Source: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-155-07.htm
Timestamp: 2020-07-10 22:26:11+00:00

Document:
C-155-07
(i) Artículo 9: Porque atenta contra la autodeterminación de los pueblos y los principios de derecho internacional, que deben ser un referente para solucionar los problemas propios del derecho internacional privado, sin que ello implique violar la soberanía nacional.
(ii) Artículo 58: Porque atenta contra la propiedad privada y los derechos adquiridos conforme a las leyes colombianas. Mientras el Decreto 1818 de 1998 permite a las partes escoger la ley aplicable y someterse a un tribunal de arbitramento nacional, la disposición demandada restringe esa posibilidad, razón por la cual debe ser excluida del ordenamiento jurídico.
(iii) Artículo 116 y 229: Porque “la norma atenta contra el principio de igualdad de tratos que establece el Arbitraje Internacional y a su vez vulnera la habilitación y voluntariedad mencionadas en el Art.116 de la Constitución y el debido acceso a la administración de justicia.”
(iv) Artículo 227: Porque “al imponerse un arbitramento nacional, los Estados que se encuentren interesados en realizar contratos con Colombia, estarán indispuestos a efectuarlos porque no se dará cumplimiento de las bases de equidad, igualdad y reciprocidad contenidas en los tratados firmados y ratificados por Colombia.”
(v) Artículo 229: Porque la norma demandada vulnera la garantía y el derecho de toda persona de acceder a la administración de justicia.
f) La referencia que hacen los demandantes al desconocimiento de los tratados internacionales debe revisarse a la luz de lo dispuesto en el artículo 95 de la Constitución Política, según el cual, la “la prevalencia de los tratados sobre las demás leyes solo tiene aplicación cuando aquéllos versen sobre derechos humanos, según la teoría de la Corte Constitucional sobre el bloque de constitucionalidad.” Citan la sentencia C-067 de 1993 y concluyen que “se puede decir que el Convenio de Washington de 1965 que versa sobre ‘Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados’ no forma parte del bloque de constitucionalidad”.
(i) Desconoce el carácter voluntario del arbitramento y el principio de libertad conflictual (artículos 116 y 333 C.P.), pues el contenido de la cláusula compromisoria no puede ser impuesto por el legislador, sino que debe ser de libre estipulación por las partes del contrato; en consecuencia, la norma acusada restringe también el acceso a la administración de justicia (arts. 228 y 229 C.P.);
(ii) Vulnera el principio de igualdad de oportunidades (Art.13 C.P.), pues favorece al Estado y limita la posibilidad de los inversionistas extranjeros de discutir y pactar una cláusula de arbitramento internacional.
(iii) Desconoce los mandatos constitucionales que ordenan la integración internacional del Estado, especialmente en el ámbito Latinoamericano y del Caribe (preámbulo y artículos 9º, 226 y 227 C.P.), pues se desincentiva la inversión y se retrocede frente a tratados internacionales ya incorporados a la legislación nacional, en los que el Estado se ha obligado a aceptar el arbitramento internacional (especialmente la Convención de Washington de 1965 -Ley 267 de 1996-);
(iv) Vulnera los derechos adquiridos (art.58 C.P.), en la medida que la Ley 315 de 1996 y el Decreto 1818 de 1998 ya permitían pactar arbitramento internacional y escoger la ley aplicable al conflicto, mientras que la disposición acusada elimina esa posibilidad.
Cargos presentados en este expediente
Ratio decidendi en la Sentencia C-961 de 2006
(i) violación del principio de voluntariedad del arbitramento, de la autonomía contractual y del derecho de acceso a la administración de justicia
El cargo se estudia pero no prospera.
Dado que el contrato de estabilidad jurídica recae sobre normas nacionales, la sujeción a la ley colombiana y a un tribunal de arbitramento nacional no excede la capacidad de configuración normativa del legislador en esta materia, la cual es amplia en asuntos de tipo económico, más aún si guarda relación directa con la contratación del Estado. En la medida que el legislador no hizo obligatorio el arbitramento, respetó el principio de voluntariedad y la autonomía de la voluntad de las partes, quienes podrán decidir libremente si someten sus controversias a la justicia arbitral.
(ii) violación del principio de igualdad de oportunidades
El inversionista nacional y el inversionista extranjero tienen la misma posibilidad de pactar el arbitramento previsto en la ley “y están sometidos a idénticas restricciones.” En consecuencia, “no hay desconocimiento del principio de igualdad de oportunidades.”
(iii) Desconocimiento de mandatos constitucionales que ordenan la integración internacional del Estado (Artículos 9º, 226 y 227 C.P.) y violación de tratados internacionales suscritos por Colombia (Convenio de Washington y de Nueva York y Tratados Bilaterales de Inversión, especialmente)
El cargo presentado por el demandante sólo se refiere al desconocimiento de los tratados de Washington y Nueva York.
La Sentencia considera que no hay cargo y se abstiene de estudiarlo.
Se indica que no hay cargo porque el actor mismo sostiene que los tratados no son razones de inconstitucionalidad y porque, en todo caso, tampoco se demandó el artículo 11 de la Ley, que ordena al Estado respetar los tratados internacionales. Por tanto, no se estudia la acusación.
Fuera de todo lo que se ha apuntado para fundamentar la constitucionalidad de estas limitaciones a la autonomía de la voluntad, es necesario destacar ahora que, en razón de la índole procesal del arbitramento, los condicionamientos aludidos entran dentro de las posibilidades de regulación de procedimiento arbitral que le competen al legislador, que, por lo demás, en tratándose de contratos de la Administración, también tiene una amplia potestad de configuración, y puede legítimamente regular el modo como se van a solucionar las controversias contractuales, así como el juez o el derecho aplicable y en fin, sobre ‘las condiciones de acceso, trámite y conclusión.’”(se subraya)
(i) No se trata de una regulación integral de las inversiones y de todos los factores determinantes para la adopción de decisiones de ese tipo (físicas, económicas, de información, etc.); la Ley 963 de 2005 constituye apenas una herramienta más dentro de la política del Estado en esa materia, cuyo objeto se circunscribe únicamente a los presupuestos jurídicos internos de la inversión, que el Estado se obliga a respetar frente a posibles cambios adversos de normatividad[14]. En ese sentido, como se señaló en la Sentencia C-961 de 2006[15], el sometimiento del tribunal de arbitramento a las leyes colombianas, se justifica en tanto que son ellas las que constituyen el objeto principal del contrato, de manera que la previsión del legislador en ese sentido no resulta desproporcionada o irrazonable;
(ii) La naturaleza eminentemente contractual y, por tanto, voluntaria del contrato de estabilidad jurídica previsto en la Ley 963 de 2005, pues ésta no impone unilateralmente sus efectos al inversionista, quien libremente puede o no acudir a un acuerdo de ese tipo, según lo considere conveniente para sus intereses[16]; en ese sentido, la Ley 963 de 2005 representa la posibilidad de suscribir un tipo especial de contratos con el Estado, pero no la obligación de hacerlo.
(iii) El carácter igualmente voluntario de la estipulación de la cláusula compromisoria para la solución de las controversias surgidas del contrato (primera parte del artículo 7º), cuyo pacto tampoco es obligatorio y, por tanto, no condiciona o afecta la validez del acuerdo de estabilidad jurídica; en todo caso, si se pacta una cláusula compromisoria, el tribunal de arbitramento será nacional y se regirá por las leyes colombianas; y
(iv) La imposibilidad de que a través de los contratos de estabilidad jurídica se desconozcan “los tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano” (art.11), frente a lo cual la Corte ya había indicado expresamente que no se trata de “una previsión legal superflua, dado es que evidente que ningún contrato suscrito por el Estado colombiano puede vulnerar la Constitución o los tratados internacionales ratificados por el mismo, so pena de nulidad absoluta por violación de normas de orden público.”[17]
Al respecto, la Corte se ha referido a una noción “lato sensu” del bloque de constitucionalidad[23], la cual permite identificar todas aquellas normas de diversa jerarquía que son referente para llevar a cabo el control de constitucionalidad de la legislación ordinaria[24] y ha señalado que “ni los tratados de integración económica ni el derecho comunitario integran el bloque de constitucionalidad, como quiera que ‘su finalidad no es el reconocimiento de los derechos humanos sino la regulación de aspectos económicos, fiscales, aduaneros, monetarios, técnicos, etc.’”[25] Por tanto, únicamente las normas que conforman ese bloque de constitucionalidad comparten la “jerarquía del texto formal de la Carta” que “obliga a que toda la legislación interna acondicione su contenido y ajuste sus preceptos a los estatutos por aquellas adoptados, pues éstos irradian su potestad sobre todo el ordenamiento normativo.”[26]
1. Como bien lo expresa la sentencia que declaró la exequibilidad del artículo 7 de la Ley 963 de 2005, esta norma se aplica cuando voluntariamente el Estado colombiano y los inversionistas que suscriban los contratos de estabilidad jurídica pacten cláusula compromisoria para dirimir las controversias derivadas del contrato.
2. Sin embargo, la sentencia de la Corte no se pronunció sobre la situación consistente en que las partes guarden silencio sobre la forma de resolver las controversias que se presenten en la interpretación o ejecución de los contratos de estabilidad jurídica. En esta hipótesis se considera que las controversias que se puedan presentar entre el Estado y los inversionistas se resuelven acudiendo a los Tratados vigentes entre Colombia y el Estado al cual pertenezca el inversionista respectivo, o en subsidio, de acuerdo con las normas de conflicto del ordenamiento jurídico colombiano. Esta conclusión es el resultado de la armonización de los artículos 7 y 11 de la Ley 963 de 2005 y lo previsto en el artículo 9 de la Constitución.
1. Antecedentes en el derecho comparado del artículo 7º de la Ley 963 de 2005. La evolución histórica de la conocida como “Cláusula Calvo”.
En este contexto, Carlos Calvo, diplomático e internacionalista argentino, hacia 1868, elaboró una doctrina cuyo pilar fundamental consistía en que, como principio general, las disputas contractuales que surgiesen con ciudadanos extranjeros debían necesariamente ser resueltas por tribunales nacionales, evitando así la intervención diplomática del respectivo país de origen[60]. En tal sentido, en su obra “Le droit international théorique et prátique précédé d’un exposé historique des progrès de la science du droit des gens”[61], Calvo, con fundamento en los principios de soberanía, igualdad entre nacionales y extranjeros y jurisdicción territorial, planteó los siguientes postulados ( i ) los Estados soberanos gozan del derecho a no ser destinatarios de ingerencia alguna de otros Estados; ( ii ) los ciudadanos extranjeros tienen exactamente los mismos derechos sustantivos y procesales que los nacionales; y ( iii ) el extranjero renuncia a solicitar la protección diplomática de su país de origen.
2. La regulación de la cláusula compromisoria en el contexto de los contratos de estabilidad jurídica.
3. A modo de conclusión: el sentido y el alcance del artículo 7º de la Ley 963 de 2005.
La Corte mediante la sentencia de la referencia resolvió declarar exequible la expresión “En este caso, se establecerá un tribunal de arbitramento nacional regido exclusivamente por leyes colombianas”, del artículo 7º de la ley 963 de 2005, que regula la estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia y lo hizo fundamentalmente al considerar – lo que comparte el suscrito Magistrado – (i) que no resulta procedente realizar una confrontación con la Convención de Washington de 1965[77], típico tratado internacional económico, pues no constituye parámetro de constitucionalidad; (ii) que el juicio de constitucionalidad no puede implicar razones de oportunidad o conveniencia, como lo alegó el demandante y (iii) la norma no desconoce presuntos derechos adquiridos en virtud de la ley 315 de 1996[78] y el Decreto 1818 de 1998[79], pues estas normas no solo no constituyen parámetro de constitucionalidad, sino que además versan sobre una materia sobre la cual tiene amplia libertad de modificación o derogación el Congreso de la República mediante una nueva ley.
Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo 7° de la Ley 963 de 2005, “por la cual se instaura una ley de estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia”.
1. Subrayo que la sentencia se funda en el principio de voluntariedad plasmado en el artículo 116 de la Constitución y se advierte que la norma acusada enmarca, sin eliminar, la aplicación de dicho principio respecto de los contratos de estabilidad jurídica. Así, por ejemplo, es facultativo incluir una cláusula compromisoria en tales contratos.
2. Por coincidir con la razón básica - atinente a la armonización de los artículos 7 y 11 de la Ley 963 de 2005 -expuesta por los Magistrados Rodrigo Escobar Gil y Marco Gerardo Monroy Cabra en su aclaración de voto a esta sentencia, adhiero a los argumentos allí expresados, con un matiz respecto del objeto de los procesos arbitrales. En efecto, el arbitraje relativo a un contrato de estabilidad jurídica donde se haya incluido una cláusula compromisoria, versa sobre las diferencias en torno a dicho contrato de estabilidad. Por lo tanto, su objeto es específico y diferente al arbitraje contemplado en los tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano.
3. Como lo esencial es el objeto de la cláusula compromisoria, en razón de la materia, la norma acusada no excluye la aplicación de los tratados internacionales de protección de inversiones en el ámbito correspondiente definido por el propio tratado, interpretado en armonía con las demás normas pertinentes.
4. Como el cargo planteado por los demandantes alude esencialmente a tratados internacionales, la sentencia se refiere a las inversiones extranjeras. Ello no significa que los inversionistas nacionales no puedan, según las características de la inversión, acogerse tanto a dichos contratos como a la cláusula compromisoria que voluntariamente acuerden incluir en el respectivo contrato.
[7] “…verbigracia, cuando el análisis constitucional se restringe al estudio de determinados cargos de constitucionalidad” (Auto del 31 de julio de 2006. Expediente 6418, MP. Álvaro Tafur Gálvis). Igualmente pueden verse las Sentencias C-774 de 2001, C-1169 de 2004 y C-783 de 2005.
[16] “Por lo tanto, la verdadera fuente de la garantía de estabilidad jurídica del inversionista, no surge directa e inmediatamente de la ley acusada de inconstitucional, sino del contrato de estabilidad jurídica que por autorización de la misma ley la incorpora como regla interna reguladora de dicho contrato, convirtiéndose así en un derecho contractual a la estabilidad jurídica de la inversión” (Sentencia C-320 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Salvamento de voto de los Magistrados Alfredo Beltrán Sierra y Jaime Araújo Rentería. Aclaración de voto del Magistrado Jaime Córdoba Triviño)
[24] Sentencia C-191 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. “El hecho de que las normas que integran el bloque de constitucionalidad tengan jerarquía constitucional hace de ellas verdaderas fuentes de derecho, lo que significa que los jueces en sus providencias y los sujetos de derecho en sus comportamientos oficiales o privados deben atenerse a sus prescripciones. Así como el preámbulo, los principios, valores y reglas constitucionales son obligatorios y de forzoso cumplimiento en el orden interno, las normas del bloque de constitucionalidad son fuente de derecho obligatoria para todos los asociados” (Sentencia C-067 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra)
[26] Sentencia C-067 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Así, por ejemplo, al referirse a los tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia, la Corte ha señalado que “la imperatividad de las normas humanitarias y su integración en el bloque de constitucionalidad implica que el Estado colombiano debe adaptar las normas de inferior jerarquía del orden jurídico interno a los contenidos del derecho internacional humanitario, con el fin de potenciar la realización material de tales valores” (Sentencia C-225 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[27] Sentencia C-400 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Salvamento de voto de los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa y José Gregorio Hernández. En esta sentencia se señaló: “Este principio de Pacta sunt servanda, según el cual los tratados deben ser cumplidos por las partes que se obligaron, constituye la base esencial del derecho de los tratados y, en general, del funcionamiento armónico y pacífico de la comunidad internacional. Por ello, algunos teóricos han considerado que esta norma representa el principio base, la norma fundamental y más elemental de todo el sistema jurídico del derecho internacional, de la cual depende la validez de las reglas de este derecho. Según su criterio, que esta Corte acoge, resulta imposible pensar el derecho internacional como disciplina autónoma sin presuponer una norma como Pacta sunt servanda, por lo cual ella es sin lugar a dudas unos de los principios de derecho internacional reconocidos por Colombia (CP art. 9º)”
[32] Ibídem. En otra oportunidad se había indicado:“La racionalidad del derecho es la que exige pues que el orden interno no vulnere el orden internacional, pues sería el precedente para que la unilateralidad se proclamara con argumentos que podrían ser de fuerza y no de razón, es decir, de "capricho" y no de consenso. Por eso es que existen deberes y derechos eminentemente racionales -y en su extensión, universales, por lo que las diversas sociedades civiles, organizadas bajo la forma de Estado cada una de ellas, se hallan unidas entre sí por pactos que las vinculan en un ideal común objetivo. La base de todo el orden internacional, el fundamento de su construcción y progreso, no es otro distinto al respeto por el consenso, es decir el principio pacta sunt servanda, manifestación de la recta razón.” (Sentencia C-319 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa)
[33] En la Sentencia C-400 de 1998, la Corte señaló también que los tratados internacionales debían cumplirse de buena fe conforme al artículo 83 de la Constitución Política, “norma que se aplica también a las relaciones internacionales” (M.P. Alejandro Martínez Caballero, salvamento de voto de los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa y José Gregorio Hernández)
[38] El artículo 60 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1965 (Ley 32 de 1985) se refiere a la posibilidad de un Estado de suspender la aplicación de un Tratado como consecuencia de su violación por parte de otro Estado. Puede verse la Sentencia T-557 de 2005, en la que la Corte se refirió a la reciprocidad en materia de exequatur. (M.P. Alfredo Beltrán Sierra). Igualmente, la utilización de los principios de reciprocidad y equidad como referentes de constitucionalidad puede encontrarse en la Sentencia C-492 de 1998, M.P., Fabio Morón Díaz, en la que se declaró la exequibilidad de la Ley 431 de 1998, “por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Comercio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Malasia”; igualmente, en la Sentencia C-1144 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, en la que se declaró exequible la Ley 884 de 2004 “por medio de la cual se aprueba la Resolución número AG-1 de 1998 que modifica el convenio constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica-BCIE, adoptada por la Asamblea de gobernadores del Banco.”
[42] Respecto del arbitraje, la Convención señala que el Tribunal se compondrá de un árbitro único o de un número impar de árbitros, nombrados según lo acuerden las partes (Art.37). Indica que si las partes no llegaren a un acuerdo sobre el número de árbitros y el modo de nombrarlos, el Tribunal se constituirá con tres árbitros designados, uno por cada parte y el tercero, que presidirá el Tribunal, de común acuerdo (ibídem). Advierte que la mayoría de los árbitros no podrá tener la nacionalidad del Estado Contratante parte en la diferencia, ni la del Estado a que pertenezca el nacional del otro Estado Contratante, salvo que las partes consientan en ello. (Art.39) Con relación a la ley aplicable al arbitramento, la Convención indica que el Tribunal decidirá la diferencia de acuerdo con las normas de derecho acordadas por las partes y que, a falta de acuerdo, aplicará la legislación del Estado que sea parte en la diferencia, “incluyendo sus normas de derecho internacional privado, y aquellas normas de derecho internacional que pudieren ser aplicables.” (Art.42) Advierte que el Tribunal no podrá eximirse de fallar so pretexto de silencio u oscuridad de la ley y que el conflicto se podrá decidir ex aequo et bono, si las partes así lo acuerdan. La Convención también regula: 1. La solicitud de arbitraje; 2. La constitución del Tribunal, sus facultades y funciones; 3. La expedición del laudo, su aclaración, revisión y anulación; 4. El reconocimiento y ejecución del laudo. Todo ello, en el marco de la solución de controversias originadas en inversiones realizadas en los Estados Parte de la Convención.
[44] “• El consentimiento de las partes. Los comentaristas de la Convención de Washington han señalado que ésta se encuentra fundamentada sobre una base enteramente consensual y que el consentimiento de las partes constituye la "piedra angular" de la competencia del CIADI. Este principio de la autonomía de la voluntad no solamente se extiende a la competencia del Centro sino a las reglas de derecho con base en las cuales un tribunal haya de resolver un determinado diferendo (artículo 42(1)). Se ha dicho, igualmente, que esta característica del Tratado es un factor que contribuye a darle flexibilidad y seguridad jurídica. En efecto, el criterio de las partes es un factor particularmente benéfico en un ámbito que, como el de las inversiones internacionales, se caracteriza por presentar una diversidad de situaciones y de relaciones. Por otro lado, es importante resaltar que la ratificación de la Convención no constituye la manifestación del consentimiento de un Estado de someterse a la jurisdicción del CIADI. Este consentimiento debe ser prestado, tanto por el Estado como por el inversionista, en forma escrita, de manera clara y sin reservas y puede adoptar varias modalidades. El Estado puede manifestar su consentimiento caso por caso, dentro de acuerdos de inversión, a través de normas legales o reglamentarias, etc. Por su parte, el inversionista deberá prestar su consentimiento en cada caso particular antes de acceder a la jurisdicción del Centro.
(…)”[44]
[46] En este sentido, al tratarse de la revisión de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados internacionales, la Corte ha indicado que el ámbito de su competencia es de estricto derecho, “no siendo posible extenderlo a aspectos ajenos a la habilitación expresa que, para el ejercicio de su función de salvaguarda de constitucionalidad, contempló el Constituyente.” (Sentencia C-246 de 1999, M.M.P.P Antonio Barrera Carbonell y José Gregorio Hernández, salvamento de voto de los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa y Eduardo Cifuentes Muñoz.)
[56] Artículo 43: La ley preexistente prefiere a la ley expost-facto en materia penal. Nadie podrá ser juzgado o penado sino por ley que haya sido promulgada antes del hecho que da lugar al juicio. Esta regla solo se refiere a las leyes que definen y castigan los delitos, pero no a aquellas que establecen los Tribunales y determinan el procedimiento, las cuales se aplicarán con arreglo al artículo 40.” (se subraya la parte demandada).
[59] Sentencia C-330 de 2000. M.P. Carlos Gaviria Díaz. Al respecto la Corte ha señalado que “corresponde al Congreso de la República en ejercicio de la potestad legislativa de que es titular, según el artículo 150 Superior, crear el marco jurídico regulador de los mecanismos alternativos de solución de los conflictos jurídicos dentro de los límites y márgenes que establece el ordenamiento constitucional” y que “lo anterior, implica un adecuado, prudente y razonable diseño normativo, que patrocine un esquema para la resolución pacifica y negociada de los conflictos jurídicos, en virtud del cual se logre descongestionar los despachos judiciales, se permita alcanzar un uso racional, eficaz y eficiente del aparato judicial, y se cambie la cultura del litigio.” Que, en esa medida, “dicho esquema, no puede significar en modo alguno la sustitución total de la jurisdicción del Estado ni la renuncia de éste a dispensar la tutela judicial efectiva que se requiere para hacer efectiva la igualdad en los términos de los incisos 2º y 3º del art. 13 de la Constitución. (Sentencia C-160 de 1999, M.P. Antonio Barrera Carbonell.)
[60]Francesco Tamburini, “Historia y destino de la "doctrina calvo": ¿actualidad u obsolescencia del pensamiento de Carlos Calvo?. Rev. estud. hist.-juríd., 2002, no.24, p.81-101.
[61] Carlos Calvo, Le droit international théorique et prátique précédé d’un exposé historique des progrès de la science du droit des gens, París, 1896.
[64] El artículo 24 de la Constitución de Bolivia de 1967 dispone “Las empresas y súbditos extranjeros están sometidos a las leyes bolivianas sin que en ningún caso puedan invocar situación excepcional ni apelar a reclamaciones diplomáticas".
[65] El artículo 98 de la Constitución salvadoreña de 1982 reza “"Ni los salvadoreños ni los extranjeros podrán reclamar al gobierno indemnización alguna por daños o perjuicios que a sus personas o a sus bienes causaran facciones. Sólo podrán hacerlo contra los funcionarios o particulares culpable", y en el art. 99: "Los extranjeros no podrán ocurrir a la vía diplomática sino en los casos de la denegación de justicia y después de agotados los recursos legales que tengan expedidos”.
[66] El artículo 29 de la Constitución de Guatemala de 1985 establece “"Los extranjeros únicamente podrán acudir a la vía diplomática en caso de denegación de justicia”.
[67] El artículo 63, 2 c ) de la Constitución peruana de 1993 dispone: “"En todo contrato del Estado y de las personas de derecho público con extranjeros domiciliados consta el sometimiento de éstos a las leyes u órganos jurisdiccionales de la República y se renuncia a toda reclamación diplomática. Pueden ser exceptuados en la jurisdicción nacional los contratos de carácter financiero”.
[68] El artículo 14 de la Constitución ecuatoriana establece que “Los contratos celebrados por las instituciones del Estado con personas naturales o jurídicas extranjeras llevarán implícita la renuncia a toda reclamación diplomática. Si tales contratos fueran celebrados en el territorio del Ecuador, no se podrá convenir la sujeción a una jurisdicción extraña, salvo el caso de convenios internacionales".
[69] El artículo 151 de la Constitución venezola dispone que "En los contratos de interés público, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los tribunales competentes de la República, en conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras”.
[70] D.E. Graham, “The Calvo clause. Its current status as a contractual renunciation of diplomatic protection”, Texas International Law Forum, 1971, pp. 289-290.
[75] Por ejemplo, el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por el cual se promueven y protegen las inversiones", suscrito en Londres el 9 de marzo de 1994; el Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Cuba sobre promoción y protección recíproca de inversiones", suscrito en Bogotá el 16 de julio de 1994, y el Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú sobre Promoción y Protección Reciproca de Inversiones”, suscrito en lima el 26 de abril de 1994.
[76] J.W. Salacuse, “The growth of the Bilateral Investment Treaties and their impact on foreign investment in developing countries”, en International Law 24 (1990), pp. 664 – 673.
[77] Regula el “arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados”, aprobada por la Ley 267 de 1995, declarada exequible mediante sentencia C-442 de 1996.-

References: Artículo 9
 Artículo 58
 Artículo 116
 Artículo 227
 Artículo 229
 artículo 95
 artículo 11
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 116
 artículo 83
 artículo 60
 Resolución 
 Artículo 43
 artículo 40
 artículo 150
 resolución 
 artículo 24
 artículo 98
 artículo 29
 artículo 63
 artículo 14
 artículo 151