Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/PL-2015/as20151L207.html
Timestamp: 2019-03-21 11:52:30+00:00

Document:
as20151L207
AUTO SUPREMO Nº 207/2015-RRC-L
En mérito a las acusaciones fiscal (fs. 5 a 6 vta.) y particular (y 11 a 12) y desarrollada la audiencia de juicio oral, el Tribunal Sexto de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció la Sentencia 03/2009 de 16 de enero (fs. 128 a 130), declarando a Max Dulfredo Jiménez De La Barra, autor de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, condenándole a la pena de tres años de reclusión, más al pago de daños civiles y costas al Estado a calificarse en ejecución de Sentencia.
Contra la mencionada Sentencia, el imputado interpuso recurso de apelación restringida (fs. 137 a 142), que fue resuelto por Auto de Vista 97/2009 de 14 de septiembre (fs. 173 a 174 vta.) emitido por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de la Paz, que declaró improcedente el recurso interpuesto y en consecuencia confirmó la Sentencia. Posteriormente, ante la solicitud del imputado de complementación y enmienda, se emitió el Auto Complementario 47/2009 de 23 de septiembre, que rechazó la petición, motivando el presente recurso de casación.
Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo de admisión 027/2015-RA-L de 4 de febrero, se extraen los motivos a ser analizados en la presente Resolución, sobre los cuales, este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
Como primer motivo refiere que denunció en apelación la inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva; sobre la misma, el Tribunal de alzada argumentó aspectos que no condicen con el art. 408 del CPP, convalidando la Sentencia que aplica erróneamente el art. 335 del CP. Sobre el contenido de su denuncia, reitera que la aplicación de la precitada norma sustantiva, importa también la adecuación del elemento subjetivo, es decir el dolo, que en este caso no se justifica ni explica; además, el elemento central del delito de Estafa es el engaño para inducir en la víctima a consentir un acto, lo que no ocurre en este caso, ya que para el préstamo de dinero se suscribió un contrato consensuado por ambas partes. Concluye señalando que la insuficiencia de razonamientos en los fallos constituye un vicio previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP. Al respecto, invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 144 de 22 de abril de 2006 y 43 de 27 de enero de 2007.
Por otro lado manifiesta que, en su denuncia de ilegalidad de la Sentencia por habérsele condenado por el delito de Estafa, cuando fue sobreseído por el Ministerio Público, ofreció como prueba la Resolución de Sobreseimiento y la Resolución del superior jerárquico que la ratifica; empero, el Tribunal de alzada, en primer término, no se circunscribió sobre los aspectos cuestionados, limitándose a confirmar la Sentencia. Asimismo, no valoró la prueba ofrecida ni justificó por qué no las considera; y finalmente, se señaló día y hora de audiencia de fundamentación de la apelación, a la cual no pudo asistir por su delicado estado de salud, pidiendo la suspensión del acto por intermedio de su abogada, con la protesta de presentar la justificación respectiva, solitud que fue rechazada sin tomar en cuenta los fundamentos de su inasistencia, extremos que vulneran sus derechos a la defensa, debido proceso, seguridad jurídica y debida fundamentación. Sobre estas temáticas invoca los Autos Supremos “Nro. 5 de enero de 2007” (sic), 518 de 17 de noviembre de 2006, 431 de 15 de octubre de 2005 y 149 de 2 de febrero de 2007.
En tercer lugar señala que, denunció en apelación la vulneración al principio non bis in idem, argumentando que fue sobreseído por el delito de Estafa por el Fiscal de materia, resolución confirmada por la Fiscalía de Distrito; por lo que, no podía sancionársele dos veces por los mismos hechos, existiendo vulneración a este principio también cuando se produce un doble procesamiento por el mismo hecho, lo que tiene relación con el principio de congruencia entre acusación y sentencia; al respecto, conforme la tesis de la desvinculación condicionada, el Tribunal de Sentencia debió advertir a las partes para que se pronuncien sobre el error en la calificación, pues el Juez no puede asumir la posición de acusador; por tanto, no podía condenar por un delito no propuesto, porque el imputado debió conocer previamente la acusación a objeto de asumir defensa irrestricta. Sobre esta denuncia los Vocales señalaron que debió haber solicitado el saneamiento procesal; por lo cual, se habría convalidado el defecto, sin tomar en cuenta que, al habérsele condenado por el delito de Estafa por el que ya fue sobreseído y que no fue consignado en la acusación, se provocó indefensión y se vulneró los principios de congruencia y iura novit curia. Sobre esta denuncia invoca el Auto Supremo 442 de 11 de octubre de 2006 y Sentencia Constitucional 1036/2002-R y la sentencia constitucional de Colombia C-529/01.
Por lo expuesto, el recurrente solicita se deje sin efecto el Auto de vista y su complementario por los defectos existentes y se haga prevalecer la doctrina legal aplicable en la que se apoya.
Mediante Auto Supremo 027/2015-RA-L, cursante de fs. 207 a 209 vta. este Tribunal admitió el recurso formulado por Max Dulfredo Jiménez de la Barra, para el análisis de fondo solamente en sus motivos primero, segundo y tercero.
El Tribunal Sexto de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció la Sentencia 03/2009 de 16 de enero (fs. 128 a 130), declarando a Max Dulfredo Jiménez De La Barra, autor de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, condenándole a la pena de tres años de reclusión, de acuerdo a los siguientes fundamentos: i) Se probó en juicio el hecho de que el imputado el 24 de agosto de 2005 suscribe un documento privado en el cual reconoce que se prestó $us. 4.000.- (cuatro mil dólares estadounidenses) de José María Maraza y se compromete a pagar hasta el 3 de septiembre de 2005, otorgando en garantía dos movilidades, una vagoneta guinda marca Toyota modelo 1994 y una vagoneta roja marca Isuzu Trooper modelo 1990; además que por otro documento, se compromete a restituir el dinero hasta el 19 de diciembre de 2005, aspecto que no cumplió, ante esta situación se tramitó la recuperación del dinero y en estas circunstancias se percata que las movilidades otorgadas en garantía no se hallaban registradas a nombre del deudor, así se demostró del Informe del Organismo Operativo de Tránsito en el que consta que Max Dulfredo Jiménez de la Barra no tiene inscrito ningún vehículo, evidenciándose que otorgó garantías que no le pertenece; ii) Se debe establecer que si bien las movilidades otorgadas en garantías no le pertenecen al acusado, de la contrastación del documento privado de préstamo y los elementos constitutivos del delito de Estelionato, previsto y sancionado por el art. 337 del CP, muestra la inexistencia de coherencia para que el hecho sea subsumido en este tipo penal, no obstante de haber garantizado con bienes inexistentes que sean de propiedad del acusado, ha realizado actos con certeza indubitable de ardid, engaño, despliegue de medios necesarios para la consecución de sus fines; iii) Los hechos probados se adecuan al delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, en consecuencia en aplicación del principio iura novit curia, respecto al delito de estelionato, previsto y sancionado por el art. 337 del CP, por el que fue acusado por el ministerio Público, y la acusación particular, se juzga los hechos típicos y no el tipo penal, según el Auto supremo 4 de 26 de enero de 2007, en mérito a que el delito de estafa tiene varias formas de manifestación establecida en el art. 335 del CP cuando refiere: “El que con la intención de obtener para sí o para un tercero un beneficio económico indebido, mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en el otro que motive la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del justo en error o de un tercero”. En el presente caso el imputado se aprovechó de la amistad y confianza cultivada con la víctima en calidad de consuegros, ha desarrollado engaño para obtener un beneficio económico de $us. 3.000.- (tres mil dólares estadounidenses), de entregar en garantías vehículos que no son de su propiedad, considerando el Tribunal que la conducta del imputado se adecua a este tipo penal debido a que se ha desplegado en artificio, que provocó error en la víctima, importando el acto de disposición patrimonial y que ha motivado que le entregue el monto de dinero; y, iv) El elemento subjetivo está constituido en la intención de engañar mediante el ardid y el resultado, debe tener carácter patrimonial, perfeccionándose la producción de un resultado externo, siendo en daño efectivo su característica, requiriéndose la producción de un resultado, tal como se establece en el Auto Supremo 236 de 27 de junio de 2002, es decir la conducta del imputado es dolosa, culpable, antijurídica y punible.
II.2.De la apelación restringida del imputado a Max Dulfredo Jiménez De La Barra.
El recurrente, a través de memorial de recurso de apelación restringida, cuestionó los fundamentos de la Sentencia, de acuerdo a los siguientes argumentos: a) Errónea aplicación de la ley sustantiva prevista en el art. 370 inc. 1) del CPP, porque no existe engaño ni artificio, tal como se establece en la cláusula tercera del documento de préstamo, añade que la vía penal no puede utilizarse para conseguir el cumplimiento de obligaciones; b) Inobservancia de la Ley adjetiva penal, art. 370 inc. 1) porque se dictó un requerimiento conclusivo de sobreseimiento 013/07 a favor de los imputados y una vez impugnado el sobreseimiento por la parte querellante, por Resolución TVL206/07 de 31 de octubre de 2007, el Fiscal de Distrito ratifica el sobreseimiento a favor de Martha Téllez de Jiménez y se lo revoca en contra de Max Dulfredo Jiménez de la Barra o sea ratifica el sobreseimiento en lo referente al delito de Estafa y se revoca con relación al delito de Estelionato, razón por la cual el Fiscal de materia formula acusación por el delito de Estelionato; c) Refiere la existencia del defecto absoluto insubsanable por la errónea interpretación de la Ley adjetiva; d) Inexistencia de fundamentación de la Sentencia art. 370 inc. 5) del CPP, que se hace patente en la redacción, especialmente en la exposición de motivos de hecho y probatorios de la Sentencia; y, e) Finalmente pide se revoque la Sentencia y se lo absuelva del delito de Estafa por existir resolución de sobreseimiento ratificado por el Fiscal de Distrito.
Radicada la causa ante la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, resolvió el fondo del recurso de apelación restringida emitiendo el Auto de Vista 97/2009 de 14 de septiembre, declaró improcedente el recurso de apelación restringida interpuesto y en consecuencia confirmó la Sentencia, fundamentando en los siguientes argumentos: 1) La apelación restringida es el control jurídico de la formación interna y externa de la Sentencia que observa si se incurrió en errores in iudicando e in procedendo; 2) Con relación a los errores in iudicando cuestionó la subsunción normativa de la conducta del delito de Estafa argumentando que no existiría engaño ni artificio, aspecto que sería insuficiente que no condice con el art. 408, primera y segunda parte; toda vez, que no expresa como debe interpretarse el art. 335 del CP, ni manifiesta cual la aplicación que pretende; 3) Con relación a los errores in procedendo, se refiere a la existencia de un requerimiento conclusivo de sobreseimiento y su trámite procedimental correspondiente. Esta situación revela un desconocimiento del art. 407, primera parte, de la Ley 1970 porque lo que correspondía era aclarar oportunamente el saneamiento, solicitud que no la hizo. Así se establece del contenido de las actas del juicio oral; 4) Respecto del defecto absoluto relacionado con el Auto de apertura de juicio por el delito de Estelionato y que en la Sentencia sorpresivamente se le había atribuido la autoría del delito de Estafa. De la revisión de actuados se establece que la acusación Fiscal prestada el 28 de enero de 2008 se refiere únicamente al delito de Estelionato, en tanto que la acusación particular presentada el 3 de marzo fe 2008 refiere a la Estafa y Estelionato. Por otra parte, el Auto de Apertura de juicio es sobre el delito de Estelionato. Se advierte también que el tribunal de la causa a tiempo de pronunciar la Resolución final dio aplicación al principio iura novit curia, que doctrinalmente es correcto cuando se sustituye por otro tipo penal que corresponde al mismo bien jurídico; consiguientemente, no puede considerarse defecto absoluto cuando la doctrina del derecho penal permite la aplicación del referido principio; 5) Revisado el contenido de la Sentencia se establece que cumple con los requisitos previstos por el art. 360 del CPP; y, como se tiene dicho la subsunción normativa que hizo el Tribunal de la causa respecto a la conducta del imputado en los elementos constitutivos del delito de Estafa es correcta. De la misma manera a la determinación de la pena que resulta atenuada corresponde a la aplicación de los arts. 37, 38 y 40 del CP; y, 6) El querellante a tiempo de responder el recurso advierte la inobservancia, por parte del apelante, del art. 408 del CPP; asimismo, aclara que fue el que acusó por los delitos de Estafa y Estelionato; por consiguiente, la conclusión a la que llegó el Tribunal de la causa y lo establecido por este Tribunal de alzada no son contradictorios.
III. VERIFICACIÓN DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS Y DE VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS NON BIS IN IDEM Y IURA NOVIT CURIA
Este Tribunal admitió el recurso abriendo su competencia a objeto de verificar la supuesta contradicción en la que hubiere incurrido el Tribunal de Alzada al momento de emitir el Auto de Vista con relación a los precedentes invocados, respecto de la penalización de un contrato civil e incongruencia omisiva porque no se circunscribió a los aspectos de la apelación restringida; y además, la vulneración de los principios de congruencia, Non Bis In Idem y Iura Novit Curia ante la denuncia de doble juzgamiento por el mismo hecho.
III.1. Respecto de la imposibilidad de penalizar el cumplimiento de un contrato civil.
Con relación al motivo el recurrente invocó como precedente la Doctrina Legal establecida por el Auto Supremo 144 de 22 de abril de 2006 que señala:
"Si el Tribunal de Alzada en el marco constitucional del Art. 116-VI de la Carta Fundamental del Estado, Art. 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Art. 3 del Código de Pdto. Penal, con legítima independencia y análisis jurídico, forma convencimiento pleno que el hecho objeto de la acusación particular no existió, no constituye delito o que la imputada no participó en él; conclusión que se origina en los antecedentes que constituyen la base del juicio, en el cual se halla plasmada la voluntad de las partes, de naturaleza civil, en aplicación del principio doctrinal de la universalidad de la administración de justicia por la cual ésta debe resolver el conflicto que las partes han sometido a su conocimiento mediante el código procesal correspondiente, resolviendo los extremos expuestos en el recurso de apelación de defectos absolutos, previstos en los Arts, 370 incs. 1) y 6, y 169 inc. 3) del citado Código Adjetivo Penal.
Por lo señalado precedentemente cuando el Tribunal Supremo advierte que en el proceso se han pronunciado fallos que atentan contra el debido proceso, afectando en el fondo no sólo al principio de legalidad formal sino material, corresponde regularizar el procedimiento, disponiendo que la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito de Potosí, dicte un nuevo Auto de Vista aplicando la Doctrina Legal adoptada en el presente Auto Supremo, garantizando a la vez los principios de universalidad, legalidad y probidad jurisdiccional que debe caracterizar a todo Tribunal de Justicia.
Que, a su vez la Doctrina Legal expresada a través del Auto Supremo 43 de 27 de enero de 2007 invocado en calidad de precedente, señala:
“Se considera defecto absoluto insubsanable la errónea aplicación de la ley penal sustantiva en perjuicio de los imputados porque viola el principio de legalidad, de acuerdo a la doctrina penal el delito de estafa objetivamente se perfecciona cuando el sujeto activo -delincuente- realiza la lesión jurídica que ha pretendido; es decir que con la consumación se alcanza la objetividad jurídica que constituye el tipo especial de un delito. De tal manera, en el delito de "estafa" la consumación se produce en el momento en que el sujeto activo obtiene el beneficio o ventaja económica al que hace referencia el artículo 335 del Código Penal; la acción del agente debe consistir en emplear artificios o engaños, es decir inducir a error al sujeto pasivo empleando ardides o faltando a la verdad sobre la calidad, cantidad o veracidad de algo, conductas que adquieren connotación jurídica cuando inducen a error determinado a la víctima a dejarse sonsacar dinero u otro beneficio. El resultado es sonsacar a otro dinero o beneficio o ventaja económica, lo que significa perjuicio al patrimonio. Es por ello, que en la estafa el propio sujeto pasivo realiza la consumación, cuando por error, artificios o engaños da una parte de su patrimonio a un tercero, para lo cual se requiere que exista una relación de causalidad entre los artificios, engaños y el sonsacamiento de dinero, beneficios o ventajas económicas. En el caso de Autos, se estableció por la propia declaración en juicio oral de los querellantes que conciliaron a efectos de la entrega de la movilidad a cambio del pago posterior lo que anula la existencia de engaños o artificios que hubieran empleado los agentes así como quedó demostrado por la prueba testifical que los querellantes conocían que el inmueble objeto de la garantía estaba hipotecada a la Cooperativa San Pedro de esa localidad, aspecto que también elimina el dolo y la supuesta lesividad del hecho antijurídico de estelionato. Debiéndose solucionar el conflicto jurídico penal respecto de la morosidad del pago de los deudores en el ámbito civil”.
Siendo esos los términos de los precedentes invocados por los recurrentes, corresponde en el caso presente partir de la consideración de los hechos que fueron demostrados en juicio y que constituyeron la base de la Sentencia y del auto de vista que se impugna, a objeto de dilucidar la problemática planteada por los recurrentes, siendo así de considerar que el Tribunal de grado estableció en el marco de sus atribuciones que el 24 de agosto de 2005 el recurrente suscribió un documento privado en el que reconoce que se prestó $us 4.000.- (cuatro mil dólares estadounidenses) de José María Maraza y se comprometió a pagar hasta el 3 de septiembre de 2005, otorgando en garantía dos movilidades, una vagoneta guinda marca Toyota modelo 1994 y una vagoneta roja marca Isuzu Trooper modelo 1990; además, por otro documento se comprometió a restituir el dinero hasta el 19 de diciembre de 2005, aspecto que no cumplió, ante esta situación se tramitó la recuperación del dinero y en estas circunstancias se percata que las movilidades otorgadas en garantía no se hallaban registradas a nombre del deudor, así se demostró del Informe del Organismo Operativo de Tránsito en el que consta que Max Dulfredo Jiménez de la Barra no tiene inscrito ningún vehículo, evidenciándose que otorgó garantías que no le pertenece, siendo la conducta inicialmente calificada como Estelionato; pero, en aplicación al principio iura novit curia su conducta fue calificada como delito de Estafa que entre los elementos constitutivos del tipo penal comprende que el imputado se aprovechó de la amistad y confianza cultivada con la víctima en calidad de consuegros desarrollando engaño, para obtener un beneficio económico de $us. 4.000.- (cuatro mil dólares estadounidenses), de entregar en garantías vehículos que no son de su propiedad, considerando el Tribunal que la conducta del imputado se adecua a este tipo penal debido a que desplegó un artificio, que provocó error en la víctima, importando el acto de disposición patrimonial y que motivó que le entregue el monto de dinero, generando un perjuicio económico, siendo esos los hechos sustancialmente demostrados en juicio, que se traduce en una conducta susceptible de ser verificada y sancionada a través de la jurisdicción penal por constituir actos que se encuentran preestablecidos como hecho ilícito en el tipo penal inserto en el art. 335 del CP.
En cuanto al delito de Estafa inserto en el art. 335 del CP, éste se configura como un fraude manifiesto, por el cual se induce a otro en error con artificios y engaños que según los principios doctrinarios es todo comportamiento positivo con que se falsea la verdad en lo que se hace, dice o promete y que encierra una concreta situación para inducir a otro en error, despertándole una conciencia ilusoria; así, el artificio es el disimulo, cautela, doblez que según la real Academia es el medio hábil y mañoso para lograr algún intento. El engaño a su vez importa astutamente sacar algo; estos elementos componen lo esencial del delito de Estafa que provoca en error a la víctima, que se basa en la falsa o incorrecta apreciación para establecer la determinación, siendo de considerar que en el caso presente el querellante le presta una cantidad de dinero al imputado el cual garantiza para su devolución con dos vehículos que luego de las averiguaciones llegaron a no ser de su propiedad, siendo en definitiva que el imputado no le devuelve el dinero en el tiempo previsto, difiriendo su cumplimiento en una ocasión, denotando con dicha conducta que el recurrente asumió la predisposición de incumplir con lo pactado, provocando error en el querellante y una disposición perjudicial de su patrimonio.
Efectuadas estas precisiones, se tiene en el caso presente que efectivamente el proceso se originó a raíz de la suscripción de un contrato de préstamo de dinero sin que este hecho por sí solo implique la imposibilidad de que concurra el delito acusado de estafa, pues conforme se estableciera precedentemente, el Tribunal de Sentencia al emitir el fallo, estableció claramente la concurrencia de los distintos elementos constitutivos del tipo penal previsto y sancionado por el art. 335 del CP, determinando que el Tribunal de alzada al resolver el recurso de apelación restringida formulado por el imputado, concluyó que la Sentencia cumplió con los requisitos previstos por el art. 360 del CPP; por lo que, el Auto de Vista impugnado no incurre en contradicción con los referidos precedentes, al no tratarse de una similar situación de hecho, habida cuenta que en aquel caso se advirtió la inconcurrencia del elemento engaño a diferencia del caso de autos, en el que se acreditó con la actividad probatoria desplegada por la parte acusadora, que el imputado a través del engaño y dolo logró que la víctima realizara un acto de disposición patrimonial.
Al respecto, debe tenerse presente que la concurrencia de contratos en actos de disposición no conlleva necesariamente la existencia de una relación jurídica material de orden civil, pues, entre los distintos tipos de Estafa encontramos uno especialmente sensible cual es la estafa realizadas mediante la contratación simulada en perjuicio de otro de algún negocio jurídico. El supuesto de este tipo de estafa consiste en simular un contrato o un negocio jurídico cuyo incumplimiento determina que se produzca un perjuicio directo en el patrimonio ajeno como consecuencia del acto de disposición patrimonial del contratante que ha sido engañado. Este supuesto es denominado como “negocio jurídico criminalizado” o “contrato criminalizado”, que se configura a través de la celebración de un contrato o negocio jurídico con la clara y absoluta intención de incumplirlo, aspecto que ya fue dilucidado por este Tribunal de Casación a través del Auto Supremo Nº 134 de 11 de junio de 2012.
Así, desde esta perspectiva, es posible la consumación del delito de estafa a través de la celebración de contratos, donde el sujeto activo sabe, desde el momento en el que plantea la negociación contractual o antes, que no cumplirá la contraprestación que le incumbe. Así, la criminalización de los negocios civiles y mercantiles se produce cuando el propósito defraudatorio se concibe antes o en el momento de la celebración del contrato y es capaz de cambiar la voluntad del otro contratante que realmente desea llevar a buen término el negocio jurídico concertado, aspecto en el que se diferencia de un mero incumplimiento contractual civil donde concurre simplemente un dolo posterior, es decir, cuando no existe dicha intención de engañar de manera previa o consecuente a la firma de los diferentes contratos o documentos, en estos casos los hechos podrán definirse como un incumplimiento contractual de trascendencia civil; pero, no como un delito de estafa. Precisamente, respecto del momento en el que debe aparecer el engaño en la dinámica defraudatoria del agente, se ha dicho que el artificio engañoso sobre la víctima tiene que anteceder o ser concurrente, no pudiendo ser valorado penalmente el denominado "dolo subsequens" de orden civil, esto es, el sobrevenido y no anterior a la celebración del contrato de que se trate.
Como se tiene dicho precedentemente, en el caso de autos la voluntad previa del recurrente de incumplir lo pactado quedó de relieve al diferir en una ocasión su cumplimiento y finalmente al conocerse que los vehículos en garantía no eran de su propiedad, se consolida la operación engañosa y dolosa del imputado.
Consiguientemente, la línea divisoria entre el dolo penal y el dolo civil en los delitos contra el patrimonio es la tipicidad, de modo que únicamente si la conducta del agente se subsume en el tipo penal de estafa es punible la acción; ello no supone –es fundamental precisarlo a través de esta resolución- criminalizar todo incumplimiento contractual, cuando el ordenamiento jurídico establece remedios para restablecer la norma infringida cuando es conculcado por vicios puramente civiles. La tipicidad es la verdadera enseña y divisa de la antijuricidad penal, quedando fuera de ella el resto de las ilicitudes para las que la “sanción” no es precisamente la penal. Solo así se salvaguarda la función del derecho penal, como última ratio y el principio de mínima intervención que lo inspira. Siendo la acción típica cuando el autor simula un propósito serio de contratar cuando, en realidad, sólo pretende aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones a que se obliga la otra parte, ocultando a ésta su decidida intención de incumplir sus propias obligaciones contractuales, aprovechándose el infractor de la confianza y la buena fe del perjudicado con claro y terminante ánimo inicial de incumplir lo convenido, al servicio de un ilícito afán de lucro propio, desplegando unas actuaciones que desde que se conciben y planifican prescinden de toda idea de cumplimiento de las contraprestaciones asumidas en el seno del negocio jurídico bilateral.
De lo expuesto precedentemente, se establece que en el caso de autos no concurre contradicción entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes invocados, en los términos señalados por el recurrente al no ser evidente que se penalizó una relación jurídica material de supuesto carácter civil.
III.2. Con relación a la denuncia de incongruencia omisiva porque no se circunscribió a todos los argumentos denunciados y la negativa a la fundamentación oral de la apelación.
Sobre la existencia de incongruencia omisiva porque el Tribunal de alzada no se hubiese circunscrito a los todos los argumentos de su denuncia, el recurrente invocó el Auto Supremo 431 de 15 de octubre de 2005, que sentó doctrina legal aplicable en el siguiente sentido:
“que el Tribunal de Apelación se encuentra constreñido a circunscribir sus actos jurisdiccionales a los puntos apelados que delimitan su competencia, tal cual señalan los artículos 396 inciso 3) y 398 del Código de Procedimiento Penal, caso contrario se estarían resolviendo aspectos fuera del contexto legal y de los puntos impugnados; situación en la cual el Tribunal de Apelación estaría actuando sin competencia, con lo que provoca retardación de justicia.
El Tribunal de Apelación al ejercer el control jurisdiccional, está ejercitando también el control constitucional como establece el principio de la supremacía de la norma constitucional incurso en el artículo 228 de la Constitución Política del Estado con relación al artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal que señala que constituyen defectos absolutos “Los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes”; en consecuencia, resulta de mayor relevancia que el Tribunal de Alzada cometa uno o más defectos absolutos, cuando es el llamado por la Constitución Política del Estado y la Ley, a que el proceso penal se desarrolle con una efectiva tutela judicial, siendo además sus resoluciones debidamente fundamentadas.
Revisado el precedente invocado, corresponde verificar si el Auto de Vista evidentemente no se pronunció respecto del reclamo que el imputado habría sido sobreseído por el delito de estafa; al respecto, el Tribunal de alzada en el punto 3 de la resolución recurrida señaló que el impetrante con relación a este motivo lo planteó como error in procedendo; por tanto, no cumplió con lo previsto en el art. 407 primera parte del CPP; por lo que, el reclamo sobre un supuesto sobreseimiento a su favor debió haber sido ejercido en el momento procesal oportuno; por lo referido, el Tribunal de alzada efectivamente se circunscribió respecto de este motivo planteado en su recurso de apelación restringida, tal como se pudo advertir; en consecuencia, lo afirmado en este motivo no resulta cierto.
Por otro lado, con relación a que el imputado hubiera sido sobreseído (Resolución de 31 de octubre de 2007) por el delito de Estafa, debe quedar claro que de la revisión de la referida resolución, analizado el hecho, se tiene que es a raíz del préstamo de dinero que contrajo el querellante el 24 de agosto de 2005 suscribiendo un documento privado en el que reconoce que se prestó $us 4.000.- (cuatro mil dólares estadounidenses) de José María Maraza y se comprometió a pagar hasta el 3 de septiembre de 2006; empero, analizado el hecho que motivo la Sentencia condenatoria por el delito de Estafa se tiene que además del préstamo de dinero que contrajo el 24 de agosto, también se incluye en la referida resolución el hecho de que el imputado contrajo otra responsabilidad que data de 15 de diciembre de 2005 en la que se compromete a restituir el dinero prestado hasta el 19 de diciembre de 2005 situación que es sustentada en la referencia que hace de las pruebas (MP 4 y 5) cursantes en la Sentencia; por tanto, la última obligación que contrajo el imputado no fue un elemento fáctico comprendido en el sobreseimiento dictado por el Ministerio Público, resultando infundado el presente motivo.
Con relación al precedente contradictorio referido a la fundamentación oral en apelación, el recurrente invocó el Auto Supremo 149 de 2 de febrero de 2007, el que contiene la siguiente doctrina legal:
“Que en el recurso de apelación restringida o en la contestación o en la adhesión se podrá ofrecer y acompañar prueba, solo relativo a defecto de forma o de procedimiento, no así con relación al asunto de fondo que fue producido en el juicio oral y público; para el efecto se aplicaran las reglas que rigen la producción de la prueba en el recurso de apelación incidental.
Asimismo en el recurso de apelación restringida se solicitará expresamente audiencia para la fundamentación del mencionado recurso, debiendo el Tribunal de Alzada señalar día y hora de audiencia para recibir la fundamentación complementaria del recurso de apelación restringida, donde la participación de la autoridad jurisdiccional, pidiendo aclaración sobre aspectos insuficientes de la fundamentación o la solución de propuestas, no implica prejuzgamiento, sino que sirve para tomar mayor convicción sobre las impugnaciones interpuestas.
Con respecto a la solicitud de fundamentación complementaria y al deber de señalar día y hora de audiencia para recibir dichos fundamentos orales, el Tribunal de Casación ha pronunciado el Auto Supremo Nº 169 de fecha 15 de mayo de 2006 que establece: que la solicitud expresa de audiencia para la fundamentación complementaria es un derecho de las partes que interponen recursos de apelación restringida, pues en dicho acto podrían fundamentar la impugnación a la sentencia apelada, respaldando sus argumentos jurídicos con la doctrina que sustentan sus pretensiones y/o con la línea jurisprudencial emitida por el Tribunal de Casación".
Que sobre el tema en cuestión, se ha dictado el Auto Supremo Nº 372 de fecha 22 de junio de 2004 que determina: "Las normas procesales que efectivizan derechos fundamentales que hacen al debido proceso, como el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva, son de orden público y de cumplimiento obligatorio"; por lo que si se ha solicitado expresamente audiencia de fundamentación del recurso, el Tribunal no puede omitir de fijar día y hora de la audiencia para tal fin.
De manera que existiendo línea jurisprudencial producida por el Tribunal de Casación, en virtud a que la misma es de cumplimiento obligatorio, se debe dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido de casación, para que el Tribunal de Apelación cumpla con la Doctrina Legal Aplicable”.
Por lo anotado se tiene que la doctrina legal del precedente se originó en la negativa del Tribunal de alzada de señalar audiencia de fundamentación oral, pese a la solicitud expresa del apelante; al respecto, revisado los antecedentes del presente caso se puede advertir que el recurrente solicitó la fundamentación oral de su apelación restringida y el Tribunal de alzada accedió a su petición señalando fecha y hora; empero, se debe tener claro que es a raíz de la inasistencia, a la audiencia de fundamentación oral que no se llevó adelante dicha actuación judicial; por tanto, observado el precedente y presente caso, la situación fáctica no es similar y no se aplicó la misma norma con diverso alcance o aplicó otra norma en un hecho similar, razones por las cuales no se advierte la existencia de contradicción entre la resolución recurrida y el precedente invocado, por lo que el presente motivo también deviene en infundado.
III.3. Respecto de la denuncia de vulneración de los principios iura novit curia y non bis in ídem.
Con relación a este motivo, el recurrente a tiempo de señalar que se infringió el principio del iura novit curia refirió que el delito de estafa no se encontraba en la en la acusación fiscal, debido a que había sido motivo de sobreseimiento por parte del Ministerio Público: Por otro lado, menciona la vulneración del principio non bis in ídem, porque se le condenó por el delito de estafa cuando por este delito ya fue sobreseído por tanto se le juzgó dos veces por el mismo delito.
III.3.1. Los principios de congruencia, iura novit curia y su aplicación en el sistema procesal penal vigente.
Conforme fue expresado de forma reiterada por este Tribunal de Justicia, para la efectivización de los derechos y garantías atinentes a cada sujeto procesal, corresponde a los operadores de justicia actuar conforme a Ley, respetando las garantías y derechos reconocidos en la normativa constitucional, entre los cuales se encuentra el debido proceso del que devienen el derecho a la defensa, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva; en ese entendido, toda Sentencia debe ajustarse a parámetros establecidos a partir del art. 357 al 370 del CPP, dentro los cuales se encuentra la exigencia de congruencia establecida en el art. 362 del mismo cuerpo legal, que prohíbe condenar por un hecho distinto al atribuido en la acusación; y, el principio de congruencia consiste en la concordancia o correspondencia que debe existir entre la petición formulada por las partes y la decisión que tome el Juez sobre lo peticionado; es decir, a la exigencia de correlación entre la acusación y la Sentencia.
En el Estado boliviano, la exigencia de congruencia en la Sentencia, se encuentra establecida en el art. 362 del CPP, que señala de forma imperativa que ningún imputado puede ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o en su ampliación. Concordante con la normativa referida, el inc. 11) del art. 370 del cuerpo legal precitado, señala que constituye defecto de Sentencia, la inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la Sentencia y la acusación; las disposiciones anotadas, a su vez, guardan coherencia con el art. 342 del CPP, que señala en su primer párrafo: "El juicio se podrá abrir sobre la base de la acusación del fiscal o del querellante, indistintamente. Cuando la acusación fiscal y la acusación particular sean contradictorias e irreconciliables, el tribunal precisará los hechos sobre los cuales se abre el juicio. En ningún caso el juez o tribunal podrá incluir hechos no contemplados en alguna de las acusaciones, producir prueba de oficio ni podrá abrir el juicio si no existe, al menos, una acusación”; y, con el art. 348 del referido Código, que en cuanto a la ampliación de la acusación sostiene: "Durante el juicio, el fiscal o el querellante podrán ampliar la acusación por hechos o circunstancias nuevos que no hayan sido mencionados en la acusación y que modifiquen la adecuación típica o la pena.
De lo anterior, se infiere que el sistema procesal penal, impone como exigencia, en la redacción de la Sentencia, la prohibición de modificar, suprimir o incluir otros hechos que no estuvieran descritos en la acusación, y que sirvieron de base para el enjuiciamiento y la defensa del imputado (congruencia fáctica), debiendo emitir pronunciamiento concordante con esos hechos sujetos a debate y comprobados en juicio; lo que significa, que el Tribunal sentenciador, se encuentra facultado para otorgar al hecho denunciado una calificación jurídica diferente a la que conste en la acusación, con el debido cuidando de no dejar en estado de indefensión al imputado, ante una calificación radical; por lo que, se encuentra limitado a no modificar sustancialmente dicha calificación, teniendo como margen, que la misma se haga dentro de la “misma familia de delitos”. Por ello la acusación debe señalar la pretensión jurídica que servirá para orientar tanto al Tribunal como al imputado para la efectivización de su derecho a la defensa. Lo anterior, implica la posibilidad de aplicar el principio iura novit curia, de forma excepcional; toda vez, que como ya se dijo, la normativa procesal penal, únicamente establece la prohibición de incluir hechos nuevos que no hayan sido objeto de la acusación, lo que bajo ningún aspecto significa vulnerar el derecho a la defensa del imputado, quien tuvo la oportunidad de ejercitar su defensa de forma amplia e irrestricta respecto a todos los hechos y circunstancias detalladas en el pliego acusatorio y fijado como hechos a probar en el Auto de apertura del proceso.
Por otra parte, el principio iura novit curia adoptado por los países que tienen un sistema procesal penal oral y contradictorio, como Costa Rica, Chile, Venezuela, Bolivia entre otros, es un principio de derecho procesal por el que se entiende que “el juez conoce el derecho aplicable”; y por tanto, no es necesario que las partes prueben en un litigio lo que dicen las normas. Este principio se encuentra relacionado con la máxima “dame los hechos, yo te daré el Derecho”, que se entiende como “da mihi factum, Tibi Dabo ius”, o “narra mihi factum, narro tibi ius”, reservándole al juzgador el derecho y a las partes los hechos.
Respecto al citado principio, Creus sostiene: “el principio de congruencia refiere a los ‘hechos’ no a su calificación jurídica” (CREUS Carlos, Derecho Procesal Penal, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1996, p.117.), de lo que se entiende que en aplicación del citado principio, las partes deben limitarse a probar los hechos sometidos a litigio, sin que el juzgador, necesariamente deba adecuar la conducta al tipo penal acusado, sino, al quedar vinculado a los hechos probados, y ante la evidencia de que ellos no se ajustan a la pretensión jurídica, en aplicación de este principio, puede cambiar la calificación jurídica, con la finalidad de adecuar los hechos probados a la normativa legal que corresponda, máxime si la modificación es favorable al imputado.
De la normativa y doctrina citada en los acápites precedentes, se tiene que este principio procesal, es aplicable en Bolivia, teniendo como exigencia que el juzgador bajo ningún aspecto puede modificar, suprimir ni incluir hechos que no hubieren sido parte del pliego acusatorio, debiendo emitir resolución sobre la base fáctica probada en juicio.
Sobre la temática, el Auto Supremo 239/2012-RRC de 3 de octubre, estableció la siguiente doctrina legal aplicable: “Los jueces y tribunales deben considerar que el papel de la ‘acusación’ en el debido proceso penal frente al derecho de defensa. La descripción material de la conducta imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación, que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia. De ahí que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan. La calificación jurídica de éstos puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los hechos mismos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación. El ‘principio de congruencia o coherencia entre acusación y sentencia’ implica que la sentencia puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias contemplados en la acusación.” (Las negrillas son nuestras). En el mismo sentido se pronunció el Auto Supremo 166/2012-RRC de 20 julio.
Entonces, se deja asentado una vez más que, la facultad de modificar la calificación jurídica, otorgada al juzgador, conocida como principio iura novit curia, no significa infracción al principio de congruencia, como ya fue explicado, pues el primero únicamente tiene como límite el hecho acusado y el segundo, a partir de la comprobación del hecho acusado, y la convicción adquirida por el Tribunal de la existencia del hecho, la participación del imputado y su culpabilidad, permite la subsunción al tipo penal adecuado, con las limitantes ya especificadas; es decir, que el juzgador debe emitir Sentencia sobre la base fáctica acusada y comprobada y que la nueva tipificación tenga el mismo objeto de protección jurídica que el delito acusado.
III.3.2. El principio Non bis in ídem.
Es un aforismo que proviene del latín que significa “no dos veces lo mismo”, y se interpreta como la prohibición de que no se puede procesar ni condenar dos veces a una misma persona por un mismo hecho. Desde la óptica doctrinal, constituye un principio relacionado de forma directa con los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y cosa juzgada, toda vez que la prohibición significa un límite al poder sancionador del Estado, pero a la vez implica seguridad para el justiciable, quien no puede vivir en zozobra ante una probable persecución penal indefinida, máxime si ya fue sometido a proceso por un hecho denunciado; es decir, el citado principio prohíbe el desarrollo de dos o más procesos, así como la aplicación de dos o más sanciones, sea en el mismo orden jurídico sancionador o en otro, incluyendo en este razonamiento otros sistemas jurídicos, como el caso del sistema de naciones y pueblos indígena originario campesinos, que se encuentran bajo la jurisdicción indígena originaria campesina.
Este principio encuentra su vigencia en la primera parte del parágrafo II del art. 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), que dispone que nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho; así como el art. 4 del CPP, referido a la persecución penal única, que señala: “nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique su calificación, o se aleguen nuevas circunstancias”, de lo que se advierte que esta prohibición se plasma en dos ámbitos: a) En la prohibición de doble procesamiento por el mismo hecho, y; b) En la prohibición de condenar más de una vez por el mismo hecho.
En concordancia con la normativa interna, el art. 14 inc. 7) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por las Naciones Unidas (PIDCP) señala: “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la Ley y el procedimiento penal de cada país.”; por su parte el art. 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece entre otras garantías la siguiente: “El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos”.
Por lo señalado anteriormente, se deja asentado que el principio non bis in ídem se configura en un derecho fundamental inherente al imputado, reconocido tanto por la normativa interna, como por el “bloque de constitucionalidad”, que prohíbe doble procesamiento y/o doble sanción por los mismos hechos.
III.3.3. Análisis del motivo
Precisados los alcances y aplicación de los principios de congruencia, iura novit curia y non bis in ídem se evidencia en el caso de autos que si bien la acusación se la interpuso por el delito de Estelionato, en el caso presente se consideró como hechos demostrados en juicio que constituyeron la base de la sentencia que el recurrente el 24 de agosto de 2005 suscribió un documento privado en el que reconoce que se prestó $us 4.000.- (cuatro mil dólares estadounidenses) de José María Maraza y se comprometió a pagar hasta el 3 de septiembre de 2005, otorgando en garantía dos movilidades, una vagoneta guinda marca Toyota modelo 1994 y una vagoneta roja marca Isuzu Trooper modelo 1990; además, que por otro documento se comprometió a restituir el dinero hasta el 19 de diciembre de 2005, aspecto que no cumplió, ante esta situación se tramitó la recuperación del dinero y en estas circunstancias se percató que las movilidades otorgadas en garantía no se hallaban registradas a nombre del deudor, así se demostró del Informe del Organismo Operativo de Tránsito en el que consta que Max Dulfredo Jiménez de la Barra no tenía inscrito ningún vehículo, evidenciándose que otorgó garantías que no le pertenecían, siendo la conducta inicialmente calificada como Estelionato, pero que se calificó como Estafa porque entre los elementos constitutivos del tipo penal se tuvo por acreditado que el imputado se aprovechó de la amistad y confianza cultivada con la víctima en calidad de consuegros desarrollando engaño, para obtener un beneficio económico de $us. 4.000, de entregar en garantías vehículos que no eran de su propiedad, considerando el Tribunal que la conducta del imputado se adecuó a este tipo penal debido a que se ha desplegó en artificio, que provocó error en la víctima, importando el acto de disposición patrimonial y que motivó la entrega del monto de dinero, que le generó perjuicio económico, siendo esos los hechos sustancialmente demostrados en juicio, traducido en una conducta susceptible de ser verificada y sancionada a través de la jurisdicción penal por constituir actos que se encuentran preestablecidos como hecho ilícito en el tipo penal inserto en el art. 335 del CP; por lo que, la manifestación del Tribunal de alzada al establecer que la Sentencia fue dictada con el debido sustento legal es correcta. Asimismo, el Auto de Vista señaló que el impetrante al tiempo de interponer su recurso de apelación restringida cuando se refiere al cuestionado sobreseimiento (doble juzgamiento) careció de técnica recursiva debido a que no cumplió con lo establecido por el art. 407 del CPP, de la misma forma con relación al hecho de que se le hubiera juzgado por el delito de Estelionato y en Sentencia se le hubiera condenado por el delito de Estafa fue claro al establecer la correcta aplicación del principio iura novit curia teniendo en cuenta que el tipo penal correspondía al mismo bien jurídico aspecto que doctrinalmente se encuentra respaldado, por esas circunstancias el Tribunal de alzada estableció que el Tribunal de Sentencia cumplió con lo establecido por el art. 360 del CPP siendo correcta la subsunción normativa respecto de la conducta del imputado en los elementos constitutivos del tipo penal de Estafa.
Respecto a la denuncia de vulneración al principio non bis in ídem, se debe tener en cuenta que el sobreseimiento al cual hace referencia el impetrante, establece con claridad el hecho de que Max Dulfredo Jiménez de la Barra se presta Sus. 4.000.- (cuatro mil dólares estadounidenses) de José María Maraza el 24 de agosto de 2005 comprometiendo pagar esa suma el 3 de septiembre de 2006, garantizando esta deuda con dos vehículos; este hecho, comparado al ahora condenado se establece en la Sentencia lo siguiente “Que en fecha 24 de agosto de 2005, se suscribe un documento privado, donde reconoce Max Dulfredo Jiménez de la Barra que José María Marza le prestó la suma de $us. 4.000.- (cuatro mil dólares estadounidenses) comprometiéndose a pagar hasta el 3 de septiembre de 2005, otorgando en garantía dos movilidades, una vagoneta guinda marca Toyota modelo 1994 y una vagoneta roja marca Isuzu Trooper modelo 1990. Y por documento de fecha 15 de diciembre de 2005, se compromete a restituir el dinero hasta el diecinueve de diciembre de 2005, no habiendo devuelto el dinero, tramitó su recuperación…”, de ahí que se puede advertir que el hecho que se realizó el sobreseimiento por parte del Ministerio Público difiere con el hecho que juzgó en la presente sentencia teniendo en cuenta que en el presente juicio se consideró el hecho de que el 15 de diciembre de 2005 el imputado realiza un documento de compromiso de pago por el cual se compromete a pagar lo adeudado el 19 de diciembre situación que es sustentada en la referencia que hace de las pruebas (MP 4 y 5) cursante en la Sentencia; por tanto, la última obligación que contrajo en imputado no es un hecho que sea parte del sobreseimiento; por lo tanto, lo que juzgó el Tribunal de Sentencia no fue un hecho que el Ministerio Público sobreseyó, en consecuencia no se le juzgó dos veces por el mismo hecho; por lo que, no se advierte la vulneración del principio non bis in ídem.
De ahí que el Auto de Vista no incurrió en las vulneraciones a los principios de congruencia, non bis in ídem y iura novit curia, ya que se explicó los motivos de hecho y de derecho; asimismo, el Tribunal de alzada analizó todos los elementos argumentados en su recurso de apelación restringida de los cuales con la debida fundamentación los declaró improcedentes, realizando un análisis objetivo de los mismos; por lo cual, la existencia de supuestos defectos en los que hubiere incurrido el Auto de Vista impugnado no son evidentes, pues al emitir el Auto de Vista, no se quebrantó el marco procesal referido a su labor al momento de responder de manera fundada a todos los aspectos consignados en el recurso de apelación restringida, sin entrar en contradicción con los precedentes invocados, ni incurrir en defecto alguno emergente de su obligación legal; en consecuencia, el recurso interpuesto deviene en infundado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Max Dulfredo Jiménez De La Barra.

References: Resolución 
 Resolución 
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 Resolución 
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 Resolución 
 artículo 335
 artículo 228
 artículo 169
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