Source: http://civil.udg.es/normacivil/TSJC/00/STSJC20000724.htm
Timestamp: 2018-02-24 21:47:02+00:00

Document:
Sentència de 24 de juliol de 2000
de 24 de juliol de 2000, núm. 15/2000 (Sala Civil i Penal)
Excmo. Sr. Guillermo Vidal i Andreu
La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados expresados al margen, ha visto el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Gerona como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía núX1 41/1997, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Olot, recurso que fue interpuesto por X1 y X2, representadas por la procuradora C. C. H. y defendidas por el letrado F. C. L., contra Y1 y Y2, representados por el procurador N. R. C. y defendidos por la letrada F. B. R.
Primero. La procuradora de los tribunales J., actuando en nombre y representación de Y1 y Y2, formuló contra X2 y X1 la demanda del juicio declarativo de menor cuantía núm.1 41/1997 en el Juzgado núm.1 de Olot. Previos los trámites legales, el juzgado indicado dictó con fecha 31 de julio de 1998 una sentencia cuyo fallo dice lo siguiente: «Fallo: estimando la demanda interpuesta por la procuradora señora J., en nombre y representación de Y1 y Y2 Contra X2 y X1, representadas por el procurador F., y desestimando la demanda reconvencional formulada por la representación de X1 contra Y2, debo declarar y declaro el derecho a legítima de los actores Y1 y Y2, conforme a la legislación catalana, y debo condenar y condeno a las demandadas X2 y X1 a pagar la cuota legitimaria, para lo cual deberán computarse como bienes del caudal relicto los señalados en los fundamentos 4 y 5, bienes que deberán valorarse como se indica en los mismos fundamentos, imputándose en concepto de legítima de doña Y2 la cantidad actualizada de 400.000 ptas. Las condenadas deberán abonar el interés legal desde la muerte del causante, así como las costas del proceso, tanto de la demanda principal como de la reconvencional.»
Segundo. Contra la sentencia anterior, X2 y X1 interpusieron un recurso de apelación que fue admitido y, sustanciada la alzada, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Gerona dictó una sentencia con fecha 31 de julio de 1999 cuyo fallo es el siguiente: «Fallamos: Que, debiendo estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por X1 y X2 contra la sentencia dictada en fecha 31 de julio de 1998 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Olot en el juicio de menor cuantía núm. 41/1997, debemos revocar y revocamos parcialmente la misma en cuanto a que deberán también computarse como bienes de la herencia del causante las distintas acciones compradas por éste y puestas a nombre de sus hijos Y2 y Y2, relacionadas en las contestaciones y cuyos documentos se acompañan con las mismas, y en el sentido de que la demanda reconvencional interpuesta por X1 contra Y2 deberá entenderse estimada parcialmente, lo que conlleva la no imposición de las costas de dicha reconvención a ninguna de las partes, sin hacer ningún pronunciamiento especial sobre las costas causadas en esta instancia [...].»
Tercero. Contra dicha sentencia, la procuradora C. C. H., en representación de X1 y X2, formuló un recurso de casación que fundó en los siguientes motivos: 1) Al amparo del art. 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil, infracción de los artículos 24.1 y 120.3 de la Constitución española, 248 de la LOPJ y 372.3 de la Ley de enjuiciamiento civil, y de la doctrina jurisprudencial interpretadora de los mismos. 2) Al amparo del art. 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil, infracción del art. 359 de la Ley de enjuiciamiento civil en relación con el art. 24.1 de la CE y de la doctrina jurisprudencial que los interpreta. 3) Al amparo del art. 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil, inaplicación del art. 359.2 del vigente Código de sucesiones, en relación con los artículos 26 y 29 de la Compilación del derecho civil especial de Cataluña de 21 de julio de 1960, de aplicación por remisión expresa de la disposición transitoria segunda y la disposición final primera del vigente Código de familia (Ley 9/1998, de 15 de julio). 4) Al amparo del numeral cuarto del art. 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil, inaplicación o aplicación errónea del art. 359, penúltimo párrafo, del Código de sucesiones (Ley 40/1991, de 30 de diciembre), en relación con los artículos 373, párrafo segundo, y 392 a 396 y concordantes del propio código y de la doctrina jurisprudencial.
Cuarto. Admitido el recurso y evacuado el trámite de impugnación, se señaló para la votación y el fallo del presente procedimiento el pasado día 10 de este mes, fecha en que dichos actos tuvieron lugar.
Primero. El presente recurso de casación se interpone contra la Sentencia 454/1999, de fecha 31 de julio de 1999, dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Gerona en el rollo de apelación núm.1 649/1998, sentencia que estimaba en parte el recurso interpuesto contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Olot, pronunciada en los autos de juicio de menor cuantía núm. 41/1997.
El primer motivo del recurso se articula por el cauce del numeral tercero del art. 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil y se basa en la «falta de motivación de la sentencia por quiebra de los principios de la lógica jurídica, con infracción de los artículos 24 y 120.3 de la Constitución española, 248 de la LOPJ y 373.3 de la Ley de enjuiciamiento civil, y de la doctrina jurisprudencial interpretadora de los mismos».
El recurrente, a lo largo de la exposición de este motivo del recurso, elucubra sobre supuestas contradicciones en que incurre la sentencia al confundir —dice— donación y dote en determinadas expresiones contenidas en el fundamento de derecho sexto, afirmar, en el fundamento de derecho tercero, que existe una donación encubierta de acciones y sostener, en el fundamento de derecho quinto, que se ignora la procedencia del dinero para el pago. El recurrente mantiene que tales razonamientos contradictorios afectan a la ratio decidendi y que, por tal, deben llevar a la casación de la sentencia dictada.
El motivo no puede prosperar ni en la forma ni en el fondo.
La exigencia de la motivación de las resoluciones judiciales ha adquirido en nuestro proceso rango constitucional. Expreso, por cuanto así lo ordena el art. 120.3 de la norma fundamental. Derivado, porque supone la integración de un proceso debido que proscribe la indefensión (art. 24.1) y la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3).
La motivación es una exigencia formal de la sentencia, porque su falta constituye un vicio interno que no se aviene con el discurso lógico que conforma la esencia de la resolución judicial. Pero es, además, una garantía procesal que, por una parte, demuestra a las partes la aplicación concreta del derecho y, por otra, permite el control revisional de la decisión.
La exigencia de motivación se quiebra por su ausencia absoluta o por su insuficiencia. El primer defecto, en cuanto afecta al presupuesto básico de la exigencia, da lugar a la nulidad de la sentencia por infracción de los artículos 120.3 de la Constitución, 248 de la Ley orgánica del poder judicial y 372.3 de la Ley de enjuiciamiento civil (sentencias del Tribunal Supremo de 4 de abril de 1991, 7 de marzo de 1992 y 10 de junio de 1995). El segundo, en cambio, permite la subsistencia de la decisión, pero mediando la llamada integración hecha por el tribunal revisional. Así claramente lo expone la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 1994, aunque no quepa introducir hechos nuevos ni suplir la falta de valoración probatoria (sentencias de 7 de marzo de 1992, 4 de marzo de 1993, 7 de marzo de 1994, etc.).
Distinto a lo anterior es la presencia en la resolución de razonamientos contradictorios o la existencia de una falta de las debidas claridad y precisión en la exposición de los hechos o en la utilización de argumentos jurídicos. El defecto admite diferente valoración según afecte a la decisión o resulte indiferente al fallo. No debe olvidarse que el recurso de casación se da siempre contra el fallo o parte dispositiva de la resolución, no contra los argumentos o razonamientos que en ella se contienen. Quedan, pues, excluidos de recurso los obiter dicta, los ex abundantia y los que no integren la ratio decidendi (sentencias de 4 de marzo de 1993 y 16 de febrero, 4 de octubre y 24 de diciembre de 1994, entre otras). Por el contrario, sí admiten recurso los fundamentos integrantes de la resolución, esto es, los que son predeterminantes del fallo (en la doctrina, los enteramente determinantes y los determinantes exclusivos) y los trascendentes al mismo.
Es precisamente en la existencia de esa motivación contradictoria en la que se basa el recurrente, pero ni existe tal motivación contradictoria ni, de existir, sería fundamentadora del fallo.
Se intenta descubrir, por un lado, una contradicción o, mejor, una confusión entre los conceptos de donación y dote. Una lectura detenida de la resolución que se impugna revela claramente que la Audiencia en ningún momento confunde las instituciones, antes bien, define con claridad y precisión los conceptos y los distingue perfectamente. Otra cosa es que las frases en cuestión («[...] tampoco puede considerarse jurídicamente como dote, a pesar de la carta de X1 Y2 [...]» y «[...] dado que, de un análisis de la carta, lo único claro que se extrae es que fue una donación como complemento entre la dote que había recibido y lo que había dado a sus hermanas X1 y X2 [...]») no beneficien a las tesis sustentadas por el recurrente, que quiere «complemento de dote» donde la Audiencia dice «hay puramente donación», cayendo él en el vicio de hacer supuesto de la cuestión (proscrito en casación, conforme a las sentencias de 4 de febrero de 1993, 3 de noviembre de 1994 y 31 de enero de 1995). La Audiencia sustenta claramente tesis de que, en el supuesto contemplado, no se dio un complemento de dote, sino una donación para igualar a las hermanas, es decir, como complemento entre la dote ya dada y lo donado a las hermanas. Esta opinión es razonable si se atiende a los requisitos formales que se exigen tanto para la constitución de la dote como para su aumento (art. 29 de la Compilación), reñidos evidentemente con un pretendido complemento de dote hecho a través de un contrato simulado de compraventa, como luego se verá.
Por otra parte, el recurrente también ve una contradicción cuando la resolución de instancia admite la existencia de una donación de acciones disimulada bajo la forma de una compraventa y afirma luego que se ignora la procedencia del dinero para su pago. El recurrente argumenta: «Es obvio que si la sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona admite que el padre donó las acciones, no puede pretender que se ignoraba la procedencia del dinero. Si el padre donó las acciones, es que eran suyas (“nemo dat quod non habet”).»
Además del nulo interés que tiene lo anterior para la resolución del pleito, habida cuenta de la solución final adoptada, como después habrá de verse, resulta que a poco que el recurrente hubiera leído la totalidad del párrafo que contiene la argumentación, en el fundamento de derecho quinto, se habría percatado de que no hay tal contradicción. El párrafo, en lo que interesa, reza así: «[...] la compra de acciones de X1 no se efectuó en el año 1971, sino que sucesivamente y en años posteriores, hasta 1988, fue comprando acciones a nombre de los hijos, ignorándose exactamente la procedencia del dinero para su pago, por lo que perfectamente podría haber ocurrido que dichos pagos se produjeran con dinero de los beneficios de las acciones previamente adquiridas, y ello se desprende del documento núm. 51 [...].» La claridad de lo expuesto no merece, pues, mayores elucubraciones, y se adivina de forma inequívoca el discurso lógico que utilizó la Audiencia para llegar a la conclusión a la que llegó.
En definitiva y como se ha adelantado, el motivo es rechazable, tanto porque no existe contradicción alguna en las argumentaciones contenidas en la sentencia objeto de casación, como porque, en cualquier caso, las contradicciones apuntadas por el recurrente no son integrantes y fundamentadoras del fallo decisorio.
Segundo. El segundo motivo del recurso denuncia, al amparo del ordinal tercero del art. 1692 de la LEC, la infracción del art. 359 de la misma en relación con el art. 24.1 de la Constitución y de la doctrina jurisprudencial que los interpreta. El recurrente explica en el motivo que «conforme a reiterada y constante doctrina jurisprudencial, dentro del amplio concepto de incongruencia tiene cabida la reformatio in peius como una de las manifestaciones del primero, pues incurre en reformatio in peius una sentencia con un pronunciamiento más perjudicial para el apelante que el de la sentencia contra la cual apeló y cuando la otra parte ni recurre ni se adhiere a la apelación». Cita al efecto las sentencias del Tribunal Supremo de fechas 24 de febrero de 1983, 18 de marzo de 1993, 2 de marzo de 1996 y 24 de noviembre de 1997.
La reformatio in peius, de creación jurisprudencial, no debe confundirse con la incongruencia por extra petitum, de inexcusable observancia legal (sentencia de 30 de mayo de 1986), pues si en ésta se produce una inadecuación entre lo pedido y lo concedido judicialmente, aquélla se asienta sobre el principio de que el tribunal ad quem no puede conocer de los extremos del pleito consentidos por la parte que no ha apelado, ni por tanto perjudicar al recurrente, sin haber mediado excitación (sentencias de 4 de octubre de 1985 y 18 de marzo de 1993). La reformatio supone un quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia (sentencia de 13 de marzo de 1990), manifestación, pues, de incongruencia en sentido amplio que permite, de acuerdo con el art. 1715.3 de la LEC, en caso de acogerse el motivo (ordinal tercero del art. 1692), reducir el alcance objetivo de la sentencia impugnada a sus justos límites en el fallo que corresponda, por anulación de lo impugnado (sentencia de 28 de julio de 1998).
Para observar si en el caso enjuiciado existe o no reformatio in peius, necesariamente habrá de traerse a colación y estudiarse también aquí el cuarto de los motivos de casación, que, por vía del numeral cuarto del art. 1692, denuncia «inaplicación o aplicación errónea del art. 359, penúltimo párrafo, del Código de sucesiones (Ley 40/1991, de 30 de diciembre), en relación con los artículos 373, párrafo segundo, y 392 a 396 y concordantes del mismo código, y de la doctrina jurisprudencial contenida, entre otras, en las sentencias del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 1896, 28 de enero de 1898, 13 de junio de 1900, 3 de enero de 1905, 14 de diciembre de 1910 y 8 de julio de 1943, entre otras».
La cuestión se reduce a lo siguiente:
En la contestación a la demanda, X1 y X2, herederas testamentarias de su padre, Z, fallecido el 21 de agosto de 1992 habiendo testado el 23 de enero de 1991, afirman y sostienen que determinadas acciones —que se relacionan— de las que son titulares Y1 y Y2, legitimarios y hermanos de las primeras, deben imputarse a las respectivas legítimas de éstos. La sentencia de primera instancia, después de computar determinados bienes en el haber hereditario, desestima la computación de las acciones afirmando:
«Con relación a las acciones de las que son titulares los actores, no ha quedado acreditado que fuesen donadas a los actores; éstos, al absolver posiciones, no reconocen que fueran adquiridas con dinero del causante.
» La sentencia fue apelada sólo por X1 y X2. En la apelación sostuvieron que las acciones fueron donadas por el padre y causante a Y1 y Y2 en concepto de donaciones mortis causa y que, por tanto, son imputables a sus respectivas legítimas. La Audiencia revocó parcialmente la sentencia del juzgado de instancia y estimó que las acciones fueron efectivamente donadas por Z a sus hijos, por lo que son computables en el haber hereditario, pero sostuvo también que no se trataba de donaciones por causa de muerte, con lo que no son imputables a las legítimas de sus hijos Y2 y Y1
El efecto del fallo de la Audiencia es claro: produce, como dice el recurrente, un incremento del quantum (entendido como la suma del donatum y el relictum) sobre el que deberán efectuarse los futuros cálculos para el cómputo de la legítima individual, al ser varios los legitimarios, con la consecuencia de que quienes apelaron deberán abonar una suma mayor de la que se establecía según la sentencia de primera instancia, que no computaba como bienes de la herencia las acciones donadas por el causante. La reforma peyorativa que contiene la sentencia de alzada es, pues, evidente y es, además, injustificada, primero porque, al ser única la parte apelante, su condición no podía nunca empeorar por efecto de la apelación, y, segundo, porque, al haberse transmitido las acciones mediante un contrato de compraventa simulado, la afirmación de que, en definitiva, se trataba de una donación —encubierta— era sólo el paso previo a la afirmación de que se trataba de una donación por causa de muerte y, como tal, imputable a las legítimas (art. 359, penúltimo apartado, del Código de sucesiones: «Són imputables a la llegítima de qualsevol legitimari les donacions per causa de mort atorgades al seu favor pel causant, llevat de pacte en contrari o si el causant ho exceptua en testament o codicil [...].»).
Lo dicho conduce inexcusablemente a estimar este motivo del recurso y a casar la sentencia en el extremo que afecta a la declaración anterior, dejando firme el pronunciamiento de primera instancia.
Tercero. El tercero de los motivos del recurso, por la vía del numeral cuarto del art. 1692 de la LEC, se basa en la infracción por inaplicación del art. 359.2 del Código de sucesiones, en relación con los artículos 26 y 29 de la Compilación del derecho civil especial de Cataluña, de aplicación —según el recurrente— por remisión expresa de la disposición transitoria segunda y la disposición final primera del Código de familia.
El recurrente trata de reproducir aquí una de las cuestiones centrales del pleito, que afecta, sólo, a Y2. Ésta recibió, efectivamente, en vida de su padre, concretamente en 1971, 400.000 pesetas como dote, que invirtió en la compra de un piso. Con posterioridad y mediante una escritura de 5 de noviembre de 1979, recibió un terreno de L. de 340 metros cuadrados. La parte ahora recurrente sostiene que esta segunda transmisión lo había sido en concepto de complemento dotal y, como tal, imputable a la legítima de doña Y2, de conformidad con lo estatuido en el apartado segundo del art. 359 del Código de sucesiones. Tanto la sentencia de instancia como la de la Audiencia rechazan la argumentación.
Y el motivo no puede prosperar. Sería tanto como sustituir, en la valoración probatoria, el imparcial y objetivo criterio judicial por el interesado y parcial criterio del recurrente, y ello sin ninguna razón jurídica que lo sostenga.
El elemento probatorio único se encuentra en la carta que doña Y2 remite a su padre en fecha 2 de diciembre de 1990, y, más en concreto, en un párrafo que dice: «Per compensar-me, i només per compensar- me de les diferències (i jo fins al dia d’avui no he dit res) decidiu donar-me el terreny i un ajut per a la construcció de la casa d’L..»
Asiste plena razón a la Audiencia cuando expresa: «Ni se puede deducir de la carta remitida por doña Y2 a su padre que tuviera naturaleza de dote, dado que, de un análisis de la carta, lo único claro que se extrae es que fue una donación como complemento de la diferencia entre la dote que había percibido y lo que había dado a sus hermanas X1 y X2, que tampoco consta exactamente en que concepto se hizo.»
Ante la claridad de lo anterior, poco importan las elucubraciones del recurrente entorno a que la Compilación de 21 de julio de 1960 impusiera con carácter obligatorio la constitución de la dote, que hoy, en cambio, desde la redacción dada al art. 26 de la misma por la Ley 13/1984, de 13 de marzo, tiene un carácter exclusivamente voluntario. Lo cierto es que aparece con evidencia la distinción entre el complemento de dote y la donación pura y simple, aunque con ésta se intente igualar a los hermanos, descontando lo recibido en concepto de dote.
Por otra parte y definitivamente, si la ley intenta rodear la constitución de la dote de unas ciertas garantías formales, como es su otorgamiento en escritura pública o en acto de última voluntad (art. 29 de la Compilación), mal se aviene a ello su pretendida constitución mediante un contrato simulado de compraventa, aunque sea en escritura pública, como más arriba ya se había señalado.
Cuarto. El último de los motivos de casación ya ha sido apuntado con ocasión del examen del segundo motivo.
Se intenta catalogar la donación de unas determinadas acciones por el causante como una donación mortis causa, para, a continuación, entender que son imputables a las legítimas.
En relación con este motivo, nuevamente ha de recordarse que, según reiterado criterio jurisprudencial —siempre seguido por este Tribunal Superior—, la función de calificación de los contratos es privativa de los órganos de instancia, cuyo criterio ha de mantenerse en casación, salvo las exégesis desorbitadas o arbitrarias que pugnan con la lógica y el sentido de los textos o de las cláusulas sometidas al raciocinio del juez.
Pero resulta que también aquí acierta la sentencia impugnada cuando, tras una valoración completa y conjunta de los elementos probatorios, alcanza la conclusión de que la naturaleza jurídica de las donaciones sometidas a su consideración no es la de donaciones por causa de muerte.
Nuestra mejor doctrina enseña hoy que en estas donaciones la muerte se presenta como un elemento estructural de las mismas, la donación se hace en contemplación de la muerte del donante y la muerte actua, como en el testamento, como momento y presupuesto de su eficacia. La diferencia entre donaciones inter vivos y donaciones mortis causa ya fue objeto de examen en la sentencia de esta sala de fecha 9 de febrero de 1994, en la que se afirmaba que, al tratarse, en definitiva, de un contrato bilateral, han de valorarse y tenerse en cuenta cuantos elementos anteriores, coetáneos o posteriores sean de eficacia para presuponer la voluntad de los contratantes. Y éstos son los elementos que la sentencia de instancia ha ponderado para concluir que ni la muerte se presentó como un elemento configurador del contrato ni la revocabilidad esencial de las donaciones mortis causa casaba bien con las circunstancias histórico-fácticas que han quedado acreditadas en los autos. Por una parte, cuenta que X1 fue comprando acciones a lo largo de toda su vida y fue poniéndolas a nombre de sus hijos, con poderes que éstos le habían otorgado al efecto; por otra, en ningún momento revocó tales donaciones, pese al alejamiento de algunos de ellos y al distinto trato que les otorgó en el testamento. La naturaleza de las donaciones por causa de muerte se encuentra, por consiguiente, muy alejada de estas circunstancias acreditadas.
Por estas razones, ha de decaer también el cuarto motivo del recurso.
Quinto. De conformidad con el art. 1715.2 de la LEC, la Sala estima procedente que cada parte abone las costas propias y las comunes por mitad, tanto las de este recurso como las del de apelación, y mantiene el pronunciamiento de primera instancia, salvo en lo relativo a las costas de la reconvención, cuya condena se revoca.
Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación entablado por la procuradora de los tribunales C. C. H., en nombre y representación de X1 y X2, contra la Sentencia 454/1999, dictada en fecha 31 de julio de 1999 por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Gerona en el rollo de apelación núm.1 649/1998, procedente de los autos de juicio de menor cuantía núm. 41/1997 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Olot. En su virtud, casamos y anulamos la misma en el extremo que se refiere a la obligación de computar como bienes de la herencia del causante (Z) las distintas acciones compradas por éste y puestas a nombre de sus hijos Y1 y Y2, relacionadas en las contestaciones a la demanda y cuyos documentos se acompañan con las mismas, y declaramos firme la decisión del juzgado de primera instancia en orden a la no computación de tales acciones. En lo demás, desestimamos el recurso y acordamos que cada parte abone las costas propias y las comunes por mitad, tanto las de este recurso como las del de apelación, y mantenemos el pronunciamiento sobre las costas de la primera instancia, salvo lo relativo a la reconvención, cuya condena se revoca.
Notifíquese la presente resolución a las partes y remítase una certificación de ésta a la Sección Primera de la Audiencia de Gerona, juntamente con el rollo de apelación y las actuaciones.

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