Source: https://www.raadabogado.es/es/noticias-detalle/delitos-leves-defensa-y-representacion-y-tasacion-de-costas/
Timestamp: 2018-04-22 08:37:57+00:00

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Autores como DE VICENTE MARTÍNEZ[3] creen que esa extensión del juicio de faltas a los nuevos delitos leves es de dudosa constitucionalidad al no ser el estatuto penal de estos nuevos delitos asimilable a la de las faltas. Recoge esta autora cómo el Consejo Fiscal en su Informe al Anteproyecto de reforma del Código Penal de 2012[4]decía que “esta solución es manifiestamente errónea, pues no tiene sentido suprimir, al menos nominalmente, el Libro III del CP para conservar el procedimiento vigente y lo que es más grave, para acabar dejando subsistentes la mayor parte de las faltas bajo el ropaje de delitos leves, que serán enjuiciados por los mismos órganos judiciales – los jueces de instrucción- en el mismo cauce procesal – de faltas. Esta solución no es sólo insatisfactoria sino que encierra un auténtico fraude de etiquetas”.
Como se verá en el repaso de la reciente jurisprudencia menor que efectuaré, en la mayor parte de los supuestos la doctrina anterior para los juicios de faltas sigue estando plenamente vigente. Es decir, en todos aquellos delitos leves que no tengan pena de multa con límite máximo de al menos seis meses, en donde no es necesaria la defensa y representación obligatoria (967.1, 2º párrafo LECRIM), la regla general ha de tener el mismo fundamento: no cabe incluir honorarios de letrado y/o suplidos-derechos de Procurador por las mismas razones expuestas en el juicio de faltas (salvo aquellos casos excepcionales en que sí cabía y que ya han sido explicados). De este modo, por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 16 de noviembre de 2017 dice: “Se cuestiona también que se haya hecho un pronunciamiento condenatorio sobre imposición de costas, pero igualmente carece del más mínimo fundamento, pues tanto el artículo 123 CP, como el 240 de la LECrim., son imperativos en cuanto a la imposición de las costas a los criminalmente responsables, como es el caso. Cuestión distinta será que para realizar la correspondiente tasación no haya costas devengables, pero ello no enerva, obviamente, la necesidad legal de efectuar en la sentencia ese pronunciamiento”[13]. Por ello, vemos cómo deja en manos del Letrado de la Administración de Justicia la decisión final de práctica de la tasación, considerando imprescindible y necesaria la condena en costas, que siempre ha de existir. Otra cosa será el resultado de la tasación. En igual sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 18 de octubre de 2017[14]: “Discute, por último, la defensa del señor Remigio la condena en costas. Olvida que dicho pronunciamiento resulta imperativo - art. 123 del Código Penal -.Cuestión distinta es qué conceptos puedan incluirse en la tasación de costas (…)”. Para la Audiencia Provincial de Lleida (sentencia de 11 de octubre de 2017[15]) “el artículo 123 del Código Penal establece que las costas procesales se entienden impuestas por ley a los criminalmente responsables de todo delito, incluidos por tanto los delitos leves como antes estaban incluidas las faltas; por otro lado, el artículo 239 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que en los autos o sentencias que pongan término a la causa o a cualquiera de los incidentes deberá resolverse sobre el pago de las costas procesales. Todo ello implica que la condena en costas debe ser impuesta a todo responsable de una infracción penal por la que fuere condenado. Lo que hizo la Juzgadora de instancia no fue sino aplicar el citado artículo 123. Si los recurrentes fueron condenados como autores de un delito leve, su condena en costas era preceptiva legalmente. Cuestión distinta es la relativa a los conceptos susceptibles de ser incluidos en tales costas, extremo sobre el que al no pronunciarse la juzgadora, este Tribunal no puede resolver, y que deberá ser objeto de la tasación de costas que en su momento se practique. A ello debe añadirse además que en este caso y aunque finalmente la condena ha sido por delitos leves, se siguió un procedimiento abreviado de modo que la asistencia letrada de los acusados era preceptiva de conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 767)”. La Audiencia Provincial de Navarra deja igualmente la efectividad de la condena para el momento de la práctica de la tasación (sentencia de 3 de julio de 2017)[16]:“Sostiene el impugnante la improcedencia de la inclusión de las costas devengadas por la intervención de Procurador y Letrado de la acusación particular, ya que su intervención no es preceptiva en sede de enjuiciamiento de delitos leves. Ciertamente se está adelantando la impugnación, ya que tal cuestión ha de dilucidarse, en su caso, cuando el Letrado de la Administración proceda a la tasación de costas, pues el apelante tendrá oportunidad de impugnarlas por indebidas o excesivas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 244 a 246 (a.i.), de la Ley de Enjuiciamiento Civil”.
Como resumen, podemos incluir la doctrina establecida en dos sentencias. Por un lado, la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 31 de octubre de 2017[21]: “Por el recurrente se impugna la condena en costas al no ser preceptiva la intervención de Abogado y Procurador. Asiste la razón al recurrente en el sentido que el art. 967 de la LECRIM , recoge que el ofendido o perjudicado será informado de que puede asistir al juicio asistido por abogado si lo desea. Si bien el segundo párrafo establece que para el enjuiciamiento de los delitos leves que lleven aparejada pena de multa cuyo límite máximo sea al menos de seis meses, se aplicaran las reglas generales de defensa y representación. De lo anterior se desprende que, en el presente caso no es preceptiva la intervención de abogado, teniendo en cuenta la pena con la que se castiga el delito leve por el que es condenado el recurrente. Otra cosa es que, en supuestos de especial complejidad jurídica de las cuestiones planteadas para evitar la indefensión que podría generar a la parte el desconocimiento de las leyes se haga precisa la intervención de letrado, y en estos casos deberían incluirse en la tasación de costas. Supuesto que no concurre en el caso de autos donde se enjuicia una discusión y agresión con no reviste especial complejidad jurídica”. Y por otro, las tesis establecidas en la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 12 de enero de 2017 [22] “Por consiguiente, las sentencias condenatorias por delitos leves han de contener expresamente la condena en costas ( artículo 240 LOPJ ), y así se ha verificado en la Instancia por lo que el motivo ha de ser desestimado; otra cuestión es la relativa a si en esa condena en la mitad de las costas debe comprenderse el pago de los honorarios yhabiendo sido objeto de condena por un delito leve de lesiones, que lleva aparejada pena de multa de 1 a 3 meses, no procede la aplicación de la norma prevenida en el segundo inciso del párrafo 1º del artículo 967 de la LECrm y en su consecuencia, no procede incluir en dicha condena el pago de honorarios de abogado,debiéndose estimar particularmente el recurso sobre este particular. Sobre el alegato de la representación del recurrido, apelando al principio de igualdad de armas entre las partes (en la medida que la parte denunciada compareció con dirección letrada), significar que en la doctrina de la mayoría de las Audiencias Provinciales se considera que una cosa es la necesidad real de la asistencia de Abogado, dependiendo de la complejidad de la causa, y que puede venir exigido por la efectiva tutela judicial nombrar de oficio Letrado a la parte, a fin de no vulnerar el principio de igualdad de armas procesales, y otra muy distinta que deban ser reintegrados sus honorarios por la parte condenada en costas (…)La sentencia del T. Supremo de 9 Mar. 1991 ya estableció también el criterio de que no procede cargar los honorarios de los letrados de la acusación particular a la parte condenada en costas en estos procesamientos habida cuenta de que su intervención no es preceptiva.”. En esta última resolución parece que el Tribunal, a diferencia de otras resoluciones estudiadas, no deja en manos exclusivamente del Letrado de la Administración de Justicia la práctica de la tasación sino que directamente se atreve a sentenciar que “no procede incluir en la condena el pago de honorarios de abogado”. Es una diferencia de matiz, que al final llega a la misma conclusión: no hay costas. Pero con esta teoría, si que cabría que el Letrado de la Administración de Justicia dictase un decreto denegando la práctica de la tasación (como habitualmente se hacía en el juicio de faltas) en lugar de practicar una tasación de valor “cero”. Sin embargo, como explicaré en el último apartado de este artículo, entiendo que con la nueva normativa es preferible tasar siempre que tengamos una resolución firme (aunque la tasación sea de valor “cero”).

References: artículo 123
 artículo 123
 artículo 239
 artículo 123
 artículo 240
 artículo 967
 resolución 
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