Source: https://www.parcan.es/pub/ds.py/2012/39/19/
Timestamp: 2019-11-18 06:15:38+00:00

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Diario de Sesiones 39/2012, de fecha 22/5/2012 - Punto 19 - Parlamento de Canarias
DS 39/2012 (22/may/2012)
Diario de Sesiones 39/2012, de fecha 22/5/2012 - Punto 19
· 8L/C-0386 Comparecencia del Gobierno -consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad-, instada por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre política en materia de educación universitaria en el contexto económico actual.
El señor presidente: Señorías, pasamos al segundo punto del orden del día, que son comparecencias. En primer lugar comparecencia del señor consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, instada por el Grupo Parlamentario Socialista Canario.
Doña Rita Gómez tiene la palabra.
La señora Gómez Castro: Buenos días. Gracias, señor presidente.
Según el documento de ajustes enviado a Bruselas por el Gobierno central, en cinco años se recortarán en España, en nuestro país, unos 10.000 millones en educación. En cinco años, según ese documento de ajustes enviado a Bruselas, pasaremos del 4,9% al 3,9% en el PIB, cuando paradójicamente desde el Parlamento Europeo, desde Bruselas, se le advierte a España que no ajuste y que no recorte más en educación y cuando el retorno de un euro que se invierta por estudiante, el retorno favorable al país, es de 3,9 euros. Esta es la respuesta que el Gobierno central, el Gobierno del Partido Popular, está dando a la enseñanza, en este caso, en el motivo de esta comparecencia, la enseñanza superior.
Señor consejero, señorías, hoy nos ocupa la política universitaria, cuál va a ser la política universitaria en el nuevo marco presupuestario actual. Un marco diseñado por el Partido Popular que hoy tenemos que decir en esta sede parlamentaria que responde más a su ideología que a la situación de crisis. No es verdad que los recortes que estén llevando a la educación en política universitaria sea la crisis, es la ideología y es lo que han pensado antes y ahora el Partido Popular. Un marco presupuestario que supone el mayor recorte en educación de toda la democracia; unos recortes que ascienden a unos cuatro mil millones ochocientos ochenta y seis en menos de cinco meses y unos recortes, en nuestra opinión, que van a suponer un grave error para el futuro de España y de Canarias, pues se frenan las posibilidades de progreso y crecimiento económico.
Señor consejero, el pasado jueves 17 de mayo la convalidación del Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de Medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, contó solo con el apoyo del Partido Popular y, como estamos viendo hoy -22 de mayo- en todas las calles de todas las ciudades españolas, está contando con el rechazo, por primera vez en nuestro país, de toda la comunidad educativa y de todas las etapas, desde infantil hasta la enseñanza universitaria, y por supuesto cuenta también con el rechazo del Partido Socialista y del Grupo Parlamentario Socialista, quienes apostamos por el sostenimiento de una educación pública, gratuita y de calidad para salir de la crisis y asegurar el crecimiento sostenible. Por lo tanto, las voces que hoy están en la calle también son voces del Partido Socialista, y hoy quiero dejarlo bien claro en esta sede parlamentaria.
Lo que nos viene a proponer el ministro Wert es un modelo de financiación pública de la universidad, que supone una subida de tasas por un lado de hasta el 66% y una bajada de las becas en un 11,6%, y con un anuncio además, en el plan de reformas enviado a Bruselas, de que van a modificar los umbrales académicos, de que van a endurecer los requisitos académicos del alumno.
Habiendo analizado, señor consejero, estas medidas, habiendo contemplado este desolador contexto en el que nos estamos manejando y en el que nos tenemos que mover, ¿cuáles van a ser las prioridades en educación universitaria por parte del Gobierno de Canarias y por parte de su consejería?
El señor vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad (Pérez García): Señor presidente.
Permítanme, antes de entrar en el motivo de la comparecencia, expresar la condolencia a la familia de un buen hombre que se nos ha ido hoy, en el marco de los estudios históricos canarios. Me refiero a don Marcos Guimerá Peraza, que fallecía dejando atrás seguramente un largo y dilatado legado de conocimiento de nuestra realidad histórica.
Bien. La pasada semana asistimos, como sabe usted, a la convalidación en el Congreso de Diputados del real decreto del pasado 21 de abril, en el que las noticias para el sistema universitario español y en general para el sistema educativo fueron pésimas. Pero me preocupan, incluso más allá del contenido de ese real decreto, algunas de las afirmaciones que he escuchado en boca del responsable del ministerio opinando sobre la realidad del sistema universitario español. Ha dicho reiteradamente que es un sistema ineficaz e ineficiente, que es un sistema sobredimensionado, sobrefinanciado y que no responde a los niveles de calidad exigidos. Desde luego se trata de un diagnóstico del que ignoro cuáles son los parámetros en los que se fundament a pero que no tienen, desde luego, capacidad de ser contrastados con ninguno de los análisis y estudios comparativos que sobre la realidad del sistema universitario español han sido publicados. Lo que ocurre es que la consecuencia de entender así lo que está sucediendo en la universidad española lleva, llevó en su momento, a la realidad de una serie de adelgazamientos en los recursos que a lo largo de este año hemos ido conociendo y que se han dirigido al mismo.
En primer lugar, lo contemplado en el Presupuesto General del Estado supone, desde luego, un descenso formidable de las partidas que se incluían en el anterior Presupuesto del 2011. La financiación específica del ministerio en materia de universidades, hay que decir que la financiación cayó un 63% y en lo relativo a las partidas de transferencias de ese ministerio a las comunidades autónomas para esta finalidad cayeron en un 62%. El Espacio Europeo de Educación Superior ha visto disminuidas sus partidas ministeriales en más de un 70% y los campus de excelencia sencillamente han desaparecido de la financiación ministerial.
Si ya esto es grave, y lo es porque francamente la realidad del diagnóstico de nuestro sistema universitario es muy diferente -y en la segunda parte, si tienen ustedes a bien, demostraré por qué- a la constatada por el ministerio y en razón de ello le ha llevado a adoptar estas medidas, lo grave es el contenido recogido para la parte universitaria en este último real decreto. Hacía usted alusión al documento que envía el ministerio al Congreso de Diputados y, por tanto, a las partidas que se incluyen de ahorro o, de lo que es lo mismo, de reducción de dinero a estas universidades. El montante que se piensa detraer de ellas, en virtud de la aplicación de las medidas de ese real decreto a las universidades españolas, supera los 2.000 millones de euros, supera los 2.000 millones de euros, teniendo en cuenta que la partida principal procede de la subida de las tasas de los estudiantes universitarios, donde se esperan obtener, y por tanto ahorrar, más de 1.500 millones de euros, concretamente 1.542.000.000 de euros. No solamente se altera lo que ha venido siendo una realidad en materia de tasas, llevándolas al mayor nivel de toda su historia, en su vida, sino además se produce un descenso, como antes señalaba, de las partidas de las becas universitarias, que oscila en el 11%.
Se produce, además, una transformación en el cómputo de la dedicación del profesorado muy particular, porque no atiende de forma directa al horario lectivo del profesorado sino se hace mediante una fórmula indirecta que se refiere a los créditos que deben cursar los estudiantes en nuestras universidades.
Esto, unido a nuevos límites en el ingreso del personal de las plantillas del profesorado universitario y de la peculiar aplicación del concepto de estabilidad presupuestaria que se les dedica a las universidades, va a suponer, como digo, una detracción de más de 2.000 millones de euros del sistema de nuestras universidades públicas. De manera concreta, si se aplicara estrictamente lo previsto en ese decreto en materia de estabilidad presupuestaria para las universidades, se detraerían 150 millones; con la racionalización de las titulaciones de grado, 71; con la limitación de nuevo ingreso de personal, 72; con el cambio en la dedicación del régimen del profesorado, 252; y 1.542, por el contrario, de las tasas universitarias.
Trabajar en este contexto, por tanto, en una comunidad autónoma no es sencillo, porque calculen ustedes que si aplicáramos de forma mecánica el traslado de estos 2.000 millones a lo que correspondería a nuestras universidades, pues, alcanzaríamos prácticamente una cantidad superior a los 80 millones de euros, añadidos a los que ya venían rebajados en el Presupuesto General del Estado y también a los que venían rebajados en el descenso del cálculo de la financiación de las competencias transferidas a Canarias.
Por tanto, el estrago que marca este contexto es importante y, no obstante, nos proponemos mantener nuestro rumbo. Nuestro rumbo que tiene como horizonte trabajar junto con las universidades en el plan de reordenación de sus enseñanzas y trabajar también con ellas en la confección de un nuevo contrato-programa que ajuste a la realidad actual presente lo previsto en el anterior. Creemos que ese horizonte sigue siendo necesario y, a pesar de las dificultades de la planificación en el medio plazo, entendemos que debe seguir siendo así.
El señor presidente: Muchas gracias, señor vicepresidente, don José Miguel Pérez.
Por los grupos no solicitantes de la comparecencia, Grupo Parlamentario Mixto, doña Carmen Hernández.
Es prácticamente imposible hablar de un tema de este calado en tres minutos. Estamos hablando no solo de recortes económicos sino estamos hablando del inicio hacia un camino en el que el Gobierno del Partido Popular plantea un cambio estructural, un cambio de fondo en lo que significa la educación en España y en lo que significa el acceso de todos y de todas a una educación pública de calidad. Por más que nos leamos el decreto, no encontraremos en él palabras que no sean concibiendo la educación y aplicándole la lógica de los mercados a la educación. Para los que entendemos que educar no es formar capital humano ni formar clientes que luego compran paquetes educativos, sino para los que entendemos que la educación forma ciudadanos, construye ciudadanía, les da oportunidades a todos y a todas, a los que tienen mucho porque no necesitan que el Estado les apoye y a los que no tienen porque necesitan el apoyo, los fondos públicos para poder acceder a una educación de calidad... Recuperando además la idea de que la educación es el mejor instrumento, si no el único, que favorece y que asegura la igualdad de oportunidades para todos y para todas. Y además hoy supone que en la calle estén los jóvenes, que además de ver que se quedan sin trabajo, ahora es que se quedan sin posibilidades de acceder a una educación.
Un modelo educativo que debe basarse en las necesidades de la sociedad. Estamos ante una norma, por tanto, injusta e ilegítima. Injusta porque les quita oportunidades a los que menos tienen. Miren, aplicando esta norma, los que tienen mucho no tendrán problemas -sus padres les pagarán la carrera y si tienen que repetir una, dos, tres o cuatro, no habrá problemas-, pero los que tienen poco, los pobres, o son muy listos, muy listos, muy listos o se quedarán fuera, porque no tendrán acceso a la oportunidad que supone una beca. Y digo que es una norma ilegítima porque lo único que le da legitimidad a un Gobierno es el contrato que se firma con los ciudadanos, es su programa electoral, y esto no estaba en el programa electoral. Y no me vale, y no me vale la excusa de que no sabían la dimensión del déficit. Lo debían saber, porque además ahora sabemos que las comunidades que más han contribuido a ese agujero son precisamente las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Yo lamento tener que decirlo pero es la verdad. Por tanto, algo debía decirles la señora Esperanza, algo debían decirles los presidentes de las comunidades Valenciana y Castilla y León para que ustedes tuvieran idea de que iban a tener -dicen ustedes, otros planteamos otras alternativas- que recortar la educación pública y que recortar en la sanidad pública, en contra de lo que dice Europa, alejándonos de las directivas europeas.
En definitiva, ni una sola medida para mejorar el sistema educativo en España y mucho menos el canario. Ni una sola medida en el decreto. Austeridad, eficacia, eficiencia, racionalidad... Como digo, un lenguaje que esconde mucho de ideología, es el lenguaje de los mercados, es el lenguaje de los mercados. Por tanto, un decreto injusto, un decreto antisocial, que todavía carga más las consecuencias de esta crisis en la gente más débil, en los que menos tienen y que además...
Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, doña María Luisa Zamora Rodríguez.
La señora Zamora Rodríguez: Gracias, presidente. Señor vicepresidente y consejero de Educación, buenos días.
Hasta hace pocos meses, al principio de la legislatura, hablábamos de internacionalizar nuestras universidades, de modernizar las universidades canarias, de situarlas entre las mejores de Europa, de que el campus de excelencia era una oportunidad por la situación geoestratégica de nuestras universidades, hablábamos de calidad y excelencia; hoy en día, desgraciadamente, yo soy más pesimista, hoy en día hablamos de supervivencia de nuestras universidades, señor consejero.
Mire, nos hemos encontrado con que el Gobierno central está desmantelando los servicios públicos fundamentales a golpe de decreto y resulta que cada viernes fatídico, que yo tengo miedo de que lleguen los viernes, se aprueban medidas extraordinarias. Que al final no son medidas extraordinarias, son medidas que han venido para quedarse y encima suponen una reforma de los servicios públicos fundamentales, como son la sanidad y la educación, que estaban basadas en la equidad, en la igualdad de oportunidades y en medidas compensadoras que han desaparecido totalmente.
Mire, este real decreto es funesto. ¿Sabe por qué?, porque se ha hecho, como siempre, de espaldas a la comunidad autónoma, de espaldas a las universidades. Supone un incremento de las tasas académicas desmesurado. Y además se dice: "para irnos acercando, aproximando, al coste real de la prestación del servicio a los alumnos"; y yo le pregunto: ¿cómo se puede saber el coste real cuando no existe la contabilidad analítica en las universidades españolas? ¿Cómo se puede averiguar cuando una titulación vale distinto en una universidad que en otra? ¿Cómo se puede averiguar eso, señor consejero?
Después, cuando las tasas académicas suben, indudablemente debe subir también el número de becas o el importe de las becas que se dan y resulta que se reducen las becas. Que además ya no tienen en cuenta los umbrales económicos de la familia sino lo que tienen en cuenta son requisitos académicos, que se incrementan. Yo le pregunto: ¿eso es posible?, cuando resulta que las familias -como dice doña Carmen Rosa- pudientes van a poder seguir mandando a sus hijos a las universidades, pero las familias que no pueden pagarlo evidentemente se van a quedar fuera de la universidad. Por tanto, nos quedamos también fuera de la Estrategia Europa 2020, porque además se han perdido valores democráticos tan importantes como es la lealtad institucional, el diálogo y el consenso, y está en estos momentos todo el mundo revolucionado, padres, profesores, docentes, alumnos y demás.
Señor consejero, le voy a hacer unas preguntas -si me atiende, por favor, le voy a hacer unas preguntas-: ¿cómo se va a aplicar este decreto en el sector educativo de Canarias y en particular en las universidades canarias? Dicho decreto establece un techo de ajuste para el sector de la educación en España de 3.736.000.000 de euros. Yo le pregunto: ¿cómo se va a aplicar este decreto en el sector educativo de Canarias y en particular en las universidades canarias? De estos 3.736.000.000 de posible ahorro, y en el marco de la Comunidad Autónoma de Canarias, ¿cuánto le corresponde al sector de la educación de Canarias? ¿Cómo se ha estimado dicha cantidad, en función del peso relativo de la población, del gasto educativo en Canarias? ¿Existe, por tanto, un techo de recorte para Canarias en función de la aplicación de este real decreto? De lo que corresponde a Canarias, ¿cuánto va destinado a la enseñanza no universitaria y cuánto a la universitaria? ¿Para conseguir dicho ajuste, qué conjunto de medidas se aplicarán en el ámbito de la enseñanza universitaria y no universitaria? Dicho...
La señora Bethencourt Aguilar: Muchas gracias, señor presidente. Señorías.
Los recortes no son por ideología, son por la necesidad y compromiso de un Gobierno responsable para cumplir un déficit. Sean responsables y hablen con rigor.
Señor consejero, como usted conoce, el 30% de los estudiantes no acaba su carrera y el 40% abandona la carrera el primer año. Como ejemplo, en la Universidad de La Laguna un 48% de los matriculados en humanidades abandona el primer año y un 43 en experimentales; apenas un 17 en Ciencias de la Salud. Son datos para la reflexión. Este abandono supone en términos económicos una pérdida de 3.000 millones de euros. ¿Debe un Gobierno responsable defender este modelo universitario?
Señorías, los ajustes aplicados por el Gobierno del Estado no tienen relación alguna con la merma de la calidad, persiguen la supervivencia de los pilares centrales del Estado del bienestar. Precisamente ese Estado del bienestar que ustedes, los señores socialistas, han dejado quebrado.
Desde el ministerio no han disminuido las becas, no. La convocatoria general de becas y ayudas tiene exactamente la misma cantidad que en el ejercicio anterior, siendo este asunto muy manipulado por ustedes, supongo que por la demagogia genética.
En cuanto al porcentaje de aprobado para el mantenimiento de la beca del ministerio, se ha incrementado apenas 5 puntos. Son rendimientos mínimos al que cualquier alumno puede llegar, un 5,5. No hablamos, por tanto, de excelencia, que también la hay, pero obviamente requiere de más nota.
"La subida de las tasas y la limitación de las becas serán un taponazo para los usuarios". Señor consejero, la frase es suya. Pues, mire, no, las becas no serán óbice para seguir estudiando, porque se mantiene la dotación íntegra y se mantiene el umbral de renta de años anteriores. Porque, mire, la realidad de nuestro sistema educativo es que uno de cada cuatro estudiantes universitarios tiene la matrícula gratuita y el resto tiene financiada la plaza casi en un 85%. En cuanto a las tasas -otro tema muy socorrido para la demagogia-, el ministerio permite a las comunidades autónomas, no impone, permite un incremento de la horquilla, que va del 15 actual al 25, con un incremento gradual para repetidores.
Díganos: ¿va usted a subir las tasas? El ministerio no le obliga, lo deja en su mano, es usted quien decide. Diga hoy aquí si va a subir o no las tasas. Para al final recordarles que cada vez que peligra el Estado del bienestar el Partido Socialista está gobernando. Sistemáticamente heredan opulencia y sistemáticamente traspasan miseria.
Por el grupo solicitante de la comparecencia, doña Rita Gómez Castro tiene la palabra.
Realmente no niego mi genética: completamente de izquierdas, sin lugar a dudas. Hay algunos que no se sabe qué genética tienen, sobre todo por parte del Partido Popular no se sabe a qué genética pertenecen.
Cuando se sube una a esta tribuna tiene que tener conocimiento. Claro que el Gobierno... El Gobierno impone, no es que permita, ¡el Gobierno impone!, porque las comunidades autónomas tienen que cumplirlo. Por lo tanto, conocimiento cuando se viene a defender lo indefendible.
Aquí tenemos otra vez al Partido Popular solo y de espaldas a toda la sociedad canaria y española, a toda la sociedad canaria y española, no solamente el Partido Socialista, Coalición Canaria, Nueva Canarias, que han intervenido en la misma línea que está interviniendo esta diputada, de espaldas porque la sociedad no ve justificables ni argumentables los recortes que por ideología -¡simplemente por ideología!- y la crisis le está sirviendo de excusa al Partido Popular para acabar con educación, para acabar con sanidad y para acabar con todo el Estado del bienestar que a este país le ha costado muchísimo. El mayor recorte presupuestario en educación es lo que estamos debatiendo hoy aquí, señorías, el mayor recorte, e impuesto unilateralmente y con el rechazo absoluto de toda la comunidad educativa, de la Conferencia de Rectores, de todos los sindicatos, de todas las asociaciones de padres, al Gobierno central. Traerá como consecuencia ese mayor recorte el traslado de la excelencia a las universidades privadas, y esto hay que decirlo alto y claro. Eso es lo que persigue el Partido Popular, dejar la educación para los que pueden y no facilitar la educación a quienes no pueden, y ese es el objetivo que permite el real decreto convalidado únicamente por el Partido Popular el pasado jueves.
Efectivamente, señor consejero, el Partido Popular está desprestigiando la universidad, está utilizando argumentos falsos y está atacando la dignidad de los docentes universitarios y no universitarios para justificar los brutales recortes que está ejecutando. Han dicho y están diciendo que la universidad española está sobredimensionada -como lo ha dicho usted-, excesivamente financiada y carente de niveles de calidad, sin analizar y sin reflexionar; que esas palabras, únicamente para justificar lo injustificable, están dando, haciendo y causando un daño irreparable a nuestro sistema educativo, tanto en el nivel universitario como en el no universitario.
Señor consejero, señorías, lo que presentó el otro día el ministro Wert no fue una norma para mejorar nuestro sistema educativo o para mejorar el funcionamiento de nuestras universidades. Lo que presentó el otro día el Partido Popular fue una norma para recortar recursos humanos, para recortar recursos materiales y sobre todo -y lo más grave y lo más preocupante para nosotros- para recortar derechos en educación. Efectivamente, señora Hernández, coincido con usted, esto supone un cambio absoluto de rumbo en lo que nos hemos trazado todos en nuestro sistema educativo y las consecuencias las van a pagar las futuras generaciones, si no las están pagando ya en estos momentos. En cinco meses, el ministro Wert se ha convertido en el atacante mayor a la educación pública, con el fin de argumentar lo que le está imponiendo su ministro de Hacienda y lo que le está imponiendo su credo ideológico. Simplemente eso.
En cinco meses, recordemos, se han recortado en educación 3.736 millones, en la memoria que se presentó con el real decreto, 487 millones en el acuerdo de no disponibilidad del 30 de diciembre y 663 millones de recortes en los Presupuestos Generales para 2012. Quien hable de eficiencia y de eficacia con estos recortes y que la calidad no se va a tocar se está burlando de todos nosotros, y eso es lo que pretende el Partido Popular, porque considera al resto de la ciudadanía, al resto que no son de su partido, estúpidos y carentes de inteligencia.
Lo que propone el decreto-ley, además de ser completamente improvisado... Porque tenemos que recordar que en el Consejo de Ministros del 13 de abril propusieron, crearon, una comisión de expertos -esa comisión que tanto critican en Canarias-. El ministro Wert propuso la creación de una comisión de expertos para una reforma universitaria y, sin dejarle tiempo a esta comisión de expertos, pues, anuncia un recorte, un ajuste presupuestario en las universidades que va a acabar, con toda seguridad, con la calidad y con la excelencia. Esto ha sido rechazado de forma contundente por la Conferencia de Rectores, que no nos tiene acostumbrados a esa forma tan dura como se ha manifestado y como se ha puesto con estas medidas, y ha producido y está produciendo un proceso -como bien dice, señor consejero- de adelgazamiento de nuestro sistema educativo, sin tener en cuenta el Partido Popular que, como decía un artículo que leí el pasado domingo, estamos tocando hueso en el sistema educativo español.
Ha hablado usted de cifras. Hemos pasado de 400 millones de euros en el 2011 -año en el que también había crisis, pero el Gobierno socialista sí sabía lo que era prioritario y lo que era una línea roja-, han pasado con el Partido Popular a 150 millones en el 2012, la cantidad que se traspasa a las comunidades autónomas, como ha dicho, ha pasado de 38 a 14 y el campus de excelencia se ha visto frustrado. Un proyecto que unía a las dos universidades canarias, pues, lo ha frenado, lo ha eliminado con un decretazo el Partido Popular y, por tanto, el Grupo Parlamentario Popular y el Partido Popular en Canarias.
Pero, señor consejero -voy terminando-, lo más grave de todo, el recorte más grave que se ha producido es la subida de las tasas universitarias. Eso es lo más grave: un 66%. Y esa subida de tasas universitarias rompe, absolutamente rompe el principio de igualdad de oportunidades y convierte a nuestras universidades en un destino solo para los muy buenos, porque ni siquiera los muy buenos, todos los muy buenos, van a poder acceder, señora Hernández, o para quienes se la puedan pagar. Y esto lo ha pensado siempre el Partido Popular, con o sin crisis; lo que pasa es que ahora les viene como anillo al dedo porque tenemos una situación económica nada favorable. Y, como dice la CRUE, la subida de tasas universitarias va a provocar riesgo de exclusión social, cuando en realidad lo que debería estar haciendo el Gobierno central, lo que debería estar haciendo el Partido Popular, es reforzar, es apoyar más que nunca, es garantizar el acceso a la educación pública superior de todos, con independencia de sus requisitos económicos.
Señores, señorías, el Partido Socialista está de acuerdo con la excelencia, sí, pero la excelencia con igualdad; con lo que no está de acuerdo el Partido Socialista es con la excelencia sin igualdad, que es lo que nos está proponiendo el Partido Popular, porque eso no es excelencia, eso se llama elitismo, y el Partido Socialista no va a permitir el elitismo en educación ni en ninguna otra área que suponga el Estado de bienestar.
Señor consejero, ¿cuáles son las consecuencias...? -y me gustaría que relatara todo lo que va a suponer la subida de tasas universitarias en nuestras universidades, teniendo en cuenta que Canarias siempre ha optado, dentro de esa horquilla, por las tasas y por los precios más bajos-. Por lo tanto, aun optando por lo más bajo, ¿cuánto le va a suponer a una familia canaria el decreto del Partido Popular? ¿Qué va a pasar con la política de becas?, porque se han endurecido -y ese es el documento de ajuste que han mandado a Bruselas- los requisitos académicos, con lo cual son muchos los alumnos que van a abandonar o los que no van a poder acceder a estudios universitarios. ¿Qué va a ocurrir con la estabilidad presupuestaria?, ¿qué va a ocurrir con el régimen de dedicación del profesorado?, ¿qué va a ocurrir con la limitación de incorporación del profesorado?
Señor consejero: ¿cuáles van a ser -y le insisto en esta pregunta- las prioridades y qué está haciendo la Consejería de Educación, qué contactos, qué opinión, están teniendo las universidades públicas canarias para paliar, para suavizar estas medidas, teniendo en cuenta... (Corte del sonido producido por el sistema automático de control del tiempo.) teniendo en cuenta el contexto desolador y preocupante que nos ha fijado el Gobierno central, teniendo en cuenta que las universidades públicas canarias han aumentado y han alcanzado en las últimas dos décadas tasas de matriculación y graduación perfectamente comparables a las de los países más desarrollados. Y, señor consejero, sin perder de vista el rumbo trazado por este Gobierno y por su consejería, que es alcanzar el objetivo de la Europa 2020, que es que alcancemos y logremos un 40% de jóvenes con titulación superior.
Señor vicepresidente del Gobierno, don José Miguel Pérez, señor consejero de Educación.
El real decreto no lo apoya nadie en España, salvo el Gobierno de la nación y el grupo que le apoya. Ese real decreto no lo apoya el conjunto de las fuerzas del arco parlamentario, no lo apoya la comunidad educativa y no lo apoya la Conferencia de Rectores, que lo ha rechazado por unanimidad. Alguna razón les asistirá, alguna razón les asistirá. Por tanto, yo pediría cierta humildad a los representantes del Grupo Popular. Pueden estar equivocados, ¿verdad?, cuando nadie lo apoya, salvo el Grupo Popular y el Gobierno de la nación.
Y estoy de acuerdo en que efectivamente no se trata de un real decreto que persiga exclusivamente el recorte, como se señala en el contenido del documento que el propio Gobierno ha mandado al Congreso de Diputados para justificar las medidas que se recogen en el mismo. Por tanto, creo que sería bueno que supiéramos todos que llegará un momento en que eso cambiará, y cambiará seguramente cuando cambie este Gobierno, si no lo hace él antes.
Con respecto a algunas de las cuestiones que aquí se han planteado. Claro que va a ser un conjunto de medidas que impacten muy negativamente sobre la universidad española. Primero porque parten de diagnósticos que, como acabamos de escuchar, son erróneos, son erróneos. Ya se ha explicado aquí.
Se suele decir, con alguna alegría, que hay un abandono del 30% de los alumnos que se matriculan en la universidad. Creo que si contemplamos mejor los estudios, que no son muchos, que se han hecho sobre el particular, verán que ese 30% de alumnos no es que abandone la universidad, lo que hace es cambiar de titulación, entre otras cosas porque es muy complicado para la inmensa mayoría de los alumnos poder obtener en primera instancia la titulación escogida. ¿Saben, de ese 30%, cuántos alumnos están cambiando la titulación y se les confunde con que salen de la universidad en España? El 70%, el 70%. Por tanto, diagnóstico erróneo si con eso se querían justificar algunas de las medidas que contiene este real decreto. No valen para justificar esto.
En relación a las tasas. Ya lo que me quedaba por oír es que va a ser la comunidad autónoma y su Gobierno los que les hagan daño a los estudiantes universitarios. También pueden ustedes comprobar en el documento citado en qué consistirá esa subida, en qué consistirá esa subida. Cuando hablamos del 15 y el 25% como porcentajes mínimos y máximos, se está utilizando también aquí un término que puede confundir a error, y es el 15% de qué o el 25% de qué. Bien. Fue la misma pregunta que nos hicimos nosotros y que nos aclaró el ministerio en la última conferencia en relación a las universidades, y aclaró, "bueno, hemos obtenido un coste medio español acerca del precio de lo que se gasta en cada universitario o en cada universitaria y a partir de ahí establecemos el 15 o el 25%". Cifra terrorífica en Canarias, por cierto. Ese cálculo nos hace un daño espectacular, porque esta comunidad, no en este año, en los cinco últimos años, al menos que yo recuerde, siempre optó por colocar la banda más baja de las posibles tasas a subir. Saben ustedes que se subía el IPC más una opción de 4 puntos. Siempre Canarias utilizó la banda más baja y mis predecesores en la consejería hicieron tal cosa. Castigo también aquí, porque para una carrera que no tenga un grado de experimentalidad mayor, la básica, puede ser cualquier carrera de humanidades, la subida de ese 15 o 25% oscilará entre el 42 o el 135%; si nos vamos al 15, es el 42 y si nos vamos al 25, el 135. O lo que es lo mismo, para que lo entendamos: si un alumno por primera vez se quiere matricular en la universidad en primer curso, se matricula de la carrera completa, tendrá que pagar con respecto, 60 créditos, a los créditos que paga en este curso como mínimo el 42%, y esa es la opción que nos dejan en Canarias. Esa es la opción que el Ministerio de Educación nos deja a esta comunidad autónoma. Como mínimo cobrarle... Que, por cierto, siempre iremos a la tasa mínima, nos deja como opción lo mínimo. Si es una carrera experimental, como Ciencias de la Salud o algunas de las ingenierías, también ahí el crédito sufre una subida de entre un 41 y un 135%. El problema no solamente es el primer curso; luego se va encareciendo de forma brutal si los alumnos repiten el crédito o los créditos de esa materia.
Y por supuesto también verán ustedes en ese real decreto cómo los requisitos para la condición de becario se elevan sustancialmente, tanto de los que acceden por vez primera como los alumnos que van a tener que ir superando los correspondientes créditos año a año, de los que se matriculan. El porcentaje ahí se eleva sustancialmente.
Por tanto, lo veremos en septiembre, cuando los alumnos se vayan a matricular en nuestras universidades verán que la subida va a ser de un taponazo considerable. Y si tuviéramos la capacidad jurídica de negarlo, lo haríamos, pero esta comunidad va a estar y verse obligada a subirlas entre estos dos tramos. Por eso, en la memoria que se ha mandado a Bruselas por parte del Gobierno de España, se calcula de entrada una disminución del gasto público en las universidades españolas como consecuencia de la subida de las tasas de 1.542 millones de euros. Me temo que no va a ser así. Y digo me temo que no va a ser así porque no han calculado el número de estudiantes, como muy bien se decía, que se irán de las universidades por no poder pagar esas matrículas y esas tasas. Eso seguramente, y desgraciadamente, ocurrirá.
Por tanto, nos encontramos ante una situación, doña Marisa, difícil de afrontar. Hemos quedado en el ámbito universitario con los responsables universitarios en trabajar conjuntamente en esa respuesta. Nos hemos reunido con los representantes de los estudiantes en el ámbito universitario, del profesorado y de los máximos dirigentes de las dos universidades públicas canarias. Con ellos compartíamos el rechazo al procedimiento, que se ha hecho contra toda opinión de la comunidad universitaria, contra toda opinión del resto de los grupos políticos que no sean el grupo que sustenta al Gobierno de España y se ha hecho también -creo yo- contra toda lógica. Hemos acordado, este Gobierno ha acordado con las dos universidades que hay que intentar amortiguar el efecto, primero para los estudiantes; segundo, para los profesores universitarios, que pueden ser los más jóvenes y que se vean despedidos de las mismas; y tercero, trataremos, y ahí aunque hay respeto absoluto por la autonomía de las universidades por nuestra parte, de trabajar conjuntamente en dónde producir entonces el ajuste. Como se podrán imaginar, tendrá que ser, antes de tocar estas dos cuestiones en sus extremos más dolorosos, en todo lo demás, pero me temo, insisto, que en el tema de las tasas poco podemos hacer para no tener que subir lo mínimo que se estila, que, insisto, en Canarias, según la experimentalidad, se va del 41 al 135%. Y no lo podremos evitar porque eso irá a normativa común, creo que por un error de cálculo, creo que por un injusto error de cálculo. Pero nos estamos acostumbrando: ¿les suena esto de que las comunidades más cumplidoras, cuando tuvimos que afrontar el supuesto beneficio de la cobertura del pago de facturas pendientes, fuimos las principales perdedoras?, ¿les suena que las medidas tomadas por las comunidades autónomas, cuando hemos afrontado el mejor cumplimiento de todas las comunidades autónomas en materia de déficit, al final otras que han dejado de cumplir el 100% de lo que habían dicho resulta que son mejor tratadas? Bien, pues, esto es lo que nos está ocurriendo y lo que nos va a ocurrir, desgraciadamente, en materia universitaria.
Pero que quede claro, insisto, en nuestra tarea y en nuestro rumbo, tanto para la enseñanza universitaria como para la no universitaria. No nos van a bajar de nuestro rumbo principal. Este Gobierno lo tiene muy claro y lo demostró con la presentación en su momento del Presupuesto General de la Comunidad Autónoma y el compromiso que hubo con los servicios públicos básicos en ese Presupuesto. Pero me temo que esta errática política, como se ha dicho aquí, va en contra de lo prescrito por la Comisión Europea, que recomendó al Gobierno español no reducir el presupuesto para el sistema educativo, y lo dijo hace muy poco tiempo. Tal cosa está sucediendo de forma brutal, porque no solamente se atentará contra la calidad de nuestros estudios universitarios -que, por cierto, en comparación con la media de las universidades europeas salen muy bien parados- sino se atenta contra el principio de equidad, que va a ser especialmente machacado con este real decreto.
8L/C-0386 Sobre -Consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad-, sobre política en materia de educación universitaria en el contexto económico actual.

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