Source: http://www.legaltoday.com/informacion-juridica/jurisprudencia/militar/sentencia-tribunal-supremo-num-632011-24-10-2014
Timestamp: 2017-12-14 13:19:32+00:00

Document:
14 de diciembre de 2017 | 02:19
Marginal: RJ\2012\727
Recurso núm. 63/2011
Número Marginal: PROV\2011\415330
En el Recurso de Casación número 201/63/2011, interpuesto por Don Luis , representado por el Procurador Don Javier Freixa Iruela contra Sentencia de fecha 1 de marzo de 2011 , dictada por el Tribunal Militar Central que desestimaba el recurso contencioso disciplinario militar ordinario número 65/10, interpuesto contra la resolución de la Excma. Sra. Ministra de Defensa, de fecha 30 de abril de 2010, que confirmaba, a su vez, la resolución del Excmo. Sr. Director General de la Policía y de la Guardia Civil de 3 de diciembre de 2009, que imponía al recurrente la sanción de seis meses y un día de suspensión de empleo como autor de la falta muy grave de "la desobediencia grave o la indisciplina frente a las ordenes o instrucciones de un superior", prevista en el apartado 15 del artículo 7 de la Ley Orgánica 12/07, de 22 de octubre (RCL 2007\1909), de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil ; ha comparecido como recurrido el Ilmo. Sr. Abogado del Estado, y han concurrido a dictar Sentencia el Presidente y los Magistrados antes mencionados quienes, previa deliberación y votación, expresan el parecer del Tribunal, bajo la ponencia del Excmo. Sr. D. Benito Galvez Acosta.
En su efecto, con fecha 14 de abril de 2009, el Ilmo. Sr. Director General de la Guardia Civil ordenó la incoación de expediente disciplinario, por falta "muy grave", contra los guardias civiles Don Ceferino , y Don Luis , por los hechos que refiere, al considerar que los interesados pudieran haber incurrido en la falta "muy grave" de "la desobediencia grave, o de indisciplina, frente a las ordenes o instrucciones de un superior, prevista en el número 15 del art. 7 de la Ley Orgánica 12/07 (RCL 2007\1909) de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil ".
-- Como hechos probados la citada sentencia declara los siguientes:
-- Como elementos de convicción anota la sentencia los siguientes:
- Parte emitido y ratificado por el teniente Jefe Accidental de la Unidad de Seguridad del Centro Penitenciario de la Moraleja, Dueñas.
- Papeleta de servicio.
- Informe emitido y ratificado por el sargento primero, Jefe interino, Don Severiano .
- Declaración del guardia civil Don Celso .
- Declaración del sargento Don Luis Alberto .
-- En su fundamentación jurídica, la recurrida sentencia desestima la pretendida vulneración del principio de presunción de inocencia, del principio de tipicidad, y del principio de proporcionalidad. Concluyendo con que, efectivamente, por el recurrente se incurrió en desobediencia grave a las órdenes de un superior.
A) Como primer motivo, infracción de las normas del ordenamiento jurídico, que fueran aplicables para resolver la cuestión objeto de debate, por vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, regulado en el artículo 24.2 de la CE (RCL 1978\2836) .
TERCERO .- Versando sobre el primero de los alegados motivos del recurso, con las sentencias de 19 de enero de 2011 (RJ 2011\908) y 3 de octubre de 2011 , hemos de recordar que la presunción de inocencia, además de constituir un principio o criterio informador del ordenamiento jurídico sancionador es, ante todo, y como tal ha de subrayarse, un derecho fundamental en cuya virtud una persona, acusada de una infracción, no puede ser considerada culpable hasta que así se declare por la autoridad sancionadora; y, en su caso, por el Tribunal sentenciador. Siendo solo admisible y lícita la sanción, cuando haya mediado una actividad probatoria que, practicada con la observancia de las garantías procesales vigentes, pueda entenderse de cargo.
Debe pues determinarse si ha existido, o no, suficiente actividad probatoria de carácter incriminador; y, caso afirmativo, si el proceso intelectual seguido por el Tribunal "a quo", en orden a la valoración de la prueba, ha sido racional. Efectivamente, no sólo hemos de comprobar la existencia de una prueba de cargo que sea suficiente y válidamente obtenida, sino que, además, hemos de estudiar si en la valoración de la prueba, el Tribunal "a quo" ha procedido de forma acorde con la lógica y las reglas de la experiencia; o, por el contrario, de forma irrazonada o abiertamente absurda. Ello partiendo de la inicial afirmación de que el derecho a la presunción de inocencia, despliega sus efectos también en el procedimiento sancionador, ( Sentencias del TC 18/1981, de 8 de julio (RTC 1981\18) , y 243/2007, de 10 de diciembre (RTC 2007\243) , y de esta Sala, entre otras, de 10-10-2006 (RJ 2006\8404) y 20-11-2007 (RJ 2008\3989) ). De otro lado, no ha de obviarse, que existiendo prueba de cargo válidamente obtenida, regularmente practicada y razonablemente apreciada, su valoración corresponde al Tribunal de enjuiciamiento, sin que pueda variarse en este trance casacional la convicción alcanzada por el órgano judicial de la instancia. Finalmente, debe añadirse que la traslación de la presunción de inocencia al ámbito administrativo sancionador, perfila su alcance, y sólo cobra sentido, cuando la Administración fundamenta su resolución en una presunción de culpabilidad del sancionado, carente de elemento probatorio alguno.
Analizando, por demás, la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de instancia, hemos de recordar que dicha valoración corresponde ser realizada, únicamente por dicho Tribunal; aunque a la Sala de casación no sólo incumbe el control sobre su existencia y su válida obtención, sino que también ha de verificar si en la apreciación de la prueba se ha procedido de forma lógica y razonable. En tal sentido, si la valoración efectuada resultara claramente ilógica, arbitraria, y de las pruebas practicadas no fuera razonable deducir los hechos que, como acreditados, se contienen en la Sentencia recurrida, nos encontraríamos ante la vulneración del derecho a la presunción de inocencia; pues el relato fáctico carecería, entonces, del suficiente y racional sustento que ha de ofrecer el acervo probatorio, contenido en el expediente sancionador instruido. A este respecto, ya las Sentencias de 19 de octubre de 2006 (RJ 2007\664) y 8 de mayo de 2009 (RJ 2009\3953) , afirman que "existiendo prueba de cargo válidamente obtenida y practicada, su valoración razonable está reservada al órgano sentenciador, en cuanto Tribunal de los hechos; incumbiendo a la Sala de Casación verificar la existencia de aquella prueba válida, y la razonabilidad de su apreciación, conforme a criterios propios de la lógica y de la común experiencia; excluyendo las conclusiones valorativas no lógicas, no razonables, absurdas o inverosímiles, que no se corresponden con las reglas del discernimiento humano".
En definitiva, a esta Sala de Casación, únicamente le corresponde determinar si la conclusión fáctica, alcanzada por el Tribunal sentenciador al valorar el material probatorio a su disposición, es ilógica, arbitraria o absurda, partiendo de que, como afirmaba la Sentencia de 14 de mayo de 2009 (RJ 2009\3955) , "no debe confundirse la existencia o no de prueba de cargo con la posible discrepancia de la valoración que pueda hacer el Tribunal de instancia; materia sobre la que es soberano a la hora de decidir, y en la que no puede inmiscuirse el justiciable al amparo del derecho a la presunción de inocencia". De forma tal que "sólo cuando la conclusión a la que llegan los juzgadores de instancia, al valorar las pruebas que han tenido a su disposición, pueda tacharse de ilógica, arbitraria o irrazonable, ha de estimarse, en efecto, que se ha producido una vulneración del citado derecho a la presunción de inocencia".
En la pauta resolutoria, que se estima procede, hemos de anotar que, ciertamente, se trataba de una orden legítima, dada por un superior a un inferior, dentro de sus competencias, de forma adecuada y personal; transmitida de forma que permitía al inferior conocer, sin ninguna duda, la voluntad del superior. Orden que, cumplidos los requisitos del art. 19 del Código Penal Militar (RCL 1985\2914), fue omitido su cumplimiento, intencionadamente, por el expedientado. Por tanto, en principio, la conducta enjuiciada, consistente en la desobediencia grave a las órdenes de un superior, se inscribiría en el artículo 7.15 de la Ley Orgánica 12/07 , al deducirse, objetivamente, la inobservancia, por el guardia civil, de la obligación profesional que le incumbía.
QUINTO .- Las costas deben declararse de oficio, al administrarse gratuitamente la Justicia Militar, conforme al artículo 10 de la L.O. 4/1.987 de 15 de julio (RCL 1987\1687) .
Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación número 201/63/11, interpuesto por Don Luis , representado por el Procurador de los Tribunales Don Javier Freixa Iruela contra Sentencia de fecha 1 de marzo de 2011 , dictada por el Tribunal Militar Central que desestimaba el recurso contencioso disciplinario militar ordinario número 65/10 interpuesto contra la resolución de la Excma. Sra. Ministra de Defensa de 30 de abril de 2010, por la que se confirmó la anteriormente dictada, el 3 de diciembre de 2009, por el Excmo. Sr. Director General de la Policía y de la Guardia Civil, que imponía al expedientado, hoy recurrente, la sanción de seis meses y un día de suspensión de empleo, como autor de la falta muy grave de "La desobediencia grave o la indisciplina frente a las órdenes o instrucciones de un superior", prevista en el apartado 15 del artículo 7 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre (RCL 2007\1909), de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil .

References: resolución 
 resolución 
 artículo 7
 artículo 24
 resolución 
 artículo 7
 artículo 10
 resolución 
 artículo 7