Source: http://bazica.org/d-estado-de-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-la-cidh-v2.html?page=8
Timestamp: 2020-02-25 08:48:12+00:00

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En el Informe No. 61/01 de fecha 16 de abril de 2001, la Comisión concluyó que el Estado chileno había violado, respecto a Samuel Alfonso Catalán Lincoleo, los derechos a la libertad personal, a la vida, y a la seguridad personal, consagrados en el artículo I de la Declaración Americana y en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana. Igualmente, la CIDH concluyó que el Estado chileno violó en perjuicio de los familiares del señor Catalán Lincoleo los derechos consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en concordancia con los artículos 1(1) y 2 del mismo instrumento. Asimismo, la CIDH reiteró que el Decreto-Ley No. 2.191 de autoamnistía, dictado en 1978 por el pasado régimen militar de Chile, es incompatible con los artículos 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana. Lo anterior, como consecuencia de la desaparición forzada de Samuel Alfonso Catalán Lincoleo, de 29 años de edad, quien era un técnico agrícola con vinculaciones al Partido Comunista cuando fue detenido el 27 de agosto de 1974 en su domicilio de la ciudad de Lautaro, Chile, por integrantes de Carabineros, militares y civiles. Los familiares acudieron a la justicia chilena en 1979 con una denuncia de los hechos, pero el trámite fue archivado en octubre de 1981 por aplicación del Decreto-Ley 2.191 de 1978, que dispuso la amnistía por las violaciones cometidas desde el golpe de Estado de septiembre de 1973 en Chile. En 1992 se intentó una nueva acción judicial, que culminó en noviembre de 1995 con el sobreseimiento definitivo por aplicación del Decreto-Ley de autoamnistía citado. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de Chile decidió un recurso de casación sobre el fondo del Caso con su fallo de 16 de enero de 1997, que declaró la prescripción de la acción legal.
La CIDH formuló al Estado chileno las siguientes recomendaciones:
En el 2009 la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento de las anteriores recomendaciones.
Mediante nota del 13 de marzo de 2009, el Estado chileno presentó la siguiente información: En relación con la primera recomendación, indicó que con fecha 29 de enero de 2001, se presentó, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, querella contra el Sr. Augusto Pinochet Ugarte y otros, por los delitos de secuestro calificado, asociación ilícita e inhumación ilegal de personas, entre ellas, Samuel Catalán Lincoleo, cuya causa quedó bajo el rol No. 2182-98. El 25 de agosto de 2003 se sobreseyó total y definitivamente la causa, con el fundamento de que el 4º Juzgado Militar de Valdivia ya había declarado anteriormente la cosa juzgada por esos mismos hechos. El 31 de agosto de 2005, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, al resolver el grado jurisdiccional de consulta, aprobó el sobreseimiento definitivo de la causa.
En el 2010, la CIDH solicitó nuevamente información actualizada a las partes.
Mediante nota del 30 de diciembre de 2010, el Estado refirió que el Ministro en Visita Extaordinaria de la Corte de Apelaciones de Temuco, sustanció la causa Rol N° 113.958 (Catalán Lincoleo), la cual se encontraría en estado procesal de sumario, sin que nadie se encuentre sometido a proceso o en calidad de procesado. Al día de hoy, estarían aún pendientes diligencias de investigación a ser realizadas. Aclaró que en dicha causa procesal, el Programa Continuación Ley N° 19.123 del Ministerio del Interior es parte coadyuvante.
En relación con la segunda recomendación, relativa a la adecuación de la legislación interna, el Estado informó que desde 1990, los gobiernos democráticos han realizado grandes esfuerzos para dejar sin efecto el Decreto Ley No. 2.191, decreto conocido como de Amnistía que fuera dictado durante el régimen militar. Sin embargo, el Estado señaló que lamentablemente no se han logrado las mayorías parlamentarias que permitan dicho cambio. Asimismo, indicó que había sido presentada una moción parlamentaria destinada a interpretar el artículo 93 del Código Penal, con el objeto de cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Almonacid Arellano vs. Chile”. Dicha sentencia de la Corte Interamericana le ordenó al Estado chileno adecuar su legislación, de tal manera que el decreto en cuestión no constituya un obstáculo para la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el periodo 1973-1978. Para la fecha de su comunicación, el Estado informó que el proyecto legislativo, por medio del cual se busca excluir de la extinción de responsabilidad penal a los crímenes de lesa humanidad y de guerra contemplados en los instrumentos internacionales ratificados por Chile, se encontraba en primer trámite constitucional en el Senado y que se encontraba en tablas para ser analizado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
En su comunicación del 30 de diciembre de 2010, el Estado reiteró lo anterior e informó que actualmente el proyecto legislativo se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, al que fue remitido el 6 de mayo de 2009. Informó que se habría presentado otro proyecto de ley tendente a establecer un nuevo canal de revisión en caso de violaciones a los derechos humanos, el cual se encontraría en primer trámite constitucional.
En lo referente a la tercera recomendación arriba copiada, el Estado relacionó cada una de las medidas de reparación específicamente adoptadas a favor de los familiares del señor Samuel Alfonso Catalán Lincoleo: su madre, Sofía Lincoleo Montero; Gabriela Isidoro Bucarey Molinet, madre de la hija de la víctima; Elena del Carmen Catalán Bucarey, hija de la víctima; Adriana del Carmen Albarrán Contres, madre del hijo de la víctima, Samuel Miguel Catalán Albarrán; y los ocho hermanos del señor Catalán Lincoleo. Indicó en particular los montos otorgados a cada uno de los beneficiarios de las reparaciones tanto por concepto de la pensión de reparación de carácter vitalicio establecida por la Ley 19.123, como del bono de reparación de la Ley 19.980. Asimismo, hizo referencia a los beneficios de atención de salud física y mental recibidos por ellos, así como a los beneficios educacionales que percibieron los hijos de la víctima.
De la información disponible, la Comisión estima que el Estado chileno ha dado cumplimiento a la recomendación de reparar a los familiares de la víctima, a quienes ha beneficiado con medidas de indemnización pecuniaria, de atención en materia de salud y de acceso a la educación. Al mismo tiempo, la CIDH observa con preocupación que su recomendación de establecer la responsabilidad por el asesinato de Samuel Alfonso Catalán Lincoleo no ha sido atendida, toda vez que las autoridades judiciales chilenas decretaron el sobreseimiento definitivo de la causa seguida al señor Augusto Pinochet Ugarte y otros, por los delitos de secuestro calificado, asociación ilícita e inhumación ilegal de personas y en la causa Rol N° 113.958, no hay persona alguna siendo procesada. Finalmente, la Comisión toma nota de los esfuerzos realizados para adecuar su legislación a la Convención Americana, la cual constituye una obligación internacional del Estado pendiente de cumplimiento, que requiere del concurso de todos sus Poderes Públicos, en particular del poder legislativo.
En virtud de lo anterior, la Comisión concluye que el Estado chileno ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones reseñadas. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.
En el Informe No. 139/99 de fecha 19 de noviembre de 1999, la CIDH concluyó que el Estado violó el derecho a la libertad e integridad personal y a la vida de Carmelo Soria consagrado en el artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La Comisión también concluyó que el sobreseimiento definitivo de las causas criminales abiertas por la detención y desaparición de Carmelo Soria Espinoza afecta el derecho a la justicia de los peticionarios y que como consecuencia, el Estado chileno ha violado sus obligaciones internacionales consagradas en los artículos 8 y 25, 1(1) y 2 de la Convención Americana; que el Decreto Ley 2.191 de 1978 de autoamnistía es incompatible con la Convención Americana, ratificada por Chile el 21 de agosto de 1990; que la sentencia de la Corte Suprema de Chile que declara constitucional y de aplicación obligatoria el citado Decreto Ley Nº 2.191, cuando ya había entrado en vigor para Chile la Convención Americana, viola los artículos 1(1) y 2 de aquélla; que el Estado chileno no ha dado cumplimiento al artículo 2 de la Convención Americana por no haber adaptado su legislación a las disposiciones de la Convención; que ha dejado de cumplir con el Convenio sobre Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas por haber adoptado el Decreto Ley 2.191 y porque sus órganos de administración de justicia no han sancionado a los autores de los delitos cometidos contra Carmelo Soria. El señor Carmelo Soria Espinoza, de 54 años de edad, y de doble nacionalidad española y chilena, se desempeñaba como Jefe de la sección Editorial y de Publicaciones del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) en Chile, organismo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), perteneciente al sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por lo que el señor Soria tenía el estatus de funcionario internacional.
El 19 de noviembre de 1999, la Comisión Interamericana formuló al Estado chileno las siguientes recomendaciones:
Con fecha 6 de marzo de 2003, la CIDH publicó el Informe No. 19/03 que contiene el acuerdo de cumplimiento al que llegaron las partes respecto al Caso 11.725.
De conformidad con el acuerdo de cumplimiento el Estado se comprometió a:
a) Efectuar una declaración pública reconociendo la responsabilidad del Estado, por la acción de sus agentes, en la muerte de don Carmelo Soria Espinoza.
b) Levantar una obra que recuerde la memoria de don Carmelo Soria Espinoza, en un lugar de Santiago designado por su familia.
c) Pagar la suma de un millón quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América a la familia de don Carmelo Soria Espinoza, en concepto de indemnización.
d) El Gobierno de Chile afirmó que don Carmelo Soria Espinoza tenía la calidad de funcionario internacional de las Naciones Unidas, asignado a la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, como personal superior de ésta última, revistiendo el carácter de funcionario internacional superior de planta.
e) Presentar ante los Tribunales de Justicia de Chile una solicitud para reabrir el proceso criminal incoado para perseguir la responsabilidad de quienes dieron muerte a don Carmelo Soria Espinoza.
Asimismo, los peticionarios se comprometieron a:
a) Poner término definitivo a la gestión que realiza ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y señalando que da por cumplidas todas las recomendaciones contenidas en el Informe 133/99 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
b) Desistir de la demanda presentada ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago por responsabilidad extracontractual del Estado, caratulada “Soria con Fisco”, bajo el Rol Nº C-2219-2000, señalando en lo principal que acepta poner término al proceso judicial incoado y que las reparaciones acordadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos serán las únicas exigibles al Estado y que, en consecuencia, no perseguirá ulteriores acciones judiciales por responsabilidad del Estado, sean vinculadas a la acción de sus agentes o por perjuicios patrimoniales o extrapatrimoniales, incluyendo daño moral. Copia auténtica de la resolución judicial que apruebe el desistimiento deberá ser presentada ante la Comisión por la parte peticionaria, para efectos de acreditar el cumplimiento de lo acordado.
El 31 de julio de 2007 el Estado chileno envió una comunicación a la CIDH en la cual informó que el 18 de julio de 2007 había culminado la tramitación parlamentaria del proyecto de ley destinado a aprobar el acuerdo de cumplimiento de recomendaciones mencionado, y que fue remitido para su promulgación a la Presidencia de la República de Chile. Con fecha 30 de agosto de 2007, el Estado remitió a la CIDH una declaración conjunta firmada por el Director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y por el abogado Alfonso Insunza Bascuñan, representante de los peticionarios, en el que los peticionarios indican que “dan por terminada, de manera definitiva, la queja o denuncia internacional presentada contra el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” y que “dan por cumplidas todas las recomendaciones contenidas en el Informe No.139/99”, solicitando su “correspondiente archivo”. El 4 de septiembre de 2007, el Estado chileno informó que se había cumplido el punto 3.III.c del Informe de Acuerdo de Cumplimiento No. 19/03 en virtud del desistimiento por parte de la peticionaria de su demanda por responsabilidad extracontractual del Estado como consecuencia de los hechos del presente Caso, y su acuerdo de aceptar las reparaciones acordadas ante la CIDH como las únicas exigibles al Estado.
El 16 de enero de 2008, el Estado informó a la CIDH que había cumplido con los compromisos relativos al pago de la indemnización pecuniaria, mediante el pago de una pensión ex gratia por concepto de indemnización a favor de la familia del señor Carmelo Soria y, con los actos de reparación simbólica, establecidos en el Acuerdo de Cumplimiento No. 19/03, mediante el reconocimiento de la responsabilidad del Estado de Chile en la muerte del señor Carmelo Soria y el levantamiento de una obra en su memoria. Concretamente, el Estado indicó que el 8 de noviembre de 2007, se realizó el acto de “Develación de la Placa en Homenaje a Carmelo Soria”, en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Santiago, en el que estuvieron presentes la viuda e hijos del señor Carmelo Soria, la Presidenta de la República de Chile, el Presidente del Gobierno de España y el Secretario General de las Naciones Unidas. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió al Secretario General de la CEPAL cuatro cheques de US$375.000 extendidos por la Tesorería General de la República de Chile, a nombre de la cónyuge viuda y de los tres hijos del señor Carmelo Soria.
Posteriormente, el 21 de octubre de 2008, el Estado informó que el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, creado por la Ley 19.123, se hizo parte en la causa Rol Nº 7.891-OP “C”, que investiga los delitos de asociación ilícita y obstrucción a la justicia, que sustancia el Ministro en Visita don Alejandro Madrid, de la Corte de Apelaciones de Santiago, dando cumplimiento a lo indicado por la CIDH en su Informe No. 133/99. El Estado indica que la anterior causa se inició el 25 de octubre de 2002, por querella presentada por la señora Carmen Soria González-Vera en contra de 4 miembros de la Dirección de Inteligencia nacional (DINA) y demás que resulten responsables, como autores, cómplices o encubridores de los delitos de obstrucción a la justicia y asociación ilícita en perjuicio de Carmelo Soria, por el homicidio del químico de la DINA Eugenio Berríos Sagredo, quien fue sacado del país con destino a Uruguay para evitar que declara en algunos procesos judiciales, entre ellos, el del señor Carmelo Soria.
A requerimiento de la Comisión, los peticionarios enviaron una comunicación el 13 de noviembre de 2008, en la que informaron que, tal y como fue expresado por el Estado, en la Causa Rol Nº 7.981-C existía una petición pendiente para que se dicte auto de procesamiento por el delito de Asociación Ilícita y otros. Adicionalmente, los peticionarios señalaron que con base en los nuevos antecedentes que existen en dicha causa, solicitarían la reapertura de la causa Rol Nº 1-93 sobre el homicidio del señor Carmelo Soria Espinoza ante la Corte Suprema, a fin de que se sancione a los responsables y se deje sin efecto el sobreseimiento definitivo por aplicación del D.L. 2191 de 1978 sobre Amnistía.
Con base en la información suministrada por las partes la Comisión concluyó que todos los compromisos asumidos por las partes en el Informe No. 19/03 fueron debidamente cumplidos. En su Informe Anual 2008, la Comisión valoró los esfuerzos efectuados por el Estado de Chile para dar cumplimiento a dichos compromisos. Al mismo tiempo, en relación con el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la Comisión en el Informe No. 139/99, la Comisión consideró que el Estado había dado cumplimiento parcial.
Mediante comunicación recibida el 8 de junio de 2010, los peticionarios informaron que con fecha 5 de marzo de 2010 los peticionarios y representantes del Programa de Derechos Humanos del Gobierno de Chile, solicitaron en escritos separados a la Corte Suprema la reapertura de la causa sobre el homicidio de don Carmelo Soria. Con fecha 29 de marzo de 2010 el Sr. Ministro Especial de la Corte Suprema don Héctor Carreño Seaman, no dio lugar a dicha solicitud "por encontrarse afinada la causa por sobreseimiento total y definitivo respecto del hecho punible materia del proceso en virtud de resolución ejecutoriada". Agregaron que con fecha I° de abril de 2010 tanto el programa de Derechos Humanos del Gobierno como los peticionarios, apelaron de dicha resolución. Con fecha 28 de abril de 2010, la Segunda Sala de la Corte Suprema después de oír los alegatos, en que se solicitó que se revocara dicha resolución apelada y se reabriera el sumario de la causa, confirmaron la resolución teniendo únicamente presente que no se especifican las diligencias de manera adecuada y los objetivos que se persiguen en ellas, estimando de esta manera agotada la investigación. Los peticionarios lamentaron que la Corte Suprema se negara a reabrir el sumario dejando en la práctica sin sanción penal a los autores del crimen de Carmelo Soria Espinoza, esto es, en la total y absoluta impunidad.
En noviembre de 2010, la CIDH solicitó información actualizada a las partes. Mediante nota del 30 de diciembre de 2010, el Estado envió su respuesta. Reafirmó lo señalado en el párrafo anterior, en cuanto a las actuaciones y estado actual de la causa seguida por el homicidio de Carmelo Soria. Respecto de la Causa Rol Nº 7.981, seguida por los delitos de asociación ilícita y obstrucción de justicia en la causa que investigó el homicidio de Carmelo Soria, el Estado indicó que se encuentra en plenario desde el 7 de septiembre de 2009, existiendo 7 sujetos acusados.
En relación a la recomendación segunda del Informe N° 139/99, el Estado manifestó que se encuentra recabando información suficiente que le permita dar debido cumplimiento al Convenio sobre Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas. Respecto de la recomendación tercera, el Estado indicó que se habrían estudiado diversas alternativas, siendo la más viable la emisión de una ley interpretativa del artículo 93 del Código Penal, habiéndose buscado armonizar la no aplicación del DL 2191, de Amnistía, con las instituciones de cosa juzgada y el principio non bis in ídem, en virtud de lo cual se habrían presentado dos proyectos de leyes: a) ley interpretativa que adecua la legislación penal chilena a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, iniciativa legal que en la actualidad se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, b) modificación que establece un nuevo canal de revisión en caso de violaciones de derechos humanos, proyecto que se encuentra en primer trámite constitucional.
Por lo tanto, la Comisión concluye que el Estado chileno ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones del Informe N° 139/99. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.
El 11 de marzo de 2004, mediante Informe No. 30/04, la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en la petición Mercedes Julia Huenteao Beroiza y Otras. En resumen, los peticionarios, quienes son miembros del pueblo Mapuche Pehuenche, del sector Alto del Bío Bío, VIII Región de Chile, habían planteado alegatos referentes a la responsabilidad del Estado por el desarrollo del Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco, llevado adelante por la Empresa Nacional de Electricidad S.A. (ENDESA), en la zona en la que vivían.
1. Efectuar medidas de perfeccionamiento de la institucionalidad jurídica protectora de los derechos de los Pueblos Indígenas y sus comunidades. Entre ellas:
2. Reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas existentes en Chile; b) Ratificar el Convenio Nº 169 de la OIT; c) Fortalecer la participación indígena en el Área de Desarrollo Indígena (ADI) del Alto Bío Bío; y d) Acordar los mecanismos que aseguren la participación de las comunidades Indígenas en la administración de la Reserva Forestal Ralco.
3. Disponer medidas tendientes a fortalecer la identidad territorial y cultural mapuche pehuenche y mecanismos de participación en su propio desarrollo. Entre ellas: a) Crear una comuna en el sector del Alto Bío Bío; b) Acordar los mecanismos que permitan solucionar los problemas de tierras que afectan a las comunidades Indígenas del sector del Alto Bío Bío; c) Fortalecer la participación indígena en el Área de Desarrollo Indígena (ADI) del Alto Bío Bío; d) Acordar los mecanismos que aseguren la participación de las comunidades Indígenas en la administración de la Reserva Forestal Ralco.
4. Disponer medidas tendientes al desarrollo y preservación ambiental del sector del Alto Bío Bío. Ente ellas: a) Acordar mecanismos para asegurar que las comunidades indígenas sean informadas, escuchadas y consideradas en el seguimiento y control de las obligaciones ambientales del proyecto Central Hidroeléctrica Ralco; b) Fortalecer el desarrollo económico del sector del Alto Bío Bío y, en particular, de sus comunidades indígenas, mediante mecanismos que sean aceptables para la parte denunciante; c) Acordar mecanismos que faciliten y mejoren el aprovechamiento turístico de los embalses del Alto Bío Bío, en beneficio de las comunidades indígenas; d) Acordar mecanismos vinculantes para todos los órganos del Estado que aseguren la no instalación de futuros megaproyectos, particularmente hidroeléctricos, en tierras indígenas del Alto Bío Bío.
5. Acordar, dentro de un plazo breve y urgente, medidas respecto de las causas judiciales que afectan a dirigentes indígenas que han sido procesados por acciones relacionadas con la construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco.
6. Medidas para satisfacer las demandas particulares de las familias mapuche pehuenche afectadas.
En el 2010 la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento de las anteriores recomendaciones.
Mediante comunicación recibida el 5 de enero de 2011, el Estado informó que el texto de reforma que se discute actualmente en la Comisión de Constitución, Legislación y Reglamento del Senado es producto de un acuerdo político entre todas las fuerzas representadas en el Congreso Nacional, alcanzado en abril de 2009. Agregó que, antes de llegarse a dicho acuerdo, la Comisión del Senado recibió y escuchó a más de 50 organizaciones y dirigentes indígenas. Después de consensuado el texto de la reforma, el Ejecutivo realizó una “Consulta sobre Reconocimiento Constitucional”, cuyos resultados puso en conocimiento de la Comisión del Senado.
El Estado informó que el 15 de septiembre de 2008 ratificó el Convenio 169 de la OIT, que entró en vigor en septiembre de 2009, conforme establece el artículo 38(3) del citado Convenio, por lo que se encontraría cumplido el compromiso 2(a) del anterior acuerdo. Al respecto, el Estado informó a la Comisión que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado señalando que las disposiciones sobre consulta contenidas en el artículo 6 del Convenio tienen el carácter de autoejecutables y, por tanto, son aplicables a todos los órganos de administración del Estado.
El Estado informó que el compromiso 3(a) se encontraba cumplido desde julio de 2004. En relación con el compromiso 3(b), el Estado informó que se habían comprado tierras a casi la totalidad de las comunidades Pehuenche pertenecientes a la Comuna del Alto Bío Bío y que en el trienio 2008-2010 se adquirió para la comunidad indígena Butalenbún un predio de 180 hectáreas y para la comunidad Newen Mapu de Malla Malla se adquirió un predio de 353,7 hectáreas. Agregó que en el futuro, cada entrega irá acompañada de un convenio de apoyo productivo y asistencia técnica. Respecto del compromiso 3(c), el Estado indicó que en junio de 2009 se realizó el lanzamiento de la mesa técnica de seguimiento de inversión pública en el Área de Desarrollo Indígena del Alto Bío Bío y que para el 2011 se destinarán recursos para fortalecer los procesos participativos del Área de Desarrollo Indígena en el marco del proyecto “Participación de los pueblos indígenas para la cohesión social en Chile”. En lo que se refiere al compromiso 3(d), el Estado señaló que se celebró un convenio con la Corporación Nacional Forestal, CONAF, que permite que los miembros de las comunidades indígenas puedan ingresar y aprovechar la Reserva. Dicho convenio incluye a las comunidades de Quepuca Ralco y Ralco Lepoy.
En lo que se refiere al compromiso 4(a) del Acuerdo de Solución Amistosa, el Estado indicó que se habían tomado las medidas necesarias para que los resultados de las auditorías fuera enviados, entre otros, a la Municipalidad de Santa Bárbara y Alto Bío Bío para consulta pública y, publicados en la página web de la CONAMA, sin que se hubiera recibido observación alguna de dichas municipalidades. Además señala que la Dirección Ejecutiva de CONAMA y los servicios públicos han dado seguimiento y han fiscalizado el proyecto, según lo establecido en la resolución de calificación ambiental. En relación con los impactos del embalse Ralco en el sector del Alto Bío Bío, el Estado informa que realizará una auditoría independiente cuando se cumplan tres años de haberse puesto en marcha la Central Hidroeléctrica, que tendrá como objetivo proponer las medidas necesarias para corregir eventuales efectos imprevistos, en especial, en el desarrollo turístico de las riberas del embalse. El Estado agregó que en relación al turismo, se incorporaron mejoras, precisando que el consultor deberá incorporar reuniones con las comunidades indígenas para efectos de evaluar el cumplimiento de las medidas asociadas a turismo. En 2011 se tiene programada, por lo menos, una visita para analizar el avance de las medidas ambientales que el proyecto debe cumplir.
Respecto del compromiso 4(b), el Estado informó que la CONADI elaboró el “Plan de desarrollo productivo para familias relocalizadas en el fundo El Porvenir, comuna de Quilaco, provincia de Biobío”, en conjunto con las familias relocalizadas y el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP) está elaborando un plan de trabajo para las comunidades del sector del Alto Bío Bío. En lo que se refiere al compromiso 4(c) el Estado informó que se han financiado proyectos turísticos en las riberas del lago Ralco, que se han promocionado y financiado obras para fortalecer el turismo con fines especiales en la alta cordillera. Respecto del compromiso 4(d) el Estado indicó que se está a lo establecido en la legislación nacional, por lo que su satisfacción debe encausarse dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.
Respecto del compromiso 5, el Estado indicó que “este punto en particular se refiere a la causa de don Víctor Ancalaf LLaupe, quien actualmente se encuentra en libertad”. En cuanto al compromiso 6, informó que a fines de 2006 se entregaron los lotes a cada una de las personas, a través de sorteo. Cada persona recibió terrenos en la zona destinada a uso habitacional, agropecuario, desarrollo turístico y manejo forestal; aclaró que aún faltan tres lotes por entregar, por problemas de delimitación. Así mismo, informó que las pensiones de gracia ya han sido entregadas y se entregaron becas de estudio en junio de 2009.
Durante el 2010 los peticionarios no presentaron información adicional sobre el cumplimiento de los compromisos pendientes. En el 2007 los peticionarios remitieron una comunicación en la que se refirieron detalladamente a cada uno de los puntos del acuerdo. En esa oportunidad destacaron el cumplimiento del punto referido a la creación de una comuna en el sector del Alto Bío Bío; consideraron cumplido el punto referido al mecanismo para asegurar la participación de las comunidades indígenas en la administración de la Reserva Forestal Ralco; y informaron sobre la firma de un memorando de entendimiento con el Gobierno y las familias pehuenche con medidas para satisfacer las demandas particulares de las familias mapuche pehuenche afectadas.
Finalmente, el 15 de diciembre de 2008, los peticionarios enviaron una comunicación denunciando que el Estado había incumplido el compromiso 4(d) del Acuerdo de Solución Amistosa al haber dado trámite al estudio de impacto ambiental de un megaproyecto hidroeléctrico en territorio Mapuche Pehuenche, conocido como Proyecto Angostura. Según los peticionarios, este proyecto afectaría tierras indígenas del Alto Bío Bío en las que se encuentran por lo menos cuatro lugares sagrados Mapuche Pehuenche y en las que viven actualmente algunas familias Mapuche Pehuenche. Los peticionarios señalaron que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) emitió un informe el 31 de julio de 2008 (Oficio 578), en el que confirma la importancia patrimonial del sector para las comunidades Mapuche Pehuenche. Los peticionarios indicaron con base en lo señalado anteriormente, que el Estado ha incumplido su compromiso de adoptar medidas de ordenamiento territorial para que las tierras indígenas en el Alto Bío Bío sean “calificadas como área de protección de recursos de valor natural o patrimonial cultural, y en consecuencia, sean declaradas zonas no edificables o de condiciones restringidas de edificación”.
La Comisión aprecia las medidas adoptadas por el Estado para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante el Acuerdo de Solución Amistosa. Al mismo tiempo observa que existen medidas que se encuentran en proceso de implementación; en tanto que no cuenta con información actualizada sobre la implementación del compromiso 4(d). Por lo expuesto, la Comisión concluye que el acuerdo amistoso se encuentra parcialmente cumplido. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.
2010sp -> Manoel leal de oliveira
2010sp -> Inadmisibilidad
2010sp -> Peticionario: Alex Argona violaciones alegadas
2010sp -> Comisión interamericana de derechos humanos
2010sp -> Admisibilidad franklin guillermo aisalla molina ecuador colombia
2010sp -> Informe no. 4/10
2010sp -> Presuntas víctimas: Personas privadas de la libertad en la Penitenciaría Central de Paraná Peticionarios
2010sp -> C. Peticiones y casos individuales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

References: artículo 93
 artículo 2
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 artículo 93
 artículo 38
 artículo 6
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