Source: https://es.scribd.com/document/114175938/Conclficto-Minero-Santa-Ana-Final
Timestamp: 2017-11-17 19:43:32+00:00

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CICLO ACADÉMICO: IX SEMESTRE CURSO: SOCIOLOGÍA DEL CONFLICTO Y DE LA NEGOCIACIÓN DOCENTE: JESÚS EVARISTO TUMI QUISPE TITULO: CONFLICTO EN CONTRA DEL PROYECTO MINERO SANTA ANA ALUMNOS:      YANA LAURA WILLIE WILSON LIZBET JANY GAUNA MAMANI MAQUERA CATACHURA PETHER ROSSI NEYRA JIMENEZ JAVIER RODRIGO ALVARO CONDORI RENE
PUNO-PERU 2012
EL CONTEXTO Y LA CARACTERIZACIÓN DEL CONFLICTO 1.1 Análisis del conflicto a. Características físico geográficos b. Características económico-sociales 1.2 caracterización del conflicto a. Localización b. Asunto del conflicto social c. Partes involucradas ELEMENTOS DEL CONFLICTO SOCIAL 2.1 Actitudes conflictivas  Carga afectiva emotiva de las partes  Percepción de las partes 2.2 Comportamientos conflictivos  Satisfago mis intereses  Satisfago el intereses del otro  No satisfago mis intereses que del otro  Medianamente se satisfacen ambas partes 2.3 Situación conflictiva  Partes primarias o secundarias  Partes de terceros o intermediarios  Objetivos que se manifiestan  Asuntos conflictivos  Intereses, necesidades y valores CICLO DEL CONFLICTO SOCIAL 3.1 Estado de latencia 3.2 Emergencia del conflicto 3.3 Escalada y alcance del umbral destructivo ESTRUCTURA DEL CONFLICTO SOCIAL 4.1 Relativas a las personas a. Protagonistas b. El poder c. Las percepciones del problema d. Las emociones y sentimientos e. Las posiciones f. Los intereses, necesidades y valores 4.2 Relativas al proceso a. Antecedentes b. Detonante c. Surgimiento d. Desarrollo e. Desenlace 4.3 Relativas al problema a. El meollo
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b. Tipo de conflicto - Conflicto de intereses y necesidades V. RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO 5.1 Competición 5.2 Evitación 5.3 Compromiso 5.4 Acomodación 5.5 Colaboración VI. CONCLUSIONES 6.1 Relativas al corpus teórico 6.2 En relación al contexto 6.3 en relación a los lineamientos metodológicos de la sistematización del conflicto social 6.4 En relación al conflicto propiamente dicho a. Elementos del conflicto b. Ciclo del conflicto c. Estructura del conflicto d. Resolución del conflicto
EL CONTEXTO Y LA CARACTERIZACIÓN DEL CONFLICTO
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a) Características físicas-geográficas Políticamente, el Proyecto Santa Ana, se ubica en el paraje denominado Ajaruni, distrito de Huacullani, provincia de Chucuito, Departamento de Puno. El mencionado proyecto está ubicado a 3.9 Km de la ciudad de Huacullani, delimitado por los cerros Caracollo al Norte; Carapaco al Nor Este, Huancanune al Este, Parullo al Sur Este, Ajaruni al Sur Oeste y por último al cerro Chiaraque al Nor Oeste teniendo a 1.6 Km. al río Zorrillo Humacata. Asimismo, el proyecto Santa Ana no se encuentra en un área Natural Protegida o zona de Amortiguamiento. La ubicación del Proyecto Minero se puede apreciar en el Plano de Ubicación Regional Geográficamente se encuentra ubicado al Sur del Lago Titicaca. Sus coordenadas geográficas son las siguientes:
b) Características económicas-sociales Su línea de base se presento de la siguiente manera recopilando información en el aspecto económico, social, demográfico, cultural, religiosos y otros aspectos de la sociedad que corresponden al área de estudio en 2 niveles de zona de influencia: directa (comprende la comunidad campesina de Challacollo, Ingenio y Ancomarca), indirecta el cual comprende todo el distrito de Huacullani. Dicho estudio se hace de acuerdo a las disposiciones de la DGAA del MEM y la ―Guía de
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Relaciones Comunitarias‖ así como del D.S. N° 042-2003-EM; en base a estos criterios se evaluaron las áreas de influencia. Zona de influencia indirecta Distrito de Huacullani
El distrito de Huacullani se encuentra ubicado en la parte sur de la provincia de Chucuito en el departamento de Puno. Su capital Huacullani. Demografía El distrito de Huacullani según el último censo realizado por el INEI en el 2005 concentra una población de 10,610 habitantes. La población según sexo se divide: hombres 5,464 habitantes que hace un 51.50% de la población y mujeres 5,146 habitantes que representa el 48.50%. Viviendas En el siguiente cuadro, se detallan algunas características sobre el material de construcción de las viviendas (como pisos, paredes y techos), los servicios básicos (energía eléctrica, servicios higiénicos, abastecimiento de agua), así como el combustible que más se usa en el hogar.
Educación En cuanto a la educación, según el censo del 2005 realizado por INEI, la población del distrito de Huacullani presenta la siguiente característica: el 89.31 % sabe leer, el 10.69 % no saben leer. Situación que se ve reflejado en la asistencia y no asistencia del educando a los centros educativos que también representan un alto porcentaje así siendo muy notoria su diferencia, por ejemplo el 34.61 % asisten a los centros educativos y un 65.39 % no lo hacen, una razón principal es que un
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gran porcentaje de jóvenes y niños trabaja en vez de estudiar para ayudar a la familia. Actividades Económicas La población se dedica mayoritariamente a la actividad ganadera (principalmente al ganado vacuno, por otro lado a la crianza del ovino, camélidos y en menor cantidad los equinos). A las actividades agrícolas (básicamente al sembrío de tubérculos como: la papa que lo utilizan para hacer el chuño y la cañihua) no se dedican mucho por ser de tipo extensiva y de secano, además la altitud es un inconveniente para el desarrollo de la agricultura y por ende lo poco que se produce es para el autoconsumo y algunas formas de trueque. Salud La gran mayoría de la población no cuenta con servicios de agua potable y disposición de residuos, lo cual se traduce en una alta incidencia de enfermedades bacteriológicas que provocan condiciones desfavorables en la salud de los habitantes. Entre otros aspectos importantes a tener en cuenta en este rubro de la población es el limitado acceso que se tiene con respecto a la atención, los motivos pueden ser la lejanía hacia los centros de salud o posta médica, la falta de recursos económicos o la inexistencia de los centros de salud o las postas médicas, entre otras causas que limitan este servicio, pueden ser también de orden económico, geográfico y hasta cultural. Zona de influencia directa Para el proyecto de exploración ―Santa Ana‖, en la zona de influencia directa tenemos a las siguientes comunidades: Challacollo, Ingenio y Ancomarca, Comunidad Campesina de Challacollo
Ubicación Política ♦ Región : ♦ Provincia : ♦ Distrito : Puno Chucuito Huacullani
♦ Centro Poblado : Challacollo Ubicación Geográfica ♦ Región Natural : Puna
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♦ Altitud : 3,983 m.s.n.m. Limites Norte: Comunidad Campesina de Yorohoco – Distrito de Huacullani. Sur: Este Comunidad Campesina de Ancomarca y Karique : Comunidad Campesina de Tanka Tanka y Yorohoco – Distrito de Zepita
Oeste: Comunidad Campesina de Ingenio – Distrito de Huacullani.
La Comunidad Campesina de Challacollo cuenta con una población de 221 familias, con un total de 1025 personas aproximadamente, con un promedio de 5 a 6 miembros por familia. Estructura Económica Empleo, La situación de empleo es precaria debido a que no existen fuentes de trabajo permanente, las únicas fuentes que ofrecen empleos temporales son: las ferias locales (1vez por semana) y la mina (7 días). Empleo minero: Se caracteriza por ofrecer trabajo rotatorio de siete días cada cuatro meses a un miembro por familia; según convenio firmado entre el proyecto Santa Ana y la comunidad Campesina de Challacollo. Otras actividades que generan ingresos económicos: Ferias locales, Challacollo se encuentra ubicado cerca de la ciudad fronteriza de Desaguadero, lugar netamente comercial en donde se realiza dos días de feria durante la semana, por lo que se convierte en una fuente de trabajo para los pobladores de las diferentes comunidades cercanas entre ellos está la población de Challacollo.Las principales actividades en la que se desempeñan
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los pobladores de Challacollo son: el de estibadores y tricicleros, obteniendo ingresos mínimos aproximadamente de veinte a treinta soles por día.
Actividades Económicas En cuanto a este aspecto de la población la mayoría de los comuneros de Challacollo se dedican a la ganadería: crianza de vacunos, ovinos, camélidos y en menor cantidad crían porcinos, equinos, la gallina (solo algunos pobladores), la actividad ganadera es extensiva. Comunidad Campesina de Ingenio
Ubicación Política ♦ Región : Puno ♦ Provincia : Chucuito ♦ Distrito : Huacullani ♦ Comunidad : Ingenio Ubicación Geográfica ♦ Región Natural : Puna ♦ Altitud : 4100 m.s.n.m. Limites Norte: Distrito de Huacullani. Sur: Comunidad Campesina de Challacollo y Ancomarca
Este: Comunidad Campesina de Ancomarca y Challacollo. Oeste: Distrito de .Challacollo. Demografía Población Total, la comunidad de Ingenio, cuenta con una población promedio de 200 personas. Con un promedio de 31 familias asentadas en la comunidad, de las cuales 28 familias reconocidos como comuneros activos., con un promedio de 5 miembros por familia. Estructura económica
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Empleo, la situación de empleo al igual que en las comunidades aledañas es precaria, debido principalmente a que no existen fuentes de trabajo más que el de la mina y el de la feria local en Huacullani y las ferias en la zona de frontera – Desaguadero, generando y/u ofreciendo condiciones de empleo temporal. • Empleo minero, se caracteriza por ofrecer trabajo rotatorio de siete días cada cuatro meses a un miembro por familia; según convenio firmado entre el proyecto Santa Ana y la comunidad Campesina. • Ferias locales, Ingenio se encuentra ubicado cerca de la ciudad fronteriza de Desaguadero, lugar netamente comercial donde se desarrollan ferias dos días a la semana, por lo que se convierte en una fuente de trabajo para los pobladores de las diferentes comunidades cercanas. Las principales actividades que desempeñan los pobladores son el de estibadores, tricicleros, obteniendo ingresos mínimos aproximadamente de veinte a treinta soles por día. Actividades Económicas La población económicamente activa en la comunidad de Ingenio es 122 personas que representa el 61% de la población entre 15 a 65 años edades activas de trabajo.Las principales actividades económicas que realizan los pobladores de la comunidad de Ingenio son principalmente: Agricultura, actividad económica considerada complementaria a la ganadería y de autoconsumo; por encontrarse ubicada en una zona de riesgos climáticos (mayor a 4000 m.s.n.m.) con presencia frecuente de heladas y sequías, Por este motivo las áreas asignadas para esta actividad están dentro de un promedio de 0.25 has a 0.50has, principalmente para la producción de papa dulce y amarga, quinua y cebada. Ganadería, considerada como fuente de mayor ingreso con menor riesgo, así también como un medio de ahorro familiar ya que en la mayoría de los casos el producto de la venta del ganado sirve para cubrir necesidades de importancia como etapa escolar, ampliación y mejora de las vivienda, adquisición de bienes y otros, por este motivo la familia destina la mayor cantidad de terreno para pastoreo o instalación de pastos cultivados. Comunidad Campesina de Ancomarca
Ubicación Política ♦ Región : Puno
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♦ Provincia : Chucuito ♦ Distrito : Huacullani ♦ Comunidad : Ancomarca Ubicación Geográfica ♦ Región Natural : Puna ♦ Altitud : 3 880 m.s.n.m. Limites Norte: Comunidad de Challacollo y Karique. Sur: Distrito de Kelluyo
Este: Centro poblado de Sucuychuro. Oeste: Comunidad de Ingenio.
Demografía Población Total, la comunidad de Ancomarca, cuenta con una población promedio de 130 familias, que representa 715 habitantes con un promedio de 5 a 6 miembros por familia. Estructura económica Empleo, la situación de empleo al igual que en las comunidades aledañas es precaria, debido principalmente a que no existen fuentes de trabajo más que el de la mina y el de la feria local en Huacullani y las ferias en la zona de frontera – Desaguadero, generando y/u ofreciendo condiciones de empleo temporal, se caracteriza por ofrecer trabajo rotatorio de siete días cada cuatro meses a un miembro por familia; según convenio firmado entre el proyecto Santa Ana y la comunidad Campesina. • Ferias locales, Challacollo se encuentra ubicado cerca de la ciudad fronteriza de Desaguadero, lugar netamente comercial donde se desarrollan ferias dos días a la semana, por lo que se convierte en una fuente de trabajo para los pobladores de las diferentes comunidades cercanas. Las principales actividades que
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desempeñan los pobladores son el de estibadores, tricicleros, obteniendo ingresos mínimos aproximadamente de veinte a treinta soles por día. Actividades Económicas La población económicamente activa en la comunidad de Ancomarca es de 432 personas que representa el 61% de la población entre 15 a 65 años, edades activas para el trabajo. Las principales actividades económicas que realizan los pobladores de la comunidad de Ingenio son principalmente: Agricultura, actividad económica considerada como principal, cuya producción es en su mayoría de autoconsumo y el restante para el mercado local, Por este motivo las áreas asignadas para esta actividad están dentro de un promedio de 4 has a 5 has, principalmente para la producción de papa dulce y amarga, quinua, cañihua, cebada y habas. Ganadería, considerada como fuente de mayor ingreso con menor riesgo, así también como un medio de ahorro familiar ya que en la mayoría de los casos el producto de la venta del ganado sirve para cubrir necesidades de importancia como etapa escolar, ampliación y mejora de las vivienda, adquisición de bienes y otros, por este motivo la familia destina la mayor cantidad de terreno para pastoreo o instalación de pastos cultivados.
1.2. CARACTERISTICAS DEL CONFLICTO a) Localización El proyecto Santa Ana, ubicado en la provincia de Chucuito Juli, en el distrito de Huacullani se encuentra sobre los 4 mil 200 metros sobre el nivel del mar, y cuya zona de influencia se encuentra en los centros poblados de Ingenio, Cóndor Ancocahua y Ancomarca, lugar donde se pretende extraer plata. Este yacimiento de plata cuyas reservas son de 63.2 millones de onzas de plata, tiene, según los estudios de exploración que realiza la minera canadiense responsable del proyecto BEAR CREEK COMPANY, una vida útil de once años. b) Asunto del conflicto social Los pobladores del distrito de Huacullani, provincia de Chucuito – Juli, rechazan la instalación del proyecto Santa Ana de la empresa minera Bear Creek Mining Company, porque según refieren esta empresa contaminará las aguas del río de este distrito puesto que se ubica a 700 metros de donde operará la mina, además
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causará graves daños al medio ambiente. Por tal motivo en el mes de febrero se movilizaron rechazando el proyecto. Walter Aduviri, presidente del Comité Transitorio en Defensa del Sur y dirigente del Comité de Lucha del Sur de la región, denunció que a como de lugar la empresa minera quiere posicionarse de la zona, ya que en un inicio dijo que sólo iba a realizar trabajos de exploración. “Estamos firmes y no negociaremos, por ello la empresa sí o sí tiene que retirarse de la zona, para ello tiene plazo hasta el 22 de marzo”. Además, dijo que el informe del Estudio de Impacto Ambiental sólo esta publicado en el idioma ingles, por ello los pobladores no pueden acceder a su lectura. (noticiasSer.pe) Otro aspecto importante que preocupa a la población del lugar, es el mantenimiento y cuidado del medio ambiente. La región Puno y en especial sus poblaciones siempre se han mostrado recelosas del uso de sus recursos y sus tierras para proyectos de gran magnitud, temiendo que las aguas de sus ríos sean contaminadas y que sus pastos nunca más puedan ser cultivados. c) Partes involucradas Estudio de Impacto Ambiental Ministerio de Energía y Minas Empresa minera Bear Creek Mining Company Los pobladores del distrito de Huacullani, provincia de Chucuito – Juli
2.1. ACTITUDES CONFLICTIVAS. 2.1.1.- LA POBLACIÓN.- también ha mostrado una particularidad que lo diferencia de otros casos de conflictos recientes. El tema central en las últimas semanas no ha girado en torno a un caso o proyecto minero específico; el pedido central ha sido la anulación de todas las concesiones mineras otorgadas en esa región. Por primera vez y con tanta nitidez el caso específico (proyecto Santa Ana) es desplazado y el cuestionamiento a una determinada política (las concesiones) ocupa el lugar estelar en el conflicto. Esto obliga a evaluar lo que está pasando en el país en cuanto al tema de las concesiones. Los mecanismos actuales de entrega de concesiones mineras parecen agotados: las decisiones se toman en Lima sin ningún tipo de interacción
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con las instancias regionales y locales, sin considerar los procesos económicos y de planificación territorial de las regiones. Varios gobiernos regionales han comenzado a demandar algún tipo de competencias en la materia. Si bien el discurso en algunas regiones apunta a lograr una suerte de autonomía absoluta, lo cierto es que hay puntos intermedios que pueden permitir avances y entendimientos: evaluaciones previas de las zonas que serán concesionadas, mecanismos de información y consulta a las regiones, tomar en cuenta los procesos de ordenamiento territorial y zonificación, acceso a información adecuada en tiempo real, etc. Se hace necesario mejorar este tipo de procedimientos para evitar conflictos y hechos tan lamentables como los que vienen ocurriendo en Puno. Un tema clave de política pública para la minería que hasta el momento en la campaña electoral no se ha abordado en serio.  Walter aduviri líder aymara La región que le dio el triunfo a Humala quiere pasarle la factura detrás del violento liderazgo del dirigente aymara Walter Aduviri. El gobierno regional ya está arrinconado y el presidente electo puede terminar siendo una figura decorativa en la zona más conflictiva y de mayor potencial minero. Esta crónica, que recoge impresiones confidenciales de los principales actores del problema, demuestra que lo que está en juego trasciende la política regional y puede ser clave para el destino de la nueva administración. Desde que se instaló en las montañas, Bear Creek declara haber desarrollado 48 reuniones informativas con las comunidades. En octubre del 2008 un grupo foráneo organizó una manifestación en contra suya en su campamento, y destruyó y saqueó parte de sus oficinas. Después la compañía no afrontó otro contratiempo, mientras el líder de los agresores, Hugo Llano —por entonces admirador de Evo Morales y organizador de cumbres de pueblos originarios— se volvía moderado y se alejaba de la conducción del movimiento antiminero, que pareció entrar en un reflujo. Reapareció en febrero del 2011, con una consigna y otro dirigente. La consigna era ―No a la minería en Puno‖. Y el nuevo nombre Walter Aduviri, un agitador audaz, que hacía poco había representado al distrito de Santa Rosa de Mazocruz para gestionar la desaparición de la reserva AymaraLupaca. Hay un vacío en la biografía política y profesional de Aduviri: se reclama aymara y no partidarizado y su discurso afirma una soberanía étnica más que una ideología. El hecho es que se presentó en Huacullani, en la
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audiencia pública del tercer Estudio de Impacto Ambiental de Bear Creek, y conminó a los comuneros a rechazar el proyecto. Ingresó acompañado del alcalde de Desaguadero, Juan Carlos Aquino, y de varios dirigentes de otras comunidades, quienes también se expresaron contra la mina. Eran extraños, una clara minoría. El auditorio no les hizo caso. Walter Aduviri se presentó en una reunión del Consejo del Gobierno Regional de Puno y conminó a sus miembros a aprobar una ordenanza que suspendía concesiones mineras en Puno y solicitaba al Ministerio de Energía y Minas cancelar los títulos de Bear Creek en Santa Ana. La presentó en su condición de dirigente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno. El cargo lo obtuvo en una asamblea de 1.000 personas en Lloroco, con buena parte de delegados llevados en camiones por el alcalde de Desaguadero, el militante de Raíces Juan Aquino. Este frente y la delegación de Raíces en el gobierno regional sincronizaban como un reloj. Fueron los consejeros de Raíces quienes aprobaron el viaje de Rodríguez al exterior —invitación de un proyecto peruano-canadiense para la reforma de la minería— y transmitieron la información a sus detractores. Cuando llegó la propuesta de Aduviri, la aprobaron de inmediato. Rodríguez no quiso firmarla porque los gobiernos regionales no tienen competencia sobre proyectos de mediana y gran minería. Era una ordenanza ilegal y demagógica. Aunque Aduviri necesita a Raíces para operar en el gobierno regional, la bandera antiminera le es propia, y con ella ya se convirtió en el líder político más importante de la región. Una causa es que su prédica coincide con la crisis del actual sistema de concesiones. Por diversos motivos, se ha deslegitimado e irrita en comunidades serranas como en Ancón el puerto ya cancelado del grupo Romero. Otro motivo es el agravamiento de los estragos que produce en la agricultura de Puno la minería informal, aunque esta actividad no parece importarle mucho al dirigente. La minería es invasiva y dañina: esa es la imagen que se vende agresivamente en la región. Esto contrasta con el enorme potencial minero de Puno, muy escasamente aprovechado. El 15% de su territorio está entregado en concesión, pero menos de 1% ha sido explotado, y las áreas exploradas son solo 0,56%. 2.1.2.- EL GOBIERNO Uno de los principales actores en los conflictos sociales es el Estado mismo, en un doble sentido. Por un lado, la gran mayoría de los conflictos se originan como reacción a alguna iniciativa del gobierno que genera la resistencia de poblaciones afectadas Cabe añadir que existen conflictos en los cuales el Estado es
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cuestionado por su inacción, por no garantizar el cumplimiento de derechos o acuerdos entre actores privados o sociales.  La negativa de Mauricio Rodríguez a firmar la inútil ordenanza, Aduviri encabezó una marcha de sacrificio de 2.000 pobladores hacia Puno. Los había de Kelluyo, Desaguadero, Juli, Pomata, Chucuito, Capazo, Yunguyo, el Collao, Acora y Zepita, pero no de Huacullani. Un día antes, en la ciudad marcharon los estudiantes, docentes y autoridades de la Universidad Nacional del Altiplano. Ellos recibían recursos del canon y estaban a favor de la minería. Había llegado también a Puno una delegación de Huacullani, sin marcha ni banderolas, para entrevistarse con el presidente regional. El conflicto reafirma la lejanía del gobierno nacional y la desconfianza de la población hacía su política de concesiones. Así mismo muestra las debilidades del Gobierno Regional de Puno y las autoridades locales para canalizar las demandas de la población en situaciones de alta conflictividad; por el contrario, los Frentes de Defensa y Comités de Lucha y sus líderes ganaron mayor legitimidad llegando a movilizar a miles de pobladores. Muchas de las medidas legales han ayudado a mitigar el conflicto, sin embargo, no son la solución al problema, y mucho menos frente a la diversidad de las demandas existentes. Hay una serie de factores de fondo que pasan por la creación de mecanismos participativos, la elaboración de planes de ordenamiento territorial, la implementación de programas que apoyen al sector agropecuario, entre otros. En cuanto al tema minero se requiere que el próximo gobierno muestre voluntad política para replantear el otorgamiento de concesiones y la transparencia del proceso pero además, que el Estado pase de ser únicamente un promotor de inversiones a ser un Estado con capacidad de fiscalización, arbitraje y regulación de conflictos considerando como prioridad el beneficio de todos los peruanos.
2.2.- COMPORTAMIENTOS CONFLICTIVOS. La acción del Estado como centro de disputa. El Estado se ve involucrado centralmente en los conflictos, ya sea porque su actuación como promotor de alguna política es cuestionada, porque no cumple con la función de regular la actividad de actores privados o garantizar el ejercicio de derechos ciudadanos, o porque se le pide atención, acceso a recursos, o porque se cuestiona el uso de los mismos por alguna autoridad.
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Según estimaciones de la propia empresa el promedio anual de canon y regalías mineras que produciría esta producción superarían los 15 millones de soles, que beneficiarían al municipio distrital de la zona, al provincial y al gobierno regional. Dinero que serviría además para poder mejorar las condiciones de vida de las cinco comunidades aledañas al entorno del proyecto, y que desde el año 2002 están trabajando mancomunadamente en trabajos de generación de empleo, mejoramiento ganadero, agrícola y de salud en las poblaciones junto a la empresa. Se señala que el proyecto generaría además miles de puestos de trabajos directos e indirectos. Los más beneficiados serían los pobladores de la propia zona, a quienes desde ya se les brinda capacitaciones en caso entre en operación la mina. Otro aspecto importante y que más preocupa a la población del lugar, es el mantenimiento y cuidado del medio ambiente. La región Puno y en especial sus poblaciones siempre se han mostrado recelosas del uso de sus recursos y sus tierras para proyectos de gran magnitud, temiendo que las aguas de sus ríos sean contaminadas y que sus pastos nunca más puedan ser cultivados.
2.3.- SITUACIÓN CONFLICTIVA. 2.3.1.- PARTE PRIMARIA. Lo cierto es que el foco de conflicto en Puno rápidamente ha apuntado al tema de las concesiones mineras y se viene exigiendo la anulación de todas las concesiones otorgadas en la región. Por primera vez y con tanta nitidez el caso específico (proyecto Santa Ana) ha sido desplazado a un segundo plano y el cuestionamiento a una determinada política pública ocupa el lugar estelar en el conflicto. Esta situación ha abierto un debate importante y obliga a evaluar lo que viene pasando con el tema de las concesiones. Los mecanismos actuales de entrega de concesiones mineras parecen agotados y se han convertido en fuente permanente de conflictos: las decisiones se toman en la capital del país, sin ningún tipo de interacción con las instancias regionales y locales, menos aun con las poblaciones y sin considerar los procesos económicos y de planificación territorial de las regiones. Varias autoridades regionales y locales han comenzado a demandar algún tipo de competencias en la materia.
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Si bien el discurso en algunas regiones apunta a lograr una suerte de autonomía absoluta, lo cierto es que hay puntos intermedios que pueden permitir avances y entendimientos: evaluaciones previas de las zonas que serán concesionadas, mecanismos de información y consulta a las regiones, tomar en cuenta los procesos de ordenamiento territorial y zonificación, acceso a información adecuada en tiempo real, etc. Este tipo de procedimientos deben ser modificados para evitar situaciones como las que han ocurrido en esta localidad peruana. El conflicto en Puno ha permitido colocar varios temas en la agenda de debate público en plena campaña electoral en el Perú y apunta a generar cambios sustantivos en las políticas extractivitas que se aplican desde hace un buen tiempo. Habrá que ver si las nuevas autoridades estarán a la altura de las circunstancias y responden al pedido de poblaciones enteras. 2.3.2.- OBJETIVOS QUE SE MANIFIESTAN. Todo ello se dio en un contexto en el que según información de la Defensoría del Pueblo, en Puno se encontraban activos 9 conflictos socio ambientales. Uno de ellos, en la zona sur, donde pobladores de distritos de la provincia de Chucuito se oponía a las operaciones del proyecto minero Santa Ana en Huacullani. De estas tensiones surgió el Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur liderado por Walter Aduviri, actor clave del conflicto. Este frente tuvo como objetivos el retiro definitivo de la empresa Bear Creek MiningCompany, la derogatoria del D.S. 083-2007 (4), la protección del ApuKhapía y el cese de las concesiones en la zona sur del departamento. El 9 de mayo se inició un paro indefinido en Desaguadero y una serie de protestas que incluyeron el bloqueo del puente Internacional. El gobierno regional fue desbordado y el gobierno nacional no hizo eco de las demandas, lo que hizo que las protestas se trasladaran a la capital del departamento. Luego de algunas negociaciones con el gobierno central se logró una resolución viceministerial que protegía el ApuKhapía de posibles concesiones siendo esto insuficiente en relación al pliego presentado. Posteriormente, el 22 de mayo mediante la Resolución Suprema 131-2011 PCM, se creó una Comisión Multisectorial encargada de proponer soluciones en un plazo de 180 días. Esta propuesta en un ambiente de creciente conflictividad, no fue la más pertinente. Finalmente, el 26 de mayo la violencia y el vandalismo se desató en el ciudad de Puno con la quema y saqueo de la Sunat, Aduanas y la Gobernación.
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Tras estos hechos, se traslada a Lima una comisión integrada por el presidente regional y autoridades provinciales y distritales, quienes llegan a acuerdos con el gobierno nacional que fueron desconocidos por el Frente de Defensa del Sur, pero dando una semana de tregua para que se realice la segunda vuelta electoral. Seguidamente, otra comisión liderada por Aduviri llega a la capital, y sólo es atendida luego de la gran cobertura mediática que éste logró tras su atrincheramiento en Canal 5 luego de su intento que la Policía intentó detenerlo. Una vez cambiada su orden de captura por la de comparecencia las negociaciones se inician. Finalmente, se logró la obtención de un paquete de 3 Decretos Supremos y 2 Resoluciones Supremas. Se logró la derogación del D.S 083-2007 dejando sin efecto la concesión a la minera Santa Ana. Asimismo, la realización de una consulta previa, la adecuación de los petitorios mineros y la suspensión de admisión de los mismos en el departamento de Puno. El 26 de junio, luego de más de 45 días, se levantó oficialmente el paro. Por un lado, el futuro gobierno estudia la modificación del sistema de concesiones, creando un fideicomiso que contrataría a las empresas que hacen los estudios de impacto ambiental, de forma que ya no fueran un traje a la medida de los inversionistas. Las contratistas auscultarían a la población y pedirían a las mineras estándares que resuelvan sus preocupaciones. Pero tal vez el fondo del asunto en Puno no sea el derecho de consulta. Tal vez tampoco lo sea el futuro de la minería o el progreso de la región. Quizá lo fundamental que se juega allí es el cogobierno de Ollanta Humala y sus ministros con un movimiento social dirigido por Aduviri.
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CICLO DEL CONFLICTO SOCIAL
3.1 Estado de latencia En marzo el Consejo Regional aprobó la Ordenanza N° 005-2011, que declaraba a Puno como zona intangible para las concesiones mineras, acuerdo que generó controversia entre el Consejo y la Presidencia Regional ya que la misma estaba fuera de sus competencias. Se propusieron otras soluciones para abordar la temática minera en la región sin ningún éxito. Se creó un ambiente de desconfianza alentado además por el viaje del Presidente Regional Mauricio Rodríguez a la ―Convención de Asociaciones de Prospectores y Desarrolladores Mineros‖ en Toronto, Canadá, hecho que fue duramente criticado. De estas tensiones surgió el Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur liderado por Walter Aduviri, actor clave del conflicto. Este frente tuvo como objetivos el retiro definitivo de la empresa Bear Creek Mining Company, la derogatoria del D.S. 083-2007 (4), la protección del Apu Khapía y el cese de las concesiones en la zona sur del departamento.
3.2 Emergencia del conflicto El 9 de mayo se inició un paro indefinido en Desaguadero y una serie de protestas que incluyeron el bloqueo del puente Internacional. El gobierno regional fue desbordado y el gobierno nacional no hizo eco de las demandas, lo que hizo que las protestas se trasladaran a la capital del departamento. Luego de algunas negociaciones con el gobierno central se logró una resolución viceministerial que protegía el Apu Khapía de posibles concesiones siendo esto insuficiente en relación al pliego presentado. Posteriormente, el 22 de mayo mediante la Resolución Suprema 131-2011 PCM, se creó una Comisión Multisectorial encargada de proponer soluciones en un plazo de 180 días, pero en un ambiente de creciente conflictividad.
3.3 Escalada y alcance del umbral destructivo El 26 de mayo la violencia y el vandalismo se desató en el ciudad de Puno con la quema y saqueo de la Sunat, Aduanas y la Gobernación. Tras estos hechos, se traslada a Lima una comisión integrada por el presidente regional y autoridades provinciales y distritales, quienes llegan a acuerdos con el
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gobierno nacional que fueron desconocidos por el Frente de Defensa del Sur, pero dando una semana de tregua para que se realice la segunda vuelta electoral. Seguidamente, otra comisión liderada por Aduviri llega a la capital, y sólo es atendida luego de la gran cobertura mediática que éste logró tras su atrincheramiento en Canal 5 luego de su intento que la Policía intentó detenerlo. Una vez cambiada su orden de captura por la de comparecencia las negociaciones se inician.
ESTRUCTURA DEL CONFLICTO SOCIAL
4.1.- RELATIVA A LAS PERSONAS a) PROTAGONISTAS. Actor 1 (demandante) Comunidades.- (Kelluyo, Huacullani, Pisacoma y Zepita (provincias de Chucuito y Yunguyo). Gobiernos subnacionales.- municipios (chucuito – yunguyo) y gobiernos municipales y centros poblados Actor 2 (demandado) Empresa.- Canadiense Bear Creek Mining Company (proyecto Santa Ana demandando) Gobierno Nacional.- Estado Peruano “Otros” actores ONG , medios de comunicación, partidos políticos y sociedad civil Un escenario complejo al que se suman diversos actores: ex candidatos a cargos de elección popular, autoridades comunales y comunidades del ámbito de influencia del área concesión minera, autoridades locales y regionales, las comunidades que firmaron el acuerdo previo con Santa Ana, la propia empresa, operadores y agitadores políticos; todo ello con la ausencia del Gobierno Nacional, vale decir Ministerio de Energía y Minas (MINEM), que no ha realizado ninguna acción efectiva desde el inicio del conflicto.
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b) EL PODER.Comunidad.- Para los aimaras todos en la naturaleza somos personas. Para los aimaras por encima de la ganancia capitalista se encuentra la armonía con la naturaleza y a la naturaleza se le respeta, como debe respetarse a cualquier persona. Ante una amenaza de alterar el equilibrio de su relación con la naturaleza, reaccionan, en última instancia, con suma violencia. La población entonces, encabezada por sus dirigentes, creó el Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la zona sur de la región y rechazaron toda pretensión de que esta empresa se instale en el lugar. Empresa.- Para los empresarios: todos en la naturaleza, incluido los humanos somos recursos materiales.
Gobierno Regional.- El mandatario acusó además que la protesta es usada políticamente para promover su vacancia en el cargo. Gobierno Nacional.- Represalia y presión por parte de las fuerzas del orden y acciones políticas contra la población.
c) LAS PERCEPCIONES DEL PROBLEMA Los puntos claves de la percepción del problema fueron: La superposición de áreas concesionadas con la zona reservada Aymara Lupaca (zonas de biodiversidad y valor cultural), la misma que es cuestionada por los habitantes del distrito de Kelluyo (Chucuito). Aunque es cierto que fue consentida por los habitantes del distrito de Huacullani donde se ubica el proyecto Santa Anta. El otro tema es la titularidad de una empresa extranjera en zona de frontera. El DS 083‐2007‐EM que, contraviniendo el artículo 71 de la Constitución, autoriza la presencia de una empresa extranjera declarando de necesidad pública la inversión privada del Proyecto Santa Ana. Esta situación habría despertado preocupación y alarma en la población respecto de los posibles riesgos de contaminación ambiental y a la salud de la población. Del mismo modo el proyecto minero pone en cuestión la intangibilidad de zonas reservadas. Esta actitud tiene como antecedentes las denuncias hechas años anteriores sobre la contaminación de ríos y otros recursos hidrográficos en otras provincias de Puno como resultado de la minería formal e informal.
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d) LAS EMOCIONES Y SENTIMIENTOS El conflicto en torno al proyecto Santa Ana ha dejado sentimientos de ser una protesta por un caso de minería específico y ha pasado a cuestionar el sistema de concesiones mineras que no toma en cuenta la opinión ni la decisión de las comunidades (Kelluyo, Huacullani, Pisacoma y Zepita) para establecer sus propios planes sobre el uso de los recursos naturales y la priorización de actividades económicas de acuerdo al valor social‐cultural que ellos y el mercado les atribuyen. e) LAS POSICIONES Comunidad.(i) (ii) (iii) el temor de contaminación de ríos y lagunas basados en experiencias previas de la Región. denuncias de superposiciones de concesiones mineras e hidrocarburíferas sobre zonas reservadas y de valor socio‐cultural. el DS 083‐2007‐EM que declara de necesidad publica el Proyecto Santa Ana autorizando las operaciones de Bear Creek Mining Company BCMC como empresa extranjera en zona de frontera.
Empresa.La empresa canadiense Bear Creek Mining Company sucursal del Perú (BCMC). Actualmente, BCMC es la titular de los derechos mineros del proyecto y ha realizado actividades de exploración desde mediados de 2004. Tiene programado empezar la etapa de producción de las minas para el año 2012. La empresa minera planea invertir unos 71 millones de dólares en la mina Santa Ana para desarrollarla desde el 2012 y producir unas 5 millones de onzas de plata en los primeros seis años f) LOS INTERESES, NEGOCIACIONES Y VALORES Estado Neoliberal.- Según propone el ―Perro del Hortelano‖ (artículo de Alan García), el Estado debe facilitar el camino para el ingreso de la empresas extractoras porque ―…existe (mucha riqueza) que no está puesta en valor‖. En ese sentido, a lo largo de esto cinco años, se ha venido eliminando las restricciones como la evaluación del impacto ambiental que todas las empresas deberían presentar antes de iniciar la explotación, incluso, tal como afirma María Isabel
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Remy ―el Gobierno ha restringido enormemente la participación de los pueblos en el presupuesto participativo.
Político.- Las elecciones presidenciales que se está llevando a cabo en el Perú, justamente los candidatos se deben acerca al modelo de desarrollo que van a sostener durante los 5 años de su gobierno; además, es el momento de pensar en cambiar la actuación del estado que históricamente ha favorecido a los poderes económicos, dejando de lado la necesidad de constituir instituciones de la sociedad civil para la construcción de la democracia y ahora es el momento de ganar electores.
Medios de comunicación.- masiva juegan un papel fundamental para presentar el problema desde el lugar de los hechos, enfocando desde diferentes perspectivas, entrevistando a los pobladores perjudicados por las empresas mineras; sin embargo, ninguno de los reporteros que estaban en el lugar ha tratado de analizar las implicancias que traería la contaminación ambiental. La presentadora de noticias Mónica Delta minimizó repetidas veces el hecho diciendo que los vándalos estaban incendiando locales. Rosa María Palacios solamente presentó las fotografías de los disturbios.
Es evidente que en Huacullani confluyen intereses de diverso índole, recordemos que uno de los promotores de la oposición a la empresa minera durante el 2008 fue Hugo Llano, quien intentó capitalizar dicha oposición infructuosamente como candidato al Congreso de la República por Perú Posible, en las últimas elecciones. Del mismo modo, Rufino Machaca, uno de los dirigentes más visibles de las últimas movilizaciones, fue candidato a la presidencia del Gobierno Regional puneño, al igual que Abraham Cauna, candidato a la Municipalidad Provincial de Puno y activo promotor del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF), vinculado a Sendero Luminoso y que propugna, entre otras cosas, la liberación de Abimael Guzmán Reynoso. A nivel local la posición de Juan Carlos Aquino, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Desaguadero es de rechazo al proyecto, lo mismo que las comunidades del ámbito de influencia indirecto como Kelluyo; lo contrario ocurre con las comunidades del distrito de Huacullani con las que la empresa logró establecer ciertos acuerdos, entre ellos el acuerdo previo que le permitió
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asentarse en el distrito. Con un entorno tan complejo y donde la desconfianza respecto de las industrias extractivas es legítimamente creciente en el sur del departamento de Puno, la posición política del Gobierno Regional, más allá de los roles que tenga, se hace sumamente importante. 4.2.- RELATIVAS AL PROCESO a) ANTECEDENTES.El petitorio de las concesiones ―Karina‖ y la creación del proyecto Santa Ana. En el Perú existe un sistema mixto de acceso a la concesión minera como rezago de la actividad empresarial del Estado previa a la década de los noventa. Coexisten dos procedimientos de acceso, uno de corte meramente privado en el que la iniciativa de exploración corresponde al futuro concesionario (persona natural o jurídica), y otro en el que el Estado, a través del organismo de promoción de las inversiones (Proinversion), pone en valor y fomenta la concesión de un proyecto. El proceso ordinario está dirigido principalmente por el INGEMMET quien actúa fundamentalmente como facilitador y coordinador con diferentes instituciones para la obtención de los permisos y registros conducentes al otorgamiento del petitorio. Según el Reglamento de Procedimientos Mineros, los petitorios de concesiones mineras se presentan al INGEMMET cuando se trata del Régimen de Gran Minería y al Gobierno Regional correspondiente, de tratarse de Pequeños Productores Mineros y los Productores Mineros Artesanales. INGEMMET y Gobiernos regionales trabajan coordinadamente sólo en el registro de los petitorios dentro del Sistema de Derechos Mineros y Catastro – SIDEMCAT, más no en la decisión sobre la admisibilidad de un petitorio. Actualmente, la manera como está hecha la ley permite dos cosas: i) que la admisión de los petitorios sea casi inmediata y descartada sólo en casos de omisión en la presentación de los recibos de pagos del derecho de vigencia y/ o del derecho de tramitación; y ii) que las concesiones mineras sean otorgadas antes de cualquier consulta a las poblaciones a ser impactadas por la actividad minera. El proyecto Santa Ana consta de seis concesiones mineras con un total de 5,400 hectáreas, el proceso de concesión se dio mediante la modalidad de petitorio minero. Estas concesiones se encuentran ubicadas en el distrito de Huacullani, provincia de Chucuito. La aprobación del petitorio, y por ende, entrega del título de concesión minera ha durado en promedio dos años para cada derecho minero, y según consta en los expedientes del INGEMMET se ha cumplido con los requisitos estipulados en el Reglamento que rige las actividades de exploración y explotación minera. El petitorio fue solicitado por la persona natural de
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nacionalidad Peruana Jenny Karina Villavicencio Gardini en Mayo de 2004, como estipula la Ley de Promoción a la Inversión Minera (Decreto Legislativo 708) quien gestionó previa solicitud de petitorio un acuerdo con los pobladores del distrito de Huacullani, ya que las zonas peticionadas estaban completamente superpuestas a la zona reservada Aymara Lupaca, declarada temporalmente mediante Decreto Supremo 002‐96‐AG para la protección de flora y fauna silvestre. Como consta en los expedientes de los derechos mineros Karina 1 al 9A, dicho acuerdo contó con la presencia de las autoridades políticas y representantes comunales del distrito de Huacullani y determinó la solicitud conjunta (peticionaria y población de Huacullani) de desafectación del área de superposición. Los petitorios de Karina 1, 2, 5, 6, 7 y 9A pasaron a convertirse en el proyecto Santa Ana cuando Villavicencio Gardini celebró el contrato el mismo año en que realizó el petitorio con la Canadiense Bear Creek Mining Company Sucursal del Perú (BCMC) y posteriormente, celebró contratos de transferencia para cada concesión durante el 2006 y 2007. Actualmente, BCMC es la titular de los derechos mineros del proyecto. Esta modalidad contractual funciona como una especie de leasing o arrendamiento en el que la concedente traspasó el derecho minero al arrendatario (BCMC) previo establecimiento de pagos y rentas, y en la cual BCMC tiene el derecho de exigir dicho derecho o abandonarlo. Bear Creek Mining Company Sucursal del Perú (BCMC) ha realizado actividades de exploración desde mediados de 2004 y tiene programado empezar la etapa de producción de las minas para el año 2012. b) DETONANTE. Hace casi un mes que los pobladores de la zona sur de la región llegaron hasta la ciudad de Puno para pedir al presidente de la región, Mauricio Rodríguez que firme la Ordenanza Regional N°005 del Consejo Regional por la que se declaraba a la región Puno como zona libre de concesiones mineras, y que tanto polvo ha levantado de uno y otro lado. La población entonces, encabezada por sus dirigentes, creó el Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la zona sur de la región y rechazaron toda pretensión de que esta empresa se instale en el lugar. c) SURGIMIENTO.―En octubre de 2008 la relación entre la empresa minera Santa Ana, propiedad de Bear Creek, y un sector importante de la ciudadanía de las comunidades de la provincia de Chucuito – Juli experimentó una primera ruptura evidente, ella concluyó con la quema y saqueo de algunas oficinas de la canadiense, la misma que desde el 2007 se encuentra realizando labores de exploración y que ha sido
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declarada como proyecto de ―necesidad pública‖ por el Gobierno Nacional, lo que le ha permitido realizar operaciones dentro de los 50 kilómetros de la frontera cercana a la República de Bolivia. (El artículo N° 71 de la Constitución señala que: ―…dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido. Se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley.‖) Las denuncias penales en contra de algunos dirigentes y las relaciones establecidas con su entorno más cercano –que respaldan el proyecto-, parecían haber mejorado notablemente, ya que desde entonces, no se habían oído voces discrepantes en contra de la minera. Sin embargo, semanas atrás, el fantasma de los impactos sociales y ambientales negativos producto de la probable explotación minera han resurgido con el lamentable episodio de un paro de 48 horas cuyo saldo fueron heridos y otras pérdidas materiales. (Aunque versiones previas señalaban de la muerte por asfixia de una mujer de 60 años, a causa de las bombas lacrimógenas lanzadas por la policía, la necropsia confirmó que se trató de una pulmonía, presumiblemente producto de haber pasado la noche en la intemperie acatando el paro de 48 horas). Lo mismo la empresa minera que ha obviado el diálogo y la coordinación con los distritos vecinos (Kelluyo y Desaguadero) que son, en este momento, los lugares desde donde ha surgido el conflicto y la oposición al proyecto Santa Ana. Después de todo, los impactos negativos y positivos- de un proyecto como este no sólo se dan en el área concesionada, sino repercuten en todo el entorno, no se trata sólo de ―convencer‖ a los propietarios de los terrenos, sino de mirar el proyecto como parte integral del desarrollo de una provincia y un departamento. Es, en parte, por esta estrechez de visión, que muchos proyectos mineros enfrentan hoy serios cuestionamientos. d) DESARROLLO. Era un problema que se veía venir. Hace casi un mes que los pobladores de la zona sur de la región llegaron hasta la ciudad de Puno para pedir al presidente de la región, Mauricio Rodríguez que firme la Ordenanza Regional N°005 del Consejo Regional por la que se declaraba a la región Puno como zona libre de concesiones mineras, y que tanto polvo ha levantado de uno y otro lado. A inicios del año. Mientras que el presidente regional, Mauricio Rodríguez, se mofaba asegurando que no firmaría una ordenanza que carecía de pies y cabeza,
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los pobladores quienes viven en carne propia el problema de la contaminación minera el mismo que ha diezmado todo aquello vivo en las cuencas de los ríos Ramis y Suches se unieron para que esta actividad no ingrese a sus vidas. En Huacullani, distrito perteneciente a la provincia de Chucuito - Juli, el proyecto minero Santa Ana administrado por Bear Creek Mining Corporation, que pretende extraer de las entrañas de la tierra argento, conocido comúnmente como plata; presentaba el Estudio de Impacto de Ambiental para su aprobación del gobierno peruano. La población entonces, encabezada por sus dirigentes, creó el Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la zona sur de la región y rechazaron toda pretensión de que esta empresa se instale en el lugar. 30 de marzo. Más de 2 mil pobladores de la zona sur se trasladaron a la ciudad de Puno exigiendo al presidente regional de Puno, Mauricio Rodríguez, firme la ordenanza Regional N°005, que declara a la región Puno como zona agrícola y por tanto exento de concesiones mineras. En aquella fecha, luego de una prolongada reunión, Mauricio Rodríguez les dijo ―La firma de la Ordenanza Regional 005-2011, en nada les va a beneficiar hermanos así que vayan tranquilos‖; sin embargo, los dirigentes y el presidente regional también se comprometieron a instalar la Mesa de Minería en la ciudad de Juli. Reunión al cual no asistió la autoridad regional justificando la falta de garantías para su vida. Y miles de pobladores que habían esperado a Mauricio Rodríguez, se sintieron desairados y decidieron entrar en huelga nuevamente. Aquel día la marcha en contra del Gobierno Regional y Central fue decretada.
25 y 26 de abril. El problema entonces se agudizó, la huelga de los pobladores de la zona sur en rechazo a la minería, exigiendo esta vez que la minera Santa Ana, en el distrito de Huacullani, se retire del lugar; causó revuelo y la noticia tomó un aspecto nacional. Un muerto fue el saldo de esta trágica medida. Hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta que causó la muerte de la persona. La Policía acusa que la falta de atención producto del paro fue el causante de la muerte, mientras que los dirigentes acusaron al gobierno regional.
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Entonces algo más asustado y centrado, el presidente regional se sentó a conversar con ambas partes en conflicto. A los pobladores les dijo que el Gobierno Regional no tenía nada que ver con la entrega de concesiones mineras, que el Ministerio de Energía y Minas (MEM), era el responsable y que él procuraría una solución al problema. El mandatario acusó además que la protesta es usada políticamente para promover su vacancia en el cargo. Argumento algo jalado de los pelos, pese a la probada ineficiencia del gobierno regional para dar solución a este problema antes que estalle en las narices de los funcionarios. En aquella fecha, en reunión entre los dirigentes y el Gobierno Regional, el argumento que esgrimió Mauricio Rodríguez ante la población fue siempre el mismo: ―Nosotros no otorgamos las concesiones mineras, no es la competencia del gobierno regional, nosotros no tenemos nada que ver con eso‖. Y continúo el problema por minas. Mauricio Rodríguez junto a algunos funcionarios y consejeros regionales, viajaron hasta la capital de la República para reunirse con el Ministro de Energía y Minas y sus funcionarios y pedirle la suspensión temporal del otorgamiento de concesiones mineras en la región. En la reunión confirmaron que el proyecto Santa Ana, en Huacullani aún no cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado, surgieron varias observaciones al mismo, por lo que la licencia para explotar la zona aún está en trámite. El 9 de mayo se inició un paro indefinido en Desaguadero y una serie de protestas que incluyeron el bloqueo del puente Internacional. El gobierno regional fue desbordado y el gobierno nacional no hizo eco de las demandas, lo que hizo que las protestas se trasladaran a la capital del departamento. Luego de algunas negociaciones con el gobierno central se logró una resolución viceministerial que protegía el Apu Khapía de posibles concesiones siendo esto insuficiente en relación al pliego presentado. Posteriormente, el 22 de mayo mediante la Resolución Suprema 131-2011 PCM, se creó una Comisión Multisectorial encargada de proponer soluciones en un plazo de 180 días. Esta propuesta en un ambiente de creciente conflictividad, no fue la más pertinente. Finalmente, el 26 de mayo la violencia y el vandalismo se desató en el ciudad de Puno con la quema y saqueo de la Sunat, Aduanas y la Gobernación.
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Tras estos hechos, se traslada a Lima una comisión integrada por el presidente regional y autoridades provinciales y distritales, quienes llegan a acuerdos con el gobierno nacional que fueron desconocidos por el Frente de Defensa del Sur, pero dando una semana de tregua para que se realice la segunda vuelta electoral. Seguidamente, otra comisión liderada por Aduviri llega a la capital, y sólo es atendida luego de la gran cobertura mediática que éste logró tras su atrincheramiento en Canal 5 luego de su intento que la Policía intentó detenerlo. Una vez cambiada su orden de captura por la de comparecencia las negociaciones se inician. e) DESENLACE. Finalmente, se logró la obtención de un paquete de 3 Decretos Supremos y 2 Resoluciones Supremas. Se logró la derogación del D.S 083-2007 dejando sin efecto la concesión a la minera Santa Ana. Asimismo, la realización de una consulta previa, la adecuación de los petitorios mineros y la suspensión de admisión de los mismos en el departamento de Puno. El 26 de junio, luego de más de 45 días, se levantó oficialmente el paro. 4.3.- RELATIVAS AL PROCESO a) EL MEOLLO.  El crecimiento acelerado de las concesiones desde 2002 en un 279%5. Esta situación habría despertado preocupación y alarma en la población respecto de los posibles riesgos de contaminación ambiental y a la salud de la población, así como de la intangibilidad de zonas reservadas. Esta actitud viene justificada por las denuncias en los años anteriores sobre la contaminación de ríos y otros recursos hidrográficos en otras provincias de Puno como resultado de la minería.  Además de la actividad minera, está la concesión de los lotes 155 y 156 de la zona sur de Puno para la exploración petrolera. Dado que los lotes 155 y 156 rodean al lago existe temor de contaminación del mismo que es fuente de actividades generadoras de ingresos como la pesca y el turismo.  El DS 083‐2007‐EM que contraviniendo el artículo 71 de la Constitución autoriza la presencia de una empresa extranjera declarando de necesidad pública la inversión privada en el Proyecto Santa Ana.  La superposición de áreas concesionadas con la zona reservada de Aymara Lupaca (zonas de biodiversidad y valor cultural) es cuestionada por los habitantes del distrito de Kelluyo (Chucuito) pero, como indicamos
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antes, fue consentida por los habitantes del distrito de Huacullani donde se ubica el proyecto Santa Anta.  Otro caso de superposición se da en el distrito de Pomata y Zepita (provincia de Chucuito) con el proceso de concesión en favor de la empresa Patagonia S.A. en la zona del cerro K’hapia. El cerro K’hapia es un Apu y el área donde se encuentra es considerada por la población como una zona turística intangible. Asimismo, existe temor de contaminación de la laguna de Warawarani. b) TIPO DE CONFLICTO COMFLICTO DE INTERES Y NECESIDADES Los pobladores del distrito de Huacullani, provincia de Chucuito – Juli, rechazan la instalación del proyecto Santa Ana de la empresa minera Bear Creek Mining Company, porque según refieren esta empresa contaminará las aguas del río de este distrito puesto que se ubica a 700 metros de donde operará la mina, además causará graves daños al medio ambiente. Walter Aduviri, presidente del Comité Transitorio en Defensa del Sur y dirigente del Comité de Lucha del Sur de la región, denunció que a como de lugar la empresa minera quiere posicionarse de la zona, ya que en un inicio dijo que sólo iba a realizar trabajos de exploración. ―Estamos firmes y no negociaremos, por ello la empresa sí o sí tiene que retirarse de la zona. Antonio Balestrini, Gerente del proyecto minero Santa Ana, indicó que el pasado 23 de febrero en audiencia pública donde participaron alrededor de mil personas y en total orden presentaron el Estudio de Impacto Ambiental para iniciar la ejecución del proyecto de explotación de plata. ―En este evento los pobladores dieron su apoyo al proyecto. Sin embargo, pobladores de zonas alejadas conducidas por dirigentes que tienen sus razones buscaron hacer una convocatoria para oponerse al proyecto‖. V. RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO 5.1 Competición 5.2 Evitación 5.3 Compromiso 5.4 Acomodación 5.5. Colaboración
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6.1 Relativas al corpus teórico que sustenta el análisis del conflicto  El conflicto minero de Santa Ana puede ser analizado desde la perspectiva funcionalista, para Talcott Parsons el conflicto surge del desequilibrio del sistema social, donde no hay una armonización espontanea de intereses, es decir falta de legitimidad, donde los sujetos no pueden dar sentido a sus acciones y se sienten demasiado constreñidos por las estructuras sociales. Este mismo sistema produce mecanismos para controlar el conflicto, en este caso se puede decir que el conflicto minero Santa Ana causo un desequilibrio funcional al ―sistema económico y político‖. Esto aconteció porque nuestro país como sistema tiene un modelo más articulado al libre mercado, a la propiedad privada, la inversión extranjera, etc. Este modelo no contempla la latencia de otros sistemas que no son funcionales al sistema social. Haciendo un despegue a nuestro caso especifico, se puede decir que el conflicto surge cuando se logra transgredir la Constitución del Perú, la cual prohíbe que se otorguen concesiones mineras a empresas extranjeras en un rango de 50 kilómetros de la frontera, salvo que se emita un decreto supremo que declare de interés nacional el proyecto. Como el proyecto Santa Ana está ubicado en plena frontera con Bolivia se ha tenido que emitir un decreto supremo que autoriza a la empresa canadiense Bear Creek Mining a desarrollar sus actividades. Este decreto es cuestionado por la población que no entiende cómo se fundamenta en este caso el interés nacional. Este contexto explica como el estado peruano concibe la integración del sistema, es decir que las decisiones que toma solo benefician a una minoría y no al total de la población peruana. Lo cual no es funcional al sistema. El gobierno central como institución política y administrativa, no logró prevenir el conflicto, espero que los pobladores en Puno bloqueen las carreteras, puertos y casi la totalidad de puntos de entrada a la región, además de que el sector privado pierda más de 100 millones de soles, para recién buscar la negociación.
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6.2 En relación al contexto 
En octubre de 2008 la relación entre la empresa minera Santa Ana, propiedad de Bear Creek, y un sector importante de la ciudadanía de las comunidades de la provincia de Chucuito – Juli experimentó una primera ruptura evidente, ella concluyó con la quema y saqueo de algunas oficinas de la canadiense, la misma que desde el 2007 se encuentra realizando labores de exploración y que ha sido declarada como proyecto de ―necesidad pública‖ por el Gobierno Nacional, lo que le ha permitido realizar operaciones dentro de los 50 kilómetros de la frontera cercana a la República de Bolivia. (El artículo N° 71 de la Constitución señala que: ―…dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido. Se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley.) Este conflicto se da a su vez en un contexto de cambio de mando presidencial, donde el antiguo régimen concibió como sistema funcional de desarrollo al libre mercado, a la inversión privada, el libre comercio, a la apertura de concesiones de los recursos naturales del Perú. Para ello dejo una serie acuerdos firmados con empresas extranjeras.
6.3 En relación a los lineamientos metodológicos de la sistematización del conflicto social  El esquema metodológico utilizado, ayuda bastante a sistematizar el análisis de cualquier conflicto social, ya sea de índole minera, ambiental, de inclusión social, equidad e género, reivindicación laboral, etc. En este trabajo se analizo un caso particular, fue el conflicto minero Santa Ana, el cual fue desarrollado siguiendo el esquema que se puede observar en el índice.
6.4 En relación al conflicto propiamente dicho a. Elementos del conflicto
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La población también ha mostrado una particularidad que lo diferencia de otros casos de conflictos recientes, el pedido central ha sido la anulación de todas las concesiones mineras otorgadas en esa región. Por primera vez y con tanta nitidez el caso específico (proyecto Santa Ana) es desplazado y el cuestionamiento a una determinada política (las concesiones) ocupa el lugar estelar en el conflicto. Walter Aduviri se presentó en una reunión del Consejo del Gobierno Regional de Puno y conminó a sus miembros a aprobar una ordenanza que suspendía concesiones mineras en Puno y solicitaba al Ministerio de Energía y Minas cancelar los títulos de Bear Creek en Santa Ana. La presentó en su condición de dirigente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno. El cargo lo obtuvo en una asamblea de 1.000 personas en Lloroco. Aduviri encabezó una marcha de sacrificio de 2.000 pobladores hacia Puno. Los había de Kelluyo, Desaguadero, Juli, Pomata, Chucuito, Capazo, Yunguyo, el Collao, Acora y Zepita, pero no de Huacullani. Un día antes, en la ciudad marcharon los estudiantes, docentes y autoridades de la Universidad Nacional del Altiplano. Ellos recibían recursos del canon y estaban a favor de la minería. Había llegado también a Puno una delegación de Huacullani, sin marcha ni banderolas, para entrevistarse con el presidente regional. Uno de los principales actores en los conflictos sociales es el Estado mismo, en un doble sentido. Por un lado, la gran mayoría de los conflictos se originan como reacción a alguna iniciativa del gobierno que genera la resistencia de poblaciones afectadas Cabe añadir que existen conflictos en los cuales el Estado es cuestionado por su inacción, por no garantizar el cumplimiento de derechos o acuerdos entre actores privados o sociales.
b. Ciclo del conflicto  En marzo el Consejo Regional aprobó la Ordenanza N° 005-2011, que declaraba a Puno como zona intangible para las concesiones mineras, acuerdo que generó controversia entre el Consejo y la Presidencia Regional ya que la misma estaba fuera de sus competencias. Se propusieron otras soluciones para abordar la temática minera en la región sin ningún éxito. Se creó un ambiente de desconfianza alentado además por el viaje del Presidente Regional Mauricio Rodríguez a la ―Convención de Asociaciones de Prospectores y Desarrolladores Mineros‖ en Toronto, Canadá, hecho que fue duramente criticado.
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El 9 de mayo se inició un paro indefinido en Desaguadero y una serie de protestas que incluyeron el bloqueo del puente Internacional. El gobierno regional fue desbordado y el gobierno nacional no hizo eco de las demandas, lo que hizo que las protestas se trasladaran a la capital del departamento. Luego de algunas negociaciones con el gobierno central se logró una resolución viceministerial que protegía el Apu Khapía de posibles concesiones siendo esto insuficiente en relación al pliego presentado. Posteriormente, el 22 de mayo mediante la Resolución Suprema 131-2011 PCM, se creó una Comisión Multisectorial encargada de proponer soluciones en un plazo de 180 días, pero en un ambiente de creciente conflictividad. El 26 de mayo la violencia y el vandalismo se desató en el ciudad de Puno con la quema y saqueo de la Sunat, Aduanas y la Gobernación. Tras estos hechos, se traslada a Lima una comisión integrada por el presidente regional y autoridades provinciales y distritales, quienes llegan a acuerdos con el gobierno nacional que fueron desconocidos por el Frente de Defensa del Sur, pero dando una semana de tregua para que se realice la segunda vuelta electoral. Seguidamente, otra comisión liderada por Aduviri llega a la capital, y sólo es atendida luego de la gran cobertura mediática que éste logró tras su atrincheramiento en Canal 5 luego de su intento que la Policía intentó detenerlo. Una vez cambiada su orden de captura por la de comparecencia las negociaciones se inician.
c. Estructura del conflicto  La estructura del conflicto está conformada por las Comunidades de Kelluyo, Huacullani, Pisacoma y Zepita (provincias de Chucuito y Yunguyo. Los municipios de chucuito y yunguyo, gobierno regional, la empresa Canadiense Bear Creek Mining Company (proyecto Santa Ana demandando) el Estado Peruano y ―Otros‖ actores como ONG , medios de comunicación, partidos políticos y sociedad civil Los puntos claves de la percepción del problema fueron: La superposición de áreas concesionadas con la zona reservada Aymara Lupaca (zonas de biodiversidad y valor cultural), la misma que es cuestionada por los habitantes del distrito de Kelluyo (Chucuito). Aunque es cierto que fue consentida por los habitantes del distrito de Huacullani donde se ubica el proyecto Santa Anta. El otro tema es la titularidad de una empresa extranjera en zona de frontera. El DS 083‐2007‐EM que, contraviniendo el artículo 71 de la Constitución, autoriza la presencia de una empresa
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extranjera declarando de necesidad pública la inversión privada del Proyecto Santa Ana.  El conflicto en torno al proyecto Santa Ana ha dejado sentimientos de ser una protesta por un caso de minería específico y ha pasado a cuestionar el sistema de concesiones mineras que no toma en cuenta la opinión ni la decisión de las comunidades (Kelluyo, Huacullani, Pisacoma y Zepita) para establecer sus propios planes sobre el uso de los recursos naturales y la priorización de actividades económicas de acuerdo al valor social‐cultural que ellos y el mercado les atribuyen.
El estado Neoliberal Según propone el ―Perro del Hortelano‖ (artículo de Alan García), el Estado debe facilitar el camino para el ingreso de la empresas extractoras porque ―…existe (mucha riqueza) que no está puesta en valor‖. En ese sentido, a lo largo de esto cinco años, se ha venido eliminando las restricciones como la evaluación del impacto ambiental que todas las empresas deberían presentar antes de iniciar la explotación, incluso, tal como afirma María Isabel Remy ―el Gobierno ha restringido enormemente la participación de los pueblos en el presupuesto participativo. Es evidente que en Huacullani confluyen intereses de diverso índole, recordemos que uno de los promotores de la oposición a la empresa minera durante el 2008 fue Hugo Llano, quien intentó capitalizar dicha oposición infructuosamente como candidato al Congreso de la República por Perú Posible, en las últimas elecciones. Del mismo modo, Rufino Machaca, uno de los dirigentes más visibles de las últimas movilizaciones, fue candidato a la presidencia del Gobierno Regional puneño, al igual que Abraham Cauna, candidato a la Municipalidad Provincial de Puno y activo promotor del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF), vinculado a Sendero Luminoso y que propugna, entre otras cosas, la liberación de Abimael Guzmán Reynoso.
d. Resolución del conflicto  La negociación para la resolución de este conflicto se realizo con una primera delegación gubernamental la cual viajó a Puno para negociar pero no llevó ninguna solución. Posteriormente, las negociaciones continuaron en Lima y tras más de 10 horas continuas de negociaciones en la sede del Ministerio de energía y Minas (MEM), en la que participaron las autoridades
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y congresistas por Puno, la premier y los ministros de energía y Minas y del Interior, se alcanzaron algunos acuerdos, aunque insuficiente.  Se acordó suspender por doce meses la admisión de petitorios mineros en las provincias de Chucuito, Yunguyo, Collao y Puno, además, se postergó, también por doce meses, el proceso de aprobación del estudio de impacto ambiental del proyecto minero Santa Ana. Y, por último, se acordó instalar una comisión multisectorial para la solución de casos específicos. No obstante el esfuerzo, el presidente del Comité de Defensa de los Recursos Naturales de Puno, Walter Aduviri, indicó que lo alcanzado entre el Gobierno y los representantes de Puno no lo convencen e incluso aseguró que las autoridades que acudieron a Lima y negociaron con el Poder Ejecutivo no los representan.
El cuestionamiento de las comunidades aymaras al DS 083‐2007‐EM, mediante el cual el gobierno declara de necesidad publica el Proyecto Santa Ana y autoriza las operaciones de la empresa Bear Creek Mining Company en zona de frontera, tiene sustento justificado en razón de que dicha medida contraviene el artículo 71 de la Constitución Política del Perú. El uso de decretos supremos que declaran los proyectos mineros de necesidad pública en zonas de frontera por parte del gobierno actual estaría modificando de facto el citado artículo de la Constitución, con el argumento de promover la inversión privada en la actividad minera (DL 757), por lo que esta práctica debería ser controlada. El argumento de la superposición de las concesiones mineras con la zona reservada Aymara Lupaca parece tener menor importancia que los anteriores, porque la liberación de las áreas de dicha reserva fue inicialmente consentida por la población del distrito de Huacullani el año 2004. La consulta previa a la decisión de aprobación de un petitorio minero debe incluir no sólo a las comunidades que serán directamente impactadas por la actividad minera sino también a las localidades vecinas que lo serán indirectamente. Una solución más integral al problema debería empezar por la elaboración de un plan de ordenamiento territorial y la implementación de mecanismos de consulta previa a las comunidades. En ese sentido la ordenanza del gobierno regional que propone la suspensión de los petitorios mineros, así
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como las concesiones para hidrocarburos, en la Región de Puno, hasta que concluya con la zonificación económica y ecológica, parece pertinente y oportuna.
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