Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2000/06/registro-oficial-27-de-junio-del-2000-suplemento
Timestamp: 2019-12-11 19:09:42+00:00

Document:
Registro Oficial. 27 de JUNIO del 2000 Suplemento
094\n - 2000 ­ TP\n Deséchanse las demandas de inconsti-tucionalidad propuestas,\n por improcedentes
121\n - 2000 Hugo\n Hipólito Villegas Núñez en contra de Eloy\n Francisco Villegas Triviño
126\n - 2000 Angel\n Eduardo Armijos Calderón en contra de la I. Municipalidad\n de Quito
128\n ­ 2000\n Juan Guashpa Mora en contra de la I. Municipalidad de Guayaquil
129\n ­ 2000\n José Rafael Cerezo en contra de la Sociedad INSURPAC S.A.
133\n - 2000 José\n Vicente Congacha Paucar en contra de la sucursal en Chimborazo\n de la compañía Andinatel S.A.\n \n
N°\n 094 ­ 2000 - TP
En el caso No. 746 - 98 - TC; acumulado\n con el No. 856 - 99 - TC
ANTECEDENTES: El abogado Javier Mona Boloña, por los\n derechos que representa en la Compañía Distribuidora\n Geyoca CA. , fundamentándose en el numeral 5 del artículo\n 277 de la Constitución Política y con el informe\n del Defensor del Pueblo, interpone dos demandas, en que solicita\n la declaratoria de inconstitucionalidad por razones de fondo\n y la consiguiente suspensión de los efectos de: a) resolución\n 12266 de 7 de diciembre de 1995 dictada por el entonces Director\n General de Rentas y que se halla publicada en el Registro Oficial\n No. 843 del 15 de diciembre de 1995 que contiene el Reglamento\n para la Declaración y Pago de las Obligaciones Tributarias\n de los Contribuyentes Especiales; b) resolución número\n 1, expedida por el Directorio de Rentas Internas el 2 de febrero\n de 1998, publicada en el Registro Oficial 300 del 20 de abril\n de 1998, inconstitucionalidad parcial, relativa al numeral 4\n y subnumerales 4.1, 4.2, 4.3 del articulo 4; artículos\n 44, 45, 46 y 47, numeral 7 del artículo 63 en la parte\n que dice "organizar y mantener las bases de datos del RUC\n de Contribuyentes Especiales", artículos 67, 68,\n 69 y 70, numeral 7 del articulo 80 en la parte que dice "organizar\n y mantener las bases de datos del RUC de contribuyentes especiales";\n c) Acuerdo Ministerial 166, expedido por el ex Ministerio de\n Finanzas el 16 de marzo de 1995 y publicado en el Registro Oficial\n 663 de 28 de marzo de 1995; y, d) el numeral 1 de la letra b)\n del articulo 61 de la Ley de Régimen Tributario Interno\n en la parte que dice " y las privadas consideradas como\n contribuyentes especiales por el Servicio de Rentas Internas".\n Las demandas están dirigidas en contra de la Directora\n General del Servicio de Rentas Internas, Ministro de Finanzas,\n Presidente Constitucional de la República, Presidente\n del H. Congreso Nacional y, como representante judicial del Estado,\n al Procurador General del Estado. Al efecto el actor, consigna\n principios constitucionales de carácter general, y menciona\n algunas normas y entre ellas los artículos 18, 23.3, 276.1\n y 256 de la Carta Política, así como la primera\n transitoria de la Ley que crea al Servicio de Rentas Internas.
Como antecedentes y fundamentos de hecho y de derecho de la\n demanda, el actor manifiesta que es deber del Estado velar para\n que el derecho de los ciudadanos se cumpla por medio de garantías,\n básicas y principios como el de la generalidad y la igualdad\n ante la ley, y como consecuencia la no discriminación\n en razón de: edad, sexo, etnia, color, origen social,\n idioma, religión, filiación política, posición\n económica, orientación sexual, etc. Que el régimen\n tributario por obligación establecida en la Constitución\n se regula por los principios básicos de igualdad, proporcionalidad\n y generalidad, es por eso que no se puede llevar una política\n de discriminación tributaria, atribuyendo a ciertos contribuyentes\n un régimen de cobro de sus obligaciones tributarias y\n a otros contribuyentes otro régimen, y menos aún\n podría 'suponerse que esos regímenes se sustenten\n en la posición económica baja o elevada, se debe\n considerar a todos los contribuyentes iguales, por ricos o pobres\n que sean. Que por vía de resoluciones del Director General\n de Rentas Internas y Acuerdos Ministeriales y por leyes; el Estado\n ha establecido. que hay diversos tipos de contribuyentes los\n especiales y los "otros contribuyentes", a los primeros\n se les aplica ciertas normas y a los "otros", otras,\n la base de la discriminación es la posición económica\n de los especiales. Que existe una discriminación arbitraria\n que viola el principio jurídico de la igualdad, atribuyendo\n derechos diversos a sujetos que tienen títulos jurídicos\n iguales, lo que implica trato injusto.
Citados legalmente los demandados, contestaron las demandas,\n así, el Ministro de Finanzas y Crédito Público\n indica que el artículo 13 del Código Tributario\n respecto a los tributos establece que pague más el que\n más ingresos obtiene dentro del ejercicio económico,\n además para aplicar estrictamente los principios de igualdad\n y generalidad de la Constitución en el campo tributario,\n se tendría que eliminar exenciones tributarias. Que la\n Resolución 12266 referida es legalmente concedida de acuerdo\n al artículo 111 de la Ley de Régimen Tributario\n Interno que autoriza a la Administración Tributaria celebrar\n convenios especiales con las instituciones financieras establecidas\n en el país, tendientes a recibir la declaración\n y recaudar impuestos, intereses y multas por obligaciones tributarias,\n de ninguna forma se violan principios básicos de igualdad,\n proporcionalidad y generalidad del régimen 'tributario.\n Que tampoco se viola ninguna norma constitucional con el numeral\n 1 de la Resolución No. 1 del SRl puesto que su directorio\n está ejerciendo la facultad contemplada en el numeral\n 3 del articulo 4, de la Ley. A su vez, el Presidente del Congreso\n Nacional, coincide en muchos puntos con el Ministro de Finanzas\n y, entre otras afirmaciones, manifiesta que no existe discrimen\n a los contribuyentes, ya que a la división a la que hace\n alusión se lo ha hecho en base al principio de proporcionalidad\n en medida que los que tienen mayor capacidad económica\n y generan mayores ingresos, tendrán que contribuir con\n más ingresos al Fisco, lo cual servirá como política\n económica del Estado. Que el Congreso ha actuado enmarcado\n dentro de las normas constitucionales y dentro del régimen\n Tributario, por lo que no existe violación alguna de preceptos\n legales. El Presidente de la República manifiesta que\n la división no es discriminatoria, ni atenta contra el\n principio de igualdad, no sería equitativo que la persona\n que más ingreso tiene, tribute igual o menos que la persona\n que menos o nada de ingresos tiene. Que todas y cada una de las\n resoluciones, acuerdo y disposiciones que el demandante pretende\n se declaren inconstitucionales, responden al principio constitucional\n de proporcionalidad que rige el sistema tributario ecuatoriano\n y no están en oposición o en contradicción\n con los preceptos Constitucionales. La Directora General del\n Servicio de Rentas Internas manifiesta que las facilidades que\n se dan en unos casos y las exigencias en otros, no pueden ser\n las mismas para todos los contribuyentes, pues no todos han obtenido\n rentas y silo han obtenido no han sido en el mismo monto, por\n consiguiente no todos deberán declarar, retener, pagar,\n ni llevar contabilidad, puesto que no todos están en la\n misma situación. Que al agrupar a los contribuyentes en\n especiales y en otros, según su análoga situación\n y al darles el mismo tratamiento a los integrantes de cada grupo,\n se está aplicando correctamente el principio de igualdad\n tributaria. Que los principios de igualdad y generalidad han\n sido respetados y se los ha aplicado correctamente al haber emitido\n normas que establecen el pago de tributos y el cumplimiento de\n prestaciones tributarias en consideración a la situación\n de cada grupo de contribuyentes. El Procurador General del Estado\n establece que el artículo 5 del Código Tributario\n dice que el ordenamiento tributario se basará en la capacidad\n económica de los contribuyentes, por lo que no existe\n violación constitucional alguna.
Que, el Tribunal Constitucional, de acuerdo con los numerales\n 1 y 2 del artículo 276 de la Constitución Política\n de la República, es competente para conocer y resolver\n las presentes demandas de inconstitucionalidad;
Que, las demandas presentadas se orientan a la declaratoria\n de inconstitucionalidad de las resoluciones, acuerdo ministerial\n y articulo de la Ley de Régimen Tributario, especificadas\n en los escritos iniciales, que tienen relación con el\n régimen de contribuyentes especiales, cuya atención\n se realiza a través de unidades especiales, creadas al\n amparo de la Ley de Régimen Tributario, a fin de brindar\n una mejor atención a esos contribuyentes, conforme disponen\n los considerandos de las pertinentes resoluciones;
Que, el actor considera que todas las disposiciones a que\n hace referencia en las demandas son inconstitucionales por cuanto\n contradicen el derecho a la igualdad ante la Ley, evidenciado\n en la discriminación resultante, al dividir a una misma\n categoría en la que se comprenden los "contribuyentes",\n en dos calidades: los especiales y los no especiales, estableciendo\n para los primeros toda una reglamentación específica\n para el cobro de sus obligaciones tributarías;
Que, si por discriminación se entiende la diferenciación\n o distinción entre cosas o situaciones, la división\n para efectos de tratamiento en el cobro de tributos, responde\n a una distinción entre personas naturales y personas jurídicas\n (empresas privadas), siendo estas últimas las que han\n merecido un tratamiento especial. Si, desde otro punto de vista,\n se considera un tratamiento con inferioridad a personas o colectividades\n por diversas causas (raciales, religiosas, políticas o\n sociales), la impugnación a la división aludida\n no tiene razón de ser, pues, como se desprende de los\n distintos instrumentos materia de las demandas, han sido creados,\n precisamente para dar una mejor atención a los contribuyentes\n especiales;
Que, en materia de tributación, el principio de igualdad\n fiscal tiene su aplicación en consideraciones de orden\n equitativo, distributivo y de proporcionalidad, que dicen relación\n con la existencia de diferencias, principalmente de orden económico,\n entre los contribuyentes, por lo que se da un trato igual a quienes\n se encuentran dentro de una misma situación, trato que\n difiere de aquel dado a quienes se encuentran en otra situación,\n el mismo que, igualmente, es general para todos quienes conforman\n ese universo;
Que, la reglamentación para el cumplimiento de las\n obligaciones de los contribuyentes especiales, materia de las\n presentes acciones, es una consecuencia de la aplicación\n del principio de igualdad fiscal, contenido en el artículo\n 256 de la Constitución Política de la República,\n por lo mismo, mal puede considerarse que esta aplicación\n evidencie un discrimen en los términos establecidos en\n el numeral 3 del artículo 23 de la Constitución,\n pues, la igualdad ante la ley que prevé esta disposición\n constitucional presupone que la ley, siendo general, "lleva\n a equiparar a todos los ciudadanos e incluso a todos los habitantes\n de un país, siempre que concurran Identidad de circunstancias".\n (Cabanellas), situación que, precisamente, reflejan los\n casos del presente análisis, razón por la cual\n no existe inconstitucionalidad de fondo en las disposiciones\n impugnadas;
Que, la reglamentación para el cumplimiento de las\n obligaciones de los contribuyentes especiales, es una de las\n formas de pago que se menciona en el articulo 42 del Código\n Tributario, artículo que sigue vigente por no haber sido\n derogado por Ley posterior alguna, ya que si bien es cierto existe\n un Reglamento para la declaración y pago de las obligaciones\n tributarias de los contribuyentes especiales, expedido por el\n Director General de Rentas (E), publicado en el Registro Oficial\n No. 843 del 15 de diciembre de 1995, el mismo que derogó\n expresamente la Resolución No. 5358 publicada en el Registro\n Oficial No. 724 de 26 de junio de 1995, que contiene el Reglamento\n para los mismos fines del que lo deroga, los mismos que tratan\n en su parte pertinente del formulario de autorización\n de débito automático de cuenta comente para cualquiera\n de los bancos, que deberá entregar el contribuyente especial\n para cancelar los impuestos correspondientes más los recargos\n de ley; no es menos cierto que esa autorización de débito\n automático de cuenta comente, deberá considerársela\n como una forma más que tiene para escoger y optar el contribuyente,\n para cancelar sus obligaciones de esa naturaleza, y en ningún\n caso como excluyentes de las demás constantes en el artículo\n 42 del Código Tributario; y,
1. Desechar las demandas de inconstitucionalidad propuestas,\n por improcedentes.
2. Publicar en el Registro Oficial. - Notifiquese".
f.) Dr. René de la Torre Alcívar, Presidente.
Razón: Siento por tal, que la resolución que\n antecede fue aprobada por el Tribunal Constitucional con el voto\n favorable dé ocho señores Vocales, unanimidad y\n con la ausencia del doctor Guillermo Castro Dáger, en\n sesión del día miércoles siete de junio\n del ello dos mil. - Lo certifico.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. - Es fiel copia del original - Quito,\n a 21 de junio del 2000. - f.) El Secretario General
No. 121\n - 2000
ACTOR: Hugo Hipólito Villegas\n Núñez.
\n DEMANDADO: Eloy Francisco Villegas.
Quito, a 11 de mayo del 2000; a las\n 15h00.
VISTOS: En el juicio verbal sumario de trabajo que sigue Hugo\n Hipólito Villegas Núñez en contra de Eloy\n Francisco Villegas Triviño, el actor, inconforme con la\n sentencia expedida por la Segunda Sala de la Corte Superior de\n Justicia de Babahoyo, que confirma la dictada en primer nivel,\n que declaró sin lugar la demanda, interpone recurso de\n casación. Admitido al trámite el recurso y elevados\n los autos a esta Tercera Sala de lo Laboral y Social, en virtud\n del sorteo de ley, encontrándose la causa en estado de\n resolver, para hacerlo, se considera: PRIMERO. - Esta Sala es\n competente para conocer y decidir el recurso en mención,\n en razón de lo prescrito por el Art. 200 de la Constitución\n Política de la República, publicada en el Registro'\n Oficial No. 1 del 11 de agosto de 1998 y Arts. 1 y 2 de la Ley\n de Casación. SEGUNDO.- El impugnante interpone su recurso\n de casación para ante una de las "Salas Especializadas\n de lo Civil y Laboral de la Excma. Corte Suprema de Justicia",\n en forma extensa pero desordenada e imprecisa, como si se tratara\n de un alegato de instancia. Estima que en la sentencia, dictada\n por la Sala de Apelación hay errores de forma y de fondo,\n en la introducción y en los considerandos primero y segundo,\n exponiendo básicamente dos argumentos: a) Que la relación\n laboral está demostrada a través de la prueba testimonial\n y del juramento deferido; y, b) Que sin embargo de ello, la sentencia\n acoge cuatro certificados "apócrifos" sobre\n supuestas eventuales relaciones de trabajo del actor para con\n terceros, atribuyendo al demandado y otros de haber cometido\n "fraude judicial", - que constituye un delito tipificado\n y sancionado en el Art. 296 del Código Penal. Enumera\n como infringidas las normas siguientes: Arts. 16, 17, 18, 23\n numerales 8,9, 15, 26 y 27; 24 numerales 14,15 y 17; y 35 numerales\n 3, 4, 6, 11 y 14 de la Constitución, de la que asegura\n que por ser "Ley especial" tiene supremacía\n sobre otras, por lo dispuesto en los Arts. 272 y 273 de la Constitución;\n Arts. 117 y ss., 198, 199, 845, 851 y 852 del Código de\n Procedimiento Civil, pues a su juicio el Juez de primera instancia\n alteró el procedimiento, por varias razones, y entre ellas:\n haber convocado a audiencia de conciliación en un periodo\n de tiempo superior al determinado en la Ley Procesal, haber suspendido\n el trámite por 18 días y haber notificado a las\n partes con el acta de la audiencia de conciliación en\n contravención a lo dispuesto en el Art. 851 del Código\n de Procedimiento Civil, así como por haber negado la práctica\n de una confesión judicial que le solicitó al demandado\n y una investigación respecto de la falsedad cometida por\n la Ab. Libia Troya R., Inspectora del Trabajo de Los Ríos,\n incurriéndose en mutilación del proceso por no\n incorporar a los autos el sobre que contenía las preguntas\n para la frustrada confesión judicial. Al referirse concreta\n y específicamente a la sentencia de segunda y última\n instancia expresa que en ella se mal interpretó el Art.\n 198 del Código de Procedimiento Civil y se omitió\n interpretar e ignoró lo dispuesto en los Arts. 121, 122,\n 199 y 223, del mismo Código. Termina esta primera parte\n de su recurso diciendo: 'la aplicación indebida de la\n Ley, la falta de aplicación o errónea interpretación\n de las normas de derecho por parte de los Ministros Jueces de\n la Segunda Sala de la H. Corte Superior de Justicia de Babahoyo,\n justifica un recurso de casación en base de la primera\n causal" sin establecer a qué hipótesis de\n las previstas en esta primera causal" ubica las infracciones\n que estima cometidas. Finalmente, argumenta que no obstante de\n haber justificado la relación laboral, al aplicar indebidamente\n y omitir aplicar las normas procesales que invoca, considera\n que ha justificado la tercera causal, igualmente, sin ubicar\n los eventos constitutivos de la casación. El fundamento\n de su recurso lo señala como comprendido en la 1ra y 3ra.\n causal del Art. 3 de la Ley de Casación. en la forma antes\n indicada. TERCERO. - Confrontada la sentencia con el recurso\n de casación, autos y mas constancias procesales, la Sala\n formula las siguientes precisiones: 1.- En las condiciones que\n está planteado el recurso de casación se deduce\n que la parte esencial de la controversia es determinar si el\n actor logró probar que tuvo con el demandado un vínculo\n jurídico de naturaleza jurídico - laboral. A este\n respecto, cabe analizar: 1. 1.- La más importante prueba\n que solicitó el actor para acreditar la existencia de\n la relación jurídica de carácter laboral,\n frente a la negativa del demandado sobre tal hecho, fue la de\n carácter testifical, a base de los testimonios de Máximo\n Esteban Arias Cabello (fs. 22 vta.) y Pedro Paulino Chonana Castillo\n (fs. 23) para quienes plantea el interrogatorio que obra a fs.\n 16 y 16 vta. del cuaderno de primer nivel; 1.2. - En este interrogatorio\n solo la pregunta 4 tiene como propósito la de establecer\n el vínculo jurídico de carácter laboral,\n pues la pregunta 5 se refiere al hecho alegado por el actor respecto\n de un supuesto despido intempestivo; 1.3. - El texto de la pregunta\n No. 4 en realidad en la forma en que está concebido uno\n alcanza en si mismo para probar los fundamentos de hecho que\n expuso el actor en su libelo de demanda, que, en la audiencia\n de conciliación, fueron rotundamente negados por el demandado,\n cuando éste afirmó: "El Señor Hugo\n Hipólito Villegas Núñez jamás ha\n tenido relación de dependencia laboral conmigo y por lo\n mismo jamás pudieron generarse relaciones laborales",\n 1.4. - En la sentencia impugnada, la Sala de Apelación\n valora que las contestaciones de las preguntas 4. 5. 7 y 8 que\n dieron los testigos del actor "dificulta al juzgador conocer\n cuál es esa verdad por lo que no sirven de prueba en cuanto\n a la relación jurídica laboral:, más aún,\n cuando la Sala de Apelación negó la aclaración\n y ampliación de la sentencia pedida por el actor, dejó\n sentado el criterio de que tales testimonios no merecen credibilidad,\n porque son testimonios de inercia, que no aportan datos y circunstancias\n que le permitan al juzgador elaborar su propia convicción;\n 1.5. - Estos criterios de la Sala de Apelación son acertados\n y a ellos deben agregarse otros elementos de análisis\n y valoración como: a) Que el testigo Máximo Esteban\n Arias Cabello está incurso en el motivo de tacha previsto\n en el ordinal 7mo. del Art. 220 del Código de Procedimiento\n Civil, esgrimido por el demandado, por el mérito que prestan\n las copias certificadas que obran de fs. 30 a 35 del cuaderno\n de primer nivel, en las que se establece que este testigo propuso\n en el Juzgado Sexto de lo Penal de Los Ríos, con sede\n en Ventanas, dentro del proceso penal No. 05/97, acusación\n particular contra el demandado por tentativa de asesinato, en\n fecha anterior a aquella en que rindió su testimonio en\n este proceso de carácter laboral, con el resultado de\n que hubo a favor de Eloy Villegas Triviño una declaratoria\n de sobreseimiento definitivo del proceso y del sindicado, como\n se desprende del contenido del auto expedido por el Juez de la\n causa con fecha 9 de julio de 1999; y, b) Evidentemente la declaración\n de Pedro Paulino Chonana Castillo, en las condiciones procesales\n que quedan explicadas, no es suficiente para establecer que entre\n actor y demandado hubo relación jurídica de carácter\n laboral, independientemente de la forma en que fue redactada\n el contenido de la pregunta No. 4 que se le formulara, por la\n circunstancia adicional que este testigo no entrega al juzgador\n los elementos de juicios necesarios para establecer con claridad\n y precisión que se han dado los elementos integrantes\n de todo contrato de trabajo referidos en el Art. 8 del código\n de la materia. 2. - Vistas así las probanzas que obran\n en el proceso, todas las demás alegaciones formuladas\n por el recurrente, pierden relevancia, en tanto no logró\n demostrar la existencia del vinculo jurídico de carácter\n laboral Las referencias que hace de las normas contenidas en\n la Constitución son vagas y genéricas, sin que\n se observe en el proceso violación de las mismas. Igual\n ocurre con los señalamientos que hace el actor respecto\n a las fallas de carácter procesal en las que efectivamente\n pudo haber incurrido el Juez a quo, pero sin que se observe que\n las mismas pudiesen generar válidamente una declaratoria\n de nulidad, pues el actor pudo ejercer ampliamente su derecho\n a la defensa, sin que haya ninguna omisión que pudiera\n influir determinantemente en la decisión de esta causa.\n CUARTO. - Lo expuesto, nos permite concluir que en la sentencia\n dictada por el Tribunal de Apelación no se infringieron\n las normas invocadas por el actor en su recurso. Sobre la base\n de las consideraciones expuestas, esta Tercera Sala de lo Laboral\n y Social de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, desecha\n el recurso de casación interpuesto. Notifiquese, devuélvase,\n y publíquese.
Certifico que es fiel copia del original. - Quito, i2 de junio\n del 2000.
No. 126\n - 2000
ACTOR: Angel Armijos Calderón.
\n DEMANDADO: Municipio de Quito.
Quito, a 15 de mayo del 2000; a las\n 15h00.
VISTOS: El Econ. Roque Sevilla Larrea y el Dr. Jorge Jácome\n Paredes, Alcalde y Procurador del Distrito Metropolitano de Quito,\n respectivamente, interponen recurso de casación de la\n sentencia dictada por la Primera Sala de la H. Corte Superior\n de Justicia de Quito. que declaró con lugar la demanda,\n dentro del juicio verbal sumario de trabajo que propuso contra\n la I. Municipalidad de Quito, Angel Eduardo Armijos Calderón.\n Admitido al trámite el recurso y agotada la sustanciación\n correspondiente procede resolver y, para hacerlo, se considera.\n PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer y decidir el recurso\n en mención, en virtud de lo previsto por el Art. 200 de\n la Constitución Política de la República,\n publicada en el Registro Oficial No. 1 del 11 de agosto de 1998\n y Arts. 1 y 2 de la Ley de Casación. SEGUNDO. - Los recurrentes\n censuran y atacan la sentencia dictada por la Sala de Apelación,\n afirmando que se han infringido las normas de derecho y solemnidades\n procesales siguientes: Art. 303, numeral 21 de la Ley Orgánica\n de Administración Financiera y Control, por no haberse\n contado con el Contralor General del Estado; Arts. 117. 118 y\n 278 del Código de Procedimiento Civil, en tanto ha existido\n una de aplicación de los preceptos jurídicos vinculados\n a la valoración de la prueba; los Arts. 10 y 577 del Código\n del Trabajo, pues el actor ha sido empleado pero sujeto a la\n Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, habiéndose\n desempeñado como Operador de Consola de la Radio Municipal:\n Art. 1 de la Ordenanza Nro. 2751 de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa Municipal y Art. 1201 del Código Municipal\n vigente, publicado en el Registro Oficial No. 226 del 31 de diciembre\n de 1997. El fundamento del recurso lo establecen en las causales\n 1ra. y 3ra. del Art. 3 de la Ley de Casación insistiendo\n en que "el actor fue empleado sujeto a la Ley de Servicio\n Civil y Carrera Administrativa, con funciones especificas en\n la Radio Municipal 'y no trabajador regido por el Código\n del Trabajo, asunto que se ha probado hasta la saciedad dentro\n del proceso, por lo cual la Primera Sala de la H. Corte Superior\n de Justicia de Quito ha incurrido en una indebida aplicación\n de lo que dispone el Art. 577 del Código del Trabajo,\n que se refiere a la jurisdicción y competencia de los\n jueces del trabajo" TERCERO. - Confrontada la sentencia\n con el escrito de interposición del recurso de casación,\n autos y más constancias procesales, la Sala hace las siguientes\n precisiones: 1.- En realidad el quid de la controversia gira\n en torno a establecer si el actor está amparado por el\n Código del Trabajo o si su relación con el Distrito\n Metropolitano de Quito cae bajo la esfera del Derecho Público\n Administrativo, esto es, la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa,\n como ha sido el pedido de la entidad demandada a lo largo del\n proceso: 2. - El considerando segundo de la sentencia que se\n impugna anota como argumentos para determinar que la relación\n jurídica entre las panes contendientes goza de la protección\n y amparo del Código del Trabajo, entre otras, las siguientes\n normas de derecho: Arts. 35, numeral 9, inciso 2°, numerales\n 1, 2, 3 y 4 del Art. 118 y 228 de la Constitución Política\n actualmente vigente, a base de las cuales concluye que el actor\n es obrero; y, además, con el señalamiento de que\n la Ordenanza de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su\n reglamento expedidos por el Concejo Municipal Metropolitano de\n Quito "en el marco constitucional indicado", regula\n las relaciones de la mencionada entidad con sus servidores que\n no son obreros, sin que se encuentre que el actor esté\n incurso en tales disposiciones, especialmente, por el contenido\n de los Arts. 2 y 3 de dicha ordenanza, este último que\n en su literal f.) exceptúa a "los trabajadores amparados\n por el Código del Trabajo y Contratos Colectivos";\n 3.- Las normas constitucionales invocadas en la sentencia atacada\n no se encontraban en vigencia al 30 de septiembre de 1992 que\n constituye la fecha hasta la cual prestó sus servicios\n para el Municipio de Quito el actor, ni tampoco a la de presentación\n (3 de septiembre de 1993), calificación (2 de marzo de\n 1994) y citación con la demanda (12 de julio de 1994)\n a los personeros y representantes legales de la parte demandada,\n por lo que su aplicación deviene sin base debiendo recurrirse\n al texto de la demanda, pruebas actuadas y precepto establecido\n en el inciso 2° del Art. 10 del Código del Trabajo\n para determinar si el Municipio de Quito tuvo la condición\n jurídica de empleador del actor en los términos\n conceptuales ahí previstos; 4. - El actor en su demanda\n dice: "En la Ilustre Municipal de Quito, he prestado mis\n servicios lícitos y personales desde el 24 de agosto de\n 1960 hasta el 30 de septiembre de 1992, por el espacio de 32\n años y un mes de servicio conforme consta del certificado\n adjunto, conferido por el señor Director de Recursos Humanos\n de la Municipalidad de Quito". De esta sola aseveración\n y a falta de otros elementos de hecho determinantes, no puede\n inferirse que entre las partes contendientes hubo contrato individual\n de trabajo en los términos del Art. 8 del Código\n del Trabajo; y menos aún, que el actor sea trabajador\n y la entidad demandada, empleadora, con los alcances preceptuados\n en los Arts. 9 y 10 del mismo código; 5. - En autos está\n demostrado que el actor laboró desde el 24 de agosto de\n 1960 hasta el 30 de septiembre de 1992, o sea, por 32 años\n 1 mes de servicio; que se le pagó la suma de S/.4'800.000\n por concepto de bonificación por jubilación; que\n estuvo afiliado a la sección "B" del IESS (ex\n caja de pensiones para empleados fiscales, municipales y bancarios)\n hasta el 30 de septiembre de 1992; que tuvo nombramientos expedidos\n por el Alcalde de San Francisco de Quito para ejercer el cargo\n de Operador Auxiliar de Radiodifusora, con un sueldo de S/. 1'300.000\n mensuales con cargo a la partida presupuestaria Nro. 1.610.101,\n posteriormente, el de Operador de Consola de Radio Municipal\n y finalmente el de "Operador de Radio dos", cargo para\n cuyo ejercicio debía ser al menos bachiller técnico\n especializado en radiotécnica, como aparece señalado\n en el instrumento que obra a fs. 39 del cuaderno de segundo nivel;\n 6. - Ninguna de las pruebas aportadas al proceso permite establecer\n que entre las panes contendientes hubo una relación jurídica\n de carácter laboral y menos que el actor se desempeñase\n como obrero municipal, pues si esta última condición\n estuviese probada, naturalmente que su caso estaría comprendido\n en el evento al que se refiere el 2° inciso del Art. 10 del\n Código del Trabajo; 7. - El 20 inciso del Art. 10 del\n Código del Trabajo dice: "El Fisco, los Consejos\n Provinciales, las Municipalidades y además personas jurídicas\n de derecho público tienen la calidad de empleadores respecto\n de los obreros de las obras públicas nacionales o locales.\n Se entiende por tales obras no sólo las construcciones,\n sino también el mantenimiento de las mismas y, en general,\n la realización de todo trabajo material relacionado con\n la prestación de servicio público, aún cuando\n a los obreros se les hubiere extendido nombramiento y cualquiera\n que fuera la forma o período de pago. Tienen la misma\n calidad de empleadores respecto de los obreros de las industrias\n que están a su cargo y que pueden ser explotadas por particulares,\n aún cuando se decrete el monopolio". En el proceso\n no consta que las labores que el actor cumplió en el Municipio\n de Quito fuesen las de obrero de obras públicas locales,\n sea en la etapa de construcción, sea en la etapa de mantenimiento\n de las mismas, como lo requiere y exige la norma jurídica\n citada. Incluso cabe preguntarse para aclarar esta situación\n sobre cuál ha de ser la interpretación de la frase\n "se entiende por tales obras no solo las construcciones,\n sino también el mantenimiento de las mismas y, en general,\n la realización de todo trabajo material relacionado con\n la prestación de un servicio público", siendo\n la respuesta de que lo que se trata es de especificar el significado\n de la expresión "obra pública", comprendiéndose\n dentro del concepto: a) La construcción; b) El mantenimiento;\n y, c) Todo trabajo material relacionado con la prestación\n de la obra pública, en cuyo caso, se puede tener la calidad\n de obrero de un municipio y éste el de empleador, elementos\n que no se configuran ni en el texto de la demanda, ni en las\n pruebas rendidas, no obstante que en la forma en que quedó\n trabada la litis, el actor debía probar que fue obrero\n en el Municipio de Quito y no empleado público municipal;\n y, 9) En consecuencia, es innecesario entrar en otras consideraciones,\n en tanto que la Sala de Apelación transgredió lo\n dispuesto en el Art. 577 del Código del Trabajo y la segunda\n solemnidad sustancial común a todos los juicios e instancias,\n señalada en el Art. 355 del Código de Procedimiento\n Civil. CUARTO. - Sobre la base de las consideraciones anteriormente\n expuestas, esta Tercera Sala de lo Laboral y Social de la Corte\n Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara la nulidad de todo el proceso,\n por falta de competencia de los juzgadores, dejando a salvo el\n derecho que pudiere tener el accionante para intentar por la\n vía legal que estimare idónea la satisfacción\n de sus pretensiones. Múltase en la suma de S/. 200 y llámase\n severamente la atención del señor Juez Quinto de\n Trabajo de Pichincha, Dr. Alfonso Salazar Vásconez, por\n la demora en que incurrió para calificar la demanda, previniéndole\n que de reincidir será sancionado con todo el rigor de\n la ley. Notifiquese, devuélvase y publíquese.
No. 128\n - 2000
ACTOR: Juan Guashpa Mora.
\n DEMANDADA: Municipalidad de Guayaquil.
VISTOS: En el juicio verbal sumario de trabajo seguido por\n Juan Guashpa Mora en contra de la I. Municipalidad de Guayaquil,\n en las interpuestas personas de sus representantes legales, Ing.\n León Febres Cordero Ribadeneyra y Dr. Gerardo Wong Monroy,\n Alcalde y Procurador Sindico, respectivamente, la demandada inconforme\n con la sentencia expedida por la Tercera Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Guayaquil, que confirma la dictada en primer nivel,\n que declaró con lugar la demanda, dentro de término\n interpone recurso de casación. Admitido a trámite\n el recurso y elevados los autos a esta Tercera Sala de lo Laboral\n y Social de la Corte Suprema de Justicia, en virtud del sorteo\n de ley y encontrándose la causa en estado de resolver,\n para hacerlo, se considera: PRIMERO.- Esta Sala es competente\n para conocer y decidir el recurso en mención, en virtud\n de lo previsto por el Art. 200 de la Constitución Política\n de la República, publicada en el Registro Oficial No.\n 1 del 11 de agosto de 1998 y Art. 1 de la Ley de Casación.\n SEGUNDO. - El recurrente en su escrito de interposición\n del recurso de casación constante de fs. 37 a 42 del cuaderno\n de segunda y última instancia afirma que las normas de\n derecho infringidas por el Tribunal Ad - quem al dictar la sentencia,\n materia de casación son: Arts. 8, 17, 18 y 20 del Código\n del Trabajo; Arts. 58 y 382 de la Ley Orgánica de Administración\n Financiera y Control, Art. 76 de la Ley de Régimen Municipal;\n Arts. 21 y 22 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos,\n y estos mismos artículos del reglamento general de la\n mencionada ley. Fundamenta su recurso en las causales 1ª,\n y 3ª, pero no determina a qué artículo de\n la Ley de Casación se refiere, deduciéndose de\n su contexto que se trata del Art. 3 de la ley de la materia.\n En síntesis, fundamenta su recurso en la apreciación\n de que de aceptarse la existencia de la relación laboral\n entre actor y demandado, la sentencia recurrida inobservo normas\n expresas: unas, relativas a la forma del contrato de trabajo,\n otras, a los requisitos administrativos que deben cumplirse para\n contraer obligaciones con cargo a los presupuestos municipales\n y por ende, a las consecuencias jurídicas que se derivarían\n del incumplimiento de tales requisitos. TERCERO. - La accionada\n alega en su escrito que no existió relación laboral\n y que se ha infringido el Art. 8 del Código del Trabajo.\n En el proceso aparecen, entre otros instrumentos, el de liquidación\n de jornales, vacaciones, fondos de reserva y préstamo\n quirografario, de fojas 18 a 24 del cuaderno de primer nivel,\n de los que se desprende que el accionante prestó sus servicios\n en el Municipio de Guayaquil, en calidad de jornalero del Departamento\n de Mercados. Además, consta el carnet de afiliación\n del IESS, de fojas 12 a 13. En consecuencia, hubo relación\n laboral, pues se cumplieron los requisitos puntualizados por\n el Art. 8 del Código del Trabajo. La existencia de esta\n relación no depende del cumplimiento de ciertas formalidades,\n con mayor razón, si tomamos en cuenta lo dispuesto en\n el Art. 40 del Código del Trabajo, de manera que el Tribunal\n de Alzada obró conforme a derecho al declarar que el actor\n era efectivamente trabajador del Municipio de Guayaquil. a base\n de los instrumentos que obran de fs. 18 a 24 y 12, 13, por los\n cuales consideró probadas las circunstancias constitutivas\n de la relación laboral. No ha habido pues inobservancia\n de los Arts. 18, 19 y 21 de la actual Codificación del\n Código del Trabajo, pues estos artículos tienen\n relación precisamente con el Contrato de Trabajo. Habiendo\n existido contrato de trabajo, no pudieron ser violados los Arts.\n 58 y 382 de la Ley Orgánica de Administración Financiera\n y Control, por lo previsto en el inciso final del vigente Art.\n 22 de la Constitución Política de la República,\n y en definitiva, porque las especificidades jurídicas\n del contrato del trabajo, no cambian por la circunstancia de\n que la empleadora sea una institución del sector público,\n advirtiendo que los requisitos de orden administrativo que la\n ley establece para poder contratar, son obligaciones a cargo\n del empleador y su incumplimiento no puede perjudicar al trabajador,\n que como tal, está protegido por la legislación\n laboral, por mandato de la Constitución y de la ley, sin\n que haya, por lo mismo, la inobservancia de la ley que en el\n recurso se alega. El Art. .9 del Código del Trabajo contiene\n el concepto de lo que se debe entender por trabajador, y la posición\n del accionante es justamente ésa, por lo que mal puede\n estimarse por la recurrente que hay violación de los Arts.\n 21 y 22 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos\n y de las disposiciones correlativas de su reglamento. CUARTO.-\n En la especie y del análisis efectuado se concluye que\n en la sentencia expedida por el Tribunal Ad - quem hay una acertada\n y coherente aplicación de las normas legales pertinentes\n contempladas tanto en el Código del Trabajo, como en el\n Código de Procedimiento Civil y otras leyes. No existe\n aplicación indebida ni errónea interpretación\n de normas de derecho, ni aplicación indebida ni errónea\n interpretación de normas procesales, ni aplicación\n indebida ni errónea interpretación de los preceptos\n jurídicos aplicables a la valoración de la prueba.\n Sobre la base de las consideraciones expuestas, esta Sala, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n desecha el recurso interpuesto. El Juez a - quo realice la liquidación\n que corresponde, sin la intervención de perito. Notifiquese\n y devuélvase. Publíquese en el Registro Oficial,\n conforme lo ordena el Art. .19 de la Ley de Casación.
No. 129\n - 2000
ACTOR: José Rafael Cerezo.
\n DEMANDADA: Sociedad INSURPAC SA.
Quito, a 15 de mayo del 2000; a las\n 11h00.
VISTOS: El Ing. Manuel Guillermo Cepeda Barco por sus propios\n derechos y los que representa de la Sociedad INSURPAC S.A., interpone\n recurso de casación de la sentencia de segunda instancia\n dictada por la Segunda Sala de la H. Corte Superior de Justicia\n de Babahoyo, que confirma el fallo de primer nivel emitido por\n el Juez Primero Provincial del Trabajo de Los Ríos, que\n declara con lugar parcialmente la demanda, dentro del juicio\n verbal sumario de trabajo propuesto por José Rafael Cerezo\n Moscol contra el recurrente y la Compañía que representa.\n Habiéndose cumplido el trámite previo determinado\n en la Ley de Casación, la causa se encuentra en estado\n de dictar resolución, y para hacerlo se considera: PRIMERO.\n - Esta Sala es competente para. conocer y decidir el recurso\n en mención, en razón de lo prescrito por el Art.\n 200 de la Constitución Política de la República,\n publicada en la Registro Oficial No. 1 del 11 de agosto de 1998\n y el Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO. - El recurrente\n afirma que en el fallo que impugna se han violado las siguientes\n normas de derecho: El Art. 188 del Código del Trabajo;\n los Arts. 117, 119, 211, 278 y 280 del Código de Procedimiento\n Civil; y, la resolución con fuerza obligatoria emitida\n por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, publicada en el\n Registro Oficial No. 138 del 1 de marzo de 1999; relativa a la\n obligación de los jueces de instancia de cuantificar en\n sus fallos los valores que se manden a pagar en ellos. Señala\n el impugnante que en la sentencia dictada por la Sala de Apelación\n no se han cumplido los requisitos que ordena la ley; que no se\n realizó el análisis adecuado de la prueba actuada\n para apreciarlas en su conjunto, así como que en el fallo\n cuestionado no se han señalado las cantidades que deben\n pagarse. TERCERO. - La confrontación y comparación\n de las normas invocadas, en relación con los autos y el\n análisis prolijo de las tablas procesales permiten a esta\n Sala formular las siguientes reflexiones: 1. Por el texto de\n las disposiciones legales que el recurrente estima fueron violadas\n en la sentencia, puede deducirse que el aspecto esencial a dilucidarse\n en este fallo se contrae a la existencia del despido intempestivo,\n que admite el Tribunal de Apelación, así como de\n la indemnización correlativa que se ordena pagar; 2. Los\n testimonios de Cruz Inés Centeno Elizondo (fs. 53), Antonio\n Valle Vera (fs. 53 vta.) y Marcia Karina Medina Morón\n (fs. 54) son idóneos para acreditar el hecho del despido,\n pues al responder tanto las preguntas (fs. 43) como las repreguntas\n (fs. 50) demuestran coherencia y verosimilitud suficientes para\n otorgarles credibilidad a la luz de la sana crítica; 3.\n De otra parte, el demandado no ha intentado siquiera demostrar\n su aseveración hecha al contestar la demanda, en el sentido\n de que el actor dejó abandonado el trabajo; 4. A lo expresado\n en los números 2 y 3 que preceden, se agrega la confesión\n ficta del accionado (fs. 156 vta. 157), que al tenor de lo dispuesto\n en el Art. 135 del Código de Procedimiento Civil este\n Tribunal le asigna el valor de prueba; 5. La resolución\n del Pleno de la Corte Suprema de Justicia que se publicó\n en el Registro Oficial No. 138 de marzo 1 de 1999, estimase cumplida\n por que el Tribunal de Apelación dice en la parte resolutiva\n de su fallo: "se confirma la sentencia venida en grado en\n todas sus partes", la que incluye los valores cuantificados;\n 6. Por lo demás, no se aprecia en el fallo de alzada,\n que se hayan producido transgresiones legales que provoque la\n aceptación del recurso de casación. Sobre la base\n de las consideraciones expresadas, la Tercera Sala de lo Laboral\n y Social de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, desecha\n el recurso de casación interpuesto por el demandado. Entréguese\n al actor el valor de la caución consignada, conforme lo\n dispone el Art. 17 (reformado) de la Ley de Casación.\n Notifiquese, devuélvase y publíquese.
Quito, 24 de mayo del 2000; a las 10h00.
VISTOS: Para resolver el escrito de aclaración y ampliación\n presentado por la parte demandada, Ing. Manuel Guillermo Cepeda\n Barco, representante de INSURPAC S.A., la Sala considera que\n la sentencia es lo suficiente clara y no adolece de obscuridad;\n más bien el escrito en referencia es impreciso y pretende\n que se vuelva a considerar lo ya considerado en el fallo, lo\n cual es improcedente. Tampoco cabe ampliación porque ésta\n procede únicamente de la parte resolutiva de la sentencia,\n atento a lo dispuesto en el Art. 286 del Código de Procedimiento\n Civil, y el peticionario solicita ampliación de aspectos\n jurídicos ajenos a dicha parte. Notifiquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. Angel Lescano Fiallo, Nicolás Castro Patino,\n Jorge Ramírez Alvarez, Ministros Jueces.
No. 133\n - 2000
ACTOR: José Congacha Paucar.
\n DEMANDADA: Compañía ANDINATEL S.A.
Quito, a 24 de mayo del 2000; a las\n 15h00.
VISTOS: José Vicente Congacha Paucar, interpone recurso\n de casación de la sentencia dictada por la Primera Sala\n de la H. Corte Superior de Justicia de Chimborazo. que confirma\n la de primer nivel, en la que se declaró sin lugar la\n demanda, dentro del juicio verbal sumario de trabajo, que ha\n propuesto contra los ingenieros Alberto Sandoval Jaramillo y\n Jaime Gutiérrez López, por sus propios derechos\n y los que representan en sus calidades de Presidente Ejecutivo\n y Gerente de la sucursal en Chimborazo de la Compañía\n ANDINATEL SA., en su orden. Agotado "el trámite correspondiente,\n el estado de la causa es el de resolver, y para hacerlo se considera:\n PRIMERO. - Esta Sala es competente para conocer y decidir el\n recurso en mención, en razón de lo prescrito por\n el Art. 200 de la Constitución Política de la República,\n publicada en el Registro Oficial No. 1 del 11 de agosto de 1998\n y Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO. - El recurrente\n censura de la sentencia dictada por la Sala de Apelación\n señalando que existe falta de aplicación de los\n Arts. 7, 569 y 600 del Código del Trabajo; y, además,\n de lo dispuesto en el inciso primero del Art. 119 del Código\n de Procedimiento Civil. El fundamento de su impugnación\n lo radien en las causales 1 y 3 del Art. 30 de la Ley de Casación,\n debiendo advertirse que este artículo no existe y que,\n posiblemente, quiso referirse al Art. 3 de la mencionada ley.\n TERCERO. - Confrontada la sentencia con el texto del recurso\n interpuesto, autos y más constancias procesales, la Sala\n determina: 1.- Que las normas jurídicas del Código\n del Trabajo que el recurrente conceptúa supuestamente\n violadas, se refieren al principio de favor o pro - operario,\n a la autorización al trabajador extranjero, que para ingresar\n al país con el propósito de desarrollar actividades\n laborales, debe otorgarle el Director Nacional de Empleo y Recursos\n Humanos del Ministerio de Trabajo, y a la facultad de los tribunales\n de última instancia para ordenar, de oficio, las diligencias\n que creyeren necesarias para esclarecer los puntos controvertidos,\n respectivamente; sin que se observe en los autos que exista vinculación\n entre las normas jurídicas invocadas, los - puntos controvertidos\n y la decisión tomada por la Sala de Apelación;\n 2. - De la misma manera, no aparece del proceso que hubiese transgresión\n de la norma de valoración de la prueba de acuerdo con\n las reglas de la sana crítica, a que se refiere el primer\n inciso del Art. 119 del Código de Procedimiento Civil\n invocado, observándose, más bien, que en la sentencia\n impugnada hay análisis y valoración de la prueba\n rendida por el actor. CUARTO. - No existe pues en la sentencia\n que se impugna ninguno de los motivos que aduce el recurrente\n para casarla. Sobre la base de las consideraciones expuestas,\n esta Tercera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema\n de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, desecha el recurso de casación\n interpuesto. Notifiquese, devuélvase y publíquese.
Certifico. -
Certifico que es fiel copia del original. - Quito. 12 de junio\n del 2000.
f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.\n \n

References: resolución 
 artículo 63
 artículo 13
 Resolución 
 artículo 111
 Resolución 
 artículo 5
 artículo 276
 artículo 23
 Resolución 
 resolución 
 resolución