Source: http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=37061&lan=ES
Timestamp: 2020-06-05 18:13:20+00:00

Document:
Desde hace muchos años el poder corporativo ha sido una piedra angular en los proyectos de investigación e incidencia del Centro de Democracia. A partir de nuestro trabajo con activistas en Bolivia y en todo el mundo, hemos visto una y otra vez las formas en que las instituciones internacionales y las corporaciones afectan el medio ambiente, los derechos y la democracia de nuestros pueblos. En Bolivia, después de la "Guerra del Agua", librada en Cochabamba el año 2000, hemos sido testigos de primera mano de cómo las corporaciones están utilizando los acuerdos de inversión global y los tribunales internacionales de arbitraje para sobreponer sus intereses a los de la voluntad popular. Se trata del sistema de Resolución de Controversias Inversionista – Estado (ISDS, por sus siglas en inglés).
A raíz de esta experiencia, el pueblo boliviano tomó conciencia y decidió retirarse del sistema de acuerdos de inversión y tribunales que conforman este sistema, convirtiendo su voluntad en un mandato de la nueva Constitución Política del Estado – CPE aprobada en 2009. Este breve informe elaborado por el Centro para la Democracia, como parte del proyecto “Red por la Justicia Social en la Inversión Global”[2], documenta los esfuerzos de Bolivia para cumplir con este mandato.
El informe que le presentamos a continuación está basado en una entrevista con el Viceministro de Comercio Exterior e Integración del Estado Plurinacional de Bolivia, Walter Clarems Endara Vera, quien muy gentilmente nos recibió en su despacho para brindarnos información acerca del proceso de denuncia de los Tratados Bilaterales de Inversión – TBI’s que Bolivia firmó en el pasado, y sobre su adecuación a la nueva CPE y a la nueva Ley de Inversiones, aprobada en Abril del presente año. El informe también contiene algunas lecciones valiosas para otros países en relación a los desafíos relacionados al sistema, como la imposibilidad de librarse de él en el corto plazo.
Usted puede leer la entrevista transcrita en su totalidad en este enlace. En ella el Viceministro nos habla de diferentes temas, a parte del proceso de denuncia de los TBI’s, nos brinda su perspectiva acerca de los casos que Bolivia enfrenta en tribunales internacionales, además de otros temas relacionados, como la creación de un tribunal de arbitraje en UNASUR, los procesos de integración regionales, y la actual coyuntura global respecto al Sistema de Resolución de Controversias Inversionista – Estado[3].
En una publicación reciente, la Procuraduría General del estado boliviano anunció la firma de un convenio con la empresa británica RURELEC PLC., por la nacionalización[4] de las acciones de su filial, Guaracachi América INC. (GAI), en la empresa Eléctrica Guaracachi S.A. (EGSA) el 1ro de Mayo de 2010[5]. Con esta acción el gobierno puso fin de la demanda que RURELEC inició el 2012 en contra el estado Boliviano en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, por 142,3 millones de dólares[6]. La demanda se produjo bajo los Tratados Bilaterales de Inversión - TBI’s que Bolivia firmó con los Estados Unidos y con Gran Bretaña.
Inicialmente RURELEC demandó el pago de 142,3 millones de dólares, monto que el gobierno rechazó desde el principio. Sin embargo, el 31 de enero de este año la Corte de Arbitraje de La Haya dispuso que Bolivia debiera pagar la suma de 41.956.614 millones. Finalmente el gobierno y RURELEC acordaron el pago de 31.534.613 millones de dólares a favor de la empresa, que se hizo efectivo mediante la firma del convenio el 29 de Mayo del presente año.
El Procurador General Héctor Arce, autoridad que firmó el convenio en nombre del Estado Boliviano, dijo, que se trataba de “…una operación exitosa incluso sobre un laudo arbitral dictado el 31 de enero de este año por la Corte Internacional de Arbitraje de La Haya, que fijó al Estado boliviano el pago de 41.956. 614 dólares americanos, y fruto de las negociaciones realizadas por el Ministerio de Hidrocarburos, la Corporación ENDE y la Procuraduría General del Estado, se ha logrado reducir 10.422.000 millones de dólares, un 25 por ciento menos”,y 75% menos que el monto originalmente exigido por la empresa.
Posteriormente RURELEC entregó sus acciones al estado Bolivia (50,01 % del paquete accionario de EGSA), con lo que el gobierno puso fin a un capítulo más en la lucha por recuperar las empresas estratégicas para para el país, un mandado de la nueva Constitución Política del Estado aprobada en Febrero de 2009.
Este desenlace nos trae a la mente lo ocurrido con el primer caso que Bolivia tuvo que enfrentar en tribunales internacionales, bajo el sistema de Resolución de Controversias Inversionista – Estado. Esta demanda fue producto de la expulsión de Aguas del Tunari de la ciudad de Cochabamba durante la “Guerra del Agua”, en Abril del año 2000. El 19 de Enero de 2006, en vísperas de la posesión del gobierno de Evo Morales, representantes de los inversionistas principales de “Aguas del Tunari” (encabezados por la corporación Bechtel de los Estados Unidos) visitaron el país para cerrar un acuerdo por el que Aguas del Tunari vendía sus acciones al gobierno del entonces presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, con el objetivo de poner fin a la demanda que este grupo corporativo había iniciado en contra del país el 2002 en el Centro Internacional de Resolución de Controversias Relativas a las Inversiones – CIADI, por la suma 50 millones de dólares. Sin embargo, en esa oportunidad, el pago realizado no fue por decenas de millones de dólares, sino por la ínfima suma de 2 Bolivianos (en ese tiempo 0,30 USD). Este hecho fue considerado histórico en su momento, dado el contexto en el que se produjo, pues fue la primera vez que un grupo corporativo abandonaba un caso de arbitraje internacional como resultado directo de la presión pública internacional. Después de conocerse el caso, decenas de activistas se movilizaron al alrededor del mundo, organizando campañas y acciones por todas partes, desde San Francisco hasta Ámsterdam, presionando a Bechtel y a sus directivos para que abandonen el caso. Finalmente la victoria fue para el David Boliviano frente al Goliat Transnacional.
Ciertamente el caso de Bechtel difiere mucho del de RURELEC. En primer lugar porque en el caso en contra de Bechtel existía una causa popular y apoyo internacional. Por otra parte Bechtel estaba inventando un caso y quiso hacer negocio con él (como muchas corporaciones lo hacen), pues exigía 50 millones de dólares en compensación cuando en la realidad había invertido menos que un millón en los 5 meses que estuvo en Cochabamba. En cambio en el caso de RURELEC, que también demandó una sobrecompensación, el gobierno puso en marcha una estrategia de negociación que, como el mismo gobierno reitera, le permitió ahorrar al estado boliviano más de 10 millones de dólares desde el fallo de la Corte de Arbitraje de la Haya, y más de 100 millones tomando en cuenta las expectativas de RURELEC al inicio de la demanda. El gobierno en este caso rechazó una compensación abusiva, pero reconoció implícitamente que la empresa había invertido algo en el país y decidió negociar un pago “aceptable”. Como dijo el Viceministro Clarems Endara cuando le entrevistamos: “En muchos de los casos… lo mejor es negociar antes que gastar millones en un mecanismo arbitral y es básicamente lo que ha sucedido en algunos casos emblemáticos en donde hemos pagado lo que verdaderamente significaba esa inversión, un pago justo si vale el término”.
Sin embargo, el problema no pasa tanto por la forma en estos dos casos comenzaron o terminaron, si no la razón por la que fueron posibles, que es donde coinciden entre sí, y con todos los otros casos que Bolivia enfrenta en tribunales internacionales. La respuesta está en la inmensa red de Tratados Bilaterales de Inversión – TBI’s[7] a la que Bolivia comenzó a adherirse desde finales de los 80’s, y que es la razón principal por la que Bolivia haya sido, sea, y aún pueda ser demandada en tribunales internacionales por inversiones privados.
Desde que el primer gobierno de Bolivia comenzó a implementar el modelo neoliberal en el país en 1985[8] se firmaron un total de 21 Tratados Bilaterales de Inversión, que sumados al capítulo de Inversiones del único Tratado de Libre Comercio que firmó Bolivia, en este caso, con México, dan un total de 22 acuerdos de inversión.
El primer Tratado Bilateral de Inversiones fue firmado en Marzo de 1987 con la entonces República Federal de Alemania, y ratificado por Ley en Noviembre de 1989. Los 21 TBI’s a los que nos referimos fueron suscritos por el ejecutivo y ratificados por el Congreso Nacional mediante Ley[9]. El último Tratado fue suscrito con España en Octubre de 2001 y ratificado en Mayo de 2002, aunque el TBI suscrito con Paraguay, en Mayo de 2001, fue el último en ser ratificado por el Congreso Boliviano, recién en Junio de 2003[10].
Estos Tratados Bilaterales de Inversión, como todos en el mundo, contienen una serie de cláusulas de protección de inversiones y autorizan el uso del sistema de Resolución de Controversias Inversionista – Estado (ISDS, por sus siglas en inglés), por el que las corporaciones pueden saltarse las cortes nacionales y demandar al país por millones de dólares en tribunales internacionales cuando consideran que sus inversiones han sido afectadas por alguna política pública de carácter económico, laboral, ambiental, etc. No importa si estas medidas benefician a la gente o si están en el marco del cumplimiento de las leyes nacionales e incluso de la Constitución o Acuerdos Internacionales Vinculantes en temas de salud[11], medio ambiente o derechos humanos. En síntesis, estos TBI’s y los tribunales de arbitraje internacional significan un atentado a la soberanía nacional y a la democracia.
Cuando hablamos del caso Boliviano, es importante resaltar que, a diferencia de la primera demanda con Aguas del Tunari, ahora el país cuenta con un marco jurídico legal y constitucional, además de un aparato institucional y una política muy clara para hacer frente a estos Tratados Bilaterales de Inversión y al sistema de arbitraje internacional.
El gobierno de Evo Morales rechazó desde el principio el mecanismo de Resolución de Controversias Inversionista - Estado. Este rechazo se plasmó en la denuncia del CIADI en Mayo de 2007, el principal foro internacional de resolución de controversias Inversionista – Estado al que remiten la mayoría de los Acuerdos Internacionales de Inversión. Por otro lado, la nueva Constitución Política del Estado prohíbe al estado dirimir disputas con inversionistas extranjeros en Tribunales Internacionales en temas relativos a las Inversiones. Posteriormente, a finales del año 2010, el gobierno creó, también por mandato constitucional, la Procuraduría General del Estado, llamada también la “abogada” del país, y que es la instancia encargada de promover, defender y precautelar los intereses del estado en diferentes ámbitos, incluyendo los casos de disputas con inversionistas extranjeros.
Sin embargo, una de las disposiciones más importantes de la nueva Constitución Política del Estado – CPE en ese sentido, es la que manda denunciar y renegociar todos los Tratados Internacionales contrarios el texto constitucional, es decir, los TBI’s, que en última instancia es en donde radica el poder que tienen las corporaciones para hacer todo lo que hacen en los países a donde van. Los TBI’s es donde están escritas las reglas del juego entre las empresas y los estados, y es la razón para que el país, pese blindarse de este sistema, podría todavía ser pasivo de demandas en otros tribunales internacionales de arbitraje similares al CIADI, que basan su jurisdicción y sus decisiones en este estos acuerdos[12].
La Constitución Política del Estado en su disposición transitoria novena dice textualmente que “Los tratados internacionales anteriores a la Constitución y que no la contradigan se mantendrán en el ordenamiento jurídico interno, con rango de ley. En el plazo de cuatro años desde la elección del nuevo Órgano Ejecutivo, éste denunciará y, en su caso, renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución”[13]. Tomando en cuenta que las elecciones (convocadas por la nueva CPE) se realizaron en Diciembre de 2009 y que el gobierno del presidente Morales inició su nuevo mandato el 22 de Enero de 2010, el plazo que dio la CPE para denunciar y adecuar los Tratados Bilaterales al nuevo texto constitucional ha finalizado.
En ese sentido, y con el objetivo de recabar mayor información acerca del proceso de denuncia y adecuación de los Tratados Bilaterales de Inversión a la nueva CPE, es que el Centro para la Democracia solicitó la entrevista con el Viceministro de Comercio Exterior e Integración, Clarems Endara. A continuación revisamos algunas de las partes más importantes de esta entrevista.
Comenzamos la entrevista con el Viceministro Endara preguntándole acerca del tratamiento que se le ha dado a los Tratados Bilaterales de Inversión que Bolivia firmó en el pasado, sabiendo que ya se cumplieron los 4 años que dio la nueva Constitución Política del Estado – CPE para denunciarlos y adecuarlos al nuevo texto constitucional.
El Viceministro inició su intervención remitiéndose a la nueva CPE, que establece parámetros claros para el trato a la inversión extranjera en el país. Estos parámetros, según nos explicó, consta de tres pilares: “El primer pilar tiene que ver con la recuperación de todos los recursos naturales estratégicos para el país, que es lo que llevó a las nacionalizaciones de las diferentes empresas… El segundo pilar tiene que ver con la revisión y denuncia de todos los Acuerdos Bilaterales de Inversión contrarios a la nueva CPE… El tercer pilar tiene que ver con la prohibición de cualquier arbitraje internacional respecto a cualquier controversia entre un inversionista privado y el estado boliviano…”,es decir que, “… cualquier controversia que pueda surgir entre un inversionista privado y el estado tiene que resolverse en jurisdicción nacional, esto implica una renuncia explícita a cualquier foro internacional en el cual podría resolverse las controversias”.
En ese sentido el Viceministro nos dijo que efectivamente los 21 TBI’s que Bolivia firmó en el pasado han sido denunciados.
Por supuesto, en seguida le preguntamos sobre el proceso, y nos respondió que “La primera denuncia de un Tratado Bilateral de Inversión se la hizo en 2006. A partir de esa fecha se empezaron a denunciar de manera sistemática todos los acuerdos cuyas fechas venían venciéndose”, y continuó, “Entonces comenzamos a ver coincidencias de fechas y empezamos a denunciar los primeros TBI’s... Posteriormente, para cumplir con lo que decía la CPE, se hizo una denuncia colectiva el 6 Mayo de 2013 de los otros que restaban. Es decir, 8 de los acuerdos que tiene Bolivia fueron denunciados en las fechas que vencían, y los otros 13 fueron denunciados de manera colectiva”. Dentro de ese grupo se encontrarían los TBI’s con Bélgica y Luxemburgo, Ecuador, Perú, Chile, Francia, Rumania, Alemania, Argentina, China, Dinamarca y Gran Bretaña. Entre los que fueron denunciados en sus fechas de vencimiento están los TBI’s con Países Bajos (2009) y Estados Unidos (2011)[14], por ejemplo.
Cuando le preguntamos sobre la reacción de los países contraparte nos dijo que obviamente hubo preocupación por parte de los países Europeos y de Estados Unidos, que forman el grupo de países que más invierten en el exterior y con quienes Bolivia suscribió la mayoría de sus TBI’s. No obstante, dijo que “En todos estos casos no ha habido una respuesta negativa”, y que “En conclusión nosotros entendemos que en este momento ya no tenemos acuerdos bilaterales de inversión”.
Posteriormente el Viceministro Endara resaltó que “…muchos países están interesados en suscribir un nuevo acuerdo de Inversiones con el país”. Por supuesto, en el marco de la constitución y la nueva Ley de promoción de inversiones aprobada en Abril de este año, que enuna de sus disposiciones establece que todos los acuerdos internacionales que tienen que ver con inversiones extranjeras deben ser renegociados y adecuados a la Constitución para después formalizarse en Acuerdos Marco de Inversión. El Viceministro nos dijo que a través de las notas de denuncia se invitó a los países correspondientes a renegociar nuevos acuerdos bajo el nuevo marco legal de inversiones. Dijo que “Esto significa que ya estaríamos en vísperas de negociar un nuevo modelo de acuerdo, un nuevo marco de inversiones bilaterales…”.
Cuando le preguntamos al Viceministro por qué cree que la apertura de estos países, su respuesta fue que “…ahora la historia está pasando la cuenta a ambos lados. Los países promotores de los TBI’s, ahora son demandados en el CIADI y en otros foros, incluso por sus propios inversionistas. Lamentablemente la crisis económica en Europa ha hecho que algunos países tomen medidas nacionales que han afectado inversiones extranjeras y ahora están siendo demandados. Esto hace que la conversación con algunos países europeos sea distinta, ya se puede hablar de igual a igual porque están sufriendo los mismos problemas que nosotros hemos sufrido… Es decir, en este momento podemos ver a grandes defensores del mecanismo de solución de controversias queriendo defender a sus propios países de este tipo de demandas. Entonces es verdaderamente otra realidad”.
En relación al tema estamos abordando, lo más importante que quisiéramos destacar de esta Ley[15], es que se constituye en la base sobre la cual se negociarán los futuros Acuerdos Internacionales de Inversión con otros países. La ley también establece que cualquier tipo de controversia debe ser resuelto bajo las leyes Bolivianas, y en unas de sus disposiciones transitorias, dispone que en un plazo de 3 meses (a vencerse en Julio de este año) para que el Ministerio de Justicia y la Procuraduría General del Estado elaboren una nueva ley de arbitraje y conciliación que responda al nuevo marco jurídico Boliviano y que sustituya a la ley 1770, que contempla el sistema ISDS de Resolución de Controversias Inversionista Estado. En palabras del Viceministro Endara, “La ley de promoción de inversiones… nos dice que tiene que haber una adecuación inmediata de toda la normativa nacional a este nuevo régimen de inversiones. Este nuevo régimen lo que hace es desconocer los mecanismos de controversia externos. Entonces estamos hablando de un periodo de transición…”.
Sobre la futura ley de Conciliación y Arbitraje, el Viceministro nos dijo que “…Yo creo que la expectativa continua hasta que termine esta etapa más, porque es lo que más interesa a los potenciales inversionistas. Sin embargo, en mi criterio personal, la cancha en donde se va a jugar ya está demarcada, ahora solamente queda definir de qué color van a vestir los árbitros, cuánto tiempo se va a jugar, etc., y eso es algo que habrá que esperar que salga. Una vez que tengamos la modificación a la ley 1770 (antigua ley de conciliación y arbitraje) ya tendríamos básicamente un marco normativo de inversiones que, guste a no, significa el establecimiento de las nuevas reglas del juego”
Ante estas afirmaciones y el panorama optimista, por supuesto surgen varias otras preguntas que necesitan ser respondidas, por ejemplo ¿Cómo se hará prevalecer la validez de la Constitución Política por encima de estos TBI’s? ¿Qué pasa si una corporación hace caso omiso de las leyes y la Constitución Bolivia y demanda al país por alguna medida gubernamental que considera afecta sus inversiones? ¿Qué pasará con las cláusulas de ultra - actividad de estos acuerdos que les da vida aún después de ser denunciados?
Ésta es quizá una de las interrogantes que más llama la atención cuando el gobierno afirma que ya no tiene TBI’s, pues si bien Bolivia puede denunciarlos unilateralmente, estos acuerdos tienen cláusulas de ultra-actividad que alargan su vigencia por varios años más. Es decir, que pese a que una de las partes, en este caso Bolivia, exprese su voluntad de manera formal y mediante su denuncia para finalizar el tratado, una vez que concluya su respectiva vigencia (estipulada en el mismo tratado), este acuerdo todavía tiene una vida de generalmente 10 o más años. En este tiempo las cláusulas del acuerdo de inversión siguen tan vigentes como cuando se lo firmó y ratificó, lo que significa que todavía son peligrosos para la soberanía nacional.
Cuando le preguntamos al Viceministro sobre la posibilidad de surgir nuevos casos en el marco de los TBI’s producto de estas cláusulas, nos contestó que “Obviamente los periodos de protección de algunos acuerdos de inversiones van mucho más allá de la vigencia de la actual ley de inversiones, por lo que habrá que hacer análisis específicos caso por caso...”.
Para dar un ejemplo, TBI con el Reino de los Países Bajos fue suscrito el 10 de Marzo de 1992 y ratificado mediante Ley el 12 de Agosto de 1994, a partir de la cual entra en vigor. El apartado primero del artículo 14 de este TBI dice que éste tendrá una vigencia de 15 años, es decir, hasta el año 2009. Como este acuerdo ya fue denunciado, se activa el apartado 3 de este mismo artículo, que dice que “Con relación a las inversiones hechas antes de la fecha de terminación del presente Acuerdo, los Artículos anteriores pertinentes seguirán, siendo efectivos por un período de 15 años desde esa fecha”. Es decir, que las inversiones provenientes o registradas en los Países Bajos presentes en Bolivia, se encuentran todavía protegidas bajo las cláusulas de este acuerdo hasta el año 2024.
En ese sentido el Viceministro reconoció que “(no quedamos)…exentos de demandas en materia de inversiones en foros internacionales…”, debido justamente a la estructura de estos acuerdos. Sin embargo, hizo hincapié en que, ante la posibilidad de surgir alguna demanda, “…lo que se debe hacer es analizar caso por caso, e inversión por inversión”. Nos dijo que es difícil generalizar que tipos de inversiones continúan siendo protegidas por el sistema y que tipos no, y que es atribución de la Procuraduría analizar los diferentes aspectos, como la jurisdicción y el reclamo en sí, en caso de presentarse nuevas demandas. Sin embargo, pese a este panorama, el Viceministro Endara destacó que “…Lo importante es que ya se ha cortado de raíz el problema de fondo y ahora queda claro que toda inversión nueva se debe circunscribir al nuevo marco legal de relacionamiento que tenemos, y eso creemos que es lo más importante”.
Posteriormente el Viceministro acotó algo muy interesante, “…el hecho relevante es que una inversión extranjera… va a invertir donde crea que va a obtener ganancias. El plus de los TBI’s es precisamente tener un acuerdo que les permita hacer una demanda por lucro cesante, o entablar demandas por alguna razón por la que no hayan podido invertir. Entonces en los hechos mismos, la inversión extranjera si ha aumentado en Bolivia”. En efecto, según el informe de la CEPAL sobre la Inversión Extranjera Directa – IED para el 2013, Bolivia recibió 2.030 millones de dólares de IED en 2013, un 35 % más que en 2012, sobre todo en el sector de hidrocarburos. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, dijo al presentar este dato que “la gente podía decir: si Bolivia nacionalizó, ¿por qué va a venir la inversión extranjera? Pues la noticia es que la inversión extranjera directa está llegando a Bolivia a niveles muy importantes”, declaraciones que refuerzan los comentarios del Viceministro Endara[16].
A manera de cerrar este breve informe, podemos decir que Bolivia tiene una historia particular con el sistema ISDS marcado por la “Guerra del Agua” y la demanda posterior de Bechtel por 50 millones de dólares. Esto permitió un proceso de concientización que finalmente derivó en un mandato Constitucional para desmontar el sistema. Los casos de Bechtel y RURELEC que revisamos en este reporte, el primero relacionado a la gestión del agua y el segundo a la energía eléctrica, incluido otros casos relacionados con la protección y recuperación de recursos naturales estratégicos para un país, tienen que ver con políticas públicas que deben ser diseñadas e implementadas en el marco de sistemas democráticos. En el caso Boliviano es muy claro. El país, como muchos de la región, fue una “rata de laboratorio” a la que se aplicaron las políticas neoliberales de privatización y despojo de recursos naturales. Sin embargo, después de la irrupción de la Guerra del Agua la población inició un movimiento para recuperar sus recursos naturales, sus servicios básicos, su agua, su electricidad, etc., pero en el camino se dio cuenta que el sistema ISDS impide que eso suceda, ya que es un sistema que está construido para ser más poderosos que la voluntad de los gobiernos.
Si bien ahora el marco jurídico e institucional construido por el país a partir de la nueva CPE, desde la creación de la Procuraduría General, hasta la aprobación de la nueva Ley de Inversiones, incluido por supuesto la denuncia del CIADI, la prohibición del arbitraje en tribunales internacionales y la denuncia de los TBI’s, le dan al país una buena base para contrarrestar el poder de las corporaciones, lo cierto es que todavía estamos atados al sistema por al menos 15 años o más. Esto demuestra lo fácil que es entrar al sistema, pero lo difícil que es liberarse de él.
Estas lecciones deberían ser una advertencia para aquellos países y regiones que actualmente están negociando Acuerdos de Inversión y Tratados de Libre Comercio que incluyen el sistema ISDS, como el caso de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP) entre la Unión Europea y EE.UU., o el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP), en donde participan nuestros vecinos Perú y Chile, junto con otros varios países de nuestro continente y de Asia.
Mientras tanto al país le queda salir lo menos dañado de los casos de demandas que todavía enfrenta en tribunales internacionales. Como dijo el Viceministro, la estrategia es negociar acuerdos “justos”. De acuerdo al informe 2013 de la Procuraduría General del Estado, Bolivia tiene 3 casos formales de demandas, dos de las cuales todavía son en el marco del CIADI. La demanda más grande corresponde a Pan American Energy LLC, por un monto de 1,496 millones de dólares por la nacionalización de sus acciones en 2009. También tiene otros dos procesos con Notificación de Arbitraje y otros dos casos con Notificación de Controversias[17].
Finalmente, es importante diferenciar la condición en la que el país se encuentra que cuando Bechtel demandó al país. Ahora la correlación de fuerzas nos muestra un país diferente, que atrae inversiones por los recursos que posee y por las oportunidades que existen, más que por la existencia de acuerdos de protección de inversiones. Y es aquí justamente donde debemos estar atentos, pues las corporaciones serán amigas del gobierno mientras ganen dinero, pero podrían hacer uso de sus armas cuando mejor les convenga. Cuando eso suceda, la gente tiene que recordar que éste es un tema que nos involucra a tod@s y que la batalla de Bechtel no se ganó en los tribunales, sino en las calles y con solidaridad internacional. Por último debemos tener siempre en mente que éste no es un sistema utilizado por las corporaciones para recuperar sus inversiones, sino para protegerse de la democracia y de la soberanía nacional.
- Aldo Orellana es un activista boliviano e investigador que trabaja en el Centro para la Democracia en Cochabamba, Bolivia. @AOrellanaLopez
Este breve informe fue originalmente publicado en el sitio web de la Red por la Justicia Social en la Inversión Global, aquí.
El Viceministro de Comercio e Integración de Bolivia, Walter Clarems Endara Vera, por su colaboración.
Jim Shultz por su orientación y apoyo
Philippa de Boissiere, por el apoyo en la traducción al inglés.
Thomas Mc Donagh, por su colaboración y apoyo en las distintas etapas de este proyecto.
[6] Según la Procuraduría General del Estado Boliviano, en noviembre de 2010 se notificó a Bolivia el inicio del procedimiento arbitral ad hoc interpuesto por GAI y RURELEC, de acuerdo con el reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional, CNUDMI (UNCITRAL, por sus siglas en inglés). Finalmente Bolivia fue notificada con la demanda formal de arbitraje en Marzo de 2012, e inició su defensa formal en Agosto del mismo año. Más detalles en el Informe de Gestión 2013 de la Procuraduría General del Estado Boliviano. Vea también este enlace de la Corte de Arbitraje.
[7] Según el sitio web http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, a la fecha existe un total de 2783 Tratados Bilaterales de Inversión, de los cuales 2095 están en vigor. A esto se suman 338 otros acuerdos internacionales de inversión, de los cuales 269 están en vigor.
[17] Para ver los detalles de todos los casos que actualmente enfrenta Bolivia acceda al informe de gestión 2013 de la Procuraduría, o a este cuadro que resume los casos.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 14