Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-742-de-octubre-6-de-1999?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920419c17f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-23 18:30:33+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA C-742 DE OCTUBRE 6 DE 1999
SENTENCIA C-742 DE 06 DE OCTUBRE DE 1999
CONTENIDO:DISTINCIÓN ENTRE LA ATRIBUCIÓN OFICIOSA DE REVOCAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y LOS REQUISITOS QUE LA LEY PUEDE ESTABLECER PARA QUE LOS ADMINISTRADOS LA SOLICITE. DERECHO DE DEFENSA DE QUIENES TIENEN INTERÉS EN IMPUGNAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. DECLARA EXEQUIBLE EL ARTÍCULO 70 DEL DECRETO 01 DE 1984, CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
TEMAS ESPECÍFICOS:DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, REVOCACIÓN DIRECTA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, FALLO DE EXEQUIBILIDAD, CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Sentencia C-742 de octubre 6 de 1999
Ref.: Expediente D-2356
A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial 36439 del 10 de enero de 1984, subrayando lo demandado:
ART. 70.—Improcedencia. No podrá pedirse la revocación directa de los actos administrativos respecto de los cuales el peticionario haya ejercitado los recursos de la vía gubernativa”.
Exequibilidiad de la disposición demandada. Distinción entre la atribución oficiosa de revocar los actos administrativos y los requisitos que la ley puede establecer para que los administrados la soliciten. No vulneración del derecho de defensa de quienes tienen interés en impugnar los actos administrativos.
La Corte ha destacado en numerosas providencias que el legislador goza de libertad de configuración en lo referente al establecimiento de los recursos y medios de defensa que pueden intentar los administrados contra los actos que profieren las autoridades. Es la ley, no la Constitución, la que señala si determinado recurso —reposición, apelación, u otro— tiene o no cabida respecto de cierta decisión, y es la ley, por tanto, la encargada de diseñar en todos sus pormenores las reglas dentro de las cuales tal recurso puede ser interpuesto, ante quién, en qué oportunidad, cuándo no es procedente y cuáles son los requisitos —positivos y negativos— que deben darse para su ejercicio.
Ahora bien, la normatividad vigente (D.L. 01/84) ha contemplado los recursos por la vía gubernativa, a los cuales se ha referido ya esta corporación en varias oportunidades.
Como puede verse, la persona afectada sí puede en principio pedir a la administración que revoque su acto, o la autoridad puede obrar de oficio. Cosa distinta es que el interesado, a pesar de haber hecho uso de los recursos existentes, pretenda acudir a la vía de la revocación directa, a manera de recurso adicional, lo cual puede prohibir el legislador, como lo hace la norma acusada, por razones de celeridad y eficacia de la actividad administrativa (C.P., art. 209) y además para que, si ya fue agotada la vía gubernativa, el administrado acuda a la jurisdicción.
La revocación directa no corresponde, por tanto, a la categoría de recurso y, como tiene un carácter extraordinario —en especial cuando están de por medio situaciones jurídicas individuales y concretas fundadas en el acto administrativo—, deben reunirse al menos los requisitos mínimos que el legislador considere necesarios para proteger los derechos de quienes han sido favorecidos a partir de su vigencia y también con miras a la realización de la seguridad jurídica.
Cuando la disposición acusada estatuye que no podrá pedirse la revocación directa de actos administrativos respecto de los cuales el peticionario haya ejercido los recursos de la vía gubernativa, está fijando un requisito de naturaleza negativa para que la solicitud del interesado pueda prosperar. Y ello nada tiene de inconstitucional, pues el legislador obra dentro de sus atribuciones, ni afecta, como lo entiende el actor, derechos fundamentales, pues no impide el derecho de defensa del administrado, y no limita ni restringe su acceso a la justicia.
La revocación directa es la prerrogativa que tiene la administración para enmendar, en forma directa o a petición de parte, sus actuaciones contrarias a la ley o a la Constitución, que atenten contra el interés público o social o que generen agravio injustificado a alguna persona. Y es una prerrogativa en tanto que la administración puede extinguir sus propios actos por las causales previstas en la ley y está facultada paro hacerlo en cualquier momento, incluso cuando el acto administrativo ya ha sido demandado ante lo contencioso administrativo; pero, también es una obligación que forzosamente debe asumir en los eventos en que, motu proprio, constatare la ocurrencia de una de las causales señaladas. Si así fuere, la administración tiene el deber de revocar el acto lesivo de la constitucionalidad o legalidad o atentatorio del interés público o social o que causa agravio injustificado a una persona.
“Así las cosas, hay que decir que los actos administrativos, cuando hayan creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrán ser revocados sin el consentimiento expreso y escrito del titular salvo, cuando resulten del silencio administrativo positivo, se den las causales previstas en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, o fuere evidente que el acto se produjo por medios ilegales. En el caso a estudio, es manifiesta la oposición a la Constitución y a la ley de la Resolución 8 de 1968, pues fue expedida por una dependencia que carecía de competencia para autorizar que se construyen un condominio privado sobre el espacio público; es claro también que no está de acuerdo con el interés público, pues es deber del Estado, no sólo: “velar por la integridad del espacio público...”, sino también, y en virtud del mismo artículo 82 de la Constitución, “...y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular”. Además, le causa agravio injustificado a los ciudadanos, que se vienen viendo privados del uso de una franja del espacio público, irregularmente ocupada. Y, aunque no obra en el proceso la prueba plena que permita afirmar que es evidente que el acto se produjo por medios ilegales, sí hay al menos motivos para sospecharlo”. (Cfr. C. Const., Sala Cuarta de Revisión. Sent. T-230 de jun. 17/93, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz).
“En cuanto a la revocación que la administración haga de sus propios actos, la Corte reitera que no puede tener cabida cuando mediante ellos se han creado situaciones jurídicas de carácter particular y concreto o se han reconocido derechos de la misma categoría, salvo que medie el consentimiento expreso y escrito del mismo titular.
La decisión unilateral del ente público toma de sorpresa al afectado, introduce un pernicioso factor de inseguridad y desconfianza en la actividad administrativa, quebranta el principio de la buena fe (C.P., art. 83) y delata indebido aprovechamiento del poder que ejerce, sobre la base de la debilidad del administrado”.(Cfr. C. Const., Sala Quinta de Revisión. Sent. T-246 jun. 3/96, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
Por último, la Corte Constitucional considera que la norma acusada en nada obsta para la efectividad y uso del mecanismo de control previsto en el artículo 4º de la Constitución Política, que tiene lugar, como allí se indica, en todo caso de incompatibilidad entre la ley u otra norma jurídica, por lo cual, ante la hipótesis que la Carta contempla, el precepto legal del que se trata no podría en modo alguno implicar excepción al perentorio mandato superior.
Declárase EXEQUIBLE el artículo 70 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo.

References: ARTÍCULO 70
 artículo 69
 Resolución 
 artículo 82
 artículo 4
 artículo 70