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Timestamp: 2018-09-25 03:44:57+00:00

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﻿ Sentencia 37812 de noviembre 14 de 2012
SENTENCIA 37812 DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2012
CONTENIDO:DESPIDO DEL TRABAJADOR EN LOS CASOS EN QUE PADECE ALGUNA DISCAPACIDAD. SE RECUERDA QUE EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 361 DE 1997, NO CONSAGRA UNA PRESUNCIÓN EN FAVOR DEL TRABAJADOR INCAPACITADO QUE ES DESPEDIDO Y SE PRECISA QUE EN NINGÚN CASO LA LIMITACIÓN DE UNA PERSONA, PODRÁ SER MOTIVO PARA OBSTACULIZAR UNA VINCULACIÓN LABORAL, A MENOS QUE DICHA LIMITACIÓN SEA CLARAMENTE DEMOSTRADA COMO INCOMPATIBLE E INSUPERABLE EN EL CARGO QUE SE VA A DESEMPEÑAR. ASÍ MISMO, NINGUNA PERSONA LIMITADA PODRÁ SER DESPEDIDA O SU CONTRATO TERMINADO POR RAZÓN DE SU LIMITACIÓN, SALVO QUE MEDIE AUTORIZACIÓN DE LA OFICINA DE TRABAJO. NO OBSTANTE, QUIENES FUEREN DESPEDIDOS O SU CONTRATO TERMINADO POR RAZÓN DE SU LIMITACIÓN, SIN EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO PREVISTO EN EL INCISO ANTERIOR, TENDRÁN DERECHO A UNA INDEMNIZACIÓN EQUIVALENTE A CIENTO OCHENTA DÍAS DE SALARIO, SIN PERJUICIO DE LAS DEMÁS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES A QUE HUBIERE LUGAR DE ACUERDO CON EL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Y DEMÁS NORMAS QUE LO MODIFIQUEN, ADICIONEN, COMPLEMENTEN O ACLAREN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIDENTE DE TRABAJO, INDEMNIZACIÓN LABORAL, PRESTACIONES SOCIALES, ERROR DE HECHO, RECURSO DE CASACIÓN, PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR, ARP, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
Sentencia 37812 de noviembre 14 de 2012
Rad.37.812
Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por ANA ELENA VILLAREAL ALMEIDA contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cartagena, el 16 de julio de 2008, en el proceso instaurado contra la sociedad SURTIGAS S.A.- E.S.P.
Ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cartagena, la actora demandó a la sociedad Surtigas S.A.- E.S.P.- para que fuera condena a reinstalarla al cargo que venía ocupando o a uno de igual o superior categoría y al pago de los salarios y prestaciones que deje de percibir entre la fecha del despido y aquella en que se produzca la reinstalación. Subsidiariamente, para que se le reconozca y pague la “indemnización plena de perjuicios por despido injusto (daño material: daño emergente y lucro cesante – daño moral)”; la suma de $247.598, indebidamente descontada; la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del trabajo y la indexación de la condena.
Para lo que rigurosamente interesa al recurso basta decir que fundó sus pretensiones en que laboró para la demandada desde el 17 de febrero de 1997 hasta el 24 de agosto de 2001; que su último cargo fue el de operaria de servicios generales, con un salario de $499.275; que el 8 de mayo de 1997, sufrió un accidente de trabajo “al resbalar de las escaleras, presentado una lesión en la rodilla derecha”; que debido a lo anterior, la ARP ordenó su reubicación, pero la demandada no la cumplió, y que la sociedad convocada a juicio la despidió sin justa causa el 24 de agosto e 2001, causándole perjuicios materiales y morales.
La sociedad demandada, se opuso a la prosperidad de las peticiones formuladas por la actora. Sostuvo que “…podía hacer uso de la facultad legal consagrada en el artículo 64 del C. S. del T, en razón a que la señora Ana Villarreal Almeida se encontraba realizando las funciones asignadas aunque de manera deficiente, en memorando de fecha 18 de febrero de 1999, aportado por el actor en su demanda, es decir la extrabajadora no se encontraba en periodo de incapacidad que impidiera a la empresa hacer uso de la facultad contemplada en el art. 64 del C. S. del T. (...) el despido obedeció a la liberalidad del empleador y no al accidente de trabajo ocurrido el 17 de febrero de 1997, a la fecha del despido de la trabajadora 24 de agosto de 2001, el hecho del accidente ya se encontraba superado por la empresa y para la trabajadora, la cual se encontraba reubicada realizando funciones laborales acordes con su limitación física”. Formuló las excepciones de inexistencia del derecho alegado y pago total de lo debido.
Fue proferida el 12 de octubre de 2007, y con ella el Juzgado declaró ineficaz el despido, y en consecuencia, ordenó a la demandada a reinstalar a la actora en el mismo cargo que desempeñaba o a otro de igual o superior categoría; la condenó a pagarle los salarios, prestaciones y aportes a la seguridad social en salud y pensiones, causados desde el 24 de agosto de 2001 hasta que se produzca la reinstalación y mientras permanezca la relación laboral, así como la indemnización equivalente a 180 días de salario establecida en el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, equivalente a la suma de $2.995.650.oo; declaró no probadas las excepciones y condenó en costas la parte vencida.
La alzada se surtió por apelación de la sociedad demandada y culminó con la sentencia acusada en casación, mediante la cual el Tribunal Superior de Cartagena, por medio de su Sala Laboral, revocó el fallo del A quo y, en su lugar, dispuso absolver a la sociedad llamada a juicio de todas las pretensiones formuladas en su contra, sin imponer costas por la alzada.
Para ello, y en lo que al recurso interesa, el juez colegiado, luego de copiar el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y de referirse al interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la demandada y a las declaraciones de terceros, asentó que “si bien el despido de la actora se produjo en forma unilateral y sin justa causa, del interrogatorio de parte, ni de la prueba testimonial relacionada observa la sala relación o nexo de causalidad entre el despido de la actora y su estado de incapacidad permanente parcial, ya que claramente lo dicen los testimonios que la causa del despido fue el incumplimiento de las funciones de la actora y el desgano e intolerancia que manifestaba en su trabajo. El hecho de que el representante legal de la empresa en su interrogatorio de parte manifieste que una de las causales de despido haya sido el bajo rendimiento no se puede deducir ineludiblemente que el despido obedeció a sus problemas de salud, ya que como esta (sic) suficientemente probado y la propia actora lo reconoce, fue reubicada y le fueron reasignadas funciones que a las voces del medico (sic) asesor de la ARP COLMENA se considero (sic) que el puesto de trabajo era adecuado para el desempeño laboral de la actora (folio 137 a 139). De tal manera que el bajo rendimiento expresado por el representante legal de la empresa en las nuevas funciones asignadas a la actora no necesariamente debió obedecer a su estado de salud, porque o existe prueba en el sub lite que demuestren quejas de la actora con la reasignación de funciones, de donde se dedujera que estas eran incompatibles con sus limitaciones físicas. Si la actora acepto (sic) la asignación de nuevas funciones fue porque se encontraba en condiciones de realizarlas a pesar de sus limitaciones de rodilla, de lo contrario lo hubiese manifestado o hubiese rechazado la valoración de las nuevas funciones que hizo la ARP”.
En sentir del Tribunal “el artículo 26 de la ley 361 de 1997 no consagra presunción alguna a favor del trabajador despedido, por lo que ineludiblemente quien alega esta norma para beneficiarse de su aplicación deberá demostrar fehacientemente el nexo causal entre el despido y la limitación que se padece. Ello conllevaría que ante la ausencia de prueba a favor de la actora se debería absolver indefectiblemente al demandado”.
Por último, sostuvo el colegido que “a pesar de las facultades ultra y extra petita que conserva el fallador de primera instancia no encuentra la sala en los hechos de la demanda alusión expresa a que el despido haya sido producto de la limitación física, e incluso tampoco solicito (sic) la reinstalación que por interpretación constitucional se hizo del artículo 26 de la ley 361 de 1997. En ese orden de ideas se considera que no existió causa petendi en el sub examine para condenar al demandado a la restitución de la actora por lo que habrá de revocarse el fallo (…) sintetizando, no encuentra la sala que el motivo del despido de la actora haya sido las limitaciones físicas que padece, como tampoco se encuentra la causa petendi de la condena de primera instancia”.
Inconforme con la decisión la actora pretende en su demanda, que fue replicada, que la Corte case “en su totalidad, revocándola, la sentencia dictada por el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena”, para que, en sede de instancia, confirme íntegramente el fallo de primer grado.
Para ese propósito presenta en realidad cuatro cargos, el primero por la vía indirecta, y los restantes por la vía directa, los cuales serán decididos de la manera como sigue:
Acusa la sentencia impugnada de violar indirectamente, en la modalidad de aplicación indebida, los artículos “60 y 61 del Código Procesal del T. y de la S.S., y 174, 187, 194, 251, 252-1,3 y 258 del Código de Procedimiento Civil, 666, 1495, 1500, 1527, 1602, 1603 y 1625 del Código Civil, parágrafo del artículo 7º y artículo 16 del decreto 2351 de 1965 y 26 de la ley 361 de 1997”.
Dice que la violación de la ley se produjo como consecuencia de los siguientes errores ostensibles de hecho:
“No dar por demostrado, estándolo, que para proceder al despido de la señora ANA ELENA VILLARREAL ALMEIDA, SURTIGAS S.A. E.S.P. no solicitó la autorización del Ministerio de la Protección Social que, como deber, impone el artículo 26 de la ley 361 de 1997 a los empleadores para proceder al despido de trabajadores discapacitados”.
Dar por demostrado, no estándolo, que el despido de la señora ANA ELENA VILLARREAL ALMEIDA, se produjo por deficiente rendimiento por el desinterés mostrado, a pesar de su reubicación, dice la sentencia de segundo grado – y por causa inconexa con el estado de discapacidad permanente parcial de la actora.
“Dar por demostrado, no estándolo, que la señora ANA ELENA VILLARREAL ALMEIDA fue reubicada funcionalmente”.
“Dar por demostrado, no estándolo, que todos los motivos del despido de ANA ELENA VILLARREAL quedaron consignados en la carta de despido de fecha 24 de agosto 2001 y que, como consecuencia, no podían considerarse motivos diferentes con posterioridad”.
“No dar por demostrado, estándolo, que en el texto de la demanda inicial se demandó la reinstalación de la trabajadora ANA ELENA VILLARREAL ALMEIDA”.
Como pruebas mal apreciadas relaciona la carta de despido (folio 36), la confesión judicial del representante legal de la demandada (folios 330 a 332), el interrogatorio de la actora (folios 328 y 329), los testimonios de folios 334, 340, 354 y 357, el manual de funciones (folios 265 y 273), el memorando de funciones (folios 23 y 24) y la demanda inicial.
Comienza la demostración afirmando que “la sentencia recurrida incurre en error de hecho cuando omite discernir acerca de cuáles son las consecuencias de no haber solicitado el empleador autorización previas al despido al Ministerio de la protección social. Lo que sí quedó plenamente demostrado fue que el empleador omitió este deber legal. Sin embargo, la sentencia recurrida, a sabiendas de que la carga demostrativa, en este caso, es del empleador, la invierte y razona, inválidamente y fuera de contexto- en un comentario al artículo 7º del decreto 2351 de 1965 <el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 no consagra presunción alguna a favor del trabajador despedido>. El deber del juzgador de segunda instancia era constatar si el empleador había satisfecho la condición legal exigida a efectos de validar su comportamiento frente al contrato del trabajador, dada la estabilidad laboral reforzada que amparaba a la actora, tal como lo dijo la Corte Constitucional en Sentencia C-531 de 2000”.
Más adelante, acota que al absolver el interrogatorio de parte, el representante legal de la demandada sostuvo que “ella era una persona que cumplía con sus funciones”, por lo que el Tribunal “minimiza el contenido de la confesión, lo banaliza, para decir entre líneas, que no empece que el representante legal la ha aceptado circunstancias que afectan a la demandada, los testimonios lo desmienten y por tanto, el valor de la verdad de lo discutido, de lo debatido, está en la prueba testimonial. Qué tiene que ver el hecho de la reubicación con la aceptación que hizo el representante legal de que el despido efectivamente fue por el bajo rendimiento? En el razonamiento del Tribunal se vislumbra una falencia de falsa causa, dado que lo que sí es cierto es que sí es condición necesaria la existencia de una determinación entre el estado de salud de la actora y su bajo rendimiento, como quedó demostrado”.
Sostiene que “…de los interrogantes de ambas partes, así como del contenido de la parte pertinente del manual de funciones, alusiva al cargo de la actora, se desprende que, materialmente, no hubo, la tal reubicación: reubicación no es nombre que designe reducción de funciones del cargo, pues la actora siguió desempeñándose en las mismas, solo que le quitaron las de trapear y lavar baños. La prueba documental- el memorando de funciones <nuevas> obrante a folios 23 y 24 reduce las funciones del cargo de la actora, pero no es, como dije, el perfil propiamente dicho de una reubicación. Y la actora en su interrogatorio de parte al preguntado 3 manifiesta que sí es cierto que la demandada procedió a reubicarla pero a partir de eso le tocaba cocinarle a la junta directiva. Y tal afirmación es coherente con la subida y bajada de escaleras entre los pisos 1 y 2 como se manda en el dicho memorando”.
Posteriormente afirma que “el debate probatorio que se apertura a partir de la iniciación de este proceso, por expreso mandato del citado —por el Tribunal— parágrafo del artículo 7º del decreto 2351 de 1965, no podía tener la virtualidad de expandir sus límites— y su contenido más allá del preciso marco original en cuanto hace a los motivos del despido. El Tribunal hace un aditamento irracional a la mencionada preceptiva al contemplar la posibilidad de considerar como viable el que, a pesar del contenido de la carta de despido en este caso, cuando quiera que se esté frente a situaciones del inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, se pueden contemplar motivos nuevos. Tal apreciación de la documental mencionada, en relación con la otra prueba señalada, me resulta irracional por cuanto introduce elementos legislativos. Peor aún resulta tal apreciación probatoria si se considera que, en cierto sentido, la Corte Constitucional en la célebre Sentencia C- 531 de 2000 se vio tentada a establecer la presunción por causa de la discapacidad en los casos de estos despidos”.
Anota que es “evidente que cuando el Tribunal, a página 7 de su sentencia dice que no fue solicitada la reinstalación, aprecia mal la demanda introductoria- documento en el proceso- pues basta con leer las pretensiones de la demanda”.
Confuta los cargos arguyendo, en suma, que: (i) carecen de la técnica propia del recurso extraordinario; (ii) “el Tribunal ubica su determinación en que el demandante le tocaba probar que la razón que tuvo la empleadora para despedirla fu su situación de deficiencia física y no lo hizo. La realidad es que en ello no hay ningún error, ni fáctico ni jurídico, pues la realidad es que el contenido del artículo 26 de la ley 361 de 1977, tal como lo señaló la jurisprudencia de la Corte Constitucional, supone que para que proceda la declaratoria de ineficacia del despido en el caso que ella contempla, el despido tiene que ser <por razón de su limitación>, lo cual involucra un elemento intencional que necesariamente debe ser probado por quien quiere beneficiarse del efecto de la disposición, en especial porque la norma no contempla una presunción que traslade la carga de la prueba e imponga desmostar que se tuvo una razón diferente por parte de la empresa. Sencillamente, el discernimiento del Tribunal se encuentra perfectamente ajustado al contenido de la disposición y por eso no pudo incurrir en error alguno cuando exigió a la demandante la prueba de ser el motivo de su despido, su estado de discapacidad” (folio 45, cuaderno 3), y (iii) “es cierto que en este caso la empleadora no invocó ninguna razón para terminar el contrato, pero no significa que no tuviera motivos para hacerlo y por eso en el transcurso del proceso salen a flote tales motivos, lo cual sencillamente respalda o profundiza la ausencia de prueba que destacó el Tribunal en cuanto a que el despido se había producido por causa o con ocasión de la discapacidad de la demandante. Sencillamente, se tiene que las pruebas de todos modos apuntan a destacar que a la actora se le despidió por su falta de rendimiento en las labores y de entendimiento con sus compañeros y ello distancia todavía más la posibilidad de concluir que el despido se hubiera originado en su limitación física”.
Antes de entrar a estudiar si se cometieron los yerros fácticos que la impugnante endilgó en lo que denominó “Primer motivo de casación”, se impone recordar que tal como lo ha explicado de manera reiterada esta Sala de la Corte, si el ataque en casación se plantea por errores de hecho, como aquí sucede, los razonamientos conducentes deberán dirigirse a criticar la valoración probatoria y demostrar con argumentos serios y atendibles que el desacierto fue garrafal, de modo que se imponga a la mente sin necesidad de conjeturas, suposiciones, hipótesis, sospechas o, en general, interpretaciones de la prueba que mediante elucubraciones subjetivas permitan inferir algo distinto a lo que en si misma de manera evidente ella acredita. Por tal razón, se ha dicho que por esa clase de yerro sólo puede tenerse el que surge del simple cotejo entre el hecho que se haya dado por demostrado por el fallador y lo que claramente resulte establecido de las pruebas, esto es, que sea protuberante o como gráficamente se ha señalado por la jurisprudencia, “brille al ojo”.
Como lo asentara la Corte en sentencia de 11 de febrero de 1994 (Radicación 6043), el error evidente de hecho es aquel que “se presenta, según el caso, cuando el sentenciador hace decir al medio probatorio algo que ostensiblemente no indica o le niega la evidencia que tiene, o cuando deja de apreciarlo, y por cualquiera de esos medios da por demostrado un hecho sin estarlo, o no lo da por demostrado estándolo, con incidencia de ese yerro en la ley sustancial que de ese modo resulta infringida”; precisión ésta que sirve para determinar que el consistente en “No dar por demostrado, estándolo, que para proceder al despido de la señora ANA ELENA VILLARREAL ALMEIDA, SURTIGAS S.A. E.S.P. no solicitó la autorización del Ministerio de la Protección Social que, como deber, impone el artículo 26 de la ley 361 de 1997 a los empleadores para proceder al despido de trabajadores discapacitados”, en puridad verdad no lo es, puesto que su comprobación requiere de análisis jurídicos extraños en un todo a la vía escogida en el ataque. Ello por cuanto elucidar si la mencionada disposición impone el deber de solicitar ante la autoridad gubernativa la autorización para despedir no aflora del material probatorio sino de la misma ley.
Sobre el segundo error de hecho, la censura afirma que la prueba de confesión debe primar sobre la testimonial.
Debe recordar la Corte Suprema de Justicia que en virtud de lo dispuesto por el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en los juicios laborales los jueces gozan de libertad para apreciar las pruebas, por lo que si bien el artículo 60 ibídem les impone la obligación de analizar todas las allegadas en tiempo, están facultados para darle preferencia a cualquiera de ellas sin sujeción a tarifa legal alguna, salvo cuando la ley exija determinada solemnidad al sustantiam actus, pues en tal caso "no se podrá admitir su prueba por otro medio", tal y como expresamente lo establece la primera de las citadas normas; por tal razón la Corte está llamada a respetar dichas apreciaciones probatorias, a menos que de ellas surge incontrastable un yerro con la entidad de manifiesto, ostensible o evidente.
Sin embargo, debe destacar la Sala, primero que el ataque no expresa con claridad qué fue lo confesado por el representante de la sociedad demandada y cómo repercute en la decisión del juzgador y, segundo, las respuestas dadas por éste al absolver el interrogatorio de parte no permiten establecer o deducir que el móvil de la terminación del contrato de trabajo fue la limitación de la demandante; pues una cosa es que el empleador conozca del estado de salud del trabajador y otra, diametralmente distinta, es que el motivo para terminar la relación laboral sea dicha limitación, que fue, en estricto rigor, lo que echó de menos el Tribunal y que no logra enervar la censura.
Consiste el tercero de los errores que se le endilgan a la sentencia gravada en que el Tribunal dio por demostrado, sin estarlo, que fue reubicada. En relación a este punto el juzgador dijo que la “actora fue reubicada y le fueron reasignadas funciones que a las voces del médico asesor de la ARP COLMENA se considero (sic) que el puesto de trabajo era adecuado para el desempeño laboral de la actora (folios 137 a 139)”. Dado el carácter de documento simplemente declarativo en que se basó el juez colegiado, su contenido debe ser apreciado "en la misma forma que los testimonios", de conformidad con lo establecido en el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, pese a la modificación introducida por el artículo 27 de la Ley 794 de 2003, aplicable en los juicios del trabajo por virtud de lo dispuesto en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; y como es conocido, la prueba por testigos no es una de las tres hábiles para estructurar un error de hecho manifiesto en la casación del trabajo, a la luz de lo estatuido en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969.
En sentencia de 17 de marzo de 2009, radicación 31.484, la Corte Suprema de Justicia, razonó:
“Aunque, a raíz de la reforma introducida al ordinal 2º del artículo 277 del C. de P. C., por el artículo 23 de la Ley 794 de 2003, para la apreciación de los documentos declarativos emanados de terceros, ya no se requiere la ratificación de su contenido ‘…mediante las formalidades establecidas para la prueba de testigos…’, ni su apreciación se debe hacer ‘…en la misma forma que los testimonios.’, como lo exigía la anterior norma, sino que, simplemente, ‘…se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación.’, tal como lo prevé el actual texto legal, y ya lo había previsto el ordinal 2º del artículo 22 del Decreto 2651 de 1991 y lo adoptó definitivamente el artículo el numeral 2º del artículo 10 de la Ley 446 de 1998, dichos cambios legislativos no alcanzan a variar la vieja tesis de la Corte de que los documentos de esta naturaleza no son prueba calificada en casación, pues, si bien, tal postura había estado basada en el carácter no autentico del documento, toda vez que, para poder ser apreciado en juicio requería de su ratificación, también se ha venido considerando que, no obstante ratificarse éstos en el proceso, tenían una naturaleza intrínseca testimonial, lo cual, si bien se apoyaba en el mismo texto legal, que exigía que fueran apreciados ‘…en la misma forma que los testimonios.’, según lo disponía inicialmente el artículo 277 del C. de P. C., no por haberse eliminado tal previsión del legislador, puede decirse que ha desaparecido su condición de testimonio, así sea extraprocesal, ni que para su valoración no se deban seguir las mismas reglas de apreciación y crítica de este tipo de pruebas, lo cual se ofrece claro en el caso presente, en donde los referidos documentos son actas de declaraciones rendidas por testigos ante el propio empleador, en donde se debe ser más riguroso al momento de determinar su valor de convicción.
Con todo, obsérvese que el juez de alzada no infirió de la probanza nada distinto de lo que ella acredita, ya que allí se encuentra consignado: “Riesgo ocupacionales del oficio. ERGONOMICOS (…) En el caso de la Sra. Ana Villareal se le han asignado funciones donde se evita exponerla a dicho riesgo ergonómicos. Conclusiones y recomendaciones. Una vez analizado el puesto de trabajo y los antecedentes personales del (sic) Sra. Ana Villareal, considero que este es adecuado para el desempeño laboral de dicho trabajador, toda vez que reúne las condiciones y recomendaciones emitidas por los médicos tratantes”.
El error de hecho manifiesto denunciado como el número cuatro, consiste en que el Tribunal dio demostrado, no estándolo, que todos los motivos del despido de Ana Elena Villarreal quedaron consignados en la carta de despido de fecha 24 de agosto 2001 y que, como consecuencia, no podían considerarse motivos diferentes con posterioridad.
En sentir de la Sala de casación no es dable endilgársele al juez de apelación haber apreciado erróneamente la carta de terminación de la relación laboral, habida cuenta de que no extrajo de ella conclusiones que desoyeran sus voces objetivas.
Dice la comunicación: “Nos permitimos informarle que la Empresa ha decido dar por terminado unilateralmente su contrato de (sic) a partir de la fecha [24 de agosto de 2001], reconociéndole una indemnización de acuerdo al artículo 8º Decreto-Ley 2351/65 subrogado Ley 50/90”. Lo que infirió el Tribunal de ella fue que “el despido de la actora se produjo en forma unilateral y sin justa causa”, es decir, no se visualiza defecto valorativo alguno.
Empero lo precedente, el Tribunal sí auscultó en el haz probatoria con el fin de establecer si la empleadora había dado por fenecida la relación por motivos de la limitación sufrida por la promotora de la litis, dado que su labor radicó en determinar, como lo asentó a folio 47, en “si la actora fue o no despedida a causa de la incapacidad permanente parcial que padece”.
Tiene dicho esta Corporación que el objeto primordial de la previsión contenida en el parágrafo del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965 es permitirle a la parte contra la cual se aduce la existencia de una justa causa que motiva la decisión de la otra de terminar el contrato de trabajo, el desarrollar plenamente el derecho de contradicción de lo que se le imputa y de tal forma ejercer debidamente su derecho de defensa en las instancias en que ello corresponda. Se pretende, además, materializar los postulados de lealtad y claridad que deben existir en toda relación contractual y que tienen lugar preponderante en el cumplimiento del contrato de trabajo. Pero, en el asunto bajo examen le correspondía a la actora demostrar, como más adelante se verá, que su despido se produjo por la limitación que padece, es decir, derruir lo sostenido por la demandada al momento de terminar el vínculo que los ató.
El quinto error enrostrado al juzgador consiste, según la censura, en que no tuvo por demostrado, estándolo, que en el texto de la demanda inicial se demandó su reinstalación. En la demostración se dice que “basta con leer las pretensiones de la demanda” para advertir que la reinstalación sí se pidió.
Adujo el Tribunal que “a pesar de las facultades ultra y extra petita que conserva el fallador de primera instancia no encuentra la sala en los hechos de la demanda alusión expresa a que el despido haya sido producto de la limitación física, e incluso tampoco solicito (sic) la reinstalación que por interpretación constitucional se hizo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997. En ese orden de ideas se considera que no existió causa petendi en el sub examine para condenar al demandado a la restitución de la actora por lo que habrá de revocarse el fallo (…) sintetizando, no encuentra la sala que el motivo del despido de la actora haya sido las limitaciones físicas que padece, como tampoco se encuentra la causa petendi de la condena de primera instancia”.
Observa la Sala que a simple vista no se desprende de la lectura de la demanda inicial error manifiesto o protuberante del Tribunal, en la medida en que los hechos sobre los cuales se soportaron las pretensiones, no tienen su sustento en que el despido haya sido producto de la limitación física o con fundamento en la interpretación constitucional se hizo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, como lo concluyó el sentenciador.
Incluso, nótese que las razones de derecho esgrimidas en la demanda fueron “como quiera que la presente acción está orientada a obtener la reinstalación de la extrabajadora, las razones de derecho que a continuación se exponen, sustentaran las siguientes pretensiones: Para la prosperidad de la petición principal (reinstalación) ha de considerarse que la terminación unilateral del contrato de trabajo con violación del derecho conlleva a la ineficacia del acto y presupone que el contrato de trabajo no ha terminado. El art. 16 del Decreto 2351 de 1965 establece, como obligación al empleador, el proporcionar al trabajador incapacitado un trabajo compatible con sus aptitudes, esto es, el empleador deberá reubicar al trabajador si es necesario. En el presente caso, la necesariedad (sic) de la reubicación es verificada por el médico de la A.R.P. a la cual se encontraba afiliada la actora. La omisión del patrono en el cumplimiento del deber consagrado en la norma anterior, sumado a la consecuencia lesión del derecho, genera, repito, la ineficacia del despido. Frente a la cual, el empleador, deberá reinstalar a la trabajadora”, luego no hacen referencia a lo que el Tribunal extrañó.
Total, el cargo no sale triunfante, puesto que la Sala sentenciadora no incurrió en los errores fácticos enrostrados por la censura.
Luego trae un capítulo que denomina “SEGUNDA CAUSAL”, en el cual expresa lo siguiente:
Acusa la sentencia por infracción directa “del parágrafo del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965 que condujo, a su vez, a la violación del inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 en concordancia con el artículo 16 del decreto 2351 de 1965, la Ley 82 de 1988 y su decreto reglamentario el 2177 de 1989, en armonía con los artículos 666, 1495, 1500, 1527, 1602, 1603 y 1625 del Código Civil.
Dice la impugnante que el juzgador infringió el parágrafo del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965 “debiendo aplicarlo, se rebela contra él —y declara que no empece la existencia de este precepto, es el trabajador quien debe demostrar que su despido se produjo con ocasión de su estado de discapacidad. Por esta vía el Tribunal está admitiendo que, a pesar de ser los motivos alegados en la carta de despido distintos de los debatidos en el proceso, y siendo que del contenido de la carta de despido como de la circunstancia de discapacidad de la actora se desprende la violación del inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997— por no obtener la autorización del Ministerio de la Protección Social- dicha norma resulta inaplicable al caso y por tanto no la aplica”.
Continua diciendo la censura que para el Tribunal “es el trabajador quien tiene que demostrar que el despido se produjo por causa de su discapacidad, exigencia que resulta irracional y desproporcionada si se considera que es justamente el carácter público de los motivos y su conocimiento lo que va a determinar y condicionar el ataque, en su demanda, por parte del trabajador a dichos motivos, por el contrario, si estos resultan desconocidos para el trabajador, apenas los intuye, intuición que no hace pesar sobre sus hombros la carga probatoria aludida por el Tribunal. Es el empleador quien debe demostrar, en las condiciones de un trabajador reubicado, discapacitado y actualmente en tratamiento, que obtuvo la autorización administrativa para despedir por justa causa”.
Acusa la sentencia por infracción directa del “inciso segundo del artículo 26 de la ley 361 de 1997, que condujo, a su vez, a la violación de la Ley 82 de 1988 y su decreto reglamentario 2177 de 1989, en armonía con el convenio 159 de la O.I.T. y los artículos 2º, 13, 47 y 54 de la C.N.”.
Asegura la recurrente que de la lectura de la Sentencia C- 531 de 2000 se debe inferir que “por parte alguna, la ley exige la prueba —aunque demostrado está en el proceso la discapacidad de la actora— que, como exigencia, le atribuye el Tribunal a la Ley 361 de 1997. No podrá despedir sin autorización del Ministerio del Trabajo- hoy de la Protección Social. Y, para profundizar la infracción mencionada, agrega ingredientes normativos tales como fehacientemente, y a la manera de tarifa legal expresa que ineludiblemente quien alega esta norma debe probar el nexo de causalidad entre la discapacidad y el despido. Sin embargo, cuando uno da la vuelta a la página que sigue de la sentencia recurrida observa que el Tribunal dice que no existió causa petendi por no haberse invocado dicha normatividad. Intrínseca contradicción originada en un falso juicio”.
Acusa el fallo de interpretar erróneamente el “parágrafo del artículo 7º del decreto 2351 de 1965, del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, del artículo 16 del Decreto 2351 de 1965 y del artículo 50 del C.P. del T. y de la S.S. que condujo, a su vez, a la violación del artículo 26-2 de la ley 361 de 1997, de la Ley 82 de 1988 y su decreto reglamentario 2177 de 1989, en armonía con el convenio 159 de la O.I.T. y de los artículos 2º, 13, 47 y 54 de la C.N.”.
Sostiene que el entendimiento dado por el Tribunal a las normas denunciadas “resulta de una irracionalidad desproporcionada esa inteligencia si se considera que lo que hace el juzgador de segunda instancia es introducir una serie de elementos normativos que no hacen parte de las disposiciones mismas que se utilizan para la decisión. El juez no puede sino trabajar con los insumos que el ordenamiento jurídico buenamente lo prodiga, por manera que, aunque quiera, no puede integrar a las normas legales elementos o circunstancias que no fueron considerados por el legislador. La interpretación del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 es obligadamente constitucional, y existiendo la Sentencia C- 531 de 2000, no podía el Tribunal apartarse del recto entendimiento señalado por la Corte a menos que, ahí sí fehacientemente, argumentara en mejores términos políticos y jurídicos que la propia Corte. No embargante, interviene la carga de la prueba y saca del escenario de la responsabilidad del empleador su deber de demostrar en juicio que solicitó la autorización de las autoridades administrativas del trabajo para hacerle responde al empleado por una prueba fehaciente que la ley no le impone con la consecuencia adicional de tener que absolver ineludiblemente al demandado”.
Las anteriores acusaciones serán resueltas conjuntamente de acuerdo con el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991.
Debe la Corte recordar que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, no consagra una presunción en favor del trabajador incapacitado que es despedido.
En reciente decisión del pasado 16 de marzo de 2010, radicación 36.115, la Corte Suprema de Justicia, en su labor hermenéutica, razonó:
Su articulado consagra un importante elenco de derechos y garantías en beneficio de ese grupo de personas y establece las obligaciones y responsabilidades que les caben al Estado y a la sociedad, en el propósito de facilitar a ese contingente de seres humanos un modo de vida digno que les permita la rehabilitación, el bienestar social, el acceso preferente a la educación, a los bienes, al uso del espacio público, al trabajo, etc.
Esa plausible filosofía informa su artículo 26((1)), que prescribe:
“No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días de salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren” (Las negrillas no pertenecen al texto).
Sin duda, este texto legal veda la terminación del contrato de trabajo motivada, única y exclusivamente en la limitación física, sensorial o psíquica del trabajador. Es decir, que la limitación de su empleado sea el móvil, único y exclusivo, que guíe la voluntad del empleador para acabar el nexo laboral.
De tal suerte que la repulsa decidida y la sanción severa del legislador se predican del despido o del fenecimiento del contrato de trabajo cuyo solo motor haya sido la disminución física, sensorial o psíquica del trabajador.
Claro que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 constituye una valiosa herramienta que propende por garantizar la asistencia y la protección necesarias de las personas con limitaciones significativas, en la medida de reprimir severamente el fenecimiento del vínculo de trabajo que haya tenido causa en esas especiales condiciones que afectan a los trabajadores.
Pero no figura consagrada en esa preceptiva legal una presunción, entendida como el razonamiento lógico que hace el legislador —con el fin de darle estabilidad a las relaciones de orden social, familiar y patrimonial— de tener por demostrado o por probable un hecho a partir de otro cuya evidencia probatoria no se discute.
Su redacción no da margen para concluir el establecimiento de una presunción, ya legal, susceptible de ser desvirtuada, ora de derecho, que no admite la posibilidad de ser desmoronada.
No contiene esa norma una inferencia lógica del legislador en el que a partir de un hecho antecedente “se entienda”, “se repute”, “se presuma” otro hecho, en el sentido de tener por probado o por probable este último” (subrayado fuera de texto).
Así las cosas, el Tribunal no incurrió en yerro alguno al concluir que “el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 no consagra presunción alguna a favor del trabajador despedido, por lo que ineludiblemente quien alega esta norma para beneficiarse de su aplicación deberá demostrar fehacientemente el nexo causal entre el despido y la limitación que se padece. Ello conllevaría que ante la ausencia de prueba a favor de la actora se debería absolver indefectiblemente al demandado”.
Sin embargo, observa la Sala que la conclusión que aquí se adopta tiene respaldo frente a lo que evidencian las pruebas del proceso, sin que esté de más advertir que en los casos en que esté de por medio el despido de un trabajador discapacitado, deben los jueces acentuar el rigor probatorio en favor de esa clase de personas, de manera que la protección especial que la ley consagra en favor de ellas, quede debidamente garantizada.
No prosperan los cargos. Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente, por cuanto hubo oposición. En su liquidación, inclúyanse como agencias en derecho la suma de tres millones de pesos ($3’000.000).
En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cartagena, el 16 de julio de 2008, en el proceso instaurado contra la sociedad SURTIGAS S.A.- E.S.P.
1 La Corte Constitucional, en Sentencia C-531 de 2000, declaró exequible el inciso 2, bajo el supuesto de que carece de todo efecto jurídico el despido o la terminación del contrato de una persona por razón de su limitación sin que exista autorización previa de la oficina del Trabajo que constate la configuración de la existencia de una justa causa para el despido o terminación del respectivo contrato.

References: ARTÍCULO 26
 artículo 65
 artículo 64
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 7
 artículo 16
 artículo 26
 artículo 7
 artículo 26
 artículo 7
 artículo 26
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 artículo 26
 artículo 61
 artículo 60
 artículo 277
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 artículo 145
 artículo 7
 artículo 277
 artículo 23
 artículo 22
 artículo 10
 artículo 277
 artículo 8
 artículo 7
 artículo 26
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 artículo 7
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 artículo 16
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 artículo 50
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 artículo 51
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