Source: http://justiciabol.blogspot.com/2017/10/
Timestamp: 2019-09-21 06:55:01+00:00

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Justicia en Bolivia: October 2017
Candidatas(os) al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Jorge Andrés Pérez Maita
Nació el 6 de enero de 1966 en Potosí.
Licenciado en Derecho, diplomado en Derecho Penal y Derecho Constitucional.
Tiene una maestría en Educación Superior.
Fue vocal presidente de la Sala Penal Primera, vocal de la Sala Social y Administrativa, y juez de Instrucción Cautelar en lo Penal.
Puntaje: 68,6
1.- ¿Qué le motivó a postular al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)?
El mejorar la administración de justicia, que está en una crisis profunda y muy cuestionada por todos los estantes y habitantes del país.
2.- Si es electo como nueva autoridad del Órgano Judicial, ¿qué medidas adoptaría para mejorar la administración de justicia?
Si soy electo, las medidas que adoptaría serían la lucha frontal contra los actos de corrupción, reducir la mora procesal y la retardación de justicia, garantizar la independencia de los jueces, elaborar proyectos de ley con la participación de las organizaciones sociales, y capacitación permanente y evaluación periódica de los jueces.
3.- ¿Qué se debe hacer para mejorar el trabajo del Tribunal Supremo de Justicia?
Se debe fortalecer el control social de las organizaciones sociales para erradicar los actos de corrupción, crear nuevos ítems para jueces y de esta manera reducir la mora procesal y retardación de justicia, institucionalizar la carrera judicial para garantizar la independencia judicial, elaborar proyectos de ley o tomar otras medidas que permitan mejorar la administración de justicia con la participación de las organizaciones sociales. Consideramos que es necesaria la capacitación permanente y la evaluación de los jueces para que estén preparados y actualizados acorde con los cambios que se dan en nuestra legislación.
4.- ¿Considera que con la aplicación de la nueva legislación y la elección de magistrados el 3 de diciembre el pueblo boliviano puede esperar el ansiado cambio de la justicia?
Considero que con la aplicación de la nueva legislación y elección de nuevos magistrados el pueblo boliviano puede esperar el ansiado cambio en la justicia, porque los nuevos magistrados tienen un desafío grande y de mucha responsabilidad, que es mejorar la administración de justicia y recuperar su credibilidad.
5.- La retardación de la justicia es uno de los problemas más denunciados, ¿qué propone para resolverla?
Para resolver la retardación de justicia propongo la creación de nuevos ítems para jueces, porque los jueces tienen bastante carga procesal, especialmente en materia penal, lo cual no les permite cumplir de forma adecuada su trabajo y los plazos procesales. Además, la población en general ha crecido y necesitamos más juzgados y más jueces, para ello gestionaremos la reducción del personal del Consejo de la Magistratura y de la Dirección Administrativa y Financiera (DAF), pues sumados ambos tienen un personal similar al de los jueces y lo que necesitamos son más jueces. Además realizaremos la gestión para que el Gobierno nacional nos asigne más presupuesto, pues en la actualidad sólo se nos asigna 0,4 por ciento, es decir, menos del 1 por ciento del Presupuesto General del Estado.
Para concretar una justicia pronta y efectiva se necesita una reingeniería de políticas técnicas y de rápida implementación, como la creación de más juzgados y dotación de personal debidamente capacitado.
Candidatas(os) al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Edwin Aguayo Arando
Nació en Potosí el 30 de julio de 1976.
Asesor jurídico de la empresa constructora IC-SUR SRL y EDCONS SRL.
Exasesor en el Gobierno Municipal de Porco.
Trabajó en la Asamblea Constituyente y en la Brigada de Potosí.
Porcentaje: 60,5
La retardación de justicia y un estigma de corrupción respecto a la justicia, esto me motiva porque quiero hacer cambios al respecto.
A corto plazo, hacer una evaluación de los recursos humanos de manera razonada y responsable, y a largo plazo generar nuevos recursos humanos con una visión diferente a la actual forma de administrar justicia.
Dotar de medios auxiliares tecnológicos para un mejor desempeño de trabajo, además de infraestructuras adecuadas y capacitación permanente.
Es así, ya que la idea es efectivamente cambiar la actual conducta de los servidores judiciales.
Los jueces deben enmarcarse a los plazos procesales reprimiendo el excesivo abuso y uso de la ley por las partes cuando los recursos o medios planteados sean manifiestamente ilegales. El incumplimiento o la actitud pasiva del juez significarán responsabilidad personal del juzgador.
El jefe de bancada de Unidad Demócrata (UD), Edwin Rodríguez, sostuvo que desde el momento que el caso cayó en manos de un afín al gobierno, el Tribunal ya no tiene poder de decisión independiente sobre la acción de inconstitucionalidad.
“Ya sabíamos que todos los magistrados son entregados al MAS, son activistas políticos antes que magistrados y no tenemos confianza, porque una vez que tomen decisiones se irán a sus casas, o se irán premiados con algún cargo público, tras pisotear la decisión soberana del pueblo”, declaró a tiempo de reiterar que Bolivia tiene pocos días para evitar las puertas de una dictadura.
El 18 de septiembre la bancada del MAS en el Legislativo presentó al TCP una acción de inconstitucionalidad abstracta mediante la cual piden declarar la inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley Electoral y la inaplicabilidad de cuatro de la Constitución Política del Estado (CPE),
El 29 de septiembre el TCP admitió la acción abstracta de inconstitucionalidad y notificó al presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García, para que presente los argumentos por los que pide que sean impugnados cinco artículos de la Ley de Régimen Lectoral Nº 026 y la inaplicabilidad de cuatro artículos de la CPE.
El 13 de septiembre el Legislativo envió la respuesta al TCP con los argumentos de por qué esta instancia debe resolver la consulta planteada en términos de verificación de constitucionalidad y convencionalidad, que son dos elementos circunscritos a ese ámbito.
A partir de esa fecha corre el plazo de 45 días para que el magistrado relator del TCP resuelva la acción de inconstitucionalidad abstracta del MAS que busca la habilitación del presidente Evo Morales para las elecciones de 2019.
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Aprueban artículo sobre mala práctica profesional del Código del Sistema Penal
La Cámara de Diputados aprobó la noche de ayer el artículo 200 sobre mala práctica profesional del proyecto de Ley del Código del Sistema Penal en donde se incorporó las observaciones realizadas por el sector de la prensa y los colegios médicos.
El artículo modificado consta de siete parágrafos, producto de los acuerdos alcanzados. El primero establece: “La persona que, en el ejercicio de su profesión, oficio o actividades cause daño a la salud o integridad física de otra persona, por infracción a un deber objetivo de cuidado, por imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia de los protocolos, reglamentos o los deberes inherentes al ejercicio de su profesión, oficio o actividad, será sancionada con reparación económica y cumplimiento de instrucciones judiciales”.
Al respecto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, señaló que no existe una redacción exclusiva para el ámbito médico.
“En las reuniones con los colegios de médicos quedó claro que el nombre original que era Mala Práctica Médica quedaba demasiado corto, porque inclusive en el ámbito de la salud no son sólo los médicos los que pueden cometer negligencia, impericia o imprudencia que tengan como resultado el daño a la integridad física y la salud de las personas”.
En la reunión donde se alcanzó los acuerdos, participaron el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Anibal Cruz, y sus colegas de los colegios médicos departamentales, además de los dirigentes de la Fesirmes (Federación Sindical de Ramas Médicas de Salud Pública) y de la Fesimras (Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines).
Mientras que para el sector de la prensa se incorporó una nueva redacción que “no afecta en nada a los periodistas, no modifica su situación actual y no pasa por encima de la Ley de Imprenta”.
El parágrafo VI señala: "No constituirá infracción penal cuando el ejercicio de la profesión, oficio o actividad no implique una posición de garante respecto de la salud o la integridad física".
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Constitución, Susana Rivero, dijo que “puede haber tipificación de Mala Práctica Profesional cuando se ponga en riesgo la vida y la salud de las personas”.
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Video Piden inhabilitar a Candidatos de las Elecciones Judiciales que realizan campaña
Posted by AHM at 2:51 PM No comments:
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TCP garantiza respuesta Magistrados no se irán sin antes emitir fallo de reelección
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) garantizó que hasta la conclusión del mandato de los actuales magistrados se resolverán todos los procesos pendientes, entre ellos la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por asambleístas del Movimiento al Socialismo (MAS), para viabilizar la re-postulación del presidente Evo Morales.
Es decir, hasta diciembre se conocerá si el actual mandatario puede ser candidato por tercera vez consecutiva o no.
“No solo es ese tema (de la re-postulación) sino otros como el de la (Ley de) Coca, de género y la acción abstracta (del oficialismo), se van a resolver en esta gestión. Los magistrados tenemos la responsabilidad de emitir los fallos que han ingresado en esta gestión”, explicó el magistrado Zenón Bacarreza.
El tribuno manifestó que entre las resoluciones que deben resolver antes de dejar sus cargos en esta gestión son el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley General de Coca, que es cuestionada por Adepcoca, porque se incrementan los cultivos en el Chapare.
Otro de los recursos legales que debe ser resuelto es la acción de inconstitucionalidad contra la Ley 966, que elimina la intangibilidad al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (Tipnis).
El pasado jueves 12, la Comisión de Admisión del TCP designó al magistrado relator, Macario Lahor Cortez, que redactará la sentencia sobre la acción de inconstitucionalidad.
El plazo de los 45 días establecidos por el Código de Procedimiento Constitucional corre a partir del 13 de octubre, los actuales magistrados deben emitir una resolución antes que termine su gestión, que es el 3 de enero de 2018.
Antes de ese plazo está previsto el receso judicial, que será a partir del 13 de diciembre del año en curso, a los 10 días después que se lleven a cabo las elecciones judiciales en las que se elegirá a los nuevos magistrados.
“No podemos dejar para el siguiente Tribunal lo que nosotros hemos (conocido), al menos es una misión que hemos hablado como ente colegiado que vamos a resolver todos las causas”, remarcó el magistrado.
Anteriormente, el vocal Oswaldo Valencia manifestó que existía la posibilidad que este recurso sea resuelto por los nuevos magistrados de la instancia judicial, tomando en cuenta los plazos y la carga procesal de los tribunales.
El presidente de la cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, informó que la Asamblea Legislativa planteó cinco ejes jurídicos como respuesta al Tribunal Constitucional, donde se ratifica el pedido de los asambleístas del MAS de declarar inconstitucionales cinco artículos de la Ley de Régimen Electoral y la inaplicabilidad de cuatro artículos de la Constitución Política del Estado que viabilice la repostulación.
Se hace mención de los derechos humanos y políticos, además se hace referencia a la jurisprudencia internacional, es decir a los tratados con organismos multilaterales.
Por otro lado, se fundamenta con la propuesta de los asambleístas constituyentes del MAS en el 2007, acerca de la reelección indefinida en la suscripción de la actual CPE, que fue rechazada por la oposición y fue modificada en noviembre de 2007, en la ciudad de Oruro, para su posterior aprobación en el referendo de 2009.
El pasado cinco de octubre, la oposición presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la finalidad de frenar el recurso. El martes 10 se realizó un cabildo en varias regiones del país, donde la población rechazó a la reelección indefinida del presidente Evo Morales.
TCP admite recurso contra ley que quita la intangibilidad al Tipnis
“El tema del Tipnis ha sido admitido y se ha determinado cual magistrado será encargado de redactar el proyecto constitucional y se tiene los 45 días para resolver la acción presentada sobre el tema”, explicó el magistrado Zenón Bacarreza. La acción fue presentada por los asambleístas que se oponen a que se quite la intangibilidad al área protegida y se permita la destrucción de la misma con iniciativas como la construcción de una carretera o la ampliación de las zonas de colonización. Bacarreza también indicó que por un acuerdo interno hasta la primera quincena de diciembre, el TCP tiene previsto emitir sentencia en las acciones relacionadas con el pedido de reelección de Evo Morales, Tipnis, Ley de Género, Ley de la Coca y otras. El magistrado recordó que en la segunda quincena de diciembre ingresan en receso y después solo volverán para entregar el TCP a los nuevos magistrados elegidos el 6 de diciembre. /Fides
Candidatas(os) al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) José César Villarroel
Nació el 27 de agosto de 1955.
Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas; tiene una maestría en Derecho Civil y Derecho Procesal Civil.
Docente emérito UMSA, catedrático de la UPEA.
Autor de los libros Curso sobre el Código Procesal Civil práctica forense y judicial; Guía de capacitación en el Código Procesal Civil y en el Código de las Familias y Estudios de Derecho Procesal Civil.
Puntaje 79,2
Al haber redactado buena parte de los denominados Códigos Morales, la motivación personal es la aplicación de esa normativa en los tribunales de justicia de todo el país y la lucha en contra de la corrupción judicial.
2.- ¿Qué medidas tendrían que adoptarse para mejorar la administración de justicia?
Los servidores judiciales en todos los niveles deben estar sujetos a capacitación en el nuevo régimen legal. La formación judicial debe ser integral a través del desarrollo de las dimensiones técnico-jurídicas sustentadas en el ser desde los valores (axiológico-jurídicos) del derecho positivo y valores socio-comunitarios; el saber, desarrollo cognitivo jurídico previsto en distintas áreas jurídicas del derecho; el hacer, habilidad y destreza en la teoría y la práctica en la elaboración de fallos judiciales; el decidir, sustentado en las tres dimensiones anteriores bajo los principios de honestidad, celeridad, transparencia y objetividad.
3.- ¿Qué hacer para mejorar el trabajo del TSJ?
Mejorar las condiciones en el funcionamiento de los juzgados y tribunales en todos los departamentos; es necesario contar con una buena infraestructura; modificar el mapa judicial; crear nuevos ítems para jueces y subalternos, equipamiento con medios tecnológicos; anualmente hacer un relevamiento sobre los éxitos y fracasos que se den en ese proceso de institucionalización judicial.
La terapia jurídica en los tribunales, dado el estado de crisis en que se encuentra la administración de justicia, será lenta y progresiva hasta que alcance credibilidad en el tiempo, manteniendo la independencia, asimismo debemos hacer alianzas estratégicas con todas las instituciones del país, de manera tal que permita mostrar un poder judicial renovado, libre de grupos dominantes, donde los magistrados sean un ejemplo para las regiones y para el conjunto del país con responsabilidad y compromiso en el desempeño de sus funciones y ese ejemplo sea el modelo de conducta para jueces y subalternos.
Los nuevos códigos en las distintas áreas están orientados a evitar la retardación de justicia. Uno de los pilares es la conciliación acompañada de una desformalización de las complejidades procesales, donde se resuelva el fondo del problema de manera directa y no directa a través de la solución de un sinnúmero de incidentes. La oralidad como base del sistema en aplicación de los principios de inmediación y concentración hace que los procesos no tengan una duración interminable que agoten al ciudadano por cansancio, y por el contrario los conflictos se resuelvan en el menor tiempo posible. Justicia que tarda no es justicia.
Candidatas(os) al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Virginia Patty Torres
Nació el 16 de septiembre de 1954 en la ciudad de La Paz.
Licenciada en Derecho de la UMSA, con formación académica en Ciencias Políticas y Economía.
Doctorado en Ciencias y Humanidades; maestrías en Desarrollo Humano y Derecho Constitucional y Gestión Pública
Docente UMSA, UPEA y Anapol.
Autora del libro La destrucción de las comunidades indígenas en Bolivia 1825-1952.
El haber sido litigante me ha permitido conocer muy de cerca los problemas por los que atraviesa la administración de justicia. El estancamiento de los procesos sujetos a litigio hace que haya retardación de justicia, vulnerando los principios de celeridad e inmediatez, afectando al debido proceso. Por tanto, he visto la necesidad de mejorar los controles para la aplicación propia de la norma.
2.- Si es electa como nueva autoridad del Órgano Judicial, ¿qué medidas tendrían que adoptarse para mejorar la administración de justicia?
Producto de un análisis exhaustivo respecto a la aplicación de la norma jurídica e identificando vacíos, colisiones u otros, se tiene que elaborar un plan de reingeniería en los procesos judiciales que permita implementar mejoras significativas para alcanzar una óptima administración de justicia y de calidad, la cual debe ser medida a través de una evaluación para establecer los resultados de la gestión.
3.- En ese marco, ¿qué hacer para mejorar el trabajo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)?
Es fundamental la coordinación con los ministerios de Justicia y de Gobierno y con el Ministerio Público para procurar la asignación de mayor presupuesto que permita ejecutar inversiones en infraestructura, dotación de personal y fundamentalmente en capacitación permanente para todo el personal involucrado, desde investigadores, auxiliares, secretarios de juzgados, fiscales, jueces, entre otros.
4.- ¿Considera que con la aplicación de la nueva legislación y la elección de magistrados el 3 de diciembre, el pueblo boliviano puede esperar el ansiado cambio de la justicia?
La idea principal de la elección de magistrados es que el pueblo boliviano tenga la opción de elegir a un profesional imparcial, que emita fallos con objetividad e independencia. Se debe trabajar en un cambio profundo que permita transformar la imagen del Tribunal Supremo de Justicia y que los habitantes de nuestro país vuelvan a tener confianza en las decisiones que dicten sus autoridades.
Estoy convencida de que una reforma sistemática a la estructura normativa, organizativa y administrativa judicial y además con la creación de un programa de jueces móviles y una adecuada distribución de casos permitirá disminuir la carga procesal y tener un mejor control sobre el cumplimiento de los plazos procesales.
Corre plazo para que el TCP emita fallo
Desde el viernes está corriendo el plazo para que el magistrado relator del Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva la acción de inconstitucionalidad abstracta del MAS que busca la habilitación del presidente Evo Morales para las elecciones de 2019.
El Tribunal Constitucional Plurinacional confirmó a ANF a través de la dirección de Comunicación que el caso ya tiene “magistrado relator” y que desde el pasado viernes corre el plazo, es decir, 45 días para que el magistrado resuelva la acción abstracta de inconstitucionalidad del MAS.
La magistrada del TCP, Mirtha Camacho había manifestado que el pasado jueves se procedió a un sorteo “imagino que de repente puede haberse sorteado el jueves. A las cinco de la tarde hubo un sorteo”, declaró la autoridad.
El pasado 28 de septiembre un grupo de asambleístas del MAS interpuso ante el TCP un recurso para que declare la inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley 026 de Régimen Electoral y cuatro artículos de la Constitución Política del Estado.
El razonamiento del oficialismo es que ninguna norma puede fijar límites y restricciones para la reelección de las autoridades nacionales y subnacionales. Sostienen que la Ley 026 va en contra de la Carta Magna y ésta a su vez no es concordante con el Pacto de San José de Costa Rica.
Asimismo, argumentan que los derechos políticos son un derecho humano reconocido por la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo tanto está por encima de la Constitución.
La oposición cree que es un riesgo esta acción, sostienen que el TCP no tiene la facultad ni la competencia para dejar inaplicables artículos de la Constitución Política del Estado, que el 2009 fue ratificada en un referéndum nacional.
Candidatas(os) al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Juan Carlos Berríos
Nació el 4 de noviembre de 1966, en La Paz.
Licenciado en Derecho de la UMSA. Magister en Administración de Justicia.
Carrera judicial de 23 años en los juzgados.
Autor de los libros Práctica forense y judicial de los procesos voluntarios nominados e innominados, Práctica forense y judicial de los procesos precautorios y preparatorios, y Alternativas técnico jurídicas para encarar la mora procesal.
Puntaje: 73,7
Creo que una nueva justicia para Bolivia es posible, porque actualmente está mal. Sin embargo, podemos cambiarla entre todos. Hace poco cumplí 24 años de conocer la realidad judicial. Mi postulación es una oportunidad para trabajar con todos, con el fin de construir una justicia con independencia y autonomía, sin corrupción y sin retardación.
2.- Si es electo como nueva autoridad del Órgano Judicial, ¿qué medidas tendrían que adoptarse para mejorar la administración de justicia?
Hay tres problemas estructurales: 1) La justicia no llega a todos y además es retardada; 2) hay denuncias de corrupción en varios juzgados, y 3) la ciudadanía judicializa sus conflictos y congestiona la justicia. Frente a esta situación es urgente lograr una justicia para todos, con celeridad, calidad, transparencia y buen trato; construir una justicia transparente y materializar una justicia plural.
El Tribunal Supremo se encuentra organizado en salas Penal, Civil y Social Administrativa, por lo que se tiene que priorizar el tratamiento oportuno de las causas, de modo que se elimine la carga procesal. Se debe difundir la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, de modo que se convierta en una información útil y posible de obtener.
La transformación del sistema judicial boliviano no depende sólo del juez o del magistrado, es una tarea interdisciplinaria e interinstitucional. En esta tarea tienen una responsabilidad histórica la Fiscalía, la Policía, los ministerios de Gobierno y Justicia, los colegios de abogados, las carreras y facultades de Derecho de las universidades y la población litigante. La promulgación y aplicación de la nueva legislación es un aporte para el cambio de la justicia. De igual forma, la elección de nuevos magistrados se constituye en una oportunidad para cambiar la justicia.
Tres elementos provocan la mora procesal: a) El hecho de que el ciudadano judicialice todos sus conflictos; b) La falta de un presupuesto adecuado, y c) La desproporción entre número de causas y número de jueces, además de la falta de infraestructura, tecnología, materiales y personal de apoyo. Hoy, el Órgano Judicial recibe menos del 1 por ciento del Presupuesto General del Estado, por lo que la justicia atraviesa una situación de pobreza financiera. Necesitamos un presupuesto de al menos 3 por ciento del Presupuesto General del Estado. En 2015 había cerca de 800.000 causas en los nueve departamentos de Bolivia, y la cantidad de jueces llegaba a 1.000, lo que quiere decir que cada juez debería resolver 800 procesos. Esto es humanamente imposible, no se lograría ni siquiera trabajando 24 horas al día y los 365 días del año. Entonces, la retardación es un problema estructural y necesita una solución de esa misma magnitud, encontrar una solución es difícil, pero no imposible.
Candidatas(os) al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Rosmery Aliaga Apaza
Nació en La Paz el 18 de febrero de 1973.
Licenciada en Derecho (UMSA), en Informática (UCB) y Ciencias Sociales (Ministerio de Educación)
Maestría en Ciencias en Educación Superior, doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo, y varios diplomados.
Autora de La prueba extraordinaria en el juicio oral (2014).
Puntaje: 61,4
Constituirme en parte de todos los cambios y transformaciones que revolucionarán la justicia en Bolivia, que será un referente de la región y el mundo, mostrando que gozaremos de seguridad jurídica. También por capacidad, experiencia, meritocracia, formación humana, alta moral, ética y fundamentalmente mi vocación de servicio a la comunidad que he venido demostrando a lo largo de mi carrera profesional.
Respeto y aplicación de la Constitución Política del Estado (CPS), con celeridad, cobertura, reingeniería, lucha contra la corrupción, política criminal y gestión financiera, medios que nos permitirán generar el cimiento y la consolidación de los cambios estructurales, procedimentales y tecnológicos en el sistema de la justicia en Bolivia. El recurso humano debe estar capacitado, para acompañar y hacer seguimiento a las demandas de la sociedad.
3.- ¿Qué se debe hacer para mejorar el trabajo del TSJ?
Cumplir la Constitución, como señalan clara y expresamente los artículos 180, 181, 182, 183,184 y 185. El Tribunal Supremo de Justicia debe realizar el acompañamiento, seguimiento del trabajo que realizan nuestros tribunales de justicia y juzgados. Este rol dinamizador, de interacción, coordinación, compromiso con la sociedad, de actuar con independencia e imparcialidad en el marco del respeto y la dignidad humana y los derechos humanos para generar una cultura de paz.
Las autoridades judiciales no podemos desaprovechar esta tercera generación de la codificación de la legislación boliviana, que se adecua a las necesidades de la sociedad, es importante el compromiso de trabajo comunitario en equipo, facilitar los medios y recursos para cambiar la justicia y recuperar la confianza del pueblo.
La retardación de la justicia, conocida también como la mora procesal, es una de las problemáticas que aqueja a la justicia, sin embargo está ligada estrechamente a la corrupción, y son problemas que aquejan históricamente a la administración de la justicia. Éste es el momento para que los cuatro órganos del Estado se organicen y estructuren su poder público, coordinando y cooperando en todas sus funciones y en beneficio de la sociedad. Por ello proponemos gestión y administración plena de los tribunales de sentencia y juzgados públicos mediante la práctica de los valores y principios sociocomunarios, descolonizando y despatriarcalizando la corrupción y la mora procesal para vivir bien en comunidad.
Con el sorteo del magistrado relator que se hará en las próximas horas para la acción legal que el MAS activó para validar la repostulación del presidente Evo Morales en 2019, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se dispone a tratar el fondo del recurso para entregar un fallo en un plazo de 45 días.
“La Asamblea (Legislativa) ha respondido y justamente (la causa) está para su sorteo entre esta tarde o mañana”, desveló este viernes el magistrado Macario Lahor Cortez a los medios de comunicación en Sucre, declaración que fue replicada por la estatal Patria Nueva.
Como parte del nuevo plan del Movimiento Al Socialismo (MAS) y tras el fracaso de un primer intento en el referéndum de 2016, el 18 de septiembre de este año legisladores de ese partido instalaron un recurso de inconstitucionalidad ante el TCP para que declare inaplicables cuatro artículos de la Carta Magna y cinco de la Ley 026 del Régimen Electoral, muchos de ellos que limitan las repostulaciones continuas con la invocación de derechos políticos y humanos reconocidos por el Pacto de San José.
El 29 de septiembre, el TCP hizo conocer que admitió la acción de inconstitucional abstracta. Éste fue el primer paso para que el TCP abra la ruta al pedido oficialista. Había convocado al vicepresidente Álvaro García para que argumente por los artículos impugnados en la Ley 026 que se originó el Legisaltivo en 2010, un trámite que ya se cumplió el lunes 9.
Así lo confirmó también el presidente de la Cámara de Senadores, José Gonzales, quien aseguró: “Se ha respondido el lunes, ellos hacen el sorteo y a partir del sorteo corren los 45 días”.
La pulseta por la nueva repostulación de Morales a la Presidencia ya llegó a la misma Organización de Estados Americanos (OEA), donde el oficialismo y sus detractores confrontaron sus argumentos, y ahora se traslada a las calles del país.
Los primeros en movilizarse fueron quienes rechazan esta posibilidad, por considerar que vulnera los fundamentos de la misma democracia al desconocer la decisión de la votación nacional que el 21 de febrero de 2016 rechazó esta figura. Aprovecharon el Día de la Democracia que se celebra cada 10 de octubre, para ese fin.
Ahora les toca a los oficialista, quienes abren su pugna con una primera marcha por la repostulación que se cumple este viernes en Santa Cruz de la Sierra. Similares manifestaciones se replicarán en el país, anunciaron dirigentes afines al MAS.
La presión crece sobre el tribunal crece con los llamados de ese bloque de trasladarse hasta Sucre para “exigir” un fallo favorable. En presencia del presidente Morales y en un acto público el jueves, el dirigente de la Central Obrera Departamental (COD), Rolando Borda, se sumó a otros dirigentes y arengo a los sectores sociales a “ir en patota (grupo)” hasta sus para entregar resoluciones de apoyo a la repostulación.
Un pedido similar pedido hizo el dirigente cocalero Leonardo Loza y el ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas. (13/10/2017)
Prevén 12 años de cárcel para delitos contra libertad sexual
En el marco del proyecto de Ley del Código del Sistema Penal, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó los artículos referidos a los delitos contra la libertad sexual, que establecen sanciones a los infractores con privación de libertad de hasta 12 años. Entre ellos están el abuso sexual, corrupción sexual de niña, niño o adolescente y el acoso sexual.
Uno de los artículos establece una pena carcelaria de tres a seis años y prohibición de concurrir a ciertos lugares o acercarse a la víctima a quien mediante intimidación, violencia física o psicológica realice con una persona de uno u otro sexo, sin su consentimiento, toques, caricias, manoseos de contenido o significación sexual, o le obligue a realizar o presenciar actos sexuales.
En este sentido, el proyecto señala que la sanción agravada será de siete a 12 años de prisión cuando la víctima sea niña, niño o adolescente, o persona con discapacidad grave.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, explicó que la diferencia entre abuso sexual y violación es que en el primero no existe penetración, pero que ambos delitos utilizan violencia física o psicológica, intimidación y no existe consentimiento, pero que en el caso de este artículo, los toques deben tener un contenido o significado sexual.
También será sancionada con privación de libertad de dos a cuatro años la persona que, valiéndose de una posición jerárquica en cualquier ámbito o aprovechando una relación de poder, solicite o exija una relación o acto de carácter sexual.
Para que se pueda comprobar ese delito debe existir hostigamiento o persecución, amenaza de producir daño o perjuicio, condicionamiento para la obtención de un beneficio o cualquier otro medio y uso reiterado de palabras, envío de mensajes de carácter sexual por cualquier medio.
El agravante es que la infracción sea cometida contra una niña, niño o adolescente y que el infractor tenga una posición jerárquica o relación de poder respecto a la víctima, por lo que será sancionado con prisión de entre cuatro y ocho años.
Candidatas(os) al Consejo de la Magistratura (CM) Noel Humboldt Kovacec
Abogado y titulado en administración de empresas
Noel Humboldt Kovacec
Nació en La Paz el 29 de julio de 1960.
Es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Gabriel René Moreno y titulado en Administración de Empresas en la UCB.
Cuenta con una maestría en Administración de Empresas, diplomados en Gestión de Mandos Medios y en Educación Superior.
1.- ¿Qué le motivó a postular al Consejo de la Magistratura (CM)?
Cuando me enteré de la convocatoria para altas autoridades del Órgano Judicial, y que se respetaría la meritocracia; previa auto-evaluación de mis méritos y en consulta con mi familia, decidí presentarme para el Consejo de la Magistratura donde serían necesarios mis conocimientos administrativos y donde podría trabajar para dejar un mejor país para todos los bolivianos.
Soy idealista y optimista, creo en que las cosas pueden ser mejoradas, y que con la modernización podemos mejorar la justicia.
2.- De ser electo como nueva autoridad del Órgano Judicial, ¿qué medidas tendrían que adoptarse para mejorar la administración de justicia?
Creo que las principales medidas deben ser: digitalizar los procesos a través del expediente electrónico, crear más juzgados en los 317 municipios, las capitales y acercarlos de materia penal a los centros penitenciarios y trabajar en la comunicación entre el ciudadano y el Órgano Judicial.
3.- ¿Qué se debe hacer para mejorar el trabajo del CM?
Creo que las principales medidas a tomarse deben ser: unificar las funciones de la dirección administrativa financiera con el Consejo de la Magistratura; trabajar por una verdadera escuela de jueces del Estado que sirva como base pare el reclutamiento, selección y capacitación de jueces, secretarios y personal judicial; efectuar una reingeniería en Derechos Reales y otros trámites administrativos; implementar y mejorar la unidad de estudios e investigaciones; controlar y fiscalizar el trato preferente en los juzgados y trámites realizados por personas de grupos vulnerables (adultos mayores, discapacitados, mujeres embarazadas, etc.); el control, fiscalización y participación ciudadana y cárcel para los corruptos.
El cambio de la justicia se va a dar. El proceso de selección ha sido muy riguroso, hubo que estudiar mucho y todos los candidatos tienen sus propuestas, muchas de ellas muy bien pensadas, interesantes y bien desarrolladas.
5.- La retardación de la justicia es uno de los problemas más denunciados, ¿qué propone para resolverlo?
Como ya se dijo se debe usar la tecnología a través del expediente electrónico y con participación ciudadana para que los procesos judiciales sean más rápidos, ecuánimes, transparentes y gratuitos. Además permite controlar a distancia a los funcionarios que demoran su trabajo injustificadamente. También el incremento de juzgados será fundamental, a esto debemos agregar que las suplencias de jueces y otro personal judicial deben hacerse mediante un grupo de jueces y secretarios suplentes, así los jueces se dedicarán exclusivamente a realizar su trabajo y no heredarán compromisos de otros juzgados.
Labels: Consejo de la Magistratura, Elecciones Judiciales
Candidatas(os) al Consejo de la Magistratura (CM) Mirtha Meneses Gómez
Abogada con experiencia en el campo judicial
Mirtha Meneses Gómez
Nació en la ciudad de La Paz.
Licenciada en Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales de la Universidad Técnica de Oruro.
Realizó diplomados en Derecho Constitucional y en Educación Superior por Competencias.
Mi vivencia como servidora judicial, así como el sentir del ciudadano en general, generó preocupación por la agudización de la crisis en el sistema judicial en los últimos seis años, por esa razón asumí el reto de participar en el proceso de preselección a candidatas a altas autoridades del Órgano Judicial, con el objetivo de aportar con una propuesta que inicie el proceso de cambio en la justicia, a partir de las atribuciones del Consejo de la Magistratura.
2.- De ser electa como nueva autoridad del Órgano Judicial, ¿qué medidas tendrían que adoptarse para mejorar la administración de la justicia?
Las medidas tienen que ser radicales e inmediatas, primero una revisión del escalafón judicial, evaluación de autoridades jurisdiccionales y servidores judiciales; segundo, garantizar que la administración de justicia sea especializada, con profesionales idóneos con compromiso social; tercero, revisar la conformación del aparato administrativo del Consejo de la Magistratura, a efecto de evitar duplicidad de funciones y garantizar el mejoramiento de la esencia del Órgano Judicial que es la administración de justicia; cuarto, capacitación permanente de las autoridades y servidores judiciales en las áreas de su competencia así como en ética profesional; quinto, implementación de sistemas informáticos y tecnológicos como ser plataformas de consulta, seguimiento de procesos y notificaciones electrónicas, transparentando la justicia y erradicando procedimientos que demoran la tramitación de los procesos; sexto, desconcentración de juzgados y jueces itinerantes para garantizar el acceso a la justicia de todos los ciudadanos y séptimo, desburocratización, transparencia e informatización eficiente de Derechos Reales para un servicio inmediato a favor de la población.
3.- ¿Qué propone para mejorar el trabajo del CM?
Conformar y estructurar la institución bajo un sistema técnico especializado para el cumplimiento de las atribuciones específicas que la Constitución Política del Estado y la ley establecen.
Esto es un proceso que dependerá tanto de la participación ciudadana en las elecciones del 3 de diciembre, así como del compromiso de las nuevas autoridades electas para efectivizar esa nueva construcción de la justicia bajo la visión de la Constitución Política del Estado, esencialmente una justicia social, inclusiva, con probidad e igualdad para todos.
Una distribución equitativa de la carga judicial entre las autoridades jurisdiccionales, aplicar procesos de descongestionamiento e implementar jueces de liquidación.
TSE habilita aplicación para consulta ciudadana en vista a elecciones judiciales
A menos de dos meses para las elecciones judiciales del 3 de diciembre, el Tribunal Supremo Electoral Plurinacional (TSE) habilitó este lunes la aplicación "Yo Participo" para que la población pueda verificar si está habilitado y su recinto de votación desde su teléfono celular.
"Las y los ciudadanos podrán consultar esta aplicación en el sitio https://yoparticipo.oep.org.bo y a través de su descarga como aplicación para dispositivos móviles para corroborar los datos de su registro y, en caso de no estar dentro de este sistema, acudir a las oficinas del Tribunal Electoral Departamental y del Servicio de Registro Cívico (SERECÍ) de su región para hacer el reclamo correspondiente, entre el 8 y el 15 de octubre", informó la entidad por medio de su página digital.
Por segunda vez, los bolivianos en edad de votar elegirán en las urnas a las máximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental. La primera ocasión fue en 2011.
El TSE recordó que el 8 de octubre pasado publicó la nómina de personas inhabilitadas, número que supera las 33 mil observados por no cumplir con la obligación de jurado en las pasadas elecciones, no haber emitido su voto, por tener su inscripción en un departamento diferente al señalado para votar y por una posible doble identidad.
"En el caso de que su inhabilitación se hubiera realizado por ser jurada o jurado de mesa inasistente o por no haber emitido su voto, las personas deberán cumplir las sanciones establecidas para ser habilitadas nuevamente; en los otros casos, su habilitación o no se realizará por la Sala", informó la entidad.
Según el TSE, el Padrón Electoral se consolidará hasta el 22 de octubre y con esta información el 26 de octubre se procederá a hacer el sorteo de los jurados que administrarán las mesas de sufragio durante la jornada de la elección. (09/10/2017)
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Candidatas(os) al Tribunal Agroambiental (TA) Juan José García Cruz
Nació en Uncía, Potosí, el 26 de junio de 1975.
Licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca.
Diplomado en Derecho Agroambiental, Gestión y resolución de conflictos, y en Estudios agrarios y gobernanza de tierra-territorio.
Maestrante en Derecho agroambiental.
Puntaje: 64,0
1.- ¿Qué le motivó a postularse al Tribunal Agroambiental (TA)?
La motivación principal es aportar ideas innovadoras de trabajo para que el Tribunal Agroambiental mejore en su función principal, que es impartir justicia de manera pronta, oportuna, sin distinción de ninguna naturaleza y con vocación de servicio al pueblo boliviano. Como profesional cuento con la experiencia necesaria, puesto que he trabajado en instituciones vinculadas con la temática, como el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Viceministerio de Tierras y el Tribunal Agroambiental.
2.- De ser electa como nueva autoridad del Órgano Judicial, ¿qué medidas tendrían que adoptarse para mejorar la administración de justicia?
Para mejorar la administración de justicia se tiene que fortalecer la independencia e imparcialidad del Órgano Judicial, jerarquizando su funcionamiento a partir de la contratación de profesionales idóneos, honestos y comprometidos, además de gestionar recursos económicos necesarios que coadyuven a la modernización de la justicia en Bolivia.
3.- En ese marco, ¿qué hacer para mejorar el trabajo del TA?
Impartir justicia sin distinción de ninguna naturaleza en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, en ese marco es importante institucionalizar los diferentes cargos del TA para contar con profesionales especializados en la materia y con compromiso social. Es importante la coordinación entre la jurisdicción agroambiental y la indígena originaria y campesina para el cumplimiento y realización de sus fines y objetivos.
4.- ¿Considera que con la aplicación de la nueva legislación y la elección de magistrados, el 3 de diciembre, el pueblo boliviano puede esperar el ansiado cambio de la justicia?
Este acto democrático, contribuirá a conseguir el cambio y alcanzar ese objetivo tan ansiado por las y los bolivianos. En ese cometido será necesaria la participación de todos los sectores de la sociedad, considero fundamental el aporte desde la educación básica y superior para que exista un compromiso en la formación de recursos humanos con valores éticos y morales, objetivo en el que también deberá integrarse a la familia como base de la sociedad.
5.- La retardación de la justicia es uno de los problemas más denunciados, ¿qué propone para resolver este problema?
Para evitar la retardación de justicia se debe fortalecer la aplicación de la oralidad plena en los procesos, así como la conciliación y la itinerancia para mejorar el acceso a la justicia. Considero que a través del uso de la tecnología y de la adecuada difusión de la información, el mundo litigante y la población en general tendrán acceso directo y oportuno para conocer el estado de sus procesos, por ello propongo la aplicación de la notificación electrónica como un proceso ágil para la desburocratización de la justicia, además de tener en cuenta la coordinación entre la jurisdicción agroambiental y la jurisdicción indígena originaria y campesina.
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Candidatas(os) al Tribunal Agroambiental (TA) Patricia Flores Marín
Patricia Guadalupe Flores Marín nació en La Paz el 23 de julio de 1980.
Es licenciada en Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
Con diplomados en Educación Superior, Derecho Administrativo, y Nueva Constitución Política del Estado.
Tiene artículos publicados en la revista Criminis.
Puntaje: 72,8
La motivación principal para presentar mi postulación podría dividirla en dos aspectos, la primera relacionada con el vivir bien de la población, entendida como la búsqueda de la justicia a partir de todos los conocimientos y experiencias adquiridas a lo largo de la profesionalización en la temática agroambiental, y la segunda vinculada con un tema más personal, es decir un logro profesional.
Cuando nos referimos a la administración de justicia, entiendo que nos referimos a todo el aparato judicial, de esa manera considero de vital importancia y relevancia que las nuevas autoridades tengamos como base y principio el actuar de manera transparente, luchando contra la corrupción si la hubiera o identificarla y de esa manera garantizar a la población la verdadera justicia.
A partir del actuar transparente corresponderá impulsar la promulgación de normas adjetivas y sustantivas relacionadas con la materia y jurisdicción agroambiental, que guíen las actuaciones de las entidades y autoridades administrativas y de la jurisdicción agroambiental propiamente, precautelando su adecuación a la Constitución Política del Estado y que cuenten con claridad para su aplicación, velando por la economía procesal, transparencia y servicio a la población. Impulsar y coadyuvar a la compilación de la normativa sustantiva relacionada con la jurisdicción agroambiental, que a la fecha se encuentra dispersa y algunas de ellas con insuficiencia de datos. Dar prioridad a viabilizar la promulgación de la normativa adjetiva propia de la judicatura agroambiental, considerando que ahora son de aplicación las normas procesales antiguas y no se adecuan a la realidad jurídica, afectando el vivir bien. Disponer la reestructuración de los asientos judiciales en razón a la distancia y la población, buscando eficacia en el acceso a la justicia.
Corresponde aclarar que con la nueva Constitución Política del Estado evidentemente existe el reconocimiento expreso de muchos derechos. De esa manera, la nueva legislación nos permite buscar y llegar a la verdadera justicia; sin embargo, en lo que respecta a la temática agroambiental es oportuno impulsar la promulgación de la normativa adjetiva propia de la judicatura agroambiental, ya que a la fecha no se cuenta con un Código Agroambiental.
La oralidad en los procesos nos permite reducir tiempos, por lo que considero importante su aplicación, además de que ello nos permite luchar contra la corrupción. Asimismo, considero importante realizar una reingeniería de los asientos judiciales en el área rural, con mayor posibilidad de acceso a la justicia tomando como fundamento la cantidad de población y las distancias de los asientos judiciales.
Labels: Elecciones Judiciales, TA: Tribunal Agroambiental
Candidatas(os) al Consejo de la Magistratura (CM) Gonzalo Alcón Aliaga
Jurista con experiencia castrense
Gonzalo Alcón Aliaga
Nació en La Paz, el 10 de enero de 1959.
Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, de la UMSA.
Alférez de la Escuela Naval Militar, llegó al grado de almirante y comandante general de la Armada Boliviana (2013-2014).
Cuenta con diplomados en Justicia Restaurativa, Derecho Notarial, Comercio Exterior y otros.
Autor del Manual de Derecho Marítimo y Legislación Marítima de Bolivia, aprobado mediante resolución del Comando en Jefe de las FFAA 65/11, del 29 de marzo de 2011.
El principal motivo es el servicio a la patria y a la sociedad, pues presté servicio por más de 30 años en las Fuerzas Armadas. También me motivó el deseo de llevar con responsabilidad, transparencia y compromiso la administración de la justicia, ya que el Consejo de la Magistratura es responsable de la disciplina, control, fiscalización y administración de recursos humanos del Órgano Judicial.
Como abogado soy testigo de los problemas que enfrentan los ciudadanos al acceder a la justicia, como la corrupción, la falta de presupuesto y la crisis en todo este sistema. Asumo una postura propositiva, ser parte de la solución y enfrentar el problema desde dentro de la institución judicial.
Hay que ser implacables en el control y fiscalización no solamente de jueces, sino también de todo el personal e incluso de los mismos abogados, de las partes que intervienen en los procesos, porque la corrupción la genera no solamente el que pide o recibe, sino también el que da, ése es el punto neurálgico de la crisis del sistema judicial, la corrupción. Planteamos que la destitución, así como las sentencias ejecutoriadas, sean causales de inhabilitación para el ejercicio de servidor público en la administración judicial y en toda la administración pública. Además de la descentralización de los tribunales departamentales de justicia.
3.- En ese marco, ¿qué hacer para mejorar el trabajo del CM?
Fortalecer la promoción de jueces, vocales y funcionarios a través de un plan de carrera judicial para la consolidación de la meritocracia, incorporando la formación descentralizada, especializada, actualizada y permanente.
La crisis del sistema de justicia en Bolivia es estructural, pero no sólo en Bolivia, la situación es igual o peor en países como El Salvador, Honduras o México. Un mal que se arrastra desde hace décadas no va a resolverse en un año. La Constitución Política del Estado, al permitir la elección de magistrados por voto directo, le da al pueblo boliviano la opción de ser parte de esa solución, toma en sus manos la decisión de cómo y con quiénes dar los pasos para transformar la justicia.
Promover la cultura de la paz para evitar que se llegue a instancias judiciales a través de la conciliación. Esto es muy importante porque hay una excesiva judicialización para resolver conflictos, ahí está el primer problema. En segundo lugar planteamos impulsar sistemas de confiabilidad y calidad en la gestión institucional como mecanismos de transparencia, buenas prácticas y anticorrupción, para fortalecer de esta manera la credibilidad del organismo judicial y la confianza de la población en la administración de justicia y en la prestación de otros servicios, esto se traduce en el concepto de gestión de calidad.
Candidatas(os) al Consejo de la Magistratura (CM) Mónica Céspedes Machicao
Abogada capacitada en derechos humanos
Mónica Céspedes Machicao
Nació en la ciudad de La Paz, el 21 de mayo de 1968.
Licenciada en Derecho, estudió en la UMSA y en la Universidad Mayor de San Simón, de Cochabamba.
Realizó cursos sobre Derechos Humanos, Derechos de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia.
El CM es responsable del régimen disciplinario, del control y fiscalización del manejo administrativo/financiero y de la formulación de políticas de su gestión, preceptos que al parecer no se hubiesen cumplido en el periodo que finaliza este 2017. Esta falta de cumplimiento se evidencia en la desconfianza en el sistema y falta de credibilidad en sus operadoras y operadores de justicia. Todas esas razones me motivan a trabajar para revertir esta situación y para que retorne la confianza en la justicia.
No existe un diagnóstico real que nos muestre el porcentaje de inmuebles no registrados en el sistema de Derechos Reales. La forma como se procesan las denuncias a jueces, juezas y personal judicial es larga y morosa, lo que da paso a la corrupción. Las personas que acuden a Derechos Reales pierden tiempo y dinero, porque los edificios y oficinas se encuentran en diferentes lugares, lo que motiva al abandono de casos y encarece cualquier trámite. Otro problema mayor es el presupuesto asignado que no atiende la creciente demanda de la población.
Por esas razones, las medidas asumidas serán de corto y mediano plazo, estructurales con respaldo legal y de implementación progresiva.
En Derechos Reales optimizar y modernizar el sistema informático, para que sea seguro y rápido, que garantice el registro del derecho propietario. Para frenar la corrupción en el régimen disciplinario se implementarán nuevos y mejores controles a jueces, juezas y personal judicial. Se debe trabajar en infraestructura, construir o adecuar edificios multipropósitos para evitar la pérdida de tiempo y dinero de litigantes y vecinos, y para contar con mayores recursos económicos se impulsará un pacto fiscal por la justicia donde el Gobierno central y los gobiernos municipales y departamentales aporten.
La renovación de autoridades siempre da un mensaje de esperanza. Las personas preseleccionadas cuentan con méritos académicos y experiencia laboral resaltante. El cambio necesariamente parte de cada una, sin embargo se requerirá del compromiso del personal de apoyo y de la voluntad política, en el caso del CM, en el momento de pensar en mayores recursos económicos.
Es necesario realizar un mapeo de juzgados por densidad poblacional y carga/movimiento procesal, diagnóstico que nos dará la certeza de cuántos jueces y juezas tienen para su reubicación, creación de nuevos juzgados y otras medidas administrativas, como la reorganización regional del CM.
Video Dr. Victor Hugo Chavez: Por hacer lo que hizo el TCP a Gualberto Cussi lo enjuiciaron
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Cívicos radicalizarán medidas si TCP falla a favor del MAS
DIRIGENTES CÍVICOS DEL EJE CENTRAL PLANIFICAN MARCHA PARA MAÑANA.
La vigilia que se instaló en la plaza principal de la ciudad de Sucre será hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emita un resultado sobre la acción de inconstitucionalidad abstracta que presentó el partido oficialista. En caso de que esta sea favorable las medidas de presión se agudizarán informó el representante del Comité Cívico de Cochabamba, Juan Flores.
“Existen sugerencias de que si el TCP aprueba el recurso legal del Movimiento al Socialismo (MAS), se agudizarán las medidas de presión, incluso de llegar a bloquear las carreteras a nivel nacional (…). Como representantes de la población haremos llegar nuestras denuncias a otras instancias internacionales, en este caso la OEA ha defendido lo que dice nuestra Constitución”, explicó el dirigente.
Para este martes los colectivos ciudadanos preparan movilizaciones en el eje troncal del país en rechazo a la reelección indefinida de Evo Morales.
El TCP notificó al vicepresidente Álvaro García con la admisión del recurso de inconstitucionalidad, la autoridad debe responder en un plazo de 15 días, para que posteriormente, en un término de 45 días hábiles, esta instancia judicial emita una resolución sobre el tema de fondo.
Flores sostuvo que los dirigentes cívicos que se trasladaron hasta la ciudad de Sucre, retornaron a sus regiones para planificar las concentraciones que se desarrollarán el próximo 10 de octubre en las ciudades capitales del país, en defensa de la democracia y rechazar la pretensión del MAS de eternizarse en el poder.
“Los dirigentes retornamos a nuestras regiones para planificar las movilizaciones del próximo martes, donde le recordaremos al presidente Evo Morales que el pueblo le dijo No a la reelección en el referendo del 21 de febrero de 2016”, destacó flores en radio Panamericana.
Por otro lado, el ministro de la Presidencia, René Martínez, denunció que esta movilización está coordinada por políticos de oposición y que es parte de un plan conspirativo que surge de la estrecha relación entre partidos de la derecha, Luis Almagro, y el exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín.
“Es el extremo del cinismo mayor que los sindicados por el pueblo boliviano como genocidas aparezcan con Almagro en reuniones coincidentes de dirigentes opositores en la OEA”, cuestionó Martínez. Dijo que conocidos dirigentes de partidos neoliberales “se escudan” detrás de los llamados “colectivos ciudadanos” con el afán de desestabilizar al Gobierno
En Chuquisaca se difundirán los méritos de 32 candidatos, 14 para el Tribunal Agroambiental (TA), diez para el Consejo de la Magistratura (CM), cuatro para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y cuatro para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
El próximo 3 de diciembre se realizarán las elecciones judiciales, para elegir a las máximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). A menos de dos meses de la jornada de sufragio, aquí está todo lo que debe saber para ese día.
Las elecciones judiciales están establecidas en la Constitución Política del Estado (CPE), que entre los artículos 178 y 214, determina que las autoridades del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) son electas por voto universal y mayoría simple, sin embargo, en estos comicios no es obligatorio que las autoridades cumplan un porcentaje mínimo para considerarse ganadoras, es así que no requieren alcanzar el 50% más uno, por lo que se declaran electas con la cantidad de votos válidos que obtengan, sea cual sea.
Así lo precisa la presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca (TED), Olga Mary Martínez, quien detalla que el proceso parte del reconocimiento constitucional que establece que esas autoridades deben ser electas por voto universal y se desglosa en distintas leyes que marcan las líneas por las que se debe llevar a cabo el proceso.
“La elección judicial es ejercicio de la democracia representativa y la ciudadanía acudirá a las urnas para tomar una decisión el próximo 3 de diciembre. Como Órgano apostamos a que esa decisión sea informada con el reconocimiento de los y las candidatas, de su trayectoria y de su propuesta técnica”, comenta la Presidenta del TED Chuquisaca.
Precisa que, a diferencia de la anterior elección de autoridades judiciales, los candidatos tienen una propuesta técnica que pueden socializar por distintos medios de comunicación o espacios públicos, argumentándola y explicando en qué consiste.
Es decir que los candidatos pueden difundir información sobre ellos por los medios que consideren oportunos o necesarios. ¿La restricción? Que no inciten al voto durante ese proceso.
Martínez explica que en el reglamento de difusión de méritos e información para este caso rescata lo que dice la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes inherentes al proceso eleccionario, pero también toma en cuenta y aplica el derecho al acceso a la información y comunicación con la finalidad de garantizar un proceso amplio de difusión de méritos para que los ciudadanos acudan a las urnas conociendo a los candidatos y su propuesta técnica.
También establece que haya una amplia difusión de los perfiles de los candidatos por medios ya sean digitales, radiales, televisivos y de cualquier otro tipo.
Sin embargo este hecho provocó muchas observaciones y críticas en anteriores semanas cuando se comenzó a ver volantes impresos y digitales con información de los distintos candidatos, algunos usando incluso en su diseño colores de la bandera nacional.
Las críticas emergieron especialmente porque en el anterior proceso eleccionario de estas autoridades, realizado en 2011, los candidatos y los medios de comunicación enfrentaron varias restricciones para informar.
Pero también porque la Constitución en su artículo 182 parágrafo III, de la sección dedicada al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), indica que “Las y los postulantes o persona alguna, no podrán realizar campaña electoral a favor de sus candidaturas, bajo sanción de inhabilitación”, pero aclarando que “el Órgano Electoral será el único responsable de difundir los méritos de las candidatas y los candidatos”.
Si bien el reglamento también les prohíbe hacer campaña induciendo al voto por su candidatura, sí delega, en contraposición al mencionado artículo, la responsabilidad de difundir sus méritos.
La Presidenta del TED Chuquisaca precisa que ahora sí “está permitido difundir, informar y socializar sobre el proceso de elecciones judiciales, sobre los candidatos y su propuesta técnica, pero no hacer campaña ni propaganda, entendiendo que la ciudadanía tiene derecho a informarse y esperamos que la decisión que tome sea libre, pero informada”.
Y es que fueron precisamente las restricciones informativas las que generaron una gran polémica en el primer proceso de este tipo en 2011, y que, según varios críticos, provocaron un marcado ausentismo y rechazo al proceso, entre otras causas.
Sin embargo la delimitación está establecida desde la CPE, que en las secciones correspondientes a otros tribunales, dice además que la elección de sus autoridades se somete a las dispuestas para los magistrados del TSJ, donde está la mencionada restricción.
ETAPAS DE INFORMACIÓN
La Presidenta del TED precisó que tiene una estrategia informativa de distintas etapas, la primera, establecida como de relacionamiento interinstitucional y generación de alianzas estratégicas, precisamente para la distribución de información sobre el proceso electoral.
La segunda parte corresponde a la información sobre la naturaleza del proceso de elecciones judiciales, en qué consiste, su base normativa, qué tipo de autoridades se elige y sus funcionarios para que la ciudadanía conozca todos esos datos.
Actualmente todavía se elabora todo el material correspondiente y se dio inicio al relacionamiento con algunas instituciones y organizaciones.
-Del 19 de octubre al 29 de noviembre: Difusión de méritos de los candidatos por el Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales electorales Departamentales.
-26 de octubre: Sorteo de jurados de las mesas de sufragio.
-29 de octubre: Publicación de la nómina de jurados de mesas de sufragio.
-Del 29 de octubre al 5 de noviembre: Presentación de excusas para el ejercicio de jurados de mesas de sufragio ante los tribunales electorales departamentales.
-Del 30 de noviembre al 3 de diciembre: Periodo de silencio electoral
-10 de diciembre: Plazo máximo para la conclusión del cómputo departamental por los tribunales electorales departamentales y proclamación de candidatos.
-12 de diciembre: Plazo máximo para la entrega de acta de cómputo departamental al TSE.
-16 de diciembre: Publicación de resultados departamentales por los TED.
-17 de diciembre: Publicación de resultados de la votación por el TSE.
-29 de diciembre: Entrega de credenciales a las autoridades electas.
Posteriormente, se entra a la etapa de difusión de méritos de los postulantes para lo que se contará con espacios pagados en medios de alcance local como departamental.
Además de que los candidatos no pueden llamar al voto, tampoco pueden usar símbolos patrios en sus mensajes, detalla la Presidenta del TED.
“En ese marco también se ha establecido desde el Tribunal Supremo Electoral, un instructivo donde se dispone que los candidatos y candidatas pueden difundir sus méritos utilizando medios informativos como perfiles, páginas web, tarjeta personal, utilizar materiales como el volante y dar a conocer su trayectoria y propuesta técnica, pero no pueden solicitar el voto, no pueden usar símbolos patrios, ni eslogan que incite al voto”, comenta.
Por su parte, el Órgano Electoral también se encargará de difundir información sobre cómo será el proceso de las elecciones y la información de los candidatos, además de que es la única instancia autorizada para contratar espacios pagados en medios de comunicación para publicar esa información.
En Chuquisaca, el TED contratará un total de 47 medios de comunicación, además de que realizará la impresión de distintos materiales plegables, afiches, papeletas didácticas, vallas informativas y otros. También, aunque sólo para Sucre, se contratará un camión que con una pantalla LED recorrerá las calles de la ciudad con información sobre el proceso, los méritos de los candidatos y las responsabilidades de los electores.
Esta difusión de parte del TED será desde el 19 de octubre hasta el 29 de noviembre.
LA INFORMACIÓN EN MEDIOS
Los medios de comunicación pueden difundir información sobre los candidatos y sus méritos desde el pasado 4 de septiembre, cuando se definió la lista de los 96 candidatos, pero están obligados a cumplir con ciertos requisitos, puntualiza Martínez.
Los requisitos a cumplirse en los medios de comunicación son que todos los postulantes tengan igualdad de condiciones en espacio y tiempo, que haya neutralidad e imparcialidad respecto a las candidaturas en el uso del lenguaje, sin que se menosprecie a unos o se valorice a otros, y que no se haga solicitud de voto.
El derecho al voto es un derecho-obligación, precisa Martínez, así que el ciudadano “tiene la obligación de asistir a la urna, cualquiera sea la decisión que tome”.
Según ley, las personas que no cumplan con su obligación de votar no podrán hacer transacciones bancarias durante 90 días luego de las elecciones a menos que pague la multa correspondiente al 30% del salario mínimo. No podrán hacer trámites para obtener pasaporte durante 90 días y en ese tiempo, tampoco podrán acceder a cargos públicos.
La Presidenta del TED indica además que las entidades bancarias, funcionarios públicos e incluso autoridades privadas tienen la obligación de exigir el certificado de sufragio bajo conminatoria de sanción, en caso de no hacerlo.
¿CUÁNTAS VECES SE VOTA?
Los electores tendrán dos papeletas, una de carácter nacional que tiene a los candidatos para el Tribunal Agroambiental y para el Consejo de la Magistratura. En la parte del Tribunal Agroambiental los ciudadanos deben votar una sola vez, ya sea por un hombre o una mujer y de igual manera deberán marcar por una sola persona entre los postulantes al Consejo de la Magistratura.
Es decir que la papeleta nacional tendrá dos votos, uno para cada una de las dos instancias que corresponden a esta circunscripción. Esta papeleta tendrá su propia ánfora.
La segunda papeleta que tendrá el elector será de circunscripción departamental, donde están los cuatro candidatos al Tribunal Supremo de Justicia y los cuatro candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional.
En la parte correspondiente al TSJ, se debe votar una sola vez, a diferencia de la votación en 2011 cuando se votó por un varón y una mujer.
Para el TCP también se debe votar una sola vez, por lo que en total, en la papeleta departamental se marcará dos veces, una por cada uno de los dos tribunales que contempla.
¿QUIÉNES SERÁN ELEGIDOS?
Para el TSJ se elegirá un magistrado titular y uno suplente por cada departamento. El titular será el más votado y su suplente será quien le siga en cantidad de votos válidos, sin importar que sea hombre o mujer.
En el TCP se elegirá también un magistrado titular y uno suplente por departamento, siendo los dos más votados quienes ocupen esos cargos.
La votación para el Consejo de la Magistratura es de carácter nacional y se eligen tres consejeros titulares y tres suplentes de los seis más votados, sin importar que sean varones o mujeres. En el Tribunal Agroambiental se eligen a cinco titulares y cinco suplentes de los diez más votados en todo el país.
El cómputo se realizará en cada uno de los Tribunales Electorales Departamentales, los resultados serán enviados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuyos miembros serán quienes harán el cómputo nacional y totalizarán los resultados.
Se tiene previsto hacer un conteo rápido y seguro de actas al 100% de los resultados para las 19:30 y 20:00, comenta Martínez que destaca que es un sistema de seguridad para la ciudadanía, entendiendo que en casa mesa habrá un administrativo que fotografía el acta en cuanto firman los jurados e inmediatamente la imagen se reporta y almacena.
El conteo rápido será transmitido por el TSE a través de un sitio especialmente habilitado en su web como en anteriores procesos.
“Según ley tenemos siete días para hacer el cómputo, sin embargo, hemos presentado resultados en menos de 24 horas, estamos previendo 48 horas para hacer el cómputo departamental considerando que el 41% de los electores están en provincias y avanzaremos mientras lleguen, con el cómputo del municipio”, cerró la Presidenta.
El conteo se hará en cada Tribunal Electoral Departamental y los resultados serán enviados al Tribunal Supremo Electoral. Se tiene previsto realizar un conteo rápido y seguro de actas al 100% de los resultados, listo para las 19:30 y 20:00.
Es la máxima instancia de la justicia ordinaria. Sus magistrados revisan los fallos que emiten los tribunales departamentales de justicia, tribunales y los jueces.
Está integrado por nueve magistrados titulares y nueve suplentes.
El Tribunal Agroambiental
Es el máximo tribunal que imparte justicia en materia agraria, pecuaria, forestal, ambiental, aguas y biodiversidad. Sus magistrados revisan los fallos que emiten los tribunales y jueces agroambientales.
Está integrado por cinco magistrados titulares y cinco suplentes.
Es el garante, contralor e intérprete de la Constitución Política del Estado (CPE), y sus decisiones y sentencias son vinculantes y obligatorias.
Está compuesto por nueve magistrados titulares y nueve suplentes.
Es la instancia responsable del régimen disciplinario de las jurisdicciones ordinaria y agroambiental, y se encarga del control, fiscalización y administración económica de todos los bienes del Órgano Judicial.
Está integrado por tres consejeros titulares y tres suplentes.
Candidatas(os) al Tribunal Agroambiental (TA) Hugo Alberto Miranda
Nació en el departamento de Chuquisaca.
Licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.
Cuenta con un diplomado en Derecho y Procedimientos Agrarios.
Maestrante en Derecho Constitucional.
Puntaje: 74,4
1.- ¿Qué le motivó a postular al Tribunal Agroambiental (TA)?
El desafío de ser parte del desarrollo e implementación de todas las competencias que la nueva Constitución Política del Estado asigna a la jurisdicción agroambiental, superando la visión agrarista del derecho de propiedad/posesión de la tierra, incorporando el uso responsable y sustentable de otros recursos naturales como forestales y agua, en armonía con el medioambiente, y en resguardo del derecho constitucional de vivir en un medioambiente saludable. Labor que no ha sido encarada en los últimos seis años.
Actuar con transparencia y usando tecnología de forma oportuna. No puede ser que las personas deban viajar kilómetros, gastando su dinero y tiempo, para una simple notificación hasta la ciudad de Sucre, cuando muchos actuados pueden hacerse conocer mediante múltiples medios tecnológicos.
Asumir un rol más activo para promover la aprobación del Código Procesal Agroambiental, así como acuerdos de Sala Plena que permitan transparentar las sentencias nacionales mediante la implementación de audiencias voluntarias de fundamentación oral, facilitar el seguimiento judicial a las partes.
Efectivamente existe un desencanto con las autoridades electas el año 2011, debido a las señales contrarias que los ciudadanos hemos recibido durante estos seis años. Debe tenerse presente que el cambio real en la administración de justicia en general depende de todos, tanto de las autoridades judiciales y no judiciales, como del mundo litigante en alguna medida. Las elecciones del 3 de diciembre pueden ser un primer paso, en la medida en que la ciudadanía participe y elija a los profesionales con mejor visión y solidez institucional para el Órgano Judicial, pero no es suficiente, deben darse cambios estructurales en la administración de justicia, en una perspectiva preventiva, más que represiva.
La retardación de justicia si bien es un problema general en el Órgano Judicial, en lo que respecta al Tribunal Agroambiental no es tan grave como sucede en otros tribunales, su celeridad en tramitación y resolución de causas también depende de la diligencia de las partes. Aunque debe tenerse presente que con el ejercicio pleno de las competencias agroambientales habrá un incremento de causas y movimiento judicial, lo cual requerirá mayor número de jueces agroambientales, al menos uno por provincia. Lo cual conlleva una fundamentación sólida para garantizar presupuesto.
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Candidatas(os) al Tribunal Agroambiental (TA) Soledad Quiroz Gonzales
Nació el 27 de septiembre de 1976.
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Políticas.
Abogada evaluadora en Open Systems
Puntaje: 58,1
Inicialmente el sentido de justicia en el cual creo profundamente como único medio pacífico de arreglar y superar los conflictos entre seres humanos. Y en el TA porque considero que esta jurisdicción especializada tiene una enorme responsabilidad con nuestra sociedad, porque coadyuva a la protección del medioambiente, vela por nuestros recursos naturales y garantiza nuestra seguridad alimentaria, resolviendo en última instancia los derechos de la Madre Tierra, de los pequeños propietarios, comunidades campesinas, y empresas agropecuarias, brindando a todos ellos seguridad jurídica en el marco de la Constitución.
Transparentar el sistema de administrar justicia a través de la incorporación de profesionales capacitados. Es importante garantizar siempre la independencia del Órgano Judicial. No se debe tolerar ningún acto de corrupción, y se debe proteger a quienes denuncien estos hechos. Se deben promover mayores acercamientos entre la justicia al pueblo para recuperar su credibilidad.
Promover su fortalecimiento profundizando la itinerancia de los juzgados agroambientales, haciendo que lleguen a todas las regiones de nuestro país. Avanzar en la oralidad, que ha tenido muy buenas experiencias por su cercanía natural con los diferentes sistemas de justicia ancestral coexistentes en Bolivia. Cumplir con la institucionalización y especialización de los servidores públicos en general, mayor transparencia, celeridad e implementación de tecnología acorde con los avances existentes en la tramitación y resolución de las causas.
Estoy convencida de que la elección de autoridades judiciales es una medida positiva, que aún puede tener ciertos defectos en su procedimiento, sin embargo brinda la posibilidad a todas las bolivianas y bolivianos de poder escoger a nuestras autoridades. Sin duda esta medida por sí sola no hará el cambio tan anhelado en la justicia, porque sus problemas son de una coyuntura mucho más compleja, sin embargo el involucrarnos en este proceso y poder elegir es un avance hacia una transformación más de fondo.
La mora procesal está muy ligada a la cantidad de funcionarios judiciales con los que cuenta el Órgano Judicial, pero éste no es el único problema, está también la falta de controles adecuados a los operadores de justicia, quienes en muchos casos dilatan innecesariamente un proceso, escuchamos a diario la suspensión de audiencias sin justificación aparente, por tanto se debe fiscalizar y controlar este aspecto.
Sumatoria de condenas, un cambio estructural del nuevo sistema penal
El proyecto del Código del Sistema Penal Boliviano, que se está discutiendo y aprobando (en grande y en detalle) en la Cámara de Diputados, ya ha dispuesto modificaciones en más de 150 artículos, que cambian el actual sentido de la administración de justicia y plantean situaciones diferenciadas en torno a las sanciones y las consideraciones que deberán hacer fiscales y jueces en cuanto a los acusados por delitos penales.
Una de las novedades que ya pasó por el filtro de los legisladores de la Cámara Baja es la sumatoria de sanciones por el concurso real de delitos. Esta disposición establece que una persona que sea encontrada culpable por uno o más hechos, puede ser sentenciada a los años que se obtengan de la suma de las penas del número de crímenes o delitos cometidos.
El Código Penal actual establece que si una misma persona es encontrada culpable por robo, estupro y asociación delictuosa, su condena será solo por el delito más gravoso, lo que en este caso significa que solamente podría ir preso por seis años como máximo, ya que esta es la sanción más alta para estupro.
Sin embargo, con la nueva forma para calcular las penas, la sanción máxima de una persona involucrada en más de dos tipos penales se definirá por la sumatoria de las condenas máximas de los delitos y la condena mínima será establecida en base al acumulo de las sanciones mínimas, pudiendo un sujeto que fue hallado culpable de robar, estuprar y asociarse para delinquir, tener una sentencia máxima de hasta 13 años (según las penas del Código Penal vigente).
La única observación que los legisladores hicieron en este punto, es que la suma de las penas no puede ser mayor a los 30 años de prisión, sentencia máxima en el país establecida en la Constitución Política.
Frente a esta nueva forma de cálculos y sanciones penales, el presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Juan Carlos Peredo, cuestionó el cambio ya aprobado por los diputados y aseveró que esto convierte al Código Penal en un escenario de venganza de la víctima hacia el victimador, “sentido que nunca debería tener como finalidad nuestro sistema penal”.
“La finalidad del sistema penal no es ser vengativo, sino vamos a tener cárceles llenas sin procesos de reinserción a la sociedad”, aseguró el titular de los juristas cruceños y aseveró que la actual forma de penalización, donde la sanción más gravosa se impone ante la posible comisión de más de un delito, no debería ser cambiada.
La diputada del MAS Adriana Salvatierra defendió el modelo que se está construyendo con la aprobación de los legisladores y afirmó que el verdadero espíritu de la nueva normativa es restaurador, ya que si bien se establece el acumulado de penas, también se detallan formas alternativas al cumplimiento de sanciones que no solo es la detención en una cárcel.
“La propuesta de sumar las condenas nació en la Cumbre de Seguridad Ciudadana de 2016, donde se discutió esta posibilidad que ahora se plasma en el nuevo código”, explicó la parlamentaria.
Para el diputado de Unidad Demócrata, Tomás Monasterio, es positivo el cambio en cuanto al endurecimiento de las condenas para los infractores a las leyes, pero el legislador repara en los administradores de justicia que manejan las normativas.
“El verdadero problema para que estas disposiciones no se cumplan como se tienen pensadas, está en los operadores de justicia. No veo esperanzas de cambio si siguen estos mismos encargados de administrar las leyes”, lamentó el parlamentario cruceño y recordó que otro de los problemas que existen en el sistema, es la retardación de justicia que con penas más severas puede mantener el caos del sistema carcelario actual.
El exfiscal Joadel Bravo coincidió con el diputado Monasterio y señaló que los cambios no hacen al fondo de las mejoras en cuanto al sistema de administración de justicia en el país, ya que las demoras excesivas en torno a causas que quedan dormidas en los estrados de los juzgadores, no ayudan en nada a los cambios que se están introduciendo en el Parlamento.
“Los políticos hacen las leyes por cálculos políticos y no tienen participación las autoridades involucradas. Los juristas deben hacer las leyes y no los políticos”, afirmó Bravo.
Cambios en ley de drogas
Entre los artículos que ya se aprobaron en el nuevo sistema de penas del país, los diputados discutieron y confirmaron cinco artículos que están detallados en el capítulo de los crímenes contra el bienestar individual y común, donde se establecen las sanciones para el tráfico ilícito de sustancias controladas.
En el nuevo código se hace una diferenciación de penas respecto a quienes sean acusados de fabricar sustancias estupefacientes o sicotrópicas y quienes terminen detenidos sindicados de la refinación de las drogas. Los primeros pueden ser condenados de 4 a 10 años cárcel, mientras que los segundos pueden quedar detenidos en un penal desde 5 hasta 14 años.
La actual ley 1008 no establecía esta diferenciación, ya que, el año en el que se elaboró la norma (1988) los laboratorios de refinamiento de cocaína no tenían amplia presencia en el país, fenómeno que ahora es una realidad creciente.
Magistratura exige a Fiscalía informe de caso Eurochronos
El representante del Consejo de la Magistratura de La Paz, Williams Dávila, informó que conminaron a la Fiscalía General del Estado a emitir los informes correspondientes al caso del ciudadano brasileño Antonio Adao Da Silva Costa, cabecilla del grupo de delincuentes que intentaron atracar la Joyería Eurochronos que fue beneficiado por el Juez Fernando Rivadeneyra, con detención domiciliaria.
Dávila explicó que esta instancia sigue un proceso disciplinario al juez suspendido Rivadeneyra, sobre una supuesta irregularidad en la disposición de conceder detención domiciliaria a Da Silva sin cumplir con las formalidades dispuestas por ley.
Rivaneyra, también afronta un proceso paralelo iniciado por el Ministerio de Gobierno, que denunció que el juez benefició al delincuente brasileño sin tomar en cuenta el peligro que representaba.
Por el peligro que representaba, Régimen Penitenciario dispone que Da Silva sea trasladado a Chonchocoro de La Paz, donde Da Silva contrata los servicios del abogado Iván Perales e interpone un recurso arguyendo que estaba en la cárcel por más de 33 meses sin que la fiscalía presente un acusación formal y exigía su libertad.
El pedido llega a manos de Rivadeneyra que concede la detención domiciliaria en Santa Cruz. Solo días después, Da Silva encabezó el asalto armado a la joyería Eurochronos en Santa Cruz.
Dávila, explicó que antes de emitir una resolución final en este caso, el juez disciplinario requirió informes a la Fiscalía General de Estado sobre el caso que se seguía al ciudadano brasileño y cómo este proceso pasó de la jurisdicción de Beni a La Paz.
Dávila indicó que estos informes permitirán a las autoridades disciplinarias valorar la situación y concluir con el caso para luego emitir una resolución final para Rivadeneyra.
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Posted by AHM at 3:59 PM No comments:
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