Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2017/as201710848.html
Timestamp: 2018-06-20 01:55:58+00:00

Document:
as201710848
AUTO SUPREMO Nº 848/2017-RA
Sucre, 31 de octubre de 2017
Expediente : Tarija 38/2017
Parte Imputada : Hernán Humberto Barroso Antelo
Delito : Defraudación Aduanera
Por memorial presentado el 14 de agosto de 2017, cursante de fs. 1937 a 1956, Hernán Humberto Barroso Antelo, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 30/2017 de 24 de julio, de fs. 1381 a 1384 vta. y el Auto Interlocutorio 10/2017 de 11 de agosto de fs. 1394, pronunciados por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el representante del Ministerio Público contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Defraudación Aduanera, previsto y sancionado por el art. 178 inc. c) del Código Tributario (CT).
Por Sentencia 45/2015 de 6 de noviembre, (fs. 557 a 567), el Tribunal Segundo de Sentencia de Yacuiba del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Hernán Humberto Barroso Antelo, autor de la comisión del delito de Defraudación Aduanera, previsto y sancionado por el art. 178 inc. c) del CT, imponiendo la pena de tres años de reclusión y multa equivalente al 100% de la deuda Tributaria, con costas a favor del Estado y de la víctima, concediendo el beneficio de la suspensión condicional de la pena.
Contra la mencionada Sentencia el imputado Hernán Humberto Barroso Antelo, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 655 a 673 vta.), resuelto por Auto de Vista 43/2016 de 18 de marzo (fs. 706 a 708), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 082/2017-RRC de 24 de enero (fs. 1360 a 1367); en cuyo mérito, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, emitido el Auto de Vista 30/2017 de 24 de julio, que declaró SIN LUGAR el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, notificado el imputado con tal determinación solicitó explicación, complementación y enmienda, que fue rechazada mediante Resolución 10/2017 de 11 de agosto (fs. 1394).
Por diligencia de 14 de agosto de 2017 (fs. 1394 vta.) el recurrente fue notificado con la última Resolución de alzada; y, en la misma fecha, interpuso el recurso de casación, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.
Como primer agravio el recurrente denuncia, que el Auto de Vista recurrido incumplió la Doctrina Legal emitida por el Auto Supremo 082/2017-RRC de 24 de enero emitido en el caso de autos; puesto que: i) A tiempo de resolver su reclamo concerniente a la errónea valoración de las pruebas, en los puntos II.3 y II.4 ingresaron a emitir argumentaciones arbitrarías, no considerando que su fundamento se basaba en la defectuosa valoración de las pruebas MP1, MP2, MP5, PD3 y la testifical del perito Hilarion Adel Aparicio España de las que el Tribunal de sentencia extraía dos conclusiones por una parte que la cantidad a pagarse emergente de las planillas de tributo aduanero actualizados constituía un tributo aduanero y por otra parte que la cantidad a pagarse emergente de la planilla de tributos aduaneros actualizados constituía actualización e intereses, aspecto sobre el que el Auto de Vista recurrido en el punto II.1 no plasmó argumento alguno, emitiendo conclusiones de manera directa sin que se explique fundamento legal, doctrinal o jurisprudencial mediante el cual se pueda verificar el iter lógico, limitándose a señalar que el cambio de régimen temporal a definitiva tiene dos exigencias: 1. Pago del Tributo (DUI); y, 2. Pago de la actualización del Tributo (planilla de actualización de tributos); argumento que incumple el Auto Supremo 082/2017-RRC de 24 de enero en el cual cita a la línea jurisprudencial del Auto Supremo 210/2015-RRC de 27 de marzo, que conmina a emitir consideraciones argumentativas que servirán de sustento a la decisión final; toda vez, que las indicadas conclusiones fueron realizadas sin fundamentar sus razones, resultándole contradictorias, cuando la segunda exigencia para el cambio de régimen a consumo, la asume de manera directa como tributo, alegando el Tribunal de apelación que no hay impuesto y arancel aduanero que por el paso del tiempo no conlleve la inclusión de accesorios adicionales que son intereses, multas e incumplimiento de deberes; argumento, que según el imputado asume que el Tributo aduanero debe incluir necesariamente accesorios adicionales, conclusiones que no se sustentan en norma legal, doctrina o jurisprudencia, menos tienen explicación coherente. Además el Tribunal de alzada había adjudicado a su recurso de apelación restringida un agravio que jamás mencionó, cuando afirmó que “no es posible argüir como lo hace el recurrente que se podría excluir el pago de accesorios sin el impuesto, o arancel aduanero” (sic), aspecto que jamás reclamó. Añade que el Auto de Vista impugnado no se pronunció sobre los derechos fundamentales acusados como vulnerados, menos sobre las disposiciones legales de la Ley Aduanera, del Código Tributario Boliviano y de la Constitución Política del Estado que también denunció como vulnerados en su recurso de apelación restringida, cuando reclamo la defectuosa valoración de la prueba, constituyendo el incumplimiento de la Doctrina Legal, una omisión al mandato de la parte final del art. 420 del Código de Procedimiento Penal (CPP), concordante con el art. 42.2) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), por lo que incurrió en defecto absoluto señalado en el art. 169 inc. 3) del CPP. Invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 87/2017-RRC de 24 de enero, que fue incumplido, y el Auto Supremo 252/2012-RRC de 12 de octubre; y, ii) El Tribunal de alzada, incumplió la doctrina legal del Auto Supremo 82/2017 respecto a la aplicación del art. 399 del CPP, en sentido que el Tribunal de apelación con carácter previo a la emisión del Auto de Vista ahora impugnado, tenía la obligación de darle a conocer los errores en el recurso de apelación restringida, por lo que su incumplimiento, no sólo desconoció el principio de legalidad al no obedecer el art. 420 del CPP, sino que también le limitó su derecho a la impugnación previsto en el art. 180.II. de la Constitución Política del Estado (CPE), al privarle subsanar su recurso, lo que vulnera su derecho a
la igualdad previsto en el art. 14.III. de la CPE, haciendo alusión a la Sentencia Constitucional 1781/2004-R, menciona el Auto Supremo 186/2016-RRC de 8 de marzo y el Auto de Vista 85/2016 de 4 de agosto, que se encontraría ejecutoriado por Auto Supremo 292/2017-RRC de 18 de abril. Refiere como precedentes contradictorios los Autos Supremos 87/2017-RRC de 24 de enero, 186/2016-RRC de 8 de marzo y 292/2017-RRC de 18 de abril.
Como segundo agravio reclama que el Auto de Vista recurrido le resulta incongruente, que vulnera el derecho al debido proceso, desconociendo el mandato expreso del art. 124 del CPP, incurriendo en defecto absoluto previsto por el art. 169 núm. 3) de la referida Ley; respecto a sus reclamos concernientes a: i) la defectuosa valoración de la prueba, no otorgó una respuesta fundamentada, ya que no refiere norma legal doctrina o jurisprudencia, menos señala los motivos de sus conclusiones, efectuando argumentaciones totalmente alejados del motivo del recurso de apelación restringida, pues en vez de manifestarse respecto al agravio, emitieron “conclusiones lacónicas sin sustento legal alguno” (sic), omitiendo verificar si el Tribunal de primera instancia, vulneró el principio de identidad al valorar las pruebas MP1, MP2, PD3 y la testifical del Perito Adel Aparicio España, que ni si quiera fueron nombrados en el punto II.1. del Considerando II del Auto de Vista recurrido. Arguye que similar incongruencia existe cuando en el punto I.1. de la Resolución impugnada, citan como normas vulneradas “los artículos 6.I del CTB, 25 de la LGA, los arts. 158.I y 23 de la CPE, los arts. 124, 173 y 359 del CPP” (sic) y el debido proceso tutelado por el art. 115.II de la CPE; sin embargo, en las conclusiones de su punto II.2., las mencionadas disposiciones legales, no son citadas, refiriendo el recurrente que se trata de una incongruencia que resalta. Alega que se denotó valoración arbitraria por parte del Tribunal de Sentencia para sustentar la comisión de un ilícito inexistente, que de entrar en la verificación de la defectuosa valoración probatoria, se tendría la inexistencia de las premisas que sustentan la Sentencia; ii) Inobservancia y errónea aplicación de la Ley sustantiva; sobre lo cual el Tribunal de alzada incurrió en incongruencia interna; puesto que, no hay respuesta que refleje qué labor de subsunción del tipo penal declarado como probado por el Tribunal de Sentencia en la Resolución que emitió, no se incurrió en errónea aplicación de del tipo penal descrito en el “art. 178 del CTB”, no habiendo señalado si existió o no una inadecuación del hecho al tipo penal; alegando el Tribunal de apelación sobre la diferencia entre contravención y delito, aspecto que no fue planteado en el recurso de apelación restringida; situación similar ocurrió en la conclusión señalada en el punto II.4 del Auto de Vista impugnado, porque no señaló si existió o no la inobservancia a la ley sustantiva, incongruencia que desconoció su derecho al debido proceso en su elemento de la debida fundamentación y motivación, haciendo referencia al art. 115.II de la CPE y art. 124 del CPP. Añade que la trascendencia radica que a través de la Ley 812, modificó el art. 157 del CTB, que otorga el plazo de 10 días para la cancelación de obligaciones tributarias; que tiene congruencia con la Resolución Administrativa RA-PE-01-029-16 de 30 de diciembre de 2016, emitida por el Directorio de la Aduana Nacional, haciendo referencia a su art. 38, que de tomarse en cuenta estas disposiciones, resultarían “conclusiones diametrales a las arribadas por el tribunal de primera instancia” (sic), más aún cuando la misma Sentencia reconoció que el imputado “canceló al día siguiente los intereses emergentes de la planilla de actualización de tributos aduaneros-admisión temporal” (sic), acogiéndose al arrepentimiento eficaz que refiere el art. 157 del CTB reformado por la Ley 812. Al respecto invoca el Auto Supremo 172/2012-RRC de 24 de julio.
Como tercer agravio reclama que el Auto de Vista recurrido incurrió en fundamentación arbitraría, vulnerando el debido proceso en su elemento a la fundamentación y legalidad, incurriendo en defecto absoluto; puesto que, en el punto II.1 del Auto de Vista impugnado, indicó que no hay impuesto o arancel aduanero que por el paso del tiempo no conlleve la inclusión de accesorios adicionales como los intereses, multas e incumplimiento de deberes; que según el recurrente ingresó en incongruencia interna y vulneró el principio de legalidad, porque la obligación de pago en aduanas en los regímenes suspensivos, únicamente emergen del incumplimiento de las condiciones a las que está sujeto el régimen suspensivo como lo señala el art. 9 de la Ley General de Aduanas (LGA), condiciones que según el art. 126 de la LGA y art. 167 de su Reglamento, sólo se dan a la finalización del plazo otorgado en el régimen suspensivo sin que se haya re-exportado o realizado el cambio al régimen de consumo, supuestos que no son aplicables al caso de autos y que tampoco fueron motivo de debate; habida cuenta, que asumir que los intereses, multas e incumplimiento de deberes formales, forman parte del tipo penal señalado en el art. 178 del CTB, el que refiere únicamente a tributos aduaneros, implica vulneración al principio de legalidad reconocido en el art. 180 de la CPE; refiriendo también que los tributos aduaneros como elemento normativo del tipo penal, se encuentra identificado en el art. 25 de la LGA. Añade que en relación al punto II.2. de la Resolución ahora impugnada, refirió que no se adiciona nuevos hechos al factum por el que fue condenado el imputado, tomando en cuenta que lo declarado como probado, constituyó la demostración del dolo en el tipo penal de Defraudación Aduanera, afirmando el recurrente que el simple incumplimiento no puede ser tomado como hecho delictuoso. Refiere que en relación a los puntos II.3. y II.4. del Auto de Vista recurrido, no se manifiestan sobre los fundamentos ni las normas referidas en su recurso de apelación restringida, que fueron claramente verificados en los puntos I.3. y I.4. de la misma Resolución; toda vez, que sólo la relacionaron a la diferencia entre proceso administrativo sancionador y proceso penal, no expresando fundamentación entre la diferencia entre un delito aduanero y la contravensión. Añade, que la diferencia a la que hace referencia el Tribunal de alzada sin sustento normativo, doctrinal ni jurisprudencial entre delito y contravención, radica en el monto, cuando según el imputado, las citas doctrinales y normativas demuestran que la diferencia radica en la existencia de dolo en el accionar del agente. Asimismo refiere que otro error en su argumentación está en señalar que el delito de Defraudación Aduanera es formal, sin sustentar en doctrina o jurisprudencia, que según el recurrente, los delitos tributarios reconocidos en el Código Tributario, son delitos de resultado como lo expresa la primera parte del art. 152 del CTB; además que entra en contradicción con su Auto de Vista 185/2014 de 26 de diciembre, donde el Tribunal de alzada, refirió que el delito de Defraudación Aduanera, constituye delito de resultado; asimismo refiere, que el Tribunal de apelación se manifestó sobre el art. 9 del CP y no sobre el art. 157 del CTB, que es la norma aplicable al proceso penal tributario por mandato de la Disposición Final Segunda de la Ley 2492, por lo que el Tribunal de alzada emitió conclusiones ajenas a la normativa tributaria penal que lleva como fruto la emisión de “argumentación
arbitraria”. Invoca como precedente contradictorio, el Auto Supremo 251/2012 de 17 de septiembre, respecto a los puntos II.3. y II.4. del Auto de Vista Impugnado. Asimismo, hace referencia al Auto de Vista 185/2014 de 26 de diciembre, indicando que fue ejecutoriada por Auto Supremo 454/2015-RRC de 29 de junio.
Finalmente bajo el acápite titulado “EL AUTO SUPREMO NO TOMA EN CUENTA LA MODIFICACIÓN DE LA NORMA TRIBUTARIA REALIZADA POR LEY 812” (sic); manifiesta, que el Auto de Vista recurrido no tomó en cuenta las modificaciones de la Ley 812 y su decreto reglamentario, es así que el art. 47 del CTB en concordancia con la propugnación realizada por su persona se constituye en intereses y no en tributos, propugnación que encuentra oposición tanto en la sentencia como en la complementación de 10 de noviembre de 2015 incurriendo en insuficiente fundamentación el “auto de vista 43/2016 de 18 de marzo de 2016” (sic). Destaca que la aplicación del art. 157 de la Ley 812 modifica los fundamentos jurídicos de la sentencia, extinguiendo la omisión del pago de la deuda tributaria; que la sentencia condenatoria no expresó que su persona no haya cumplido con el pago de la liquidación que efectuó en la planilla denominada Tributos aduaneros actualizados, admisión temporal, encontrándose a criterio del Tribunal de mérito un accionar ilícito por haber realizado su cancelación al día siguiente de la presentación de la declaración única de importación (DUI), encontrándose su persona con una condena por haber cancelado los tributos de importación aduanera el 29 de septiembre de 2009 y cancelar las actualizaciones e intereses el 30 de septiembre de 2009, y que dicha cancelación a criterio del Tribunal de mérito no se encontraba sustentada por norma aduanera ni tributaria alguna, expresando que dicha pago al día siguiente de la presentación y cancelación de la DUI de importación se encontraba considerada como contravensión aduanera por expreso mandato de la RD 01.001.08, por su parte contrariamente a lo fundamentado en la sentencia el art. 54.II párrafo II del CT establecía que en ningún caso y bajo responsabilidad funcionaria la administración tributaria podrá negarse a recibir los pagos que efectúe los contribuyentes, sean estos parciales o totales los que se acreditan y prueban mediante los documentos bancarios de pago de acuerdo al art. 53.IV de la citada Ley, por lo que, afirma que con la promulgación de la Ley 812 que modifica el art. 157 del CT, la cancelación tardía que hace referencia la Sentencia condenatoria, encontraría la norma complementaria expresa sobre la que se sustentaría el pago realizado por el imputado de la actualización e intereses, puesto que el nuevo alcance del art. 157 del CT modificado por Ley 812 expresa de que quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por contravención de omisión de pago cuando el sujeto pasivo o tercero responsable pague la deuda tributaria hasta el décimo día de notificada la Vista de Cargo o Auto Inicial, o hasta el inicio de la ejecución tributaria de las declaraciones juradas que determinen tributos y no hubiesen sido pagados totalmente; arguyendo el imputado que pagó al día siguiente del pago de los tributos de importación, por lo que estaría dentro de los alcances de esta disposición legal modificada y de esta manera extinguida “la supuesta omisión de pago” (sic) y que la presentación de la DUI, la liquidación y pago de tributos aduaneros de importación no mereció observación, ya que los mismos habían sido declarados, liquidados y pagados en forma correcta. Al respecto invoca las Sentencias Constitucionales 1742/2013 de 21 de octubre, 1386/2005 de 31 de octubre, los Autos Supremos 586/2014 de 10 de octubre Sala Civil y 683/2014-RRC de 27 de noviembre.
ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación
de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.
En el caso de autos se advierte que el recurrente fue notificado con la última Resolución de alzada el 14 de agosto de 2017, interponiendo su recurso de casación la misma fecha; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.
En relación al primer motivo, en el que denuncia que el Auto de Vista recurrido incumplió la Doctrina Legal emitida del Auto Supremo 082/2017-RRC de 24 de enero emitido en el caso de autos, respecto a sus denuncias concernientes a la: i) errónea valoración de las pruebas, emitiendo el Tribunal de alzada argumentaciones arbitrarías, no considerando que su fundamento se basaba en la defectuosa valoración de las pruebas MP1, MP2, MP5, Pd3 y la testifical del perito Hilarion Adel Aparicio España de las que el Tribunal de sentencia extrajo dos conclusiones, aspecto sobre el que el Auto de Vista recurrido no explicó mediante un fundamento legal, doctrinal o jurisprudencial, menos tienen explicación coherente. Habiendo añadido además el Tribunal de alzada a su recurso de apelación restringida un agravio que jamás mencionó, cuando afirmó que “no es posible argüir como lo hace el recurrente que se podría excluir el pago de accesorios sin el impuesto, o arancel aduanero” (sic), aspecto que jamás reclamó. Además el Auto de Vista impugnado no se pronunció sobre los derechos fundamentales acusados como vulnerados, menos sobre las disposiciones legales de la Ley Aduanera, del Código Tributario Boliviano y de la Constitución Política del Estado que también denunció como vulnerados en su recurso de apelación restringida, cuando reclamo la defectuosa valoración de la prueba, constituyendo el incumplimiento de la Doctrina Legal, una omisión al mandato de la parte final del art. 420 del CPP incurriendo en defecto absoluto.
Sobre este primer punto dentro de este motivo el recurrente invoco los Autos Supremos 87/2017-RRC de 24 de enero (emitido dentro del caso de autos), que alega fue incumplido respecto a las temáticas resueltas; y, 252/2012-RRC de 12 de octubre, que estaría referido a que el Auto de Vista emitido a consecuencia de un Auto Supremo que omite dar cumplimiento a la doctrina legal expresada por el máximo Tribunal desconoce el mandato establecido en el art. 420 del CPP, vulnerando además los principios de economía procesal y celeridad reconocidos constitucionalmente; explicando el recurrente, que en su caso se desconoció la doctrina legal sentada en el Auto Supremo 82/2017-RRC de la que emergió el Auto de Vista recurrido que omitió realizar el control de la valoración probatoria efectuado por la sentencia, labor que fue identificada claramente en el Auto Supremo referido; en consecuencia, conforme se tiene de la fundamentación de este punto del motivo, se evidencia que el recurrente explicó la posible contradicción de la Resolución recurrida con relación a los precedentes invocados, en tal sentido, se observa que cumplió con los requisitos de admisibilidad previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, deviniendo en admisible.
Respecto al punto ii) de este motivo donde el recurrente reclama que el Auto de Vista recurrido incumplió la Doctrina Legal emitida por el Auto Supremo 082/2017-RRC de 24 de enero emitido en el caso de autos, respecto a la aplicación del art. 399 del CPP, en sentido que el Tribunal de apelación con carácter previo a la emisión del Auto de Vista ahora impugnado, tenía la obligación de darle a conocer los errores en el recurso de apelación restringida, por lo que su incumplimiento, no sólo desconoció el principio de legalidad al no obedecer el art. 420 del CPP, sino que también le limitó su derecho a la impugnación al privarle subsanar su recurso, lo que vulnera su derecho a la igualdad; al respecto el recurrente invocó los Autos Supremos 87/2017-RRC de 24 de enero el cual habría establecido respecto al punto que cuestiona; no obstante, fue incumplido; 186/2016-RRC de 8 de marzo y 82/2017-RRC que establecerían que el Tribunal de alzada ante la falta de cumplimiento del art. 408 del CPP debe otorgar el plazo de 3 días conforme prevé el art. 399 del CPP con el fin de que subsane su recurso; aspecto que había incumplido el Auto de Vista recurrido; en la argumentación de este punto del motivo, se evidencia que el recurrente explicó la posible contradicción de la Resolución recurrida con relación a los precedentes invocados, en tal sentido, se observa que cumplió con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, deviniendo en consecuencia en admisible.
Respecto a la invocación del Auto de Vista 85/2016 de 4 de agosto que habría sido ejecutoriado por el Auto Supremo 292/2017-RRC de 18 de abril que también fue invocado como precedente, corresponde señalar que respecto al primero, el recurrente tenía la carga procesal de adjuntar la Resolución aspecto que no ocurrió, y respecto al Auto Supremo invocado como precedente, incumbe a una Resolución que fue declarado infundado; consecuentemente, no contiene doctrina legal aplicable, situación por el que no serán considerados en el análisis de fondo.
Respecto a la alusión de la Sentencia Constitucional 1781/2004-R, en el marco de una correcta interpretación del art. 416 del CPP, las Sentencias Constitucionales, no tienen la calidad de precedentes contradictorios.
En cuanto, al segundo motivo, en el que reclama que el Auto de Vista recurrido le resulta incongruente que vulnera el derecho al debido proceso, puesto que desconoce el mandato expreso del art. 124 del CPP, constituyendo defecto absoluto previsto por el art. 169 núm. 3) de la referida Ley; respecto a sus reclamos concernientes a: i) la defectuosa valoración de la prueba, puesto que, no otorgó una respuesta fundamentada, efectuando argumentaciones totalmente alejados del motivo del recurso de apelación restringida, omitiendo verificar si el Tribunal de primera instancia, vulneró el principio de identidad al valorar las pruebas MP1, MP2, PD3 y la testifical del Perito Adel Aparicio España, que ni si quiera fueron nombrados por el Auto de Vista recurrido; además que existe incongruencia cuando en el punto I.1. de la Resolución impugnada, citan como normas vulneradas “los artículos 6.I del CTB, 25 de la LGA, los arts. 158.I y 23 de la CPE, los arts. 124, 173 y 359 del CPP” (sic) y el debido proceso tutelado por el art. 115.II de la CPE; sin embargo, en las conclusiones de su punto II.2., las mencionadas disposiciones legales, no fueron citadas; y, ii) Inobservancia y errónea aplicación de la Ley sustantiva; sobre lo cual el Tribunal de alzada incurrió en incongruencia interna; puesto que, no hay respuesta que refleje qué labor de subsunción del tipo penal declarado como probado por el Tribunal de Sentencia en la Resolución que emitió, no se incurrió en errónea aplicación del tipo penal descrito en el “art. 178 del CTB”, no habiendo señalado si existió o no una inadecuación del hecho al tipo penal; alegando el Tribunal de apelación sobre la diferencia entre contravención y delito, aspecto que no fue planteado en el recurso de apelación restringida; que vulneran sus derechos al debido proceso en su elemento de la debida fundamentación y motivación.
Sobre este reclamo el recurrente invocó el Auto Supremo 172/2012-RRC de 24 de julio; que estaría referido a que no existe fundamentación ni congruencia en el Auto de Vista cundo se evidencia que el Tribunal de alzada no se pronunció sobre el fondo de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida aspecto que vulnera lo establecido por el art. 124 y 398 del CPP; explicando el recurrente que en su caso el Tribunal de alzada reconoce la existencia de los agravios sin embargo omite manifestarse sobre ellos, incurriendo en incongruencia interna que vulnera el debido proceso en su elemento de la debida fundamentación; en la argumentación de este motivo, se evidencia que el recurrente explicó la posible contradicción de la Resolución recurrida con relación al precedente invocado, en tal sentido, se observa que cumplió con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, deviniendo en consecuencia en admisible.
Con relación al tercer motivo, en el que reclama que el Auto de Vista recurrido incurrió en fundamentación arbitraría, vulnerando el debido proceso en su elemento a la fundamentación y legalidad, constituyendo defecto absoluto; puesto que, en el punto II.1 del Auto de Vista impugnado, indicó que no hay impuesto o arancel aduanero que por el paso del tiempo no conlleve la inclusión de accesorios adicionales como los intereses, multas e incumplimiento de deberes; no considerando que la obligación de pago en aduanas en los regímenes suspensivos, únicamente emergen del incumplimiento de las condiciones a las que está sujeto el régimen suspensivo como lo señala el art. 9 de la LGA, condiciones que según el art. 126 de la LGA y art. 167 de su Reglamento, sólo se dan a la finalización del plazo otorgado en el régimen suspensivo sin que se haya re-exportado o realizado el cambio al régimen de consumo, supuestos que no son aplicables al caso de autos y que tampoco fueron motivo de debate. Que en relación al punto II.2. de la Resolución ahora impugnada, refirió que no se adiciona nuevos hechos al factum por el que fue condenado el imputado, tomando en cuenta que lo declarado como probado, constituyó la demostración del dolo en el tipo penal de Defraudación Aduanera, afirmando el recurrente que el simple incumplimiento no puede ser tomado como hecho delictuoso. Que en relación a los puntos II.3. y II.4. del Auto de Vista recurrido, no se manifiestan sobre los fundamentos ni las normas referidas en su recurso de apelación restringida, limitándose a relacionarlos a la diferencia entre proceso administrativo sancionador y proceso penal, no expresando fundamentación entre un delito aduanero y la contravensión, refiriéndose el Tribunal de apelación sobre el art. 9 del CP y no sobre el art. 157 del CTB, que es la norma aplicable al proceso penal tributario por mandato de la Disposición Final Segunda de la Ley 2492, por lo que el Tribunal de alzada emitió conclusiones ajenas a la normativa tributaria penal que lleva como fruto la emisión de “argumentación arbitraria”.
Sobre este reclamo invocó el Auto Supremo 251/2012 de 17 de septiembre; que estaría referido a que es un componente del debido proceso el derecho a la debida fundamentación, alegando el recurrente, que en su caso el Tribunal de alzada acudió a doctrina extranjera que no resulta aplicable al proceso penal lo que vulnera su derecho al debido proceso en su elemento de la debida fundamentación emitiendo argumentos arbitrarios que no coincide con la norma tributaria señalada en el art. 178 del CTB; consecuentemente, se tiene que el recurrente cumplió con los requisitos de admisibilidad, por lo que el motivo en análisis deviene en admisible.
Respecto a la invocación del Auto de Vista 185/2014 de 26 de diciembre, indicando que fue ejecutoriada por Auto Supremo 454/2015-RRC de 29 de junio, no será considera en el análisis de fondo; toda vez, que el recurrente si bien indica que el referido precedente se encuentra ejecutoriado; no obstante, tenía la carga procesal de adjuntarlo aspecto que no ocurrió.
Finalmente respecto al cuarto motivo, donde reclama que el Auto de Vista recurrido no tomó en cuenta las modificaciones de la Ley 812 y su decreto reglamentario. Destaca que la aplicación del art. 157 de la Ley 812 modifica los fundamentos jurídicos de la sentencia, extinguiendo la omisión del pago de la deuda tributaria; por lo que afirma, que con la promulgación de la Ley 812 que modifica el art. 157 del CT, la cancelación tardía que hace referencia la Sentencia condenatoria, encontraría la norma complementaria expresa sobre la que se sustentaría el pago realizado por su persona de la actualización e intereses, puesto que el nuevo alcance del art. 157 del CT modificado por Ley 812 expresa de que quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por contravención de omisión de pago cuando el sujeto pasivo o tercero responsable pague la deuda tributaria hasta el décimo día de notificada la Vista de Cargo o Auto Inicial, o hasta el inicio de la ejecución tributaria de las declaraciones juradas que determinen tributos y no hubiesen sido pagados totalmente; arguyendo el imputado que pagó al día siguiente del pago de los tributos de importación, por lo que estaría dentro de los alcances de esta disposición legal modificada y de esta manera extinguida la supuesta omisión de pago.
Sobre este reclamo el recurrente invocó los Autos Supremos 683/2014-RRC de 27 de noviembre y 169/2016-RRC de 7 de marzo; que estarían referidos al resguardo
del principio de legalidad e irretroactividad de la Ley penal más favorable, aseverando que dichos precedentes son de obligatoria aplicación; no obstante, no fueron observados por el Tribunal de alzada; en la argumentación de este motivo, se evidencia que el recurrente explicó la posible contradicción de la Resolución recurrida con relación a los precedentes invocados, en tal sentido, se observa que cumplió con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, deviniendo en consecuencia en admisible.
Respecto a la mención del Auto Supremo 586/2014 de 10 de octubre de la Sala Civil, corresponde señalar que en el marco de una correcta interpretación del art. 416 del CPP, constituyen únicamente precedentes contradictorios los Autos de Vista dictados por las Salas Penales en recursos de apelación restringida y Autos Supremos emitidos por las Salas Penales donde se establezca o ratifique doctrina legal aplicable; no siendo válido el acudir a otra jurisprudencia a objeto del cumplimiento de la cita de precedente y explicación de contradicción que exige la ley; situación por el que no será considerado en el análisis de fondo.
Respecto a la cita de las Sentencias Constitucionales 1742/2013 de 21 de octubre, 1386/2005 de 31 de octubre, conforme se expresó en reiterados Autos Supremos, las mismas no constituyen precedentes contradictorios.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Hernán Humberto Barroso Antelo de fs. 1937 a 1956; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaria de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.

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