Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2005/A090-05.htm
Timestamp: 2017-11-24 03:39:11+00:00

Document:
A090-05
Auto 090/05
IMPEDIMENTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION-Intervención en la expedición de la norma acusada
IMPEDIMENTO DEL VICEPROCURADOR GENERAL DE LA NACION-Intervención en la expedición de la norma acusada
PRINCIPIOS DE ECONOMIA Y CELERIDAD PROCESAL EN IMPEDIMENTOS DE PROCURADOR Y VICEPROCURADOR GENERAL DE LA NACION EN PROCESO DE CONSTITUCIONALIDAD-Aceptación en la misma providencia
Referencia: expediente D-5731
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 8, 142, 221, 242, 288, 348, 350 y 449 (parciales) de la Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
Demandante: Gonzalo Rodrigo Paz Maecha
Dra. CLARA INES VARGAS HERNANDEZ.
Bogotá D.C., diez (10) de mayo de dos mil cinco (2005).
La Sala Plena de la Corte Constitucional en uso de las facultades constitucionales y legales, procede a resolver sobre los impedimentos manifestados en el proceso de la referencia por los señores Procurador y Viceprocurador General de la Nación, previas las siguientes,
1- Por cumplir los requisitos establecidos en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, la Magistrada Sustanciadora, mediante auto del veinte (20) de abril del año en curso admitió la demanda de la referencia, ordenó fijar en lista las normas acusadas y simultáneamente dispuso correr traslado del expediente al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor.
2.- En escrito presentado ante la Secretaría General de esta Corporación el día dos (2) de mayo hogaño, el señor Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, solicita a la Corte que acepte el impedimento para rendir el concepto de que tratan los artículos 242-2 y 278-5 de la Carta Política.
3.- Fundamenta su impedimento en el hecho de haber participado en la expedición de la Ley 906 de 2004. Al respecto señala:
“Dentro de los motivos de impedimento se encuentra el haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada o intervenido en la expedición de las normas sometidas al control de la Corte Constitucional, situación esta última en la que se encuentran los suscritos, toda vez que en nuestra condición de Procurador General de la Nación y Viceprocurador General de la Nación participamos en la comisión redactora, el primero, y en la subcomisión redactora, el segundo, del proyecto de ley que dio origen al nuevo Código de Procedimiento Penal –Ley 906 de 2004-, de cuyo texto hacen parte las normas demandadas.”
4.- El artículo 25 del Decreto 2067 de 1991[1] dispone que en los casos de objeciones del Gobierno a un proyecto de ley por inconstitucionalidad y en los de revisión de los decretos dictados en ejercicio de las facultades que otorgan los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución Nacional, son causales de impedimento y recusación las siguientes: “haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada; haber intervenido en su expedición; haber sido miembro del Congreso durante la tramitación del proyecto; o tener interés en la decisión”. (Subrayado fuera de texto)
De igual forma, el artículo 26 del mismo decreto establece que: “En los casos de acción de inconstitucionalidad por parte de cualquier ciudadano, serán causales de impedimento y recusación, además de las establecidas en el artículo anterior, tener vínculo por matrimonio o por unión permanente, o de parentesco en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con el demandante”.
5.- Teniendo en cuenta la manifestación realizada por el Procurador General de la Nación, en el sentido de haber intervenido en la expedición de la Ley 906 de 2004, de la cual hacen parte los artículos acusados, encuentra la Corte que la causal de impedimento invocada por el Jefe del Ministerio Público está contemplada en los artículos 25 y 26 del Decreto 2067 de 1991. Por tal razón debe aceptarse su impedimento respecto del proceso D-5731 y separarlo del conocimiento del mismo.
6.- Sería del caso entonces disponer que se corra traslado del expediente al señor Vice-Procurador para que éste emitiera el concepto respectivo.[2] No obstante, como fue señalado anteriormente, en el mismo escrito del dos (2) de mayo pasado este servidor también manifestó su impedimento con base en la misma causal invocada por el Procurador, esto es, haber intervenido en la expedición de la Ley 906 de 2004.
7.- Así las cosas, atendiendo los principios de economía procesal y celeridad la Sala considera necesario resolver en esta misma providencia el impedimento manifestado por el Viceprocurador.
8.- Pues bien, las causales de impedimento y recusación establecidas en los artículos 25 y 26 del Decreto 2067 de 1991 son igualmente aplicables al Vice-Procurador General de la Nación cuando interviene en el trámite de las acciones públicas de inconstitucionalidad en reemplazo del Procurador General de la Nación. Por tanto, es procedente aceptar el impedimento manifestado por el señor Vice-Procurador para conceptuar dentro del proceso D-5731 y en consecuencia se le declarará separado del conocimiento del mismo.
9.- En este orden de ideas, aceptados los impedimentos propuestos el expediente deberá remitirse nuevamente al Procurador General de la Nación a fin de que, en cumplimiento del numeral 33 del artículo 7º del Decreto Ley 262 de 2000, designe al funcionario que rendirá concepto en el trámite del asunto de la referencia.
10.- Atendiendo el artículo 48 del Decreto 2067 de 1991, el término establecido para rendir concepto no correrá “durante el tiempo indispensable para tramitar los incidentes de impedimento o recusación”. Una vez levantada la suspensión, el funcionario del Ministerio Público designado cuenta con el término restante para rendir el concepto de que tratan los artículos 242-2 y 278-5 de la Constitución Política.
Por lo anterior la Sala Plena de la Corte Constitucional,
Primero. ACEPTAR el impedimento manifestado por el Señor Procurador General de la Nación, para emitir concepto en relación con la demanda de inconstitucionalidad que obra en el expediente D-5731.
Segundo. ACEPTAR el impedimento manifestado por el Señor Viceprocurador General de la Nación, para emitir concepto en relación con la demanda de inconstitucionalidad que obra en el expediente D-5731.
Tercero. ORDENAR que, una vez levantada la suspensión, la Secretaría General de esta Corporación remita el expediente al Señor Procurador General de la Nación para que conforme a lo dispuesto en el numeral 33 del artículo 7º del Decreto 262 de 2000, se sirva designar al funcionario que debe rendir el concepto en el presente proceso, dentro del término restante.
ALVARO TÁFUR GALVIS
CLARA INÉS VA
RGAS HERNÁNDEZ
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO DE SALA PLENA DEL 10 DE MAYO DE 2005 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
IMPEDIMENTO Y RECUSACION DE PROCURADOR Y VICEPROCURADOR GENERAL DE LA NACION EN PROCESO DE CONSTITUCIONALIDAD-Falta de competencia de la Corte Constitucional (Salvamento de voto)
PROCURADOR GENERAL DE LA NACION-Funciones delegables (Salvamento de voto)
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION EN PROCESO DE CONSTITUCIONALIDAD-No es posible que Viceprocurador General de la Nación lo emita (Salvamento de voto)
IMPEDIMENTO Y RECUSACION DE PROCURADOR GENERAL DE LA NACION EN PROCESO DE CONSTITUCIONALIDAD-Legislador guardó silencio en materia de competencia (Salvamento de voto)
REGLAMENTO INTERNO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Inaplicable para subsanar vacío respecto de impedimentos o recusaciones de Procurador General de la Nación (Salvamento de voto)
FISCAL GENERAL DE LA NACION-Impedimentos y recusaciones los resuelve la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia (Salvamento de voto)
Referencia.: expediente D-5731
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 8, 142, 221, 242, 288, 348, 350 y 449 (parciales) de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de esta Corporación, el suscrito Magistrado disiente de la opinión mayoritaria, pues considero que la Corte Constitucional no tiene facultad expresa para resolver el impedimento declarado por el Procurador y mucho menos para el Viceprocurador General de la Nación, con fundamento en el hecho de haber participado activamente en el trámite legislativo de la Ley 906 de 2004, objeto de revisión por la Corte, como paso a demostrarlo:
1. La Corte Constitucional no es competente para resolver impedimentos y recusaciones del Procurador General de la Nación, mucho menos del Viceprocurador General de la Nación, debido a que no existe norma constitucional o legal expresa que así lo disponga. Lo anterior es consecuencia del “Estado de Derecho” adoptado por nuestra Carta Política como valor fundamental, según el cual ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la Ley (C.P., art. 121 y 123). Por consiguiente, para que dichas autoridades puedan ejercer una función, la misma debe estar atribuida de manera expresa.
3. De acuerdo con el diseño de las funciones que la Carta Política atribuye al Procurador General de la Nación, encontramos dos clases de funciones: unas que puede delegar y otras que tiene que ejercer de manera directa. Las primeras, contempladas en el artículo 277 Superior, entre las cuales se encuentran las atinentes al poder disciplinario (num. 6). Las segundas, establecidas en el artículo 278, entre las cuales está la de “rendir concepto en los procesos de constitucionalidad” (numeral 5°), en armonía con lo dispuesto en el artículo 242, numeral 2°, ibídem, en virtud del cual “El Procurador General de la Nación deberá intervenir en todos los procesos”.
Como consecuencia de lo anterior puede afirmarse que los procedimientos de control de constitucionalidad y de ejercicio del poder disciplinario son separados, razón por la que cada uno de ellos está sometido a formas propias, a fin de asegurar el debido proceso, de forma que no es procedente aplicar las normas del proceso disciplinario al proceso de constitucionalidad, ni tampoco lo contrario.
Siendo que el Constituyente ha querido que el concepto lo dé directamente el Procurador, no es posible que lo emita el Viceprocurador, pues esto equivale a una delegación (que el Constituyente quiso prohibir, por la importancia del asunto) de forma que cuando el Procurador titular no puede actuar por impedimento o recusación debe hacerlo un procurador Ad Hoc y no el Viceprocurador. Este reemplazo o sustitución del Procurador titular y el Ad Hoc debe hacerlo el mismo órgano que nombra al titular, esto es el Senado de la República.
Con base en esta atribución del Senado de la República, el Procurador General de la Nación de ese entonces, en distintas oportunidades declaró su impedimento y solicitó la designación de un Procurador Ad hoc. Así lo hizo en los Procesos Disciplinarios números 001-2435, 001-7105, 001-7105, PA 3772, 001-7581, PA 3515, PA 3493 y 001-26566/99, entre otros, en los cuales el Senado aceptó aquel y correspondió a lo solicitado[3].
Posteriormente se expidió el Decreto – Ley 262 del 22 de febrero de 2002, y se incluyó entre las funciones del Procurador General de la Nación la de resolver los impedimentos manifestados por algunos funcionarios de la entidad, así como las recusaciones que contra ellos se formulen. Dicho Decreto derogó el artículo 69 de la Ley 200 de 1995, atinente a impedimentos del Procurador General de la Nación, no sustituyéndolo por ninguna otra disposición.
6. Para subsanar el vacío que se presenta en lo que respecta a impedimentos y recusaciones del Procurador General de la Nación en juicios de constitucionalidad esta Corte acudió, en jurisprudencia que en esta oportunidad se revisa y corrige, al artículo 79 del capitulo XIX del Reglamento Interno de esta Corporación, adoptado mediante Acuerdo No. 05 del 15 de octubre de 1992[4], según el cual los “asuntos de constitucionalidad de que conoce la Corte Constitucional se someterán, en lo que hace a impedimentos y recusaciones, a las causales y al trámite consagrados en el Capítulo V del Decreto 2067 de 1991, en lo pertinente”.
Por otro lado, el Capítulo V del Decreto 2067 de 1991 (artículos 25 a 31) trata en forma exclusiva de impedimentos y recusaciones de los magistrados de la Corte Constitucional y no de los del Procurador General de la Nación y el Viceprocurador General de la Nación; por tanto, ese capítulo no es aplicable a este funcionario, ni siquiera por analogía o por extensión.
Tampoco puede derivarse la aplicación del Capítulo V del Decreto 2067 al Procurador General de la Nación y el Viceprocurador General de la Nación de lo dispuesto por el artículo 48 del mismo, porque, por un lado, dicha norma no atribuye competencia y sólo regula lo relacionado con la suspensión de términos para la tramitación de los asuntos de constitucionalidad de competencia de la Corte Constitucional, y, por otro lado, cuando el segundo inciso de la norma en comento contempla que los términos para rendir concepto no correrán durante el tiempo indispensable para tramitar los incidentes de impedimento o recusación, no está haciendo alusión exclusivamente al concepto que rinden el Procurador General de la Nación y el Viceprocurado General de la Nación, sino también a los demás que pueden rendirse en un proceso de constitucionalidad, por parte del Presidente de la República, el Presidente del Congreso, otros organismos del Estado que hubieren participado en la elaboración o expedición de la norma y entidades o personas expertas en la materia respectiva, conforme lo señalan los artículos 244 de la Carta Política y 11 y 13 del Decreto 2067 de 1991.
Finalmente, es importante señalar que en este caso se trata de un problema de interpretación, pero si la Corte ha interpretado mal las normas aplicables, no quiere decir que pueda seguir haciendo lo mismo. Esta situación permite recordar el episodio de la rehabilitación de Galileo Galilei que colocó al Papa Juan Pablo II en el siguiente dilema: si lo rehabilitaba quebrantaba las Sagradas Escrituras, y si no quebrantaba las Sagradas Escrituras no lo podía rehabilitar. El Papa resolvió el asunto afirmando que se trataba de un problema de interpretación, ya que Galileo tenía razón y las Sagradas Escrituras seguían siendo verdaderas, entonces la culpa y el error eran de quienes habían interpretado las Sagradas Escrituras.
8. Las consideraciones anteriores permiten concluir que la Corte Constitucional requiere de normas legales que le atribuyan expresamente la función de conocer de los impedimentos y recusaciones del Procurador General de la Nación, puesto que es un órgano constituido y está sometido a la Constitución y a las leyes como los demás órganos del Estado.
9. Respecto de la competencia para decidir los impedimentos y recusación del Viceprocurador General de la Nación, la Corte Constitucional es incompetente por una doble razón. La una, que no existe norma expresa que se la atribuya; la otra, que conforme quedó expuesto, dicho funcionario no está facultado para emitir concepto en los procesos de constitucionalidad, debido a que la Constitución atribuye esa competencia directamente al Procurador General de la Nación de modo que no es factible que éste delegue esa función al Viceprocurador General de la Nación.
[1] Decreto 2067 de 1991 “por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional”.
[2] El artículo 17 numeral 3º del Decreto 262 de 2000, establece como función del Viceprocurador General de la Nación “reemplazar al Procurador General en todos los casos de impedimentos”.
[3] Cfr. Gaceta del Congreso de la República No. 406 del 4 de noviembre de 1999, págs. 15 y ss.
[4] Adoptado por el Acuerdo 01 de 1992; adicionado por los Acuerdos 03 y 04 de 1992 y de nuevo codificado por el Acuerdo 05 de 1992. Posteriormente, adicionado por los Acuerdos 01 de 1995, 01 de 1996, 01 de 1997, 01 de 1999, 01 de 2000 y 01 de 2001, que fueron insertados por la Relatoría en los artículos correspondientes del Acuerdo 05 de 1992, para su lectura y comprensión conjunta.

References: artículo 2
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 7
 artículo 48
 artículo 7
 artículo 277
 artículo 278
 artículo 242
 artículo 69
 artículo 79
 artículo 48
 artículo 17