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Timestamp: 2018-12-09 21:52:15+00:00

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04/10/2018 CFRComunicados
El 4 de septiembre de 2018 se publicó en el BOE la transposición de la Cuarta Directiva de la Unión Europea en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Real Decreto-ley 11/2018 de 31 de agosto.
Se ha modificado el importe máximo de posibles sanciones a imponer en caso de incumplimiento de las obligaciones de prevención.
Obligaciones de licencia o registro de los prestadores de servicios a sociedades.
La disposición adicional única impone que las personas físicas o jurídicas que de forma empresarial o profesional presten todos o alguno de los servicios descritos en el artículo 2.1.o)1 de la Ley 10/2010, deberán, previamente al inicio de sus actividades, inscribirse de forma obligatoria en el Registro Mercantil competente por razón de su domicilio.
Las personas que a la fecha de la entrada en vigor de esta disposición adicional estuvieran realizando alguna o algunas de las actividades comprendidas en el citado artículo 2.1.o), y no constaren inscritas, deberán, en el plazo de un año, inscribirse.
Igualmente, las personas que ya constaren inscritas en el Registro Mercantil, deberán, en el mismo plazo de un año, presentar en el registro una manifestación de estar sometidas, como sujetos obligados, a las normas establecidas en la Ley 10/2010.
Las personas jurídicas además deberán presentar una manifestación de quienes sean sus titulares reales. Estas manifestaciones se harán constar por nota marginal y deberán ser actualizadas en caso de cambio de esta titularidad real.
Además, estas personas deberán cada ejercicio, junto con el depósito de sus cuentas anuales en el Registro Mercantil competente, acompañar un documento para su depósito del que resulten los siguientes datos:
a) Los tipos de servicios prestados de entre los comprendidos en el artículo 2.1.o) de la Ley 10/2010
b) Ámbito territorial donde opera, indicando municipio o municipios y provincias
c) Prestación de este tipo de servicios a no residentes en el ejercicio de que se trate
d) Volumen facturado por los servicios especificados en el apartado a) en el ejercicio y en el precedente, si la actividad de prestadores de servicio a sociedades no fuera única y exclusiva.
e) Número de operaciones realizadas de las comprendidas en el mencionado artículo 2.1.o), distinguiendo la clase o naturaleza de la misma.
Se establece la obligatoriedad de que el Representante ante el SEPBLAC sea una persona residente en España, que ejerza cargo de administración o dirección de la sociedad.
Además, se especifica que en los grupos que integren varios sujetos obligados, el Representante será único y deberá ejercer cargo de administración o dirección de la sociedad dominante del grupo.
El artículo 26.bis, relativo a los procedimientos internos de comunicación de potenciales incumplimientos, estipula que los sujetos obligados deben establecer dichos procedimientos para que sus empleados, directivos o agentes puedan comunicar, incluso anónimamente, información relevante sobre posibles incumplimientos de la Ley de PBC/FT.
Cabe mencionar que la obligación de establecimiento del procedimiento de comunicación descrito, no sustituye la necesaria existencia de mecanismos específicos e independientes de comunicación interna de operaciones sospechosas de estas vinculadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
El período de conservación de documentos. Los sujetos obligados conservarán durante un período de 10 años la documentación en que se formalice el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 10/2010, procediendo tras el mismo a su eliminación. Transcurridos 5 años desde la terminación de la relación de negocios o la ejecución de la operación ocasional, la documentación conservada únicamente será accesible por los órganos de control interno del sujeto obligado.
Se modifica el artículo 2.1.o) de la Ley 10/2010. Anteriormente, se consideraban sujetos obligados las personas que con carácter profesional prestaren servicios a terceros tales como constituir sociedades, facilitar un domicilio social o ejercer funciones de dirección o secretaría de una sociedad. Ahora el redactado es distinto, estableciendo como sujetos obligados a las personas que con carácter profesional prestaren dichos servicios por cuenta de terceros.
Se especifica, en el artículo 2.1.u) de la Ley 10/2010, que se consideran sujetos obligados a las personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar presenciales o por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos. Además, se detalla que en el caso de loterías, apuestas mutuas deportivo-benéficas, concursos, bingos y máquinas recreativas tipo “B” únicamente lo serán respecto de las operaciones de pago de premios.
Se establece como regla que, los casinos, deberán aplicar la totalidad de las medidas de diligencia debida cuando efectúen transacciones por un valor igual o superior a 2.000 euros en una operación o en varias operaciones entre las que parezca existir algún tipo de relación.
Se rebaja el umbral del importe de las personas físicas o jurídicas que comercien profesionalmente con bienes, quedando sujetas a las obligaciones específicas que determina la Ley 10/2010 cuando dicho importe sea superior a 10.000 euros.
Ya no se establece la posibilidad de que los sujetos obligados puedan remitir voluntariamente su manual al Servicio Ejecutivo de la Comisión, a efectos de que por éste se determine la adecuación de las medidas de control interno establecidas.
Por primera vez, los Expertos Externos pueden ser sancionados por ser responsables de la infracción en cuestión, pudiendo ser multados con un importe mínimo de 3.000 euros y un máximo de hasta 5.000.000 euros.
Los nuevos modelos están disponibles en Formularios y solicitudes del portal web de la Agencia Tributaria Canaria, en los apartados de Impuesto sobre las labores del tabaco, Impuesto especial sobre combustibles derivados del petróleo, Importación y Recaudación
1.- Resolución de 29 de junio de 2018, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el tercer trimestre de 2018. https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/26/pdfs/BOE-A-2018-13029.pdf
2.- Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 13 de septiembre de 2018, de la Presidenta, por la que se aprueba la convocatoria plurianual para el ejercicio 2018-2019 del Programa de Subvenciones a la movilidad laboral de demandantes de empleo, denominado “Movilidad X El Empleo”, y se aprueban simultáneamente las bases reguladoras del mismo, con una vigencia limitada hasta el ejercicio 2019. http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-186-4339.pdf
3.- Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 25 de agosto de 2018, de la Presidenta, por la que se modifican las bases reguladoras por las que se regirá la concesión de subvenciones destinadas a la financiación del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo-Garantía Juvenil, en régimen de concurrencia competitiva, con vigencia hasta la finalización del Programa Operativo de Empleo Juvenil, aprobadas por Resolución de 6 de julio de 2017, de la Presidenta. http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-173-4092.pdf
PDF (BOE-A-2018-12257 – 22 págs. – 353 KB)
PDF (BOE-A-2018-12266 – 11 págs. – 320 KB)
PDF (BOE-A-2018-12267 – 3 págs. – 293 KB)
PDF (BOE-A-2018-12572 – 1 pág. – 209 KB)
Por esta resolución se regula el procedimiento de inspección en materia de protección de datos, régimen sancionador y procedimiento a adoptar por la Agencia Española de Protección de Datos en caso de posible vulneración de la normativa vigente reguladora de esa materia. Es de aplicación a aquellos supuestos los que un afectado reclame que no ha sido atendida su solicitud de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión de sus datos, así como en los que la Agencia Española de Protección de datos investigue y detecte la posible infracción del Reglamento 679/2016 y de la normativa española de protección de datos.
PDF (BOE-A-2018-12699 – 17 págs. – 332 KB)
DOCTRINA SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LOS PISOS TURÍSTICOS EN COMUNIDADES DE PROPIETARIOS. El TSJ de Cataluña ha dictado sentencia que declara que un acuerdo comunitario de prohibición de usos turísticos en las viviendas del edificio es válido si se adecúa su aprobación a los quórums legales pero no es oponible, no vincula, no tiene efectos retroactivos frente al propietario que lo era en ese momento, y que se opuso al acuerdo.Ver más
PRÉSTAMO HIPOTECARIO. VENCIMIENTO ANTICIPADO. La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un órgano jurisdiccional nacional que ha apreciado el carácter abusivo de una cláusula contractual que permite declarar el vencimiento anticipado de un contrato de préstamo hipotecario, en particular en caso de falta de pago de una única cuota mensual, pueda mantener la validez parcial de esta cláusula mediante la mera supresión del motivo de vencimiento que la convierte en abusiva. Conclusiones nº C-70/17, C-179/17, C-92/16, C-167/16 y C-486/16 de 13 de septiembre

References: artículo 2
 artículo 2
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 artículo 26
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 Resolución 
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