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Derecho Procesal Penal Venezolano: 22/07/12 - 29/07/12
Publicadas por Zdenko Seligo el martes, julio 24, 2012
POR CONFLICTOVE - LUNES 25 DE JU NIO DE 2012
PUBLICADO EN: ANÁLISIS Y OPINIÓN, DERECHOS HUMANOS, DESTACADO, INFORMES Y DOCUMENTOS, LEYES
II. Violaciones a la Constitución en el mecanismo de reforma
La principal motivación esgrimida por la saliente Asamblea Nacional para otorgar poderes especiales legislativos al Presidente de la República se encuentra reflejada en la exposición de motivos de la Ley Habilitante, en los siguientes términos:
… hemos evidenciado con dolor en las últimas semanas, el saldo de treinta y ocho (38) compatriotas fallecidos, ciento treinta y dos mil seres humanos (132.000) que conforman treinta y tres mil familias (33.000) damnificadas y refugiadas en novecientos cincuenta y un (951) refugios habilitados por el gobierno revolucionario para brindarles alojamiento y servicios de salud y alimentación, treinta y cinco (35) puentes colapsados y doscientas sesenta y cuatro vialidades afectadas (264), tres (3) embalses de agua potable destruidos y cerca de cuarenta y seis mil (46.000) hectáreas de cultivos perdidas, entre otros graves daños hasta la fecha.
Si bien es cierto que el fenómeno natural no fue la única razón alegada por la Asamblea Nacional en 2010, no existe base normativa que permita suponer que tal delegación de facultades legislativas al Ejecutivo pueden extenderse de manera amplia e indeterminada a todas las áreas de la vida de la nación.
Igualmente, se viola el principio constitucional de participación, consagrado en el Preámbulo de la Carta Magna, donde se define a Venezuela como una “sociedad democrática, participativa y protagónica”, principio desarrollado en el artículo 62. En contraste con COPP de 1998 cuya elaboración duró cerca de 5 años y fue ampliamente consultado con penalistas, litigantes, académicos, organizaciones sociales y gremios profesionales, en esta oportunidad el Presidente informó sobre reforma del COPP el 28 de mayo de 2012, mediante llamada telefónica a reunión semanal del Partido Socialista Unido de Venezuela, en la que anunció que estaba estudiando “junto a un grupo de juristas las propuestas para la reforma del Código Orgánico Procesal Penal” (4).
III. Violaciones a derechos de los procesados
1. El derecho a ser oído(5)
De acuerdo a este principio fundamental, nadie puede ser condenado sin ser oído. Dicho principio se relaciona directa e indirectamente con el de la defensa, cuyo desconocimiento determina la nulidad del juicio. Esto no significa que sólo el acusado tiene derecho a ser oído. La formulación de este principio, refiriéndolo sólo al acusado obedece a la consideración de que el acusador tendrá la oportunidad de ser oído, bien cuando formula la imputación o cuando solicita una resolución jurisdiccional. El Proyecto en numerosas instituciones garantiza la defensa mediante la efectiva realización del principio "audiatur et altera pars". Como se verá, la práctica anticipada de pruebas irrepetibles (Art. 316), la decisión sobre la apertura a juicio (Art. 334) y el debate en el juicio oral (Art. 347 y ss.), constituyen manifestaciones de la plena aceptación de este principio.(7)
El derecho a un proceso penal público (8)
La reforma incorpora un quito numeral: “Cualquier otra circunstancia que a criterio del Juez o la Jueza, perturbe el normal desarrollo del juicio”9. De esta manera, se otorga al juez una facultad discrecional que desvirtúa el sentido excepcional de esta medida.
3. El derecho a la presunción de inocencia (10)
El Nuevo COPP incorpora nuevo numeral al ahora artículo 111(11):
Tal disposición viola el principio de presunción de inocencia al aplicar de manera anticipada e irreversible una sanción, la cual, adicionalmente, puede afectar bienes que, estando a nombre del imputado, pueden trascender a su persona como es el caso, por ejemplo, de la vivienda donde habita el grupo familiar. La norma no contempla excepciones que dejen a resguardo los intereses y derechos de terceros afectados por tal disposición.
Aún antes de la promulgación del nuevo COPP, tanto la Fiscal General de la República(14) como la Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (15) justificaron los cambios con base en el carácter preconstitucional del hasta entonces vigente y a la necesidad de adecuarlo al país, dado que supuestamente tendría normas “divorciadas absolutamente de la realidad venezolana”16. Según la Exposición de Motivos del nuevo COPP, el hoy derogado Código “incorporó a nuestro sistema una figura como el escabinado ajena totalmente a nuestras costumbres”.
La Constitución de 1961 no contempla la participación ciudadana como parte de la administración de Justicia y, sin embargo, el COPP de 1998 rescata este principio y lo reincorpora al proceso penal, antes de que se volviera a contemplar nuevamente en la Constitución de 1999, por lo que la eliminación de los escabinos17 so pretexto de no formar parte de nuestra tradición y contribuir al retardo procesal, carece de fundamento; se trata, por el contrario, de figuras incorporadas a la administración de justicia penal con anterioridad a la Constitución de 1999, con base en una tradición centenaria, que fue posteriormente reconocida por la nueva Constitución, de tal manera que fue el constituyente de 1999 quien acordó recobrar el rango constitucional de una figura preexistente.
El desafío del presente consiste en idear mecanismos que reduzcan el doble aislamiento de la justicia penal, acercándola a la fuente de la soberanía y buscando que las decisiones de los tribunales respeten las reales necesidades de justicia de la sociedad, con ello se procura dar al Poder Judicial la legitimidad democrática de la cual hoy día carece”.
Debe recordarse que, como ya lo adelantaba Montesquieu, al exponer su teoría de la división de los poderes: “el poder de juzgar no se puede dar a un senado permanente. Debe ejercerse por personas salidas del pueblo en la forma que lo establezca la ley para formar tribunal transitorio. Este es el único medio como el terrible poder de juzgar no se vincule a ningún estado, a ninguna profesión y se haga invisible y nulo”.
En su exposición de motivos, el COPP de 2012, pretende interpretar como mecanismos de control social y participación ciudadana en la administración de justicia, la selección y designación de jueces y el seguimiento en la aplicación de fórmulas alternativas a la prosecución del proceso y cumplimiento de penas. Sin embargo, si bien se trata de mecanismos que permiten acercar al ciudadano al sistema de justicia, el primero cuenta ya con una mora de 13 años sin que se advierta en el horizonte cercano, ni en el mismo COPP señal alguna sobre su pronta realización, y el segundo no constituye, en sí mismo, una forma de participación de justicia, sino que se trata de un mecanismo de co-gestión de la administración penitenciaria, asociado al principio constitucional de corresponsabilidad, más no al de participación.
Al respecto, cabe recordar que el artículo 184 de la Constitución prevé la creación de mecanismos en estados y municipios para la incorporación de las comunidades en diversos servicios “orientados por los principios de interdependencia, coordinación, cooperación y corresponsabilidad”, entre los que expresamente señala en su numeral 7: “La participación de las comunidades en actividades de acercamiento a los establecimientos penales y de vinculación de éstos con la población”. La incorporación de los Consejos Comunales18 en el nuevo COPP no obedece al principio de participación, sino al de corresponsabilidad. Los escabinos desaparecen de inmediato, mientras la cogestión de los consejos comunales opera a partir de 2013, lo que evidencia que no existe un interés real en el control ciudadano sobre la justicia. La participación ciudadana en el proceso penal ha desaparecido.
V. Impacto en personas privadas de libertad
El nuevo COPP establece en su artículo 374(19) que la decisión que acuerde la libertad del imputado es de ejecución inmediata, pero establece excepciones con base en el tipo de delito y no por la duración de la pena, como se estipulaba en el COPP anterior. En algunos casos se habla de delitos que causen “grave daño” o con “multiplicidad de víctimas”, lo que podría dar lugar a una reinterpretación del delito y de la pena, asunto que no corresponde al instrumento procesal sino al Código Penal. En consecuencia, el Presidente legisló sobre delitos, violentando el principio de reserva legal.
El nuevo COPP extiende los plazos para el otorgamiento de penas alternativas a la prisión de los ya penados de la siguiente forma: ALTERNATIVA COPP 1998- 2009 COPP 201220 Destacamento de trabajo Un cuarto de pena cumplida Mitad de pena cumplida Régimen abierto Un tercio de pena cumplida Dos tercios de pena cumplida Libertad condicional Dos tercios de pena cumplida Tres cuartos de pena cumplida
VI. El principio de solidaridad y corresponsabilidad(21)
En el COPP de 1998, las asociaciones de defensa de los derechos humanos estaban legitimadas para presentar querella e interponer recursos de revisión, cuando estuviesen comprometidos los derechos humanos. La reforma del COPP de 2009 acordó otorgar legitimidad a la Defensoría del Pueblo ”para interponer recursos de revisión en materia penal, cuando se trate de sentencias donde se encuentren vinculados funcionarios o funcionarias responsables de violaciones de derechos humanos”22, pero mantuvo a las organizaciones de derechos humanos, con lo cual se amplió la diversidad de actores legitimados. El nuevo COPP mantiene la legitimación de las organizaciones de derechos humanos para ejercer recursos de revisión pero elimina su legitimación para presentar querella. Aunque permanece la posibilidad de que tales acciones sean presentadas por una “persona”, lo cual no imposibilita la acción de individuos pertenecientes a organizaciones de derechos humanos, se produce una disminución en la calidad de las organizaciones para ejercer acciones, en cuanto asociaciones legítimamente constituidas en el país. En la práctica esto supone una mayor desprotección para las víctimas de violaciones de derechos humanos, si se toma en cuenta que, desde 2009, cuando se amplió la legitimación a la Defensoría del Pueblo para presentar querellas o recursos de revisión a favor de las víctimas, no existe registro en los informes anuales de la institución defensorial sobre el uso de tal atribución23.
VII. El fuero militar
El nuevo COPP presenta retrocesos importantes en cuanto a la atracción del fuero civil sobre el militar, lo cual se observa en la inclusión de los miembros del Alto Mando Militar en el artículo 381, relativo al procedimiento especial para el juicio contra los funcionarios de alto rango, así como en el artículo relativo a los procedimientos aplicables.
VIII. Sobre compromisos internacionales
El mecanismo de elaboración del nuevo COPP, al margen del procedimiento establecido para la formulación de leyes que corresponde a la Rama Legislativa, contraviene lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 6/1986, la cual determinó que “la expresión leyes, utilizada por el artículo 30, no puede tener otro sentido que el de ley formal, es decir, norma jurídica adoptada por el órgano legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo, según el procedimiento requerido por el derecho interno de cada Estado” (24).
Ello es así, explica la Corte, porque “… no es posible interpretar la expresión leyes, utilizada en el artículo 30, como sinónimo de cualquier norma jurídica, pues ello equivaldría a admitir que los derechos fundamentales pueden ser restringidos por la sola determinación del poder público, sin otra limitación formal que la de consagrar tales restricciones en disposiciones de carácter general. Tal interpretación conduciría a desconocer límites que el derecho constitucional democrático ha establecido desde que, en el derecho interno, se proclamó la garantía de los derechos fundamentales de la persona; y no se compadecería con el Preámbulo de la Convención Americana, según el cual " los derechos esenciales del hombre... tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos”(25).
Y concluye: “La expresión leyes, en el marco de la protección a los derechos humanos, carecería de sentido si con ella no se aludiera a la idea de que la sola determinación del poder público no basta para restringir tales derechos. Lo contrario equivaldría a reconocer una virtualidad absoluta a los poderes de los gobernantes frente a los gobernados. En cambio, el vocablo leyes cobra todo su sentido lógico e histórico si se le considera como una exigencia de la necesaria limitación a la interferencia del poder público en la esfera de los derechos y libertades de la persona humana”(26).
No se acepta la recomendación 96.23 a pesar de los desafíos que se tienen en los centros de reclusión y de ser un tema de prioridad para las distintas instancias del Estado, en este sector se vienen aplicando políticas estructurales y progresivas que están humanizando y transformando la realidad penitenciaria, políticas diseñadas con los propias personas privadas de libertad y sus familiares, tomando en cuenta los principios internacionales de DDHH e incluyendo las Reglas Mínimas ONU para el Tratamiento de Reclusos.(27)
Como puede observarse, los cambios descritos van más allá de una simple reforma para convertir al COPP aprobado por decreto en junio de 2012 en un instrumento jurídico nuevo, elaborado al margen del debate parlamentario y de la participación social consagrada en la Constitución.
El derecho a la protección judicial efectiva, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención”(28).
Análisis preparado por Ligia Bolívar
Se autoriza su difusión y reproducción citando la fuente
4 Agencia Venezolana de Noticias. Propuesta de reforma del COPP establece creación de tribunales municipaleshttp://www.avn.info.ve/contenido/propuestas-reforma-del-copp-establece-creaci%C3%B3n-tribunales-municipales Subrayado nuestro
6 Ambos con vigencia anticipada 7 Exposición de motivos Código Orgánico Procesal Penal, 1998 en www.oas.org/juridico/MLA/sp/ven/sp_ven-int-other-copp.doc
12 Exposición de motivos del proyecto de ley de reforma parcial del Código Orgánico Procesal Penal 2009: http://www.google.co.ve/urlsa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CFQQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.asambleanacional.gov.ve%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D1757%26Itemid%3D185%26lang%3Des&ei=UPPkT_KWLYiC8ATD0bzODg&usg=AFQjCNE28uymvXxwattASqInZHMyB-P6Hw&sig2=6q5QlPpHeNGQtABJroe1SQ
24 CorteIDH, La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humano, Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986 (Serie A No. 6), párr. 27
28 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Castillo Páez, sentencia del 3 de noviembre de 1977, párr. 82; Caso Suárez Rosero, sentencia del 12 de noviembre de 1997, Serie C, N° 35, párr. 65.
http://www.conflictove.org.ve/analisis-y-opinion/cdh-ucab-impacto-del-nuevo-codigo-organico-procesal-penal-copp-en-derechos-de-procesados-y-privados-de-libertad.html

References: artículo 62
 resolución 
 artículo 111
 artículo 184
 artículo 374
 artículo 381
 artículo 30
 artículo 30
 Artículo 30