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DECRETO 133/1988, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias. TITULO II. Del tráfico jurídico de los bienes patrimoniales (Vigente hasta el 16 de Junio de 1999).
Del tráfico jurídico de los bienes patrimoniales
Caracteres y régimen jurídico
La Comunidad Autónoma de Canarias tiene plena capacidad para poseer y adquirir bienes y derechos patrimoniales, conforme a los medios previstos en el Ordenamiento Jurídico, así como ejercitar las acciones y recursos que proceda en defensa y tutela de su Patrimonio.
Los bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma de Canarias quedarán sometidos a las reglas generales del Derecho privado, siendo por tanto alienables y prescriptibles. Los actos preparatorios relativos a competencia y procedimiento quedarán sometidos a las reglas de Derecho Administrativo.
1. Los bienes de dominio privado son inembargables. No podrá despacharse mandamiento de ejecución ni dictarse providencia de embargo sobre estos bienes y derechos ni sobre las rentas, frutos o productos de los mismos, debiéndose estar a lo que disponga la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma.
2. Lo anterior no exime a la Administración de cumplir las obligaciones que le vengan impuestas por cualquier título jurídico válido y suficiente.
En los bienes o derechos adquiridos por la Comunidad Autónoma bajo la carga o modalidad de su afectación permanente a determinados destinos, se entenderá cumplida y consumada cuando durante treinta años hubieran servido al mismo, aunque dejaran de estarlo por circunstancias sobrevenidas de interés público.
Adquisición de bienes patrimoniales
La adquisición de bienes y derechos patrimoniales por la Comunidad Autónoma de Canarias podrá efectuarse:
b) Mediante los correspondientes traspasos derivados de las transferencias o delegaciones de funciones o servicios del Estado, Entes Locales y otros Entes Públicos, de conformidad con las normas reguladoras de dichos traspasos.
c) A título oneroso, con ejercicio o no de la facultad de expropiación.
d) A título lucrativo.
e) Por accesión, ocupación, prescripción y demás formas admitidas en Derecho.
Todos los bienes y derechos se entienden adquiridos para el dominio privado de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de su posterior afectación al uso o servicio público, conforme a las Leyes y preceptos de este Reglamento.
La Comunidad Autónoma de Canarias entrará en posesión de los bienes que adquiera por los medios previstos en el Ordenamiento Jurídico. La Consejería de Hacienda deberá inscribir todo bien que adquiera en el Inventario General de Bienes de la Comunidad.
1. La inscripción en los Registros Públicos de los bienes de dominio privado y de los actos que sobre los mismos se dicten se ajustará a las normas sobre la materia.
2. El Organo competente de la Consejería de Hacienda promoverá la inscripción de los bienes patrimoniales a nombre de la Comunidad Autónoma de Canarias en los Registros Públicos.
3. Si los bienes pasaran a ser de dominio público, se dejará la debida constancia en el Registro de la Propiedad.
4. Las Entidades Públicas dependientes de la Comunidad que sean propietarias de bienes podrán promover directamente la inscripción en los Registros Públicos de sus bienes de dominio privado, sin perjuicio de la obligación de comunicar a la Consejería de Hacienda las incidencias que se produzcan, a los efectos de la debida toma de razón en el Inventario.
Adquisición por ejercicio de la potestad expropiatoria
Las adquisiciones a título oneroso y de carácter voluntario, que provengan del ejercicio de la potestad expropiatoria, se ajustarán a su normativa específica. Estas adquisiciones llevarán aparejadas la afectación tácita de los bienes a los fines que determinaron su declaración de utilidad pública o interés social, así como su adscripción.
Adjudicaciones judiciales y administrativas
En las adquisiciones de bienes y derechos por la Comunidad Autónoma dimanantes de procedimientos judiciales o administrativos, la Consejería de Hacienda dispondrá ante todo que se identifique y se proceda a su tasación pericial. Cumplimentados tales trámites se formalizará, si procede, la calificación patrimonial del bien o derecho adjudicado y se inscribirá en el Inventario General de la Comunidad así como en el Registro Público correspondiente.
Adquisición de bienes inmuebles a título oneroso
Las adquisiciones a título oneroso de los edificios o terrenos que precise la Comunidad Autónoma para el cumplimiento de sus fines y gestión de sus intereses, serán acordadas, cualquiera que sea su cuantía y el Departamento a que deben ir destinados, por la Consejería de Hacienda, mediante concurso o contratación directa.
1. El Organo competente de la Consejería de Hacienda incoará el oportuno expediente de contratación patrimonial para la adquisición del correspondiente bien inmueble. A tal objeto redactará el Pliego de Condiciones del concurso, el cual deberá contener, como mínimo, la justificación del objeto y finalidad inmediata de la adquisición, las características urbanísticas básicas de la finca o fincas; la forma de pago; la partida con cargo a la cual se hará el mencionado pago, y el modelo de la proposición.
2. El expediente de contratación, previo informe de los Servicios Jurídicos de la Comunidad y de la Intervención General, será elevado al Consejero de Hacienda para su aprobación.
Una vez aprobado el expediente por Orden del Consejero de Hacienda, se publicará la correspondiente convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias y, facultativamente, en otros periódicos de gran circulación del Archipiélago. La convocatoria deberá contener los datos señalados en el artículo anterior y, además, indicación del plazo, que no será inferior a un mes, lugar y hora en que deberán presentarse las proposiciones y también, lugar, día y hora en que deberá realizarse la apertura de plicas.
Podrán tomar parte en el concurso las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan capacidad jurídica y de obrar plena o que estén asistidas de medios legales para completarla, así como que posean capacidad para contratar con las Administraciones Públicas, con arreglo a las normas que rigen la contratación administrativa.
1. Las proposiciones para el concurso se presentarán en sobre cerrado en el Registro General de la Consejería de Hacienda y se ajustarán al modelo de los documentos que en el mismo se exijan. Los licitadores estarán facultados, no obstante, para sugerir las modificaciones que no supongan alteración fundamental de las bases del concurso.
2. Deberán concretar el precio ofrecido y acompañarán los documentos o justificantes necesarios que acrediten la disponibilidad que el oferente tiene sobre el bien que oferta.
Las plicas serán abiertas por una Mesa de Contratación formada por:
a) El titular del Organo de la Consejería de Hacienda competente en materia patrimonial o funcionario adscrito a dicho Centro Directivo en quien delegue, como Presidente.
b) Un Letrado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad.
c) El Interventor Delegado de la Consejería de Hacienda.
d) El Jefe del Servicio de Patrimonio.
e) Un representante del Departamento al cual deba afectarse el bien, en su caso.
f) Un funcionario del referido Servicio, designado por el Presidente, que actuará como Secretario, con voz y sin voto.
El día señalado en el anuncio de licitación se constituirá la Mesa y se procederá al examen y calificación de los documentos presentados en tiempo y forma, dándose lectura a continuación a las proposiciones admitidas, debiéndose formular por la Mesa, previa deliberación, una propuesta de adjudicación. Los vocales disidentes de la mayoría podrán hacer constar en el Acta de la sesión el voto contrario debidamente motivado.
1. La adjudicación definitiva se hará por resolución del Consejero de Hacienda, previa valoración técnica, a la vista del Acta de la Mesa, teniendo éste alternativamente la facultad de optar por la proposición más ventajosa, sin atender necesariamente al valor económico de la misma, o declarar desierto el concurso.
2. Todas las adjudicaciones serán objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad. Autónoma, con indicación sucinta de las características de la adquisición.
No será necesario promover una nueva licitación cuando la previamente convocada hubiera resultado desierta o quebrada.
La formalización notarial del contrato de adquisición, cuyos gastos serán a cargo del vendedor si así se estableciere en el Pliego de Condiciones, será realizada por el Organo competente de la Consejería de Hacienda o persona en quien delegue procediéndose a solicitar la inscripción en el Registro de la Propiedad y a practicar previamente la inscripción en el Inventario General de la Comunidad.
1. Por declaración expresa del Consejero de Hacienda a propuesta justificada del titular del Departamento interesado o del que dependa el Organismo Autónomo o Ente Público de Derecho privado, podrá prescindirse del trámite de concurso y autorizarse la adquisición directa cuando así la requieran la singularidad de la necesidad de satisfacer, la extrema urgencia de la adquisición o las limitaciones de mercado inmobiliario de la localidad donde esté sito el inmueble. En tales casos, se solicitarán, siempre que sea posible, como mínimo tres ofertas.
2. Las razones que justifiquen la adquisición directa se motivarán en el expediente que se instruya al efecto y serán objeto de publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
En defecto de las normas contenidas en el artículo anterior, serán de aplicación las disposiciones generales reguladoras de la contratación administrativa, las cuales tendrán siempre carácter supletorio.
En supuestos excepcionales, y a fin de agilizar el procedimiento de adquisición, todas o algunas de las facultades a que se refieren los artículos anteriores, podrán atribuirse por el Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda, a otras Consejerías, Organismos o Entes de la Administración de la Comunidad.
Adquisición de bienes inmuebles a título gratuito
Toda adquisición a título gratuito de bienes y derechos en favor de la Comunidad Autónoma de Canarias, requerirá su aceptación por Decreto del Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda.
En la tramitación de estos expedientes serán preceptivos los informes de los Servicios Jurídicos de la Comunidad y de la Intervención General, así como el del Organo competente en materia de gestión patrimonial.
Artículo 78 bis introducido por el número 1 del artículo 33 del D [CANARIAS] 48/2009, 28 abril, por el que se establecen en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante la crisis económica y de simplificación administrativa («B.O.I.C.» 12 mayo).
Una vez publicado el Decreto se procederá al otorgamiento de la escritura de donación, en la que ostentará la representación de la Comunidad Autónoma el Organo que de conformidad con el presente Reglamento y con las normas orgánicas del Departamento, tenga atribuida la representación extrajudicial de la Comunidad Autónoma de Canarias, o funcionario de dicho Centro Directivo en quien delegue.
Artículo 79 redactado por el número 2 del artículo 33 del D [CANARIAS] 48/2009, 28 abril, por el que se establecen en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante la crisis económica y de simplificación administrativa («B.O.I.C.» 12 mayo).
La adquisición "mortis causa" podrá ser a título de herencia, legado o donación. La herencia se entenderá siempre aceptada a beneficio de inventario. No se podrá renunciar a herencias, legados o donaciones si no es por Decreto acordado por el Gobierno, previo expediente en el que se demuestre la existencia de causa justificada.
No se podrán adquirir bienes y derechos a título gratuito cuando el valor global de las cargas, gravámenes o afecciones impuestas sobre los mismos sobrepasen su valor intrínseco, según resulte de la previa tasación realizada por la Consejería de Hacienda, y con los informes señalados en el artículo 78 de este Reglamento.
La adquisición de los bienes muebles a título oneroso, necesarios para el desenvolvimiento de los servicios públicos y que tengan la calificación legal de suministro se regirá por la Ley de Contratos del Estado y Reglamento General de Contratación.
La competencia para acordar y realizar la adquisición corresponderá a la Consejería, Organismo o Entidad, dependientes de la Administración Pública de Canarias que haya de utilizarlos. No obstante, el Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda, podrá acordar la constitución de un Organo que centralice la adquisición de determinados bienes. Tal Organo estará adscrito a la Consejería de Hacienda sin perjuicio de que en el mismo estén representadas las demás Consejerías.
Cuando los bienes objeto de adquisición tengan carácter de interés o valor histórico-artístico, deberá solicitarse el correspondiente dictamen de los Servicios Técnicos de la Consejería competente en la materia.
Arrendamiento de bienes a favor de la Comunidad Autónoma
Los arrendamientos de los bienes inmuebles necesarios para las finalidades de la Comunidad Autónoma de Canarias y para la gestión de sus propios intereses serán concertados por la Consejería de Hacienda, mediante concurso público o contratación directa, conforme al procedimiento exigido para las adquisiciones de inmuebles en propiedad que se regulan en este Reglamento.
El contrato será firmado por el Organo de la Consejería de Hacienda a que se refiere el artículo 79 del presente Reglamento, o funcionario en quien delegue, adscrito a dicha Consejería.
Concertado el arrendamiento y puesto el inmueble a disposición del Organismo Autónomo o Ente Público de Derecho privado que haya de utilizarlo, corresponderá a la Consejería respectiva adoptar cuantas medidas sean necesarias e incumban, según Ley, al arrendatario para mantener el inmueble en condiciones de servir en todo momento al fin que se destinen, sin perjuicio de las funciones que competen a los Servicios Jurídicos de la Administración de la Comunidad en orden a la defensa en juicio de los derechos de ésta como arrendataria.
1. Las incidencias que surjan en la ejecución de tales contratos de arrendamiento serán resueltas por la Consejería de Hacienda, previo informe de la Intervención General y de los Servicios Jurídicos de la Comunidad.
2. En particular serán autorizadas por el Organo competente de dicho Departamento las solicitudes de actualización, revisión o incremento de rentas.
1. Cuando la finca arrendada deje de ser necesaria para el servicio de la Consejería correspondiente, ésta lo pondrá en conocimiento de la Consejería de Hacienda, la cual, antes de resolver voluntariamente el contrato, comprobará que no es necesaria para cualquier otra Consejería o servicios dependientes de la misma.
2. Compete a la Consejería de Hacienda acordar, en todo caso, la resolución voluntaria de los contratos de arrendamiento de inmuebles, a petición de la Consejería interesada.
Lo señalado en los artículos anteriores será de aplicación al arrendamiento de los bienes muebles, salvo en lo relativo a la competencia para adoptar el oportuno acuerdo que corresponderá a la Consejería, Organismo o Ente que los precise. No obstante, corresponderá a la Consejería de Hacienda la concertación de los arrendamientos cuya cuantía supere la cantidad de cinco millones de pesetas (5.000.000) anuales. Esta cifra podrá ser revisada por la Consejería de Hacienda.
A partir de: 21 febrero 2003
Artículo 90 redactado por la Disposición Adicional 4.ª del D [CANARIAS] 8/2003, 31 enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio («B.O.I.C.» 20 febrero).
En la tramitación de los contratos de arrendamiento venta, arrendamiento financiero "leasing" y demás contratos mixtos de adquisición y arrendamiento, se aplicará, según la naturaleza y la cuantía de la operación concertada, lo dispuesto en los artículos anteriores.
Adquisición onerosa de propiedades incorporales
1. El expediente para la adquisición de derechos de propiedad industrial o intelectual -que comprende los de autor, edición y demás regulados en la normativa vigente- y aquellos otros que recaigan sobre propiedades incorporales, se iniciará por el Departamento interesado y lo tramitará la Consejería de Hacienda, debiendo recabar los informes de los Servicios Jurídicos de la Comunidad y de la Intervención General.
2. El acuerdo de adquisición se hará mediante Orden del Consejero de Hacienda.
Adquisición a título oneroso de cuotas, partes alícuotas o títulos representativos de capital
1. La adquisición onerosa de cuotas, partes alícuotas o títulos representativos del capital de empresas constituidas de acuerdo con el Derecho privado, así como su creación cuando a consecuencia de ello la Comunidad Autónoma de Canarias pase a constituirse en socio o partícipe mayoritario, será acordada por el Gobierno, a propuesta del Consejero de Hacienda y oída la Consejería competente por razón de la materia.
2. Cuando no se dé el supuesto anterior, la competencia para tales actos la ostenta el Consejero de Hacienda.
3. Corresponderá a la Consejería de Hacienda la tramitación de tales expedientes, la formalización, en nombre de la Comunidad, de los actos de adquisición y la custodia de los títulos o de los resguardos de depósito correspondientes.
A partir de: 28 septiembre 2000
Artículo 93 derogado por la Disposición Derogatoria Unica del D [CANARIAS] 176/2000, 6 septiembre, por el que se establecen normas sobre la creación y disolución de sociedades mercantiles públicas, y sobre la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en sociedades mercantiles («B.O.I.C.» 27 septiembre).
1. Si los valores mobiliarios son de cotización oficial, su adquisición se realizará en Bolsa a precio de cotización.
2. Si no lo fueran, su adquisición se realizará con intervención de fedatario público, por precio o contraprestación, que no podrá superar el valor teórico de las mismas salvo autorización mediante acuerdo del Gobierno.
3. El Centro Directivo de la Consejería de Hacienda competente en materia de política financiera emitirá en este último caso el informe sobre el indicado valor teórico.
Artículo 94 derogado por la Disposición Derogatoria Unica del D [CANARIAS] 176/2000, 6 septiembre, por el que se establecen normas sobre la creación y disolución de sociedades mercantiles públicas, y sobre la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en sociedades mercantiles («B.O.I.C.» 27 septiembre).
1. La participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en el capital de empresas mercantiles, como consecuencia de la adquisición, no podrá ser inferior al 10 por ciento del capital social.
2. El Gobierno podrá acordar la aportación a cualquiera de dichas empresas de bienes de dominio privado de la Comunidad.
Artículo 95 derogado por la Disposición Derogatoria Unica del D [CANARIAS] 176/2000, 6 septiembre, por el que se establecen normas sobre la creación y disolución de sociedades mercantiles públicas, y sobre la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en sociedades mercantiles («B.O.I.C.» 27 septiembre).
Accesión, ocupación y prescripción
La accesión en sus diversas modalidades y la ocupación de bienes inmuebles por la Comunidad Autónoma se regularán por lo establecido en el Código Civil y leyes especiales.
1. La Comunidad Autónoma podrá prescribir a su favor bienes y derechos con arreglo a las leyes comunes, sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales.
2. Los particulares podrán usucapir a su favor los bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con las leyes comunes.
Enajenación y gravamen de bienes patrimoniales
1. Toda enajenación de bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma de Canarias exigirá la instrucción de un expediente en el que se justifique la conveniencia de la enajenación, las condiciones impuestas para la misma, y se acredite el cumplimiento de los requisitos que el Ordenamiento Jurídico prevea para su realización.
2. Con carácter previo, deberá procederse a la depuración de la situación física o jurídica, si es que resulta necesaria.
3. Se entenderá por depuración de la situación física la práctica del deslinde, recuperación de oficio o acción jurídica necesaria para la clarificación de la situación del inmueble. Y por depuración de la situación jurídica, la inscripción en el Registro de la Propiedad si ya no lo estuviere.
4. Cuando el bien tenga la condición de dominio público deberá previamente desafectarse, en cuyo expediente de desafectación podrá al mismo tiempo declararse su alienabilidad.
En todo caso en dicho expediente, tramitado conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento, deberá figurar la declaración de alienabilidad de los bienes inmuebles y la de aquellos no inmuebles cuyo valor unitario supere los límites fijados para ser inventariados.
1. No podrán enajenarse bienes que se hallaren en litigio, salvo que el adquirente asuma voluntariamente el riesgo del resultado del mismo.
2. Igualmente, si llega el caso, deberán suspenderse los procedimientos de adjudicación que estuvieren en trámite.
No podrán gravarse los bienes y derechos patrimoniales de la Comunidad Autónoma de Canarias sino con los requisitos establecidos en este Reglamento para su enajenación.
Las transacciones así como el sometimiento a arbitraje de las contiendas que se susciten sobre ellas, se acordarán por Decreto del Gobierno, a propuesta del Consejero de Hacienda, previo dictamen del Consejo Consultivo de Canarias.
Enajenación de bienes y derechos a título gratuito
La enajenación de bienes y derechos a título gratuito deberá ser autorizada por el Pleno del Parlamento de Canarias, salvo lo previsto expresamente por normas con rango de Ley Estatal o de la Comunidad Autónoma de Canarias.
1. Para la enajenación a título gratuito de bienes inmuebles, se requerirá la previa declaración de alienabilidad por la Consejería de Hacienda, así como la instrucción del correspondiente expediente de cesión gratuita por parte de la misma Consejería, que deberá elevarse al Gobierno para la remisión, en su caso, al Parlamento a efectos de la autorización a que se refiere el artículo anterior.
2. El mismo procedimiento deberá seguirse para la enajenación gratuita de los bienes no inmuebles, cuyo valor unitario supere los límites fijados para ser inventariados.
La autorización del Parlamento contendrá cuantos condicionamientos, limitaciones y garantías estime oportunas y, en particular:
Autorizada por el Pleno del Parlamento la enajenación gratuita de los bienes, corresponderá a la Consejería de Hacienda realizar los trámites conducentes a la formalización de la misma. A tal efecto, ostentará la representación de la Comunidad Autónoma de Canarias en la firma de los oportunos documentos el titular del Organo de la Consejería de Hacienda competente en materia patrimonial o funcionario adscrito a dicho Centro Directivo en quien delegue. Dicha escritura se inscribirá, en caso de tratarse de bienes inmuebles, en el Registro de la Propiedad con la expresa consignación de las condiciones, limitaciones y causas de resolución a que la enajenación gratuita se halle sujeta.
1. Incumplidos los condicionamientos, limitaciones y garantías impuestas o por transcurso del plazo previsto, los bienes y derechos revertirán al Patrimonio de la Comunidad Autónoma en pleno derecho y con el mismo título que fueron enajenados.
2. La Comunidad Autónoma tendrá derecho a percibir, en caso de reversión, el valor de los detrimentos o deterioros experimentados por los bienes, previa tasación pericial.
3. La Consejería de Hacienda adoptará las medidas que estime oportunas para vigilar la aplicación efectiva de las condiciones impuestas y promoverá en su caso el expediente de reversión de los bienes.
Enajenación de bienes inmuebles a título oneroso
La enajenación a título oneroso de los inmuebles patrimoniales de la Comunidad Autónoma de Canarias, requerirá la previa declaración de su alienabilidad que será dictada, en su previo expediente, por el Consejero de Hacienda.
En el expediente se harán constar los siguientes extremos:
a) Que el bien no tiene la condición de dominio público. Cuando el bien tenga la condición de demanial, la declaración de alienabilidad deberá seguir el procedimiento previsto para la desafectación de los bienes demaniales.
b) Justificación de la conveniencia de la enajenación del bien por no ser necesario para las funciones a desarrollar por la Comunidad Autónoma.
c) Descripción física del bien. No podrán ser objeto de declaración de alienabilidad los bienes que se encuentren en litigio.
d) Incorporación de la ficha de la inscripción del bien en el inventario, confeccionándose la misma si por cualquier circunstancia no figurara incluida la finca en el Inventario General.
e) Informe del Departamento que tenga encomendada la administración o gestión del bien.
f) Cumplimiento de los demás requisitos exigidos por las leyes especiales. La Orden será publicada en el Boletín Oficial de Canarias.
Antes de iniciarse los trámites conducentes a la enajenación del inmueble, la Consejería de Hacienda instruirá el expediente de venta o enajenación en el que se practicarán las siguientes actuaciones:
a) Se procederá a depurar la situación física y jurídica del inmueble, practicándose su deslinde, si fuera necesario, e inscribiéndose en el Registro de la Propiedad si ya no lo estuviera.
b) Tasación de la finca por Perito designado al efecto por la Consejería de Hacienda. A la vista de los datos contenidas en la ficha del Inventario General, el Perito procederá sobre el terreno a verificar las características físicas, haciendo referencia de las mismas en la hoja de tasación que formule.
c) Formulada por el Perito la correspondiente hoja de tasación e informada por los Servicios Jurídicos y la Intervención General de la Comunidad Autónoma, se elevará a la aprobación de la Consejería de Hacienda. La tasación aprobada, con las modificaciones que se estimen convenientes, por la Consejería de Hacienda, servirá para determinar la autoridad a quien compete acordar la enajenación y en su caso el tipo para la subasta que haya de celebrarse.
La aprobación de la enajenación será acordada por el Consejero de Hacienda si la tasación pericial no excede de 20 millones; si supera dicho valor sin exceder de 100 millones de pesetas, corresponderá al Gobierno a propuesta del Consejero de Hacienda; y si supera ese último valor, deberá ser autorizada por Ley del Parlamento de Canarias.
Aprobada por el Organo competente la enajenación del inmueble o inmuebles, el procedimiento ordinario de venta será el de subasta pública, que podrá ser sustituido, cuando por razones de urgencia u otras debidamente justificadas lo aconsejen, por el de enajenación directa por Orden del Consejero de Hacienda cuando el valor de tasación del inmueble fuere inferior a 10 millones de pesetas, o acuerdo del Gobierno si el valor de tasación fuera superior.
Si la enajenación ha de sujetarse a los trámites de subasta pública, por la Consejería de Hacienda se anunciará la misma en el Boletín Oficial de Canarias y en dos periódicos de gran circulación en el territorio de la Comunidad Autónoma, con un mínimo de veinte días de anticipación. En dichos anuncios se harán constar los siguientes extremos:
a) Orden de declaración de alienabilidad del bien en cuestión con expresión de la fecha de su publicación, y acuerdo de aprobación de la enajenación, dictada por el Organo competente.
b) El día, la hora y el lugar en que se haya de celebrar la subasta.
c) Mesa ante la cual ha de tener lugar la misma.
d) Término municipal a que los bienes corresponden.
e) Bien o bienes a enajenar, con expresión de las circunstancias jurídicas y físicas que permitan su identificación y mención de su naturaleza de dominio privado de la Comunidad Autónoma.
f) Cantidad que ha de servir de tipo para la subasta.
1. Podrán tomar parte en la subasta todas aquellas personas que tengan capacidad para contratar, de acuerdo con la legislación civil, sin perjuicio de la aplicación de las causas de incapacidad o de prohibición de contratar, previstas en la legislación básica sobre contratación administrativa y en la específica de la Comunidad Autónoma de Canarias.
2. Cuando las características de la enajenación lo justifiquen, previo acuerdo de la Consejería de Hacienda, podrá exigirse para la concurrencia a la subasta la consignación del 20 por ciento de la cantidad del tipo de licitación ante la Mesa o acreditar su depósito previo en la Tesorería de la Comunidad.
La subasta se efectuará en el lugar y hora señalados en el anuncio, ante una Mesa, presidida por el titular del Organo de la Consejería de Hacienda competente en materia de Patrimonio o funcionario en quien delegue, un Letrado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, un representante de la Intervención General, el Jefe del Servicio de Patrimonio de la Consejería de Hacienda y un funcionario de la misma, que actuará de Secretario, con voz y sin voto.
A la hora en punto señalada para la subasta, el Presidente de la Mesa la declarará abierta. Acto seguido, se recibirán los comprobantes de haberse efectuado los depósitos, así como las consignaciones que hayan en aquel mismo momento o durante un plazo que fije prudencialmente el Presidente de la Mesa.
1. Acabado este periodo, se abrirá la licitación y se admitirán las posturas que gradualmente vayan mejorando el tipo de licitación, hasta que dejen de hacerse proposiciones. Por el Presidente se declarará mejor rematante y adquirente al licitador que haya hecho la propuesta más elevada.
2. En el momento en que termine la subasta se devolverán las consignaciones y resguardos que, en su caso, se hubieren hecho a los licitadores no adjudicatarios.
1. De todas las propuestas e incidencias producidas se extenderá la correspondiente Acta, que será firmada por los componentes de la Mesa y el mejor postor.
2. El Acta de la subasta se elevará a la firma del Consejero de Hacienda en el plazo de cinco días, junto con la correspondiente propuesta de aprobación.
1. La Orden de aprobación de la adjudicación será firmada por el Consejero de Hacienda y publicada acto seguido en el Boletín Oficial de Canarias.
2. La mencionada Orden deberá contener la fecha de la subasta, la situación del inmueble, el precio de adjudicación y el nombre del adquirente.
3. Se practicará también comunicación personal al adjudicatario, el cual dispondrá de quince días para realizar el pago.
1. En el supuesto de que la primera subasta quede desierta se podrán realizar hasta tres subastas ordinarias.
2. El tipo de venta para la primera subasta se fijará con arreglo a lo dispuesto en el art. 110 c). El de cada una de las consecutivas será fijado por el Consejero de Hacienda, bien repitiendo el de la anterior o reduciendo hasta un 15 por ciento el tipo.
3. La segunda, tercera y cuarta subastas se celebrarán en el caso de que las anteriores hubieren quedado desiertas, y bastará con que los anuncios respectivos sean publicados con veinte días de antelación al señalado para la celebración de las mismas.
4. Si de las cuatro subastas sucesivas no resultare adjudicatario, el Consejero de Hacienda lo comunicará al Organo competente, para que se determine si se vuelve a subastar con un tipo más bajo o se desiste de la venta; en caso de que el acuerdo fuere de suspensión temporal de las subastas y transcurriera más de un año desde el mencionado acuerdo, se deberá hacer una nueva tasación pericial que actualice el valor del bien.
5. Si alguna subasta resultare en quiebra por incumplimiento de las obligaciones del adjudicatario, la nueva subasta que se convoque conservará el mismo número de orden que ocupaba la declarada quebrada; ello sin perjuicio de que se pueda acordar la enajenación directa.
Los adjudicatarios harán suyos los frutos de los bienes desde el día de la notificación personal de la Orden de adquisición. Asimismo, tendrán derecho a la indemnización por los daños que la finca haya sufrido desde la tasación pericial hasta el día de la notificación personal de la Orden de adjudicación.
1. En los juicios de reivindicación, evicción y saneamiento está sujeta la Comunidad Autónoma de Canarias a las Reglas del Código Civil, así como a las cargas de las fincas no expresadas en el anuncio de la venta.
2. Las controversias que surjan se dilucidarán ante la jurisdicción competente, previo agotamiento de la vía gubernativa, conforme a lo dispuesto en la legislación de Procedimiento Administrativo.
1. La Administración está sometida al derecho de tanteo de los comuneros, colindantes, arrendatarios, etc., conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.
2. A tal efecto, una vez tasado el bien, la Administración notificará a quienes tengan derecho de tanteo la voluntad de enajenar y el precio de tasación.
3. El titular del derecho de tanteo deberá ejercitarlo dentro de los plazos establecidos en la legislación específica y adquirirá el inmueble en las condiciones ofertadas por el mejor licitador. Dichos plazos se computarán a partir de la notificación al titular del derecho del resultado de la licitación.
4. Los titulares del derecho de tanteo podrán ejercitarlo también en caso de contratación directa.
Si la Administración no hubiere notificado la adjudicación del contrato a quien tenga derecho de tanteo, podrá éste ejercitar el derecho de retracto conforme a la legislación específica.
1. Adjudicado el contrato se procederá a la devolución de la fianza depositada por quienes no hubieran resultado adjudicatarios.
2. No obstante, podrá preverse en el anuncio de licitación la retención de esta fianza por un periodo máximo de dos meses, transcurrido el cual sin que el adjudicatario cumpla sus obligaciones, podrá la Administración adjudicar directamente, sin necesidad de convocar una nueva subasta, al segundo mejor postor, quedando resuelto el contrato originario.
Enajenación de parcelas sobrantes, solares inedificables y fincas rústicas inexplotables
Los propietarios colindantes podrán adquirir directamente, mediante precio, con preferencia a cualquier otro solicitante, una vez publicada la declaración de alienabilidad, las parcelas sobrantes, solares inedificables o fincas rústicas que no constituyan una unidad económicamente explotable o no sean susceptibles de prestar utilidad de acuerdo con su naturaleza.
1. Para la calificación de las fincas a efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, la Consejería de Hacienda instruirá el correspondiente expediente atendiendo a lo dispuesto en las Leyes, Reglamentos u Ordenanzas Especiales que rijan la materia y, en su caso, a los planes de ordenación urbana vigentes y procederá a su correspondiente tasación.
2. La tasación aprobada por la Consejería de Hacienda servirá para determinar la autoridad a quien compete acordar la enajenación y, en su caso, para determinar el precio de ofrecimiento.
1. Acordada la enajenación de dichas fincas; por el Organo competente, la Consejería de Hacienda procederá a notificar personalmente a los colindantes, si fueren conocidos, el precio de tasación, otorgándoles un plazo de treinta días para que manifiesten por escrito su decisión al respecto.
2. En el caso de que todos o algunos de los propietarios colindantes no fueren conocidos, se publicará el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias con indicación de tales circunstancias.
1. Si solicitase la adjudicación más de un propietario colindante, será preferido el del inmueble de menor superficie, siempre que mediante su agrupación con la que pretenda adquirir llegue a constituir un solar edificable o superficie económicamente explotable o susceptible de prestar utilidad de acuerdo con su naturaleza; en otro caso, será preferido el propietario del inmueble colindante de mayor superficie.
2. Presentadas las correspondientes solicitudes y compromisos de aceptación del precio de tasación, y una vez informadas por los Servicios Jurídicos y la Intervención General de la Comunidad Autónoma, el Consejero de Hacienda acordará la venta en favor del peticionario seleccionado.
3. La venta será formalizada en escritura pública, acreditándose por el colindante cesionario en el acto del otorgamiento, haber satisfecho el precio de enajenación.
En el caso de que ninguno de los colindantes ejerciera el derecho de preferencia al que se refiere el precedente artículo, el Consejero de Hacienda, previa consulta con los Departamentos interesados por razón de la materia, y mediante resolución motivada, podrá optar entre enajenar dichas fincas en pública subasta, repetir el ofrecimiento a los colindantes, previa retasación, o retener las porciones del suelo como reserva patrimonial o para uso como zonas verdes o espacios libres.
Enajenación de bienes inmuebles propiedad de los Organismos Autónomos
1. Los bienes inmuebles de los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de Canarias, integrados en sus respectivos patrimonios y que, conforme a la legislación aplicable, no sean necesarios para el cumplimiento directo de sus fines, se incorporarán al Patrimonio de la Comunidad Autónoma previa desafectación, en su caso.
2. La entrega de los citados bienes se efectuará a través de la Consejería a la que estén afectos o adscritos los respectivos Organismos o Entidades, mediante Acta que suscribirán el titular de aquélla y el Consejero de Hacienda.
1. Se exceptúa de lo dispuesto en el artículo anterior, y en consecuencia podrán ser enajenados por los Organismos Autónomos, los bienes adquiridos por los mismos con el propósito de devolverlos al tráfico jurídico, en el ejercicio específico de las funciones que tengan atribuidas por sus normas reguladoras, así como los adquiridos para garantizar las reservas que tengan que constituir, en cumplimiento de dichas normas. Estas enajenaciones se regularán por las normas que sean de aplicación y, en su defecto, por las reglas del presente Reglamento.
2. Estas operaciones deberán ser comunicadas a la Consejería de Hacienda, con traslado de la documentación acreditativa correspondiente a las mismas. A tal efecto, dichos Organismos Autónomos se relacionarán con la Consejería de Hacienda a través de la Consejería a la que estén adscritos o de la que dependan.
Los bienes inmuebles patrimoniales de la Comunidad Autónoma de Canarias, declarados alienables, podrán ser permutados por otros, siempre que de la previa tasación pericial resulte que la diferencia de valor entre los bienes que se trate de permutar no sea superior al 50 por ciento del que lo tenga más alto.
1. El expediente de permuta será tramitado por la Consejería de Hacienda, de oficio o a instancia del Departamento interesado, aportándose a tal efecto los informes acerca de la conveniencia y justificación de la operación de permuta y las tasaciones periciales, tanto de los bienes de la Comunidad Autónoma como de los ajenos ofrecidos a cambio.
2. Si del expediente se dedujere que la permuta fuese conveniente a los intereses de la Comunidad Autónoma, la Consejería de Hacienda, previo informe de los Servicios Jurídicos y de la Intervención General de la Comunidad, elevará la propuesta de autorización de la permuta al Organo competente que por razón de la cuantía del valor más alto fuere competente para acordar la enajenación, conforme al art. 38. 3 de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma.
3. Cuando la diferencia del valor de las cosas permutadas supere el porcentaje previsto en el artículo anterior, previa la correspondiente tasación por la Consejería de Hacienda, el intercambio se regirá por el procedimiento previsto para la enajenación de bienes inmuebles, mediante adjudicación directa, siendo competente para la aprobación de la contratación el Organo a que corresponda, según la escala prevista en el art. 111 de este Reglamento.
La diferencia de valor entre los bienes permutados será abonada al tiempo de formalizar el contrato por la parte beneficiada.
1. Autorizada en forma legal la permuta de que se trate, corresponderá a la Consejería de Hacienda realizar los trámites conducentes a la formalización de los oportunos documentos públicos con los titulares de los inmuebles ajenos y, en su caso, a la posterior afectación de éstos al Departamento interesado.
2. A tales efectos, en el otorgamiento de las escrituras para formalizar las permutas, ostentará la representación de la Comunidad el titular del Organo competente en materia de gestión patrimonial o funcionario del Servicio en quien éste delegue.
Las permutas de bienes inmuebles reguladas en las Leyes especiales se regularán por sus normas específicas, si bien corresponderá autorizar la permuta al Organo que por razón de la cuantía fuere competente para acordar la enajenación, conforme a lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma.
1. La enajenación de bienes muebles inventariados competerá al Consejero del Departamento al que estuvieren adscritos.
2. El expediente de enajenación será tramitado por el propio Departamento que los utilice y deberá justificarse la conveniencia de la venta por razones de innecesidad o de renovación, así como la correspondiente tasación pericial, a cargo del propio Departamento si tuviere un servicio especializado en la materia, y en caso contrario, por los servicios técnicos de la Consejería de Hacienda, a solicitud de la interesada.
3. La aprobación de la enajenación será acordada por el Consejero del Departamento que los tuviere adscritos, si su valor de tasación no excediere de 20 millones de pesetas; si superase dicha cantidad, será necesario Acuerdo del Gobierno y autorización por Ley si el importe es superior a 100 millones de pesetas.
4. El Acuerdo de enajenación implicará, si es necesario, la desafectación de los bienes y dejará siempre sin efecto la correspondiente adscripción, si la hubiere.
Lo dispuesto en el artículo anterior, no será de aplicación cuando el Gobierno de Canarias por Decreto acuerde centralizar la enajenación de bienes muebles de determinada naturaleza o cuantía en la Consejería de Hacienda.
1. La enajenación de los bienes muebles se llevará a cabo mediante subasta pública, que se ajustará al mismo procedimiento que la de bienes inmuebles en cuanto sea aplicable.
2. La realización de la subasta podrá demorarse si la cuantía de los bienes a enajenar no aconseja celebrarla de modo inmediato.
El Consejero de Hacienda, cuando los bienes tuvieren un valor inferior a 10 millones de pesetas, o el Gobierno, si el valor fuere superior, podrá acordar, a propuesta del Departamento que promueva la enajenación, la sustitución de la subasta por la enajenación directa en atención a las peculiaridades de los bienes, las necesidades del servicio o la urgencia del caso.
Los bienes muebles adjudicados a la Comunidad Autónoma en procedimientos judiciales o administrativos podrán ser enajenados por subasta o contratación directa, por resolución del Consejero de Hacienda, si su valoración pericial no excediese de un millón de pesetas, o por el Gobierno, a propuesta del Consejero de Hacienda, en otro caso.
La enajenación de los bienes muebles propiedad de los Organismos Autónomos Administrativos se regirá por lo dispuesto en los artículos anteriores.
Las enajenaciones que lleven a cabo, de acuerdo con las normas reguladoras de su organización, funcionamiento y régimen jurídico, los Organismos Autónomos y Entidades Públicas que desarrollen actividades empresariales, comerciales o industriales, se regirán por las normas de Derecho privado, sin necesidad de previo procedimiento administrativo, pero dando cuenta siempre de las mismas a la Consejería de Hacienda, a efectos de su baja en el Inventario General.
Permutas de bienes muebles
1. El Gobierno, a propuesta del Consejero de Hacienda, podrá determinar mediante Decreto las categorías de bienes muebles patrimoniales que puedan ser objeto de permuta por otros ajenos.
2. Las autorizaciones de permuta se acordarán conforme a las reglas del art. 139.3.
3. Asimismo, el Gobierno, a propuesta de la Consejería correspondiente o de la que tuviera adscrito el Organismo Autónomo o Ente Público de Derecho privado interesado, y previo informe de la Consejería de Hacienda, podrá autorizar la permuta de bienes muebles concretos no comprendidos en las categorías expresadas anteriormente.
Enajenación de bienes muebles de desecho o inutilizados
Los bienes muebles que por su deterioro, depreciación, deficiente estado de conservación, desuso o inutilidad, resultaren inservibles para los servicios o para el normal aprovechamiento, serán considerados material no utilizable o de desecho.
1. Cuando un servicio estime conveniente enajenar determinado material, lo solicitará motivadamente del Consejero del Departamento al que estuviera adscrito. El correspondiente servicio patrimonial comprobará que el material cuya enajenación se propone, reúne los requisitos necesarios para ello y si, en su caso, está inscrito en el Inventario General, elevando la correspondiente propuesta al Consejero titular del Departamento.
2. Aprobada la propuesta, el Consejero titular del Departamento lo pondrá en conocimiento de la Consejería de Hacienda para que informe sobre si el material tiene o no aplicación para otros Servicios de la Comunidad Autónoma.
3. Si dicho informe no se emitiese en el plazo de quince días se entenderá que es favorable para proceder a su enajenación.
1. En el caso de que los bienes calificados como material no utilizable o de desecho no estuvieren inscritos en el Inventario General serán enajenados directamente por los distintos Departamentos.
2. En el supuesto de que los bienes estuvieren inventariados, serán enajenados en pública subasta, sin perjuicio de utilizar la vía prevista en el art. 141 del presente Reglamento.
3. Declarada desierta la primera subasta podrán ser enajenados directamente por los distintos Departamentos.
Tanto en la subasta como en las enajenaciones directas se procurará, cuando se trate de material homogéneo a un grupo de unidades, formar lotes de dicho material, asignando a cada uno un número y un valor de tasación.
Lo dispuesto en los anteriores artículos no será de aplicación en los siguientes casos:
a) Cuando por Decreto del Gobierno se haya centralizado la enajenación de los bienes en la Consejería de Hacienda.
b) Cuando se trate de vehículos y bienes informáticos, los cuales se regirán por las previsiones específicas contenidas en los arts. 176, 177, 183, 184 y 185, de este Reglamento, respectivamente.
c) Cuando la enajenación se lleve a cabo por Organos y Entidades Públicas que desarrollen actividades empresariales, comerciales o industriales. En tal caso, dichas enajenaciones se regirán por las normas de Derecho privado, sin necesidad de previo procedimiento administrativo.
Cesión de uso de bienes inmuebles
El Gobierno de Canarias, a propuesta del Consejero de Hacienda, podrá ceder gratuitamente el uso de los bienes inmuebles patrimoniales de la Comunidad Autónoma, cuya afectación o explotación no se juzgue previsible, a favor de Instituciones, Corporaciones Públicas, Confesiones Religiosas, Organizaciones Sindicales y Patronales y, en general, asociaciones sin ánimo de lucro, que deberán emplearlos para fines de utilidad o interés social.
1. Para acreditar el carácter de estas Entidades e Instituciones y la concurrencia de la utilidad o interés público, se estará a lo dispuesto en la legislación del Estado y de la propia Comunidad Autónoma de Canarias.
2. En todo caso, será de aplicación lo dispuesto en este artículo a las Entidades previstas en la Ley 8/1986, de 18 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
Las cesiones gratuitas habrán de solicitarlas del Consejero de Hacienda los legítimos representantes de los Organismos y Entidades interesados en la cesión de los bienes.
b) Justificación documental demostrativa de que las Entidades o Instituciones reúnen algunas de las cualidades indicadas en el art. 152 de este Reglamento y que cuentan con los medios necesarios para alcanzar los fines propuestos de utilidad o interés social.
c) Memoria demostrativa de que los fines que persiguen con la cesión han de redundar de manera manifiesta en beneficio de los habitantes de la Comunidad Autónoma.
Recibida la petición, se instruirá por la Consejería de Hacienda el correspondiente expediente, con arreglo a los siguientes trámites:
a) Comprobación de si existen o no realmente los bienes interesados y si sus características concuerdan con las expuestas por los solicitantes. Si, en caso afirmativo, consta que pertenecen a la Comunidad Autónoma, se verificará si los bienes se hallan inscritos en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad y en el Registro de la Propiedad.
b) Informe del Departamento encargado de la administración o gestión de los bienes solicitados.
c) Informe del Servicio de Patrimonio de la Consejería de Hacienda a fin de determinar que la afectación o explotación de los mismos no se juzga previsible por la propia Comunidad Autónoma.
d) Comprobación de si la entidad solicitante viene realizando o puede realizar los fines de utilidad pública o interés social que se alegan en la petición.
Instruido el expediente con informe de los Servicios Jurídicos y de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, se elevará al Consejero de Hacienda, quien, en su caso, antes de elevar la correspondiente propuesta al Gobierno, someterá la petición a información pública por plazo no inferior a quince días.
1. El Gobierno de Canarias, a la vista de la propuesta elevada por el Consejero de Hacienda, fijará en su acuerdo el plazo y condiciones a que se subordina la cesión de uso del bien.
2. Aprobada la autorización de cesión de uso del bien solicitada, se formalizará por el Organo competente de la Consejería de Hacienda la correspondiente escritura pública, que se inscribirá en el Registro de la Propiedad, con expresa consignación de las causas de resolución de la cesión y en especial las relativas al uso o destino del bien, y plazo en que debe ser aplicado a los fines previstos.
1. Compete a la Consejería de Hacienda adoptar las medidas que estime oportunas para vigilar la aplicación efectiva, plena conservación y reposición, en su caso, de los bienes cedidos a los fines expresados en el acuerdo de cesión.
2. Si en el plazo previsto en el acuerdo de cesión, los bienes cedidos no fueren destinados al uso previsto o dejaren de serlo, la Consejería de Hacienda declarará resuelta la cesión y la Comunidad Autónoma de Canarias recuperará la disponibilidad de los bienes cedidos con todas sus pertenencias y accesorios, y con derecho a percibir, previa tasación pericial, el valor de los daños y perjuicios experimentados por los mismos.
Las cesiones gratuitas de uso de los bienes inmuebles propios de la Comunidad Autónoma, cuya afectación o explotación no se juzgue previsible a favor de otras Comunidades Autónomas, y a Estados extranjeros o Entes internacionales para el desarrollo de actividades culturales, de acuerdo con aquellos tratados suscritos por el Estado español, se regirán por las normas y procedimientos regulados en los anteriores apartados y, en su defecto, por lo previsto en las Leyes, Tratados Internacionales y Acuerdos de Cooperación entre Comunidades Autónomas.
Enajenación de derechos de propiedad industrial o intelectual
La enajenación de derechos de propiedad industrial o intelectual, de los que sean titulares la Comunidad Autónoma o sus Organismos Autónomos, cuando su explotación por la propia Administración no se juzgue conveniente, será acordada por el Gobierno, a propuesta del Consejero de Hacienda.
1. La enajenación habrá de llevarse a efecto, por regla general, mediante subasta, excepto cuando el Gobierno, a propuesta del Consejero de Hacienda, autorice la enajenación directa por razones de interés público debidamente acreditadas en expediente instruido al efecto, y que se harán públicas en el Boletín Oficial de Canarias.
2. Serán de aplicación, a la subasta y enajenación directa, las normas contenidas en la Ley del Patrimonio y en este Reglamento, para los bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de aquellos derechos.
Enajenación de títulos representativos de capital
1. La enajenación de títulos representativos de capital de propiedad de la Comunidad Autónoma en empresas mercantiles, o de los derechos de suscripción que le correspondan, requerirá Acuerdo del Gobierno, a propuesta del Consejero de Hacienda, cuando el valor de los que se pretenda enajenar suponga para la Comunidad Autónoma la pérdida de su condición de socio mayoritario o se trate de la enajenación de la totalidad de las acciones de que la Comunidad Autónoma disponga en la respectiva entidad mercantil.
2. Asimismo, será necesaria autorización del Gobierno cuando el valor de las acciones a enajenar supere la cantidad de cincuenta millones (50.000.000) de pesetas.
3. Si excediese de doscientos cincuenta millones (250.000.000) se requerirá autorización por Ley del Parlamento de Canarias.
4. En los demás casos, de conformidad con el art. 6.3 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, corresponderá al Consejero de Hacienda autorizar la enajenación de los títulos representativos o de los derechos de suscripción.
Artículo 162 derogado por la Disposición Derogatoria Unica del D [CANARIAS] 176/2000, 6 septiembre, por el que se establecen normas sobre la creación y disolución de sociedades mercantiles públicas, y sobre la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en sociedades mercantiles («B.O.I.C.» 27 septiembre).
En ningún caso, podrá acordar el Gobierno dentro de un mismo año la enajenación de títulos representativos del capital que, mediante fraccionamientos sucesivos de enajenaciones, impliquen la pérdida de la condición de socio mayoritario, pudiéndolo hacer en varias fases o anualidades.
Artículo 163 derogado por la Disposición Derogatoria Unica del D [CANARIAS] 176/2000, 6 septiembre, por el que se establecen normas sobre la creación y disolución de sociedades mercantiles públicas, y sobre la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en sociedades mercantiles («B.O.I.C.» 27 septiembre).
1. En todos los casos anteriores, constituirá requisito previo del acuerdo de enajenación, la declaración de alienabilidad que será adoptada por el Consejero de Hacienda.
2. La declaración, que se acompañará a la propuesta de enajenación, acreditará la conveniencia, oportunidad y procedimiento de la misma, en atención a las características de los títulos, la situación del mercado de capitales y el interés comunitario, en relación con la planificación de la actividad económica de Canarias, en el marco adoptado en la planificación económica general.
Artículo 164 derogado por la Disposición Derogatoria Unica del D [CANARIAS] 176/2000, 6 septiembre, por el que se establecen normas sobre la creación y disolución de sociedades mercantiles públicas, y sobre la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en sociedades mercantiles («B.O.I.C.» 27 septiembre).
Una vez adoptado el acuerdo de enajenación por el Organo competente, ésta se ajustará al siguiente procedimiento:
a) Si los títulos que se trata de vender se cotizan en Bolsa la Consejería de Hacienda los enviará a la Junta Sindical correspondiente en una o varias remesas, junto con la oportuna orden de venta en la que se transcribirá el acuerdo de enajenación adoptado y se hará constar el concepto presupuestario al que deberá aplicarse el líquido resultante de la operación, que deberá ingresarse en el Tesoro.
b) Tan pronto como la Junta Sindical haya llevado a efecto el precitado ingreso, procederá a comunicarse a la Consejería de Hacienda, acompañando el oportuno justificante y la liquidación de los gastos de la operación, que deducido del producto bruto hayan determinado el líquido a ingresar.
Artículo 165 derogado por la Disposición Derogatoria Unica del D [CANARIAS] 176/2000, 6 septiembre, por el que se establecen normas sobre la creación y disolución de sociedades mercantiles públicas, y sobre la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en sociedades mercantiles («B.O.I.C.» 27 septiembre).
Si los títulos no se cotizan en alguna de las Bolsas Nacionales, se enajenarán mediante subasta pública, a menos que el Gobierno, a propuesta del Consejero de Hacienda, acuerde la enajenación directa. En este último caso, se seguirán las normas generales de bienes inmuebles en todo aquello que sea aplicable y la transmisión se hará con intervención de Corredor de Comercio o Notario.
Artículo 166 derogado por la Disposición Derogatoria Unica del D [CANARIAS] 176/2000, 6 septiembre, por el que se establecen normas sobre la creación y disolución de sociedades mercantiles públicas, y sobre la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en sociedades mercantiles («B.O.I.C.» 27 septiembre).
Cuando por las características de la operación fuese preceptivo o aconsejable la intervención de algún Instituto de Crédito, o cuando el Gobierno, a propuesta del Consejero de Hacienda, estimase conveniente no acudir a la Bolsa, el procedimiento a seguir en cada caso se determinará por el Consejero de Hacienda, mediante resolución motivada en la que se acredite su necesidad o conveniencia para el buen resultado de la operación o del interés comunitario.
Artículo 167 derogado por la Disposición Derogatoria Unica del D [CANARIAS] 176/2000, 6 septiembre, por el que se establecen normas sobre la creación y disolución de sociedades mercantiles públicas, y sobre la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en sociedades mercantiles («B.O.I.C.» 27 septiembre).
El mismo régimen establecido en los artículos anteriores, en cuanto sea adecuado a su naturaleza, se aplicará a la adquisición, tenencia y enajenación de obligaciones u otros títulos análogos, representativos de participación en la deuda emitida por entidades mercantiles que tengan la condición de empresas públicas o participadas de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 168 derogado por la Disposición Derogatoria Unica del D [CANARIAS] 176/2000, 6 septiembre, por el que se establecen normas sobre la creación y disolución de sociedades mercantiles públicas, y sobre la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en sociedades mercantiles («B.O.I.C.» 27 septiembre).
Sistemas especiales de adquisición y enajenación de determinados bienes: vehículos y equipos informáticos
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 31 y 42 de la Ley Territorial 8/1987, de 28 de abril, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, compete a la Consejería de Hacienda el ejercicio de las siguientes atribuciones:
a) Adquisición y enajenación de vehículos para uso o representación oficial.
b) Enajenación de vehículos de características especiales que no sean los enumerados anteriormente tales como camiones, tractores, remolques, etc.
c) Enajenación de equipos y sistemas informáticos.
d) Adquisición, mantenimiento y enajenación de cualesquiera otros bienes que determine el Gobierno por Decreto.
Las competencias de gestión de la Consejería de Hacienda en orden a la adquisición, mantenimiento y enajenación de los bienes a que hace referencia el artículo anterior se entiende sin perjuicio de las que puedan corresponder a los Organos específicos de coordinación y asesoramiento que, a tal efecto, existan o puedan constituir el Gobierno para orientar y programar la política de adquisición y enajenación de dichos bienes. En dichos Organos estarán representados las Consejerías, Organismos Autónomos y Entes Públicos de Derecho privado, en la forma que determinen las Normas de su creación y constitución.
Adquisición y enajenación de vehículos de tracción mecánica
Adquisición de vehículos de tracción mecánica
1. La adquisición de vehículos para uso o representación oficial o de desenvolvimiento ordinario de los servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como de autobuses, motocicletas y ciclomotores, corresponderá a la Consejería de Hacienda.
2. Los restantes tipos de vehículos de tracción mecánica, para uso de necesidad específica de determinados Departamentos, serán adquiridos por las Consejerías que los precisen, con cargo a sus consignaciones presupuestarias.
1. La Consejería de Hacienda, en cumplimiento de los programas de adquisición de vehículos de uso y representación oficial aprobados por los Organos correspondientes o a solicitud de las Consejerías, Organismos Autónomos y Entes Públicos de Derecho privado, procederá a instruir los correspondientes expedientes de adquisición, con formulación del presupuesto.
2. Aprobado el expediente, el contrato se adjudicará por concurso público, salvo cuando no sea posible promover concurso en la oferta o en casos de reconocida urgencia en que procederá la contratación directa.
El expediente de contratación patrimonial se ajustará a lo dispuesto en la Sección 4ª del Capítulo II del presente Título, sin perjuicio de las normas especiales que contenga el Pliego de Cláusulas Administrativas, que puedan concurrir en este tipo de adquisiciones.
1. La Consejería de Hacienda procederá a matricular y asegurar los vehículos por ella adquiridos, con anterioridad a su afectación o puesta a disposición de los Organos de la Administración que los vayan a utilizar.
2. Asimismo, matriculará y asegurará aquellos vehículos de naturaleza distinta a la de uso o representación oficial, que hayan sido adquiridos por las Consejerías que necesiten estos vehículos especiales.
3. Incluidos los vehículos en el Inventario General de bienes y derechos, el acta de afectación se conservará junto con la copia de la documentación de los trámites procedentes, en su carpeta correspondiente.
1. El régimen de uso, destino y afectación de los vehículos será aprobado por el Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda.
2. Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno, a propuesta del referido Departamento, podrá acordar la creación de un Servicio Administrativo sin personalidad o Ente Público que centralice la adquisición y gestión del Parque Móvil de la Comunidad.
Enajenación de vehículos de tracción mecánica
La enajenación de todo tipo de vehículos, así como de los inútiles, sobrantes, en desuso o de utilización antieconómica será acordada por la Consejería de Hacienda.
1. En ejercicio de esta competencia, la Consejería de Hacienda directamente o a solicitud de las Consejerías, Organismos Autónomos o Entes Públicos de Derecho privado, acordará, si el material no tiene aplicación para otros servicios, la enajenación, previa instrucción del correspondiente expediente en el que se determinará la conveniencia de formar lotes asignando a cada uno un valor de tasación.
2. La enajenación se llevará a efecto por subasta pública, conforme a lo dispuesto en el art. 113 y siguientes de este Reglamento, con las siguientes especialidades:
a) A cada lote se le asignará un valor de tasación que servirá de base a la subasta y a partir del cual se efectuarán las licitaciones en alza, no admitiéndose, en consecuencia, oferta alguna por un importe inferior al citado de tasación.
b) La Mesa constituida al efecto abrirá los sobres presentados para cada lote por orden de presentación, adjudicando cada uno de ellos provisionalmente al mejor postor. En caso de existir empate entre dos o más proposiciones, se admitirá que sus autores las mejoren mediante pujas a la llana por el importe y tiempo que se determine para cada caso en las convocatorias de subastas.
c) Finalizado el tiempo señalado, se adjudicará provisionalmente el lote a la más elevada y si persistiera la igualdad se decidirá la adjudicación a favor de la presentada en primer lugar.
Adquisición, arrendamiento, mantenimiento y enajenación de equipos y sistemas informáticos
Adquisición, arrendamiento y mantenimiento de equipos y sistemas informáticos
1. La adquisición, el arrendamiento y el mantenimiento de equipos o sistemas para el tratamiento de la información, con destino a los Departamentos, Organismos Autónomos y Entes Públicos de Derecho privado de la Comunidad Autónoma, se ajustarán a las normas reguladoras del contrato de suministro y específicas contenidas en la legislación básica del Estado sobre contratos, a las normas de ejecución que dicte la Comunidad Autónoma de Canarias y a los modelos tipo de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que sean aprobadas por el Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Hacienda y previo informe de los Organos de coordinación y consultivos competentes.
2. En estos modelos tipo de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se distinguirán los supuestos de suministro de sistemas completos o bien de equipos solamente, o sólo de la programación o de un programa en concreto.
Corresponderá la competencia para los actos a que se refiere el artículo anterior al órgano que la tenga atribuida, a tenor de las normas orgánicas vigentes en cada momento.
1. El Organo competente, en cumplimiento de los programas de adquisición aprobados por los Organos correspondientes, o a solicitud de las Consejerías, Organismos Autónomos y Entes Públicos de Derecho privado, procederá a instruir el pertinente expediente de contratación del suministro, arrendamiento o mantenimiento, con la formulación del correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y formalización del presupuesto.
2. El expediente de contratación se ajustará a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Estado, Reglamento General de Contratación y normas de desarrollo, sin perjuicio de las normas específicas que se determinen en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o de Bases, en atención a las peculiaridades que concurren en este tipo de adquisiciones y arrendamientos.
3. Aprobado el expediente, el contrato se adjudicará por concurso público, salvo cuando no sea posible promover concurrencia en la oferta o en casos de reconocida urgencia, en los que procederá la contratación directa.
La Consejería que haya adquirido o tomado en arrendamiento tales bienes lo comunicará a la de Hacienda, la que procederá a inscribir en el Inventario General los bienes comprendidos en los equipos y sistemas informáticos.
Los servicios de conservación, reparación y mantenimiento serán objeto de contrato separado o clausulado independiente, aunque tengan su origen en el expediente de adquisición o arrendamiento del equipo o sistema.
Enajenación de equipos y sistemas informáticos
La enajenación de todo tipo de equipos para el tratamiento de la información, así como la de los que hubieran quedado anticuados o inservibles, se realizará por la Consejería de Hacienda.
El Departamento, Organismo Autónomo o Ente Público de Derecho privado remitirá la propuesta de enajenación debidamente motivada, a la Consejería de Hacienda, la cual, previos los informes correspondientes, podrá aprobar la enajenación u ofertar el equipo a otro Departamento, Organismo o Ente Público.
1. El procedimiento de enajenación será el de subasta pública, a excepción de los supuestos que se detallan en el art 141 de este Reglamento.
2. Si la primera subasta quedara desierta, la Consejería de Hacienda podrá acordar su venta directa o desguace.
3. Tanto para la única subasta como para la enajenación directa se aplicarán las normas contenidas en el art. 112 y siguientes de este Reglamento.
Régimen patrimonial del Sector Público Económico
Constituye el Sector Público Económico de la Comunidad Autónoma de Canarias toda la actividad co-empresarial de carácter comercial industrial, financiera o análoga realizada por la Comunidad a través de sus Organismos Autónomos y empresas públicas, así como la participación en el capital, deuda emitida o gestión de empresas dependientes de otras Administraciones o del sector privado, en el ámbito de competencia previsto en el Estatuto de Autonomía.
Artículo 186 derogado por la Disposición Derogatoria Unica del D [CANARIAS] 176/2000, 6 septiembre, por el que se establecen normas sobre la creación y disolución de sociedades mercantiles públicas, y sobre la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en sociedades mercantiles («B.O.I.C.» 27 septiembre).
1. Antes de su aprobación por el Gobierno, la Consejería de Hacienda informará preceptivamente y ostentará la competencia para tramitar las siguientes propuestas:
a) La creación, por parte de la Comunidad Autónoma o por sus Organismos Autónomos, de sociedades mercantiles, en cuyo capital, la participación de la Administración de la Comunidad o de sus Organismos Autónomos, directa o indirecta, sea mayoritaria o como mínimo superior al 10 por ciento del capital social.
b) La constitución de empresas, por la Comunidad Autónoma o por sus Organismos Autónomos, por absorción o fusión de otras preexistentes, siempre que la participación directa o indirecta de la Comunidad o de sus Organismos Autónomos en el capital sea mayoritaria.
c) Los actos de adquisición por la Comunidad o de sus Organismos Autónomos de participaciones en el capital social de entidades, cuando dicha participación sea mayoritaria.
d) La autorización para enajenar títulos que impliquen la pérdida de una posición mayoritaria en el capital social de entidades.
2. Fuera de los casos previstos en el apartado anterior, corresponderá a la Consejería de Hacienda autorizar la adquisición o enajenación de títulos representativos de capital social.
3. Una vez aprobado cualquiera de los actos referidos en los dos números anteriores, por el Organo correspondiente de la Consejería de Hacienda se formalizarán los documentos y escrituras públicas exigidas por la legislación mercantil.
Artículo 187 derogado por la Disposición Derogatoria Unica del D [CANARIAS] 176/2000, 6 septiembre, por el que se establecen normas sobre la creación y disolución de sociedades mercantiles públicas, y sobre la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en sociedades mercantiles («B.O.I.C.» 27 septiembre).
1. Con el fin de coordinar la acción económico-financiera, patrimonial y empresarial del sector público económico, definido en el art 186, se constituirá la Comisión de Coordinación del Sector Público Económico de Canarias que estará presidida por el Consejero de Hacienda e integrada por los titulares de las Consejerías a las que estén adscritos los Organismos Autónomos, empresas públicas y empresas participadas.
a) Elaborar propuestas y mociones al Gobierno de Canarias sobre la actuación económico-patrimonial y empresarial de los Organismos Autónomos, empresas públicas y empresas participadas, dependientes de la Comunidad.
b) Elaborar informes, estudios o propuestas relativas a la gestión de las empresas públicas de titularidad estatal implantadas en Canarias o su incidencia en la socioeconomía de la Región, de conformidad con el art. 62.2 del Estatuto de Autonomía.
c) Coordinar la elaboración de instrucciones que los Departamentos dirijan a los representantes del capital de la Comunidad Autónoma o de sus Organismos Autónomos en los Consejos de Administración de las empresas públicas y participadas para el adecuado ejercicio de los derechos que correspondan a aquéllos, así como a los representantes de la Comunidad Autónoma en los órganos de administración de las Empresas Públicas de titularidad estatal implantadas en Canarias.
d) Informar la propuesta de nombramiento de los representantes del capital en las empresas públicas y participadas de la Comunidad Autónoma o de sus Organismos Autónomos, así como de los representantes de la Comunidad Autónoma en las empresas públicas de titularidad estatal implantadas en Canarias antes de su elevación a la aprobación del Gobierno por la Consejería correspondiente.
Artículo 188 derogado por la Disposición Derogatoria Unica del D [CANARIAS] 176/2000, 6 septiembre, por el que se establecen normas sobre la creación y disolución de sociedades mercantiles públicas, y sobre la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en sociedades mercantiles («B.O.I.C.» 27 septiembre).
Sin perjuicio de las facultades de control del Departamento competente por razón de las materias sobre los Organismos Autónomos y Entes Públicos que le fueren adscritos en orden a su gestión administrativa, organización y funcionamiento, corresponderá, en todo caso, el ejercicio de la tutela financiera sobre el Sector Económico de Canarias, a la Consejería de Hacienda, conforme a lo establecido en la Ley de la Hacienda Pública Canaria.
Artículo 189 derogado por la Disposición Derogatoria Unica del D [CANARIAS] 176/2000, 6 septiembre, por el que se establecen normas sobre la creación y disolución de sociedades mercantiles públicas, y sobre la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en sociedades mercantiles («B.O.I.C.» 27 septiembre).

References: resolución 

Artículo 78
 artículo 33

Artículo 79
 artículo 33
 artículo 78
 artículo 79
 resolución 

Artículo 90

Artículo 93

Artículo 94

Artículo 95
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 162

Artículo 163

Artículo 164

Artículo 165

Artículo 166
 resolución 

Artículo 167

Artículo 168

Artículo 186

Artículo 187

Artículo 188

Artículo 189