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Timestamp: 2017-11-25 09:13:11+00:00

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JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CUATRO AUDIENCIA NACIONAL A U T O. Madrid, a dieciocho de septiembre del año dos mil quince. - PDF
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Marta Cano Torres
1 A U T O Madrid, a dieciocho de septiembre del año dos mil quince. ANTECEDENTES DE HECHO. PRIMERO.- Por el Juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid, se vino a dictar resolución de fecha 4 de agosto de 2.015, por la que se acordaba la inhibición en el conocimiento de las presentes diligencias a favor de los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional. SEGUNDO.- En la referida resolución inhibitoria se fundamentaba la misma en el hecho de que por la ONIF, en su informe de avance nº 1, se pone de manifiesto la existencia de relevantes indicios de comisión de diversos delitos fiscales relacionados con blanqueo de capitales, el que, al menos en parte, habría tenido lugar fuera del territorio nacional. Así, de lo investigado aparece, siempre de manera indiciaria como corresponde a esta fase de instrucción, que la mercantil KRANDONARA 2001 SL (cuya propiedad corresponde al 100% a la mercantil con sede en Gibraltar VIVAWAY LTD., de la que es titular Rodrigo Rato Figaredo), fue la receptora de diversas cantidades de dinero al parecer procedentes de elusión fiscal, así como de otras fuentes de origen no esclarecido, las que, al menos en parte, utilizó para destinarlas a la sociedad alemana BAGERPLETA GMBH, de la que Rodrigo Rato Figaredo ha sido administrador hasta el día 22 de abril de 2015; esto es, seis días después de iniciarse estas actuaciones. Dicha sociedad, dedicada a la construcción y posterior explotación mediante alquiler a Catalonia Germany GMBH de un hotel en Berlín, fue la utilizada para dar apariencia de licitud a las cantidades a ellas desviada de forma aparentemente ilícita, siendo este hecho, supuestamente un delito de blanqueo de capitales ocurrido en territorio ajeno al nacional, el determinante de la competencia que ahora se declara. RAZONAMIENTOS JURIDICOS PRIMERO.- En el informe emitido por el Ministerio Fiscal y por el que se interesa la inhibición de la causa a favor de la Audiencia Nacional se relatan los siguientes hechos: 1º) La sociedad KRANDOARA 2001 SL, propiedad al 100% de la sociedad VIVAWAY LTD, de la que titular real el imputado Rodrigo RATO FIGAREDO ha efectuado trasferencias a la sociedad alemana BAGERPLETA Gmbh, una parte de las cuales pudiera tener un origen presuntamente delictivo, lo que implica indicios de la comisión del mencionado delito de blanqueo cometido fuera de España. 1
2 2º) En efecto, de acuerdo con el Informe, KRANDONARA ha recibido cantidades de dinero procedentes de: a) ALBISA INVERSIONES Y ASESORAMIENTO S.L.: Esta Sociedad efectuó transferencias por importes de ,64 en 2011 y en 2012 a cuentas titularidad de la sociedad KRANDONARA Tales fueron los únicos ingresos no financieros de ésta última. Tales pagos se justificaron, aparentemente, como prestaciones de servicios efectuados por KRANDONARA a ALBISA cuando, en realidad, según los indicios del informe, responden a pagos realizados por las empresas de publicidad PUBLICIS COMUNICACIÓN ESPAÑA SL y ZENITH MEDIA SL, que dimanan del pago de servicios de publicidad por BANKIA en los años 2011 y El Sr. Rato fue nombrado Presidente de Caja Madrid (luego Bankia) el 28 de enero de 2010, cargo que ocupó hasta el 7 de mayo de Así: PUBLICIS Y ZENITH son sociedades dependientes de la entidad MULTIMARKET SERVICES SPAIN HOLDINGS SL y ambas facturaron a BANKIA por servicios de publicidad en el año 2011 un total de ,80 y en el año 2012 un total de ,92 Al tiempo, las dos sociedades PUBLICIS Y ZENITH realizaron pagos a ALBISA por importe de 1, ,72 en 2011 y ,80 Semejantes cantidades triplicaban en estos dos años la facturación de su mejor ejercicio desde 2007 (año de su constitución) Merced a lo anterior, ALBISA transfirió entre el 22 de junio de 2011 y el 16 de diciembre de 2011 a una cuenta bancaria de KRANDONARA un total de ,64, procediendo, seguidamente, KRANDONARA a transferir hasta un total de a la sociedad alemana BAGERPLETA Gmbh Igualmente, ALBISA transfirió a cuentas bancarias de KRANDONARA, entre el 16 de enero de 2012 y el 14 de agosto de 2012, un total de , procediendo, seguidamente, KRANDONARA a realizar una única transferencia el 26 de junio de 2012 a la sociedad alemana BAGERPLETA Gmbh por importe de Rodrigo Rato fue imputado por el Juzgado Central de Instrucción nº 4, en las Diligencias Previas 59/2012, el 4 de julio de b) TELEFÓNICA 2
3 Durante los años 2013 y 2014, KRANDONARA recibió ingresos procedentes de Telefónica de en cada uno de esos ejercicios. Según el informe, Rodrigo RATO se benefició de estas cantidades, que en realidad respondían a su labor como Consejero para Telefónica, a través de su sociedad ARADA 1, de tal manera que KRANDONARA facturaba a ARADA, consiguiendo así un importante ahorro fiscal por cuanto RATO no tributó estas percepciones en su IRPF y además tanto KRANDONARA como ARADA declararon pérdidas fiscales e ingresaron 0 en sus declaraciones de Impuesto de Sociedades de De acuerdo con los datos obrantes en el informe avance, el ahorro fiscal de los ejercicios 2013 y 2014 descrito, se relaciona con dos trasferencias de cada una el 10 de julio y el 26 de agosto de 2014 a BAGERPLETA Gmbh. 3º) Por tanto, estas cantidades de dinero procedentes de ALBISA y TELEFONICA tienen un presunto origen delictivo de, al menos por el momento, los artículos 286 bis y ss y 305 del Código Penal, sin perjuicio de ulteriores calificaciones jurídicas que resulten de la investigación. Existen indicios de que tales cantidades de ilícito origen se ocultaron y transformaron a través de la sociedad alemana BAGERPLETA Gmbh, lo que pone de manifiesto un presunto delito de blanqueo de capitales de los artículos 301 y ss del Código Penal. En efecto, dicha sociedad es, al parecer, propietaria de un hotel en Berlín, sin que consten datos concretos de tal adquisición ni de la financiación de ésta con fondos propios o ajenos. Dicho Hotel fue alquilado a Catalonia Germany Gmbh BAGERPLETA Gmbh ha tenido como administrador a Rodrigo RATO hasta el 22 de abril de 2015 SEGUNDO.- Con carácter previo deberemos recordar los criterios interpretativos que el Tribunal Supremo ha realizado en orden a la aplicación del artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de determinar la competencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y estos son los siguientes: 1. Nos hallamos ante un texto normativo, esto es, librado, en la determinación de su contenido, a la labor interpretativa de los Tribunales, y en ella debe tenerse muy presente el espíritu y finalidad de la norma (art. 3.1 Cd. Civil), y los principios constitucionales (art. 5,1 L.O.P.J.). 1 ARADA SL se constituyó en Rodrigo RATO es su administrador único desde 2009 y titular real declarado en octubre de
4 2. El criterio básico o fundamental en materia de competencia es el fuero del lugar de comisión del delito (forum delicti comissi: art. 14 L.E.Crim.). 3. La Audiencia Nacional es un órgano jurisdiccional ordinario de carácter especializado, lo que hace que su competencia constituya una excepción a la regla general, que obliga a interpretar los puntos de conexión (art. 65,1 LOPJ) con carácter restrictivo. Los principios de territorialidad, antes referidos (art. 14 L.E.Crim.) y su complementos de conexidad (arts. 17 y 18 L.E.Crim.), permiten relegar a la excepcionalidad la competencia de la Audiencia Nacional. Ello hace que la concurrencia de los presupuestos competenciales de la Audiencia Nacional tengan que aparecer suficientemente acreditados. TERCERO.- En el presente caso, la inhibición se opera en base a lo dispuesto en el artículo letra e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que atribuye a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional competencia para conocer de los Delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales españoles, en relación con el artículo 23,2º del mismo texto legal, que determina la competencia de la jurisdicción española para el conocimiento de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y concurrieren los siguientes requisitos: a) Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, salvo que, en virtud de un Tratado internacional o de un acto normativo de una Organización internacional de la que España sea parte, no resulte necesario dicho requisito, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes. b) Que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los Tribunales españoles. c) Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o, en este último caso, no haya cumplido la condena. Si sólo la hubiere cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda. CUARTO.- En virtud a los anteriores criterios competenciales, en el presente caso se deberán tener en consideración dos parámetros fundamentales a la hora de determinar la competencia para el conocimiento de los hechos objeto de la presente causa: 1º.- En primer lugar, se debe constatar que ninguno de los delitos subyacentes o previos al de blanqueo de capitales sería de competencia de la Audiencia Nacional, desde el momento en que el delito de corrupción entre particulares (art. 286 bis C.P.) no está comprendido entre el elenco de conductas que el artículo 65 de la L.O.P.J. establece como de competencia de la Audiencia Nacional, ni el delito contra la Hacienda Pública (art. 305 C.P.), que puede enmarcarse en el concepto de defraudaciones que refiere la letra c) del nº 1º del art. 4
5 65 LOPJ podría considerarse que pueda producir, en el presente supuesto, grave repercusión en la economía nacional, de forma y manera que no cabría entender que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sería competente, por conexidad con el delito precedente, para el enjuiciamiento del delito de blanqueo que se está investigando. 2º.- De esta forma, y como en el auto inhibitorio se establece, la causa por la que se produce la remisión del procedimiento a los Juzgados Centrales de Instrucción lo es debido a la comisión de parte de los hechos enjuiciados en el extranjero, y ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 65, 1º e) de la L.O.P.J., en relación con el nº 2º del art. 23 de la misma Ley, antes transcrito. Ahora bien, como quiera que nos encontramos ante un delito de blanqueo de capitales, debemos acudir al apartado 4º del artículo 301 del Código Penal, que, el tipificar este delito, dispone que El culpable será igualmente castigado aunque el delito del que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en el extranjero. La incorporación de este apartado del artículo 301 del Código Penal supone una doble extensión de las posibilidades de aplicación extraterritorial de la Ley española: a) Cuando en España se realizan los actos penados en el art. 301, aunque el delito base se haya cometido total o parcialmente en el extranjero. b) Cuando tanto éste como los actos de blanqueo se hayan realizado total o parcialmente en el extranjero. Por ello, la fijación del lugar en el que el delito haya de entenderse cometido constituye una cuestión previa de la que dependerá la cuestión de competencia planteada. El que el delito se repute cometido en el lugar en el que la acción se despliega teoría de la acción o en el lugar en el que esa acción produce sus efectos teoría del re s u l t a d o tiene una importancia capital cuando de delitos inter o trans fronterizos se trata. Si conforme a un criterio mixto se estima que el delito puede reputarse cometido, tanto en el lugar de la acción como en el del resultado teoría de la ubicuidad, las posibilidades de persecución se amplían considerablemente. De esta forma, y en materia de persecución y enjuiciamiento del delito de blanqueo de capitales, la jurisdicción española se extiende más allá de los parámetros establecidos en el artículo 23, 2º de la L.O.P.J., recogiendo el párrafo 4º antes citado, sin ambages, el principio de la ubicuidad, principio recogido en el Acuerdo no Jurisdiccional del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 3 de febrero de 2005, conforme al cual el delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo. 5
6 Y continúa el citado Acuerdo disponiendo que En consecuencia, el Juez de cualquiera de ellas que primero haya iniciado las actuaciones procesales será en principio competente para la instrucción de la causa. En base a los anteriores razonamientos, en el presente caso la competencia diferida debe ser rechazada, y ello en aplicación del referido principio de ubicuidad, teniendo en cuenta todos los elementos necesarios para modular los criterios competenciales, inspirados en el principio constitucional del respeto al juez predeterminado por la Ley, y en la facilidad para la instrucción de la causa. Así, en el caso que nos ocupa toda la actividad criminal se encuentra residenciada en Madrid, donde se urdió la trama, donde se transfirieron las cantidades de dinero que presuntamente se habrían obtenido ilícitamente, donde se habrían cometido los delitos precedentes y desde donde, en definitiva, se habrían realizado todas las actividades dirigidas a la presunta ocultación y transformación de las ganancias ilícitas. Para que este Juzgado pudiera asumir la competencia en el conocimiento de los hechos habría sido necesario o que el delito precedente fuese de competencia de la Audiencia Nacional o que toda la actividad de blanqueo se hubiere producido en el extranjero, lo que no concurre en el presente caso, desde el momento en que la supuesta actividad delictiva dirigida al blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas se iniciaría mediante las relaciones entre ALBISA y ARADA, respectivamente, con KRANDONARA, siendo así que todas sellas se desarrollan en España, resultando igualmente que la transferencia de fondos desde KRANDONARA a BEGERPLETA GBMH se produce desde las cuentas corrientes que aquella titula en las entidades Banco de Santander y Banco de Sabadell en España, limitándose la actividad realizada en el extranjero a la inversión final de los fondos transferidos a un negocio de hostelería en Berlín (República Federal de Alemania), a través de la mercantil BAGERPLETA GMBH 2 y ello sin perjuicio de que también se haga referencia al empleo de esos fondos presuntamente ilícitos en la construcción de un chalet en Cabueñes, la aportación a un fondo de inversión y el pago de los tributos declarados en la empresa Krandonara 2001 SL hechos, todos ellos, que se habrían cometido en España. En atención a lo expuesto. PARTE DISPOSITIVA ACUERDO.- NO ACEPTAR LA INHIBICIÓN OPERADA POR EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 31 DE MADRID EN SUS DILIGENCIAS PREVIAS Nº / Empresa participara por D. Rodrigo RATO FIGAREDO en un 50% aproximadamente, cuyo activo principal es la construcción y explotación de un hotel en Berlín. 6
7 Comuníquese la presente resolución, mediante testimonio integro de la misma, a dicho Juzgado Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reforma en el plazo del tercer día. Así lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. D. FERNANDO ANDREU MERELLES, Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número CUATRO de la, doy fe. E/ 7

References: resolución 
 resolución 
 artículo 65
 artículo 23
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 301
 artículo 301
 artículo 23
 resolución