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Timestamp: 2018-09-19 03:54:24+00:00

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﻿ Sentencia 2008-00069 de abril 9 de 2014
SENTENCIA SC4468-2014 DE 09 DE ABRIL DE 2014
CONTENIDO:SIMULACIÓN. LA FIGURA DE LA SIMULACIÓN DEL ACTO O CONTRATO, PUEDEN ATACAR JUDICIALMENTE TANTO QUIENES INTERVIENEN EN EL NEGOCIO QUE SE PRETENDE DEVELAR, COMO LOS TERCEROS AFECTADOS POR EL MISMO, DE QUIENES SE EXIGE QUE SU INTERÉS SEA CIERTO Y REAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN PAULIANA, SIMULACIÓN, PRENDA GENERAL DEL ACREEDOR, PROCESO ORDINARIO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:510 DE JUNIO DE 2014, PÁG.1049
Sentencia 2008-00069 de abril 9 de 2014
Ref.: Exp. 0800131030022008-00069-01
SC4468-2014
Bogotá, nueve de abril de dos mil catorce.
Aprobada en sala de veintiuno de octubre de dos mil trece.
1. Buscan los accionantes dejar sin efecto la transferencia que hicieron xxxx a la sociedad xxxx, de los derechos de que eran titulares en dos inmuebles, acumulando a la acción pauliana la petición subsidiaria de simulación.
2. El tribunal desestimó la petición principal, a la que había accedido el a quo, porque no se dan los supuestos exigidos para declararla, entre otras razones, por falta de legitimación en la causa por activa, defecto que también condujo al fracaso de la secundaria.
3. Las tres censuras se sustentan en yerros de facto por distorsión, suposición y preterición de algunas probanzas, argumentando que de ellas aflora la calidad de acreedores de xxx, lo que los facultaba para reclamar el buen suceso de los pedimentos.
4. Una de las variantes de la causal primera de casación, contemplada en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, consiste en la violación de la ley sustancial en forma indirecta, por la ocurrencia de errores de hecho al apreciar indebidamente la demanda, su contestación o alguna prueba. Estos desaciertos deben ser de tal magnitud que incidan adversamente en la forma como se desató el litigio, produciéndose un resultado contrario a la realidad procesal, lo que deja por fuera los replanteamientos del debate o postular novedosas fórmulas para definir el conflicto, sin que se alcance a derrumbar la solución dada por el fallador y que llega amparada de la presunción de legalidad y acierto.
Cuando la configuración del ataque se centra en una disconformidad con el examen de los elementos de convicción recaudados, debe hacerse un paralelo que evidencie la disparidad entre su verdadero contenido y lo que se tiene por demostrado, sin que se admita para tal efecto una proposición alterna, que aunque razonable, no logre socavar de tajo las conclusiones de la providencia censurada.
Al respecto la Corte, en sentencia del 9 de agosto de 2010, expediente 2004-00524, expuso que “[c]on ese propósito, al denunciarse en el punto la comisión de errores de hecho probatorios, pertinente resulta memorar que no cualquier yerro de esa estirpe es suficiente para infirmar un fallo en sede de casación, sino que se requiere que sea manifiesto, porque si se edifica a partir de un complicado proceso dialéctico, así sea acertado, frente a unas conclusiones también razonables del sentenciador, dejaría de ser evidente, pues simplemente se trataría de una disputa de criterios, en cuyo caso prevalecería la del juzgador, puesto que la decisión ingresa al recurso extraordinario escoltada de la presunción de acierto (...) En consecuencia, el error de hecho para que se configure, inclusive en materia de interpretación contractual, tiene explicado la Corte, además de trascendente, debe ser ‘tan grave y notorio que a simple vista se imponga a la mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o en otros términos, de tal magnitud, que resulte contrario a la evidencia del proceso. No es por lo tanto, error de hecho aquél a cuya demostración sólo se llega mediante un esforzado razonamiento’ (sent. 73, abr. 20/2001, exp. 6014, citando Cas. Civ., oct. 22/98) (...) El recurso extraordinario, por lo tanto, ‘no está, pues, para escenificar una simple disputa de criterios, y de esta suerte, ‘para el quiebre de la sentencia no es bastante ensayar un discurrir que se juzgue con mejor perfil dialéctico o con mayor rigor lógico; lo que hace indispensable que quien haga transitar el proceso por los senderos de la casación, y particularmente dentro del ámbito del error de hecho, debe presentarse a esta con argumentos incontestables, al punto de que la sola exhibición haga aparecer los del tribunal como absurdos o totalmente desenfocados, lo cual ha de detectarse al simple golpe de vista’ (sent. 6, feb. 12/98, exp. 4730, reiterando doctrina anterior)”.
5. Si bien la posibilidad de que toda persona acceda a la administración de justicia es un principio de orden constitucional, tal garantía no es absoluta, ni su ejercicio puede ser producto del capricho o el arbitrio de los querellantes. Solamente el titular de derechos o quien puede llegar a serlo, está facultado para ponerla en funcionamiento, frente al obligado a respetarlos o mantenerlos indemnes.
El nexo que une a las partes, permitiendo a la una accionar y a la otra responder a tales reclamos, es lo que se conoce como legitimación en la causa. Su importancia es tal, que no depende de la forma como asuman el debate los intervinientes, sino que el fallador debe establecerla prioritariamente en cada pugna al entrar a desatar la litis o, en casos excepcionales, desde sus albores.
De no cumplirse tal conexión entre quienes se traban en un pleito, se presentaría una restricción para actuar o comparecer, sin que se trate de un aspecto procesal susceptible de subsanación, sino que, por su trascendencia, tiene una connotación sustancial que impide abordar el fondo de la contienda.
La Corte en sentencia de 24 de julio de 2012, exp. 1998-21524-01, reiteró que “[l]a legitimación en la causa consiste en ser la persona que la ley faculta para ejercitar la acción o para resistir la misma, por lo que concierne con el derecho sustancial y no al procesal, conforme lo tiene decantado la jurisprudencia (...) En efecto, ésta ha sostenido que ‘el interés legítimo, serio y actual del ‘titular de una determinada relación jurídica o estado jurídico’ (U. Rocco, Tratado de derecho procesal civil, T. I, Parte general, 2ª reimpresión, Temis-Depalma, Bogotá, Buenos Aires, 1983, pp. 360), exige plena coincidencia ‘de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acción (legitimación activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acción (legitimación pasiva). (Instituciones de Derecho Procesal Civil, I, 185)’ (CXXXVIII, 364/65), y el juez debe verificarla ‘con independencia de la actividad de las partes y sujetos procesales al constituir una exigencia de la sentencia estimatoria o desestimatoria, según quien pretende y frente a quien se reclama el derecho sea o no su titular’ (Cas. Civ. sent. jul. 1°/2008, (SC-061-2008), exp. 11001-3103-033-2001-06291-01). Y ha sido enfática en sostener que tal fenómeno jurídico ‘es cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal, por cuanto alude a la pretensión debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido de éste’ (Sent. Cas. Civ., ago. 14/95, Exp. 4268, reiterada en el fallo de jun. 12/2001, Exp. 6050).
6. La legitimación, así mismo, depende de la naturaleza de la reclamación y del interés que se pretende hacer valer o garantizar, ya que indistintamente del vínculo existente entre los litigantes, debe hacerse uso de los medios apropiados para cada fin.
Es así como en el caso de los acreedores, estos cuentan con varios instrumentos para buscar la protección de la prenda general que respalda el cumplimiento de las deudas adquiridas por terceros a su favor, pudiendo acumularlos en algunos casos por la similitud en sus alcances, pero respetando algunas características que los restringen.
Por la relevancia para el caso estudiado es importante precisar cuáles son esas peculiaridades en las dos pretensiones propuestas, una principal y la otra subsidiaria, así:
a) De conformidad con el artículo 2488 del Código Civil “[t]oda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presente o futuros, exceptuándose solamente los no embargables designados en el artículo 1677”, por cuanto su patrimonio constituye la prenda general para responder por las cuentas pendientes.
A su vez, el artículo 2492 ibídem contempla la posibilidad de reconstruirlo, en caso de una disminución mediada por actos fraudulentos, haciendo uso de la acción pauliana que es a la que “[l]os acreedores tendrán derecho para que se rescindan los contratos onerosos, y las hipotecas, prendas y anticresis que el deudor haya otorgado en perjuicio de ellos, siendo de mala fe el otorgante y el adquirente, esto es, conociendo ambos el mal estado de los negocios del primero (...) Los actos y contratos no comprendidos en el número precedente, incluso las remisiones y pactos de liberación a título gratuito, serán rescindibles, probándose la mala fe del deudor y el perjuicio de los acreedores”.
Para su prosperidad es requisito sine qua non la condición de acreedor de quien la promueva, en vista de que está consagrada en su exclusivo beneficio, siendo imprescindible que demuestre la existencia de su crédito, si se tiene en cuenta que con ella se busca la revocación de los actos ejecutados “antes de la cesión de bienes o a la apertura del concurso”, que menoscaban el patrimonio del deudor en detrimento de aquellos.
La Corte señala como uno de los requisitos de este instrumento procesal “que con anterioridad al acto tachado de ineficacia, haya nacido y exista un crédito a favor del actor aun cuando éste no esté provisto de título ejecutivo extrajudicial, ni el crédito haya sido declarado por vía judicial ni se haya entablado de antemano acción para conseguir esa declaración, regla que no sufre excepción sino en aquellos eventos en que, no obstante ser anteriores a la acreencia, es viable la impugnación por fraude de actos concebidos y ejecutados precisamente en atención al crédito futuro, por lo común de origen legal, y con el fin doloso de privar por adelantado al acreedor de las garantías con que hubiera podido contar, esto por cuanto al decir del profesor Josserand ‘…no está permitido destruir una situación jurídica de los efectos que le confieren la ley o la convención, tomando fraudulentamente y por adelantado medidas de preservación’” (sent., jun. 28/91, exp. 2736).
A pesar de que no se requiere que el compromiso del solvens conste por escrito, si es necesario que haya claridad sobre en qué consiste el derecho personal pregonado por quien acude a la misma, predicándose unos contornos precisos que lo delimiten. Por tal razón, cuando el surgimiento de las obligaciones está sometido a una condición suspensiva, el accipiens no puede hacer uso de la acción pauliana, pues, ninguna lesión sería predicable frente a meras posibilidades, que afectan su consolidación a futuro. En su auxilio cuentan con mecanismos como las “providencias conservativas necesarias” establecidas en los artículos 1549 y 1550 ibídem.
La Sala en ese sentido tiene dicho que “referente a la acción revocatoria por fraude al derecho de crédito, de antaño el criterio jurisprudencial tradicional restringe la legitimación en la causa para promoverla a ‘los acreedores’, pero ‘no cualquier clase de acreedor, sino el que tenga un crédito preexistente… Por consiguiente, la relación jurídica entre acreedor y deudor debe existir cuando tiene nacimiento el acto cuya revocatoria se pretende’ (Cas. Civ., sent. mar. 14/84, G. J. CLXXVI, p. 85 y ss.), o sea, sólo ‘puede ser ejercida por los ‘acreedores anteriores al acto nocivo’ que produjo o que agravó la insolvencia del deudor, y respecto de los actos ‘reales y perfectos en sí mismos’.’ (LXXXII, 226), por responder a una finalidad protectora del derecho de crédito dirigida a preservar la integridad de la garantía genérica otorgada al acreedor ‘sobre los bienes presentes y futuros del deudor, pero no sobre los bienes pasados, que ya habían salido del patrimonio del deudor antes de contraer la obligación u obligaciones así garantizadas’ (Guillermo Ospina Fernández, Régimen General de las Obligaciones, 2a. ed. Editorial Temis, Bogotá, 1978, p. 189), en cuyo caso, en esta opinión, la garantía patrimonial no se disminuye, deteriora o afecta al integrarse con los bienes presentes, actuales o futuros, y no con los anteriores (...) En particular, el titular condicional está legitimado para proteger, preservar y conservar su interés, en función de la posterior ocurrencia del acontecimiento y su consolidación futura, imponiéndose en el estado de pendencia a su contraparte el deber de actuar con buena fe, lealtad, corrección y de abstenerse de conductas contrarias impeditivas de la verificación de la condición o, más ampliamente, lesivas de este interés. Al efecto, puede impetrar las acciones conservativas necesarias (C.C., arts. 1549, 1550 y 1136 ), comprensivas para algunos expositores, de la acción revocatoria por fraude. Fúndase, esta opinión en la finalidad protectora de la prenda general de los acreedores sobre el patrimonio del deudor, la buena fe y la represión del fraude con efecto ético, moralizador y tutelar del tráfico jurídico, a más que, el eventus damni, comprendería no sólo la pérdida o afectación efectiva, sino el riesgo de daño al crédito, incluso la dificultad importante para obtener la solución de la prestación. Por esto, se dice que, en la condición suspensiva hay acreedor con título no consolidado ni definido a plenitud, cuya tutela está amparada con medidas cautelares y una vez consolidada con las persecutorias (…) La jurisprudencia excluye al acreedor cuyo crédito está sujeto a condición suspensiva en pendencia (Cas. Civ., sents. ago. 22/67, G.J. CXIX, p. 191 y ss., nov. 13/68, G.J. CXXIV, pág. 375 y de mar. 14/84, G.J. CLXXVI, p. 85 y ss., entre otras), por cuanto ex artículo 1536 del Código Civil, suspende la adquisición del derecho, o sea, no se adquiere mientras esté pendiente sino una vez verificada la condición (Cas. Civ., sent., ago. 8/74, G.J. CXLVIII, pág. 192 y ss.)… En igual sentido, ha expresado que la acción pauliana procura remediar la insolvencia del deudor al disponer un bien o derecho en perjuicio del acreedor, su finalidad además de moralizadora y represiva del fraude al crédito, es la restauración del patrimonio debitoris, con la persecución y recuperación de un bien que ya salió del mismo en orden a preservar la garantía general de sus acreedores (C.C., art. 2488) para devolverlo a las condiciones preexistentes a la celebración del acto fraudulento, como si nunca se hubiera celebrado, y mientras un derecho esté sujeto a cualquier contingencia, futura e incierta, ningún perjuicio podría experimentarse. Asimismo, como la acción procura la inoponibilidad del acto fraudulento y perjudicial hasta concurrencia del detrimento al acreedor conservando efectos en el exceso, es personal, subordinada y procede cuando se frustra la principal, sólo el acreedor está legitimado para instaurarla, y por tanto, quien tiene un título crediticio claro, cierto o consolidado” (sent. oct. 14/2010, exp. 2001-00855-01).
b) Por su parte el artículo 1766 id preceptúa que “[l]as escrituras privadas, hechas por los contratantes para alterar lo pactado en escritura pública, no producirán efecto contra terceros (...) Tampoco lo producirán las contraescrituras públicas, cuando no se ha tomado razón de su contenido al margen de la escritura matriz, cuyas disposiciones se alteran en la contraescritura, y del traslado en cuya virtud ha obrado el tercero”.
Con base en ese precepto se ha desarrollado jurisprudencialmente la figura de la simulación del acto o contrato, que pueden atacar judicialmente tanto quienes intervienen en el negocio que se pretende develar, como los terceros afectados por el mismo, de quienes se exige que su interés sea cierto y real.
Si de los acreedores del transferente se trata, lo último significa que sus créditos no estén en discusión y tengan una relación directa con el acto que se pide reversar, porque ningún efecto se obtendría al deshacerlos si no se cuenta con mecanismos alternos para reclamar el cumplimiento de las obligaciones que piden amparar, por el hecho de que corresponden a meras expectativas.
Esta corporación, en fallo de 26 de agosto de 1938, precisó que por aparecer como de mayor amplitud la acción de simulación, respecto de la pauliana, “ello no quiere decir que un acreedor la pueda ejercitar de un modo irrestricto o ilimitado, puesto que también está circunscrita a ciertas circunstancias que se cifran en el perjuicio a los acreedores, consistentes en disminuir o suprimir bienes del patrimonio de su deudor y en la colusión del tercero con el deudor. Es claro que no habiendo perjuicio no cabe la acción y que el perjuicio a que se alude ha de ser la imposibilidad para el acreedor de hacer efectivos sus derechos (...) De modo, pues, que no es cualquier acreedor el que tiene el derecho de ejercitar la acción que se viene estudiando que no está condicionada a un concepto eventual, sino que para que prospere, el interés jurídico debe ser actual, o sea, que se ‘debe tratar de un interés protegido por la ley, que es burlado o desconocido por la colusión entre el deudor y el tercero. Y al hablar de intereses protegidos por la ley, deben entenderse no solamente aquellos concretados en derechos exigibles, como sería una deuda de plazo vencido, sino también aquellos constituidos por derechos claros y concretos aun cuando no sean actualmente exigibles, como sería una deuda cuyo plazo no se hubiera vencido”.
Y en pronunciamiento reciente precisó que “[e]n cuanto a la ‘legitimación del acreedor’ para demandar la ‘simulación’ frente a un determinado ‘acto o contrato’, deriva de la existencia o vigencia del crédito para cuando promueva la acción y el ‘interés jurídico’ se lo otorga el perjuicio cierto y actual irrogado por el ‘acuerdo simulado’, ya sea porque le imposibilite u obstaculice la satisfacción total o parcial de la ‘obligación’, o por la disminución o el desmejoramiento de los ‘activos patrimoniales’ del deudor” (sent. ago. 2/2013, exp. 2003-00168-01).
7. Se hallan demostrados los siguientes hechos relevantes para el pronunciamiento que se adopta:
a) Que xxxx citó a audiencia de conciliación a xxxx, así como a xxxx xxxx, para solucionar una diferencia surgida por sumas de dinero que el convocante suministró a su hermano xxxx, en vida, por quinientos sesenta y cinco millones setecientos noventa y seis mil quinientos noventa pesos ($ 565.796.590).
b) Que en el centro de conciliación de la Cámara de Comercio de Barranquilla, el 16 de diciembre de 2003, los participantes firmaron acuerdo, sobre los aspectos que se destacan (fls. 12 y 13, cdno. 1):
“Primera. En relación con las pretensiones, las partes acuerdan que serán los convocados xxx, xxx, en calidad de herederos del señor xxx xxx, los que concilian en el sentido de reconocer para pago de lo solicitado, sin aceptar su cuantía que será objeto de determinación posterior entre las mismas partes, un lote de terreno de la finca ‘La Alicia’ ubicada en el municipio de El Retiro (Ant.) identificada con la matrícula inmobiliaria 017-00001068 de la oficina de registro de instrumentos públicos de La Ceja (Ant.), que será determinado y concretado una vez se resuelva la partición con los otros copropietarios del predio antes mencionado que son entidades financieras y la sociedad xxxx”.
“Segunda. Una vez resuelto el asunto del proindiviso con los acreedores antedichos, para efectos de determinar la cuantía y el lote con que se pagarán las pretensiones conciliadas, los convocados presentarán una propuesta al convocante en un plazo no mayor a 90 días. Posterior a esa fecha habrá negociaciones entre los interesados en un plazo que no excederá 90 días más. La coordinación de este proceso estará por parte del convocante en el señor xxxx y por parte de los convocados en el señor xxxx xxxx, o quienes estos designen”.
“Tercera. El convocante señor xxxx, solicita que todos los acuerdos logrados en su favor en este trámite conciliatorio sean cedidos a favor de sus hijos xxxx, quienes en adelante serán los titulares de todos sus derechos para todos sus efectos legales, lo cual es aceptado por los convocados”.
“Cuarta. La parte convocante deja expresa constancia como fórmula integrante de esta conciliación que el señor xxxx, copropietario de la finca ‘La Alicia’ antes mencionada no está vinculado a la reclamación y al pago acordado, y se compromete a no discutir ni impugnar su título de propiedad y por el contraria a mantener las relaciones normales y corrientes de personas con un interés común”.
“Quinta. Las partes se declaran a paz y salvo mutuamente por los conceptos pactados y por tanto renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial relativa con el conflicto relacionado en este acuerdo, siempre y cuando se cumplan las obligaciones aquí consagradas; de esta manera, ninguno de ellos podrá reclamar la sanción por vía judicial derivada del conflicto que aquí se menciona”.
“Sexta. el presente acuerdo sustituye y deja sin efectos cualquier convenio verbal o escrito celebrado con anterioridad entre las partes, con el mismo objeto”.
c) Que en división material del bien raíz con folio 017-1068, convenida con xxxx y la Sociedad xxxxxxxxxxxxxxx, se adjudicó a xxxxx el dieciséis por ciento (16%), y a xxxx xxxx, un veintiocho por ciento (28%) para cada una, de un lote de terreno al que se le abrió la matrícula inmobiliaria 017-39036, según escritura pública 3395 de 29 de septiembre de 2006, de la Notaría 26 de Medellín (fl. 439, cdno. 1).
d) Que en el mismo instrumento se asignó a xxxxx, el lote 017-39037, desgajado del predio matriz (fl. 440, cdno. 1).
e) Que el 22 de noviembre de 2006 se constituyó la sociedad E. Posso y Cía. SCS, por escritura 2229 de la Notaría Quinta de Medellín, figurando como socia gestora xxx y comanditarias xxxx (fls. 15 al 22, cdno. 1).
f) Que el 22 de marzo de 2007, según consta en escritura 5369 de la misma notaría, las hermanas xxxx vendieron a la sociedad xxxx, los derechos que tenían en los anteriores inmuebles (fls. 440 y 443).
g) Que el 28 del mismo mes y año xxxx de xxxx envió correo electrónico a xxxx en el que le expuso que “[p]ara cumplir lo acordado en la audiencia de conciliación celebrada el 16 de diciembre del 2003 y reiterando que la propuesta que presentó no implica el reconocimiento de la suma que ustedes pretenden y sí darle término a esta enojosa y conflictiva situación, les entrego un lote de 6.412 mts2, que hace parte del lote 1A, de la que antes era la finca La Alicia, situado en el lado izquierdo de la entrada, en límites con Paulandia, descrito y especificado en el plano que te adjunto” (fls. 139 y 406).
h) Que el 25 de abril siguiente el destinatario lo respondió, manifestando extrañeza por su contenido y recalcando que “hasta el momento no han cumplido lo pactado en el acta de conciliación referida, por cuanto no se ha discutido ni acordado la cuantía de la obligación, de xxxx (q.e.p.d) a favor de mi padre, que ustedes ya reconocieron, asumieron y se obligaron pagar, requisito previo necesario, para poder discutir y acordar, el área y ubicación del lote de la finca La Alicia” (fl. 408).
i) Que el 7 de mayo xxxx reiteró la oferta, insistiendo que era “la última posición nuestra frente a lo dispuesto en la Conciliación celebrada en Barranquilla el 16 de diciembre de 2003” (fls. 144 y 409).
j) Que el 2 de agosto de 2007 las demandadas enviaron comunicación a xxxx y xxxx ratificando “la propuesta enviada el 28 de marzo de 2007 vía email” e instándolos a que “en el menor tiempo posible se allane a realizar la negociación de la propuesta presentadapor nosotros” (fl. 141).
k) Que ellas mismas pusieron al tanto de lo anterior a la conciliadora actuante (fl. 410).
8. No salen avante las acusaciones de la censora, por lo que se pasa a precisar:
a) Como bien lo resaltó el ad quem, los impugnantes no contaban al momento en que presentaron la demanda con una obligación clara y definible que estableciera su calidad de acreedores con legítimo derecho, requisito imprescindible en su situación particular, tanto para iniciar la acción pauliana, como la simulación subsidiaria.
La conciliación, según la definición que trae el artículo 1º del Decreto 1818 de 1998, “es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador”, que puede recaer sobre asuntos susceptibles de transacción o desistimiento, además de los que la ley expresamente indique.
Su importancia es tal, que la redacción original del artículo 38 de la Ley 640 de 2001, sin la reforma introducida por la Ley 1395 de 2010, exigía su agotamiento como requisito de procedibilidad “antes de acudir a la jurisdicción civil en los procesos declarativos que deban tramitarse a través del procedimiento ordinario o abreviado” y en el 43 de la misma Ley 640 de 2001 se posibilitó la realización de audiencias de conciliación “en cualquier etapa de los procesos”, ya sea de oficio o a solicitud de las partes.
Independientemente de que este medio se utilice para evitar un pleito latente o como una forma de terminar uno iniciado y en curso, además de que se celebre ante un conciliador de un centro debidamente autorizado para el efecto o en un despacho judicial, el convenio a que se llegue se debe hacer constar en un acta que, entre los requisitos del artículo 1º id, debe contener “[e]l acuerdo logrado por las partes con indicación de la cuantía, modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones pactadas”.
La claridad con que queden redactados los compromisos adquiridos y la forma de satisfacción, es lo que le confiere el mérito para su cumplimiento, así sea parcial, en caso de que alguno de los participantes falte a la palabra.
Si por el contrario el trato se consigna en términos vagos o confusos, dando cabida a dudas o vacilaciones, quiere decir que sigue un conflicto latente y, por ende, una imprecisión de los deberes correspondientes que restringe sus alcances.
En esos términos, un acta en la que se diga, afirme o consigne que se solucionó una diferencia, pero queda sometida a cuantificación posterior o la discusión de situaciones relevantes para su cumplimiento, impide que se perfeccionen las reclamaciones recíprocas de los firmantes.
Al respecto tiene dicho la Corte que “bueno es recordar que la avenencia debe ser uno de los bienes más codiciados por el hombre, y en esa dirección se prevé la conciliación judicial como uno de los mecanismos positivos para la composición de los litigios. Empero, para no hacer referencia sino a lo estrictamente necesario al caso, es apenas natural la necesidad de que en ello medie el consentimiento claro y expreso, de tal suerte que no haya lugar a equívocos, lo que supone, casi sobra decirlo, que las fórmulas conciliatorias estén lo más acabadas posible en orden a que la eficacia volitiva no resulte frustrada a la larga. En el mundo de la negociación conviene desterrar la ambigüedad. Por lo demás, se exige que el juzgador, ante quien se concilia, suscriba el acta que tal cosa recoja (...) Y comentario tal tiene por objeto denotar cómo en este caso no pudo darse la mentada conciliación. Porque bien miradas las cosas, lo que hubo fue un conato de conciliación, la cual no llegó a feliz término por la sencilla razón de que jamás hubo el cruce de voluntades que ella implica. En efecto, vino a acontecer que el actor propuso una fórmula de arreglo consistente en el mero ofrecimiento de transferir el dominio de unos inmuebles —fórmula incipiente, como que ni siquiera se identificaron debidamente los bienes—; luego, como fruto del camino que normalmente recorren quienes quieren aproximarse a un acuerdo negocial, hubo una contrapropuesta, consistente ya en que aquella fórmula era de recibo siempre y cuando los bienes por él ofrecidos tuviesen determinado valor, y en caso contrario se comprometía a cancelar el faltante. Sin embargo, ante situación semejante, y aquí está la piedra de toque en el asunto, el juzgado, precipitadamente, llamó acuerdo a lo que era una contrapropuesta; es decir, supuso el cruce de voluntades. Mas, ante la reacción del actor, corrigió su punto de vista, entendió que en verdad había imaginado la voluntad de las partes, enderezó el entuerto y al cabo de no obtener la anuencia del demandante, declaró fracasada la conciliación” (sent., sep. 19/2001, exp. 6707).
Precisamente ese fue el escenario con el que se encontró el tribunal en este evento, cuando anotó que “lo acordado es que en caso de determinarse alguna deuda entre demandante y demandado, ello se pagaría con parte del inmueble ‘La Alicia’ siempre y cuando los arreglos con los otros propietarios y acreedores (entidades financieras y la sociedad Sumazari) así lo permitieran. Y si las cosas son de ese tenor, la conclusión es que en el caso remoto de deducir de esa acta de conciliación alguna obligación, ella estaría sujeta a condición suspensiva, de la cual no existe ninguna prueba en la actuación, de que se haya cumplido”.
No es ajena a la realidad procesal dicha manifestación, pues, responde al tenor literal del acta que se dice distorsionada, cuando de su contenido afloran varias condiciones y trámites previos al perfeccionamiento de una obligación concreta a cargo de las opositoras, que, aunque se cumplieron en parte, apenas dan lugar a tener por formulada la propuesta y su rechazo por los promotores.
Del clausulado se pueden extraer, entre otras, estas conclusiones:
(i) A pesar de que se citó a xxxx, se desvinculó de cualquier reclamación.
(ii) xxxx y xxxx, las tres últimas como herederas de xxxx, se comprometieron a formular una propuesta con posterioridad, sin reconocer la suma pedida.
(iii) El ofrecimiento recaería sobre una franja de terreno a segregar del predio La Alicia, sin demarcar el área, linderos o cualquier otro elemento que lo tuviera por individualizado; además, quedaba pendiente de la partición del globo mayor con otros copropietarios ajenos a la diferencia que se buscaba finiquitar.
(iv) La solución se enviaría dentro de los noventa (90) días siguientes a la división y se dispuso un lapso igual para negociar.
(v) Admitieron como cesionarios de xxxx a sus hijos xxxx.
(vi) Los paz y salvos recíprocos eran por los “conceptos pactados”, pero no se indicó ninguno.
(vii) Renunciaron a adelantar procesos o reclamaciones “siempre y cuando se cumplan las obligaciones aquí consagradas”.
Quiere decir que en ese mismo acto no aparecen cuantificadas las pretensiones económicas de xxxx ni se concretó el área o alinderamiento del bien a entregar como pago. Si mucho quedaron esbozados los pasos a seguir en una concertación posterior, pero partiendo de cero.
En el texto están ausentes las reglas o directrices concretas para comprobar a posteriori el monto ajustado o los patrones para delimitar lo que se avenían a entregar las contradictoras. Tampoco se fijó un precio para el metro cuadrado o los valores diferenciales del terreno, las condiciones de lo que estaban dispuestos a recibir los accionantes ni qué sucedería si las negociaciones fracasaban.
Por lo tanto, mal podía decirse que los gestores pudieran derivar de la confusa redacción del acuerdo algún crédito cierto a cargo de las hermanas xxxx.
La vaguedad y complicación de los términos consignados imposibilitaban así el ejercicio de las dos acciones acumuladas, como acertadamente reparó el fallador de segundo grado.
b) Los escollos de la conciliación no se superaban con las demás pruebas documentales que señalan preteridas los opugnadores, pues, de las mismas si mucho se desprende el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las demandadas, al presentar la propuesta, y que a la fecha en que se dio inicio al litigio no existía una coincidencia entre lo querido por los promotores o lo debido por xxxxx y xxxx.
Si bien la partición que todos los comuneros hicieron del globo mayor se concretó el 29 de septiembre de 2006, y Elodia Posso se puso en contacto con xxxxx el 28 de marzo de 2006, cuando ya había transcurrido el lapso convenido, lo cierto es que su ofrecimiento recayó sobre “un lote de 6.412 mts², que hace parte del lote 1A, de la que antes era la finca La Alicia, situado en el lado izquierdo de la entrada, en límites con Paulandia, descrito y especificado en el plano que te adjunto”.
De haberse aceptado ese predio por el destinatario y su padre, sin lugar a dudas otro sería el resultado del pleito, pues, el acta, la propuesta y el beneplácito, en su conjunto, darían respaldo al querer de quienes habrían consolidado su condición de acreedores. Sin embargo, fue desechado enfáticamente por ellos, o al menos no obra en el plenario, ni se aduce en el ataque, algún elemento de convicción del que se infiera un acuerdo sobre el particular.
Por el contrario la réplica que envío xxxx a las oferentes fue en el sentido de que “no se ha discutido ni acordado la cuantía de la obligación (...) requisito previo necesario, para poder discutir y acordar, el área y ubicación del lote de la finca La Alicia”.
c) El hecho de que no se haga en el fallo una enunciación discriminada de todas las probanzas no significa su desconocimiento en los términos de los ataques propuestos.
Al precisar el tribunal que “en el caso remoto de deducir de esa acta de conciliación alguna obligación, ella estaría sujeta a condición suspensiva, de la cual no existe ninguna prueba en la actuación, de que se haya cumplido”, lleva implícita la valoración que se le dio a todos los que fueron debidamente incorporados, sin que de ellos fuera posible estructurar la existencia de la legitimación en la causa extrañada.
Así ocurre con los medios de convicción producidos en 2007, esto es, el correo electrónico que remitió xxxxx a xxxx el 28 de marzo; los escritos del 2 de agosto que aquella y sus hijas hicieron llegar a xxxx y xxxx, así como a la conciliadora; y el mensaje de 9 de mayo con que xxxx reenvía a xxxx y xxxxxxxxxxx el que a su vez redactó xxxx xxxx.
Como se resaltó con antelación, todos ellos se elaboraron en atención a la conciliación celebrada y como muestra de buena fe de las opositoras frente a lo acordado, pero de su contendido, a pesar de que se ofrece transferir a xxxx xxxx y sus cesionarios una porción del inmueble La Alicia, no surge nada distinto a una considerable diferencia entre sus posiciones, que se manifestó al no aceptar los beneficiarios tal proposición, dando al traste con la condición suspensiva a que se refiere el sentenciador.
Por ende, no resulta contraevidente la deducción del tribunal de que no surgió una obligación clara y concreta a cargo de las hermanas xxxxx y su progenitora, porque de las pruebas indicadas, así provengan de ellas, no emerge que fueran deudoras de los gestores al quedar muchas cosas por definir. Esto justifica ampliamente el que no las hubiera enunciado expresamente en su decisión.
La corporación en reparo similar al que se analiza señaló que “[s]i, eventualmente, los términos del discurso del impugnante derivaron de la forma en que el tribunal acometió el examen probatorio, es decir, en la medida en que no aludió en forma expresa y singular a cada medio de prueba, cumple precisar que la Corte ha plasmado su parecer, en multitud de providencias, sobre tal tópico, habiendo concluido, de manera constante, que la falta de mención uno a uno de dichos elementos, no constituye per se una preterición de los mismos, cuando del texto del fallo se desprende que fueron sopesados integralmente” (sent. jul. 31/2013, exp. 2003-00157-01).
d) Verificada por el juzgador la ausencia de interés de padre e hijo para proceder como lo hicieron en estas instancias judiciales, ninguna relevancia tiene el que entrara a revisar los supuestos de la acción pauliana, pues, el carácter sustancial de la falta de legitimación en la causa para accionar, truncaba las pretensiones en ese sentido.
Sin embargo, llama la atención que si se denunciaba como deudoras a xxxx, el esfuerzo demostrativo de los promotores debió dirigirse, primordialmente, a verificar el estado de insolvencia de estas y que estaban en imposibilidad de cumplir las cargas pecuniarias exigibles o por vencer.
Sobre ese particular guardaron silencio los impugnantes, pues, ciñen los reclamos a la transferencia de los derechos de las demandadas en los inmuebles a una sociedad de la cual ellas mismas son comanditarias, sin que aparezca ninguna mención a una desmejora de su estado económico.
Fuera de lo anterior, el consilium fraudis, tampoco se desprende de los instrumentos de constitución de xxxx ni de la venta que de las cuotas en proindiviso en los inmuebles hicieron las adjudicatarias a aquella. Ello si se tiene en cuenta que las conversaciones entre las partes continuaron con posterioridad a su otorgamiento, por intermedio de quien detentaba la calidad de socia gestora o colectiva y que las comanditarias eran precisamente las mismas enajenantes.
Aun siendo el ente societario una persona diferente a quienes lo conforman, no existen razones para concluir que tal proceder se hizo con el ánimo de defraudar las expectativas de sus parientes, cuando de consuno las asociadas podían continuar los diálogos y precisar los puntos que seguían en discusión, para que en junta de socios se tomaran la medidas necesarias para la consolidación del acuerdo, autorizando a la gestora el otorgamiento de los instrumentos públicos a que hubiera lugar.
Además, las precisiones sobre las carencias demostrativas de los negocios que celebraron los hermanos xxxx, de ninguna manera constituyeron una intromisión en aspectos ya superados con el acuerdo extraprocesal, sino una forma de verificar la certeza y claridad de la deuda que pregonaban los accionantes, en vista de los vacíos que lo privaban del efecto pretendido.
9. Como lo encontró establecido el fallador, si bien existe un nexo entre los litigantes derivado de la conciliación extrajudicial que hicieron constar en acta, el mismo no tiene la connotación para habilitar la acción pauliana ni la petición simulatoria para los promotores, por la indeterminación de las obligaciones que de allí supuestamente emanaron.
Por ende, ningún reparo admite la valoración que se le dio a las pruebas y el resultado desfavorable para los censores que aparejaba esa falta de legitimación en la causa por activa.
10. Los cargos, en consecuencia, no prosperan.
11. Teniendo en cuenta que la decisión es adversa, de conformidad con el último inciso del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el 19 de la Ley 1395 de 2010, se condenará en costas a los recurrentes. Se fijarán en esta providencia las agencias en derecho. Para su cuantificación se tendrá en cuenta que el libelo no fue replicado (fls. 47 y 48).
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 12 de diciembre de 2011, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario de xxxx y xxxx xxxx contra la sociedad xxxx, xxxx, xxxx y xxxx.
Costas a cargo de los recurrentes las que serán liquidadas por la Secretaría, e incluirá en estas la suma de tres millones de pesos ($ 3.000.000) por concepto de agencias en derecho».

References: artículo 368
e contrario
 artículo 2488
 artículo 1677
 artículo 2492
 artículo 1536
 artículo 1766
 artículo 1
 resolución 
 artículo 38
 artículo 1
 artículo 375