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Timestamp: 2020-03-29 23:30:43+00:00

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Valeria Guzmán, autor en Séptimo Sentido - Página 3 de 6
Posted on 5 agosto, 2018 4 agosto, 2018 by Valeria Guzmán Fotografías de Melvin Rivas
Andrea tiene 24 años, es bachiller, toca el violín, forma parte de un grupo de coreografías y quiere estudiar Diseño Gráfico. Pero quienes la ven entrar a este salón solo pueden notar algo en ella: en la mano tiene tatuajes que la relacionan con la pandilla Barrio 18.
Andrea es alta, tiene la piel y ojos claros. Cuando tenía 17 años llegó al centro por una condena de secuestro. No fue capturada sola, también su novio de la adolescencia fue enviado a prisión. Ella terminó hace dos años su educación media y se está formando en cuánto taller puede. A pesar de estar ocupada, los seis años y 10 meses que lleva presa no han pasado pronto. Este día ha salido, como el resto de sus compañeras, con el permiso de un juez a realizar una presentación de lo aprendido en sus clases de música.
El centro en el que ha pasado los últimos años se divide en dos sectores para mantener el orden y la paz entre muchachas con afinidad a la Mara Salvatrucha y al Barrio 18. Las rencillas entre las dos pandillas principales de El Salvador provocan homicidios a diario. Para un buen sector de la población, las pandillas marcan fronteras sociales y geográficas que no deben ser cruzadas.
En febrero de este año, un joven fue estrangulado por pandilleros en Ciudad Delgado porque vivía en un sector donde operaba otra pandilla. Y en junio, un joven zapatero fue asesinado en Panchimalco por el mismo motivo. Ese caso es uno de los 10 homicidios diarios que se promediaron hace un mes. El mensaje es claro. Dentro de las pandillas –y sus comunidades– es prohibido relacionarse con miembros de otras estructuras.
Las jóvenes colocan sus instrumentos detrás del escenario y entran a un salón para almorzar. La escena no es fraternal, pero llama la atención. Las internas toman asiento alrededor de la misma mesa y se reparten entre ellas la comida que les han brindado. Luego, almuerzan juntas.
El grupo parece una orquesta de colegio; solo el dispositivo de seguridad que se ha armado en el edificio demuestra que no lo es. Divididos entre las gradas del local, el parqueo y la entrada hay custodios de Centros Penales con la cara tapada y armas largas sobre el pecho dispuestos a evitar que las intérpretes de hoy escapen.
¿QUIÉNES LLEGAN A ESTE CENTRO?
El proyecto de formación musical ha sido gestionado por la Asociación Tiempos Nuevos Teatro (TNT). La asociación ha tenido que sortear varios retos para que las clases que se brindan tengan fruto. Por ejemplo, “el ISNA no quería que las jóvenes tuvieran los instrumentos en los cuartos”, sostiene el encargado del programa artístico, Julio Monge.
Los maestros de música llegan al centro solo una vez a la semana. Y, como las jóvenes están en sus celdas “desde las 5 de la tarde a las 6 de la mañana”, practicar con el instrumento solo media hora no daba mayores resultados, continúa explicando Monge. Por eso, hace más de un año surgió una petición: Solicitaron al ISNA que dejara que cada interna que pertenece a la orquesta tuviera su instrumento entre sus objetos personales. La institución no estaba segura de que eso fuera una buena idea. El riesgo era que algunas partes del instrumento pudieran ser utilizadas para otro fin menos loable que la música.
“El ISNA no quería porque decía que las cuerdas se podía utilizar para armas”, asegura Monge. El programa lleva ya tres años realizándose con distintas aprendices de música. Este grupo específico de la orquesta de cuerdas lleva un semestre practicando, y ya pueden tocar el instrumento dentro de sus dormitorios en sus tiempos libres. Pero cuando una cuerda se rompe, en lugar de botarla en un cesto de basura, es necesario que esta se reporte y se entregue a las autoridades.
Este martes en la colonia Escalón, más y más invitados continúan llegando al evento. Las internas se empiezan a preparar para el concierto que brindarán. La directora del centro, Graciela Bonilla, sostiene que las niñas que están a unos metros de ella “jamás en la vida imaginaron cambiar las armas que utilizaban por un violín, por un cello, por una viola”.
“Les metemos la idea de que el centro no está dividido por pandillas, porque realmente no tengo yo niñas que sean brincadas, como ellas mismas dicen, sino que son niñas que han tenido cierta afinidad, ya sea por sus amigos, por su pareja o por su familia”, sostiene la directora. Sin embargo, las clases de la escuela, de arte y servicios religiosos, sí se hacen por sectores divididos.
“El perfil, en general, de las adolescentes que ingresan al centro es la extrema pobreza, la vulneración de sus derechos, abuso sexual, niñas regaladas, explotación, relaciones inadecuadas entre la familia, familias desintegradas. Generalmente son niñas que se han acompañado a los 13, 14 años y han salido de las casas de sus padres, ya sea por pobreza o porque andan metidas con su pareja en situaciones ilícitas”.
Si una muchacha llega por un delito común –sin vinculación a pandillas– se investiga qué pandilla controla el territorio donde ella vivía, y así se le asigna sector, explica un empleado jurídico del centro.
El ISNA cuenta con cuatro centros para la inserción social de menores que han violado la ley. Estos fueron pensados como un lugar donde se le brinde orientación a los jóvenes para redireccionar sus vidas. Pero no siempre funcionan así. El año pasado se conoció de al menos tres homicidios que ocurrieron en el penal de menores de Tonacatepeque, exclusivo para adolescentes y hombres jóvenes. La participación masculina en delitos es mayor. Por ello, tres centros de inserción social están destinados para niños y jóvenes y solo uno para menores infractoras.
La mayoría de las privadas de libertad se encuentra en esa situación por el delito de extorsión o por encontrarse vinculada a estos grupos delictivos. Pero además de haber sido condenadas en un proceso penal, de acuerdo con Graciela Bonilla, la mayoría comparte el mismo perfil socioeconómico:
“El perfil, en general, de las adolescentes que ingresan al centro es la extrema pobreza, la vulneración de sus derechos, abuso sexual, niñas regaladas, explotación, relaciones inadecuadas entre la familia, familias desintegradas. Generalmente son niñas que se han acompañado a los 13, 14 años y han salido de las casas de sus padres, ya sea por pobreza o porque andan metidas con su pareja en situaciones ilícitas”, asegura la directora.
La psicóloga del centro, Gabriela Blanco, sostiene que a través de su trabajo ha podido reconocer esos mismos patrones de vida. Además, “vienen aquí con baja escolaridad porque, aunque el Gobierno les dé para los uniformes, ellas son las que ayudan en sus casas. No son delincuentes, son señoritas a las que les hizo falta orientación”, sostiene la psicóloga.
Conforme la tarde avanza, la hora de interpretar las canciones se acerca. Al verlas, seguras como se muestran en público, es imposible sospechar que están nerviosas. Lucen concentradas. Algunas han encontrado en esto una nueva pasión. Al menos tres de ellas han expresado a sus maestros que sueñan con salir y convertirse en músicos profesionales para poder entrar a la Orquesta Sinfónica Nacional.
Con permiso de juez. Para salir del centro, las jóvenes solicitan un permiso a tribunales y, de acuerdo con su comportamiento como interna, se niega o aprueba el permiso de salida a presentaciones.
Sin embargo, para cuando ellas recuperan la libertad no hay programa gubernamental que se encargue de darle seguimiento a su aprendizaje. En las academias salvadoreñas las clases de violín personalizadas pueden costar hasta $50 cada una, según el prestigio del maestro. Y el reto no es solo conseguir el dinero para la clase, sino conseguir el instrumento. En las tiendas, un violín puede tener un costo desde $50 a $200.
Conociendo de primera mano las carencias de estas muchachas, TNT se ha propuesto darle seguimiento a las que se muestren interesadas en seguir estudiando música y una carrera profesional. Por ejemplo, se enorgullecen en decir que tienen becadas a tres jóvenes en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. La directora del centro de inserción confirma que son las organizaciones no estatales las que se están preocupando por la reinserción, una vez ellas quedan libres.
EL PUNTO MUSICAL
La graduación de maestros avanza. Se leen decenas y decenas de nombres y los aplausos van perdiendo fuerza conforme la lista de graduados continúa. Son las 2:30 de la tarde y el aire acondicionado del lugar parece no dar abasto para toda la gente que se ha reunido acá en esta tarde de julio. Entre el calor y formalidad, las jóvenes toman asiento y se preparan para tocar su instrumento.
Julio Monge, el encargado del proyecto, se encuentra viendo a la orquesta. Se le ve emocionado. “La valoración no es tanto qué tan bien tocan, aunque hay algunas que sí sueñan con ser intérpretes, pero no es ese el objetivo. Son muchachas que llevan meses acercándose al instrumento y son jóvenes de todas las afinidades pandilleriles que tocan una sola música. Hombro con hombro. Eso queremos extrapolarlo a la sociedad salvadoreña”, dice Monge. Luego reconoce, a pesar del orgullo, que lo que han logrado acá es muy pequeño comparado con los problemas de El Salvador.
Antes de que la orquesta de cuerdas empiece a tocar, los maestros, ataviados con sus sacos y vestidos de gala, miran a las internas con distancia y de reojo. Andrea, la muchacha alta y de ojos claros, se sienta al centro de la orquesta. Pone el violín sobre su hombro y levanta la quijada con solemnidad. Pronto, la música comienza a sonar. Lee la partitura y ni el calor sofocante la desconcentra.
Disciplina. La idea es que a través de una práctica artística, las adolescentes se enfoquen en perfeccionarla y aprendan valores como la disciplina, perseverancia y respeto a jerarquías.
Después de meses practicando, la orquesta interpreta en público la primera pieza de la tarde: una canción infantil llamada “Estrellita”. Esta es la primera canción que, generalmente, se aprende en violín con el método Suzuki. El creador de este método sostuvo que el talento musical no se hereda, sino que se aprende y se desarrolla. En este contexto de reinserción social, una de las frases más famosas de Suzuki cobra un valor especial: “La enseñanza de música no es mi propósito principal. Deseo formar a buenos ciudadanos, seres humanos nobles”.
Luego, la orquesta interpreta el “Himno a la alegría”, la canción de la película “Titanic”, una pieza pop y, en quinto lugar, la canción “Imagine”, de John Lennon. Durante la intervención, una de las muchachas que tocan el violín se pone de pie y toca como solista. La orquesta la acompaña.
Ella es Patricia y tiene 20 años, es morena y muy delgada. No lleva maquillaje en la cara y es la única que no está vestida de blanco. Estuvo dos años y medio privada de libertad y condenada por extorsión. Actualmente ha vuelto a vivir con su familia. Dice que nunca fue pandillera, pero acepta que sí era cercana al grupo pandilleril dentro de su comunidad.
“Toda la vida fui marginada en la casa. Mi refugio fue afuera”, confiesa. Cuenta que cuando perdió la libertad, en un principio, no pudo extrañar su casa ni su familia, porque nunca sintió su protección antes: “Cuando eso no se tiene, a veces no importa estar en el centro”. Sigue practicando el violín en la oficina de TNT, en San Salvador, a pesar de ya haber salido del centro. Quiere ser música o psicóloga, por eso se encuentra estudiando segundo año de bachillerato y trabajando.
“Al final es una sensibilización mutua. A ellas estamos abriéndoles los ojos a la cultura, al arte. Y por otra parte también nosotros nos estamos quitando fantasmas de la cabeza”, dice Sonia Megías, una compositora española que acompaña este proyecto durante las temporadas que permanece en El Salvador.
La destreza musical de Patricia, comparada con la de sus compañeras de orquesta, es más avanzada. Y si minutos antes las personas dentro del público se mostraban distantes a la presencia de estas intérpretes, eso ya ha cambiado. Patricia termina de tocar y se escuchan gritos. “¡Bravo!” le dice un hombre en primera fila y su voz hace eco entre otros maestros que repiten lo mismo y se ponen de pie. El concierto aún no ha terminado, pero el aplauso que reciben es tan largo que da tiempo para que el resto de la orquesta se levante y también reciba la congratulación de un público que terminó de aceptarlas en el evento.
A 13 kilómetros de este lugar, en el Centro de Inserción Social de Ilopango, está el resto de privadas de libertad bajo el cuidado del ISNA. Los lugares comunes del centro, como los salones de clase y talleres, lucen como cualquier otra escuela del interior del país. En uno de esos pequeños salones, con dos ventiladores y rejas en lugar de vidrios para las ventanas, está Fernanda y su bebé, que cumplirá un año dentro de una semana.
La joven ensaya una coreografía que presentará junto a sus otras 10 compañeras en septiembre. Ese espectáculo será la muestra final del curso de artes escénicas que imparte una vez a la semana TNT. Su hijo camina en una andadera entre las bailarinas de la última fila. La escena es, a veces, contradictoria: tierna y triste. Llegó al centro cuando era menor de edad y tenía el embarazo avanzado. Su bebé no ha conocido otra vida que no sea dentro de estas paredes.
La instructora de danza le permite salir del ensayo un rato para platicar en el patio. Debajo de un árbol y bajo la vigilancia del personal del centro, Fernanda apenas cuenta su historia. Dice que está condenada por extorsión, pero ella, a diferencia de otras compañeras del centro, asegura que no cometió el delito. Habla con timidez y frases cortas. No recibe visitas, su familia también está en prisión. Después de más de un año, no tiene idea de qué le espera para cuando recupere la libertad, “pero lo que sí sé es que voy a luchar. Y es que por mi hijo soy capaz de hacer hasta lo que no hice antes”, dice.
Después vuelve a la clase y ensaya una canción de rock and roll. Como parte de la coreografía, carga a una de sus compañeras. A los pocos segundos, la compañera se convierte en una especie de guitarra sobre la que Fernanda toca algunas cuerdas imaginarias. Las internas se ríen.
“Definitivamente ellas han tomado decisiones incorrectas”, dice Sheila Reyes, la instructora de danza dentro del centro. Llega una vez a la semana y divide su tarde y mañana entre los talleres del sector. A diferencia de la orquesta, en danza aún no han podido integrar a los dos grupos. La confianza y el contacto cuerpo a cuerpo son fundamentales para bailar y hacer cargadas.
Sheila es un huracán de energía. Llega al salón y hace el silencio entre la plática de las internas. Da indicaciones y le obedecen. La instructora afirma que la matrícula inicial a este taller fue de 35 personas, pero ese número se ha reducido. La idea es que, a través del baile, aprendan a seguir órdenes, a ser disciplinadas, a seguir un ritmo, a respetar el espacio y tiempo del otro.
“Toda la vida fui marginada en la casa. Mi refugio fue afuera”, confiesa Patricia. Luego cuenta que cuando perdió la libertad, en un principio, no pudo extrañar su casa ni su familia, porque nunca sintió su protección antes: “Cuando eso no se tiene, a veces no importa estar en el centro”.
Al inicio puede sonar descabellado que tantas cosas puedan aprenderse mientras memorizan coreografías, pero conforme el ensayo avanza, la instructora se pone seria y prueba su punto. Las jóvenes repiten canciones, llevan las cuentas y Sheila, como si se tratase de una inspección rigurosa, se acurruca, coloca los codos sobre sus propias rodillas y entrelaza las manos frente a su cara. Observa con detalle los pies de las internas. Así se da cuenta de quién duda sobre el siguiente paso que hay que dar y de quién va tarde en la cuenta. Sheila no es nada tímida al señalar qué están haciendo mal para que lo corrijan.
“Lo que uno trata de inculcarles es disciplina y perseverancia. Lo que se llevan es el respeto a una jerarquía”, indica Sheila. Después del mediodía inicia la clase con el sector 1 del centro. Aquí llevan más meses entrenando y tienen tanta energía como la instructora al bailar. Entre ellas está Andrea, la joven de 24 años que toca el violín.
Está en la primera fila de la coreografía. Baila las canciones sin equivocarse en ningún paso. Y, si en el concierto era la imagen de la elegancia y la solemnidad, aquí baila ritmos urbanos donde mueve la cadera sin parar.
“Lo que quisiera, pero quizá nunca va a pasar –dice Andrea durante un receso– es que la gente comprenda que andar en la calle tiene consecuencias y uno entiende hasta que ya está aquí. Y desde que uno cae, este es otro mundo”. Ella acepta que, de haber seguir por el camino que iba, no sería bachiller. Ahora quiere ser profesional. Pero se graduó hace dos años y, desde entonces, no ha podido continuar con su educación.
“A mí lo que me gusta, me encanta, me apasiona es la cosmetología y el Diseño Gráfico. Ya no puedo seguir estancada”, cuenta antes de regresar a la coreografía.
Por sectores. En el centro de inserción hay niñas y jóvenes con afinidad a diferentes pandillas, y la mayoría de las actividades se realizan por separado.
LA SALIDA ES ESTRECHA
Mientras el concierto en el edificio de la colonia Escalón sigue, cuatro custodios de Centros Penales vigilan la entrada del parqueo. A las 3:30 de la tarde, la orquesta termina su intervención y el público aplaude de nuevo. Luego, guardan sus instrumentos y hacen una fila para salir. Van custodiadas por personal del centro y bajan unas gradas hasta descender a una pequeña puerta que conecta con el parqueo. Ahí hay dos microbuses esperándolas.
La fila que desciende por las escaleras es lenta. Al llegar hasta la puerta se puede ver por qué. Es la vuelta a la realidad. Si hace 5 minutos recibieron felicitaciones, gritos y aplausos, hoy sus manos reciben esposas. El sonido del metal cerrándose en sus muñecas resuena en el cajón de cemento que es el parqueo. La salida de este día ha terminado oficialmente y suben en pareja a los microbuses. Adelante de los vehículos van dos custodios. Uno de ellos lleva el arma sobresaliendo por la ventana.
A unos 3 metros de distancia, Patricia, quien pasó más de dos años interna, observa el proceso: Uno tiene “la emoción de querer salir, pero que cuando llegás a la puerta del centro te pongan las esposas, es algo bien feo. Pero tratás de disimular”, dice con una sonrisa nerviosa.
Mientras este procedimiento ocurre, entra al edificio Carlos Canjura, el ministro de Educación. Su participación estaba prevista en la agenda del evento recién terminado, pero él dice que comunicó que no podría venir por una reunión en Casa Presidencial.
Ni él sabe quiénes son las jóvenes con esposas a unos metros; ni ellas, quién es el señor que ha llegado, en apariencia, tarde. Al ministro se le cuestiona sobre cuáles son las alternativas o programas de educación para las jóvenes privadas de libertad. Durante 2 minutos, él habla de las oportunidades que el ministerio tiene, como la educación a distancia, pero no menciona nada en específico para esta población.
Si, en efecto, las privadas de libertad deciden cambiar su vida con el estudio, no hay ningún proyecto ministerial específicamente diseñado para que ellas estudien, de acuerdo con el titular del MINED. Canjura asegura que se está pensando en la posibilidad de abrir aulas virtuales en los centros del ISNA para que haya más oportunidades de aprendizaje. Pero es solo eso, una idea. No hay nada ejecutado.
*Los nombres de las internas han sido cambiados a petición del ISNA.
Menores infractoras. Quienes se encuentran en el Centro de Inserción Social son menores de edad desde los 14 años. También hay jóvenes de hasta 24 años que ingresaron al centro cuando eran adolescentes.
Posted in Reportaje3 comentarios en Niñas de pandillas enemigas se juntan en una canción
Posted on 1 julio, 2018 2 julio, 2018 by Valeria Guzmán Fotografías de Dany Barrientos Ramírez
Irma Molina posa en el puerto de Berkeley, California. Lleva veinte años residiendo en la Bay Area, cerca de San Francisco. Foto de Dany Barrientos Ramírez.
Son las 10 de la noche y en esta fiesta parece que ya no cabe más gente, pero los asistentes siguen llegando. La oferta es atractiva. Aquí adentro hay pupusas, empanadas, yuca, cerveza y cumbia. Las mujeres bailan en círculo, algunos hombres observan y los niños -morenos y pequeños- corren entre canción y canción. Los asistentes se emocionan bailando y cantando los temas propios de una Navidad centroamericana. Aquí todo es calor. Afuera, esta noche de mayo en Berkeley (California), la temperatura es de 15° y corre un viento fresco.
Esta no es cualquier fiesta. Es una “pachanga pro-inmigrante”, a la que llamaron “Noche quinceañera”, aunque no hay ninguna quinceañera celebrando su cumpleaños. Los organizadores del evento pusieron ese nombre solo para que la gente supiera qué clase de evento esperar. Esto ha sido planificado por el Comité del Norte de California del TPS, un grupo de personas que hace actividades para debatir, unir a la comunidad migrante y tratar de incidir políticamente.
El TPS es un permiso que le fue dado a los salvadoreños tras los terremotos de enero y febrero de 2001 para poder vivir en Estados Unidos sin ser deportados. Esta medida reconoció que El Salvador no tenía las condiciones adecuadas para recibir a sus ciudadanos de manera segura. Permite, entre otras cosas, acceder a un trabajo y hacer procedimientos legales que de forma indocumentada no son posibles. Pero este programa no es un camino hacia la legalización permanente.
La entrada a esta fiesta cuesta $15 en internet y $20 en la puerta del local. La mayoría de quienes han venido es salvadoreña, le siguen los hondureños. La idea es que la gente compre comida y escuche la música que le recuerde a su país a casi 5,000 kilómetros de distancia. El dinero que salga de ganancia se sumará a un fondo designado para actividades como foros informativos y cabildeos.
Durante los últimos 17 años, el TPS se había renovado cada 18 meses. Pero en enero pasado, la administración de Donald Trump lo canceló y dio un período de año y medio para abandonar el país o legalizar la situación migratoria a través de otras alternativas. Estados Unidos gastaría $1.8 millones si deportara a todos los “tepesianos” (como se conoce a los beneficiarios), según un estudio del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes.
El período de gracia que el Gobierno estadounidense dio al TPS vence de manera formal dentro de 435 días, el 9 de septiembre de 2019. Durante los días que restan, las organizaciones activistas planean llevar a cabo protestas, reuniones con políticos y hacer presión en el Congreso estadounidense. Hoy por lo menos se puede seguir bailando cumbia.
Cuando se instala el miedo
Fredy Ochoa no quería venir a esta fiesta. A él no le gusta salir de noche y mucho menos a bailar. Pero este día lo convenció su pareja, Morena Ramírez. Ellos se conocieron en San Francisco, donde ahora viven. En El Salvador, quizá, habría sido más improbable conocerse. Ella es de San Vicente y él es de El Sunzal, en La Libertad. Como Morena no creció en la playa, Fredy bromea con ella. Dice que ella no entiende qué es vivir dentro esos paisajes, que “no sabe de paraísos”. Ella se ríe y él la mira como cómplice.
Fredy tiene TPS, Morena lo perdió hace años por entregar tarde unos papeles, explican. Han salido de la fiesta a platicar un rato. El local de la “Noche quinceañera” es un espacio donde se realizan eventos culturales para la comunidad latina y tiene un mural en su fachada donde se ha pintado a gente morena, músicos y trabajadores, como los que están adentro empezando a mover las caderas. Sobre ese mural se apoya Fredy, y Morena se mantiene a su lado.
Comienzan a contar que tienen dos hijos juntos. Uno de ocho y otro de 11 años. Y que no es justo ver a dos niños de esa edad con miedo a perder a sus papás. “Cuando dijeron que había ganado el señor Donald Trump, mis hijos lloraron. Mi hijo más grande todo el tiempo está preocupado. Siempre pregunta: ‘¿Quién de ustedes no tiene papeles?’”, relata Morena Ramírez. Como los de ella, hay otros 192,700 hijos de tepesianos nacidos como ciudadanos americanos que podrían enfrentarse a la separación familiar pronto.
Fredy se fue de El Salvador tras el conflicto armado a los 18 años, en 1994. “La guerra había hecho estragos y ya había dejado todo despelucado. Entonces no hallaba qué hacer y decidí venirme”, dice. Nunca ha vuelto a El Salvador.
Morena, en más de dos décadas, tampoco ha vuelto a Guadalupe, su pueblo en San Vicente. No puede hacerlo si quiere seguir junto a sus hijos. No pudo volver incluso cuando murieron los abuelos que la criaron. Entonces, la distancia y el sueño de tener una mejor vida se interpuso entre ella y el luto familiar. “Fue bien duro cuando uno solo por teléfono le pudo contar que mis abuelos ya habían fallecido”, dice en San Salvador su primo Carlos Montoya.
Morena creció con la guerra civil. La casa de sus abuelos era de bahareque y durante el conflicto armado era común que se quedaran sin energía eléctrica. Carlos recuerda que ante la ausencia de corriente, juntos inventaron sus propios juegos. A la hora de comer, se sentaban frente al televisor apagado y empezaban a comentar las imágenes que, según su imaginación, iban saliendo en la tele.
Morena y Carlos crecieron juntos imaginando, corriendo y jugando chibolas. Cuando ella cumplió los 18 años y ya era madre de una niña de seis meses, optó por irse indocumentada a Estados Unidos. Su decisión fue la natural en su contexto. Su madre y dos hermanos ya habían hecho lo mismo y ella había quedado, de alguna manera, sola. Y “la vida aquí para ella era bien dura porque le tocaba andar trabajando en las fincas. Jalaba el abono, hacía hoyos para sembrar café y, cuando sobraban los palos de sombra, ella picaba la leña”, ejemplifica su primo.
Ahora Carlos y Morena se escriben cotidianamente. Pero a él todavía le duele que no pudieron despedirse. “Más cuando uno de chiquito ha crecido en la misma casa… no me dijo nada porque lo hizo a escondidas, en secreto. Ni nos despedimos. Ni un abrazo ni nada”.
Han transcurrido 20 años desde que Fredy y Morena dejaron sus casas, hartos de las secuelas de la guerra civil y la pobreza. Pero en estas dos décadas no ha sucedido mucho que sirva para evitar que los niños y jóvenes de este país quieran –o necesiten– irse. Entre enero de 2016 y mayo de 2018, la organización Cristosal atendió a 675 niños y jóvenes entre los cero y 25 años que fueron desplazados de sus hogares. Los principales motivos son las amenazas directas, el asesinato de un familiar o sobrevivir a intento de homicidio.
Mientras esta pareja cuenta su historia de migración, la fiesta con ritmos tropicales comienza a ponerse más alegre. Por un momento el buen ánimo de Morena cae y contrasta con lo que sucede en la pista de baile. Ella lanza una pregunta para la que no tiene, ni quiere, respuesta: “Siempre pasamos pensando qué va a pasar si nos agarran, porque Migración llega a las casas por uno y se lleva a todo el que no tenga papeles. ¿Y qué va a pasar en el día que nuestros hijos estén en la escuela y nosotros caigamos?”
Padres migrantes. Fredy Ochoa y Morena Ramírez posan afuera del Centro Cultural La Peña, en Berkeley, California. Fredy está amparado bajo el TPS. Sus dos hijos en común son ciudadanos americanos. Foto de Dany Barrientos Ramírez.
Las puertas de esta fiesta se abrieron a las 8:30 de la noche. Y lo primero en abarrotarse fueron las mesas donde se vendía comida. Otro de los atractivos es la presencia del grupo Fuego Latino, que interpreta salsa, merengue y cumbia. Sobre el escenario y antes de que la banda saque a bailar a todo el mundo, una chica joven da la bienvenida a los asistentes.
“Que esta noche sea inolvidable para ustedes. Que la pasemos bien en familia, como tepesianos, como amigos, entre salvadoreños y hondureños”, pronuncia a través de un micrófono. Luego da otro anuncio:
“Tenemos a una persona de El Salvador que se llama Blanca Flor Bonilla. Ella es secretaria de Relaciones Internacionales del grupo FMLN y es congresista del Parlamento Centroamericano”.
La diputada sube al escenario y comienza a pronunciar un discurso que dura minuto y medio. Dice que el Gobierno de El Salvador está haciendo esfuerzos de incidencia por el TPS y que va a dejar un número de contacto por si alguien quiere invitar a más diputados a eventos de migrantes.
“Gracias, señora Blanca”, dice la maestra de ceremonia al tomar el micrófono de vuelta. La diputada baja a sentarse en una silla frente a la pista de baile y al lado de otras personas que comen pupusas. Luego otro mensaje emociona a la gente: “Anuncios antes de la pachanga: ¡Tenemos algunos premios!”
Esta noche, a 6 kilómetros de acá está otra tepesiana: Irma Molina. Ella no está organizada en ningún grupo de migrantes. Una semana antes de esta fiesta dijo, entre risas y un poco tímida, que ella no sabe mucho de cómo se organiza la comunidad salvadoreña en estos lugares. Desde que llegó solo ha trabajado.
Irma Molina es la supervisora de limpieza de un hotel elegante de Emeryville, California, y en su tiempo libre es conductora de Uber. El hotel en el que trabaja está a solo 20 minutos del centro de San Francisco. Nació en 1980 en Santa Isabel Ishuatán, al occidente del país. Aprendió a caminar y a hablar conforme la guerra civil avanzó. “Crecí con esa mentalidad de que el país era violento. A mis papás les daba miedo sacarme del pueblo porque pensaban que me podían quitar de las manos de ellos. Crecimos con ese temor”, dice desde un cuarto del hotel en el que trabaja.
Convencida de que la vida tenía que ser algo más que el miedo, decidió migrar sola a los 18 años. Para llegar a Estados Unidos viajó escondida, junto a un centenar de personas, en los contenedores de grandes camiones. Han pasado 20 años desde esos viajes en tráiler, pero aún recuerda los detalles de ese camino. Todavía se acuerda de cómo se colaba la luz entre las redes de repollos bajo las cuales viajó en un camión.
“Sufrí el hambre, sufrí la sed”, asegura Irma. Después de los viajes dentro de camiones, vinieron otros días caminando en el desierto. Dice que junto a otros migrantes, se perdió por una semana en el desierto. No se detiene mucho a hablar de ello. Prefiere hablar de cómo, al llegar a San Francisco, comenzó a trabajar en un restaurante.
En 2001 obtuvo el TPS. Eso significó también la posibilidad de abrir una cuenta de ahorros en el banco. Contar con un permiso de residencia, aunque sea temporal, permite acceder a mejores trabajos, a diferencia de las personas indocumentadas. Eso se traduce, también, en más dinero enviado a los familiares en El Salvador. Solo durante mayo de 2018 se recibieron $493.7 millones en remesas, el 93 % provenía de Estados Unidos.
Irma dice que su familia siempre creyó en Dios, pero que recientemente se volvió más religiosa. Antes de que se conociera de la cancelación del TPS, pidió a su Dios que, al menos, la administración actual le diera otros 18 meses de protección.
Está enfocada en ganar tiempo. Los hijos nacidos en Estados Unidos, al cumplir 21 años, pueden solicitar el cambio de estatus migratorio para sus padres. Su hija mayor está por cumplir los 18 años. Su esperanza es que los próximos tres años pasen pronto.
Con el Estatus de Protección Temporal, los tepesianos pueden declarar sus impuestos y ser vecinos responsables, aunque sea en un país que no es propio. “Este país no es mío, este país es prestado. El mío se quedó allá, aunque sea violento”, explica Irma. A pesar de la nostalgia por El Salvador, volver a su patria no es una meta.
Activismo para quedarse
Según lo planeado, la fiesta quinceañera terminará a la medianoche y se rifará un televisor. Por ahora, el premio mayor de la rifa ya está colocado con una chonga roja sobre el escenario. Detrás de esta logística está José Mejía, el coordinador del Comité del Norte de California del TPS. Este viernes está encargado de hacer que la pachanga inmigrante termine bien.
La fiesta lleva buen ritmo. Las parejas bailan y son tantas que chocan entre sí al dar giros. A las 11 de la noche, la cerveza ya se ha acabado y la gente comienza a beber vino en vasos plásticos. Le dan un sorbo al vaso y siguen moviendo las caderas. Y eso ya es un problema porque, entre vueltas del baile, el vino cae al suelo y el piso se vuelve resbaloso para los que bailan, emocionados, una cumbia que dice “el humo del cigarrillo me hace llorar”.
El comité que coordina este evento está formado por 13 personas que, a su vez, son parte de la Alianza Nacional por el TPS, un grupo de más de 40 organizaciones en todo Estados Unidos. José Mejía está convencido de que existe un camino para que los “tepesianos” alcancen la residencia permanente. Lo sabe porque él mismo ya pasó por ese proceso.
Él sostiene que llegó a Estados Unidos en 1989 y, dos años más tarde, obtuvo el TPS. En ese momento, la medida fue otorgada por la inestabilidad que experimentaba el país producto de la guerra civil. Más de un lustro luego, en 1997, se amparó en la Ley de Ajuste para Nicaragüenses y Alivio para Centroamérica (NACARA). Esa ley brindó beneficios migratorios a personas que pisaron territorio estadounidense antes de 1990. Así, José pudo obtener su residencia.
La migración es un tema que divide radicalmente a la sociedad estadounidense en la actualidad. Y por lo tanto, es un tema para el cual, a pesar del cabildeo y de las actividades que realizan los migrantes, no hay respuesta política fácil.
No hay una salida sencilla en términos legales. Pero, en la práctica, a Estados Unidos le conviene que las personas con TPS se mantengan trabajando en ese país. Al menos desde el punto de vista económico. “La tasa de participación en la fuerza de trabajo de la población con TPS oscila entre el 81 % y 88 %, muy por encima de la tasa de la población total de Estados Unidos, 63 %”, de acuerdo con el Centro de Estudios Migratorios de Nueva York.
Incertidumbre aun en los “santuarios”
Conforme la medianoche se acerca, la fiesta se empieza a vaciar y las conversaciones se trasladan hacia la calle. Las familias con niños en brazos salen a buscar un poco de silencio. Aquí están tranquilos. Aquí nadie puede preguntarles sobre su estatus migratorio.
En Estados Unidos hay cerca de 200 ciudades denominadas “santuarios”. Estas se presentan como espacios en los que las fuerzas locales no colaboran brindado información de estatus migratorio a las autoridades federales, que son quienes se encargan de los procesos de deportación. California es el estado con más migrantes salvadoreños, haitianos y hondureños con TPS. Se calcula que al menos en California viven 55,000 beneficiarios.
El 1.º de enero de este año California se convirtió en un estado “santuario” en totalidad. Eso significa que tampoco se pueden realizar redadas en escuelas o lugares de trabajo sin una orden judicial.
Pero que una ciudad sea santuario no implica la protección automática de la deportación. La noche del 24 de febrero de 2018, Libby Schaaf, la alcaldesa de Oakland, una ciudad a 5 minutos de esta calle, anunció algo que puso nerviosos a muchos: dijo que tenía conocimiento de que agentes de Migración llegarían a la ciudad a realizar redadas el día siguiente.
La acción de avisar a una comunidad que “la migra” se acercaba fue criticada luego por Trump, quien se ha encargado de no hacer diferenciación entre migrantes y criminales. En marzo no fue tímido al expresar su molestia con Schaaf. “En Oakland, la alcaldesa le dijo a la gente que iba a suceder una redada. No puedes hacer eso, no puedes”, dijo alterado.
“Las jurisdicciones de ‘santuario’ son el mejor amigo de contrabandistas, pandilleros, narcotraficantes, traficantes de personas, asesinos y otros delincuentes violentos”, dijo el presidente. Él ya exigió al Congreso que deje de brindarle dinero federal a estas ciudades: “Pido al Congreso que deje de financiar ciudades ‘santuario’ para que podamos salvar vidas estadounidenses. Queremos que nuestras ciudades sean santuarios para los estadounidenses, no refugios seguros para delincuentes”.
Ramas que se extienden
A pesar de que la fiesta estaba prevista que terminara a las 12 en punto, pasada la medianoche aún se pueden escuchar algunas canciones y los asistentes más jóvenes siguen bailando sobre la pista de baile. La rifa del televisor ya pasó y el ganador no apareció.
Freddy y Morena parten hacia su casa en San Francisco. “El TPS dice que es un estatus temporal, pero, realmente, los hondureños tienen 20 años ya. Nosotros, los salvadoreños, ya vamos para eso. Ya no es algo temporal. Es una vida completa, y decirnos ‘okay, vamos a sacarlos ahorita’, es como que deje crecer un árbol, echar raíces y hasta que dé frutos. Es ilógico decir ‘vamos a arrancarte ahora’”, ha comentado antes de irse Fredy, el padre de dos niños que se siente como ese árbol, con el riesgo de ser cortado.
Familias separadas. Se calcula que hay 192,700 hijos de tepesianos nacidos como ciudadanos americanos que podrían quedar sin sus padres si estos son deportados.
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Posted on 17 junio, 2018 19 junio, 2018 by Valeria Guzmán Fotografías de Melvin Rivas, Ángel Gómez y Franklin Zelaya
El terreno seco y lleno de piedras detrás de esta escuela era, hace 10 años, un pequeño cerro lleno de árboles. Así lo recuerda el profesor de Ciencias del Centro Escolar Caserío Rosario de Cerén, una escuela a la orilla de la carretera que conduce hacia Izalco.
“Toda esta área es propicia para que haya animales, pero las personas se meten a cortar leña”, dice el maestro mientras camina entre las piedras y el pasto amarillento de lo que una vez fue un terreno con sombra. Para venir a mostrar este lugar le ha pedido a tres de sus estudiantes que lo acompañen.
Los muchachos caminan callados detrás de su profesor. En contraste, el profesor no deja de señalar los troncos o raíces que han quedado sobre la tierra después de haber sido talados. “Mire, ahí hay uno”, comenta mientras atraviesa el terreno, y un par de pasos más adelante, la escena se repite: “Ahí hay otro”.
Entre la tierra árida, lo que más sobresale son unas rocas. Después de una breve caminata, el profesor repite una de las consecuencias visibles de una zona sin
vegetación: “Ni un animalito hemos visto”. El hombre coloca las manos sobre la cintura, mira al suelo –como quien ha perdido algo– y mueve la cabeza hacia los lados.
En la primera década de este siglo se perdieron 138 mil hectáreas de cobertura forestal, de acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Lo que se perdió cada año de 2000 a 2010 equivale a casi dos veces la extensión territorial del municipio de San Salvador, es decir, una pérdida anual de 138 kilómetros cuadrados de bosque.
Como este terreno no tiene sombra, a los pocos minutos de estar bajo el sol es imposible dejar de sudar. Leonel, un joven moreno de 15 años, escucha con cara de aburrimiento la denuncia de su maestro. Él es de una comunidad cercana y conoce la zona. Habla poco, pero cuando lo hace es para dejar claro que no es la mezquindad o el odio a la naturaleza lo que ha provocado la tala de este lugar, es la necesidad de sembrar para comer y vender: “La mayoría de gente corta los árboles cuando quiere sembrar matas de loroco”, dice con seguridad.
LA REGLA DE DESTRUIR
La regla en El Salvador es la destrucción de los bosques. En restaurarlos se avanza a paso lento. Y eso debería ser prioridad en un país en el que solo el 38 % del territorio cuenta con algún tipo de cobertura arbórea, de acuerdo con datos oficiales. La cobertura tiene que ver con el uso que se le da al suelo. Contrario a lo que podría pensarse, las urbanizaciones no ocupan la mayoría de la tierra. Casi tres tercios del país están dedicados a la siembra de cultivos o ganadería, y solo el 17 % de la superficie nacional conserva un ecosistema natural. Pero incluso esos ecosistemas se encuentran “en un estado de alta degradación”.
Además, solo el 0.1 % de los bosques se mantienen intactos, de acuerdo con estudios internacionales. A pesar de que los bosques mantienen vivas algunas especies, purifican el aire y ayudan a fijar la tierra y evitar deslaves, los beneficios de su conservación no parecieron ser suficientes para protegerlos.
El país perdió 21 mil hectáreas de bosque entre 2010 y 2016, según la organización Global Forest Watch, pero Lina Pohl, la ministra de Medio Ambiente, advierte que la cifra puede ser más alta. Hasta la fecha no se sabe con exactitud cuántas hectáreas se han perdido desde 2010 hasta 2018. La funcionaria sostiene que actualmente se trabaja en un inventario nacional de bosques que, en teoría, servirá para dimensionar con precisión la magnitud del problema.
El problema no es nuevo. Los compromisos tomados para restaurar los bosques, tampoco. En 2012, el ministro de Medio Ambiente, Herman Rosa Chávez, le anunció al mundo que El Salvador se comprometía a restaurar un millón de hectáreas de tierras degradadas para 2020. El compromiso fue asumido en Catar como parte de un acuerdo llamado El Desafío de Bonn.
Los países que forman parte de este acuerdo asumieron, en papel, la responsabilidad de restaurar 150 millones de hectáreas de tierra degradadas y deforestadas en todo el mundo. Pero El Salvador, seis años después, cumple a cuenta gotas. De un millón prometido, ha logrado restaurar 108 mil hectáreas.
El Salvador tiene mucho por hacer en términos de recuperación de tierras y ecosistemas. El Ministerio de Medio Ambiente ha creado guías para restaurar y ha designado cuáles son los lugares prioritarios que necesitan intervención, pero se ha quedado corto en términos de resultados. Las 108 mil hectáreas restauradas hasta la fecha, solo representan un avance del 10.8 % en torno a la meta que el país se propuso cumplir para 2020.
Bosque amenazado. Se calcula que existen 40 mil hectáreas de manglar en el país, pero al menos la mitad de ellas están siendo afectadas por la deforestación.
CUANDO EL MANGLAR SE CONVIERTE EN POTRERO
En la Barra de Santiago hay hectáreas de bosque de manglar que ahora funcionan como potreros. Donde debería haber mangles por doquier, lo que se encuentra son decenas de vacas. Aquí la deforestación no se observa como un paraje desértico, sino verde. Varios habitantes de la zona han ido, poco a poco, cortando el mangle y usándolo para leña. Al cortarlo, la zona se ha ido secando y se ha convertido en el potrero ideal para el ganado de algunos. En lugar de mangles, ahora crece pasto que, con la luz del sol parece fosforescente.
Quien denuncia esto es Éder Caceros, un biólogo que trabaja en el manglar con la Asociación de Desarrollo Comunal de Mujeres de Barra de Santiago (AMBAS). Los bosques salados son de propiedad estatal, por eso él cuestiona por qué un terreno que debería ser de provecho para la región, en general, está siendo utilizado solo por ciertos dueños de ganado.
El Salvador ha perdido más de la mitad de los bosques de manglar que tenía en 1950. Si en ese año se calculaban 100 mil hectáreas de bosque salado, en la
actualidad restan 40 mil hectáreas.
Los bosques salados que restan no están a salvo. Al menos 20 mil hectáreas están siendo afectadas por la deforestación. Si la pérdida continúa a la misma velocidad que en las últimas décadas, dentro de 40 años el país no contará con ninguna hectárea de bosque de manglar.
Se trata de un ecosistema en el que se mezcla el agua dulce de los ríos con el agua salada del océano para crear un equilibrio que hace la vida posible para ciertas especies acuáticas. De su conservación también depende la calidad del aire, porque los manglares capturan hasta cuatro veces más carbono que los bosques secos.
La primera causa de deforestación reconocida por las autoridades es el avance de la frontera agrícola. Uno de los temores del biólogo Éder Caceros es que siga avanzando, que cada vez el límite de los potreros se extienda hacia adentro del bosque. La tierra, aquí donde debería haber un pantano, ya cambió.
Para probar que el terreno ha perdido su humedad, el biólogo desenvaina un machete y lo intenta clavar en la tierra. En lugar de hundirse, como sucede en terrenos con consistencia lodosa propia de los manglares, la tierra le pone resistencia; y él explica, decepcionado, que esto no debería pasar.
En la Barra de Santiago, como sucede en otras áreas protegidas, es casi imposible asegurarse de que los recursos naturales se mantengan si no hay apoyo de la comunidad y presencia de autoridades. Aquí se realizan proyectos de conservación y hay cinco guardarrecursos que deben vigilar la zona, pero no llega a ser suficiente ante la amenaza que enfrentan los bosques salados.
Solo en la zona de Las Salinas se ha documentado una pérdida de cobertura de 83 hectáreas. Así, “la pérdida (de manglar) más acelerada ha ocurrido en la Barra de Santiago y Tamarindo”, se lee en un documento de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
Tres estudiantes del Centro Rosario de Cerén observan una columna de humo. Ellos están sobre un terreno con altura que hace años fue verde. Los muchachos sudan y solo esperan que su maestro de Ciencias dé la indicación para que la miniexpedición en la que ha explicado la deforestación de la zona termine. La columna de humo proviene del otro lado de la carretera. De ese lado hay muchos más árboles.
Solo en cuatro años, entre 2013 y 2016, más de 20 mil hectáreas fueron quemadas, según datos de la Comisión Nacional de Incendios Forestales. Esas 20 mil hectáreas equivalen a 200 kilómetros cuadrados. La cifra es mayor a la extensión territorial del municipio de Santa Tecla, que es de 112 kilómetros cuadrados.
Del fuego no se salvan ni siquiera los árboles que crecen en el agua. Después de mostrar la zona del manglar deforestada, Éder Caceros se dirige a un área que se está intentando reforestar con mayor éxito, conocida como El Colegio de las Aves. La historia de los mangles en la Barra de Santiago es una de destrucción y restauración. El biólogo explica que hace unos cinco años un incendio acabó con los árboles adultos de este lugar.
Y a pesar de que han pasado los años, del fuego todavía hay evidencias. Hay algunos troncos en el suelo y, aunque la zona está empantanada no cuenta con mangles altos. Caceros asegura que el incendio ocurrió por la mala práctica de quemar los campos de caña de azúcar.
HUMANOS CONTRA BOSQUES Y ANIMALES
“El Salvador tiene un problema y es una concepción que no podemos compartir. Nosotros no tenemos ese concepto de bosque tan clásico que son las amplias masas boscosas. No lo vamos a tener nunca. Tenemos poblados y gente en todos lados”, sostiene Lina Pohl, ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, desde una oficina en San Salvador.
Que el país no cuente con grandes masas de bosque implica –entre otras cosas– que los espacios para la vida silvestre se reducen considerablemente en
comparación a la de otros países vecinos. “Belice tiene jaguar, Guatemala tiene jaguar, Honduras incluso, pero nosotros, no. El jaguar necesita hasta 200 kilómetros de bosque continuo para desarrollarse”, asegura Pohl. Por eso, conservar las especies que aún sobreviven en El Salvador es un reto en un país acostumbrado a eliminar sus hábitats.
Los manglares siguen siendo un espacio vital para la conservación de ciertos animales. A pesar de que se ha perdido el 60 % del bosque manglar nacional, hay
espacios que intentan ser refugio, como el canal El Zapatero de la Barra de Santiago.
A pesar de que se ha perdido el 60 % del bosque manglar nacional, hay espacios que intentan ser refugio, como el canal El Zapatero de la Barra de Santiago. Aquí, un cocodrilo se acerca a centímetros de distancia de un grupo de personas que avanza en lancha. El reptil mide 3 metros y es reconocido por los guardarrecursos como “el Niño” o “el Zarco” por el color claro de sus ojos.
Hábitat. Los manglares sirven como refugio para algunos animales, pues es el ambiente propicio para la vida de especies como el cocodrilo, el caimán y la tortuga marina.
Aquí, un cocodrilo se acerca a centímetros de distancia de un grupo de personas que avanza en lancha. El reptil mide 3 metros. A los pocos segundos de su
aparición, otro cocodrilo de tamaño similar se une al espectáculo. El primero es reconocido por los guardarrecursos como “el Niño” o “el Zarco” por el color claro de sus ojos. Se dice que los animales se acercan a los extraños para buscar comida.
Este canal, además de servir como refugio para estos animales, propicia las condiciones para la vida del caimán y la tortuga marina.
Acá es prohibido pescar o explotar el bosque para conseguir madera. Pero en la cotidianidad, los guardarrecursos son testigos de cómo hay quienes hacen caso omiso a las instrucciones. Quizá por necesidad, dicen, la gente entra a pescar o a cazar.
Cuando encuentran a alguna persona explotando la reserva, los encargados de mantener este lugar deben hacer que la actividad cese. Pero quienes rompen la ley terminan escapando la mayoría del tiempo. “Los corremos, pero, entre el manglar, son venados”, confiesa Juan Henríquez, un guardarrecursos.
Al inicio de este canal están ubicados unos troncos y cadenas para indicar que esta es una zona restringida en la que no se puede pescar. Este día soleado de abril, justo en esa frontera señalada con letreros y palos, tres hombres jóvenes han colocado la lancha y pescan. Aunque ellos están fuera del canal, las líneas de pesca cruzan hacia adentro del área protegida.
A varios metros de ellos, un hombre sin bote arregla una red sobre el agua. Rodeado de tanta agua como está, pareciera que camina sobre ella. En realidad, asegura Jorge Oviedo, el presidente del Fondo de la Iniciativa para las Américas (FIAES), es que el terreno está azolvado.
La gran mayoría de los ríos principales del país, el 67 %, no cuentan con árboles a su alrededor, con bosques de galería. Esto no es solo un problema por la deforestación de las riberas, sino porque influye en que los manglares se azolven, que ocurre cuando los ríos arrastran más sedimento como arena y tierra.
Cuando el lodo llega a los manglares, tapa los canales en los que se comunica el agua del océano con la dulce; no se produce el equilibrio necesario en ese ambiente. Sin este, los mangles mueren. Se extingue un ecosistema, sufren las especies acuáticas y la gente que vive de ellas.
Tala. El biólogo Éder Caceros denuncia que en este terreno de la Barra de Santiago, los mangles han sido cortados y ahora sirve como potrero para el ganado.
LOS BOSQUES QUE FALTAN
Manuel de Jesús Díaz tiene 53 años, pero su piel quemada por el sol lo hace aparentar más edad. Se sube a un cayuco y empieza a remar a través del canal El Saite de la Barra de Santiago. Hacer esto hace un par de años era impensable. El canal se tapó.
“Fueron dos meses paleando”, cuenta Manuel. Así, a pura pala, los vecinos de la Barra lograron sacar el lodo acumulado que estaba afectando esta zona del manglar. El proyecto costó dinero. El trabajo para desazolvar un canal es pesado y requiere esfuerzo. La AMBAS logró ejecutar el trabajo, apoyada por FIAES y el MARN.
Manuel rema lento. Asegura que ganó $6.69 por cada tarea de tierra en la que quitaba el sedimento. Este espacio –que se considera ahora un ecosistema recuperado– también se había convertido en un potrero. El FIAES asegura que desde 2016 ha invertido $825 mil para conservar el área de El Imposible y la Barra de Santiago.
Cuando a Manuel se le pregunta qué fue lo más difícil de este trabajo, bromea con que “es comenzar”. Se ríe. Luego se pone serio y da una respuesta más formal: “Lo más difícil es que haya alguna organización que done el dinero para hacer las cosas”.
Este espacio intervenido de la Barra de Santiago contrasta drásticamente con aquel de Las Salinas. Allá, las vacas comen y se pasean en un lugar donde, en teoría, deberían habitar cocodrilos y caimanes entre las raíces y el agua de un bosque salado.
Deforestación. El Salvador ha perdido más de la mitad de los bosques de manglar que tenía en 1950.
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A Medicina Legal le faltan forenses con especialización académica
Posted on 6 mayo, 2018 5 mayo, 2018 by Valeria Guzmán Fotografías de Archivo
Hasta el día de hoy, El Salvador no ha graduado a ningún médico con el grado de especialidad en medicina forense en ninguna universidad. A pesar de ello, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sí ha contratado a médicos como forenses a pesar de que estos no cuenten con títulos de especialización en el extranjero que permita llamarlos así.
La creación del Instituto de Medicina Legal fue acordada en 1990. El instituto depende de la CSJ y desde el inicio de sus operaciones ha contratado a médicos generales para realizar actividades propias de especialistas. Así lo asegura la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
“Lo que se ha venido realizando son contrataciones de profesionales de la medicina que no cuentan con la especialización en las ciencias forenses para que ejerzan tales funciones en el Instituto de Medicina Legal”, se puede leer la resolución SS-0340-2004 de la PDDH.
Debido a que los procedimientos y dictámenes que el Instituto de Medicina Legal (IML) hace forman parte de procesos judiciales, cualquier cuestionamiento a la idoneidad de quienes los realizan puede llegar a convertirse en un cuestionamiento al sistema judicial del país. La administración de justicia basa buena parte de sus expedientes judiciales en la prueba científica que produce Medicina Legal.
“La falta de nombramiento de profesionales acreditados por la Corte Suprema de Justicia para el ejercicio de las labores del Instituto de Medicina Legal Dr. Roberto Masferrer violenta los derechos del debido proceso y de acceso a la justicia”, indica la resolución de la procuraduría.
En 2004 fue aprobada la Ley de Educación Superior actual. Esta ley estableció que los grados académicos como especialistas solo pueden ser brindados por institutos especializados de nivel superior o universidades. Solo hace dos años, en 2016 se empezaron a impartir clases de una nueva especialidad en medicina forense para crear médicos especialistas capacitados de acuerdo con la ley.
En otras palabras, en El Salvador, un país con 10 homicidios diarios en el primer trimestre del año, la especialidad en medicina forense es reciente. Tan reciente que aún no se ha graduado la primera promoción.
Para ser director del Instituto de Medicina Legal no es necesario contar con una especialización en esta área específica. De acuerdo con las convocatorias públicas realizadas para obtener el cargo, el único requisito académico fundamental para desempeñarse en el cargo es tener un título en ciencias jurídicas, medicina, química, biología o afines. El postgrado está señalado como una posibilidad “de preferencia”.
Por ejemplo, el actual director interino, Pedro Martínez, es un médico graduado de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer (USAM) con especialidad en cirugía. Su currículum, disponible en la página web de la CSJ, enlista dentro del apartado de “información profesional” dos cursos en medicina forense: el primero es un “postgrado en medicina legal” de 12 días en 1996; el segundo, un curso de cinco días de investigación de escena de la muerte en 1998.
En leyes. El artículo 189 del Código Procesal Penal regula que “la autopsia la practicarán únicamente médicos forenses”.
EL ESTADO ACTUAL DE LA ESPECIALIDAD
El 26 de octubre de 2015 la Corte Suprema de Justicia firmó un convenio con la Universidad de El Salvador. En él las dos partes se comprometieron a implementar la especialidad médica en Medicina Legal. En la actualidad hay 24 médicos residentes estudiando esa especialidad.
A la universidad le compete encargarse de los temas académicos, mientras que el IML pone a disposición de los residentes de la especialidad la infraestructura y el material del instituto, “todo con la finalidad de que el Instituto de Medicina Legal pueda contar, en el futuro, con médicos forenses especializados y acreditados”, se lee en un comunicado de la Corte.
La creación de esta especialidad no ha sido un proceso orgánico. Al contrario, para poderla implementar, se necesitó la presión de diversos actores ajenos a la Corte o a entes académicos. La presión externa comenzó en 2004, cuando la PDDH tuvo conocimiento a través de una denuncia “por nombrar y juramentar a médicos generales como médicos forenses”. Es decir, para que la denuncia tuviera una respuesta práctica, tuvieron que pasar 11 años.
La presidenta de la Sala de lo Penal y del Consejo Directivo del Instituto de Medicina Legal, Doris Luz Rivas Galindo, argumenta desde su oficina que los médicos que están contratados como forenses en el instituto sí tienen la capacidad y experiencia para desempeñarse como tales, y que ellos sí tienen “diplomados, maestrías” en ciencias forenses.
Ya que en el país no existía la especialidad en medicina legal, la Corte defendió durante años la práctica de contratar médicos generales en “la facultad constitucional” que tenían para nombrar médicos forenses. De acuerdo con información recabada por la PDDH, así respondió en un escrito en 2005 el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón.
En efecto, el artículo 182 de la Constitución establece que una de las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia es nombrar a los médicos forenses y a los empleados de las dependencias de la misma Corte.
“Todo esto comienza a raíz de una muerte de una sobrinita mía en 1991, por mala praxis médica”, explica el abogado Alfaro mientras saca documentos de su maletín en una cafetería de Antiguo Cuscatlán. Él sostiene que en las diligencias de ese proceso descubrió que quien realizó la autopsia de su familiar no era un médico forense certificado.
Dudas. ADESAM-Coribel cuestiona la idoneidad de la autorización legal con la que cuentan los médicos residentes para realizar acciones de práctica sobre, por ejemplo, cuerpos que son parte de un caso judicial.
A juicio de la PDDH, ese argumento se encontraba basado en una mala interpretación de la Constitución. Pues el artículo 5 de La Ley Superior de Educación de 2004 establece que el grado de especialista es uno académico y que solo los “institutos especializados de nivel superior y las universidades podrán otorgar todos los grados establecidos”.
Hace más de una década, cuando el Ministerio de Educación fue consultado al respecto, quien entonces era ministra de Educación, Darlyn Meza, “informó que conforme a la Ley de Educación Superior, le corresponde a ese ente acreditar los estudios de especialidades en las ramas de la medicina, con la colaboración interinstitucional y previa aprobación y dictamen de la Junta de Vigilancia de las especialidades respectivas”.
La procuraduría asegura que la CSJ hizo una interpretación errónea de las atribuciones constitucionales que la institución argumentaba. En ese sentido, el nombramiento de forenses al que se haría referencia en la Constitución se entendería como la capacidad de contratar a los médicos y no como la posibilidad de asignar un grado académico sin que estos lo cursen.
“Actualmente hay más de 122 médicos forenses en El Salvador, de donde la mayoría, más del 80 %, son mayores de 50 años”, cuenta la magistrada Doris Luz Rivas Galindo. Una fuente que pidió no ser identificada para este reportaje y que trabaja en una jefatura de la Corte explica que en Medicina Legal siempre se ha aprendido sobre la práctica. Y la práctica implica el manejo de información sensible para procesos judiciales.
“Todos entran así (sin experiencia)”, sostiene. Luego explica cómo es que en el instituto un médico general puede ser nombrado forense. Esta persona asegura que “cuando usted entra, se le entrena, se le tutorea y después de un tiempo… tres, seis meses en el área, a usted lo empiezan a soltar y empieza a poner la firma en el peritaje más sencillo y así por el estilo”.
La magistrada Rivas explica: “A partir del desarrollo de la especialidad, ya no es un médico que va a venir, verdad, que ha estado en un lugar equis y de repente va a venir a hacer peritajes”. Ella asegura que con las personas que se gradúen de la especialidad se van a quitar una preocupación de decir ‘bueno y a quiénes vamos a poner’ y evitar otro tipo de prácticas que son menos transparentes.
Rivas Galindo señala que a escala regional, solo Nicaragua y El Salvador no contaban con una especialidad forense. Y que ella no puede responder por qué la Corte no hizo la presión necesaria para que esta especialidad se gestionara con anterioridad. “Nosotros no podemos dar cuenta de por qué no lo hicieron antes. Ahora sí estamos dando cuenta de por qué lo estamos haciendo ahora”, se limita a responder.
EL INICIO DE LA DEMANDA
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tuvo conocimiento de esta situación en 2004. Así lo explica Mireya Tobar, la procuradora adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, desde su oficina en un edificio que tiembla cuando los carros transitan por la calle de enfrente.
Hace 14 años, Wilfredo Alfaro, representante legal de la Asociación para la Defensa de la Salud y del Medio Ambiente Corina Isabel Pérez Alfaro (ADESAM-Coribel), puso una denuncia ante la PDDH.
“Todo esto comienza a raíz de la muerte de una sobrinita mía en 1991 por mala praxis médica”, explica el abogado Alfaro mientras saca documentos de su maletín en una cafetería de Antiguo Cuscatlán. Él sostiene que en las diligencias de ese proceso descubrió que quien realizó la autopsia de su familiar no era un médico forense certificado.
Y como hasta hace tres años El Salvador no contaba con ninguna especialización forense certificada por una universidad, la procuradora Tobar no vacila en asegurar que “esta práctica ha sido histórica por parte del Instituto de Medicina Legal. Eso hay que tenerlo claro: en la historia de la creación del instituto no se ha contado con médicos con especialización como tal y si lo ha tenido ha sido de manera individual”.
Mireya Tobar asegura desde su escritorio -lleno de expedientes con denuncias de mala praxis médica- que la no certificación forense ha sido un obstáculo a la hora de evaluar el tipo de casos que llegan a esa unidad.
—Muchos de estos dictámenes, a la hora de que son presentados por Medicina Legal, evaden un dictamen por no tener una especialización en el tema de forense como puede ser en temas de medicina interna –declara.
—¿Pero de todas maneras sí realizan el trabajo con las limitaciones que tienen o se abstienen? –se le consulta a la procuradora.
—En algunos casos, sí. Un porcentaje realiza el dictamen pese a no tener la especialización.
—¿Los médicos pueden abstenerse de pronunciarse?
—Sí, se han llegado a abstener. Y como no hay un sustento en ese reconocimiento que emite, al final a la Fiscalía no le favorece y quedan en la impunidad los casos porque tienden a prescribir.
—¿Estamos hablando de que el nivel de la prueba científica es débil?
—Es débil en ese sentido. Y eso lo vemos en específico en los temas de negligencia y mala praxis –responde.
Tras la denuncia interpuesta durante 2004 por ADESAM-Coribel, la procuraduría de Beatrice de Carrillo exigió informes a la Corte Suprema de Justicia y al Instituto de Medicina Legal. En marzo de 2006, es decir, hace 12 años, hubo un primer pronunciamiento de la procuraduría en el que, de acuerdo con Mireya Tobar, se dio por establecida “la afectación al derecho de la tutela legal efectiva por parte del personal médico del IML”.
Según la procuradora adjunta, esta situación empezó a cambiar con “los esfuerzos realizados por la señora presidenta de la Sala de lo Penal y el consejo directivo del IML, licenciada Doris Luz Rivas Galindo, al gestionar la creación de la especialidad de medicina legal”, efectuados desde 2013.
A pesar de admitir los avances en este tema, Tobar dice: “Personalmente sé que se siguen las contrataciones (de personal no acreditado). Esperaríamos que la primera promoción, que ya son médicos que ya cuentan con la especialización, pueda tener un espacio en Medicina Legal o que aún los médicos (forenses) empíricos que están en IML también realicen estos estudios”.
La magistrada Rivas Galindo no descalifica la capacidad de los médicos contratados como forenses en los años anteriores, a pesar de que no cuentan con una especialidad académica, pero habla de “una gran distancia” en la formación que reciben quienes se están formando actualmente y quienes se formaron con la práctica. Ese mismo residentado que la magistrada defiende no ha estado exento de críticas.
LAS CRÍTICAS A LA ESPECIALIDAD
Cupos. En 2015 se abrió la convocatoria para seleccionar a ocho médicos generales que pudieran optar a la especialización en medicina legal. Aplicaron 29 personas.
La especialidad de medicina legal de la Universidad de El Salvador consta de 23 materias con 107 unidades valorativas. “En el primer año se cursan siete asignaturas, en el segundo ocho y en el tercero tres”, indica la coordinadora de docencia y especialidad médica de IML, Carolina Paz.
Durante 2015 se realizó un proceso de selección de médicos generales que pudieran optar a la especialización en medicina legal. El número de plazas disponibles era de ocho estudiantes y aplicaron 29 personas, de acuerdo con información de la Corte. Actualmente hay 24 estudiantes de la especialidad en el instituto, repartidos en tres años de estudio y práctica.
Las clases empezaron en febrero de 2016. “En el primer año cursan criminalística, que es la base fundamental de todo perito forense, se ven temas de clínica forense, más que todo dirigidos a la parte de lesionología. En el segundo año ya ellos van incursionando en temáticas más especiales, como el área clínica, ya se empieza a relacionar más que todo con estados de salud y se vuelven a ver temáticas médicas ya con un enfoque médico legal. En tercer año es donde ellos van a ver la parte más especializada de medicina legal, que serían ya ciencias forenses de la conducta, química forense; se empiezan ya a hacer sus rotaciones en áreas más especializadas”, explica Carolina Paz desde una sala de reuniones del IML una mañana de marzo.
A pesar de ser una especialidad académica para la cual el país esperó durante casi 20 años, desde que el IML fue creado, la versión en línea del pénsum de la Universidad de El Salvador, que se encuentra disponible para el público, tiene mal escrita 40 veces la palabra “forence”. La puesta en marcha de esta especialidad no ha estado libre de señalamientos.
Wilfredo Alfaro, el representante de ADESAM-Coribel, asegura que tiene información que le permite afirmar que “ahora resulta que los practicantes son los que están haciendo las autopsias”, cuando “Medicina Legal está constituida para hacer autopsias y reconocimientos médicos que van a servir en un proceso penal. Eso no puede estar contaminado”. Él denuncia que los médicos residentes efectúan sus prácticas sobre cuerpos y que esto influye en la posibilidad de contaminar los resultados.
La magistrada Doris Rivas Galindo rechaza dicho señalamiento.
—¿Cómo residentes ellos están autorizados en el área de patología a tener contacto con los cuerpos o a levantar actas que van a ser utilizadas en procesos judiciales? –se le cuestiona.
—Fíjese que por hoy no. No, ellos… una cosa es que puedan participar, apoyar y todo igual que lo hacen los auxiliares de autopsia, qué mejor que también un médico, pero ellos no. Es un tema que discutir, verdad. Ellos tendrían que participar en los juicios para aclarar todo esto, pero no. Y en todo caso ellos participan con el tutor, con alguien que ya realmente lo está haciendo.
—¿Habría que pedir algún permiso? ¿O cómo se establece que las personas que están teniendo contacto con prueba directa que va a ser utilizada puedan tener conocimiento de eso?
—Ellos no manipulan la prueba. La manipula el responsable, el médico forense responsable. Todo ese cuidado se está teniendo. Entonces, a lo mejor los profesores o los tutores son los que podrían dar mayor fe de eso –reitera la magistrada.
El coordinador general de especialidades médicas de la UES, Roberto Germán Tobar, respalda la respuesta de la magistrada. Al igual que Carolina Paz, la coordinadora de la especialidad en el Instituto de Medicina Legal. Ella enfatiza que “el especialista en formación no practica ningún tipo de actividad solo. Tiene un acompañamiento absoluto de los peritos con experiencia y peritos nombrados por la Corte, obviamente, que son los que firman los reconocimientos”.
ADESAM-Coribel, no obstante, cuestiona cuál es la autorización legal con la que cuentan los médicos residentes para realizar acciones de práctica sobre, por ejemplo, cuerpos que son parte de un caso judicial. “Esta persona tiene un familiar. ¿Quién de la familia de ellos autorizó para que esta persona estuviera manipulando el cuerpo? No tiene que estarle pidiendo permiso a los familiares. Pero una persona que no tiene competencia sí debe tener permiso de los familiares”, considera su representante legal.
El artículo 189 del Código Procesal Penal regula que “la autopsia la practicarán únicamente médicos forenses”. Una persona empleada de la Corte que solicitó el anonimato sostiene que “los médicos residentes no pueden tocar los documentos oficiales. Y ellos están con puño y letra haciendo los levantamientos”. Para este profesional, eso podría calificarse como falsedad documental.
Además, añade que “en la especialidad los médicos residentes no pueden hacer autopsias y las están haciendo”. La fuente va más lejos en su señalamiento y menciona que algunos residentes ejecutan las autopsias y el médico tutor solo las firma. Según la versión de esta persona, cuando los médicos encargados sean llamados a juicios para dar fe de la realización de autopsias, es posible que se omita decir que la ejecución fue por los residentes. “Esto se va a convertir en un delito cuando llegue donde el juez y diga ¿es su firma? Sí, esa es su firma. Pero el juez no pregunta ¿usted realizó la autopsia? Porque nos creen a nosotros”, sostiene.
“La prueba científica es la piedra angular sobre la que descansa un caso”, explica el doctor Miguel Enrique Velásquez, de la Asociación de Medicina Legal y Ciencias Forenses, una asociación que ofrece cursos privados de corta duración relacionados con la criminología, investigación forense y derechos humanos.
El presidente de la asociación indica que en su rama laboral, “lo más importante es que los peritos y los médicos forenses” tienen “una responsabilidad grande porque a través del trabajo se restituyen derechos”.
Pero esos derechos no pueden ser restituidos si los forenses no cuentan con los procesos de aprendizaje adecuados o más efectivos. La mayoría de personas consultadas para este reportaje coinciden en una cosa: la formación y acreditación de los profesionales de la medicina forense debe mejorar para que el sistema judicial pueda fortalecer su prueba científica.
—Si el patólogo forense no establece las dinámicas de movimiento de trayectorias internas de proyectiles y heridas para poder hacer una recreación de los hechos, ¿cómo le consta al juez que lo que dice el testigo es verdad? –se pregunta Velásquez desde una universidad para ilustrar la importancia del trabajo que efectúan los forenses.
De acuerdo con el presidente de la Asociación de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la acreditación idónea del personal de Medicina Legal es un paso vital para todo un sistema de justicia: “La impunidad se va a acabar en la medida de lo posible que tengamos menos casos, cuando los fiscales tengan más tiempo para dirigir un caso y poderlo condenar; en la medida que el perito tenga todos los recursos, que esté capacitado y que también el juez esté capacitado”.
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Posted on 8 abril, 2018 8 abril, 2018 by Valeria Guzmán Fotografías de Éricka Chávez y Fréderick Meza
La beca del curso cubre solamente los materiales y las clases. Quienes asisten a las clases deben gastar en transporte y alimentación diaria, lo que implica una inversión grande para quienes no tienen ingresos económicos.
Gratuidad. Los interesados en los cursos no deben pagar nada por las clases. Los gastos en los que los participantes pueden incurrir son los relativos a su propia alimentación y viáticos.
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References: resolución 
 resolución 
 artículo 189
 artículo 182
 artículo 5
 artículo 189