Source: https://frentecivicojaen.wordpress.com/programa-base-del-frente-civico-somos-mayoria/
Timestamp: 2017-12-18 14:32:12+00:00

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Programa base del Frente Cívico “Somos Mayoría” | Frente Cívico "Somos Mayoría" de Jaén
El Frente Cívico Somos Mayoría tiene vocación de cambiar la sociedad en beneficio de esa inmensa mayoría de la población que soporta la situación a la que nos ha abocado un capitalismo sin frenos, depredador e inhumano, cada vez más poderoso sin contrapesos viables. Somos ambiciosos: nos proponemos un cambio de paradigma, para que el poder sea efectivamente democrático, y lo ejerza la mayoría en beneficio propio, con la conciencia colectiva que se plasma en los documentos ya creados y aceptados por las distintas instancias sociales y políticas, incluidos los estados, a los que esperamos poder obligar a cumplir sus compromisos nominales.
No pretendemos inventar nada: únicamente que se cumplan los Derechos Humanos, redactados en 1948 y refrendados por la práctica totalidad de los estados, y a los que se suman la Carta de la Tierra y la propia Constitución Española vigente desde 1978, que se esgrime como espantajo para frenar algunas cuestiones pero que se ignora de manera muy interesada para obviar otras, de marcado carácter social. No podemos olvidar que nuestra Constitución ha sido violada con una reforma perpetrada con nocturnidad y alevosía en beneficio de una casta de banqueros y especuladores que son los auténticos dueños del poder, los de arriba, más allá de que haya un partido u otro ejerciendo el gobierno.
Por lo tanto, nos proponemos un programa de 16 puntos, que nos sirva como banderín de enganche de todas aquellas personas que se sientan afectadas por el actual estado de cosas y que estén empeñadas en salir adelante, de manera consciente y comprometida. Sabemos que no va a ser fácil y que las cosas no se hacen solas, que hay que actuar y que cualquier acción conlleva trabajo, cambio personal y compromiso.
Nuestra propuesta no es un programa para elecciones. Va mucho más allá. Queremos ofrecer a los distintos partidos ya constituidos un referente de lo que quiere ese 99% que no tiene el poder económico, que ve recortados sus derechos día a día y que tiene la voluntad de ejercer la ciudadanía que nos prometen desde todas las instancias, nacionales e internacionales a la vez que nos la impiden sistemáticamente.
No somos, y no seremos en ningún caso, un partido político ni un sindicato. Ejercemos como ciudadanos, y la persona que se una a nosotros puede –y debe- seguir conservando su militancia en las organizaciones que considere oportunas. La coherencia interna de cada persona será la que determine en qué se compromete, y hasta dónde. Como organización, estamos abiertos al trabajo colectivo y asambleario, pero tenemos una línea de acción, de manera que no seamos “cualquier cosa que decida cualquiera en el momento que se le ocurra”.
Existe una línea ideológica, la que nos conduce hasta una ciudadanía global, hasta una humanidad realmente fraternal que viva en libertad e igualdad. Sin ideología no se puede dar un accionar político, y sin él no cambia la sociedad. Como decía el maestro Ferrer i Guardia, si un campo se deja sin cultivar no aparece un bosque. Se llena de ortigas y abrojos.
Pero la ideología sin praxis es estéril y nos lleva a un divagar eterno, que únicamente beneficia a aquellos que pretenden que todo siga igual. Hay quien se beneficia de las discusiones eternas tratando de convencer a los demás de que nada se puede hacer hasta que todo el mundo esté de acuerdo en la acción.
Con los puntos que a continuación exponemos no se pretende agotar los temas de nuestro trabajo, sino encauzarlos de manera que todas las personas que nos integramos en el Frente Cívico Somos Mayoría sepamos hacia dónde vamos y obremos en consecuencia. Sirven para que podamos explicar de manera sencilla qué es lo que pretendemos, y la ideología que consiste simplemente en vivir sobre un planeta habitable y que busca la justicia nos guíe para conseguir unos fines que, como nuestro nombre indica, beneficien a la inmensa mayoría.
1. Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 1.000 euros al mes
La propuesta de un Salario Mínimo Interprofesional de 1.000 euros al mes no es una cuestión meramente formal y para contar con números redondos que se recuerden fácilmente. Es una cifra que se aproxima al 75% de la media de los países de nuestro entorno, entre los que los gobernantes que ha habido hasta ahora se empeñan en incluirnos: Luxemburgo (1610 euros), Irlanda (1.462 euros), Holanda (1.357 euros), Bélgica (1336 euros), Francia (1321 euros), Gran Bretaña (1.148 euros).
Hace unos años, en pleno boom del ladrillo, se calificaba de mileurista con un cierto desprecio al que vivía en precario. En la actualidad, la cantidad de mil euros es un salario casi inalcanzable para la inmensa mayoría de los trabajadores que engrosan las listas del paro, estén o no registrados.
Recogiendo las teorías clásicas del salario, las de David Ricardo, nos encontramos con un salario nominal que es a todas luces muy escaso, y que no sirve para que vivan con un mínimo de dignidad las personas que lo cobran. Si tenemos en cuenta el proceso de endeudamiento personal que se ha dado en los últimos años, básicamente desde que entramos en el área del euro, y los precios pagados por las hipotecas –los alquileres no eran mejores, y todo incitaba a la compra de la vivienda- nos encontramos con una situación de marasmo familiar e individual, que hace imposible salir de una pobreza que aumenta día a día, incluso en los casos en los que se tiene un trabajo más o menos estable.
El SIM sirve también para calcular las pensiones y las distintas prestaciones sociales, por lo que su elevación redunda en beneficio de los grupos más desprotegidos de la sociedad. La patronal y sus acólitos se oponen porque los obliga a repensar la apropiación privada de beneficios que tratan de imponer -con notable éxito hasta ahora- y obligaría a anular las reformas laborales que nos han ido dejando sin derechos poco a poco.
Un salario mínimo que cubra las necesidades básicas de los trabajadores es el primer paso para recuperar la dignidad y eliminar la miseria del horizonte de todas las personas que se ganan el sustento con su propio trabajo. Es decir, despeja el porvenir y el presente de la inmensa mayoría.
2. Ninguna pensión por debajo del SMI
Una de las prestaciones que están relacionadas con el SIM es la pensión de jubilación, sobre todo, las no contributivas. Si la fijación del salario mínimo obedece a que las necesidades básicas de la población queden cubiertas, la pensión mínima no puede estar por debajo. Los alimentos, la electricidad o la vivienda valen lo mismo, cualquiera que sea la edad o la condición social de la persona. Por lo tanto, una sociedad justa debe proveer las necesidades de todas las personas que ya han rendido un beneficio –caso de los jubilados- o que no están en disposición de buscarse la vida mediante un trabajo –caso de los discapacitados.
El sistema de pensiones de la Seguridad Social que tenemos actualmente en España obliga a que los productores en activo paguen, mediante sus cotizaciones, las pensiones de los jubilados. No se trata de un sistema acumulativo similar a los planes de pensiones propuestos por los bancos –cada persona guarda para el futuro- sino de un sistema solidario, por el que cada generación de trabajadores y de empresarios –productores son los dos- se hace cargo de sus pensionistas con la regulación del Estado.
Por lo tanto, el principal enemigo de las pensiones es el desempleo y la política de reformas de los gobiernos que permiten que los empresarios se desentiendan de sus obligaciones sociales para con los trabajadores que una vez estuvieron en activo o de las personas que, de acuerdo con esos artículos de la Constitución de 1978 que nunca se mencionan, tienen derecho a la protección del Estado y a que sus necesidades básicas se vean cubiertas con la debida dignidad que corresponde a su condición humana.
Las medidas de protección a las personas dependientes no son graciables, como no lo son tampoco las pensiones, ya sean contributivas o no contributivas. Además, una política económica inteligente no busca la depauperación de un colectivo social que es cada vez más amplio por la propia dinámica demográfica, que lleva a un alargamiento de la vida a la vez que a la reducción de la natalidad, por lo que las tasas de dependencia se hacen cada vez mayores.
La crisis económica sirve como excusa para recortar pensiones hasta límites inhumanos, y la crisis ideológica en la que nos vemos inmersos nos lleva a escuchar barbaridades como que se está ampliando hasta límites excesivos e insostenibles la esperanza de vida de los trabajadores, por lo que hay que aumentar la duración de la vida laboral.
Las pensiones tienen que tratarse como vinculadas a las reformas laborales que hacen aumentar la pobreza y la dependencia en grandes capas de la población.
3. Extensión y ampliación de la prestación por desempleo. Todo lo anterior puede servir también para abordar con presupuestos concretos la posibilidad de la Renta Básica
De la misma forma que las pensiones de jubilación, las prestaciones por desempleo no son una medida graciable. No se deben a la bondad infinita de los gobiernos de turno, sino a muchos años de lucha obrera combinada con la lucidez de economistas y gobernantes, que se dieron cuenta en su momento de que hacía falta aumentar el estado de bienestar de la población para evitarse males mayores, como los procesos revolucionarios que se produjeron en la URSS.
Vivimos en una economía de mercado, y no es posible que ésta sobreviva aumentando hasta el infinito el ejército de reserva que supone –en palabras de Marx- el número de parados, que estabiliza los salarios para mayor beneficio de los empresarios. A partir de un cierto punto crítico, los parados se convierten en un lastre que empobrece al conjunto de la sociedad y genera problemas irresolubles. En el pasado se pudieron trasladar hacia los imperios coloniales, y de esa manera se aliviaba la tensión en los países industriales, pero eso ya no es posible. Evidentemente, tampoco es deseable.
Las luchas obreras consiguieron que se reconociera el derecho a prestaciones por desempleo y que se permitiera a las familias trabajadoras tener un mínimo de dignidad de vida mientras se conseguía un trabajo que les permitiera desenvolverse por sus propios medios. Para ello se cotiza a la Seguridad Social mientras se está en activo, por el mismo sistema que las pensiones: los trabajadores y empresarios aportan fondos para pagar estas prestaciones.
Los enemigos de las prestaciones por desempleo son, una vez más, las medidas neoliberales que consisten, básicamente, en abandonar a su suerte a todos aquellos que no resultan útiles de manera inmediata a los dueños del capital. Un trabajador aterrorizado por un futuro que se presenta amenazador acepta sin pestañear cualquier situación laboral, por injusta que sea. Se convierte en un ser dócil y sumiso, que no reclama nada por miedo a perderlo todo. Las amenazas pueden adoptar formas diversas: desahucio de una vivienda a medio pagar -que perderá pero tendrá que seguir pagando- Años de paro sobreviviendo con una miseria de prestaciones por desempleo, todavía menores como ayuda familiar y que también termina perdiéndose, sin posibilidades de conseguir una jubilación hasta la inalcanzable edad laboral de 67 años, pérdida de poder adquisitivo y desprotección por dejación de funciones de la mayoría de los sindicatos que debieran protegerlos.
Pedimos que se mantengan las prestaciones por desempleo hasta tanto sea posible encontrar un puesto de trabajo digno. Como ninguna persona puede perder el derecho principal, que es el derecho a la vida, ni la dignidad, el Estado tiene que prevenir los mecanismos imprescindibles para que exista una renta básica que permita vivir a todas las personas, independientemente de su historial laboral, dado que no siempre depende de la propia voluntad. Hasta dónde deba alcanzar la cobertura de la renta básica, bien sea de inserción o sin más apellidos, habrá que determinarlo de acuerdo con el devenir de la sociedad. Tenemos debate abierto, y entre todas las personas que integramos el Frente Cívico deberemos llegar a un acuerdo para unificar posturas.
Lo urgente, a día de hoy, es garantizar que la miseria no se lleve por delante la vida y la dignidad de los más de seis millones de parados que hay y de sus familias. Esto no puede realizarse sin una serie de medidas que obliguen a que afloren la cantidad de empleos sumergidos que existen y que se corrijan las situaciones irregulares de contratación y cotización. Tampoco pueden permanecer las medidas que han tomado los distintos gobiernos en relación con las reformas laborales que benefician a los empresarios a costa de hundir a los trabajadores, tanto asalariados como autónomos, y a los pequeños empresarios que son los que, en el fondo, generan más puestos de trabajo.
Íntimamente relacionado con este punto, el siguiente de nuestro programa: no se consigue dinero sin una reforma fiscal que se dedique a hacer que paguen los que tienen y que persiga el fraude fiscal, la economía sumergida y las estructuras que la hacen posible.
4. Reforma Fiscal: progresividad, persecución del fraude fiscal, la economía sumergida y los paraísos fiscales. Revisión de la legislación sobre las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV). Dotar de infraestructuras de todo tipo a la Inspección de Fiscal de la Hacienda Pública
Ninguno de los puntos anteriormente expuestos se puede conseguir si no hay un sistema fiscal que cumpla los dictados de la Constitución, tantas veces citada como violada o ignorada. El artículo 31 habla de equidad, impuestos de acuerdo con la capacidad económica, progresividad y utilidad pública. Todo el capítulo 3º del Título I, “De los principios rectores de la política social y económica”, recoge en los artículos 39 al 52, las características que estamos reclamando aquí que se cumplan.
El principio de eficacia, por el que el Estado es el principal interesado en poner los medios para que se cumpla el ordenamiento legal, está recogido en el artículo 103. Sin embargo, se ignora sistemáticamente o se impide el ejercicio de estos aspectos constitucionales que afectan directamente al bolsillo de los que se perfilan como auténticos detentadores del poder.
Mientras que se intenta atajar el pequeño fraude en el cobro de prestaciones o en la facturación del IVA de pequeñas y medianas empresas, no se hace nada para controlar la hemorragia de recursos que salen del país vía paraísos fiscales. Ni siquiera la normativa europea, invocada en todos aquellos casos en los que se trata de imponer recortes o sacrificios a la inmensa mayoría de la población, se preocupa de atajar la huida de recursos hacia estos auténticos sumideros.
Se trata también de culpabilizar a los consumidores por el recurso a la economía sumergida –cobro sin IVA, chapuzas de supervivencia en una sociedad en crisis galopante- pero no se persigue el fraude en los contratos por horas, en el trabajo sin ningún tipo de cobertura legal o en todos los subterfugios de que se vale una patronal sin escrúpulos para aumentar sus beneficios.
Los propios inspectores de Hacienda intentan cumplir bien con su función, pero no cuentan con los medios necesarios. GESTHA ha hecho público un informe en el que se queja de su precariedad, y alerta de que, si se recuperase el dinero que se ha defraudado por parte de las grandes fortunas, no habrían sido necesarios los recortes que nos han afectado a todos y han condenado a la precariedad y a la miseria a una buena cantidad de personas que, por otra parte, no tienen opción de hacer otra cosa que cumplir religiosamente con el fisco.
Las SICAV son unos mecanismos, perfectamente legales pero manifiestamente injustos, por los que las grandes fortunas pueden tributar cantidades irrisorias, mientras que los trabajadores con una nómina contribuyen con una parte sustancial de su salario. Un profesor de secundaria, con el 23% de sus ingresos, por poner un ejemplo.
Por lo tanto, desde el Frente Cívico pedimos que se haga una reforma fiscal que cumpla con el espíritu y la letra de la Constitución de 1978. Que se desarrolle convenientemente el título VII, que habla de la economía y la Hacienda pública como bases del bien común y que se elimine el artículo 135 reformado, que nos ha puesto a los pies de los caballos de los mandatos de gobiernos extranjeros.
http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2344302
5. Banca pública como corolario de la nacionalización de la banca privada y las cajas de ahorros
La banca ha desempeñado siempre en el funcionamiento del sistema capitalista un papel central, como catalizadora del ahorro hacia el crédito. Ese papel elemental se ha ido transformando con el desarrollo y la globalización financieros en una actividad desaforada, compleja e hipertrofiada, al punto de que un hundimiento del sistema bancario de un país lo arrastraría al desastre total. Esa posición hegemónica y vital es la que han aprovechado los banqueros y los gobiernos de turno para impedir por todos los medios, sin límites cuantitativos, cualquier crisis que pudiera poner en peligro la estabilidad económica, sin perjuicio de que el mundo financiero ha cobrado tales dimensiones que no siempre ha sido posible evitar graves acontecimientos y secuelas imponderables, como ocurrió en el 2008 cuando estalló la crisis financiera internacional con la quiebra del banco norteamericano de inversiones Lehman Brothers.
En el caso de nuestro país los compromisos de fondos públicos para salvar la banca deben superar los 200.000 millones de euros, según un listado de ayudas directas e indirectas enormes y no precisamente claras. El gobierno contribuye a ello, y es así como alardea de haber salvado a nuestro país del rescate cuando justo el Estado se endeudó al final de 2012 en el exterior por 40.000 millones de euros para rescatar al sector bancario.
No es admisible que un sector tan estratégico como la banca, del que deriva su capacidad para chantajear a la sociedad, esté en manos privadas. Como todo sector vital para la economía y el bienestar general la banca debe ser nacionalizada. Pero además si como ha ocurrido que fondos públicos cuantiosos se han comprometido en salvar al sector bancario, menos admisible aun es que el Estado no haya tomado posesión de sus derechos y disponga ya de un importante sector bancario nacionalizado.
Los detalles y la información sobre las relaciones banca/estado son imprescindibles para desentrañar la situación financiera de cada institución. Sin embargo esa necesidad para el proyecto del Frente Cívico se convierte en un argumento más para demandar la nacionalización de la banca.
El Frente Cívico lucha y reclama la nacionalización de la banca, para que esa banca pública sea un instrumento crucial para hacer política económica real, para superar la crisis económica, impulsar otro modelo productivo, sostener inversiones estratégicas y dotar de una mayor estabilidad al sistema evitando las actividades especulativas, depredadoras y abusivas que ha practicado la banca privada en los últimos tiempo con las consecuencias conocidas. El problema de los desahucios y él estrangulamiento de las pymes tienen que recibir una atención singular de una banca pública que se preocupe de los ciudadanos y el bienestar general en contraposición a una banca privada sólo pendiente de los beneficios inmediatos y cubierta de los riesgos y desafueros por la protección de los fondos públicos.
6. Nacionalización de los sectores estratégicos de la economía. Ley sobre la Obsolescencia Programada
En toda economía existen sectores estratégicos que son los que determinan el modelo productivo que se pueda implementar. El neoliberalismo ha supeditado la política a la economía, y nosotros, desde el Frente Cívico, lo que pedimos es recuperar el control político de la producción. Proponemos una economía al servicio de las necesidades de la ciudadanía, y no al revés.
En el punto anterior pedíamos la nacionalización de la banca, como forma de controlar la fuente de financiación imprescindible para cualquier actividad, tanto pública como privada o empresarial. Pero hay otros sectores que son estratégicos para la producción, y el más importante de ellos es el energético, en todas sus variables. Una economía dependiente de las ansias especulativas de unos propietarios que ni siquiera tienen una entidad concreta, a los que se ha venido identificando como “los mercados”, no puede contribuir a satisfacer las necesidades de las personas y los colectivos.
Ya tenemos experiencia de lo sucedido con la privatización de la producción eléctrica, el gas natural y los combustibles fósiles. Sus intereses promueven guerras y están detrás de conflictos internacionales que nos comprometen a todos y esquilman el planeta. El sometimiento a los intereses de las multinacionales energéticas impide el desarrollo de las energías limpias y sostenibles, y nos aboca a una carrera desenfrenada.
Un control de la producción de energía permitiría, también, un desarrollo de políticas de transporte que primaran los más limpios y efectivos sobre los más contaminantes y menos eficientes. Permitiría, por ejemplo, potenciar el ferrocarril en los lugares donde todavía no se ha desmantelado por completo y mejorar las áreas metropolitanas.
Por otro lado, el sistema capitalista vigente nos ha abocado a una espiral de consumo que raya lo absurdo. Como una especie de bicicleta diabólica, debemos seguir pedaleando para seguir avanzando, aunque nos dirijamos al precipicio. La industria no se sostiene si no se renuevan los productos, y para ello, deben hacerse de la menor calidad posible para que sea imprescindible su sustitución. Las nuevas tecnologías generan más necesidades de las que satisfacen, y provocan un vórtice que se apoya, además, en una realidad que, no por ser negada reiteradamente, es menos cierta: la obsolescencia programada. Todos los productos tienen una fecha de caducidad inexorable que convierte en basura elementos que se nos han hecho necesarios y que no hay forma de reparar, porque resulta mucho más cara cualquier reparación que la adquisición de un artilugio nuevo, que además incorpora alguna modificación que se vende como imprescindible.
Una ley que impidiera la obsolescencia programada reduciría de manera muy notable la contaminación y las necesidades de materiales estratégicos como el coltán, que está detrás de la mayoría de las guerras africanas.
http://www.asociaciondry.org/blog/documental-la-historia-secreta-de-la-obsolescencia-programada/
dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3997367.pdf
http://apnad.org/moda-y-obsolescencia-programada/
‎ 7. Desarrollo de los contenidos de los Títulos Preliminar y VII de la Constitución
Hoy la Constitución aprobada en 1978 presenta graves síntomas de agotamiento. El frente cívico aún defendiendo todos y cada uno de los derechos reconocidos en ella y oponiéndose a ningún retroceso, ni incumplimiento de estos, plantea la necesidad de un proceso de profunda revisión constitucional. En particular en su título preliminar y VII.
En el título preliminar el pueblo definido como sujeto del que emanan los poderes del Estado debe poder decidir sobre la forma de estado (definido ahora como monarquía parlamentaria, art 1.3), es el quien debe decidir que territorios componen el estado y cuales se pueden separar o agregar (limitado en el art. 2), y el Ejercito debe garantizar la soberanía del territorio del Estado, pero la definición de este no corresponde al Ejercito sino a la ciudadanía.
Por lo que se refiere al título VII que regula la Economía y Hacienda el Estado, en una situación tan crítica como la actual debería desarrollarse las amplias funciones que la Constitución reconoce en el ámbito de la iniciativa pública en la actividad económica y la regulación de los monopolios (art. 128); la participación de la ciudadanía en el control de la seguridad social y la actividad productiva (art. 129); el estimulo y planificación de la actividad económica (art. 130 y 131). Por otra parte debería reversión el artículo 135 a su formulación original. En verano del 2011 de forma urgente y a espaldas de los ciudadanos, que por supuesto no lo refrendaron, se impuso una modificación desde poderes no electos nacionales y extranjeros. En esencia, esa alteración asegura por ley orgánica que el pago la deuda pública pase a ser prioritario, respecto la cobertura económica de todos los derechos recogidos en la Constitución. La soberanía reside en el pueblo y sus representantes, no en la troika ni otros poderes económicos no democráticos.
Articulado afectado en un sentido de reivindicación o de reforma de la actual Constitución Española.
Artículo 1.3- La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.
Artículo 2- La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
Artículo 8.1- Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
8. Control y democratización de los canales de distribución y comercialización del sector primario de la economía a fin de evitar situaciones de oligopolio que inciden negativamente sobre los precios pagados a los productores y sobre los precios pagados por los consumidores
Existe un abismo entre los precios que cobran los productores, sobre todo los agrarios, y los que pagamos los consumidores y usuarios. En medio crece toda una fauna de intermediarios cuya principal función es la de especular y hacer subir los precios de forma artificial y en beneficio propio.
Aunque teóricamente están prohibidas las actuaciones monopolísticas, la concentración de capitales en pocas manos hace que los precios se fijen por muy pocos empresarios que generan una situación de oligopolio y quienes terminan pagando, en todos los sentidos de la palabra, seamos los consumidores, ciudadanos que no podemos hacer otra cosa que pagar los precios que se nos ponen.
Para un cambio en el modelo económico, como ya se ha dicho antes, es imprescindible que haya un cambio en las redes de distribución. Para ello, el estado debe arbitrar las medidas necesarias, incluso dando de lado a las tendencias que se nos pretenden imponer desde ese ente abstracto pero lleno de tentáculos que llamamos mercado, libre comercio o Unión Europea.
Con toda probabilidad, para poder implantar este modelo que prime al productor sobre el especulador y en beneficio del consumidor, habrá que abandonar la Unión Europea, y eso no es fácil ni a corto plazo, pero hay actuaciones que podemos llevar a cabo los consumidores en el día a día, como son dar prioridad a los comercios de proximidad frente a las grandes cadenas, o la compra directa a los productores.
9. Efectiva separación entre las iglesias y el Estado
No se puede ser un ciudadano completo si no se separa la esfera más íntima, la de las creencias, de la esfera pública que impone normas de interés general para regular la convivencia.
De acuerdo con los artículos 14 y 16 de nuestra constitución, existe un estado aconfesional, pero la práctica diaria nos lleva a la constatación de que hay una subordinación de muchas leyes a una confesión, la católica, que se privilegia en el último punto del artículo 16 porque es la de la mayoría de los españoles.
Entendemos que la religiosidad es un asunto privado, que debe ser protegido en tanto que el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos así lo proclama expresamente, pero precisamente esta libertad de conciencia impide que haya estados confesionales o que traten de imponer normas basadas en creencias.
Asuntos como los funerales de estado, las visitas de líderes religiosos que no son tratados por igual, los gestos de sumisión de representantes públicos ante líderes religiosos que hemos tenido ocasión de ver en todos los medios de comunicación, la enseñanza de la religión -ya sea la católica o cualquier otra- en el ámbito escolar, la supeditación de la vida pública a las expresiones religiosas, y un largo etcétera, deben regularse de forma que, sin que suponga persecución o negación objetiva hacia ninguna confesión, no interfiera en las creencias de los demás, sean éstas las que fueren.
Pedimos un exquisito respeto hacia todas las creencias, pero siempre haciéndolas compatibles con el respeto a los derechos humanos y a la libertad individual, que se puede manifestar también con la no-creencia en ninguna religión.
El primer paso, evidentemente, debe ser la denuncia del Concordato con el estado Vaticano, seguido de las medidas necesarias para que la sociedad sea laica: medidas fiscales, separación entre el patrimonio cultural nacional y el propio de cada confesión, medidas educativas, etc.
http://www.publico.es/espana/334142/el-laicismo-opcion-cristiana
http://www.cristianismeijusticia.net/es
Tanta legitimidad como pretenden tener PP y PSOE, caso del artículo 135 de la constitución o la abdicación de Juan Carlos, se asienta en unas leyes electorales fundamentalmente antidemocráticas, de las que esos partidos son los más beneficiados, según un diseño consciente para fortalecer el bipartidismo que ha regido la vida política española desde la transición. Para el Frente Cívico, cuanto más estricta sea la proporcionalidad de las leyes electorales, más justo y democrático es el sistema. Por tanto, reclama una reforma del sistema electoral que corrija las deformaciones del actual y se aproxime a la proporcionalidad tanto como sea posible.
Complemento indispensable a un sistema electoral más justo es la necesaria ley de financiación de los partidos que evite tanta discriminación entre ellos, por no referirse a los abusos y corrupciones como se han cometido por parte de los dos partidos citados.
La concreción y casuística de cómo lograr estos objetivos puede quedar abierta, pero no por ello sobran algunas indicaciones básicas como propuestas del Frente Cívico, como el aumento del número de diputados, mayor peso a la población en la asignación provincial, eliminación de la Ley de D´Hont, consideración las Comunidades Autónomas como ámbito electoral, acumulación de restos, etc.
La cuestión de cómo mejorar el sistema electoral suscita muchos temas, como la composición de listas, carácter de estas (abiertas, cerradas), derechos inalienables de los representantes elegidos, revocabilidad, compromisos con el programa, el ya mencionado de la financiación. El Frente Cívico se compromete moralmente a respaldar todas aquellas propuestas que permitan avanzar en la democratización del país e impulsar la participación ciudadana.
11. Desahucios y vivienda
El derecho a una vivienda digna está recogido en el artículo 47 de la Constitución, donde también se reconoce la primacía del fin social de la propiedad sobre las finalidades particulares y exclusivamente de lucro. Por lo tanto, los poderes públicos deben ser garantía de que no haya personas sin vivienda o que puedan ser expulsadas de las que ocupan.
La política estatal condujo a una burbuja inmobiliaria, que potenció la especulación de los bancos y la subida exagerada de los precios de las viviendas, en beneficio de unas cuantas grandes empresas. Las investigaciones posteriores han demostrado hasta qué punto está imbricada la corrupción política con las malas prácticas de las constructoras y de los bancos que dieron créditos de manera irresponsable. Ahora les toca pagar esos desaguisados a personas que se ven sin trabajo, sin posibilidades de pagar unas hipotecas demenciales y con deudas a perpetuidad, incluso después de haber perdido la vivienda.
Desde el Frente Cívico pedimos una política de vivienda que recupere para uso público las que ya están construidas, con alquileres sociales y opción a compra, para que no haya personas que se vean sin un techo que las cobije mientras hay miles de viviendas que ni se han vendido ni se podrán vender en muchos años.
Pedimos que se acaben de manera inmediata los desahucios de personas de viviendas propiedad de bancos que ni siquiera van a poder seguir negociando con ellas, y que se adopten políticas positivas de vivienda y de ordenación del suelo que acaben con la especulación de un bien al que se tiene derecho por la constitución. Apuntamos como salida posible los alquileres sociales de viviendas que se adquieran por las distintas instancias públicas, de manera que exista un parque de viviendas dignas en alquiler que actúe como regulador de los precios de mercado.
12. Europa: Unión Europea, Banca y Euro. Es necesaria la recuperación de la soberanía nacional
La desoladora crisis económica que padece nuestro país está originada en gran medida por las consecuencias de la incorporación al euro. El proyecto de la moneda única, por vincular a países muy desiguales económicamente, por sus rigideces, como hacer desaparecer la moneda propia y, por tanto el tipo de cambio, e implantar una política monetaria general para un conjunto de países y circunstancias muy diversos, por sus carencias, como la ausencia de una fiscalidad común, desencadenó desequilibrios exteriores muy profundos entre los países, y promovió, en consecuencia, situaciones de endeudamiento insostenible para las economías más débiles, como es el caso de la española.
Simultáneamente a este desarrollo hay que poner de manifiesto que todo el proceso de integración europea ha significado una cesión de las soberanías nacionales a las instancias europeas en cuanto a instrumentos y recursos de la política económica, sin el traspaso consecuente de la responsabilidad de esas instancias para afrontar los problemas de las sociedades que históricamente cubrían los Estados. Y es así como se anuló las políticas arancelarias, de control de capitales, de industrias nacionalizadas, y ya, con la implantación del euro, de la política monetaria, la política cambiaria y la política fiscal, sometida a las restricciones del Pacto de estabilidad y la imposibilidad de los estados de recurrir directamente al Banco Central europeo para financiarse.
La situación resultante es que no sólo hay una crisis pavorosa en muchos países, incluido el nuestro, sino que los gobiernos están inermes para resolverla y amortiguar sus consecuencias. Si además se añade que en el marco del euro, como está suficientemente demostrado, no cabe la más mínima política progresista, sino que todo impulsa y favorece la aplicación de ajustes, recortes y austeridad, un programa de un proyecto como el que representa el Frente Cívico, de reducir las desigualdad y de procurar el bienestar general es incompatible con la moneda única.
En una formulación en positivo, el Frente Cívico reivindica la recuperación de la soberanía económica y monetaria para hacer posible ejecutar una política que tenga como objetivos superar la crisis, y combatir las desigualdades, la miseria, la marginación y el desmantelamiento de los servicios públicos. Proporcionar a la población, en última instancia, bienestar, protección y seguridad.
13. La participación ciudadana en todos los niveles de la Administración (local, autonómica y estatal)
La administración del Estado se compone de diversos niveles (local, autonómica y estatal). El Frente Cívico considera esencial una distribución de competencias que asegure la máxima cercanía técnicamente posible a la participación ciudadana, recogiendo el principio de subsidiaridad. A la vez exigimos que esta distribución permita al mismo tiempo, la igualdad de derechos y deberes básicos entre los ciudadanos. En este sentido se entiende que el entramado institucional de nuestro país debería articularse de forma que:
Aquellos aspectos que para asegurar la igualdad de la ciudadanía deben ejercerse al nivel más alto, se ejercieran por el Estado. Se trata de competencias como la presión fiscal, la regulación básica del trabajo, la igualdad de derechos en sanidad, pensiones, etc. Con ello se trataría de evitar las presiones que los lobbies ejercen sobre las administraciones públicas para erosionar derechos enfrentándolas unas contra otras.
Aquellos aspectos que pueden concretarse de manera cercana a los ciudadanos y aquellos aspectos de gestión y supervisión en que la ciudadanía puede participar de manera próxima en su aplicación deben devolverse a los municipios o entidades más cercanas a la ciudadanía. Se trata de competencias como la supervisión de la ejecución de los presupuestos, el control de la obra pública, las decisiones de ámbito local, etc.
La distribución de competencias entre niveles de la administración debe ser clara y sin interpretaciones ambiguas, terminando con la constante intromisión del Tribunal Constitucional en la vida política del país. Deben suprimirse niveles redundantes o ocultos al control de la ciudadanía como las Diputaciones.
Los partidos deben dejar de ser los representantes únicos de la ciudadanía. Es la ciudadanía quien debe decidir cómo se organiza y quiere ser representada mediante formas que pueden incluir organizaciones sociales, sindicales, plataformas, coaliciones, etc. En cualquier caso el Estado debe supervisar la calidad democrática y la transparencia económica de cualquier forma de representación y organización ciudadana, dotándose de mecanismos adecuados para acabar con la corrupción, persiguiendo tanto al corrupto como al corruptor.
Alberich, T. (2004): GUÍA FÁCIL DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Dykinson S.L.
GAMBIER, Beltrán, “La acción de amparo en defensa del principio de legalidad y del interés público: un replanteo en torno a la legitimación de los ciudadanos”, trabajo publicado en la Revista Jurídica de la Federación Interamericana de Abogados, http://www.iaba.org, volumen 1, (2005)
LACLAU,E. MOUFFE,Ch. (1985) Hegemony and socialist strategy: Toward a Radical Democratic Politics. London: Verso.
Fernando Salvatierra (2013) Macabro imperio
14. La lucha contra la deuda como mecanismo coercitivo utilizado contra los pueblos de todo el mundo
El discurso dominante es que estamos en crisis y no existe otro modo de salir de ella que el de recortar y continuar recortando los presupuestos del Estado destinados a fines sociales. El problema es el alto nivel de endeudamiento del Estado español. Nuestra reciente reforma exprés de la Constitución, sin referéndum, aprobada el 30 de agosto de 2011, se fundamenta en esta consigna que los medios no cesan de mantener.
Han conseguido prohibir la negociación o repudio de la Deuda Exterior. Así el dinero de nuestros impuestos no irá destinado prioritariamente a nuestros servicios sociales sino al pago de la deuda. Una deuda de la que nos hacen responsables directos y nos obligan a saldar. Una deuda que obliga a recortar nuestros servicios públicos y que nos condenará al mayor de los desamparos sociales.
Nosotros proponemos revertir esta argumentación planteando la necesidad de auditar el origen de la Deuda para determinar su legitimidad. Porque en realidad la mayor parte d ella Deuda se originó en el periodo 2007-2009, cuando los gobiernos pasaron a rescatar a los financieros privados ya sea del sector inmobiliario o la banca. Al primero se le otorgaron 20.000 millones de euros en los primeros compases de la crisis. A la banca se aportaron ayudas por parte de las arcas públicas que, en el caso del Estado español, ascendió a 141.000 millones de euros. El Gobierno, no instauró impuestos para contrarrestar este gasto en su balance, sino que recurrió al endeudamiento.
En la actualidad, a nivel mundial, la deuda agregada es de 158 billones de dólares (2 veces el PIB mundial, es decir, 2 veces la riqueza que se genera a nivel mundial). De esta deuda, el 25% es pública y el 75% privada. La deuda total de los países en desarrollo, incluyendo a China y Rusia, es el 1% de la deuda total mundial, lo que implica que el problema lo tienen EEUU, Europa y Japón.
No habrá recuperación ni económica, ni social, si seguimos en la espiral del endeudamiento que es empleado para exigir un proceso de privatización del patrimonio público (recursos, estructuras, hospitales, tierras, etc.). La salida a esta situación pasa por:
a) bloquear el pago de la deuda externa
c) auditar su legitimidad, hoy no se sabe ni quiénes son los acreedores de nuestra deuda
c) establecer un proceso de renegociación, un plan de retorno de plazos e intereses y una decisión de repudio de aquella parte que se considere ilegitima por su origen, por la forma en que se estableció o por haber sido ya pagada a en forma de rescates, exenciones o compensaciones ocultas al público.
Antonio Sanabria y Bibiana Medialdea. Precariedad y Cohesión Social, Fundación FOESSA y Cáritas
Iolanda Fresnillo, La Deudocracia como Amenaza Global
Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) http://auditoriaciudadana.net
15.- La defensa de los sectores públicos: sanidad, educación, justicia, servicios sociales…como garantes de una sociedad más justa e igualitaria, con igualdad de oportunidades más efectiva
El estado del bienestar no se nos dio gracias a la bondad infinita de nuestros gobernantes, sino que ha sido el producto de años de lucha obrera por mejorar las condiciones de vida de los sectores productivos de la sociedad.
La historia del Movimiento Obrero es la historia de la lucha por mejorar la vida de los trabajadores, la inmensa mayoría de la población, y de conseguir salir del marasmo en el que estaban recluidas por obra y gracia de una burguesía salvaje que busca, antes y ahora, el beneficio por encima de todas las cosas y tiene como único dios y meta al dinero.
Fue el miedo a las revoluciones que se empezaron a dar en Europa tras la bolchevique de 1917 lo que impulsó las mejoras sociales que estaban empezando a conseguir algunos trabajadores con su propio esfuerzo. Las sociedades de socorros mutuos son el germen de una asistencia sanitaria básica y un plato de comida en caso de desempleo, y las escuelas nocturnas hicieron que los obreros conscientes –anarquistas sobre todo, pero también socialistas y comunistas- vieran en la educación un posible elemento de movilidad social. Para todo esto hizo falta que los obreros se organizaran, que crearan centros de reuniones y actividades en los que se dejaban un tanto de lado las disquisiciones filosóficas de los dirigentes para aterrizar en solucionar problemas concretos. Esa capacidad de trascender lo accesorio para ir a lo realmente importante es lo que debemos heredar de estos obreros olvidados, porque fue lo que los hizo formidables y obligó a reaccionar a los gobiernos del momento.
Ninguno de estos logros se puede medir con criterios de rentabilidad puramente mercantilista. La educación no produce, pero una población analfabeta, inculta, sin criterio, no se puede integrar en una sociedad moderna. Igual cabría decir de la sanidad: los hospitales, la atención primaria a las familias, no producen nada, pero son imprescindibles para mantener un nivel de bienestar en la población, una seguridad en que sus vidas, primero y principal de los bienes, cuentan con la necesaria protección, tal como se recoge en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución. Unos servicios sociales que no se ocupen de la población que tenga peores niveles de protección, bien por edad, por enfermedad o por cualquier otra causa, generan una indefensión en la inmensa mayoría de las personas, que se enfrentan a los peores momentos con miedo e incertidumbre.
Por otro lado, la justicia igual para todos es uno de los pilares del estado. Los poderes reconocidos desde tiempos de la Ilustración hacen de la justicia la garantía de que los ciudadanos sean efectivamente ciudadanos y no súbditos. Por lo tanto, convertir el acceso a los tribunales en un lujo supone uno de los atentados más flagrantes contra cualquier modelo de estado que se quiera llamar democrático.
Pedimos que se mantengan y se mejoren los servicios que el estado presta a los ciudadanos a cambio de unos impuestos que ya hemos considerado como imprescindibles para redistribuir la riqueza y conseguir que los seres humanos de cualquier origen y condición vivan con la misma dignidad, en tanto que seres humanos, y no sean tratados y clasificados en función de origen, renta o cualquier otro sistema que se quiera. Es decir, exigimos que se cumpla la legislación vigente, recogida en la Constitución de 1978, artículos 49, 50 y 51, y en el título VI, Del Poder Judicial, especialmente en su artículo 119.
El Frente Cívico actuará en consonancia con las diferentes organizaciones ciudadanas que se propongan unos fines compatibles con el ideario que asumimos, buscando siempre la amplitud de la acción.
16. Límites ecológicos a nuestro sistema de vida: crisis energética y ecológica. Procesos de transformación personales y colectivos
Vivimos en un mundo finito, con recursos limitados y en el que los seres humanos, como animales de un ecosistema, somos interdependientes unos de otros y de los demás elementos que forman todo el ecosistema. No podemos vivir esquilmando nuestros recursos, de cualquier tipo, y envenenando el biotopo que nos acoge.
El capitalismo impone un crecimiento continuado, sin tener en cuenta este hecho incontestable, y con ello condena a la miseria a una buena parte de la humanidad. Por lo tanto, y partiendo de la base de que lo que sea de cada uno de los seres humanos será el destino de la humanidad al completo, se nos impone un proceso de transformación personal y colectivo que dé origen a una nueva sociedad, que nos permita sobrevivir.
El compromiso que se adquiere con el cambio no puede ser únicamente de carácter político. Debe ser, ante todo, una modificación de nuestros hábitos más personales y cotidianos, porque la sociedad está formada por individuos, y no se puede transformar si sus elementos siguen comportándose de la misma manera. Cada persona tiene una cuota de responsabilidad en los cambios, que debe valorar y asumir en la medida de sus posibilidades. Cualquier fundamentalismo, cualquier exageración, son malos porque excluyen a muchas personas, y partimos de la idea inicial de buscar la suma, y no la división. Pero el no-hacer, en aspectos que comprometen la propia supervivencia, es sencillamente suicida. Como especie, y también como individuos.
Debemos abordar cuestiones tales como la soberanía alimentaria, que tiene una enorme incidencia en el desarrollo de la agricultura local, generadora de mano de obra y que contribuye a la eliminación de la desnutrición a escala planetaria –pero también local, como está poniendo de manifiesto la crisis en la que vivimos- y a la conservación de la biodiversidad.
Relacionada con la soberanía alimentaria, la conservación de especies cultivadas locales sirve para mantener en la superficie de la Tierra plantas que se han adaptado a las características de los suelos y a las plagas de cada rincón del planeta, lo que permite desarrollar una agricultura respetuosa con el medio ambiente, eliminar contaminación química que envenena los acuíferos y los mares y empobrece al campesinado mientras alimenta la dependencia hacia las grandes multinacionales que han propiciado la llamada “Revolución Verde”.
Por otra parte, como consumidores debemos comprometernos con los alimentos de proximidad y de temporada. Si la propuesta del punto 8 pasa por el control de los intermediarios y que los beneficios de la producción vayan a los productores, y también hemos hecho referencia al comercio justo, nuestro compromiso para hacer posible esos cambios pasa, necesariamente, por abandonar malos hábitos, irresponsables desde un punto de vista ecológico, como son el consumo de verduras y frutas frescas fuera de temporada y producidas a miles de kilómetros de distancia. Si partimos de la base de que lo que no es negocio, simplemente no se hace, la responsabilidad de los consumidores se debe manifestar en la contribución a que no sea negocio traer ciruelas desde Chile a España, o consumir uvas sudafricanas en el mes de marzo. Obligaremos a ahorrar combustible y contaminación, y estaremos permitiendo que buenas tierras se dediquen a la producción de alimentos básicos para los habitantes de los lugares donde se producen. Eso es mucho más efectivo que cualquier trabajo de colaboración con la mejor de las ONG.
La crisis energética ocupa páginas de los periódicos y provoca quebraderos de cabeza a sesudos economistas y a todos los ciudadanos que tenemos que hacer frente a pagos importantes por este concepto. Ya planteamos en el punto 6 que es necesario nacionalizar la producción y potenciar las energías limpias y renovables, pero aquí estamos planteando que eso no tiene demasiado sentido si no hacemos un uso más racional de la energía que se produzca.
No se trata de volver a las cavernas, ni renunciar a ninguno de los logros que han puesto a nuestro alcance los avances tecnológicos, sino de utilizarlos en beneficio propio, no de las multinacionales. Debemos hacer un ejercicio de responsabilidad, analizando nuestras necesidades, y no las necesidades de vender y aumentar los balances de beneficios que las distintas multinacionales de la energía disfrazan de progreso y bienestar a través de las campañas publicitarias. En resumidas cuentas, tomar las riendas de nuestra vida y actuar en consecuencia, con todos los medios a nuestro alcance, y partiendo de la base de la sensatez, el sentido común y el conocimiento de las consecuencias de nuestros actos. Es la única manera de actuar libremente y como ciudadanos conscientes.
http://www.cartadelatierra.org.mx/documentos/cartadelatierraTG.pdf
Ver y descargar el Programa completo en .pdf

References: artículo 31
 artículo 103
 artículo 135
 artículo 135

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 8
 artículo 16
 artículo 18
 artículo 135
 artículo 47
 artículo 119