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Timestamp: 2020-08-11 06:37:38+00:00

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Ley - OSGOES
2 ANTEPROYECTO DE LEY DE UTILIZACIÓN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN LIBRES O DE CÓDIGO ABIERTO Y FORMATOS DE ARCHIVO ABIERTOS, LIBRES Y ESTÁNDARES
4 Capítulo I: Disposiciones preliminares
4.5 Principios
5 Capítulo II: Obligaciones y derechos
6 Capítulo III: Disposición final
En la actualidad, el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es un acto cotidiano para muchas personas, y en los últimos años dichas herramientas han sido además potenciadas por la conectividad en una red global, Internet, lo que ha revolucionado la interacción entre las entidades estatales y el público con tal acceso, haciendo la comunicación más oportuna, eficaz y eficiente en ambos sentidos. Sin embargo, tanto los beneficios de información y participación antes mencionados como el uso general de TICS, en nuestra sociedad es desafortunadamente un privilegio reservado a la población de poder adquisitivo medio y alto, defecto que es conocido como Brecha Digital y, en tal sentido, es responsabilidad del Estado la mejora del conocimiento y la disminución del costo de acceso a las TICS para reducir la Brecha Digital, sin dilación.
Es precisamente en estos dos aspectos cruciales para la reducción de la Brecha Digital, el conocimiento y el costo, donde se enmarca la presente ley, específicamente en lo que respecta a las herramientas necesarias para conseguir un desarrollo en TICS democratizado y sostenible: los formatos de almacenamiento de datos y las aplicaciones informáticas que son utilizadas por las entidades gubernamentales para su manejo.
En lo relativo los formatos de almacenamiento de los datos, podemos separarlos en dos grandes grupos:
Los formatos cerrados, por el contrario, sólo pueden ser utilizados por software privativo específico, dado que su estructura es conocida exclusivamente por el fabricante y por aquellos que han obtenido un licenciamiento del fabricante en el que se impone un acuerdo de confidencialidad que impide su divulgación.
La adopción por parte del Estado de una ley que garantice el uso de información en al menos un formato abierto (tanto para la obtención de datos del público como para la publicación de datos) pretende conseguir los siguientes objetivos:
Facilitar el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a la información publicada por el Estado: para garantizar el libre acceso de la ciudadanía a la información pública resulta indispensable que el formato de los archivos y la codificación de los datos no esté ligada a un único proveedor de los programas que acceden a dichos datos. El uso de formatos abiertos y estándar permite garantizar este libre acceso, pues es evidentemente discriminatorio obligar a un ciudadano o ciudadana a adquirir un programa privativo para poder acceder a la lectura de un documento producido por una entidad estatal; lo cual, muchas veces, está fuera de su capacidad financiera y por tanto estaría implícitamente conduciéndole a la comisión de los delitos relativos a la propiedad intelectual.
Asegurar la conservación de la información pública: la relación entre el individuo y el Estado depende de la privacidad y la integridad de los datos, que deben ser adecuadamente resguardados no sólo contra el acceso indebido, también contra el riesgo de la imposibilidad de acceso a los mismos durante toda la vida útil de la información. Sin embargo, el compromiso contractual del fabricante para suministrar actualizaciones y ofrecer soporte en los programas de computación actuales es habitualmente mucho menor al tiempo en que debe estar accesible la información, por lo que ligar el acceso a los datos a un determinado programa informático significa poner en riesgo el acceso a los datos en el mediano plazo. Por tanto:
Para garantizar la perennidad de los datos públicos, es indispensable que la utilización y el mantenimiento del software y el acceso a la información no dependa de la buena voluntad de los proveedores de software privativo ni de las condiciones monopólicas en muchos casos impuestas por éstos. En caso que el Estado no pueda disponer de los parámetros con los cuales ha sido desarrollado un formato, queda obligado a depender de una aplicación privativa para acceder a sus propios datos y, por otro lado, cuando el Estado emplea un formato cerrado para intercambiar información digitalizada con sus ciudadanos y ciudadanas está actuando como promotor del producto del fabricante del formato cerrado en cuestión.
Al emplear formatos cerrados, la información volcada por el propio Estado solo puede ser decodificada correctamente por el diseñador del formato, sea éste una empresa o persona física de cualquier origen o dimensión. Como estos formatos cerrados son cambiados periódicamente por los fabricantes, se genera una dependencia tecnológica constante, obligando al Estado a actualizar permanentemente las versiones de software que utiliza, a riesgo de quedar obsoleto con respecto a los avances de TICS así como de perder valiosa información pública, confidencial y reservada, mucha de la cual fue confiada por los ciudadanos y ciudadanas por exigencias de las distintas entidades estatales.
Adicionalmente, el Estado no dispone de mecanismos para auditar el funcionamiento interno de un programa privativo que accede a los ficheros, por lo cual no puede asumir la responsabilidad que le compete por la revelación de información confidencial o cualquier otra que esté protegida por la reserva o secreto de cualquier naturaleza, que se produzca en razón de la propia mecánica del programa, tanto debido a fallas como por injerencias en el programa.
Solamente si se intercambia la información en al menos un formato abierto y estándar y, asimismo, dicha información es conservada también en al menos un formato abierto y estándar, será posible garantizar que se contará con diversas opciones de acceso a dicha información y que los programas informáticos encargados del manejo de la información cumplen con los niveles de seguridad y confiabilidad que es requerida.
Estimular el desarrollo de la industria de software nacional: Con el software privativo y la utilización de formatos cerrados no hay libertad de contratación, sino que se produce una dependencia tecnológica en la que el fabricante, habitualmente transnacional, está en condiciones de dictar unilateralmente términos, plazos y precios. Mediante la utilización de formatos abiertos y estándar se facilita y estimula a diversos proveedores locales a desarrollar software destinado al manejo de la información almacenada.
Mejorar la seguridad en la obtención y uso de información: Al restringir, el fabricante, la posibilidad de corregir las vulnerabilidades en formatos codificados de forma cerrada, se multiplican los riesgos de propagación de virus que se introducen y se transmiten dentro del fichero en formato cerrado. Además, es un riesgo para la privacidad de quien elabora el documento, pues tampoco hay seguridad de que las partes borradas, por medio de programas denominados antivirus, hayan sido efectivamente eliminadas y no sólo marcadas como tal y que, por tanto, aún permanezcan en el documento. En definitiva, los formatos cerrados impiden el control del contenido por parte de quien elabora el documento así como de quien lo utiliza, debiendo delegar exclusivamente dicha confianza en el desarrollador del software.
En cuanto a los programas, aplicaciones o software, las licencias de software privativo comunes solamente otorgan el derecho legal de ejecutar un programa de software y, en general, para cada copia del programa es necesario obtener una licencia separada. Por el contrario, existen contratos de licencia que otorgan, además del derecho de ejecución, la posibilidad de copiar el programa sin limitaciones, de estudiar el funcionamiento interno del programa, de modificar, de mejorar o de corregir el programa de acuerdo a las necesidades específicas, y también incluyen el permiso para distribuir estos programas y sus modificaciones de forma libre, con independencia del autor o proveedor original. Los programas cuyos contratos de licenciamiento otorgan todas estas libertades son conocidos como software libre o de código abierto.
El software libre o de código abierto es desarrollado y perfeccionado constantemente por una cantidad innumerable de programadores y programadoras de todo el mundo, obteniendo productos sumamente estables y de calidad equiparable o superior a los cerrados o privativos. Sus distintos productos se encuentran disponibles en Internet bajo diferentes tipos de licencias, las cuales en general comprometen a la persona usuaria a emplear el software en la misma condición en que éste fue suministrado, inclusive si a cambio de su obtención se ha realizado un desembolso económico por el programa original o modificado, dado que no siempre el software libre o de código abierto es gratuito.
En la actualidad el sector productivo y una buena parte del gubernamental están adoptando de facto y desarrollando aplicaciones informáticas bajo este tipo de términos de licenciamiento por variadas razones, entre las que podemos mencionar:
La libertad para crear soluciones a la medida de las necesidades de cada entidad partiendo de software preexistente sin necesidad de incurrir en largos trámites administrativos para la obtención de los derechos patrimoniales oportunos o bien de compra.
La seguridad, confiabilidad y estabilidad funcional obtenida por los sistemas de información en la producción, organización y distribución de datos.
La posibilidad de optimizar el uso de todo el tiempo de vida útil del equipo de cómputo, gran parte del cual suele ser desperdiciado por las exigencias de recursos para el funcionamiento de nuevas versiones de software privativo.
El mejor aprovechamiento del presupuesto disponible, debido a la gratuidad de la práctica mayoría del software libre de propósito general, siendo este aspecto relevante en cuanto a la concentración del gasto en el equipamiento, los recursos humanos, la mejora de la calidad de servicio y, por supuesto, en las necesidades relacionadas con los fines de cada entidad estatal.
El mejor rendimiento obtenido al no tener los problemas de fragilidad del software privativo de uso común, como virus, software espía o de publicidad no deseada, ralentización paulatina y mal funcionamiento súbito.
Por otra parte, numerosos países tienen experiencias ya de varios años de éxito en la utilización de software libre en los distintos niveles de su administración, habiendo impulsado leyes o decretos ejecutivos en este sentido. Pueden mencionarse los casos de Brasil, Alemania, Francia, el Reino Unido, China, México, Venezuela, India, Rusia, Bélgica, Italia, España, la Unión Europea en su conjunto, Perú y Tailandia entre otros. También, organismos tan relevantes como la N.A.S.A., las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la Marina del Brasil han migrado sus sistemas informáticos para basarse en software libre, independientemente de la existencia de una política estatal, o incluso, en contra de las tendencias generales. No es menos importante mencionar que algunas de las mayores empresas multinacionales dedicadas a producir software han adoptado en diferente medida el modelo del software libre y en algunos casos están invirtiendo cuantioso capital para su desarrollo y expansión, tales como Google, IBM, Hewlett- Packard o la misma Oracle, ello con el propósito de mejorar las opciones ofrecidas a sus respectivos clientes sin necesidad de llegar a acuerdos de notable penalización económica con otras empresas competidoras en el mismo ámbito.
El software libre es, por tanto, una opción tecnológica totalmente viable que permite a los países disminuir la brecha digital y que, además, garantiza a los Estados la opción de sostener por sí mismos sus infraestructuras tecnológicas o bien apoyándose en el empresariado local, evitando así la dependencia de proveedores de tecnología no locales y mejorando por tanto la sostenibilidad del desarrollo tecnológico nacional, pudiendo llegar a ser un productor y exportador de TICS, lo que es de especial importancia en el caso de países con escasez o poca idoneidad de explotación de recursos naturales como el nuestro.
Dado todo lo anterior, además se considera de fundamental importancia que el sistema educativo capacite a sus estudiantes en la utilización de diferentes herramientas informáticas de software libre, a fin de evitar que el Estado utilice sus recursos en beneficio de una o varias empresas transnacionales desarrolladoras de software privativo, generando consecuentemente un ciclo de dependencia y demanda de sus productos, lo que restringe las posibilidades de innovación e independencia intelectual a la capacidad económica de el y la estudiante y su núcleo familiar, o bien les conduce a cometer el ilícito de la piratería.
ANTEPROYECTO DE LEY DE UTILIZACIÓN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN LIBRES O DE CÓDIGO ABIERTO Y FORMATOS DE ARCHIVO ABIERTOS, LIBRES Y ESTÁNDARES
Que de conformidad al Artículo 53 de la Constitución, es deber del Estado propiciar la investigación y el quehacer científico.
Que el Gobierno de El Salvador es signatario de la Declaración de Principios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, la cual establece en sus artículos 27 y 39 que "Se puede fomentar el acceso a la información y al conocimiento sensibilizando a todas las partes interesadas de las posibilidades que brindan los diferentes modelos de software, lo que incluye software protegido, de fuente abierta y software libre, para acrecentar la competencia, el acceso de los usuarios y la diversidad de opciones, y permitir que todos los usuarios desarrollen las soluciones que mejor se ajustan a sus necesidades. El acceso asequible al software debe considerarse como un componente importante de una Sociedad de la Información verdaderamente integradora. El Estado de Derecho, acompañado por un marco de política y reglamentación propicio, transparente, favorable a la competencia, tecnológicamente neutro, predecible y que refleje las realidades nacionales, es insoslayable para construir una Sociedad de la Información centrada en la persona. Los gobiernos deben intervenir, según proceda, para corregir los fallos del mercado, mantener una competencia leal, atraer inversiones, intensificar el desarrollo de infraestructura y aplicaciones de las TIC, aumentar al máximo los beneficios económicos y sociales y atender a las prioridades nacionales."
Que el derecho de toda persona a la libertad de expresión presupone de manera ineludible el derecho de acceso a la información pública, y por tanto el Estado debe asegurar tal acceso bajo los principios de Igualdad, Sencillez y Gratuidad definidos en los literales "e", "f" y "g" del Artículo 4 de la Ley de Acceso a la Información Pública. En este sentido, los pilares en los que descansa esta responsabilidad son los formatos en que los datos son almacenados, así como los programas utilizados para la administración de los mismos.
Que conforme al Artículo 5 literal "f" de la Ley de Acceso a la Información Pública es deber del Estado promover el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la implementación del gobierno electrónico.
Que el Gobierno de El Salvador tiene como objetivo el apoyar los programas de transformación y modernización de los sectores productivo, educativo y estatal, así como establecer áreas temáticas estratégicas, dentro de las que se haya la formulación y ejecución de políticas y estrategias relacionadas con las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ámbito del sector público salvadoreño, con el propósito de alcanzar mayores niveles de eficacia y eficiencia en los servicios del Estado, y a la vez contribuir a crear una infraestructura de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que potencien los sectores productivo y educativo nacional.
Que es responsabilidad del Estado velar por que el procesamiento y almacenamiento de la información que mantiene en formato digital pueda ser accedida y modificada sin restricciones por las personas e instituciones autorizadas y sin imponer limitaciones tecnológicas.
Artículo 1º.- Esta ley tiene como finalidad garantizar el acceso a la información así como el estudio, la distribución, el desarrollo y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de las personas físicas, jurídicas y las instituciones del Estado, independientemente de su poder adquisitivo presente y futuro.
Artículo 2º.- La presente ley tiene como objetivo garantizar que el acceso de toda persona física o jurídica a la información pública del Estado en formato digital, así como la información confidencial en formato digital que se entregue por parte de las personas físicas o jurídicas al Estado, no impliquen la utilización exclusiva de software privativo.
Artículo 3º.- Esta ley también pretende asegurar la viabilidad y la sostenibilidad en el uso de los recursos económicos estatales en lo que respecta al desarrollo y utilización de Tecnologías de la Información y la Comunicación en las instituciones del Estado, de tal modo que éste no implique la dependencia obligatoria de una entidad diferente a la desarrolladora y/o usuaria, al mismo tiempo que permita la contraloría de los diferentes sistemas de información utilizados en el Estado por parte del público interesado.
Artículo 4º.- La presente ley es de aplicación obligatoria para todos los órganos del Estado, sus dependencias y organismos desconcentrados, instituciones autónomas, municipalidades o cualquier otra entidad u organismo público creado con anterioridad o posterioridad a la presente ley, ya sea con o sin personalidad jurídica y patrimonio propios, que administre información o recursos públicos, bienes del Estado o ejecute actos de la administración pública en general.
También están obligados por esta ley las sociedades de economía mixta y las personas privadas, individuales o jurídicas, que manejen información o recursos públicos o ejecuten actos de la función estatal, nacional o local, tales como en las concesiones de obras o servicios.
Artículo 5º.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por:
Programa, aplicación o "software": cualquier secuencia de instrucciones usada por un dispositivo de procesamiento digital de datos para llevar a cabo una tarea específica o resolver un problema determinado.
Ejecución o empleo de un programa: es el acto de utilizarlo sobre cualquier dispositivo de procesamiento digital de datos para realizar una función.
Usuario/a: es aquella persona física o jurídica que utiliza el programa.
Código fuente o de origen, o programa fuente o de origen: conjunto completo de instrucciones y archivos digitales originales creados o modificados por quien los programará, más todos los archivos digitales de soporte, como tablas de datos, imágenes, especificaciones, documentación, y todo otro elemento que sea necesario para producir el programa ejecutable a partir de ellos. Como excepción, podrán excluirse de este conjunto aquellas herramientas y programas que sean habitualmente distribuidos como software libre por otros medios como, entre otros, compiladores, sistemas operativos y librerías.
Programa libre o de código abierto, es aquel cuya licencia garantice al usuario las siguientes facultades o libertades:
Uso irrestricto del programa para cualquier propósito;
Inspección exhaustiva de los mecanismos de funcionamiento del programa;
Confección y distribución de copias del programa;
Uso de los mecanismos internos y de porciones arbitrarias del programa para adaptarlos a las necesidades de la persona usuaria, así como el permiso explícito de creación de obras derivadas del programa y distribución libre, tanto de las alteraciones como del nuevo programa resultante.
Estas facultades presuponen acceso al código fuente del software, por lo tanto, para calificar un programa como abierto o libre, la persona física o jurídica propietaria de los derechos económicos de autor en los términos definidos por la Ley de Propiedad Intelectual en sus artículos 7, 32 y 33 deberá garantizar a las personas usuarias el acceso a una copia de su código fuente en forma gratuita, o a cambio de un cargo de servicio que no podrá ser significativamente mayor al costo habitual de mercado de materiales, mano de obra y logística necesarias para la confección y despacho de dicha copia, costos calculados según precios y tarifas del momento en el que la solicitud del código fuente se realice.
Programa privativo, propietario, de código cerrado o no libre: aquel que no cumpla, en todo o en parte, uno o varios de los criterios expuestos en el inciso E) de las presentes definiciones.
Formato libre o abierto, es cualquier modo o especificación de codificación y/o transferencia de información que satisfaga las siguientes condiciones.
Está universalmente disponible para su lectura e implementación.
No fuerzan al usuario a utilizar productos de proveedores o grupos determinados.
Pueden ser implementados sin restricciones por cualquier persona, sin regalías, derechos o cargos, excepto los cargos que el organismo normalizador pudiera requerir para certificar el cumplimiento.
No favorecen a un implementador por encima de otro u otros por ninguna razón distinta al cumplimiento de los estándares técnicos de una implementación.
Sistema operativo es el conjunto mínimo de programas (software) que permite el acceso y control de los recursos físicos (hardware) de una computadora. Ejemplos de sistemas operativos son MS-DOS, Microsoft® Windows® en sus diferentes versiones, UNIX®, GNU/Linux, Mac OS X, Solaris™, etc.
Los Sistemas Operativos abiertos son los que cumplen con el inciso E) precedente. Un ejemplo de este tipo de sistemas operativos es GNU/Linux.
Los Sistemas Operativos privativos o propietarios son los que no cumplen el inciso E) precedente. Ejemplos de este tipo de sistemas operativos es cualquier versión de Microsoft® Windows®.
Artículo 6º.- En la interpretación y aplicación de esta ley deberán regir los principios siguientes:
Libertad: implica crear, acceder, estudiar, usar y distribuir los formatos y herramientas informáticas de las entidades estatales así como las que el público utilice para la interacción con el Estado, cumpliendo con las disposiciones legales vigentes relativas a la propiedad intelectual.
Soberanía: la libertad antes mencionada debe poderse ejercer con independencia de las organizaciones creadoras de los formatos y herramientas informáticas de las entidades estatales así como las que el público utilice para la interacción con el Estado.
Disponibilidad: la información pública y los sistemas de información desarrollados y utilizados por las entidades estatales deben estar al alcance de los/as particulares así como otras entidades del Estado, tanto en su código fuente como en formato ejecutable para uno o más sistemas operativos.
Seguridad: garantiza que los recursos del sistema de información, material informático o programas, sean utilizados de la manera más apropiada y que el acceso a la información allí contenida así como su modificación, sólo sea posible a las personas que se encuentren autenticadas y dentro de los límites de su autorización.
Transparencia: es la obligación de apertura y publicidad que tiene el Estado tanto en el desempeño de sus competencias como en el manejo de los recursos que la sociedad le confía, deber que, aplicado a los diferentes sistemas de información que las entidades estatales desarrollan y utilizan, tiene que garantizar el acceso público y gratuito al código fuente de dichos sistemas de información, de forma que pueda hacerse efectivo el derecho de toda persona a conocer y fiscalizar la gestión gubernamental.
Capítulo II: Obligaciones y derechos
Artículo 7º.- En lo relativo a la distribución de información pública y a la solicitud de entrega electrónica de información del público, los sujetos obligados por esta ley deberán hacerlo en, al menos, un formato abierto y estándar, sin perjuicio que se acepte además la misma información en un formato cerrado, no obstante se dará preferencia en ambos casos a los formatos abiertos y estándares.
Artículo 8º.- Los sujetos obligados de esta ley, cuando contraten licencias de software, darán preferencia a licenciamientos de software libre frente a licenciamientos que sean privativos de alguna de las libertades del software. En caso de que se opte por licenciamientos privativos, la dependencia que autorice técnicamente dicha adquisición deberá enviar por escrito un documento público dirigido a el/la Titular del Ramo en el que se exprese el razonamiento que fundamente la elección.
Articulo 9º.- El intercambio de información realizado con el Estado a través de medios de comunicación electrónica, por ejemplo a través de la red Internet, deberá ser posible en su máxima calidad a través de, al menos, una aplicación licenciada como software libre.
Artículo 10º.- Las instituciones educativas del Estado deberán formar a sus estudiantes en la utilización de software libre además de otro software privativo que pudiera estar incluido en la currícula vigente.
Artículo 11º.- El código fuente de los sistemas de información utilizados por las entidades estatales, así como el de las aplicaciones facilitadas al público para su interacción con cualquier dependencia estatal, ya sean desarrollo propio o por cuenta ajena, debe estar a disposición del público solicitante bajo términos licenciamiento que respeten las cuatro libertades del software. Opcionalmente podrán publicarse las aplicaciones ejecutables de dichos sistemas de información para uno o más sistemas operativos.
Artículo 12º.- Las donaciones, adquisiciones y contrataciones de software realizadas a cualquier título deberán realizarse de conformidad a lo prescrito por esta ley.
Capítulo III: Disposición final
Artículo 13º.- Las entidades sujetas a esta ley deberán presentar en un plazo de ciento veinte días hábiles las condiciones, tiempos y formas en que se satisfarán las condiciones de la presente ley.
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References: Artículo 53
 Artículo 4
 Artículo 5

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13