Source: http://fabianzambranoviedma.blogspot.com.es/2017/03/las-medidas-simplificadas-de-diligencia.html
Timestamp: 2017-11-22 03:22:29+00:00

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El Blog de Fabián Zambrano Viedma: Las medidas simplificadas de diligencia debida en la prevención del blanqueo de capitales
Es en el Art. 17 del Reglamento donde se determinan ahora las concretas medidas simplificadas de diligencia debida que los sujetos obligados podrán aplicar en función del riesgo, en los supuestos establecidos por los Art. 15 y 16, reservándose la Ley, en el Art. 10, los criterios de graduación para la aplicación de esas medidas simplificadas de diligencia debida.
No voy a analizar en esta entrada la casuística de los artículos 15 y 16 del Reglamento, remitiendo para su lectura al texto normativo; estos supuestos afectan a la actividad económica concreta de diversos sujetos obligados, que en su momento hicieron llegar a la Administración las razones de su interés para la simplificación de las medidas de diligencia debida, recogiendo el Reglamento los que la Administración consideró de riesgo reducido, siempre que cumplan con el criterio que se determina en la letra a) del artículo 10.1 de la Ley 10/2010):
“Con carácter previo a la aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida respecto de un determinado cliente, producto u operación de los previstos reglamentariamente, los sujetos obligados comprobarán que comporta efectivamente un riesgo reducido de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.”
Tras este análisis de riesgos, los sujetos obligados podrán decidir si aplican una o varias de las medidas de diligencia debida establecidas en el Art. 17 del Reglamento:
b) Reducir la periodicidad del proceso de revisión documental
En la aplicación de las medidas simplificadas de diligencia debida a los supuestos reglamentados, los sujetos obligados también están sometidos a los criterios que se especifican en las letras b) y c) del Art. 10 de la Ley 10/2010, y que se resumen en el Art. 17.2 del Reglamento:
“La aplicación de las medidas simplificadas de diligencia debida será en todo caso congruente con el riesgo. Los sujetos obligados no aplicarán o cesarán de aplicar medidas simplificadas de diligencia debida tan pronto como aprecien que un cliente, producto u operación no comporta riesgos reducidos de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.
Los sujetos obligados mantendrán en todo caso un seguimiento continuo suficiente para detectar operaciones susceptibles de examen especial de conformidad con lo prevenido en el artículo 17.”
¿Qué pasa con el resto de supuestos que no están reseñados específicamente en el Reglamento? ¿Podrían ser suceptibles de aplicación de medidas de diligencia debida simplificada?
La respuesta está en el artículo 7.1 de la Ley 10/2010, que permite a todos los sujetos obligados la determinación del grado de aplicación de algunas medidas normales de diligencia debida para supuestos no reglamentados.
Esta graduación afectaría a la identificación del titular real (artículo 4), a la averiguación del propósito e índole de la relación de negocios (artículo 5), y al seguimiento continuo de la relación de negocios (artículo 6), siempre que los sujetos obligados cumplan con lo siguiente:
Así pues, existen legalmente dos criterios para poder aplicar medidas de diligencia debida simplificada:
El que atiende a los supuestos expresamente definidos en el Reglamento, Art. 15, 16, y 18.
El que atiende a la graduación en la aplicación de las medidas normales para clientes, productos y operaciones en base al Art. 7.1 de la Ley 10/2010, siempre que se justifique y demuestre ante las autoridades competentes, que la graduación acordada tiene el alcance adecuado en vista del riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.
Los sujetos obligados, por tanto, habrán de gestionar en su operativa diaria dos escenarios en relación con las medidas simplificadas de diligencia debida:
El de los supuestos reglamentados (con las medidas simplificadas de diligencia debida especificadas en el Art. 17 del Reglamento)
El de los supuestos no reglamentados (con la graduación en la aplicación de las medidas normales de diligencia debida en los supuestos no contemplados en los Art. 15 y 16 del Reglamento)
Si analizamos las medidas simplificadas de diligencia debida especificadas en el Art. 17 del Reglamento, veremos que constituyen también una graduación menor en la aplicación de algunas medidas normales de diligencia debida.
Nada impediría por tanto, ni legal ni reglamentariamente, que las medidas reglamentadas, o la graduación de otras no definidas específicamente en el Reglamento, pudieran ser aplicadas por los sujetos obligados a supuestos no reglamentados que afectasen a su actividad económica, siempre que se cumpliese con los requisitos del artículo 7 de la Ley 10/2010.
La Ley abre con este artículo 7 un resquicio, para que los sujetos obligados puedan definir internamente los tipos de clientes, productos y operaciones, referidos a su actividad económica concreta, a los que quieran y puedan aplicar las medidas simplificadas reglamentarias, o graduar la aplicación de algunas medidas normales de diligencia debida, siempre que demuestren a las autoridades competentes que las medidas adoptadas tienen el alcance adecuado en vista del riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, asumiendo también que las decisiones que tomen en este sentido quedarán bajo su exclusiva responsabilidad.
Es el propio artículo 7 de la Ley 10/2010 el que ofrece a los sujetos obligados los criterios que deben utilizarse, tanto para la definición interna de los tipos de clientes, productos y operaciones a los que se les quieran aplicar las medidas simplificadas de diligencia debida, como para determinar la graduación en la aplicación de algunas de las medidas normales de diligencia debida, dejando abierto así un camino legal para que los sujetos obligados puedan adoptar por sí mismos y al margen del Reglamento, medidas simplificadas de diligencia debida.
El análisis de riesgos deberá constar por escrito.
La mejor guía para poder justificar internamente y demostrar externamente, que las medidas simplificadas de diligencia debida que se quieren adoptar para determinados clientes, productos y operaciones, tienen el alcance adecuado en vista del riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, es la que pueden construir los sujetos obligados a partir del análisis operativo del documento del SEPBLAC titulado: “Recomendaciones sobre las medidas de control interno para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”, al que pueden acceder a través de la página Web de la Institución.
El tema que estamos analizando toca uno de los aspectos de la prevención BC/FT con más interés dentro de la interpretación de la Ley 10/2010, puesto que tiene que ver con la optimización de los recursos que han de utilizarse para el cumplimiento de la misma.
Sabemos que resultan muy diferentes los grados de exposición al riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo de los grupos de sujetos obligados del artículo 2; diferencias que se mantienen aún dentro de cada grupo cuando se analizan en detalle las tipologías de los clientes, de los productos y de las operaciones.
La forma más práctica de autoevaluación nos la ofrece el propio Órgano Supervisor mediante el “Informe de autoevaluación del riesgo ante el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”, que aparece en el punto 3.1 de las Recomendaciones.
La obligación de autoevaluación está recogida en el Artículo 32 del Reglamento, que dice así:
Así pues, cualquier sujeto obligado por si sólo o con ayuda de sus asesores externos, debería ser capaz de confeccionar su propio informe de autoevaluación atendiendo a los factores objetivos de riesgo que podrían afectarle, como son entre otros, los que aparecen en el documento de recomendaciones del SEPBLAC:
En el punto 3.1 del documento de recomendaciones del SEPBLAC se ofrece un modelo de informe, que cada sujeto obligado podrá adaptar a sus particulares circunstancias. Con este informe, el sujeto obligado cumpliría con el tercer criterio de los exigidos por el artículo 7 de la Ley 10/2010 y el Art. 32 del Reglamento: El análisis del riesgo deberá constar por escrito.
Una vez evaluados los diferentes factores de riesgo, el sujeto obligado determinaría a qué tipo de clientes, productos y operaciones va aplicar las medidas simplificadas de diligencia debida, o atemperar la graduación en la aplicación de algunas de las medidas normales, con lo que cumpliría con el primer criterio exigido por el artículo 7: El grado de aplicación se hará en función del riesgo y dependiendo del tipo de cliente, relación de negocios, producto y operación.
En este proceso se seguirían también las indicaciones que ofrece el SEPBLAC en el punto 3.5 de su documento de recomendaciones, que está dedicado a la política de admisión de clientes.
Conviene añadir que en los supuestos no reglamentados a los que se apliquen medidas simplificadas de diligencia debida, los sujetos obligados estarán sometidos también a los criterios especificados en las letras b) y c) del Art. 10 de la Ley 10/2010:
Este criterio general aparece recogido en el Reglamento para las medidas simplificadas de diligencia debida en el punto 2 del artículo 17, con el siguiente texto: “Las medidas simplificadas de diligencia debida deberán ser congruentes con el riesgo. En ningún caso podrán aplicarse medidas simplificadas de diligencia debida, o cesarán de ser aplicadas, si concurren o surgen indicios o certeza de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo o riesgos superiores al promedio.”
Consideraciones para los sujetos obligados integrados en el Régimen especial de umbrales establecido por el Reglamento.
Pueden optar a este régimen especial, todos los sujetos obligados que, con inclusión de los agentes, ocupen a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocio anual o cuyo balance anual no superen los 2 millones de euros y no estén integrados en un grupo empresarial que supere dichas cifras.
En relación con el tema que estamos analizando, este régimen especial permite que los sujetos obligados queden liberados, entre otras, de las siguientes obligaciones que afectan directamente a la aplicación de las medidas simplificadas de diligencia debida y/o a la graduación en la aplicación de las medidas normales de diligencia debida:
De tener que aprobar por escrito y aplicar una política expresa de admisión de clientes.
De tener que documentar el análisis de riesgos
Estas exenciones podrían afectar el cumplimiento de los criterios que se establecen en el Art. 7 de la Ley 10/2010 para la graduación en la aplicación de las medidas normales de diligencia debida, puesto que el Art. 7.1 de la Ley 10/2010 dice lo siguiente: “Los sujetos obligados aplicarán cada una de las medidas de diligencia debida previstas en los precedentes artículos, pero podrán determinar el grado de aplicación de las medidas establecidas en los artículos 4, 5 y 6 en función del riesgo y dependiendo del tipo de cliente, relación de negocios, producto u operación, recogiéndose estos extremos en la política expresa de admisión de clientes a que se refiere el artículo 26.
Los sujetos obligados deberán estar en condiciones de demostrar a las autoridades competentes que las medidas adoptadas tienen el alcance adecuado en vista del riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo mediante un previo análisis de riesgo que en todo caso deberá constar por escrito.”
La solución a este dilema estaría en que el régimen especial de umbrales no libera a los sujetos obligados de tener que aplicar políticas y procedimientos adecuados de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y aunque estén exentos de aprobarlas por escrito, no significa ello no tenerlas por escrito, puesto que la aplicación de políticas y procedimientos no sería posible en la práctica operativa, si no estuvieran previamente escritas de alguna manera, ya sea en soporte físico o electrónico.
En cuanto a la exención de tener que documentar el análisis de riesgos, no impide que el mismo esté por escrito, aunque no tenga que adaptarse necesariamente al modelo documental que en cada momento exija la Administración a los sujetos obligados sometidos al régimen general, modelo que actualmente sería el informe de autoevaluación que el SEPBLAC ha detallado minuciosamente en su documento de “Recomendaciones”.
De alguna manera, los sujetos obligados acogidos al régimen de umbrales, también han de tener documentados, pero sin obligaciones ante terceros, tanto el análisis de riesgos, como la política de admisión de clientes, por lo que estarían en condiciones de demostrar a las autoridades competentes que las medidas adoptadas tienen el alcance adecuado en vista del riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.
Esta interpretación nos ofrece un escenario de cumplimiento más realista desde el punto de vista operativo para los sujetos obligados que se acojan al régimen de umbrales, al tener que contar todos ellos con:
Políticas y procedimientos, que por pura lógica estarán por escrito aunque no sean tan exhaustivos y detallados como los del régimen general, entre las que se encontrará la de admisión de clientes.
Un informe de autoevaluación del riesgo, aunque no sea tan exigente y documentado como el que tienen los sujetos obligados sometidos al régimen general.
Esta realidad práctica es la que permitiría a estos sujetos obligados poder aplicar, con la necesaria seguridad jurídica, la graduación de las medidas normales de diligencia debida para aquellos clientes, productos y operaciones que consideren de menor riesgo en su actividad económica ordinaria, puestos que podrán cumplir con todos los criterios que establece el artículo 7.1 de la Ley 10/2010.
Publicado por Fabián Zambrano Viedma en 2:20

References: artículo 10
 artículo 17
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 2
 Artículo 32
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 17
 artículo 26
 artículo 7