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Timestamp: 2019-07-20 13:52:21+00:00

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STC 5/2003, 20 de Enero de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 177757
STC 5/2003, 20 de Enero de 2003
Número de Recurso: 3756/1999
Recurso de amparo 3756/99. Promovido por doña Azucena Puch Abad y otra frente a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que estimó el recurso de suplicación interpuesto por KENCI, S.A., y confirmó una sanción de suspensión de empleo y sueldo. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (ejecución): sanción laboral, por no incorporarse a un centro en otra localidad, que inejecuta indirectamente el fallo que había anulado un despido.
Sentencia citada en: 699 sentencias, 17 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 3756/99, promovido por doña Azucena P. A. y por doña Olga P. Z., representadas por la Procuradora de los Tribunales doña María Jesús Mateo Herranz y asistidas por el Letrado don Abdón Pedrajas Moreno, contra Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 6 de julio de 1999, que estimó el recurso de suplicación interpuesto por KENCI, S.A., contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 10 de Madrid, de 27 de enero de 1999, recaída en autos sobre tutela de derechos fundamentales, seguidos a instancia de las hoy actoras contra la referida empresa. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha sido parte la empresa KENCI, S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales doña Sofía Pereda Gil y asistida del Letrado don Amadeo Sala Hess. Ha sido Ponente la Magistrada doña Elisa Pérez Vera, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito presentado en el Registro de este Tribunal el 10 de septiembre de 1999, la Procuradora doña María Jesús Mateo Herranz, actuando en representación de doña Azucena P. A. y de doña Olga P. Z., interpuso recurso de amparo contra la resolución que se ha dejado mencionada en el encabezamiento.
Las demandantes de amparo, que trabajaban para la empresa KENCI, S.A., en su centro de Alcorcón (Madrid), recibieron una carta por la que se les comunicaba la extinción de sus relaciones laborales con fecha y efectos de 30 de septiembre de 1996, aduciendo la empresa la necesidad de amortizar una serie de puestos de trabajo por causas objetivas, fundadas en motivos organizativos.
Las actoras promovieron contra KENCI, S.A., proceso por despido, que se siguió ante el Juzgado de lo Social núm. 29 de Madrid. En dicho procedimiento recayó Sentencia con fecha 3 de febrero de 1997, en la que se estimó la demanda y se declaró el despido improcedente, condenando a la empresa a readmitirlas en las mismas condiciones laborales que disfrutaban o a indemnizarlas, con abono, en todo caso, de los salarios dejados de percibir.
Mientras se sustanciaba el mencionado recurso de casación, la empresa KENCI, S.A., remitió a las demandantes de amparo una carta con fecha 17 de febrero de 1998, acordando su traslado al centro de trabajo de Rubí (Barcelona) con efectos de 17 de marzo de 1998.
Las hoy actoras se reincorporaron el 4 de junio de 1998 al centro de trabajo de Alcorcón, ordenándoseles que pasasen a una Sala de Juntas, aisladas del resto de sus compañeros, permaneciendo solas y sin ocupación, con indicación de que no pasaran por las demás instalaciones del centro. El día 16 siguiente, la empresa ordenó a las demandantes de amparo que se trasladaran al centro de trabajo de Rubí (Barcelona), indicándoles que debían incorporarse a ese destino el 20 del mismo mes.
En escrito de 17 de julio de 1998, las actoras comunicaron a KENCI, S.A., que procedían al cumplimiento del referido Auto, del que acompañaban copia. A pesar de ello, la empresa les dirigió telegramas los días 18, 21 y 22 de julio de 1998, afirmando desconocer dicho Auto y requiriéndoles para que se trasladaran al centro de trabajo de Rubí. Las demandantes contestaron reiterando la mención del Auto ejecutivo de 13 de julio de 1998, por el que se estimaba su solicitud de continuar percibiendo el salario sin contraprestación.
El 18 de septiembre de 1998, la empresa comunicó a las demandantes que había tomado la decisión de suspenderles de empleo y sueldo durante cincuenta días, por desobediencia y abuso de confianza, al no haber atendido el requerimiento que se les hizo para que se incorporaran al centro de trabajo de Rubí.
Asimismo, frente a la última actuación de la empresa demandada, las recurrentes en amparo promovieron con fecha 3 de octubre de 1998 demanda por violación de derechos fundamentales, por entender que dicha actuación vulneraba los consagrados en los arts. 14 y 24 CE. La demanda fue turnada ante el Juzgado de lo Social núm. 10 de Madrid, el cual, tras la celebración del juicio oral, al que no compareció la empresa KENCI, S.A., dictó Sentencia con fecha 27 de enero de 1999, estimando la demanda y declarando que en la conducta de la empresa existió vulneración del art. 14 CE por razón de sexo. Asimismo, declaró nulas y sin efectos las sanciones impuestas a las actoras, ordenando a la empresa que cesara en su conducta discriminatoria, condenándola, además, a reintegrar a las actoras los salarios dejados de percibir en caso de que no lo hiciera a través de la ejecución de la Sentencia de despido, así como a indemnizarlas en 500.000 pesetas a cada una por los daños morales sufridos, y al abono de una multa de 50.000 pesetas y de los honorarios del Letrado de las actoras, por su temeridad.
La empresa KENCI, S.A., interpuso recurso de suplicación contra la anterior Sentencia, basado en dos motivos, articulados al amparo de las letras b) y c) del art. 191 LPL, respectivamente, concluyendo en súplica de que se declarase la nulidad de actuaciones, con reposición de las mismas al momento anterior a la celebración del juicio, o que, en su caso, se estimara el recurso, declarando la procedencia de la sanción impuesta a las actoras, dejando sin efecto la indemnización, la multa y la condena a pagar los honorarios del Letrado de las actoras. Éstas presentaron el correspondiente escrito impugnando el recurso.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en Sentencia de 6 de julio de 1999, estimó el recurso de suplicación interpuesto por KENCI, S.A., absolviéndola de las pretensiones articuladas en su contra, con revocación de la Sentencia impugnada. En su fundamento de Derecho tercero, la Sentencia justifica la estimación del recurso con los siguientes razonamientos:
Ahora se trata de enjuiciar la imposición de una sanción que tiene carácter enteramente ajeno a cualquier propósito atentatorio a derechos fundamentales. La decisión empresarial se basa en un poder disciplinario y la conducta de las trabajadoras es acreedora a tal sanción ¿a criterio de la empresa¿ no por su sexo sino objetivamente considerada y prescindiendo de cualquier circunstancia discriminatoria. Debe, pues, ser revocada la sentencia, absolviendo a la empresa."
La demanda de amparo afirma que se han vulnerado los derechos fundamentales reconocidos por los arts. 14 y 24 CE:
En cuanto a la vulneración del art. 14 CE, se afirma en la demanda que la Sentencia impugnada no altera el relato de hechos contenido en la Sentencia del Juzgado de lo Social, donde queda constancia de toda la actuación seguida por la empresa desde la declaración de nulidad del despido de las actoras, por discriminación por razón de sexo, hasta que se dicta la Sentencia impugnada en la vía constitucional. Desde su punto de vista, la actuación empresarial carecía de toda justificación objetiva y razonable, entendiendo que tiene claramente un carácter de represalia, encaminándose a perpetuar el trato discriminatorio ya dispensado por vía del despido.
Afirman también las recurrentes que se ha producido la vulneración del art. 24 CE, pues las sanciones impuestas por la empresa suponen un intento más de hacer inefectiva la tutela judicial que las demandantes de amparo venían obteniendo, dejando de acatar los mandatos judiciales dirigidos a la propia empresa. Señalan que las sanciones impuestas por ésta vacían de contenido resoluciones judiciales firmes, en un contexto de persecución que difícilmente puede encontrar parangón. Así se hizo constar en la demanda y así lo reconoció el Juzgado de lo Social núm. 10 de Madrid, pero la Sentencia impugnada desconoce este aspecto, limitándose a considerar exclusivamente la vertiente constitucional del litigio desde la óptica del art. 14 CE. Como señalaron en su demanda, y volvieron a reiterar en el escrito de impugnación del recurso de suplicación interpuesto por KENCI, S.A., en este litigio resulta evidente la conexión entre los arts. 14 y 24 CE, ya que las sanciones empresariales tratan de consolidar el trato discriminatorio de las actoras, haciendo inefectiva la tutela judicial conseguida. Todo ello sin considerar, además, que la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid incurre en importantes dosis de incongruencia, en cuanto que reconoce una justificación a las sanciones impuestas que no sólo no se ha probado, sino que ni siquiera se ha alegado por la empresa demandada, pudiendo decirse que "la Sentencia combatida `inventa¿ el recurso que la Empresa no supo construir".
Mediante providencia de 13 de marzo de 2000, la Sección acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, conceder a las demandantes de amparo y al Ministerio Fiscal el plazo común de diez días para formular las alegaciones que estimaran pertinentes en relación con la carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda [art. 50.1 c) LOTC].
Por resolución de 23 de mayo de 2000 la Sala Segunda, de conformidad con lo dispuesto en el art. 11.2 LOTC, acordó conocer del recurso de amparo y, a tenor del art. 51 LOTC, librar atenta comunicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y al Juzgado de lo Social núm. 10 de Madrid para que, en el término de diez días, remitieran certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de suplicación núm. 3094/99 y de las actuaciones correspondientes a los autos núm. 611/98, respectivamente. Asimismo, se interesó el emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento, para que, en el término de diez días, pudieran comparecer en el presente proceso constitucional.
El 30 de junio de 2000 tiene entrada en el Registro de este Tribunal escrito de la Procuradora doña Sofía Pereda Gil, personándose en el presente recurso de amparo en representación de KENCI, S.A.
Por diligencia de ordenación de 7 de septiembre de 2000 se acordó tener por personada y parte en el procedimiento a la Procuradora doña Sofía Pereda Gil, en representación de KENCI, S.A., y reiterar la solicitud del testimonio de las actuaciones al Juzgado de lo Social núm. 10 de Madrid.
En virtud de diligencia de ordenación de 14 de septiembre de 2000, se acordó dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que, dentro del expresado término, pudieran formular las alegaciones que estimaran pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC.
Mediante escrito presentado el 11 de octubre de 2000, la Procuradora doña María Jesús Mateo Herranz, en representación de doña Azucena P. A. y de doña Olga P. Z., reiteró los alegatos y fundamentos jurídicos expuestos en la demanda de amparo, añadiendo otras consideraciones, en relación con lo manifestado por el Ministerio Fiscal en el trámite del art. 50.3 LOTC, y que se pueden resumir en los siguientes extremos:
El 11 de octubre de 2000 se presentó en el Juzgado de guardia (con entrada en el Registro General de este Tribunal el día 16 siguiente) escrito de la Procuradora de los Tribunales doña Sofía Pereda Gil que, en la representación acreditada, formuló sus alegaciones, solicitando la denegación del amparo solicitado. Como primera cuestión, considera que el recurso no debe ser admitido, porque no se ha agotado la vía judicial procedente, dado que en la Sentencia de 6 de julio de 1999 se hace constar que contra la misma cabe recurso de casación para unificación de doctrina, siendo evidente que hasta la fecha no ha sido interpuesto por las recurrentes. En cuanto al fondo de la cuestión planteada, sostiene que la argumentación de las actoras va destinada a impregnar de discriminación por razón de sexo y de inconstitucionalidad cualquier actividad de la empresa. Afirma que, sin embargo, la empresa, en su justo derecho a establecer las reglas organizativas del trabajo para la racionalización del esfuerzo, incluida la movilidad de los trabajadores, debe ser correspondida por éstos con el cumplimiento de las instrucciones que reciban [arts. 5 c) y 40 LET], de forma que obró con arreglo a Derecho al requerir a las recurrentes para que se incorporaran al centro de trabajo de Barcelona. Con su negativa injustificada a dicho requerimiento de incorporación se hicieron legalmente acreedoras de la sanción disciplinaria que les fue impuesta, y que fue objeto de debate en el recurso de suplicación resuelto por la Sentencia ahora impugnada.
Por su parte, el Ministerio Fiscal, en escrito de alegaciones registrado el 29 de septiembre de 2000, interesa que se dicte Sentencia otorgando el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de las recurrentes. Tras exponer el desarrollo de los hechos, el Fiscal reproduce las alegaciones formuladas en el escrito presentado con ocasión del trámite del art. 50.3 LOTC, en relación con la inexistencia de vulneración del art. 14 CE. Por lo que se refiere a la violación del art. 24 CE, considera el Ministerio público que la sanción impuesta por la empresa iba más allá del aparente ejercicio del poder disciplinario del empresario, pues lo que pretendía era despojar de efectividad la decisión judicial que autorizaba a las trabajadoras a permanecer inactivas cobrando sus salarios, para impedir que la ejecución provisional se llevara a cabo de forma contraria a la pretendida por la propia empresa. Además imponía a las trabajadoras la carga de acceder una y otra vez a los órganos judiciales, dada su absoluta indiferencia respecto de los pronunciamientos habidos, tornando en estériles, con sus sucesivas actuaciones, cuantas decisiones judiciales se producían. En definitiva, esto era lo cuestionado, aunque el Juez de instancia decretó la nulidad de la sanción, entre otros pronunciamientos, por discriminatoria por razón del sexo de las demandantes, en atención a que el pleito originario había sido un despido nulo por discriminatorio. Por su parte, la Sala de lo Social consideró la conducta enjuiciada como ajena a tal vulneración, pero sin mayor especificación, y ciñéndose al estricto dato de la existencia de las órdenes y de la desobediencia, se abstuvo de cualquier otra consideración, al estimar que desde el criterio empresarial la cuestión se reducía a un mero ejercicio del poder disciplinario, ajeno a toda lesión de derechos fundamentales. Dada la naturaleza de los hechos denunciados, tal proceder, dejando subsistentes las sanciones sin analizar ni aludir a la clara pretensión de las actoras, no puede estimarse adecuado al derecho a la tutela judicial efectiva de éstas, al dejar incólume el comportamiento empresarial palmariamente obstativo y obstructivo de la ejecución, manifestado en una decisión que, por su naturaleza, se pretendió que no pudiera ser controlada por el Juez al que correspondía la ejecución de la Sentencia de despido.
Por providencia de 16 de enero de 2003 se señaló para deliberación y fallo de la presente Sentencia el día 20 del mismo mes y año.
Las demandantes de amparo impugnan la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 6 de julio de 1999, que estimó el recurso de suplicación interpuesto por KENCI, S.A., contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 10 de Madrid, de 27 de enero de 1999, recaída en autos sobre tutela de derechos fundamentales, seguidos a instancia de las hoy actoras contra la referida empresa.
Las Sras. P. A. y P. Z. imputan a la resolución recurrida una doble vulneración de sus derechos fundamentales: por una parte, consideran infringido el art. 14 CE, por entender que la sanción disciplinaria impuesta por la empresa KENCI, S.A., carecía de toda justificación objetiva y razonable, teniendo un claro carácter de represalia, encaminada a perpetuar el trato discriminatorio ya dispensado por vía del despido que fue declarado nulo por vulnerar el art. 14 CE. Por otra parte, afirman que también se ha producido la vulneración del art. 24 CE porque las sanciones impuestas por la empresa suponen un intento más de hacer inefectiva la tutela judicial que las demandantes de amparo venían obteniendo, dejando de acatar los mandatos judiciales dirigidos a la propia empresa y vaciando de contenido resoluciones judiciales firmes que reconocían derechos a favor de las actoras, aspecto éste que, pese a ser reconocido por el Juzgado de lo Social núm. 10 de Madrid, se desconoce en la Sentencia impugnada.
Antes de entrar en el análisis de la cuestión de fondo, es preciso abordar el examen de la causa de inadmisión que ha sido alegada por la representación de KENCI, S.A. Ésta plantea la falta de agotamiento de la vía judicial previa porque, según afirma, en la Sentencia de 6 de julio de 1999 se hace constar que contra ella cabe recurso de casación para la unificación de doctrina, sin que haya sido interpuesto por las recurrentes, lo que determina el incumplimiento de la exigencia del art. 44.1 a) LOTC, con la consiguiente necesidad de aplicar la causa de inadmisión del art. 50.1 a) de la misma Ley.
Despejado el anterior óbice procesal, podemos adentrarnos en el examen de las presuntas vulneraciones de sus derechos fundamentales aducidas por las demandantes de amparo. A tal efecto, es preciso tomar en consideración algunos datos de hecho que ofrecen las actuaciones remitidas.
Como se ha expuesto anteriormente, la lesión del art. 14 CE la fundamentan las recurrentes en el hecho de que la actuación empresarial sancionadora carecía de toda justificación objetiva, encaminándose a perpetuar el trato discriminatorio dispensado por vía del despido que fue declarado nulo, sin que la Sentencia impugnada corrigiera tal vulneración.
La violación del art. 24 CE la basan las actoras en la consideración de que la empresa demandada las sancionó por atenerse a un mandato judicial, y con el fin de hacerlo inefectivo, siendo la sanción, además, una manifestación más de represalia contra ellas porque habían ejercitado sus derechos, extremos que no fueron apreciados en la Sentencia impugnada.
Atendiendo a la doctrina constitucional expuesta, se puede llegar a la conclusión de que ha sido vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de las demandantes de amparo en la vertiente del derecho a obtener la ejecución de las resoluciones judiciales dictadas por el Juzgado de lo Social.
Como se comprueba en los hechos más atrás expuestos, durante la sustanciación del recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por ella, la empresa demandada requirió a las actoras para que se trasladaran al centro de trabajo de Rubí, lo que motivó la reclamación de éstas ante el Juzgado de lo Social que, en Auto el 22 de abril de 1998, acordó requerir a la demandada para que las reincorporara al centro de trabajo de Alcorcón en iguales condiciones que antes de la extinción de sus contratos de trabajo; decisión que se enmarca ¿al igual que las posteriores¿ en la ejecución provisional de la Sentencia a que tenían derecho las actoras. A pesar de los claros términos de esta resolución judicial, la empresa KENCI, S.A., adoptó una contumaz postura de desobediencia hacia las decisiones del órgano judicial, ordenando en sucesivas ocasiones a las demandantes de amparo que se trasladaran a Rubí, lo que obligó al Juzgado a proseguir la actividad ejecutora, dictando nuevas resoluciones a medida que las trabajadoras le solicitaron que impusiera a la empresa el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución provisional ¿a las que, de acuerdo con la doctrina anteriormente expuesta, se encontraba absolutamente vinculada¿, hasta llegar al Auto de 13 de julio de 1998, en el que se declaró el derecho de las actoras a seguir percibiendo su retribución sin contraprestación.
Es más, la sanción disciplinaria de la que trae causa el presente recurso de amparo se adopta el 18 de septiembre de 1998, cuando KENCI, S.A., ya había sido notificada por el Juzgado de lo Social del Auto de 13 de julio del mismo año, contra el que interpuso recurso de reposición el 31 del mismo mes y año. Ahora bien, dado que esta impugnación ¿como ya se apuntó¿ no producía efecto suspensivo sobre la resolución judicial, que debía cumplirse necesariamente (art. 184.1 LPL), carece de justificación la decisión empresarial de sancionar a las demandantes de amparo; más aún si se considera que la misma se adoptó después de que el recurso de reposición fuera desestimado por Auto de 15 de septiembre de 1998. Así pues, la sanción fue impuesta con conocimiento de que suponía una desatención absoluta de la resolución judicial, en la medida en que la empresa no ignoraba que las trabajadoras contaban con una decisión que les exoneraba de atender la orden empresarial de traslado a otra localidad, por lo que no se les podía achacar desobediencia ni abuso de confianza. En este sentido, hay que recalcar que la demandada ni siquiera ha intentado probar que su actuación obedeciera a motivos razonables, extraños a todo propósito atentatorio de un derecho fundamental, a pesar de la carga que en tal sentido le incumbía, de acuerdo con la reiterada doctrina de este Tribunal, manifestada, entre otras, en las SSTC 114/1989, de 22 de junio, FJ 4, 21/1992, de 14 de febrero, FJ 3, 266/1993, de 20 de septiembre, FJ 2, 90/1997, de 6 de mayo, FJ 5, 41/2002, de 25 de febrero, FJ 3, y 114/2002, de 20 de mayo, siendo así que las recurrentes han aportado algo más que la simple acreditación de indicios generadores de una razonable sospecha, apariencia o presunción de la vulneración de sus derechos fundamentales por la decisión empresarial, colmando sobradamente la exigencia que sobre el particular impone a los trabajadores la doctrina constitucional referida.
Por consiguiente, es patente la violación del derecho a la tutela judicial efectiva de las demandantes, en cuanto la sanción disciplinaria que se les impuso determinaba la inejecución del Auto del Juzgado de lo Social núm. 29 de 13 de julio de 1998, de forma que resulta totalmente reprochable la argumentación de la Sentencia aquí impugnada, cuando justifica la inexistencia de toda vulneración de los derechos fundamentales de las actoras afirmando que "se trata de enjuiciar la imposición de una sanción que tiene carácter enteramente ajeno a cualquier propósito atentatorio a derechos fundamentales. La decisión empresarial se basa en un poder disciplinario y la conducta de las trabajadoras es acreedora a tal sanción ¿a criterio de la empresa¿ no por su sexo sino objetivamente considerada y prescindiendo de cualquier circunstancia discriminatoria".
En distinto plano, este Tribunal también ha mantenido que la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se produce por irregularidades acaecidas dentro del proceso que ocasionen privación de garantías procesales, sino que tal derecho puede verse lesionado igualmente cuando su ejercicio, o la realización por el trabajador de actos preparatorios o previos necesarios para el ejercicio de una acción judicial, produzca como consecuencia una conducta de represalia por parte del empresario. Por tal razón, hemos dicho que el derecho consagrado en el art. 24.1 CE no sólo se satisface mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, lo cual significa que del ejercicio de la acción judicial o de los actos preparatorios o previos al mismo no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza. En el campo de las relaciones laborales, la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos (SSTC 14/1993, de 18 de enero, FJ 2; 54/1995, de 24 de febrero, FJ 3; 197/1998, de 13 de octubre, FJ 4; 140/1999, de 22 de julio, FJ 4; 101/2000, de 10 de abril, FJ 2; y 196/2000, de 24 de julio, FJ 3), de donde se sigue la consecuencia de que una actuación empresarial motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido, debe ser calificada como discriminatoria y radicalmente nula por contraria a ese mismo derecho fundamental (SSTC 7/1993, de 18 de enero, FJ 3; y las ya citadas 54/1995, FJ 3; 101/2000, FJ 2; y 196/2000, FJ 3), ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar individualmente las acciones derivadas de su contrato de trabajo [art. 4.2 g) del estatuto de los trabajadores].
Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña Azucena P. A. y por doña Olga P. Z. y, en su virtud:
Restablecerlas en el citado derecho y, a tal fin, declarar nula la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 6 de julio de 1999.
STSJ Comunidad de Madrid 786/2012, 29 de Noviembre de 2012
STSJ Cataluña 990/2010, 5 de Febrero de 2010

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