Source: http://elcanario.net/Documentos/democraciaalaespanolamupc.htm
Timestamp: 2019-05-21 09:24:08+00:00

Document:
“Democracia” a la española
Documento dirigido al Sr. Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas.
El Movimiento UPC va a pelear hasta la extenuación para llevar un mensaje libertario a los canarios y canarias, con el coraje de denunciar este antidemocrático régimen tanto ante la opinión pública canaria como internacional, incluyendo la española y si al final, como tiene previsto el colonialismo, se excluyen nuestras candidaturas, que hemos presentado en todas las circunscripciones electorales canarias, solicitaremos a los electores censados, tanto en Canarias como en España, que se incluya en el sobre electoral el logotipo del Movimiento por la unidad del Pueblo Canario que incluye el mensaje Descolonización e Independencia.
Como usted bien conoce, el Archipiélago Canario es la primera y también la última colonia de España, cuyo estado incumple sistemáticamente los tratados y acuerdos que firma, el más flagrante de los cuales es el incumplimiento de la Resolución 1514 (XV) de 14 de Diciembre de 1960 sobre la concesión de la Independencia a los países y pueblos colonizados, en cuya votación y de forma interesada España, vergonzosamente, se abstuvo, lo que sin embargo no le exime de sus obligaciones y responsabilidades.
Canarias, una Nación sin Estado, figura en la Organización de las Naciones Unidad (ONU) que usted dirige como un territorio autónomo, pero lo cierto es que se trata de una falsa autonomía, como lo demuestra el hecho de que el 12 de marzo de 1986 se celebró un Referéndum en el que se le consultó al pueblo canario acerca de su integración en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a la que pertenece España y aunque nos manifestamos en contra votando NO pues no nos han hecho caso, lo que demuestra el carácter ultraconservador y fascista del régimen que gobierna España. Como ejemplo tenga usted en cuenta que desde el 1 de abril de 1939 sólo ha habido en España dos jefes de estado, el dictador Franco, que mediante lo que denominó el alzamiento nacional ganó una guerra que sólo en Canarias los sublevados asesinaron a 1200 personas en los seis primeros meses de los más de 20.000 que pasaron por las cárceles, según describe el investigador Juan Medina Sanabria en su libro “Isleta/Puerto de la Luz: Campos de Concentración” (2002). Cuenta el investigador que las detenciones de canarios se multiplicaron tanto al inicio de la Guerra que los militares fascistas se vieron obligados a crear un segundo campo de concentración en La Isleta, al quedarse pequeña la recién estrenada cárcel de Barranco Seco (Gran Canaria, Canarias). Allí, ultrajados en tiendas de campaña y sin duchas, ni baños y constantemente amenazados por una ametralladora sobrevivieron hasta febrero de 1937 un total de 1.145 detenidos. La mayoría de ellos salieron de allí para ser fusilados o desaparecidos en alguna sima.
El segundo jefe de estado, el monarca Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, que adoptó el nombre de Juan Carlos I, heredó el régimen anterior una vez muerto el dictador el 20 de Noviembre de 1975, conmemorándose al próximo 20 de Noviembre el 36 aniversario, de tal manera que en los últimos 72 años España ha tenido dos jefes de estado, cada uno 36 años de nada en el cargo. Treinta y seis años y un día a partir del próximo 20 de Noviembre el segundo jefe de estado, Juan Carlos I. Casualidades de la historia o no en esa fecha el colonialismo español tiene convocadas elecciones generales tanto en España como en la sumisa colonia canaria.
Ya hemos tocado fondo ¡Ahora a escarbar!
Nadie en su sano juicio y con una mínima capacidad de análisis y de conocimientos históricos puede decir seriamente que en España reina un régimen democrático y no sólo por la prácticamente inexistente tradición democrática española, sino por la falta de voluntad política. El Movimiento por la Unidad del Pueblo Canario (Movimiento UPC), organización política que lucha por la Descolonización e Independencia de Canarias es consciente de la farsa, más propiamente, del sainete que suponen las convocatorias electorales del colonialismo en Canarias, que, insistimos una vez más, es una falsa autonomía. También son conscientes los cientos de miles de canarios y canarias que sistemáticamente se abstienen en esas convocatorias electorales (más del 70 por ciento en las elecciones al parlamento europeo celebradas en el año 2009, abstención que solicitó nuestra organización). El Movimiento UPC tiene una profunda vocación democrática, por lo que quiere estar presente en todos los asuntos que atañen a Canarias, aunque los nuevos recortes a la participación ciudadana cada vez lo hacen más difícil, pues cuando suponíamos que ya habíamos tocado fondo nos ha venido a la mente la frase del famoso cómico estadounidense Groucho Marx que dice “…ya hemos tocado fondo ¡Ahora a escarbar!”.
En nuestra opinión la llamada a la abstención electoral es antipedagógica, pues de hecho es lo que pretenden las nuevas barreras electorales pactadas por los partidos políticos con mayor representación parlamentaria y supondrán la victoria de las fuerzas ultraconservadoras y fascistas, a las que las encuestas dan una mayoría absoluta el próximo 20 de Noviembre (20N). El Movimiento UPC va a pelear hasta la extenuación para llevar un mensaje libertario a los canarios y canarias, con el coraje de denunciar este antidemocrático régimen tanto ante la opinión pública canaria como internacional, incluyendo la española y si al final, como tiene previsto el colonialismo, se excluyen nuestras candidaturas, que hemos presentado en todas las circunscripciones electorales canarias, solicitaremos a los electores censados, tanto en Canarias como en España, que se incluya en el sobre electoral el logotipo del Movimiento por la unidad del Pueblo Canario que incluye el ya glorioso mensaje Descolonización e Independencia, reivindicando en este caso los votos nulos, extensivos obviamente a todo el estado español. La convocatoria electoral se ha recurrido ante las instancias judiciales, pero como ha quedado suficientemente documentado el mal denominado estado de derecho español no tiene credibilidad, pues son los mismos políticos que han originado este régimen corrupto los que nombran a los magistrados. El recurso se ha sustentado en los siguientes argumentos:
Habiendo sido publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 1329/2011, de 26 de septiembre, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución y de conformidad con lo previsto en el artículo 42.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, a propuesta del Presidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de septiembre de 2011, procedo a interponer recurso contra la misma por los siguientes motivos
1 El apartado 3 del artículo 169 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General (LOREG) que dice: “Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electores necesitarán, al menos, la firma del 1 % de los inscritos en el censo electoral de la circunscripción. Los partidos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria de elecciones necesitarán la firma, al menos, del 0,1 % de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretendan su elección. Ningún elector podrá prestar su firma a más de una candidatura” vulnera gravemente la constitución española (CE), concretamente los derechos fundamentales recogidos en los artículos 14 y 16. El artículo 14 recoge textualmente que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, principio fundamental que vulnera el apartado 3 del artículo 169 de la LOREG que discrimina entre elegibles que previamente hayan obtenido representación y los que no. Se vulnera también el artículo 16, apartado 2, que dice: “Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”. Y eso es lo que viene a exigir el apartado 3 del artículo 169 de la LOREG, que no sólo exige que los avalistas estén inscritos en el censo electoral de la circunscripción, sino que ningún elector podrá prestar su firma a más de una candidatura, con lo que, en última instancia, se está recogiendo un listado de votantes. Se trata de un derecho fundamental.
2 El citado artículo vulnera igualmente el derecho fundamental recogido en el artículo 23 de la CE, tanto en su apartado 1, como en el 2, pues en el primer caso se conculca el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos, libertad que conculca el artículo en cuestión, pues depende de la libertad de los electores inscritos de avalar o no la candidatura, limitando también la participación en el supuesto de no conseguir los avales exigidos por la restrictiva e involucionista norma, que vulnera igualmente el apartado 2, pues la exigencia de firmas o avales para participar impide que el acceso a las funciones y cargos públicos sea en condiciones de igualdad con respecto a los que ya obtuvieron representación y que no necesitarían avales o firmas y que nunca se les exigió.
3 Se vulnera igualmente el artículo 68 de la CE en su apartado 1, y se vulnera triplemente, pues la elección en este caso no es libre, ni igual y mucho menos secreta. No es libre porque algunos candidatos necesitan firmas para presentarse, por lo que dependen de la libertad de otorgar la firma o no de terceros; no es igual, dado que unos candidatos necesitan avales y otros no, por lo que la convocatoria es discriminatoria y por último no es secreta dado que la norma lo que pretende en última instancia es obtener listas de electores, pues sólo pueden avalar con su firma a una candidatura o, lo que es más grave, limitar la participación.
4 Se vulnera asimismo el apartado 5 del artículo 68, que sostiene que son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos, lo que no es cierto para algunos candidatos, exactamente para aquellos que se presenten por organizaciones que no hayan obtenido anteriormente representación parlamentaria, dado que necesitan firmas o avales para presentarse. La prepotente y arrogante norma garantiza la permanencia de los que ya están, que se bastan y se sobran. Estando ellos ¿para qué hacen falta otros?
En base a lo anteriormente expuesto
Que mediante este escrito considere impugnada y nula de pleno derecho la convocatoria de elecciones mediante el Real Decreto 1329/2011, de 26 de septiembre, de 2011, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones, procediendo a la emisión de una nueva convocatoria que contemple los argumentos anteriormente expuestos.
Por último, Sr. Ban Ki-moon, en esta ocasión ni siquiera vamos a solicitar observadores internacionales que supervisen la convocatoria electoral, entre otras cosas porque nada hay que supervisar ante la evidencia, que ha sido pública y publicada. En base a la documentadísima y degradante situación colonial de Canarias nos dirigimos a usted para que, a través de la Asamblea General y del Comité de Descolonización de la ONU exija a España, firmante de la carta de las Naciones Unidas, que proceda a la retirada inmediata de las bases militares y fuerzas de ocupación del Archipiélago Canario, que viene ocupando, mediante una invasión armada vil, cruel y sanguinaria desde el año 1495, después de una guerra que duró 151 años.
Modelo de papeleta para las elecciones del 20-M
si finalmente no se proclaman nuestras candidaturas

References: Resolución 
 Real Decreto 
 artículo 115
 artículo 42
 artículo 169
 artículo 14
 artículo 169
 artículo 16
 artículo 169
 artículo 23
 artículo 68
 artículo 68
 Real Decreto