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Timestamp: 2019-01-24 04:51:15+00:00

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﻿ SENTENCIA 2007-01360/3144-16 DE SEPTIEMBRE 21 DE 2017
SENTENCIA 2007-01360 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:NATURALEZA DEL REAJUSTE ESPECIAL EN MATERIA PENSIONAL. SE HA ESTABLECIDO QUE EL MONTO DE 25 SALARIOS MÍNIMOS ES UN LÍMITE MÁXIMO PARA LAS MESADAS PENSIONALES, RAZÓN POR LA CUAL EL HECHO DE QUE AL RELIQUIDAR SU PENSIÓN CON APLICACIÓN DEL REAJUSTE ESPECIAL EN 50%, EVENTUALMENTE SE APORTA UN RESULTADO INFERIOR A DICHO APORTE NO IMPONE LA REVOCATORIA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. DE ESTA FORMA, SE DEBE TENER EN CUENTA QUE EL REAJUSTE ESPECIAL ES UNA FIGURA QUE NO IMPLICA UNA RELIQUIDACIÓN DEL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN PENSIONAL SINO UNA ACTUALIZACIÓN DE LA PENSIÓN A FIN DE ELUDIR LA DESIGUALDAD SURGIDA ENTRE QUIENES SIENDO CONGRESISTAS SE PENSIONARON ANTES DE QUE ENTRARA EN VIGENCIA LA LEY 4 DE 1992 Y LOS QUE EN IGUAL CONDICIÓN SE PENSIONARON O PENSIONARÍAN CON POSTERIORIDAD A SU EXPEDICIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN, MESADA PENSIONAL, PENSIÓN, REAJUSTE DE LA MESADA PENSIONAL, PAGO DE LA MESADA PENSIONAL, SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN DEL BONO PENSIONAL
Sentencia 2007-01360/3144-16 de septiembre 21 de 2017
Exp.: 25000-23-25-000-2007-01360-01
Número interno: 3144-16
Actor: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República - Fonprecon
Consiste en establecer si la demandada, como beneficiaria sustituta de la pensión del señor Roberto de Jesús Hoyos Castaño (q.e.p.d.) en su condición de excongresista, pensionado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992, tiene derecho al reajuste de la mesada pensional del causante en un porcentaje del 75% de lo devengado por un congresista para el año 1994, o en un porcentaje del 50% del promedio de las pensiones a que tendrían derecho los congresistas a partir del 1º de enero de 1994.
Previo a solucionar el fondo del asunto la Sala procederá a resolver sobre las excepciones propuestas por la parte demandada, y sobre las cuales insiste en el recurso de alzada.
2.2.1. Caducidad. Considera la señora Mejía Arango que la presente acción se encuentra caducada en aplicación de la regla contenida en el numeral 7º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, norma a la cual se le debe dar prevalencia sobre la establecida por el numeral 2º del mismo artículo, teniendo en cuenta que si bien ambos numerales se pueden aplicar, lo cierto es que la del numeral 7º es posterior al 2º, al tenor de lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley 57 de 1887.
Este argumento no tiene vocación de prosperidad, pues como ya explicó el a quo las resoluciones 1557 del 30 de diciembre de 1994 y 00183 del 21 de febrero de 1996 que se demandan reconocen una prestación periódica en los términos del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. No se puede dar aplicación a la norma posterior según la cual el término de caducidad para que la administración demande su propio acto es de 2 años (num. 7º del art. 136 CCA), pues es claro que existe una norma especial que consagra esta figura frente a los actos que reconocen prestaciones sociales (art. 136 num. 7º). El mismo análisis cabe frente a la Resolución 1661 del 26 de diciembre de 2008.
Ahora bien, en lo relacionado con la Resolución 1711 del 30 de diciembre de 1996, por la cual Fonprecon reconoció intereses de mora sobre el reajuste especial, es claro que se trata de un acto que no reconoció prestación periódica alguna, y como la demanda se formuló ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 13 de diciembre de 2007, según consta a folio 32 vuelto del cuaderno principal, es decir, cuando ya había operado la caducidad respecto de la citada resolución, habrá de revocarse la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad de dicho acto administrativo, para en su lugar declarar probada la excepción de caducidad de la acción propuesta por el demandado.
2.2.2. No comprender la demanda a todos los litis consortes necesarios por activa. En el mismo sentido expone que la demanda no incluyó a todos los litis consortes necesarios por activa en consideración a que su pensión es pagada, además del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, por la Caja Nacional de Previsión Social, la Caja Social del Distrito Especial de Bogotá y por la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero.
Al respecto se observa en los actos acusados que las sumas reconocidas a favor del causante se pagaron en su totalidad por parte de Fonprecon, independientemente de que esta entidad tuviera que repetir mensualmente contra otras entidades públicas para el reembolso de la cuota que le correspondía a cada una de ellas. Luego es evidente que quien tiene interés principal y directo en la disminución de la mesada pensional, así como en el reembolso de las sumas derivadas de las diferencias y los intereses moratorios es el fondo mencionado y, por ende, es el habilitado para formular demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad.
2.2.3. Inepta demanda. Considera la señora Mejía Arango que la demanda es inepta por cuanto no se explicó en qué consistió la violación del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, tampoco quién es la parte demandada, y porque no existe coherencia entre los hechos que sirven de base a la acción y a las pretensiones.
Sobre el particular se anota que de la simple lectura del libelo inicial es evidente que el demandado es el señor Roberto de Jesús Hoyos Castaño y que luego, en virtud de su fallecimiento, asumió su posición en el proceso la cónyuge Catalina Mejía Arango(10).
Del mismo modo se observa que las causales de nulidad invocadas se sustentan en el desconocimiento de las normas que rigen lo relativo al reajuste especial de que trata el Decreto 1359 de 1993, pues Fonprecon considera que al causante no le asistía el derecho a que le fuera reconocido el reajuste especial en porcentaje del 75% de lo que devengaba un congresista para la época, a partir del 1º de enero de 1994. En consecuencia, no prospera la excepción.
2.2.4. Las excepciones de “presunción de legalidad”; “buena fe del demandado”; “la demanda está en contravía con el contenido del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 y de los artículos 1º, 5º y 6º del Decreto 1359 de 1993”; “decaimiento del artículo 17 del Decreto 1359 de 1993 y artículo 7º del Decreto 1393 de 1994” e “inexistencia de soporte legal para pedir el reintegro de las mesadas pensionales con sus correspondientes reajustes e intereses” se resolverán al momento de decidir el fondo del asunto.
Con fundamento en el artículo 150 de la Constitución Política de 1991, literales e) y f)(11), que otorgó competencia al legislador para dictar normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre los que incluyó a los miembros del Congreso de la República, se expidió la Ley 4ª de 1992(12).
El artículo 17 de la citada ley ordenó al Gobierno Nacional a establecer un régimen de pensiones para los congresistas, así como su reajuste y sustitución, que no podían ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que devenguen éstos, de la siguiente forma:
Aquellas y estas no podrán ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que, durante el último año, y por todo concepto, perciba el congresista, y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal(13).
“PAR.—La liquidación de las pensiones, reajustes y sustituciones se hará teniendo en cuenta el último ingreso mensual promedio que por todo concepto(14) devenguen los representantes y senadores en la fecha en que se decrete la jubilación, el reajuste, o la sustitución respectiva.
Con posterioridad se expidió el Decreto 1359 de 1993, reglamentario de la Ley 4ª de 1992, que estableció el régimen especial de pensiones de los senadores y representantes a la Cámara. En su artículo 17, modificado por el artículo 7º del Decreto 1293 de 1994, reguló el reajuste de la mesada pensional de los excongresistas pensionados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992 (18 de mayo de 1992) en los siguientes términos:
Según la norma transcrita, el reajuste especial de la mesada pensional era equivalente al 50% del promedio de las pensiones a que tenían derecho los congresistas para ese momento y se estableció únicamente para los exparlamentarios que se pensionaron antes de la entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992 (18 de mayo de dicho año) con efectos fiscales a partir del 1º de enero de 1994.
Sobre el particular se ha dicho que no existe vulneración alguna del derecho a la igualdad, en tanto que la norma regulaba dos situaciones distintas: 1) el reconocimiento y pago del reajuste especial a quien había sido congresista antes de la vigencia de la Ley 4ª de 1992, en monto del 50% del promedio de las pensiones a que tenían derecho; y 2) la definición del monto pensional en cuantía del 75% para quien se desempeñara como congresista luego de la vigencia de dicha ley, sin haber consolidado su derecho pensional(15).
Esta corporación en sentencia de 6 de mayo de 2015(16), con ponencia del consejero Gustavo Gómez Aranguren, precisó lo siguiente:
(...) En lo que concierne al reajuste especial, como la jurisprudencia reiterada de la Sala lo ha considerado, se constituye en un beneficio exclusivo para los excongresistas que fueron pensionados con anterioridad a la vigencia de la Ley 4ª de 1992, es decir, antes del 18 de mayo de 1992; al que únicamente tienen derecho por una sola vez y que no conlleva a una reliquidación anual del ingreso base de liquidación pensional sino una actualización de la pensión, como medida tendiente a soslayar la desigualdad surgida con la entrada en vigencia del nuevo ordenamiento constitucional, entre quienes siendo congresistas se pensionaron con anterioridad a la Ley 4ª de 1992 y los que en igual condición se pensionaron o pensionarían con posterioridad a la misma.
Así se establece, que el reajuste especial, es aquel al cual tienen derecho los exlegisladores, sólo por una vez, que asciende al 50% del promedio de las pensiones devengadas por los congresistas para el año 1994, con efectos fiscales a partir del 1º de enero de 1994, habida cuenta que se pensionaron antes de la vigencia de la Ley 4ª de 1992 (...).
En el mismo sentido se han pronunciado las subsecciones A y B de la sección segunda de esta corporación en diversas sentencias(17) en las que se ha mantenido idéntica línea sobre este tema.
Obra a folios 285 y 286 del cuaderno principal certificación expedida por la subsecretaria general de la Cámara de Representantes en la que consta que el señor Roberto de Jesús Hoyos Castaño (q.e.p.d.) se desempeñó como representante a la Cámara por los periodos 1970-1974; 1974-1978; y 1978- 1982; y 1982-1986.
Figura igualmente una certificación emitida por los jefes de las secciones de registro y control y de pagaduría de la Cámara a folios 287 a 289 ibídem en la que aparecen las sumas que le fueron pagadas al señor Hoyos Castaño en los años 1970-1986 en su calidad de congresista.
Mediante Resolución 0981 del 20 de agosto de 1987 el Fondo de Previsión Social del Congreso reconoció una pensión mensual vitalicia de jubilación a favor del señor Roberto de Jesús Hoyos Castaño siendo su último cargo el de representante a la Cámara”(18).
Por medio de la Resolución 1557 del 30 de diciembre de 1994 Fonprecon reconoció y ordenó el pago de un reajuste especial a la pensión del señor Hoyos Castaño en un porcentaje equivalente al 75% del ingreso mensual promedio que devengaba un congresista en 1994, con efectos fiscales a partir del 1º de enero de 1994(19).
Mediante la Resolución 0183 del 21 de febrero de 1996 Fonprecon ordenó el reconocimiento de dicho reajuste especial también por los años 1992 y 1993(20).
Por medio de la Resolución 1711 del 30 de diciembre de 1996 Fonprecon reconoció y ordenó pagar los intereses de mora por el no pago oportuno del reajuste(21).
Obra a folios 111 y 112 la Resolución 1661 del 26 de diciembre de 2008 por la cual Fonprecon sustituyó la pensión a favor de la señora Catalina Mejía Arango, en su calidad de cónyuge del ex congresista Hoyos Castaño.
Como se analizó en el capítulo precedente, en el sub lite se acreditó que el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República reconoció una pensión de jubilación a favor del señor Roberto de Jesús Hoyos Castaño (q.e.p.d.) por haber adquirido su status de pensionado con anterioridad a la Ley 4ª de 1992, pues cumplió los requisitos de edad y tiempo de servicios en forma previa a su vigencia.
Mediante los actos acusados la misma entidad ordenó el reconocimiento y pago del reajuste especial a su favor en el equivalente al 75% de lo que devengaba un congresista en el año 1994, a partir del 1º de enero de ese mismo año, y luego la reconoció a partir del año 1992, así como los intereses por el no pago oportuno de ese reajuste.
En consecuencia, es evidente que el causante, señor Hoyos Castaño, no adquirió el status pensional como congresista luego de la entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992, razón por la cual no podía extendérsele retroactivamente un régimen que fue expedido para los parlamentarios que se pensionaran con posterioridad a la referida ley.
Por tanto como la pensión fue causada a favor del ex congresista con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992, solo tenía derecho a que le fuera reajustada hasta alcanzar el 50% de la pensión que devengaba un parlamentario para el año 1994, mas no en el porcentaje ordenado en el acto acusado a favor de la beneficiaria.
2.4.1. Bajo esta misma línea argumentativa no puede prosperar la solicitud que se formuló en el recurso de alzada en el sentido de que se dé aplicación a la Sentencia C-258 de 2013 que resolvió la demanda de inexequibilidad promovida contra el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, según la cual todos los ex congresistas pensionados antes del 1º de abril de 1994, que cumplieran con uno de los requisitos del régimen de transición, tienen derecho a que su pensión sea equivalente a 25 salarios mínimos legales vigentes, tope establecido por la Corte Constitucional.
2.4.2. Por último se confirmará la decisión del tribunal en el sentido de no condenar a la demandada a reintegrar las sumas que alcanzó a percibir el causante, atendiendo principios de confianza legítima y seguridad jurídica, ya que no hay lugar a recuperar por parte de la administración las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.
En efecto, si bien es cierto que Fonprecon pagó al señor Hoyos Castaño —y ha venido cancelando— a la señora Mejía Arango valores que no le corresponden, también lo es que según lo dispuesto por el artículo 83 de la Carta Política se presume la buena fe en la actuación de los particulares, y al interior del proceso no obra prueba en contrario que desvirtúe dicha presunción, que opera a favor de ella. Además porque, tal como lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013, las mesadas pensionales pasadas se constituyen en “derechos que ya han ingresado de manera irreversible al patrimonio de la persona”, de conformidad con lo estipulado por el artículo 58 superior y el Acto Legislativo 1º de 2005.
Por las razones que anteceden se confirmará la decisión de primera instancia, excepto en cuanto se declaró la nulidad de la Resolución 1711 del 30 de diciembre de 1996 mediante la cual Fonprecon reconoció a favor del demandado intereses de mora sobre el reajuste especial, para en su lugar declarar probada la excepción de caducidad frente a este acto.
REVÓCASE PARCIALMENTE la sentencia del 19 de abril de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección segunda, subsección E, solo en cuanto declaró la nulidad de la Resolución 1711 del 30 de diciembre de 1996. En su lugar, DECLÁRASE probada la excepción de caducidad propuesta por la parte demandada respecto de este acto.
CONFÍRMASE en todo lo demás la sentencia apelada, dentro del proceso promovido por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República - Fonprecon contra Roberto de Jesús Hoyos Castaño (q.e.p.d.) y Catalina Mejía Arango.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».
10 Artículo 68 CGP.
11 “ART. 150.—Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:(...)
13 Texto en negrilla declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-258 de 2013.
14 Texto en negrilla declarado inexequible Por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-258 de 2013.
15 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección A, C.P. Gabriel Valbuena Hernández. Bogotá D.C., 7 de abril del 2016. Rad. 25000-23-25-000-2006-08117-01 (3792-13), actor: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República Fonprecon, demandado: Margarita de Jesús Sánchez de Espeleta.
16 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección A, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Bogotá D.C., 6 de mayo del 2015. Rad. 25000-23-25-000-2000-01200-01 (0526-08), actor: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República Fonprecon, demandado: Carlos Alberto Pinedo Cuello.
17 Sentencias del 23 de febrero de 2017, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Rad. 1739-2015; del 7 de noviembre de 2016, C.P. César Palomino Cortés. Rad. 0757-2011; del 7 de abril de 2016, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, Rad. 3792-2013.
18 Folios 65-67 cuaderno 2.
19 Folios 5 a 9 cuaderno principal.
20 Folios 10 a 13 ibídem.
21 Folios 14 a 18 ibídem.

References: artículo 136
 artículo 5
 artículo 136
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 7
 artículo 150
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 7
 Resolución 
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 artículo 17
 artículo 83
 artículo 58
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 68