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Sentencia A.P. Murcia 315/2013 de 29 de noviembre. Estafa. Dolo. Inexistencia de alzamiento de bienes - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Murcia 315/2013 de 29 de noviembre
Delito de estafa: Alzamiento de bienes. Administradores únicos: Absolución del acusado. El acusado no tenía un dolo antecedente a la hora de concertar el contrato para la construcción de una vivienda de madera, y no sabía que no iba a ser posible su construcción.
C/ ANGEL BRUNA, 21-8.ª PLANTA (CARTAGENA)
N.I.G.: 30016 37 2 2013 0502276
Denunciante/querellante: Desiderio
Procurador/a: D/D.ª MARIA MAGDALENA FAZ LEAL
Abogado/a: D/D.ª FELIX SANCHEZ SANCHEZ
ILTMO. SR. D. MIGUEL ANGEL LARROSA AMANTE
En Cartagena, a 29 de noviembre de 2013.
SENTENCIA N.º 315/13
Vistos, en primera instancia, por la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, integrada por los Iltmos. Sres. expresados, el procedimiento abreviado n.º 27/13, derivado de las actuaciones seguidas con el n.º 16/09 ante el Juzgado de Instrucción n.º 3 de Cartagena, por un delito de estafa y alzamiento de bienes, contra Jeronimo, representado por el/la Procurador/a D.ª Marta Aldea Fábrega y defendido por el Letrado D. José Pascual San Félix Marcilla, siendo parte en este proceso el Ministerio Fiscal y como acusación particular D. Desiderio, representado por la Procuradora D.ª Magdalena Faz Leal y defendido por el Letrado D. Félix Sánchez Sánchez. Ha sido Magistrado ponente el Iltmo. Sr. D. MIGUEL ANGEL LARROSA AMANTE, que expresa el parecer de la Sala.
Primero.—Por el Juzgado de Instrucción antes referido se dictó Auto en fecha 2 de febrero de 2009 en cuya virtud se acordó seguir el trámite establecido en el Capítulo II del Título III, Libro IV, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dando traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal, que solicitó el sobreseimiento provisional de la causa. De dicha petición se dio traslado al denunciante, personándose en las actuaciones por medio de la Procuradora Sra. Faz Leal y solicitando la apertura de juicio oral acompañando escrito de acusación, a lo que accedió el Instructor, dando traslado de todo ello a los designados como acusados a fin de que, en plazo legal, presentaran escrito de defensa; igualmente se dio traslado al Ministerio Fiscal que presentó escrito de calificación, y una vez efectuado, remitió las actuaciones a esta Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, dictándose Auto resolutorio sobre admisión y práctica de las pruebas propuestas por las partes, en el que se señaló para la celebración del comienzo de las sesiones del juicio oral el día 28 de noviembre de 2013, con cumplimiento de las prescripciones legales.
Segundo.—En trámite de conclusiones definitivas, la acusación particular interesó la condena de Jeronimo como autor de un delito de estafa tipificado en el artículo 248.1 en relación a los artículos 249 y 250.1, 6 y 7 del Código Penal o alternativamente de un delito de apropiación indebida del artículo 252 CP, así como autor de un delito de alzamiento de bienes en perjuicio de los acreedores del artículo 257 1 y 2 del CP, solicitando la pena de 6 años de prisión y multa de 20 meses a razón de 20 € por día por el primer delito y una pena de 2 años de prisión y multa de 20 meses a razón de 20 € diarios para el segundo delito. Igualmente solicitó la indemnización por responsabilidad civil en la cantidad de 40.000 €, solidariamente entre el acusado y la mercantil Mediterranean Dolmens SL, así como el pago de las costas incluidas las de la acusación particular.
Tercero.—La defensa del acusado Jeronimo, en igual trámite, mostró su total disconformidad con la acusación formulada y solicitó la absolución de sus defendidos. Igualmente el Ministerio Fiscal elevó a definitivas sus conclusiones solicitando la absolución del acusado.
HECHOS PROBADOSDe conformidad con las pruebas practicadas en el acto del juicio oral se declara expresa y terminantemente probado que:
1.º- El día 21 de marzo de 2007, D. Desiderio firmó con Jose Miguel, empleado de la mercantil Mediterranean Dolmens SL especializada en la construcción de casas de madera y de la que el acusado Jeronimo, mayor de edad, con DNI n.º NUM000 y sin antecedentes penales, era administrador único, un contrato por el cual la mercantil se comprometía la construcción y montaje de una casa de madera en un terreno propiedad del Sr. Desiderio, situado en el paraje de Lo Jorge, Cuevas del Reyllo, Fuente Álamo (Murcia) por un precio total de 66.500 €.
2.º- A consecuencia de los acuerdos entre las partes por D. Desiderio se procedió a un primer ingreso en la cuenta corriente 2090.0439.12.0040021953 de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y de la que era titular la mercantil Mediterranean Dolmens SL, de la cantidad de 4.000 € con fecha 14 de marzo de 2007, destinada al pago de los honorarios del arquitecto que debía de redactar el proyecto de obra, y la cantidad de 36.000 € con fecha 20 de abril de 2007, como parte del precio de la vivienda a construir.
3.º- En ejecución de lo acordado, por persona en nombre de la mercantil Mediterranean Dolmens SL se encargó al Arquitecto D. Cornelio la elaboración del proyecto básico para la construcción de la vivienda encargada por el denunciante. Dicho proyecto llegó a ser realizado, siendo visado por el Colegio de Arquitectos con fecha 10 de julio de 2007 y entregado al Sr. Desiderio. Igualmente con fecha 30 de julio de 2007 se solicitó por el comprador al Ayuntamiento de Fuente Álamo la correspondiente licencia de obras. El citado proyecto, a pesar de haber pagado 4.000 € anticipadamente el denunciante, no le fue abonado por la mercantil al arquitecto autor del mismo.
4.º- Como consecuencia de las dificultades económicas surgidas en la empresa está dejó de operar en el mes de junio de 2007, cerrando la oficina sin que se pusiera en contacto con ninguno de sus clientes ni, en particular, con el denunciante. Hasta dicha fecha la empresa había estado operando en el tráfico mercantil, habiendo presentado las cuentas en el Registro Mercantil correspondientes al año 2006, sin que se haya procedido a la liquidación jurídica de la misma.
5.º- El dinero ingresado en la Caja de Ahorros del Mediterráneo en la cuenta titularidad de Mediterranean Dolmens SL y se desconoce el destino del mismo y a qué conceptos fue aplicado.
6.º- En fechas cercanas a esta operación comercial, el 12 de abril de 2007, el acusado realizó un intento de autolisis por ingesta de diversos barbitúricos, estando posteriormente sometido a tratamiento psiquiátrico durante varios meses. Todos los contactos entre el comprador y la mercantil fueron realizados a través de un empleado de la misma, Jose Miguel, sin que el Sr. Desiderio se pusiese en contacto personalmente en ningún momento con el acusado.
7.º- A pesar del tiempo transcurrido la casa encargada no ha sido construida ni tampoco se ha procedido a devolver el dinero entregado a cuenta del precio por el denunciante.
Primero.—Los anteriores hechos probados han sido obtenidos tras la valoración por este tribunal de las pruebas practicadas en el acto del juicio, bajo los principios de inmediación, oralidad, contradicción y publicidad y conforme al principio de valoración conjunta de la prueba reconocido en el artículo 741 LECRM.
Tales hechos probados no son constitutivos de delito alguno de los que se venían acusando por la acusación particular, pues ni constituyen un delito de estafa ni de alzamiento de bienes, como delitos principales objeto de acusación, así como tampoco es constitutivo de un delito de apropiación indebida que, como calificación alternativa a la estafa, se venía manteniendo por la parte acusadora.
Comenzando por la acusación como autor de un delito de estafa, para poder apreciar la existencia de este tipo penal es preciso, como reiteradamente tiene declarado la jurisprudencia, la necesidad de la concurrencia de un engaño suficiente y antecedente a la firma del contrato objeto de este proceso. Es la denominada teoría del negocio jurídico criminalizado en la que se parte de una modalidad contractual lícita y habitual, y ante un supuesto de incumplimiento contractual, susceptible de resolverse en el ámbito civil, la calificación como estafa exigiría la acreditación de una intención engañosa inicial, como la propia parte acusadora sostuvo en vía de informe en el plenario con la literal expresión "desde el primer minuto" que reiteradamente empleó el letrado de la acusación particular. La jurisprudencia en tal sentido no ofrece duda alguna ni en relación a los requisitos que deben concurrir para poder condenar por estafa ni con respecto a las exigencias específicas en el ámbito del negocio jurídico criminalizado.
Con carácter general señala la STS de 16 de mayo de 2013 que " La estafa requiere como elemento esencial la concurrencia del engaño que debe ser suficiente, además de precedente o concurrente con el acto de disposición de la víctima ( STS núm. 700/2006 de 27 de junio , 182/2005 de 15 de febrero y 1491/2004 de 22 de diciembre , entre otras muchas). El acto de disposición tiene que ser la consecuencia o efecto de la actuación engañosa, sin la cual no se habría producido el traspaso patrimonial, acto de disposición que se realiza bajo la influencia del engaño que mueve la voluntad del engañado ( STS. núms. 1479/2000 de 22 de septiembre , 577/2002 de 8 de marzo y 267/2003 de 24 de febrero ). Consistiendo el acto de disposición en cualquier acción del engañado que causa un perjuicio patrimonial propio o de tercero, entendiéndose por tal, tanto la entrega de una cosa como la prestación de un servicio por el que no se obtiene contraprestación.
El engaño ha sido ampliamente analizado por la doctrina de esta Sala, que lo ha identificado como cualquier tipo de ardid, maniobra o maquinación, mendacidad, fabulación o artificio del agente determinante del aprovechamiento patrimonial en perjuicio del otro y así se ha hecho extensivo el concepto legal a "cualquier falta de verdad o simulación", cualquiera que sea su modalidad, o apariencia de verdad que determina a realizar una entrega de cosa, dinero o prestación, que de otra manera no se hubiese realizado ( STS. 27 de enero de 2000 ).
En los supuestos en que se pretende criminalizar un negocio jurídico civil, en principio válidamente constituido, como sucede en el caso actual, la STS de 17 de noviembre de 1997 , entre otras, señala, que: "la línea divisoria entre el dolo penal y el dolo civil en los delitos contra el patrimonio, se sitúa en la tipicidad, de modo que únicamente si la conducta del agente se incardina en el precepto penal tipificado del delito de estafa es punible la acción, no suponiendo ello criminalizar todo incumplimiento contractual, porque el ordenamiento jurídico establece remedios para restablecer el imperio del Derecho cuando es conculcado por vicios puramente civiles..."
En la variedad de estafa denominada "negocio jurídico criminalizado" el engaño surge cuando el autor simula un propósito serio de contratar mientras que, en realidad, solo pretende aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones a que se obliga la otra parte ocultando a ésta su decidida intención de incumplir sus propias obligaciones contractuales, aprovechándose el infractor de la confianza y la buena fe del perjudicado con claro y terminante animo inicial de incumplir lo convenido, prostituyéndose de ese modo los esquemas contractuales para instrumentalizarlos al servicio de un ilícito afán de lucro propio, y desplegando unas actuaciones que desde que se conciben y planifican prescinden de toda idea de cumplimiento de las contraprestaciones asumidas en el seno del negocio jurídico bilateral, lo que da lugar a la antijuricidad de la acción y a la lesión del bien jurídico protegido por el tipo ( STS 12 de mayo de 1998 , 23 y 2 de noviembre de 2000 y 16 de octubre de 2007 , entre otras).
Cuando una de las partes contractuales disimula su verdadera intención, su genuino propósito de no cumplir las prestaciones a las que contractualmente se obliga y como consecuencia de ello la parte contraria desconocedora de tal propósito, cumple lo pactado y realiza un acto de disposición del que se lucra y beneficia al otro, nos hallamos en presencia de la estafa conocida como negocio o contrato criminalizado ( STS 26 de febrero de 1990 , 2 de junio de 1999 y 27 de mayo de 2003 , entre otras).
Pero cuando el dolo del autor surge "a posteriori", dando lugar al incumplimiento del contrato pactado, nos encontramos ante un "dolo subsequens", de naturaleza civil, que no puede fundamentar la tipicidad del delito de estafa, porque ésta requiere un nexo causal o relación de causalidad entre el engaño provocado y el desplazamiento patrimonial generador del perjuicio". En parecidos términos se manifiesta igualmente la STS de 18 de julio de 2013, que añade además que "... La forma de proceder a la que se está haciendo referencia no debe ser confundida con el simple incumplimiento de una obligación, pues, en estos casos, el dolo, referido al conocimiento y voluntad de incumplir, aparece con posterioridad al acto de disposición, por lo que no puede apreciarse la existencia de un engaño que hubiera causado el error determinante de aquel. En estos casos, a diferencia de los anteriores, quien contrae una obligación se encuentra en una situación en la que podría hacerle frente o bien dispone de razones para pensar que podrá hacerlo al tiempo del cumplimiento, siempre desde un análisis racional, incluso aunque pudiera presentar tintes optimistas. Y sin perjuicio de que las circunstancias provoquen luego el incumplimiento de lo acordado, lo que únicamente podría dar lugar a la correspondiente reclamación en vía civil".
Segundo.—Señalada la doctrina anterior, debe de procederse a la aplicación de la misma al presente procedimiento y de las pruebas practicadas no se puede entender, a juicio de este tribunal, que el acusado tuviera un dolo antecedente a la hora de concertar este contrato para la construcción de una vivienda de madera, de tal manera que conociese claramente en marzo de 2007, fecha del contrato, que no iba a ser posible la construcción de la vivienda a la que se había comprometido, conclusión que se alcanza por diversos motivos.
En primer lugar la jurisprudencia viene exigiendo de forma reiterada que el sujeto activo del delito sea aquel que tenga el domino funcional de la operación fraudulenta y además haya intervenido en los concretos engaños (STS 24 de mayo de 2013). En el presente caso no cabe duda alguna de que el acusado, en cuanto administrador único de la mercantil Mediterranean Dolmens SL, era el responsable del cumplimiento civil del contrato y por ello de la construcción de la vivienda objeto del mismo. Pero tampoco ofrece duda alguna, tal como se deriva de la prueba practicada, que el propio acusado no tuvo participación alguna en la firma de dicho contrato, por más que conociese el mismo en su condición de administrador de la sociedad. El propio denunciante reconoció en juicio que todas las conversaciones las tuvo con un comercial de la empresa, llamado Daniel, y con otra trabajadora llamada Aida y que estaba en la oficina de la mercantil en Benidorm, así como que sólo habló en una ocasión con el Sr. Jeronimo por teléfono y a través del mismo Daniel, sin que haya especificado si tal conversación fue antes o después de la firma del contrato incumplido. De hecho, si se observa el ejemplar del contrato obrante al folio 5 de las actuaciones, en todas las firmas de la mercantil consta una antefirma "P.O" o por orden, lo que indica claramente que el contrato no fue firmado por el administrador de la empresa sino por un tercero, se supone que el tal Daniel, por lo que mal puede hablarse participación o dominio del engaño por parte de quien no ha participado en el negocio jurídico y más cuado está acreditado, por la documental médica no impugnada y aportada al acto del juicio, que en las fechas previas al pago más importante realizado, los 36.000 € abonados el 20 de abril de 2007, el propio acusado estaba internado en un hospital recuperándose de un intento de autolisis por ingestión de barbitúricos, lo que sin duda no le ponía en las mejores condiciones para controlar la actividad de la empresa.
En segundo lugar, aunque se considerase que sí existía tal control de la actividad comercial por el acusado, tampoco podemos hablar de un dolo antecedente que justificase el engaño preciso para poder calificar la conducta del mismo como constitutiva de un delito de estafa. Tal como consta en la documentación aportada por el acusado tras el requerimiento realizado por el Juzgado, unida en dos cajas separadas a estas actuaciones, la mercantil se hallaba en funcionamiento en las fechas en las que se firmó el contrato, esto es, en marzo de 2007, apreciándose unas ciertas dificultades de tesorería pero que en principio no parecían de suficiente entidad como para paralizar la actividad económica de la empresa. Basta examinar los movimientos de las cuentas de la mercantil remitidas por Caja Castilla La Mancha (folios 93 a 95), que presenta a las fechas del contrato un saldo negativo de más de 50.000 € (folio 94), y en especial las del Banco de Santander (folios 100 a 110), que siempre presentan un saldo positivo y en la que se pueden observar movimientos propios de la actividad mercantil (abono de remesas, emisión de cheque, transferencias, etc.) a lo largo de 2007 hasta el cierre de la cuenta en agosto de dicho año. La empresa estaba en funcionamiento desde su inicio en el año 2004, fecha de constitución, con una actividad comercial normal, alternando saldos negativos y positivos en las cuentas de la sociedad, habiendo cumplido con su obligación de presentar las cuentas en los ejercicios 2004 a 2006 (depositadas con fecha 11 de septiembre de 2007), tal como se deriva de la certificación del Registro Mercantil de Alicante obrante al folio 232 de las actuaciones. No estamos en presencia de una mercantil artificialmente creada para engañar a posibles clientes, sino ante una sociedad que ha venido funcionado de forma normal y que por las circunstancias propias del tráfico mercantil ha dejado de ser operativa y ello le ha impedido el cumplimiento de las obligaciones asumidas, no sólo frente al denunciante sino también frente a otros acreedores de la propia sociedad.
En tercer lugar tampoco se puede olvidar que se realizaron los actos iniciales necesarios para poder dar cumplimiento al encargo realizado, pues firmado el contrato la sociedad, no se sabe si a través de Daniel o a través del propio acusado como legal representante, se procedió a la realización del proyecto básico de ejecución de la obra contratada por el denunciante, tal como ratificó el Sr. Juan Ramón en su testifical en el acto del juicio, se acreditó documentalmente (folio 10 de las actuaciones) y fue confirmado por el propio Sr. Desiderio en su declaración en el plenario, lo que implica la ejecución de un acto necesario e imprescindible para el cumplimiento del contrato de obra suscrito entre las partes. Por el denunciante, por vía de informe, se viene a considerar que la realización de este proyecto es un medio más para el engaño, pues a partir de su elaboración se logró la entrega de los 36.000 €. Sin embargo también puede entenderse como el inicio normal del cumplimiento de un contrato que, con el paso del tiempo, devino de imposible ejecución por las dificultades económicas de la empresa, debiendo destacarse que la entrega de la citada cantidad de treinta y seis mil euros nada tiene que ver con el encargo del proyecto arquitectónico, pues para el pago de éste ya se había entregado antes de la firma del contrato la cantidad de 4.000 € y además el visado y entrega del mismo se produce en julio de 2007, esto es, varios meses después del pago de 36.000 €, por lo que ninguna relación guarda este pago con la realización del proyecto por el Arquitecto. Ciertamente, y ello no ofrece duda alguna, ha existido un incumplimiento del contrato por parte de la mercantil Mediterranean Dolmens SL, pero el mismo ha venido motivado por dificultades de la propia empresa propias del tráfico mercantil y es posterior a la firma del contrato, sin que pueda afirmarse en modo alguno, con la suficiente entidad para desvirtuar la presunción de inocencia que ampara al acusado, que éste actuó cuando se concertó el contrato con voluntad de no cumplir desde un principio sus obligaciones contractuales, elemento imprescindible para poder fundar la condena por estafa solicitada por la acusación particular.
Finalmente es preciso resaltar la deficiente instrucción llevada a cabo en estas actuaciones, pues han quedado sin investigar hechos de importante incidencia sobre lo denunciado, como es la propia participación en los mismos de Daniel, que fue la persona con la que realmente contrató el denunciante, sin que se haya solicitado su declaración ni como imputado ni como simple testigo y ello a pesar de tener un conocimiento directo de los entresijos del negocio por su directa participación; tampoco se ha tomado declaración a la llamada Aida, empleada de la mercantil con quien también trató el denunciante y ni siquiera a la directora de la oficina de la CAM de Benidorm quien, como afirmó en juicio el Sr. Desiderio, fue quien decidió el negocio jurídico al darle garantías sobre la solvencia y seriedad de Mediterranean Dolmens SL. Por último, y ello es lo más llamativo junto con la falta de declaración de Daniel, no se ha llevado a cabo investigación alguna sobre el destino del dinero ingresado en la cuenta de la CAM de la mercantil y más cuando la propia entidad de crédito señala que dicha cuenta está sin movimientos en el periodo entre el 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2007, cuando al menos existen dos ingresos acreditados realizados por el denunciante y se contradice con la propia documentación aportada por el acusado que incluye extractos de movimientos de dicha cuenta en tal periodo, extractos mensuales por otro lado obtenidos de la propia página web de la entidad de crédito y de las comunicaciones que se realizan a los clientes por correo, lo que demuestra la nula credibilidad de la certificación remitida por la CAM y que hubiera justificado, por sí sólo, una actividad investigadora para aclarar dicho extremo. El destino del dinero ingresado no ha podido ser determinado por el oscurantismo de la entidad de crédito, sin que ni por el Juzgado, ni por la Fiscalía, ni por la propia acusación particular se haya adoptado medida alguna de investigación de este extraño aspecto que impide saber cuál fue el destino del dinero transferido por el denunciante a la cuenta que le fue facilitada por parte de la mercantil con la que contrató. En definitiva, no existe base para entender que hubo un engaño antecedente y por ello nos movemos en el ámbito del puro incumplimiento contractual de naturaleza civil que debe de ser solucionado en dicho orden jurisdiccional.
Tercero.—Los hechos declarados probados tampoco son constitutivos de un delito de alzamiento de bienes del artículo 257 CP del que también venía siendo acusado el Sr. Jeronimo.
Como señala la STS de 13 de marzo de 2013 " ... el alzamiento de bienes supone una acción del acreedor común que tiene como finalidad frustrar el pago de todas sus deudas de las que debe responder universalmente con su patrimonio. Solo de esta forma aparece nítidamente reflejado el elemento subjetivo del tipo, que no es otro que el propósito de defraudar a la totalidad de los acreedores. Si ante la acumulación de reclamaciones de créditos, el deudor realiza maniobras encaminadas a pagar parte de sus deudas otorgando preferencias a unos sobre otros, no se puede decir que exista un animo defraudatorio general, que es el que da vida al tipo penal del alzamiento de bienes ( SSTS. 1052/2005 de 20.9 , 984/2009 de 8.11 )"- Por su parte la STS de 16 de mayo de 2013 añade que " Como señala acertadamente la doctrina más reciente, lo que realmente se tipifica en el art 257 1 1.º del Código Penal , es el hecho de quedarse con los bienes, pues alzarse significa precisamente quedarse con los bienes. Y la forma más común del delito de alzamiento es la conducta que se traduce en una maniobra de ocultación que permite al deudor mantener el control sobre sus bienes, a través de testaferros, sustrayéndolos de sus responsabilidades frente a los acreedores, porque forma parte de la naturaleza de las cosas que la gente se sienta inclinada a salvaguardar su patrimonio".
En el presente caso no existe dato alguno en las actuaciones que justifique la posible existencia de un delito de alzamiento de bienes en los términos en los que ha venido siendo configurado por la jurisprudencia. Debe recordarse que corresponde a la parte acusadora la necesidad de acreditar los hechos básicos de su acusación. Los mismos, tal como se relatan en los hechos probados de su escrito de calificación provisional elevado a definitiva en el acto del juicio, parten de la base del ingreso en una cuenta de la mercantil, siendo " ...gastado y retirado por otras deudas que nada tenían que ver con D. Desiderio... habiéndose beneficiado el acusado pagando otras deudas suyas particulares" (sic). Este relato de hechos, de haberse probado, sí hubiera justificado la condena como autor de un delito de insolvencia punible, en su modalidad de alzamiento de bienes, pero lo único cierto es que tales afirmaciones no dejan de ser nada más que meras suposiciones de la acusación particular sin que conste prueba alguna en las actuaciones que venga a confirmar lo afirmado en las conclusiones provisionales elevadas a definitivas. Ya se ha señalado en el fundamento de derecho anterior que como consecuencia de la contestación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo así como de la deficiente instrucción llevada a cabo en estas actuaciones, no ha sido posible determinar cuál ha sido el destino de los 40.000 € ingresados por parte del Sr. Desiderio en una cuenta corriente titularidad de Mediterranean Dolmens SL, por lo que se desconoce si con estos ingresos se saldaron descubiertos existentes en la propia entidad de crédito relativos a deudas anteriores o bien tuvieron otro destino diferente (por ejemplo, pago de las nóminas de los trabajadores de la empresa) o incluso si dichas cantidades fueron retiradas por el propio acusado o por otra persona autorizada a tal fin. No obstante lo anterior, lo que sí ha quedado acreditado por la certificación de la CAM obrante al folio 90 de las actuaciones es que la cuenta corriente en la que se realizó el ingreso es de titularidad exclusiva de la mercantil y no es privativa del acusado, lo que en principio, cualquiera que fuese el destino dado al dinero por la propia entidad de crédito, excluirían los hechos de la acusación, esto es, la distracción de dicho dinero a obligaciones particulares del propio acusado, por lo que se abonarían deudas de la mercantil y por ello se daría la situación por la cual unos acreedores de la misma estarían cobrando antes que otros, hecho que como ya se ha señalado excluye la posibilidad de alzamiento de bienes según la jurisprudencia citada.
En definitiva, no existe prueba alguna lícitamente aportada por la acusación particular que justifique la distracción de un dinero por parte del acusado para el pago de deudas personales, cuando lo cierto es que se desconoce ni siquiera cuál fue el destino dado por el dinero ingresado en la CAM por el denunciante.
Cuarto.—Finalmente, y de forma alternativa, por la acusación se sostuvo que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de apropiación indebida del artículo 252 CP. Tampoco es posible la admisión de esta calificación jurídica, pues para poder apreciar este delito el elemento objetivo básico radica en la apropiación o distracción de dinero que se haya recibido en depósito, comisión o administración o por cualquier título que suponga la obligación de devolverlo o entregarlo y resulta evidente que la entrega del dinero, mediante su ingreso en la cuenta corriente titularidad de Mediterranean Dolmens SL, tuvo por finalidad la del cumplimiento de una obligación asumida en el contrato privado firmado por las partes, de tal manera que la mercantil destinataria del mismo no lo recibía con la en concepto de depósito, comisión o administración, sino con la obligación de aplicarlo a la construcción de la vivienda objeto del contrato de arrendamiento de obra concertado entre ambas partes, por lo que en principio no surgía la obligación contractual de devolver dicha cantidad, sino que tal devolución sería la consecuencia de la imposibilidad de cumplir el contrato privado y previa resolución del convenio firmado entre las partes. La falta del elemento objetivo impide que pueda considerarse la existencia de este delito y, de hecho, la propia acusación particular no ha insistido sobre su apreciación en el informe realizado en el acto del plenario tras la práctica de la prueba, sin duda alguna al ser plenamente consciente de que no era posible defender la existencia de este delito alternativamente propuesto frente a la estafa.
Quinto.—De conformidad con lo previsto en los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede declarar de oficio las costas de este proceso al haberse dictado sentencia absolutoria.
Vistos los artículos citados y los demás de general aplicación,
Que DEBEMOS ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a Jeronimo del delito de estafa y de alzamiento de bienes de los que venía siendo acusado, y todo ello declaración de oficio las costas de este proceso.
No tifíquese esta sentencia a los acusados y a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, con indicación de los recursos que caben contra la citada resolución, en la forma prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Esta es nuestra sentencia, y así lo acordamos, mandamos y firmamos.

References: artículo 248
 artículo 252
 artículo 257
 artículo 741
 artículo 257
 artículo 252
 resolución