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Timestamp: 2018-11-21 09:03:55+00:00

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PROTOCOllZACION. fecha: ;I ~I.J JII"'" Al.; 10 ~~ Resolución PGN N 136/ O o, Buenos Aires, 4l.j de octubre de VISTO: - PDF
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María Victoria Vega Castilla
1 PROTOCOllZACION Al.; 10 ~~ fecha: ;I ~I.J JII"'" Resolución PGN N 136/ O o, VISTO: La solicitud efectuada por la Coordinadora de Entidades Profesionales Universitarias de la Ciudad de Buenos Aires en el expediente interno A 8334/09 solicitando el pago de honorarios a este Ministerio Público Fiscal para todos los profesionales nucleados en los colegios profesionales que la integran; lo dispuesto en las Res. PGN n? 167/07, n? 158/08; y CONSIDERANDO: Buenos Aires, 4l.j de octubre de I- En primer lugar, resulta importante señalar que, conforme al diseño procesal penal vigente, los encargados de llevar adelante la investigación penal son los jueces de instrucción. Los fiscales sólo asumen la dirección de la investigación por delegación del juez en los casos en que éste -discrecionalmente- así lo disponga (art, t 96 CPPN). A su vez, posteriores reformas al código establecieron otras excepciones al encomendar al fiscal la dirección de la investigación en los casos de flagrancia sin prisión preventiva (art. 353bis CPPN - ley ), en los de autor desconocido =hasta el momento en que es identificado- (art, 196bir CPPN _ ley ), y en los secuestros extorsivos (art. 196bis, 2 párr., CPPN -ley ). Sin embargo, esto no modifica las exclusivas facultades del juez de instrucción que, como garante del proceso y en resguardo de las garantías constitucionales, se reserva bajo pena de nulidad la potestad indelegable de dictar los actos previstos en el arto 213 del CPPN, entre los que se halla "la producción actos irreproducibles y definitivos", descripción comprensiva de muchas de las pericias que se disponen en las investigaciones penales, en particular en la etapa preliminar. Por ello, el legislador en aras de mantener el equilibrio procesal necesario en re las partes en pugna en la investigación criminal, más aun en la etapa preliminar, P vé claramente en los arts, 253 y 258 del CPPN que es "el juez" el que designa a s peritos, limitando la posibilidad a las restantes partes ~. / de (incluido el Ministerio
2 Fiscal) de designar peritos "de parte". Esta disposición cobra aun más valor cuando se trata, como se adelantó, de pericias que, por sus características, o las particularidades de las materias a analizar, no pueden ser reproducidas. A ello se suma, aun si la medida es reproducible, que la dependencia económica que podría generarse entre los peritos y el Ministerio Fiscal, en caso de que este organismo fuera el que pagara regularmente las pericias oficiales, podría facilitar cuestionamientos a la objetividad del profesional y, consiguientemente, al valor probatorio de la medida, que no harían más que comprometer el buen desarrollo del proceso y la correcta resolución del caso, máxime si se trata de pericias irreproducibles. En razón de ello, tratándose de peritos oficiales y siendo el juez quien los designa, resulta claro que corresponde al Poder Judicial afrontar ese costo, y ésa fue la línea institucional que sostuvo históricamente dicho poder del Estado. En segundo lugar, la ya mencionada discrecionalidad de los' jueces para delegar o no las investigaciones a los fiscales (art. 196 CPPN) hace, de por sí, dificultosa la planificación de los recursos humanos y materiales que requiere el Ministerio Fiscal para llevar adelante su tarea a lo largo del ejercicio presupuestario, toda vez que los criterios de delegación no son uniformes entre todos los magistrados del país. Esta circunstancia fue reiteradamente comunicada al Ministerio de Economía al elevar el presupuesto del organismo y a la Jefatura de Gabinete de Ministros en ocasión de solicitar, en el transcurso del presente ejercicio, los refuerzos presupuestarios pertinentes. En tercer lugar, y como es sabido, la tarea de investigación conlleva, necesariamente, la realización de medidas de prueba, muchas de la cuáles son pericias de diversa índole (informáticas, contables, caligráficas, ambientales, médicas, químicas, etc.), Cuando por las particularidades de la pericia, ésta no puede ser llevada a cabo por los gabinetes periciales oficiales (cuerpo médico forense, cuerpo de peritos calígrafos, margue judicial, cuerpo de peritos contadores, etc.) el procedimiento consiste en designar como peritos oficiales a profesionales o instituciones que actúan en tal carácter bajo el régimen y los requisitos legalmente impuestos. En estos casos, como éstos no integran un cuerpo pericial del Poder
3 PROT~COllZACION_ ECHA: d.ij.d.qj.q.~ Judicial con remuneración fija, concluido el trabajo, solicitan al juez la regulación de sus honorarios. Dado que es al Poder Judicial de la Nación a quien se le ha asignado históricamente e! presupuesto para sostener los gabinetes periciales oficiales y las partidas pertinentes para e! pago de los honorarios de los peritos oficiales, designados por fuera de esos cuerpos, es e! Consejo de la Magistratura de la Nación quien administraba las partidas con las que afrontaba el pago de los honorarios regulados. Sin embargo, en e! año 2007, el Consejo de la Magistratura de la Nación, por medio de la Resolución n 277/07 (Administración General), decidió unilateralmente no abonar más los honorarios de peritos oficiales generados en investigaciones que, por delegación de los jueces, o imperio de la ley, estuvieren dirigidas por los fiscales. La decisión alcanza a aquellos casos en los que la dirección está a cargo de los jueces, cuando fueran los fiscales quienes solicitaron la realización de la citada medida de prueba. Como consecuencia de esa decisión, se remitieron todas las regulaciones de honorarios de los peritos para que los abone este Ministerio Fiscal pese a carecer de presupuesto al efecto. En efecto, cabe destacar que esta decisión fue adoptada sin que se redistribuyera la partida que históricamente e! Poder Judicial poseía para el pago de este gasto, y sin que tampoco se iniciara gestión alguna ante e! Ministerio de Economía, o la Jefatura de Ministros para que se tuviera en cuenta la decisión unilateralmente adoptada por e! Poder Judicial en desmedro de! Ministerio Público. Frente a esta situación, sobre la base de! dictamen emitido por la Asesoría Jurídica de este organismo y teniendo en cuenta la situación aquí señalada, se dictó la Res. PGN no 167/07, en la cual se sostuvo la imposibilidad material y legal de abonar dichos honorarios, trasladando la posición institucional. al Consejo de la Magistratura para que revea su postura y, en su caso, reasigne las partidas pertinentes ha ta que este Ministerio Fiscal obtenga las propias, a fin de no afectar el servicio de.// j ricia ni demorar las investigaciones en curso, ni afectar el derecho al cobro de los / onorarios de los profesionales que colaboraron con su trabajo con e! sistema de ~dniliti'tt>"i6n de justicia,
4 No obstante lo señalado, en la misma resolución se estableció como excepción e! caso de los traductores o intérpretes, cuyos honorarios se resolvió afrontar por el Ministerio Fiscal, en primer lugar, en la inteligencia que tales profesionales no encuadrarían estrictamente en el concepto de peritos, dado que mientras los primeros cumplen una actividad que excluye cualquier ponderación material sobre la cual versa su tarea, los últimos deben emitir una opinión técnica particular. Por otra parte, su menor costo respecto a las pericias justificaban un esfuerzo presupuestario, destinado a que los magistrados de! Ministerio Fiscal puedan contar con este recurso, evitando dilaciones que podrían ocasionarse al otorgarle la misma solución que respecto de los peritos. En suma, se decidió resolver e! problema en la porción que era presupuestariamente posible para el Ministerio Fiscal, a fin de no afectar la prestación de! servicio de justicia. -II- Más allá de las disquisiciones efectuadas, de lo expuesto resulta claro que, sea que el juez disponga una pericia de oficio, lo haga a solicitud de! fiscal o la disponga directamente e! fiscal porque el juez se lo autorizó, las pericias oficiales son las pruebas esenciales que, con frecuencia, definen la suerte del proceso, esto es, son el insumo que precisan los jueces para llevar adelante su función jurisdiccional y resolver el caso. De manera tal que la disquisición presupuestaria efectuada por el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, que en ningún momento sufrió una merma de dicha partida, no hace más que afectar un eslabón de! sistema de administración de justicia que, hasta el dictado de la decisión del mentado organismo, funcionaba correctamente y para e! cual e! Estado le había otorgado y le sigue otorgando los recursos necesarios. Por otra parte, también cabe resaltar que, más allá de las razones jurídicas e institucionales reseñadas, frente a la tesitura adoptada por el Consejo de la Magistratura, y a los fines de no afectar el servicio de justicia, se continuó solicitando la partida pertinente en e! presupuesto del Ministerio Fiscal para el año 2009 (sin resultado favorable) y se reiteró expresamente el pedido ante la Jefatura de Gabinete, mediante nota de fecha 30 de junio del corriente, en atención al conflicto interinstitucional suscitado, sin obtener respuesta alguna. La solicitud de partidas i.._._.~..1
5 I.,v r"'"'...,.'.'1'1'...,.. _ también fue reiterada en el presupuesto del organismo para el año 2010 (Res. ADM no 223/09), pero del análisis de las cifras enviadas recientemente al Congreso por el Ministerio de Economía surge que tampoco serán otorgadas para ese periodo. Estas razones son las que también han determinado a la Asesoría Jurídica del organismo a recomendar que no se acceda a la petición efectuada por la Coordinadora de Entidades Profesionales Universitarias de la Ciudad de Buenos Aires, criterio que habré de seguir en la presente. Por lo expuesto, ante la imposibilidad presupuestaria de este organismo para afrontar el pago de las pericias necesarias para las investigaciones, por la falta de las partidas pertinentes (las cuales sí se hallan asignadas al poder Judicial de la Nación), y la imposibilidad material de continuar con la dirección de la investigación si el Poder Judicial no sostiene el pago de esas pericias por el hecho de haber sido dispuesta en una causa delegada, instruiré a los señores fiscales para que, en los supuestos en los que se presente el conflicto interinstitucional reseñado, devuelvan la dirección de la investigación al juez que oportunamente la delegó en los términos de los artículos 196 y cctes, del CPPN. Por análogas razones, en los casos en los cuales la dirección de la investigación estuviera a cargo del juez, pero fuera el fiscal quien solicitara la realización de una pericia de la índole referida, los señores fiscales deberán, en la oportunidad de requerir esa medida, comunicar al magistrado el criterio adoptado en las Res. PGN no167/07, no158/08 y en la presente. Nacional, Por ello, y en virtud a lo dispuesto en el artículo 120 de la Constitución EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION RESUELVE: Articulo 1 : Hacer saber a la Coordinadora de Entidades Profesionales Universitarias de la Ciudad de Buenos Aires que no procede hacer lugar a su petición. Articulo 2 : Recomendar a los señores fiscales con competencia en materia penal que, en los supuestos en los que se presente el conflicto interinstitucional señalado en los
6 considerandos de la presente, pongan en conocimiento del juez la imposibilidad del Ministerio Fiscal de solventar las pericias e inviten al magistrado a retomar la dirección de la investigación que oportunamente delegó en los términos del arto196 del CPPN, a efectos de no perjudicar el avance de las investigaciones y/o tramitación. el tiempo de su Artículo 3 : Recomendar a los señores fiscales con competencia en materia penal que, en los casos en los cuales la dirección de la investigación esté a cargo del juez, en la oportunidad de requerir la realización de una pericia de la índole referida en los considerandos de la presente, pongan en conocimiento del magistrado la imposibilidad del Ministerio Fiscal de solventar esas medidas de conformidad con lo expuesto en las Res. PGN n? 167/07, no158/08 y en la presente. Artículo 4 : Disponer que en los supuestos mencionados en los arts, 20 y 30 precedentes, además de proceder del modo indicado allí, los señores fiscales pongan el caso en conocimiento de la Secretaría General de Administración de esta Procuración, a los fines de que sea previsto al momento de reiterar las solicitudes presupuestarias. Artículo 5 : Protocolícese, notifíquese a todos los fiscales en materia penal, a la Coordinadora de Entidades Profesionales Universitarias de la Ciudad de Buenos Aires, ción, al onsejo de la Magistratura y al Presidente de la Corte Suprema de ]u1cia de la Nací' publíquese en la web institucional y, oportunamente, archívese. I!

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
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 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 120
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5