Source: http://comunicacionesmrg.com/2018/07/13/explicacion-tecnica-frente-a-opiniones-de-la-mesa-de-trabajo-de-la-fm-e-informe-de-la-republica-sobre-proyecto-de-ley-de-ajuste-a-la-politica-publica-de-servicios-de-television/
Timestamp: 2018-09-22 03:47:18+00:00

Document:
Explicación técnica frente a opiniones de la mesa de trabajo de La FM e informe de La República sobre proyecto de ley de ajuste a la política pública de servicios de televisión – prensa
FRENTE AL DESAFORTUNADO COMENTARIO DE LA FM y el informe del diario La República es importante dar claridad en las siguientes dimensiones:
El proyecto de ley 21 Senado de 2017 “por la cual se actualiza la política pública y se ajusta la institucionalidad, regulación, vigilancia y control y de protección de usuarios de servicios de televisión en un contexto de convergencia tecnológica” ha perdido vigencia por ausencia de trámite en la legislatura 2014-2018, más particularmente porque no tuvo primer debate en la comisión sexta del senado en el período 2017-2018.
El artículo del proyecto de ley sobre el cual se hacen desatinados comentarios es el siguiente:
ARTÍCULO 27.- RETRANSMISIÓN DE LAS SEÑALES DE TELEVISIÓN ABIERTA RADIODIFUNDIDA. Con el fin de preservar y promover el pluralismo informativo, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que distribuyan contenidos audiovisuales, deberán incluir en su oferta de programación, sin cobro alguno a sus suscriptores, la señal digital del canal principal de los proveedores del servicio de televisión abierta radiodifundida, en los niveles de cobertura que defina la Autoridad Nacional de Televisión.
La disciplina regulatoria de “must carry”, se encuentra implementada en el marco legal audiovisual colombiano a través del artículo 11 de la Ley 680 de 2001. Ya existe doctrina jurídica en el país, según la cual la implementación de este artículo NO PUEDE VERSE COMO UNA VIOLACIÓN de los derechos conexos de los organismos de radiodifusión, sino una limitación compatible con aquélla impuesta al derecho de autor en los actos de retransmisión simultánea y sin modificación del contenido original. En efecto el artículo 11 de la Ley 680 (VIGENTE) establece:
En relación con la exequibilidad declarada del artículo 11, la Honorable Corte Constitucional, en sentencia c-654 de 2003, manifestó:
Encuentra la Corte que esta finalidad se aviene a los principios superiores del Estado Social de Derecho pues garantiza a los usuarios de televisión por suscripción acceder por el mismo sistema, y sin costo alguno, a la información de carácter nacional, permitiéndoles obtenerla de manera amplia y adecuada, lo cual contribuye a la formación de una opinión pública libre.
De esta forma, resulta evidente que el análisis de constitucionalidad de la norma verificó que la ausencia de pago por concepto de derechos de retransmisión, implícitamente, no constituye una violación de los derechos conexos otorgados a los organismos de retransmisión por la Convención de Roma, sino que constituyen la aplicación del principio de paralelismo del artículo 15 de la Convención entre las limitaciones al derecho de autor y las limitaciones a los derechos conexos, para este caso particular, de los organismos de radiodifusión en materia de la transmisión de señales radiodifundidas.
Es claro que los tratados internacionales protegen los derechos patrimoniales y conexos de los generadores de contenidos audiovisuales, pero también plantean la POSIBILIDAD DE EXCEPCIONES. En relación con las excepciones estipuladas en el parágrafo segundo del artículo 15 de la Convención de Roma, según el cual se establece el principio de paralelismo del derecho conexo concedido al organismo de radiodifusión con el derecho de autor, es trascendental, para la opinión pública, conocer y resaltar que dicho régimen de excepción fue ratificado por la Decisión andina de 251 de 1993, así:
Más particularmente, la decisión andina, en concordancia con la normatividad internacional, presenta una serie de limitaciones y excepciones al derecho de autor, para situaciones particulares enumeradas en el artículo 22, de las cuales, resulta imprescindible para la presente actuación, la siguiente:
En este sentido, bajo el entendido que en la Convención de Roma se entiende por retransmisión “la emisión simultánea por un organismo de radiodifusión de una emisión de otro organismo de radiodifusión” está claro que cualquier disposición legal doméstica que implique, de forma tácita o expresa, una limitación paralela “sin autorización y sin pago de remuneración” a los organismos de radiodifusión en materia de retransmisión, es compatible con dicha Convención; más aún cuando dicha restricción está fundamentada en políticas de servicio universal en las que prima el interés general sobre el particular.
Esta lógica argumentativa fue RATIFICADA por el Tribunal Superior de Bogotá en marzo de 2017.
Es bastante curioso, pero de gran valor para este debate con argumentos INFUNDADOS que se promueve en La FM, resaltar que, cuando participaron todos los operadores dentro de las discusiones de la sentencia de la Corte Constitucional c-654 de 2003, los canales abiertos fueron los que pidieron que se incluyera su programación dentro de las parrillas de los operadores de televisión por suscripción.
Entonces, en ese momento para ellos sí era importante esa obligación, ahora, con otros intereses, los de maximización de los ingresos de sus empresas, tienen otro tipo de intereses y por eso están buscando fuentes complementarias de ingresos a partir de los supuestos reclamados DERECHOS DE RETRANSMISIÓN.
RESULTA UNA ACUSACIÓN INFUNDADA Y DE MALA FE INSINUAR QUE ESTE PROYECTO DE LEY, QUE BUSCA LA PREVALENCIA DEL INTERÉS GENERAL SOBRE EL PARTICULAR en cuanto a la pluralidad informativa de los colombianos, se ha hecho con el patrocinio de los cableoperadores.
Más grave aún resulta el juego de palabras: ”GUERRA CONTRA LA ECONOMÍA NARANJA”, cuando los incentivos a la innovación y la creación de contenidos están incorporados dentro de la estructura de costos de los canales privados y por consiguiente, en términos financieros son un menor valor de concesión y de sus prórrogas que han pagado al estado colombiano.
Finalmente, debo recalcar mi apoyo irrestricto a las medidas de promoción y consolidación de la ECONOMÍA NARANJA del presidente electo Iván Duque y desde mi labor legislativa promoveré todos los escenarios para que este concepto sea UNA REALIDAD EN EL PAÍS.
« Ya es Ley de la República el proyecto de senadora María del Rosario Guerra que crea instancia de coordinación y seguimiento el Paisaje Cultural Cafetero

References: ARTÍCULO 27
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 22