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Timestamp: 2018-11-17 06:42:21+00:00

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Lunes, 02 de Enero de 2012 15:06	Publicado en Noticias
El juez del caso Palma Arena, José Castro, ha decidido aplazar hasta el próximo 25 de febrero la declaración como imputado del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, que inicialmente había sido citado para el 6 de febrero. El magistrado ha atendido las peticiones de aplazamientos formuladas este viernes por varios letrados que alegaban que en las jornadas señaladas para la declaración de sus representados tenían fijados previamente otros compromisos judiciales. Urdangarin, investigado en torno al supuesto uso irregular de fondos públicos por parte del Instituto Nóos cuando él era su presidente, tendrá que comparecer ante el juez el 25 de febrero a las 09:00 horas.
Las declaraciones del resto de imputados en este sumario, la pieza 25 del 'caso Palma Arena', también han sido aplazadas, con lo que el socio del duque de Palma en Nóos, Diego Torres, será interrogado en dependencias judiciales el 11 de febrero, también sábado, a las 09:00 horas, y no el próximo 5 de enero como se había fijado en principio.
El juez justifica en su resolución la elección de tres sábados como días de declaración en la dificultad de escoger jornadas de lunes a viernes en las que los numerosos letrados personados en la causa no tengan otros compromisos y recuerda que la ley de Enjuiciamiento Criminal señala que "todos los días y horas del año serán hábiles para la instrucción de causas criminales". Además, Castro aclara que en fechas anteriores sería imposible fijar las declaraciones porque el día 9 de enero empieza el primero de los juicios del caso Palma Arena, en el que participan tanto los fiscales anticorrupción como algunos letrados también personados en la pieza sobre el Instituto Nóos.
La de Urdangarin, quien deberá responder sobre la ejecución de lo acordado con los gobiernos balear y valenciano, sobre el destino de los fondos públicos que recibió Nóos y sobre su tratamiento fiscal, será la última de las declaraciones previstas por Castro. En su auto de este sábado, hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, el juez da un plazo de tres días a los letrados personados en la causa para que le informen de todos los compromisos profesionales inexcusables que tengan en los próximos cinco meses y les exhorta a que "los reduzcan al mínimo".
Domingo, 30 de Octubre de 2011 19:25	Publicado en Noticias
La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil queda modificada, por lo que aquí importa, de esta manera: se da una nueva redacción al apartado 3 se añade un nuevo apartado 4 al artículo 440, que queda redactado en los siguientes términos: “ Apartado 3. En los casos de demandas en las que se ejercite la pretensión de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, acumulando o no la pretensión de condena al pago de las mismas, el Secretario judicial, tras la admisión y previamente a la vista que se señale, requerirá al demandado para que en el plazo de diez días, desaloje el inmueble, pague al actor o, en caso de pretender la enervación, pague la totalidad de lo que deba o ponga a disposición de aquel en el Tribunal o notarialmente el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio; o en otro caso comparezca ante éste y alegue sucintamente, formulando oposición, las razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada o las circunstancias relativas a la procedencia de la enervación.
Si el demandante ha expresado en su demanda que asume el compromiso a que se refiere el apartado 3 del artículo 437 –condonación de la deuda-, se le pondrá de manifiesto en el requerimiento, y la aceptación de este compromiso equivaldrá a un allanamiento con los efectos del artículo 21.
Asimismo, el requerimiento expresará el día y la hora en que hubieran señalado para que tengan lugar la eventual vista, para la que se servirá de citación, y la práctica del lanzamiento. Asimismo se expresará que, en caso de solicitar asistencia jurídica gratuita al demandado, deberá hacerlo en los tres días siguientes a la práctica del requerimiento.
Quedando redactado el apartado 4 en los siguientes términos: En todos los casos de desahucio, también se apercibirá al demandado en el requerimiento que se realice que, de no comparecer a la vista, se declarará el desahucio sin más trámites y que queda citado para recibir notificación de la sentencia que se dicte el sexto día siguiente al señalado para la vista. Igualmente, en la resolución de admisión se fijará día y hora para que tenga lugar, en su caso, el lanzamiento, que deberá verificarse antes de un mes desde la fecha señalada para la vista, advirtiendo al demandado que, si la sentencia fuese condenatoria y no se recurriera, se procederá al lanzamiento en la fecha fijada, sin necesidad de notificación posterior.”
Sábado, 01 de Octubre de 2011 14:52	Publicado en Noticias
El Congreso de los Diputados ha culminado la tramitación de la Ley de Jurisdicción Social, que queda aprobada de forma definitiva tras la votación de las enmiendas introducidas por el Senado, que quedaron ratificadas salvo las relativas a los apartados 1 y 3 del artículo 235, que fueron rechazadas. Este artículo, relativo a la imposición de costas, quedará de este modo redactado tal y como lo aprobó en su día la Cámara Baja.
Así, se determina que la sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficiode justicia gratuita o cuando se trate de sindicatos, o de
funcionarios públicos o personal estatutario que deban ejercitar sus derechos como empleados públicos ante el orden social.
Esta Ley pretende clarificar la jurisdicción competente sobre las esenciales materias relativas a la asistencia y protección social pública, asignando al orden jurisdiccional social, las relativas a la valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad y las incluidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, y continuando las restantes como objeto de conocimiento del orden contencioso-administrativo.
No obstante, la entrada en vigor de la atribución competencial sobre las prestaciones de dependencia en favor del orden jurisdiccional social se demora en cuanto a su efectividad, concediendo a tal fin al Gobierno el plazo de tres años para que remita a las Cortes el correspondiente Proyecto de Ley, para poder tener en cuenta la incidencia de las distintas fases de aplicación de la Ley de Dependencia en orden a una más ágil respuesta judicial.
En un segundo eje se desenvuelve la modernización de la normativa del procedimiento social hacia una agilización de la tramitación procesal. En la consecución de un procedimiento más ágil y eficaz, se ha realizado un ajuste íntegro de la normativa procesal social a las previsiones de la supletoria Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, así como a la interpretación efectuada de la normativa procesal social por la jurisprudencia social y constitucional.
Dicho ajuste ha permitido precisar armónicamente unos principios más acordes con el proceso social en aspectos como la regulación de las medidas cautelares, esenciales cuando se trata de vulneraciones de derechos fundamentales y libertades públicas, la reforma de las modalidades procesales de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y de materia electoral para incluir en su ámbito la impugnación del preaviso de elecciones sindicales.
También, el nuevo texto normativo refuerza la presencia en juicio del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) y de las entidades gestoras y colaboradoras, en su función de velar por los intereses públicos. En particular, se destaca el papel del FOGASA en el proceso social, otorgándole los poderes procesales necesarios para llevar a cabo su función de tutela de intereses públicos, y se recaba su colaboración activa desde el primer momento.
A esta materia afecta la modificación aportada por el Senado, según la cual se establece la necesidad de citar al FOGASA en los supuestos en que su responsabilidad pudiera derivar de su obligación de pago de una parte de las indemnizaciones.
En la redacción otorgada por el Senado, y ratificada hoy por el Congreso, se excluye el párrafo por el que se otorga "al secretario judicial una postura activa en la averiguación de tales situaciones, lo cual es coherente con el nuevo protagonismo que en el sistema procesal han cobrado estos funcionarios a partir de la regulación de la nueva oficina judicial".

References: resolución 
 artículo 440
 artículo 437
 artículo 21
 resolución 
 artículo 235