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Timestamp: 2018-10-19 03:22:42+00:00

Document:
Tema Derecho a la libertad personal EXP. N.° 5904-2005-PHC
Resolución N. º 05904-2005-HCI/TC CALLAO
Fecha de publicación 11/8/2006
Caso David Orlando Bravo Flores DAVID ORLANDO
Los beneficios penitenciarios tienen su razón de ser en los principios constitucionales de los fines de la pena, es decir, en la reeducación y en la reinserción social: la prevención especial y el tratamiento, y en los factores positivos como la evolución de la personalidad del recluso para individualizar la condena impuesta. BRAVO FLORES
En Lima, a los 24 días del mes de febrero de 2006, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigoyen y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia.
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don David Orlando Bravo Flores contra la sentencia de la Segunda Sala Penal Superior para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia del Callao, de fojas 139, su fecha 28 de junio de 2005, que declara infundada la demanda de hábeas corpus de autos.
Con fecha 7 de junio de 2005, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra los Vocales de la Corte Superior de Justicia del Callao, señores Evangelina Huamaní Llamas, Julio Milla Aguilar y Dilo Washington Huamán Quintanilla, a fin de que se deje sin efecto la Resolución N.° 58-2005, de fecha 25 de mayo de 2005, que declaró improcedente el beneficio penitenciario solicitado por el recurrente.
La demanda se fundamenta en lo siguiente:
- Que pese a haber cumplido los requisitos establecidos en el Código de Ejecución Penal para acceder al beneficio penitenciario de semilibertad, la solicitud del recurrente fue declarada improcedente de manera irregular.
- Que al momento de desestimar la concesión del beneficio penitenciario de semilibertad solicitado por el recurrente, se ha tomado en consideración que éste contaba con antecedentes penales. Sin embargo, se trataría de delitos por los que ya cumplió su condena; en ese sentido, los Vocales demandados estarían reviviendo procesos fenecidos, comportamiento proscrito por nuestro ordenamiento jurídico.
Con fecha 7 de junio de 2005, el Octavo Juzgado Especializado en lo Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao (fojas 15) ordenó que se lleve a cabo la investigación sumaria de hábeas corpus y dispuso que se reciba la declaración indagatoria de los Vocales demandados.
- El 8 de junio de 2005 se recibe la declaración indagatoria de los Vocales demandados, señores Evangelina Huamaní Llamas (a fojas 76), Julio Milla Aguilar (a fojas 79) y Dilo Washington Huamán Quintanilla (a fojas 82), quienes coincidieron en afirmar que emitieron la resolución de fecha 25 de mayo de 2005 cumpliendo los principios de observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Asimismo, señalan que al enumerar los delitos cometidos por el recurrente no han revivido proceso fenecido alguno, limitándose únicamente a señalar que el demandante tenía una conducta reincidente en la comisión de delitos. Finalmente, afirman que los beneficios penitenciarios no proceden de manera automática, sino que su concesión está condicionada a una evaluación previa por parte del Juez.
Con fecha 8 de junio de 2005, el Octavo Juzgado Especializado en lo Penal del Callao (a fojas 85), declara infundada la demanda de hábeas corpus, argumentando que no se aprecia la existencia de un procedimiento irregular en el cual se haya violado el derecho a la prohibición de revivir procesos fenecidos. Añade que la resolución cuestionada se ha extendido con arreglo a la competencia funcional que la ley reconoce a los magistrados demandados.
Con fecha 28 de junio de 2005, la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Callao (a fojas 139), confirma la sentencia de primera instancia, por considerar que de los autos no se advierte la existencia o tramitación de un procedimiento irregular. En cuanto al aspecto relacionado con la mención que efectuaron los Vocales demandados en torno a los antecedentes penales del recurrente, estima que no se evidencia que esta consideración haya sido determinante para denegarle el beneficio penitenciario que solicitó; y que la resolución hace expresa referencia a aspectos relacionados con informes técnicos, la gravedad del delito y la repercusión policial del ilícito.
1. En sentencia anterior (Exp. N.° 0010-2002-AI/TC), este Colegiado señaló que “(...) en el Estado democrático de derecho, el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, lo cual, conforme a nuestra Constitución Política, (artículo 139º, inciso 22), constituye uno de los principios del régimen penitenciario, que, a su vez, es congruente con el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que "el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados".
2. Dicha disposición constitucional, no por su condición de principio, carece de eficacia, ya que comporta un mandato expreso de actuación dirigido a todos los poderes públicos comprometidos con la ejecución de la pena y, singularmente, al legislador, ya sea en el momento de regular las condiciones de ejecución de las penas, ya sea en el de establecer el quantum de ellas.
3. Entre estas condiciones de ejecución, se encuentra, desde luego, la posibilidad de que el legislador autorice la concesión de determinados beneficios penitenciarios, pues ello es compatible con los conceptos de reeducación y rehabilitación del penado. Por ello, el Tribunal Constitucional considera que estos principios suponen, intrínsecamente, la posibilidad de que el legislador pueda autorizar que los penados, antes de la culminación de las penas que les fueron impuestas, puedan recobrar su libertad si los propósitos de la pena hubieran sido atendidos. La justificación de la pena privativa de libertad es, en definitiva, la protección de la sociedad contra el delito.
4. Ello sólo puede tener sentido si se aprovecha el periodo de privación de libertad para lograr, en lo posible, que el delincuente, una vez liberado, no solamente quiera respetar la ley y proveer a sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo. En efecto, si mediante los beneficios penitenciarios, como la libertad condicional o la semilibertad, se autoriza legalmente que la pena impuesta por un juez pueda eventualmente suspenderse antes de su total ejecución, tal autorización está condicionada a que los fines de la pena se hayan cumplido.
5. Así, se ha dicho que los beneficios penitenciarios tienen su razón de ser en los principios constitucionales de los fines de la pena, es decir, en la reeducación y en la reinserción social: la prevención especial y el tratamiento, y en los factores positivos como la evolución de la personalidad del recluso para individualizar la condena impuesta, haciendo así una aplicación del principio de sentencia indeterminada y ofreciendo al penado estímulos gratificantes para lograr su adhesión a esos modos de comportamiento que puedan valorarse como indiciarios de esa evolución positiva, cumpliendo las prescripciones de un programa de tratamiento individualizado.
6. Sin embargo, este Tribunal también ha señalado (Exp. N.º 1594-2003-HC/TC) que el otorgamiento de los beneficios penitenciarios no está circunscrito únicamente al cumplimiento de los requisitos que el legislador pudiera haber establecido como parte de ese proceso de ejecución de la condena. La determinación de si corresponde, o no, otorgar a un interno un determinado beneficio penitenciario, en realidad, no debe ni puede reducirse a verificar si este cumplió, o no, los supuestos formales que la normatividad contempla (plazo de internamiento efectivo, trabajo realizado, entre otros).
7. Dado que el interno se encuentra privado de su libertad personal en virtud de una sentencia condenatoria firme, la concesión de beneficios está subordinada a la evaluación del juez, quien estimará si los fines del régimen penitenciario se han cumplido, y si corresponde reincorporar al penado a la sociedad antes del cumplimiento de la totalidad de la condena impuesta, si es que éste demuestra estar reeducado y rehabilitado. Queda claro, entonces, que la concesión de un determinado beneficio penitenciario, como la libertad condicional o la semilibertad a favor de un interno, está condicionada a una evaluación judicial previa, consistente en analizar si el tratamiento penal brindado al condenado durante la ejecución de la pena, permite prever que está apto para ser reincorporado a la sociedad, precisamente por haber dado muestras, evidentes y razonables, de haberse reeducado y rehabilitado.
8. En el caso concreto, el demandante afirma que se ha declarado improcedente su solicitud de beneficio penitenciario de semilibertad sin considerar los informes técnicos. Al respecto, este Colegiado debe recalcar que la concesión de los beneficios penitenciarios no es una consecuencia necesaria del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código de Ejecución Penal; sino que es el Juez Penal quien, finalmente, debe decidir su procedencia o no, considerando tanto los mencionados requisitos, como evaluando integralmente al interno.
9. Esto es, precisamente, lo que ha realizado el juzgador, según se aprecia a fojas 08, llegando a la conclusión de que “(...) el condenado aún no ha cumplido con los fines del tratamiento penitenciario como es la de rehabilitación y resocialización del interno, con la pretensión del Estado de recuperar al penado para la sociedad, los mismos que se logran luego de la aplicación de los programas resocializadores, no habiendo logrado internalizar valores como el respecto a la vida, a la autoridad, a la propiedad, a las leyes; lo que no permite suponer que estando en libertad no cometerá nuevo delito”. En consecuencia, no se advierte la vulneración de los derechos fundamentales a la libertad personal y al debido proceso.

References: Resolución 
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 artículo 10