Source: http://juanbolivardiaz.com/category/analisis/2018/politica-2018/page/2/
Timestamp: 2019-02-23 00:48:07+00:00

Document:
Política | juanbolivardiaz.com | Page 2
septiembre 15, 2018 septiembre 16, 2018 by Juan Diaz	| Leave a comment
Ante las dificultades para otra reelección del presidente Medina con Leonel Fernández al medio de la calle, estrategas del PLD empiezan a contemplar un nuevo pacto de alternabilidad entre los dos líderes eliminando el “jamás” constitucional
Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) habrían comenzado a sentar
las bases para un nuevo pacto de alternabilidad entre los dos principales líderes de la
organización, volviendo a la Constitución del 2010, reconociendo las dificultades internas y externas con que tropieza el proyecto de otra reforma constitucional para hacer posible una tercera postulación consecutiva del presidente Danilo Medina y los riesgos de que devenga en una profunda división que les haga perder el poder en el 2020.
Que Danilo pueda regresar
En los ámbitos de la alta dirección peledeísta crece la convicción sobre la necesidad de
buscar un nuevo pacto entre los dos grupos enfrentados ferozmente por el control del partido gobernante y la candidatura presidencial del 2020, a fin de evitar el visible riesgo de una división que los haga perder el poder, volviendo a la Constitución del 2010 que permitía la reelección sin límites pero no consecutiva.
Dos dirigentes tan influentes como Félix Jiménez (Felucho) y José Ramón Fadul
(Monchy) han expresado últimamente sus reservas sobre la factibilidad de reformar la
Constitución para viabilizar la repostulación de Medina, pero al mismo tiempo han dicho que “en algún momento” habrá que abordar la prohibición de “jamás”, instituida en el artículo 124 de la Constitución del 2015 fruto del pacto en el Comité Político del PLD para permitir la repostulación y posterior reelección del actual mandatario, en la que además se incluyó un transitorio para ratificar que “no podrá postularse en ningún otro periodo”.
En una entrevista en Uno+Uno de Teleantillas esta semana Felucho reconoció un riesgo
real de división del PLD a causa de la disputa por la candidatura presidencial del 2020, y planteó la necesidad de entendimiento. Evadió pronunciarse categóricamente sobre el cumplimiento del pacto del 2015, pero tampoco favoreció una nueva reforma para la continuidad de Medina, aunque expresó que “en algún momento” habrá que revisar la limitación. Monchy Fadul dijo más o menos lo mismo una semana antes en el mismo programa, y lo repitió días después en otro medio. En el PLD se considera “una injusticia” que Leonel, quien ya gobernó tres períodos, pueda postularse a un cuarto y hasta optar por una última reelección, que sería la quinta, y Danilo quede en dos. Plantean como transacción otra reforma para rehabilitarlo con alternabilidad.
Golpe del Constitucional
Además del creciente rechazo en los diversos sectores de la sociedad a las propuestas de
otra reforma constitucional para la continuidad del presidente Medina, sus promotores sufrieron un rudo golpe con el dictamen del Tribunal Constitucional que motivó la imposibilidad de juzgar la “constitucionalidad de la Constitución”. Sin embargo, la promoción continúa a través de dirigentes, legisladores y funcionarios peledeístas, y de una serie de spots profesionales de similar línea gráfica, colocados en las redes sociales.
Eran públicas las expectativas de que el Constitucional declarara nulo el transitorio fruto del pacto del Comité Político peledeísta, para entonces alegar que a Medina le tocaría una segunda postulación, aunque la redacción del artículo 124 de la Constitución tampoco lo permite al instituir que “El Presidente o la Presidente de la República podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá repostularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República”.
Después de esa frustración, a los reeleccionistas sólo les queda la posibilidad de otra reforma constitucional, sin contar con los dos tercios de los votos que requerirían en una asamblea revisora, 148 de los 222 integrantes. Contarían seguros con 95 del PLD y 4 de aliados, más la posibilidad de sumar los 14 del PRD y hasta los 11 reformistas, que totalizarían 124. Le faltarían 24 que tendrían que buscarlos entre 42 peledeístas comprometidos con Leonel Fernández, 52 del PRM, más los 4 opositores del Frente Amplio, Alianza País, Moda y Partido Popular Cristiano. No es imposible para el poder, pero esta vez desataría más resistencias y escándalos que hace tres años, hasta por fatiga social.
Leonel sería candidato
Hace ya 6 meses que un destacado miembro del Comité Político peledeísta expresó en privado su convicción de que Leonel Fernández sería el candidato de su partido en el 2020, aunque él personalmente no lo favorece, y lo ratificó hace poco cuando se le replanteó el dilema. Parece partir de las dificultades que tendría ese organismo para evitar la división del partido, como hace tres años, si desconoce los acuerdos en que se sustentó. Cercanos a Fernández juran que por nada del mundo éste aceptaría el desconocimiento del pacto y por ello se lanzó desde agosto del 2017 a buscar el apoyo de su partido.
Esta misma semana se publicaron los resultados de la última encuesta de la firma Asisa,
que se presume encargada por Leonel, donde le otorgan un 62 por ciento de apoyo entre los peledeístas, frente a un 17 por ciento a Medina para la candidatura del 2020, con un 75 por ciento que entiende que la Constitución no le permite repostularse, y un 70 por ciento que rechaza que se le reforme. Frente a Luis Abinader como más probable candidato del PRM, Fernández queda en ventaja 48 a 40 por ciento.
Así como en el 2015 las circunstancias obligaron a Leonel a ceder ante las exigencias de
unidad del Comité Político, para evitar la división, ahora parecen apuntar a Danilo, y esta vez con otra reforma para volver a la Constitución del 2010 que postulaba la prohibición de la reelección consecutiva, pero permitía volver sin límites después de un período fuera de la presidencia. Se da por hecho que hasta dirigentes que se expresan públicamente por la reelección de Medina respaldarían el proyecto de pacto de alternancia si ven en peligro la unidad del partido y los privilegios del poder.
Informe de la Comisión de Venecia sobre límites a la reelección Síntesis de las conclusiones del informe de 28 páginas a renglón seguido emitido en marzo del 2018 por la Comisión Europea para la Democracia a Través del Derecho (Comisión de Venecia), a solicitud de la OEA sobre la legitimidad de los límites a la reelección presidencial:
¿Existe un derecho humano a la reelección? En caso afirmativo, ¿cuáles son los límites de este derecho?
117. La Comisión de Venecia opina que no existe un derecho humano específico y diferenciado a la reelección. La posibilidad de presentarse para un cargo para otro período prevista en la legislación es una modalidad, o una restricción, del derecho a la participación política y, específicamente, a contender por un cargo.
118. Según las normas internacionales, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, independientemente de su forma de constitución o gobierno, los Estados deben adoptar las medidas legislativas o de otro tipo que puedan ser necesarias para garantizar que los ciudadanos tengan efectivamente la posibilidad de gozar de los derechos protegidos…
¿Los límites a la reelección restringen indebidamente los derechos humanos y políticos de los candidatos?
119. En las democracias modernas, a pesar de que el principio del sufragio universal disfruta de amplia aceptación y protección cuidadosa, el derecho de ser elegido puede verse limitado con mayor facilidadcomo consecuencia tanto de los requisitos legales como del número limitado de puestos de elección disponibles…
120. Los límites a la reelección presidencial son comunes tanto en sistemas presidenciales como semipresidenciales y también existen en los sistemas parlamentarios (tanto cuando el Jefe de Estado es elegido directamente como indirectamente), mientras que en estos últimos sistemas no se imponen para los primeros ministros, cuyo mandato, a diferencia del de los presidentas, puede ser retirado por el Parlamento en cualquier momento. En los sistemas presidenciales y semipresidenciales, los límites a la reelección presidencial representan entonces un medio para reducir el peligro del abuso del poder por el jefe del poder ejecutivo. Así pues, persiguen los fines legítimos de proteger los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho. El derecho de postularse en elecciones tras un primer mandato no puede ser garantizado si la constitución dispone lo contrario. La restricción del derecho de los presidentes en funciones a ser elegidos se deriva de una elección soberana del pueblo en busca de los objetivos legítimos de interés general a los que se hizo referencia arriba, que prevalecen por sobre el derecho del Presidente en funciones…
121. En conclusión, los límites a la reelección que satisfacen los criterios anteriores no restringen indebidamente los derechos humanos y políticos de los candidatos.
¿Los límites a la reelección restringen indebidamente los derechos humanos y políticos de los electores?
122. En una democracia constitucional y representativa queda implícito que los representantes ejercen solamente los poderes que se les asignan de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Las elecciones genuinas, libres y periódicas acordes con el párrafo (b) del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos son esenciales para asegurar la rendición de cuentas de los gobernantes en el ejercicio de los poderes que se les confieren. Estas elecciones deben celebrarse a intervalos que no sean indebidamente prolongados y que aseguren que la autoridad del gobierno continúe basándose en la libre expresión de la voluntad de los electores.
123. Es cierto que los límites a la reelección pueden desalentar a los votantes de seleccionar de nuevo a un presidente o ex presidente. Sin embargo, esta es una consecuencia inevitable de la necesidad de restringir el derecho a la reelección de un presidente o de un expresidente… Contribuyen a garantizar que las elecciones periódicas sean “genuinas” en el sentido del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del artículo 23(1b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a asegurar que los representantes sean libremente elegidos y responsables ante los ciudadanos.
Adicionalmente, cuando el pueblo decide adoptar un sistema presidencial o semipresidencial, también tiene la facultad de decidir el poder presidencial y el período de la presidencia. Por lo tanto, los límites a la reelección presidencial son una restricción autoimpuesta al poder del pueblo de elegir libremente a un representante con el objetivo de mantener un sistema democrático.
124. En opinión de la Comisión y a la luz del análisis comparativo de las constituciones de los 58 países considerados, abolir los límites a la reelección presidencial representa un paso atrás en materia de logros democráticos. Sea como fuere, si el pueblo desea modificar los límites a la reelección, ha de buscarse una enmienda constitucional acorde con las normas constitucionales aplicables.
¿Cuál es la mejor manera de modificar los límites a la reelección dentro de un Estado
127. Los límites a la reelección presidencial están consagrados en la constitución; por lo tanto, se requiere una reforma constitucional para modificarlos. Solamente el pueblo, que tiene poder soberano legal, puede modificar el alcance de la delegación que le otorgó al presidente. La decisión de alterar o eliminar los límites a la reelección presidencial debe sujetarse a un escrutinio y debate públicos minuciosos y debe respetar plenamente los procedimientos constitucionales y legales relevantes.
128. Cuando se proponen reformas constitucionales que aumenten o prolonguen los poderes de los altos niveles de Estado, dichas enmiendas (de ser promulgadas) solo deberían surtir efecto para los mandatarios futuros y no para el funcionario en el cargo.
septiembre 1, 2018 by Juan Diaz	| Leave a comment
En los más diversos ámbitos nacionales se afianza la convicción de que será necesaria una amplia concertación de fuerzas políticas y sociales que genere una gran sinergia para vencer el entramado de dominación del Partido de la Liberación Dominicana
Convencidos de que ningún partido podrá por sí solo vencer la dominación política y social impuesta por el PLD con todos los poderes del Estado, varios agrupamientos de ciudadanos buscan concertar acciones para promover un amplio frente político-social que genere una sinergia capaz de convertirse en aluvión.
Los grupos sociales profundamente insatisfechos con la gestión gubernamental peledeísta y fatigados por la corrupción y la impunidad, confían en que podrán convencer a los partidos opositores de conectarse con las mayorías sin militancia partidista bajo compromisos para un gobierno de transición democrática y un nuevo modelo de desarrollo.
Un movimiento social
En los últimos meses proliferan los grupos sociales alentados por las masivas manifestaciones de insatisfacción, cuya mayor expresión es la Marcha Verde, bajo la premisa de que será necesario darle un contenido político para buscar restablecer las bases de la democracia, secuestradas por el peledeísmo, y poner en marcha un nuevo modelo de desarrollo económico social, sustentable y con mayores y mejores niveles de distribución.
Se nutren de la insatisfacción de la ciudadanía con el sistema partidista, registrado en las encuestas, tanto que la última de Mark Penn-SIN arrojó un 59 por ciento sin vínculo con los partidos. La insatisfacción se expande particularmente por las clases medias, con tasas de hasta 60 por ciento de los jóvenes que quieren irse del país, pero que no podrán porque las fronteras de la migración se están cerrando por todas partes y no podrá repetirse la égida de millón y medio de dominicanos de los últimos 50 años.
Algunos de los agrupamientos ya han salido a la luz pública como el Movimiento Independiente por el Rescate Democrático (MI-RD) que integra a reconocidos profesionales y artistas, como José Rijo, Manuel Jiménez y Paula Disla; y el Congreso Cívico, constituido por viejos luchadores democráticos, ambos con ramificaciones en diversas ciudades. También el Grupo Conciencia Nacional, que aglutina a personalidades como Eulogio Santaella, Enmanuel Esquea, Federico Lalane y Leopoldo Franco Barreras.
Expresan consciencia de que unificar la oposición social y política es una tarea muy difícil, y más aún la de competir con una corporación político-empresarial que no guarda el menor escrúpulo en el abuso de todos los poderes del Estado, como quedó documentado en las últimas elecciones presidenciales.
Las líneas fundamentales
Una decena de grupos sociales ya tienen bajo consideración unos “lineamientos básicos para un gobierno de transición democrática que siente las bases de un nuevo modelo de desarrollo económico y social”, con 12 prioridades políticas e institucionales y 7 económicas y sociales. Persiguen restablecer las prácticas democráticas, promoviendo la separación de los poderes del Estado, la independencia de la justicia y de los mecanismos de control y fiscalización, y declarando “guerra total a la corrupción y la impunidad”.
El proyecto plantea respuestas a las principales preocupaciones de la sociedad reflejadas en las encuestas, desde la corrupción y la impunidad, a la inseguridad ciudadana, el desempleo, el control de la inmigración y el colapso de los servicios de salud, de la seguridad social y del transporte, entre otros. Recoge la demanda de un nuevo modelo de desarrollo económico-social, que revierta el deterioro de la fiscalidad y el desbordamiento del endeudamiento, reivindicando los pactos fiscal y eléctrico dispuestos por la Ley de Estrategia de Desarrollo para promover la producción, la productividad y las exportaciones.
En la concertación de los lineamientos han participado personalidades de los ámbitos empresariales, religiosos, profesionales y comunitarios, economistas, politólogos, sociólogos y comunicadores que de alguna forma se movían en grupos ciudadanos, con la meta de salir a la luz pública a más tardar en octubre.
Imposible competencia
Los concertadores sociales reconocen lo difícil que es en el país montar un frente electoral amplio, por la enorme diversidad de la oposición, porque todos los dirigentes creen que sólo pueden ser candidatos presidenciales, por el predominio de los intereses individuales sobre los nacionales y hasta por la capacidad demostrada de los peledeístas y su inmenso ejército de comunicadores para intrigar y mantener separados a sus opositores utilizando el poder estatal, financiero y de los organismos electorales.
Aparte de los compromisos programáticos, se basan en que no hay posibilidad de competencia democrática, por el abuso del poder estatal en las campañas electorales, lo que en el 2016 fue reconocido tarde por los candidatos presidenciales opositores cuando a dos semanas de la votación acudieron a la Junta Central Electoral para formular reclamos, y ni siquiera lograron ser recibidos por el dirigente del PLD que presidía ese organismo.
Los informes del movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) documentaron cómo el gobierno en pleno, más de 30 altos funcionarios, se lanzó por todo el país, a promover las candidaturas del PLD, que acaparaban tres cuartas partes de la publicidad y duplicando el gasto publicitario del Estado, con decenas de miles de empleos temporeros de activistas políticos y la manipulación de los programas sociales. El presidente Medina “puso en marcha” la extensión de la segunda línea del metro, que apenas empezó a operar dos años después. La inversión y el gasto del gobierno se concentraba en provincias y municipios donde las encuestas daban más posibilidad a la oposición.
Municipios y el Congreso
El resultado electoral del 2016 mostró que si los partidos de oposición hubiesen concertado candidaturas siquiera en los niveles congresuales y municipales, la concentración del poder peledeísta sería menor, y hasta que los emergentes o minoritarios habrían podido conseguir algunos municipios para implementarlos como modelos, y más de los dos diputados que lograron.
En cuanto a las candidaturas presidenciales, Danilo Medina con el 62 por ciento, y Luis Abinader con 35, acapararon el 97 por ciento del sufragio, las restantes 5 apenas el 3 por ciento, justo la proporción del gasto de campaña que le arrojó la observación de PC. Y de estos sólo Guillermo Moreno pasó del 1 por ciento. Las perspectivas no apuntan a un cambio significativo en las posibilidades de competencia.
“Ni todos los partidos de oposición juntos desprenden del poder a la corporación PLD”, sostienen activistas sociales, quienes creen que hay que importantizar todas las candidaturas congresuales y municipales, con los mejores candidatos provenientes de los partidos y de los ámbitos sociales. En todos los medios se advierte que la oposición carece de un “líder carismático” que la una y enfervorice a la sociedad, pero eso podría convertirse en ventaja para la concertación y, en caso de una victoria, para que otro presidente no se constituya de inmediato en caudillo insustituible que ignore los compromisos para pretender entronizarse y prolongarse en el poder.
Tropiezo reciente por la Ley de Partidos
Nadie puede ignorar los obstáculos a superar para alcanzar un amplio frente político social. De hecho, los 11 partidos que venían concertando oposición desde los últimos comicios, acaban de tener un tropiezo por la transacción que hizo el mayor, el Revolucionario Moderno (PRM), en aras de la Ley de Partidos, que no fue aceptada por el resto, los cuales publicaron un comunicado de diferenciación y rechazo, aunque no cerraron las puertas a proseguir concertando.
Primero tendrían que restaurar la confianza, lo que corresponderá al PRM, especialmente el sector de Luis Abinader, que luce con mayor posibilidad de alcanzar la candidatura presidencial. Este y varios de sus dirigentes han planteado repetidas veces la necesidad del frente político-social, como lo han hecho otros, en especial Guillermo Moreno y Eduardo Estrella. Más allá de lo que puedan representar los partidos minoritarios, la unidad de propósitos y candidaturas abriría expectativas y participación social que multiplicaría sinergias y votos.
El desafío es grande para todos los insatisfechos con el rumbo de la nación, en los partidos y en la sociedad, pues tendrían que superar la desconfianza, el sectarismo, la prepotencia de quienes se consideran mejor posicionados y las ambiciones individuales para superar el inmovilismo y el pesimismo, especialmente de las mayorías jóvenes.-
Posted in: 2018, Análisis, Política	|
agosto 25, 2018 agosto 26, 2018 by Juan Diaz	| Leave a comment
El presidente Medina incentiva el debate sobre si buscará una segunda reelección consecutiva, lo que muchos dan por hecho, aunque el escenario constitucional y político luce tan adverso que dilatar su decisión podría dejarlo sin pito, sin flauta, y sin que tocar
Lo del TC sacudiría profundamente la institucionalidad democrática nacional, pues un tribunal de 11 personas declararía la “inconstitucionalidad de la Constitución” el pacto nacional determinado por un Congreso de 222 miembros. Tiene al menos un precedente, en Bolivia, donde un Tribunal Constitucional invocó la Convención de Derechos Humanos para avalar una tercera postulación del presidente Evo Morales, por encima de las disposiciones de su propia Constitución, y consiguió imponerse en el 2015.
Posted in: 2018, Análisis, Corrupción, Ética, Económico-Social, Instistucionalidad, Política	|
agosto 18, 2018 agosto 18, 2018 by Juan Diaz	| 1 Comment
El gobierno de Danilo Medina consumió a la defensiva la mitad de su último período, agobiado por el escándalo Odebrecht, tratando de abrir brechas al continuismo, dependiendo del endeudamiento y sin responder ninguno de los grandes desafíos nacionales
Las graves implicaciones del escándalo Odebrecht cayeron como rayo y petrificaron el gobierno del presidente Danilo Medina, cuando apenas iniciaba su segundo período gubernamental, sin haber podido salir de la defensiva al agotar la primera mitad, sacudido por la indignación de amplios núcleos poblacionales que reclaman poner fin a la impunidad.
El balance de los 6 años de la gestión de Medina arroja un crecimiento económico motorizado por un incremento insostenible de la deuda estatal, con fortalecimiento del presidencialismo y debilitamiento de las instituciones, y sin haber podido resolver ninguno de los graves problemas del país, excepto la construcción de aulas escolares.
El entramado de corrupción de la empresa brasileña Odebrech petrificó el gobierno del presidente Medina, quien no ha podido salir de la defensiva ni librarse de su implicación, por sus tres viajes a Brasil antes de asumir la presidencia en el 2012, por el asesoramiento político de Joao Santana, agente electoral de la constructora con la que se firmó el cuestionado contrato para las plantas de carbón de Punta Catalina por 2 mil 40 millones de dólares.
Para colmo de males, la Odebrech reclama otros 802 millones de dólares para concluir las plantas desde el principio denunciadas como sobrevaluadas y que registran más de un año de atraso dilatando los efectos positivos que se cifraban para afrontar el grave problema energético nacional. Mientras han acaparado una alta proporción de la inversión pública basada en un endeudamiento que alcanza niveles de advertida insostenibilidad.
El manejo político y judicial del escándalo Odebrecht ha disparado la indignación manifiesta en el movimiento Marcha Verde, al ignorarse que los ejecutivos de la constructora testimoniaron que cuando la justicia los persiguió en Brasil, trasladaron sus operaciones mafiosas a República Dominicana, por considerarla un lugar seguro. Durante el gobierno de Medina la empresa transfirió al país el 74 por ciento de los fondos destinados a sobornos, pero no hay procesados de ese período gubernamental.
La negligencia en auditar las obras de Odebrecht, pese a la confesión de que tenían un patrón del 22 por ciento de sobrevaluación, la negativa a investigar el financiamiento de campañas electorales, la reducción a la mitad de los imputados originales por los sobornos y la documentación de que se otorgaron contratos sin licitación a las empresas de Joao Santana por casi mil 400 millones de pesos, han alimentado la hoguera en que se consume el gobierno.
Crecimiento con esteroides
El crecimiento económico con promedio alrededor del 6 por ciento durante los 6 años del actual gobierno es enarbolado como uno de sus mayores éxitos, tanto que cundió el pánico cl año pasado cuando quedó en 4.6 por ciento. Pero tal como sostuvo el economista Pavel Isa, se trata de un “crecimiento con esteroides”, no derivado de un incremento significativo de la producción y la productividad, sino en base al más acelerado endeudamiento.
El gobierno de Danilo Medina quedará como el de mayor endeudamiento de la historia nacional, con un aumento del 64 por ciento de la deuda pública consolidada registrada, que se eleva al 82 por ciento, cuando se computa la deuda pública flotante o no registrada, como hace el economista Apolinar Veloz, exgerente general delo Banco Central y hasta hace meses funcionario del Fondo Monetario Internacional.
Un cuadro anexo, entregado por Veloz en el Almuerzo del Grupo Comunicaciones Corripio hace 10 días, eleva la deuda total del Estado a 46 mil 689 millones de dólares, equivalentes a un escandaloso 60.64 por ciento del producto interno bruto. Incluye 33,604 millones de dólares del sector público no financiero, más 11 mil 848 del sector bancario público, 570 millones de dólares del sector eléctrico público, entre otros. La deuda de cada dominicano asciende a 4 mil 465 dólares, equivalentes a 222 mil pesos.
Altos déficits crónicos
El gobierno no ha podido superar los crónicos déficits fiscales y de balanza comercial heredados de su antecesor, por no haber querido pagar el precio de la contención de la malversación y el clientelismo que demandan los pactos fiscal y eléctrico, por demás dispuestos por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Según un estudio de Oxfam por esos renglones y la corrupción se perderían este año 96 mil millones de pesos.
El déficit fiscal acumulado en los 6 años supera los 409 mil millones de pesos, financiado con deudas, en gran proporción para pagar intereses de la deuda anterior. El déficit de la balanza comercial pasó de 8 mil millones de dólares el año pasado, en una economía que se salva por las remesas de los dominicanos que han tenido que ganarse vida en el exterior, sobre 6 mil millones de dólares este año, además de los 7 mil millones de dólares aportados por un turismo cada vez más dependiente del capital externo, con el 80 por ciento de las habitaciones. hoteleras.
Adscrito a la política clientelar y de reparto, con políticas sociales que no promueven el alejamiento de la pobreza, informalidad laboral que ya se documenta en el 59 por ciento del empleo, con salarios mínimos que promedian 11 mil pesos cuando el costo de la canasta familiar del quintil más pobre se aproxima a los 15 mil pesos. el régimen se ha negado a atender el reclamo de cambiar un modelo de desarrollo concentrado por otro que promueva la producción, la productividad y mayor equidad. Se aduce un relativo mayor apoyo a las micros y medianas empresas y a los productores agropecuarios, pero que no se traduce en incremento significativo de las exportaciones ni en expansión de la formalidad. Solo somos competitivos en el mercado haitiano y con Estados Unidos de un superávit comercial de 4 mil millones de dólares en el 2004, acumulamos un déficit de 31 mil millones, catorce años después.
Auge del presidencialismo
Otra característica del gobierno de Medina ha sido un notable incremento del presidencialismo, con una mayor concentración del poder, sustituyendo o duplicando instituciones y organismos estatales, en vez de atender el reclamo de reducir los inoperantes. Las “visitas sorpresas” del presidente reemplazaron la planificación para convertirse en un mecanismo de promoción del nuevo salvador providencialista.
Requeriría un extenso espacio para documentar la concentración de recursos y repartos de la Presidencia de la República, pero debería bastar con la cantidad de dinero dejada de entregar desde el 2013 al 2018, inclusive, a los gobiernos municipales, estimada en 184 mil millones de pesos por el experto municipalista Domingo Matías. La ley de Municipios 166-03 destina a los ayuntamientos el 10 por ciento de los ingresos, pero ya sólo entregan el 3 por ciento. El año pasado, con ingresos de 537 mil 886 millones, debieron entregarle 53 mil 788 millones de pesos, pero sólo les dieron 17 mil 55 millones, apenas 32 por ciento de lo que les correspondía.
El dinero tampoco alcanza para lo que dispone la ley para la justicia, ni a los municipios donde hay explotaciones mineras, pero el presidente Medina reparte cada fin de semana en poblaciones y campos. Y ya la presidencia tiene su propio programa para equipos municipales que entrega a discreción, sustituyendo de paso a la inoperante Liga Municipal Dominicana. Hace poco se conoció la circular que concentra en la secretaría Administrativa de la Presidencia todo lo que tiene que ver con China, como si no existieran la cancillería y el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones e Inversiones.
El rosario de programas dependientes de la presidencia rebasa toda racionalidad y viola numerosas leyes, generando duplicidades y rompiendo la institucionalidad, en cuyo renglón el país cayó al escalón 129 de 137 naciones evaluadas en el Indice de Competitividad Global 2017-18, del Foro Económico Mundial.
Los desafíos acumulados
Las perspectivas indican que el gobierno de Medina completará sus ocho años sin haber afrontado definitivamente ninguno de los graves problemas nacionales, aunque ha concentrado esfuerzos en la educación, gracias a la inversión del 4 por ciento del PIB, pero con poco éxito en calidad, sin variaciones significativa de los curriculos en la tanda extendida; habrá adelantado mucho en el 911, pero sin detener el incremento de la inseguridad; y mejorará el tránsito, al entrar en operación la prolongación al este de la segunda línea del metro, que recibió en etapa final hace 6 años y apenas la acaba de terminar, porque priorizó su teleférico, de mucho menor impacto en la demanda de transporte.
En salud podrá reivindicar la remodelación, ampliación y equipaje de 56 hospitales, que mantuvo semi-paralizados durante 5-6 años, generando graves problemas, a los que habría que atribuir el increíble incremento de las muertes de neonatales, que entre enero y julio han sumado mil 965, casi 10 por dia, 431 más que en el mismo período del 2017, un 28 por ciento más. El sistema de la seguridad social se cae a pedazos, sin que las autoridades reaccionen. Es notable la reducción de la inversión en vivienda, aunque promueva los proyectos de ciudades Juan Bosch, junto al sector privado.
Todavía podría tener mejores resultados en los dos años que le restan, pero las fuerzas espirituales del gobierno están demasiado concentradas en la política, atrapadas en la maldición del continuismo, con los vientos tan en contra como los tuvo Leonel Fernández en sus dos últimos intentos por seguir gobernando. La fatiga que se registra en el país no augura un camino fácil para el continuismo, y para lograrlo el costo podría resultar traumático.
Deuda-consolidada-del-Estado-al-2018
Regresión de la transferencia de fondos desde el nivel central a los gobiernos locales
Posted in: 2018, Análisis, Económico-Social, Política	|
agosto 11, 2018 agosto 11, 2018 by Juan Diaz	| Leave a comment
La Ley de Partidos aprobada por el Congreso contiene importantes normativas democráticas demandadas, pero conlleva serios riesgos al reavivar el continuismo danilista y ya paga el costo de la disolución de la concertación opositora de los últimos 27 meses
La Ley de Partidos aprobada esta semana por las Cámaras Legislativas contiene la mayoría de las demandas consensuadas durante años, incluyendo límites de campañas y de gastos, transparencia y mayor equidad de género, aunque fue hecha a la medida del interés hegemónico del presidente Danilo Medina.
Carga a la JCE con la organización de primarias con costos superiores al financiamiento estatal, y con camisa de fuerza para emitir resultados individuales en 5 días
agosto 4, 2018 agosto 5, 2018 by Juan Diaz	| Leave a comment
Sólo con un amplio acuerdo para una reforma integral del Régimen Electoral, que cierre el paso a los abusos del Estado en las campañas electorales, se podría justificar que los partidos opositores le facilitaran al presidente Medina el control total del PLD
La facción peledeísta del presidente Danilo Medina logró el apoyo del vocero reformista para imponer en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que sean los organismos superiores de cada partido los que decidan cómo elegir sus candidaturas, pero en el pleno necesitarían votos leonelistas o del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para instituirlo.
Sólo con un acuerdo que implique al sistema partidista para una reforma que incluya la Ley del Régimen Electoral para establecer la transparencia y la equidad en la competencia, sin el abuso del Estado, podría justificarse que la oposición le facilite al presidente Danilo Medina predominar en la elección de las candidaturas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El danilismo gana una
Gracias al apoyo del vocero del bloque de diputados del Partido Reformista Social Cristiano, Máximo Castro, el grupo del presidente Medina salió adelante el jueves consiguiendo que el informe de la Comisión Especial para la Ley de Partidos consigne que serían los máximos organismos, identificados, los que tendrían la facultad de decir el tipo de sistema de elección y de padrón para la elección de las candidaturas de los partidos.
El danilismo necesitaba una victoria, hasta ahora limitada, después de haber fracasado en sus dos propuestas anteriores, la primera que pretendía imponer el padrón abierto a todos los partidos, y la segunda que buscaba que se consignara en la ley que el padrón pudiera ser abierto o cerrado. Ahora busca que en la ley quede consignado que es el Comité Central quien tendría la decisión y nadie duda que en ese organismo, como en el Comité Político del PLD, predominan los actuales detentadores del poder, por encima de los seguidores de Leonel Fernández, que disputa la candidatura presidencial del 2020.
Primero en una subcomisión y luego en Comisión Especial que estudia el proyecto de Ley de Partidos, la fórmula danilista se impuso por lo mínimo, 3 a 2, y 7 a 6. En la primera por los votos de Miriam Cabral, del PLD, de Radhamés González, del aliado PRD, y de Máximo Castro del PRSC. En contra votaron Henry Merán, presidente de la Comisión, leonelista, y Alfredo Pacheco, vocero del PRM. Ya en la Comisión el reformista volvió a marcar la diferencia, junto a Cabral y Gonzáles, a quienes se adicionaron Gustavo Sánchez, Radhamés Camacho, Plutarco Pérez y Dilepcio Núñez. Allí se sumaron en contra Víctor de Aza, del PRM, Fidel Santana, del Fre4nte Amplio, y los leonelistas Hamlet Melo y Adalgisa Pujols.
Más difícil en el pleno
La victoria en la Comisión Especial no implica que el danilismo haya salido adelante ya con su interés de sobreponer la ley a sus estatutos, que en su artículo 41 establecen que las candidaturas se eligen con el “padrón interno del partido”. Si logran que los 9 diputados reformistas voten a su favor, todavía le faltaría una veintena de votos que tendrían que buscarlos entre los leonelistas y los perremeístas.
La contrapropuesta del PRM a la última formulación del danilismo, es que “cada partido escoja el método de elección”, sin especificar organismos. De esa forma evaden inclinarse en favor de cualquiera de las dos facciones del PLD, pues los leonelistas quieren que se consigne que el método para elegir las candidaturas sea “de acuerdo a los estatutos de cada partido”. Para modificarlos se requiere la convocatoria de un Congreso del partido, mecanismo complejo que podría abrir de par en par las puertas a la división.
Los perremeistas no pueden inclinar la balanza hacia Leonel sin los votos de los danilistas, pero sí hacia Danilo sin los votos de los leonelistas. no sólo votando a su favor, sino también ausentándose. El artículo 112 de la Constitución establece que para aprobar las leyes orgánicas, se requiere “el voto favorable de las dos terceras partes de los presentes en ambas cámaras”. La posición adoptada por el máximo organismo del PRD en abril del 2017 fue que la elección sea con el padrón de cada partido, que ya flexibilizó a la propuesta de que cada entidad política decida, sin especificar órgano.
Solo con reforma integral
Sólo en el marco de una reforma política integral, que privilegie la Ley del Régimen Electoral que es de mayor importancia que la Ley de Partidos, podrían los perremeistas justificar que inclinaran la balanza en la lucha interna de los peledeístas hacia la posición de quien encarna actualmente el reparto estatal. Tendrían que haber olvidado los extremos abusos del Estado con que se reeligió el presidente Medina en el 2016, cuando encargó su campaña a 39 altos funcionarios, desde los ministros hasta los directores de organismos estatales, sobrecargando las nóminas con decenas de miles de empleados temporeros, activistas de campaña, duplicando la publicidad del Estado y acaparando hasta en 80 por ciento la publicidad política.
La sola aprobación de la Ley de Partidos no vale los riesgos de fortalecer la posición de quien “reparte los sobrecitos”, como acuñó Leonel Fernández. Para el PRM la oportunidad es propicia para hacer propia del partido la propuesta de comienzo del año de su precandidato Luis Abinader de que el presidente Medina auspicie una gran concertación para canalizar la reforma integral del sistema electoral. Con ello sintonizaría con las instituciones de la sociedad civil organizada que llevan años requiriendo lo mismo.
Incluso la Ley de Partidos que buscan los peledeístas, como quedó evidente en el proyecto aprobado por el Senado, contiene hasta contra-reformas como la de permitir el financiamiento electoral de empresas extranjeras, y queda muy corta en relación a las “Propuestas desde la Oposición”, sostenidas desde enero por 11 partidos opositores. La sociedad civil también ha rechazado el proyecto aprobado, por carecer de suficiente transparencia, límites del gasto y sanciones eficientes.
El concierto de oposición
Una razón poderosa para que el PRMmida sus pasos frente al proyecto danilista es que el mismo ha tenido el rechazo de la mayoría de los 11 partidos de oposición, que no han aprobado ni siquiera “la flexibilización” de la posición perremeísta. Provocar la disolución o alejarse de la concertación opositora opera en sentido contrario a la línea estratégica marcada por los principales dirigentes del PRM de pretender un “amplio frente opositor para vencer la maquinaria de control peledeísta en el 2020”.
Sería un gran desacierto desbaratar una concertación que comenzó dos semanas antes de los comicios el 2016, mantenida durante dos años y tres meses. Afectaría también los esfuerzos en pro de un “amplio frente político-social” por el rescate de la democracia, que han planteado grupos ciudadanos, como Conciencia Social, encabezado por personalidades como Enmanuel Esquea, Federico Lalane, Eulogio Santaella y Leopoldo Franco; el Movimiento Independiente Rescate Democrático, promovido por profesionales como José Rijo, Manuel Jiménez y Paula Disla, o el Congreso Cívico que a nivel nacional integran antiguos militantes de la izquierda.
Múltiples articulistas independientes también vienen sosteniendo que sólo una amplia concertación político-social puede generar las sinergias necesarias para superar el inmenso control del Estado y social que mantiene el PLD, o por lo menos para reducirlo. Inclinar el voto del mayor partido de oposición al interés del presidente Medina afianzaría la amplia convicción de que él terminará por imponer a cualquier precio una nueva repostulación y reelección. Porque los mismos dos tercios necesarios para pasar la ley orgánica, serían suficientes para reformar la Constitución.
No apagarle el fuego al peledeismo
La más elemental estrategia opositora descartaría contribuir a apagar el fuego que consume al PLD, poniéndolo en riesgo de fuerte división, con posiciones que ya pasan de la confrontación política a la personal, y que afectan la imagen de ese partido y la del gobierno, incluyendo la del presidente Medina, que pese a todo mantiene aprobación cercana al 50%.
Sufragar en aras de que el presidente Medina derrote a Leonel es el camino más corto a la reunificación de esa maquinaria de poder. Porque una vez que eso ocurra, el terror de perder las ventajas del gobierno, el presidencialismo, los repartos del patrimonio público y promesas de apoyos electorales tendrían más fuerza reunificadora, que en el contexto de que Fernández resulte el candidato. Para que esto ocurra tendrán que doblarle el pulso al mandatario y su poderoso grupo, y el apoyo del Estado a esa candidatura sería menos entusiasta.
En cualquier caso, la vocación de poder del peledeísmo podría lograr la reunificación, pero para la oposición, a la que se acusa de pocas garras, sería más difícil enfrentarse al presidente de la nación. Dejarle a los peledeístas resolver ellos sus contradicciones es la más apropiada estrategia. Que se vayan con sus estatutos o se fajen a modificarlos, en lo que se consumirían durante meses.
Al PRM le conviene trazar una línea definitiva y fuete de oposición, ya tiene un padrón que se demostró eficiente, y hasta le convendría no quedar atado a unas primarias en noviembre del 2019, y celebrarla mucho antes, para definir candidaturas que superen la distracción y riesgos de fragmentación que conllevan las largas luchas por las nominaciones. Así podrían concentrarse más temprano en edificar una ilusión de cambio político que no han podido lograr aunque la sociedad muestra las fatigas de la prolongación en el poder de la corporación peledeísta.-
julio 28, 2018 julio 29, 2018 by Juan Diaz	| Leave a comment
Los pírricos resultados de las investigaciones del escándalo Odebrecht a 19 meses de su estallido y la persistencia de altos niveles de corrupción justifican ahora más que nunca la movilización de la ciudadanía, convocada a otra marcha el 12 de agosto en Santo Domingo
La convocatoria de otra movilización del movimiento Marcha Verde (MV) para el domingo 12 de agosto es un desafío a los sectores sociales que hace año y medio levantaron banderas contra la corrupción y la impunidad, cuya mayor expresión ha sido el escándalo de sobornos, sobrevaluaciones de obras y financiamiento electoral de la empresa Odebrecht.
La MV perdió vigor el 28 de enero pasado cuando realizó una concentración ante el Palacio Nacional con una asistencia mucho menor a la caminata del 16 de julio del 2017 que movilizó una multitud estimada sobre las 150 mil personas, pero sus promotores estiman que ahora hay tanta o más razones para marchar, por la persistencia de la impunidad.
“La marcha del millón”
La convocada para dentro de dos semanas ha sido ambiciosamente denominada “la marcha del millón”, aunque sus promotores reconocen que es imposible movilizar esa cantidad de personas, y matizan hablando de “un millón de voluntades y de corazones”, pero están convencidos de que ahora se dan más condiciones objetivas para la lucha contra la impunidad después de la burla en que ha devenido la investigación del escándalo Odebrecht que detonó la protesta con una primera manifestación multitudinaria el 22 de enero del año pasado.
El recorrido se orienta otra vez hacia el Centro de los Héroes, donde el 16 de julio del 2017 logró una concurrencia estimada entre 150 y 200 mil personas, catalogada como la mayor de la historia de la movilización social dominicana, con participación sin precedente de sectores sociales que nunca se habían manifestado en las calles. Pero decayó el 28 de enero último cuando los sectores más militantes impusieron una concentración junto al Palacio Nacional que no tuvo aprobación de las mayorías.
Los promotores han mantenido la MV con diversas actividades, las últimas un concierto ante la Procuraduría General de la República (PGR) el pasado día 8 y los campamentos mantenidos por varias semanas en ese mismo lugar y luego en Santiago, que fueron escenario de variadas manifestaciones. En el ínterin hubo expresiones de disensiones internas, especialmente de los núcleos más radicales que no lograron hacer prevalecer como objetivo la meta de hacer saltar del gobierno al presidente Danilo Medina, lo que la mayoría de los dirigentes consideraron poco realista. Estos estiman que un mayor deterioro de la imagen del gobierno y la pírrica indagatoria del escándalo Odebrecht, cuya última expresión ha sido el rechazo a investigar los contratos con los asesores políticos Joao Santana y Mónica Moura, estimulan la protesta.
Resultados muy irritantes
A más de año y medio del estallido del mayor escándalo transnacional de corrupción, en víspera de la Navidad del 2016, que embarró altamente a la República Dominicana, los resultados de las investigaciones locales han sido considerados pírricos, en relación con los de otros países donde presidentes, expresidentes, un vicepresidente y ministros han sido apresados y/o procesados. Aquí el ministerio público sólo se ha ocupado tímidamente del aspecto sobornos, de lo confesado por los ejecutivos de la constructora Odebrecht, ignorando las sobrevaluaciones y el financiamiento de campañas electorales, de mayores implicaciones económicas y políticas.
En las imputaciones por los sobornos, presentadas por la PGR en mayo del 2016, aparecieron 14 implicados, doce funcionarios y políticos más el intermediario de Odebrecht Angel Rondón y su abogado Conrado Pittaluga. El Procurador general Jean Alain Rodríguez proclamó entonces que “están todos los que son y son todos los que están”. Pero al formalizar acusaciones judiciales un año después, la docena se redujo a cuatro y se agregó al exsenador y dirigente del principal partido opositor Jesús Vásquez, excluyendo a tres que son del miembros del Comité Político del partido gobernante, el exministro Temístocles Montás, el exfuncionario Radhamés Segura y el senador Julio César Valentín.
Es más relevante que a 19 meses de las confesiones de Odebrecht todavía no han sido auditadas las obras contratadas en el país por 5 mil 957 millones de dólares. Los testimonios de los ejecutivos de la constructora indican un patrón de sobrevaluaciones del 22%, que en el caso dominicano alcanzarían a 1,119 millones de dólares, 12 veces el monto de los sobornos confesados. Un consorcio internacional de investigaciones periodísticas estimó que en RD las sobrevaluaciones habrían ascendido a 1,217 millones de dólares.
Sobre las sobrevaluaciones, la PGR ha argumentado que solicitó a la Cámara de Cuentas, las correspondientes auditorias, la que en principio dijo que no podía realizarlas “por falta de fondos”, pero los testimonios sobre el financiamiento de las campañas electorales del presidente Danilo Medina, a través de sus asesores Joao Santana y Mónica Moura, han sido totalmente ignorados. La última expresión es la reciente negativa de la Cámara de Diputados a investigar los certificados de la Contraloría General de la República, presentados por cuatro diputados opositores encabezados por Faride Raful, que muestran contratos por más de 1,300 millones de pesos, de dos organismos de la Presidencia con las empresas Polis Caribe y Cine&Art 2013 de los esposos Santana Moura mientras daban asesoría política al presidente Danilo Medina
Los certificados publicados implican posibles violaciones a la Ley de Compras y Contrataciones y abuso de recursos públicos para pagar asesoría electoral, pero desde mayo del año pasado la PGR fue apoderada de documentos que muestran el envío desde Lima de 4 millones 396 mil 796 dólares, en una triangulación de empresas de Odebrecht en Perú a una cuenta bancaria de CineArt2013, en 16 transferencias a un banco dominicano entre 2013 y 2014, en pleno período de la asesoría política y de marketing de los Santana-Moura.
El esfuerzo de la PGR ha sido concentrado sólo en los sobornos confesados por 92 millones de dólares, mediatizado por el “pacto de impunidad” suscrito con la Odebrecht, con un cómodo compromiso de pago escalonado a ocho años, de 184 millones de dólares, el doble de las coimas. Pero ese acuerdo ignoró que la misma empresa también confesó que mediante los sobornos había derivado utilidades por 165 millones de dólares. Y todavía se espera la lista de los sobornados que repetidas veces se dijo entregaría Odebrecht. Lo entregado es una clara burla de los términos del acuerdo homologado por un juez.
No se vale el cansancio
La fortaleza de la MV fue consecuencia de la indignación generada por el cúmulo de escándalos de corrupción, que tuvo como detonante el de Odebrecht, pero que ya acumulaba otros como los 130 millones de dólares en pagarés vendidos por la empresa Sun Land, los sobornos y sobrevaluaciones en la compra de los aviones Tucano, las extorsiones en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, además de los expedientes de Félix Bautista y las denuncias de gran escala contra los altos funcionarios Víctor Díaz Rúa y Diandino Peña.
Todavía en Septiembre pasado, en el último Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, RD era situada en los últimos escalones en los renglones relacionados con la corrupción entre 137 países. En favoritismo de los funcionarios públicos quedó en penúltimo lugar, el 136, el 135 en desvío de los fondos públicos, en el 133 en eficientes políticas antimonopolios, 132 en comportamiento ético-empresarial, 131 en eficiencia del gasto y en el 130 en independencia de la justicia.
No hay motivo para que la ciudadanía reduzca su presión para contener el desbordamiento de la corrupción y reclamar el fin de la impunidad. Pero muchos de los que se lanzaron a las calles creían que verían rápidamente resultados positivos, ignorando la resistencia de quienes se benefician personal y políticamente de la malversación en todas sus expresiones. Otros sobrevaluaron las fuerzas desatadas pretendiendo metas que excluían en vez de incentivar la acumulación de fuerzas.
La Lucha para lograr la inversión del 4 por ciento del PIB para la educación comenzó a principio de los años noventa y se consagró en la Ley General de Educación del 1997, pero no fue hasta el 2012 que se logró su aplicación, tras varios años de fuerte presión de la sociedad organizada, que incluyeron la marcha de unas 10 mil personas, muy lejos de las multitudinarias de ahora contra la corrupción y la impunidad.
Un esfuerzo gubernamental
Podría parecer exageración, pero hay quienes atribuyen las imputaciones formuladas por la PGR el jueves a 11 personas, incluyendo funcionarios, por el escándalo de la venta del barrio de Los Tres Brazos al temor gubernamental de que se reanuden las multitudinarias marchas verdes. Los cargos incluyen implican a la actual directora nacional de Registro de Títulos y al exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, Leoncio Almánzar.
El escándalo se produjo a fines del 2016, cuando los programas matinales de tres canales de televisión, el periódico El Día y la cadena de emisoras católicas transmitieron un programa en vivo desde el barrio de la parte oriental de la ciudad. Habían vendido el barrio con todas sus infraestructuras de escuelas, acueducto, centro de salud, calles y las construcciones particulares de 14 mil familias por 80 millones de pesos, que luego fueron reducidos a 65 millones. La CORDE sólo recibió 15 millones de pesos, de los cuales pagó 11.3 millones para el deslinde que correspondía a la empresa compradora, para un balance final recibido de 3.3 millones de pesos. Con el absurdo de que recibió a cambio otros tres inmuebles que nunca pudo asumir porque estaban registrados a nombre de abogados de los mismos compradores.
La mayor parte de los cargos presentados el jueves por la PGR ya figuraron en la investigación que hizo en solo un mes una comisión especial designada por el presidente Medina, encabezada por su consultor jurídico Flavio Darío Espinal. Fue entregada a la Procuraduría a fines de enero del 2017, es decir hace año y medio, y nunca se habló del asunto aunque el caso figuraba en la galería de escándalos de corrupción.
Contrastes del escándalo Odebrecht
*República Dominicana fue el tercer país en volumen de los sobornos confesados por Odebrecht, después de Brasil y Venezuela, con 92 millones de dólares. Pero el mayor en términos proporcionales, tanto de población como de montos contratados.
* El país fue sede del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht (o de sobornos), a partir del 2014, cuando la justicia brasileña empezó a descifrar su entramado de corrupción, porque lo consideraban un lugar seguro, según testimonios de sus ejecutivos.
* Joao Santana y Mónica Moura fue certificados por Odebrecht como sus brazos para la asesoría de campañas electorales que luego se cobraban con contrataciones, y llegaron a despachar en el Palacio Nacional, y aquí estaban cuando fueron requeridos y apresados por la trama, pero aquí eso no ha tenido consecuencias.
* Los sobornos certificados por la PGR, por US$83.2 millones llegaron entre 2007 y 2015, el 72% durante el gobierno de Danilo Medina, pero no hay imputaciones de ese período.
*Tres de los cinco acusados por los sobornos son actualmente de la oposición, dos legisladores y un ejecutivo del período en que se contrató el 5% del monto con Odebrecht.
* Un solo senador del partido de gobierno está acusado de sobornos para aprobar contratos y adendas con Odebrecht aunque su bancada era de 24 y luego 31 de los 32 miembros.
* Danilo Medina hizo tres viajes a Brasil, como ministro de la presidencia, como candidato y como presidente electo, donde entró en contactos con los presidentes Lula y Dilma, que luego abogarían por su reelección.
Posted in: 2018, Análisis, Corrupción, Ética, Económico-Social, Política	| Tagged: Marcha, Marcha anti-corrupción, Marcha Verde
julio 21, 2018 by Juan Diaz	| Leave a comment
Danilo Medina luce cada vez más empantanado en el escándalo Odebrecht, los apremios fiscales suturados a golpe de endeudamiento, falso combate a la inseguridad, mayor mortalidad infantil, crisis de la seguridad social y sin poder dar salida a la Ley de Partidos
Acercándose a la mitad de su período, el gobierno del presidente Danilo Medina atraviesa una de sus peores rachas, cada vez más enredado en el escándalo de corrupción de Odebrecht, con apuros fiscales, llevando la deuda pública al borde de la insostenibilidad para financiar sus infortunadas plantas de carbón, mientras el peso se reduce a dos centavos de un dólar escaso.
Con el gobernante Partido de la Liberación Dominicana sin poder superar su peor crisis, la posición del mandatario sigue obstruyendo la aprobación de la Ley de Partidos, mientras entra en crisis la seguridad social y se reporta un escandaloso incremento en el año de la mortalidad infantil, que avala los cuestionamientos a la gestión de la salud pública.
El pantano de Odebrecht
Todo parece indicar que el escándalo Odebrecht, que ha marchitado la primera mitad de su último período gubernamental, seguirá persiguiendo al presidente Danilo Medina sin respuesta a los indicadores que lo salpican y en medio del descrédito por la pobre investigación de su Ministerio Público.
El gobierno quedó atrapado con las revelaciones de cuatro diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), con documentos de la Contraloría General de la República (CGR) que demuestran contrataciones públicas con los asesores de las campañas electorales que ejecutivos de la Odebrecht confesaron haber financiado, entre ellas las del presidente Medina. El secretario administrativo de la Presidencia y su director de Comunicaciones trataron de disminuir el nivel del escándalo, admitiendo que a Joao Santana y Mónica Moura se le pagaron 430 millones de pesos por asesorías y marketing político.
Los registros de 11 contratos, entregados por la CGR a requerimiento de los diputados demuestran que lo contratado con las empresas Polis Cribe y Cine&Art 2013, de Joao Santana y Mónica Moura, sobrepasaron los 1,300 millones de pesos, que comenzaron el primer día del gobierno de Medina en agosto del 2012, y se extendían hasta diciembre del 2016. Los libramientos 7231, 7236 y 7587 de la Contraloría autorizaron pagos hasta enero del 2017, estos tres por 24 millones 451 mil pesos, 11 meses después la pareja dejó la asesoría a Medina en febrero del 2016, para ser condenados en Brasil por su implicación en el escándalo Odebrecht.
Nada que transparentar
Tanto en la respuesta de funcionarios palaciegos como en la reacción de la mayoría peledeísta que controla la Cámara de Diputados, resalta su negativa a dilucidar el contenido de los papeles certificados por la CGR y a aceptar el requerimiento de los cuatro legisladores de crear una comisión que investigue contratos “para asesoría en marketing, comunicación y planificación de campaña” un asunto que salpica al propio presidente Medina, al tratarse de los asesores políticos de sus dos campañas electorales. La admisión de pagos por 430.5 millones de pesos, debería obligar a una minuciosa rendición de cuentas, al implicar posible violación de la ley de Compras y Contrataciones y uso político de fondos públicos.
Al menos podrían haber detallado cómo y por qué sólo pagaron esa suma, cuando contrataron fueron por más de 1,300 millones de pesos, incluyendo 4 en años sucesivos a razón a razón de 100 mil dólares mensuales. Más aún porque una relación de erogaciones del Ministerio de Educación indica que allí también pagaron a la empresa Cine&Arte 2013, una de las dos involucradas,16 millones 800 mil pesos en noviembre del 2014. Los documentos de la CGR deberían ser respondidos también con documentos y no con afirmaciones descalificativas.
Con su negativa a investigar la Cámara de Diputados, desaprovechó la oportunidad para demostrar que los documentos eran falsos como afirmó su presidente Rubén Maldonado, y renunció al deber de fiscalización de los gastos públicos que le ordena la Constitución, ratificando la pobreza institucional y la precariedad de la democracia dominicana.
La espina de las plantas
Los papeles de la Contraloría pusieron en apuros al gobierno, cuando trata de completar el financiamiento de las cuestionadas plantas eléctricas de carbón de Punta Catalina para concluirlas al margen del reclamo de otros 708 millones de dólares que le ha formulado Odebrecht. A eso se atribuye, en parte, la colocación de bonos por 1,300 millones de dólares de la semana pasada, que a la vez alivia la escasez de divisas racionadas para administrar la devaluación del peso que ya llega a 50 por dólar, la que esta semana generó una exigencia pública de la Asociación de Industriales de Herrera al Banco Central para que los empresarios puedan cumplir sus compromisos internacionales.
Tras los nuevos bonos, HOY dio cuenta el sábado 14 que el gobierno de Medina ha emitido más de 12 mil millones de dólares desde el 2013, mientras el exgobernador del Banco Central daba cuenta de que la deuda pública estatal consolidada alcanza 43 mil 400 millones de dólares, 52 por ciento del producto nacional, reiterando sus advertencias de que va camino a la insostenibilidad. El economista Apolinar Veloz, hasta hace poco funcionario del Fondo Monetario Internacional, la cuantificó en 46 mil millones en una entrevista el jueves en Uno+Uno de Teleantillas, al sumarle deudas no registradas con suplidores y constructores.
Las perspectivas apuntan a la continuación del endeudamiento, en su mayoría para cubrir gastos corrientes, ya que el Ministerio de Hacienda advirtió que el presupuesto para el 2019, en proceso de elaboración, contendrá menos recursos para proyectos prioritarios, cuando la inversión de capital apenas alcanza el 15 por ciento del presupuesto. En los lineamientos presupuestarios para el próximo año recién presentados al presidente Medina por el ministro Donald Guerrero, sigue ausente el pacto fiscal postulado por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que el gobierno ha evadido, según dio cuenta el Diario Libre al comenzar la semana.
Traspiés eléctrico en China
El gobierno tuvo otro revés esta misma semana cuando se reprodujo aquí una información publicada en un portal internacional de que el presidente del Consejo de Administración de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, José Rafael Santana, firmó un acuerdo para la instalación de una planta eléctrica de 1,200 megavatios, que incluiría facilidades del puerto de Manzanillo, en Montecristi, con la empresa china Huayang Investment Holdings. El mismo día el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Bichara, negaron calidad a Santana para firmar tal acuerdo.
Cuando se esperaba que el funcionario sería destituido, al día siguiente Bichara precisó que lo que se firmó fue un “memorándum de entendimiento no vinculante”, como unos 26 suscritos en los últimos meses con otras empresas interesadas en el negocio eléctrico en el país. Ese tipo de “acuerdos de intención” son de carácter confidencial y por tanto no publicable. Pero este se firmó en una ceremonia en el “Salón del Pueblo” de la capital de China, Beijing, con la concurrencia de varios funcionarios dominicanos y chinos.
Desde luego nadie informó quién cubrió los gastos para esa “carta de intención”, mientras se especulaba sobre la precipitación con que el gobierno procura beneficios económicos, por lo menos de inversión, de su reciente reconocimiento diplomático de la República Popular China.
Una reacción de Danilo
El presidente Medina, negado sistemáticamente a responder cuestionamientos o preguntas, tuvo una reacción de enojo esta semana cuando recriminó a los que criticaron los vicios de construcción develados por los aguaceros en dos grandes hospitales capitalinos, en especial el Moscoso Puello, en cuya remodelación se gastaron más de 400 millones de pesos.
El sector salud está revuelto desde hace meses, con declaraciones de colapso por parte de los gremios como el Colegio Médico Dominicano, con el agravante de que el sistema de seguridad social ha sido sumido en una crisis, con sus organismos inoperantes, al punto que tras un coro de quejas y demandas, contra las aseguradoras de de Riesgos de Salud, esta semana el Ministro de Salud Pública reaccionó proponiendo una mesa de diálogo para buscar soluciones.
Mientras tanto, las muertes de recién nacidos se elevaron en el primer semestre de este año en un alarmante 29.4 por ciento, al totalizar 1,659, con 377 más que las 1,282 ocurridas en el mismo período del año pasado, según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud correspondiente a la semana 26. Las muertes maternas del mismo período se redujeron de 88 a 93.
Tampoco en la política
En el rumbo político tampoco ha tenido suerte el presidente Medina, aunque en las últimas semanas han aparecido en las redes cinco spots de promoción de su reelección, con la misma línea gráfica, y el viernes se publicaron fotografías de afiches reeleccionistas con la foto del mandatario, todos de igual impresión, durante una inauguración oficial.
Hace dos semanas se aprovechó un congreso en el país de la Federación Interamericana de Abogados para atribuirle a un supuesto “Comité de Derecho Electoral” haber dictaminado “a unanimidad” que el transitorio de la Constitución que prohíbe otra repostulación de Medina, viola sus derechos, lo que fue rápidamente desautorizado por el presidente de la entidad con sede en Washington, quien dijo que ni siquiera tienen tal comité.
La última propuesta del danilismo para viabilizar la controversial Ley de Partidos, que pedía consagrar tanto el padrón abierto como el cerrado para elegir candidatos, habría sido respondida por el Partido Revolucionario Moderno con que cada partido quede en libertad de escoger el método de elección, pero parece que eso tampoco satisface al danilismo que quiere una ley que le economice los riesgos de convocar un congreso para modificar los estatutos del PLD que establecen el padrón interno. Mientras tanto, el próximo miércoles concluirá otra legislatura sin aprobarse la Ley de Partidos.-
Posted in: 2018, Análisis, Política	| Tagged: Constructora Norberto Odebrecht, Danilo Medina, Odebrecht
julio 14, 2018 julio 14, 2018 by Juan Diaz	| Leave a comment
julio 7, 2018 by Juan Diaz	| Leave a comment
AMLO no es un izquierdista emocional y su MORENA sienta ejemplo e interpreta la agobiada sociedad mexicana para una barrida electoral, venciendo a dos partidos de 90 y 80 años de vigencia y a todos los poderes fácticos que durante 12 años le cerraron el paso
Con la inmensa victoria electoral del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) que lleva a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia de México caen los dos últimos vestigios del partidismo político latinoamericano, con 90 y 80 años de vigencia, en un laborioso proceso que superó el veto de los poderes fácticos tradicionales.
Los cuatro años de Morena
A pesar del potencial de su inmenso territorio y un mercado interior de 123 millones de personas, la mitad menores de 29 años, México ha acumulado más de 50 millones de personas viviendo en la pobreza, pero es al mismo tiempo un país de grandes fortunas, algunas de las más grandes del mundo.
Posted in: 2018, Análisis, Internacional, Política	| Tagged: AMLO, Andrés Manuel Lopez Obrador, Lopez Obrador, México, MORENA, Movimiento de Regeneración Nacional

References: artículo 124
 artículo 124
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 23
 artículo 41
 artículo 112