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Timestamp: 2019-03-19 14:48:39+00:00

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Ley numero: 482
Instituir el régimen de Pensiones Sociales para personas no amparadas por un Sistema Especial de Previsión. Derógase inc. 2 del art. 3º de la L.249.
Dips. Zaragoza, Mario Antonio; Branda, Carlos Ernesto y Martín de De Nardo, Marta.
Resol. Leg. nº 318 D-960/85 T.O. Modificado su art. 31º por L.563 (B:O: 3096,p.2) Reglamentada por D. 1009/85 (B:O: 3022,p.3) D.1889/85 (B.O. 3122, p.12) Modif. Parc..por L.563 (B.O.3096,p.2) Modif. Parc. por L.599 (B.O. 3253,p.1).- Modif. Parc. por L. 771 (B.O.3777,p.2).- Modif. Parc. por L. 904 (B.O.4116,p.1).- L.1347.- agrega inc. 4 al art. 4.(B.O.6810, p.1. 18/12/2000.- Dcto. nº 938/04. Suma que percibirán pensionados. (B.O.7747 del 12-10-2004) D- 700/2001 (B.O. 7065,p.2) Regularización de deudas y facilidades de pago.- L 1485. Sustituye art. 34. (B.O.P. 8048,p.2. 28/12/2005)
LEY N° 482
Artículo 1°.-	Institúyese el régimen de pensiones sociales para todas aquellas personas no amparadas por un sistema especial de previsión.
Art. 2°.-	Créase el Instituto de Pensiones Sociales de la Provincia de Formosa cuyo funcionamiento se regirá por las disposiciones de la presente ley. El Instituto será organizado como ente autárquico, y su relación funcional con el poder Ejecutivo será a través del Ministerio de Acción Social.
Art. 3°.-	El Instituto tiene por objeto prestar asistencia social mediante el otorgamiento preferencial de pensiones a la ancianidad, discapacidad y menores desamparados en las condiciones y circunstancias que se determinen en la presente ley.
Art. 4°.-	Las prestaciones que acuerda la presente Ley son las siguientes:
1) Pensión a la ancianidad.
2) Pensión por discapacidad.
3) Pensión al menor desamparado.
Art. 5°.-	Tendrá derecho al beneficio por causa de ancianidad toda persona que reúna las siguientes condiciones:
a) Haber cumplido 60 años de edad cualquiera sea su sexo, o acreditar estado de vejez prematura.
b) Tener constituido el domicilio y una residencia continua en la provincia, inmediatamente anterior a la solicitud del beneficio pedido, de cinco años el ciudadano nativo de esta provincia y diez años los demás solicitantes.
c) No poseer rentas, jubilación, pensión o subsidio de cualquier naturaleza y no desempeñar tareas o trabajos rentados que produzcan un ingreso mayor al monto del beneficio establecido en la presente Ley.
d) Acreditar en forma sumaria y fehaciente el estado de necesidad. En los casos que el solicitante integre un núcleo familiar en el que exista algún ingreso estable, el estado de necesidad deberá revestir carácter de imperioso.
Art. 6°.-	Corresponderá la asistencia por discapacidad a las personas que:
a) Padezcan una alteración funcional permanente o prolongada, física y/o mental que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.
b) Acrediten su condición de discapacitados por credencial expedida por el órgano provincial competente.
c) Tener una residencia continuada en la provincia inmediatamente anterior a la solicitud del beneficio, de dos (2) años el ciudadano nativo de esta provincia y de cinco (5) años los demás solicitantes.
Art. 7°.-	Corresponderá asistencia a los menores de catorce (14) años, que fuesen huérfanos abandonados o que quedaran desamparados por imposibilidad física de los padres para procurarles alimentos. En todos los casos los menores deberán reunir los requisitos del los incisos c) y d) del artículo 5°.-
Art. 8°.-	En los casos de los artículos 5° y 6° cuando el peticionante tuviera parientes económicamente solventes obligados a la prestación alimentaria, el Instituto luego de conceder el beneficio, les intimara la prestación de alimentos que corresponda y de mantenerse la negativa, el Instituto se subrogara de pleno derecho a las acciones que el beneficiario compete, promoviendo las demandas judiciales correspondiente para reclamar la prestación alimentaria debida al beneficiario y además las sumas abonadas por el Instituto en concepto de pensión desde la primera intimación efectuada al pariente obligado.
Igual derecho le corresponderá cuando posteriormente cuando a la concesión del beneficio se compruebe la existencia de parientes solventes obligados a la prestación alimentaria.
Una vez obtenida la prestación de alimentos el instituto podrá revocar el beneficio cuando la cuota alimentaria fijada por sentencia judicial, o acuerdo extrajudicial homologado, fuese superior al monto del beneficio. En caso de que la cuota alimentaria fuese inferior al beneficio, el Instituto abonara la diferencia hasta completar el importe del mismo.
TITUO IV
Art. 9°.-	El monto de los beneficios a otorgarse por la presente Ley tendrá como base el sueldo mínimo vigente en la Administración publica del siguiente modo:
a) Para las pensiones por ancianidad y por discapacidad el 30% mensual como mínimo.
b) Para las pensiones a los menores desamparados el 25% como mínimo cuando fueren integrantes de un mismo núcleo familiar, sean hermanos o medio hermanos, otorgándose el beneficio al menor de ellos. Este beneficio se incrementara con u 10% mas cuando los menores integrantes del grupo familiar sean mas de tres.
Si los menores estuvieren bajo la patria potestad, guarda, tutela, etc. De personas diversas, el Instituto deberá exigirle la unificación de la personería en una sola persona a los efectos de la prestación del beneficio.
c) Una sobreasignacion anual complementaria equivalente a la doceava parte del total percibido en el curso del año que se liquidara en dos cuotas, abonándose juntamente con los haberes pensionarios de los meses de junio y diciembre de cada año.
Art. 10.-	Concedida la pensión, el beneficio comenzara a abonarse el primer día del mes siguiente al de su otorgamiento.
SUSPENSIÓN DEL PAGO DE LOS BENEFICIOS
Art. 11.-	Podrá suspenderse el pago de los beneficios previstos en la presente Ley, cuando el Instituto compruebe debidamente, conforme al procedimiento que establezca la reglamentación, la falta de comparencia oportuna no autorizada, por parte del beneficiario a percibir sus haberes por dos bimestres consecutivos.
El Instituto podrá autorizar al beneficiario una ausencia de la provincia, superior al termino señalado en el apartado anterior siempre que justifique la misma por razones de atención medica del beneficiario.
Art. 12.-	Los beneficios que acuerda esta ley, caducaran definitivamente por las siguientes causas:
c) Si fueran menores de (14) años; al cumplirse esa edad. Si los beneficiarios menores fueran varios, se ira excluyendo del beneficio a medida que lleguen a esa edad hasta producirse la caducidad total.
No obstante, cuando los menores continuaren estudios primarios, secundarios, terciarios o universitarios el Instituto podrá, previa comprobación de las aptitudes del menor mediante certificados periódicos extendidos por las autoridades educativas, seguir abonando el beneficio hasta el termino de dichos estudios.
d) En caso de invalidez, comprobada la desaparición de la incapacidad, a cuyo efecto el Instituto deberá requerir el dictamen pertinente del organismo provincial competente.
e) Por habitar en cualquier institución de beneficencia publica, estar recluido en la cárcel o de otro modo ser asistido por el estado. No se producirá la caducidad cuando el beneficiario se albergue, hospede o asista en Instituciones Benéficas particulares y afecte una parte de la pensión para pagar a esas instituciones.
f) Por haber constituido, una forma definitiva, domicilio fuera de la provincia.
g) No estar comprendido en las condiciones legales que dieran lugar al otorgamiento del beneficio.
h) Cuando transcurriere un año sin que el beneficiario hubiere percibido su beneficio.
i) Cuando el beneficiario percibiera ingresos de la naturaleza y montos indicados en el artículo 5° inciso c). En los supuestos de jubilación, pensión o subsidios cuando se le abonaren sumas en concepto de retroactividades deberá reintegrar al Instituto los importes percibidos en forma simultanea, a cuyos fines el instituto concertara los respectivos convenios.
PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE LOS BENEFICIOS
Art. 13.-	Toda persona que se considere comprendida en los beneficios previstos en esta ley deberá presentar la solicitud en papel simple y sin cargo alguno. También estarán exentas del pago de todo sellado o impuesto provincial, todas las documentaciones y/o certificaciones que deban expedir las reparticiones publicas provinciales para la tramitación de los beneficios.
Art. 14.-	La solicitud de pensión una vez substanciada y reunidos todos los requisitos, será resuelta por el Directorio previo dictamen del asesor jurídico.
Si la resolución fuere obligatoria, se considerara apelada la misma en forma automática elevándose las actuaciones para ante el Ministerio de acción Social.
Art. 15.-	El Instituto publicara mensualmente en el Boletín oficial y por lo menos en un periódico de circulación masiva en toda la provincia, la nomina de los beneficios acordados indicando nombres, domicilio y numero de documento de los beneficiarios, a los efectos de que cualquier persona pueda denunciar al Instituto los casos en que aquellos no correspondan.
Las denuncias serán por escrito con indicación de las causas que motivan la impugnación. La denuncia obliga al Instituto a practicar la pertinente investigación y revocar el beneficio si así correspondiere.
Art. 16.-	En el caso del artículo anterior cuando el Instituto revocare el beneficio por modificación en las condiciones que dieren lugar a su otorgamiento, podrá iniciar la acción civil de petición de las sumas abonadas, mas sus intereses y actualización moratoria, desde su desembolso por el Instituto hasta el momento de su reintegro, como asimismo las sumas gastadas y costos de juicio.
Si la revisión efectuada por el Instituto prueba la existencia de familiares afectados a la prestación alimentaria conforme a las disposiciones del Código Civil en condiciones económicas para hacerlo, no se procederá a la revocatoria de beneficio hasta no haberse obtenido su efectiva prestación, a cuyo fin el Instituto se subrogara de pleno derecho a las acciones que competen al beneficiario para demandarlo por las sumas pagadas por asistencia desde la intimación efectuada a los parientes solventes obligados a prestar alimentos.
INEMBARGABILIDAD E INTRANSMISIBILIDAD DE LOS BENEFICIOS
Art. 17.-	Los beneficios acordados son inembargables, no podrán ser afectados total o parcialmente a favor de terceras personas o transmisibles por cualquier causa. Será absolutamente nulo todo acto que implique privar, restringir o suspender el derecho del beneficio o que le retarde o impida la percepción de su importe o de cualquier forma, contraríe las disposiciones de la presente ley.
Art. 18.-	Ninguno de los beneficios que se acuerden por la presente ley son transmisibles por causa de muerte. Los herederos desamparados por derecho propio podrán solicitar los beneficios que pudieren corresponderles.
Art. 19.-	El Gobierno y administración del Instituto de Pensiones Sociales estará a cargo de un Directorio integrado por un Presidente y dos Vocales, designados por el Poder Ejecutivo, quienes duraran cuatro (4) años en sus funciones pudiendo ser redesignados.
Art. 20.-	Los integrantes del Directorio mencionado en el articulo anterior deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser argentinos o naturalizados con 5 años de ejercicio de la ciudadanía y 3 años de residencia inmediata en la Provincia.
b) Haber cumplido 25 años de edad.
Art. 21.-	Los Vocales del Directorio representaran uno a la C.G.T. y otro al Ministerio de Acción Social.
Art. 22.-	El Presidente y los Vocales gozaran de las remuneraciones que fije el Poder Ejecutivo para los Sub-Secretarios y Directores respectivamente, de la Administración Publica Provincial.
Art. 23.-	El Instituto tiene personería para el cumplimiento de sus fines, conforme a las facultades prescriptas en esta Ley, pudiendo actuar ante los jueces y Tribunales judiciales Provinciales y Federales. En los asuntos judiciales será representado por el asesor letrado.
El Presidente del Directorio puede presentarse directamente en juicio en representación del Instituto con patrocinio letrado del citado asesor.
Art. 24.-	Son facultades del Directorio:
a) Conceder, denegar y revocar o reconsiderar las pensiones establecidas en esta ley, previo dictamen del asesor letrado bajo pena de nulidad, debiendo mencionar las disposiciones legales en que se funde.
b) Organizar su régimen contable- financiero, de acuerdo a las disposiciones legales correspondientes.
c) Practicar por lo menos cada 6 meses un arqueo general de fondos y valores, debiendo informar del mismo a la Contaduría General y al Tribunal de Cuentas de la Provincia.
d) Publicar anualmente en el Boletín Oficial un estado de Instituto y Balance General.
e) Presentar anualmente, en el mes de diciembre, la memoria de la labor realizada y estado de cuentas al Poder Ejecutivo.
f) Formular su propuesta de presupuesto y elevarlos al Poder Ejecutivo para que esta lo someta a la aprobación de la Honorable Legislatura.
g) Efectuar estudios o investigación, para extender los servicios asistenciales del Instituto.
h) Dictar un reglamento interno.
i) Ejercitar las demás funciones que deriven necesariamente del cumplimiento de esta Ley o de su reglamentación.
Art. 25.-	Son deberes y atribuciones del Presidente del Directorio:
a) Convocar y presidir las reuniones de Directorio.
c) Ejercer la representación legal del Instituto y autenticar con su firma las comunicaciones, resoluciones y constancias del directorio.
d) Ejercer las demás funciones necesarias para el cumplimiento de esta ley o de su reglamentación.
Art. 26.-	El quórum se formara con la presencia de dos miembros del Directorio. Las decisiones se tomaran por simple mayoría de votos.
Art. 27.-	La Asesoría Letrada esta a cargo de un abogado jefe, con titulo de "Asesor Letrado", quien intervendrá en todos los asuntos administrativos y judiciales en que el Instituto sea parte, son sus deberes y atribuciones:
a) Intervenir en todo lo expediente de solicitud de pensión, emitiendo dictamen fundado.
b) Evacuar toda consulta jurídica que formule el Directorio.
c) Dictaminar en todo expediente administrativo e que el Directorio o su Presidente requieran su asesoramiento.
d) Asesorar al Instituto en todo asunto judicial y brindar información semestral al directorio sobre el estado de las causas judiciales en que el Instituto sea parte.
Art. 28.-	La Asesoría Letrada será integrada además, por un abogado Subjefe, cuyas funciones se determinaran en la reglamentación y en el reglamento interno y ajustara su labor a las instituciones del asesor letrado.
Los abogados que integren la Asesoría, además de los sueldos que se la asignen podrán cobrar honorarios solo de la parte contraria al Instituto, en los procedimientos judiciales en que intervengan.
FONDOS DEL INSTITUTO
Art. 29.-	Los fondos para atender los beneficios asistenciales previstos en esta Ley, así como los gastos de administración, son imbargables y no podrán ser afectados a otros fines.
Art. 30.-	Los fondos del instituto se integraran de la siguiente manera:
a) Los aportes establecidos en el Artículo 31.
c) Las partidas que destine el poder Ejecutivo en el presupuesto anual.
Art. 31.-	Los aportes al fondo del Instituto de pensiones Sociales de la provincia de Formosa, son obligatorios y se constituirán de la siguiente manera:
Se extenderá por sueldos y jornales toda retribución de servicio en dinero, especie, alimentos o uso de habitación, sea en forma de honorarios, comisiones, participaciones, habilitaciones, sueldo anual complementario, propinas, o cualquier otra forma de retribución que el personal reciba por servicios ordinarios o extraordinarios, cumplidos en forma permanente, temporaria o eventual.
En general esta obligado como aportante patronal toda persona física o jurídica y las sociedades y asociaciones de cualquier genero que desarrollen sus actividades en la provincia, cualquiera sea la forma en que se remunere a sus agentes o empleados. Incluyese en este carácter al gobierno de la provincia, en sus tres poderes, las Municipalidades, entidades autárquicas, empresas del Estado y de economía mixta que ejerzan actos de comercio o de industria.
c) El aporte del 0,5% de los empleados del sector publico mencionados en el inciso a) hasta la categoría 21 y del 1% para las categorías y funcionarios y magistrados superiores. Los porcentajes mencionados de los incisos b) y c) se aplicaran sobre los sueldos y jornales nominales mencionados en el inciso a) del presente artículo.
Art. 32.-	La afectación de los aportantes de esta ley a los Institutos de Previsión Social creadas por leyes nacionales o provinciales no será admitida como causal, para no prestar el aporte que se deba en razón de la presente.
Art. 33.-	La percepción y recaudación del aporte que se determina por la presente ley se efectuara en la forma, modo y plazo que establezca el Poder Ejecutivo y estará a cargo de la Dirección Provincial de Rentas.
Art. 34.-	Los fondos recaudados por tales conceptos se invertirán conforme a la distribución siguiente:
a) Hasta el 20% para gastos de administración.
b) El resto se destinara para los beneficios que otorgue el Instituto. El excedente que hubiera al final de cada ejercicio, pasará al siguiente.
Art. 35.-	El empleador o sus representantes comunicaran a la Dirección General de Rentas bajo declaración jurada, en la forma y tiempo que determinara la reglamentación respectiva, el numero calidad del personal que ocupa y el monto mensual de los sueldos jornales correspondientes a los mismos.
Toda declaración jurada se considerara subsistente en todos sus efectos, en tanto no sea rectificada o modificada en la forma que se admita por la reglamentación que se dicte, conforme a lo dispuesto en la presente Ley; la rectificación podrá hacerse dentro de los dos meses subsiguientes a la fecha de la declaración jurada, cuando se hubiese deslizado un error en su contenido.
La modificación o rectificación se efectuara igualmente cada vez que haya altas o bajas, o modificación en los montos de los sueldos y jornales.
La Dirección General de Rentas verificara la exactitud de los datos contenidos en las declaraciones juradas para lograr fiel cumplimiento de la obligación de aportar que establece esta ley.
A tal efecto la Dirección General de Rentas podrá:
a) Exigir en cualquier tiempo la exhibición de libros laborales y contables.
b) Inspeccionar los lugares y establecimientos donde se cumplan las actividades sujetas a aportes.
c) Requerir informes y el comparendo ante el Instituto o ante la Dirección General de Rentas del aportante obligado, o su representante.
d) Solicitar el auxilio de la fuerza publica y orden de allanamiento judicial para llevar a cabo las inspecciones o el registro de los locales, establecimientos y libros de las personas obligadas, cuando estas se hubieran negado o se opongan y obstaculicen su realización.
e) Igualmente podrá requerir la cooperación policial para efectuar las notificaciones, citaciones y emplazamientos que deban efectuarse a los aportantes o sus representantes. De toda inspeccion y Fiscalizacion deberá labrarse acta que constituirá un elemento de prueba para la determinación del aporte correspondiente.
Art. 36.-	La falta de pago del aporte establecido en el artículo 31 dentro del plazo que determine la reglamentación generara la mora automáticamente y se procederá al cobro judicial ejecutivo por la vía de apremio de los montos adeudados, sus intereses, multas conformes al Código Fiscal y actualización monetaria.
Art. 37.-	Las acciones judiciales que emanen de las infracciones y del incumplimiento de la ley prescribirán a los (10) años, siendo aplicables las disposiciones pertinentes del Código Fiscal.
Art. 38.-	Cuando se constaten infracciones que comparten omisión o defraudación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 36 serán de aplicación las disposiciones pertinentes del Código Penal.
Art. 39.-	El Banco de la Provincia de Formosa deberá exigir certificado de la Dirección General de Rentas, de estar al día con el pago de los aportes previstos en esta ley para cualquier tramite a efectuar con la Institución.
Art. 40.-	Los bienes de la Provincia que se afecten al funcionamiento del Instituto serán transferidos al nombre del mismo por la Contaduría de la Provincia y la Escribanía Mayor de Gobierno.
Art. 41.-	La División de Seguridad Social dependiente de la Dirección de Promoción y Asistencia Social del Ministerio de Acción Social pasara a depender del Instituto de Pensiones Sociales.
Asimismo, el Poder Ejecutivo afectara al Instituto, el Personal de la Administración Publica necesarios para su normal funcionamiento.
Art. 42.-	El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley dentro de los treinta días y las obligaciones contributivas impuestas por esta ley empezaran a regir a partir de los sesenta días de su promulgación.
Art. 43.-	Derógase el inciso 2 del artículo 3° de la ley 249 y toda disposición que se oponga a la presente.
Art. 44.-	Comuníquese al Poder Ejecutivo, publíquese y archivese.
Sancionada en la Sala de sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Formosa, el día ocho de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro.
Secretario Legislativo/ Vicepresidente

References: Artículo 1
 artículo 5
 artículo 5
 resolución 
 Artículo 31
 artículo 31
 artículo 36
 artículo 3