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Timestamp: 2017-08-20 13:24:49+00:00

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Principios de la política nacional del medio ambiente. Sanciones
Art. 2. - [1] La política nacional del medio ambiente, se fundamentará en los siguientes principios:
a) Todos los habitantes tienen derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es obligación del estado tutelar, promover y defender este derecho de forma activa y sistemática, como requisito para asegurar la armonía entre los seres humanos y la naturaleza;
b) La adaptación al cambio climático deberá planificarse bajo los principios de responsabilidades comunes pero diferenciadas y de aprovechamiento racional con responsabilidad intergeneracional;
c) El desarrollo económico y social debe ser compatible y equilibrado con el medio ambiente; tomando en consideración el interés social señalado en el art. 117 de la constitución[2];
d) Se deberá asegurar el uso sostenible, disponibilidad y calidad de los recursos naturales, como base de un desarrollo sustentable y así mejorar la calidad de vida de la población;
e) Es responsabilidad de la sociedad en general, del estado y de toda persona natural y jurídica, reponer o compensar los recursos naturales que utiliza para asegurar su existencia, satisfacer sus necesidades básicas, de crecimiento y desarrollo, así como enmarcar sus acciones, para atenuar o mitigar su impacto en el medio ambiente; por consiguiente se procurará la eliminación de los patrones de producción y consumo no sostenible; sin defecto de las sanciones a que esta ley diere lugar;
f) En la gestión de protección del medio ambiente, prevalecerá el principio de prevención y precaución;
g) La contaminación del medio ambiente o alguno de sus elementos, que impida o deteriore sus procesos esenciales, conllevará como obligación la restauración o compensación del daño causado debiendo indemnizar al estado o a cualquier persona natural o jurídica afectada en su caso, conforme a la presente ley;
h) La formulación de la política nacional del medio ambiente, deberá tomar en cuenta las capacidades institucionales del estado y de las municipalidades, los factores demográficos, los niveles culturales de la población, el grado de contaminación o deterioro de los elementos del ambiente, y la capacidad económica y tecnológica de los sectores productivos del país;
i) La gestión pública del medio ambiente debe ser global y transectorial, compartida por las distintas instituciones del estado, incluyendo los municipios y apoyada y complementada por la sociedad civil, de acuerdo a lo establecido por esta ley, sus reglamentos y demás leyes de la materia;
j) En los procesos productivos o de importación de productos deberá incentivarse la eficiencia ecológica, estimulando el uso racional de los factores productivos y desincentivándose la producción innecesaria de desechos sólidos, el uso ineficiente de energía, del recurso hídrico, así como el desperdicio de materias primas o materiales que pueden reciclarse;
k) En la gestión pública del medio ambiente deberá aplicarse el criterio de efectividad, el cual permite alcanzar los beneficios ambientales al menor costo posible y en el menor plazo, conciliando la necesidad de protección del ambiente con las de crecimiento económico;
l) Se potencia la obtención del cambio de conducta sobre el castigo con el fin de estimular la creación de una cultura proteccionista del medio ambiente;
m) Adoptar regulaciones que permitan la obtención de metas encaminadas a mejorar el medio ambiente, propiciando una amplia gama de opciones posibles para su cumplimiento, apoyados por incentivos económicos que estimulen la generación de acciones minimizantes de los efectos negativos al medio ambiente; y,
n) La educación ambiental se orientará a fomentar la cultura ambientalista a fin de concientizar a la población sobre la protección, conservación, preservación y restauración del medio ambiente.
Infracciones ambientales[3]
Art. 86. - Constituyen infracciones a la presente ley, y su reglamento, las acciones u omisiones cometidas por personas naturales o jurídicas, inclusive el Estado y los Municipios las siguientes:
a) Iniciar actividades, obras o proyectos sin haber obtenido el permiso ambiental correspondiente;
b) Suministrar datos falsos en los estudios de impacto ambiental, diagnósticos ambientales y cualquier otra información que tenga por finalidad la obtención del permiso ambiental;
c) Incumplir las obligaciones contenidas en el permiso ambiental;
d) No rendir, en los términos y plazos estipulados, las fianzas que establece esta Ley;
e) Autorizar actividades, obras, proyectos o concesiones, que por ley requieran permiso ambiental, sin haber sido éste otorgado por el Ministerio;
f) Otorgar permisos ambientales, a sabiendas de que el proponente de la actividad, obra, proyecto o concesión no ha cumplido con los requisitos legales para ello;
g) La negativa del concesionario para el uso o aprovechamiento de recursos naturales a prevenir, corregir o compensar los impactos ambientales negativos que produce la actividad bajo concesión dentro de los plazos y términos que para tal efecto haya sido fijados, tomando en cuenta los niveles de los impactos producidos;
h) Violar las normas técnicas de calidad ambiental y de aprovechamiento racional y sostenible del recurso;
i) Impedir u obstaculizar la investigación de los empleados debidamente identificados, pertenecientes al Ministerio u otra autoridad legalmente facultada para ello, o no prestarles la colaboración necesaria para realizar inspecciones o auditorías ambientales en las actividades, plantas, obras o proyectos;
j) Emitir contaminantes que violen los niveles permisibles establecidos reglamentariamente;
k) Omitir dar aviso oportuno a la autoridad competente, sobre derrame de sustancias, productos, residuos o desechos peligrosos, o contaminantes, que pongan en peligro la vida e integridad humana; y
l) No cumplir con las demás obligaciones que impone esta ley.
Diagnósticos ambientales[4]
Art. 107.- Los titulares de actividades, obras o proyectos públicos o privados, que se encuentren funcionando al entrar en vigencia la presente ley, que conforme al Art. 20 de la misma deban someterse a evaluación de impacto ambiental, están obligados a elaborar un diagnóstico ambiental en un plazo máximo de dos años y presentarlo al Ministerio para su aprobación. El Ministerio podrá establecer plazos menores hasta por un año en los casos de actividades, obras o proyectos en operación que generen productos peligrosos o usen procesos peligrosos o generen emisiones altamente contaminantes.
Al diagnóstico deberá acompañarse su correspondiente programa de adecuación ambiental como requisito para el otorgamiento del permiso respectivo; deberá contener los tipos y niveles de contaminación e impactos ambientales de la actividad, obra o proyecto en ejecución.
El contenido, alcance y los procedimientos para su elaboración serán establecidos en el reglamento de la presente ley.
Programas de adecuación ambiental[5]
Art. 108.- El Programa de Adecuación Ambiental, deberá contener todas las medidas para reducir los niveles de contaminación para atenuar o compensar, según sea el caso, los impactos negativos en el ambiente.
Para la ejecución del Programa de Adecuación Ambiental, el titular de una actividad, obra o proyecto, contará con un plazo máximo de tres años.
El plazo anterior podrá reducirse, en el caso de actividades, obras o proyectos en operación que elaboren productos peligrosos o usen procesos o generen emisiones altamente contaminantes.
Planes de aplicación voluntaria[6]
Art. 109.- Cuando por la complejidad y las dimensiones de la actividad, obra o proyecto, que deba someterse a un Diagnóstico Ambiental y su correspondiente Programa de Adecuación Ambiental, y a solicitud del propietario, éste podrá acogerse a un Plan de Aplicación Voluntaria, que implicará la realización de una Auditoría Ambiental con cuyos resultados el propietario elaborará con la dirección del Ministerio el correspondiente Plan de Adecuación Ambiental. El plazo de aplicación de dicho plan no podrá ser mayor de dos años.
Sanciones accesorias[7]
Art. 121.- Siempre que se imponga una sanción por cualesquiera de las infracciones contenidas en el Art. 86 de la Ley[8], se impondrá como sanción accesoria la obligación de reparar los daños al medio ambiente; si este es irreversible, se procederá a exigir al infractor la correspondiente indemnización, la cual se hará efectiva conforme al Código de Procedimientos
Civiles. En caso de incumplimiento, se procederá a determinar por peritos nombrados por el Ministerio, el valor de la inversión que debe ser determinada a tales objetivos; así mismo, si el daño ocasionado fuere irreversible, se condenará a las indemnizaciones a que hubiere lugar por la pérdida o destrucción de los recursos naturales o deterioro del medio ambiente, así como a las medidas compensatorias indispensables para su restauración.
Suspensión de actividades, obras o proyectos[9]
Art. 127.- De acuerdo al Art. 110 de la Ley[10], el incumplimiento de las condiciones establecidas en el Permiso Ambiental y en el Programa de Adecuación Ambiental, motivarán la suspensión de las actividades, obras o proyectos que se encuentren operando, hasta que se cumpla con las exigencias legales establecidas.
[1] Ley del Medio Ambiente (El Salvador)
[2] “Es deber del estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente, para garantizar el desarrollo sostenible. Se declara de interés social la protección, conservación, aprovechamiento racional, restauración o sustitución de los recursos naturales, en los términos que establezca la ley. Se prohíbe la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos”.
[3] Ley del Medio Ambiente (El Salvador)
[4] Ley del Medio Ambiente (El Salvador)
[5] Ley del Medio Ambiente (El Salvador)
[6] Ley del Medio Ambiente (El Salvador)
[7] Reglamento General de la Ley del Medio Ambiente
[8] Citado anteriormente.
[9] Reglamento General de la Ley del Medio Ambiente
[10] Art. 110. – (Ley del Medio Ambiente) Las actividades, obras o proyectos que se encuentren operando y que no cumplan con lo establecido en los Art. 107, 108 y 109, serán suspendidas hasta que cumplan con las exigencias legales establecidas. (Citados anteriormente)
Publicado por Jaime Noé Villalta Umaña en 19:56
Creación y supresión de Juzgados. Decreto N° 59
DECRETO Nº 59
I.- Que conforme al artículo 172 de la Constitución corresponde al Órgano Judicial la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materia civil y mercantil, en los Juzgados de Primera Instancia y Cámaras de Segunda Instancia; asimismo, establece que su organización y funcionamiento estarán determinados por la ley.
II.- Que el Decreto Legislativo Nº 372, de fecha 27 de mayo de 2010, publicado en el Diario Oficial Nº 100, Tomo Nº 387, de fecha 31 de mayo de 2010, en su artículo 13 prescribe que los Juzgados de lo Civil, Juzgado de lo Mercantil y de Menor Cuantía del Departamento de San Salvador; así como los Juzgados de lo Civil de los Departamentos de Santa Ana y San Miguel, que han conocido de los procesos conforme al Código de Procedimientos Civiles y otras leyes especiales, continuarían conociendo de los mismos hasta su completa finalización; además, que previo diagnóstico que acreditara tal situación, estos Juzgados conocerían de los procesos conforme al Código Procesal Civil y Mercantil.
III.- Que los Juzgados de lo Civil de los Municipios de Chalchuapa, Metapán, Sonsonate, Ahuachapán, Delgado, Mejicanos, Soyapango, San Marcos, Apopa, Quezaltepeque, Zacatecoluca, Cojutepeque, San Vicente, Usulután, La Unión, Santa Rosa de Lima y Santa Tecla, también se encuentran en conocimiento de procesos seguidos conforme al Código de Procedimientos Civiles, hasta su completa finalización.
IV.- Que los Juzgados de Primera Instancia de los Municipios de Izalco, Acajutla, Armenia, Atiquizaya, Tonacatepeque, San Juan Opico, La Libertad, Chalatenango, Tejutla, Dulce Nombre de María, San Pedro Masahuat, Suchitoto, San Sebastián, Sensuntepeque, Ilobasco, Chinameca, Ciudad Barrios, Jiquilisco, Berlín, Santiago de María, Jucuapa y Juzgado Primero y Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, también se encuentran en conocimiento de los procesos seguidos conforme al Código de Procedimientos Civiles, hasta su completa finalización.
V.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 42, de fecha 29 de junio del presente año, publicado en el Diario Oficial Nº 100, Tomo Nº 395, del mismo mes y año, se prorrogaron por dieciocho meses más los efectos del artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 372, de fecha 27 de mayo de 2010, publicado en el Diario Oficial Nº 100, Tomo Nº 387, de fecha 31 de mayo de 2010, el que regula que los procesos en trámite al entrar en vigencia el Código Procesal Civil y Mercantil debían ser sustanciados y fenecidos a más tardar al término del plazo de 2 años, contados a partir de la entrada en vigencia de la normativa citada.
VI.- Que el diagnóstico judicial realizado por la Corte Suprema de Justicia identificó una tendencia de incremento de procesos pendientes de resolución en los juzgados de lo civil y mercantil del Municipio de San Salvador, juzgados de lo civil de Mejicanos y de Delgado; así como, una elevada carga laboral en los juzgados de familia de los Municipios de Santa Ana y San Miguel.
VII.- Que, en cumplimiento del artículo 182 atribución 5ª de la Constitución que ordena vigilar se administre una pronta y cumplida justicia, es imperativo reorganizar la competencia jurisdiccional respecto de aquellos juzgados que se mantenían en conocimiento exclusivo de dichos procesos; así como, reorientar el recurso humano según las necesidades identificadas a fin de brindar una respuesta ágil al justificable.
POR TANTO, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de la Corte Suprema de Justicia.
Art 1.- Los juzgados que han continuado con el conocimiento de los procesos iniciados conforme al Código de Procedimientos Civiles y otras leyes especiales, hasta su respectiva finalización, cumplirán los dieciocho meses de prórroga a que hace referencia el Decreto Legislativo Nº 42, de fecha 29 de junio del presente año, publicado en el Diario Oficial Nº 120, Tomo Nº 395 de esa misma fecha, a excepción de los juzgados a los que se refiere el Art. 11 del presente decreto, los cuales en razón de su conversión, conocerán hasta el treinta de junio de dos mil trece. (1)
Art. 2.- Los Juzgados Primero y Segundo de Menor Cuantía del Municipio de San Salvador, conocerán de los procesos regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil, a partir del uno de enero de dos mil trece, conforme a las reglas establecidas en el mismo; además, continuarán conociendo de los procesos civiles y mercantiles iniciados antes de la entrada en vigencia de ese Código.
Los Juzgados Tercero y Cuarto de Menor Cuantía del Municipio de San Salvador no verán modificada su competencia.
Art. 3.- Se suprimen los Juzgados Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de lo Mercantil del Municipio de San Salvador, a partir del treinta y uno de diciembre de dos mil doce.
Los titulares y el personal de los juzgados antes suprimidos, se integrarán a los juzgados de lo civil y mercantil del Municipio de San Salvador, a partir del uno de enero de dos mil trece, conforme al orden siguiente: Juzgado Segundo de lo Mercantil se integra al Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil; Juzgado Tercero de lo Mercantil se integra al Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil; Juzgado Cuarto
de lo Mercantil se integra al Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil; Juzgado Quinto de lo Mercantil se integra al Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil, todos del Municipio de San Salvador.
Art. 4.- El Juzgado Primero de lo Mercantil del Municipio de San Salvador, permanecerá en conocimiento de los procesos iniciados antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil.
También conocerá a partir del uno de enero de dos mil trece, de los juicios mercantiles que, en razón de la conversión de la competencia de los Juzgados Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de lo Mercantil del Municipio de San Salvador, le sean remitidos.
Art. 5.- Se suprimen los Juzgados Segundo, Tercero y Cuarto de lo Civil del Municipio de San Salvador, a partir del treinta y uno de diciembre de dos mil doce.
Los titulares y el personal de los juzgados antes suprimidos, se integrarán a partir del uno de enero de dos mil trece, conforme al orden siguiente: del Juzgado Segundo de lo Civil se integrarán al Juzgado Quinto de lo Civil y Mercantil del Municipio de San Salvador; del Juzgado Tercero de lo Civil se integrarán al Juzgado de lo Civil de Delgado; del Juzgado Cuarto de lo Civil se integrarán al Juzgado de lo Civil de Mejicanos.
En los casos de los juzgados civiles de los Municipios de Delgado y Mejicanos, los titulares que se incorporarán, serán competentes para conocer los procesos regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil, a partir del uno de enero de dos mil trece.
Los procesos iniciados conforme al Código de Procedimientos Civiles y otras leyes especiales, seguirán siendo sustanciados únicamente por los actuales titulares de dichos juzgados, sin perjuicio de conocer de los procesos regulados por el Código Procesal Civil y Mercantil.
Art. 6.- El Juzgado Primero de lo Civil del Municipio de San Salvador, permanecerá en conocimiento de los procesos iniciados antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil.
A partir de uno de enero de dos mil trece, también conocerá de los juicios civiles que, en razón de la conversión de la competencia de los Juzgados Segundo, Tercero y Cuarto de lo Civil del Municipio de San Salvador, le sean remitidos.
Art. 7.- Conviértense los Juzgados Segundo y Tercero de lo Civil del Departamento de Santa Ana, en Juzgados Tercero y Cuarto de Familia del mismo Departamento, respectivamente, los cuales tendrán competencia en materia de familia y leyes especiales afines, a partir del uno de enero de los mil trece.
Art. 8.- El Juzgado Primero de lo Civil del Departamento de Santa Ana, permanecerá en conocimiento de los procesos iniciados antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil.
A partir del uno de enero de dos mil trece, también conocerá de los juicios civiles que, en razón de la conversión de la competencia de los Juzgados Segundo y Tercero de lo Civil del Departamento de Santa Ana, le sean remitidos.
Art. 9.- Conviértense los Juzgados Primero y Segundo de lo Civil del Departamento de San Miguel, en Juzgados Tercero y Cuarto de Familia del mismo Departamento, respectivamente, los cuales tendrán competencia en materia de familia y leyes especiales afines, a partir del uno de enero de dos mil trece.
También continuarán en conocimiento de los procesos iniciados antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil.
Art. 10.- Los Juzgados de familia de los Departamentos de Santa Ana y de San Miguel tendrán competencia para conocer en todo el Departamento respectivamente, a partir del uno de enero de dos mil trece.
Los procesos que a la entrada en vigencia de este Decreto, se encuentren en trámite en los Juzgados Primero y Segundo de Familia de los Departamentos de Santa Ana y de San Miguel, continuarán tramitándose en los mismos hasta su finalización.
A fin de procurar la distribución equitativa del trabajo de los juzgados de familia de los Departamentos de Santa Ana y San Miguel, la Corte Suprema de Justicia mediante acuerdo, adoptará las medidas pertinentes.
Art. 11.- Los juzgados que en razón del presente Decreto se convierten, y no continúan en el conocimiento de los procesos iniciados conforme al Código de Procedimientos Civiles y otras leyes especiales, remitirán los procesos en trámite al juzgado que corresponda según lo señalado en los artículos anteriores, dentro de los primeros cinco días hábiles siguientes a partir de la fecha de su conversión.
A más tardar el treinta de junio de dos mil trece, los procesos fenecidos deberán ser remitidos a la Unidad de Archivos Judiciales de la Corte Suprema de Justicia. (1)
Toda remisión deberá constar en los informes respectivos, los cuales serán entregados al juzgado que corresponde, a más tardar dentro de los primeros cinco días hábiles siguientes a partir de la fecha de conversión.
Art. 12.- Los juzgados que continúen en conocimiento de los procesos iniciados con el Código de Procedimientos Civiles y otras leyes especiales, deberán rendir informe trimestral a la Corte Suprema de Justicia sobre los avances en la depuración y finalización.
Al transcurrir el plazo de los dieciocho meses de prórroga, a que hace referencia el Decreto Legislativo Nº 42, de fecha 29 de junio del presente año, publicado en el Diario Oficial Nº 120, Tomo Nº 395 de fecha 29 del mismo mes y año, los Juzgados Primero de lo Civil y Primero de lo Mercantil, ambos del Municipio de San Salvador y Juzgado Primero de lo Civil del Departamento de Santa Ana, se convertirán en juzgados de la jurisdicción de familia u otra jurisdicción, si así lo recomienda la Corte Suprema de Justicia.
Art. 13.- Los informes a que se refiere este decreto deberán elaborarse mediante nómina que contenga la información siguiente: referencia o número de expediente, partes procesales, tipo de proceso, documento base de la acción, en su caso, etapa procesal y descripción de número de piezas y folios que la componen. Asimismo, deberán constar las firmas del titular y el secretario de actuaciones y el sello del respectivo juzgado.
Art. 14.- Este decreto prevalecerá sobre cualquier disposición general o especial que la contraríe, y se entenderá incorporado al texto de la Ley Orgánica Judicial.
Art. 15.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los doce días del mes de julio de dos mil doce.
Casa Presidencial: San Salvador, a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil doce.
D. O. Nº 146. Tomo Nº 396. Fecha: 10 de agosto de 2012
(1) D. L. No. 238, 14 DE DICIEMBRE DE 2012,(Plazo para conocer y remitir procesos: 30 /Jun./13)
D.O. No. 240. T. 397, 21 DE DICIEMBRE DE 2012.
Publicado por Jaime Noé Villalta Umaña en 18:54
Clasificación de los Títulos Valores.
Art. 632.- Código de Comercio.
"Los títulos valores pueden ser nominativos, a la orden o al portador".
1.- Títulos valores a la orden: Son aquellos que se extienden a favor de una persona determinada, pudiendo ésta transmitirlos a otra persona por medio de la fórmula del endoso. No es necesario notificar a la persona obligada al pago (deudor) la transmisión efectuada. Debiendo responder el endosante (acreedor original o posteriores) frente al endosatario (acreedor actual) de la solvencia económica de la persona obligada al pago. A este tipo de título valor pertenece la letra de cambio.
2.- Títulos valores al portador: Son aquellos que reconocen un derecho a favor de la persona indeterminada que posea el documento. Se pueden transmitir estos títulos valores por la mera entrega del documento a otra persona. Debiendo abonar el crédito el emitente (deudor) en la fecha del vencimiento a cualquier poseedor legítimo. A este tipo de título valor pertenece el cheque al portador.
3.- Títulos valores nominativos: Son aquellos que reconocen un derecho a favor de una persona determinada. Para la transmisión de estos títulos valores, además de la entrega del documento, es necesaria notificación al emitente (deudor) para la inscripción de la misma en su libro registro de títulos. A este tipo de título valor pertenece el pagaré y el cheque nominativo.
Publicado por Jaime Noé Villalta Umaña en 17:10
El Salvador. Actos o contratos mercantiles que requieren Escritura Pública.
El Salvador. Actos o contratos mercantiles que requieren Escritura Pública
Publicado por Jaime Noé Villalta Umaña en 17:56
Actuaciones notariales de los Agentes Diplomáticos y Consulares de El Salvador
Actuaciones notariales de los Agentes Diplomáticos y Consulares[1]
Art. 68.- La función notarial concedida a los Jefes de Misión Diplomática y a los Cónsules Generales, Cónsules y Vicecónsules, es indelegable; y, en cuanto a los primeros, sólo podrá ser ejercida a falta de Cónsules Generales, Cónsules o Vicecónsules o cuando éstos estuvieren imposibilitados o impedidos.
La Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores deberán de coordinar acciones para la capacitación permanente de estos funcionarios, en materia notarial.
Art. 69.- Los actos, contratos y declaraciones que pueden ser autorizados por los funcionarios que menciona el artículo anterior, serán únicamente aquellos que deban surtir efectos en El Salvador, o que debiéndolos surtir en el extranjero, tengan validez en razón de tratados o convenciones internacionales, o por las prácticas del país en que deban surtir sus efectos. Estos instrumentos cuando deban hacerse valer en El Salvador producirán los mismos efectos que los otorgados ante notario en el interior de la República.
Art. 70.- Los Jefes de Misión y Funcionarios Consulares mencionados, en lo que se refiere a la autorización de los instrumentos públicos y demás actos notariales y a la expedición de testimonios, se sujetarán a las reglas que esta Ley establece para los Notarios y tendrán las mismas responsabilidades que éstos, con las modificaciones que se señalan en los artículos siguientes.
Art. 71.- Los Funcionarios Diplomáticos o Consulares asentarán las escrituras matrices en un Protocolo, que estará constituido por Libros numerados correlativamente respecto de cada Oficina Diplomática o Consular y serán formados, legalizados y llevados sucesivamente.
Los Libros se formarán con hojas sueltas de características similares a las del papel que utilizan los Notarios de la República; su formato deberá igualmente contener numeración correlativa; además llevará impreso un distintivo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los Libros constarán de doscientas hojas, cada uno de ellos, debidamente foliadas con letras en la esquina superior derecha de sus frentes.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, foliará las hojas en la forma expresada y las presentará a la sección del notariado para su legalización.
Art. 71-A.- En una misma Oficina Consular además del Protocolo bajo la responsabilidad del Cónsul General, podrán autorizarse otros Protocolos, atendiendo las necesidades del servicio y el nombramiento de Cónsules y Vicecónsules dentro de la misma adscripción territorial en que se encuentren acreditados, siendo cada funcionario responsable de su libro respectivo.
Art. 72.- Las hojas que formarán el Libro de Protocolo, serán suministradas, por el Ministerio de Hacienda, sin costo alguno, al Ministerio de Relaciones Exteriores y legalizadas por la Sección del Notariado de la Corte Suprema de Justicia, que sellará cada una de las hojas presentadas en la parte superior de sus frentes, excepto la primera en la que pondrá una razón firmada y sellada por el Jefe de dicha Sección, expresando el nombre de la Misión Diplomática u Oficina Consular a que se destina, la categoría jerárquica consular del funcionario que lo utilizará, el número del Libro, y el lugar y fecha en que se legaliza. Llenadas estas formalidades, lo devolverá al Ministerio de Relaciones Exteriores para ser remitido a su destino.
La Sección del Notariado llevará un libro especial en el que se hará constar el recibo y la entrega de los Libros de Protocolo de esta clase que hubiere legalizado y las circunstancias a que se refiere el inciso anterior.
Art. 72-A.- Los Libros así legalizados, servirán hasta que se agoten las hojas de que se componen, debiendo usarse las hojas en el orden de su numeración, tanto frente como vuelto, pero el treinta y uno de diciembre de cada año, los funcionarios que los lleven pondrán al pie del último instrumento autorizado, una razón que indique el número de hojas que se hubieren utilizado durante el año que finaliza, con expresión del folio en que empiezan y en que terminan, y el de los instrumentos que se hubieren otorgado en el mismo período, firmándola y sellándola.
Siempre que un Libro haya de servir para el año siguiente por no haberse agotado las hojas de que se compone, se abrirá de nuevo en la fecha en que se otorgue el primer instrumento, por medio de una razón firmada y sellada por el funcionario respectivo, en que se exprese tal circunstancia; a continuación de la cual se asentará el instrumento. Si durante el curso del nuevo año no se otorgare ninguno, se comunicará así al Ministerio de Relaciones Exteriores, quien lo pondrá en conocimiento de la Sección del Notariado.
De cada razón de apertura o cierre, se extenderán dos certificaciones que se remitirán, dentro de los quince días siguientes a su fecha, al Ministerio de Relaciones Exteriores, acompañándolas, si fueren de la razón de cierre, un índice firmado y sellado, en el cual expresarán, por orden de fecha, los instrumentos autorizados en el año, los nombres de los otorgantes, la clase de acto o contrato y los folios en que se encuentran. Un ejemplar de la certificación y del índice será remitido, a su vez, por el Ministerio de Relaciones Exteriores a la Sección del Notariado.
Art. 73.- Antes de que se agote un libro autorizado, el funcionario respectivo solicitará uno nuevo a fin de que en todo tiempo haya en la Oficina un libro de protocolo legalizado; pero no podrá hacer uso del nuevo libro mientras no esté agotado el anterior.
Art. 74.- Agotado un Libro, el funcionario pondrá a continuación del último instrumento, o en hoja separada, si esto no fuere posible, una razón de cierre firmada y sellada, en la que hará constar el tiempo en que dicho Libro ha estado en servicio, número de instrumentos autorizados en cada año y el lugar y fecha en que se cierra. A continuación formulará en hojas separadas un índice general por orden de fechas, de los instrumentos que contiene, con expresión de los nombres de los otorgantes, la clase de actos o contratos y los folios en que aparecen. Al agotarse un Libro, el funcionario respectivo lo comunicará inmediatamente al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Una vez agotado un Libro y cumplidas las formalidades establecidas en este artículo, el funcionario respectivo deberá remitirlo al Ministerio de Relaciones Exteriores dentro de los treinta días siguientes a la fecha del cierre del mismo, con los testimonios de las escrituras que hubiere asentado después del treinta y uno de diciembre del año anterior; el Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá un plazo de treinta días contado a partir de la fecha del recibo del Libro respectivo, para remitirlo a la Sección del Notariado. Recibido el Libro, la Sección del Notariado pondrá a continuación de la nota de cierre a que se refiere el inciso anterior, una razón firmada y sellada en la que hará constar las circunstancias expresadas en la misma y verificado, dará cuenta a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio de Relaciones Exteriores de las irregularidades que notare.
La falta de cumplimiento a lo dispuesto en este artículo y en los precedentes de este capítulo, hará incurrir al funcionario del Servicio Exterior responsable de una multa de veinticinco a doscientos colones que le impondrá la Corte Suprema de Justicia y hará efectiva la Secretaría de Relaciones Exteriores sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad en que pudiera incurrir.
Art. 75.- Los indicados agentes diplomáticos y consulares extenderán conforme a la ley, testimonios de los instrumentos contenidos en los Libros de Protocolo, mientras éstos estén en su poder. Concluida la copia del instrumento, terminarán el testimonio con una razón similar a la que se refiere el Art. 44,[2] expresando el nombre de la Misión Diplomática u Oficina Consular a que pertenece el Protocolo, firmándolo y sellándolo. Al testimonio se anexará el recibo correspondiente por el valor de los derechos consulares percibidos.
Art. 76. – Cuando los Protocolos hubieren sido remitidos a la Corte Suprema de Justicia, los testimonios respectivos serán extendidos por el Secretario de dicho Tribunal, con las formalidades establecidas en el Art. 45. [3]
Art. 77.- De todo instrumento que autoricen los funcionarios del servicio exterior remitirán dentro de los quince días siguientes a su otorgamiento, dos testimonios al Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores guardará uno de estos testimonios en sus archivos y el otro ejemplar lo remitirá a la Sección del Notariado de la Corte Suprema de Justicia. Los testimonios que corresponden a cada libro de protocolo se encuadernarán separadamente.
Art. 78.- De todo testamento que autoricen los funcionarios competentes del servicio exterior, remitirán dentro de los diez días siguientes a su otorgamiento, a la Sección del Notariado, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, un testimonio, si se tratare de un testamento público; o el sobre del testamento cerrado que hubiere quedado en su poder junto con el testimonio del acta a que se refiere el Art. 41[4] de esta Ley.
Art. 79.- Los funcionarios del servicio exterior, cobrarán por los instrumentos que autoricen, los derechos de cartulación contenidos en el arancel consular, estos derechos pertenecerán al fondo general de la nación.
Art. 79-A.- La calidad de funcionario y de empleado del servicio exterior acreditado en una misión diplomática u oficina consular, es incompatible con el libre ejercicio profesional del notariado, dentro de la circunscripción territorial ante la cual está acreditado.
Art. 80.- Las infracciones cometidas por los funcionarios diplomáticos y consulares, relativas a la forma y solemnidades de los instrumentos a que se refiere el Art. 63[5] de esta ley, serán sancionadas de la manera establecida en dicho artículo, concediendo audiencia al funcionario de que se trate, librando para ello exhorto que se remitirá por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores. La Corte Suprema de Justicia, al imponer las multas, lo comunicará a dicho Ministerio para que las haga efectivas.
Las sanciones por infracciones de orden puramente fiscal, las impondrá directamente el ministerio de relaciones exteriores al tener conocimiento de la falta.
En todo caso, si la infracción fuere de tal gravedad que revele negligencia, malicia o ignorancia inexcusable de parte del funcionario consular o diplomático, la Corte comunicará el hecho al Órgano Ejecutivo en el ramo correspondiente, a efecto de que éste imponga al culpable las sanciones a que fuere acreedor conforme a las leyes de la materia, sin perjuicio de dar aviso a la autoridad competente para su juzgamiento, si la infracción constituyera delito o falta.
[1] Ley de Notariado
[2] Art. 44.- Los testimonios deben extenderse en el papel sellado correspondiente cuando causen dicho impuesto, serán una copia fiel del instrumento original y terminarán con una razón que indique los folios y el número del Libro de Protocolo en que se encuentra la escritura a que se refieren, la fecha de la caducidad de dicho libro, el nombre de la persona a quien se extiende y el lugar y fecha de la expedición del testimonio. A continuación, serán firmados y sellados por el notario.
Los testimonios también podrán extenderse por medio de copias fotostáticas o fotográficas de los instrumentos, casos en los cuales se complementarán con una hoja de papel sellado del de menos valor, en la que asentará la razón final a que se refiere el inciso que antecede y se adherirán en ella los timbres correspondientes al valor del impuesto de papel sellado que causaren.
En los casos de partición judicial o extrajudicial, bastará que el notario inserte en el testimonio que extienda a cada uno de los interesados, la cabeza, la descripción de su respectiva hijuela o adjudicación y el pie del instrumento, sin perjuicio de que pueda darse testimonio completo a los interesados, de conformidad con el artículo anterior, si éstos así lo solicitaren.
[3] Art. 45.- Devueltos los Protocolos por los Notarios, los testimonios serán extendidos por el Secretario de la Corte Suprema de Justicia, previo decreto del Presidente de dicho Tribunal, quien para expedir un segundo o ulterior testimonio, citará a la parte contraria en los casos en que esta formalidad sea necesaria.
El Secretario de la Corte expresará el nombre del notario en cuyo protocolo está la escritura a que el testimonio se refiere, el número y la fecha de caducidad del libro de protocolo a que corresponde y llenará las demás formalidades impuestas a los Notarios.
[4] Art. 41.- Si se tratare de un testamento cerrado, el testador deberá presentar al Notario y testigos, dos ejemplares del mismo en cubiertas cerradas separadas, expresando de viva voz y en forma clara y precisa, salvo el caso del inciso segundo del Art. 1018 C., que esas cubiertas contienen cada una un ejemplar de su testamento, y que están firmadas por él. Se observarán además, las otras formalidades que establece el Art. 1017 C.
Art. 1017 Código Civil.- Lo que constituye esencialmente el testamento cerrado es el acto en que el testador presenta al Notario y testigos una escritura cerrada, declarando de viva voz, y de manera que el Notario y testigos le vean, oigan y entiendan, "salvo el caso del artículo siguiente", que en aquella escritura se contiene su testamento.
Los mudos podrán hacer esta declaración escribiéndola a presencia del Notario y testigos.
El sobrescrito o cubierta del testamento estará cerrado, o se cerrará exteriormente, de manera que no pueda extraerse el testamento sin romper la cubierta.
El Notario expresará en el sobrescrito o cubierta, bajo el epígrafe "testamento" la circunstancia de hallarse el testador en su sano juicio, el nombre, apellido y domicilio del testador y de cada uno de los testigos; y el lugar, día, mes y año del otorgamiento.
Termina el otorgamiento por las firmas del testador y de los testigos, y por la firma y sello del Notario, sobre la cubierta.
Durante el otorgamiento estarán presentes, además del testador, un mismo Notario y unos mismos testigos, y no habrá interrupción alguna sino en los breves intervalos que algún accidente la exigiere.
Si el testador ya no pudiere firmar sobre la cubierta, lo hará a su ruego cualquiera de los testigos u otra persona capaz de ser testigo.
Art. 1018 Código Civil.- Cuando el testador no pudiere entender o ser entendido de viva voz, por el Notario y testigos, sólo podrá otorgar testamento cerrado.
El testador escribirá de su letra, sobre la cubierta, la palabra "testamento", o la equivalente en el idioma que prefiera, y hará del mismo modo la designación de su persona, expresando, a lo menos, su nombre, apellido y domicilio, y la nación a que pertenece; y en lo demás se observará lo prevenido en el artículo precedente.
[5] Art. 63.- Las infracciones a la presente ley cometidas por el Notario y que no produzcan nulidad del instrumento, serán sancionadas por la Corte Suprema de Justicia, previa audiencia del notario, con una multa de CINCO A VEINTICINCO COLONES.
Las infracciones en que incurra el notario, que produzcan la nulidad de un instrumento o de alguna de sus cláusulas, serán sancionadas con una multa de VEINTICINCO A DOSCIENTOS COLONES y si se tratare de un testamento, con una multa de DOSCIENTOS A QUINIENTOS COLONES. Estas multas las impondrá el Juez de Primera Instancia en la sentencia definitiva, que recaiga en el juicio de nulidad. Sin perjuicio de ser responsable el notario por los daños y perjuicios ocasionados y de ser inhabilitado o suspendido en su caso.
Publicado por Jaime Noé Villalta Umaña en 20:35
Arancel del Registro en El Salvador
ARANCEL DEL REGISTRO
Artículo 48[1].- EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAÍZ E HIPOTECAS SE PAGARÁN LAS SIGUIENTES TASAS, APLICABLES A CADA UNA DE LAS INSCRIPCIONES, ANOTACIONES, CERTIFICACIONES, CANCELACIONES U OTROS SERVICIOS REGISTRALES:
1º) POR CADA CENTENA O FRACCIÓN DE CENTENA DEL PRECIO O DEL VALOR EXPRESADO EN DÓLARES, DE CADA UNO DE LOS ACTOS O CONTRATOS CONSIGNADOS EN EL INSTRUMENTO, SENTENCIA O DILIGENCIA INSCRIBIBLES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:
a) COMPRAVENTAS, DONACIONES, ADJUDICACIONES O DACIONES EN PAGO, TRASPASOS POR HERENCIA Y CUALESQUIERA OTROS INSTRUMENTOS, ACTOS O CONTRATOS QUE PRODUZCAN TRANSFERENCIA O TRANSMISIÓN DE DOMINIO.
b) USUFRUCTOS, ARRENDAMIENTOS, FIDEICOMISOS, ANTICRESIS Y CUALESQUIERA OTROS INSTRUMENTOS, ACTOS O CONTRATOS QUE PRODUZCAN MODIFICACIONES EN EL DOMINIO.
c) HIPOTECAS, SERVIDUMBRES Y PRENDAS MERCANTILES O AGRÍCOLAS.
d) HIPOTECAS ABIERTAS.
e) ANOTACIONES DE EMBARGOS.
f) MODIFICACIONES EN CUANTO A LA CUANTÍA DE LOS INSTRUMENTOS, ACTOS O CONTRATOS SEÑALADOS EN LAS LETRAS “B”, “C” Y “D” ANTERIORES.
g) CESIONES DE CRÉDITOS.
h) TÍTULOS SUPLETORIOS.
2º) POR CUALQUIER OTRA MODIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS, ACTOS O CONTRATOS SEÑALADOS
EN LAS LETRAS “B”, “C” Y “D” DEL ORDINAL ANTERIOR.
3º) POR LA INSCRIPCIÓN O CANCELACIÓN DE CONTRATOS DE CRÉDITO A LA PRODUCCIÓN, LOS DERECHOS A PAGAR, DE ACUERDO A SU MONTO, SERÁN LOS SIGUIENTES: NO OBSTANTE LO QUE DISPONE EL PRIMER INCISO DEL ARTÍCULO 50-A.[2]
HASTA $1,800.00.
MÁS DE $1,800.00 HASTA $4,500.00.
MÁS DE $4,500.00 HASTA $9,000.00.
SOBRE EL EXCESO DE $9,000.00 SE PAGARÁ, ADEMÁS, $0.13 POR CADA CENTENA O FRACCIÓN DE CENTENA DE DÓLARES. EN NINGÚN CASO, POR LA CANCELACIÓN DE LOS CRÉDITOS A LA PRODUCCIÓN SE PAGARÁ MÁS DE $8.91.
4º) POR LAS CANCELACIONES TOTALES DE LOS INSTRUMENTOS, ACTOS Y CONTRATOS INDICADOS EN LAS LETRAS “B”, “C” Y “D” DEL ORDINAL 1º DE ESTE ARTÍCULO, CUYO VALOR NO EXCEDA DE $9,000.00, SE PAGARÁ $8.91; SOBRE EL EXCESO DE $9,000.00 SE COBRARÁ, ADEMÁS, $0.13 POR CADA CENTENA O FRACCIÓN DE CENTENA DE DÓLARES.
5º) POR LAS CANCELACIONES PARCIALES DE LOS INSTRUMENTOS, ACTOS O CONTRATOS MENCIONADOS EN LAS LETRAS “B”, “C” Y “D” DEL ORDINAL 1º DE ESTE ARTÍCULO, CUYO VALOR NO EXCEDA DE $9,000.00, SE PAGARÁ $8.91; SOBRE EL EXCESO DE $9,000.00 SE COBRARÁ, ADEMÁS, $0.13 POR CADA CENTENA O FRACCIÓN DE CENTENA DE DÓLARES.
6º) DECLARATORIAS DE HEREDEROS Y DECLARACIONES JURADAS.
7º) POR CADA INSCRIPCIÓN O CANCELACIÓN DE ANOTACIONES PREVENTIVAS DE CUALQUIER NATURALEZA.
8º) POR LAS CERTIFICACIONES SOLICITADAS POR PARTICULARES O POR AUTORIDADES EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, SE PAGARÁN LAS SIGUIENTES TASAS:
a) POR CERTIFICACIONES LITERALES DE INSCRIPCIONES.
$8.86, MÁS $0.35 POR CADA UNA DE LAS HOJAS DE QUE CONSTE LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN.
b) POR CADA CERTIFICACIÓN EN RELACIÓN O EXTRACTADA DE UNA INSCRIPCIÓN.
c) POR CADA CERTIFICACIÓN DISTINTA DE LAS ANTES EXPRESADAS.
d) POR CADA CERTIFICACIÓN DE CARENCIA DE BIENES.
$1.77 POR TITULAR, NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN EL PRIMER INCISO DEL ARTÍCULO 50-A[3]
9º) POR LOS INFORMES DE ÍNDICE DE PROPIETARIOS, $0.71 POR TITULAR, NO OBSTANTE LO QUE DISPONE EL PRIMER INCISO DEL ARTÍCULO 50-A.[4] (6) (8) (9) (10) (13) (14) (15)
Artículo 49. EN LA UNIDAD DEL REGISTRO SOCIAL DE INMUEBLES SE COBRARÁN LAS MISMAS TASAS ESTABLECIDAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAÍZ E HIPOTECAS, CON LA SOLA EXCEPCIÓN DE LOS ACTOS RELATIVOS A PROYECTOS QUE TENGAN CALIFICACIÓN DE INTERÉS SOCIAL, DE ACUERDO CON LA LEY DE CREACIÓN DE DICHA UNIDAD, PARA LOS CUALES SE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES TASAS:
1º) POR CADA UNA DE LAS INSCRIPCIONES, CANCELACIONES U OTROS SERVICIOS REGISTRALES INDICADOS EN EL ARTÍCULO ANTERIOR, CUYO VALOR NO EXCEDA DE US $15,000.00, SE PAGARÁ EL 25% DE LAS TASAS ESTABLECIDAS EN DICHA DISPOSICIÓN.
2º) POR CADA CERTIFICACIÓN DE UNA INSCRIPCIÓN: US $5.71.
3º) POR CADA INSCRIPCIÓN O CANCELACIÓN DE ANOTACIONES PREVENTIVAS DE CUALQUIER NATURALEZA: US $5.71.
4º) POR CADA CERTIFICACIÓN DE UN PLANO DE LOTIFICACIÓN, US $8.86, MÁS US $0.14 POR CADA LOTE COMPRENDIDO EN EL PLANO.
5º) POR LOS ACTOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN, LAS TASAS A PAGAR SERÁN LAS SIGUIENTES:
a) POR LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANOS DE LOTIFICACIÓN Y PERIMETRAL, REQUERIDOS PARA EFECTUAR INSCRIPCIONES, SE PAGARÁ POR CADA LOTE, PARCELA O LOCAL, UNA TASA EQUIVALENTE AL PRECIO UNITARIO AUTORIZADO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE HACIENDA PARA LA VENTA DE PLANOS CATASTRALES;
b) POR DESMEMBRACIONES EN CABEZA DE SU DUEÑO O MODIFICACIONES DE LAS MISMAS CON O SIN TRANSFERENCIA DE DOMINIO, SE PAGARÁ POR CADA LOTE O PARCELA US $9.70, CON UN MÍNIMO DE US $34.29, Y POR LA INSCRIPCIÓN DE INMUEBLES EN EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD INMOBILIARIA POR PISOS Y APARTAMIENTOS US $9.70 POR CADA LOCAL, CON UN MÍNIMO DE US $54.91;
c) POR REMEDICIONES Y REUNIONES DE INMUEBLES SE PAGARÁ POR CADA LOTE O PARCELA US $9.70, CON UN MÍNIMO DE US $34.29; Y,
d) POR PARTICIONES DE INMUEBLES, SE PAGARÁ POR CADA LOTE O PARCELA RESULTANTE US$9.70, CON UN MÍNIMO DE US $34.29.
CUANDO LOS ACTOS PREVIAMENTE INDICADOS, SEAN RELATIVOS A PROYECTOS QUE TENGAN LA CALIFICACIÓN DE INTERÉS SOCIAL SEGÚN LO DISPUESTO POR LA LEY DE CREACIÓN DE LA UNIDAD DEL REGISTRO SOCIAL DE INMUEBLES, Y SU VALOR NO EXCEDA DE US $15,000.00, SE PAGARÁ EL 25% DE LAS TASAS ESTABLECIDAS EN LAS LETRAS A), B), C) Y D) ANTERIORES. (13) (15) (16)
Artículo 50.- SI EN UN DOCUMENTO INSCRIBIBLE SE CONSIGNAREN DIVERSOS ACTOS O CONTRATOS CON UN SOLO PRECIO O VALOR TOTAL, EL VALOR DE CADA UNO SE CALCULARÁ A PRORRATA PARA EL SOLO EFECTO DE ESTABLECER LA TASA APLICABLE.
SI NO APARECIERE EN EL INSTRUMENTO NINGÚN PRECIO O VALOR DEL O DE LOS ACTOS O CONTRATOS, SE RECIBIRÁ DECLARACIÓN JURADA ACERCA DEL MONTO DE LOS MISMOS, POR PARTE DEL BENEFICIARIO DE LA INSCRIPCIÓN DE QUE SE TRATE.
SI DE LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS ANTERIORES NO FUESE POSIBLE DETERMINAR EL PRECIO O VALOR REFERIDOS, LA TASA APLICABLE SERÁ LA MÍNIMA QUE SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO SIGUIENTE. (7) (9) (13) (15)
Artículo 50-A.- TODOS LOS SERVICIOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAÍZ E HIPOTECAS SE PAGARÁN CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE ARANCEL, PERO EN NINGÚN CASO LA TASA A PAGAR SERÁ INFERIOR A $8.86, NI EXCEDERÁ DE LA SUMA DE $5,400.00; EN LA UNIDAD DEL REGISTRO SOCIAL DE INMUEBLES, LAS TASAS A PAGAR NO SERÁN INFERIORES A $5.71 NI EXCEDERÁN DE LA SUMA DE $5,400.00.
NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN EL INCISO ANTERIOR EL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS PODRÁ ACORDAR LA PRESTACIÓN DE DICHOS SERVICIOS BAJO CONDICIONES O MODALIDADES ESPECIALES MEDIANTE CONVENIOS APROBADOS POR SU CONSEJO DIRECTIVO.
LOS PAGOS SE HARÁN POR MEDIO DE MANDAMIENTOS DE INGRESOS, EN LAS COLECTURÍAS O BANCOS QUE EL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS AUTORICE; LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA O FINALIDAD, CANCELARÁN LAS TASAS Y LOS SERVICIOS ESPECIALES CON CARGO A SUS PROPIAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS.
SI UN INSTRUMENTO SE RETIRARE SIN INSCRIBIR Y SE PRESENTARE NUEVAMENTE A REGISTRO, CON RECTIFICACIÓN O SIN ELLA, NO SE PAGARÁN DE NUEVO LAS TASAS DE INSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTES, PERO SE PAGARÁ $8.86 POR LA NUEVA PRESENTACIÓN.
SI FUESE NECESARIO SUSTITUIR FOLIOS DE LOS INSTRUMENTOS SENTENCIAS O DILIGENCIAS PRESENTADOS A INSCRIPCIÓN, SE PAGARÁ $2.30 POR CADA HOJA QUE HAYA DE SUSTITUIRSE.
EN NINGÚN CASO SE REINTEGRARÁ LO PAGADO CONFORME A ESTE ARANCEL, AUNQUE EL INSTRUMENTO RETIRADO NO FUERE PRESENTADO DE NUEVO A REGISTRO. (13) (14) (15)
Artículo 50-B.- CUANDO SE PRESENTAREN INSTRUMENTOS QUE CONTENGAN ESTIPULACIONES EN OTRAS MONEDAS, EL VALOR DE LAS RESPECTIVAS TASAS SE CALCULARÁ CONVIRTIENDO A DÓLARES LA MONEDA DE QUE SE TRATE, DE ACUERDO CON EL TIPO DE CAMBIO MÁS ALTO FIJADO EN EL SISTEMA BANCARIO A LA FECHA DEL PAGO.
TODAS LAS TASAS EXPRESADAS EN DÓLARES EN EL PRESENTE ARANCEL, PODRÁN SER PAGADAS EN COLONES AL TIPO DE CAMBIO LEGALMENTE ESTABLECIDO. (13) (15)
Artículo 50-C.- SE PROHÍBE LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS, ASÍ COMO CUALQUIER FORMA DE EXENCIÓN O REBAJA NO ESTABLECIDA DE ACUERDO CON LA LEY, LOS TRATADOS INTERNACIONALES O EL PRESENTE ARANCEL. (15)
[1] Ley Relativa a las Tarifas y Otras Disposiciones Administrativas del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas.
[2] Artículo 50-A.- TODOS LOS SERVICIOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAÍZ E HIPOTECAS SE PAGARÁN CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE ARANCEL, PERO EN NINGÚN CASO LA TASA A PAGAR SERÁ INFERIOR A $8.86, NI EXCEDERÁ DE LA SUMA DE $5,400.00; EN LA UNIDAD DEL REGISTRO SOCIAL DE INMUEBLES, LAS TASAS A PAGAR NO SERÁN INFERIORES A $5.71 NI EXCEDERÁN DE LA SUMA DE $5,400.00.
[3] Artículo 50-A.- TODOS LOS SERVICIOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAÍZ E HIPOTECAS SE PAGARÁN CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE ARANCEL, PERO EN NINGÚN CASO LA TASA A PAGAR SERÁ INFERIOR A $8.86, NI EXCEDERÁ DE LA SUMA DE $5,400.00; EN LA UNIDAD DEL REGISTRO SOCIAL DE INMUEBLES, LAS TASAS A PAGAR NO SERÁN INFERIORES A $5.71 NI EXCEDERÁN DE LA SUMA DE $5,400.00.
[4] Artículo 50-A.- TODOS LOS SERVICIOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAÍZ E HIPOTECAS SE PAGARÁN CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE ARANCEL, PERO EN NINGÚN CASO LA TASA A PAGAR SERÁ INFERIOR A $8.86, NI EXCEDERÁ DE LA SUMA DE $5,400.00; EN LA UNIDAD DEL REGISTRO SOCIAL DE INMUEBLES, LAS TASAS A PAGAR NO SERÁN INFERIORES A $5.71 NI EXCEDERÁN DE LA SUMA DE $5,400.00.
Publicado por Jaime Noé Villalta Umaña en 17:16
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La voluntad de ser donante de órganos o tejidos podrá expresarse en:
a) Licencia de conducir.
b) Documento de identidad personal.
c) Escritura pública.
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Art. 152.- No podrán ser candidatos a Presidente de la República:
7º.- Las personas comprendidas en los ordinales 2o., 3o., 4o., 5o. y 6o., del artículo 127 de esta Constitución.
Art. 127 Ord. 6º. “Los que tengan pendientes contratos o concesiones con el Estado para explotación de riquezas nacionales o de servicios públicos, así como los que hayan aceptado ser representantes o apoderados administrativos de aquéllos, o de sociedades extranjeras que se hallen en los mismos casos”.
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Lic. Jaime Noé Villalta Umaña. Tema Picture Window. Imágenes del tema: mattjeacock. Con la tecnología de Blogger.

References: artículo 172
 artículo 13
 artículo 17
 resolución 
 artículo 182

Artículo 48
 ARTÍCULO 50
 ARTÍCULO 50
 ARTÍCULO 50

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 50

Artículo 50

Artículo 50
 Artículo 50
 Artículo 50
 Artículo 50
 artículo 127
 Artículo 48