Source: https://www.slideshare.net/iestudiospenales/cdigo-penal-de-puerto-rico-presentation
Timestamp: 2017-09-19 18:32:32+00:00

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1. (P. del S. 2302) LEY Para adoptar el Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y derogar el vigente que fue aprobado mediante la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada; derogar los Artículos 64 a 76, 291 a 298, 299 a 304, 305 a 317, 329 a 332, 334 y 335, 337 y 338, 345, 351 y 357, 478, 485 a 499, 500 a 505, 553 a 556, todos inclusive, del Código Penal de 1902, según enmendado, que quedaron provisionalmente vigentes conforme al Artículo 278 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974; disponer para la aplicación y vigencia de sus disposiciones y para la creación de un ente revisor que proponga recomendaciones a la Asamblea Legislativa para atemperar el ordenamiento legal a lo provisto en este Código. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Mediante la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974 se aprobó un nuevo Código Penal para Puerto Rico y se derogó el que rigió en nuestra Isla desde 1902. Aquel Código era prácticamente la traducción al español del Código Penal de California, edición de 1873 actualizado al 1901. La oposición fundamental a la aprobación del Código Penal de 1902 se debió a que constituyó una transculturación jurídica mediante la incorporación festinada de disposiciones ajenas a nuestros valores, costumbres y realidad social. La Reforma Penal de 1974 fue el resultado de más de una década de estudios que reunió en Puerto Rico a los penalistas Helen Silving, José Miró Cardona, Francisco Pagán Rodríguez y Manuel López Rey. El Departamento de Justicia y el Consejo sobre la Reforma de la Justicia en Puerto Rico trabajaron estrechamente con la Asamblea Legislativa para la aprobación del Código Penal de 1974. La literatura jurídica que se produjo como resultado de los estudios previos a su aprobación, las disposiciones del Código Penal de 1974 y la jurisprudencia del Tribunal Supremo constituyen una valiosa aportación al desarrollo del Derecho Penal Puertorriqueño. No obstante su incalculable valor, desde su aprobación hasta el presente se ha señalado que el Código Penal de 1974 no logró establecer una base criminológica precisa y articulada, dejó de incorporar tendencias penológicas de la época y mantuvo disposiciones que se habían insertado en nuestro ordenamiento legal provenientes del extranjero en conflicto con nuestra tradición y cultura jurídica. El Código Penal de 1974 adoptó el modelo de sentencia indeterminada mediante el cual el juez fijaba una pena que fluctuaba entre un mínimo y un máximo de duración y cuando la persona cumplía un mínimo podía ser considerada para libertad bajo palabra. En 1980 se sustituyó dicho sistema por un modelo de sentencia determinada en que el juez impone una pena con un término fijo y el sentenciado cualifica para libertad bajo palabra al cumplir la mitad del término de reclusión. Con el transcurso de los años, por la ausencia de ponderación en el
2. proceso de reforma coexisten penas determinadas e indeterminadas tanto en el Código como en las disposiciones que establecen delitos en leyes especiales. Además, durante sus veintiocho (28) años de vigencia, se han aprobado más de doscientas (200) enmiendas al Código Penal que se caracterizan por un marcado aumento en el catálogo de los delitos y de las penas. Muchas de estas enmiendas se han aprobado en forma apresurada por lo cual no se articularon con las restantes disposiciones del propio Código ni con la abundante legislación complementaria. Estas enmiendas a los delitos y a las penas tampoco han sido cónsonas con la realidad criminal o penitenciaria. En términos más específicos, se ha planteado que el Código Penal de Puerto Rico debe revisarse en su totalidad por adolecer de las siguientes deficiencias: (a) Es un cuerpo legal rezagado en cuanto a las condiciones y necesidades de este siglo. (b) La creación de tipos delictivos en forma apresurada ha generado duplicidad de delitos, disparidad de penas en el propio Código y en leyes especiales y ausencia de proporción estructural entre las penas correspondientes a los distintos delitos. (c) Las penas de contenido monetario no corresponden a los valores económicos del presente y propician el trato desigual y la impunidad de los que delinquen a través de entidades corporativas. (d) Las sanciones penales conllevan trato desigual a las víctimas de delito. De todos estos planteamientos, sobresale que las penas que están en vigor, tanto en el Código Penal como en las leyes especiales, no son reales. Además de que las penas legisladas no guardan proporción con la severidad relativa de los delitos, la puerta giratoria del sistema carcelario para reducir el hacinamiento ha abierto una diferencia abismal entre la pena impuesta al convicto y la pena que realmente se cumple. Ello se debe a que la legislación que concede bonificaciones automáticas reduce en un cuarenta y tres (43) por ciento las sentencias de más de quince años y reduce en un cuarenta (40) por ciento las sentencias de menos de quince (15) años. Al cumplir la mitad de la sentencia bonificada, los reclusos cualifican para ser considerados para libertad bajo palabra y se conceden bonificaciones adicionales por estudio y trabajo que fluctúan entre cinco (5) y siete (7) días por mes. Además, existen programas de desvío para las personas que entran a cumplir su sentencia de reclusión y, en algunos casos, la persona puede cualificar para el desvío carcelario cuando faltan hasta treinta y seis (36) meses para cualificar para libertad bajo palabra. Por las razones mencionadas, existe consenso en cuanto a la necesidad de que se revise el Código Penal de Puerto Rico y, en el futuro inmediato, la legislación complementaria. Para lograr esta revisión, antes de presentar la legislación, se llevó a cabo un proceso de consulta a través de vistas públicas, reuniones de trabajo y asesoramiento de expertos y tratadistas del país y del extranjero. El equipo asesor produjo varios informes técnicos que sirvieron de marco de consulta y referencia para la toma de decisiones. Estos estudios evaluaron las leyes que han enmendado nuestro Código Penal en los últimos veintiocho años, las bases para un modelo de penas y el modelo de penas del Código Penal de Puerto Rico. Así mismo se realizaron estudios 2
3. comparados de Códigos Penales de más de dieciocho (18) jurisdicciones con la Parte General y Especial de nuestro Código. El trabajo de revisión del Código Penal que se inició en el cuatrienio de 1989 a 1992 también se consideró en la elaboración de este nuevo Código pero se actualizaron los hallazgos, se atemperó la propuesta a la experiencia acumulada y se amplió su alcance. Este nuevo Código Penal articula las normas cuya violación constituye delito y las normas de adjudicación de responsabilidad penal, utiliza un lenguaje y una redacción precisa y consistente, y suprime lagunas existentes que crean dudas y conflictos de interpretación. Se ha conferido atención a la estructura del Código y su división lógica para facilitar y guiar el acceso a su contenido tanto del ciudadano común como del perito que interviene en su interpretación y aplicación. La claridad y cuidado en la técnica que debe utilizarse en las leyes penales es particularmente crucial ya que ha de atender y respetar los principios constitucionales de legalidad y proporcionalidad en las penas. Se aspira que esta claridad propenda al mayor respeto en el cumplimiento de estas normas legales por el más amplio sector de nuestra comunidad como parte del esfuerzo que se realiza por prevenir la criminalidad. Para restituir la confianza pública en su sistema penal, mediante esta Reforma Penal se establece que el sentenciado cumplirá la pena impuesta por el tribunal. No obstante, en cumplimiento del deber constitucional de promover la rehabilitación del convicto, se amplían los tipos de penas que podrá imponer el tribunal y se introduce un procedimiento nuevo que permite al Departamento de Corrección y Rehabilitación certificar que el recluso está rehabilitado y es elegible para reincorporarse a la comunidad sin riesgo para la sociedad. Por las razones antes mencionadas, entendemos que la aprobación de esta legislación dotará a Puerto Rico de un Código Penal para el Siglo XXI que identifica los valores comunitarios y establece un sistema justo y racional de sentencias. Frente al problema de la criminalidad y la delincuencia, se adopta un nuevo Código Penal para Puerto Rico que aspira a prevenir individualmente la comisión de delitos mediante la reinserción social del confinado cuando alcance su rehabilitación y que sirva de instrumento de prevención general mediante la afirmación de nuestros valores. DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: LIBRO PRIMERO PARTE GENERAL TÍTULO I DE LA LEY PENAL CAPÍTULO I DE LOS PRINCIPIOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL SECCIÓN PRIMERA 3
4. Denominación y garantías Artículo 1. Denominación de la ley. Esta ley se denomina Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Artículo 2. Principio de legalidad. No se instará acción penal contra persona alguna por un hecho que no esté expresamente definido como delito en este Código o mediante ley especial, ni se impondrá pena o medida de seguridad que la ley no establezca con anterioridad a los hechos. Artículo 3. Prohibición de la analogía. No se podrán crear ni imponer por analogía delitos, penas, ni medidas de seguridad. Artículo 4. Principios de la sanción penal. La pena o la medida de seguridad que se imponga será: proporcional a la gravedad del hecho delictivo, necesaria y adecuada para lograr los propósitos consignados en este Código y no podrá atentar contra la dignidad humana. Artículo 5. Principio de judicialidad. La pena o la medida de seguridad se impondrá mediante sentencia judicial exclusivamente. SECCIÓN SEGUNDA Del ámbito de aplicación Artículo 6. Aplicación territorial. La ley penal de Puerto Rico se aplica al delito consumado o intentado dentro de la extensión territorial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Se entiende por extensión territorial el espacio de tierra, mar y aire sujeto a la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Artículo 7. Aplicación extraterritorial. La ley penal de Puerto Rico se aplica al delito consumado o intentado fuera de la extensión territorial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en cualquiera de las siguientes circunstancias: (a) Cuando una parte de la conducta delictiva se lleva a cabo en la extensión territorial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. (b) Cuando la conducta constituya una violación de las funciones o deberes inherentes al cargo o encomienda de un funcionario o empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de cualquier persona que se desempeñe a su servicio. (c) Cuando se cometan delitos de genocidio o crimen de lesa humanidad según se definen en este Código. (d) Cuando según los tratados o convenios ratificados por los Estados Unidos de América, el delito puede ser procesado en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 4
5. Artículo 8. Aplicación temporal. La ley penal aplica a hechos realizados durante su vigencia. Artículo 9. Aplicación de la ley más favorable. La ley penal tiene efecto retroactivo en lo que favorezca a la persona imputada de delito. En consecuencia, se aplican las siguientes normas: (a) Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito es distinta de la que exista al procesar al imputado o al imponerle la sentencia, se aplicará siempre la ley más benigna. (b) Si durante el término en que la persona está cumpliendo la sentencia entra en vigor una ley más benigna en cuanto a la pena o a la medida de seguridad o al modo de ejecutarlas, se aplicará retroactivamente. (c) Si durante el término en que la persona está cumpliendo la sentencia entra en vigor una ley que suprime el delito, o el Tribunal Supremo emite una decisión que despenalice el hecho, la pena quedará extinguida y la persona liberada, de estar recluida o en restricción de libertad. En estos casos los efectos de la nueva ley o de la decisión judicial operarán de pleno derecho. Artículo 10. Aplicación de la ley de vigencia temporera. La ley penal de vigencia temporera se aplicará a hechos cometidos durante su vigencia, aunque la ley haya perdido su vigencia con posterioridad, salvo que por ley se determine otra cosa. Artículo 11. Aplicación del Código a otras leyes. Los principios contenidos en el Libro Primero de la Parte General de este Código aplican a la conducta regulada por otras leyes penales, salvo que éstas dispongan lo contrario. SECCIÓN TERCERA De la interpretación Artículo 12. Concurso de disposiciones penales. Cuando un mismo hecho se regula por diversas disposiciones penales: (a) La disposición especial prevalece sobre la general. (b) La disposición de mayor alcance de protección al bien jurídico absorberá la de menor amplitud, y se aplicará la primera. (c) La subsidiaria aplicará sólo en defecto de la principal, si se declara expresamente dicha subsidiaridad, o ésta se infiere. Artículo 13. Interpretación de palabras y frases. Las palabras y frases se interpretarán según el contexto y el significado sancionado por el uso común y corriente. 5
6. Las voces usadas en este Código en el tiempo presente incluyen también el futuro; las usadas en el género masculino incluyen el femenino y el neutro, salvo los casos en que tal interpretación resulte absurda; el número singular incluye el plural y el plural incluye el singular. Si el lenguaje empleado es susceptible de dos o más interpretaciones, debe ser interpretado para adelantar los propósitos de este Código y del artículo particular objeto de interpretación. Artículo 14. Definiciones. Salvo que otra cosa resulte del contexto, las siguientes palabras y frases contenidas en este Código tendrán el significado que se señala a continuación: (a) “A sabiendas” implica conocimiento personal, no requiere el conocimiento de la ilegalidad del acto u omisión. (b) “Año” y “Año natural” es de trescientos sesenta y cinco (365) días, siempre que no sea bisiesto, en cuyo caso es de trescientos sesenta y seis (366) días. (c) “Apropiar” incluye el malversar, defraudar, ejercer control ilegal, usar, sustraer, apoderarse, o en cualquier forma hacer propio cualquier bien o cosa que no le pertenece, en forma temporal o permanente. (d) “Beneficio” es cualquier provecho, utilidad, ventaja, lucro, o ganancia, no estando limitado el término a una ganancia pecuniaria o material, sino que denota cualquier forma de ventaja. (e) “Bienes inmuebles” incluye terrenos y todo lo que allí se construya, crezca o se adhiera permanentemente. (f) “Bienes muebles” incluye dinero, mercancías, semovientes, equipos, aparatos, sistemas de información y comunicación, servicios, vehículos de motor o cualquier otro objeto de locomoción, energía eléctrica, gas, agua u otro fluido, ondas, señales de comunicación móviles o electrónicas y números de identificación en soporte papel o electrónico, cosas cuya posesión pueda pedirse en juicio, comprobantes de crédito, documentos, o cualquier otro objeto susceptible de apropiación. (g) “Documento público” incluye cualquier escrito, impreso, papel, libro, folleto, fotografía, fotocopia, película, microforma, cinta magnetofónica, mapa, dibujo, plano, cinta, o cualquier material leído por máquina o producido de forma electrónica aunque nunca sea impreso en papel, archivo electrónico, o cualquier otro material informativo o informático, sin importar su forma o características físicas, que se origine, se reciba manual o electrónicamente, o se conserve en cualquier dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de acuerdo con la ley, o que se designe por ley como documento público, o cualquier escrito que se origine en el sector privado en el curso ordinario de transacciones con dependencias gubernamentales y que se conserven permanente o temporeramente en cualquier dependencia del Estado, por su utilidad administrativa o valor legal, fiscal o cultural. (h) “Edificio” comprende cualquier casa, estructura, barco, vagón, vehículo u otra construcción diseñada o adaptada para, o capaz de dar abrigo a seres humanos o que pueda 6
7. usarse para guardar cosas o animales o para negocio. Comprende, además, sus anexos, dependencias y el solar donde esté enclavado. (i) “Edificio ocupado” comprende cualquier casa, estructura, vehículo o lugar adaptado para acomodo nocturno de personas, para llevar a cabo negocios en el mismo, para el cuidado de niños o personas, para enseñanza de cualquier nivel, o para fines públicos, siempre que esté en uso aunque al momento del hecho no haya personas presentes. Comprende, además, sus anexos, dependencias y el solar donde esté enclavado. (j) “Escrito” incluye cualquier impreso, hoja, carta, escritura pública, documento notarial, sello, escritura o firma de una persona en soporte papel o en soporte digital, o imagen, moneda, papel moneda, fichas, tarjeta de crédito o cualquier otro símbolo o evidencia representativa de algún valor, derecho, privilegio u obligación. (k) “Estado Libre Asociado de Puerto Rico” o “Estado” comprende los departamentos, agencias, juntas y demás dependencias, corporaciones públicas, instrumentalidades y sus subsidiarias, los municipios y las subdivisiones políticas, y las ramas de gobierno. (l) “Estados Unidos de América” son los Estados de la Unión Norteamericana, sus territorios y posesiones, el Distrito de Columbia y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. (m) “Firma” o “Suscripción” es el nombre escrito de puño y letra o en forma digital, o el nombre o la marca o señal hecha a ruego de una persona, cuando dicha persona no pueda escribir su nombre, escribiéndose su nombre junto a tal marca o señal por otra persona que también firmará como testigo. (n) “Fondos públicos” es el dinero, los bonos u obligaciones, valores, sellos, comprobantes de rentas internas, comprobantes de deudas y propiedad perteneciente al gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, departamentos, agencias, juntas y demás dependencias, corporaciones públicas y sus subsidiarias, los municipios y las divisiones políticas. También incluye el dinero recaudado por personas o entidades privadas que mediante acuerdo o por autoridad de ley realizan gestiones o cobro de patentes, derechos, impuestos, contribuciones, servicios, o del dinero que se adeude al Estado Libre Asociado de Puerto Rico por concepto de cualquier otra obligación o cualquier otra gestión o para el cobro de sellos o derechos para instrumentos públicos o documentos notariales. Cuando se trate de bonos, obligaciones, valores y comprobantes de deuda, el término incluye no sólo el documento que evidencie la obligación sino también el dinero, bonos, valores u obligaciones que se obtengan como producto de la emisión, compra, ejecución, financiamiento, refinanciamiento o por cualquier otra transacción con aquéllas. (o) “Fraudulentamente” o “Defraudar” es el acto cometido mediante ardid, simulación, trama, treta o mediante cualquier forma de engaño. (p) “Funcionario” o “Empleado público” es la persona que ejerce un cargo o desempeña una función o encomienda con o sin remuneración, permanente o temporeramente, en virtud de cualquier tipo de nombramiento, contrato o designación, para la Rama Legislativa, Ejecutiva o Judicial o del gobierno municipal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Incluye aquellas personas que representan el interés público y que sean designadas para ocupar un cargo en una 7
8. junta, corporación pública, instrumentalidad y sus subsidiarias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como aquéllos que sean depositarios de la fe pública notarial. El término funcionario público incluye aquellas personas que ocupan cargos o empleos en el gobierno del Estado Libre Asociado que están investidos de parte de la soberanía del Estado, por lo que intervienen en la formulación e implantación de la política pública. (q) “Ilegalmente” es todo acto en contravención de alguna ley, norma, reglamento, ordenanza, u orden promulgada por una autoridad competente del Estado en el ejercicio de sus funciones. (r) “Juramento” incluye afirmación o declaración, así como toda forma de confirmar la verdad de lo que se declara. Toda forma de declaración oral bajo juramento o afirmación está comprendida en la voz testificar y toda declaración por escrito, en la palabra deponer. (s) “Ley” incluye, además, reglamento, norma, orden u ordenanza aprobados por autoridad competente. (t) “Mes” es el período de treinta (30) días a no expresarse otra cosa. (u) “Noche” es el período transcurrido entre la puesta y la salida del sol. (v) “Persona” incluye las personas naturales y las personas jurídicas. (w) “Premeditación” es la deliberación previa a la resolución de llevar a cabo el hecho luego de darle alguna consideración por un período de tiempo. (x) “Propiedad” o “Patrimonio” incluye los bienes muebles y los inmuebles. (y) “Sello” comprende la impresión de un sello sobre un escrito en soporte papel o digital, o sobre cualquier sustancia adherida al papel, capaz de recibir una impresión visible o de legitimidad. (z) “Tarjeta de crédito o débito” incluye cualquier instrumento u objeto conocido como tarjeta de crédito o débito, placa, libro de cupones o por cualquier otro nombre, expedido con o sin el pago de un cargo por quien la recibe, para el uso del tenedor en la obtención o adquisición a crédito o débito de dinero, bienes, servicios o cualquier otra cosa de valor en el establecimiento del emisor de la tarjeta de crédito o débito o en cualquier otro establecimiento. (aa) “Voluntario” aplica a la intención con que se ejecute un acto, o se incurra en una omisión, implica simplemente propósito o voluntad de cometer el acto o de incurrir en la omisión a que se refieren. TÍTULO II DE LOS ELEMENTOS DEL DELITO Y DE LA CONDUCTA DELICTIVA CAPÍTULO I 8
9. DEL DELITO Definición y clasificación Artículo 15. Definición. Delito es un acto cometido u omitido en violación de alguna ley que lo prohíbe u ordena, que apareja, al ser probado, alguna pena o medida de seguridad. Artículo 16. Clasificación de los Delitos. Los delitos se clasifican en menos graves y graves. Es delito menos grave todo aquél que conlleva multa individualizada de hasta cinco mil (5,000) dólares o reclusión hasta noventa (90) días. Delito grave, en todas las clasificaciones que se especifican más adelante, comprende todos los demás delitos. Es delito grave aquél que conlleva una pena de reclusión mayor de seis (6) meses y que según la pena correspondiente, se clasifica en cuatro grados, como sigue: (a) Grave de primer grado, cuya pena es de reclusión por noventa y nueve (99) años. (b) Grave de segundo grado, cuya pena de reclusión fluctúa entre ocho (8) años un (1) día y quince (15) años. (c) Grave de tercer grado, cuya pena de reclusión fluctúa entre tres (3) años un (1) día y ocho (8) años. (d) Grave de cuarto grado, cuya pena de reclusión fluctúa entre seis (6) meses un día y tres (3) años. No obstante, en los delitos graves y en los delitos menos graves podrá imponerse otros tipos de penas, además de la reclusión. Los delitos graves que se tipifican en leyes especiales mantienen la clasificación de grave y la pena correspondiente si conllevan una pena de reclusión mayor de seis (6) meses o multa mayor de cinco mil (5,000) dólares, salvo que por ley se disponga otra cosa. Los delitos menos graves que se tipifican en leyes especiales mantienen la clasificación de menos grave y la pena correspondiente si conllevan una pena que no exceda de seis (6) meses o multa que no exceda de cinco mil (5,000) dólares, o ambas penas. Artículo 17. Delito sin pena estatuida. Si algún acto u omisión es declarado delito y no se establece la pena correspondiente, tal acto u omisión se penalizará como delito menos grave. Si algún acto u omisión es declarado delito grave y no se establece la pena correspondiente, se le impondrá la pena de delito grave de cuarto grado. CAPÍTULO II DE LA CONDUCTA DELICTIVA 9
10. SECCIÓN PRIMERA De la parte objetiva Artículo 18. Formas de comisión. El delito sólo puede ser realizado por acción o por omisión. Artículo 19. Comisión por omisión. Los delitos que tipifican la producción de un resultado sólo podrán cometerse por omisión cuando la no evitación del mismo equivalga a su producción activa. Para determinar la equivalencia de la omisión a la acción se tendrá en cuenta la existencia de un deber específico de evitar el resultado y si una acción anterior del omitente hace posible imputarle la situación de riesgo en que se encontraba el bien jurídico lesionado. Artículo 20. Lugar del Delito. El delito se considera cometido: (a) donde se ha ejecutado la acción o donde debía ejecutarse la acción omitida; o (b) en el lugar de Puerto Rico donde se ha producido o debía producirse el resultado delictivo, en aquellos casos en que parte de la acción u omisión se ha realizado fuera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Artículo 21. Momento del Delito. El delito se considera cometido: (a) en el momento en que se ha ejecutado la acción o debía ejecutarse la acción omitida; o (b) en el momento en que se ha producido el resultado delictivo. SECCIÓN SEGUNDA De la parte subjetiva Artículo 22. Principio de responsabilidad subjetiva. Nadie podrá ser sancionado por un hecho previsto en una ley penal si no lo ha realizado con intención o negligencia. La intención o la negligencia se manifiestan por las circunstancias relacionadas con el hecho, la capacidad mental y las manifestaciones y conducta de la persona. Los hechos sancionados en este Código requieren intención, salvo que expresamente se indique que baste la negligencia. Artículo 23. Intención. El delito se considera cometido con intención: (a) cuando el hecho correspondiente ha sido realizado por una conducta dirigida voluntariamente a ejecutarlo; 10
11. (b) el hecho correspondiente es una consecuencia natural de la conducta voluntaria del autor; o (c) cuando el sujeto ha querido su conducta a conciencia de que implicaba un riesgo considerable y no permitido de producir el hecho delictivo realizado. Artículo 24. Negligencia. El delito se considera cometido por negligencia cuando se realiza sin intención, pero por imprudencia, al no observar el cuidado debido que hubiera tenido una persona normalmente prudente en la situación del autor para evitar el resultado. SECCIÓN TERCERA De las causas de exclusión de responsabilidad penal Artículo 25. Riesgo permitido. No incurre en responsabilidad la persona que ha causado un resultado tipificado como delito si dicho resultado no constituye la realización de un riesgo suficiente y no permitido originado por su conducta. Artículo 26. Legítima Defensa. No incurre en responsabilidad quien defiende su persona, su morada, sus bienes o derechos, o la persona, morada, bienes o derechos de otros en circunstancias que hicieren creer razonablemente que se ha de sufrir un daño inminente, siempre que haya necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler el daño, falta de provocación suficiente del que ejerce la defensa, y que no se inflija más daño que el necesario para repeler o evitar el daño. Cuando se alegue legítima defensa para justificar el dar muerte a un ser humano, es necesario tener motivos fundados para creer que al dar muerte al agresor, el agredido o la persona defendida se hallaba en inminente o inmediato peligro de muerte o de grave daño corporal. Para justificar la defensa de la morada, las circunstancias indicarán una penetración ilegal o con el fin de cometer algún delito. Para justificar la defensa de bienes o derechos, las circunstancias indicarán un ataque a los mismos que constituya delito o los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminente. Artículo 27. Estado de Necesidad. No incurre en responsabilidad la persona que para proteger cualquier derecho propio o ajeno de un peligro inminente, no provocado por ella y de otra manera inevitable, infringe un deber, o causa un daño en los bienes jurídicos de otro, si el mal causado es considerablemente inferior al evitado y no supone la muerte o lesión grave y permanente de la integridad física de una persona. Esta causa de justificación no beneficia a quien por razón de su cargo, oficio o actividad tiene la obligación de afrontar el riesgo y sus consecuencias. Artículo 28. Ejercicio de un derecho o cumplimiento de un deber. No incurre en responsabilidad quien obra en cumplimiento de un deber jurídico o en el legítimo ejercicio de un derecho, autoridad o cargo. Artículo 29. Obediencia jerárquica. No incurre en responsabilidad penal quien obra en virtud de obediencia jerárquica en la función pública, siempre que la orden se halle dentro de 11
12. la autoridad del superior, respecto de su subordinado, no revista apariencia de ilicitud y el subordinado esté obligado a cumplirla. Artículo 30. Error. No incurre en responsabilidad la persona cuyo hecho responde a un error esencial que excluye la intención y la negligencia. Si el error se debe a imprudencia, se responderá por negligencia si ésta se sanciona expresamente por la ley. Si el error recae sobre una circunstancia agravante o que dé lugar a una modalidad más grave del delito, impedirá la imposición de la pena más grave. Artículo 31. Entrampamiento. No incurre en responsabilidad quien realiza el hecho delictivo inducida la intención criminal en su mente por ardid, persuasión o fraude de un agente del orden público, o de una persona privada actuando en colaboración con el agente. Esta causa de exclusión de responsabilidad no beneficia al coautor que está ajeno a la inducción engañosa del agente del orden público o de la persona que con éste colabore. Artículo 32. Intimidación o violencia. No incurre en responsabilidad quien al momento de realizar la conducta constitutiva de delito, obra compelido por intimidación o violencia: (a) Por la amenaza de un peligro grave e inminente siempre que exista racional proporcionalidad entre el daño causado y el amenazado; (b) Por una fuerza física irresistible; o (c) Por coacción o temor insuperable. El concepto de violencia en este artículo comprende también el empleo de medios hipnóticos, sustancias narcóticas, deprimentes o estimulantes, u otros medios, o sustancias similares. Artículo 33. Conducta insignificante. No incurre en responsabilidad la persona cuya conducta es tan insignificante que no amerita el procesamiento ni la pena de una convicción. Artículo 34. Disposiciones aplicables a esta Sección. Las causas que excluyen responsabilidad penal se examinarán desde el criterio subjetivo, considerando las circunstancias particulares de la persona que invoca la defensa. Si el sujeto actuó con negligencia, se responderá por delito a título de negligencia si ésta se sanciona expresamente por la ley. En las causas de obediencia jerárquica, entrampamiento, intimidación o violencia, será responsable del hecho delictivo el que ha inducido, compelido o coaccionado a realizarlo al que invoca la defensa. 12
13. SECCIÓN CUARTA De la tentativa Artículo 35. Definición de tentativa. Existe tentativa cuando la persona realiza acciones o incurre en omisiones inequívoca e inmediatamente dirigidas a iniciar la ejecución de un delito, el cual no se consuma por circunstancias ajenas a su voluntad. Artículo 36. Pena de la tentativa. Toda tentativa de delito grave conlleva una pena igual a la mitad de la pena señalada para el delito consumado. La misma se seleccionará reduciendo en la mitad el intervalo de la pena señalada por ley para el delito consumado. En la determinación de la pena a aplicar, el tribunal tomará en consideración el peligro inherente al intento y el grado de ejecución alcanzado. La tentativa de delito grave de primer grado conlleva la pena de delito grave de segundo grado hasta un máximo de diez (10) años. Artículo 37. Desistimiento. Si la persona desiste voluntariamente de la consumación del delito o, luego de haber comenzado la ejecución del mismo, evita sus resultados, no estará sujeta a pena excepto por la conducta previamente ejecutada que constituya delito por sí misma. CAPÍTULO III EL SUJETO DE LA SANCIÓN SECCIÓN PRIMERA Causas de Inimputabilidad Artículo 38. Minoridad. Una persona no será procesada o convicta criminalmente por un hecho realizado cuando dicha persona no haya cumplido dieciocho (18) años de edad, salvo los casos provistos en la legislación especial para menores. Artículo 39. Incapacidad mental. No es imputable quien al momento del hecho, a causa de enfermedad o defecto mental, carece de capacidad suficiente para comprender la criminalidad del acto o para conducirse de acuerdo con el mandato de ley. Los términos enfermedad o defecto mental no incluyen una anormalidad manifestada sólo por reiterada conducta criminal o antisocial. Artículo 40. Trastorno mental transitorio. No es imputable quien al momento del hecho se halle en estado de trastorno mental transitorio, que le impida tener capacidad suficiente para comprender la criminalidad del acto o para conducirse de acuerdo con el mandato de ley. El trastorno mental transitorio no exime de responsabilidad cuando ha sido provocado por el sujeto con el propósito de realizar el hecho. 13
14. Artículo 41. Intoxicación voluntaria; excepción. La voluntaria embriaguez o la voluntaria intoxicación por drogas, sustancias narcóticas, estimulantes o deprimentes, o sustancias similares no es fundamento de inimputabilidad; pero siempre que la existencia real de algún fin, motivo o intención determinados sea elemento indispensable para constituir alguna clase o grado de delito especial, el juzgador podrá tomar en consideración el hecho de que el acusado se hallaba entonces ebrio o intoxicado, al determinar el fin, motivo o intención con que cometió el delito. SECCIÓN SEGUNDA De la Participación Artículo 42. Personas responsables. Son responsables de delito los autores y los cooperadores, sean personas naturales o jurídicas. Artículo 43. Autores. Se consideran autores: (a) Los que toman parte directa en la comisión del delito. (b) Los que fuerzan, provocan, instigan o inducen a otra persona a cometer el delito. (c) Los que se valen de una persona inimputable para cometer el delito. (d) Los que cooperan con actos anteriores, simultáneos o posteriores a la comisión del delito, sin cuya participación no hubiera podido realizarse el hecho delictivo. (e) Los que se valen de una persona jurídica para cometer el delito. (f) Los que actúen en representación de otro o como miembro, director, agente o propietario de una persona jurídica, siempre que haya una ley que tipifique el delito y realicen la conducta delictiva, aunque los elementos especiales que fundamentan el delito no concurran en él pero sí en el representado o en la persona jurídica. Artículo 44. Cooperador. Se consideran cooperadores los que sin ser autores, con conocimiento, cooperan de cualquier otro modo en la comisión del delito. Artículo 45. Responsabilidad de los participantes. Cada autor y cada cooperador será responsable en la medida en que participó en el hecho delictivo según las circunstancias personales que caractericen su participación. Al cooperador de un delito consumado o intentado se le impondrá una pena igual a la mitad de la pena señalada para el delito o su tentativa, según corresponda, hasta un máximo de diez (10) años. Artículo 46. Personas jurídicas. Son penalmente responsables las personas jurídicas organizadas bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o autorizadas para actuar en su jurisdicción y toda sociedad o asociación no incorporada cuando las personas autorizadas, 14
15. agentes o representantes cometan hechos delictivos al ejecutar sus acuerdos o al realizar actuaciones que le sean atribuibles. La responsabilidad aquí establecida no excluye la responsabilidad individual en que puedan incurrir los miembros, dirigentes, agentes, o representantes de las personas jurídicas o de las sociedades y asociaciones no incorporadas que participen en el hecho delictivo. TÍTULO III DE LAS CONSECUENCIAS DEL DELITO CAPÍTULO I DE LOS FINES DE LA PENA Artículo 47. Propósitos de la imposición de la pena. Los propósitos generales que determinan la imposición de la pena son los siguientes: (a) La prevención de delitos y la protección de la sociedad. (b) El castigo justo al autor en proporción a la gravedad del delito y a su responsabilidad. (c) La rehabilitación moral y social del convicto. (d) La justicia a las víctimas de delito. Artículo 48. Responsabilidad civil. Las penas que se establecen en este Código en nada afectan o alteran la responsabilidad civil de las personas convictas de delito. CAPÍTULO II DE LAS PENAS PARA LAS PERSONAS NATURALES SECCIÓN PRIMERA De las clases de penas Artículo 49. Penas para personas naturales. Se establecen las siguientes penas para las personas naturales: (a) Reclusión. (b) Restricción terapéutica. (c) Restricción domiciliaria. (d) Libertad a prueba. (e) Multa individualizada a base de días-multa. 15
16. (f) Servicios comunitarios. (g) Restitución. (h) Suspensión o revocación de licencia, permiso o autorización. (i) Pena especial para el Fondo Especial de Compensación a Víctimas de Delitos. Artículo 50. Reclusión. La pena de reclusión consiste en la privación de libertad en una institución penal durante el tiempo que se establece en la sentencia. La pena de reclusión se cumplirá de manera que propicie el tratamiento adecuado para la rehabilitación social del convicto y debe ser lo menos restrictiva de libertad posible para lograr los propósitos consignados en este Código. Las sentencias de reclusión impuestas a menores de veintiún (21) años deben cumplirse en instituciones habilitadas para este grupo de sentenciados. Artículo 51. Restricción terapéutica. La pena de restricción terapéutica consiste en la restricción de la libertad por el término de tiempo y en el lugar que se fije en la sentencia para que el convicto se someta a un régimen de restricción y tratamiento, de manera que pueda obtener la intervención terapéutica, el tratamiento rehabilitador y la supervisión necesaria para su cumplimiento. Al imponer esta pena se considerarán, entre otros, los siguientes factores: la disposición a someterse a tratamiento, la condición de salud del sentenciado, la necesidad de tratamiento y de supervisión, la posibilidad de rehabilitación y el riesgo y beneficio para la comunidad. La ejecución de esta pena corresponde al Departamento de Corrección y Rehabilitación que, sujeto a la reglamentación que adopte, supervisará el cumplimiento del plan de rehabilitación que forme parte de la sentencia. En el caso en que el sentenciado incumpla la pena de restricción terapéutica cumplirá la totalidad de la sentencia de reclusión, salvo que en la vista de revocación, el juez, a su discreción, podrá abonarle parte del tiempo ya cumplido. Si el convicto cumple satisfactoriamente con el tratamiento y el plan de rehabilitación y, al término de su sentencia, el tribunal concluye que efectivamente se ha rehabilitado de su condición de adicción a sustancias controladas, alcohol o al juego podrá decretar el sobreseimiento del caso y la exoneración del sentenciado. Esta pena no está disponible para personas convictas por delitos que correspondan a la clasificación de delito grave de primer grado y delito grave de segundo grado. Artículo 52. Restricción domiciliaria. La pena de restricción domiciliaria consiste en la restricción de libertad por el término de la sentencia, para ser cumplida en el domicilio de la persona o en otra residencia determinada por el tribunal, bajo las condiciones que propicien la rehabilitación social del convicto y no pongan en riesgo la seguridad de la comunidad. 16
17. Al imponer esta pena se considerarán, entre otros, los siguientes factores: si la persona convicta está empleada o estudia, la condición de salud, la estabilidad del grupo familiar, el compromiso de que no volverá a delinquir, la posibilidad de rehabilitación, el riesgo y beneficio para la comunidad y la disponibilidad de recursos familiares o de otras personas para colaborar con la consecución de los objetivos de esta pena y con el cumplimiento de las condiciones impuestas. La ejecución de esta pena corresponde al Departamento de Corrección y Rehabilitación que, sujeto a la reglamentación que adopte, supervisará el cumplimiento del plan de rehabilitación que forme parte de la sentencia e impondrá las condiciones que correspondan. El sentenciado a esta pena no podrá cambiar su lugar de residencia durante el término de la sentencia sin previa autorización del Departamento de Corrección y Rehabilitación que, a su vez, notificará al tribunal. Quien incumpla las condiciones de su restricción domiciliaria cumplirá reclusión por la totalidad de la sentencia, salvo que en la vista de revocación, el Juez a su discreción podrá abonarle parte del tiempo ya cumplido. Esta pena no está disponible para personas convictas por delitos que correspondan a la clasificación de delito grave de primer grado y delito grave de segundo grado, ni para personas convictas anteriormente por delitos que correspondan a la clasificación de delito grave de primer grado y delito grave de segundo grado. Artículo 53. Libertad a prueba. La libertad a prueba consiste en la suspensión de los efectos de la sentencia de reclusión para que el convicto se someta al régimen de supervisión que se dispone en la Ley de Sentencias Suspendidas, según enmendada. Artículo 54. Servicios comunitarios. La pena de servicios comunitarios consiste en la prestación de servicios en la comunidad por el tiempo y en el lugar que determine el tribunal, conforme al delito por el que resultó convicta la persona. Cada día que imponga el tribunal equivale a ocho (8) horas de servicios. El tribunal puede disponer que se presten los servicios en alguno de los siguientes lugares: una corporación o asociación con fines no pecuniarios, institución o agencia pública. El tribunal, en el uso de su discreción, debe asegurarse de que el término y las condiciones del servicio no atenten contra la dignidad del convicto, propendan al beneficio de la comunidad y al reconocimiento por parte de la persona convicta de las consecuencias de su conducta. Las condiciones del servicio y el término de duración deben ser aceptados por el convicto previo al acto de sentencia. El tribunal, al momento de fijar el término y las condiciones del servicio, tomará en consideración: la naturaleza del delito, la edad, el estado de salud, la ocupación, profesión u oficio del convicto, así como las circunstancias particulares del caso, entre otras. La ejecución de esta pena corresponde al Departamento de Corrección y Rehabilitación y a la institución a la cual se asigne el sentenciado para prestar servicios, sujeto a la reglamentación que adopte el primero. El Departamento de Corrección y Rehabilitación debe 17
18. establecer convenios con aquellas instituciones donde se pueda prestar el servicio y establecer los procedimientos para notificar al Departamento de Corrección o al tribunal del incumplimiento de esta pena. En el caso de que el sentenciado incumpla las condiciones, cumplirá la sentencia de reclusión por el término de días no cumplidos que resten de la sentencia impuesta. Esta pena no está disponible para personas convictas por delitos que correspondan a la clasificación de delito grave de primer grado y delito grave de segundo grado. Artículo 55. Multa individualizada a base de días-multa. La pena de multa individualizada consiste en una pena pecuniaria que el tribunal impondrá en unidades de días- multa tomando en consideración la mayor o menor gravedad del delito. La pena mínima será de un día-multa y la máxima de noventa (90) días-multa. Una vez fijada la unidad de días-multa que debe satisfacer el convicto, la cuota diaria de multa será determinada por el tribunal a base de su ingreso diario. La cuota diaria será desde un (1) dólar por cada día-multa hasta cuarenta y cuatro (44) dólares por cada día-multa. Artículo 56. Multa en leyes especiales. La pena de multa establecida en las leyes penales especiales consiste en la obligación que el tribunal impone al convicto de pagar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico la cantidad de dinero que fija la sentencia. Además de los criterios establecidos en las leyes especiales, el importe de la multa será determinado por el tribunal tomando en consideración la situación económica, las responsabilidades de familia, el grado de codicia o ganancia mostrado en la comisión del hecho delictivo, la profesión u ocupación del sentenciado, su edad y salud, así como las circunstancias particulares del caso, entre otras. Artículo 57. Modo de pagar la multa o multa individualizada. La multa o el importe de la multa individualizada serán satisfechos inmediatamente. No obstante, a solicitud del convicto y a discreción del tribunal, podrán pagarse totalmente o en plazos dentro de un término razonable a partir de la fecha en que ha quedado firme la sentencia. El tribunal puede mantener el beneficio del pago a plazos si concluye que el incumplimiento por parte del sentenciado se debió a causa justificada. Artículo 58. Amortización de multa o multa individualizada mediante prestación de servicios comunitarios. El tribunal, en el ejercicio de su discreción o a solicitud del sentenciado, evidenciada su incapacidad de pagar, podrá autorizar el pago o amortización de la parte insoluta de la multa o multa individualizada mediante la prestación de servicios comunitarios. Cuando se trate de la pena de multa individualizada, se abonará un día-multa por cada ocho (8) horas de servicio comunitario. Cuando se trate de amortizar la pena de multa, se abonarán cincuenta (50) dólares por día de servicios comunitarios, cuya jornada no excederá de ocho (8) horas diarias. 18
19. El tribunal conservará jurisdicción sobre el sentenciado para propósitos del cumplimiento de la orden de amortización así dictada, incluyendo, en los casos apropiados, la facultad de dejar sin efecto dicha orden o de exigir el pago total del balance insoluto de la multa o del importe de la multa individualizada. Artículo 59. Conversión de multa individualizada. Si la pena de multa individualizada o los días de servicio comunitario impuestos en su defecto no fueren satisfechos, se convertirán en pena de reclusión abonando un día de reclusión por cada día-multa no satisfecho o por cada ocho (8) horas de servicio comunitario no satisfecho. En cualquier tiempo, el convicto puede recobrar su libertad mediante el pago de la multa, abonándosele la parte correspondiente al tiempo de reclusión que ha cumplido. La conversión de la pena de días-multa no puede exceder de noventa (90) días de reclusión. Si la pena de multa individualizada ha sido impuesta conjuntamente con pena de reclusión, la prisión subsidiaria será adicional a la pena de reclusión. Artículo 60. Conversión de la multa en leyes especiales. En el caso de una convicción por una ley especial en que se impone pena de multa o prestación de servicios en la comunidad, de no ser satisfechos, se convertirán en pena de reclusión abonando a razón de cincuenta (50) dólares por cada día de reclusión. En cualquier tiempo el convicto podrá recobrar su libertad mediante el pago de la multa, abonándosele la parte correspondiente al tiempo de reclusión que ha cumplido. Si la multa ha sido impuesta conjuntamente con pena de reclusión, la prisión subsidiaria será adicional a la pena de reclusión. Cuando se impone pena de multa en estos casos, su conversión no puede exceder de noventa (90) días de reclusión. Si la pena de multa impuesta es menor de cincuenta (50) dólares y no puede ser satisfecha por el convicto, se le impondrá un solo día de reclusión. Artículo 61. Restitución. La pena de restitución consiste en la obligación que el tribunal impone de compensar a la víctima los daños y pérdidas que le haya ocasionado a su persona o a su propiedad, como consecuencia del delito. La pena de restitución no incluye sufrimientos y angustias mentales. El tribunal puede disponer que la pena de restitución sea satisfecha en dinero, mediante la prestación de servicios, o la entrega de los bienes ilegalmente apropiados o su equivalente en caso de que no estén disponibles. En el caso en que la pena de restitución sea satisfecha en dinero, el importe será determinado por el tribunal tomando en consideración: el total de los daños que habrán de restituirse, la participación prorrateada del convicto si fueron varios los partícipes en el hecho delictivo, la capacidad del convicto para pagar y todo otro elemento que permita una fijación adecuada a las circunstancias del caso y a la condición del convicto. 19
20. La pena de restitución debe satisfacerse inmediatamente. No obstante, a solicitud del sentenciado y a discreción del tribunal, tomando en cuenta la situación económica del convicto, podrá pagarse totalmente o en cuotas dentro de un término razonable fijado por el tribunal a partir de la fecha en que ha quedado firme la sentencia. Artículo 62. Revocación de licencia para conducir. Cuando la persona resulte convicta por un delito de homicidio negligente mientras conducía un vehículo de motor, el tribunal, además de la imposición de la pena correspondiente al delito, podrá revocar la licencia para conducir vehículos de motor. Al revocarse la licencia se observarán las siguientes normas: (a) Se abonará al período de revocación el término que el convicto extinga bajo reclusión. (b) Para poseer nuevamente su licencia el convicto debe radicar una nueva solicitud y cumplir con los demás requisitos de la ley, transcurrido al menos un (1) año de la revocación. (c) El tribunal deberá remitir al Secretario de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico copia certificada de la resolución revocando la licencia. Artículo 63. Suspensión o revocación de licencia, permiso o autorización. Cuando en la comisión del delito se violen los requisitos exigidos por la ley para otorgar una licencia, permiso o autorización, o cuando el hecho delictivo justifique la suspensión del privilegio de ejercer una profesión, ocupación o actividad reglamentada, además de la pena que se le imponga al convicto por el delito cometido, el tribunal podrá disponer la suspensión de la licencia, permiso o autorización por un término fijo que señale la sentencia. El tribunal tendrá discreción para ordenar la revocación permanente de dicha licencia, permiso o autorización. Artículo 64. Prohibición de comiso de bienes. Ninguna convicción por delito apareja la pérdida o comiso de bienes, salvo los casos en que dicha pena estuviere expresamente impuesta por ley, o que los bienes hayan sido usados como instrumento de delito o representen sus productos y no se conozca su dueño. SECCIÓN SEGUNDA De las penas aplicables Artículo 65. Penas por delito. La pena de un delito es la correspondiente a la clasificación que se indique en el tipo delictivo, según se ajuste conforme los atenuantes o agravantes dispuestos en este Código. Artículo 66. Penas aplicables. Las penas que establece este Código para las personas naturales se determinan según corresponda a la clasificación de gravedad del delito por el que la persona resultó convicta, como sigue: (a) “Delito grave de primer grado” conlleva una pena de reclusión en años naturales de noventa y nueve (99) años. En tal caso, la persona puede ser considerada para libertad bajo 20
21. palabra por la Junta de Libertad bajo Palabra al cumplir veinticinco (25) años naturales de su sentencia, o diez (10) años naturales, si se trata de un menor procesado y sentenciado como adulto. (b) “Delito grave de segundo grado” conlleva una pena de reclusión por un término fijo en años naturales que no puede ser menor de ocho (8) años un (1) día ni mayor de quince (15) años. En tal caso, la persona puede ser considerada para libertad bajo palabra por la Junta de Libertad bajo Palabra al cumplir el ochenta (80) por ciento del término de reclusión impuesto. (c) “Delito grave de tercer grado” conlleva una pena de reclusión por un término fijo en años naturales que no puede ser menor de tres (3) años un (1) día ni mayor de ocho (8) años. En tal caso, la persona podrá ser considerada para libertad bajo palabra por la Junta de Libertad bajo Palabra al cumplir el sesenta (60) por ciento del término de reclusión impuesto. (d) “Delito grave de cuarto grado” conlleva una pena de reclusión por un término fijo en años naturales que no puede ser menor de seis (6) meses un (1) día ni mayor de tres (3) años. En tal caso, la persona puede ser considerada para libertad bajo palabra por la Junta de Libertad bajo Palabra al cumplir el cincuenta (50) por ciento del término de reclusión impuesto. (e) “Delito menos grave” conlleva una pena de multa individualizada según la situación económica del convicto no mayor de noventa (90) días-multa, o una pena diaria de servicios comunitarios no mayor de noventa (90) días, o reclusión o restricción domiciliaria en días naturales hasta noventa (90) días, o una combinación de estas penas cuya suma total de días no sobrepase los noventa (90) días. Artículo 67. Pena especial. Además de la pena que se impone por la comisión de un delito, el tribunal impondrá a todo convicto una pena especial equivalente a cien (100) dólares, por cada delito menos grave y trescientos (300) dólares por cada delito grave. La pena aquí dispuesta se pagará mediante los correspondientes sellos de rentas internas. Las cantidades así recaudadas ingresarán al Fondo Especial de Compensación a Víctimas de Delito. Artículo 68. Penas alternativas a la reclusión. En los delitos grave de tercer y de cuarto grado, sus tentativas, y en las tentativas de delitos graves de segundo grado, el tribunal puede imponer una o cualquier combinación de las siguientes penas como alternativa a la pena de reclusión: restricción terapéutica, restricción domiciliaria, libertad a prueba o servicios comunitarios. Igualmente, serán aplicables las penas alternativas al cooperador según definido en el Artículo 44. En el caso en que combine una o más de estas penas deberá asegurarse de que el total de años de duración de las penas que combinó no sea mayor del límite máximo del intervalo de reclusión dispuesto para el delito correspondiente. La imposición de una pena alterna a la reclusión se determinará por el tribunal tomando en consideración las recomendaciones del informe pre-sentencia, los requisitos de cada pena, la gravedad del delito y sus consecuencias, la rehabilitación del convicto y la seguridad de la comunidad. SECCIÓN TERCERA 21
22. Del modo de fijar las penas Artículo 69. Informe pre-sentencia. La imposición de la pena requiere de un informe pre-sentencia, cuya preparación será mandatoria en los delitos graves de segundo a cuarto grado, y a discreción del tribunal en los delitos menos graves. Estos informes estarán a disposición de las partes. No se impondrá ninguna limitación a la naturaleza de la información concerniente al historial completo, carácter y conducta de la persona convicta que el tribunal pueda considerar a los efectos de imponer sentencia. Artículo 70. Imposición de la sentencia. Cuando el tribunal imponga pena de reclusión o pena que conlleve algún tipo de restricción de libertad, o la suspensión de licencia, permiso o autorización, la sentencia que dicte tendrá un término específico de duración que se seleccionará dentro del intervalo de años de reclusión establecido por ley para el delito. Dentro de los límites establecidos por este Código para el delito, las penas se fijarán de acuerdo a la mayor o menor gravedad del hecho delictivo tomando en consideración las circunstancias agravantes o atenuantes. Artículo 71. Circunstancias atenuantes. Se consideran circunstancias atenuantes a la pena los siguientes hechos relacionados con la persona del convicto y con la comisión del delito: (a) Las causas de exclusión de responsabilidad penal cuando no concurran todos sus requisitos para eximir. (b) El convicto no tiene antecedentes penales. (c) El convicto observó buena conducta con anterioridad al hecho y goza de reputación satisfactoria en la comunidad. (d) La temprana o avanzada edad del convicto. (e) La condición mental y física del convicto. (f) El convicto aceptó su responsabilidad en alguna de las etapas del proceso criminal. (g) El convicto cooperó voluntariamente al esclarecimiento del delito cometido por él y por otros. (h) El convicto restituyó a la víctima por el daño causado o disminuyó los efectos del daño ocasionado. (i) El convicto trató de evitar el daño a la persona o a la propiedad. (j) La víctima provocó el hecho o éste se produjo por su descuido. (k) El convicto fue inducido por otros a participar en el incidente. 22
23. (l) El convicto realizó el hecho por causas o estímulos tan poderosos que le indujeron arrebato, obcecación u otro estado emocional similar. (m) La participación del convicto no fue por sí sola determinante para ocasionar el daño o peligro que provocó el hecho. (n) El daño causado a la víctima o propiedad fue mínimo. Artículo 72. Circunstancias agravantes. Se consideran circunstancias agravantes a la pena los siguientes hechos relacionados con la persona del convicto y con la comisión del delito: (a) El convicto tiene historial delictivo que no se consideró para imputar reincidencia. (b) El convicto cometió el delito mientras disfrutaba de los beneficios de sentencia suspendida, libertad bajo palabra, restricción terapéutica, restricción domiciliaria o libertad provisional bajo fianza o condicionada, o en un programa de desvío. (c) El convicto mintió en el juicio que se llevó en su contra estando bajo juramento y no se le procesó por perjurio. (d) El convicto amenazó a los testigos, los indujo a cometer perjurio u obstaculizó de otro modo el proceso judicial. (e) El convicto se aprovechó indebidamente de la autoridad del cargo o empleo que desempeñaba o del servicio o encomienda que tenía bajo su responsabilidad. (f) El convicto cometió el delito mediante la utilización de un uniforme que lo identificaba como agente del orden público estatal, municipal o federal o como empleado de una agencia gubernamental o de entidad privada. (g) El convicto utilizó un menor o impedido para la comisión del delito. (h) El convicto indujo o influyó o dirigió a los demás partícipes en el hecho delictivo. (i) El convicto planificó el hecho delictivo. (j) El convicto realizó el hecho delictivo a cambio de dinero o cualquier otro medio de compensación o promesa en ese sentido. (k) El convicto utilizó un arma de fuego en la comisión del delito o empleó algún instrumento, objeto, medio o método peligroso o dañino para la vida, integridad corporal o salud de la víctima. (l) El convicto causó grave daño corporal a la víctima o empleó amenaza de causárselo. (m) El convicto abusó de la superioridad física respecto a la condición de la víctima y le produjo deliberadamente un sufrimiento mayor. 23
24. (n) La víctima del delito era particularmente vulnerable ya sea por ser menor de edad, de edad avanzada o incapacitado mental o físico. (o) El delito cometido fue de violencia y su comisión revela crueldad y desprecio contra la víctima. (p) El delito se cometió dentro de un edificio perteneciente al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dependencia pública o sus anexos u ocasionó la pérdida de propiedad o fondos públicos. (q) El delito fue cometido motivado por prejuicio hacia y contra la víctima por razón de raza, color, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, origen, origen étnico, status civil, nacimiento, impedimento físico o mental, condición social, religión, edad, creencias religiosas o políticas. Para propósitos de establecer motivo como se dispone en este inciso, no será suficiente probar que el convicto posee una creencia particular, ni probar que el convicto meramente pertenece a alguna organización particular. Artículo 73. Aplicabilidad de las circunstancias atenuantes o agravantes. Las circunstancias agravantes o atenuantes que se refieran al convicto en sus relaciones particulares con la víctima o en otra causa personal, sirven para agravar o atenuar la responsabilidad sólo de aquél en quien concurran. Las circunstancias agravantes o atenuantes que consisten en la ejecución material del delito o en los medios empleados para realizarlo, sirven únicamente para agravar o atenuar la responsabilidad de quien ha tenido conocimiento de ellas en el momento de realizar o cooperar en el delito. Las circunstancias agravantes o atenuantes que la ley ya haya tenido en cuenta al tipificar el delito, al igual que las que son inherentes al mismo, no serán consideradas en la fijación de la pena. Artículo 74. Fijación de la Pena. En la fijación de la pena se observarán, según haya o no circunstancias atenuantes o agravantes, las siguientes reglas: (a) Cuando no concurran circunstancias atenuantes ni agravantes, o cuando concurran unas y otras, se seleccionará la pena mediana del intervalo de pena señalado en este Código para el delito, tomando en consideración las circunstancias personales del convicto, las necesidades de prevención y la mayor o menor gravedad del hecho. (b) Cuando concurran una o varias circunstancias agravantes se seleccionará la pena de la mitad superior del intervalo de pena establecido por este Código para el delito. (c) Cuando concurran dos o más circunstancias atenuantes o una sola, pero que el juez estime de peso, se seleccionará la pena de la mitad inferior del intervalo de pena establecido por este Código para el delito. 24
25. Artículo 75. Abonos de detención o de términos de reclusión. A la persona convicta de delito se le abonarán los términos de detención o reclusión que hubiere cumplido, en la forma siguiente: (a) El tiempo de reclusión cumplido por cualquier convicto desde su detención y hasta que la sentencia haya quedado firme, se abonará en su totalidad para el cumplimiento de la pena, cualquiera que sea ésta. (b) Si la sentencia se impone bajo una ley penal especial o bajo el régimen de sentencia determinada y consiste exclusivamente de pena de multa, el tiempo que permaneció privado de libertad se le abonará a razón de cincuenta (50) dólares de multa por cada día de privación de libertad que haya cumplido. Si la pena de multa impuesta fuere menor de cincuenta (50) dólares, quedará satisfecha con un (1) solo día de reclusión o de detención del convicto. (c) El tiempo que cualquier persona haya permanecido privada de su libertad, en restricción domiciliaria o en restricción terapéutica, en cumplimiento de sentencia posteriormente anulada o revocada se descontará totalmente del término de reclusión o restricción de libertad que deba cumplir en caso de ser nuevamente sentenciada por los mismos hechos que motivaron la sentencia anulada o revocada. (d) Si la sentencia impone pena de multa individualizada o de servicios comunitarios, cada día en restricción de libertad bajo los incisos (a) y (c), se abonará a base de una unidad de día-multa y una unidad de ocho (8) horas de servicios comunitarios, respectivamente. Artículo 76. Mitigación de la pena. Si al imponerse sentencia resulta que el sentenciado ha pagado alguna multa o estado recluido por el acto de que fuera convicto en virtud de una orden en que dicho acto se juzgó como desacato, el tribunal podrá mitigar la pena impuesta. Artículo 77. Diferimiento de la ejecución de la sentencia. El tribunal puede diferir la ejecución de una pena: (a) Cuando el convicto que deba cumplirla se halle gravemente enfermo, certificada su condición por prueba médica a satisfacción del tribunal. La sentencia quedará sin efecto transcurridos diez (10) años naturales. (b) Cuando se trata de una mujer en estado de embarazo o no hubieren transcurrido seis (6) meses desde el alumbramiento. (c) Cuando otras circunstancias lo justifiquen por un plazo no mayor de diez (10) días. SECCIÓN CUARTA Del concurso Artículo 78. Concurso ideal y medial de delitos. Cuando sean aplicables a un hecho dos o más disposiciones penales, cada una de las cuales valore aspectos diferentes del hecho, o cuando uno de éstos es medio necesario para realizar el otro, se condenará por todos los delitos 25
26. concurrentes, pero sólo se impondrá la pena del delito más grave, seleccionada de la mitad superior del intervalo de pena. Artículo 79. Concurso real de delitos. Cuando alguien haya realizado varios delitos que sean juzgados simultáneamente, cada uno de los cuales conlleva su propia pena, se le sentenciará a una pena agregada, que se determinará como sigue: (a) Cuando uno de los delitos conlleve pena de reclusión de noventa y nueve (99) años, ésta absorberá las demás. (b) Cuando más de uno de los delitos conlleve reclusión por noventa y nueve (99) años, se impondrá además una pena agregada del veinte (20) por ciento por cada víctima. (c) En los demás casos, se impondrá una pena para cada delito y se sumarán, no pudiendo exceder la pena agregada del veinte (20) por ciento del límite máximo del intervalo de pena para el delito más grave. Artículo 80. Pena para el delito continuado. Cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas e identidad de sujeto pasivo, se producen los elementos de un mismo delito, se impondrá la pena seleccionada de la mitad superior del intervalo de pena. SECCIÓN QUINTA De la reincidencia Artículo 81. Grados y pena de reincidencia. Se establecen los siguientes grados de reincidencia en las circunstancias que se indican a continuación, y se provee la pena aplicable: (a) Habrá reincidencia cuando el que ha sido convicto y sentenciado por un delito grave incurre nuevamente en otro delito grave. Esta reincidencia se considera una circunstancia agravante a la pena. (b) Habrá reincidencia agravada cuando el que ha sido convicto y sentenciado anteriormente por dos o más delitos graves, cometidos y juzgados en tiempos diversos e independientes unos de otros, incurre nuevamente en otro delito grave. La pena a aplicar podrá aumentarse hasta un veinte (20) por ciento del límite máximo del intervalo de pena para el delito. (c) Habrá reincidencia habitual cuando el que ha sido convicto y sentenciado por dos o más delitos graves, cometidos y juzgados en tiempos diversos e independientes unos de otros, cometa posteriormente un delito grave de primer grado o un delito grave de segundo grado o cualquier delito grave en violación a la Ley de Explosivos de Puerto Rico, Ley Núm. 134 de 28 de junio de 1969 y a la Ley contra el Crimen Organizado, Ley Núm. 33 de 13 de junio de 1978, violación a los Artículos 401, 405, 411 y 411(a) de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971 o a los Artículos 2.14, 5.03 y 5.07 de la Ley de Armas de Puerto Rico, según enmendadas. La pena a aplicar será de noventa y nueve (99) años. Artículo 82. Normas para la determinación de reincidencia. Para determinar la reincidencia se aplicarán las siguientes normas: 26
27. (a) No se tomará en consideración un delito anterior si entre éste y el siguiente han mediado cinco (5) años desde que la persona terminó de cumplir sentencia por dicho delito. (b) Se tomará en consideración cualquier convicción bajo el Código Penal derogado o bajo ley especial que lleve clasificación de delito grave. (c) Se tomará en consideración cualquier convicción en jurisdicción ajena al Estado Libre Asociado de Puerto Rico por un hecho que constituya delito grave en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. De tener clasificación de menos grave en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no se tomará en cuenta. (d) No se tomarán en consideración los hechos cometidos antes de que la persona cumpliese dieciocho (18) años, salvo los casos excluidos de la jurisdicción del Tribunal Superior, Sala de Menores, conforme establece la ley y aquellos en que dicho tribunal haya renunciado a su jurisdicción. CAPÍTULO III DE LAS PENAS PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS Artículo 83. Las penas para personas jurídicas. Las penas que este Código establece para las personas jurídicas, según definidas en este Código, son las siguientes: (a) multa (b) suspensión de actividades (c) cancelación del certificado de incorporación (d) disolución de la entidad (e) suspensión o revocación de licencia, permiso o autorización (f) restitución (g) probatoria. Artículo 84. Multa. La pena de multa consiste en la obligación impuesta por el tribunal a la persona jurídica convicta de pagar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico la cantidad de dinero señalada en la sentencia. La multa a imponer se determinará a base del ingreso bruto anual de la persona jurídica durante el año que cometió el delito, según se dispone en el párrafo siguiente de acuerdo a la clasificación del delito. El tribunal podrá requerir la información necesaria para determinar el ingreso bruto, incluyendo un estado financiero auditado por un Contador Público Autorizado. No obstante, en la fijación de la multa, el tribunal tomará en consideración la situación económica de la persona jurídica al momento de imponer sentencia y las circunstancias agravantes o atenuantes que concurran. 27
28. El tribunal impondrá una multa a ser seleccionada según corresponda a la clasificación del delito por el que la persona jurídica resultó convicta, como sigue: (a) “Delito Grave de Primer Grado” una multa equivalente al diez (10) por ciento del ingreso anual de la persona jurídica al momento de cometer el delito. (b) “Delito Grave de Segundo Grado” una multa equivalente al ocho (8) por ciento del ingreso anual de la persona jurídica al momento de cometer el delito. (c) “Delito Grave de Tercer Grado” una multa equivalente al seis (6) por ciento del ingreso anual de la persona jurídica al momento de cometer el delito. (d) “Delito Grave de Cuarto Grado” una multa equivalente al cuatro (4) por ciento del ingreso anual de la persona jurídica al momento de cometer el delito. (e) “Delito Menos Grave” una multa equivalente al dos (2) por ciento del ingreso anual de la persona jurídica al momento de cometer el delito. Artículo 85. Suspensión de actividades. La pena de suspensión de actividades consiste en la paralización de toda actividad de la personalidad jurídica, salvo las estrictas de conservación, durante el tiempo que determine el tribunal, que no podrá ser mayor de seis (6) meses. Esta pena está disponible únicamente para convicciones en reincidencia según se dispone en el Artículo 90 de este Código. La pena de suspensión de actividades conlleva también la pena de multa que corresponda al delito. Artículo 86. Probatoria. La pena de probatoria consiste en la supervisión de las actividades de la persona jurídica bajo los términos que el tribunal determine y a cargo de la persona o entidad nombrada por el tribunal para esos fines, por un término no mayor de un (1) año. Esta pena está disponible únicamente por convicciones en reincidencia según se dispone en el Artículo 90 de este Código. La pena de probatoria conlleva también la pena de multa que corresponda al delito. Artículo 87. Suspensión o revocación de licencia, permiso o autorización. Cuando en la comisión del delito, la persona jurídica viola por primera vez los requisitos exigidos por la ley para otorgar una licencia, permiso o autorización, se dispondrá la suspensión de los mismos por un término que no podrá exceder de un (1) año; además de cualquier pena de multa que se le imponga según se provea en el delito. Si la persona jurídica viola en más de una ocasión los requisitos exigidos por ley para otorgar una licencia, permiso o autorización, el tribunal podrá revocar permanentemente los mismos. 28
29. Artículo 88. Cancelación del certificado de incorporación o disolución. La pena de cancelación del certificado de incorporación o disolución de una de las entidades mencionadas en este Código, estará disponible únicamente según se dispone en el Artículo 90 de este Código. Esta pena será adicional a la pena de multa dispuesta para el delito. Artículo 89. Restitución. La pena de restitución consiste en la obligación impuesta por el tribunal a la persona jurídica de pagar a la parte perjudicada daños y pérdidas que le haya ocasionado, a su persona y a su propiedad, como consecuencia de su acto delictivo. La pena de restitución será fijada teniendo en cuenta el capital social de la persona jurídica, el estado de negocios, la naturaleza y consecuencias del delito y cualquier otra circunstancia pertinente. Artículo 90. Reincidencia. Cuando una persona jurídica resulta convicta de un delito grave de primer grado o un delito grave de segundo grado, luego de una convicción anterior por un delito de gravedad similar, se le impondrá la multa prevista para el delito, además de la suspensión de actividades por un término no mayor de seis (6) meses. Si se trata de un delito grave de tercer grado se podrá imponer probatoria hasta un (1) año, en adición a la multa. Cuando la persona jurídica resulta convicta por un tercer o subsiguiente delito grave, luego de tener dos o más convicciones previas por delitos de la misma naturaleza cometidos en tiempos diversos, el tribunal podrá imponer la cancelación del certificado o el cese de las actividades de la persona jurídica si se demuestra una tendencia persistente a delinquir. Si se trata de delitos menos graves se le impondrá probatoria de hasta un (1) año. En todo caso de reincidencia será necesario imponer como pena, la multa correspondiente al delito de convicción. Para fines de computar la reincidencia se aplicarán los términos prescriptivos del Artículo 82 de este Código. CAPÍTULO IV DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SECCIÓN PRIMERA De los fines de las medidas de seguridad Artículo 91. Aplicación de la medida. Cuando el imputado resulte no culpable por razón de incapacidad mental o trastorno mental transitorio, o se declare su inimputabilidad en tal sentido, el tribunal conservará jurisdicción sobre la persona y podrá decretar su internación en una institución adecuada para su tratamiento, si en el ejercicio de su discreción determina conforme a la evidencia presentada que dicha persona por su peligrosidad constituye un riesgo para la sociedad o que se beneficiará con dicho tratamiento. 29
30. En caso de ordenarse la internación, la misma se prolongará por el tiempo necesario requerido para la seguridad de la sociedad y el bienestar de la persona internada, sujeto a lo dispuesto en el Artículo 92. En todo caso será obligación de las personas a cargo del tratamiento informar trimestralmente al tribunal sobre la evolución del caso. Artículo 92. Principio de proporcionalidad. La medida de seguridad no puede resultar ni más severa ni de mayor duración que la pena aplicable al hecho cometido, ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor. Artículo 93. Exclusión de la pena. La medida de seguridad podrá imponerse únicamente por sentencia judicial y la misma excluye la pena. SECCIÓN SEGUNDA De la aplicación de las medidas de seguridad Artículo 94. Informe pre-medida de seguridad. No podrá imponerse medida de seguridad sin previo examen e informe siquiátrico o sicológico de la persona, realizado por un siquiatra o sicólogo clínico designado por el tribunal y un informe social realizado por un oficial probatorio. Dichos informes, con exclusión de sus fuentes informativas que se declaran confidenciales, le serán notificados a las partes. Artículo 95. Vistas. Las partes podrán controvertir estos informes en una vista a la que deberán ser llamados a declarar los autores de dichos informes a solicitud de parte. Artículo 96. Revisión periódica. Anualmente el tribunal se pronunciará sobre el mantenimiento, la modificación o la cesación de la medida de seguridad impuesta, sin perjuicio de poder hacerlo en cualquier momento en que las circunstancias lo aconsejen o a petición de la persona bajo cuya custodia se halle el internado. Si de la evolución favorable del tratamiento, el tribunal puede razonablemente deducir que la curación y readaptación del sentenciado puede llevarse a cabo en libertad con supervisión ya que el sentenciado dejó de ser peligroso, deberá cesar la internación sujeto a lo dispuesto en las leyes especiales sobre la materia. CAPÍTULO V DE LA EXTINCIÓN DE LAS ACCIONES Y DE LAS PENAS SECCIÓN PRIMERA De la extinción de la acción penal Artículo 97. Extinción de la acción penal. La acción penal se extingue por: (a) muerte 30
31. (b) indulto (c) prescripción (d) reparación de los daños. Artículo 98. Reparación de los daños. En los delitos graves de tercer grado, en los delitos graves de cuarto grado y en los delitos menos graves, cuando el autor se haya esforzado por acordar una compensación con el perjudicado y le haya restablecido en su mayor parte a la situación jurídica anterior al hecho delictivo, o lo haya indemnizado total o sustancialmente, en una situación en la que la reparación de los daños le exija notables prestaciones o renuncias personales, el tribunal podrá con el consentimiento del perjudicado y del fiscal decretar el archivo y sobreseimiento de la acción penal. Artículo 99. Prescripción. La acción penal prescribirá: (a) A los cinco (5) años en los delitos graves de segundo a cuarto grado, y en los graves según clasificados en ley especial o en el Código Penal derogado. (b) Al año en los delitos menos graves, salvo los provenientes de infracciones a las leyes fiscales y todo delito menos grave cometido por funcionarios o empleados públicos en el desempeño de sus funciones, que prescribirán a los cinco (5) años. (c) Los delitos de encubrimiento y conspiración prescribirán a los diez (10) años cuando se cometan en relación al delito de asesinato en todas sus modalidades. (d) Lo dispuesto en los incisos (a) y (b) de este Artículo no aplica a las leyes especiales cuyos delitos tengan un período prescriptivo mayor al aquí propuesto. Artículo 100. Delitos que no prescriben. En los siguientes delitos la acción penal no prescribe: delito grave de primer grado, genocidio, crimen de lesa humanidad, asesinato, secuestro y secuestro de menores, malversación de fondos públicos, falsificación de documentos públicos y todo delito grave tipificado en este Código o en ley especial cometido por un funcionario o empleado público en el desempeño de la función pública. Artículo 101. Cómputo del término de prescripción. El término de prescripción se computará desde el día de la comisión del delito hasta la fecha en que se determine causa probable para el arresto o citación. En aquellos casos en que sea necesario recurrir en alzada, la celebración de una audiencia para la determinación de causa probable para el arresto o citación interrumpirá el término prescriptivo. No obstante, en los delitos de agresión sexual o su tentativa o aquellos delitos en que la víctima no ha cumplido dieciocho (18) años, el término de prescripción se computará a partir de que la víctima cumpla sus dieciocho (18) años. Artículo 102. Participación. El término prescriptivo se computará separadamente para cada uno de los partícipes. 31
32. SECCIÓN SEGUNDA De la extinción de las penas Artículo 103. Extinción de las penas. Las penas se extinguen por: (a) muerte del sentenciado (b) indulto u otra acción de clemencia ejecutiva (c) cumplimiento de la sentencia impuesta (d) rehabilitación del sentenciado. Artículo 104. Rehabilitación del sentenciado. De concluir el Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, a base de las evaluaciones realizadas, que el sentenciado recluido en una institución penal se ha rehabilitado, levantará una certificación y radicará a nombre del sentenciado y en consulta con el Secretario de Justicia una solicitud ante el tribunal para que se dé por cumplida el resto de la pena privativa de libertad. Será requisito para la expedición de dicha certificación, que el Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación cuente con una evaluación y recomendación sicológica a los efectos de que el sentenciado está capacitado para convivir libremente en la sociedad y de que los otros profesionales que lo evaluaron informen detalladamente y por escrito sus determinaciones de la condición de rehabilitado del sentenciado; especialmente si ya no existe ningún peligro de que se manifieste la peligrosidad representada por el acto por el cual cumple sentencia. Para ser elegible a este procedimiento, en los delitos graves de primer grado el sentenciado deberá haber cumplido por lo menos doce (12) años de reclusión y por lo menos ocho (8) años cuando se trate de un menor juzgado como adulto. En los delitos graves de segundo grado, el sentenciado deberá haber cumplido en reclusión por lo menos el cincuenta (50) por ciento de la sentencia impuesta por el tribunal. El Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación y el Secretario de Justicia conjuntamente adoptarán la reglamentación que establezca el procedimiento para evaluar el ajuste del confinado, y para expedir y tramitar la certificación de rehabilitación. El tribunal celebrará vista y tendrá plena facultad para decidir la solicitud tomando en consideración la prueba que se le presente, la opinión de la víctima o sus familiares, y las objeciones que el Secretario de Justicia pueda plantear. Dicha prueba contendrá necesariamente la certificación del Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación debidamente justificada mediante una evaluación del ajuste integral y del comportamiento social durante la reclusión y el cumplimiento del plan de rehabilitación. De resolver favorablemente la certificación de rehabilitación, el tribunal ordenará al Superintendente de la Policía que no incluya la convicción en el Certificado de Antecedentes Penales, pero mantenga la misma en el historial del convicto únicamente para fines de reincidencia. LIBRO SEGUNDO 32
33. PARTE ESPECIAL TÍTULO I DELITOS CONTRA LA PERSONA CAPÍTULO I DELITOS CONTRA LA VIDA SECCIÓN PRIMERA De los asesinatos y el homicidio Artículo 105. Asesinato. Asesinato es dar muerte a un ser humano con intención de causársela. Artículo 106. Grados de asesinato. Constituye asesinato en primer grado: (a) Todo asesinato perpetrado por medio de veneno, acecho o tortura, o con premeditación. (b) Todo asesinato que se comete como consecuencia natural de la consumación o tentativa de algún delito de incendio agravado, agresión sexual, robo, escalamiento agravado, secuestro, secuestro de un menor, estrago, envenenamiento de aguas de uso público, agresión grave en su modalidad mutilante, fuga, maltrato intencional o abandono de un menor. (c) Todo asesinato de un miembro de la Policía, guardia escolar, guardia o policía municipal, alguacil, fiscal, procurador de menores, procurador de familia especial para situaciones de maltrato, juez u oficial de custodia que se encuentre en el cumplimiento de su deber, cometido al consumar, intentar o encubrir un delito grave. Toda otra muerte intencional de un ser humano constituye asesinato en segundo grado. Artículo 107. Pena de los asesinatos. A la persona convicta de asesinato en primer grado se le impondrá la pena provista para el delito grave de primer grado. A la persona convicta de asesinato en segundo grado se le impondrá la pena provista para el delito grave de segundo grado. Artículo 108. Asesinato atenuado. No obstante lo dispuesto en el Artículo 107, cuando el asesinato tiene lugar en ocasión de súbita pendencia o arrebato de cólera, se impondrá al convicto la pena provista para el delito grave de tercer grado. Artículo 109. Homicidio negligente. Toda persona que ocasione la muerte a otra por negligencia incurrirá en delito menos grave, pero se le impondrá la pena de delito grave de cuarto grado. 33
34. Cuando la muerte se ocasione al conducir un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes, sustancias controladas o con claro menosprecio de la seguridad de los demás; o al apuntar y disparar con un arma de fuego hacia un punto indeterminado, incurrirá en delito grave de tercer grado. SECCIÓN SEGUNDA Del suicidio Artículo 110. Incitación al suicidio. Toda persona que ayude o incite a otra persona a cometer o iniciar la ejecución de un suicidio incurrirá en delito grave de tercer grado. SECCIÓN TERCERA Del aborto Artículo 111. Aborto. Toda persona que permita, indique, aconseje, induzca o practique un aborto, o que proporcione, facilite, administre, prescriba o haga tomar a una mujer embarazada cualquier medicina, droga o sustancia, o que utilice o emplee cualquier instrumento u otro medio con intención de hacerla abortar, y toda persona que ayude a la comisión de cualquiera de dichos actos, salvo indicación terapéutica hecha por un médico debidamente autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico, con vista a la conservación de la salud o vida de la madre, incurrirá en delito grave de cuarto grado. Artículo 112. Aborto cometido por la mujer o consentido por ella. Toda mujer que procure de cualquier persona alguna medicina, droga o sustancia, y la tome, o que se someta a cualquier operación o a cualquier otra intervención quirúrgica o a cualquier otro medio, con el propósito de provocarse un aborto, excepto el caso de que fuere necesario para salvar su salud o su vida, incurrirá en delito grave de cuarto grado. Artículo 113. Aborto por fuerza o violencia. Toda persona que mediante el empleo de fuerza o violencia infiera daño a una mujer embarazada y sobrevenga un parto prematuro con consecuencias nocivas para la criatura incurrirá en delito grave de tercer grado. Si sobreviene la muerte de la criatura incurrirá en delito grave de segundo grado. Artículo 114. Anuncios de medios para producir abortos ilegales. Toda persona que redacte y publique un aviso o anuncio de algún específico o procedimiento para producir o facilitar abortos ilegales, o que ofrezca sus servicios por medio de algún aviso, anuncio o en cualquier otra forma para asistir a la consecución de tal hecho, incurrirá en delito grave de cuarto grado. SECCIÓN CUARTA De la Ingeniería Genética y la Reproducción Asistida Artículo 115. Alteración del genoma humano con fines distintos al diagnóstico, tratamiento e investigación científica en genética y medicina. Toda persona que utilice 34
35. tecnologías para alterar el genoma humano con fines distintos del diagnóstico, tratamiento o investigación científica en el campo de la biología humana, particularmente la genética o la medicina, incurrirá en delito grave de segundo grado. Por los términos “diagnóstico” y “tratamiento” se entiende cualquier intervención médica encaminada a determinar la naturaleza y causas de enfermedades, discapacidades o taras de origen genético o a remediarlas (curación o alivio). Por “investigación científica” se entiende cualquier procedimiento o trabajo orientado al descubrimiento de nuevas terapias o a la expansión del conocimiento científico sobre el genoma humano y sus aplicaciones a la medicina. Tanto las intervenciones dirigidas al diagnóstico y tratamiento como los procedimientos y trabajos orientados a la investigación científica tienen que llevarse a cabo con el consentimiento informado y verdaderamente libre de la persona de la que procede el material genético. Artículo 116. Clonación humana. Toda persona que usando técnicas de clonación genere embriones humanos con fines reproductivos incurrirá en delito grave de segundo grado. Artículo 117. Producción de armas por ingeniería genética. Toda persona que utilice ingeniería genética para producir armas biológicas o exterminadoras de la especie humana incurrirá en delito grave de primer grado. Artículo 118. Manipulación de gametos, cigotos y embriones humanos. Toda persona que disponga de gametos, cigotos o embriones humanos para fines distintos de los autorizados por sus donantes incurrirá en delito grave de tercer grado. Artículo 119. Mezcla de gametos humanos con otras especies. Toda persona que mezcle gametos humanos con gametos de otras especies con fines reproductivos incurrirá en delito grave de segundo grado. Este Artículo no prohíbe la creación de animales en cuyo genoma se hayan incorporado genes humanos (animales transgénicos). Artículo 120. Otras penas. Además de las penas provistas en los delitos de esta Sección, se impondrá la pena de suspensión de licencia profesional, permiso o autorización. Cuando una persona jurídica resulte convicta, se le impondrá también la pena de suspensión o cancelación de licencia, permiso o autorización. CAPÍTULO II DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD CORPORAL Artículo 121. Agresión. Toda persona que ilegalmente por cualquier medio o forma cause a otra una lesión a su integridad corporal incurrirá en delito menos grave. Artículo 122. Agresión grave. Si la agresión descrita en el Artículo 121 ocasiona una lesión que no deja daño permanente, pero requiere atención médica, ayuda profesional especializada o tratamiento ambulatorio, incurrirá en delito grave de cuarto grado. 35
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References: Artículo 278
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 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 6
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 Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 10
 Artículo 11
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 Artículo 53
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 Artículo 55
 Artículo 56
 Artículo 57
 Artículo 58
 Artículo 59
 Artículo 60
 Artículo 61
 Artículo 62
 resolución 
 Artículo 63
 Artículo 64
 Artículo 65
 Artículo 66
 Artículo 67
 Artículo 68
 Artículo 44
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 Artículo 71
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 Artículo 73
 Artículo 74
 Artículo 75
 Artículo 76
 Artículo 77
 Artículo 78
 Artículo 79
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 Artículo 82
 Artículo 83
 Artículo 84
 Artículo 85
 Artículo 90
 Artículo 86
 Artículo 90
 Artículo 87
 Artículo 88
 Artículo 90
 Artículo 89
 Artículo 90
 Artículo 82
 Artículo 91
 Artículo 92
 Artículo 92
 Artículo 93
 Artículo 94
 Artículo 95
 Artículo 96
 Artículo 97
 Artículo 98
 Artículo 99
 Artículo 100
 Artículo 101
 Artículo 102
 Artículo 103
 Artículo 104
 Artículo 105
 Artículo 106
 Artículo 107
 Artículo 108
 Artículo 107
 Artículo 109
 Artículo 110
 Artículo 111
 Artículo 112
 Artículo 113
 Artículo 114
 Artículo 115
 Artículo 116
 Artículo 117
 Artículo 118
 Artículo 119
 Artículo 120
 Artículo 121
 Artículo 122
 Artículo 121