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Timestamp: 2020-01-19 11:49:20+00:00

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AMF solicita en el resolución del contrato sobre los Estudios del Parque Nacional.
El grupo de AMF en el Cabildo solicita que se inste la resolución del contrato sobre los Estudios Previos para la implantación de un Parque Nacional de Zonas Áridas en Fuerteventura con la empresa adjudicataria del mismo, reclamando lo pagado y con perdida de la garantía constituida
El contrato para la realización de los estudios previos para la declaración de un Parque Nacional de zonas áridas en Fuerteventura, se adjudicó a la entidad I3DAT INGIENERÍA Y SISTEMAS S.L. por el precio de 178.571,43 € y una plazo de entrega de 138 días. El día tope para la entrega de los trabajos era el 28 de Noviembre de 2.011.
El 21 de septiembre de 2.011 la empresa adjudicataria presentó un escrito en donde indica que adjunta avance del estudio, como la obligación de la entrega parcial. Con fecha 19 de Noviembre de 2.011 solicita una prorroga como máximo hasta el 15 de Diciembre para poder realizar la totalidad de la entrega de los trabajos.
Según contestación escrita de la Consejera de Medio Ambiente, Transportes y Presidencia, Doña Natalia Evora Soto, por parte del órgano de contratación no se le concedió dicha prórroga y la entidad adjudicataria entregó los trabajos el 15 de Diciembre de 2.011, 17 días después del plazo.
A pesar de que en la contestación de la Consejera se indica que se estaba estudiando dicho trabajo en el servicio para valorar si cumplía todos los requisitos, en el expediente hay un Informe del Técnico de Medio Ambiente, con fecha de un día antes de la entrega formal de dicho trabajo por el Registro del Cabildo, indicando que el trabajo estaba correcto, con el objeto de que se pagara la factura del 70 % del precio que restaba (125.000 euros), factura que increíblemente estaba presentada el 30 de noviembre de 2.011 (15 días antes de entregar los trabajos).
No obstante esto, el Sr. Presidente ha declarado en las Diligencias Previas del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Puerto del Rosario, como imputado por un delito contra el libre ejercicio de derechos cívicos, ha declarado que tanto en el momento del Pleno del 30 de Diciembre como el 12 de enero “no se disponía de la información” y que en ambos momentos “la empresa estaba en tiempo de entregar la documentación”, lo que nos hace dudar de la “veracidad” de lo indicado por la Consejera de Medio Ambiente de que con fecha 15 de Diciembre de 2.011 se presentara dicho estudio previo, pudiendo presentar sólo el escrito y no la documentación, lo cual sería realmente grave.
Es evidente que en este caso estamos ante un supuesto de incumplimiento del contratista, por causa imputable al mismo, por lo que la Administración podrá optar indistintamente o por la resolución del contrato, con perdida de garantía, o por la imposición de las penalidades que se establece en el artículo 196.4 de la Ley de Contratos del Sector Público.
​En una situación normal se podría barajar la situación de establecer las penalidades establecidas por la LCSP, aparte de la reclamación de daños y perjuicios pertinentes, pero en este caso eso podría suponer un “fraude en la contratación”, pues, que si se hubiesen variado el plazo de entrega se tendría que adjudicar el contrato a otra empresa.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 196