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Timestamp: 2018-07-16 10:38:38+00:00

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Pura Letra: Resolución Nº 488 – 2009 – JNE que declara infundado pedido de vacancia
Resolución Nº 488 – 2009 – JNE que declara infundado pedido de vacancia
Expediente n.º J-2009-436
Lima, veintitrés de julio de dos mil nueve
VISTO en Audiencia Pública de fecha 23 de julio de 2009, el recurso de apelación interpuesto por el regidor don Miguel Ángel Pozo García contra el acuerdo de concejo adoptado en sesión extraordinaria de fecha 03 de junio de 2009 por el cual se desestimó su solicitud de vacancia del cargo de alcalde del Concejo Distrital de Puente Piedra que ejerce don Rennán Samuel Espinoza Rosales, por la causal establecida en el artículo 22 inciso 9, y artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades.
Con fecha 06 de abril de 2009 el regidor don Miguel Ángel Pozo García presentó al Jurado Nacional de Elecciones la solicitud de vacancia del cargo de alcalde de don Rennán Samuel Espinoza Rosales por haber incurrido en la causal de restricciones de contratación prevista en el artículo 22 inciso 9 y artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades, al suscribir el “Convenio de Cooperación y Subvención Social entre la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Municipalidad Distrital de Puente Piedra” sin contar con la aprobación del Concejo exigida por el artículo 66 de la acotada ley, disponiendo ilegalmente de caudales y afectando gravemente el presupuesto municipal. Dicha solicitud fue remitida al Concejo Distrital de Puente Piedra para el trámite respectivo conforme a ley (fojas 002 al 048)
En Sesión Extraordinaria de fecha 03 de junio de 2009, se acordó desestimar el referido pedido de vacancia, al no alcanzarse la votación legalmente requerida para su procedencia (fojas 307 al 331).
Posición de la apelante
Con fecha 18 de junio de 2009, el regidor don Miguel Ángel Pozo García interpuso recurso de apelación contra el acuerdo de concejo antes indicado, alegando principalmente (fojas 342 al 350):
(i) El alcalde es el representante legal de la Municipalidad y máxima autoridad administrativa, por consiguiente al haber suscrito y ejecutado el precitado convenio de cooperación y subvención social sin contar con la autorización y aprobación del concejo que exige la norma, ello deviene en la vacancia de su cargo.
(ii) Se ha infringido el artículo 59 de la Ley Orgánica de Municipalidades, pues el alcalde debe cautelar el erario municipal, administrándolo a favor del interés público no para favorecer a terceros ajenos al interés vecinal. Al obviar el procedimiento legalmente establecido, el alcalde no persigue un interés público municipal sino del tercero adquirente, de esta forma se asegura que una sola persona sea la favorecido con la venta, cesión, transferencia.
(iii) Se ha transgredido, a su vez, el artículo 66 de la ley en mención toda vez que el convenio se aprobó por 06 votos a favor, los cuales no representan la mayoría calificada que fija dicho articulado para la aprobación de la donación, cesión o concesión de bienes de la municipalidad. A su vez, señala que el convenio es nulo por cuanto esta precedido de procedimientos nulos insubsanables, al haber voto de abstención en las sesiones en la que fue debatido. Cita como referencia lo dispuesto en las Resoluciones N° 066-2009-JNE, N° 171-21009-JNE y N° 383-2009-JNE.
(iv) No se ha respetado el marco legal ni se consideró el Informe N° 479-2007-GAJ/MDPP, de fecha 18 de diciembre del 2007, emitido por la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad Distrital cuya opinión fue que el convenio debía ser aprobado por el Concejo Municipal.
(v) No es cierto que los cinco regidores que se opusieron a la suscripción del convenio lo hayan aprobado en el acta de la sesión posterior a la realizada el 05 de marzo del 2008.
Atendiendo a los hechos expuestos, este Colegiado considera que la cuestión a resolver es determinar si la celebración y ejecución del convenio de cooperación y subvención social por parte del alcalde conlleva una indebida disposición de bienes municipales que configure la causal de vacancia prevista en el artículo 22 inciso 9 y artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades.
1. Los hechos que motivan el pedido de vacancia del cargo de alcalde se refieren a la suscripción y ejecución de un convenio de cooperación y subvención social entre el Concejo Distrital de Puente Piedra y la Pontifica Universidad Católica del Perú (en adelante la Universidad), que obra a fojas 017 al 022, el cual, conforme señala el recurrente, contraviene lo dispuesto en el artículo 63 de la citada norma concordado con su artículo 66, al haberse transferido bienes municipales sin contar con la autorización y aprobación del Concejo Municipal.
2. Según el artículo 9 inciso 26 de la Ley Orgánica de Municipalidades, el concejo municipal tiene competencia para aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e interinstitucionales. A su vez, la figura jurídica de la subvención social prevista en el artículo 60 inciso 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley n.° 28411, dispone que en el caso de los gobiernos regionales y locales las subvenciones se sujetan a sus recursos directamente recaudados, estableciendo dos requisitos para su otorgamiento: que la Oficina de Presupuesto, o la que haga sus veces, emita informe favorable y que la subvención sea aprobada mediante el acuerdo respectivo.
3. Así, de la documentación presentada por el concejo, a foja 423 obra el Informe N° 019-2008-GPP-MDPP de la Gerencia de Planificación y Presupuesto de la comuna, en el que se indica que el fondo municipal de becas cuenta con cobertura dentro del Presupuesto Institucional, habiéndose previsto su ejecución presupuestal en el rubro de “Recursos directamente recaudados”, conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Respecto a la aprobación del convenio de cooperación y subvención social por parte del concejo, de la lectura del acta de la sesión ordinaria del 05 de marzo de 2008 (fojas 029 al 042) se aprecia que el alcalde dio cuenta a los regidores de dicho convenio, sobre becas para cubrir los estudios universitarios de los mejores alumnos del distrito, el cual luego de la respectiva votación fue aprobado por 06 votos a favor, 04 en contra y 01 abstención; lo que evidencia que se tomo en cuenta la opinión de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad Distrital contenida en el Informe N° 479-2007-GAJ/MDPP (foja 047), y el cumplimiento de las formalidades legalmente establecidas. Este Colegiado considera, a su vez, que en el caso de autos la figura jurídica de la subvención social difiere de la donación alegada por el recurrente puesto que los recursos municipales comprometidos para la ejecución del cuestionado convenio no se han entregado a título de liberalidad a favor de la Universidad sino que se han destinado a un programa anual de 20 becas de estudios universitarios para alumnos de escasos recursos del distrito de Puente Piedra, que comprenden derechos académicos, derechos de matrícula, bono de libros, seguro contra accidentes, bono de alimentos, entre otros, que implican contraprestaciones de parte de esta última, y la disposición de bienes fue efectuada con conocimiento y autorización del concejo municipal, tal como se desprende del contenido del convenio así como de lo recogido en el acta de la sesión de concejo, por consiguiente en el presente caso no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Orgánica de Municipalidades.
4. De otro lado, en lo referido a las restricciones de contratación, el Artículo 63 de la ley antes mencionada prevé que: “El alcalde, los regidores, los servidores, empleados y funcionarios municipales no pueden contratar, rematar obras o servicios públicos municipales ni adquirir directamente o por interpósita persona sus bienes (…)”. Dicha norma impone una serie de restricciones a las facultades de contratación del alcalde, los regidores y demás trabajadores municipales, restricciones que tienen por finalidad impedir el conflicto entre el interés público municipal y el interés particular, interés este último que no se restringe al ámbito personal sino que también se extiende al de un tercero.
5. Para determinar la acotada infracción es necesario pues demostrar la existencia de un conflicto de intereses en donde la actuación del alcalde haya dado preferencia al interés particular en desmedro del interés público municipal que por ley debe procurar. En tal sentido, de la documentación obrante en autos no se ha acreditado que el alcalde haya suscrito y ejecutado el cuestionado convenio con la finalidad de obtener un beneficio propio; éste fue celebrado bajo los alcances de la Ley General de Presupuesto en concordancia con las disposiciones que sobre el particular se encuentran contempladas en la Ley Orgánica de Municipalidades, conforme a lo indicado precedentemente. También debe tenerse en cuenta que, además de lo señalado en el tercer considerando, el objetivo de dicho convenio se enmarca dentro de los compromisos acordados a raíz del proceso de Presupuesto Participativo 2008 del Concejo Distrital de Puente Piedra, según el cual se acordó destinar un porcentaje del presupuesto municipal para el otorgamiento de becas, capacitación, entre otros (fojas 082 al 091), y esta contenido en el Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2008, que fuera aprobado mediante Acuerdo de Concejo Nº 064-2007-MDPP (fojas 099 al 112), lo que implica que el concejo edil, con anterioridad a la celebración del convenio, concertó la disposición de fondos municipales para tal fin. Tampoco se advierte la consecución de un beneficio indebido a favor de un tercero que contravenga el interés municipal puesto que los beneficiarios directos son los alumnos de la jurisdicción distrital de Puente Piedra favorecidos con el programa de becas estudiantiles, acto llevado a cabo dentro del marco de la competencia y función que tienen las municipalidades en materia de educación a través de la promoción del desarrollo humano, contemplado en la precitada ley orgánica.
6. Finalmente, en cuanto al voto de abstención de un regidor en la sesión en la que se aprobó el aludido convenio, cabe señalar que ésta no acarrea la nulidad de lo acordado ya que si bien, por ley, los miembros del concejo deben afirmar su posición sobre la propuesta en debate estando prohibidos de inhibirse de votar, de darse esta situación se generan consecuencias jurídicas distintas que se enmarcan dentro de la responsabilidad funcional en el ejercicio del cargo, supuesto en el que este Colegiado no resulta competente de dictaminar. La resolución a la que hace alusión el recurrente en este extremo (Resolución N° 383-2009-JNE) difiere del presente caso en el sentido que en ella se declaró la nulidad del acuerdo de vacancia al haberse adoptado sin la observancia de la votación requerida según el artículo 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades, esto es, la vacancia es declarada con el voto aprobatorio de los dos tercios del número legal de los miembros del concejo, hecho que no guarda relación con el caso materia de análisis, por tanto lo alegado por el recurrente carece de sustento.
Este máximo Organismo Electoral, habiendo valorado de manera conjunta los medios probatorios contenidos en autos, concluye que el precitado convenio de cooperación y subvención social no tiene naturaleza de donación y fue aprobado por el Concejo Distrital de Puente Piedra; a su vez, no se advierte la existencia de un conflicto de intereses por parte del alcalde don Rennán Samuel Espinoza Rosales respecto del interés público municipal que se encuentra obligado a procurar, por lo que no se configura la causal de vacancia regulada en el artículo 22 inciso 9 concordado con el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades.
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el regidor don Miguel Ángel Pozo García, en consecuencia CONFIRMAR el acuerdo de concejo adoptado en sesión extraordinaria de fecha 03 de junio de 2009 por el cual se desestimó su solicitud de vacancia del cargo de alcalde del Concejo Distrital de Puente Piedra que ejerce don Rennán Samuel Espinoza Rosales, por la causal establecida en el artículo 22 inciso 9, y artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

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