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Timestamp: 2019-10-20 00:28:41+00:00

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Alex Alí Méndez Díaz | El Juego de la Suprema Corte
Aborto por violación, el avance en la Suprema Corte
Rebeca Ramos Duarte y Alex Alí Méndez Díaz
Marimar tenía 17 años en 2015, fue víctima de violación y derivado de ello cursaba un embarazo que no deseaba continuar. Por este motivo ella y sus padres acudieron el Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. Parres” en el estado de Morelos para solicitar la interrupción del embarazo consecuencia de la violación.
Para dar trámite a la solicitud de la menor en relación a la interrupción del embarazo, el Hospital General, a través de la Jefatura de Ginecología y Obstetricia, convocó al Comité de Bioética para determinar lo procedente. El resultado fue una resolución en la que se señala:
… analizados los casos clínicos de las pacientes ********************* y […] con embarazos con productos con una alteración morfológica demostrado en los estudios de ultrasonografía de cada una de ellas, se llega a la conclusión de que no se encuentra ninguna justificación médica para la interrupción de los mismos, por tal motivo al no presentar ninguna de las madres alguna patología, se decide su egreso del hospital ya que su estancia dentro del mismo implica un riesgo a la salud de las pacientes […].1
A Marimar y sus padres les entregan un oficio en el que le hacen saber la determinación del Comité de Bioética en donde le informan, sin tomar en cuenta la violación sexual, que “después de un análisis del expediente clínico integrado conforme a la Norma Oficial Mexicana, se concluye que se trata de una paciente con un embarazo normoevolutivo, que si bien es portadora de una malformación congénita, y la cual no pone en riesgo la vida de la madre. No contamos con sustento ni orden legal para la terminación del mismo”.2
Contra esta determinación, en febrero de 2016, Marimar y sus padres, con el acompañamiento de GIRE, interpusieron un juicio de amparo indirecto para impugnar la resolución del Comité de Bioética. En la demanda se argumentó que el acto de autoridad vulneró los derechos de Marimar; derecho a la salud, a la integridad personal, a la autonomía reproductiva, entre otros. Lo que se solicitaba al juez federal era constatación de las violaciones a derechos humanos que derivaban del acto impugnado, se emitiera un nuevo acto y que se ordenara la reparación.
El juicio agotó la primera instancia sin obtener un resultado satisfactorio por lo que se interpuso el recurso de revisión que a petición del Tribunal Colegiado fue enviado a la Suprema Corte para que considerara ejercer su facultad de atracción para conocer y resolver el juicio.
La atracción fue votada en sentido favorable y el asunto fue turnado a la ponencia del ministro José Fernando Franco González Salas3 cuyo proyecto fue discutido finalmente en la sesión de este 4 de abril de 2015. Por decisión unánime de los ministros integrantes de la Segunda Sala de la Suprema Corte se resolvió otorgar el amparo a Marimar. La Segunda Sala:
… determinó que las autoridades sanitarias a quienes acudan mujeres que han sido víctimas de una violación sexual y están embarazadas, producto de dicho acto, deben atender de manera eficiente e inmediata la solicitud, a fin de no permitir que las consecuencias físicas, psicológicas, etc., derivadas de la agresión sexual se sigan desplegando en el tiempo, lo que conlleva no sólo a prestar la atención y observación médica necesarias, sino a la materialización de tal interrupción legal del embarazo.
Lo anterior implica que las autoridades de salud correspondientes no pueden implementar mecanismos –ni políticas internas- que impidan se materialicen los derechos de aquellas mujeres que han sido víctimas de una violación sexual y cuyo deseo es interrumpir el embarazo producto de dicho acto delictivo.4
Con esta sentencia se reconoce a Marimar y sus padres la calidad de víctimas de violaciones a derechos humanos y se ordena a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que individualice la reparación de acuerdo con las necesidades específicas del caso.
La decisión es histórica porque es la primera vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncia en un caso concreto relacionado con la negación de acceso al aborto. Los pronunciamientos anteriores en este tema habían sido respecto de la constitucionalidad de leyes, sobre todo penales en torno al aborto, pero la Corte no había escuchado la voz de una mujer en un reclamo como este.
El impacto es inmenso pues marca una nueva etapa en la exigencia del respeto a los derechos reproductivos de las mujeres. Ahora hay un pronunciamiento claro que no deja lugar a dudas sobre las obligaciones de las autoridades en relación a la garantía de acceso al aborto por violación. Pues a pesar de que en todo México desde hace décadas existe la posibilidad legal de interrumpir un embarazo producto de una agresión sexual, a casi 7 años de la modificación constitucional en materia de amparo y de derechos humanos, a 5 años de la publicación de la Ley General de Víctimas y a 2 años de la modificación de la Norma Oficial Mexicana 046, las niñas y mujeres de este país que han sido víctimas de violencia sexual siguen enfrentando la negativa por parte de las autoridades mexicanas para acceder a un aborto legal que Paulina enfrentó hace más 18 años.5
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2009 a 2016, se han recibido 111,413 denuncias por violación sexual en las procuradurías generales de justicia locales y la Procuraduría General de la República; tales cifras contrastan con el número de procedimientos de aborto por violación que las secretarías de salud locales y federal, IMSS e ISSSTE reportan haber realizado durante el mismo periodo: tan sólo 63.6
En este sentido, las implicaciones de esta resolución en el ámbito de los servicios de salud son de la mayor relevancia pues el máximo tribunal de este país revisó la obligación ya establecida en ley de proveer servicios de interrupción legal del embarazo para las víctimas de violencia sexual y resolvió no solo que dicha obligación es constitucional, si no que su incumplimiento es una violación a los derechos humanos de las mujeres que tiene que ser reparada de manera integral.
Lo que implica la obligación de resarcir los daños materiales e inmateriales para Marimar y su familia a través de medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición que corresponden a la prestación de servicios de aborto de conformidad con la Ley General de Víctimas y la Norma Oficial Mexicana 046. A partir de la decisión de la Corte se acota la discrecionalidad que puedan tener las autoridades en términos de la interpretación y aplicación de la ley pues deben ceñirse al criterio delineado por la Segunda Sala: negar u obstaculizar el acceso al aborto por violación, y por extensión a cualquiera de las otras hipótesis legales contempladas, es una violación a los derechos reproductivos de las mujeres.
En el ámbito de la democracia material vinculada con el respeto a los derechos humanos más allá de las opiniones mayoritarias y el trabajo de los jueces constitucionales, esta sentencia fija un criterio que les orienta para resolver otros casos que sean sometidos a su consideración. Antes de esta resolución cada juzgado podía resolver de acuerdo con su consideración del caso; a partir de ahora se debe dar continuidad a este estándar que obliga al reconocimiento de que la negación de acceso al aborto en las hipótesis establecidas legalmente es una violación a los derechos reproductivos de las mujeres.
Con esto se va construyendo una cultura jurídica que reconozca la importancia del respeto a los derechos reproductivos de las mujeres y la correlativa obligación de las autoridades de garantizarlos, desde el personal de salud hasta los jueces. Antes era un tema casi ausente, ahora es un referente obligado también desde la justicia constitucional.
Rebeca Ramos Duarte. Coordinadora de Incidencia en Política Pública del Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C.
Alex Ali Méndez Díaz. Coordinador de Documentación y Litigio del Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C.
1 Versión pública del proyecto de resolución, p. 5.
2 Ibíd., p.6.
3 Amparo en revisión 601/2017, Segunda Sala, Suprema Corte de Justicia de la Nación.
4 Comunicado 48/2018, Suprema Corte de Justicia de la Nación.
5 En el año 2000, a Paulina, menor de edad de escasos recursos de Baja California, se le negó el acceso a la interrupción del embarazo, consecuencia de violaciones sexuales de que fue víctima. Acerca del caso pueden consultarse las publicaciones del Grupo de Información en Reproducción Elegida: Paulina, cinco años después y Paulina, justicia por la vía internacional, ambas disponibles en la biblioteca digital de GIRE.
6 Se pueden consultar los datos en Violencia sin interrupción.
El Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C. (GIRE) es una organización que desde hace 25 años trabaja desde distintos espacios para que las mujeres puedan decidir de manera libre e informada sobre los procesos relacionados con la reproducción. Parte de esta labor es brindar la asesoría jurídica que requieran en casos de violación a sus derechos reproductivos.
Actualmente, GIRE acompaña legalmente a más de treinta mujeres y sus familias. En el camino nos hemos dado cuenta de la falta de criterios judiciales en materia de derechos reproductivos –situación que afecta el acceso a la justicia para las mujeres.
Ante este panorama hemos impulsado que los tribunales se pronuncien sobre estas violaciones. En este marco, en el año 2016, algunos de los casos que acompañamos han tenido la posibilidad de discutirse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí va un balance de estos.
Primer caso. Margarita es una mujer que cursaba un embarazo de alto riesgo. Le negaron el acceso a la interrupción del embarazo por motivos de salud. El Centro Médico Nacional se opuso a prestarle ese servicio médico por considerar que la Ley General de Salud no contemplaba la prestación de este servicio.1
Esta falta de previsión es coherente con la normativa penal federal que no establece como hipótesis de no punibilidad la interrupción del embarazo cuando la mujer sufra afectaciones a su salud.2 De esta manera, una interrupción, aún en estas condiciones, implicaría para el personal médico y para la mujer el riesgo de verse involucrados en la investigación y sanción de un delito.
Bajo estas consideraciones, Margarita acompañada por GIRE interpuso un juicio de amparo denunciando la inconstitucionalidad del código penal federal, que no considera la posibilidad de que las mujeres puedan interrumpir su embarazo cuando existan afectaciones a su salud.
El asunto llegó a conocimiento de la Primera Sala de la Suprema Corte. El proyecto de sentencia que estuvo a cargo del ministro Arturo Zaldívar, propuso conceder el amparo a Margarita declarando que su derecho a la salud había sido vulnerado por la institución de salud que le negó el servicio médico.
En una votación de tres a uno el proyecto fue desechado. Dos integrantes de la Sala consideraron que en el caso concreto no se cumplían los requisitos de procedencia exigidos por la ley de amparo. El argumento detrás de esta decisión fue que Margarita no había sido sujeta a una investigación penal por parte de algún ministerio público como consecuencia de la interrupción y, por lo tanto, de acuerdo con el criterio de la Sala, el código penal federal no le fue aplicado. En estas circunstancias, al no haber acto de aplicación en la manera en que tradicionalmente se ha entendido, no existía una afectación que otorgara a la quejosa el interés para acudir al juicio de amparo a impugnar la legislación penal federal. El otro voto en contra del proyecto se sustentó en un desacuerdo en las consideraciones de la propuesta del ministro Zaldivar. Finalmente el asunto fue turnado a un otro ministro con el objetivo de que presente un nuevo proyecto de sentencia.
La lección aprendida es que aún es necesario visibilizar el impacto diferenciado que las reglas procesales tienen sobre las mujeres y la eficacia de su derecho de acceso a la justicia. Esto sin considerar con que se han cumplido tres años desde que Margarita acudió a la justicia constitucional.
Segundo caso. Otro caso que acompaña GIRE es el de Carlota,3 una niña a quien el ministerio público del estado de Hidalgo le negó la autorización para interrumpir el embarazo producto de una violación. El recurso de revisión derivado de la sentencia de amparo que negó la protección constitucional a la menor fue presentado ante la Primera Sala como un asunto de importancia y trascendencia que ameritaba la reasunción de competencia por parte de la Corte.
La litis constitucional se refiere a la inconstitucionalidad del código penal del estado de Hidalgo en los requisitos desproporcionados que contempla para que una mujer pueda interrumpir un embarazo producto de una violación. El litigio de inició en marzo de 2015, y en agosto de 2015 se solicitó a la Primera Sala de la Suprema Corte que reasumiera su competencia originaria tal como lo había hecho en un caso similar.4
En esta ocasión, contrario a lo decidido por la propia Sala en un precedente, por mayoría de 4 votos se resolvió regresar el caso al Tribunal Colegiado para que depurara ciertos elementos de legalidad. La reasunción de competencia se resolvió el 31 de agosto de 2016, al cierre del año 2016 el engrose no ha sido publicado. Esto significa que la menor sigue en espera de la respuesta de la justicia constitucional, a 21 meses de haber tocado sus puertas.
Tercer caso. Cecilia y Sergio son una pareja que también es acompañada por GIRE,5 son derechohabientes del ISSSTE. Ellos solicitaron el ingreso al Programa de Reproducción, la respuesta fue negativa porque Cecilia superaba los 35 años de edad que establecen como límite los criterios para atención en ese Programa.
En mayo de 2014, se interpuso un juicio de amparo en contra de esta decisión. El juez de distrito determinó sobreseer el juicio por una interpretación indebida del acto de aplicación de los lineamientos de ingreso al Programa. Se interpuso el recurso de revisión y en septiembre de 2015 se solicitó a la Corte la reasunción de competencia tomando en cuenta que no existen precedentes judiciales en México sobre este tema.
El 9 de noviembre del año pasado, la Sala resolvió devolver el expediente al Tribunal Colegiado para que resolviera algunos temas de legalidad y con posterioridad determinara si el caso volvía al Alto Tribunal.
En estas condiciones, aun con lo que el tiempo significa para los programas de reproducción asistida, la pareja que acudió al juicio ha esperado (y espera) respuesta de la justicia constitucional durante más de dos años.
Cuarto caso. La única buena noticia, entonces, durante el 2016, fue la sentencia emitida por la Segunda Sala en el caso de Antonio y Gabriela6 en la que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 201 de la Ley del Seguro Social,7 que reservaba el derecho de acceso al seguro de guarderías únicamente para las madres trabajadoras excluyendo a los padres trabajadores que estando afiliados al IMSS no pueden inscribir a sus hijos.8 GIRE acompaño el caso desde su inicio en marzo de 2015.
Este asunto tiene un impacto relevante porque influye en la eliminación de las barreras que tradicionalmente han impedido en la distribución equitativa en las tareas del cuidado de los hijos.
Como conclusión, sabemos que hay cosas que celebrar como el hecho de que todo padre trabajador ahora tiene la posibilidad de inscribir a su hijo en una estancia infantil, aunque para lograrlo deba tramitar un amparo. Sin embargo, el reto mayor para la justicia constitucional es entender que incluso desde dentro del sistema judicial las mujeres han sido excluidas históricamente y que ese prejuicio ha permeado proyectándose en los criterios del Poder Judicial dela Federación. En este sentido, la tarea principal para la Corte y el resto de los órganos judiciales federales es visibilizar y combatir estas barreras que han impedido el acceso efectivo a la justicia para las mujeres. De otra manera, la justicia constitucional sería incompleta y, en consecuencia, no cumpliría su papel como sostén de la democracia.
Alex Alí Méndez. Coordinador de Litigio en GIRE
1 Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C., Niñas y Mujeres sin justicia. Derechos reproductivos en México, p. 60. Disponible en http://informe2015.gire.org.mx
2 Artículo 333.- No es punible el aborto causado sólo por imprudencia de la mujer embarazada, o cuando el embarazo sea resultado de una violación.
3 Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C., Op. cit., p. 75.
4 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, Solicitud de reasunción de competencia 28/2014.
5 Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C., Op. cit., p. 209.
6 Ibíd., p. 247.
7 Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.
El servicio de guardería se proporcionará en el turno matutino y vespertino pudiendo tener acceso a alguno de estos turnos, el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna
8 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sala, Amparo en Revisión 59/2016, Ponente: Ministra Margarita Luna Ramos. Resuelto en sesión de 29 de junio de 2016 por mayoría de 4 votos.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 201
 Artículo 333
 Artículo 201