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Timestamp: 2020-05-30 18:13:44+00:00

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Bolivia Ante El Dih | Derecho Constitucional | Ley humanitaria internacional
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Boletín Informativo - 12 Diciembre 2008 - Derecho Constitucional
Titulo i en Blancoi
1.5 Seccion 2 Derecho Internacional Humanitario
PROPOSICION | Proposiciones Al Proyecto de Ley Estatutaria JEP Radicado en El Primer Semestre
Bolivia ante el Derecho Internacional Humanitario (DIH)
Estudio de Compatibilidad entre el ordenamiento jurídico interno y las normas del DIH
Estudio de compatibilidad entre el ordenamiento jurídico interno y las normas del DIH*
Elizabeth Santalla Vargas, LL.M**
* Las opiniones expresadas por la autora no comprometen la posición institucional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). ** La autora desea agradecer a la Delegación Regional para Bolivia, Ecuador y Perú del CICR por la confianza en el encargo del estudio y de manera particular a Marisela Silva, Asesora Jurídica de la Delegación Regional para Bolivia, Ecuador y Perú del CICR, así como a Anton Camen, Asesor Jurídico para América Latina y el Caribe, Servicio de Asesoramiento en DIH del CICR, por sus valiosos aportes a esta contribución. Asimismo, el agradecimiento se hace extensivo a quienes facilitaron la información para la elaboración del estudio. En particular, a Marco Antonio Alandia, Representante por Cancillería ante la Comisión Nacional Permanente para la Aplicación del DIH de Bolivia. A Hugo Jemio, Consultor para Fuerzas Armadas y Policía del Defensor del Pueblo y a Fernando Zambrana, Asesor en Asuntos Constitucionales del Defensor del Pueblo.
© Elizabeth Santalla
Diseño de portada: Julio Rivadeneyra Usurín
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II. Aspectos constitucionales relevantes para el DIH
2.1 Relación entre el derecho internacional (en particular, el DIH) y el derecho nacional boliviano
2.2 Del estado de sitio o régimen de excepción y el DIH
III. Estado de participación de Bolivia en tratados relevantes para el DIH
3.1 Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales y Convenios
a. Convenios de Ginebra, sobre personas y bienes protegidos
b. Convenios de La Haya, sobre limitación de métodos y medios de la
c. Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977
3.2 Otros convenios de DIH
3.3 Instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos relacionados con el DIH
IV. Evaluación de las medidas nacionales de aplicación del DIH en el ordenamiento jurídico boliviano
Represión nacional de los crímenes de guerra a partir del sistema de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, Protocolos Adicionales de 1977 y otros instrumentos internacionales relevantes y vinculantes y de la implementación del ECPI
a. Tipificación de los delitos contra el DIH en el ordenamiento jurídico boliviano
b. Responsabilidad jerárquica en el marco del DIH, el ECPI y el ordenamiento jurídico boliviano
c. Obediencia debida en el marco del DIH, el ECPI y el ordenamiento jurídico boliviano
d. Imprescriptibilidad en el marco de la Convención sobre Imprescriptibilidad, el ECPI y el ordenamiento jurídico boliviano
e. Jurisdicción universal y bases
f. Fuero jurisdiccional a la luz de las garantías judiciales previstas por el DIH, su relación con el derecho internacional de los derechos humanos y con el nuevo principio de complementariedad entre la jurisdicción de la CPI y las jurisdicciones
g. Aspectos constitucionales relevantes para la represión nacional
de crímenes de
i) De la obediencia debida en el contexto de las Fuerzas
ii) De la amnistía y los delitos contra el DIH
iii) De las inmunidades y los delitos contra el
4.2 Represión internacional de los crímenes de
a. Cooperación con la CPI para el juzgamiento de crímenes de guerra
b. Jurisprudencia en materia de crímenes de guerra de los Tribunales Penales Internacionales y su impacto en la persecución penal
4.3 Disposiciones sobre personas protegidas por el DIH
a. Población civil y personas especialmente protegidas: mujeres, niños, refugiados, desplazados internos y
b. Combatientes y prisioneros de
c. Personal sanitario y religioso
d. Heridos, enfermos y náufragos
4.4 Diligencias penales en un procedimiento con relación a un conflicto armado contra personas protegidas, en particular, civiles
4.5 Disposiciones del DIH sobre personas desaparecidas
4.6 Disposiciones sobre bienes protegidos por el DIH
a. Obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas
b. Bienes culturales y lugares de culto
c. Bienes indispensables para la supervivencia de la población civil
4.7 Disposiciones sobre zonas protegidas por el DIH: zonas y localidades sanitarias, zonas de seguridad, zonas neutralizadas, localidades no defendidas, zonas desmilitarizadas
4.8 Disposiciones del DIH relativas a la protección del medio ambiente
4.9 Disposiciones del DIH relativas a la protección de los medios de transporte
4.10 Disposiciones del DIH sobre la protección del emblema de la Cruz Roja y otros signos protectores
4.11 Disposiciones del DIH sobre la restricción del uso y el empleo de ciertas
DS No. 27977 “Manual del Uso de la Fuerza en Conflictos Internos”
4.12 Estructuras para la protección y
i) Sociedad Nacional de la Cruz Roja: Cruz Roja
ii) Organismos estatales para la protección
iii) Organismos no gubernamentales para la protección
b. Planificación militar
4.13 Difusión e integración del DIH
a. Difusión a la población civil y autoridades nacionales en
b. Traducción de principios fundamentales del DIH al derecho indígena
c. Integración del DIH en los programas de enseñanza de todos los niveles educativos
d. Integración del DIH en la formación y doctrina de las Fuerzas
e. Estructura u órganos encargados de la adopción de medidas nacionales de aplicación del DIH: Comisión Nacional Permanente para la Aplicación del
5.1 Aspectos constitucionales relevantes para el DIH
5.2 Represión nacional e internacional de los delitos contra el
5.3 Protección particular del
5.4 Protección del emblema de la Cruz Roja y de otros signos protectores
5.5 Restricciones al uso y empleo de ciertas
5.6 Organismos humanitarios
5.7 Difusión del
5.8 Comisión Nacional Permanente para la Aplicación del
I. Cuadros - El DIH convencional en el ordenamiento jurídico boliviano
III. Desglose de
Aunque el derecho internacional humanitario (DIH) pudiera ser percibido algunas veces como un derecho algo complejo -siendo tal vez esto responsabilidad del discurso exclusivamente técnico de algu- nos especialistas en la materia, provenientes de diferentes partes del mundo- un delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), con cierta experiencia en el terreno, podría resumir el DIH como un derecho que obliga a las partes de un conflicto armado (internacional o no internacional) a respetar determinados principios y normas mínimas de humanidad, no obstante las necesidades de ventaja mili- tar propias de todo conflicto armado.
Decir que ‘incluso la guerra tiene límites’ podría resumir aún de manera más simple el concepto y objetivo principal de este derecho. Ahora, evidentemente, el contexto mundial y las noticias que nos llegan a través de medios de prensa grandes y pequeños de todo el mundo nos muestran día a día, las caras de una ‘violencia’ que todavía no abandona a la comunidad internacional, pese a los esfuerzos y las buenas intenciones de los foros internacionales del ámbito político-deliberativo e incluso jurisdiccional.
Lo cierto es que, si somos estrictos y, diríamos, hasta prácticos, los esfuerzos y las buenas intencio- nes de la comunidad internacional siempre serán superados por las gestiones concretas que los Estados puedan hacer en su plano nacional, a favor de un efectivo respeto del derecho internacional. Al respec- to, el caso del DIH es un ejemplo en el sentido que aunque la comunidad internacional le da el respaldo de ser uno de los sistemas normativos de aceptación casi universal, dado el alto grado de participación de los Estados en sus tratados fundamentales (nos referimos a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949), sin la adopción de medidas nacionales de carácter legislativo y/o administrativo por parte de dichos Estados, las normas del DIH difícilmente podrían ser cumplidas.
Bajo esta perspectiva, el presente estudio aborda precisamente la intrínseca relación existente entre el DIH y los derechos internos de los Estados. Relación que anticipa la necesidad de que los Estados, a efectos de cumplir con sus obligaciones internacionales en este ámbito procedan a adoptar, sobre distintas cuestiones, medidas y/o normas de derecho interno, por ejemplo, en lo que correspon- de a la tipificación de los crímenes de guerra en sus ordenamientos penales, a la adopción de leyes sobre el uso y protección del emblema, a la tipificación del uso, la transferencia y el almacenamiento de las minas antipersonal, a la integración del DIH en los todos los niveles de formación relevantes, entre otros.
En tal sentido, el CICR se permite, en esta ocasión, apoyar el detallado trabajo realizado por la Dra. Elizabeth SANTALLA VARGAS, quien procede en el marco de este estudio a analizar, en términos técni- cos, el grado de compatibilidad entre el ordenamiento interno boliviano y las normas del DIH respecto de las cuales Bolivia se encuentra comprometida. Un esfuerzo técnico, similar a los que el CICR ha venido apoyando también en otros países, con trabajos realizados también por especialistas en derecho internacional.
Cabe resaltar al respecto que, en cada país, la motivación del CICR para apoyar ejercicios como estos ha sido siempre la misma: brindar a las autoridades nacionales, instituciones y otros expertos comprometidos en el proceso de implementación del DIH, una herramienta técnica que, a considera- ción de todos ellos, pueda redundar en beneficio de la implementación concreta de este Derecho, a nivel nacional.
Es así que compartiendo ejes centrales de similares ejercicios realizados en otros países, la Dra. SANTALLA organiza el presente estudio en tres grandes temas.
El primero de ellos aborda, por una parte, la premisa infaltable, es decir, el diseño que el propio ordenamiento interno boliviano ha previsto para la relación entre el derecho internacional (en particu- lar, el DIH) y el derecho nacional boliviano. Por otra parte, se presenta una aproximación interesante sobre las referencias que la Constitución Boliviana haría respecto de contextos en los cuales, depen- diendo del caso, sería de aplicación el DIH.
Un segundo tema, importante en términos de la identificación de las obligaciones internacionales de Bolivia en materia de DIH, se refiere al estado de participación del Estado Boliviano respecto de tratados relevantes para este derecho.
El tercer gran tema –medular en el estudio– es la evaluación que, sobre la base de la identificación de las obligaciones internacionales de Bolivia en materia de DIH, hace la Dra.SANTALLA sobre los avances registrados en cuanto a las medidas nacionales de aplicación del DIH en el marco del ordena- miento jurídico boliviano. Así, se abordan desde aquellas medidas relativas a la habilitación de un sistema de represión nacional de los crímenes de guerra, a la existencia de disposiciones sobre personas y bienes protegidos por el DIH, al uso y protección del emblema de la cruz roja, a la restricción del uso de ciertas armas, a las estructuras de protección y asistencia, hasta aquellas medidas que corresponden a la difusión e integración del DIH en programas de formación específicos.
En este orden de ideas, y finalizando con algunas conclusiones y recomendaciones, el presente estudio se somete a la consideración de los lectores y lectoras y, asimismo, aspira a constituirse, en un esfuerzo más, entre todos aquellos que Bolivia ha venido realizando en favor de la implementación del DIH y cuya manifestación más concreta es definitivamente la creación de la Comisión Nacional Perma- nente para la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario (CNPADIH), en 1992, mediante DS N° 23345, de 2 de diciembre de ese mismo año, cuyo mandato se circunscribe precisamente en promo- ver la adopción de medidas nacionales que permitan elevar el grado de compatibilidad entre el ordena- miento boliviano y las normas del DIH. Esperamos, sobre todo, el presente estudio pueda resultar de especial interés para los miembros de dicha Comisión.
Algunas personas, pensarán, por qué hablar de DIH y su implementación si, ‘felizmente’, y a excep- ción de la lamentable experiencia colombiana, este continente es ajeno a los horrores de los conflictos armados (esto, sin dejar de reconocer que no pocos Estados de la región se ven sensiblemente afectados por otro tipo de situaciones de violencia interna respecto de las cuales no es de aplicación el DIH, sino el derecho internacional de los derechos humanos). Muchos podrían preguntar: al no encontrarse los países de esta región en contextos de aplicación del DIH, ¿por qué referirse al mismo o a su implementación, acaso no sería éste un ejercicio impertinente?
La respuesta es muy simple, acaso más fácil de entender para aquellos que hemos sido testigos de conflictos armados, tanto internacionales, como no internacionales: el respeto de los límites que el DIH impone a la conducción de las hostilidades entre las partes de un conflicto armado, por el propio contex- to en el que deben respetarse (es decir, la ‘guerra’), no es tarea fácil. Peor aún, es casi imposible respetar estos límites si los Estados, careciendo de una visión preventiva, es decir, en contextos de relativa ‘paz’, no proceden a adoptar esas medidas nacionales de aplicación a las que nos hemos referido en párrafos anteriores y que precisamente tienen por objeto que aquellos que pudieran participar del fragor de las batallas puedan, en su momento, cumplir efectivamente el DIH, esto, sobre la base del conocimiento de las conductas prohibidas en las hostilidades, de aquellas que podrían ser sancionadas, de aquellas perso- nas y bienes protegidos que no debieran ser objeto de ataque, de aquellos emblemas que ‘salvan vidas’ como los de la cruz roja, entre otras nociones que se encuentran en la base de esa aspiración conjunta de los Estados que conforman la comunidad internacional: ‘humanizar la guerra’.
Philippe GAILLARD Jefe de la Delegación Regional del CICR para Bolivia, Ecuador y Perú
CNPADIH
Comisión Nacional Permanente para la Aplicación del Derecho Internacional Hu-
manitario en Bolivia Código Penal
Comité Preparatorio para la Corte Penal Internacional
SISRADE
Sistema Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias
No obstante el DIH es una de las áreas más “tradicionales” del derecho internacional (público), siguiendo la clasificación clásica, su poco conocimiento y escasa aplicación en el medio han redunda- do en una falta de atención en la necesidad de su implementación. Probablemente, el carácter de excepción del DIH, 1 como un derecho que cobra vigencia en situaciones de conflicto armado, 2 no ha favorecido tal cometido. Sin embargo, puede considerarse que dicha situación ha revestido un cam- bio significativo en los últimos años, en gran parte relacionado con el emergente derecho penal inter- nacional. 3 Es así que, el presente estudio pretende reflejar el progreso alcanzado en la incorporación del DIH a nivel nacional a septiembre de 2005, así como identificar aspectos que redundarían en el avance de dicho proceso.
Para el efecto, resulta importante considerar estudios similares realizados en América Latina a fin de cotejar la situación de otros Estados con una visión comparativa respecto al caso objeto de estudio, que contribuya a comprender el rol y los aspectos relevantes de la aplicación nacional del DIH. En este sentido, conviene resaltar algunas de las conclusiones a que arriban los estudios en los casos de Perú, 4 México, 5 Costa Rica, 6 Brasil 7 y Venezuela: 8
– Un buen grado de participación en los tratados del DIH y su falta de adecuada o completa implementación es un aspecto común resaltado en los estudios mencionados.
– la carencia de normativa interna específica, con escasas excepciones, que implemente la protec- ción derivada del reconocimiento de estatutos particulares respecto a personas protegidas por el sistema de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo Adicional I de 1977;
– la carencia de normativa que desarrolle a nivel interno las disposiciones sobre zonas protegidas por el DIH (resaltada en el estudio peruano);
– una tipificación incompleta de los crímenes de guerra, con una tendencia mayoritaria, derivada del proceso de implementación del ECPI, de completar esta tipificación en el marco de los ordena- miento jurídico internos.
1 Véase, Vinuesa, R.E., (1998), Derechos Humanos y DIH – Diferencias y Complementariedad. CICR, http://www.icrc.org.
2 Véase, Facultad de Derecho – Universidad de Los Andes, (2002), Educar en DIH – Manual práctico para docentes. Conciencia Colombia, Bogotá, p. 36.
3 Respecto al carácter de “[…] ordenamiento jurídico-penal internacional nuevo y autónomo […]” véase, Ambos, K., (2005), La Parte General del Derecho Penal Internacional – Bases para una Elaboración Dogmática. Traducción de Malarino, E. Konrad Adenauer, Montevideo, p. 35.
4 Salmón, E., (2001), Encuentros y Desencuentros – El Perú y el Derecho Internacional Humanitario. CICR, Lima.
5 Guevara, J.A., (2004), México Frente al Derecho Internacional Humanitario. Universidad Iberoamericana, México D.F.
6 Piedra Marín, R., (2004), Estudio de Compatibilidad de las Medidas de Aplicación del Derecho Internacional Humanitario. CICR, San José.
7 Dal Maso Jardim, T., (2001), Compatibilidad do Aparato Jurídico Brasileiro com o Direito Internacional Humanitário.
8 San Miguel, R., (2004), La Vigencia y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Venezuela. García, S.R.L., Caracas.
Se verá, a lo largo del estudio, si las mencionadas conclusiones a que arribaron dichos estudios en la región son también aplicables al caso boliviano.
Los temas genéricos sobre los que se estructura el estudio son: los aspectos constitucionales que resultan relevantes para el DIH, el estado de participación de Bolivia en instrumentos internacionales de relevancia para el DIH, la evaluación de las medidas nacionales de aplicación del DIH en el ordenamien- to jurídico interno, conclusiones y recomendaciones. Como se mencionó, el estudio ha contemplado entre sus fuentes de investigación estudios similares realizados en la región, los principales instrumentos internacionales relacionados con el DIH, la jurisprudencia nacional e internacional y la doctrina.
La relación del derecho internacional y el derecho interno es un aspecto que nunca fue abordado por la CPE. Las últimas reformas constitucionales de 1994 9 y 2004 12 tampoco incluyeron considera- ción alguna al respecto. En consecuencia, el rango o jerarquía constitucional que adquieren los ins- trumentos internacionales en el derecho interno queda librado a la interpretación que puede inferirse del modo en que los mismos son incorporados al ordenamiento jurídico interno.
En este sentido, considerando que el procedimiento de ratificación se asimila al procedimien- to legislativo de promulgación de una ley interna puede entenderse que, en mérito al Art. 228 de la CPE los instrumentos internacionales, una vez incorporados al ordenamiento jurídico interno, ad- quieren el rango de leyes y están por tanto subordinados a la CPE. Sin embargo, la jerarquía de éstos con relación a las leyes ordinarias existentes en el momento de su incorporación al ordenamiento jurídico interno, y con relación a las leyes posteriores a su entrada en vigor quedan, entre otros aspectos emergentes de la relación del derecho internacional y el derecho interno, no resueltos por la CPE. 11
Si bien la Ley de Necesidad de Reformas a la CPE 12 no enfocó de manera expresa el mencionado vacío constitucional, situó como parámetros rectores de interpretación y aplicación de los derechos y garantías constitucionales a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados, Convencio- nes y Convenios Internacionales ratificados por Bolivia en esta materia. 13 Bajo este planteamiento pue- de entenderse que los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos incorporados al ordenamiento jurídico interno, adquieren rango constitucional, situándose por encima de las leyes ordinarias.
Esta previsión, si bien constituye un avance importante en el tratamiento constitucional de la relación entre el derecho internacional y el derecho interno, abre la polémica de qué instrumentos han de considerarse de “derechos humanos”.
9 Ley No. 1585, de 12 de agosto de 1994-Ley de Reforma a la CPE.
10 Ley No. 2631, de 20 de febrero de 2004.
11 Véase: Santalla, E., (2003): “Informe Bolivia”, en: Persecución Penal Nacional de Crímenes Internacionales en América Latina y España. Ambos y Malarino, edit., Konrad Adenauer, Montevideo, pp. 83-84.
12 Ley No. 2410, de 8 de agosto de 2002. Si bien esta Ley surgió en el marco de reformas parciales a la CPE y podría entender- se su tácita derogatoria a partir de la última reforma constitucional de 2004, no habiéndose recogido todas las propuestas de reforma que planteaba la mencionada Ley y existiendo algunas de importancia que no fueron incorporadas, se entiende que este instrumento constituirá un válido elemento de análisis para la Asamblea Constituyente.
13 Art. 6.V.
Otro de los aspectos inherentes a la mencionada laguna normativa, está referido al mecanismo vinculante de los distintos tipos de tratados –término usado en sentido general respecto a los diversos tipos de instrumentos internacionales– y los consiguientes requerimientos para su plena aplicación a nivel local. En este sentido, una de las principales cuestiones es dilucidar el carácter auto ejecutivo (“self executing”) o no del tratado.
Sin embargo, es importante precisar que esta laguna constitucional queda, de algún modo, cumpli- mentada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 14 que ha establecido que los tratados, con- venciones o declaraciones internacionales sobre derechos humanos vinculantes para el Estado bolivia- no forman parte del bloque de constitucionalidad y que los derechos consagrados en ellos complemen- tan el catálogo de derechos fundamentales de la CPE, en mérito a su Art. 35 que da pie al reconocimien- to expreso de otros derechos y garantías no enunciados por la CPE y que devienen, en estos casos, de expresiones soberanas tales como la ratificación, adhesión o accesión de tratados. Es más, el Tribunal Constitucional ha establecido que estos instrumentos internacionales tienen carácter normativo y son de aplicación directa. Del contexto de la línea jurisprudencial y de las normas invocadas en la misma, se entiende que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Conven- ción Americana sobre Derechos Humanos son, en particular, instrumentos internacionales de aplica- ción directa que por ende, no requieren de implementación para su aplicación.
Si bien puede asumirse fácilmente el carácter no auto ejecutivo de las disposiciones del DIH, 15 teniendo en cuenta que se trata de normativa inherente a la protección de derechos humanos que puede y debe desembocar en consecuencias penales y del propio texto de los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo Adicional I de 1977 que establecen la obligación de implementación de los Estados parte, 16 es importante analizar la razón de ser de tal naturaleza.
Al margen de la tradicional categorización del “dualismo” y “monismo” respecto al grado de inte- gración del derecho internacional con el derecho interno, es necesario analizar el tipo de instrumento internacional en cuestión y la manera en que éste es incorporado al ordenamiento jurídico interno. Como se apuntara anteriormente, el procedimiento de ratificación de un tratado en el caso boliviano requiere de una ley interna que apruebe y ratifique la suscripción o adhesión del mismo. Con la promulgación de la ley y su consiguiente publicación se entiende que el tratado es plenamente vinculante, adquiriendo la “fuerza de ley” como cualquier otra ley que rige a partir de su publicación. Esta conclusión lógica es válida, y al presente respaldada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, respecto a tratados que reconocen derechos del individuo, cuyo goce no está reatado a una subsiguiente implementación, aunque, desde luego, no existe prohibición de hacerlo. Sin embargo, si en lugar de reconocer derechos el tratado prohíbe ciertas conductas e impone a los Estados parte la obligación de sancionarlas, no puede considerarse que el tratado sea de aplicación directa, indistintamente de la jerar- quía constitucional que detente y, por tanto, tales conductas sólo pueden ser reprimidas en base a una
14 Véanse, cif., Sentencias Constitucionales 1420/2004-R, de 6 de septiembre de 2004, 1662/2003-R, de 15 de diciembre de 2003, 0102/2003, de 4 de noviembre de 2003.
15 Véase, Salmón, E., (2004), Introducción al Derecho Internacional Humanitario. CICR y Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, p. 41.
16 Convenio I, Art. 49. Convenio II, Art. 50. Convenio III, Art. 129. Convenio IV, Art. 146. Protocolo I, Art. 86.1.
ASPECTOS CONSTITUCIONALES RELEVANTES PARA EL DIH
subsiguiente norma jurídica que de manera expresa las prohíba. 17 Esta es una consecuencia lógica del principio nullum crimen sine lege, de reconocimiento universal e internacional.
En este sentido es de rescatar el Art. 72.II 18 de la Ley de Necesidad de Reformas a la CPE, el mismo que planteó de manera expresa dicha necesidad de implementación, de relevancia para el caso del DIH. Este planteamiento cobra relevancia ante la verificación que la mayor parte de los tratados ratificados sobre derechos humanos no ha sido objeto de la consiguiente implementación, lo que ha repercutido en la aplicación y vigencia práctica del derecho internacional. 19 Es, por consiguiente, recomendable su consideración en una próxima revisión constitucional o a tiempo de la eventual redacción de una nueva constitución en el marco de la Asamblea Constituyente, a la par de la jurisprudencia del Tribunal Cons- titucional respecto al bloque de constitucionalidad. Es más, a fin de dar claridad a un tema que por lo general ha quedado librado a la interpretación jurisprudencial y discusión doctrinal, podría plasmarse de
manera expresa el análisis anterior respecto a los casos en que cabe una aplicación directa de los tratados
y los casos que ameritan implementación previa para su aplicación y las situaciones mixtas. Es decir,
tratados que conlleven aspectos de aplicación directa y aspectos que requieran de implementación pre- via. En todo caso, es recomendable evitar enunciaciones particulares de tratados en el texto constitucio- nal, a fin de abarcar instrumentos internacionales nuevos y/o eludir cualquier omisión.
El Capítulo IV –Conservación del Orden Público– de la CPE, constituye el marco normativo del estado de sitio 20 o estado de excepción. La declaratoria de estado de sitio es potestad del Poder Ejecutivo, sujeta a fiscalización del Poder Legislativo, pudiendo suscitarse en casos de grave peligro por causa de conmoción interna o guerra internacional. 21
La redacción empleada por el texto constitucional no resulta suficientemente clara respecto al
ámbito de aplicación del estado de sitio, dando pie a una interpretación tanto inclusiva como excluyen-
te de su aplicación respecto al conflicto armado no internacional. Es decir, por la terminología empleada
podría inferirse que el estado de sitio puede declararse ante la existencia de un conflicto armado interna- cional, mas no necesariamente en el caso del conflicto armado no internacional. La vaguedad del térmi- no –conmoción interna– podría asimilarse a las situaciones de rebelión, sedición, tumulto. 22 Es decir, a
actos esporádicos o aislados de violencia interna. Esta interpretación queda reforzada por la tipificación del delito de sedición del CP, que establece:
Art. 123.- (Sedición).- Serán sancionados con reclusión de uno a tres años los que sin desconocer la autoridad del Gobierno legalmente constituido, se alzaren públicamente y en abierta hostilidad, para deponer a algún funcionario o empleado público, impedir su posesión u oponerse al cumplimiento de leyes, decretos o resolu-
17 Véase, Relva, H., (2003), The Implementation of the Rome Statute in Latin American States, en Leiden Journal of International Law, 16, p. 333.
18 “II. Las Leyes Orgánicas regularán: el desarrollo de los derechos y deberes fundamentales consagrados en esta Constitución y los Instrumentos Multilaterales suscritos por el Estado, [….]”.
19 Véase, Santalla, E., en supra nota 11, p. 83, en particular, y siguientes en general.
20 Nótese que la CPE emplea el término de “estado de sitio”: Arts. 111 – 115.
21 CPE, Arts. 111.1, 113-114.
22 Véase, Cabanellas, G., (1996), Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual – Tomo II. 24ª edic., Edit. Heliasta, Buenos Aires, p. 295.
ciones judiciales o administrativas, ejercer algún acto de odio o venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o de los particulares o trastornar o turbar de cualquier otro modo el orden público.
Es decir, conforme al texto constitucional la actual declaratoria de estado de sitio resultaría proce- dente en situaciones de conflicto armado internacional y situaciones de violencia esporádica o aislada, mas no necesariamente en el caso de un conflicto armado no internacional. Sin embargo, el mismo artículo 111, en su párrafo III, al referirse a la caducidad de hecho del estado de sitio al cabo de su duración máxima –noventa días– establece la salvedad para el caso de guerra civil o internacional, dando a entender que el estado de sitio no es sólo procedente en caso de conflicto armado internacional sino también no internacional. De seguirse la interpretación excluyente mencionada anteriormente, existi- ría una contradicción normativa en el mismo Art. 111, párrafos I y III, aparentemente debido a la falta de precisión en la terminología empleada. No obstante, es de reconocer la posibilidad que dicha diver- gencia normativa propicie una interpretación más bien incluyente en el sentido de resultar ilógico que el estado de sitio pueda suscitarse en casos de conflicto armado internacional y de hechos aislados o esporádicos de violencia interna, mas no en el caso del conflicto armado no internacional.
En todo caso, existiendo la posibilidad de derivar una doble interpretación es recomendable que se ajuste la terminología empleada respecto al conflicto armado internacional, no internacional y situaciones graves de hechos aislados o esporádicos de violencia interna para precisar el ámbito de aplicación de esta medida de excepción.
Respecto a los efectos del estado de sitio, la CPE establece que las garantías y derechos constitucio- nales no quedan suspensos de hecho con la sola declaración del estado de sitio. 23 En mérito a la jurispru- dencia constitucional que, como se mencionara anteriormente, reconoce la existencia del bloque de constitucionalidad a partir de la interpretación extensiva del Art. 35 de la CPE que establece que los derechos y garantías constitucionales no constituyen una negación de otros derechos y garantías no enunciados por la CPE, mas aceptados por el gobierno en representación de la soberanía popular, cual es el caso de la vinculación al ordenamiento jurídico interno de los instrumentos internacionales, ha de entenderse que entre los derechos inderogables en estado de sitio se encuentran, 24 inter alia:, los míni- mos de protección del Art. 3 común de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, la inexistencia de justificación de la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas o degradantes y la desaparición forzada de personas en estados de excepción, 25 el derecho a la personalidad jurídica, a la vida, la integri- dad personal, la prohibición de esclavitud y servidumbre, el principio de legalidad y de retroactividad, la libertad de conciencia y religión, la protección de la familia, el derecho al nombre, los derechos del niño, el derecho a la nacionalidad, los derechos políticos, las garantías judiciales indispensables para la protec- ción de tales derechos. 26 Adicionalmente, la prohibición de sometimiento a experimentos médicos o cien- tíficos ilegales y la prohibición de prisión por obligaciones contractuales. 27
23 CPE, Art. 112.3
24 Véase, Guevara, J.A., en supra nota 5, pp. 50-52.
25 Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984, Art. 2.2 y Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994, Art. 10.
26 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), de 1969, Art. 27.2
27 Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, de 1966, Art. 4.2
Sin embargo, la CPE establece la posibilidad que las garantías y derechos constitucionales pue- dan quedar suspendidos respecto de señaladas personas fundadamente sindicadas de tramar contra el orden público, conforme lo indicado en los párrafos 4-6 del Art. 112. 28 Es decir, el arresto de los sindicados para ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente, 29 la posibilidad de su confinamien- to 30 y la censura de la correspondencia y todo medio de publicación en caso de conflicto armado internacional. 31
Al respecto cabe apuntar que, la figura del confinamiento, conforme al planteamiento constitucio- nal actual, puede aplicarse durante el estado de sitio si la “conservación del orden público” así lo justificare. Como ha sido reconocido por el Defensor del Pueblo, se trata de una medida de carácter esencialmente político, 32 que a tiempo de la implementación del ECPI, y por ende del DIH, puede colisionar con la tipificación de la conducta de someter a deportación, traslado o confinamiento ilegales, (Art. 8.2.a.vii del ECPI) y, en su caso, con el crimen de lesa humanidad de deportación o traslado forzoso de población (Art. 7.1.d del ECPI), no obstante la peculiaridad del elemento contextual de éste. Como lo estipula el ECPI, esta medida es sólo permisible conforme al derecho internacional (Art. 7.2.d), y al derecho internacio- nal humanitario respecto al Art. 8.2.a.vii.
En efecto, si bien el confinamiento reviste un contexto interno en la CPE, puede advertirse que el DIH, de acuerdo al CICR, 33 prohíbe cualquier tipo de deportación o traslado forzoso, sea dentro del territorio ocupado o a otro país. Por tanto, el crimen de deportación o traslado forzoso es cometido cuando las personas protegidas son desplazadas por la fuerza de su residencia habitual por propósitos no permitidos por el DIH. Es decir, cuando la seguridad de la población no requiere tal acción, ni existen razones militares de carácter imperativo que justifiquen la misma. 34 Por su parte, la PrepCom 35 ha conside- rado, respecto al confinamiento ilegal, que esta conducta no involucra sólo las detenciones en prisiones o campos de detención, sino también medidas de “asignación de residencia”. 36
En este contexto, no resulta justificable ni compatible con dicho marco normativo la permisión constitucional del confinamiento, aún fuere en el estado de sitio o de excepción. Por tanto, es recomen- dable su supresión del marco constitucional.
Respecto a la prohibición del destierro por motivos políticos que establece el mismo Art. 112.4 de la CPE, es importante reforzar dicha prohibición y ampliar su alcance, restringido conforme el texto constitucional a motivos políticos. Asimismo, y siguiendo la recomendación anterior de supresión de la figura del confinamiento corresponderá suprimir el término confinado de la frase que indica: “[….] pero al confinado, perseguido o arrestado por estos motivos, que pida pasaporte para el exterior, no podrá serle negado por causa alguna debiendo las autoridades otorgarle las garantías necesarias al efecto.”
28 CPE, Art. 112.3
29 CPE, Art. 112.4
31 CPE, Art. 112.6
32 Véase, Propuesta de Reforma a la CPE. Defensor del Pueblo, julio de 2003.
33 Véase, Dörman, K., et al, (2003), Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court. Sources and Commentary. ICRC, Cambridge, p. 109.
34 Convenio IV, Art. 49.2
35 Comisión Preparatoria para la Corte Penal Internacional.
36 Véase, Dörman, K., en supra nota 33, pp. 112-113.
Por otro lado, como se indicara, el mismo Art. 112 en su numeral 6, establece la posibilidad que en conflicto armado internacional se determine la censura sobre la correspondencia y todo medio de publica- ción. Sin embargo, tal posibilidad no queda complementada por las debidas limitaciones tendentes a preservar los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión.
El DIH entendería por censura, el “control que la Potencia detenedora puede ejercer sobre la corres- pondencia –antes de distribuirse o de expedirse– remitida a los prisioneros de guerra o a los internados, o
enviada por éstos”. 37 Al respecto los Convenios de Ginebra III 38 y IV 39 establecen limitaciones en cuanto
a los recipientes y modalidades en que la censura podría llevarse a cabo, principalmente resguardando
que la necesidad de censura no implique demora en la obtención y/o envío de correspondencia personal.
Asimismo, es de advertir que el DIH restringe la censura a la correspondencia de prisioneros de guerra y/
o internados. En este sentido, la mencionada norma constitucional resulta genérica, pues conforme a su formulación abarca cualquier tipo de correspondencia y medio de publicación.
En consecuencia, siendo la censura una potestad en conflictos armados regulada por el DIH, no corresponde que el texto constitucional se pronuncie sobre un aspecto específico normado por dicha rama del derecho internacional, y menos con las imprecisiones mencionadas anteriormente, teniendo en cuenta que dicha censura involucra limitaciones excepcionales a derechos fundamentales –derecho
a la privacidad y libertad de expresión–, que aún en el estado de sitio o de excepción han de ser preser-
vados. En efecto, como se indicara, el propio Art. 112.3 reconoce que los derechos y garantías constitu- cionales no quedan suspendidos de hecho y en general por la sola declaración del estado de sitio o de excepción. Por consiguiente, es recomendable la supresión del texto constitucional del Art. 112.6.
En este orden de ideas, siendo los supuestos de suspensión de las garantías y derechos constitucio- nales –conforme los párrafos 4-6 del Art. 112– cuestionables, también resulta la salvedad de suspensión que establece el Art. 112.3 respecto de señaladas personas fundadamente sindicadas de tramar contra el orden público. Dado el sentido de un estado de excepción –de hacer frente a situaciones que amenacen la independencia o seguridad del Estado parte– y si el reconocimiento de los derechos y garantías constitu- cionales alcanza a todos por igual, la suspensión debe tener un carácter general y abstracto. 40
Al respecto, la formulación constitucional del estado de excepción en el caso mexicano resulta interesante. En efecto, el Art. 29 constitucional indica: “[…] podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo […]”.
Resulta, por tanto, recomendable la revisión del Art. 112 de la CPE a la luz del derecho internacio- nal y de la legislación comparada.
Conviene destacar la importancia que reviste en el contexto del estado de sitio, aunque no resulta de aplicación exclusiva respecto al mismo, el Convenio bilateral suscrito entre Bolivia y el CICR sobre
37 Véase, Verri, P., (1998), Diccionario de Derecho Internacional de los Conflictos Armados. CICR.
38 Convenio III, Arts. 71 y 76.
39 Convenio IV, Arts. 107 y 112.
40 En este sentido y respecto al caso mexicano, véase Guevara, J.A., en supra nota 5, p. 48.
Visitas a Personas Detenidas. 41 Toda vez que su ámbito de aplicación está centrado en la protección y asistencia a las personas privadas de libertad física por delitos motivados por razones de tipo ideológico, “[….] es decir toda persona que haya manifestado, de manera pacífica o violenta, su oposición al régimen establecido” 42 , particularmente en el caso de un estado de sitio permitiría al CICR verificar las condicio- nes de detención y que arrestados o detenidos sean tratados con humanidad.
41 Suscrito el 13 de marzo de 1997 y ratificado mediante Ley No. 1865 de 15 de junio de 1998.
42 Consideración b. del Convenio.
El listado que se presenta a continuación –en base a la información disponible en archivos públi- cos– corresponde a los instrumentos internacionales vinculantes para el Estado boliviano, salvo aclara- ción expresa respecto a los instrumentos suscritos, mas no ratificados y aquellos ni suscritos ni ratifica- dos. En los cuadros anexos pueden observarse los datos respectivos a la fecha e instrumento de ratifica- ción o adhesión. No obstante, esta información es incorporada en este acápite respecto a los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977 por la importancia que ameritan.
3.1 Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales y Convenios precedentes
a. Convenios de Ginebra sobre personas y bienes protegidos
– Convenio de Ginebra para Mejorar la Suerte de los Militares Heridos en Campaña, de 22 de agosto de 1864;
– Convenio para Mejorar la Suerte de los Heridos y Enfermos de los Ejércitos en Campaña, de 27 de julio de 1929;
– Convención relativa al Trato de Prisioneros de Guerra, de 27 de julio de 1929;
– Acta Final de la Conferencia Diplomática, de 27 de julio de 1929.
b. Convenios de La Haya sobre limitación de métodos y medios de la guerra
– Convenio (II) relativo a las Leyes y Usos de la Guerra Terrestre y su Anexo: Reglamento sobre las Leyes y Usos de la Guerra Terrestre, de 29 de julio de 1899;
– Convenio (III) para Aplicar a la Guerra Marítima los Principios del Convenio de Ginebra de 22 de agosto de 1864, de 29 de julio de 1899;
– Acta final de la Segunda Conferencia Internacional de la Paz, de 18 de octubre de 1907;
– Convenio (III) relativo a la Ruptura de Hostilidades, de 18 de octubre de 1907;
– Convenio (IV) relativo a las Leyes y Usos de la Guerra Terrestre y su Anexo: Reglamento sobre las Leyes y Usos de la Guerra Terrestre, de 18 de octubre de 1907;
– Convenio (V) relativo a los Derechos y Deberes de las Potencias y de las Personas Neutrales en caso de Guerra Terrestre, de 18 de octubre de 1907;
– Convenio (VI) relativo al Régimen de Buques Mercantes Enemigos, al empezar las Hostilidades, suscrito pero no ratificado, de 18 de octubre de 1907;
– Convenio (VII) relativo a la Transformación de los Buques Mercantes en Buques de Guerra, suscrito pero no ratificado, de 18 de octubre de 1907;
– Convenio (VIII) sobre la Colocación de Minas Submarinas Automáticas de Contacto, suscrito pero no ratificado, de 18 de octubre de 1907;
– Convenio (IX) relativo al Bombardeo por Fuerzas Navales en Tiempo de Guerra, de 18 de octu- bre de 1907;
– Convenio (X) para aplicar a la Guerra Marítima los Principios del Convenio de Ginebra, de 18 de octubre de 1907;
– Convenio (XI) relativo a ciertas Restricciones al Ejercicio del Derecho de Captura en la Guerra Marítima, suscrito pero no ratificado, de 18 de octubre de 1907;
– Convenio (XII) relativo al Establecimiento de un Tribunal Internacional de Presas, suscrito pero no ratificado, de 18 de octubre de 1907;
– Convenio (XIII) relativo a los Derechos y Deberes de los Neutrales en la Guerra Marítima, de 18 de octubre de 1907;
– Declaración (XIV) relativa al Lanzamiento de Proyectiles y Explosivos desde lo Alto de Globos, de 18 de octubre de 1907.
– Protocolo Adicional al Convenio XII de 1907, de 19 de septiembre de 1910.
– Convenio (I) para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos y Enfermos de las Fuerzas Armadas en Campaña, de 12 de agosto de 1949, ratificado inicialmente en 10/12/1976 mediante D.S. No. 13531 de 29/04/76 y posteriormente mediante Ley No. 1151 de 14/05/90;
– Convenio (II) para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos, Enfermos y Náufragos de las Fuer- zas Armadas en el Mar, de 12 de agosto de 1949, ratificado inicialmente en 10/12/1976 median- te D.S. No. 13531 de 29/04/76 y posteriormente mediante Ley No. 1151 de 14/05/90;
– Convenio (III) relativo al Trato Debido a los Prisioneros de Guerra, de 12 de agosto de 1949, ratificado inicialmente en 10/12/1976 mediante D.S. No. 13531 de 29/04/76 y posteriormente mediante Ley No. 1151 de 14/05/90;
– Convenio (IV) relativo a la Protección Debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra, de 12 de agosto de 1949, ratificado inicialmente en 10/12/1976 mediante D.S. No. 13531 de 29/04/76 y posteriormente mediante Ley No. 1151 de 14/05/90;
– Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la Protec- ción de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I), de 8 de junio de 1977, ratificado inicialmente mediante DS 18549 de 8/12/1983 y posteriormente mediante Ley No. 1151, de 14/05/1990; * Se efectuó la declaración de reconocimiento de la Comisión Internacional de Encuesta, con- forme al Art. 90 del Protocolo I.
– Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la Protec- ción de las Víctimas de los Conflictos Armados sin Carácter Internacional (Protocolo II), 8 de junio de 1977, ratificado inicialmente mediante DS 18549 en 8/12/1983 y posteriormente me- diante Ley No. 1151, de 14/05/1990.
Es de notar que tanto los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, conjuntamente con sus dos Protocolos Adicionales de 1977 fueron nuevamente ratificados mediante Ley No. 1151, de 14 de mayo de 1990. La mencionada Ley no contiene una exposición de motivos o artículo de anteceden- tes que explique la razón de una relativamente reciente ratificación, en virtud a la fecha de adop- ción de los mencionados instrumentos internacionales y de que estuvieran ya en vigor en mérito a los Decretos Supremos por los que se ratificaran en 1976 y 1983, respectivamente. No existiendo explicación expresa respecto a este confuso marco jurídico, es de inferir de la práctica adoptada por
ESTADO DE PARTICIPACIÓN DE BOLIVIA EN TRATADOS PARA EL DIH
el Estado boliviano al respecto, 43 que la Ley No. 1151 tuvo como propósito enmendar la modalidad de ratificación de los instrumentos internacionales en cuestión siguiendo la modalidad que corres- ponde conforme a la CPE, vale decir a través de una ley sancionada por el Congreso y promulgada por el Presidente de la República, a diferencia de un simple Decreto Supremo del Poder Ejecutivo.
– Protocolo relativo a la Prohibición del Empleo en la Guerra de Gases Asfixiantes, Tóxicos o Similares y Medios Bacteriológicos, de 17 de junio de 1925;
– Convención sobre la Neutralidad Marítima, de 20 de febrero de 1928;
– Convención sobre Deberes y Derechos de los Estados en caso de Luchas Civiles, de 20 de febrero de 1928, suscrito pero no ratificado;
– Tratado para la Protección de las Instituciones Artísticas y Científicas y de los Documentos Históricos (Pacto Roerich), de 15 de abril de 1935, suscrito pero no ratificado;
– Convención de La Haya para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Arma- do, de 14 de mayo de 1954;
– Protocolo para la Protección de Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, de 14 de mayo de 1954, no suscrito ni ratificado;
– Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares, de 1 de julio de 1968;
– Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción, de 10 de abril de 1972;
– Convención sobre la Prohibición de Utilizar Técnicas de Modificación Ambiental con Fines Militares u otros Fines Hostiles, de 10 de diciembre de 1976, suscrita pero no ratificada;
– Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados, de 10 de octu- bre de 1980 y sus cuatro primeros Protocolos:
Protocolo (I) Relativo a Fragmentos no Localizables; Protocolo (II) sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas Trampa y otros Artefactos; Protocolo (III) sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias; Protocolo (IV) sobre Armas Láser Cegadoras, de 13 de octubre de 1995;
– Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entre- namiento de Mercenarios, de 4 de diciembre de 1989, no suscrito ni ratificado;
– Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, de 13 de enero de 1993;
– Protocolo (II) a la Convención de 1980 sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas Trampa y otros Artefactos, según fue enmendado el 3 de mayo de 1996;
43 Situación similar aconteció en el caso de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, cuya adhesión se efectuara inicialmente mediante D.S. de 8 de enero de 1980 y posteriormente fuera ratificada mediante Ley No. 2071 de 14 de abril de 2000. Lo propio ocurrió con el Protocolo de 1967 a la mencionada Convención, que inicialmente fuera objeto de adhesión mediante D.S. de 8 de enero de 1980 y posteriormente fuera ratificado mediante Ley No. 2043 de 21 de diciembre de 1999. De igual manera, la Ley No. 2119 de 11 de septiembre de 2000 elevó a rango de ley el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales que inicialmente fueran ratificados mediante D.S. 18950 de 17 de mayo de 1982, y así varios otros casos.
– Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción, de 18 de septiembre de 1997;
– Convenio con el CICR sobre Visitas a Personas Detenidas, de 1997;
– Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954, para la Protección de Bienes Cultu- rales en caso de Conflicto Armado, de 26 de marzo de 1999, no suscrito ni ratificado;
– Enmienda a la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados, de 10 de octubre de 1980 y sus Protocolos Anexos, de 21 de diciembre de 2001, no suscrita ni ratificada;
– Protocolo (V) a la Convención de 1980 (sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados), sobre los Restos Explosivos de Guerra, de 28 de noviembre de 2003, no sus- crito ni ratificado.
– Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 9 de diciembre de
– Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 28 de julio de 1951;
– Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, de 31 de enero de 1967;
– Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, de 26 de noviembre de 1968;
– Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), de 22 de noviembre de
– Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo Configurados en Delitos contra las Personas y la Extorsión Conexa cuando éstos tengan Trascendencia Internacional, de 2 de febrero de 1971;
– Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, de 30 de noviembre de 1973;
– Declaración de Cartagena sobre Refugiados, de 22 de noviembre de 1984;
– Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 10 de noviembre de 1984;
– Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura, de 9 de diciembre de 1985, suscrita pero no ratificada;
– Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989;
– Declaración de Río sobre Medioambiente y Desarrollo, de 14 de junio de 1992;
– Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de 9 de junio de 1994;
– Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Para”, de 9 de junio de 1994;
– Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Mu- niciones, Explosivos y otros Materiales Relacionados, de 14 de noviembre de 1997;
– Convención Internacional para la Supresión de Bombas Terroristas, de 15 de diciembre de 1997;
– Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, de 11 de febrero de 1998;
– Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 17 de julio de 1998;
– Convenio 182 sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil, incluido el Reclu- tamiento Forzoso u Obligatorio de Niños para Utilizarlos en Conflictos Armados, de 17 de junio de 1999;
– Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convenciona- les, de 7 de junio de 1999, suscrita pero no ratificada;
– Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, relativo a la Participación de los Niños en los Conflictos Armados, de 25 de mayo de 2000;
– Convención Interamericana contra el Terrorismo, de 3 de junio de 2002, suscrita pero no ratificada.
Como puede advertirse, el Estado boliviano es parte de un gran número de tratados internacionales en materia de DIH. Situación similar se presenta respecto al derecho internacional de los derechos humanos, de un modo general. 44 No obstante, aún existen instrumentos internacionales que si bien fueron suscritos, su ratificación no se ha efectivizado y, en otros casos, tratados que no fueron ni suscritos ni ratificados. En este sentido, la concreción de las ratificaciones o adhesiones –según corresponda– de, principalmente, la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, Convención sobre la Prohibición de Utilizar Técnicas de Modifica- ción Ambiental con Fines Militares u otros Fines Hostiles, el Primer y Segundo Protocolo de la Con- vención para la Protección de Bienes Culturales, la Enmienda a la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados, la Convención Interamericana sobre Transparencia en las Ad- quisiciones de Armas Convencionales en caso de Conflicto Armado, contribuirá a completar el marco jurídico en materia de DIH.
El grado de implementación o asimilación práctica del DIH convencional vinculante para el Esta- do boliviano, es objeto de análisis en el siguiente acápite.
44 Véase, Santalla, E., en supra nota 11, p. 113.
4.1 Represión nacional de los crímenes de guerra a partir del sistema de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, el Protocolo Adicional I de 1977 y otros instrumentos internacionales relevantes y vinculantes y de la implementación del ECPI
Como se abordara anteriormente, tratándose de conductas prohibidas por instrumentos internacio- nales no puede considerarse que las mismas tengan una aplicación directa o sean auto ejecutables –self executing– para efectos de la persecución penal nacional. Sino más bien, en mérito al principio nullum crimen sine lege, han de ser reprimidas en base a una subsiguiente norma jurídica que de manera expresa las prohíba. Esta necesidad de implementación constituye una obligación para el Estado boliviano, en el caso de los crímenes de guerra, como Estado parte de los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo Adicional I de 1977, que establecen de manera expresa la obligación de adoptar medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales. 45
No obstante que dicha obligación convencional es vinculante para el Estado boliviano desde 1976 y 1983, fechas de las ratificaciones iniciales de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protoco- los Adicionales de 1977, respectivamente, puede afirmarse que, hasta la fecha de redacción del pre- sente estudio -noviembre de 2005-, los crímenes de guerra no fueron tipificados en el ordenamiento jurídico boliviano, por lo menos no de manera adecuada o completa. 46 En efecto, el CP no contempla la tutela jurídica para las personas y bienes protegidos por el DIH. Es, en todo caso, el CPM 47 que resulta de mayor relevancia para el análisis en cuestión, toda vez que su ámbito de aplicación se extiende, conforme al Art. 1.1, a los delitos cometidos por las Fuerzas Armadas en situaciones de “guerra interna o externa”. 48
El capítulo V del CPM comprende como “delitos contra el derecho internacional” los siguientes tipos: hostilidad contra país extranjero (Art. 65), presión en prisioneros de guerra (Art. 66), ataque y destruc- ción indebida (Art. 67), violación de territorio extranjero (Art. 68) y violación de tratados (Art. 69).
De entre los tipos mencionados, con relación a los crímenes de guerra puede rescatarse el corres- pondiente al Art. 66: “El militar que en el trato a los prisioneros de guerra no observase las normas pertinentes de los tratados internacionales, sufrirá la sanción de uno a cinco años de reclusión”. No obstante, es de adver- tir la generalidad del tipo, que constituiría un tipo penal abierto toda vez que no precisa cuáles son las
45 Convenio I, Art. 49. Convenio II, Art. 50. Convenio III, Art. 129. Convenio IV, Art. 146. Protocolo I, Art. 85.1
46 Véase, Santalla, E., en supra nota 11, pp. 90-92.
47 Promulgado por D.L. 13321 de 22 de enero de 1976. Vigente hasta que se sancione y promulgue un nuevo código de justicia militar, por disposición de la Ley 1474 de 1 de abril de 1993.
48 CPM, Art. 1.1. Es de advertir que si bien el numeral 2 de este artículo amplía el alcance del CPM a civiles –nacionales o extranjeros– que afecten materias y lugares militares, a partir de la vigencia del nuevo CPP, que en su Art. 48 prohíbe expresa- mente el sometimiento de civiles a la jurisdicción militar, se entiende la tácita derogatoria de esta disposición.
normas pertinentes de los tratados internacionales a observarse, resultando difícil argumentar que cons- tituya lex certa a efectos del principio de legalidad. 49 En realidad, este tipo viene a constituir el objeto en sí del Convenio III de Ginebra de 1949 relativo al Trato Debido a los Prisioneros de Guerra, sancionan- do en un solo tipo y con una pena poco relevante –de uno a cinco años de reclusión– todas las conductas prohibidas por el mencionado Convenio. En consecuencia, difícilmente puede argumentarse que este tipo responda al compromiso que emana del Art. 129 del Convenio III respecto a la adopción de “[….] medidas legislativas necesarias para determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas que hayan cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera de las infracciones graves contra el presente Convenio […]”. Es decir: el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gra- vemente contra la integridad física o la salud, el hecho de forzar a un prisionero de guerra a servir en las fuerzas armadas de la potencia enemiga, o el hecho de privarlo de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente, cometidos contra personas protegidas por el Convenio III. Situación similar se presenta con el tipo de violación de tratados, que sin siquiera precisar a qué tratados o convenios se refiere sanciona la violación con uno a cinco años de presidio. 50
Es el tipo de ataque y destrucción indebida: “El militar que sin razón ni necesidad justificada, ataque delibe- radamente en estado de guerra hospitales o asilos, destruya o saquee templos, bibliotecas o museos será sancionado con la pena de uno a diez años de reclusión”, que guarda cierta relación con los Arts. 12, 13, 59, 53 y 85.4.d del Protocolo I (aplicables a unidades sanitarias; cese de la protección; localidades no defendidas; bienes cultu- rales y lugares de culto; infracciones graves, respectivamente), Arts. 4 y 6 de la Convención sobre Bienes Culturales del 54, Arts. 19, 21 y 22 del Convenio I (protección de unidades y establecimientos sanitarios; cese de la protección; actos que no privan de la protección, respectivamente), Arts. 18 y 19 del Convenio IV (protección de los hospitales; cese de la protección de los hospitales, respectivamente), Art. 8.2.b.ix del ECPI (ataque de bienes protegidos en el conflicto armado internacional), Arts. 11 y 16 del Protocolo II (protección de unidades sanitarias; bienes culturales y lugares de culto, respectivamente), Art. 8.2.e.iv del ECPI (ataque de bienes protegidos en el conflicto armado no internacional), Art. 8.2.b.xvi del ECPI (sa- queo en el conflicto armado internacional), Art. 50 del Convenio I (infracciones graves), Art. 51 del Convenio II (infracciones graves), Arts. 53 y 147 del Convenio IV (destrucciones prohibidas; infracciones graves, respectivamente), Art. 8.2.b.xiii del ECPI (destrucción de bienes en el conflicto armado internacio- nal), Art. 8.2.e.v del ECPI (saqueo en el conflicto armado no internacional) y Art. 8.2.e.xii del ECPI (destrucción de bienes en el conflicto armado no internacional).
No obstante, es de advertir que a diferencia del ataque y destrucción de bienes protegidos, punibles cuando se cometen sin justificación de necesidad militar, el saqueo es siempre ilegal. Sin embargo, de la formulación del tipo podría inferirse que el estándar de necesidad justificada alcanza a todas las conductas sancionadas por el tipo: el ataque, la destrucción y el saqueo.
Por otro lado, el ataque queda, conforme la formulación del tipo, restricto a hospitales y asilos y la destrucción y saqueo aplicables respecto a templos, bibliotecas o museos. Sin embargo, la protección del
49 Respecto al grado de conocimiento de la norma incriminadota al ciudadano y la relación con las exigencias del principio de legalidad véase, Vidales Rodríguez, C., (2003), El Principio de Legalidad en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, en La Corte Penal Internacional, ed., Gómez Colomer, et al., Tirant lo Blanch, Valencia, p. 194.
50 Análisis anteriormente efectuado por la autora en, supra nota 11, pp. 90-92.
EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS NACIONALES EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO BOLIVIANO
sistema de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, los Protocolos Adicionales de 1977, la Convención de La Haya sobre Protección de Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado de 1954, así como la tipificación del ECPI respecto a ataques abarca, en términos generales, los siguientes bienes protegidos por el DIH: edificios dedicados al culto religioso, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos; respecto al saqueo una ciudad o plaza (un bien, conforme los Elementos de los Crímenes del ECPI) y respecto a la destrucción los bienes del enemigo. Existen, en consecuencia, importantes diferencias y contradicciones respecto a la normativa internacional en el mencionado tipo, fuera de la incongruencia de la pena que presenta con relación a los otros tipos del mismo capítulo –de uno a diez años de reclusión tratándose de conductas atentatorias contra bienes prote- gidos y de uno a cinco años tratándose de personas protegidas por el Convenio III de Ginebra de 1949–.
Considerando que la caracterización de los crímenes de guerra está dada por el contexto de su comisión y las personas o los bienes contra los que son cometidos, 51 puede afirmarse que la mayor parte de los delitos comprendidos en el CPM no constituyen per se crímenes de guerra sino, en todo caso, delitos militares o violaciones a los códigos de conducta militar. 52 Por otro lado, los escasos tipos que guardan cierta relación con los crímenes de guerra detentan importantes deficiencias, como se apuntara anteriormente, que sustentan la afirmación inicial respecto a la inexistencia al presente de adecuada y suficiente implementación de los crímenes de guerra. Esta realidad normativa redunda en la necesidad e importancia de una pronta implementación del ECPI, aspecto que se analiza a continuación.
Si bien el ECPI, a diferencia de los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo I, no contempla requerimiento expreso de implementación en cuanto a la tipificación de los crímenes de guerra se refie- re –y en general de los crímenes de competencia de la CPI–, es a partir de la necesidad de su implementación –que se plantea y viene discutiendo a nivel mundial en los Estados parte e inclusive en los no parte aún–, que la tipificación de los crímenes de guerra es objeto por primera vez de consideración seria en el ordenamiento jurídico boliviano. Esta realidad denota la fuerza que imprime el principio de complementariedad, cimiento del ECPI, como catalizador o incentivo de la implementación. 53
El inicio del proceso de implementación del ECPI, tratado del que Bolivia es Estado parte, 54 se ha concretado con la realización de una consultoría encargada en septiembre de 2004 por el proyecto Defensor del Pueblo-Cooperación Técnica Alemana (GTZ). La consultoría concluyó en diciembre de 2004 con la formulación de un Anteproyecto de Ley de Implementación del ECPI (en adelante, Ante- proyecto) que constituye una ley especial de carácter complementario al CP y al CPP. Desde su formula- ción, el Anteproyecto ha sido objeto de consulta por parte del Defensor del Pueblo con instancias gubernamentales, sociedad civil y Fuerzas Armadas, no existiendo una versión final consensuada a la
51 Para mayor referencia, véase, cif., Dörmann, K., (2002), Crímenes de Guerra en los Elementos de los Crímenes, en La Nueva Justicia Penal Supranacional. Desarrollos post- Roma, coordinador, Ambos, K. Tirant lo Blanch, Valencia, p. 112.
52 Análisis anteriormente efectuado por la autora en, supra nota 11, p. 92.
53 Véase, Kleffner, J., (2003), The Impact of Complementarity on National Implementation of Substantive International Cri- minal Law, Journal of International Criminal Justice 1,1. Oxford University Press, p. 86.
54 Suscrito por Bolivia el 17 de julio de 1998 y ratificado mediante Ley No. 2398 de 24 de mayo de 2002, publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia No. 2407 de fecha 19 de junio de 2002. El depósito del instrumento de ratificación se efectuó en fecha 27 de junio de 2002.
fecha de esta investigación, por lo que se comenta sobre la versión inicial del mismo. El Anteproyecto tipifica los delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos –genocidio y delitos de lesa humanidad– y los delitos contra el DIH. Asimismo, tipifica los delitos contra la administración de justi- cia de la CPI y norma el régimen de cooperación con la CPI. 55
Para efectos de la tipificación, el Anteproyecto considera las conductas descritas por el ECPI como “mínimos de implementación”. Al respecto, la exposición de motivos indica: “Si bien el ECPI no contiene deberes explícitos de tipificación, en mérito a la fuerza que imprime el principio de complementariedad en las jurisdicciones nacionales se entiende que su cumplimiento se verifica con deberes “extremos” de tipificación. En este sentido, las conductas tipificadas por el ECPI han sido consideradas por el presente Anteproyecto como mínimos de implementación, ampliándose el alcance de las mismas en lo posible y pertinente y en consideración de otros instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario vinculantes para el Estado boliviano”. 56
Bajo esta óptica, en el caso de los crímenes de guerra, el Anteproyecto tipifica conductas prohibidas en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y los Protocolos Adicionales de 1977, y otros instrumentos del DIH que no fueron expresamente incluidas en el ECPI, tales como: el retardo injustificado en la repatria- ción de prisioneros de guerra y civiles, 57 la prohibición de imposición o amenaza de penas colectivas, la proscripción de la esclavitud y la trata de esclavos o la inclusión en la prohibición del empleo de armas particularmente crueles de las armas nucleares, biológicas, las que causan ceguera y las minas antipersonales.
En efecto, de relevancia para el caso boliviano resultan, principalmente, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción y Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción de 1972 (en adelante, Convención sobre Armas Biológicas), la Conven- ción sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan Con- siderarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados de 1980 (en adelante, Convención sobre Armas Convencionales) y sus cuatro primeros Protocolos: Protocolo (I) Relativo a Fragmentos no Localizables; Protocolo (II) enmendado sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas Trampa y otros Artefactos; Protocolo (III) sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas In- cendiarias, Protocolo (IV) sobre Armas Láser Cegadoras, la Convención sobre la Prohibición del Desarro- llo, la Producción, el Almacenamiento y Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción de 1993 (en adelante, Convención sobre Armas Químicas) y la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almace- namiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción, de 1997 (en adelan- te, Convención sobre Minas Antipersonal) y el Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares de 1968 (en adelante, Tratado sobre Armas Nucleares), vinculantes para el Estado boliviano.
Si bien la Convención de Armas Biológicas no requiere explícitamente que los Estados penalicen las conductas establecidas en la misma, impone la obligación de adoptar las medidas necesarias para
55 La versión inicial del Anteproyecto puede ser consultada en: http://web.amnesty.org/pages/int_jus_icc_implementation. Véase también: Grupo de Estudios sobre la CPI - Programa Estado de Derecho para Sudamérica, Fundación Konrad Adenauer en, http://www.kas.de/proj/home/home/13/4/webseite_id-2262/index.html
56 Véase, anillado: Proyecto GTZ-Defensor del Pueblo, Implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en Bolivia. La Paz, enero de 2005, p.70.
57 Véase, Roberge, M.C., (1998), El Nuevo Tribunal Penal Internacional. Evaluación Preliminar, en Revista Internacional de la Cruz Roja, No. 148, p. 724.
prohibir y prevenir las conductas prohibidas por la Convención. Vale decir, el desarrollo, producción, adquisición y almacenaje de armas biológicas y de sistemas de distribución en su territorio o en cualquier lugar sometido a su jurisdicción o control. 58 Por su parte, el Protocolo II enmendado de la Convención sobre Armas Convencionales implica la obligación para los Estados parte de imponer sanciones penales a personas que intencionalmente causaren la muerte o lesiones graves a civiles a través de las violacio- nes al Protocolo, fueran éstas cometidas en conflicto no internacional o internacional. Asimismo, se genera una obligación de prevenir y reprimir todas las violaciones al Protocolo. 59
Por su parte, la Convención sobre Armas Químicas establece la obligación para los Estados parte de criminalizar las conductas violatorias de la Convención sobre las bases jurisdiccionales de territorialidad y nacionalidad. En particular, las conductas de producción, desarrollo, adquisición, retención o transferen- cia, almacenaje, uso o participación en preparaciones militares para el uso de armas químicas. 60
Respecto a la Convención sobre Minas Antipersonal, los Estados parte tienen la obligación de prevenir y sancionar penalmente las violaciones a la Convención. En particular, las conductas de desa- rrollo, producción, adquisición, retención o transferencia, almacenaje o uso o empleo bajo ninguna circunstancia de minas antipersonal. 61
Con relación a la incorporación en el tipo de “empleo de armas prohibidas” de las armas nucleares, la exposición de motivos del Anteproyecto 62 indica: “No obstante que al presente resulta difícil establecer la existencia de una prohibición universal en el derecho internacional consuetudinario sobre el uso de armas nuclea- res, la tipificación de su uso responde a la consideración de la importancia de manifestaciones unilaterales con- tundentes respecto a su ilegalidad y fines preventivos, más aún considerando que Bolivia es Estado parte del Tratado sobre No Proliferación de Armas Nucleares y que la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 1996, sobre la Legalidad de la Amenaza o el Uso de Armas Nucleares consideró por unanimidad que los principios y reglas del derecho internacional humanitario se aplican al uso de armas nucleares y que su uso sería por lo general contrario a los principios y reglas del derecho internacional humanitario. Al respecto, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha establecido que los principios de distinción y proporcionalidad y la prohibición de causar sufrimientos innecesarios se aplican al uso de estas armas, siendo difícil concebir situacio- nes en las cuales su uso resulte compatible con dichos principios y reglas, dadas las características únicas de estas armas. En particular, su poder destructivo, siendo imposible controlar sus efectos en tiempo y espacio, extrema- damente difícil brindar socorro a las víctimas, el riesgo de la proliferación de sus efectos, los peligros para el medio ambiente, etc.” 63
Asimismo, el Anteproyecto se aleja del superado dualismo de categorización de los delitos contra el DIH en razón al tipo de conflicto. Es decir, conductas cometidas en el contexto de un conflicto armado internacional y no internacional, estableciendo una tipificación única independientemente del tipo de conflicto armado, a excepción de ciertas conductas que por su carácter son atribuibles
58 Convención sobre Armas Biológicas, Art. 4
59 Protocolo II enmendado de la Convención sobre Armas Convencionales, Arts. 14.1.2
60 Convención sobre Armas Químicas, Art. 7.1
61 Convención sobre Minas Antipersonal, Art. 9
62 Supra nota 56.
63 CICR, (2003), Use of Nuclear, Biological or Chemical Weapons: Current International Law and Policy Statements. Ginebra, marzo de 2003. (ICRC – DC/JUR/MINA-DLY).
únicamente al caso del conflicto armado internacional. 64 En este sentido, las conductas que conforme al ECPI sólo constituyen crímenes de competencia de la CPI si se cometen en el marco de un conflicto armado internacional, son ampliadas en el Anteproyecto en su ámbito de aplicación al conflicto armado no internacional. Es decir, la inanición de la población civil, 65 la abolición, suspensión de derechos y reclamaciones, el uso pérfido o indebido de los signos protectores, la utilización de perso- nas como escudos humanos, los ataques que causan daños civiles desproporcionados, la prohibición de ciertas armas, resultan conductas sancionadas tanto en un conflicto armado internacional como no internacional.
En general, la estructura y tipificación adoptada por el Anteproyecto, se inspira principalmente en los casos alemán 66 y peruano. 67 El título II de Delitos contra el Derecho Internacional Humanitario comprende los siguientes capítulos: Capítulo I –Definiciones conceptuales, Capítulo II –Delitos con- tra Personas Protegidas, Capítulo III –Delitos contra el Patrimonio y otros Derechos, Capítulo IV – Delitos contra Operaciones Humanitarias y Emblemas, Capítulo V –Delitos de Empleo de Métodos Prohibidos en la Conducción de Hostilidades y Capítulo VI –Delitos de Empleo de Medios Prohibidos en la Conducción de Hostilidades. Cada tipo tiene un nomen juris propio que responde al o los prin- cipales bienes jurídicamente tutelados. 68 Siguiendo la terminología empleada por el caso peruano, y toda vez que el ordenamiento jurídico boliviano tampoco contempla la categoría de crímenes, sino simplemente de delitos y en su caso, de faltas o contravenciones, el Anteproyecto adopta la termino- logía 69 de “delitos contra el derecho internacional humanitario”, considerando adicionalmente que el término de “crímenes de guerra” puede no resultar suficientemente claro respecto al alcance y ámbito de aplicación de la tipificación adoptada y en el entendido que la gravedad que denota el término de “crímenes” es reflejada a través del régimen especial que establece el Anteproyecto respecto a estas conductas conforme al derecho internacional. Es decir, inter alia, el carácter imprescriptible, no suje- to a amnistías ni indultos.
Sin embargo, existen peculiaridades en la tipificación boliviana, fuera de las mencionadas anterior- mente respecto a la inclusión de armas prohibidas, que resultan importantes de destacar. Por ejemplo, la prohibición del reclutamiento de menores de 15 años del Art. 8.2.b.xxvi del ECPI, se tipifica de manera más estricta en mérito a la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados, prohibiéndose el recluta- miento o alistamiento de menores de 18 años, sea forzoso o voluntario. 70
64 El retardo injustificado en la repatriación de personas protegidas, el traslado por la potencia ocupante de una parte de su pobla- ción civil al territorio ocupado, forzar a una persona protegida a servir en las fuerzas armadas de una potencia enemiga y obligar a un nacional de la parte adversa a tomar parte en operaciones bélicas contra su propio país. (Art. 44 del Anteproyecto).
65 Respecto a esta omisión en particular, véase Segall, A. (2003), Punishment of War Crimes at the National Level: Obligations under International Humanitarian Law and the Complementarity Principle established by the International Criminal Court, en National Legislation Incorporating International Crimes. Edit. Neumer, M., p. 260.
66 Ley de Introducción del Código Penal Internacional, de 26 de junio de 2002.
67 Proyecto de Ley que incorpora el Título IV de “Delitos contra el Derecho Internacional Humanitario” en el Libro Tercero del Código Penal.
68 Véase, Exposición de Motivos del Anteproyecto en, supra nota 56, p. 75.
69 En esta misma línea, en el caso mexicano se sugiere que la incorporación de los crímenes de guerra y de lesa humanidad se efectúe a través de su “[……] traducción en delitos con la nomenclatura de la práctica legislativa-penal del Estado mexicano”. Véase, Guevara, J.A., en supra nota 5, p. 155.
70 Véase, supra nota 56, p. 76.
Por otro lado, la tipificación del tipo de “Abolición, suspensión de derechos y reclamaciones”, da lugar a la posibilidad que la conducta se cometa con una sola persona de la parte adversa que se viere privada a ejercer sus derechos a consecuencia de la acción del autor. Si bien el ECPI establece el tipo en función a la afectación de nacionales –en plural– efectuándose una relación con el tipo que san- ciona la privación o negación del debido proceso en función a una o más personas y de los derechos individuales que reconoce el Convenio III de Ginebra 71 , así como el comentario de Dörmman sobre el Art. 8.2.b.xiv del ECPI, 72 el Anteproyecto amplía el alcance del tipo a la comisión con relación a una o más personas. 73
La tipificación de la conducta de “ataques contra población y objetos civiles” incluye de manera expresa a los bienes culturales, habiendo Bolivia recientemente ratificado la Convención para la Pro- tección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado de 1954, 74 cuyo Art. 28 compromete a los Estados parte a adoptar sanciones penales. 75
El tipo de “guerra sin cuartel” omite la definición técnica, incorporando la descripción en el mismo del significado y alcance de dicha conducta. 76
Por otro lado, en la conducta de “ataques que causan daños civiles desproporcionados”, se incluyen los daños medioambientales tomando en cuenta que tanto la Declaración de Río de 1992 en su princi- pio 24, como la Resolución de la Asamblea General 47/37 de 25 de noviembre de 1992, establecen que la destrucción o daño al medioambiente, no justificados por necesidades militares, constituyen una violación al derecho internacional, sin efectuar distinciones en razón al tipo de conflicto. 77
En el contexto del DIH, el principio de responsabilidad jerárquica o responsabilidad del superior se halla principalmente en los Arts. 86 y 87 del Protocolo Adicional I de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949. De la interpretación del Art. 86.2 en particular, que se refiere a superiores de manera genérica, se colige que este principio no admite desde el derecho internacional convencional ni consuetudinario una diferenciación entre militares y civiles que se encuentren en posición jerárquica, siendo la obliga- ción de prevenir y reprimir las infracciones de los subordinados en situaciones de conflicto armado aplicable a ambos casos. 78
Por otro lado, del estándar que establece el Art. 86.1: incumplimiento de un deber de actuar, se advier- te que la responsabilidad de los superiores constituye una omisión. En efecto, el modus operandi de las “infracciones graves” establecidas en el Art. 85 del propio Protocolo Adicional I es generalmente la
71 Convenio III, cif, Art. 106.
72 Véase, Dörmman, K., en supra nota 33, p. 263
73 Véase, Exposición de Motivos del Anteproyecto en supra nota 56, p. 76.
74 Ratificada el 17 de noviembre de 2004.
75 Véase, Exposición de Motivos del Anteproyecto en supra nota 56, p. 77.
78 Véase, Bantekas, I. (2000), The Interests of States Versus the Doctrine of Superior Responsibility, en International Review of the Red Cross Nº 838, p. 391.
omisión, como acontece en el retraso injustificado en la repatriación de prisioneros de guerra o civiles. 79 Sin embargo, del Art. 86.2 –si éstos sabían o poseían información que les permitiera concluir–, no obstante la dificultad de interpretación de la norma, puede inferirse que la responsabilidad penal del superior no
del dolo. 80 Sin embargo, no se debe pasar por alto que «intento» y «negligencia» son estados mentales muy diferentes que sólo en casos excepcionales de un dolo «débil» («weak intent», «dolos eventualis») y negligencia «grave» («strong», «gross», «conscious» negligente) se aproximan”. 81
constituye un simple caso de negligencia, sino “[…
una modalidad de negligencia tan grave que esté a nivel
Por su parte, el Art. 87 consagra la obligación de garante del jefe militar respecto de sus subordinados. En particular, de impedir, reprimir y, siendo el caso, denunciar las “infracciones graves” cometidas por sus subor- dinados. Es decir, responsabilidad penal imputable por omisión respecto al incumplimiento de deberes. 82
En el marco del ECPI, el principio de responsabilidad de comando, responsabilidad jerárquica o res- ponsabilidad del superior 83 –command or superior responsability– es recogido en el Art. 28 con un alcance diferente respecto a militares y civiles. En efecto, como ha sido reconocido por la doctrina, “[…] el artículo 28 establece distintos criterios subjetivos para militares y para civiles”. 84 En tanto el numeral 1 del mencionado artículo establece para el caso de militares el criterio de “debería saber o hubiere debido saber” –should have known–, el numeral 2.a establece un criterio distinto para superiores civiles de “hacer caso omiso delibe- radamente” –wilful blindness–. Como se verá más adelante, este tratamiento diferenciado para militares y civiles difiere del reconocido por el DIH y redunda no sólo en contradicciones dogmáticas sino prácti- cas también, tornando más difícil la imputación por responsabilidad jerárquica en el ámbito civil. 85
Si bien el Art. 28 del ECPI establece con amplitud la responsabilidad penal del superior jerárquico, sin precisar –por lo menos de manera expresa– el grado de dicha responsabilidad, teniendo en cuenta que
superior, lo que justifica su deber de intervención (Garantenflicht) y, finalmente, implica la equivalencia moral entre la falta de evitación del daño y la causación activa del mismo”, 86 puede deducirse una responsabilidad por
omisión que resulta única en derecho penal internacional. Es decir, un delito propio de omisión que res- ponde a una responsabilidad directa por la ausencia de supervisión. 87 En efecto, el derecho internacional consuetudinario, a diferencia de la sentencia de primera instancia en el caso Celebici del TPIY que conside- ró que el principio de vicarious liability 88 es la base de la doctrina de la responsabilidad de comando, 89
la posibilidad de control constituye la base legal y legítima sobre la que descansa la responsabilidad del
79 Véase, ficha técnica del Servicio de Asesoramiento en DIH del CICR, Omisión y Responsabilidad de los Superiores, de diciem- bre de 2003.
80 De Preux, nm. 3541.
81 Véase, Ambos K., (2002), La Responsabilidad del Superior en el Derecho Penal Internacional, en La Nueva Justicia Penal Supranacional. Desarrollos Post-Roma. Ed., Ambos, K., et al. Tirant lo Blanch, Valencia, p. 216.
82 Véase, cif., Ambos K., (2001), Temas del Derecho Penal Internacional. Traducción de Fernando del Cacho, et al, Universidad Externado de Colombia, Centro de Investigaciones de Derecho Penal y Filosofía del Derecho, Bogotá, p. 39.
83 “Mientras el término mando parece limitar la doctrina al contexto militar, el término superior es mucho más amplio y se extiende también a los civiles. En esta forma fue adoptado por el Estatuto de Roma”. Véase, Ambos, K., en supra nota 81, p. 159.
84 Véase, cif., Ambos, K., en supra nota 82, p. 39.
85 Ibídem, pp. 37-43.
86 Ibídem, p. 42.
87 Véase, Ambos, K., en supra nota 81, p. 159.
88 Responsabilidad indirecta por los hechos de terceros, según Cabanellas, G., (1990), Law Dictionary - 2, Edit. Heliasta, Buenos Aires, p. 651.
89 Véase, Delalic et al., sentencia de primera instancia de 16 de noviembre de 1998, IT-96-21-T, párr. 645, citada por Bantekas, I., en supra nota 78.
apunta, en mérito al principio de reprochabilidad o culpabilidad a una omisión de cumplir con una acción realizable y obligatoria. 90 Sin embargo, la responsabilidad jerárquica parece constituir también un delito de peligro a partir de la existencia de una responsabilidad indirecta por las conductas delictivas de otros. 91
Como ha sido reconocido por la doctrina, la interpretación y aplicación del Art. 28 del ECPI que establece una responsabilidad amplia del superior requiere de una “[……] clara distinción entre responsa- bilidad del superior por actos de sus subordinados respecto de los cuales estaba al tanto y por aquellos actos que le eran desconocidos”. 92 Una forma de alcanzar esta distinción “[….] consiste en la creación de un delito separado de «falta de supervisión debida» que por cierto merece un castigo más benigno que la omisión intencio- nal del superior de evitar que sus subordinados cometan delitos internacionales”. 93
El Anteproyecto recoge la responsabilidad jerárquica, a diferencia del Art. 28 del ECPI, en un mismo plano tanto de militares como de civiles, incorporando de manera expresa al órgano policial, siguiendo en este aspecto al modelo canadiense. 94 Es decir, establece tres ámbitos expresos de aplicación personal: militares, policías y civiles, de la siguiente manera:
Art. 11.- (Responsabilidad jerárquica).- 1. Un jefe militar, jefe de policía o un superior civil que omita impedir a sus inferiores cometer un hecho descrito en esta Ley será castigado como autor del hecho cometido por el inferior.
2. La omisión de impedir a que se refiere el numeral anterior, implica el conocimiento por parte del jefe o superior que el inferior estaba cometiendo el delito o se proponía cometerlo y no hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión.
3. Se equipara al jefe militar y al jefe de policía la persona que en un grupo armado ejerza objetivamente el poder de mando o autoridad y el control. Se equipara al superior civil quien en una organización civil o empresa ejerza objetivamente la autoridad y el control.
Puede observarse que el mencionado artículo requiere que la posición del superior civil detente un grado de control similar al caso del jefe militar o policial. Se recoge en este sentido la jurisprudencia del TPIY, que advierte que “solamente se extiende a aquellos que ejercitan un grado de control sobre sus subordina- dos similar al de los comandantes militares”. 95
Siguiendo el modelo alemán, 96 el Anteproyecto traduce al ámbito penal la responsabilidad jerár- quica con una doble faceta: como un delito de comisión por omisión y como infracciones propias del deber de garante. Al respecto, la Exposición de Motivos 97 indica:
“En consecuencia, partiéndose de los tipos de “incumplimiento de deberes” (Art. 154) y “omisión de denun- cia” (Art. 178), estrechamente relacionado con el tipo de “encubrimiento” (Art. 171) del Código Penal –que se aplican esencialmente respecto a funcionarios públicos– se establecen tipos específicos:
90 Véase, Bantekas, I., en supra nota 78.
91 Véase, Ambos, K., en supra nota 81, p. 159.
92 Ibídem, pp. 224-225.
93 Ibídem, p. 225.
94 Véase, Sección 7.6 de la Crimes Against Humanity and War Crimes Act de 2000.
95 Delalic et al., sentencia de apelación de 20 de febrero de 2001, IT-96-21-A, párr. 355 y ss., 363 y 378, citada por Ambos, K., en supra nota 81, p. 174.
96 Ley de Introducción del Código Penal Internacional, de 26 de junio de 2002.
97 Supra nota 56.
a. “incumplimiento del deber de vigilancia”, recogiendo el deber de control y supervisión, se sobreentiende ejer- cido de manera y con medios legales, que corresponde al superior respecto al inferior que se encontrare bajo su control efectivo, existiendo un nexo causal entre dicha omisión y la comisión del delito por parte del inferior.
b. “omisión de denuncia de un delito de derecho internacional”, estableciéndose la obligatoriedad de denun- cia en razón de la gravedad de los delitos de que trata esta Ley, conforme al ECPI y el derecho internacio- nal humanitario en particular.
Considerando que el Art. 28 del ECPI establece con amplitud la responsabilidad penal del superior jerárqui- co, sin precisar el grado de dicha responsabilidad, es de advertir que tanto el Art. 19 del Código Penal Militar y, más precisamente, el Art. 13 bis del Código Penal establece la “comisión por omisión”, exigiendo para la impu- tación la violación de un deber de garante que equivalga, en el sentido de la ley, a su causación. Dicho deber jurídico del autor queda precisado, a la luz del Art. 28 del ECPI, como se explicara anteriormente. Lo que, adicionalmente, permite establecer la participación del superior, se entiende dolosa, en el delito cometido por el subordinado en el grado de autoría, en virtud a la comisión por omisión, en los casos en que éste permite a sabiendas la comisión del delito por el subordinado. Si el superior no sabía nada de los inminentes delitos del subordinado se aplican, según corresponda, los tipos de “incumplimiento del deber de vigilancia” y/o “omisión de denuncia de delitos del derecho internacional”.
La aplicación de la responsabilidad jerárquica en todos sus aspectos, supone que el jefe o superior debe poseer ambas: la “competencia legal” y la “posibilidad material” para impedir o reprimir los delitos. Las medidas concretas dependerán de la posición del superior en la “cadena de mando”. 98
De esta manera no sólo se recoge el Art. 28 del ECPI, sino que se implementan las obligaciones derivadas del Protocolo Adicional I de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949. En particular, respec- to al Art. 86.1 que establece la obligación de adoptar las medidas necesarias para hacer que cesen todas las demás infracciones que resulten del incumplimiento de un deber de actuar. Asimismo, se recoge el comentado estándar del Art. 86.2: si éstos sabían o poseían información que les permitiera concluir, y los componentes del deber de garante del Art. 87.1. Es decir, los deberes de impedir, reprimir y denunciar.
La consideración que la actuación bajo órdenes superiores u obediencia debida no exime de res- ponsabilidad penal conforme al derecho internacional, fue ya acuñada en el Principio IV del Estatuto del Tribunal Militar Internacional, más conocido como Estatuto de Nuremberg. 99 Asimismo, la doctrina es recogida, inter alia, en los Estatutos de los contemporáneos Tribunales ad hoc 100 y al presente en el Art. 33 del ECPI. En el ámbito del DIH, es de advertir que, a diferencia del caso de la responsabilidad jerárqui-
98 Véase, Ambos, K., (2002), La Responsabilidad del Superior en el Derecho Penal Internacional, en Nuevo Derecho Penal
Internacional. Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, pp. 461-462.
99 Principio IV: “El hecho de que una persona haya actuado en cumplimiento de una orden de su Gobierno o de un superior jerárquico no la exime de responsabilidad conforme al derecho internacional, si efectivamente ha tenido la posibilidad moral de opción”.
100 Estatuto del TPIY, Art 7.4: “El hecho que un acusado haya actuado en ejecución de una orden de un gobierno o de un superior no le exonera de su responsabilidad penal, pero puede ser considerado como un motivo de disminución de la pena si el Tribunal Internacional lo estima conforme a la justicia”. Estatuto del TPIR, Art. 6.4: “El hecho que el inculpado haya actuado en ejecución de una orden impartida por un gobierno o un superior no le eximirá de responsabilidad penal, pero podrá considerarse circunstancia atenuante si el Tribunal Internacional para Rwanda determina que así lo exige la equidad”.
ca o del superior como se viera anteriormente, ni los Convenios de Ginebra de 1949 ni sus Protocolos Adicionales de 1977 contemplan disposiciones que aludan a la defensa de órdenes superiores. 101 Sin embargo, considerando la intrínseca relación existente entre la defensa de órdenes superiores y la res- ponsabilidad del superior, si conforme al Art. 86.2 del Protocolo Adicional I la comisión por el subordi- nado no exime de responsabilidad al superior, como contraparte lógica tampoco puede excluirse la punibilidad del receptor de las órdenes –el subordinado–. 102
En el marco del ECPI, el Art. 33 “reconoce la defensa de órdenes superiores sobre la base de tres estándares reconocidos por el derecho internacional consuetudinario. El primero presupone la existencia de una obligación legal o de lealtad, en tanto que los otros dos se refieren a los estándares requeridos del conocimiento, conformado por el conocimiento subjetivo del acusado y objetivo basado en la “manifiesta ilegalidad” de la orden. La presun- ción de conocimiento del Art. 33.2 parece ser irrefutable. Sin embargo, puesto que la comisión de genocidio y crímenes de lesa humanidad involucra una acción a gran escala, por lo general se requiere de operaciones meno- res respecto de las cuales no siempre se puede alegar que involucren un conocimiento o conciencia del objetivo último, por lo que la equidad requiere que esta presunción sea refutable”. 103
Puede advertirse que la ficción legal que plantea el Art. 33.2 respecto a considerar las órdenes de cometer genocidio y crímenes de lesa humanidad como manifiestamente ilícitas -al margen de la consi- deración precedente respecto a la posible existencia de situaciones en ambos casos que pudieran ameritar una presunción refutable- reduce el ámbito de aplicación de esta defensa al contexto de los crímenes de guerra, siempre que se den los estándares descritos anteriormente. Esta salvedad recogida por el Art. 33 corresponde a la propuesta de EE.UU. que, conjuntamente con Canadá en la Conferencia de Roma, argumentó que en los casos en que el subordinado no está consciente de la ilegalidad de la orden o en los que la orden no es manifiestamente ilegal, existe una defensa válida reconocida por el derecho interna- cional consuetudinario. 104
En esta línea, el Manual Militar de los EE.UU. de 1956 no sólo reconoce la obediencia debida como defensa válida, sino que obliga a las cortes a tomar en cuenta que no se puede esperar que los subordina- dos, en el marco de la disciplina de guerra, analicen escrupulosamente los méritos legales de las órdenes recibidas. 105 En general puede considerarse que el reconocimiento de la validez de la defensa de obedien- cia debida es característica de los tradicionales ordenamientos militares. 106
En el caso boliviano la CPE desconoce de manera expresa la defensa de órdenes superiores en sus Arts. 13, tratándose de “atentados contra la seguridad personal” y 112.5, que en el marco del estado de sitio
101 Para mayor explicación sobre la ausencia de normativa al respecto véase, Dufour, G., (2000), ¿Existe Verdaderamente la Defensa de Órdenes Superiores?, en Revista Internacional de la Cruz Roja No. 840.
102 Respecto a la relación entre responsabilidad del superior y obediencia debida véase, Ambos, K., (2000), La Nueva Justicia Penal Internacional, Fundación Myrna Mack, Guatemala, pp. 216-217.
103 Traducción libre de, Bantekas, I., (2004), Defences in International Criminal Law, en The Permanent International Criminal Court. Legal and Policy Issues. Ed. McGoldrick, D., et al, Hart Publishing, p. 273.
105 Ibídem, p. 274.
106 Así por ejemplo, la defensa de obediencia debida se encuentra, aunque con distintos matices y alcances en: el Código de Justicia Militar argentino en su Art. 514, el Código Penal Militar brasileño en su Art. 38, el Código de Justicia Militar chileno en los Arts. 214, 334 y 335, el Código Penal Militar uruguayo en su Art. 17, entre otros. Véanse, Informes Nacionales en Persecución Penal Nacional de Crímenes Internacionales en América Latina y España, supra nota 11.
o de excepción excluye, con relación a los autores inmediatos, el cumplimiento de órdenes superiores
como causal de justificación ante la violación de garantías constitucionales. Sin embargo, el CPM con- templa, en su Art. 13.3, la “obediencia jerárquica” como causa de inculpabilidad. En la misma disposi- ción establece la responsabilidad de quien da la orden y la causal de justificación de quien actúa en cumplimiento de una orden. Este último caso tiene lugar siempre y cuando exista una relación de inme- diata dependencia entre el superior y el inferior que ejecuta la orden, que ésta se dé en el contexto de las relaciones habituales de la jerarquía militar, reúna las formalidades reglamentarias y no constituya una “clara” violación de preceptos constitucionales. En esta última hipótesis, es decir tratándose de una orden inconstitucional, el CPM prevé la remonstratio para actuar como eximente de responsabilidad. Es decir, que el inferior efectúe la representación del contenido antijurídico de la orden, bajo pena de ser igualmente responsable. Obsérvese que con relación al Art. 33.1 del ECPI, no existe el requerimiento subjetivo del conocimiento de la ilicitud de la orden. En todo caso, en mérito a la pirámide jurídica, este artículo del CPM ha de interpretarse con arreglo a los mencionados artículos constitucionales.
El Anteproyecto recoge de manera expresa el Art. 33 del ECPI en el ámbito militar y civil en un mismo plano y deroga, por ende, el mencionado Art. 13.3 del CPM. Se elimina la ficción legal de la evidencia de antijuricidad que establece el Art. 33.2 del ECPI, estableciéndose de manera más inteligible que el ámbito de aplicación de esta eximente de responsabilidad penal se refiere sólo al caso de los delitos contra el DIH que no constituyan delitos contra personas protegidas. 107 El Anteproyecto se inspira en el modelo alemán, 108 teniendo en cuenta que la delimitación de la defensa de obediencia debida al caso de los delitos contra el DIH distintos a los delitos contra personas protegidas está en consonancia con la previsión constitucional mencionada anteriormente que desconoce esta defensa tratándose de “atentados contra la seguridad personal” y de violación de garantías constitucionales en el marco del estado de sitio o de excep- ción. Para funcionar como eximente de responsabilidad, y conforme al ECPI, el Art. 10 del Anteproyecto 109 requiere que se den de manera conjunta tres requisitos: la existencia de una obligación legal, el desconoci- miento de la antijuricidad de la orden y que dicha antijuricidad no sea evidente. Es de advertir el estándar de antijuricidad que se emplea, a fin de recoger los estándares de “inconstitucionalidad clara” del Art. 13.3 del CPM (circunscrito a los delitos militares del CPM) y de “ilicitud” del ECPI. 110
d. Imprescriptibilidad en el marco de la Convención sobre Imprescriptibilidad, el ECPI y el
No obstante que Bolivia es Estado parte 111 de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los
Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad de 1968 (en adelante, Convención sobre Imprescriptibilidad),
el principio de imprescriptibilidad de crímenes de guerra y de lesa humanidad (incluidos el apartheid y el
genocidio, conforme a la Convención sobre Imprescriptibilidad) reconocido no sólo por el derecho
107 Véase, Exposición de Motivos del Anteproyecto, en supra nota 56.
108 Supra nota, 96.
109 “Art. 10.- (Actuación bajo órdenes).- La obediencia a órdenes de superiores, militares o civiles, no excluye la responsabilidad penal excepto en el caso de delitos contra el derecho internacional humanitario, siempre que no se trate de delitos contra personas protegidas, cuando:
1. Se actúa en cumplimiento de una orden militar o disposición de efecto vinculante objetivamente comparable;
2. El autor no supiera que la orden era antijurídica; y
3. Su antijuricidad no sea evidente.”
110 Supra nota 56.
111 Inicialmente se adhirió mediante D.S. No. 19.777 de 13 de septiembre de 1983 y posteriormente por Ley No. 2116 de 11 de septiembre de 2000.
internacional convencional sino consuetudinario, 112 no se encuentra incorporado de manera expresa en la legislación nacional hasta el presente.
En efecto, el CP en sus Art. 101 establece el régimen de prescripción de la acción penal sin estable- cer excepciones respecto a los crímenes internacionales. Esta necesidad de implementación está al pre- sente reforzada por el ECPI, que en su Art. 29 consagra el carácter imprescriptible de estos delitos, desde la óptica del derecho internacional.
El impacto que el Art. 29 del ECPI tiene en el ordenamiento jurídico interno, está estrechamente vinculado con el carácter de complementariedad, toda vez que la falta de su reconocimiento a nivel interno podría dar lugar a la consideración de la existencia de los parámetros de activación del principio de complementariedad. Vale decir, de los criterios de falta de intención o incapacidad. 113
Asimismo, el CP en su Art. 105 establece la prescripción de la pena. El ECPI no contiene disposi- ción expresa en este sentido, existiendo para los Estados parte la obligación de respetar la pena privativa de libertad impuesta por la CPI. 114 Sin embargo, el Art. 4 de la Convención sobre Imprescriptibilidad, vinculante para el caso boliviano como se expresara anteriormente, establece la obligación para los Estados parte de adoptar las medidas legislativas necesarias para el reconocimiento de la prescripción no sólo de la acción penal sino también de la pena. 115
Es a partir del 11 de septiembre de 2000, cuando la Convención sobre Imprescriptibilidad es eleva- da a rango de ley, que el mencionado principio del derecho internacional de imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad (entendidos entre éstos el genocidio) es vinculante para el caso boliviano –si bien se reconoce que es argumentable que éste carácter vinculante existía ya desde el momento de la adhesión a través de decreto supremo–.
Conforme al Art. 1 de la Convención sobre Imprescriptibilidad, el carácter imprescriptible está referido a los siguientes crímenes:
En el caso de crímenes de guerra, las violaciones de las leyes o usos de la guerra. Es decir: el asesina- to, maltrato, o la deportación para trabajar en condiciones de esclavitud o con cualquier otro propósito, de la población civil de territorios ocupados o que en ellos se encuentre; el asesinato o el maltrato de prisioneros de guerra o de personas que se hallen en el mar; la ejecución de rehenes; el saqueo de la propiedad pública o privada; la destrucción injustificable de ciudades, villas o aldeas; la devastación no justificada por las necesidades militares.
En el caso de crímenes de lesa humanidad: el asesinato, exterminio, esclavización, deportación contra la población civil; las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos en el marco de
112 Varios elementos contribuyen a afirmar este carácter consuetudinario, principalmente: el número creciente de Estados que han recogido en su legislación penal este principio, la codificación del mismo en el Art. 29 del ECPI considerado esencial para prevenir la impunidad los crímenes de competencia de la CPI y el creciente número de Estados parte de la Convención sobre Imprescriptibilidad y la Convención Europea sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes contra la Humanidad de 1974. Véase, Servicio de Asesoramiento en DIH del CICR, Ficha Técnica – Prescripción, de diciem- bre de 2003.
113 Véase, Kleffner, J., en supra nota 53, p. 184.
114 ECPI, Art. 105.1
115 Convención sobre Imprescriptibilidad, Art. IV.
un crimen contra la paz o de guerra; el apartheid; el genocidio; la expulsión por ataque armado u ocupación.
De los crímenes enunciados precedentemente, obsérvese que el ordenamiento jurídico boliviano sólo contempla el genocidio, pues la población civil no es objeto de protección directa por el CP. Respecto a los crímenes de guerra, el CPM recogería el asesinato o el maltrato de prisioneros de guerra, toda vez que el Art. 66 de manera general sanciona la inobservancia del trato a prisioneros de guerra conforme al derecho internacional, bajo el nomen juris de presión en prisioneros de guerra –al margen de las observaciones de legalidad y taxatividad que se formularan anteriormente respecto a este tipo– y el saqueo, bajo el tipo de ataque y destrucción indebida (Art. 67), aunque no con el mismo alcance que el resultante del Art. 1 de la Convención sobre Imprescriptibilidad.
El análisis en cuestión es relevante por cuanto las reglas de prescripción previstas en el ordena- miento jurídico interno quedan desplazadas por el derecho internacional, 116 en particular convencional, como lo expresa el Art. 34 del CPP que establece la aplicación preferente de las reglas sobre prescripción contenidas en tratados y convenciones.
Considerando el carácter retroactivo 117 de la Convención sobre Imprescriptibilidad, como se dedu- ce del Art. 1 que establece que: “Los crímenes siguientes son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido […]”, el reconocimiento expreso del carácter imprescriptible de los crímenes internacionales emergente de la necesidad de implementación del ECPI y de la mencionada Conven- ción sobre Imprescriptibilidad, tendría que reconocer ese carácter retroactivo. Sin embargo, recono- ciendo que el instituto de la prescripción está estrechamente ligado al principio de legalidad, la retroactividad del reconocimiento de imprescriptibilidad habrá de operar a partir del 11 de septiembre de 2000 y, en todo caso, respecto a los mencionados delitos –genocidio y presión en prisioneros de guerra– que contemplara el ordenamiento jurídico interno a tiempo del reconocimiento de rango de ley de la Convención sobre Imprescriptibilidad.
Bajo esta lógica, no se quebranta la prohibición de irretroactividad de la ley penal -al margen de la discusión si la prescripción es un instituto de carácter sustantivo o procesal- sino que se reafirma un principio del derecho internacional consuetudinario, vinculante positivamente para el caso boliviano desde el año 2000 y con carácter preferencial conforme al CPP. Al respecto, cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Trujillo Oroza vs. Bolivia ha reconocido que la aplica- ción de las disposiciones del derecho interno sobre prescripción constituye una violación del deber del Estado de perseguir y sancionar, comprometiendo su responsabilidad internacional. 118
Sin embargo, pese a ser pertinente efectuar el análisis anterior en razón al mencionado efecto retroactivo de la Convención sobre Imprescriptibilidad, el mismo no resulta relevante a tiempo de la implementación o incorporación expresa del mencionado principio de imprescriptibilidad en razón a que los delitos que podría alcanzar el carácter retroactivo bajo la lógica anterior –genocidio y presión en
116 Véase cif., Sentencia de la Corte Suprema de Argentina en el caso Arancibia Clavel, Enrique Laútaro s/homicidio calificado y asociación ilícita y otros –causa No 259– de 24 de Agosto de 2004., p. 38.
117 Véase, CICR, Servicio de Asesoramiento en DIH, (2003), Ficha Técnica –Prescripción, de diciembre de 2003.
118 Véase, Sentencia de Reparaciones de 27 de febrero de 2002, considerando 106.
prisioneros de guerra– quedan derogados en el Anteproyecto. En efecto, el Anteproyecto plantea una nueva tipificación del genocidio que, entre otras peculiaridades, incorpora al grupo racial entre los grupos de protección. Asimismo, deroga el tipo de presión en prisioneros de guerra al tipificar de manera expresa y en sujeción al principio de taxatividad, las principales conductas prohibidas por el Convenio III de Ginebra de 1949. 119
Respecto al principio de legalidad, es de observar que la Convención sobre Imprescriptibilidad establece, respecto a crímenes de lesa humanidad su imprescriptibilidad “[…] aún si esos actos no constituyen una violación del derecho interno del país donde fueron cometidos”. 120 No obstante, estando por encima de las leyes la CPE en el caso boliviano se entiende que el principio de legalidad prohíbe dicha aplicación retroactiva de la imprescriptibilidad de crímenes internacionales que no hubiesen sido reconocidos por el ordenamiento jurídico interno a tiempo de su entrada en vigor, en este caso a tiempo de que se elevara a rango de ley la Convención sobre Imprescriptibilidad. La necesidad de implementación de la Convención sobre Imprescriptibilidad constituye una obligación establecida por la propia Convención. 121
Es de advertir que ni a tiempo de la adhesión ni de la ratificación posterior, el Estado boliviano formuló declaración ni reserva alguna, 122 a diferencia de otros varios Estados parte. Así por ejemplo, el Perú, a tiempo de adherirse formuló la siguiente declaración: “De conformidad con el Art. 103 de su Constitución Política, el Estado Peruano se adhiere a la Convención sobre Imprescriptibilidad [……] para los crímenes que consagra la Convención, cometidos con posterioridad a su entrada en vigor para el Perú”. 123
Bajo esta óptica, el Anteproyecto establece de manera expresa el carácter imprescriptible tanto del ejercicio de la acción penal como de la ejecución de la pena respecto al genocidio, los delitos de lesa humanidad y los delitos contra el DIH que tipifica el mismo, exceptuando los delitos relacionados con la responsabilidad jerárquica –incumplimiento del deber de vigilancia y omisión de denuncia de delitos del derecho internacional– que quedan sujetos al régimen ordinario de la prescripción, al constituir delitos de menor gravedad. 124
e. Jurisdicción universal y bases jurisdiccionales
Aparentemente, la jurisdicción universal es un concepto relativamente fácil de definir: “la capaci- dad de los Estados de investigar y perseguir conductas cometidas en el extranjero no relacionadas con la jurisdicción nacional en mérito a la nacionalidad del sospechoso o de la víctima ni por la afectación a intereses nacionales”. 125 No obstante, pese a su aparente simplicidad, causa más divergencia entre los
119 Supra nota 56.
120 Convención sobre Imprescriptibilidad, Art. 1.b.
121 Convención sobre Imprescriptibilidad, Art. IV.
122 Ley No. 2116 de 11 de septiembre de 2000, artículo único, numeral 2, en: http://www.comunica.gov.bo/decretos-leyes
123 Véase, en http: //www.mindef.gob.pe/acuerdos_otros/Convenciones/
124 “Art. 8.- (Imprescriptibilidad).- El ejercicio de la acción penal de los delitos previstos en esta Ley y la ejecución de las penas impuestas no prescriben, a excepción de los delitos de menor gravedad, relacionados con la responsabilidad jerárquica, que expresamente se indican, los mismos que se sujetan al régimen de prescripción del Código de Procedimiento Penal.”
125 Traducido libre de, Hall, C. (2003), Contemporary Universal Jurisdiction, en Human Rights and Criminal Justice for the Downtrodden: Essays in Honour of Asbjorn Eide / Morten Bergsmo (ed.), Nijhoff, p. 112.
expertos jurídicos de lo que se pensaría. 126 En efecto, para unos su reconocimiento es imperativo en virtud al derecho internacional convencional y de suma importancia, teniendo en cuenta que en un mundo real es poco probable que los Estados de jurisdicción “ordinaria” 127 puedan o quieran llevar a cabo investigaciones y procesamientos de crímenes internacionales. 128 Para otros, dados los proble-
mas jurídicos y políticos que la aplicación de la jurisdicción universal conlleva, ésta debiera ser reem- plazada por la actuación de la CPI 129 y para otros su aplicación actual no reviste ninguna modificación
a partir del ECPI. En opinión de la autora, si bien su reconocimiento es indiscutible e imperativo en
razón del derecho internacional convencional, su aplicación actual detenta nuevas connotaciones a partir de la entrada en vigor del ECPI, como se desarrollará a continuación. Esta discusión que pare- ciera ser netamente teórica tiene connotaciones prácticas, toda vez que a partir de la implementación del ECPI que se viene discutiendo a nivel mundial, existe la posibilidad de no sólo “revitalizar” 130 este importante principio del derecho internacional, sino por sobretodo otorgarle una concepción diná- mica y real.
Si se observan los casos en que la jurisdicción universal ha sido invocada, puede advertirse que por lo general no se trata de jurisdicción universal propiamente dicha sino que, existiendo vínculos con el Estado - en particular la existencia de víctimas del Estado que invoca la jurisdicción-, adicionalmente se acierta la aplicación de jurisdicción universal o viceversa, sea por la falta de normativa expresa que
recoja las distintas bases jurisdiccionales 131 o porque resulta de mayor impacto internacional alegar ju- risdicción universal. En efecto, en el reciente caso Scilingo, ex marino argentino acusado de actos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y terrorismo cometidos en Argentina entre 1976 y 1983 y condenado como autor responsable de crímenes de lesa humanidad, España establece jurisdicción en mérito al principio de universalidad, reconociendo sin embargo la existencia de 610 víctimas españo- las, la falta de actuación de la justicia argentina en respuesta a la demanda de justicia de las víctimas
la actuación de la justicia española para la perse-
y, por tanto, justificando complementariamente “[
cución penal de hechos, por la existencia de víctimas españolas”. 132 Al respecto, es de advertir que la Ley Orgánica del Poder Judicial de España no incluye el principio de personalidad pasiva, 133 es decir, jurisdicción en base a la nacionalidad de las víctimas, pero sí el principio de universalidad.
126 Acerca de la divergencia de opiniones respecto a la definición de la jurisdicción universal, su antigüedad, los crímenes que involucra y el número de Estados que pueden invocarla, véase Hall, C.K., ibídem. Respecto a la falta de concenso sobre los criterios que han de guiar la aplicación legítima de la jurisdicción universal y los crímenes sujetos a ella, véase, Bottini, G., (2004), Universal Jurisdiction alter the Creation of the International Criminal Court, en New York University Journal of International Law and Politics, Vol. 36, p. 503.
127 Es decir, Estados que puedan invocar los principios de territorialidad o personalidad activa o pasiva.
128 Véase, Amnesty International, (2001), Universal Jurisdiction: The Duty of States to Enact and Implement Legislation. AI Index:
IOR 53/002/2001, inter alia, p. 3.
129 Véase, Bottini, G., en supra nota 126, p. 505.
130 Respecto a que “a pesar de los connotados casos de Eichmann, Pinochet y Habré, el potencial de la jurisdicción universal se ha quedado corto y sospechosos de crímenes internacionales aún viajan relativamente libres alrededor del mundo”, véase Hall, C., en supra nota 125, traducción libre.
131 Éste es, por ejemplo, el caso Pinochet, en el que fue necesario recurrir al principio de jurisdicción universal toda vez que en España no rige el principio de personalidad pasiva o jurisdicción basada en la nacionalidad de la víctima. Véase, Ambos, K., en supra nota 102, p171.
132 Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España, Sentencia No. 16/2005, de 19 de abril de 2005, punto 6.3, p. 78.
133 Véase, Amnistía Internacional, (2005), España: El Deber de Respetar las Obligaciones del Derecho Internacional No Puede Ser Eludido. AI/EUR/41/003/2005, p. 20.
Uno de los pocos casos que se siguió en base a jurisdicción universal estrictamente hablando 134 por infracciones graves a los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo Adicional I de 1977 y crímenes de lesa humanidad, fue el caso Yerodia. 135 En efecto, el caso Yerodia involucraba la imputación de actos cometidos fuera del territorio belga, el acusado no era de nacionalidad belga ni existían víctimas belgas. Sin embargo, la discusión sobre jurisdicción universal se diluyó en la discusión sobre inmunidad. 136 No obstante, como advierte Bottini, la presión ejercida por EE.UU. sobre Bélgica, un aliado en la OTAN, a consecuencia de las acusaciones de ciudadanos estadounidenses que llevara posteriormente a la modifi- cación del tratamiento de la jurisdicción universal en la ley belga, además de las reacciones negativas suscitadas en los gobiernos de Argentina y Chile respecto a España, es un claro ejemplo de las tensiones estatales que genera la aplicación de la jurisdicción universal. 137
Por otro lado, Bottini advierte la aplicación desigual que la jurisdicción universal ha tenido hasta el presente, resultando en una práctica de las Estados desarrollados respecto a los Estados en vías de desa- rrollo. Existiendo situaciones en que los últimos pudieran invocar jurisdicción universal respecto a na- cionales o ciudadanos de Estados desarrollados, es poco probable que ello ocurra en mérito precisamente
a la desigualdad que subyace en las relaciones bilaterales y multilaterales 138 y a la carencia de recursos – económicos y técnicos- indispensables para un juzgamiento en base a jurisdicción universal que necesa- riamente involucra mayores esfuerzos y requerimientos.
Cabe entonces la interrogante si ante tal escenario, contándose al presente con una Corte Penal Inter-
nacional con carácter permanente y constituida por la comunidad internacional con una amplia aceptación
a nivel mundial –99 ratificaciones a mayo de 2005– no es más propicio y lógico que la lucha contra la
impunidad se efectivice por la CPI en lugar que por un tercer Estado, que sin ningún vínculo con el hecho delictivo, tenga que ejercer jurisdicción universal con las dificultades jurídico políticas 139 que ello implica?
No obstante, es necesario reconocer que existen situaciones en las que pese a suscitarse los estándares
de aplicación de activación de la complementariedad de la CPI, vale decir, la falta de capacidad o volun- tad de los Estados de ejercer jurisdicción, no quedan alcanzadas por el ECPI, sea porque redundarían en una aplicación retroactiva –prohibida por el ECPI– 140 , por no revestir la suficiente gravedad para su conocimiento por la CPI 141 o porque el Estado de la nacionalidad del acusado (principio de nacionalidad activa) de un hecho cometido en su territorio (principio de territorialidad) no es Estado parte del ECPI
y no acepta la jurisdicción ad-hoc para el caso concreto. Es decir, cuando Estados con un nexus más sólido
no puedan o no quieran investigar o procesar (complementariedad horizontal / jurisdicción universal subsidiaria) y la CPI no ejerza jurisdicción (complementariedad vertical revertida). 142 En estos casos, la vigencia de la jurisdicción universal en la lucha contra la impunidad es indiscutible, pero a la vez la
134 El caso Yerodia involucraba la imputación de actos cometidos fuera del territorio belga, el acusado no era de nacionalidad belga ni existían víctimas belgas.
135 República Democrática del Congo vs. Bélgica (Orden de detención de 11 de marzo de 2000). Corte Internacional de Justicia, sentencia de 14 de febrero de 2002.
136 Véase, Bottini, G., en supra nota 126, p. 509.
137 Ibídem, p. 550.
138 Ibídem, pp. 556-557.
139 Para una ilustrativa descripción de estas dificultades, véase Bottini, G., Ibídem, pp. 549-559.
140 ECPI, Art. 24.1.
141 ECPI, Art. 17.1.d.
142 Véase, Kleffner, J., en nota supra 53, p. 109.
existencia de un nuevo escenario para su aplicación a partir de la entrada en vigor del ECPI. Estos aspectos de aplicación podrían precisarse a tiempo de la implementación del ECPI, a efectos de garanti- zar la vigencia y apropiado tratamiento del principio de universalidad.
En efecto, la mencionada implementación del ECPI motiva la revisión de la formulación positiva del marco jurisdiccional interno en el entendido que éste ha de ser lo más amplio y completo posible a fin de favorecer el ejercicio de la jurisdicción primaria que conforme al modelo del ECPI recae, en este caso, en el Estado boliviano.
Al respecto, cabe advertir la ausencia del principio de personalidad o nacionalidad pasiva en lo que concierne a las bases jurisdiccionales que establece el Art. 1 del CP. 143 En mérito a este principio, como se mencionara anteriormente, se activa la jurisdicción cuando el nexo entre el hecho a adjudicar y el foro jurisdiccional está dado por la nacionalidad de la víctima o víctimas. Reconociendo la importancia de incorporar este principio jurisdiccional, en particular respecto a los crímenes de competencia de la CPI que tipifica el Anteproyecto, el mismo incorpora este principio jurisdiccional. 144
Respecto al principio de jurisdiccional universal, cabe advertir que el CP, en su Art. 1.7 reconoce esta base jurisdiccional en base al derecho internacional convencional: 145 “Este Código se aplicará: [ ]A los delitos que por tratado o convención de la República se haya obligado a reprimir, aún cuando no fueren cometidos en su territorio”.
Este reconocimiento cobra particular importancia respecto a los Convenios de Ginebra de 1949 que establecen jurisdicción universal obligatoria para las ofensas graves al DIH. 146 Adicionalmente, esta base jurisdiccional es vinculante para el caso boliviano, a partir de la ratificación, inter alia, de las Con- venciones Internacionales sobre la Supresión y Castigo del Crimen del Apartheid 147 , de la Convención contra la Tortura, y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes 148 y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. 149
Sin embargo, es de advertir que la formulación de la jurisdicción universal en el CP está reatada al derecho internacional convencional para su aplicación. No obstante, cabe señalar que la obligación de persecución penal de los delitos contra el derecho internacional no sólo es convencional sino consuetu- dinaria. Por otro lado, su formulación no resulta suficientemente precisa pues el texto literal da a enten- der que su aplicación está dada ante la inexistencia de vínculos territoriales únicamente, dejando de lado cualquier otro vínculo, por lo menos de manera expresa.
Estas consideraciones han motivado que el Anteproyecto precise el reconocimiento de la jurisdic- ción universal con relación a los delitos del derecho internacional que tipifica el mismo –genocidio,
143 Véase, Santalla, E., en supra nota 11, p. 95.
144 Anteproyecto, Art. 5.5 en, supra nota 56.
145 Para mayor análisis sobre la formulación positiva de la jurisdicción universal en el caso boliviano, véase Santalla, E., en supra nota 11, pp. 94-95.
146 Convenio I, Art. 49. Convenio II, Art. 50. Convenio III, Art. 129. Convenio IV, Art. 146.
147 Elevada a rango de ley mediante Ley No. 2116, de 11 de septiembre de 2000.
148 Ley No. 1939, de 10 de febrero de 1999.
149 Ley No. 1695, de12 de julio de 1996.
delitos de lesa humanidad y delitos contra el DIH–, estableciendo los lineamientos para su mejor com- prensión y aplicación reconociendo las connotaciones que detenta su aplicación a partir de la entrada en vigor del ECPI:
“Art. 5.- (Bases jurisdiccionales).- Esta ley se aplicará: [
contra el derecho internacional humanitario descritos en esta Ley, aún cuando no fueren cometidos en terri- torio boliviano, ni por bolivianos, ni afectaren a ciudadanos o intereses nacionales, ni tuvieran, de cualquier
otro modo, ninguna relación con el Estado boliviano, fuera de la consideración de ser delitos que afectan a la comunidad internacional en su conjunto. Esta base jurisdiccional se aplicará en función a combatir la impunidad, pero velando porque los casos sean adjudicados por la jurisdicción más conveniente para un efectivo y debido proceso. Principalmente, cuando Estados que tengan mayor relación con el hecho delictivo no puedan o no quieran investigar o procesar y la Corte Penal Internacional no ejerza jurisdicción”. 150
A los delitos de genocidio, de lesa humanidad y
Asimismo, el Anteproyecto recoge de manera expresa el principio aut dedere aut judicare, estrecha- mente relacionado con el principio de universalidad. Esta incorporación reviste importancia, en el caso del DIH, respecto a la obligación que establecen los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 de buscar a los responsables de cualquiera de las infracciones graves al DIH sea cual fuere su nacionalidad y hacerlos comparecer ante los propios tribunales o entregarlos, mediante extradición, para que sean juzgados por otro Estado parte que les impute cargos suficientes. 151
“Art. 6.- (Principio aut dedere aut judicare).- Cuando se encuentre en territorio del Estado boliviano o en lugares sometidos a su jurisdicción una persona sospechosa de haber cometido un delito definido en la presen- te ley y no se procediera a su extradición o entrega a la Corte Penal Internacional en atención a las bases jurisdiccionales que establece esta ley, el Estado boliviano tomará las medidas necesarias para ejercer su juris- dicción respecto de dicho delito”. 152
De esta manera, se busca reforzar y clarificar el principio de universalidad con un matiz práctico en el ordenamiento interno boliviano, a tiempo de la implementación del ECPI.
f. Fuero jurisdiccional a la luz de las garantías judiciales previstas por el DIH, su relación con el derecho internacional de los derechos humanos y con el nuevo principio de complementariedad entre la jurisdicción de la CPI y las jurisdicciones nacionales
La tipificación de los delitos contra el DIH en el marco del ordenamiento penal común y/o militar, y las implicancias de la misma, es ciertamente uno de los aspectos que mayor sensibilidad presenta a tiempo de la implementación del ECPI y a la vez, uno de los aspectos esenciales para lograr una adecuada implementación del mismo, si se tiene en cuenta que, además del carácter preventivo, uno de los fines del ECPI es una lucha eficiente contra la impunidad. 153 En este sentido, la adecuada implementación del ECPI no puede verificarse únicamente con el establecimiento de un marco jurídico que incorpore inter- namente los delitos de competencia de la CPI y recoja las obligaciones de implementación del ECPI, sino
150 Anteproyecto, Art. 5 en, supra nota 56.
151 Convenio I, Art. 49. Convenio II, Art. 50. Convenio III, Art. 129. Convenio IV, Art. 146.
152 Anteproyecto, Art. 6 en, supra nota 56.
153 Preámbulo del ECPI, párr. 5: “Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes”.
que es esencial la forma en que se lleve a cabo la persecución penal nacional de los delitos del derecho internacional, en este caso, de los delitos contra el DIH.
En efecto, es a partir de la coyuntura de implementación del ECPI que se reconsidera la interrogan- te respecto al fuero que resulta más conveniente e idóneo para juzgar a individuos responsables de crímenes de guerra y otras graves violaciones a los derechos humanos –aunque en este último caso parece haber consenso respecto al fuero ordinario–.
Los instrumentos convencionales del DIH no se pronuncian respecto al ámbito penal (común o militar) en el que debieran tipificarse los delitos contra el DIH, cuya obligación de represión establece respecto a los Estados parte de dichos instrumentos. En efecto, los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 establecen el deber de los Estados parte de hacer comparecer ante los propios tribunales o extraditar 154 a las personas acusadas de haber cometido u ordenado cometer cualquiera de las infracciones graves, sin precisar a qué tipo de tribunal se refiere. 155 Sólo existe una referencia expresa al fuero jurisdiccional respecto al caso de prisioneros de guerra y a la luz del principio de no discriminación, en el sentido que los prisioneros de guerra deberán ser juzgados en el mismo tipo de cortes (militares o civiles) que los miembros de las fuerzas armadas de la potencia detenedora. Sin embargo, “En ningún caso se hará compa- recer a un prisionero de guerra ante un tribunal, sea cual fuere, si no ofrece las garantías esenciales de indepen- dencia e imparcialidad generalmente reconocidas y, en particular, si su procedimiento no garantiza al acusado los derechos y los medios de defensa previstos en el artículo 105”. 156 En consecuencia, podría inferirse que se deja en potestad de los Estados parte la decisión respecto del ámbito penal normativo de recepción y del correlativo fuero jurisdiccional.
No obstante ello, los Convenios de Ginebra de 1949, y en particular el Convenio III relativo al Trato Debido a los Prisioneros de Guerra, como se advierte anteriormente, establecen que la persecu- ción penal nacional habrá de verificarse con las garantías procesales y, en especial, de libre defensa. 157 Por su parte, el Art. 6.2 del Protocolo Adicional II de 1977 a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, establece que la legitimidad de la condena y ejecución de la pena dependen de que la sentencia emane de un tribunal que ofrezca las garantías esenciales de independencia e imparcialidad. 158 Consagra, en particu- lar, el derecho a ser cabalmente informado del delito imputado, el derecho a la defensa durante la etapa de investigación y en el juicio propiamente dicho, los principios de culpabilidad, legalidad e inocencia, el derecho a no ser juzgado en ausencia, el derecho al silencio y el derecho a recurrir la sentencia condenatoria (Art. 6.3). Asimismo, el Art. 75.4 del Protocolo I, establece las mismas garantías procesa- les, además de reconocer la exigibilidad del principio ne bis in idem y de publicidad. 159 Sobre el particular, queda claro entonces que la existencia de estos requerimientos implica la necesidad de certificar la existencia de un fuero jurisdiccional independiente e imparcial para el juzgamiento de estos delitos. Como señalan Henckaerts y Doswald-Beck, el significado de un tribunal con dichas características ha sido considerado por la jurisprudencia extranjera e internacional, que en términos generales ha concluido
154 Principio aut dedere aut judicare.
155 Convenio I, Art. 49. Convenio II, Art. 50. Convenio III, Art. 129. Convenio IV, Art. 146.
156 Convenio III, Art. 84.
158 Este requerimiento, de modo general, se encuentra también en el Convenio III, Art. 84, párr.2 y el Protocolo Adicional I, Art. 75.4
159 Protocolo I, Art. 75.4.h e i.
que “a fin de ser independiente, una corte debe poder desarrollar sus funciones independientemente de cualquier otro poder gubernamental, especialmente del Poder Ejecutivo. A fin de ser imparcial, los jueces que compongan la corte no deben poseer preconceptos acerca del caso ante ellos, ni actuar de cualquier manera que favorezca los intereses de una de las partes”. 160
En cuanto a jurisprudencia nacional se refiere, existe un fallo relativamente reciente del Tribunal Constitucional 161 que se pronuncia sobre el alcance del fuero militar, cuyas implicaciones y connotacio- nes resulta importante analizar.
El fallo responde a un recurso de revisión de amparo constitucional interpuesto por la Fiscalía del
Distrito de La Paz. 162 La interposición del recurso refleja los cuestionamientos que se plantean respecto
vulneración a los principios de
igualdad jurídica, prohibición de doble persecución e indivisibilidad de juzgamiento; de las reglas constitucionales de aplicación preferente de la jurisdicción ordinaria, de la prohibición de fueros y privilegios especiales; de los derechos a la seguridad, petición; de las garantías del debido proceso y del juez natural, así como la restricción al ejercicio constitucional del Ministerio Público”. 163
a la legitimidad del fuero militar para conocer de delitos comunes: “[…
La Fiscalía fundamentó la violación al principio de igualdad jurídica por tratarse de personas que por su profesión u oficio tienen un trato diferente, privilegiado y especial. El privilegio radica en ser juzgados por personas de su misma profesión u oficio, situación distinta a la que acontece con cualquier persona civil o policía que se somete a la jurisdicción ordinaria. Por otro lado indicó que existiendo conexitud de delitos, se vulnera el principio de prohibición de doble juzgamiento y el Art. 48 del CPP (Jurisdicción ordinaria y especial), que establece: “En caso de duda sobre la jurisdicción aplicable, por razones de concurrencia o conexitud entre la jurisdicción especial y la ordinaria, corresponderá el conocimiento de los delitos a la ordinaria. En ningún caso los civiles serán sometidos a la jurisdicción militar”. Asimismo, el Art. 45 del CPP que establece la indivisibilidad de juzgamiento por un mismo hecho, aún cuando los imputados fueran distintos.
Asimismo, la Fiscalía puso en cuestionamiento la imparcialidad e independencia del Tribunal Per- manente de Justicia Militar “[….] por estar conformado por funcionarios en dependencia jerárquicamente vertical y además porque sus fallos no pueden ser examinados y revisados por los Tribunales ordinarios; [….]”. 164
Cabe notar que la sentencia constitucional no se pronuncia respecto a la supuesta lesión a los derechos invocados por la Fiscalía –a la igualdad jurídica, al debido proceso, a la prohibición de doble
160 Henckaerts, J.M. y Doswald-Beck, L., (2005), Customary International Humanitarian Law, Vol, II, ICRC, Cambridge University Press, p. 356 (traducción libre).
161 Tribunal Constitucional de Bolivia, Sentencia Constitucional 0664/2004-R, de 6 de mayo de 2004.
162 El amparo constitucional surge a raíz de los hechos de violencia acaecidos en febrero de 2003 en la ciudad de La Paz que motivaron la investigación por parte de la Fiscalía y la imputación a civiles, policías y militares por delitos de, inter alia, homicidio, lesiones gravísimas y graves y daño calificado. Los militares acusados interpusieron excepción de incompetencia, alegando estar sometidos a la jurisdicción militar que había iniciado el proceso por su parte. La excepción fue rechazada en primera instancia y aceptada en apelación. Contra esta resolución de apelación la Fiscalía interpuso recurso de amparo constitucional.
163 Supra nota 161, primer párr.
164 Ibídem, p. 3.
persecución y al juez natural en el fuero militar– al no ser los recurrentes los directamente agraviados en esos derechos por la Resolución impugnada. 165 Sin embargo, a efectos de pronunciarse sobre la proce- dencia o no del amparo constitucional, el Tribunal Constitucional consideró necesario determinar el alcance de la justicia militar. Estableció que, en virtud al Art. 10 de la Ley de Organización Judicial Militar, 166 la competencia ratione materia de la justicia militar radica en los delitos tipificados en el CPM que vulneren bienes jurídicos militares cometidos en actos de servicio o con ocasión de él, dentro o fuera de zonas militares, “[….]entendiéndose por tales a aquellos intereses protegidos por la norma penal, en función
a la misión constitucional asignada a las Fuerzas Armadas, los medios destinados al cumplimiento de esa misión
y su organización, jerarquía y disciplina. De ello se desprende que la competencia de los tribunales militares debe estar restringida al ámbito estrictamente castrense y concretamente los deberes propios de la función militar
no son competentes para conocer los delitos que no
[…]”. 167 Concluye que los Tribunales militares “[… sean de función […
Como respaldo de lo anterior, la sentencia constitucional cita, inter alia, el Informe de la Comisión Internacional de Derechos Humanos: “La justicia militar debe ser utilizada sólo para juzgar militares activos por la presunta comisión de delitos de función en sentido estricto. Las violaciones a los derechos humanos deben ser investigadas, juzgadas y sancionadas conforme a la ley, por los tribunales penales ordinarios. No debe permi- tirse la inversión de jurisdicción en esta materia, pues ello desnaturaliza las garantías judiciales, bajo un falso espejismo de eficacia de la justicia militar, con graves consecuencias institucionales, que de hecho, cuestionan a los tribunales civiles y a la vigencia del Estado de derecho”. 169
En consecuencia, el Tribunal Constitucional concluye que sólo pueden ser considerados delitos militares aquellos que afecten bienes jurídicos militares. Por el contrario, los bienes jurídicamente pro- tegidos por delitos comunes como el homicidio, lesiones gravísimas y daño calificado son la vida, la integridad corporal y la propiedad de personas reconocidos como derechos fundamentales por la CPE, no pueden ser considerados cometidos en ocasión del servicio militar toda vez que la actuación militar que implique una violación a los derechos y garantías constitucionales va más allá de la misión constitucio- nal inculcada a las fuerzas armadas y desvirtúa su misión. Correspondiendo, en consecuencia, su conoci- miento a la justicia ordinaria. Es de advertir que el CPPM establece que en caso de no constituir el hecho imputado un delito militar deben remitirse obrados a la justicia ordinaria. 170
Paralelamente a las reflexiones de la comentada sentencia constitucional –contextualizada en la imputación de delitos comunes a militares– también podrían plantearse otros aspectos de índole norma- tiva de considerarse conveniente y adecuada la tipificación de los delitos contra el DIH en el ámbito penal militar.
En este sentido, es importante tener en cuenta que, en términos técnicos, siendo que los delitos contra el DIH pueden ser cometidos tanto por militares como por civiles, de ampliarse la jurisdicción militar al ámbito de los delitos contra el DIH sería probable que se presenten casos de concurrencia o
165 Ibídem, p. 26.
166 D.L. 13321 de 1976.
167 Supra nota 161, p. 20.
168 Ibídem, p. 21.
169 Ibídem, pp. 22-23.
170 CPPM, Art. 104.5.
conexitud entre la jurisdicción militar y la ordinaria, en particular teniendo en cuenta que los principios de responsabilidad jerárquica y, concomitantemente de obediencia debida, son atribuibles tanto a mili- tares como a civiles. Esta eventualidad podría llevar en algún momento a cotejar la prohibición de división de juzgamiento que establece el CPP (Art. 45), así como la prelación de la jurisdicción ordinaria en caso de duda sobre la jurisdicción aplicable (Art. 48) del mismo cuerpo normativo que reconoce la mencionada sentencia constitucional. Es decir, de suscitarse una imputación por crímenes de guerra que involucre tanto a militares como a civiles, y teniendo en cuenta que en mérito al CPP en ningún caso los civiles pueden ser sometidos a la jurisdicción militar, cuál sería la solución a seguir?
Queda claro que el racional del Tribunal Constitucional se centra en la exclusión de los delitos comunes del fuero militar por no constituir delitos militares o de función.
Ahora, siendo los delitos contra el DIH (o crímenes de guerra) delitos del derecho internacional que atentan contra la protección de personas y bienes que establece el DIH, y teniendo su fuente directa en el derecho internacional convencional, queda claro también que no son delitos comunes. Por la gravedad que detentan como delitos del derecho internacional tienen características peculiares recono-
cidas por el derecho internacional convencional y consuetudinario, inter alia, el carácter imprescriptible,
la jurisdicción universal, la aplicación del principio aut dedere aut judicare, la inaplicabilidad de amnis-
tías, indultos e inmunidades e inclusive la eventual activación de la jurisdicción penal internacional. Estas peculiaridades devienen de la consideración, según una de las líneas dogmáticas, de implicar los delitos contra el DIH, a la par del genocidio y los delitos de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos. 171 En consecuencia, si conforme al racional del Tribunal Constitucional los delitos que afec- tan bienes jurídicos individuales reconocidos como derechos fundamentales por la CPE quedan fuera del alcance de la jurisdicción militar, cabría considerarse si dicho racional alcanza a los delitos que implican violaciones a los derechos humanos como el genocidio, los delitos de lesa humanidad y violaciones del DIH cual es el caso de los crímenes de guerra. 172
De considerarse que para el caso de los delitos contra el DIH, a diferencia del delito de genocidio
y de los delitos de lesa humanidad, su particular contexto de comisión: hostilidades armadas que
enfrentan básicamente a actores armados, sometidos a principios tales como los de humanidad, dis- tinción (entre objetivos militares y no militares) y necesidad militar, inter alia, amerita un tratamien- to especial o fuero especial, surge la interrogante sobre si el particular contexto de comisión es sufi- ciente para sustentar la competencia del fuero militar sobre los mismos? Por supuesto, esta considera- ción sobre las diferencias entre la concepción de delitos más bien relacionados con el derecho inter- nacional de los derechos humanos y la que corresponde a delitos enfocados en la lógica y principios del DIH –que por cierto no es sólo vinculante para las Fuerzas Armadas sino para cualquier persona que participa de las hostilidades, como por ejemplo aquellos que son miembros de grupos alzados en
171 Como ejemplos de violaciones a los derechos humanos, Maiese enumera los distintos crímenes de guerra. Véase, Maiese, M., What it Means to Violate Human Rights?, en: http://www.beyondintractability.org/m/human_rights_violations.jsp. Sobre la relación entre los derechos humanos y el derecho penal internacional, véase, Santalla, E., (2004), Cuestionamientos y Desafíos en un Nuevo Umbral para los Derechos Humanos, en Diálogo Político-Derechos Humanos y Justicia Internacional, No. 3/2004. Konrad Adenauer, Buenos Aires, pp. 63-66.
172 Esta inferencia es también realizada por la Defensoría del Pueblo del Perú respecto a la jurisprudencia constitucional peruana en el caso Huamaní Tipismana. Véase, Defensoría del Pueblo del Perú, (2003), ¿Quién Juzga Qué? Justicia Militar vs. Justicia Ordinaria. Serie Informes Defensoriales No. 66, pp. 58-59.
armas o guerrilleros– no podría verse aislada de una consecuente reflexión a partir del racional del Tribunal Constitucional en torno a la necesidad de definir con claridad el ámbito de competencia del fuero militar respecto a los denominados delitos de función, es decir, aquellos que, en principio, no afectarían bienes jurídicos individuales reconocidos como derechos fundamentales por la CPE, si es que es posible dicha diferenciación.
Es vasta la jurisprudencia, tanto nacional como internacional, que en el ámbito interamericano apunta a definir estrictamente el ámbito de la jurisdicción militar. 173 Así por ejemplo, en el caso Castillo Petruzzi y otros, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 174 estableció cuál es o debiera ser el sentido de la jurisdicción militar 175 : “128 [….]la jurisdicción militar ha sido establecida por diversas legislacio- nes con el fin de mantener el orden y la disciplina dentro de las fuerzas armadas. Inclusive, esta jurisdicción funcional reserva su aplicación a los militares que hayan incurrido en delito o falta dentro del ejercicio de sus funciones y bajo ciertas circunstancias.” 176
En tal sentido, incluso en el caso de considerarse conveniente y adecuado el conocimiento de los delitos contra el DIH por parte de la jurisdicción militar boliviana, deberá analizarse la existencia de los requisitos que exige el derecho internacional convencional respecto de la imparcialidad e independencia en el fuero jurisdiccional.
En mérito al Art. 27.1 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, 177 “Los Tribunales Militares forman parte de la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas, son independientes y autónomos en la administración de Justicia. [….]”. Este carácter independiente y autónomo respalda la afirmación expresada por la Fiscalía en la interposición del recurso de amparo constitucional comentado anteriormente, respecto a que los fallos de los tribunales militares “[….] no pueden ser examinados y revisados por los Tribunales ordinarios; [….]”. 178
Otro elemento importante para el análisis en cuestión, en particular respecto a la independencia de los tribunales militares, 179 es el referido al nombramiento o designación de los administradores de justicia militar. Respecto a los Presidentes del Tribunal Supremo de Justicia Militar y del Tribunal Per- manente de Justicia Militar, la designación es efectuada por el Presidente de la República y en el segun- do por el Comandante en Jefe. 180 Todos los miembros del Tribunal Permanente de Justicia Militar son designados por Orden General de las Fuerzas Armadas de la Nación. 181 Los Vocales del Escalafón de Armas y de Servicios del Servicio Activo y Pasivo de los Tribunales de Justicia Militar son designados por el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación. 182 Los Auditores, Fiscales, Secretarios
173 Para jurisprudencia nacional e internacional en el ámbito interamericano, véase Herencia Carrasco, S.M., (2005), La Implementación del Estatuto de Roma en la Región Andina. Los casos de Bolivia, Colombia y Perú. Comisión Andina de Juristas, Lima, pp. 168-175. Véase también, Defensoría del Pueblo del Perú, en supra nota 172, pp. 52-63 y 75-80.
174 La jurisprudencia de la Corte puede consultarse en http://www.corteidh.or.cr/juris/index.html
175 También denominada fuero castrense.
176 Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C., No. 52. Citada por la Defensoría del Pueblo del Perú en, supra nota 172, p. 57.
177 Ley No. 1402, de 18 de diciembre de 1992.
178 Supra nota 161, p. 3.
179 Conforme al Art. 29 de la Ley No. 1405, los tribunales militares en tiempo de paz están conformados por: el Tribunal Supremo de Justicia Militar, el Tribunal Permanente de Justicia Militar, los Juzgados Militares del Plenario y Juzgados Militares de Instrucción. En estado de guerra: por los Consejos Supremos de Guerra y Consejos Eventuales de Guerra.
180 Ley No. 1402, Art 30.
181 Ley de Organización Judicial Militar, Art. 48.
182 Ley No. 1402, Art 32.
de Cámara, Defensores de Oficio 183 y personal subalterno de los Tribunales de Justicia Militar, son desig- nados por el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación. 184 En atención a dicha estructura orgánica, la Fiscalía del Distrito de La Paz en el recurso de amparo constitucional comentado anterior- mente, establece que los tribunales militares están conformados “[….] por funcionarios en dependencia jerárquicamente vertical [….]”, 185 con lo cual podría efectivamente cuestionarse la existencia de impar- cialidad e independencia. Cabe entonces preguntarse si en un escenario de dependencia jerárquica, podría, por ejemplo, aplicarse a cabalidad la doctrina de la responsabilidad jerárquica? y si en ese marco, la independencia de los magistrados militares proclamada por el Art. 2 de la Ley de Organización Judi- cial Militar, 186 resultaría ser más bien inaplicable en la práctica?.
Respecto a las garantías procesales de la justicia penal militar, es de resaltar que el CPPM mantiene el esquema de investigación judicial. Es decir, que tanto la investigación como el juicio propiamente dicho recaen en el órgano jurisdiccional. 187 No obstante, es de advertir que la normativa procesal penal militar resulta modificada por el nuevo CPP, que deroga las normas procesales penales previstas en leyes especiales así como toda otra disposición legal que sea contraria al CPP. 188 Siendo que el nuevo CPP delinea claramente los roles de los actores en el proceso acusatorio, vale decir de investigación y acusa- ción de la Fiscalía y de guardián de las garantías procesales del juez, es de entender que el procedimiento penal militar resulta consiguientemente modificado. No obstante de esta interpretación, a efectos de certeza jurídica, resulta necesaria la reforma del CPPM en concordancia con el nuevo CPP para los proce- sos penales por delitos militares o delitos de función.
Por otro lado, a tiempo de la implementación del ECPI resulta importante tener en cuenta que la calidad de cosa juzgada no constituye una causal de inadmisibilidad para la CPI cuando la misma emana de un proceso interno que adolece de las características de imparcialidad e independencia. 189 Es decir, habría que tomar en cuenta que, de no verificarse estos dos últimos requisitos, al margen de la existencia de cosa juzgada internamente, la jurisdicción complementaria de la CPI podría activarse, de considerar ésta que el juicio nacional hubiera podido responder a un proceso carente de imparcialidad e independen- cia de conformidad con las garantías procesales reconocidas por el derecho internacional.
Siendo que es a partir de la implementación del ECPI que por primera vez se incorporaría un régi- men completo de delitos contra el DIH en el ordenamiento jurídico boliviano, resulta inexistente al presente el reconocimiento, por lo menos expreso, de un determinado fuero para estos delitos. En efec- to, la escasa tipificación de los mismos en el actual CPM es precaria, pudiendo inclusive considerarse la existencia de tipos penales en blanco, cual es el caso de los tipos presión en prisioneros de guerra y violación de tratados (Arts. 66 y 69 del CPM, respectivamente).
183 Nótese que en la revisión del recurso de amparo constitucional que motivara la Sentencia Constitucional 0664/2004-R, la Fiscalía advierte que el abogado de los militares imputados era al mismo tiempo asesor jurídico del Comando General del Ejército. Véase, supra nota 161, pp. 26-27.
184 Ley No. 1402, Art 34.
185 Supra nota 161, p.3.
186 Promulgada por D.L. 13321, de 22 de enero de 1976.
187 Véase, inter alia, CPPM, Art. 83.
188 Véase, Disposición Final Sexta del CPP.
189 Véase, ECPI, Art. 20.3.b
Al respecto, la versión inicial del Anteproyecto de implementación del ECPI ha planteado el fuero ordinario para todos los delitos que tipifica, partiendo de la premisa que el sujeto activo de los crímenes de guerra no sólo es el militar o personal en servicio militar sino que pueden serlo también los civiles, siendo más bien relevante si la persona o los bienes que se afectan en su comisión están protegidos por el DIH. 190
Por otro lado, el reciente Proyecto de Ley del Nuevo Código Penal Militar 191 aspira también a tipificar los delitos contra el DIH. Sin ingresar en un análisis de fondo de la coexistencia de los men- cionados proyectos, debieran tenerse en cuenta algunos problemas de orden práctico, además de dog- máticos, que una doble tipificación (es decir una tipificación de los delitos del derecho internacional en el ámbito civil y otra en el ámbito militar) puede acarrear. Al respecto, podría considerarse que a no ser que se trate de cuerpos normativos idénticos, se tendrían tipos penales diferentes respecto a las mismas conductas prohibidas por el DIH, diferentes penas por el mismo delito, diferente tratamiento de los principios de responsabilidad jerárquica, obediencia debida, etc. Estas diferencias suscitadas en razón al tipo de sujeto activo, militar o civil, podrían constituir una violación al principio de igualdad ante la ley.
Corresponde asimismo mencionar un reciente “Proyecto de Ley Concertado sobre Deslinde Juris- diccional entre la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Militar” 192 que tiene por objeto “[…] deslindar los casos que corresponden al conocimiento de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción militar”. 193 El Proyecto establece que la jurisdicción ordinaria tendrá competencia respecto de las Fuerzas Armadas cuando el uso de la fuerza conlleve la afectación de derechos o bienes jurídicamente protegidos de las personas, siempre que: 1) se use la fuerza, por orden escrita del Presidente de la República, con una finalidad distinta a la conservación del orden interno, para asegurar el imperio de la CPE y garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido; 2) no exista orden del Presidente de la República; 3) se use en contravención a las condiciones o parámetros establecidos para su ejecución (no se establece si se trata de hechos cumulativos o disyuntivos). Y en caso de existir excesos que constituyan una violación a los principios establecidos para su uso. 194
Sin ingresar en mayor análisis, surgen algunos cuestionamientos iniciales respecto a la afectación que el mencionado Proyecto tendría respecto de los delitos del derecho internacional. Qué ocurriría con los delitos del derecho internacional que no se perfeccionan mediante el uso de la fuerza? Se entendería que éstos caen bajo la jurisdicción militar, que conforme la redacción del Proyecto en cuestión pareciera ser la regla? Es el planteamiento del Proyecto acorde con la doctrina de “órdenes superiores” que desco- noce la actuación bajo órdenes superiores como eximente de responsabilidad con ciertos matices? A qué jurisdicción correspondería la determinación de los excesos en el uso de la fuerza o su ejecución en contravención de los principios establecidos para su uso? Se entiende que en principio a la jurisdicción
190 Véase, Exposición de Motivos del Anteproyecto – tercer párr., en supra nota 56, p. 70.
191 Puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo mediante nota de 26 de abril de 2005 – MDN.-SD.-DGAJ. Nº 672/05 del Ministerio de Defensa Nacional.
192 Radicado en la Comisión de Gobierno, Defensa, Policía Nacional y Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas de la Cámara de Senadores, la misma que mediante informe INF.COM.Nº 022/04-05, CARPETA, PL 89/04-05, de 22 de febrero de 2005 ha recomendado la aprobación del mencionado Proyecto de Ley.
193 Art. 1 (Objeto).
194 Art. 5 (Delimitación Jurisdiccional).

References: artículo 111
 Resolución 
 artículo 28
 artículo 105
 resolución 
 Resolución