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medios electrónicos en la administración de justicia en Colombia. Universidad de Nariño: Revista Científica | Apelación | Derecho Constitucional
medios electrónicos en la administración de justicia en Colombia. Universidad de Nariño: Revista Científica
2554-Texto del artículo-8246-1-10-20160208.pdf
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Analisis Caso Nicama
Auto Acordado Recurso de Protección
114-Cassació 62_11-Sentència núm 31-27_06_11-Valls_1.0.0
Recurso de Casacion - Amanda Elena Sulca Carmen
Jurisprudencia 2019 - Nefa, Nora Laila c ANSES
LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN COLOMBIA 1
Faisury Martínez Tovar 2 Lina Vanessa Ortiz Montoya 3 Katherin Torres P. 4 Tutor: Germán Alfonso López Daza
Fecha de recepción: 28 de agosto de 2015. Fecha de aceptación: 29 de octubre de 2015. Referencia: MARTINEZ TOVAR, Faisury. ORTIZ MONTOYA, Lina Vanessa. TORRES P., Katherin. Los medios electrónicos en la administración de justicia en Colombia. Universidad de Nariño: Revista Científica CODEX. Vol. 1. Núm. 1. Págs 177 – 194. Disponible en: revistas.udenar.edu.co/index.php.codex.
Desde la expedición de la Ley Estatutaria de Administración de Justica –LEAJ - (ley 270/1996), ha sido palmario el deseo del legislador de utilizar las nuevas tecnologías de la información y comunicación con el fin de imprimirle al procedimiento judicial un trámite más ligero, eficaz, y de fácil acceso a la comunidad. Sin embargo, alrededor de este tema se suscitan ciertos interrogantes, en especial en lo que refiere a las garantías mínimas que se le deben otorgar a los intervinientes en dichos procesos. El presente artículo de investigación, resuelve el interrogante: ¿La implementación y aplicación de los medios electrónicos en los procesos judiciales, respeta los derechos fundamentales, especialmente el derecho al debido proceso? En el desarrollo del texto, se evidenciará que la finalidad de los medios electrónicos en el funcionamiento de la administración judicial está dirigida a la descongestión de los despachos, por lo que se debe garantizar la veracidad de los datos que a través de ellos se suministran, y el de responder por los errores que se cometan al procesar y comunicar dicha información 5 .
PALABRAS CLAVE: administración de justicia, debido proceso, medios electrónicos, sistema judicial siglo XXI.
1 El presente artículo constituye uno de los resultados del proyecto de investigación: “Los Medios Electrónicos en los Procesos Judiciales y el Derecho al Debido Proceso en Colombia”, financiado por la Universidad Surcolombiana y desarrollado por el Semillero de Investigación Estudios Constitucionales, bajo a tutoría del doctor Germán Alfonso López Daza.
2 Estudiante VIII Semestre de Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Surcolombiana. Integrante del Semillero Estudios Constitucionales. Correo electrónico: faimartinez_12@hotmail.com
3 Estudiante VIII Semestre de Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Surcolombiana. Integrante del Semillero Estudios Constitucionales. Correo electrónico: linavanor@hotmail.com
4 Abogada, candidata a Magíster en Derecho con énfasis en Responsabilidad Civil y del Estado de la Universidad Externado de Colombia. Integrante del Grupo de Investigación Nuevas Visiones del Derecho, actualmente es Asesora Metodológica de la Maestría en Derecho Público Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Surcolombiana. Correo electrónico: katherin.torres@usco.edu.co
5 Sentencia del Consejo de Estado - Sección Primera del 30 de agosto de 2012 M.P. Marco Antonio Velilla Morena. Expediente 2012 – 117 AC
Revista Científica Codex, Pasto (Colombia), 1 (1): 177 – 194, Noviembre 2015. ISNN: 2463-1558 ISNN-E: 2463 2031
Since the Statutary’s Law of Justice Management expedition (Law 270th/1996) it has been notorious congresses wish of using new information and communication technologies with the goal of having a judicial procedure to get a way faster, and easier to enter to the community. However, around this topic brings forward some questions, in special about minimum guarantees that should be given to the subjects of this processes. This following Article, answers the question about what is the electronic devices’ function in the court proceeds and what is the juridical impact that they are developing of the information used? This text will notice the Electronic devices’ objective in the using of court proceed is leds to relief the judicial offices, so it must guarantee the information’s truth which are supply through them. Also to answering some mistakes done to process and communicate the information.
KEY WORDS: justice system, electronic media, judicial system century XXI, due process
En el escenario de la administración de justicia, encontramos que las preocupaciones rondan más en temáticas relativas a cómo proporcionar la información a través de las TIC en un marco que combine la eficiencia con la seguridad jurídica, resultando aún inexplorado el campo de la participación en los escalones más avanzados del control ciudadano; cogestión y autogestión (Álvarez, et al 2003).
Como bien lo señala Rodríguez (2008), la digitalización de los procesos judiciales o la denominada teletramitación se fundamenta en un derecho de importantísima relevancia en la actualidad: la necesidad de que los administrados se puedan comunicar con el sistema judicial por el medio más ágil y flexible para satisfacer los principios procesales y de contera llevar a cabo los fines del Estado.
En ese sentido, como bien lo indica el autor, el trabajo de decisión del juez estaría incluido en una nueva dinámica que no se puede agotar en el examen de determinada información almacenada en un medio electrónico, ya que si bien existe un medio más eficaz para que el juzgador pueda examinar la información esta deberá ser tratada de manera especial en la medida que se pueda tener certeza de la veracidad de la información que se tiene y que las decisiones judiciales no solo sean con base en la reflexión de determinada información. De esta manera, se reconoce como un hecho ineludible el asincronismo entre los avances científicos por delante del Derecho y por ello se deben iniciar procesos que acerquen ambos polos, entendiendo que la implementación de los sistemas de información tecnológicos no son un fin en sí mismo sino simplemente un medio. Por lo que el derecho debe preguntarse cuál es el camino más eficaz para integrarse con los avances tecnológicos, sin dejar de lados las garantías propias del derecho procesal (Rodríguez, 2008).
En ese contexto, frente al uso intensivo de los medios electrónicos y las nuevas tecnologías de la información en todas las esferas de la sociedad - incluyendo la administración pública -, era necesario que el Sistema Judicial colombiano adelantara las gestiones que le permitiera la implementación de los medios electrónicos en los procesos judiciales y la comunicación electrónica de los actos procesales inmersos en ellos.
Es por eso que con la expedición de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia – LEAJ - (ley 270/1996), se le otorgó la facultad al Consejo Superior de la Judicatura para que incorporara la tecnología al servicio de la rama judicial con el fin de mejorar la práctica probatoria, la formación, la conservación, la reproducción de los expedientes, la comunicación entre los despachos y así mismo, garantizara el funcionamiento razonable del sistema de información
Ahora bien, la ley 527 de 1999 desarrolló de manera integral el manejo de las tecnologías de la información
y comunicación (TIC), consagrando la regla de interpretación de “equivalencia funcional”, que le brinda el mismo valor probatorio y de eficacia jurídica a los documentos escritos y a los mensajes de datos 6 .
Con la ejecución de la estrategia “Gobierno en Línea”, establecido en la Directiva Presidencial No. 02 del 28 de agosto de 2000, se incorporó la información pública en páginas institucionales, brindando una oferta de servicios y tramitación en línea confiable y eficaz para los ciudadanos, experiencia que debería ser reflejada cuando la administración de justicia adoptara el uso de los medios electrónicos en los procesos judiciales.
Posteriormente, mediante acuerdo No. PSAA06-3334 del 02 de marzo de 2006, el Consejo Superior de la Judicatura reglamentó la utilización de los medios electrónicos e informáticos para los actos de comunicación procesal que se pudieran adelantar a través de mensajes de datos, en cumplimiento de las funciones de la administración de justicia, lo que constituyó un primer avance en la puesta en marcha de las actuaciones judiciales electrónicas.
En el 2011, con el acuerdo PSAA11-9109 se estableció la administración de las publicaciones de la
información de los procesos en el portal web de la Rama Judicial, convirtiéndose en uno de los mecanismos de comunicación más expeditos, pues se crea el aplicativo “Sistema Judicial Siglo XXI”, que permite a los usuarios
consulta virtual de los procesos (administrativos, laborales, civiles, penales y de familia), reportando durante
2011 un promedio de 765 consultas mensuales 7 , lo que ha generado que se incremente el índice de visitantes
participación en un porcentaje de 73% a 82% 8 .
Ante el uso masivo de esta plataforma, se generan las siguientes inquietudes: ¿Qué tan confiable es la administración de justicia a través de los medios electrónicos?, ¿la información inoportuna, errónea e
6 Siempre y cuando, se cumplan con requisitos de forma, fiabilidad, inalterabilidad, rastreabilidad y que estos a su vez se complementan con los equivalentes funcionales de firma, original y archivo.
http://www.ramajudicial.gov.co/csj/downloads/UserFiles/File/ALTAS%20CORTES/CONSEJO%20SUPERIOR/UDAE/publicaciones/2
011%20CAP%C3%8DTULO%205TECNOLOG%C3%8DAS%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N%20Y%20LAS%20COMUN
ICACIONES.pdf
inadecuada del Sistema Judicial Siglo XXI, podría vulnerar el principio de confianza legítima, el derecho al debido proceso y a la defensa de las partes intervinientes en él?
Resulta entonces, pertinente reflexionar sobre las ventajas y desventajas que traería consigo la implementación de políticas públicas que se dirijan hacia la digitalización del sistema procesal nacional, de modo que sea contundente y con decisiones administrativas que tengan claro el camino que deba seguirse para la correcta armonización entre informática y Derecho (Rodríguez, 2008).
De esta manera, el presente artículo plantea los siguientes objetivos: i) Describir las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura, en el uso de las Nuevas Tecnologías en los procesos judiciales. ii) Determinar el desarrollo jurisprudencial del derecho al debido proceso en el escenario de la utilización de los medios electrónicos en los procesos judiciales, realizado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado y iii) Caracterizar el procedimiento judicial electrónico a partir de la Experiencia del Tribunal Administrativo del Magdalena.
Para llevar a cabo el proyecto de investigación, que estuvo dirigido a determinar la utilización de los medios electrónicos en los procesos judiciales, se aplicó la metodología de carácter analítico - descriptivo, la cual fue desarrollada con labores encaminadas a la búsqueda de doctrina, jurisprudencia y normatividad nacional, que se practicó a través de exploración en bibliotecas virtuales, páginas de internet, visita a las relatorías de las altas cortes y a diferentes universidades en la ciudad de Bogotá.
Al finalizar la compilación de información, se procedió a realizar la clasificación de la misma, organizándola por categorías conceptuales, lo que permitió continuar con el análisis e interpretación de la información, a través de la utilización de fichas bibliográficas y jurisprudenciales, que permitieron responder los interrogantes que generaron la investigación.
Por último, se aplicó una entrevista abierta a la Magistrada del Tribunal Administrativo del Magdalena, ya que es el primer despacho que ha implementado los medios electrónicos en su quehacer judicial de manera íntegra desde el año 2013. Es importante mencionar que a la fecha existen dos despachos que a partir del 2014 iniciaron el proceso de utilización de los medios electrónicos en sus procesos: el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Yopal y el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué.
AVANCES, RESULTADOS, DISCUSIÓN
1. REGLAMENTACIÓN DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS EN LOS PROCESOS JUDICIALES EN COLOMBIA.
El primer fundamento jurídico expedido por el gobierno nacional es la Ley Estatutaria de Administración de Justicia – LEAJ - (ley 270/1996) que en su artículo 95 señala que: “El Consejo Superior de la Judicatura debe propender por la incorporación de tecnología de avanzada al servicio de la administración de justicia” descrita con anterioridad.
La normativa estuvo diseñada principalmente para mejorar la conservación y reproducción de los expedientes, la práctica de las pruebas, la formación, la comunicación entre los despachos judiciales y para propender por el efectivo funcionamiento del sistema de información, partiendo de la premisa de que los juzgados, tribunales y corporaciones judiciales podían implementar el uso de cualquier medio técnico, electrónico, informático y telemático, para el cumplimiento de sus funciones.
Para tales efectos, la LEAJ establece que los documentos emitidos por los citados medios tendrían toda la validez y eficacia de un documento original, cualquiera que sea su soporte, siempre y cuando se garantice la autenticidad e integridad, además del cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales (artículo
95 ley 270/1996).
Con la expedición de la ley 527 de 1999, se concedió un alto grado de validez jurídica y probatoria a los documentos, firmas y comunicaciones electrónicas y su equivalencia absoluta con los medios escritos e impresos que se utilizaban tradicionalmente. Aclarando que el término “equivalencia” hace referencia al principio de “equivalencia funcional” incorporado por esta ley, el cual consiste básicamente en afirmar que la función jurídica materializada a partir de la instrumentación escrita respecto de todo acto jurídico, se cumple de igual forma la instrumentación electrónica a través de un mensaje de datos, comunicación electrónica, firma electrónica o firma digital.
Para adelantar un procedimiento judicial electrónico seguro, es necesario tener en cuenta y aplicar las disposiciones que generan presunción de legalidad en los mensajes de datos, es decir, que estos mensajes están revestidos de los atributos de seguridad jurídica, autenticidad, integridad y no repudio, según la confidencialidad y veracidad de estos sistemas de seguridad; contexto que solo es viable alcanzar a partir de los artículos 17 y
28 de la ley 527 de 1999.
Con el propósito de dar a conocer reglas únicamente enfocadas en el tema y de carácter particular, brindando una mayor claridad sobre el uso de los medios técnicos disponibles en la Rama Judicial, el 02 de marzo de 2006 el Consejo Superior de la Judicatura expide el Acuerdo No. PSAA06-3334 de 2006, con el cual se reglamenta la utilización de medios electrónicos e informáticos en el cumplimiento de las funciones de la administración de justicia, de dicha normativa se destaca: El ámbito de aplicación del acuerdo, que comprende el procedimiento
civil, laboral y contencioso administrativo, para las comunicaciones que provengan de los Despachos Judiciales y que sean susceptibles de realizarse por medios electrónicos, como por ejemplo, la presentación y recepción de memoriales, las notificaciones del auto admisorio de la demanda, que deban efectuarse por aviso a las personas jurídicas de derecho privado con domicilio en Colombia y las citaciones que para efectos de notificación personal deban hacerse a los comerciantes inscritos en el registro mercantil y a las personas jurídicas de derecho privado domiciliadas en Colombia.
El artículo cuarto, desarrolla una serie de reglas útiles y necesarias para el tratamiento otorgado a los actos de comunicación procesal por medio de los mensajes de datos y los métodos de firma electrónica. Principalmente, señala que al Consejo Superior de la Judicatura le corresponderá establecer una dirección de correo electrónico a cada autoridad judicial, quienes tendrán a su cargo el certificado digital, uso y control de dicha dirección, utilizándola solamente para dar cumplimiento a las exigencias de cada despacho y por su puesto para realizar los actos de comunicación procesal. Así mismo, las autoridades tendrán que dar a conocer el correo electrónico que haya sido asignado e informar todas las posibilidades de uso a los ciudadanos por medio de un aviso que será fijado permanentemente en el despacho, escritos que la autoridad judicial suscriba y en la página web de la Rama Judicial.
Los actos de comunicación procesal anunciados a través de medios electrónicos, se entenderán recibidos por el destinatario, que para el caso son los usuarios o los despachos, cuando en el sistema de información se genere el “acuse de recibo” y la radicación consecutiva propia de cada autoridad judicial, de tal manera que corresponderá a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, realizar e implementar el adecuado programa que efectué de manera confiable el radicado o acuse de recibo.
En el 2011 el Gobierno Nacional profiere la ley 1437, por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, esta ley entra a regular el funcionamiento de la administración pública y para hacer de ella un procedimiento eficaz y expedito, concentra su importancia en el afianzamiento de los medios tecnológicos inmersos en la gestión administrativa, incorporando un conjunto de normas que permiten hacer uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con la autorización de un procedimiento administrativo electrónico y eliminando el uso de papel, exaltando claramente los requisitos para la seguridad jurídica que indica la ley.
El artículo 53 del CPACA, dispone que los procedimientos y trámites administrativos pueden realizarse a través de medios electrónicos, siempre y cuando las entidades brinden los mecanismos necesarios y adecuados de acceso gratuito a los medios electrónicos y que además permitan el uso alterno de otros procedimientos, con el propósito de garantizar a los ciudadanos el acceso a la administración de justicia.
La notificación electrónica, se encuentra regulada en el artículo 56 del CPACA y señala que las autoridades podrán comunicar sus actos a través de medios electrónicos, siempre y cuando el ciudadano haya aceptado previamente este medio de notificación; a su vez, el interesado podrá solicitar a la autoridad que las posteriores notificaciones no se realicen por medios electrónicos, sino de conformidad con los otros medios establecidos
por la ley. Dicha notificación se entenderá surtida a partir del momento exacto en que el administrado acceda al acto administrativo, se entiende entonces, que la fecha a partir de la cual inicia el conteo del término para interponer recursos, es a partir del día siguiente en donde se tuvo conocimiento del acto.
El expediente electrónico, se encuentra regulado en el artículo 59 del CPACA y se entiende como el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento o litigio administrativo, foliado mediante un índice electrónico con firma digital de la autoridad, órgano o entidad responsable, dicho índice asegura la integridad del expediente y permite su recuperación cuando sea necesario, la autoridad deberá conservar copias de seguridad periódicas que cumplan con los exigencias de archivo y conservación de documentos en medios electrónicos, tal cual lo dispone la ley.
Finalmente, cabe señalar que las disposiciones legales de mayor trascendencia en el CPACA, son las referentes a los equivalentes funcionales, la validez y efectos probatorios, la presunción de legalidad, los atributos de seguridad jurídica y lo referente a entidades con certificación digital.
Para el procedimiento civil, se profiere en 2012 la ley 1564, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso, implementando los medios electrónicos y las nuevas tecnologías en el ámbito del procedimiento civil, admitiendo la tecnificación y modernización de cada uno de los aspectos, etapas y herramientas procesales al servicio de la administración de justicia. Este código atribuye la competencia de la incorporación de los medios electrónicos y las TIC a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, los cuales debían adoptar todas las disposiciones necesarias para propender que las autoridades judiciales contaran con las condiciones técnicas y de infraestructura necesarias para archivar, generar y comunicar mensajes de datos una vez entrara en vigencia.
En el artículo 103, según el principio de eficiencia y oportunidad, se señala que en todas las actuaciones judiciales se deberá procurar el uso de los medios electrónicos para el trámite y gestión de los procesos, con el fin de facilitar y acelerar el acceso a la justicia, haciendo de ella un derecho mucho más amplio, eficiente y seguro. A su vez, el código introduce las actuaciones procesales específicas que podrán realizarse a través de dichos medios, como por ejemplo, la forma de presentar el poder (artículo 74), la presentación de la demanda (artículo 89), la contestación (artículo 96), la forma de realizar las notificaciones (artículos 291, 292 y 295), los traslados y comunicaciones (artículos 39, 49, 111 y 593), el contenido de las comisiones (artículo 37), el registro de audiencias y diligencias (artículo 107), la expedición de copias (artículo 114), el expediente (artículo 122) entre otros aspectos. Actuaciones que a nuestro juicio, resultan novedosas y útiles en el funcionamiento diario de la administración de justicia.
2. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DEL USO DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS Y LAS POSIBLES VULNERACIONES A LOS DERECHOS DE LOS INTERVINIENTES.
La posibilidad de implantar un procedimiento administrativo electrónico, a partir de la consagración de principios, derecho y deberes consustanciales a esta materia, supone el desarrollo de un debate público respecto de las ventajas: celeridad y simplicidad de procedimientos. Pero también sobre los problemas de la iniciativa, dentro de los que se encuentran la misma disponibilidad de herramientas tecnológicas necesaria y la recepción social y cultural del tema.
El recorrido de aquellas disposiciones que relacionan TIC y procedimientos administrativos, revela avances importantes pero también algunas carencias como lo relacionado con la inclusión de normas de contenido informático dirigidas a la protección y garantías de derechos fundamentales, como la protección de datos publicidad, sustrato del debido proceso, y la mirada hacia el marco internacional en el que se plantean reglas generales a seguir por el legislador cuyo objetivo resida en la efectividad del derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con la administración pública (Quintero, 2013).
En este apartado, se estudian los pronunciamientos más relevantes del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional con el fin de exponer el desarrollo y evolución en lo que refiere al uso de los medios electrónicos y TIC en los procesos judiciales, estableciendo las hipótesis en las cuales se ha vulnerado el derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución.
Quizá uno de los primeros antecedentes jurisprudenciales que trata y cuestiona el tema, sea la sentencia del Consejo de Estado, Rad. 20230 del 14 de marzo de 2002, en un proceso de reparación directa, dirigida contra el “INPEC” y OTROS, se dicta sentencia de primera instancia en la cual se acogen parcialmente a las súplicas de la demanda. La decisión fue apelada por la parte demandante, por lo que el Magistrado conductor del proceso corrió traslado por el término de tres (3) días para que se sustentara el recurso de apelación interpuesto, el
mencionado traslado corrió entre los días del 21 a 26 de junio de 2001.
El 27 de junio de 2001, la Secretaría del despacho recibió en original el memorial correspondiente a la sustentación del recurso de la parte demandante, al cual se anexó copia simple del reporte automático del envío de dicho documento el día 26 de junio de 2001, es decir, dentro de los términos procesales establecidos por la ley. Además, el 28 de junio siguiente, fueron presentados ante la misma dependencia, dos faxes, cuyo contenido correspondían al mismo escrito de sustentación del recurso de apelación.
Sin embargo, la Secretaría de la Sección no tenía habilitado el servicio de telefax, y cuando los interesados en los procesos judiciales que cursaban allí, hacían uso de este medio para la remisión de documentos, lo hacían
a través de las líneas de fax de los despachos de los Magistrados de la Corporación y no directamente con la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dependencia idónea para recibir y posteriormente repartir los documentos en los despachos correspondientes. En ese orden de ideas, el memorial que sustentaba el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante no fue recepcionado en la dependencia y fecha indicada por el impugnante, solo dos días después de vencido el termino, es decir, hasta el día 28 de junio del año 2001 fueron entregados en la Secretaría de la Sección, por tal motivo fueron supuestamente recibidos en esta última fecha y no en la fecha real del envío que era el día 26 de junio del año 2001.
De manera que el Consejo de Estado debía establecer si el memorial a través del cual la parte demandante sustentó el recurso de apelación contra la sentencia ya referida, fue recibido vía fax por esa corporación en la fecha señalada, es decir, el día 26 de junio de 2001, dentro del término procesal.
Al respecto, se observa que las copias de los reportes de telefax cuya fecha y hora corresponden con las indicadas por el impugnante, es decir, el día 26 de junio de 2001 a las 2:39 p.m., coinciden con las que aparecen en el memorial. En dicha providencia el Consejo de estado, cree conveniente aclarar que el memorial de sustentación del recurso aparece recibido por la Secretaría de la Sección el 28 de junio de 2001 debido al diario vivir y normal giro de las actividades internas de los despachos judiciales, que impedían en ocasiones, remitir en forma inmediata a la Secretaría los memoriales y demás documentos que a diario se recibían por telefax. En consecuencia, quedó claro que el memorial que sustentaba el recurso de apelación fue presentado ante esa Corporación en forma oportuna, por lo tanto, se admitió el recurso y se revocó el auto que declaró la deserción del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.
b. Anotaciones tardías de los autos en el sistema judicial del siglo XXI.
En sentencia del Consejo de Estado proferida el 13 de marzo de 2008, con ponencia de la magistrada María Inés Ortiz Barbosa, se discute la fecha exacta de la remisión de una acción de reparación directa; la parte actora alega que revisaba constantemente el sistema de información del juzgado, con el fin de presentar dentro del término establecido por la ley la sustentación del recurso de apelación, dichas consultas se efectuaron desde que fue interpuesto el recurso, sin que se hubiera encontrado información sobre la remisión del expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con la excepción de que el 31 de octubre de 2007, encontró una anotación en el sistema del Juzgado con fecha del día anterior, en la que se señalaba que el expediente había sido remitido desde el 30 de agosto de 2007 al referido Tribunal, es decir, los términos concedidos para la sustentación del recurso de apelación se encontraban vencidos desde el 23 de octubre de 2007.
De tal manera, se evidencia que la omisión de los funcionarios del Juzgado, hizo incurrir en un error a la accionante, circunstancia que le impidió a la parte actora el ejercicio efectivo del recurso de apelación, por lo que interpone acción de tutela contra el Juzgado, considerando afectados sus derechos fundamentales al debido proceso, al buen nombre, a la buena fe y al acceso a la administración de justicia.
Así, el Consejo de Estado hace una respectiva reconvención al mal proceder del Juzgado encargado inicialmente de remitir el expediente por no haber hecho correctamente el ingreso de la actuación al sistema del Juzgado, lo que generó el vencimiento de los términos para la sustentación del recurso, sin que la interesada tuviera conocimiento de ello.
Reitera el Consejo de Estado, que el objetivo primordial de instaurar un sistema computarizado para el registro de las actuaciones de los despachos judiciales, es proporcionar certeza y veracidad en la información allí consignada y posteriormente, suministrarla a las personas que acuden a él, de tal manera que puedan eximirse del deber profesional de revisar directamente los expedientes en las oficinas de los juzgados, ya que de lo contrario nada justificaría su implementación. En ese orden de ideas, se concluye que los empleados judiciales están en la obligación de alimentar correcta y oportunamente el historial de los procesos a su cargo para que de esa manera reflejen de forma inequívoca el estado real de los mismos.
Sin lugar a dudas, este pronunciamiento constituyó un avance en lo que refiere a la necesidad de que los registros que se efectúen en el sistema de consulta de los procesos judiciales, sean confiables, oportunos y correspondan a la realidad de los expedientes físicos; además significó un cambio en la jurisprudencia contencioso administrativa, toda vez que los anteriores pronunciamientos del Consejo de Estado, manejaban la tesis que consistía en que la consulta de los procesos que hicieran los abogados a través del sistema de información, no lo exoneraban de la revisión “in-situ” del proceso.
Finalmente, es importante mencionar, que este cambio jurisprudencial estuvo influenciado por las subreglas jurisprudenciales desarrolladas en la Sentencia T- 686 de 2007 proferida por la Corte Constitucional que se estudiará más adelante.
c. Actuaciones extemporáneas por omisión en el registro de la información en el Sistema Judicial Siglo XXI.
En sentencia del Consejo de Estado del 30 de agosto de 2012, con ponencia de Marco Antonio Velilla, se resuelve el caso en donde la parte actora considera que le fueron violados los derechos fundamentales, al debido proceso, acceso a la administración de justicia, principio de confianza legítima y buena fe; ya que dentro de las etapas del proceso interpuso recurso de apelación en fecha tardía contra un auto, porque el Tribunal claramente omitió registrar en el Sistema Informático de Consulta de Procesos la información sobre la notificación del referido auto, apelación que fue rechazada por extemporánea y sobre la cual se hizo uso de recurso de súplica, en el cual se reitera que la apelación fue interpuesta una vez precluidos los términos.
En lo que refiere a la anotación en el Sistema Judicial, el principal interrogante que surge consiste en establecer la función que cumple el Sistema de Gestión Judicial y las consecuencias que se derivan de la información que allí se maneja.
Inicialmente, el Consejo de Estado consideró que las publicaciones realizadas por medios electrónicos se deben considerar solamente como actos que facilitan la actividad de las partes, pero que no es debido hacer uso de él como mecanismo judicial para notificar autos y sentencias, aludiendo a que las partes interesadas en un proceso deben consultarlo personalmente en los respectivos despachos judiciales, y no confiar, ni dar por ejecutada la revisión de sus procesos por medios electrónicos, pues dichas anotaciones son una simple ayuda que no constituye un medio legítimo de notificación, ni publicación.
Sin embargo, advirtiendo que con la aplicación de este sistema, la administración de justicia cumple con la finalidad de ejecutar sus labores de forma más eficiente, y al mismo tiempo al aplicar a los historiales de los procesos el principio de “equivalencia funcional” incluido en la ley 527 de 1999 antes descrito; para que aquellos historiales tengan el carácter de “información oficial”, así, los datos, como por ejemplo las fechas de las actuaciones judiciales relacionados con el historial de cada expediente, sea una fuente confiable y fidedigna a la cual se le denominará como un “acto de comunicación procesal”, el cual debe ser concordante con los datos de los expedientes físicos.
Ese carácter de fuente confiable y fidedigna que se le atribuye al Sistema Judicial, también debe ser garantizado por los empleados judiciales, pues son ellos quienes desempeñan su labor con la utilización de los medios tecnológicos, actividad que debe ser ejecutada con gran responsabilidad para proteger la confianza depositada en ellos, respecto a la veracidad de los datos, la oportuna publicación de las notificaciones generadas en los despachos judiciales, y la atribución de responder por las irregularidades cometidas en el proceso de publicación. Con ello el servicio será más eficiente y facilitará el acceso seguro la justicia por medios tecnológicos que le atribuyen modernización a la administración y celeridad a los ciudadanos.
d. Cambio en la radicación del proceso.
Una consecuencia derivada de la implementación y puesta en marcha del Sistema Judicial Siglo XXI, es el cambio de la radicación del proceso, tal cual como se evidencia en la sentencia proferida por el consejo de estado el 24 de abril de 2014, que contó con ponencia de Gerardo Arenas Monsalve.
En proceso de reparación directa, instaurado contra la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación, el 10 de agosto de 2011 se efectúa la radicación y reparto de la demanda, con la posterior diligencia de admisión por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Bogotá, este despacho manifestó su impedimento para conocer del proceso, remitiéndolo a otro Juzgado quien admitió el proceso y a su vez, teniendo en cuenta las medidas de descongestión para la justicia administrativa, remitió el asunto al Juzgado Diecinueve Administrativo de Descongestión de Bogotá, quedando finalmente identificado con un radicado diferente al que en un inicio conoció la entidad, en la ya agotada diligencia de radicación y reparto del proceso.
La entidad demandada instauró acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, solicitando la defensa de sus derechos fundamentales al debido proceso, buena fe y confianza legítima, que estimó lesionados por que no se le comunicó oportunamente del cambio de radicación del proceso, ni siquiera en el aplicativo del Sistema Judicial Siglo XXI.
De tal manera que le correspondía al Consejo de Estado determinar si el cambio de radicación del proceso, que no fue debidamente comunicado a la entidad, violó el derecho fundamental al debido proceso. Sobre este punto, concluye dicha corporación que cuando un proceso ha sido objeto de un nuevo reparto, es obligación del juzgado notificar el cambio de radicación del mismo, propendiendo por garantizar los derechos fundamentales, al debido proceso y acceso a la administración de justicia de las partes, ya que solo así se asegura y permite la intervención activa en el proceso, procurando la oportuna defensa de intereses jurídicos. De esta forma, todas las comunicaciones procesales que las autoridades judiciales suministren a los interesados a través de cualquier medio de comunicación electrónico autorizado por la ley, debe proporcionar veracidad y seguridad a fin de no defraudar el principio constitucional de la buena fe, ni legitima confianza.
De esta manera, el Consejo falla a favor de la entidad amparando los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación.
e. La Corte Constitucional y la sentencia hito: T-686 de 2007.
Se presentó acción de tutela en busca de la protección de los derechos fundamentales como el debido proceso, acceso a la administración de justicia, derecho de defensa y la buena fe; vulnerados en razón de la fecha tardía de publicación de la notificación personal del auto admisorio de la demanda en el sistema de información del juzgado, pues la actuación fue generada el 3 de marzo de 2006 y la notificación registrada en la pantalla del despacho aparece con fecha del 4 de mayo de 2006, generando la contabilización de los términos de traslado para contestar y proponer excepciones de forma errónea, en consecuencia, se allegó dicha actuación extemporáneamente.
La primera instancia en manos del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá rechazó lo solicitado con el argumento de que “la omisión de consultar directamente el expediente sólo denota descuido en la vigilancia de las actuaciones procesales por parte del apoderado” 9 y a su vez, argumentó que no se le debía agregar un carácter oficial a los datos que se registran en el sistema de información ejecutada a través de los medios electrónicos de los juzgados, complementando su manifestación con que las fallas deben ser atribuidas a los medios tecnológicos con los que cuenta la Rama Judicial, pues según su explicación, estos aun presentan irregularidades en su funcionamiento, razón por la cual el usuario se ve obligado a consultar no simplemente el
9 Corte Constitucional- Sala tercera de revisión, Sentencia del 31 de agosto de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño. Expediente 1620094.
sistema, sino también el expediente de forma física, para evitar el vencimiento de los términos. Esta decisión fue reiterada en segunda instancia por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
El proceso llegó hasta la Corte Constitucional para revisión, con el fin de establecer si la obligación de vigilancia con la que deben cumplir los abogados queda satisfecha o no con la revisión realizada por medios tecnológicos, y si se violaron los derechos fundamentales a la defensa, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y el principio constitucional de buena fe, “al desatender, por extemporáneas, las excepciones formuladas por la parte demandada, quien había efectuado el cómputo de los términos sobre la base de una información errónea, acerca de la fecha de notificación del auto admisorio de la demanda, suministrada por el computador del juzgado”.
En cuanto al deber de vigilancia de los procesos por parte de los abogados, la Corte Constitucional señaló que se satisface con la revisión a través de cualquier medio electrónico, desde que este cumpla con los requisitos necesarios que le otorgan la equivalencia funcional a la información transmitida. Pues la ley 1123 de 2007, Código Disciplinario del Abogado, en su artículo 28, numeral 10, indica que es su deber “atender con celosa diligencia sus encargos profesionales…” y en el artículo 37, numeral 1, hace referencia a las faltas de su debida diligencia profesional, “dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas”. Sin embargo no especifica, si la vigilancia de las actuaciones judiciales se satisface solamente con la revisión directa de los expedientes que están en físico.
Ahora, en lo que concierne a la violación de los derechos se determina como cierta, toda vez que la información referente al historial de los procesos, la cual descansa en el sistema computarizado usado por los despachos se considera como “mensajes de datos” pues se trata de información transmitida a través de un medio electrónico, que para el caso en concreto lo es la pantalla de un computador que opera como dispositivo de salida.
Este medio con el que cuenta la rama judicial para generar, enviar, archivar o procesar la información, posee una valoración jurídica y su transmisión por medio electrónico se considera como un “acto de comunicación procesal”, que cuenta con una regulación normativa, consagrada en la ley 527 de 1999, normativa que a pesar de no haber desarrollado de manera expresa el principio de equivalencia funcional, lo consagra dentro de sus artículos 6 y 8, los cuales hacen alusión a que los mensajes de datos obtendrán el mismo trato y generarán los mismos efectos jurídicos que ofrecen los medios tradicionales de comunicación de la administración de justicia.
Esta sentencia fue tomada como referente por el Consejo de Estado, para reconsiderar lo que antes se había afirmado acerca de la aplicación de los medios electrónicos y las TIC dentro de la administración de justicia, ya que se consideraba que la utilización de ellos era solamente una ayuda ofrecida a las partes, y no constituían un mecanismo oficial para notificar autos, sentencias, ni el historial de los procesos. En este orden de ideas el seguimiento que se le debía hacer a los procesos era en forma física.
De los pronunciamientos analizados con anterioridad, se afirma que la eficacia por la que debe propender la administración de justicia se puede alcanzar a través de la introducción de nuevos sistemas de almacenamiento de información que permitan la celeridad del proceso, identificado no solo en la reducción de términos procesales, tiempo promedio de duración de procesos en las distintas jurisdicciones sino también en nuevas garantías procesales.
En esa línea argumentativa, es acertado exponer que el mayor obstáculo que se presenta para esta transformación no está fundamentalmente en los medios para su introducción sino más bien en los modelos mentales que se han creado los operadores judiciales decimonónicos en la medida que es una realidad incontestable la posibilidad, con las nuevas tecnologías, del recortamiento de los tiempos en la travesía de las diversas fases procesales, la mejora del conocimiento del estado del proceso por el ciudadano, así como la seguridad de que las comunicaciones han llegado a su destino y la celeridad en las mismas (Rodríguez, 2008).
En la nueva Administración, el funcionario público, lejos de configurarse como un miembro de un estamento privilegiado o de una casta superior, aparece como una figura encauzada a dar vida a la Administración pública en su principal objetivo constitucional de servir con objetividad a los intereses generales (Rodríguez, 2008).
3. DESPACHOS CON TIC: EL CASO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
Las experiencias reales de la incorporación de los medios electrónicos en los procesos judiciales, son en la actualidad visibles y palmarios en el quehacer judicial de algunos, por no decir pocos despachos; tal es el caso del Tribunal Administrativo del Magdalena que en cabeza de la magistrada María Victoria Quiñones Triana, son uno de los escasos grupos de trabajo dispuestos a apostarle todo a esta nueva implementación. La magistrada como líder y gestora del “Grupo Victoria en Línea”, sin la intervención permanente de un ingeniero de sistemas y apoyándose principalmente en un servidor y en la plataforma GDATA, adicionó en el funcionamiento del Despacho, herramientas tecnológicas y programas informáticos gratuitos y de fácil acceso (tales como dropbox, google calendar, google drive, ooVoo, vimeo), además del uso de un correo electrónico oficial de carácter institucional para la Secretaría del Tribunal, entre otros; todo esto con el fin de materializar lo que sería el papel de la tecnología en la administración de justicia, sus funcionarios y por supuesto en la vida del abogado, contribuyendo a la ejecución de la política “cero papel” y al mismo tiempo presentando mejoras en el servicio para hacer del trámite procesal una etapa mucho más celera y eficaz.
El Tribunal Administrativo del Magdalena hace poco más de un año cuenta con su propia página web, la cual tiene registro certificado de seguridad internacional otorgado por Digicert, este sitio web goza de gran acogida por la comunidad jurídica y académica, pero sobre todo por los abogados litigantes, ya que con esto ellos pueden presentar memoriales, documentos, consultar los expedientes digitalizados, ver videos de
audiencias y observar el calendario judicial del despacho, además de que tienen una amplia colección de jurisprudencia sobre pronunciamientos respecto de la ley 1437 de 2011.
En lo que atañe a los expedientes digitalizados, es de fundamental importancia la actuación que deben desplegar las partes y sus apoderados, puesto que inicialmente deben presentar la demanda y la contestación de forma magnética, o en su defecto los funcionarios encargados tendrán que escanear las piezas documentales, con el fin de subir los archivos en el link correspondiente de la página web, y posteriormente, adicionar todos los autos proferidos por el Tribunal, las actuaciones procesales de las partes, los videos de las audiencias y finalmente la sentencia.
Todos estos servicios proporcionados por el sitio web son de libre acceso, exceptuando el expediente digitalizado, allí solo los abogados, las partes y el Ministerio Publico, deberán diligenciar un formulario, con el cual obtendrán un usuario y una contraseña, dada a conocer por medio de un correo electrónico y lo que les permitirá acceder al expediente de determinado proceso judicial.
Otra de las particularidades de este despacho, es que utiliza un software diseñado por la empresa GDATA para alertas y recordatorios a través de mensajes de texto y correos electrónicos. Fue pensado principalmente para brindar seguridad a las audiencias realizadas virtualmente y garantizar a las partes que quien este al otro lado de la video conferencia sea la persona indicada y requerida por el despacho.
El grupo “Victoria en Línea” fue galardonado por el Consejo de Estado en el concurso “La Jurisdicción tiene talento para las TIC”, organizado en el XVIII Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en la ciudad de Neiva, gracias a que todas las experiencias antes mencionadas le han permitido a su líder y al grupo de trabajo que la acompaña, romper los esquemas tradicionales en la administración de justicia, incorporado rotundamente los medios electrónicos y las tecnologías de la información y las comunicaciones en todas y cada una de las etapas procesales.
La necesidad de implementar los medios electrónicos en la administración de justicia no es una iniciativa reciente del Gobierno Nacional, puesto que desde 1996 con la expedición de la ley Estatutaria de Administración de Justicia, se ha evidenciado la intención del legislador para que los procesos judiciales no sean la excepción al desarrollo de los medios tecnológicos.
Sin embargo, dicha intensión solo recobró fuerza con la expedición del CPACA y el CGP, aun así, su materialización ha sido lenta y demorada por cuanto ha estado supeditada a la disponibilidad de recursos económicos por parte del estado, por ejemplo: el CGP crea dentro de su articulado la obligación de que cada despacho cuente con un técnico o ingeniero de sistemas para que sea el encargado de la sistematización de los procesos y la implementación de los medios electrónicos en la administración de justicia. No obstante, lo
anterior queda en entredicho a consecuencia de la experiencia del Tribunal Administrativo del Magdalena, puesto que con aplicaciones básicas, gratuitas y de fácil manejo, las cuales no requieren ser dirigidas o asesoradas por un técnico en sistemas demostraron que también se puede materializar el manejo completo y absoluto de los medios electrónicos en el quehacer judicial.
La adecuación integral de los procesos, que pasan de documentos físicos a electrónicos, ha generado descongestión de los despachos, ya que al tener la posibilidad de revisar el expediente en la página oficial de la autoridad judicial no es necesario su consulta física, contribuyendo a la política de cero papel, a la conservación del medio ambiente y a la practicidad archivística ocupando menos espacios físicos. Adicionalmente, se brinda la posibilidad de hacer audiencias y diligencias en línea, exceptuando de esta forma el aplazamiento de diligencias por causa de las fallas del abogado o de alguna de las partes.
El cuerpo normativo y los casos expuestos en este escrito, nos permiten afirmar que actualmente existe equivalencia funcional entre: las actuaciones procesales que se generen de forma física y las respectivas anotaciones que se deben ingresar en el sistema judicial Siglo XXI, es decir que la responsabilidad de que dicha labor sea correcta, oportuna, veraz y que además este acorde con el expediente físico recae única y exclusivamente sobre los operadores judiciales de los despachos.
Lo anterior genera como consecuencia que al momento de evidenciar alguno de los tres posibles escenarios (recepción tardía de documentos, ingreso tardío de las actuaciones al sistema judicial Siglo XXI y cambio en la radicación del proceso) existen vulneraciones a derechos fundamentales en especial del derecho al debido proceso, acceso a la administración de justicia, derecho a la defensa y a los principios de buena fe y confianza legítima.
Según los referentes jurisprudenciales, el paradigma que se tenía respecto al deber de vigilancia de los abogados cambia en el año 2007, a raíz de que antes los operadores jurídicos tenían la concepción de que ese deber se agotaba únicamente con la consulta física de los expedientes, la Corte Constitucional dispone que además de eso, los medios electrónicos y en especial el “Sistema Judicial Siglo XXI” en los cuales se apoyan los profesionales del derecho también constituyen una efectiva revisión de los procesos y no precisamente de forma subsidiaria.
Finalmente y ante las pocas experiencias encontradas en los despachos judiciales en lo que refiere a la implementación absoluta de los medios electrónicos al proceso judicial, encontramos que dicha transformación es reciente y aún se encuentra en etapa de desarrollo, por ende, esta investigación deja las puertas abiertas a futuros análisis y seguimientos una vez se haya implementado completamente el Plan de Justicia Digital.
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References: artículo 95
 artículo 53
 artículo 56
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 artículo 29
 artículo 28
 artículo 37