Source: https://monsieurdevillefort.wordpress.com/2013/02/27/agencia-espanola-de-proteccion-de-datos-no-lee-los-escritos-o-falta-a-la-verdad-en-sus-resoluciones/
Timestamp: 2018-06-21 02:42:23+00:00

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AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS. ¿NO LEE LOS ESCRITOS O FALTA A LA VERDAD EN SUS RESOLUCIONES? | MONSIEUR DE VILLEFORT
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AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS. ¿NO LEE LOS ESCRITOS O FALTA A LA VERDAD EN SUS RESOLUCIONES?
Puede parecer una barbaridad, pero así es: la Agencia Española de Protección de Datos ha demostrado que o no lee los escritos que llegan a su poder o falta a la verdad en sus resoluciones. Y esta afirmación me permito hacerla a raíz de un caso concreto sufrido en propias carnes por el humilde redactor de este blog y que paso a relatarles para que cada cual extraiga sus propias conclusiones.
Todo parte de una solicitud de portabilidad de una línea de telefonía móvil. La empresa Vodafone, en la última factura girada, aplicó una cláusula de penalización por “incumplimiento acuerdo descuento” (sic) de seiscientos euros, que ulteriormente redujo a ciento ochenta. Dado que el titular de la línea no había suscrito ningún tipo de compromiso y la permanencia ya se había sobrepasado con creces, se procedió a devolver el recibo, tras lo cual la entidad Vodafone procedió a inscribir los datos del titular en las entidades Asnef Equifax y Badexcug Experian, amén de ceder la deuda a una compañía, Collecta, cuyos métodos de cobro si a algo se asemejan es a los utilizados por Frank Nitti “el liquidador” (respecto a esta última compañía, denunciada en vía penal por acoso telefónico, hablaremos otro día en otro post). El caso es que a quien esto suscribe no le quedó otra opción que acudir a la vía civil para solicitar la anulación de la factura y la condena a Vodafone a retirar los datos de todos los ficheros en que se hubiesen inscritos los datos, así como la condena a daños morales. La sentencia estima en todos sus extremos la demanda al constatar que no existía ningún acuerdo de descuento y que, aún en el supuesto de que existiera, no se había aplicado en las facturas descuento alguno; se estima que la inclusión de los datos del actor en los ficheros en cuestión tiene la consideración de ilícita y, en consecuencia, se condenó a la entidad Vodafone a retirar los datos cedidos de todas las empresas a las cuales se hubieran facilitado los mismos y a indemnizar al demandante en 300 euros. Dicha sentencia devino firme.
Pues bien, firme la sentencia se procedió a denunciar los hechos ante la Agencia Española de Protección de Datos. En el mismo se hacía en el apartado antecedentes de hecho una exhaustiva narración de los hechos, se transcribía literalmente la sentencia civil y se finalizaba el relato fáctico con el siguiente párrafo “Se aportan como prueba documental acreditativa de los aspectos relatados en los anteriores antecedentes de hecho los siguientes: 1.- Demanda, documental aportada junto con la demanda, Decreto de admisión a trámite y señalamiento de vista así como Sentencia dictada en autos de Juicio Verbal —/2012 seguido en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Gijón a instancias del hoy denunciante frente a Vodafone España S.A.U. 2.- Carta de la entidad BADEXCUG-EXPERIAN fechada el día 1 de mayo de 2012. Dado el volumen que supone la documental, ésta se facilita en formato de lectura PDF y en soporte digital CD-ROM adjunto al presente escrito de denuncia.” (los párrafos en negrita y subrayado constan así en el original, eliminando en esta transcripción únicamente los datos identificativos del proceso judicial). Pues bien ¿Qué creen ustedes que contesta la Agencia de Protección de Datos?; a continuación, y en el apartado de fundamentos jurídicos, se argumentaba que la cesión de datos por parte de Vodafone a las entidades Asnef Equifax y Badexcug Experian suponían una infracción de la ley de protección de datos, pues una sentencia civil firme había declarado la cesión ilícita y, en consecuencia, entendía el denunciante que sobre la base de los hechos declarados probados en la sentencia civil no cabía más que entender que se había producido una cesión ilícita sancionable en vía administrativa. Pues sorpréndase ustedes……¡remite a la vía civil para la interpretación de la cláusula de permanencia! La Agencia dice entre otras lindezas, lo siguiente: “Esta Agencia no es competente para dirimir cuestiones civiles, tales como las relativas a la validez civil o mercantil del contrato, la exactitud de la cuantía de la deuda, la correcta prestación de los servicios contratados o la interpretación de las cláusulas contractuales, pues su competencia se limita a determinar si se han cumplido los requisitos legales y reglamentarios establecidos para su tratamiento. La determinación de la legitimidad de una deuda basada en la interpretación del contrato suscrito o de su cuantía deberá instarse ante los órganos administrativos o judiciales competentes […] Habida cuenta de lo expuesto, el hecho de que exista una controversia sobre la interpretación del contrato, no supone vulneración de la Ley 15/1999 de 13/12, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). En el presente caso, la cuestión planteada se ciñe a la interpretación de la cláusula de permanencia”.
La sorpresa del denunciante fue monumental, dado que quien había dictado tal resolución o no había leído con toda claridad el escrito de denuncia o, si lo había hecho, no se había enterado de la misa a la media. En consecuencia, presentó un recurso de reposición frente a la misma, cuyo fundamento jurídico segundo transcribimos en su integridad: “Entrando en el fondo del asunto, sorprende sobremanera la resolución objeto del presente recurso que, amén de su sincretismo (apenas medio folio) o bien no ha comprendido el escrito de denuncia o ha realizado una lectura apresurada y equivocada de la misma. Y ello porque la cuestión a plantear no es, como desacertadamente se indica “una interpretación de la cláusula de permanencia”, por la potísima razón (que una atenta lectura de la denuncia hubiese despejado a las primeras de cambio) de que tal circunstancia ya ha sido resuelta por los tribunales civiles, en concreto en la Sentencia de — de 2012 del Juzgado de Primera Instancia número Dos de Gijón dictada en autos de juicio verbal número —/2012 que, amén del hecho de que su fallo fue transcrito íntegramente en el antecedente de hecho primero del escrito de denuncia, a mayor abundamiento fue objeto de aportación documental como prueba de cargo junto con dicho escrito inicial. La remisión, pues, a los tribunales civiles realizada en el acto impugnado es cuando menos extraña toda vez que cualquier persona que se hubiese molestado en leer aunque sea de forma somera el escrito de denuncia podría haber verificado, sin necesidad de consultar o comprobar la documental, que el denunciante ya había acudido a los tribunales del orden civil, que habían resuelto estimatoriamente la cuestión declarando la ilicitud de la cesión de datos.
La cuestión a plantear no es, pues, la que se indica en el acto administrativo impugnado, sino otra muy diferente, a saber: si la cesión de datos personales cuya ilicitud ha sido declarada por un juzgado del orden jurisdiccional civil en una sentencia que tiene la consideración de firme es susceptible de constituir una infracción grave de las tipificadas en el artículo 44.3 de la Ley Orgánica 15/1999. Es perfectamente consciente el denunciante hoy recurrente que “el hecho de que exista una controversia en la interpretación de un contrato no supone vulneración de la Ley 15/1999”, y precisamente esa consciencia fue la que le llevó a someter dicho particular a los juzgados de primera instancia, únicos competentes para la interpretación del contrato, que se pronunciaron de forma inequívoca en la Sentencia dictada en autos de juicio verbal número —/2012, que declara la ilicitud de la cesión de forma tajante la ilicitud de la cesión en el párrafo cuarto del fundamento jurídico tercero de la sentencia (aportada como documento número uno junto con la denuncia) al indicar que “la deuda en cuestión ha de reputarse indebida […] siendo indebida por ello la inclusión de los datos del demandante en los ficheros de las entidades BADEXCUG de EXPERIAN Bureau de Crédito S.A. y ASNEF-EQUIFAX S.A.”. Los aspectos civiles están, pues, solventados, sin que sea pues de recibo que la Agencia Española de Protección de Datos remita al orden civil precisamente a la vista de tales antecedentes perfecta y exhaustivamente detallados en el escrito de denuncia. La respuesta, pues, a dar por la Agencia Española de Protección de Datos es si tal cesión ilícita de datos (ilicitud en la cual tampoco es competente para entrar el organismo al que nos dirigimos al constar en una resolución judicial firme cuyos hechos declarados probados vinculan a todos los poderes públicos) constituye o no infracción grave de las estipuladas en el artículo 44.3 de la Ley Orgánica 15/1999” (los subrayados y negrita son del original, eliminándose en esta transcripción únicamente los datos identificativos del procedimiento judicial). Pues bien, la Agencia Española de Protección de Datos resuelve el mismo en un escrito de apenas siete líneas, que transcribimos literalmente “En relación con las manifestaciones efectuadas por el recurrente, que reiteran básicamente las ya realizadas en el escrito de denuncia, debe señalarse que las mismas ya fueron analizadas en la resolución impugnada. A mayor abundamiento, el recurrente hace referencia a una sentencia de – de 2012 del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Gijón, que había interpuesto contra VODAFONE ESPAÑA S.A.U.. Sin embargo, no ha aportado copia de la misma ni en el escrito de denuncia ni en el recurso de reposición, por lo que no puede ser tomada en consideración”.
Esta última resolución debiera conllevar automáticamente una apertura de un expediente disciplinario al firmante de la misma. Y ello por dos razones: la primera, por falsedad en documento público, pues la sentencia sí aparecía aportada (junto con una copia sellada del escrito de demanda y la documental aportada junto con esta) en el escrito inicial, lo que ocurre es que dado el volumen de la documental se había aportado en soporte CD-ROM y escaneada en formato PDF, como se hacía constar en letra negrita y subrayado en el propio escrito de denuncia inicial. A mayor abundamiento, decir que no se puede tener en cuenta una sentencia, cuyos datos concretos (fecha de la sentencia, procedimiento en que se dicta y órgano judicial del que procede) al no constar aportada es una barbaridad jurídica tan monumental que, por esa regla de tres, cualquier cita en un escrito administrativo o judicial de una resolución judicial sin aportar la copia es inválida. En el presente caso, amén de faltar claramente a la verdad en tal resolución, de haber sido cierta la ausencia de dicha sentencia en el escrito de denuncia la Agencia Española de Protección de Datos debiera haber requerido de subsanación en el plazo de diez días para aportar copia de la misma.
Mucho me temo que lo que encubre en realidad esa resolución de la Agencia Española de Protección de Datos es una consciente, deliberada y dolosa ceguera voluntaria, es decir, una clara intención de no sancionar este comportamiento concreto. Pues bien, como señala acertadamente el profesor Alejandro Nieto en su impresdincible Derecho administrativo sancionador, en esta materia estamos ante una “lotería administrativa”, es decir, como la Administración es libre de perseguir o no los comportamientos, a quien le toca le tocó, sin que quepa alegar en estos casos el principio de igualdad para justificar la no persecución de comportamientos sancionadores. Ahora bien, una cosa es que no se desee, por las razones que sean, incoar el oportuno procedimiento sancionador que pueda concluir en una sanción administrativa realmente onerosa para una empresa; pero otra muy distinta es que para justificar esa ausencia persecutoria se mienta deliberadamente en un documento público, y que quien lo haga sea precisamente el Director de la Agencia. La alternativa es, simple y claramente, que no se haya leído el escrito de denuncia, lo cual sería no menos grave y motivo, cuando menos, de un expediente disciplinario.
2 comentarios el “AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS. ¿NO LEE LOS ESCRITOS O FALTA A LA VERDAD EN SUS RESOLUCIONES?”
27 febrero 2013 @ 12:34 pm
Interesante el caso Monsieur. Algunas prácticas de las telecomunicaciones (y otros sectores favorecidos gubernamentalmente) en este país tienen cierto parecido a las de cualquier napolitano o calabrés que se precie.
Espero su relato de sus peripecias con la compañía “liquidadora”.
26 noviembre 2015 @ 12:07 am
Tremento caso compañero, es un interesante artículo lo cierto es cada vez es más habitual encontrar casos de consumidores con lo que no ha sido respetada su privacidad , por ejemplo son injustamente incluidos en ficheros de morosos por bancos y cajas, ahora al solicitar una hipoteca les dicen estar incluidos en por ejemplo el fichero de asnef

References: resolución 
 resolución 
 artículo 44
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