Source: http://www.investment-portal.net/spanien/gesetzespanien/konsumentenschutzgesetzspanien.html
Timestamp: 2019-06-17 10:51:43+00:00

Document:
Konsumentenschutzgesetz Spanienconsumer rights act Spain
siehe auch: Konsumentenschutzgesetz Spanien Ley 1
siehe auch: Konsumentenschutzgsetz Spanien Ley 3
siehe auch: E-Commerce Gesetz Spanien Ley 34
siehe auch: Vertragsgesetz Spanien Ley 7
Konsumentenschutzgesetz von Spanien
consumer rights act Spain
Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios LGDCU
Konsumentenschutzgesetz von Spanien (general) Real Decreto Legislativo 1/2007
El artículo 51 de la Constitución de 27 de diciembre de 1978 establece que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos Intereses económicos de los mismos. Asimismo promoverán su información y educación, fomentaran sus organizaciones y las oirán en las cuestiones que puedan afectarles.
f) La presión jurídica, administrativa y técnica en las situaciones de inferioridad, subordinación o indefensión.
Asimismo son nulos los actos realizados en fraude de esta Ley, de conformidad con el artículo 6. del Código Civil.
1. Los productos, actividades y servicios puestos en el mercado a disposición de los consumidores o usuarios, no implicaran riesgos para su salud o seguridad, salvo los usual o reglamentariamerte admitidos en condiciones normales y previsibles de utilización.
e) El etiquetado presentación y publicidad.
2. En todo caso, y como garantía de la salud y seguridad de las personas, se observara:
a) La prohibición de utilizar cualquier aditivo que no figure expresamente citado en las listas positivas autorizadas y publicadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo y siempre teniendo en cuenta la forma, límites y condiciones que allí se establezcan. Dichas listas serán permanentemente revisables por razones de salud pública o interés sanitario, sin que, por tanto, generen ningún tipo de derecho adquirido.
g) La obligación de retirar o suspender, mediante procedimientos eficaces cualquier producto o servicio que no se ajuste a las condiciones y requisitos exigidos o que, por cualquier otra causa, suponga un riesgo previsible para la salud o seguridad de las personas.
k) La obligación de que las especializadas farmacéuticas se presenten envasadas y cerradas con sistemas apropiados, aportando en sus envases o prospectos información sobre composición, indicaciones y efectos adversos, modo de empleo y caducidad de suerte que los profesionales sanitarios sean convenientemente informados y se garantice la seguridad, especialmente de la infancia, y se promueva la salud de los ciudadanos.
c) Los que sean objeto de reclamaciones o quejas, de las que razonablemente se deduzcan las situaciones de inferioridad, subordinación o indefensión a que se refiere el artículo 23, e).
e) Aquellos otros que, en razón de su régimen o proceso de producción y comercialización, puedan ser mas fácilmente objeto de fraude o adulteración.
Los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores y usuarios deberán ser respetados en los términos establecidos en esta Ley, aplicándose además lo previsto en las normas civiles y mercantiles y en las que regulan el comercio exterior e interior y el régimen de autorización de cada producto o servicio.
1. La oferta, promoción y publicidad de los productos, actividades o servicios, se ajustaran a su naturaleza características, condiciones, utilidad o finalidad, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones sobre publicidad. Su contenido, las prestaciones propias de cada producto o servicio, y las condiciones y garantías ofrecidas, serán exigibles por los consumidores o usuarios, aun cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado o en el documento o comprobante recibido.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si el contrato celebrado contuviese cláusulas mas beneficiosas, éstas prevalecerán sobre el contenido de la oferta, promoción o publicidad.
1. Las cláusulas condiciones o estipulaciones que, con carácter general, se apliquen a la oferta, promoción o venta de productos o servicios, incluidos los que faciliten las Administraciones públicas y las Entidades y Empresas de ellas dependientes, deberán cumplir los siguientes requisitos:
b) Entrega, salvo renuncia del Interesado, de recibo, justificante, copia o documento acreditativo de la operación, o, en su caso, de presupuesto, debidamente explicado.
1. La omisión, en casos de pago diferido en contratos de compra-venta, de la cantidad aplazada, tipo de interés anual sobre saldos pendientes de amortización y las cláusulas que, de cualquier forma, faculten al vendedor a incrementar el precio aplazado del bien durante la vigencia del contrato.
2. Las cláusulas que otorguen a una de las partes la facultad de resolver discrecionalmente el contrato, excepto, en su caso, las reconocidas al comprador en las modalidades de venta por correo, a domicilio y por muestrario.
3. Las cláusulas abusivas, entendiendo por tales las que perjudiquen de manera desproporcionada o no equitativa al consumidor, o comporten en el contrato una posición de desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes en perjuicio de los consumidores o usuarios.
4. Condiciones abusivas de crédito.
5. Los incrementos de precio por servicios, accesorios, financiación, aplazamientos, recargos, indemnizaciones o penalizaciones que no correspondan a prestaciones adicionales, susceptibles de ser aceptados o rechazados en cada caso y expresados con la debida claridad y separación.
6. Las limitaciones absolutas de responsabilidad frente al consumidor o usuario y las relativas a utilidad o finalidad esencial del producto o servicio.
7. La repercusión sobre el consumidor o usuario de fallos, defectos o errores administrativos, bancarios o de domiciliación de pagos, que no le sean directamente imputables, así como el coste de los servicios que en su día y por un tiempo determinado se ofrecieron gratuitamente.
8. La inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor o usuario.
9. La negativa expresa al cumplimiento de las obligaciones o prestaciones propias del productor o suministrador, con reenvio automático a procedimientos administrativos o judiciales de reclamación.
10. La imposición de renuncias a los derechos del consumidor y usuario reconocidos en esta Ley.
11. En la primera venta de viviendas, la estipulación de que el comprador ha de cargar con los gastos derivados de la preparación de la titulación, que por su naturaleza correspondan al vendedor (obra nueva, propiedad horizontal, hipotecas para financiar su construcción o su división y cancelación).
12. La obligada adquisición de bienes o mercancías complementarias o accesorios no solicitados.
2. A los efectos de esta Ley se entiende por cláusulas, condiciones o estipulaciones de carácter general, el conjunto de las redactadas previa y unilateralmente por una Empresa o grupo de Empresas para aplicarlas a todos los contratos que aquélla o éste celebren, y cuya aplicación no puede evitar el consumidor o usuario, siempre que quiera obtener el bien o servicio de que se trate.
Las dudas en la interpretación se resolverán en contra de quien las haya redactado, prevaleciendo las cláusulas particulares sobre las condiciones generales, siempre que aquéllas sean mas beneficiosas que éstas.
3. Las cláusulas condiciones o estipulaciones que con carácter general, utilicen las Empresas públicas o concesionarias de servicios públicos en régimen de monopolio, estarán sometidas a la aprobación y a la vigilancia y control de las Administraciones públicas competentes, con independencia de la consulta prevista en el artículo 22 de esta Ley. Todo ello, sin perjuicio de su sometimiento a las disposiciones generales de esta Ley.
4. Serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas las cláusulas, condiciones o estipulaciones que incumplan los anteriores requisitos.
No obstante, cuando las cláusulas subsistentes determinen una situación no equitativa de las posiciones de las partes en la relación contractual será ineficaz el contrato mismo.
5. Los poderes públicos velarán por la exactitud en el peso y medida de los bienes y productos, la transparencia de los precios y las condiciones de los servicios postventa de los bienes duraderos.
1. El régimen de comprobación, reclamación, garantía y posibilidad de renuncia o devolución que se establezca en los contratos deberá permitir que el consumidor o usuario se asegure de la naturaleza, características, condiciones y utilidad o finalidad del producto o servicio pueda reclamar con eficacia en caso de error, defecto o deterioro; pueda hacer efectivas las garantías de calidad o nivel de prestación, y obtener la devolución equitativa del precio de mercado del producto o servicio, total o parcialmente, en caso de incumplimiento.
2. En relación con los bienes de naturaleza duradera, el productor o suministrador deberá entregar una garantía que, formalizada por escrito, expresara necesariamente:
No se podrá hacer obligatoria la comparecencia personal del consumidor o usuario para realizar cobros, pagos o trámites similares.
1. Los bienes, productos y, en su caso, los servicios puestos a disposición de los consumidores y usuarios deberán incorporar, llevar consigo o permitir de forma cierta y objetiva una información veraz, eficaz y suficiente sobre sus características esenciales, y al menos sobre las siguientes:
d) Precio completo o presupuesto, en su caso, y condiciones jurídicas y económicas de adquisición o utilización, indicando con claridad y de manera diferenciada el precio del producto o servicio y el importe de los incrementos o descuentos, en su caso, y de los costes adicionales por servicios, accesorios, financiación, aplazamiento o similares.
2. Las exigencias concretas en esta materia se determinarán en los Reglamentos de etiquetado, presentación y publicidad de los productos o servicios, en las reglamentaciones o normativas especiales aplicables en cada caso, para garantizar siempre el derecho de los consumidores y usuarios a una información cierta, eficaz, veraz y objetiva. En el caso de viviendas cuya primera transmisión se efectúe después de la entrada en vigor de esta Ley, se facilitara además al comprador una documentación completa suscrita por el vendedor, en la que se defina, en planta a escala, la vivienda y el trazado de todas sus instalaciones, así como los materiales empleados en su construcción, en especial aquellos a los que el usuario no tenga acceso directo.
Los medios de comunicación social de titularidad pública dedicarán espacios y programas, no publicitarios, a la información y educación de los consumidores o usuarios. En tales espacios y programas, de acuerdo con su contenido y finalidad, se facilitara el acceso o participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y demás grupos o sectores interesados, en la forma que reglamentariamente se determine por los poderes públicos competentes en la materia.
b) Facilitar la comprensión y utilización de la información a que se refleje el capítulo IV.
f) Iniciar y potenciar la formación de los educadores en este campo
3. Artículo decimonoveno.
1. Las Asociaciones de consumidores y usuarios se constituirán con arreglo a la Ley de Asociaciones y tendrán como finalidad la defensa de los intereses, incluyendo la información y educación de los consumidores y usuarios, bien sea con carácter general, bien en relación con productos o servicios determinados podrán ser declaradas de utilidad pública, integrarse en agrupaciones y federaciones de idénticos fines, percibir ayudas y subvenciones, representar a sus asociados y ejercer las correspondientes acciones en defensa de los mismos, de la asociación o de los intereses generales de los consumidores y usuarios, y disfrutaran del beneficio de justicia gratuita en los casos a que se refiere el artículo 2., 2. Su organización y funcionamiento serán democráticos.
2. También se considerarán Asociaciones de consumidores y usuarios las Entidades constituidas por consumidores con arreglo a la legislación cooperativa, entre cuyos fines figure, necesariamente, la educación y formación de sus socios y estén obligados a constituir un fondo con tal objeto, según su legislación específica.
No podrán disfrutar de los beneficios reconocidos en esta Ley las Asociaciones en que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1. Las Asociaciones de consumidores y usuarios serán oídas, en consulta, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general relativas a materias que afecten directamente a los consumidores o usuarios.
5. Como órgano de representación y consulta a nivel nacional, el Gobierno determinará la composición y funciones de un Consejo, integrado por representantes de las Asociaciones a que se refiere el artículo 20.
Los poderes públicos y, concretamente, los órganos y servicios de las Administraciones públicas competentes en materia de consumo, adoptaran o promoverán las medidas adecuadas para suplir o equilibrar las situaciones de inferioridad, subordinación o indefensión en que pueda encontrarse, individual o colectivamente, el consumidor o usuario. Sin perjuicio de las que en cada caso procedan, se promoverán las siguientes:
c) Campañas o actuaciones programadas de control de calidad, con mención expresa de las personas, Empresas o Entidades que previa y voluntariamente, se hayan incorporado.
1. Obligaciones innecesarias o abusivas de cumplimentar impresos, verificar cálculos y aportar datos en beneficio exclusivo de la Entidad correspondiente.
2. Trámites documentos o mediaciones sin utilidad para el consumidor o usuario o u costes desproporcionados.
4. Limitaciones abusivas de controles, garantías, repuestos o reparaciones.
En los supuestos más graves de ignorancia, negligencia o fraude que determinen una agresión indiscriminada a los consumidores o usuarios, el Gobierno podrá constituir un órgano excepcional que con participación de representantes de las Comunidades Autónomas afectadas, asumirá con carácter temporal, los poderes administrativos que se le encomienden para garantizar la salud y seguridad de las personas, sus intereses económicos, sociales y humanos, la reparación de los daños sufridos. La exigencia de responsabilidades y la publicación de los resultados.
Las acciones u omisiones de quienes producen, importan, suministran o facilitan productos o servicios a los consumidores o usuarios, determinantes de daños o perjuicios a los mismos, darán lugar a la responsabilidad de aquellos, a menos que conste o se acredite que se han cumplido debidamente las exigencias y requisitos reglamentariamente establecidos y los demás cuidados y diligencias que exige h naturaleza del producto, servicio o actividad.
a) El fabricante, importador, vendedor o suministrador de productos o servicios a los consumidores o usuarios, responde del origen identidad e idoneidad de los mismos, de acuerdo con su naturaleza y finalidad y con las normas que los regulan.
c) En el supuesto de productos envasados, etiquetados y cerrados con cierre íntegro, responde la firma o razón social que figure en su etiqueta, presentación o publicidad. Podrá eximírse de esa responsabilidad probando su falsificación o incorrecta manipulación por terceros, que serán los responsables.
El Gobierno, previa audiencia de los sectores interesados y de las Asociaciones de consumidores y usuarios, adoptará las medidas o iniciativas necesarias para establecer un sistema obligatorio de seguro y fondo de garantía que cubran, para sectores determinados los riesgos de intoxicación, lesión o muerte derivados del mal estado de los productos, servicios o actividades a que se refiere el artículo 28.
1. Previa audiencia de los sectores interesados y de las Asociaciones de consumidores y usuarios, el Gobierno establecerá un sistema arbitral que, sin formalidades especiales atienda y resuelva con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes las quejas o reclamaciones de los consumidores o usuarios, siempre que no concurra intoxicación, lesión o muerte, ni existan indicios racionales de delito, todo ello sin perjuicio de la protección administrativa y de la judicial de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Constitución.
3. Los órganos de arbitraje estarán integrados por representantes de los sectores integrados, de las organizaciones de consumidores y usuarios y de las Administraciones públicas dentro del ámbito de sus competencias.
1. Las infracciones en materia de consumo serán objeto de las sanciones administrativas correspondientes, previa instrucción del oportuno expediente sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir.
2. La instrucción de causa penal ante los Tribunales de Justicia suspenderá la tramitación del expediente administrativo sancionador que hubiera sido incoado por los mismos hechos, y en su caso, la eficacia de los actos administrativos de imposición de sanción. Las medidas administrativas que hubieran sido adoptadas para salvaguardar la salud y seguridad de las personas se mantendrán en tanto la autoridad judicial se pronuncie sobre las mismas.
3 El incumplimiento o transgresión de los requerimientos previos que concretamente formulen las autoridades sanitarias para situaciones específicas, al objeto de evitar contaminaciones o circunstancias nocivas de otro tipo que puedan resultar gravemente perjudiciales para la salud pública.
9. En general, el incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en esta Ley y disposiciones que la desarrollen.
Las infracciones se calificaran como leves, graves y muy graves, atendiendo a los criterios de riesgo para la salud, posición en el mercado del infractor, cuantía del beneficio obtenido, grado de intencionalidad, gravedad de la alteración social producida, generalización de la infracción y la reincidencia.
- Infracciones graves, hasta 2.500.000 pesetas, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infracción.
- Infracciones muy graves, hasta 100.000.000 de pesetas, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infracción.
2. En los supuestos de infracciones muy graves, el Consejo de Ministros podrá acordar el cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio por un plazo máximo de cinco años. En tal caso, será de aplicación lo prevenido en el artículo 57,4 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de los Trabajadores.
No tendrán carácter de sanción la clausura o cierre de establecimientos. instalaciones o servicios que no cuenten con las autorizaciones o registros sanitarios preceptivos, o la suspensión de su funcionamiento hasta tanto se rectifiquen los defectos o se cumplan los requisitos exigidos por razones de sanidad, higiene o seguridad, ni la retirada del mercado precautoria o definitiva de productos o servicios por las mismas razones.
Los gastos de transporte distribución, destrucción, etc., de la mercancía señalada en el párrafo anterior, serán por cuenta del infractor.
1. Elaborar y aprobar el Reglamento General de esta Ley, las Reglamentaciones Técnico-Sanitarias, los Reglamentos sobre etiquetado, presentación y publicidad. La ordenación sobre aditivos y las demás disposiciones de general aplicación en todo el territorio español. Asimismo, la aprobación o propuesta, en su caso, de las disposiciones que regulen los productos a que se refiere el artículo 5., 1.
El Reglamento General de la Ley determinará, en todo caso, los productos o servicios a que se refieren los artículos 2., 2 y 5., 1, de esta Ley, los casos, plazos y formas de publicidad de las sanciones, el régimen sancionador, los supuestos de concurrencia de dos o más Administraciones públicas y la colaboración y coordinación entre las mismas.
4. Promover la actuación de las demás Administraciones públicas y. en caso de necesidad o urgencia, adoptar cuantas medidas sean convenientes para proteger y defender los derechos de los consumidores o usuarios, especialmente en lo que hace referencia a su salud y seguridad.
5. Ejercer la potestad sancionadora con el alcance que se de termine en sus normas reguladoras.
2. La inspección de los productos y servicios a que se refiere el artículo 2., 2, para comprobar su origen e identidad, el cumplimiento de la normativa vigente en materia de precios etiquetado, presentación y publicidad y los demás requisitos o signos externos que hacen referencia a sus condiciones de higiene, sanidad y seguridad.
3. La realización directa de la inspección técnica o técnicosanitaria y de los correspondientes controles y análisis, en la medida en que cuenten con medios para su realización, o promoviendo, colaborando o facilitando su realización por otras Entidades y Organismos.
Primera.- Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, el Ministerio de Sanidad y Consumo promoverá, en colaboración con las Comunidades Autónomas, un plan para el tratamiento informático del Registro General Sanitario de Alimentos y de los demás registros sanitarios y datos de interés general para la defensa del consumidor o usuario.
Segunda.- A efectos de lo establecido en el capítulo IX, será de aplicación el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, sin perjuicio de sus ulteriores modificaciones o adaptaciones por el Gobierno.
Tercera.- Dentro del año siguiente a la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno adaptara la estructura organizativa y las competencias del Instituto Nacional del Consumo y de los restantes órganos de la Administración del Estado con competencia en la materia, al contenido de la misma.
Cuarta.- El Gobierno, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, aprobará el Reglamento o Reglamentos necesarios para su aplicación y desarrollo.
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 19 de julio de 1984. -JUAN CARLOS R.- El Presidente del Gobierno, Felipe González Márquez.
Fecha de disposición: 19/07/1984
la disposición adicional 1, por LEY 22/2007, de de de (Ref. BOE-A-2007-13411).
el art. 34.10, por LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo (Ref. BOE-A-2007-6115).
determinados preceptos y SE AÑADE los arts. 6 bis y 42, por LEY 44/2006, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-2006-22950).
SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 22, regulando el Consejo de Consumidores y Usuarios: REAL DECRETO 894/2005, de 22 de julio (Ref. BOE-A-2005-14550).
el art. 8.1, por LEY 23/2003, de 10 de julio (Ref. BOE-A-2003-13863).
el art. 31, por LEY 22/2003, de 9 de julio (Ref. BOE-A-2003-13813).
SE AÑADE los arts. 10 ter y quáter y una disposición adicional 3, por LEY 39/2002, de 28 de octubre (Ref. BOE-A-2002-20855).
con el art. 39.4, creando la Comisión Interministerial de Seguridad Alimentaria: REAL DECRETO 1910/2000, de 24 de noviembre (Ref. BOE-A-2000-21338).
con los arts. 11 y 2, actualizando los catálogos de productos y servicios de uso común: REAL DECRETO 1507/2000, de 1 de septiembre (Ref. BOE-A-2000-16561).
SE MODIFICA LOS ARTS. 2, 10, 23, 34 Y SE AÑADE EL 10 BIS Y LAS DISPOSICIONES ADICIONALES 1 Y 2, POR LEY 7/1998, DE 13 DE ABRIL (Ref. BOE-A-1998-8789).
SE DICTA DE CONFORMIDAD, SOBRE SEGURIDAD GENERAL DE LOS PRODUCTOS PUESTOS A DISPOSICION DEL CONSUMIDOR: REAL DECRETO 44/1996, DE 19 DE ENERO (Ref. BOE-A-1996-4026).
SE MODIFICA EL ART. 30, POR LEY 22/1994, DE 6 DE JULIO (Ref. BOE-A-1994-15797).
CON EL ART. 31, REGULANDO EL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO: REAL DECRETO 636/1993, DE 3 DE MAYO (Ref. BOE-A-1993-13181).
CON LOS ARTS. 2, 6 Y 11, APROBANDO CATALOGO DE PRODUCTOS, BIENES Y SERVICIOS: REAL DECRETO 287/1991, DE 8 DE MARZO (Ref. BOE-A-1991-6715).
SE DESARROLLA EL CAPITULO VI, POR REAL DECRETO 825/1990, DE 22 DE JUNIO (Ref. BOE-A-1990-15273).
SOBRE DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS: REAL DECRETO 820/1990, de 22 de junio de 1990 (Ref. BOE-A-1990-14814).
sobre defensa de los consumidores y usuarios: ORDEN de 15 de febrero DE 1990 (Ref. BOE-A-1990-4367).
CON EL ART. 4.1.D), APROBANDO LA LISTA POSITIVA DE ADITIVOS AUTORIZADOS: ORDEN DE 12 DE MAYO DE 1989 (Ref. BOE-A-1989-11807).
SOBRE LA INFORMACION A SUMINISTRAR EN LA COMPRA-VENTA Y ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDAS: REAL DECRETO 515/1989, DE 21 DE ABRIL (Ref. BOE-A-1989-11181).
SE DECLARA en los RECURSOS acumulados 728, 731 Y 735/1984 (Refs 1984/25647, 1984/25648 y 1984/25646), A) Que determinada expresión del art. 8.3 y el art. 40 son inconstitucionales y nulos B) Que determinados arts. no son de aplicación directa en las CCAA que tienen asumida competencias en la materia y que el art. 24 no es inconstitucional rectamente interpretado, todo ello en relación con la LEY 26/1984, de 19 de julio, por SENTENCIA 15/1989, de 26 de enero (Ref. BOE-T-1989-4056).
SOBRE DEFENSA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS: REAL DECRETO 1425/1988, de 25 de noviembre de 1988 (Ref. BOE-A-1988-27709).
SOBRE DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS: REAL DECRETO 1338/1988 (Ref. BOE-A-1988-25809).
SOBRE DEFENSA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS: REAL DECRETO 1231/1988, de 14 de octubre (Ref. BOE-A-1988-24183).
aprobando la norma general de etiquetado de productos alimenticios envasados: REAL DECRETO 1122/1988, de 23 de septiembre (Ref. BOE-A-1988-22915).
SOBRE DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN EL SERVICIO DE REPARACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO: REAL DECRETO 58/1988, DE 29 DE ENERO (Ref. BOE-A-1988-2809).
SOBRE DEFENSA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS: REAL DECRETO 1457/1986, DE 10 DE ENERO (Ref. BOE-A-1986-18896).
EN RELACIÓN con EL REAL DECRETO 1945/1983, DE 22 DE JUNIO (Ref. BOE-A-1983-19755).

References: Real Decreto 
 artículo 51
 artículo 6
 artículo 23
 artículo 22
 artículo 2
 artículo 20
 artículo 28
 artículo 24
 artículo 57
 artículo 5
 artículo 2
 Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO