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Timestamp: 2018-05-22 07:58:24+00:00

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Resolución de TEAC, 00/1509/2006, 08-11-2007 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1509/2006 de 08 de Noviembre de 2007
En la Villa de Madrid, a 8 de noviembre de 2007, en la reclamación económico-administrativa que pende de resolución ante este Tribunal Central, interpuesta por ... con CIF ... y en su nombre y representación, por Don ..., con domicilio, a efectos de notificaciones, en ..., contra el Requerimiento de Información emitido por el Equipo Central de Información, de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, Referencia ..., de 13 de marzo de 2006, notificado a la entidad el día 14 de dicho mes
PRIMERO: Con fecha 13 de marzo de 2006, la ya mencionada Unidad de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, dirigió Requerimiento a la entidad reclamante, al amparo de los artículos 93 y 94 de la Ley General Tributaria, según redacción dada por Ley 58/2003, para que en el plazo de 30 días hábiles desde la recepción del requerimiento (15 de marzo de 2006), aportase determinada información con trascendencia tributaria, que resulta necesaria para el desarrollo de las actuaciones que tienen encomendadas los Servicios de Inspección de la AEAT.
De acuerdo con el citado requerimiento, se solicitaba a ... información relativa a "los establecimientos económicos adheridos al sistema de pagos mediante tarjetas de crédito y débito gestionadas por esa Entidad", haciendo constar, "para cada uno de ellos, los siguientes datos relativos a los ejercicios 2004 y 2005":
4.- Entidad/es financiera/s con las que opera el establecimiento en el sistema, según el Código de la Entidad asignado por le Banco de España.
SEGUNDO: Disconforme con el requerimiento recibido, la entidad, en fecha 10 de abril 2006, interpuso, en plazo, ante este Tribunal, reclamación económico-administrativa objeto de la presente resolución, referenciada con el número 1509/06, al amparo de lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Emitido el correspondiente informe por el Equipo Central de Información, en fecha 6 de julio de 2006, se notificó a la entidad, la puesta de manifiesto del expediente administrativo, presentando, con fecha 27 de julio de 2006 el correspondiente escrito de alegaciones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley 58/2003.
a) En primer lugar, alega la interesada que la información solicitada por la ONIF, no puede ser deducida de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con los establecimientos adheridos al sistema de pagos mediante tarjetas de crédito y débito que gestiona, ya que no mantiene con los mismos relaciona contractual alguna.
Así, tras describir el esquema de funcionamiento del sistema señala que: "..." está fuera del cuadro de relaciones con los comerciantes que integran el sistema de pago por tarjeta (al débito y al crédito) y, consecuentemente, no existe entre "..." y los comerciantes cuyos datos se requieren, NINGUNA relación económica, profesional o financiera. Quedará, igualmente claro, que "..." no es una entidad financiera o crediticia; "..." no es otra cosa que un CENTRO PROCESADOR DE OPERACIONES que, en nombre de las entidades socios y adheridas, mediante procedimientos operativos, técnicos y de seguridad acredita técnicamente el carácter genuino de la tarjeta y del terminal/comercio, facilitando a las citadas entidades la liquidación y compensación económica de los flujos financieros generados en cada transacción, y el cobro/pago de los importes de las operaciones abonadas con tarjetas, de la llamada "tasa de intercambio" y de las comisiones entre bancos".
"Esta entidad es lo que se llama ... cuya función es informática. Mediante la aplicación de los programas informáticos -permanentemente actualizados- que constituyen su activo más significativo, prepara la operación de compensación diaria de los créditos y débitos que se producen entre los bancos adheridos a "...", es decir, se cruzan y compensan las tasas de intercambio de las que cada banco es deudor y acreedor indiferentemente y las comisiones o tasas de descuento que cargan a los comerciantes y que éstos abonan".
Así, entiende que se ha vulnerado lo establecido en el artículo 93 de la LGT, en el que se señala que es preciso que la información requerida tenga su origen en las relaciones del requerido, con sus obligaciones tributarias, o deducida de sus relaciones económicas, profesionales y financieras con otras personas cuyos datos se reclaman. No existe, alega, relación alguna con los establecimientos; sus relaciones se circunscriben a los bancos y entidades adheridas o asociadas a la operadora.
b) En segundo lugar, señala que el requerimiento emitido es ilegal al infringir el límite cuantitativo de 3.000 euros, en cuanto a las operaciones sobre las que existe obligación de informar, recogido en la Orden Ministerial de 24 de noviembre de 2000.
c) Asimismo alega que a través de este requerimiento "se comete -además de una ilegalidad- un fraude de ley o un abuso de la norma tributaria contenida en el art. 93 de la LGT, puesto que en lugar de dirigirse en su demanda de información a los bancos, intenta salvar el obstáculo del número 3 del artículo 93 de la LGT, que sólo admite para las operaciones bancarias, activas y pasivas, los requerimientos "individualizados" por lo que resultaría más difícil, si no imposible, hacer un requerimiento "masivo" como el que causa este recurso. En lugar de seguir el curso legal, la ONIF dirige su requerimiento a una entidad, "...", que no tiene relación alguna con los comerciantes y que se limita a informatizar y compensar los débitos y créditos que los bancos tienen entre sí. Es una forma ilegal de salvar las protecciones jurídicas que la LGT establece para la información de las cuentas, los créditos y las operaciones activas y pasivas de los comerciantes con los bancos".
Alega la interesada que no puede garantizar la veracidad de los datos solicitados, y recalca que la cesión de los datos debe estar autorizada por ley, ya que es obligación de la entidad preservar las confidencialidad de los datos manejados en el ejercicio de sus funciones.
d) Seguidamente aduce que este tipo de requerimiento "está situando a "..." en una clara posición de inferioridad dentro del propio mercado español. Y con "..." a las restantes procesadoras españolas y de forma primaria a los bancos españoles adheridos a ...". Entiende que el requerimiento está convirtiendo a la reclamante en "un agente del fisco", con la consecuente pérdida de fiabilidad y confidencialidad para los comerciantes, respecto de los bancos contratantes y procesadoras extranjeras.
Esto discrimina en contra de las empresas españolas, por lo que entiende la interesada que se están conculcando los artículos 96, y 43 del Tratado de la Unión, por lo que solicita a este Tribunal, que plantee cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo, ya que este tipo de requerimientos masivos, no cabría en el resto de países miembros.
e) Señala asimismo la desproporcionalidad del requerimiento recibido, demandando que el mismo es invasivo y masivo. "El requerimiento significa lisa y llanamente, que "..." ceda a la ONIF su base de datos íntegra y su programa informático par clasificar los datos; es decir, una conversión de "..." en una ONIF para las tarjetas de pago".
Entiende que el requerimiento supone la cumplimentación de más de mil millones de datos, siendo el mismo innecesario, ya que obedece más a la comodidad que a la necesidad. Tales datos pueden obtenerse por la Administración por los formularios 347 y los censos de los comerciantes. "Se implica a "..." en una función fiscal inquisitiva que no le corresponde y que convierte a la entidad en un agente fiscal".
f) Por último alega que la finalidad tributaria del requerimiento es desconocida para la obligada tributaria: "Lo que sí es patente es que el requerimiento carece de motivación alguna", y a continuación cita los artículos 54 de la Ley 30/1992, y 63 de la misma, para solicitar que el acto, al carecer de motivación debe ser anulado.
Finalmente solicita a este Tribunal que anule el requerimiento impugnado, y que plantee, si lo considera oportuno, cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la U.E.
TERCERO: En fecha 18 de mayo de 2007, ... presenta escrito ante este Tribunal en que se señala que ante nuevos requerimientos por parte de la ONIF, y bajo la advertencia de sanciones graves, se ha recabado la información solicitada, que ha sido enviada a dicho Órgano.
Solicita a continuación a este Tribunal que "se advierta a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la imposibilidad legal del uso de la información en tanto no se resuelva de forma definitiva sobre la legalidad del requerimiento de datos, que es causa de la reclamación económico-administrativa".
SEGUNDO: La cuestión planteada en la misma se centra en determinar la procedencia del requerimiento de información emitido por el Equipo Central de Información, de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, en fecha 13 de marzo de 2006.
Con carácter previo, a la resolución de las cuestiones de fondo planteadas, este Tribunal debe señalar, en cuanto a la petición realizada por ... a este órgano, mediante escrito de fecha 18 de mayo de 2007, para que "se advierta a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la imposibilidad legal del uso de la información en tanto no se resuelva de forma definitiva sobre la legalidad del requerimiento de datos, que es causa de la reclamación económico-administrativa", que se rechaza la misma.
No es labor de este Tribunal adoptar ese tipo de decisiones o medidas, máxime, cuando este mismo Órgano, en Sesión de fecha 17 de mayo de 2006, ya acordó la inadmisión de la solicitud de suspensión presentada por la entidad, a cuyos fundamentos de derecho nos remitimos.
CUARTO: De todas las cuestiones planteadas por la entidad, considera este Tribunal, por la importancia de las consecuencias que de la misma se derivan, debe ser destacada la relativa a, la desproporcionalidad del requerimiento recibido, demandando que el mismo es invasivo y masivo, ya que supone la cumplimentación de más de mil millones de datos, siendo el mismo innecesario, ya que obedece más a la comodidad que a la necesidad. Tales datos, que se cifran en más de 1.800 millones, entiende la reclamante, al menos en parte pueden obtenerse por la Administración por los formularios 347 y los censos de los comerciantes.
De acuerdo con los artículos 93 de la LGT y 30 del RD 1065/2007 que desarrolla el precepto anterior, la individualización se requiere en relación a la entidad a la que se dirige el requerimiento y no tanto al número de los datos a la misma solicitados.
En su Sentencia, el TS concluye que: "Es evidente que el requerimiento practicado en el caso presente ha de calificarse, como hemos venido diciendo, de «individualizado» al estar dirigido a entidad concreta y solicitar los datos de trascendencia tributaria relativos a operaciones económicas específicas y determinadas".
Una vez, zanjada la cuestión sobre el alcance del concepto de requerimiento individualizado, recogido en el artículo 93 de la LGT, y determinar que el mismo se refiere a la entidad o sujeto al que se dirige el mismo, y no al número de datos solicitado, debemos no obstante comprobar, si el requerimiento en cuestión cumple con el resto de principios recogidos en nuestro ordenamiento jurídico, y en particular, con los principios que deben regir toda actuación de la Administración Tributaria.
Del examen del requerimiento dirigido por la ONIF a la entidad, puede concluirse que el mismo fue extendido por la Inspección de forma indiscriminada en cuanto a su contenido, es decir, genérica y global en relación con la totalidad de "los establecimientos económicos adheridos al sistema de pagos mediante tarjetas de crédito y débito gestionadas por esa Entidad", tanto aquellas cuyo volumen de operaciones fue superior a 3.000 euros, como aquellas que facturaron operaciones por importe inferior o no consta operación alguna. Ello supone para el contribuyente, la aportación de datos en relación un elevadísimo número de establecimientos económicos en cada uno de los periodos que abarca el requerimiento, que cifra, en el total de datos en más de un millón, entendiendo este Tribunal que ello produce que el mismo no encuentre un encaje preciso y ajustado en las previsiones señaladas en el artículo 3.2 de la LGT.
En este sentido ya se ha pronunciado el Tribunal Supremo, en Sentencia de 12 de noviembre de 2003, en la que consideró que la pluralidad de los sujetos afectados, en relación a los cuales se solicitaba información a la obligada tributaria, al ascender a la cifra de 108.451 titulares, convertía la comentada individualización, por mor de la generalidad e indeterminación subjetiva en que la actividad del requerido se traduce y plasma, en una abstracción incompatible con lo exigido en el art. 111.1 de la LGT, en cuanto que el sistema de "captación" de datos utilizado no puede revestir, como se infiere de la propia expresión citada, un carácter indiscriminado y no selectivo o, lo que es lo mismo, de total extensión y comprensión de la multitud de usuarios del servicio prestado por la empresa requerida.
En caso mencionado, el Tribunal de instancia, al que el TS confirma posteriormente, manifestó que "Además, un requerimiento genérico global respecto de 108.451 usuarios está en abierta contradicción con la exigencia del requerimiento individualizado que se establece en el artículo 111.2 de la LGT, en el que se dispone, con toda claridad, que el cumplimiento de la obligación de suministrar información debe cumplirse bien por "suministro" o de forma general (sin necesidad de mediar un previo requerimiento de la Administración a las personas afectadas) o bien por "captación" o individualizadamente, tal y como ha acontecido en el presente caso, en el que la captación de datos o informes no puede revestir, como se desprende de la propia expresión citada, un carácter indiscriminado o, lo que es lo mismo, de total extensión y comprensión de la multitud de usuarios de un servicio prestado por la empresa requerida".
B) No se ha vulnerado, en la sentencia de instancia, el artículo 140.1 d) de la LGT, porque en él se obliga a que las actuaciones que lleve a cabo la Inspección de los Tributos han de estar directa o indirectamente encaminadas a la aplicación de los tributos, y es claro que, en el caso de autos, tal precepto, relacionado con el 111 del mismo texto legal, no es aplicable, tras el resultado de la prueba antes comentada, ante la total y absoluta ausencia de relevancia tributaria de los datos requeridos y obtenidos [cuando es así, además, que el Abogado del Estado mantiene la infracción de dicho art. 140 d) de la LGT, en relación con el antes citado art. 37 del RD 939/1986, sin el debido apoyo argumental].
A mayor abundamiento, debe destacarse, como hace la entidad requerida en su escrito de oposición al recurso, que resultaría muy curioso pensar qué pasaría si, en el momento actual (el año 1999, en el momento de tal alegación, o el año 2003, en el momento de dictarse esta sentencia), se hiciese un requerimiento similar, cuando son millones las personas que utilizan la telefonía móvil automática, como un servicio semibásico y que en absoluto supone capacidad económica ni relevancia fiscal alguna".
Por lo tanto, este Tribunal, sin necesidad de entrar en el resto de las cuestiones planteadas por la reclamante, estima sus alegaciones y anula el requerimiento de información efectuado por la ONIF, por considerar que el mismo no cumple con las exigencias previstas en los artículos 3.2 y 93 de la LGT.
ESTE TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL, resolviendo EN SALA, en la presente reclamación económico-administrativa ACUERDA: ESTIMARLA, anulando el requerimiento impugnado.
Sentencia Civil Nº 452/2011, AP - Malaga, Sec. 6, Rec 930/2010, 14-09-2011
Orden: Civil Fecha: 14/09/2011 Tribunal: Ap - Malaga Ponente: Suarez-barcena Florencio, Maria Inmaculada Num. Sentencia: 452/2011 Num. Recurso: 930/2010
Orden: Supranacional Fecha: 13/02/2014 Tribunal: Tribunal De Justicia De La Union Europea Ponente: Jarai?nas Num. Sentencia: C-479/12
Sentencia Civil Nº 190/2012, AP - Madrid, Sec. 20, Rec 366/2011, 10-04-2012
Orden: Civil Fecha: 10/04/2012 Tribunal: Ap - Madrid Ponente: Gutierrez Sanchez, Juan Vicente Num. Sentencia: 190/2012 Num. Recurso: 366/2011
Sentencia Supranacional Nº C-266/04, TJUE, 14-07-2005
Orden: Supranacional Fecha: 14/07/2005 Tribunal: Tribunal De Justicia De La Union Europea Num. Sentencia: C-266/04
Sentencia Supranacional Nº C-18/92, TJUE, 25-05-1993
Orden: Supranacional Fecha: 25/05/1993 Tribunal: Tribunal De Justicia De La Union Europea Ponente: Kakouris Num. Sentencia: C-18/92
Orden: Mercantil Fecha última revisión: 09/05/2013

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 235
 artículo 236
 artículo 93
 artículo 93
 resolución 
 artículo 93
 artículo 3
 artículo 111
 artículo 140