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Timestamp: 2020-08-03 09:51:38+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 162, de 16/10/2012
cve: BOCG-10-D-162
051/000002 Composición del Pleno. Altas y bajas... (Página4)
010/000008 Composición de los Grupos Parlamentarios. Altas y bajas... (Página5)
031/000009 Composición de la Junta de Portavoces. Altas y bajas... (Página5)
158/000023 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para realizar el seguimiento de lo acordado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible (Río+20) y su aplicación en España, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista ... (Página5)
158/000024 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Educación y Deporte, para el análisis de los problemas y el estudio de alternativas dirigidas a la mejora del sistema educativo, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto ... (Página8)
161/000959 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo en consulados españoles ... (Página10)
161/000957 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la reforma del Código Penal para recuperar el delito de convocatoria ilegal de elecciones o de consultas populares por vía de referéndum ... (Página10)
161/000964 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre regulación de la concesión de indultos... (Página12)
161/000962 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de modificación de la obligación de reserva de la información bancaria... (Página12)
161/000963 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre regulación de la publicidad con mensajes sobre el IVA... (Página13)
161/000965 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre las clases de religión en centros educativos públicos... (Página14)
161/000947 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la pesca ilegal en las reservas marinas... (Página15)
161/000958 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al aumento de la coordinación de los organismos públicos de investigación en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación biomédicas... (Página16)
161/000966 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la necesidad de fijar un Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH)... (Página17)
161/000968 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), sobre la elaboración de la posición española ante las cumbres o reuniones internacionales en materia de cooperación internacional para el desarrollo... (Página18)
161/000960 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la conmemoración del III Centenario del nacimiento de Fray Junípero Serra... (Página19)
161/000961 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la adecuación de las funciones del Real Patronato sobre Discapacidad a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad... (Página20)
181/000560 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre opinión del Gobierno acerca de si la cuantía de las becas existentes permiten al alumnado poder dedicar todas las horas al trabajo y estudio del grado que exige el Sistema Europeo de Créditos (ETC)... (Página21)
181/000561 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre previsiones acerca de establecer un sistema de becas coordinado con las administraciones autonómicas y entidades universitarias basado en un baremo elaborado en función de indicadores económicos de los países de destino... (Página22)
181/000562 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre efectos que los recortes y modificaciones realizados en materia de becas y ayudas al alumnado para el curso 2012-2013 en el sistema universitario, provocarán en el sistema universitario español... (Página22)
181/000563 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Montón Giménez (GS), sobre previsiones acerca de la reedición del "Curso Básico de Prostitución Profesional" ofertado en Valencia... (Página22)
De conformidad con el artículo 9 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
SORAVILLA FERNÁNDEZ, Roberto 21-09-2012
RODRÍGUEZ HERRER, M.ª Elvira 24-09-2012
JORQUERA CASELAS, Francisco Xesús 30-09-2012
SÁNCHEZ BARRERA, José Juan 26-09-2012
RODRÍGUEZ FLORES, M.ª Carmen 09-10-2012
PÉREZ FERNÁNDEZ, Rosana 09-10-2012
PÉREZ FERNÁNDEZ, Rosana BNG
SÁNCHEZ BARRERA, José Juan PP
RODRÍGUEZ FLORES, M.ª Carmen PP
Nombre: SÁNCHEZ BARRERA, José Juan.
Fecha: 26 de septiembre de 2012.
Nombre: RODRÍGUEZ FLORES, M.ª Carmen.
Nombre: PÉREZ FERNÁNDEZ, Rosana.
Circunscripción: A Coruña.
Número: 375.
Formación electoral: BNG.
Número de miembros al 9 de octubre de 2012: 185.
(010/000009)
Número de miembros al 9 de octubre de 2012: 18.
(031/000001)
Mes;Portavoz;Portavoz Adjunto/a
Noviembre 2012;M.ª Olaia FERNÁNDEZ DAVILA (BNG);Xabier Mikel ERREKONDO SALTSAMENDI (AMAIUR)
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para realizar el seguimiento de lo acordado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible (Río+20) y su aplicación en España.
Teniendo en cuenta la corrección remitida mediante escrito número de registro 31.744, admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, advirtiendo que no cabe predeterminar en este momento el conocimiento por el Pleno del informe final que se elabore, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Asimismo comunicar este acuerdo al Grupo Parlamentario solicitante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2012.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, sobre el procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara, presentar propuesta de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para realizar el seguimiento de lo acordado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible (Río+20), y su aplicación en España.
La reciente Cumbre Río+20, organizada por Naciones Unidas, tenía como objetivos evaluar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la anterior Cumbre de Río de 1992 -la denominada Cumbre de la Tierra- así como las razones de los retrasos y carencias en su implementación, renovar el compromiso de todos los países con el desarrollo sostenible y avanzar propuestas en relación con la "economía verde" en el contexto de la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible, así como en relación con el marco institucional del desarrollo sostenible.
En los días previos a la Cumbre, la Asamblea de Parlamentarios acordó establecer en cada país los mecanismos adecuados para que los Parlamentos controlen y evalúen los avances de los respectivos Gobiernos hacia el desarrollo sostenible, implicándose en la formulación de estrategias nacionales. La presente iniciativa se basa, precisamente, en ese rol activo reclamado para los Parlamentos, en particular por parte del Presidente del Congreso de los Diputados, que subrayó, además, la oportunidad de incorporar el valor del capital natural en la definición de las políticas públicas.
Las conclusiones de la Cumbre Río+20 han quedado, sin duda, muy por debajo de las propuestas ambiciosas que han alimentado su proceso de preparación. Sin embargo, suponen la reafirmación de la voluntad política de cumplir con los acuerdos de la Cumbre de 1992, así como la puesta en marcha de varios procesos para la definición de la agenda internacional de desarrollo sostenible de 2015 para los que se requieren la máxima implicación de todos los gobiernos y de la sociedad civil.
Entre dichas conclusiones destacan algunas, en las que los líderes se han comprometido a promover avances concretos a corto plazo, que deberían ser objeto de atención preferente por parte del Parlamento, a la vista de su trascendencia práctica en el caso de España:
1. Elaboración de indicadores para la medición del progreso, más allá del PIB (conclusión 38), España no ha participado aún, de manera efectiva, en ninguno de los procesos (impulsados por el PNUMA, por la OCDE...) que han conducido ya a resultados concretos, en algunos países de la aplicación de
nuevos indicadores, diseñados a partir de la integración coherente de la dimensión económica, social y ambiental del progreso. Parece relevante que España se incorpore formalmente a estas iniciativas, para comenzar cuarto antes a evaluar adecuadamente su avance hacia el desarrollo sostenible. Este ejercicio no puede desligarse de la necesaria revisión de la vigente Estrategia de Desarrollo Sostenible, que deberla incorporar el conjunto de las conclusiones de Río+20, así como las indicaciones formuladas por la Comisión Europea, que vincula además la concreción de la "economía verde" a la utilización de dichos indicadores.
2. Establecimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible a partir de 2015, integrando la agenda internacional del desarrollo con la agenda internacional sobre sostenibilidad. Las conclusiones de Río+20 (conclusiones 247 y siguientes) prevén que el Secretario General de Naciones Unidas consultará a los países miembros sobre el mandato de un grupo de trabajo especifico de composición abierta, que deberá crearse en 2013 y entregar sus propuestas en 2014, de forma que exista continuidad en el esfuerzo asociado a los actuales Objetivos de Desarrollo del Milenio. En dicho mandato, España podría jugar un papel destacado, con propuestas concretas, en relación con el desarrollo del derecho al agua y al saneamiento, así como del derecho a energía sostenible para todos, dos de los ámbitos destacados en Río+20, teniendo en cuenta nuestro liderazgo internacional y nuestra experiencia específica en la cooperación al desarrollo. Así mismo España debería participar activamente en los trabajos previstos para la definición de una estrategia internacional de financiación del desarrollo sostenible.
3. Mayor protección y regulación internacional de los océanos y de los ecosistemas marinos. Esta ha sido una de las prioridades en el debate previo a Río+20. Las conclusiones recogen el compromiso de todos los líderes en cuanto al cumplimiento efectivo de convenios ya existentes, así como un nuevo objetivo, (conclusión número 162), el de crear un instrumento internacional para la regulación de las zonas de los océanos que se encuentran fuera de las jurisdicciones nacionales. Sobre esta cuestión está ya trabajando un grupo informal específico en Naciones Unidas, que deberá presentar sus conclusiones en 2015. España, por su importante experiencia tanto en la actividad pesquera como en la investigación oceanográfica debería implicarse cuanto antes en el debate sobre tales propuestas, de extraordinaria importancia para la conservación de la biodiversidad marina y la consiguiente obtención sostenible de alimentos procedentes del mar.
4. Establecimiento de mejores mecanismos de rendición de cuentas para el sector privado, y, en particular, para las empresas que cotizan en bolsa -que deberían presentar de forma sistemática- informes sobre evaluación de su actividad conforme a indicadores de sostenibilidad (económica, social y ambiental).
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista propone la creación en el seno de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de una Subcomisión para realizar el seguimiento de lo acordado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible (Río+20), así como de su aplicación en España.
C) Objeto de la Comisión.
La Subcomisión deberá realizar el seguimiento de lo acordado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible (Río+20), y en especial de las cuatro conclusiones referidas en la exposición
de motivos de esta iniciativa, estudiando su implementación en España y las aportaciones a realizar en los distintos foros internacionales en esta materia.
La Subcomisión deberá realizar el estudio correspondiente y presentar sus conclusiones en un plazo máximo de seis meses desde su constitución, prorrogable por decisión del Pleno de la Cámara cuando los trabajos de la subcomisión así lo aconseje. El mencionado Informe, una vez aprobado por la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, junto con las conclusiones finales de los trabajos de la Subcomisión, se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación.
Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar la documentación necesaria para la realización de los trabajos de la Subcomisión desde el momento de su constitución, así corno las comparecencias que se consideren oportunas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2012.-Cristina Narbona Ruiz y César Luena López, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Educación y Deporte, para el análisis de los problemas y el estudio de alternativas dirigidas a la mejora del sistema educativo.
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Educación y Deporte, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el articulo 97 del Reglamento de la Cámara.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Carlos Salvador Armendáriz, diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), de acuerdo con lo establecido en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de 26 de junio de 1996, sobre el procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara, presenta la propuesta de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Educación y Deporte, para el análisis de los problemas y el estudio de alternativas dirigidas a la mejora del sistema educativo.
El sistema educativo vigente actualmente en España adolece de graves carencias. Esta visión acerca de la situación de la educación en nuestro país es una realidad comúnmente aceptada que se deduce de numeroso estudios, entre los cuales cabe destacar, por la riqueza de variables y de países tenidos en cuenta así como por su reconocido prestigio, el Informe PISA, en su última edición referido al año 2009, y el reciente Informe español Panorama de la Educación 2012, ambos elaborados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
De todos los problemas que tiene el sistema educativo actual, hay uno que destaca y preocupa por encima del resto: el fracaso escolar. Es la principal dificultad a superar, tal y como se deduce del último Informe PISA que, sin perjuicio de las diferencias entre ambos estudios, vuelve a confirmarse en el Informe español de la OCDE publicado el pasado día 11 de septiembre. En este sentido, éste aporta el dato de que el 47% de la población adulta española sólo posee estudios secundarios de primera etapa o inferiores frente al 26% de media de los países de la OCDE y el 25% de la Unión Europea. Este dato resulta especialmente desfavorable teniendo en cuenta que la segunda etapa de Educación Secundaria es considerada por la OCDE como la cualificación mínima para acceder con éxito al mercado laboral y reducir el riesgo de desempleo.
Panorama de la Educación 2012, continúa mostrando la influencia que la educación tiene en las circunstancias y expectativas laborales y salariales de los ciudadanos. De los datos aportados, concluye que "tanto en España, corno en la OCDE y en la Unión Europea, a mayor nivel de formación de la población de 25 a 64 años corresponde una mayor tasa de ocupación y una menor tasa de desempleo, así como un nivel salarial más elevado" (2.1.1 del citado informe, pág. 17). En este mismo sentido continúa "el individuo que completa un mayor nivel educativo aumenta las posibilidades de mantener empleo, incluso en la situación de una coyuntura económica desfavorable" (2.1.1 del citado informe, pág. 18).
Por tanto, en el actual contexto de crisis económica y social que atraviesa España, cuya tasa de paro actualmente es la máxima de los países de la OCDE y el desempleo la principal preocupación de todas las Administraciones Públicas y de todos los agentes sociales, la Educación se convierte en factor clave y determinante para atajar el desempleo, minimizar las consecuencias derivadas de la recesión así como para afrontar con éxito el futuro y los desafios que éste nos plantee. Al respecto, cabe traer a colación que más de la mitad del crecimiento del PIB en los países de la OCDE, se atribuye al incremento de las rentas del trabajo de los individuos con Educación Terciaria (2.2 del citado Informe), confirmando por tanto la importancia del papel que el modelo educativo juega en la sociedad de todo país.
Nuestro futuro, por tanto, depende del modo con el que hoy todas las Administraciones Públicas y todos los agentes sociales, entre ellos los profesionales de la educación y las asociaciones de padres, encaremos el problema y nos demos un modelo educativo llamado a mantenerse en el tiempo, más allá de las fluctuaciones políticas. Es más, debe ser concebido como un factor estabilizador de la sociedad.
Unión del Pueblo Navarro cree necesariamente en la capacidad de acuerdo de todos los actores sociales. La solución a los problemas de la educación debe ser fruto del consenso de todos -como ya hemos conseguido en otras materias- porque el consenso constituye el mejor blindaje para que perdure en el futuro.
Por todo ello, se propone la creación en el seno de la Comisión de Educación y Deporte, de una Subcomisión para el análisis de los problemas y el estudio de alternativas dirigidas a la mejora del sistema educativo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre de 2012.-Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, Diputado.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000959
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario lU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y el diputado Joan Tardà i Coma, de Esquerra Republicana de Catalunya, adscrito al Grupo Mixto, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo en consulados españoles, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
En la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación relativa al Registro Civil Consular aparece la siguiente instrucción "Solamente puede celebrarse un matrimonio consular cuando al menos uno de los contrayentes es español y si las leyes y reglamentos del estado receptor no se oponen". Esta advertencia supone, en la práctica, que las parejas LGTB que residen en el extranjero sólo pueden casarse en los doce países que han legalizado el matrimonio LGTB, además de España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Islandia, Argentina y Dinamarca, Brasil y en algunos distritos y estados de México y EE.UU.
El Gobierno justifica dicha discriminación en base a una normativa internacional, el Convenio de Viena de Relaciones Consulares, vigente desde hace casi 50 años: desde 1963, tal y como se desprende de una respuesta del Gobierno al Diputado, Gaspar Llamazares, con n° de expediente 184/005655.
Dicho convenio señala como una de las funciones consulares la de actuar en calidad de funcionario de Registro Civil siempre que no se opongan las leyes y reglamentos del Estado receptor. En aplicación de este convenio internacional, el gobierno español entiende que "la competencia reconocida a los Cónsules de España en el extranjero para autorizar el matrimonio civil de un español según la normativa española (arts. 49, 51 y 57 del Código Civil) cesa cuando se oponen a esta actividad del encargado del Registro Civil Consular las leyes y reglamentos del Estado receptor".
La respuesta del Gobierno insiste además en esta línea "Los cónsules españoles deben abstenerse, por falta de competencia, de autorizar matrimonios entre personas del mismo sexo en caso de que a ello se opongan las leyes del Estado receptor".
Esta instrucción supone priorizar las normativas discriminatorias extranjeras sobre la ley española cuando los matrimonios sean consulares, incluidos aquellos celebrados entre dos ciudadanos o ciudadanas del Estado Español.
Nos encontramos pues ante una situación de manifiesta discriminación pues lo que es aplicable a matrimonios para personas heterosexuales no lo es para personas LGTB, produciéndose situaciones tan injustas como la imposibilidad de que una pareja casada en el estado español no pueda registrar su matrimonio en Italia, por ejemplo, o la imposibilidad de que un ciudadano o ciudadana del estado español no pueda casarse con otra persona del mismo sexo en aquellos países donde el matrimonio LGTB no es legal.
Esta situación viene denunciándose desde la aprobación de la Ley de matrimonio entre personas del mismo sexo del año 2005.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar el derecho de la ciudadanía del estado español a contraer matrimonio consular con personas del mismo sexo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Joan Tardà i Coma y Gaspar Llamazares Trigo, Diputados.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUia, CHA: La Izquierda Plural.
161/000957
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la reforma del Código Penal para recuperar el delito de convocatoria ilegal de elecciones o de consultas populares por vía de referéndum, para su debate en la Comisión de Justicia.
El anterior gobierno socialista, encabezado por su Presidente, don José Luis Rodríguez Zapatero, impulsó la modificación del Código Penal a fin de eliminar del mismo el delito de convocatoria ilegal de elecciones o de consultas populares por vía de referéndum, que había sido previamente introducido en nuestro ordenamiento mediante Ley Orgánica 20/2003, de 23 de diciembre. Dicha iniciativa del señor Rodríguez Zapatero cristalizó en la Ley Orgánica 2/2005, de 22 de junio, que venía a suprimir los artículos 506 bis, 521 bis y 576 bis del Código Penal.
La justificación que en su día se dio a la citada reforma, que se explicita en la propia Exposición de Motivos de la Ley, es que tales delitos "se refieren a conductas que no tienen la suficiente entidad como para merecer el reproche penal, y menos aún si la pena que se contempla es la prisión", citando en apoyo de dicha tesis el principio de intervención mínima y proporcionalidad del derecho penal.
Tal decisión no pudo ser más desacertada, pues con ello se privó al Estado de un instrumento esencial para la represión de unas conductas que, lejos de carecer de "suficiente entidad", suponen un auténtico desafío para el orden constitucional y una transgresión del orden jurídico constituido, por afectar, subvirtiéndolo, al Estado, encarnación organizada de la soberanía nacional en sus poderes e instituciones y, por lo tanto, un ataque directo contra la Democracia, que con tanto esfuerzo hemos construido los españoles.
En nuestros días los principales ataques a nuestro orden constitucional es difícil que provengan de un alzamiento armado o de un derrocamiento por la fuerza del Gobierno legítimo, sino que adoptan formas menos violentas pero igualmente peligrosas, corno son las "consultas populares" al margen de la legalidad, en las que bajo grandilocuentes palabras como el "derecho a decidir" o arrogándose la voluntad "del pueblo", lo que realmente se pretende es vulnerar por la vía de los hechos la Constitución Española y, con ella, todo el Estado de Derecho, dejando con ello a los ciudadanos -únicos titulares de derechos- absolutamente indefensos.
Si bien es cierto que existen otros mecanismos legales para sancionar o perseguir tales conductas, como el recurso al Tribunal Constitucional para anular la convocatoria ilegal, tales instrumentos carecen de la rapidez y contundencia de la vía penal y pueden resultar ineficaces en la práctica, si resulta que los mismos no consiguen evitar a tiempo la práctica de tales actos de agresión al orden constitucional.
A lo anterior cabe unir la incuestionable finalidad preventiva del derecho penal, que se encuentra mucho mejor potenciada mediante el establecimiento de un tipo penal claro y expreso y no recurriendo a otras vías que carecen del suficiente efecto disuasorio, que podrían llegar a ser ineficaces para su finalidad, por desplegar sus efectos una vez producida la consulta popular ilegal, e incluso abocar a remedios excepcionales más traumáticos para el orden constitucional, corno son la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española o la declaración del estado de sitio o el de excepción, si la consulta ilegal supone una grave alteración de las instituciones democráticas, de los principios y normas constitucionales o de cualquier otro aspecto del orden público.
"En su virtud el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar urgentemente un proyecto de Ley Orgánica a fin de recuperar el delito de convocatoria ilegal de elecciones o de consultas populares por vía de referéndum, mediante el restablecimiento de los artículos 506 bis y 521 bis ya introducidos en nuestro ordenamiento por la Ley Orgánica 20/2003, de 23 de diciembre, y que fueron suprimidos a instancia del anterior gobierno socialista mediante la Ley Orgánica 2/2005, de 22 de junio."
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
161/000964
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromis-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre regulación de la concesión de indultos, para su debate en Comisión.
- El indulto total comprende la remisión de todas las penas a que hubiere sido condenado el reo y que aún no hubieren sido cumplidas.
- El indulto parcial supone la remisión de alguna o algunas de las penas impuestas o su conmutación por otras menos graves.
En España el indulto está regulado por la Ley de 18 de junio de 1870, cuya última modificación se produjo en el año 1988.
Dado el tiempo transcurrido y que ese trata de una norma de frecuente uso por todos los gobiernos, es conveniente su actualización a los tiempos presentes y en especial a las demandas ciudadanas.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que modifique la Ley del Indulto con la finalidad de incluir en el artículo 3 que regula los ''casos no comprendidos'', a las personas condenadas por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación o cualquiera de los recogidos en los siguientes títulos del código penal:
- Título XIV. De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (arts. 305 a 310 bis).
- Título XIX. Delitos contra la Administración pública (arts. 404 a 445)."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2012.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000962
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de ley de modificación de la obligación de reserva de la información bancaria, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
La Audiencia Nacional ha desestimado en los últimos meses recursos del BBVA, el BSCH y BANIF contra el requerimiento de Hacienda, del año 2008, que les exigió distintos datos de todas las cuentas bancarias abiertas en estas entidades que hubiesen registrado ingresos anuales de más de 3 millones de euros en los años 2006 y 2007 (NIF de la entidad declarante, código de cuenta cliente y el importe total anual de la suma de apuntes en el Haber).
Decisión recurrible ante el Tribunal Supremo, cuya Sala de lo Contenciosa-Administrativo ya fijo doctrina con su sentencia de 3 de noviembre de 2011 al desestimar el recurso del Banco de Andalucía contra un requerimiento casi idéntico de la AEAT, aunque referido al ejercicio fiscal de 2005, que ha servido para la desestimación de tos recursos de los bancos enunciados en el párrafo anterior.
Dicha sentencia estableció que "el deber de colaboración con la Administración Tributaria se impone sin más limitación que la trascendencia tributaria de la información solicitada, así como su obtención por la persona física o jurídica, pública o privada requerida, bien como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones de carácter tributario que pesan sobre ella, bien en mérito a sus relaciones económicas, profesionales o financieras con terceros".
El Supremo, por tanto, creyó "obvio e incuestionable" que la información pedida por Hacienda al banco tenía trascendencia tributaria, por lo que rechazó las pretensiones de este banco.
Esta misma sentencia ha servido para que últimamente la Audiencia Nacional haya considerado ajustado a derecho el requerimiento de información a El Corte Inglés para que informe a Hacienda de la lista de titulares de su tarjeta que compraron por valor de más de 30.000 euros anuales en los ejercicios 2006 y 2007, o la desestimación de un recurso del Sistema 4B, S.A., al que Hacienda exigió la misma información que a el Corte Inglés.
Ante esta situación creernos que se debe adoptar las medidas oportunas para clarificar la situación legal y evitar la innecesaria litigiosidad de las entidades amparada en un supuesto deber de reserva que no debe prevalecer sobre el interés público y constitucional de contribuir conforme a la capacidad contributiva de sus clientes.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas para modificar la legislación existente en relación a la obligación de reserva de la información bancaria, de forma que las entidades y demás personas sujetas a la ordenación y disciplina de las entidades de crédito, queden exceptuadas de la obligación de guardar reserva de las informaciones relativas a los saldos, posiciones, transacciones y demás operaciones de sus clientes, ante cualquier solicitud de documentación e información de estos datos por parte de las Administraciones Públicas en asuntos que tengan relación con investigaciones de carácter fiscal o de la Seguridad Social."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2012.-Cayo Lara Moya Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000963
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado de Compromis-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre regulación de la publicidad con mensajes sobre el IVA, para su debate en Comisión.
El reciente incremento del IVA a productos de gran consumo ha generado el justificado temor por parte de los comerciantes al descenso en el consumo, temor que está deviniendo en realidad en los meses de septiembre y octubre.
Este hecho ha generado que gran cantidad de empresas hayan iniciado campañas de márketing para incentivar la venta, todas ellas centradas en la no aplicación de la subida del IVA, bajo mensajes confusos como "nosotros no subimos el IVA". Se trata de afirmaciones que además de chocar frontalmente con la
legalidad, generan en la ciudadanía la idea de que no pagar el IVA es posible y normal, pues incluso los vendedores lo hacen.
Estas campañas ya venían siendo habituales por grandes comercios, bajo lemas como el "día sin IVA", "ahórrate el IVA", u otros similares.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para que la publicidad en la que se hace alusión a la subida del IVA no contenga frases con afirmaciones imposibles o ilegales que generen en la ciudadanía la errónea idea de que es posible dejar de pagar el IVA."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2012.-Joan Baldoví Roda, Diputado.Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000965
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado de Compromis-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre las clases de religión en centros educativos públicos, para su debate en Comisión.
La disposición adicional tercera de la LOE 2/2006 regula la enseñanza de religión, al referirse a los profesores y su contratación dispone que "La determinación del contrato, a tiempo completo o a tiempo parcial según lo que requieran las necesidades de los centros, corresponderá a las Administraciones competentes".
El Real Decreto-ley 14/2012, de Medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo (conocido como "Decreto Wert"), dispone lo siguiente:
"Artículo 2. Ratios de alumnos por aula.
Lo dispuesto en este artículo resulta de aplicación tanto a las centros docentes públicos como a los privados sostenidos con fondos públicos.
Como vemos, el Gobierno está imponiendo serios recortes en materia educativa, que afectan al número de alumnos por profesor, mediante el incremento de horas lectivas y ratio de alumnos por aula.
Sin embargo, en cuanto a las clases de religión se imparten y se autorizan los grupos sin valorar el número de alumnos, a pesar de no cumplirse la ratio mínima establecida por la normativa trascrita. Incluso con solo un alumno se autorizan grupos de religión con su profesor.
Este incumplimiento genera además una duplicidad del coste, pues es necesario contar con un profesor para los alumnos que no asisten a las clases de religión.
Los docentes que imparten religión son pagados por las arcas públicas de cada comunidad autónoma y seleccionados por el Arzobispado, en muchos casos bajo criterios inconstitucionales.
El sinsentido se incrementa ante la imposibilidad de que se den clases de repaso u otros contenidos, pues la presión de los grupos afines a la iglesia logra que esas clases queden en meras guarderías escolares, para no quedarse sin alumnos en las clases de religión. El motivo es que la inexistencia de alternativa les garantiza la presencia de alumnado.
La consecuencia es que mientras en las clases de materias de relevancia como matemáticas, lengua o historia, pilares de la educación de nuestros hijos, se sufren recortes empeorando la calidad de la enseñanza, por otro lado se mantienen privilegios contrarios a la normativa vigente de elevado coste para sufragar el adoctrinamiento religioso de una de las religiones que cada vez menos gente practica en el Estado.
Con el fin de aplicar el sentido común a la enseñanza pública y ahorrar en costes sin rebajar la calidad en la enseñanza, presentamos la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que !as clases de religión no tengan lugar en las escuelas públicas, que se impartan fuera del horario escolar y por docentes cuyo salario sea abonado íntegramente por el arzobispado correspondiente."
161/000947
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la pesca ilegal en las reservas marinas, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Las reservas marinas gestionadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente están siendo víctimas de los pescadores furtivos debido a la falta de vigilancia. La Audiencia Nacional estableció en una sentencia del año pasado que las tareas de vigilancia solo podían ser llevadas a cabo por parte de empresas de seguridad especializadas y habilitadas para ello, requisito que no cumplían las contratadas por el Ministerio. Según noticia publicada el día 16 de septiembre en "El Periódico", el Ministerio de Medio Ambiente aprovechó la renovación de siete de los diez contratos para reducir la plantilla de vigilantes y han eliminado los trabajadores que ejercían tareas de control en vez de contratar empresas con los permisos necesarios.
Según Oceana, con los recortes presupuestarios efectuados en la vigilancia se pone en peligro activos naturales por valor de 500 millones de euros.
1. Eliminar de raíz la pesca ilegal en las reservas marinas mediante la contratación de los medios de vigilancia necesarios para ello."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000958
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al aumento de la coordinación de los organismos públicos de investigación en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación biomédicas, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Los organismos públicos de investigación (OPI) son instituciones de carácter público y de ámbito nacional que, junto con las universidades, forman el núcleo básico del sistema público de investigación científica y desarrollo tecnológico español.
El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) es la institución que centraliza el trabajo en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación en biomedicina, área en la que España es un país puntero a nivel mundial. No obstante, existen otros organismos públicos de investigación, principalmente el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que también desarrollan actividades con las que promover la consecución de avances científicos que permitan mejorar la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de las enfermedades.
Algunas de las líneas de investigación y técnicas instrumentales impulsadas por el CSIC son las siguientes: biología estructural y biofísica, biología molecular y celular, microbiología, parasitología, virología, inmunología, neurociencias, calidad y seguridad de los alimentos, función y dinámica de los genomas, señalización celular, farmacología y terapéutica bioquímica, envejecimiento, secuenciación de ADN y proteínas. Estas áreas de trabajo son coincidentes, en muchos casos, con las existentes en el ISCIII, lo que ha dado lugar a convenios de colaboración como el firmado por ambos organismos, junto con el Instituto Salk de California, en diciembre de 2004, con el fin de mejorar la formación de los investigadores.
Además de favorecer y agilizar la consecución y la aplicación de hallazgos biomédicos, la promoción de este tipo de acuerdos puede servir para optimizar los recursos públicos destinados a la I+D+i e incrementar las posibilidades de que los OPI consigan fondos de concurrencia competitiva.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la coordinación entre el Instituto de Salud Carlos III y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para agilizar la consecución y la aplicación de avances científicos, así como favorecer el acceso a fondos de concurrencia competitiva, en el ámbito de la l+D+i biomédica."
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad de fijar un Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH), para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Los rasgos comunes que se encuentran en estos individuos que sufren de Déficit de Atención son los siguientes: inatención, son impulsivos y pueden o no ser hiperactivos. En España hay entre un 5 % y un 10 % de la población en edad escolar.
Un niño con TDAH presenta dificultad para organizar su pensamiento, por lo que tiene problemas para representar lo que tiene en la mente, se le dificulta el procesamiento de la información, almacena la información de manera diferente, le cuesta ubicar la idea principal y encuentra dificultades para acceder y procesar información a altas velocidades.
Para corregir estas deficiencias se deben aplicar técnicas de modificación de pensamiento, aplicadas por un especialista y de conductas del niño. Las personas que se encuentran en el medio ambiente cotidiano de un niño con DDA también deberán hacer modificaciones de conductas. Es importante aplicar reforzadores inmediatos y que le agraden al niño explicándole por qué se le ha reforzado. Estas técnicas se deberán aplicar con constancia y continuidad durante el tiempo de duración de las mismas.
La convivencia con un niño con DDA genera mucho estrés, debido a que hay que estar constantemente pendiente de él en todo lugar y en todo momento, por eso es importante que cada miembro de la familia posea un tiempo para dedicarle a su espacio físico y emocional.
En cuanto al medio escolar, el niño con Déficit de Atención puede funcionar adecuadamente, sin embargo a veces se le tilda como flojo, retraído, desinteresado, etc, y debido a su desatención pierde los contenidos académicos. Por eso necesita estar en un aula con un pequeño grupo de niños, donde exista una comunicación constante entre la familia, escuela y especialista. El docente deberá ser un excelente observador y colaborador, prestando atención a los avances del niño, aplicando reforzadores constantemente en el momento adecuado y manteniendo informados en cuanto a tareas, exámenes, eventos, etc., a los representantes del niño.
Las organizaciones en las que se integran las asociaciones de ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad a través de la Federación Española de Asociaciones de ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad (FEAADAH), llevan desde hace tiempo comprometidas con la tarea de que las administraciones públicas realicen actuaciones tendentes al reconocimiento efectivo de los derechos de las personas afectadas por el TDAH y a la mejora de su situación y expectativas, porque en la misma se contienen de forma general y sintetizada las aspiraciones y demandas de los afectados por el Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad y sus familias.
La FEAADAIl considera muy importante que los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país conozcan la relevancia del impacto personal y social del TDAH justifica plenamente la necesidad de conseguir una amplia movilización social tendente a difundir los conocimientos sobre el TDAH y su tratamiento para que todos los implicados, personas e instituciones, asuman los retos que la minimización de sus consecuencias negativas demanda. En esta tarea está plenamente comprometida la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las acciones oportunas para fijar un día internacional del Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH), con el propósito de que la ciudadanía en general conozca la relevancia del impacto personal y social del Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH)."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2012.-Ascensión de las Heras Ladera y Gaspar Llamazares Trigo, Diputados.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000968
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y don Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan, para su discusión en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, una Proposición no de Ley sobre la elaboración de la posición española ante las cumbres o reuniones internacionales en materia de cooperación internacional para el desarrollo.
Las políticas públicas de Cooperación Internacional para el Desarrollo tradicionalmente se han venido realizando desde la base del consenso político y social. Los diferentes actores públicos y privados han participado en la construcción de un sistema plural que, en la variedad de mecanismos, exige la máxima comunicación y colaboración entre ellos.
Si bien este marco se ha circunscrito al desarrollo y ejecución de los programas y acciones en materia de cooperación internacional para el desarrollo, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) consideran que debería darse un paso más y ampliarse la participación de todos los actores en la concreción de la posición española en las principales cumbres internacionales en la materia, así como participar en la evaluación de los resultados obtenidos en cada una de ellas.
En este sentido, fruto del debate parlamentario del Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI) 2012, la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados aprobó, el pasado mes de junio, una Propuesta de Resolución presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que implicaba la participación y colaboración de las cámaras legislativas, a través de sus comisiones, en la elaboración de la posición española ante las cumbres o reuniones internacionales, emitiendo sus opiniones de manera previa a la celebración de los citados eventos.
Con el objetivo de materializar lo antes posible la colaboración del Congreso y del Senado en la elaboración de la posición española en materia de cooperación para el Desarrollo, en la esfera internacional, y de ampliar esta participación a otros actores también imprescindibles para hacer más eficaces, consensuadas y adecuadas las acciones de ayuda al desarrollo, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) presentan la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar un protocolo de actuación para la elaboración de la posición española en las cumbres o reuniones internacionales sobre Cooperación Internacional para el Desarrollo, que incluya:
- Una solicitud de información al Consejo de Cooperación al Desarrollo y a las Comunidades Autónomas sobre las consideraciones y recomendaciones que deseen proponer de forma previa a la celebración de una cumbre o reunión internacional en materia de cooperación, en relación a ésta.
- La remisión a las Comisiones de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso y del Senado de la información remitida por el Consejo de Cooperación y por las Comunidades Autónomas, así como la posición inicialmente propuesta por el Gobierno ante el evento internacional.
- La comparecencia del responsable del Ejecutivo ante las Comisiones de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso y del Senado, para informar sobre la posición española inicialmente propuesta por el Gobierno ante el evento internacional.
- La remisión a las Comisiones de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso y del Senado, de las consideraciones que fruto del debate parlamentario se hayan incorporado a la posición inicialmente prevista por el Gobierno ante el evento internacional.
- La remisión a las Comisiones de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso y del Senado de un informe relativo a la evaluación y resultados obtenidos de la posición adoptada por el Gobierno en las cumbres o reuniones internacionales en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
161/000960
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la conmemoración del III Centenario del nacimiento de Fray Junípero Serra.
Fray Junípero Serra nace en Petra, Mallorca, en 1713, en el seno de una familia de modestos labradores. Tras ingresar en 1731 en la Orden Franciscana, cursa con brillantez los estudios eclesiásticos y pronto comienza a dar clases de filosofía y de teología escotista en la entonces famosa Universidad Luliana de Palma de Mallorca.
A los treinta y seis años parte hacia Nueva España y llevará a cabo una intensa labor evangelizadora y misionera, producto de la cual llegará a fundar en Alta California las misiones de San Diego de Alcalá, San Carlos Borromeo de Carmelo, San Gabriel Arcángel, San Luis Obispo de Tolosa, San Francisco de Asís, San Juan Capistrano, etc.; misiones que con el tiempo se convertirían en las ciudades de San Diego, Los Ángeles o San Francisco. Hoy en día, dichas misiones son patrimonio mundial de la UNESCO y forman parte de una red viaria que recorre México y Estados Unidos; un viejo camino de herradura, llamado el Camino Real, que enlaza al norte la Misión de San Francisco Solano o Sonoma (Alta California) con la Misión de San José del Cabo (Baja California) al Sur. Una ruta de unos mil kilómetros que recorre la costa bañada por el Pacífico.
Fray Junípero Serra es el único personaje español que figura en la National Statuary Hall (The Old Hall of the House) del Capitolio, en Washington. Cada Estado de la Unión tiene derecho a proponer dos nombres ilustres inmortalizados con un monumento. La estatua de Fray Junípero Serra está en el Capitolio desde 1931 y fue propuesta por el Estado de California.
Beatificado por Juan Pablo II en 1988, su personalidad e importancia no tiene únicamente un carácter religioso, sino también histórico, y es una referencia histórico- cultural para los Estados Unidos de América, México y España.
Aproximándose los trescientos años del nacimiento de Junípero Serra, y por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
1. Conmemorar el III Centenario del nacimiento de Fray Junípero Serra.
2. Divulgar y promover con este motivo la celebración de actividades por parte de las instituciones culturales y educativas españolas, especialmente las embajadas de España en Estados Unidos y México, y las sedes del Instituto Cervantes en ambos países.
3. Colaborar con las instituciones de Petra, de Mallorca y de la Comunidad Autónoma, así como con las Universidades y asociaciones académicas relacionadas con la vida y obra de Fray Junípero Serra en la conmemoración de este centenario.
4. Fomentar iniciativas de patrocinio e impulsar actividades turísticas, tanto en España como en Estados Unidos y México, relacionadas con la huella de Junípero Serra.
5. Realizar todo ello en el marco de los presupuestos ordinarios de cada institución sin incremento de gasto de ningún tipo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000961
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la adecuación de las funciones del Real Patronato sobre Discapacidad a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
El Real Patronato sobre Discapacidad se creó por el Real Decreto 1023/1976, de 9 de abril, con la denominación de Real Patronato de Educación Especial, si bien el antecedente histórico inmediato fue el Patronato Nacional de Sordomudos, Ciegos y Anormales, creado en 1910.
Disposiciones posteriores modificaron la organización y funciones del Real Patronato, como el Real Decreto 1475/1986, de 11 de julio, que, en el marco de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de las Personas con Discapacidad, modificó su organización y funciones con el objetivo de subrayar la misión de colaboración, cooperación e intercambio entre los distintos ámbitos, como la relativa a la prevención y de atención a las personas con discapacidad.
La Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social crea el actual Real Patronato sobre Discapacidad como organismo autónomo de los previstos en la Ley 6/1997, de 14 de abril. El Real Decreto 946/2001, de 3 de agosto, regula las funciones actuales del Real Patronato, relativas a la promoción de los ideales humanísticos, los conocimientos científicos y los desarrollos técnicos sobre discapacidad, del intercambio y la colaboración entre las distintas Administraciones y el sector privado, y a apoyar, asesorar y formular recomendaciones en este ámbito.
El 13 de diciembre de 2006 la Asamblea de Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esta Convención supone un paso esencial en materia de derechos de las personas con discapacidad y un giro sustancial en el enfoque del papel de los poderes públicos y de las acciones en materia de discapacidad. La prohibición de la discriminación y la promoción de la igualdad efectiva de las personas con discapacidad se configuran ahora como un conjunto de derechos de las personas con discapacidad, derechos exigibles en el marco jurídico actual, e invocables por los ciudadanos con discapacidad ante los poderes públicos y los Tribunales. España fue uno de los primeros países en ratificar la Convención, que entró en vigor en nuestro país el 3 de mayo de 2008.
Resulta necesario, por tanto, adecuar la misión y funciones del Real Patronato sobre Discapacidad a los principios contenidos en la Convención, mediante la modificación de la norma rectora del organismo. En este sentido, debería recogerse en dicha norma, de forma expresa, la aplicación a las actuaciones del Real Patronato, que constituye un elemento organizativo al servicio de las personas con discapacidad, de la perspectiva de los derechos humanos. Asimismo, el Real Patronato deberá contribuir a la difusión y promoción del más amplio conocimiento de la discapacidad, desde el enfoque de los derechos humanos y, en concreto, conforme a lo establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Asimismo, es necesario cumplir el mandato dirigido al Gobierno conforme al artículo 24 de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, que creó el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, mandato dirigido a regular este centro con
la finalidad de investigar, fomentar, promover iniciativas, coordinar actuaciones y extender la subtitulación y la audiodescripción como medios de apoyo a la comunicación de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, y que ha venido funcionando eficazmente desde entonces, aunque sin una norma organizativa.
Finalmente, se pone de manifiesto la necesidad de reforzar la presencia de las personas con discapacidad, a través de sus asociaciones, en los órganos rectores del Real Patronato sobre Discapacidad, en los que ya participaban.
Se trata de que la promoción y mejora de los derechos de las personas con discapacidad, y la promoción de políticas, estrategias, planes y programas sobre la discapacidad que corresponde al Real Patronato sobre Discapacidad, se lleve a cabo por este organismo con las personas con discapacidad, contando con una mayor presencia de ellas en aras de un mejor cumplimiento de los objetivos del Real Patronato y del beneficio de las personas con discapacidad, destinatarias últimas de la acción pública que desarrolla este organismo.
- Estudiar la posibilidad de modificar la norma rectora del Real Patronato sobre Discapacidad, de modo que, en cumplimiento de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de estas personas constituyan el enfoque principal en todas las actuaciones del Real Patronato sobre Discapacidad.
- Reforzar la participación de las personas con discapacidad, a través de sus asociaciones, en los órganos rectores y en la toma de decisiones del Real Patronato sobre Discapacidad.
- Regular el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas."
181/000560
¿Cree el Gobierno que la cuantía de las becas existentes permiten al alumnado poder dedicar todas las horas al trabajo y estudio del grado que exige el Sistema Europeo de Créditos (ETC)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2012.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.
181/000561
¿Piensa el Gobierno establecer un sistema de becas coordinado con las administraciones autonómicas y entidades universitarias basado en un baremo elaborado en función de indicadores económicos de los países de destino?
181/000562
¿Cuáles son los efectos que los recortes y modificaciones realizados por el Ministerio de Educación en materia de becas y ayudas al alumnado para el curso 2012-2013 provocarán en el sistema universitario español, singularmente en cuanto a su repercusión sobre el alumnado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2012.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.
181/000563
Diputada doña Carmen Montón Giménez
¿Qué piensa hacer el Gobierno en relación con la reedición del "Curso Básico de Prostitución Profesional" ofertado en Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2012.-Carmen Montón Giménez, Diputada.

References: artículo 9
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 155
 artículo 193
 artículo 3
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 Resolución 
 artículo 193
 artículo 193
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 24
 artículo 24