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Timestamp: 2019-08-21 19:49:17+00:00

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En el presente caso, como en otros, el Tribunal admite el valor probatorio de aquellos documentos presentados en la debida oportunidad procesal por las partes y la Comisión que no fueron controvertidos ni objetados, y cuya autenticidad no fue puesta en duda2.
Ahora bien, en lo que se refiere a la oportunidad procesal para la presentación de prueba documental, de conformidad con el artículo 57.2 del Reglamento, ésta debe ser presentada, en general, junto con los escritos de sometimiento del caso, de solicitudes y argumentos o de contestación, según corresponda. La Corte recuerda que no es admisible la prueba remitida fuera de las debidas oportunidades procesales, salvo en las excepciones establecidas en el referido artículo 57.2 del Reglamento, a saber, fuerza mayor, impedimento grave o si se tratare de un hecho ocurrido con posterioridad a los citados momentos procesales3.
En relación con la documentación aportada por el Estado mediante sus alegatos finales escritos, correspondiente al “Instructivo que establece las normas, procedimientos y responsabilidades para la ejecución del ejercicio de orden abierto (pasaje de la cancha de infiltración) por parte del personal de alumnos del curso básico de seguridad y vigilancia rural” de 8 de noviembre de 2016, la Corte admite este documento como prueba superviniente, de conformidad con el artículo 57.2 del Reglamento, ya que su fecha es posterior al escrito de contestación del Estado y es relevante para analizar el alegato del Estado sobre el supuesto cumplimiento de una de las medidas de reparación solicitadas.
Respecto de los anexos presentados por las representantes con sus alegatos finales escritos, la Corte nota que: i) la boleta de honorarios de Maurice Gastón Larée Quevedo; ii) la boleta de honorarios de María del Carmen Rosa Bravo González, y iii) la factura emitida por el abogado Geovanny Corzo para la recepción de las declaraciones ante fedatario público, responden a documentos sobre gastos incurridos con ocasión de la audiencia pública celebrada en el presente caso. Por tanto, la Corte los admite por ser posteriores a la presentación del escrito de solicitudes y argumentos. Respecto del anexo 4, referido al “Acta de Comparecencia ante la Fiscalía, levantada en fecha de 22 de febrero de 2017, con la finalidad de probar que las presuntas víctimas se presentaron ante el [abogado] Juan Barradas […]” la Corte lo admite, de conformidad con el artículo 57.2 del Reglamento, ya que dicha documentación fue realizada con posterioridad al escrito de solicitudes y argumentos. Por último, en relación con el anexo 1 referido a la Sentencia pronunciada en la causa penal 6C-6623-06 de fecha 4 de febrero de 2009, pronunciada por el Tribunal Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del estado de Táchira, la Corte nota que dicho documento está vinculado con la detención del señor Edgar Humberto Ortiz Ruiz, proceso que fue discutido en la audiencia pública y respecto al cual la Corte realizó preguntas a las partes. Por consiguiente, en virtud del artículo 58.b de su Reglamento, la Corte admite el referido documento.
La Corte estima pertinente admitir las declaraciones y dictámenes rendidos en audiencia pública y mediante declaraciones ante fedatario público, en cuanto se ajusten al objeto definido por el Presidente en la Resolución que ordenó recibirlos4 y al objeto del presente caso.
El 1 de febrero de 2017 las representantes presentaron dos documentos referentes a la declaración del señor Jeckson Edgardo Ortiz González: i) la declaración que fue rechazada por el notario público, de la cual indicaron que “el notario arbitrariamente procedió a tarjar un determinado número de preguntas y sus respectivas respuestas, manifestando que por tratarse de preguntas inconvenientes no legalizaría el acta que las contenía”, y ii) la declaración prestada ante notario público que no incluye las respuestas que el notario no quiso legalizar.
El 6 de febrero de 2017 las defensoras interamericanas presentaron la declaración simple prestada por el señor José Luis Guerrero debido a que no le fue posible prestar la declaración ante notario público, e indicaron que “al presentarse a la notaría donde debía prestar la declaración, el notario rechazó las preguntas negándose a certificar su declaración conforme el cuestionario que le fue presentado […]”.
La Corte considera, como lo ha hecho en otros casos5, que las declaraciones referidas fueron presentadas dentro del plazo estipulado y que la falta de legalización de las mismas por notario público responde a un proceder indebido por parte del Estado. En razón de lo anterior, el Tribunal observa que varias notarías venezolanas se han negado en reiteradas ocasiones a tomar legalmente las declaraciones de los testigos y peritos cuya declaración ha sido solicitada por Resolución del Presidente, por lo que concluye que el Estado no cumplió con su obligación de coordinar y realizar las diligencias necesarias para cumplir con lo solicitado por la Corte, conducta incompatible con el deber de cooperación procesal y con el principio de buena fe que rige en el procedimiento internacional. En consecuencia, la Corte admite los dos documentos referentes a la declaración del señor Jeckson Edgardo Ortiz González en vista de que fueron presentados en el momento procesal oportuno y tomará la declaración que no cuenta con autenticación del notario público como una declaración simple. Finalmente, la Corte estima pertinente admitir la declaración rendida por el señor José Luis Guerrero la cual será valorada como declaración simple conforme a los criterios de esta Corte.
Con base en su jurisprudencia constante respecto de la prueba y su apreciación, la Corte examinará y valorará los elementos probatorios documentales remitidos por las partes y la Comisión que fueron incorporados por este Tribunal, así como las declaraciones y dictámenes periciales, al establecer los hechos del caso y pronunciarse sobre el fondo. Para ello se sujeta a los principios de la sana crítica, dentro del marco normativo correspondiente, teniendo en cuenta el conjunto del acervo probatorio y lo alegado en la causa6.
Finalmente, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, la Corte recuerda que las declaraciones rendidas por las presuntas víctimas no pueden ser valoradas aisladamente sino dentro del conjunto de las pruebas del proceso, en la medida en que pueden proporcionar mayor información sobre las presuntas violaciones y sus consecuencias7.
Como una forma de reparación a las víctimas, en este capítulo la Corte dará por establecidos los hechos del presente caso con base en el sometimiento del caso presentado por la Comisión Interamericana, el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado y el acervo probatorio.
Sobre Johan Alexis Ortiz Hernández y su grupo familiar
Johan Alexis Ortiz Hernández nació el 26 de junio de 1978, en el municipio de San Juan Bautista, del distrito San Cristóbal, del estado de Táchira. Era el único hijo de la pareja compuesta por Zaida Hernández Hernández y Edgar Humberto Ortiz Ruiz, quienes se separaron en el año 19791. Sin embargo, Johan Alexis era el mayor de seis hermanos, debido a que sus padres formaron nuevas parejas: la señora Hernández se casó con el señor Saúl Arellano Mora, y tuvieron dos hijos, Zaida Dariana Arellano Hernández y Saúl Johan Arellano Hernández; el señor Ortiz Ruiz se unió con la señora Maritza González Cordero y de esa unión nacieron Jeckson Edgardo Ortiz González, Greyssi Maried Ortiz González y Gregory Leonardo Ortiz González2.
Johan Alexis Ortiz Hernández ingresó a la Escuela de Formación de Guardias Nacionales de Cordero (ESGUARNAC-CORDERO) el 10 de octubre de 1996 con el objetivo de integrarse a dicha fuerza y servir a su país3. A los 19 años, formaba parte del XXVIII curso de dicha institución, que se graduaría en el mes de abril de 19984.
El “I Curso Anti-subversivo” y la práctica denominada “cancha anti-subversiva”
En el marco de la instrucción de los integrantes del XXVIII curso de la ESGUARNAC-CORDERO, el Comando del Cuerpo de Alumnos, en coordinación con el Destacamento N° 19 de los Comandos Rurales, planificó la realización de un curso denominado “I Curso Anti-Subversivo” entre el 13 y el 21 de febrero de 1998. A tal fin, se redactó una Orden de Operaciones, cuya finalidad era instruir al futuro de la Guardia Nacional en las áreas de operaciones militares y especiales (contraguerrilla, anti-secuestro, armamento, explosivos, comunicaciones militares y sanidad militar), y en las acciones no operacionales (acciones cívicas, operaciones psicológicas y acciones de pacificación)5.
Según esta Orden de Operaciones, el “I Curso Anti-Subversivo” tenía por misión adiestrar a los alumnos en operaciones simuladas de combate contra la guerrilla, bajo los efectos de una presión mental y física durante un período extenso. Este curso de formación se dividía en dos fases: la primera, de instrucción doctrinaria, a desarrollarse durante las horas nocturnas y en la que los estudiantes se familiarizarían en los aspectos doctrinarios y teóricos indispensables para el combate; la segunda, en cambio, estaba orientada a la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos. La fase práctica estaba compuesta por diferentes ejercicios y canchas, entre ellos: a) tiro instintivo; b) explosivos; c) navegación; d) anti-subversión; e) infiltración; f) técnicas de rapel, paso de comando y supervivencia en aguas; g) técnicas de patrullaje, y h) combate en áreas urbanas6.
Uno de los ejercicios que hacía parte de esta segunda fase era el pasaje por una de las canchas denominada “cancha anti-subversiva”. De conformidad con el correspondiente “Instructivo para Actividades del Batallón de Alumnos”, que integraba la Orden de Operaciones del mencionado curso, esta práctica consistía en transitar por 13 situaciones diferentes, entre las cuales se encontraba una “zona de rampadera”. Ello implicaba pasar de forma individual en posición de tendido por un área de la cancha cubierta de tierra, lodo, agua y una alambrada a 40 centímetros del suelo (también denominada “la conejera”), con el armamento orgánico (FAL) mientras un efectivo disparaba ráfagas de proyectiles y, una vez vencido el obstáculo, realizar dos disparos a cada silueta, ambas ubicadas al lado derecho7.
Dicho instructivo no especificaba el tipo de municiones con el que debían llevarse a cabo las prácticas, esto es, si debían ser proyectiles reales o de fogueo8. Sin embargo, para el desarrollo de la denominada “cancha de infiltración”, ejercicio diferente a la “cancha anti-subversiva”, se requería, entre otras cosas, el suministro de un total de cuatro mil quinientos (4.500) cartuchos de fogueo9.
Por el contrario, dicho instructivo sí preveía la asistencia de un puesto de socorro, conformado por un oficial de sanidad, un profesional médico y dos enfermeros, y una ambulancia administrativa, además de una coordinada con el SIMA (Sistema Integral Médico Asistencial). Esto último, para la evacuación y hospitalización del personal ante la eventual producción de hechos que pusieran en riesgo su seguridad. Los puntos de hospitalización previstos eran: a) el puesto de socorro del campamento; b) la enfermería del Destacamento N° 19; c) el Hospital Militar, y d) el Hospital de El Piñal10. Vale señalar, que conforme la citada Orden de Operaciones, la conformación del puesto de socorro no se circunscribía exclusivamente al desarrollo del ejercicio de la “cancha anti-subversiva”11, sino más bien para todos aquellos que conformaban la fase práctica del curso.
En efecto, la Orden contenía diversas disposiciones generales con el objeto de garantizar la seguridad de los alumnos. En esta línea, puede destacarse que la planificación del curso preveía, entre otros: a) un plan de seguridad; b) la presencia de una ambulancia durante las 24 horas del día con su conductor; c) el uso de armas, ceñido estrictamente a lo establecido en el reglamento; d) la lectura previa a la ejecución de un ejercicio de las normas de seguridad a observar y cumplir por todos los alumnos, sin excepción, y e) la necesidad de establecer un cálculo del tiempo mínimo de atención médica de urgencia en centros hospitalarios o tiempo de evacuación de heridos, que no debía ser superior a una hora, ya sea por vía terrestre o aérea12.
Asimismo, la Orden establecía una serie de normas que debían cumplir los instructores ubicados en los terrenos de la Base Administrativa del Destacamento N° 19 de los Comandos Rurales donde se desarrollarían las prácticas. Según éstas, los instructores eran responsables de: a) extremar las medidas de seguridad en aquellos eventos de instrucción donde se manipulen equipos especiales, armas y/o explosivos; b) verificar la presencia permanente de personal médico y equipo de primeros auxilios en cada uno de los ejercicios. Caso contrario no iniciar el ejercicio y solicitar presencia del mismo; c) verificar la disponibilidad inmediata en la cancha de ejercicio o muy cerca del mismo de cualquier medio de transporte terrestre o aéreo para evacuaciones de emergencias, en caso de presentarse heridos graves. Caso contrario no iniciar ejercicio y reclamar presencia del mismo, y d) no llevar a cabo acciones contrarias a lo programado y planificado para cada uno de los ejercicios, así como no permitir que terceros interfieran sin causa justificada en la ejecución de los ejercicios, salvo aquellos que por cargo pudieren hacerlo y cuyo aporte estuviera dirigido a la seguridad en particular13.
Por último, resta señalar que la Orden de Operaciones establecía expresamente el personal a cargo de cada práctica, con sus consecuentes responsabilidades. En el caso de la “cancha anti-subversiva”, según se indicó posteriormente en un informe, se encontraba dirigida por el Subteniente F.R.B., Oficial de Plaza del Destacamento Comando Rurales N° 19, y supervisada por el Capitán E.V.A. de la ESGUARNAC-CORDERO14.
Sobre lo ocurrido el 15 de febrero de 1998
El 15 de febrero de 1998 a las 09:00 horas de la mañana se dio inicio, en las instalaciones del Destacamento N° 19 de los Comandos Rurales de Caño Negro, Municipio Fernández Feo del estado de Táchira, Venezuela, al ejercicio de la “cancha anti-subversiva”. Cabe destacar que esta cancha es denominada de diferentes formas en la prueba recabada. En efecto, se la ha identificado como: i) “anti-subversiva”; ii) de “infiltración”, y iii) del “soldado especial”. Sin embargo, conforme el instructivo mencionado, la “cancha anti-subversiva” y la “cancha de infiltración” indicaban dos ejercicios diferentes15, siendo la primera donde se habría producido el hecho que aquí ocupa16.
En horas del mediodía17, mientras el alumno Ortiz Hernández se encontraba aproximándose al obstáculo conocido como la “zona de rampadera”, que hacía parte del ejercicio llamado la “cancha anti-subversiva”, recibió dos impactos de bala en la zona de su hombro derecho. Sin embargo, las circunstancias y el modo en que se produjo dicho hecho se encuentran controvertidas, lo cual será analizado por la Corte en el fondo (infra párrs. 127 a 136).
En efecto, según la primera versión oficial de los hechos, Johan Alexis recibió “[un] impacto de bala a la altura del hombro derecho con orificio de salida en el cuello, la herida fue producida por un proyectil calibre 7.62 disparada por AFAG […]”, que estaba siendo manipulada por el guardia nacional encargado de accionarla18. Con posterioridad, más precisamente el 12 de marzo de 1998, la propia ESGUARNAC-CORDERO destacó que el señor Ortiz Hernández recibió, en realidad, dos impactos de bala, en atención a que el disparo de las ráfagas de proyectiles a cargo del GN G.M.C. estaba siendo efectuado, como medida de hostigamiento, con fuego real19 proveniente de una ametralladora AFAG, calibre 7,62 mm20. La ametralladora AFAG, calibre 7,62 mm es un arma de guerra automática que utiliza una munición de alto carácter perforante dada la altísima velocidad de su trayectoria. Su diseño, empleo, potencia, calibre, y tipo de munición, entre otros aspectos, obedecen a la finalidad de causar el máximo daño al enemigo, esto es, provocar su muerte21. En otra versión, la Fiscalía a cargo de la investigación ha sostenido que los impactos se debieron a fragmentos de proyectil22 (infra párr. 87).
Por su parte, esta versión oficial fue refutada por los progenitores del señor Ortiz Hernández, quienes sostuvieron que, según los dichos de un alumno que también habría participado de la práctica, su hijo no fue lastimado en el obstáculo, sino que habría llegado herido, sosteniendo su brazo y gritando “me dio, me dio”23. Asimismo, conectaron dicha versión de lo ocurrido con dos posibles hipótesis o móviles: la primera, vincula el hecho a que el señor Ortiz Hernández se encontraba manteniendo una relación amorosa con la esposa del capitán a cargo de la supervisión de la práctica24; y la segunda, a que el señor Ortiz Hernández estaba investigando, conjuntamente con otros alumnos, la muerte de un compañero ocurrida un año atrás en la misma escuela25.
Asimismo, cabe destacar en relación con las circunstancias que rodearon al hecho, que algunas versiones periodísticas afirmaron, con base en declaraciones del personal policial interviniente en el hecho, que se habría tratado de un suicidio26, mientras que otras refirieron que habría sido producto de una maniobra accidental de un compañero del señor Ortiz Hernández27.
El traslado, la asistencia médica y la autopsia
Luego de resultar herido, Johan Alexis Ortiz Hernández fue auxiliado en el campo de ejercicios por el propio instructor encargado de accionar la ametralladora AFAG, quien lo trasladó hasta el puesto de primeros auxilios28. Allí, fue asistido por el enfermero de la ESGUARNAC-CORDERO, con el fin de parar la hemorragia externa29. Según la perita Rincón Bracho, el cuerpo de Johan Alexis no presentaba signos o marcas que indicaran que se le proporcionó atención médica de emergencia durante su traslado o antes de su fallecimiento30. Agregó que las heridas serían solucionables. Por su parte, la médica tratante sostuvo que los primeros auxilios fueron adecuados31. La perita Bravo González manifestó que “no se describ[ieron] en la autopsia huellas de puntura (punción) en sitios habituales o algún mecanismo de control de hemorragia”32. Luego, fue trasladado al Hospital de San Rafael de El Piñal, en un vehículo militar, sin placas, marca Toyota33. Sin embargo, no existe certeza en relación con las personas que efectivamente acompañaron al señor Ortiz Hernández en su traslado al referido nosocomio34.
Según los informes médicos, el señor Ortiz Hernández presentaba el siguiente cuadro al llegar al hospital:
Al Examen físico, malas condiciones generales, pálido, sudoroso, [t]aquicárdico, somnoliento, intranquilo, TA no auscultable, pulsos distales no palpables, llenado capilar lento, extremidades frías, herida por arma de fuego en hombro derecho con orificio de entrada a nivel de línea axilar anterior redondeado de ± 1cms de diámetro no sangrante y de salida en fosa supraclavicular de ± 3 cms con sangramiento activo que cede parcialmente con la compresión manual35.
En dicho nosocomio fue atendido por la médica de guardia, las paramédicas y enfermeras presentes. Según las propias declaraciones de dicho personal, el señor Ortiz Hernández llegó con un apósito y un vendaje compresivo en la fosa supra-clavicular impregnado de sangre. En virtud del cuadro que presentaba, la médica tratante intentó localizar los vasos sangrantes, lo cual fue imposible por el sangramiento tan profuso, por lo que se mantuvo la compresión manual. Luego, procedió a colocar la vía periférica con “yelco catorce y la administración de ringer lactato a chorro”. En ese marco, la médica solicitó que se comunicaran con una ambulancia o helicóptero para trasladar al señor Ortiz Hernández a otro centro médico de mayor envergadura. Sin embargo, el paciente entró en paro cardio-respiratorio y, pese a que se le administró adrenalina, atropina y se realizaron maniobras de resucitación, Johan Alexis cayó en estado de shock hipovolémico y falleció36.
Luego de su fallecimiento en el Hospital San Rafael de El Piñal, el cuerpo del señor Ortiz Hernández fue trasladado por comisión de la Policía Técnica Judicial al Hospital Central de San Cristóbal. Según el inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, se practicó el levantamiento del cadáver en la morgue de la Medicatura rural de la localidad de El Piñal a las 05.30 horas de la tarde del día 15 de febrero del año 199837.
Una vez arribado a la Medicatura Forense de San Cristóbal, se practicó la autopsia a las 20:05 horas. En ésta, la profesional interviniente, Dra. Ana Cecilia Rincón Bracho, constató que la muerte del señor Ortiz Hernández se produjo por un SHOCK HIPOVOLÉMICO, HEMORRAGIA INTERNA SECUNDARIA A HERIDA POR ARMA DE FUEGO DE CARÁCTER MORTAL. Al realizar su correspondiente informe, la forense destacó que el cuerpo presentaba:
1.- Herida perforante producida por disparo de arma de fuego con orificio de entrada redondeado de 2 x 1 cm en área clavicular media derecha con extenso hematoma de la zona de alrededor, sin tatuaje con halo excoriativo escaso que penetra al tórax con dirección de arriba hacia abajo en tórax anterior de delante hacia atrás penetrando a través del primer espacio intercostal hacia la cavidad torácica y provocando:
A) Perforación del lóbulo superior y medio pulmonar.
B) Hemotorax derecho.
C) Fractura de sexto arco costal posterior en su línea media con fragmento de proyectil (color oro) incrustado en el mismo. No hay orificio de salida.
2.- Herida perforante producida por disparo de arma de fuego con orificio de entrada redondeado de 2 x 1 cm con halo excoriativo a su alrededor sin tatuaje en región del hombro derecho (línea axilar anterior) hematoma de la zona que presentó dirección de delante hacia atrás dentro de masas musculares del área humeral. Sin orificio de salida y fragmento de proyectil alojado en región deltoidea posterior (línea axilar posterior del mismo hombro).
3.- Estómago con contenido líquido amarillento, no olor alcohólico.
4.- No hay evidencia de señales de enfermedad natural38.
Además, en oportunidad de prestar declaración judicial, la médica forense agregó, entre otras cosas, que: i) lo que impactó en el cuerpo de Johan Alexis fueron dos proyectiles completos, que intra-orgánicamente se fragmentaron en vista de que hubo choque con estructuras óseas; ii) el cadáver tenía cuatro puntos de sutura, dos en cada herida, unas con catgut de color amarillo claro y las otras con seda color negro, que no fueron reportadas en el protocolo de autopsia porque se presumió asistencia médica y, además, tenían que ser retirados para observar las características del orificio de entrada39; iii) el cadáver fue manipulado externamente por todo el personal que asistió el caso desde el mismo momento del fallecimiento; iv) internamente no hubo modificación alguna de las heridas o trayectoria de los proyectiles; v) no contaron con el equipo de rayos equis necesario para la localización de proyectiles, fragmentos, esquirlas, etc.; vi) que no reconocía los proyectiles que le fueron exhibidos en la sede fiscal como los que efectivamente extrajo del cuerpo de Johan Alexis40, y vii) que los proyectiles que impactaron en el cuerpo provinieron de un arma que estaba siendo manejada por un ser humano41. Dichas afirmaciones fueron corroboradas en su declaración ante esta Corte42.
Finalmente, resta señalar que tanto el investigador de la Policía Técnica Judicial como la profesional interviniente en la autopsia coincidieron en que el cuerpo del señor Ortiz Hernández les fue entregado limpio, esto es, lavado, vestido sólo con ropa interior43, debido a que la que portaba durante el ejercicio le habría sido quitada para el momento en que le prestaron los primeros auxilios44.
Por su parte, en relación con la vestimenta de Johan Alexis Ortiz Hernández, la médica de guardia expuso que éste arribó al Hospital San Rafael de El Piñal con el pantalón del uniforme mojado completamente con su correa, sin botas ni medias, con una franela desgarrada mojada e impregnada de arena en su hombro derecho45. Por su parte, la auxiliar de enfermería declaró que en ese nosocomio le quitaron la franela, el pantalón, las botas militares y las medias a Johan Alexis, todo lo cual le fue entregado a los efectivos militares que llegaron con él46.
La comunicación a los padres y la entrega del cuerpo a su familia
Según la declaración de la señora Hernández de Arellano en la audiencia pública ante esta Corte, se anotició del fallecimiento de su hijo el mismo día del hecho, entre las 5:00 y 5:30 horas de la tarde. Se encontraba en el culto dominical cuando el párroco le informó que era buscada por dos militares. Se trataba de un alumno, compañero de Johan Alexis, y de un oficial. Este último le manifestó que había sido comisionado por la ESGUARNAC para darle la información de que su hijo “por cobarde, por miedoso, por temeroso, se paró y dijo que no quería hacer la práctica y recibió la ráfaga de tiro de una ametralladora”47.
Tras recibir la noticia, la señora Hernández de Arellano se comunicó con el señor Ortiz Ruiz, quien se dirigió de inmediato a la casa de la primera. Allí recibió la misma comunicación por parte del oficial. Seguidamente, el señor Ortiz Ruiz se dirigió junto con los comisionados de la ESGUARNAC a realizar las gestiones para poder retirar el cuerpo de Johan Alexis y fue allí cuando, según la señora Hernández, ésta recibió una llamada anónima que le advirtió que su hijo había sido asesinado y que, como prueba, buscaran “en su cuerpo”. Luego de ello, la señora Hernández y el señor Ortiz se dirigieron a la Medicatura Forense del Hospital Central de San Cristóbal. Allí pudieron observar el arribo del cadáver de su hijo en una furgoneta proveniente del Hospital San Rafael de El Piñal. Según la señora Hernández, “cuando abrieron la puerta de la furgoneta, vi sus pies y lo reconocí, me abalance y le quité una sábana que tenía encima y recibí un golpe del detective […], porque yo no podía haber hecho lo que hice. Pero si pude ver a mi hijo, no me dejaron abrazarlo, no me dejaron tocarlo. Pero si lo vi”48.
Finalmente, el cuerpo del señor Ortiz Hernández les fue entregado recién el día 16 de febrero de 1998 en horas de la mañana49. Sus padres alegaron que éste pasó toda la noche en la morgue del Hospital Central de San Cristóbal sin que se adoptara medida alguna para su conservación, motivo por el cual debieron disponer su traslado inmediato al cementerio50.
La investigación de los hechos en el fuero militar y en la jurisdicción ordinaria
La investigación sobre la muerte del señor Ortiz Hernández tuvo origen en el fuero militar, bajo las disposiciones del Código Orgánico de Justicia Militar. El 5 de marzo de 1998, por orden del Comandante de la Guarnición Militar del Teatro de Operaciones N° 1, se inició la averiguación militar sumarial N° 008-98 ante el Juez Militar de Primera Instancia Permanente de Guasdalito por la muerte de Johan Alexis Ortiz Hernández51. Por su parte, el 10 de marzo de 1998 los progenitores del señor Ortiz Hernández solicitaron a la Fiscalía General de la República que se diera apertura a una investigación para esclarecer la muerte, en atención a que las autoridades militares se negaban a declarar ante la Policía Técnica Judicial, pese a reiteradas citaciones. Además, ya en dicha oportunidad denunciaron llamadas amenazantes52.
En este marco, se llevaron a cabo una multiplicidad de diligencias entre las que se destacan: a) una inspección ocular en la cancha del Destacamento N° 19 de la Guardia Nacional53; b) la exhumación del cadáver del señor Ortiz Hernández, en la que se concluyó que padeció perforaciones de dos proyectiles diferentes de pequeño calibre54, que dejaron heridas circulares en el cuerpo del occiso, y cuya dirección va de adelante-atrás, ligeramente de arriba-abajo, y ligeramente de derecha a izquierda55; c) prueba de luminol56, en la que se destacó que no se podía descartar la presencia de material de naturaleza hemática, debido a lo exiguo de la muestra existente57, y d) inspección en la sede de la ESGUARNAC, de la que surgió que el 26 de diciembre de 1997 se registró el presunto hurto de una pistola marca Bereta 7,65 mm., serial 425NM53275, arma de reglamento de una Sargento 3° de la Guardia Nacional58.
Luego de más de tres años de investigación, con base en estas diligencias y en 26 declaraciones testimoniales recabadas, que incluyeron las de las máximas autoridades de la ESGUARNAC-CORDERO y del personal a cargo de la práctica en que resultó herido Johan Alexis, la justicia militar formuló acusación contra los efectivos responsables de la práctica por la comisión del delito de homicidio culposo; contra el Capitán a cargo del ejercicio por el delito de autor intelectual y material de homicidio intencional calificado; contra otros miembros de la Guardia Nacional por el delito de encubrimiento y contra quien accionó la ametralladora AFAG, por el delito de encubrimiento y simulación de hecho punible o simulación objetiva59. Sin embargo, debido a diversos incidentes procesales, el proceso no avanzó más allá de la etapa intermedia.
En virtud de ello, el señor Edgar Humberto Ortiz Ruiz, luego de que se reconociera su intervención en el proceso, así como la de la señora Zaida Hernández de Arellano, en su condición de “víctimas”60, promovió una acción de amparo constitucional61 con el objeto de que la investigación pasara a manos de la justicia ordinaria, debido a que las autoridades militares llevaban conociendo el caso por más de tres años y medio sin que se hubiera arribado a la verdad de lo acontecido62. El 11 de junio de 2002 la Sala Constitucional declaró con lugar la acción de amparo y ordenó la anulación de todo lo actuado en el proceso penal seguido en la jurisdicción militar, excepto aquellas pruebas que no pudieran repetirse, y la remisión del expediente al Ministerio Público para que se iniciara el procedimiento de conformidad con el Código Orgánico Procesal Penal63. Para así decidir, la Sala estimó que, de conformidad con el artículo 26164 de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los delitos comunes cometidos por militares, aun cuando sea en ejercicio de funciones militares, en actos de servicio, en comisiones o con ocasión de ellas o encontrándose dentro o fuera de las instalaciones militares, deben ser juzgados por los tribunales ordinarios; circunstancias que se verificaban en el presente caso.
En virtud de dicha decisión, el caso fue remitido al Ministerio Público, el cual ordenó el inicio de una nueva investigación65. Entre los años 2003 y 2011 el Ministerio Público llevó adelante diferentes medidas de prueba que incluyeron más de 40 declaraciones testimoniales, entre las que se encuentran las del personal interviniente en el hecho y de los profesionales médicos que atendieron al señor Ortiz Hernández y realizaron su autopsia66; prueba de trayectoria balística67; reconocimiento técnico a un arma de fuego entregada por el Destacamento de los Comandos Rurales N° 19 y prueba de experticia mecánica y diseño al arma de fuego ametralladora marca FN AFAG, modelo M61, calibre 7.62 mm68; experticia de reconocimiento técnico a “un fragmento de blindaje” y “fragmento de núcleo” de proyectil presuntamente extraídos del cuerpo de la víctima69; experticia de reconocimiento legal, hematológica, química y barrido al presunto uniforme de Johan Alexis70; experticia agronómica y granulometría en la cancha de obstáculos; levantamiento planimétrico; y prueba de trayectoria intraorgánica, entre otras.
El 24 de noviembre de 2011 el Ministerio Público presentó cargos contra el oficial encargado de disparar con la ametralladora AFAG por el delito de homicidio intencional a título de dolo eventual y uso indebido de arma de guerra71. Disconformes con dicha imputación, el 23 de marzo de 2012 los progenitores del señor Ortiz Hernández solicitaron su nulidad, alegando que la Fiscalía no había analizado las experticias que permitían demostrar que su hijo había recibido impactos de proyectiles de bajo calibre y no de esquirlas o fragmentos y que los mismos habían sido cambiados durante la investigación. Además, afirmaron que la imputación no era correcta ni completa en contra de los demás funcionarios de la Guardia Nacional y argumentaron que su hijo habría sido torturado antes de morir72.
Luego de ello, el Tribunal de Primera Instancia en Función de Control de San Cristóbal convocó a audiencia preliminar. Sin embargo, esta fue diferida en once oportunidades, en la mayoría de ellas, debido a la incomparecencia del imputado73.
Finalmente, la audiencia preliminar se celebró el 4 de octubre de 2012. En esa oportunidad, el Tribunal decidió declarar sin lugar la solicitud del Ministerio Público de medida de privación preventiva de libertad e impuso al imputado medidas cautelares sustitutivas consistentes en prohibición de salida del país, presentación cada 15 días ante la autoridad judicial, así como acudir y someterse a todos los actos del proceso. Además, decretó la nulidad de la acusación presentada por no cumplir con los requisitos previstos en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal entonces vigente, y la inobservancia de la jurisprudencia y la no realización de una investigación integral de la causa. Por último, instó al Ministerio Público a que en un plazo no mayor a 120 días emitiera un nuevo acto conclusivo74.
El 27 de febrero de 2013 los representantes del Ministerio Público presentaron un nuevo escrito de acusación en contra del Guardia Nacional que accionaba la ametralladora AFAG por la presunta comisión de los delitos de homicidio intencional a título de dolo eventual y uso indebido de arma de guerra, previstos y sancionados en los artículos 407 y 282 del Código Penal. Además, solicitaron medida de privación judicial preventiva de libertad para el acusado75. La tesis central del Ministerio Público fue que uno de los proyectiles disparados por el imputado impactó contra un objeto de igual o mayor cohesión molecular76, lo que originó la fragmentación de la bala, siendo dichos fragmentos los que en definitiva impactaron en la humanidad de Johan Alexis77.
Tras varios intentos de llevar a cabo la audiencia preliminar78, y ante la no comparecencia del imputado, se dictó su orden de captura79. El 18 de agosto de 2015 el Ministerio Público informó al órgano jurisdiccional que había realizado varias diligencias a los fines de ubicar al imputado, tales como: oficiar en cuatro oportunidades al Jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub Delegación San Cristóbal, pidiendo hacer efectiva la orden de aprehensión; realizar llamada telefónica a un abonado aportado por la víctima Edgar Humberto Ortiz Ruiz, donde presuntamente podía contactarse a la progenitora del imputado, así como conversar con el abogado defensor quien manifestó que no tenía comunicación con su asistido y desconocía su paradero80. Según la Fiscal Marelvis Mejía Molina, además de las diligencias señaladas precedentemente, este órgano público realizó otras acciones tendientes a dar con el paradero del imputado. Entre ellas destacó: la solicitud a la Guardia Nacional para que certificara si en sus registros, luego de que el imputado ya no perteneciera a dicha institución, había quedado alguna dirección o número telefónico donde pudiera ser ubicado; solicitud de los registros migratorios al sistema de identificación, obteniendo por respuesta que el imputado no registraba migración alguna; solicitud a INTERPOL para que se agregara o se dictara una notificación roja, la que al día de la fecha se encontraría vigente81. Sin embargo, ninguna de ellas tuvo resultado positivo, por lo que a la fecha, la causa se encuentra todavía en etapa preliminar a la espera de que se pueda realizar la audiencia preliminar.
La intervención de los padres de Ortiz Hernández en la investigación
Durante el transcurso de la pesquisa tanto en el ámbito de la justicia militar82 como en el fuero ordinario83, los padres de Ortiz Hernández llevaron a cabo una multiplicidad de acciones tendientes a promover la investigación del hecho, incluso más allá de su participación formal en el proceso que, como se expuso precedentemente, recién fue admitida en agosto de 1999 (supra párr. 82). En reiteradas oportunidades presentaron notas y requirieron informes y medidas de investigación con el objeto de denunciar irregularidades en el procedimiento jurisdiccional, la falta de colaboración de las autoridades públicas y procurar el esclarecimiento de las circunstancias en que se produjo el fallecimiento de su hijo, con la consecuente determinación de las responsabilidades penales y administrativas.
Entre estas actuaciones se destaca la solicitud al Presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea del estado de Táchira para que interviniera en el esclarecimiento de los hechos84. En virtud de ello, la Comisión Permanente elaboró un informe en el que dio cuenta de la falta de colaboración de las autoridades militares para llevar a cabo la investigación encomendada y en el que concluyó, entre otras cosas, que el caso del homicidio de Johan Alexis Ortiz Hernández evidencia el estado de impunidad con el que actúan los cuerpos militares en el estado de Táchira85. En virtud de todo ello, la Comisión formuló cuatro recomendaciones: 1) remitir copia del informe y presentar denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la muerte de Johan Alexis Ortiz Hernández; 2) denunciar ante el Ministro de Defensa el homicidio de Johan Alexis Ortiz Hernández, con fundamento en el informe presentado, y solicitar ante la instancia militar respectiva el trámite de reposición de la causa al estado de primera actuaciones del Cuerpo Técnico de Policía Judicial; 3) expresar públicamente una protesta por la actuación del Ministro de la Defensa y demás autoridades militares, y remitir la misma al Presidente de la República y a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional, y 4) mantener abierta la investigación por parte de la Asamblea Legislativa del estado de Táchira.
Las amenazas y hostigamiento recibidos por los familiares de Ortiz Hernández
La incesante tarea desarrollada por los progenitores de Johan Alexis durante el transcurso de las investigaciones, tanto ante el fuero militar86 como en el ordinario, se vio acompañada también de la denuncia de amenazas y hostigamientos que padecieron, precisamente, a raíz de su actuación en pos de la dilucidación de lo acontecido respecto de la muerte de su hijo87.
Como fue señalado en esta Sentencia (supra Capítulo IV), la Corte aceptó el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado. A continuación, la Corte procederá a desarrollar el alcance de la responsabilidad internacional de Venezuela.
derechoS a la VIDA1 Y A LA INTEGRIDAD personal2 de johan alexis ortiz hernández en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos

References: artículo 57
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 artículo 57
 artículo 58
 Resolución 
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 artículo 26164
 artículo 326