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Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. TÍTULO PRIMERO. De la organización portuaria del Estado (Vigente hasta el 01 de Enero de 2001).
Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (Vigente hasta el 01 de Enero de 2001).
Publicado en BOE núm. 283 de 25 de Noviembre de 1992
Vigencia desde 15 de Diciembre de 1992. Esta revisión vigente desde 25 de Junio de 2000 hasta 01 de Enero de 2001
De la organización portuaria del Estado
ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PUERTOS DEL ESTADO
Artículo 10 Competencias
1. Corresponde a la Administración del Estado, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 149.1.20.a de la Constitución, la competencia exclusiva sobre los puertos de interés general, clasificados de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.
2. Las Comunidades Autónomas designarán a los órganos de gobierno de las Autoridades Portuarias, en los términos establecidos en esta Ley, y ejercerán las funciones que les atribuye la misma y el resto del ordenamiento jurídico.
Artículo 10 redactado por Ley 62/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Artículo 11 Puertos e instalaciones gestionadas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Las competencias que a la Administración del Estado corresponden en virtud de lo señalado en el artículo anterior serán ejercidas en los puertos e instalaciones de carácter civil por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes a través de Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otras Administraciones o Departamentos de la Administración del Estado.
Las menciones al Ministro o Ministerio de Obras Públicas y Transportes, deben entenderse hechas al Ministerio de Fomento, conforme establece la Disposición Adicional única de la Ley 62/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Artículo 12 Otros puertos e instalaciones dependientes de la Administración del Estado
1. Los puertos, bases, estaciones, arsenales e instalaciones navales de carácter militar y zonas militares portuarias quedan fuera del ámbito de aplicación de esta Ley.
Los espacios de dominio público afectados quedan resevados a la Administración del Estado, ejerciéndose las competencias propias de ésta por el Ministerio de Defensa.
2. El Ministerio de Defensa ejercerá, asimismo, las competencias que le corresponden en virtud de lo previsto por la legislación de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional.
Artículo 13 Reserva de zonas
La Administración del Estado podrá reservarse espacios de dominio público marítimo-terrestre, con destino a las instalaciones navales y zonas portuarias que sean precisas para el cumplimiento de los fines que la legislación vigente atribuye a la Guardia Civil, que quedarán excluidas del ámbito de aplicación de esta Ley.
Naturaleza y delimitación del dominio público portuario
Artículo 14 Naturaleza de los bienes portuarios
1. Las aguas marítimas, terrenos, obras e instalaciones fijas de los puertos de competencia de la Administración del Estado, son bienes de dominio público portuario estatal.
2. Se considera dominio público portuario estatal el dominio público marítimo-terrestre afecto a los puertos e instalaciones portuarias de titularidad estatal.
3. El dominio público marítimo-terrestre ocupado por un puerto de competencia de una Comunidad Autónoma mantiene su titularidad estatal, si bien tiene la condición de adscrito a dicha Comunidad.
4. La adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre a las Comunidades Autónomas no devengará canon a favor de la Administración del Estado. Las concesiones o autorizaciones que las Comunidades Autónomas otorguen en el dominio público marítimo-terrestre adscrito devengarán el correspondiente canon de ocupación a favor de la Administración del Estado.
Las concesiones o autorizaciones que las Comunidades Autónomas otorguen en los puertos e instalaciones portuarias estatales que les fueran transferidos y figuran expresamente relacionados en los correspondientes Reales Decretos de traspasos en materia de puertos, no devengarán el canon de ocupación en favor de la Administración del Estado a que se refiere el párrafo anterior.
Artículo 15 Zona de servicio en puertos de competencia estatal
1. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes delimitará en los puertos de competencia estatal una zona de servicio que incluirá las superficies de tierra y de agua necesarias para la ejecución de sus actividades, las destinadas a tareas complementarias de aquéllas y los espacios de reserva que garanticen la posibilidad de desarrollo de la actividad portuaria.
2. La delimitación de la zona de servicio se hará, a propuesta de la autoridad portuaria, a través de un plan de utilización de los espacios portuarios que incluirá los usos previstos para las diferentes zonas del puerto, así como la justificación de la necesidad o conveniencia de dichos usos.
La aprobación del plan de utilización de los espacios portuarios corresponderá al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, previo informe de Puertos del Estado, de la Dirección General de Costas y de las administraciones urbanísticas sobre los aspectos de su competencia, que deberán emitirse en el plazo de un mes, desde la recepción de la propuesta, entendiéndose en sentido favorable si transcurriera dicho plazo sin que el informe se haya emitido de forma expresa. Esta aprobación llevará implícita la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios de los bienes de propiedad privada, así como la afectación al uso portuario de los bienes de dominio público incluidos en la zona de servicio que sean de interés para el puerto.
3. Cuando la delimitación incluya terrenos y bienes patrimoniales de la Administración del Estado destinados a usos y finalidades distintas, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes lo someterá a informe del Ministerio de Economía y Hacienda, que se entenderá favorable si transcurren tres meses desde la recepción de la documentación sin que el informe se haya emitido de forma expresa, quedando dichos bienes afectados a la Entidad portuaria correspondiente.
4. Con carácter previo a la aprobación de los planes de utilización de los espacios portuarios o a su modificación sustancial se emitirán informes por el Ministerio de Defensa, desde la perspectiva de su posible incidencia sobre los intereses de la defensa nacional, y por el Ministerio del Interior, en lo que se refiere a los aspectos de seguridad pública y de control de entradas y salidas de personas del territorio nacional.
También informarán, con carácter previo, en lo que se refiere a los aspectos de sus respectivas competencias, las Administraciones Públicas con competencias en materia de pesca en aguas interiores y ordenación del sector pesquero y, en su caso, de industria, construcción naval y deportes. Cualquiera de estos informes se entenderá favorable si transcurre un mes desde la recepción de la documentación sin que el informe se haya emitido de forma expresa.
5. Aprobada la delimitación de la zona de servicio, el texto íntegro del acuerdo de aprobación se publicará en el «Boletín Oficial» de la Comunidad Autónoma correspondiente.
6. Dentro de la zona de servicio de los puertos comerciales podrán realizarse, además de las actividades comerciales portuarias, las que correspondan a Empresas industriales o comerciales cuya localización en el puerto esté justificada por su relación con el tráfico portuario, por el volumen de los tráficos marítimos que generan, o por los servicios que prestan a los usuarios del puerto, de conformidad con las determinaciones de la ordenación del espacio portuario y del planeamiento urbanístico aplicable.
7. La superficie de agua incluida en la zona de servicio se subdividirá en dos zonas:
- Zona I, o interior de las aguas portuarias, que abarcará los espacios incluidos dentro de los diques de abrigo y las zonas necesarias para las maniobras de atraque y de reviro, donde no existan éstos.
- Zona II, o exterior de las aguas portuarias, que abarcará las zonas de entrada, maniobra y posible fondeo, subsidiarias del puerto correspondiente y sujetas a control tarifario de la Autoridad Portuaria.
A partir de: 27 febrero 2004
Artículo 15 derogado por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
Artículo 16 Espacios portuarios de competencia autonómica
1. Los espacios de dominio público marítimo-terrestre que sean necesarios para el ejercicio por las Comunidades Autónomas de las competencias que les correspondan estatutariamente en materia de puertos deberán ser objeto de adscripción por la Administración del Estado.
2. La ampliación de la zona de servicio de los puertos de competencia autonómica o la construcción de nuevos puertos de su competencia, deberán contar con el informe favorable del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
El informe versará sobre la delimitación del nuevo dominio público estatal susceptible de adscripción, sobre la posible afección de los usos previstos en esos espacios a la protección del dominio público marítimo-terrestre, y las medidas necesarias para garantizar dicha protección. El incumplimiento de este requisito esencial implica la nulidad de la aprobación del proyecto correspondiente.
3. La aprobación definitiva de los proyectos llevará implícita la adscripción del dominio público en que estén emplazadas las obras y, en su caso, la delimitación de una nueva zona de servicio portuaria, que se formalizará mediante un acta suscrita por representantes de ambas Administraciones.
4. En la regulación de las adscripciones será de aplicación la legislación de costas.
Artículo 17 Zona de servicio en puertos gestionados en régimen concesional
La zona de servicio de un puerto otorgado en concesión estará compuesta por el dominio público cuya ocupación ha sido autorizada y los espacios de titularidad particular incorporados a él en virtud de lo dispuesto en el título concesional.
Planificación, proyectos y construcción
Artículo 18 Consideración urbanística de los puertos
1. Para articular la necesaria coordinación entre las Administraciones con competencia concurrente sobre el espacio portuario, los planes generales y demás instrumentos generales de ordenación urbanística deberán calificar la zona de servicio de los puertos estatales como sistema general portuario y no podrán incluir determinaciones que supongan una interferencia o perturbación en el ejercicio de las competencias de explotación portuaria.
A partir de: 27 agosto 2010
Número 1 del artículo 18 redactado por el número 3 de la disposición final segunda de la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general («B.O.E.» 7 agosto).
2. Dicho sistema general portuario se desarrollará a través de un plan especial o instrumento equivalente, que se instrumentará de la forma siguiente:
a) La Autoridad Portuaria formulará dicho plan especial.
b) Su tramitación y aprobación se realizará de acuerdo con lo previsto en la legislación urbanística y de ordenación del territorio, por la Administración competente en materia de urbanismo.
c) Concluida la tramitación, y con carácter previo a la aprobación definitiva de dicho plan especial, la Administración competente en materia de urbanismo, en un plazo de quince días, a contar desde la aprobación provisional, dará traslado del contenido de aquél a la Autoridad Portuaria para que ésta, en el plazo de un mes, se pronuncie sobre los aspectos de su competencia.
En caso de que el traslado no se realice o de que la Autoridad Portuaria se pronuncie negativamente sobre la propuesta de la Administración competente en materia urbanística, ésta no podrá proceder a la aprobación definitiva del plan especial, debiendo efectuarse las consultas necesarias con la Autoridad Portuaria, a fin de llegar a un acuerdo expreso sobre el contenido del mismo.
De persistir el desacuerdo, durante un período de seis meses, contados a partir del pronunciamiento negativo de la Autoridad Portuaria, corresponderá al Consejo de Ministros informar con carácter vinculante.
La aprobación definitiva de los planes especiales a que hace referencia este apartado deberá ser notificada a la Autoridad Portuaria con los requisitos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo.
3. El plan especial deberá incluir entre sus determinaciones las medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación del espacio portuario, su desarrollo y su conexión con los sistemas generales de transporte terrestre.
Artículo 19 Obras a realizar en el dominio público portuario
1. Las obras que realicen las Autoridades Portuarias en el dominio público portuario deberán adaptarse al plan especial de ordenación del espacio portuario. Para la constatación de este requisito deberán someterse a informe de la Administración urbanística competente, que se entenderá emitido en sentido favorable si trancurre un mes desde la recepción de la documentación sin que se hubiera evacuado de forma expresa.
2. En el caso de que no se haya aprobado el plan especial a que se refiere el número anterior, las obras de superestructura e instalaciones que realicen las Autoridades Portuarias en el dominio público de su competencia deberán ser compatibles con los planes de utilización de los espacios portuarios.
3. Las obras de nueva construcción, reparación y conservación que se realicen en dominio público portuario por las Autoridades Portuarias no estarán sometidas a los actos de control preventivo municipal a que se refiere el, artículo 84.1,b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, por constituir obras públicas de interés general.
Número 3 del artículo 19 declarado conforme al orden constitucional de competencias por sentencia del Tribunal Constitucional 40/1998, 19 febrero («B.O.E.» 17 marzo), si se interpreta en el sentido señalado en el Fundamento de Derecho 39.
Número 4 del artículo 19 introducido por el apartado uno de la disposición final segunda de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
Artículo 20 Construcción de nuevos puertos
1. La construcción de un nuevo puerto de titularidad estatal exigirá la previa aprobación del correspondiente proyecto y de los estudios complementarios por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
2. Los proyectos de construcción se sujetarán al procedimiento de declaración de impacto ambiental de acuerdo con la legislación aplicable.
Igualmente, se someterán a informe de los Ministerios de Defensa, de Economía y Hacienda, de Industria, Comercio y Turismo sobre los aspectos de sus respectivas competencias, y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el caso que se prevean actividades pesqueras.
La Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos en los que se sitúe la zona de servicio del puerto emitirán informes en relación con sus competencias de ordenación del territorio y urbanismo. Asimismo, la Comunidad Autónoma emitirá informe en relación con sus competencias sobre pesca en aguas interiores y ordenación del sector pesquero.
Cualquiera de estos informes se entenderá favorable si trancurre un mes desde la recepción de la documentación sin que el informe se haya emitido de forma expresa.
Artículo 21 Ampliación o modificación de puertos
1. La realización de nuevas obras de infraestructura y la ampliación de los puertos estatales existentes, exigirá la redacción y aprobación del correspondiente proyecto y estudios complementarios por la Autoridad Portuaria competente o, en su caso, por Puertos del Estado.
2. Los proyectos de ampliación que modifiquen sustancialmente la configuración y los límites exteriores de los puertos estatales deberán incluir un estudio de impacto ambiental y se sujetarán al procedimiento de declaración de impacto ambiental cuando por la importancia de la actuación sean susceptibles de modificar o alterar, de forma notable, el medio ambiente.
3. Para la modificación o ampliación de puertos, podrán realizarse obras de dragado o de relleno con materiales de origen terrestre o marítimo que por su naturaleza, disposición final o aislamiento protector no den origen a procesos de contaminación que superen los niveles exigibles por la normativa aplicable de calidad de las aguas marinas.
4. Los dragados para la obtención de materiales que se realicen fuera de la zona interior de las aguas del puerto, con destino a rellenos portuarios, deberán ser autorizados por la Autoridad Portuaria, previo informe de la Capitanía Marítima y de la Dirección General de Costas.
Los vertidos de productos procedentes de obras portuarias de dragado deberán ser autorizadas por la Autoridad Marítima, previo informe de la Dirección General de Costas.
Ambas solicitudes deberán ir acompañadas de los informes, análisis o estudios necesarios que permitan valorar los efectos de la actuación sobre la sedimentología litoral y la biosfera submarina, así como, en su caso, la capacidad contaminante de los vertidos.
Número 4 del artículo 21 declarado inconstitucional por sentencia del Tribunal Constitucional 40/1998, 19 febrero («B.O.E.» 17 marzo), en la medida en que no prevé intervención alguna de las Comunidades Autónomas en defensa de su competencia de protección del medio ambiente.
5. La Administración competente en materia de pesca emitirá informe previo al otorgamiento de las autorizaciones a que se refiere el apartado anterior, y a la aprobación de obras nuevas o de modificación de las existentes, cuando éstas supongan la construcción de nuevos diques o escolleras fuera la zona interior de las aguas del puerto.
Artículo 21 redactado por el apartado dos de la disposición final segunda de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
Artículo 22 Declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación
1. La aprobación de los proyectos llevará implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de derechos, a los fines de expropiación forzosa y ocupación temporal. A tal efecto, en cada proyecto deberá figurar la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados no incluidos en el dominio público portuario, con su descripción material.
Número 1 del artículo 22 redactado por Ley 62/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
2. Asimismo, la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación se referirá también a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y en las modificaciones de obras que puedan aprobarse posteriormente por la autoridad competente para la aprobación del proyecto original, con los mismos requisitos señalados en el número anterior.
3. En los puertos de competencia estatal corresponderá al Ministro de Obras Públicas y Transportes la declaración de urgencia para la ocupación de los bienes y derechos afectados por obras de las Autoridades Portuarias.
Gestión del sistema portuario
Artículo 23 Gestión
En los términos establecidos en esta Ley, corresponde a las Autoridades Portuarias la gestión de los puertos de su competencia en régimen de autonomía y a Puertos del Estado, la coordinación y control de eficacia del sistema portuario.
Artículo 23 redactado por Ley 62/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
DEL ENTE PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO Y DE LAS AUTORIDADES PORTUARIAS
Del Ente público Puertos del Estado
Artículo 24 Denominación y naturaleza
1. Se crea, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con la denominación «Puertos del Estado», un Ente de Derecho Público de los previstos en el apartado 5 del artículo 6 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria.
Corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes la aprobación del plan anual de objetivos de Puertos del Estado, establecer el sistema para su seguimiento y, sin perjuicio de otras competencias, ejercer el control de eficacia de la Entidad de acuerdo con la normativa vigente. Reglamentariamente, se establecerán los instrumentos y procedimientos oportunos para el ejercicio de dichas competencias.
Número 1 del artículo 24 redactado por el apartado tres de la disposición final segunda de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
2. El Ente público Puertos del Estado, que tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios, así como plena capacidad de obrar, ajustará sus actividades al ordenamiento jurídico privado, salvo en el ejercicio de las funciones de poder público que el Ordenamiento le atribuya, y se regirá por lo dispuesto en esta Ley, en las normas que la desarrollen y en cuantas otras le sean de aplicación.
En materia de contratación, Puertos del Estado habrá de someterse, en todo caso, a los principios de publicidad, concurrencia, salvaguarda del interés del Ente y homogeneización del sistema de contratación en el sector público.
Número 2 del artículo 24 redactado por el apartado tres de la disposición final segunda de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
3. Los actos dictados por Puertos del Estado en el ejercicio de sus funciones públicas, y en concreto, en relación con la gestión y utilización del dominio público, la exacción y recaudación de los ingresos públicos, y la imposición de sanciones, agotarán la vía administrativa, excepto en materia tributaria, donde serán recurribles en vía económico-administrativa.
4. El asesoramiento jurídico, la defensa y la representación en juicio del Ente público podrá ser encomendada a los Abogados del Estado integrados en los Servicios Jurídicos del Estado, mediante convenio en el que se determinará la compensación económica a abonar, la cual generará crédito en los servicios correspondientes del Ministerio de Justicia.
Téngase en cuenta la Disposición Adicional única, punto 3º de la Ley 62/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que establece: "El ente público Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias se regirán por su legislación especifica, por las disposiciones de la Ley General Presupuestaria que le sean de aplicación y, supletoriamente, por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado". Véase R.D. 685/1993, 7 mayo («B.O.E.» 8 mayo). Asistencia jurídica a los entes públicos Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.
Artículo 25 Competencias
A Puertos del Estado le corresponden las siguientes competencias, bajo la dependencia y supervisión del Ministerio de Fomento:
a) La ejecución de la política portuaria del Gobierno y la coordinación y el control de eficiencia del sistema portuario de titularidad estatal, en los términos previstos en esta Ley.
b) La coordinación general con los diferentes órganos de la Administración General del Estado que establecen controles en los espacios portuarios y con los modos de transporte en el ámbito de competencia estatal, desde el punto de vista de la actividad portuaria.
c) La formación, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico en materias vinculadas con la economía, gestión, logística e ingeniería portuarias y otras relacionadas con la actividad que se realiza en los puertos.
Letra c) del artículo 25 redactada por el apartado cuatro de la disposición final segunda de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
d) La planificación, coordinación y control del sistema de señalización marítima español, y el fomento de la formación, la investigación y el desarrollo tecnológico en estas materias.
La coordinación en materia de señalización marítima se llevará a cabo a través de la Comisión de Faros, cuya estructura y funcionamiento se determinará por el Ministerio de Fomento.
Artículo 25 redactado por Ley 62/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Artículo 26 Funciones
1. Para el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo anterior, corresponden a Puertos del Estado las siguientes funciones:
a) Definir los objetivos del conjunto del sistema portuario estatal, así como los generales de gestión de las Autoridades Portuarias, a través de los planes de empresa que se acuerden con éstas, en el marco fijado por el Ministerio de Fomento.
Los referidos planes deberán comprender, como mínimo, un diagnóstico de situación, las previsiones de tráfico portuario las previsiones económicofinancieras, los objetivos de gestión y la programación de las inversiones. A partir de: 27 febrero 2004 Párrafo 2.º de la letra a) del número 1 del artículo 26 derogado por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
Cuando una Autoridad Portuaria considere necesario establecer unos objetivos con horizonte temporal superior a cuatro años, deberá formular un plan a tal fin que deberá ser acordado igualmente con Puertos del Estado.
b) Aprobar la programación financiera y de inversiones de las Autoridades Portuarias, derivada de los planes de empresa acordados con éstas y la consolidación de sus contabilidades y presupuestos.
c) Proponer, en su caso, para su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado, las aportaciones que pudieran asignarse en los mismos para inversiones en obras e infraestructuras de las Autoridades Portuarias.
d) Informar técnicamente los proyectos que presenten características singulares desde el punto de vista técnico o económico, con carácter previo a su aprobación por las Autoridades Portuarias.
Letra d) del número 1 del artículo 26 redactada por el número 5 de la disposición final segunda de la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general («B.O.E.» 7 agosto).
e) Definir los criterios para la aplicación de las disposiciones generales en materia de seguridad, de obras y adquisiciones y de relaciones económicas y comerciales con los usuarios.
Las actuaciones en materia de seguridad se realizarán en colaboración con el Ministerio del Interior y, cuando proceda, con los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas competentes para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento de la seguridad ciudadana.
f) Ejercer el control de eficiencia de la gestión y del cumplimiento de los objetivos fijados para cada una de las Autoridades Portuarias, en los planes de empresa definidos en la letra a) de este apartado.
g) Autorizar la participación de las Autoridades Portuarias en sociedades mercantiles, cuyo objeto social debe estar ligado al desarrollo de actividades vinculadas a la explotación portuaria, y la adquisición o enajenación de sus acciones, cuando no concurran los supuestos establecidos en el artículo 37.1.q), siempre que estas operaciones no impliquen la adquisición o pérdida de la posición mayoritaria, en cayo caso la autorización corresponderá al Consejo de Ministros.
h) Establecer, para las Autoridades Portuarias que así lo soliciten, los criterios para la negociación colectiva de las condiciones de trabajo del personal a través de un convenio marco sin perjuicio de lo establecido en las normas presupuestarias.
Letra h) del número 1 del artículo 26 derogada por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
i) Proponer estrategias y criterios de actuación sobre recursos humanos para el conjunto de las sociedades estatales de estiba y desestiba, en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cuando ello resulte preciso para el desarrollo de este servicio.
Letra i) del número 1 del artículo 26 derogada por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
j) La planificación, normalización, inspección y control del funcionamiento de los servicios de señalización marítima y la prestación de los que no se atribuyan a las Autoridades Portuarias.
k) Ostentar la representación de la Administración General del Estado en materia portuaria y de señalización marítima, en organismos y comisiones internacionales, cuando no sea asumida por el Ministerio de Fomento, sin perjuicio de las competencias propias del Ministerio de Asuntos Exteriores.
l) Impulsar medidas para la coordinación de la política comercial de las Autoridades Portuarias, en especial en su vertiente internacional, dentro del principio de autonomía de gestión de los puertos, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas.
m) Elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de Fomento, previos los trámites establecidos en el artículo 106, el Reglamento General de Servicio y Policía de los puertos, e informar sobre la conformidad de las Ordenanzas portuarias al modelo de Ordenanzas incluido en dicho Reglamento.
n) Impulsar las actuaciones de los diferentes órganos de la Administración General del Estado con competencias en materia de intermodalidad, logística y transporte combinado en los puertos de interés general.
Letra n) del número 1 del artículo 26 redactada por el número 5 de la disposición final segunda de la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general («B.O.E.» 7 agosto).
ñ) Proponer políticas de innovación tecnológica y de formación para los gestores y responsables en el ámbito portuario.
o) Establecer recomendaciones en determinadas materias para la fijación de objetivos y líneas de actuación de los puertos de interés general, facilitando, asimismo, el intercambio de información entre éstos.
p) Elaborar las estadísticas de tráfico y de otras materias de interés para el sistema portuario.
2. En cumplimiento de estas funciones, Puertos del Estado elaborará anualmente un informe relativo a la ejecución de la política portuaria, que comprenderá el análisis de la gestión desarrollada en los puertos de interés general, y que remitirá al Ministerio de Fomento que lo elevará a las Cortes Generales. Las Autoridades Portuarias suministrarán a dicho ente público la información que les sea requerida.
Asimismo, como consecuencia de dicha información, Puertos del Estado podrá establecer directrices técnicas, económicas y financieras para el conjunto del sistema portuario.
Artículo 26 redactado por Ley 62/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Artículo 27 Organos rectores
Los órganos de gobierno y administración de Puertos del Estado son el Consejo Rector y el Presidente.
Artículo 27 bis Consejo Consultivo de Puertos del Estado
Como órgano de asistencia del ente público Puertos del Estado se creará un Consejo Consultivo que estará integrado por el Presidente de Puertos del Estado, que lo será del Consejo, y por un representante de cada Autoridad Portuaria que será su Presidente, quien podrá ser sustituido por la persona que designe el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de entre sus demás miembros, a propuesta del Presidente. Por el Ministerio de Fomento se aprobarán las normas relativas al funcionamiento de este Consejo.
Artículo 27 bis introducido por Ley 62/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Artículo 28 Consejo Rector: Composición y funciones
1. El Consejo Rector estará integrado por el Presidente del Ente, que lo será del Consejo, y por un mínimo de doce y un máximo de quince miembros, designados por el Ministro de Fomento.
2. El Consejo Rector designará, a propuesta del Presidente, un Secretario que si no fuera miembro del Consejo, asistirá a sus reuniones con voz, pero sin voto.
3. Los nombramientos de los miembros del Consejo Rector tendrán una duración de cuatro años renovables, salvo que se produzca su cese.
4. Corresponden al Consejo Rector las siguientes competencias:
a) Conferir y revocar poderes generales o especiales a personas determinadas' tanto físicas como jurídicas, para los asuntos en que fuera necesario tal otorgamiento.
b) Aprobar la organización del ente y sus modificaciones, así como las normas internas y las disposiciones necesarias para su gestión.
c) Establecer las reglas de funcionamiento del propio Consejo Rector, con sujeción a lo establecido en el apartado 6 de este artículo, su régimen económico y las funciones del Secretario del consejo.
d) Nombrar y separar al personas directivo del ente público y aprobar su régimen retributivo, a propuesta del Presidente, aprobar las necesidades de personal del ente público, así como sus modificaciones y los criterios generales para la selección, admisión y retribución del mismo sin perjuicio de lo establecido en la normativa laboral o presupuestaria.
Letra d) del número 4 del artículo 28 derogada por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
e) Acordar los presupuestos anuales del ente y su programa de actuación, inversiones y financiación.
Letra e) del número 4 del artículo 28 redactada por el apartado cinco de la disposición final segunda de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
f) Aprobar el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria explicativa de la gestión anual del ente público, el plan de empresa y la propuesta, en su caso, de aplicación de resultados, acordando el porcentaje de los mismos que se destine a la constitución de reservas, en la cantidad que resulte precisa para la realización de inversiones y para su adecuado funcionamiento. El resto de los resultados, deducido este porcentaje, se ingresará en el Tesoro.
Letra f) del número 4 del artículo 28 redactada por el apartado cinco de la disposición final segunda de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
g) Autorizar las inversiones y operaciones financieras de Puertos del Estado que resulten del programa de actuación, inversiones y financiación, incluidas la constitución y participación en sociedades mercantiles.
Letra g) del número 4 del artículo 28 redactada por el apartado cinco de la disposición final segunda de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
h) Aprobar aquellos acuerdos, pactos, convenios y contratos que el propio Consejo determine que han de ser de su competencia en razón de su importancia o materia.
i) Acordar lo conveniente sobre el ejercicio de las acciones y recursos que correspondan a Puertos del Estado en defensa de sus intereses ante las Administraciones públicas y Tribunales de Justicia de cualquier orden, grado o jurisdicción. En caso de urgencia esta facultad podrá ser ejercida por el Presidente, quien dará cuenta inmediata de lo actuado al Consejo Rector en su primera reunión.
j) Realizar cuantos actos de gestión, disposición y administración de su patrimonio propio se reputen precisos.
k) Declarar la innecesariedad de aquellos bienes de dominio público que no sean precisos para el cumplimiento de los fines de Puertos del Estado que serán desafectados por el Ministerio de Fomento.
Letra l) del número 4 del artículo 28 introducida por el apartado seis de la disposición final segunda de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
5. Las funciones que le correspondan y que impliquen el ejercicio de la autoridad de la Administración serán indelegables.
Número 5 del artículo 28 derogado por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
6. Para que el Consejo Rector pueda constituirse válidamente será necesario que concurran a sus reuniones el Presidente y el Secretario, y la mitad al menos de sus miembros. La representación de los miembros del Consejo sólo será válida si se confiere por escrito, para cada sesión del Consejo y en favor de otro miembro de éste o de su Presidente.
Los acuerdos del Consejo Rector serán adoptados por mayoría de votos de los presentes o representados en el Consejo, correspondiendo al Presidente dirimir los empates con su voto de calidad.
Artículo 28 redactado por Ley 62/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Artículo 29 Presidente: Nombramiento y funciones
1. El Presidente de Puertos del Estado será nombrado por el Gobierno mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro de Fomento.
El Presidente podrá simultanear su cargo con el de Presidente o Vocal del Consejo de Administración de las sociedades participadas por el ente público, con los requisitos y las limitaciones retributivas que se derivan de la aplicación de la legislación de incompatibilidades.
2. Al Presidente de Puertos del Estado le corresponden las siguientes funciones:
a) Representar de modo permanente al ente público y a su Consejo Rector en cualesquiera actos o contratos y frente a toda persona física o jurídica, ya sea pública o privada, en juicio y fuera de él.
b) Convocar, fijar el orden del día, presidir y levantar las reuniones del Consejo Rector y dirigir sus deliberaciones.
c) Organizar, dirigir, controlar y administrar Puertos del Estado y sus servicios, vigilando el desarrollo de las actividades encomendadas.
d) Velar por el cumplimiento de las normas aplicables al ente público y por la ejecución de los acuerdos tomados por el Consejo Rector.
e) Presentar al Consejo Rector para su aprobación los anteproyectos de los presupuestos y programas de actuación, inversiones y financiación para su acuerdo previo y las cuentas anuales.
f) Disponer los gastos y ordenar los pagos correspondientes.
g) Proponer al Consejo los objetivos del conjunto del sistema portuario.
h) Decidir todas aquellas cuestiones no reservadas expresamente al Consejo o a otro órgano de la entidad.
i) Ejercer las facultades especiales que el Consejo le delegue.
j) Las demás facultades que le atribuya la presente Ley.
3. El Presidente podrá delegar en los Consejeros determinadas funciones relativas al Consejo Rector y las correspondientes al funcionamiento de Puertos del Estado en los demás órganos del mismo, salvo las que ejerce por delegación del Consejo.
Artículo 29 redactado por Ley 62/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Artículo 30 Régimen económico
Los recursos de Puertos del Estado estarán integrados por:
a) Las aportaciones de las Autoridades Portuarias.
b) Los asignados en los Presupuestos Generales del Estado o en los de otras Administraciones Públicas, así como las subvenciones y auxilios, cualquiera que sea su procedencia.
c) Los ingresos generados por el ejercicio de sus actividades.
d) Los productos y rentas de su patrimonio, así como los ingresos procedentes de la enajenación de sus activos.
e) Los procedentes de los créditos, préstamos y demás operaciones financieras que pueda concertar.
f) Cualquier otro que le sea atribuido.
Artículo 30 derogado por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
Artículo 31 Régimen patrimonial
1. Puertos del Estado, para el cumplimiento de los fines que le son propios, tendrá un patrimonio propio, formado por el conjunto de los bienes y derechos que el Estado la atribuya como propios, los que adquiera en el futuro por cualquier título o le sean cedidos o donados por cualquier persona o Entidad.
2. Los bienes estatales que se adscriban al Ente público y estén afectos a su servicio conservarán su calificación jurídica originaria, debiendo utilizarlos exclusivamente para el cumplimiento de los fines determinantes de su afectación o adscripción.
3. La afectación de nuevos bienes de dominio público al Ente público Puertos del Estado, así como la adscripción de nuevos bienes patrimoniales, se efectuará por el Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, salvo cuando el propio Ente ejecute nuevas obras e instalaciones o adquiera nuevos bienes en el desarrollo de sus actividades.
4. Los bienes de dominio público que no sean precisos para el cumplimiento de sus fines serán desafectados por el Ministro de Obras Públicas y Transportes, previa declaración de innecesariedad por el Consejo Rector de Puertos del Estado, y se incorporarán al patrimonio del mismo, quien podrá proceder a su enajenación o permuta. Si el valor fuera superior a tres mil millones, su enajenación deberá, además, ser autorizada por el Gobierno, a propuesta del Ministro de Obras Públicas y Transportes.
5. El Consejo Rector del Ente público, sin necesidad de expresa declaración de desafectación del servicio, podrá acordar el desgüace y, en su caso, la enajenación de material inservible y de instalaciones no fijas, así como la de bienes muebles de cualquier naturaleza.
6. El producto obtenido de las enajenaciones se incorporará al patrimonio del Ente público.
Artículo 31 derogado por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
Artículo 32 Régimen presupuestario y de control
1. Puertos del Estado elaborará anualmente un programa de actuación, inversiones y financiación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, y que integrará los de las Autoridades Portuarias. Este programa, acompañado de una memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que contenga con respecto al que se halle en vigor, será remitido al Ministro de Obras Públicas y Transportes a los efectos establecidos en el artículo 89.2 del citado texto legal.
2. El Ente público Puertos del Estado elaborará un plan de Empresa, de vigencia cuatrienal, que fijará los objetivos que el Ente se proponga alcanzar en cumplimiento de las directrices que el Gobierno determine, a través del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
3. En función de las previsiones y objetivos contenidos en el plan de Empresa y en el programa de actuación, inversiones y financiación, anualmente se elaborará un plan de objetivos para el período que, una vez aprobado por el Consejo Rector, se elevará al Ministerio de Obras Públicas y Transportes para su definitiva aprobación.
4. Puertos del Estado ajustará su contabilidad a las disposiciones del Código de Comercio, a las del Plan General de Contabilidad y a las demás que sean de aplicación, sin perjuicio de las obligaciones a que se refiere el artículo 123 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria.
5. El régimen de control de las actividades económicas y financieras de Puertos del Estado se ejercerá, de conformidad con lo establecido en los artículos 17.3 y 20 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, por la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas, respectivamente.
6. Puertos del Estado elaborará anualmente los presupuestos de explotación y de capital que, una vez acordados por el Consejo Rector, tramitará en la forma establecida en los artículos 87.4 y 90 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. Al presupuesto de capital se acompañará el detalle plurianual de los proyectos de inversión financiados por el mismo.
Estos presupuestos integrarán los correspondientes de las Autoridades Portuarias.
7. Serán aprobadas por el Consejo Rector, o por el órgano en quien éste delegue, las modificaciones internas de los presupuestos que no incrementen la cuantía total de los mismos y sean consecuencia de las necesidades surgidas durante el ejercicio. Cuando dichas modificaciones afecten al plan de objetivos de Puertos del Estado se informará de las mismas, tanto en lo relativo a los presupuestos como a los propios objetivos al Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Las variaciones de los presupuestos de explotación y de capital se ajustarán a lo previsto en el artículo 87.5 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria.
Cuando no concurran las previsiones a que se refiere dicho artículo, las modificaciones de las cifras de inversiones reales o financieras reflejadas en dichos presupuestos requerirán la autorización del Ministro de Obras Públicas y Transportes cuando su importe no exceda del 5 por 100 de la suma de las mismas, y del Gobierno en los demás casos.
8. El ejercicio social se computará por períodos anuales, comenzando el día 1 del mes de enero de cada año.
9. La cuenta de pérdidas y ganancias, la propuesta, en su caso, de aplicación de resultados, el balance y la memoria justificativa de cada ejercicio económico serán presentados por el Presidente del Ente al Consejo Rector para su aprobación, que deberá producirse antes de finalizar el primer semestre del siguiente año.
Artículo 32 derogado por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
Artículo 33 Régimen tributario
El Ente público Puertos del Estado queda sometido al mismo régimen tributario que corresponde al Estado.
Artículo 33 derogado por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
Artículo 34 Régimen de personal
1. El personal de Puertos del Estado quedará vinculado a éste por una relación sujeta a las normas del Derecho laboral o privado que le sean de aplicación.
2. La selección del personal se hará de acuerdo con sistemas basados en los principios de mérito y capacidad, y, con excepción del personal directivo o de confianza, mediante convocatoria pública.
3. Su régimen de retribuciones e incompatibilidad se ajustará al establecido con carácter general para el personal de las Entidades de Derecho Público a que se refiere el artículo 6 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria.
Artículo 34 derogado por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
De las Autoridades Portuarias
Artículo 35 Denominación y naturaleza
1. Las Autoridades Portuarias son Entidades de Derecho Público de las previstas en el artículo 6.5 de la Ley General Presupuestaria, con personalidad jurídica y patrimonio propios independientes de los del Estado, y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.
Número 1 del artículo 35 redactado por el apartado siete de la disposición final segunda de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
2. Se regirán por la presente Ley, la Ley General Presupuestaria y demás disposiciones que les sean de aplicación, estando excluidas de la Ley de Entidades Estatales Autónomas, y actuarán con sujeción al ordenamiento jurídico privado, incluso en las adquisiciones patrimoniales y contratación, salvo en el ejercicio de las funciones de poder público que el Ordenamiento les atribuye.
En la contratación, las Autoridades Portuarias habrán de someterse, en todo caso, a los principios de publicidad, concurrencia, salvaguarda del interés de la Entidad y homogeneización del sistema de contratación en el sector público.
Número 2 del artículo 35 redactado por el apartado siete de la disposición final segunda de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
Téngase en cuenta la Disposición Adicional única, punto 3º de la Ley 62/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que establece: "El ente público Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias se regirán por su legislación especifica, por las disposiciones de la Ley General Presupuestaria que le sean de aplicación y, supletoriamente, por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado".
3. Las Autoridades Portuarias desarrollarán las funciones que se les asigna en esta Ley bajo el principio general de autonomía funcional y de gestión,. sin perjuicio de las facultades atribuidas al Ministerio de Fomento, a través de Puertos del Estado, y de las que correspondan a las Comunidades Autónomas.
Número 3 del artículo 35 redactado por Ley 62/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
4. El Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro de Fomento y previo informe de la Comunidad Autónoma, podrá agrupar en una misma Autoridad Portuaria la administración, gestión y explotación de varios puertos de competencia de la Administración General del Estado ubicados en el territorio de una misma Comunidad Autónoma para conseguir una gestión más eficiente y un mayor rendimiento del conjunto de medios utilizados. En este caso el nombre del puerto podrá ser sustituido por una referencia que caracterice al conjunto de los puertos gestionados.
Número 4 del artículo 35 redactado por Ley 62/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
5. Los puertos de nueva construcción serán incluidos, por Orden del Ministerio de Fomento y previo informe de la Comunidad Autónoma, en el ámbito competencial de una Autoridad Portuaria ya existente, o serán gestionados por una Autoridad Portuaria creada al efecto.
Número 5 del artículo 35 redactado por Ley 62/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
6. La creación de una Autoridad Portuaria como consecuencia de la construcción de un nuevo puerto de titularidad estatal se realizará mediante Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Fomento, oído el Ministerio de Administraciones Públicas y previo informe de la Comunidad Autónoma.
Número 6 del artículo 35 redactado por Ley 62/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
7. Será de aplicación a las Autoridades Portuarias lo previsto en el artículo 24.4.
Número 8 del artículo 35 introducido por el apartado siete de la disposición final segunda de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
Artículo 36 Competencias
A las Autoridades Portuarias le corresponden las siguientes competencias:
a) La realización, autorización y control, en su caso de las operaciones marítimas y terrestres relacionadas con el tráfico portuario y de los servicios portuarios para lograr que se desarrollen en condiciones óptimas de eficacia, economía, productividad y seguridad, sin perjuicio de la competencia de otras autoridades.
Letra a) del artículo 36 redactada por el apartado ocho de la disposición final segunda de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
b) La ordenación de la zona de servicio del puerto y de los usos portuarios, en coordinación con las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.
c) La planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de las obras y servicios del puerto, y el de las señales marítimas que tengan encomendadas, con sujeción a lo establecido en esta Ley.
d) La gestión del dominio público portuario y de señales marítimas que le sea adscrito.
e) La optimización de la gestión económica y la rentabilización del patrimonio y de los recursos que tengan asignados.
f) El fomento de las actividades industriales y comerciales relacionadas con el tráfico marítimo o portuario.
g) La coordinación de las operaciones de los distintos modos de transporte en el espacio portuario.
Letra h) del artículo 36 introducida por el número 7 de la disposición final segunda de la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general («B.O.E.» 7 agosto).
Artículo 36 redactado por Ley 62/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Artículo 37 Funciones
1. Para el ejercicio de las competencias de gestión atribuidas por el artículo anterior, las Autoridades Portuarias tendrán las siguientes funciones:
a) Aprobar los proyectos de presupuestos anuales de la Autoridad Portuaria y de su programa de actuación, inversiones y financiación.
Letra a) del número 1 del artículo 37 redactada por el apartado nueve de la disposición final segunda de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
b) Gestionar, administrar y controlar los servicios portuarios, los de señalización marítima y las operaciones y actividades que requieran su autorización o concesión.
Letra b) del número 1 del artículo 37 redactada por el apartado nueve de la disposición final segunda de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
c) Coordinar la actuación de los diferentes órganos de la Administración y entidades por ella participadas, que ejercen sus actividades en el ámbito del puerto, salvo cuando esta función esté atribuida expresamente a otras Autoridades.
d) Ordenar los usos de la zona de servicio del puerto, y planificar y programar su desarrollo de acuerdo con los instrumentos de ordenación del territorio y de planificación urbanística aprobados.
e) Redactar y formular los planes especiales de ordenación de la zona de servicio del puerto, en desarrollo del planeamiento general urbanístico, o para la ejecución directa de obras de infraestructura y medidas de protección que sean precisas con sujeción a lo establecido en la legislación urbanística y en la ordenación territorial.
Letra e) del número 1 del artículo 37 redactada por el número 8 de la disposición final segunda de la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general («B.O.E.» 7 agosto).
f) Proyectar y construir las obras necesarias en el marco de los planes y programas aprobados.
g) Elaborar, en su caso, los planes de objetivos de horizonte temporal superior a cuatro años, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.1.a).
h) Aprobar los proyectos de inversión que estén incluidos en la programación aprobada, así como el gasto correspondiente a dichas inversiones, y contratar su ejecución.
i) Informar el proyecto de Reglamento general de servicio y policía de los puertos y elaborar y aprobar las correspondientes ordenanzas portuarias con los trámites y requisitos establecidos en el artículo 106, así como velar por su cumplimiento.
j) Controlar, en el ámbito portuario, el cumplimiento de los reglamentos de mercancías peligrosas y de seguridad e higiene, así como de los sistemas de seguridad y contra incendios, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos de la Administración y específicamente de las sancionadoras por infracción de la normativa laboral.
Letra j) del número 1 del artículo 37 redactada por el apartado nueve de la disposición final segunda de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
k) Aprobar las tarifas de los diferentes servicios que presten directamente, con sujeción a lo previsto en el artículo 70 de esta Ley, así como proceder a su aplicación y recaudación.
Letra k) del número 1 del artículo 37 redactada por el apartado nueve de la disposición final segunda de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
l) Otorgar las concesiones y autorizaciones y elaborar y mantener actualizados los censos y registros de usos del dominio público portuario. Así como suscribir los contratos de prestación de servicios portuarios en la zona de servicio del puerto de conformidad con los criterios generales que pueda determinar Puertos del Estado.
Letra l) del número 1 del artículo 37 redactada por el número 8 de la disposición final segunda de la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general («B.O.E.» 7 agosto).
m) Recaudar los cánones o precios públicos por las concesiones y autorizaciones otorgadas, vigilar el cumplimiento de las cláusulas y condiciones impuestas en el acto de otorgamiento, aplicar el régimen sancionador y adoptar cuantas medidas sean necesarias para la protección y adecuada gestión del dominio público portuario.
Letra m) del número 1 del artículo 37 redactada por el apartado nueve de la disposición final segunda de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
n) Impulsar la formación de su personal y desarrollar estudios e investigaciones en materias relacionadas con la actividad portuaria y la protección del medio ambiente, así como colaborar en ello con otros puertos, organizaciones o empresas, ya sean nacionales o extranjeras.
ñ) Inspeccionar el funcionamiento de las señales marítimas, cuyo control se le asigne, en los puertos de competencia de las Comunidades Autónomas, denunciando a éstas, como responsables de su funcionamiento y mantenimiento, los problemas detectados para su corrección.
o) Definir las necesidades de personal de la entidad, contratar al mismo, formular sus presupuestos y cuantos otros sean necesarios para el cumplimiento de sus fines.
Letra o) del número 1 del artículo 37 derogada por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
p) Gestionar su política comercial internacional, sin perjuicio de las competencias propias de los Ministerio de Economía y Hacienda y de Asuntos Exteriores.
q) Autorizar la participación de la entidad en sociedades mercantiles, y la adquisición o enajenación de sus acciones, cuando el importe de los compromisos contraidos no supere un 5 por 100 de sus ingresos anuales y estas operaciones no impliquen la adquisición 0 pérdida de la posición mayoritaria. El acuerdo del Consejo de Administración deberá contar con el voto favorable de los representantes de la Administración General del Estado.
El objeto social de las sociedades mercantiles participadas por la Autoridad Portuaria debe estar ligado al desarrollo de actividades vinculadas a la explotación portuaria.
Letra q) del número 1 del artículo 37 redactada por el apartado nueve de la disposición final segunda de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
r) Proponer estrategias y criterios relativos a las condiciones de prestación del servicio de estiba y desestiba de las respectivas Sociedades Estatales que operen en el ámbito competencial de la entidad correspondiente, sin perjuicio de las funciones atribuida a Puertos del Estado, a la Administración del Estado y a las Comunidades Autónomas que tuvieran competencias en la materia.
Letra r) del número 1 del artículo 37 derogada por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
Letra s) del número 1 del artículo 37 introducida por el número 9 de la disposición final segunda de la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general («B.O.E.» 7 agosto).
Letra t) del número 1 del artículo 37 introducida por el número 9 de la disposición final segunda de la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general («B.O.E.» 7 agosto).
Letra u) del número 1 del artículo 37 introducida por el número 9 de la disposición final segunda de la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general («B.O.E.» 7 agosto).
Letra v) del número 1 del artículo 37 introducida por el número 9 de la disposición final segunda de la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general («B.O.E.» 7 agosto).
2. Del ejercicio de las funciones en materia de planificación, proyecto y construcción de obras, gestión del dominio público mediante el otorgamiento de concesiones y autorizaciones y la regulación y control del tráfico portuario, el fomento de las actividades industriales y comerciales relacionadas con aquél, las tarifas y su aplicación y la coordinación de las operaciones de los distintos modos de transporte en el espacio portuario, las Autoridades Portuarias deberán suministrar a Puertos del Estado la información que les solicite.
Artículo 37 redactado por Ley 62/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Artículo 38 Ambito territorial
El ámbito territorial de competencia de las Autoridades Portuarias es el comprendido dentro de los límites de la zona de servicio del puerto y los espacios afectados al servicio de señalización marítima cuya gestión se les asigne.
Si una Autoridad Portuaria gestionara varios puertos de competencia de la Administración del Estado, su ámbito territorial se extenderá a las zonas de servicio de dichos puertos y los espacios afectados al servicio de señalización marítima cuya gestión se le asigne.
Artículo 39 Organos
Los órganos de las Autoridades Portuarias son los siguientes:
a) De gobierno:
- Consejo de Administración.
b) De gestión:
- Director.
c) De asistencia:
- Consejo de Navegación y Puerto.
La figura del "Director" ha sido introducida, en sustitución de la anterior de "Director técnico", por Ley 62/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Artículo 40 Consejo de Administración: Incompatibilidades y funciones
1. El Consejo de Administración estará integrado por los siguientes miembros:
a) El Presidente de la entidad, que lo será del Consejo.
b) Dos miembros natos, que serán el Capitán marítimo y el Director.
Letra b) del número 1 del artículo 40 redactada por el número 10 de la disposición final segunda de la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general («B.O.E.» 7 agosto).
c) Un número de Vocales comprendido entre 15 y 22, a establecer por las Comunidades Autónomas o por las Ciudades de Ceuta y Melilla, y designados por las mismas.
Letra c) del número 1 del artículo 40 redactada por el número 10 de la disposición final segunda de la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general («B.O.E.» 7 agosto).
2. La designación por las Comunidades Autónomas o las Ciudades de Ceuta y Melilla de los Vocales referidos en la letra c) del apartado anterior respetará los siguientes criterios:
La Administración General del Estado estará representada, además de por el Capitán Marítimo, por cuatro de estos Vocales, de los cuales uno será un Abogado del Estado y otro del ente público Puertos del Estado.
Los municipios en cuyo término está localizada la zona de servicio del puerto tendrán una representación del 14 por 100 del total de los miembros del Consejo. Cuando sean varios los municipios afectados, la representación corresponderá en primer lugar a aquel o aquellos que den nombre al puerto o a los puertos administrados por la Autoridad Portuaria, y posteriormente a los demás en proporción a la superficie del término municipal afectada por la zona de servicio.
El 24 por 100 del total de los miembros del Consejo serán designados en representación de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, organizaciones empresariales y sindicales y sectores económicos relevantes en el ámbito portuario.
El resto de los Vocales serán designados en representación de la Comunidad Autónoma, a la que corresponderá la corrección de los ajustes porcentuales a realizar derivados de lo dispuesto en los apartados anteriores.
La designación de los Vocales deberá hacerse necesariamente a propuesta de las Administraciones públicas y entidades y organismos representados en el Consejo de Administración. En el caso de la Administración General del Estado, dicha propuesta será realizada por el Presidente del ente público Puertos de Estado.
Los nombramientos de los Vocales del Consejo de Administración a que se refiere la letra c), tendrán una duración de cuatro años, siendo renovable, sin perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente.
La separación de los Vocales del Consejo será acordada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, a propuesta de las organizaciones, organismos y entidades a que aquéllos representen.
Número 2 del artículo 40 redactado por el número 10 de la disposición final segunda de la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general («B.O.E.» 7 agosto).
Téngase en cuenta la Disposición Transitoria 1.ª, punto 3º de la Ley 62/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que establece: "En tanto no se proceda al nombramiento de la totalidad de los Vocales del Consejo de Administración de las respectivas Autoridades Portuarias de conformidad con lo establecido por el artículo 40 de esta Ley, los Consejos de Administración designados conforme a la legislación que se modifica continuarán en el pleno ejercicio de las funciones que corresponden a dichos órganos".
3. El Consejo designará a propuesta del Presidente, un Secretario, que si no fuera miembro de aquél, asistirá a sus reuniones con voz pero sin voto.
Número 3 del artículo 40 redactado por el número 10 de la disposición final segunda de la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general («B.O.E.» 7 agosto).
4. No podrán formar parte del Consejo de Administración de las Autoridades Portuarias:
a) Los propietarios, socios, consejeros, directores, gerentes, cargos de confianza, o directivos en general de sociedades o empresas que presten servicios o desarrollen actividades en el puerto, cuya concesión, autorización o contratación sea competencia o corresponda suscribir a la Autoridad Portuaria, salvo que ostente un cargo de representación empresarial electivo de ámbito estatal, autonómico o local.
b) Todos aquellos que tengan participación o interés directo en empresas o entidades que realicen o tengan presentadas ofertas para la realización en el puerto de obras y suministros o de cualquier actividad que genere a la Autoridad Portuaria gastos relevantes, salvo que se trate de entidades o corporaciones de Derecho público o que ostenten un cargo de representación empresarial electivo de ámbito estatal, autonómico o local.
c) El personal laboral de la Autoridad Portuaria o de empresas, entidades o corporaciones que presten sus servicios en el puerto, en lo que se refiere a los puestos de representación sindical, salvo que ostenten un cargo sindical electivo de ámbito estatal, autonómico o local.
d) Los que se hallen incursos en incompatibilidad, con arreglo a la legislación aplicable.
e) Las personas que no ostenten la condición de ciudadano de la Unión Europea.
5. Corresponden al Consejo de Administración las siguientes funciones:
a) Regir y administrar el puerto, sin perjuicio de las facultades que le correspondan al Presidente.
b) Delimitar las funciones y responsabilidades de sus órganos y conferir y revocar poderes generales o especiales a personas determinadas tanto físicas como jurídicas para los asuntos en qué fuera necesario tal otorgamiento.
c) Aprobar, a iniciativa del Presidente, la organización de la entidad y sus modificaciones.
d) Establecer sus normas de gestión y sus reglas de funcionamiento interno, su régimen económico y funciones del Secretario, con sujeción a lo dispuesto en el apartado 6 de este artículo.
e) Nombrar y separar al personal directivo de la Autoridad Portuaria y aprobar su régimen retributivo, a propuesta del Presidente, definir la política general de recursos humanos de la entidad y establecer los criterios para la negociación colectiva de las condiciones de trabajo del personal, sin perjuicio de lo establecido en la normativa laboral o presupuestaria.
Letra e) del número 5 del artículo 40 derogada por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
f) Aprobar los proyectos de presupuestos anuales de la Autoridad Portuaria y su programa de actuación, inversiones y financiación, así como su remisión a Puertos del Estado para su tramitación.
Letra f) del número 5 del artículo 40 redactada por el apartado diez de la disposición final segunda de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
g) Aprobar el balance, cuenta de pérdidas y ganancias la memoria explicativa de la gestión anual de la entidad, el plan de empresa acordado con Puertos del Estado y la propuesta, en su caso, de aplicación de resultados, acordando el porcentaje de los mismos que se destine a la constitución de reservas, en la cantidad que resulte precisa para la realización de inversiones y para el adecuado funcionamiento de la entidad.
h) Autorizar las inversiones y operaciones financieras de la entidad, incluidas la constitución y participación en sociedades mercantiles, previo cumplimiento de los requisitos legales necesarios.
i) Aprobar los proyectos que supongan la ocupación de bienes y adquisición de derechos a que se refiere el artículo 22 de la presente Ley, sin perjuicio de la aprobación técnica de los mismos por el Director.
Letra i) del número 5 del artículo 40 redactada por el número 11 de la disposición final segunda de la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general («B.O.E.» 7 agosto).
j) Ejercer las facultades de policía que le atribuye la presente Ley, y que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines.
k) Fijar los objetivos de gestión anuales, en el siguiente: marco de los globales que establezca Puertos del Estado para el conjunto del sistema.
l) Proponer las operaciones financieras de activo o pasivo cuya aprobación corresponde a Puertos del Estado, dentro del marco de los planes de inversión, de financiación y de endeudamiento que el Gobierno y las Cortes Generales aprueben para este ente público.
m) Autorizar créditos para financiamiento del circulante.
n) Fijar las tarifas por los servicios que preste directamente la Autoridad Portuaria con sujeción a lo establecido en el artículo 70 de esta Ley.
Letra n) del número 5 del artículo 40 redactada por el apartado diez de la disposición final segunda de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
ñ) Otorgar las concesiones y autorizaciones, de acuerdo con los criterios y pliegos de condiciones generales que apruebe el Ministerio de Fomento, y recaudar los cánones por ocupación del dominio público o por el ejercicio de actividades industriales, comerciales o de servicios dentro de la zona de servicio del puerto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 y 69 bis de esta Ley.
Letra ñ) del número 5 del artículo 40 redactada por el apartado diez de la disposición final segunda de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
o) Aprobar aquellos acuerdos, pactos, convenios y contratos que el propio Consejo determine que han de ser de su competencia, en razón de su importancia o materia.
p) Acordar lo conveniente sobre el ejercicio de las acciones y recursos que correspondan a las Autoridades Portuarias en defensa de sus intereses ante las Administraciones Públicas y Tribunales de Justicia de cualquier orden, grado o jurisdicción.
En caso de urgencia esta facultad podrá ser ejercida por el Presidente, quien dará cuenta inmediata de lo actuado al Consejo de Administración en su primera reunión.
q) Favorecer la libre competencia y velar para que no se produzcan situaciones de monopolio en la prestación de los distintos servicios portuarios.
r) Realizar cuantos actos de gestión, disposición y administración de su patrimonio propio se reputen precisos.
s) Aprobar las ordenanzas del puerto, con sujeción a lo previsto en el artículo 106 de esta Ley.
t) Ejercer las demás funciones de la Autoridad Portuaria establecidas en el artículo 37 no atribuidas a otros órganos de gobierno o de gestión y no reseñadas en los apartados anteriores.
6. Las funciones que le correspondan y que impliquen el ejercicio de la autoridad de la Administración serán indelegables.
Número 6 del artículo 40 derogado por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
7. Para que el Consejo de Administración pueda constituirse válidamente será necesario que concurran a sus reuniones la mitad más uno de la totalidad de sus miembros y, en todo caso, el Presidente o Vicepresidente y el Secretario. La representación de los Vocales sólo podrá conferirse a otros miembros del Consejo por escrito y para cada sesión.
Los acuerdos del Consejo de Administración serán adoptados por mayoría de votos de los miembros presentes o representados. No obstante, para el nombramiento del Director así como para el ejercicio de las funciones a que se refieren las letras e), f) y 9) del apartado 5 de este artículo, será necesario que los acuerdos se adopten por mayoría absoluta de los miembros del Consejo de Administración. El Presidente del Consejo dirimirá los empates con su voto de calidad.
Artículo 40 redactado por Ley 62/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Artículo 41 Presidente: Nombramiento y funciones
1. El Presidente de la Autoridad Portuaria será designado y separado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma o de las ciudades de Ceuta y Melilla entre personas de reconocida competencia profesional e idoneidad. La designación o separación será publicada en el correspondiente Diario Oficial, una vez haya sido comunicada al Ministro de Fomento, quien, a su vez, dispondrá su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». El Presidente podrá serlo también del Consejo de Administración de las sociedades estatales de estiba y desestiba que operen en los puertos incluidos en el ámbito competencial de la entidad correspondiente, pudiendo, asimismo, simultanear su cargo con el de Presidente o Vocal del Consejo de Administración de las sociedades participadas por la Autoridad Portuaria que preside, con los requisitos y las limitaciones retributivas que se derivan de la aplicación de la legislación sobre incompatibilidades.
Número 1 del artículo 41 redactado por el apartado once de la disposición final segunda de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
2. Corresponden al Presidente las siguientes funciones:
a) Representar de modo permanente a la Autoridad Portuaria y a su Consejo de Administración en cualesquiera actos y contratos y frente a toda persona física o jurídica, ya sea pública o privada, en juicio y fuera de él, sin perjuicio de las facultades de apoderamiento propias del Consejo de Administración.
b) Convocar. fijar el orden del día, presidir y levantar las reuniones del Consejo de Administración, dirigiendo sus deliberaciones.
La convocatoria podrá tener lugar de oficio o a propuesta de la quinta parte de los miembros del Consejo de Administración.
c) Establecer directrices generales para la gestión de los servicios de la entidad.
d) Velar por el cumplimiento de las normas aplicables a la Autoridad Portuaria y de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración.
e) Presentar al Consejo de Administración el plan de empresa, con los objetivos de gestión y criterios de actuación de la entidad así como los proyectos de presupuestos, de programa de actuación, inversiones y financiación y de cuentas anuales.
f) Disponer los gastos y ordenar, mancomunadamente con el Director los pagos o movimientos de fondos.
g) Ejercer las facultades que el Consejo de Administración le delegue.
h) Las demás facultades que le atribuye la presente Ley.
3. Corresponde al Presidente velar por el cumplimiento de las obligaciones que esta Ley atribuye a las Autoridades Portuarias ante Puertos del Estado, especialmente en relación a las disposiciones y actos cuya aprobación o informe corresponde a éste, así como la de suministrar al mismo toda la información de interés para el sistema portuario estatal.
Artículo 41 redactado por Ley 62/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Artículo 42 Vicepresidente: Designación y funciones
1. El Consejo de Administración, a propuesta de su Presidente, nombrará, de entre sus miembros, un Vicepresidente, no pudiendo recaer este cargo ni en el Director ni en el Secretario.
Número 1 del artículo 42 redactado por Ley 62/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
2. El Vicepresidente sustituye al Presidente en casos de vacante, ausencia o enfermedad, pudiendo ejercer, asimismo, aquellas funciones que en él delegue el Presidente o el Consejo de Administración.
Artículo 43 Director
1. El Director será nombrado y separado por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, a propuesta del Presidente, con la mayoría señalada en el apartado 7 del artículo 40, entre personas con titulación superior y reconocida experiencia en técnicas y gestión portuaria.
La propuesta de nombramiento será comunicada a Puertos del Estado con al menos una antelación de tres días hábiles a su elevación al Consejo de Administración.
Número 1 del artículo 43 redactado por el apartado doce de la disposición final segunda de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
2. Corresponden al Director las siguientes funciones:
a) La dirección y gestión ordinaria de la entidad y de sus servicios, con arreglo a las directrices generales que reciba de los órganos de gobierno de la Autoridad Portuaria, así como la elevación al Presidente de la propuesta de la estructura orgánica de la entidad.
b) La incoación y tramitación de los expedientes administrativos cuando no esté atribuida expresamente a otro órgano, así como la emisión preceptiva de informe acerca de las autorizaciones y concesiones, elaborando los estudios e informes técnicos sobre los proyectos y propuestas de actividades que sirvan de base a las mismas.
c) La aprobación técnica de los proyectos de obras a ejecutar por la Autoridad Portuaria,
d) La elaboración y sometimiento al Presidente para su consideración y decisión de los objetivos de gestión y criterios de actuación de la entidad, de los anteproyectos de presupuestos, programa de actuaciones, inversiones, financiación y cuentas anuales, así como de las necesidades de personal de la entidad.
Téngase en cuenta, asimismo, que la Disposición Transitoria 1.ª, punto 2º de la citada Ley 62/1997, 26 diciembre, establece: "Los Directores técnicos designados conforme a la normativa que se deroga continuarán en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 43.1".
Artículo 43 redactado por Ley 62/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Artículo 43 redactado por el número 13 de la disposición final segunda de la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general («B.O.E.» 7 agosto).
Artículo 44 Consejo de Navegación y Puerto
1. Como órgano de asistencia e información de la Capitanía Marítima y del Presidente de cada Autoridad Portuaria, se creará, en cada uno de los puertos de titularidad estatal, un Consejo de Navegación y Puerto, en el que podrán estar representadas aquellas personas físicas o jurídicas que lo soliciten en las que, además, se aprecie un interés directo y relevante en el buen funcionamiento del puerto, del comercio marítimo o que puedan contribuir al mismo de forma eficaz.
Entre otras podrán estar representadas las siguientes:
a) Las Entidades públicas que ejerzan competencias y realicen actividades relacionadas con el puerto.
b) Las Corporaciones de Derecho Público y Entidades u organizaciones privadas cuya actividad esté relacionada con las actividades portuarias o marítimas.
c) Los Sindicatos más representativos en los sectores marítimo y portuario en el ámbito territorial de la Autoridad Portuaria.
2. La forma de designación y cese de sus miembros y el régimen de sus sesiones se determinarán por los Consejos de Administración de las correspondientes Autoridades Portuarias.
Artículo 45 Régimen económico
Constituyen los recursos de las Autoridades Portuarias:
a) Los productos y rentas de su patrimonio, así como los procedentes de la enajenación de sus activos y los remanentes resultantes del ejercicio económico anterior.
b) Los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos en el ejercicio de sus actividades, que tendrán el carácter de recursos de Derecho privado.
c) Los cánones procedentes de la utilización de bienes de dominio público portuario, de la prestación de servicios al público o del ejercicio de actividades industriales y comerciales en el ámbito portuario.
d) Las aportaciones recibidas de Puertos del Estado.
e) Los que pudieran asignarse en los Presupuestos Generales del Estado o en los de otras Administraciones Públicas, así como las subvenciones y auxilios, cualquiera que sea su procedencia.
f) Los procedentes de los créditos, préstamos y demás operaciones financieras que puedan concertar.
g) El producto de la aplicación del régimen sancionador previsto en esta Ley.
h) Cualquier otro que les sea atribuido.
Artículo 45 derogado por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
Artículo 46 Fondo de contribución
1. Las Autoridades Portuarias contribuirán con sus aportaciones, en la forma y cuantía que se especifique en los presupuestos anuales de Puertos del Estado, a cubrir los gestos e inversiones de funcionamiento de éste, los servicios comunes que preste a' las Autoridades Portuarias, las actividades de investigación y desarrollo, así como los servicios centrales de Señales Marítimas del Estado. Dichas aportaciones, calculadas conforme a lo establecido en el apartado 4 de este artículo, no deberán superar el 4 por 100 de los ingresos del conjunto de los puertos de interés general.
2. Asimismo, las Autoridades Portuarias contribuirán con sus aportaciones a cubrir las inversiones que realicen éstas a través de Puertos del Estado. Estas aportaciones, calculadas conforme se indica en el apartado 4, no podrán superar el 5 por 100 de los ingresos del conjunto de los puertos de interés general durante el ejercicio anterior.
3. La distribución del Fondo de Contribución con destino a las inversiones a que se refiere el apartado 2, será realizada a través de un Comité cuya composición será la siguiente:
a) El Presidente, que será el Presidente de Puertos del Estado.
b) Los Vocales, que serán los Presidentes de cada una de las Autoridades Portuarias o persona en quien deleguen.
c) Un Secretario, que será el del Consejo Rector de Puertos del Estado.
Los acuerdos del Comité sobre la base de las propuestas presentadas por Puertos del Estado, serán adoptados por mayoría simple de asistentes, siempre que se encuentren presentes la mitad más uno de sus miembros, correspondiendo al Presidente voto de calidad en caso de empate.
Las propuestas presentadas por Puertos del Estado deberán ir precedidas de la comprobación por este ente público de que la gestión de la política tarifaria que se viene aplicando por la Autoridad Portuaria interesada se adecua a los principios de leal competencia y al cumplimiento de los objetivos de autofinanciación del sistema portuario.
En la distribución de dichas cantidades, el Comité atenderá preferentemente a aquellos proyectos que tengan mayor rentabilidad social. Asimismo, deberá considerar con dicho carácter preferente los proyectos que afecten a los puertos insulares de interés general no ubicados en capitales de provincias.
4. El conjunto de las aportaciones a que se refieren los apartados 1 y 2, que serán administradas por Puertos del Estado, tendrán la consideración de gasto no reintegrable para las Autoridades Portuarias y se determinarán por el Ministro de Fomento, a través de la aplicación de índices o fórmulas que incorporen, como variables, indicadores o conceptos económicos vinculados a la gestión de las Autoridades Portuarias y especialmente: los ingresos derivados de la existencia de refinerías de petróleo, centrales energéticas u otras instalaciones estratégicas localizadas en el ámbito portuario, los ingresos por tarifas o cánones de concesiones en las que la construcción de la obra de infraestructura y la explotación corran de cuenta del concesionario, los beneficios o las diferentes partidas de ingresos, gastos o costes.
Artículo 46 redactado por Ley 62/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Artículo 46 derogado por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
Artículo 47 Fondo de Financiación y Solidaridad
1. El Fondo de Financiación y Solidaridad estará constituido por las cantidades que voluntariamente las Autoridades Portuarias con excedentes de tesorería pongan a disposición de otras con el interés que en cada caso se fije de acuerdo con las condiciones del mercado.
Número 1 del artículo 47 redactado por el apartado trece de la disposición final segunda de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
2. Puertos del Estado deberá autorizar previamente las anteriores operaciones, a fin de que la utilización del Fondo no suponga beneficios económicos o transferencias de créditos sin contraprestación, ni implique cualquier otra medida que dificulte o distorsione la libre competencia entre los puertos de interés general.
Artículo 47 redactado por Ley 62/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Artículo 47 derogado por el número 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general («B.O.E.» 7 agosto).
Artículo 48 Medidas para garantizar el cobro de sus recursos
1. Las Autoridades Portuarias podrán utilizar para la efectividad de sus débitos con naturaleza de ingresos de Derecho público, y a través de sus propios servicios, el procedimiento administrativo de apremio.
Asimismo, podrán convenir con los órganos de recaudación del Ministerio de Economía y Hacienda la gestión recaudatoria de dichos ingresos en la forma prevista en el Reglamento General de Recaudación.
2. El impago reiterado de los cánones y tarifas devengadas por la utilización, gestión y explotación de bienes o servicios portuarios, faculta a las Autoridades Portuarias para suspender temporalmente la prestación del servicio a las Entidades deudoras, previo requerimiento a éstas y comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación marítima.
Número 2 del artículo 48 derogado por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
Artículo 49 Régimen patrimonial
1. Para el cumplimiento de los fines que les son propios, las Autoridades Portuarias tendrán un patrimonio propio, formado por el conjunto de los bienes y derechos que el Estado les atribuyan como propios, los que adquieran en el futuro por cualquier título o les sean cedidos o donados por cualquier persona o Entidad.
2. Los bienes estatales que se adscriban a las Autoridades Portuarias y estén afectados a su servicio conservarán su calificación jurídica originaria, debiendo utilizarlos exclusivamente para el cumplimiento de los fines determinantes de su afectación o adscripción.
Las Autoridades Portuarias podrán ejercer en cualquier momento respecto de estos bienes las facultades de Administración, defensa, policía, investigación y recuperación posesoria que otorga a la Administración del Estado la Ley de Costas.
3. La afectación de nuevos bienes de dominio público a las Autoridades Portuarias, así como la adscripción de nuevos bienes patrimoniales, se efectuará por el Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, salvo cuando las Entidades ejecuten nuevas obras e instalaciones o adquieran nuevos bienes en el desarrollo de sus actividades.
4. Los bienes de dominio público portuario que resulten innecesarios para el cumplimiento de fines de este carácter podrán ser desafectados por el Ministro de Fomento, con informe de la Dirección General de Costas a efectos de la protección y defensa del dominio público marítimo-terrestre, previa declaración de innecesariedad por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria y se incorporarán al patrimonio de ésta, quien podrá proceder a su enajenación o permuta. Si el valor fuera superior a 500.000.000 de pesetas y no excediera de 3.000.000.000 de pesetas, su enajenación deberá, además, ser autorizada por Puertos del Estado, y por el Gobierno cuando sobrepase esta última cantidad.
La Orden del Ministerio de Fomento que acuerde la desafectación conllevará, en su caso, la rectificación de la delimitación de la zona de servicio del puerto contenida en el plan de utilización de los espacios portuarios, y se comunicará al Ministerio de Medio Ambiente a fin de que proceda a la rectificación del deslinde del dominio público marítimo-terrestre existente.
En el caso de que los bienes desafectados conserven sus características naturales de bienes de dominio público marítimo-terrestre, definidos en el artículo 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, tales como playas o zonas de depósito de materiales sueltos, se incorporarán automáticamente al uso propio del dominio público maritimo-terrestre regulado por dicha Ley.
Número 4 del artículo 49 redactado por Ley 62/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
5. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, sin necesidad de expresa declaración de desafectación del servicio, podrá acordar el desguace y, en su caso, la enajenación de material inservibles y de instalaciones no fijas, así como la enajenación de bienes muebles de cualquier naturaleza.
Artículo 49 derogado por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
Artículo 50 Régimen presupuestario y de control
1. Las Autoridades Portuarias aprobarán cada año los proyectos de programa de actuación, inversiones y financiación y de presupuesto de explotación y de capital, que serán remitidos a Puertos del Estado para su aprobación con carácter previo e integración, de forma consolidada, en sus propios programas y presupuestos.
En la elaboración de dicho programa las Autoridades Portuarias habrán de sujetarse a los criterios y directrices de la política presupuestaria del Gobierno y a los objetivos generales de gestión que establezca Puertos del Estado.
Número 1 del artículo 50 redactado por Ley 62/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
2. Las Autoridades Portuarias ajustarán su contabilidad a las disposiciones del Código de Comercio, a las del Plan General de Contabilidad y a las demás que sean de aplicación, sin perjuicio de las obligaciones a que se refiere el artículo 123 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria.
3. El régimen de control de las actividades económicas y financieras de las Autoridades Portuarias se ejercerá, de conformidad con lo establecido en los artículos 17.3 y 20 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, por la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas, respectivamente.
4. Serán aprobadas por el Consejo de Administración o por el órgano en quien éste delegue las modificaciones internas de los presupuestos que no incrementen la cuantía total del mismo y sean consecuencia de las necesidades surgidas durante el ejercicio.
Las variaciones de los presupuestos de explotación y de capital se ajustarán a lo previsto en el artículo 8 7.5 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria.
Cuando no concurran las previsiones a que se refiere dicho artículo, la modificación del presupuesto de explotación de las Autoridades Portuarias que incrementen la cuantía total del mismo deberán ser aprobadas por Puertos del Estado. Cuando la modificación afecte a las cifras de inversiones reales o financieras reflejadas en dichos presupuestos, requerirá la autorización del Ministerio de Fomento cuando su importe no exceda del 5 por 100 de la suma de las mismas, y del Gobierno en los demás casos. Estas últimas variaciones requerirán el previo informe favorable de Puertos del Estado.
Número 4 del artículo 50 redactado por Ley 62/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
5. El ejercicio social se computará por períodos anuales comenzando el día 1 del mes de enero de cada año.
6. La cuenta de pérdidas y ganancias, la propuesta, en su caso, de aplicación de resultados, el balance y la memoria justificativa de cada ejercicio económico serán presentados por el Presidente de la Autoridad Portuaria al Consejo de Administración para su aprobación, que deberá producirse antes de finalizar el primer semestre del siguiente año.
Artículo 50 derogado por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
Artículo 51 Régimen tributario
Las Autoridades Portuarias quedan sometidas al mismo régimen tributario que corresponde al Estado.
Artículo 51 derogado por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
Artículo 52 Régimen de personal
1. El personal de las Autoridades Portuarias quedará vinculado a éstas por una relación sujeta a las normas del Derecho laboral o privado que le sean de aplicación.
2. La selección del personal se hará de acuerdo con sistemas basados en los principios de mérito y capacidad, y, con excepción el personal directivo o de confianza, mediante convocatoria pública.
3. Su régimen de retribuciones e incompatibilidades se ajustará al establecido con carácter general para el personal de las Entidades de Derecho público a que se refiere el artículo 6 del Texto refundido de la Ley General Presupuestaria.
Artículo 52 derogado por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).

References: Artículo 10
 Artículo 149

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18
 artículo 18

Artículo 19
 artículo 84
 artículo 19
 artículo 19

Artículo 20

Artículo 21
 artículo 21

Artículo 21

Artículo 22
 artículo 22

Artículo 23

Artículo 23

Artículo 24
 artículo 6
 artículo 24
 artículo 24

Artículo 25
 artículo 25

Artículo 25

Artículo 26
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 37
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 106
 artículo 26

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 27

Artículo 27

Artículo 28
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 28

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 31

Artículo 32
 artículo 87
 artículo 89
 artículo 123
 artículo 87

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 33

Artículo 34
 artículo 6

Artículo 34

Artículo 35
 artículo 6
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 35
 Real Decreto 
 artículo 35
 artículo 24
 artículo 35

Artículo 36
 artículo 36
 artículo 36

Artículo 36

Artículo 37
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 26
 artículo 106
 artículo 37
 artículo 70
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 37

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 22
 artículo 40
 artículo 70
 artículo 40
 artículo 69
 artículo 40
 artículo 106
 artículo 37
 artículo 40

Artículo 40

Artículo 41
 artículo 41

Artículo 41

Artículo 42
 artículo 42

Artículo 43
 artículo 40
 artículo 43
 artículo 43

Artículo 43

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 46

Artículo 46

Artículo 47
 artículo 47

Artículo 47

Artículo 47

Artículo 48
 artículo 48

Artículo 49
 artículo 3
 artículo 49

Artículo 49

Artículo 50
 artículo 50
 artículo 123
 artículo 8
 artículo 50

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 51

Artículo 52
 artículo 6

Artículo 52