Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018s/se201831047.html
Timestamp: 2019-09-15 21:10:29+00:00

Document:
se201831047
Sentencia N° 47
Expediente : 315/2016
Demandante : Irineo Quispe Saravia.
VISTOS EN SALA: La demanda contenciosa administrativa cursante de fs. 103 a 109 vta., interpuesta por Irineo Quispe Saravia, que impugna la Resolución Ministerial Nº 333 de 13 de septiembre de 2016, pronunciada por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV), la contestación de fs. 156 a 161, notificación al tercero interesado de fs. 130, antecedentes del proceso y de sede administrativa; y,
Mediante escrito de demanda de 21 de noviembre de 2016, el demandante Irineo Quispe Saravia, manifiesta que:
a) La Resolución Ministerial incurre en incorrecta interpretación e indebida aplicación de las leyes y normas vigentes, al ordenar que desocupe el inmueble adjudicado a su favor; existe violación de los arts. 123 y 164.II de la Constitución Política del Estado (CPE), porque tanto la resolución jerárquica, como las dos decisiones administrativas, se fundamentan en el Reglamento para la Otorgación de Crédito de Vivienda de Interés Social del Consejo de Vivienda Policial (COVIPOL) aprobado el 14 de Agosto de 2014, sin considerar que el hecho data de la gestión 2006, aplicando retroactivamente dicho Reglamento y omitiendo la normativa y jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0812/2012 que hace hincapié en los arts. 33, 34 y 35 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA), sobre los efectos de los actos administrativos de alcance general, a partir del día siguiente hábil al de su publicación y los de alcance individual, a partir del día siguiente al de su notificación a los interesados; además, concluye que en materia administrativa, el acto administrativo rige para lo venidero.
b) No se consideró que la Junta Directa de COVIPOL se arrogó facultades o atribuciones no establecidas en el Estatuto Orgánico de COVIPOL aprobado por DS 22600, en consecuencia, sus actos están sancionados con nulidad de conformidad con los arts. 35 y 36 de la LPA, 122 de la CPE y 16 del citado Estatuto; además, las facultades establecidas en los arts. 7, 10, 11 y 12 de la Ley 439, Código Procesal Civil (CPC), están reservadas únicamente para los Juzgados Públicos en materia civil y comercial y COVIPOL y el MOPSV no tienen atribución para ordenar que desocupe el inmueble adjudicado a su favor.
Solicita se declare probada la demanda, disponiendo la revocatoria total de la Resolución Ministerial Nº 333 de 13 de septiembre de 2016 y las Resoluciones Administrativas de Directorio Nº 09/2016 de 3 de junio y 07/2016 de 11 de marzo.
Los representantes legales del MOPSV, se apersonan al proceso el 16 de febrero de 2017 y responden la demanda con los siguientes argumentos:
a) En cuanto al argumento de aplicación retroactiva del Reglamento para la Otorgación de Créditos de Vivienda de Interés Social de COVIPOL en las Resoluciones Administrativas impugnadas, no fue analizado en recurso jerárquico debido a que no se reclamó por el demandante en instancia administrativa; además, la Resolución Ministerial no solo cita dicho Reglamento, sino también la Constitución Política del Estado, el Estatuto del Funcionario Público y el Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Vivienda Policial, normativa que permite evidenciar que las decisiones de la Junta Directiva de COVIPOL son legales; y, no existe aplicación retroactiva del Reglamento en etapa de otorgación de créditos de vivienda, sino observaciones a la adjudicación del demandante que fue beneficiado, pese a incumplir los requisitos que se exigen al efecto.
c) A través de la función social de la propiedad se busca alcanzar su uso efectivo y responsable. El demandante fue beneficiado con un crédito hipotecario – construcción signado con el número 510078, lo que demuestra que antes de la adjudicación ya contaba con un inmueble, además que el departamento 1-A el cual fue adjudicado se encuentra ocupado por su hijo e hija política, aspectos que van en contraposición con la finalidad principal de estos programas que son otorgar soluciones habitacionales a personas y sus familias que no cuentan con vivienda propia; además, el art. 38 del Reglamento, prohíbe la obtención de 2 o más créditos en cualquiera de las modalidades sin cumplir los requisitos establecidos al efecto.
1.- El 18 de diciembre de 2006, la Honorable Junta Directiva de COVIPOL pronunció la Resolución Nº 33/06, que aprueba las solicitudes de préstamos para vivienda –entre otros– a favor del ahora demandante Irineo Quispe Saravia; dicha Resolución refiere al cumplimiento del Estatuto Orgánico, del Reglamento de Préstamos en vigencia y a la existencia de informes Social, Económico, Técnico y Legal que respaldan la aprobación de los prestamos (fs. 78 a 80 anexo 1).
2.- El Cuadro Anexo 1 de Adjudicaciones Observadas del Proyecto Habitacional “Los Reyes”, refiere que el demandante Irineo Quispe Sarabia, tiene la siguientes observaciones: 1.- El estudio social elaborado por la Lic. Encinas en la gestión 2006, indica que su persona cuenta con una vivienda propia, 2.- Anteriormente fue favorecido por la entidad con un crédito hipotecario – construcción signado con el número 510078, aspecto que corrobora que antes de la adjudicación ya contaba con un inmueble, 3.- La carpeta armada la cual se encuentra bajo custodia de la sección de archivos, no cuenta ni con el informe técnico, ni el informe legal propiamente dicho, referido a la otorgación del préstamo, 4.- El departamento 1-A el cual le fue adjudicado, se encuentra ocupado por su hijo e hija política, otro aspecto que demuestra que no existe una necesidad habitacional por parte del adjudicatario, y 5.- A la fecha no actualizo su certificado de NO propiedad otorgado por DD. RR. (fs. 27 a 32 del Anexo 1).
3.- La Junta Directiva de COVIPOL, en atención a las observaciones contenidas en los Informes del Departamento Social y de la Unidad de Asesoría Legal, pronuncia la Resolución Administrativa de Directorio Consejo Nacional de Vivienda Policial (COVIPOL) Nro. 07/2016 de 11 de marzo, autorizando a la Dirección Ejecutiva de COVIPOL, proceder a conminar a través de cartas notariadas, a los 13 beneficiarios de adjudicaciones –entre ellos el ahora demandante Irineo Quispe Sarabia–, a que en el plazo de 30 días calendario, desocupen el departamento habitacional adjudicado en el Edif. Los Reyes de la ciudad de La Paz (fs. 23 a 26 del Anexo 1).
4.- El 18 de abril de 2016, la Dirección Ejecutiva de COVIPO expide la carta notariada Cite U.A.L. Nº 351/2016, conminando a Irineo Quispe Saravia a devolver el departamento 1-A del Edif. “Los Reyes” en el plazo de 30 días calendario (fs. 56 a 57 del Anexo 1).
5.- El actor Irineo Quispe Saravia, formula recurso de revocatoria y la Junta Directiva, emite la Resolución Administrativa de Directorio Nro. 09/2016 de 3 de junio, confirmando la Resolución Administrativa de Directorio Nro. 07/2016 de 11 de marzo (fs. 69 a 71 del Anexo 1).
6.- Formulado el recurso jerárquico por el ahora demandante, el Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, pronuncia la Resolución Ministerial Nº 333 de 12 de septiembre de 2016, rechazando el recurso y confirmando la Resolución Administrativa de Directorio Nº 10/2016 (fs. 6 a 15 del Anexo 1).
1.- Determinar, si el Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda al confirmar la Resolución Administrativa de Directorio Nº 09/2016 de la Junta Directiva del Consejo de Vivienda Policial, a través de la Resolución Ministerial Nº 333 de 12 de septiembre de 2016, aplicó correctamente la normativa prevista en el Reglamento para la otorgación de Créditos Vivienda de Interés Social del Consejo de Vivienda Policial (COVIPOL) aprobado en fecha 14 de agosto de 2014, a una situación acaecida en el gestión 2006.
2.- Establecer, si al confirmar la Resolución Administrativa de Directorio Nº 09/2016 de la Junta Directiva del Consejo de Vivienda Policial, se valoró si la misma, tenía competencia para ordenar la desocupación del inmueble habitacional adjudicado a favor del demandado Irineo Quispe Saravia en el Edif. Los Reyes, Dpto. 1-A, por incumplimiento de requisitos necesarios, para ser beneficiario de vivienda de interés social para servidores policiales.
De acuerdo a las problemáticas planteadas, se realiza una interpretación desde la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto.
Del proceso Contencioso Administrativo.
La competencia de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia para la resolución de este tipo de controversias, está reconocida en el marco de lo establecido por el art. 2 de la Ley Nº 620 del 31 de diciembre de 2014 en concordancia con el art. 778 del Código de Procedimiento Civil (CPC), y la Disposición Final Tercera de la Ley Nº 439 (Código Procesal Civil).
El principio de congruencia en procesos contenciosos administrativos.
La Sentencia Nº 273A/2012 de fecha 15 de noviembre, de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en relación al principio de congruencia, estableció lo siguiente: “En atención al principio de congruencia, el derecho a recurrir ya sea en vía jurisdiccional o en vía administrativa, se halla intrínsecamente ligado a la correspondencia que debe existir entre las pretensiones alegadas por el recurrente y lo resuelto por el juzgador, plasmándose dicho principio, también en materia administrativa, como la necesaria correspondencia que debe existir entre las cuestiones impugnadas por el recurrente en el recurso de Alzada o en el recurso Jerárquico y lo resuelto en los citados recursos.”
Sobre la competencia de la Junta Directiva de COVIPOL.
Por otra parte, el art. 78 del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Vivienda Policial, establece lo siguiente: “El consejo Nacional de Vivienda Policial administrará y adjudicara unidades habitacionales en base a los estudios socio – económicos realizados para esta finalidad.” A su vez el art. 79 del mismo estatuto señala: “El reglamento de adjudicaciones, determinara las condiciones y criterios socio – económicos la dotación y localización de vivienda; estableciendo un mecanismo de seguridad para garantizar la recuperación de la inversión.”
V. ANÁLISIS DE LAS PROBLEMÁTICAS PLANTEADAS.
1.- En relación a la primera problemática, es importante definir que el actor alega en su demanda contenciosa administrativa, que la Resolución Administrativa Nº 07/2016 de fecha 11 de marzo de 2016 y los cuadros anexos que forman parte de dicha resolución, aplican normas del Reglamento para la Otorgación de Créditos de Vivienda de Interés Social del Consejo Nacional de Vivienda Policial aprobado el 14 de agosto de 2014, es decir se aplica un reglamento posterior a la fecha de adjudicación, por lo cual acusa vulneración al art. 123 y 164-II de la CPE, a estarse aplicando de manera retroactiva el reglamento, en su perjuicio.
Al respecto, cabe señalar que en aplicación del principio de congruencia que debe existir entre las cuestiones impugnadas en el recurso jerárquico y la demanda contenciosa administrativa, se evidencia que este argumento no fue observado ni reclamado por el demandante en instancia administrativa, motivo por el cual esté Tribunal Supremo de Justicia, con base a la jurisprudencia ya emitida al respecto, no puede pronunciarse al respecto.
2.- En relación a la segunda problemática, conforme se tiene ya definido, una de las características importantes del derecho al debido proceso, como derecho fundamental, es asegurar al ciudadano en primer orden el acceso a una justicia oportuna y eficaz, como así la protección de los posibles abusos de las autoridades originadas no sólo en actuaciones u omisiones procesales, sino también en las decisiones que adopten a través de las distintas resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o administrativas y que afecten derechos fundamentales, constituyéndose en el instrumento de sujeción de las autoridades a las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico.
En ese orden de ideas, corresponde precisar que la Resolución Administrativa de Directorio del Consejo Nacional de Vivienda Policial (COVIPOL) Nº 07/2016 de fecha 11 de marzo de 2016, luego de evidenciar irregularidades dentro de las carpetas de solicitudes de crédito con relación al Proyecto Habitacional denominado “Los Reyes”, resuelve “observar las adjudicaciones realizadas”, entre ellos la del actor Irineo Quispe Saravia, y como consecuencia de ello, autoriza a la Dirección Ejecutiva del COVIPOL, proceda mediante el área respectiva a la elaboración de cartas notariadas, por las cuales se conmina al actor a desocupar el departamento adjudicado, en un plazo de 30 días calendario y en caso de negativa, faculta a iniciar las acciones legales civiles y penales que correspondan para recuperar la tenencia de los departamentos.
De acuerdo al análisis fáctico, normativo y jurisprudencial citado precedentemente, y de la relación de antecedentes administrativos descritos, se concluye que es evidente que la Junta Directiva de COVIPOL tiene competencia para fiscalizar y supervisar el desenvolvimiento de las operaciones del Consejo y el cumplimiento de sus objetivos; sin embargo, no es posible que dicha facultad sea utilizada para afectar materialmente derechos expectaticios del actor, sin permitirle al demandante se someta a un proceso justo para dilucidar lo relativo a la adjudicación; mucho menos para sancionar con una desocupación, una supuesta inobservancia de requisitos para la adjudicación con la cual fue beneficiado el actor; por cuanto conforme lo sostiene la propia Resolución Administrativa observada, la decisión de la adjudicación del departamento a favor del actor, no es una decisión aislada, sino que deviene de un procedimiento interno que concluye con la adjudicación referida; así se observa como antecedentes anteriores a la misma, la Resolución de Junta de Directorio Nº 027/06 del 06 de Octubre de 2006, que resuelve en su artículo segundo; auto
rizar a la Dirección Ejecutiva de COVIPOL, que una vez concluidos los trámites pertinentes, se otorgue los préstamos individuales a los socios de COVIPOL que cumplieron los requisitos exigidos por el Reglamento de Prestamos en vigencia y accedan a la adquisición de los departamentos a ser construidos; en ese misma línea se observa la Resolución de Junta Directiva Nº 027/06 de Octubre de 2006, que resuelve en su artículo tercero; Que los departamentos Legal, Técnico y Administrativo elaborarán los documentos de sus áreas, efectuarán el seguimiento y supervisión correspondiente; determinando previamente que las viviendas correspondan a criterio de vivienda de interés social; y por último, la Resolución de Junta Directiva N° 033/06 de 18 de diciembre de 2006, que resuelve aprobar las solicitudes de crédito con relación al Proyecto Habitacional denominado “Los Reyes”; es decir, que se observa que se siguió un procedimiento interno, para concluir con la adjudicación a favor del actor, aspecto que implica reconocer necesariamente un derecho expectaticio a favor del actor, por cuanto es un derecho latente, aún no perfeccionado, basado en la esperanza o posibilidad de conseguir un beneficio a recibirse en lo sucesivo, ya que el actor –beneficiado- con la adjudicación, debía cumplir con ciertos requisitos para perfeccionar su derecho propietario sobre el departamento adjudicado.
Con base en lo anotado, este Tribunal considera que la Resolución Administrativa de Directorio N° 07/2016 de 11 de marzo de 2016, emitida por el Consejo Nacional de Vivienda Policial (COVIPOL), vulnera el derecho fundamental del debido proceso consagrado en el art. 115.II de la CPE, por cuanto la resolución administrativa aludida, ha sido eliminada sin que medie un procedimiento interno, en el que actor pueda defenderse y presentar sus descargos, decide observar las adjudicaciones realizadas, a través de informes que no pudieron ser confrontados por el actor en un debido proceso, lo que implica un resolución unilateral, vulneratoria del derecho al debido proceso, por cuanto la misma a más de realizar una observación a las adjudicaciones realizadas –nótese que no se trata de una resolución que determine la legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones-, establece dos sanciones; la primera de desocupación del departamento y la segunda establecida en el artículo cuarto de la referida resolución, que autoriza a la COVIPOL que una vez recuperados los departamentos, lanzar una convocatoria dirigida a los miembros de la Policía Boliviana – Afiliados a la COVIPOL, para presentar sus solicitudes de adjudicación, lo que implica sin lugar a dudas, sanciones administrativa unilaterales, sin haber permitido que el actor sea sometido a un proceso justo en donde sea oído y vencido conforme a las normas de un procedimiento regular.
La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la atribución conferida por el art. 6 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014 y, lo dispuesto en los arts. 778 y 781 del CPC-1975, declara PROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs. 103 a 109 vta., presentada por Irineo Quispe Saravia; en consecuencia, REVOCA la Resolución Ministerial 333 de 12 de septiembre de 2016, pronunciada por el Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda; y, deja sin efecto las Resoluciones Administrativas de Directorio Nro. 07/2016 de 11 de marzo y Nro. 09/2016 de 3 de junio.
Corresponde dejar expresa constancia que en la presente resolución el Magistrado Dr. Esteban Miranda Terán, fue de voto disidente, con el argumento de declarar la inadmisibilidad de la acción planteada por cuestiones relativas a la jurisdicción y competencia; en consecuencia se convocó al Magistrado de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Social Administrativa Segunda Dr. Ricardo Torres Echalar; quién se adhiere al proyecto de la original Relatora; por lo que firma la presente Resolución.

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