Source: http://argentina-socialista.blogspot.com/2016/10/
Timestamp: 2018-02-25 19:47:41+00:00

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ARGENTINA SOCIALISTA: octubre 2016
Nos visitaron Ignacio Chausis y Leandro Renou autores del libro "Morgan Papers, confesiones de un empleado infiel", de reciente aparición. Un libro que explica muy bien el mecanismo de los grandes bancos para facilitar la fuga de capitales y la evasión de impuestos.
Los entrevistaron Christian Castillo y Pablo Anino. Con Victoria Sánchez, hablaron acerca del blanqueo de capitales en curso.
La apropiación ilegal de Papel Prensa –cedida por la dictadura a los diarios Clarín, La Nación y La Razón– que en noviembre cumple 40 años, es no sólo la prueba acabada de la complicidad cívico militar en aquel régimen de facto sino, además, el huevo de la serpiente de un poder desenfrenado que, hasta hoy, se ha llevado por delante todo lo que se interpone en su camino: la prensa hegemónica nacional.
El 2 de noviembre de 1976, mientras el grupo Graiver –que hasta entonces era el dueño mayoritario de la empresa– intentaba desprenderse de otras firmas propias para afrontar deudas, se produjo el traspaso accionario de Papel Prensa a una sociedad llamada Fapel, integrada por los diarios Clarín, La Nación y La Razón (este último quebraría años más tarde, pasando su porción de las acciones al Grupo Clarín). La discusión previa al interior de las fuerzas armadas había sido reñida: Massera tenía otro candidato, el banquero José Rafael Trozzo, dueño del Banco de Intercambio Regional (BIR); pero Videla y el ejército lograron imponer el suyo, el definitivo. El traspaso de los militares a los tres medios antes citados fue “un premio que la dictadura les dio a quienes la acompañaron –manifestó el periodista Eduardo Anguita- con las proclamas y, sobre todo, con el silencio”.
Justicia de clase. El Rati Horror Show: Fernando Carrera absuelto once años después
En 2005 la Policía Federal lo persiguió a los tiros en Pompeya, dejándolo inconsciente y culpándolo de matar a dos mujeres y un niño. Tras años de cárcel y un documental, la Corte lo absolvió. En la mañana del 25 de enero del 2005, en las calles del barrio porteño de Nueva Pompeya, agentes de civil de la Comisaría 34 de la Policía Federal, en un auto sin patente, persiguieron con decisión a Fernando Carrera, quien supuestamente era un ladrón que viajaba en un Peugeot 205 blanco. El cineasta Enrique Piñeyro demostró de forma contundente en su documental “El Rati Horror Show” lo armado que estuvo todo con el objetivo de encubrir el accionar criminal de los agentes de la Comisaria 34, que ya tenían en su prontuario otras aberraciones, como la de haber ahogado en el Riachuelo al joven Ezequiel Demonti en el año 2002.
Inmediatamente desde la Comisaría 34 se armó la causa por la que Carrera sería condenado por asesino múltiple. Y para justificar la persecusión que desató la masacre, organizaron el relato según el cual Carrera había realizado dos robos en la zona. Por eso le “plantaron” un arma. Y agregaron que en su intento de darse a la fuga se produjo el tiroteo y el atropello de los peatones.
“Jujuy vive una sucesión inédita de ataques y de persecución a las organizaciones sociales y políticas”, concluye un reciente informe elaborado por referentes de derechos humanos y legisladores nacionales y provinciales sobre “las violaciones a las libertades democráticas” en el territorio gobernado por el radical Gerardo Morales. La comisión que elaboró el informe trabajó sobre denuncias de ciudadanos y organizaciones sociales y sindicales jujeñas que “permiten constatar” la “situación represiva y de violación a las libertades democráticas” que transita esa provincia. Los testimonios certifican casos de persecución sindical, política, por causas sociales, raciales o ambientales, así como también revelan casos de gatillo fácil y torturas en comisaría. La comisión decidió difundir lo visto y oído con una alerta destinada al resto del territorio argentino: “El gobierno de Morales busca transformar a Jujuy en la capital nacional de la represión y la impunidad. Un laboratorio que, si triunfa, intentarán trasladar a nivel nacional”.
Una veintena de referentes de organizaciones defensoras de los derechos humanos, diputados y diputadas, nacionales y de Jujuy, de diferentes colores políticos se reunieron los primeros días del mes pasado en la capital provincial para escuchar qué tenían para decir los militantes perseguidos, los trabajadores despedidos y suspendidos, los jóvenes maltratados y estigmatizados. Hubo referentes del Centro de Estudios Legales y Sociales, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, de la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre y de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos. También asistieron trabajadores del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional, de la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre - La Matanza y de Justicia Ya!; de Madres y Familiares de Ex Detenidos de Jujuy, del colectivo de Ex Detenidos de Ledesma y de Ex Presos de Libertador San Martín. Participaron algunos de los abogados de Milagro Sala, diputadas y legisladores del Frente de Izquierda nacional, local y neuquino; del Frente para la Victoria y del Peronismo para la Victoria, así como también del Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular jujeño –aquel que integra la Tupac–.
“Es significativo que nos hayamos juntado alrededor de un reclamo, más allá de las diferencias. Demuestra que es justo, que estamos hablamos de violaciones a los derechos humanos graves”, remarcó Myriam Bregman, diputada por el FIT. “Se trata de una negación del Estado de derecho enorme”, continuó Araceli Ferreyra, colega del Peronismo para la Victoria. Es que, desde que Milagro Sala fue detenida, en enero pasado, cada uno por su lado, comenzó a enterarse de historias “graves”: despidos, extorsiones, ataques directos de las fuerzas de seguridad, suspensiones, amenazas. “Muchísimas, porque el caso de Sala era el más conocido, pero desde entonces lo que se desató en Jujuy fue una verdadera cacería de opositores, de luchadores, de todo aquel que insistiera en contra de la impunidad. Morales no dejó un solo sector libre de persecución”, puntualizó la diputada del FIT.
Entonces, decidieron organizar un encuentro que sirviera de zona de exclusión a las víctimas de ese coto de caza. “Fue mucha la gente que se animó a acercarse”, detalló la diputada. La Gendarmería recibió a algunos participantes del encuentro, como a la diputada Ferreyra y al diputado provincial neuquino Raúl Godoy, con intensas y “sospechosas” revisiones de los remises que los trasladaron desde el aeropuerto hasta el hotel. Infantería “merodeó durante todo el día” el lugar en donde estuvieron reunidos que, semanas atrás se supo fue “espiado” por los servicios de inteligencia. Al día de hoy, tanto participantes como denunciantes siguen recibiendo amenazas: antes de ayer, la militante jujeña del PTS Natalia Morales recibió un mensaje de Whatsapp anónimo en el que le advertían que “la policía de Jujuy” la seguía y que era considerada por “el servicio de inteligencia que responde a (el gobernador, Gerardo) Morales” como “la nueva Milagro Sala”. Ella fue una de las extrabajadoras de la Secretaría de Agricultura Familiar que denunció en el encuentro persecución sindical.
En busca de repudio
El objetivo del informe es que los hechos que lo integran “puedan ser lo suficientemente difundidos y conocidos para generar el necesario y urgente repudio”. “La comisión de derechos humanos de Diputados debe tomar cartas en el asunto”, entendió Ferreyra, quien deslizó que entre el abanico de posibilidades para “revertir” la situación que se imaginan existen el juicio político y la intervención de la provincia. “No hay antecedentes en 30 años de democracia de las persecuciones que está llevando a cabo Morales”, evaluó.
“Es peligroso ver la foto que significa Jujuy”, postuló Bregman en referencia al entramado de alianzas políticas: “Es un gobierno provincial amparado por el nacional, por el presidente Mauricio Macri, integrado por un gobernador radical y un vicegobernador que viene del espacio de Sergio Massa. Es una unidad de tres espacios políticos decididos a avanzar en contra de los trabajadores y luchadores”.
Los referentes de derechos humanos y legisladores detectaron que “la situación inédita de ataques y de persecución a las organizaciones sociales y políticas” comenzó con la detención de Sala y de otra decena de integrantes de la Tupac Amaru y está “enmarcada” en la ampliación del Tribunal Superior de Justicia donde fueron nombrados como jueces activos “militantes del radicalismo que hicieron su propia y escandalosa reforma para poder asumir”. Con esa mayoría propia en la máxima autoridad judicial de la provincia “iniciaron una cacería de brujas para demonizar cualquier reclamo obrero y popular, dejando además vía libre a las patronales y al propio gobierno en los planes de ajuste y despidos”, denuncian en el documento. Ejemplifican: despidos y cesantías en la secretaría de Agricultura Familiar y en el sector de educación pública; despidos y suspensiones en empresas de acero e ingenios azucareros; detención de comisiones internas sindicales, represión a trabajadores. Además, denunciaron la aplicación del Código Contravencional aprobado durante la anterior gestión provincial “que criminaliza a la juventud, la pobreza y la protesta y otorga superpoderes a la Policía”.
En el informe figuran transcriptos –en la mayoría de los casos, con los nombres cambiados “por seguridad de los denunciantes”– los testimonios recibidos durante el encuentro. Estos son algunos fragmentos de lo que declararon ante la comisión:
n Persecución política. “Soy del Partido Comunista. Mi compañero Juan Nieva de la organización Marina Vilte me pasa a buscar por mi casa (en una camioneta). Me dice ‘se me hace que ese auto blanco que está atrás (VW blanco) nos viene siguiendo desde tu casa’. ‘A ver, da la vuelta en U’, le digo, y damos la vuelta en U, y el auto da detrás de nosotros la vuelta en U. Frenamos el auto, y el otro frena. Era un VW blanco, todo polarizado. Tomamos por la Ruta 9, y había un control vehicular. Entonces le digo a mi compañero: ‘Pará al costado y avisale a los policías que ese auto nos esta siguiendo’. Cuando paramos al costado y yo me bajo para hablar con estos policías, el auto blanco se para, y bajan dos personas corriendo, y vienen hacia mí. Mostrando la placa dicen ‘brigada de investigaciones’ y me dicen ‘vos bajate de la camioneta y subite al auto’, obviamente con insultos. ‘Nosotros te seguimos a vos por orden de Gerardo Morales. Dale bajate.. yo si quiero lo llamo y los meto en cana’, y así. Me empieza a pedir los datos personales, me pregunta dónde trabajo, dónde estudio, qué carrera estudio. Y en reiteradas oportunidades, quería saber a qué gremio pertenecía y en qué agrupación de la facultad militaba”.
n Persecución sindical. Silvio “Chopper” Egüéz, trabajador del Ingenio La Esperanza: “Tengo 36 años de trabajo en la empresa. Hace como dos meses atrás hicimos asamblea de 300 compañeros, donde se tomó la decisión de ir y correrlos a los gerentes. Porque esta empresa, que está en quiebra, tiene gerenciadores por parte del Gobierno y por parte de privados. Y a nosotros nos denunciaron. Ellos aducen que fuimos violentos, que rompimos la administración, que rompimos una puerta, que le pegamos a un gerente de RRHH. Todo eso es mentira. Y a 19 compañeros nos suspendieron 29 días. De esos 19 compañeros, 9 fuimos denunciados penalmente.”
Julio Mamaní, delegado de Aceros Zapla, referente del PTS-FIT:
“Buenas tardes a todos. Soy delegado del sector mantenimiento. Nos elevaron una causa hace dos años, cuando hicimos un paro por reclamar los salarios. En Aceros Zapla hicimos un paro que duró bastante, duró un mes. Entonces el dueño de la empresa nos inicia una causa. La causa es ‘compulsión a la huelga’, así la definieron, lamentable. Lo que yo quiero recalcar es que estuvo quieta la causa dos años, y cuando entró el nuevo Gobierno, lamentablemente, empezaron -como todos dicen acá- el apriete. El apriete a la gente que tiene a cargo representar a los trabajadores. Nosotros somos los tres cabezas visibles del sindicato. Siempre estamos en todas las luchas.”
n Gatillo fácil y torturas en comisarías. Vecinos de San Pablo de Reyes. Familiar de uno de los detenidos: “Sufrimos un allanamiento en nuestro domicilio, supuestamente una persona, Iturbe creo es el apellido, nos hizo una denuncia, no solamente a nosotros sino a 9 personas más, porque habían desaparecido cosas. Hicieron un allanamiento, nos dieron vuelta la casa. Yo tengo hermanos chiquitos, han entrado brutalmente. No nos mostraron la cédula de identificación, los autos no tenían patente. Y se los llevaron, fueron 9 chicos que fueron detenidos. Se los llevaron y dijeron que supuestamente era por averiguación de antecedentes, y dijeron que a las 12 los iban a soltar, pasó las 12, la 1 las 2 y no los soltaron. No nos dejaban que les demos comida, nada. Recién como a las 22-23 los liberaron. Se los llevaron como detenidos. De los 9 domicilios que allanaron no encontraron nada.”
Una apertura limitada para una política de reconciliación.
Los mismos medios que anunciaron con bombos y platillos la apertura, por parte del Vaticano, de los archivos que posee sobre la dictadura militar, bajaron el tono para no levantar grandes expectativas (Clarín, 25/10).
En primer lugar, porque el acceso a los archivos será restringido “a las víctimas, sus familiares y los superiores de los damnificados eclesiásticos. No así los periodistas, historiadores e investigadores en general”. Tampoco, cabe agregar, a los organismos de derechos humanos. El diario agrega que “no parece a priori que los archivos contengan grandes revelaciones que, por lo pronto, permitan conocer el destino de desaparecidos” (ídem). Se trata en su mayoría, según indican distintas fuentes, de cartas enviadas por los familiares de desaparecidos a la Iglesia, para que intercedan en su favor.
La Iglesia jugó un rol orgánico en la represión de la dictadura, ya no solo como cómplice sino como parte integrante. Existen numerosos testimonios que dan cuenta de su involucramiento en la apropiación de hijos de desaparecidos y asesinados, de la persecución a los curas villeros por parte de la jerarquía eclesiástica y del conocimiento de esta de los campos de concentración.
La revelación de fondo de este entramado, que esta “apertura” no garantiza ni por asomo, tendría un gran valor para la lucha contra la impunidad. Por el contrario, con esta acción, la Iglesia busca redimirse de su colaboración sistemática con el genocidio.
Para el titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), José María Arancedo, “complicidad es una palabra fuerte”, aunque reconoce que la Iglesia “no hizo todo lo que pudo y, eso es cierto, y pedimos perdón”, pero que “con el estrecho margen que tenía (…) hubo intervenciones concretas de la Iglesia por mucha gente y eso se ve en las cartas” (Página 12, 25/10)
La CEA caracterizó la iniciativa como “un servicio a la patria, para la reconciliación de los argentinos” (ídem). La expresión “reconciliación a través de la verdad”, acuñada por el obispo jubilado Jorge Casaretto, hace referencia a una tentativa de impunidad para los militares de la dictadura. Casaretto, hombre de confianza de Bergoglio, preside una comisión especial para reducir las penas de los genocidas condenados, y ha afirmado sin rubor que “tanta justicia va en contraposición a la verdad” (Página 12, 6/9/15).
En la perspectiva de la “reconciliación”, el gobierno yanqui también desclasificó sus propios archivos del genocidio. “Estamos decididos a hacer nuestra parte, mientras la Argentina continúa sanando y avanzando como una nación unidad”, afirmaron sus voceros (La Nación, 18/3). El imperialismo y el Vaticano fueron grandes soportes de la dictadura genocida. Sus manifestaciones se inscriben en la operación de “blindaje” sobre el macrismo. El gobierno apunta a involucrar a los militares en la represión interna –una misión iniciada por el gobierno de CFK con la designación de César Milani a la cabeza del Ejército y la participación de los militares en la “lucha contra el narcotráfico” y en tareas de asistencia social– y quiere “reconciliarlos” con la opinión pública.
Sigue planteado el reclamo de una apertura irrestricta de los archivos del Estado y la Iglesia, en oposición a las políticas de impunidad, ajuste y represión.
Publicado por Panfilov en 10:35 No hay comentarios:
Publicado por Panfilov en 14:26 No hay comentarios:
Después de que hasta la ONU definiera como “arbitraria” la detención de Milagro Sala, el Gobierno nacional defendió el encarcelamiento afirmando que la resolución “no es vinculante”.
Hasta la ONU, institución que ha avalado intervenciones imperialistas por décadas, tuvo que señalar ayer que la detención de Milagro Sala, llevada adelante por el Gobierno de Gerardo Morales en Jujuy –con el aval explícito de Macri- es “arbitraria”.
La resolución corresponde al Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria de Naciones Unidas y fue dada a conocer este viernes. No se trata de una cuestión que surgiera de la noche a la mañana, sino que es el resultado de meses de gestiones y discusiones.
En la resolución se señala que “la detención de la señora Milagro Sala es arbitraria” y, en función de eso, se solicita “al Gobierno de la República Argentina liberarla de inmediato”.
En el comunicado con el que se difundió la resolución, se informó que “el Grupo de Trabajo determinó que hubo un entramado de "acusaciones consecutivas" e “inicio de causas judiciales para sostener su privación de libertad de manera indefinida en el tiempo”.
En la resolución, entre otras cuestiones, se lee que hubo “irregularidades presentadas a lo largo del proceso, las cuales afectan de manera directa el derecho del debido proceso. En primer lugar, la señora Sala se encuentra detenida como consecuencia de un procedimiento que procura extorsionar a las organizaciones sociales que se encuentran reclamando para que levanten el acampe”.
Esta conclusión acompaña la reseña de los hechos ocurridos en los días previos a la detención, marcados por protestas de la Tupac y otras organizaciones en el centro de la ciudad de San Salvador de Jujuy.
En el informe también se señala que, del análisis de las causas judiciales por las que se sostiene la detención, se concluye que “no existen elementos legales para justificar su prisión preventiva”.
La resolución también condena el accionar del Estado, al impedir que el “el ejercicio del derecho de defensa de Sala por la falta de precisión y claridad de los hechos que se le imputan y por no informarle adecuadamente los delitos por los que es acusada”.
En base a estos considerandos, el Grupo de Trabajo pidió la inmediatamente liberación de Milagro Sala.
Justificando la criminalización de la protesta social
La respuesta del Gobierno fue la ratificación de la política de criminalización de la protesta social y la defensa del encarcelamiento de Milagro Sala.
Fue el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, el que salió a responder, empezando por definir que la resolución “no es vinculante”.
Además afirmó que “trasladará la inquietud al Tribunal Superior de Jujuy”. La afirmación podría causar alguna gracia sino se tratara de cuestiones que hacen a la justificación de la persecución política.
Ese tribunal se halla fuertemente cuestionado por su completa imparcialidad en esta persecución. Así lo denunció, entre otros, Horacio Verbitsky en este diario, en una entrevista reciente.
Avruj también agregó que “que hay cosas que no fueron tomadas en cuenta, o porque hay cosas posteriores que la denuncia del CELS no fueron tomadas en cuenta”. De esta forma se justifica la política llevada a cabo por el Gobierno de Jujuy y la casta judicial, que sostuvo la continuidad de la detención con el agregado de nuevas causas.
El colmo de las afirmaciones del funcionario nacional llegó cuando dijo que “tenemos seis meses para responder, es una opinión. Lo charlaremos con la Justicia que es el ámbito que tiene que contestar”. Para Avruj es evidente que seis meses más de cárcel son un "detalle".
Las declaraciones del secretario de Derechos Humanos son un aval político a la gestión del gobernador radical Gerardo Morales. La detención de Sala en esa provincia es la punta de lanza de una política destinada a criminalizar el conjunto de la protesta social y los reclamos de trabajadores y sectores populares.
Fue precisamente esto lo que se denunció en una reciente visita de legisladores nacionales y de algunas provincias, como parte de una comisión que recabó múltiples denuncias de violaciones a las libertades democráticas.
Conferencia del CELS
Ayer por la tarde tuvo lugar una conferencia de prensa en la sede del CELS. Allí estuvieron presentes referentes de ese organismo y parte de la representación legal de Milagro Sala.
Horacio Verbitsky, titular del CELS, señaló que "ahora le toca al Estado argentino cumplir esta resolución". Ante las preguntas de los periodistas señaló que es falso que tenga que pasar por el Comité de Derechos Humanos de la ONU para su aprobación. El periodista agregó que se trata de una resolución, “no de una recomendación” y, por lo tanto, el Gobierno tiene la obligación de dar una respuesta.
Gastón Chillier, también del CELS, señaló que esta resolución se basa en el hecho de que el Estado “no pudo demostrar que estaba justificado legalmente el arresto”.
En la conferencia estuvo presente Elizabeth Gómez Alcorta, una de las abogadas de la Tupac. Ella señaló que “ningún juez de ninguna de las jurisdicciones quiso hacerse cargo de decir lo que necesitamos que nos vengan a decir organismos internacionales”.
Verbitsky indicó que el lunes el CELS presentará una nota ante la Cancillería para que responda "cuándo y cómo va a dar cumplimiento a la resolución".
Desde la izquierda siempre se ha sostenido la lucha por la libertad de Milagro Sala contra la persecución del Estado, sin esconder las grandes diferencias políticas con esta dirigente, ya que de lo que se trata por parte de Cambiemos es de avanzar de conjunto contra la protesta social.
A la vez, desde la izquierda se ha planteado que desde el kirchnerismo y las distintas alas del peronismo no se ha luchado seriamente por la libertad de Sala. Esto va de la mano con la gobernabilidad que el peronismo le presta a Cambiemos en el Congreso Nacional, en las provincias y en los sindicatos, a la vez que pone de manifiesto que la política de criminalización de la protesta social no es exclusiva de la coalición Cambiemos o de los Gobiernos que responden a la UCR y el PRO. Por el contrario, allí donde gobierna el peronismo o el Frente para la Victoria también se despliega una política represiva hacia sectores combativos.
Frente a esta política de represión y criminalización de la protesta social se erigen cada vez más voces de rechazo y de apoyo a los sectores en lucha.
Presupuesto 2017: "Nuestro dictamen es un presupuesto para la clase obrera" // Néstor Pitrola
El bono de fin de año, la inflación y la suba de naftas // Gabriel Solano en C5N
Tarifazo: "Argentina está gobernada por EDESUR y EDENOR" // Gabriel Solano
El dirigente nacional del Partido Obrero participó de la audiencia por el aumento de tarifas energéticas expresando el rechazo del aumento y la apertura de los libros de las empresas.
El Vaticano y la Iglesia argentina anunciaron el martes que pondrán a disposición de víctimas de la última dictadura y sus familiares los archivos eclesiásticos del período 1976-1983, un viejo reclamo de organismos de derechos humanos.

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