Source: http://cidh.org/annualrep/2007sp/cap3d.sp.htm
Timestamp: 2017-12-15 16:10:03+00:00

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51. El cabal cumplimiento de las decisiones de la Comisión Interamericana constituye un elemento indispensable para asegurar la plena vigencia de los derechos humanos en los Estados miembros de la OEA, así como para contribuir al fortalecimiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Por tal motivo, en la presente sección, la CIDH incluye un análisis sobre el estado del cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes adoptados por la Comisión durante los últimos seis años.
52. En este sentido, la Asamblea General de la OEA, mediante su resolución AG/RES. 2290 (XXXVII-O/07) sobre Observaciones y Recomendaciones al Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a los Estados miembros a que den seguimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (punto resolutivo 3.b) y que continúen otorgando el tratamiento que corresponde al informe anual de la Comisión, en el marco del Consejo Permanente y de la Asamblea General de la Organización (punto resolutivo 3 c). Asimismo, la resolución AG/RES. 2291 (XXXVII-O/07) sobre Fortalecimiento de los Sistemas de Derechos Humanos en Seguimiento de los Mandatos Derivados de las Cumbres de las Américas, reafirmó la voluntad de la OEA de continuar las acciones concretas tendientes al cumplimiento de los mandatos de la Tercera Cumbre de las Américas incluyendo el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (punto resolutivo 2 b) y encomendó al Consejo Permanente a que la consideración de medios para promover el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión por parte de los Estados miembros de la Organización (punto resolutivo 3.e).
53. Tanto la Convención (artículo 41) como el Estatuto de la Comisión (artículo 18) otorgan explícitamente a la CIDH la facultad de solicitar información a los Estados miembros y producir los informes y recomendaciones que estime conveniente. Específicamente el Reglamento de la CIDH que entró en vigencia el 1º de mayo de 2001, dispone en su artículo 46:
54. En cumplimiento de sus atribuciones convencionales y estatutarias y en atención a las resoluciones citadas y de conformidad con el artículo 46 de su Reglamento, la CIDH solicitó información a los Estados acerca del cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en los informes publicados sobre casos individuales incluidos en sus Informes Anuales correspondiente a los años 2000 a 2006. La Comisión también decidió incluir en su página electrónica (www.cidh.org) copia de las respuestas de los Estados miembros en los casos en que así lo hayan solicitado expresamente.
55. El cuadro que la Comisión presenta incluye el estado en que se encuentra el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH formuladas en el marco de casos resueltos y publicados en los últimos seis años. La CIDH resalta que diferentes recomendaciones formuladas son de cumplimiento de tracto sucesivo y no inmediato y que algunas de ellas requieren de un tiempo prudencial para poder ser cabalmente implementadas. Por lo tanto, el cuadro presenta el estado actual de cumplimiento que la Comisión reconoce como un un proceso dinámico. Desde esta perspectiva, la Comisión evalúa si las recomendaciones se encuentran o no cumplidas y no si ha habido un comienzo de cumplimiento de tales recomendaciones.
56. Las tres categorías que se incluyen en el cuadro son las siguientes:
Informe Nº 103/01 María Merciadri de Moroni
Informe Nº 91/03 Juan Ángel Greco
Caso 11.804 (Argentina)
Informe Nº 102/05 Sergio Schiaviani y María Teresa Schnack de Schiavini
Caso 12.080 (Argentina)
Caso 12.086 Brian Schroeter y Jerónimo Bowleg (Bahamas)
Informe Nº 40/04 Indígenas Maya
Comunidad de Distrito Toledo
Caso 12.053 (Belice)
Informe Nº 97/05 Alfredo Díaz Bustos
Petición 14/04/Caso 12.215 (Bolivia)
Informe Nº 98/05 Raúl Zavala Málaga y Jorge Pacheco Rondón
Petición 241/04/Caso 12.216 (Bolivia)
Informe Nº 54/01 Maria da Penha
Caso 12.051 (Brasil)
Informe Nº 55/01 Aluisio Cavalcante y otros
Caso 11.286 (Brasil)
Informe Nº 40/03 Parque São Lucas
Caso 10.301 (Brasil)
Informe Nº 95/03 José Pereira
Caso 11.289 (Brasil)
Informe Nº 32/04 Masacre Corumbiara
Caso 11.556 (Brasil)
Informe Nº 33/04 Jailton Neri Da Fonseca
Caso 11.634 (Brasil)
Informe Nº 43/06 Caso 12.426 Ranie Silva Cruz y Caso 12.427 Eduardo Rocha da Silva y Raimundo Nonato Conceiao Filho (Brasil)
Informe Nº 66/06 Simone André Diniz
Caso 12.001 (Brasil)
Informe Nº 32/02 Juan Manuel Contreras San Martín y otros
Informe Nº 19/03 Carmelo Soria Espinoza
Caso 11.725 (Chile)
Informe Nº 30/04 Mercedes Julia Huenteao Beroiza y otros
Petición 4617/02 (Chile)
Informe Nº 90/05 Alejandra Marcela Matus Acuña y otros
Caso 12.142 (Chile)
Informe Nº 63/01 Carlos Manuel Prada González y Evelio Antonio Bolaño Castro
Informe Nº 53/06 Germán Enrique Guerra Achuri
Petición 10.205(Colombia)
Informe Nº 105/05 Masacre Villatina
Petición 11.141 (Colombia)
Informe Nº 67/06 Oscar Elías Biscet y otros
Petición 12.476(Cuba)
Informe Nº 68/06 Lorenzo Enrique Copello Castillo y otros
Petición 12.477 (Cuba)
Informe Nº 63/03 Bolívar Franco Camacho Arboleda
Caso 11.515 (Ecuador)
Informe Nº 64/03 Joffre José Valencia Mero, Priscila Fierro, Zoreida Valencia Sánchez, Rocío Valencia Sánchez
Caso 12.188 (Ecuador)
Informe Nº 65/03 Joaquín Hernández Alvarado, Marlon Loor Argote y Hugo Lara Pinos
Caso 12.394 (Ecuador)
Informe Nº 44/06 José René Castro Galarza
Petición 12.205 (Ecuador)
Informe Nº 45/06 Lizandro Ramiro Montero Masache
Petición 12.207 (Ecuador)
Informe Nº 46/06 Myriam Larrea Pintado
Petición 12.238 (Ecuador)
Informe Nº 47/06 Fausto Mendoza Giler y Diógenes Mendoza Bravo
Petición 533-01 (Ecuador)
Informe Nº 51/01 Rafael Ferrer-Mazorra y otros
Informe Nº 62/02 Michael Domingues
Informe Nº 97/03 Shaka Sankofa
Caso 11.193 (Estados Unidos)
Informe Nº 98/03 Statehood Solidarity Committee
Caso 11.204 (Estados Unidos)
Informe Nº 99/03 César Fierro
Caso 11.331 (Estados Unidos)
Informe Nº 100/03 Douglas Christopher Thomas
Caso 12.240 (Estados Unidos)
Informe Nº 101/03 Napoleón Beazley
Caso 12.412 (Estados Unidos)
Informe Nº 1/05 Roberto Moreno Ramos
Caso 12.430 (Estados Unidos)
Informe Nº 25/05 Toronto Markkey Patterson
Caso 12.439 (Estados Unidos)
Informe Nº 91/05 Javier Suárez Medina
Caso 12.421 (Estados Unidos)
Informe Nº 47/01 Donnason Knights
Caso 12.028 (Grenada)
Casos 10.626 Remigio Domingo Morales y Rafael Sánchez;
10.627 Pedro Tau Cac
11.198(A) José María Ixcaya Pixtay y otros
10.799 Catalino Chochoy y otros
10.751 Juan Galicia Hernández y otros y
10.901 Antulio Delgado (Guatemala)
Informe Nº 60/01 Ileana del Rosario Solares Castillo y otros
Informe Nº 66/03 Emilio Tec Pop
Petición 11.312 (Guatemala)
Informe Nº 67/03 Irma Falquer
Petición 11.766 (Guatemala)
Informe Nº 68/03 Comunidad de San Vicente de Los Cimientos
Petición 11.197 (Guatemala)
Informe Nº 29/04 Jorge Alberto Rosal Paz
Petición 9168 (Guatemala)
Informe Nº 99/05 José Miguel Merida Escobar
Petición 133/04 (Guatemala)
Informe Nº 100/05 Pedro García Chuc
Petición 10.855 (Guatemala)
Informe Nº 69/06 Tomás Lares Cipriano
Caso 11.171 (Guatemala)
Informe Nº 1/06 Franz Britton
Caso 12.264 (Guyana)
Informe Nº 78/02 Guy Malary
Informe Nº 49/01 Leroy Lamey
Caso 11.826 y otros (Jamaica)
Informe Nº 41/04 Whitley Myrie
Caso 12.417 (Jamaica)
Informe Nº 92/05 Michael Gayle
Caso 12.418 (Jamaica)
Informe Nº 61/06 Derrick Tracey
Caso 12.447 (Jamaica)
Informe Nº 53/01 Ana, Beatríz y Celia González Pérez
Informe Nº 69/03 José Alberto Guadarrama García
Caso 11.807 (México)
Informe Nº 101/05 Alejandro Ortiz Ramírez
Petición 388/01 (México)
Informe Nº 2/06 Miguel Orlando Muñoz Guzmán
Caso 12.130 (México)
Informe Nº 77/02 Waldemar Jerónimo Pinheir y José Víctor Dos Santos
Informe Nº 112/00 Yone Cruz Ocalio
Caso 11.099 (Perú)
Informe Nº 70/03 Augusto Alejandro Zúñiga Paz
Caso 11.149 (Perú)
Informe Nº 71/03 María Mamérita Mestanza Chávez
Petición 12.191 (Perú)
Informe Nº 31/04 Ricardo Manuel Semoza Di Carlo
Petición 12.078 (Perú)
Informe Nº 107/05 Róger Herminio Salas Gamboa
Petición 185/02 (Perú)
Informe Nº 49/06 Rómulo Torres Ventocilla
Petición 12.033 (Perú)
Informe Nº 50/06 Miguel Grimaldo Castañeda Sánchez y otros
Petición 711-01 y otras (Perú)
Informe Nº 109/06 Héctor Hugo Nuñez Julia y otros
Petición 33-03 y otras (Perú)
Informe Nº 124/06 Tomás Eduardo Cirio
Caso 11.500 (Uruguay)
Informe Nº 110/06 Sebastián Echaniz Alcorta
y Juan Víctor Galarza Mendiola
Petición 12.555 (Venezuela)
57. El 11 de octubre de 2001, la Comisión en el informe 103/01 aprobó un acuerdo de solución amistosa en el caso Maria Merciadri de Morini. En resumen, la petición objetaba la aplicación de la Ley 24.012 (la “Ley de Cuotas”) y el decreto que la implementaba, los cuales trataban sobre la inclusión de candidatas mujeres en las boletas electorales.
58. En el informe de solución amistosa se detalla que el 28 de diciembre de 2000 se dictó el Decreto Nº 1246, para garantizar la participación efectiva de las mujeres en las listas de candidatos/as a cargos electivos nacionales. La peticionaria manifestó que el mismo contempla adecuadamente los aspectos fundamentales que dieron sustento a su denuncia ante la CIDH.
59. Por ello, la CIDH reitera su conclusión de que se ha dado cumplimiento al acuerdo de solución amistosa.
CASO 11.804, Informe Nº 91/03, Juan Ángel Greco (Argentina)
60. El 22 de octubre de 2003, la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en el caso de Juan Ángel Greco. En resumen, los peticionarios alegaron que el 25 de junio de 1990 el Sr. Greco, 24 años de edad, fue detenido ilegalmente y maltratado cuando trataba de obtener asistencia policial al denunciar una agresión. Sostienen que mientras el Sr. Greco estaba detenido en la Comisaría de Puerto Vilelas, Provincia del Chaco, se produjo un incendio en su celda, en circunstancias no aclaradas, que le provocó graves quemaduras. Los peticionarios sostienen que la Policía es responsable de provocar el incendio y de demorar varias horas el traslado de la víctima al hospital. El Sr. Greco estuvo hospitalizado hasta su fallecimiento, el 4 de julio de 1990, y enterrado, conforme a lo denunciado por los peticionarios, sin una autopsia adecuada. Los peticionarios sostienen también que el Estado no realizó una investigación adecuada para aclarar los hechos aducidos, con lo cual denegó a la familia su derecho a que se hiciera justicia y a obtener una indemnización.
De conformidad con el acuerdo amistoso, el Estado se comprometió a:
1. Reparar económicamente a los familiares de Juan Ángel Greco en la suma de Pesos Trescientos Mil ($300.000) que se pagarán a la Sra. Zulma Bastianini de Greco a razón de Pesos Treinta Mil ($30.000) mensuales en el plazo previsto en el Punto 3 del presente Item, comprendiendo la misma daño material, daño moral, lucro cesante, gastos, honorarios y todo otro rubro que pudiera derivarse de la responsabilidad asumida por la Provincia del Chaco.
2. Enviar a los peticionarios y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por intermedio de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, fotocopia certificada y legalizada de dos causas en la que la Provincia de Chaco ha solicitado el reexamén.
3. Instar, en el marco de sus competencias, la reapertura de Ia causa penal y las investigaciones correspondientes.
4. Disponer la reapertura del sumario administrativo N°130/91-250690-1401 una vez reabierta la causa penal.
5. Asegurar en el marco de sus competencias, el acceso de los familiares de la víctima a las investigaciones judiciales y administrativas.
6. Publicar el acuerdo en los principales medios de prensa gráficos nacionales y de la provincia del Chaco.
7. Continuar impulsando medidas legislativas y administrativas para una mejor protección de los Derechos Humanos. Al respecto el Estado dejo constancia en el acuerdo de que se había elaborado y remitido a la Cámara de Diputados de la Provincia para su estudio y aprobación un Proyecto de Ley a través del cual se crea una Fiscalía Penal de Derechos Humanos.
8. Fortalecer la tarea de la Comisión Permanente de Control de los Centros de Detención creada por Resolución del Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo de la Provincia del Chaco Nro. 119, de fecha 24 de febrero de 2.003.
9. Acentuar la tarea del Organo de Control Institucional (O.C.I.) creado por el Art. 35 de la Ley Orgánica Policial de la Provincia del Chaco N° 4.987 direccionándolo hacia una más efectiva protección de los derechos humanos, por parte de la Policía de la Provincia. En ese sentido, el Estado deja constancia que por iniciativa del Poder Ejecutivo se constituyó en el ámbito de la Cámara de Diputados, el Consejo Provincial para la Promoción y Educación de los Derechos Humanos creado por Ley Nro. 4.912, para lo cual ya se han designado y convocado los representantes de los distintos organismos y poderes intervinientes.
61. La Comisión recibió información de las partes sobre las medidas adoptadas con el fin de cumplir con los puntos acordados durante una reunión de trabajo llevada a cabo el 5 de marzo de 2004. El 8 de noviembre de 2004, la Comisión solicitó a las partes información actualizada sobre el estado del cumplimiento del acuerdo. Los peticionarios presentaron una breve comunicación al respecto con fecha 19 de noviembre de 2004. A partir de entonces, se han realizado reuniones de trabajo adicionales; la última, el 20 de octubre de 2006. Asimismo, la Comisión ha solicitado información actualizada a las dos partes; al respecto, los peticionarios presentaron cartas del 13 de agosto y 5 de diciembre de 2007.
62. Con base en la información disponible, se ha cumplido con los aspectos del acuerdo relacionados con la indemnización monetaria, y con los aspectos del acuerdo relacionados con la publicación del mismo.
63. Sin embargo, los aspectos relacionados con el deber de investigar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos de Juan Ángel Greco, siguen pendientes. En cuanto al proceso penal, las partes han informado que en octubre de 2003, el agente fiscal había formulado requerimiento de instrucción formal contra el personal policial de la Comisaría Seccional que estaba prestando servicios en el momento de los hechos que produjeron la muerte de la víctima, y que en dicho requerimiento se solicitaba la producción de varias diligencias probatorias. Los peticionarios destacaron que fue hasta junio de 2004 que se habría ordenado la producción de dichas diligencias, las cuales, si bien fueron efectuadas en alguna medida, no habrían impulsado el proceso en cuanto a la imputación de responsabilidad por la comisión de los hechos.
64. La apertura del sumario administrativo en sede policial fue notificada por el Estado a los peticionarios el 31 de diciembre de 2005. Los peticionarios, sin embargo, manifiestan que continúa recurriéndose a los dichos de los propios agentes policiales cuestionados, por lo que no se han dado avances en la investigación administrativa. Asimismo, refieren su preocupación en tanto a la posible prescripción de la misma.
65. Finalmente, en cuanto a la creación de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, los peticionarios refieren que la misma se enmarcaba como parte del compromiso de adoptar medidas legislativas y administrativas para ampliar la protección de los derechos humanos y, en especial, para garantizar una investigación seria e independiente de graves violaciones a derechos humanos; sin embargo, señalan que las facultades de la Fiscalía se limitan a denunciar los casos de tortura u otros tratos degradantes ante los fiscales de turno y a constituirse como parte querellante, lo que convierte su actuación en meramente “adhesiva”.
66. La Comisión ha valorado positivamente la creación de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos como contribución importante al proceso de cumplimiento; sin embargo, observa que el lenguaje utilizado por la ley N° 5702, creadora de dicha Fiscalía, no contempla características propias de una Fiscalía y condiciona sus facultades, en temas de derechos humanos, al actuar de otras fiscalías, no especializadas. La Comisión espera recibir mayor información, respecto de este tema, por parte del Estado.
67. Por lo expuesto, la Comisión concluye que el Estado ha dado cumplimiento parcial a los puntos acordados.
CASO 12.080, Informe Nº 102/05, Sergio Schiavini y María Teresa Schnack (Argentina)
68. El 27 de octubre de 2005, mediante Informe 102/05, la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en el caso de Sergio Schiavini y María Teresa Schnack. En resumen, los peticionarios habían planteado alegatos referentes a la responsabilidad del Estado por la muerte de Sergio Andrés Schiavini, ocurrida el 29 de mayo de 1991 durante un enfrentamiento entre miembros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y un grupo de asaltantes que tomaron como rehenes a varias personas entre las que se encontraba el joven Schiavini. Los peticionarios señalaron como agravios por parte del Estado el uso excesivo de la fuerza durante el tiroteo; la denegación de protección y garantías judiciales; y los actos de persecución a los que se ha visto sometida María Teresa Schnack a partir la muerte de su hijo, Sergio Schiavini, por impulsar los procesos de investigación.
69. Por medio del acuerdo de solución amistosa, el Estado reconoció su responsabilidad por “los hechos sucedidos y la violación de los derechos y garantías reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos que surgen del informe de admisibilidad N° 5/02 adoptado por la CIDH en el marco de su 114º período ordinario de sesiones.
70. De conformidad con dicho acuerdo, el Estado se comprometió a:
2. Definir de común acuerdo el procedimiento a aplicar, labrando un acta y enviandola a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A tal efecto, las partes designarán un representante para participar en las deliberaciones sobre el procedimiento. A efectos de representar al Estado nacional, delégase en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la designación de un funcionario del área con competencia en materia de derechos humanos en ambos Ministerios.
71. El Tribunal Arbitral Ad Hoc para la Determinación de las Reparaciones Pecuniarias en el Caso Schiavini contra el Estado de la República Argentina, constituida en el marco del acuerdo de solución amistosa, e integrado por los árbitros Víctor Manuel Rodríguez Rescia, Marcelo López Alfonsín y Fabián Omar Salvioli, dictó el laudo el 4 de diciembre de 2006, y leyó su fallo arbitral en una audiencia oral y pública llevada a cabo en la Ciudad de Buenos Aires en la misma fecha.
72. La Comisión evaluó el proceso desarrollado para llegar al fallo arbitral, así como la decisión emitida en cuanto a las reparaciones pecuniarias en el caso.
73. Mediante comunicación del 25 de octubre de 2007, los peticionarios informaron a la Comisión que se habría acreditado en las cuentas bancarias de los beneficiarios, declarados como tales por el Tribunal Ad Hoc, el importe acordado a la reparación pecuniaria. Por ello, el Estado ha cumplido con los aspectos del acuerdo relacionados con la indemnización monetaria.
74. Por lo expuesto, la Comisión concluye que el acuerdo amistoso se encuentra parcialmente cumplido.
CASOS 12.067, 12.068 and 12.086, Informe Nº 48/01, Michael Edwards, Omar Hall, Brian Schroeter y Jeronimo Bowleg (Bahamas)
75. La Comisión en el Informe Nº 48/01 del 4 de abril de 2001, concluyó que el Estado era responsable de: a) la violación de los artículos I, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana, por sentenciar a los señores Edwards, Hall, Schroeter y Bowleg, a una pena de muerte obligatoria; b) la violación de los derechos de los señores Edwards, Hall, Schroeter y Bowleg consagrados en el artículo XXIV de la Declaración Americana por no otorgar a los condenados un derecho efectivo de solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia; c) la violación de los derechos de los señores Hall, Schroeter y Bowleg, amparados en los artículos XI, XXV y XXVI de la Declaración Americana, debido a las condiciones inhumanas de detención a que fueron sometidos los condenados; d) la violación de los derechos de los señores Edwards, Hall, Schroeter y Bowleg, amparados en los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana, por no otorgar asistencia letrada a los condenados para iniciar acciones constitucionales, y por último; y e) la violación de los derechos de los señores Schroeter y Bowleg, a ser juzgados sin demora indebida, de acuerdo con el artículo XXV de la Declaración.
76. La CIDH efectuó al Estado las siguientes recomendaciones:
• Otorgue a los señores Edwards, Hall, Schroeter y Bowleg una reparación efectiva que incluya la conmutación de la sentencia y una indemnización;
• Adopte las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar que la pena de muerte se impone en cumplimiento de los derechos y libertades garantizados en la Declaración Americana, incluyendo, en particular, los artículos I, XXV y XXVI, y garantizar que nadie sea sentenciado a muerte en virtud de una ley de sentencia obligatoria.
• Adopte las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar la efectividad en Bahamas del derecho consagrado en el artículo XXIV de la Declaración Americana a la petición de amnistía, indulto o conmutación de la sentencia.
• Adopte las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar la efectividad en Bahamas del derecho a una audiencia imparcial, consagrado en el artículo XXVI de la Declaración Americana, y el derecho a la protección judicial, protegido por el artículo XVIII de la Convención Americana, en relación con el recurso a acciones constitucionales.
• Adopte las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar la efectividad en Bahamas del derecho consagrado en el artículo XXV de la Declaración Americana a ser juzgado sin dilación injustificada.
• Adopte las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar la efectividad en Bahamas de los derechos amparados en los artículos XXV y XXVI de la Declaración Americana a un tratamiento humano y a no recibir un castigo cruel, infamante o inusitado.
77. El 8 de noviembre de 2002 la Comisión solicitó información actualizada al Estado y a los peticionarios, con respecto al cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH contenidas en el Informe Nº 48/01 de la Comisión. En el plazo dispuesto la CIDH no ha recibido respuesta del Estado. El 18 de diciembre de 2002 los peticionarios del caso Nº 12.067, de Michael Edwards, escribieron a la Comisión y le informaron que habían escrito al Fiscal General de las Bahamas, preguntándole qué medidas tomaría el Estado en respuesta a las conclusiones y recomendaciones de la Comisión. Asimismo, los peticionarios plantearon que hasta la fecha siguen esperando una respuesta del Fiscal General de las Bahamas sobre ese tema. El 18 de diciembre de 2002 el peticionario en el caso Nº 12.062, de Omar Hall, escribió a la Comisión y le informó que pese a las preguntas formuladas al Gobierno de las Bahamas no había recibido información alguna acerca de las medidas que el Estado ha adoptado para conmutar la sentencia de muerte dictada contra el señor Hall o de lo contrario para hacer efectivas las recomendaciones de la Comisión contenidas en el Informe Nº 48/01. Con respecto al caso Nº 12.086, de Brian Schroeter y Jeronimo Bowleg, los peticionarios escribieron a la Comisión y le informaron que estaban tratando de verificar cuáles de las recomendaciones contenidas en el Informe Nº 48/01, si es que alguna, han sido cumplidas por el Estado.
78. A través de comunicaciones del 2 de julio de 2004, el 9 de noviembre de 2004, el 4 de enero de 2007 y el 9 de noviembre de 2007, la Comisión solicitó al Estado información sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe Nº 48/01, conforme al artículo 46.1 del Reglamento de la Comisión. En el plazo fijado, la CIDH no ha recibido respuesta del Estado a esas comunicaciones.
79. Por ello, la CIDH concluye que las recomendaciones reseñadas se encuentran pendientes de cumplimiento.
CASO 12.053, Informe Nº 40/04, Comunidad Indígena Maya del Distrito Toledo (Belice)
80. La Comisión en el Informe Nº 40/04 del 12 de octubre de 2004, concluyó que el Estado era responsable de: a) la violación del derecho a la propiedad consagrado en el artículo XXIII de la Declaración Americana, en perjuicio del pueblo maya, al no adoptar medidas efectivas para reconocer su derecho de propiedad comunal en las tierras que ha ocupado y usado tradicionalmente, sin perjuicio para otras comunidades indígenas, y para delimitar, demarcar y titular o establecer por otra vía los mecanismos necesarios que aclaren y protejan el territorio en el que existe su derecho; b) la violación del derecho de propiedad consagrado en el artículo XXIII de la Declaración Americana, en perjuicio del pueblo maya, al otorgar concesiones madereras y petroleras a terceros, para utilizar los bienes y recursos que podrían quedar comprendidos por las tierras que deben demarcar, delimitar y titular o aclarar y proteger por otra vía, en ausencia de consultas efectivas y del consentimiento informado del pueblo maya; c) la violación del derecho a la igualdad ante la ley, la protección de la ley y la no discriminación, consagrado en el artículo II de la Declaración Americana, en perjuicio del pueblo maya, al no otorgarle las protecciones necesarias para ejercer sus derechos de propiedad plena y equitativamente con los demás miembros de la población de Belice; d) la violación del derecho a la protección judicial consagrado en el artículo XVIII de la Declaración Americana, en perjuicio del pueblo maya, al tornar ineficaces los procedimientos judiciales internos debido a un atraso irrazonable y al no brindarles, por tanto, un acceso efectivo a la justicia para la protección de sus derechos fundamentales.
81. La Comisión efectuó al Estado las siguientes recomendaciones:
82. El 1º de febrero de 2005 la Comisión escribió al Estado y a los peticionarios y les solicitó información actualizada con respecto al cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión, contenidas en el Informe Nº 40/04. Los peticionarios respondieron por nota del 1º de marzo de 2006, en que declararon que hasta entonces el Estado de Belice no había cumplido esas recomendaciones. Además solicitaron a la Comisión que otorgara medidas cautelares encaminadas a hacer efectivo el cumplimiento de las recomendaciones. En julio de 2006 la Comisión consideró la solicitud de los peticionarios y se rehusó a otorgar medidas cautelares. El Estado hasta ahora no ha respondido a la solicitud de la Comisión de que se le proporcione información actualizada referente al cumplimiento de sus recomendaciones, contenidas en el Informe Nº 40/04.
83. El 2 de noviembre de 2007, la Comisión solicitó información actualizada al Estado y a los peticionarios sobre el cumplimiento de las Recomendaciones hechas por la Comisión en el Informe Nº 40/04. Los Peticionarios respondieron a la Comisión mediante comunicación de fecha 30 de noviembre de 2007, señalando que, hasta el momento, el Estado de Belice no ha cumplido las recomendaciones de la Comisión. Sin embargo, los Peticionarios informaron a la Comisión sobre un fallo emitido por la Corte Suprema de Belice el 18 de octubre de 2007, el cual “determinó que Belice está obligado no solamente por la Constitución de Belice pero además por tratados y costumbre internacionales a reconocer, respetar y proteger los derechos territoriales tradicionales de los Mayas”. Los Peticionarios agregaron que dicho fallo había sido “influenciado considerablemente por el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2004”. Los peticionarios señalan que las actividades de explotación forestal y exploración de petróleo, así como los contratos de arrendamiento, han continuando en los territorios Mayas del Distrito de Toledo no obstante el fallo de la Corte Suprema y las recomendaciones hechas por la Comisión mediante el Informe Nº 40/04. Hasta la fecha, el Estado no ha respondido a la solicitud de información actualizada de la Comisión sobre el cumplimiento de las recomendaciones hechas en el Informe
Nº 40/04.
84. Por ello, La CIDH concluye que las recomendaciones formuladas se encuentran pendientes de cumplimiento.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 46
 artículo 46
 Resolución 
 artículo 46