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Timestamp: 2017-06-24 12:23:32+00:00

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LOS ACTOS DE INVESTIGACION Y DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIOCargado por Antonio6508Related InterestsEvidence (Law)Criminal ProcedureProcedural LawCriminal LawJudgeRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDescargaShare or Embed DocumentInsertarDescripción: SE ESTUDIA LA DIFERENCIA ENTRE LOS ACTOS QUE REALIZA LA FISCALIA Y LA DEFENSA EN LAS ETAPAS PREVIAS AL JUICIO Y EL VALOR DE ESTOS COMO PRUEBA EN EL JUICIOVer másSE ESTUDIA LA DIFERENCIA ENTRE LOS ACTOS QUE REALIZA LA FISCALIA Y LA DEFENSA EN LAS ETAPAS PREVIAS AL JUICIO Y EL VALOR DE ESTOS COMO PRUEBA EN EL JUICIOCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as DOCX, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentLOS ACTOS DE INVESTIGACION Y DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO1 ANTONIO LUIS GONZALEZ NAVARRO2I. COMPRENSION TEMÁTICA
Es importante aprovechar este espacio de estudio no solo para comprender la diferencia entre actos de investigación y prueba sino para asimilar que los dos anteriores están contenidos dentro de los actos procesales. El proceso se concreta y desenvuelve a través de los actos procesales. Por tales entendemos: aquellas manifestaciones de voluntad exteriorizadas a través de formas establecidas orientadas a la producción de efectos jurídicos destinados al desarrollo de la relación procesal. Traducen formalmente el comportamiento de los sujetos procesales en orden al objeto y, determinando efectos y finalidades de la señalada relación, efectos sobre la constitución, modificación, desenvolvimiento o extinción de la misma. No tienen vida ni significación fuera del proceso que les da sentido, apareciendo como lógicamente subordinadas y dependientes de la prestación jurisdiccional. La doctrina ha tratado el tema (cuya conceptualización ofrece abundantes dificultades) proponiendo definiciones al respecto que contribuyen a establecer y delimitar la noción.
Consultar mi obra reciente titulada: Los actos de investigación en el proceso penal acusatorio primera Edición, Editorial Leyer 2009 Bogotá. 2 Profesor investigador, Docente de postgrado Universidad Autónoma del Caribe-Barranquilla, y otras universidades; Fiscal Delegado. Autor de los libros: El tercero Civil en el Proceso Penal; Sistema de Juzgamiento Penal acusatorio, La Detención Preventiva en el proceso acusatorio, El delito Culposo, La victima en el Sistema Penal, La Responsabilidad Civil en los sistemas penales, La Policía Judicial, La Responsabilidad Penal de los Adolescentes; Los actos de Investigación en el proceso Penal acusatorio; Las medidas cautelares Personales en el proceso penal; Artículos Varios; Coordinador de la Revista Facetas Penales, Editorial Leyer.
CHIOVENDA, siguiendo a WACH, conceptualiza como acto procesal “la situación jurídica trascendente para la constitución, conservación, ejercicio, modificación o extinción de una relación procesal”. Por su parte, FLORIÁN sostiene que no puede hallarse un concepto específico de acto procesal, ya que el mismo forma parte de la categoría más amplia y general de acto jurídico, en tal sentido destaca que se encuentran regulados por el Derecho y son productores de consecuencias jurídicas. El adjetivo “procesal” sólo corresponde porque se realizan dentro del proceso y sirven a las finalidades del mismo.3 La nueva sistemática procesal tiene su origen en la interpretación teleológica y sistemática del Acto Legislativo número 3 de 2002 y de la Ley 906 de 2004,4 la jurisprudencia y la doctrina coinciden en sostener que dentro de las características claras del sistema penal acusatorio se encuentran, entre otras, las siguientes: 1) Separación categórica en las etapas de investigación y juzgamiento. Como consecuencia de ello, desaparece la instrucción como fase de la instancia procesal encomendada al juez y se convierte en una etapa de preparación para el juicio. De esta forma, al juez penal se le encomienda el control de las garantías legales y constitucionales y el juzgamiento mediante el debido proceso oral. Al respecto, FERRAJOLI defiende: “La separación del juez y acusación es el más importante de todos los elementos constitutivos del modelo teórico acusatorio, como presupuesto estructural y lógico de todos los demás… la garantía de la separación, así entendida, representa, por una parte, una condición esencial de la imparcialidad del juez respecto a las partes de la causa, que, como se verá, es la primera de las garantías orgánicas que definen la figura del juez; por otra, un presupuesto de la carga de la imputación y de la prueba, que pesan sobre la acusación, que son las primeras garantías procesales del juicio”5. Esa separación de funciones, incluso, hace que algunos doctrinantes afirmen que las responsabilidades en relación con la política criminal se hubieren modificado, pues el referente de la eficacia para la Fiscalía General de la Nación será la disminución del delito y el castigo oportuno del mismo, mientras que para el juez es la protección de los derechos de las personas y la eficacia de la investigación. 2) El rol del juez en el sistema penal acusatorio está centrado en el control de los actos en los que se requiera ejercicio de la potestad jurisdiccional o que impliquen restricción de derechos o calificación jurídica de los hechos. Así, el control judicial no solo debe concretarse en el cumplimiento formal de los requisitos sino en
3 VÁZQUEZ ROSSI, JORGE E. Derecho procesal penal, Tomo II, El proceso penal, Editores Rubinzal Culzoni. 4 Sentencias C-396 de 2007; C-025 de 2009. 5 FERRAJOLI, LUIGI. Derecho y razón, Editorial Trotta, Madrid, 1995, pág. 567.
la efectividad de los derechos sustanciales en juego. En este aspecto, el mismo autor citado manifestó: “la rígida separación de papeles entre los actores del proceso, que como se ha visto… constituye la primera característica del sistema acusatorio, impide que esa carga pueda ser asumida por sujetos diversos de la acusación: ni por el imputado, al que compete el derecho opuesto de la refutación, ni tampoco por el juez que tiene la función de juzgar libremente la fiabilidad de las verificaciones o refutaciones expuestas. De la misma manera que al acusador le están vetadas las funciones de enjuiciamiento, al juez deben estarle prohibidas las funciones de acusación…6“ 3) La actuación judicial solamente procede a petición de parte. Así, de acuerdo con el artículo 250 de la Constitución, el ejercicio de la acción penal está a cargo de la Fiscalía, quien puede solicitar al juez de control de garantías las medidas necesarias para asegurar la comparecencia de los imputados, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad. Esa misma autoridad tiene a su cargo la presentación del escrito de acusación ante el juez de conocimiento, la solicitud de la preclusión de las investigaciones y las medidas necesarias para la protección de las víctimas (250- 4, 5, 6 y 7). 4) El proceso penal es, por regla general, oral, contradictorio, concentrado y público. 5) Es posible que el proceso penal no se inicie o se termine pese a la certeza de la ocurrencia de un delito porque existió aplicación del principio de oportunidad o porque hubo acuerdo entre las partes. Por regla general, en los casos de terminación anticipada del proceso, existirá control judicial material y formal de la decisión adoptada. 6) Las funciones judiciales del control de garantías y de conocimiento suponen la clara distinción de dos roles para los jueces penales. El primero, el que tiene a su cargo la protección de las garantías y libertades individuales en las etapas preliminares a la imputación y, el segundo, el juez que tiene la responsabilidad de llevar adelante el juicio penal con todas las garantías procesales y sustanciales propias del debido proceso. De otra parte, con la introducción del sistema penal acusatorio, también cambiaron estructuras en la actividad probatoria que deben adecuarse a los nuevos roles del juez y de los intervinientes en el proceso penal. Dicho de otro modo, dentro de los rasgos estructurales más marcados en el procedimiento penal acusatorio colombiano, se encuentran los que modificaron la actividad probatoria en el proceso, puesto que el constituyente y el legislador consideraron necesario modificar e intensificar la aplicación de reglas procesales importantes para condicionar la averiguación de la verdad en el proceso penal y, de esta forma, concretar el deber de buscar la justicia material en nuestro Estado constitucional. En efecto, para la Corte Suprema es evidente que la aproximación democrática y
Ídem, pág. 611.
pluralista de la verdad en el proceso penal impone el respeto, por parte de la legislación y de la jurisdicción, de los principios de la actividad probatoria que buscan conciliar la tensión existente entre eficacia del derecho penal y respeto por los derechos y libertades individuales. Estos elementos de la actividad probatoria, que surgen de la estructura misma del sistema penal, se pueden sintetizar así: 1) Es fundamental distinguir los actos de investigación y los actos de prueba. Los primeros tienen como finalidad recaudar y obtener las evidencias o los elementos materiales probatorios que serán utilizados en el juicio oral para verificar las proposiciones de las partes y el Ministerio Público y, para justificar, con grado de probabilidad, las decisiones que corresponden al juez de control de garantía en las etapas preliminares del procedimiento. En otras palabras, los actos de investigación se adelantan por la Fiscalía, la Defensa, y la victima con el control y vigilancia del juez de control de garantías. Los segundos, los actos de prueba, son aquellas actuaciones que realizan las partes ante el juez de conocimiento con el objeto de incorporar los actos de investigación al proceso y convertirlas en pruebas dirigidas a obtener la verdad de lo sucedido y verificar sus proposiciones de hecho. 2) El sistema acusatorio se identifica con el aforismo latino da mihi factum ego tibi jus, dame las pruebas que yo te daré el derecho, pues es claro que, mientras la preparación del proceso mediante la realización de los actos de investigación está a cargo de las partes y el Ministerio Público, el juez debe calificar jurídicamente los hechos y establecer la consecuencia jurídica de ellos. 3) En el nuevo esquema escogido por el legislador y el constituyente para la búsqueda de la verdad, los roles de las partes frente a la carga probatoria están claramente definidos: aunque si bien coinciden en que todos tienen el deber jurídico de buscar la verdad verdadera y no solo la verdad formal, pues ésta no solo es responsabilidad del juez, se distancian en cuanto resulta evidente la posición adversarial en el juicio, pues los actos de prueba de la parte acusadora y de la víctima7 están dirigidos a desvirtuar la presunción de inocencia y persuadir al juez, con grado de certeza, acerca de cada uno de los extremos de la imputación delictiva; cuando se trata del acto de prueba de la parte acusada, la finalidad es cuestionar la posibilidad de adquirir certeza sobre la responsabilidad penal del imputado. 4) El nuevo Código de Procedimiento Penal impone al juez el deber de formar su convicción exclusivamente sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral, salvo el caso de la prueba anticipada. De hecho, por regla general, durante el juicio no se podrán incorporar o invocar como
7 Después de la sentencia C-454 de 2006, por medio de la cual, esta Corporación, autorizó a los representantes de las víctimas en el proceso penal a presentar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, “en igualdad de condiciones que la defensa y la fiscalía”.
o existen dudas sobre la ocurrencia de los hechos o sobre su responsabilidad penal. JOSÉ ANTONIO. pues el sistema penal acusatorio está fundado en la concepción adversarial de la actividad probatoria y. pues mientras se obtiene la autorización podría perderse la evidencia o alterarse en su esencia o. como condición para poder proceder a ello.5
medios de prueba aquellos que no se hayan presentado en la audiencia preparatoria. que todo acto de investigación requiera la intervención previa del juez de control de garantías. mediante la formulación de la verdad real que supera la verdad probable”8. La pasividad probatoria del juez es vista. incluso. empero. como lo advertía la doctrina italiana.
CALAMANDRI y UBERTIS. Tal entendimiento es equivocado. incluso. citados por DÍAZ CABIALE. De tal forma que si la parte acusadora no logra desvirtuar la presunción de inocencia del acusado. Principios de aportación de parte y acusatorio: la imparcialidad del juez. pues él no solo está impedido para practicar pruebas sino que está obligado a decidir con base en las que las partes le presentan a su consideración. 5) Por regla general. el sistema penal acusatorio se caracteriza por la pasividad probatoria del juez. Precisamente. generarse problemas de orden público y salubridad si no se recauda inmediatamente. obtenga la respectiva autorización por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. como ocurriría de no levantarse rápidamente un cadáver de persona cuya muerte se produce en vía pública. garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción y le exige que en caso de requerir medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales. el juez simplemente debe absolverlo porque no puede solicitar pruebas diferentes a las aportadas en la audiencia preparatoria y controvertidas en el juicio. Editorial Comares. como una garantía del acusado. págs. previendo situaciones como las enunciadas. Los primeros aparecen en el capítulo II del Título I del Libro II de dicha codificación y los segundos en el capítulo subsiguiente del mismo Estatuto. algunos casos en los cuales ni siquiera se requiere orden de la fiscalía. inspección del lugar del hecho. 1996. en el que se privilegia al juez. de modo que la policía judicial está facultada para actuar por su propia iniciativa. en la concepción dialéctica de la prueba. la Ley 906 de 2004 establece cuándo los actos investigativos requieren autorización judicial previa para su realización y cuándo no. En la modificación hecha por el artículo 2º del Acto Legislativo 3 de 2002. entonces. Son ejemplos de estos últimos los regulados en los artículos 213. es decir. inspección de cadáver e inspecciones en lugares distintos al del hecho. impone a la Fiscalía General de la Nación asegurar los elementos materiales probatorios. 214 y 215. La mencionada disposición no implica. El Capítulo II en mención contempla. Granada.
. 246 y 247. según la cual “el concepto de prueba moderno se ha basado en el orden asimétrico.
247)11. El Capítulo III regula. que encabeza el Capítulo III del Título I del Libro II de la misma Ley 906 de 2004. prevé actuaciones en las cuales si bien no se requiere control judicial previo.
Para su realización no será necesaria la orden previa del fiscal cuando se trata de flagrancia (art.6
La Ley 906. requieren para su realización autorización previa del juez de control de garantías. como se sigue de lo anterior. que no todas las actuaciones que realiza la fiscalía a través de la policía judicial requieren intervención judicial previa del juez de control de garantías. 219) 9. referida al indiciado o imputado. En esos eventos no se requiere autorización judicial previa. por tanto. tales como: el registro corporal (art. algunos de esos casos. entre otros. 236) y de la búsqueda selectiva en base de datos 10 que implique el acceso a información confidencial.
. exige para su realización la autorización del fiscal respectivo. de manera especial. así lo condicionó la Corte Constitucional mediante sentencia C-336 de 2007. Tal es el caso de la exhumación (art. todas las demás actividades que adelante la policía judicial en desarrollo del plan metodológico de la investigación. esto es. 244. 217). 235). 248). no contempladas en el Capítulo I e impliquen afectación de derechos y garantías fundamentales. Es de anotar que la regla establecida en el artículo 246 se excepciona también cuando se trata de los métodos de identificación regulados en el Capítulo IV del Título que se viene mencionando. aunque en este último caso cuando no exista consentimiento del interesado12. Para los eventos expresamente señalados en precedencia el control que consagra el estatuto procesal penal de 2004 es de carácter posterior. de la interceptación de comunicaciones telefónicas y similares (art. reconocimiento por medio de fotografías o videos (art. 12 En el caso de las medidas previstas en el artículo 249 la Corte Constitucional determinó en la sentencia C-822 de 2005 que su práctica siempre requiere autorización judicial previa. 253). 229) o en las excepciones previstas en el artículo 230. Según el artículo 246. 11 Así lo dispuso la Corte Constitucional en sentencia C-822 de 2005 al declarar exequible condicionalmente el artículo 247. de la retención de correspondencia (art. el registro personal (art. 233). aun cuando sí el aval anticipado del fiscal respectivo. 10 De acuerdo a la interpretación constitucional sí requiere control previo del juez de garantías. como lo tienen establecido sus artículos 237 y 244 inciso tercero. 252) y reconocimiento en fila de personas (art. de recuperación de información dejada al navegar por internet u otros medios tecnológicos que produzcan efectos equivalentes (art. o a la obtención de datos derivados del análisis cruzado de las mismas (art. la diligencia de registro y allanamiento (art. la obtención de muestras que involucren al imputado (249) y la práctica de reconocimientos y exámenes a las víctimas (art.2). El recuento normativo efectuado en precedencia pone de presente. en el entendido que el fiscal debe solicitar la anuencia del juez para ordenar la búsqueda selectiva y cuando la diligencia termine se hace el control posterior. 250).
Procura. Obviamente. los actos de investigación se adelantan por
Cfr. Los actos de prueba. Los actos de investigación y 3. Rubinzal Culzoni Editores. las declaraciones testimoniales. • Actos decisorios. • Actos operativos. pero es importante aclarar que los actos procesales de acuerdo a la doctrina nacional e internacional están clasificados. 2. Son actos que permiten la incorporación al proceso de elementos de conocimientos tendientes al logro de la investigación integral propia del mismo. mediante la información que suministran la reproducción del suceso histórico en tren de averiguación y discusión. Corte Suprema de Justicia. Los actos de investigación: Tienen como finalidad recaudar y obtener las evidencias o los elementos materiales probatorios que serán utilizados en el juicio oral para verificar las proposiciones de las partes y el Ministerio Público y. Tales enunciaciones hacen al desenvolvimiento del proceso y serán valoradas por las partes en las oportunidades correspondientes. la reconstrucción del hecho y las respuestas informativas. como así también y especialmente por el órgano jurisdiccional al momento de dictar sentencia14. VÁSQUEZ ROSSI. hacen y refieren a los medios probatorios. • Actos impugnatorios. para justificar.7
Tal exigencia solamente está prevista para aquellas actividades no reguladas en los Capítulos II y IV del Título I del Libro II del Estatuto Procesal Penal de 2004 y supongan afectación de derechos y garantías fundamentales. denominados como tales aquellos que en cualquier forma y por cualquiera de los medios regulados por la legislación pertinente enuncian hechos relativos a la averiguación del objeto de la relación procesal. • Actos posicionales. Derecho procesal penal. El proceso penal.13 He planteado tres tipos de actos: 1. Sentencia 29992 del 14 de julio de 2008. así: • Actos constitutivos.
. las decisiones que corresponden al juez de control de garantía en las etapas preliminares del procedimiento. En otras palabras. los dictámenes periciales. con grado de probabilidad. Son actos enunciativos la denuncia. Los actos procesales. • Actos enunciativos. JORGE. • Actos ejecutorios. En general puede decirse que todas las diligencias propias de la actividad probatoria “enuncian” hechos relativos al objeto de la relación procesal o suceso investigado con miras a la debida acreditación. Tomo II. En este estudio particularmente nos interesan los ACTOS ENUNCIATIVOS.
me refiero concretamente a los actos de investigación y los actos de prueba. Editorial Labor. todo lo que está antes de la acusación tiene el sello de actos de investigación y por ende no tiene calidad de prueba. Por algún sector de la doctrina alemana. Tomo I. ya que todavía escucho y leo por parte de algunos colegas hablar de la “prueba en el sistema acusatorio” o mejor en “el proceso penal acusatorio”. Otro sector de la doctrina ha distinguido la investigación y prueba partiendo de otro punto de vista. Barcelona. considerando. Derecho procesal penal. esta última como un aspecto de aquélla. se ha distinguido la actividad procesal de la investigación de la doctrina de la prueba. por eso debemos hablar de “las pruebas en el juicio acusatorio”. En ese orden de ideas los actos de investigación y los elementos materiales probatorios se hallan en una relación de causa a efecto y sólo dan lugar a una descripción. por cuanto que la primera se extiende a los hechos y al derecho. hoy la prueba sólo opera en la etapa del juicio.
. con los actos de investigación producidos desde la indagación
FENECH. MIGUEL. la defensa. a saber: entiende por investigación la actividad desarrollada por el juzgador para formar su propio convencimiento y por prueba la actividad de los otros sujetos procesales para lograr el mismo fin15. Se hace necesario distinguir todos estos asuntos. 1960. Los actos de prueba. sobre todo. cuya necesidad no exige grave justificación. que tiene como antecedentes los actos de investigación y sus hallazgos. puesto que la utilización de los hechos por el juzgador exige que éste se convenza de su realidad y por ello es imprescindible la existencia de otros actos que tiendan a formar el convencimiento del titular del órgano jurisdiccional.8
la fiscalía. mientras que la prueba es un procedimiento sintético y prescriptivo. como los dos temas a cuyo conocimiento debe aspirar el juzgador. el Ministerio Público y la víctima con el control y vigilancia del juez de garantías. Son aquellas actuaciones que realizan las partes ante el juez de conocimiento con el objeto de incorporar los actos de investigación al proceso y convertirlas en pruebas dirigidas a obtener la verdad de lo sucedido y verificar sus proposiciones de hecho. si bien empleando para cada una de ellas métodos distintos mientras que la segunda se refiere tan solo a los hechos. En el estudio de los actos de desarrollo del proceso llegamos a los actos de prueba. de esa manera me están diciendo: prueba en la etapa de investigación y prueba en la etapa del juicio. siendo ambos objeto de su investigación. Entendemos por actos de prueba los actos procesales cuya función es formar el convencimiento del juez o Tribunal sobre la verdad de los hechos objeto del proceso.
el Fiscal General o sus delegados deberán suministrar.9
hasta el momento del escrito de acusación o la formulación de acusación se persigue la recopilación de elementos materiales probatorios. evidencia física o cualquier otro medio técnico o científico que no viole el ordenamiento jurídico. Empero. P. concentrado y con todas las garantías. la recopilación de los elementos materiales probatorios. entrevistas. evidencia física e información legalmente obtenida. P. concretamente en el artículo 207 (programa metodológico). de P.
. artículos 200 al 285) los elementos materiales probatorios y la evidencia física (art. P. y la medida de aseguramiento el requisito probatorio es igual. por conducto del juez de conocimiento. predica: En el numeral tercero. todos los elementos probatorios e informaciones de que tenga noticia incluidos los que le sean favorables al procesado”. Título I y II del C. mensajes
16 Son medios de conocimiento la prueba testimonial. esta expresión se encuentra acuñada en la obra procesal. diagnósticos. la prueba documental. residuos. vestigios. declaraciones de eventuales testigos. me refiero: a elemento material probatorio.” Y en el inciso final se dice: “En el evento de presentarse escrito de acusación. El numeral cuarto de dicho artículo se dice textualmente “Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento. la prueba pericial. interrogatorios a indiciados. en concordancia y de conformidad con las técnicas de indagación e investigación (Libro II. por ejemplo para la imputación. contradictorio. manchas. dineros. Los medios de conocimiento obtenidos en actos de indagación y de investigación técnica o científica como experticias. oral. A la luz de los artículos 382 y 379 del C. la prueba de inspección.) que recauden quienes fungen como órganos de indagación e investigación son medios de conocimiento16 y tienen vocación probatoria siempre que su aducción al proceso penal se haga respetando los principios rectores y las garantías procesales y constitucionales. evidencias físicas e información legalmente obtenida se hace por medio de los actos de investigación. La diferenciación conceptual y sustancial de lo indicado ut supra se remonta al Acto Legislativo 03 de 2002: El artículo 250. con inmediación de las pruebas. evidencias físicas que son los medios de conocimiento suficientes y necesarios como fundamentos probatorios para arrimar a las audiencias preliminares en el interregno de la investigación pues en cada una de las fases de la actuación procesal penal las exigencias son exactas. actas de reconocimiento fotográfico. huellas. reconocimientos. “La Fiscalía General de la Nación deberá asegurar los elementos materiales probatorios garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción”. informes de investigación de campo. con el fin de dar inicio a un juicio público. 275 ib. los elementos materiales probatorios.. armas.
los elementos materiales probatorios y la evidencia física. la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse.10
de datos. reconocimientos. • Los medios de prueba. tanto los medios de conocimiento que aporte (documentos.de los sujetos procesales. directa o indirectamente.) y apreciable (artículo 380 ib.) sencillamente porque entran al juicio oral por el umbral de la legalidad cuando el juez del conocimiento así lo declara17. Además de ello. y no han sido sometidos a contradicción ni se recopilan bajo el principio de inmediación. • A solicitud de las partes. La validez de la prueba así obtenida está supeditada a que se reciba y recaude en el marco de la legalidad (artículos 276 al 281). en tales condiciones. se apreciarán en conjunto. si el órgano de indagación e investigación comparece a la audiencia de juicio oral como “testigo de acreditación”. pero no. mecanografiados. actas. sentencia del 21 de febrero de 2007. También es pertinente cuando sólo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados. radicación 25920. La distinción entre actos de investigación y actos de prueba. su testimonio es prueba del proceso. o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito.
. son pruebas del proceso y por ende apreciables de conformidad con los criterios establecidos en la ley para cada prueba legalmente establecida. las reglas de la
Cfr. la fortalece las siguientes orientaciones: • Los actos de investigación nos arrojan elementos materiales probatorios. evidencias físicas e información legalmente obtenidas. grabaciones fonotípicas. estos no son pruebas. de acuerdo a las reglas de la sana crítica que están conformadas por las reglas de la lógica. etc. los elementos materiales probatorios y evidencias físicas podrán ser exhibidos durante la audiencia con el único fin de ser conocidos y estudiados. porque de principio “toda prueba pertinente es admisible…” (artículo 376 ib. así como a la identidad o a la responsabilidad penal del acusado. videos etc.). (art. videos. • El elemento material probatorio. textos manuscritos. entrevistas. 275 literal h) son evidencias probatorias del proceso cuando son presentadas ante el juez en la audiencia del juicio oral por el sujeto procesal a través del testigo de acreditación (fuente indirecta del conocimiento de los hechos) que es el responsable de la recolección. certifica idoneidad en la materia de la experticia técnica o certifica y se somete a la contradicción -interrogatorio y contrainterrogatorio. aseguramiento y custodia de la evidencia. a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias. según los criterios establecidos en el respectivo capítulo.
quien se erige en el destinatario de la prueba que se aprecia en el proceso. • La obra procesal enrola estos conceptos18 en la fórmula “medios de conocimiento” • Distingue la legislación procesal penal los siguientes medios de conocimiento: • La prueba testimonial. Ésta es siempre anterior a la primera y no forma parte de su contenido. previa su valoración o análisis crítico. La mínima actividad probatoria en el proceso penal. y para ello se sirve de la prueba como instrumento procesal de control de dichas afirmaciones. • La prueba pericial. Bosch Editor. J. comparándolas con las afirmaciones instrumentales obtenidas de los medios probatorios.11
experiencia y las reglas de la técnica. en una comparación entre unas afirmaciones sobre hechos y la realidad de los mismos. Comprobación que corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional. • Tanto los elementos materiales probatorios. como la finalidad de la prueba procesal. La actividad de investigación tiene como finalidad posibilitar que las partes realicen afirmaciones en torno a los hechos investigados. • Cualquier otro medio técnico que no viole el ordenamiento jurídico.
. • La prueba de inspección. La convicción judicial se configura. de verificación de las afirmaciones realizadas por las partes. La distinción entre actos de investigación prejudiciales (de la policía judicial y del Ministerio Fiscal) y actos de prueba no presenta. eso también aplica para los actos de investigación. por tanto. MIRANDA ESTRAMPES19 a modo de resumen sobre el tema reflexiona: La actividad probatoria es distinta de la actividad de investigación o indagación de los hechos. Mediante la prueba lo que se pretende es que el juzgador se convenza de la exactitud positiva o negativa de las afirmaciones fácticas formuladas por las partes. como las pruebas se apreciarán en conjunto (valoración). es decir. La prueba se traduce. • Los elementos materiales probatorios. El juez en el proceso se halla frente a unas afirmaciones que realizan las partes procesales cuya exactitud le corresponde comprobar o verificar. • Evidencia física. La prueba procesal es una actividad de comprobación. • La prueba documental. evidencias físicas (recopilados por medio de los actos de investigación).M. por consiguiente. a criterio del
Actos de investigación y pruebas en el artículo 382 de la Ley 906 de 2004.
2. Tomo III. con las excepciones de los supuestos de prueba anticipada y su finalidad es lograr la convicción judicial sobre la exactitud de las afirmaciones de hechos formuladas y servir de fundamento a la sentencia.
. por su parte los actos de investigación se realizan con anterioridad a la formulación de tales afirmaciones y su finalidad es aportar aquellos elementos necesarios para posibilitar la realización de las mismas. 22 ORTELLS RAMOS. Diferencia estructural: Los actos de prueba presuponen la realización de las afirmaciones de hechos que constituyen su objeto. 3.
La mínima actividad probatoria en el proceso penal. 23 Derecho Jurisdiccional. Como advierte GIMENO SENDRA. J. no en meras sospechas o conjeturas. Investigación. una especial dificultad. la misma finalidad que se asigna a ésta: La preparación del juicio oral. No podemos hablar de actos de prueba antes de que se hayan formulado las afirmaciones fácticas que van a constituir su objeto. Bastaría recordar que el destinatario de la prueba procesal es el juez para comprobar que en tales actos de investigación no interviene ni están destinados a ningún órgano jurisdiccional. Derecho jurisdiccional. VARELA. ya que ambos no están destinados y dirigidos por órganos jurisdiccionales. basado en datos fácticos o indicios. Basta en este momento un juicio de mera probabilidad o verosimilitud objetiva. como su finalidad es también distinta. en los actos de prueba la obtención del convencimiento del juzgador. consistente en la contradicción y otro subjetivo. Durante la instrucción criminal se adoptan una serie de resoluciones judicialesprocesamiento medidas cautelares. Los actos de investigación se enmarcan en el seno de la instrucción preliminar y cumplen por tanto. pues. en su caso. por cuanto la prueba ha de estar intervenida por un órgano judicial22. afirmaciones que las partes realizan en sus escritos de conclusiones provisionales. Con lo cual no cabe confundirlos con los actos de prueba21. la apertura de juicio oral.12
profesor MIRANDA ESTRAMPES20. uno objetivo. Tomo III. Vemos. los actos de prueba requieren el cumplimiento al menos de dos requisitos. MANUEL. así como. Por el contrario los actos de prueba se realizan en el acto de juicio oral. CASTRO LUCINO. Siguiendo al profesor MANUEL ORTELLS RAMOS23 podemos señalar las siguientes diferencias fundamentales: 1. En los actos de investigación la preparación del juicio oral. M Bosch Editor. que tienen su fundamento en el resultado de la investigación practicada y que no exigen que el juez tenga el pleno convencimiento sobre responsabilidad penal de la persona a quien se refieren tales resoluciones. Este último requisito no se cumple en todos los supuestos de actos de investigación judicial y los actos de prueba.
peticiones. dirigida a obtener la convicción del juez o Tribunal sobre la preexistencia de los hechos afirmados
En el caso de Colombia la tradición jurídica ha estado perfilada a que la etapa de indagación. Las proferidas respecto a las medidas cautelares o la de apertura del juicio oral (auto de enjuiciamiento) no precisan que la autoridad judicial penal tenga convicción de la responsabilidad del procesado. los cuales adquieren mayor intensidad. Derecho jurisdiccional. 1994. d) En los actos de prueba deben respetarse escrupulosamente los principios de inmediación y contradicción. Bosch.13
4. La eficacia de los actos de prueba es la de servir de fundamento a la sentencia. Por último. las diferencias se observan. b) La eficacia de los actos de investigación permiten proveer el fundamento necesario para dictar resoluciones sobre medidas cautelares. la existencia de estos principios disminuye. mientras que un juicio de mera probabilidad debe conducir a una absolución. cit. Los actos de prueba determinan la sentencia. y sólo la plena convicción sobre la responsabilidad penal permite una resolución condenatoria. el sindicado tiene todo el derecho de conocer el expediente y obtener copias de éste para ejercer su derecho constitucional de la defensa en los términos del artículo 29 de la Carta que debe ser acompasado con el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en concordancia con el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. III. los actos de prueba deben realizarse siempre bajo la vigencia del principio de contradicción El profesor ORTELLS RAMOS nos detalla y esquematiza las diferencias entre actos de investigación y actos de prueba25: a) El acto de investigación forma parte de la investigación judicial y sirve a sus funciones. condicionó una serie de normas a que antes de la versión libre para el caso de investigaciones preliminares o indagatoria cuando se trata de sumario. mientras el acto de prueba se integra en el juicio oral y sirve al fin de éste. T. En los actos de investigación. ya que es posible que el sumario se declare secreto24. empero bajo la vigencia de la Ley 600 nuestro máximo Tribunal constitucional ha decantado que a pesar de ese secreto en cuanto al derecho de la contradicción éste cede a favor de los derechos fundamentales del sindicado. El principio de contradicción no es absoluto en los actos de investigación. MANUEL con MONTERO AROCA. también en las diferentes garantías que presiden la realización de ambas clases de actos. imputado o indiciado y mediante sentencias C-033 y C-096 de 2003. archivo o apertura del juicio oral. VICENTE GIMENO SENDRA reflexiona que los actos de prueba deben referirse a la actividad de los sujetos procesales. 25 ORTELLS RAMOS. Por el contrario. pág. 151. c) Otra diferencia se centra en la calidad de las resoluciones judiciales que se fundan en los actos de investigación y en los actos de prueba.
. sino es suficiente un juicio de mera probabilidad al respecto. incidentes. previa o preliminar es secreta.
págs. 3ª ed. • En razón de la intervención de las partes. 443. y la culpabilidad de los delincuentes. Actos de investigación y actos de prueba. por tanto. como función esencial la de servir de base para la adopción de la decisión de
26 GIMENO SENDRA.. T. En los actos de prueba todas las partes tienen igual grado de participación. Caracas 2003.” Los actos de investigación celebrados en la fase de instrucción tienen. Tirant Lo Blanch. luego tienen por finalidad la preparación del juicio oral y público. Sextas jornadas de derecho procesal penal. Se nos dice en este precepto que el sumario está constituido “por todas las actuaciones encaminadas a. 2008. Los actos de investigación tienen lugar en la fase preparatoria. Los actos de prueba tienen por objeto esas afirmaciones fácticas. pág. tienen lugar durante el curso del juicio. no hay forma mejor para definir los actos de investigación que atendiendo al concepto que el art. La profesora MAGALY VÁSQUEZ GONZÁLEZ27 sobre el tema expone: • En atención a la oportunidad. La doctrina española puntualiza28. Los actos de investigación se formulan con anterioridad a las afirmaciones de hecho que van a construir el objeto del juicio.. Los actos de investigación sólo sirven para fundar el acto conclusivo propuesto por el fiscal del Ministerio Público. En los actos de investigación el papel predominante lo tiene el acusador (Ministerio Fiscal) quien puede hacerlo directamente o a través de órganos auxiliares (policía). salvo el caso excepcional de la prueba anticipada y tienen por finalidad el establecimiento de la comisión del delito y de la responsabilidad de sus autores o partícipes. II. 1990. Los actos de prueba pueden desvirtuar o no la presunción de inocencia que obra a favor del imputado.. Valencia. • Según la finalidad. intervenida por el órgano jurisdiccional bajo la vigencia del principio de contradicción y de las garantías constitucionales tendentes a asegurar su espontaneidad. VICENTE y otros. Editorial Tirant Lo Blanch. 27 Temas actuales de derecho procesal penal. ofrece de sumario. 299 LECrim. Derecho procesal penal. • Según sus efectos. cuarta edición.. Los actos de prueba exigen la garantía del contradictorio. pues. • Desde el punto de vista de las garantías: Los actos de investigación pueden no estar sometidos a control de la contraparte. Derecho procesal. Valencia. El proceso penal. JOSÉ M..14
por las partes. 28 ASENCIO MELLADO. averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación. Universidad Católica Andrés Bello. e introducida en el juicio oral a través de medios lícitos de prueba26. 359-377.
. Los actos de prueba tienen lugar en la etapa del juicio.
Como ya se ha comentado. fácilmente se comprende que sólo desde un planteamiento absolutamente teórico esta radical división tiene eficacia. posteriormente. Desde este punto de vista. De la misma manera. en el juicio oral. al abordar el análisis de la prueba se realizarán las consideraciones necesarias acerca de su función probatoria29.
. con los riesgos que siempre comporta que sean los tribunales los que establezcan una legislación paralela.15
formular acusación y abrir el juicio oral o. los actos de investigación deberían agotar su vigencia una vez conclusa la fase de instrucción y. practicar los medios de prueba sobre los que pronunciar una sentencia condenatoria o absolutoria. porque ellos no dictan disposiciones generales. determinadas declaraciones son irrepetibles desde su momento inicial. en las lecciones que siguen se va a estudiar los diferentes actos de investigación conforme a lo dispuesto en la Ley y. Algunas consideraciones que tiendan a la diferenciación entre actos de investigación que limitan su función a la que le es esencial y aquellos que alcanzan valor probatorio pueden realizarse. por el contrario. pero siempre teniendo en cuenta que son muy relativas y de aplicación muy matizable. situaciones ambas que obligan a otorgar a la instrucción un determinado valor probatorio. archivar el procedimiento previo acuerdo del oportuno sobreseimiento. policiales. primera edición.
Para este caso he publicado un trabajo titulado Las pruebas en el juicio penal. de su autor y de la irrepetibilidad de cada uno de ellos. En definitiva. sino que se pronuncian sobre casos concretos de los que es difícil extraer principios de aplicación absoluta. dependiendo de la naturaleza de cada acto. Son los casos llamados de prueba preconstituida. antes del juicio. como el caso de riesgo de fallecimiento y otras devienen irrepetibles posteriormente. pues. Pero. De ahí la importancia de extremar las garantías en su práctica y de ahí la necesidad imperiosa de una reforma al sistema procesal (España) que no atiende debidamente a esta realidad. Editorial Leyer. 2009. fiscales o judiciales. no es posible acercarse al estudio de la instrucción con posicionamientos meramente teóricos que califiquen sus actos como estrictamente de investigación. desconociendo su valor probatorio en los casos indicados. tienen el carácter de irrepetibles. por lo cual han de extender sus efectos hasta el juicio oral y gozar de valor probatorio. muchos actos de investigación. reconocida en el derecho comparado y sólo prevista jurisprudencialmente. No obstante lo dicho.
. pues su finalidad es la de aportar a estos el convencimiento acerca de las pretensiones suscitadas. en los supuestos de prueba pericial mediante la presentación del informe de los peritos en el juicio (no siempre como se verá) etc. Conformarse con actos formales sin profundizar en el reconocimiento efectivo de la defensa. no es garantía suficiente. cuanto por el Ministerio Fiscal en el ámbito de sus competencias… o por la Policía Judicial. como se ha dicho. pues se trata de un juez de control de garantías que ejerce su función de garante particularmente en las fases de indagación e investigación. Pero. por lo que se impone una atención especial a la intervención de los imputados en la fase de instrucción al momento de la ejecución de estos actos de investigación que devienen pruebas preconstituidas. 2008. no es reconocimiento pleno de la defensa. JOSÉ M. Impugnar un acta de interrogatorio de un testigo fallecido en cuya declaración no se estuvo presente. evidencias físicas”. Tal ratificación o reproducción se establece en la ley mediante mecanismos diversos. Pero. la Corte dice literalmente “pruebas”. siendo el acto de investigación el que alcanzará valor probatorio. los actos de prueba siempre se practican ante el juez o Tribunal que ha de dictar sentencia.16
Son las siguientes30: 1) En atención al órgano que las realiza Los actos de investigación pueden ser ordenados y realizados tanto por el juez de instrucción31. evidencias físicas. se trata de actuaciones que en modo alguno garantizan plenamente la contradicción. no pasará de ser meramente formal. en las diligencias policiales a través de la declaración de los policías actuantes en la vista. aunque sea positivo. entiéndase que son “elementos materiales probatorios. Tirant Lo Blanch. Por el contrario. aunque se haga con alusiones presumiblemente garantistas al valor pleno del juicio oral. por mucho que se quiera revestir de argumentos. Derecho procesal penal.
30 ASENCIO MELLADO. Esa ratificación o reproducción. Valencia. cuarta edición. con la excepciones de las peticiones de libertad ocurridas antes del anuncio del fallo por el juez de conocimiento y por eso estimo que el término correcto no es “pruebas” sino elementos materiales probatorios y/o evidencias físicas. es insatisfactorio. aunque se lea en el juicio.. fácilmente se entiende que ello no es así en los casos de prueba preconstituida y anticipada. .
. 31 En el caso de Colombia la Corte Constitucional en sentencia C-336 de 2007 avaló la postura que los jueces con funciones de control de garantías pueden ordenar la recopilación de elementos probatorios. Interrogar a un perito acerca de un informe en el cual no se pudo intervenir previamente. En los casos de declaraciones testificales irrepetibles a través de la lectura de las actas en el juicio. en los que el acto de investigación irrepetible se habrá ejecutado ante los diversos órganos encargados de su práctica y que en el juicio oral sólo podrán ser ratificados o reproducidos.
que el imputado participe activamente en su origen y pueda integrarlos e impugnarlos a su debido tiempo. la práctica de la prueba exige la presencia del órgano que ha de dictar la sentencia y de las partes. si se cumplen dos condiciones: la primera. Ello no significa que el juicio oral quede vacío de contenido. pues. por tanto. La solución óptima es garantizar la contradicción previamente. la segunda. Ese valor probatorio se alcanza. 4) Por el juicio de valor que unos y otros incorporan Los actos de investigación se llevan a cabo en una fase cuya finalidad no es la declaración de culpabilidad32. que se haya practicado en su momento conforme a sus requisitos legales. Cuando se trata de actos de investigación que se llevan al juicio oral. contradicción y publicidad.17
Tal vez. sobre todo. 3) Por el órgano judicial que interviene Aún en los supuestos en que los actos de investigación son llevados a cabo por la autoridad judicial. ya que. cada acto tiene una forma de ratificación o reproducción diferente. en la actualidad. que sea irrepetible y no pueda ser ejecutado en el juicio oral. que se reproduzca o ratifique en el juicio. la discusión se centra más en la forma de su realización. 2) Atendiendo a su forma de práctica En todo caso. y. estos lo son por el juez de instrucción. porque así parecen imponerlo los avances técnicos del momento presente y la especialidad de cierto tipo de delincuencia. que se practican siempre en la fase de investigación y cuyo valor probatorio innegable no puede ser otorgado por una simple y formal ratificación o reproducción mediante lectura de actas. la tercera. mientras que la prueba es siempre practicada en presencia y con intervención del juez o Tribunal competente para el enjuiciamiento y fallo. pues los mismos deberían reproducirse a través de los medios técnicos existentes y. ser debatidos en cuanto al fondo. con lo que se garantizan plenamente los principios de inmediación. en la afectación al derecho de defensa o en la infracción de las exigencias legales. pues de lo contrario entonces se estaría privando de la libertad a una persona por crasa y pura responsabilidad objetiva aun cuando el punto es objeto de debate en la etapa de investigación. como es sabido. pero es que no se puede mandar a la cárcel a una persona que no está demostrado que su actuar es doloso o culposo y entre tanto se llega al juicio no se le puede encarcelar bajo el
. los avances sociales exigen una consideración adecuada a la realidad. pues el derecho debe dar respuestas coherentes con el entorno en el que debe operar. asumir la realidad de actos irrepetibles fundamentalmente materiales. sino únicamente la de formular en su caso y
Aun cuando ello no es absoluto pues cuando el Ministerio Fiscal o Fiscalía General solicitan el encarcelamiento de una persona natural como debe hacerse un juicio de tipicidad para establecer cuál conducta punible es la que motiva esa petición limitativa del derecho fundamental de la libertad es importante que se despeje la existencia del dolo o la culpa. sea necesario. En definitiva.
no es posible dictar medida de aseguramiento y menos privativa de la libertad. Por el contrario. Para ello son suficientes las sospechas o la probabilidad de la comisión de un delito (indicios racionales de criminalidad o motivos suficientes para acusar)33. que los actos de investigación. necesidad. por lo que la duda ha de suponer su absolución. las decisiones que corresponden al juez de control de garantía en las etapas preliminares del
condicionamiento que en el juicio se prueben esos factores. sobre cuya base articular un juicio oral pleno y contradictorio. obviamente. para justificar. Y este comentario no viene al caso por el hecho de culpabilidad. ese criterio atenta contra la dignidad humana. ni están dirigidos a alcanzar la certeza de la culpabilidad. los principios pro libertate y pro hominis. sino estos elementos. Es por ello por lo que su valoración es radicalmente distinta. razonabilidad e idoneidad. Eso no quiere decir. de igual manera toda interpretación que se haga en torno al tema de la libertad implica que sea restrictiva y sometida a los postulados de proporcionalidad.
II. pues si no se reúnen las calidades del artículo 9 del Código Penal. en el bien entendido que sólo deberán limitarse a los hechos que efectivamente hayan sido objeto de acusación.18
si es procedente una acusación. aunque practicados con anterioridad a la deducción de la pretensión penal no alcancen valor probatorio en los casos permitidos por la ley. decir lo contrario es un sofisma. más allá de su valor teórico y conceptual. y si un juez de garantías dicta medida de aseguramiento por una conducta punible se parte del juicio real que ésta es típica. Los actos de investigación. aun más si hay duda existente frente al tema de la existencia de dolo o culpa lo ideal es continuar con la investigación antes de imputar y por supuesto solicitar medidas cautelares personales y con eso se aplica el principio universal in dubio pro reo que lo trae aparejado el artículo 7 de la Ley 906 de 2004 y tiene calidad de norma rectora. la prueba está dirigida a que el juez o Tribunal alcance la plena certeza acerca de la autoría del imputado en los hechos de que ha sido objeto de acusación. antijurídica y culpable. ni han de proporcionar. las diferencias que se han esbozado en estas páginas. Como antes se ha dicho. REFLEXIONES DEL AUTOR
Los actos de investigación tienen como finalidad recaudar y obtener las evidencias o los elementos materiales probatorios que serán utilizados en el juicio oral para verificar las proposiciones de las partes y el Ministerio Público y. no es absoluta. sino porque el derecho penal colombiano está adscrito en materia de tipicidad a la línea del finalismo y como tal en esta sede dogmática es necesario hacer un análisis del tipo objetivo y el tipo subjetivo y en este último reside el dolo y la culpa. con grado de probabilidad. de naturaleza indiciaria. que es preeminente porque la entrada de los actos de investigación en el juicio oral es siempre limitada conforme a la ley. sobre este punto ver el estudio de esta institución si así se le puede llamar que a mi modesto juicio es un elemento estructural del indicio y no un concepto autónomo.
. pues. 33 En Colombia se trabaja en la Ley 906 de 2004 con el criterio de inferencia razonable.
Todos los actos de investigación apuntan a la preparación del juicio. y la víctima con el control y vigilancia del juez de control de garantías. son aquellas actuaciones que realizan las partes ante el juez de conocimiento con el objeto de incorporar los actos de investigación al proceso y convertirlas en pruebas dirigidas a obtener la verdad de lo sucedido y verificar sus proposiciones de hecho. es decir. evidencias físicas e información legalmente obtenida que se recolecten por medio de los actos de investigación no tienen calidad de prueba. sólo tienen una vocación de prueba. y además por la
. límite extrínseco que derivaría de la propia Constitución. no son prueba. se plantea la restricción de determinados derechos fundamentales que sufre el imputado (derecho a la libertad en el caso de detención o prisión provisional. derecho a la intimidad en el supuesto de intervenciones telefónicas. que en sí advierte la necesidad de hablar de un debido proceso probatorio con respecto a los actos de investigación y algo trascendente deben ser sometidos al juicio racional de la sana crítica. la acusación. en la esfera procesal los límites que se imponen a los derechos fundamentales y las libertades públicas vienen determinados precisamente por la propia convivencia social y por propios derechos de que son titulares el resto de los sujetos sociales. (salvo los que se producen en la labor de actos urgentes) pero adelantados en su proceso de recepción y recopilación por parte de los organismos con función de policía judicial.19
procedimiento. Los actos de prueba. Los actos de investigación son ordenados por el fiscal director de la investigación. En otras palabras. pero deben estar acompasados con un debido proceso probatorio para que sean legales o lícitos. por ende los elementos probatorios. la preclusión y las medidas cautelares reales y personales. pueden ser excluidos cuando se vulnera a través de ellos el debido proceso probatorio y el debido proceso penal. la defensa. derecho a la inviolabilidad del domicilio si hablamos de la entrada y registro…) y todo ello en virtud de la consecución de los fines del proceso. las evidencias físicas y la información legalmente obtenida a través de los actos de investigación sirven para fundamentar la imputación. Los elementos probatorios. sin embargo como buscan con ellos limitar derechos fundamentales como la libertad y la intimidad entre otros deben ser sometidos a valoración y análisis ponderado de legalidad. pero no son medios de prueba. quienes presentan los informes de campo y laboratorio. los actos de investigación se adelantan por la fiscalía. Los actos de investigación que son el vehículo para recoger los medios de conocimiento. sin olvidarnos que los actos de investigación también son objeto de control de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29 de la Carta “es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso.” En el ámbito del proceso penal.
Ello no obsta y como más adelante se verá. pues la generalidad de la declaración constitucional en este sentido es insuficiente para la adopción de medidas concretas…. sin tomar su causa en una previa autorización judicial34 o legislativa35.
. evidencias físicas y sobre estos hay un control formal y material sea anterior o posterior de parte del juez de garantías. sino también la intimidad.la inviolabilidad del domicilio. el interrogante a resolver en los supuestos de que el imputado puede aparecer como objeto -en sentido amplio. como es sabido. ISABEL.2 de la Constitución española contiene en su propia dicción la posibilidad de restricción del derecho fundamental que el mismo consagra.M Bosch. sujetos todos a los principios de proporcionalidad. pág. puesto que es.20
relevancia social -constitucionalmente reconocidaque posee teleológicamente dicha restricción. 295 y 296 de la obra procesal vigente (Ley 906 de 2004) y en cuanto a la propiedad con los artículos 92 en adelante. más importante para lo que aquí nos interesa. al establecer que podrá procederse a una entrada o registro en un domicilio con el consentimiento del titular o.de la prueba. 35 Obviamente (la doctrina española) esta autorización legislativa habrá de respetar los principios constitucionales. Barcelona. Se ha pasado del principio de legalidad al principio de proporcionalidad” en el caso de Colombia existe abundante normatividad para el tema de los actos de investigación que restringen derechos fundamentales y obviamente el contenido del artículo 295 debe ser aplicado a todos los temas que trabajan alrededor de la protección de los derechos fundamentales al interior del proceso penal y no solo en el punto de la libertad. la intimidad y la propiedad. por ejemplo el artículo 18. La fiscalía. 1990. la víctima desarrollan actos de investigación para recopilar elementos materiales. pero sometidos estos al principio de la reserva judicial que se conjuga en los artículos 28 y 32 de la Carta. concretamente el artículo 250 de la Carta modificado admite la restricción de algunos derechos fundamentales como la libertad. 337 “La vieja idea decimónica de protección de la libertad por la ley tiende a ser sustituida por la de necesidad de protección de las libertades frente a la ley. la propiedad y otros. con la autorización proveniente de una resolución judicial. razonabilidad e idoneidad para que la persona humana no sea un objeto de derecho. Editorial J. Madrid. 36 HUERTAS MARTÍN. la restricción de los derechos fundamentales ha de concretarse en una ley orgánica. como apunta ERNESTO PEDRAZ PENALVA. jurisdicción y proceso. Principio de proporcionalidad y principio de oportunidad en Constitución. El sujeto pasivo del proceso penal como objeto de la prueba. Akal Madrid. A partir de lo dicho. la defensa. porque. y no es ocioso recordarlo. M. necesidad. de igual manera el artículo 15 acompasados estos con los artículos 2. de restringir estos derechos a través de la imposición a aquél de la necesidad de realización de una determinada conducta de la cual puedan extraerse resultados probatorios36. en el caso de Colombia el Acto Legislativo 03 de 2002. 1999. pero como ese control busca la protección de derechos fundamentales el juez de garantías tiene entre otras facultades decretar
34 Los españoles se referencian a una posible autorización que tenga su base en el mismo texto fundamental. y una vez sentada la posibilidad de restricción de los derechos fundamentales. es si la autoridad judicial tiene la facultad.
A esa conclusión se llega después de adelantar el análisis sistemático y teleológico de la norma acusada”38. en tanto que los jueces de control de garantías sí pueden decretar y practicar pruebas de oficio en casos en los que sea indispensable para garantizar la eficacia de los derechos que son objeto de control judicial. empero cuando miramos los argumentos constitucionales dispuestos en la sentencia C-713 de 2008 se hizo la siguiente claridad: “Para el Consejo Superior de la Judicatura. resultando entonces necesario que ponga en acto cuanto esté a su alcance para asegurar que los procesos lleguen a su fin con la mayor celeridad posible. cualquiera que sea. entonces inicialmente podría pensarse que esto modifica el artículo 361 de la Ley 906. en el artículo 14 parágrafo: “Parágrafo. por cuanto tiene una vocación de dirección de determinadas diligencias y audiencias. la prohibición contenida en el artículo 361 del Código de Procedimiento Penal no es absoluta. también se entiende como impulso oficioso la alternativa jurisdiccional de ordenar la práctica de pruebas. en este punto no puede olvidarse que tanto en procesos que cursan bajo el sistema penal acusatorio como en los del sistema penal de adolescentes.21
“pruebas de oficio”37 para proteger esos derechos esa es la visión de nuestro máximo Tribunal constitucional. al tiempo que puede ejercer los poderes disciplinarios y aplicar las medidas correccionales que le atribuye la ley con el fin de asegurar la eficiencia y la transparencia de la administración de justicia. pero no para el impulso procesal. mediante el rechazo de plano de los mismos. esta ley habla del impulso oficioso que sin duda no es solamente decidir las peticiones que las partes hagan al juez. y lo adelantará hasta la sentencia si es el caso”. Sin embargo. En ese orden de ideas.
. 38 Cfr. Así. ley estatuaria de la justicia que modifica la ley original 270. Sentencia C-396 de 2007. veamos: “A juicio de esta Sala. impertinentes o superfluos. obviamente sin desnaturalizar las características propias de tal tipo de procesos”. Por lo anterior entonces sigue teniendo vigencia lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-396 de 2007 en donde diferenció que la
37 Esa expresión por supuesto causa extrañeza que se haga en cuanto al juez de garantías. la facultad del juez para culminar con eficiencia un proceso no ha desaparecido aún bajo el sistema adversarial. mi lectura se encausa a que “puede decretar la práctica de actos oficiosos para recopilar elementos probatorios”. El juez tendrá poderes procesales para el impulso oficioso de los procesos. empero la Corte Constitucional se refiere a “pruebas de oficio”. En la Ley 1285 de 2009. cabe recordar que aún en este tipo de procesos el juez tiene el deber de evitar las maniobras dilatorias y todos los actos que sean manifiestamente inconducentes. la potestad oficiosa del juez se ha restringido sólo para efectos probatorios.
que en su gran mayoría son producto de la presión y el señalamiento indiscriminado de alguien buscando beneficios de rebaja de pena. No se puede permitir que el proceso penal sea un escenario de tiranía donde el ser humano se convierta en objeto del derecho y se le desconozca su
39 Ver los artículos 2. 40 Ejemplo clásico en Colombia las famosas capturas masivas.
. necesidad. pero que al fin de la evaluación probatoria no se tenía sustento y como tal devenía la libertad lo que posteriormente ocasiona una demanda contra el Estado que se debe pagar con los impuestos de todos los colombianos y sólo resta una acción de repetición contra los servidores públicos que intervienen en estos actos irregulares.22
prohibición del artículo 361 de la Ley 906 de 2004 es únicamente para los jueces de conocimiento mas no para los jueces de garantía. necesidad. la libertad. prolibertatis y favorabilidad tienen que ser blindados para disciplinar y controlar la dinámica del Ministerio fiscal (Fiscalía General) en el momento de emitir las órdenes para ejecutar los actos de investigación. Los actos de prueba están sometidos a los principios de publicidad. por eso debe estar sometido a una serie de postulados o principios que sirvan como dique a la arbitrariedad de la actividad del Estado por medio de la acción penal. ya que el debate de la responsabilidad penal debe estar cimentado sobre el principio de la necesidad de la prueba de las partes (fiscalía vs. sin duda es el mecanismo de Estado que se utiliza con mayor eficacia y por qué no decirlo en ciertas ocasiones con arbitrariedad para limitar o restringir derechos fundamentales40. empero los otros derechos fundamentales que se restringen producto de la actividad judicial penal también por aplicación de los postulados pro homine. idoneidad y razonabilidad. la intimidad. (Ver comentario sobre el punto ut supra). defensa) La actividad investigativa del Estado en materia penal con el nuevo sistema penal acusatorio se desarrolla a través de los actos de investigación y eso sin duda apunta a la restricción o limitación de derechos fundamentales en su orden. El proceso penal como una forma de control social. idoneidad y razonabilidad. los órganos con función de policía judicial se convierten en un desafío a la presunción de inocencia y a la dignidad humana y esos actos de investigación son válidos siempre y cuando estén sometidos al tamiz de los principios del derecho internacional de los derechos humanos reconocidos en nuestra legislación39 como: proporcionalidad. la propiedad y por supuesto que cada uno de los actos de investigación que un fiscal ordena en su condición de director de la investigación y la ejecución que realiza de estos. contradicción e inmediación y sólo los que se produzcan en estas condiciones se les considera prueba. y mucho menos que esa actividad de investigación a través de los actos pertinentes sea una fuente ilimitada en la medida que todos los actos de investigación no solo deben ser sometidos a control anterior o posterior sino que su ordenación y ejecución deben consultar los principios de proporcionalidad. 295 y 296 que se deben trabajar para este tema por analogía in bonam parte en la medida que hacen alusión al punto de la libertad personal.
entonces esa necesidad de controlar los actos de investigación que apunta por ejemplo a limitar la libertad personal. razonabilidad. la intimidad y la propiedad necesariamente se deben someter al escrutinio de un juez con función de control de garantías como sucede en Colombia. siendo entonces bienvenidos los controles anteriores y posteriores para que cuando el ente acusador haya decidido ordenar una de estas situaciones se ejerza rigurosamente el control de garantías ceñido a los valores de excepcionalidad. Cfr. más aun cuando en cabeza de la Fiscalía General permanecen aún las funciones de: Ordenar capturas excepcionales. pero en esa actividad pública se ponen en entredicho derechos fundamentales como la libertad. El contexto penal en general como expresión del Estado a través del cual ejerce la acción penal confronta los derechos individuales ante el interés del Estado para investigar aquellas conductas que tienen la calidad de punibles. sentencia C-822 de 2005. en particular la libertad y la intimidad en virtud o como respaldo para lograr una verdad. La intromisión del Estado frente a los derechos fundamentales no puede ser arbitraria pues aniquila al ser humano y lo convierte en un objeto del derecho. el buen nombre etc. proporcionalidad. pues son ellos los pilares que sirven para limitar la función estatal a nivel del ejercicio de la acción penal y que el respeto por los derechos fundamentales no sea un sofisma. se tiene entonces que la actividad investigativa no es una patente para restringir o limitar los derechos fundamentales sin que se tenga mecanismos de control frente a las pretensiones de limitar estos. se desdibuja la dignidad humana. frente a esta posibilidad que sean restringidos por medio de los actos de investigación. eso hace que deban aplicarse los principios constitucionales de necesidad. reformado por el Acto Legislativo 03 de 2002.23
condición de sujeto de derecho. actividad desarrollada por un juez penal municipal a quien se le asigna por vía constitucional la función constitucional de controlar las garantías de los intervinientes en el proceso penal. el derecho a permanecer en familia. interceptación de comunicaciones. es doctrina pasiva de la Corte Constitucional42 sobre el punto lo siguiente:
Artículo 250 de la Carta Política de 1991. idoneidad y necesidad. de ahí que ni siquiera frente al poder configurativo del legislador se justifica restringir derechos fundamentales de manera desbordada e injustificada. la propiedad. idoneidad y proporcionalidad.
. el honor. la intimidad. registro.41 eso muestra una fiscalía todavía con poderes judiciales. por eso corresponde orientar el tema sobre una serie de postulados o principios que sirve de disciplina contra el autoritarismo en la cual puedan incurrir los funcionarios o servidores públicos que desarrollan la función judicial penal. allanamiento e incautaciones.
favorezcan el desestímulo de la criminalidad y la reinserción de sus artífices a la vida en sociedad. por estar de por medio derechos fundamentales muy caros para la persona humana. la cual no le permite actuar arbitrariamente. realizar diferenciaciones dentro de cada uno de estos grupos. Fabio Morón Díaz). Sobre este punto ha dicho nuestro máximo Tribunal constitucional: “En principio. En los términos utilizados recientemente por la Corte en la Sentencia C-592 de 1998 (M.P. se trata de una potestad suficientemente amplia. dicha libertad de configuración del legislador encuentra ciertos límites indiscutibles en la Constitución. la facultad de legislar sobre cuestiones penales y penitenciarias. y en ese sentido se ajuste a la Constitución. en especial por “los principios de razonabilidad y proporcionalidad que han de respetarse al limitar los derechos.24
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha afirmado de manera reiterada que la potestad de configuración del legislador en materia penal. por virtud de la cláusula general de competencia legislativa que le atribuyen los artículos 114 y 150 de la Carta. puede asignar las penas máxima y mínima atribuibles a cada una de ellas. así como valores sociales tan importantes como la represión del delito o la resocialización efectiva de sus autores. en ejercicio de las competencias constitucionales de las que es titular. pero no por ello ilimitada.
. se encuentra aquél según el cual las medidas que se tomen deben estar orientadas por los parámetros de una verdadera política criminal y penitenciaria. es una competencia amplia pero limitada por las normas constitucionales.”el legislador. estos límites son particularmente claros. como lo ha reconocido ampliamente esta Corporación. el Congreso de la República puede establecer cuáles conductas se tipifican como delitos. incluso. de acuerdo con su ponderación del daño social que genera la lesión del bien jurídico tutelado en cada caso. que sea razonada y razonable. que en desarrollo de sus atribuciones. Quiere decir esto. como lo son la libertad personal y el debido proceso. Álvaro Tafur Galvis. en la medida en que unos y otros se fundamenten en criterios de razonabilidad y proporcionalidad que atiendan una valoración objetiva de elementos tales
Ver entre otras las sentencias C-173 y C-551 de 2001 MP. orientados hacia la efectiva resocialización de quienes hayan cometido hechos punibles. e igualmente. “Entre los principales lineamientos que han sido señalados por la jurisprudencia constitucional para la acción del legislador en estas áreas. puede establecer procedimientos distintos y consagrar regímenes diferenciados para el juzgamiento y tratamiento penitenciario de delitos y contravenciones.”43 a fin de que las restricciones a los derechos que prevea el legislador en ejercicio de dicha potestad no resulten arbitrarias. pudiendo. o cuáles se retiran del ordenamiento. el Congreso cuenta con la potestad genérica de desarrollar la Constitución a través de la creación de normas legales. por supuesto. sino de conformidad con los parámetros que ella misma establece. No obstante. y en materia penal y penitenciaria. ello incluye. puede contemplar la creación de mecanismos que. Es decir.
sentencia C-648 de 2001. debe ser declarada inconstitucional‟46“47 La jurisprudencia constitucional ha deducido este principio de proporcionalidad. Si el daño que se produce sobre el patrimonio jurídico de los ciudadanos es superior al beneficio constitucional que la norma está en capacidad de lograr. Marco Gerardo Monroy Cabra. entre otros””44 Dado que el ejercicio de esta potestad de configuración puede incidir en el goce de derechos constitucionales. MM.25
como. en la sentencia C-584 de 1997 se precisa que “Este paso del juicio de proporcionalidad se endereza a evaluar si. derechos y deberes consagrados en la Constitución. sentencia C-309 de 1997 MP Alejandro Martínez Caballero. Eduardo Cifuentes Muñoz. entonces es desproporcionada y. por último. para que dicha restricción sea constitucional. C-309 de 1997 y C-741 de 1999. Corte Constitucional. MP. esto es. Carlos Gaviria Díaz y Álvaro Tafur Galvis. en consecuencia.” 46 Corte Constitucional. entre otros. deben ser además necesarias. C-068 de 1999. desde una perspectiva constitucional. las sentencias C-371 de 2000. así como el grado de culpabilidad. deben ser “proporcionales stricto sensu”45. „Este paso del juicio de proporcionalidad se endereza a evaluar si. la mayor o menor gravedad de la conducta ilícita. Si el daño que se produce sobre el patrimonio jurídico de los ciudadanos es superior al beneficio constitucional que la norma está en capacidad de lograr. la restricción de los derechos afectados es equivalente a los beneficios que la disposición genera. debe ser declarada inconstitucional. 5º -del reconocimiento del carácter inalienable de los derechos
Sentencia C-1404 de 2000.
. en consecuencia. 2º -del principio de efectividad de los principios. Así ha dicho este Tribunal: “En relación con el juicio de proporcionalidad que el juez constitucional debe adelantar sobre este tipo de disposiciones que introducen límites a los derechos fundamentales. Sobre el juicio de proporcionalidad strictu sensu. sentencia C-448 de 1997. 47 Corte Constitucional.PP. de los artículos 1º -de la concepción de Estado social de derecho y del principio de dignidad humana. MP. C-110 de 2000. C093 de 2001. desde una perspectiva constitucional. la jurisprudencia ha definido que la verificación debe recaer no solo sobre el hecho de que la norma logre una finalidad legítima. Sobre este tema también pueden consultarse entre otras. la mayor o menor repercusión que la afectación del bien jurídico lesionado tenga en el interés general y en el orden social. la restricción de los derechos afectados es equivalente a los beneficios que la disposición genera. sino que también debe establecerse si la limitación era necesaria y útil para alcanzar tal finalidad. entonces es desproporcionada y. en el sentido de que no exista un medio menos oneroso en términos de sacrificio de otros principios constitucionales para alcanzar el fin buscado y. la Corte ha dicho que las limitaciones o restricciones en el ámbito del procedimiento penal deben ser adecuadas para lograr el fin buscado. se requiere que sea ponderada o proporcional en sentido estricto. Además. que no sacrifiquen valores y principios que tengan un mayor peso que el principio que se pretende garantizar.
es indispensable que se precise el ámbito subjetivo y material de aplicación de la medida. El problema constitucional que planteó la demanda fue si el legislador podía o no derogar los tipos penales de bigamia y matrimonio ilegal. o si dicha derogación vulneraba la Carta y. MP. atinentes a las características de la conducta delictiva investigada. se rechazó una medida definida de manera demasiado restrictiva. Sobre este punto el Tribunal dijo: “la posible impunidad de algunos culpables no supone que. precitada. en virtud del principio de igualdad. El ente investigador no investigó la posible responsabilidad de otros médicos que habían participado en el proceso y ello llevó a la impunidad del hecho.26
de la persona. 473 US 531 (1985). desconocía la protección constitucional de la familia y del matrimonio (CP Arts. sentencia C-226 de 2002. prohibiendo de esta forma su aplicación generalizada. En la sentencia 17/84 de 7 de febrero. en un caso de imprudencia seguido contra un médico que había participado en el cuidado y diagnóstico de una mujer a la que se le ordenó una transfusión de sangre que posteriormente le causó la muerte. que la naturaleza de la medida sea en sí misma adecuada para alcanzar el fin. esto es. (ii) la existencia de motivos razonables. se definió con base en las historias clínicas encontradas en el hospital sospechoso de practicar ilegalmente abortos. el Tribunal concedió el amparo del derecho a la intimidad de la mujer. La acusada fue detenida en Los Ángeles a su llegada en un vuelo internacional. la medida ordenada debe corresponder a la alternativa menos gravosa para el logro del fin buscado dentro del abanico de opciones con un nivel de efectividad probable semejante. y luego de que su pasaporte y
. 42 y 44). sin ningún otro elemento de juicio que permitiera predecir la adecuación o idoneidad de la medida. antes de someter a una sospechosa de tráfico de drogas a un examen rectal para determinar si transportaba droga en su cuerpo. Este principio hace necesario que se examine (i) la gravedad de la conducta delictiva investigada. en donde se intentaron otras alternativas menos invasivas. con una eficacia probable semejante. Montoya de Hernández. 50 Ver por ejemplo US v. Según el principio de necesidad. Cada cual responde de su propia conducta penalmente ilícita con independencia de lo que ocurra con otros. Álvaro Tafur Galvis. También se puede llegar a exigir (iv) que se intente previamente conseguir la evidencia por otros medios y que estas vías alternativas hayan sido infructuosas50. Ahora bien. deba declararse la misma impunidad de otros que hayan participado en los mismos hechos. y (iii) la evaluación previa de otras medidas de intervención para determinar si la alternativa escogida es la que. aleatoria o indiscriminada49. en especial. 6º -del establecimiento de la responsabilidad de las autoridades por extralimitación de las funciones públicas-. y del 214 de la Constitución -que establece el requisito de proporcionalidad de las medidas adoptadas durante los estados de excepción48. 49 En la sentencia del Tribunal constitucional español 37/89 de 15 de febrero. debido a que el ámbito subjetivo que orientó la práctica de la inspección vaginal. De conformidad con el principio de idoneidad. como ese fin ha de ser específico y concreto dentro de la investigación.
48 Corte Constitucional. debe existir una relación de causalidad entre el medio empleado y el fin buscado de tal forma que éste sea apto para conseguir el fin que se pretende alcanzar. resultaba menos gravosa. 5.
Revista Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla Nº 6 Temas Constitucionales.26 de agosto de 1789. y el hecho de que el método escogido por la acusada para introducir drogas a los Estados Unidos fue el causante de la mayor parte de las molestias. si bien la detención había sido larga y la espera incómoda y humillante. Nuevas Corrientes del derecho Constitucional Colombiano. 51 Artículo 16 Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. teniendo en cuenta el interés del Estado en proteger sus fronteras frente a la comisión de delitos. el principio de proporcionalidad en sentido estricto se aplica para determinar si la afectación de los intereses individuales en juego. Cada una de las palabras del artículo posee una enorme carga semántica. primera Edición. La acusada se negó a someterse a un examen de rayos X. la detención de la señora Montoya no había sido irrazonable ni el procedimiento seguido para la investigación del hecho y la recuperación de las drogas había sido desproporcionado. Sin duda estamos frente a nuevas directrices interpretativas de la Constitución que deben ser aplicadas en la investigación penal donde se ponen en juego derechos fundamentales52 y ellas se pueden enfocar bajo los siguientes parámetros:
A. resulta proporcionada a la relevancia del bien jurídico que se busca salvaguardar con la medida. no puede interpretarse a partir de sí mismo ni aisladamente ninguno de sus preceptos. Derechos Fundamentales e Interpretación Constitucional. La interpretación de un artículo en particular debe ser coherente con el carácter unitario de la Constitución y por tanto debe mantener la coherencia de todo el texto constitucional. pues alegaba estar embarazada. y como tal. La Corte Suprema consideró que en las circunstancias del caso. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO. se sospechaba que transportaba drogas en su estómago. 52 EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ -Ex Magistrado Corte Constitucional.entre otros-). Autores varios (EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ. un examen de rayos X y una exploración anal.
. INTEGRIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Esta directriz lleva a relativizar en la práctica el método de interpretación literal que tanta acogida ha tenido históricamente en el país. CARLOS GAVIRIA DÍAZ. La Constitución se autoconcibe como un texto unitario. no quiso consumir alimentos o bebidas ni usar los servicios sanitarios del aeropuerto. JUAN MANUEL CHARRY URUEÑA. pero eso no fue posible y permaneció detenida durante 16 horas hasta que un juez autorizó la realización de una prueba de embarazo en un hospital. Se le ofreció ser regresada a su país de origen en el siguiente vuelo. Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de los poderes determinada no tiene constitución51.27
Una vez examinada la idoneidad y la necesidad de la medida. Como resultado de este procedimiento se encontraron 88 bolsitas con cocaína en el cuerpo de la señora Montoya. En la sentencia T-406 de 1992 La Corte Constitucional frente al principio de la integridad de la Constitución sostuvo: “El sentido y alcance del artículo 1 no debe ser desentrañado plenamente a partir de una interpretación reducida al análisis de su texto. la cual a través de la historia del
pertenencias fueron revisadas. MARIO MADRID MALO.
la nacionalidad. las funciones de los poderes. Esta razón de evaluar la razonabilidad de los actos de autoridad. se ha ido decantando en una serie de nociones básicas que delimitan su alcance y lo hacen coherente y razonable. la única manera de salvaguardar. es a través de la armonización. la estructura del Estado. entonces. En efecto a la observación de que la Constitución constituye un texto integral.
B. Una interpretación que se aparte del contexto nacional e internacional en la cual han tenido formación los conceptos del artículo primero. corren en dirección opuesta y hasta contradictorias. las elecciones. constituye a su vez una auto-disciplina para el juez que enmarca su misma órbita de poder. (…) En síntesis la Constitución está concebida de tal manera que la parte orgánica de la misma sólo adquiere sentido y razón de ser como aplicación y puesta en obra de los principios y de los derechos inscritos en la parte dogmática de la misma. Su objetivo es imponer un límite a los espacios discrecionales de poder para luchar contra arbitrariedad en la toma de decisiones de las autoridades. la organización territorial y los mecanismos de reforma se comprenden y justifican como transmisión instrumental de los principios y valores constitucionales. ya en concreto.28
constitucionalismo occidental. La carta de derechos. PRINCIPIO DE ARMONIZACIÓN Es un criterio directamente relacionado con el anterior. Y así. C. determinar igualmente la intimidad del medio para luego establecer si existe
. se sigue la ubicación de normas de ella que ya en abstracto. puede dar lugar a soluciones amañadas y contradictorias. El juez debe analizar la legitimidad del fin perseguido por el legislador. interpretar una institución o un procedimiento previsto por la constitución por fuera de los contenidos materiales plasmados en los principios y derechos fundamentales. de la compatibilización de las normas. No se puede en este contexto aplicar la fórmula de resolución de antinomias propias del Código Civil. así mismo frente a este carácter dialéctico encontramos el principio de efectividad de los derechos y garantías. la supremacía e integridad de la Constitución de un lado y la efectividad de los derechos y garantías del otro. la participación ciudadana. PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Este principio tiene por objeto examinar las normas jurídicas para establecer si las decisiones del legislador o de cualquier otra autoridad pública son o no conforme a los valores constitucionales. No es posible. los mecanismos de control. Este principio tiene por objeto evitar la jerarquización de derechos de manera que uno no prevalezca sobre el otro en abstracto.
son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes. El juez debe analizar las condiciones de las personas sobre quienes recae la medida. Generalmente se utiliza con relación con las limitaciones a los derechos para evitar restricciones demasiado gravosas y desproporcionadas frente al fin perseguido. al ejercer sus funciones constitucionales y legales en el campo de la administración de justicia las autoridades colombianas no sólo están obligadas a cumplir cuanto disponen en ese ámbito de la actividad estatal el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto significa que la razonabilidad no puede ser evaluada en abstracto sino frente a situaciones concretas. para interpretar el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia nuestra Corte Constitucional ha acudido al concepto de “bloque de constitucionalidad”. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según la jurisprudencia colombiana. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD La proporcionalidad persigue que no apliquen medidas excesivas al fin que se pretende lograr. aprobada por la Ley 16 de 1972. En el análisis de la razonabilidad también es importante considerar quiénes son los sujetos afectados con la medida y las circunstancias de tiempo. Quiere ello decir que las estipulaciones de tales instrumentos y su interpretación autorizada deben servir como pautas de constitucionalidad de la preceptiva interna y han de aplicarse como normas relevantes para establecer el sentido de las disposiciones de la Carta Política en materia de protección y garantía de los bienes jurídicos fundamentales de la persona.
D. Esas autoridades también tienen el deber de observar lo que sobre el contenido y el alcance de una y otra norma establecen las decisiones proferidas por órganos internacionales como el Comité de Derechos Humanos. por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución. Como es de general conocimiento. este bloque “está compuesto por aquellas normas y principios que. modo y lugar en las que se diseña y aplica.29
una relación de razonabilidad entre el medio utilizado y el fin que se pretende alcanzar. sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional. En este orden de ideas. De acuerdo con dicha jurisprudencia. y el artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. así como las circunstancias de tiempo. por diversas vías y por mandato de la propia Constitución” 1.
. modo y lugar en que se dicta y aplica. aprobado por la Ley 74 de 1968. del “bloque de constitucionalidad” en sentido estricto hacen parte tanto los tratados de derechos humanos y de derecho internacional humanitario ratificados por Colombia como la jurisprudencia de los órganos internacionales a cuyo cargo está la interpretación de esos tratados 2.
568 de 1999). es una causal de casación dispuesta en el artículo 181 Nº 1 y con amplio margen lo ha explicado la Corte Constitucional.
. debe realizarse no solo frente al texto de la Constitución. y en relación con otras normas que aunque no tienen rango constitucional. los tratados limítrofes (C-191 de 1998) y los Convenios 87 y 88 de la O. Entre estos principios se encuentran los atinentes a la competencia. sin cuyo cumplimiento mal podrá hablarse de un procesamiento justo53. 250 y 251 de la Carta Política de 1991 con los estándares internacionales en cita. (C-358 de 1997). de ahí que el tema de los FINES CONSTITUCIONALES encuentra absoluto eco en estos dos artículos y por eso en la medida que se vaya planteando el punto se va perfilando una ostensible contradicción entre el Acto Legislativo 03 de 2002 que reforma los artículos 116. sentencia C-592 de 2005. sino también frente a otras disposiciones a las que se atribuye jerarquía constitucional55 -bloque de constitucionalidad stricto sensu-.Medellín 14 de septiembre de 2005. por lo tanto las decisiones de los operadores judiciales no solo deben ceñirse al marco de la ley. 55 Entre otros los Tratados internacionales que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción. sino a la aplicación imperiosa de la doctrina del bloque de constitucionalidad –incluida la orientación de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Alto Comisionado para Colombia en el foro consideraciones sobre la investigación y el juzgamiento de conductas punibles constitutivas de graves violaciones de los derechos humanos o crímenes de guerra.T.I. 54 Cfr. Las peticiones y decisiones adoptadas por los fiscales y jueces colombianos deben estar sujetas a la doctrina del bloque de constitucionalidad y eso encuentra amplio eco en la legislación ordinaria -por ejemplo el artículo 3 de la Ley 906 de 2004.30
Si ello es así. La Corte Constitucional54 ha establecido que la revisión de constitucionalidad de los asuntos sometidos a su competencia. A esta anotación cabe agregarle que en materia de libertad personal el Estado colombiano por medio de sus jueces y fiscales está obligado a aplicar los artículos 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José y el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o Pacto de Nueva York. en la investigación y el juzgamiento de las conductas punibles los funcionarios colombianos no pueden proceder en contravía de la interpretación dada por las autoridades internacionales a los principios consagrados por el Pacto de Nueva York y el Pacto de San José en lo concerniente al derecho de toda persona al debido proceso y a las garantías judiciales. (T. la independencia y la imparcialidad del Tribunal. lo que a la postre se debe resolver bajo las orientaciones del derecho internacional de los derechos humanos. configuran parámetros necesarios para el
53 Naciones Unidas.
P. (iv) las leyes orgánicas57 y. (iii) algunos Tratados y Convenios internacionales de derechos humanos (C. M. Rodrigo Escobar. En caso de guerra. art. M. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-774 de 2001 M. precepto que “no se refiere a todos los derechos humanos consagrados en los Tratados y Convenios internacionales en sí mismos y de por sí. que “sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional. 62 Cfr. Dr.31
análisis de las disposiciones sometidas a su control -bloque de constitucionalidad lato sensu-56.P. (v) las leyes estatutarias58. 57 Sentencias C-600A de 1995.P. Dr.) de la Carta también hacen parte las normas y principios incorporados en el bloque de constitucionalidad. En relación con los Tratados. sino a estos cuando tales instrumentos internacionales „prohíben su limitación en los Estados de Excepción‟62. Sala Plena. Suspensión de Garantías: 1. salvo remisión expresa de normas superiores59. que prohíben la limitación de los mismos en estados de excepción60 (ii). C-578 de 1995 59 Sentencias C-179 de 1994. la Corte ha señalado que. de una parte. Sala Plena. 60 Al respecto puede consultarse las sentencias C-195 de 1993 y C-179 de 1994. el reconocimiento de un derecho humano y de la otra que sea de aquellos cuya limitación se prohíba durante los estados de excepción”. 61 Cfr. es necesario que se den los dos supuestos a la vez. Corte Constitucional.P. es decir que para que tenga lugar la prevalencia o superioridad de los Tratados y Convenios internacionales en el orden interno. Al respecto cabe recordar que tanto en el artículo 27. Dr. de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos63. 63 Artículo 27. En efecto ha expresado la Corte que: “(. C-337 de 1993. C-287 de 1997. caso en el cual se trata de principios y reglas de verdadero valor constitucional que deben ser respetados por el legislador”. 58 Sentencias C-179 de 1994. por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución. como sucede con ciertos contenidos de los Tratados de derechos humanos ratificados por Colombia que prevalecen en el orden interno por disponerlo así el artículo 93 superior. En este contexto. M. Sentencia C-295 de 1993. M. C-578 de 1995. se ha dicho que integran el bloque de constitucionalidad en sentido lato: (i) el preámbulo.. como en el artículo 464 del Pacto
56 Ver sentencias C-191 de 1998. son utilizados como parámetros del control constitucional de las leyes. sólo constituyen parámetros de control constitucional aquellos Tratados y Convenios internacionales ratificados por Colombia que reconocen derechos humanos (i) y. 93). Carlos Gaviria.P.. por diversas vías y por mandato de la Constitución”61. Corte Constitucional. sentencias C-225 de 1995. éste podrá adoptar
. (ii) el articulado de la Constitución. Alejandro Martínez Caballero. Carlos Gaviria Díaz.P.
Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión. color. 65 Artículo 4º. religión u origen social. suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención. por conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. a torturas. 2. 18 (Derecho al nombre). de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión. De conformidad con el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 19 (Derechos del niño). 8 (párrafos 1 y 2). inhumanos o degradantes. la libertad de religión. 6 (Prohibición de la esclavitud y servidumbre). en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación. ni a tratos o penas crueles. derecho de defensa-.32
Internacional de Derechos Civiles y Políticos se establecen dentro del listado de derechos que no son susceptibles de suspensión una serie de garantías ligadas al respeto del debido proceso en materia penal a que alude el actor en el presente proceso -en particular los principios de legalidad. por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica). siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza. y los demás Tratados sobre la materia ratificados por Colombia. a la protección por parte de
. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la Nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente. ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Todo Estado Parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente Convención. 7. prisión perpetua y confiscación. 11. la prohibición de las penas de destierro. “Derechos intangibles. 4 (Derecho a la vida). el derecho a contraer matrimonio y a la protección de la familia. de favorabilidad y de irretroactividad de la ley penal. sexo. sexo. 16 y 18. religión u origen social. 15. la prohibición de la esclavitud. 2. los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que. idioma. derecho a ser oído. suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto. irretroactividad. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6. 12 (Libertad de conciencia y de religión). la servidumbre y la trata de seres humanos. de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. los derechos del niño. favorabilidad. Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto. La Corte destaca así mismo que dentro del listado establecido en el artículo 4° de la Ley Estatutaria 137 de 1994 sobre estados de excepción65. 5 (Derecho a la integridad personal). 3. 9 (Principio de legalidad y de retroactividad). el derecho a elegir y ser elegido. el principio de legalidad. la libertad de conciencia. en relación
disposiciones que. durante los estados de excepción serán intangibles: el derecho a la vida y a la integridad personal. 3. siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza. el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. idioma. color. el derecho a no ser sometido a desaparición forzada. y 23 (Derechos políticos). en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación. 20 (Derecho a la nacionalidad). de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido. 17 (Protección a la familia). 64 Artículo 4 1.
Cabe resaltar igualmente que tanto el artículo 27-2 de la Convención. si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley.33
con los derechos intangibles durante dichos estados. Garantías judiciales en estados de emergencia (Arts. establecido con anterioridad por la ley. por un juez o tribunal competente. o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil. sobre el tema de las garantías judiciales en estados de emergencia y en relación específicamente con la no suspensión de las garantías señaladas en el artículo 8 de la Convención67. el derecho a no ser condenado a prisión por deudas civiles. si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal. puede ser interpretada en el sentido de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra Convención en que sea parte uno de estos Estados. de favorabilidad y de irretroactividad de la ley penal a que alude el contenido del artículo 9 de la Convención Americana de Derechos del Hombre. Durante el proceso. c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos).2. por lo que sobre el particular esta Corporación considera oportuno recordar lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos del Hombre. a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete.
. 2. el derecho al Habeas Corpus y el derecho de los colombianos por nacimiento a no ser extraditados. Serie A Nº 9. en plena igualdad. señalan que no podrán ser suspendidas las “garantías judiciales indispensables” para la protección de los derechos enunciados en cada uno de dichos artículos. 67 Artículo 8. incluido en el numeral 2° del artículo 27 de la citada Convención. independiente e imparcial. Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. de la sociedad y del Estado. 27.
su familia. e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado. Garantías judiciales: 1. Tampoco podrán ser suspendidas las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. como el artículo 4° de la Ley estatutaria sobre estados de excepción.”. Toda persona tiene derecho a ser oída. fiscal o de cualquier otro carácter. 66 Corte Interamericana de Derechos Humanos. b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella. ninguna disposición de la Convención. remunerado o no según la legislación interna. De conformidad con el literal b) del artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos. toda persona tiene derecho. laboral. d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. se hace mención expresamente a los principios de legalidad. en la opinión consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 198766. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.
2 de la Convención.
.2. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.6 y 25. aun bajo la legalidad excepcional que resulta de la suspensión de garantías. salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. Rodrigo Escobar Gil.” (…) “38. deberán conservarse las garantías judiciales indispensables para la efectividad de tales derechos y libertades. Esta conclusión es aún más evidente respecto del hábeas corpus y del amparo. se concluye que los principios del debido proceso legal no pueden suspenderse con motivo de las situaciones de excepción en cuanto constituyen condiciones necesarias para que los instrumentos procesales. g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.1. La Corte concluye que las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos humanos no susceptibles de suspensión.
f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el Tribunal y de obtener la comparecencia. 68 Ver A. en la medida en que respecto de estas garantías es indispensable que se preserve de manera integral el debido proceso68. en lo esencial. “39. consideradas dentro del marco y según los principios del artículo 8. según lo dispuesto en el artículo 27. “30. cuando en un estado de emergencia el Gobierno no haya suspendido algunos derechos y libertades de aquellos susceptibles de suspensión. 3. 5. El proceso penal debe ser público.1. 4. a todas las garantías judiciales referidas en la Convención Americana.P. como testigos o peritos. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa a la sentencia C-774-2001. Debido proceso legal en estado emergencia “29. Relacionado el artículo 8 con los artículos 7. puedan considerarse como garantías judiciales.6. de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. son aquéllas a las que ésta se refiere expresamente en los artículos 7. y también las inherentes a la preservación del Estado de derecho. regulados por la Convención. y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o Tribunal superior. 25 y 27. La Corte Interamericana señaló lo siguiente: “8.2 de la Convención. El concepto de debido proceso legal recogido por el artículo 8 de la Convención debe entenderse como aplicable. a los que la Corte se referirá en seguida y que tienen el carácter de indispensables para tutelar los derechos humanos que no pueden ser objeto de suspensión. Naturalmente.1.34
En dicha opinión consultiva la Corte Interamericana afirmó en efecto que la relación existente entre el debido proceso del artículo 8° y las garantías judiciales indispensables es de “necesidad específica”. aun bajo el régimen de suspensión regulado por el artículo 27 de la misma.V. M.
trate de dar una enumeración exhaustiva de todas las posibles “garantías judiciales indispensables” que no pueden ser suspendidas de conformidad con el artículo 27.
. la ley permisiva o favorable. Desde luego y por las mismas razones. durante la investigación y el juzgamiento. o de oficio.
69 Corte I. En relación con la concordancia necesaria entre el texto de artículo 8° anotado y el artículo 29 de la Constitución71. 9. 27. Debe reconocerse que no es posible ni sería aconsejable que la Corte. la Corte tampoco ha considerado en esta opinión las implicaciones de otros instrumentos internacionales (art.2. Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. S. de pleno derecho.2. a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas. aun cuando sea posterior. se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 1. Álvaro Tafur Galvis. ante juez o Tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.35
“40. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve. H.). (. Es nula. a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra. la prueba obtenida con violación del debido proceso. al no ser susceptible de suspensión durante los estados de excepción -y al tratarse de una norma de derechos humanos contenida en un tratado ratificado por Colombia-. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él. el delincuente se beneficiará de ello. hace parte del bloque de constitucionalidad y debe ser tomado en cuenta por esta Corporación para el análisis de constitucionalidad de las disposiciones que son sometidas a control de constitucionalidad70. V. P. a impugnar la sentencia condenatoria. y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. que dependerá en cada caso de un análisis del ordenamiento jurídico y la práctica de cada Estado Parte. Garantías judiciales en estados de emergencia (Arts. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. En materia penal. 72 Artículo 15. de cuáles son los derechos involucrados y de los hechos concretos que motiven la indagación. 25 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Serie A No. Jaime Araújo Rentería. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa. la Corte ha destacado igualmente que en la norma superior se contienen todos y cada uno de los principios establecidos en los artículos 8° y 9° de la Convención Americana de Derechos del Hombre y el artículo 15-1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos72. 71 Artículo 29.”69 Sobre el particular la Corte ha concluido que el derecho al debido proceso establecido en el artículo 8° de la Convención. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable.. 70 Ver sentencia C-200/02 M.. 27. D. en la presente opinión consultiva. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.1) que pudieren ser aplicables en casos concretos.P..
M. debido a que no queda integrado el derecho fundamental de la libertad porque el mismo puede ser restringido durante los estados de excepción y la condición aquí es lo contrario por vía del artículo 4 de la Ley 137 de 1994 y la misma Convención Americana de Derechos Humanos. donde en realidad se tiene que someter el proceso penal en particular los actos de investigación que buscan restringir los derechos fundamentales.
Sin duda este artículo se acompasa con el inciso primero del artículo 93 de la Carta de 1991.P. principio de favorabilidad. la Corte reiteró el carácter eminentemente excepcional y reglado por la ley. Estas medidas están.P. regula en sus tres primeros numerales algunas materias de particular relevancia en punto a establecer los límites constitucionales a las actuaciones del órgano investigador. la Fiscalía podrá realizar capturas74.en perfecta armonía con las disposiciones internacionales sobre la materia y en particular con las normas de la Convención Americana de Derechos del Hombre a que se ha hecho referencia. de la facultad de realizar capturas que el artículo 250. derecho a presentar y controvertir pruebas. Sólo de manera excepcional. juez natural. de los Tratados y Convenios internacionales ratificados por Colombia que versen sobre derechos humanos y que prohíban su limitación durante los estados de excepción73. entre otros. en especial de la víctima. 28 C. al pronunciarse sobre la inexequibilidad de algunos apartes de los artículos 2° y 300 de la Ley 906 de 2004.
. empero la interpretación más clásica y garantista apunta a lo expuesto en el inciso segundo del artículo 93 de la Carta Política de 1991. porque este apartado constitucional invita a que toda interpretación se haga desde los Tratados internacionales que en el caso de Colombia inicialmente para el proceso penal se debe tener presente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. para integrarlos con la Constitución y poder entonces sí decir que estamos frente a un bloque de constitucionalidad. se trabaja a nivel de bloque de constitucionalidad por vía del inciso segundo del artículo 93 de la Carta para que tenga coherencia con el artículo 7 de la Convención Americana y 9 del Pacto de Nueva York.36
Es decir que en nuestro ordenamiento jurídico se garantiza plenamente el debido proceso en sus diferentes componentes -principio de legalidad. estableció la prelación en la actuación procesal penal.1 de la Carta confiere a la Fiscalía General de la Nación. la conservación de la prueba y la protección de la comunidad. 74 En las sentencias C-730 de 2005 y C-1001 de 2005. bajo el principio de reserva judicial de la libertad (art. sometidas al conocimiento del juez de control de garantías. Álvaro Tafur Galvis. presunción de inocencia. El artículo 250 de la Constitución al establecer las funciones ordinarias que cumple la Fiscalía General de la Nación. Así.). derecho de defensa. por lo tanto el tema de la libertad que es un derecho con eco en el artículo 28 de la Carta Política de 1991. Cabe destacar finalmente que de manera expresa el artículo 3° del nuevo Código de Procedimiento Penal. y mediando la regulación legal que fije los límites y eventos en que procede. en una clara reafirmación del principio de reserva judicial de la libertad. en su numeral 1° contempla lo concerniente a las medidas necesarias para asegurar la comparecencia de los imputados al proceso penal.
(iii) disponer que en todos los demás eventos en que. destacando el carácter amplio e integral del control de legalidad. El numeral 3° del artículo 250 de la Carta a su vez establece que corresponde a la Fiscalía General de la Nación. sometidos al control posterior76 del juez de control de garantías. la Fiscalía podrá efectuar capturas. “asegurar los elementos materiales probatorios. necesariamente debe obtener la autorización respectiva del juez de control de garantías. Este numeral refiere en su primer segmento a la actividad ordinaria o básica del órgano de investigación como es la de recaudar y asegurar los elementos materiales de prueba que le servirán de soporte para el ejercicio de su función acusadora. Y a continuación señala que “En caso de requerirse medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales. las facultades típicamente jurisdiccionales de las cuales forman parte las decisiones con capacidad de afectación de derechos fundamentales. derivada del reforzamiento que en el sistema de investigación penal de tendencia
75 Sentencia C-1092 de 2003. se requiera medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales deberá mediar autorización (es decir. adscribe directamente a la Fiscalía la potestad de “adelantar registros. El carácter previo del control judicial. control previo) por parte del juez de control de garantías. previene que si en el ejercicio de esa actividad se enfrenta a medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales. incautaciones e interceptación de comunicaciones”. Sin embargo. para el aseguramiento de los elementos materiales probatorios. De tales previsiones constitucionales se concluye que fue voluntad del Constituyente: (i) radicar en cabeza de los jueces de control de garantías la adopción de las medidas necesarias para asegurar la comparecencia de los imputados al proceso penal. deberá obtenerse la respectiva autorización por parte del juez que ejerza funciones de control de garantías para poder proceder a ello”. actuaciones estas sometidas al control posterior del juez de control de garantías. a efecto de que se realice un control amplio e integral de esas diligencias75. (ii) facultar directamente a la Fiscalía para adelantar registros.
. allanamientos. es decir someter las medida al control previo de esta autoridad en la cual se radican. sólo excepcionalmente y previa regulación legal que incluya los límites y eventos en que procede. 76 A más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes. En esta sentencia la Corte declaró la inexequibilidad de la expresión “al solo efecto de determinar su validez” del numeral 2° del artículo 250. a más tardar dentro de la 36 horas siguientes.37
Por su parte el numeral 2° del mismo precepto superior. en ejercicio de sus funciones. garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción”. como regla. incautaciones e interceptación de comunicaciones. en la fase de investigación. allanamientos.
250 num. previó que la Fiscalía. El lugar preferente que ocupan los derechos fundamentales en el Estado constitucional de derecho. en razón a que muchas de las medidas procesales que se adoptan en el curso de la investigación penal entran en tensión con el principio de inviolabilidad de
Corte Constitucional. 1°). le asigna el control automático sobre las capturas facultativas que excepcionalmente realice la Fiscalía conforme a facultades que otorgue la ley. esté sometida al control judicial o control de garantías – según la denominación de la propia norma-.
. allanamientos. MP Álvaro Tafur Galvis.38
acusatoria se imprimió al principio de reserva judicial de las intervenciones que afectan derechos fundamentales.P. Álvaro Tafur Galvis. retomando la experiencia de la estructura del proceso penal en el derecho penal comparado. así como sobre las diligencias de registro. (Se destaca). las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso (Art. 250. incautaciones e interceptación de comunicaciones que adelante la fiscalía (Art. y así lo destacó la Corte al señalar que: “El constituyente. a solicitud de la Fiscalía. sentencia C-1092 de 2003. decisión que denota el lugar preferente que ocupan los derechos fundamentales en el Estado constitucional de derecho”78. las decisiones que restringen los derechos constitucionales de los investigados e imputados son tomadas por lo jueces y tribunales” 77. la creación del juez de control de garantías o juez de la investigación penal. Sobre el papel de garante de los derechos fundamentales que cumple el juez de control de garantías en el nuevo sistema de investigación penal. num. 3°). en aquellos casos en que ejerce facultades restrictivas de derechos fundamentales. responde al principio de necesidad efectiva de protección judicial. 1° inciso 3° y num. deberá obtenerse la autorización por parte del juez que ejerza funciones de control de garantías para poder proceder a ello” (Art. Así mismo señala que en caso de requerirse “medidas adicionales que implique afectación de derechos fundamentales.. se expresa a través de los controles que deben mediar para su afectación. Sentencia C-1092 de 2003. M. Así. 250 num. estructurando a la Fiscalía General de la Nación como una instancia especializada en la investigación de los delitos y estableciendo que. ya tuvo oportunidad de pronunciarse esta Corte: “El artículo 250 de la Constitución establece la cláusula general de competencia del juez de control de garantías para adoptar. Así lo destacó la jurisprudencia de esta Corporación desde sus primeras decisiones proferidas a propósito del control constitucional del Acto Legislativo que reformó la Constitución para introducir este modelo de investigación: “Por medio del Acto Legislativo 03 de 2002 el Constituyente optó por afianzar el carácter acusatorio del sistema procesal penal colombiano. 2° 9). como regla general.
según su grado. M. la práctica de medidas para obtener tales elementos probatorios requiere de autorización judicial. toda actuación que involucre afectación de derechos fundamentales demanda para su legalización o convalidación79 el sometimiento a una valoración judicial. se resuelvan en el ámbito jurisdiccional. sobre la necesidad de autorización previa del juez de control de garantías para la adopción. Jaime Córdoba Triviño. en los eventos en que así lo autorice expresamente la Constitución. Fundamento jurídico No. en el desarrollo de la actividad de aseguramiento de los elementos materiales probatorios. como el que configura la Ley 906 de 2004. que fungen así como límites de la investigación.
. 36. La salvaguarda de los derechos fundamentales del investigado es función prioritaria adscrita al juez de control de garantías. deberá obtenerse la respectiva autorización por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías para poder proceder a ello. la Fiscalía General de la Nación deberá “asegurar los elementos materiales probatorios. se pronunció así esta Corporación: “De conformidad con el numeral 3 del artículo 250 81 de la Carta. de medidas que impliquen afectación. los cuales únicamente pueden ser afectados en sede jurisdiccional. Así. garantizando la cadena de custodia mientras ejerce su contradicción. con miras a garantizar el necesario equilibrio que debe existir entre la eficacia y funcionalidad de la administración de justicia penal y los derechos fundamentales del investigado y de la víctima”80. Se parte del principio de la necesidad de autorización previa para la adopción de aquellas medidas que impliquen afectación de derechos fundamentales. Según esta disposición constitucional es la “afectación de derechos fundamentales” la que obliga al Fiscal a solicitar de manera expresa y específica la autorización judicial previa. 81 Modificado mediante Acto Legislativo 03 de 2002. El empleo del término “afectación” supone. sólo excepcionalmente las medidas pueden ser convalidadas en sede judicial.P. por parte de la Fiscalía. En caso de requerirse medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales. Una formulación coherente con la estructura de un proceso penal de tendencia acusatoria.. artículo 2.39
determinados derechos fundamentales. exige que las discusiones relacionadas con la afectación de los derechos fundamentales del imputado. según el cual cuando haya afectación de derechos fundamentales. Se trata de una clara vinculación de la investigación a la garantía de los derechos fundamentales tanto del investigado como de la víctima.” Esta disposición establece el principio general para el aseguramiento de los elementos materiales probatorios. mengua o limitación de derechos fundamentales. 80 Sentencia C-979 de 2005. De manera específica. una “limitación” o “restricción” al
79 En casos excepcionales autorizados por la propia Constitución.
2) respecto de ciertas medidas que afectan derechos fundamentales. teniendo en cuenta la naturaleza y gravedad de los delitos investigados. por lo tanto. además. (ii) que como consecuencia de ello el control posterior autorizado por la Carta (Art. configura una excepción a la regla general. Igualmente. a solicitar autorización para realizar la medida de intervención corporal es legítima e imperiosa. y bajo esa condición deben analizarse las hipótesis allí previstas83. es necesaria porque no existe otro medio alternativo menos restrictivo de los derechos con eficacia semejante para obtener los elementos materiales probatorios y evidencias materiales dentro del programa de investigación. En esta sentencia la Corte. es o no pertinente. M. De las anteriores referencias jurisprudenciales surgen dos conclusiones de particular relevancia para el asunto bajo examen: (i) que como principio general. que regulan la práctica de la inspección corporal (247) el registro corporal (248) y la obtención de muestras que involucren al imputado (249). para determinar si resulta irrazonable o desproporcionada”82. al requerimiento de la autorización previa por parte del juez de control de garantías. las directrices que la jurisprudencia constitucional ha establecido para armonizar la práctica de medidas de investigación. Consideró la Corte que “las medidas previstas en las normas acusadas implican afectación de derechos fundamentales y amenazan el principio de la dignidad humana (artículo 1. 248. Para el efecto. en lo pertinente. sentencia C-336 de 2007. en cada caso concreto. C. y si al ponderar los derechos y las finalidades buscadas la medida en concreto no resulta desproporcionada. 249 de la Ley 906 de 2004. toda medida de investigación que implique afectación de derechos fundamentales debe estar precedida de autorización del juez de control de garantías. (ii) de la intervención judicial (principio de reserva judicial).
. 83 Cfr.P. con el respeto de los derechos fundamentales: “En virtud del principio de reserva judicial de las medidas que implican afectación de derechos. el juez de control de garantías deberá hacer un juicio de proporcionalidad de la medida cuya autorización se le solicita. al estudiar la constitucionalidad de los artículos 247. declaró su constitucionalidad condicionada. Manuel José Cepeda Espinosa. sentencia C-822 de 2005. habrá de examinar si la medida específica. 250.. si la medida solicitada es idónea para alcanzar dicho fin. Para ello deberá determinar si la finalidad concreta que lleva al Fiscal o a la policía judicial en circunstancias excepcionales que ameriten extrema urgencia. el juez de control de garantías deberá tener en cuenta. y de serlo.). en las condiciones particulares del caso. siempre es necesario que se acuda al juez de control de garantías para solicitarle que autorice la práctica de estas medidas tal como lo ordena el artículo 250 numeral 3° de la Constitución (…)”.40
ejercicio o goce de un derecho fundamental. si además de idónea. el grado de afectación de los derechos que supone
Corte Constitucional. Dicha limitación o restricción (i) debe estar prevista en una ley (principio de reserva legal) y requiere. entre otros requisitos.P.
Sentencia C-822 de 2005. 86 Cláusula de exclusión. los elementos materiales probatorios. y los intereses y objetivos específicos buscados con la medida dentro del programa de investigación” 84. Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas o las que sólo puedan explicarse en razón de su existencia. El juez excluirá la práctica o aducción de medios de pruebas ilegales. Fundamento jurídico 5. ponderación. Mediante la sentencia C-591 de 2005. evidencias físicas obtenidas por medio de los actos de investigación como a las pruebas. 87 Cláusula de exclusión en materia de registro y allanamientos. (Se destaca). es decir que abarca todos los medios de conocimiento en el entendido del artículo 382 de la obra procesal acusatoria91. En el trámite de autorización de las medidas que afectan. Toda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho. Estas guías de ponderación que se indican a la autoridad judicial para la valoración de las intervenciones penales sobre los derechos fundamentales han sido acogidas también por el legislador como criterios moduladores de la actividad judicial al erigir el siguiente principio rector de la ley procesal penal: “En el desarrollo de la investigación y en el proceso penal los servidores públicos se ceñirán a criterios de necesidad. por lo que deberá excluirse de la actuación procesal.1. 90 Nulidad por violación de garantías fundamentales. Artículo 27 de la Ley 906 de 2004. mengüan o limitan los derechos fundamentales este principio rector debe proyectar todo su poder de irradiación y sus potencialidades de optimización sobre los derechos fundamentales que se encuentran comprometidos en la situación concreta. la prueba documental. Manuel José Cepeda Espinosa. 23287. 88 Prueba ilegal.P. Este tema de la exclusión atañe tanto a los elementos materiales probatorios. La Constitución Nacional en su artículo 29 se refiere a “es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso”. la prueba pericial. evidencia física o cualquier otro medio técnico o científico. 91 Son medios de conocimiento la prueba testimonial. incluyendo los que se han practicado. la Corte Constitucional se pronunció en torno a la cláusula de exclusión del artículo 23 y mediante la sentencia C210 de 2007 se trabajó el punto de “sólo podrán ser utilizados con fines de impugnación”.41
la medida en concreto.
. que no viole el ordenamiento jurídico. esto en cuanto al artículo 232.. aducido o conseguido con violación de los requisitos formales previstos en este código. la prueba de inspección. M. especialmente a la justicia”85. legalidad y corrección en el comportamiento. 36088 45589 y 45790. sobre este particular la Ley 906 de 2004 se ocupa en los artículos 23 86. para evitar excesos contrarios a la función pública. 89 Nulidad derivada de la prueba ilícita.
. cualquiera que sea la naturaleza de la prueba. ya que la prohibición no solo se contrae a declaraciones o confesiones. marzo 6 de 2002. permite o admite.conforme a su tradicional e invariable criterio. sólo afecta la prueba de espurio origen. sin perjuicio. ya que el escenario procesal debe estar desprovisto de situaciones que afecten su transparencia y el equilibrio entre las partes que son actoras en este escenario donde debe primar los fines del Estado y no la crasa arbitrariedad y el autoritarismo. con este régimen de exclusión de la prueba constitucionalmente ilícita. 93 Corte Constitucional SU-159. como también ha sido reiterado. ponente Herman Galán Castellanos. sino comprendiendo en ellas todos los derechos fundamentales. Como lo ha sostenido invariablemente la jurisprudencia colombiana92. al resumir la posición de la Asamblea Constituyente de 1991. M. no está permitido otorgar ningún efecto jurídico a las pruebas practicadas con desconocimiento de las garantías inherentes a toda persona dentro de un Estado social de derecho. Nuestro ordenamiento jurídico acoge así. son inadmisibles las que son el resultado de torturas. el cumplimiento de una función disuasiva. son de rango constitucional. de garantía de los principios y reglas del Estado social de derecho. como corresponde a la expresión “es nula de pleno derecho”. reparadora de los perjuicios causados al procesado con una arbitrariedad94. sino a todos los medios de prueba93. que como es bien sabido. pág. por ejemplo.P.42
Está decantado que tanto los jueces de garantía como los de conocimiento deben excluir los medios de conocimiento que vulneren el debido proceso. aporta. entendiendo por tales no solo las enunciadas en el aludido artículo 29. no deja de reprochar. como se ilustra a continuación con algunas citas bien pertinentes: “. aseguradora de la confiabilidad y credibilidad del sistema probatorio y. En tal virtud. Ahora bien.. La Sala de Casación Penal se ha pronunciado reiteradamente sobre estos importantes aspectos. no así al proceso al cual ha sido allegada.. eventualmente. Manuel José Cepeda Espinosa. 34. desde el punto de vista disciplinario y aun penal respecto del funcionario que la practica. 29. Sala Penal Corte Suprema de Justicia. claro está. de exigir y de imponer sanción a todos aquellos actos de la autoridad
92 Sentencia radicado 18451 del 8 de julio de 2004. pág. 94 Ibídem. la consecuencia jurídica de la prueba inconstitucionalmente obtenida no es otra que su definitiva y estricta exclusión. de otra clase de sanciones que de ella surgen. protectora en cuanto a la integridad del sistema constitucional y judicial.. tratos degradantes. en relación con la conducta futura de las autoridades. la cual. especialmente de las de policía judicial. o las que se generan con violación de los derechos y garantías establecidos en la Carta Política. inhumanos o crueles.
se introduce un método de ponderación a partir de diversos subprincipios derivados de la proporcionalidad. En caso contrario. En Italia. y que la Constitución Nacional establece en su artículo 29. del valor demostrativo de la prueba. como Francia. Además. necesidad y adecuación. 100 “En Alemania. Cas. sino que no funciona como una regla imperativa puesto que el juez penal dispone de cierta discrecionalidad para aplicarla después de evaluar y sopesar ciertos factores”. las pruebas irregulares son sometidas a un régimen de nulidades. Fernando Arboleda Ripoll. de pleno derecho. Cas. pie de página 81 de la Corte Constitucional en SU-159/02. tales como por ejemplo. la regla de exclusión no solo fue tardíamente introducida. Cas..P. ya citada. Se concluye entonces. están sometidas a la regla de exclusión. la prueba afectada debe ser excluida del acervo probatorio. El juez no puede anular la prueba si no afecta los intereses de la parte concernida. 16-12/98. la gravedad del crimen. el condigno castigo para sus autores. de los cuales surgen factores. (. resulta obvio en el proceso de exclusión de resultados investigativos. se está en presencia de un error de apreciación probatoria. 97 Sala de casación Penal. demandando o aplicando. R 10373.810. esquemas vitales de los derechos humanos. 17-10-1990. y el juez la toma en cuenta al momento de dictar sentencia. bajo el sistema de la nulidad de pleno derecho98 sin que al respecto exista discrecionalidad judicial. como excepción. 23-07-01. M. es obvio. P. Gustavo Gómez Velásquez. Sent. Considera improcedentes. especialmente los relacionados con los derechos civiles y las garantías sociales.). la prueba viciada es excluida. Carlos Eduardo Mejía Escobar. 13. del vicio probatorio. pero ello no implica necesariamente la anulación de todo lo actuado” 97. 99 “En los Estados Unidos de América y en otros países de tradición anglosajona. Ver cita. “Cuando una prueba ha sido irregularmente allegada al proceso. si se presenta un vicio sustancial en la práctica de la prueba. las pruebas inconstitucionales. la prueba obtenida con violación del debido proceso” 96 “Según la doctrina seguida por la Corte Suprema. Corte Constitucional SU-159/02. 98 “En países de tradición romana. en virtud de la cláusula o regla de exclusión que como mecanismo de saneamiento opera en estos casos. Sent. R. la fortaleza de la sospecha y los intereses constitucionales en
. M. Sala de Casación Penal. Si la prueba cuestionada representa una afectación de la garantía esencial de los derechos fundamentales. puesto
Sala de Casación Penal. la nulidad de la prueba ilícita es ordenada por una disposición general de la ley procesal penal que tiene un tenor amplio y que no exige la existencia de un perjuicio para el inculpado ni exceptúa las irregularidades menores”. 33. que estos evidencien nexo causal con la práctica ilegal que los genera” 95. al declarar que es nula. prácticas de fuerza (material y moral) y desconoce toda validez a lo realizado en tan censurables circunstancias.. ni sin que se pueda alegar. tanto en la órbita penal como en la disciplinaria. la exclusión de pruebas viciadas no es inevitable sino el resultado de un método de ponderación que se aplica caso por caso.P. Sent. que se soluciona con la separación de la prueba ilegal del juicio. pág. además. M.43
que no se ajustan a la normatividad jurídica. afirmando que en nuestro ordenamiento jurídico. como ocurre en el derecho comparado99. la prevalencia del interés general100.
que por esa misma entidad no desconocen derechos fundamentales ni afectan la estructura del proceso ni el derecho de defensa102. no resulta imperativa la exclusión cuando se trata de una prueba afectada por irregularidades menores. como. 102 Casación 10373. La protección de los derechos fundamentales no está sometida al vaivén del interés general. o cuando el sentido común puede indicar que esa conexión se ha vuelto tan tenue que la mancha ha sido disipada. 16-12/98. la jurisprudencia tiende a establecer esta limitante. que no puede ser negociado o subestimado”. claro está. (q. 104 Código de Procedimiento Penal francés. sistema este sobre el cual la doctrina ha venido estableciendo una serie de
juego. como así. que la invalidez de la prueba primaria no se pueda extender a otras que le sean relacionadas o causalmente vinculadas105 y. excepción conocida ahora como de atenuación. M. también lo ha reiterado la Sala.e. 106 La Corte Suprema de Estados Unidos. inconstitucionalmente obtenida104. M. por ejemplo. las pruebas ilícitas no pueden apreciarse y todos los resultados obtenidos contra legem deben excluirse como fundamentos de las decisiones en las actuaciones administrativas y judiciales. según la cual. dejando a salvo el conocimiento ganado a partir de una prueba independiente. sobre un tema tan complejo103. inherentes a la dignidad humana. Esta regla general ha sido moderada a través de elementos correctores.
. 103 Exclusión de prueba ilícita.P. “El individuo es un fin en sí mismo. una variedad de sistemas que oscilan entre el que le concede al juez plena libertad para apreciar la prolongación de los efectos de la invalidez de la prueba principal. Artículo 174 inc. Como corolario de lo expuesto. sopesar en cada caso si procede la exclusión (“balacing test”) o admitir de manera restringida el efecto reflejo de la contaminación para reconocerle validez a ciertas pruebas obtenidas razonablemente (“good-faith excepcio”). Existe en el derecho comparado. 101 Corte Constitucional Sentencia C-546. arriba citada.). tal como el interés en que la violación de los bienes jurídicos tutelados por el derecho penal no quede en la impunidad. al que sienta. ella es una norma que encierra un valor absoluto. precisó aún mas la extensión de la regla de exclusión cuando aplicó la doctrina de los frutos del árbol envenenado (“fruit of the poisonaus tree doctrine”). multicitada.P. Inglaterra: Art. La Suprema Corte expuso que “la esencia de una disposición que prohíbe la obtención de la evidencia por cierta vía es no solo que la evidencia así obtenida no sea usada ante una Corte sino que no sea usada de ninguna manera”.44
que tratándose de derechos fundamentales. Carlos E. 2º. el progreso social no puede construirse sobre la base del perjuicio individual. A partir de la década de los años treinta.d. la doctrina tiende a ser favorable a admitir el principio del “efecto lejano”. debe admitirse. octubre 1º/92. invocando la Cuarta Enmienda. desde 1920. si bien. 105 Si bien la ley penal guarda silencio al respecto. Ver cita de la SU-159/02.p. Ciro Angarita Barón. 78 del police and criminal evidence. SU-159. otro intermedio. Sentencia de la Corte Constitucional en cita. sacrificándose la verdad real”. en algunas decisiones recientes. la prioridad del interés general no puede ser interpretada de tal manera que ella justifique la violación de los derechos fundamentales101. Mejía E. así se trate de una minoría o incluso de un individuo. como principio general. conforme al cual los efectos de la exclusión de la prueba constitucionalmente ilícita se extienden a las pruebas derivadas de ella106.
de la prueba derivada. de ninguna manera tenue a atenuada.
. por ende. No tiene. por consiguiente. con entidad igualmente constitucional. eventualmente. exige la exclusión estricta de la prueba constitucionalmente ilícita (prueba principal) y. deben ser necesariamente excluidos. así como la denominada “acto de voluntad libre” consistente en que el vínculo de esta prueba se rompe con la prueba inicialmente viciada cuando es ratificada mediante decisión libre de la persona afectada107. tales como la prueba proveniente de una fuente independiente. Los vicios que puedan afectar la legalidad de una prueba no trascienden a la estructura del proceso. tienen validez suficiente para sustentar providencias judiciales. Principios generales del proceso penal. que tiene su fuente de conocimiento en dicha prueba básica y no en otra de carácter independiente. p. 39. pues. por tanto. Así también PÉREZ PINZÓN.45
distinciones o excepciones. esto es. Universidad Externado de Colombia. ÁLVARO ORLANDO. El inciso final del artículo 29 de la Carta Política y las normas que lo desarrollan. y de la administración de justicia. o de la prueba inevitable. los medios probatorios. Las decisiones judiciales deben procurar la verdad obtenida bajo el supuesto de que el método para obtenerla se apoya en prueba recaudada con respeto a las garantías constitucionales. carácter de prueba derivada la prueba que tiene su arribo al proceso. principios y valores. De ahí que si una probanza es recaudada con el quebrantamiento de los presupuestos para su
SU-159/02. fines loables que no admiten medios ilícitos para obtenerlos. señala que tanto la estructura del Estado de derecho. La exclusión de pruebas ilícitas por desconocer derechos o garantías constitucionales o contravenir el debido proceso no tendría significado si no es por su trascendencia a tan caros derechos. soportadas dogmática y orgánicamente en la Constitución. inevitablemente. entendiendo por tal aquélla. por otra vía lícita. la que de todas maneras habría sido conocida por otra vía. como de la sociedad para la cual se consagra esencialmente. pues en tales eventos no sufren los efectos expansivos de la prueba principal ilícita. cuando la regla oculta complejidades concretas. su admisibilidad no puede sustentarse en el celoso propósito de encontrar a cualquier precio la verdad real. directa o indirectamente obtenidos al margen de la Carta Política o de los preceptos que la desarrollan. instituido en defensa de derechos fundamentales y garantías ciudadanas. ni las irregularidades en desarrollo de su incorporación se comunican a la actuación procesal. no admiten pruebas obtenidas con violación al debido proceso. como tampoco la que obtiene su ratificación mediante el ejercicio libre de la voluntad del afectado. por consiguiente. 71 y 72. o de evitar la impunidad. Ed. o la conocida como de atenuación. págs.
Se entiende por prueba ilícita la que se obtiene con vulneración de los derechos fundamentales de las personas. sentencia del 2 de marzo de 2005.139. de lo cual se contrae normativamente un efecto-sanción de “inexistencia jurídica” y por ende de exclusión cuando de pruebas “ilícitas” o “ilegales” y de elementos materiales y evidencias físicas recogidas de manera irregular se trate. sea cual fuere el género o la especie de la prueba así obtenida. la no autoincriminación. La exclusión opera de maneras diversas y genera consecuencias distintas dependiendo si se trata de prueba ilícita o prueba ilegal. Sala de Casación Penal. En esta eventualidad.46
formación o introducción al proceso. imperativo que se reproduce en los artículos 23 y 455 –comprendidas sus salvedades. radicado 18. práctica o aducción se somete a las personas a torturas. la solidaridad íntima. práctica o aducción se incumplen los requisitos legales esenciales. Sala Penal Corte Suprema de Justicia. y aquéllas en cuya producción. La prueba ilegal se genera cuando en su producción.
. El error de derecho por falso juicio de legalidad de que trata la causal tercera de casación del artículo 181 de la Ley 906 de 2004. en el cual se reportan “nulas de pleno derecho las pruebas obtenidas con violación del debido proceso”. caso en el cual debe ser excluida como lo indica el artículo 29 Superior.103. La prueba ilícita debe ser indefectiblemente excluida y no podrá formar parte de los elementos de convicción que el juez sopese para adoptar la decisión en el asunto sometido a su conocimiento. ponente Mauro Solarte Portilla. En sentencia del 2 de marzo de 2005. obedece sus contenidos al principio y garantía de legalidad de la prueba regulado en el artículo 29 de la Carta Política. inhumanos o degradantes. la Sala de Casación Penal indicó: El artículo 29 de la Constitución Política consagra la regla general de exclusión al disponer que “es nula de pleno derecho. la intimidad. evidencias físicas y pruebas ilegales. radicado 20. el debido proceso. 109 Corte Suprema de Justicia. la prueba obtenida con violación del debido proceso”.del Código de Procedimiento Penal en lo que dice relación con las pruebas ilícitas y en el artículo 232 y 360 ejusdem en lo correspondiente con los elementos materiales probatorios. entre ellos la dignidad.
108 Sentencia del 11 de agosto del 2004. toda vez que la omisión de alguna formalidad insustancial por sí sola no autoriza la exclusión del medio de prueba109. es falencia que debe conducir a que jurídicamente el medio no sea tenido en cuenta. sin que pueda anteponer su discrecionalidad ni la prevalencia de los intereses sociales. pero en ningún momento puede llegar a interesar la actuación108. tratos cueles. corresponde al juez determinar si el requisito legal pretermitido es esencial y discernir su proyección y trascendencia sobre el debido proceso.
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 artículo 246
 artículo 249
 artículo 230
 artículo 246
 artículo 247
 artículo 207
 artículo 250
 artículo 382
 resolución 
 artículo 29
 artículo 14
 artículo 8
 artículo 9
in dubio
 artículo 7
 artículo 29
 artículo 295
 artículo 18
 artículo 250
 resolución 
 artículo 15
 artículo 361
 artículo 14
 artículo 361
 artículo 361

Artículo 250
 Artículo 16
 artículo 1
 resolución 
 artículo 14
 artículo 93
 artículo 8
 artículo 181
 artículo 3
 artículo 9
 artículo 27
 Artículo 27
 artículo 93
 artículo 464
 Artículo 4
 artículo 27
 artículo 4
 Artículo 4
 artículo 27
 artículo 8
 artículo 9
 Artículo 8
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 artículo 4
 artículo 29
 artículo 8
 artículo 27
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 27
 artículo 27
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 Artículo 15
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 Artículo 29
 artículo 8
 artículo 4
 artículo 93
 artículo 250
 artículo 93
 artículo 93
 artículo 7
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 artículo 28
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 artículo 250
 artículo 250
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 artículo 250
 artículo 2
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 artículo 382
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 artículo 29
 artículo 23
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 artículo 29
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 artículo 29
 artículo 29
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 artículo 232