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Timestamp: 2017-01-18 21:38:06+00:00

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Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Vigente hasta el 30 de Diciembre de 2013).
Vigencia desde 27 de Febrero de 1993. Esta revisión vigente desde 07 de Julio de 2011 hasta 30 de Diciembre de 2013
Comunicaciones entre órganos
Concepto de interesado
Lengua de los procedimientos
Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad
Comparecencia de los ciudadanos
Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud de interesado
Validez y eficacia de documentos y copias
Jerarquía y competencia
Publicidad e inderogabilidad singular
Cumplimiento de trámites
Medios y período de prueba
Actuación de los interesados
Medios y efectos
Prohibición de interdictos
Objeto y plazos
Reclamaciones del personal civil no funcionario de la Administración Militar
Procedimientos de responsabilidad patrimonial
Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas
Informatización de registros
Adecuación de procedimientos
Tasas del procedimiento
Actos de Seguridad Social y Desempleo
Procedimiento administrativo sancionador por infracciones en el orden social y para la extensión de actas de liquidación de cuotas de la Seguridad Social
Procedimiento sancionador en materia de tráfico y seguridad vial
Procedimientos administrativos instados ante misiones diplomáticas y oficinas consulares
Responsabilidad en materia de asistencia sanitaria
Régimen de suscripción de convenios de colaboración
Relaciones con las Ciudades de Ceuta y Melilla
Administración de los Territorios Históricos del País Vasco
Presentación telemática de solicitudes y comunicaciones dirigidas a la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos
Procedimientos administrativos regulados en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre
L 39/2015, de 1 Oct. (procedimiento administrativo común de las administraciones públicas) Norma afectada por
BOE 28 Diciembre. Corrección de errores L 30/1992, de 26 Nov. (corrección de errores de la LRJAP) BOE 27 Enero 1993. Corrección de errores L 30/1992, de 26 Nov. (corrección de errores de la LRJAP) Afectaciones recientes
LO 6/2015 de 12 Jun. (modificación LO 8/1980 de 22 Sep., financiación CC.AA y LO 2/2012 de 27 Abr., Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera) Ocultar / Mostrar comentarios Número 5 de la disposición adicional vigésima redactado por la disposición final segunda de la L.O. 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la L.O. 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la L.O. 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera («B.O.E.» 13 junio).
L 15/2014, de 16 Sep. (racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa) Ocultar / Mostrar comentarios Número 5 del artículo 59 redactado por el número uno del artículo 25 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa («B.O.E.» 17 septiembre). Véase la disposición transitoria tercera de la presente Ley.
L 30/1992 de 26 Nov. (régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) Ocultar / Mostrar comentarios Número 5 del artículo 59 redactado por el número uno del artículo 25 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa («B.O.E.» 17 septiembre). Véase la disposición transitoria tercera de la presente Ley.
R Coordinación Autonómica y Local 22 Dic. 2014 (Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la L 15/2014 de 16 Sep.) Ocultar / Mostrar comentarios Véase el apartado 1.º de la Res. 22 diciembre 2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa («B.O.E.» 14 enero 2015).
L 15/2014, de 16 Sep. (racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa) Ocultar / Mostrar comentarios Disposición transitoria tercera introducida por el número tres del artículo 25 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa («B.O.E.» 17 septiembre).
L 27/2013 de 27 Dic. (racionalización y sostenibilidad de la Administración Local) Ocultar / Mostrar comentarios Disposición adicional vigésima introducida por la Disposición final segunda de la Ley 27/2013, 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local («B.O.E.» 30 diciembre).
Sentencia 50/1999 de 6 Abr. (recursos de inconstitucionalidad 521/1993 y 547/1993 -acumulados-, promovidos, respectivamente por la Jun. ta de Castilla y León y por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, contra determinados preceptos de la L 30/1992 de 26 Nov. - Se estiman parcialmente) Ocultar / Mostrar comentarios Téngase en cuenta que el inciso «por quien designe el órgano competente para el nombramiento de aquéllos», contenido en el número 1 del artículo 17, ha sido declarado contrario al orden constitucional de competencias por Sentencia del Tribunal Constitucional 50/1999, 6 abril («B.O.E.» 27 abril).
L 19/2013, de 9 Dic. (transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno) Ocultar / Mostrar comentarios Letra h) del artículo 35 redactada por el apartado uno de la disposición final primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno («B.O.E.» 10 diciembre). Téngase en cuenta que el título preliminar, el título I y el título III entrarán en vigor el día 10 de diciembre de 2014.
RDL 8/2011 de 1 Jul. (apoyo a los deudores hipotecarios, control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales) Ocultar / Mostrar comentarios Letra b) del número 4 del artículo 38 redactada por el número uno del artículo 27 del R.D.-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa («B.O.E.» 7 julio).
L 2/2011 de 4 Mar. (Economía Sostenible) Ocultar / Mostrar comentarios Inciso final del número 3 del artículo 142 introducido conforme establece la disposición final cuadragésima de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible («B.O.E.» 5 marzo).
L 18/2009 de 23 Nov. (modificación del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial) Ocultar / Mostrar comentarios Disposición adicional octava bis introducida por la disposición final primera de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el R.D. Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora («B.O.E.» 24 noviembre).
L 13/2009 de 3 Nov. (reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial) Ocultar / Mostrar comentarios Número 5 del artículo 139 introducido por el artículo noveno de Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial («B.O.E.» 4 noviembre).
L 25/2009 de 22 Dic. (modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio) Ocultar / Mostrar comentarios Artículo 39 bis introducido por el número uno del artículo 2 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio («B.O.E.» 23 diciembre).
L 11/2007 de 22 Jun. (acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos) Ocultar / Mostrar comentarios Número 9 del artículo 38 derogado por el número 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos («B.O.E.» 23 junio).
L 62/2003 de 30 Dic. (medidas fiscales, administrativas y del orden social) Ocultar / Mostrar comentarios Número 3 del artículo 103 redactado por el artículo 81 de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre).
L 57/2003 de 16 Dic. (medidas para la modernización del gobierno local) Ocultar / Mostrar comentarios Número 1 del artículo 127 redactado por el número 1 del artículo tercero de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local («B.O.E.» 17 diciembre).
Número 1 del artículo 129 modificado conforme establece el número 2 del artículo tercero de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local («B.O.E.» 17 diciembre).
LO 14/2003 de 20 Nov. (reforma de las Leyes de Extranjería, Régimen Local, Procedimiento Administrativo Común y Competencia Desleal) Ocultar / Mostrar comentarios Disposición adicional decimonovena introducida por el artículo cuarto de la L.O. 14/2003, de 20 de noviembre, de Reforma de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la L.O. 8/2000, de 22 de diciembre; de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal («B.O.E.» 21 noviembre).
L 24/2001 de 27 Dic. (medidas fiscales, administrativas y del orden social) Ocultar / Mostrar comentarios Disposición adicional decimoctava introducida por el artículo 68 de la Ley 24/2001, 27 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («B.O.E.» 31 diciembre).
Número 3 del artículo 59 introducido en su actual redacción por el número dos del artículo 68 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («B.O.E.» 31 diciembre).
Número 4 del artículo 59 renumerado por el número dos del artículo 68 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («B.O.E.» 31 diciembre). Su contenido literal se corresponde con el del anterior número 3 del mismo artículo.
Número 5 del artículo 59 renumerado por el número dos del artículo 68 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («B.O.E.» 31 diciembre). Su contenido literal se corresponde con el del anterior número 4 del mismo artículo.
Número 6 del artículo 59 renumerado por el número dos del artículo 68 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («B.O.E.» 31 diciembre). Su contenido literal se corresponde con el del anterior número 5 del mismo artículo.
Sentencia 50/1999 de 6 Abr. (recursos de inconstitucionalidad 521/1993 y 547/1993 -acumulados-, promovidos, respectivamente por la Jun. ta de Castilla y León y por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, contra determinados preceptos de la L 30/1992 de 26 Nov. - Se estiman parcialmente) Ocultar / Mostrar comentarios Artículo 23 declarado contrario al orden constitucional de competencias por Sentencia del Tribunal Constitucional 50/1999, 6 abril («B.O.E.» 27 abril).
L 4/1999 de 13 Ene. (modificación de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) Ocultar / Mostrar comentarios Artículo 3 redactado por Ley 4/1999, 13 enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» 14 enero).
Artículo 59 redactado por Ley 4/1999, 13 enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» 14 enero).
L 6/1997 de 14 Abr. (organización y funcionamiento de la Administración General del Estado) Ocultar / Mostrar comentarios Disposición adicional novena derogada por Ley 6/1997, 14 abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado («B.O.E.» 15 abril).
RDL 14/1993 de 4 Ago. (modificación L 30/1992 de 26 Nov., LRJAP) Ocultar / Mostrar comentarios Disposición adicional tercera redactada por el número uno del artículo único del R.D.-ley 14/1993, de 4 de agosto de modificación de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» 20 agosto).
Sentencia 50/1999 de 6 Abr. (recursos de inconstitucionalidad 521/1993 y 547/1993 -acumulados-, promovidos, respectivamente por la Jun. ta de Castilla y León y por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, contra determinados preceptos de la L 30/1992 de 26 Nov. - Se estiman parcialmente) Ley 30/1992, de 26 de noviembre, derogada por la letra a) del número 2 de la disposición derogatoria única de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas («B.O.E.» 2 octubre). No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la Ley en consecuencia se mantendrán en vigor los artículos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, relativos a las materias mencionadas.
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, rectificada por Corrección de errores («B.O.E.» 28 diciembre 1992 y 27 enero 1993).
Corrección de errores L 30/1992, de 26 Nov. (corrección de errores de la LRJAP) Corrección de errores L 30/1992, de 26 Nov. (corrección de errores de la LRJAP) Exposición de Motivos I La Constitución recoge en el título IV los principios que inspiran la actuación administrativa y garantizan el sometimiento pleno de su actividad a la Ley y al Derecho, y configura al Gobierno de la Nación como un órgano eminentemente político que dirige la Administración y ejerce la potestad reglamentaria.
II El artículo 149.1,18.ª de la Constitución distingue entre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, que habrán de garantizar al administrado un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas.
III Con independencia de la Ley de 19 de octubre de 1889, que en su intento de uniformar el procedimiento constituyó un paso significativo en la evolución del Derecho público español -aunque se plasmara en un amasijo de Reglamentos departamentales-, la primera y única regulación del régimen jurídico y del procedimiento administrativo de la Administración Pública, en nuestro ordenamiento, es la contenida en los artículos 22 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 26 de julio de 1957 y en la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958 que constituyen, ciertamente, una aportación relevante en la configuración de nuestro Derecho Administrativo; en particular esta última.
IV La múltiple y compleja realidad que supone la coexistencia de la Administración del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las de las Entidades Locales, proyectando su actividad sobre un mismo espacio subjetivo y geográfico, hace necesario propiciar un acercamiento eficaz de los servicios administrativos a los ciudadanos. Objetivo que demanda a su vez una fluida relación entre las Administraciones Públicas y un marco jurídico de actuación común a todas ellas que permita a los particulares dirigirse a cualquier instancia administrativa con la certeza de que todas actúan con criterios homogéneos.
V Las nuevas corrientes de la ciencia de la organización aportan un enfoque adicional en cuanto mecanismo para garantizar la calidad y transparencia de la actuación administrativa, que configuran diferencias sustanciales entre los escenarios de 1958 y 1992. La Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 pretendió modernizar las arcaicas maneras de la Administración española, propugnando una racionalización de los trabajos burocráticos y el empleo de «máquinas adecuadas, con vista a implantar una progresiva mecanización y automatismo en las oficinas públicas, siempre que el volumen de trabajo haga económico el empleo de estos procedimientos». Este planteamiento tan limitado ha dificultado el que la informatización, soporte y tejido nervioso de las relaciones sociales y económicas de nuestra época, haya tenido hasta ahora incidencia sustantiva en el procedimiento administrativo, por falta de reconocimiento formal de la validez de documentos y comunicaciones emitidos por dicha vía. El extraordinario avance experimentado en nuestras Administraciones Públicas en la tecnificación de sus medios operativos, a través de su cada vez mayor parque informático y telemático, se ha limitado al funcionamiento interno, sin correspondencia relevante con la producción jurídica de su actividad relacionada con los ciudadanos. Las técnicas burocráticas formalistas, supuestamente garantistas, han caducado, por más que a algunos les parezcan inamovibles, y la Ley se abre decididamente a la tecnificación y modernización de la actuación administrativa en su vertiente de producción jurídica y a la adaptación permanente al ritmo de las innovaciones tecnológicas.
VI El título I aborda las relaciones entre las Administraciones Públicas de carácter directo en unos casos y, en otros, formalizadas a través de los órganos superiores de Gobierno, a partir de las premisas de la lealtad constitucional y la colaboración que han de presidir aquéllas, consustancial al modelo de organización territorial del Estado implantado por la Constitución.
VII El título II dedica su capítulo I a regular los principios generales del régimen de los órganos administrativos, derivados de los principios superiores de indisponibilidad de la competencia, jerarquía y coordinación, en el marco de lo previsto por el artículo 103 de la Constitución. Plenamente respetuosa con la potestad de autoorganización de las Administraciones Públicas, la Ley se limita a regular el núcleo estricto de lo que constituye la normativa básica de toda organización administrativa, cuya observancia tiene efectos directos sobre la validez y eficacia de los actos administrativos.
VIII El título III recoge las normas relativas a los interesados, con la amplitud que exige este concepto. Se regulan las especialidades de la capacidad de obrar en el ámbito del Derecho administrativo, la legitimación para intervenir en el procedimiento. La comparecencia a través de representantes y la pluralidad de interesados. Con ello se da cumplida respuesta a lo previsto en la Constitución, cuyo artículo 105.c), acoge el derecho de audiencia de los interesados como pieza angular del procedimiento administrativo.
IX El título IV, bajo el epígrafe «De la actividad de las Administraciones Públicas», contiene una trascendente formulación de los derechos de los ciudadanos en los procedimientos administrativos, además de los que les reconocen la Constitución y las Leyes. De esta enunciación cabe destacar como innovaciones significativas: La posibilidad de identificar a las autoridades y funcionarios bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos -rompiendo la tradicional opacidad de la Administración-, el derecho de formular alegaciones y de aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, el de no presentar los ya aportados a la Administración actuante, y el de obtener información y orientación sobre los condicionamientos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos que se propongan abordar.
X Abre el título V el capítulo dedicado a las disposiciones administrativas, enunciando los principios generales de legalidad, jerarquía, publicidad e inderogabilidad singular del Reglamento.
XI El título VI regula la estructura general del procedimiento que ha de seguirse para la realización de la actividad jurídica de la Administración.
XII El capítulo IV regula las formas y efectos de la finalización del procedimiento, a través de resolución, desistimiento, renuncia o caducidad. Se introduce la posibilidad de utilizar instrumentos convencionales en la tramitación y terminación de los procedimientos.
XIII El título VII, «Revisión de los actos administrativos», establece una profunda modificación del sistema de recursos administrativos vigente hasta hoy, atendiendo los más consolidados planteamientos doctrinales, tanto en lo referente a la simplificación, como a las posibilidades del establecimiento de sistemas de solución de reclamaciones y recursos distintos a los tradicionales y cuya implantación se va haciendo frecuente en los países de nuestro entorno y que ya existen, en algún caso, en nuestro propio ordenamiento.
XIV El título IX regula los principios básicos a que debe someterse el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración y los correspondientes derechos que de tales principios se derivan para los ciudadanos extraídos del texto constitucional y de la ya consolidada jurisprudencia sobre la materia. Efectivamente, la Constitución, en su artículo 25, trata conjuntamente los ilícitos penales y administrativos, poniendo de manifiesto la voluntad de que ambos se sujeten a principios de básica identidad, especialmente cuando el campo de actuación del derecho administrativo sancionador ha ido recogiendo tipos de injusto procedentes del campo penal no subsistentes en el mismo en aras al principio de mínima intervención.
XV El título X, «De la responsabilidad de las Administraciones Públicas y de sus Autoridades y demás personal a su servicio», incorpora la regulación de una materia estrechamente unida a la actuación administrativa y que constituye, junto al principio de legalidad, uno de los grandes soportes del sistema. Se hace así realidad la previsión contenida en el artículo 149.1,18.ª de la Constitución sobre el establecimiento de un «sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas».

References: artículo 59
 artículo 25
 artículo 59
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 17
 artículo 35
 artículo 38
 artículo 27
 artículo 142
 artículo 139
 Artículo 39
 artículo 2
 artículo 38
 artículo 103
 artículo 81
 artículo 127
 artículo 129
 artículo 68
 artículo 59
 artículo 68
 artículo 59
 artículo 68
 artículo 59
 artículo 68
 artículo 59
 artículo 68
 Artículo 23
 Artículo 3

Artículo 59
 artículo 149
 artículo 103
 artículo 105
 artículo 25
 artículo 149