Source: http://www.poderjudicial.es/search/sentencias/derechos%20y%20libertades/21/AN
Timestamp: 2020-01-24 00:17:47+00:00

Document:
derechos y libertades - 3 | CENDOJ : Buscador del Sistema de Jurisprudencia
ROJ: STS 3874/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3874
Resumen: Se confirma una resolución del tribunal para la provisión de plazas del Cuerpo Administrativo de las Cortes Generales que había excluido a la recurrente en el tercer ejercicio al no alcanzar la nota mínima requerida. Considera el TS que la evaluación del tercer ejercicio controvertido es una decisión fruto de la discrecionalidad técnica, pues corresponde al Tribunal calificador, a través de la motivación, como ha hecho en este caso, realizar una valoración adecuada de las contestaciones a los supuestos planteados en ese ejercicio según criterios técnicos. No obstante, teniendo en cuenta 1) que los miembros del órgano calificador ostentan la capacitación y especialización exigida por la norma para estos casos, que no puede ser corregida, con carácter general, respecto de ese juicio técnico, y 2) que el Alto Tribunal ha realizado juicio de contraste con el examen de otros aspirantes, no se aprecia ni la aplicación de criterios diferentes, ni que el resultado alcanzado por el Tribunal respecto de la recurrente que no supera el tercer ejercicio haya sido fruto de la arbitrariedad y no de una aplicación racional de las normas que rigen las pruebas selectivas realizadas, mediante unos criterios objetivos y razonables. Tampoco aprecia desviación de poder por el hecho de que uno de los miembros del tribunal cambiase la calificación tras la deliberación de dicho órgano colegiado, pues no se justifica que el fin perseguido sea ilegal o diferente del previsto por la norma habilitante.
ROJ: STS 3908/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3908
Nº Recurso: 8013/2018
Resumen: La Sala desestima el recurso rechazando los motivos de impugnación. No se ha producido indefensión del recurrente en el procedimiento preferente seguido, y, además, concurrían los requisitos exigidos para el seguimiento del citado procedimiento. Cierto es que la resolución motiva la tramitación del procedimiento preferente, constando dicha motivación en el expediente, por lo que, en modo alguno, podemos considerar que concurra causa determinante de la nulidad de la resolución, y sin que se haya causado indefensión o perjuicio al interesado por la hipotética ejecución de la expulsión sin concederle un plazo de salida voluntaria. No se acredita que la Administración hubiera procedido, o pudiera hacerlo, a la ejecución inmediata de la resolución con anterioridad al transcurso del plazo de entre 7 y 30 días que, para la ejecución voluntaria prevé el artículo 63 bis de la LOEX, como igualmente tampoco resulta constatable en el supuesto de autos, ya que lo que, en su caso, la tramitación del procedimiento preferente pudiera determinar sería un efecto potencialmente perjudicial para el interesado al privarle de la posibilidad de salir voluntariamente de España, y poder interesar la revocación de la prohibición de entrada impuesta en la resolución sancionadora, sin que, por ello, resulte relevante y cuenta con virtualidad anulatoria de la resolución, razón por la cual procede ratificar la sentencia impugnada.
ROJ: STS 3904/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3904
Resumen: La Sala desestima el recurso rechazando los motivos de impugnación. El recurrente pretende justificar el daño sufrido por la no posibilidad de trabajar hasta que le fue concedido la autorización de residencia en 2015, intentado así obviar la realidad de sus hijos y de él mismo. Pretende que le sea reconocida una indemnización por unos hipotéticos daños patrimoniales, que él se limita a vincular a los salarios que, en hipótesis, hubiera percibido en el tiempo en el que le fue denegada la autorización de residencia temporal. Pero esta pretensión indemnizatoria por importe de 86.278,57 euros, no ha sido mínimamente acreditada en el expediente, y se recuerda la jurisprudencia de este Tribunal Supremo que señala que la prueba de las ganancias dejadas de obtener ha de ser rigurosa, sin que puedan admitirse las hipotéticas, dudosas o contingentes, excluyendo de indemnización los supuestos de ganancias meramente posibles, pero de resultados inseguros. En este sentido, hemos de señalar que en la solicitud de asistencia gratuita del recurrente, para todas las prestaciones del art. 6 de la Ley 1/96 de Asistencia jurídica gratuita, excepto la defensa gratuita por abogado de oficio, declara como profesión "desempleado". Los alegados daños "laborales" no pueden, y esto es trascendente, vincularse en relación causa-efecto con el tema de fondo del expediente, que es la aplicación del estatuto de la ciudadanía de la Unión a sus hijos.
ROJ: STS 3882/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3882
Nº Recurso: 465/2017
Resumen: Orden ETU/258/2017, de 24 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2017. Desestimación del recurso. La orden impugnada no es una disposición de carácter general, sino un acto administrativo de aplicación con destinatario múltiple, por lo que se rechazan como motivos invalidantes la ausencia de una serie de trámites e informes preceptivos, exigibles cuando de la elaboración y aprobación de una disposición general se trate, y aunque el Gobierno puede recabar un informe de la CNMC cuando lo estime conveniente, su ausencia carece de efectos invalidantes cuando su petición, como es el caso, sea facultativa y no preceptiva. El sistema implantado por la Ley 18/2014 y desarrollado por la Orden impugnada es susceptible de alcanzar los objetivos establecidos por la Directiva 2012/27/UE, concediendo la normativa europea un amplio margen de flexibilidad a los Estados miembros para la elección del sistema que permitiese la consecución del objetivo de ahorro energético propuesto. En cuanto a la designación de los sujetos obligados, el legislador ha tenido en cuenta determinados criterios de política económica que, sean o no acertados, son objetivos y no discriminatorios. La contribución financiera al FNEE no tiene naturaleza tributaria. No se infringe el principio de reserva de Ley. No se vulnera la Directiva por el hecho de que la Ley 18/2014 y la Orden impugnada no contemplen compensación por ahorro energético.
ROJ: ATS 12845/2019 - ECLI:ES:TS:2019:12845A
Nº Recurso: 3846/2019
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es la de determinar, en primer lugar, si el artículo 40.1 EBEP, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, prevé o no un régimen jurídico específico de acceso a la información, y, en segundo lugar, de entenderse que dicho texto legal no contiene un régimen específico y resultar de aplicación, en consecuencia, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, si, a efectos de otorgar un plazo para formular alegaciones a los interesados, en los términos del artículo 19.3 de este último texto legal, debe interpretarse que cuando la información solicitada contiene datos de carácter personal, dicha información afecta a derechos o intereses de los mismos. Precedente: ATS de 4 de octubre de 2019 (RCA 577/2019). Concurre la presunción del artículo 88.3.d) LJCA sin que la cuestión suscitada carezca manifiestamente de interés casacional objetivo, trascendiendo además del caso concreto examinado y sin que exista jurisprudencia al respecto.
ROJ: ATS 12715/2019 - ECLI:ES:TS:2019:12715A
Nº Recurso: 3829/2019
Resumen: Sujeción y no exención de dividendos pagados por empresas españolas al fondo soberano gestionado por el Norges Bank (Banco Central de Noruega), entidad no residente y sin establecimiento permanente en nuestro país, para responder ante los compromisos futuros por pensiones. Exención en España de rentas similares obtenidas por las Entidades Gestoras de la Seguridad Social de nuestro país. Posible vulneración de la libre circulación de capitales prevista en el artículo 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y en el artículo 64 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. ¿Justificación razonable de tal beneficio fiscal, compatible con la libertad de circulación de capitales, por el hecho de resultar el mismo Estado español -de no resultar estar exentas tales rentas- deudor y acreedor por el mismo crédito tributario, con el efecto compensatorio que sólo conllevaría un aumento de las obligaciones formales a cargo de las entidades públicas españolas pero sin aumento efectivo de la recaudación fiscal?
ROJ: ATS 12848/2019 - ECLI:ES:TS:2019:12848A
Nº Recurso: 3834/2019
Resumen: Sujeción y no exención de dividendos pagados por empresas residentes en España a Norges Bank (Banco Central de Noruega), entidad no residente y sin establecimiento permanente en nuestro país, que gestiona la Reserva de Divisas de ese Estado. Exención en España de rentas similares obtenidas por el Banco de España, institución que desarrolla funciones similares a las que tiene atribuidas normativamente Norges Bank. Posible vulneración de la libre circulación de capitales prevista en el artículo 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo -EEE- y en el artículo 64 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. (TFUE). ¿Justificación razonable de tal beneficio fiscal, compatible con la libertad de circulación de capitales, por el hecho de resultar el mismo Estado español -de gravarse tales rentas- deudor y acreedor del mismo crédito tributario, con el efecto compensatorio que sólo conllevaría un aumento de las obligaciones formales a cargo de la entidad pública española, pero sin aumento efectivo de la recaudación fiscal?
ROJ: STS 3818/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3818
Nº Recurso: 7002/2018
Resumen: Reproduce la STS de 23-9-19 dictada en el rec. 408/18. Esta sentencia partía del pronunciamiento efectuado por STS de 28-0-05 (rec. 13/03) anulando el art. 20.1.c) del Real Decreto 1281/02, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España "en cuanto sea de aplicación directa a los Colegios Pertenecientes al ámbito autonómico", razonando que, pese a la procedencia de incluir una regulación corporativa básica de ámbito estatal sobre las causas de pérdida de la condición de colegiado, la causa contemplada en el artículo 20.1.c) se inmiscuía en la regulación económica de los colegios, regulación que corresponde a las Comunidades Autónomas y a la regulación corporativa de cada colegio, por lo que la eficacia del tal precepto, sin perjuicio de su valor supletorio, sólo podía referirse a los colegios que hipotéticamente pudieran tener ámbito superior al autonómico; partiendo de lo anterior, considera determinante para la resolución del recurso, la respuesta a la cuestión consistente en determinar si, tras la anulación jurisdiccional de los Estatutos del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid de 2011, cabe entender que los anteriores Estatutos aprobados por Orden de 22-5-07, han recobrado su vigencia, siendo la respuesta afirmativa, de forma que su art. 73.1.c) otorga cobertura normativa a los acuerdos de baja colegial por impago de las cuotas colegiales establecidas reglamentariamente.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 63
 resolución 
 artículo 40
 Real Decreto 
 artículo 19
 artículo 88
 artículo 40
 artículo 64
 artículo 40
 artículo 64
 Real Decreto 
 artículo 20
 resolución