Source: https://es.scribd.com/document/24578229/Discriminacion-punible-Derecho-Comparado-Alemania-Argentina-Brasil-Espana-Francia-y-Mexico-marzo-de-2005-Departamento-de-Estudios-y-Publicacione
Timestamp: 2017-05-28 10:18:58+00:00

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Discriminación punible. Derecho Comparado - Alemania,Argentina,Brasil,España,Francia y México, marzo de 2005 - Departamento de Estudios y Publicaciones Periódicas316
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DEPESEX/BCN/SERIE ESTUDIOS AÑO XV, Nº 259-A
SANTIAGO DE CHILE MARZO DE 2005
INTRODUCCIÓN.................................................................................................................................................. 1 1. IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN ......................................................................................................... 3 2. REQUISITOS PARA LA TIPIFICACIÓN DE LOS DELITOS DISCRIMINATORIOS. ......................... 6 2.1. EL ELEMENTO OBJETIVO DE LOS DELITOS DISCRIMINATORIOS........................................................................ 6 2.2. LAS CAUSAS O RAZONES DISCRIMINATORIAS ................................................................................................. 7 3. LOS DELITOS DE DISCRIMINACIÓN EN EL DERECHO COMPARADO ........................................... 8 3.1. LOS DELITOS DE DISCRIMINACIÓN EN SENTIDO ESTRICTO............................................................................... 9 3.1.1. Los delitos de provocación a la discriminación y de injurias discriminatorias ..................................... 9 3.1.2. El delito de denegación de prestaciones............................................................................................... 10 3.1.3. Las asociaciones discriminatorias ....................................................................................................... 11 3.2. OTRAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN............................................................................................................ 13 3.2.1. El delito de discriminación laboral ...................................................................................................... 13 3.2.2. La agravante general del móvil discriminatorio .................................................................................. 15 3.2.2. La forma extrema de discriminación: el genocidio .............................................................................. 17 CONCLUSIONES ................................................................................................................................................ 19 BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................................. 20 ANEXO. Legislación Sobre Discriminación Punible........................................................................................ 23
DISCRIMINACIÓN PUNIBLE, DERECHO COMPARADO: ALEMANIA, ARGENTINA, BRASIL, ESPAÑA, FRANCIA Y MÉXICO
Estudio elaborado por Fernando Arrau C. con la colaboración de Virginie Loiseau, de la Sección Estudios.
En agosto de 1997, la Fundación Ideas, bajo la dirección técnica del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, entregó los resultados de la primera Encuesta sobre intolerancia y discriminación realizada sobre un universo compuesto por adultos de ambos sexos residentes en la Región Metropolitana. En la introducción, que precede a la entrega de los resultados de la encuesta, el concepto de discriminación fue definido como “la disposición cultural a reconocer desiguales derechos de las personas, atendiendo a criterios externos a la esfera propia de responsabilidad de los individuos –tales como etnia, edad, grupo socioeconómico de pertenencia, etc.”, mientras la intolerancia fue definida como “una disposición cultural que tiende al rechazo, en cualquiera de sus formas, de la diversidad cultural” (Canales, 1997, p. 13). Entre los móviles discriminatorios, la Encuesta de Fundación Ideas permitió evidenciar seis presentes entre los entrevistados: nacionalidad, etnia, religión, edad, sexo y orientación sexual. Es así como el 55,9% de los encuestados no considera bueno que los extranjeros lleguen a tener cargos importantes, y el 22,9 %, cree que no se debe dar un trabajo de responsabilidad a los judíos pues no se puede confiar totalmente en ellos. Mientras, el 26,1% opina que Chile es un país más desarrollado que sus países vecinos pues hay menos indígenas, el 21,4% atribuye el avance del país a que no hay negros. El 22,9% muestra algún grado de
acuerdo con que a los adherentes a religiones distintas a la cristiana no se les debe permitir ser profesionales y un 31,5%, con que las personas de mayor edad no deben trabajar pues quitan oportunidades de trabajo a los más jóvenes. En tanto, un 35,8% opina que es normal que los hombres ganen más dinero que las mujeres en trabajos semejantes pues los hombres tienen una familia que mantener. En otro ámbito, una media de 61,8% excluye a los homosexuales de pertenecer a las Fuerzas Armadas y de ser profesores de colegio. En el debate habido en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la Cámara de Diputados, se comentó esta Encuesta concluyendo “que hay que aceptar que somos un país discriminador [en el cual] se nos educa para discriminar y, lo más preocupante es que se nos educa para no reconocerlo” (Boletín Nº 2142-17). Aunque es dificultoso establecer los límites entre los dos términos propuestos por la Encuesta: intolerancia y discriminación, ha sido el proceso histórico –el mismo que condujo a que los derechos esenciales de la persona humana, reconocidos en todas las constituciones políticas nacionales contemporáneas, hayan llegado a ser defendidos y promovidos internacionalmente como derechos humanos– el que a través de dolorosas experiencias ha llevado a reconocer bajo el nombre discriminación una “mayor adherencia para aludir a colectivos o grupos sociales” (Canales, 1997), y ha permitido castigar, bajo aquella denominación, el trato desigual, menoscabado, a diversos grupos dentro de la sociedad en razón de determinadas singularidades de las que son portadores. Ha sido importante en esta evolución la acción de las Naciones Unidas a través de los Comités creados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Estos tratados internacionales han sido promulgados en Chile –al igual que la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio– a través de decretos supremos, entre 1953 y 1989, sin que hasta hoy, como fue señalado en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la Cámara de Diputados, en nuestro país se haya establecido la específica penalización de las conductas discriminatorias.
En el presente informe se comparan los tipos de discriminación punible establecidos en la normativa penal de seis países: Alemania, Argentina, Brasil, España, Francia y México. El objeto de este trabajo es colaborar en el proceso legislativo del proyecto de ley, actualmente en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados (Boletín 02142-17).
En derecho comparado se distinguen aquellas constituciones políticas nacionales caracterizadas especialmente por otorgar a los derechos fundamentales una protección extraordinaria en el marco de la jurisdicción constitucional. Es esta una consecuencia de la concepción de Estado que las inspira. En estas constituciones el Estado es concebido no como quien otorga los derechos fundamentales sino como quien debe crear las condiciones para su realización, por ser previos e independientes de él. Entre ellas puede mencionarse a las constituciones de Alemania y de España (Bacigalupo, 1999, p. 13). El Art. 1º de la Ley Fundamental para la República Federal Alemana, de 1949, dice: “1. La dignidad del hombre es sagrada y constituye deber de todas las autoridades del Estado su respeto y protección. 2. El pueblo alemán reconoce, en consecuencia, los derechos inviolables e inalienables del hombre como fundamento (Grundlage) de toda comunidad humana, de la paz y de la justicia en el mundo. 3. Los derechos fundamentales que se enuncian a continuación vinculan al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y a los tribunales a título de derecho directamente aplicable”. Se entiende así, por una parte, que en el modelo alemán o en el español la limitación por el Estado de los derechos fundamentales tiene que ser justificada, no así el ejercicio por un individuo de un derecho fundamental (Pieroth-Schlinck, Grundrechte-Staatsrecht, 1987; Grimm, D., Die Zukunft der Verfassung, 1991, cit. por Bacigalupo, 1999, p. 13)1 y, por otra
Puede compararse lo dicho con el Art. 1 de la Constitución Política de México: “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece”.
parte, como consecuencia, la importancia que tiene en aquellos sistemas la protección penal de estos derechos. En el examen de la discriminación punible, la doctrina española ha cuidado de esclarecer si el Derecho Penal debe o no intervenir, mediante los instrumentos que le son propios –en especial a la luz del principio de fragmentariedad– en la protección y garantía del derecho a la no discriminación. Concordando con otros penalistas, Jesús Bernal del Castillo (1998, p. 17) concluye al respecto: “El estudio de la posible protección penal de cada uno de los derechos fundamentales de la persona y, en concreto, del derecho a la no discriminación, no sólo debe realizarse a partir de consideraciones dogmático-penales relativas a los diversos principios de fragmentariedad, proporcionalidad, etc. sino además deberán tenerse en cuenta consideraciones político-criminales de diverso signo que, en muchas ocasiones, y a pesar de ser contingentes, relativas, localistas, etc. serán las que de facto inclinen a uno u otro lado de la balanza la decisión intervensionista del legislador en esta materia concreta”. Confirmando esta opinión, la penalista Patricia Laurenzo Costello (1999) ha destacado que la prohibición de discriminar se basa en un dato fáctico –la existencia de grupos socialmente minusvalorados en virtud de la concurrencia en sus miembros de ciertos caracteres personales que les apartan de los cánones de “normalidad” imperantes– y no, necesariamente, en el mundo normativo. Esta posición desventajosa dentro de la estructura social, que niega justamente la premisa del enunciado del principio de igualdad, es comúnmente realzada en las exposiciones de motivos tanto de la normativa penal comparada europea de la última década sobre discriminación –que selecciona, entre otras, la discriminación étnica emergente después de la desintegración de la Unión Soviética y de su área de influencia– como en la latinoamericana, que singulariza sus propios grupos discriminados. Establecida la existencia de los grupos socialmente marginados, en el ámbito penal se justifica, cada vez más, que ellos reciban una tutela adicional por parte del Estado, la cual prohíba cualquier diversidad de trato fundada en los motivos que sirven de base a su desvaloración social. El mandato de no discriminación, en consecuencia, no es entendido
como una mera concreción del principio formal de igualdad, sino una medida específicamente dirigida a superar los obstáculos que impiden la realización de la igualdad sustancial (Laurenzo, 1999, p. 19). Para la doctrina argentina, todos aquellos obstáculos son arbitrarios y deben ser excluidos: “No hay derecho a la arbitrariedad –dice Miguel A. Sarlenga (citado por Frescotti et alia, 2000)– y el tratamiento desigual de iguales, en circunstancias iguales, que se traduce en un perjuicio, no tiene razón, es arbitrario”. Sobre este trato protector, es común tanto en la normativa como en la doctrina y en la jurisprudencia comparadas distinguir entre el trato desigual genérico –caracterizado por la falta de razonabilidad de un sujeto al establecer la desigualdad entre dos personas– y el trato discriminatorio que está basado en ciertas particularidades del perjudicado que son objeto de diferenciación social respecto del grupo que las porta. El mandato de no discriminar tiene un carácter unilateral: sólo cuando el perjudicado por el trato desigual forme parte de alguno de los colectivos desfavorecidos se puede hablar de un acto de discriminación. Es decir, es la comprobación de la existencia de esos grupos la que da sentido al mandato. En la doctrina española está admitido actualmente el concepto de “minorías”, el cual no se identifica con la inferioridad numérica sino que tiene por fundamento la situación desventajosa que ocupan algunos grupos en la estructura comunitaria debido a sus caracteres diferenciales. El artículo 14 de la Constitución española deja abierto el catálogo de estas minorías a través de la expresión genérica: “cualquier otra condición o circunstancia personal o social” (Laurenzo, 1999, p. 17). Del mismo modo lo hace el Código Penal alemán en su Art. 130 (2) 1: “un grupo caracterizado de antemano (eine vorbezeichnete Gruppe)”. Las dos caras del mandato de no discriminación –la aceptación de ciertas desigualdades, normativamente reconocidas, favoreciendo a los grupos socialmente subordinados y la prohibición de discriminar en razón de ellas– han sido interpretadas por la doctrina comparada como una garantía de las diferencias y, por ello, un reconocimiento normativo del principio de dignidad personal (Bernal, 1998, pp. 12-17; Laurenzo, 1999, p. 20).
En la normativa comparada, el Código Penal para el Distrito Federal de México (Art. 281bis) clarifica la relación entre la discriminación positiva en defensa de los grupos socialmente desfavorecidos y el principio de igualdad en defensa de la dignidad humana: “no serán considerados como delitos contra la dignidad de la persona todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente desfavorecidos”. En el Código alemán las normas penales para la discriminación se encuentran bajo el epígrafe Delitos contra el orden público (Sección VII del Libro II) pero los comentaristas de ese Código coinciden en que si bien en primera línea esos delitos, por la manera como están descritos serían “atentados en contra de la paz pública”, el bien jurídico tutelado “es también la dignidad de las personas” (Herbert Tröndle/Thomas Fisher, Strafgesetze und Nebengesetzte, Munich, 1999, p. 816, citado por Politoff, 2001). El Código Penal francés es explícito: la sección 1ª De la discriminación se encuentra bajo el epígrafe del Capítulo V De los delitos contra la dignidad de la persona.
2. Requisitos para la tipificación de los delitos discriminatorios.
En la normativa penal comparada –en especial en el derecho penal francés y en el español– en los tipos penales a través de los cuales la discriminación es castigada, concurren un elemento objetivo y otro subjetivo: “la discriminación no se define tanto a través de los hechos donde se materializa, como por el motivo discriminatorio” (Pradel/Danti-Juan, Droit pénal spécial, Paris, 1995, p. 281, citado por Bernal p. 32).
2.1. El elemento objetivo de los delitos discriminatorios. Como se ha indicado anteriormente, la conducta discriminatoria no sólo implica la infracción formal del principio de igualdad, a través de una situación objetiva de trato desigual, sino que también a través de ella debe haber una afectación de derechos o expectativas de derechos del sujeto discriminado. Este segundo requisito es una exigencia
esencial para poder tipificar delitos directamente discriminatorios, como consecuencia de concebir el bien jurídico protegido, la dignidad de la persona, no como un derecho “abstracto” o “formal”, sino como un derecho de la persona individual proyectado sobre bienes concretos y posibilidades de actuación, afectados por alguna figura discriminatoria. En este sentido es común en la doctrina comparada que aun cuando se reconozca en los delitos discriminatorios la doble perspectiva individual y social, la vinculación de este derecho con la dignidad de la persona y su carácter de derecho fundamental, pone de manifiesto que la perspectiva esencial es en todo caso la individual: la configuración de delitos contra bienes jurídicos de titularidad individual (Bernal del Castillo, 1998, p. 32-37).
2.2. Las causas o razones discriminatorias Conforme con las normas penales antidiscriminatorias en el Derecho Comparado, el sujeto activo está movido por alguna “causa o razón discriminatoria”. Con ello se añade un nuevo elemento, esta vez subjetivo, a la conducta discriminatoria objetiva. La doctrina española ha entendido este componente subjetivo en un sentido que sobrepasa lo meramente emotivo o psicológico y causal –como si fuera “equivalente a móvil, en el sentido de una actitud puramente interna del sujeto pasivo que da razón del acto concreto que realiza”–. Más bien lo interpreta como una característica del ánimo (Alonso Alamo) o disposición moral del delincuente (Córdoba Roa), que se traduce en la actitud vital orientada en contra del valor del respeto a la dignidad igual de los demás (Bernal del Castillo, 1998, pp. 62-66). Cercana a esta concepción, la doctrina brasileña tradicionalmente ha distinguido entre prejuicio y discriminación. El prejuicio –dice Jorge da Silva (cit. Frejda, 1997, p. 11)– es “un sentimiento, y aún una actitud en relación a una raza o a un pueblo, resultado de la internalización de creencias racistas”. Un sentimiento que puede acompañar a un hombre en todos los momentos de su vida, la discriminación es su manifestación. Para Aurelio Buarque de Holanda Ferreira, la raíz latina praeconceptus de la palabra portuguesa preconceito (prejuicio), favorece la noción de un concepto o una opinión formados anticipadamente (cit. Frejda, 1997, p. 11).
Por su parte, el nuevo Código Penal francés (Art. 225.1,1º) define la discriminación como “toda distinción operada entre las personas físicas por razón de su origen, sexo, situación familiar, estado de salud, minusvalía, costumbres, opiniones políticas, actividades sindicales, pertenencia o no pertenencia, verdadera o supuesta, a una etnia, nación, raza o religión determinada”. Aquí el elemento subjetivo parece estar dado por todo aquello que lleva al sujeto a “operar” la distinción. Esta subjetividad está ordenada hacia la objetividad en la medida en que es guiada por una o más de las causas o razones discriminatorias cuyo catálogo o lista es entregado por la misma norma.
3. Los delitos de discriminación en el Derecho Comparado
Es cierto, como dice Philippe Vuilque (2000) que la discriminación constituye una práctica difícil de medir y aún de identificar, y únicamente las manifestaciones más extremas son las que llegan a franquear la barrera del silencio y de la indiferencia. La doctrina penal comparada ha reconocido que el aumento en los últimos años de los delitos de diversa naturaleza cometidos por móviles discriminatorios ha hecho necesaria su tipificación. Más aún, la doctrina española los ha admitido como punto de partida de la reforma de 1995 al Código Penal, como consecuencia de la necesidad de reforzar la protección del derecho a la no discriminación (Bernal del Castillo, 1998, p. 59 y sig.). Entre los móviles discriminatorios conducentes a la comisión de estos injustos, en todos los catálogos de las legislaciones penales que se han comparado
se incluyen: raza,
religión (España agrega la opción “o creencias”) y nacionalidad. Salvo la normativa argentina (Ley 23.592, de 1988), todas las demás incluyen etnia (México, a través de la consideración del “color de la piel”). El Código Penal alemán no agrega ningún otro móvil pero también se refiere en general a “segmentos de la población” y “grupo caracterizado (vorbezeichnete Gruppe) de antemano”. El resto de los móviles discriminatorios considerados son: edad, embarazo (sólo México), estado civil, idioma, ideología, orientación sexual (sólo México y
Alemania, Argentina, Brasil, España, Francia y México.
España), origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, carácter físico, discapacidad o estado de salud, opinión política o gremial (sólo México y Francia), situación familiar (sólo España y Francia), minusvalía y costumbres (sólo Francia).
3.1. Los delitos de discriminación en sentido estricto Se entienden por tales, los delitos de provocación a la discriminación y de injurias discriminatorias, el delito de denegación de prestaciones y las asociaciones discriminatorias (Ver en anexos la normativa correspondiente de los países).
3.1.1. Los delitos de provocación a la discriminación y de injurias discriminatorias
Para ambas figuras, en las cuales las conductas tipificadas se realizan al ejercer el derecho a la libertad de expresión, es válido el reconocimiento de Bernal del Castillo (1998, p. 76) de los motivos discriminatorios como razón formal de la conducta delictiva, y a causa de este elemento esencial se “puede afirmar –dice– sin ninguna duda que el objeto directo, principal e inmediato de protección es el derecho a la no discriminación y, en concreto, algunas de sus consecuencias que, a su vez, tienen relación con otros derechos fundamentales”. El Art. 130 del Código Penal alemán, en que se tipifican estos delitos, es de especial interés en cuanto detalla de qué modo pueden perpetrarse a través del uso de los medios de comunicación modernos y, por otra parte, por la referencia que realiza en el número (3) a quienes públicamente nieguen o aminoren la ofensa producida por actos cometidos bajo el dominio del nacional socialismo orientados a la destrucción parcial de un grupo nacional o racial (según el Art. 220a, número (1), del mismo Código). Esta disposición pudiera entenderse sólo como un recuerdo del pasado, pero no es así. Corresponde a una enmienda del artículo 130 del Código Penal, de 1994 que fue el resultado de una sentencia del Tribunal Federal de Justicia que reafirmó decisiones de los tribunales, referidas a hechos muy contemporáneos, según las cuales la negación del genocidio nazi puede ser también castigada como agitación punible contra sectores de la población.
Asimismo, una referencia actualizada a los crímenes discriminatorios del nazismo fue hecha por la Ley 9459/97, del Brasil, que modificó la Ley 7716/80 –que define los crímenes resultantes de discriminación o prejuicios– castigando la fabricación, comercialización, distribución y traslado de símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos o propaganda que utilicen la cruz gamada con el fin de divulgar el nacismo. La legislación francesa, como se indicó en la sección anterior, define lo que entiende por discriminación (Código Penal, Art. 225-1) sin determinar que la “distinción impuesta a las personas” se exprese también a través de la incitación a discriminarlas o a través de las injurias discriminatorias. En cambio, además de considerar otras formas a las cuales nos referiremos más adelante, es la única en mencionar a los miembros o a algunos de los miembros de las organizaciones con personalidad jurídica como ofensores u ofendidos de los delitos discriminatorios. El Código Penal para el Distrito Federal mexicano (Art. 281 bis) y el Código Penal español (Art. 510) hacen sendas tipificaciones para los delitos de provocación a la discriminación y de injurias discriminatorias. La Ley 23.592/88 de la República Argentina, dispone un proceso civil, a solicitud de parte interesada, para estos actos discriminatorios (Ver anexo).
3.1.2. El delito de denegación de prestaciones.
El Código Penal español (Art. 511 y 512), así como el francés (Art. 225-2 y 432-7) y el mexicano para el Distrito Federal (Art. 281bis) castigan la denegación, por razones discriminatorias, de prestaciones a las que tiene derecho una persona. Por los prejuicios de raza o de color, generados por la diversidad social en Brasil, –para muchos autores una realidad incontestable (Frejda, 1997, p. 6)– la legislación penal brasileña, más que otras, ya desde 1951, ha detallado diversas formas de denegación de prestaciones. Con el desarrollo globalizado de la protección jurídica de los derechos humanos, fueron
agregados nuevos móviles discriminatorios (Ver en Anexo Ley 7.716/89 modificada por la Ley 9.459/97). En relación con este delito la doctrina ha prestado especial atención a las cuestiones relativas al bien jurídico protegido. Al impedirse el ejercicio de expectativas a las cuales una persona tiene derecho, en consideración a una cualidad o condición suya, se está infringiendo el principio de igualdad que exige prescindir de las cualidades personales para dar acceso a los derechos de las personas y los ciudadanos. Sin embargo, para parte de la doctrina (Bernal del Castillo, 1998, pp., 100-104) ofrece dudas la tipificación cuando tiene lugar en el curso de relaciones entre particulares, dentro del ejercicio de actividades empresariales o profesionales donde opera el principio de autonomía de la voluntad que no puede limitarse en aras de la igualdad de trato. Aunque para este desplazamiento de la protección penal del principio de igualdad hacia relaciones entre particulares, se incorpore a la conducta típica el requisito de que las prestaciones que se deniegan puedan ser reclamadas como auténticos derechos de las personas a las cuales no se concede (Ver: Código Penal para el Distrito Federal de México, Art. 281 bis, letra ii), la doctrina estima que se abre un campo inseguro para las interpretaciones.
3.1.3. Las asociaciones discriminatorias
En la mayoría de las legislaciones penales que estamos considerando no se tipifican expresamente las asociaciones discriminatorias pudiendo considerarse comprendidas dentro de las asociaciones punibles que atentan contra el ordenamiento constitucional. Así sucede con los Códigos Penal Federal de México (Art. 164) y de Francia (Art. 450-1 a-3). La Ley alemana de Asociación de 1964 se basa en el Nº 2 del Art. 9 de la Ley Fundamental, que prohíbe las asociaciones cuyos fines o cuya actividad sean contrarios a las leyes penales o que vayan dirigidas contra el orden constitucional (gegen die verfassungsmäßige Ordnung) o contra la idea del entendimiento entre los pueblos. A fines de 1994 había en la República Federal de Alemania 82 organizaciones y otras asociaciones de
extrema derecha, con unos 56.600 miembros. Hasta abril de 1998 diez asociaciones de este tipo habían sido prohibidas por el Ministerio Federal del Interior desde la promulgación de la Ley de Asociaciones (http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/). El Código español (Art. 515.5) considera las asociaciones discriminatorias entre las ilícitas. Esta novedad que presenta la tipificación en el nuevo Código de 1995, respecto del anterior, ha renovado la antigua discusión doctrinal española en torno al bien jurídico que el derecho protege tipificando estos delitos. Las diferencias de opinión se han referido a la clásica disyuntiva entre la fijación de un bien jurídico común a todos los tipos de asociaciones o la concreción de bienes particulares y distintos para una de las modalidades. Bernal del Castillo (1998) (que ofrece un buen listado de comentaristas sobre el tema) defiende que habiendo sobre las asociaciones discriminatorias, una ampliación del ámbito punible en el Código Penal de 1995, esta resulta precisamente del elemento discriminativo, no pudiendo separarse su naturaleza delictiva del fin que persigue la asociación en sí misma: “No son asociaciones punibles porque sean ilícitas (desde el punto de vista constitucional) –dice del Castillo (p. 115)– sino precisamente son asociaciones punibles porque sus actividades programadas implican una finalidad contraria a uno de los derechos fundamentales de la persona”. Además, coincidiendo con un amplio sector doctrinal, Bernal del Castillo sostiene que en el Nº 5 del Art. 515, se hace un reforzamiento ad cautelam del principio de igualdad constitucional adelantando las barreras de protección penal al castigar el fenómeno asociativo y organizativo en si mismo, y no los hechos que pudiesen cometer sus miembros (p. 116). La Ley 23.592/88 de la República Argentina dedica su inciso primero a la represión tanto de las organizaciones que tienen por objeto la justificación o promoción de las discriminaciones racial o religiosa, como de las que se fundan en ideas de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color.
3.2. Otras formas de discriminación
3.2.1. El delito de discriminación laboral
Los estudios de SOS-Racisme y el Grupo de estudios sobre las discriminaciones (GED) convergen en que la primera de las discriminaciones en Francia se refiere al empleo (cerca del 40% de los casos), seguida por el trato desigual por la policía y la gendarmería (17%) y el acceso a la recreación (13%) y a la vivienda (13%). Entre otras normas que castigan la discriminación laboral, el Código Penal francés, concordando con el Art. L 122-45 del Código del Trabajo, castiga en su Art. 416.3 a la persona que haya rechazado emplear o haya despedido a otra por razones discriminatorias o haya sometido una oferta de empleo a una condición fundada en las mismas. Del mismo modo el Código Penal de España, de 1995, tipifica el delito de discriminación laboral en el Art. 314, bajo la rúbrica de su Título XV: “De los delitos contra los derechos de los trabajadores”, en que están agrupados todos los delitos que tienen como característica esencial la lesión o puesta en peligro de los derechos de los trabajadores que surgen de la relación laboral. También aquí, y entendiendo que el hecho de la unificación sistemática de estos delitos podría exigir la protección del mismo bien jurídico general, continúa la discrepancia dentro de la doctrina sobre su determinación. Puede entenderse (Bernal del Castillo, 1998, pp. 123-4) que la misma rúbrica orienta hacia la dignidad humana ya que lo que se busca es la protección de los derechos que la persona tiene dentro de la actividad profesional, conforme con el Art. 35CE. De acuerdo con esta “fundamentación personalista”, Bernal del Castillo matiza el concepto de “discriminación laboral punible” como “la negación de alguna de las condiciones o derechos derivados de las normas laborales que, al tener su origen en las cualidades mencionadas en el precepto: sexo, raza, por ejemplo, resultan injustificadas y, por ello, lesivas del derecho constitucional a la no discriminación desarrollado en dicho ámbito laboral o profesional” (Bernal del Castillo, 1998, pp. 123-4).
El concepto de discriminación estructural fue acuñado en el derecho laboral europeo para dar fundamento a las leyes de equiparación entre mujeres y varones en la administración pública. Alemania ha dictado cuatro de estas leyes obedeciendo a los siguientes principios: El Estado tiene la posibilidad y el deber de eliminar las desigualdades y deficiencias del principio de igualdad formal. Como empleador debe dar el ejemplo hacia el sector privado influenciando para la eliminación de la discriminación laboral. Para ello las cuatro leyes de equiparación de Alemania determinan la priorización de mujeres para los puestos de trabajo en todas las reparticiones de la administración pública hasta alcanzar el 50% en cada categoría del escalafón (http://www.abogado.org.ar/d_19t07.htm). La ley 9.029/95, del Brasil que castiga las prácticas discriminatorias para los efectos de la iniciación y la mantención de la relación jurídica de trabajo, se distingue por su referencia especial a actividades de la persona física del empleador –considerado sujeto activo de los crímenes– orientadas a comprobar el estado de gravidez, favorecer la esterilización, o promover el control de la natalidad (salvo el ofrecimiento de servicios para el planeamiento familiar realizados por instituciones públicas o privadas sometidas a las normas del Sistema Unico de Salud [SUS]). Esta ley complementa a la legislación antidiscriminatoria existente desde 1951 (Ley 1.390), actualizada en definitiva en 1997 (Ley 9.459) que tipifica los crímenes originados en la discriminación o en los prejuicios por “raza, color, etnia, religión o procedencia nacional”, entre ellos, impedir el acceso de alguien, debidamente habilitado, a cualquier cargo de la Administración Directa o Indirecta o de las concesionarias de servicios públicos; a un empleo en la empresa privada, o al servicio en cualquier rama de las Fuerzas Armadas. No existe en la República Argentina un Código del Trabajo. La legislación laboral se encuentra dispersa en diversas leyes entre las cuales la más importante es la Ley 20.744, sobre Contrato de Trabajo, de 1974, que en su Art. 17 sienta el principio general de no discriminación en el trabajo por motivos de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de edad. El Art. 81 exige al empleador dispensar a todos los trabajadores igual trato en identidad de situaciones. Se entiende que existe trato desigual cuando se produzcan discriminaciones arbitrarias fundadas en los móviles conocidos pero no cuando el diferente
tratamiento responda a principios de bien común, como el que se basa en la mayor eficacia o laboriosidad del trabajador, es decir razones objetivas. La Ley 20.392, de 1973 prohibe establecer diferencias de remuneraciones entre la mano de obra masculina y la femenina por un trabajo de igual valor (Art. 1º). Naturalmente, la Ley Nº 23.592, antidiscriminatoria, anteriormente citada (ver también Anexo), sin que explícitamente haga referencia al mundo del trabajo, tiene vastos alcances en el Derecho Laboral permitiendo que a pedido del damnificado, quien arbitrariamente ha dado un trato desigual se vea obligado a dejarlo sin efecto o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados. La Ley Federal del Trabajo, de 1970 de los Estados Unidos de México regula para todos los Estados la discriminación laboral. Prohibe la discriminación negativa por raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social en la relación de trabajo (Art. 3 y 56) y abunda en disposiciones que justifican por diversos motivos exceptuar el principio de igualdad de salarios para trabajos iguales. Algunos autores consideran muy parcial el tratamiento de la mujer en esta ley (CINTERFOR-OIT, 2000). De hecho, el Título Quinto dedicado al trabajo de la mujer especifica que sus modalidades solo “tienen como propósito fundamental la protección de la maternidad” (Art. 165). El Código Penal para el Distrito Federal mejicano establece las penas para quien, por los motivos discriminatorios que indica: “niegue o restrinja derechos laborales” (Art. 281 bis. IV). Este código se aplica en el Distrito Federal por los delitos de la competencia del fuero común cometidos en su territorio y, asimismo, por los delitos cometidos en alguna entidad federativa, cuando produzcan sus efectos dentro del territorio del Distrito Federal, y continuos o continuados, cometidos en alguna entidad federativa y que se sigan cometiendo en el territorio del Distrito Federal (Art. 1º y 2º).
3.2.2. La agravante general del móvil discriminatorio
A pesar del aumento en los últimos años de los delitos de distinta naturaleza cometidos por móviles discriminatorios, no todos países han incluido en sus Códigos el móvil discriminatorio como agravante de la responsabilidad criminal. En Europa, está establecido
así en España y Suecia. En Portugal sólo en relación con el homicidio y en el Código Penal Francés sólo en relación con los delitos contra el respeto a los difuntos (contra la integridad de un cadáver, la violación o profanación de tumbas, de sepulturas o de monumentos erigidos en memoria de los muertos) cometidos “debido a la pertenencia o no pertenencia, supuesta o verdadera de las personas difuntas a una etnia, nación, raza o religión determinada” (Art. 225-18). En América Latina, sólo está integrado en el Art. 2º de la Ley argentina Nº 23.592/88, sobre actos u omisiones discriminatorios: “Elévase en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal de todo delito reprimido por el Código Penal o leyes complementarias cuando sea cometido por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad, o con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. La circunstancia agravante del Código español: “Artículo 22. Son circunstancias agravantes: […] 4. Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo u orientación sexual, o la enfermedad o minusvalía que padezca”. Concibe un caso de culpabilidad más intensa por el motivo discriminatorio –no aplicable al delito de genocidio, por ser inherente a este la discriminación–, mientras que la circunstancia agravante de la ley argentina comprende tanto la motivación genocida como otros motivos discriminatorios de persecución u odio, que no consistan necesariamente en el propósito de destrucción total o parcial del grupo al que pertenece la víctima. Como en las otras figuras discriminativas, ambas normas expresan los dos elementos: el subjetivo, constituído por la motivación discriminatoria del delincuente y el objetivo, constituido por ciertas cualidades pertenecientes al sujeto pasivo del delito (raza, sexo, religión). En sus “Observaciones a la agravante por discriminación”, a través de las cuales el profesor de Derecho Penal Alvaro Fernández Díaz, en representación de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, fundamenta su rechazo a la modificación al Art. 12 del Código Penal –propuesta en el proyecto de ley sobre discriminación actualmente en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, para ser informado, que incorpora este agravante– se refiere a la distinción entre circunstancias agravantes que incrementan la gravedad objetiva del hecho y aquellas que aumentan el reproche al autor. El profesor Fernández afirma que la doctrina penal contemporánea rechaza la existencia de las agravantes subjetivas como resultado de la tendencia actual al predominio de los principios propios del derecho liberal, que busca limitar el poder punitivo del Estado y se inclina siempre hacia un “Derecho Penal de Hecho” en contraposición con el “Derecho Penal de Autor”. En el primero, la punibilidad se vincula a una acción concreta, descrita típicamente, y la sanción representa la respuesta al hecho individual. Entre los presupuestos del segundo, algo debe ser buscado en la peculiaridad del autor, como son los móviles de su acción cuando es creada la agravante por discriminación o en la atenuante subjetiva de obrar por motivos morales, altruistas o patrióticos. Según el profesor Fernández, la adhesión de la doctrina alemana al así llamado “Derecho Penal de Hecho” la ha llevado a rechazar cualesquiera agravantes de responsabilidad criminal de carácter subjetivo, las cuales tampoco están presentes en el ordenamiento jurídico penal alemán. Del mismo modo ha sucedido con aquellos penalistas españoles que rechazan la presencia de la agravante por discriminación integrada al Código Penal español de 1995. Tal como está normada la agravante en las legislaciones española y argentina, el elemento objetivo lo componen las cualidades pertenecientes al sujeto pasivo (raza, religión, nacionalidad, etc.), que deben ser conocidas de antemano por el sujeto activo y deben dar razón del acto delictivo.
3.2.2. La forma extrema de discriminación: el genocidio
El delito de genocidio fue tipificado por primera vez al interior del derecho internacional a través de la Convención sobre Prevención y Castigo del Genocidio, de 1948.
Hoy, muchos de los cientosetentaitres Estados Partes o Signatarios de esta Convención lo han incorporado a su legislación penal. Es el caso de los seis paises en comparación en este estudio (Ver Anexo). En el derecho comparado, con algunas diferencias, se castiga a través de él a los que con el propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso –o un grupo determinado a partir de cualquier otro criterio arbitrario– perpetren al menos uno de los actos que se detallan en cada normativa. Para que la autonomía e independencia del tratamiento punitivo correspondiente al delito de genocidio se acredite, en relación con los otros delitos (contra la vida, la integridad física, la capacidad de reproducción del grupo, etc.) que pueden acompañarlo, la intención finalista de destruir o eliminar total o parcialmente a un grupo debe estar presente en el injusto como elemento subjetivo esencial. Este elemento subjetivo se integra en el ámbito objetivo a través del bien jurídico protegido –la dignidad de la persona– con la particularidad que por medio de la tipificación del delito de genocidio se protege a un bien jurídico suprapersonal, cuyo titular es la Humanidad o la Comunidad Internacional La perspectiva descrita puede observarse tanto en los Códigos Penales francés (Art. 211.1) o mexicano (Art. 149bis) que definen el genocidio bajo el epígrafe: “De los delitos contra la humanidad”, como en la doctrina alemana, que considera a la figura no “en primera línea un delito contra la vida, sino más bien un delito contra la humanidad” (Schönke/Schröder, Stratgesetzbuch. Kommentar, 1997, cit. Politoff, 2001) p. 2) o la doctrina española según la cual “estas infracciones tutelan principios y derechos que la Humanidad reconoce a todos los seres humanos por el hecho de serlo [… y por ello] son los que en el Derecho Internacional se denominan ‘crímenes contra la Humanidad’.” (Carbonell Mateu, cit. por Bernal del Castillo, 1998, p. 137). Por otra parte, la intención finalista del injusto requiere como presupuesto tanto el conocimiento de las características raciales, étnicas, etc. de los sujetos pasivos, como la actitud discriminatoria subjetiva actuante. Por lo cual, en los sistemas como el español o el argentino, en que está vigente la agravante de discriminación, ésta no se distingue en el genocidio de los
actos concretos realizados y estos actos no se castigan como delitos independientes, salvo que no resulte probado el propósito genocida.
Una de las observaciones que pueden hacerse como consecuencia de esta comparación entre normativas penales sobre discriminación es la gran similitud entre ellas, la cual alcanza su máxima en la tipificación del delito de genocidio que en casi todos los casos consultados, salvo el de la República Argentina –que de todas maneras no se separa totalmente del paradigma– sigue la pauta establecida por la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas. El único punto de mayor diversidad es dado, como se ha visto, por la agravante por discriminación, la cual sólo es consultada por dos entre las legislaciones comparadas. Sin embargo, en relación a ella debe tenerse presente que las diferencias no surgen de los elementos que componen el tipo penal de discriminación, sino de aquellos que se refieren a la naturaleza jurídica de la agravante. Se señaló cómo la legislación alemana no integra agravantes de responsabilidad criminal de carácter subjetivo –incluida la de reincidencia– y también cómo parte de la doctrina española se opone a la existencia de la agravante por discriminación en su Código Penal. Entrar desde una perspectiva dogmática o crítica a las fundamentaciones de los que se han llamado Derechos Penales de Autor o de Hecho, que justificarían estas posturas o sus contrapartes, sobrepasa los límites de este trabajo. La mayor semejanza normativa contrasta profundamente con las dificultades presentadas dentro de muchas conferencia mundiales de las Naciones Unidas contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras Formas Conexas de Intolerancia para abrir el debate sobre temas como el sionismo o el antisemitismo o sobre las demandas compensatorias hechas a los europeos por los países antiguamente colonizados de África, las que incluyen incluso la devolución de obras de arte “robadas” durante el colonialismo.
Estas situaciones, así como los resultados de la Encuesta de la Fundación Ideas realizada en la Región Metropolitana, a los que se hizo referencia al comienzo de este trabajo, hacen presente la realidad de la discriminación tanto en el pasado como en el mundo contemporáneo y, frente a ella –más allá de la urgencia de su tipificación penal– la necesidad de comprender a nivel nacional e internacional que la diversidad no es una amenaza sino un don y de este modo, en palabras de Mary Robinson y Nelson Mandela “en vez de permitir que la diversidad de razas y culturas se convierta en un factor limitativo del intercambio y del desarrollo humano, demos una nueva orientación a nuestro entendimiento, distingamos en esta diversidad el potencial que nos lleve al enriquecimiento mutuo, y aceptemos que es este intercambio entre las grandes tradiciones de la espiritualidad humana, el que nos ofrece las mejores perspectivas para la pervivencia de nuestro propio espíritu”. (http://www.un.org/spanish/CMCR/vision.htm).
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LEGISLACIÓN SOBRE DISCRIMINACIÓN PUNIBLE
1. ALEMANIA (Traducción: Fernando Arrau) CODIGO PENAL Capítulo VII Crímenes contra el orden público Sección 130 Incitación al pueblo (1) Será castigado con prisión por tres meses a cinco años, quien, de algún modo, altere la paz pública, 1. incite al odio contra sectores de la población o promueva medidas violentas o arbitrarias en contra de ellos; o 2. atropelle la dignidad humana de otros, insultando de modo maliciosamente perverso o difamando a sectores de la población. (2) Será castigado con prisión por no más de tres años o con multa, quien: 1. Con respecto a escritos, (Sección 11 subsección (3)) (*), que inciten al odio contra segmentos de la población o contra un grupo nacional, racial o religioso o uno caracterizado por sus costumbres étnicas, o a medidas violentas o arbitrarias contra ellos, o que atropellen la dignidad humana de otros a través de insultos, maliciosamente perversos, o difamantes de sectores de la población o de un grupo caracterizado de antemano: a) los distribuya; b) los haga accesibles a través de exhiciones públicas, correo, obsequios u otra forma; c) los ofrezca, obsequie, o haga accesible a una persona menor de dieciocho años; o d) produzca, adquiera, suministre, guarde, ofrezca, pregone, ensalce, se encargue de exportarlos o importarlos, para usarlos u obtener copias de ellos con los fines establecidos en las letras a-c, o facilite su uso por otros. 2. difunda una presentación del contenido indicado en el número 1 a través de la radio, 3. Con prisión por no más de cinco años o multa, será castigado quien públicamente o en una reunión, de forma que pueda causar una perturbación del orden público, apruebe, niegue o disminuya la importancia de los actos cometidos bajo el dominio del Nacional Socialismo del tipo indicado en la Sección 220 a, subsección (1). (4) La subsección (2) se aplicará también a los escritos, Sección 11, subsección (3) (*), con contenidos semejantes a los indicados en la subsección (3).
(5) En los casos bajo la subsección (2) en conjunción con la subsección (4) y en los casos de la subsección (3), Sección 86 subsección (3), se aplicará lo que corresponde. (*)Sección 11 (3): Medios de comunicación audiovisuales, archivos, ilustraciones y otras imágenes serán equivalentes a escritos, cuando se haga referencia a esta sección. Original alemán § 130. Volksverhetzung. (1) Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, 1. zum Haß gegen Teile der Bevölkerung aufstachelt oder zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen gegen sie auffordert oder 2. die Menschenwürde anderer dadurch angreift, daß er Teile der Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet,wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. (2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 1. Schriften (§ 11 Abs. 3), die zum Haß gegen Teile der Bevölkerung oder gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihr Volkstum bestimmte Gruppe aufstacheln, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen gegen sie auffordern oder die Menschenwürde anderer dadurch angreifen, daß Teile der Bevölkerung oder eine vorbezeichnete Gruppe beschimpft, böswillig verächtlich gemacht oder verleumdet werden, a) verbreitet, b) öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht, c) einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überläßt oder zugänglich macht oder d) herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, einzuführen oder auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Buchstaben a bis c zu verwenden oder einem anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen, oder. 2. Eine Darbietung des in Nummer 1 bezeichneten Inhalts durch Rundfunk verbreitet. (3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung der in § 220a Abs. 1 bezeichneten Art in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich oder in einer Versammlung billigt, leugnet oder verharmlost. (4) Absatz 2 gilt auch für Schriften (§ 11 Abs. 3) des in Absatz 3 bezeichneten Inhalts. (5) In den Fällen des Absatzes 2, auch in Verbindung mit Absatz 4, und in den Fällen des Absatzes 3 gilt § 86 Abs. 3 entsprechend. Sección 220ª Genocidio (1) Quien, con la intención de destruir como tal, totalmente o en parte, a un grupo nacional, racial o religioso o caracterizado étnicamente: 1. asesine a miembros del grupo;
2. cause grave daño físico o emocional a miembros del grupo, especialmente del tipo indicado en la Sección 224; 3. sitúe al grupo en condiciones de vida que lo lleve en su totalidad o parcialmente a su destrucción física; 4. imponga medidas orientadas a evitar los nacimientos dentro del grupo; 5. traslade forzadamente a niños del grupo a otros grupos, será castigado con presidio perpetuo. (2) En casos menos graves bajo la Subsección (1), números 2 a 5, la pena será prisión por no menos de cinco años. Original alemán: (1) Wer in der Absicht, eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihr Volkstum bestimmte Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören, 1. Mitglieder der Gruppe tötet, 2. Mitgliedern der Gruppe schwere körperliche oder seelische Schäden, insbesondere der in § 224 bezeichneten Art, zufügt, 3. die Gruppe unter Lebensbedingungen stellt, die geeignet sind, deren körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen, 4. Maßregeln verhängt, die Geburten innerhalb der Gruppe verhindern sollen, 5. Kinder der Gruppe in eine andere Gruppe gewaltsam überführt, wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. (2) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 bis 5 ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren.
LEY 23.592, de 1988, represión de actos u omisiones discriminatorios Artículo 1º. Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados. A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos y omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos. Artículo 2º. Elévase en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal de todo delito reprimido por el Código Penal o leyes complementarias cuando sea cometido por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad, o con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. En ningún caso se podrá exceder del máximo legal de la especie de pena de que se trate.
Artículo 3º. Serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma. En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas. Artículo 4º. (Agregado por Ley 24.782). Se declara la obligatoriedad de exhibir en el ingreso a los locales bailables, de recreación, salas de espectáculos, bares, restaurantes u otros de acceso público, en forma clara y visible el texto del artículo 16 de la Constitución Nacional, junto con el de la ley. Artículo 5. (Agregado por Ley 24.782). El texto señalado en el artículo anterior, tendrá una dimensión, como mínimo de treinta centímetros de ancho, por cuarenta de alto y estará dispuesto verticalmente. En el mismo al pie, deberá incluirse un recuadro destacado con la siguiente leyenda: "Frente a cualquier acto discriminatorio, usted puede recurrir a la autoridad policial y/o juzgado civil de turno, quienes tienen la obligación de tomar su denuncia". Ley 20.744, de 1974, sobre Contrato de Trabajo Artículo 17 (Prohibición de hacer discriminaciones). Por esta ley se prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores por motivo de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de edad. Artículo 81 (Igualdad de trato). El empleador debe dispensar a todos los trabajadores igual trato en identidad de situaciones. Se considerará que existe trato desigual cuando se produzcan discriminaciones arbitrarias fundadas en razones de sexo, religión o raza, pero no cuando el diferente tratamiento responda a principios de bien común, como el que se sustente en la mayor eficacia, laboriosidad o contracción a sus tareas por parte del trabajador. (texto según ley 21.297). Artículo 172 (Capacidad - Prohibición de trato discriminatorio). La mujer podrá celebrar toda clase de contrato de trabajo, no pudiendo consagrarse por las convenciones colectivas de trabajo, o reglamentaciones autorizadas, ningún tipo de discriminación en su empleo fundada en el sexo o estado civil de la misma, aunque este último se altere en el curso de la relación laboral. En las convenciones colectivas o tarifas de salarios que se elaboren se garantizará la plena observancia del principio de igualdad de retribución por trabajo de igual valor.
(Traducción: Fernando Arrau) Ley 7.716, DE 1989, define los crímenes resultantes del prejuicio de raza o de color. Art. 1º Serán castigados, en la forma prescrita por la presente ley los crímenes resultantes de la discriminación o prejuicio de raza, color, etnia, religión o procedencia nacional. (Reformado por ley 9459/97). Art. 2º (Derogado). Art. 3º Impedir u obstar el acceso de alguien, debidamente habilitado, a cualquier cargo de la Administración Directa o Indirecta, así como de las concesionarias de servicios públicos. Pena: reclusión de dos a cinco años. Art. 4º Negar u obstar empleo en empresa privada. Pena: reclusión de dos a cinco años. Art. 5º Recusar o impedir el acceso a un establecimiento comercial, negándose a servir, atender o recibir un cliente o un comprador. Pena: reclusión de uno a tres años. Art. 6º Recusar, negar o impedir la inscripción o ingreso de un alumno en un establecimiento de enseñanza pública o privada de cualquier grado. Pena: reclusión de tres a cinco años. Párrafo único. Si el crimen fuera practicado contra menor de dieciocho años la pena es agravada en un 1/3 (un tercio). Art. 7º Impedir el acceso o recusar hospedaje en hotel, pensión, posada, o cualquier establecimiento similar. Pena: reclusión de tres a cinco años. Art. 8º Impedir el acceso o recusar la atención en restaurantes, bares, confiterías, o locales semejantes abiertos al público. Pena: reclusión de uno a tres años. Art. 9º Impedir el acceso o recusar atender en establecimientos deportivos, casas de diversiones, o clubes sociales abiertos al público. Pena: reclusión de uno a tres años. Art. 10. Impedir el acceso o recusar atender en salones de caballeros, barberías, termas o casas de masaje o establecimiento con las mismas finalidades. Pena: reclusión de uno a tres años. Art. 11. Impedir el acceso a las entradas sociales en edificios públicos o residenciales y ascensores o escala de acceso a los mismos. Pena: reclusión de uno a tres años. Art. 12. Impedir el acceso o uso de transportes públicos, como aviones, navíos, barcos, omnibus, trenes, metro o cualquier otro medio de transporte. Pena: reclusión de uno a tres años. Art. 13. Impedir u obstar el acceso de alguien al servicio en cualquier rama de las Fuerzas Armadas. Pena: reclusión de dos a cuatro años. Art. 14. Impedir u obstar, por cualquier medio o forma, el casamiento o convivencia familiar y social.
Pena: reclusión de dos a cuatro años. Art. 15. (Derogado). Art. 16. Constituye efecto de la condena la pérdida del cargo o función pública, para el servidor público, y la suspensión del funcionamiento del establecimiento particular por un plazo no superior a tres meses. Art. 17. (Derogado). Art. 18. Los efectos de que trata el artículo 16 de esta ley no son automáticos, debiendo ser justificadamente declarados en la sentencia. Art. 19. (Derogado). Art. 20. Practicar, inducir o incitar a la discriminación o prejuicio de raza, color, etnia, religión o procedencia nacional. Pena: reclusión de uno a tres años y multa. § 1º Fabricar, comercializar, distribuir o transportar en vehículo símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos o propaganda que utilicen la cruz suástica o gamada, como fin de divulgación del nazismo. Pena: reclusión de dos a cinco años y multa. § 2 º Si cualesquiera de los crímenes previstos es cometido por intermedio de los medios de comunicación social o publicación de cualquier naturaleza: Pena: reclusión de dos a cinco años y multa. § 3º En el caso del párrafo anterior, el juez podrá determinar, oído el Ministerio Público o a pedido de este, aún antes de la investigación policial, bajo pena de desobediencia: I - la recogida inmediata o la búsqueda e incautación de los ejemplares del material respectivo; II - el cese de las respectivas transmisiones radiofónicas o televisivas. § 4º En la hipótesis del § 2º, constituye efecto de la condena, después de la cosa juzgada, la destrucción del material aprehendido. Ley 9.029, de 1995, prohíbe la exigencia de certificado de gravidez, esterilización y otras prácticas discriminatorias, para los efectos de admisión o de permanencia de la relación jurídica de trabajo, y da otras providencias. Art. 1º - Queda prohibida la adopción de cualquier práctica discriminatoria y limitativa para los efectos de acceso a la relación de empleo, o su mantención, por motivo de sexo, origen, raza, color, estado civil, situación familiar o edad, garantizadas, en este caso, las hipótesis de protección previstas en el inciso XXXIII del Art. 7º de la Constitución Federal (1).
((1) Artículo 7o. Son derechos de los trabajadores urbanos y rurales, además de otros que tiendan a la mejora de su condición social: XXXIII. la prohibición del trabajo nocturno, peligroso o insalubre a los menores de dieciocho años y de cualquier trabajo a las menores de catorce, salvo en condición de aprendiz.)
Art. 2º - Constituyen crímenes las siguientes prácticas discriminatorias: I - la exigencia de test, examen, pericia, laudo, certificado, declaración o cualquier otro procedimiento relativo a esterilización o estado de gravidez; II - la adopción de cualesquiera medidas, de iniciativa del empleador, que configuren:
inducción o instigación a la esterilización genética; promoción del control de natalidad, salvo el ofrecimiento de servicios y de consejo o planificación familiar, realizados a través de instituciones públicas o privadas, sometidas a las normas del Sistema Único de Salud (SUS). Pena: detención de uno a dos años y multa. PARRAFO UNICO. Son sujetos activos de los crímenes a que se refiere este artículo: I.- la persona física empleadora; II.- el representante legal del empleador, como definitivo en la legislación laboral; III.- el dirigente, directo o delegado, de órganos públicos y entidades de las administraciones públicas directa, indirecta y fundacional de cualesquiera poderes de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios. Art. 3° - Sin perjuicio de lo prescrito en el artículo anterior, las infracciones a lo dispuesto en esta ley son pasibles de las siguientes penas: I - multa administrativa de diez veces el valor del mayor salario pago por el empleador, elevado en cincuenta por ciento a las instituciones financieras oficiales. Art. 4° - La ruptura de la relación de trabajo por acto discriminatorio, en los moldes de esta ley, faculta al empleador a optar entre: I - la readmisión, resarcimiento integral de todo el período de alejamiento, mediante pago de las remuneraciones debidas, monetariamente acrecentadas conforme los intereses legales; II - la percepción doble de la remuneración del período de alejamiento, corregida monetariamente y acrecentada conforme a los intereses legales. Ley N° 2.889, de 1956, define y castiga el crimen de genocidio. Art. 1° Quien, con la intención de destruir totalmente o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) asesine a miembros del grupo; b) cause lesión grave a la integridad física o mental de miembros del grupo; c) someta intencionalmente al grupo a condiciones de existencia capaces de ocasionarle la destrucción física total o parcial; d) adopte medidas destinadas a impedir los nacimientos al interior del grupo; e) efectúe la transferencia forzada de niños del grupo para otro grupo. Será castigado: con las penas del art. 121, § 2°, del Código Penal, en el caso de la letra a; con las penas del art. 129, § 2°, en el caso de la letra b; con las penas del art. 270, en el caso de la letra c; con las penas del art. 125, en el caso de la letra d; con las penas del art. 148, en el caso de la letra e. * Véase Art. 9° de la Ley N° 8.072, de 25 de julio de 1990.
Art. 2° Si se asociaran mas de 3 (tres) personas para practicar los crímenes mencionados en el artículo anterior: Pena: la mitad de la prevista para los crímenes allí previstos. * Véase el Art. 9° de la Ley N° 8.072, de 25 de julio de 1990. Art. 3° Incitar, directa y públicamente, a cometer cualquier de los crímeness de que trata el Art. 1°: Pena: la mitad de las penas allí previstas. § 1° La pena por el crimen de incitación será la misma del crimen incitado, si este se consuma. § 2° La pena será aumentada en un tercio cuando la incitación fuera cometida a través de la prensa. * Véase Art. 1°, III, m, de la Ley N° 7.960, de 21 de diciembre de 1989. * Véase Art. 9° de la Ley N° 8.072, de 25 de julio de 1990. Art. 4° La pena será agravada en un tercio, en el caso de los Arts. 1°, 2° y 3°, si el crimen fuera cometido por gobernante o funcionario público. Art. 5° Será castigada con dos tercios de las respectivas penas, la tentativa de los crímenes definidos en esta ley. Art. 6º Los crímenes de que trata esta ley no serán considerados crímenes políticos para los efectos de extradición. Art. 7° Se revocan las disposiciones en contrario.
CÓDIGO PENAL LIBRO I Disposiciones generales sobre los delitos y las faltas, las personas responsables, las penas, medidas de seguridad y demás consecuencias de la infracción penal. Título I De la infracción penal Capítulo IV De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal Art. 22. Son circunstancias agravantes: […] 4. Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo u orientación sexual, o la enfermedad o minusvalía que padezca. Libro II
Delitos y sus penas Título XV De los delitos contra los derechos de los trabajadores Art. 314. Los que produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado, contra alguna persona por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, por ostentar la representación legal o sindical de los trabajadores, por el parentesco con otros trabajadores de la empresa o por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado español, y no restablezcan la situación de igualdad ante la Ley tras requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños económicos que se hayan derivado, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de seis a doce meses. Título XXI Delitos contra la Constitución Capítulo IV De los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y al deber de cumplimiento de la prestación social sustitutoria. Sección 1. De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución Art. 510. 1. Los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. 2. Serán castigados con la misma pena los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, difundieren informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones en relación a su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía. Artículo 511. 1. Incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años el particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía. 2. Las mismas penas serán aplicables cuando los hechos se cometan contra una asociación, fundación, sociedad o corporación o contra sus miembros por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía.
3. Los funcionarios públicos que cometan alguno de los hechos previstos en este artículo, incurrirán en las mismas penas en su mitad superior y en la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro años. Art. 512. Los que en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denegaren a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, incurrirán en la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio, por un período de uno a cuatro años. Art. 515. Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración: […] 5. Las que promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, o inciten a ello. TÍTULO XXIV Delitos contra la Comunidad Internacional Capítulo II Delitos de genocidio Artículo 607. 1. Los que, con propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, perpetraren alguno de los actos siguientes, serán castigados: 1. Con la pena de prisión de quince a veinte años, si mataran a alguno de sus miembros. Si concurrieran en el hecho dos o más circunstancias agravantes, se impondrá la pena superior en grado. 2. Con la prisión de quince a veinte años, si agredieran sexualmente a alguno de sus miembros o produjeran alguna de las lesiones previstas en el artículo 149 (1). 3. Con la prisión de ocho a quince años, si sometieran al grupo o a cualquiera de sus individuos a condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o perturben gravemente su salud, o cuando les produjeran algunas de las lesiones previstas en el artículo 150 (2). 4. Con la misma pena, si llevaran a cabo desplazamientos forzosos del grupo o sus miembros, adoptaran cualquier medida que tienda a impedir su género de vida o reproducción, o bien trasladaran por la fuerza individuos de un grupo a otro. 5. Con la de prisión de cuatro a ocho años, si produjeran cualquier otra lesión distinta de las señaladas en los números 2. y 3. de este apartado. 2. La difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen los delitos tipificados en el apartado anterior de este artículo, o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de los mismos, se castigará con la pena de prisión de uno a dos años.
Artículo 149. El que causare a otro, por cualquier medio o procedimiento, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro principal, o de un sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave deformidad, una grave enfermedad somática o psíquica, será castigado con la pena de prisión de seis a doce años. Artículo 150. El que causare a otro la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro no principal, o la deformidad, será castigado con la pena de prisión de tres a seis años.
CODIGO PENAL (1994) LIBRO II De los delitos graves y menos graves contra las personas TÍTULO PRIMERO De los crímenes contra la Humanidad Capitulo Primero Del Genocidio Art. 211-1. Comete genocidio quien, en ejecución de un plan preconcebido que pretende la destrucción total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, o bien cualquier otro grupo determinado en base a un criterio arbitrario, realiza o incita a realizar alguno de los siguientes actos: atentar dolosamente contra la vida; atentar gravemente contra la integridad física o psíquica; someter a dicho grupo a condiciones de existencia que puedan conllevar su destrucción parcial o total; aplicar medidas destinadas a dificultar los nacimientos; proceder al traslado forzoso de niños. El genocidio será castigado con reclusión perpetua. Los dos primeros apartados del artículo 132-23 relativo al período de seguridad serán aplicables al delito grave previsto por el presente artículo. Capítulo V De los delitos contra la dignidad de la persona Sección 1ª De la discriminación Art. 225-1. Constituye discriminación toda distinción impuesta a las personas físicas debido a su origen, sexo, situación familiar, estado de salud, minusvalía, a sus costumbres, opiniones políticas, actividades sindicales, a su pertenencia o no pertenencia, supuesta o verdadera, a una etnia, nación, raza o religión determinada. Asimismo, constituye discriminación toda distinción impuesta a las personas jurídicas debido a su origen, sexo, situación familiar, estado de salud, minusvalía, a sus costumbres, opiniones
políticas, actividades sindicales, a la pertenencia o no pertenencia, supuesta o verdadera, a una etnia, nación, raza o religión determinada de los miembros o de algunos miembros de estas personas jurídicas. Art. 225-2. La discriminación definida en el artículo anterior, cuando sea cometida contra una determinada persona física o jurídica, será castigada con la pena de dos años de prisión y de 200.000 F de multa siempre que suponga: 1º Negarse a proporcionar un bien o un servicio; 2º Dificultar el ejercicio normal de cualquier actividad económica; 3º Negarse a contratar a una persona, sancionarla o despedirla; 4º Supeditar la concesión de un bien o de un servicio a una condición basada en uno de los elementos señalados en el artículo anterior; 5º Supeditar una oferta de empleo a una condición basada en uno de los elementos señalados en el artículo anterior. Art. 225-3. Las disposiciones del artículo anterior no serán aplicables: 1º A las discriminaciones basadas en el estado de salud, cuando consistan en operaciones cuyo objeto sean el estado de salud y la cobertura del riesgo de defunción, de los riesgos que atenten contra la integridad física de la persona o de los riesgos de invalidez o de incapacidad laboral; 2º A las discriminaciones basadas en el estado de salud o en la discapacidad, cuando consistan en negarse a contratar o en efectuar despidos basándose en la incapacidad constatada médicamente, bien conforme al Título IV del Libro II del Código del Trabajo, o bien conforme a las leyes que incluyen disposiciones estatutarias relativas a la función pública; 3º A las discriminaciones que, en el terreno de las contrataciones, estén basadas en el sexo cuando la pertenencia a uno u otro sexo constituya, de acuerdo con las disposiciones del Código del Trabajo y a las leyes que disponen condiciones estatutarias relativas a la función pública, la condición determinante para el desempeño de un empleo o de una actividad profesional. Art. 225-4. Las personas jurídicas podrán ser declaradas penalmente responsables de las infracciones definidas en el artículo 225-2, según las condiciones previstas por el artículo 1212. Las personas jurídicas serán castigadas con las siguientes penas: 1º La multa, conforme a las modalidades previstas por el artículo 131-38; 2º Las penas recogidas en los apartados 2º, 3º, 4º, 5º, 8º y 9º del artículo 131-39. La inhabilitación señalada en el apartado 2º del artículo 131-39 se refiere a la actividad en el ejercicio o con motivo de cuyo ejercicio ha sido cometida la infracción.
Libro IV De los delitos graves y menos graves contra la Nación, el Estado y la paz pública Título III. De los delitos contra la autoridad del Estado CAPITULO II De los delitos contra la Administración Pública cometidos por personas que desempeñen una función pública Sección 2ª De los abusos de autoridad cometidos contra particulares § 2. De las discriminaciones Art. 432-7. La discriminación definida en el artículo 225-1, cometida contra una persona física o jurídica por una autoridad pública o persona encargada de una misión de servicio público, cuando se halle ejecutando las funciones de su cargo o con ocasión de ellas, será castigada con la pena de tres años de prisión y 300.000 F de multa cuando consista: 1º En negar el beneficio de un derecho reconocido por la ley; 2º En obstaculizar el normal ejercicio de una actividad económica cualquiera. Art. 416.3. Toda persona que por su profesión o sus funciones tiene la posibilidad de emplear para ella o para otro a uno o a varios trabajadores y que haya rechazado emplear o haya despedido a una persona por razón de su origen, situación familiar, pertenencia a una raza, religión determinada –salvo motivo legítimo– por su estado de salud, o haya sometido una oferta de empleo a una condición fundada en el origen, sexo, costumbres, situación familiar, pertenencia o no a una etnia, nación, raza o religión determinada o –salvo motivo legítimo– su estado de salud, será condenado a pena de prisión de dos meses a un año o multa de 2.000 a 200.000 francos. CÓDIGO DEL TRABAJO Art. L122-45 Ninguna persona puede ser descartada de un proceso de selección, ningún asalariado puede ser sancionado o despedido en razón de su origen, de su sexo, de sus costumbres, de su situación de familia, de su pertenencia a una etnia, una nación o una raza, de sus opiniones políticas, de sus actividades sindicales o mutualistas, de sus convicciones religiosas o, salvo ineptitud constatada por el médico del trabajo en el marco del título IV del Libro II del presente código, en razón de su estado de salud o de su incapacidad. Ningún asalariado puede ser sancionado o despedido en razón del ejercicio normal del derecho de huelga. Toda disposición o todo acto contrario con respecto a un asalariado es nulo de pleno derecho.
CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL - 14/08/1931 LIBRO SEGUNDO TITULO DECIMOSEPTIMO BIS DELITOS CONTRA LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS CAPITULO UNICO Art. 281 bis.- Se impondrá pena de uno a tres años de prisión, de cincuenta a doscientos días multa y de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad al que, por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, carácter físico, discapacidad o estado de salud: i. provoque o incite al odio o a la violencia; ii. en ejercicio de sus actividades profesionales, mercantiles o empresariales, niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho; Para los efectos de esta fracción, se considera que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al publico en general. iii. veje o excluya a alguna persona o grupo de personas cuando dichas conductas tengan por resultado un daño material o moral; o iv. niegue o restrinja derechos laborales. Al que siendo servidor publico, incurra en alguna de las conductas previstas en este articulo o niegue o retarde a una persona un trámite o servicio al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo, y se le impondrá la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta. No serán considerados como delitos contra la dignidad de la persona todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente desfavorecidos. Este delito solamente se perseguirá por querella de parte ofendida o de su legítimo representante. CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL LIBRO SEGUNDO TITULO CUARTO DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA CAPITULO IV ASOCIACIONES DELICTUOSAS Artículo 164.- Al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas con el propósito de delinquir, se le impondrá, por el solo hecho de ser miembro de la asociación, prisión de cinco a diez años, y de cien a trescientos días multa. Si el miembro de la asociación es o ha sido servidor publico o miembro de una empresa de seguridad privada, la pena a la que se refiere el primer párrafo se aumentará en una mitad más
y se impondrá además, en su caso, la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro. Cuando la asociación o alguno de sus miembros, utilice a menores de edad o incapaces para delinquir, la pena a que se refiere el primer párrafo se aumentará en una mitad. Se presumirá que existe asociación delictuosa cuando las mismas tres o más personas tengan alguna forma de autoría o participación conjunta en dos o mas delitos. LEY FEDERAL DEL TRABAJO TITULO I PRINCIPIOS GENERALES Artículo 3.- El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social. Asimismo, es de interés social promover y vigilar la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores. TITULO III CONDICIONES DE TRABAJO CAPITULO I--DISPOSICIONES GENERALES Artículo 56.- Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta Ley y deberán ser proporcionadas a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias por motivo de raza, nacionalidad, sexo, edad, credo religioso o doctrina política, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta Ley. TITULO V TRABAJO DE LAS MUJERES Artículo 164.- Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres. Artículo 165.- Las modalidades que se consignan en este capítulo tienen como propósito fundamental, la protección de la maternidad.
CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMUN, Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL; Libro Segundo, Titulo Tercero: Delitos Contra la Humanidad, Capitulo II Genocidio Artículo 149 bis. Comete el delito de genocidio el que con el propósito de destruir, total o parcialmente a uno o mas grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso, perpetrase por cualquier medio, delitos contra la vida de miembros de aquellos, o impusiese la esterilización masiva con el fin de impedir la reproducción del grupo. Por tal delito se impondrán de veinte a cuarenta años de prisión y multa de quince mil a veinte mil pesos. Si con idéntico propósito se llevaren a cabo ataques a la integridad corporal o a la salud de los miembros de dichas comunidades o se trasladaren de ellas a otros grupos menores de diez y seis años, empleando para ello la violencia física o moral, la sanción será de cinco a veinte años de prisión y multa de dos mil a siete mil pesos. Se aplicaran las mismas sanciones señaladas en el párrafo anterior, a quien con igual propósito someta intencionalmente al grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. En caso de que los responsables de dichos delitos fueran gobernantes, funcionarios o empleados públicos y las cometieren en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de las sanciones establecidas en este artículo se les aplicarán las penas señaladas en el artículo 15 de la ley de responsabilidades de los funcionarios y empleados de la federación.
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 Artículo 2

Artículo 3
 Artículo 4
 artículo 16
 Artículo 5
 Artículo 17
 Artículo 81
 Artículo 172
 artículo 16
 Artículo 7
 Artículo 511
 Artículo 607
 artículo 149
 artículo 150

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 artículo 225
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 Artículo 149
 artículo 15