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Timestamp: 2019-06-19 05:04:08+00:00

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15338-60902-1-PB
Subido por Max Anthony Suarez Rojas
El abuso del derecho y el fraude de la ley
en el nuevo Título Preliminar del Código
Civil español y el problema de sus
recíprocas relaciones(*)
Catedrático de Derecho Civil de la Facultad de
l. INTRODUCCION.
El apartado 1º de la base 3ª de la Ley de Bases
para la modificación y reforma del Título Preliminar
del Código Civil, decía lo siguiente: "al regular la efi-
cacia general de las normas jurídicas se determinarán,
con arreglo a los criterios ya contenidos en el Código y a
las orientaciones de la doctrina y de la jurisprudencia, las
consecuencias de la ignorancia de la ley, del error de
derecho y de los actos contrarios a normas imperativas",
añadiendo inmediatamente después que "con iguales
criterios se configurará la exigencia de la buena fe como
requisito de los actos jurídicos y la sanción de los ejecutados en fraude de la ley o que impliquen manifiesto abuso o
ejercicio antisocial del derecho".
El Decreto 1836/1974, por el que se sanciona
con fuerza de ley el texto articulado del Título Preliminar del Código Civil, ha desarrollado las directrices de la Ley de Bases, dedicando una regla a los
actos realizados en fraude de la ley (artículo 6º
apartado 4º) y otra al abuso del derecho (artículo 7º
apartado 2º), ambas situadas dentro del Capítulo III,
que lleva como rótulo "De la eficacia general de las
ral de las normas jurídicas, luego de reiterar con algunos
perfeccionamientos disposiciones ya contenidas en el Código, introduce como innovaciones de sumo interés y muy
justificada necesidad la sanción del fraude de la ley y la
del abuso del derecho". De esta suerte las dos figuras,
enlazadas en la Ley de Bases y ligeramente separadas en el texto articulado, vuelven otra vez a unirse.
La Exposición de motivos añade que, "para obtener la
descripción sintética de las situaciones representativas de
uno y otro se han tenido especialmente en cuenta las
enseñanzas de la doctrina y la jurisprudencia, así como
algún antecedente legislativo y de Derecho comparado".
No parece, por ello, tarea impertinente tratar
de perfilar la forma en que nuestro texto vigente del
Código Civil ha recogido y descrito ambos fenómenos, así como las consecuencias que de ellos se
pueden extraer y, más allá de la exégesis o delcomentario, pueden también tratarse de establecer, si
de verdad existe, la relación, el parentesco o el enlace entre ambas figuras.
2. EL ABUSO DEL DERECHO.
La Exposición de motivos, que precede al texto del citado Decreto, dice, al referirse a las figuras
en cuestión que, "el capítulo dedicado a la eficacia gene-
Suele afirmarse casi siempre que la figura del
abuso del derecho es relativamente moderna y que
se produjo como una reacción frente al Derecho ro-
Agradecemos al Dr. Luis Díez-Picazo y Ponce de León la autorización para la publicación del presente artículo en nuestras páginas.
mano, donde rigió, por el contrario, la regla conforme a la cual el que usa de su derecho no lesiona a
nadie, no causa ningún daño o no lo produce con
dolo (qui suo iure utitur neminem laedit, nullus videtur
vo consistente en una limitación de orden público,
puesta a la fabricación de edificios construidos ad
aemulationen alterius civitatis. El texto (Macer, libro 2º
de oficio praesidis) dice lo siguiente: "Opus novum
dolo [acere qui suo iure utitur).
privato etiam sine principis autoritate [acere licet,
praeterquam si ad aemulationem alterius civitatis
pertineat vel materia seditionis praebeat vel circum
teatrum vel auf sit ".
La palabra aemulatio, que tiene ongmaria-
Sin embargo, se ha observado también que
los textos de donde tales máximas se extrajeron, proceden todos ellos del Digesto justinianeo y dentro de
él del Título XVII del libro 50, que lleva como rúbrica "De diversis regulis iuris antiqui", donde se encuentran señaladamente un texto de Gayo (fr. 55) y
otro de Paulo (fr. 151 y 155). Es muy probable que,
como en tantas otras materias, en su origen estos
textos no hubieran sido otra cosa que piezas de argumentación utilizadas para resolver cuestiones
muy concretas. Parece demostrarlo así el hecho de
que el fragmento de Gayo proceda de un libro 11 "De
Testamentis ad Edictum Urbicum" y los de Paulo procedan de los libros de "Comentarios sobre el Edicto del
Pretor". Algunos romanistas han señalado incluso
que Digesto, 50, 17, 55, se refiere probablemente al
mismo caso tratado por Ulpiano en Digesto, 29, 4, 6,
3. El edicto trataba de impedir que el heredero testamentario pudiera repudiar la herencia deferida
por testamento y aceptarla ab-intestato, para quedar
de esta manera libre de obligaciones en relación con
legados y fideicomisos. El juego de la revocación
testamentaria y de la aceptación ab-intestato sería
una maniobra dolosa, que no se produce, sin embargo, cuando el propio testador lo ha autorizado.
Las palabras nullus videtur dolo [acere qui suo
iure utitur no tienen, pues, otro sentido que el de
expresar la consecuencia lógica según la cual quien
permanece dentro del ámbito de su propio derecho
no puede ser acusado de dolo o de la comisión de
Lo mismo se puede decir respecto del llamado derecho intermedio, en el cual, sin embargo, el
trabajo paciente de la glosa permitió la construcción
del concepto de "acto de emulación". La prohibición
de los actos de emulación, verosímilmente debida al
influjo paulatino de los principios éticos cristianos,
se produce a través de un procedimiento de extensión de soluciones romanas a casos concretos, como
es, señaladamente, la glosa in suo facit a Digesto, 8, 5,
8, donde la prohibición de los actos de emulación se
liga con la materia de las aguas y de los humos
(fumus ex taberna casiaria). A estos casos originarios,
se van, poco a poco, añadiendo otros que se deben
fundamentalmente al aumento de la población dentro de las áreas urbanas (edificios, luces, etc.). Por
ello, una gran parte del trabajo de la glosa se concentra en el comentario de Digesto, 50, 10, 3, que se refiere a las construcciones y que originariamente contenía sólo una disposición de Derecho administrati-
mente el sentido de rivalidad, en Cino de Pistoya y
en Baldo, pasa a significar una inhonesta consideratio,
y el acto de emulación es un acto, referido al derecho de propiedad, inficionado por una determinada
carga psicológica (animus nocenal).
La moderna figura del abuso del derecho, superando la estrecha concepción inicial de los actos de
emulación, comienza a dibujarse en la jurisprudencia
francesa del siglo XIX para vetar algunos comportamientos o actividades que, sin embargo, se encontraban dentro de los límites fijados por las normas de la
codificación napoleónica, es decir, dentro de la legalidad, sobre la que tanto insistió aquella codificación.
Se puede considerar como caso directivo el
decidido por el Tribunal de Colmar en el año 1855,
donde se afirma que el derecho de propiedad, así
como el ejercicio de cualquier otro derecho, debe
tener como límite la satisfacción de un interés serio
y legítimo. Esta inicial jurisprudencia, que se desenvuelve sobre todo en el marco del derecho de propiedad, alcanza después un significado mucho más
general. Por ejemplo, en materia de derecho hipotecario, de derecho de acción, de derecho de obligaciones, de patria potestad o de potestad marital.
En el Derecho alemán, en la doble redacción
del proyecto del Código Civil, aparece en primer
lugar la vieja prohibición de los actos de emulación,
que en el proyecto primero se refería únicamente al
derecho de propiedad, pero que en el texto definitivo se refirió al ejercicio de cualquier derecho subjetivo. El parágrafo 226 dice en este sentido que "el
ejercicio de un derecho es inadmisible si sólo pudo haberse
ejercitado con la finalidad de causar daños a otros". La
doctrina y la jurisprudencia, sin embargo, han ampliado el alcance de la regla, trasladándola de la
intención emulativa al carácter objetivamente inadmisible, sirviéndose para ello del parágrafo 242.
En nuestro país, la doctrina de la admisibilidad del abuso del derecho ha encontrado aplicación
en algunas leyes especiales. El artículo 9º. de la
L.A.U. establece que los Jueces y Tribunales rechazarán las pretensiones que impliquen manifiesto
abuso de un derecho normal o ejercicio del mismo.
Sin embargo, ha sido la jurisprudencia de
nuestro Tribunal Supremo quien la ha consagrado
con carácter general. Es particularmente importante
la decisión contenida en la sentencia del Tribunal
Supremo de 14 de Febrero de 1944 (Compañía Catalana de Gas y Electricidad contra Consorcio de la
zona de Barcelona), de la que no parece necesario
recordar más que este párrafo:
". . . los derechos subjetivos, aparte de sus
límites legales, con frecuencia defectuosamente precisados, tienen otros de orden moral,
teleológico y social, e incurre en responsabilidad el que, obrando al amparo de una legalidad
externa y de un aparente ejercicio de su derecho, traspasa, en realidad, los linderos impuestos al mismo por la equidad y la buena fe,
con daño para terceros o para la sociedad; tesis
ésta que ha sido patrocinada también por la
doctrina científica patria, que ha reconocido y
perfilado el concepto del abuso del derecho,
considerándolo integrado por estos elementos
esenciales: a) uso de un derecho objetivo o
externamente legal; b) daño a un interés no
protegido por una específica prerrogativa jurídica; y, e) inmoralidad o antisocialidad de
ese daño, manifestada en forma subjetiva
(cuando el derecho se actúa con la intención
de perjudicar o sencillamente sin un fin serio y legítimo) ó bajo forma objetiva (cuando
el daño proviene de exceso o anormalidad en
el ejercicio del derecho) ".
Con estos antecedentes se puede comprender
ahora mejor el apartado 2º del artículo 7º de la nueva redacción del Código Civil, donde se lleva a cabo
lo que la Exposición de Motivos llama una "descripción sintética de la situación representativa" del fenómeno y se trata de extraer de él unas determinadas
El texto legal, recién entrado en vigor, dice lo
siguiente: "La Ley no ampara el abuso del derecho o el
ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que
por la intención de su autor, por su objeto o por las
circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con
daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso".
La descripción del fenómeno parece seguir
una línea intermedia o ecléctica, que sale de una
posición nítidamente subjetiva que se sitúa ante los
puros actos de emulación (actos realizados con intención de dañar) o ante la falta de carácter serio y
legítimo de la finalidad perseguida, para objetivar el
supuesto a través de las características de extralimitación o de traspaso manifiesto de los límites normales del ejercicio de un derecho. El centro de grave-
dad se coloca así sobre la pura idea de la normalidad
del ejercicio, considerándose como antisocial todo
ejercicio anormal. Del criterio de la normalidad cabe
decir sólo que constituye un tipo abierto, que da
lugar a un ejercicio, que en buena medida tendrá
que ser arbitrario y cuyo contenido sólo podrá ir
llenando paulatinamente una jurisprudencia progresiva.
Sin embargo, como perfiles generales de la
figura descrita en el vigente artículo 7º del Código
Civil, se pueden destacar los siguientes:
1º La identidad o sinonimia que en el texto legal
parecen tener las nociones de "abuso de derecho" y
de "ejercicio antisocial de los derechos".
2º Los actos de ejercicio de los derechos pueden ser
abusivos o antisociales no sólo por la intención de
su autor, sino también con carácter objetivo, por
sobrepasar manifiestamente los límites normales
3º El abuso o el ejercicio antisocial de los derechos
puede cometerse lo mismo por acción que por
4º Finalmente, se hace entrar en la noción la idea que
el acto abusivo o antisocial, para serlo, debe producir "daño para tercero". Lo cual plantea el arduo
problema de la caracterización general del daño,
que en un sentido muy amplio puede ser considerado, y ésta parece haber sido la intención del
legislador, como cualquier necesidad de realizar
un sacrificio o cualquier producción de una desventaja, pero que en un sentido más técnico parece
exigir la lesión de bienes jurídicos especialmente
protegidos. Si esta última fuera la posición que se
adoptase, el abuso del derecho sólo aparecería
como posible frente a un bien jurídico o a un interés
jurídicamente protegido y no frente a situaciones
de mera expectativa o situaciones no especialmente
tuteladas, aun cuando también en ellas el acto
pueda ser abusivo.
Nosotros nos inclinamos por pensar que el
daño no es un factor esencial de la idea de abuso,
sino sólo un presupuesto del efecto indemnizatorio.
Sin daño efectivo, el acto puede ser abusivo y determinar la producción de otro tipo de consecuencias
jurídicas. ¿Cuáles son éstas?
Los efectos del abuso de un derecho subjetivo
aparecen regulados con bastante claridad en el nuevo texto legal:
1º Los actos realizados con abuso son actos que traspasan los límites del derecho y que deben ser, por
ello, considerados como extralimitaciones. En consecuencia, son actos ilícitos y la ley los priva de su
amparo: "la ley no ampara".
2Q Cuando el acto abusivo es dañoso, no entra en
juego la exclusión de la antijuridicidad y, por consiguiente, de la responsabilidad, que normalmente
derivaría del hecho de haber actuado el causante
del daño en el ejercicio de un derecho. El carácter
abusivo o antisocial es así una circunstancia impeditiva de la exoneración de la responsabilidad por
el carácter justo de la acción, de manera que el daño
se transforma en indemnizable y resarcible. El
perjudicado dispone de una acción dirigida a obtener el resarcimiento del daño.
3Q Por último, el sujeto pasivo del abuso dispone de
una acción o de una pretensión de casación, dirigida a obtener la terminación de la situación abusiva
o vejatoria. Parece laudable el texto vigente cuando
no ha limitado las consecuencias jurídicas del acto
abusivo al resarcimiento del daño y las ha extendido a lo que se llaman "medidas impeditivas de la per-
sistencia en el abuso".
El texto no concreta cuáles pueden ser estas
medidas, por lo que su atipicidad legal habrá de ser
configurada en cada caso por los órganos competentes. La Exposición de Motivos parece que admite, en
este sentido, cualquier condena de hacer o de no
hacer, que sea además susceptible de "ejecución en
forma específica ".
Finalmente, hay que subrayar que, según el
texto legal, las medidas impeditivas de la persistencia del abuso, pueden ser tanto medidas judiciales
como medidas administrativas.
Por lo que se refiere a las primeras (medidas
judiciales), creemos que tendrán que consistir en
una resolución judicial, en forma de sentencia, en
la que se contenga, como antes decíamos, una
condena de hacer o no hacer. Esta sentencia tendrá
que ser dictada tras un proceso contradictorio, en
el cual cabrá adoptar -si la Ley de Enjuiciamiento
lo permite y nuestra Ley de Enjuiciamiento es para
ello muy restrictiva- medidas cautelares de
Mayores dificultades presenta el averiguar
cuáles son las medidas "administrativas" que el texto
menciona también. No parece que el artículo 7Q del
Código Civil suponga una plena legitimación de la
Administración Pública, ni una atribución de competencia a la misma, en toda su posible escala de
órganos, para adoptar medidas de preservación de
los particulares frente a los abusos. Entiendo que la
norma del Código Civil es de mera remisión y que la
autoridad administrativa tendrá legitimación y
competencia cuando se la atribuyen las leyes especiales por las que se rija.
3. EL FRAUDE DE LA LEY.
Existen en la doctrina civilista varios intentos
de construir una teoría general del fraude, como fenómeno unitario dentro del Derecho Civil. De entre
ellos, podemos hacer referencia a dos: el primero es
el ensayado por Luigi Carraro ("Valore attuale de la
massima 'fraus omnia corrompit' ", Rivista Trimestrale
di Diritto e Procedura Civile, 1949) y el segundo el de
José Vidal (Essai d'une theorie générale de la fraude en
Droit franc;ais, París, 1957).
A juicio de Carraro, en los supuestos en que
el fraude, por su frecuencia y relevancia, ha asumido aspectos típicos, el legislador lo ha castigado con
normas particulares. En otros casos, el elemento de
fraude, con formas diversas, queda en el centro de
un complejo de hechos que no aparecen especialmente sancionados. Esto debería dar lugar, a juicio
del autor, a una "reconstrucción del concepto de fraude
utilizable en las hipótesis no previstas legislativamente".
A tal fin se puede partir de un examen del grupo de
normas en las cuales el comportamiento fraudulento
aparece como relevante. El significado que en estas
normas y en estas ocasiones adquiere la palabra
fraude no es siempre inequívoco, porque unas veces
indica la astucia y el artificio, otras el engaño y otras
más ampliamente una conducta desleal. Parece, sin
embargo, posible que todos aquellos significados
sean reconducidos a un único concepto, comprensivo de todos, que el autor a que nos referimos, encuentra en la mala fe en sentido objetivo, como actuación desleal o en daño de otro.
El segundo camino que se puede seguir, dice
Carraro, es el de examinar las dos tradicionales especies del fraude, es decir, el fraude de la ley y el
fraude de acreedores, intentando mediante su
aproximación la posibilidad de dar un concepto unitario de fraude. En el fraude de la ley, sobre la base
del Código Civil italiano vigente, se puede encontrar, a su juicio, un elemento objetivo y un elemento
subjetivo, de manera que se contempla una actuación maliciosa del agente y un resultado objetivamente dañoso. Algo parecido ocurre en el fraude
pauliano o fraude de acreedores, en el cual han entrado tradicionalmente como elementos el eventus
damni y el consilium fraudis, si bien "el intérprete no
puede dejar de constatar la evolución experimentada por
el instituto, el cual, por lo menos en sus aplicaCiones más
conocidas, ha trasladado el centro de gravedad del fraude
a otros estados subjetivos del agente". Se ha registrado,
en suma -piensa Carraro-, una progresiva evolución de la revocatoria, que de ser un instituto encaminado a la represión del fraude, pasa a ser una
institución entendida para tutelar de un modo objetivo el interés del acreedor.
Como consecuencia de todo lo analizado,
Carraro llega a la conclusión que la idea de fraude
entra de lleno en la idea general de la mala fe en
sentido objetivo, entendida como comportamiento
contrario a la corrección. El problema subsiguiente
es ya un problema de disciplina jurídica. ¿Qué remedios pueden aplicarse para satisfacer la exigencia
que la tradición, si bien no con un absoluto rigor
jurídico, pero sí al menos con la convicción que la
Moral y el Derecho no operan en planos contrapuestos, quería que se cumpliese mediante la aplicación
de la máxima fraus omnia corrumpit? Para él constituye un problema de política legislativa establecer si
la reacción contra la ilicitud negocial debe llegar
hasta el punto de privar de eficacia el negocio o
debe detenerse en la obligación de resarcimiento del
•• entre el abuso del derecho y el
fraude de la ley existe por lo menos
un elemento común que es la
desviación ( ... ) de las líneas marcadas
por el ordenamiento jurídico ~~.
Un sentido sustancialmente muy próximo al
anterior tiene la tentativa de construir una noción
unitaria de fraude, llevada a cabo por Vidal en la
obra más arriba citada. Vidal constata cómo los Tribunales franceses persiguen el fraude bajo todas sus
formas. La fraude fait exception a toutes les regles de
droit, repiten una y otra vez y afirman en sus decisiones que fraus omnia corrumpit. Sin embargo, un examen, aunque sea superficial de las decisiones y
sentencias, revela que la máxima no tiene siempre el
mismo sentido. En una primera acepción, extraordinariamente amplia, la máxima carece de una significación precisa y los Tribunales al citarla se limitan a
comentar la sanción que el fraude recibe ya en un
mecanismo jurídico específico. Tratan simplemente
de indicar "que todo fraude debe ser sancionado" y de
subrayar la conformidad de las reglas jurídicas con
las reglas morales que prohiben la mala fe. La máxima en tales casos es doblemente imprecisa, pues no
se refiere a ninguna acepción concreta del fraude,
sino que constata simplemente la existencia de una
sanción que no funda. Sin embargo, hay otros casos
en los cuales, a falta de todo medio técnico idóneo
para justificar la sanción de un fraude, los Tribunales invocan en última instancia la máxima y fundan
sobre ella una sanción. Aquí la máxima adquiere sin
duda alguna un sentido preciso y además es ella
sóla la que funda la sanción de un fraude contra el
cual todas las armas del arsenal jurídico han sido
ensayadas sin éxito. Para descubrir, dice Vidal, las
razones profundas de la sanción del fraude, parece
indispensable aislar el fenómeno a estudiar. Para
ello, no se debe centrar la atención en aquellos casos
o hipótesis en que el fraude no sea la única razón
para invalidar un acto jurídico que encuentra ya de
otro modo su sanción en el ordenamiento. En tales
casos se admite sin duda que el fraude pueda producir ciertos efectos, como, por ejemplo, en el terreno de la prueba, facilitándola, o en el terreno de la
represión agravándola, pero no es menos cierto que
en tales casos el fraude no funda o, por lo menos, no
funda por sí sólo una sanción que resulta ya de la
violación del orden jurídico. Las hipótesis que deben ser tenidas en cuenta son aquéllas en que los
Tribunales fundan únicamente sobre el fraude la
sanción de determinados comportamientos o conductas que sin ella no hubieran podido ser reprimidas. Un rasgo común caracteriza a todos estos comportamientos. Todos ellos conducen a un resultado
prohibido, pero, sin embargo, a pesar de ello no está
desprovisto de efectos. Que puedan existir en Derecho cauces tales que permitan hacer aquello que una
regla obligatoria prohibe, o que permitan no hacer
lo que ordena, sin incurrir en las sanciones eficaces
con que la violación de la regla debe estar siempre
necesariamente provista, es algo que puede parecer
a primera vista sorprendente, pero ello puede ocurrir en todos aquellos casos en que la sanción, o no
existe (lex imperfecta), o no permite privar de efectos
al resultado contrario a la regla (lex minus quam perfecta). La teoría del fraude interviene para conseguir
la ineficacia de aquellos comportamientos contra los
cuales la regla jurídica es impotente. El fraude supone la realización de un resultado contrario al derecho: la evitación por el sujeto de derecho de una
regla de conducta imperativa, a la cual tenía la obligación de obedecer y de atender.
A mi juicio, estos intentos de Carraro y de
Vidal marcan un camino exacto. Por encima del
particularismo de los textos legales y por encima de
las aplicaciones legislativas concretas, puede y debe
reconstruirse una teoría general de la represión del
fraude civil y establecer un concepto unitario del
fraude, superando una expresión lingüística que no
es absolutamente inequívoca, ni aparece utilizada
en los textos legales en el mismo sentido. Es posible,
empero, encontrar en la mens legis una serie de raíces
profundas que determinan unas notas unitarias. Según la opinión generalmente admitida, en su sentido primitivo, la palabra fraude fue sinónima de
daño o de perjuicio. Existen numerosos textos romanos en los cuales la idea de fraus se aproxima a la de
damnun o noxa, de tal manera que la traducción de
fraus por daño parece imponerse. Algunos autores
han precisado aquella significación originaria, en el
sentido de que fraus es el daño especial sufrido por
el derecho merced al hecho de su violación. Fraus es
la ruptura de la regla de conducta, la ofensa al derecho, o la violación del imperativo. A la inversa, la
expresión sine fraude significa sin violación de un
Todos los autores, sin embargo, están de
acuerdo en admitir que este sentido primitivo de la
palabra fraus sufrió una evolución no muy bien conocida en el lenguaje romano y que probablemente
ya en la época final de la República se empleó en el
sentido de astucia, ardid, engaño, etc. Este nuevo
sentido de la palabra fraus, empleada como engaño
o deslealtad, aparece en los textos de Plauto, de
Cicerón y de Tito Livio. Se aproximan las palabras
fraus, fallacia, y dolus y se oponen a fides y a veritas.
Al mismo tiempo, no debe perderse de vista
que, según parece probable, la palabra literal fraus
posee su raíz más arcaica en el término frus, del que
proceden las palabras frustrar y frustración, de
modo que, en el sentido etimológico de la palabra
fraus, se encuentra también la idea de hacer vano,
eludir, sustraer y la de encontrar un pretexto o un
subterfugio y determinar una esperanza fallida, una
desilusión o un desencanto.
Quizá sea mediante recopilación de todos estos elementos como puede entenderse la idea general de fraude. En el fraude hay siempre, por una
parte, un medio o mecanismo utilizado y, por otra,
un fin o un resultado perseguido y conseguido. El
medio o mecanismo se presenta, prima facie, como
un aparato engañoso, como un subterfugio, como
un ardid. El resultado final es una frustración, en el
sentido antes apuntado, de haber hecho vano algo,
de haberlo eludido, o de haber destruido una spes
que de tal modo resulta fallida.
Aplicada esta idea dentro del mundo de los
fenómenos jurídicos, aparece, a nuestro juicio, efectivamente claro que el fraus es una determinada
manera de comportarse frente a los deberes jurídicos que se imponen a las personas. Frente a las reglas de derecho y a los deberes jurídicos puede la
persona infringirlos de una manera frontal y
paladina. Se produce entonces una evidente contravención de la norma y un acto contra legem. El acto
fraudulento es una manera de eludir las reglas de
derecho, de hacerlas vanas y de sustraerse a ellas no
infringiéndolas frontalmente, sino buscando un medio artificioso o un subterfugio.
Si del campo de la observancia de las reglas
de derecho trasladamos el ángulo o la perspectiva al
de los deberes jurídicos, la idea vuelve a ser la
misma: se trata de no cumplir un deber jurídico articulando un medio o mecanismo que permite artifi-
cialmente eludirlo. Como quiera que todo deber jurídico protege intereses y derechos de terceros, en
muy buena medida el fraude podrá ser también un
medio ilícito de vulnerar y lesionar derechos
terceros, sin caer en una contravención frontal o directa.
Aun cuando los romanos no llegaron jamás a
construir una teoría general del fraude, como reflexión casuística sobre las formas más importantes
que el fraude reviste, llegaron a establecer dos grandes categorías, que han recibido en la doctrina posterior el nombre de fraus patroni veZ creditorum y de
El fraus patroni aparece en el edicto del Pretor,
en una serie de textos cuya existencia se encuentra
atestiguada por Cicerón. Las disposiciones del
Pretor se dirigen a hacer revocar aquellos actos fraudulentos por medio de los cuales los libertos vulneraban el derecho sucesorio de su patrono haciéndose insolventes. Omne autem quaequmque in fraudem
patroni gestum est revocatur. Se le conceden al patrono las acciones pretorias, denominadas fabiana en el
caso de la sucesión testamentaria y calvisiana en el
caso de la sucesión ab-intestato, para revocar los
actos del liberto. Dos condiciones se exigen para la
viabilidad de estas acciones: el perjuicio sufrido por
el patrono y un elemento intencional que consiste en
la voluntad del liberto de sustraer los bienes al derecho sucesorio del patrono.
El fraus creditorum ha sido sancionado por el
Pretor sobre el ejemplo del fraus patroni y mediante
una serie de medidas excepcionales que culminan
en la restitutio in integrum ob fraudem. Dos condiciones son también requeridas para la puesta en práctica de estas acciones: el eventus damni o elemento
objetivo consistente en el perjuicio sufrido por los
acreedores y el llamado consilium fraudis o fraudandi
causa, que es un elemento subjetivo, más difícil de
definir, ya que en ocasiones parece radicar en la
intención maliciosa o voluntad del deudor de perjudicar a sus acreedores y en otras simplemente en el
conocimiento de la existencia de los créditos y de
que el acto convierte a su autor en insolvente.
Al lado de los textos que hablan de un fraus
creditorum, aparecen también en las fuentes romanas
una serie de textos que hablan del fraus legis. Como
señala Vidal, en la obra citada, es cierto que los romanos no construyeron una teoría general del fraus
legis, pero es cierto también que existieron numerosísimas intervenciones legislativas y jurisprudenciales para luchar contra ciertos fraudes, como, por
ejemplo, contra los fraudes cometidos mediante la
interposición de persona en materia de usura o
contra el ejercicio fraudulento del ius migrandi por
los latini veteres. Tampoco la sanción aparece uni-
forme y la mayor parte de las veces es empírica: una
multa, el exilio, etc. A partir de la época clásica, sin
embargo, la sanción más frecuente parece haber
constituido en la aplicación del texto que se había
querido eludir.
Una cierta generalización del problema aparece en la época de Paulo y de Ulpiano, de la cual
proceden los famosos textos en los cuales se contraponen el contra legem agere y el in fraudem legis agere.
El texto de Paulo, que es el más conocido, dice así:
"contra legem facit qui id facit quod lex prohibet; in
fraudem vera qui salvis verbis legis setentiam eius
circumvenit ". Esto es: viola la ley aquél que hace
aquello que la ley prohibe y defrauda la ley aquél
que, respetando su letra, elude el espíritu o voluntad de la ley. La diferencia nace de la apreciación
entre las verbas o litterae de la ley, por una parte, y la
mens o setentia legis, por otra. Según este punto de
vista, el fraude sería respetar la letra violando el
El punto de vista romano se recogió y se
desenvolvió en la doctrina romanista. Bartola y Baldo intentan en el siglo XIV una clasificación del
fraude: fraude de la ley (in fraudem legis), fraude del
tesoro (in fraudem fisci) y fraude de otro (in fraudem
alterius). El fraus fisci no parece, sin embargo, una
categoría autónoma y entra con el fraus creditorum en
la categoría más amplia del fraus alterius. Aparecen
de esta manera dos tipos generales de fraude, el
fraude de la ley o fraus legis y el fraude a los derechos de otro, que los postglosadores llaman fraus
En el derecho posterior ambas categorías se
van a mantener si bien recibirán respectivamente
alguna ampliación. En el fraus alterius o fraus hominis
se insertaron los fraudes a los derechos de los acreedores, el fraude a derechos señoriales y el fraude
cometido por el marido a los derechos de la mujer
en el régimen de comunidad de bienes. Por su parte,
se conservará la figura del fraude de la ley, si bien el
principio de pluralidad de ordenamientos jurídicos
(fueros, costumbres, estatutos, etc.) y el principio de
territorialidad de la ley darán nacimiento a una
nueva forma de fraude que consistirá en encontrar
cobertura para el acto fraudulento en un ordenamiento jurídico diverso de aquél que se quiere eludir, figura esta que encuentra su pleno desarrollo en
Resumiendo esta evolución, encontramos,
como hemos dicho, dos grandes formas de fraude.
Por un lado, el llamado fraus alterius o fraus hominis
que existe en todos aquellos casos en que una persona vulnera o lesiona los derechos de otra (acreedor,
cónyuge, etc.), mediante un acto que trata de ampararse en una norma de cobertura que, al me-
nos, prima facie, parece protegerlo. En la figura del
fraus legis no aparece, en cambio, la finalidad de la
violación de los derechos de un tercero, sino simplemente la de eludir una regla obligatoria y
consiguientemente un deber jurídico. Sin embargo,
si recordamos ahora que la contrapartida de todo
derecho es también un deber jurídico, podremos
comprobar cómo una y otra de las formas de fraude
aparecen legadas por una característica común. En
uno y otro caso se trata de eludir el cumplimiento de
un deber jurídico, que en ocasiones lleva como contrapartida un derecho de otra persona. Según esta
tesis que, a nuestro juicio, es la más acertada, no
habrá más que una única forma de fraude, que con
carácter general es el fraus legis, o violación de un
deber jurídico obligatorio, que en ocasiones produce
como consecuencia la vulneración de un derecho de
un tercero. Dicho de otro modo, el fraus alterius o
fraus hominis no es más que un caso particular del
En las líneas anteriores hemos visto ya cómo
todos los ordenamientos jurídicos han considerado
absolutamente necesario luchar contra los actos
fraudulentos y reprimirlos. Ello se ha hecho posible
en buena parte mediante el establecimiento de una
disciplina normativa más acabada y concreta que
completa la tradicional represión legislativa, que
atañía únicamente a los actos realizados en fraude
de acreedores. Muchos códigos y ordenamientos
modernos han incluido en sus textos normas dirigidas a reprimir el fraude de la ley en sus posibles
aplicaciones en el campo del Derecho Internacional
Privado, como ocurre en el reciente Código portugués (artículo 21 º). En otros, la represión se ha dirigido hacia los llamados negocios jurídicos celebrados en fraude de la ley, como acontece en el artículo
1344º del Código Civil italiano, según el cual se reputa lícita la causa de un contrato, cuando el contrato constituye un medio de eludir el cumplimiento de
una norma imperativa. En otros casos la consagración se ha producido por vía doctrinal y jurisprudencia!. Ocurre así en el Derecho alemán, donde la
doctrina y la jurisprudencia han incluido en el parágrafo 134 del B.G.B. la condena de los negocios en
La doctrina de la represión del fraude de la
ley goza de clarísimos y constantes precedentes
doctrinales en toda la tradición jurídica europea y su
consagración se ha producido en todos los ordenamientos jurídicos europeos hace muchísimos años.
Algunos autores han señalado que existe una versión antigua y una versión moderna del fraude. Se
ha llamado "versión antigua" del fraude a aquellas
formas de fraude posibles en los estadios históricos
en que domina el legalismo, técnica interpretativa
del ius strictum o interpretación literal de la ley. En
tales estadios históricos, sin duda primitivos, sólo
son actos contrarios a la ley aquéllos que vulneran la
letra expresa de un precepto. En cambio, cuando el
acto, o la serie de actos, se mantiene fiel a la letra,
pero violenta el espíritu (mens legis), el acto es un
acto de fraude de la ley. Más que hablar de una
"versión antigua" habría que hablar de una versión
antiquísima o primitiva del fraude. Es la idea que
luce en el texto de Paulo que más arriba hubimos de
citar. Sin embargo, cuando la interpretación deja de
ser una interpretación legalista y literal, para tratar
de buscar la voluntas legis o la voluntas legislatoris, es
claro que aquellos actos que, aunque aparezcan
ajustados a la letra, violentan el espíritu de la ley,
son también actos contrarios a la ley. Se produce
entonces un ensanchamiento del área de los actos
contra legem, que a su vez restringe el área de los
actos in fraudem legis. Es en este momento histórico
que, probablemente hay que situar en el período
postclásico del Derecho romano y en el humanismo
europeo de los siglos XII a XIV, cuando aparece la
llamada "versión moderna" del fraude, aunque de lo
dicho se desprende que su "modernidad" es sólo relativa, por cuanto que goza de una antigüedad de
varios siglos. Esta forma moderna del fraude consiste en lo que se ha llamado una circunventio legis, o lo
que es lo mismo, lo que los alemanes llaman una
Gesctzumgehung. Los autores del fraude realizan una
circunventio legis o, si se prefiere, una "circunvolución" de la ley, esto es, utilizan un medio indirecto
para eludir la aplicación de la norma, tratando de
ampararse en otra ley que sólo de manera aparente
protege el acto realizado. El mecanismo de la
circunventio legis presupone la existencia de dos
normas: la llamada ley de cobertura y la ley defraudada, de tal manera que para eludir la segunda se
busca por un medio indirecto la protección de la
primera. Este es el verdadero mecanismo del fraude
de la ley, en su versión actual, que goza, corno hemos visto, de amplísimos y seculares precedentes y
cuya represión en la actualidad se encuentra consagrada doctrinal y jurisprudencialrnente e incluso en
algunos casos legislativarnente, en todos los ordenamientos europeos.
Creo que es bajo esta óptica en la que hay que
analizar el apartado 4º del nuevo artículo 6º de nuestro Código Civil.
Según este apartado, "los actos realizados al
amparo del texto de una norma, que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a
él, se considerarán ejecutados en fraude de la ley y no
impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiera
tratado de eludir". El texto en cuestión describe, en
líneas generales, la figura que nos ocupa, pero en
esta descripción no se ha conseguido una precisión
a) En primer lugar, se habla de "actos realizados al amparo del texto de una norma". Con ello se
plantean, a nuestro juicio, dos órdenes de problemas. En primer lugar, parece que el amparo lo proporciona un "texto", es decir, la inteligencia o el
sentido literal del precepto, que sería de esta manera
contrario a su espíritu o a su sentido finalista. Corno
hemos puesto de relieve anteriormente, en los casos
en que el amparo normativo sea solamente textual,
no creernos que haya verdadera ley de cobertura, si
tal cobertura fuera contraria al espíritu de la propia
norma. Quizá por ello hubiera sido preferible suprimir la referencia al "texto" y hablar sin más de actos
realizados al amparo de una ley. Por otra parte, es
menester, para que se produzca el verdadero fraude
de la ley que el amparo del texto de una norma o al
amparo del texto de una norma no signifique una
suficiente protección. Y este matiz diferencial e importante no ha quedado suficientemente dibujado
en el nuevo artículo 6º. Si el acto se realiza con amparo en una norma que le otorga protección suficiente, el supuesto, corno dicen De Castro y Castán,
será un supuesto de concurrencia o choque de leyes
que habrá de debatir con la respectiva jerarquía que
entre sí tengan tales leyes según los principios
b) En segundo lugar, parece conveniente destacar que, en el nuevo artículo 6º, el fraude se coloca,
por lo menos a primera vista, en una línea subjetiva,
pues se dice que los actos han de perseguir un resultado prohibido. Toda la evolución moderna del
fraude consiste, sin embargo, a nuestro juicio, en un
intento de despegarse de la original línea subjetiva,
sin tener que entrar a discernir cuáles fueron las
intenciones o las motivaciones que impulsaron a los
e) En tercer lugar, el fraude, corno contravención y corno violación, en el nuevo artículo 6º, se
considera corno un enfrentamiento con la totalidad
del ordenamiento jurídico, puesto que se habla de
un "resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o
contrario a él". Creernos que esa configuración es extraña a la genuina teoría del fraude de la ley. En el
fraude de la ley, corno el propio nombre del fenómeno indica, lo que se defrauda no es el ordenamiento
en bloque, sino una ley concreta. Ley que, además,
ha de ser considerada en la finalidad práctica por
ella buscada.
El texto del artículo 6º es equívoco, porque,
en definitiva, se mantiene en este terreno cuando en
el inciso final se habla de "norma que se hubiera tratado de eludir". Aunque el inciso final pueda integrarse
con el inicial, no deja de existir entre ambos una
cierta contradicción que desdibuja bastante la descripción de la figura. Pues una cosa es un resultado
prohibido por el ordenamiento jurídico en bloque o
contrario a él en bloque -lo que podrá ocurrir sin ley
prohibitiva concreta, por pura contradicción sistemática de un conjunto normativo- y otra cosa distinta es un acto que trata de eludir una norma concreta y determinada.
En síntesis, el nuevo texto del artículo 6º
merece plácemes en la medida en que ha recogido
el fenómeno y en que ha realizado un notorio esfuerzo para aislarlo, pero merece alguna crítica por
las imprecisiones en que puede haber incidido al
4. LA RELACION EXISTENTE ENTRE
LAS FIGURAS DEL FRAUDE DE LA
LEY Y DEL ABUSO DEL DERECHO.
Aludimos al principio a esta cuestión, sugerida por la estrecha vecindad, por la inmediata proximidad de uno y otro fenómeno en el texto de la Ley
de Bases de 1973 y en la Exposición de motivos del
texto de 1974. Dentro del propio Código, aunque se
haya producido algún distanciamiento (artículos 6º
y 7º), la vecindad continúa, sobre todo como consecuencia del albergue de ambas figuras en un capítulo común que trata de los "efectos de las normas".
¿Cuál puede ser esta relación entre abuso del
derecho y fraude de la ley? La existencia de una
relación de parentesco de una y otra figura ha sido
muchas veces señalada. La apuntaba, por ejemplo,
Josserand. De acuerdo con el punto de vista del grupo de autores al que pertenece el citado, la relación
que buscamos sería una relación de género a especie, dentro de la cual el abuso del derecho será un
concepto genérico o más comprensivo, mientras que
el fraude de la ley no será otra cosa que una forma
concreta de cometer un abuso de derecho. Al lado
de esta opinión aparecen otras, próxima a las anteriores que sitúan abuso del derecho y fraude de la
ley dentro de lo que se podría llamar genéricamente
infracciones indirectas de los imperativos legales,
aunque no se aclare, cómo se establece la distinción
o la escisión dentro de esa supuesta categoría genérica.
Entre nosotros el profesor De Castro, estableciendo una nítida distinción teórica entre las dos
figuras, de algún modo las aproxima al considerar
necesaria la diferenciación. En algún momento llega
De Castro a llamar al fraude de la ley "abuso del Derecho", con mayúscula, esto es, del derecho objetivo.
En un caso, dice, se parte del derecho subjetivo y de
su naturaleza, mientras que en el otro hay un mal
abuso del derecho objetivo.
A m1 JUICIO, no cabe la menor duda de
que entre el abuso del derecho y el fraude de la ley
existe por lo menos un elemento común que es la
desviación que se trata de conseguir respecto de las
líneas marcadas por el ordenamiento jurídico. Haciendo completa abstracción de los elementos
intencionales, de los que, tanto una como otra
institución pudieran aparecer cargadas en un
primer momento, la característica común de ellas en
el momento actual parece estribar en el repudio o el
rechazo de la obtención o del intento de obtención
de un resultado contrario al ordenamiento jurídico
positivo, que busca, sin embargo, su apoyo o su
cobertura en el propio ordenamiento. Por esto, probablemente, es acertado situarlos en este capítulo
del Código que habla de los "efectos de las normas" y,
situarlos dentro de tales efectos entre los efectos de
la inobservancia de las normas. Se trata de ir cerrando
el sistema para repudiar, como decía, no sólo las
contravenciones, sino las formas más sutiles de infracción que puedan pretender tener amparo en el
Ello es claro, por definición, en el fraude de la
ley. Pero es claro también en el abuso del derecho,
en el que lo que se trata de obtener es un resultado
antijurídico, con el apoyo normativo o cobertura que
significan las leyes de otorgamiento y de atribución
de aquellas prerrogativas en que el derecho subjetivo consiste y de las reglas que señalan un contenido
Lo que está probablemente en juego es la doble caracterización del derecho, en sus dos grandes
formas de contemplación, como derecho subjetivo y
como derecho objetivo y, sobre todo, la configuración de la primera de ellas. La desviación del derecho subjetivo es el abuso del derecho, que se aproxima mucho al fraude de la ley si el derecho subjetivo,
en lugar de contemplarse como situación de poder
se contempla como norma subjetiva. Efectivamente,
las diferencias entre abuso del derecho y fraude de
la ley son más claras si el derecho subjetivo se considera como un poder puesto al servicio de la voluntad individual o como un interés jurídicamente protegido. Para poder hablar de abuso del derecho, es
necesario que el sujeto sea titular de aquella situación a la que llamamos derecho y, además, que
como consecuencia de su ejercicio, se produzca un
daño para tercero. Por el contrario, el fraude de ley
no exige, necesariamente, al menos, ni el derecho ni
el daño. La única idea consustancial con la figura del
fraude es la idea de deber jurídico: el deber de observancia de la norma que pueda contemplar. Una
de las líneas de posible separación podría ser la de
poner el centro de gravedad del abuso en el derecho
y el centro de gravedad del fraude en el deber. Pero
ello se borra de nuevo si se piensa que derecho y
deber son casi siempre situaciones indisolublemente
La aproximación se lleva mejor a cabo cuando
el concepto de derecho subjetivo se normativiza y el
derecho subjetivo se entiende como norma puesta a
disposición de un sujeto. El sujeto que actúa esta norma para obtener un resultado que otra norma rechaza, abusa de la primera. De algún modo podríamos
decir que las normas de configuración y de atribución de los derechos son las normas de cobertura
que se buscan para obtener el resultado fraudulento.
Sin embargo, continúa siendo verdad que
existe alguna diferencia entre una y otra institución.
Giorgiani ha señalado con acierto, que históricamente el problema del fraus legis se ha presentado
como un problema de límites entre el derecho que
tiene todo particular a servirse de formas negociales
que no están expresamente prohibidas o a realizar
actos jurídicos que no están expresamente vetados y
la privación de tal derecho cuando su ejercicio constituye un medio para eludir disposiciones contenidas en normas imperativas. De aquí se puede extraer, a mi juicio, la conclusión provisional que el
fraus legis opera ante todo cuando el individuo actúa
negocialmente (negocio en fraude de la ley) y, por
extensión, cuando actúa en un campo en que el ordenamiento jurídico le reconoce libertad para constituir, modificar o extinguir relaciones jurídicas.
Los tipos negociales no expresamente prohibidos o genéricamente permitidos se utilizan para
eludir el cumplimiento de una obligación o para lesionar el derecho de un tercero.
En cambio, en el abuso del derecho la persona encuentra una situación acotada por el ordenamiento jurídico como "derecho" y la utiliza, como
nuestra jurisprudencia dice, en daño de un tercero,
que no posee especial derecho y cuyo interés no se
encuentra amparado por una especial prerrogativa
jurídica. En uno y otro caso, de lo que se trata es de
encontrar límites subterráneos o no explicitados a
las normas jurídicas: las normas delimitativas de la
libertad negocia! o las normas delimitativas del ejercicio de los derechos. Si la libertad negocial y el
ejercicio de los derechos, se pueden englobar dentro
del amplio concepto de la autonomía privada, existe
una gran rúbrica común de las dos figuras que estamos estudiando: un límite implícito de la autonomía
privada, consistente en la inadmisibilidad del ejercicio de ésta, siempre que el resultado que con ella se
obtenga sea un resultado no amparado por el ordenamiento jurídico.
Es cierto, sin embargo, que una y otra figura
dan lugar a lo que modernamente se han llamado
"cláusulas generales", en las cuales es necesario
insuflar grandes dosis de arbitrio, más allá de las
estrechas definiciones de los textos legales. Desde
este punto de vista, tanto el abuso del derecho como
el fraude de la ley, determinan una cierta inseguridad jurídica, pero tanto en uno como en otro caso se
trata sobre todo de evitar unos resultados injustos,
sólo aparentemente apoyados en la cobertura de
normas de derecho, cuya finalidad sustancial no era
dicha cobertura. Una vez más, todo el problema se
traslada, en última instancia, a la interpretación del
derecho. Puesto que lo que se está tratando de valorar son finalidades, tanto una como otra figura
están íntima y directamente enlazadas con una concepción teleológica de la interpretación. Hay así dos
grandes grupos de finalidades, cuyo ajuste se busca:
la finalidad que las normas persiguen, la cual, en
casos concretos, se traduce en la finalidad asignada
al derecho subjetivo o, lo que es lo mismo, en la
finalidad de las normas de concesión y de configuración de la situación normativa denominada "derecho" y la finalidad del acto individual, considerado
desde un punto de vista objetivo de acuerdo con sus
resultados. •
instrumentos clave en la lucha contra el fraude. la importancia de la
como no ser presa facil del fraude
política anti - fraude
[Vídeo] Fraude: México 2006
Simulación y fraude en negocios civiles y comerciales
FRAUDE GENERICO, DELITO DE. Si el acusado, aprovechando su
Han habido algunas situaciones que causan pena... ...la pena que
FRAUDE, INTEGRACION DEL, NO OBSTANTE LA CELEBRACION

References: artículo 9
 artículo 7
 artículo 7
 resolución 
 artículo 7
 artículo
1344
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6