fundamentación o razonamiento debidamente desarrollados; 3.º Que la calificación parte de la premisa del carácter imperativo de la norma que atribuye facultad certificante a Vicesecretarios y Vicepresidentes con un carácter subsidiario, mientras que el artículo 109 del Reglamento del Registro Mercantil no se pronuncia en tales términos. Que el carácter imperativo con que dicho artículo regula la atribución de la facultad certificante se debe a que tal facultad se integra en la esfera del poder de representación de la sociedad, a través de la de elevar a público los acuerdos certificados que forman parte del poder representativo de los artículos 129 de la Ley de Sociedades Anónimas y 62 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y la forma de ejercer ese poder en cada estructura organizativa viene determinada imperativamente por la ley, sustraída a la libre disposición de la sociedad, en aras a la seguridad del tráfico, sin más posibilidades de modulación estatutaria que las que admite la propia ley. Que la calificación parte de una interpretación de la cláusula estatutaria en el sentido de que contiene una atribución solidaria de la facultad certificante, cuando la conjunción disyuntiva «o» denota diferencia, separación o alternativa, excluyendo claramente la idea de actuación conjunta o concurrente, permitiendo su empleo expresar tanto una idea de subsidiariedad como de solidaridad. Que, pese a ello, en modo alguno cabe que tal cláusula admita diversas lecturas sino que ha de entenderse que establece un régimen de actuación subsidiaria, precisamente por venir éste establecido imperativamente y ante esa predeterminación legal no existe diferencia entre hablar de «Secretario o Vicesecretario» y «secretario o, en su caso, Vicesecretario». Que, a mayor abundamiento, la calificación registral no puede atribuir a una cláusula determinada aquel sentido que la haga ilegal, sino todo lo contrario y si en la interpretación de los estatutos se han de observar las reglas generales sobre interpretación de los contratos cfr. Resolución de 11 de mayo de 1989 el artículo 1.284 del Código Civil impone que lo sea en el sentido más adecuado para que produzca efecto y ha de basarse en la presunción de la buena fe, en el principio de que los contratantes no han querido nada contrario a la ley, máxime si el negocio consta en escritura pública sujeto a control notarial de legalidad. Que, conforme al artículo 1.285 del mismo Código, las cláusulas han de interpretarse las unas por las otras estando al sentido que resulte del conjunto y en la propia cláusula rechazada se contempla la sustitución del Presidente y Secretario por Vicepresidente y Vicesecretario cuando los primeros no asistan a las reuniones del Consejo o a la Junta. Que, dada la
predeterminación legal de los supuestos en que procede la actuación del Vicepresidente o del Vicesecretario, puede traerse a colación el artículo 35 de la Ley del Cooperativas de 16 de julio de 1999, cuyo apartado quinto establece que «vacante el cargo de Presidente, sus funciones serán asumidas por el Vicepresidente, sin perjuicio de las sustituciones que procedan en casos de imposibilidad o contraposición de intereses»; 4.º Que la cláusula que ahora se rechaza se ha admitido en muchas ocasiones anteriores en el mismo Registro, por lo que en caso de rechazo el deber de motivación que es exigible con carácter general debe ser observado de manera especialmente escrupulosa, conforme al artículo 54.1.c) de la Ley 30/1992 y las sentencias 64/1984, de 21 de mayo, y 108/1988, de 8 de junio, del Tribunal Constitucional.
Mediante escrito de informe de 11 de Agosto de 2004, el Registrador titular del Registro número III de Valencia, don Carlos Javier Orts Calabuig, con la conformidad del Registrador don Rodolfo Bada Maño, elevó el expediente a este Centro Directivo. En dicho informe alegan: 1.º Respecto de la notificación de la calificación, que los titulares del Registro Mercantil de Valencia comunicaron a la Comisión para asuntos mercantiles del Colegio Notarial de Valencia, al entrar en vigor la Ley 24/2001, que la notificación al Notario autorizante de la calificación negativa del título presentado se efectuaría por vía telemática, sin perjuicio de que aquellos fedatarios públicos que lo considerasen oportuno manifestasen su preferencia por otro medio, sin que sea el caso del señor recurrente; y que se han cumplido los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992; 2.º Respecto de la motivación jurídica de la nota de calificación, que, en el ámbito mercantil, además del artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria, hay que tener en cuenta el artículo 62 del Reglamento del Registro Mercantil, que exige una expresión sucinta de los defectos y de la disposición en que se funda.
No obstante, y habida cuenta de la trascendencia que la regularidad de la notificación de la calificación negativa tiene respecto de la fijación del
«dies a quo» del cómputo del plazo para la interposición del recurso así como en relación con el inicio del plazo de prórroga del asiento de presentación (cfr. artículo 323 de la Ley Hipotecaria), interesa dejar constancia del criterio de esta Dirección General sobre dicha cuestión.
En cambio, según el nuevo sistema normativo (cfr. artículos 322 a 328 de la Ley Hipotecaria, redactados por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre)
no se establece un inicial recurso ante el Registrador con ulterior recurso de alzada ante esta Dirección General, sino que en aras de una mayor celeridad, se previene únicamente el recurso ante este Centro Directivo, de modo que en la calificación registral habrá de constar la íntegra motivación jurídica en que se fundamente la calificación negativa.
En consecuencia, el informe del Registrador no tiene ni debe tener por contenido defender la nota de calificación a la vista del recurso del Notario, exponiendo nuevos argumentos, pues con tal forma de actuar se está privando al recurrente del conocimiento íntegro de las razones por las que el funcionario calificador decidió no practicar el asiento solicitado. En suma, el momento procedimental único e idóneo en el que el Registrador ha de exponer todos y cada uno de los argumentos jurídicos que motivan su decisión es el de la calificación (artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria), sin que al emitir el referido informe deba motivar con fundamentos de derecho su decisión de mantener la suspensión o denegación de la inscripción, como si se tratara de una especie de recurso de reposición, de suerte que esta «decisión», a modo de segunda resolución, fuera susceptible de recurso de alzada. De ahí que, conforme al artículo 327, párrafo séptimo, de la Ley Hipotecaria, no sea la decisión de mantener la calificación lo que haya de notificarse a los interesados, sino únicamente la de rectificar dicha calificación con la consiguiente inscripción del título; y, según el párrafo octavo del mismo artículo, la falta de emisión en plazo del referido informe del Registrador no impide la continuación del procedimiento hasta su resolución La conclusión de cuanto antecede es que no pueden tenerse en cuenta las alegaciones del Registrador contenidas en su informe, en cuanto exceden del ámbito material propio de éste a tenor de la normativa vigente y de las reiteradas Resoluciones de este Centro Directivo.
Si el primero de los criterios hermenéuticos de los contratos también el de las disposiciones estatutarias-, al igual que de las normas en general (artículos 3 y 1.281 del Código Civil) ha de ser el de la literalidad, en el presente caso el empleo de la referida conjunción disyuntiva lo que revela
«prima facie» es que los elementos que relaciona se presentan en opción, no en subordinación entre ellos, de modo que cabe la actuación de cualquiera de los cargos indistintamente, uno u otro. Lo que ocurre es que la conjunción «o» puede también utilizarse no como disyuntiva sino, excepcionalmente, como copulativa (y es el recurso correcto en lugar del «y/o» empleado en muchas ocasiones, impropiamente), según acontece en el propio artículo 109 del Reglamento del Registro Mercantil respecto de la actuación del Presidente o Vicepresidente. Y si no sería lógico entender que dicha norma reglamentaria contenga disposiciones de signo diferente según que se trate del Vicesecretario o del Vicepresidente, aunque utilice la conjunción «y» para el primero y la conjunción «o» para el segundo, tampoco puede considerarse determinante el argumento literal a la hora de la interpretación de la norma estatutaria. Por ello, es lícito y necesario el recurso al argumento sistemático (cfr. artículo 1.285 del Código Civil), en el sentido de que en los mismos estatutos se contempla la actuación de los cargos vicarios para el supuesto de que el Secretario y el Presidente no asistan a las sesiones del Consejo. Además, atendiendo a la finalidad de la disposición estatutaria e interpretándola en el sentido más adecuado para que produzca efecto (artículo 1.284 de dicho Código) y, por ende, conforme al mencionado artículo 109 del Reglamento del Registro Mercantil, así como en el marco de lo que, según ha quedado expuesto, constituye la plasmación de un uso de comercio, y con arreglo a las exigencias de la buena fe (cfr. artículos 7 y 1.258 del Código Civil y 57 del Código de Comercio), pueden ser fácilmente despejadas las posibles oscuridades interpretativas de la disposición estatutaria cuestionada en este recurso, sin que se resienta la seguridad del tráfico jurídico. En efecto, dicha previsión estatutaria no comporta riesgo alguno de ambigüedad según las pautas hemernéuticas antes indicadas, pues una vez consultado el contenido del Registro, cualquier interesado estará en condiciones de saber que los acuerdos del Consejo pueden ser válidamente certificados por el Vicesecretario con el visto bueno del Vicepresidente siempre que los titulares a quienes sustituyan no puedan actuar como tales, por cualquier causa.

References: RESOLUCIÓN 
 artículo 17
 artículo 19
 Resolución 
 artículo 109
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 35
 artículo 54
 artículo 19
 artículo 62
 artículo 323
 artículo 327
 resolución 
 artículo 109
 artículo 1
 artículo 109