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Timestamp: 2017-07-28 10:57:49+00:00

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La indemnización por despido ha de calcularse teniendo en cuenta la existencia de una concatenación fraudulenta de contratos temporales, por lo que los servicios prestados se computan desde la fecha del primer contrato
A) La sentencia de la Sala
de lo Social del Tribunal Supremo, de 7 de junio de 2017, nº 501/2017, rec.
1400/2016, unificando doctrina, declara que existe despido improcedente,
porque considera que existe contradicción entre las sentencias enfrentadas, y
declara que la indemnización por despido ha de calcularse teniendo en cuenta la
existencia de una concatenación fraudulenta de contratos temporales, por lo que
los servicios prestados se computan desde la fecha del primer contrato, aunque
haya existido una interrupción temporal, que no se considera esencial para
romper la unidad del vínculo.
B) ANTECEDENTES DE HECHO: La contratación de los demandantes efectuado con cargo a programas o
proyectos vinculados con el empleo, subvencionados por la Junta de Andalucía a
través de la Dirección General de Empleo.
demandantes han prestado sus servicios durante la vigencia de los diversos
programas o proyectos que motivaron su contratación, desarrollando funciones
relacionadas con los mismos, dándose por reproducidas las bases de
convocatorias, ofertas genéricas, selección de personal e informe y decretos de
ha percibido prestaciones por desempleo desde el uno de mayo de 2010 hasta el
18 agosto 2010 y desde el 19 agosto 2011 hasta el 25 septiembre 2011, y desde
el 26 de septiembre de 2012 a 21 abril 2013 estando de alta para el
Ayuntamiento de Sevilla desde el 22 abril 2013.
C) POSTURA del TRIBUNAL
SUPREMO: La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo declara que la cuestión suscitada en el presente recurso de casación
unificadora guarda estrecha conexión con la resuelta en la sentencia de esta
Sala de 8 de noviembre de 2016 (rcud. 310/2015), dictada en supuesto idéntico
al de autos (mismo empleador -Ayuntamiento de Sevilla- y trabajadora en igual
situación), y la dictada en rcud. 113/2015, pues en ellas se cuestiona la
antigüedad computable a efectos de indemnización por despido, en caso de
interrupción de la unidad esencial del vínculo, y se ha utilizado la misma
sentencia de contraste que en el presente recurso (STSJ/Madrid 4 de febrero de
2013; recurso 4945/2012).
1º) Constituyen
antecedentes de interés por lo que al presente recurso interesa, los
siguientes: a)
La demandante ahora recurrente, ha venido prestando servicios mediante
sucesivos contratos de obra o servicio celebrados con el Ayuntamiento de
Sevilla, desde el día 20/4/1998, con la categoría de auxiliar administrativo y
cuya duración quedaba condicionada a la finalización de la obra o servicio; b)
La contratación ha estado vinculada a los Programas de Orientación Profesional,
subvencionados por la Consejería de Empleo y de la Junta de Andalucía. Existe
una interrupción consistente entre el penúltimo contrato y el anterior, de casi
cuatro meses- el periodo que media entre 30/4/2010 y 19/8/2010- y entre el
penúltimo contrato, porque entre la terminación de este y el inicio del
anterior, median 38 días, (los que van de 18/8/2011 y 26/9/2011); y, c)
El Ayuntamiento de Sevilla comunica a la trabajadora la extinción de la
relación laboral con efectos de 25/9/2012.
2º) La cuestión objeto de
controversia en el presente recurso de casación unificadora, consiste en
determinar la antigüedad computable a efectos de indemnización por despido, en caso -como aquí acontece- de interrupción de la unidad esencial del
vínculo durante un período de 3 meses y 19 días, en una sucesión de contratos
celebrados durante 14 años, que es período de tiempo que ha durado la relación
laboral de la demandante con el Ayuntamiento demandado. Pues bien, esta
cuestión ha sido resuelta por esta Sala de casación en el supuesto
sustancialmente idéntico -incluso de menor duración de prestación de servicios-
en la repetida sentencia 8 de noviembre de 2016 (rcud. 310/2015), y la que
resuelve el rcud. 113/2015, a cuya doctrina debemos estar por motivos de
seguridad jurídica acordes con la finalidad de este recurso unificador, por los
argumentos que a continuación se indican. Como decíamos allí, en el fundamento
de derecho segundo, tercero de dicha sentencia, razonábamos así.
3º) Desde muy
tempranamente, la doctrina de la Sala de lo Social del TS sostuvo que: «(e)n el ámbito del Derecho del Trabajo es regla y principio general (...)
que si en un contrato temporal concluye el plazo de vigencia que le es propio o
se produce la causa extintiva del mismo, y a continuación, sin interrupción
temporal alguna, es seguido por un contrato indefinido entre las mismas partes,
bien porque el trabajador continúe... la prestación de sus servicios, bien
concertándose en forma escrita el nuevo contrato, se entiende que la antigüedad
del empleado en la empresa se remonta al momento en que se inició el trabajo en
virtud del primer contrato temporal. La novación extintiva sólo se admite si
está objetivamente fundada en la modificación del contenido de la obligación y
por ello en los supuestos en que la relación sigue siendo la misma, la
diversidad de contratos no provoca la existencia de relaciones (sucesivas)
diferentes» (STS 12/11/93; recurso nº 2812/92).
que si bien inicialmente fue establecido a efectos retributivos del complemento
de antigüedad y en los supuestos de ausencia de solución de continuidad,
posteriormente también fue aplicado a la hora de determinar los servicios
computables para calcular la indemnización propia del despido improcedente y se
amplió a todos los supuestos en que pudiera apreciarse la unidad esencial del
vínculo, de forma que -como recuerda la STS 08/03/07 rcud 175/04, dictada en
Sala General- «(e)l tiempo de servicio al que se refiere el art. 56.1.a. del
Estatuto de los Trabajadores sobre la indemnización de despido improcedente
debe computar todo el transcurso de la relación contractual de trabajo, siempre
que no haya habido una solución de continuidad significativa en el
desenvolvimiento de la misma».
Toda la cuestión de autos
se reduce, pues, determinar lo que haya de entenderse por la interrupción
«significativa» que lleve a excluir la «unidad esencial» del vínculo, cuya
frontera -la de aquélla- si bien inicialmente fue situada en los veinte días
del plazo de caducidad para accionar por despido, en los últimos tiempos se ha
ampliado a periodos que carezcan de relevancia en relación con la duración
total de los servicios prestados, como evidencia la
casuística jurisprudencial reciente (así, 69 días naturales en la STS 23/02/16
- rcud 1423/14.
los referidos efectos ha de indicarse que si bien es claro que no
necesariamente la unidad del vínculo está ligada la existencia de fraude de
ley, pues parece innegable que pudiera apreciarse aquélla en la sucesión de
contratos temporales perfectamente ajustados a derecho, no lo es menos cierto
que la concurrencia de fraude parece que haya de comportar -razonablemente- que
sigamos un criterio más relajado -con mayor amplitud temporal- en la valoración
del plazo que deba entenderse «significativo» como rupturista de la unidad
contractual, habida cuenta de que la posición contraria facilitaría
precisamente el éxito de la conducta defraudadora. Máxime cuando -como ya
observamos en la precitada STS 08/03/07 rcud 175/04- en interpretación del
Anexo a la Directiva 99/70/CE y en la lucha contra la precariedad en el empleo,
la doctrina comunitaria ha entendido que aquella disposición de la Unión
Europea «debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa
nacional que considera que únicamente deben calificarse de sucesivos los
contratos o relaciones laborales de duración determinada que no estén separados
entre sí por un intervalo superior a 20 días laborales» (STJCE 04/Julio/2006,
asunto «Adeneler»); doctrina que ciertamente ha de tenerse en cuenta, en tanto
que resulta obligada la interpretación de la normativa nacional en términos de
conformidad con el derecho y jurisprudencia de la Unión Europea (SSTS -por ejemplo-
de 27/09/11 -rcud 4146/10 -; SG 08/06/16 -rco 207/15 -; y SG 17/10/16 -rco
36/16 -).
D) CONCLUSION: Las precedentes
consideraciones nos llevan a acoger el recurso de la trabajadora, como muy
razonadamente informa el Ministerio Fiscal, habida cuenta de que nos hallamos
en presencia de seis años de servicios prestados a virtud de contratación
fraudulenta por parte de un Ayuntamiento (aquietado a tal pronunciamiento de la
recurrida), en tanto que dirigida a satisfacer una actividad habitual y
ordinaria del mismo, y que ni tan siquiera -la actividad- se acreditó concluida
en la fecha del cese de la trabajadora, la cual -por otra parte- ya había
adquirido en todo caso la cualidad de indefinida de la Corporación municipal, a
virtud de las previsiones contenidas en el art. 15.5 ET respecto de la duración
de las contrataciones temporales, «con o sin solución de continuidad»; acusada
prolongación en el tiempo de una situación ilegal, que minora la relevancia de
las dos interrupciones contractuales acaecidas, primero de algo más de tres
meses y después de uno solo".
precedentes consideraciones nos llevan -de acuerdo con lo informado por el
Ministerio Fiscal-, a casar y anular la sentencia recurrida y resolver el
debate planteado en suplicación en el sentido de estimar el recurso de
Suplicación interpuesto en su día por la ahora también recurrente, declarando que la indemnización por despido
ha de calcularse teniendo en cuenta los servicios prestados desde el día 1 de
abril de 1998, revocando la sentencia de instancia en este único aspecto. www.indemnizacionglobal.com
Lla indemnización por despido ha de calcularse teniendo en cuenta la existencia de una concatenación fraudulenta de contratos temporales
En los seguros de transportes, la existencia de un proceso judicial no constituye causa que justifique el retraso en la indemnización por lo que se deben imponer los intereses del 20%
A) La sentencia del
Tribunal Supremo Sala 1ª, de 27 de junio de 2017, nº 396/2017, rec. 3424/2015, declara que en los seguros de transportes, la mera existencia de un
proceso judicial no constituye causa que justifique el retraso en la
indemnización, por lo que se deben imponer los intereses del art.20 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato
de Seguro (LCS), al no consignar la aseguradora tras la sentencia absolutoria.
B) ANTECEDENTES DE HECHO: El presente caso, relativo a un
contrato de seguro de transporte de mercancías, plantea, como cuestión de
fondo, la trascendencia de las diligencias penales como causa justificativa para
excluir el recargo por demora de la entidad aseguradora (artículo 20.8 LCS),
que establece que: “No habrá lugar a la indemnización por mora del asegurador
cuando la falta de satisfacción de la indemnización o de pago del importe
mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le fuere imputable”.
C) La jurisprudencia de
esta Sala 1ª de lo Civil del TS sobre la
interpretación y aplicación de la regla 8.ª del artículo 20 LCS, ha quedado
sintetizada en la sentencia 73/2017, de 8 febrero.
la línea de la sentencia citada, se ha mantenido una interpretación restrictiva
de la citada norma, para impedir que se utilice el proceso como excusa general
para dificultar o retrasar el pago debido.
mera existencia de un proceso judicial no constituye causa que justifique, por
sí sola, el retraso en la indemnización , o permita presumir la racionalidad de
el presente caso, atendido el canon del carácter razonable de la oposición,
resulta evidente que una vez dictada la sentencia absolutoria del Tribunal
Supremo, en términos tan concluyentes, ninguna razón amparaba a la aseguradora demandada
para oponerse a la consignación o al pago de la indemnización reclamada. Por lo
que resulta de aplicación el recargo de demora previsto en el artículo 20 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (LCS).
Despacho de abogados especializado en derecho del seguro y reclamación de indemnizaciones. Ll mera existencia de un proceso judicial no constituye causa que justifique el retraso en la indemnización
Desde el 1 de enero de 2017 se atribuye carácter indemnizatorio a las compensaciones a los abogados del turno de oficio y no tributan por IGIC o IVA.
A) La Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (BOE 148/2017, de 22 de junio de 2017 Ref Boletín: A-2017-7106),
declara que el artículo 119 de la Constitución consagra que la Justicia será
gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes
acrediten insuficiencia de recursos para litigar. En el marco de dicho mandato
constitucional, la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita,
ha supuesto un paso importante en la protección de aquellos ciudadanos más
desfavorecidos que necesitan acceder a la tutela judicial para ver realizadas
sus legítimas pretensiones o defendidos sus derechos.
B) MOTIVACION Esta
normativa es una reacción al pronunciamiento del Tribunal de Justicia que
consideró que la compensación de los servicios prestados por los abogados del
turno de oficio no estaban exentos de IVA (TJUE 28-7-16, asunto C-534/14).
Sentencia que fue seguida por la Dirección General de Tributos, también en
relación con los procuradores, imponiendo un 21% de IVA sobre las
compensaciones recibidas (DGT CV 25-1-17).
modificación, que atribuye a estas compensaciones un carácter indemnizatorio ,
se trata de evitar que tales cantidades queden sujetas a IVA tal y como
reclamaban tales colectivos de abogados y procuradores. La normativa marca como
obligatoria la prestación del servicio de turno de oficio y faculta a los
colegios profesionales para organizar y garantizar el servicio, pudiendo
dispensar a su colegiado de asumirlo cuando existan razones que lo justifiquen.
C) El artículo 22 de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
de asistencia jurídica gratuita queda redactado en los siguientes términos:
Generales de la Abogacía Española y de los Colegios de Procuradores de los
Tribunales de España y sus respectivos Colegios regularán y organizarán, a
través de sus Juntas de Gobierno, los servicios obligatorios de asistencia
letrada y de defensa y representación gratuitas, garantizando, en todo caso, su
prestación continuada y atendiendo a criterios de funcionalidad y de
profesionales que presten el servicio obligatorio de justicia gratuita, tendrán
derecho a una compensación que tendrá carácter indemnizatorio.
Abogados implantarán servicios de asesoramiento a los peticionarios de
asistencia jurídica gratuita, con la finalidad de orientar y encauzar sus
pretensiones. Dicho asesoramiento tendrá, en todo caso, carácter gratuito para
Abogados facilitarán a los solicitantes de asistencia jurídica gratuita la
información necesaria en relación al cumplimiento de los requisitos para su concesión,
así como el auxilio en la redacción de las solicitudes correspondientes.»
D) El artículo 25 de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
de profesionales designados de oficio para la asistencia, defensa y
representación gratuita sólo podrá ser indemnizada cuando exista reconocimiento
expreso del derecho a la asistencia jurídica gratuita efectuado en los términos
El importe de la
indemnización se aplicará fundamentalmente a compensar las actuaciones
profesionales previstas en los apartados 1 a 3 del artículo 6 de esta ley,
cuando tengan por destinatarios a quienes hayan obtenido el reconocimiento del derecho
a la asistencia jurídica gratuita.»
E) El artículo 40 de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
En atención a la
tipología de procedimientos en los que intervengan los profesionales designados
de oficio, se establecerán, previo informe del Consejo General de la Abogacía
Española y del Consejo General de los Colegios de los Procuradores de los
Tribunales de España, las bases económicas y módulos de indemnización por la
prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita.»
F) Disposición final única.
«Boletín Oficial del Estado», produciendo efectos desde el 1 de enero de 2017.
Se atribuye carácter indemnizatorio a las compensaciones a los abogados del turno de oficio y no tributan por IGIC o IVA.
A) La sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
sec. 1ª, de 11 de mayo de 2017, nº 205/2017, rec. 520/2016, declara que la administración responde de todo
tipo de daño material y personal que sufran los policías nacionales en acto o
con ocasión del servicio, cuando no exista dolo, negligencia o impericia del
funcionario, al haber sido declarados insolventes los culpables, en base al
principio de indemnidad.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, de fecha 30 de noviembre de 2015, nº
858/2015, rec. 288/2015, declara que las lesiones sufridas por un policía como consecuencia del
acto de servicio, sin mediar dolo ni negligencia o impericia por parte del
policía, deben ser indemnizadas por la Administración al haber sido declarados
insolventes los culpables, en base al principio de indemnidad.
Igualmente, como resolvió la sentencia del TSJ de Extremadura Sala de lo
Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, de 10 de marzo de 2015, nº 208/2015, rec. 246/2014, la
Administración está obligada a pagar al recurrente una indemnización por las
lesiones producidas en acto de servicio. El policía nacional recurrente obtuvo
a su favor en sentencia penal, el derecho a recibir una indemnización del
condenado por delito de atentado y lesiones, no obstante ante la insolvencia
del delincuente, la Administración debe responder de la indemnización, en
virtud del principio de indemnidad aplicable a los funcionarios públicos en
base al art 28 Ley 7/2007 y 180 del Reglamento de la Policía Gubernamental, que
prevé el abono de las indemnizaciones "que procedan".
Los hechos que enjuicia la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, de 11 de mayo de 2017, nº
205/2017, rec. 520/2016:
El actor debido
a una actuación policial realizada el día 20 de noviembre de 2015 sufrió
lesiones que fueron valoradas en el importe de 620 euros. Esta cantidad
indemnizatoria por días de sanidad fue fijada en la sentencia dictada por el
Juzgado de lo Penal nº 2 de los de Badajoz, de fecha 20 de noviembre de 2015.
El autor del delito que fue condenado en sentencia, declarando probados los
delitos y las lesiones, y fue declarado insolvente por Auto de 16 de diciembre
de 2015, por lo que el funcionario demandante reclama a la Dirección General de
la Policía el abono de dicha indemnización. La Resolución de 25 de mayo de 2016
desestima la petición del reclamante atendiendo a que el pago de la
indemnización que solicita corresponde únicamente al condenado por el delito,
sin que quepa deducir responsabilidad alguna contra terceros no afectados
directa ni indirectamente por la referida sentencia. Razona la Administración
que la norma vigente es la Ley Orgánica 9/2015 que deroga el Reglamento
Orgánico de Policía Gubernativa, y que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 79, no es factible obtener este tipo de indemnizaciones, quedando
definitivamente zanjado el problema que suscitaba en los Tribunales la
aplicación del artículo 180 del referido Reglamento. El actor, entiende que la
regulación actual es similar a lo regulado con anterioridad, ya que el artículo
79 dispone que:
"1. Se
entiende por lesiones, patologías y daños materiales en acto de servicio los
que así sean reconocidos a través de expediente de averiguación de causas, por
haber sido contraídos por el funcionario con ocasión o como consecuencia del
servicio prestado, siempre y cuando no hubiese mediado por su parte dolo, o
negligencia o impericia graves.
competencia para resolver dicho reconocimiento corresponde al Director General
de la Policía, previa instrucción del correspondiente expediente de
averiguación de las causas determinantes de las lesiones, patologías o daños
materiales sufridos, que se iniciará a solicitud del funcionario o de oficio
por el órgano encargado de la gestión del personal en la Policía Nacional.
que ponga fin al expediente identificará necesariamente el origen de las
lesiones o daños materiales, la relación de causalidad existente entre el
servicio y los mismos y la capacidad o incapacidad derivada, todo ello mediante
informe facultativo emitido por los órganos de inspección sanitaria de la
Policía Nacional. Igualmente en la resolución se determinará el importe de los
gastos de curación que hubiesen quedado excluidos de las prestaciones
contempladas en el ámbito del mutualismo administrativo, que, en su caso, serán
por cuenta de la Administración, sin perjuicio de las competencias de la
Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado para el reconocimiento de las
prestaciones derivadas de tales contingencias.
expediente de resarcimiento de daños materiales quedará acreditado, además de
sus causas y la relación existente entre los daños y el servicio prestado por
el funcionario , el importe del objeto, resolviendo la procedencia o no del
Administración concertará un seguro de accidentes para los supuestos de
fallecimiento, incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los
funcionarios de la Policía Nacional, devenidos como consecuencia de las
lesiones sufridas en acto de servicio o con ocasión del mismo.
que entendemos que la regulación es sustancialmente similar, habida cuenta que
dispone que se determinarán los gastos de curación que hubiesen quedado
excluídos de las prestaciones contempladas en el ámbito del mutualismo administrativo
que en su caso, serán por cuenta de la Administración, lo que es cierto es que
la propia LO 9/2015 contempla vigencia transitoria de las normas reglamentarias
C) En los arts. 179 y 180 del ya citado Reglamento
Orgánico de Policía Gubernativa en concreto en el primero de ellos se refiere a
la reparación de los daños materiales y el segundo a los personales que pueda
sufrir algún funcionario del Cuerpo Nacional de Policía en acto o con ocasión de
servicio, sin mediar dolo, negligencia o impericia;
y que los daños cuya reparación prevé dicho precepto son, de un lado, los
previstos en el art. 165 del mismo texto legal, esto es, los gastos sanitarios
de curación y las retribuciones correspondientes al tiempo en que permanezca de
baja el funcionario de policía como consecuencia del accidente producido en
acto de servicio; y por otro lado, los demás que procedan, expresión en la que,
como concepto jurídico indeterminado que es, cabe incluir, en el supuesto que
nos ocupa, los demás daños corporales, secuelas incluidas, y morales que le
fueron ocasionados al actor como consecuencia de su actuación profesional, que
por razones ajenas a su voluntad no le han sido abonados. La Administración
General del Estado se opone a la pretensión indemnizatoria con base en la no
aplicación a los funcionarios del régimen de responsabilidad patrimonial
previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y que el pago de la
responsabilidad civil corresponde al autor del delito, conforme al
pronunciamiento condenatorio de la sentencia penal.
D) DAÑOS SUFRIDOS POR FUNCIONARIOS EN ACTO DE
SERVICIO: La controversia jurídica planteada no puede resolverse mediante los
preceptos que disciplinan el instituto de la responsabilidad patrimonial del
Estado. Y ello por cuanto, en la línea ya marcada por el
Tribunal Supremo en su sentencia de 18 de junio de 1999, "la
responsabilidad extracontractual supone la existencia de una determinada
actividad administrativa que incidentalmente, y al margen de cualquier relación
jurídica previamente constituida, provoca unos daños a determinada persona que
ésta no tiene la obligación jurídica de soportar". Y es que no podemos
afirmar que exista ausencia de relación jurídica previamente constituida en la
conducta de los funcionarios públicos, que se encuentran ligados a la
Administración por una relación de servicios, calificada de estatutaria, esto
es, definida legal y reglamentariamente, por lo que la reparación de los daños
y perjuicios que surjan en el marco de esa relación de servicios debe
producirse primariamente por aplicación del ordenamiento que regula o
disciplina esa relación. En consecuencia,
sólo podrán ser reparados los daños sufridos por los funcionarios públicos con
fundamento en el instituto de la responsabilidad patrimonial cuando no exista
una regulación específica, o cuando, existiendo ésta, su aplicación no repare
íntegramente los daños causados. Hemos
de partir, pues, del indiscutible principio de que las indemnizaciones en el
seno de las relaciones específicas -como es la funcionarial- se definen y
sustancian dentro de esta relación, y con el régimen propio del contenido de
ésta. Así lo ha considerado el Consejo de Estado, que en Dictamen 522/91,
emitido en un expediente instruido a instancias de un Policía Local que
solicitaba la indemnización de lesiones sufridas en acto de servicio por un
atracador a quien intentó detener, afirmó que: "no concurre en el supuesto
considerado una imputación, por título alguno, a la Administración, pues el
daño - consecuencia de una actividad punible- no es trasladable por tal título
a la esfera pública. No cabe inferir una imputación genérica a la propia
organización administrativa ni es perceptible una situación de anormalidad en
el funcionamiento del servicio público o situación de riesgo creada por la
Administración, presupuesto primario e ineludible para que opere el instituto
de la responsabilidad objetiva, según las previsiones legales, esto es, en el
plano constitucional, del art. 106.2 de la CE, y en el de la Ley, del art. 40 de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado”.
Y es que consideramos que sin duda la cuestión debe
ser resuelta, atendiendo al principio de indemnidad que rige para los
funcionarios públicos cuando actúan en el ejercicio de sus cargos, y
a la consiguiente reparación o restitución "ad integrum" que se
deriva de dicho principio. Así lo ha venido señalando con reiteración el propio
Consejo de Estado (vid. Dictamen 522/91), que ha puntualizado que quien sufre
por causa de su actuación pública, o con ocasión de ella, un daño, sin mediar
dolo o negligencia por su parte, debe ser resarcido "por causa que se
localiza en la propia concepción y efectos de lo que es el ejercicio de una
función pública". Este principio, el de indemnidad, tiene su fundamento en
el ámbito que examinamos en los artículos 179 y 180 del Reglamento Orgánico de
Policía Gubernativa (aprobado por Decreto 2038/1975, de 17 de julio). Pero
igualmente debemos considerar que el Consejo de Estado ha considerado como
fundamento del principio de indemnidad (v.gr., dictamen número 195/93) el art.
23.4 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública), con arreglo al cual "los funcionarios percibirán las
indemnizaciones correspondientes por razón del servicio ". Precepto que
sin duda contiene un principio directamente aplicable sin necesidad de
intermediación reglamentaria, que prescribe que el desempeño de sus funciones
no puede derivar para el empleado público ningún perjuicio patrimonial, y que
hoy se recoge en el artículo 28 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
punto, y como ya hemos adelantado en las líneas precedentes, veamos qué es lo
que disponen los arts. 179 y 180 del R.O.P.G. Según el primero de ellos,
"Cuando un funcionario hubiera sufrido daños materiales en acto u ocasión
del servicio, sin mediar por su parte dolo, negligencia o impericia, podrá el
Director general de Seguridad ordenar la incoación de un expediente de
resarcimiento de aquéllos en favor del damnificado, donde se acreditarán sus
causas, calidad e importe, y se resolverá sobre la procedencia o no de la
indemnización correspondiente". Y según el artículo 180 "cuando en
iguales circunstancias resultase lesionado algún funcionario el Director
General podrá disponer la instrucción de un expediente para acreditar los
hechos originarios, las lesiones sufridas, la capacidad o incapacidad derivada
y el importe de los gastos de curación a los efectos del artículo 165 y los
demás que procedan". A la vista del tenor literal de ambos preceptos, es
llano que el art. 179 se refiere a la reparación de los daños materiales y el
art. 180 a la de los daños personales que sufre algún funcionario del Cuerpo
Nacional de Policía en acto o con ocasión de servicio, sin mediar dolo,
negligencia o impericia.
Estado, en su dictamen 185/88, ha llegado a afirmar, en relación con estos
preceptos, que "el Reglamento prevé un régimen indemnizatorio especial
para los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, de cuyo sistema se deduce que
lo preside un claro principio de universalidad en la descripción del daño
resarcible, siempre que éste haya tenido lugar en acto u ocasión del servicio,
así como un principio de indemnidad respecto al alcance de la indemnización que
otorga". Y tanto es así que ni uno ni otro de los preceptos citados limita
su eficacia al daño producido por la propia Administración, sino que también
cubre -en una correcta hermenéutica de tales normas- los perjuicios derivados
de hecho o acto ajeno, incluido el del propio funcionario si éste no incurrió
en dolo, negligencia o impericia por su parte.
E) En esta tesitura, nos encontramos en condiciones
de afirmar que los daños cuya reparación prevé el art. 180 del R.O.P.G. son
todos los que sufra en su persona el funcionario, lo que incluye, lógicamente,
no sólo los gastos de curación, sino también todo daño inherente a sus lesiones
y secuelas, incluyendo, como no podía ser de otro modo, los daños morales.
No basta, pues, entendemos, que al demandante se le abonaran las retribuciones
íntegras correspondientes al desempeño de su puesto de trabajo durante el
tiempo en el que permaneció de baja, ni que sus gastos de curación fueran
sufragados por las correspondientes entidades médicas. Y ello porque si así fuera no se cumpliría el principio de la
reparación integral del daño, que debe imperar en el ámbito de la
responsabilidad civil. Dicha responsabilidad, según el art. 110 del Código
Penal, comprende la restitución, la reparación del daño y la indemnización de
perjuicios materiales y morales. Pues bien, de acuerdo con dicho precepto, se
cuantificó como importe que debía satisfacer el condenado la suma de 620 euros
por los días de curación, tratándose de hechos probados recogidos en la
sentencia penal que tienen eficacia probatoria en el presente proceso. Dicha
cuantía trataba de restablecer al funcionario de manera equitativa de los
perjuicios que había sufrido, perjuicios que ya hemos concretado anteriormente
y que no son difíciles de imaginar en el supuesto de sufrir una agresión. Así
pues, lo que no puede obviarse en el presente supuesto es que al hoy recurrente
le unía una relación de servicios con la Administración demandada, y en el
desempeño de la misma se causó unas lesiones y unos daños materiales que no
tiene el deber jurídico de soportar. Incluso la propia demandada las calificó,
en el expediente instruido a tal efecto, como lesiones causadas en acto o con
ocasión de servicio. No se trata, por
consiguiente, de una suerte de responsabilidad subsidiaria del Estado que no ha
participado en el procedimiento penal correspondiente. De lo que se trata, por
el contrario, es de que el mismo garantice, de acuerdo con los preceptos que
resultan de aplicación (arts. 179 y 180 del Reglamento Orgánico de Policía
Gubernativa), todo tipo de daño material y personal que sufran los policías en
acto o con ocasión del servicio, cuando no exista dolo, negligencia o impericia
del funcionario. Y dicha garantía sólo se puede cumplir si se respeta el
principio de indemnidad antes aludido, lo que implica que en el presente caso
el Estado asuma el pago del importe de la indemnización que se estableció a
favor de su funcionario por un hecho cometido por un tercero que ha resultado
insolvente. No olvidemos que por imperativo legal le corresponde al Estado
dispensar a sus funcionarios la protección que requiera el ejercicio de sus
cargos, y que esta protección sólo será correctamente dispensada si la
Administración demandada asume la carga de indemnizar al recurrente por las
lesiones y secuelas sufridas.
F) CONCLUSION: La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura,
205/2017, rec. 520/2016, declara que: Procede en
consecuencia la estimación de la demanda en cuanto a la petición principal
contenida en el suplico y relativa a que se reconozca el derecho del demandante
la abono por parte de la Administración de la indemnización de 620 euros
reclamada a la vista de los días de sanidad, como precisó la Sentencia dictada
y en la que fue condenada la persona que le causó las lesiones cuando prestaba
servicio y que fue declarada insolvente. En idéntico sentido, nos hemos
pronunciado en la sentencia de fecha 19-4-2007, recurso
contencioso-administrativo número 893/2005, y en sentencia de fecha 22 de
noviembre de 2.011 en recurso nº 219/2010. El principal se verá incrementado
con el interés legal devengado desde la fecha de la reclamación en vía
administrativa del funcionario hasta su efectivo abono.
La administración responde de todo tipo de daño material y personal que sufran los policías nacionales en acto o con ocasión del servicio; abogados derecho funcionarios
La consignación de la indemnización por despido improcedente en la cuenta del Juzgado no equivale a un ejercicio correcto del derecho de opción empresarial de indemnización
A) La consignación de la indemnización de despido
improcedente en la cuenta del Juzgado que dictó sentencia en tal sentido, no
equivale a un ejercicio correcto de la opción empresarial entre la
indemnización y la readmisión. La ausencia de
escrito o comparecencia ante la oficina del Juzgado, en el plazo de 5 días
desde la notificación de la sentencia, supone que la opción no fue realizada y
procede la readmisión del trabajador.
En el plazo de 5
días desde la notificación de la sentencia que declara un despido improcedente
ha de ejercitarse la opción entre readmisión e indemnización mediante escrito o
comparecencia ante la oficina del Juzgado de los social, sin que haya que
esperar a la firmeza del pronunciamiento, si hubiera sido dictada en la
instancia (LRJS art. 110.3 y ET art.56.3).
B) El empresario no ejecuta correctamente una
sentencia de despido, ni ejercita su opción entre readmisión e indemnización,
consignación en el juzgado de la indemnización por despido, pues no equivale a
ejercicio de la opción (Sentencia del TSJ Castilla y La Mancha de 11 de
diciembre de 2015). 2) La relación
directa con el trabajador despedido, pues la norma exige escrito o
comparecencia ante la oficina del Juzgado de lo Social que dictó sentencia. Es
ante este último, ante el que ha de quedar constancia de la opción, pudiendo
pronunciarse sobre su eficacia y validez y dando traslado al trabajador
interesado (Sentencia del TSJ Valladolid de 19 de marzo de 2014).
de opción en plazo ha de entenderse que procede la readmisión.
C) La sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Extremadura Sala de lo Social, sec. 1ª, de 30 de noviembre de 2016, nº
568/2016, rec. 503/2016, declara: Pues bien, como
señala por ejemplo, la Sentencia del TSJ de Castilla la Mancha de 11 de
diciembre de 2015 : "El artículo 56.3 del Estatuto de los Trabajadores señala
con toda claridad que en los supuestos en los que la sentencia declare la
improcedencia del despido, el empresario, en el plazo de cinco días desde la
notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador o
el abono de la correspondiente indemnización. Por su parte, el número 3 del
mismo artículo dispone que en el supuesto de no optar el empresario por la
readmisión o la indemnización, ha de entenderse que procede la primera. Además,
el artículo 110.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, especifica la
forma concreta en que ha de ejercitarse la opción: mediante escrito o
comparecencia ante la oficina del Juzgado de lo Social, dentro del plazo de
cinco días desde la notificación de la sentencia que declare el despido
improcedente, sin esperar a la firmeza de la misma, si fuera la de instancia.
Así pues, si la
empresa no ejercita la opción por el pago de la indemnización en el plazo de
los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia ha de entenderse
que opta por la readmisión del trabajador. Para el ejercicio de la opción no
existe una libertad formal, sino que, si no la ha anticipado expresa y
previamente en el juicio (artículo 110.1.a LRJS), debe ejercitarla por escrito
o comparecencia en el Juzgado de lo Social en el plazo de cinco días desde la
suplicación aplica con carácter general esta jurisprudencia, y así tiene
declarado que "con la consignación efectuada por la empresa no está
ejecutada la sentencia de esta Sala que declaró improcedente su despido porque
esa consignación no puede equivaler al ejercicio de la opción en la forma que
establece el artículo 110.3 de la Ley de Procedimiento Laboral, pues otra cosa
no cabe deducir de los claros términos empleados en el precepto y, ante la
falta de ejercicio de la opción empresarial la consecuencia no puede ser otra
que la prevista en el artículo 56.3 del Estatuto de los Trabajadores"
(Sentencia del TSJ Extremadura de 22 junio 2006). Y es que "la opción del
empresario por la indemnización no puede hacerla éste mediante una relación
directa con el trabajador, sino que debe efectuarla ante un tercero -la oficina
del Juzgado- que cumple así una triple función: constancia de la declaración,
calificación de su válida y eficaz emisión o no, y traslado a la otra parte
interesada" (Sentencia del TSJ Castilla y León de 19 marzo 2014),
"pues en otro caso se estaría concediendo al empresario, una posibilidad
de extender, más allá de la previsión legal, los efectos de incertidumbre
respecto de los derechos del trabajador, de modo que esta obligación de hacer
empresarial está sometida a un doble condicionamiento, formal de comunicación
escrita o por comparecencia ante la Secretaría del Juzgado y un plazo
improrrogable." (Sentencia del TSJ Galicia de 18 marzo 2010); incluso en
casos, como el que nos ocupa en el que la empresa ingresa la cuantía de la
indemnización en la cuenta de consignaciones del Juzgado, sin optar
expresamente por la extinción, debiendo entenderse que dicha actuación no
equivale al ejercicio del derecho de opción entre la readmisión o la extinción
del contrato que debe hacerse por escrito y de forma expresa (Sentencia del TSJ
Cataluña de 12 febrero 2014); o aunque se hubiera hecho el pago de la
indemnización fijada en la sentencia dentro del plazo de cinco días
directamente a la trabajadora, (STSJ Extremadura de 22 de junio de 2006)".
Esta doctrina es
aplicable al caso. Al no ejercitarse la opción en la manera que la Ley
establece, no puede entenderse como subsanada por el ingreso en una cuenta sin
más. www.indemnizacionglobal.com
Despacho de abogados especializado en reclamación de indemnizaciones por despido improcedente,
A) La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 26 de abril
de 2017, nº 261/2017, rec. 2359/2016, declara que los daños morales
ocasionados por la intromisión ilegítima provocada por la inclusión en un
fichero de morosos, debe indemnizarse teniendo en cuenta la difusión, el número
de empresas que lo hayan consultado y la permanencia en el tiempo de la
inclusión de los datos en el registro. Para el TS es indemnizable la afectación a la
dignidad, en su aspecto interno o subjetivo, y en el externo relativo a la
consideración de los demás. Igualmente el quebranto o la angustia provocados
por las gestiones más o menos complicadas para lograr la rectificación o
cancelación de los datos incorrectamente tratados. Para el TS no se admiten indemnizaciones
meramente simbólicas, dado el relieve de los valores o intereses en juego. Y por ello revoca la indemnización por daño moral de 2.000
euros y la eleva a la suma de 7.000 euros.
B) LA EXISTENCIA DEL PERJUICIO SE PRESUMIRÁ SIEMPRE QUE SE ACREDITE LA
INTROMISION ILEGITIMA: El artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, en su
redacción anterior a la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010, que entró
en vigor a partir del 23 de diciembre de 2010 y que es la aplicable dada la
fecha de los hechos, dispone que «La existencia de perjuicio se presumirá
siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá
al daño moral que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la
gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta
en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya
producido. También se valorará el beneficio que haya obtenido el causante de la
lesión como consecuencia de la misma». Esta Sala ha declarado en STS de 5 de
junio de 2014, rec. núm. 3303/2012, que dada la presunción iuris et de iure,
esto es, no susceptible de prueba en contrario, de existencia de perjuicio
indemnizable, el hecho de que la valoración del daño moral no pueda obtenerse
de una prueba objetiva no excusa ni imposibilita legalmente a los tribunales
para fijar su cuantificación, «a cuyo efecto ha de tenerse en cuenta y ponderar
las circunstancias concurrentes en cada caso ( sentencias de esta sala núm.
964/2000, de 19 de octubre, y núm. 12/2014, de 22 de enero)». Se trata, por
tanto, «de una valoración estimativa, que en el caso de daños morales derivados
de la vulneración de un derecho fundamental del art. 18.1 de la Constitución,
ha de atender a los parámetros previstos en el art. 9.3 de la Ley Orgánica
1/1982, de acuerdo con la incidencia que en cada caso tengan las circunstancias
relevantes para la aplicación de tales parámetros, utilizando criterios de
prudente arbitrio».
C) EL TRIBUNAL SUPREMO AFIRMA QUE NO SON ADMISIBLES LAS INDEMNIZACIONES DE
CARÁCTER SIMBÓLICO: Como declara la sentencia de esta Sala de lo Civil del TS, núm. 386/2011,
de 12 de diciembre, «según la jurisprudencia de esta Sala (SSTS de 18 de
noviembre de 2002 y 28 de abril de 2003) no es admisible que se fijen
indemnizaciones de carácter simbólico, pues al tratarse de derechos protegidos
por la CE como derechos reales y efectivos, con la indemnización solicitada se
convierte la garantía jurisdiccional en un acto meramente ritual o simbólico
incompatible con el contenido de los artículos 9.1, 1.1. y 53.2 CE y la
correlativa exigencia de una reparación acorde con el relieve de los valores e
intereses en juego (STC 186/2001, FJ 8)» ( STS 4 de diciembre 2014, rec. núm.
810/2013).
D) CRITERIOS PARA FIJAR LA CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN: Descendiendo al
supuesto enjuiciado sobre la inclusión de los datos de una persona en un
registro de morosos sin cumplirse los requisitos establecidos por la LOPD,
sería indemnizable en primer lugar la afectación a la dignidad en su aspecto
interno o subjetivo, y en el externo u objetivo relativo a la consideración de
Para valorar este segundo aspecto afirma
la sentencia núm. 81/2015, de 18 de febrero, que ha de tomarse en consideración
la divulgación que ha tenido tal dato, pues no es lo mismo que sólo hayan
tenido conocimiento los empleados de la empresa acreedora y los de las empresas
responsables de los registros de morosos que manejan los correspondientes
ficheros, a que el dato haya sido comunicado a un número mayor o menor de
asociados al sistema que hayan consultado los registros de morosos.
También sería indemnizable el quebranto
y la angustia producida por las gestiones más o menos complicadas que haya
tenido que realizar el afectado para lograr la rectificación o cancelación de
los datos incorrectamente tratados. Ambos extremos se consideran probados
por la sentencia recurrida, asumiendo al efecto la de primera instancia.
E) La cuestión es saber, porqué la sentencia de 17 de junio de 2016 de la Audiencia Provincial de Asturias,
modera la cuantía fijada por la sentencia de primera instancia.
1º) Sobre este particular, debe
recordarse que el ámbito de la revisión que es posible en casación es más
amplio en este tipo de litigios que en otros que versan sobre cuestiones sin
trascendencia constitucional. Cuando la resolución del recurso de casación
afecta a derechos fundamentales, este tribunal no puede partir de una
incondicional aceptación de las conclusiones probatorias obtenidas por las
sentencias de instancia sino que debe realizar, asumiendo una tarea de
calificación jurídica, una valoración de los hechos en todos aquellos extremos
relevantes para apreciar la posible infracción de los derechos fundamentales
alegados (sentencias núm. 311/2013 de 8 de mayo, y núm. 312/2014 de 5 de junio,
entre las más recientes).
2º) Al abordar la citada revisión, con
independencia de razonar la sentencia recurrida que la indemnización que fija
no es simbólica, no existe más dato para llevarla a cabo que la comparación que
hace esta con otra sentencia dictada por el mismo tribunal. Consecuencia de lo anterior es que el TS
ha de indagar sobre razones que no afloran en la sentencia. En esa labor de
indagación, no puede aceptarse (sentencia núm. 81/2015 de 18 de febrero) el
argumento de que la inclusión de datos sobre una deuda de pequeña entidad en un
registro de morosos no supone una intromisión ilegítima en el derecho al honor
de una trascendencia considerable (y por tanto no puede dar lugar más que a una
pequeña indemnización) porque claramente muestra que no responde a un problema
de solvencia sino a una actuación incorrecta del acreedor. La inclusión en
registros de morosos por deudas de pequeña cuantía es correcta y congruente con
la finalidad de informar sobre la insolvencia del deudor y el incumplimiento de
sus obligaciones dinerarias. Y cuando tal inclusión se ha realizado, quienes
consultan el registro pueden suponer legítimamente que el acreedor ha cumplido
con las exigencias del principio de calidad de los datos, y no lo contrario,
que es lo que hace la Audiencia, y que por tanto es cierto que el afectado ha
dejado de cumplir sus obligaciones dinerarias.
Por tanto, la escasa cuantía de la deuda no disminuye la importancia del
daño moral que le causó a la demandante la inclusión en los registros de
morosos. Tampoco cabe tener en cuenta que no conste que la citada inclusión le haya
impedido a la recurrente acceder a créditos o servicios.
Precisamente la información sobre
incumplimiento de obligaciones dinerarias que se incluye en estos registros va
destinada justamente a las empresas asociadas a dichos ficheros, que no solo
les comunican los datos de sus clientes morosos, sino que también los consultan
cuando alguien solicita sus servicios para evitar contratar y conceder crédito
a quienes no cumplen sus obligaciones dinerarias.
Las empresas que consultaron son
empresas que facilitan crédito o servicios y suministros, bien porque se trate
de entidades financieras, bien porque se trate de entidades que realizan
prestaciones periódicas o de duración continuada y que facturan periódicamente
sus servicios al cliente (con frecuencia, se facturan los servicios ya prestados,
como es el caso de las empresas de telefonía y servicios de internet), por lo
que para ellas es importante que se trate de un cliente solvente y cumplidor de
sus obligaciones dinerarias. Por ello, estos registros de morosos son
consultados por las empresas asociadas para denegar financiación, o para
denegar la facilitación de suministros u otras prestaciones periódicas o
continuadas, a quien no merezca confianza por haber incumplido sus obligaciones
dinerarias. Es más, en ciertos casos, estas empresas no deben facilitar crédito
si consta que el solicitante está incluido en uno de estos registros de morosos
(es el caso de lo que se ha llamado "crédito responsable", destinado
a evitar el sobreendeudamiento de los particulares, a que hacen referencia la
Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de Crédito al Consumo, el art. 29 de
la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y el art. 18 de la Orden
EHA/2899/2Q11, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de
servicios bancarios).
3º) Por todo ello, el daño indemnizable
sufrido por la demandante se compadece más con el que cuantifica la sentencia
de primera instancia que con el que fija la sentencia recurrida puesto que la
inclusión de sus datos en los registros de morosos era apta para afectar
negativamente al prestigio e imagen de solvencia de la demandante y para
impedirle la obtención de financiación o la contratación de prestaciones
periódicas o continuadas.
4º) A lo anterior se han de añadir las
gestiones que tuvo que realizar la demandante para conseguir la cancelación de
sus datos en los registros de morosos, sin que el resultado fuera enteramente
satisfactorio, pues sólo obtuvo la cancelación en uno.
5º) En consecuencia, la indemnización fijada en la
sentencia recurrida no se ajusta a los criterios establecidos en el art. 9.3 de
la Ley Orgánica 1/1982, ni se compadece con lo mantenido por
esta sala en supuestos similares de escasa deuda, tiempo incluido en los
registros de morosos y divulgación que los mismos han tenido. Una reducción tan notoria como la
llevada a cabo por la sentencia recurrida, en circunstancias como las
descritas, ha de calificarse de indemnización simbólica, disuasoria para
impetrar la tutela de derechos que son fundamentales para la persona.
El Tribunal Supremo no admite indemnizaciones meramente simbólicas por estar incluido en ficheros de morosos sin serlo.
La indemnización por despido ha de calcularse teni...
En los seguros de transportes, la existencia de un...

References: artículo 20
 artículo 20
 artículo 119
 artículo 22
 artículo 25
 artículo 6
 artículo 40
 Resolución 

artículo 79
 artículo 180
 artículo
79
 resolución 
 artículo 28
 artículo 180
 artículo 165
 artículo 56
 artículo 110
 artículo 110
 artículo 56
 artículo 9
 resolución