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Timestamp: 2020-05-25 05:45:42+00:00

Document:
DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 77, de 29/09/2009
Año 2009 IX Legislatura Núm. 77
celebrada el martes 29 de septiembre de 2009,
- Informe de fiscalización de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, ejercicio 2004. (Número de expediente del Congreso 251/000038 y número de expediente del Senado 771/000037.)... (Página 3)
- Informe de fiscalización de la Universidad de Extremadura, ejercicios 2004 y 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000085 y Número de expediente del Senado 771/000086.)... (Página 10)
- Informe de fiscalización de la Universidad Politécnica de Cartagena, ejercicios 2004 y 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000089 y número de expediente del Senado 771/000088.)... (Página 10)
Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Núñez Pérez), para informar conjuntamente sobre los siguientes extremos:
- Informe de fiscalización de la Compañía Española de Financiación y Desarrollo (Cofides), ejercicio 2004. (Número de expediente del Congreso 251/000017 y número de expediente del Senado 771/000016.)... (Página 20)
- Informe de fiscalización de la actividad desarrollada por la entidad "Infraestructuras y Equipamientos Hispalenses, S.A." (Infehsa) en los años 2003 a 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000019 y número de expediente del Senado 771/000018.)... (Página 20)
- Informe de fiscalización del programa presupuestario 223A "Protección Civil", ejercicio 2004. (Número de expediente del Congreso 251/000020 y número de expediente del Senado 771/000019.)... (Página 20)
- Informe de fiscalización de la situación a 31 de diciembre de 2006 de los compromisos establecidos en el contrato de compraventa de Interinvest, S.A., suscrito entre SEPI y Air Comet, S.A. (Número de expediente del Congreso 251/000021 y número de expediente del Senado 771/000020.)... (Página 20)
- Informe de fiscalización del préstamo concedido por el ICO a Ercros, destinado a la ampliación de capital de FESA. (Número de expediente del Congreso 251/000022 y número de expediente del Senado 771/000021.)...
- Informe de fiscalización de los gastos aplicados por determinados Ministerios y Organismos Autónomos a los subconceptos presupuestarios "Publicidad y Propaganda", "Estudios y Trabajos Técnicos", "Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior" y "otros", ejercicios 2002 y 2003. (Número de expediente del Congreso 251/000023 y número de expediente del Senado 771/000022.)... (Página 20)
- Informe de fiscalización de la ejecución presupuestaria de los capítulos 6 "inversiones reales" y 7 "transferencias de capital" de los Ministerios de Fomento, de Medio Ambiente y de Agricultura, Pesca y Alimentación, ejercicios 2002 y 2003. (Número de expediente del Congreso 251/000024 y número de expediente del Senado 771/000023.)... (Página 20)
- Informe de fiscalización de Inisas, ejercicio 2003. (Número de expediente del Congreso 251/000002 y número de expediente del Senado 771/000001.)... (Página 28)
- Informe de fiscalización del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, ejercicios 2002-2003. (Número de expediente del Congreso 251/000004 y número de expediente del Senado 771/000003.)... (Página 28)
- Informe de fiscalización del Plan de seguros agrarios combinados para el ejercicio 2003. (Número de expediente del Congreso 251/000009 y número de expediente del Senado 771/000008.)... (Página 28)
- Informe de fiscalización de los contratos de obra adjudicados por el Ministerio de Fomento bajo la modalidad de abono total del precio desde su instauración hasta el 31 de diciembre de 2002. (Número de expediente del Congreso 251/000010 y número de expediente del Senado 771/000009.)...
- Informe de fiscalización de la contratación celebrada durante 2004 por las entidades del sector público estatal sometidas a los procedimientos de contratación establecidos en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (Número de expediente del Congreso 251/000014 y número de expediente del Senado 771/000013.)... (Página 28)
- Informe de fiscalización del proceso de privatización de la Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, S.A. (ENSB). (Número de expediente del Congreso 251/000015 y número de expediente del Senado 771/000014.)... (Página 28)
- Informe de fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2005 por las entidades sometidas al texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (Número de expediente del Congreso 251/000084 y número de expediente del Senado 771/000084.)...
- Informe de la organización y de los procedimientos de supervisión sobre las entidades de crédito, seguros y servicios de inversión y de la coordinación entre los organismos supervisores y con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. (Número de expediente del Congreso 251/000016 y número de expediente del Senado 771/000015.)... (Página 28)
- Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Castro Urdiales, ejercicios 2004 y 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000079 y número de expediente del Senado 771/000079.)... (Página 29)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (NÚÑEZ PÉREZ) PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES, EJERCICIO 2004. (Número de expediente Congreso 251/000038 y número de expediente Senado 771/000037.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar comienzo a la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas convocada para hoy día 29 de septiembre. El primer punto del orden del día es el informe de fiscalización de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, correspondiente al ejercicio 2004. Antes de dar la palabra al presidente del tribunal, quiero comentarles que si no tienen ustedes inconveniente, el presidente me ha sugerido que sobre los informes correspondientes a los puntos 2.º y 3.º, los relativos a la fiscalización de la Universidad de Extremadura, ejercicios 2004 y 2005, y de la Universidad Politécnica de Cartagena, correspondiente también a los ejercicios 2004 y 2005, va a hacer una exposición conjunta de los dos, independientemente de que después los portavoces puedan intervenir indistintamente en uno o en otro en los tiempos habituales que les corresponden. Por tanto, solo modificaríamos la presentación del presidente, que la haría de forma conjunta, si así lo tienen a bien los portavoces.
El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Solicito que en el momento del debate de estos dos informes, mi grupo pueda intervenir en primer lugar sobre el informe de la Universidad de Extremadura y posteriormente sobre el informe de la Universidad de Cartagena. El motivo no es otro que el transporte aéreo, que está jugando una mala pasada al portavoz que tiene que llevar el tema de la Universidad de Cartagena.
La señora PRESIDENTA: Si por parte del resto de los portavoces no hay inconveniente, lo haríamos así.
El señor GORDO PÉREZ: Por nuestra parte no hay problema alguno.
La señora PRESIDENTA: Lo haremos entonces así, señor Aguirre.
Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas para presentar el informe de fiscalización de la Dirección General de Bellas Artes, ejercicio 2004.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Quiero saludar a todos muy cordialmente en este momento que casi coincide con el principio tradicional de los cursos académicos. Iniciamos estas comparecencias con el informe de la fiscalización de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, correspondiente al ejercicio que ha señalado la señora presidenta.
Este informe de fiscalización fue aprobado por el tribunal en su sesión de 29 de marzo de 2008. Dicha fiscalización se llevó a cabo a iniciativa del propio tribunal y se centró en el examen de la gestión de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, desarrollada fundamentalmente durante el ejercicio 2004, exceptuando la gestión de su personal por ser esta responsabilidad de la subsecretaría del ministerio. En la fiscalización se analizó la representatividad de sus estados contables, el cumplimiento de la legalidad, los
sistemas de gestión y el grado de eficacia y de eficiencia alcanzado en la consecución de los objetivos programados y en la utilización de los recursos disponibles.
En el presupuesto del ejercicio fiscalizado, la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales participó en la gestión de cinco programas presupuestarios -dos de ellos compartidos con otras unidades gestoras-, cuyos créditos iniciales, excluidos los gastos de personal, sumaban un total de 64 millones de euros. Estos programas englobaban las principales actividades de la dirección general, que son, como pueden recordar ustedes, la cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior, museos, exposiciones, conservación y restauración de bienes culturales y la protección del patrimonio histórico. Pese a la colaboración prestada por los responsables de la gestión, en el desarrollo de la fiscalización se presentaron ciertas dificultades en los análisis de regularidad, por la carencia de suficiente información y documentación o bien por su desorden y fragmentación, que en algunos casos supusieron una limitación al alcance pretendido de la fiscalización. Asimismo se presentaron limitaciones en los análisis de eficacia, eficiencia y economía de la gestión, en este caso de mayor importancia, de modo que no se pudo llevar a cabo la fiscalización pretendida a causa -repito- de la inadecuada e incompleta definición de objetivos e indicadores en los programas presupuestarios y por la inexistencia de otros instrumentos de planificación y de un sistema de información fiable y suficiente.
¿Cuáles son los principales resultados de esta fiscalización? En síntesis, podemos subrayar los siguientes. En primer lugar y por lo que se refiere a la ejecución presupuestaria, si bien el grado de ejecución de los cinco programas analizados fue del 91 por ciento de los créditos finales, en el capítulo de inversiones reales, que acumula el mayor volumen de estos créditos, el porcentaje de ejecución solo alcanzó el 85 por ciento, como consecuencia de las dificultades para la gestión de los créditos procedentes del uno por ciento cultural, que más tarde comentaré.
Por lo que se refiere a la contratación, a los contratos administrativos de obras, servicios, suministros y asistencia técnica, se observa en el informe una falta de orden y rigor en el sistema de tramitación seguido y en el archivo de la documentación, lo que dificultó su examen, pese a lo cual en los expedientes de la muestra seleccionada se detectaron numerosas deficiencias que afectaban a elementos esenciales de la contratación administrativa. En cuanto a los contratos derivados de adquisiciones, en sus diferentes fórmulas, de bienes de interés cultural, contemplados en la Ley de 25 de junio de 1985, del Patrimonio Histórico Español, en el ejercicio 2004 se tramitaron 85 expedientes, reconociéndose obligaciones por más de 11 millones de euros. En los expedientes analizados también se observó falta de rigor y de orden en su tramitación, con los consiguientes incumplimientos de alcance formal junto a numerosas deficiencias en aspectos esenciales de los mismos, como la falta de acreditación de su propiedad, la carencia de valoración de los mismos y de justificación de determinados gastos o la inexistencia de pliegos, entre otras irregularidades. En varios casos se generaron intereses de demora por retrasos en su tramitación.
En el capítulo de subvenciones y premios, las obligaciones reconocidas superaron los 16 millones de euros, de las que más de 15 millones correspondieron a subvenciones nominativas, en cuyos expedientes analizados se detectaron frecuentes deficiencias en su formalización, así como, en numerosos casos identificados en el informe, la carencia de documentación acreditativa de su aplicación a la finalidad establecida.
En cuanto a las restantes subvenciones en régimen de concurrencia, otorgadas para la promoción del arte español y para financiar excavaciones arqueológicas en el exterior, en el examen de los expedientes seleccionados también se observaron numerosas deficiencias por omisión o incorrección de documentación esencial en su tramitación y justificación, habiéndose aplicado, además, en su adjudicación criterios no contemplados en las correspondientes convocatorias. En el ejercicio fiscalizado se concedieron seis premios, dos de los cuales fueron examinados: el premio Velázquez de Artes Plásticas y el premio de Investigación Cultural Marqués de Lozoya, en cuya formalización se observaron también numerosas deficiencias en cuanto a la justificación de los requisitos exigidos en la normativa general y en las respectivas convocatorias.
Por lo que se refiere a la gestión de la tesorería, junto a determinadas deficiencias en el funcionamiento de las cajas seleccionadas, se resaltan en el informe deficiencias observadas en las cuentas justificativas de los anticipos de caja fija, aprobadas con importantes retrasos, en ocasiones superiores a los dos años, y en las que la tramitación de las sucesivas reposiciones de fondos sin intervenir ni aprobar las cuentas precedentes supone un incumplimiento de la normativa vigente y un importante riesgo de control sobre un importante volumen de fondos. En el ejercicio fiscalizado se recaudaron ingresos por más de 11 millones, de los que 9,6 millones, procedentes en su práctica totalidad del Ministerio de Medio Ambiente y de las confederaciones hidrográficas a su cargo, correspondían, como es natural, al uno por ciento cultural. Los restantes ingresos estaban relacionados con la venta de entradas a museos, con la tasa por expedición del permiso de exportaciones de bienes del patrimonio histórico español o con cánones de explotación de cafeterías y tiendas de museos, en cuya gestión se observaron también importantes deficiencias de control interno y carencias en su documentación justificativa.
Por lo que se refiere a la eficacia, eficiencia y economía, ya he comentado que no fue posible cumplir el objetivo programado de analizar estos grados de eficiencia en la gestión realizada, por las limitaciones encontradas por la carencia de objetivos e indicadores, etcétera, en los términos que ya he señalado al principio de este informe. Ante la imposibilidad de realizar un
análisis general, el tribunal efectuó un examen particular, si bien afectado por las aludidas deficiencias de información, de dos aspectos -repito este examen particular- significativos de la gestión como fueron las visitas a los museos estatales de gestión directa por la dirección general fiscalizada y la gestión de fondos procedentes del denominado uno por ciento cultural. El número anual de visitas a los quince museos estatales de gestión directa se incrementó notablemente en el año 2004 -espero que si hacemos un informe de lo ocurrido en estos últimos años, el aumento será todavía más notable-, mientras que en los dos años anteriores descendió hasta el nivel alcanzado en 2003. En todos los museos en general se apreció una significativa oscilación en el número anual de visitantes, quizá propiciada por determinadas actividades o exposiciones, si bien la falta de información no permitió confirmar la causa de estas variaciones. No se les oculta a SS.SS. que exposiciones como la últimamente clausurada de Sorolla pueden ser, como es natural, un reclamo muy interesante no solamente para visitar esa exposición sino para visitar el museo que la contiene.
En cuanto a la gestión de los fondos procedentes del uno por ciento cultural, los obligados a retener ese importe, de conformidad con lo establecido en la Ley del Patrimonio Histórico Español, pueden elegir entre transferir la financiación a la dirección general fiscalizada o ejecutar directamente con dicha financiación obras de las señaladas en la ley. Según el informe del ministerio elevado al Gobierno, en el ejercicio 2004 la financiación procedente de la retención del uno por ciento cultural superó los 25 millones de euros, de los cuales casi 10 millones fueron transferidos a la dirección general. Ha de destacarse la carencia por parte de esta de un control suficiente y riguroso sobre el cumplimiento por los distintos departamentos ministeriales y los concesionarios y empresas estatales de las obligaciones de retención e información establecidas en la Ley del Patrimonio Histórico Español, lo que propicia incumplimientos generalizados. En relación con la gestión de estos fondos, se señala en el informe que los ingresados en el Tesoro dan lugar a la correspondiente modificación de créditos de la dirección general y su posterior ejecución a lo largo del ejercicio, si bien esta ejecución se ve condicionada por la inexistencia de una planificación previa que permita aplicar rápidamente los fondos a actuaciones concretas y por el hecho de que los créditos deben de ser ejecutados en el propio ejercicio, circunstancias que restan rigor y eficacia a la gestión.
En cuanto a los fondos gestionados directamente por los departamentos responsables de la obra principal, su ejecución presentaba importantes deficiencias de control y coordinación e incumplimientos legales, al no contarse con la dirección general para la programación y determinación de las obras a realizar e incumplir de manera general con la obligación de comunicación previa y eludir frecuentemente la solicitud de la autorización necesaria para la realización de las obras en bienes del patrimonio histórico español. Incluso se constató que algunos departamentos habían destinado estos fondos a actuaciones distintas de las establecidas en la ley, es decir, cargaban al uno por ciento gastos que no tenían nada que ver con la finalidad del uno por ciento.
En cuanto a las recomendaciones, el informe concluye con un apartado de recomendaciones dirigidas al reforzamientos de los controles internos y de los procedimientos de gestión económico-financiera de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, al objeto de subsanar las deficiencias que se ponen de manifiesto en el informe, que de manera muy resumida he tratado de exponer a ustedes. Asimismo se recomienda mejorar los procedimientos de planificación e información sobre la gestión estatal del patrimonio histórico español, a fin de superar las carencias detectadas, en particular la elaboración de planes relativos a las actividades de catalogación, protección, conservación y restauración de los bienes del patrimonio histórico español, la gestión de los museos de titularidad estatal y la gestión del uno por ciento cultural, reforzando a este respecto los controles sobre las obligaciones establecidas en la ley y abordando el estudio de posibles modificaciones legislativas a fin de alcanzar una gestión lo más eficiente posible de los créditos generados. Por último y con un alcance más general a otros ámbitos de la Administración, se recomienda que el Gobierno revise urgentemente la normativa en materia de control sobre las cuentas justificativas de los anticipos de caja fija y de las reposiciones de fondos, a la vista de la grave situación observada en esta fiscalización, marcada por importantes debilidades del sistema de control interno implantado sobre estos fondos.
Señora presidenta, señorías, esto es todo lo que puedo decirles de momento sobre el contenido de este informe de fiscalización.
La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Popular tiene la palabra la señora Elorriaga.
La señora ELORRIAGA PISARIK: Deseo expresar mis saludos a todos los miembros de la Mesa y a todos los miembros de la Comisión después del periodo estival y mi agradecimiento al presidente por el resumen que nos acaba de hacer, que ha sido muy concreto y muy claro para los que lo hemos seguido con atención.
Abordamos hoy un informe de fiscalización realmente especial porque, por un lado, afecta a una cuestión de interés general, como es la cultura, que a juicio de nuestro grupo debe estar abierta al consenso de todos, porque al final nos afecta a todos; en temas culturales hay que trabajar con gran generosidad, por lo que suponen. Es también especial porque la fiscalización afecta a una dirección general muy compleja, con muchas y muy variadas competencias, como usted bien ha dicho, presidente, y sobre todo también con una estructura interna de gran complejidad. También es especial porque es un informe que saltó a los medios de comunicación, levantando
una tremenda tempestad en un momento político además de cambio después de unas elecciones y, por tanto, aquello dificultaba todos los planteamientos que se podían hacer. Me alegro que haya usted recordado que hace año y medio que fue aprobado y que se hizo a iniciativa del propio tribunal.
Este informe fue también motivo de debate en la Comisión de Cultura del martes 17 de julio de 2008. En aquel entonces el ministro señor Molina planteó que iba a tratar de solucionar los problemas que manifestaba este informe, pero uno se plantea al leerlo con detenimiento si esta acumulación de deficiencias observadas se ha subsanado o se mantiene en la actualidad. Las cuatro subdirecciones que componen el organigrama en el momento que analizamos tienen sus funciones muy bien diferenciadas. Se gestionan cinco programas presupuestarios, entiendo -lo decía antes- que no fáciles de gestionar dadas las características de una dirección que tiene que adquirir obras de arte, comprar cartas de literatos, hacerse con documentos históricos, otorgar subvenciones. es decir, entiendo la complejidad, entiendo que el mundo de la cultura es complejo, que además el presupuesto procede de distintas fuentes, pero, aun reconociendo -insisto- que es una dirección general de no fácil gestión, me preocupa que se financien indebidamente actuaciones a cargo del uno por ciento cultural; que haya una gran debilidad en el control interno -un ejemplo que manifiesta el informe y que realmente te pone los pelos de punta es lo de las cartas de Goya, que en un momento dado había una que no aparecía-; que se compren piezas falsas; que falte control de las documentaciones en la concesión de subvenciones; que haya premios mal convocados; que haya falta de rigor en contratos de servicio y podríamos seguir con un largo etcétera.
Es singularmente preocupante lo recogido en el informe en relación con los contratos, tratándose de contratos muy específicos de adquisición de obras de arte y asistencia técnica, respecto a los que se resalta la falta de orden y de rigor, confusión de funciones, falta de acreditación de los firmantes y deficiencias que afectan a elementos esenciales, como falta de acreditación de la propiedad de los bienes adquiridos, de valoración, de justificación de comisiones pagadas, que resultan anómalas en la adquisición directa -dice el informe-, y de gastos incurridos, pagando incluso intereses de demora. En algún contrato se pagaron más de 3 millones de euros. Asimismo, en el análisis de las subvenciones otorgadas por importe superior a los 16 millones, en su mayor parte nominativas, se indican las numerosas deficiencias observadas, siendo la más preocupante la inexistencia de documentación acreditativa de la aplicación dada a las mismas, habiéndose presentado el caso de contar con dos expedientes con diferentes conceptos para explicar y justificar la entrega de la subvención. En cuanto a las subvenciones en régimen de concurrencia, las deficiencias se presentan tanto en la convocatoria como en la adjudicación y justificación de las mismas, con exclusión de algunos casos en virtud de criterios no previstos en la convocatoria.
Hasta en la concesión de premios, como decía antes, de artes plásticas y de investigación cultural se presentan deficiencias en su tramitación con omisiones e incorrecciones en la documentación esencial.
En cuanto a la gestión de la tesorería relacionada con estos programas, no solo se observan deficiencias en la organización y funcionamiento de las cuentas, especialmente en su autorización, en la justificación y aprobación de las mismas, en algunos casos con dos años de retraso previa la reposición de fondos, sino que también se extiende al control de entradas de visitas a museos cuyos partes no son supervisados, habiéndose detectado numerosas incorrecciones. Asimismo, en ocasiones, no se ha dispuesto de la documentación necesaria para evaluar los ingresos por los contratos de cafetería y de las tiendas de museos.
Señor presidente, todo lo expuesto nos habla sin duda de una gestión precipitada e improvisada, como el propio informe manifiesta. Por tanto, sería muy necesario a nuestro juicio, como plantea el tribunal, que se produjera un reforzamiento de los controles internos y de los procedimientos de gestión tanto en contratación como en adquisición de bienes, subvenciones, tesorería e ingresos. Sería muy importante también una mayor planificación y sin duda adoptar -como ustedes bien dicen- cambios normativos. Desde luego lo que sí está claro es que hay una grave situación observada en esta fiscalización. En mi grupo estamos totalmente de acuerdo con las advertencias que hace el Tribunal de Cuentas, así lo manifestó ya en su momento la portavoz del Grupo Popular, doña Beatriz Rodríguez-Salmones, y así lo manifestamos hoy.
Sabemos que el ministerio se comprometió por medio de un comunicado a verificar que todas las deficiencias se habían subsanado, justificando en su momento que los problemas se debían a una falta de personal. El ministro en su comparecencia insistió en que estaban llevando a cabo una investigación. Por otro lado, el portavoz del Grupo Socialista, el señor Simancas, explicó -no entiendo bien por qué- que hay dificultades en la gestión de todas las infraestructuras culturales, en todas las latitudes y en el marco de todas las administraciones. Esto realmente, señor presidente, no me tranquiliza mucho, porque que existan dificultades en todos lados no me supone, insisto, ninguna tranquilidad. Me parece importante la acusación recogida en el informe de que la falta de documentación y de indicadores y objetivos no ha permitido evaluar la eficacia y eficiencia de la gestión de los programas presupuestarios afectados. Objetivos genéricos, actuaciones no recogidas en las memorias presupuestarias e indicadores imprecisos son referencias que conducen a la imposibilidad de valorar esta gestión.
Por último, en el informe se destaca la falta de control sobre la aplicación del uno por ciento establecido por la Ley de Patrimonio Histórico. Respecto a esta aplicación
el Ministerio de Cultura no aportó ninguna documentación. El tribunal destaca en esta área la ausencia de planificación junto a la dificultad de aplicar su importe en el ejercicio presupuestario, lo que en esta actividad puede inducir a gestiones precipitadas -insisto- poco adecuadas. En cuanto a las aplicaciones gestionadas por otros departamentos ministeriales, se resaltan las deficiencias de control y de coordinación. No se solicita la autorización del Ministerio de Cultura, no se comunican las adquisiciones, entre otras deficiencias, además de ciertos incumplimientos legales como destinar su aplicación a la actividad ordinaria. Ha de señalarse que se está hablando de importes elevados próximos a los 400 millones de euros.
Se trata, por tanto, como usted bien ha explicado, señor presidente del tribunal, de un informe muy importante que afecta como decía al principio a una actividad muy significativa y muy importante para todos y que además afecta a nuestro patrimonio artístico y cultural. En espera de que la actividad del tribunal se haya visto recompensada, señor presidente, con una mejora en la gestión, quisiera formular una doble pregunta dirigida a usted. ¿Se ha exigido alguna responsabilidad por las deficiencias observadas? En segundo lugar, ¿se tiene constancia de que las recomendaciones sugeridas por el tribunal en su informe se hayan puesto en práctica?
Señor presidente, quiero agradecerle de nuevo su buena explicación de este informe tan importante para todos.
La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Tuñón.
El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: Quiero dar la bienvenida al señor presidente y saludo a todos los miembros de esta Comisión.
En primer lugar, el informe es muy importante porque aporta una documentación muy valiosa, una información que tiene bastante relevancia en relación con la actividad que desarrolla. La primera impresión que produce este informe puede ser de cierto desasosiego, fundamentalmente por las destacadas deficiencias y faltas de control que se manifiestan en todos los parámetros analizados en él. Es verdad que a pesar de la dificultad de la gestión que pueda tener este tipo de actuaciones, fundamentalmente muchas veces contratos específicos o procedimientos de adquisiciones de bienes culturales que se salen de la norma estable, se debe exigir cierto rigor, porque lo que falta en este informe por parte de la dirección general es rigor. Hay una sensación de debilidad del control interno. No sé si cada uno hace lo que puede o lo que debe, pero da la impresión que no hay desde arriba alguien que sea capaz de poner orden en toda esta complejidad que supone dirigir esta dirección general.
Ya lo ha explicado muy bien la portavoz del Grupo Popular, pero es importante reflejar que en todos los aspectos analizados sobre la contratación en sus dos vertientes, contratos de obras o adquisición de bienes de interés cultural, se manifiesta siempre lo mismo: es difícil buscar los expedientes, a veces hay dos expedientes para una adquisición, la tramitación de expedientes es confusa, las funciones, una inexistencia de pliegos., todo esto da una sensación de desasosiego, que es la palabra que he utilizado. Asimismo, en el análisis de las subvenciones, cuando no están justificadas, representan importantes deficiencias y al final también da la sensación de que se dan las subvenciones no al que se debe, sino al que puede o tiene poder para hacerlo. Esto también produce cierta intranquilidad. Lo mismo pasa con las subvenciones con régimen de concurrencia. Al final nos encontramos con discrecionalidad. Si se establecen criterios de ayuda y no se valoran estos criterios, conlleva discrecionalidad, pero también lleva a la indefensión al añadir nuevos criterios posteriores a la convocatoria.
En cuanto a la gestión de ingresos, al menos para este portavoz, ha sido muy ilustrativa la gestión del uno por ciento, porque realmente es una partida a la que muchos recurrimos cuando tenemos que meter en los presupuestos alguna actuación en nuestra comunidad. Me da la sensación de que -quizá sea lo más frustrante- una cosa es la ley y la norma y otra la realidad. Hay un salto importante, en primer lugar, porque -ya se ha dicho- parte se gestiona por la dirección general de Cultura y la mayor parte, el 68 por ciento, creo entender, se gestiona directamente por los mismos departamentos. Sin embargo, estos departamentos al final no informan a la dirección general de Cultura y además por lo visto actúan conforme a sus criterios. También se dice que hay actuaciones distintas a la finalidad de la ley e incluso que hay importantes ministerios como el de Educación que no han practicado esta retención. Esta es la sensación que tenemos. A mí me parece importante y merecería la pena la revisión al menos -esta será una de las propuestas que hará este portavoz- de este aspecto. Me gustaría que se hiciera una revisión de todo, pero principalmente en este aspecto referido al uno por ciento cultural, porque me da la sensación de que si no cumple su objetivo y si al final cada uno hace no digo lo que quiere pero casi, resulta bastante difícil de entender.
En cuanto al análisis de eficacia, ya se pone como una limitación, pero me da la sensación de que esto no es un problema de la Dirección General de Bellas Artes, sino un problema general de todos los programas presupuestarios. En el informe se ponen de relieve las limitaciones -lo voy a leer expresamente- y dice que no ha sido posible efectuar la fiscalización bajo el enfoque de inadecuada e incompleta definición de objetivos e indicadores en los programas presupuestarios e inexistencia de instrumentos de planificación. Podemos seguir hablando de eficacia, de eficiencia y de economía cuantas veces queramos, pero si realmente los programas no sirven para evaluar esta eficacia, poco podemos hacer.
También dudo de si incluso los programas que se presentan en los presupuestos coinciden con la memoria presupuestaria; es decir, si hay unos objetivos y unos
indicadores, luego la memoria presupuestaria los tendría que indicar o valorar. Me da la sensación de que esto no tiene nada que ver: la memoria presupuestaria va por un lado y los programas presupuestarios van por otro, con lo cual si ya los indicadores y los objetivos son indefinidos, en el fondo la realidad da igual. También me preocupa la falta de planificación. Es verdad que en el tema de la cultura es muy importante no solamente realizar lo que ha dicho al final el presidente, los planes de catalogación del patrimonio histórico español, sino la planificación en general de esta dirección general.
En general, y ya como conclusión final, le pediría al presidente que hiciera una valoración, en primer lugar, sobre los criterios de eficacia, si realmente estamos en un proceso en el que no podemos avanzar o es imposible avanzar a partir de los instrumentos que tenemos, es decir, a partir de las propias memorias y de los objetivos presupuestarios; y, en segundo lugar, le pediría que en el tema del uno por ciento cultural intentara hacer alguna reflexión sobre lo que ello supone en el fondo por un incumplimiento de una ley y sobre todo por la sensación que se tiene de que desde la falta de control muchas veces hay poca credibilidad en las actuaciones de las administraciones públicas, y este es un informe que refleja esa falta de credibilidad.
La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Costa.
La señora COSTA PALACIOS: En primer lugar, quiero dar las gracias al presidente del Tribunal de Cuentas por comparecer en esta Comisión y felicitarle también por el riguroso trabajo de fiscalización realizado en este informe.
La presente fiscalización se refiere sustancialmente al ejercicio de 2004, es decir, al último año de los ocho años de Gobierno del Partido Popular y tiene por objeto el análisis de regularidad y gestión de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales. Como resultado del mencionado informe, y a pesar de que no se señalan, en opinión del Grupo Socialista, graves irregularidades al tratarse de un documento que recoge un ámbito muy extenso, hay, al ser muy pormenorizado, algunas e importantes irregularidades que yo creo que se habrán subsanado a lo largo del tiempo. Muchas de estas, en nuestra opinión, están sin duda derivadas de ciertas inercias administrativas heredadas porque son comunes a otras administraciones y, por supuesto, también a esta administración del Ministerio de Cultura, como no podría ser de otro modo. En el propio informe ya se habla de la imposibilidad de realizar un análisis general. El tribunal ha realizado un análisis particular de dos aspectos muy significativos de la gestión de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales. Hay algunas irregularidades señaladas especialmente, como la que se refiere al apartado 2.13, muy significativa además porque es para el suministro e instalación de equipos de programas para la gestión de alarmas de incendios en los museos estatales, que es del año 1999. El expediente se llevó a cabo después de bastantes dilaciones y retrasos y está muy pormenorizado, pero no se subsanó hasta el año 2003. Tuvo todo tipo de inconvenientes. Espero que otras que se hayan destacado en el informe y que son de menor relevancia, como así lo expone el propio informe, se hayan solucionado, porque esta sí que era, según señala el informe, de gran relevancia.
Al margen de este caso concreto que aparece en el informe junto a otros, nosotros nos ceñimos a las recomendaciones que recoge el documento y entendemos que, como norma general, el reforzamiento de los controles internos de los distintos procedimientos de gestión económica y financiera de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, especialmente en lo que se refiere a contratación, adquisición de bienes de interés cultural, subvenciones, tesorería e ingresos, debe ser claro y estar siempre controlado. A este respecto, cualquiera que fuere el procedimiento utilizado en la adjudicación de los servicios prestados por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales sería deseable extremar el control del cumplimiento por parte del adjudicatario en aquellos elementos del contrato que, figurando en el mismo, hayan sido determinantes en la adjudicación del contrato o acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo con aquellas recomendaciones que nos hace el informe de fiscalización, como norma general, no solamente en algo tan complejo como son estas direcciones generales, que además dependen incluso presupuestariamente y en su planificación de otras instituciones y organismos, sino también en mejorar sustancialmente los procedimientos de planificación e información sobe la gestión estatal del patrimonio histórico español. Se ponen algunos ejemplos que han sido señalados aquí, como el de la compra de las veinte cartas de Goya, que no era ni más ni menos que un error de catalogación. Aparecían diecinueve en la catalogación, pero luego estaban las veinte. Es decir, en mi opinión es un error. Podría haber sido un desastre, pero tampoco nos llevemos las manos a la cabeza. Estaban las veinte cartas. Los archiveros pueden tener estos errores de catalogación. Además, en esta fiscalización se observa que se manifiesta un atípico procedimiento de sucesivas reposiciones de fondos. Esto es bastante complejo porque afecta también a compradores particulares, a empresas, a ayuntamientos, etcétera, y en algunas ocasiones es difícil que en estas reposiciones del patrimonio histórico español, aunque sería muy deseable -en opinión del Grupo Socialista ya tendría que estar solucionado a estas alturas, supongo que lo estará, y nos vamos a preocupar de que lo esté-, se pueda ser tan exhaustivo en cada una de ellas.
Resulta evidente que los trabajos realizados por el Tribunal de Cuentas contribuyen en buena medida a la mejora que año tras año experimentan los organismos objeto de sus fiscalizaciones, como bien puede deducirse de este que nos ocupa. Por eso, nuestro grupo acepta y
hacemos nuestras las recomendaciones del informe, haciendo especial hincapié en la mejora de los errores detectados y en el impulso de aquellas otras gestiones que requieran una mayor diligencia por parte de los organismos directores de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales. El Grupo Socialista, como es preceptivo y en aras de una mayor claridad y de la organización, hará un riguroso seguimiento - se supone que ya se ha habrá hecho y que se estará haciendo de ahora en adelante- de estas recomendaciones con el fin de comprobar si las deficiencias han sido subsanadas, dado que es una fiscalización del año 2004. Han pasado cinco años. Ha habido promesas por parte del Ministerio de Cultura y posiblemente ya se han solucionado la mayoría de ellas.
Además, se ve en el mismo informe que hubo deficiencias en su momento y, aunque es verdad que con mucho retraso, se subsanaron. Con todo ello, le plantearía al señor presidente si ha hallado alguna diferencia entre este informe de la Dirección General de Bellas Artes y otros realizados en ejercicios anteriores.
La señora PRESIDENTA: Señor Núñez, cuando usted quiera puede contestar a los planteamientos que le han hecho los portavoces.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Doy las gracias a los portavoces que han intervenido en representación de sus grupos.
Quiero recoger en dos palabras la intervención del señor Tuñón, del Grupo Mixto: desasosiego y rigor. Si nuestros informes producen desasosiego por falta de rigor y generan inquietudes, no es malo sino bueno, y las palabras de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Elorriaga, y de la señora Costa, así lo demuestran. Para nosotros es reconfortante saber que nuestros trabajos, desde las inquietudes que siembran, producen mejoras a la larga de la gestión de los centros directivos fiscalizados.
Este es un dato que yo entiendo como positivo y que da ánimos para seguir trabajando y, sobre todo, para que esta comparecencia se siga con el mayor interés.
Voy a contestar a las preguntas que se me han hecho, empezando por las que formuló la representante del Grupo Parlamentario Popular. La primera de ellas, si mal no recuerdo, es si se han exigido responsabilidades contables por las deficiencias observadas y por las irregularidades que este informe señala. Tengo que decirle que al Tribunal de Cuentas le corresponde, como es natural y así lo dice la ley, exigir las responsabilidades contables derivadas de una mala gestión que haya incumplido la legislación presupuestaria contable y haya provocado perjuicio a los fondos públicos. Nuestra normativa establece los procedimientos para exigir esta responsabilidad y, en cumplimiento de estos procedimientos, todo proyecto de informe se somete a la consideración del ministerio fiscal y del Servicio Jurídico del Estado. Y en este caso ambos, el ministerio fiscal y el Servicio Jurídico del Estado, solicitaron la remisión de antecedentes sobre diferentes supuestos de responsabilidad contable a la sección de enjuiciamiento. En el momento actual sobre este tema es todo lo que le puedo informar. Es decir, en la función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas se están sustanciando las posibles responsabilidades contables que estas deficiencias pueden generar. La sección de enjuiciamiento tiene sus procedimientos de funcionamiento, y lo que se puede afirmar a la fecha actual es que aún no ha habido ninguna resolución judicial sobre los antecedentes señalados por el ministerio fiscal o el Servicio Jurídico del Estado.
En cuanto a las posibles mejoras de la gestión, que es otra de las preguntas que me hacía la señora Elorriaga, y también me la hacía la señora Costa en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tengo que señalar que cuando el Tribunal de Cuentas concluye un informe no se efectúa un seguimiento inmediato, dejando transcurrir un plazo suficiente para poder incorporar recomendaciones habitualmente formuladas en sus informes. Yo agradezco mucho a la señora Costa que diga que se va a seguir con rigor el cumplimiento de esas recomendaciones. Eso es lo bueno, porque los informes del Tribunal de Cuentas no terminan en el Tribunal de Cuentas, como saben sus señorías. He leído en algún comentario de algún medio de comunicación que el tribunal se queda ahí.
Es decir, al decir la irregularidad o señalar los datos y cifras en que se concreta esta irregularidad, el Tribunal de Cuentas no se queda en la denuncia de este dato, de esta irregularidad. Lo envía a esta Cámara para que esta Cámara, a través del control político que nace del control externo, pueda señalar las iniciativas, las resoluciones, las encomiendas de una nueva ampliación de la fiscalización, por ejemplo, que efectivamente pudiera dar lugar a profundizar en el análisis de la gestión y saber si las recomendaciones se han seguido o no. En todo caso, tengo que decir que hasta el día de hoy no tenemos ningún seguimiento específico sobre las conclusiones y recomendaciones del informe. Lo que sí se puede reseñar, y a ello hacía referencia doña Beatriz Elorriaga, es que los responsables de esta gestión, y concretamente a su máximo nivel, de ministro, reconocieron abiertamente las deficiencias recogidas en el informe y manifestaron públicamente su voluntad de atender todas las recomendaciones del tribunal y de corregir las deficiencias puestas de manifiesto. No es poco. Yo creo que es mucho. En todo caso en informes posteriores podremos saber si efectivamente ha habido mejoras, que en algún caso se conocen por el buen funcionamiento de determinados servicios, o si no las ha habido. Pero, repito, esto lo haría el Tribunal de Cuentas si se nos encomienda o si por su propia iniciativa entiende que ya es hora de saber si estas recomendaciones y estas promesas de los altos cargos del ministerio se han cumplido o no.
Al señor Tuñón le preocupaba mucho la utilización del uno por ciento cultural, a lo cual también se refería doña Beatriz Elorriaga. Pues bien, este tema ya ha sido señalado por el tribunal en otros informes de otros ministerios
que utilizan este fondo de manera absolutamente discrecional y lejos de los objetivos que con este uno por ciento persigue la ley. Y hay también algunos ministerios, como el que ha citado el señor Tuñón, que no hacen reserva de este uno por ciento. En todo caso se está detectando que la normativa por la que se rige este uno por ciento debería ser reconsiderada y, si es necesario, modificada; es decir, hay que tratar de evitar que la discrecionalidad y la utilización incorrecta de este fondo pueda desvirtuar la finalidad de la ley que lo creó.
En cuanto a los programas presupuestarios y la indebida programación de objetivos indicadores y su relación con la memoria presupuestaria, estamos, señor Tuñón, en el momento de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado -creo que se presentan hoy-, y sería bueno que se superasen estas deficiencias de programación presupuestaria.
El Tribunal de Cuentas tiene en el programa de este año, y el año pasado también lo tenía, la fiscalización de la transparencia en la elaboración presupuestaria. Y estos datos que reflejan determinados informes de desviaciones presupuestarias, quizá se corregirían si esa fiscalización de transparencia, a la que no es muy proclive este Gobierno y supongo que otros, se llevara a cabo. Lo digo con la mayor moderación, pero también señalando y subrayando la necesidad de esta fiscalización de la transparencia. Me alegro mucho de que este informe -y lo digo abundando en las primeras palabras de la señora Costa- se refiera al año 2004 en que se repartieron las responsabilidades dos gobiernos, entre otras cosas, porque demuestra claramente la independencia del Tribunal de Cuentas, que analiza con el mismo rigor la gestión con independencia del color político.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA, EJERCICIOS 2004 Y 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000085 y número de expediente del Senado 771/000086.)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, EJERCICIOS 2004 Y 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000089 y número de expediente del Senado 771/000088.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al segundo y tercer punto del orden del día, que se refieren a los informes de fiscalización de la Universidad de Extremadura y de la Universidad Politécnica de Cartagena, correspondientes a los ejercicios 2004 y 2005.
Como ya hemos quedado, el presidente va a presentar un informe conjunto de los dos expedientes y posteriormente iniciaremos las intervenciones de los portavoces, comenzando por el informe correspondiente a la Universidad Politécnica de Cartagena, tal como lo habían solicitado.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Señorías, he solicitado de la Presidencia esta fórmula de presentación, y agradezco la amabilidad de los portavoces de los grupos parlamentarios que lo hayan aceptado, porque ambos informes presentan unos planteamientos y objetivos comunes aunque, como es natural, trataré de diferenciar los resultados alcanzados en la fiscalización de cada universidad.
El pleno del Tribunal de Cuentas aprobó, en sus reuniones de 28 de mayo y 30 de junio de 2009, es decir, de este año, respectivamente, el informe de la Universidad de Extremadura y de la Universidad Politécnica de Cartagena, correspondiente en ambos casos a los ejercicios 2004 y 2005.
Un ejemplar de dichos informes se remitió también a la Asamblea Legislativa de la respectiva comunidad autónoma. Si bien el análisis de las universidades venía efectuándose dentro del informe anual de cada comunidad autónoma, el pleno del tribunal consideró oportuno incorporar sus resultados a un informe específico tras la fiscalización horizontal efectuada a todas las universidades públicas; fiscalización horizontal a la que luego me referiré. La fiscalización sobre ambas universidades, además del análisis de las cuentas anuales de cada uno de los ejercicios fiscalizados, se extendió también a la valoración de la eficacia y eficiencia de su actividad, examinando diversos aspectos de su gestión, como son la organización, la actividad docente o la actividad investigadora de la universidad, si bien, como es natural, la valoración de dichos principios se ha visto limitada por la carencia de una contabilidad analítica.
Por lo que se refiere a la Universidad de Extremadura, las principales conclusiones son las siguientes. En cuanto a la representatividad de las cuentas, tengo que señalar que durante el ejercicio 2004 la actividad desarrollada por la universidad se inició bajo la prórroga de los presupuestos del ejercicio 2003. Las modificaciones presupuestarias registradas supusieron unos incrementos del 21 y del 18 por ciento, respectivamente, de los créditos iniciales para los ejercicios 2004 y 2005. Una parte importante de estas modificaciones se financiaron formalmente con el remanente de tesorería, a pesar de que la representatividad del mismo estaba afectada por una sobrevaloración. Las obligaciones reconocidas ascendieron en los ejercicios fiscalizados a 102 y 108 millones de euros, situándose su grado de ejecución presupuestaria en el 78 y 79 por ciento respectivamente. En el periodo 2002-2005, las obligaciones reconocidas aumentaron a una tasa acumulada del 5,7 por ciento. El resultado presupuestario del ejercicio 2004 fue negativo por un importe de 5 millones de euros, mientras que en el ejercicio siguiente se obtuvo un superávit por un importe semejante. El margen medido como diferencia entre ingresos y gastos ordinarios se mantuvo negativo, creciendo a una tasa acumulada del 6,5 por ciento.
Por lo que se refiere a su inmovilizado, la universidad no tenía un inventario en conexión con los saldos del
balance y no registraba la correspondiente dotación a la amortización del inmovilizado. Por otra parte, no se pudieron conciliar las altas del inmovilizado no financiero con las obligaciones reconocidas en el capítulo de inversiones reales del presupuesto de gastos. Estas circunstancias no permiten emitir una opinión sobre la representatividad del saldo contable. Asimismo, el pasivo del balance estaba infravalorado como consecuencia de los premios de jubilación que la universidad deberá otorgar a su personal laboral, de acuerdo con el convenio colectivo.
En cuanto a la gestión de la universidad -aquí los números empiezan a ser más interesantes-, esta no disponía de un plan estratégico ni realizaba tareas de planificación estratégica en las actividades académicas. La universidad ofertaba un total de 74 titulaciones oficiales de forma presencial. Las plazas ofertadas por la universidad para el curso académico 2005-2006 fueron 8.473, mientras que los alumnos que ingresaron fueron 5.458. La evolución de los alumnos de nuevo ingreso en los últimos cuatro cursos ha experimentado una reducción del 5 por ciento; esta reducción es general en casi todas las universidades. Los datos ofrecidos permiten concluir que la capacidad docente de la universidad presenta un exceso de oferta, si bien este desajuste presenta significativas diferencias entre especialidades académicas. Así, por ejemplo, en ciencias de la salud y en ciencias sociales y jurídicas la demanda fue de un 112 y de un 87 por ciento respectivamente en cuanto a las plazas ofertadas, mientras que en la rama de humanidades las plazas ocupadas solo cubrieron el 24 por ciento de las ofertadas. La media de alumnos equivalente por profesor es de 15. El número de alumnos graduados en el curso 2005-2006 ascendió a 3.666. El coste medio del crédito impartido en la universidad en el ejercicio 2005 se ha estimado en unos 2.600 euros y, asimismo, el coste por curso de un alumno equivalente oscilaba entre los 4.233 euros del alumno de ciencias experimentales y los 3.028 euros de un alumno de ciencias de la salud.
Si analizamos la contratación, en la fiscalización se observa que, en general, la justificación de la necesidad del contrato está redactada en unos términos excesivamente genéricos e imprecisos. Por otra parte, se constató que en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de algunos contratos adjudicados por concurso no se especificaba el método de valoración de varios criterios de adjudicación y que las puntuaciones otorgadas a los licitadores en general estaban insuficientemente motivadas. Las bajas económicas estaban también escasamente valoradas.
Asimismo, en la ejecución de varios contratos de obras se produjeron significativas demoras y ampliaciones de los plazos iniciales de ejecución no justificadas adecuadamente.
Por lo que se refiere a la Universidad Politécnica de Cartagena, siguiendo el mismo orden de análisis de los distintos apartados, empezaremos analizando la representatividad de las cuentas. A este respecto, el informe señala las debilidades del sistema de control interno implantado, integrado por una única persona y careciendo de planes de actuación y manuales de procedimiento. Asimismo, se indica que la comunidad autónoma no había aprobado un plan contable específico para la universidad, en virtud de la facultad otorgada por la Ley Orgánica de Universidades.
En relación con la liquidación presupuestaria, junto a la prórroga de los presupuestos de 2003 en el ejercicio 2004, y el significativo incremento de los créditos iniciales del capítulo de inversiones reales en ambos ejercicios, se resalta que las obligaciones reconocidas ascendieron a 45 y 55 millones en los ejercicios fiscalizados, con un grado de ejecución del 81 y 85 por ciento respectivamente. En el periodo 2002 a 2005 las obligaciones reconocidas se incrementaron a una tasa acumulada del 13,7 por ciento. El resultado presupuestario del ejercicio 2004 presentó un déficit superior a los 4 millones de euros, mientras que en el ejercicio siguiente alcanzó un superávit de 2 millones, explicado por un descenso en las inversiones reales y un significativo incremento de las transferencias corrientes recibidas de la comunidad autónoma. El margen de funcionamiento, medido como diferencia entre ingresos y gastos ordinarios, continuó siendo negativo, creciendo a una tasa acumulada del 13,5 por ciento en el periodo 2002-2005. Por lo que se refiere a su balance, resalta en su activo la importancia de su inmovilizado, en su práctica totalidad no financiero, habiéndose observado que el inventario de bienes inmuebles proporcionado por la universidad no incluye los terrenos junto a otras deficiencias que persisten en su valoración, pese a la regularización de determinadas partidas llevadas a cabo en 2005. En su pasivo ha de destacarse el incremento del endeudamiento en el ejercicio 2005, hasta alcanzar los 20 millones de euros, pese a la asunción por la comunidad autónoma de las obligaciones mantenidas con ciertas entidades de crédito.
Por lo que se refiere a la gestión de la universidad, ésta ofertaba en total 21 titulaciones oficiales de forma presencial, centradas en un 90 por ciento en la rama de técnicas. Disponía de 4.445 alumnos y 470 profesores a tiempo completo, equivalencia elaborada a fin de poder efectuar análisis comparativos. Las plazas ofertadas por la universidad para el curso 2005-2006 fueron 3.050, mientras que el número de nuevos alumnos fue de 895, cubriendo únicamente el 36 por ciento de la oferta efectuada, existiendo exceso de oferta en todas las especialidades y ciclos. El número de alumnos de nuevo ingreso durante los cuatro últimos años ha venido descendiendo también en un 3 por ciento anual, mientras que los créditos impartidos experimentaron un ligero crecimiento. El 81 por ciento de los nuevos alumnos se matriculó en la rama de técnicas. El número de alumnos teóricos por grupo oscilaba entre 32 en la rama de técnicas y 55 en ciencias sociales y jurídicas. Asimismo, la media de alumnos equivalentes por profesor equivalente fue de 9 alumnos por profesor. En el informe se analiza la situación de asignaturas con menos de 5 alumnos, observándose
en la muestra seleccionada que un 25 por ciento de los alumnos matriculados en estas asignaturas no se presentaron a los exámenes. El número de alumnos graduados en el curso 2005-2006 fue de 576, correspondiendo el 80 por ciento de los mismos a la rama de técnicas. En el informe se analiza también la actividad investigadora, así como la organización de la universidad, con especial atención a la organización y evolución del personal docente investigador. El coste estimado del crédito impartido en la universidad era de 2.230 euros, ascendiendo el coste por curso de un alumno equivalente a 5.815 euros en la rama de técnicas y 4.719 euros en las especialidades de ciencias sociales y jurídicas.
En cuanto a la actividad contractual, el informe pone de manifiesto la falta de determinada documentación expresamente requerida, así como la falta de especificación de los criterios aplicados en la adjudicación de ciertos contratos o la aplicación de criterios no previstos expresamente en los pliegos, así como la falta de explicación en el significativo incremento del coste de algunos contratos prorrogados. En la ejecución de ciertos contratos de obras se produjeron significativas demoras y ampliaciones de los plazos de ejecución, así como modificaciones no adecuadamente justificadas que pusieron de manifiesto importantes deficiencias en la preparación del proyecto inicial. En cuanto a las recomendaciones, y aquí vuelvo a hacer recomendaciones que afectan a las dos universidades, van dirigidas tanto a la gestión contable administrativa como a la gestión docente investigadora, sugiriendo la implantación de una contabilidad analítica, así como la elaboración de estudios pertinentes para la adecuación de los recursos humanos a las necesidades reales del servicio público prestado. Asimismo, se recomienda una mayor concreción de los objetivos pretendidos en la actividad investigadora y la implantación de indicadores que permitan efectuar su seguimiento y evaluación.
Eso es todo por ahora, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Álvarez. Entiendo que va a intervenir sobre la Universidad de Extremadura.
El señor ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Quisiera, en primer lugar, agradecer al presidente del Tribunal de Cuentas las explicaciones que nos ha dado en relación a la fiscalización de las cuentas de la Universidad de Extremadura, así como felicitar al Tribunal de Cuentas por la aproximación que en dicho informe se hace a la gestión de la universidad, más allá del mero análisis de las cuentas presentadas. Aunque el informe se refiere a uno cursos académicos bastante alejados (2004-2005), los resultados ofrecidos vienen a reflejar una situación de la Universidad de Extremadura que posiblemente sea extensible a todo el ámbito universitario, como ha señalado el presidente, que permite concluir que estamos ante un sector que requiere una revisión en profundidad, si se desea que la universidad española responda a los objetivos que espera de ella la sociedad.
Siguiendo el esquema del informe, debemos destacar determinadas deficiencias e irregularidades en relación con su organización económico-presupuestaria manifiestamente mejorable, porque la unidad de control interno no tiene un desarrollo de sus funciones, tampoco hay planes de actuación y manuales de procedimiento, ni memorias anuales.
Tampoco se han emitido informes de fiscalización de estas cuentas que se analizan. Se han detectado determinadas carencias y deficiencias, como no disponer de contabilidad analítica en un ámbito tan diversificado como el universitario entre sección administrativa, docente e investigadora, o no disponer de un inventario actualizado, debidamente valorado del inmovilizado no financiero, lo que se agrava además por la no dotación de las amortizaciones, incumpliendo normas contables. Hay que señalar cómo desciende la participación de la autofinanciación, incrementándose la financiación ajena. En 2002 la relación era 37/63 y en el año 2005 ha pasado al 30/70. Ha de resaltarse también la importancia de las transferencias recibidas en la Junta de Extremadura. En el año 2002, 3.512 millones, y el 2005, 7.510, es decir, un 114 por ciento de incremento en esa financiación. Es relevante también el dato del margen negativo entre ingresos y gastos, como ha hecho saber el presidente, en más de un 6 por ciento como media acumulada. El informe destaca la situación anómala en la gestión de la tesorería, con elevados importes al cierre del ejercicio 2005. Hay obligaciones reconocidas infravaloradas en 256.813 euros, siguiendo el criterio de la universidad de contabilizar como pagadas, aunque la salida de fondos no se haya producido hasta el ejercicio siguiente, y con un número ingente de cuentas abiertas y numerosos saldos pendientes de contabilización. Esto significa un remanente maquillado.
A la vista del informe, la gestión y el control financiero resultan altamente perfeccionables. No se ha podido determinar el superávit o déficit ya que la universidad no tiene un registro de obligaciones reconocidas con financiación afectada. Esta falta de control no impidió que la universidad participe en una sociedad de capital riesgo que no contó con la autorización previa del Consejo Social ni se sometió a intervención previa. La obligación figura como pagada el 31 de diciembre de 2005 y la orden al banco se hizo en mayo de 2006. Esta participación de la universidad en una red propia de sociedades, fundaciones, consorcios, etcétera, debería ser objeto de una mayor atención por parte de las autoridades responsables. Como resultado de este deficiente control se regularizan deudores por más de 7 millones de euros. Esto demuestra que el sistema financiero y presupuestario que sigue la universidad no es el más adecuado. Asimismo, la carencia de presupuesto al inicio del año 2004, prorrogado el de 2003, pero sin la correspondiente resolución de prórroga, confirman también que la elaboración del presupuesto no es muy precisa y
rigurosa. A esto habría que añadir las deficiencias relacionadas con la contratación. En un 83 por ciento se ha llevado a cabo mediante el procedimiento negociado, sin publicidad ni concurrencia mínima en el de suministros, con una deficiente valoración de los criterios de licitación, reducción de márgenes entre la oferta más económica y la más cara, y otras actuaciones de la mesa de contratación como que el certificado de ofertas del edificio de física y matemáticas es posterior al acta de apertura de plicas e incluso a la propuesta de adjudicación, así como demoras injustificadas y modificaciones de los baremos de valoración contrario a los principios de transparencia, publicidad y objetividad.
No obstante, con ser preocupantes las actuaciones y la situación financiera presupuestaria que se desprende del informe, como ya se ha señalado al principio, este informe también nos ofrece una lista muy amplia de referencias que permiten evaluar la organización y la actividad docente e investigadora de la universidad. En el curso 2005-2006, como ha dicho el señor presidente, se ofertaron 8.473 plazas y se cubrieron 5.461, el 64 por ciento. Esto viene a significar que la capacidad docente de la universidad está sobredimensionada, como lo demuestra también el número de especialidades académicas cursadas en la misma. Ciencias experimentales y humanidades han disminuido el 41 y el 28 por ciento, respectivamente, la media de alumnos es de 15 por profesor y solamente se mantiene la de ciencias sociales y jurídicas como la única que tiene 24 alumnos por profesor. En el informe se dice que el número de alumnos de nuevo ingreso ha venido descendiendo un 5 por ciento en los últimos cinco años, mientras que aumenta el número de matriculados, lo que tiene una explicación, que es la prolongación de la vida académica por curso repetido. Lo que no parece es que la universidad se haya adaptado a esta nueva situación de descenso de alumnado, situación que, aunque en el informe no se vea, posiblemente se está produciendo -y algo han visto también en la de Cartagena- en todo el ámbito universitario.
El informe señala la carencia de un plan estratégico o de tareas de planificación estratégica con un horizonte plurianual en las tareas docentes y de investigación. Y en relación con la actividad investigadora nos dice que en el año 2005 no había ningún órgano de la universidad que centralizase ni controlase la actividad investigadora que se realizaba, a pesar de que tenía 147 grupos de investigación y solo realizaban controles los organismos que subvencionaban los distintos proyectos.
Tampoco logró la universidad la memoria de investigación, a lo que hay agregar una indebida imputación presupuestaria por los gastos que se originaban. En definitiva, es una situación impropia de una universidad, cuya actividad debería guiarse por el rigor y el orden. Los proyectos de investigación con fondos privados crecieron el 68 por ciento y solamente el 4 por ciento los fondos europeos. Con independencia de que las conclusiones del informe del tribunal sean clara expresión de una inadecuada planificación y gestión de la Universidad de Extremadura en los años 2004-2005, sería oportuno extender la mirada sobre la universidad pública en general y plantearse un análisis riguroso de la situación actual de la universidad española, sobre sus necesidades organizativas y financieras y a la vez sobre la necesidad de potenciar el rigor en la gestión y el control interno en todas sus manifestaciones. El informe del Tribunal de Cuentas creo que nos orienta en esa dirección.
Quisiera aprovechar la ocasión para preguntar al presidente del Tribunal de Cuentas si esta institución ha llevada a cabo un análisis comparativo sobre la situación de la universidad en general y sobre las necesidades que el sector universitario plantea. Y también como resumen quiero decir que la universidad, según este informe, ha incumplido reiteradamente la legislación reguladora de la contratación pública no actuando con transparencia y publicidad ni atendiendo al principio de economía y eficiencia exigible en la Administración pública. Y cabe hacerse algunas preguntas, señor presidente del Tribunal de Cuentas. ¿No es una irregularidad grave contabilizar obligaciones sin estar pagadas en el ejercicio que se contabilizan seguramente para maquillar el remanente de tesorería de manera fraudulenta? ¿Qué clase de contabilidad lleva a cabo la universidad que no contabiliza una cuenta de plazo de un legado, ni tampoco hace previsión de los premios de jubilación del personal? ¿Cómo es posible que la universidad no disponga de la relación de puestos de trabajo que legalmente debe tener, y el incumplimiento de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas y de su reglamento general no debiera llevar a la exigencia de responsabilidad? ¿Por qué no ha exigido la universidad sancionar a los adjudicatarios que incumplieron plazos y compromisos que fueron decisivos a la hora de la licitación? ¿Sabrían de antemano los beneficiarios que no se les iba a reclamar nada? Por otra parte y por último, la universidad, que ha perjudicado a los restantes licitadores que no fueron beneficiarios del contrato de obra del edificio de física y matemáticas, ¿habría incurrido en responsabilidad administrativa exigible?
La señora PRESIDENTA: Señor Aguirre, no sé si están en condiciones de hacer la intervención. (Pausa.) Tiene la palabra el señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchísimas gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas, por su exposición y también por la oportunidad de haber tratado conjuntamente los informes correspondientes a las universidades de Extremadura y Politécnica de Cartagena. Es cierto que se enmarca -como ha dicho- en una fiscalización de las universidades en comunidades autónomas que no tenían órganos de control externo propios y la posterior a un análisis global, ordenado precisamente por estas Cortes Generales de todo el sistema universitario y, por tanto, de todas las universidades.
Vemos, señor presidente, -y la intervención de mi compañero me ahorra algunas consideraciones para no caer en la redundancia- que las conclusiones y recomendaciones a ambas universidades son comunes y también que algunas de ellas son debidas al momento actual, y ya también en el año 2005, fundamentalmente, en el que se encontraba la universidad, en cuanto a la menor frecuencia de alumnos en las universidades, a pesar del aumento de los títulos ofertados por, en este caso, ambas universidades y en concreto también por la Universidad de Cartagena.
Vemos también que hay algunas cuestiones, señor presidente, que parece que se corresponden con la especial idiosincrasia o la especial manera de proceder universitaria. Parece que hay cuestiones, como el control interno exhaustivo o la incorporación de la contabilidad analítica, que no solamente no las encontramos en estas dos universidades sino tampoco en el sistema universitario en general, de la misma manera que yo comprendo -y creo que el tribunal también comprenderá- que es difícil un reajuste dinámico y permanente de los recursos humanos para adecuarlos a una bajada del número de alumnos, que entre otras cuestiones, sin duda alguna, también perjudicaría al propio nivel académico de la universidad.
Por tanto, creo que hay un juego de pesos y balanzas que hace que la Universidad no quiera perder competitividad y no quiera perder valores de sus docentes, a lo que, por otra parte, un riguroso ajuste de los recursos humanos a las exigencias docentes obligaría.
He estado atento y he leído con detenimiento el informe que ha aprobado el día 30 de junio el Tribunal de Cuentas y solamente me gustaría hacerle dos o tres preguntas, si está en condiciones el presidente de poder contestarlas. Una de ellas es la relativa a si tiene conocimiento el tribunal de que se hayan subsanado posteriormente a las fechas objeto de la inspección o de control por parte del tribunal algunos puntos tanto de las conclusiones como de las recomendaciones, y en concreto si tiene conocimiento de que en la actualidad hay un plan anual de control para el servicio de control interno que subsana la conclusión primera a la que llega el tribunal y también si se conoce que hay aprobado un plan estratégico, tanto por el consejo de gobierno como por el claustro de la universidad, que es el que está en marcha y de alguna manera -digamos- solventa el punto número 2 de sus conclusiones. Asimismo, no sé si tiene conocimiento el tribunal de si está subsanado que se ha revalorizado el inmovilizado material de edificios y terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Cartagena, teniendo la especial referencia de que la Universidad de Cartagena se encuentra en su mayor parte situada sobre edificios rehabilitados de la época de Carlos III en Cartagena, y, salvo lo que se escindió en su creación de la Universidad de Murcia, el resto de todas las instalaciones corresponde a rehabilitaciones tanto del antiguo Hospital de Marina como del Cuartel de Antigones y del Cuartel de Instrucción de Marinería, que por tanto implican una antigüedad que hace difícil su contabilización exacta. También, señor presidente, pregunto si tiene constancia el tribunal de que se hayan hecho las correspondientes rectificaciones de las recomendaciones, la número 4, en cuanto a lo que hemos señalado en las cuentas ya de 2007 de los terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Cartagena y la relativa a la implementación de un sistema de mejora para la identificación de los proyectos de investigación, de lo que creo que también se habrá dado cuenta al tribunal.
En segundo lugar, en una cuestión, señor presidente, que ha hecho detener la atención de este diputado en cuanto a la rehabilitación y adaptación del Cuartel de Antigones y el edificio de servicio de apoyo a investigación tecnológica, el tribunal señala la existencia de demoras y ampliaciones de plazo. He visto que la universidad había hecho sus alegaciones y que el tribunal no las ha tenido en cuenta. Señor presidente, creo que -permítame que haga el comentario, espero que me responda a ello- el Tribunal de Cuentas tradicionalmente no quiere hacer distinción de las dificultades que entraña la rehabilitación de un edificio en cuanto a los imprevistos que puedan aparecer en un momento determinado al desbrozar una obra existente desde el siglo XIX y que, por lo tanto, impiden el estricto cumplimiento de un proyecto y de unos plazos. Sé que el tribunal normalmente no lo tiene en cuenta, pero me gustaría saber si en este caso concreto ha visto alguna diferencia respecto a otras rehabilitaciones de edificios semejantes y, sobre todo, si cree que ha habido alguna otra irregularidad distinta a lo que uno se puede encontrar a la hora de tener que descubrir un edificio y no poder cimentar y empezar de cero uno de nueva planta.
Haré una última referencia a una de las recomendaciones con la que, evidentemente, tenemos que estar de acuerdo, pero nos parece tan genérica que no sabemos si esa aplicación directa a la Universidad de Cartagena o a la Universidad de Extremadura, en su caso, no podría ser una referencia del Tribunal de Cuentas urbi et orbi, hacia todas las administraciones.
Me refiero a la recomendación de mantener posturas tendentes a la reducción del gasto. Me parece tan genérica -y acertada- que no sé si debiera incluirse en cualquiera de los informes posteriores del tribunal.
Reitero el agradecimiento con el que inicié mi intervención acerca del trabajo hecho por el Tribunal de Cuentas y la Universidad Politécnica de Cartagena.
La señora PRESIDENTA: Señor Tuñón.
El señor TUÑÓN SAN MARTIN: En primer lugar, me parece un acierto haber unido ambos informes porque son calcados metodológicamente. Y lo que se puede decir para uno vale para otro. He intentado hacer una síntesis y al final me han salido las mismas conclusiones, con algunas diferencias.
Para empezar quería hacerle una referencia, ya que creo que hay un informe pendiente que no ha pasado por aquí, de fiscalización de las universidades, un informe transversal del año 2003. Seguramente
hubiera sido mejor que hubiera sido preferente a la revisión de estos informes. Independientemente de eso, estos informes se hacen en universidades que no tienen rango de control externo y, por lo que veo, son recurrentes, porque en el programa de fiscalización del año 2009 van incluidas estas universidades, de Cantabria, Zaragoza, Extremadura, Cartagena, Murcia y La Rioja. Probablemente habría que incorporar un seguimiento de las recomendaciones, fundamentalmente porque veo que son muy similares. Me gustaría destacar las deficiencias de control interno.
No sé por qué en la universidad -y lo he percibido también en la universidad que más conozco, que es la Universidad Pública de Navarra- siempre cuesta poner esto en marcha. Este rigor que teóricamente debe tener la universidad no existe internamente, en el sentido de control económico. Me parece que es bueno resaltar que en el caso de Cartagena es manifiesto: solamente una persona está dedicada a esta función, a la unidad de control interno. También es importante resaltar que sigue sin haber desarrollo de funciones, ni planes de actuación, ni manuales de procedimiento, ni memorias anuales del control interno. Por tanto, me parece que es un tema de lectura de estas dos universidades pero que podría ser genérico de las restantes universidades españolas. Otro tema que es importante resaltar es el alto porcentaje de modificaciones de crédito, que tampoco dice nada bueno respecto a la planificación presupuestaria de las universidades.
Una recomendación que ya ha mencionado el portavoz del Grupo Popular es la reducción del gasto. Fundamentalmente vemos que el peso del gasto de estas universidades son operaciones corrientes y gasto de personal, por lo que vemos la poca flexibilidad que puede tener una reducción de este tipo de gastos. Hay un aspecto que no ha tocado -imagino que porque no ha podido comentar todos los aspectos- pero que me gustaría destacar, que son las fuentes de financiación propia de la universidad. Es un tema que saco a colación porque en el caso de Navarra se ha planteado en la apertura del curso académico. Esta vez, que los fondos de las comunidades autónomas tienen que financiar a las universidades y se plantean las restricciones presupuestarias, uno de los temas que sale a debate siempre es la fuente de financiación propia, intentar que las universidades tengan fuentes de financiación externa, etcétera. Aquí, de los dos informes -y me gustaría que esto fuera una visión general, que no la tengo porque carezco de datos-, en el caso de la Universidad de Extremadura -que es una universidad mayor, más compacta, con más titulaciones- su financiación propia es un 29 por ciento y en la de Cartagena solamente es el 24 por ciento. Estamos en parámetros realmente bajos, pero seguramente es una fotografía de cualquier universidad española. Hay otras deficiencias que se podrían corregir más, como la falta de planes estratégicos, que las memorias no incluyan la documentación prevista en el Plan general de contabilidad pública o el tema del inmovilizado. Esas son cuestiones en las que las universidades, tanto en los informes transversales como en los informes que hace el Tribunal de Cuentas, deberían hacer seguimiento de estas recomendaciones.
Un aspecto que me gustaría reflejar, porque me parece que se está avanzando en él, es el que el Tribunal de Cuentas introduce en el apartado de gestión. Voy a resaltar cuatro datos que nos tienen que ayudar a reflexionar sobre cuál es la situación de la universidad actual; son cuatro variables que me parecen importantes. Una de ellas es lo que el informe llama satisfacción de la oferta, definida como el tanto por ciento de plazas ofertadas de nuevo ingreso que son cubiertas.
Extremadura solamente tiene el 64 por ciento, pero es que la de Cartagena solamente tiene el 36 por ciento, es decir, solamente se ha cubierto una de cada tres plazas que se han ofertado. Debemos hacer una valoración de la sobredimensión de la universidad, que luego se rubrica con dos temas que me parecen muy importantes, media alumnos-profesor. Es una variable que deberíamos tener en todos los informes. Universidad de Extremadura, 15 alumnos, pero en la Universidad de Cartagena 9 alumnos; estamos mejor que en Suecia o que en cualquier país avanzado del mundo, es decir, o somos muy ricos o realmente hay algo que nos lleva a reflexionar. Además se dice que 117 asignaturas de la Universidad de Cartagena tienen menos de 5 alumnos. Me parece que es importante hacer el seguimiento de estos ratios. Otro tema que me parece importante es el desequilibrio entre el personal departamentos-administración, lo que sería personal docente, lo que llama académico-investigación: en la Universidad de Extremadura, 64 por ciento de personal docente investigador; Universidad de Cartagena, 41 por ciento, es decir, el personal de administración es el 60 por ciento.
Quiero pensar que esto también tiene una disfunción, que no puede ser; habría que seguirlo porque me parece que son datos interesantes. De los ratios analizados hay un cuarto dato que considero relevante, que es el coste por alumno. En este caso se hace un coste por el crédito, un coste por alumno con títulos propios. Aquí también hace falta hacer referencias. La Universidad de Cartagena sale con mayor coste, que también es lógico por la dimensión y porque está más sobredimensionada, que la de Universidad de Extremadura. Me da la sensación de que aquí también se puede ir avanzando. Igual el Tribunal de Cuentas ya ha avanzado y yo me estoy adelantando o estoy diciendo cosas que son indebidas. Hay una cuestión que debería ser analizada -y no sé si es posible que esté en las memorias de las universidades- que es la capacidad docente teórica del personal docente investigador, es decir, cuántas horas de las que tienen asignadas se dedican realmente a la docencia, qué tanto por ciento. Otro ratio que voy a plantear sería el grado de satisfacción de los alumnos, en estos momentos en que están todos implantados en sistemas de calidad. También la media de cursos de los alumnos, cuánto cuesta por término medio hacer una carrera -¿cinco, seis, siete años?- y si es en función de las universidades. Otro
ratio que me parece importante sería el número de alumnos que abandona los estudios, ¿es el 10 por ciento, el 20 por ciento? Me parece asimismo un ratio importante el rendimiento académico del alumno, tanto por ciento de créditos aprobados en relación con el tanto por ciento de créditos matriculados. Esto no sirve más que como reflexión, no es más que una aportación que se hace desde una visión que yo quiero que sea genérica, porque me parece que los dos informes pueden reflejar una situación similar en todas las universidades; por una parte, se debe hacer un gran esfuerzo en implantar todas las recomendaciones en las que incide el Tribunal de Cuentas, como son el sistema de contabilidad analítica, adaptar los sistemas informáticos a las necesidades de información previstas en el Plan General de Contabilidad, la reducción de gastos, el estudio de la adecuación de los recursos humanos a las necesidades reales y, por otra, complementarlo con una serie de variables que nos puedan dar luz sobre este tema.
Finalmente, quiero agradecer estos informes que desde mi punto de vista son bastante reveladores de la situación actual de la universidad española.
La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Mas.
El señor MAS I ESTELA: Muchas gracias al señor presidente del Tribunal de Cuentas por su presencia hoy aquí nuevamente, para explicarnos los informes de fiscalización que nos va remitiendo; en este caso vemos conjuntamente el de la Universidad de Extremadura y el de la Politécnica de Cartagena. A este portavoz le hubiera gustado que otro miembro de su grupo de una de las Cámaras, en representación más cercana territorialmente que yo, hubiera podido afrontar el tema; esto ya lo había conseguido el portavoz pero, por motivos que nos han complicado a todos hoy, hay vuelos que se retrasan, no ha sido posible que lo hiciera la persona que a este portavoz le hubiera gustado que analizara el asunto, porque lo conoce de forma mucho más directa y personalmente.
Hemos leído atentamente el informe de fiscalización que el tribunal envió a esta Cámara sobre la Universidad de Extremadura -en el caso de la Politécnica de Cartagena será mi compañero, Manuel Hurtado, quien después lo explicará-. Señor presidente, hay dos vertientes del informe, una más contable y otra más académica. La más contable hace referencia a cómo la administración de la Universidad de Extremadura lleva las cuentas de la propia universidad y creo que el conjunto de deficiencias que se detallan en el informe tiene un punto clave al que me parece que antes el señor Tuñón ha hecho alguna referencia, que es la escasa entidad de la unidad de control interno que tiene la propia universidad. El señor Tuñón se refería a ello diciendo que parece que es una característica común de todo el mundo universitario no dar demasiada importancia a este hecho.
Pienso que está muy bien que el Tribunal de Cuentas lo ponga de manifiesto, que esta Comisión lo tome en consideración y que haga llegar a la universidad -en este caso estamos hablando de la Universidad de Extremadura- la preocupación por esa escasa entidad de la unidad de control interno, que tiene cuatro personas, me parece que decía, para un volumen considerable. Después podemos decir si hay defectos políticos o no en la toma de decisiones respecto a cómo se hacen las cuentas, si hay contabilización de lo inmovilizado, si hay una mala contabilización de los remanentes de tesorería, pero si partimos de que técnicamente tendríamos que exigir a estas cuatro personas que hicieran todo esto, probablemente la primera conclusión a la que llegaríamos sería que no tienen capacidad para dar abasto a todas las funciones que deberían hacer.
Me parece, señor presidente, que este es un tema que tendríamos que enfocar y realmente a este portavoz le ha sorprendido que, en sus recomendaciones, el tribunal no pusiera más énfasis en ello. Las recomendaciones del tribunal hablan de diversas cuestiones pero pienso que no estaría de más hacer mención de este tema. Conocemos en la Comisión que el tribunal ha hecho otras fiscalizaciones de universidades y, por tanto, si esta duda o si esta percepción que podemos tener respecto a la mala práctica, podríamos llamarla así, que tienen las universidades respecto a sus propias cuentas, es extensiva, deberíamos incidir más en ella para que no se produjeran las cosas que vemos en este informe relativas a la mala contabilización de los remanentes de tesorería, a la mala periodificación, a la inexistencia de inventarios, etcétera. Por tanto, señor presidente, nos gustaría que en relación con este punto nos diera su opinión sobre la escasa entidad de la unidad de control interno de la Universidad de Extremadura. (La señora vicepresidenta, Sanjurjo González, ocupa la Presidencia.)
La segunda vertiente del informe que nos ha hecho llegar el tribunal hace referencia a la parte académica y aquí hay dos cuestiones a considerar.
En un caso estamos hablando de los años 2004 y 2005 y es de todos conocida la inadecuación, ya en esos años, de la oferta de universidades existentes en España con la demanda. En los años noventa hubo un gran crecimiento de oferta universitaria en España en muchos puntos del territorio y en muchas titulaciones. Esta Universidad de Extremadura me parece que cuenta con 74 titulaciones, lo cual quiere decir que para una comunidad autónoma, que tiene tanto derecho como cualquier otra a tener universidad pero que tiene el volumen de población que tiene, 74 titulaciones son muchas. Evidentemente, cuando en estos años -solo hay que estudiar un poco la pirámide de edad de la población española- hay una caída muy fuerte de la población que tendría que pedir acceso a la universidad, cuando la demanda cae, nos encontramos con una disfunción evidente -15 alumnos por profesor, seguramente titulaciones inadecuadas, etcétera-, que no se puede corregir de la noche a la mañana. Me parece que era el señor Echániz el que hacía referencia a la Universidad de Cartagena y decía que tampoco se puede corregir
todo esto rápidamente. Sí me parece que el propio informe hace incidencia en que la falta de planificación estratégica de la universidad es clave para entender esta inadecuación de la oferta y la demanda, y más en el futuro. Pero, en las recomendaciones del tribunal, la falta de esta planificación incide en la realización de la actividad investigadora, cuando a nosotros nos parece que, además de la actividad investigadora, sería conveniente quizás hacer referencia a la planificación estratégica de la propia actividad académica más que a la actividad investigadora.
Todos sabemos que los académicos, los profesores y titulados universitarios, son muy celosos de no considerarse exclusivamente académicos, sino también investigadores y en cualquier universidad les gusta mucho más decir que ellos continúan haciendo actividad investigadora que no solamente académica, pero la suma de las dos cosas tendría que reflejarse en la planificación estratégica de la propia universidad, toda vez que la inadecuación de la oferta y la demanda lleva a situaciones a veces insostenibles en cuanto a la economía de la propia universidad. Por consiguiente, señor presidente, nos gustaría que usted incidiera un poco más en este segundo apartado de la planificación estratégica. En todo caso, creemos que el análisis de estas dos universidades -por lo que hace referencia a mi intervención, concretamente la de Extremadura- tendríamos que verlo en el marco de las fiscalizaciones que el tribunal ha hecho al conjunto de las universidades españolas. Pensamos que en el primer aspecto, en el aspecto contable, puede ser preocupante que se instale o que esté instalada la percepción de que el control interno de la universidad es una cosa no tan relevante como otros aspectos, cuando estamos hablando de dinero público y de formación de nuestros futuros ciudadanos, y por tanto es importante, y, en cuanto a la parte académica, no planificar adecuadamente cuál es la oferta que hay que dar puede llevar a situaciones realmente incluso esperpénticas en universidades españolas.
Agradeciéndole, señor presidente, de entrada las respuestas que nos pueda dar a estos aspectos, dejamos aquí nuestra intervención para las resoluciones que, por lo que he oído a los otros portavoces, será muy fácil llevarlas, todas, en la misma dirección.
La señora VICEPRESIDENTA (Sanjurjo González): A continuación, para referirse al informe de la Universidad Politécnica de Cartagena, en nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Hurtado.
El señor HURTADO GARCÍA: Quiero agradecer también la presencia del presidente del Tribunal de Cuentas y las explicaciones que nos viene dando continuamente sobre los distintos informes de fiscalización que va remitiendo a la Comisión mixta.
En primer lugar, con respecto a la Universidad Politécnica de Cartagena, haría un poco de historia, historia corta, porque dicha universidad es una entidad bastante joven. Se crea prácticamente a finales de la década pasada y, como todas las cosas de nueva creación, tiene bastantes dificultades. De hecho -por qué no decirlo-, la Universidad Politécnica de Cartagena en sus comienzos tuvo toda clase de dificultades para su puesta en marcha, a pesar del voluntarismo que pusieron de manifiesto las administraciones públicas y del esfuerzo colectivo que se hizo por parte de todos tratando de sacar esta universidad adelante. Repito que tuvo bastantes dificultades y, cómo no, muchas de esas dificultades se referían a temas contables, a temas económicos. Al fin y a la postre, en ese comienzo una de las cuestiones que más dificultades tuvo se refería al tema económico.
Una vez recibido por el Grupo Socialista el informe, yo personalmente, debido a que en otras ocasiones, como bien conoce el presidente del Tribunal de Cuentas, habíamos manifestado que algunas de las recomendaciones que se hacían se habían podido solventar, tuve a bien ponerme en contacto con los dirigentes de la Universidad Politécnica y en concreto con el personal técnico de la universidad, para ver si esas recomendaciones se estaban llevando a la práctica, si se iban mejorando o, como decía el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, si no se habían instalado totalmente en la universidad y en este caso en la Universidad Politécnica de Cartagena. Yo al menos he podido constatar un tema que me ha parecido muy importante y que tenía un objetivo claro, mejorar la gestión. Indudablemente, esas siete recomendaciones a las que se hacía referencia o algunas de ellas prácticamente habían conseguido dar un salto adelante, un salto cualitativo y un salto cuantitativo importante, que a fin de cuentas es lo que nos debe preocupar y que en este caso creo que es la preocupación de todos, tanto del Tribunal de Cuentas como de la Comisión; también -y me alegro infinitamente- del personal de la Universidad Politécnica de Cartagena. Puedo asegurar en este instante el deseo de cumplir no solo con las recomendaciones que se puedan hacer desde el propio Tribunal de Cuentas sino desde otras administraciones públicas, que, como bien sabemos, están contribuyendo al mantenimiento de la universidad, no solo la Administración autonómica, sino también la Administración central, en este caso con la cantidad de subvenciones que han tenido a través del Feder o de cualquier otro organismo, según conocemos todos.
Dicho esto con respecto a las recomendaciones, me gustaría que en relación con algunas de las cuestiones que aparecen en las conclusiones de la Universidad Politécnica de Cartagena, el presidente nos informara sobre alguna comparación existente o sobre alguna posibilidad de comparación que arroje más luz sobre el asunto de que se trata; hay algunos puntos de esas conclusiones con respecto a los cuales me gustaría que se hiciera.
Por ejemplo, el punto 21 dice que el coste de un título de primer ciclo oscila entre 23.547 y 43.787 euros. Por eso creo que a lo mejor el informe de la Universidad Politécnica de Cartagena, en el caso de hoy comparado con la Universidad de Extremadura, debería entrar dentro
de un informe general de las universidades españolas. Tendría que hacerse esa comparación con otras universidades sobre si el coste por alumno es caro, si está en la media o qué desviación tiene sobre un tipo estándar que se pudiera fijar. Eso sería conveniente hacerlo, no solo en el punto 21, también en el punto 20, donde se habla del coste por curso de un alumno, o en el 19, donde se estima el coste del crédito. Incluso en el punto 18, o en algunos otros que figuran en esas conclusiones, que se incardine todo dentro del conjunto de la universidad española. También me hago otra pregunta en el punto 12; la Universidad Politécnica de Cartagena tiene unos préstamos con entidades financieras de miles de euros a corto y a medio plazo, ¿eso está en consonancia con sus posibilidades de solvencia o no? En cualquier caso, por lo que he oído decir en sus intervenciones a otros grupos, creo que estamos en condiciones de poder llegar a unas conclusiones y que estaremos todos en la misma dirección, que es la mejora de esa gestión. Y, en el caso del informe, repito que sería conveniente incardinarlo dentro del conjunto de la universidad española.
Termino como empezaba, agradeciendo al presidente del Tribunal sus manifestaciones y sus explicaciones, que siempre nos sirven, como no puede ser de otra manera, para un mejor funcionamiento de las distintas administraciones públicas.
La señora VICEPRESIDENTA (Sanjurjo González): A continuación tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Señorías, me han hecho muchas preguntas, todas muy atinadas, y también una valoración positiva de los informes, que agradezco, tanto el señor Álvarez con respecto a la Universidad de Extremadura, el señor Ayala con respecto a la Universidad de Cartagena, los dos diputados del Grupo Parlamentario Popular, el señor Tuñón con respecto a las dos universidades, el señor Mas con respecto a Extremadura y el señor Hurtado con respecto a Cartagena. Repito, muchas gracias. Permítanme hacer como contestación, que puede servir para todos, tres consideraciones generales. En primer lugar, estas dos universidades a las que se refiere el informe pertenecen a comunidades autónomas que no tienen órgano de control externo. Son cinco las comunidades autónomas que no lo tienen: Extremadura, Murcia, La Rioja, Cantabria y Zaragoza; y luego están las dos ciudades autónomas, que son Ceuta y Melilla. El resto lo tienen. ¿Por qué el tribunal hace este informe de estas universidades? Porque, efectivamente, no está dentro de una manera específica del informe general que de universidades se ha hecho con la colaboración de las comunidades que tienen órgano de control externo. Eso nos obliga a que para las universidades de las comunidades que no tienen órgano de control externo hagamos -nos parece oportuno- una fiscalización específica, para incluirla luego en el informe anual que hacemos de comunidades y corporaciones locales. Esta es una explicación, si quieren ustedes, circunstancial de por qué estamos hablando de universidades concretas, cuando en realidad podría -de hecho, están- servir para ellas lo que se dice y lo que se analiza en el informe general de universidades al que me voy a referir ahora. También tengo que hacer otra consideración de carácter general que sirve para todas estas universidades y es que, efectivamente, como las ha calificado el señor Hurtado o el señor Mas, son universidades jóvenes, universidades de novísima creación. A estos efectos, yo recuerdo que en la legislatura constituyente, es decir, en el año 1978, una de mis primeras intervenciones como diputado fue para defender la creación de la Universidad de León, desgajada del distrito universitario de Oviedo.
Entonces solo había en España 17 universidades y por lo tanto era mucho más fácil hacer un análisis de su funcionamiento en todos los sentidos, tanto de la gestión como de la actividad docente o investigadora, etcétera. Pero la explosión de universidades, creo que justificada -por supuesto que soy defensor de esa idea-, ha dado pie a que determinadas universidades jóvenes no hayan hecho todavía el rodaje suficiente para poder adaptar en todos los órdenes sus funcionamientos a las universidades clásicas, históricas o con determinado peso específico dentro de la docencia de la educación española.
Dichas estas dos consideraciones, hay otra reflexión que afecta a todos y es que a todos les ha preocupado el elemento comparativo con otras universidades, tanto al señor Álvarez como al señor Ayala, al señor Hurtado, al señor Mas y al señor Tuñón. Efectivamente, tengo que decir que los informes sobre la Universidad de Extremadura y la Universidad Politécnica de Cartagena que hoy se han presentado son una continuación del informe solicitado por la Comisión mixta sobre el conjunto de universidades públicas que fue aprobado por el pleno del tribunal en su reunión del 17 de enero de 2008, que ha sido enviado a las Cortes Generales y que está aún pendiente del análisis de esta Comisión. Quizá hubiera sido bueno que estos dos informes se hubieran presentado simultáneamente con ese informe general o bien inmediatamente después, con lo cual tendrían ustedes muy frescos y muy a la vista los elementos de comparación. De todas maneras, creo que dentro de poco veremos ese informe general y, por lo tanto, podremos responder con datos y cifras muy concretos a los elementos de comparación que hoy me han solicitado.
Por supuesto, no los voy a dar ahora mismo, entre otras cosas porque me remitiría a lo que ya está pendiente de presentación en esta casa. En todo caso, tengo que decir que dicho informe general sobre el conjunto de las universidades públicas fue elaborado, repito, con la participación de órganos de control externo de las comunidades autónomas. Además de atender a cuestiones estrictamente contables y presupuestarias, se abordan en él cuestiones de carácter organizativo, evaluando los diferentes sistemas de control interno, en donde sí que se hace énfasis, señor Mas, en la importancia que tiene este control, que
necesariamente es complementario del control externo y, si me apuran ustedes, un elemento básico para que el control externo pueda fijar perfectamente la valoración de la gestión que en cada caso se debe hacer.
En este informe del conjunto se hace también referencia a la actividad docente investigadora. Repito que tendremos ocasión de exponer el contenido de este informe, pero tengo que adelantar que la imagen que de él se desprende sobre todo este sector público no es muy positiva, no lo es. Mal de muchos, consuelo de... eso. Pues, efectivamente, sé que ustedes no van a pretender poner sobre la mesa ese dato negativo que en líneas generales surge de este informe conjunto de universidades, porque de lo que se trata sencillamente es de saber por qué camino tenemos que seguir para avanzar, al margen -repito- de que el hecho de decir que también ocurre en Oviedo, en Santiago de Compostela, en Cádiz o en cualquier otro sitio, sirva sencillamente para saber que es un sector muy difícil de gestionar o que tiene una serie de problemas comunes que necesitan una reflexión conjunta. A estos efectos señalo ese dato, pero no a otros más, porque a nadie se nos disculpará la mala gestión por el hecho de que el vecino también la tenga. En consecuencia, sin que esta situación general pueda justificar las deficiencias expuestas sobre el funcionamiento de las universidades, estamos ante un sector que requiere avanzar en su organización y en su control interno.
Tengo que confesarles que el trabajo de campo que se ha tenido que hacer bien directamente en las comunidades que no tienen órgano de control externo o bien en colaboración con los órganos de control externo de las comunidades que sí los tienen ha sido muy difícil, y no ha encontrado -no voy a decir la colaboración, porque sí la ha tenido- la simpatía con los responsables de las universidades. Y no digo más. La propia autonomía, reconocidas las universidades, facilite que no se disponga de unos planos contables uniformes, que existan carencias en cuanto a la regulación de la obligación de rendir cuentas y las fechas para cumplir con este mandato, que los sistemas de control interno tengan y deban ser reforzados, cuestiones que no afectan a su situación financiera y a su gestión docente e investigadora, que son los ámbitos fundamentales de su actuación, pero que son garantía de rigor y de orden para que toda la actividad universitaria funcione adecuadamente. Estoy tratando de responder con carácter general a todas las observaciones, porque se puede sacar como denominador común una noble preocupación común de todos ustedes sobre el funcionamiento y la mejora de la gestión que tiene que haber en las universidades. El Tribunal de Cuentas viene exponiendo en los informes hoy presentados y en el informe global aún pendiente de análisis por esta Comisión mixta muchas referencias de ratios sobre la actividad docente investigadora, que efectivamente permiten apreciar las principales debilidades que el sector universitario presenta. Algunos casos, como la ratio de profesor-alumno, son sencillamente preocupantes, como también lo son otras ratios de coste curso-alumno, o ratios de la satisfacción respecto de la oferta, etcétera. Están ahí, y en el informe de conjunto tenemos los datos comparativos perfectamente señalados. Son, repito, ratios muy preocupantes que nos llevan a la necesidad de que esta Comisión tenga que analizar unas recomendaciones más severas y más concretas que las que estos dos informes presentan para que en las resoluciones correspondientes se traslade esta situación a quien corresponda y se produzcan los cambios que se tengan que introducir tanto en la gobernación del sector público, como a lo mejor en la legislación que deba modificarse.
A estos efectos, tengo que recordar algo de mucha actualidad, algo de lo que se está hablando precisamente hoy entre representantes del Grupo Popular y el ministro de Educación, que es el pacto para la educación. A mí me parece muy interesante recordarlo hoy aquí, porque tiene mucho que ver con los datos, cifras, reflexiones y conclusiones que estos informes plantean. Yo espero, y ustedes seguro que también, que en este pacto se incluya al sector público universitario, porque por todos es compartido, y así lo deduzco de sus intervenciones, que el sector necesita una profunda reflexión y, por lo tanto, a lo mejor también una profunda revisión. Es evidente que al Tribunal de Cuentas no le corresponde evaluar la calidad académica e investigadora; faltaría más, claro que no.
En ningún caso se ha pretendido incidir en esas áreas, pero ofrecemos datos que permiten apreciar que el uso dado a los recursos públicos destinados a la actividad universitaria ofrece debilidades, no solo desde el punto de vista de la legalidad, sino también desde la eficacia y la eficiencia en el adecuado uso de los recursos disponibles. Estamos ante un nuevo periodo que se abre con la implantación del denominado espacio común europeo o Plan Bolonia, así como con los planteamientos de un acuerdo estatal sobre formación, por lo que, repito, es también de esperar que el propósito alcance al ámbito universitario. Espero que la información ofrecida por estos informes del Tribunal sean recibidos con la finalidad con que se han hecho y contribuyan a definir una gestión y un modelo organizativo en los que desaparezcan las deficiencias y carencias puestas de manifiesto por el Tribunal.
Decía el señor Ayala que si teníamos conocimiento de que se hubiesen subsanado algunos temas de las recomendaciones en la Universidad de Cartagena con el Plan anual de control interno, con el Plan estratégico, con la revaloración de los terrenos cedidos y otra serie de cuestiones.
Efectivamente, puede ser que así haya pasado y que en el próximo informe estos temas salgan a la luz; nosotros nos consideraríamos muy satisfechos si a tenor de nuestras recomendaciones se ha avanzado en este punto.
Señora presidenta, he tratado de dar unas respuestas generales, pero para finalizar tengo que decir -también lo había planteado el señor Álvarez- que, sobre las responsabilidades contables, tanto el fiscal del Tribunal de Cuentas como el Servicio Jurídico del Estado enviaron estos informes a la sección de enjuiciamiento por si se detectaban algunas responsabilidades contables, sobre todo en determinadas formas de contratación. No conocemos
todavía cuál es el avance en el proceso de valoración en la sección de enjuiciamiento, pero cuando se produzcan estos resultados, cuando se produzca la decisión que sea, esta Comisión tendrá conocimiento suficiente de este tema.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y DESARROLLO (COFIDES), EJERCICIO 2004. (Número de expediente del Congreso 251/000017 y número de expediente del Senado 771/000016.)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LA ENTIDAD "INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS HISPALENSES, S.A." (INFEHSA) EN LOS AÑOS 2003 A 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000019 y número de expediente del Senado 771/000018.)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 223A, "PROTECCIÓN CIVIL", EJERCICIO 2004. (Número de expediente del Congreso 251/000020 y número de expediente del Senado 771/000019.)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006 DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INTERINVEST, S.A., SUSCRITO ENTRE SEPI Y AIR COMET, S.A. (Número de expediente del Congreso 251/000021 y número de expediente del Senado 771/000020.)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL PRÉSTAMO CONCEDIDO POR EL ICO A ERCROS, DESTINADO A LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE FESA. (Número de expediente del Congreso 251/000022 y número de expediente del Senado 771/000021.)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS GASTOS APLICADOS POR DETERMINADOS MINISTERIOS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS A LOS SUBCONCEPTOS PRESUPUESTARIOS "PUBLICIDAD Y PROPAGANDA", "ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS", "TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES EN EL EXTERIOR" Y "OTROS", EJERCICIOS 2002 Y 2003. (Número de expediente del Congreso 251/000023 y número de expediente del Senado 771/000022.)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS CAPÍTULOS 6, "INVERSIONES REALES", Y 7, "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL", DE LOS MINISTERIOS DE FOMENTO, DE MEDIO AMBIENTE Y DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, EJERCICIOS 2002 Y 2003. (Número de expediente del Congreso 251/000024 y número de expediente del Senado 771/000023.)
La señora VICEPRESIDENTA (Sanjurjo González): Pasamos al 4.º punto del orden del día, comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas, para informar conjuntamente sobre los siguientes extremos: Informe de fiscalización de la Compañía Española de Financiación y Desarrollo (Cofides), ejercicio 2004. Informe de fiscalización de la actividad desarrollada por la entidad Infraestructuras y Equipamientos Hispalenses, S.A. (Infehsa) en los años 2003 a 2005. Informe de fiscalización del programa presupuestario 223A, Protección Civil, ejercicio 2004. Informe de fiscalización de la situación a 31 de diciembre de 2006 de los compromisos establecidos en el contrato de compraventa de Interinvest, S.A., suscrito entre SEPI y Air Comet, S.A. Informe de fiscalización del préstamo concedido por el ICO a Ercros, destinado a la ampliación de capital de FESA. Informe de fiscalización de los gastos aplicados por determinados ministerios y organismos autónomos a los subconceptos presupuestarios publicidad y propaganda, estudios y trabajos técnicos, trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior, y otros, ejercicios 2002 y 2003. Por último, informe de fiscalización de la ejecución presupuestaria de los capítulos 6, inversiones reales, y 7, transferencias de capital, de los Ministerios de Fomento, de Medio Ambiente y de Agricultura, Pesca y Alimentación, ejercicios 2002 y 2003.
Para darnos el informe sobre todos estos asuntos tiene la palabra el señor presidente del Tribunal.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Son siete informes a los que me voy a referir brevemente. Agradezco muchísimo que, en función de las conversaciones que mantuvimos la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas con la Mesa de esta Comisión, podamos avanzar en presentar los temas que tenemos pendientes y que llevan -por circunstancias ajenas a todos nosotros- algún tiempo aquí. Ya estamos avanzando y dentro de poco podremos presentar informes de mucha más actualidad que los que ahora tenemos. Pero como estos informes, obligatoriamente por ley, tienen que ser presentados, lo vamos a hacer ahora con la mayor seriedad y el mayor rigor posible, pero también con la mayor brevedad posible, al margen de que sobre cualquiera de ellos atenderé con mucho gusto cualquier pregunta que puedan hacer los miembros de esta Comisión. En cuanto al informe de Cofides, ejercicio 2004, la fiscalización se efectuó a iniciativa del tribunal y fue aprobado por el pleno del
tribunal el 29 de marzo de 2007. Entre los objetivos a alcanzar estaba analizar la representatividad de los estados contables de esta sociedad anónima estatal, que tiene por objeto -como saben ustedes- dar apoyo técnico y financiero a proyectos privados con interés español en el exterior y que gestiona el Fondo para Inversiones en el Exterior, FIEX, y el Fondo para operaciones de inversión en el exterior de la pequeña y mediana empresa, Fonpyme. Las principales conclusiones son las siguientes: En el informe se concluye reconociendo la representatividad de las cuentas anuales, si bien se exponen algunas deficiencias en el registro del inmovilizado, en especial en relación con el inmovilizado inmaterial, y la dotación de amortizaciones y debilidades en el mantenimiento del inventario de bienes. En lo que se refiere al reflejo contable de los créditos a largo plazo otorgados, Cofides no reclasificaba los importes en función del plazo de vencimiento, reclasificación que únicamente se efectuaba para los importes vencidos pendientes de cobro. Por otra parte, el sistema contable, al carecer de subcuentas para cada uno de los apoyos financieros concedidos, solo ofrecía información del importe global pero no del individualizado de cada ayuda, cuyo seguimiento requería una aplicación informática específica. En las provisiones para insolvencias, se observó una modificación del criterio seguido para su dotación, sin que dicho cambio viniera acompañado de una actualización de las estimaciones del riesgo previamente efectuadas.
En el análisis efectuado de las retribuciones de personal se detectaron algunas deficiencias en la imputación conceptual y temporal de determinados importes, así como la falta de reconocimiento efectivo de algunas mejoras contempladas en el convenio colectivo del sector. En cuanto a las dietas a los miembros del consejo de administración, Cofides desconocía la categoría en la que estaban encuadradas, dentro de las tres existentes, para la determinación de los importes máximos a percibir, sin que al respecto la Subsecretaría del ministerio hubiese atendido la solicitud de aclaración que le fue formulada. No obstante, el incremento del 3,5 por ciento acordado para el ejercicio 2005 superó el 2 por ciento establecido en los Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio. En lo que se refiere a la gestión de la compañía, se observó una excesiva demora en todas las fases de desarrollo de los proyectos examinados que habían sido financiados con fondos propios o con cargo a los otros fondos gestionados por Cofides. En las recomendaciones, el informe concluye que deben subsanarse las deficiencias y debilidades observadas en la llevanza de contabilidad, así como incrementar la agilidad en la tramitación de los proyectos financiados.
El segundo informe de esta presentación conjunta se refiere a la actividad desarrollada por la entidad Infraestructuras y Equipamientos Hispalenses, Infehsa, en los años 2003 a 2005. El pleno aprobó este informe el día 27 de junio de 2007. El informe recuerda que Infehsa se había constituido el 11 de marzo de 1991 en ejecución del convenio firmado entre la Administración General del Estado y el Ayuntamiento de Sevilla, con motivo de la Exposición Universal de Sevilla de 1992, en el que se fijaron las bases de colaboración entre ambas administraciones mediante la creación de una sociedad anónima con un capital social de 6 millones de euros, conviniéndose la participación del Estado y del Ayuntamiento de Sevilla en su capital social en un 85 y 15 por ciento respectivamente, así como el máximo de las aportaciones de cada parte. El objeto social inicial de la sociedad era la obtención, gestión y aplicación de la financiación necesaria para completar el régimen financiero de las inversiones a efectuar o efectuadas por el ayuntamiento en relación con las obras de infraestructuras y equipamiento vinculadas a la exposición universal, fijándose una duración de diez años para la sociedad. En el informe que se hizo de la actividad económico-financiera relacionada con la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América y con la Exposición Universal de Sevilla, que lo aprobó el pleno del tribunal el 23 de octubre de hace ya muchos años, de 1997, se puso de manifiesto que, cumplido el objeto de Infehsa, no parecía justificada la subsistencia de la sociedad hasta el vencimiento de la duración fijada en sus estatutos, conclusión con respecto a la cual la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas no adoptó resolución expresa alguna.
En cuanto a las principales conclusiones, se describen las diferentes operaciones de financión de Infehsa así como el proceso de liquidación de su relación financiera con el Ayuntamiento de Sevilla, comprando su participación en el capital social para su posterior amortización, operaciones que se llevaron a cabo en el ejercicio 2002, quedando el Estado como titular de la totalidad de las acciones de la sociedad.
Con anterioridad a esta regularización financiera, en el primer trimestre de 1996, Infehsa había modificado los estatutos sociales ampliando su objeto social con nuevas actividades, entre las que figuraba la construcción y explotación de infraestructuras y equipamientos para la ciudad de Sevilla mediante la participación en sociedades que tengan por objeto tal actividad. Al amparo de este nuevo objetivo social, en abril de 1996, Infehsa tomó la primera participación accionarial de la empresa Estadio Olímpico de Sevilla, Eossa, participación que se amplió en ejercicios sucesivos hasta superar en el año 2002 el importe de 42 millones de euros, el 30,49 por ciento de su capital social, porcentaje que se mantuvo en los ejercicios posteriores. La actividad desarrollada por Infehsa desde el año 1996, en la que se modificó su objeto social, y de forma exclusiva desde el año 2002, en el que se dio por resuelto el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, ha estado dedicada a la gestión de la participación accionarial que ostentaba en Eossa.
En cuanto a las recomendaciones, muy brevemente tengo que decir que el tribunal recomienda reconsiderar la oportunidad de mantener la participación en Eossa,
habida cuenta de la naturaleza y fines de esta empresa y de los resultados que viene registrando. Por otra parte, estima que sería conveniente que las modificaciones en el objeto social de las sociedades públicas y las inversiones que hubieren de llevarse a cabo para desarrollar nuevas actividades se realizasen con arreglo a los mismos trámites y requisitos que se exigen para la creación de nuevas sociedades estatales. Como hechos posteriores a la fiscalización se puede mencionar que se han recibido recientemente en el tribunal las cuentas del ejercicio 2009, en las que la información más significativa es la ampliación por un importe de 294.000 euros de su capital social, propiedad en su totalidad del Estado.
El tercero de los informes se refiere al programa presupuestario 223A, protección civil, ejercicio 2004. Este informe fue aprobado por el tribunal en su reunión de 19 de julio de 2007. Los créditos definitivos asignados en el ejercicio 2004 al programa fiscalizado para el desarrollo de las actividades de la Dirección General de Protección Civil y Emergencia del Ministerio del Interior ascendieron a 24,7 millones de euros, mientras que las obligaciones reconocidas sumaron 22,2 millones.
En los análisis de regularidad no se presentaron limitaciones significativas al alcance, mientras que en los análisis de eficacia, eficiencia y economía las limitaciones de información y documentación encontradas impidieron poder realizar tales análisis con la amplitud y el alcance previstos.
Las principales conclusiones son las siguientes. En los análisis de gastos de personal se observó que el remanente de crédito resultaba claramente insuficiente para cubrir las remuneraciones de las 16 vacantes presuntamente dotadas, como consecuencia de la inclusión en la nómina de retribuciones del programa a personal que no participaba en el mismo, junto a otras deficiencias formales y materiales en la gestión de personal descritas en el informe.
En el capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios se detectó el fraccionamiento de algún gasto, eludiendo los trámites contractuales establecidos. En el área de inversiones reales también se observaron numerosas deficiencias formales y materiales, destacando la financiación de inversiones ajenas a este programa y la falta de información sobre la contratación celebrada al registro público de contratos y al Tribunal de Cuentas, siendo a su vez deficiente el seguimiento de los contratos suscritos. Y en cuanto a la tramitación de las transferencias por indemnizaciones y ayudas por catástrofes, aspecto esencial de este programa, se observaron retrasos injustificados y muchas deficiencias en su acreditación así como insuficiente seguimiento y control de los convenios con otras administraciones.
En cuanto a la gestión de las emergencias, también se realizaron por el tribunal algunas limitadas comprobaciones sobre el complejo operativo que gestiona las emergencias en la dirección general, observándose algunas carencias especialmente en el retraso en la implantación del sistema informático previsto, así como algunas deficiencias en su funcionamiento.
En cuanto a las previstas unidades de apoyo ante los desastres, a finales de 2006 aún no se habían constituido, pese a que en el ejercicio 2004 se había adquirido material para las mismas.
Por lo que se refiere a la importante función de información y adiestramiento a la población, la gestión de la dirección general en 2004 se redujo prácticamente al funcionamiento de un aula móvil gestionada por una empresa privada sin coste alguno para la dirección general, actividad que cesó a finales del ejercicio mencionado sin que se justificaran los motivos para ello.
En cuanto a las adquisiciones en el ejercicio 2004 del Centro Nacional de Información y Documentación, que gestiona el Fondo documental especializado en protección civil, se efectuaron al margen del programa del Ministerio del Interior, incumpliendo los requisitos previstos. En cuanto al Centro europeo de investigación social de situaciones de emergencia, se observó que carecía de estructura y contenido real. Y por lo que se refiere a la Escuela Nacional de Protección Civil, se constató que tenía una elevada sobredimensión en relación con la actividad desarrollada y con los fines encomendados, encontrándose además deficiencias en su gestión y en su control interno.
En cuanto a las recomendaciones, efectivamente se recomienda, como en casi todos, el reforzamiento de los controles internos y de los procedimientos de gestión. Se recomienda la elaboración de un plan de actuación plurianual al que se subordinen sistemáticamente los objetivos e indicadores a establecer anualmente en las memorias presupuestarias, objetivos e indicadores que deben ser objeto de una definición y determinación correctas, de acuerdo con las líneas directrices de la presupuestación por programas. Con un alcance más general, se recomienda al Gobierno la urgente revisión de la normativa en materia de control sobre las cuentas justificativas de los anticipos de caja fija y de las reposiciones de fondos, a la vista de la grave situación observada en esta fiscalización.
Señorías, voy haciendo un resumen lo más esquemáticamente posible y subrayando los aspectos que me parecen más importantes de cada uno de los informes. Quedo tranquilo porque sé que efectivamente los informes los tienen SS.SS. y, por tanto, pueden detenerse en aquellos extremos que les interesen más o que sean más relevantes para el estudio y la conclusión de las resoluciones que después pueden aprobar en esta Comisión.
El cuarto informe de estos siete que estamos presentando conjuntamente se refiere a la situación, a 31 de diciembre, de los compromisos establecidos en el contrato de compraventa de Interinvest, S.A., suscrito entre SEPI y Air Comet, S.A., en el que a lo mejor me detengo un poco más. El presente informe fue aprobado por el Pleno del tribunal el 19 de julio de 2007. Esta fiscalización se llevó a cabo a iniciativa de esta Comisión Mixta, ejercida a través de la resolución adoptada en la sesión
del 27 de junio de 2006, después del examen de un anterior informe de fiscalización sobre las operaciones realizadas por el sector público estatal en relación con Aerolíneas Argentinas, S.A. Como ven SS.SS., el Tribunal de Cuentas trata de cumplir y hacer caso -faltaría más- a las resoluciones que le envía esta Comisión cuando se derivan fundamentalmente de informes aquí presentados.
En esta resolución se solicitó una fiscalización específica sobre la finalización del contrato de compraventa de Interinvest, tenedora de las acciones de Aerolíneas Argentinas, S.A., y Austral, S.A., suscrito entre SEPI y Air Comet; y añadía la Comisión en su petición que si la liquidación final del contrato no se hubiera producido a 31 de diciembre de 2006, se insta al Tribunal de Cuentas a que informe sobre la situación del cumplimiento de los compromisos hasta esa fecha, y eso es lo que este informe ha tratado de hacer.
El Pleno del Tribunal acordó llevar a cabo una primera actuación referida a la situación a 31 de diciembre de 2006, cuyos resultados se ofrecen en el presente informe, que posteriormente se vio completado con el informe de fiscalización específica sobre la finalización del contrato de compraventa aprobado por el Pleno del Tribunal el 30 de octubre de 2008.
En consecuencia, el objeto de la fiscalización que ahora se presenta fue verificar la situación a 31 de diciembre de 2006 de los compromisos asumidos por SEPI y por Air Comet en el contrato de compraventa de Interinvest, suscrito el 2 de octubre de 2001, cuyo cumplimiento se encontraba pendiente o no había sido debidamente acreditado al elaborarse el anterior informe de fiscalización.
Principales conclusiones. En cuanto al cumplimiento por parte de Air Comet del compromiso de ampliación de la flota de ARSA, en las verificaciones efectuadas se constató que Air Comet había acreditado la incorporación de 22 de los 23 aviones en que se comprometió a ampliar la flota de ARSA y Austral, aunque ocho de ellos se agregaron después de que expirara el plazo previsto. Por la no incorporación del avión restante SEPI le aplicó una penalización que le fue abonada.
Por lo que se refiere a las últimas disposiciones de fondos, a 31 de diciembre de 2006 Air Comet había dispuesto del total de los fondos abonados por SEPI por ajustes al balance de transferencia que se encontraban situados en una cuenta bloqueada. Al cerrarse el informe de fiscalización anterior, quedaba pendiente de justificar la última disposición de fondos de 30 millones de dólares y de autorizarse dos nuevas disposiciones de 30 y 25,25 millones de dólares. Para justificar la disposición de un total de 60 millones de dólares se emitieron dos certificaciones redactadas en los mismos términos que las anteriores, sin que constara la fecha de origen de las deudas y con una relación de gastos de las sociedades del grupo argentino que respondían al concepto de gastos de funcionamiento -incluso al pago de anticipos por suministro de combustible- y no al pago de deudas o pasivos de ARSA y Austral en los términos establecidos en el contrato de venta de las acciones. A pesar de ello, SEPI autorizó la última disposición de fondos de 25,25 millones de dólares, disposición respecto a la que no existía constancia de que Air Comet hubiera remitido a SEPI ni de que ésta hubiera exigido la correspondiente certificación justificativa.
En la fiscalización se analizó también el cumplimiento del desembolso por parte de Air Comet de la parte pendiente de la ampliación de capital en ARSA, realizada el 19 de febrero de 2003, por importe de 50 millones de dólares, con un desembolso inicial del 25 por ciento y con la obligación, de acuerdo con las leyes argentinas, de desembolsar el resto en el plazo de dos años. En la fiscalización se acreditó el cumplimiento del desembolso pendiente, llevado a cabo el 11 de febrero de 2005, mediante certificado expedido por un auditor público argentino.
En cuanto a la capitalización de los créditos adquiridos por Air Comet con las aportaciones de SEPI, cabe recordar que ésta había aportado 300 millones de dólares a Interinvest que, según el contrato suscrito, debían haberse destinado al pago de pasivos del grupo argentino. De este importe, Air Comet, con el consentimiento de SEPI, utilizó 273 millones para la compra de esos pasivos con el compromiso de capitalizar los créditos de ARSA en un plazo que expiraba el 26 de junio de 2003. El Tribunal de Cuentas concluye en su informe que la documentación aportada por SEPI, consistente en el acta protocolarizada de la asamblea general de ARSA en la que Interinvest se compromete a efectuar la ampliación de capital, junto con la certificación emitida por un auditor, además de la documentación remitida por Air Comet, no acredita suficientemente que dichos pasivos hayan sido finalmente aportados a los fondos propios de ARSA. No obstante, en el nuevo informe de fiscalización, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 30 de octubre de 2008, a que se viene haciendo referencia, se informa de que la documentación remitida ha acreditado suficientemente el cumplimiento de este compromiso satisfecho con más de cuatro años de retraso.
Ante las exigencias planteadas por Air Comet a SEPI de que asumiera el pago de importantes cantidades por contingencias, ambas partes suscribieron el 16 de mayo de 2005 un convenio arbitral. De acuerdo con la nueva documentación aportada por SEPI, el laudo fue emitido el 29 de junio de 2006, resolviéndose que reclamaciones de Air Comet por importe de 21,3 millones de pesos argentinos se encontraban provisionadas en el balance de transferencia y, por tanto, no daban lugar a responsabilidad económica de SEPI. Asimismo, el resto de las pretensiones de Air Comet fueron también desestimadas por el laudo, si bien respecto a las reclamaciones en curso por valor de 430,6 millones de pesos argentinos se remitía al contenido de futuras resoluciones judiciales que fijarán la responsabilidad económica a exigir a SEPI. A este respecto -ya termino-, el saldo de la provisión dotada por SEPI a finales de 2006 ascendía a 87,2 millones de euros, reduciéndose a la conclusión de 2007
a 63,7 millones. En relación con esta cuestión, en el posterior informe de fiscalización aludido, ya aprobado por el Pleno y que aquí veremos en el tiempo que ustedes lo acuerden, se precisa que los compromisos derivados de la responsabilidad por contingencias no se encuentran cerrados al depender de la resolución de varios procedimientos jurisdiccionales aún en curso. Perdonen que en este punto haya sido más prolijo y me haya detenido más, pero creo que era necesario exponer con los detalles más sobresalientes la situación de este asunto.
Pasamos al punto quinto, presentación del informe de fiscalización del préstamo concedido por el ICO a Ercros destinado a la ampliación de capital de FESA. Este informe fue aprobado por el Pleno del Tribunal el 26 de septiembre de 2007. Esta fiscalización se llevó a cabo a iniciativa de la Comisión Mixta, otra cuestión importante, recogida, como es natural, en la resolución adoptada en relación con el informe de fiscalización de todas las operaciones económico-financieras llevadas a cabo por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en los grupos FESA-Enfersa y Ercros en el periodo 1992-2000 en su sesión del día 24 de mayo de 2005, en la que se solicita ampliar la fiscalización del préstamo concedido por el ICO a Ercros en 1994 por un importe de 8.500 millones de pesetas y analizar diferentes aspectos de la operación que fueron los objetivos de la fiscalización efectuada.
La principal limitación surgida en el desarrollo de la fiscalización estuvo relacionada con la antigüedad de las operaciones, realizadas hacía más de diez años y de las que en algún caso ha resultado imposible encontrar antecedentes y justificaciones, ya que tanto el ICO como Ercros y Fertiberia únicamente tenían obligación, de acuerdo con el artículo 30.1 del Código de Comercio, de mantener esta documentación durante un plazo de seis años. Este mismo periodo transcurrido aconseja que en esta presentación y en el informe utilicemos la peseta como unidad de referencia. El instituto, cuya colaboración con el equipo fiscalizador fue adecuada, no pudo aportar determinada documentación que fue solicitada a las mencionadas sociedades a través del ICO, que remitieron una parte importante de la documentación solicitada, manifestando las entidades que ya no disponían de la restante documentación debido, como dije antes, al tiempo transcurrido. Esta falta de documentación dificultó el desarrollo de la fiscalización, pero no impidió que se pudiera emitir opinión sobre los objetivos propuestos y los puntos solicitados y que preocupaban a esta Comisión Mixta.
Principales conclusiones. Sobre la adecuación de la operación a alguna de las tipologías previstas en la normativa, en el informe se concluye que la concesión por el ICO a Ercros del crédito participativo de 8.500 millones de pesetas se encuadra dentro de las medidas de carácter financiero establecidas en el artículo 6 del Real Decreto 295/1985, de 20 de febrero, de medidas de reconversión del sector fabricante de fertilizantes. La concesión del crédito a Ercros con las condiciones establecidas por acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 13 de octubre de 1994, sin garantías, interés nulo, sin plazo de amortización y a devolver con el 15 por ciento de los beneficios de Ercros, entidad que por sí misma no tenía capacidad de generar beneficios, siendo igualmente improbable que decidiera distribuir los beneficios de sus filiales cuando no estaba obligada por norma alguna, aunque jurídicamente se formalizó como un crédito participativo, en la práctica se asemejaba más a una subvención que a un verdadero crédito. La concesión de este crédito participativo, con sus especiales características, al igual que el resto de ayudas del Estado en forma de créditos, que fueron sufriendo paulatinamente un proceso de reducción de las garantías originales y eliminación del devengo de intereses, como se analizaba en el anterior informe del Tribunal de Cuentas, fueron, como es lógico, determinantes para la reestructuración de un sector estratégico considerado de interés público.
El rescate del crédito fue aprobado por el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 4 de junio de 1998, estableciendo en 1.100 millones de pesetas la cuantía a pagar al instituto, fundamentando dicho acuerdo en la conveniencia de regularizar las cargas derivadas de la reconversión, estimando a tales efectos más adecuado proceder a su rescate, dadas las condiciones excepcionales en que dicho crédito fue concedido. La justificación de la cuantía fijada para el rescate fue objeto de estudio en el anterior informe de fiscalización, y en él se afirmaba -permítanme que se lo recuerde- lo siguiente: A la vista de lo expuesto se podría concluir diciendo que, dadas las condiciones en que se concedió este crédito, sin garantías, interés nulo y con la posibilidad de que Ercros, modificando su política de dividendos, pudiera retrasar la devolución del préstamo indefinidamente y las valoraciones de que se disponen, se puede considerar razonable la cifra obtenida por el ICO como rescate del mismo. En el informe se concluye señalando que el rescate no fue una nueva operación de ayuda a la reconversión sino la finalización de la operación de concesión del crédito participativo.
En cuanto a la fiscalización del empleo de esa cantidad por parte de FESA, en el informe se deja constancia de la entrega de los fondos mediante acta notarial, así como de la realización de la ampliación de capital.
Asimismo, el ICO facilitó toda la documentación que acreditaba la disposición de los fondos, de los 8.500 millones. Se analizaron las actas de la comisión de seguimiento del convenio de acreedores de FESA, de la que formaban parte representantes de la Hacienda pública, de la Tesorería General de la Seguridad Social, del ICO, de Enagas y de la propia FESA, pudiendo destacar que, en su reunión de 21 de junio de 1996, la comisión declaró efectuados todos los pagos a los que FESA estaba obligada y cumplidas todas las obligaciones derivadas de los diferentes convenios de acreedores, lo que fue comunicado al correspondiente Juzgado de Primera Instancia
de Madrid que finalmente, el 5 de julio de 2002, dictó un auto declarando cumplido el citado convenio.
En cuanto a los resultados del grupo Ercros y sus filiales, el informe concluye que tanto el grupo Ercros como sus principales sociedades obtuvieron beneficios durante los ejercicios 1994 a 1998, en los cuales Ercros tenía que hacer frente a la devolución del préstamo de los 8.500 millones. No obstante, no se produjo ninguna amortización del préstamo, pues la devolución del principal estaba ligada, como antes hemos dicho, en cumplimiento de lo establecido por el acuerdo de la comisión delegada, a los resultados de la sociedad matriz, Ercros, y esta no obtuvo beneficios durante dicho periodo. La explicación de esta situación se encuentra en el hecho de que ninguna de las filiales de Ercros repartió dividendos durante los ejercicios analizados porque, al no tener Ercros S.A. prácticamente actividad alguna, mantuvo siempre unos resultados ligeramente negativos, no estando obligada formalmente a devolver el crédito. Esta actuación del grupo Ercros, que no supuso irregularidad alguna, se podría haber mantenido indefinidamente en el tiempo y fue la principal causa de que el crédito se considerara prácticamente incobrable desde el mismo momento en que se concedió.
Finalmente, sobre la valoración del importe total de la venta de acciones de FESA, el informe destaca que la valoración de sociedades, siempre compleja por el gran número de variables que intervienen, se complica aún más en este caso al valorar las acciones de una sociedad más de diez años después. Teniendo en cuenta la información de la que se dispuso, se consideró adecuado utilizar los siguientes métodos de valoración: el valor neto contable ajustado y capitalización de los beneficios previstos. Aplicando estos dos métodos, el 53,6 por ciento de las acciones de FESA, vendidas en abril de 1995, habría tenido un valor comprendido entre menos 3.148 y menos 4.099 millones de pesetas, mientras que la valoración del otro 20 por ciento, vendido en enero de 1997, habría alcanzado un valor comprendido entre menos 1.175 y menos 1.529 millones de pesetas. En consecuencia, el precio simbólico -una peseta por acción- pagado por la Inmobiliaria Espacio en la primera operación de venta y los 261 millones de pesetas en la segunda, aún desconociendo las necesidades o expectativas que pudiera tener la sociedad compradora, se consideran razonables en el informe del Tribunal. Se señala, asimismo, que en estas operaciones no hubo quebranto para el sector público ni enriquecimiento ilícito de Ercros, ya que el precio mínimo de rescate exigido inicialmente por el ICO, 823 millones de pesetas, se calculó teniendo como base los 261 millones recibidos por Ercros y la proporción del capital que se adquiría de FESA, lo que viene a significar que si el precio pagado por Inmobiliaria Espacio a Ercros hubiera sido menor, el precio del rescate a pagar por esta última al ICO hubiera disminuido más que proporcionalmente. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
Perdonen SS.SS. si he hecho aquí un juego de cifras y de relaciones que he tratado de sintetizar y de decir de la manera más clara, pero quedo más tranquilo sabiendo que están perfectamente detalladas en el informe que tienen ustedes y que yo simplemente he recordado por si alguno de ustedes quiere formular alguna pregunta.
Pasamos al sexto y penúltimo informe. Este informe de fiscalización se refiere a los gastos aplicados por determinados ministerios y organismos autónomos a los subconceptos presupuestarios de publicidad y propaganda, estudios y trabajos técnicos, trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior y otros asuntos, correspondientes a los ejercicios 2002 y 2003. El informe fue aprobado por el pleno del Tribunal el 26 de septiembre de 2007. Esta fiscalización se llevó a cabo a iniciativa del propio Tribunal de Cuentas y se extendió a los gastos realizados por siete ministerios: Fomento, Trabajo y Asuntos Sociales, Agricultura, Pesca y Alimentación, Medio Ambiente, Sanidad y Consumo, y Economía y Hacienda; y once organismo autónomos dependientes de ellos con cargo a las dotaciones presupuestarias registradas en los subconceptos publicidad y propaganda, estudios y trabajos técnicos, trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior, y otros. La fiscalización tuvo como objetivos comprobar, como siempre la representatividad de la liquidación presupuestaria y el cumplimiento de la normativa aplicable, así como la necesidad y concordancia de los gastos registrados con las finalidades previstas en la aprobación de los correspondientes créditos presupuestarios.
Las principales conclusiones son las siguientes. El informe pone de manifiesto que la liquidación presupuestaria de los subconceptos analizados es representativa de las operaciones realizadas, de acuerdo con su naturaleza y la clasificación presupuestaria de los gastos, si bien, ocasionalmente, algunos gastos deberían haberse aplicado a rúbricas distintas. Entre los ejercicios fiscalizados se registró un significativo incremento del gasto de los subconceptos fiscalizados, que ascendió al 62 por ciento en el conjunto de los siete ministerios y al 31 por ciento en el de los once organismos autónomos, lo que representa un 47 por ciento de incremento conjunto, frente al 7,2 por ciento registrado en la Administración General del Estado y sus organismos autónomos. Los incrementos más elevados se produjeron en publicidad y propaganda con porcentajes del 134 por ciento para los ministerios y del 61 por ciento para los organismos autónomos. En el informe se identifican las principales actuaciones publicitarias de los ministerios de Economía y Hacienda y Trabajo y Asuntos Sociales, así como del Instituto de la Mujer, que vienen a explicar estos incrementos. Las desviaciones más significativas de los gastos respecto a los créditos iniciales se presentaron en el ejercicio 2003, habiéndoseles dado la adecuada cobertura presupuestaria a través de las modificaciones de crédito correspondientes.
En cuanto a la regularidad de la gestión, la gestión de gastos y su justificación se ajustaron a los principios
y normas que les eran de aplicación, con algunas excepciones que son destacadas en el informe. En casos excepcionales se detectaron otras deficiencias en la gestión del gasto como la inadecuada utilización de la figura de convenio en lugar de la del contrato, cuestión a la que el Tribunal de Cuentas viene aludiendo con frecuencia; la falta de aportación de algunos documentos que deberían figurar en los expedientes de contratación y la existencia de algún caso de fraccionamiento del objeto del contrato. En relación con un protocolo o convenio de colaboración suscrito en el ejercicio 2002 entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la sociedad editora de un periódico de ámbito nacional para la elaboración y distribución de un suplemento anual dedicado a la alimentación y a la salud, el informe pone de manifiesto que dado su objeto debería haberse instrumentado mediante un contrato sujeto a las disposiciones del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Respecto a un convenio de colaboración suscrito por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con la plataforma de las ONG de acción social de Madrid, en el que se aportaron 180.304 euros para la realización de la campaña de la asignación tributaria a través del 0,52 por ciento del IRPF destinado a otros fines de interés social, el Tribunal de Cuentas sostiene, en consonancia con lo manifestado por la Intervención delegada del ministerio, que en la legislación vigente la asignación tributaria aparece como el resultado de una declaración de voluntad del contribuyente, sin atribuir a la Administración del Estado competencia alguna para actuar apoyando ninguna de las posibles alternativas.
En cuanto a la finalidad de los gastos, en primer lugar, se señala la frecuente suscripción con empresas o profesionales de contratos de consultoría y asistencia y de los servicios para el desarrollo de tareas propias del personal de la Administración o entidad pública correspondiente, la conocida operación de externalización de servicios, sin que conste que tal opción responda a un análisis riguroso de las alternativas posibles. Por otra parte, se llama la atención, reiterando lo expuesto en otros informes de fiscalización, que este tipo de contratos por su permanencia en el tiempo y continuidad de los trabajadores, tras las demandas oportunas, podrían dar lugar a resoluciones judiciales condenando a la Administración o entidad pública correspondiente a permitir a estos trabajadores, con la consiguiente provisión forzosa de puestos de trabajo mediante procedimientos distintos a los establecidos en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función pública. Asimismo, en relación con las campañas de publicidad y los estudios y trabajos técnicos, se señala en el informe que, aunque en general se han realizado de conformidad con el marco jurídico vigente y se ajustan en un sentido amplio a las funciones y competencias de las entidades que los contrataron, la ausencia en los años de referencia de una regulación suficiente sobre esta materia permitía una amplia discrecionalidad, que en el campo de la publicidad quedó restringida con los criterios establecidos en la posterior Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional.
El informe contiene un epígrafe de recomendaciones dirigidas a mejorar la presupuestación de las rúbricas no vinculantes, a cuidar que la contratación para realizar tareas propias del personal al servicio de la Administración se restrinja a los casos en que se acredite efectivamente su necesidad y a evitar que estos contratos puedan dar lugar a las consecuencias que el informe señala. El ministerio fiscal y el Servicio Jurídico del Estado, al analizar el contenido del proyecto del informe, que es -como habrán visto ustedes- muy minucioso, apreciaron indicios de responsabilidad contable en los hechos descritos en el informe y, por tanto, han sido enviados a la sección de enjuiciamiento para que determine si existen o no responsabilidades contables que serán, como es natural, analizadas en el proceso que en nuestras leyes está perfectamente regulado.
Y termino, señora presidenta. Perdón, si el resumen resulta demasiado estricto pero, en función del tiempo que tenemos y del que hemos ocupado durante la mañana, me he permitido hacerlo así. El último informe de los siete de esta información conjunta se refiere a la ejecución presupuestaria de los capítulos 6, inversiones reales, y 7, transferencias de capital, de los ministerios de Fomento, Medio Ambiente, Agricultura, Pesca y Alimentación, en los ejercicios 2002 y 2003. La fiscalización tuvo como objetivos el análisis de la calidad de la presupuestación en los casos en que la importancia de las modificaciones y desviaciones presupuestarias así lo aconsejaron, examinando si los créditos iniciales y los objetivos e indicadores de los programas presupuestarios se basaban en criterios adecuados y realistas. Asimismo, se verificó si las modificaciones de crédito estaban justificadas y su tramitación se ajustó a la normativa aplicable, y se analizaron las causas de las desviaciones y variaciones, tanto en la ejecución del gasto como en la consecución de los objetivos.
Las principales conclusiones de este informe son las siguientes. El informe de fiscalización pone de manifiesto que las modificaciones de crédito fueron muy numerosas alcanzando en los ministerios de Fomento y de Medio Ambiente en torno al 90 por ciento de las partidas vinculantes del capítulo 6 y en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación al 75 por ciento de los capítulos 6 y 7, situación que permite deducir que la presupuestación inicial no fue adecuada, máxime cuando muchos de los incrementos registrados no se debieron a necesidades sobrevenidas sino a la necesidad de atender a gastos de ejercicios anteriores, mientras que en otras partidas el grado de ejecución fue muy reducido. Las modificaciones de crédito estaban, a juicio del tribunal, justificadas y se tramitaron de conformidad con la normativa vigente. No obstante, cabe señalar que en las mismas no se hacía constar su incidencia en la consecución de los objetivos previstos, tal
como exigían las leyes de presupuestos generales entonces vigentes.
Asimismo, se resalta en el informe que mediante la aprobación de transferencias de crédito se crearon partidas para atender subvenciones nominativas, obviando el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia y objetividad contemplados en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria vigente en el periodo fiscalizado.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución presupuestaria? El informe señala un elevado grado de ejecución de los gastos de capital en los ministerios analizados, aunque se pone de manifiesto la existencia de desviaciones significativas en la ejecución de proyectos de inversión de los programas presupuestarios sujetos a especial seguimiento al compararlos con lo previsto en los anexos de inversiones reales. Este hecho, unido a defectos en la propia configuración de los anexos, viene a demostrar la limitada representatividad del anexo como documento expositivo de los objetivos de inversión. Además, el informe señala que en los ministerios fiscalizados no se aplicaron a los presupuestos de los años a que se refiere la fiscalización obligaciones de capital originadas en cada uno de ellos y que, por el contrario, se aplicaron a los presupuestos de esos años obligaciones de ejercicios anteriores. En el informe se indica que parte de los créditos de los proyectos de inversión calificados como vinculantes por las leyes de presupuestos de 2002 y 2003 se destinaron a otros proyectos, sin que quedara acreditada la preceptiva autorización del Ministerio de Economía y Hacienda ni la comunicación a las comisiones de Presupuestos del Congreso y del Senado. Asimismo, se deja constancia en el informe de que en los presupuestos aprobados se incluían partidas para atender gastos de capital de ejercicios anteriores que, además, resultaron insuficientes, por lo que tuvieron que aprobarse expedientes de modificación de crédito. En cuanto a las recomendaciones, el tribunal recomienda adoptar las medidas que solucionen los defectos puestos de manifiesto por la fiscalización, especialmente en el proceso de elaboración de los presupuestos por los centros gestores en el que, además de ajustarse las dotaciones a las necesidades reales, sería conveniente una elaboración precisa de los anexos de inversiones reales.
Además, se considera necesario el establecimiento y el correspondiente seguimiento de indicadores, tanto físicos como monetarios, y el análisis de las desviaciones que permitan realizar el control de eficacia y eficiencia.
Eso es todo, señora presidenta, señorías. Muchas gracias por su atención.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señor presidente, por la amabilidad que ha tenido al presentarnos conjuntamente un número tan abundante de informes de fiscalización que, sin duda, va a revertir en el buen funcionamiento de esta Comisión y en la celeridad con la que son analizados y aprobadas las propuestas de resolución de un buen número de informes que teníamos pendientes en la misma. Le agradezco de nuevo el esfuerzo que significa para el tribunal y para usted personalmente su presentación a esta Comisión.
En nombre del Grupo Popular, el señor Gómez Darmendrail tiene la palabra.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Quiero simplemente decir que desde el Grupo Parlamentario Popular trasladamos la fijación de posición de estos puntos al día que se produzcan las correspondientes propuestas de resolución.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista el señor Mas tiene la palabra.
El señor MAS I ESTELA: Tal como acordamos en la reunión de Mesa y portavoces, fijaremos nuestra posición en la propuesta de resolución en la próxima sesión. Creemos que hemos adoptado un procedimiento para aligerar temas. Los últimos que el señor presidente del Tribunal de Cuentas nos detallaba ahora hacen referencia a los ejercicios 2002 y 2003, por lo que me parece que tomamos una buena decisión en resolver esto así.
La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Tuñón, se me ha pasado ofrecerle la palabra; le pido disculpas.
El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: No se preocupe, señora presidenta. Soy consciente de que estamos todos muy cansados.
Quería agradecer el esfuerzo que ha hecho el presidente del Tribunal de Cuentas al presentarnos tantos informes; además, informes que son de distinta procedencia, de distintos segmentos: de la Administración estatal y del sector público empresarial. Como creo que todos los portavoces ya lo han dicho, aunque yo tenía preparada una pequeña intervención, me abstengo de desarrollarla. También yo haré en las propuestas de resolución los comentarios pertinentes.
La señora PRESIDENTA: Señor presidente, ¿quiere usted añadir algo más?
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Solamente agradecer la atención que me han prestado y sobre todo el alivio que ha supuesto que no me hagan más preguntas porque en una de estas ya no tenía voz para contestarlas, aunque ánimo sí.
Espero que las resoluciones que ustedes adopten en la Comisión nos sirvan, como siempre ha ocurrido con las que nos mandan al Tribunal, para encauzar mejor nuestros trabajos.
La señora PRESIDENTA: Hacemos un pequeño receso para despedir al presidente del Tribunal de Cuentas y continuamos en seguida la sesión de la Comisión. (Pausa.)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE INISAS, EJERCICIO 2003. (Número de expediente del Congreso 251/000002 y número de expediente del Senado 771/000001.)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, EJERCICIOS 2002-2003. (Número de expediente del Congreso 251/000004 y número de expediente del Senado 771/000003.)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL PLAN DE SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS PARA EL EJERCICIO 2003. (Número de expediente del Congreso 251/000009 y número de expediente del Senado 771/000008.)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA ADJUDICADOS POR EL MINISTERIO DE FOMENTO BAJO LA MODALIDAD DE ABONO TOTAL DEL PRECIO DESDE SU INSTAURACIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2002. (Número de expediente del Congreso 251/000010 y número de expediente del Senado 771/000009.)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE 2004 POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL SOMETIDAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ESTABLECIDOS EN EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. (Número de expediente del Congreso 251/000014 y número de expediente del Senado 771/000013.)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE LA EMPRESA NACIONAL SANTA BÁRBARA DE INDUSTRIAS MILITARES, S.A. (ENSB). (Número de expediente del Congreso 251/000015 y número de expediente del Senado 771/000014.)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE EL EJERCICIO 2005 POR LAS ENTIDADES SOMETIDAS AL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. (Número de expediente del Congreso 251/000084 y número de expediente del Senado 771/000084.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, entramos en el debate y votación de las propuestas de resolución. Se ha hecho llegar a la Presidencia de la Comisión una serie de propuestas de acuerdo, que si les parece a los portavoces vamos a votar conjuntamente, sobre el punto 5.º del orden del día, relativo al informe de fiscalización de Inisas; el punto 6.º, informe de fiscalización del Instituto Social de las Fuerzas Armadas; el punto 7.º, que se refiere al informe de fiscalización del Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2003; el punto 8.º, informe de fiscalización sobre determinada modalidad de contrato del Ministerio de Fomento; el punto 9.º, sobre la contratación llevada a cabo por las entidades del sector público estatal; el punto 10.º, sobre el proceso de privatización de la Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, S.A., y el punto 13.º, relativo al informe de fiscalización de la contratación celebrada por las entidades sometidas al texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas durante el año 2005. Pasaríamos a la votación de conjunto de las propuestas de resolución sobre las que se ha hecho llegar a la Mesa un acuerdo entre los distintos grupos parlamentarios, el Grupo Socialista y el Grupo Popular. Estando ustedes conforme, ¿se vota por asentimiento? (Pausa.) De acuerdo. Quedan aprobadas por tanto.
- INFORME DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN SOBRE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO, SEGUROS Y SERVICIOS DE INVERSIÓN Y DE LA COORDINACIÓN ENTRE LOS ORGANISMOS SUPERVISORES Y CON LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. (Número de expediente del Congreso 251/000016 y número de expediente del Senado 771/000015.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a votar el punto número 11 del orden del día: Informe de la organización y de los procedimientos de supervisión sobre las entidades de créditos, seguros y servicios de inversión y de la coordinación entre los organismos supervisores con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Supongo que no va a haber intervenciones en este punto por parte de los portavoces, por lo que pasamos a votar las propuestas de resolución presentadas en primer lugar por el Grupo Popular.
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 12.º del orden del día: Informe de fiscalización...
El señor MAS I ESTELA: Señora presidenta, en el punto anterior hay propuestas del Grupo Socialista que se tendrían que votar. Solo hemos votado las del Grupo Popular.
La señora PRESIDENTA: Lo siento muchísimo. Gracias.
Pasamos a votar las propuestas de resolución del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 12.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES, EJERCICIOS 2004 Y 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000079 y número de expediente del Senado 771/000079.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 12º del orden del día: Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Castro Urdiales, correspondiente a los ejercicios 2004 y 2005. En este punto los portavoces han pedido intervención. Por parte del Grupo Popular interviene la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Mi grupo ha presentado dos propuestas de resolución en relación con este informe. En la primera de ellas se insta al Ayuntamiento de Castro Urdiales a realizar los trabajos necesarios para cumplir las recomendaciones que el propio Tribunal de Cuentas hace en su informe y en la segunda de las propuestas que hemos planteado se insta al Tribunal de Cuentas a que efectúe un seguimiento posterior que permita comprobar la corrección de las deficiencias observadas y en especial el cumplimiento puntual por parte del ayuntamiento en lo relativo a elaboración y aprobación de presupuestos, así como rendición de cuentas anuales. Creemos que estas dos propuestas responden al que debe ser el objetivo de esta Comisión, que es aprovechar el riguroso trabajo que efectúa el Tribunal de Cuentas, analizar la gestión económico-financiera de las administraciones públicas para, posteriormente, mejorar esa gestión en beneficio de los ciudadanos.
Mi grupo ya tuvo ocasión de debatir en esta Comisión sobre el contenido del informe del Ayuntamiento de Castro Urdiales el pasado 17 de junio de 2009, con motivo de la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas, en la que nos expuso las conclusiones del mismo. No obstante, no es ocioso repetir hoy una serie de cuestiones que expuse en su momento, pero que, a mi juicio, son fundamentales para entender su contenido. La fundamental de estas cuestiones es que estamos hablando de un ayuntamiento, el de Castro Urdiales, que ha experimentado un crecimiento de población brutal en poquísimos años, pasando de 15.000 habitantes en 1990 a más de 60.000 en 2007. Pero no solo eso, sino que se trata, además, de un ayuntamiento que limita con el País Vasco, situado a muy pocos kilómetros de la comunidad vecina, lo que hace que su población de hecho sea muy superior a su población de derecho, dado que muchos de los vecinos que allí residen prefieren seguir empadronados en el País Vasco por razones fiscales evidentes. Ello explica la falta de medios económicos y de personal adecuados a la actividad que precisa un ayuntamiento de esta envergadura.
Es también evidente -y no voy a negarlo- que a lo largo del periodo analizado se han producido situaciones que es preciso mejorar. Pero, señorías, todos somos conscientes en esta Comisión, porque lo vemos a menudo, de las deficiencias de funcionamiento que existen en muchos ayuntamientos de España, en parte achacables al mal endémico de la insuficiente financiación que padecen y por ello no podemos tratar de demonizar, a mi juicio, a uno en concreto y, sobre todo, con un interés claramente partidista, porque entendemos desde el Grupo Popular que ese no debe ser el objeto de esta Comisión.
Nuestro objetivo -me gustaría recalcarlo, una vez más- es analizar los informes elaborados con todo rigor por el Tribunal de Cuentas y analizar las deficiencias para mejorar el funcionamiento en el futuro; mirar hacia el futuro, ese tiene que ser nuestro objetivo. Por ello entiendo que estamos aquí para aportar soluciones de futuro y no para buscar culpables por intereses meramente partidistas y políticos. Para encontrar esas soluciones de futuro debemos alcanzar entre todos, o al menos intentarlo, el mayor consenso posible y en este caso que hoy nos ocupa, desde mi punto de vista, la portavoz del Grupo Socialista no lo ha buscado o no lo ha querido, a la vista de las propuestas de resolución que se han presentado por parte del Grupo Socialista.
Tengo que decirle, señora Gómez -y se lo digo desde el respeto que me merece como compañera del Congreso, aunque militemos en distintos partidos-, que me parece que no es de recibo que usted nos presente a votación una propuesta de resolución -y me refiero a la número 5- en la que se habla de fomentar en el Ayuntamiento de Castro Urdiales un clima político y laboral más positivo, porque no es objeto de esta Comisión ni objeto del trabajo que elabora el Tribunal de Cuentas. Tengo que decirle también que este tipo de cuestiones no se debaten en esta Comisión, en sede parlamentaria, sino en otros foros. Créame que siento tener que decirle que con esta propuesta de resolución que hoy presenta a votación se evidencia su falta de experiencia en lo que constituye el trabajo y el objeto de esta Comisión. También tengo que mostrar mi sorpresa porque la propia presidenta, la propia Mesa de esta Comisión admita a trámite propuestas de resolución de este tipo que implican juicios de valor que deben quedar al margen de nuestro cometido. El Grupo Socialista pretende que nosotros desde el Grupo Popular votemos una declaración de intenciones por intereses puramente políticos que dice fomentar un clima político y laboral más positivo. Nosotros nos preguntamos: ¿quiénes van a fomentar ese clima político en Castro Urdiales, ustedes, los socialistas, que están en la oposición municipal con unos problemas de división interna que han trascendido
a los medios de comunicación a nivel local y que han llevado a la dimisión de la portavoz municipal socialista en el ayuntamiento? ¿Ese clima político creen ustedes que es el que interesa a los castreños? Desde luego, nosotros entendemos que no.
Desde la primera intervención, el pasado 17 de junio, de la portavoz socialista quedaron claras las intenciones del Partido Socialista de Cantabria en relación con este informe. Su único objetivo, a nuestro juicio, fue venir aquí a desprestigiar al actual equipo de Gobierno, lanzando acusaciones fuera de lugar sobre transfuguismo y otros temas que no deben ser objeto de esta Comisión.
Con respecto a las causas penales, que también fueron citadas en esta Comisión, que están abiertas y que usted mencionó, sinceramente se vuelve a confundir sobre el objeto de esta Comisión, porque permítame que le diga que deben ser los tribunales de justicia los que juzguen y sentencien, si es que existen delitos punibles, pero en ningún caso debe ser objeto de esta Comisión enjuiciar y condenar a los presuntos responsables porque las responsabilidades penales, si es que las hubiere, las determinan los jueces, pero en ningún caso usted ni yo ni esta Comisión. El propio presidente del Tribunal de Cuentas sí puso de manifiesto que se habían detectado posibles supuestos de responsabilidad contable, que fueron remitidos a la sala de enjuiciamiento, y que en estos momentos -y creo que a día de hoy también- se está pendiente de nombrar delegado instructor o bien archivar la causa por inexistencia de responsabilidad.
Una vez que el órgano competente determine si existe responsabilidad contable, deberá también determinar quiénes son los imputados y quiénes son los responsables, porque vuelvo a reiterar hoy -aunque ya lo dije en la pasada Comisión- que, si bien el informe del Tribunal de Cuentas se refiere a los ejercicios 2004 y 2005, ha sido necesario retrotraer las actuaciones fiscalizadoras a ejercicios anteriores en los que se pusieron de manifiesto numerosas irregularidades, desde luego no imputables ni achacables en su totalidad al Gobierno municipal actual, sino a un gobierno socialista que gobernó en Castro desde el año 1991 hasta 2003, dejando al ayuntamiento en situación de insolvencia, como el propio informe refleja. Por tanto, y voy concluyendo, a mi grupo le parece totalmente fuera de lugar el planteamiento de sus propuestas de resolución, que no nos parecen propias ni adecuadas al que debe ser nuestro objetivo, y que incluso devalúan el espléndido trabajo efectuado por el propio Tribunal de Cuentas, que queda plasmado en sus recomendaciones, que nosotros hemos hecho nuestras.
Señorías, mi grupo desde luego no se va a mover un milímetro del que debe ser nuestro objetivo común en esta Comisión: mejorar el funcionamiento y la gestión municipal del Ayuntamiento de Castro Urdiales en beneficio de todos los castreños. Eso es lo que interesa al Partido Popular y por ello, respetando el trabajo realizado por el Tribunal de Cuentas, votaremos nuestras propuestas de resolución, que se ciñen a esas recomendaciones, y por supuesto votaremos en contra de las presentadas por el Grupo Socialista, que entendemos que no persiguen ese objetivo.
La señora PRESIDENTA: Antes de dar la palabra a la señora Gómez, permítame decirle que esta Presidencia y esta Mesa respetan absolutamente las propuestas de resolución que todos los grupos presentan, las que presentan ustedes, las que presenta el Grupo Socialista, el Grupo Mixto o cualquier otro grupo, y sobre todo porque cada grupo tiene la libertad de presentar las propuestas de resolución que corresponden, que les parecen adecuadas y más en este caso a las que usted se refería, que evidente y claramente dicen que se proponen medidas para que el ayuntamiento pueda cumplir con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y con las propuestas de resolución de esta Comisión.
Comprendo que a usted no le gusten las propuestas que el Grupo Socialista hace, pero permita que cada grupo pueda presentar, defender y someter a votación las propuestas de resolución que considere pertinentes.
Sin más por mi parte, doy la palabra a la señora Gómez.
La señora GÓMEZ SANTAMARÍA: Voy a comenzar explicando sobre qué base el Grupo Parlamentario Socialista ha hecho estas propuestas.
Las propuestas están hechas sobre la base del propio informe del Tribunal de Cuentas estrictamente, y además sobre la base de las recomendaciones que el propio Tribunal de Cuentas hace. (La señora Madrazo Díaz hace gestos negativos.) Sí, sí. En concreto alguna de las propuestas, la número 5, es literalmente copiada de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. Comprendo que a ustedes, que han hecho unas propuestas absolutamente descafeinadas, estas les sorprendan un poquito, pero son muchísimo más concretas y además se ajustan absolutamente al análisis que el Tribunal de Cuentas hace.
Hemos intentado llegar a un acuerdo con ustedes, y todo el problema para llegar a ese acuerdo, para sacar estas propuestas por consenso, ha sido que teníamos que retirar nuestra propuesta referida al clima político y laboral -que a usted no le ha gustado absolutamente nada-, y algunas palabras como irregularidades y deficiencias, que no me las he inventado yo, las dice también el Tribunal de Cuentas. Puede ir usted a la página 13 donde el Tribunal de Cuentas menciona por primera vez la palabra irregularidad; y puede ir usted también a la página 15 donde en los procedimientos de gestión habla de las deficiencias e irregularidades. No me lo invento yo. Pero tratar de justificar estas deficiencias e irregularidades con el aumento de población del Ayuntamiento de Castro y con su proximidad al País Vasco me parece un ejercicio absolutamente reprochable, señora Madrazo, perdóneme que se lo diga así.
Todos ustedes tienen las propuestas de resolución presentadas por este grupo, y no veo en ninguna de ellas
que se pretenda demonizar a nadie; absolutamente a nadie. En todo caso quien demoniza -y en este caso al Tribunal de Cuentas- son ustedes. En estas propuestas no hay nada que demonice a nadie, ni al Ayuntamiento de Castro Urdiales ni por supuesto al Tribunal de Cuentas. ¿Buscar culpables? Ustedes. En la anterior intervención en Comisión cuando veíamos el informe, y ahora buscan ustedes culpables. Y parece ser que los culpables son la oposición y un alcalde de hace diez años. Perfecto.
Esa es su opinión; yo no la comparto. ¿Que el objetivo de esta Comisión es hacer propuestas? Ciertamente, pero ni usted ni yo estamos aquí en esta Comisión como contables. Estamos en una cámara política, y por lo tanto también podemos hacer propuestas que contengan un cariz político.
Si usted no lo entiende así lo siento mucho, pero mi opinión es la que le estoy dando. ¿Declaraciones de intenciones? Mire usted, pedirle al ayuntamiento que para que pueda aplicar las propuestas que le hacemos, fomente un clima político adecuado, y además también el laboral, me parece que no es nada descabellado si tenemos en cuenta que el clima político está muy enrarecido, y usted lo conoce muy bien. Yo no iba a entrar en este tema, se lo digo francamente. Usted sabe que he estado a punto de retirar este punto en concreto para no entrar en este tema. Ha sido usted quien ha entrado y quien lo ha sacado, no yo. Fíjese si está enrarecido el clima político que están ustedes apoyando a un alcalde tránsfuga. Esto es así. Le están ustedes apoyando. Además, el primer teniente de alcalde que está apoyando a un alcalde tránsfuga es el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Castro Urdiales, y tiene todos los honores de ustedes, del Partido Popular. (La señora Madrazo Díaz: ¿Y en Benidorm qué pasa?) Ciertamente hay un clima político raro. Sí, sí, rarito. Es que es un poco raro, sí. No es un ex militante del Partido Popular. Es un militante con todos los honores del Partido Popular. Y en cuanto al clima laboral, señoría, hay referencias en el informe del Tribunal de Cuentas al clima laboral: una litigiosidad extrema en el tema laboral, y usted lo sabe muy bien, los bomberos, la banda de música o los propios funcionarios municipales. Usted conoce muy bien el clima laboral del Ayuntamiento de Castro, porque si leemos la prensa regional estamos absolutamente informados de cuál es el clima laboral.
Usted hace también referencia a causas penales. Yo no he hecho referencia a ello, porque es ahora cuando hablo. En las propuestas de resolución no hay nada que haga referencia a causas penales. Ciertamente yo también voy a hacer referencia a las causas penales. Ustedes ahora, además de apoyar a un alcalde tránsfuga, están apoyando a un alcalde imputado por la justicia, señora Madrazo, no se le olvide. (La señora Madrazo Díaz: ¿Y en Benidorm?) Tránsfuga e imputado desde la semana pasada por la justicia.
Lo saca usted a relucir, no yo, que no pretendía para nada hacerlo. (La señora Madrazo Díaz: ¿Y en Benidorm?) Por lo tanto, señora Madrazo, creo que hemos hecho un esfuerzo desde este grupo parlamentario para llegar a un acuerdo en estas propuestas de resolución. Comprendo que les resulte difícil escuchar algunas cosas, pero ustedes tienen la posibilidad en el Ayuntamiento de Castro de mejorar todo lo que está mal. Tienen ustedes la posibilidad. Háganlo. Colaboren para hacerlo. No están ustedes dispuestos a hacerlo. Llevan mucho tiempo en esta situación. Y desde la comprensión a que usted no acepte mis propuestas de resolución, evidentemente las votaremos -las suyas y las nuestras-, y espero que no tengamos que vernos nunca más en esta Comisión con otro informe de este Ayuntamiento de Castro Urdiales, y que si lo hacemos sea en circunstancias diferentes a las de hoy.
La señora PRESIDENTA: Pasamos a votar las propuestas de resolución referidas al informe de fiscalización del Ayuntamiento de Castro Urdiales correspondiente a los ejercicios 2004 y 2005.
En primer lugar vamos a votar las propuestas de resolución del Grupo Popular.
Pasamos a continuación a votar las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 30
 artículo 6
 Real Decreto 
 resolución 
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