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Timestamp: 2018-06-17 21:56:10+00:00

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Edj 2013/210849 tsj de Galicia Sala de lo Social, sec. 1ª, s 18-10-2013, nº 4739/2013, rec. 4028/2011 Pte: Martínez López, Juan Luis Resumen
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EDJ 2013/210849
TSJ de Galicia Sala de lo Social, sec. 1ª, S 18-10-2013, nº 4739/2013, rec. 4028/2011
Pte: Martínez López, Juan Luis
Enfermedad profesional. Fallecimiento. Faltas de medidas de seguridad. Indemnización de daños y perjuicios. El Tribunal desestima los recursos de suplicacón de las mercantiles, confirmando la condena solidaria de ambas codemandas de abonar a la actora la indemnización de daños y perjuicios por los daños causados por el fallecimiento del trabajador. Consta acreditado que la empresa incumplió la obligación de efectuar los reconocimientos médicos semestrales durante el período de vida laboral del causante, incumplimiento que tiene capacidad suficiente para constituir elemento causal de la enfermedad desarrollada por el trabajador (FJ 6).
RDLeg. 2/1995 de 7 abril 1995. TR Ley de Procedimiento Laboral
art.97.2
PROCEDIMIENTO SOCIAL
Función del juzgador de instancia
Favorable a: Trabajador; Desfavorable a: Empresa/Empresario
Aplica art.97.2 de RDLeg. 2/1995 de 7 abril 1995. TR Ley de Procedimiento Laboral
Cita RD 1299/2006 de 10 noviembre 2006. Cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y establece criterios para notificación y registro
Cita RDL 8/2004 de 5 noviembre 2004. Indemnizaciones a participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad
Cita Ley 22/2003 de 9 julio 2003. Ley Concursal
Cita art.80.3, art.191, art.194 de RDLeg. 2/1995 de 7 abril 1995. TR Ley de Procedimiento Laboral
Cita art.1.1, art.44, art.59.1, art.59.2 de RDLeg. 1/1995 de 24 marzo 1995. TR Ley del Estatuto de los Trabajadores
Cita art.197.2 de RDLeg. 1/1994 de 20 junio 1994. TR Ley General de la Seguridad Social
Cita art.24, art.117.1 de CE de 27 diciembre 1978. Constitución Española
Cita RD 1995/1978 de 12 mayo 1978. Cuadro de Enfermedades Profesionales en el Sistema de la Seguridad Social
Cita art.7.1 de O de 9 marzo 1971. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo
Cita D 792/1961 de 13 abril 1961. Diagnóstico y Calificación de Enfermedades Profesionales
Cita D 2414/1961 de 30 noviembre 1961. Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas
Cita art.3, art.1101, art.1104, art.1902, art.1968, art.1969 de RD de 24 julio 1889. Código Civil
NIG: 15036 44 4 2010 0000933 SECRETARIA SRA. FREIRE CORZO
TIPO Y núm. DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0004028 /2011 IP
JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEMANDA 0000451 /2010 JDO. DE LO SOCIAL num. 002 de FERROL
Recurrente/s: NAVANTIA S.A., IZAR CONSTRUCCIONES NAVALES S.A. EN LIQUIDACION
Abogado/a: FRANCISCO JAVIER GARCIA RUIZ, JULIAN MARÍA CRESPO CARRILLO
Procurador/a:, LUIS SANCHEZ GONZALEZ
Abogado/a: NEMESIO BARXA ALVAREZ, VICTOR MANUEL LOPEZ CASAL
Procurador/a: MARÍA ANGELES FERNANDEZ RODRIGUEZ,
ILMOS.SRES/AS. MAGISTRADOS
D. JOSÉ MANUEL MARIÑO COTELO
En A CORUÑA, a dieciocho de octubre de dos mil trece.
Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la T.S.X.GALICIA SALA DO SOCIAL, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española EDL 1978/3879 ,
En el RECURSO SUPLICACION 0004028 /2011, formalizado por el/la D/Dª FRANCISCO JAVIER GARCIA RUIZ, Letrado, en nombre y representación de NAVANTIA S.A., contra la sentencia dictada por XDO. DO SOCIAL N. 2 de FERROL en el procedimiento DEMANDA 0000451 /2010, seguidos a instancia de Mari Luz frente a NAVANTIA S.A.,MAPFRE EMPRESAS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.,IZAR CONSTRUCCIONES NAVALES S.A. EN LIQUIDACION, siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo/a Sr/Sra D/Dª JUAN LUIS MARTINEZ LOPEZ.
PRIMERO.- D/Dª Mari Luz presentó demanda contra NAVANTIA S.A., MAPFRE EMPRESAS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.,IZAR CONSTRUCCIONES NAVALES S.A. EN LIQUIDACION, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la sentencia, de fecha nueve de marzo de dos mil once
Primero: D. Estanislao prestó servicios para la entidad B ZAN desde el 4-10-1962 al 24-9-1992, fecha en la qua es baja, una vez fuera declarado afecto de IPT debida a EC.
En tanto se mantuvo activo, desempeñó las siguientes actividades:
Periodos CATEGORIA entorno
4-10-1962/7-9-1965 Aprendiz rama metal Astillero
8-9-1965/31-7-1966 Aprendiz rama metal Taller soldadores gas.
1-8-1966/18-9-1966 Oficial 3º soldador gas taller prefabricados
19-9-1996/24-3-1968 Oficial 3º soldador gas Gradas de construcción
25-3-1968/2-10-1969 Servicio militar
3-10-1969/20-3-1970 Verificador gestión calidad Astillero
21-3-1970/11-7-1971 Verificador gestión calidad Centro de prefabricado
12-7-1971/30-6-1972 Verificador gestión calidad Verificación de aceros
1-7-1971/30-6-1972 Verificador gestión calidad Verificación de aceros
1-7-1972/20-9-1975 Oficial segunda armador Verificación de aceros
21-9-1975/24-9-1992 Oficial 1º verificador Verificación de aceros
SEGUNDO.- Como aprendiz realizó tareas en diferentes entornos 1 Astillero. Asimismo, la función de verificación misma movilidad, a salvo de los momentos en los que D. Estanislao quedo adscrito a un determinado entorno.
TERCERO.- El amianto fue empleado en la construcción de buques año 1983 dentro del Astillero de FERROL (actualmente por la empresa NAVANTIA). Desde esa fecha, la exposición a un mencionado material se redujo a las tareas de n y desguace de buques.
A lo largo del periodo en el que prestó servicios D. Estanislao estuvo expuesto al amianto, toda vez gue en tanto aprendiz, desde 1962 y con 14 anos, realizaba tareas as en todas las zonas del astillero a fin de tomar conocimiento y experiencias genéricas. Posteriormente, y coma verificador, debía ejecutar su labor en zonas donde operaban quienes manejaban las fibras de asbesto, ello con el propósito de dar su visto bueno al trabajo, entre otros, de soldadores y tuberos
Cuarto: Las mantas de amianto se hallaban esparcidas sin precaución a lo largo del entorno donde se encontraba el causante y sus compañeros. Los residuos se eliminaban mediante uso de un manguerote, así como con escoba y cubo. No existía doble taquilla pare aislar ropa de trabajo de la propia del operario. Los trabajadores consumían alimentos en el entorno donde se trabajaba con el amianto. Disponían de mascarillas de tela desechables (un uso).
Quinto: Entre 1962 y 1982 el causante fue sometido a tres reconocimientos médicos rutinarios (20-8-1965, 15-10-1975 y 1- 10- 1984). A partir de 1984 los reconocimientos fueron anuales. Las exploraciones consistían en una placa de tórax
Sexto: A partir de 1981 consta como la empresa IZAR realizo mediciones de contaminación para detectar cationes metálicos.
Séptimo: En 1992 el causante fue baja en la empresa tras IF total debido a patología cardiaca. La base reguladora de la prestación reconocida ascendía a 2190,56 E.
Octavo: El 30 de agosto y el 2 de septiembre de 2005 acude a Urgencias del Complejo Arquitecto Marcide por crisis hiperiensiva. Remitido a Consultas externas Neumología se curse pruebas (TAO y PAAF TAO) de las que se deduce Nódulo pulmonar solitario a nivel de segmento anterior del 16bulo superior derecho con adenopatías mediastinicas. Tras punción con aspiración de aqua fina (PAAF) se deduce la existencia de Adeno carcinoma (Adenoca) de Pulmón estadio III A.
Oncología resuelve pautar tratamiento QT (2 líneas) con escasa respuesta
Vuelve a ingresar en marzo 2008 por aumento de disnea, objetivándose derrame pleural derecho con atelectasia pasiva del pulmón. Se hace citología que resulta positiva para AdenoCA.
Tras incidencias previsibles en el contexto de la enfermedad, vuelve ingresar el 14-5-2008, momento en el que se prescriben cuidados paliativos, falleciendo el 26-5-2008. Como antecedentes, además de los descritos, se pusieron de manifiesto: Cardiopatía isquémica crónica. PCR en 2000 con encelopatía secundaria a anoxia. HTA, Dislipemia, Arteriopatía periférica, Insuficiencia renal crónica (IRC) de origen vascular
Fue fumador hasta el ario 2000, con una dosis promedio de 30 cigarrillos/día.
Noveno: El Laboratorio de investigación neumológica del Hospital de la Vall d'Hebrón (BCN) emitió el 13-8-2008 informe sobre concentración de fibras de amianto, reseñando en el mismo la metodología asociada a la publicación aparecida en la ERS, Working group, 1998; 11 1416-26.
Del mismo se extrae el siguiente fragmento, dándose el resto por reproducido a este ordinal:
Se ha remitido fragmento de pu1món del cual se han analizado una muestra de 0,05 g. De peso de tejido seco. Se ha procedido a eliminación de 1a materia orgánica mediante digestión con hipoclorito sódico según procedimiento estandarizado (1: ERS, Working group, 1998;11 1416-26)
El recuento de cuerpos ferruginosos (CF) se ha llevado a cabo mediante microscopia óptica a 400 aumentos (1: ERS, Wo king group, 1998; 11: 1416-26).
La cifra de CF hallados es de 4378 CF/gr de tejido seco. La cantidad de CF hallada excede claramente de 1os va1ores de referencia de nuestro laboratorio y se sitúan por encima del dintel de 1000 CF/gr de tejido seco aceptado internacionalmente.
La combinación del tabaquismo y la exposición prolongada al provoca una elevación exponencial del riesgo de contraer el AdenoCA de pulmón.
Decimo: Dª Mari Luz,esposa del fallecido, consider6 procedente solicitar una nueva filiación de contingencia a sus prestaciones por viudedad, obteniendo tras 1 oportuno tramite administrativa resolución del INSS que vinculó ese hecho causante a enfermedad profesional (4-5-2010) remitiendo sus efectos al 25-6-2008 (fecha del fallecimiento de D. Estanislao). La nueva BR ascendía a 2623,6 E.
El dictamen del EVI (11-5-2009), y sobre el que el INSS basó su criterio, concluye en que D. Estanislao estuvo expuesto al as esto en su ocupación laboral durante el 'periodo de actividad indicado en la empresa I2AR, de lo.due deduce, tras P constata la patología neoclásica, la nueva filiación de.1ª contingencia hacia EP.
Undécimo: IZAR Construcciones Navales S.A. (IZAR) procedió a constituir la mercantil NEW IZAR S.L., mediante escritura pública autorizada de fecha 30/07/2004. Posteriormente, NEW IZAR S., procedió a la ampliación de su capital social mediante la emisión de participaciones sociales que fueron asumidas por parte de IZAR Construcciones Navales mediante la aportación no dineraria consistente en la rama de actividad militar constituida por Las factorías de Ferrol, Fene, Cartagena, Puerto Real, San Fernando y Cádiz y el Centro Operativo. de Madrid, que comprenden instalaciones, existencias, instrumentos de trabajo, mobiliario y demás elemento que directa o indirectamente están afectos a la explotación de la rama de actividad trasmitida, conjunto económica capaz de funcionar por sus propios medios, comprendiendo, asimismo, dicha ampliación Los contratos de todo tipo y naturaleza vinculados a la actividad transmitida, pagos, gastos, cargas, deudas, contribuciones, derechos y obligaci.nes de cualquier género, qua se deriven de la titularidad de la rama de actividad transmitida. Posteriormente por escritura pública autorizada en fecha 04/01/2005. IZAR Construcciones Navales S.A., transmitió a la Sociedad Industrial de Participaciones Industriales el piano dominio de Las participaciones sociales que le pertenecían en La Sociedad NEW IZAR S.L.
Duodécimo: La papeleta de conciliación fue interpuesta el 25- 5-2009, sin que se dedujera acuerdo del acto resultante.
Que, e timando parcialmente la demanda interpuesta por Dª Mari Luz en autos 451/2010, deducida frente al IZAR CN EN LIQUIDACION, NAVANTIA y MAPFRE MUSINI SA de Seguros y Reaseguros, debo condenar a las dos primeras a abonar a la demandante la suma de 206.500,94 Eur. en concepto de indemnización per los daños causados por el fallecimiento del Sr. D. Estanislao, con absolución de la codemanda a MAPFRE MUSINI SA de Seguros y Reaseguros
CUARTO.- Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por NAVANTIA S.A., IZAR CONSTRUCCIONES NAVALES S.A. EN LIQUIDACION formalizándolo posteriormente. Tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.
QUINTO.- Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en esta T.S.X.GALICIA SALA DO SOCIAL en fecha 11 de agosto de 2011.
SEXTO.- Admitido a trámite el recurso se señaló el día 16 de octubre de 2011 para los actos de votación y fallo.
PRIMERO.-.- La sentencia de instancia estima parcialmente la demanda formulada por la actora contra la empresa IZAR CONSTRUCCIONES NAVALES S.A., en liquidación, NAVANTIA S.A. y MAPFRE MUSINI S.A. de Seguros y Reaseguros, condenando a las dos primeras a que abonen a la demandante la cantidad de 206.500Ž94 euros, en concepto de indemnización por los daños causados por el fallecimiento del Sr. Estanislao, absolviendo a la Aseguradora citada.
Contra dicha resolución interponen recurso de suplicación la representación Letrada de NAVANTIA S.A. y la representación Letrada de IZAR CONSTRUCCIONES NAVALES S.A.
Por NAVANTIA S.A., en el primer motivo del recurso, al amparo del apartado b) del artículo 191 de la L.P.L. EDL 1995/13689 , propone la revisión del ordinal undécimo con la pretensión de introducir una fecha y un párrafo. La fecha es de "03-01-2005" y deberá intercalarse entre las palabras "posteriormente" y "New Izar S.L.", situadas en la línea 3ª del HDP. Y por lo que respecta al párrafo se propone la introducción entre la palabra "trasmitida" y la palabra "posteriormente" que se encuentra en la 5ª línea contando desde el final del citado HDP y el texto propuesto es el siguiente:
"Dicha rama de actividad comprende todo el personal de las factorías de Ferrol, Cartagena, San Fernando, Puerto Real,Cádiz, Fene y Centro Corporativo de Madrid, salvo todos aquellos nacidos antes del 31 de diciembre de 1952, inclusive, con cinco años de antigüedad reconocida en la empresa y los que voluntariamente se acojan a las bajas incentivadas".
La fecha de constitución de la mercantil NEW IZAR S.L., es la que consta en dicho HDP, es decir de 30/07/2004, lo que se produce el 03-01-2005, es un aumento de capital por aportación no dineraria de NEW IZAR S.L. Tampoco se accede a la introducción del párrafo propuesto, porque no es posible admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada ( SSTS 16 de diciembre de 1997, 18 y 27 de marzo de 1998, 8 y 30 de junio de 1999, y 2 de mayo de 2000).
SEGUNDO.-.- Al amparo del apartado c) del mencionado artículo 191 de la L.P.L. EDL 1995/13689 , denuncia la infracción, por aplicación indebida, del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores EDL 1995/13475 . Alega, en esencia, que no se ha producido una sucesión de empresa y que el causante no ha sido transferido a NAVANTIA. Por ello solicita la revocación de la resolución recurrida y se absuelva a dicha empresa de los pedimentos deducidos en la demanda rectora.
Esta misma Sala resolvió la misma cuestión litigiosa en el Recurso de Suplicación Número 5.612/08, declarando al efecto "...El art. 44 del E.T. EDL 1995/13475 en su redacción originaria no definía el concepto de transmisión o sucesión o traspaso (término éste utilizado por la Directiva 2001/23/CE de 12 de marzo). Esa falta de definición legal determinó que fueran los tribunales los que tuvieran que decidir e interpretar cuando estábamos ante una sucesión empresarial. El criterio utilizado era básicamente el de la transmisión de los elementos patrimoniales que forman la organización productiva. Sin embargo, como señala la S.T.S.J de Valencia de fecha 27 de febrero de 2003: "El problema surge cuando no se produce la efectiva transmisión de los elementos patrimoniales citados...". En este sentido el Tribunal europeo ha realizado una interpretación amplia, con la finalidad de extender las garantías laborales, incluso a los supuestos de contratas, y para ello se ha centrado en lo que denomina la identidad económica. Y en este sentido se expresó la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 10 de diciembre de 1998, casos Sánchez Hidalgo y Hernández Vidal, que otorgan una especial consideración a los supuestos que afectan a sectores en que los elementos patrimoniales se reducen a «su mínima expresión y la actividad descansa fundamentalmente en la mano de obra», porque en esos supuestos se entiende que «un conjunto de trabajadores que ejerce de forma duradera una actividad común puede constituir una entidad económica» a efectos de transmisión «cuando no existan otros factores de producción» y que si el nuevo concesionario «se hace cargo de una parte esencial, en términos de número y competencia, del personal que su antecesor destinaba a dicha tarea» puede entenderse que dicho empresario adquiere «el conjunto organizado de elementos que le permite continuar las actividades o algunas actividades de la empresa cedente de forma estable», incluso, cuando se dé la circunstancia «de que el personal del cedente fuera despedido solamente unos días antes de la fecha en que el cesionario se hizo cargo del personal, lo que demuestra que el motivo de despido fue la transmisión» ( STJCE 24 de enero 2002, caso TS, SA).
Este concepto de sucesión basado en la identidad económica dio paso después a un concepto más cercano a la idea de empresa/organización. Este último criterio sustituyó pues al anterior correspondiente a un concepto empresa/actividad: así STJCE de 19 de mayo de 1992 que había considerado sucesión la revocación de una subvención pública a una fundación para concedérsela a otra con la misma finalidad (Caso Redmond Stichting) o la externalización del servicio de limpieza de un banco ( STJCE de 14-4-1994 Caso Schmidt).
Esta evolución de la jurisprudencia comunitaria es una de las causas que dio lugar a la nueva Directiva 2001/23/CE y así lo dice la misma expresamente en los Considerandos y entre otras reformula el concepto de traspaso. Esta directiva ha sido traspuesta a nuestro derecho interno en el artículo 44 del E.T. EDL 1995/13475 que fue objeto de nueva redacción por la LMURMT.
El art. 44 2º ET EDL 1995/13475 refiere la sucesión de empresa a la transmisión que afecte a una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria (fórmula tomada de la Directiva 2001/23/CE). Para las situaciones de concurso, la Ley Concursal EDL 2003/29207 en sus arts. 100 2 º y 149 2 º establece también cual es el régimen jurídico trasponiendo así también la Directiva para casos de crisis empresarial. Así se dice que la dicha Ley Concursal EDL 2003/29207 es la adecuación del ordenamiento jurídico español a la Directiva 2001/23/CE del Consejo de 12 de marzo reguladora del mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspaso de empresas y en cuyos artículos 5 a 7 se regula la transmisión de empresa en situaciones de insolvencia flexibilizando las exigencias tanto respecto de la responsabilidad solidaria de cedente y cesionario de las deudas laborales anteriores a la transmisión como respecto al mantenimiento de condiciones de trabajo y prohibición de despedir con causa en la propia transmisión pues el art. 44 del E.T. EDL 1995/13475 no regula ni matiza qué ocurre en caso de situación de insolvencia o concurso. En cambio la LC en su art. 100 2 EDL 2003/29207 º establece la posibilidad de que el convenio incorpore medidas de transmisión de la empresa exigiendo la continuidad de la actividad y por otro lado el pago de los créditos de los acreedores (se entienden incluidos los laborales) en los términos expresados en la propuesta de convenio, lo que debe ser interpretado como que permite que el convenio excuse de las deudas laborales anteriores a la transmisión al cesionario sin perjuicio de que para la modificación, suspensión o extinción colectiva deba acudirse a los arts. 64 y 66, cumpliéndose así en este último caso los derechos de información y consulta colectiva. En el caso enjuiciado, no estamos ante una situación de crisis empresarial en el sentido de la Directiva, esto es, una quiebra o suspensión de pagos (ahora concurso de acreedores) sino de una serie de circunstancias de tipo político, financiero y económico que determinaron la suerte de las empresas recurrentes y tampoco ha resultado acreditado en modo alguno que Navantia S.A. e Izar Liquidación firmaran o suscribieran acuerdo alguno que liberara a la primera de las obligaciones o responsabilidades asumidas por la segunda.
Así se constata que la empresa New Izar S.L. unipersonal constituida en fecha 30 de julio de 2004 que luego pasó a ser Navantia S.A. tuvo por única socia a IZAR CONSTRUCCIONES NAVALES S.A. quién como tal, aporta la rama de actividad militar y dentro de ella, la Factoría o Centro de Ferrol. Que dicha aportación lo es, además, en los términos que expresamente se establecen, así con entrega de las instalaciones, existencias, instrumentos de trabajo, mobiliario y demás elementos directa o indirectamente afectos a la explotación de la actividad transmitida y el cual constituye un conjunto económico capaz de funcionar por sus propios medios. Que por lo tanto la actual NAVANTIA S.A. ha sucedido en dicha actividad económica en el sentido definido por la Directiva del 2003 y del art. 44 del E.T. EDL 1995/13475 (que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria) a IZAR CONSTRUCCIONES NAVALES S.A. y en dicha actividad económica o rama de actividad estaba integrado el actor. El hecho de que parte de los trabajadores del centro de trabajo de Ferrol que se transmitió no pasaran a la empresa New Izar S.L. unipersonal que luego pasó a ser Navantia S.A. no puede impedir la consideración de sucesión empresarial toda vez que, de entrada no consta cuantos trabajadores en esas circunstancias (de 52 años o mayores) permanecieron en IZAR liquidación, pero lo que queda claro es que, a sensu contrario, el resto sí pasó a formar parte de la nueva empresa y ese traspaso de personal que evidentemente debió ser relevante junto con el traspaso de medios materiales conduce a la existencia de una real y objetiva sucesión empresarial siendo en la actualidad Navantía S.A. quién explota la factoría de Ferrol, de modo que, cabe concluir, del mismo modo que lo ha hecho el juez de instancia que sí podemos hablar de una sucesión empresarial entre las empresas codemandadas, lo que conlleva, en aplicación de las garantías establecidas en el art. 44 del E.T. EDL 1995/13475 (y que se concretan en que cedente y cesionario responden solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales anteriores a la transmisión y no satisfechas) que Navantía S.A. responda de forma solidaria con la empresa codemandada de la responsabilidad que nos ocupa...".
Por lo que procede desestimar el recurso de suplicación formulado por el Letrado de NAVANTIA S.A.
TERCERO.-.- En el primer motivo del recurso de suplicación formulado por la representación letrada de IZAR CONSTRUCCIONES NAVALES S.A., denuncia, al amparo del apartado a) del mencionado artículo 191 de la L.P.L. EDL 1995/13689 , la infracción de los artículos 80.3 de la L.P.L. EDL 1995/13689 , artículo 218.1 de la LEC EDL 2000/77463 y vulneración del artículo 24.1 de la CE. EDL 1978/3879 Alega, en esencia, que el demandante debe explicar con claridad y precisión los hechos de la demanda y que las sentencias deben ser claras y precisas y congruentes con las demandas. Para señalar que la parte actora efectuó una reclamación a tanto alzado de 240.000 euros, sin expresar dato alguno ni hecho que justificara su pretensión. Y fue la sentencia quien detalló los elementos de hecho determinantes de la cuantificación de la cantidad a la que finalmente fue condenada la empresa, incurriendo así el juez de instancia en el vicio de incongruencia. Por lo que la sentencia debe ser anulada con reposición de las actuaciones a la fase de vista oral en la que por el Juzgado se dé a la parte actora el correspondiente plazo legal para que precise su demanda en todo aquello relativo a los hechos de los que derive la cuantificación de la indemnización postulada.
Ha de tenerse en cuenta que la nulidad de actuaciones es siempre un remedio de carácter excepcional al que debe acudirse cuando efectivamente se haya producido una vulneración de normas procesales esenciales que no sea posible subsanar por otros medios y que tal infracción haya producido indefensión a la parte que la denuncia. El Tribunal Constitucional viene declarando, al respecto que no existe indefensión cuando «no se llega a producir efectivo y real menoscabo del derecho de defensa» y tampoco cuando «ha existido posibilidad de defenderse en términos reales y efectivos», por lo que «no puede equipararse con cualquier infracción o vulneración de normas procesales, sino únicamente cuando el interesado, de modo injustificado, ve cerrada la posibilidad de impetrar la protección judicial o cuando la vulneración de las normas procesales lleva consigo la privación del derecho a la defensa, con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado», de manera que la referida indefensión no puede ser aducida por quien no actuó en el proceso con la debida diligencia o cuando aquélla resulta imputable a su propia conducta ( SSTC 135/1986; 98/1987; 41/1989, de 16 febrero; 207/1989; 145/1990, de 1 octubre; 6/1992; 289/1993).
Así la petición de nulidad de la sentencia, con reposición de las actuaciones a la fase de vista oral, para que por el Juzgado se dé a la parte actora el correspondiente plazo legal para que precise su demanda en todo aquello relativo a los hechos de los que derive la cuantificación de la indemnización postulada, pudo y debió ser esgrimida en la instancia, siendo una alegación, a todas luces, extemporánea; por lo que la invocada indefensión, ha de se rechazada de plano.
Por otro lado, la obligación de congruencia que impone el art. 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 , debe valorarse siempre en términos de comparación entre la pretensión procesal de las partes - lo que hace referencia a sus elementos integrantes de pedir, causa de pedir y hechos constitutivos - y la respuesta o fallo judicial que debe guardar la debida correlación con la petición y causa de pedir del actor y con la "resistencia" del demandado. Como reiteradamente ha afirmado el Tribunal Constitucional (entre otras muchas, STC 32/1992, de 18 de marzo y 136/1998 de 29 de junio) al perfilar el alcance y contenido de la tutela efectiva judicial consagrada en el artículo 24 CE EDL 1978/3879 , el principio de congruencia obliga a los órganos judiciales a decidir conforme a lo alegado, sin que les sea permitido otorgar más de lo pedido, ni menos de lo resistido por el demandado, así como tampoco cosa distinta de lo solicitado por las partes.
La demanda versa sobre un indemnización por daños y perjuicios por el fallecimiento del causante, solicitando la cantidad de 240.000 euros, a lo que se oponen las demandadas y la sentencia de instancia resuelve la cuestión controvertida, explicando razonadamente los motivos que le llevan a estimar parcialmente la demanda formulada y condenar a la parte demandada al abono de la cantidad de 206.500Ž94 euros. Por lo que la incongruencia denunciada, ha de venir rechazada de plano porque no se hace descansar en ninguna de aquellas anomalías, y en aplicación de las reglas expuestas, resultante de la propia dicción del artículo precitado, se ha de concluir que la sentencia de instancia no ha incurrido en la incongruencia denunciada por la parte recurrente.
CUARTO.-.- Al amparo del apartado b) del repetido artículo 191 de la L.P.L. EDL 1995/13689 , postula la revisión de los hechos declarados probados en la resolución recurrida, en concreto:
a) La modificación del ordinal tercero para que se sustituya su segundo párrafo y se sustituya por la siguiente redacción:
"El testigo de la parte actora D. Adrian, quien también está afectado y tiene planteado pleito indemnizatorio ante los Juzgados de lo Social de Ferrol, manifestó que cuando eran aprendices jugaban con el vitrofib aunque no trabajaban directamente con el; la categoría del actor tenía que ver con el trabajo con acero, primero soldando piezas de acero en el taller de soldadores qua era una nave entre 10 y 14 metros de altura en la que se hacían los bloques fabricado en el taller de prefabricado en qua se soldaban los de la soldadura en grada de nueva construcción al aire libre. En esta última fase al aire libre, en ocasiones había trabajadores que forraban los bloques de amianto. Las tareas de verificación consisten en su mayor parte en controlar las medidas de los bloques y la calidad de las soldaduras de acero tanto grade al aire libre; el forrado con amianto de los bloques se hacía taller y generalmente en grada. El declarante llamaba vitrofib a tiene claro lo que era vitrofib y lo que era amianto".
b) La revisión del ordinal cuarto para que se suprima la expresión "esparcidas sin precaución". Así como completar la expresión el segundo párrafo que dice....así como con escoba y cubo, con la expresión siguiente: "previamente humedecidos, aunque preferentemente había de usarse la aspiración". También, en este hecho cuarto, solicita la supresión del tercer párrafo relativo a la inexistencia de taquillas separadas.
c) La modificación del ordinal sexto para que se añada el siguiente texto:
"En relación con la prevención del riesgo del amianto, en el año 1976 el Servicio de Seguridad de Bazán -Norma S-17 - divulgo normas de utilización de métodos de medición de los TLV que se hacían cada dos años, describiendo con precisión los métodos operativos pare hacerlo y las medidas de ventilación general y localizada, protecciones personales y reducción del tiempo de exposición en los casos detectarse riesgo higiénico; en el mismo ano, se concretaron los métodos de protección personal (uso de mascarillas, gorra, mono adecuado, limpieza por e la ropa y taquillas separadas de ropa de trabajo y de calle).
En la Instrucción HI.1 de 1982, se contempló la prohibición de aislar el equipo de a ropa de calle y que el de trabajo se llevase a los domicilio particulares vado, a los comedores ni a la cantina, insistiéndose en todas estas prohibiciones en la Instrucción TF-7 de 1982, que se remitió a los Representantes sociales del Comité Central y a los Jefes de las Compañías TENASA, MONTERO KAEFER y ATLANTICA, y en otras posteriores del año 1985.
Entre los años 1977 y 2000, el Servicio de Seguridad de Bazán divulgó diversas instrucciones relativas a los sistemas de extracción localizada, medidas de personal y normalización de los trabajos de soldadura y oxicorte, mediciones ya desde el año 1981 relacionadas con los riesgos de tos soldadura, que concluyeron con la inexistencia de riesgos por emisión metálicos y polvos de grafito.
El astillero disponía de lo siguientes medios de protección personal de los trabajadores:
Para la cara y cuello: casco; casquete; dos tipos de pantalla de soldador; pantalla de de impactos mecánicos; pantalla de protección de radiaciones; y casco ero. Para los oídos: tres tipos de protectores diferentes. Para el aparato: mascarilla auto filtrante; adaptador facial; filtros mecánicos y químicos par amascarillas; capuza con suministro de aire. Para los ojos: varios tipos de gafas; y oculares filtrantes pare pantalla de soldador; gafas de cope con id/recta; gafas contra radiaciones. Adamas de ello, disponía de diversos tipos de ropa de trabajo específicos para cada una de las actividades profesionales desarrolladas por los trabajadores.
En el Libro de Visitas de la Inspección de trabajo, periodo enero de 1975 a julio de 1985, no existe ninguna anotación referida a infracciones por incumplimiento de normes re accionadas con el uso de materiales de amianto.
Desde el Reglamento de Régimen Interior de Bazán del año 1944, pasando por el la Reglamentación de Trabajo de 1950 y 1954, por los Reglamentos de Seguridad e I ano 1988,por los de Salud Laboral de los años 1991 y 1998, y por el de of año 2007 tras las operaciones mercantiles descritas en hecho probado 0, fue constante la preocupación por la prevención de los riesgos de los trabajadores, regulándola y dando participación de sus representantes en los Órganos de control de su observancia, destacando al respecto lo manifestado en la última de las Normas internas citadas. En el apartado 1.- ANTECEDENTES de esta, manifiestan la empresa y las Contra/es Sindicales GT, CAT y CIG, quo las actuaciones en materia de prevención en Bazán prácticamente desde su creación, constituyéndose en los año 50 los de Seguridad y Médicos, dándose participación en los 70 a los es en los Comités Contra/es y de Zona de Seguridad e Higiene; progresándose en los 80 en la prevención y /a participación de los trabajadores; actualizándose de forma consensuada en los finales de los 80 y principio de los 90 y constituyéndose un Servicio de Prevención propio para toda la empresa, tras la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su Reglamento que incorpora Comisiones Delegadas del Comité Central y del Comité Intercentros de Prevención.
d) La modificación del ordinal octavo para que se añada el siguiente texto:
"En la Instrucción TFH-1 del año 1985, se dieron instrucciones expresas, de obligado cumplimiento para el personal pro pio de y de compañías auxiliares, prohibiéndose fumar en las operaciones en que se estuviera en contacto con el amianto".
También solicita la adición al ordinal octavo, tras el primer párrafo, el texto siguiente:
"En los antecedentes de los informes de 30 de agosto y 2 de septiembre de 2005 se recoge que el Sr. Estanislao padecía EPOC.
Cuando el paciente presente otros factores de riesgo para la aparición del Adenocarcicoma de Pulmón: antecedentes familiares, EPOC O, sobre todo, una importante historia de tabaquismo, se complica, de manera significativa, la atribución causal a los tóxicos del medio ambiente laboral".
e) La revisión del ordinal noveno para añadir tras el primer párrafo, lo siguiente:
"En dicha publicación se establece que la metodología para la realización de la prueba cosiste en el análisis de tres fragmentos de pulmón, de 1-2 cm cúbicos, uno del ápex del lóbulo superior, otro del ápex del lóbulo inferior y otro de la base del lóbulo inferior, colocados juntos en el mismo bote y que no deben contener tejido tumoral o fibrosis pleural"
Dichas revisiones han de venir rechazadas por los siguientes motivos:
1) La facultad de la valoración conjunta de la prueba incumbe con exclusividad al juzgador de instancia y su versión de los hechos declarados probados sólo puede ser atacada e impugnada cuando se citen pruebas documentales o periciales que revelen inequívocamente el error sufrido, sin necesidad de hipótesis, conjeturas o razonamientos más o menos lógicos. Pues como esta propia Sala ha señalado de forma reiterada, "...hay que reconocer que es al Juzgador de instancia, cuyo conocimiento directo del asunto garantiza el principio de inmediación del proceso laboral, a quien corresponde apreciar los elementos de convicción -concepto más amplio que el de medios de prueba- para establecer la verdad procesal intentando su máxima aproximación a la verdad real, valorando, en conciencia y según las reglas de la sana crítica, la prueba practicada en autos, conforme a las amplias facultades que a tal fin le otorga el artículo 97.2 de la LPL EDL 1995/13689 , en relación con el artículo 632 de la supletoria Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 . De manera tal que en el recurso de suplicación, dado su carácter extraordinario, el Tribunal superior no puede efectuar una nueva ponderación de la prueba, sino realizar un control de la legalidad de la sentencia recurrida en la medida que le sea pedido, y, sólo de excepcional manera, puede hacer uso de la facultad de revisar las conclusiones fácticas, facultad reservada para cuando los documentos o pericias citados por el recurrente - artículos 191 b) y 194 de la LPL EDL 1995/13689 - pongan de manifiesto de manera patente e incuestionable el error en que el Juzgador «a quo» hubiera podido incurrir, o cuando los razonamientos que le han llevado a éste a su conclusión fáctica, a los que debe referirse en los fundamentos de derecho - artículo 97.2 de la LPL EDL 1995/13689 -, carezcan de la más elemental lógica".
2) Porque no es posible admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada ( SSTS 16 de diciembre de 1997, 18 y 27 de marzo de 1998, 8 y 30 de junio de 1999, y 2 de mayo de 2000).
3) Porque de conformidad con una reiterada doctrina, la mera alegación de prueba negativa no puede fundar un error de hecho ( sentencia de 3 de abril de 1998, Rec. 2988/95) ni permite la variación de la declaración de hechos probados efectuada por el Magistrado de instancia en la sentencia recurrida, solo impugnable cuando se evidencia error en los mismos y se acredita mediante prueba documental o pericial obrante en autos, como ya se ha dicho.
4) Porque las declaraciones testificales no son prueba hábil para revisar.
5) Porque, en definitiva, lo que en realidad se pretende como si de una apelación se tratara, es una nueva valoración de la prueba y, como razonó el Tribunal Constitucional en su Sentencia núm. 294, de 18 octubre 1993, «el recurso de suplicación no es un recurso de apelación ni una segunda instancia, sino un recurso extraordinario, de objeto limitado, en el que el Tribunal "ad quem" no puede valorar "ex novo" toda la prueba practicada ni revisar el Derecho aplicable, sino que debe limitarse a las concretas cuestiones planteadas por las partes, en especial la recurrente, que por ello mismo debe respetar una serie de requisitos formales impuestos por la ley y concretado por la jurisprudencia», los cuales se justifican por «el carácter extraordinario y casi casacional» de dicho recurso.
QUINTO.-.- Al amparo del apartado c) del repetido artículo 191 de la L.P.L. EDL 1995/13689 , denuncia, en el primer motivo, la infracción del artículo 59.1 del Estatuto de los Trabajadores EDL 1995/13475 , y de los artículos 1.968 y 1.969 del Código Civil EDL 1889/1, al considerar que la acción ejercitada por la viuda del Sr. Estanislao debe considerarse prescrita.
Dicha pretensión ha de venir rechazada pues el plazo de prescripción para la acción ejercitada por los herederos para reclamar una indemnización de daños y perjuicios por el fallecimiento del causante debido a enfermedad profesional, comienza a computarse desde la fecha de la muerte del causante, que se produjo el 26-05-2008, y habiendo interpuesto conciliación el día 25-05-2009, es evidente que no ha transcurrido el plazo de un año para que se produjera la prescripción alegada.
Así lo ha establecido el Tribunal Supremo en la sentencia de fecha 21-06-2011 (Rec. Suplicación 3214/2010), dictado en unificación de doctrina, al señalar que "...si se reclaman daños y perjuicios derivados del fallecimiento de...es incuestionable que la acción de reclamación de los mismos no pudo ejercitarse hasta que se produjo el citado fallecimiento, debiendo fijarse el "dies a quo" del cómputo del plazo de un año para el ejercicio de la acción, a tenor del artículo 59.2 del Estatuto de los Trabajadores EDL 1995/13475 , en el día en que la acción pudo ejercitarse, es decir, en el día de su fallecimiento....".
SEXTO.-.- Tambien denuncia, bajo el mismo amparo procesal, la infracción de los artículos 1.101 y 1.902 del Código Civil EDL 1889/1, en relación con la ausencia de prueba que acredite la concurrencia del requisito indispensable del daño. Así como el artículo 2 del Decreto de 26 de julio de 1957, Relación segunda, Grupo IV, por aplicación indebida; Orden de 31 de enero de 1940, Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Decreto 241/1961, de 30 de noviembre, por el que se promulga el Reglamento para las Industrias Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
Esta misma Sala, en el Recurso de Suplicación Número 5.612/08, en el que se resolvió acerca de otro caso similar y en el que también se efectuaban las mismas infracciones, declaró:
"... tal y como tenemos indicado en ocasiones anteriores -así, en las sentencias de 6/02/2004 R. 2296/2001, 26/03/04 R. 3166/01, 31/03/03 R. 5793/99, 23/06/00 R. 1415/97 (AS 2000\ 1708) y 08/03/99 (AS 1999\ 216) -, junto a los conceptos de culpa contractual (cuando el hecho determinante del daño surge dentro de la rigurosa órbita de lo pactado y como desarrollo normal del contenido negocial SSTS 1ª 09/03/83) y 20/07/92 y de culpa extracontractual (cuando el acto causante se presenta con entera abstracción de la obligación preexistente: STS 1ª 19/06/84, la jurisprudencia admite la denominada de unidad de la culpa ( SSTS 1ª 11/02/93 (, 15/02/93) y 01/02/94 en los «supuestos de concurrencia de acciones de resarcimiento originadas en el contrato y a la vez en un acto ilícito extracontractual (...), de modo que el perjudicado puede optar entre una u otra acción cuando el hecho causante del daño sea al mismo tiempo incumplimiento de una obligación contractual y violación del deber general de no causar daño a otro».
Para la responsabilidad civil de origen contractual, el art. 1.101 CC EDL 1889/1 dispone que quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquéllas. Por su parte, en la regulación positiva de la culpa extracontractual, el art. 1902 CC EDL 1889/1 preceptúa que: «El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado».
Como recordábamos en SSTSJ Galicia 31/03/03 R. 5793/99 y 25/10/99 (AS 1999\ 3190), la doctrina jurisprudencial dictada en unificación de doctrina - STS 30/09/97 que se cita en la sentencia recurrida- insiste en que tanto en la regulación del art. 1101 como la del art. 1902 del Código Civil EDL 1889/1 constituye presupuesto necesario para la exigencia de responsabilidad indemnizatoria el que se constate, aparte del daño, una conducta calificable con una cierta culpa o negligencia empresarial en nexo causal con aquel daño, poniendo expresamente de relieve la necesidad de poner límites a las responsabilidades empresariales, «pues venir a duplicar por la vía de la responsabilidad contractual o aquiliana (...) más que ser una mejoría social se transforma en un elemento de inestabilidad y desigualdad. Por ello, en este ámbito, la responsabilidad por culpa ha de ceñirse a su sentido clásico y tradicional, sin ampliaciones que están ya previstas...». Realmente, se viene a afirmar que no en todo accidente de trabajo o enfermedad profesional necesariamente ha de existir responsabilidad empresarial, que deben aplicarse las normas protectoras de la Seguridad Social y que sólo cuando conste o se acredite una efectiva conducta empresarial causante directa del daño o que haya servido para aumentar el riesgo propio del trabajo realizado podrá ser exigida la complementaria indemnización con base en responsabilidad contractual o extracontractual.
Así, pues, no se ha producido una eliminación del elemento culposo ( STS Civil 03/12/98, por cuanto su existencia es un «principio básico de nuestro ordenamiento jurídico que impide condenar a quien prueba que actuó con la debida y exigible diligencia, siendo la causa de los daños ajena a su actuar y no previsible» ( STS Civil 13/12/90, por lo que se impone la necesidad de que se acrediten acciones u omisiones culposas a añadir a la responsabilidad ya reconocida - en su caso por infracciones de medidas de seguridad, toda vez que la existencia de las mismas no comporta, necesariamente, culpa civil ( STS 27/04/92. De tal manera que para viabilizar el resarcimiento pretendido, es necesaria la simultaneidad de determinados requisitos, que pueden resumirse así: «1. La existencia real de una situación generadora de daños y perjuicios. 2. Su cabal acreditamiento en el proceso que se inicie instando su resarcimiento. 3. Un probado incumplimiento de la contraparte, determinante de aquella situación. 4. La relación causal y directa entre este incumplimiento y aquel daño» ( STS 20/02/86. O lo que es igual -en palabras de la STS 03/10/95 -, «se exige de forma inexcusable la concurrencia de una conducta empresarial, de un ilícito o incumplimiento laboral, relacionado directamente, por tanto, con el haz de derechos y obligaciones que derivan del contrato de trabajo que une a las partes (...), la producción de un daño y, finalmente, el enlace causal entre éste y el actuar empresarial contraventor de una obligación (...); relación que jurisprudencialmente se construye bajo el principio de la "causa adecuada", por la que se impone la exigencia de valorar, en cada caso concreto, si el antecedente se presenta como causa necesaria del efecto lesivo producido, de tal manera que "el cómo y el por qué" se produjo éste "constituyen elementos definitorios del contenido de aquella relación causal"».
Actualmente, la responsabilidad contractual se encauza por dos diversas circunstancias: La culpa, negligencia o falta de cuidado; y el principio de buena fe que rige dentro del contrato de trabajo. En el presente supuesto, analizaremos la primera, pues de ella va a derivar nuestra conclusión final: En primer término, la culpa que recoge el Código Civil, art. 1104 EDL 1889/1 , se refiere a la diligencia que ha de prestarse en el cumplimiento de las obligaciones, y que es la exigible o correspondiente a un buen padre de familia, que no es sino un parámetro de tipo medio o normal. Por buen padre de familia debemos entender aquella que se presta por un empresario vigilante y cuidadoso, es decir, no aquella culpa excesiva o lata, ni la levísima o del empleador muy cuidadoso. Es la normal, la de aquel que objetivamente se preocupa por el cumplimiento de sus obligaciones, en los términos concretos de la diligencia debida. No olvidemos que la culpa según el art. 1104 del Código Civil EDL 1889/1 es la omisión de aquella diligencia que exige la naturaleza de la obligación, y corresponde a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. De aquí el que la configuración específica no se resuelva respecto a simples datos etéreos, sino que deba atribuirse según la propia entidad del empresario, y el resto de circunstancias de desempeño de la actividad por parte del trabajador.
Dentro de la culpa se exigen una serie de elementos, y así la falta de diligencia, negligencia, queda referida, en muchos casos, a la denominada culpa penal, o delito imprudente, donde no se han prestado las medidas propias de la pericia humana, o de la técnica exigida al sujeto. Desde otra perspectiva, la culpa se puede referir a un elemento normativo, cuando se quiebra un deber impuesto legalmente, y a otro factor psicológico, con conciencia o voluntad de actuar en contra de los deberes que se atribuyen en la prestación asignada al sujeto.
Y nos centraremos en el elemento normativo de la culpa, en cuanto que es el que se revela trascendental a los efectos de la responsabilidad que se pide, y ello porque es evidente que el daño consta, que la causa del mismo ha sido el contacto con el asbesto, y por tanto si se determina una causa culpable, que haya incidido en la enfermedad contraída, nos encontraremos, directamente, con el elemento causal, que relaciona la responsabilidad del daño, por conducta negligente, con el mismo. De aquí el que nuestro primer examen sea de la culpa.
La culpa del deudor, en este caso el empresario, puede ser examinada desde la perspectiva del sujeto al que le son exigibles determinados parámetros técnicos o de pericia, y aquel que debe comportarse en el cumplimiento prestacional de acuerdo a los intereses contractuales, ordinarios o comunes. La conciencia del deudor al momento del contrato de su propia insuficiencia, la impericia manifiesta en fase de ejecución de su prestación, solamente es relevante cuando su conducta sea contraria a la obligación debida, y ello con independencia de la conciencia que se tenga sobre la realización de un daño. Así es, la conducta del bonus pater familia se relaciona y vincula con la actividad de que se trata, sirviendo esa conducta de «metro universal de la culpa», con la elasticidad propia que una fórmula de tipo tan genérico puede recibir en los distintos ámbitos de su plasmación, y en concreto con la obligada especialización de la diligencia que lleva consigo un específico campo del derecho como puede ser el concepto del «ordenado comerciante», o del buen labrador a que se refería nuestra regulación agraria.
El dolo y la culpa son diferenciables. Aquél implica una conciencia y voluntad de producir un resultado antijurídico, mientras que la culpa produce un daño, pero sin intención de dañar, de aquí que mientras en el dolo existe un incumplimiento por una causa objetivada y prevista del sujeto, en la culpa solamente existe una falta de previsión, que es debida por la naturaleza de la obligación o las circunstancias en que se desarrollan.
Pero todo ello lo incrementamos con el parámetro específico que en una relación de trabajo rige, y más teniendo en cuenta la magnitud del sujeto demandado. Así es, mientras la relación de trabajo, actualmente el art. 1.1 ET EDL 1995/13475 , se define por la prestación de servicios por cuenta ajena, dentro del marco de organización y dirección empresarial, este régimen de dirección del empleador implica una específica agravación de su condición, y por tanto a la aportación de medios peligrosos se contrapone un deber específico de seguridad e higiene del trabajador, no con un rasgo indefinido, sino con una concreta y material especificación, en orden a la exigencia del empresario de conocer los riesgos, anticiparse a los mismos, o cuando menos seguir paralelamente a los avances técnicos que determinan su enunciación. Esta innovación en el empleador, su adaptación a los descubrimientos médicos, químicos o científicos que puedan producirse, de manera que evite los riesgos, implica que sus conocimientos de pericia productiva deban ser incrementados con aquellos de protección al trabajador, pues difícilmente podemos mantener un equilibrio en el que si se admite todo avance de técnica industrial, se omita el de conocimiento de riesgos, siendo que la parte capacitada, y en este caso ante el sistema de producción y el mismo objeto al que se dedica la demandada, llevan consigo el que se le exija el conocimiento de riesgos, dentro del factor que ya hemos enunciado de la culpa pericial o cualificada por la especialización técnica del sujeto; a la que, en contrapartida, sin embargo no se le puede exigir al trabajador, el que es común que desconozca todos los factores de posible peligro, toxicidad o riesgo de los productos, materiales, instrumentos y materias con las que trata, siendo el empleador quien debe suplir estas carencias a través de su celo y diligencia.
La deuda de seguridad, dentro del contrato de trabajo, con independencia del foco de normativas a las que luego nos referiremos, viene asumida por el mismo conocimiento que se tiene del amianto, en cuanto que se sabía por las demandadas que era una materia utilizada en el proceso productivo y que existía un contacto directo a través de la inhalación, no sólo en la construcción sino también en la reparación de buques. Ya en el Reglamento de Régimen Interior de los años 50 de la empresa recurrente se contemplaba la protección respiratoria en el sentido de que la empresa deberá proporcionar a los obreros máscaras o caretas respiratorias cuando por la índole del trabajo, no sea posible conseguir una eliminación satisfactoria de los gases, vapores, polvos u otras emanaciones nocivas para la salud. Estos datos objetivos llevan consigo el que la misma conducta empresarial, que muestra su preocupación respecto a otros contactos no expresamente vinculados con el amianto en la época, evidencian su conocimiento de la existencia de sustancias toxicas o de posible peligro, y por tanto de la adopción de medidas de prevención, precautorias del riesgo asumido.
Pero, lo que es todavía más importante, es resaltar que si bien es cierto que la técnica y el conocimiento de materiales y agentes tóxicos ha evolucionado con el tiempo, y que determinados materiales que se creyeron idóneos para resolver determinados problemas, posteriormente se han demostrado altamente peligrosos para el hombre, no lo es menos que el empresario no puede acogerse a dicha regla general, omitiendo las diligencias que le eran exigidas, en base a su deuda de seguridad, y más ante los riesgos profesionales. En este sentido no es desechable la existencia de una normativa, y a la que se viene refiriendo una pluralidad de sentencias como son las de los Tribunales Superiores de Justicia del País Vasco de fecha 25- 10-2005, Murcia de 9-02-2004, Asturias 12-03-2004 y Cataluña 16-04-2004. En efecto, al empleador le es exigible ya desde que suscribió la iniciación de la prestación de servicios del fallecido en el año 1958, el cumplir sus obligaciones con la diligencia debida.
En todo caso, sí merece destacar que ya se mencionaba a la asbestosis, en cuanto variedad de neumoconiosis (definida ésta, como género común, en el art. 1 de la OM de 7 de marzo de 1941, a efectos de su consideración como enfermedad profesional, como las enfermedades pulmonares de tipo degenerativo o fibroso, ocasionadas por la aspiración e inhalación de polvo, habitualmente en suspensión en los ambientes de trabajo de determinadas industrias).
Asimismo, el Decreto de Enfermedades Profesionales de 10 de enero de 1947 y su Reglamento de 19 de julio de 1949 abordaron la regulación material de la enfermedad profesional, y se buscó su autonomía frente al accidente de trabajo (autonomía conceptual), dando una definición material de la enfermedad profesional: «aquellas que, producidas por consecuencia del trabajo y con evolución lenta y progresiva, ocasionen al productor una incapacidad para el ejercicio normal de su profesión o la muerte» (artículo 2º del Decreto). Pero además se estableció un cuadro de enfermedades profesionales, anexo al Decreto.
En dicho anexo, ya se comprendían como enfermedades profesionales, la neumoconiosis (silicosis, con o sin tuberculosis, antracosis, siderosis, asbestosis, etcétera) y otras enfermedades respiratorias producidas por el polvo (cannabosis, asmas profesionales, etc.)..., derivadas de diversas actividades.
Esta mención se mantiene en el Decreto de 13 de abril de 1961 si bien abandona el criterio definidor material y se limita a mantener una lista cerrada de enfermedades profesionales, con lo que instaura un concepto autónomo formal: sólo es enfermedad profesional la que se encuentra recogida en dicha lista (claro que la que no lo esté puede ser considerada efectivamente como accidente laboral, dada la amplitud del concepto del accidente).
En dicho Decreto, entre las enfermedades sistemáticas se incluye asbestosis, extracción, preparación, manipulación del amianto o sustancias que lo contenga. Fabricación o reparación de tejidos de amianto (trituración, cardado, hilado, tejido). Fabricación de guarniciones para frenos, material aislante de amianto y productos de fibrocemento, y en los artículos 17 y siguientes se establecen normas para la prevención de enfermedades profesionales. Además, el Decreto de 30 de noviembre de 1961 establece, en general, las concentraciones máximas permitidas, entre otros productos, de los asbestos lo que evidencia ya la plena conciencia del daño a la salud que podía provocar el contacto con el amianto (y que no derivaba de la directa manipulación de esta sustancia mineral por el trabajador sino de la presencia del polvo que desprendía ese tipo de actividades y posibilitaba su inhalación), expresamente aclarada en el nuevo listado de enfermedades profesionales aprobado por R. Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, al fijar el elenco de trabajos susceptibles de tipificar esta enfermedad profesional, incluyendo al efecto todo tipo de trabajo expuesto a la inhalación de polvos de amianto (asbesto), según su apartado C)-1-b).
Siguiendo con una breve reseña de la evolución histórica, la Ley de Seguridad Social de 1966 y el texto refundido de 1974 mantienen la vigencia del Decreto de 13 de abril de 1961, con su sistema listado, pero añaden una ligera definición material, con lo que se produce de nuevo un criterio conceptual mixto de autonomía material-formal.
Por su parte la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Boletín Oficial del Estado de 16 y 17 de marzo y 6 de abril de 1971, aparte de las previsiones del artículo 133 y 150 en su artículo 7.2 establece como obligación del empresario: «adoptar cuantas medidas fueran necesarias en orden a la más perfecta organización y plena eficacia de la debida prevención de los riesgos que puedan afectar a la vida, integridad y salud de los trabajadores al servicio de la empresa».
Y ya se ha dicho que el Real Decreto 1995/1978, de 15 de mayo (modificado por Real Decreto de 27 de noviembre de 1981 y actualmente derogado por R.D. 1299/2006 EDL 2006/311531 ), establece como enfermedades profesionales: «F) Enfermedades sistemáticas. 1. Distrofia incluyendo la ulceración de la córnea por gases, vapores, polvos y líquidos. Trabajos en los que se produzcan polvos, líquidos, gases o vapores capaces de producir distrofia de la córnea. 2. Carcinoma primitivo de bronquio o pulmón por asbesto. Mesotelioma pleural y mesotelioma peritoneal debidos a la misma causa. Trabajos expuestos a la inhalación de polvos de amianto (asbestos)».
Por último, aunque ya se ha mencionado, el Reglamento de Industrias Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RIMINP), aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre EDL 1961/63 , imponía un nivel máximo de concentración de partículas de amianto en el aire del interior de las explotaciones (concretamente, 175 millones de partículas por metro cúbico, que equivalen a 175 partículas por centímetro cúbico), según su art. 18 (en relación con su Anexo 2), en regla que no perdía su naturaleza preventiva laboral, dada la remisión que al efecto hacían el art. 1 RSHT y el art. 7-1 OGSHT. EDL 1971/1032
Significamos, con ello, que durante toda la vida laboral del causante en las empresas demandadas se conocía la peligrosidad que tenía el amianto para la salud de los trabajadores expuestos al radio de acción de su polvo por el riesgo de contraer asbestosis derivada del daño que su inhalación entrañaba para sus pulmones. De hecho, la misma empresa era consciente de ello, ya que aplicaba prevenciones específicas dispuestas para dicho riesgo como es el caso de la Normativa ya de los años 70 (Hoja S-3 o Instrucciones de Seguridad...del año 1977 sobre uso de mascarillas).
En todo caso, una interpretación de las anteriores normas, de acuerdo a los arts. 3 y concordantes del Código Civil EDL 1889/1 , de acuerdo al parámetro establecido por el TS, entre otras en sus sentencias de 31-10-2003, 17-09-2004 y 3- 02-2005, nos lleva a entender que la utilización de materiales dentro de la actividad productiva que contengan amianto, supone una actividad sometida a riesgo, y por tanto de obligada prevención por parte del empleador.
En consecuencia, la Sala no tiene duda de que ante tal agente-polvo de amianto- las empresas tenían obligación, como mínimo desde 1947 de adoptar precauciones en orden a preservar la salud de los trabajadores, por su riesgo. Y con carácter concreto las normas que desde el año 1961 se establecen en relación a los reconocimientos médicos específicos sobre detección de asbestosis. Sobre la cuestión de aplicabilidad o inaplicabilidad de dichos exámenes médicos, esta Sala ya señaló en sentencia de 6 de febrero de 2004 (Recurso num. 2296/2001) que "debemos señalar que, en la interpretación del Anexo del Decreto 792/1961, de 13 de abril EDL 1961/100 , no debemos incurrir en una lectura reduccionista en perjuicio del derecho a la salud del trabajador, y, en todo caso, si atendemos a su sucesor normativo, el Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo EDL 1978/2478 por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el Sistema de la Seguridad Social, se contemplan en su Anexo, con carácter general, «(los) trabajos expuestos a la inhalación de polvos de amianto (asbesto)», y especialmente, sin distingos entre la manipulación directa y la exposición indirecta (los) trabajos de aislamiento térmico en construcción naval.
Sobre este extremos el de los reconocimientos médicos, procede señalar que se exigen en el Decreto 792/1961 EDL 1961/100 que mantuvo como obligación empresarial (arts. 20 y 21) una periodicidad de los mismos en seis meses y ello en el apartado sobre asbestosis contenido en la OM de 12 de enero de 1963 que aprobó las normas reglamentarias médicas para reconocimientos, diagnóstico y calificación de las enfermedades profesionales. Reconocimientos semestrales mantenidos ya en la normativa preventiva específica del amianto, como en concreto dispone la norma 7-b) de las aprobadas por resolución de la Dirección General de Trabajo, de 30 de septiembre de 1982, que desarrolla lo dispuesto en el art. 8 de la OM de 21 de julio de 1982, debiendo significar que ésta incluye en su ámbito de aplicación a todas las actividades y operaciones industriales en las que se manipula el amianto o materiales que lo contengan con riesgo de producción de polvo en el ambiente de trabajo (art. 2), en tanto que la resolución precisa que el deber de efectuar esos reconocimientos periódicos alcanza a todos los trabajadores que estén en ambientes con posible riesgo de amianto. Reconocimientos que esas normas extienden al período postocupacional (entendiendo por tal aquél posterior al del empleo en la empresa sujeta al riesgo, incluso en situación de jubilación), si bien limitado a aquéllos expuestos a fibras de amianto durante un mínimo de diez años, cuya periodicidad es anual (salvo los diagnosticados ya de asbestosis, en los que ha de hacerse una citología cada tres o cuatro meses).
Reconocimientos periódicos que, en el caso del Decreto 792/61 EDL 1961/100 tenían un expreso carácter preventivo (art. 17), destinado a lograr el diagnóstico de síntomas de la enfermedad profesional que permitieran detectarla en sus estadios más iniciales y adoptar medidas destinadas a evitar su progresión, como en concreto podía ser el traslado de puesto de trabajo a uno exento de riesgo o, si no fuera posible, la baja indemnizada en la empresa (arts. 24 y 25) o, incluso, la sujeción a un período de observación, si se tenían dudas sobre la existencia de la enfermedad. Reconocimientos que, junto a los postocupacionales, tienen similar función preventiva en la normativa específica sobre el amianto de los años ochenta, destinada al diagnóstico precoz de la enfermedad y la separación del trabajador del riesgo (art. 13-6 de la OM de 31-Oc-84)".
SEXTO.-.- En el supuesto enjuiciado, estos reconocimientos médicos semestrales no se realizaron durante el período de vida laboral del causante que trabajó sometido al riesgo del polvo del amianto tanto cuando trabajó como aprendiz, desde 1962 y con 14 años, realizando tareas subalternas en todas las zonas del astillero, como posteriormente, como verificador, ejecutando su labor en zonas donde operaban quienes manejaban las fibras de asbestos, ello con el propósito de dar su visto bueno al trabajo, entre otros, de soldadores y tuberos (hecho probado tercero).
Por otro lado, los reconocimientos médicos que se han declarado probados eran rutinarios y entre 1962 y 1982 el causante solo fue sometido a tres reconocimientos (hecho probado quinto). Es decir en veinte años trabajando en el astillero naval expuesto en mayor o menor medida, al polvo del amianto sólo se le sometió a tres reconocimientos médicos rutinarios que no específicos de la patología profesional, esto es, no específico para el amianto.
Añadir, que las mantas de amianto se hallaban esparcidas sin precaución a lo largo del entorno donde se encontraba el causante y sus compañeros: Los residuos se eliminaban mediante uso de manguerote, así como con escoba y cubo. No existía doble taquilla para aislar la ropa de trabajo, de la propia del operario. Los trabajadores consumían alimentos en el entorno donde se trabajaba como amianto (hecho probado (cuarto).
Y durante esos años existió un claro riesgo de contacto al trabajar, primero como aprendiz y después como verificador, sin que la empresa adoptara medidas destinadas a prevenirlo, como en concreto eran esos reconocimientos semestrales. Subyace en la postura empresarial de la época una conducta negligente en el cumplimiento de ese deber preventivo que no puede excusarse alegando que el trabajador no manipulaba el amianto pues esas medidas preventivas destinadas a evitar el riesgo del amianto no sólo debían ponerse en juego con quienes manipulaban directamente este mineral (o sustancias que lo contuvieran) al no ser ésta una limitación prevista en la normativa y no ajustada a su finalidad, ya que lo que se trataba de evitar era el riesgo derivado de la inhalación del polvo o partículas del amianto, al que quedaban expuestos no sólo quienes entraban en contacto directo con éste, sino quienes respiraban el aire contaminado con esos elementos.
Este incumplimiento preventivo tiene capacidad suficiente para haber constituido elemento causal de la enfermedad desarrollada por el trabajador, ya que esos reconocimientos semestrales fueron omitidos durante los veinte años en los que el trabajador estuvo sometido al riesgo. Así, en línea con ello cabe citar lo resuelto por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en su sentencia de 6 de junio de 1972, confirmando el recargo por falta de medidas de seguridad impuesto a una empresa por la silicosis contraída por un trabajador expuesto a trabajo pulvígeno y al que no se le habían realizado los reconocimientos periódicos exigibles al efecto en un período de diez años en que estuvo expuesto al mismo por su utilización de una máquina perforadora, razonando la Sala que de haberse practicado, no es admisible estimar que no se le habría detectado con anterioridad. Conclusión reforzada desde una perspectiva distinta, como es la capital relevancia que tienen los reconocimientos médicos preventivos en materia de enfermedades profesionales, puesta de manifiesto por el singular efecto dispuesto para su incumplimiento, como es la de hacerla responsable directo del pago de las prestaciones de seguridad social ( art. 197-2 LGSS EDL 1994/16443 ). Otra cosa sería que tras un período de ausencia de reconocimientos específicos se hubiera acreditado que en reconocimientos médicos específicos practicados con posterioridad no se hubiera detectado síntoma alguno de la enfermedad, ya que con ello se acreditaba la falta de trascendencia de los omitidos como sucedió en el caso de Sentencia de Sala de lo Social del País Vasco de 4 de junio de 1998, en la que no se practicaron los reconocimientos semestrales durante los últimos años de una vida laboral con exposición al amianto y la enfermedad causada (mesotelioma maligno) se detectó poco antes de que el trabajador muriera.
En segundo lugar no se acredita por la empresa el cumplimiento de las normas de medición de la concentración ambiental de polvo de asbesto, más aún, el juez declara probado que solo a partir de 1981 consta que la empresa IZAR realizó mediciones de contaminación para detectar cataciones metálicos (hecho probado sexto). Omitiendo el deber de medición de los puestos de trabajo que se desprende del Decreto 2414/1961 de 30 de noviembre EDL 1961/63 en el que se establece un nivel máximo de concentración luego el deber de comprobar si se supera o no el mismo y por lo tanto su trascendencia, como factor causal, queda limitada a la imposibilidad de haber detectado si estuvo o no expuesto por encima de la concentración máxima permitida. Ausencia de mediciones cuya relación de causalidad en la producción de la enfermedad no cabe negar, a priori, en la medida en que pudo haberse superado el nivel CPP y así ha de deducirse que ocurrió si, como es el caso, la conducta empresarial no ha permitido detectarlo, con potencialidad suficiente para contribuir a causarla, ya que no habría permitido adoptar las medidas preventivas vinculadas a esa alta concentración de partículas de amianto.
SEPTIMO.-.- Bajo el mismo amparo procesal del artículo 191 c) de la L.P.L. EDL 1995/13689 , denuncia la recurrente la infracción del RDL 8/2004 EDL 2004/152153 y disposiciones de actualización. Alegando que el juzgador de instancia aplica al caso el precepto denunciado sin que la parte actora lo hubiera solicitado en su demanda. Y siguiendo el criterio de la no obligatoriedad de la aplicación del baremo de tráfico en la jurisdicción social, no respeta la equivalencia de las indemnizaciones que para casos similares han venido señalando el TSJ Galicia, en los que se fijaron cuantías indemnizatorias por fallecimiento inferiores a 50.000 euros. Añade, que teniendo en cuenta la concurrencia de culpas, al haber infringido el causante la obligación de vigilar su salud, retirándose del hábito tabáquico, la indemnización que finalmente sea cuantificada quede reducida a la mitad.
El Juzgador de instancia después de establecer los elementos que va a manejar para determinar la indemnización (lucro cesante determinado por el fallecimiento del causante, así como los daños generados por el evento), tiene en cuenta - para determinar el lucro cesante - una serie de circunstancias, como las rentas del finado (perceptor de una prestación de gran invalidez que le proporcionaba unos ingresos anuales de 46.001Ž76 euros), la esperanza de vida previsible en términos generales que, en el supuesto enjuiciado, atendiendo a criterios de prudencia y razonabilidad, fija en los 65 años (el fallecido contaba 60 años en el momento del óbito) y después de detraer la cantidad que lucrará la actora por concepto incompatible (viudedad) así como el gasto vinculado al causante por cada uno de los años, dados sus hábitos y necesidades de vida equivalente al incremento sobre su prestación básica (50% dedicado a la atención por una tercera persona), viene a fijar por lucro cesante la cantidad de 82.432Ž 87 euros que, sumadas a la indemnización por fallecimiento y daños morales (124.068Žo7 euros), para la que toma como referencia orientativa los valores mínimos que el baremo de tráfico, asciende a un total de 206.500Ž94 euros.
Esta misma Sala en la sentencia de fecha 17 de diciembre de 2011 (Rec.6335/07), haciendo referencia a la de 2/11/2010 (Rec.669/07), declaró:
"...La jurisprudencia ( TS ss. 17-7-2007, 19-1-2009) afirma que la indemnización procedente deberá ser adecuada y suficiente para alcanzar a reparar o compensar plenamente todos los daños (emergente, materiales, morales) y perjuicios (lucro cesante) que se acrediten derivados del daño sufridos en las esferas personal, laboral, familiar y social...la valoración ha de efectuarse atendiendo a las circunstancias del lesionado, la naturaleza de los hechos, el grado de culpabilidad, la dependencia económica, si los ingresos procedentes del trabajo eran los únicos aportados al hogar familiar, las sumas ya percibidas o los criterios que pueden servir de referencia ( TS ss. 21-10-96, 7-2-2003, 22-7-2004); respecto de estos últimos, la jurisprudencia (TS ss. 7-2-2003, 17-7-2007) indica que las resoluciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones que dan publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal con base en el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, no resultan de observación automática y literal ni de reproducción mimética sino analógicas u orientativas; además, la aplicación de tales "baremos" como base de la responsabilidad civil también vulnera el artículo 24 C si no resulta motivada o es arbitraria, manifiestamente irrazonable o fruto de un error patente ( TC ss. 16-6-2003, 16-1-2006)".
Circunstancias que no concurren el supuesto de autos en que la determinación de la indemnización está suficientemente motivada y explicada, dentro de los parámetros de toda lógica y razonando los motivos que justifican la decisión adoptada, lo que implica que esta Sala comparta dichos razonamientos y, por ende, la cantidad fijada como indemnización, lo que conlleva a la confirmación de la resolución recurrida, previa desestimación del recurso de suplicación formulado por las empresas demandadas.
Desestimamos los recursos de suplicación formulados por los Letrados D. Francisco Javier Garcia Ruiz y D. Julian María Crespo Carrillo, en nombre y representación, respectivamente, de NAVANTIA S.A., y de la empresa IZAR CONSTRUCCIONES NAVALES S.A., contra la sentencia de fecha nueve de marzo de 2010, dictada por el Juzgado de lo Social número Dos de Ferrol, en el procedimiento número 451/2010, sobre indemnización por daños y perjuicios, seguido a instancia de Dª Mari Luz, confirmando íntegramente y en todos su pronunciamientos la expresada resolución.
Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, haciéndoles saber que, contra la misma, sólo cabe Recurso de Casación para Unificación de Doctrina que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social, dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la notificación de esta Sentencia y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes de la Ley de Jurisdicción Social. Si la recurrente no estuviere exenta de depósito y consignación para recurrir, deberá ingresar:
-La cantidad objeto de condena en la c/c de esta Sala num. 1552 0000 80 (num. recurso) (dos últimas cifras del año).
-El depósito de 600 euros en la c/c de esta Sala num. 1552 0000 37 (num. recurso) (dos últimas cifras del año).
Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencia de este Tribunal. Doy fe.
Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 15030340012013104419

References: artículo 117
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 artículo 191
 artículo 191
 artículo 44
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 artículo 44
 artículo 191
 artículo 218
 artículo 24
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 artículo 97
 artículo 632
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 artículo 191
 artículo 59
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 artículo 2
 artículo 133
 artículo 7
 Real Decreto 
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