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Timestamp: 2019-09-19 17:56:05+00:00

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﻿ SENTENCIA STP19087-2017/95138 DE NOVIEMBRE 16 DE 2017
SENTENCIA STP19087-2017 DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:DERECHO A LA INFORMACIÓN DE LOS FAMILIARES CUANDO UNA PERSONA MUERE. SE EXPLICA QUE SI BIEN EXISTE RESERVA LEGAL EN RELACIÓN CON LOS DATOS CONTENTIVOS DE LA HISTORIA CLÍNICA, FIGURA CON LA QUE SE PRETENDE PROTEGER EN PRINCIPIO EL DERECHO A LA INTIMIDAD DE LOS PACIENTES O FALLECIDOS, DICHA LIMITACIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA INFORMACIÓN NO PUEDE SER UN OBSTÁCULO PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS DE TERCEROS CUANDO UNA PERSONA FALLECE. POR LO TANTO, UNA DE LAS RAZONES POR LAS CUALES SE PERMITE EL ACCESO A LOS FAMILIARES CERCANOS DE UNA PERSONA FALLECIDA SOBRE LAS PIEZAS DE LA HISTORIA CLÍNICA O LA HISTORIA CLÍNICA EN SU TOTALIDAD, RADICA EN EL DERECHO A OBTENER INFORMACIÓN ACERCA DE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SU SER QUERIDO FALLECIÓ, CON MIRAS A LA POSIBILIDAD DE EJERCICIO DE LAS ACCIONES JUDICIALES QUE ESTIMEN PERTINENTES. POR LO TANTO, LA NECROPSIA MÉDICO LEGAL, SE CONSTITUYE EN UNA PIEZA DE LA HISTORIA CLÍNICA, QUE NO PUEDE SER NEGADA A LOS FAMILIARES DEL FALLECIDO.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO A LA INTIMIDAD, DERECHO A LA INFORMACIÓN, RESERVA LEGAL DEL DOCUMENTO, HISTORIA CLÍNICA, SOLICITUD DE LA HISTORIA CLÍNICA, RESERVA DE LA HISTORIA CLÍNICA
Sentencia STP19087-2017/95138 de noviembre 16 de 2017
Rad.: 95138
La Sala se pronuncia sobre la impugnación interpuesta por S. M. V. P., accionante, contra el fallo del 9 de octubre del año en curso, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala Penal, mediante el cual negó, por improcedente, la acción de tutela instaurada contra la Fiscalía Ochenta Especializada contra el Crimen Organizado de Bogotá, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses —Seccional Córdoba—, la Registraduría Local del Estado Civil de Los Córdobas y la Dirección Seccional de Fiscalías de Montería.
Manifestó S. M. V. P. que el 17 de octubre de 2015, en la vereda “Algodón” o “Barrial” del corregimiento “Caña de Córdoba”, municipio de Los Córdobas, fue ultimado, en un operativo policial, su ex compañero permanente, J. E. A. B., quien se identificaba con cedula de ciudadanía 11.031.844, hecho que debe constar en la investigación de radicación 110016001276201500090, a cargo de la Fiscalía Ochenta Especializada contra el Crimen Organizado de Bogotá.
Por consiguiente, el 20 de junio de 2017, solicitó a dicho despacho judicial que dispusiera el registro de la defunción de su ex compañero permanente. Previamente, el 9 de noviembre de 2016, le había elevado petición al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Seccional Córdoba, para que le expidiera copia del protocolo de necropsia. Todo lo anterior, con el fin de gestionar ante la autoridad competente una reparación por la muerte de J. E. A. B., su compañero y padre de sus menores hijos.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Seccional Córdoba, le respondió con el oficio 0673-DSCORD-DRNROCC_2016 del 15 de noviembre de 2016, por medio del cual le comunicó que había corrido traslado de su petición a la Fiscalía Ochenta Especializada del Crimen Organizado de Bogotá, debido a que no era posible expedirle copias del protocolo de necropsia sin autorización judicial.
La Fiscalía Ochenta no le respondió y omitió ordenar el registro de la defunción. Ante tal negligencia, acudió, el 18 de septiembre de 2017, a la Inspección de Policía del municipio de Los Córdobas, a denunciar la muerte de su compañero permanente y a solicitar la actualización del registro civil. Si bien el pronunciamiento de esa oficina fue favorable, la Registraduría Local del Estado Civil lo rechazó porque al haber sido violento el deceso del señor J. A. B., el registro de su defunción únicamente procedía por orden judicial. Por ende, el cupo numérico de su cédula de ciudadanía aún se encuentra vigente.
En esas circunstancias, la ciudadana S. M. V. P., obrando en nombre propio y en el de sus menores hijos, acudió, el 25 de septiembre de 2017, a la acción de tutela, en procura del amparo para los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana, petición, acceso a la administración de justicia, reparación integral a las víctimas y rectificación de la información sobre el estado civil de las personas.
Lo anterior, con el objeto de obtener que la Fiscalía Ochenta Especializada contra el Crimen Organizado ordenara el registro de la defunción, para que así se procediera a la cancelación de la cédula de ciudadanía, y también le expidiera copia auténtica del protocolo de necropsia.
1. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala Penal, mediante auto del 27 de septiembre de 2017, avoco conocimiento de la acción, admitió la demanda y dispuso lo pertinente para la debida integración del contradictorio y el cumplimiento del principio de publicidad.
2. El Director Seccional Córdoba de la Fiscalía General de la Nación, I. E. M. B., manifestó que a esa entidad no tiene vinculación alguna con la investigación 110016001276201500090, toda vez que dicho caso estuvo asignado a la Fiscalía Ochenta Especializada contra el Crimen Organizado y actualmente está bajo la dirección de la Fiscalía Primera de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales, adscrita, al igual que la anterior, al nivel central.
3. La doctora M. C. M. G., Fiscal Primera Especializada contra las Organizaciones Criminales, informó que en ese despacho se adelanta investigación identificada con la radicación 110016001276201500090 contra integrantes de la organización denominada “Clan Narcotraficante Úsuga”, dentro de la cual, el 9 de octubre de 2015, la Fiscalía Ochenta Especializada emitió orden de allanamiento y registro, la cual se hizo efectiva el 17 de los mismos mes y año. Acotó que en dicho procedimiento se presentó un cruce de disparos en el cual resultó abatido J. A. B.
Por otra parte, replicó que los derechos de la accionante no han sido vulnerados porque en oficio de respuesta a su solicitud el Fiscal Ochenta Especializado le hizo saber que la entidad encargada de expedir la copia del protocolo de necropsia es el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, previa orden judicial.
De igual manera, adujo que no le corresponde a ese despacho emitir orden para que la Registraduría Nacional del Estado Civil de por sentada la muerte de J. A. B., pues su deceso no es materia de la investigación que adelanta.
Así mismo, alegó que tampoco es función suya la expedición de copia auténtica del protocolo de necropsia.
4. El Jefe de la Oficina Jurídica de la Dirección General del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, L. A. D. M., manifestó que mediante el oficio 0672- DSCORD-DRNROCC-2016 se le indicó a la hoy accionante que no podía entregarle copia de la necropsia médico legal por encontrarse sometida a reserva legal y por ello trasladó su petición a la Fiscalía 80 Especializado de Bogotá.
5. En respuesta a requerimiento de esta instancia, la Fiscal Primera Especializada contra las Organizaciones Criminales comunicó que en el proceso no obra constancia de solicitud o decisión de preclusión motivada por la muerte de J. A. B.
El 9 de octubre de la presente anualidad, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala Penal, negó el amparo constitucional invocado por S. M. V. P., por considerar improcedente la acción. Al respecto expuso:
“La accionante cuenta con otro medio de defensa judicial para lograr lo que ahora pretende a través de esta acción constitucional, esto es, puede acudir a la autoridad judicial pertinente para que, de ser procedente, emita la autorización respectiva a la oficina de Registro, en aras de lograr que esta última, reconozca la muerte violenta de quien asegura fue su compañero permanente, así como también acudir ante la autoridad que resolverá sobre la reparación a la que alude, para que sean ellos quienes soliciten los documentos que requieran o emitan la autorización necesaria para su reclamo, resultando la acción de tutela improcedente para tales efectos, conforme lo establecido en el artículo 6º numeral 1º del decreto 2591 del 1991, máxime cuando aquí no se demostró, es más, ni se mencionó, que se estaba ante la presencia de un perjuicio irremediable que haga procedente el amparo constitucional de manera transitoria”.
También expuso que no se evidencia violación alguna a los derechos fundamentales de S. M. V. P., toda vez que la investigación penal que cursa en la Fiscalía accionada, está amparada bajo la reserva legal y de ninguna manera puede ser objeto de difusión. Así mismo, al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no le está permitido expedir copia del protocolo de necropsia, a menos que cuente con orden de autoridad competente.
La accionante S. M. V. P. manifestó su inconformidad con el fallo e invocó como soporte la providencia CSJ STP17665-2015, 15 dic. 2015, radicado.
De conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para desatar la impugnación, toda vez que la Sala de Casación Penal de la Corte es superior funcional de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería.
El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces para obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando los mismos sean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad o por particulares, en los casos previstos de forma expresa en la ley. La acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial o cuando existiendo aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.
La improcedencia de la acción declarada en primera instancia conforme a la causal primera del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 carece de fundamento porque la norma dispone que la existencia de los medios alternos de defensa judicial “(…) será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”, y lo cierto es que el tribunal no hizo ese ejercicio, sino que se limitó a afirmar genéricamente que la actora “(…) puede acudir a la autoridad judicial pertinente para que, de ser procedente, emita la autorización respectiva a la oficina de Registro, en aras de lograr que esta última, reconozca la muerte (…)”, sin indicarle cuál es esa autoridad ni el mecanismo específico para obtener su pronunciamiento.
Por otra parte, aunque también contempló como posibilidad “(…) acudir ante la autoridad que resolverá sobre la reparación a la que alude, para que sean ellos quienes soliciten los documentos que requieran o emitan la autorización necesaria para su reclamo (…)”, no realizó el análisis de la eficacia de ese medio, en función de las circunstancias en que se encuentra la solicitante.
A juicio de esta Sala, la autoridad a la que corresponde solicitar el registro de la defunción de J. A. B. y expedir copia auténtica del protocolo de su necropsia es a la Fiscalía Primera Especializada contra las Organizaciones Criminales, con sede en esta ciudad. Y como ante la Fiscalía Ochenta Especializada, que la antecedió en la dirección de la investigación 110016001276201500090, la accionante ya ejercitó el derecho de petición, con resultados negativos, la tutela es procedente y, por ende, debe resolverse de fondo.
Como presupuesto de tal estudio y decisión se tiene que en autos está suficientemente acreditado que la demandante y J. A. B. eran compañeros permanentes. Sobre el particular, se cuenta con la afirmación de ese hecho por la accionante, valorada conforme al principio de buena fe, consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, reforzada con el aporte de los registros civiles de nacimiento de los hijos procreados por ellos, menores de edad en cuya representación la señora V. también incoó la acción de tutela.
Ahora bien, el asunto comprende dos temas: (1) la orden judicial del registro de la defunción de J. A. B. y (2) la expedición de copia auténtica del protocolo de necropsia del occiso.
El primer punto se relaciona con el estado civil de las personas y el registro de los “(…) hechos, actos y providencias que lo determinan y de la calificación legal de ellos” (art. 2º del Decreto 1260 de 1970 o Estatuto de Registro del Estado Civil de las personas).
El estado civil y el registro de los hechos, actos y providencias que lo afectan es condición ineludible para el ejercicio de ciertos derechos. Según el artículo 1º del Decreto 1260 de 1970, el estado civil de una persona “(…) determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones (…)”.
Así, por ejemplo, el registro de la defunción es requisito esencial para la apertura de un proceso de sucesión, pues el artículo 489-1 del Código General del Proceso establece que con la demanda “(…) deberán presentarse los siguientes anexos: 1. La prueba de la defunción del causante. (…)”.
Conforme al Decreto 1260 de 1970, los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas “(…) se probarán con copia de la correspondiente partida o folio o con certificados expedidos con base en los mismos” (art. 105) y ninguno de los hechos, actos y providencias relativos al mismo “(…) hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado o funcionario público, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina (…)” (art. 106).
El registro del estado civil es de interés público. Así lo destacó la Corte Constitucional en la sentencia T-390/05:
“(…) el Estado asume para sí la determinación del estado civil de las personas conforme a la ley (CP art. 42), y la regulación de la inscripción del mismo conforme se disponga por el legislador. Es decir, ni el estado civil de las personas, ni su registro, quedan sujetos a la simple voluntad de los particulares. No es concesión graciosa de nadie, sino que constituye un derecho, no una merced ni una dádiva. No es algo que se da y puede quitarse al arbitrio o capricho de alguien con respecto a otro, sino que siempre se encuentra regulado de manera estricta por la ley de tal suerte que su afectación sólo puede llevarse a cabo por las precisas causales establecidas por el legislador y con la más estricta sujeción a los procedimientos señalados por él, pues no es un asunto de interés privado, sino que ello interesa a toda la colectividad. (CC. T-390/05)”.
Pues bien, la muerte de J. A. B. se produjo de manera violenta, en desarrollo de un operativo judicial adelantado para llevar a cabo diligencia de allanamiento y registro ordenada por la Fiscalía General de la Nación dentro de la investigación 110016001276201500090.
Así la situación, según los dictados del artículo 79 del Decreto 1260 de 1970, el registro del deceso únicamente procede por autorización judicial.
En este caso, la información acopiada señala a la Fiscalía Primera Especializada contra Organizaciones Criminales como la única autoridad judicial que tiene a su disposición los medios de conocimiento necesarios para autorizar el registro de la defunción de J. A. B.
Es más, es a ella a quien compete desarrollar una actuación procesal específica en relación con el deceso del indiciado, cual es la solicitud de preclusión de la investigación (arts. 78, 331 y 332-1 de la Ley 906 de 2004, en consonancia con la sentencia C-591/05 de la Corte Constitucional), pues adelantaba indagación contra J. A. B. y la muerte es causal de extinción de la acción penal (art. 77, ib.).
En ese orden de ideas, empleando los términos utilizados por el tribunal, debe concluirse que no hay autoridad judicial más pertinente que la Fiscalía Primera Especializada contra las Organizaciones Criminales para autorizar el registro de la defunción de J. A. B.
Correlativamente, a los familiares del occiso, en particular a sus menores hijos, les asiste el derecho de que el estado civil de aquél sea actualizado con el registro de su defunción, como presupuesto para que ellos puedan iniciar las acciones judiciales que se desprenda de tal hecho, como son la reclamación de una indemnización o la apertura del correspondiente proceso de sucesión.
Por otra parte, aunque el protocolo de necropsia de J. A. B. está sometido a reserva, tanto por ser parte integrante de su historia clínica, como por obrar dentro de una indagación penal, debe tenerse en cuenta: (1) que la Fiscal Primera Especializada contra las Organizaciones Criminales no adelanta investigación por la muerte de A. B., luego entonces, la revelación del contenido de la necropsia no le causa ningún perjuicio a las pesquisas que actualmente realiza; y, (2) que sobre la reserva de la necropsia, tanto en su condición de elemento de convicción como por integrar la historia clínica del occiso, prevalecen los derechos de su compañera permanente y de sus hijos —en este evento menores de edad— a la verdad, a la información y de acceso a la administración de justicia, como lo puso de presente la Corte Constitucional en el siguiente pronunciamiento:
“5. Como se indicó en precedencia, si bien existe reserva legal en relación con los datos contentivos de la historia clínica, figura con la que se pretende proteger en principio el derecho a la intimidad de los pacientes o fallecidos, dicha limitación al conocimiento de la información no puede ser un obstáculo para el ejercicio de derechos de terceros cuando una persona fallece.
6. Como se infiere de la jurisprudencia citada, una de las razones por las cuales se permite el acceso a los familiares cercanos de una persona fallecida sobre las piezas de la historia clínica o la historia clínica en su totalidad, radica en el derecho a obtener información acerca de los motivos por los cuales su ser querido falleció, con miras a la posibilidad de ejercicio de las acciones judiciales que estimen pertinentes. (…) la necropsia médico legal, (…) se constituye en una pieza de la historia clínica, que no puede ser negada a los familiares del fallecido.
7. La necropsia médico legal es un examen externo e interno de un cadáver realizado por un médico que aplica las técnicas y los procedimientos pertinentes para el estudio de un caso en el que se investiga judicialmente una muerte. Estima la Sala que si bien existe un derecho a la reserva de las diligencias preliminares a las que fue remitida el acta de necropsia solicitada, prevalece claramente el derecho a la información de los familiares y su conocimiento de la verdad de lo sucedido. Cuando una persona muere surgen derechos de orden familiar que deben ser protegidos con fundamento en el derecho a obtener la verdad sobre las causas y motivos de la muerte de un ser querido, y además con base en el derecho a la intimidad de orden familiar” (CC. T-889/09).
Es por ello que la Sala revocará el fallo impugnado y concederá el amparo solicitado por S. M. V. P. y, en consecuencia, ordenará a la Fiscalía Primera Especializada contra las Organizaciones Criminales que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a aquella en que se le notifique este fallo autorice a la autoridad competente encargada del registro del estado civil de las personas la inscripción de la defunción de J. A. B. y le expida copia auténtica del correspondiente protocolo de necropsia a la actora, quien fue su compañera permanente.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala Segunda de Tutelas, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,
1. Revocar el fallo impugnado, por los motivos anteriormente expuestos. En su lugar conceder el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la verdad y a la información de S. M. V. P. y de sus hijos menores de edad.
2. Ordenar a la Fiscalía Primera Especializada contra las Organizaciones Criminales que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a aquella en que se le notifique este fallo autorice a la autoridad competente encargada del registro del estado civil de las personas la inscripción de la defunción de J. A. B. y le expida copia auténtica del correspondiente protocolo de necropsia a la actora, quien fue su compañera permanente.
4. Remítase el proceso a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

References: artículo 6
 artículo 32
 artículo 86
 artículo 6
 artículo 83
 artículo 1
 artículo 489
 artículo 79