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Timestamp: 2018-01-24 03:42:22+00:00

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Derecho Torcido: Luces y sombras en la satisfacción de las rentas vencidas en los juicios de desahucio
1. Breve apunte sobre el nuevo diseño legislativo respecto a la VLEC 1881.
“Bien pronto comprendieron los inquilinos y arrendatarios de mala fe que esa disposición de la ley les facilitaba el medio de seguir ocupando la finca por muchos meses y aun por años, utilizándose de ella sin pagar la renta al propietario, puesto que con sólo negar los hechos en que se fundaba la demanda, o no conformarse con ellos, se convertía el juicio en pleito ordinario y no podían ser lanzados mientras no recayese sentencia firme”, escribía MANRESA a principios del siglo XX dando buena cuenta de la picaresca existente.
Para poner freno se promulgó la ley de 25 de junio de 1867, que reformaba la LEC de 1855 y que iniciaría una línea continuada por la VLEC de 1881, las LAU de 1946 y 1994 y finalmente la actual NLEC.
La nueva norma acabó con la dispersión normativa de la apelación, quedando recortados los anteriores sesenta artículos a los trece actuales en un solo capítulo que regula un único procedimiento que responde a un modelo de apelación limitada o tradicional frente a la anterior “injustificada y perturbadora diversidad de regímenes”[1].
2. La eficacia limitada del principio pro actione.
La interpretación realizada por el Tribunal Constitucional sobre el antiguo artículo 148.2 LAU tenía como punto de partida una doble consideración. Por un lado que "el acceso a los recursos forma parte integrante del derecho a la tutela judicial efectiva, el cual no padece si se obtiene una resolución de inadmisión del recurso por incumplimiento de los requisitos legalmente establecidos" y por otro que “a la hora de interpretar y aplicar tales requisitos, los tribunales están obligados a hacerlo en el sentido más favorable a la efectividad de ese derecho, evitando la imposición de formalismos contrarios al espíritu y finalidad de la norma y la conversión de cualquier irregularidad en un obstáculo insalvable para la continuación del proceso".
SANCHEZ-CRUZAT[2] ya escribió acertadamente que "el derecho al recurso no nace ex Constitutione, no surge del art. 24 de la Constitución y aparentemente no puede ser considerado como derecho fundamental al no reconocerse en el Título I de la Constitución, aunque su existencia esté prevista en la misma Constitución, sino de la voluntad del legislador, de las Cortes Generales, que autorizan a prestar el consentimiento del Estado para obligarse a un tratado que afecten a los derechos y deberes fundamentales (art. 94 CE), y que es el órgano titular de la potestad legislativa
del Estado (art. 66.2)".
Por tanto y en primer lugar, debe advertirse que el derecho al recurso en el proceso civil tampoco nace "ex Constitutione", tampoco surge del art. 24 CE, sino que tiene su origen en la voluntad del legislador. Y aunque son varios los preceptos constitucionales -art. 118, 123 y sobre todo 152.1.III-, que parecen partir de una configuración del proceso a través de un sistema de doble instancia, lo cierto es que en ningún momento se contempla como derecho fundamental, ni se establece mandato alguno al legislador para actuar en tal sentido. Únicamente su admisión podría fundarse en una interpretación amplia del art. 24 CE, tanto en su vertiente de derecho a la tutela judicial efectiva, como en el particular aspecto de derecho a un proceso rodeado de todas las garantías.
Pero tal amplitud no fue acogida por nuestro Tribunal Constitucional, como tampoco lo había hecho el Tribunal Constitucional alemán, con relación al art. 103 de la Ley Fundamental de Bonn al entender que el derecho al recurso no resulta consecuencia necesaria del mencionado precepto.
Y es que la voluntad del legislador no consiste en autorizar a prestar el consentimiento del Estado para obligarse a un tratado que, afectando a derechos y deberes fundamentales, recoge el derecho al recurso, y simplemente se plasma en una decisión libre de establecimiento de los medios de impugnación. Por ello, mientras en el ámbito penal de esa decisión de los órganos legislativos resulta su compromiso para configurar un sistema de recursos al entrar, en virtud del art. 10.2 CE, a formar parte del derecho a la tutela judicial efectiva, en el proceso civil el legislador goza de completa libertad, aunque siempre respetando otros principios constitucionales como la igualdad, para establecerlos o, incluso, para excluirlos o condicionarlos[3] a requisitos diversos.
Es por ello por lo que el Tribunal Constitucional se limita a señalar que es el acceso a los recursos y no el recurso en sí el que forma parte integrante del derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que la impugnación sólo será contenido del art. 24.1 en tanto en cuanto prevista por las leyes[4] y falta de previsión en el orden civil no generará inconstitucionalidad.
Y si para su establecimiento no está condicionado el legislador, tampoco para su delimitación y configuración, ni para fijar sus requisitos de admisibilidad.
Sin embargo, incorporado el derecho al recurso, por su previsión legal, al contenido del art. 24.1 CE, éste comprenderá tanto su interposición como el desarrollo y posterior resolución del mismo, y tal es así que por todas, la STC 151/1990 de 4 de octubre, señala que la omisión de actividad del órgano jurisdiccional en la tramitación y resolución de los recursos formulados supone una violación del derecho a la tutela judicial efectiva.
Por tanto, es indispensable un pronunciamiento sobre el objeto de la impugnación planteada, aunque tal decisión no sea favorable a las peticiones del recurrente. Y, en este sentido, el legislador no goza de absoluta libertad para vincular el acceso al recurso al cumplimiento de cualquier requisito procesal, "ya que constitucionalmente no son admisibles aquellos obstáculos que puedan estimarse excesivos, que sean producto de un innecesario formalismo y que no se compaginen con el derecho a la justicia, o que no aparezcan como justificados y proporcionados conforme a las finalidades para que se establecen". Los presupuestos de admisibilidad "deben, en todo caso, ser adecuados al espíritu constitucional, siendo en definitiva el juicio de razonabilidad y proporcionalidad el que resulta trascendente" para su confrontación con el art. 24.1 CE (STC 3/1983, de 25 de enero).
Igualmente, el ATS de 11 de noviembre de 2.003[5] ha aclarado que en materia de procesos arrendaticios, hay doctrina constitucional consolidada que parte del presupuesto de que el acceso a los recursos tiene una relevancia constitucional distinta a la del acceso a la jurisdicción al ver limitada la eficacia del principio pro actione, respondiéndose negativamente a la posible vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
3. Sobre la voluntad de consignar y los términos anfibológicos.
El artículo 449 en su apartado 6º de la LEC dispone que cuando el recurrente hubiera manifestado su voluntad de abonar, consignar, depositar o avalar las cantidades, pero no acreditara documentalmente a satisfacción del Órgano haberlo hecho, se estará a lo dispuesto en el precedente artículo 231, sobre subsanación de los defectos en que incurran los actos procesales, siempre que se hubiera manifestado la voluntad de cumplir los requisitos exigidos por la Ley.
Sin embargo, la voluntad entendida coloquialmente se aleja de las exigencias volitivas que impone la interpretación de la norma. Y mientras que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, vigésima segunda edición[6], acepción quinta, nos habla de la intención, ánimo o resolución de hacer algo, jurisprudencialmente la voluntad –como el movimiento-, se demuestra andando, y en este caso, pagando las rentas vencidas.
Así, la falta de pago o consignación previa no constituye una defectuosidad procesal subsanable y por ello la omisión determina la inadmisión del recurso de apelación, siendo lo verdaderamente subsanable la acreditación[7], esto es, el acompañamiento del documento acreditado de haber consignado las rentas exigido para recurrir, pero no la consignación en sí[8]. En la misma línea se pronuncian nuestras Audiencias cuando tratamos las cauciones ex. art. 266 LEC, permitiendo la subsanación del documento acreditativo de haberse constituido[9].
Sin embargo, para el ciudadano de a pie, la interpretación jurisprudencial no lleva a una voluntad entendida como ánimo o intención, sino como ejecución y puesta en práctica de esa voluntad potencial, y con el debido respeto, la dicción del art. 449.6 LEC no se encauza hacia un abono no acreditado, sino más bien hacia una declaración inequívoca de buenas intenciones.
El Constitucional se ha pronunciado en innúmeras ocasiones sobre la debida proporcionalidad que se debe guardar entre el defecto cometido y la sanción subsiguiente, y procurar siempre que sea posible su subsanación, al objeto de favorecer la conservación de la eficacia de los actos procesales y del proceso como instrumento para alcanzar la efectividad de la tutela judicial[10].
Partiendo de la literalidad del precepto y de esa debida proporcionalidad, podríamos pensar en que en aquéllos supuestos en que se expresa voluntad pero no se abona efectivamente, la sanción de insubsanabilidad es desmesurada, equiparándose a los supuestos en que no existe colegiación del procurador[11], o demanda un sujeto indefinido[12] o pecamos de falta de legitimación[13].
Pero antes de pronunciarnos al respecto, recordemos que el art. 449.6 LEC hablaba de una manifestación de voluntad orientada al abono, consignación, depósito o aval sin acompañar muestra de su realización con las posibilidades de subsanación que recoge el previo art. 231 LEC, que asimismo insiste en la manifestación de voluntad de cumplir, y de lo que parece inferirse que resulta indispensable que expresemos que nuestro deseo es cumplir con los requisitos legales, pero sin que se desprenda de la lectura de los preceptos que ese deseo arrastre el necesario ingreso.
Sin embargo, “lo subsanable es la acreditación de la consignación, pero no la consignación en sí misma”, insiste machaconamente la jurisprudencia[14], por ser -se justifica- un requisito de sobra conocido antes de la preparación del recurso de apelación.
Argumento contradictorio con la interpretación del mismo art. 231 LEC cuando se permite la subsanación de la deficiente designación de demandados y domicilios[15], la ausencia de poder[16], la falta de presentación de copias[17], el ofrecimiento de caución[18] e incluso la omisión de la advertencia de asistencia letrada[19], cuando todas estas obligaciones quedan igualmente de manifiesto en nuestra Ley Rituaria y son también requisitos de sobra conocidos.
Lo importante es pagar, no queda la menor duda.
Y esta parte no discute la bondad de que la finalidad del depósito sea la salvaguarda de los derechos de quien ha obtenido una sentencia favorable, garantizando el cobro de las cantidades reconocidas y evitando maniobras dilatorias del apelante[20], sino que discutimos la acepción del término “manifestar”, dado por anfibológico[21] por el Supremo y equivaliendo en este caso concreto –según se interpreta- a “poner a la vista o descubrir”, y nunca a “dar a conocer o declarar”, según se recoge en el ATS de 11 de noviembre de 2.008[22], cuya claridad al respecto se hubiera agradecido años atrás.
Máxime cuando encontramos resoluciones[23] que dejan a las claras que no es tan relevante manifestar en el escrito de preparación del recurso siquiera la voluntad de abonar, consignar, depositar o avalar las cantidades pendientes, esto es, que cabe la opción de no reseñar nada al respecto, ignorando las apelaciones de la Ley rituaria a la voluntad, pero pudiendo en todo caso con posterioridad subsanar el defecto ex. art. 231 LEC caso de que el pago se confirmase.
Y aquí es donde traemos a colación la doctrina constitucional sobre la subsanabilidad de los actos procesales, que se asienta sobre la distinción entre acto omitido y acto defectuoso para establecer los límites de la posibilidad sanatoria inherente a una adecuada relación entre el cumplimiento de las formalidades y requisitos procesales y el respeto al derecho a la tutela judicial efectiva, bajo la consideración de que la subsanación no es incompatible con la obligación de cumplir oportunamente los requisitos y presupuestos procesales. Tal es así que al amparo de la VLEC y de una minoría jurisprudencial[24], distintos órganos jurisdiccionales ofrecieron la posibilidad de subsanación tanto al hecho del pago o consignación como a su justificación, y como ejemplo ponemos el de Audiencia Provincial de Barcelona, cuya actuación fue calificada de tolerante por el Constitucional (STC 115/1992, de 14 de septiembre).
Quedando de manifiesto que pese a lo anterior, la obligación de pago es improrrogable e insubsanable, traemos a colación también el supuesto de las consignaciones efectuadas que no alcanzan el importe exacto, existiendo una diferencia de escasa cuantía, debiendo en dichos supuestos admitirse la apelación, por cuanto lo contrario sería desproporcionado con la finalidad perseguida por la Ley[25].
Como apunte final incidir en que la VLEC imponía el presupuesto de hallarse al corriente de pago de rentas en el momento de la interposición del recurso, mientras que la NLEC se remonta a la preparación como fase inicial que comporta la apertura del recurso[26].
4. La obligada consignación para el beneficiario de justicia gratuita.
Tomamos con Llamas Pombo[27] la SAP de La Rioja de 4 de marzo de 2.002 como significativa y clarificadora, concluyéndose que el beneficio de justicia gratuita no exime al arrendatario de su obligación de cumplir lo previsto en el art. 449.1 LEC, no pudiendo por tanto eludir el beneficiario la consignación.
[14] SAP de Asturias, de 18 de marzo de 2.002: “La redacción del mencionado párrafo conlleva a preguntarnos sí lo que ha querido significar el legislador ha sido que a pesar de la falta de cumplimiento de la obligación de pago, consignación, depósito o aval al tiempo de formular la preparación de la apelación la mera declaración de voluntad manifestada en dicho escrito de preparación por parte del recurrente de cumplir dicho presupuesto sería suficiente para que el órgano judicial se viera obligado a otorgarle la posibilidad de subsanar dicha falta, no pudiendo declarar de plano la inadmisión del recurso con la consiguiente firmeza de la resolución apelada. A juicio de esta Sala (que ya se pronunció al respecto como luego se verá) no parece muy convincente entenderlo así, si tenemos en cuenta que el propio párrafo que estamos comentando alude en su inciso final expresamente a que el recurrente "no acreditara documentalmente, a satisfacción del Tribunal, el cumplimiento de tales requisitos" (esto es, el pago, consignación, depósito o aval), lo que parece indicar que tenían que haberse cumplido al tiempo de la presentación del escrito de preparación del recurso, siendo su justificación lo que podría quedar pendiente para acreditar "a posteriori", debiendo en tal caso el órgano judicial otorgarle tal posibilidad; en suma, que una cosa sería el hecho del pago, consignación o aval, y otra distinta su justificación documental, siendo pues la carencia de esta última la que daría lugar a su posible subsanación, de manera que el hecho de instar el recurso sin que el recurrente hubiere efectuado el previo pago, consignación, depósito o aval daría lugar a proveer su inadmisión, sin que a ello pudiere obstar la mera manifestación del recurrente de verificarlo más tarde. Entiende, pues, esta Sala que la expresión "hubiere manifestado su voluntad" utilizada por el legislador en el art. 449-6° de la LEC no se compadece con el carácter esencial y necesario del requisito de pagar, depositar, consignar o avalar, pues los mismos han debido haberse cumplido de manera efectiva y real en el momento de la presentación del escrito de preparación de la apelación, siendo tan sólo la cuestión relativa a la justificación efectiva del cumplimiento de tal requisito lo que puede dar lugar a que el órgano judicial conceda al recurrente un plazo para subsanar tal carencia de prueba a fin de que, acreditado por el recurrente que efectivamente había cumplido dicho presupuesto, se tuviera por preparado el recurso de apelación. Concluyendo, lo subsanable es la acreditación de la consignación, pero no la consignación en sí misma. Esta Sala, como se dijo, se ha pronunciado al respecto en su reciente auto de 14-12-01, en el que se afirmó que la posibilidad de subsanación prevista en el numero 6 del artículo 449 lo es, como muy bien se recoge en la resolución recurrida, para que la parte recurrente pueda acreditar que a la fecha en que debió consignar, lo había efectivamente llevado a efecto. Puestos en relación los artículos 231 y 449, ambos de la LEC, debe entenderse que lo que la Ley permite subsanar es el "olvido" de la parte de acreditar documentalmente que el pago se ha efectuado dentro del plazo legalmente previsto en el numero 3 del artículo últimamente citado, sin que baste la mera manifestación de cumplir, en un tiempo indeterminado, un requisito de sobra conocido por la propia parte recurrente”.
[20] SAP de Cádiz, de 22 de febrero de 2.002: “No es la que adoptamos una decisión caprichosa y carente de fundamento alguno, pues se asienta en la posición adoptada por el Tribunal Constitucional en su Auto 34/91, de 25 de Noviembre, en el que ante la polémica suscitada sobre si en los casos de consignación la falta de abono de las rentas puede ser o no subsanada, llegó a la conclusión de que debía procederse a su inadmisión, y ello en atención a que el recurrente no podía ignorar la exigencia de consignar las rentas debidas, siéndole por ello exigible una diligencia en grado máximo" añadiendo que "esa falta de consignación justifica la inadmisión del recurso de apelación sin que sea doble apreciar un formalismo excesivo o desproporcionado". En el presente caso el recurrente conocía dicha obligación, pues no cabe olvidar que estaba debidamente asistido por su letrado. Pero es que a mayor abundamiento, y sin bien ha de reconocerse que existe en las Audiencia Provinciales una jurisprudencia contradictoria acerca de la posibilidad o no de subsanar los errores padecidos por los recurrentes en apelación a la hora consignar, según reiterada doctrina del Tribunal Constitucional de finalidad de la exigencia de dicho depósito es la de salvaguardar los derecho de quien ha obtenido una sentencia favorable, garantizando al perjudicado el cobro de la cantidades que se le han reconocido y evitando maniobras dilatorias del apelante, esto es, el uso abusivo de la facultad de recurrir con fines dilatorios (S.S.T.C. de 2-7-90, 84/92 y de 25-4-94), por lo que ha de concluirse que la omisión como la de los ahora recurrentes no es subsanable”.
[25] .SAP de A Coruña, nº 21/2002, de 16 de enero: “Como dice la SAP Granada de 4-04-2000, esta motivación no permite desconocer el principio de favorecimiento de recursos que mantienen el Tribunal Constitucional, al señalar que han de interpretarse las causas de inadmisión previstas por las Leyes procesales de forma restrictiva, por considerar que el acceso a los recursos ordinarios y extraordinarios legalmente establecidos forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva (SSTC. 60/1985, 110/1985, 81/1986 y 57/1988, entre otras), y el mismo Tribunal Constitucional S. 119/1994, de 25 de Abril, afirma que es preciso interpretar el requisito de la consignación ponderando en cada caso las circunstancias concurrentes y declara injustificada la inadmisión de la apelación por entender que "del examen de las actuaciones resulta la voluntad real de los recurrentes de cumplir con el requisito exigido por la L.O. 3/1989 para recurrir en apelación, al efectuar el depósito legalmente establecido, si bien en cuantía equivocada. Esta equivocación, de escasa cuantía respecto al importe exacto que debió depositarse, no puede justificar la inadmisión de la apelación, por ser absolutamente desproporcionada con la entidad real del defecto, la finalidad perseguida por la ley, que no es otra, -tal y como se señaló- de evitar recursos meramente dilatorios, lo que no acontece en el presente caso”.
Publicado por REGESUR en 9:49
iuriscivilis 19 de septiembre de 2009, 19:05
Hola Rafa. Te he encontrado por el artículo publicado en Ulpilex. Magnífica y soberbia reflexión. Muy buen post. Si no tienes incoveniente te voy a añadir a mi blogroll. Recibe un cordial saludo.

References: artículo 148
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 449
 artículo 231
 resolución 
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 artículo 449
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