Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2001/A165-01.htm
Timestamp: 2017-11-23 15:08:53+00:00

Document:
A165-01
Auto 165/01
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Lugar donde ocurriere la violación o la amenaza
Referencia: expediente I.C.C - 295
Conflicto de competencias entre el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Villavicencio y el Tribunal Administrativo del Meta.
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil uno (2001).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, procede a decidir sobre el conflicto de competencias suscitado entre los despachos judiciales mencionados en la referencia.
1. Teodosio Riveros Daza promovió acción de tutela ante el Tribunal Administrativo del Meta, contra el Instituto de Valorización Departamental del Meta, con el objeto de que fueran protegidos sus derechos fundamentales, en virtud de que la entidad demandada incremento el valor de la contribución de valorización.
2. Mediante auto del trece (13) de marzo de 2001, el Tribunal Administrativo del Meta se declaró incompetente para conocer del asunto y, por ende, remitió el expediente al Juez del Circuito (R) de Villavicencio. En tal sentido, el Despacho consideró en la parte resolutiva:
“ PRIMERO: Conforme a lo dispuesto en el Art. 1°., Numeral 1° inciso 2° y el Parágrafo del Decreto 1382 de 2000, ordénase por Secretaría de esta Corporación, el envío inmediato de la presente demanda de Tutela impetrada por TEODOSIO RIVEROS DAZA contra el INSTITUTO DE VALORIZACION DEPARTAMENTAL DEL META, IVALMETA, al Señor Juez del Circuito ( R ) de Villavicencio, quién es el competente para conocer del presente asunto” (fl.10).
3. El Juzgado Segundo Penal del Circuito, por auto del dieciséis (16) de marzo de 2001, consideró que carecía de competencia para conocer sobre el asunto referido, en consecuencia, ordenó enviar el expediente al Tribunal Administrativo del Meta. El Despacho manifestó:
” Es ostensible entonces, la contrariedad del artículo primero del decreto 1832 de 2000 con la Carta Política, como se ha declarado incluso por la mayoría de Funcionarios Judiciales del país, quienes han inaplicado la norma en mención y por ende, se encuentran conociendo de todas las acciones de tutela dirigidas a sus despachos judiciales, de manera que este Juzgado consecuencialmente dispone INAPLICAR en este caso el artículo primero del Decreto 1832 de 2000, como lo ha venido haciendo respecto de acciones de tutela recibidas contra entidades del orden Nacional, que de acuerdo a esta disposición no serían de su competencia, y por ende dispone el envío de la presente acción al Tribunal Administrativo del Meta. En caso de que la Honorable Corporación no acepte la competencia se provoca colisión o conflicto negativo de competencia para que se decida lo pertinente” ( fl.16 y 17).
4. El Tribunal Administrativo del Meta, por auto del veinte (20) de marzo de 2001, ordenó enviar el expediente a la Corte Constitucional, para de esa manera dirimir el conflicto negativo de competencias suscitado entre el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Villavicencio y el Tribunal Administrativo del Meta. Sobre el tema, expresó:
” I. Procesalmente este Juez colegiado no puede reasumir la competencia para conocer del presente asunto, como erróneamente lo manifiesta la señora Juez Segundo Penal del Circuito de Villavicencio, toda vez que mediante auto de Marzo 13 de 2001 y en aplicación de lo dispuesto en el Art. 1°, Numeral 1° y el Parágrafo del Decreto 1382 de 2000, se relevó para asumir el conocimiento y decidir de fondo la presente Acción de tutela. II. Si la Funcionaria a quién correspondió por reparto el conocimiento de la presente acción ha decidido inaplicar lo dispuesto en el Art. 1° del Decreto 1382 de 2000, lo procedente era, una vez propuesto el Conflicto Negativo de Competencia ordenar la remisión de las diligencias al Juez Constitucional para lo de su competencia. III. Por lo anterior y propuesto el conflicto negativo de competencia por dicha Funcionaria, se ordenará la remisión del presente asunto a la H. Corte Constitucional para que se decida sobre lo pertinente” (fl.24).
1. La Corte Constitucional tiene competencia para resolver sobre los conflictos de competencias que se susciten entre jueces o tribunales de distinta jurisdicción. Así lo ha expresado la Corporación:
“Es necesario establecer que en cuanto a los conflictos de competencia derivados de los asuntos de tutela que se presenten entre jueces y tribunales de distinta jurisdicción, la autoridad competente para dirimirlos es la Corte Constitucional”[1].
En igual sentido, la Corte en auto 044 de 1998 expreso:
Así las cosas, la Corte Suprema de Justicia dirime los conflictos que surjan entre tribunales superiores de Distrito Judicial, pero no puede hacer lo propio cuando la discrepancia sobre competencia se manifiesta entre un tribunal de distrito judicial y uno Contencioso Administrativo. En éste último caso, tampoco el Consejo de Estado podría resolver. Y, por tanto, la superioridad funcional común es la Corte Constitucional”.
En este caso, la Corte Constitucional es competente para conocer del conflicto de competencias negativo planteado entre el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Villavicencio y el Tribunal Administrativo del Meta.
2. Observa la Corporación que los despachos judiciales en conflicto fundan su incompetencia en la aplicación o inaplicación del Decreto 1382 de 2000 ”Por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela”. Al respecto la Corte Constitucional, en auto ICC - 118 de veintiséis (26) de septiembre de 2000, decidió inaplicar por ser contrario a la Constitución el artículo 1° del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000[2]. En tal sentido, la Corte manifestó:
“1.Como es suficientemente conocido, para garantizar el imperio de la Constitución Política, además de la acción pública que para el efecto consagra como un derecho político de los ciudadanos en su artículo 40, numeral 6º, la Carta instituye otros mecanismos como sucede con el control automático de constitucionalidad en los casos por ella previstos y, además, expresamente dispone que "en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la Ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales", (artículo 4º), institución esta conocida como la "excepción de inconstitucionalidad", que ya consagraba en el Derecho Colombiano el artículo 215 de la Constitución anterior.
Siendo ello así, surge de bulto que el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, fue mucho más allá de la usurpación al Congreso de la República para introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, para reformar, sin atribución alguna el artículo 86 de la Constitución Política, pues esa reforma no se ciñe para nada a ninguno de los procedimientos que para el efecto se establecen en el Título XIII de la Constitución (artículos 374 a 379)”.
Por otra parte, mientras el Consejo de Estado decide la legalidad del Decreto 1382 de 2000, el Gobierno Nacional a través del Decreto 404 del catorce (14) de marzo de 2001 determinó suspender la aplicación de la mencionada norma. En tal sentido, en el artículo 1 dispuso: ”Suspéndase por un año la vigencia del Decreto No.1382 del 12 de julio de 2000, Por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela, en espera de que el Consejo de Estado resuelva en forma definitiva sobre la legalidad del mismo”.
3. En el asunto objeto de estudio, conforme al artículo 37 del decreto 2591 de 1991, según el cual “Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud” (Subraya la Sala), se resolverá el conflicto de competencias planteado entre el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Villavicencio y el Tribunal Administrativo del Meta, en el sentido de remitir el expediente ante la autoridad judicial donde tuvo lugar la presunta violación de los derechos invocados. Por lo tanto, esta Corporación ordenará al Tribunal Administrativo del Meta dar tramite a la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Carta Política y el art. 37 del decreto 2591 de 1991.
III. DECISIÓN .
DIRIMIR el conflicto de competencias suscitado entre el Tribunal Administrativo del Meta y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Villavicencio, en cuanto a la acción de tutela incoada por Teodosio Riveros Daza contra el Instituto de Valorización Departamental del Meta, en el sentido de que la competencia para conocer de ella corresponderá al Tribunal Administrativo del Meta, al cual se remitirá el expediente respectivo.
Salvamento de voto al Auto 165/01
REF. Expediente ICC-295
Peticionario: Teodosio Riveros Daza.
[1] Sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[2] Sobre el tema, ver lo autos: 087 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz; 087A de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell; 087B de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica; 096 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández; 098 de 2000, M.P. Alvaro Tafur Galvis; 100 de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica; 101 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz; 103 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero; 104 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz; 112 de 2000, M.P: Martha Victoria Sáchica; 122 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández; 125 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell; 133 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz y 163 de 2000, M.P. Alvaro Tafur Galvis.

References: artículo 1
 artículo 40
 artículo 215
 artículo 1
 artículo 37
 artículo 86
 artículo 1
 artículo 37
 artículo 86