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Timestamp: 2019-08-20 00:38:26+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-2019-9923
Documento BOE-A-2019-9923
«BOE» núm. 158, de 3 de julio de 2019, páginas 71469 a 71486 (18 págs.)
BOE-A-2019-9923
En el recurso interpuesto por doña A. G. H., abogada del Estado en nombre y representación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, contra la nota de calificación extendida por la registradora de la Propiedad de Balmaseda, doña Alba Erostarbe Fernández, por la que se suspende la inscripción de una certificación de acta de adjudicación directa en procedimiento de apremio administrativo.
Mediante certificación administrativa, de fecha 28 de diciembre de 2018, expedida por la jefa de la Delegación Regional de Recaudación de Cantabria por suplencia, doña M. J. T. D., de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se acreditó el acuerdo dictado por dicha Delegación por el que se aprobaba la adjudicación directa de determinada finca, objeto de un procedimiento administrativo de enajenación, tras quedar desierta la previa subasta.
Presentada el día 25 de enero de 2019 la citada certificación en el Registro de la Propiedad de Balmaseda, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Se presenta en el Registro de Balmaseda, Certificación del acta de adjudicación, en unión de mandamiento de cancelación de cargas, de fecha 28 de diciembre de 2018, expedido en Santander, por la Jefa de la Dependencia Regional de Recaudación, por suplencia, doña M. J. T. D., que causaron el asiento de presentación 2550 del Diario 180, acreditado el cumplimiento de los requisitos fiscales, no se accede a la incripción [sic] solicitada en base a los siguientes:
1. El art. 107 del Reglamento General de Recaudación tras la reforma llevada a cabo por el R.D 1071/2017, de 29 diciembre no permite el trámite de enajenación mediante adjudicación directa en caso de quedar desierta la subasta tras dos licitaciones.
Se presenta una certificación del acta de adjudicación de bienes mediante adjudicación directa en la que se indica que tras declararse desierta en primer y segunda licitación la subasta celebrada el 23/10/2018 se acordó según consta en el acta de adjudicación directa de fecha 26/11/2018 declarar adjudicatario a D. J. S. S.
El artículo 107 del Reglamento General de Recaudación tras la reforma llevada a cabo por el R.D 1071/2017 de 29 de diciembre no permite ya esta posibilidad.
La nueva redacción del artículo citado es aplicable a este caso de conformidad con la disposición transitoria tercera conforme a la cual el reglamento será de aplicación a los procedimientos iniciados a partir del 1 de julio de 2004 que no hayan finalizado a la entrada en vigor en cuanto a las actuaciones que se realicen con posterioridad a dicha entrada en vigor que se produjo el 1 de enero de 2018 sin que sea aplicable lo dispuesto en el párrafo 1 siguiente por ser inicio del trámite de adjudicación directa posterior a la entrada en vigor del reglamento.
Consecuentemente, lo que corresponde tras el 1 de enero de 2018 para aquellas subastas que hayan quedado desiertas, no es acudir a la enajenación directa, sino, por aplicación de los artículos 107, 109 y 112 del R.G.R, proceder a la adjudicación de los bienes a favor de la Hacienda Pública o, si no se acuerda dicha adjudicación, al inicio de un nuevo procedimiento de enajenación mediante subasta.
2. En caso de que fuese posible la enajenación directa, para practicar la inscripción sería necesario hacer constar el estado civil del adjudicatario, y en caso de ser casado y afectar el acto o contrato a los derechos presentes o futuros de la sociedad conyugal, el régimen económico matrimonial y el nombre y apellidos y domicilio del otro cónyuge (art. 92H y 51 R.H.)
Contra la referida calificación podrá (…)
Balmaseda, 8 de febrero de 2019 La Registradora (firma ilegible) Alba Erostarbe Fernández».
Contra la anterior nota de calificación, doña A. G. H., abogada del Estado en nombre y representación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, interpuso recurso el día 13 de marzo de 2019 mediante escrito y con arreglo a las siguientes alegaciones:
1. La indicada adjudicación cuya inscripción se deniega es fruto del procedimiento ejecutivo tramitado frente al deudor tributario R. P. C., en el marco del que fue dictada en su día diligencia de embargo de 16 de marzo de 2018 que causó anotación preventiva letra A en el Registro de la propiedad de Balmaseda, en el que la finca trabada figura inscrita bajo n.º 4925 (…).
Acordada mediante acuerdo de 17 de julio de 2018 su subasta, cuya celebración quedó fijada para el 23 de octubre de 2018, se dotó a dicho acuerdo de la publicidad legalmente prevista a cuyo efecto, y según resulta de la certificación de dominio y cargas recabada del propio Registro, debe tenerse presente que el bien trabado constaba inscrito como privativo y sin titular de derechos con anotación posterior al embargo tributario (…). Así, además de su publicidad en boletín oficial, consta el acuse de recibo al deudor y el justificante de su publicidad en los tablones tanto de la Delegación de la AEAT como del Ayuntamiento de situación del inmueble (…).
Llegado el día previsto la licitación quedó desierta tanto en la primera como en la segunda convocatoria. Según se consignó en el párrafo final del acta de la subasta (…) dicha situación determinó la continuación por los trámites de adjudicación directa según disponía el art 104.7 del Reglamento de Recaudación y figuraba específicamente indicado también en el apartado séptimo del anuncio de subasta (…)
Recibidas las ofertas, el 26 de noviembre de 2018 se dispuso su adjudicación al mejor postor –Sr S. B.– y, previos los trámites previstos al efecto e informado favorablemente por el servicio jurídico, se expidió certificación del Acta de adjudicación, con valor de documento público de venta quedando el bien a disposición del nuevo titular (…).
Presentada por éste tal Acta en el Registro de la propiedad para su inscripción, se expide la calificación negativa objeto de este recurso gubernativo que deniega la inscripción de la nueva titularidad al entender, en síntesis, que se ha producido en un procedimiento indebido tras las modificaciones incorporadas por el RD 1071/2017 de 29 de diciembre (…).
Primero. El primer motivo del presente recurso se fundamenta en el exceso de la calificación registral, realizada con vulneración de los artículos 18 de la Ley Hipotecaria (en adelante, LH) y 99 del Reglamento Hipotecario (en adelante, RH) que regulan la calificación registral como medio o instrumento para hacer efectivo el principio de legalidad, en concreto, en relación con la calificación de documentos administrativos.
Así, el artículo 18 LH dispone que "Los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro." Por su parte, para el caso de los documentos administrativos, el artículo 99 RH indica que "La calificación registral de documentos administrativos se extenderá, en todo caso, a la competencia del órgano, a la congruencia de la resolución con la clase de expediente o procedimiento seguido, a las formalidades extrínsecas del documento presentado, a los trámites e incidencias esenciales del procedimiento, a la relación de éste con el titular registral y a los obstáculos que surjan del Registro".
Lo cierto es, como se apuntará, que lo efectuado por el Registrador ha excedido de las facultades y funciones calificadoras que dichos preceptos le atribuyen, vulnerando el principio de legalidad y lo que la norma en realidad establece y le permite realizar.
1.2 En este sentido, aunque en relación con la calificación de documentos administrativos el registrador goce de mayor libertad que respecto de los documentos judiciales, la calificación nunca puede alcanzar al análisis de la legalidad intrínseca de la resolución, puesto que en realidad ello supondría asumir facultades revisoras que exceden del ámbito de la función registral, en línea con lo preceptuado en el artículo 18 LH. Así, como ha señalado reiteradamente la DGRN, conforme al artículo 99 RH puede revisar la competencia del órgano, la congruencia de la resolución con la clase del expediente seguido, las formalidades extrínsecas del documento presentado, los trámites e incidencias esenciales del procedimiento, la relación de éste con el titular registral y los obstáculos que surjan del Registro, pero ello es así "con el exclusivo objeto de que cualquier titular registral no pueda verse afectado si en el procedimiento objeto de la resolución, no ha tenido la intervención prevista por la Ley, evitando que el titular registral sufra, en el mismo Registro, las consecuencias de una indefensión procesal." (Resolución de 25 de abril de 2018).
Y lo cierto es que en el presente caso se cumplen estos requisitos, ya que el acta de adjudicación se ha dictado en el seno de un procedimiento de recaudación, siguiendo el procedimiento de apremio, y, en particular, los trámites de la enajenación por adjudicación directa subsiguiente a una subasta desierta, por lo que es absolutamente coherente con el procedimiento seguido. Asimismo, dicha adjudicación se ha verificado tras cumplir con los trámites esenciales de todo el procedimiento de recaudación en periodo ejecutivo (providencia de apremio, diligencia de embargo, anuncios de subasta, etc.), notificados todos ellos al titular registral, que conocía y estaba preavisado de las actuaciones y posibles resultados de las mismas, y podría haber hecho uso de los derechos que la Ley le confiere a su favor.
Al margen de que de la documentación anexa a este recurso deriva ya un extracto de los trámites más relevantes del procedimiento seguido, no vamos a entrar a especificarlos en su totalidad ni detenernos en exponer su cumplimiento en el presente caso, por cuanto que el respeto de los trámites del procedimiento de enajenación (tanto de la subasta como de la posterior adjudicación directa) no ha sido discutido por el Sr Registrador en su nota, siendo el único motivo de la calificación negativa el haber utilizado, supuestamente, un procedimiento incorrecto, lo que no caso supone ningún examen de la congruencia de la resolución con el procedimiento seguido.
1.3 Al respecto, aun no siendo una cuestión muy frecuente, es reiterada y pacífica la doctrina de la Dirección General de Registros y Notariado que recuerda que el examen de la congruencia de la resolución con el procedimiento seguido y el respeto de los trámites esenciales de éste no puede suponer, en ningún caso, una valoración del procedimiento seguido por la Administración. Sin embargo, esto es lo que precisamente se realiza en la nota impugnada, en la que el registrador deniega la inscripción solicitada considerando (en nuestra opinión erróneamente, en lo que abundaremos posteriormente) que desde el 1 de enero de 2018 no se puede acudir al procedimiento de adjudicación directa sino a una nueva subasta o bien a la adjudicación de los bienes a la Hacienda Pública, valorando por tanto e improcedentemente no la existencia de un procedimiento y sus trámites, sino la elección del procedimiento administrativo que la Administración consideró aplicable.
Así, en la Resolución de 13 de marzo de 2007 (reiterada en otras posteriores, como la de 27 de octubre de 2007 o la de 29 de julio de 2016), la DGRN señaló:
Igualmente, el registrador, a la luz del procedimiento elegido por la Administración Pública, debe analizar si se han dado los trámites esenciales del mismo. Esta calificación debe ponerse en inmediata relación con el art. 62.1 e) de la LRJPAC que sólo admite la nulidad de aquel acto producido en el seno de un procedimiento en el que la Administración Pública ‘ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido’.
Se requiere, pues, un doble requisito. A saber, ostensibilidad de la omisión del trámite esencial o del procedimiento y que ése trámite no se cualquiera, sino esencial. A tal fin, la ostensibilidad requiere que la ausencia de procedimiento o trámite sea manifiesta y palpable sin necesidad de una particular interpretación jurídica.
Cuestión distinta es que el registrador pueda valorar si el procedimiento seguido por la Administración Pública es el que debería haberse utilizado. Tal posibilidad está vetada al registrador pues, en caso contrario, el mismo se convertiría en juez y órgano revisor de la legalidad administrativa. La Administración Pública es obvio que ha de producir sus actos a través del procedimiento legalmente previsto, mas no es menos cierto que la decisión de su conformidad a la legalidad no le compete al registrador; es decir, no le compete al registrador analizar si el procedimiento, que se debería haber seguido por la Administración es el elegido por ésta u otro. Le compete calificar si, en el marco del procedimiento elegido por la Administración Pública, el documento es congruente con el mismo y si se han dado los trámites esenciales de tal procedimiento. Los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 99 de su Reglamento no permiten que el registrador analice y enjuicie si la Administración Pública se equivocó en la elección del procedimiento a seguir, pues en tal caso no estaría calificando el documento sino la forma de producción de los actos de la Administración más allá de lo que permite la legalidad hipotecaria, siendo así que tal tarea es plenamente jurisdiccional y a instancia de quien es titular de un derecho subjetivo o interés legítimo o a través de los mecanismos de revisión de acto administrativo por la misma Administración Pública; y, obvio es decirlo, el registrador no es el autor del acto ni es titular de derecho subjetivo o interés legítimo alguno.
1.4 Así pues, el registrador puede revisar la resolución administrativa a fin de evitar la omisión del titular registral en el procedimiento administrativo, habida cuenta de los efectos que se derivan de la inscripción (art. 38 LH), pero lo que no puede es convertirse en revisor de toda la legalidad administrativa, vulnerando un principio esencial básico como es la presunción de legalidad administrativa (en este sentido, el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que "Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.»), y el principio de autotutela declarativa, en cuya virtud es la propia Administración la competente para revisar la propia legalidad de sus actos administrativos, ya sea de oficio a través de la declaración de nulidad de pleno derecho o la declaración de lesividad, ya sea a instancia de los propios interesados, mediante el uso de los recursos administrativos, y posteriormente, a través del recurso contencioso-administrativo ante los Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo (Título V de la Ley 39/2015 y art. 106 CE).
Juicio de legalidad que, sin embargo, está realizando el registrador en su nota en la que, de facto, se viene a declarar la nulidad de pleno de derecho (por supuesta omisión total del procedimiento legalmente establecido, ex art. 47.1.e) de la Ley 39/2015), cuando, es evidente, no ha existido ninguna omisión total, palmaria y ostensible del procedimiento administrativo, en los términos exigidos por la DGRN para poder fundamentar una calificación negativa y por la jurisprudencia contencioso-administrativa para poder declarar la nulidad radical, sino que solamente existe una discrepancia sobre cuál haya de tenerse como el procedimiento correcto a aplicar y seguir, basada en una discutible interpretación de una disposición, no ya de derecho sustantivo, sino de derecho transitorio, cuestión que analizaremos en el siguiente motivo del recurso.
Ante este similar supuesto, la Audiencia Provincial declaró que "es pues el Secretario o LAJ la autoridad competente para dictar el Decreto y para interpretar y aplicar las normas reguladoras de la subasta, del precio de remate y de la adjudicación, dictando el correspondiente Decreto, que el Registrador de la Propiedad calificará pero no puede revisar ni forzar su revisión", añadiendo la "incompetencia del Registrador de la Propiedad para revisar la interpretación de las normas materiales y procesales de aplicación en el dictado de un Decreto de Adjudicación", puesto que "la competencia para revisar la conformidad a Derecho del Decreto de Adjudicación presentado a inscripción corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales competentes para conocer de los recursos que contra dicho Decreto sean admisibles todo ello "incluso si compartiéramos la muy razonable interpretación (...) que hace la DGRN".
1.5 Queremos concluir este fundamento señalando que, aun aceptado a efectos meramente dialécticos que tras una subasta desierta ya no se pudiera acudir al procedimiento de adjudicación directa, en modo alguno puede considerarse que el uso de éste último suponga una omisión total del procedimiento establecido generador de nulidad de pleno derecho. Para empezar, porque precisamente se ha seguido un procedimiento concreto, con respeto de todos sus trámites, esenciales y accesorios. Procedimiento que, además y frente a lo que parece deducirse de la fundamentación del Registrador, no está derogado dado que, aún en la hipótesis de que no se pudiera acudir a la adjudicación directa por quedar desierta la subasta, sí que resultaría factible dicha tramitación en los supuestos del artículo 107 del RGR, y en lo que atañe al presente expediente, en los supuestos del apartado 1.b) y c) ("por razones de urgencia justificadas en el expediente", o "en otros casos en que no sea posible o no convenga promover concurrencia, por razones justificadas en el expediente").
En suma, existe procedimiento y no actuación de plano de la AEAT; y el seguido por la Administración está también previsto para supuestos que podrían resultar de plena aplicación al presente caso, por lo que no pudiendo el registrador calificar si la Administración ha optado correctamente o no por el mismo y si ha motivado adecuadamente su elección, sino solamente si se han respetado sus trámites esenciales (fundamentalmente la audiencia al titular registral para comprobar que ha tenido ocasión de hacer valer esos supuestos defectos), el claro que la nota emitida no resulta de recibo ni correcta.
Segundo. Enlazando con lo anterior, y sin perjuicio de lo alegado respecto a la vulneración de las normas reguladoras de la calificación registral, estimamos que la interpretación realizada por el registrador de la normativa transitoria tampoco es acertada, siendo válida la actuación de la Agencia Tributaria.
No tiene presente con tal interpretación que el procedimiento ejecutivo administrativo que culminó con la adjudicación del bien del deudor tributario a favor de un tercero, comenzó antes de la vigencia del nuevo régimen de subastas. Incorporado éste por el RD 1071/2017, prevé la tramitación del procedimiento de licitación a través del portal de subastas de la Agencia del Boletín Oficial del Estado, pero conforme a la Disposición Transitoria Cuarta del RGR ello sólo resultaba de aplicación a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de 2018. En el presente caso, el acuerdo de subasta y la previsión de la adjudicación directa en caso de que aquélla quedare desierta databan del 17 de julio de 2018, estando adoptados en momentos en que no era posible disponer la sujeción al nuevo régimen en tanto que no había entrado en vigor y no se encontraba operativo.
Antes bien, el régimen aplicable era el entonces vigente en el que como efecto subsiguiente y directo de la falta de éxito de la subasta se disponía la apertura de la fase de adjudicación directa. Así lo establecía el art 104.7 RGR en la redacción entonces aún vigente al señalar, en términos que además eran imperativos y consecuentes, que "Cuando efectuada la subasta, no se hubieran adjudicado bienes suficientes para el pago de la cantidad debida, sin perjuicio de formalizar la adjudicación de los rematados, quedará abierto el trámite de adjudicación directa por el plazo que se estime oportuno con el límite de seis meses".
De este modo, lo actuado por la Administración en este caso, en una subasta iniciada antes del 1 de septiembre de 2018, se ajusta plenamente a la normativa que entonces regía; que en este punto no puede sostenerse que fuere la incorporada por el RD 1071/17, so pena de provocar un vacío y periodo de inactividad forzada en el ínterin y en tanto el portal de subastas dispuesto por aquél no entrara en funcionamiento (lo que no ocurrió sino a partir de septiembre). Una vez iniciado el proceso de adjudicación, el mismo debía discurrir por las fases previstas en la norma vigente en el momento de comenzarse, que estaban explicitadas y publicitadas por la propia Administración como resulta del apartado séptimo del documento 4., acorde con el artículo 107.7 RGR antes transcrito, de las que por tanto no podía separarse. Y debía, pues, ultimarse en los términos vigentes en el momento en que tal procedimiento comenzó, tal y como resulta de la Disposición transitoria tercera del RGR que para los procedimientos previos establece su continuación por la normativa previa a la reforma y nueva regulación. Otra cosa supone pretender que la Administración opere en contra de las reglas del procedimiento de ejecución que ella misma expuso y publicó, acordes con la normativa entonces vigente, que al efecto empleaba términos imperativos y no dispositivos, y que constituían el marco rector del procedimiento ejecutivo desde su comienzo hasta el fin. Por tanto, y por más que en el ínterin del procedimiento ejecutivo en curso comenzara la vigencia de la nueva regulación, no por ello aquél debía suspenderse ni sujetarse en los trámites sucesivos a lo previsto en las nuevas normas. No procedía, pues, que la Administración obviara el trámite de adjudicación directa que estaba previsto ab initio para el caso de que la subasta quedare desierta, pues supondría conculcar las reglas que la vinculan y obligan, ni correspondía como el registrador pretende el inicio de una nueva subasta a través de la plataforma de subastas del BOE.
Frente a ello, las consideraciones del Registrador introducen y abocan a una escisión y diferenciación entre las normas procedí mentales –que prevén el desarrollo del procedimiento de subasta a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal BOE– y las normas materiales del procedimiento ejecutivo, de modo que sólo aquéllas se aplican a los procedimientos iniciados después del 1 de septiembre mientras que para el resto de los preceptos que no regulan el desarrollo de las subastas sino las consecuencias previstas para el caso de que queden desiertas solo continuaran rigiéndose por la normativa anterior cuando el acuerdo de enajenación por subasta, autorización para enajenación por concurso, o el trámite de adjudicación directa se hubieran producido antes de la entrada en vigor de la modificación (1 de enero de 2018).
Sin embargo, desde el punto de vista sistemático, resulta absurdo escindir las normas del procedimiento de enajenación en dos categorías, considerando que las normas sustantivas entraron en vigor el 1 de enero de 2018, pero que las normas accesorias de desarrollo de la subasta, y de las que dependen aquéllas para producir sus efectos, postergaron su eficacia hasta el 1 de septiembre de 2018.
La interpretación sistemática de la DT 4.ª RGR, resultante de la nueva redacción dada por el RD 1071/ 2017, exige considerar que se refiere a todos los artículos del procedimiento de enajenación modificados, entrando todos ellos en vigor conjuntamente el 1 de septiembre de 2018.
Por otro lado, la Exposición de Motivos del Real Decreto 1071/2017 refuerza claramente esta interpretación cuando indica que "Finalmente, se incorpora una disposición transitoria respecto de la aplicación del nuevo régimen de subastas". Parece claro que se refiere a todo el régimen global de subastas, y no solamente a sus normas accesorias o de desarrollo, y ello porque la solución contraria no haría sino llevar a soluciones absurdas para los expedientes desarrollados entre el 1 de enero y el 1 de septiembre de 2018, conculcando la interpretación teleológica de la norma.
En efecto, las consideraciones a las que conduce el criterio del Registrador suponen que a estos expedientes les es aplicable el nuevo régimen material de la subasta, pero no las normas de desarrollo de la misma. Pues bien, como señala la exposición de motivos del RD 1071/2017, "La adjudicación directa se elimina como procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta. Se trata de simplificar el procedimiento de enajenación para potenciar la concurrencia en el mismo, así como su transparencia y agilidad."
Es decir, se elimina la adjudicación directa como procedimiento de enajenación, porque bajo el nuevo régimen de subastas se maximiza la concurrencia y agilidad de las mismas, siendo el anterior un procedimiento inútil. Estos objetivos no son meras proclamas programáticas, sino que para ello se articula un régimen de subasta que ya no es presencial, con presentación y ordenación de ofertas electrónicamente, y durante un plazo de tiempo tan alargado -veinte días- que supone eliminar incluso el régimen de primera y segunda subasta.
El espíritu y finalidad de la norma es claro: maximizar la concurrencia y evitar subastas desiertas; por ello, no es necesario que exista la adjudicación directa para ese supuesto.
Por ello, la entrada en vigor de toda la modificación tiene que ser necesariamente al unísono, careciendo de sentido suprimir la posibilidad de acudir a la adjudicación directa en caso de quede desierta la subasta convocada cuando aún no regían las formas de desarrollo electrónico, puesto que bajo el régimen de subastas anterior no se maximizaba esa concurrencia, y la posibilidad de que quedasen desiertas era una opción contemplada por el propio legislador.
En cualquier caso, además, el deudor tributario y propietario inicial del bien inmueble objeto de ejecución ha tenido garantizados sus derechos por ley, al haber podido intervenir en el procedimiento que condujo al traslado de su propiedad dado que conforme al art. 101.2 RGR entonces vigente, le fue notificado el acuerdo de subasta, en el que recordemos que se explicitaba ya la consecuencia legal de posible adjudicación directa si aquélla quedaba desierta; el acuse de recibo de la comunicación al mismo figura incorporado (…), y no consta que como interesado haya formulado ninguna objeción ni cuestionado la actuación llevada a efecto por la Administración».
La registradora emitió informe el día 21 de marzo de 2019, ratificándose íntegramente en el contenido de la nota de calificación impugnada, y remitió el expediente a este Centro Directivo.
a) seguido procedimiento administrativo de apremio contra don R. C. P., la Agencia Tributaria tras dictar la correspondiente providencia de apremio, y practicada anotación preventiva de embargo sobre la finca, el órgano de recaudación competente adopta y notifica el acuerdo de enajenación mediante subasta del bien embargado, conforme a lo previsto en el artículo 101.2 del Reglamento General de Recaudación;
b) la finca objeto de la subasta se valora por la Administración tributaria en la cantidad de 4.013,26 euros, sin que conste sobre la misma cualesquiera otras cargas o gravámenes inscritos en el Registro de la Propiedad;
c) celebrada la subasta el día 23 de octubre de 2018, conforme a lo previsto en el artículo 104 del Reglamento General de Recaudación, se declara desierta en primera y segunda licitación;
d) la mesa de la subasta, visto el resultado de la subasta desierta, acuerda el día 26 de noviembre de 2018 continuar el expediente de enajenación mediante el procedimiento de enajenación directa, sin exigencia de tipo o precio mínimo, resolviendo, según consta en el acta de adjudicación directa cuya certificación es objeto de la calificación impugnada, declarar en dicho procedimiento adjudicatario del lote integrado la finca registral número 4.945, previamente subastada, a don J. S. S. B., por el importe de 1.308 euros.
La registradora suspende la inscripción, además de por otro defecto no recurrido, por entender que no resulta posible la práctica de la inscripción solicita por haber sido acordada la adjudicación directa en un procedimiento de enajenación abierto en una fecha en que ya había entrado en vigor la reforma del Reglamento General de Recaudación operada por el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, que, entre otras modificaciones, suprimía la posibilidad de que, desierta la subasta en segunda licitación, se acordara la enajenación de los bienes embargados por el procedimiento de adjudicación directa, modificación en vigor desde el 1 de enero de 2018.
Como hemos visto, en el presente caso la registradora cuestiona la idoneidad del procedimiento de adjudicación directa seguido para la realización del bien, al considerar que en el supuesto de hecho de este expediente no concurre ninguna de las causas legales habilitantes de la adjudicación directa, como procedimiento excepcional frente a la regla general de la enajenación mediante subasta, al haber sido suprimida entre tales causas habilitantes la relativa a haber quedado desierta la subasta del bien, en virtud de la reforma del artículo 107 del Reglamento General de Recaudación en virtud del Real Decreto 1071/2017, de 29 de enero, reforma que estaba en vigor el 16 de mayo de 2018 en que se celebró la subasta y el 11 de septiembre en que se abrió el procedimiento de adjudicación directa. Discutiéndose, por tanto, la idoneidad o admisibilidad legal del procedimiento seguido, y siendo este extremo uno de los que conforme a las disposiciones y doctrina antes expuestos están sujetos a la calificación registral, no cabe sino desestimar este primer motivo de oposición a la calificación impugnada.
Y precisamente por haberlo entendido así, aun estando tasada la finca (siendo éste el tipo de la subasta) en 4.013,26 euros, sin embargo fue adjudicada por la cantidad muy inferior de 1.308 euros, es decir el 32,5% de su valor de tasación. Este hecho avala la afirmación de la registradora sobre el perjuicio sufrido por el deudor, y la falta de beneficio correlativo para la Hacienda Pública, que se sigue del hecho de haber acudido al trámite de la adjudicación directa, pues el crédito público ha quedado parcialmente insatisfecho al no quedar cubierto en su totalidad por la cifra abonada por el adjudicatario, según resulta del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, presentado junto con la certificación de la adjudicación directa, según el cual «se hace constar que el valor obtenido en la adjudicación no ha sido suficiente para cubrir el importe total del crédito a favor de la Hacienda Pública en virtud del cual se ejecutó el bien».

References: artículo 107
 artículo 18
 artículo 99
 resolución 
 artículo 18
 artículo 99
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 39
 artículo 107
 artículo 107
 Real Decreto 
 artículo 101
 artículo 104
 Real Decreto 
 artículo 107
 Real Decreto