Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/T-706-13.htm
Timestamp: 2019-08-25 20:57:21+00:00

Document:
T-706-13
PRINCIPIO DE CONTINUIDAD E INTEGRALIDAD EN EL SERVICIO PUBLICO DE SALUD-EPS deben prestar el servicio hasta que otra entidad, pública o privada, asuma la atención del paciente para evitar interrupción de tratamientos
Las entidades prestadoras de salud están en la obligación de brindar y suministrar de manera continua, integral y oportuna todos aquellos insumos y tratamientos que requiera la persona que ve afectado su estado de salud, sin dilaciones, obstáculos ni interrupciones injustificadas. Igualmente, no pueden suspender este servicio cuando al paciente ya le ha sido diagnosticada la enfermedad y se encuentra esperando la realización de los exámenes y procedimientos, hasta que su condición se haya restablecido y le permita llevar una vida en condiciones dignas, o hasta que otra entidad asuma de manera efectiva la atención en salud.
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONAS EN SITUACION DE DEBILIDAD MANIFIESTA E INDEFENSION POR DETERIORO DEL ESTADO DE SALUD-Protección constitucional
El reclamo de derechos laborales, específicamente en los asuntos en los cuales media una controversia respecto de la legalidad del despido o de la terminación del vínculo laboral, debe realizarse mediante los mecanismos judiciales ordinarios establecidos por el legislador para tal fin. Sin embargo, los jueces constitucionales han permitido dirimir esta clase de conflictos por medio de la acción de tutela, cuando los procedimientos previstos no resultan idóneos ni eficaces para salvaguardar las garantías fundamentales que se demandan. En lo relativo al derecho a la estabilidad laboral reforzada, procede este mecanismo constitucional de manera excepcional cuando, además de no encontrar otra vía eficaz para el amparo de sus derechos, quien invoca su protección es un sujeto de especial protección constitucional (como las mujeres embarazadas, los trabajadores aforados o las personas discapacitadas). Esta posibilidad se ha extendido a aquellos que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta por su condición de salud al momento del despido. El derecho a la estabilidad laboral reforzada encuentra su justificación en diferentes preceptos constitucionales según los cuales, de manera general, el Estado tiene el deber de garantizar la estabilidad en el empleo (artículo 53) así como las condiciones dignas y justas en las que debe desarrollarse el mismo (artículos 25 y 54). Esta obligación está relacionada con otros mandatos consagrados en la Carta Política, que buscan que el Estado vele por la protección de aquellas personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta por su condición económica, física o mental (artículo 13); y brinde la atención especializada que requieran los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a través políticas de previsión, rehabilitación e integración social.
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE TRABAJADOR DISCAPACITADO-Carece de todo efecto despido o terminación de contrato sin la autorización previa del Ministerio de Trabajo/ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE TRABAJADOR DISCAPACITADO-Requisitos para que proceda acción de tutela
Ha dicho la Corte que son titulares del derecho en mención los trabajadores que presentan disminución en su estado de salud durante el transcurso del contrato laboral y que posteriormente son despedidos aun cuando el empleador tiene conocimiento de dicha situación. Cuando es así, les asiste la garantía de permanecer en su lugar de trabajo hasta que se configure una causal objetiva de despido que sea previamente calificada por la autoridad laboral competente. En este punto la jurisprudencia ha reseñado tres requisitos que deben configurarse para la procedencia de la acción de tutela cuando se invoca la vulneración del derecho a la estabilidad laboral reforzada aduciendo un trato discriminatorio por parte del empleador en razón al estado de salud de la persona afectada, a saber: “(i) que el peticionario pueda considerarse como una persona discapacitada o con reducciones físicas que lo sometan a un estado de debilidad manifiesta para el desarrollo de sus labores; (ii) que el empleador tenga conocimiento de tal situación; y (iii) se demuestre el nexo causal entre el despido y el estado de salud del actor”.
ACCION DE TUTELA PARA REINTEGRO DE PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA-No procede de forma automática por ser necesario establecer nexo de causalidad entre despido y estado de salud
La disminución física o el delicado estado de salud del trabajador ha sido considerado como un criterio sospechoso de discriminación dentro del análisis que debe realizar el juez constitucional para la procedencia de la acción de tutela, cuando se da por terminado el vínculo laboral con una persona que se encuentra en tal condición. No obstante, ello no significa que por esta sola circunstancia se deba acceder a la protección invocada. Debe entonces hacer un estudio que le permita establecer cuáles fueron las causas que dieron lugar al despido y si las mismas pueden considerarse como una actuación discriminatoria por parte del empleador. En ese evento, si el juez encuentra que este último tenía conocimiento de la condición especial de su trabajador y aún así decide despedirlo, tal circunstancia puede ser considerada como un acto de discriminación, pero no como un hecho concluyente a la hora de definir la ilegalidad del despido.
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA ENFERMA-Improcedencia de tutela por cuanto no existe nexo de causalidad entre la finalización del vínculo laboral y la enfermedad que padece la accionante
DERECHO A LA CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE SALUD-Orden a EPS restablezca la atención integral de salud a la accionante quien padece cáncer y fue despedida
Acción de tutela interpuesta por la señora Blanca Lilia Quiñónez Junca en contra de la Fundación Psicopedagógica Social -CONSISO- y la EPS Famisanar.
Sin embargo, comenta que en aras de garantizar el servicio de salud, fue asignada una cita con el médico general para el 15 de mayo de 2013 para los problemas de dermatitis, y con el mastólogo para el 16 de mayo siguiente. Así mismo, se generaron las autorizaciones para los procedimientos de mastectomía radical unilateral, encisión ganglio linfático y colgajo local de piel compuesto. En el documento anexó el siguiente cuadro[1]:
Tal requerimiento fue contestado por la Subdirectora de Gestión Judicial de la Secretaría de Salud, quien manifestó que la EPS Famisanar era la encargada de la prestación del servicio de salud de la accionante. Indicó que el tratamiento asignado para la paciente está incluido en el POS, es de bajo costo y que en caso de encontrarse por fuera de esta cobertura se debía acudir al procedimiento correspondiente ante el Comité Técnico Científico.
- Fotocopia del contrato de trabajo a término indefinido núm. 11940981, celebrado por la señora Blanca Lilia Quiñónez Junca y la Fundación Consiso. (Cuaderno original, folios 1 y 2).
- Carta de preaviso de la terminación del contrato laboral recibida por la señora Blanca Lilia Quiñónez Junca el día 17 de diciembre de 2012. (Cuaderno original, folio 9).
- Fotocopia de la solicitud de servicios médicos presentada por el Centro Oncológico de Bogotá y preautorización de los mismos expedida por la EPS Famisanar. (Cuaderno original, folios 6 a 8).
- Fotocopia del registro del horario de llegada y salida de los trabajadores de la Fundación Consiso. (Cuaderno original, folios 31 a 60).
- Original del acta de conciliación del 18 de marzo de 2013. (Cuaderno original, folio 62).
3.1. El artículo 49 de la Carta Política consagra la salud bajo una doble connotación: como un derecho constitucional y como un servicio público esencial que impone al Estado la obligación de organizar, dirigir y reglamentar su prestación, así como garantizar el acceso a la misma conforme los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad[2].
En virtud del principio de integralidad, “la atención y el tratamiento a que tienen derecho el afiliado cotizante y su beneficiario son integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de droga, intervención quirúrgica, práctica de rehabilitación, examen para el diagnóstico y el seguimiento, y todo otro componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento del estado de salud del paciente que se le ha encomendado, dentro de los límites establecidos en la ley”[3].
Por su parte, mediante el principio de continuidad se busca “que el servicio de salud no sea interrumpido, súbitamente, antes de la recuperación o estabilización del paciente”[4]. Al respecto la Corte ha señalado que resulta válido que, mediante el procedimiento correspondiente, una entidad prestadora del servicio dé por terminada la relación jurídico-formal (la que se establece entre la institución y el usuario) con el paciente, pero no por ello puede dar por terminada la relación jurídico-material (que supone una obligación de medio o de resultado según el caso), más aún cuando a la persona se le está garantizando el acceso a un servicio de salud[5].
Lo anterior significa que las EPS deben prestar el servicio, no de manera indefinida sino hasta que otra entidad, pública o privada, asuma la atención del paciente[6]. Esto con el fin de evitar la interrupción en el acceso a la salud y de garantizar su prestación de manera eficiente y efectiva. Sobre el particular, en la sentencia C-800 de 2003 la Corte sistematizó los eventos en los cuales las EPS no pueden suspender un tratamiento o medicamento necesario para salvaguardar la vida y la integridad de un paciente, invocando como justificación que:
“(i) la persona encargada de hacer los aportes dejó de pagarlos; (ii) el paciente ya no está inscrito en la EPS correspondiente, en razón a que fue desvinculado de su lugar de trabajo; (iii) la persona perdió la calidad que lo hacía beneficiario; (iv) la EPS [entidad] considera que la persona nunca reunió los requisitos para haber sido inscrita, a pesar de ya haberla afiliado; (v) el afiliado se acaba de trasladar de otra EPS [entidad] y su empleador no ha hecho aún aportes a la nueva entidad; o (vi) se trata de un servicio específico que no se había prestado antes al paciente, pero que hace parte integral de un tratamiento que se le viene prestando”[7]. (Resaltado fuera de texto)
4.1. El artículo 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un medio para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando los mismos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública[8].
La misma disposición establece que será procedente cuando el afectado no cuente con otro mecanismo de defensa judicial, salvo que con ella pretenda evitar un perjuicio irremediable[9]. Con esta norma se busca dar cumplimiento al carácter residual y subsidiario de la tutela, con el fin evitar que se convierta en una oportunidad para sustituir otras vías contempladas dentro del ordenamiento jurídico para obtener la protección de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados.
El derecho a la estabilidad laboral reforzada encuentra su justificación en diferentes preceptos constitucionales según los cuales, de manera general, el Estado tiene el deber de garantizar la estabilidad en el empleo (artículo 53) así como las condiciones dignas y justas en las que debe desarrollarse el mismo (artículos 25 y 54). Esta obligación está relacionada con otros mandatos consagrados en la Carta Política, que buscan que el Estado vele por la protección de aquellas personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta por su condición económica, física o mental (artículo 13); y brinde la atención especializada que requieran los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a través políticas de previsión, rehabilitación e integración social (artículo 47)[10].
Con base en lo anterior, el Congreso expidió la ley 361 de 1997[11], cuyo artículo 26 consagra la prohibición de despido o terminación del contrato de trabajo por razón de la limitación física de una persona, salvo que exista una autorización de la oficina de trabajo[12]. Esta norma fue declarada exequible condicionalmente, “bajo el supuesto de que en los términos de esta providencia y debido a los principios de respeto a la dignidad humana, solidaridad e igualdad (C.P., arts. 2º y 13), así como de especial protección constitucional a favor de los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos (C.P., arts 47 y 54), carece de todo efecto jurídico el despido o la terminación del contrato de una persona por razón de su limitación sin que exista autorización previa de la oficina de trabajo que constate la configuración de la existencia de una justa causa para el despido o terminación del respectivo contrato”[13].
3.2. Al respecto, ha dicho la Corte que son titulares del derecho en mención los trabajadores que presentan disminución en su estado de salud durante el transcurso del contrato laboral y que posteriormente son despedidos aun cuando el empleador tiene conocimiento de dicha situación. Cuando es así, les asiste la garantía de permanecer en su lugar de trabajo hasta que se configure una causal objetiva de despido que sea previamente calificada por la autoridad laboral competente[14].
En este punto la jurisprudencia ha reseñado tres requisitos que deben configurarse para la procedencia de la acción de tutela cuando se invoca la vulneración del derecho a la estabilidad laboral reforzada aduciendo un trato discriminatorio por parte del empleador en razón al estado de salud de la persona afectada, a saber: “(i) que el peticionario pueda considerarse como una persona discapacitada o con reducciones físicas que lo sometan a un estado de debilidad manifiesta para el desarrollo de sus labores; (ii) que el empleador tenga conocimiento de tal situación; y (iii) se demuestre el nexo causal entre el despido y el estado de salud del actor”[15].
La disminución física o el delicado estado de salud del trabajador ha sido considerado como un criterio sospechoso de discriminación dentro del análisis que debe realizar el juez constitucional para la procedencia de la acción de tutela, cuando se da por terminado el vínculo laboral con una persona que se encuentra en tal condición[16]. No obstante, ello no significa que por esa sola circunstancia se deba acceder a la protección invocada.
Debe entonces hacer un estudio que le permita establecer cuáles fueron las causas que dieron lugar al despido y si las mismas pueden considerarse como una actuación discriminatoria por parte del empleador. En ese evento, si el juez encuentra que este último tenía conocimiento de la condición especial de su trabajador y aún así decide despedirlo, tal circunstancia puede ser considerada como un acto de discriminación, pero no como un hecho concluyente a la hora de definir la ilegalidad del despido.
La Corte ha realizado este tipo de análisis en repetidas oportunidades, de las cuales es posible establecer que el nexo causal a que se ha hecho referencia es el elemento decisivo para acceder[17] o no[18] a la protección del derecho a la estabilidad en el empleo. Sobre este aspecto ha dicho la corporación lo siguiente:
“No es suficiente el mero hecho de la presencia de una enfermedad o una discapacidad en la persona para que el empleador decida desvincularla de manera unilateral sin justa causa. Para que la protección vía tutela prospere debe estar probado que la desvinculación laboral se debió a esa particular condición. Es decir, debe haber nexo de causalidad probado entre la condición de debilidad manifiesta por el estado de salud y la desvinculación laboral. (…) Esta protección especial tiene fundamento, además, en el cumplimiento del deber de solidaridad, pues en tales circunstancias, el empleador asume una posición de sujeto obligado a brindar especial protección a su empleado en virtud de la condición que presenta”[19].
La jurisprudencia ha señalado que el reconocimiento de la atención en salud es procedente por vía de tutela cuando “se haya concretado a priori una acción u omisión que constituya amenaza o vulneración del derecho fundamental”[20] por parte de los entes encargados de la prestación del servicio.
De acuerdo con las constancias de preautorizaciones de tratamientos médicos allegados al expediente, donde se encuentra inscrito como diagnóstico “tumor maligno de la porción central de la mama”[21], es posible determinar que efectivamente la accionante se ha visto afectada en su estado de salud. Sin embargo, no existe prueba en el expediente que le indique a esta Sala el conocimiento que haya tenido el empleador sobre la dimensión concreta de su situación.
Si bien es cierto que en tres ocasiones, según lo anotado en el libro de registro de la empresa, el retraso de la peticionaria se debió a un permiso médico[22], también lo es que la accionada manifestó que, en efecto, ella informaba que estaba asistiendo a estas citas, pero con el médico general. Ante esta afirmación, considera la Sala que no es posible deducir que el empleador haya podido tener conocimiento de la patología o los exámenes que posiblemente se estaban realizando para su diagnóstico, sobre todo si la señora Blanca no fue clara sobre sus afecciones de salud.
En este caso el empleador justificó su actuar en el continuo incumplimiento del horario de trabajo de la accionante. Del material probatorio se destaca una queja presentada el 27 de junio de 2012 por una de las compañeras de trabajo de la peticionaria, mediante la cual informa a la Coordinadora de la Fundación que ella es quien ha realizado las funciones que le corresponden a la accionante[23]. Igualmente, están las minutas allegadas por la parte accionada en donde se registró la hora de entrada y de salida de los trabajadores y de las cuales es posible verificar que, desde el 4 de julio de 2012 hasta el 16 de enero de 2013, la actora llegó al lugar después de la hora exigida para iniciar las labores, salvo pocos días en los cuales cumplió con el horario establecido[24].
Con base en ello, el empleador le informó a la accionante sobre la terminación del vínculo laboral a partir del día 16 de enero de 2013, preaviso que fue recibido por la señora Quiñonez el 17 de diciembre de 2012. En la carta el empleador consignó la siguiente justificación: “Por medio de l[a] presente comunicación le informo con 30 días de anticipación la terminación de su contrato laboral, el cual quedará cesante a partir del 16 de enero del año 2013. La Coordinadora ha manifestado frecuentemente su reiterado incumplimiento del horario de trabajo, así como un descuido severo de responsabilidades y compromisos como consecuencia de una deficiente realización de sus actividades (…)”[25].
Primero.- REVOCAR PARCIALMENTE el fallo del diez (10) de mayo de dos mil trece (2013) proferido por el Juzgado 31 Civil Municipal de Bogotá, en cuanto denegó la solicitud de amparo presentada por la señora Blanca Lilia Quiñonez Junca. En su lugar, CONCEDER la tutela de sus derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas.
Segundo.- ORDENAR a la EPS Famisanar que, si no lo hubiere hecho aún, suministre los medicamentos, exámenes y en general el tratamiento que requiera la accionante de acuerdo con las prescripciones de su médico tratante; y no suspenda abruptamente el servicio hasta tanto se restablezcan las condiciones de salud de la paciente o hasta que otra entidad, pública o privada, asuma efectivamente la prestación del servicio, según lo establecido en la parte considerativa de esta sentencia.
[1] Contestación de la acción de tutela. EPS Famisanar. Ver folios 65 a 67. Cuaderno original.
[2] Cfr. Sentencias T-115 de 2013, T-111 de 2013, T-036 de 2013, entre otras.
[3] Sentencias T-136 de 2004 y T-518 de 2006. En la primera providencia la Corte conoció el caso de un señor de 85 años de edad a quien la EPS le negó la autorización para la terapia fotodinámica ordenada por el médico tratante para evitar la pérdida de visión en su ojo izquierdo, bajo el argumento de ser un servicio no contemplado en el POS. La Sala, basándose en el principio de la integralidad en materia de salud, revocó parcialmente la decisión del juez de segunda instancia en cuanto a que modificó el fallo del a quo que había ordenado brindar el tratamiento integral. En el segundo caso esta corporación conoció de la acción de tutela instaurada en representación de una persona con autismo y una discapacidad permanente del 74%, a quien le fue negado el tratamiento especializado requerido, bajo el argumento de encontrarse excluido del POS y tener un fin educativo y no médico. La Sala consideró que el manejo a través de una institución especializada en autismo era la única manera de tratar la enfermedad, más aún por ser un sujeto de especial protección constitucional con un alto grado de discapacidad. De esta forma, con base en el principio de la integralidad, concedió el amparo solicitado y ordenó la realización del tratamiento en un centro especializado adscrito a la EPS. En caso de no tener convenio con uno de las características requeridas, ordenó garantizar el tratamiento en una institución que sí las cumpliera y facultó a la entidad para realizar el respectivo recobro ante el Fosyga.
[4] Sentencia T-059 de 2007. En este caso, la Corte concedió el amparo invocado por un joven de 23 años de edad, estudiante de noveno semestre de Derecho y que presentaba antecedentes de consumo de drogas e intentos de suicidio, a quien le fue negado el tratamiento por siquiatría y el manejo en un centro de rehabilitación, bajo el argumento de no acreditar la intensidad horaria semanal requerida para continuar en calidad de beneficiario de su padre. Para la Sala, la entidad accionada debió cumplir con las obligaciones de la continuidad del servicio y acompañamiento para con los usuarios, por lo que no podía suspender abruptamente el tratamiento, sobre todo cuando ya había sido autorizada la valoración por siquiatría.
[5] Sentencia T-760 de 2008. En esta sentencia la Corte identificó, dentro del estudio de los casos concretos que fueron acumulados, las fallas y dificultades que se presentan en la prestación del servicio de salud. Respecto del principio de continuidad, señaló además que los servicios de salud que una persona requiere, no solo protege el derecho a mantener el servicio, también garantiza las condiciones de calidad en las que se [accede] al mismo. (Resaltado fuera de texto)
[6] Sentencia T-209 de 2013.
[7] Sentencia C-800 de 2003. Mediante esta providencia, la Corte declaró la exequibilidad condicionada del artículo 43 de la ley 789 de 2002, bajo el entendido de que no se podrá interrumpir el servicio de salud específico que se venía prestando, cuando de él depende la vida o la integridad de la persona, hasta tanto la amenaza cese u otra entidad asuma el servicio.
[8] Artículo 86, inciso 1°: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
[9] Artículo 86, inciso 3°: “Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”
[10] Ver Sentencias T-754 de 2012, T-651 de 2012, T-461 de 2012, T-307 de 2012, T-263 de 2012, T-742 de 2011, T-050 de 2011, entre otras.
[11] Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones.
[12] Ley 361 de 1997, artículo 26: “En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo. No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren”.
[13] Sentencia C-531 de 2000.
[14] Ver Sentencias T-1040 de 2001, T-198 de 2006, T-642 de 2010, T-415 de 2011 y T-754 de 2012, entre otras.
[15] Sentencia T-111 de 2012. Cfr. Sentencias T-050 de 2011, T-269 de 2010 y T-519 de 2003.
[16] Sentencia T-173 de 2011.
[17] Por ejemplo, en la sentencia T-111 de 2012 la Corte amparó el derecho a la estabilidad laboral reforzada de la accionante al considerar que al momento del despido se encontraba disminuida en su capacidad física (demostrado con las incapacidades por la cirugía de apendicitis y el tratamiento para el síndrome del túnel carpiano), situación que era conocida por la entidad demandada y que a pesar de ello dio por terminado el vinculo laboral sin la autorización del inspector de trabajo. Lo anterior constituyó en aquella oportunidad, una presunción del despido en razón al estado de salud de la accionante. De igual forma, en sentencia T-269 de 2010 este Tribunal declaró ineficaz el despido y ordenó el reintegro del actor, por cuanto el empleador tenía pleno conocimiento del accidente de trabajo sufrido por el trabajador durante la vigencia de la relación laboral, así como de la discapacidad generada a raíz del mismo.
[18] En la sentencia T-116 de 2013 la Corte señaló que no podía entenderse que la entidad demandada estuviera enterada del estado de salud del accionante para la fecha de terminación de la relación laboral, puesto que no se evidenciaba ninguna dificultad para el normal desempeño de sus funciones. Al contrario, adujo, el accionante no intentó probar si quiera sumariamente que su desvinculación fue discriminatoria y, más bien, el empleador sí logró acreditar la inexistencia del nexo causal entre la terminación del contrato y el estado de salud del actor (como el envío de cuatro cartas de terminación del contrato a otros trabajadores y la ausencia de incapacidades durante el último año de vigencia de la relación laboral).
[19] Sentencia T-689 de 2004. En aquella oportunidad fue confirmado el fallo del juez de instancia que negó la protección del derecho a la estabilidad laboral reforzada de una señora que argumentaba haber sido víctima de tratos discriminatorios por parte de su empleador desde el momento en que este se enteró de la enfermedad que padecía hasta el momento en que se dio por terminado el vínculo laboral. La Corte, basándose en el requisito de nexo causal, concluyó que, contrario a lo manifestado por la accionante, la decisión de la empresa correspondió a razones empresariales probadas a lo largo del proceso y a la imposibilidad de reubicación que fue debidamente demostrada. Además, tuvo en cuenta que el empleador siempre atendió los requerimientos de salud de la peticionaria y que al momento del despido no se encontraba incapacitada.
[20] Sentencia T-531 de 2012.
[21] Solicitud y preautorización de servicios médicos del 21 de enero de 2013. EPS Famisanar. Ver folios 6 a 8. Cuaderno principal.
[22] Ver folios 40, 54 y 57.
[23] Carta presentada por la señora Blanca Cecilia Forero recibida el día 27 de junio de 2012. Ver folio 28. Cuaderno original.
[24] Registro de entrada y salida de los trabajadores de la Fundación Consiso. Ver folios 31 a 60. Cuaderno original. Puede verificarse que de los seis meses de registro, solo 16 días reportan como hora de llegada de la señora Blanca Lilia a las 7:00 am.
[25] Carta de preaviso de la terminación del contrato de trabajo. Ver folio 9. Cuaderno original.

References: artículo 49
 artículo 86
 artículo 26
 artículo 43
 Artículo 86
 Artículo 86
 artículo 26