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Corte interamericana de derechos humanos inter-american court of human rights
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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS * CASO FLOR FREIRE VS . ECUADOR SENTENCIA DE 31 DE AGOSTO DE 2016 (
Hechos Los acontecimientos del 19 de noviembre de 2000
Proceso disciplinario de información sumaria
Proceso de Amparo Constitutional
Derecho a la igualdad ante la ley y prohibición de discriminación, en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno
CASO FLOR FREIRE VS. ECUADOR
SENTENCIA DE 31 DE AGOSTO DE 2016
El 31 de agosto de 2016 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “este Tribunal”) dictó una Sentencia mediante la cual declaró responsable internacionalmente al Estado del Ecuador por la violación: i) del derecho a la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación reconocidos en el artículo 24 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado; ii) del derecho a la honra y a la dignidad, reconocido en el artículo 11.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, y iii) de la garantía de imparcialidad reconocida en el artículo 8.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado. Dichas violaciones se dieron en el marco de un proceso disciplinario militar en contra del señor Homero Flor Freire, que resultó en su separación de la Fuerza Terrestre ecuatoriana por supuestamente haber cometido actos sexuales homosexuales dentro de las instalaciones militares. La Corte concluyó que la separación del señor Flor Freire de las Fuerzas Armadas, por estos motivos, constituyó un acto discriminatorio en la medida en que se basó en la aplicación al señor Flor Freire de normas internas que sancionaban de forma más gravosa los “actos de homosexualismo”, en comparación con los actos sexuales no homosexuales.
El Estado interpuso una excepción preliminar por la presunta falta de agotamiento de un recurso interno. De acuerdo al Ecuador, el recurso idóneo frente a la baja del señor Flor Freire era un recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción, que no fue interpuesto en el presente caso. Sin embargo, este Tribunal constató que el Estado no presentó elementos que permitieran descartar los cuestionamientos del representante sobre la disponibilidad del recurso contencioso administrativo. Por tanto, concluyó que Ecuador no cumplió con su carga probatoria con respecto a la disponibilidad, idoneidad y efectividad del recurso y, en consecuencia, desestimó la excepción preliminar.
Los acontecimientos del 19 de noviembre de 2000
El señor Flor Freire ingresó a la Fuerza Terrestre en el año 1992. Al momento de su separación tenía el grado de Teniente y prestaba servicios en la Cuarta Zona Militar.
El 19 de noviembre de 2000, en las instalaciones del Fuerte Militar Amazonas, ocurrieron los hechos que dieron origen al procedimiento disciplinario militar que resultó en la baja del señor Flor Freire. Al respecto, se han presentado dos versiones distintas: (i) por un lado, de acuerdo a distintos testimonios, el señor Flor Freire habría sido visto teniendo relaciones sexuales en su habitación con un soldado; (ii) por otro lado, de acuerdo al señor Flor Freire, en la madrugada del 19 de noviembre de 2000 se encontraba cumpliendo con las funciones de Oficial de la Policía Militar, cuando presenció a un soldado en estado de embriaguez, en una fiesta en las afueras del Coliseo Mayor, por lo cual decidió trasladarlo al recinto militar. Sin embargo, cuando el soldado intentó regresar a la fiesta optó por llevarlo a su habitación para que durmiera en una cama adicional. Poco después, un Mayor habría entrado a la habitación, ordenando al señor Flor Freire entregar su arma e informándole que testigos lo habían visto en situación de “homosexualismo”.
Al día siguiente de estos hechos, el Comandante de la Cuarta Zona Militar solicitó al señor Flor Freire entregar funciones y responsabilidades en la Fuerza Terrestre ecuatoriana. Posteriormente, el 13 de diciembre de 2000 dicho Comandante solicitó al señor Flor Freire entregar las responsabilidades a su cargo y la habitación que ocupaba.
Sin embargo, de forma paralela y previa, el 22 de noviembre de 2000 el Comandante de la Cuarta Zona Militar lo puso a disposición del Juzgado Primero de lo Penal, para el inicio de un procedimiento disciplinario de información sumaria en su contra, como consecuencia de los hechos del 19 de noviembre de 2000. La información sumaria era un procedimiento de investigación administrativo cuyo propósito era la determinación de responsabilidades disciplinarias del personal de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.
En enero de 2001, después de ordenar varias diligencias, el Juzgado Primero de lo Penal, encargado de la etapa investigativa en dicho procedimiento, propuso que se declarara la responsabilidad disciplinaria del señor Flor Freire y que se le pusiera a disponibilidad, previo a la baja, con base en lo establecido en el artículo 117 del Reglamento de Disciplina Militar. El referido artículo 117 establecía que:
Los miembros de las Fuerzas Armadas que sean sorprendidos en actos de homosexualidad o en hechos relacionados con tenencia, uso indebido, tráfico y comercialización de drogas o estupefacientes dentro o fuera del servicio, se sujetarán a lo previsto en artículo 87, Lit. (i) de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas [que establece que el militar será dado de baja ‘[p]or convenir al buen servicio, sea por mala conducta o por incompetencia profesional del militar’], sin perjuicio de que sean puestos a órdenes de los Jueces comunes para su Juzgamiento conforme a la Ley de la materia. […]
Posteriormente, el asunto pasó al conocimiento del Comandante de la Cuarta Zona Militar, a quien correspondía actuar como Juzgado de Derecho en la etapa resolutiva de dicho procedimiento. El 17 de enero de 2001 el Juzgado de Derecho resolvió acoger el proyecto de resolución del Juzgado Primero de lo Penal. Esta decisión dio por establecido que el 19 de noviembre de 2000 el señor Flor Freire y otro soldado ingresaron al dormitorio del primero de ellos, donde fueron vistos teniendo relaciones sexuales. En consecuencia, el Juzgado determinó que el señor Flor Freire había incurrido en la infracción prevista en el artículo 117 del Reglamento de Disciplina Militar, por lo cual correspondía la calificación de su “mala conducta” por el Consejo de Oficiales Subalternos y que el señor Flor Freire fuera puesto en disponibilidad previo a su baja por dicha “mala conducta”.
En la época de los hechos, la Constitución Política del Ecuador en vigor reconocía el derecho a la igualdad ante la ley sin discriminación, incluyendo por la orientación sexual de una persona. No obstante, la resolución del Juzgado de Derecho sostuvo que el artículo 117 del Reglamento de Disciplina Militar era compatible con el derecho de tomar decisiones libres y responsables sobre la vida sexual, contenido en el artículo 23 de la Constitución, “por el carácter especial de la legislación militar, [y] su filosofía y misión constitucional, […] todo lo cual no es compatible con la conducta y comportamiento adoptado por los investigados”.
El señor Flor Freire apeló dicha decisión. Sin embargo, el 3 de mayo de 2001 el Consejo de Oficiales Subalternos resolvió aceptar la solicitud del Juzgado de Derecho, considerando que carecía de fundamentos jurídicos que permitieran un pronunciamiento en contrario. En virtud de ello, dispuso la colocación en disponibilidad previa a la baja del Teniente Flor Freire. Luego de que el Consejo de Oficiales Subalternos negara una solicitud de reconsideración, el 18 de junio de 2001 el Consejo de Oficiales Superiores desechó una nueva apelación “por falta de argumentos jurídicos que permit[ieran] un pronunciamiento en contrario”, confirmando así en todos sus términos la resolución del Consejo de Oficiales Subalternos.
Paralelamente, el 23 de enero de 2001 el señor Flor Freire presentó un recurso de amparo constitucional, solicitando la suspensión del proceso de información sumaria y de los efectos de la resolución del Juzgado de Derecho de 17 de enero de 2001.
En su demanda, alegó, inter alia, que el delito de homosexualismo había sido declarado inconstitucional mediante resolución del Tribunal Constitucional de 27 de noviembre de 1997, por lo que no se le podía sancionar por una conducta que, conforme al ordenamiento jurídico vigente, no estaba penalizada. Asimismo, planteó que, durante el proceso de información sumaria, se habían cometido varias irregularidades que afectaron su derecho a la defensa y al debido proceso.
El 18 de julio de 2001 el Juzgado Sexto de lo Civil de Pichincha resolvió negar el recurso de amparo. De acuerdo a dicho juzgado, la acción de amparo resultaba improcedente porque: (i) la solicitud para que se suspendiera la información sumaria no estaba dirigida contra un acto administrativo en sí mismo sino contra un proceso de carácter investigativo, y (ii) porque la resolución de 17 de enero de 2001 del Juzgado de Derecho era “una decisión judicial emanada de la autoridad jurisdiccional penal militar” que podía ser impugnada ante otras instancias.
El señor Flor Freire apeló dicha decisión, pero el 4 de febrero de 2002 la Segunda Sala del Tribunal Constitucional declaró improcedente el recurso. Dicho Tribunal consideró, inter alia, que la decisión del Juzgado de Derecho dentro del proceso de información sumaria se sustentó en el principio de legalidad establecido en el artículo 119 de la Constitución ecuatoriana, en concordancia con su artículo 187, que establece el fuero especial para los miembros de la Fuerza Pública. De esta forma, concluyó que el Juzgado de Derecho no incurrió en un acto ilegítimo al dictar la decisión del 17 de enero de 2001 y que al ser este el “acto administrativo” que se impugnaba, no se había logrado demostrar una violación constitucional en perjuicio del señor Flor Freire.
El señor Flor Freire permaneció en servicio activo dentro de la Fuerza Terrestre ecuatoriana hasta el 18 de enero de 2002, fecha en la cual se hizo efectiva la baja, luego de seis meses en situación de disponibilidad. A partir de esta fecha, el señor Flor Freire ha estado en servicio pasivo de acuerdo a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas.
De manera preliminar, la Corte recordó que la orientación sexual de una persona se encuentra ligada al concepto de libertad y la posibilidad de toda persona de autodeterminarse y escoger libremente las circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias opciones y convicciones, por lo que la orientación sexual de una persona dependerá de cómo esta se autoidentifique. En el presente caso, el señor Flor Freire ha negado reiteradamente la ocurrencia del acto sexual con otro hombre y ha afirmado de manera consistente que no se identifica como homosexual. Por tanto, para la Corte, la manera como el señor Flor Freire se identifica es lo único relevante al momento de definir su orientación sexual.
No obstante, a efectos de la decisión en el presente caso, el Tribunal advirtió que era necesario dilucidar si hubo discriminación contra la presunta víctima en el proceso de separación de las fuerzas armadas en virtud de una orientación sexual diversa, fuera esta real o percibida.
Al respecto, la Corte recordó que la orientación sexual de las personas es una categoría protegida por la Convención. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual, sea esta real o percibida, pues ello sería contrario a lo establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana. Asimismo, el Tribunal reiteró que ello no se limita a la condición de homosexual en sí misma, sino que incluye su expresión y las consecuencias necesarias en el proyecto de vida de las personas. En este sentido, los actos sexuales son una manera de expresar la orientación sexual de la persona, por lo que se encuentran protegidos dentro del mismo derecho a la no discriminación por orientación sexual.
La Corte constató que el Reglamento de Disciplina Militar vigente a la fecha de los hechos regulaba de dos maneras distintas la comisión de actos sexuales en el marco de las fuerzas armadas. Por un lado, el artículo 67 del Reglamento de Disciplina Militar regulaba los “actos sexuales ilegítimos”, entre los cuales estaban los actos sexuales no homosexuales, y el artículo 117 del mismo Reglamento regulaba los “actos de homosexualismo”, entre los cuales se incluían los actos sexuales homosexuales. Se demostró en el caso que existía una diferencia de trato entre ambos supuestos, en dos sentidos principalmente: (i) respecto de la gravedad de la sanción, pues la sanción para los “actos sexuales ilegítimos” oscilaba entre 10 días de arresto y 30 días de suspensión, mientras que la sanción para los “actos de homosexualidad” era la baja del oficial, y (ii) respecto del alcance de la conducta sancionada, pues los actos sexuales ilegítimos eran sancionados si eran cometidos “en el interior de repartos militares”, mientras que los “actos de homosexualismo” eran sancionados incluso si eran realizados fuera del servicio.
Tomando en cuenta lo anterior, la Corte observó que las diferencias en la regulación disciplinaria evidenciaban una distinción relacionada con la orientación sexual, categoría protegida por el artículo 1.1 de la Convención. Sin embargo, Ecuador no brindó una explicación sobre la necesidad social imperiosa o la finalidad de esta diferencia de trato, ni una razón para justificar esa diferenciación como un método menos lesivo para alcanzar esa finalidad.
La Corte constató que en virtud del presunto carácter homosexual de los actos por los cuales fue disciplinado el señor Flor Freire, este fue víctima de una diferencia de trato por la regulación diferenciada aplicable a los “actos sexuales ilegítimos” y los “actos de homosexualismo”. Subrayó que la comisión de actos sexuales no homosexuales, al interior de las instalaciones militares, no hubiera acarreado la baja del señor Flor Freire, sino hubiera resultado en un arresto de 15 días o una suspensión de 30 días. Sin embargo, en virtud de la orientación sexual que le fue imputada, el señor Flor Freire fue separado de las fuerzas armadas ecuatorianas, sin que el Estado haya cumplido con su carga argumentativa y probatoria, presentando una justificación objetiva y razonable que sustente dicha diferencia de trato.
En consecuencia, el Tribunal concluyó que la aplicación al señor Flor Freire del artículo 117 del Reglamento de Disciplina Militar, que sancionaba de forma más gravosa los “actos de homosexualismo”, constituyó un acto discriminatorio, por lo que el Estado era responsable por la violación del derecho a la igualdad ante la ley y de la prohibición de discriminación reconocidos en el artículo 24 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención, en perjuicio del señor Flor Freire en virtud de la discriminación sufrida por la orientación sexual percibida.
Principio de legalidad y protección de la honra y de la dignidad, en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos
En el presente caso, el representante alegó una violación del principio de legalidad con base en dos argumentos: (i) que la norma aplicada al señor Flor Freire no era de carácter legal por lo cual se incumplía con el principio de reserva legal, establecido internamente para infracciones administrativas, y (ii) que el señor Flor Freire no debía ser sancionado administrativamente por una conducta que había sido despenalizada en el Ecuador.
El Tribunal determinó que, contrario a lo alegado por el representante, el señor Flor Freire no fue sancionado con base exclusivamente en una norma reglamentaria. Además, la Corte no encontró que el simple hecho de que la conducta sancionada fuera precisada en el Reglamento de Disciplina Militar infringiera el principio de legalidad, pues consideró que, en materia disciplinaria sancionatoria, ciertos conceptos abiertos o indeterminados pueden ser precisados, en cuanto a su interpretación o contenido, por vía reglamentaria o jurisprudencial para evitar la excesiva discrecionalidad en el uso de dichos supuestos. Por otra parte, el Tribunal consideró que el representante no demostró que la Constitución ecuatoriana de 1998 exigiera que la infracción contenida en el artículo 117 del Reglamento de Disciplina Militar estuviera tipificada en una norma de carácter legal en sentido formal.
Refiriéndose al segundo alegato del representante, el Tribunal señaló que no existía una obligación convencional por la cual no se pueda sancionar, por vía disciplinaria, conductas que no sean delitos penales. La Corte resaltó que el control disciplinario y el control penal no siempre coinciden ni tienen que coincidir. Por tanto, consideró que la despenalización del “delito de homosexualismo” en el Ecuador no implicaba que el señor Flor Freire no pudiera ser sancionado disciplinariamente por presuntamente cometer actos sexuales homosexuales dentro de las instalaciones militares. Consecuentemente, la Corte concluyó que el Estado no violó el principio de legalidad, consagrado en el artículo 9 de la Convención Americana.
Con referencia a la protección de la honra y de la dignidad, la Corte determinó que, como consecuencia del proceso disciplinario desarrollado en su contra, el señor Flor Freire vio afectado su derecho a la honra, pues resultó lesionada su estima y valía propia en virtud del contexto social en el cual se desenvolvía y las circunstancias específicas que dieron lugar a su baja de la Fuerza Terrestre. Igualmente, este Tribunal consideró que resultó afectada su reputación debido a que le fue impuesta una sanción disciplinaria que tenía como fundamento una normativa discriminatoria en razón de la orientación sexual, lo que acarreó una distorsión en el concepto público que sobre él se tenía. Por consiguiente, la Corte concluyó que el Estado era responsable de una violación del artículo 11.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio del señor Flor Freire.
Garantías judiciales y protección judicial, en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno
La Comisión y el representante alegaron la ausencia de imparcialidad y falta de motivación en las resoluciones del procedimiento disciplinario de información sumaria, así como la ausencia de un recurso efectivo.
La Corte recordó que los órganos de disciplina militar que intervinieron en el proceso contra el señor Flor Freire debían adoptar decisiones basadas en el respeto pleno a las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 8.1 de la Convención Americana. Sin embargo, advirtió que, si bien se debe cumplir con aquellas garantías destinadas a asegurar que la decisión no sea arbitraria, en un procedimiento disciplinario administrativo no son exigibles aquellas garantías propias de un órgano jurisdiccional.
Respecto a la garantía de imparcialidad, la Corte constató que el Comandante de la Cuarta Zona Militar era el superior jerárquico del señor Flor Freire. Por ocupar esta posición, el primero tenía facultad de mando, respecto a su cargo y funciones, dentro de la estructura jerárquica de la Fuerza Terrestre ecuatoriana. En ejercicio de esta facultad, se demostró en el presente caso que el Comandante de la Cuarta Zona Militar, antes de iniciarse el procedimiento disciplinario, ordenó al señor Flor Freire “entregar funciones y responsabilidades” y, una vez iniciada la investigación disciplinaria, pero antes que concluyera, le requirió entregar las responsabilidades a su cargo y la habitación que ocupaba.
Sin embargo, conforme a las normas que regulaban el procedimiento disciplinario de información sumaria, también correspondía al Comandante de la Zona actuar como Juez de Derecho en el proceso, establecer los hechos y resolver, en definitiva, sobre la posible responsabilidad disciplinaria de los oficiales bajo su jurisdicción. La Corte consideró que el hecho que el Comandante de la Cuarta Zona Militar hubiera actuado y adoptado decisiones previamente, en ejercicio de su facultad de mando y por fuera del procedimiento disciplinario, era lo suficientemente significativo como para comprometer su imparcialidad frente a los hechos que le correspondía juzgar posteriormente. El Tribunal destacó que, en virtud de estas circunstancias, no era posible afirmar que su aproximación a los hechos, en su carácter de juez disciplinario, era ajena a toda idea preconcebida respecto de lo ocurrido, de manera tal que pudiera formarse una opinión de lo sucedido sobre la base de lo actuado y las pruebas recabadas en el procedimiento. Además, la Corte resaltó que no se desprendía del expediente, ni del proceso ni de los alegatos del Estado, que se hubieran ofrecido garantías objetivas suficientes sobre su imparcialidad.
Por tanto, el Tribunal concluyó que el Comandante de la Cuarta Zona Militar no reunía elementos subjetivos ni objetivos de imparcialidad para actuar como Juez de Derecho en el procedimiento de información sumaria del señor Flor Freire, por lo cual el Estado violó la garantía de imparcialidad reconocida en el artículo 8.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en su perjuicio.
Con respecto al deber de motivación, el representante y la Comisión alegaron la ausencia de motivación de las resoluciones de los Consejos de Oficiales Subalternos y Superiores, mediante las cuales se calificó la mala conducta cometida y se accedió a la solicitud del Juzgado de Derecho para que se le sancionara con la baja.
El Tribunal constató que las resoluciones de los Consejos de Oficiales Subalternos y Superiores hacen referencia y remiten a la resolución del Juzgado de Derecho “por carecer de fundamentos jurídicos que permitan un pronunciamiento en contrario”. Asimismo, consideró que la referida resolución del Juez de Derecho se encontraba suficientemente motivada, en la medida en que se realiza un examen de la prueba, se establecen los hechos y se ofrece un razonamiento para la aplicación de las normas invocadas a dichos hechos, así como se responde a los alegatos específicos del señor Flor Freire. La Corte consideró que, al no apartarse de los razonamientos del Juzgado de Derecho, ambos Consejos adoptaron como propias dichas consideraciones. Dado que en los escritos de apelación ante ambos Consejos el señor Flor Freire no presentó ningún alegato adicional o esencial que se requiriera responder de forma específica y separada de la decisión del Juzgado de Derecho, el Tribunal resaltó que la adopción de las consideraciones del Juzgado de Derecho por parte de los Consejos cumplía con la garantía de motivación suficiente exigido por la Convención Americana, en el marco de un procedimiento disciplinario. Por tanto, la Corte concluyó que el Estado no era responsable de la violación del deber de motivación, reconocido en el artículo 8.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma.
En cuanto al derecho a un recurso efectivo, la Comisión y el representante alegaron que en el marco del recurso de amparo no se respondió a los alegatos de fondo del señor Flor Freire y que Ecuador no proveyó a la presunta víctima de un recurso efectivo frente a las violaciones cometidas. No obstante, el Estado alegó que el recurso idóneo y efectivo para las pretensiones del señor Flor Freire hubiera sido el recurso contencioso administrativo, que no fue interpuesto.
En virtud de los alegatos y prueba aportada al expediente, este Tribunal consideró que el Estado había demostrado ante la Corte que el señor Flor Freire tenía la posibilidad de interponer un recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción para impugnar las decisiones disciplinarias que culminaron en su baja de las filas militares. Además, de acuerdo a la jurisprudencia aportada por el Ecuador ante el Tribunal, dicho recurso podía resultar idóneo para obtener una protección judicial efectiva en el presente caso. Sin embargo, observando que en el presente caso no se interpuso el referido recurso, la Corte estimó que un análisis en abstracto de las normas que lo regulaban no permitiría determinar adecuadamente la idoneidad y efectividad del mismo para el caso concreto del señor Flor Freire. Por otra parte, al no poder verificar la idoneidad del recurso contencioso administrativo, el Tribunal consideró que no correspondía analizar la posible efectividad o inefectividad del recurso de amparo, puesto que aún si el recurso de amparo no hubiera resultado efectivo en el caso del señor Flor Freire, ello no excluía la posibilidad de que el recurso contencioso administrativo sí lo hubiese sido.
La Corte señaló que Ecuador no puede ser responsabilizado internacionalmente por la ausencia de un recurso efectivo cuando, por causas atribuibles a la presunta víctima, no puede evaluar la idoneidad y efectividad del recurso que se demostró disponible. Por consiguiente, declaró que el Estado no era responsable de la violación del artículo 25.1 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.
La Corte estableció que su sentencia constituye por sí misma una forma de reparación. Además, ordenó al Estado: i) otorgar al señor Flor Freire el grado que corresponda a sus compañeros de promoción al momento del cumplimiento de esta medida y colocarlo en la situación de un militar en situación de retiro o servicio pasivo, que se hubiese retirado voluntariamente, así como concederle todos los beneficios prestacionales y sociales que correspondan a dicho rango; ii) reconocer al señor Flor Freire y pagar las cargas prestacionales correspondientes a la seguridad social a las que tendría derecho si hubiese sido separado de la institución al momento en que el Estado realice dicho pago, en el rango en el que se encuentren sus compañeros de promoción en dicho momento; iii) adoptar todas las medidas de derecho interno que sean necesarias para asegurar que ningún acto administrativo o decisión adoptada en el proceso disciplinario, declarado violatorio de los derechos reconocidos en la Convención Americana, produzca efecto legal alguno en los derechos sociales y/o prestacionales que corresponderían al señor Flor Freire de haberse retirado voluntariamente de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, y además eliminar la referencia a dicho proceso de su hoja de vida militar; iv) publicar la Sentencia y su resumen oficial; v) poner en práctica programas de capacitación de carácter continuo y permanente a los miembros de las Fuerzas Armadas sobre la prohibición de discriminación por orientación sexual, y (ii) pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnización por daños materiales e inmateriales, reintegro de costas y gastos y reintegro al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte.
** Integrada por los siguientes jueces: Roberto F. Caldas, Presidente; Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Vicepresidente; Eduardo Vio Grossi, Juez; Humberto Antonio Sierra Porto, Juez; Elizabeth Odio Benito, Jueza; Eugenio Raúl Zaffaroni, Juez. Presentes, además, el Secretario Pablo Saavedra Alessandri y la Secretaria Adjunta Emilia Segares Rodríguez. El Juez Patricio Pazmiño Freire, de nacionalidad ecuatoriana, no participó en el conocimiento ni en la deliberación del presente caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del Reglamento de la Corte.

References: artículo 24
 artículo 11
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 117
 artículo 117
 artículo 87
 resolución 
 artículo 117
 resolución 
 artículo 117
 artículo 23
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 119
 artículo 187
 artículo 1
 artículo 67
 artículo 117
 artículo 1
 artículo 117
 artículo 24
 artículo 117
 artículo 9
 artículo 11
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 artículo 8
 artículo 8
 artículo 1
 resolución 
 resolución 
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 25
 artículo 19