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Timestamp: 2018-09-25 23:35:20+00:00

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﻿ SENTENCIA 2014-00107/1478-2015 DE NOVIEMBRE 27 DE 2017
SENTENCIA 2014-00107 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:DOCENTES OFICIALES TIENEN DERECHO A QUE SE LES RECONOZCA Y PAGUE LA SANCIÓN MORATORIA. EL ALTO TRIBUNAL HA ESTABLECIDO QUE LA SANCIÓN MORATORIA DEBÍA RECONOCERSE A LOS DOCENTES, ACOGER UNA POSTURA EN VIRTUD DE LA CUAL SE ACEPTE QUE LOS DOCENTES ESTATALES NO SON BENEFICIARIOS DE LA SANCIÓN MORATORIA DE LAS CESANTÍAS NO SOLO CONTRARÍA ESA VOLUNTAD DEL LEGISLATIVO Y LAS RAZONES POR LAS CUALES FUE INCLUIDA DENTRO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO UNA PRESTACIÓN SOCIAL DE ESA NATURALEZA, SINO QUE TRANSGREDE LOS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES EN LOS CUALES SE SUSTENTARON LOS PROYECTOS DE LEY QUE AHORA REGULAN LA MATERIA. DICHO ASÍ LAS COSAS, CONFORME A LA LEY 91 DE 1989 NO INDICÓ TÉRMINOS PARA EL PAGO DE CESANTÍAS, NI SANCIONES COMO CONSECUENCIA DE ELLO, POR ESA RAZÓN ES PROCEDENTE LA APLICACIÓN DE LA LEY 244 DE 1995 (SUBROGADA POR LA LEY 1071 DEL 2006) PARA LOS DOCENTES, POR CUANTO ESTAS TIENEN COMO DESTINATARIOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS SIN DISTINCIÓN ALGUNA Y DADA LA FINALIDAD DE ESTE RÉGIMEN SANCIONATORIO. PARA CONCLUIR, A SANCIÓN MORATORIA POR EL PAGO TARDÍO DE LAS CESANTÍAS PARCIALES O DEFINITIVAS ES UN CASTIGO LEGAL AL EMPLEADOR ESTATAL MOROSO Y A FAVOR DEL SERVIDOR PÚBLICO, CUYO PROPÓSITO ES RESARCIR LOS DAÑOS QUE SE CAUSAN A ESTE ÚLTIMO CON EL INCUMPLIMIENTO EN EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PRESTACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:DOCENTE, DOCENTE NACIONAL, INDEMNIZACIÓN MORATORIA, SANCIÓN POR MORA EN EL PAGO DEL SALARIO, SANCIÓN POR MORA EN EL PAGO
Sentencia 2014-00107/1478-2015 de noviembre 27 de 2017
Rad.: 73001-23-33-000-2014-00107-01 (1478-15)
Actor: Rubén Darío Vidal
1. ¿Al señor Rubén Darío Vidal, en calidad de docente oficial, le es aplicable el régimen de sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales, contemplado en la Ley 1071 de 2006?
2. ¿El señor Rubén Darío Vidal tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria contemplada en la Ley 1071 de 2006, por el presunto pago tardío de las cesantías parciales?
¿Al señor Rubén Darío Vidal, en calidad de docente oficial, le es aplicable el régimen de sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales, contemplado en la Ley 1071 de 2006?
En lo referente al reconocimiento y pago de las cesantías el ordinal 3º del artículo 15, ibídem,(11) determinó que a los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, se les aplicaría el sistema de cesantías con retroactividad, y a los docentes nacionalizados vinculados con posterioridad al 1º de enero de 1990 y aquellos del orden nacional, se les aplicaría un sistema anualizado de cesantías sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses(12).
Así mismo, hay otras providencias de esta Sección,(13) donde efectivamente se concedió el derecho a la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales o definitivas para los docentes, conforme a las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, sin realizar un análisis de fondo sobre su aplicabilidad al caso de los docentes.
• El pago de la cesantía debe ser oportuna pues la misma tiene por finalidad satisfacer su necesidad inmediata que ocasionó el retiro de la misma.
• La referida sanción no resulta incompatible con el régimen especial establecido para el reconocimiento de las cesantías de los docentes, pues no afectan las condiciones, términos y competencia para el reconocimiento de la indicada prestación ni se menoscaba el derecho de los docentes a esta prestación.
En sede de revisión la Corte Constitucional observó dicho panorama y mediante la Sentencia de unificación número SU-336 de 2017,(15) resaltó la disparidad de criterios originada con la postura inicial del Consejo de Estado y amparó los derechos de los accionantes al concluir, tal como ya lo había hecho el Consejo de Estado en las decisiones proferidas desde febrero de 2015, que a los docentes sí les son aplicables las normas de sanción por mora en el pago de cesantías, por lo siguiente:
“(...) se puede decir que la Ley 91 de 1989, que regula lo concerniente al pago de las cesantías de los docentes, nada indica sobre el reconocimiento de la sanción por la mora en el pago tardío de dicha prestación, por lo que la jurisprudencia constitucional ha hecho una interpretación sobre la materia.
De conformidad con los pronunciamientos de este Tribunal, si bien los educadores oficiales no están expresamente rotulados dentro de ninguna de estas categorías de los servidores públicos, lo cierto es que el Estatuto Docente vigente al momento de expedirse la actual Constitución los definió como empleados oficiales de régimen especial, mientras que la primera Ley Orgánica de Distribución de Competencias y Recursos y la Ley General de Educación, expedidas con posterioridad a ella, de manera coincidente los denominaron servidores públicos de régimen especial, definiciones que pueden ser asumidas como de contenido equivalente. Así mismo, debe decirse que existen importantes semejanzas, incluso identidades, entre las características usualmente atribuidas a la figura de los empleados públicos y las que son propias del trabajo de los docentes oficiales, por lo que en tanto los docentes oficiales no han sido ni podrían ser ubicados como parte de ninguna de las otras especies, han de ser considerados empleados públicos. Por ello, cuando el artículo 19 de la Ley 91 de 1989 establece que el pago de cesantías de los docentes oficiales estará regulado por la normatividad vigente, debe aplicarse lo dispuesto en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, sobre el pago de cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos. (...)”
Agregó la misma sentencia que la sanción moratoria debía reconocerse a los docentes, pues “(...) acoger una postura en virtud de la cual se acepte que los docentes estatales no son beneficiarios de la sanción moratoria de las cesantías no solo contraría esa voluntad del Legislativo y las razones por las cuales fue incluida dentro del ordenamiento jurídico una prestación social de esa naturaleza, sino que transgrede los fundamentos constitucionales en los cuales se sustentaron los proyectos de ley que ahora regulan la materia (...)”.
• En efecto, es un régimen drástico a efectos de que los empleadores del sector público no retarden injustificadamente el pago de tales prestaciones, sin que para ello tenga que ver el régimen aplicable y en tanto que una de sus razones fue la de prevenir situaciones anómalas que se pudieron presentar en algunas de las entidades públicas(18).
• En efecto, las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, no excluyeron de la aplicación a regímenes especiales, por el contrario, incluyó a todos los trabajadores y servidores del Estado (servidores públicos),(19) sin perjuicio de lo previsto para los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro. En este caso, los docentes oficiales son servidores públicos(20).
“(...) Sobre el particular, el artículo 123 de la Constitución Política indica que los servidores públicos son “los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios (...)”.
“(...) los miembros de las Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la Fuerza Pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional del Ahorro.
“(...) Si bien es cierto el inciso tercero del artículo 53 de la Constitución Nacional establece que ‘…el Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales…’, ello no significa que las demás prestaciones y retribuciones por el trabajo no deban ser pagadas oportunamente. Todo lo contrario, los salarios y prestaciones sociales deben ser pagados oportunamente entre otras razones porque ese fruto es el sustento de los trabajadores y de sus familias.
No obstante lo anterior, la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los servidores públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para lograr el cobro de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque ha terminado su vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que traen consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción (...)”(22).
De los argumentos expuestos se sigue que no existe ninguna contradicción entre el régimen especial de los docentes y la Ley 1071 de 2006. De hecho, esta última se entiende como un complemento y desarrollo legal del artículo 53 superior que garantiza la seguridad social a los trabajadores, máxime si se tiene en cuenta que las cesantías, sin dubitación alguna, hacen parte de la Seguridad Social Integral. (...)”(23)
En conclusión: Como la Ley 91 de 1989 no indicó términos para el pago de cesantías, ni sanciones como consecuencia de ello, es procedente la aplicación de la Ley 244 de 1995 subrogada por la Ley 1071 de 2006, para los docentes, por cuanto éstas tienen como destinatarios los servidores públicos sin distinción alguna y dada la finalidad de este régimen sancionatorio.
¿El señor Rubén Darío Vidal tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria contemplada en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, por el presunto pago tardío de las cesantías parciales?
La Ley 1071 de 2006 “por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación”, en el artículo 4º señaló:
Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado,(24) indicó a partir de qué fecha se debe comenzar a contabilizar la sanción moratoria por el pago tardío del auxilio de cesantía, con el siguiente análisis:
“(...) Cuando la Administración resuelve el requerimiento del servidor público sobre la liquidación de sus cesantías en forma tardía buscando impedir la efectividad conminatoria de la sanción de que trata el artículo 2º de la Ley 244 de 1995, el tiempo a partir del cual comienza a correr el término para que se genere la indemnización moratoria debe contarse desde la fecha en la cual el interesado radicó la petición de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, es decir, quince (15) días hábiles que tiene la entidad para expedir la resolución, más cinco (5) días hábiles que corresponden a la ejecutoria, en el evento de que la resolución de reconocimiento hubiere sido expedida, con la salvedad a que alude el mismo precepto, más cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución, para un total de 65 días hábiles, transcurridos los cuales se causará la sanción moratoria (...)”.
En este punto se aclara que los 5 días de ejecutoria a los que hace referencia la jurisprudencia en cita, es para aquellas peticiones radicadas en vigencia del Código Contencioso Administrativo; por tanto, las peticiones que son radicadas a partir de 2 de julio de 2012 (fecha en la que entró en vigencia el CPACA) el término de ejecutoria que debe contabilizarse es de 10 días.
El demandante solicitó el reconocimiento y pago de unas cesantías parciales el 3 de mayo de 2010,(25) las cuales fueron reconocidas mediante la Resolución 5558 de 17 de noviembre de 2011.(26) Con ello se denota que la entidad sobrepasó el término consagrado en el artículo 4º atrás citado, dado que los 15 días hábiles con los que contaba para expedir la resolución correspondiente fenecieron el 25 de mayo de 2010.
Por lo tanto, la tardanza en el trámite para el reconocimiento y pago de las cesantías, empezó desde antes de la emisión del acto administrativo de reconocimiento, sin que se demostrara que ello fue culpa del demandante.
Corolario, se deben contar los 45 días aludidos a partir del vencimiento de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, y se adicionan 5 días de ejecutoria del acto administrativo.(27) Es decir a partir del 2 de junio de 2010 empezó a correr el término de 45 días para el pago, el cual feneció el 9 de agosto de 2010.
Ahora bien, conforme a la declaración de operaciones en efectivo del Banco BBVA Colombia(28), el pago de la cesantía parcial ordenado mediante la Resolución 5558 de 2011, se realizó el día 13 de julio de 2012.
Visto lo anterior, la entidad demandada incurrió en mora frente a su obligación de efectuar el reconocimiento y pago de las cesantías parciales solicitadas por el demandante, mora que se causó durante el periodo comprendido del 10 de agosto de 2010 al 12 de julio de 2012, es decir por 475 días (1 año, 3 meses y 20 días).
En conclusión: El señor Rubén Darío Vidal tiene derecho a que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, le reconozca y pague la sanción moratoria contemplada en la Ley 1071 de 2006, por el pago tardío de sus cesantías parciales. Así mismo, se declarará probada la excepción “imposibilidad de endilgar responsabilidad alguna al departamento del Tolima por el presunto pago tardío de las cesantías parciales por inexistencia de la obligación de pago en la norma a cargo del ente territorial”, propuesta por este departamento.
Conforme a lo expuesto, ante la ausencia de norma expresa que regule esta figura respecto del derecho laboral que aquí se reclama, por analogía se debe aplicar el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo,(30) que señala:
“(...) Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual. (...)”.
En el caso sub examine, el demandante solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria contemplada en la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006 el 17 de enero de 2013 (fls. 2 a 5), por el no pago oportuno de las cesantías parciales; esta fue resuelta de manera negativa por medio del Oficio EE 1844 de 31 de enero de 2013 (fls. 6 y 7); igualmente, instauró la demanda el 28 de mayo de 2013 (según acta individual de reparto).
En conclusión: Como el periodo de mora es del 10 de agosto de 2010 al 12 de julio de 2012, no se configuró prescripción extintiva de tres años contenida en el artículo 151 ibídem; por lo tanto, se declarará no probada la excepción de prescripción propuesta por la Nación-Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
“(...) Conjugando las precisiones hechas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-448 de 1996(31), la jurisprudencia del Consejo de Estado(32) ha delineado posición según la cual no procede indexación sobre el valor de la sanción moratoria de que trata la Ley 244 de 1995 porque, si bien responde a fines diversos a la indexación que busca proteger el valor adquisitivo de la cesantía, lo cierto es que no sólo cubre la actualización monetaria sino que, incluso, es superior a ella. Ha dicho la Sección Segunda que “la indexación procede únicamente sobre el valor de la sanción por no consignación oportuna de la cesantías, en los términos ordenados por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 extensivo a las entidades territoriales en virtud del artículo 13 de la Ley 344 de 1996 reglamentado por el Decreto 1582 de 1998, y no frente a la indemnización moratoria de la Ley 244 de 1995 (...)”(33) (Resaltado de la Subsección).
Por las razones que anteceden se revocará la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda y en su lugar se declarará no probada la excepción de prescripción propuesta por las entidades demandadas; y se declarará probada la excepción de “imposibilidad de endilgar responsabilidad alguna al departamento del Tolima por el presunto pago tardío de las cesantías parciales por inexistencia de la obligación de pago en la norma a cargo del ente territorial” propuesta por este departamento.
Así mismo, se declarará la nulidad del Oficio EE 1844 de 31 de enero de 2013, expedido por el Secretario de Educación del departamento de Tolima, por medio del cual denegó la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales reconocidas al demandante.
A título de restablecimiento del derecho se ordenará a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que reconozca y pague al demandante, la sanción moratoria por el reconocimiento y pago tardío de las cesantías parciales, consistente en un día de salario por cada día de retardo, en el periodo comprendido entre el 10 de agosto de 2010 al 12 de julio de 2012, inclusive; para la liquidación de los días de mora de los años 2010 y 2011, la entidad deberá tener en cuenta el salario que devengó el demandante en los años 2010 y 2011, y los días de mora de 2012, con el salario de este último año.
Lo anterior porque no tiene asidero ni justificación legal que ante una solicitud de reconocimiento y pago de unas cesantías parciales de fecha 3 de mayo de 2010,(34) el acto administrativo de reconocimiento haya sido expedido el 17 de noviembre de 2011(35) y consecuente a ello, se haya pagado el 13 de julio de 2012;(36) es decir, el trámite de reconocimiento y pago de las cesantías parciales se tardó más de un año, lo que denota una inactividad y desidia de la entidad Nación - Ministerio de Educación Nacional - FNPSM.
De conformidad con lo señalado en recientes providencias de esta Subsección(37) en el presente caso se impondrá condena en costas en ambas instancias a cargo de la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de prestaciones Sociales del Magisterio, pues resulta vencida en el proceso de la referencia, conforme el ordinal 4º del artículo 365 del Código General del Proceso que señala “(...) Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias (...)”, las cuales se liquidarán por el a quo.
1. Revocar la Sentencia proferida el 20 de febrero de 2015 por el Tribunal Administrativo del Tolima que denegó las pretensiones de la demanda en este asunto.
2. Declarar no probada la excepción de prescripción propuesta por la Nación-Ministerio de Educación Nación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
3. Declarar probada la excepción de “imposibilidad de endilgar responsabilidad alguna al departamento del Tolima por el presunto pago tardío de las cesantías parciales por inexistencia de la obligación de pago en la norma a cargo del ente territorial”, propuesta por este departamento.
4. Declarar la nulidad del Oficio EE 1844 de 31 de enero de 2013, expedido por el Secretario de Educación del departamento de Tolima, por medio del cual denegó la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales reconocidas al demandante.
5. Ordenar a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, reconocer y pagar al señor César Augusto Flórez, la sanción moratoria por el reconocimiento y pago tardío de las cesantías parciales, consistente en un día de salario por cada día de retardo, en el periodo comprendido entre el 10 de agosto de 2010 al 12 de julio de 2012, inclusive; para la liquidación de los días de mora de los años 2010 y 2011, la entidad deberá tener en cuenta el salario que devengó el demandante en los años 2010 y 2011, y los días de mora de 2012, con el salario de este último año.
7. Condenar en costas en ambas instancias a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en favor del señor Rubén Darío Vidal, las cuales se liquidarán por el a quo.
10. Reconocer personería a la abogada Elsa Xiomara Morales Bustos identificada con C.C. 1.110.486.699 y T.P. 210.511 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en los términos y para los efectos del poder a ella conferido, visible a folio 240. Así mismo, de conformidad con el artículo 76 del Código General del Proceso, se acepta la renuncia al poder de la abogada Paola Patricia Varón Vargas obrante a folios 236 a 238.
1. En adelante FNPSM.
10. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
11. “(...) Artículo 15
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional. (...)”
12. Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección “A” - C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren - 25 de marzo de 2010 - Radicación número: 63001-23-31-000-2003-01125-01(0620-09) - Demandante: Aracelly García Quintero.
N° Subsección Fecha Radicado interno Magistrado ponente
14. Ver Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, de fecha 14 de diciembre de 2015, radicación: 66001-23-33-000-2013-00189-01(1498-14), demandante: Diva Liliana Diago del Castillo, demandado: Ministerio de Educación Nacional.
15. Sentencia de la Corte Constitucional de 18 de mayo de 2017, magistrado ponente (E) Iván Humberto Escrucería Mayolo.
16. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, Sentencia de 8 de junio de 2017, radicación: 17001-23-33-000-2013-00575-01(4374-14), demandante: María Emma Gómez Mejía.
18. Lo anterior, según se desprende de la exposición de motivos del Proyecto de Ley 44 de 2005 Senado, “por medio de la cual se reglamenta el pago de las cesantías parciales a los servidores públicos y se fijan términos para su cancelación”, publicado en la Gaceta del Congreso 495 de 08 de agosto de 2005; que en su tenor literal señaló:
“(...) De otra parte el proyecto de ley se complementa con la Ley 244 del 29 de diciembre de 1995 también de mi autoría, que establece términos precisos para la cancelación de las Cesantías Totales a todos los servidores públicos y que desarrolla parte del artículo 53 de la Constitución, enunciado al comienzo de este escrito, el cual se refiere a la garantía que el Estado debe dar al pago oportuno.
Por lo anterior, considero muy oportuno intentar nuevamente reglamentar el tema de las cesantías parciales porque el Estado debe respetar los principios de celeridad, transparencia, eficiencia y eficacia, aún más con sus empleados. (...)”.
19. Ponencia para primer debate al proyecto de Ley 44 de 2005 Senado, por medio de la cual se reglamenta el pago de las cesantías parciales a los servidores públicos y se fijan términos para su cancelación, autor: Germán Vargas Lleras, publicado en la gaceta del Congreso 564 de 25 de agosto de 2005.
20. Sentencia de la Corte Constitucional SU 336-2017
22. Gaceta del Congreso 225 de 1995, página 1.
23. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, providencia de 06-09-2017, Radicación: 11001-03-15-000-2017-02030-00, demandante: Mercedes Medina Tafur, demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro.
24. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 27 de marzo de 2007, consejero ponente: doctor Jesús María Lemus Bustamante, Número Interno 2777-2004, demandante José Bolívar Caicedo Ruíz.
25. Como consta en la Resolución 5558 de 17 de noviembre de 2011, folio 8.
26. Folios 8 a 10.
27. Por haberse presentado la solicitud en vigencia del Código Contencioso Administrativo (D. 1º/1984)
28. Folio 12
29. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, consejero ponente: Luis Rafael Vergara Quintero, Sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ004 de 2016 de fecha 25 de agosto de 2016, radicación: 08001 23 31 000 2011 00628-01 (0528-14), demandante: Yesenia Esther Hereira Castillo.
30. Ver sentencia de unificación jurisprudencial de la Sección Segunda del Consejo de Estado CE-SUJ004 de 2016.
31. Mediante la cual la Corte declaró exequible el parágrafo transitorio del artículo 3º de la Ley 244 de 1995, y allí considera: “Así, el parágrafo del artículo 2º de la Ley 244 de 1995 consagra la obligación de cancelar al beneficiario “un día de salario por cada día de retardo”, sanción severa que puede ser, en ocasiones, muy superior al reajuste monetario, por lo cual no estamos, en estricto sentido, frente a una protección del valor adquisitivo de la cesantía sino a una sanción moratoria tarifada que se impone a las autoridades pagadoras debido a su ineficiencia (…) En ese orden de ideas, no resulta razonable que un trabajador que tenga derecho a la sanción moratoria impuesta por la Ley 244 de 1995 reclame también la indexación, por cuanto se entiende que esa sanción moratoria no sólo cubre la actualización monetaria sino que incluso es superior a ella” (Resaltado no es del texto original).
32. Por mencionar una de tantas, se puede consultar la Sentencia del 31 de enero del 2008 de la Sección Segunda, Subsección A, radicado interno 7749-05, CP Alfonso Vargas Rincón.
33. Sentencia del 5 de agosto de 2010 de la Sección Segunda, Subsección B, radicado interno 1521-2010, CP Víctor Hernando Alvarado Ardila.
34. Como consta en la Resolución 5558 de 17 de noviembre de 2011, folio 8.
35. Folios 8 a 10.
36. Folio 12.
37. Al respecto ver Sentencias de 7 de abril de 2016, proferidas por la Subsección “A” de la Sección Segunda, C.P. William Hernández Gómez, Expedientes: 4492-2013, demandante: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.

References: artículo 15
 artículo 19
 artículo 123
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 4
 artículo 2
 resolución 
 Resolución 
 artículo 4
 resolución 
 Resolución 
 artículo 151
 artículo 151
 artículo 99
 artículo 13
 artículo 365
 artículo 76
 Artículo 15
 artículo 53
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 2
 Resolución