Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-489-02.htm
Timestamp: 2017-11-21 07:49:49+00:00

Document:
C-489-02
Aunque en gran medida asimilable al buen nombre, tiene sus propios perfiles y que la Corte en sentencia definió como la estimación o deferencia con la que, en razón a su dignidad humana, cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan. Puso de presente la Corte que, en este contexto, la honra es un derecho “... que debe ser protegido con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad”.
El ciudadano Guillermo Pardo Piñeros, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, demandó la inexequibilidad de los artículos 82 numeral 8° y 225 de la Ley 599 de 2000.
La Corte mediante auto de diciembre siete de 2001, proferido por el Despacho del magistrado Sustanciador, admitió la demanda y ordenó comunicarla al Presidente del Congreso, al Fiscal General de la Nación, al Ministro de Justicia y del Derecho, a la Sociedad Interamericana de Prensa y al Círculo de Periodistas de Bogotá.
“Artículo 82. Extinción de la acción penal. Son causales de extinción de la acción penal:
9. Las demás que consagre la ley.”
“Artículo 225. Retractación. No habrá lugar a responsabilidad si el autor o partícipe de cualquiera de las conductas previstas en este título, se retractare voluntariamente antes de proferirse sentencia de primera o única instancia, siempre que la publicación de la retractación se haga a costa del responsable, se cumpla en el mismo medio y con las mismas características en que se difundió la imputación o en el que señale el funcionario judicial, en los demás casos.
a. La norma al permitir la retractación sin mas condicionamientos que la mera voluntad del infractor, lesiona el derecho de acceso a la administración de justicia, ya que la decisión acerca de la responsabilidad penal, no queda en cabeza de la autoridad judicial, sino en el arbitrio del infractor de la ley penal; con el agravante de que el perjudicado tampoco podrá acudir a la jurisdicción civil para reclamar los perjuicios que se le hayan generado.
b. Se desconocen los derechos a la honra y al buen nombre, toda vez que el infractor ante la inminencia de una condena, “....no tendrá el menor reparo en retractarse, con el convencimiento de que no va a suceder nada..”. De esta manera, la norma acusada no protege los derechos citados, y en esa medida, debe desaparecer del ordenamiento jurídico.
c. El derecho a la igualdad resulta vulnerado por dos razones: En primer lugar, porque en relación con el delito de falsa denuncia (artículos 435 y S.S. del C.Penal[1]), la retractación fue prevista como circunstancia de atenuación punitiva y no como causal de ausencia de responsabilidad. De este modo, el legislador le dio a situaciones similares consecuencias diferentes en perjuicio de los procesados; en segundo lugar, porque al excluir el consentimiento del afectado se “... le da a este último un trato discriminatorio frente al injuriador o calumniador, ya que siendo, el ofendido el directamente afectado no es tenido en cuenta por el legislador para poner fin a la acción penal, como si lo hacía en anterior estatuto[2]...”
La Fiscalía General de la Nación intervino dentro del proceso de la referencia con el objeto de solicitar a esta Corte declarar la exequibilidad de los preceptos acusados, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
- En concepto del Fiscal, no se vulnera la Constitución Política, cuando el legislador, en ejercicio del Ius Puniendi determina la política criminal del Estado. Así, la figura de la retractación, como resultado del proceso de configuración normativa opera básicamente en los ilícitos que requieren necesariamente para su investigación la denuncia o querella de parte, lo cual restringe el campo de acción punitiva estatal y deja a iniciativa de los particulares el resultado del proceso.
- De esta manera, si la retractación tiene su razón de ser, en revocar lo que se ha imputado o desdecir la afrenta irrogada o retirar el cargo hecho a otro, no se “...justifica que se continúe con un proceso penal, cuando el objeto del mismo se alcanzó con la retractación o rectificación hecha por el infractor sobre la conducta moral, el honor y el buen nombre de la víctima, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 225 cuestionado...”. De este modo, citando doctrina, afirma que después de una retractación pública, la aplicación de una pena perdería las razones fundamentales que la justifican.
- Así las cosas, sostiene el señor Fiscal que: “... la retractación no es mas que el desarrollo del principio de economía procesal, cuya esencia radica primordialmente en lograr el mayor resultado, con el menor esfuerzo del Estado, de allí que esta institución sea útil para evitar el desgaste innecesario del aparato judicial, cuando ya se logró por medios distintos a la sentencia, preservar los bienes jurídicos tutelados; en este caso, la integridad moral de las personas...”.
- Por último, afirma que la norma no vulnera el derecho a la igualdad, ya que el delito de falsa denuncia, es distinto a los delitos contra la integridad moral. Esto es así, porque: (i) Son disímiles los bienes jurídicos objetos de protección (buen nombre y honor frente a la correcta Administración de Justicia); (ii) Varían en torno al mecanismo de iniciación de la acción penal, de suerte que mientras el delito de falsa de denuncia inicia de oficio, aquellos contrarios a la honra y al buen nombre son querellables; (iii) Son distintas las causas eximentes de responsabilidad, precisamente el desistimiento y la retractación tan sólo operan para delitos querellables, como lo son, aquellos contrarios a la integridad moral.
- Corresponde al legislador dentro del marco de desarrollo de la política criminal acorde con el principio de intervención del sistema penal como última ratio, definir el alcance de la retractación. Para el efecto, el Congreso dentro de su potestad de configuración normativa determinó que la retractación es un mecanismo que hace improcedente e improseguible la acción penal adelantada por delitos contra la integridad moral de las personas.
- A su juicio, si bien es cierto que esta forma de extinguir la acción penal se reguló de manera diversa a la prevista en el ordenamiento anterior, en la medida en que ya no requiere el consentimiento de la víctima, no por ello es arbitraria, ya que el legislador señaló ciertas exigencias esenciales para que produzca efectos, con las cuales pretende garantizar el restablecimiento del derecho y la función preventiva del ordenamiento penal.
- Así, manifiesta que “... no puede sostenerse que con la retractación se desprotegen los derechos a la honra y buena reputación de las personas, pues justamente mediante esta figura jurídica se pretende brindar los mecanismos para obtener el pronto restablecimiento del bien jurídico afectado con la infracción...”.
- Igualmente afirma que la retractación no es ajena a la Carta Política, y al efecto cita el inciso final del artículo 20, según el cual: “ Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad...”.
- De esta manera, sostiene que mediante la retractación no se pretende una renuncia al ejercicio del poder punitivo del Estado, sino el reconocimiento de que mediante la rectificación de la información difamatoria se satisface la finalidad de la intervención penal, cual es, el restablecimiento del bien jurídico tutelado y en general del orden jurídico quebrantado.
- Para el Procurador, el demandante se equivoca cuando sostiene que la retractación impide el resarcimiento de los perjuicios causados, ya que los textos demandados nada dicen al respecto y además una interpretación y análisis sistemático del ordenamiento penal desmiente totalmente este señalamiento. Pero advierte, sobre la desafortunada redacción del artículo 225 del Código penal, ya que la retractación no excluye la responsabilidad sino la punibilidad de la conducta y extingue solamente la acción penal.
- Para concluir, en relación con la vulneración del derecho a la igualdad, a partir de la comparación con el delito de falsa denuncia, afirma que se trata de conductas típicas diferentes, que vulneran bienes jurídicos distintos y por lo mismo merecen diverso reproche penal.
El buen nombre ha sido entendido por la jurisprudencia y por la doctrina como la reputación, o el concepto que de una persona tienen los demás y que se configura como derecho frente al detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas. Este derecho de la personalidad es uno de los más valiosos elementos del patrimonio moral y social y un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad.[3] El derecho al buen nombre, como expresión de la reputación o la fama que tiene una persona, se lesiona por las informaciones falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo.[4]
Por su parte, el artículo 21 de la Carta contempla el derecho a la honra, concepto este último que aunque en gran medida asimilable al buen nombre, tiene sus propios perfiles y que la Corte en la sentencia T-411 de 1995[5] definió como la estimación o deferencia con la que, en razón a su dignidad humana, cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan. Puso de presente la Corte que, en este contexto, la honra es un derecho “... que debe ser protegido con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad”.
En cualquier caso, la honra es un derecho fundamental de todas las personas, que se deriva de su propia dignidad y que por lo tanto demanda la protección del Estado a partir de esa consideración de la dignidad de la persona humana. Al referirse al núcleo del derecho a la honra, la Corte, en Sentencia T-322 de 1996[6], señaló que del mismo hace parte tanto, la estimación que cada individuo hace de sí mismo, como, desde una perspectiva externa, el reconocimiento que los demás hacen de la dignidad de cada persona, y expresó que para que pueda tenerse como afectado el derecho a la honra, esos dos factores debe apreciarse de manera conjunta.
Así, en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia su domicilio y su correspondencia, ni de ataques a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias y ataques.”
Y el artículo 14 del mismo pacto precisa, en su numeral 1, que “toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.” Y agrega, en el numeral 2 que “en ningún caso la rectificación o respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en se hubiera incurrido.”
Dado su carácter de derechos fundamentales, tal como se acaba de expresar, el buen nombre y la honra cuentan con un mecanismo de protección de rango constitucional, como la acción de tutela. Tal protección, ha señalado la Corte, es la más amplia y comprensiva, y pese a su carácter subsidiario, no se ve desplazada por otros medios de defensa judicial, particularmente el penal, cuando no obstante que una determinada conducta no constituya delito si implique una lesión de los bienes jurídicos protegidos. Así, en Sentencia T-263 de 1998, la Corte expresó que “[l]a vía penal sólo protege determinadas vulneraciones a los anotados derechos fundamentales, al paso que la protección que la Constitución Política depara a los mismos es total. Por esta razón, existen violaciones a la honra y al buen nombre de las personas que, sin llegar a constituir formas de injuria o de calumnia, sí afectan estos derechos y, por ende, autorizan su protección por vía de la acción de tutela, cuando ello es necesario para evitar la consumación de un perjuicio irremediable.”
Con frecuencia se han expresado en nuestro medio opiniones favorables a la descriminalización de las conductas que atentan contra esos bienes jurídicos, sin embargo en la exposición de motivos del proyecto de Código Penal presentado a la consideración del Congreso de la República por el Fiscal General de la Nación, se puso de presente que tal opción no estaría en consonancia con el contexto constitucional que califica la honra como derecho fundamental y objeto de especial garantía para la persona por parte del Estado. A ese efecto el Fiscal General acogió en su exposición una expresión de la Corte Suprema de los Estados Unidos conforme a la cual “... el derecho individual a la protección del propio buen nombre no refleja más que nuestro concepto básico de dignidad esencial y valor de todo ser humano, un concepto que ha de hallarse en la raíz de cualquier sistema decente de libertad ordenada” ( Rosenblat vs. Baer. 1966).
En esta materia, de manera reiterada la Corte Suprema de Justicia ha expresado que para que se estructure el delito de injuria se requiere el animus injuriandi o sea la conciencia del carácter injurioso de la acción.[7] Tal como lo ha expresado esta corporación retomando la jurisprudencia de la Corte Suprema, tal requisito comporta “...(i) que la persona impute a otra conocida o determinable un hecho deshonroso, (ii) que quien haga la imputación tenga conocimiento del carácter deshonroso de ese hecho, (iii) que el carácter deshonroso del hecho imputado dañe o menoscabe la honra de aquella persona, (iv) que quien haga la imputación tenga conciencia de que el hecho atribuido tiene esa capacidad de dañar o menoscabar la honra de la persona” [8].
A su vez, en relación con la calumnia, la Corte Suprema de Justicia, también de manera reiterada, ha expresado que “... para que el tipo penal que define la calumnia tenga realización es imprescindible que en la expresión tildada como tal, con ánimo de ocasionarle daño, se impute falsamente a una persona su autoría o participación en una conducta sancionada penalmente.”
Sin embargo, la Corte ha encontrado que en determinados casos, tanto la naturaleza de los bienes jurídicos, como la gravedad de las conductas cuya exclusión se impone como medida para su protección, hacen que del ordenamiento constitucional, incorporados en él los tratados que forman parte del bloque de constitucionalidad, se derive el imperativo de criminalizar ciertos comportamientos. Así, por ejemplo, la Corte ha señalado que existe un deber constitucional de sancionar penalmente conductas tales como la tortura, el genocidio, las ejecuciones extrajudiciales, o las desapariciones forzadas.[9]
La opción, entonces, de criminalizar una conducta, en aquellos eventos en que no está constitucionalmente impuesta o excluida, implica que el legislador ha considerado que para la protección de cierto bien jurídico es necesario acudir a mecanismos comparativamente más disuasivos que otros que podrían emplearse, no obstante su efecto limitativo de la libertad personal. Sin embargo, en el Estado de Derecho, a esa solución sólo puede llegarse cuando se ha producido una grave afectación de un bien jurídico, mediante un comportamiento merecedor de reproche penal y siempre y cuando que la pena resulte estrictamente necesaria.[10]
Frente a los delitos que afectan la honra y el buen nombre, el artículo 225 del Código Penal trae una regulación distinta de la contenida en el anterior ordenamiento penal. En particular, sustituye la exclusión de la punibilidad, por la extinción de la acción penal y la consiguiente imposibilidad de derivar la responsabilidad penal del agente. En principio, frente a la clara y expresa manifestación del legislador, no cabe asumir, como sugiere en su concepto el señor Procurador General de la Nación, que se trata de un error conceptual, para predicar, desde una diferente perspectiva dogmático penal, que no obstante el cambio en las expresiones, el contenido de regulación se mantuvo inalterado, y que lo que procede en este caso, es, tal como ocurría conforme a la previsión del antiguo código, una exclusión de la punibilidad. De hecho, en la exposición de motivos del proyecto de ley por medio la cual se expide el Código Penal, se expresó que una transformación evidente del nuevo código con respecto al anterior, puede apreciarse, precisamente, en “... la sustitución del concepto de eximente de punibilidad que consagra el actual artículo 317, por el de eximente de responsabilidad que se postula en el artículo 218 del proyecto, lo que de suyo repercute en la economía procesal ...” .[11] El correcto entendimiento de esta manifiesta intención del legislador lleva a concluir que, en el nuevo ordenamiento penal, producida la retractación, no tiene sentido ya iniciar o continuar la acción penal, la cual, por disposición de la ley, se extingue, sin que sea posible, en consecuencia, derivar responsabilidad penal al agente.
Tal como lo pone de presente el señor Procurador “... en el reato de falsa denuncia no sólo existe la atribución de un hecho falaz sino que ello se hace ante las autoridades judiciales con la intención de engañar a la administración de justicia y ponerla al servicio del autor con mentiras, provocando su desgaste...”. Por la gravedad que el ordenamiento le ha atribuido a esa conducta, su investigación se impone de manera oficiosa y, por consiguiente, a diferencia de lo que ocurre en los delitos de injuria y calumnia, no cabe el desistimiento del afectado.
Que la H. Magistrada doctora Clara Inés Vargas Hernández, no firma la presente sentencia por cuanto se encuentra en permiso, el cual fue debidamente autorizado por la Sala Plena de esta Corporación.
Demandante: Guillermo Pardo Piñeros
De conformidad con la jurisprudencia de la Corte, dadas las funciones de esta libertad y en particular la función social de control del poder que cumple la libertad de expresión sobre todo cuando es ejercida a través de los medios masivos de comunicación,[12] la Constitución, prima facie, le ha otorgado primacía cuando entra en conflicto con otros derechos fundamentales. Así, en la sentencia T-066 de 1998, la Corte dijo lo siguiente:
“La libertad de prensa constituye un requisito esencial para la existencia de la democracia. En efecto, una prensa libre contribuye a informar y formar a los ciudadanos; sirve de vehículo para la realización de los debates sobre los temas que inquietan a la sociedad; ayuda de manera decisiva a la formación de la opinión pública; actúa como instancia de control sobre los poderes públicos y privados, etc. Además, la libertad de prensa es fundamental para el ejercicio pleno del derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues para que una persona pueda definir y seguir de manera apropiada la orientación que le desea dar a su existencia es necesario que tenga la posibilidad de conocer distintas formas de concebir la vida y de comunicar su propia opción vital.”
No obstante el carácter preferente de la libertad de prensa, ello no significa, que este derecho tenga un carácter absoluto y carezca de límites. Por ello, esta Corporación ha también admitido, en numerosas decisiones, ciertas restricciones a la libertad de expresión a fin de proteger y asegurar, en ciertos casos concretos, otros bienes constitucionales, como la vida o los derechos a la intimidad o al buen nombre.[13]
Pero la solución del conflicto entre libertad de prensa y otros derechos constitucionales, puede encontrarse sin acudir al derecho penal. Por ejemplo, el legislador colombiano desarrolló distintos remedios que a la vez que garantizan el cumplimiento de la función social de la libertad de prensa, protegen los derechos constitucionales que puedan verse afectados por su ejercicio. Dentro de tales remedios se encuentran el derecho de rectificación y la acción de tutela,[14] como instrumentos adecuados para evitar que los derechos a la honra y al buen nombre de las personas se vean menoscabados por informaciones falsas que afectan la reputación de las personas.
[1] Artículo 435. Falsa denuncia. El que bajo juramento denuncie ante la autoridad una conducta típica que no se ha cometido, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años y multa de dos (2) a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...) Artículo 440. Circunstancia de atenuación. Las penas previstas en los artículos anteriores se reducirán de una tercera parte a la mitad, si antes de vencerse la última oportunidad procesal para practicar pruebas, el autor se retracta de la falsa denuncia.
[2] El artículo 318 del derogado Código Penal, señalaba que: “ No habrá lugar a punibilidad si el autor o partícipe de cualquiera de los delitos previstos en este Título, se retractare antes de proferirse sentencia de primera o única instancia con el consentimiento del ofendido, siempre que la publicación de la retractación se haga a costa del responsable, se cumpla en el mismo medio y con las mismas características en que se difundió la imputación o en el que señale el juez, en los demás casos. / No se podrá iniciar acción penal, si la retractación o rectificación se hace pública antes de que el ofendido formule la respectiva denuncia.”
[3] Sentencia T-977 de 1999
[4] En la Sentencia SU-082 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía, la Corte hace una relación de la jurisprudencia en torno al concepto y los alcances de los derechos al buen nombre y a la honra.
[7] Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, Auto expediente 10139 M.P. Carlos Gálvez Argote
[8] Sentencia C-392-2002 M.P. Alvaro Tafur Galvis., que refiere a Auto del 29 de Septiembre de 1983 de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, con ponencia del Magistrado Fabio Calderón Botero.
[9] Ver sentencias C-225 de 1995, C-368 de 2000, C-177 de 2001 y C-226 de 2002.
[10] En este sentido, Mario Romano, Merecimiento de Pena, Necesidad de Pena y Teoría del Delito, en Fundamentos de un Sistema Europeo de Derecho Penal. José María Bosch, ed. Barcelona 1995. En ese mismo volumen pueden examinarse también ensayos de diversos autores alrededor de los conceptos de merecimiento de la pena y necesidad de la pena y de sus relaciones con la estructura del delito.
[11] Gaceta del Congreso No. 139 de 1998. p. 13.
[12] Ver entre otras, las sentencias T-066 de 1998, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, T-609 de 1992, MP: Fabio Morón Díaz; y C-087 de 1998, MP: Carlos Gaviria Díaz
[13] Ver, entre otras, las sentencias C-179 de 1994, MP: Carlos Gaviria Díaz y C-586 de 1995, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio Hernández Galindo.
[14] Ver, entre otras, las sentencias T-080 de 1993, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz; T-472 de 1996, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz; Sentencia T-602 de 1995, MP. Carlos Gaviria Díaz; T-206 de 1995, MP: Jorge Arango Mejía; T-094 de 2000, MP: Alvaro Tafur Galvis, T-131 de 1998, MP: Hernando Herrera Vergara, T-1000 de 2000, MP: Vladimiro Naranjo Mesa

References: artículo 225
 artículo 20
 artículo 225
 artículo 21
 artículo 12
 artículo 14
 artículo 225
 artículo 317
 artículo 218
 Artículo 435
 Artículo 440
 artículo 318