Source: https://tc.vlex.es/vid/2001-22-11-sstc-35376585
Timestamp: 2019-06-25 03:25:21+00:00

Document:
STC 262/2007, 20 de Diciembre de 2007 - Jurisprudencia - VLEX 35376585
STC 262/2007, 20 de Diciembre de 2007
Número de Recurso: 1669-2001
Recurso de inconstitucionalidad 1669-2001. Interpuesto por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha respecto a diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Derechos fundamentales de los extranjeros: SSTC 236/2007 y 259/2007. Inconstitucionalidad de preceptos legales. Voto particular.
Sentencia citada en: 4 sentencias, 6 artículos doctrinales, 4 temas prácticos
STC 262/2007, de 20 de diciembre de 2007
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1669-2001, interpuesto por el Letrado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Ha comparecido el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Pablo Pérez Tremps, quien expresa el parecer del Tribunal.
Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 23 de marzo de 2001, el Letrado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la representación que legalmente ostenta del Consejo de Gobierno, interpone recurso de inconstitucionalidad contra el artículo. 1, apartados 5, 6, 7, 9, 15, 16, 50, 56 y 57 de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
El recurrente comienza su alegato desarrollando los fundamentos de orden procesal, en los que se afirma la legitimidad del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para interponer el presente recurso para, tras ello, exponer a continuación el régimen jurídico previsto constitucionalmente en relación con los derechos fundamentales y libertades públicas de los extranjeros en España, señalando que, conforme a la jurisprudencia de éste Tribunal Constitucional, los mismos están dotados de la protección constitucional siendo, en cuanto a su contenido, derechos de configuración legal. En relación con ello indica que el legislador no goza de una libertad absoluta para llevar a cabo su tarea de conformación legislativa de estos derechos pues no puede restringir su ámbito hasta el punto de hacer impracticable su ejercicio para quienes no sean españoles ya que la titularidad de los derechos está ligada a las personas y no a las situaciones administrativas en las que se puedan encontrar. Por el contrario, la configuración legal de los derechos y libertades de los extranjeros ha de respetar las prescripciones constitucionales que regulan su ejercicio y el contenido esencial que los haga reconocibles, debiendo interpretarse de manera restrictiva las limitaciones que pudieran introducirse en materia de derechos fundamentales. Junto a ello el legislador ha de respetar, por expreso mandato del art. 10.2 CE, los limites que se deriven de los tratados internacionales en la materia ratificados por el Estado español.
Expuesto lo anterior, la representación procesal del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha inicia el examen de los distintos preceptos impugnados, comenzando por el punto 5 del artículo. 1 de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, que modifica el apartado 1 del art. 7 de la Ley Orgánica 4/2000, relativo a la regulación de los derechos de reunión y manifestación, los cuales se reconocen para los extranjeros que hubieran obtenido autorización de residencia o estancia en España. Esta previsión se estima contraria a los arts. 10.1, 13.1, 21 y 53.1 CE, en cuanto modaliza de tal modo el ejercicio del derecho que lo hace imposible para quienes no tengan autorizada su estancia o residencia en España que, de facto, no pueden utilizar ese derecho, contradiciendo además lo previsto en los Tratados internacionales que deben servir para interpretar aquellos derechos ex art. 10.2 CE.
Análogas consideraciones se realizan en torno a la libertad de asociación regulado en el punto 6 del art. 1 de la Ley Orgánica 8/2000, el cual da nueva redacción al art. 8 de la Ley Orgánica 4/2000. Esta regulación, en cuanto condiciona el ejercicio del derecho de asociación de los extranjeros a la obtención de autorización de estancia o residencia en España, vulnera el art. 22 CE que proclama el derecho de asociación en la interpretación que debe de hacerse del mismo en conexión con los arts. 10 y 13.1 CE y los Tratados internacionales en la materia firmados por España.
El punto 7 del artículo. 1 da nueva redacción al apartado 3 del art. 9 de la Ley Orgánica 4/2000, estableciendo el derecho a la educación de naturaleza no obligatoria sólo para los extranjeros residentes. Con este criterio se está vulnerando el art. 27 CE que garantiza el derecho de todos a la educación, pues se trata de un derecho inherente a la persona (art. 10.1 CE) y que, por tanto, no puede ser negado a un extranjero aunque se encuentre en una situación no regularizada administrativamente.
La modificación de la regulación de las libertades de sindicación y huelga contenida en el art. 11 de la Ley Orgánica 4/2000 constituye el objeto del punto 9 del art. 1 de la Ley Orgánica 8/2000. Esa regulación hace depender el derecho de sindicación de los extranjeros de la autorización de estancia o residencia en España y el derecho de huelga de la autorización para trabajar. Ambas limitaciones se estiman contrarias a lo dispuesto en los arts. 10.1, 13.1, 28 y 53.1 CE así como, en el caso del derecho de sindicación, a los arts 23 de la Declaración universal de los derechos humanos (DUDH), 8.1 a) del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC), 11.1 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades públicas (CEDH) y 2 y 3.2 del Convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo y en lo relativo al derecho de huelga, que ha de considerarse de derecho subjetivo incardinable en el libre desarrollo de la personalidad, al art. 8.1 d) PIDESC. f) En cuanto a la regulación del derecho a la asistencia jurídica gratuita, el recurrente entiende que la nueva redacción del art. 22 de la Ley Orgánica 4/2000, dada por el punto 16 del artículo primero de la Ley Orgánica 8/2000, exige la condición de residente al extranjero para tener acceso a la asistencia jurídica gratuita en aquellos procesos, cualquiera que sea la jurisdicción en que se sigan (penal, laboral, civil o contencioso-administrativa) que no tengan por objeto las cuestiones a las que se refiere su apartado primero (denegación de entrada, expulsión o salida obligatoria del territorio español y asilo). El derecho a la asistencia jurídica gratuita (art. 119 CE) debe de considerarse que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), del que son titulares todas las personas. La imposibilidad de obtener asistencia jurídica gratuita los extranjeros no residentes que carezcan de recursos para litigar es especialmente grave en materia penal y laboral, por tratarse de un colectivo especialmente desprotegido y, por tanto, proclive a la indefensión, al abuso y a la explotación. Por ello, el art. 22.2 es inconstitucional por vulnerar los arts. 10.1, 24.1 y 53.1 CE.
El punto 50 del artículo primero da nueva redacción a los apartados 2 y 8 del art. 57 (antes 53) de la Ley Orgánica 4/2000, autorizando la expulsión de los extranjeros condenados por conducta dolosa que constituya delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año. El precepto se considera inconstitucional por establecer —con identidad de sujeto, hecho y fundamento— dos sanciones, una penal y otra administrativa, con lo que contraviene el principio non bis in idem proscrito por el art. 25.1 CE.
Finalmente, se impugnan los nuevos arts. 63.2 y 4 y 64.1, todos ellos en relación con la redacción dada al art. 21.2 por considerarlos inconstitucionales, al vulnerar el principio de igualdad (art. 14 CE) y el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), el inciso “salvo lo dispuesto en esta Ley para la tramitación de expedientes de expulsión con carácter preferente” del art. 21.2; el plazo de cuarenta y ocho horas para alegaciones que establece el art. 63.2, así como su apartado 4; y, finalmente, el apartado 1 del art. 64, en cuanto excluye el plazo mínimo de setenta y dos horas para obligar al extranjero a abandonar el territorio español en el procedimiento preferente de expulsión. Se razona al respecto que el plazo de cuarenta y ocho horas del art. 63.2 puede causar indefensión, ya que el extranjero debe de disponer del tiempo y facilidades necesarias para facilitar su defensa; que al excepcionar el art. 21.2 la regla general sobre la ejecutividad de los actos administrativos, entendida dicha excepción en el sentido de que no es posible acordar la suspensión cautelar de la medida de expulsión, se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE); y, finalmente, que la misma indefensión denunciada puede generar el art. 64.1, en cuanto también parece abonar la imposibilidad de aplicar la suspensión cautelar de la resolución administrativa de expulsión.
Concluye el escrito de demanda solicitando del Tribunal Constitucional que, tras los trámites legales oportunos, dicte Sentencia en la que se declare la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de los siguientes apartados del artículo. 1 de la Ley 8/2000, de 22 de diciembre: 5, 6, 7, párrafo 3, 9, 15, en cuanto a su inciso “salvo lo dispuesto en esta Ley para la tramitación de expedientes de expulsión con carácter preferente”, 50, 56, párrafos 2, en cuanto establece un plazo de alegaciones de cuarenta y ocho horas, y 4, y 57, párrafo 1, en su inciso “excepto en los casos que se aplique el procedimiento preferente”.
Mediante providencia de 22 de mayo de 2001, la Sección Cuarta del Tribunal acordó admitir a trámite el presente recurso de inconstitucionalidad; dar traslado de la demanda y de los documentos presentados, conforme establece el art. 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes y al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular alegaciones que estimasen pertinentes y, finalmente, publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado”. Dicha publicación se llevó a efecto en el “Boletín Oficial del Estado” núm. 131, de 1 de junio de 2001.
Por escrito registrado el 31 de mayo de 2001, el Abogado del Estado, en la representación que ostenta, compareció en el proceso y solicitó una prórroga del plazo para alegaciones por ocho días más, que le fue concedida por providencia de la Sección Cuarta del Tribunal, de 5 de junio de 2001.
A continuación, el Abogado del Estado rechaza la pretensión de la parte recurrente de fundamentar la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados en su contradicción con los tratados internacionales ratificados por España en materia de derechos fundamentales. Y ello porque de acuerdo con lo previsto en el art. 10.2 CE, la configuración de los derechos fundamentales en los tratados internacionales no es un parámetro de constitucionalidad de las leyes españolas, pues la citada disposición constitucional está destinada a la interpretación de aquéllos (ATC 195/1991). La constitucionalidad de los preceptos recurridos debe enjuiciarse utilizando como parámetro, en primer lugar, los artículos de la Constitución pero no comparando directamente los términos de los preceptos recurridos con las expresiones contenidas en los tratados internacionales. En la demanda se reconoce que los derechos regulados pueden ser restringidos para los extranjeros, de acuerdo con lo previsto en el art. 13.1 CE y la STC 115/1987, pero se afirma que la restricción contenida en los preceptos recurridos vulnera la Constitución de acuerdo con el alcance que tiene de conformidad con los tratados internacionales ratificados por España. Tal planteamiento no puede prosperar porque los tratados invocados no contienen una previsión expresa sobre el alcance subjetivo que han de tener esos derechos en relación con los extranjeros, ni es posible deducirla de las expresiones que contienen. Por el contrario, en esos tratados sí es posible encontrar el “orden público” como motivo de limitación al ejercicio de los derechos que se regulan en la Ley impugnada.
En relación con la nueva redacción del art. 20 de la Ley Orgánica 4/2000, que pasa a ser el art. 22, entiende el Abogado del Estado que la estimación del recurso garantizaría el derecho a cualquier extranjero que, acreditando insuficiencia de medios económicos, litigase ante los tribunales españoles con independencia de que se encontrase o no en España considerando al respecto que la demanda no distingue el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del derecho constitucional de prestación de la asistencia jurídica gratuita que ha de ser configurado por el legislador. Seguidamente señala que el art. 1.2 de la Ley Orgánica 4/2000 (en la nueva redacción dada por el art. 1.1 de la Ley Orgánica 8/2000) establece que “lo dispuesto en esta Ley se entenderá sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales y en los tratados internacionales en que España sea parte”. Dicha cláusula obliga a entender que el nuevo art. 22.2 de la Ley Orgánica 4/2000 deja a salvo las normas más beneficiosas que en materia de asistencia jurídica gratuita pudieran contener los tratados o las leyes especiales, entre éstas el art. 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (LAJG), y por ello no debe atribuirse a aquel precepto eficacia derogatoria de las normas internas o internacionales más favorables en materia de asistencia jurídica gratuita a extranjeros.
En este punto, el Abogado del Estado se remite a las alegaciones vertidas en su día en el recurso de inconstitucionalidad 1555-1996, interpuesto por el Defensor del Pueblo contra el art. 2 LAJG, en su inciso “que residan legalmente en España”, planteando si el legislador español está constitucionalmente obligado a asegurar la asistencia jurídica gratuita a los extranjeros en los supuestos no comprendidos en el art. 22 de la Ley Orgánica 4/2000 en su nueva redacción, o en el art. 2 LAJG. De acuerdo con los convenios internacionales, especialmente el CEDH y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la respuesta a tal cuestión es que salvo el supuesto del inculpado en un proceso penal, la denegación del derecho a la justicia gratuita supondrá infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, del que son titulares los extranjeros, sólo cuando en el caso sea indispensable para lograr un acceso efectivo a la justicia, para ejercer con efectividad el derecho al recurso o, en general, para evitar indefensiones materiales o padecimientos de la igualdad procesal de armas.
El Abogado del Estado rechaza la impugnación de la nueva redacción del apartado 2 del art. 57 de la Ley Orgánica 4/2000, autorizando la expulsión de los extranjeros condenados por conducta dolosa que constituya delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año. A su juicio, resulta dudoso que la expulsión constituya una sanción en sentido estricto, desde la perspectiva de la doctrina constitucional (STC 24/2000), y de ahí que no se produzca la denunciada vulneración del principio non bis in idem, pues los hechos y los fundamentos de la sanción penal y los de la expulsión, que constituyen la base para determinar la existencia de aquella vulneración (STC 204/1996), son completamente distintos.
Según el Abogado del Estado, el nuevo art. 63 de la Ley Orgánica 4/2000 en relación con los arts. 64 y 21.2, establece un procedimiento preferente de expulsión tras la incoación del procedimiento sancionador. La entidad recurrente no cuestiona las causas de expulsión que motivan el procedimiento preferente sino la ejecutividad de la resolución de expulsión y la brevedad del plazo para formular alegaciones por sus repercusiones indirectas sobre el derecho a la tutela judicial efectiva. Sin embargo, tales objeciones no quedarían justificadas puesto que no se ha establecido una regla singular diferente a la común de la ejecutividad de los actos administrativos y el legislador ha instituido un procedimiento más abreviado de expulsión para causas de muy sencilla apreciación o de especial gravedad, pero ha previsto trámites suficientes y un derecho a la resolución motivada, observando así las garantías esenciales de cualquier procedimiento administrativo sin limitar las formas de control y tutela judicial previstas en el ordenamiento jurídico.
El presente recurso de inconstitucionalidad se plantea por el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra el artículo. 1, apartados 5, 6, 7, 9, 15, 16, 50, 56 y 57 de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Los apartados 5, 6, 7, 9, 15, 16 y 50 del artículo. 1 de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, dan nueva redacción, respectivamente, a los arts. 7.1, 8, 9, 11, 19.2 (que pasa a ser el art. 21.2), 20 (que pasa a ser el art. 22) y 53 (que pasa a ser el art. 57) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y sus apartados 56 y 57 añaden sendos nuevos artículos con los números 63 y 64, respectivamente.
El Letrado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha considera inconstitucionales los preceptos legales que se acaban de relacionar porque condicionan el ejercicio de determinados derechos constitucionales por parte de los extranjeros a la obtención de la autorización de estancia o residencia en España, y, por tanto, circunscriben su disfrute exclusivamente a las personas que se encuentren en una situación de regularidad dentro del país lo que entraría en contradicción con los tratados internacionales ratificados por España en materia de derechos y libertades, los cuales tendrían la condición de parámetro de la constitucionalidad de las leyes españolas con base en la disposición prevista en el art. 10.2 CE. El Abogado del Estado se opone al planteamiento realizado por la parte actora y sostiene la plena constitucionalidad de los preceptos recurridos.
A la misma conclusión y por la misma razón conduce la STC 236/2007, en la medida en que son objeto del recurso los arts 9.3 y 22.2 de la Ley Orgánica 4/2000, en el texto establecido en la Ley Orgánica 8/2000.
Finalmente y en cuanto se impugnan los arts. 7.1, 8, y 11.1, exclusivamente respecto al derecho a sindicarse libremente, de la Ley Orgánica 4/2000, en la redacción señalada por la Ley Orgánica 8/2000, puesto que la STC 236/2007 (FJ 17) declara su inconstitucionalidad pero no su nulidad, ha de entenderse que el proceso mantiene su objeto, por lo que, con remisión a su fundamentación jurídica, procedente será también la declaración de inconstitucionalidad sin nulidad.
Por ello, en el presente proceso constitucional, el objeto de nuestro enjuiciamiento ha de quedar limitado a los apartados 15, en cuanto da nueva redacción al art. 21.2; 50, en cuanto da nueva redacción a los apartados 2 y 8 del art. 57; 56, en lo relativo al plazo de alegaciones de cuarenta y ocho horas de la nueva redacción del art. 63.2 y al nuevo art. 63.4 y, por último, 57, en cuanto al inciso ”excepto en los casos en los que se aplique el procedimiento preferente” del nuevo art. 64.1, todos ellos del artículo primero de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre.
Comenzaremos nuestro enjuiciamiento por la impugnación del apartado 56 del art. 1 de la Ley Orgánica 8/2000 que añade el art. 63 a la Ley Orgánica 4/2000, precepto en cuyo apartado 2 se concede un plazo de cuarenta y ocho horas para la formulación de alegaciones contra la propuesta de expulsión adoptada en el seno del denominado procedimiento preferente, introducido, mediante la adición de un nuevo art. 63 en la Ley Orgánica 4/2000, por el punto 56 del art. 1 de la Ley Orgánica 8/2000, aplicable en la tramitación de los expedientes de expulsión en determinados supuestos previstos en el apartado 1 del precepto, en concreto, los de las letras a) y b) del apartado 1 del art. 54, así como los de las letras a), d) y f) del art. 53.
Al respecto, la representación procesal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha considera que el citado plazo de cuarenta y ocho horas puede causar indefensión, resultando, por ello, contrario al art. 24.1 CE. Por el contrario, el Abogado del Estado considera que el denominado procedimiento preferente no supone, en ningún caso, una limitación de las formas de control y tutela judicial previstas en el ordenamiento jurídico.
En relación con el concreto motivo de inconstitucionalidad alegado, hemos de apreciar que el mismo ya ha sido desestimado por este Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico 16 de la STC 236/2007, de 7 de noviembre, al que procede remitirse ahora en su integridad y en el que consideramos que la regulación de este procedimiento preferente no podía reputarse contraria al art. 24 CE.
A la misma conclusión hay que llegar respecto de la impugnación del apartado 50 del art. 1 de la Ley Orgánica. 8/2000, en que se da nueva redacción a los apartados 2 y 8 del art. 57 de la Ley Orgánica. 4/2000. La Comunidad Autónoma alega que este precepto vulnera la interdicción del non bis in idem. Esta cuestión ya fue resuelta en el fundamento jurídico 14 de la citada STC 236/2007, a la que también procede remitirse para su desestimación.
El examen de los restantes de los preceptos impugnados puede ser realizado conjuntamente, dado que los mismos se refieren a aspectos relacionados con la regulación de la ejecutividad de la resolución de expulsión acordada en un procedimiento preferente. Tales preceptos disponen lo siguiente:
Artículo 21. Derecho al recurso contra los actos administrativos. 2. El régimen de ejecutividad de los actos administrativos dictados en materia de extranjería será el previsto con carácter general en la legislación vigente, salvo lo dispuesto en esta Ley para la tramitación de expedientes de expulsión con carácter preferente
Artículo 63. Procedimiento preferente. 4. La ejecución de la orden de expulsión en estos supuestos se efectuará de forma inmediata
Artículo 64. Ejecución de la expulsión. 1. Una vez notificada la resolución de expulsión, el extranjero vendrá obligado a abandonar el territorio español en el plazo que se fije, que en ningún caso podrá ser inferior a las setenta y dos horas, excepto en los casos en que se aplique el procedimiento preferente. En caso de incumplimiento se procederá a su detención y conducción hasta el puesto de salida por el que se haya de hacer efectiva la expulsión. Si la expulsión no se pudiera ejecutar en el plazo de setenta y dos horas, podrá solicitarse la medida de internamiento regulada en los artículos anteriores, que no podrá exceder de cuarenta días
El Letrado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aduce que los anteriores preceptos son inconstitucionales por vulnerar los arts. 14 y 24.1 CE puesto que, al impedir la suspensión cautelar de las resoluciones administrativas que ordenan la ejecución inmediata de la expulsión, estarían generando indefensión. El Abogado del Estado considera que el legislador ha configurado un procedimiento administrativo más abreviado para causas de muy sencilla apreciación o de especial gravedad en el que han de observarse las garantías esenciales de cualquier procedimiento administrativo lo que evita cualquier vulneración del art. 24 CE.
El motivo de inconstitucionalidad alegado, que ha de ceñirse a la alegada imposibilidad de acordar la suspensión cautelar de la expulsión acordada por la autoridad administrativa en el denominado procedimiento preferente de lo que se derivaría la consiguiente vulneración del art. 24.1 CE, ha de ser desestimado, pues respecto del mismo ya nos hemos pronunciado en el fundamento jurídico 4 de la STC 259/2007, de 19 de diciembre, al que nos remitimos ahora. En la citada Sentencia y fundamento jurídico consideramos que no resultaba posible apreciar que los preceptos impugnados vulnerasen las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva, conforme a las cuales debe quedar asegurado que las pretensiones cautelares de los justiciables se someten a la consideración de un Tribunal de justicia, y que éste resuelva sobre las mismas, ya que los mismos no impedían al extranjero afectado ejercer la posibilidad procesal de que la ejecutividad del acto impugnado fuera sometida a un control judicial que pudiera concluir, en su caso, con la suspensión de los efectos del acto administrativo.
Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad núm. 1669-2001, interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y, en consecuencia:
Declarar extinguido el recurso por desaparición sobrevenida del objeto respecto de la impugnación de los arts 9.3, 11.2 y 22.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre.
Declarar la inconstitucionalidad, con los efectos que se indican en el fundamento jurídico 2 c) de los arts. 7.1, 8 y 11.1 (exclusivamente respecto al derecho a sindicarse libremente) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre.
Voto particular que formula el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas a la Sentencia de fecha 20 de diciembre de 2007, recaída en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1669-2001, al que se adhiere el Magistrado don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez.
SAP Baleares 255/2006, 14 de Junio de 2006
SAP Burgos 254/2001, 8 de Mayo de 2001
STS 1000/2003, 30 de Octubre de 2003

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 21

Artículo 63

Artículo 64
 resolución