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Timestamp: 2017-04-28 05:51:12+00:00

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Revista Juridica Nº 349 by undefined - issuu
Nº349EL DERECHO
AGRARIO EN LA
4 Y 5 GINO ROGGERO D´ANGELO2-3 / Lineamientos de ajuste para el Poder Judicial GUILLERMO H. VALDIVIESO MÉNDEZ
6 / 7 La acción pauliana en la Corte Suprema de Justicia FORT NINAMANCCO CÓRDOVA
8 / La prescripción en los procesos administrativos disciplinarios PEDRO A. TOLEDO CHÁVEZCMYKCMYK.BSUFTEFBCSJMEFt"×P2Suplemento de
análisis legalPROPUESTAMARTES 5 DE ABRIL DE 2011Lineamientos de
ajuste para el Poder Judicial
VALDIVIESO MÉNDEZCMYKCMYKEx juez superior de la Corte
de Justicia de Lima. Ex
regidor metropolitanoLa acertada designación del juez
supremo titular César Eugenio
San Martín Castro como presidente del Poder Judicial (PJ) augura promisorios vientos de cambio, reforma y ajuste
que han de posibilitar que la impartición
de justicia recupere su majestad y autonomía. Y es que mientras no se patentice
la defensa del PJ frente a los intervencionismos de diferente índole, difícilmente se
permitirá una auténtica reforma de este
En verdad, qué duda cabe, que cualquier intromisión será siempre un obstáculo e impedimento para concretar los
grandes propósitos de los jueces en sus
cuatro niveles –de paz letrado, especializado, superior y supremo– que son honestos y dignos, y que, afortunadamente,
todavía hay en el PJ.cederles en deﬁnitiva y sin medias tintas
ni marcha atrás absoluta y total autonomía funcional y presupuestal, y, asimismo,
independencia real, sin mayores limitaciones que las establecidas en la Constitución y en sus propias leyes orgánicas
y reglamentos. En consecuencia, se debe
dar pleno cumplimiento a la Carta Magna
vigente, que en sus artículos 139, inciso
2, y 146, inciso 1, establecen estos principios. El asunto está en que no debe quedar en simple literatura constitucional, sino de deben ser
de cumplimiento obligatorio, imperativo, para
que sean efectivas de
verdad.AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA
Sin duda, esta autonomía e independencia judicial plantea que el propio PJ
bosqueje su propia reforma, que destierre deﬁnitivamente el intervencionismo y
otros males, como lo señalan los analistas. Éstos han subrayado que los peruanos adolecemos de un servicio de justicia
inseguro, impredecible, decadente, lento,
moroso, corrupto, con jueces, salvo honrosas excepciones, sin compromiso social ni
formación especializada e intelectual,
y, por lo mismo, académicamente
anodinos. Lo que falta es determinar cuánto de esto es cierto,
ya que siempre caemos en
generalizaciones.LA REFORMA
Reformar el PJ, el Ministerio Público
(MP) o el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), instituciones a las que las une
el cordón umbilical llamado justicia, no es
tarea fácil, sino sumamente compleja, agravándose aún más cuando se produce esa
lacra del intervencionismo que, en el pasado, tanto daño ha hecho no solo al PJ sino
también a las instituciones mencionadas.
En realidad, la premisa fundamental
para el caso de una verdadera reforma
de estos órganos de justicia transita por
la voluntad del Estado peruano, de con-jurídicaSOLUCIONES
Intentaremos, en lineamientos generales, un marco de acción, aunque repitamos algunos conceptos e ideas antes
formuladas. Veamos, pues.1.Hay que entender que las decisiones del PJ deben ser el resultado
de una función absolutamente autónoma
e independiente de toda o cualquier intromisión de los otros poderes del Estado
y del dinero, con lo cual se desterrará o
evitará la impunidad.2.Imponer objetivos mecanismos de
selección y elección de sus integrantes en los cuatro niveles mencionados, y asimismo, por un lado, para escoger
a los suplentes que ocupan plazas de niveles superiores, y, por otro lado, para el
nombramiento de los provisionales.
Qué duda cabe que el PJ requiere
de jueces idóneos, de un gran nivel intelectual con formación académicamente
especializada, con un alto sentido y percepción de valores, como la transparencia, la verdad, la equidad y la justicia;
ponderados, equilibrados y, sobre todo,
honestos. Este debe ser el perﬁl del juez
aunado a uno psicológico que corrobore
tales condiciones de un ser humano con
profunda raigambre de valores. Ya no es
la época del juez positivista o del simple
y llanamente “operador del derecho.” El
juez debe orientar su formación hacia el
logro de llegar a ser un jurista.
Un tema crucial y fundamental, anexo
al anterior, es el relativo a la conducta
funcional de los jueces. En un artículo que
publicamos en este suplemento, con fecha
6-04-2010, bajo el título “Hacia la reforma
del Consejo Nacional de la Magistratura”,
señalaba, bajo expresa fundamentación,Directora (e): Delﬁna Becerra González | Subdirector: Jorge Sandoval Córdova | Editor: Francisco José del Solar |
Coeditora: María Ávalos Cisneros | Editor de diseño: Julio Rivadeneyra Usurin |Jurídica es una publicación deLas opiniones vertidas son de exclusiva responsabilidad de los autores. Sugerencias y comentarios: fdelsolar@editoraperu.com.pe2008 © Todos los derechos reservadosPROPUESTA3.Sin duda, la organización del PJ
demanda una reforma, reorganización o reingeniería urgente con la ﬁnalidad de lograr una mejor impartición
de justicia, como ha quedado dicho. Es
evidente que la lentitud y la morosidad
en el desarrollo de los procesos se debe,
entre otras causas, a una estructura organizacional inadecuada que provoca gran
concentración y sobrecarga procesal.
La solución, a nuestro criterio, pasa
por una mayor y más eﬁciente descentralización del PJ, que le dé dinámica y agilidad, así como por una adecuada, eﬁciente
y eﬁcaz interpretación del ordenamiento
legal del país, que se haga con mejor y
mayor criterio de juridicidad, del juez jurista, y si los códigos legales no sirven hay3CMYKSuplemento de
análisis legalUn tema crucial y fundamental, anexo al anterior, es el relativo a la conducta
funcional de los jueces. En un artículo que publicamos en este suplemento,
con fecha 6-04-2010, bajo el título “Hacia la reforma del Consejo Nacional
de la Magistratura”, señalaba, bajo expresa fundamentación, que esta tarea
debe ser de exclusiva y absoluta responsabilidad del CNM.
que proponer los cambios y las modiﬁcaciones al Poder Legislativo. Esta descentralización implica la creación de por lo
menos cuatro cortes supremas regionales
–Arequipa, Lima, Trujillo y Huancayo–
bajo el gobierno de una Corte Suprema
Nacional, así como de cortes o módulos
distritales, en función de la densidad poblacional. Estos últimos deben establecerse en una sola unidad inmobiliaria que
integre una o más salas superiores, jueces
civiles, penales o mixtos, jueces de paz,
ﬁscales, Policía del Ministerio Público,
además de una dependencia de detención
La Corte Suprema Nacional debe estar
integrada por no más de trece magistrados, que conformen por lo menos dos salas
jurisdiccionales especializadas, dos jueces
supremos en lo administrativo y un presidente de corte, que lo será igualmente del
PJ. El presidente de la Corte Suprema Na-cional, conjuntamente con los presidentes
de sala y los jueces supremos administrativos, constituirán un Consejo de Gobierno,
que dirigirá la institución a través de un
Código de Administración Judicial.
La Corte Suprema Nacional debe convertirse en Corte de Casación que resuelva
asuntos relevantes y trascendentes, y en
un regulador jurisprudencial y normativo
a través de plenos jurisdiccionales y proyectos de ley. Sus resoluciones y acuerdos
deben ser modelos, ejemplo y paradigma
para la judicatura en general y deben
convertirse en precedente de obligatorio
Las cortes supremas regionales funcionarán como una tercera instancia jurisdiccional, deﬁniendo las controversias puestas
a su conocimiento, a través de resoluciones
con el carácter de Ejecutoria Judicial, salvo
casos sujetos a casación o de conocimiento
del Tribunal Constitucional.4.El tema del Presupuesto del PJ,
siempre cercenado, resulta insuﬁciente y es la mayor diﬁcultad con la que
todas las administraciones judiciales han
padecido y aún sufren. Es cierto y evidente que, entre otros factores, el económico
resulta fundamental para que se posibilite
que la autonomía e independencia funcional se desarrolle con eﬁciencia, contando
con condiciones de trabajo adecuadas y
sin la limitación permanente o crónica de
recursos que restringe y recorta su funcionamiento y despegue.
Por ello, el servicio público judicial,
junto con la educación y la salud, debe
privilegiarse, y el Estado peruano ser consecuente y entender que la justicia no es
un valor secundario, concediéndole al PJ
el presupuesto que corresponda, pues
la eﬁciencia de su servicio deﬁne lo que
toda sociedad reclama: paz social y justicia igual para todos. ◆CMYKque esta tarea debe ser de exclusiva y
absoluta responsabilidad del CNM, planteando la desactivación de la Oﬁcina de
Control de la Magistratura, para que este
contingente de la judicatura se reintegre
a labores propiamente jurisdiccionales, lo
que no signiﬁca o importa que dentro de
la jerarquización judicial los estamentos
correspondientes, al conocer en Queja,
Apelación, Recurso de Nulidad o Casación, no destaquen aquellas inconductas
dolosas o de grave negligencia funcional,
para hacerlas de conocimiento, bajo responsabilidad, del CNM.
En este punto, relativo a la selección
y designación de jueces, las universidades del país, a través de sus facultades
de Derecho, conjuntamente con el CNM
y la Academia de la Magistratura (Amag),
deberán jugar un papel fundamental y decisorio en la suerte y desarrollo del PJ. Las
primeras, descubriendo en sus alumnos
su vocación por la magistratura judicial,
programando para sus dos últimos años,
estudios especializados. La Amag, como
paso obligado de todo candidato a una
judicatura, que lo forme, lo prepare y lo
especialice, por los menos dos años, como
requisito previo para postular a un cargo
judicial ante el CNM. Finalmente, este organismo responsable de la selección de
los jueces debe ser más riguroso, exigente
en los exámenes académicos –que son
más objetivos y veriﬁcables– y no tanto
en la entrevista, que resulta más subjetiva e inﬂuenciable e imposible de veriﬁcar.
Solo así la Nación peruana gozará de tener a los jueces más caliﬁcados e idóneos,
hasta que no se lleve a cabo el proceso de
elección popular para los jueces de paz.MARTES 5 DE ABRIL DE 20114-5Suplemento de
análisis legalMARTES 5 DE ABRIL DE 2011El rol actual del Derecho agrario
ROGGERO D´ANGELOCMYKAbogado por la PUCP. Máster
en Gestión Pública por la
U. de Potsdam (Alemania)
Consultor en temas agrarios y proyectos
de desarrollo local.Planteamos como hipótesis de trabajo que la desorientación y yerro
continuo en la elaboración y aplicación de normas legales agrarias y el nivel
alto de conﬂictividad en el sector agrario, se
deben a la falta de un enfoque agrarista en
nuestro sistema jurídico.
El enfoque vigente, civilista y comercial,
es insuﬁciente porque después de al menos
veinte años de aplicación, no ha contribuido decisivamente a la reducción del número de conﬂictos agrarios ni en la formación
de una política de estado agraria.CMYKEL DERECHO AGRARIO PERUANO EN
¿Qué temas podrían regularse o estudiarse en el Derecho agrario, distintos a los
que ya se tratan en el Derecho Civil?, me
preguntaba en 2008 el director de Postgrado de una universidad local. En realidad, la
interrogante muestra la tensión permanente entre autonomía y subordinación dentro
Aunque no es propósito de este artículo
discutir o rebatir la autonomía del Derecho
agrario ni su trayectoria actual, conviene
destacar su aislamiento (o abandono, como
preﬁere caracterizarlo el agrarista y ex magistrado agrario Luis Dongo Denegri (1).
Sin duda que la Reforma Agraria, con su
carga ideológica innegable, afectó la evolución posterior del Derecho agrario peruano.
Aunque el legado de la Reforma sigue siendo discutible, fue inevitable ligar muchas de
sus consecuencias al sistema legal y judicial
que lo sustentó, justamente, el Derecho y el
Fuero agrarios, moldeados durante los años
del último gobierno militar.
Instaurado el régimen constitucional
en 1980, se fue desmontando el sistema
legal y jurídico construido durante el período de la Reforma Agraria, lo que incluyó la
desactivación del Fuero Agrario. De modoque, ﬁnalizada la década de los años 90, la
institucionalidad agraria quedó seriamente
deteriorada, más aún con la crisis económica producida por los efectos de la crisis
ﬁnanciera y la subversión armada de los
años 80 y principios de los años 90.
Este menoscabo institucional termina
por arrinconar al Derecho agrario, pues, el
cuestionamiento a su paradigma perdurará
a lo largo de esas dos décadas. No debería
sorprendernos, entonces, la supresión de los
cursos de Derecho agrario en casi la totalidad de universidades peruanas. Incluso, los
estudios legales sobre el sector agrario disminuyeron dramáticamente (aunque no los
de carácter técnico), mientras que numerosos temas se diluyeron en el Derecho civil o
fueron incorporados a otras especialidades,
como el Derecho ambiental. Sin embargo,
muchos especialistas continuaron difundiendo los estudios legales agrarios, princi-palmente desde organizaciones de desarrollo no gubernamentales –ONG– (2).
DEL ENFOQUE LEGAL CIVILISTA
Y COMERCIAL AL ENFOQUE
Tal como hemos anotado, el paradigma
de la Reforma Agraria condicionó el desenvolvimiento del Derecho agrario, para luego
ser sustituido enérgicamente, durante el periodo 1992-2000, por un paradigma basado
sustancialmente en un enfoque civilista y
comercial en el sector agrario.
A pesar del uso intensivo de este enfoque civilista y comercial, no se ha terminado de resolver cuestiones esenciales para
la actividad agraria, mientras que se suman
a esta agenda pendiente retos y amenazas
nuevas para su desarrollo, como el cambio
climático, la seguridad alimentaria, el cultivo ilegal de coca que afecta la disponibili-dad de la tierra para otros cultivos legales,
la competencia entre distintos usos de la
tierra (para las actividades extractivas, la
expansión urbana, o para la siembra de
cultivos destinados a la producción de biocombustibles) o la disponibilidad hídrica
Este resultado insatisfactorio se debe
a la aproximación estrecha que tiene el
enfoque civilista y comercial. Al respecto,
citamos tres áreas sensibles donde puede
apreciarse la insuﬁciencia de este enfoque.
El programa PETT de titulación de tierras
agrarias no ha terminado con este proceso
vital, aun cuando se asumió que su transferencia a Cofopri podría favorecer la culminación de las titulaciones pendientes. Pero
el concepto de propiedad privada, aplicable
al ámbito urbano, es diferente al del ámbito
rural, donde la propiedad comunal persiste
junto a otras formas de tenencia de la tie-ENFOQUE AGRARISTAAunque no es propósito de este artículo
preﬁere caracterizarlo el agrarista y ex
magistrado agrario Luis Dongo Denegri.
rra (como en las comunidades campesinas
y nativas).
Además, en el caso de las empresas
azucareras, este enfoque civilista y comercial ha privilegiado soluciones accionarias
o de protección patrimonial, así como de
carácter empresarial, como cuando se
pensó que cambiar el modelo cooperativo
al modelo de sociedad anónima resolvería
los problemas de gestión. Otro caso que
muestra el agotamiento de este enfoque esel D. Leg. 1020. Si bien la entidad asociativa
agraria no constituye una persona jurídica,
afecta la institucionalidad existente, pues,
fomenta la formación de organizaciones
paralelas en los valles, y con menor número
Todo escenario de inestabilidad en la
política de estado agraria obliga a las instituciones de la cooperación internacional
a plantear sus propias estrategias de desarrollo agrario y rural. Es el caso reciente deEL ENFOQUE AGRARISTA DEL
DERECHO AGRARIO Y SU ROL EN LA
La inestabilidad legislativa y la imprevisibilidad causan incertidumbre, controversias
y conﬂictos permanentes. Esta situación está
reﬂejada en los numerosos conﬂictos socioambientales que ha registrado la Defensoría
del Pueblo en su Reporte de Conﬂictos Sociales N° 84, de febrero de este año. Este
mapa de conﬂictos a escala nacional revela
que el 48.3% de los 160 conﬂictos activos
son socioambientales (113 casos), con un
componente agrario notable o de naturaleza
preferentemente agraria. Incluso, de los 11
casos en observación, 7 son socioambientales, con un componente agrario fuerte.
Además, el único caso en observación catalogado como laboral, también tiene un componente agrario.
Estos conﬂictos a escala nacional
muestran que la prevención y solución de
los conﬂictos agrarios fallan permanente-mente. De modo que un enfoque agrarista
desde el Derecho agrario, pero con la colaboración interdisciplinaria de las ciencias
agrarias y de otras disciplinas jurídicas,
como el Derecho ambiental (3), puede contribuir decisivamente en la comprensión
amplia y detallada de la cuestión agraria
y transformar esa comprensión en normas
legales con un alto grado de vigencia o
En este sentido, el Congreso debatirá
próximamente dos proyectos de ley importantes para el sector agrario: sobre la
Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sobre la
situación patrimonial de las empresas azucareras. Asimismo, discutirá si se allana a
las observaciones del Poder Ejecutivo a la
“Autógrafa de Ley N° 413 del Derecho a la
Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u
Originarios reconocido en el Convenio 169
de la OIT” o si insistirá en el proyecto de autógrafa original. El resultado final en estos
tres casos legislativos, puede representar el
punto de quiebre entre el enfoque civilistacomercial y el enfoque agrarista aquí propuesto. ◆[1] “El Agro requiere capitalización
urgente”. Entrevista a Luis Dongo
Denegri, 30-11-2009, en: http://
www.detrasdelacortina.com.pe/leer.
php?sec=3&cd=89
[2] Uno de los agraristas que
continuó con las investigaciones en
Derecho agrario fue el recientemente
fallecido jurista Guillermo Figallo
Adrianzén. Sus estudios posteriores
a la Reforma Agraria han delineado
el Derecho agrario peruano
contemporáneo. Es importante
también el trabajo del agrarista y ex
magistrado Florencio Díaz Bedregal:
“Hacia una justicia agraria y
agroambiental en el Perú”, publicado
el 2008, en el cual desarrolla la
dimensión judicial del Derecho
agrario peruano contemporáneo.
[3] En este sentido, deben
destacarse los estudios pioneros
de Pierre Foy Valencia sobre la
perspectiva ambiental del sector
agrario (expuestos durante el
Primer Foro de Derecho Agrario
Peruano, organizado por el CAL el
10-12-2009). Un estudio reciente
sobre esta perspectiva es su articulo
“Marco legal básico de la producción
orgánica” publicado en la Revista del
Foro del CAL, Año XCII (2011), N°
96, pp. 143-153.CMYKla “Estrategia para el área prioritaria Desarrollo Rural Sostenible, Gestión de Recursos
Naturales y Cambio Climático de la Cooperación Alemana en el Perú”, convertida en
guía obligatoria por la Agencia Peruana de
Cooperación Internacional (Resolución Directoral Ejecutiva Nro. 016-2011/APCI–DE,
de 22-02-2011).
El enfoque agrarista que aquí proponemos, pretende analizar los temas del sector
agrario con una perspectiva interdisciplinaria, y no estrecha como se ha desarrollado
el enfoque civilista y comercial. Esta perspectiva interdisciplinaria depende de un
soporte técnico que en el Derecho agrario
está representado, especialmente, por las
ciencias agrarias. Esta simbiosis funciona ya
auspiciosamente en el Derecho ambiental.
De nuestra parte, atestiguamos la ﬁrmeza
del enfoque agrarista a través del trabajo
legal realizado recientemente en el sector
maicero y del sorgo, así como en el campo
de la certiﬁcación de semillas, donde propuestas legales y administrativas se diseñaron sobre criterios técnicos aportados por
los actores principales, sean productores
agrarios o comités departamentales de semillas, discutidas luego con los funcionarios
estatales del sector.CMYKo en la prevención de conflictos6Suplemento de
análisis legalANÁLISISMARTES 5 DE ABRIL DE 2011La acción pauliana en nuestra
NINAMANCCO CÓRDOVACMYKProfesor de Derecho Civil en
las universidades SMP, IGV
y SJB.En la sentencia en Casación Nº
1965-2009-LIMA, publicada el
30-12-2010 (Pág. 29103), se analiza la aplicación de los presupuestos (o, si
se quiere, “requisitos”) de la acción pauliana a un caso concreto. Tal análisis tiene
aspecto singular que puede ser resumido
del siguiente modo.CMYKEL CASO
Un deudor celebra un contrato de
donación con uno de sus parientes, por lo
cual su acreedor interpone una demanda
de acción pauliana. En el proceso se acredita la existencia de una deuda (previa a la
donación) impaga y la notable disminución
del patrimonio del deudor. Sin embargo,
éste argumenta que su patrimonio aún se
encuentra “sólido”, toda vez que ostenta
créditos garantizados con hipotecas, razón
por la cual solicita que la demanda sea declarada infundada.
De la revisión de la sentencia, se advierte que el juez de primera instancia tuvo
como soporte principal de su decisión lo
dispuesto en la primera parte del artículo 195 del Código Civil (CC), dado que el
negocio jurídico cuestionado es un acto a
título gratuito. La demanda es declarada
fundada ya que se aprecia una deuda impaga y la notoria disminución del patrimonio inscrito del deudor a consecuencia de
dicha donación, lo que conlleva que la posibilidad del respectivo cobro se diﬁculte.
La sala superior patrocina una opinión
diferente. Así, sostiene que los créditos que
pertenecen al demandado, al encontrarse
respaldados con garantías hipotecarias,
son capaces de garantizar adecuadamente
la satisfacción de la acreencia de la parte
demandante, no siendo necesario que se
acredite que el demandado haya iniciadolas acciones de cobro de dichos créditos. En
tal contexto, la sala superior concluye que
la presunción de perjuicio se desvanece,
por consiguiente revoca la apelada.
EL “EVENTUS DAMNI” COMO
PRESUPUESTO DE LA ACCIÓN
El deudor responde del cumplimiento
de sus obligaciones con todos sus bienes.
Esto es lo que se conoce como el principio
de responsabilidad patrimonial del deudor. Así, en caso que la obligación no sea
cumplida de algún modo por el deudor, el
acreedor podrá satisfacer coactivamente
sus créditos con el patrimonio del deudor.
Éste, por tanto, constituye la garantía legal de todos los créditos y grava todos los
bienes del deudor. Ella toma el nombre de“garantía genérica”, para distinguirse de
las “garantías especíﬁcas”, que son aquellas que se fundan en títulos particulares
(la hipoteca, por ejemplo).
Ahora bien, cuando el deudor efectúa
actos o negocios jurídicos que hacen que su
patrimonio se altere de manera que “debilite” considerablemente la garantía genérica, el acreedor puede solicitar, mediante la
denominada acción pauliana o revocatoria,
que, sólo en relación a él, tales negocios no
produzcan efectos, conservándose de esta
manera la garantía genérica. Ello es así
porque el “debilitamiento” de dicha garantía ciertamente implica un perjuicio para el
acreedor. La ineﬁcacia revocatoria, pues,
permite (al neutralizar el perjuicio mencionado) reintegrar al acreedor impugnante a
la misma situación de garantía patrimonialen que se encontraba, para el cobro coactivo de su crédito, antes de la realización del
negocio impugnado.(1)
Sin la presencia del referido perjuicio, en consecuencia, la acción pauliana
no tiene lugar, careciendo de sentido. Por
eso, no comparto la idea defendida por el
tratadista Pacchioni hace más de medio
siglo y con seguidores hasta hoy, quien
entiende que un mecanismo de tutela del
acreedor como la acción pauliana es el reﬂejo de una cierta facultad de control que
el acreedor tiene sobre la actividad patrimonial del deudor. En efecto, el acreedor,
en su calidad de tal y mientras no exista
perjuicio, nada puede “controlar” en su
deudor. Mientras la relación obligatoria se
desenvuelva con normalidad, de la acción
pauliana no existe el menor rastro.(2)ria– el surgimiento de una mera diﬁcultad
o mayor incomodidad en la ejecución para
el acreedor. Al contrario, debe establecerse que la situación patrimonial del deudor
hace prácticamente inservible la garantía
genérica. Para tal efecto, cabe advertir
que el perjuicio no signiﬁca sólo disminución cuantitativa del activo del deudor,
sino también alteración cualitativa, es
decir, una modiﬁcación que, sin menguar
su valor contable, incide gravemente en el
valor “in executivis” del patrimonio del
deudor.(5)
EL CRITERIO DE LA SALA SUPREMA
La Sala suprema (SS) refuta la posición
de la Superior aduciendo: i) Hay diﬁcultad
en el cobro porque el deudor ha quedado
sin otros bienes registrados; y, ii) El demandado no ha acreditado haber iniciado las
acciones de cobro de los créditos. La SS no
dice por qué era necesario que el demandado acredite tal cosa. Siendo ello así, podría
decirse que para la SS la garantía genérica
se mantiene sólida siempre y cuando el
deudor tenga derechos de propiedad inscritos por un valor suﬁciente, considerando
que otro tipo de activos resultan ser de
ejecución difícil. Sólo así podría entenderse
este enfoque de la SS.
Es vital establecer si los créditos del
demandado impiden que se pueda hablarSuplemento de
análisis legalde la presencia de un “eventus damni” en
el caso. En la doctrina no se ha esbozado
una idea que considere que la solidez de la
garantía genérica depende sólo de los derechos de propiedad inscritos. Los derechos
de crédito son perfectamente embargables
y, por consiguiente, una garantía genérica
sólida puede encontrarse constituida solamente por ellos. La posibilidad de realizar
coactivamente derechos de crédito no depende de si se han iniciado las respectivas
acciones de cobro (Art. 657 del CPC), por
tanto dichas acciones no deberían jugar un
papel relevante en la solución del caso. Lo
determinante, como se podrá advertir, es la
factibilidad de ejecución de tales derechos
Es más, el hecho de que el acreedor
se haya visto precisado a iniciar acciones
judiciales de cobro no sería un signo positivo, sino más bien negativo, en relación
a la fortaleza de la garantía genérica. Así
es, una fuerte garantía genérica no parece
que pueda estar conformada por créditos
litigiosos (compartiendo, por ende, esta
calidad las garantías reales correspondientes). En casos como este, conforme resulta
de la última parte del art. 195 del CC, el
juzgador debe centrarse en un examen
exhaustivo de la solidez de la garantía genérica, teniendo en cuenta que el “eventus
damni” no se traduce en la sola diﬁcultad7o tedio para el acreedor con miras a la ejecución, sino en una auténtica inutilidad de
la garantía genérica.
De otro lado, si se considerase que la
posibilidad de emplear la revocatoria es
connatural al derecho de crédito –como
pensaba Pacchioni–, podría creerse que el
acreedor está facultado para eliminar cualquier molestia que le ocasione el deudor.
No obstante, como esto no es exacto, tal
posibilidad aparece únicamente cuando se
pueda veriﬁcar una verdadera inutilidad de
la garantía genérica para la satisfacción
del cobro, precisamente por esto es importante establecer la relación entre la posibilidad de utilizar la revocatoria y el derecho
de crédito mismo.
La sentencia en casación comentada invita, pues, a reflexionar en torno a los alcances que tiene el “eventus damni” en nuestro
ordenamiento, el cual adquiere la máxima
importancia cuando se trata de evaluar casos como el decidido por la SS. Al respecto,
cabe concluir que la posibilidad de ejecución
coactiva de los derechos de crédito no depende de si los mismos están siendo o no
cobrados, tal como anota la Sala Superior.
Así las cosas, finalmente, se debe entender
también que en la evaluación del patrimonio
del demandado adquiere especial relevancia
el deber de motivación por parte del juzgador. ◆[1] BIANCA. Diritto Civile. 5. Milán, 1994, pp. 407 y ss; FERNANDEZ CAMPOS. El fraude de acreedores: la acción pauliana. Zaragoza, 1998, pp. 19 y ss.
[2] Téngase presente que esta idea de PACCHIONI, es una derivación de su tesis adherida a la teoría del débito y la responsabilidad para explicar la estructura de la obligación. Esta teoría partíade la premisa de que la obligación estaba constituida por dos relaciones jurídicas, que gozaban de autonomía una frente a la otra. Pero la doctrina posterior se encargó de demostrar que dicha
independencia no existía (ESCOBAR. Débito y responsabilidad en la estructura de la obligación: historia de una confusión. En: Derecho y Sociedad. Nº 15. Lima: PUCP, 2000, pp. 119 y ss.).
[3] MAFFEI ALBERTI. Il danno nella revocatoria. Padua, 1970, p. 17.
[4] LUCCHINI GUASTALLA. Danno e frode nella revocatoria ordinaria. Milán, 1995, pp. 170 y ss.
[5] FERNANDEZ CAMPOS. Op. cit. p. 43.CMYKEl perjuicio o “eventus damni” ha sido
concebido de diferentes formas a lo largo
del tiempo. Primero, se entendía como la
absoluta insolvencia patrimonial del deudor; luego, se consideró la idea de una
insolvencia “relativa”, o sea que pueden
existir otros bienes, pero no cuentan para
impedir hablar de perjuicio porque su ejecución resulta difícil o imposible para el
En Italia, cuya regulación es semejante
a la nuestra, surgió la idea de insolvencia
patrimonial anticipada, de forma que el
perjuicio pauliano se consideraba referido
a una situación del patrimonio del deudor
con relación a una futura y eventual ejecución antes de que dicha ejecución haya
sido intentada e, incluso, de que el acreedor esté en condiciones de practicarla. Esta
concepción implica una agilización y extensión de la protección del crédito.(3)
Dado que la ejecución forzosa es necesaria como punto de referencia para la
evaluación del “eventus damni”, se debe
entender que éste importa una persecución inútil de los bienes del deudor.(4)
Recuérdese que la facultad de utilizar la
acción pauliana no acompaña al acreedor
desde siempre, sino sólo cuando existe
una genuina situación patológica que es
preciso neutralizar; por ende, no basta
–para justiﬁcar el empleo de la revocato-MARTES 5 DE ABRIL DE 2011CMYKANÁLISIS8Suplemento de
análisis legalDOXA Y PRAXISMARTES 5 DE ABRIL DE 2011La prescripción en
plinarios toma conocimiento de la comisión
Como se aprecia, la diferencia está en la
caliﬁcación de la infracción y, por tanto, se da
la aplicación de la sanción.CMYKPedro Alberto
TOLEDO CHAVEZ
Abogado por la USMP.
Magíster en Gobernabilidad
por el Instituto de Gobierno
de la USMP.ANÁLISISDesde la vigencia de la Ley del Código de Ética y la Función Pública
aprobada mediante la Ley N°
27815, y sobre todo la permanencia de su
reglamento (DS N° 033-2005-PCM), se discute en cuanto a cuál es el plazo que tienen
las entidades públicas para el inicio de las
acciones administrativas tendentes a los procedimientos administrativos disciplinarios.CMYKPLAZOS
Lo que sucede es que el DS No. 005-90PCM, que es el Reglamento de la Ley de la
Carrera Administrativa y de Remuneraciones,
aprobado mediante el D. Leg. N° 276, que
sigue vigente, señala en su artículo 173º, que
el plazo que tiene la entidad para el inicio
de un procedimiento administrativo disciplinario es de un (1) año, contado a partir del
momento en que la autoridad competente
tenga conocimiento de la comisión de la falta disciplinaria. Por otro lado, el DS No. 0332005-PCM, señala en su artículo 17º que el
plazo de prescripción de la acción para el
inicio del procedimiento administrativo disciplinario, es de tres (3) años, contados a partir
de que la Comisión Permanente o Especial
de Procesos Administrativos Disciplinarios
toma conocimiento de la comisión de una
A todas luces se apreciaría que existiría una aparente contradicción. Sin embargo, esta no es así. Se trata de dos normas
complementarias una con la otra, es más,
el artículo 12º de la Ley de Código de Ética
establece que las entidades públicas establecerán las correspondientes sanciones confor-me a dicha ley, esto es, al D. Leg. N° 276 y
su reglamento. Igualmente el artículo 16º del
Reglamento de la acotada norma, señala que
el procedimiento administrativo disciplinario,
será regulado conforme a lo previsto en el D.
Leg. Nº 276 (Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Público) y su Reglamento aprobado por DS
Nº 005-90-PCM y sus modiﬁcatorias.
Entonces, existen dos plazos de prescripción en los procedimientos administrativos disciplinarios realizados en las entidades
públicas. La diferencia entre la aplicación de
uno y otro plazo, la encontramos en la norma matriz que se toma para caliﬁcar la conducta como infracción y, por ende, la sanción
a imponer.
Si la conducta del funcionario o servidor
público es caliﬁcada como falta según los
artículos 21º y 28º del D. Leg. N° 276, y, consecuentemente, le corresponde la sanciónprevista en el DS N° 005-90-PCM, conforme
a los parámetros y sanciones establecidos en
dicha norma, el plazo prescriptorio que se
aplicará para el inicio de un procedimiento
administrativo disciplinario será el indicado
en el artículo 173º del DS N° 005-90-PCM,
es decir, un (1) año, contado a partir del momento en que la autoridad competente tenga conocimiento de la comisión de la falta
Pero si la conducta del funcionario o servidor es caliﬁcada como falta según los artículos 6º, 7º y 8º de la Ley de Código de Ética
de la Función Pública (Ley N° 27815), y, en
cosecuencia, le corresponde la sanción prevista en el DS N° 033-2005-PCM, conforme
en el artículo17º, es decir, tres (3) años contados a partir de que la Comisión Permanente
o Especial de Procesos Administrativos Disci-Este racionamiento se fundamenta en
dos resoluciones emitidas por la Primera
Sala del Tribunal del Servicio Civil: Resolución
N° 034-2010-SERVIR-TSC-PRIMERA SALA,
de fecha 4-05-2010, seguido por Rubén
Varela Martel Pulido contra el Archivo de la
Nación, siendo el Régimen Disciplinario el D.
Leg. N° 276; y, la Resolución N° 035-2010SERVIR-TSC-PRIMERA SALA, de 4-05-2010,
seguido por Jorge Elías Chira Ascurra contra
el Archivo de la Nación siendo el Régimen
Disciplinario el D. Leg. N° 276.
En ambas resoluciones se efectúa un
análisis jurídico de las dos prescripciones
anteriormente señaladas y llegan a la conclusión de que los dos plazos coexisten y se
aplican según la norma matriz que ha servido
para caliﬁcar la conducta como infracción.
Si la Comisión de Procesos Disciplinarios
analiza la conducta de servidores o funcionarios desde una perspectiva de la Ley del
Código de Ética y la Función Pública, Ley N°
27815 y su Reglamento (DS N° 033-2005PCM), calificándolos como infracción, el plazo prescriptorio será de tres (3) años contados a partir de que la Comisión Permanente
o Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios toma conocimiento de la comisión
de una infracción. Por el contrario, si la comisión analiza la conducta desde una perspectiva del Régimen Disciplinario el D. Leg. N°
276, el plazo prescriptorio será de un (1) año,
contado a partir del momento en que la autoridad competente tenga conocimiento de
la comisión de la falta disciplinaria. ◆All pages:12345678InfoSaveLikeShareDownloadMoreRevista Juridica Nº 349 Published on Apr 5, 2011 Revista juridica publicada semanalmente por el diario el peruano el 05 de Abril 2011 visita http://tu-asesoralegal.blogspot.commabelcalleFollowAdvertisementRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore

References: artículo 195
 artículo 173
 artículo 17
 artículo 12
 artículo 16
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 Resolución

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