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Ley Orgánica 6/2002 de 27 de Jun (Partidos políticos) | Iberley
Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos. - Boletín Oficial del Estado de 28-06-2002
Fecha de entrada en vigor: 29/06/2002
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número 154
Fecha de Publicación: 28/06/2002
A todos los que la presenteviereny entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica.
Se trata, en primer lugar, de recoger con claridad y sistema la experiencia acumulada en estosaños.
Por otra parte, aunque los partidos políticos no son órganos constitucionales sino entes privados de base asociativa, forman parte esencial de la arquitectura constitucional, realizan funciones de una importancia constitucional primaria y disponen de una segunda naturaleza que la doctrina suele resumir con referencias reiteradas a su relevancia constitucional yalagarantíainstitucional de los mismos por parte de la Constitución. Desde uno u otro punto de vista, el tiempo presente reclama el fortalecimiento y la mejora de su estatuto jurídico con un régimen más perfilado,garantistay completo. Si ello es así para toda asociación, con más motivo ha de serlo para las asociaciones políticas, cuya finalidad es la de aunar convicciones y esfuerzos para incidir en la dirección democrática de los asuntos públicos, contribuir al funcionamiento institucional y provocar cambios y mejoras desde el ejercicio del poder político. Pero también en cuanto los partidos son instrumentos fundamentales de la acción del Estado, en un Estado de Derecho avanzado y exigente como el que disfrutamos, que pone límites y establece garantías y controles frente a cualquier sujeto, por relevante que éste sea en la estructura constitucional. Puede decirse, incluso, que cuanto mayor es el relieve del sujeto y su función en el sistema, más interés tiene el Estado de Derecho en afinar su régimen jurídico.
Esa carencia reclama ahora un esfuerzo añadido para completar las disposiciones vigentes. El objetivo es garantizar el funcionamiento del sistema democrático y las libertades esenciales de los ciudadanos, impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de bandas terroristas. Especialmente si se tiene en cuenta que, por razón de la actividad del terrorismo, resulta indispensable identificar y diferenciar con toda nitidez aquellas organizaciones que defienden y promueven sus ideas y programas, cualesquiera que éstas sean, incluso aquellas que pretenden revisar el propio marco institucional, con un respeto escrupuloso de los métodos y principios democráticos, de aquellas otras que sustentan su acción política en la connivencia con la violencia, el terror, la discriminación, la exclusión y la violación de los derechos y de las libertades.
Por una parte, con los artículos 7 y8, esta Ley Orgánica persigue conjugar el respeto a la capacidad organizativa y funcional de los partidos a través de sus estatutos, con la exigencia de algunos elementos esenciales que aseguren la aplicación de principios democráticos en su organización interna y en el funcionamiento de los mismos. Con ello se atiende, en primer término, a los derechos de sus afiliados, pero se persigue también «asegurar el efectivo cumplimiento de las funciones que éstos tienen constitucional y legalmente encomendadas y, en último término, contribuir a garantizar el funcionamiento democrático del Estado» (STC 56/1995, de 6 de marzo).
Desde esta doble perspectiva, se prevé un órganoasambleariode carácter participativo general al que se reservan las competencias más relevantes en la vida del partido, se establece el sufragio libre y secreto como medio ordinario de cobertura de los puestos directivos, se prevé la censura democrática de los mismos, se reconocen algunos derechos que se consideran básicos dentro de cualquier ámbito asociativo y que deben disfrutarse por igual, como el de participar en la elección y ser elegibles en los órganos, o los de información de las actividades, de la situación económica y de las personas que configuran los órganos directivos, y se determinan algunas reglas básicas de funcionamiento y régimen de las reuniones de los órganos colegiados.
Por su parte, el artículo 9 persigue asegurar el respeto de los partidos a los principios democráticos yalosderechos humanos. Para ello, frente al enunciado genérico de la Ley que ahora se deroga, la presente Ley Orgánica enumera con cierto detalle las conductas que más notoriamente conculcan dichos principios, sobre la base de dos fundamentos en los que conviene detenerse brevemente.
La Ley opta, en primer lugar, por contrastar el carácter democrático de un partido y su respeto a los valores constitucionales, atendiendo no a las ideas o fines proclamados por el mismo, sino al conjunto de su actividad. De este modo, los únicos fines explícitamente vetados son aquellos que incurren directamente en el ilícito penal.
Una vez enunciados por la Ley el deber de respeto de los partidos políticos a los principios democráticos y los valores constitucionales, y desarrollados los elementos indiciarios que permiten conocer cuándo un partido no se ajusta a los mismos y debe, por consecuencia, ser declarado ilegal, el siguiente capítulo, III en la numeración, establece las garantías jurisdiccionales existentes para la defensa de los derechos y de los principios constitucionales ante la actuación de los partidos. Obviamente, el punto de partida es el establecido por la propia Constitución: sólo la autoridad judicial es competente para controlar la ilegalidad de sus actuaciones o para decretar, ante violaciones repetidas y graves, la disolución o suspensión del propio partido político.
La Ley Orgánica resuelve esta grave situación con el criterio general que preside el marco constitucional de funcionamiento de los partidos, esto es, señalando que sólo pueda realizarse mediante resolución judicial. Como indica la STC 3/1981, de 2 de febrero, «al Poder Judicial y sólo a éste encomienda la Constitución y también la legislación ordinaria la función de pronunciarse sobre la legalidad de un partido político. Precisamente la apelación al Poder Judicial, que puede decretar, como se acaba de decir, su suspensión provisional, y, en último término, su disolución, constituye el medio con que cuenta el Estado para su defensa en el caso de que sea atacado por medio de un partido que por el contenido de sus Estatutos o por su actuación al margen de éstos atente contra su seguridad».
El texto establece, por razón de la importancia y relevancia constitucional de los partidos políticos y, por añadidura, de las decisiones que afectan a su declaración de ilegalidad o que justifican su disolución, que sea la Sala especial del Tribunal Supremo prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial el órgano competente para poder disolver un partido político, cuando éste desarrolle graves conductas contrarias a la Constitución. Sala especial que, como señala el auto de 9 de julio de 1999 de la propia Sala, «simboliza por su composición al Pleno del Tribunal Supremo. Es, de alguna manera, el Pleno, un pleno reducido, valga la expresión, por paradójica que pueda parecer, ya que en su composición está presente el propio Presidente del Tribunal Supremo y lo están también todas las Salas relacionadas en el artículo 55 de la LOPJ que integran en su conjunto el Tribunal Supremo, a través de sus respectivos Presidentes y de dos de sus Magistrados, el más antiguo y el más moderno de cada una de ellas. Se resalta esto para poner de relieve que la Sala del artículo 61 de la LOPJ, por su significativa composición, goza de un estatus de supremacía respecto a las Salas ordinarias en orden a la definición de sus competencias y de las recíprocas de aquellas...».
Por último, en lo que atañe a la competencia de la Sala especial, la Ley acumula la garantía de que sea ésta la competente para conocer y resolver en los casos de fraude, bien en su condición de Sala sentenciadora (apartados 2 y 3delartículo 12), bien por la llamada expresa que ahora se introduce en la legislación electoral para la resolución de recursos contra la proclamación o no de agrupaciones de electores (disposición adicional segunda), bien por la previsión del apartado 2 de la disposición transitoria única, sobre la sucesión de partidos para soslayar los efectos de la presente Ley.
CAPÍTULO I. De la creación de los partidos políticos
Modificación realizada (1 (apdo. 1)) por Ley Organica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad economico-financiera de los Partidos Politicos, por la que se modifican la Ley Organica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiacion de los Partidos Politicos, la Ley Organica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Politicos y la Ley Organica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. (BOE de 31-03-2015) en vigor desde 01-04-2015
Texto Original. Publicado el 28-06-2002 en vigor desde 29-06-2002
29/06/2002 (Versión Original)
Modificación realizada (4 (apdo. 4)) por Ley Organica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad economico-financiera de los Partidos Politicos, por la que se modifican la Ley Organica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiacion de los Partidos Politicos, la Ley Organica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Politicos y la Ley Organica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. (BOE de 31-03-2015) en vigor desde 01-04-2015
5. Las actuaciones administrativas relacionadas con la inscripción del partido político podrán recurrirse ante la jurisdiccióncontenciosoadministrativa conforme a las previsiones de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
CAPÍTULO II. De la organización, funcionamiento y actividades de los partidos políticos
Modificación realizada (6) por Ley Organica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad economico-financiera de los Partidos Politicos, por la que se modifican la Ley Organica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiacion de los Partidos Politicos, la Ley Organica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Politicos y la Ley Organica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. (BOE de 31-03-2015) en vigor desde 01-04-2015
Modificación realizada (7 (apdo. 1)) por Ley Organica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad economico-financiera de los Partidos Politicos, por la que se modifican la Ley Organica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiacion de los Partidos Politicos, la Ley Organica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Politicos y la Ley Organica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. (BOE de 31-03-2015) en vigor desde 01-04-2015
Modificación realizada (8) por Ley Organica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad economico-financiera de los Partidos Politicos, por la que se modifican la Ley Organica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiacion de los Partidos Politicos, la Ley Organica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Politicos y la Ley Organica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. (BOE de 31-03-2015) en vigor desde 01-04-2015
c) Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, tratando de someter a un clima de terror a los poderes públicos, a determinadas personas o grupos de la sociedad oalapoblaciónen general, o contribuir a multiplicar los efectos de la violencia terrorista y del miedo y la intimidación generada por la misma.
Serán igualmente tomadas en consideración las sanciones administrativas impuestas al partido político o a sus miembros y las condenas penales quehayanrecaído sobre sus dirigentes, candidatos, cargos electos o afiliados, por delitos tipificados en los Títulos XXI a XXIV del Código Penal, sin que se hayan adoptado medidas disciplinarias contra éstos conducentes a su expulsión.
Modificación realizada (9 (apdo. 3)) por Ley Organica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad economico-financiera de los Partidos Politicos, por la que se modifican la Ley Organica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiacion de los Partidos Politicos, la Ley Organica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Politicos y la Ley Organica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. (BOE de 31-03-2015) en vigor desde 01-04-2015
Artículo insertado por Ley Organica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad economico-financiera de los Partidos Politicos, por la que se modifican la Ley Organica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiacion de los Partidos Politicos, la Ley Organica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Politicos y la Ley Organica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. (BOE de 31-03-2015) en vigor desde 01-04-2015
CAPÍTULO III. De la disolución o suspensión judicial de los partidos políticos
b) Cuando vulnere de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de una estructura interna y un funcionamientodemocráticos, conforme a lo previsto en los artículos 7 y 8delapresente Ley Orgánica.
6. La eventual coincidencia en el tiempo de los procedimientos judiciales previstos en los anteriores apartados 4 y 5deeste artículo respecto de un mismo partido político no interferirá la continuación de ambos hasta su finalización, produciendo cada uno de ellos los correspondientes efectos. No podrá, por el contrario, acordarse la disolución voluntaria de un partido político cuando se haya iniciado un proceso de declaración judicial de ilegalidad del mismo por razón de uno u otro apartado o de ambos.
Modificación realizada (10 (apdo. 1)) por Ley Organica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad economico-financiera de los Partidos Politicos, por la que se modifican la Ley Organica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiacion de los Partidos Politicos, la Ley Organica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Politicos y la Ley Organica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. (BOE de 31-03-2015) en vigor desde 01-04-2015
Modificación realizada (11 (apdos. 3 y 7)) por Ley Organica 3/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General. (BOE de 29-01-2011) en vigor desde 30-01-2011
3. En particular, corresponderá a la Sala sentenciadora, previa audiencia de los interesados, declarar la improcedencia de la continuidad o sucesión de un partido disuelto a la que se refiere el párrafo b) del apartado 1, teniendo en cuenta para determinar la conexión la similitud sustancial de ambos partidos políticos, de sus estructura, organización y funcionamiento, de las personas que las componen, rigen, representan o administran, de la procedencia de los medios de financiación o materiales, o de cualesquiera otras circunstancias relevantes que, como su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo, permitan considerar dicha continuidad o sucesión en contraste con los datos y documentos obrantes en el proceso en el que se decretó la ilegalización y disolución. Además de las partes de este proceso, podrán instar el pronunciamiento de la Sala sentenciadora el Ministerio del Interior y el Ministerio Fiscal, en el supuesto de que se presente para su inscripción conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 5deesta Ley Orgánica.
CAPÍTULO IV. De la financiación de los partidos políticos
Modificación realizada (13 (apdo. 1; apdo. 3 se añade)) por Ley Organica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad economico-financiera de los Partidos Politicos, por la que se modifican la Ley Organica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiacion de los Partidos Politicos, la Ley Organica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Politicos y la Ley Organica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. (BOE de 31-03-2015) en vigor desde 01-04-2015
D.A. 1ª. Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Se adiciona un nuevo número 6.oal apartado 1 del artículo 61 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con el siguiente contenido:
«6.oDe los procesos de declaración de ilegalidad y consecuente disolución de los partidos políticos, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos.»
D.A. 2ª. Modificaciones de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
D.A. 3ª. Supletoriedad
D.A. 4ª. Fundaciones y entidades vinculadas a partidos políticos o dependientes de ellos.
Modificación realizada (D.DT. Unica) por Ley Organica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad economico-financiera de los Partidos Politicos, por la que se modifican la Ley Organica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiacion de los Partidos Politicos, la Ley Organica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Politicos y la Ley Organica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. (BOE de 31-03-2015) en vigor desde 01-04-2015
Madrid, 27 de junio de 2002 JUAN CARLOS R. El Presidente del Gobierno en funciones, MARIANO RAJOY BREY
Entrada en Vigor: 2002-06-29
desde 30/01/2011 hasta 01/04/2015
desde 29/06/2002 hasta 30/01/2011

References: artículo 9
 resolución 
 artículo 61
 artículo 55
 artículo 61
 resolución 
 artículo 61