Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920102.html
Timestamp: 2019-11-20 20:28:09+00:00

Document:
as201920102
S A L A C IV I L
Auto Supremo: 102/2019
Expediente: CH-44-18-A.
Partes: Norma Lourdes Poveda Siñani de Díaz c/ Luis Poveda Baptista.
Proceso: Declaración de ganancialidad de bienes hereditarios.
VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 231 a 239, interpuesto por Norma Lourdes Poveda Siñani de Díaz contra el Auto de Vista 93/2018 de 19 de abril cursante de fs. 222 a 224 vta., pronunciados por la Sala Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el proceso de declaración de ganancialidad de bienes hereditarios seguido por Norma Lourdes Poveda Siñani contra Luis Poveda Baptista, la respuesta de fs. 242 a 247 vta., Auto de concesión del recurso a fs. 248, Auto Supremo de admisión Nº 509/2018-RA de 13 de junio, cursante de fs. 252 a 254 vta., los antecedentes del proceso, y:
1. Planteada y subsanada la demanda de declaración de comunidad de gananciales por Norma Lourdes Poveda Siñani de Díaz contra Francisca Gareca Morales de fs. 60 a 80 vta., y a fs. 99 y vta., contestando la demandada y oponiendo excepción previa de falta de legitimación procesal pasiva cursante de fs. 121 a 123 vta. Reconduciendo la demandante el proceso contra Luis Poveda Baptista haciendo constar que al ser éste menor de edad, solicitó se cite a su madre Daniela Baptista Pari.
Tramitado así el proceso hasta la emisión del Auto interlocutorio definitivo cursante a fs. 186, la Juez Público de Familia Nº 3 resolvió desestimar la tramitación del proceso, estableciendo que la ganancialidad está reservada para quienes tienen legitimación, es decir para los esposos: Eulalia Siñani Chávez y Sixto Poveda Mesa y que en relación a los bienes sucesorios deba procederse conforme a la ley civil, resolución que generó la apelación de la demandante (fs. 189 a 197 vta.).
2. La Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pronunció el Auto de Vista Nº 93/2018 de 19 de abril, cursante de fs. 222 a 224 vta., que en lo relevante anotó que la pretensión sería civilista al pretender reclamar bienes dispuestos por la madre en vida, asimismo estableció que al rechazar la pretensión, la A quo no vulneró ninguna normativa familiar, puesto que al rechazar la demanda de declaración de ganancialidad de los bienes hereditarios, no se pronunció sobre la igualdad de derechos de los hijos y sus derechos a suceder y en virtud a ello estableció que si la parte apelante pretendió hacer valer sus derechos debió acudir a la vía civil, en razón a ello CONFIRMÓ totalmente el Auto Definitivo Nº 319/2017 de 28 de noviembre cursante a fs. 186.
3. La referida resolución de alzada fue recurrida en casación por la demandante, con memorial de fs. 231 a 239, concedido, previo traslado con Auto de 01 de junio de 2018 (fs. 248) y admitido por esta Sala Civil mediante Auto Supremo Nº 509/2018-RA de 13 de junio, correspondiendo su resolución.
La recurrente dedujo en su recurso de casación, uno de forma y otro de fondo, de los que se extractan los siguientes agravios:
1. Denunció que el Auto de Vista Nº 93/2018 infringió el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial, que es una norma esencial que garantiza el derecho al debido proceso, previsto en los arts. 115-II y 117-I de la CPE y art. 30.num12) de la Ley Nº 025, porque la resolución de segunda instancia emitió pronunciamiento en afirmaciones incoherentes, contradictorias, subjetivas, ilegales e infundadas siendo que en principio la A quo no se declaró incompetente y por el contrario consideró que la ganancialidad es exclusivamente para quienes tienen legitimación, es decir para los cónyuges y consideró también que al desestimar la demanda cumplió con un proceso justo y equitativo señalando que la demandante deba proceder conforme a la ley civil porque lo que se pretende es hacer valer su derecho hereditario, siendo un argumento risible.
2. Reclamó que el A quo al negar su propia competencia debió proceder conforme lo establecido en el art. 223.IV del Código de las Familias, que es una norma de orden público y cumplimiento obligatorio, por expresa determinación del art. 219.I del mencionado cuerpo legal, al no haber procedido de esa forma expresó que vulneró los citados artículos y el principio de legalidad previsto en los arts. 180.I de la CPE y 30 núm. 6) de la Ley del Órgano Judicial, así como su derecho al debido proceso proclamados en los arts. 115.II y 117.I de la CPE y 30 de la Ley Nº 025.
3. Demandó que el Auto de Vista en su numeral 1 del segundo considerando, de forma arbitraria e ilegal, afirmó que sólo los cónyuges tienen la legitimación para solicitar la determinación de la comunidad de gananciales, señalando que para demostrar su vocación hereditaria, los hijos tienen legitimidad para demandar la declaración judicial de la ganancialidad de bienes que fueron adquiridos en vigencia del matrimonio de sus padres.
4. Acusó al Auto de Vista pronunciado como arbitrario porque no dio razones válidas que sustente el mismo, no tiene la debida motivación y fundamentación, es evasivo, porque debió expresar sus propios razonamientos y argumentos que justifiquen su pretensión, asimismo omitió considerar y resolver las pretensiones expresadas por las partes, afectando el principio de congruencia, por lo tanto, vulneró la garantía al debido proceso. En ese sentido acusó que conculcó el art. 385 del Código de Familias y del Proceso Familiar.
La recurrente solicitó ANULAR obrados hasta fs. 186 inclusive, o en su defecto hasta fs. 222 atendiendo el último agravio.
1. Demandó que la resolución de segunda instancia vulneró los arts. 7, 176.I, 177.I, 187, 188, 190, 47.I y II, 3.I y II incisos h) y l), 4.II y V, 5 inc. d), 6 incs. a), f), g) e i), 31 y 32 inc. f) del Código de las Familias y del Proceso Familiar, porque al no dar curso al proceso se le está privando la posibilidad que la recurrente pueda demostrar que los inmuebles mencionados correspondían a la comunidad de gananciales que se constituyeron por efecto del matrimonio de sus padres, misma que es regulada únicamente por el “Código de las Familias y del Proceso Familiar” para que posteriormente pueda hacer valer su vocación hereditaria en un juicio civil.
Acusó que el Auto de Vista vulneró los arts: 47.I y II, 3.I y II incs. h) y l), 4.II V), 5 inc. d), 6 incs. a), f), g) e i), 31 y 32 inc. f) del Código de las Familias y del Proceso Familiar, porque camufló la falsedad perpetua y grave injusticia que le causaron su madre y hermano, al hacer figurar en la Escritura Pública Nº 20/1965, bienes inmuebles aparentemente adquiridos con dinero propio, cuando los mismos fueron adquiridos con dineros de la comunidad de gananciales, que es lo que pretende probar en este proceso.
Solicitó casar el Auto de Vista, disponiendo que la A quo proceda al trámite de la demanda hasta el pronunciamiento de la correspondiente sentencia.
Francisca Gareca Morales, refirió que la parte recurrente incurrió en improponibilidad objetiva de su pretensión por carecer absolutamente de legitimación procesal para demandar la declaración de la ganancialidad de bienes que pertenecieron a sus finados padres, peor aún demandar en la vía familiar la ganancialidad de bienes inmuebles para demostrar su vocación hereditaria, puesto que su pretensión debe ser resuelta en la vía civil y no familiar como intenta.
Al respecto entre la vasta jurisprudencia emitida por este Tribunal Supremo de Justicia, el Auto Supremo Nº 355/2018 de 7 de mayo, así como el Auto Supremo Nº 183/2015-L de 11 de marzo, que sobre el particular razonaron lo siguiente: “En ese entendido diremos que frente a la interposición de la demanda el Juez tiene el deber ineludible de efectuar un primer examen de admisibilidad, el cual según el art. 333 del Adjetivo Civil, parecería limitarse a la verificación del cumplimiento de las reglas referidas a la forma de la demanda como acto de postulación, establecidas en el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil. No obstante, lo que se desprende de las normas transcritas, literalmente consideradas, la doctrina y la jurisprudencia han reconocido de manera concordante que la facultad del Juez puede ir más allá de ese análisis de cumplimiento de presupuestos de admisibilidad extrínsecos o formales y, extenderse a los requisitos de admisibilidad intrínsecos, e incluso a los de fundabilidad o procedencia de la pretensión.
Por ello para lograr desentrañar adecuadamente el poder que ejerce el juez frente a la interposición de una demanda, resulta relevante distinguir, entre el control formal de la demanda y, el control material o de fondo; o lo que el Autor Carlo Carli denomina condiciones de procedimiento y de fundabilidad, en el primer caso, una vez deducida una determinada pretensión el juez no queda automáticamente conminado a admitirla y promover en consecuencia el proceso, debe en principio analizar la concurrencia de los presupuestos procesales y el cumplimiento de las formas necesarias de las que debe estar revestido al acto de demanda; constituye pues un juicio netamente formal que se realiza antes del análisis sobre el fondo de la pretensión, y está relacionado con el poder reconocido al juez de sanear el proceso lo más pronto posible, para liberarlo de impedimentos y óbices formales y facilitar el rápido y ordenado pasaje a las etapas vinculadas al mérito. En consecuencia, en este examen de admisibilidad el juez deberá tener en cuenta, por ejemplo si el conocimiento de la demanda que se le presenta es de su competencia o no; si la demanda se ajusta a las reglas previstas por el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil.
En dicho sentido, una vez comprobada que ha sido por el juez la concurrencia de los presupuestos procesales y el cumplimiento de los requisitos formales, le corresponde efectuar un control de la proponibilidad o fundamento intrínseco, respecto a la improponibilidad objetiva e improponibilidad subjetiva, que a decir del autor Argentino Peyrano respecto a la primera señala que: "Presentada la demanda ante el juez, éste deberá analizar (entre otras cosas) la proponibilidad objetiva de la pretensión y para ello deberá consultar el ordenamiento y comprobar "en abstracto", si la ley le concede la facultad de juzgar el caso, es decir el mencionado autor refiere que el rechazo in límine por "improponibilidad objetiva de la demanda", no es por carencia de condiciones de procedibilidad, sino por evidente infundabilidad de la acción. Con relación a la improponibilidad subjetiva, procede cuando al advertirse que la relación de los hechos en que se funda la pretensión no sea la idónea para lograr una Sentencia favorable, por ejemplo cuando una persona demanda usucapión decenal del inmueble alegando la posesión por solo dos años, el fundamento fáctico es la posesión por dos años, lo que no daría lugar a una Sentencia de usucapión decenal o extraordinaria; otro hipotético seria demandar el divorcio en contra del cónyuge que ya falleció (pues el con el deceso el matrimonio quedó disuelto) y que sea descrito en la demanda, obviamente que esa relación fáctica no dará lugar a emitir una sentencia favorable.
De este razonamiento podemos concluir que la improponibilidad puede ser objetiva: cuando el juicio se centra en analizar los efectos jurídicos materiales de la pretensión y la falta de aptitud jurídica del objeto para ser juzgado en derecho, lo que hace posible que el Juez rechace in limine la litis, del mismo modo también se presenta la improponibilidad desde el punto de vista subjetivo, la cual se centra en el juicio que hace el juez, cuando la pretensión se funda en una relación de los hechos que no son idóneos para lograr una sentencia favorable” (Las negrillas y subrayado nos pertenecen).
Ahora bien, haciendo hincapié en lo que es la improponibilidad subjetiva, resulta pertinente referirnos al Auto Supremo Nº 183/2017 de fecha 01 de marzo de 2017 , que en su doctrina aplicable desarrolló este extremo señalando lo siguiente: “Para el entendimiento de este fallo es necesario recurrir a la doctrina, al efecto corresponde citar a Lino E. Palacio quien en su obra “Derecho Procesal Civil” Ed. Abeledo Perrot, Tomo I, págs. 405 a 406 al teorizar los requisitos intrínsecos de admisibilidad de la pretensión señala lo siguiente: “Para que el juez se encuentre en condiciones de examinar la pretensión procesal en cuanto al fondo es preciso que quienes de hecho intervienen en el proceso como partes (actora o demandada), sean quienes deban figurar en ese proceso concreto asumiendo tal calidad. Estas últimas son las "justas partes" o las "partes legítimas", y la aptitud jurídica que permite caracterizarlas mediante esos términos se denomina legitimación para obrar o legitimación procesal. Cabe pues definir a la legitimación para obrar o procesal, como aquel requisito en cuya virtud debe mediar una coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las que la ley habilita especialmente para pretender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación pasiva) respecto de la materia sobre la cual el proceso versa…”, por ello se deduce que la legitimación es un requisito que afecta tanto al actor como al demandado. La pretensión, en efecto debe ser deducida por y frente a una persona procesalmente legitimada, por lo que se entenderá que la ausencia de legitimación, sea activa o pasiva, torna admisible la llamada defensa de "falta de legitimación".
Por otra parte, diremos que en la legislación peruana, también se ha avanzado con la teoría de la improponibilidad de una pretensión, así se cita a Cristian Angeludis Tomassini, quien señala en su ponencia “¿Qué significado tiene y cuáles son los alcances de la calificación de la demanda in limine?”, alude que: “Existen tres supuestos de improponibilidad jurídica de la demanda: a) Improponibilidad subjetiva o falta de legitimación.- (…) Se ha resuelto que el juez tiene facultades oficiosas para decidir, antes de dar traslado de la demanda, si las partes tienen legitimación sustancial para demandar o ser demandadas, cuando esta carencia sea manifiesta, pudiendo en consecuencia, rechazar in limine la demanda, b) Falta de Interés.- Corresponde en tal situación la misma solución anteriormente señalada. Los jueces no hacen declaraciones abstractas, por tanto, quienes interponen una pretensión o quienes se oponen a ella, deben tener interés para litigar y c) Improponibilidad Objetiva.- Cuando surge en forma manifiesta que la pretensión carece de sustento legal o porque la demanda tiene un objeto inmoral o prohibido (…). En todos estos casos, la demanda puede rechazarse in limine por carecer de algún requisito de fundabilidad y ésta ser manifiesta. Por su parte, el jurista Argentino Jorge Peyrano, señala que hemos empleado la locución “rechazo sin trámite completo”, en lugar de la habitual fórmula “rechazo in limine de la demanda”. Ello no es gratuito ni producto de una inadvertencia. El asunto (…) tiene íntima conexión con la oportunidad en la cual el Tribunal puede repeler in limine una demanda (rectius, “pretensión”). Expresado de otro modo: luego de admitida la demanda y tras haberse sustanciado un tramo del proceso respectivo creemos que, todavía, el juez interviniente (advertido de la improponibilidad objetiva de la pretensión en cuestión) está en condiciones de desestimarla sin estar obligado a tramitar toda la causa y a aguardar el momento del dictado de una sentencia demérito, es decir, en cualquier estado del proceso”.
En resumen se dirá que cuando surge en forma manifiesta que la pretensión carece de tutela jurídica, ya sea porque la demanda tiene un objeto inmoral o prohibido por las leyes o cuando la causa invocada como fundamento de la petición es ilícita o inmoral, estamos frente a una “improponibilidad objetiva”, por oposición a la “improponibilidad subjetiva derivada de la falta de legitimación (de quien tiene el legítimo derecho de demandar una cosa)”, razón por la cual el juez al ser manifiestamente evidente la ausencia de legitimación activa para solicitar la pretensión invocada, correspondía rechazar la misma in límine”.
III.2. De la legitimación.
Sobre el tema, es pertinente citar, el criterio de Hernando Devis Echandía, quien en su obra TEORÍA GENERAL DEL PROCESO, 2da Edición Buenos Aires Edit. Universidad 1997 página 269, señala: “Tener legitimación en la causa consiste en ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial, puede formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda … por ser sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial pretendida … que deben ser objeto de la decisión del Juez…”.
En ese entendido, también es preciso referir que la legitimación que conforme a la doctrina se clasifica en 1.) Legitimación procesal y 2.) Legitimación ad-causam; la primera; está referida a la aptitud o idoneidad para intervenir válidamente en el proceso, ya sea de parte del demandante o del demandado o de quienes intervienen en su representación (apoderados); es una cuestión de carácter estrictamente formal; lo segundo; refiere sobre la legitimación ad-causam que se vincula con la titularidad del derecho sustancial que se pretende ejercitar con la demanda, exige que la demanda sea presentada por quien realmente tenga la titularidad del derecho sustancial que se reclama, toda vez, que la legitimación “ad-causam”, es la condición particular y concreta de las partes, que se deriva en su vinculación con el objeto del litigio.
Es decir que, la legitimación en la causa es un elemento esencial de la acción que presupone o implica la necesidad de que la demanda sea presentada por quien tenga la titularidad del derecho que se cuestiona, esto es, que la acción sea entablada por aquella persona que la ley considera como particularmente idónea para estimular, en el caso concreto la función jurisdiccional es la falta de legitimación propiamente dicha (legitimación ad-causam), cuestiona si la parte resulta ser el titular de la relación jurídica sustantiva (el titular del derecho litigado que es el nexo entre el actor y demandado), cuando se cuestiona ese aspecto, el mundo litigante generalmente la impugna por la excepción de “falta de acción y derecho”, cuando dicha invocación es errada, pues el derecho de acción, es entendida como el derecho público subjetivo que tiene toda persona natural o jurídica para acudir al órgano jurisdiccional con el objeto de que se atienda su pretensión, muy al margen de considerar si la pretensión se encuentra amparada por el derecho, en tal razón, que la legitimación resulta ser un presupuesto que afecta tanto al actor como al demandado, la pretensión, en efecto, debe ser deducida por y frente a una persona procesalmente legitimada, lo contrario torna inadmisible la demanda.
Así también, es pertinente aclarar sobre la falta de “derecho”, si bien el mundo litigante generalmente la impugna por la excepción de “falta de acción y derecho”, cuando dicha invocación es incorrecta, pues el derecho de acción, es entendida como el derecho público subjetivo que tiene toda persona natural o jurídica para acudir al órgano jurisdiccional con el objeto de que se atienda su pretensión, muy al margen de considerar si la pretensión se encuentra amparada por el derecho; en cambio por la falta de derecho, se entiende si la pretensión deducida por el actor (al que se lo reconoce como el titular de la relación jurídica) se encuentra amparado por la legislación. Como se podrá ver ambos institutos resultan ser diferentes ya que en la falta de legitimación propiamente dicha (legitimación ad causam), se cuestiona si el actor es el titular de la relación jurídica sustantiva.
Al respecto, la jurisprudencia sentada por este Tribunal Supremo de Justicia, ha orientado sobre el tema en el entendido de que, la improponibilidad subjetiva se centra en el juicio que hace el Juez antes de admitir la demanda, pero sobre la falta evidente de interés sustancial en el actor para proponer su demanda, que en el caso de Autos, es sobre nulidad de documento, por lo que correspondía al Juez analizar si el actor contaba con la debida legitimidad que hace a la proponibilidad subjetiva de su pretensión; para explicar esta situación conviene traer a colación lo considerado en el Auto Supremo Nº 516/2014 que señaló: “…el principio dispositivo es reconocido por la doctrina como un principio básico e informador del proceso civil estrechamente ligado a la naturaleza privada de los derechos subjetivos que se controvierten en él. Así, si el Estado reconoce a los ciudadanos un derecho subjetivo de libre disponibilidad, es evidente que sólo al titular de ese derecho subjetivo le compete discernir y decidir si desea instar la tutela jurisdiccional de tal derecho dando inicio a un proceso; definir el contenido y alcance de la tutela que solicita y; disponer del derecho poniendo fin al proceso. (Las negrillas son nuestras).
III.3. De los autos de caracteres definitivos y autos interlocutorios simples.
El Auto Supremo 369/2016 de 19 de abril 2016, orientó sobre el tema en sentido de que: “El art. 255 del Código de Procedimiento Civil (Resoluciones contra las cuales procede el Recurso de Casación).- “Habrá lugar al recurso de casación contra las resoluciones siguientes: 1) Autos de vista que resolvieren en apelación las sentencias definitivas en los procesos ordinarios, ejecutivos, sumarios, concursales y de arbitrio de derecho. 2) Autos de vista que resolvieren una declinatoria de jurisdicción, decidieren una excepción de incompetencia o anularen el proceso. 3) Autos de vista referentes a autos interlocutorios que pusieren termino al litigio…”. Precepto normativo que tiene relación con el art. 251-I del mismo compilado legal, que dispone sobre la procedencia del recurso de casación para invalidar sentencias y autos definitivos; artículos que señalan de manera expresa contra qué tipo de resoluciones procede la casación, no pudiendo habilitar su procedencia contra otro género de resoluciones distintas a las que se encuentran especificadas dentro del catálogo señalada en la norma legal de referencia…
En relación a la interpretación de las citadas normas, “Al respecto diremos que los autos interlocutorios simples son resoluciones que deciden las cuestiones incidentales suscitadas durante la tramitación del proceso; según Eduardo J. Couture, es “un pronunciamiento sobre el proceso no sobre el derecho”; dirimen cuestiones accesorias que surgen con ocasión de lo principal y se resuelven con apoyo de fundamentación conforme lo establece el art. 188 del C.P.C., pueden ser revocados o sufrir mutaciones de oficio o instancia de parte como lo determinan los arts. 189 y 215 del mismo Código adjetivo de la materia; solo son apelables en efecto devolutivo y/o diferido según el caso específico a ser resuelto, sin recurso ulterior (art. 225 núm. 3) CPC. y art. 24 núm. 2) y 4) Ley 1760), lo que significa que la Resolución de segunda instancia que resuelve la apelación no admite recurso de casación.
En cambio, los Autos interlocutorios definitivos son Resoluciones que cortan todo procedimiento ulterior del juicio haciendo imposible de hecho y de derecho la prosecución del proceso; ponen fin al proceso y suspenden la competencia de la autoridad jurisdiccional, consiguientemente no son revocables ni susceptibles de reposición por el mismo Juez; admiten recurso de apelación directa en el efecto suspensivo conforme lo dispone el art. 224 núm. 3) del Código de Procedimiento Civil”.
En ese mismo sentido el Auto Supremo Nº 380/2013 de 22 de julio, ha señalado que el Tribunal Constitucional a través de la SC 0343/2005-R, de 12 de abril, refirió, que: “…todo auto que no ponga fin al litigio y trate del proceso mismo y no del derecho discutido en él, constituye un auto interlocutorio simple, de manera que podrá ser objeto de reposición bajo alternativa de apelación en caso de negativa, o sea que tendrá que ser interpuesto dentro de los tres días de la notificación, conforme determina el art. 116 del CPC”, criterio que concurre en la SC 0636/2003-R de 9 de mayo, señalando: “Que, en este sentido, los Autos Interlocutorios simples -que no se presentan en el caso de examen- pueden ser revocados o sufrir mutaciones de oficio o a instancia de parte conforme determina el art. 189 CPC, además, pueden ser objeto de reposición, según lo previsto por el art. 215 CPC, pero no de apelación ni de recurso de casación…”.
1. Denunció que el Auto de Vista Nº 93/2018 infringió el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial, que es una norma esencial que garantiza el derecho al debido proceso, previsto en los arts. 115.II y 117.I de la CPE y art. 30 num12) de la Ley Nº 025, porque la resolución de segunda instancia emitió pronunciamiento en afirmaciones incoherentes, contradictorias, subjetivas, ilegales e infundadas siendo que en principio la A quo no se declaró incompetente y por el contrario consideró que la ganancialidad es exclusivamente para quienes tienen legitimación, es decir para los cónyuges y consideró también que al desestimar la demanda cumplió con un proceso justo y equitativo señalando que la demandante deba proceder conforme a la ley civil porque lo que se pretende es hacer valer su derecho hereditario, siendo un argumento risible.
Previamente aclarar y establecer que los bienes que pretenden ser deducibles como gananciales del difunto padre, fueron adquiridos por la madre y el hermano con recursos propios, así lo establece el Testimonio cursante de fs. 2 a 4 donde en la cláusula quinta el referido padre de la demandante declaró: “Dirá usted que yo Sixto Poveda, de este vecindario, mayor de edad, casado y hábil por derecho, declaro solemnemente que no aporto ni un solo centavo para esta adquisición, siendo la única dueña mi esposa Eulalia Siñani de Poveda, en la proporción que adquiere conjuntamente con Oscar Poveda Zárate”(…) “…Presentes al mismo tiempo los compradores Eulalia S. de Poveda y Oscar Poveda Zárate, de este vecindario, mayores de edad, casada y soltero respectivamente y hábiles por ley, a quienes igualmente de conocerlos doy fe; y dijeron: Que confirman y aceptan en todas sus partes, la presente venta de lote de terreno, que les hace. Presente al mismo tiempo el señor Sixto Poveda, de este vecindario, mayor de edad, casado y hábil por derecho a quien igualmente de conocer Doy Fe y dijo: Que en esta adquisición no aporta un solo centavo y que por consiguiente la dueña única y exclusiva del referido lote es su esposa Eulalia Siñani de Poveda en la proporción que le corresponde.- En cuya virtud todas las partes contratantes, aprueban, ratifican y reproducen en todos los términos y condiciones de su redacción el tenor integro de la minuta preinserta, para que surta sus efectos legales y consiguientes, con lo cual queda perfeccionada esta escritura”.- (firmas de todos los suscribientes, Notario y testigos. (Las negrillas son nuestras).
Por lo tanto, realizando un análisis la demandante pretende la declaración de ganancialialidad de bienes adquiridos sin la participación del padre, siendo que el mismo nunca fue titular de los mismos y por otro lado la pretensión la dirige en primer término contra la concubina de su difunto hermano y posteriormente subsana y la dirige contra el nieto de su hermano Oscar Poveda Zárate.
En ese contexto la demandante pretende atribuir ganancialidad al derecho propietario de su difunto hermano, siendo que claramente el documento descrito supra, refiere que el aludido bien fue adquirido con recursos propios tanto de la madre cuanto del hermano, por consiguiente el hermano libremente adquirió su derecho propietario sin tener ninguna relación reatada o haber sucedido al padre, por ello, no en primer término resulta coherente que la demandante interponga su pretensión contra la sucesión de su hermano premuerto, en segundo lugar lo que debió hacer es interponerla contra su madre estando ella aún con vida y de esa manera con elementos probatorios ambas partes podrían haber hecho valer sus pretensiones para establecer si existía o no la referida ganancialidad, puesto que a simple vista de los documentos esgrimidos, el padre nunca fue titular.
En este caso en principio, la pretensión subsanada, correctamente corresponde a la competencia familiar, sin embargo ingresando al análisis de autos, la demandante al margen de una declaratoria de ganancialidad inexistente, persigue en sí el reconocimiento de derechos sobre bienes hereditarios, por tanto en este caso no existiendo los requisitos que hagan viable la primera parte de su pretensión, es decir los presupuestos para establecer la ganancialidad de los bienes reclamados, corresponde deducir que por la exposición reiterada que la propia demandante expresa respecto a que los bienes fueron adquiridos con dineros de su extinto padre sin haberla tomado en cuenta, vislumbrando por ello y por los argumentos expuestos que en razón a ello y en su calidad de hija le correspondería un derecho, por lo tanto inexcusablemente lo reclamado en la segunda parte de su pretensión está vinculado al derecho sucesorio.
Con base a lo antedicho, si bien el razonamiento de los de instancia conlleva subsanarlos, no significa que sean atentatorios al debido proceso ni que en el fondo conlleven a su nulidad, puesto que con uno u otro razonamiento claramente se establece que la demanda es inviable, por lo que no vulneraron ninguna normativa resultando sus agravios infundados.
2. Reclamó que el A quo al negar su propia competencia debió proceder conforme lo establecido en el art. 223.IV del Código de las Familias, que es una norma de orden público y cumplimiento obligatorio, por expresa determinación del art. 219.I del mencionado cuerpo legal, al no haber procedido de esa forma expreso que vulneró los citados artículos y el principio de legalidad previsto en los arts. 180.I de la CPE y 30 núm. 6) de la Ley del Órgano Judicial, así como su derecho al debido proceso proclamados en los arts. 115.II y 117.I de la CPE y 30 de la Ley Nº 025.
En el caso de autos la demanda fue correctamente observada por el A quo estableciendo que la pretensión sea reconducida y subsanada, versando la misma sobre la declaración de ganancialidad de bienes hereditarios, lo cual supuso que el proceso fuera conocido en principio correctamente por la acción de “declaración de ganancialidad” resultando así compatible en razón de la competencia familiar, sin embargo, cabe aclarar que en el caso concreto se invoca declarar ganancialidad sobre bienes de los cuales nunca fue titular el referido cónyuge, inexistente en el acervo o propiedad al momento de su deceso, así también se interpone contra alguien que no sucedió al abuelo sino a su padre por derecho sucesorio en relación a un derecho propietario propio por adquisición de compra con sus propios recursos, situación claramente definida por los documentos arrimados a la presente, lo cual hace inviable la pretensión.
En ese entendido se tiene que, si la demandante pretende obtener algún derecho sobre dichos bienes, no puede hacerlo a través de esta acción ni en esta vía, puesto que respecto al tema de concreción de derechos respecto a dineros y otros de su padre premuerto tendrían que accionarse vía sucesoria, por lo tanto, en la vía llamada por ley que es la civil. De forma que sus reclamos no son ciertos ni atañen a estas instancias del proceso.
3. Demandó que el Auto de Vista en su numeral 1 del segundo considerando, de forma arbitraria e ilegal, afirmó que sólo los cónyuges tienen la legitimación para solicitar la determinación de la comunidad de gananciales, sin embargo, señaló que para demostrar su vocación hereditaria, los hijos tienen legitimidad para demandar la declaración judicial de la ganancialidad de bienes que fueron adquiridos en vigencia del matrimonio de sus padres.
Al respecto se tiene que en principio la ganancialidad está reservada para los cónyuges y también para los hijos ante un el eventual deceso de cualquiera de los cónyuges, es decir para el supérstite y los hijos en común, sin embargo tal como la propia recurrente expresó en su recurso la ganancialidad está referida a bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio que deben ser exigidos oportunamente a quien en derecho corresponde así que en este caso únicamente pudo exigir ello a la cónyuge supérstite, al estar fallecida, únicamente su pretensión podría ser acogida en la vía sucesoria, pues siendo que lo pretendido en este proceso son bienes adquiridos después del fallecimiento de uno de ellos y dado que ninguno de los cónyuges ya vive y aun peor se interpone contra alguien que no corresponde, dicha demanda es insostenible, por lo que cualquier omisión en el razonamiento de la resolución de segunda instancia es intrascendente; puesto que de todos modos con uno u otro razonamiento dicha resolución confirma la inviabilidad de la pretensión, decisión final que es acertada por lo que en este reclamo no concurren mayores elementos que cambien la misma.
4. Acusó al Auto de Vista pronunciado como arbitrario porque no dio razones válidas que sustente el mismo, no tiene la debida motivación y fundamentación, es evasivo, porque debió expresar sus propios razonamientos y argumentos que justifiquen su pretensión, asimismo omitió considerar y resolver las pretensiones expresadas por las partes, afectando el principio de congruencia, por lo tanto vulneró la garantía al debido proceso. En ese sentido acusó que conculcó el art. 385 del Código de Familias y del Proceso Familiar.
En relación a este reclamo, corresponde establecer que el Auto de Vista impugnado realizó una relación de los agravios formulados en la apelación extractándolos en cuatro puntos, contestando a todos ellos, motivando y fundamentando cada respuesta; así se tiene establecido por la amplia jurisprudencia que la motivación y fundamentación no significa necesariamente que las autoridades jurisdiccionales deban otorgar contestaciones ampulosas y tampoco que deban dar razón a todo lo pretendido como la recurrente reclama, de tal forma que revisado el mismo no se establece vulneración al art. 385 del Código de Familias, por lo cual este reclamo no tiene asidero.
1. Acusó que el Auto de Vista vulneró los arts: 47.I y II, 3.I y II incs. h) y l), 4.II V), 5 inc. d), 6 incs. a), f), g) e i), 31 y 32 inc. f) del Código de las Familias y del Proceso Familiar, porque camufló la falsedad perpetua y grave injusticia que le causaron su madre y hermano, al hacer figurar en la Escritura Pública Nº 20/1965, bienes inmuebles aparentemente adquiridos con dinero propio cuando los mismos fueron adquiridos con dineros de la comunidad de gananciales, que es lo que se pretende probar en este proceso, asimismo, demandó que la resolución de segunda instancia vulneró los arts. 7, 176.I, 177.I, 187, 188, 190, 47.I y II, 3.I y II incisos h) y l), 4.II y V, 5 inc. d), 6 incs. a), f), g) e i), 31 y 32 inc. f) del Código de las Familias y del Proceso Familiar, porque alegó que al no dar curso al proceso se le está privando la posibilidad que la recurrente pueda demostrar que los inmuebles mencionados correspondían a la comunidad de gananciales que se constituyeron por efecto del matrimonio de sus padres, misma que es regulada únicamente por el “Código de las Familias y del Proceso Familiar” para que posteriormente pueda hacer valer su vocación hereditaria en un juicio civil.
Con carácter previo es necesario establecer que por el documento cursante de fs. 5 a 7, se tiene que al fallecimiento del padre de la demandante, tanto la madre como el hermano y la demandante se declararon herederos forzosos ab intestato con la respectiva misión en posesión hereditaria de todos los bienes dejados por el de cujus, documento que refiere estar acorde con el dictamen del señor Fiscal.
Así realizando una recopilación histórica respecto a la situación de los padres de la demandante se tiene que contrajeron matrimonio el 30 de junio de 1963, asimismo, por declaración de la propia demandante en el primer memorial de demanda cursante a fs. 61, refirió que: “En fecha 17 de mayo de 1968 se produjo el sentido fallecimiento de mi padre Sixto Poveda M…” documentación que permite establecer que la vigencia del matrimonio entre los padres de la demandante se remonta a los años 1963-1968, es decir a 5 años de vida matrimonial que se sujetaron a la normativa que estaba vigente entonces, cual es la del Código Civil Santa Cruz.
El Código Civil llamado Santa Cruz fue promulgado el 18 de octubre de 1830 con sus respectivas reformas rigió hasta el 2 de abril de 1972, revisado el mismo, y realizando un análisis del Código Santa Cruz, en el libro tercero referido a las diferentes formas de adquirir la propiedad en su Capitulo primero se encuentran los arts. 957 al 961 referidos a la sociedad conyugal, el art. 957 refería que “El matrimonio induce entre los cónyuges una sociedad conyugal, por la que se hacen partibles todos los bienes ganados durante su unión, aunque los capitales traídos sean desiguales, ó aunque el uno lleve capital y el otro no”, así también el art. 958 hacía referencia a los bienes gananciales estableciendo que: “Son bienes gananciales los que cualquiera de los cónyuges adquiere con su trabajo, industria, oficio o profesión; las rentas y frutos percibidos y pendientes de los bienes que cada uno trajo al matrimonio, y de los que durante él le vinieron por herencia, legado, donación ó por cualquier otro título”, así también el art. 959 expresaba: “Aun los bienes de patrimonio de cada uno se presumen comunes, mientras no se pruebe lo contrario por un instrumento arreglado”, así como también establecía en el art. 961 que “La sociedad conyugal cesa: 1º Por la muerte de uno de los cónyuges; 2º por el divorcio; 3º por el destierro perpetuo de cualquiera de ellos; 4º por renuncia de la mujer, hecha a tiempo de celebrarse el matrimonio o después, en cuyo caso no debe pagar las deudas contraídas durante él”. (las negrillas son nuestras).
En ese contexto jurídico establecido en el citado Código y concretamente en el citado art. 959 establecido estaba que los cónyuges podían arreglar por un instrumento (documento acreditado) que la propiedad como es este caso, pertenecía a uno solo de ellos, aspecto que fue realizado dentro del contexto jurídico de la época en que estuvieron casados y bajo la normativa establecida en el Código Santa Cruz.
Bajo esos antecedentes legales corresponde establecer que en el caso concreto el cónyuge del cual se reclama la ganancialidad, falleció el 17 de mayo de 1968 tal como consta por referencia de la propia demandante cursante a fs. 61 de la demanda, asimismo, al tenor de la propia demandante, los bienes incoados en la presente demanda referidos a un inmueble ubicado en el Pasaje San Rafael casi esquina Junín y un terreno con una superficie de 1620 m2 ubicado en la Avenida Alberto Ostria Gutiérrez Nº 468, ambos de la ciudad de Sucre, fueron adquiridos por la madre y por el hermano de la actora, así mismo cursa la declaratoria de herederos con posterioridad al deceso de dicho cónyuge en la que es parte la demandante, razón por la cual en apego a la normativa ya citada, dichos bienes no resultan ser gananciales.
Por tanto en el caso presente la demanda persigue la declaratoria de ganancialidad de dos bienes que de acuerdo a la versión de la misma demandante fueron adquiridos con un “supuesto dinero ganancial” de su padre, de lo cual claramente se infiere que los mismos no existían en vigencia del matrimonio ni en lo que podría por analogía aplicarse como “comunidad de gananciales” al momento del fallecimiento del padre de la demandante, razón por la cual se hace imposible su pretensión siendo la misma improponible de acuerdo a lo estipulado en el punto III.1 de la doctrina aplicable en la presente resolución.
Así establecido lo anterior se tiene que su reclamo no tiene asidero.
Al efecto cabe señalar que los argumentos de la misma son conducentes a infundar el recurso, pretensión acogida en la presente resolución.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num.1) de la Ley del Órgano Judicial y, en aplicación de lo previsto por el art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación planteado por Norma Lourdes Poveda Siñani de Díaz (fs. 231 a 239), contra el Auto de Vista SFNA Nº 93/2018, pronunciado por la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Con costas y costos.
Se regula honorario del abogado que contestó el recurso en la suma de Bs. 1.000.

References: resolución 
 resolución 
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 artículo 327
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 Resolución 
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