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Timestamp: 2018-09-25 17:42:26+00:00

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﻿ Sentencia C-886 de noviembre 11 de 2010
SENTENCIA C-886 DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2010
CONTENIDO:MATRIMONIO CIVIL. LA CORTE CONSTITUCIONAL SE INHIBE PARA EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO DE FONDO ACERCA DE LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INSTAURADA CONTRA EL ARTÍCULO 113 DEL CÓDIGO CIVIL Y LA EXPRESIÓN “LIBRE DE UN HOMBRE Y UNA MUJER” CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 2º DE LA LEY 294 DE 1996.
TEMAS ESPECÍFICOS:MATRIMONIO CIVIL, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD
Sentencia C-886 de noviembre 11 de 2010
Ref.: Expedientes D- 7882 y 7909 acumulados.
Demandas de inconstitucionalidad: contra el artículo 113 (parcial) del Código Civil y el inciso 1º (parcial) del artículo 2º de la Ley 294 de 1996.
Actores: Jaime Luis Berdugo Pérez y Felipe Montoya Castro, respectivamente.
Los ciudadanos Jaime Luis Berdugo Pérez (D-7882) y Felipe Montoya Castro (D-7909), de conformidad con el artículo 241 de la Constitución Política y con el Decreto 2067 de 1991, interponen acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 113 del Código Civil y el inciso 1º (parcial) del artículo 2º de la Ley 294 de 1996, por la presunta vulneración de los artículos 1º, 2º, 11, 12, 13, 16, 18, 38, 93 y 94 de la Constitución Política y los artículos 7º y 23.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los artículos 1º de la Convención Americana de Derechos Humanos y 6º de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Las disposiciones demandadas son las siguientes:
ART. 113.—El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente”.
“LEY 294 DE 1996(1)
La Corte Constitucional es competente para decidir la constitucionalidad de las normas legales, como las disposiciones demandadas, con base en el artículo 241 numeral 4º de la Constitución Política.
El artículo 113 acusado hace parte del libro primero del Código Civil referente a las “Personas”, específicamente del título IV que versa sobre el “matrimonio”. Dicho título define el matrimonio como un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente, determina la manera en que se constituye y perfecciona, la capacidad para contraerlo, todo lo relacionado respecto del matrimonio del menores, la celebración y los testigos, el consentimiento y el contenido más el registro del acta de matrimonio; entre otras. Si bien no es el caso de la norma demandada, varias de las restantes disposiciones de dicho título han sido derogadas o modificadas entre otras por la Ley 57 de 1887, la Ley 8ª de 1992, la Ley 25 de 1992 y el Decreto 2820 de 1974. En diferentes providencias la Corte Constitucional se ha pronunciado respecto de las normas de dicho título, entre otras las Sentencias C-344 de 1993, C-401 de 1999, C-112 de 2000, C-1264 de 2000.
Por su parte, el artículo 2º demandado hace parte de la Ley 294 de 1996 por medio de la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política. Dicha norma constitucional determina que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad; ésta se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. La Ley 294 de 1996 también contiene normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar; el artículo 2º está incluido en el título sobre definiciones y principios generales; y en la disposición acusada se establece la constitución de la familia por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.
Los accionantes dentro del expediente D-7882 afirman que el artículo 113 del Código Civil vulnera los artículos 13, 16, 93 y 94 de la Constitución y los artículos 7º y 23.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Para tal efecto esgrimen unos argumentos generales al respecto. Por su parte, el accionante dentro del expediente D-7909 señala que el artículo mencionado del Código Civil y además el artículo 2º de la Ley 294 de 1996 violan los artículos 1º, 2º 13 y 38, entre otros, de la Constitución Política.
Acorde con lo esbozado, el problema jurídico que se traza en la presente providencia, consiste en determinar ¿Si las contenidos normativos acusados del artículo 113 del Código Civil y el artículo 2º de la Ley 294 de 1996 establecen una discriminación a las parejas homosexuales al no permitirles contraer matrimonio?
Debido a la complejidad constitucional del tema, debe la Corte, y de manera previa, establecer si en el presente caso la demanda reúne los requisitos señalados la ley y por la jurisprudencia para activar la competencia de la Corte, para posteriormente, en el evento de que el anterior estudio sea favorable, resolver el problema jurídico planteado.
3. Requisitos para realizar un estudio de constitucionalidad.
3.1. La Corte no puede realizar un control de oficio. Una de las características del control de la Corte es su carácter no oficioso, pues esta corporación solamente puede actuar en ejercicio de su competencia en los estrictos y precisos términos del artículo 241 de la Constitución. Está fuera del alcance de la Corte tratar de reconducir el alegato del accionante hasta lograr estructurar un cargo dotado de la suficiente idoneidad para provocar un pronunciamiento de fondo. En otras palabras, no puede la Corte Constitucional reelaborar, transformar, confeccionar o construir los planteamientos esbozados en la demanda con el propósito de que cumplan con los requisitos mínimos exigidos por la jurisprudencia constitucional para que la misma Corte se pronuncie de fondo; por cuanto podría estar actuando como parte interesada y juez. De ahí, que la Constitución y la jurisprudencia de esta corporación hayan sido enfáticas en determinar que si bien debe tener suma importancia el principio pro actione, dicha valoración, no puede ir hasta el punto de que la misma Corte estructure o edifique los planteamientos esbozados por el accionante con el propósito de que se instituyan como verdaderos cargos de constitucionalidad(64). Así las cosas, “la Corte no puede seleccionar las materias acerca de las cuales va a pronunciarse y menos aún inferir los cargos de inconstitucionalidad o directamente construirlos, so pretexto de la índole popular de la acción o del principio pro actione, dado que, si ese fuera el caso, desbordaría su competencia y sería juez y parte”(65).
3.2. Requisitos de las demandas públicas de inconstitucionalidad.
El Decreto 2067 de 1991 tiene origen constitucional. En efecto, el artículo 23 transitorio(66) de la Constitución de 1991 determinó revestir al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para que dictara mediante decreto el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que debieran surtirse ante la Corte Constitucional. Así las cosas, en uso de las facultades constitucionales señaladas, se dicta el Decreto 2067 de 1991 el cual determina en su artículo 2º los requisitos que deben contener las demandas de inconstitucionalidad. Al respecto se tiene:
Las anotadas exigencias son formalidades, relativas al trámite procesal y las actuaciones y juicios, que están señalados en el Decreto 2067 de 1991, y constituyen parámetros a los que debe estar sujeta la Corte Constitucional por ser el desarrollo de los postulados constitucionales(67).
En este orden de ideas, las exigencias contenidas en el artículo 2º del Decreto 2067 más que requisitos adjetivos —téngase presente que estos son señalados por un decreto de origen constitucional— son parámetros esenciales para activar los requerimientos constitucionales y competenciales en cabeza de la Corte Constitucional. Así pues, quien pretenda hacer uso de la acción pública de inconstitucionalidad (i) debe señalar la norma acusada como inconstitucional, transcribir el contenido de esta o anexar un ejemplar de publicación oficial de la misma, (ii) establecer claramente cuáles son las disposiciones o normas constitucionales que estima se vulneran con la norma acusada, (iii) esbozar los razonamientos y argumentos por los cuales considera que las normas acusadas vulneran disposiciones constitucionales, (iv) señalar el trámite requerido por la Constitución y la forma en que fue violentado y (v) los argumentos por los cuales la Corte es competente para conocer del asunto. Estos requisitos son pedidos mínimos, aceptados constitucionalmente, para que cualquier ciudadano pueda hacer uso de la acción de constitucionalidad que tiene carácter público. Estas exiguas exigencias propenden para que la Corte no actúe de oficio sino que lo realice, en materia de control de constitucionalidad, a solicitud del ciudadano; evitando como se ha señalado atrás que se actúe como parte interesada y como juez.
Así las cosas, aunque los dos primeros requisitos solamente requieren del señalamiento de normas (unas violatorias y otras violadas), lo cierto es que el tercer requisito implica una carga argumentativa a través de la cual el demandante exponga los razonamientos, reflexiones, consideraciones y juicios por los cuales las normas constitucionales han sido vulneradas. Precisamente, dichos razonamientos deben demostrar que existe una contradicción entre las normas acusadas y las normas constitucionales. En su función interpretativa de las normas legales respecto de la Constitución, la Corte ha señalado respecto del numeral 3º del artículo 2º del Decreto 2067 de 19991(sic), la necesidad de que las demandas de inconstitucionalidad sujetas a estudio, cuenten efectivamente cargos que sustenten la violación de la Constitución. Lo anterior, con el propósito de que esta corporación pueda efectuar una verdadera confrontación entre la norma acusada, los argumentos expuestos por el demandante y la disposición constitucional supuestamente vulnerada. Es este análisis el que le permite a esta Corte, decidir —como lo exige el artículo 241 constitucional— el asunto de fondo.
Pues bien, no cualquier tipo de argumentación sirve de sustento o soporte a una discusión constitucional. Ciertamente, es necesario que los razonamientos alegados contengan unos parámetros mínimos que puedan llevar a esta corporación a desconfiar de la constitucionalidad de la norma acusada. Así las cosas, para que la acción pública de inconstitucionalidad sea efectiva como forma de control; los razonamientos en ella expuestos deben contener unos parámetros mínimos con el fin de que no se malogre la posibilidad constitucional de obtener de parte de esta corporación un fallo de fondo respecto del asunto planteado. Y no por el contrario, que se presente la posibilidad de que la Corte Constitucional se abstenga de pronunciarse sobre el asunto planteado debido a “razonamientos” que no permiten estructurar una discusión constitucional y por ende impidan tomar una decisión de fondo.
Así las cosas, esta corporación ha especificado a través de su jurisprudencia el contenido de los requisitos mínimos señalados por el artículo 2º del Decreto 2067 y ha entendido que los cargos de inconstitucionalidad deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes(68).
3.2.1. En este orden de ideas se ha venido afirmando que el cargo será claro si permite comprender el concepto de violación que se pretende alegar. Para que dicha comprensión se presente por parte del juez de constitucionalidad, (i) no solo es forzoso que la argumentación tenga un hilo conductor, (ii) sino que quien la lea —en este caso la Corte Constitucional— distinga con facilidad las ideas expuestas y que los razonamientos sean sencillamente comprensibles. Igualmente (iii) sería insuficiente señalar que un artículo de una ley vulnera una norma constitucional si el demandante no indica en lo más mínimo por qué considera que la norma legal es inconstitucional. No se está en presencia de un cargo claro cuando (iv) no existe lógica en la exposición de la secuencia argumentativa(69).
3.2.2. La certeza en el cargo se refiere a que (i) éste recaiga sobre una proposición jurídica presente en el ordenamiento jurídico, (ii) que ataque la norma acusada y no otra no mencionada en la demanda; así entonces, (iii) los cargos no pueden inferir consecuencias subjetivas de las disposiciones demandadas, (iv) ni extraer de estas efectos que ellas no contemplan objetivamente. Los cargos serán ciertos si las proposiciones jurídicas acusadas devienen objetivamente del “texto normativo”. (v) Los supuestos, las conjeturas, las presunciones, las sospechas y las creencias la demandante respecto de la norma demandada no podrán constituir un cargo cierto. Tampoco se está en presencia de un cargo cierto si (vi) la transcripción de la norma acusada, por cualquier medio, no es fiel, ni auténtica y ni verificable a partir de la confrontación de su contexto literal. No existe un cargo cierto cuando (vii) se demanda una interpretación de una norma y ésta no es plausible ni se desprende del contenido normativo acusado(70).
3.2.3. La especificidad como parámetro del cargo y razonamiento de la demanda, indica que estos (i) deben mostrar sencillamente una acusación de inconstitucionalidad contra la disposición atacada. Así las cosas, (ii) los cargos de inconstitucionalidad deben relacionarse directamente con la norma demandada y no pueden sustentarse en exposiciones “vagas, indeterminadas, indirectas, abstractas y globales” que no permitan directamente realizar un juicio de constitucionalidad. En resumen, este parámetro pretende que el cargo realizado (iii) sea efectivamente de inconstitucionalidad y que sus fundamentos sean específicos, determinados, concretos, precisos y particulares en relación a la norma acusada. Exige el requisito de especificidad que (iv) al menos se presente un cargo concreto contra la norma demandada, que permita comprobar la existencia de una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley que se acusa y el texto constitucional que resulta vulnerado(71).
3.2.4. Respecto del requisito de la pertinencia del cargo se ha afirmado que debe tener una (i) naturaleza constitucional. Es decir, que (ii) los cargos contrapongan normas de inferior categoría a las normas constitucionales. Por ende, es indispensable que los razonamientos sean del orden constitucional, razón por la cual (iii) no podrán ser aceptados cargos basados en argumentos legales o doctrinarios. De igual manera, no aparejan pertinencia aquellos cargos que pretenden sustentar la inconstitucionalidad de la norma acusada (iv) basado en ejemplos, acaecimientos particulares, hechos personales, vivencias propias, sucesos y ocurrencias reales o imaginarias; en las que supuestamente se aplicó o será aplicada la norma demandada. (v) Tampoco existirá pertinencia si el cargo se fundamente en deseos personales, anhelos sociales del accionante o en el querer del accionante en relación con una política social. Igualmente un cargo es pertinente si (vi) se desprende lógicamente del contenido normativo de la disposición que se acusa(72).
3.2.5. Finalmente, el cargo es suficiente si despierta una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional(73).
3.3. Carga argumentativa adicional cuando se trata de la supuesta vulneración del derecho de igualdad.
Ahora bien, la Corte Constitucional ha señalado una carga argumentativa superior por parte del accionante cuando se alega la vulneración del derecho a la igualdad. Así las cosas, el juicio de posible violación del derecho de igualdad exige la carga argumentativa de definir y aplicar tres etapas: (i) determinar cuál es el criterio de comparación (“patrón de igualdad” o tertium comparationis), pues antes de conocer si se trata de supuestos iguales o diferentes en primer lugar debe conocer si aquellos son susceptibles de comparación y si se comparan sujetos de la misma naturaleza; (ii) debe definir si desde la perspectiva fáctica y jurídica existe tratamiento desigual entre iguales o igual entre disímiles y, (iii) debe averiguar si el tratamiento distinto está constitucionalmente justificado, eso es, si las situaciones objeto de comparación, desde la Constitución, ameritan un trato diferente o deben ser tratadas en forma igual(74).
“En cuanto a la correcta estructuración del cargo por violación del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución, la Corte Constitucional ha señalado que el demandante tiene una importante carga argumentativa porque, salvo que se trate de la utilización de los denominados “criterios sospechosos de discriminación” a que hace referencia esa regla superior, el legislador goza de amplio margen de configuración normativa del principio de igualdad. Por esa razón, al demandante corresponde definir los sujetos de comparación, el término de comparación que se emplea para ejercer el control de constitucionalidad y debe establecer suficientes razones para concluir que el trato jurídico previsto en la ley repugna con la Constitución. (…)”(75).
Por consiguiente, la carga argumentativa debe tener un alto grado de precisión, en aquellos casos donde se pregone la vulneración del derecho de igualdad. Dicha precisión repercute de manera directa en la suficiencia del cargo. Esta exigencia lo que busca proteger en últimas es la libertad de configuración legislativa que solo se vería inicialmente menguada cuando se esté en presencia de “criterios sospechosos de discriminación”(76). En consecuencia, para poder demostrar el exceso del legislador en uso de su libertad es indispensable “demostrar cómo, en un caso específico, una regulación diversa constituye realmente una trasgresión de principios constitucionales como la igualdad, la proporcionalidad, la razonabilidad y la proscripción de la arbitrariedad. En otras palabras, las demandas de inconstitucionalidad fundadas en la supuesta vulneración del principio de igualdad deben demostrar que al regular un aspecto puntual de la realidad jurídica, el legislador actuó de manera desproporcionada, irrazonable o decididamente discriminatoria, pues de conformidad con el análisis que de ello haga el actor, diseñó un tratamiento diverso para situaciones fácticas que requerían una regulación similar”(77).
Corresponde a la Corte Constitucional, con base en los presupuestos legales y jurisprudenciales esbozados, analizar los razonamientos presentados en las demandas (D-7882 y 7909) para verificar que existan cargos de constitucionalidad que permitan a esta corporación emitir un pronunciamiento de fondo.
Así las cosas, la jurisprudencia de esta Corte ha precisado en numerosas oportunidades que en virtud de la naturaleza de la acción pública de inconstitucionalidad y de las competencias limitadas de esta corporación, no le corresponde a ella adelantar el control oficioso de las leyes, sino únicamente pronunciarse sobre las demandas debidamente presentadas por los ciudadanos (C.P., art. 241). Estas demandas han de cumplir con ciertos requisitos mínimos, en los términos del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 y los lineamientos que ha trazado la jurisprudencia respecto de tales requisitos. Sobre el particular, la Corte ha señalado que “para que realmente exista una demanda es necesario que el actor formule un cargo susceptible de activar un proceso constitucional, pues no le corresponde a esta corporación imaginar cargos inexistentes ya que ello equivaldría a una revisión oficiosa”. En este mismo sentido, ha indicado que la ausencia de un requisito sustancial como el concepto de la violación, sustentado en razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes, no puede ser suplida oficiosamente por la Corte y dado el caso, sobre una demanda que adolezca de ineptitud sustancial, debe proferir una sentencia inhibitoria.
La necesidad de justificar en forma clara, precisa, pertinente, específica y suficiente las acusaciones de inconstitucionalidad presentadas contra disposiciones legales, ha sido calificada como una carga procesal básica a cumplir por los ciudadanos que ponen en movimiento el sistema de control constitucional, cuyo alcance ha sido explicado por esta corporación al indicar que “entre el señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, el señalamiento de las normas constitucionales que se consideran infringidas y las razones por las cuales dichos textos se estiman violados, no sólo debe existir una correspondencia lógica sino que también es necesario que exista claridad en la exposición de la secuencia argumentativa. De ahí que se pueda concluir que la acusación debe ser suficientemente comprensible (claridad) y recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada (certeza). Además, el actor debe mostrar cómo la disposición vulnera la Carta Política (especificidad), con argumentos que sean de naturaleza constitucional y no de orden legal o puramente doctrinario, como tampoco referidos a situaciones puramente individuales (pertinencia). Finalmente, la acusación debe no sólo estar formulada en forma completa (proposición jurídica) sino que debe ser capaz de suscitar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma impugnada.
En este orden de ideas, pasa la Corte a realizar un análisis pormenorizado de los razonamientos sustentados en las demandas para determinar si ellos constituyen cargos de constitucionalidad a la luz de los parámetros legales y jurisprudenciales que se vienen señalando:
4.1. Cargo por la presunta violación del artículo 12 de la Constitución.
4.1.1. Se afirma en las demandas que la norma acusada —en este caso el artículo 113 del Código Civil— no prohíbe que el hombre o la mujer homosexual contraigan matrimonio, sino que si lo quieren deben hacer caso omiso a su orientación sexual, o si es el caso, renunciar a la misma para ejercer a plenitud esta garantía(78).
Al respecto se encuentra que dicha aseveración carece de la certeza requerida. Ciertamente, del texto de la disposición acusada no se desprende la regla según la cual un hombre o una mujer homosexual deben hacer caso omiso a su orientación sexual para contraer matrimonio; se está demandando una proposición jurídica que no está presente y que por ende no existe en la disposición legal acusada. Dicha disposición en momento alguno obliga a una persona a que renuncie a su orientación sexual, sea cual fuere; inferir que la norma dice algo que no dice es un despropósito que no permite fundamentar un cargo de constitucionalidad, precisamente por faltar a la certeza y a la veracidad respecto de lo que señala objetivamente la norma. No cabe duda para esta Corte, que la disposición acusada, en momento alguno está estableciendo hacer caso omiso a la orientación sexual de persona alguna; sorprende en sede de constitucionalidad dicha afirmación. Igualmente mal se puede indicar que la disposición demandada obligue a una determinada persona a contraer matrimonio en un determinado evento. Dicha aseveración es totalmente ajena a la norma señalada y por ende se estructura en una proposición jurídica inexistente, pues dicha disposición hace parte del Código Civil el cual claramente establece el matrimonio como un contrato y por ende en ese orden de ideas, prima la voluntad de las partes y su consentimiento; así las cosas y de manera palmaria se puede afirmar que no existe la obligación contractual para una persona de contraer matrimonio y menos aún cuando una de las características es el consentimiento; una de las bases del matrimonio es la posibilidad u opción de casarse libremente(79). Por tales razones, es evidente que se parte de conjeturas, sospechas y creencias que no reposan ni se desprenden de la norma acusada sino que están presentes solamente en la subjetividad del accionante, produciendo la falta de certeza en el cargo.
4.1.2. Se indica que nadie puede ser sometido a tratos degradantes; dichos tratos se han entendido como aquellos que humillan gravemente al individuo frente a los demás, o le compele actuar en contra de su voluntad; así pues la norma demandada trata a los colombianos homosexuales de una forma degradante(80).
No logra en ningún instante demostrarse las razones por las cuales la disposición legal acusada trata a unas personas de forma degradante. En el presente caso no se explican los argumentos con base en los cuales se permita inferir que la norma produce tratos inhumanos a un determinado grupo de personas. Dichas manifestaciones son solo sospechas y conjeturas radicadas en el parecer de quien demanda pero que no permiten edificar un cargo de constitucionalidad. Se insiste que el trato indigno, vil e indecente no se desprende objetivamente de la disposición acusada, y por tal razón no posee la certeza para estructurar un cargo constitucional.
4.1.3. Se señala como corolario de lo anterior que la disposición demandada y respecto de las personas homosexuales los cosifica, desconoce su dignidad humana y le obligan a renunciar a lo irrenunciable: la orientación sexual(81).
Del artículo 113 del Código Civil no se desprende instrumentalización del ser humano. Por el contrario, dicho contrato está sustentado en el consentimiento y en la libertad del contrayente; facultades inherentes a un ser humano digno. Siendo así las cosas, la afirmación es inexistente en el contenido normativo acusado y traducido en falta de certeza. Ciertamente, se está extrayendo unos efectos que la disposición acusada no contempla y además la interpretación que se busca hacer valer no es plausible.
4.2. Cargo por la presunta violación del artículo 42 de la Constitución.
4.2.1. Se indica que el texto constitucional no excluye del matrimonio a parejas del mismo sexo, sino que se limita a reflejar una realidad social: que la heterosexualidad es mayoritaria en nuestro país(82).
La presente aserción evidencia simplemente la opinión de los accionantes sobre la posición del Constituyente de 1991. En efecto, el demandante realiza una valoración sobre los fundamentos de una norma constitucional; apreciación esta que no escapa de simple campo estimativo propio del accionante pero que no funda cargo constitucional alguno. En otras palabras, las inferencias que realiza el demandante respecto de las posibles razones que fundamentan o no una norma constitucional están bien alejadas de tener siquiera la suficiencia y la certeza indispensable para emitir un pronunciamiento de fondo. Si la norma constitucional refleja o no una realidad del país, cualquiera que sea; no comporta un cargo contradictorio de la constitución sino una simple deducción subjetiva de quien la realiza.
4.2.2. Se manifiesta que el matrimonio señalado en la norma constitucional debería ser extendido a las parejas del mismo sexo.
La estructura de los argumentos expuestos en las presentes demandas gira en torno del eje según el cual en Colombia debería existir el matrimonio para parejas del mismo sexo. Dicho anhelo social y jurídico de parte de los accionantes, muy respetable por cierto, es la exteriorización de un deseo de quien presenta la demanda; sin embargo dicho afán no puede estructurar un cargo de constitucionalidad por falta de pertinencia. Ciertamente, no corresponde a esta corporación valorar las aspiraciones de los demandantes respecto de un determinado comportamiento social o una especial resonancia en el ordenamiento jurídico. Mal podría entenderse dicho argumento como constitucional por cuanto escapa a la esfera jurídica para radicarse en una simple esperanza de quien acude en sede de constitucionalidad con una visión particular del deber ser. Así las cosas, no puede esta corporación modificar una específica situación por el simple querer de quien demanda.
4.2.3. Se señala que ha existido una interpretación errada del artículo 2º de la Ley 294 de 1996, que desarrolla el artículo 42 de la Constitución, ya que no es cierto que la familia siempre esté integrada o tenga en su base a un hombre y a una mujer. Se debe entender que la “o” que se usa entre la hipótesis matrimonial y la de voluntad responsable de conformarla, hace referencia a formas optativas de constituir una familia que pueden o no estar relacionadas entre ellas. Tratándose de un estado social y democrático de derecho no se puede afirmar la heterosexualidad sea requisito sine qua non en todas las clases de familias existentes en el marco de la sociedad las cuales se encuentran igualmente protegidas por nuestra Constitución y qué, con base en ello, se pueda vulnerar el derecho de las parejas homosexuales a contraer matrimonio y conformar una familia en pro de las creencias particulares de un grupo mayoritario pues, con esos mismos argumentos, otras prácticas discriminatorias como el racismo y el sexismo se han abierto campo en nuestra sociedad(83).
El actor acepta que la norma acusada no hace sino reproducir el precepto constitucional vertido en el artículo 42 de la Constitución. En este orden de ideas, expresa el demandante que se le ha dado una interpretación errada al artículo 2º de la Ley 294 de 1996 por cuanto la familia no siempre está integrada por un hombre y una mujer. No obstante lo anterior, no se señala o indica qué juez o corporación judicial ha dado esta especial interpretación, en qué circunstancia concreta se ha realizado esta disquisición, qué entidad del Estado la ha hecho; careciendo por ende dicho indicación de la certeza necesaria para emitir un pronunciamiento constitucional.
Ahora bien, asevera el demandante que “…cuando se habla de la posibilidad de que las parejas homosexuales puedan integrar un grupo familiar se incurra en el error de confundir la noción de familia, en estricto sentido, la institución religiosa del matrimonio y su particular concepción de la familia”(84). De los razonamientos expuestos por el demandante se constata la tendencia a partir de la base de que matrimonio y familia son lo mismo(85). En efecto, se pregona que la afectación de los derechos de los homosexuales se produce ante la imposibilidad de contraer matrimonio o integrar un núcleo familiar. Dicho raciocinio carece de sustento objetivo en la norma constitucional. El artículo 42 de la Constitución expresa que “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.” Así las cosas, el matrimonio es una de las formas de constituir la familia, sin embargo no siempre la familia se constituye por el matrimonio. En este orden de ideas, la personal percepción del demandante no tiene certeza para estructurar un cargo de constitucional por cuanto parte de una premisa que objetivamente no está presente en la norma constitucional que le sirve de sustento.
Es deber resaltar el hecho de que si el demandante acepta que la norma acusada lo que hace es reproducir un contenido normativo constitucional, en realidad lo que se está haciendo es atacar de inconstitucional un artículo constitucional, tratando de demostrar una antinomia constitucional; argumento que en el presente caso carece de pertinencia para emitir un pronunciamiento de fondo.
4.3. Cargo por la presunta violación del artículo 13 constitucional.
4.3.1. Se expresa que el artículo 13 de la Constitución lleva implícita una cláusula de erradicación de las injusticias presentes, que debe ser aplicada a cada caso concreto. Si se mira en forma abstracta a una pareja, homosexual o heterosexual, veremos que está conformada por dos personas que voluntariamente deciden unirse para compartir su proyecto de vida y desarrollarlo en forma mancomunado sólo que respecto de la pareja heterosexual la ley brinda todas las garantías para tal fin, mientras que la pareja homosexual se ve limitada toda vez que la ley la ignora y, de hecho, la discrimina en forma abierta y pública(86).
Acorde con los presupuestos teóricos esbozados en esta providencia (supra numeral 3.3.) en aquellos eventos en los cuales se acuse la vulneración del derecho a la igualdad existe una carga argumentativa adicional para estructurar un cargo de constitucionalidad. En efecto, el demandante debe definir y aplicar tres etapas: (i) determinar cuál es el criterio de comparación (“patrón de igualdad” o tertium comparationis), pues antes de conocer si se trata de supuestos iguales o diferentes en primer lugar debe conocer si aquellos son susceptibles de comparación y si se comparan sujetos de la misma naturaleza; (ii) debe definir si desde la perspectiva fáctica y jurídica existe tratamiento desigual entre iguales o igual entre disímiles y, (iii) debe averiguar si el tratamiento distinto está constitucionalmente justificado, eso es, si las situaciones objeto de comparación, desde la Constitución, ameritan un trato diferente o deben ser tratadas en forma igual.
Pues bien, encuentra la Corte que en el presente caso no se exponen dichos argumentos que desvirtúen el amplio margen de configuración normativa en cabeza del legislador. Aunque el demandante realiza un esfuerzo válido en su demostración, lo cierto es que en momento alguno logra determinar cuál es el patrón de igualdad o tertium comparationis que pretende hacer valer, las razones por las cuales los grupos sociales que relaciona son susceptibles de comparación, los argumentos por los cuales los sujetos aludidos son de la misma naturaleza, no se esbozan fundamentaciones que denoten porque desde la perspectiva fáctica y jurídica se da un tratamiento desigual entre iguales o igual entre disímiles y si dicho tratamiento diferente es constitucionalmente justificado. El demandante se limita a realizar unos esbozos generales del deber ser, efectúa explicaciones superfluas en relación con los sujetos a comparar sin adentrarse en las reflexiones jurídicas por las cuales los grupos sociales que menciona son comparables. Se insiste, que las valoraciones personales, las conjeturas, las sospechas, las apreciaciones personales y más aún los anhelos sociales o personales no pueden constituir un cargo de constitucionalidad. De ahí que sean indispensables argumentaciones —que tengan un contenido jurídico— que al menos permitan estructurar un cargo de constitucionalidad, en el entendido que se presente una confrontación entre una norma legal y una constitucional. No basta el querer de un deber ser.
Así las cosas, la carga argumentativa expuesta por el demandante respecto de la supuesta violación del derecho a la igualdad no tuvo un alto grado de precisión como es requerido. Por tal razón al no hallar esta Corte argumentos idóneos respecto al derecho a la igualdad, la consecuencia directa del sustento es la falta de suficiencia para realizar un estudio de constitucionalidad.
4.3.2. Se afirma que la exclusión y discriminación hacía las personas homosexuales es explicable, más no justificable, a la luz de la segregación histórica a la que han sido sometidas por parte de grupos religiosos y facciones de ultra derecha. El rol de “ciudadano de segunda clase” dado al homosexual que formalmente es reconocido como “igual” a las personas con orientación heterosexual pero a la vez se ve restringido en derechos de carácter fundamental como los mencionados, lo que es una clara forma de violación a lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución(87).
Se estructura la argumentación basada en la reclamación histórica que realiza la población homosexual sobre sus derechos, siendo esta una pretensión de carácter especial radicada en un grupo de la población que “no ha tenido voz propia en la adopción de decisiones políticas”. Comprueba esta corporación que la argumentación esta edificada en acaecimientos particulares, ocurrencias reales o imaginarias en las que supuestamente ha sido o será aplicada la norma. El demandante se centra en constatar la presencia de un reclamo social de un grupo poblacional que supuestamente no ha tenido acceso a las decisiones políticas y por ende al parecer no ha podido proteger sus derechos. Independiente de que dichas aseveraciones sean verdaderas o no; lo cierto es que ellas no pueden erigir un cargo de constitucionalidad por falta de pertinencia. Ciertamente, las vivencias históricas o la forma de acceso a las decisiones del poder, por si solas, no bastan para construir un cargo de constitucionalidad, que como mínimo requiere de la exposición clara y jurídica de una posible contradicción entre una norma legal y la Constitución.
4.3.3. Indica el actor que la prohibición legal a los homosexuales de recurrir al contrato civil de matrimonio y a conformar una familia derivada de las normas demandadas, viola en forma flagrante el derecho a la igualdad y a la no discriminación por cuanto no se sustenta en motivaciones objetivas y razonables sino qué, por el contrario, encarna prejuicios y estereotipos que no tiene cabida en un estado social de derecho como el colombiano. Se agrega que es indispensable recurrir a un test estricto de proporcionalidad en que se establezca si las restricciones a las parejas del mismo sexo a conformar una familia y a acudir al contrato civil de matrimonio tienen asidero en argumentos razonables o en simples consideraciones de carácter moral sin asidero constitucional(88).
Insiste el demandante en confundir el concepto de matrimonio con el concepto de familia. Se agrega que el artículo 2º de la Ley 294 de 1996 que desarrolla el artículo 42 constitucional al limitar la posibilidad de conformar una “familia” solo a las uniones heterosexuales, vulnera los derechos de los homosexuales al impedirles asociarse a través de uno de los modos de hacerlo. Los argumentos esbozados carecen de la certeza imprescindible para armar un cargo de constitucionalidad. El razonamiento no es cierto por cuanto el demandante parte de una proposición jurídica inexistente, esto es, el hecho de que solamente a través del matrimonio se conforma una familia. Dicho contenido normativo no se desprende objetivamente del texto constitucional que se pretende interpretar.
Posteriormente opta el accionante por describir las características de la “pareja” como forma asociativa para concluir que dichas particulares hacen parte tanto de las parejas heterosexuales como de las homosexuales.
Pues bien, no puede aceptar esta Corte como argumentos que sustenten la explicación de un test de proporcionalidad, razonamientos simplemente circunscritos al derecho de asociación y a las características de la pareja, que en realidad resultan ajenos e inconexos, a la estructura jurídica de un test de proporcionalidad en sede de igualdad. Correspondía al accionante demostrar porque el resultado de un test de proporcionalidad daba como resultado la discriminación por él alegada. Argumentos no presentes en la demanda. En consecuencia, constata esta Corte que dichas exposiciones carecen de la certeza urgida para estar en presencia de un cargo de constitucionalidad por cuanto no se presentan argumentos que desarrollen el test anotado; sino que se limita simplemente a enunciarlo.
Ahora bien, aunque el actor indica que en el presente caso se está en presencia de un criterio sospechoso de discriminación razón por la cual la norma debe ser declarada inconstitucional; lo cierto es que al menos para valorar la presencia de dicho criterio es indispensable para esta corporación que se cumplan con los requisitos mínimos ya anotados, como el de suficiencia en la argumentación, para edificar un cargo de constitucionalidad y no hacer de la acción pública de inconstitucionalidad un ejercicio oficioso de la Corte.
4.4. Cargo por la presunta vulneración de la dignidad de la pareja.
4.4.1. Se manifiesta que las normas demandadas constituyen una vulneración al principio de dignidad humana toda vez que limita la posibilidad de los homosexuales a tener un plan de vida y desarrollarse en forma plena, acorde es el deseo del espíritu humano(89).
El accionante no explica las razones por las cuales la institución del matrimonio está ligada indefectiblemente al desarrollo de la dignidad de las parejas del mismo sexo. En efecto, al parecer el demandante solamente circunscribe la posibilidad de que las personas homosexuales tengan un plan de vida y se desarrollen en forma plena acorde con el deseo del espíritu humano si contraen matrimonio. Aseveración que además de no tener certeza, por no desprenderse de los textos acusados; tampoco es suficiente por ausencia de argumentación.
Se adiciona por el demandante que el hecho de restringir el derecho de las personas homosexuales a escoger autónomamente su modelo de realización personal y, si así lo prefieren, optar por conformar una familia o de contraer matrimonio civil, son claramente contrarias al espíritu de la Constitución. Sin embargo, dichas conclusiones, además de no estar contenidas en los textos acusados, nuevamente confunden en uno solo los conceptos de matrimonio y familia, lo cual deriva en la falta de certeza de la argumentación. Así las cosas, el actor basa su argumentación en interpretaciones subjetivas respecto de los alcances de las disposiciones acusadas y del texto constitucional.
4.5. Cargo por la presunta vulneración de normas internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad.
4.5.1. Afirman los accionantes que el artículo 23.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, enuncia “el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio…”, sin distinguir las circunstancias sexuales, raciales, de orientación sexual o cualquier otra de quien decide vincularse jurídicamente con su pareja(90).
Contrario a lo expuesto por el demandante, los instrumentos internacionales, al igual que las normas acusadas, se refieren a que el matrimonio es celebrado entre un hombre y una mujer; precepto reflejado en la Convención Americana de Derechos Humanos artículos 17 y 23. Así las cosas, no se puede deducir —a menos que se acepte que es una apreciación personal o subjetiva, una conjetura o sospecha del demandante— que el derecho internacional de los derechos humanos establece una obligación a los Estados de reconocer el matrimonio entre parejas del mismo sexo, como lo ha señalado el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (Caso Kopf y Shalk vs. Austria). En este orden de ideas, no puede aceptarse que una especial y particular interpretación de una norma internacional conlleve necesariamente la existencia de un cargo de constitucionalidad. Aunque el demandante esboza argumentos juiciosos para demostrar que la interpretación correcta es la realiza por él, lo cierto es que esta no se desprende objetivamente del texto indicado. En contravía de lo aseverado por el accionante, tribunales de derechos humanos han validado que de manera objetiva el texto internacional no obliga a los estados al matrimonio de parejas homosexuales. Por ende, el cargo no posee la certeza demandada por cuanto la subjetiva interpretación dada al texto internacional no deviene objetivamente de éste.
4.5.2. Se señala que acorde con el desarrollo de la figura del bloque de constitucionalidad, el ordenamiento interno debe respetar los lineamientos fijados por los órganos de control de este tipo de tratados y tribunales internacionales, cuyas recomendaciones e interpretaciones hacen parte del bloque estricto de constitucionalidad(91).
La afirmación vertida carece de la certeza pretendida para estructura un cargo de constitucionalidad, por cuanto, como se demostró atrás no es cierta la aseveración según la cual los tribunales y tratados internacionales exigen al Estado permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Por el contrario, los tratados y los tribunales internacionales esbozan el matrimonio entre hombre y mujer, aceptando que no existe obligación internacional de derechos humanos que exija a un Estado permitir dicho contrato entre parejas homosexuales. No obstante lo anterior, la carga argumentativa estaba en cabeza del accionante, el cual debía demostrar que el tratado internacional y los tribunales internacionales de derechos humanos establecían una clara obligación normativa y una clara directriz judicial, en el sentido de obligar que un Estado permitiera el matrimonio entre parejas homosexuales. Argumentación ausente en las demandas, razón por la cual, las simples disquisiciones anotadas carecen de la suficiencia para cimentar un cargo de constitucionalidad.
4.5.3. Se manifiesta que El poder construir una familia es un derecho humano universal reconocido por la declaración americana de los derechos humanos y deberes del hombre en su artículo 6º al consagrar que toda persona tiene derechos a constituir una familia y a recibir protección de ella, sin consideración alguna a la necesidad de una pareja o a la heterosexualidad de la persona, que encuentra apoyo en la apertura semántica del artículo 42 de la Constitución(92).
Nuevamente y como se ha referenciado atrás, el accionante incurre en la confusión de necesariamente equiparar el concepto de matrimonio con el concepto de familia. En varias ocasiones esta Corte ha insistido en la presente providencia que si bien es cierto una de las formas constitucionales de constituir una familia es el matrimonio, no es menos cierto que esta no es la única forma de hacerlo. Así las cosas, mal puede aseverarse de manera categórica que al no existir la posibilidad de que una pareja homosexual contraiga matrimonio se está vulnerando la posibilidad de constituir una familia. En consecuencia, la enunciación plasmada carece de la certeza requerida para construir un cargo de constitucionalidad por cuanto se basa en un presupuesto que no es verdadero.
4.5.4. Expresa el actor que se vulnera el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos(93).
Dicho aserto no es demostrado por el accionante. Simplemente se limita a esbozar unos argumentos según los cuales los contenidos normativos que componen el preámbulo de la declaración establecen un “espíritu” de dicho instrumento internacional que conllevan a reconocer la plenitud de los derechos de las parejas homosexuales. Sin discutir si ello es cierto o no, el demandante no sustenta los argumentos de sus afirmaciones, siendo por ende faltos de suficiencia los raciocinios efectuados con el propósito de fundar un cargo de constitucionalidad.
4.6. Cargo según el cual el contenido de las normas acusadas producen una “prohibición irrazonable”.
4.6.1. Se indica que es irrazonable, desproporcionado y ajeno que las personas homosexuales y demás integrantes de la población LGBT sean privados del derecho a constituir un núcleo familiar o a recurrir a un contrato civil de matrimonio como forma asociativa(94).
De las normas acusadas no se desprende, de manera objetiva, el señalamiento de una “prohibición”. En efecto, el artículo 113 del Código Civil establece unos requisitos para contraer matrimonio; sin embargo no expresa objetivamente que la abstención pasiva de realizar una acción, en este caso la de contraer matrimonio. Lo mismo resulta de la lectura objetiva del artículo 2º de Ley 294 de 1996; esta norma determinada las formas a través de las cuales se puede constituir una familia. Así las cosas, lo puede ser por (i) vínculos naturales o jurídicos, (ii) por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o (iii) por la voluntad responsable de conformarla. En este orden de ideas, esta última disposición tampoco señala objetivamente un impedimento o prohibición de efectuar o contraer matrimonio. En consecuencia, las explicaciones indicadas por el demandante carecen de la certeza solicitada para estructurar un cargo de constitucionalidad debido a que las disposiciones acusadas no establecen prohibición objetiva alguna.
4.7. Cargo por la presunta violación del derecho a tener una familia.
De los argumentos expuestos en la demanda(95) se evidencia como constante el razonamiento según el cual las normas acusadas impiden que las parejas homosexuales constituyan una familia. Debe tenerse presente que el artículo 2º de la Ley 294 de 1996 reproduce el texto constitucional del artículo 42. En primer lugar, se constata nuevamente la tendencia equivocada del demandante de confundir en un mismo concepto el matrimonio y la familia. En efecto, como se ha repetido varias veces, el matrimonio es una de las formas de constituir una familia sin embargo una familia no solamente se constituye a través del matrimonio. En consecuencia, dichas aseveraciones carecen de la pertinencia indispensable para edificar un cargo de constitucionalidad por cuanto no devienen lógicamente del contenido normativo de las disposiciones acusadas.
No obstante, no puede pasar por alto esta corporación el hecho de que una de las normas demandadas reproduce el texto constitucional del artículo 42. Siendo así las cosas, en realidad no se está planteando un enfrentamiento entre un texto legal y la Constitución, esto es el artículo 2º de la Ley 294 de 1996 y el artículo 13 constitucional; sino siendo el contenido del artículo 2º idéntico al del artículo 42 constitucional, lo que se pretende plantear es una supuesta contradicción entre dos normas constitucionales (antinomia constitucional). En este orden de ideas, si bien se plantea tácitamente este problema jurídico, en momento alguno se señala someramente cual sería el mecanismo o el criterio de interpretación para resolver la antinomia.
Asevera el demandante que el contenido normativo del artículo 2º de la Ley 294 de 1996 —que es idéntico al señalado en el artículo 42 constitucional— vulnera de manera grave el artículo 13 de la Constitución, por cuanto impide que las parejas homosexuales constituyan una familia. Como se ha venido indicando, la afirmación anterior no es cierta por cuanto la lectura objetiva de la norma constitucional trae consigo que existen diferentes formas de constituir una familia, y no solamente por medio del matrimonio.
Sin embargo, aunque el accionante en algunos apartes de su sustentación admite que la familia se conforma de diferentes formas; lo cierto es que nunca logra demostrar porque las normas acusadas vulnerarían los derechos de las parejas homosexuales a constituir una familia; circunstancia anterior que hace que dichos fundamentos carezcan de la pertinencia requerida por sustentar un cargo de constitucionalidad.
4.8. Cargo por la presunta desprotección de los derechos e intereses de los niños.
4.8.1. Indica el actor que si bien la posibilidad de permitir la adopción a las parejas del mismo sexo no es una de las pretensiones de la demanda, aunque deviene como consecuencia necesaria de las posibilidad de celebrar contrato civil de matrimonio, debemos reconocer que uno de los grandes obstáculos que ha existido para que las parejas del mismo sexo puedan acudir al contrato civil de matrimonio como forma asociativa y se puedan constituir como una familia ha sido el hecho de permitirles adoptar hijos(96).
El actor fundamente los razonamientos en una conjetura o sospecha personal según la cual, en su parecer, una de las causas por la cuales se impide el matrimonio de parejas homosexuales sería el hecho de permitirles adoptar hijos. Así las cosas, dicho sustento carece de la certeza necesaria para edificar un cargo de constitucionalidad por cuanto se parte de la base de apreciaciones personales o creencias del demandante en relación con las normas acusadas. Igualmente se pretende hacer valer la especial visión del accionante en la aplicación de la norma demandada o la manera como será empleada. En realidad, no se está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un supuesto problema particular, como podría ser la aplicación de la disposición en un caso específico.
En el mismo sentido se debe reiterar que los argumentos según los cuales se pueden ver comprometidos los derechos de los menores carecen de certeza, por cuanto el actor no logra esbozar ni siquiera de manera mínima un sustento que lleve a corroborar dicha afirmación. Además, dichos fundamentos son ampliamente impertinentes por cuanto no guardar relación directa ni indirecta con las normas acusadas. La adopción no es un tema al que hagan referencia directa las normas demandadas.
4.9. Cargos basados en argumentos de conveniencia social.
4.9.1. Señala el accionante que “El Estado constitucional no puede permitir la reducción del contenido de un derecho fundamental al consenso de una mayoría, lo que lleva a la injusticia, tiranía y la represión, antítesis claras de lo que debe ser un verdadero Estado Constitucional nuestro”(97).
Dicho razonamiento no posee certeza por cuanto surge de la apreciación subjetiva del actor, según la cual se está anulando un derecho fundamental por parte del Estado debido a la presencia del consenso de una mayoría. Independiente que dicha aseveración sea cierta o no; lo verdadero es que deviene de la convicción personal del demandante, impidiendo conformar un cargo de constitucionalidad.
4.9.2. Se indica que debido a que existe un grupo social mayoritario que considere como contrario a la “moral” que dos personas de un mismo sexo formen una pareja y tengan un proyecto de vida en común consistente en conformar una familia no debe constituirse en óbice para que dicho derecho, constitucionalmente protegido, les sea negado o desconocido ya que eso conlleva una clara afrenta a los derechos fundamentales que todo individuo posee bajo el marco de un Estado Constitucional y pluralista(98).
Nuevamente el accionante parte de una presunción o supuesto propio según la cual el Estado no reconoce el matrimonio entre parejas homosexuales debido a un grupo social mayoritario que lo considera contrario a la moral. Dicha percepción particular, que además no está fundamentada, implica que el cargo carezca de certeza y pertinencia para edificar un cargo de constitucionalidad por estar estructurado en conjeturas íntimas y no estar demostrado.
4.9.3. Manifiesta el actor que la abstención del Estado frente a la situación legal de las parejas del mismo sexo no tiene sustento democrático y carece de legitimidad. La inacción estatal frustra expectativas de bienestar y plenitud garantizadas constitucionalmente a todos los colombianos, sin lugar a ser discriminados salvo que existan razones objetivas y como se ha visto, no es ese el caso(99).
Pretende el actor que sea la Corte Constitucional la que actúe ante la supuesta inacción estatal que él pregona respecto de los derechos de las parejas homosexuales. En esta providencia se ha afirmado que los anhelos o deseos sociales no pueden constituir cargos de constitucionalidad debido a que carecen de la certeza indispensable para emitir un pronunciamiento de fondo. Anhelos estos que se insisten no han sido jurídicamente estructurados desde el punto de vista constitucional.
4.9.4. El actor esgrimió que uno de los argumentos con base en los cuales se suele negar a las parejas del mismo sexo la posibilidad de acudir al contrato de matrimonio civil como forma asociativa, es su incapacidad para procrear(100).
Este fundamento carece de la certeza imprescindible para que la Corte se pronuncie de fondo, debido a que se estructura con base en una apreciación personal de quien demanda, una visión subjetiva del actor respecto a las supuestas razones por las cuales no existe la posibilidad del matrimonio de parejas homosexuales. Al parecer del accionante el hecho de no poder procrear es una causa para impedir el matrimonio de parejas homosexuales. Aseveración no probada, que además carece de sustento en la argumentación y que deviene exclusivamente de su convicción íntima. Razones estas que impiden estar en presencia de un cargo de constitucionalidad.
Así las cosas, la Corte Constitucional concluye que las demandas no cumplieron a cabalidad con las condiciones y requisitos que se exigen —claridad, pertinencia y suficiencia— para poder entrar a un examen de fondo de los cargos planteados y de este manera emitir un fallo de mérito sobre la constitucionalidad de los contenidos normativos demandados del artículo 113 del Código Civil y del artículo 2º de la Ley 294 de 1996.
El demandante optó por esbozar de manera general y contundente una aspiración particular de ver que el Estado Colombiano permita el matrimonio de parejas homosexuales. Dicho propósito, que puede ser equitativo o ajustado socialmente, no necesariamente trae consigo una contradicción constitucional. En efecto, en sede de constitucionalidad corresponde a la Corte Constitucional evaluar las posibles contradicciones de normas con fuerza de ley respecto de la Constitución, no es éste el escenario estatal en el cual se debatan argumentaciones meramente políticas o sociológicas, sin que existan los razonamientos jurídicos mínimos de contradicción constitucional.
En el evento de que la Corte hubiere optado por pronunciarse en el presente caso hubiera terminado estructurando la base de la argumentación de su propia decisión. Sin duda, hubiere fungido como parte y como juez. Por ende, no se estimó materialmente cumplida la obligación constitucional y legal de presentar un “concepto de violación constitucional”. En consecuencia, esta Corte se declarará inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional actuando en nombre del pueblo colombiano y por mandato de la Constitución Política.
Cópiese, comuníquese, notifíquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.»
(1) Diario Oficial 42.836, de 22 de julio de 1996.
(64) Ver entre otras las sentencias C-1031 de 2002, C-428 de 2008 y C-689 de 2009.
(65) Sentencia C-428 de 2008.
(66) ART. TRANS. 23.—Revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para que dentro de los dos meses siguientes a la promulgación de la Constitución dicte mediante decreto, el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional.
(67) Autos de Sala Plena: A-022 A de 1998, A-018 de 2008, A-A-019 de 2008, A-281 de 2008, A-216 de 2009, A-274 de 2009; entre otros.
(68) Sentencia C-1052 de 2001, Auto de Sala Plena 032 de 2005.
(69) Respecto del requisito de claridad, se pueden consultar entre otras las sentencias C-540 de 2001, C-1298 de 2001, C-039 de 2002, C-831 de 2002, C-537 de 2006, C-140 de 2007.
(70) En relación con el requisito de certeza se pueden observar entre otras las sentencias C-831 de 2002, C-170 de 2004, C-865 de 2004, C-1002 de 2004, C-1172 de 2004, C-1177 de 2004, C-181 de 2005, C-504 de 2005, C-856 de 2005, C-875 de 2005, C-987 de 2005, C-047 de 2006, C-156 de 2007, C-922 de 2007, C-1009 de 2008, C-1084 de 2008, C-523 de 2009.
(71) El requisito de especificidad ha sido desarrollado por sentencias como la C-572 de 2004, C-113 de 2005, C-178 de 2005, C-1192 de 2005, C-278 de 2006.
(72) En relación al requisito de pertinencia se pueden consultar las sentencia C-528 de 2003, C-1116 de 2004, C-113 de 2005, C-178 de 2005, C-1009 de 2005, C-1192 de 2005, C-293 de 2008.
(73) La suficiencia como requisito se puede consultar en las sentencias: C-865 de 2004, C-1009 de 2008, C-1194 de 2005.
(74) Al respecto se pueden observar entre otras, las Sentencias C-487 de 2009, C-862 de 2008, C-576 de 2004, T-430 de 2006, C-939 de 2006, C-532 de 2000, T-338 de 2003, T-430 de 2006, A-132 de 2008.
(75) Sentencia C-487 de 2009.
(76) Sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica; entre otras.
(77) Sentencia C-1009 de 2008.
(78) Demanda. Folio 33, expediente D-7882.
(79) Código Civil, artículo 123. No podrá procederse a la celebración del matrimonio sin el asenso de la persona o personas cuyo consentimiento sea necesario, según los artículos precedentes, o sin que conste que el respectivo contrayente pueda casarse libremente.
(82) Demanda Folio 35, expediente D-7882.
(83) Demanda folio 47 y 47(sic), expediente D-7909.
(84) Demanda folio 39, expediente D-7909.
(85) “Las normas demandadas al restringir sin fundamentos objetivos y razonables derechos fundamentales de las personas homosexuales contrarían este postulado básico que la Corte nos pone de presente y han dado origen a un sistema legal discriminatorio con efectos adversos para todas las personas que , atraídas por individuos de su mismo sexo, ven irrazonablemente obstaculizado su plan de vida al no poder contraer matrimonio civil o integrar un núcleo familiar como consecuencia de un marco legal del que son claramente excluidos y en virtud del cual son discriminados”. Folio 40, expediente D-7909.
(86) Demanda. Folio 45, expediente D-7909.
(87) Demanda. Folios 46 y 47, expediente D-7909.
(88) Ibídem, folios 52 y ss.
(89) Ibídem, folios 43 y 44.
(90) Demanda folio 32 expediente D-7882 y demanda, folios 58 a 63, expediente D-7909.
(91) Demanda folios 61 y ss., expediente D-7909.
(93) Ibídem, folios 62 y 63.
(94) Demanda, folios 37 y ss., expediente D-7909.
(95) Demanda folios 37 y ss., expediente D-7909.
(96) Demanda, folios 63 a 68, expediente D-7909.
(97) Demanda, folio 46 expediente D-7909.
(99) Demanda, folio 48, expediente D-7909.
(100) Demanda, folio 50, expediente D-7909.

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