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Timestamp: 2017-10-17 22:21:58+00:00

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Sentencia T.S.J. Cataluña 957/2010 de 18 de octubre. IVA. Facturación de operaciones inexistentes. Pruebas indiciarias - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Cataluña 957/2010 de 18 de octubre
Deducción IVA: Operaciones de venta de paja y transporte de forraje. Carga de la prueba: Valor de las facturas. Pruebas de presunciones: Análisis de doctrina aplicable. Inexistencia de las operaciones facturadas: Consta declarado por el emisor de las facturas y acreditado por la Administración que no se han realizado dichas entregas y servicios lo que no ha sido desvirtuado por el sujeto pasivo del impuesto. Sanción: Análisis de la jurisprudencia que impone a la Administración la obligación de probar y motivar la culpabilidad del infractor. Imposición de sanción: Procede porque se acredita la existencia de ánimo de defraudar.
RECURSO ORDINARIO (LEY 1998) núm. 234/2007
Partes: Millán C/ T.E.A.R.C
SENTENCIA N.º 957
En la ciudad de Barcelona, a dieciocho de octubre de dos mil diez.
VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN PRIMERA), constituida para la resolución de este recurso, ha pronunciado, en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo núm. 234/2007, interpuesto por D. Millán, representado por el Procurador D. JOAN GRAU MARTÍ, contra el TRIBUNAL ECONÓMICO- ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CATALUÑA, representado por el Sr. ABOGADO DEL ESTADO.
Primero.-Por el Procurador D.Joan Grau Martí, en representación de la parte actora, se interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución que se cita en el Fundamento de Derecho Primero.
Primero.-Se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC), de fecha 21 de septiembre de 2006, dictada en la reclamación económico-administrativa núm. 25/01229/2002, a la que se acumularon las núms. 25/01272/2002 y 25/01507/2002, todas ellas interpuesta por D. Millán contra acuerdos de la Dependencia Provincial de Inspección de la Delegación de Lleida de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; las dos primeras, contra sendos acuerdos de liquidación por el concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, periodos 1997 y 1999, de unos importes de 8.610,31 € y 287,55 € (liquidaciones con clave A2560002020001008 y A2560002020001074), y la última contra dos acuerdos sancionadores por infracciones tributaria graves tipificada en el art. 79.c) y d) de la Ley General tributaria de 1963, en la redacción dada por la Ley 25/95, de unas cuantías, en junto por cada uno de los periodos de 1997 y 1999, de 8.715,95 € y 127,01 €, respectivamente.
La parte dispositiva de la resolución del TEARC impugnada es del siguiente tenor literal:
" ESTE TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CATALUÑA, reunido en sala y fallando en única instancia, acuerda:
1.º) desestimar las reclamaciones 25/01229/2002 y 25/01272/2002 confirmando las liquidaciones practicadas por el IVA ejercicios 1997 y 1999, y
2.º) estimar en parte la reclamación 25/01507/2002 anulando la sanción impuesta por el ejercicio 1997 que deberá ser sustituida por otra de acuerdo con lo dispuesto en el último Fundamento de Derecho y confirmando la sanción impuesta por el ejercicio 1999".
En el fundamento de derecho 12.º, al que se remite el primero de los pronunciamientos del apartado 2.º de la parte dispositiva de la resolución impugnada, el TEARC considera que la infracción del art. 79.c) cometida en el periodo del cuarto trimestre de 1997 ha de ser castigada con una sanción del 100% de la devolución obtenida indebidamente, en aplicación de la LGT 230/1963 (en lugar del 125% aplicado por la Inspección), mientras que ha de confirmarse la sanción impuesta por la infracción del art. 79.d) LGT/1963 correspondiente al tercer trimestre de 1997 (por el primer y segundo trimestre de ese año, no se impuso sanción alguna al contribuyente).
Segundo.-Contra tales pronunciamientos, en lo que desestiman las reclamaciones, se alza la parte recurrente en el presente recurso, interesando en el escrito de demanda articulado en la presente litis, el dictado de una sentencia estimatoria, que declare nula y deje sin efecto alguno la resolución impugnada y declare la conformidad de las liquidaciones presentadas por el contribuyente en concepto de IVA de los ejercicios 1997 y 1999, sin imposición de sanción alguna.
En apoyo de sus pretensiones, se alega, en resumen, que la regularización practicada por la Inspección se fundamenta principalmente en la no aceptación de determinadas facturas de paja y transporte de forraje facturados por D. Marcos, partiendo la Inspección de que son ciertas las declaraciones hechas por el emisor de las facturas en el sentido de no ser reales las operaciones de venta de paja y transporte de forraje reflejadas en las facturas, así como de una serie de datos circunstanciales, pero sin ninguna prueba objetiva de la veracidad de las afirmaciones del Sr. Marcos, veracidad de la que -a juicio del recurrente- carecen, por basarse únicamente en sus propias manifestaciones, que sostiene la parte actora no han de prevalecer, sin un prueba clara y evidente de las mismas, sobre las manifestaciones del recurrente sobre la realidad de las operaciones controvertidas y lo declarado en las correspondientes autoliquidaciones, que según el artículo 116 de la LGT se presumen ciertas, estando éste en posesión de unas facturas que cumplen con todos los requisitos establecidos en la normativa. Añade que no es de extrañar que en el sector de su actividad se hagan los pagos en efectivo y no se guarden albaranes ni otro documento acreditativo mas que la propia factura, pero que, no obstante, a efectos de probar la veracidad de las facturas y de las operaciones en ellas reflejadas, aporta la documentación de la Báscula Municipal donde se pesó la paja facturada por el Sr. Marcos.
En cuanto a las sanciones, se alega que la Administración no ha probado de forma fehaciente la no existencia de unas cuotas de IVA soportado por el recurrente y deducido de sus cuotas, por estar acreditadas en las facturas en poder del recurrente.
Tercero.-En primer término, conviene poner de manifiesto que, tal y como se recoge en la resolución impugnada, la regularización del IVA de los periodos de 1999 obedeció a que el obligado tributario contabilizó y dedujo cuotas de IVA soportado por importe de 42.268 pta. correspondientes a derechos y suplidos facturados por la Procuradora D.ª María Carmen Sepúlveda Nieto por conceptos que corrían a cargo de otro sujeto pasivo, concretamente, Maquinaria Agrícola de Solsona S.L., por lo que dado que el artículo 92 de la Ley 37/1992 del IVA establece que los sujetos pasivos podrán deducir las cuotas que hayan soportado por repercusión directa o satisfecho por las operaciones de entregas de bienes y prestaciones de servicios, como el sujeto pasivo dedujo cuotas soportadas no por él sino por un tercero, la Inspección consideró dichas cuotas como no deducibles, lo que fue confirmado por el TEARC, al no aportar el interesado prueba alguna que desvirtúe las conclusiones de la Inspección.
En el presente recurso, ningún hecho o fundamento jurídico alega el recurrente como motivo de impugnación de la confirmación de la liquidación por los periodos de 1999, por lo que la pretensión anulatoria deducida en la demanda, en cuanto a este pronunciamiento, carece de cualquier alegación y prueba, cuya carga correspondía obviamente a la actora, por lo que en ausencia de alegaciones y no apreciando la Sala que, en lo que ahora nos ocupa, el acto impugnado sea contrario a Derecho, hemos de desestimar el recurso en este particular, por los propios fundamentos del acto impugnado.
Cuarto.-En cuanto a la regularización de los periodos de 1997, la cuestión que se plantea en este recurso es la de decidir si las cuotas de IVA cuya deducción rechaza la Administración tributaria se corresponden real y efectivamente con entregas de bienes realizadas al recurrente y servicios prestados al mismo.
Se trata, por tanto, de una cuestión fáctica que está sometida a las reglas de la carga de la prueba, que se contenían en el artículo 114 de la Ley 1230/1963, que señalaba que tanto en el procedimiento de gestión en el de resolución de reclamaciones, quien haga valer su derecho deberá probar los hechos normalmente constitutivos del mismo.
En este caso, se cumple el requisito formal de la deducción, exigido por el artículo 97 de la ley 37/1992, de 28 de diciembre, reguladora del IVA, de encontrarse el recurrente en posesión de las facturas en las que consta la repercusión de las cuotas del IVA de cuya deducción se trata. Ahora bien, que el citado precepto establezca como requisito formal de la deducción el de estar en posesión del "documento justificativo", normalmente la factura, no significa que ésta constituya una prueba plena sobre la realidad de los hechos que documenta, pues la factura es un documento privado sometido al mismo régimen probatorio que los demás de esta clase, sin privilegio alguno, y, por ende, sometido a la apreciación conjunta con los restantes medios de prueba.
En el curso del procedimiento de comprobación, la Inspección cuestionó la existencia y realidad las operaciones facturadas a la recurrente, desplegando una profusa y minuciosa actividad probatoria tendente a demostrar esa inexistencia. La Sala, apreciando la prueba reunida por la Inspección en sus actuaciones de comprobación tributaria, y por el recurrente, tanto en el curso del expediente de comprobación como en este recurso contencioso administrativo, llega a la conclusión de que la Administración tributaria ha acreditado que efectivamente no se realizaron las entregas y servicios que el recurrente dice recibidos, mientras que este último no ha desvirtuado tales elementos probatorios, ni acreditado la realidad de las adquisiciones.
En primer término, hemos de recordar que la doctrina jurisprudencial viene admitiendo la validez del uso de las presunciones en el ámbito tributario, siempre que cualquier actuación no pueda acreditarse por pruebas de carácter objetivo; señalando la sentencia del Tribunal Supremo de 20 septiembre 2005 "que la mencionada clase de pruebas indiciarias o de presunciones no sólo son idóneas sino que son, incluso, necesarias y, a veces, imprescindibles cuando se trata de acreditar la simulación, añadiendo las sentencias del Alto Tribunal de 17 de marzo y 17 de septiembre de 2003 que la prueba de presunciones "no puede confundirse con las presunciones legales en materia tributaria". El Tribunal Constitucional, por su parte, considera que las presunciones son un medio de prueba válido siempre que los indicios hayan quedado suficientemente probados por medios directos, exista el necesario enlace o relación entre dichos indicios y la consecuencia o hecho deducido que se pretende probar para la aplicación de la correspondiente norma, y se exprese razonadamente el referido enlace o relación (SS TC 21-12-88, 8-6-89, 15-1-90, 24-1-91, 13-7-98 y 20-1-99).
Asimismo, hay que tener en cuenta que, frente al hecho negativo de la inexistencia de las entregas y servicios, resulta mucho más fácil acreditar el hecho positivo de su existencia. Así, de ser reales las operaciones facturadas, debieran normalmente haber dejado un rastro documental (albaranes, notas de pedido o justificantes de pago) y sin duda alguna el recurrente hubiera podido aportar una pluralidad de testigos que las adveraran, no solo de quienes participaran en la carga y descarga, en el pesaje o en otras tareas (como en el caso del forraje procedente de las tierras arrendadas serían quienes participaron en su cosecha), sino incluso vecinos, pues difícilmente podrían estos desconocer un trajín tan significativo.
En segundo lugar, el propio emisor de las facturas admite no haber realizado los transportes y ventas reflejados en las facturas, que el recurrente le propuso emitir porque había cobrado una indemnización muy elevada en un pleito contra Maquinaria Agrícola por una empaquetadora que les había comprado, y que aceptó emitir a cambio de la cancelación de una deuda, recibiendo además un cheque por 316.610 pta. correspondiente al importe del IVA de la última factura.
Las manifestaciones del Sr. Marcos son rotundas, claras y suficientemente detalladas y verosímiles, frente a las manifestaciones claramente evasivas del recurrente (no recuerda si propuso la compra de la paja o si se la ofreció el Sr. Marcos, no puede precisar fechas ni importes de los talones pagados al Sr. Marcos, no puede precisar fechas ni importes de las cantidades pagadas en efectivo, etc). Lo esencial de la manifestación del Sr. Marcos concuerda con la numerosa prueba indiciaria obtenida por otros medios por la Inspección. Además los elementos accesorios de tal manifestación han quedado también acreditados, como la percepción por el recurrente de la aludida indemnización y el cobro del cheque de Caixa de Catalunya núm. 3540, de 29 de diciembre de 2007, por importe de 316.610 pta., siendo especialmente indiciaria la circunstancia de que ese sea el único pago al facturante realmente acreditado y que el mismo sea solo por el importe del IVA.
Por otro lado, el actor no alega, ni por supuesto acredita, ningún motivo de enemistad personal derivado de sus relaciones previas, que permita dudar de la veracidad de las manifestaciones del Sr. Marcos, sino que por el contrario da a entender que existía una relación de amistad que justificaría que tuviera noticia del cobro de la indemnización. Sugiere, no obstante, el actor, que las manifestaciones del tercero podrían venir motivadas por un interés del propio manifestante, ya que la rebaja de sus ventas en el importe de las facturas controvertidas le representaría en todo caso una menor tributación. Sin embargo, ninguna prueba se ha intentado para acreditar ese interés espurio, como pudieran ser las declaraciones fiscales del IVA presentadas por el tercero (en que no se declarara e ingresaran las cuotas de IVA repercutido) o del IRPF (en que no se declararan los ingresos) o la existencia de solicitudes de rectificación (si se declararon).
En tercer lugar, los medios de pago de las facturas no han sido acreditados por el recurrente, que manifestó que se pagaron en efectivo guardado en casa y con algunos talones, precisando en la diligencia de 16 de noviembre de 2001 el origen de ese efectivo (facturas cobradas en efectivo y disposiciones de cuentas). Sin embargo, tras un detallado y exhaustivo análisis de las cuentas y operaciones del recurrente en los ejercicios no prescritos, la Inspección llegó a la conclusión, extensamente justificada en el informe ampliatorio, de que el recurrente no disponía del metálico suficiente para realizar esos pagos, siendo aún inferior el importe de las facturas de venta cobradas en efectivo y disposiciones en efectivo de cuentas bancarias al importe de las facturas de compra de compra y gastos pagadas en efectivo más los ingresos en cuenta en efectivo (sin contar los gastos domésticos), no siendo razonable que se guardara una cantidad de dinero en efectivo tan importante y al tiempo se financien las compras a Agropecuaria de Guissona, la compra de un tractor a un interese del 14% y se haya tenido varias veces saldos deudores en cuentas bancarias. Ninguna prueba aporta el recurrente para desviruarlo o ni para intentar acreditar los alegados pagos en efectivo.
En cuarto lugar, el recurrente no llevaba un inventario detallado de existencias y nada se alega para desvirtuar los datos de consumo, producción, adquisiciones y costes que apuntan claramente a las pretendidas ventas no tiene el correspondiente reflejo en las existencias declaradas, que las ventas de paja producidas en los ejercicios 1998 y 1999 no se corresponden a la pretendidamente adquirida del Sr. Marcos y que las pretendidas adquisiciones paja y transportes de forraje de las fincas arrendadas no tienen razonabilidad. A mayor abundamiento, eso aún cuando según el recurrente (diligencia núm. 15) la producción propia de paja en el año 1997 fuera solo de 10.000 Kg. frente a los 280.000 Kg. en 1996 (28 veces más), 350.000 Kg. en 1998 (35 veces más) y 250.000 Kg. en 1999 (25 veces más), sin que ninguna explicación se de a tan anormal rendimiento en ese año 1997, que no se compadece con datos generales y que habría de responder a particulares y excepcionales circunstancias, que habrían sido de fácil alegación y prueba.
Por último, en cuanto a la documental aportada por primera vez en esta sede conviene poner en primer término que, aún cuando la misma sea admisible, en el trance de valorar su virtualidad probatoria ha de tenerse en cuenta en primer lugar que, pese a que la Inspección requirió información sobre las facturas controvertidas y a que en el acta se consideraba que las mismas no se correspondían con entregas de bienes y prestaciones de servicios reales, el recurrente no aportó esa documental a la Inspección durante las actuaciones de comprobación ni en el trámite de audiencia a la propuesta de liquidación, lo que ha impedido su comprobación, sin que se justifique en modo alguno en la demanda la imposibilidad de haberlas aportado en sede de la Inspección (ni luego en la vía económico-administrativa).
Pues bien, en los tickets aportados de la Bascula Municipal de Butsènit, amén de no consignarse la identidad del "pesador" y carecer de firma o sello, tampoco se consigna en los mismos el objeto pesado, por lo que no queda suficientemente acreditada su relación con las facturas controvertidas. Conviene insistir en que si las mismas hubieran sido aportadas a la Inspección, ésta hubiera podido comprobar la realidad del pesaje y si lo pesado se trataba de paja y forraje, así como la procedencia del mismo. Como el actor no lo hizo, dada las deficiencias de tales documentos, le era ahora exigible la prueba de la relación de los tickets con las facturas controvertidas, como podía ser mediante la declaración del "pesador", pero no la ha aportado.
Por todo ello, estima la Sala que la Administración tributaria ha acreditado que efectivamente no se realizaron las entregas y servicios a que se refieren las facturas controvertidas,
A mayor abundamiento, cabe añadir que lo expuesto concuerda con lo ya considerado en nuestra Sentencia núm. 297/2010, de 24 de marzo, dictada en el recurso contencioso administrativo núm. 846/2006, interpuesto por el mismo recurrente contra la resolución del TEARC de las reclamaciones interpuestas contra los acuerdos de la Inspección de liquidación definitiva y sanción, por el concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de los ejercicios 1996 a 1999, que igualmente desestimó la reclamación referente a la liquidación de cuotas e intereses de demora y estimó parcialmente la reclamación formulada contra la sanción impuesta, en el único sentido de ordenar que sea sustituida por aquella que pueda resultar más favorable, teniendo en cuenta la vigencia retroactiva de la Ley General Tributaria 58/2003.
Decíamos en dicha Sentencia, y conviene reproducir ahora al ser plenamente trasladable al presente caso, lo siguiente:
"TERCERO.- El recurrente aduce en su demanda que en el año 1997 adquirió a D. Marcos diversas partidas de paja, cosa que se acredita con los justificantes de los pesajes en la Báscula Pública de Butsenit de Montgai (Lleida), aportando con la demanda fotocopia de diferentes tiquets de pesaje que, a juicio de la Sala, no acreditan por sí la realidad de las facturas que se pretendía hacer valer ante la Administración, toda vez que, aparte de no estar refrendadas como documento, no se hace en ellos referencia a producto alguno pesado, sin que llegue tampoco a colegirse por qué razón estos tiquets no fueron aportados ante la Inspección, cuyo funcionario es quien está verdaderamente habilitado a efectos profesionales para examinar la documentación del obligado tributario. (En la propia resolución del TEARC se hace constar que los pretendidos tiquets que el reclamante decía haber ofrecido a la Inspección y cuya intención de presentar reiteró ante el TEARC, no habían sido aportados en el momento de dictarse la resolución y sin que hubiera razón alguna para una pretendida dilación).
Cuarto.-En cuanto a los gastos deducibles, insiste -como ya hiciera ante el TEARC- en sostener que él tiene la prueba de haber adquirido la paja y forrajes de que se trata del Sr. Marcos y es inaceptable que la Administración crea a dicho Sr. Marcos y no a él.
Sobre este particular, el razonamiento de la Inspección actuante viene recogido con claridad en el acuerdo emitido, en el que se dice lo que ha sido reflejado por el TEARC, esto es, sucintamente, que, en contra de lo manifestado por el contribuyente relativo a la veracidad de las facturas que aportó y que decía haber satisfecho en efectivo, 1) a la vista de los ingresos y pagos del contribuyente, no podía efectuar la acumulación de dinero en efectivo a la que se refiere; 2) no es coherente pagar comisiones e intereses por recibos impagados si se dispone de dinero en efectivo en casa; 3) tampoco existe una explicación razonable para que se compre paja a 10 pts/kg y a los pocos días se venda a 7,5 pts/kg, máxime siendo el contribuyente proveedor más que consumidor de paja, y 4) tampoco tiene explicación convincente que se pueda acreditar el pago del IVA correspondiente a la última factura y no así el principal. Por ello se considera que las facturas aportadas estaban vacías de contenido, sin que las compras y los servicios en ellas señaladas hubieran sido nunca prestados al interesado. Esta opinión la comparte el TEARC y asimismo la comparte esta Sala, por cuanto resulta mucho más verosímil que los vagos argumentos en defensa de su actuación ha dado el recurrente.
Quinto.-Por último, impugna el recurrente la sanción impuesta, alegando que en la determinación del rendimiento fiscal de la actividad de agricultura-ganadería incurrió en un error provocado por la mala interpretación de la norma, dada su complejidad y no ha existido en ningún momento culpabilidad imputable.
Pues bien, la constatación que anteriormente se ha colegido de que el hoy recurrente presentó ante la Inspección facturas fabricadas "ad hoc" para justificar unas deducciones que no le correspondían evidencia un conocimiento y una voluntad de obrar propios que no permiten eludir la culpabilidad imputada, por lo que debe ser igualmente desestimado este motivo de impugnación".
Quinto.-En cuanto a las sanciones, una vez mas hemos reiterar que la tipificación de una conducta (aquí las tipificadas en el art. 79.c y d LGT/1963) no conlleva sin más su sancionabilidad, pues como indicara ya la STC 76/1990, de 26 de abril, "Toda resolución sancionadora, sea penal o administrativa, requiere a la par certeza de los hechos imputados, obtenida mediante pruebas de cargo, y certeza del juicio de culpabilidad sobre esos mismos hechos, de manera que el art. 24.2 de la Constitución rechaza tanto la responsabilidad presunta y objetiva como la inversión de la carga de prueba en relación con el presupuesto fáctico de la sanción" -Fundamento 8.B)-:
A) En cuanto a la certeza de los hechos, que ha de ser obtenida mediante pruebas de cargo y que excluye la inversión de la carga de la prueba en relación con el presuntos fáctico de la sanción, hemos ido precisando las diferencias entre la prueba para liquidar y la prueba para sancionar, tal como detalladamente hemos expuesto en nuestra sentencia núm. 36/2008, de 17 de enero de 2008, en la que hemos concluido que el principio de presunción de inocencia (art. 24.2 de la Constitución) ha de conllevar la imposibilidad de imponer sanciones tributarias respecto de un hecho no probado, sobre el que en definitiva existe una incertidumbre probatoria, tal como recogía el art. 33 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de derechos y garantías de los contribuyentes, según el cual la prueba de que concurren las circunstancias que determinan la culpabilidad del infractor en la comisión de infracciones tributarias corresponde a la Administración tributaria que las sanciona, tratándose de una aplicación más de aquel principio de presunción de inocencia, en cuya virtud la falta de éxito por el contribuyente en la prueba de las circunstancias que posibilitan su pretensión no puede conllevar sin más entender probado que, en efecto, tales circunstancias no concurren.
B) Sobre la certeza del juicio de culpabilidad, ha de reiterarse que la sanción exige la concurrencia, en todo caso, de la indispensable culpabilidad ("las infracciones tributarias son sancionable incluso a título de simple negligencia": art. 77.1 LGT 230/1963 e interpretación del mismo por el FJ 4 de la citada STC 76/1990, de 26 de abril: "no existe un régimen de responsabilidad objetiva en materia de infracciones tributarias y sigue rigiendo el principio de culpabilidad (por dolo, culpa o negligencia grave y culpa o negligencia leve o simple negligencia), principio que excluye la imposición de sanciones por el mero resultado y sin atender a la conducta diligente del contribuyente"; y art. 183.1 LGT 58/2003: "acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia"). Esta LGT 58/2003, como dice su Exposición de Motivos, pretende "potenciar el aspecto subjetivo de la conducta de los obligados".
Habrá de concurrir, pues, una conducta dolosa o negligente, ya sea negligencia grave o leve o simple. Y no existe negligencia, ni por tanto infracción, "cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias" [arts. 77.4.d) LGT 230/1963 y 179.2.d) LGT 58/2003]. En el primero de tales preceptos se añadía que: "En particular, se entenderá que se ha puesto la diligencia necesaria cuando el contribuyente haya presentado una declaración veraz y completa y haya practicado, en su caso, la correspondiente autoliquidación, amparándose en una interpretación razonable de la norma"; mientras que en el segundo se reitera que: "Entre otros supuestos, se entenderá que se ha puesto la diligencia necesaria cuando el obligado haya actuado amparándose en una interpretación razonable de la norma o cuando el obligado tributario haya ajustado su actuación a los criterios manifestados por la Administración tributaria competente en las publicaciones y comunicaciones escritas a las que se refieren los artículos 86 y 87 de esta Ley. Tampoco se exigirá esta responsabilidad si el obligado tributario ajusta su actuación a los criterios manifestados por la Administración en la contestación a una consulta formulada por otro obligado, siempre que entre sus circunstancias y las mencionadas en la contestación a la consulta exista una igualdad sustancial que permita entender aplicables dichos criterios y éstos no hayan sido modificados". El Tribunal Supremo ha reiterado que el principio de culpabilidad constituye un elemento básico a la hora de calificar la conducta de una persona como sancionable, lo que supone analizar las razones expuestas por la recurrente como justificadoras del incumplimiento de sus obligaciones tributarias para descartar las que sean meros pretextos o se basen en criterios de interpretación absolutamente insostenibles.
En el presente caso, las sanciones traen causa de la deducción de cuotas de IVA que, o bien no se correspondían con operaciones realmente efectuadas (periodos de 1997) o se trataba de cuotas soportadas por otra persona (periodos de 1999).
En cuanto al ejericio 1999, no parece discutirse la certeza de los hechos imputados, esto es, que el recurrente no soportó las cuotas deducidas y, en cualquier caso, las actuaciones inspectoras lo acreditan, sin que haya sido desvirtuado por el actor; ni se discute la culpabilidad motivadamente apreciada por el acuerdo sancionador, dada la claridad del art. 92 LIVA, por lo que por los propios fundamentos de los actos impugnados ha de ser confirmado el pronunciamiento del TEARC.
En cuanto a lo primero, el recurrente sostiene que la Administración no ha probado de forma fehaciente la no existencia de las cuotas de IVA soportado y deducido. Sin embargo, la Sala considera que los medios de prueba analizados en el anterior fundamento de derecho sí integran prueba de cargo suficiente para quebrantar la presunción de inocencia, siendo de apreciar la concurrencia del elemento culpabilístico -que de manera apodíctica y cuasi telegráfica se niega en la demanda- por cuanto el empleo de facturas que no responden a operaciones reales evidencia un ánimo de defraudar.
Sexto.-En virtud de lo expuesto, es obligada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.1 de la vigente Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la desestimación del presente recurso contencioso-administrativo, por encontrarse ajustada a derecho la resolución a que se refiere el mismo; sin que se aprecien méritos para una especial condena en costas, a tenor de lo previsto en el artículo 139.1 de la misma Ley 29/1998.
Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo núm. 234/2006, interpuesto por D. Millán contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña de fecha 21 de septiembre de 2006, a que se contrae la presente litis; sin expresa imposición de las costas causadas en el presente procedimiento.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 116
 resolución 
 artículo 92
 artículo 114
 resolución 
 artículo 97
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 70
 resolución 
 artículo 139
 resolución