Source: http://blog.pucp.edu.pe/blog/victornomberto/2018/11/
Timestamp: 2019-05-24 22:14:13+00:00

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noviembre | 2018 | Víctor R. Nomberto, Doctor en Ciencias Sociales
Los efectos de la no reelección pueden traer más problemas que soluciones. Un Congreso absolutamente novato cada cinco años traerá una larga curva de aprendizaje -como se verá con las nuevas autoridades regionales y locales desde enero-, limitará la continuidad de políticas necesarias y podría generar impredictibilidad en la producción legislativa.
Por otro lado, la no reelección tampoco es necesaria. El electorado renueva naturalmente a los congresistas. Entre el 2000 y el 2016, el porcentaje de congresistas reelectos ha venido cayendo sostenidamente: pasó de 50% a 26%. En las últimas elecciones congresales tres cuartas partes del Legislativo fueron renovadas.
Y el problema no está en que los congresistas se reelijan, sino en que los partidos no filtren adecuadamente a sus candidatos al Congreso. Hoy las reglas de la política peruana incentivan a que los partidos políticos, débiles y precarios, prioricen la competencia en tiempos electorales antes que la construcción de una organización. Esto impide la formación de cuadros preparados para el trabajo legislativo y la función pública. Antes que una propuesta fundada en la desazón ciudadana hacia los políticos, es necesaria una reforma completa del sistema político.
Cuatro veces “no”
Por VÍCTOR ANDRÉS PONCE- www.elmontonero.pe
El presidente Martín Vizcarra acaba de afirmar que el referéndum del próximo 9 de diciembre profundizará la democracia. Sin embargo, en el Perú no ha existido debate alguno sobre qué temas se van a consultar a la ciudadanía o cuáles son las reformas constitucionales propuestas. Ni el Ejecutivo, ni los medios de comunicación tradicionales, ni los marxistas encaramados en Palacio, ni el propio Vizcarra parecen interesados en profundizar la discusión. En otras palabras, el establishment que gobernó con Toledo, Humala, PPK y con la administración actual, impulsa el referéndum, pero no le interesan los temas a consultar.
En democracia, las reformas constitucionales de los sistemas de justicia y político generalmente no se sancionan mediante referéndum. El motivo: las élites políticas democráticas buscan alejar los sentimientos y emociones del ciudadano de los debates para cambiar sus constituciones. Muy por el contrario, en las democracias tropicales de América Latina, los caudillos plebiscitarios siempre intentan utilizar los humores circunstanciales de los electores para implementar reformas y perpetuarse en el poder.
Es evidente que a Vizcarra nunca le interesaron ni la reforma judicial ni la reforma del sistema político. Si hubiese sido así, por ejemplo, habría utilizado su popularidad para movilizar a todas las instituciones y sancionar una reforma del sistema de justicia que le agregara un nuevo piso a la República. La presión y la premura en la aprobación de los cambios constitucionales hoy nos permiten comprobar que no hay nada nuevo bajo el sol. Igualmente si hubiese buena voluntad, Vizcarra no estaría planteando la barbaridad institucional de apoyar la no reelección de los parlamentarios y oponerse a la bicameralidad. ¿Acaso la idea de mezclar la reforma del sistema de justicia con la del sistema político no nació por la urgencia de la bicameralidad?
Vizcarra tiene un solo objetivo con el referéndum: convertir la consulta popular en un plebiscito a favor de su Gobierno y continuar sancionando al actual Congreso (ya extremadamente debilitado) y a toda la clase política. Cabalgar sobre la irritación contra el Congreso -proponiendo la no reelección congresal- le permite avanzar en ese sentido. ¿Para qué? Pues todo parece indicar que el jefe de Estado pretende reelegirse en el 2021.
Por todas estas consideraciones la opción más prudente para los demócratas y liberales es votar CUATRO VECES “NO” frente a las interrogantes planteadas en el referéndum. Es decir, evitar que el tumulto, la turba que alientan Vizcarra y los medios tradicionales, termine creando un Frankestein institucional que, tarde o temprano, podría desembocar en una nueva constituyente.
Votar cuatro veces “no” apunta a evitar una salida plebiscitaria a la crisis institucional de la República. De otro lado, una posición de este tipo busca promover un gran acuerdo nacional, una movilización de las debilitadas instituciones, con objeto de reformar el sistema de justicia y el sistema político en base a lo establecido en la Carta Política de 1993.
El Perú avanza hacia una quinta elección nacional sin interrupciones -un hecho inédito- sumergido en la peor crisis institucional de la reciente historia. La experiencia nos señala que las democracias rendidas a las salidas plebiscitarias siempre terminan en autoritarismo; mientras que las sociedades abiertas que se aferraron a sus respectivas constituciones e instituciones para superar la crisis, se convirtieron en las democracias longevas del planeta.
Esta entrada fue publicada en Análisis de conflictos el 30 noviembre, 2018 por Víctor Raúl Nomberto Bazán.
Francisco Luis Bernárdez (1900-1978)
Esta entrada fue publicada en Espiritualidad el 29 noviembre, 2018 por Víctor Raúl Nomberto Bazán.
Hoy es 28 de noviembre y el referéndum es el 9 de diciembre. Estamos a menos de dos semanas de modificar casi un tercio de la Constitución en materias tan importantes como la administración de justicia y el sistema de representación política y nadie sabe cuáles son los cambios por los que va a votar ni, mucho menos, las consecuencias reales que para su vida y el país traerán esos cambios.
Cuando digo “nadie” me refiero a Juan Pueblo, pues en cuanto a la élite interesada en una agenda propia esta sabe perfectamente que el referéndum es puro humo, que no va a solucionar ningún problema ni de justicia ni de organización política y que, por el contrario –según la mayoría de expertos en la materia– las reformas constitucionales propuestas por Martín Vizcarra empeorarán una situación política ya de por sí desastrosa.
El único y gran responsable de poner al país frente a una catástrofe anunciada como la que se avecina es Martín Vizcarra. El señor es un demagogo nato. Nada le costaba, si hubiera sido el estadista que no es, proponer una reforma en serio y no el mamarracho que denunció hasta el último día de su vida Enrique Bernales. Lo advirtió pero nadie le hizo caso. Incluso algunos que hoy lloriquean con hipocresía su muerte se burlaron deslizando miserablemente el hecho de que quizás su enfermedad le hubiera afectado el cerebro.
Lo cierto es que Martín Vizcarra improvisó un adefesio para las tribunas, aprovechó un escándalo de corrupción para enardecer al populacho y sobre eso edificó un referéndum a su medida, avasallando al Congreso y dictándole plazos perentorios. Y llegó al extremo de la estulticia de pretender que las reformas quedaran oleadas y sacramentadas por el voto popular en octubre, con las elecciones municipales. La ONPE y el JNE le dijeron que era imposible. Entonces decidió que tenía que ser en la segunda vuelta del 9 de diciembre y punto.
Amenazó con cerrar el Congreso para salirse con la suya y de nada sirvieron los consejos que de buena voluntad se le dieron para que de una manera ordenada y responsable las reformas se discutieran y se dejaran madurar hasta la legislatura de marzo de 2019 y se votaran ahí. Como a todo demagogo lo único que le interesaba era él –es decir, no perder la oportunidad de un baño de popularidad poniéndose a la cabeza de un referéndum entre los “buenos” y los “malos”, los “virtuosos” y los “corruptos”– siendo las reformas constitucionales un mero pretexto para el acto electoral.
Pues bien, estamos en vísperas de la hora señalada. Tengo la sospecha de que Martín Vizcarra se ha dado cuenta de que no las tiene todas consigo, de que la anticorrupción ya está cansando y de que el humo se está disipando dejando a la vista que en estos seis meses de gobierno –lapso en el que pidió que se evalúe su gestión– no ha hecho absolutamente nada más que hablar y hablar de corrupción. No tiene oposición, pues Keiko Fujimori está presa arbitrariamente por tres años sin acusación fiscal y Alan García con refugio diplomático.
El norte del país sigue hecho un desastre. El crimen avanza mientras los policías son asesinados en las calles y las baleceras son pan de cada día. La violencia contra la mujer sigue viento en popa (aunque magnificada por la prensa bajo razones de agenda ideológica) y la corrupción toca la puerta de los ministerios, como el de Cultura. El sector Salud y los maestros se van a la huelga y el país empieza a despertar de los sueños de opio que le vendió Vizcarra (en complicidad con el cartel mediático) para alzar la voz y pedir cuentas.
Vizcarra ha hecho un llamado desesperado esta semana a todas las autoridades para que tomen partido por el referéndum y movilicen a la población para votar. Sabe que algo no está yendo bien (pese a todas las encuestas de Ipsos) y que en la puerta del horno se le puede quemar el pan.
Como las reformas son una coartada, el 9 de diciembre es un plebiscito sobre su gobierno que en seis meses, repito, no ha hecho absolutamente nada. ¿O alguien puede señalarme alguna obra pública que esté en camino? ¿La economía crece o está estancada? ¿Hay algún proyecto para celebrar el bicentenario a dos años de esta fecha? Si la respuesta es que no hay nada, entonces la respuesta a las cuatro preguntas del referéndum es NO.
Cuatro veces NO, como para que no haya ninguna duda y le quede el ojo bien cuadrado.
Delata a sus partidarios, pero es participante de los hechos. Debería ser colaborador y para ello levantarle el fuero. Otro testigo suelta que el esposo de Keiko Fujimori compró vehículos con ‘la plata que sobró de la campaña’ (los compró por leasing) y ya le abrieron investigación, también a 500 almas más. Ojo al piojo, si Uruguay mira las audiencias donde condenan a gente como cancha con argumentos fantasiosos, quedará estupefacto con este desaguisado disque judicial. Lo más desopilante es cuando juez y fiscal subrayan con cierta seriedad que el partido no es una organización criminal sino que, Fuerza Popular, fue infiltrado por una. Es decir la ‘capi di capis’ es Keiko Fujimori, que se infiltró a sí misma.
Esta entrada fue publicada en Historiografía el 28 noviembre, 2018 por Víctor Raúl Nomberto Bazán.
MINISTRA DE CULTURA PUSO A DENUNCIADA POR ESTAFA EN ALTO CARGO
Por César Rojas -www.manifiestoperu.com
Otra muestra del doble rasero que usa el gobierno de Martín Vizcarra se acaba de revelar en el Ministerio de Cultura. A pesar de tener un proceso fiscal abierto por estafa al Banco GNB de cuando era alta funcionaria del régimen de Ollanta Humala, Lita Verástegui fue colocada en el mismo puesto en el sector que encabeza Patricia Balbuena.
Así lo informó la Alianza Sindical por la Cultura, en una carta enviada a la ministra el 12 de noviembre. Allí le comunican que esta funcionaria era jefa de Recursos Humanos en el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre entre los años 2015 y 2016.
En ese tiempo, se hizo un convenio con la referida entidad bancaria, la cual debía darle créditos a personal acreditado. Sin embargo, cuando ya se había entregado parte del dinero, se descubrió que 193 personas favorecidas no figuraban en las planillas reales.
¿Quién responde por los S/. 12 millones?
“La jefa de la Oficina de Recursos Humanos, Lita Aimé Verástegui Soto instruía los descuentos de las remuneraciones de los supuestos empleados de la entidad pública”, señala la denuncia del Banco GNB del 14 de febrero del 2017.
A pesar de que esto fue elevado a la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Lima, la cual ordenó a la Policía Nacional las pesquisas correspondientes, la ministra Balbuena puso a Verástegui en el mismo puesto (jefa de Recursos Humanos), pero esta vez en el sector Cultura.
Previamente, ambas habían trabajado juntas en el programa Cuna Más. La ahora ministra era directora ejecutiva, y la investigada jefa de “Gestión de Talento Humano”.
Sector intelectual resultó ser una caja de Pandora.
“Ella no tiene ningún proceso judicial, lo que tiene es una denuncia penal que está en investigación preliminar. Nosotros recibimos la información del sindicato, el sindicato nos comunica e inmediatamente nosotros le pedimos el descargo a la persona y esta persona nos alcanza el descargo y ya esa persona no trabaja en el ministerio”, sostuvo Balbuena esta tarde ante la Comisión de Cultura del Congreso.
El portal Lima Gris había conversado con la ahora exfuncionaria, quien alegó ser inocente, y que su caso ya ha sido archivado administrativamente, y que han falsificado documentos suyos. Si bien defendió su designación, luego terminó presentando su renuncia.
Por Claudia María Hernández– Político.pe
EL 9 DE DICIEMBRE A VOTAR 4 VECES NO
Por Carlos E. García Tapia- www.laabeja.pe
No existe ningún motivo para malgastar 200 millones de soles en un Referéndum, cuando el país tiene otras prioridades en sectores como salud y educación o en apoyar a los damnificados del fenómeno del niño en el norte del país y además porque traerá mayor división entre los peruanos. Si analizamos, todos los puntos que sugirió el Ejecutivo han sido aprobados por amplia mayoría de todas las bancadas inclusive la de gobierno. Las formas que tuvo para solicitar no fueron las más democráticas sino se aprovechó el momento en que se hizo una campaña de desprestigio al Congreso usando como siempre, primero los titulares de sus tabloides sedientos de mermelada, las columnas y opinólogos mérmemelos y para darle cierta “validez” su encuestita delivery. De esa forma doblegaron a los congresistas quienes de manera sumisa aceptaron sin ninguna reflexión el Referéndum que ha sido obtenido en base al chantaje “Si no apruebas lo que te doy, hare cuestión de confianza y cierro el Congreso”. Ese fue el mensaje en un triste espectáculo, que constituirá una página negra en la vida democrática del Perú con el que se recordara a este precario inquilino de Palacio de Gobierno.
Si Vizcarra realmente gobernará para todos los peruanos, no debería estar buscando enfrentamientos entre nosotros, y no debió NUNCA convocar a este Referéndum porque si hacemos un análisis de ese contexto, Vizcarra tenia de una mala manera obtenida la aprobación de los 4 proyectos de Reforma Constitucional, entonces era muy fácil obtener el acuerdo político del Congreso de aprobar la Reforma en 2 Legislaturas como lo manda la Constitución. En Octubre se hubiera acordado terminar la legislatura ordinaria y tener la primera aprobación y en una legislatura extraordinaria que empiece en Noviembre realizar la segunda aprobación, con lo cual a estas alturas ya estaría aprobada la Reforma Constitucional por un Acuerdo Político de todas las fuerzas del Congreso elegidas por votación popular. Nos ahorraríamos enfrentamientos innecesarios y por sobre todo fondos muy necesarios para el país.
Entonces si había consenso político ¿porque Vizcarra y sus asesores insisten en un Referéndum?, por una simple razón porque están usando este mecanismo democrático para otros objetivos políticos, que es el convocar el referéndum por una Nueva Constitución. La politización de la justicia con la persecución política que hemos presenciado los peruanos forma parte de este plan, lo probaron con la opositora Keiko Fujimori y el siguiente iba a ser Alan García, cuya prisión preventiva debería ser días antes del 9 de diciembre, día del referéndum para “enardecer a las masas” y hacerles creer que este gobierno “combate la corrupción” y que además “gobierna con el pueblo, y es el pueblo el que señala su camino”, por eso no es raro ver como los socios de este gobierno, es decir los comunistas están en una campaña a nivel nacional por una Nueva Constitución. El asilo solicitado por el ex presidente García no se lo esperaban porque ahora los lentes de la comunidad internacional están puestos en el Peru, y hay una serie de hechos que no detallare que evidencia que en el Perú no se respetan los derechos fundamentales de las personas.
El plan original de encontrarse en el día del Referéndum con una población festejando la prisión de García y apoyando al gobierno para que “continúe” en su lucha anticorrupción –por eso no es extraño que Vizcarra use un polo que le queda muy mal “yo no soy corrupto”– dándole su voto de respaldo y así este Gobierno pueda hacerse de un triunfo abrumador en el Referéndum, y espontáneamente decirle al pueblo desde una Plaza que el gobierno lo escucha y por ello al oír su pedido de Nueva Constitución , el gobierno no podría negarse y enviaría el Proyecto de convocatoria para un nuevo Referéndum porque el “pueblo gobierna y el pueblo decide”.
Es importante por ello que este 9 de diciembre parar el plan chavista-caviar de llevarnos con engaños al Socialismo Siglo XXI y votar ese día: 4 VECES NO.
Evidente persecución política
Por M​artha Meier Miró Quesada– Diario El Comercio.
La persecución política a los opositores del actual régimen es ya una práctica establecida, quien diga lo contrario miente y abona a la demolición del Estado de Derecho y de la democracia. Expertos analistas ya lo advierten: Fernando Rospigliosi escribió en El Comercio que: “los adversarios del gobierno están recibiendo un trato mucho más duro que sus aliados”; mientras la periodista Mariella Balbi en Perú21 sostiene: “Vivimos un totalitarismo que…utiliza a la justicia para perseguir a los opositores del régimen que podrían estar en las próximas elecciones”; también el destacado investigador Víctor Andrés Ponce del portal El Montonero alerta que “en la práctica, se ha iniciado la primera persecución política del siglo XXI”.
La sentencia previa para los adversarios es la perversa receta actual y, guste o no, Keiko es una presa política del vizcarrismo. La lideresa opositora de Fuerza Popular está bajo prisión “preventiva” por tres años, sin existir denuncia contra ella. ¿Estrategia para asustar a sus seguidores y a su propio partido?
Ayer Luis García Miró escribió en este diario: “Lo que se ha establecido desde la renuncia de PPK es un consorcio de intereses políticos-económicos-fácticos representados por quien ha reemplazado a un exgobernante que, mañana, tarde y noche, brega por zafarse del largo brazo de la Justicia. Y hacia ello se orientan los esfuerzos de un Poder Ejecutivo pendenciero [que] de la mano de los medios progre, violenta el Estado de Derecho querellando al fiscal de la Nación e incitando a la Justicia a que persiga y encarcele a sus opositores”.
Dicho lo anterior, el presidente del Uruguay, Tavaré Vázquez, debería tomarse en serio el pedido del doctor Alan García, quien no trata de escapar de la justicia sino más bien de la injusticia. Como bien afirma la periodista Mariella Balbi (voz disidente que en cualquier momento podría ser acallada): “hay un frenesí de encarcelamientos poco jurídicos y más bien políticos. El fiscal y el juez encargados abusan de la prisión preliminar y preventiva sin juicio previo. Resulta notorio que responden a intereses políticos”.
Asilo político: derecho humano constitucional
Por ALVARO TRENEMAN– Diario Perú21.
El asilo político o diplomático es el derecho que tiene toda persona a no ser extraditada de un país a otro que lo requiera por razones de un juicio político que se le esté siguiendo.
Este es un derecho internacional que es mencionado en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). “En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país”.
Por otro lado la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, en su Artículo 27° dice “Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho común y de acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios internacionales”.
Por su parte, el artículo 36° de la Constitución Política del Perú considera lo siguiente: “El Estado reconoce el asilo político. Acepta la calificación del asilado que otorga el gobierno asilante. En caso de expulsión, no se entrega al asilado al país cuyo gobierno lo persigue”.
Además, debido a las convenciones diplomáticas, las embajadas o consulados, la residencia del embajador o los buques de guerra anclados en puertos extranjeros son considerados como extensiones del territorio de los países a los que representan y por lo tanto, no pueden ser intervenidos policial o militarmente a menos de declararse una guerra.
FACULTAD DE ESTADO
Si bien toda persona tiene derecho a buscar asilo en cualquier país o embajada, su concesión es una facultad exclusiva de los Estados. Es decir, el Estado tiene la facultad de conceder o denegar el pedido de asilo.
En caso de aceptar el pedido de asilo, el Estado tiene la obligación de procurarle el mejor ambiente posible para que el asilado pueda subsistir y desarrollarse como ser humano. De ser denegado, el Estado puede proveer un salvoconducto para que llegue a otro país, siempre que su embajada o consulado no se encuentre dentro del territorio del país que solicita la extradición o en el que se esté dando la presunta persecución política.
El caso más reciente de este supuesto es el de Julian Assange, fundador de la web Wikileaks, quien se encuentra asilado en la embajada ecuatoriana en Inglaterra, desde el martes 19 de junio de 2012, hace 7 años.
Esta entrada fue publicada en Responsabilidad social el 27 noviembre, 2018 por Víctor Raúl Nomberto Bazán.
Por Fernando Rospigliosi– Diario El Comercio.
La búsqueda de refugio de Alan García en la Embajada de Uruguay sorprendió a todo el mundo, aunque en verdad había algunas señales que no se percibieron.
Los indicios los estaba dando García desde tiempo atrás. Él y sus seguidores más cercanos venían hablando de un golpe de Estadoque se estaba gestando en el Perú, pero no de un típico golpe de los de antaño con tanques y soldados en las calles, sino un paulatino y casi silencioso avance de un presunto autoritarismo que estaba concentrando el poder y usándolo para perseguir a sus adversarios políticos.
No son muchos los que creen en esa teoría hoy día. Pero el hecho es que García y sus partidarios la venían repitiendo y ahora la están usando como justificación para la fuga.
El asunto es que hay algunos hechos muy extraños que son utilizados por los que respaldan esa tesis. Por ejemplo, los directivos de Odebrecht han declarado –y su versión es creíble– que en el 2011 entregaron 3 millones de dólares a la campaña de Ollanta Humala y Nadine Heredia, 1 millón a la de Keiko Fujimori, 700 mil a la de Alejandro Toledo y 300 mil a la de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).
Pero solo Fujimori ha sido imputada de ser cabecilla de una organización criminal dedicada al lavado de dinero junto con dos decenas de sus colaboradores, y encarcelada con varios de ellos. Humala y Heredia estuvieron algunos meses presos, pero no se les acusó de conformar una organización criminal ni se detuvo a sus allegados, ni se allanaron las oficinas de sus abogados, a pesar de que en su caso hay abundantes indicios de lavado de dinero no solo para la campaña sino para uso personal. Y parte de ese dinero –según los funcionarios de Odebrecht– fue entregado cuando ya eran gobierno, lo cual es materia de otros delitos. Además, claro está, que también hay más indicios si es que no evidencias contundentes de que lo mismo hicieron en la campaña del 2006 y después con dinero venezolano, lavado con falsas consultorías de tónicos capilares y palma aceitera.
Tampoco Toledo y su gente han recibido el mismo trato. Él está acusado por las coimas que recibió por la Interoceánica, pero no por la plata de la campaña del 2011, ni se ha denunciado ni detenido a sus allegados de ese momento. Tampoco PPK, que está investigado por sus tratos con Odebrecht cuando era ministro, pero ni él ni sus colaboradores del 2011 han sido imputados ni apresados por delitos similares de los que se acusa a Fujimori.
Como es evidente, si todos ellos recibieron cientos de miles o millones de dólares para sus campañas, tuvieron que blanquearlos con eventos simulados y aportantes falsos. De hecho, se sabe que esa es una práctica usual de todas las campañas electorales de todos los partidos, porque los aportantes, los que donan dinero fuerte, no quieren aparecer, o porque los candidatos no desean que los vinculen con grandes empresas.
Por supuesto, la notoriedad que ha adquirido Odebrecht hoy día como empresa corruptora hace que sus aportes en el 2011 resulten sospechosos. Pero en ese momento no era diferente a otras empresas extranjeras o peruanas, varias de la cuales no son muy distintas en lo que a deshonestidad se refiere, solo que hasta ahora no han sido descubiertas y expuestas.
En síntesis, es obvio que hay un tratamiento notoriamente diferente a Fujimori que al resto de políticos. Por no mencionar a los empresarios peruanos señalados por Odebrecht de haber sido parte de la trama de sobornos a funcionarios públicos para conseguir obras.
En suma, si bien la tesis de García de que se ha producido un golpe de Estado es poco convincente, la realidad es que los adversarios del gobierno están recibiendo un trato mucho más duro que sus aliados.
Parafraseando a George Orwell, se puede decir que en el Perú todos son iguales ante la justicia, pero unos son más iguales que otros.
Otrosí digo: desde hace meses la discusión pública está centrada en la fuga del ex juez César Hinostroza, la prisión de los Fujimori –Alberto y Keiko–, la huida de García y su posibilidad de asilo, etc. Muy bien. Entretanto, el empleo formal se deteriora, la seguridad ciudadana no mejora, la reconstrucción de las zonas afectadas por El Niño no avanza, etc. Posiblemente sea, como dijo Julio Velarde, presidente del BCR, porque “Vizcarra no estaba preparado para gobernar”, “no cuenta con la preparación suficiente para ser presidente”, no tiene “un plan económico y de innovación” y “está improvisando” (15/11/18). Sería interesante prestar atención, algún día, a estos temas.
Por MANUEL ROMERO CARO-Diario Gestión.
En diversas oportunidades magistrados y expertos brasileros han manifestado reiteradamente que aquellas personas que se acogen a la Delación Premiada (Cooperación Eficaz en nuestro país) no pueden mentir ni guardar silencio en interrogatorios antes las autoridades judiciales . Es así que si Marcelo Odebrecht, Jorge Barata u otros directivos de la constructora brasilera mintiera u ocultara información ante los fiscales peruanos, perderían los acuerdos y los beneficios de la delación premiada. Ya que ellos están obligados a colaborar con la justicia. Por ejemplo, el fiscal brasileño Orlando Martello, miembro de la Fuerza de Tarea de Lava Jato , quien dirigió las diligencias del 27 y 28 de febrero del 2018 ante los fiscales peruanos Germán Juárez y José Pérez, en Sao Paulo, enfatizó que “ Jorge Barata tiene la obligación de decir la verdad. No puede ni mentir ni omitir información” (Perú 21 del 21.02.18). Y ante una pregunta sobre ¿qué pasaría si Jorge Barata mintiera o guardara silencio en el interrogatorio que le efectuaran los fiscales peruanos (el 27 y 28 de febrero del 2018 en Sao Paulo)?, el abogado penalista brasileño Cayo Antonieto en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio respondió “las consecuencias son muy serias, muy graves, porque el colaborador se compromete a colaborar con la Fiscalía a decir la verdad, sin ejercer su derecho al silencio. Tiene que hablar y decir todo lo que sabe”. Entonces si mienten y se comprueba que es así, pueden perder su colaboración y todos sus beneficios. En el caso de Marcelo Odebrecht todavía tienen varios años de condena. Por lo que si el, Barata u otros miente (o oculta la verdad) a fiscales peruanos, perdería su acuerdo y todos sus beneficios en Brasil.
Lo que sucede es que información solicitada oficialmente por las autoridades judiciales peruanas a la Confederación Judicial Suiza hace más de dos años (en agosto del 2016) finalmente ha llegado. Y al revisar la misma se ha podido comprobar que tanto Odebrecht, como Josef Maiman Rapaport, ambos supuestamente colaboradores eficaces de las autoridades judiciales peruanas, habrían mentido, o en el mejor de los casos habrían ocultado información sobre sobornos en otros proyectos que no habían sido mencionados. Como es el caso de la Interoceánica Norte. Tal como lo ha informado el Semanario Hildebrandt en sus 13 (*), la información de Suiza detalla el pago de sobornos por un monto de US$ 9,975,000 a cambio del otorgamiento de la concesión de dicho proyecto. Inclusive, como ya se ha hecho en otros casos, para darle una apariencia legal a la transferencia de fondos se suscribió un convenio entre J Barata y un representante de una compañía de Maiman, en el que se estableció un cronograma de desembolsos sujetos a ciertas “asesorías”. La información proviene del levantamiento del secreto bancario de las compañías de Maiman y del LGT Bank de Suiza (utilizado para lavar los sobornos que se recibían). De lo anterior surgen una serie de preguntas: ¿ cómo se afectan los convenios de colaboración eficaz de Jorge Barata, Marcelo Odebrecht y otros que callaron ese soborno en siete idiomas?. No solo se afectarían los convenios con Perú sino también los suscritos en Brasil. ¿Quiénes recibieron los casi 10 millones de dólares? .Como hemos venido sosteniendo en diversas oportunidades, es muy poco creíble que Odebrecht solo haya dado sobornos en unos pocos proyectos (7 de 69 proyectos) . Hoy se conocen los sobornos de la IIRSA Norte, pero ¿qué nos garantiza que no haya coimas en el Gasoducto al sur, Olmos, Chavimochic o tantos otros?. Obviamente esto también afecta directamente el monto de la reparación civil (a mayores sobornos, mayor reparación ). ¿Cual va a ser la actitud de la Fiscalía al respecto?. Lo que está en juego es la credibilidad del Sistema. Y no vamos a ser tan ingenuos de creer que Odebrecht entregaba sobornos solo para algunos proyectos ,y para otros no. Hay que recordar que las autoridades judiciales de Brasil han manifestado que los sobornos eran un “costo comercial”; que se incluía en los presupuestos de obra, junto con los gastos administrativos.
Asunto aparte sería la participación de Camargo Correa (la otra constructora brasileña que conjuntamente con Odebrecht resultara favorecida con el contrato de concesión de la ION) en el pago de los sobornos. Ya que Odebrecht tuvo la “precaución” de introducir una cláusula en el “contrato” suscrito por la empresa de Maiman , en la que establecía que ellos no serían responsables del eventual incumplimiento del “contrato de retribución “ por la parte correspondiente a Camargo Correa. Asimismo falta precisar quienes serían los beneficiados con los nuevos sobornos entregados. Según un escrito presentado por el abogado de Toledo, él no fue beneficiario, y que la responsabilidad debe de caer en los ex presidentes Alan García y PPK (su empresa Westfiled fue la encargada de estructurar el financiamiento ). Ya que el proyecto se empezó a ejecutar durante el segundo gobierno de AGP y que el costo del mismo se duplicó en dicho período
Inclusive existe el caso de los hermanos Joesley y Wesley Batista, dueños de JBS, una de las empresas cárnicas más grandes del mundo y que se hicieron famosos por grabar en un supuesto acto de corrupción al Presidente de Brasil Temer , pero que firmaron un Acuerdo de delación premiada con las autoridades brasileras. Sin embargo Joesley Batista estuvo preso desde el 10 de septiembre de 2017, después de que el acuerdo que el empresario firmara con la Fiscalía fuera rescindido por la supuesta omisión de informaciones en sus declaraciones. Caso similar al que se habría producido en nuestro país.
(*) Hildebrandt en sus 13 del 16.11.18.
Por César Rojas– www.manifiestoperu.com
Ante la presunta corrupción en la buena pro de S/.359,337.49 para trabajos de excavación con motivo del Rally Dakar, que ganó la empresa del ahora exviceministro de Patrimonio, Luis Villacorta, el Colegio de Arqueólogos del Perú denunció que la ministra de Cultura Patricia Balbuena, había estado informada de lo que pasaba, por lo cual exigió su salida.
“Exigimos al señor presidente de la República, Martín Vizcarra, la inmediata remoción de su cargo a la ministra de Cultura, Patricia Balbuena Palacios, por avalar estos actos de corrupción denunciados”, señaló el gremio en un pronunciamiento.
Se precisa que, mediante oficios 037, 056, 190, 191, se había informado directamente a la titular del MinCul de estas irregularidades. Una de ellas era que la directora de Certificaciones, Glenda Escajadilo, había presidido el comité de la licitación, y había designado en un puesto clave a una persona que debía haber sido contratada por la Dirección Desconcentrada de Ica.
Enérgico pronunciamiento de profesionales de la Arqueología
El Colegio de Arqueólogos también denunció la contratación de funcionarios con “sueldos exorbitantes”. Personal del ministerio que trabajaba sin cumplir requisitos de ley, concursaba a plazas adicionales sin haber renunciado a sus puestos, y luego las ganaba, incrementando sus ingresos. Balbuena también había sido informada de esto.
“Con el afán de favorecer a intereses privados como es el MALI (Museo de Arte de Lima), se trasladó materiales arquológicos de la cultura Nasca de Suiza a España, y se almacenaron en ambientes paupérrimos, lo que está provocando la destrucción de estos bienes patrimoniales que son de todos los peruanos”, cuestionan los profesionales.
Ausejo y Villacorta tuvieron que irse por irregularidades
En la víspera, Balbuena había aceptado la renuncia de Villacorta, pero también se publicó la del director de Patrimonio Arqueológico Inmueble, Carlos Ausejo Castillo. A este profesor de la PUCP ni siquiera se le dio las gracias por los servicios prestados, algo parecido a lo del exministro Bruno Giuffra, quien también fue removido por un caso de corrupción.
A esto se añade la denuncia del congresista Dalmiro Palomino (FP), presidente de la Comisión de Cultura, quien anunció que ya se solicitó un informe documentado sobre la adjudicación simplificada, y que la ministra será citada en los próximos días.
Congresista Palomino señala que alguien debe ser sancionado penalmente
“Lo que no dice la ministra en su comunicado, es que Villacorta es accionista principal de Arqueo Andes SAC, es decir, la empresa del viceministro de Cultura resultó ganadora de un proceso convocado por la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, que depende de dicho viceministro. Estos graves hechos revelan un evidente conflicto de intereses y la presunta comisión de delitos contra la administración pública”, afirmó.
Por Julio Cabrejos– www.manifiestoperu.com
El viceministro está vinculado a la empresa Arqueo Andes S.A.C., ganadora de la buena pro. El postor ofreció la suma de S/.359,337.49, para el servicio de evaluación arqueológica con excavaciones para fines de delimitación y elaboración de expedientes técnicos de monumentos arqueológicos en el marco del Rally Dakar. Cabe señalar que Villacorta renunció a la empresa cuando fue elegido en el cargo.
Mincul: consultorías para el Rally Dakar
Por Alvaro Meneses- www.wayka.pe
Documentos a los que accedió Wayka y fuentes de las altas esferas del Ministerio de Cultura confirman que Patricia Balbuena solo retiró a un eslabón de la pieza completa que sigue en pie.
La historia empezó a conocerse el pasado jueves 15 de este mes, cuando la empresa Arqueo Andes ganó la buena pro para una evaluación arqueológica para el Rally Dakar con un costo total de 359 mil 337 soles. Entre las otras empresas que postularon al concurso estaba Trashumantes SAC, Corporación Quiunti SAC, ZB Consultores y ADA Medina Consulting SAC–AME Consulting SAC.
Por Edwin Cavello Limas– www.limagris.com
Resolución Directorial Nacional Nº 1591/INC.
Este accionar del ministerio de Cultura indicaría una supuesta corrupción de funcionarios en el 2011, ya que el único interesado y beneficiado con el terreno es la empresa Editorial El Comercio S.A. una empresa que ha demostrado que no le interesa nuestra cultura y que ha cometido un grave atentado contra nuestro Monumento Arqueológico Prehispánico. Seis años después, exactamente el 20 de marzo de 2017 la Empresa Editorial El Comercio S.A. solicita al actual ministro de Cultura, Salvador del Solar, el “Retiro de condición de Patrimonio Cultural” de la zona arqueológica ubicado en su predio. Aquí viene lo insólito, ya que el Director de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, Carlos Ernesto Ausejo Castillo ­­ —designado por Salvador del Solar el 31 de mayo de 2017— sustentó mediante Memorando Nº 000634-2017/DGPA/VMPCIC/MC de fecha 14 de junio de 2017, la cancelación de la carga cultural, es decir, le quitó el título de Patrimonio Cultural de la Nación. Con esto concluyen pisoteando la Resolución Directorial Nacional N° 1591/INC del 23 de octubre de 2009. (Enlace de la Resolución Viceministerial 2017 completa:
http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2017/06/resoluciones-del-viceministerio-de-patrimonio-cultural-e-industrias-culturales/rvm113.pdf )
Esta entrada fue publicada en Análisis de conflictos el 26 noviembre, 2018 por Víctor Raúl Nomberto Bazán.
En aquel tiempo, Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: “¿Eres tú el rey de los judíos?” Jesús le respondió: “¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí?” Pilato replicó: “¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho?” Jesús respondió: “Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuese de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí”. Pilato le dijo: “¿Entonces tú eres rey?” Jesús respondió: “Tú lo has dicho: Yo soy Rey. Para esto he nacido y he venido al mundo: para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz”.
Jesús ha realizado el reino: lo ha hecho con la cercanía y ternura hacia nosotros.
[…] Después de su victoria, es decir después de su Resurrección, ¿cómo Jesús lleva adelante su reino? El apóstol Pablo, en la primera Carta a los Corintios, dice:
“Es necesario que Él reine hasta que no haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies” (15,25).
Es el Padre que poco a poco ha puesto todo bajo el Hijo, y al mismo tiempo el Hijo pone todo bajo el Padre, y al final también Él mismo.
Jesús no es un rey a la manera de este mundo: para Él reinar no es mandar, sino obedecer al Padre, entregarse a Él, para que se cumpla su diseño de amor y de salvación. De este modo existe plena reciprocidad entre el Padre y el Hijo.
El tiempo del reino de Cristo es el largo tiempo de la sumisión de todo al Hijo y de la entrega de todo al Padre. «El último enemigo en ser vencido será la muerte» (1 Cor 15,26). Y al final, cuando todo será puesto bajo la majestad de Jesús, y todo, también Jesús mismo, será puesto bajo el Padre, Dios será todo en todos.
La Palabra de Dios nos dice que cosa nos pide el reino de Jesús a nosotros: nos recuerda que la cercanía y la ternura son la regla de vida también para nosotros, y sobre esto seremos juzgados. Este será el protocolo de nuestro juicio. Es la gran parábola del juicio final de Mateo 25. El Rey dice:
“Vengan, benditos de mi Padre, tomen en posesión el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme” (25,34-36). Los justos le preguntaran: ¿cuándo hicimos todo esto? Y Él responderá: En verdad les digo: que cuanto hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron” (Mt 25,40).
La salvación no comienza en la confesión de la soberanía de Cristo, sino en la imitación de las obras de misericordia mediante las cuales Él ha realizado el Reino. Quien las cumple demuestra que ha recibido la realeza de Jesús, porque ha hecho espacio en su corazón a la caridad de Dios.
Al atardecer de la vida seremos juzgados sobre el amor, sobre la projimidad y sobre la ternura hacia los hermanos. De esto dependerá nuestro ingreso o no en el reino de Dios, nuestra ubicación de una o de otra parte.
Jesús, con su victoria, nos ha abierto su reino, pero está en cada uno de nosotros entrar o no, ya a partir de esta vida –el Reino inicia ahora– haciéndonos concretamente prójimo al hermano que pide pan, vestido, acogida, solidaridad, catequesis.
Y si verdaderamente amamos a este hermano o aquella hermana, seremos impulsados a compartir con él o con ella lo más precioso que tenemos, es decir ¡Jesús mismo y su Evangelio! (Homilía en a Solemnidad de Cristo Rey, 24 de noviembre de 2014).
Señor Jesús, gracias por inspirarme cada día con tus palabras de esperanzas y convertirte en mi compañero de luchas en cada uno de los desafíos que me toca enfrentar. A tu lado sé que puedo vencer.
Te declaro desde hoy como Dueño y Señor de mi vida, como Rey y Dador de todo lo que existe, porque tu poder es universal y reinas con amor, compasión y sabiduría desde tu trono celestial
Mi Dios, Te reconozco como el Rey del universo, como aquel que era, que vives y que has de venir para juzgar a todas las naciones con tu verdad y tu justicia divina y llevarnos a tu gloria para siempre.
Ven y toma todo lo que tengo guardado en mi corazón y aleja toda emoción conflictiva que me esté robando la paz y las ganas de continuar dando la batalla por ganarme una de las habitaciones del Cielo.
Señor, solo Tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres aquel que derriba los muros del miedo y aumentas el valor y la fe a los que se sienten pecadores y sin esperanzas por alcanzar la plena felicidad.
Quiero que me ayudes a trascender mas allá de mis capacidades humanas, a ser espiritualmente fuerte en toda ocasión y a comprender que Tú estás por encima de todas las cosas.
Ven, Rey de gloria y de poder, a renovar mi vida, a disipar toda duda de mi corazón, a ser luz en medio de mis oscuridades, a guiarme en medio de las penumbras.
Ven, Rey del amor y la esperanza, quiero vivir unido a Ti, amándote, glorificándote, confiando y sintiendo la poderosa fuerza de tu presencia. Amén.
La Guerra de los Cristeros (1926-1929) fue una respuesta al ataque directo contra la fe católica por parte del presidente Plutarco Calles. La aplicación estricta de las reglas anticlericales de la Constitución Mexicana de 1917 fue conocida como la Ley Calles.
El presidente mexicano Plutarco Elías Calles abrazó una forma radical de ateísmo y socialismo que lo condujo a adoptar medidas drásticas para erradicar el catolicismo de México.
Es importante saber que Plutarco Elías Calles creció en medio de la pobreza y la privación. Fue el hijo ilegítimo de un padre alcohólico que no proveía de medios para cuidar a su familia y que más tarde los abandonó. Su madre, María de Jesús Campuzano, murió cuando él apenas tenía dos años. Entonces se encargó de él su tío, Juan Bautista Calles, del que tomó su apellido. Ateo ferviente, Juan Bautista inculcó a su sobrino un odio fanático contra la Iglesia católica.
Calles quiso erradicar el catolicismo y crear un nuevo modo de vida. Él leía a menudo libros y artículos de autores basados en la utopia socialista, y quiso lo mismo para México. Fue por esta visión por la que Calles decidió mantener a los Estados Unidos y a los gobiernos europeos al margen de los intereses petrolíferos de México. Quiso que México estuviera totalmente bajo el control de su gente y de su tierra.
Al principio, los fieles y la jerarquía adoptaron posturas pacíficas en su resistencia a la llamada Ley Calles.
El movimiento Cristero fue organizado por la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa o Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa (LNDLR). La LNDLR fue un grupo de derechos civiles y religiosos establecido en 1925.
Hubo diversas protestas pacíficas en todo México, organizadas por diferentes grupos. Además, se reunieron más de un millón de firmas que fueron presentadas ante el Congreso para pedir la abolición de la Ley Calles. En todo momento se encontraron con resistencia o fueron totalmente ignorados. El último recurso para resistir el ataque fue a través de un boicot económico que fue un éxito; sin embargo, el Gobierno, viendo el poder que adquirían y el efecto económico que resultaba del boicot, lanzó un ataque más directo contra la Iglesia mediante arrestos, intimidaciones y ejecuciones.
Los obispos mexicanos trabajaron incansablemente para modificar la Ley Calles. El Papa Pío XI aprobó esta acción. Al no poder llegar a un acuerdo con el régimen Calles, y con el fin de evitar enfrentamientos y derramamiento de sangre, los obispos pidieron a la Santa Sede permiso para suspender el culto Católico el 31 de julio de 1926 –la víspera de la entrada en vigor de la ley.
Más tarde, el Papa Pío XI escribió una carta encíclica al clero y a los fieles de México para infundirles coraje y esperanza durante esta persecución. La Santa Sede no podía hacer mucho más. El 18 de noviembre de 1926 el Papa mandó su carta encíclica Iniquis Afflictisque (sobre la persecución de la Iglesia en México) ofreciendo oraciones y ánimos durante este momento difícil.
La resistencia armada comenzó en 1927 en Los Altos, Jalisco, y se difundió por todo México hasta llegar a convertirse en una auténtica guerra civil.
Los primeros levantamientos para defender la libertad religiosa en México tuvieron lugar el 1 y 2 de enero de 1927, en el norte del estado de Jalisco (Los Altos). Este suceso fue el primero que tuvo éxito en rechazar a las tropas del gobierno. Esta victoria le dió ánimos al movimiento, por lo que siguieron más levantamientos en esta zona.
Una vez se vencieron las primeras batallas, los estados de alrededor siguieron los mismos pasos; pero no fue hasta que la Liga Católica contrató al General Enrique Gorostieta cuando estos levantamientos esporádicos se convirtieron claramente en un ejército Cristero.
En este momento, gran parte de México estaba involucrada en la Guerra Cristera, con la excepción de unos pocos estados que no vieron ningún levantamiento porque no se dio la persecución allí. Se estima que unos 25,000 Cristeros perdieron la vida durante los tres años que duró esta guerra, y aproximadamente unos 65,000 soldados del Gobierno.
La Iglesia reconoce un gran número de mártires de la Guerra Cristera, incluyendo al beato Miguel Augustín Pro, un jesuita muerto de un disparo el 23 de noviembre de 1927; el beato José Sánchez del Río, un cristero de quince años de edad, que fue ejecutado el 10 de febrero de 1928, el beato Anacleto Gonzalez Flores, líder de la resistencia pacífica, que fue ejecutado el 1 de abril de 1927. el padre Pro fue beatificado en 1988, 25 mártires fueron canonizados en 2000, y 13 beatificados en 2005 (incluyendo a Gonzalez Flores y Sánchez del Río).
El embajador de Estados Unidos en México ayudó a negociar una tregua entre el gobierno de México y los Cristeros, pero esto no terminó con la persecución de los líderes Cristeros o de la Iglesia.
El embajador americano Dwight Morrow fue el medio por el que llegó la tregua a esta guerra. En uno de las distintas reuniones que mantuvo con el presidente Calles, el embajador ofreció apoyo militar a cambio de petróleo para que terminara la guerra de una vez por todas. Al final, sin embargo, dependió de las habilidades diplomáticas del clero católico y de los laicos para negociar el acuerdo de paz que terminó con la Cristiada.
Tristemente, la tregua firmada por el gobierno mexicano y la Iglesia Católica fue, sin duda, una trampa para los cristeros. El régimen de Calles rompió rápidamente la promesa de cumpir los compromisos acordados, y durante los tres primeros meses después de la tregua, más de 500 líderes y 5,000 cristeros fueron ejecutados. Murieron más líderes cristeros durante ese breve periodo de tiempo que durante tres años de guerra.
El abogado mexicano católico exiliado Octavio Elizonde, afirmó en una carta que a petición del Vaticano los cristeros se desarmaron y aceptaron la “tregua” (acuerdos) presentada por el gobierno mexicano. En obediencia al Vaticano depusieron las armas, sólo para ser cazados y ejecutados.
El presidente Calles fue responsable de la masacre, ya que continúo manteniendo el control del Gobierno desde la sombra y controló el futuro de México hasta 1934. Lázaro Cárdenas ganó la presidencia y ya no quiso ser la marioneta de Calles.
Nadie es capaz de explicar adecuadamente el odio extremo e irracional de Calles contra la Iglesia. Quizás fue una combinación de codicia y de ideología jacobina. En cualquier caso, Cárdenas también odió a la Iglesia, pero su fanatismo fue más pragmático y los tiempos habían cambiado a mitad de los años treinta.
De acuerdo a la investigación del padre Brian Van Hove, unos 40 sacerdotes fueron asesinados en México entre 1926 y 1934. Incluso en 1935, seis años después de la “tregua”, unos 2,500 sacerdotes se vieron obligados a esconderse y seis obispos vivieron en el exilio. En 1926, había 3,000 sacerdotes en México, y en 1934, quedaban solo 334.
Si bien las leyes anticlericales siguen formando parte de la Constitución Mexicana, el Gobierno no obliga a cumplirlas.
Todavía quedan algunos artículos “anticlericales” en la Constitución, pero el gobierno prometió no imponerlas de nuevo. Nota del Editor: No fue hasta 1940, cuando el católico Manuel Ávila Camacho llegó a presidente, cuando la imposición de las leyes anticlericales de la Constitución Mexicana se relajó definitivamente.
La relación entre el Estado y la Iglesia mejoró hace pocos años. El ex presidente Vicente Fox y el actual, Felipe Calderón, son católicos, y han sido más indulgentes con la Iglesia, hasta el punto de restablecer las relaciones diplomáticas con el Vaticano.
Beato Miguel Pro SJ
El Beato Miguel Pro SJ nació el 13 enero 1891 en Zacatecas México. Desde pequeño fue virtuoso y alegre. Entró en el noviciado jesuita a la edad de 20 años y fue exilado durante la revolución mexicana.
Fue ordenado sacerdote en Bélgica en 1925, a la edad de 36 años. Regresó a México en 1926 sabiendo que la Iglesia era perseguida y que correría grave peligro.
Murió el 23 de noviembre de 1927 gritando, como muchos otros mártires mexicanos, “Viva Cristo Rey”.
Esta entrada fue publicada en Espiritualidad el 25 noviembre, 2018 por Víctor Raúl Nomberto Bazán.
‘Hermanito’ y Orellana
Por Rodrigo Chillitupa- Revista CARETAS.
“Es un sinvergüenza”, dice Hermes Velásquez, Vice Gran Maestro de La Gran Logia del Perú. Así describe Velásquez a César Hinostroza, el cuestionado magistrado que acaba de ser suspendido de su organización. La historia masónica del ‘Hermanito’ comenzó en el 2012. Aquel año, el presunto cabecilla de la red criminal de Los Cuellos Blancos del Puerto se integró a la logia Luz de Renacimiento Nº 139. Según Velásquez, el destituido juez Hinostroza era una persona de perfil bajo. “Participaba poco en las actividades de la organización”, dice. “No tenía un cargo especial dentro de la logia”.
Sin embargo, Julio Pacheco Girón, Gran Maestro de la Gran Logia Constitucional, reveló que Hinostroza Pariachi llegó a cultivar amistad con otros masones influyentes como César Bazán Naveda. “Bazán fue quien llevó a Hinostroza a los masones”, dijo. La notaría de este abogado fue involucrada en un caso de estafa en el 2014 por ayudar a dos personas vinculadas a la mafia del encarcelado empresario Rodolfo Orellana. Los estafadores se apropiaron de ocho lotes en La Molina y dos casas en Jesús Maria en perjuicio de dos inmobiliarias.
Dentro de la Gran Logia del Perú, Hinostroza coincidió con Walter Ríos, expresidente de la Corte Suprema del Callao, y el exintegrante del CNM, Julio Gutiérrez Pebe. En el decreto publicado el 12 de julio pasado en su portal web, la organización señala que a los cuestionados magistrados “se les suspendió de todos sus derechos porque tenían un comportamiento ajeno a la moral masónica”. Ellos infringieron el artículo 18 del Código de Justicia y Procedimiento Masónico.
Esta entrada fue publicada en Espiritualidad el 24 noviembre, 2018 por Víctor Raúl Nomberto Bazán.
Por Luciano Revoredo- Laabeja.pe
Martín Scheuch ha escrito una columna en relación al caso de Pedro Salinas y su vinculación con The Accountability Proyect (TAP). No vamos a comentar los calificativos personales, con los que me caracteriza e intenta -aparentemente- descalificarme, ni la pequeña nota biográfica que me dedica. Eso no es lo que está en discusión acá.
El asunto en cuestión es la vinculación de Pedro Salinas al TAP y su sistemática negación de ese hecho. El señor Scheuch recurre al tópico de la teoría de la conspiración. Una forma manida de desacreditar a través de la ridiculización. Y basta añadir los talismanes “fake news” o “masones”, y se supone que todo lo que uno pueda decir queda inmediatamente en entredicho. Sin embargo, hay hechos frente a los cuales no cabe teorizar ni conspirar.
Nosotros develamos la existencia de este proyecto internacional, que tiene un objetivo claro: llevar a la Iglesia católica ante cortes internacionales acusada de crímenes de lesa humanidad. Para ello se han establecido estrategias y acciones a seguir. Si se trata de “una iniciativa loable” -como dice Scheuch- es discutible. Porque a juzgar por sus objetivos y estrategias este proyecto tiene la intención de cargarse a la institución, sin hacer distinciones.
Que existen malos elementos en la Iglesia, y deben ser procesados y condenados por lo que hayan hecho, nadie lo niega. Pero el TAP pretende ir mucho más allá y acabar con una institución que, a pesar de todos los errores, pecados y delitos de sus miembros, busca hacer el bien y anunciar un mensaje de esperanza al mundo.
Si eso me convierte en “retrógrado” y “conservador”, pues todos los bautizados lo somos. Dijimos además que Pedro Salinas estaba vinculado al TAP y tenía asignada una tarea concreta para la visita del Papa al Perú. Salinas respondió burlonamente en su página de Facebook, sin dar ninguna explicación (y de paso, obvió totalmente decir algo acerca de la reunión en la que chantajeó al Nuncio en el Perú).
Acto seguido, mostramos los correos donde se envía el TAP y los acuerdos de Varsovia, en los que está copiado y mencionado Salinas. Éste responde diciendo que estamos drogados y que nos hemos fumado una palmera.
Publicamos otra nota donde se muestra la página actualizada del proyecto, ahora denominado ECA, donde aparece Salinas (con foto y todo) como parte del equipo internacional. El periodista siguió sin dar una respuesta clara.
Ahora aparece Martín Scheuch y su teoría de la conspiración. Diera la impresión de que Scheuch está respondiendo por Salinas, que después de tanto silencio y negación no tiene cara de admitirlo él mismo.
En todo caso, la nota de Scheuch permite dar un paso adelante: confirma que Pedro Salinas pertenece a esta organización. Según Scheuch, Salinas “participa abiertamente de The Accountability Project (TAP)”.
Quizá lo sabían sus amigos y miembros de su círculo íntimo. Pero hasta el momento él había eludido y negado esta vinculación, cobijado en insultos y alusiones alucinógenas. Por tanto, el TAP existe y Pedro Salinas está vinculado a él. Si la iniciativa fuera loable, ¿Por qué tanta dificultad en aceptarlo, señor Salinas?
OTRA PERLA DE PAOLA UGAZ
Por Luciano Revoredo- www.laabeja.pe
A finales de diciembre de 2016, la cadena internacional Al Jazeera estrenó un video titulado “Peru: The Sodalitium scandal (Perú: El escándalo Sodalicio)”, producido por la periodista Paola Ugaz. En línea con la agenda que tanto Pedro Salinas como Ugaz tienen para atacar a la Iglesia Católica por distintos flancos -como bien lo evidenció este medio y luego confirmó el mismo Salinas Chacaltana a través de su amigo Martín Scheuch (http://laabeja.pe/de-opini%C3%B3n/columna-del-director-luciano-revoredo/2184-la-negaci%C3%B3n-de-pedro.html)- Ugaz produjo el reportaje arriba mencionado con el fin de culpar al Sodalicio de Vida Cristiana –y en específico al obispo de Piura y Tumbes, Monseñor José Antonio Eguren- de coludirse con una banda criminal. Más grave aún es que Ugaz se basa en los testimonios de este reportaje para luego seguir difamando a Monseñor Eguren en distintos espacios, motivo por el cual ya ha sido querellada por el prelado.
Entre las diversas “pruebas” que Ugaz presentó está el testimonio de Samuel Alberca quien señala a Monseñor Eguren, y a Alberto Gómez de la Torre, representante de la Inmobiliaria Miraflores Perú, como autores de un supuesto pago para invadir unos terrenos en Piura. Alberca afirma haber rechazado, como podemos ver en este extracto de video, 3 millones de dólares ofrecidos por Monseñor Eguren porque no era algo “moral”.(https://drive.google.com/open?id=1q_90PZpAMGYjMWufJKM0vbnom4ScRV6d) Extracto del video presentado por la Inmobiliaria Miraflores Perú en respuesta al reportaje de Al Jazeera. Pueden verlo completo aquí. (https://www.youtube.com/watch?v=M4d_Y1SduHc&feature=youtu.be)
Pero, ¿quién es Samuel Alberca para que Ugaz lo ponga como fuente “creíble” y sustento para futuras acusaciones al obispo? Ni más ni menos que el líder de una organización criminal conocida como La gran cruz del norte. Tal vez Ugaz pensaría que Alberca se habría convertido en una especie de Robin Hood norteño como para creer en su testimonio. ¿No sabía acaso quién era? ¡Claro que sí! Y prueba de esto es la comunicación notarial que se le hiciera a Daniel Yovera -director del documental— el 21 de noviembre del 2016 con la información pertinente por parte del abogado del Inmobiliaria Miraflores Perú. Es decir, con más de un mes de anticipación del estreno del reportaje. En dicho documento se incluyen 14 páginas de antecedentes criminales de Alberca, que van desde homicidio hasta robo agravado. Se trata, pues, de un personaje cuya credibilidad es, por decir lo menos, cuestionable. (https://drive.google.com/open?id=0Bz9iGVe70AkYbXNLZ1NpaVhQb2NGWFZSNGFqcTNsWDEwUXFZ)
Pues bien, Samuel Alberca acaba de sumar algunas líneas a su prontuario ya que el 27 de noviembre ha sido condenado por difamación a un año de pena privativa suspendida, 120 días multa y 10 mil soles de reparación civil. ¿Por qué delito? Difamación. El mismo por el cual Ugaz y Salinas están siendo querellados por Monseñor Eguren. Esta sentencia es el fruto de un proceso iniciado por el Sr. Alberto Gómez de la Torre a raíz de las declaraciones difamatorias de Alberca en el mencionado reportaje producido por Paola Ugaz.
Ver (https://drive.google.com/open?id=1h8rnDav9yiKqSdMPcuzKoN7EqhX2f4Mu)
Pero este no ha sido el único caso del uso de fuentes o testimonios falsos por parte de Ugaz. Cabe destacar que una de las personas que acusan a Monseñor Eguren es Carmen Campodónico, quien, como también se puede ver en el documento notarial dirigido a Yovera, contaba ya entonces con diversas acusaciones por intento de usurpación de terrenos. Y, por si fuera poco, hace algunos meses intentó ingresar droga al penal en Piura, motivo por el cual está presa. Aquí pueden ver la resolución que ordena su captura y los motivos.
Ver (https://drive.google.com/open?id=1tFYy7e9deY4Eu5Sf_OKhYjIICTVABqsx)
La pregunta, entonces, cae por su propio peso y es: ¿bajo qué estándares periodísticos se realizó el documental difundido por Al Jazeera? Lo mínimo que se puede decir es que Paola Ugaz hizo poco o nada por validar sus fuentes, por evaluar su credibilidad, por contrastar la información con la otra parte, en vistas a lanzar una serie de graves acusaciones, usándolas luego como sustento para futuros agravios y difamaciones a Monseñor Eguren. Y hoy, la misma periodista (Ugaz), junto con su socio (Salinas Chacaltana), se victimizan diciendo que quieren violar su derecho a la libertad de expresión. ¿No es acaso esta una prueba más de que en su afán de imponer su propia agenda personal están pasándose de la raya? Obviamente la prensa progre cierra filas y no cuestiona nada de este tinglado de mentiras.
Esta entrada fue publicada en Antropología de la Religión el 23 noviembre, 2018 por Víctor Raúl Nomberto Bazán.
Disidente contra Estado totalitario
Primero. En el año 2013 el Señor Fiscal de la Nación, Dr. Antonio Peláez, máxima autoridad del Ministerio Público, inicio de oficio una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra mí y durante un año analizó e investigo cada uno de mis ingresos y el único bien inmobiliario que poseo, adicionalmente cada una de las conferencias dictadas como conferencista internacional, y un año después en diciembre del año 2013 expidió su Resolución Final en la cual estableció: “No se ha demostrado existir ningún enriquecimiento ilícito, incremento patrimonial o lavado de activos en el presidente Alan García”.
Segundo. En el año 2011, tras el fin de mi segundo gobierno, el parlamento, de mayoría adversaria y gobiernista, creó una comisión llamada la Mega Comisión sobre los presuntos ilícitos cometidos por Alan García y, en los años siguientes, levantó mi secreto bancario, analizó mis bienes que se limitan a mi vivienda particular, estudió mis ingresos; es decir, mi pensión como ex Presidente, mi salario como director de un Instituto Universitario y el producto de mis conferencias internacionales y, en el año 2016, antes de cerrarse ese congreso de mayoría adversaria presentó un informe que fue aprobado por el Congreso, en el cual consta textualmente: “No se ha encontrado ningún indicio o prueba de enriquecimiento ilícito o patrimonial de Alan García”.
Tercero. En el año 2017, el actual Congreso, en el que el Partido Aprista Peruano, solo cuenta con cinco de ciento treinta parlamentarios, creó la llamada Comisión Lava Jato, que por dos años, llevó a cabo una investigación sobre más de diez obras construidas en tres gobiernos y sobre más de 400 personas, y su conclusión votada el ocho de octubre señalo explícitamente: “No hemos encontrado ningún indicio, delación ni prueba que vincule a Alan García con alguno de los delitos”, que sí han involucrado documental y probadamente a los expresidentes Toledo, Humala, Kuczynski e inclusive a otros funcionarios como la alcaldesa socialista de Lima, Susana Villarán.
Cuarto. El Fiscal de la Nación, que sucedió al Fiscal Peláez, Dr. Pablo Sánchez, ordenó en el mes de junio de 2018, el archivamiento de las nuevas investigaciones sobre lo ya investigado, por haberse establecido que no tenía ninguna vinculación con delito o enriquecimiento patrimonial. Y de esta manera, fue el segundo Fiscal de la Nación que lo hizo, aunque ninguna de ambas resoluciones sea respetada, en este momento, por fiscales de inferior categoría que conducen la persecución política en mi contra con simples especulaciones y rumores, que lanzadas y repetidas se vuelven verdad para muchos.
Quinto. En todas y cada una de las declaraciones bajo juramento, que por acuerdo entre Perú y Brasil han ofrecido, el dueño de la empresa Odebrecht y sus más altos funcionarios han reiterado que no tengo relación con ningún delito ni he recibido ni pedido algún beneficio para mí. Así lo dijo Marcelo Odebrecht al fiscal del Perú y al procurador brasileño: “Nunca hemos hablado de nada ilícito ni ilegal con Alan García”; su representante en el Perú, Jorge Barata ha dijo en el proceso que “jamás conversó conmigo sobre ningún soborno” y que sí, según dijo, apoyó al partido aprista peruano en una elección hace doce años fue “Sin conocimiento de Alan García, que nunca habló conmigo y que no sabe si alguna vez tuvo conocimiento de eso”. Finalmente, el tesorero de esa empresa, Carlos Nostre, brasileño, declaró en el mes de octubre que, en efecto, sobornó a un viceministro (Jorge Cuba) depositándole dinero en una cuenta en Andorra pero que jamás tuve yo nada que ver en ello, ni lo supe.
Sexto. Todos estos hechos comprueban cuánto y cómo estoy alejado de actos delictivos, por lo cual, en más de siete años de terminado mi gobierno no he tenido ningún proceso. Pero ahora, para vincularme con algún hecho se utilizó una de las 36 conferencias mundiales que he dictado como expresidente, la sostenida en el auditorio de la Federación Industrial de Sao Paulo argumentando que ella había sido pagada indirectamente por Odebrecht, una de las empresas miembros de esa Federación y presumiendo, sin prueba, que ese dinero provendría de ilícitos de la empresa. Pero es público que, en el año 2012, nadie en América Latina tenía conocimiento de las acciones delictivas y de soborno que esa empresa protagonizaba, pues solamente se conocieron en el año 2016. Además, recibí los honorarios de la Federación y su agenda, enviados desde el Banco do Brasil y por los que pagaron impuestos, en mi cuenta pública en Urna y pagué el 30% de impuestos por ella. Pero por especulación malévola se ordenó el 17 de noviembre mi impedimento de salida del país por 18 meses.
Séptimo. He asistido a 48 citaciones de jueces y fiscales sobre cada una de las obras que hizo la empresa Odebrecht en el Perú, pero, llegado a Lima el día 15 para asistir a la citación número 49 encontré que esta se suspendió, solicitándose mi impedimento de salida del país sin ninguna explicación. Personal del equipo especial de las Fiscalías anticorrupción a cargo de la investigación, nos hizo saber que esa medida se adoptaría a pesar de lo cual y por no creerla, asistí, pero se cumplió. Luego, se nos informó que, para la siguiente audiencia, la número 50, el 19 de noviembre se aplicaría una medida de detención preliminar en la propia audiencia para luego extenderla como detención preventiva por 36 meses, en una suerte de emboscada inaceptable.
Octavo. En los días siguientes se ha comprobado lo siguiente: la orden de impedimento fue dictada por el juez el 17 de noviembre a las 6:00 de la tarde, pero como lo demuestra el documento oficial, el Ministerio del Interior ya habían dispuesto desde el 1 en la mañana ese impedimento informando a todas las garitas de salida del país, lo que demuestra que la orden judicial había sido antecedida por una orden política. Tan grave como ello es que, ahora, para responder a la denuncia de persecución política, el jefe de los fiscales que ven este caso diga abierta y descaradamente en la televisión que: “Solo se trataba de una sospecha inicial para la cual no tenemos todavía ningún elemento fundamental”. Pero al decir eso con respecto a la conferencia, no da marcha atrás en el impedimento de salida de 18 meses que es una limitación a la libertad y una sanción política ante el país, ni desmiente que el día 19 iba a procederse a mi detención por una “sospecha inicial” que es solo una especulación o rumor.
Así se usa abusivamente de los procedimientos penales para humillar a los adversarios políticos y se comienza acusando de lavado de activos porque según se dice el dinero de la conferencia habría provenido de actividades ilícitas de Odebrecht; tras lo cual se añade el tipo de Organización Delictiva y de esa manera se tiene una detención de 36 meses que es una sentencia en sí misma ampliable a otros 36 meses mientras “se hace la investigación”. Pero todo ello coincide con el calendarlo electoral y con las acciones del gobierno.
Todos estos hechos demuestran la persecución política, así como el nivel de prepotencia y temor que hoy vive el país. Son hechos, frente a rumores con los que se quisiera afectar mi libertad, lo que no permitiré sin defensa.
Por Hugo Neira-Diario El Comercio.
“En castellano se usa poco la palabra revuelta”. Esta frase inicia un célebre texto del mexicano Octavio Paz. “La revuelta es popular y expresiva”. La rebelión –añade– “es una sublevación solitaria o minoritaria”. Texto de 1978, y que me ha acompañado toda mi vida, una tríada que no ha perdido su vigencia. La otra idea es revolución. ¿Por qué Paz? Le dieron el Nobel de Literatura, no por escribir novelas, sino por poeta y ensayista. Paz, un gran pensador latinoamericano. “El laberinto de la soledad”, una pena que muchos peruanos no lo conozcan. Me armo de estos conceptos para abordar lo que nos está pasando. En particular, el tema del asilo.
Vamos al grano. El tema crucial es la corrupción. Qué duda cabe, desde los años 90, el país ha crecido económicamente y a la vez se ha corrompido. Odebrecht pudrió por decenios a políticos y de paso a funcionarios, estudios de abogados y la mar en coche. Hay una parte de la sociedad que está hambrienta de justicia, y otra que ha lucrado. Y es cierto que los presidentes en los últimos 18 años, o están pedidos o tienen procesos judiciales abiertos. ¿Pero dónde está el error? En la “detención preventiva”. Investigar, sí. Pero sin arrasar los derechos humanos y la libertad del ciudadano. Ya sé, hay esa ley, pero abre de par en par las puertas a un poder sin límites. La preventiva, mañana un opositor; pasado cualquier disidente. De la anticorrupción nos estamos deslizando al hábito de la persecución. De la sartén al fuego.
Privar de libertad es muy práctico. Se ponen esposas o grilletes a un personaje y su contorno comienza a cantar. El problema es que eso no es novedad. Lo preventivo se ha usado en el muy eficaz Estado totalitario de la Unión Soviética. Ni los comunistas que eran parte de las instituciones gubernamentales estaban a salvo de una acusación. El pragmatismo cínico escogía las víctimas entre sus propias filas. Eso se llama purga. Y con los nazis, ¿quién podía estar seguro con su mórbida revolución? Nosotros, a la peruana, “la fiscalía ha creado un clima de indefensión jurídica”, dice Alan García en su carta al presidente uruguayo. O sea, aun con ausencia de pruebas, cualquiera puede ser puesto en la “preventiva”. No es, pues, un asunto solo de ex presidentes sino de 32 millones de ciudadanos, hoy desprotegidos.
El asilo de Alan García es el mayor golpe dado al presente gobierno. Es la “rebelión”, a decir de Octavio Paz. Palacio ha actuado como si el Perú estuviera fuera del planeta. Olvidaron que el individuo y sus derechos no tienen fronteras, de ahí el exilio. Los apristas, en particular, saben cómo es eso. Estamos dentro de una realidad global. En el inmenso tráfico de la mundialización, no solo corren negocios sino noticias. No se priva de libertad así porque sí. Cierto, es difícil y a veces imposible desenredar la telaraña de las mafias, eso en todas partes. Pero la medicina que aquí se aplica es peor que la enfermedad.
En cuanto a la protesta, los pueblos no son infalibles. El lumpemproletariado llevó al poder a Hitler. Los españoles, dados los excesos de los republicanos, soportaron a Franco 40 años. En Chile, al general Pinochet lo apoyaron clases medias contrarias a Allende. Hay revoluciones reaccionarias. ¿Eso queremos? ¿Y qué pasa si Butters tiene razón y se avecina un flujo de ex alcaldesas y ex presidentes rumbo a las otras embajadas en Lima?
“JUSTICIA GOURMET” EN EL PERÚ
Por Alfredo Gildemeister-www.laabeja.pe
Definitivamente la actuación del Ministerio Público (Fiscalía) así como la administración de justicia en el Perú (Poder Judicial) se ha vuelto todo un espectáculo digno de los mejores países comunistas o totalitarios en donde se solía -y se suele- filmar o televisar los procesos o “juicios” de todos aquellos que no “coinciden” con el régimen en cuestión.
Así sucedía en la Unión Soviética en donde, a modo de ejemplo, se filmaban los procesos de los “disidentes” con el “sistema” y donde ya se sabía que éstos terminarían en Siberia o en algún gulag (campo de concentración y de trabajos forzados) como bien relata el gran escritor Alexander Solzhenitsyn. Al parecer, en el Perú se ha comenzado a utilizar el mismo “estilo” puesto que se dictan medidas de “detención preventiva” -entiéndase prisión o encarcelamiento- por plazos de 36 meses renovables por otro plazo similar y curiosamente solo a líderes de partidos de la oposición al gobierno.
Lo acabamos de apreciar con la detención preventiva contra la líder de Fuerza Popular -principal partido de la oposición- así como contra sus asesores y secretaria personal, estando aún pendiente el de su esposo. Lo mejor de todo es que ello se determina en base a “indicios” y elementos de poco o ningún valor probatorio. Caso parecido se da con el expresidente Alan García, el cual es nuevamente investigado bajo discutibles “pruebas” al cual se le dictó la medida de impedimento de salida del país y, según se dice, cuando se estaba por dictar la medida de “detención preventiva” por 36 meses, con el objeto de ser esposado, encarcelado y vestido con la indumentaria de “Detenido” -tal como se hiciera con Keiko Fujimori-, a fin de ser humillado públicamente, García tomó la decisión de solicitar asilo político en Uruguay.
Lo mejor de todo este nuevo sistema de Justicia es que ya van a transcurrir tres semanas desde que el Congreso de la República aprobara el Informe Lavajato y, hasta la fecha, ¡no hay un solo detenido de los 132 implicados que señala el mencionado informe! De los implicados más importantes como PPK, Graña, Villarán, Ollanta Humala, Nadine Heredia, por mencionar solo algunos incluyendo a Toledo que continúa feliz en los Estados Unidos, ninguno está detenido y menos bajo prisión preventiva.
Como se puede apreciar, toda una “justicia gourmet” al gusto del cliente, en este caso, la mafia de Odebrecht que lo controla todo y mueve sus hilos de acuerdo con sus intereses. A ello debemos agregar el escándalo del caso Chinchero, que involucra al mismísimo presidente de la República y a dos ministros para comenzar, tampoco se toca este tema. A la “justicia gourmet” peruana no le interesa este escándalo y menos actuar contra sus implicados o contra los señalados en el Informe Lavajato y ojo que en estos casos existen pruebas contundentes, declaraciones de Marcelo Odebrecht y de Barata que confirman diversos delitos, pero sin embargo… no pasa nada. Así “trabaja” la justicia gourmet en el Perú de hoy.
De allí que lo alegado por el expresidente García en el sentido que existe una “persecución política” no deja de tener todos los elementos para que sea verdad. El mismo presidente de la República ha efectuado diversas declaraciones para pensarlo así y es lo que afirmó García recientemente: “Chantajear al Congreso, forzar la renuncia del Fiscal, descabezar la Suprema, digitar a los fiscales, comprar opiniones, es un golpe, aunque no use tanques. ¿Y todo por tapar Chinchero y qué más?” El hecho del presidente de llamar telefónicamente al presidente de Uruguay a raíz de la solicitud de asilo político por García ya constituye una muestra más de injerencia política por parte del Ejecutivo. Se aprecia pues una justicia selectiva contra determinados líderes y partidos de oposición, como el hecho de acusar al partido Fuerza Popular de banda criminal o crimen organizado, siendo un partido político formal, como en los tiempos en que al partido Aprista fue prohibido por el régimen de turno y perseguidos sus integrantes.
Debemos indicar que para la “justicia gourmet” la presunción de inocencia y el debido proceso constituyen todo un mito. Lo establecido en el artículo 139 inciso 3) de la Constitución, esto es, el derecho al debido proceso; o el principio a no ser penado sin el debido proceso (inciso 10) y no estableciendo penas disfrazadas como “detención preventiva” por plazos de 36 meses renovables, constituye toda una pena sin proceso judicial. El reciente allanamiento del Estudio Ore por la Fiscalía, constituye toda una violación al derecho de defensa de toda persona, así como al secreto profesional (art.2 inciso 18). El derecho a la debida defensa consta en el numeral 23) del artículo 2, y en el inciso 14 del ya citado artículo 139 de la Constitución: “El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso”. Pero si se allana el Estudio del abogado defensor, se incautan sus documentos y escritos, etc. ¿Acaso el siguiente paso será allanar el domicilio del abogado defensor o inclusive, detenerlo en prisión? El debido proceso pues se está transformando en un mero mito, el cual puede ser manipulado por el juez o el fiscal de turno a su entero gusto.
Finalmente, la presunción de inocencia constituye otro principio propio de toda democracia y Estado de Derecho que no puede vulnerarse. El artículo 2 numeral 24) de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: …e) “Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”. Así mismo, la detención de una persona debe ser “motivado” (inciso f) y no bajo cualquier indicio o sospecha, pero sin prueba contundente. Sin embargo, para la “justicia gourmet” es todo lo contrario: el acusado se presume culpable y debe probar su inocencia. Este “sistema” es muy típico de la justicia gourmet, la cual condena prácticamente ipso facto ante lo que “se dice”, “se comenta”, “se percibe”, etc. sin prueba contundente alguna, y es el acusado el que debe probar su inocencia. Para la “justicia gourmet” la presunción no es de inocencia sino de culpabilidad.
Como bien señala la periodista Mariella Balbi: “Vivimos un totalitarismo que, dicho sin pasión política, utiliza a la justicia para perseguir a los opositores del régimen que podrían estar en las próximas elecciones… Abunda la colaboración eficaz, pero la justicia no corrobora esos dichos. El debido proceso es violado constantemente. Arbitrariamente, el fiscal imputa a Fuerza Popular y al Apra ser organizaciones criminales, como la camorra o la mafia. En virtud de ello hay un frenesí de encarcelamientos poco jurídicos y más bien políticos. El fiscal y el juez encargados abusan de la prisión preliminar y preventiva sin juicio previo. Resulta notorio que responden a intereses políticos. La prensa, no obstante, los mira con aprobación” (“Carta Abierta a Tavaré Vásquez”, Perú 21, 21/11/18).
¿Alguien con dos dedos de frente se sometería a un sistema arbitrario en donde las leyes, los derechos fundamentales, los principios jurisdiccionales y la propia Constitución son meras referencias sin obligatoriedad alguna? De ninguna manera. La “justicia gourmet” no es otra cosa que la antesala de una dictadura que muy sutilmente se va imponiendo, en donde se van vulnerando uno a uno los derechos constitucionales de toda persona, basándose en “criterios” subjetivos, para alcanzar una situación en donde la democracia y el Estado de Derecho terminen siendo un saludo a la bandera. Debe acabar esta “justicia gourmet” al gusto del gobierno de turno, y más aún, si está al servicio de una mafia poderosa como la de Odebrecht.
El asilo llega solo
Por Diethell Columbus Murata-Político.pe
El expresidente García sabe perfectamente que su pedido de asilo se sustenta y nutre diariamente con los excesos y errores que otros cometen. Por ello, el gobierno uruguayo solo necesita comprobar si existen anomalías que pueden afectan el debido proceso, si realmente existe independencia de poderes y si lo que se busca es justicia y no un ajusticiamiento.
Alan García es un hombre afortunado, pues sin pedirlo recibe el apoyo hasta de sus más feroces detractores. Por ejemplo, el expresidente Ollanta Humala acaba de enviarle una carta al presidente Tabaré Vásquez en la que narra cómo él (a diferencia de García) tuvo la valentía de afrontar las acusaciones que pesaban en su contra, pero además deja constancia de la veracidad de las afirmaciones de su antecesor, es decir: que en nuestro sistema de justicia se cometen excesos inconstitucionales como encarcelar a una persona sin que exista siquiera una acusación fiscal, tal cual el caso de Keiko Fujimori.
Por cuestiones ajenas al sentido común, al fiscal que tiene a cargo las investigaciones de Keiko Fujimori y Alan García no se le ocurrió mejor idea que demostrar que en su afán de conseguir supuestas pruebas incriminatorias está dispuesto a allanar las oficinas de abogados defensores, y terminar vulnerando el derecho fundamental a la defensa. ¡Inaceptable!
Asimismo, el poco recato de la administración Vizcarra en impulsar la destitución del actual fiscal de la Nación tenía un claro fin; vale decir,conseguir un titular del Ministerio Público acorde a su visión política y, como prueba de ello, hace unas semanas la célula parlamentaria aprista denunció ante la opinión pública que el Gobierno estaba urdiendo una norma intervencionista del Ministerio Público que destituiría al actual fiscal de la Nación y permitiría el nombramiento a dedo de un reemplazo temporal. ¡Ya, pues!
Seamos claros, en nuestro país se está vulnerando groseramente el estado de Derecho, y lo que es más grave, que se hace selectivamente. Eso que hoy la mayoría aplaude –porque satisface su indignación acumulada– no es más que abuso de poder que mañana puede desbocar en linchamientos colectivos.
Por Beatriz Mejía Mori-Diario Expreso.
He leído la carta de Alan García al presidente de Uruguay; salvo algunas impresiones personales, ha descrito lo que realmente está pasando en el Perú.
Qué paradoja, haber esperado tanto tiempo por una investigación cabal de sus actos de gobierno, y admitir ahora que no cuenta con las garantías de asistir a un debido proceso y a un juicio justo por la manifiesta politización de la administración de justicia.
La invocación de Martín Vizcarra al presidente de Uruguay para que recuerde los acuerdos de la Cumbre de las Américas y su compromiso anticorrupción, resulta tenebrosa cuando comprobamos que en el Compromiso de Lima que suscribió en esa cumbre, entregó la reserva tributaria y bancaria de todos los peruanos al Gobierno Único Mundial, violando la Constitución, sirviendo a la peor corrupción internacional que está colonizando al Perú y a las naciones a través de la destrucción moral de nuestros pueblos.
Hemos denunciado el montaje agresivo de una dictadura a través de este gobierno, que comenzó con formas diplomáticas con Pedro Pablo Kuczynski y que ha tomado el cariz de autoritarismo, vulneración de la autonomía de los poderes del Estado, extorsión pública, demolición de la oposición política y persecución selectiva de los opositores, con Martín Vizcarra, cuyo objetivo es cumplir con la agenda de imposición del Gobierno Mundial, como lo expresó en su discurso apátrida ante la ONU al dar penosa cuenta del cumplimiento de la agenda de dominio mundial 2030.
El sistema judicial ha sido acorralado con unas interceptaciones telefónicas, su objetivo: manipularlo en casos de interés político y justificar su intervención a través de las reformas constitucionales impuestas al Congreso y por un seudo referéndum a una población engañada por la prensa comprada, lo que les permitirá nombrar jueces y fiscales pro dictadura.
El trato desigual a los políticos incluidos en el caso Lava Jato no puede ser más revelador de la persecución selectiva de los opositores políticos, ¡qué vergüenza! que un citado a una diligencia fiscal, venga desde Madrid y que le cancelen la diligencia y en el día le dicten un impedimento de salida del país, no hay que ser gurú para advertir una inmediata detención preventiva; en tanto, los allegados al gobierno gozan de libertad y protección política.
No existen garantías en el Perú para un juicio justo, y no las habrá en tanto no caiga esta dictadura.
Demolición preventiva
Por MARIELLA BALBI-Diario Perú21.
Medios amigos del gobierno Humala-Heredia y sus abogados quieren hacernos creer que contra el ex presidente y la ex presidenta, perdón, ex primera dama, hay inquina personal, abuso de derecho o –como los reos escribieron– una “arbitrariedad judicial”. La realidad indica lo contrario: la prisión preventiva contra ellos fue absolutamente acertada. El dúo presidencial no es trigo limpio. Heredia quiso atornillarse en la FAO de manera grotesca, pura vara brasileña. La reiterada negación de sus agendas… ¿Qué más? Con gran desatino, Ollanta Humala plantó a la Fiscalía. Craso error. Asimismo, su defensa no sopesó la aparición de muertos en Madre Mía, donde estuvo de capitán, y los audios fondeados nos mostraron de lo que Humala es capaz: comprar testigos.
Los peruanos de bien tenemos gratitud hacia los magistrados Carhuancho y Juárez. Trejos, resueltos, decididos a combatir la corrupción y que no nos hagan ‘cholitos’. El reconocimiento también alcanza al fiscal Ricardo Rojas, quien con gran arrojo logró reabrir la investigación de lavado de activos contra Nadine Heredia cuando esta tenía todo el poder. También a quien –vivo o asesinado– entregó las agendas de NH al país.
¿Hay persecución política en el Perú?
Por Jaime de Althaus-Diario El Comercio.
En el Perú no hay persecución política. Lo que hay es algo más sutil y letal a la vez: criminalización política, ajusticiamiento mediático-judicial de partidos políticos. Ocurre, por ejemplo, cuando se expone públicamente todos los días por la televisión de qué manera un partido político se “organiza criminalmente” para cometer algo que no es delito. A fuerza de presentar día a día testimonios nuevos y agravantes, la impresión que queda en la opinión pública es que, efectivamente se trata de una siniestra organización criminal dedicada al lavado de activos, por más que tal cosa no exista.
El resultado es que, según última encuesta de Ipsos, el 54% considere que Fuerza Popular es una organización criminal y que la aprobación al Poder Judicial pase de 10% en agosto a 27% en noviembre. El procedimiento, mucho antes de que haya juicio, ya decreta la muerte política del partido en cuestión. A la cúpula no se le ha iniciado aún investigación preparatoria y menos aún se le ha acusado, pero ya purga precondena de tres años de cárcel. Y la que hubiera sido candidata con posibilidades es ya cadáver político. La presunción de inocencia es la primera víctima.
Ahora bien, tampoco se puede decir que el proceso de criminalización de algunos partidos políticos haya sido digitado por el Gobierno. Es verdad que el presidente se beneficia indirectamente, pero él no ha ordenado nada en el terreno penal. Hay, efectivamente, separación de poderes.
El problema no está allí. Está en una justicia que se ha vuelto plebiscitaria y poderosamente arbitraria, en fiscales y jueces que, pasando por encima de una sentencia del Tribunal Constitucional que ya advirtió acerca de los excesos que se comete en la prisión preventiva, obedecen a centros de influencia con poder creciente en el sistema judicial y a una opinión pública mayoritaria que, retroalimentada a su vez por el espectáculo de la justicia mediática, se radicaliza cada vez más exigiendo la prisión de aquellos a quienes siempre aborreció políticamente. Es la justicia popular que se está tragando a casi toda la clase política.
Si un partido ha hecho todo lo posible por desprestigiarse y por concitar el rechazo ciudadano, pero no ha cometido delito, es algo que deberá pagar en las siguientes elecciones, no en la cárcel. Una cosa es el repudio electoral, y otra la ejecución penal. La criminalización de la política no es admisible en una democracia.
Esto, por supuesto, es completamente diferente de los casos en que ex presidentes o ex funcionarios hayan recibido sobornos por las obras que se concedieron en sus gobiernos. Ello es claramente un delito y de la mayor magnitud, que debe merecer la pena más severa porque es imperdonable apropiarse de los dineros del pueblo.
En el caso de Alan García la opinión pública está convencida de que recibió sobornos de parte de Odebrecht y, por lo tanto, el ex presidente seguramente teme que se le apliquen los procedimientos de la justicia plebiscitaria. En eso lleva razón, aunque también quepa la posibilidad de que el asilo sea una manera de escapar a la justicia si realmente cometió algo. En eso estamos.
Esta entrada fue publicada en Historiografía el 22 noviembre, 2018 por Víctor Raúl Nomberto Bazán.
El referéndum del 9 de diciembre es un referéndum tramposo. No va a cumplir su cometido y, en cambio, nos va a vender la ilusión de haberlo hecho.
El referéndum “es el derecho de los ciudadanos para pronunciarse conforme a la Constitución en los temas normativos que se le consultan”. Así dice la ley de los derechos de participación y control ciudadanos (Ley 26300).
El referéndum del 9 de diciembre cumple con todos los requisitos formales. No logrará, sin embargo, la participación de los ciudadanos ni permitirá que los ciudadanos se pronuncien sobre los temas normativos en consulta.
Se hará la consulta popular sobre cuatro temas. La primera pregunta es sobre la reforma de lo que hasta ahora fue el Consejo Nacional de la Magistratura.
Los ciudadanos votaremos “sí” o “no” frente a una pregunta vacía: “¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura?”.
Pero, ¿cuál es la reforma? ¿En qué consiste? La consulta solo nos pone a elegir entre dos nombres. Nos manda a revisar un texto adjunto, como quien dice, el ‘attachment’ en los correos electrónicos.
La población, ¿conoce el Decreto Supremo 101-2018-PCM? Leyó, después de eso, los “anexos” (Normas Legales, edición extraordinaria). Ahí está el contenido de las reformas.
La pregunta sobre la Junta Nacional de Justicia (JNJ) involucra a tres artículos. El primero establece seis funciones de esta junta; el segundo, la formación de sus siete miembros (¡incluidos rectores de las universidades!).
El tercer artículo señala seis requisitos para ser miembro de la JNJ. Para participar en la reforma constitucional, ¿no deberíamos conocer cada cambio?
¿Cuánto se ha difundido el contenido de la reforma? ¿Qué esfuerzos se han hecho para que la ciudadanía conozca, reflexione, discuta y vote sobre esto?
¿Cuántos ciudadanos, de los que van a votar en este referéndum, saben sobre qué van a votar en cuanto a la reforma sobre financiamiento de las organizaciones políticas?
¿Saben los ciudadanos, acaso, que la reforma ordena que únicamente el Estado financie la propaganda de los partidos políticos? O sea que la reforma es ¡para que de nuestros bolsillos salga plata para las campañas de los políticos! ¡“Financiamiento público indirecto”, le llama!
La reforma que prohíbe la reelección de los parlamentarios se refiere solo a “reelección inmediata”. ¿Conoce eso el elector? ¿Cuántos electores lo saben?
¿Cree el ciudadano que la ley nos protegerá de nuestra “exitosa” capacidad para elegir parlamentarios? Esa capacidad, ¿está en la ley o está en nuestras cabezas? Y si la pasamos a la ley, ¿corregimos nuestras cabezas?
¿Aprenderemos de la legislación o de la experiencia? ¿Podremos, en caso de que se apruebe esa reforma, ejercer el rechazo a través de nuestro voto en una elección subsecuente?
Con relación a la reforma del Congreso, ¿sabe el elector que le están consultando sobre el cambio de ¡59 artículos de la Constitución actual!? ¿Sabe cuáles son? ¿Los ha leído? ¿Estará de acuerdo en cada uno de esos 59 cambios? ¿O va a votar tapándose los ojos?
¿Sabe el elector de este referéndum que la reforma propone aumentar el número de parlamentarios de 130 a 180? ¿Sabe que si vota a favor de la bicameralidad vota a favor de este aumento de representantes?
¿Sabemos con detalle, acaso, cuántos poderes de elección de funcionarios vamos a pasar del Congreso actual (130 congresistas) al Senado propuesto (solo 50 personas)? ¿Nos hemos dado cuenta de que eso es concentrar más poder en vez de desconcentrarlo? Hay muchas cosas por saber y discutir. El país quiere que las cosas cambien. Eso no quiere decir, sin embargo, que lo que nos propongan, porque nos lo proponen, representará un cambio hacia algo mejor.
Podemos discutir cada detalle de las reformas. No deberíamos votar, antes de eso, sobre algo que no conocemos. Esa no es una elección consciente.
Participación ciudadana es elección consciente, no elección inconsciente. Participar en un tumulto no es lo mismo que participar en una elección. Mientras la gente no conozca el contenido de las reformas, este seguirá siendo el referéndum de la trampa y del engaño.
Por Aaron Salomón– Político.pe
Presidente Vázquez, le escribe una periodista con 33 años de carrera que no defiende intereses y que trabaja honestamente. En el Perú de hoy estamos patas arriba. El Estado de derecho y la independencia de poderes se vulneran sin que nada pase. Reina lo de circo sin pan porque, desafortunadamente, la economía no cobra el impulso que debería.
Vivimos un totalitarismo que, dicho sin pasión política, utiliza a la justicia para perseguir a los opositores del régimen que podrían estar en las próximas elecciones. La lideresa de Fuerza Popular y 11 fujimoristas están presos. Abunda la colaboración eficaz, pero la justicia no corrobora esos dichos. El debido proceso es violado constantemente. Arbitrariamente, el fiscal imputa a Fuerza Popular y al Apra ser organizaciones criminales, como la camorra o la mafia.
El peligroso Perú post Kuczynski
Por Luis Garcia Miró Elguera-Diario Expreso.
Lo describimos hace un tiempo, cuando escribimos un artículo bajo el título “La judicialización de la Política y la politización de la Justicia”. Se trata de una coyuntura insufrible instituida por la progresía sanisidrina para fulminar nuestro Estado de Derecho y nuestro sistema democrático. Sintiéndose poderosa tras el éxito alcanzado gracias a las letales gestiones de Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski –extorsionando a ambos expresidentes envueltos en grotescos casos de corrupción, a cambio de que les concedieran el control de sectores clave del Estado–, la progresía desató una guerrilla para liquidar a los políticos no afines a la izquierda progre. Concretamente al Apra y Fuerza Popular. ¿Su objetivo? Conquistar todo el poder. Para empezar, antes había capturado la llamada gran prensa, asimismo extorsionándola sacando al fresco sus corruptelas. Ejemplo: el robo al Estado –y a algunos de los expropietarios de Canal 4– por parte de El Comercio y La República. Ahora, salvo EXPRESO y poquísimos medios en el Perú, no existe prensa libre. Lo que predomina es un periodismo rastrero, enlodado, ideologizado, sectario y digitado desde las alturas de ese poder putrefacto que hoy manipula a sus anchas la progresía.
Dicho esto, pretender negar que en el Perú exista persecución política es tan mendaz como sostener que nuestra Justicia no está doblegada por el Ejecutivo, y que el presidente Vizcarra no está detrás de la captura del Ministerio Público. Todo esto obscenamente digitado por la progresía caviar que, por el momento, le guarda las espaldas al endeble régimen de Martín Vizcarra. Por esto consideramos acertada la decisión del expresidente Alan García de solicitar asilo diplomático a Uruguay, para evitar caer en las redes de una Fiscalía sovietizada y un Poder Judicial politizado que pretenden humillar a las fuerzas políticas que no comulgan con ese credo socialistoide que pretende encaramarse como fuerza única. A Keiko Fujimori la destruyeron arrastrándola a las galeras de la prisión preventiva, aquel torvo recurso de esa llamada justicia peruana. A Alan García, dos veces electo presidente, no lo deshonrarán tan fácilmente. Sabe defenderse de aquellas morrallas que se apropian de los gobiernos.
Las evidencias a las que nos referimos sobre la urgencia del Ejecutivo y su coro mediático progre por copar el poder Judicial y la Fiscalía de la Nación han desatado la indefensión jurídica en el país. Como sostienen entendidos en la materia, “No valen la verdad ni la ausencia de pruebas (…) Una sospecha no comprobada sirve para iniciar un procedimiento por enriquecimiento ilícito, luego se le añade la figura del Lavado de Activos para aumentar el plazo investigatorio de ocho a doce meses, y finalmente se agrega la figura de la Organización Criminal, para que ese plazo ‘investigatorio’ llegue a treinta y seis meses, ampliable treinta y seis m’as. Y durante ese tiempo, se aplica abusivamente la detención preventiva, con lo cual la libertad como valor fundamental desaparece ante la arbitrariedad de fiscales comisionados por el régimen, con el propósito de infamar y destruir a los adversarios políticos oficialistas.”
Este es el peligrosísimo Perú post Kuczynski.
Esta entrada fue publicada en Historiografía el 21 noviembre, 2018 por Víctor Raúl Nomberto Bazán.
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References: artículo 14
 Artículo 27
 artículo 36

Resolución 
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 artículo 18
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 Resolución 
 artículo 139
 artículo 2
 artículo 139
 artículo 2