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Timestamp: 2019-01-16 08:21:28+00:00

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Jurisprudencia Destacada Año 2018 N17 – Microjuris - Chile
Jurisprudencia Destacada Año 2018 N17
JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 17 DE 2018
CONTRATO A HONORARIOS – COMETIDO ESPECÍFICO
Peña Álvarez, Lorena y otro c/ Ilustre Municipalidad de Iquique
Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO – CONVENIO DE HONORARIOS – RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO
Los servicios prestados por las actoras a la Municipalidad demandada, no pueden sino encuadrarse dentro de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 18.883, por cuanto siempre se desarrollaron en razón del convenio entre la Municipalidad y el FOSIS, en labores precisas y determinadas, consistentes en asesoría laboral correspondiente al programa de acompañamiento socio-laboral de Ingreso Ético Familiar.
1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la demandante en contra de la sentencia que rechazó la acción declarativa de relación laboral. Esto, dado que la sentencia aplica debidamente lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 18.883, pues, habiéndose ponderado cada una de las pruebas allegadas al juicio, esto es, antigüedad, contratos, duración de los mismos, prueba testifical y facultades para celebrar convenios con diversos organismos, solo quedaba concluir que en caso alguno unía a las partes un contrato reglado y sometido a las normas del Código del Trabajo, sino que, por el contrario, el contrato y las labores que en virtud de aquello desarrolló la demandante eran de las que contempla el citado artículo 4. Con independencia del período de tiempo que abarcaron las funciones desarrolladas, estas fueron en razón de un convenio entre la Municipalidad y el FOSIS, para labores precisas y determinadas, consistentes en asesoría laboral correspondiente al programa de acompañamiento socio-laboral de Ingreso Ético Familiar entre el FOSIS y la Municipalidad.
2.- La relación de las demandadas fue configurada a partir de los contratos a honorarios con la Administración del Estado, por cuanto si bien prestaron servicios para la Municipalidad, ello fue únicamente con ocasión de programas específicos, una vez que el FOSIS firmó los respectivos convenios con la demandada. Aun cuando las actoras desempeñaban sus funciones en dependencias de la demandada o bien utilizaba bienes de la entidad edilicia, ello no puede mutar la relación existente entre ésta y la demandante, pues todo lo que la municipalidad exigía u ordenaba no era más que en cumplimiento del convenio entre FOSIS y la demandada.
3.- El motivo de invalidación del artículo 478, letra c) , del Código del Trabajo, exige o supone la aceptación de los hechos tal como han sido determinados en el fallo, razón por la cual, el cuestionamiento del recurrente debe dirigirse al proceso de interpretación y de aplicación de la ley, en relación a los hechos que se ha tenido por probados y del modo en que se los han tenido por probados, esto es, conforme al caso concreto. De esta manera, cuando el recurso -como ocurre en la especie-, desarrolla la infracción de ley a partir de hechos que no se tuvieron por acreditados en la sentencia o en torno a hechos distintos de aquellos que se han dado por establecidos en el mismo fallo, o considerando hechos que no forman parte de los fijados en la resolución impugnada, debe ser necesariamente desestimado, resultando del todo innecesario continuar con el análisis del mismo.
TUTELA LABORAL – INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL
Bernal c/ Ilustre Municipalidad de El Quisco
Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO – DAÑO MORAL – INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO
La indemnización del daño moral es compatible con la indemnización tarifada predeterminada por la ley, ya que ésta tiene carácter punitivo o sancionatorio, objetivo que es distinto a la del daño moral, que es compensatoria; de modo que el juez laboral está habilitado para otorgar dicha reparación en sede de procedimiento de tutela de derechos fundamentales.
1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la municipalidad demandada en contra de la sentencia que, anuló de oficio la sentencia de primer grado que había rechazado la demanda de vulneración de derechos y, en su lugar, la acogió ordenando el pago de la indemnización por daño moral. Al respecto, si bien se constata la existencia de interpretaciones disímiles sobre la materia de derecho propuesta, esto es, la procedencia de la indemnización por daño moral en materia de tutela de derechos fundamentales, no se configura la hipótesis prevista para que se unifique la jurisprudencia alterando lo resuelto sobre la cuestión objeto de la controversia, toda vez que la Corte de Apelaciones, al determinar la procedencia de la indemnización por daño moral en sede de denuncia de vulneración de Derechos Esenciales con ocasión de la no renovación de una contrata, hizo una correcta aplicación de la normativa aplicable.
2.- Si un empleador con su conducta conculca uno de los Derechos Fundamentales a que se refieren los incisos primero y segundo del artículo 485 , con ocasión del despido, el inciso tercero del aludido artículo 489 contempla una indemnización adicional no inferior a seis meses ni superior a once meses de la última remuneración mensual, además de las indemnizaciones sustitutiva del aviso previo y por años de servicio con el correspondiente recargo. En esta hipótesis, si el empleador provoca en el trabajador una lesión de carácter extrapatrimonial puede resarcirse, toda vez que la indemnización especial que contempla la norma transcrita precedentemente tiene el carácter punitivo o sancionatorio, que deberá determinar el juez conforme a las circunstancias del caso. El carácter sancionatorio de esta indemnización tarifada que establece el artículo 489 y, en consecuencia, su compatibilidad con una por el perjuicio moral ocasionado, se colige de su tenor literal en cuanto no excluye ni restringe la posibilidad de conceder una indemnización por daño moral, y del hecho que su monto está predeterminado en la ley y no requiere la prueba del daño efectivamente causado. De esta manera, la referida indemnización especial es compatible con una que compense el daño moral, cuya función es más bien compensatoria del mal sufrido y su determinación, de carácter prudencial.
3.- la indemnización del daño moral es compatible con la indemnización tarifada predeterminada por la ley, ya que ésta tiene carácter punitivo o sancionatorio, objetivo que es distinto a la del daño moral, que es compensatoria; de modo que el juez laboral está habilitado para otorgar dicha reparación en sede de procedimiento de tutela de derechos fundamentales.
4.- El legislador consagró una tutela completa, pues el artículo 495 del Código del Trabajo comprende tres tipos de protección: inhibitoria, restitutoria y resarcitoria, en la medida que el juez debe hacer cesar de inmediato la o las conductas lesivas; tiene que velar para que la situación se retrotraiga al estado inmediatamente anterior a producirse la vulneración denunciada; y, por último, debe adoptar las medidas a que el infractor quedará obligado para reparar las consecuencias derivadas de su conducta, incluidas las indemnizaciones que procedan.
CLAUSURA DE LOCAL COMERCIAL – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO
León c/ Ilustre Municipalidad de Independencia
Voces: RECURSO DE PROTECCION – DERECHO DE PROPIEDAD – PATENTE COMERCIAL – CLAUSURA – ESTABLECIMIENTO COMERCIAL – ACTO ADMINISTRATIVO – FUNDAMENTACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO
La municipalidad recurrida carece de elementos de juicio que justifiquen imponer a la recurrente la sanción de clausura por operar el giro de discoteca sin amparo en la patente comercial respectiva, desde que tal hecho no aparece demostrado. Por tanto, el acto recurrido aparece emitido al margen de las hipótesis legales que el aludido Decreto Ley N°3.063 contempla para el ejercicio de la facultad de clausura que radica en el alcalde, además no satisface los estándares legales de fundamentación requeridos por la Ley N°19.880, precisados en particular en el artículo 11, pues carece de motivación.
1.- Corresponde acoger el recurso de apelación deducido en contra de la sentencia que rechazó el recurso de protección interpuesto en contra de la decisión de clausura del local comercial dictada por la municipalidad recurrida. Al respecto, a partir del mérito de los antecedentes se advierte que los términos de la providencia del administrador municipal y del memorándum del jefe del Departamento de Inspección General, que serían fundamento de la decisión de clausura, no se adjuntan al acto ni se han explicitado durante el curso del proceso. La pretendida admisión de responsabilidad del dueño del local en una carta en la que admitiría el mal uso de la patente por la administradora, no pasa de ser una expresión notoriamente genérica y vertida en una carta remitida por un abogado al margen de todo procedimiento formal. Enseguida, las notas de prensa aludidas se ocupan en realidad de un suceso de orden policial acontecido a las afueras del local, y carecen de una difusión tal que permita atribuirles el carácter que pretende la municipalidad recurrida, además, la municipalidad no indicó antecedentes en torno a la existencia de fiscalizaciones realizadas al local, como tampoco lo hizo Carabineros de Chile. De este modo, la municipalidad recurrida carece de elementos de juicio que justifiquen imponer a la recurrente la sanción de clausura por operar el giro de discoteca sin amparo en la patente comercial respectiva, desde que tal hecho no aparece demostrado. Por tanto, el acto recurrido aparece emitido al margen de las hipótesis legales que el aludido Decreto Ley N°3.063 contempla para el ejercicio de la facultad de clausura que radica en el alcalde, además no satisface los estándares legales de fundamentación requeridos por la Ley N°19.880, precisados en particular en el artículo 11 , pues carece de motivaciones que justifiquen la medida de clausura, y aquellos que se limita a citar son desconocidos en su contenido y los demás esgrimidos durante el curso de la tramitación de la acción cautelar, no resultan efectivos. Así, dicho proceder priva a la recurrente del uso, goce y disposición de su local comercial, facultades inherentes al dominio que le asegura el número 24 del artículo 19 de la Constitución.
DERECHOS DE ASEO – PRESCRIPCIÓN
c/ Ilustre Municipalidad de Talcahuano
Voces: DERECHO TRIBUTARIO – MUNICIPALIDADES – TRIBUTO – NATURALEZA JURIDICA – IMPUESTOS MUNICIPALES – RESIDUOS DOMICILIARIOS – PAGO DE TRIBUTOS – PRESCRIPCION – RECURSO DE APELACION – RECHAZO DEL RECURSO
Producto: Municipalidades – Tributario
El pago efectuado por concepto de aseo domiciliario no es un impuesto, sino más bien constituye el pago de un servicio otorgado por la municipalidad, razón por la cual, la ley lo define o califica como un «derecho» y no como un «impuesto», dado que su pago, claramente, conlleva una prestación (o contraprestación) que realiza el municipio a favor del usuario. De este modo, no tiene aplicación la prescripción de corto tiempo establecida en el artículo 2521 del Código Civil, referido únicamente a impuestos que se adeuden a favor del Fisco o Municipalidades, sin que puedan considerarse incluidos en dicho concepto los derechos que se cobran con motivo de aseo domiciliario.
1.- Corresponde confirmar la sentencia apelada que acogió la demanda declarando prescritos los derechos de cobro de extracción de residuos domiciliarios, aplicando la prescripción de corto tiempo, toda vez que, pese a concluir la Corte que el pago efectuado por concepto de aseo domiciliario no es un impuesto, sino más bien constituye el pago de un servicio otorgado por la municipalidad, razón por la cual, la ley lo define o califica como un «derecho» y no como un «impuesto», dado que su pago, claramente, conlleva una prestación (o contraprestación) que realiza el municipio a favor del usuario, de manera que no tiene aplicación en el caso la prescripción de corto tiempo establecida en el artículo 2521 del Código Civil, referido únicamente a impuestos que se adeuden a favor del Fisco o Municipalidades, sin que puedan considerarse incluidos en dicho concepto los derechos que se cobran con motivo de aseo domiciliario, lo cierto es que habiéndose establecido que las acciones anteriores al año 2013 se encuentran prescritas, y habiéndose acogido la demanda reconvencional respecto de aquellas con vencimiento entre el 31 de mayo de 2015 hasta el 30 de noviembre de 2017, no corresponde revocar la sentencia.
TUTELA LABORAL – NULIDAD DEL DESPIDO
Navarro c/ Ilustre Municipalidad de Melipilla
Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – HONORARIOS – RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN – DESPIDO INJUSTIFICADO – NULIDAD DEL DESPIDO – OMISIÓN DE ENTERAR COTIZACIONES PREVISIONALES – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO
En el caso de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado, entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la nulidad del despido. Esto es, que ellos fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido, excluyendo la idea de simulación o fraude por parte del empleador, que intenta ocultar la existencia de una relación laboral, que justifica la gravosa punición del artículo 162 del Código del Trabajo.
1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la demandante en contra de la resolución que confirmó el fallo de primera instancia, acogiendo la demanda de declaración de relación laboral y despido injustificado, pero rechazando la nulidad del despido. Esto, dado que, respecto de la sanción de nulidad del despido en el caso de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado, entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la referida institución, cual es que ellos fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido, y excluye, además, la idea de simulación o fraude por parte del empleador, que intenta ocultar por la vía de la contratación a honorarios, la existencia de una relación laboral, que justifica la gravosa punición del inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo.
2.- La aplicación, en caso de relaciones laborales que se originan a partir de convenios a honorarios pactados con entidades públicas, de la institución contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso. Esto, desde que para ello requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido. Por lo tanto, no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector.
3.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la demandante en contra de la resolución que confirmó el fallo de primera instancia, acogiendo la demanda de declaración de relación laboral y despido injustificado, pero rechazando la nulidad del despido. Esto, dado que la procedencia de la nulidad del despido, atendida la naturaleza declarativa de la sentencia que reconoce la existencia de un vínculo de trabajo, no depende de sí el empleador retuvo o no lo correspondiente a las cotizaciones de seguridad social, ni tampoco a la naturaleza jurídica del empleador, por lo tanto, procede acoger el recurso, invalidar el fallo de base, y dictar sentencia de reemplazo que declare que la demandada también queda obligada al pago de los emolumentos devengados desde la separación del trabajador hasta la convalidación del despido. (Del voto en contra de la Ministra señora Chevesich).
Jofre Velásquez, Jocelin y otros c/ Ilustre Municipalidad de Hualpén
1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la Municipalidad en contra de la sentencia que acogió el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que declaró la existencia de la relación laboral e injustificado el despido, rechazando la demanda de nulidad del despido y, en su lugar, la acogió. Al respecto, yerran los sentenciadores de la Corte de Apelaciones al aplicar la sanción de nulidad del despido, toda vez que no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector.
3.- La aplicación -en estos casos- de la institución contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que, para ello, requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido.
Zuñiga c/ Ilustre Municipalidad de Santiago
Voces: LABORAL – ESTATUTO DOCENTE – DESPIDO INJUSTIFICADO – OMISIÓN DE ENTERAR COTIZACIONES PREVISIONALES – NULIDAD DEL DESPIDO – APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO
Si el empleador durante la relación laboral infringió la normativa previsional corresponde imponerle la sanción que contempla el artículo 162, inciso quinto, del Código del Trabajo; y, en la especie, se acreditó el presupuesto fáctico que autoriza para obrar de esa manera, puesto que el empleador no enteró las cotizaciones previsionales en los órganos respectivos en tiempo y forma, siendo aplicable la punición mencionada, incluso frente a la vigencia del Estatuto Docente, por imperio de la norma de remisión supletoria, que, en caso de silencio en el estatuto especial, reconduce a aplicar las normas del derecho laboral general.
1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la demandante en contra de la sentencia que revocó el fallo de primera instancia, rechazando la demanda de despido injustificado y nulidad del despido. Esto, dado que si el empleador, durante la relación laboral, infringió la normativa previsional corresponde imponerle la sanción que contempla el artículo 162, inciso quinto , del Código del Trabajo. Así, en la especie, se acreditó el presupuesto fáctico que autoriza para obrar de esa manera, puesto que el empleador no enteró las cotizaciones previsionales en los órganos respectivos en tiempo y forma, siendo aplicable la punición mencionada, incluso frente a la vigencia del Estatuto Docente, por imperio de la norma de remisión supletoria, que, en caso de silencio en el estatuto especial, reconduce a aplicar las normas del derecho laboral general.
2.- No obstante la nutrida normativa reguladora de la terminación del contrato, contenida en los artículos 72 a 77 del Estatuto Docente, efectivamente, tal compendio no consulta normas que regulen la nulidad del despido; pero que, como ya lo ha sostenido esta Corte, la aplicación supletoria de un cuerpo normativo, que en la especie corresponde al Código del Trabajo, no debe tener por objeto la mera complementación de aspectos secundarios o de sola reglamentación, si no darle aplicación frente a una situación sustantiva importante, como sucede con la nulidad del despido.
3.- Respecto de la nulidad del despido, se debe tener presente que la razón que motivó su consagración legal, fue lograr una adecuada protección de los derechos previsionales de los trabajadores ante la insuficiencia de la normativa legal en materia de fiscalización, y la ineficiente la persecución de las responsabilidades pecuniarias de los empleadores a través del procedimiento ejecutivo, que de manera indefectible generan consecuencias negativas en los trabajadores, en especial los más modestos, quienes ven burlados sus derechos previsionales, y, por ello, en su vejez no les queda otra posibilidad que recurrir a las pensiones asistenciales, siempre insuficientes, o a la caridad. Esto, sin perjuicio de que, además, por el hecho del despido quedan privados de su fuente laboral y, por lo mismo, sin la posibilidad de solventar sus necesidades y las de su grupo familiar.
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Corte IDH declaró responsabilidad de Venezuela en caso de torturas y esclavitud sexual sufridos por una mujer »

References: artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 478
 resolución 
 artículo 485
 artículo 489
 artículo 489
 artículo 495
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 19
 artículo 2521
 artículo 2521
 artículo 1
 artículo 162
 resolución 
 artículo 1
 artículo 162
 artículo 162
 resolución 
 artículo 162
 artículo 162
 artículo 162