Source: https://www.scribd.com/document/129849227/Formas-de-Extincion-de-Los-Actos-Administrativos
Timestamp: 2018-08-15 21:28:58+00:00

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Uploaded by Gladys Maritza Cruces Bayola
El estudio de la extinción y la invalidez de los actos administrativos debe efectuarse teniendo presente que existe una relación de género a especie, es decir, que existen diversos modos de extinción de los actos administrativos y que la invalidez constituye solo una de esa modalidades. Es por ello que he invertido el epígrafe de la ponencia asignada, que originalmente se titulaba “Régimen de Invalidez y Extinción del Acto Administrativo”, pretendiendo con tal modificación establecer un orden más adecuado en la secuencia del análisis de las instituciones jurídicas. Este análisis se efectuará teniendo en consideración tanto el Anteproyecto de Ley Reguladora de la Actividad de la Administración Pública y su Control por los Tribunales, presentado formalmente en agosto de 2005, en el cual participaron a nivel institucional el Gobierno de la República Dominicana y la Unión Europea, así como juristas dominicanos y españoles de destaca trayectoria, quienes sin duda alguna han elaborado un texto que está llamado a constituir un hito en la historia del Estado de Derecho en la República Dominicana. No obstante, que la proyectada regulación tiene una marcada influencia española y que existe poca experiencia dominicana que pueda servir de precedente documentado para el presente estudio, dada la semejanza que existe entre la legislación hispana en materia de procedimientos administrativos y la existente en Venezuela, así como de las similitudes presentes en la regulación de los recursos administrativos, entre la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de la República de Venezuela y el Anteproyecto de la República Dominicana, además de las obvias referencias al Derecho administrativo español, también hare algunos comentarios muy concretos de la realidad jurídico-administrativa venezolana. En aras de una mayor claridad en la exposición de las ideas, dividiré el presente trabajo en cuatro partes, que se corresponden a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los principios que rigen los actos administrativos? (I); ¿Cuáles son los modos de extinción de los actos administrativos? (II); ¿Cómo operan la invalidez y la teoría de las nulidades en los actos administrativos? (III); y, ¿Cómo se aplican los modos de extinción e invalidez de los actos administrativos cuando la Administración ejerce sus potestades? (IV).
I. Los principios que rigen los actos administrativos
Los actos administrativos, al igual que el resto de los actos jurídicos, son creados con la finalidad de gozar de perma¬nencia, durabilidad, estabilidad, validez y eficacia, es decir, que los actos administrativos no se producen para ser revocados o anulados, sino que se dictan para que surtan plenos efectos jurídicos(1) . Ello ha conducido a reconocer la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos, la cual se deduce del principio constitucional de conformidad de todos los actos de los Poderes Públicos a la Constitución, la ley y el Derecho, así como del principio constitucional de eficacia de la actividad administrativa. Esta presunción reviste a los actos formales de la Administración Pública y puede ser apreciada sin que sea necesaria una declaración confirmatoria o complementaria de la misma, en sede administrativa o jurisdiccional. Se trata de una presunción iuris tantum, que permite inferir que los actos administrativos fueron dictados conforme a Derecho, que son actos aparentemente válidos y que producen plenos efectos desde la fecha de su emisión, mientras no se destruya o sea desvirtuada la misma, por cualquier medio previsto en el ordenamiento jurídico y por tanto permite que la Admi¬nistración espere de los destinatarios de los actos administrativos su ejecución voluntaria, de manera inmediata e incluso le permite a ésta proceder a la ejecución forzosa (artículos 83 y 84 del anteproyecto). Así las cosas, cabe presumir que todos los actos administrati¬vos tienen fuerza obligatoria y ejecutiva (artículos 34 y 81 del anteproyecto), en razón de lo cual son inmediatamente eficaces (artículo 35.2 del anteproyecto) e incluso los actos administrativos viciados son considerados válidos, mientras que la presunción de validez que los ampara no sea destruida (2). Conforme a ello se puede afirmar que los actos administrativos nacen o aparecen en el mundo jurídico amparados por la presunción de legalidad, gozando de fuerza jurídica formal y material, y en consecuencia aun cuando tengan vicios se reputan válidos y productores de su natural eficacia jurídica (artículo 35 del anteproyecto), mientras no sean suspendidos temporalmente o declarada la extinción de sus efectos en vía administrativa o jurisdiccional. Evidentemente, para que el acto administrativo sea totalmente válido debe adoptarse conforme a los principios de separación de poderes, de legalidad, de respeto de las situaciones jurídicas subjetivas y de responsabilidad, principios éstos que constituyen los fundamentos del Estado de Derecho, a los cuales debe someterse la actividad de la Administración. Cuando ésta, en ejercicio de sus potestades actúa en desconocimiento de algunos de dichos principios, sus decisiones serán susceptibles de ser recurridas en vía administrativa o jurisdiccional, por transgredir el ordenamiento jurídico dentro del cual debe desenvolverse y dependiendo de la gravedad que comporte tal desconocimiento podrán ser declaradas nulas o anulables, por estar afectadas por vicios de pleno derecho o de anulabilidad, en los términos que se precisarán más adelante.
Los modos de extinción de los actos administrativos .II.
. b) El decaimiento: Ello supone la extinción del acto administrativo por la producción de un hecho sobrevenido. eficientes. agotamiento. a) El cumplimiento del objeto: Los actos administrativos se extinguen cuando se cumple o agota lo dispuesto en el acto. Ello conduce a analizar cuáles son los supuestos que conllevan a tal extinción de los actos administrativos. que se transforma en un impedimento para el mantenimiento del acto administrativo. del destinatario o por simple agotamiento de sus efectos. A ello se hará referencia a continuación. 2. surte sus efectos durante el tiempo que la ley le otorgue vigencia y permite la plena identificación de la persona que la porta. sino por un hecho posterior o sobrevenido a su emisión. es decir. Ello implica la desaparición del objeto y evidentemente supone una extinción de pleno derecho. En principio. produce como consecuencia que por una situación producida con posterioridad. Ello ocurre cuando se produce una imposibilidad física o jurídica de poder cumplir el efecto práctico dispuesto en el acto administrativo. consumación o eliminación de los efectos jurídicos que produce el acto administrativo. siempre que la misma sea indispensable para su validez. Cuando se produce una modificación del régimen legal. lo que produce que una vez que se materializan las consecuencias jurídicas en ellos dispuestas. es decir. Por una derogación de la norma jurídica. En este sentido se puede mencionar como ejemplo. 3. el acto administrativo de designación en el cargo se extinga por estar fundamento en una circunstancia fáctica exigida por el ordenamiento jurídico para su validez y que ha desaparecido sobrevenidamente. Sayagues Laso considera que el decaimiento se puede producir en tres circunstancias (3): 1. La extinción de los actos administrativos se puede producir por distintas circunstancias. Pero existen casos en los cuales los actos administrativos se extinguen sin que se llegue a cumplir su objeto. legal o reglamentaria en que se fundamenta el acto administrativo. supone su desaparición del mundo jurídico. En la doctrina científica. que ha producido la desaparición de los presupuestos fácticos o jurídicos que lo justificaron. es decir. se extinguen de manera natural. En este caso el acto administrativo se extingue no por la voluntad de la Administración. todos los actos administrativos están llamados a cumplirse íntegramente en los términos establecidos en el propio texto. que el acto administrativo mediante el cual se otorga la cédula de identidad a una persona. Como consecuencia de la desaparición del presupuesto de hecho indispensable para la validez del acto administrativo. Algunos ejemplos pueden servir para ilustrar tal situación: La designación como Secretario de Estado de un funcionario que al momento de su designación ostentaba la nacionalidad del país y luego la pierde conforme a los procedimientos legales. Existen casos en los cuales los actos administrativos se extinguen total o parcialmente por motivos distintos a su agotamiento o cumplimiento efectivo. en el tiempo y forma previstos en el mismo. económicos.La extinción de los actos administrativos se produce como consecuencia de la cesación. ante todas las autoridades públicas y personas privadas. el efecto práctico que persigue la decisión administrativa. que logran plenamente su finalidad. producto de la ocurrencia de un acontecimiento posterior a su emisión. Ello sin ninguna duda permite apreciar que se trata de actos administrativos eficaces.
una vez transcurrido ese plazo. no se podrá continuar importando el pescado. la cual deberá producirse una vez vencido el plazo inicial y a que se haya producido la extinción de un plazo suplementario razonable. También puede producirse el decaimiento. d) La renuncia o rechazo: Supone que el sujeto destinatario de un acto administrativo que lo favorece por crearle. cuando se impone la sanción de suspensión de un funcionario por un período determinado y mientras se encontraba cumpliendo la sanción. al menos legalmente. éste fallece o que encontrándose en plena ejecución de la sanción. mientras dura el período de veda generada como consecuencia de una contaminación en el mar. que cuando se autoriza a un operador económico en el sector de las telecomunicaciones a la prestación de un servicio de difusión. se extinguirá el acto por cesación natural de sus efectos. que deberá otorgar la autoridad administrativa. manifiesta de manera expresa su voluntad de declinar el ejercicio de los derechos que el acto le concede o reconoce y procede a notificarlo a la autoridad administrativa. bastando para extinguir el acto administrativo respecto a ella. un acto administrativo que autoriza la importación de un producto determinado. Un ejemplo de ello podría darse cuando la empresa operadora para prestar un servicio público participa en un procedimiento administrativo de licitación pública y obtiene la buena pro para la celebración de contrato de concesión. en caso . El acto administrativo que concede la licencia de conducir tiene una vigencia temporal. no obstante haber ganado la licitación. Una vez finalizado el plazo durante por el cual se autorizó la importación. La caducidad debe producirse por un incumplimiento grave. en cuyo caso debe aplicarse la nueva ley retroactivamente y se producirá como efecto. Se puede considerar como ejemplo. el referido funcionario abandone por un período superior al legalmente permitido la localidad donde reside y en consecuencia se producirá la pérdida de la investidura.Otro caso podría ser. entra en vigencia una nueva ley que no tipifique como infracción la conducta en virtud de la cual se impuso la sanción. sin que sea necesaria la aceptación de ésta para que produzca efectos la renuncia o rechazo. pues ésta constituye una declaración sancionatoria de la Administración. que una vez finalizada deja de producir efectos y por tanto. como consecuencia del no cumplimiento de las obligaciones contempladas en el ordenamiento jurídico por el administrado. A título de ejemplo se puede señalar. previo el requerimiento de la autoridad administrativa. con sujeción a los horarios y contenidos establecidos en el ordenamiento jurídico. reconocerle o extinguirle una situación jurídica determinada. a que se haya producido la mora en el cumplimiento. previamente establecido en la ley. decide libre y voluntariamente renunciar al acto administrativo que le otorgó la buena pro. c) La expiración del plazo: Se produce la extinción cuando el objeto del acto administrativo determina que éste surtirá efectos dentro de un plazo determinado. e) La caducidad (4): Ésta constituye un modo de extinción de los actos administrativos válidos y favorables. En algunos ordenamientos jurídicos se condiciona la actuación de la Administración destinada a declarar la caducidad. no se debe continuar conduciendo hasta que no se produzca la renovación de dicha licencia. como puede ser el pescado. para el momento de la postulación y elección puede decaer como consecuencia del hecho que mientras se desempeña en el cargo. quien posiblemente no ha cumplido por haber incurrido en dolo o culpa. la extinción del acto sancionatorio por haber perdido su fundamento jurídico. que el acto administrativo de proclamación de una persona como Alcalde de la localidad en la cual residía. la simple comunicación formal y expresa a la autoridad administrativa. en virtud del incumplimiento de las obligaciones que éstos le imponen al destinatario.
debe proceder a declararla por razones de seguridad jurídica. para que ésta constante la procedencia o no de la declaración requerida y en caso que se hayan producido los supuestos de prescripción. pero transcurren los plazos establecidos en la ley para su ejecución. es cuando luego de tramitado un procedimiento administrativo se impone una sanción de multa y una orden de demolición de una construcción ilegalmente realizada. pero que al modificarse las circunstancias que lo provocaron se torna inconveniente continuar manteniendo la vigencia y ejecución del acto administrativo. que consiste en la consecuencia jurídica que otorga la ley. g) La revocación: El acto administrativo puede ser extinguido del mundo jurídico cuando la Administración considere que existen razones de oportunidad y conveniencia que así lo ameritan (5). la revocación consiste en un nuevo acto administrativo que extingue la ejecución del anterior. La revocación constituye una declaración de la autoridad administrativa que puede producir la extinción del acto administrativo de manera total o parcial. La revocación supone la extinción de un acto administrativo plenamente válido y eficaz o potencialmente anulable. que opera una vez que transcurre o se vencen los plazos máximos establecidos en la ley para dicha ejecución. sin que la autoridad administrativa proceda al cobro de la sanción por vía de intimación administrativa o judicial y sin que se ejecute la orden de demolición. por el simple transcurso del tiempo. Como ejemplo se puede señalar que cuando la autoridad competente en materia de salud autoriza la comercialización de un medicamento. determina que el mismo ha producido una reacción alérgica o está produciendo efectos secundarios en quienes lo consumen. sin que se haya producido la ejecución material expresada en el contenido del mismo. lo que producirá una extinción del acto administrativo sancionatorio. f) La prescripción: Esta institución establecida en el ordenamiento jurídico también puede constituir un modo de extinción de los efectos prácticos que persigue el acto administrativo. al tiempo transcurrido para que la autoridad administrativa actúe a los fines de constatar determinados hechos o de establecer la ocurrencia de una infracción del ordenamiento jurídico y que se distingue de la prescripción de la ejecución del acto administrativo.que el mencionado operador incumpla los horarios infantiles o juveniles y trasmita programación para adultos fuera de los horarios reservados para ello. Debe distinguirse claramente entre la prescripción de la acción. Un ejemplo de prescripción de la ejecución de un acto administrativo. el interesado podrá acudir ante la autoridad administrativa e invocar la prescripción extintiva de la obligación y la autoridad pública deberá constatar que se encuentran dados los supuestos para proceder a declarar la prescripción. puede por razones de salud pública proceder a la revocación de la autorización de . Una vez verificados los plazos legales sin que se haya ejecutado la sanción. podrá ser objeto de una declaración de caducidad de la autorización –siempre que así lo contemple el respectivo ordenamiento jurídico-. Por tanto. que extinguirá dicho acto. que cumple con todas las exigencias científicas y sanitarias para el consumo humano y luego en ejercicio de su competencia de policía administrativa. El lapso de prescripción será el establecido en cada ley (artículo 110 del anteproyecto). siempre que éste no haya creado derechos o intereses. por sustitución del acto original por uno nuevo o simplemente estableciendo la extinción sin emisión de un contenido cuyo efectos prácticos sustituyan al acto administrativo revocado. lo que implica que no afecta las consecuencias jurídicas producidas válidamente por el acto administrativo original mientras estuvo vigente. a partir del momento en que se produce y hacia el futuro. Una vez transcurrido el lapso de prescripción deberá ser alegado por el interesado a la autoridad administrativa. el cual deberá producirse previa la sustanciación del procedimiento administrativo.
acuda ante los órganos jurisdiccionales para que éstos declaren la anulación y consecuente extinción de los efectos del acto administrativo.comercialización. como la consecuencia de tal declaración hacia el pasado o hacia el futuro. . En estos casos. lo que exige que la extinción de tales actos. que debe ser declarada por la autoridad administrativa. cuando la Administración Pública autora de un acto favorable para los interesados. así como del consecuente proceso judicial que debe culminar con una sentencia que declare la procedencia de la expropiación y ordene la justa indemnización (6). sólo los actos administrativos válidos y eficaces pueden generar derechos e intereses a sus destinatarios. que deberá ser declarada por la autoridad administrativa que dicta el decreto de afectación. constate que dicho acto es lesivo del interés general y previa declaratoria de lesividad en sede administrativa. h) La anulación administrativa: Es una forma de extinción de los actos administrativos por razones de ilegalidad. por exigencia constitucional –en Venezuela. conforme a los supuestos contemplados en el ordenamiento jurídico o se puede llevar a cabo por instancia de la persona interesada. seguidamente se hará referencia a los supuestos de invalidez que pueden conducir a la extinción de los actos administrativos. resultaría inoportuno e inconveniente mantener la restricción del comercio de divisas. j) La expropiación: En principio. i) La declaración del órgano jurisdiccional: Los jueces en ejercicio de la función jurisdiccional. porque desconoce o lesiona derechos individuales o colectivos de los particulares y en tal caso pueden establecer tanto la declaración de nulidad total o parcial y por ende la extinción o cesación total o parcial de sus efectos jurídicos. debe proceder a declarar la nulidad y en consecuencia a formalmente extinguir el acto administrativo. una vez que las autoridades competentes adoptan las medidas necesarias y es superada tal crisis económica. se justifique en una causa de utilidad pública o interés social establecida en la ley. en virtud de lo cual deberá proceder la revocación del acto administrativo que estableció dicha restricción.los actos administrativos creadores de derechos o intereses sólo pueden ser extinguidos mediante la expropiación de los mismos. Otro ejemplo sería que justificado en una grave crisis que afectase la economía del país. en determinados casos establecidos en el ordenamiento jurídico los actos potencialmente inválidos. la autoridad en materia monetaria dictara un acto administrativo que estableciera un régimen de restricción del comercio de divisas. sin embargo. Ahora bien. Tal declaración de extinción por razones de ilegalidad se puede producir por iniciativa de la propia autoridad administrativa. en un momento determinado y de conformidad con la ley. por estar afectados de vicios de anulabilidad también pueden crear derechos o intereses. Mencionados de manera suscitan los modos de extinción de los actos administrativos. cuando determine que la decisión por ella dictada o por otra autoridad administrativa inferior contraviene el ordenamiento jurídico y en consecuencia. en virtud de su obligación de actuación con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. a instancia de los interesados pueden declarar que un acto administrativo contraviene el ordenamiento jurídico. evitando que siga produciendo efectos lesivos a la esfera jurídica de sus destinatarios o incluso de terceros. También podrá producirse la extinción de los efectos jurídicos de un acto administrativo por declaración jurisdiccional.
3. La nulidad de pleno derecho El primer caso de vicios invalidantes es la nulidad de pleno derecho o absoluta. Debe tenerse presente que el artículo 7 del anteproyecto sienta los principios en materia de competencia de las autoridades administrativas. sino aquella que sea manifiesta. Así las cosas se tiene que los vicios de los actos administrativos. que no inciden en la validez de los actos administrativos (artículo 63. de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) (7). grado. El ejercicio de las competencias es irrenunciable y se ejerce por los órganos que la tienen atribuida como propia. cumpliendo los requisitos de sesión. que tiene efectos frente a todos. pueden ser clasificados en dos categorías: En primer lugar se puede hablar de vicios invalidantes y en segundo lugar. territorio. de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). quórum y deliberación indispensables para su emisión”. de la siguiente manera: a) Los actos administrativos dictados por un órgano manifiestamente incompetente. que se revele al operador jurídico sin necesidad de .III.1. salvo los casos de delegación o avocación. Es así como el artículo 30. En éste se consagró por vía legal la distinción entre los vicios que conducen a la nulidad de pleno derecho o absoluta (artículo 62 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre. de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) y los vicios que no producen la invalidez o que constituyen meras irregularidades. Los vicios invalidantes Los vicios invalidantes se pueden producir como consecuencia de un vicio de nulidad de pleno derecho o de vicios de anulabilidad y así lo recogió el anteproyecto de Ley Reguladora de la Actividad de la Administración Pública y su Control por los Tribunales. que sea dictado por una autoridad competente. en el artículo 41 del anteproyecto.a) del anteproyecto establece entre los requisitos de los actos administrativos. Ahora bien. por razón de la materia o del territorio. cabe referirse a los vicios intrascendentes.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.1. de conformidad con la ley. evidente. ostensible. no subsanable y en consecuencia imprescriptible. tiempo o cuantía. Esta primera categoría ha permitido elaborar una enumeración de los actos administrativos nulos de pleno derecho.1. debe señalarse que no cualquier incompetencia produce tal nulidad. al señalar que ésta tiene su fuente en la Constitución y la ley (principios de legalidad de la actividad administrativa y de vinculación positiva) y es reglamentada por las normas administrativas que de aquéllas se derivan. valga decir. “por el órgano facultado en razón de la materia. 3. patente. para que los actos administrativos presenten un vicio de nulidad de pleno derecho relacionado con el requisito de la competencia. La invalidez y la teoría de las nulidades en los actos administrativos El derecho administrativo dominicano ha escogido como su modelo en materia de procedimientos administrativos al derecho administrativo español. la cual supone la presencia de un vicio que conduce a una ineficacia intrínseca e inmediata. los vicios que conducen a anulabilidad o nulidad relativa (artículo 63. es decir. a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados.
a un comerciante que tiene su domicilio comercial en Santiago de los Caballeros. Además debe tratarse de una incompetencia manifiesta por razón de la materia. o que se trata de un bien jurídicamente inexpropiable. salvo en los supuestos que exista una orden judicial para ello.interpretación o esfuerzo intelectual alguno para su determinación. Debe destacarse que la única autoridad pública para declarar que se ha producido la . cuando se producen como consecuencia de hechos que son imputables tanto al funcionario como a los interesados (cohecho. además de comprender las cuestiones analizadas en la motivación. El contenido de los actos administrativos no puede constituir un delito. pero al momento de proceder a la ejecución del mismo. se consideran actos administrativos que se dictan como consecuencia de un delito. cuando la autoridad administrativa decreta la expropiación de un bien por razones de utilidad pública o interés social. posible física. la incompetencia manifiesta en razón del territorio se produce cuando el Alcalde de Santo Domingo de Guzmán exonera del pago de los tributos municipales. soborno. materia que evidentemente escapa a la administración de la hacienda pública. debiendo ser lícito. como podría ser el acto administrativo del Jefe de policía. recinto privado o residencia.b) del anteproyecto exige que el objeto o contenido de los actos administrativos debe permitir la determinación inequívoca de los efectos jurídicos prácticos que el acto persigue. prevaricación). Igualmente podría constituir un delito el acto administrativo mediante el cual el Director de un cuerpo de seguridad del Estado. Los actos administrativos pueden resultar afectados por vicios de nulidad de pleno derecho en lo que a su contenido se refiere. lo que supone que al momento de ejecutarse la sanción su contenido sea imposible de cumplirse. También puede producirse una imposibilidad de ejecución del contenido del acto administrativo. El artículo 30. lógica y jurídicamente. En tanto. mediante el cual instruye a sus subalternos para el allanamiento del hogar. por ser exclusiva del Ministerio de Asuntos Exteriores. en violación del secreto de la privacidad de las comunicaciones. c) Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal (8) o se dicten como consecuencia de ésta.b) del anteproyecto. se evidencia que el bien había sido destruido por un incendio o desaparecido por un terremoto. Por otra parte. ordena la interceptación de las comunicaciones electrónicas. Por tanto el contenido debe ajustarse a lo establecido en el ordenamiento jurídico. el acto administrativo del funcionario del Ministerio de Finanzas que anula una visa de residencia a un ciudadano extranjero. por ejemplo cuando en el marco del régimen funcionarial se impone una sanción de suspensión por un tiempo determinado a una persona que siendo funcionario ha renunciado y le han aceptado la renuncia. Este supuesto de nulidad de pleno derecho también se encuentra relacionado con el contenido u objeto de los actos administrativos. preciso. b) Los actos administrativos que tengan un contenido imposible. imputables sólo al funcionario (realización de una certificación falsa) o a los interesados (por presentación de documentos públicos falsos y realización de testimonios fraudulentos). sin una orden judicial del tribunal competente y sin la presencia de un fiscal del Ministerio Público. a que se refiere el artículo 30. por ejemplo.
con prescindencia de las normas que contienen reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. d) Los actos administrativos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. En Venezuela –al igual que ha sucedido en España (10). los artículos 14 al 21 contemplan las reglas esenciales para la formación de voluntad de los órganos colegiados y el artículo 30. mientras el tribunal penal no haya declarado mediante sentencia firme que se ha producido una infracción penal. Sin embargo.comisión de un hecho punible es el órgano jurisdiccional con competencia en materia penal o criminal. Por su parte. Por tanto. siempre que se demuestre el vicio que produce la declaratoria de nulidad (9). dado que la autoridad administrativa para resolver un asunto determinado no tiene libertad de elegir el procedimiento administrativo que le parezca. que pueden ser claramente diferenciados: Uno es la ausencia total y absoluta del procedimiento administrativo legalmente establecido. éstos no podrán ser declarados nulos de pleno derecho por la autoridad administrativa o por el órgano jurisdiccional administrativo. no debe constituir un impedimento para la declaración de nulidad de los actos administrativos. ya no será posible entender que se está ante un vicio de nulidad radical o de pleno derecho. que la utilización de un procedimiento administrativo distinto al dispuesto por el legislador en un caso concreto para la emisión de un acto. no es el incumplimiento de cualquier norma. así como de los principios de validez y eficacia de los actos administrativos. es decir. Es importante resaltar que lo que genera la nulidad de pleno derecho. en virtud del principio de la presunción de inocencia del funcionario que dictó el acto. En el anteproyecto.a) regula lo referente a la competencia de los órganos colegiados. así como la deliberación y adopción de decisiones sin que se encuentre presente al momento de la misma. es decir. debe advertirse que en la doctrina científica se ha considerado que la extinción de la acción o de la responsabilidad penal. la constitución para sesionar sin que se hubiese conformado el quórum mínino legalmente establecido. en principio. sustanciales. y el otro.e) del anteproyecto exige que los actos administrativos sean el producto o resultado de haberse realizado en cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación. principales e insoslayables para la formación de voluntad de los órganos colegiados. Hay que comenzar advirtiendo que aquí se regulan dos supuestos de nulidad de pleno derecho. En lo que respecta al primer caso debe destacarse que el artículo 30. que si se produce una prescindencia parcial. el mínimo de miembros necesarios para adoptar la decisión . constituye un vicio de desviación de procedimiento. sino que debe aplicar aquel que se encuentra legalmente establecido para ese asunto.se ha hecho alguna matización al señalar. el otro supuesto de nulidad de pleno derecho establecido consiste en que se hayan dictado los actos administrativos. lo que ha permitido concluir que tal desviación de procedimiento puede ser subsumida en esta causal de nulidad de pleno derecho. Es así como se sanciona con el vicio de nulidad de pleno derecho a los actos administrativos que se han sido dictado con prescindencia “total y absoluta” del procedimiento administrativo legalmente establecido. Ejemplo de ello son la ausencia absoluta de convocatoria a los integrantes de un órgano colegiado con la consecuente notificación del orden del día. sino de aquellas que contienen reglas “esenciales”. es que se hayan dictado con prescindencia de las normas que contienen reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
Este supuesto establece que no se pueden adquirir facultades o derechos. cuando se encuentran ante normas que no son lo suficientemente claras. cuando no se ostenten los requisitos esenciales para su adquisición y ello tampoco podrá producirse a través de la ficción jurídica calificada como actos administrativos presuntos. en éste último caso cuando se refiere al “objeto del recurso contencioso administrativo”. en los casos que se haya optado por recurrir en sede administrativa. f) Cualquier otro supuesto que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.válidamente o que aun estando presente ese mínimo. antes de acudir a la vía jurisdiccional. si bien es cierto que el anteproyecto los menciona en los artículos 41. siendo recomendable que el legislador. e) Los actos administrativos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico. Como ejemplo se puede mencionar que en Venezuela. que son aquellos que ponen fin al procedimiento constitutivo o de primer grado (artículos 77. Al respecto cabe mencionar que la Ley 30/1992. pues el silencio administrativo desestimatorio –apenas es mencionado en el artículo 90. regulado en el Capítulo I. la propia Constitución en su artículo 25 establece que todo acto dictado en ejercicio de los poderes públicos que viole o menoscabe los derechos garantizados en la Constitución y la ley es nulo. considero que debe revisarse la regulación propuesta con la finalidad de evitar la importación de debates innecesarios en la regulación de las instituciones jurídicas administrativas (12). tanto el silencio administrativo como la ficción de acto presunto han generado en la doctrina científica española una gran polémica de interpretación (11)y graves problemas en su aplicación. Por ello. Igualmente señala el artículo 49. . 102 y 103 del anteproyecto). del Título III. por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. Las disposiciones legales pueden establecer supuestos cuyo incumplimiento o trasgresión genere la nulidad de pleno derecho.1 y 77. Hay que advertir que el anteproyecto hace referencia a los actos administrativos expresos. del Libro II. en lo concerniente a los actos administrativos presuntos. no existe una disposición que regule los supuestos de procedencia del silencio administrativo y menos aún la ficción jurídica que se denomina actos administrativos presuntos. durante el debate parlamentario precise en qué casos se produce la ficción jurídica de acto presunto o que proceda a reformular el contenido del anteproyecto hacia una solución que impida las discusiones y ambigüedades a que son tan proclives los operadores jurídicos.1 de la Constitución de Venezuela que todas las pruebas obtenidas fuera del debido proceso (administrativo o jurisdiccional) son nulas. sin embargo.2 del anteproyecto). Ahora bien. pero el anteproyecto no hace lo propio con tales instituciones administrativas.1. los actos expresos de trámite (artículo 95 del anteproyecto) o de los actos expresos que resuelven el procedimiento recursivo o de segundo grado (artículos 99. en tanto que la alusión al acto presunto aparece en las disposiciones antes mencionados. bien sea de manera similar o distinta al texto que le sirve de inspiración. no cuenten con todos los votos favorables para la producción de la misma.5 del anteproyecto-. de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común regula en los artículos 42 y 43. tanto el silencio administrativo como la ficción jurídica del acto administrativo presunto. por actos administrativos expresos contrarios al ordenamiento jurídico.e) y 139. pero en ningún caso existe una previsión de regulación integral o más completa. al extremo que fue uno de los aspectos que fueron objeto de modificación en la reforma de 1999.
de las penas y las sanciones. que se encuentran reservadas a la regulación de la ley. El propio artículo 41. la jerarquía normativa. el legislador ha establecido que en los procedimientos administrativos destinados a la emisión de actos administrativos normativos. las infracciones. En este sentido debe considerarse que el artículo 28. la publicidad de las normas. En estos casos se ha entendido que se trata de supuestos de nulidad de pleno derecho o absoluta. Ello es consecuencia de que la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. en virtud de lo cual todos los órganos de los Poderes Públicos deben actuar con estricta sujeción a ella y en virtud de este carácter normativo. deben estar ajustadas a la Constitución y a las leyes que la desarrollan. En el caso de Venezuela son materias de reserva legal entre otras.2 del anteproyecto agrega los siguientes casos de nulidad de pleno derecho: a) Las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución. Este supuesto desarrolla el principio constitucional de la irretroactividad establecido en el artículo 9. También en materia urbanística se ha establecido que será nulo de pleno derecho.Por su parte.3 de la Constitución española. así como el régimen jurídico de los delitos. todos los actos administrativos que dicten las autoridades públicas. aquellas vulneraciones del ordenamiento jurídico que estén tipificadas como tales en la ley y las respectivas sanciones también deberán ser establecidas en la ley. existe la prohibición expresa que por vía de reglamentos o de actos administrativos. la irretroactividad de las disposiciones sancionatorias no favorables o . Por tanto. el régimen jurídico de los tributos. la actuación de la actividad administrativa debe desarrollarse con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (15). si no se hace la consulta pública se producirá la nulidad de pleno derecho (13). valga decir. el otorgamiento de patentes que contravengan el uso del suelo establecido en los planes (14). el cual expresa: La Constitución garantiza el principio de legalidad.2 del anteproyecto señala que ninguna disposición administrativa podrá regular aquellas materias que la Constitución reconoce que son competencia del Congreso Nacional. faltas o infracciones administrativas.1 del anteproyecto establece la prohibición de que las disposiciones normativas dictadas por las autoridades administrativas vulneren la Constitución o las leyes. las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior. así como de establecer penas o sanciones e igualmente está prohibido el establecimiento de tributos o cargas públicas mediante actos de rango sublegal (16). Por ende. Es así como el artículo 107 del anteproyecto establece que únicamente constituyen infracciones administrativas. lo que lleva a que exista la interdicción de tipificar delitos. También el mencionado artículo 28. se regulen materias objeto de reserva legal. c) Las disposiciones administrativas que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. b) Las disposiciones administrativas que regulen materias reservadas a la Ley.
Esta excepción se aplicará también cuando la Administración ejerza la potestad sancionatoria.2.d) del anteproyecto exige que los actos administrativos que limiten derechos subjetivos. siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y éste no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas”. que se puede subsanar. el vicio en la motivación puede producirse porque se dicte un acto administrativo que carezca de absoluta motivación o porque aún teniendo motivación. 77.3 del anteproyecto. se regulan en el artículo 42.restrictivas de derechos individuales. ésta sea errónea. Al respecto el artículo 30.1 del anteproyecto.a) del anteproyecto). la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. exhaustividad o congruencia de los actos administrativos. los acuerdos de suspensión de actos que hayan sido objeto de recurso y aquellos que así lo exija una norma legal expresa deberán ser motivados. siempre que éstas siendo sancionatorias sean menos favorables o menos restrictivas de los derechos individuales de los sujetos a los que van destinadas. lo que incluso puede llevar a considerar que existe una motivación formal. Debe destacarse que la ausencia de un trámite sólo produce anulabilidad. b) El incumplimiento de un trámite del procedimiento administrativo legalmente establecido. el tiempo o la cuantía (artículo 30. cuando ello haya incidido en la decisión adoptada en el acto administrativo final. incluso la desviación de poder. Los actos administrativos anulables. la seguridad jurídica. cuando ésta no sea manifiesta.1. Por supuesto que tal prohibición de irretroactividad tiene una excepción recogida en el artículo 35. conforme a lo dispuesto en el artículo 106 del anteproyecto. que se separen de los criterios establecidos en actuaciones precedentes o del dictamen de los órganos consultivos. pero no una motivación de fondo. 3. Esta disposición establece: Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. Las resoluciones administrativas que ponga fin a un procedimiento administrativo deben pronunciarse sobre todas aquellas cuestiones planteadas por los interesados que intervinieron en el mismo. así como la incompetencia por el grado. . No obstante. hacia las disposiciones administrativas. Como ejemplo de los vicios de anulabilidad se pueden mencionar los siguientes: a) El vicio de incompetencia por la materia o el territorio. La anulabilidad El segundo caso de vicios invalidantes es la anulabilidad o nulidad relativa y supone una ineficacia extrínseca y potencial. que resuelvan recursos. Lo expuesto evidencia que el anteproyecto no hace otra cosa que extender el principio general de irretroactividad de las leyes. y asimismo cuando produzcan efectos favorables al interesado. el cual señala que “[e]xcepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados.1. c) El vicio en la motivación produce la anulabilidad de los actos administrativos. así como de aquellas derivadas de sus planteamientos o conexas con ellos que sean relevantes para el asunto que se deba decidir (artículos 77.2 y 99 del anteproyecto). por el transcurso del tiempo o por la propia actividad de la Administración y sólo tiene efectos frente a los interesados. d) La violación del principio de globalidad.
El principio de razonabilidad exige que todos los actos administrativos que establezcan obligaciones. aún encubiertamente. cuando el acto administrativo aprecia y aplica incorrectamente las normas jurídicas que deben justificar la resolución del asunto.e) y 4. El vicio en la base legal se produce cuando se dicta un acto administrativo sin fundamento jurídico alguno o sin una norma jurídica que faculte para actuar y en consecuencia carente de base legal. es decir. en los términos establecidos en el artículo 109 del anteproyecto. de haberse considerado las circunstancias materiales involucradas en el asunto. a favor de un tercero. Por tanto se está en presencia de un falso supuesto de derecho. que es el único vicio de anulabilidad tipificado en el anteproyecto. el principio de proporcionalidad requiere que los actos administrativos estén sometidos a los fines establecidos en la ley y que permitan utilizar los medios adecuados para su cumplimiento. Este principio debe ser aplicado cuando la autoridad administrativa ejerza la potestad sancionatoria. la norma legal en que se justifica o que sirve de sustento al órgano administrativo para dictar los actos. h) El vicio de desviación de poder (18). La base legal consiste en los presupuestos de derecho de los actos administrativos. llegando a una resolución distinta a aquella que se hubiese adoptado de haberse interpretado y aplicado correctamente. aunque aquellas tengan igual o superior rango a éstas (artículo 29.e) El vicio de falso supuesto. alguna finalidad sea personal de la propia autoridad. en que éste debió haberse sustentando y que no fueron tomados en cuenta. . inexistencia o errónea apreciación de los hechos en que se basa el acto. i) La violación de los principios de proporcionalidad y razonabilidad. pero distinto al establecido en la norma atributiva de competencia (desviación de poder objetiva) es constitutiva en ambos supuestos del vicio de desviación de poder.m) del anteproyecto establecen dos de los principios que deben ser considerados en la producción de los actos administrativos. impongan sanciones o restricciones a los derechos de los administrados. La norma exige que la autoridad pública utilice la competencia atribuida para emitir los actos administrativos conforme a la finalidad prevista en el ordenamiento jurídico y que en consecuencia. La ausencia de normas que indiquen los fines de una facultad no genera discrecionalidad”. que consiste en la falsedad. El artículo 30.2 del anteproyecto). En tanto. en virtud del cual los actos administrativos individuales no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general. sin que pueda habilitarse a perseguir mediante el acto. El artículo 4. g) La violación del principio de inderogabilidad singular de los actos administrativos generales (17). f) El vicio en la base legal. En tanto el falso supuesto de derecho consiste en la incorrecta aplicación y errónea interpretación de la norma jurídica que se utiliza como fundamento de la resolución administrativa. Hay que distinguir dos tipos de falsos supuestos: El primero que es el falso supuesto de hecho constituye un vicio en la causa de los actos administrativos. conduciendo a que se emita un acto distinto de aquel que se hubiese producido. debiendo responder a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. es decir. tanto la persecución de un fin individual en favor de un tercero o en beneficio del propio funcionario (desviación de poder subjetiva) o incluso en favor de un interés general.c) del anteproyecto establece que los actos administrativos deben “adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor. deban mantener la debida razonabilidad entre los medios que empleen y los fines de interés general que debe tutelar. u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley.
Los vicios intranscendentes La categoría de los vicios intranscendentes se encuentra regulada con carácter general en el artículo 42. . Ello convierte a la anulabilidad en la regla y a la nulidad de pleno derecho en la excepción. En Venezuela. la única solución posible es aquella que es conforme al espíritu. la cual señala que “No obstante. no podrá producirse el vicio de anulabilidad. es decir. los vicios de nulidad de pleno derecho se encuentran previstos en los supuestos establecidos en el artículo 41 del anteproyecto.2 y 43 del referido texto. cuando la Ley sanciona con la anulabilidad a todos los vicios que no comportan la nulidad absoluta? La respuesta aparece de la interpretación armónica y racional de los principios de celeridad. la extinción del acto administrativo.3. Algunos ejemplos. que actualmente ha sido sustituida por conceptos legales indeterminados por considerarse que ésta constituye una expresión menos abstracta. favor acti. pero ambas categorías pueden producir los mismos efectos. supone la presencia de una noción que es difícil de determinar con precisión en su enunciado. sino que constituyen la construcción de una categoría jurídica que tiene como génesis el diálogo entre la doctrina científica y la jurisprudencia de los tribunales del orden jurisdiccional administrativo (20). si éstos alcanzan su fin o no producen indefensión. en principio. producen la anulabilidad. que en caso de producirse un vicio de forma en los actos administrativos. simplicidad y verdad material. se puede apreciar que existe una tercera categoría de vicios que no tienen virtud invalidante. el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados”. pero que su aplicación no admite sino una sola solución justa y correcta. La expresión conceptos jurídicos indeterminados. entre nulidad de pleno derecho y anulabilidad. siendo en consecuencia de carácter excepcional. son todos los demás. entonces cabe preguntarse ¿Es posible hablar de vicios intrascendentes de los actos administrativos. Consideración final respecto a los vicios invalidantes En conclusión. relacionada con aquellas irregularidades en las formas -exteriorización o procedimiento administrativo. es decir.1 del anteproyecto.2. propósito y razón de la norma en el caso concreto. Es por ello que dejando a un lado la tradicional distinción. si todos los vicios que no configuran una nulidad de pleno derecho. economía. 3.Ambos principios de razonabilidad y proporcionalidad deben ser considerados y aplicados por la autoridad administrativa. en todos aquellos casos que emitan actos administrativos que creen o modifiquen situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de los particulares.1. logro del fin. que se han calificado como vicios intrascendentes y que constituye una categoría autónoma. j) La violación de los conceptos jurídicos o legales indeterminados (19). de conformidad con el artículo 42. eficacia. Ahora bien.que resultan irrelevantes en la producción de los actos administrativos. que tal vicio de forma será intranscendente. mientras que los vicios de anulabilidad. los vicios intrascendentes no se encuentran expresamente regulados en la ley. que a título enunciativo pueden servir para ilustrar lo afirmado son los siguientes: a) La convocatoria de los órganos colegiados de manera defectuosa o su constitución para sesionar sin previa convocatoria. informalismo.2 del anteproyecto. 3. reconocidos en el artículo 4 del anteproyecto en concordancia con los artículos 42.
c) La ausencia de motivación contextual en el acto administrativo final. no produce la anulabilidad del acto. . no lo afecta de anulabilidad. sólo presenta trascendencia invalidante el vicio de forma. debe considerarse que a pesar de la ausencia de notificación formal y expresa. siempre y cuando se evidencie del expediente administrativo que ésta es anterior y que el interesado ha podido tener conocimiento de ella. porque de producirse nuevamente se llegaría a la misma resolución. efectiva y trascendente de los derechos o garantías de los interesados. no tiene relevancia invalidante. lo que hace intrascendente la ausencia de notificación. se ha alcanzado el fin que se perseguía con la misma. d) La designación de un acto administrativo de manera distinta a la establecida en la ley. e) La producción de un acto administrativo fuera de los plazos máximos establecidos en las leyes. es decir. cuando produce una disminución real. salvo que el término o plazo haya sido previsto como esencial. dictado extemporáneamente. no se ha causado indefensión y que tal omisión no tiene incidencia en la validez del acto administrativo final.b) Si el interesado tiene conocimiento del acto administrativo del cual es destinatario y recurre oportunamente dicha decisión y lo hace ante la autoridad competente. en caso contrario. En conclusión. resultando en consecuencia tal vicio o irregularidad intrascendente. si se alcanza la finalidad perseguida por la norma a través de la exigencia de cumplimiento de esa forma o trámite que fue incumplido. la declaración de invalidez sería inútil.
IV. La extinción. la invalidez y las potestades de la Administración .
y. Esta potestad cuando se ejerce en su modalidad reduplicativa y más específicamente de revisión de los actos administrativos. debe pronunciarse sobre todos los asuntos que sean oportunos para la resolución del caso sometido a su consideración. tales como la prescripción de la acción por el transcurso del tiempo o por otras circunstancias. la buena fe o los derechos de los particulares (artículo 94 del anteproyecto). según sea el vicio que afecte al acto cuya validez se cuestiona. cuando ejerce la potestad sancionatoria o disciplinaria y cuando aplica el solve et repete (21). Esta potestad. sin menoscabar los derechos de los administrados. en uno u otro caso esta potestad es ejercitable en cualquier tiempo. La potestad de anulación la puede ejercer la Administración de oficio o a instancia de los particulares. la Administración en ejercicio de la potestad de autotutela tiene los siguientes poderes: La potestad de convalidación le permite a la Administración en cualquier tiempo. le ha sido otorgada a la Administración. surgidos de un procedimiento constitutivo o recursivo. aun cuando no hayan sido alegados por los interesados (artículo 99 del anteproyecto).1 del anteproyecto). La autotutela de segundo grado de la Administración es una regla que no puede ser derogada sino a través de norma expresa. y que es ejercida por la Administración cuando revisa un acto administrativo en vía recursiva o rogada. Esta potestad la puede ejercer la Administración de oficio o a instancia de parte. dictar un nuevo acto administrativo para subsanar los defectos de un acto anterior que es potencialmente anulable (artículo 47. que se produce en vía declarativa o ejecutiva. Así las cosas. La convalidación está referida a actos o situaciones jurídicas anteriores cuya existencia y efectos se encuentran afectados por circunstancias que afectan su validez.La potestad de autotutela tiene su justificación en la satisfacción del interés general y presenta dos modalidades: La autotutela de primer grado o potencia. en virtud del ejercicio de los recursos previstos en la Ley. Esta potestad la puede ejercer la propia Administración autora del acto o el respectivo superior jerárquico (artículo 100 del anteproyecto). en la medida en que no perjudique intereses o derechos de terceros (artículo 47. en todo o en parte. Aún cuando un acto administrativo se encuentre afectado de anulabilidad o de pleno derecho vicios que afectan la validez del acto .1 del anteproyecto). En los casos en que la Administración efectúa la revisión de los actos administrativos. es decir. en cualquier tiempo los actos administrativos de gravamen o desfavorables. El acto administrativo convalidatorio puede tener efectos retroactivos por la naturaleza misma de su función. La potestad de anulación implica la declaración de invalidez de un acto y la extinción de sus efectos jurídicos. la autotutela de segundo grado o potencia. Por supuesto que la potestad de revisión de los actos administrativos encuentra límites expresamente establecidos. la Administración en ejercicio de su potestad de autotutela puede revocar dichos actos por razones de mérito. La potestad de revocación habilita a los órganos de la Administración para extinguir del mundo jurídico. así como cuando su ejercicio resulte contrario a las leyes. mediante la solicitud o acción de nulidad en vía administrativa (23). que no estén permitidas por las leyes o que sean contrarias al principio de igualdad.2 del anteproyecto). Esta norma siempre debe ser tenida en consideración a los efectos de tomar una decisión en la que efectivamente se garantice la salvaguarda del interés general que tutela la Administración. siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención. cuando el acto se encuentra afectado de nulidad de pleno derecho (artículo 90. se puede manifestar de diferentes maneras. de . la equidad. independientemente de los vicios que padezcan (22). al interés público o al ordenamiento jurídico (artículo 93. de oportunidad o conveniencia. encontrando como límites tanto la ley como los derechos o intereses adquiridos.1 del anteproyecto). denominada reduplicativa.
la rectificación material de errores de cálculos o aritméticos no implica una revocación del acto en términos jurídicos. La confirmación implica la ratificación de la declaración de verdad y certeza presuntamente contenida en el objeto del acto y en consecuencia. La rectificación implica la corrección o enmienda de los errores materiales. y si el vicio es de anulabilidad. una revalidación o reafirmación de la plena validez del acto administrativo preexistente (artículo 100 del anteproyecto). La potestad de modificación supone que la Administración en ejercicio de su potestad revisora puede cambiar el objeto de los actos por ella dictados (artículo 100 del anteproyecto). significa rectificar las equivocaciones que la Administración pudo haber cometido. no puede plantearse de ninguna manera el análisis de cuestiones de derecho como lo constituye la constatación de la existencia de un vicio de pleno derecho o de anulabilidad.manera ilimitada en el tiempo. si el acto está afectado por un vicio de anulabilidad. cuya única finalidad es eliminar los errores de transcripción o de cuenta y así evitar cualquier posible equívoco.2 del anteproyecto). se reconoce la posibilidad de que una vez constatada y declarada la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos. pero en ejercicio de esta potestad. la Administración puede modificar el objeto de un acto administrativo por razones de oportunidad y conveniencia cuando no afecte derechos o por razones de legalidad.4 del anteproyecto). tiene pues. siempre y cuando el acto recurrido sólo esté afectado de . sólo podrá ser anulado siempre que el acto no sea firme y no haya creado derechos a los particulares. La potestad de confirmación consiste en que la Administración corrobore o constate la validez del acto recurrido y al concluir que es válido proceda a su ratificación. habrá que subsanarlo produciendo un acto no confirmatorio o ratificatorio. pues si el vicio es de nulidad de pleno derecho será absolutamente imposible su confirmación. La potestad de rectificación supone el ejercicio de la autotutela administrativa para efectuar correcciones de errores materiales. sino también de las disposiciones administrativas a que alude el artículo 41. que sí tienen incidencia sobre la validez del acto (24). En cambio. La corrección de errores materiales.2 del anteproyecto (artículo 90. como medio de revisión de un acto para constatar los errores materiales o de cálculos es distinta de la potestad de revisión para determinar la validez del acto o para privarle de efectos. Conforme a lo expuesto.2 del anteproyecto). de hecho o de equivocaciones de cálculos o cuentas. sino un acto nuevo sanatorio de aquel cuya revisión ha sido solicitada. de oficio o a instancia de parte (artículo 93. la autoridad competente establezca las indemnizaciones que procedan en favor de los interesados (artículo 90. La potestad de rectificación de la Administración. que no afectan la validez del acto y en consecuencia no inciden en su pervivencia. la rectificación un carácter estrictamente material y no jurídico. ni límite temporal alguno. Adicionalmente. La modificación está íntimamente ligada al deber de decidir sobre todos los asuntos que se sometan a su consideración dentro del ámbito de su competencia o que surjan con motivo del recurso a resolver (artículo 99 del anteproyecto). que permite darle exactitud y precisión al acto. Cuando los actos administrativos padecen algún vicio de ilegalidad no pueden ser confirmados. La relevancia de esta distinción viene dada porque un acto afectado de ilegalidad no puede ser rectificado. no sólo respecto a los actos administrativos individuales. lo que justifica que para llevarla a cabo no necesita sujetarse a solemnidad procedimental. Esta potestad se puede ejercer en cualquier tiempo. La corrección de un error material no genera un nuevo acto administrativo en el sentido de modificar su esencia y contenido. el acto rectificado tiene el mismo contenido después de producida la corrección.
1 del anteproyecto). la Administración siempre debe anular el acto y ordenar la reposición al estado en que se subsane el vicio constatado. el artículo 91 del anteproyecto regula la fase administrativa de la declaración de lesividad. . ante la existencia de un vicio en las formas que produzca la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos. real y transcendente de las garantías jurídicas de los particulares (artículo 100 del anteproyecto). para luego proceder ella misma. procederá a subsanar la omisión o trámite incumplido sin decretar la reposición.3 y 154 del anteproyecto). que pueda alcanzar su fin . En tal virtud. porque la Administración al no poder revocar libremente y en cualquier tiempo tales actos administrativos (artículo 93. por representar una vulneración efectiva. Costa Rica y México.anulabilidad. pero de ser posible la subsanación sin tener que acudir a la reposi¬ción. que ha sido nacionalizado en países como Argentina. La reposición permite que se subsane la indefensión que se le creó al particular y va a permitir dictar un nuevo acto administrativo perfectamente válido y sin vicios. en virtud de lo cual la autoridad administrativa que haya dictado un acto administrativo que sea favorable a los particulares y que sea potencialmente anulable deberá declararlo lesivo al interés general. previa audiencia de todos los interesados. Siguiendo el modelo español. y si se determina la existen¬cia de un vicio de anulabilidad en las formas de los actos administrativos. Finalmente deben dedicarse unos comentarios a la potestad de declaración de lesividad (25). a su impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo (artículos 91. La potestad de reposición ha sido otorgada a la Administración con la finalidad de que anule el procedimiento administrativo que ha sido mal sustanciado y ordene una nueva tramitación a partir del momento en que se cometió un vicio que afecta la forma y que constituye una ilegalidad cuya transcendencia o relevancia ha influido en la decisión final. la Administración podrá reponer el procedimiento administrativo sólo cuando considere que es necesario para subsanar dicho vicio. Ello es así. deberá efectuar la declaración de lesividad en un plazo máximo de un año siguiente a su emisión.
idónea. dentro de unos estándares de calidad mínimos. en todos aquellos casos en que los operadores en el ejercicio de la libertad de empresa no sean capaces de brindarlos a todas las personas. social. Tal como se ha señalado en otra ocasión. adecuada y la estrictamente necesaria para satisfacer el interés general. lo que puede conducir a limitar o restringir el ejercicio de los derechos económicos de los particulares. cultural. pero en ningún caso puede conducir a su anulación o supresión. . Esta regulación exige que la actuación del Poder Público sea proporcional. que demanda la intervención del Estado. denominado Estado de garantía de prestaciones. por ser ello contrario a la economía social de mercado que reconoce la Constitución.Consideraciones Finales El grado de desarrollo logrado a nivel tecnológico y económico en la actividad económica de las telecomunicaciones ha generado la aparición de nuevas necesidades y servicios en la Sociedad de la Información. sin distinción de su condición económica. ello no supone la inhibición absoluta del Estado. si bien la regulación para la competencia en el sector de las telecomunicaciones ha supuesto una liberalización. sino una transformación en la forma de intervenir en el desarrollo de esta actividad económica realizada por iniciativa de los particulares. Esto resulta totalmente acorde con el nuevo modelo de Estado Social de Derecho. física y de su ubicación geográfica.
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 artículo 90
 artículo 25
 artículo 49
 artículo 41
 artículo 28
 artículo 9
 artículo 107
 artículo 28
 artículo 42
 artículo 30
 artículo 35
 artículo 106
 resolución 
 artículo 109
 resolución 
 artículo 30
 artículo 4
 resolución 
 artículo 42
 artículo 41
 artículo 42
 artículo 4
 resolución 
e contrario
 artículo 41
 artículo 91