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Timestamp: 2018-08-20 00:46:02+00:00

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Tesis aisladas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Registro No. 165241 Localización
Tesis del PJF relacionadas con Derechos Humanos
Tesis aisladas de la SCJN
Tesis aisladas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Registro No. 165241
Tesis: 1a. XIII/2010
El referido precepto establece que durante cualquier etapa de la instrucción y después del dictado del auto de formal prisión, procede el incidente de libertad por desvanecimiento de datos cuando aparezcan plenamente desvanecidos todos y cada uno de los medios de prueba que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito. Esta norma no transgrede el principio de presunción de inocencia, dado que la exigencia antes descrita no supone en modo alguno presumir la culpabilidad del reo, ya que eso sería lógicamente imposible dado que el incidente se dicta dentro de la instrucción, esto es, antes de que se le pueda considerar penalmente responsable. Más bien, la figura, cuando se cumple, está encaminada al fortalecimiento de este derecho, al permitir que mucho antes del dictado de una sentencia, una persona sujeta a un procedimiento penal pueda recobrar su libertad. Asimismo, la norma no genera ningún estado de incertidumbre en cuanto a su configuración lingüística, toda vez que se refiere inequívocamente a la desaparición o desvanecimiento de todos los datos que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito, sin que ninguno de los términos empleados sufra de notoria ambigüedad y sin que los conceptos utilizados por el legislador sean particularmente vagos. Por último, el mencionado precepto tampoco incurre en alguna violación respecto a los principios de seguridad jurídica y debido proceso, pues, por el contrario, la medida está pensada para eventualmente suspender un procedimiento incoado contra una persona cuando ya no tiene ningún sentido. Se trata de una medida que impide que un inculpado tenga que pasar por todo un proceso penal cuando han desaparecido los medios de prueba con los que se contaba para mantenerlo en ese estado.
Amparo en revisión 2145/2009. 25 de septiembre de 2009. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara Chagoyán.
Registro No. 165900
Tesis: 1a. CXCII/2009
Con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Estado Mexicano tiene las siguientes obligaciones para prevenir la práctica de la tortura: establecer dentro de su ordenamiento jurídico interno la condena a la tortura como un delito, sea consumada o tentativa; sancionar tanto al que la comete como al que colabora o participa en ella; detener oportunamente al torturador a fin de procesarlo internamente o extraditarlo, previa investigación preliminar; sancionar con las penas adecuadas este delito; indemnizar a las víctimas; prestar todo el auxilio posible a todo proceso penal relativo a los delitos de tortura, incluyendo el suministro de toda prueba que posean; y prohibir que toda declaración o confesión que ha sido obtenida bajo tortura sea considerada válida para los efectos de configurar prueba en procedimiento alguno, salvo contra el torturador. Además, la integridad personal es el bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo principal para prohibir la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, lo cual también se encuentra previsto en los artículos 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto es, el derecho a no ser objeto de tortura, penas crueles o tratos inhumanos o degradantes es un derecho cuyo respeto no admite excepciones, sino que es absoluto y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la nación.
Registro No. 165901
Tesis: 1a. CXCI/2009
TORTURA. LA ACTUALIZACIÓN DE ESE DELITO NO PUEDE PRESUMIRSE, SINO QUE DEBE PROBARSE Y SUJETARSE A TODAS LAS REGLAS DE UN DEBIDO PROCESO PENAL.
El artículo 3o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada. Por otra parte, al ser la tortura un delito, está sujeto a un procedimiento penal debidamente establecido para su comprobación, como sucede con cualquier otro ilícito y que, por ende, no puede presumirse, sino que debe probarse suficientemente y por las vías legales idóneas, previamente establecidas; máxime que el hecho de que para dar credibilidad a la existencia de la tortura sea necesario que se encuentre probada, garantiza seguridad jurídica para todos los gobernados y con ello, sustenta el Estado de derecho.
Registro No. 165933
Tesis: 1a. CLXXXVI/2009
Registro No. 165937
Tesis: 1a. CCIV/2009
PROCEDIMIENTOS PENALES. EL ARTÍCULO 145, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO, AL AUTORIZAR AL JUZGADOR FEDERAL PARA NO REPETIR LAS DILIGENCIAS DE LA POLICÍA JUDICIAL LOCAL Y DE LOS TRIBUNALES DEL ORDEN COMÚN, NO VIOLA LA GARANTÍA DE DEFENSA ADECUADA.
El citado párrafo, al prever que las diligencias de policía judicial y las practicadas por los tribunales del orden común que pasen al conocimiento de los federales, no deben repetirse para que tengan validez, no viola la garantía de defensa adecuada contenida en el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), en virtud de que, por un lado, no obliga a utilizar una prueba innominada con la cual pueda acreditarse la responsabilidad penal y, por otro, tampoco impide la posibilidad de impugnar la validez de las indicadas actuaciones, sino que la función de la norma es autorizar al juzgador federal a no tener que volver a desahogar aquellas diligencias cuya repetición es prácticamente imposible, justamente por el carácter de la prueba recabada con motivo de tales diligencias. Así, la lectura del artículo 145 del Código Federal de Procedimientos Penales a la luz de la Constitución General de la República permite advertir que no contiene una permisión dirigida al juez en el sentido de que debe tener como válidas diligencias contrarias a derecho, toda vez que la posibilidad de su escrutinio siempre está presente, pues la validez que el precepto reconoce a dichas actuaciones sólo se da a nivel prima facie. Esto es, el indicado artículo 145 no prescribe una obligación a cargo del juzgador consistente en no deber repetir las aludidas actuaciones bajo ningún supuesto, sino que de su interpretación sistemática se advierte que la formulación de la norma supone que mientras se observen todas las demás disposiciones legales, el juez debe tener por válidas las actuaciones respectivas; de manera que su finalidad es evitar la innecesaria repetición de diligencias desahogadas anteriormente por una autoridad distinta a la que eventualmente conoce (autoridad que siempre estuvo sometida a las exigencias formales y materiales de la ley), con lo cual se regula más eficientemente el cambio generado con motivo de la atracción del caso al ámbito federal.
Registro No. 165999
Tesis: 1a. CXCVIII/2009
DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA.
La garantía individual de defensa adecuada contenida en el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008) entraña una prohibición para el Estado consistente en no entorpecer el ejercicio del derecho de defensa del gobernado y un deber de actuar, en el sentido de informarle el nombre de su acusador, los datos que obren en la causa, brindarle la oportunidad de nombrar un defensor, no impedirle que se entreviste de manera previa y en privado con él y, en general, no impedir u obstaculizar el ejercicio de las cargas procesales que corresponden dentro del proceso penal para desvirtuar la acusación del Ministerio Público. Así, para proteger la citada garantía es necesario que la labor de quien funja como defensor sea eficaz, pues aquélla no puede concebirse como un mero requisito formal, sino que debe entenderse en el sentido de permitir una implementación real para tener oportunidades de descargo que, básicamente, permitan al imputado una efectiva participación en el proceso. Ahora bien, el juez de la causa garantiza la posibilidad de la defensa al permitir que se den todas las condiciones necesarias para que el inculpado sea debidamente asistido (tanto formal como materialmente); de manera que si en los hechos no es posible calificar de adecuada la defensa del inculpado -en razón de la forma en que se conduce el defensor respectivo-, ello no significa que el juez de la causa viole la garantía en cuestión, pues el control de la correcta o incorrecta actitud procesal del defensor, del debido ejercicio de las cargas procesales, así como de su pericia jurídica, sólo podrían ser materia de responsabilidad profesional, en términos de las leyes administrativas o penales, y según se trate de un defensor de oficio o particular. Esto es, el juez respeta la garantía de defensa adecuada (i) al no obstruir en su materialización (como ocurre cuando niega el derecho a una entrevista previa y en privado o interfiere y obstaculiza la participación efectiva del asesor) y (ii) al tener que asegurarse, con todos los medios legales a su alcance, que se satisfacen las condiciones que posibilitan la defensa adecuada, sin que el juzgador esté en condiciones de revisar la forma en que los defensores efectivamente logran su cometido, pues ello excede las facultades que tiene a su cargo para vigilar que en el proceso se garantice una defensa adecuada.
Registro No. 166021
Tesis: 1a. CLXXXV/2009
Para determinar si la categoría de "violaciones procesales" contenida en el artículo 160 de la Ley de Amparo es aplicable a las cometidas durante la averiguación previa, es necesario interpretar tal disposición a la luz de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1993 y el 3 de julio de 1996; de las que se colige que la intención del Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue que dentro de la indicada categoría se comprendieran las violaciones cometidas durante la fase de averiguación previa, toda vez que dicho órgano hizo alusión a un concepto amplio de juicio de orden penal para efectos de las garantías contenidas en el artículo 20 constitucional, señalando que éste prevé tanto la fase jurisdiccional (ante el juez) como la previa (ante el Ministerio Público); de ahí que algunas de las garantías antes reservadas para la etapa jurisdiccional ahora deben observarse en la averiguación previa, criterio que se refuerza si se toma en cuenta que el indicado artículo 160 tiene como finalidad reparar, en el amparo directo, la violación a las garantías individuales contenidas en los artículos 14 y 20 constitucionales, pues todo el listado de violaciones se traduce en la vulneración de aquéllas. Además, no debe pasarse por alto la intención garantista del legislador federal, al establecer como violaciones procesales en la fracción XVII del citado artículo 160, los casos análogos precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los Tribunales Colegiados de Circuito, supuesto en el que pueden ubicarse las violaciones a las garantías individuales observables en la averiguación previa, consistentes en la obtención de pruebas ilícitas, la negativa para facilitar al inculpado los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso, así como la transgresión a la garantía de defensa adecuada, violaciones que no ameritarían la reposición del procedimiento, sino la invalidez de la declaración obtenida en su perjuicio o la de la prueba recabada ilegalmente, en tanto que su estudio necesariamente implicaría la interpretación directa de preceptos constitucionales.
Registro No. 166040
Tesis: 1a. CCII/2009
ACCIÓN PENAL. LA INCORPORACIÓN POR PARTE DEL JUEZ EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, DE IMPUTACIONES DELICTIVAS DISTINTAS A LAS SEÑALADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO AL EJERCERLA, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO.
Si el órgano acusador fuere deficiente en su actuación, no cabe suponer que el juez está autorizado para suplir esa deficiencia, la cual lógicamente puede producirse no sólo a nivel de exposición de hechos, sino también de argumentos. Así, la incorporación por parte del juez en el auto de formal prisión, de imputaciones delictivas distintas a las señaladas por el Ministerio Público al ejercer la acción penal, constituye una violación al debido proceso, toda vez que el principio de presunción de inocencia implica que exclusivamente el Ministerio Público (como contraparte en el proceso y único órgano del Estado facultado para acusar) debe soportar la carga de probar la culpabilidad de la persona sujeta a proceso; de manera que si el juez considera que la actuación del Ministerio Público fue ilegal al no lograr acreditar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, debe determinar que no hay una causa que seguir contra la persona en cuestión, lo cual implica que el juzgador tiene un impedimento legal para exponer argumentos tendentes a señalar que la causa del inculpado debe seguirse por más delitos de los expresamente señalados por el Ministerio Público (ello, aun cuando pretenda hacerlo con base en los hechos que el órgano acusador hizo de su conocimiento). En todo caso, si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de averiguación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. Así, la calificación jurídica de los delitos, desde un aspecto técnico, debe distinguirse de aquella operación que no sólo modifica sino agrega elementos diversos a los señalados por la única autoridad competente para hacerlo.
Registro No. 166159
Tesis: 2a. CXVII/2009
EXTRADICIÓN INTERNACIONAL. LOS ARTÍCULOS 2 Y 22 DE LA LEY RELATIVA NO VIOLAN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.
Los citados preceptos, al establecer, respectivamente, el ámbito de aplicación de la Ley de Extradición Internacional y la regla competencial sobre el Juez de Distrito que, en atención al lugar donde se encuentre la persona reclamada, estará facultado para intervenir en el procedimiento de extradición, no violan la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida en que los supuestos precisados no reducen las posibilidades de defensa del reclamado ni atentan contra las formalidades esenciales del procedimiento. Además, como los artículos 2 y 22 de la Ley citada no son preceptos aislados, el análisis del sistema normativo del que forman parte revela que la Ley de Extradición Internacional prevé un procedimiento ante un juzgador federal, en el que se comunica al requerido la solicitud de extradición y se le brinda la oportunidad de oponer excepciones y ofrecer las pruebas que estime necesarias, las cuales son tomadas en cuenta por la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues al resolver si concede o rehúsa la extradición debe tener a la vista el expediente en el que obra lo actuado ante el Juez de Distrito.
Amparo en revisión 1907/2009. 26 de agosto de 2009. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán.
Registro No. 166189
Tesis: 1a. CLXXVIII/2009
El artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), al tutelar la defensa adecuada en el proceso penal, la instituyó como un derecho fundamental mínimo, por lo que dicha garantía también es aplicable en la etapa de ejecución de sentencia, pues en ese periodo el sentenciado cuenta con ciertos beneficios preliberacionales que puede hacer valer cuando proceda -como la condena condicional, la sustitución de la pena de prisión y la conmutación de sanciones-, lo cual requiere la asistencia, asesoramiento jurídico y, en su caso, la promoción por parte de un defensor, pues de lo contrario se dejaría inerme al sentenciado frente a la actuación de las autoridades ejecutoras.
Amparo en revisión 1375/2009. 12 de agosto de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Arnoldo Castellanos Morfín.
Registro No. 167116
Tesis: 2a. LXVII/2009
EXTRADICIÓN. PARA JUSTIFICAR LA LEGALIDAD DEL ACUERDO QUE LA OTORGA NO ES INDISPENSABLE QUE LA SOLICITUD FORMAL SE REFIERA EXACTAMENTE AL PROCESO PENAL QUE MOTIVÓ LA DETENCIÓN PROVISIONAL DEL RECLAMADO.
La solicitud formal de extradición debe satisfacer, además de las reglas del tratado correspondiente, los requisitos previstos en el artículo 16 de la Ley de Extradición Internacional, los cuales tienen relación con la existencia de pruebas que en el Estado solicitante acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del reclamado; la existencia, en su caso, de una orden de aprehensión en su contra; y la certeza de que el delito por el que se solicita la extradición puede sancionarse en aquel país, por no haber operado la prescripción y porque en la época en que se cometió el delito se encontraban vigentes las normas legales que lo sancionaban. De esa manera, con independencia de que las posibles violaciones en que pudo incurrir la autoridad durante el trámite y ejecución de la medida precautoria prevista en el artículo 17 de aquel ordenamiento quedan irreparablemente consumadas por cambio de situación jurídica una vez presentada la solicitud formal de extradición, para justificar la legalidad del acuerdo que la otorga no es indispensable que la mencionada solicitud se refiera exactamente a un proceso penal determinado, toda vez que su procedencia está supeditada a la satisfacción de requisitos que atienden al delito atribuido al reclamado y su probable responsabilidad, así como a la posibilidad de ser juzgado y sancionado en el país solicitante.
Amparo en revisión 117/2009. 1o. de abril de 2009. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Blanca Lobo Domínguez.

References: artículo 22
 artículo 3
 ARTÍCULO 145
 artículo 20
 artículo 145
 artículo 145
 artículo 20
 artículo 160
 artículo 20
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 14
 artículo 20
 artículo 16
 artículo 17