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Timestamp: 2019-10-19 10:11:27+00:00

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STC 202/2004, 15 de Noviembre de 2004 - Jurisprudencia - VLEX 233876
STC 202/2004, 15 de Noviembre de 2004
Número de Recurso: 6587-2003
Sentencia citada en: 263 sentencias, 10 artículos doctrinales, una resolución administrativa
En el recurso de amparo núm. 6587-2003, promovido por don José Víctor Z.B., representado por el Procurador de los Tribunales don Carlos José Navarro Gutiérrez y asistido por el Abogado don Rodrigo Rodríguez Ferrer, contra los Autos de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de 8 de mayo y 9 de octubre de 2003. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente la Presidenta doña María Emilia Casas Baamonde, quien expresa el parecer de la Sala.
Por escrito registrado en este Tribunal el 5 de noviembre de 2003, el Procurador de los Tribunales don Carlos José Navarro Gutiérrez, en nombre y representación de don José Víctor Z.B., interpuso recurso de amparo contra el Auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de 8 de mayo de 2003, que denegó la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad solicitada, y el Auto del mismo Tribunal de 9 de octubre de 2003, que desestimó el recurso de súplica contra el anterior.
El recurrente fue condenado en Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de 11 de marzo de 1997 por hechos ocurridos el 25 de agosto de 1994, que fueron calificados como concurso de delitos "extorsión, detención ilegal y falta de daños" a diversas penas que suman en total un año y nueve meses de prisión y dos días de arresto menor. Contra la citada Sentencia el condenado interpuso recurso de casación que fue desestimado en Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 1998. La Sentencia de la Audiencia Provincial fue declarada firme respecto de otro condenado en la misma "el Sr.B.", al haber desistido del recurso de casación, en Auto de 10 de febrero de 1998. En Auto de 17 de diciembre de 1998 "consta por error 1995", la Audiencia Provincial declaró la firmeza de la Sentencia en relación con el recurrente de amparo al haberse desestimado el recurso de casación.
Una vez iniciada la ejecución de la Sentencia, el condenado solicitó la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad al amparo del art. 80 CP. Por Auto de 8 de mayo de 2003 la Audiencia Provincial denegó la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad con un fundamento jurídico único del siguiente tenor: "el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena precisa para su concesión la concurrencia de los requisitos previstos en los artículos 80 y siguientes del Código Penal, pero siempre se trata de una facultad del Tribunal sentenciador, y en el supuesto de autos y a la vista de lo anteriormente expuesto ha de denegarse la concesión de los beneficios solicitados". En el apartado de hechos, previo a éste, solo consta que el Ministerio Fiscal se opuso y que la Sentencia devino firme el 10 de febrero de 1998 (sic).
Recurrido el citado Auto en súplica, alegando la prescripción de la pena, al haber transcurrido más de cinco años desde la firmeza de la Sentencia hasta el Auto de denegación de la suspensión y carecer de peligrosidad criminal el recurrente, dado que está integrado socialmente "trabaja en una editorial desde noviembre de 1997, tiene domicilio fijo y familia y no ha vuelto a delinquir", la Audiencia Provincial desestimó el recurso en Auto de 9 de octubre de 2003, cuyo fundamento jurídico primero reza: "Desestimar el recurso de súplica interpuesto, al no haber cambiado las circunstancias tenidas en cuenta en el momento de dictar la resolución recurrida. En cuanto a la prescripción de la pena alegada, no ha prescrito pues como señala el Fiscal desde la firmeza de la Sentencia de fecha de 10 de febrero de 1998 hasta el requerimiento al penado José Víctor Z.B. "19 de noviembre de 2002" no ha transcurrido el plazo de prescripción de la pena".
La demanda de amparo alega la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) en relación con el derecho a la libertad personal (art. 17.1 CE) y del derecho a la resocialización y reinserción social (art. 25.2 CE).
En primer término, el recurrente aduce la falta de motivación de los Autos recurridos. De un lado, se cumplen en su caso los requisitos establecidos en el art. 81 CP "primer delito y única vez que delinquió, pena inferior a dos años y tener satisfecha la responsabilidad civil", y, sin embargo, el Auto de 8 de mayo de 2003 denegó la suspensión sin fundamentar los motivos de la decisión "como exige el art. 80 CP" y sin tener en cuenta que la decisión afecta al valor libertad reconocido en el art. 17 CE. Además, el Auto de 9 de octubre de 2003 sólo señala que el recurrente no es merecedor del beneficio sin especificar tampoco cuál es el fundamento de la decisión. Razona la demanda que si la concesión del beneficio es discrecional, no lo es, sin embargo, la motivación de la resolución, que es imperativa. El deber de motivación de la denegación de la suspensión está expresamente establecido en el art. 80 CP, que exige tener en cuenta "fundamentalmente la peligrosidad criminal del sujeto", y, en el caso, no existe tal peligrosidad, sino que el ingreso en prisión del demandante de amparo le ocasionaría "su total ruina moral y material", vulnerándose la previsión constitucional de que las penas estén orientadas a la reeducación y reinserción social (art. 25.2 CE), al pretender el cumplimiento de la pena después de nueve años y medio de que los hechos tuvieran lugar y cuando el recurrente trabaja, no ha vuelto a delinquir y está integrado socialmente. De otra parte, como el recurrente sostuvo en el recurso de súplica, la pena habría de considerarse prescrita, pues desde que devino firme la Sentencia "10 de febrero de 1998" hasta que se dictó el Auto de denegación de la suspensión "8 de mayo de 2003" han transcurrido cinco años, dos meses y veintiocho días, por tanto, más de los cinco años de prescripción. Finalmente, afirma que la suspensión se denegó sin darle audiencia, como prescribe el art. 80 CP.
Por providencia de 11 de mayo de 2004, la Sección Segunda de este Tribunal acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir atentamente a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife para que, en el plazo de diez días, remitiera testimonio del procedimiento abreviado núm. 99/95 y ejecutoria 459/98, interesándose al propio tiempo que se emplazare a quienes fueron parte en el mencionado procedimiento, con excepción del recurrente de amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional, con traslado a dichos efectos de copia de la demanda de amparo.
Por diligencia de ordenación de la Secretaria de Justicia de la Sala Primera de 20 de septiembre de 2004, se tuvieron por recibidos los testimonios de las actuaciones reseñadas y, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se dio vista de las actuaciones en la Secretaría de la Sala, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y al Procurador de los Tribunales don Carlos José Navarro Gutiérrez, para que, dentro de dicho término, formularan las alegaciones que estimaren pertinentes.
Por escrito registrado en este Tribunal el 14 de octubre de 2004, el Ministerio Fiscal interesó la estimación de la demanda de amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión en relación con el derecho a la libertad personal (arts. 24.1 y 17.1 CE).
En primer término, recuerda el Ministerio Fiscal la jurisprudencia constitucional (SSTC 224/1992, 209/1993, 115/1997, 55/1999, 25/2000, 110/2003) conforme a la cual las resoluciones en materia de suspensión de ejecución de la pena han de estar motivadas, sin que la discrecionalidad en la concesión o denegación del beneficio constituya justificación suficiente, sino que, por el contrario, el ejercicio de dicha facultad viene condicionado a la exigencia de que tal resolución esté motivada. Sostiene el Fiscal que, a la luz de las actuaciones, el recurrente cumplía los requisitos legales previstos en el art. 81 CP: carencia de antecedentes penales, satisfacción de las responsabilidades civiles a la víctima (sin que obste que lo fuera por otro condenado) y condena a menos de dos años de prisión. El Auto de 8 de mayo de 2003 que denegó la suspensión de la ejecución de las penas se ampara en que constituye una facultad discrecional del tribunal sin hacer alusión ni siquiera al verbo que condicionalmente lo permite ""podrán". Si bien al final del fundamento jurídico se efectúa una remisión general "a la vista de lo anteriormente expuesto", es lo cierto que en el escueto razonamiento no se alude más que a la facultad discrecional del órgano judicial, y, conforme a la jurisprudencia constitucional, dicha referencia no constituye motivación.
Por escrito registrado en este Tribunal el 18 de octubre de 2004, la representación del demandante de amparo reiteró las pretensiones de la demanda de amparo y su fundamentación.
Por providencia de 10 de noviembre de 2004 se señaló para deliberación y fallo el día 15 del mismo mes y año.
La demanda de amparo se dirige contra los Autos de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de 8 de mayo y 9 de octubre de 2003, en virtud de los cuales se denegó la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad solicitada por el demandante al amparo de los arts. 80 y ss. del Código penal (CP). El demandante alega la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión en relación con el derecho a la libertad personal (arts. 24.1 y 17.1 CE), por considerar que las resoluciones impugnadas carecen de motivación al no exteriorizar las razones de la denegación, y la vulneración del derecho a la reeducación y reinserción social (art. 25.2 CE), dado que está rehabilitado y carece de peligrosidad criminal.
Pues bien, nuestro enjuiciamiento debe comenzar precisando el objeto del recurso y, a este respecto, señalando que es jurisprudencia reiterada de este Tribunal (por todas SSTC 2/1987, de 21 de enero, FJ 2; 8/2001, de 15 de enero, FJ 1) la que afirma que el art. 25.2 CE no contiene un derecho fundamental susceptible de protección mediante el recurso de amparo, sino un mandato dirigido al legislador para orientar la legislación penitenciaria en su conjunto a que las penas privativas de libertad se ejecuten tendiendo a la consecución del fin de la resocialización y reinserción social del condenado. Hemos de contraer, por tanto, nuestro análisis a la lesión alegada del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a la motivación de las decisiones judiciales en relación con el derecho a la libertad personal (art. 17.1 CE). Nos corresponde, en consecuencia, comprobar si las resoluciones impugnadas exteriorizaron las razones de la decisión, cumpliendo el deber constitucional de motivación que atañe a las resoluciones judiciales y específicamente a las que se refieren a la denegación de beneficios que se conectan con la libertad personal.
En efecto, como recuerda el Ministerio Fiscal, este Tribunal cuenta con una consolidada doctrina sobre la motivación suficiente de las resoluciones judiciales dictadas en materia de suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad "similar a la condena condicional del antiguo Código penal", que constituye la concreción específica en ese concreto ámbito material de la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a obtener una resolución fundada razonablemente en Derecho (art. 24.1 CE).
Como se ha expuesto con detalle en los antecedentes, los fundamentos jurídicos de las resoluciones impugnadas tienen el siguiente tenor literal:
Auto de 8 de mayo de 2003, fundamento jurídico único: "el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena precisa, para su concesión la concurrencia de los requisitos previstos en los artículos 80 y siguientes del Código Penal, pero siempre se trata de una facultad del Tribunal sentenciador, y en el supuesto de autos y a la vista de lo anteriormente expuesto ha de denegarse la concesión de los beneficios solicitados".
Auto de 9 de octubre de 2003, fundamento jurídico primero: "Desestimar el recurso de súplica interpuesto, al no haber cambiado las circunstancias tenidas en cuenta en el momento de dictar la resolución recurrida. En cuanto a la prescripción de la pena alegada, no ha prescrito pues como señala el Fiscal desde la firmeza de la Sentencia de fecha de 10 de febrero de 1998 hasta el requerimiento al penado José Víctor Z.B. "19 de noviembre de 2002" no ha transcurrido el plazo de prescripción de la pena". El fundamento jurídico segundo, concluye: "Por todo ello, procede la desestimación del recurso de súplica interpuesto, confirmando el Auto recurrido".
De la aplicación de la doctrina anteriormente expuesta a las resoluciones impugnadas resulta, sin duda, que la denegación de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad impuestas al recurrente carece de fundamentación.
La estimación del amparo conduce a la anulación de los Autos recurridos y a la retroacción de actuaciones ante la Audiencia Provincial mencionada para que dicte nueva resolución respetuosa con el derecho reconocido en los términos establecidos por nuestra jurisprudencia constitucional, y que acabamos de reiterar. Como advierte el Ministerio Fiscal, los efectos de la estimación de la demanda de amparo no pueden alcanzar a lo pedido en el suplico de la demanda, dado que es competencia de la jurisdicción penal la concesión o denegación de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad (art. 117.3 CE).
Otorgar el amparo solicitado por don José Víctor Z.B. y, en su virtud:
Reconocer su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) en relación con el derecho a la libertad personal (art. 17.1 CE).
Anular los Autos de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de 8 de mayo y 9 de octubre de 2003.
Retrotraer las actuaciones ante dicho órgano judicial para que dicte nueva resolución respetuosa con los derechos fundamentales del recurrente de amparo.
STS, 8 de Febrero de 1991
ATS, 7 de Abril de 2016
STS 1123/2011, 4 de Noviembre de 2011
STSJ Castilla y León , 23 de Septiembre de 2003
SAP Pontevedra 273/2001, 21 de Junio de 2001

References: resolución 
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