Source: https://gmcapacitacion.com/component/tags/tag/sat?start=20
Timestamp: 2020-03-28 11:28:58+00:00

Document:
ASPECTOS LEGALES DE LA POSTURA DEL SAT CON RESPECTO AL USO DE DOMICILIOS VIRTUALES POR LOS CONTRIBUYENTES
Publicado el 28 May a las 13:51h
Colaboración de: LD y MDF Luis Raúl Diaz González
La modernidad y los avances tecnológicos, siempre irán delante de las normas jurídicas, eso es un hecho irrefutable.
La existencia de computadoras, las redes y demás avances cibernéticos, permiten estar comunicados desde cualquier parte del mundo y hasta con la estación espacial internacional; razón por la cual es factible realizar negocios, prestar servicios y comerciar con bienes tangibles e intangibles, sin necesidad de estar en un lugar fijo que reúna determinadas características, tales como mobiliario, equipo, maquinaria etc..
Del mismo modo, la digitalización de operaciones, permiten hasta la sustitución de personal, por robots, programas y sofisticados sistemas electrónicos y ello abate costos y cargas administrativas demasiado onerosas, ya que un robot no necesita seguridad social, ni vivienda, ni descanso semanal o vacaciones, ni se pondrá en huelga o enfermará.
Suena cruel pero es el precio de la modernidad, ya que es natural para un empresario el tratar de abatir costos, para incrementar sus ganancias y hacerlo es completamente legal.
Así llegamos a figuras como el teletrabajo, el comercio electrónico y las comunicaciones digitales, siendo las últimas utilizadas por las autoridades administrativas y judiciales, veamos:
1.- Buzón tributario, mediante el cual se pueden notificar resoluciones fiscales y presentar promociones y documentos por medios electrónicos, sin necesidad de presentarse físicamente en un lugar determinado.
2.- Justicia en línea, con el que se puede presentar una demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y realizar todas las diligencias procesales por esta vía.
3.- Juicio de Amparo por medios digitales, ante los miembros del Poder Judicial de la Federación.
4.- Consultar y realizar trámites ante la Administración Pública Federal.
En muchos trámites se exige el señalamiento de un correo electrónico para el efecto de poder ser notificado un particular.
Debemos ver lo dispuesto por el Código Tributario Federal:
“Artículo 18. Toda promoción dirigida a las autoridades fiscales, deberá presentarse mediante documento digital que contenga firma electrónica avanzada. Los contribuyentes que exclusivamente se dediquen a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas que no queden comprendidos en el tercer párrafo del artículo 31 de este Código, podrán no utilizar firma electrónica avanzada. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá determinar las promociones que se presentarán mediante documento impreso.
Lo dispuesto en este artículo no es aplicable a las declaraciones, solicitudes de inscripción o avisos al registro federal de contribuyentes a que se refiere el artículo 31 de este Código. Artículo 18. Toda promoción dirigida a las autoridades fiscales, deberá presentarse mediante documento digital que contenga firma electrónica avanzada. Los contribuyentes que exclusivamente se dediquen a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas que no queden comprendidos en el tercer párrafo del artículo 31 de este Código, podrán no utilizar firma electrónica avanzada. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá determinar las promociones que se presentarán mediante documento impreso”.
En España se marca:
“Además del domicilio fiscal, las normas tributarias exigen a los sujetos que desarrollen actividades económicas declarar los siguientes datos adicionales de localización:
a) El lugar donde tengan efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios en territorio español, cuando sea distinto del domicilio fiscal, para las personas físicas empresarios y profesionales residentes.
b) El domicilio social, si existe y es distinto del fiscal, para personas jurídicas o entidades residentes en territorio español.
c) Se deberá consignar la referencia catastral asignada a los distintos domicilios, el número de teléfono, y, en su caso, la dirección del correo electrónico y el nombre de dominio o dirección en Internet, mediante el cual desarrolle, parcial o totalmente sus actividades”. Fuente: Agencia Tributaria.
Proximamente tendremos sociedades unipersonales, denominadas Sociedad por Acciones Simplificada, en las cuales el socio siempre será su administrador; y esta persona puede tener un domicilio físico, un domicilio virtual o uno móvil y las operaciones del negocio las maneja a través de una laptop, una Tablet o un Smart pone, que son dispositivos portátiles.
Para mayor comprensión anotamos lo siguiente:
Domicilio. Es el lugar en el cual pueden ser localizada una persona. Nuestro Sistema Jurídico (Derecho Civil), previene varios tipos de domicilio: Voluntario, Legal y Convencional.
a) Domicilio voluntario. Es aquél que elige libremente la persona para establecer su casa o su lugar de trabajo.
b) Domicilio legal. Aquí ciertas circunstancias delimitan el lugar en donde podrá encontrarse un sujeto y por ello, la norma legal fija dicho sitio. Cuentan con domicilio legal, los casos siguientes:
1.- Los menores de edad. Será domicilio de éstos, el de quienes ejerzan Patria Potestad (Padres y a falta de éstos, los abuelos que decida un Juez de lo Familiar).
Si no hay quien ejerza la Patria Potestad, el domicilio será el del tutor.
2.- Los incapaces mayores de edad (interdictos). Quienes tienen su domicilio en el lugar donde esté el tutor o tutores.
3.- Los militares en activo. El sitio en donde estén destacados.
4.- Los funcionarios públicos. El lugar en donde ejerzan sus actividades, por más de seis meses.
5.- Los reos. El Centro de readaptación social, en donde purguen su condena.
6.- Los procesados y los arraigados. El reclusorio o el sitio en donde estén confinados.
c) Domicilio convencional. Es un determinado lugar, seleccionado por la persona, para cumplir allí con cierto trámite o para que en él se practiquen algunas diligencias administrativas o judiciales (la oficina de un contador, el despacho del abogado etc.).
El Derecho Común para efectos de localizar a una persona o para determinar la competencia de las autoridades, en consideración al territorio, fija las siguientes reglas:
a) Se tendrá como domicilio de una persona física, el lugar en donde tenga su casa habitación.
b) Si no se le encuentra allí, se considerará como domicilio el sitio en donde desarrolle sus actividades remuneradas (industria, comercio, trabajo, etc.)
c) Si no aparece en alguno de los dos primeros, el lugar en donde esté.
El domicilio de una persona moral, es aquél lugar en donde se halla su administración principal.
En este sitio se practicarán toda clase de diligencias, ya que allí debe encontrarse el representante legal de la corporación.
En ciertas situaciones legales, se podrán realizar diligencias oficiales, en lugares distintos al domicilio social, como sucede con las sucursales, representaciones o agencias.
Las personas morales de Derecho Público, cuentan con domicilio fijado por la Ley y no por la voluntad de sus integrantes, como sucede con:
La Federación, Entidades Federativas, Distrito Federal y Municipios.
DOMICILIO U OFICINA VIRTUAL.
Un domicilio u oficina virtual, puede considerarse como un lugar virtual e intangible donde se desarrollan actividades de negocios o empresariales como si se tratase de una oficina física. Las oficinas virtuales van enfocadas a prestar servicios a los clientes, o sea que una oficina virtual puede ofrecer productos y servicios sin hacer uso de los medios tradicionales (oficina 1), lo que puede llegar a ser mucho más eficiente y con menor costo, ya que los interesados pueden acceder las 24 horas del día durante todo el año.
Las oficinas virtuales las ocupan empresas grandes, medianas y pequeñas, además de profesionistas y empresarios que desean reducir los costos y contar con un domicilio para su empresa o despacho. Las oficinas virtuales son muy utilizadas para tener presencia en diversos lugares, sin la necesidad de contar con un espacio físico, que a menudo suele ser muy costoso.
Debemos recordar que es totalmente válido abatir costos y obtener más ganancias.
En la actualidad, en muchos países se ofrece el servicio de oficinas virtuales, con costo mucho más bajo, comparado con el mantenimiento de un lugar físico. Ahorramos en luz, secretaria, vigilancia, mantenimiento etc..
Abundando, las reuniones con los clientes, se hacen mediante el chat o las videoconferencias, sin hacer uso de salas de conferencias y lugares físicos donde recibir a tus clientes.
Entonces una oficina virtual es una oficina compartida, que permite a personas físicas y morales, disponer de un domicilio fiscal permanente, en un determinado Estado o Ciudad dentro del Territorio Nacional. Ofrecen diferentes servicios que se pueden contratar por paquetes o módulos, según cada necesidad. Así tenemos: Servicio de recepción de correspondencia o maildrop; Servicio de gestión de llamadas telefónicas en diferentes modalidades “voice mail box” (buzón de voz), call forwarding o call redirecting (reenvío de llamadas) y call answering (recepción de llamadas por operadora); Servicio de recepción de fax, mediante el sistema llamado fax o fax to e-mail; y alquiler de oficinas físicas y salas de reuniones por horas.
Por la practicidad de esta figura, muchos contribuyentes hacen uso de ella, llegando a señalarla como domicilio fiscal, dadas las facilidades y comodidades mencionadas.
Sin embargo, a criterio de la autoridad fiscal, entre los elementos que pueden indicar que una empresa presuntamente está involucrada en una operación simulada, es que su domicilio fiscal es no localizado o que se ubica en pequeños cuartos de dos por dos metros, en los que operan una gran cantidad de empresas.
El Servicio de Administración Tributaria ha sostenido:
“Hemos encontrado hasta 350 empresas en un domicilio muy pequeño, pero que
realmente son oficiales virtuales; son empresas que manejan grandes cantidades de operaciones en domicilios existentes, pero en zonas marginadas de las ciudades”, detalló.
¿Para funcionar empresarialmente, es necesario un domicilio en Polanco o en Santa Fe?
¿Contar con dos y tres pisos?
¿Tener mil empleados?
Respuesta, claro que no, es una posición extremadamente subjetiva y sin fundamento, el pensar así, ya que a la fecha se usa el buzón tributario, el correo electrónico y hasta los mensajes vía celular, para comunicarse con el contribuyente, llegando incluso a presumirse que esta notificado al cuarto día del envío del mensaje por buzón.
Acerca del domicilio fiscal, el Código Tributario Federal indica:
“Artículo 10. Se considera domicilio fiscal:
a). Cuando realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios.
b). Cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades.
c). Únicamente en los casos en que la persona física, que realice actividades señaladas en los incisos anteriores no cuente con un local, su casa habitación. Para estos efectos, las autoridades fiscales harán del conocimiento del contribuyente en su casa habitación, que cuenta con un plazo de cinco días para acreditar que su domicilio corresponde a uno de los supuestos previstos en los incisos a) o b) de esta fracción.
a). Cuando sean residentes en el país, el local en donde se encuentre la administración principal del negocio.
b). Si se trata de establecimientos de personas morales residentes en el extranjero, dicho establecimiento; en el caso de varios establecimientos, el local en donde se encuentre la administración principal del negocio en el país, o en su defecto el que designen.
Cuando los contribuyentes no hayan designado un domicilio fiscal estando obligados a ello, o hubieran designado como domicilio fiscal un lugar distinto al que les corresponda de acuerdo con lo dispuesto en este mismo precepto o cuando hayan manifestado un domicilio ficticio, las autoridades fiscales podrán practicar diligencias en cualquier lugar en el que realicen sus actividades o en el lugar que conforme a este artículo se considere su domicilio, indistintamente”.
Como se aprecia con facilidad, el numeral transcrito no se encuentra al día en materia digital y cibernética, como si lo está en otros apartados.
Surge la pregunta: ¿Para abrir el buzón fiscal, debo estar en mi domicilio fiscal?
La respuesta es no, ya que gracias a la portabilidad de los equipos digitales, puedo abrirlo desde cualquier lugar y por lo tanto estar en contacto con el fisco federal.
La ley tributaria se halla plagada de presunciones, las cuales deben demostrarse por la autoridad, ya que si ella dice que la operación es simulada (2), se aplica el artículo 68 del CFF que a la letra dice:
“Artículo 68. Los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales. Sin embargo, dichas autoridades deberán probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho”.
El particular debe tener mucho cuidado al expresarse y efectuar una negativa lisa y llana, sin aclarar nada ni agregar nada, para que opere la inversión de la carga de la prueba, en contra de la autoridad fiscal correspondiente.
Veamos las siguientes Tesis:
CAUSACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES. LA CARGA DE LA PRUEBA DE QUE UN ACTO, HECHO O NEGOCIO JURÍDICO ES ARTIFICIOSO RECAE EN QUIEN HACE LA AFIRMACIÓN CORRESPONDIENTE.
Las operaciones no prohibidas legalmente que lleven a cabo los contribuyentes -entre ellas, las inversiones en acciones- cuentan con presunción de licitud, si en ello coincide el que no se presentan como ajenas a la práctica comercial ordinaria. Por tanto, cuando se alegue que una determinada operación no revela la intención de realizar una inversión real, sino que tien9e un propósito especulativo que únicamente pretende eludir el impuesto correspondiente, la parte que propone tal argumento debe aportar los elementos que acrediten la ausencia de sustancia jurídica. Así, para probar el carácter artificioso de una operación ante la autoridad jurisdiccional, debe argumentarse, por ejemplo, atendiendo a si: la operación tiene una repercusión económica neta en la posición financiera del contribuyente; existe una razón de negocios para la realización de la operación; al efectuar la transacción podía razonablemente anticiparse la generación de una ganancia, previa a la consideración de los efectos fiscales de la operación; o bien, la medida en la que el particular se hubiera expuesto a sufrir una pérdida bajo circunstancias ajenas a su control. Todo lo anterior, sin dejar de reconocer que el tema aludido resulta de particular complejidad, por lo que las cuestiones propuestas como elementos para la valoración de cada caso no son más que una aproximación que no pretende ser la guía rectora definitiva de los juicios que versen sobre el carácter artificioso o abusivo de una operación, o sobre su plena validez.
Tesis: 1a. XLVII/2009.
10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3; Pág. 2027
PRESUNCIÓN JURÍDICA. SU NOCIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA. En materia tributaria, la finalidad de establecer presunciones por parte del legislador radica, precisamente, en el hecho de que, en aquellas situaciones en las que, por la dificultad de la autoridad de probarlas, y a fin de controlar prácticas de evasión y elusión de impuestos, deben recogerse experiencias derivadas de prácticas que se dan con un cierto margen de generalidad o reiteración, lo que se conoce como “máximas de experiencia” que, dada su idoneidad, el legislador las positiviza, recogiéndolas en el texto con ese carácter. Así, la presunción jurídica constituye un juicio lógico del legislador o del Juez, en virtud del cual se considera como cierto o probable un hecho, con apoyo en las máximas generales de experiencia, que le indican cuál es el modo normal como suceden los acontecimientos. Dicha figura se integra, en todo caso, por tres elementos esenciales, a saber, una afirmación base, otra presumida y el enlace o nexo. El primero se constituye en piedra angular sobre la que se erige la presunción, por lo que deberá acreditarse fehacientemente; el segundo es el producto novedoso con significado probatorio, establecido a partir del hecho base, una vez verificado y, el tercero, consiste en máximas de experiencia que fijan la relación precisa entre las afirmaciones base y presumida. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
Amparo directo 842/2012. Tapón Corona, S.A. de C.V. 22 de marzo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza.
9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIX, Abril de 2009; Pág. 730
PRESUNCIONES SOBRE EL INCREMENTO DEL PATRIMONIO DEL CONTRIBUYENTE. SUS ALCANCES EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA.Las presunciones legales son frecuentes en el ámbito tributario en virtud de que se anticipan a las posibles conductas fraudulentas de los sujetos obligados y parten de una probabilidad normal en la realización de un hecho de difícil constatación para la autoridad fiscal creándose así una verdad jurídica distinta a la real, siendo su fundamento el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que autoriza al legislador para que dentro de un sistema tributario justo adopte las medidas para lograr el exacto cumplimiento de las obligaciones fiscales, en el entendido que debe existir un correcto equilibrio entre el hecho demostrado y el presumido, de manera que uno sea consecuencia necesaria del otro. Si esta elemental regla de deducción lógica no se respeta en la norma de presunción, o haciéndolo, el proceso deductivo es incoherente, se habrá provocado indefensión al contribuyente por señalarse un supuesto jurídico poco probable, absurdo, irracional o imposible de plantear, cuya presunción mal trazada producirá su inconstitucionalidad por ser incompatible con los postulados de equidad y proporcionalidad, a pesar de que sea un instrumento que en apariencia trata de reprimir el fraude a la ley tributaria. Así, la inconstitucionalidad puede sobrevenir por no responder a criterios de equidad o capacidad contributiva, que en parte conforman la idea de justicia en el ámbito tributario, pues una mala o deficiente estructura de la presunción legal provocaría que se creara en lugar de una verdad jurídica aceptable, una ficción jurídica imposible de rebatir y sin trascendencia para constituir el hecho imponible.
Amparo directo en revisión 143/2009. Promotora Cultural y Educativa de Aguascalientes, A.C. 11 de marzo de 2009. Mayoría de tres votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidentes: José Fernando Franco González Salas y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Israel Flores Rodríguez.
Pasamos al siguiente caso, los negocios móviles, como serían los denominados “food trucks” que sirven alimentos en la vía pública, o los escritorios públicos que funcionan en la calle, curiosamente muchos de ellos cerca de las oficinas gubernamentales, ¿esta clase de negocio, cae en los supuestos del artículo 10 del CFF).
Esa es una gran interrogante, pues basta con mover la unidad automotora, para “cambiar de domicilio” y aparecer como “ilocalizable” a criterio del fisco de la Federación.
Debemos atender esta opinión judicial:
DOMICILIO. SU CONCEPTO PARA EFECTOS DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.
El concepto de domicilio que contempla el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no coincide plenamente con el utilizado en el derecho privado y en especial en los artículos 29, 30 y 31 del Código Civil Federal, como punto de localización de la persona o lugar de ejercicio de derechos y obligaciones. El concepto subyacente a los diversos párrafos del artículo 16 constitucional ha de entenderse de modo amplio y flexible, ya que se trata de defender los ámbitos en los que se desarrolla la vida privada de las personas, debiendo interpretarse -de conformidad con el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional- a la luz de los principios que tienden a extender al máximo la protección a la dignidad y a la intimidad de la persona, ya que en el domicilio se concreta la posibilidad de cada individuo de erigir ámbitos privados que excluyen la observación de los demás y de las autoridades del Estado. Así las cosas, el domicilio, en el sentido de la Constitución, es cualquier lugar cerrado en el que pueda transcurrir la vida privada, individual o familiar, aun cuando sea ocupado temporal o accidentalmente. En este sentido, el destino o uso constituye el elemento esencial para la delimitación de los espacios constitucionalmente protegidos, de ahí que resulten irrelevantes la ubicación, la configuración física, su carácter de mueble o inmueble, el tipo de título jurídico que habilita su uso o la intensidad y periodicidad con la que se desarrolle la vida privada en el mismo. Así las cosas, la protección constitucional del domicilio exige que con independencia de la configuración del espacio, sus signos externos revelen la clara voluntad de su titular de excluir dicho espacio y la actividad en él desarrollada del conocimiento e intromisión de terceros. En el mismo sentido, la protección que dispensa el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha de extenderse no solamente al domicilio entendido como aquel lugar en el que un individuo fija su residencia indefinidamente, sino a todo espacio cerrado en el que el individuo pernocte y tenga guardadas las cosas pertenecientes a su intimidad, ya sea de manera permanente o esporádica o temporal, como puede ser la habitación de un hotel. Existen personas que por específicas actividades y dedicaciones, pasan la mayor parte de su tiempo en hoteles y no por ello se puede decir que pierden su derecho a la intimidad, pues sería tanto como privarles de un derecho inherente a su personalidad que no puede ser dividido por espacios temporales o locales. Ahora bien, no sobra señalar que las habitaciones de este tipo de establecimientos pueden ser utilizadas para realizar otro tipo de actividades de carácter profesional, mercantil o de otra naturaleza, en cuyo caso no se considerarán domicilio de quien las usa para tales fines. En el caso de los domicilios móviles, es importante señalar que -en principio- los automóviles no son domicilios para los efectos aquí expuestos, sin embargo, se puede dar el caso de aquellos habitáculos móviles remolcados, normalmente conocidos como roulottes, campers o autocaravanas, los cuales gozarán de protección constitucional cuando sean aptos para servir de auténtica vivienda.
Clave: 1a., Núm.: CXVI/2012 (10a.)
Amparo directo en revisión 2420/2011. 11 de abril de 2012. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.
Conclusión: Prácticas que no se encuentra prohibidas por la norma legal, se prestan a infinidad de abusos por parte de la autoridad tributaria, dentro de las cuales mencionamos:
1.- Considerar ilocalizable al contribuyente y negarle devoluciones de impuestos.
2.- Cancelar los certificados para que no puedan expedir comprobantes fiscales.
3.- Presumir que realizan operaciones inexistentes.
Todos estos abusos se pueden combatir mediante los medios de impugnación previstos por nuestro Sistema Jurídico, alegando lo que a nuestros intereses convenga; recordando siempre la negativa lisa y llana, para el efecto de que, la autoridad tenga que demostrar sus afirmaciones.
Lee todo en: Definición de oficina – Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/oficina/#ixzz49alb12wf
Nótese lo subjetivo del precepto y nunca olvidar que en materia penal no se pueden considerar las presunciones, solo los hechos consumados:
El Artículo 14 del Reglamento de la Ley del ISR regula las fechas de presentación e indica que la solicitud '…se presentará un mes antes de la fecha en la que se deba efectuar el entero del pago provisional que se solicite disminuir. Cuando sean varios los pagos provisionales cuya disminución se solicite, dicha solicitud se deberá presentar un mes antes de la fecha en la que se deba enterar el primero de ellos.
Con base a lo anterior esta apunto de vencer al plazo para realizar dicha solicitud.
Te invitamos a nuestra sección de artículos donde podrás consultar como poder aprovechar esta disposición fiscal de forma detallada con el artículo titulado
¿Sabe que puede disminuir pagos provisionales del ISR 2019 a partir de julio?.
CANCELACIÓN DE CERTIFICADOS DE SELLOS DIGITALES POR EL SAT Y SUS VÍAS DE DEFENSA
Publicado el 26 Ago a las 11:33h
Una de las reformas más controvertidas de la reforma fiscal para 2014 que aún sigue dando de qué hablar es la referente a la posibilidad que tiene el Fisco de Cancelar los certificados de sello digital. Dicha reforma se publicó en el D.O.F. el 9 de diciembre de 2013 para estar vigente a partir de 2014, con lo que uno podría pensar que solamente aplicaría para el ejercicio en que entre en vigor hacia adelante, sin embargo se han visto diversos casos que esta disposición se ha aplicado en forma retroactiva incluso para ejercicios de 2012 y 2013, es decir antes de la entrada en vigor de dicha disposición.
Es por ello que el propósito del presente artículo será abordar las diversas vías de defensa que pueden tener los contribuyentes sujetos a esta situación
En efecto el articulo 17 H, fracción X del Código Fiscal de la federación indica lo siguiente:
De lo anterior se puede apreciar que existen 4 supuestos por los cuales el fisco tiene la facultad de cancelar los certificados de sello digital.
En este sentido a través del Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1258/15-16-01-8.- Resuelto por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 4 de abril de 2016, se emitió la tesis siguiente:
VII-CASR-PE-30
CANCELACIÓN DE CERTIFICADOS DE SELLOS DIGITALES (CSD). DEBIDA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, INCISO D), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- El artículo 17-H, fracción X, del Código Fiscal de la Federación, establece una medida de control de los certificados de sellos o firmas digitales que expide el Servicio de Administración Tributaria, la cual se traduce en la cancelación de los mismos con el fin de evitar la emisión de comprobantes fiscales por parte de los contribuyentes que hayan incurrido en alguna conducta contraria a los objetivos de la administración tributaria, para lo cual autorizó a las autoridades fiscales a dejarlos sin efectos, conforme al inciso a) cuando detecten que los contribuyentes omitieron la presentación de declaraciones periódicas, pese a mediar requerimiento para su cumplimiento; en los incisos b) y c) cuando durante el procedimiento administrativo de ejecución o durante el ejercicio de facultades de comprobación, no puedan localizar o desaparezcan los contribuyentes, incluso cuando emitan estos comprobantes fiscales para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas; y en el inciso d) cuando detecten la existencia de una o más infracciones previstas en los artículos 79, 81 y 83 del Código Fiscal Federal, con independencia que hayan o no ejercido facultades de comprobación, con la única condición que la conducta sea realizada por el contribuyente titular del certificado; sin que la expresión “Aun sin ejercer sus facultades de comprobación”, que contiene al principio de su texto el inciso d) de la citada fracción X del artículo 17-H, deba interpretarse que con ello se hace referencia únicamente a los casos en que las autoridades fiscales conozcan de la comisión de alguna de dichas infracciones sin ejercer facultades de comprobación, pues del análisis contextual a dicha disposición legal, se advierte la intención del legislador de autorizar la cancelación respectiva, entre otros supuestos, cuando el contribuyente titular del certificado cometa alguna de las infracciones previstas en los citados artículos 79, 81 y 83, habiéndose o no ejercido por parte de las autoridades alguna facultad de comprobación.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1258/15-16-01-8.- Resuelto por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 4 de abril de 2016, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Ana Luz Brun Iñárritu.- Secretario: Lic. Rigoberto Jesús Zapata González.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año VI. No. 60. Julio 2016. p. 357
La pregunta es ¿Por qué la autoridad está aplicando la cancelación para ejercicios en los que esta disposición no existía como lo son 2012 y 2013?
Tal vez la respuesta la podamos encontrar en el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación que indica lo siguiente:
En este sentido podemos decir que existen normas sustantivas y normas adjetivas o de procedimiento. Una tesis muy ilustrativa que explica lo anterior es la siguiente:
VI-TASR-XXVIII-24
NORMAS SUSTANTIVAS Y ADJETIVAS. CONCEPTOS Y DIFERENCIAS.- El derecho sustantivo, es aquel que establece derechos u obligaciones, a diferencia del que regula su ejercicio, castiga su infracción o determina el procedimiento para su efectividad extraordinaria; por su parte, el derecho adjetivo, es el conjunto de leyes que posibilitan y hacen efectivo el ejercicio regular de las relaciones jurídicas, al poner en actividad el organismo judicial del Estado, esto es, no determina qué es lo justo, sino cómo ha de pedirse la justicia. Por lo anterior, se puede concluir que las normas sustantivas son aquellas que conceden derechos e imponen obligaciones, excepto las relacionadas con el proceso, mientras que las normas adjetivas, son las que regulan la utilización de los aparatos del Estado que aplican el derecho. En efecto, las normas sustantivas, son aquellas que reconocen un derecho o imponen una obligación; mientras que las normas procesales o instrumentales, son las que fijan los requisitos de los actos destinados a componer los conflictos que, en su caso, se den en relación con la observancia a las normas sustantivas, regulando los medios para llegar a la solución y estableciendo las disposiciones referentes a los sujetos procesales.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4989/10-07-02-1.- Resuelto por la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de junio de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alfredo Ureña Heredia.- Secretario: Lic. David Fernando Castillón Dueñas.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 24. Julio 2013. p. 197
Lo anterior es importante si consideramos con la tesis anterior que el artículo 17 H, fracción X, del Código Fiscal de la Federación no puede considerarse como una norma adjetiva o de procedimiento que conforme al artículo 6 del mismo ordenamiento pueda ser aplicada con posterioridad.
Dicho lo anterior podemos analizar las diversas vías de atención o defensa
En primer termino tenemos que en la regla 2.2.4 que se puede ver en la publicación del 6 de mayo de 2016 en la 2da Resolución de Modificaciones a la Miscelánea Fiscal indica:
Procedimiento para dejar sin efectos el CSD de los contribuyentes, restringir el uso del certificado de e.firma o el mecanismo que utilizan las personas físicas para efectos de la expedición de CFDI y procedimiento para desvirtuar o subsanar las irregularidades detectadas
Para los efectos del artículo 17-H, primer párrafo, fracción X del CFF, así como de las reglas 2.2.8., 2.7.1.21. y las demás que otorguen como facilidad algún otro esquema de comprobación fiscal, cuando las autoridades fiscales tengan conocimiento de la actualización de alguno de los supuestos previstos en el citado artículo, emitirán la resolución que deje sin efectos el o los CSD del contribuyente, o bien, restrinja el uso del certificado de e.firma o el mecanismo que utilizan las personas físicas para efectos de la expedición del CFDI.
Para los efectos del artículo 17-H, tercer párrafo, 29, antepenúltimo párrafo y 69, primer párrafo del CFF, los contribuyentes podrán consultar en el Portal del SAT, los CSD que han quedado sin efectos.
Para los efectos del artículo 17-H, sexto párrafo del CFF, los contribuyentes podrán subsanar las irregularidades detectadas o desvirtuar la causa por la que se dejó sin efectos el o los CSD, se restringió el uso del certificado de e.firma o el mecanismo que utilizan para expedir CFDI, a través de un caso de aclaración que presenten conforme a la ficha de trámite 47/CFF“Aclaración para subsanar las irregularidades detectadas o desvirtuar la causa por la que se dejó sin efectos su certificado de sello digital, se restringió el uso de su certificado de e.firma o el mecanismo que utiliza para efectos de la expedición de CFDI”, contenida en el Anexo 1-A.
Los contribuyentes a quienes se haya dejado sin efectos el o los CSD para la expedición de CFDI, no podrán solicitar un nuevo certificado o, en su caso, no podrán optar o continuar ejerciendo las opciones a que se refieren las reglas 2.2.8. y 2.7.1.21., ni alguna otra opción para la expedición de CFDI establecida mediante reglas de carácter general, en tanto no desvirtúen o subsanen las irregularidades detectadas.
Para la aplicación del procedimiento previsto en la presente regla, cuando las autoridades fiscales dejen sin efectos el o los CSD se considera que también restringen el uso del mecanismo que utilice el contribuyente para la expedición de CFDI conforme a las reglas 2.2.8. y 2.7.1.21., o la que establezca la opción correspondiente.
La siguiente alternativa puede se la implementación de un Juicio Contencioso administrativa ante el actual Tribunal Federal de Justicia Administrativa antes Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, argumentando para los casos de cancelaciones anteriores a 2014 que dicho actuar de parte de la autoridad es ilegal por aplicar el artículo 17 H, fracción X del Código Fiscal de la Federación en ejercicios en los que no existía, siendo que no puede ser considerada como una norma adjetiva o de procedimiento por la que pueda aplicarse el artículo 6 del mismo ordenamiento legal.
Otra opción seria la implementación de un Juicio de Amparo Indirecto argumentando la que la norma es aplicada en forma retroactiva.
Al respecto se muestran los siguientes antecedentes jurisdiccionales:
Registro: 162299
Tomo XXXIII, Abril de 2011
Registro: 188508
Tomo XIV, Octubre de 2001
RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.
Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. También puede suceder que la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior, que no se produjeron durante su vigencia, no dependa de la realización de los supuestos previstos en esa ley, ocurridos después de que la nueva disposición entró en vigor, sino que tal realización estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por el establecimiento de un plazo o término específico, o simplemente porque la realización de esas consecuencias era sucesiva o continuada; en este caso la nueva disposición tampoco deberá suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la razón sencilla de que éstas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley. 4. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan.
Registro: 183715
Tesis: VI.2o.A.49 A
Página: 1204
RETROACTIVIDAD DE LA NORMA JURÍDICA. HIPÓTESIS EN QUE OPERA (MATERIA FISCAL).
Denomínase retroactividad a la traslación de la vigencia de una norma jurídica creada en un determinado momento histórico, a un lapso anterior al de su creación. Desde el punto de vista lógico, esa figura (retroactividad) implica subsumir ciertas situaciones de derecho pretéritas que estaban reguladas por normas vigentes al tiempo de su existencia dentro del ámbito regulativo de las nuevas normas creadas; el artículo 14 constitucional establece que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, principio este que rige de acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia, respecto de las normas de derecho sustantivo como de las adjetivas o procesales. La aplicación retroactiva de las leyes a partir del enfoque sustantivo, se refiere a los efectos que tienen sobre situaciones jurídicas concretas o derechos adquiridos por los gobernados con anterioridad a su entrada en vigor, al constatar si la nueva norma desconoce tales situaciones o derechos al obrar sobre el pasado, lo que va contra el principio de irretroactividad de las leyes inmerso en el artículo constitucional citado; en cuanto hace a las leyes del procedimiento, éstas no pueden producir efectos retroactivos, dado que los actos de esa naturaleza se rigen por las disposiciones vigentes en la época en la que se actualizan. En ese contexto, si el contribuyente, en atención al saldo a favor que obtuvo en un año, adquirió el derecho de acreditarlo en la forma prevista por el precepto 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en esa época (contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo), es incorrecto que la Sala examinara la litis, al tenor de lo que dispone el último numeral en cita, vigente en dos mil, en tanto que se aplica éste en forma retroactiva, en perjuicio de la peticionaria, al sostener que la resolución administrativa impugnada en el juicio de nulidad es válida, porque con esa conclusión se obliga a efectuar un acreditamiento que pugna contra la legislación de dos mil, cuando lo procedente es que para tal fin se atendiera a la norma en vigor durante el año en que se generó el derecho para acreditar el saldo a favor, contra el impuesto a cargo del contribuyente beneficiado, acorde con la cual podía realizarse la acreditación aludida en los meses siguientes.
Amparo directo 136/2002. H. Peregrina de Pue., S.A. de C.V. 6 de junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson Ovando. Secretaria: Elsa María López Luna.
Una situación importante es lo referente a que el pasado 17 de Junio de 2016 fue publicado en el Semanario Judicial de la Federación la tesis Tesis: IV.2o.A.122 A (10a.) emitida por el Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, a través del cual indica que no es procedente la suspensión para efectos de que se reactiven los certificados de sello digital, tal como se indica a continuación:
Registro: 2011910
Tesis: IV.2o.A.122 A (10a.)
Página: 2818
Si la Ley de Amparo en vigor, en sus artículos 128 y 138, determina que para resolver sobre la procedencia de la suspensión del acto reclamado debe verificarse la apariencia del buen derecho y la no afectación al orden público y al interés social, y la valoración de ambos aspectos no es desvinculada, sino concomitante, pues deben ponderarse con base en la apreciación de todos los elementos con que se cuente para la determinación más objetiva posible, tanto del buen derecho invocado como de la naturaleza del acto, también con la premisa de evitar que el otorgamiento de la suspensión esté basado en una pretensión infundada y temeraria que afecte al interés social; se considera que si en el juicio de amparo indirecto el acto reclamado consiste en que las responsables dejaron sin efectos un certificado de sellos digitales para la expedición de comprobantes fiscales, por haberse actualizado alguno de los supuestos previstos en el artículo 17-H, fracción X, del Código Fiscal de la Federación, aun cuando el quejoso solicite que la suspensión se otorgue para el efecto de que aquél se reactive porque, de no hacerlo, se le causaría un perjuicio de difícil reparación, al estar impedido para continuar con las actividades mercantiles necesarias para su subsistencia en un contexto en que, por un lado niega desconocer con certeza las razones de la cancelación pero, por otro, existen elementos en la demanda o sus anexos que permiten advertir que el fundamento del acto es la porción normativa aludida, debe considerarse que otorgar la medida cautelar con el efecto pretendido, sería contrario al orden público y al interés social y, por tanto debe negarse, pues dado su fundamento, el acto se origina en el ejercicio de las facultades de fiscalización o la realización de actos en detrimento de dichas facultades o los intereses fiscales y su rehabilitación trascendería al correcto desarrollo de éstas, y si se toma en cuenta que el uso correcto y adecuado de cadenas digitales en los comprobantes fiscales garantiza su origen, autenticidad y unicidad, tanto para los contribuyentes que realizan operaciones entre sí, como para las autoridades fiscales, a las que se facilita la detección, rastreo y verificación de operaciones facturables y la eliminación de operaciones ficticias, para hacer más eficientes el control fiscal y la recaudación de ingresos para el gasto público, es plausible que, en el mismo contexto, efectuada la ponderación entre la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social, la pretendida rehabilitación o reactivación del certificado puede impactar esos propósitos de orden público; afectación cuya evitación, por su impacto en intereses colectivos, se considera de mayor trascendencia que las que se ocasionarían individualmente al quejoso, en tanto se resuelve el juicio.
Queja 30/2016. Administrador Desconcentrado Jurídico de Nuevo León “1” de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación de la propia Administración Desconcentrada Jurídica y de las Administraciones Desconcentradas del Servicio al Contribuyente de Auditoría Fiscal y de Recaudación de Nuevo León “1”. 25 de febrero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.
Queja 42/2016. Administrador Desconcentrado Jurídico de Nuevo León “1” de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación de la Administración Desconcentrada Auditoría Fiscal de Nuevo León “1”. 3 de marzo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Griselda Tejada Vielma.
Esta tesis se publicó el viernes 17 de junio de 2016 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Es claro que existen tres principales vías de atención ante una situación de Cancelación de Certificados de Sello Digital que pueden aplicar los contribuyentes, por tanto es importante analizar cada caso concreto para elegir la mejor opción, sin embargo es claro que en cualquier caso implicara tiempo en que el contribuyente prácticamente quedara imposibilitado de continuar con su operación al estar impedido de emitir CFDI´s con las implicaciones colaterales respecto de la deducción y acreditamiento de terceros.
CASOS EN QUE EL MP PUEDE CITAR A DECLARAR A CONTADORES, ABOGADOS Y ASESORES FISCALES
Publicado el 14 Dic a las 16:38h
Por: Andrés Mateos – El Fiscalista de México
UNO DE LOS FUNDAMENTOS PARA QUE MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL PUEDA CITAR A CONTADORES, ABOGADOS Y ASESORES FISCALES A DECLARAR SOBRE HECHOS QUE SE INVESTIGAN.
Abrogado pero aplicable a los asuntos iniciamos con anterioridad al 18 de junio 2017.
Artículo 125. El Ministerio Público que inicie una averiguación previa podrá citar para que declaren sobre los hechos que se averigüen,a las personas que por cualquier concepto participen en ellos o aparezcan( sic) tengan datos sobre los mismos. En el acta se hará constar quien mencionó a la persona que haya de citarse, o porque motivo el funcionario que practique las diligencias estimó conveniente hacer la citación.
ASÍ QUE EN BASE A ESTE FUNDAMENTO <ART. 360 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES>, ES QUE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL (P.G.R.) PODRÁ CITAR EN CALIDAD DE “ TESTIGO” A CUALQUIER PERSONA QUE TENGA DATOS QUE SIRVAN PARA ESCLARECER LOS HECHOS QUE SE INVESTIGAN EN UNA CAUSA CRIMINAL.
AHORA QUE PUEDE SUCEDER UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, ESTO ES QUE DE CALIDAD DE TESTIGO, UN DECLARANTE PUEDA PASAR A CALIDAD DE IMPUTADO POR LA COMISIÓN DE ALGÚN DELITO, SEGÚN LOS DATOS APORTADOS.
ES POR ELLO QUE DEBE TENERSE ABSOLUTA PRECAUCIÓN EN LA COMPARECENCIA MINISTERIAL PARA EVITAR COMPLICACIONES.
COMENTARIOS A LA RESOLUCIÓN DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS 2017
Publicado el 30 Dic a las 09:32h
Con fecha 26 de diciembre de 2016 se publica en el DOF la Resolución de facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes para 2017.
Esta resolución entra en vigor el 1 de enero de 2017.
Dentro de los principales aspectos a considerar se tiene lo siguiente:
Se precisa que la relación individualizada de los trabajadores sujetos a esta facilidad se entrega a más tardar el 15 de febrero de 2018, para el sector primario, el Sector de Autotransporte Terrestre de Carga Federal, Sector de Autotransporte Terrestre Foráneo de Pasaje y Turismo
Para el Sector Primario, se mantiene en 10% del total de ingresos, el porcentaje de gastos sujetos a facilidades de comprobación, sin exceder de $800,000. Asimismo se establece una limitante adicional a la facilidad de enterar el 4% por concepto de salarios. La limitante consiste en que sólo podrá aplicarse a trabajadores eventuales del campo por pagos que no excedan de $160 pesos.
En lo que toca al Sector de Autotransporte Terrestre de Carga Federal y la Retencion de ISR a operadores, macheteros y maniobristas, se mantiene en 8% del total de ingresos propios de la actividad, el porcentaje de gastos sujetos a facilidades de comprobación.
Se mantiene en 8% del total de ingresos propios de la actividad, el porcentaje de gastos sujetos a facilidades de comprobación, para el Sector de Autotransporte Terrestre Foráneo de Pasaje y Turismo.
CRITERIO PRODECON: NO ES APLICABLE TOPE DE DEDUCCIÓN DEL ARTÍCULO 28, XXX LISR A PTU EXENTA
Publicado el 26 Sep a las 10:38h
En sesión ordinaria del 26 de agosto de 2016, la Subprocuraduría de Análisis Sistémico y Estudios Normativos, de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) emitió un criterio relativo al tratamiento de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) en relación con la no deducibilidad de las prestaciones exentas.
La PRODECON estima que los factores o proporciones de deducción de las prestaciones exentas no le son aplicables a la PTU, puesto que no se trata de una deducción, acorde al artículo 9, fracción I de la LISR, pudiéndose disminuirse en su totalidad de los ingresos, independientemente de que una parte esté exenta.
El criterio de referencia se reproduce a continuación.
16/2016/CTN/CS-SASEN
RENTA. LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DISMINUIBLE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO ESTÁ SUJETA A LOS FACTORES ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN XXX, DEL MISMO ORDENAMIENTO. El artículo 9, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece la posibilidad de que los contribuyentes disminuyan del total de sus ingresos acumulables, además de las deducciones, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagadas en el ejercicio. Por su parte, el artículo 28, fracción XXVI del mismo ordenamiento, dispone que no podrán deducirse las cantidades que tengan el concepto de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Como se observa, dicho concepto no tiene la naturaleza de una deducción, sino que se trata de un concepto disminuible para efectos del cálculo anual del resultado fiscal; por lo tanto, en opinión de este Organismo Autónomo, los factores aplicables a los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador para determinar el monto no deducible que prevé el artículo 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no son aplicables a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagadas por los contribuyentes, ya que esos factores sólo son aplicables a pagos que tengan la naturaleza de deducciones autorizadas en términos de la referida Ley.
Consulta 01828-JAL-II-A-6/2016.
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CON PROYECTO DE LEY DE INGRESOS 2017
Publicado el 20 Oct a las 10:56h
Con fecha 20 de Octubre de 2016, fue publicado en la Gaceta Parlamentaria, por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Proyecto de decreto de la Ley de Ingresos para 2017.
Dar Clic en la imagen para bajar el documento:
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO POR EL QUE SE REFORMAN LISR, LIVA Y CFF
Publicado el 20 Oct a las 10:44h
Con fecha 20 de Octubre de 2016, fue publicado en la Gaceta Parlamentaria, por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Proyecto de decreto por el que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes de ISR, IVA y CFF.
DIFERENCIAS ENTRE EL SALARIO DIARIO INTEGRADO LABORAL Y SALARIO BASE DE COTIZACIÓN PARA EL IMSS
Publicado el 27 Jun a las 17:57h
Asesor Especialista en Seguro Social
En la práctica profesional hemos visto que existen continuas confusiones entre los encargados de los Recursos Humanos en las empresas, asesores e incluso autoridades al referirse al salario diario integrado como sinónimo del salario base de cotización, tanto en los aspectos laborales como en la seguridad social, por ello y siendo que ambos tienen diverso ámbito de aplicación serán distinguidos en la presente artículo.
Descarga el artículo completo dando clic en el siguiente icono
EL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.
Publicado el 29 Nov a las 11:02h
Lic. Andrés Mateos- El Fiscalista de México
Me refiero a un delito de carácter patrimonial, por su naturaleza doloso; Francesco Carrara uno de los autores clásicos del estudio de la materia penal, concibe al dolo como: – la intención más o menos perfecta de hacer un acto que se sabe es contrario a la ley –; así es entonces que la intención de obtener un resultado de manera premeditada, es característica de los delitos dolosos, y en el caso de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, la acción que realiza el sujeto activo del delito, conlleva una intención de operar con bienes (no necesariamente dinero) cuyo origen es ilícito, para obtener un beneficio económico.
El Código Fiscal Federal no contempla en su capítulo de delitos este ilícito, tampoco el Código Nacional de Procedimientos Penales; ¿entonces dónde encontramos su existencia?, ¿cuál es su naturaleza y las hipótesis de su causación?, en seguida lo comento. El Código Penal Federal dispone en su diverso 400-Bis, diversas hipótesis que acreditan el delito del que hablamos:
<Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir la comisión de alguno de los delitos referidos en este Capítulo, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las leyes y denunciar los hechos que probablemente puedan constituir dichos ilícitos>
(Última reforma publicada DOF 18-07-2016)
Las conductas sancionadas en este delito son entonces una pluralidad de actos tanto de acción (fracción l), como de omisión (fracción ll), de recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita; se entiende como actividad ilícita la existencia de indicios fundados o certeza de que los recursos, derechos o bienes, provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia.
EL CÓDIGO FISCAL FEDERAL PERMITE LA PERSECUCIÓN SIMULTÁNEA DE LA DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DE LAS OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.
CFF. Artículo 108, tercer párrafo.
” El delito de DEFRAUDACIÓN FISCAL Y el delito previsto en el artículo 400-Bis del Código Penal Federal, se podrán perseguir simultáneamente. SE PRESUME COMETIDO EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL cuando existan ingresos o recursos que PROVENGAN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.”
En complemento, quedó señalado en párrafos superiores que el artículo 400- Bis del Código Penal Federal establece que ante la presunción de la comisión de este tipo de delitos, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público DEBERÁ ejercer sus facultades de comprobación Fiscal ( 42 del CFF ), y DENUNCIAR LOS HECHOS que puedan constituir delito; luego entonces NO ES FACULTAD POTESTATIVA, ES OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD HACENDARIA proceder a la revisión fiscal y ante la presunción de la comisión, denunciar la probable comisión del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Pareciera agotado el tema, pero no es así puesto que el delito analizado puede realizarse a través de la organización de sujetos, de manera permanente o reiterada, y entonces estaríamos ante delitos de delincuencia organizada; revisemos la ley de la que comento.
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA DE ACUERDO CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA MEXICANA.
Artículo 16, párrafos 8 y 9.
Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia
LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, ARTÍCULO 2do.
Artículo 2o.- Cuando TRES O MÁS personas SE ORGANICEN DE HECHO para realizar, en formaPERMANENTE O REITERADA, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer ALGUNO O ALGUNOS DE LOS DELITOS SIGUIENTES, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:
I.TERRORISMO, previsto en los artículos 139 al 139 Ter, financiamiento al terrorismo previsto en los artículos 139 Quáter y 139 Quinquies y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, párrafo primero y 196 Ter; falsificación ,uso de moneda falsificada a sabiendas y alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, previsto en el artículo 400 Bis; y en materia de derechos de autor previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal;
Fracción reformada DOF 11-05-2004, 28-06-2007, 24-10-2011, 14-03-2014, 12-01-2016, 16-06-2016
ARTÍCULO 3, PÁRRAFO FINAL DE LA MISMA LEY.
Artículo reformado DOF 30-11-2010, 16-06-2016
Artículo 7o.- Los procedimientos que se sigan por delincuencia organizada se desahogarán de conformidad con lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales en lo que no se oponga a lo previsto en esta Ley.
Son aplicables supletoriamente a esta Ley, las disposiciones del Código Penal Federal, las de la legislación que establezca las normas sobre ejecución de penas, así como las comprendidas en leyes especiales.
Artículo reformado DOF 16-06-2016
Artículo 8o.- La Procuraduría General de la República deberá contar con una unidad especializada en la investigación y procesamiento de delitos cometidos por personas que formen parte de la delincuencia organizada, integrada por agentes del Ministerio Público de la Federación, quienes tendrán bajo su mando y conducción a policías y peritos.
Párrafo reformado DOF 16-06-2016
Los requerimientos del agente del Ministerio Público de la Federación, o de la autoridad judicial federal, de información o documentos relativos al sistema bancario y financiero, se harán por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, según corresponda. Los de naturaleza fiscal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los de naturaleza comercial por conducto de la Secretaría de Economía y los Registros correspondientes o, en su caso, por cualquier fuente directa de información que resultare procedente.
La información que se obtenga conforme al párrafo anterior, podrá ser utilizada exclusivamente en el procedimiento penal correspondiente, debiéndose guardar la más estricta confidencialidad. Al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, según corresponda.
Artículo 10.- A solicitud del agente del Ministerio Público de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá realizar auditorías a personas físicas o morales, cuando existan datos o medios de prueba que hagan presumir fundadamente que son miembros de la delincuencia organizada. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcionará al Ministerio Público de la Federación, a la brevedad posible, la información y documentación que éste le solicite, de conformidad con las disposiciones aplicables.
Artículo 43.- Los sentenciados por los delitos a que se refiere la presente Ley no tendrán derecho a los beneficios de libertades anticipadas
LA LEGAL PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS DEBE DEMOSTRASE .
” *LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo 2. Esta Ley establece los tipos penales y punibilidades en materia de secuestro. Para la investigación, persecución y sanción de los delitos previstos en la presente ley se aplicará en lo conducente el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y la Ley General de Víctimas.
Los imputados por la comisión de alguno de los delitos señalados en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de esta Ley, durante el proceso penal estarán sujetos a prisión preventiva oficiosa.
Párrafo adicionado DOF 27-02-2011. Reformado DOF 17-06-2016
CASOS DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.
Artículo 167, Tercer Párrafo.
” El juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de DELINCUENCIA ORGANIZADA, HOMICIDIO DOLOSO, VIOLACIÓN, SECUESTRO, TRATA DE PERSONAS, así como los delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los supuestos que amerita prisión preventiva oficiosa.
La ley en materia de delincuencia organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa”
El delito de OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA tiene pluralidad de conductas tanto de acción como de omisión. Cuando existe la organización de tres o más personas y la práctica del delito es reiterada o permanente, entonces estaremos ante UN DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, su naturaleza es patrimonial y corresponde a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público el DEBER DE REVISAR FISCALMENTE estos casos, y DENUNCIAR la posible comisión del delito, mismo que AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA POR SER DELITOS GRAVES.
Fiscalmente se presume cometido el delito de defraudación fiscal y el de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, por lo que se podrán investigar de manera simultánea; se comete el delito con la realización de las conductas a que se refiere el artículo 400 bis del Código Penal Federal, y el conocimiento ilícito de la procedencia o que representen el producto de una actividad delictiva, por lo que en vía de defensa deberá demostrarse el origen lícito de los recursos, derechos o bienes del imputado.
Este delito es de consumación inmediata, y en algunos casos se califica como delito continuado por ejemplo cuando se están recibiendo utilidades de manera permanente por la operación de bienes o recursos de procedencia ilícita. Es de interés público evitar su realización ya que la sociedad entera corre el riesgo de las actividades delictivas, y por ello no admite libertad bajo fianza o medida cautelar.
En octubre de 2018 el SAT lanzó el Visor de Nómina, como una herramienta para que trabajadores y patrones revisen los CFDI de nómina emitidos. Esto con la finalidad de que los comprobantes sean revisados y, en su caso, corregidos por el patrón. Hacer las correcciones necesarias es importante, pues las versiones prellenadas de la declaración anual de personas físicas contienen esta información.
La administradora central de Declaraciones y Pago del Servicio del SAT, Patricia Delgado Medellín, informó que ya se está subiendo la información para la próxima declaración anual, y que esperan terminarlo en agosto de este año. Esto lo señaló durante el foro de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Recordemos que La declaración anual de personas físicas con información del ejercicio 2019 deberá presentarse en abril de 2020.
Asimismo el SAT realizo una actualización al 31 de mayo de este año como se muestra en la imagen a continuación, donde se puede ver que ya esta actualizado el Visor con información de Enero a Mayo de 2019, por lo que los patrones y trabajadores ya podrán revisar por este periodo los CFDI de Nómina sin esperarse a que termine el ejercicio.
En Septiembre se emite la Tesis de Jurisrpuedencia emitida por la Segunda del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la cual se estipula en en los casos de solicitud de devolución, la autoridad tiene facultad para comprobar la existencia de las operaciones que amparan la devolución, no siendo suficientes las facturas, contratos y demás documentos, pues en todo caso se deberá acreditar la materialidad de dichas operaciones.
A continuación se Transcribe la Tesis:
Tesis: VIII-J-2aS-78
Fuente: R.T.F.J.A. Octava Época. Año IV. No. 38. Septiembre 2019
ESTÍMULOS FISCALES PARA INCENTIVAR EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE PAGO Y DE COMPROBACIÓN FISCAL.
Publicado el 10 Oct a las 11:11h
Con fecha 30 de septiembre de 2016 se publica en el DOF, Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales para incentivar el uso de medios electrónicos de pago y de comprobación fiscal.
Este decreto tiene la finalidad de estimular a los comercios, para que establezcan medios de pago electrónicos, como se ha hecho en años anteriores durante el período “Buen Fin”, con la novedad de que se amplía para otorgar también premios por solicitar comprobante fiscal.
Para esto, el Ejecutivo ha considerado que la suma total de los montos a entregar como premios a los tarjetahabientes no podrá exceder de la cantidad de $650,000,000.
Los puntos relevantes del decreto son los siguientes:
El ESTIMULO consistente en acreditar contra el impuesto sobre la renta propio o del retenido a terceros por este impuesto, el importe entregado como premio en los sorteos que celebre el Servicio de Administración Tributaria, y/o el costo del bien o servicio que se entregue como premio en dichos sorteos, consignado en el comprobante fiscal digital por Internet que se emita a su entrega
Podrán acreditar el estímulo fiscal otorgado hasta agotarlo, en los meses siguientes a aquél en que se realice la entrega de los premios a cada ganador, y una vez que se haya entregado al Servicio de Administración Tributaria la información que determine a través de las reglas de carácter general.
Se exime a los beneficiarios de los estímulos previstos en este Decreto del pago del Derecho por concepto de vigilancia que establece el artículo 27 de la Ley Federal de Derechos.
Se releva a los beneficiarios de los mismos de la obligación de presentar el aviso a que se refiere el artículo 25, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación.
El estímulo fiscal a que se refiere el presente Decreto, así como el importe de los premios que se entreguen a las personas físicas, derivados de los sorteos, no se considerarán ingresos acumulables para los efectos del impuesto sobre la renta.
La aplicación del estímulo fiscal establecido en el presente Decreto no dará lugar a devolución ni compensación.
El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y concluirá su vigencia el 31 de diciembre de 2017
El decreto completo lo podrán bajar de la siguiente liga

References: artículo 31
 artículo 31
 Artículo 18
 artículo 31
 artículo 68
 artículo 31
 artículo 10
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 1
 artículo 16
 Artículo 14
 ARTÍCULO 17
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 6
 artículo 17
 artículo 6
 Resolución 
 artículo 17
 resolución 
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 6
 artículo 14
 artículo 14
 resolución 
 artículo 17

Artículo 125
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 resolución 
 ARTÍCULO 28
 artículo 9
 ARTÍCULO 9
 ARTÍCULO 28
 artículo 9
 artículo 28
 artículo 28
 Artículo 108
 artículo 400
 artículo 400

Artículo 16
 ARTÍCULO 2

Artículo 2
 artículo 400
 artículo 424

ARTÍCULO 3

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 10

Artículo 43
 ARTÍCULO 73

Artículo 2

Artículo 167
 artículo 400
 artículo 27
 artículo 25