Source: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5052671&fecha=11/07/2008
Timestamp: 2020-08-12 08:54:15+00:00

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Resolución dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Controversia Constitucional 9/2007, promovida por el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala
De la lectura del artículo 85 de la Constitución Estatal, la cual en su segundo párrafo se refiere a las facultades de la Comisión de Gobierno Interno y Administración del Poder Judicial, se advierte que no existe facultad alguna del Ejecutivo para modificar el Anteproyecto de Presupuesto del Poder Judicial antes de enviarse al Congreso para su aprobación; razón por la cual se invadió la esfera competencial del Poder Judicial Local. Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por este Alto Tribunal en la tesis P./J.69/2006, bajo el rubro: "PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. SU TITULAR CARECE DE FACULTADES PARA MODIFICAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE ESA ENTIDAD.(1)"
De la lectura de los artículos 298, 299, 300 y 301 del Código citado es claro notar que en las modificaciones al presupuesto asignado es necesaria la intervención de la parte a la cual se va a incrementar o disminuir tal presupuesto señalando el párrafo segundo del artículo 298 del Código Financiero citado(2).
2.- Que el Poder Ejecutivo Estatal es sólo el conducto para hacer llegar al Congreso Local la propuesta de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial, pero de ninguna manera es la autoridad decisoria del monto a aprobar.
Apoya su argumento con la tesis jurisprudencial número P./J. 3/2003, cuyo rubro es "TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA. SUSTITUCION EN EL CARGO DE MAGISTRADO PRESIDENTE."
b) Sobre la cesación de efectos del acto materia de la controversia, considera que debe desestimarse tal argumento en virtud de que involucra cuestiones de fondo. Tomando como sustento la tesis cuyo rubro es: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRE EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERA DESESTIMARSE."
OCTAVO.- En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente a la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a esta Segunda Sala para su radicación y resolución.
PRIMERO.- Competencia. En primer lugar, de acuerdo a lo resuelto en repetidas ocasiones por la mayoría de este Alto Tribunal, el Presupuesto de Egresos es considerado un acto formalmente legislativo pero materialmente administrativo, es decir, su naturaleza es la de acto y no de norma general, pues no participa de la generalidad como característica esencial de ésta. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia P./J. 24/99(3), de rubro: "ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE PARA RECLAMAR EL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1998, POR NO TENER EL CARACTER DE NORMA GENERAL". Este criterio fue reiterado al resolver la controversia constitucional 109/2004.
Ahora bien, tomando en cuenta que mediante la presente controversia se impugnan los actos modificatorios del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial para el año dos mil siete, los actos de discusión y aprobación del citado Presupuesto de Egresos y, los artículos 5, fracción III, y 20 del Presupuesto de Egresos de dos mil siete, se concluye que la materia de impugnación la constituyen actos y no normas generales, por lo que no es necesaria la intervención del Pleno al ser innecesaria la votación calificada de ocho votos regulada en el artículo 42 de la Ley Reglamentaria de la materia(4).
Además, respecto del tema principal existe criterio del Pleno, definido y obligatorio para esta Sala, en términos del artículo 43 de la Ley Reglamentaria de la materia(5), pues se ha pronunciado al respecto en las controversias 10/2005, y 42/2006, ambas promovidas por el Poder Judicial del Estado de Baja California, resueltas el ocho de diciembre de dos mil cinco y el veintidós de agosto de dos mil seis, respectivamente.
En tal virtud, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 105, fracción I, inciso h)(6) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I,(7) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de conformidad con el artículo 7, fracción I, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el punto Cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, por virtud de que se plantea una controversia constitucional suscitada entre el Poder Judicial y los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Tlaxcala, en cuyos conceptos de invalidez no se cuestiona una norma general, por lo que se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
Sirve de apoyo, por analogía, la tesis número 2a. V/2006, cuyo rubro es: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE TIENEN COMPETENCIA PARA RESOLVERLAS AUN RESPECTO DEL FONDO, CUANDO EN ELLAS INTERVENGA UN MUNICIPIO Y NO SUBSISTA PROBLEMA ALGUNO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL (INTERPRETACION DEL ACUERDO GENERAL PLENARIO 5/2001). (8)"
La fracción I del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(9), establece que tratándose de actos, el plazo para la promoción de la demanda de controversia constitucional será de treinta días contados a partir del día siguiente al que conforme la ley del propio acto surta sus efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al día en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al día en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
En tal virtud, toda vez que el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal dos mil siete fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el sábado treinta de diciembre de dos mil seis, el plazo de treinta días previsto en la fracción I del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de la materia, transcurrió del martes dos de enero al miércoles catorce de febrero de dos mil siete(10). Por tanto, si la demanda de controversia constitucional se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el viernes nueve de febrero de dos mil siete según se advierte de los sellos estampados al reverso de la foja dieciséis de autos, es indudable que su presentación resulta oportuna.
De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional(11), el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.
Del examen efectuado a las diversas constancias que integran el expediente, se advierte que, de fojas diecisiete a cuarenta y tres, obra el acta de sesión ordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, iniciada el quince de febrero de dos mil seis, y concluida el diecisiete del mismo mes y año.
De dicha acta (foja 35 de autos) se desprende que el magistrado Luis Aquiahuatl Hernández fue electo Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, a partir del diecisiete de febrero de dos mil seis, por el periodo de un año, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad citada(12), vigente al momento de la elección.
No pasa inadvertido para esta Sala que los artículos 84, párrafo tercero, de la Constitución Local(13) y 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Tlaxcala(14)actualmente vigentes prevén que el Presidente del Tribunal durará en su encargo dos años, sin embargo, dichas normas no tienen disposición transitoria aplicable al Presidente que se encontraba en ejercicio al momento de su reforma, por lo que es claro que éste debió culminar su periodo conforme a las normas vigentes al momento de su elección.
Tomando en cuenta lo anterior, si el magistrado presidente fue nombrado el diecisiete de febrero de dos
mil seis, por el plazo de un año, como quedó asentado en el acta de sesión correspondiente a su nombramiento(15), resulta que su periodo concluyó el dieciséis de febrero de dos mil siete, sin que pase de largo que el artículo 14 vigente al momento de su elección, señalaba que concluiría el último día de enero, sin embargo, en el caso, no es materia de la controversia constitucional la legalidad de la elección del Presidente, por lo que esta Sala debe darle valor en atención al principio de presunción de validez de los actos de la autoridad.
En concatenación con lo anterior, del contenido del artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala(16), se advierte que será el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, el representante legal del Poder Judicial del Estado, por lo que quien suscribe la demanda cuenta con legitimación activa en la presente controversia.
Con respecto a sus posteriores actuaciones, aun cuando es cierto que el presidente Luis Aquiahuatl Hernández concluyó legalmente su encargo el dieciséis de febrero de dos mil siete, debe reconocérsele legitimación conforme a la presunción prevista en el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 constitucional, pues de las constancias que integran el expediente, no se aportó alguna con la que se haya acreditado el nombramiento del nuevo Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Sirve de apoyo, por analogía, la tesis número Tesis: P./J. 3/2003(17), cuyo rubro es "TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA. SUSTITUCION EN EL CARGO DE MAGISTRADO PRESIDENTE."
De conformidad con el artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia(18), tienen el carácter de autoridades demandadas en esta controversia, los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado.
Por el Poder Ejecutivo compareció Héctor Israel Ortiz Ortiz, quien se ostentó como Gobernador del Estado de Tlaxcala, carácter que acreditó con el periódico oficial de la entidad, de fecha veintiséis de noviembre de dos mil cuatro, en el que se publicó el "Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala, por el que se efectúa el cómputo de resultados y se declara la validez de la elección de Gobernador del Estado", el cual obra al reverso de la foja 424 de autos, asimismo, con copia certificada de la sesión extraordinaria pública solemne en la que tomó protesta al cargo de Gobernador ante la Legislatura Local.
Además, acorde a lo dispuesto en el artículo 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala(19), es el Presidente de la Mesa Directiva quien tiene la representación jurídica del Congreso de dicha entidad. En concatenación con lo anterior, se concluye que dicha autoridad sí cuenta con legitimación para comparecer en el presente asunto.
Al respecto, esta Segunda Sala considera que debe desestimarse tal argumento, pues es una cuestión ligada al estudio de constitucionalidad del decreto impugnado, por lo que no constituye un obstáculo procesal que conduzca al sobreseimiento del juicio. Resulta aplicable el criterio contenido en la tesis P./J. 92/99, cuyo rubro es el siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERA DESESTIMARSE."(20)
"Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento".
La garantía establecida en este precepto tiene su fundamento en el principio de legalidad, conforme al cual, las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y en los términos determinados en la misma; luego, de acuerdo al precepto en comento las autoridades únicamente pueden ejercer las facultades y atribuciones previstas en la ley que regula sus actos y consecuencias, es decir, la eficacia de la actuación de las autoridades está subordinada a que se ubiquen en el ámbito de facultades
contenidas en el marco legal que rige su funcionamiento.
Por tanto, atendiendo al principio de legalidad consagrado en el primer párrafo del artículo 16 de la Carta Magna las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Al respecto, son aplicables las tesis cuyos rubros son: "AUTORIDADES, FACULTADES DE LAS.(21)", "AUTORIDADES.(22)" y P./J. 50/2000, cuyo rubro es: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURIDICA DE LOS PARTICULARES(23)"
De la lectura del artículo 85, fracción VII(24), de la Constitución del Estado de Tlaxcala, se advierte que el Congreso Local otorga a la Comisión de Gobierno Interno y Administración del Poder Judicial Estatal, la facultad para la elaboración del proyecto de presupuesto de dicho órgano, así como su envío al Gobernador para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado.
Por otra parte, de la fracción VIII del artículo 70 de la Constitución de Tlaxcala(25), la cual se refiere a las facultades y obligaciones del Gobernador del Estado, se desprende que éste se encargará de presentar al Congreso Local los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que habrán de regir el año siguiente. Tal precepto no da lugar para poder interpretar que el Poder Ejecutivo tiene alguna facultad de modificación del anteproyecto del presupuesto de egresos del Poder Judicial de dicha entidad, por el contrario, puede concluirse que el envío al Ejecutivo obedece a los principios de universalidad y unidad del Presupuesto de Egresos que, respectivamente implican que el presupuesto debe comprender todos los gastos del Poder público y de que debe estar contenido en un solo documento, razón por la cual debe realizarse un solo proyecto, que será presentado por el Ejecutivo, con pleno respeto a la autonomía presupuestaria de los otros Poderes, por lo que es evidente que a la luz del sistema de división de poderes, el Ejecutivo carece de facultades para modificar los anteproyectos de presupuesto de los otros Poderes.
No es óbice a lo anterior, el hecho de que el Gobernador Local refiera en su contestación que la legislación financiera del Estado previene la modificación al Presupuesto de Egresos por causas diversas, pues aun cuando en los artículos 298, 299, 300 y 301 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios(26), se prevea la posible modificación al presupuesto asignado, dichos supuestos operan únicamente para situaciones que se presenten con posterioridad a la entrada en vigor del Presupuesto de Egresos, que impliquen la aprobación de fondos públicos no previstos en el mismo.
En respuesta a ello, es menester señalar que del análisis de los artículos 70, fracción III, y 85, fracción VII este último relacionado con el diverso 49 de la Constitución del Estado de Tlaxcala(27) y 262, 269, 270, 271, fracción II y III, 274, 276, 285 y 289 del Código Financiero citado(28) se advierte lo siguiente:
a) Las dependencias y entidades deberán elaborar programas anuales congruentes entre sí, conforme a los cuales se ejecutarán las acciones relativas a la actividad de la administración pública que les corresponda,
mismos que servirán de base para elaborar el prepuesto de egresos del Estado y los municipios. (artículo 262 del Código Financiero Local)
En tal virtud, del análisis del concepto de invalidez precisado al inicio de este considerando a la luz de los artículos 57, 70, fracción VIII y 85, fracción VII, de la Constitución de Tlaxcala y con vista a las consideraciones precedentes, se advierte que es fundado, porque el Gobernador del Estado de Tlaxcala carece de facultades para revisar, modificar o alterar el proyecto de presupuesto de egresos que le fue presentado por el Tribunal Superior de Justicia Local, en razón de que en los preceptos citados con antelación no se le faculta para que revise, modifique o altere el proyecto de presupuesto de egresos indicado. Sirve de apoyo las tesis de jurisprudencia P./J. 69/2006, cuyo rubro dice: "PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. SU TITULAR CARECE DE FACULTADES PARA MODIFICAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE ESA ENTIDAD.(29)"
Ahora bien, aun cuando el Congreso del Estado de Tlaxcala cuenta con la facultad para modificar y aprobar el Presupuesto de Egresos del Estado, acorde a lo dispuesto por los artículos 54, fracción XIII, de la Constitución Local(30) y 285, párrafo segundo del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, debe tomarse en cuenta que dicho órgano legislativo modificó y aprobó la partida correspondiente al presupuesto del Poder Judicial del Estado con base en el paquete económico presentado por el Gobernador de Tlaxcala, tal y como se advierte a foja doscientos setenta y tres del expediente.
Bajo este contexto es que esta Sala considera que si el Congreso del Estatal aprobó el artículo 5, fracción III, del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal de dos mil siete con base en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo de la entidad quien modificó la propuesta de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial, sin contar con facultad para ello, violando la garantía de legalidad, es evidente que con ello impidió que la Legislatura de dicha entidad dictaminara y aprobara un monto global de presupuesto para el Poder Judicial Local, teniendo como base la cantidad solicitada originalmente por dicho poder en su proyecto.
Ahora bien, dada la relación que guarda el contenido del artículo 4 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal dos mil siete(31), en lo relativo al presupuesto del Poder Judicial de dicha entidad, con el artículo 5, fracción III, declarado inválido, resulta necesario puntualizar los alcances del artículo 41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de la materia(32); para ello, cabe resaltar que de la fracción citada es posible desprender que los efectos de la declaración de invalidez deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada, o bien, guarden relación estrecha con la misma, aun cuando no dependan jerárquicamente.
1.- Jerárquico.- Cuando la validez de una norma de rango inferior depende de la validez de otra de rango superior.
III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las
Constituciones respectivas.
La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados."
"DIVISION DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACION A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLICITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISION, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACION ENTRE LOS PODERES PUBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. El artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe implícitamente tres mandatos prohibitivos dirigidos a los poderes públicos de las entidades federativas, para que respeten el principio de división de poderes, a saber: a) a la no intromisión, b) a la no dependencia y c) a la no subordinación de cualquiera de los poderes con respecto a los otros. La intromisión es el grado más leve de violación al principio de división de poderes, pues se actualiza cuando uno de los poderes se inmiscuye o interfiere en una cuestión propia de otro, sin que de ello resulte una afectación determinante en la toma de decisiones o que genere sumisión. La dependencia conforma el siguiente nivel de violación al citado principio, y representa un grado mayor de vulneración, puesto que implica que un poder impida a otro, de forma antijurídica, que tome decisiones o actúe de manera autónoma. La subordinación se traduce en el más grave nivel de violación al principio de división de poderes, ya que no sólo implica que un poder no pueda tomar autónomamente sus decisiones, sino que además debe someterse a la voluntad del poder subordinante; la diferencia con la dependencia es que mientras en ésta el poder dependiente puede optar por evitar la imposición por parte de otro poder, en la subordinación el poder subordinante no permite al subordinado un curso de acción distinto al que le prescribe. En ese sentido, estos conceptos son grados de la misma violación, por lo que la más grave lleva implícita la anterior". (Novena Epoca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XX, Septiembre de 2004. Tesis: P./J. 80/2004. Página: 1122).
Con respecto a la autonomía de la gestión presupuestal, este Alto Tribunal ha sostenido que ésta constituye una condición necesaria para que los tribunales y juzgados puedan ejercer sus funciones jurisdiccionales con plena independencia y autonomía, razón por la cual no puede quedar sujeta a las limitaciones de los otros Poderes, pues con ello se vulneraría el principio de división de poderes, garantizado en el artículo 116 constitucional. Sirve de apoyo la tesis Tesis: P./J. 83/2004, cuyo rubro es: "PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACION DE SU AUTONOMIA EN LA GESTION PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACION AL PRINCIPIO DE DIVISION DE PODERES.(33)"
Ahora bien, de los artículos 19, 26, fracción I, y 63, fracciones I y VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala(34), así como de los artículos 276, párrafo segundo, y 289 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios(35), se advierte lo siguiente:
Por lo que respecta a lo sostenido por el Poder actor en el sentido de que con el artículo 20 impugnado, el legislador deja al capricho de la Secretaría de Finanzas Local la liberación de recursos que por derecho corresponde administrar al Poder Judicial de Tlaxcala, cabe señalar que consi el artículo 20 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal dos mil siete(36), únicamente establece que la ministración de recursos al Poder Judicial, entre otros, se hará cumpliendo con los requisitos para ello, mismo que debe relacionarse con lo previsto en el artículo 289 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios(37), el cual prevé que la Secretaría de Finanzas liberará las ministraciones de acuerdo a las disposiciones y capacidad financiera del Estado, en el entendido de que previamente se acordó la calendarización del presupuesto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
Además, si bien el artículo 20 en comento establece que las ministraciones serán transferidas "cumpliendo con los requisitos para tal efecto", ello se refiere a requisitos con los que deberá cumplir la Secretaría de Finanzas para la transferencia de los recursos y no a requisitos que se puedan imponer al Poder Judicial.
(1) "PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. SU TITULAR CARECE DE FACULTADES PARA MODIFICAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE ESA ENTIDAD. El artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el principio de legalidad, conforme al cual las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y términos determinados en ella, principio que se retoma en el precepto 97 de la Constitución Política del Estado de Baja California, según el cual los funcionarios públicos no tienen más facultades que las que expresamente les otorgan las leyes. Ahora bien, si se atiende a que conforme a los artículos 22, segundo párrafo, y 27, fracción I, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de dicho Estado, el Poder Judicial de la entidad formulará su propio proyecto de presupuesto, el cual lo presentará al titular del Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas para ser enviado al Congreso Local, y que de acuerdo con los preceptos 249, fracción XVII, y 253, fracción XXIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esa entidad, son facultades exclusivas del Tribunal de Justicia Electoral aprobar el proyecto definitivo de su presupuesto de egresos y acordar que sea presentado al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del propio Estado, resulta evidente que el Gobernador carece de facultades para modificar o reducir el proyecto de presupuesto de egresos presentado por el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de la entidad, pues únicamente funge como conducto para hacer llegar dicho documento al Congreso Estatal." No. Registro: 175,039. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Pleno, tomo XXIII, mayo de 2006, página 1476.
(2) "Artículo 298.
Las modificaciones a los presupuestos de los poderes Legislativo y Judicial, serán propuestas por éstos, las cuales se acordarán con el Ejecutivo, a efecto de que prepare la iniciativa de reformas al Decreto del Presupuesto de Egresos."
(3) Novena Epoca. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX. Abril de 1999, página 251, cuyo texto es el siguiente: "Por Ley del Presupuesto' se entiende el conjunto de disposiciones legales que regulan la obtención, administración y aplicación de los ingresos del Estado, otorgando competencias y estableciendo derechos y obligaciones para la administración pública y para los particulares. Por "Presupuesto de Egresos" se entiende el decreto que contempla y autoriza las erogaciones necesarias para la realización de las actividades, obras y servicios públicos durante un periodo determinado. El Decreto del Presupuesto de Egresos' constituye un acto de aplicación de la Ley del Presupuesto', en cuanto autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar la inversión de los fondos públicos; empero, no es el decreto el que otorga competencias o establece derechos y obligaciones, pues éstos ya están previstos en la ley que se aplica. En el ámbito del Distrito Federal, la distinción entre Ley del Presupuesto' y Presupuesto de Egresos' está expresamente contemplada tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. De esta manera, a diferencia de lo que sucede con la Ley de Ingresos, la Constitución, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y la Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, no otorgan el carácter de ley al Presupuesto de Egresos; en cambio, la Ley del Presupuesto del Distrito Federal', esto es, las disposiciones conducentes del Código Financiero del Distrito Federal, le dan expresamente el carácter de decreto. Es relevante señalar que el multicitado decreto contiene algunas disposiciones que pudieran estimarse como normas de carácter general, porque aparentemente otorgan competencias; sin embargo, en realidad únicamente se limitan a reiterar, y en ocasiones de manera expresa, las que ya están otorgadas en las leyes respectivas. Por otra parte, el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, en cuanto a su aspecto material, tiene el carácter de un acto administrativo y no de una ley; es decir, no participa de la generalidad, como característica esencial de ésta. Por lo tanto, la acción de inconstitucionalidad que se promueva en su contra resulta improcedente." Este criterio deriva de la acción de inconstitucionalidad 4/98, fallada el 28 de mayo de 1998, por mayoría de ocho votos. Fueron disidentes los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Genaro Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán.
(4) "ARTICULO 42. Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por la Federación, de los Municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) de la fracción I del artículo 105 constitucional, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.
En aquellas controversias respecto de normas generales en que no se alcance la votación mencionada en el párrafo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia declarará desestimadas dichas controversias. En estos casos no será aplicable lo dispuesto en el artículo siguiente."
(5) "ARTICULO 43. Las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para las Salas, tribunales unitarios y colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares, agrarios y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y administrativos y del trabajo, sean éstos federales o locales."
(6) "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran
a la materia electoral, se susciten entre: (...)h).- Dos Poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; (...)"
(7) "Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno: I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;"
(8) "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE TIENEN COMPETENCIA PARA RESOLVERLAS AUN RESPECTO DEL FONDO, CUANDO EN ELLAS INTERVENGA UN MUNICIPIO Y NO SUBSISTA PROBLEMA ALGUNO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL (INTERPRETACION DEL ACUERDO GENERAL PLENARIO 5/2001). El séptimo párrafo del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la facultad del Pleno de la Corte para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que le compete conocer, para una mayor prontitud en su despacho y una mejor impartición de justicia. En esta tesitura, los considerandos del Acuerdo General Número 5/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, revelan como uno de sus objetivos esenciales que el Pleno destine sus esfuerzos a los asuntos de mayor importancia para el orden jurídico nacional, y en ese orden de ideas, la fracción I de su punto tercero le reserva el conocimiento de las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y los recursos interpuestos en ellas, cuando sea necesaria su intervención, siendo esto último un concepto jurídico indeterminado cuya valoración y aplicación queda al prudente arbitrio de las Salas, quienes ejercerán su facultad de tal forma que se adapte a las exigencias sociales. Por otra parte, en atención a que los Municipios son quienes promueven más controversias constitucionales, a fin de propiciar una resolución más pronta de los asuntos en los que sean parte y cumplir con lo dispuesto en los artículos 17 y 94 de la Constitución Federal, el indicado acuerdo debe interpretarse en el sentido de que las Salas tienen competencia para resolver controversias constitucionales, aun respecto del fondo, siempre que se den las siguientes condiciones: a) Que no subsista un problema relativo a la inconstitucionalidad de alguna norma general, ya que la declaración de invalidez relativa requiere de un quórum calificado de cuando menos 8 votos, de conformidad con el artículo 42 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y b) Que se trate de alguna de las controversias constitucionales previstas en los incisos b), f), g) e i) de la fracción I del referido artículo 105, es decir, de conflictos en los que intervenga un Municipio." Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Epoca. Segunda Sala. Tomo XXIII, Febrero de 2006. Página 1541.
(9) "ARTICULO 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
III. (...)"
(10) Se descuentan del cómputo los días sábados y domingos 31 de diciembre, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28, de enero, 3, 4, 10 y 11 de febrero; los lunes 1 de enero y 5 de febrero, por ser inhábiles de conformidad con lo dispuesto por el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el 5 de enero del presente año, en que por acuerdo del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó suspender las labores en este órgano jurisdiccional.
(11) "ARTICULO 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. (...)"
(12) Artículo vigente hasta el veinticinco de septiembre de dos mil seis.
"Artículo 14. Cada año los Magistrados Propietarios del Tribunal elegirán de entre ellos a un Presidente, que durará en su encargo un año y podrá ser reelecto por una sola vez, de conformidad con las reglas siguientes:
V. El Presidente entrará en funciones el día uno de febrero y concluirá el último día de enero del año respectivo."
(13) (REFORMADO, P.O. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2006)
"ARTICULO 84.- (...)
Los magistrados elegirán de entre ellos a un Presidente que durará en su encargo dos años y podrá ser reelecto por una sola: vez."
(14) "Artículo 14. Los Magistrados Propietarios del Tribunal elegirán de entre ellos a un Presidente, que durará en su encargo dos años y podrá ser reelecto por una sola vez, de conformidad con las reglas siguientes: (...)"
(15) "La Ciudadana Magistrada Presidenta del Honorable Tribunal Superior de Justicia manifestó, en términos del artículo 14, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se declara que POR MAYORIA DE VOTOS HA SIDO ELECTO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA, EL MAGISTRADO LICENCIADO LUIS AQUIAHUATL HERNANDEZ a partir de esta fecha, por el período de un año."
(16) "Artículo 28. El Presidente del Tribunal será el representante legal del Poder Judicial del Estado. Esta representación podrá delegarse en Magistrados o Jueces para la celebración de actos cívicos oficiales."
(17) "TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA. SUSTITUCION EN EL CARGO DE MAGISTRADO PRESIDENTE. El párrafo quinto de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos remite a las Constituciones Estatales para la determinación de la duración en el ejercicio del cargo de Magistrado de los Poderes Judiciales, debiendo estimarse incluida la del Magistrado presidente de los Tribunales
Superiores de Justicia. En el Estado de Tlaxcala, el artículo 14 de su Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que el cargo de Magistrado presidente del Tribunal Superior se ejerce por un año, transcurrido el cual debe producirse su sustitución legal. No obstante ello, si en el plazo indicado no tiene lugar dicha sustitución, en términos del propio precepto legal y del artículo 13 de la misma ley debe estimarse que el presidente del Tribunal Superior estará en situación de presidente saliente, hasta en tanto se efectúe la elección, ya que el régimen legal no prevé que otra persona asuma el cargo; interpretación que se sustenta en los principios de certeza y seguridad jurídicas que deben prevalecer en la renovación de las instituciones. Así, debe estimarse que se configura en forma implícita la prórroga en el cargo de Magistrado presidente, hasta en tanto se realice la nueva elección." No. Registro: 184,560. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Epoca. Pleno. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 1355.
(18) "ARTICULO 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
(19) "Artículo 50. Son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva, las siguientes:
I. Representar al Congreso; (...)"
(20) "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERA DESESTIMARSE. En reiteradas tesis este Alto Tribunal ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una controversia constitucional se hace valer una causal donde se involucra una argumentación en íntima relación con el fondo del negocio, debe desestimarse y declararse la procedencia, y, si no se surte otro motivo de improcedencia hacer el estudio de los conceptos de invalidez relativos a las cuestiones constitucionales propuestas." Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Pleno, tomo X, septiembre de 1999, página 710.
(21) "AUTORIDADES, FACULTADES DE LAS. Dentro del régimen de facultades expresas que prevalece en nuestro país, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite". Semanario Judicial de la Federación. Quinta Epoca. Segunda Sala. Tomo: XLI. Página 944.
(22) "AUTORIDADES. Es un principio general de derecho constitucional, universalmente admitido, que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite". Semanario Judicial de la Federación. Quinta Epoca. Pleno. Tomo: XV. Página 250.
(23) "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURIDICA DE LOS PARTICULARES. Tratándose de actos que no trascienden de manera inmediata la esfera jurídica de los particulares, sino que se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es decir, entre autoridades, el cumplimiento de la garantía de legalidad tiene por objeto que se respete el orden jurídico y que no se afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por parte de otra u otras. En este supuesto, la garantía de legalidad y, concretamente, la parte relativa a la debida fundamentación y motivación, se cumple: a) Con la existencia de una norma legal que atribuya a favor de la autoridad, de manera nítida, la facultad para actuar en determinado sentido y, asimismo, mediante el despliegue de la actuación de esa misma autoridad en la forma precisa y exacta en que lo disponga la ley, es decir, ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada; y b) Con la existencia constatada de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, que justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en determinado sentido y no en otro. A través de la primera premisa, se dará cumplimiento a la garantía de debida fundamentación y, mediante la observancia de la segunda, a la de debida motivación." No. Registro: 192,076. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Epoca. Pleno. Tomo XI, Abril de 2000, página 813.
(24) "ARTICULO 85.-
VII. Elaborar el proyecto de presupuesto de egresos del Poder Judicial, enviándolo al Gobernador para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado;"
(25) "ARTICULO 70.- Son facultades y obligaciones del Gobernador:
VIII. Presentar al Congreso a más tardar el día quince de noviembre de cada año, los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que habrán de regir en el año siguiente;"
(26) "Artículo 298. Cuando la celebración de convenios con la Federación o la aplicación de acuerdos, leyes o decretos emitidos con posterioridad a la aprobación del Presupuesto de Egresos, implique el desembolso de fondos públicos no previstos en el mismo, motivará las modificaciones necesarias al propio presupuesto, debiendo formularse las iniciativas correspondientes, y presentarlas ante el Congreso para su aprobación en su caso.
Los recursos excedentes que reciban los poderes del Estado deberán ser incorporados a su presupuesto y destinados a la
ejecución y cumplimiento de sus programas y prioridades que en el ámbito de su competencia determinen, efectuando su distribución en aquellos capítulos y partidas presupuestales que de acuerdo con el programa de que se trate requiera suficiencia presupuestal, informando a través de la cuenta pública de la aplicación realizada en relación con estos recursos.
No se podrán realizar traspasos de los capítulos del gasto de inversión destinado a obras públicas y acciones consideradas en los programas, a los capítulos y partidas del gasto corriente, o que impliquen reducción de metas, las cuales sólo procederán cuando éstas obedezcan a reducciones presupuestales."
(27) "ARTICULO 70.- Son facultades y obligaciones del Gobernador:
VIII. Presentar al Congreso a más tardar el día quince de noviembre de cada año, los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que habrán de regir en el año siguiente; (...)"
"(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001)
VII. Elaborar el proyecto de presupuesto de egresos del Poder Judicial, enviándolo al Gobernador para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado; (...)"
"ARTICULO 49.- El Gobernador deberá sancionar los proyectos de Ley o Decreto que le envíe el Congreso y mandar publicarlos, salvo cuando tenga alguna objeción, en cuyo caso los devolverá al Congreso con las correspondientes observaciones, dentro de ocho días contados desde su recibo; de no hacerlo así, se reputarán aprobados. Si corriendo este término el Congreso hubiere clausurado sus sesiones, la devolución deberá hacerse el primer día hábil en que se reúna."
(28) "Artículo 262. Las dependencias y entidades deberán elaborar programas anuales congruentes entre sí, conforme a los cuales se ejecutarán las acciones relativas a la actividad de la administración pública que les corresponda, mismos que servirán de base para elaborar el presupuesto de egresos del Estado y los municipios.
Artículo 274. La formulación del Presupuesto de Egresos se realizará conforme al manual que para tal efecto emita la
Secretaría y las tesorerías, antes del día primero de septiembre de cada ejercicio presupuestal, quienes indicarán el techo financiero correspondiente, para la presentación del anteproyecto presupuestal respectivo.
Artículo 289. Los poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos o instituciones que por mandato de ley cuenten con autonomía para ejercer su presupuesto, lo harán previo acuerdo de calendarización con el Ejecutivo, quien a través de la Secretaría liberará las ministraciones de acuerdo a las disposiciones y capacidad financiera del Estado."
(29) "PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. SU TITULAR CARECE DE FACULTADES PARA MODIFICAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE ESA ENTIDAD. El artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el principio de legalidad, conforme al cual las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y términos determinados en ella, principio que se retoma en el precepto 97 de la Constitución Política del Estado de Baja California, según el cual los funcionarios públicos no tienen más facultades que las que expresamente les otorgan las leyes. Ahora bien, si se atiende a que conforme a los artículos 22, segundo párrafo, y 27, fracción I, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de dicho Estado, el Poder Judicial de la entidad formulará su propio proyecto de presupuesto, el cual lo presentará al titular del Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas para ser enviado al Congreso Local, y que de acuerdo con los preceptos 249, fracción XVII, y 253, fracción XXIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esa entidad, son facultades exclusivas del Tribunal de Justicia Electoral aprobar el proyecto definitivo de su presupuesto de egresos y acordar que sea presentado al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del propio Estado, resulta evidente que el Gobernador carece de facultades para modificar o reducir el proyecto de presupuesto de egresos presentado por el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de la entidad, pues únicamente funge como conducto para hacer llegar dicho documento al Congreso Estatal." Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Epoca. Pleno. Tomo XXIII, Mayo de 2006, página 1476.
(30) "DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO
(31) "ARTICULO 4.
Poder Judicial la cantidad de: 98,209,000.00"
(32) "ARTICULO 41. Las sentencias deberán contener:
IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada; (...)"
(33) "PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACION DE SU AUTONOMIA EN LA GESTION PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACION AL PRINCIPIO DE DIVISION DE PODERES." La autonomía de la gestión presupuestal constituye una condición necesaria para que los Poderes Judiciales Locales ejerzan sus funciones con plena independencia, pues sin ella se dificultaría el logro de la inmutabilidad salarial (entendida como remuneración adecuada y no disminuible), el adecuado funcionamiento de la carrera judicial y la inamovilidad de los juzgadores, además, dicho principio tiene su fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estatuye la garantía de expeditez en la administración de justicia, su gratuidad y la obligación del legislador federal y local de garantizar la independencia de los tribunales, cuestiones que difícilmente pueden cumplirse sin la referida autonomía presupuestal. Así, si se tiene en cuenta que la mencionada autonomía tiene el carácter de principio fundamental de independencia de los Poderes Judiciales Locales, es evidente que no puede quedar sujeta a las limitaciones de otros poderes, pues ello implicaría violación al principio de división de poderes que establece el artículo 116 constitucional." No. Registro: 180,537. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Epoca. Pleno. Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1187.
(34) "Artículo 19. La Comisión de Gobierno Interno y Administración se encargará de las funciones administrativas del Poder Judicial, contará con las unidades, departamentos y secciones que el Pleno determine conforme al Presupuesto de Egresos.
VIII. Ordenar la práctica de auditorías financieras y administrativas, para verificar la aplicación adecuada del Presupuesto del Tribunal y establecer los niveles de trabajo, eficiencia y productividad, a fin de vincularlas con el sistema de incentivos y recompensas que funcione en el Tribunal; (...)"
(35) "Artículo 276. Las unidades presupuestales, a más tardar el día treinta de septiembre de cada ejercicio, enviarán a la Secretaría y a la Tesorería Municipal, según corresponda, sus anteproyectos de presupuesto para el ejercicio fiscal siguiente.
(36) "ARTICULO 20. La ministración de recursos al Poder Legislativo, Poder Judicial, organismos autónomos y municipios, serán transferidas cumpliendo con los requisitos para tal efecto."
(37) "Artículo 289. Los poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos o instituciones que por mandato de ley cuenten con autonomía para ejercer su presupuesto, lo harán previo acuerdo de calendarización con el Ejecutivo, quien a través de la Secretaría liberará las ministraciones de acuerdo a las disposiciones y capacidad financiera del Estado."

References: artículo 85
 artículo 298
 artículo 42
 artículo 43
 artículo 105
 artículo 7
 artículo 21
 Artículo 105
 resolución 
 artículo 21
 artículo 11
 Artículo 105
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 28
 artículo 11
 artículo 105
 artículo 10
 artículo 50
 artículo 16
 artículo 85
 artículo 70
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 41
 artículo 116
 artículo 116
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 289
 artículo 20
 artículo 16
 artículo 105
 resolución 
 resolución 
 artículo 105
 artículo 94
 resolución 
 resolución 
 artículo 42
 Artículo 105
 artículo 105
 artículo 163
 artículo 14
 artículo 116
 artículo 14
 artículo 13

Artículo 274

Artículo 289
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 116