Source: http://docplayer.es/30717743-Diputacion-provincial-de-toledo.html
Timestamp: 2018-12-10 16:32:33+00:00

Document:
María Mercedes Moreno Sánchez
1 La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de, mediante escrito de fecha 27 de marzo de 2013, registrado de entrada en esta Diputación Provincial el día 5 de abril de 2013, solicita a este Departamento de Asistencia Técnica a Municipios informe jurídico en relación con la procedencia o no de la revisión de precios solicitada por la mercantil, adjudicataria del contrato de Consultoría y Asistencia para la ejecución de los trabajos de redacción del Plan de Ordenación Municipal de, mediante acuerdo adoptado en sesión celebrada por el Pleno de fecha A tales efectos, la primera autoridad municipal nos anuncia la remisión de la siguiente documentación: - Escrito presentado por la Compañía, registro de entrada núm. 819 de Pliego de clausulas administrativas y prescripciones técnicas y contrato administrativo, de fecha ANTECENTES Así pues, a la vista de los documentos aportados y del contenido de los mismos, y una vez consultada la legislación que consideramos de aplicación al caso, que después diremos, se procede a emitir el siguiente, INFORME Primero.- Al contrato de Consultoría y Asistencia para la ejecución de los trabajos de redacción del Plan de Ordenación Municipal de, suscrito entre el Ayuntamiento y la, con fecha 1 de agosto de 2008, le son de aplicación las disposiciones contenidas en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, (en adelante TRLCAP), por cuanto la Disposición transitoria primera de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, (LCSP), (BOE núm. 261 de
2 31/10/2007), establece que los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el presente caso la convocatoria del procedimiento de adjudicación fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo Núm 2008, y su modificación en el núm 2008, del mismo Boletín, y por tanto anterior al 1 de mayo de 2008, fecha en que, de acuerdo con su disposición final duodécima, entró en vigor la LCSP, a los seis meses de su publicación, en el Boletín Oficial del Estado. Segundo.- Entrando a contestar la pregunta que se nos formula expresamente en el escrito de consulta sobre la procedencia o no de la revisión de precios del contrato en cuestión, debemos decir que el Art. 103 del TRLCAP, referido con carácter general a la revisión de precios en los contratos de la Administración dispone, en su apartado 3, que el pliego de cláusulas administrativas particulares deberá detallar la fórmula o sistema de revisión aplicable y, en resolución motivada, podrá establecerse la improcedencia de la misma que igualmente deberá hacerse constar en dicho pliego. Pues bien, en el presente caso, tanto en el apartado 9 del Pliego de cláusulas administrativas particulares, aprobado por el Pleno corporativo el, como en la cláusula cuarta del contrato administrativo de fecha, se excluye expresamente la revisión de precios, en atención a las características del contrato, al carácter personal de la mayoría de los gastos y al tiempo de duración del mismo, según se dice expresamente en el Pliego, por lo que estimamos no es procedente la revisión de precios en el contrato en cuestión. Tercero.- Dicho lo anterior, creemos que lo que está solicitando el contratista en su escrito, registrado de entrada en el Ayuntamiento con fecha , aunque el Ayuntamiento lo haya podido interpretar así, no es exactamente una revisión de precios
3 del contrato, que como hemos visto queda vedada contractualmente, y además sería imposible practicar sobre un contrato que ha caducado por el transcurso del plazo máximo de cuatro años establecido en el Art. 198 del TRLCAP para este tipo de contratos, sino la adopción de un acuerdo declarando expirado por este motivo el contrato suscrito con fecha 1 de agosto de 2008, y la consiguiente liquidación del mismo, para posteriormente suscribir uno nuevo a fin de completar los trabajos de redacción del POM que han quedado sin realizar durante la vigencia del contrato anterior ya caducado, para lo cual propone, entre otras que pudiese acordar el Ayuntamiento, dos posible vías de contratación: - Suscribir nuevo contrato con la Compañía, mediante alguna de las fórmulas que prevén los Arts. 170 y 174 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, (LCSP). - Convocar concurso mediante el procedimiento abierto descrito en el Art. 157 de la LCSP, con el fin de contratar con la firma que resulte adjudicataria la terminación de los trabajos pendientes. Cuarto.- Por lo que se refiere a la primera petición del contratista, referida a la extinción del contrato por el transcurso del plazo de cuatro años, para la cual está facultado en base al Art del TRLCAP y cláusula 17.2 del Pliego de prescripciones administrativas, creemos que es adecuada, pues está claro que, conforme al mencionado Art. 198 del TRLCAP, el plazo máximo de vigencia de este tipo de contratos es de cuatro años. Ahora bien, en cuanto a la liquidación del contrato con o sin indemnización y devolución de la fianza constituida, habrá que tener presente y valorar las circunstancias que han llevado a que un contrato que se pactó con una duración inicial de 21 meses, conforme a la cláusula cuarta del Pliego, haya llegado al plazo máximo de cuatro años permitido por la ley, sin que se hayan concluido los trabajos objeto del mismo.
4 Si, como manifiesta el contratista en su escrito, esta circunstancia se ha producido sin culpa o responsabilidad suya, entonces procederá la liquidación del contrato conforme al Art del TRLCAP, en cuanto dispone que la resolución del contrato dará derecho al contratista, en todo caso, a percibir el precio de los estudios, informes, proyectos, trabajos o servicios que efectivamente hubiese realizado con arreglo al contrato y que hubiesen sido recibidos por la Administración. Estimamos que es aquí en este artículo, y no a través de la vía de la revisión de precios, que como hemos visto no es posible, donde tendría cabida la petición del contratista de que se le satisfaga el importe de los trabajos realizados y no contemplados en el contrato original para adaptarlos a la NTP por retrasos en la tramitación, siempre que el Ayuntamiento considere que estos retrasos no son imputables al contratista, y que dicha adaptación no está contemplada dentro de las modificaciones obligadas para el contratista tanto en la cláusula segunda del contrato, como en la primera del Pliego de Prescripciones técnicas. En caso contrario, y previa motivación suficiente, podrá denegar el pago de estas cantidades. En cuanto a la devolución de la fianza constituida, el Art del TRLCAP, establece que, aprobada la liquidación del contrato, si no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se dictará acuerdo de devolución de aquélla o de cancelación del aval, por lo que procederá la devolución de la misma, siempre que haya trascurrido el plazo de garantía de un año establecido en la cláusula 19 del Pliego, respecto de todos y cada uno de los trabajos objeto del contrato que hayan sido entregados al Ayuntamiento, o de sus eventuales modificaciones para subsanar los defectos observados. Por el contrario, si no ha transcurrido dicho plazo, o del acuerdo de resolución del contrato se derivan responsabilidades para el contratista, no sólo será incautada la garantía, sino que además éste deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía constituida.
5 Respecto a la segunda de las cuestiones planteadas por el contratista, esto es, la de realizar un nuevo contrato para la conclusión de los trabajos pendientes del POM, es una cuestión que entra de lleno dentro de las competencias municipales y, en caso de juzgarlo oportuno y/o necesario, es al Ayuntamiento al único que corresponde decidir el procedimiento de adjudicación del nuevo contrato, de acuerdo con la vigente LCSP, así como determinar el importe del mismo. Qué duda cabe, que la elección de alguna de las vías contempladas en la LCSP dependerá, en gran medida, de la solución amistosa o no que se dé a la resolución del contrato extinguido, y de la necesidad y/o conveniencia de que haya una especie de continuidad de los trabajos que faltan por realizar, respecto de los trabajos ya realizados, cuestiones todas estas que debe valorar el Ayuntamiento, a fin de tomar la decisión que mejor satisfaga los intereses municipales. Conclusiones: Las que se derivan de las anteriores consideraciones. Es cuanto tengo el honor de informar, a los simples efectos de que se conozca la opinión jurídica de este Departamento, que someto a otra en derecho mejor fundada, no supliendo en ningún caso a otros informes que se hayan podido solicitar o que preceptivamente se deban emitir para la válida adopción de los oportunos acuerdos. Toledo, 22 de abril de 2013
INFORME. Sr. Alcalde:
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