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Timestamp: 2017-05-25 06:58:44+00:00

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TUTELA DE LA EJECUCIÓN JUDICIAL TUTELA DE LA EJECUCIÓN JUDICIAL jueves, 31 de octubre de 2013
SALA DE CASACION SOCIAL ASUME LA COMPETENCIA para conocer la solicitud de exequátur de sentencia de 23 de junio de 2010, en atención a los artículos 78 y 262 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y a la desaplicación del numeral 2 del artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
En la causa iniciada por solicitud de exequátur presentada por REYNA PATRICIA SAUSNAVAR, asistida por la abogada Mayra Alejandra Pascual Guzmán, Defensora Pública Primera (1°), adscrita al Sistema de Protección del Niño y del Adolescente del Área Metropolitana de Caracas, según consta en resolución N° 092-2008, emanada de la Dirección General de la Defensa Pública en fecha 3 de diciembre de 2008; el Juzgado Superior Cuarto de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, mediante sentencia de 18 de diciembre de 2012, declaró inadmisible la pretensión formulada a fin de dar fuerza ejecutoria a la sentencia de 23 de junio del año 2010, dictada por el Juez Séptimo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, de Naucalpan de Juárez de los Estados Unidos de México, donde se confiere la custodia definitiva de su menor nieto, identificado R.S.C.S., de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Contra esa decisión, la Defensora Pública Primera (1°) Mayra Alejandra Pascual Guzmán, ahora en representación de la parte solicitante (según consta a los folios 90 y 91 del expediente), interpuso control de la legalidad, según lo previsto en el artículo 490 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
El 31 de mayo de 2013 comparece ante la Secretaría de la Sala de Casación Social, Eduar Enrrique Moreno Blanco, en su carácter de Defensor Público Segundo (2°) ante las Salas del Tribunal Supremo de Justicia y las Cortes de lo Contencioso Administrativo, en representación de la ciudadana Karina Senaida Sierra Monasterio, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad V-16.111.381, manifestando el interés procesal en esta causa.
Siendo la oportunidad legal para ello, pasa esta Sala de Casación Social a resolver el presente asunto, en los siguientes términos:
En el caso sub examine, se observa que el recurso fue propuesto contra una sentencia dictada por un Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con ocasión a la solicitud de exequátur presentada por REYNA PATRICIA SAUSNAVAR.
Ahora bien, el procedimiento para el trámite de la solicitud de exequátur, se encuentra establecido en el Código de Procedimiento Civil, Libro Cuarto, de los Procedimientos Especiales, Capítulo II, Título X, De la Eficacia de los Actos de Autoridades Extranjeras, artículos 850 al 858 (ambos inclusive), de los cuales fueron derogados el único aparte del artículo 850 y el artículo 851 con la entrada en vigencia de la Ley de Derecho Internacional Privado publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.511, de 6 de agosto de 1999.
Del estudio de las reseñadas normas se extrae, que el procedimiento de exequátur se ventila en única instancia, esto determina que no existe la posibilidad de impugnar la sentencia del Juzgado Superior mediante esta vía recursiva. En consecuencia, el control de legalidad en el caso de marras es inadmisible. Así se decide.
DEL RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO
Al revisar la sentencia que dictó el 18 de diciembre de 2012, el Juzgado Superior Cuarto de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, esta Sala detectó la violación del orden público en relación a las normas atributivas de competencia en materia de exequátur, por lo tanto, a pesar de rechazar el recurso al establecer su inadmisibilidad, procede a examinar la decisión impugnada en atención al contenido de los artículos 7, 49 y 257 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 89 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, los artículos 5, 14, 28 y 60 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 4, 8 y 450 en su literal i) de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Ahora bien, por regla general la competencia es imperativa, salvo las excepciones de ley donde se establece que ciertos criterios, de acuerdo con los cuales debe determinarse la competencia, sean disponibles, es decir, cada juez tiene un campo delimitado para desplegar su actividad de juzgamiento, que se constituye a partir de unos parámetros específicos previstos en nuestro ordenamiento jurídico, que gozan, en principio, del carácter de orden público. Uno de estos parámetros, a través de los cuales se fija el órgano que tiene aptitud legal para conocer, es la materia. Al respecto el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 89 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establece: “La competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute y por las disposiciones legales que la regulan.” La lectura de esta disposición, en concordancia con los artículos 5 y 60 del mismo Código determina la naturaleza de orden público de este factor, y así lo ha establecido esta Sala, entre otras, en sentencia N° 1.316 de 16 de noviembre de 2010, al señalar: “la competencia por la materia y por el valor de la demanda se informan por reglas de estricto orden público, por ende, inderogables; y, en consecuencia, la incompetencia que se derive por tales presupuestos, es declarable de oficio en cualquier estado y grado del proceso; mientras que la incompetencia por el territorio, no tiene tal carácter.”
Efectivamente, el término contencioso alude sin duda a contienda, en este caso contienda legal, que se somete al conocimiento de un juez, pues existe una contraposición de derechos e intereses, que requieren sean dirimidos ante un órgano imparcial. Ahora bien, resulta oportuno comparar que, inclusive, en aquellas situaciones jurídicas que son sometidas y tratadas ante la jurisdicción voluntaria, en cuyos casos no existen, en principio, “partes” ni “controversias”, pudieran determinarse, aún iniciado el procedimiento, su efectiva naturaleza. En efecto, si el juez que conozca de una solicitud introducida ante la jurisdicción voluntaria, advirtiere que la cuestión planteada corresponde o se transforma en un asunto propio de la jurisdicción contenciosa, en ese caso, por mandato del artículo 901 del Código de Procedimiento Civil, “…sobreseerá el procedimiento para que los interesados propongan las demandas que consideren pertinentes…”.
Estos integrantes del Sistema tienen como norte la protección y atención de los niños, niñas y adolescentes, para asegúrales el goce efectivo de sus derechos y garantías, considerando el interés superior y la prioridad absoluta en todas las decisiones donde esté involucrado un menor de edad. Así, entre los integrantes del Sistema se encuentran los Tribunales especializados para resolver las controversias surgidas que tengan incidencia sobre los niños o adolescentes. Es por ello, que el asunto sometido a consideración [amparo contra un acto administrativo dictado por el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente] debe ser conocido por un tribunal especializado, donde se le pueda garantizar y proteger efectivamente los derechos constitucionales de la adolescente a favor de quien se dictó la medida de protección provisional, así como velar por su interés superior.
No hay condenatoria en costas, de acuerdo al artículo 485 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Publíquese, regístrese y notifíquese a REYNA PATRICIA SAUSNAVAR, en la persona de Mayra Alejandra Pascual Guzmán y/o Teresa Elizabeth López Cruz, Defensoras Pública para el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas. Particípese de esta decisión al Juzgado Superior Cuarto de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los cuatro (4) días del mes de octubre del año trece. Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
C.L. AA60-S-2013-000005
Nota: Publicada en fecha ocho (8) de octubre del año 2013, siendo las ocho y cuarenta y cuatro minutos de la mañana (8:44 a.m.)

References: artículo 28
 resolución 
 artículo 65
 artículo 490
 artículo 850
 artículo 851
 artículo 89
 artículo 28
 artículo 89
 artículo 901
 artículo 485