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Timestamp: 2019-06-25 03:36:55+00:00

Document:
DS. Senado, Comisiones, núm. 344, de 23/09/2014
Sesión celebrada el martes, 23 de septiembre de 2014
– Proyecto de Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.
(Núm. exp. 621/000080)
– Proyecto de Ley Orgánica, complementaria de la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
(Núm. exp. 621/000082)
– Proyecto de Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea.
(Núm. exp. 621/000083)
¿Podemos aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el día 9 de septiembre del año en curso? (Asentimiento).
– DICTAMEN DEL PROYECTO DE LEY DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE RESOLUCIONES PENALES EN LA UNIÓN EUROPEA.
(Núm. exp. 621/000080).
El señor PRESIDENTE: Comenzamos con el dictamen sobre el Proyecto de Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. A este proyecto de ley se han presentado 69 enmiendas, así distribuidas: 28 de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto; 31 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; 2 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; 3 del Grupo Parlamentario Socialista; y 5 del Grupo Parlamentario Popular.
La ponencia que fue designada en su día en relación con este proyecto ha emitido su informe en el que se incorporan al proyecto de ley las cinco enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, así como las enmiendas 13 y 24, del Grupo Parlamentario Mixto; las enmiendas 41 y 52, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; así como diversas correcciones de carácter técnico.
Si les parece, vamos a pasar a la defensa de las enmiendas.
En primer lugar, enmiendas 1 a 12 y de la 14 a la 23, y 25 a 28, presentadas conjuntamente por el señor Iglesias Fernández y por el señor Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto.
Dado que tengo que intentar estar en otra reunión, seré lacónico en los tres proyectos y daré por defendidas las enmiendas que hemos presentado a dos de ellos.
Pasamos a las enmiendas 29 a 40, 42 a 51 y 53 a 59, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente. También seré muy breve.
Anuncio en este momento que votaremos a favor de los tres proyectos de ley. Como ustedes saben, los tres trasladan a la legislación española normativa europea y tienen fundamentalmente un carácter técnico. Hemos hecho toda una serie de enmiendas que sobre todo responden a dos objetivos: por un lado, a profundizar o establecer garantías procesales y, por otro, a garantizar el derecho de defensa de las personas afectadas. De hecho, prácticamente todas las enmiendas responden a estos dos criterios.
En este caso, de forma extraordinaria, el proyecto de ley contiene algunas de las sugerencias que han determinado órganos consultivos y que consideramos positivas.
Desde ese punto de vista, votaremos favorablemente y doy por defendidas todas las enmiendas.
Enmiendas 60 y 61, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.
Tiene la palabra la señora Rieradevall.
La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, presidente. Buenos días.
Mi grupo ha presentado solo dos enmiendas, la 60 y la 61, y sí las defenderé.
Nuestra primera enmienda, la 60, tiene como finalidad modificar el apartado 1 del artículo 17 para que, en concordancia con el artículo 3 de la Constitución Española y los propios estatutos de autonomía de las comunidades autónomas con lengua oficial propia, no se devuelva inmediatamente a la autoridad judicial del Estado emisor que lo hubiera firmado para que lleve a cabo la traducción correspondiente de
un formulario o certificado que llegara en una de estas lenguas si este, a pesar de no estar escrito en español, estuviera escrito en una lengua cooficial. Entendemos que las lenguas cooficiales son oficiales propias de cada uno de los territorios y son lenguas del Estado. Lo reconoció incluso el rey Felipe VI en su discurso de coronación. Lo lógico es que si por alguna razón un certificado o formulario fuera remitido en una de estas lenguas, este no se devuelva para ser traducido y se tenga como válido. De no aprobar esta enmienda podría ocurrir, por ejemplo, que un país como Andorra remitiera un formulario o un certificado en catalán y le fuera devuelto para que se tradujera al español cuando el catalán es lengua oficial en Andorra y cooficial en España.
La segunda enmienda, la 61, consiste en una mejora técnica del artículo 34. Tiene por objeto aclarar que la medida de internamiento se produce en régimen cerrado, semiabierto, abierto y terapéutico. Es una mejora que introduce la experiencia penitenciaria de gobiernos como el de Cataluña, que han llevado a cabo un trabajo intenso en este ámbito y que consideran imprescindible que al referirse a esta medida de internamiento se haga esta precisión.
Pedimos, pues, el voto favorable a ambas enmiendas.
Enmiendas 62 a 64, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente. Buenos días.
Nosotros hemos presentado tres enmiendas, que tienen contenido jurídico, contenido institucional, y están dirigidas exclusivamente a mejorar el texto. No son propuestas fruto de una ideología, no son propuestas partidarias, sino propuestas razonables, como voy a explicar a continuación.
Una de ellas, la 62, pretende enmendar el artículo 8.2, y fíjense ustedes la expresión que utiliza. Dice así: Cuando no se conozca la autoridad judicial de ejecución competente, se solicitará la información correspondiente por todos los medios necesarios —esto parece que es razonable, añado yo—. Sigo: Incluidos los puntos de contacto españoles de la Red Judicial Europea, de la Red Española de Secretarios Judiciales en Cooperación Jurídica Internacional y demás redes de cooperación existentes. ¿Qué es esto? Para los que no sepan lo que son estas redes, son jueces, magistrados o magistrados del Supremo —las tres categorías que todavía existen en la carrera judicial—, son secretarios judiciales e incluso también, en el ámbito del ministerio fiscal, son secretarios judiciales, especialistas fiscales o especialistas jueces, magistrados o magistrados del Tribunal Supremo especializados en esta materia de la colaboración penal europea. Son personas que a lo largo de años se han dedicado a esto, que a lo largo de años se han estado formando en esta materia, que tienen sus reuniones regulares, que están permanentemente estudiando la más mínima modificación a lo largo de los últimos diez años, personas que hemos estado trabajando en lo que antes se llamaba il terzo pilastro y que ahora es el ámbito de trabajo de justicia, libertad y seguridad. ¿Y por qué razón? Porque en ocasiones está muy claro quién es la autoridad judicial de ejecución competente, pero en otras no está tan claro. En consecuencia, es conveniente pedir información con todos los medios necesarios y tener en cuenta lo que acabo de citar y está en la enmienda; lo que se pretende es ofrecer ese servicio.
Yo no sé qué experiencia tendrán en este ámbito quienes han propuesto el texto, pero si permiten esta pequeña aportación de quien ha sido miembro de esta red judicial y representante en Canarias de la Red Judicial Europea, un servidor de ustedes, puedo decirles que en muchísimas ocasiones son muchos los jueces que, al no trabajar este campo, piden ayuda a algún compañero para que les auxilie a la hora de solventarlo. Crean ustedes que la actitud en general no es aquella de: voy a agarrarme a cualquier pega para no ejecutar esto, o aquella de: como no está escrito en castellano y no lo entiendo me voy a escudar en esto para no ejecutarlo. Muy al contrario. Se parten el pecho para ver de qué manera pueden llevarlo a efecto, y la colaboración de otros colegas que están en la misma tarea es esclarecedora en muchas ocasiones. Yo he dedicado parte del tiempo a preguntar a otras ponentes la razón por la que no se aceptaba esta sugerencia, que me parece bastante sensata y razonable, pero se me ha contestado que así es como lo han decidido. Como no podría ser de otra manera yo respeto su criterio, pero yo creo francamente que esto es bueno para el texto.
Señor presidente, la segunda propuesta del artículo 20.1 añade en el listado de dicho artículo la mutilación genital femenina y demás delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa, de 11 de mayo de 2011, sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. El
argumento que se esgrime es el siguiente: tenemos que limitarnos a aplicar aquello que se ha acordado y no se puede mejorar. La respuesta que yo les doy es que eso no es así. Hay un marco que se establece para conseguir ese objetivo, y en ese caminar cada Estado miembro hace dos tipos de esfuerzo, de un lado tratar de acercar posiciones desde el punto de vista de la legislación, lo que llaman armonizar, y de otro lado un principio de mutua confianza. Comoquiera que la Unión Europea es una unión de integración —es decir, no hay solo un tribunal de Justicia para velar por el derecho comunitario sino que hay normas jurídicas, a saber, el reglamento comunitario, que en nuestro país no equivale al reglamento sino a una norma con rango de ley que se publica en el boletín de la Unión y entra en vigor—, las directivas son las que establecen el qué hay que conseguir pero dejan a cada Estado miembro el cómo hay que conseguirlo, y luego están las decisiones. Las otras no son normas jurídicas que vinculan sino que son acuerdos políticos. En este caso el avanzar en ese terreno es positivo. Fíjense ustedes que estoy hablando del Convenio del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011 y no del convenio de la Unión Europea, a la que pertenecen 28 países; hablo de otra unión que no es de integración como la Unión Europea, hablo de una unión de colaboración, del Consejo de Europa, formado por 47 países. Este es un convenio firmado que supone un avance importante y que me parece muy relevante desde el punto de vista de la lucha contra esta lacra. Creo que es bastante sensato por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
Y en cuanto a la tercera propuesta, señor presidente, se hace un planteamiento para tratar de avanzar. Si abordamos esto en clave de repetir en nuestro país lo que ya se ha hecho en otros —algo que tiene unos valores jurídicos aunque estos pueden ser distintos ya que dentro de la Unión Europea conviven el sistema anglosajón y el continental europeo, y dentro de este están la variante latina y la germánica, el hecho cierto es que es una comunidad jurídica con unos valores jurídicos y democráticos— y partimos de la base de que ya son Estados miembros de esa unión, tenemos que partir de una actitud de confianza respecto a los servidores públicos que en estos países han dado a luz estas resoluciones. Pues bien, si planteásemos el mantenimiento de un recurso de reforma, es decir, que la autoridad judicial reconsiderase su propia decisión, yo estaría diciendo: no perdamos ese tiempo. ¿Por qué? Porque no se trata de repetir aquí lo que se ha hecho en otro país ni de que la autoridad judicial española reconsidere su decisión. No, lo que estamos planteando aquí es la supresión del recurso de reforma para que ese magistrado no tenga que reconsiderar su propia decisión, y es que si no hay nuevos datos ¿qué sentido tiene su mantenimiento? Lo que planteamos es el recurso de apelación ya que en muchas ocasiones un órgano superior en términos de mayor madurez, de mayor experiencia y de mayor responsabilidad jurisdiccional puede ayudar a la hora de solventar el asunto.
Son tres propuestas que considero razonables. Respeto a las colegas que van a defender su posición contraria, pero creo que el Grupo Parlamentario Socialista ha actuado bien presentándolas. No obstante, a pesar de que no las acepten, vamos a votar a favor de este texto ya que creemos que con estas tres aportaciones se mejora el texto aunque no se llega al punto de que el Grupo Socialista no ayude en este esfuerzo para tratar de ir armonizando la legislación y avanzando en este principio de reconocimiento mutuo que es clave. Todo se hace con gran lentitud, pero les aseguro que el más mínimo avance que se haga en esto será un gran avance siempre en términos comparativos.
En turno en contra, tiene la palabra la señora Dueñas.
Paso a fijar la posición de mi grupo respecto a las enmiendas planteadas por el resto de grupos parlamentarios.
En cuanto a las presentadas por los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto, que van de la 1 a la 28, e idénticas enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, de la 29 a la 59, voy a hacer una exposición global.
Entendemos que las enmiendas 1 y 4 del Grupo Parlamentario Mixto y la 29 y la 32 de la Entesa, que reseñan la posibilidad de recurso contra las decisiones del ministerio fiscal a efectos de indefensión, en caso de estimarlas, entorpecerían la actividad investigadora de la Fiscalía, a lo que debemos añadir que siempre hay posibilidad de revisar las decisiones del ministerio fiscal ya en la fase de enjuiciamiento o juicio oral. En definitiva, mantenemos el sistema actual.
En relación con la enmienda 2 del Grupo Parlamentario Mixto y la 30 de la Entesa, que proponen la modificación del artículo 19.2 y suprimir dos supuestos previstos en la Decisión Marco 2003/577 relativa
a la ejecución en la Unión Europea de resoluciones de embargo preventivo de bienes y aseguramiento de pruebas, no podemos aceptarlas porque no hacen sino reproducir lo dispuesto en las decisiones marco y directivas que estamos transponiendo en este proyecto de ley.
Respecto a las enmiendas que van de la 5 a la 7, 9, 11, 12, 20 y 21, entre otras, del Grupo Parlamentario Mixto y las números 33 a 35, 37, 39, 40, 48 y 49 de la Entesa, que inciden en que lo que hay que hacer es reforzar las garantías del condenado o reclamado en su caso a efectos de que no se produzca indefensión, en este sentido he de manifestar que el Grupo Parlamentario Popular entiende, por un lado, que estamos hablando de un proyecto de ley que afecta a resoluciones penales en el ámbito de la Unión Europea y que, por tanto, entre los Estados debe regir el principio de confianza mutua. Por otro lado, como bien saben sus señorías, es de aplicación supletoria a esta ley la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fija suficientes garantías a favor de la persona condenada o reclamada en otros casos, sin perjuicio de lo cual, como ha quedado acreditado en el trámite de ponencia, hemos aceptado por entender que refuerza de manera específica la seguridad jurídica de las partes las enmiendas 13 y 24 del Grupo Parlamentario Mixto y de idéntico sentido las números 41 y 52 de la Entesa.
Asimismo, y respecto a lo que se solicita en las enmiendas 19, 23 y 28 del Grupo Parlamentario Mixto y en las números 47, 51 y 56 de la Entesa, he de señalar que su sentir ya aparece recogido en las normas generales de este proyecto de ley tanto en su título preliminar como en su título I. Concretamente, en relación con la 19 del Grupo Parlamentario Mixto y la 47 de la Entesa, entendemos que la modificación propuesta supone un paso atrás en relación con el texto de este precepto que, además, fue enmendado en el Congreso para prever no solo la asistencia de letrado sino también de intérprete y asegurar que el condenado entiende la audiencia y el significado del consentimiento que se le pide.
Respecto a lo recogido en las enmiendas números 14 del Grupo Parlamentario Mixto y 42 de la Entesa, que recogen que en los supuestos de entrega condicionada esta no tenga lugar cuando la pena en el Estado emisor sea una pena a perpetuidad, en el Grupo Popular, señorías, entendemos que hay garantías de que esa pena es revisable o que puede ser susceptible de clemencia. Como digo, entendemos que se dan las garantías suficientes para poder llevar a cabo esa entrega con los requisitos establecidos en el presente proyecto de ley.
En cuanto a las enmiendas número 26 del Grupo Parlamentario Mixto y 54 de la Entesa, entendemos que no proceden porque en las sanciones alternativas, cuando hay un impago de sanción pecuniaria, es suficiente garantía que en el certificado que nos transmite aparezca contemplada esa posibilidad de permutar o de establecer esas sanciones alternativas al impago de la sanción pecuniaria.
En referencia a las dos enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, concretamente, a la 60, planteada en relación con el artículo 17 que exige la traducción del certificado o formulario a las lenguas oficiales del territorio español, reiteramos que cuando se trata de una ley de ámbito estatal que está refiriéndose a un contexto de cooperación en el ámbito de la Unión Europea, dicho certificado o formulario vendrá redactado en el idioma o lengua que sea oficial en todo el territorio español. A esto quiero añadir que, como bien saben sus señorías, una vez que la sentencia inicia un proceso de ejecución en España, es de aplicación el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prevé la utilización de las lenguas oficiales propias de las comunidades autónomas. Por ambos argumentos se rechaza.
Respecto a la enmienda 61, en el Congreso hubo varias enmiendas similares objeto de una transaccional que viene a recoger lo que de nuevo se plantea ahora. En este caso, invitamos al Grupo Parlamentario de Convergència i Unió a reflexionar sobre ella, porque entendemos que ya queda suficientemente aclarado en esa enmienda transaccional que, como digo, se aprobó en el Congreso.
Por último, en cuanto a las enmiendas que se han presentado en esta Cámara por el Grupo Parlamentario Socialista, y, concretamente, a lo recogido en la enmienda 63, que es la enmienda 58 de la Entesa, que solicita, como bien decía el senador Díaz Tejera, incorporar al listado del artículo 20 a fin de que no tenga lugar el control de la doble tipificación los delitos de mutilación genital femenina y demás delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, he de manifestar que dicha propuesta, como ya le hemos dicho previamente, no es admisible de manera unilateral, ya que no tendría apenas efectos en relación con los fines perseguidos por las normas de la Unión Europea en este ámbito. La lista de delitos que recoge el artículo 20 no está a disposición de los Estados miembros, insistiendo, además, la Comisión Europea, en que es una lista genérica que no puede modificarse por aquellos. Solo sería posible esa inclusión si, en primer lugar, se hiciera así, previamente, en las normas europeas, y, además,
la descripción de tipos penales es de acuerdo —reitero— con esos criterios de la Comisión Europea. Y, como le he manifestado anteriormente, cabría entender su inclusión en el artículo 20 si pudiera subsumirse en alguno de los tipos penales que recoge dicho artículo.
Por mi parte, nada más. Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Dueñas.
Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el señor Bildarratz.
El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días.
Intervendré únicamente para anunciar nuestro voto favorable al Proyecto de Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, independientemente de que apoyemos en la sesión plenaria muchas de las enmiendas hoy definidas y planteadas que entendemos que lo que hacen es mejorar el texto que tenemos en discusión.
Como grupo parlamentario consideramos que este proyecto de ley es un avance dentro del proceso de integración. Pensamos que el proceso de armonización legislativa va de una manera más acompasada, más adecuada a lo que es la armonización política. Quiero decir que muchas veces los políticos no estamos dando un buen ejemplo en el proceso de integración, mientras que el ámbito técnico y, muchas veces, el desarrollo legislativo van más acompasados con el espíritu del Tratado de la Unión, del Tratado de Lisboa y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En nuestra opinión, este proyecto de ley viene a subrayar los mecanismos de cooperación judicial con una serie de criterios que vienen reafirmados en el artículo 82 del Tratado de Funcionamiento —creo que en el antiguo artículo 30 del Tratado de la Unión, dentro del capítulo 4, de cooperación judicial en materia penal—, en concreto, con dos criterios muy claros que están dentro del apartado 1 del artículo 82, como son el de la armonización de las legislaciones y el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales. No voy a desarrollar más estas ideas, que dejaré para el Pleno, pero concluyo diciendo que siendo un paso positivo dentro del proceso de integración en la Unión, reafirmo que es interesante que de aquí al día del Pleno el grupo mayoritario haga un esfuerzo por atender algunas de las demandas que vienen trasladadas a través de diferentes enmiendas y que lo único que le hacen a un proyecto tan técnico es mejorar su texto, fuera de lo que es el debate político. En ese sentido, entendemos que se haría bien si se atendiera por parte del grupo mayoritario los planteamientos del resto de grupos de la oposición.
La señora RIERADEVALL TARRÉS: Hoy debatimos en esta comisión tres proyectos de ley que tienen como objetivo el cumplimiento de las decisiones de la Unión Europea, buscando la armonización legislativa y comprometiéndonos al reconocimiento de resoluciones judiciales, pasando, necesariamente, por el reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.
Convergència i Unió ha presentado dos enmiendas e insiste en su solicitud de que sean aprobadas. Entendemos que aportan mejoras. Aun así, de no ser aprobadas mi grupo parlamentario va a apoyar este proyecto de ley en la medida en que va en la línea de este espacio común de la Unión Europea que estamos consolidando, reservándonos, por supuesto, el apoyo a algunas de las enmiendas que entendemos que perfeccionan y que, en muchos casos, son mejoras técnicas, tal y como ha comentado el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco.
Agradezco el acuse de recibo de la ponente del Grupo Popular respecto a una de nuestras enmiendas, la número 63. Le pediría, por favor, si pudiera acusar recibo de las enmiendas 62 y 64 para escuchar las
razones que se esgrimen en su contra. Con relación a la enmienda 62 he de informar de que a lo largo de estos 10 años, desde el Tratado de Ámsterdam pasando por Tampere, hasta llegar a Lisboa, cada 2 o 3 años hay un nuevo acuerdo, lo que se llaman las reuniones JAI, de los ministros de Justicia e Interior, en este espacio de justicia, libertad y seguridad, que suponían un pequeño escalón más. Yo recuerdo todavía el escándalo que generó el planteamiento de la orden de arresto europea en materia de violencia de género y los trucos, subterfugios, pretextos y cincuenta mil virguerías, aparentemente jurídicas, para intentar impedir que saliera adelante. Progresivamente, se ha ido desbrozando el camino y ya es una realidad.
Hay otras figuras en el ámbito de estas redes judiciales, existen los magistrados de enlace, y, sin embargo, no se proponen en la enmienda número 62. El magistrado de enlace es un magistrado que tiene Francia en España o que tiene España en Francia, o que tiene el Reino Unido en España o España en el Reino Unido, o en los casos de Italia y Estados Unidos, es decir, en algunos países hay magistrados de enlace. Sin embargo, no se están proponiendo en la enmienda 62 los magistrados de enlace, y son figuras unipersonales de colaboración en el ámbito de la Administración de Justicia y en términos más gubernativos. En cambio, se está planteando en la Red Judicial Europea. Y es el propio Consejo General del Poder Judicial el que lo designa, después de un concurso previo entre todos los integrantes, los 5200 miembros de la carrera judicial, que son los que integran esa red judicial. Por tanto, son magistrados, jueces o magistrados del Supremo en activo que están ayudando permanente a sus colegas. Y me he referido a la red judicial como podría haberlo hecho a la red española de secretarios judiciales en cooperación, igual que sucede en el caso del ministerio fiscal. No me parece que al abundar se haga daño; al contrario, lo que abunda no daña, porque, conjuntamente con todos los medios necesarios, no está de más usar estas redes, que me parecen puntos de apoyo importantes cuando no está clara la autoridad judicial de ejecución competente.
En relación a la otra enmienda sobre la que no se ha acusado recibo, respecto a la supresión del recurso de forma y sí plantear recurso de apelación, nos parece que es avanzar en el ámbito de no perder tiempo y en la garantía de que un órgano con mayor experiencia jurisdiccional pueda ser susceptible de que se le dirija un recurso para que evalúe el reconocimiento mutuo que se plantea en relación a algunos de estos instrumentos. ¿Por qué razón? Porque todo lo que sea enfocar esta línea de trabajo en el sentido de repetir lo que ya se ha hecho en un Estado miembro es perder el tiempo, es no enterarse de lo que estamos haciendo. Por el contrario, lo que estamos haciendo es tratar de facilitar al máximo que la autoridad judicial tenga las herramientas para hacer aquello que le pide otra autoridad judicial. Antes las comunicaciones en este campo se llevaban a cabo entre los gobiernos. De lo que se trata aquí es de que, por ejemplo, desde cualquiera de las siete regiones ultraperiféricas: la Guayana, isla Reunión, Guadalupe, las Azores, Madeira, las Canarias, cualquiera de los jueces que están allí con cualquiera de los jueces en el ámbito más occidental de la Unión Europea, en cualquiera de los casos entre un juez y otro, se comuniquen y haya una presunción de confianza, porque las resoluciones se han dictado por órganos jurisdiccionales competentes con unos valores democráticos y jurídicos que no son idénticos, que no son uniformes, pero lo básico sí es común, y por esa razón se va a aplicar. Entonces, plantear el recurso de apelación me parece que es avanzar en el ámbito de las garantías.
Y respecto a la que sí se ha acusado recibo, la enmienda número 63, pongo el ejemplo que antes señalé sobre la orden de arresto europea. Fue España la que la promovió, siguió avanzando y poco a poco fue ganando posiciones en el ámbito de la Unión Europea. Aquí se plantea que nosotros avancemos en este terreno de la mayor protección respecto de los delitos vinculados a mutilación genital femenina y demás delitos regulados en el convenio del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011, sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, y, en el supuesto de que la técnica de la formulación clara se entendiese excesiva, que se plantee entonces en términos de subsumirlo, a los efectos de que también ahí contemos con esta realidad. ¿Por qué razón? Porque, desde el momento en que se dictó la directiva hasta el momento en que se ejecuta, la realidad va cambiando, y de lo que se trata es de que vayamos promoviendo aquello que consideramos bueno para el interés general; y en la medida en que nosotros lo vayamos promoviendo, otros países se irán incorporando. Antes les decía que, en general, la actitud del juez español no es la actitud del peguista profesional, que se agarra a cualquier excusa para no cumplir la resolución que le viene de otro colega de un Estado miembro, sino que, muy al contrario, si llega en otro idioma, sin que esté traducido al castellano, en la medida de sus posibilidades busca una explicación a los efectos de poder conocerla y después ya buscará la manera de traducirla debidamente; pero no se agarra a la excusa de que, como no está traducido al castellano, no va a hacer
nada, porque su obligación es tutelar derechos fundamentales y velar por el interés general, y no ser un peguista para no cumplir con la obligación; muy al contrario, hace lo imposible por resolverlo. Y me parece que las propuestas que estamos haciendo van en la línea de facilitar ese reconocimiento mutuo y avanzar en esa armonización y en esa presunción de confianza entre los juzgadores de los países integrantes de la Unión Europea.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Torres.
La señora TORRES SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente. Buenos días.
Traemos hoy a debate un Proyecto de Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, consistente en la incorporación de 4 decisiones marco ya transpuestas, derogando las leyes que las incorporaban a nuestro ordenamiento para actualizarlas en la presente, 5 decisiones marco pendientes de transposición, así como 1 directiva.
Como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, puesto que ya ha habido un turno en contra para explicar la decisión del grupo respecto a las enmiendas presentadas, me voy a centrar en este turno de portavoces en la explicación del contenido del presente proyecto de ley. Y el objeto del mismo es la incorporación de los textos europeos indicados pero modificando la técnica normativa empleada hasta el momento —ya ha hecho referencia a ello el portavoz del Grupo Vasco—, y es que, si hasta ahora la técnica consistía en la incorporación individual de cada decisión marco o directiva europea en una ley ordinaria y posteriormente su correspondiente ley orgánica complementaria, hoy presentamos un texto único en el que se reúnen todas las decisiones marco y las directivas actuales en materia de reconocimiento mutuo de resoluciones penales.
Con este proyecto se pretende garantizar una mejor transposición, dar una mayor coherencia, reducir la dispersión normativa y facilitar así la aplicación del derecho a los operadores jurídicos, para ofrecer, en última instancia, una mejor asistencia a los ciudadanos, y todo ello a través de un formato en el que se facilita la incorporación de las futuras normas europeas.
Este proyecto se presenta no solo como un instrumento para dar cumplimiento a las obligaciones normativas europeas, sino que aporta —si me lo permiten— un grano de arena al compromiso de mejora de la cooperación judicial penal en la Unión Europea y en la lucha contra la criminalidad, garantizando así la seguridad y los derechos de todos los ciudadanos. Y presentamos en este proyecto hasta 9 instrumentos de reconocimiento mutuo, de cada uno de ellos se recogen normas comunes, al tiempo que existen otras destinadas a indicar la autoridad judicial competente en cada caso para transmitir una resolución de reconocimiento mutuo y otras que establecen reglas de ejecución. Y es importante tener en cuenta que, en defecto de disposiciones específicas, será de aplicación el régimen jurídico previsto en la Ley de enjuiciamiento criminal y se regirán por lo dispuesto en esta ley, en las normas de la Unión Europea y en los convenios internacionales vigentes en los que España sea parte. La competencia será, lógicamente, de los jueces y tribunales y el ministerio fiscal, y es que la ley generaliza la audiencia previa al fiscal cuando sea un juez o tribunal el que esté conociendo de algunos de los referidos instrumentos.
Entrando ya en cuestiones a poner en valor recogidas en esta ley, cabe mencionar en primer lugar el artículo 20. Y es que la autoridad judicial que emita una resolución judicial de reconocimiento mutuo para ser ejecutada por otro Estado miembro especificará si el delito se encuadra en alguna de las categorías que eximen del control de doble tipificación previsto en el citado artículo 20 y si la pena prevista para el delito es, en abstracto, al menos de tres años de privación de libertad. De esta manera, la decisión de la autoridad competente de reconocer y ejecutar la orden europea acordada por la autoridad judicial extranjera es casi automática, sin necesidad de verificar su conformidad con su ordenamiento jurídico interno. Hablamos de delitos tales como el terrorismo, la trata de seres humanos o la explotación sexual de menores y pornografía infantil, entre tantos otros. Por otro lado, también es preciso destacar y poner en valor el apartado referido a la denegación del reconocimiento o de la ejecución de un instrumento de reconocimiento mutuo. Y es que la denegación solo podrá basarse en los motivos tasados previstos en la ley, lo que supone un añadido más a ese objetivo de seguridad que pretende dar este proyecto, seguridad que viene de la mano de esa comunicación inmediata de las distintas decisiones que se adopten en cada caso, a lo que también ha hecho referencia el portavoz del Grupo Socialista.
Y entrando ya muy brevemente en el análisis de alguno de los instrumentos de reconocimiento mutuo, en referencia a la orden europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, cabe
destacar como mejora respecto de la ley del año 2003 que la transpuso y que será derogada tras la entrada en vigor de la presente ley, el reforzamiento de las garantías jurídicas en la introducción del criterio de proporcionalidad, así como una mejora técnica y práctica.
Destaca también la incorporación a nuestro ordenamiento de la Decisión Marco 2008/909, relativa a la aplicación del reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea cuando contribuya así a su reinserción social, así como la Directiva 2011/99, sobre la Orden Europea de Protección.
En este punto cabe destacar que las medidas previstas se caracterizan por la flexibilidad para adaptarse a las necesidades de protección de la víctima en cada momento, garantizando así que las medidas de protección sean efectivas en todo el territorio de la Unión Europea.
Por todo lo expuesto, este grupo parlamentario se congratula del apoyo del resto de grupos parlamentarios y quiere destacar en este momento el esfuerzo y compromiso del Gobierno de España en la lucha contra la criminalidad. Por eso es destacable la mejora que supone la técnica normativa empleada en la incorporación de estos nuevos instrumentos de reconocimiento mutuo, así como el hecho de evitar reformas puntuales de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como posteriormente se indicará, demostrando y evocando, por tanto, su compromiso con la cooperación judicial en materia penal, basada en el principio de reconocimiento mutuo de sentencias en las decisiones judiciales de los Estados miembros, afianzando así una cooperación judicial instaurada por el Tratado de Maastricht en 1993, revisada posteriormente por el Tratado de Ámsterdam y garantizando en definitiva la protección dentro de la Unión Europea.
Una vez finalizado el debate, vamos a someter a votación el texto propuesto por la ponencia en su informe.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Por lo tanto, señorías, queda dictaminado por esta Comisión de Justicia el Proyecto de Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.
¿Qué miembro de la comisión va a presentar ante el Pleno el dictamen? (El señor Díaz Tejera pide la palabra).
El señor DÍAZ TEJERA: El Grupo Socialista propone que sea el señor presidente quien lo haga.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz Tejera. (La señora Franco González pide la palabra).
Señora Franco, tiene la palabra.
La señora FRANCO GONZÁLEZ: En el Grupo Parlamentario Popular, con más entusiasmo si cabe, también proponemos al señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Franco, así se hará.
– DICTAMEN DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA, COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE RESOLUCIONES PENALES EN LA UNIÓN EUROPEA, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día: Dictamen del Proyecto de Ley Orgánica complementario de la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
A este proyecto de ley se ha presentado una enmienda, la número 1, del Grupo Parlamentario Vasco. La ponencia designada en su día en relación con este proyecto de ley ha emitido un informe en el que se ha rechazado la referida enmienda y se ha resuelto mantener en todos sus términos el texto remitido por el Congreso de los Diputados.
Pasamos a la defensa de la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Vasco.
Tal y como su señoría ha relatado, la ponencia no ha tenido a bien aceptar la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vasco e invito al grupo mayoritario a que reconsidere su posición. Teniendo en cuenta que es una única enmienda, qué mejor que deje de haber enmiendas y queden todas integradas dentro del texto que estamos analizando en estos momentos.
Es una enmienda al apartado cuatro del artículo único por la que se modifica el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que lo único que hace es constatar dos cosas: la primera que desde mayo de 2011, tanto la Ertzaintza como los Mossos d’Esquadra, pueden acceder a los sistemas de información Schengen, y segunda, que ambas policías también son policías integrales. Lo que recoge la propuesta que nosotros presentamos es precisamente estas dos afirmaciones que acabo de exponer.
Siendo una transposición lo que en estos momentos estamos realizando, entendemos que además tenemos la obligación de contextualizar nuestra realidad interna al propio texto y, en ese sentido, animamos al grupo mayoritario para que lo que ya es una realidad sea recogido en un texto legislativo tal como estamos proponiendo.
Para el turno en contra, tiene la palabra la señora Dueñas.
La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente. Brevemente, señorías.
El proyecto de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que, como ya hemos dicho anteriormente, transpone varias decisiones marco y una directiva, supone que se regulan muchos y necesarios instrumentos de reconocimiento mutuo, y ello trae consigo que sean muchas las competencias que se crean en los juzgados y tribunales competentes en materia penal en nuestro territorio español. Ello hacía necesario modificar la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, una modificación en la que se ha tenido en cuenta el carácter dinámico de la cooperación judicial en materia penal en la Unión Europea.
Como bien se ha señalado a este proyecto de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Vasco, que rechazamos, en primer lugar porque los términos del apartado cuatro del artículo 88 que se pretende enmendar, comprende el conjunto de servicios de seguridad sin excluir ninguno. En todo caso, sería una cuestión más propia de la legislación al efecto en materia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por esas razones, ha sido rechazada.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Dueñas.
Turno de portavoces. ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).
El señor BILDARRATZ SORRON: Únicamente, y de manera breve, para afirmar que vamos a apoyar este proyecto de ley, independientemente de la no aceptación de la enmienda por nosotros presentada.
No me ha acabado de quedar todavía muy claro lo que supone la no exclusión de ningún cuerpo. Es evidente que nosotros no estamos excluyendo, sino que lo único que pretendemos es reafirmar una realidad que está aconteciendo dentro del Estado español. Es cierto, y es evidente, que los responsables dentro de la Unión Europea son los Estado miembros, pero, independientemente de que sean los responsables de cara a la Unión los Estados miembros, en cada uno de los propios Estados hay una capacidad para autoorganizarse sobre la base de las competencias que cada uno pueda tener en su ámbito, y tenemos un ejemplo muy claro en la política europea que está llevando a cabo la propia Alemania y la relación que tienen los propios länder —a la hora de tener un cierto protagonismo— en el ámbito de sus competencias en la defensa de las mismas en la propia Unión Europea. Dentro de ese argumento nosotros lo que pedimos es que se traslade la realidad que se da dentro del Estado español a lo que puede ser el funcionamiento de la Unión Europea.
Si se tratase de dificultar la igualdad en el ámbito jurisdiccional poniendo tasas que impidan o dificulten que la gente sin dinero pueda dirigirse a los tribunales, estaríamos en contra, como ya lo hemos hecho. Si se tratase de la jurisdicción universal y de una reforma que la lamina o que hace posible la puesta en libertad de 53 narcotraficantes, de los que solo se han vuelto a capturar 9, estaríamos en contra, como ya lo hemos hecho. Y si se tratase de una tentativa para suprimir derechos de las mujeres, también estaríamos en contra. Pero antes votamos a favor, y también ahora votamos a favor, ¿por qué razón? Porque ese texto no tiene nada que ver con ninguno de los tres asuntos que he planteado. Es un texto que trabaja en el cómo —el qué lo establece la Unión Europea—, aquí se trabaja en el cómo; es una cuestión instrumental. Caben dos formulaciones en términos de técnica legislativa y las dos son perfectamente legítimas. Yo prefiero esta fórmula en que se hace más fácil el estudio por parte de los operadores al reunir en un texto este tipo de reformas; incluso la enmienda que plantea el Grupo Parlamentario Vasco a mí no me parece especialmente perturbadora. Es decir, ¿cuál es el problema de que se cite lo que ya es una realidad, que es que hay cuerpos de seguridad que son integrales? Se puede discutir que el ámbito físico o territorial de competencias da un relieve distinto, y no es lo mismo el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil que lo que es la Ertzaintza o los Mossos, pero en cualquiera de los casos a mí no me parece especialmente perturbador que se reconozca. Y en aras de facilitar las cosas, y le digo más, en aras de que se conozca la realidad que hay en España, no es malo citar a cuerpos de seguridad que tienen funciones integrales, porque es verdad que el texto como está redactado no excluye a nadie, pero también es verdad que no lo incluye de una manera clara poniendo el nombre. Aquello que no se nombra, a veces es porque no se quiere nombrar, no porque no se pueda nombrar; en este caso no viene mal. Y lo recuerdo porque en muchos debates en el ámbito del lenguaje y el sexismo siempre se decía aquello de que se puede usar el genérico que incluye a todos. Y algunos decían: no, no, si es que queremos hacer visible, no queremos invisibilizar, queremos hacer visible la existencia de diversos géneros. Pues es verdad que también en este ámbito me parece que es un reconocimiento a un trabajo de un conjunto de servidores públicos que lo están haciendo magníficamente, a pesar de los comentarios críticos que muchos podamos hacer a algunas de sus actuaciones en el caso de esos cuerpos o también en el caso de algunos otros cuerpos.
Concluyo, el Grupo Parlamentario Socialista apoya el texto y no le parece perturbador, sino que le parece integradora e inclusiva la propuesta del Grupo Parlamentario Vasco.
La señora TORRES SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Intervendré brevemente, para decir que debatimos en estos momentos la correspondiente modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial al dar nuevas competencias a jueces y tribunales, encargados de emitir, reconocer y ejecutar las resoluciones judiciales, en particular nuevas competencias en materia penal en relación con las sentencias por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad, o el exhorto europeo de obtención de pruebas, entre otros. Hay que destacar simplemente que se ha creado también una nueva fórmula, por cuanto no hablamos de la atribución de nuevas competencias con carácter cerrado, sino que se está reconociendo competencia para la ejecución de las órdenes europeas que se les encomienden en las normas específicas en materia de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en materia penal en la Unión Europea, lo que supone, por tanto, que se está evitando reformas puntuales de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Para acabar, el Grupo Parlamentario Popular quiere poner especial énfasis en que estamos ante un ejemplo más del compromiso del Gobierno de España para fortalecer la cooperación judicial, reduciendo la dispersión normativa y facilitando así la aplicación del derecho.
Una vez sustanciado el debate, vamos a someter a votación el texto propuesto por la ponencia en su informe.
Por lo tanto, ha sido dictaminado por la Comisión de Justicia el Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Procedemos a designar el miembro de la comisión que lleve a cabo la presentación del dictamen ante el Pleno del Senado.
¿Señor Díaz Tejera?
El señor DÍAZ TEJERA: Señor presidente, he de manifestarle que en esta ocasión no había pedido el uso de la palabra.
El señor PRESIDENTE: Yo soy muy amable.
El señor DÍAZ TEJERA: Pero a su sugerencia proactiva —mi compañero José Vicente González Bethencourt me dice insinuación— hago uso de la misma e intereso que sea usted quien presente el dictamen ante el Pleno. Usted comprenderá que no tengo el mismo entusiasmo que doña Silvia, pero sí algo más de pasión por estos asuntos. (Risas).
El señor PRESIDENTE: Créame que lo lamento, pero le agradezco en cualquier caso el respaldo.
La señora FRANCO GONZÁLEZ: En el Grupo Parlamentario Popular proponemos, por supuesto, que sea el señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, pues así se hará.
– DICTAMEN DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES Y CONSIDERACIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES PENALES EN LA UNIÓN EUROPEA.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: Dictamen del Proyecto de Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea.
A este proyecto de ley se han presentado 15 enmiendas: 1 de los señores senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto; 6 del Grupo Parlamentario de Entesa pel Progrés de Catalunya; 5 del Grupo Parlamentario Socialista y 3 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. La ponencia designada en su día en relación con este proyecto ha emitido su informe, en el que se incorporan al proyecto de ley las 3 enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Vamos a pasar a este trámite de defensa de enmiendas. En primer lugar la enmienda número 1, presentada conjuntamente por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto.
Tiene la palabra el señor Iglesias.
La doy por defendida y pido perdón a la comisión por tener que ausentarme.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Iglesias, por su brevedad.
Enmiendas números 2 a 7, del Grupo Parlamentario de Entesa pel Progrés de Catalunya. Tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Las doy por defendidas también, señor presidente.
Enmiendas números 8 a 12 del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Díaz Tejera, tiene la palabra.
En esta ocasión yo vuelvo a decir lo mismo que en los dos textos anteriores. En el primero había 3 enmiendas nuestras bastante razonables y sensatas, una segunda enmienda que también me parecía muy sensata por parte del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, y ahora estas que planteamos, las números 8 a 12. Les ruego que tengan la bondad de acusar recibo de estas propuestas y responder con concreción en la negativa a cada propuesta concreta, pero seguiremos dialogando con la misma buena educación de siempre en el supuesto de que no se acepte tal acuse de recibo.
La primera de las enmiendas, señor presidente, la número 8, recoge una sugerencia del Consejo General del Poder Judicial. Fue una reforma del Consejo General del Poder Judicial que nosotros no apoyamos, sin embargo, cuando uno estudia sus dictámenes entiende que hay un trabajo de fondo y hay muchas propuestas que son sensatas, algunas las compartimos y otras no. En esta ocasión no entendemos por qué razón no se acepta el siguiente texto: «En España la autoridad central competente para remitir y recibir información de las notas de condena de antecedentes penales por la comisión de infracciones penales, juzgadas y condenadas por un órgano jurisdiccional penal, es el Registro Central de Penados». Nos parece que es una propuesta bastante razonable.
La enmienda número 9, en relación también con la Decisión Marco 2008/315/JAI del Consejo, de la reunión de ministros de Justicia e Interior del año 2009, relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros, lo que viene a plantear es una nueva redacción que incluya las notas de condenas dictadas por terceros países que le hayan sido transmitidas e inscrito en el Registro Central de Penados sobre las que no se haya comunicado su cancelación, es decir, que esto se tenga en cuenta.
Hay una nueva letra c) que se plantea al apartado 1 del artículo 11, para incluir la información relativa a condenas penales impuestas por otros Estados miembros o por España comunicadas pero no inscritas en el Registro Central de Penados por no cumplir con los requisitos para su inscripción. ¿Por qué razón? Porque a veces hay condenas en este ámbito que afectan a menores de edad o a hechos no constitutivos de infracción penal. Entonces esto lo plantea ya el Consejo General del Poder Judicial y me parece que es una información relevante. Aunque no pueda inscribirse en el Registro Central de Penados es relevante que el órgano jurisdiccional de otro país tenga conocimiento de estos asuntos.
En la enmienda número 11 se plantea la supresión respecto al artículo 13, apartado 3 del inciso «para la protección del orden público». ¿Quién plantea esta sugerencia? Pues un órgano tan de izquierdas y tan coincidente con nuestra ideología como es el actual Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué plantea esto? Porque es una manera de garantizar. Se advierte que en estos supuestos se tenga en cuenta que la utilización de los datos con unos fines distintos para los que fueron solicitados, exigiría la notificación a la Agencia de Protección de Datos y solo para evitar una amenaza inminente y grave para la seguridad nacional.
Por último, la enmienda número 12, señor presidente, viene a plantear que solo se tengan en cuenta las resoluciones condenatorias firmes dictadas por un órgano jurisdiccional penal en otros Estados miembros de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque hay otras resoluciones de carácter punitivo, digamos ejerciendo lo que sería el ius puniendi, pero que en otros Estados de la Unión no las dicta un órgano jurisdiccional penal, sino un órgano de la Administración pública, por ejemplo en el caso de Francia. Entonces, son resoluciones de tipo punitivo ejerciendo el ius puniendi del Estado pero no son órganos de jurisdicción penal, pues no están caracterizadas por los rasgos de independencia e imparcialidad que sí tienen los órganos jurisdiccionales penales a los efectos de que sean tenidas en cuenta y registradas en el Registro Central de Penados.
Estas son las propuestas que hacemos, señor presidente, y nos gustaría escuchar los argumentos específicos respecto a estas propuestas concretas que hace el Grupo Parlamentario Socialista. No obstante, como ésta es una materia que no tiene que ver con las tasas judiciales ni con la supresión de la jurisdicción universal ni con la supresión de derechos a la libre maternidad, nosotros, a pesar de que no la acepten, vamos a votar afirmativamente este texto porque consideramos que es una mejora para la tutela del interés general y para la tutela de los derechos fundamentales desde el ámbito del Poder Judicial.
Nada más, señor presidente, muchas gracias. (Varios señores senadores: ¡Muy bien! ¡Muy bien!)
Para el turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el señor Rodríguez Comendador.
El señor RODRÍGUEZ COMENDADOR: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a hacer uso de la palabra en nombre del Grupo Popular para fijar la posición en cuanto a las enmiendas presentadas por los distintos grupos y para contestar al ruego del señor Díaz Tejera sobre el acuse de recibo que hacía de sus propuestas, que exactamente son las mismas propuestas de enmienda que han hecho los otros grupos, exacta y literalmente las mismas.
En cuanto a la enmienda 1, presentada por el Grupo Mixto, por Izquierda Unida, se propone la supresión del artículo 13.3; afecta a la información obtenida en respuesta a solicitudes; no modifica, por tanto, el régimen de accesos al Registro de Penados y tiene su origen en el artículo 9.3 de la Decisión Marco 315/2009, que indica que los datos de carácter personal comunicados con arreglo al artículo 7, apartados 1, 2 y 4, podrán ser utilizados por el Estado miembro requirente para evitar una amenaza inminente y grave para la seguridad pública. La norma cuenta, desde nuestro punto de vista, con el necesario soporte normativo y acota una situación en la que resulta necesario tener determinada información. Por tanto, es la razón por la que se desestima.
La enmienda 2, presentada por Entesa, por la misma razón que la anterior también la rechazamos.
La enmienda 3, que es la 8, del Grupo Parlamentario Socialista, y a la que se ha referido el señor Díaz Tejera, pretende la modificación del artículo 3 añadiendo la expresión referida a la comisión de infracciones penales, juzgadas y condenadas por un órgano jurisdiccional penal. Entendemos que es una reiteración y, por tanto, tampoco se acepta.
La enmienda 4 pretende la modificación de la letra b) del artículo 11.1, y no es oportuno el inciso que se propone en el que se hace referencia a las notas de condenas dictadas por terceros países que le hayan sido transmitidas e inscrito en el Registro Central de Penados, ya que hay determinada información que puede recibirse, por ejemplo, sobre menores, que no se va a inscribir en el registro, aunque sí tendría que estar disponible para la retransmisión de la misma. Por tanto, se desestima.
La enmienda 5, que es la número 10 del Grupo Parlamentario Socialista, se refiere al artículo 11.1 y, con ella, se pretende añadir una nueva letra c), pero resulta confuso hablar de condenas comunicadas pero no inscritas puesto que no se cumplen los requisitos exigidos y respecto a pedir que se informe sobre ellas no se entiende realmente a qué supuesto se refiere.
Con la enmienda 6 se propone la supresión de la referencia al orden público. Esta ha sido comentada especialmente por el señor Díaz Tejera. Se considera que esa referencia puede mantenerse por lo dicho en relación con la enmienda 1. Si consideramos que el artículo 9.3 de la Decisión Marco de 2009 solo ampara un concepto estricto de seguridad pública, a lo mejor podría suprimirse la referencia al orden público y mantener la protección de la seguridad nacional.
En cuanto a la enmienda 7, que propone la modificación de la rúbrica del título II del proyecto, tengo que decir que las resoluciones reseñadas ya son resaltadas en el primero de los preceptos de dicho título, como es el caso de la firmeza de las resoluciones condenatorias a la que se hace referencia en el artículo 14.1; mientras que en el 14.3 expresamente se excluye la toma en consideración de las no firmes. Por tanto, no parece que sea absolutamente necesario modificar el título II ya que, como he dicho, se excluye la toma en consideración de las resoluciones condenatorias que no sean firmes. Por tanto, queda desestimada.
En definitiva, señor Díaz Tejera, yo entiendo que usted no comparta la argumentación de la desestimación que realiza el Grupo Popular pero, dicho sea con todo cariño, seguiremos abiertos a ver si hay alguna posibilidad de acuerdo en el futuro.
En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el señor Bildarratz.
Intervengo únicamente para marcar nuestra posición de voto que será afirmativa a este proyecto de ley. La justificación de dicho voto la podemos encontrar en los anteriores proyectos de ley que hemos estado debatiendo, independientemente del apoyo que, en Pleno, daremos a prácticamente todas las
enmiendas presentadas ya que consideramos que aportan mucho y, a modo de ejemplo, podemos plantear la enmienda 11 del Grupo Parlamentario Socialista en aras de clarificar lo que es el concepto de orden público, un concepto que tan discutido ha sido y está siéndolo también dentro de lo que es, por ejemplo, el proyecto de ley de seguridad ciudadana o los conflictos que ha habido. En el apartado 3 del artículo 13 este concepto no queda nada claro y entendemos que habría que mejorarlo. Éste es nada más que un ejemplo de lo que creemos que se debe hacer por parte del grupo mayoritario. Viendo que hay una actitud y una posición por parte del resto de los grupos de ir apoyando estos proyectos de ley, entendemos que, con la suma de todas las reflexiones que aquí se están haciendo entre los diferentes grupos parlamentarios, estos proyectos de ley se perfeccionarían y, en aras de esa mejora, entendemos que deberían ser aceptadas las propuestas que se están haciendo por parte del resto de los grupos parlamentarios.
Intervengo solo para fijar nuestra posición. Vamos a apoyar este proyecto de ley sin perjuicio de que también consideramos que se deberían apoyar la práctica totalidad de las enmiendas presentadas puesto que mejoran muchísimo el texto.
No quisiera repetir los argumentos ya expuestos, pero, sinceramente, creo que sigue siendo bastante razonable lo que planteamos. Fíjense que no acudo a un argumento de autoridad que sería: lo dice así el Consejo General del Poder Judicial o lo dice así el Consejo de Estado. No, no estoy acudiendo a ese argumento de autoridad. Solo estoy acudiendo a ese argumento en términos estrictos de copyright. ¿Por qué? Porque si de ellos es la iniciativa y nosotros estimamos que es sugerente, lo propio es que digamos que la iniciativa es de ellos y que a nosotros nos parece bastante razonable.
¿Por qué razón insistimos en que la autoridad central sea el Registro Central de Penados? Porque nos parece razonable decirlo así. Cuando antes hemos dicho que nos parece razonable ponerle el nombre a lo que existe, porque es una manera de educar a cualquier otra persona que no sea española de que, en términos de seguridad, no solo se habla del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, sino que también se habla de la Ertzaintza y de los Mossos, es porque lo decimos con naturalidad y porque es parte de la realidad entre los españoles; no tiene ningún otro contenido más que reconocer la realidad. No soy yo quien dijo aquello de elevar a legal lo que era real. En este caso se trata de que en la legalidad lo reconozcamos con orgullo, porque yo sí que lo digo con orgullo, yo no paso de saber decir eskerrik asko y aita y ama, no paso de ahí; pero, en cualquier caso, siento orgullo al decir que en España tenemos diversas lenguas y diversos idiomas y códigos de comunicación, es parte de nuestra historia cultural, política y social, y me siento orgulloso de esa diversidad y de esa riqueza. Por consiguiente, en este caso, cuando hay que decir con claridad Registro Central de Penados también se dice. ¿Por qué? Porque es una manera de simplificar y hacerlo más sencillo. Esto en lo que se refiere a la 8.
Respecto a la 9, porque la propuesta ya no es del Consejo del Poder Judicial o del Consejo de Estado, sino que es una Decisión Marco del año 2009 respecto al intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros, insisto, en relación con los menores de edad y hechos no constitutivos de infracción penal. Fíjense ustedes, estos asuntos no figuran en el Registro Central de Penados, pero un Estado miembro tiene derecho a tener esta información porque le viene bien al juzgador saber quiénes son los sujetos. Como ustedes saben, los tipos penales se plantean de forma abstracta y los comportamientos específicos del ser humano se subsumen en un planteamiento abstracto, que es el tipo penal. Pero en el momento de establecer la pena hay que saber las características subjetivas del que ha tenido ese comportamiento: si lo ha tenido anteriormente o no, si ese comportamiento ha sido reiterado, cuáles son sus antecedentes, sus perspectivas de futuro, porque se va a tomar una
decisión en torno a la vida de un ser humano concreto, no una formulación general como figuraba anteriormente en el código, es decir, se tiene que ver la voluntad, la intención de delinquir, etcétera. Por tanto, me parece que esta información es importante no solo en términos sustantivos, en términos procesales y en términos de legislación penitenciaria, y me refiero a la enmienda 10, en particular.
En cuanto a la necesidad de la Agencia de Protección de Datos —ahora me refiero a la enmienda 11— cuando se piden datos con fines distintos por los que fueron solicitados, debe estar la Agencia de Protección de Datos porque es su función, es su garantía; de ahí nuestro planteamiento en esta enmienda en relación con la supresión del inciso de la protección del orden público, dado en el apartado 3 del artículo 13.
Y vuelvo a insistir en que solo sean las resoluciones dictadas por órganos jurisdiccionales penales. Repito, el ius puniendi, mal traducido sería la obligación de castigar, de reprochar; el ius se entiende como derecho pero en general y en este caso sería la obligación de reprochar que tiene el Estado el comportamiento de un ser humano cuando ha realizado una infracción, que puede ser administrativa o penal, y dentro de esta última, delitos o faltas. Pero como en este caso estamos hablando de ius puniendi, hay sanciones, hay resoluciones que son bastante punitivas, por ejemplo, el cierre de una fábrica, que no tienen cobertura en el ámbito del órgano jurisdiccional penal sino en el ámbito de la Administración Pública. Y he puesto el caso concreto de cómo la potestad sancionadora de la Administración Pública, por ejemplo, en Francia, es mucho más amplia que la que tenemos en España, y de ahí la conveniencia de la consideración de resoluciones condenatorias firmes dictadas por un órgano jurisdiccional penal en otros Estados miembros de la Unión Europea. ¿Por qué esta precisión? Porque en general las culturas jurídicas y las culturas administrativas son muy distintas en el ámbito de la Unión Europea; he vuelto a insistir en que en esa fusión que se está produciendo entre el derecho anglosajón, con su amor por el precedente, y menos amor por la norma, y el derecho continental europeo, variante germánica o variante latina, con su gran amor excesivo por la norma y muchísimo menos por el precedente, que pretenden regularlo todo de forma minuciosa, a veces tiene aspectos positivos, da una gran seguridad a todos los que intervienen en el ámbito jurídico, y a veces tiene aspectos negativos, como agarrarse a cualquier pega para impedir la ejecución de una resolución judicial dictada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro de la Unión Europea.
En esta regulación concreta a veces ocurre que hay una minuciosidad que llega a la extenuación, casi son ya reglamentos, pero es que en la práctica real ha habido bastante peguista en el ámbito de algunos poderes judiciales de algunos Estados miembros, algún peguista profesional que siempre buscaba algún subterfugio para no hacer aquello que le pedía otro Estado miembro: a mí, si no me lo pone en mi idioma oficial no hago nada, o aquellos que dicen: dudo mucho de su garantía, o blablablá, cincuenta mil pegas porque cuando se es un peguista profesional se encuentran pegas cuando se quiere encontrarlas.
En este caso concreto, tanta extenuación minuciosa lo que está buscando es tratar de cerrar los posibles agujeros por donde se pueda colar ese peguista profesional y que esté obligad o bajo ese principio de armonización y de confianza recíproca a tirar pa´lante con el reconocimiento judicial de las resoluciones dictadas por otros órganos jurisdiccionales de otros Estados miembros. De ahí la importancia de que precisemos que sean órganos jurisdiccionales penales, teniendo en cuenta que hay otras realidades administrativas que también ejercen ese ius puniendi, que dictan resoluciones muy relevantes, pero que esta garantía no está revestida del órgano jurisdiccional. Esa es la relevancia de nuestra enmienda 12, por lo que consideramos que son bastante sensatas las propuestas del Grupo Socialista, o las de cualquier otro grupo que las haya planteado, porque no tenemos especial interés en decir: padre y madre somos nosotros, yo ya he dicho quiénes son padre y madre cuando he dicho Consejo General del Poder Judicial, cuando he hablado del Consejo de Estado o de decisión marco por parte de los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea.
El ius puniendi tendría una traducción directa, muy fácil, que es el derecho puniente, esa sería la traducción directa, verbal, inmediata.
El señor DÍAZ TEJERA: Señor presidente, sería derecho punitivo.
El señor PRESIDENTE: Puniente, porque es participio.
El señor DÍAZ TEJERA: Pues nada, no tengo inconveniente; me suena más lo de punitivo, pero no me importa aceptar su capacidad creativa.
El señor PRESIDENTE: Bueno, punitivo también está bien.
Tiene la palabra el señor Represa, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
El señor REPRESA FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.
Intervengo muy brevemente en el turno de portavoces para manifestar que, desde nuestro punto de vista, estamos debatiendo un proyecto de ley orgánica que ofrece un escaso margen al debate político en sí; estamos debatiendo acerca de la transposición de dos decisiones marco de la Unión Europea referentes al derecho penal que afectan a derechos fundamentales de las personas.
Este proyecto de ley tiene dos objetivos fundamentales: por un lado, la regulación del intercambio de información entre las autoridades responsables de los registros nacionales de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea sobre los antecedentes penales de las personas físicas que figuran en cada uno de los registros centrales o de los registros de cada uno de los Estados miembros, en el caso concreto de España, en el Registro Central de Penados; y, por otro, la consideración de resoluciones condenatorias dictadas en otros Estados miembros de la Unión Europea que supone, en este caso, la consagración del principio de equivalencia de las sentencias dictadas en la Unión Europea mediante su toma en consideración en procesos posteriores derivados de la comisión de nuevos delitos.
En el título I de este proyecto de ley, señorías, con la incorporación a nuestro ordenamiento de la Decisión Marco 2009/315 se va a conseguir una mayor seguridad jurídica respecto al intercambio de información sobre antecedentes penales en el marco de la cooperación judicial, y en el título II de esta ley se consagra, como he dicho, el principio de equivalencia de las sentencias dictadas en la Unión mediante su toma en consideración en procesos posteriores derivados de la comisión de nuevos delitos. Esta ley supone un instrumento, dentro del ámbito de la cooperación judicial en la Unión Europea, para incrementar su eficacia y, con ello, la seguridad de los ciudadanos dentro del Espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, a través del intercambio de información sobre condenas penales entre los distintos Estados miembros.
En resumidas cuentas, todo esto persigue facilitar la prevención, la investigación, el enjuiciamiento y la ejecución de resoluciones judiciales por policías y jueces, respectivamente, cada uno en su ámbito de actuación, en un escenario en el que la delincuencia se caracteriza, actualmente, por su internacionalización, dando lugar a lo que se denomina la globalización de la criminalidad, facilitando la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo, la trata de seres humanos, el narcotráfico, etcétera.
Señor presidente, concluyo mi intervención diciendo que se han aceptado las 3 enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado para su incorporación al texto de la ley en el informe de la ponencia, y también quiero apuntar que es una buena ocasión para que todos los grupos parlamentarios, como ya han anunciado los distintos portavoces, votemos unánimemente a favor del informe de la ponencia. Evidentemente, el Grupo Parlamentario Popular lo va a hacer en ese sentido.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Represa.
Concluido el debate, vamos a votar el texto propuesto por la ponencia en su informe.
Por tanto, ha quedado dictaminado el Proyecto de Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea.
Falta solamente el trámite de designar a la persona que llevará a cabo la presentación del dictamen ante el Pleno del Senado.
El señor Díaz Tejera tiene la palabra.
El señor DÍAZ TEJERA: Sin que sirva de precedente, voy a ser breve. Mantengo lo mismo que en las dos leyes anteriores.
La señora FRANCO GONZÁLEZ: El Grupo Parlamentario Popular en el Senado también mantiene el criterio de las dos leyes anteriores.
Eran las trece horas y cincuenta y cinco minutos.

References: artículo 17
 artículo 3
 artículo 34
 artículo 8
 artículo 20
 artículo 19
 artículo 17
 artículo 231
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 82
 artículo 30
 artículo 82
 resolución 
 resolución 
 artículo 20
 resolución 
 artículo 20
 artículo 88
 artículo 88
 artículo 11
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 9
 artículo 7
 artículo 3
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 9
 artículo 14
 artículo 13
 artículo 13
 resolución