Source: https://redsosamazonas.wordpress.com/2014/04/04/basta-a-la-explotacion-de-petroleo-en-la-amazonia/
Timestamp: 2018-02-20 01:40:24+00:00

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¡Basta a la explotación de petróleo en la Amazonía! | Red SOS Amazonas
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Alí Rodríguez y el d iscurso extractivist a, por Pablo Dávalos →
La resolución del directorio de Petroecuador (25 DIR-2007-03-30) planteó en concreto:
“se aceptó como primera opción la de dejar el crudo represado en tierra, a fin de no afectar un área de extraordinaria biodiversidad y no poner en riesgo la existencia de varios pueblos en aislamiento voluntario o pueblos no contactados. Esta medida será considerada siempre y cuando la comunidad internacional entregue al menos la mitad de los recursos que se generarían si se opta por la explotación del petróleo; recursos que requiere la economía ecuatoriana para su desarrollo”.
“El Deutsche Bundestag (…) aplaude expresamente la propuesta de Ecuador del 5 de junio de 2007 de proteger el campo Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT) en el Parque Nacional Yasuní de todo posible perjuicio causado por la explotación petrolera. La propuesta reviste importancia especial para la conservación de una reserva de la biosfera única en el mundo y la protección de los pueblos indígenas asentados en esta área. Más allá de ello, enriquece la discusión necesaria sobre la contribución de los países en desarrollo a la protección global del clima y el valor de la diversidad biológica. Como contrapartida de la conservación del ITT y la renuncia del Ecuador a la explotación del crudo, a garantizarse en forma permanente mediante contratos internacionalmente vinculantes, el país exige que la comunidad internacional se ponga de acuerdo para realizar pagos de compensación a favor de Ecuador. Lo que se prioriza es la protección de la biodiversidad y no la renuncia al uso de los recursos petroleros. No se quiere crear un precedente que ponga en riesgo las negociaciones internacionales sobre la protección del clima debido a exigencias financieras de los países productores de petróleo, imposibles de cumplir.” (Ver comunicado del Deutsche Bundestag, Drucksache 16/9758, 25. 06. 2008).
Gracias a la discusión que provocó este aporte se consiguió superar la propuesta inicial en la que se hablaba de donaciones internacionales, para dar paso a la tesis de las contribuciones como un principio básico de la corresponsabilidad internacional. Es obvio que no se puede compensar por algo que obligatoriamente se debe hacer. Este texto sirvió también para dejar en claro que había muchas opciones de financiamiento, que no todo se resolvía por medio del mercado de carbono, y que el Estado no podía poner como excusa este tema. Fueron varias las críticas a la posición de la comisión oficial que a momentos priorizaba la lógica del mercado para conseguir el financiamiento requerido.
Del ITT a Montecristi para regresar al ITT
La cuestión del ITT estuvo presente en los debates constituyentes de Montecristi. En reiteradas ocasiones, sobre todo cuando se discutían temas vinculados a la naturaleza y su protección, se analizaron las mejores opciones para conseguir los objetivos propuestos.
El punto de partida fue reconocer que la acumulación material –mecanicista e interminable de bienes– apoltronada en “el utilitarismo antropocéntrico sobre la naturaleza”, al decir del uruguayo Eduardo Gudynas, no tiene futuro. Los límites de estilos de vida sustentados en esta visión ideológica del progreso son cada vez más notables y preocupantes. El ambiente, es decir los recursos naturales, no pueden ser vistos como una condición para el crecimiento económico, como tampoco pueden ser un simple objeto de las políticas de desarrollo.
Esto nos condujo a aceptar que la naturaleza, en tanto una construcción social, es decir en tanto término conceptualizado por los seres humanos, debe ser reinterpretada y revisada íntegramente. Para empezar, la humanidad no está fuera de la naturaleza. La visión dominante, que pretende ver al ser humano por fuera de la naturaleza, incluso al definirla como naturaleza sin considerar a la humanidad como parte integral de la misma, ha abierto la puerta para dominarla y manipularla. Se le ha transformado en recursos naturales e incluso en “capital natural” a ser explotado. Cuando en realidad, la naturaleza hasta podría existir sin seres humanos…
En este punto fue importante el debate sobre las verdaderas dimensiones de la sustentabilidad. El crecimiento económico, definido como incremento monetario del producto y tal como lo hemos experimentado, constituye un componente intrínseco de la insustentabilidad actual. Para superar esta situación, es indispensable preservar la integridad de los procesos naturales que garantizan los flujos de energía y de materiales en la biosfera. Hay que sostener la biodiversidad por igual, para lo que habrá de evolucionar del actual antropocentrismo al biocentrismo, en los términos planteados por Gudynas. Esto implicaba otorgar a todas las especies el mismo derecho “ontológico” a la vida.
Estos planteamientos ubicaron con claridad por donde debería marchar la construcción de una nueva forma de organización de la sociedad, si realmente pretende ser una opción de vida, en tanto respeta la naturaleza y permite un uso de los recursos naturales adaptado a la generación (regeneración) natural de los mismos. La naturaleza, en definitiva, debe tener la necesaria capacidad de carga y recomposición para no deteriorarse irreversiblemente por efecto de la acción del ser humano.
Dotar de derechos a la naturaleza significaba, entonces, alentar políticamente su paso de objeto a sujeto, como parte de un proceso centenario de ampliación de los sujetos de derecho. Este paso, quién lo duda, constituyó una verdadera hecatombe para la tradición jurídica. Estos derechos acogen criterios de justicia ambiental que superan la visión tradicional de justicia, lo que provoca varios conflictos conceptuales con los constitucionalistas y juristas tradicionales.
Al reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos en la búsqueda de ese necesario equilibrio entre la naturaleza y las necesidades y derechos de los seres humanos, todo ello enmarcado en el principio del Buen Vivir, se supera la clásica versión por la que la conservación del medioambiente es entendida simplemente como un derecho de los seres humanos a “gozar de un medioambiente sano y no contaminado”. Los derechos de la naturaleza tienen que ver con el derecho que tienen la actual y las siguientes generaciones de gozar de un ambiente sano, pero va muchos más allá al incorporar a todos los seres vivos y a la tierra misma en el goce de este derecho.
En este contexto se discutió la propuesta de dejar el crudo en el subsuelo en el ITT. Varias veces se habló de blindar el Parque Nacional Yasuní mediante una clara disposición constitucional. Esta posibilidad se vio frustrada por varias razones: no sólo había que formular una norma constitucional para proteger una sola área y recordando que en el Ecuador el respeto a las constituciones no ha sido la norma, se optó por las respuestas posibles en ese momento, abriendo incluso la puerta para que sea directamente la propia sociedad la que asuma su responsabilidad en determinadas circunstancias. Por último, tampoco habrían existido los votos suficientes para asegurar constitucionalmente la posibilidad de dejar el crudo en tierra en el ITT, pues recuérdese que el gobierno del presidente Correa –que tenía la mayoría en la Asamblea– había dejado la puerta abierta a la opción de la explotación del crudo.
La Constitución de Montecristi, la vigésima desde la creación de la República del Ecuador en 1830, fue aprobada por mayoría abrumadora del pueblo ecuatoriano en 2008. En lo que concierne a los pueblos ocultos o en aislamiento voluntario (muchos de los cuales viven en el Parque Nacional Yasuní), el artículo 57 de la Constitución establece que
Esta definición constitucional no se circunscribe exclusivamente a las zonas intangibles o a las áreas protegidas. La misma movilidad de estos grupos humanos no sólo que dificulta su ubicación, sino que incluso imposibilitó la definición de un área específica en la Constitución. Esta compleja realidad no puede ser pretexto alguno para negar la existencia de dichos pueblos y mucho menos para poner en riesgo su vida.[3] Así, por ejemplo, se debería suspender la actividad petrolera en el bloque Armadillo, pues si bien éste no está en el Parque Nacional Yasuní, existen datos certeros sobre la presencia de pueblos en aislamiento voluntario en esta zona.
En el Título VII, del Régimen del Buen Vivir, en el capítulo segundo, se establece todo un amplio y diverso marco regulatorio y precautelatorio de la biodiversidad y los recursos naturales que va del artículo 395 al 407. Sin tratar de mencionar todos los puntos relativos al tema en la Constitución, vale simplemente recordar, entre muchos otros principios básicos, que
“el Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras”;
“en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza”;
“la responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas”;
“el Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país.”
La Iniciativa Yasuní-ITT, con la que se pretende ahorrar al mundo la emisión de 410 millones de toneladas de CO2, encontró otro punto de correlación en el texto constitucional, en lo relativo a enfrentar las graves amenazas derivadas de los cambios climáticos globales. Así, en el punto dedicado a las relaciones internacionales, en el artículo 416, se “impulsa la creación, ratificación y vigencia de instrumentos internacionales para la conservación y regeneración de los ciclos vitales del planeta y la biosfera.”
Finalmente, la misma Constitución establece un mecanismo interesante. Para impedir que se mantenga la situación anterior, en la que los gobernantes tenían la posibilidad de afectar en la práctica la vida dentro de las áreas protegidas, se estableció en el ámbito del poder legislativo y de la misma sociedad la potestad para aprobar o no actividades extractivas en dichas áreas. En el artículo 407
Esta disposición podría conducir a una situación controvertida. Imagínese que en una consulta popular se apruebe la explotación de algún recurso natural no renovable en un área protegida, que sea también territorio de un pueblo no contactado. Aquí, en estricto apego a la Constitución y a los mandatos internacionales sobre derechos humanos incorporados como norma jurídica del Ecuador en la misma Constitución[4], debería primar el respeto a la vida.
Una iniciativa atrapada por su propio éxito
Cuando el proyecto comenzaba a proyectar claras señales de éxito, el propio presidente Correa le propinó un duro golpe. Siendo el único gobernante en el mundo que tenía una propuesta concreta y vanguardista para enfrentar el calentamiento global, sin argumento válido alguno, se marginó de la cumbre de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP-15) celebrada en Copenhague en diciembre de 2009.
Además, después de haber autorizado la firma del acta de compromiso del fideicomiso internacional en dicha cumbre, el presidente cambió de opinión a última hora. (Cabe señalar que el texto de este fideicomiso lo redactaba el gobierno ecuatoriano sin intromisión externa alguna)[5]. Días más tarde, el 9 de enero del año 2010, realizó una desacertada declaración con la que arremetió inclusive contra los posibles contribuyentes del fondo Yasuní-ITT y desbarató la comisión negociadora provocando incluso la renuncia de su canciller Falconí.
En el aire quedó flotando la sospecha de que los intereses petroleros habrían recuperado una posición preponderante… Lo cierto es que el éxito de la Iniciativa Yasuní-ITT, impensable hace tres años, fue despertando una serie de reacciones en su contra en la medida que ésta se consolidaba. Casi que se podría afirmar que el éxito avizorado en la ejecución de la iniciativa provocó nuevas y complejas amenazas.
A raíz de las declaraciones presidenciales de inicios de 2010, los aparentemente aletargados representantes y tinterillos de las petroleras desplegaron una gran campaña de desinformación e inclusive de desprestigio en contra de la iniciativa. Carlos Pareja Yanuzelli, ex-presidente de Petroecuador, gran propulsor de la explotación del petróleo del ITT en el gobierno del presidente Rafael Correa, actualmente cónsul del Ecuador en Houston, regresó para defender las tesis extractivistas argumentando que los riesgos ambientales disminuirían gracias a los últimos avances tecnológicos… Wilson Pastor, presidente de la empresa estatal Petroamazonas, se unió a este coro de petroleros ansiosos por hincarle el diente al ITT. Y en este contexto, mientras amplios segmentos de la sociedad están empeñados en llevar adelante la Iniciativa Yasuní-ITT, se consolidan las amenazas en contra de la vida de los pueblos libres en aislamiento voluntario, al otro extremo del ITT, al borde del Parque Yasuní en el bloque Armadillo. Allí, sin respetar la Constitución, particularmente en el mencionado artículo 57, avanzan las actividades petroleras.
El exabrupto del presidente Correa impactó internacionalmente. Como anota Eduardo Gudynas,
“mientras el Wall Street Journal subrayó los dichos presidenciales de pasar a la explotación del petróleo si el plan de conservación fracasaba, el New York Times recordó su crítica a los países dispuestos a donar dinero para proteger el Yasuní. Las agencias de noticias propalaron los detalles del debate, y asombra encontrarlos tanto en espacios clave, como por ejemplo en la agencia china de informaciones, pero también en apartados rincones, como es el caso del muy africano Ethiopian Review, o la web de la FM Brunei, en el sudeste asiático. Por lo tanto, en primer lugar debe quedar en claro que en este mundo globalizado, el debate ecuatoriano sobre el ITT se ha difundido por todo el planeta. Aquellos que creen que fue una mera discusión doméstica, donde los calificativos y denuncias no trascenderían, se equivocan.” (2010)
En concreto, el presidente Correa –consciente o inconscientemente– provocó la caída de la credibilidad en la iniciativa.
Paradójicamente, dentro del país mucha gente pudo enterarse por primera vez sobre esta iniciativa gracias las declaraciones presidenciales y a los hechos que éstas provocaron. Si el 17 de mayo de 2009, un 30% de la población de Quito y Guayaquil había oído hablar del ITT, al 24 de enero de 2010, este porcentaje subió al 63% según la encuestadora Perfiles de Opinión. Y dentro de este elevado número de compatriotas, apenas un 23% apoyaría la explotación del hidrocarburo del ITT.
La reacción positiva de la ciudadanía resultó un llamado de advertencia. Inclusive se podría suponer que el reposicionamiento de la propuesta a nivel gubernamental es explicable por esta respuesta. El presidente, sorprendiendo nuevamente, aseveró que la Iniciativa Yasuní-ITT sería el “proyecto emblemático” de su gobierno. Pero días más adelante, volvió a hablar de la posibilidad de quitarle una T y hasta la I al ITT.
No hay duda que la iniciativa sigue sitiada por las dudas del presidente Correa y las permanentes presiones de las petroleras que alimentan la inseguridad presidencial.
Varias amenazas se ciernen sobre el Yasuní
En estas condiciones, se esperan señales claras para que esta propuesta pueda ser una realidad. Se precisa coherencia y consistencia a nivel gubernamental. Resulta indispensable un fideicomiso que otorgue confianza a los potenciales contribuyentes, sin afectar la soberanía ecuatoriana. Este equilibrio entre confianza y soberanía para asegurar la utilización de los recursos establecida por el Estado ecuatoriano es crucial. Sin embargo, siendo importante el fideicomiso, éste no será suficiente.
El presidente Correa debe remontar los problemas generados por él mismo. Le corresponde dar nuevas y reforzadas muestras de respaldo a la iniciativa. Convendría que se comprometa formalmente a no explotar el ITT durante su gestión; eso daría al menos 3 años de plazo estable a las negociaciones. Tampoco debería tolerar el desarrollo de actividades petroleras en los márgenes del ITT, lo que incluye el respeto irrestricto a los pueblos en aislamiento voluntario en cualquier lugar de la Amazonía. Así, el gobierno debería frenar también las otras amenazas que se ciernen sobre el Yasuní, como son la deforestación y extracción ilegal de madera, la colonización sin control, el turismo ilegal, y el eje multimodal Manta-Manaos en el marco del IIRSA. También habrá que controlar las actividades que despliegan los bloques petroleros adyacentes y las mismas carreteras abiertas para los proyectos petroleros cercanos. Inclusive convendría analizar si conviene incorporar el bloque 31 al ITT, pues en dicho bloque hay poco petróleo y baja calidad, cuya rentabilidad se aseguraría explotando el ITT.[6]
Sería importante auscultar la posibilidad de que en el Perú se dé un tratamiento similar al bloque 67, directamente vecino del ITT, con apenas una tercera parte de las reservas existentes en el lado ecuatoriano. Con esta potencial ampliación del ITT por el Este con el bloque 67 peruano[7] y por el Oeste con el bloque 31, se aseguraría una zona mucho más grande de similares características de megabiodiversidad, en la que se ha registrado la presencia de pueblos no contactados. Todos estos bloques sumados a la zona intangible en el sur del Parque Yasuní, formarían una importante reserva de vida.
El proyecto está en un punto crucial. La nueva comisión negociadora, con algunas personas conocedoras y comprometidas en la materia, no parece tener el mismo peso y perfil de la anterior. La persona encargada de dirigir las negociaciones internacionales, Ivonne Baki, no demuestra conocimientos ambientales además de tener un pasado político controvertido, pues se dice habría defendido los intereses de la Texaco, a más de haber sido la gran porrista del TLC con los EEUU.
En estas circunstancias la sociedad civil debe estar atenta. Se podría facilitar el fracaso del proyecto bajo la excusa de que la comisión negociadora conformada por el presidente finalmente no funcionó. También se podría endilgar el fracaso a los países desarrollados e incluso a los ecologistas, por no haber conseguido el financiamiento necesario…
Sin embargo, esta iniciativa demuestra resultados satisfactorios aún antes de cristalizarse. El tema se ha posicionado en el debate nacional e inclusive a nivel internacional en sus múltiples aristas. En muchas regiones del país se consolidan posiciones favorables a la iniciativa. Hay quienes reclaman (reclamamos) con poderosos argumentos, que es conveniente dejar el crudo en el subsuelo, aún sin que se consiga la contribución internacional. Y la opción C, de dejar el crudo en el subsuelo aún sin dicho aporte externo, podría cristalizarse a través del cumplimiento irrestricto de las disposiciones constitucionales, entre las cuales están el mencionado artículo 57, que garantiza los derechos colectivos de manera irrestricta a los pueblos no contactados, y también el artículo 407, que abre la puerta a una consulta popular.
A la postre, debe quedar absolutamente claro que la real garantía de éxito de la Iniciativa Yasuní-ITT, que asegura la vida en esta región amazónica, radica en el compromiso de la sociedad civil de Ecuador y también del mundo, que están conminadas a apropiarse de este proyecto de vida.
Acosta, Alberto, Eduardo Gudynas, Esperanza Martínez, Joseph Vogel, “Dejar el crudo en tierra o la búsqueda del paraíso perdido-Elementos para una propuesta política y económica para la iniciativa de no explotación del crudo del ITT”, 2009.
Acosta, Alberto, La maldición de la abundancia, CEP, Swissaid y Abya-Yala, Quito, 2009.
Correa, Rafael, “Política de protección a los pueblos en aislamiento voluntario”, Quito, 18 de abril de 2007.
Fander, Falconí, et. al., “Deuda externa: rompiendo mitos”, CDES, suplemento, Quito, 29 de noviembre de 2001.
Gudynas, Eduardo, El mandato ecológico – Derechos de la naturaleza y políticas ambientales en la nueva Constitución, Abya-Yala, Quito, 2009.
Martínez, Esperanza, Yasuní El tortuoso camino de Kioto a Quito, CEP y Abya-Yala, Quito, 2009.
Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Ambiente, “Yasuní-ITT Una Iniciativa para cambiar la historia”, Quito, 2009.
Oilwatch, “Un llamado eco-lógico para la conservación, el clima y los derechos”, documento de posición Montecatini, Italia, junio 2005.
Oilwatch, “Asalto al paraíso: empresas petroleras en áreas protegidas”, Quito, 2006.
Pueblo ecuatoriano, Constitución de la República del Ecuador, Montecristi, 2009.
Varios autores, “Plan de Gobierno del Movimiento País 2007-2011”, Quito, 2006.
Varios autores, El Ecuador post-petrolero, Oilwatch, Acción Ecológica e ILDIS, Quito, 2000.
Villavicencio, Arturo y Alberto Acosta (coordinadores), “Agenda Energética 2007-2011”, Ministerio de Energía y Minas, Quito, 2007.
Vogel, Henry Joseph; The Economics of the Yasuní Inicitive Climate Change as Thermodynamics Mattered, UNDP, Anthen Press, New York, 2009.
[1] Economista ecuatoriano. Profesor e investigador de la FLACSO. Ministro de Energía y Minas enero-junio 2007. Presidente de la Asamblea Constituyente y asambleísta noviembre 2007-julio 2008.
[2] El 17 de abril del año 2007 se suscribieron tres convenios adicionales con Venezuela: 1) cooperación el ámbito del manejo del gas 2) potencial explotación del crudo del ITT y construcción de la Refinería del Pacífico, y 3) valoración de las reservas petroleras en el ITT. Un punto a dejar constancia: el crudo del ITT no es indispensable para justificar la construcción de la Refinería del Pacífico. Basta recordar la columna editorial del diario Hoy del autor de estas líneas publicada el 31 de mayo de 2006, en que alentaba la posibilidad de construir esa refinería para que procese sobre todo crudo venezolano, considerando que “esto facilitaría una transición no traumática hacia una economía no petrolera que se avizora como inexorable, proceso que debería incluir la moratoria petrolera en el centro y sur de la Amazonía ecuatoriana”.
[3] Como un complemento a lo anterior, añádase las medidas cautelares otorgadas el 10 de mayo de 2006 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de los tagaeri y los taromenane, pueblos que habitan en el Yasuní.
[4] El artículo 57 establece expresamente el reconocimiento y garantía de los derechos colectivos a las comunas, las comunidades, los pueblos y las nacionalidades indígenas, establecidos en la Constitución y en los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales. Similar norma se estableció para el pueblo afroecuatoriano, en el artículo 58.
[5] La tesis del fideicomiso estuvo presente desde la primera mitad del año 2007. Fue siempre uno de los ejes básicos alrededor del cual giraría la consecución de recursos financieros en el exterior. No se trata de ninguna imposición de los potenciales contribuyentes. Es más, ya en junio de dicho año se había trabajado un documento de trabajo en el que se proponían dos fideicomisos: uno nacional y otro internacional. El fideicomiso nacional se constituyó con el Decreto Ejecutivo número 847, del 2 de enero del año 2008, constituido en la Corporación Financiera Nacional (CFN); sobra decir que este fideicomiso no prosperó.
[6] El tipo de crudo existente en esa zona viene mezclado en una elevada proporción con agua de formación, en extremo contaminante, en una relación que puede estar en un barril de petróleo por cuatro de agua.
[7] Con esta ampliación no se está previniendo la explotación horizontal del petróleo del bloque ITT desde el lado peruano. Posibilidad imposible en la actualidad con las tecnologías disponibles, la que, por lo demás, de darse, provocaría al menos complicaciones diplomáticas entre los dos países.
Fuente Rebelion / Autor Alberto Acosta

References: resolución 
 artículo 57
 artículo 395
 artículo 416
 artículo 407
 artículo 57
 artículo 57
 artículo 407
 artículo 57
 artículo 58