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TEMA12~2 | Regulación | Estatuto de limitaciones
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TEMA 12: PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. FASES. EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES. PRESCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN. RECOMPENSAS. TRÁMITES.
1.- PROCEDIMIENTO SANCIONADOR: FASES
Para comprender el procedimiento sancionador contemplado en el Reglamento penitenciario es necesario comenzar por estudiar los principios generales que lo informan que se encuentran recogidos en la Ley penitenciaria (artículo 44), en la Ley 30/1992 de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Título IX aplicable según dispone el artículo 232 número 1 del Reglamento penitenciario), el propio Reglamento penitenciario (Título X, capítulo III). A lo que habría que añadir las garantías procesales contenidas en el artículo 24 de la Constitución en lo que le sea aplicable, pues ha sido el Tribunal Constitucional, desde su sentencia 18/1981 de 8 de junio, el que ha extendido las garantías procesales de dicho precepto a los procedimientos administrativos sancionadores con las matizaciones que luego se verán.
a) El derecho a un procedimiento reglado
Dispone el artículo 134 número 1 de la Ley 30/1992 que “el ejercicio de la potestad sancionadora requerirá procedimiento legal o reglamentariamente establecido”, y en número 3 del mismo precepto señala que “en ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el necesario procedimiento”. Ello impide la imposición de la sanción sin seguir el oportuno
procedimiento, y en tal sentido, el artículo 240 del Reglamento penitenciario señala que “los procedimientos (ordinario y abreviado) para la imposición de sanciones por faltas disciplinarias se ajustarán a lo dispuesto en los artículos siguientes”.
b) Separación de fase instructora y decisora
El artículo 134 número 2 de la Ley 30/1992 señala: “los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deberán establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a órganos distintos”. Siguiendo este principio el Reglamento penitenciario encomienda la instrucción del procedimiento al funcionario que elija el Director del Establecimiento, excluyendo a aquél que haya practicado la información previa o quien pudiera estar implicado en los hechos sobre los que se va a instruir (artículo 242 número 1). En cuanto a la decisión, el Reglamento penitenciario ha desdoblado la atribución en función de la clase de infracción siendo competencia del Director la imposición de sanciones por falta leve (artículo 251 número 1, apartado c) y a un órgano colegiado, la Comisión Disciplinaria, la de faltas graves o muy graves (artículo 277).
El artículo 137 número 1 de la Ley 30/1992 dispone que “Los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario”. Nada dice al respecto el Reglamento penitenciario, si bien la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha hecho referencia a ella en varias ocasiones (así Sentencia 97/1995, de 20 de junio).
La presunción de inocencia con la que cuenta el interno incurso en un procedimiento sancionador es una presunción que puede ser desvirtuada por una prueba en contrario, esto es, mediante una actividad probatoria que pruebe la culpabilidad de aquél. Pero dicha actividad probatoria debe estar revestida de una serie de garantías, pues como ha dicho el Tribunal Constitucional, las garantías procesales establecidas en el artículo 24 de la Constitución son aplicables, además de en el proceso penal, en los procedimientos administrativos sancionadores, con las matizaciones que resultan de su propia naturaleza. Así la prueba será practicada por el Instructor del expediente en base al principio de libre valoración, al no existir en el procedimiento sancionador pruebas de valoración tasada.
e) Principios relativos al derecho de defensa
El derecho de defensa, que según el Tribunal Constitucional se cumple cuando la sanción es impuesta después de un procedimiento en el que se ofrece audiencia al administrado y se le permite hacer uso de los medios de prueba y de contradicción en la defensa de sus derechos o intereses, ha sido profusamente reconocido en el ámbito penitenciario, incidiendo en la necesidad de que el interno pueda utilizar los medios probatorios pertinentes para su defensa. En este sentido, el artículo 44 número 2 de la Ley penitenciaria señala que “ningún interno será sancionado sin ser previamente informado de la infracción que se le atribuya y sin que se le haya permitido presentar su defensa, verbal o escrita”, y el 135 párrafo 3 de la Ley 30/1992 reconoce, como derecho del presunto responsable, el “formular alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento jurídico que resulten procedentes”
Son presupuestos necesarios para hacer efectivo el derecho de defensa:
El derecho a ser informado de la acusación.
El derecho a asesorarse durante la tramitación del procedimiento.
El derecho a asistirse de un intérprete en caso de ser extranjero y desconocer el castellano (artículo 242 número 2 apartado i del Reglamento penitenciario).
El derecho a no declararse culpable ni a declarar contra sí mismo.
f) El principio de audiencia
El artículo 84 número 1 de la Ley 30/1992 dispone que “instruidos los procedimientos e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, salvo lo que afecte a las informaciones y datos a que se refiere el artículo 37.5 “. En el número 2 del mismo precepto se señala que “los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes”. En el ámbito penitenciario es el artículo 244.4 del Reglamento penitenciario el que consagra el principio de audiencia, al establecer que: “Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá de manifiesto al interesado para que, en el plazo de diez días, alegue o presente los documentos y justificaciones que estime pertinentes”.
g) La tutela judicial efectiva
El derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución tiene plena aplicabilidad para los internos de los Centros penitenciarios, presentando dos manifestaciones fundamentales:
1ª.- El libre acceso a la jurisdicción, que se concreta en el derecho a ser parte en el proceso y a poder promover la actividad jurisdiccional a fin de obtener una decisión judicial sobre las pretensiones formuladas a través de las correspondientes vías procesales legalmente establecidas.
Este derecho encuentra acogida en el ámbito del procedimiento sancionador penitenciario en la tutela en la que, tanto de algunos trámites procedimentales (medidas cautelares y ejecución inmediata) como de la resolución final del procedimiento recibe del Juez de Vigilancia Penitenciaria a través de las oportunas aprobaciones legalmente necesarias y de las quejas y recursos interpuestos por el interno.
2ª.- El derecho a obtener una decisión judicial fundada en Derecho, habiendo señalado el Tribunal Constitucional que, lógicamente, este derecho no supone que la resolución haya de ser favorable al justiciable, siendo tan sólo exigible que sea motivada y congruente.
Pues bien todos estos principios, con la interpretación dada a los mismos por el Tribunal Constitucional, han informado al procedimiento sancionador instaurado en el Reglamento penitenciario de 1996, el cual se estructura en las siguientes FASES.
Establece el artículo 241 del Reglamento penitenciario:
1.- Cuando aprecie indicios de conductas que puedan dar lugar a responsabilidad disciplinaria, el Director del establecimiento acordará de oficio y motivadamente la iniciación del procedimiento sancionador de alguna de las siguientes formas:
2.- El Director también acordará de oficio la iniciación del procedimiento como consecuencia de orden emitida por un órgano administrativo superior jerárquico.
3.- Para el debido esclarecimiento de los hechos que pudieran ser determinantes de responsabilidad disciplinaria, el Director podrá acordar la apertura de una información previa, que se practicará por un funcionario del establecimiento designado por el Director, quien elevará a aquél un informe con el resultado y valoración de las diligencias practicadas. Dicha información previa se acordará siempre que un interno formule denuncia de hechos susceptibles de sanción disciplinaria, salvo cuando ésta carezca manifiestamente de fundamento”.
La instrucción presupone, como requisito previo, el nombramiento del instructor por parte del Director, quien lo realiza en el acuerdo de iniciación, recayendo en el funcionario que éste estime conveniente, quedando prohibido el nombramiento de quien haya practicado la información previa y quien pudiera estar implicado en los hechos (artículo 242 número 1 del Reglamento penitenciario).
El pórtico de la Instrucción viene representando por la formulación, por parte del instructor, del pliego de cargos, cuyo contenido señala el artículo 242 número 2 del Reglamento penitenciario, y que se cifra en:
f) Calificación jurídica de tales hechos, indicando el apartado concreto del artículo del Reglamento penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, en el que puedan estar comprendidos, así como las sanciones que, en su caso, se podrían imponer con a misma indicación del precepto aplicable de dicho Reglamento.
k) Fecha y firma del instructor del expediente”.
Pero, sin duda alguna, es la regulación de las medidas cautelares una de las mayores novedades que introdujo el Reglamento penitenciario de 1996, pues nada decía al respecto el Reglamento de 1981.
El artículo 243 número 1 señala que: “El Director, en el ámbito de las facultades que le atribuye este Reglamento, por sí o a propuesta del Instructor del expediente disciplinario, podrá acordar en cualquier momento del procedimiento, mediante acuerdo motivado, las medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer y el buen fin del procedimiento, así como para evitar la persistencia de los efectos de la infracción”.
El órgano competente para acordar las medidas cautelares es el Director, lo cual podrá hacer:
a) Antes de la redacción del pliego de cargos. Se trata de los casos en los que antes de tal redacción ya se ha acordado una medida regimental (artículo 75 del Reglamento penitenciario) o un medio coercitivo (artículo 72) que en el momento de iniciar el procedimiento disciplinario aún perdura y que, por tanto, se convierte, por el acuerdo del Director, en medida cautelar. En estos
casos, tal acuerdo deberá fijarse en el pliego de cargos, con independencia de su notificación al interno desde el momento que se acordó y su puesta en conocimiento del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
b) Una vez cursado el pliego de cargos y antes de la resolución. Aquí lo normal es que sea a propuesta del Instructor, siendo notificado el interno y puesto, igualmente, en conocimiento del Juez de Vigilancia (artículo 243 número 2 del Reglamento).
Como criterios que han de presidir la adopción de estas medidas, el artículo 243 número 2 del Reglamento hace mención expresa al ajuste de las mismas a la intensidad, proporcionalidad y necesidad de los objetivos que se pretendan garantizar, e insiste el precepto en la necesidad de que su adopción se notifique al interno y se ponga en conocimiento del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
Cuando la sanción que recayese, en su caso, coincida en naturaleza con la medida cautelar impuesta (caso de que la medida cautelar consiste en aislamiento del interno), ésta se abonará para el cumplimiento de la sanción, según prescribe el número 4 del artículo 243.
El artículo 244 recoge, bajo la denominación de “tramitación” lo que en realidad no es sino la instrucción propiamente dicha. Así señala:
1.- “Cursada la notificación del pliego de cargos a que se refiere el artículo 242, el Instructor realizará de oficio cuantas actuaciones resulten necesarias para el examen de los hechos y recabará los datos e informes que considere necesarios.
2.- Dentro de los diez días siguientes a la presentación del pliego de descargos o a la formalización verbal de alegaciones, o transcurrido el plazo previsto en el artículo 242 número 2 apartado h) si el interno no hubiese ejercitado su derecho, se practicarán las pruebas pertinentes propuestas por el mismo y las que el Instructor considere convenientes.
3.- Si alguna pruebe propuesta por el interno fuese estimada improcedente o innecesaria se hará constar así expresamente por el Instructor, en acuerdo motivado. Sólo podrán declararse improcedentes aquellas pruebas que no puedan alterar la resolución final del procedimiento o que sean de imposible realización.
4.- Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá de manifiesto al interesado para que, en un plazo de diez días, alegue o presente los documentos y justificaciones que estime pertinentes. Se tendrá por realizado el trámite de audiencia si antes del vencimiento del plazo el interno manifiesta su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos justificaciones”.
Simplemente recordar que en virtud de lo dispuesto en el artículo 84 número 4 de la Ley 30/1992 el trámite de audiencia es prescindible “cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado”, por lo que en la práctica penitenciaria solo procederá la apertura de este trámite procedimental cuando existan alegaciones o pruebas que el interno desconoce por no haber sido realizadas o propuestas por él.
Por último, el artículo 245 señala que “Una vez concluida la tramitación del expediente el Instructor formulará propuesta de resolución y la elevará, junto con aquél, a la Comisión Disciplinaria para que esta acuerde lo que proceda, notificando la propuesta al interno con indicación de su derecho a alegar verbalmente ante la Comisión en la primera sesión que esta celebre”.
El contenido nuclear de la propuesta viene constituido por la fijación de los hechos probados, la calificación de la infracción, la valoración de la prueba practicada y la sanción imponible. La propuesta no vincula al órgano decisor sino en los hechos probados, no produciéndose indefensión alguna porque el órgano decisor cambie la sanción propuesta por otra más grave, siempre que la calificación de la gravedad de la infracción de la misma (véase Sentencia de la Sala tercera del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 1997), pues en caso contrario, es decir, agravamiento de la calificación de la falta, será necesario que el Instructor, por orden de la Comisión Disciplinaria, formule un nuevo pliego de cargos que contenga dicha calificación, ante el cual se dará al interno el trámite de audiencia, abriéndose el plazo de diez días para alegar, y sólo excepcionalmente, cuando resulte imprescindible para la defensa del interno ante la nueva calificación efectuada, podrá el instructor acordar la práctica de nuevas pruebas (artículo 247, apartado d/ del Reglamento penitenciario).
La forma natural de terminación de un procedimiento administrativo sancionador lo constituye la resolución, la cual, imponiendo una sanción o acordando el sobreseimiento, será acordada en la primera sesión ordinaria, o en sesión extraordinaria convocada al efecto, de la Comisión Disciplinaria, quien, antes de tomarla, escuchará al imputado si así lo hubiera solicitado éste (artículo 246 número 1 del Reglamento penitenciario). En caso de imposición de sanción esta deberá estar
encuadrada en las correlaciones entre tipo de sanciones y gravedad de las faltas que establece el artículo 233.
No obstante, cabe la posibilidad de que, como dispone el artículo 246 número 4, antes de dictar la resolución, la Comisión Disciplinaria decida la realización, por el Instructor, de las actuaciones y pruebas complementarias indispensables para resolver el procedimiento. En este caso, antes de elevar nuevamente el expediente a la Comisión Disciplinaria, el Instructor pondrá de manifiesto al interno lo actuado y le entregará copia de la nueva propuesta, con indicación del derecho a alegar a que se refiere el artículo 245.
El acuerdo sancionador contendrá, según dispone el artículo 247:
c) El número de expediente disciplinario y un breve resumen de los actos procedimentales básicos que lo hayan precedido. En el supuesto de haberse desestimado la práctica de alguna prueba deberá expresarse la motivación formulada por el instructor en su momento.
d) Relación circunstanciada de los hechos imputados al interno, que no podrán ser distintos de los consignados en el pliego de cargos formulado por el Instructor, con independencia de que pueda variar su calificación jurídica. Si la Comisión Disciplinaria constatare que se ha calificado erróneamente la conducta del presunto infractor y ello implicase la imposición de una sanción por falta más grave que la que se le hubiese imputado en el pliego de cargos, ordenará al Instructor la formulación de un nuevo pliego de
cargos con la calificación determinada por la Comisión Disciplinaria, concediéndose al interno el trámite previsto en el artículo 244.4. Excepcionalmente, podrá acordar el Instructor la práctica de nuevas pruebas cuando resultase imprescindible para la defensa del interno ante la nueva calificación efectuada.
Una vez producido el acuerdo se procederá a su notificación, la cual tendrá el contenido señalado en el artículo 248 del Reglamento penitenciario, esto es, texto integro del acuerdo, indicación del derecho a recurrirlo al Juez de Vigilancia Penitenciaria y la fecha de notificación y entrega.
A efectos de la debida constancia, el artículo 250 del Reglamento señala que “la iniciación del procedimiento y la sanción impuesta se anotarán en el expediente personal de los internos sancionados. También se anotará la reducción o revocación de la sanción, así como la suspensión de la efectividad o el aplazamiento de la ejecución de las sanciones de aislamiento”.
Ya dijimos que la forma natural de terminación del procedimiento administrativo sancionador era la resolución por la que se imponía una sanción o se acordaba el sobreseimiento. Junto a ella existen otras formas de terminación “patológicas”, entre las que sobresale la llamada caducidad o perención del expediente y que supone que cuando, vencido el plazo máximo de duración del procedimiento (tres meses desde el inicio en caso de procedimiento ordinario o un mes en casos del procedimiento abreviado) no se adopte la resolución en los treinta días siguientes, siempre que ello no sea por causa imputable al interno, se entenderá caducado el procedimiento y se procederá al archivo de las actuaciones, según señala el artículo 246.2 del reglamento penitenciario. Ese mismo precepto otorga igual efecto (archivo de lo actuado) a los supuestos de excarcelación del interno por libertad provisional o definitiva.
Lo hasta aquí estudiado es el procedimiento sancionador ordinario para la imposición de sanciones por la comisión de faltas calificadas como graves o muy graves. Para las faltas leves, el artículo 251 del Reglamento establece un procedimiento abreviado, instruido por el Jefe de servicios, en el que en un solo trámite, de diez días de plazo, se realizan las alegaciones y pruebas, recayendo la competencia de la resolución en el Director del establecimiento.
2.- EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES
Los artículos 252 a 257 del Reglamento penitenciario regulan la ejecución y cumplimiento de las sanciones.
Como regla general el número 1 del artículo 252 establece la suspensión de la sanción hasta tanto esta no adquiera firmeza. “Los acuerdos sancionadores no serán ejecutivos en tanto no haya sido resuelto el recurso interpuesto por el interno ante el Juez de Vigilancia o, en caso de que no se haya interpuesto, hasta que haya transcurrido el plazo para su impugnación”. Sin embargo el número 2 del citado precepto establece una excepción: “No obstante, conforme a lo establecido en el artículo 44.3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, cuando se trate de actos de indisciplina grave y la Comisión Disciplinaria estime que el cumplimiento de la sanción no puede demorarse, las sanciones impuestas serán inmediatamente ejecutadas, siempre que correspondan a los actos de indisciplina grave tipificados en las letras a), b), c), d) e) y f) del artículo 108 del Reglamento penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo”. Para el adecuado control de la legalidad de esta ejecución inmediata, el número 3 señala: “Contra el acuerdo de ejecución inmediata de la sanción, el interno podrá acudir en vía de queja ante el Juez de Vigilancia, con independencia de la tramitación del recurso interpuesto. La tramitación de la queja y del recurso tendrá carácter urgente y preferente cuando la sanción de ejecución inmediata impuesta sea la de aislamiento en celda, en cuyo caso se procederá a su notificación inmediata al Juez de Vigilancia”.
En el tema de la ejecución de las sanciones ocupa un lugar prevalente el relacionado con la sanción de aislamiento en celda. En este sentido hemos de recordar que según lo dispuesto en el artículo 76.2 apartado d) de la Ley General Penitenciaria, corresponde al Juez de Vigilancia el aprobar las sanciones de aislamiento en celda de
duración superior a catorce días. Por ello, el artículo 253 del Reglamento penitenciario dispone en su número 1 que: “Las sanciones de aislamiento en celda de duración superior a catorce días no serán en ningún caso ejecutivas hasta su aprobación por el Juez de Vigilancia”.
Pese a lo anterior (no ejecutoriedad de las sanciones de aislamiento superiores a catorce días hasta no se produzca la correspondiente aprobación judicial) el número 2 del artículo 253 establece una matización, referida a los supuestos en los que existiendo varias sanciones menores de catorce días impuestas por actos de indisciplina grave, pero que en virtud de lo dispuesto en el artículo 236.3 vayan a ser cumplidas sucesivamente y que la suma total de ellas sí que sobrepase los catorce días, entonces cabe la ejecución inmediata de varias de aquellas cuya duración acumulada no supere los catorce días, sin perjuicio de que se mantenga la necesidad de que todas ellas sean aprobadas por el Juez de Vigilancia.
Respecto al cumplimiento de la sanción de aislamiento nuestro Ordenamiento lo configura de una forma garantista:
Necesidad de informe médico previo al inicio del cumplimiento y la vigilancia médica diaria (artículos 43.1 de la Ley y 254.1 del Reglamento penitenciario).
Aplazamiento de la efectividad de la sanción en caso de enfermos hasta que se produzca el alta médica (artículos 43.2 de la Ley y 254.2 del Reglamento).
No aplicación a mujeres gestantes y mujeres hasta seis meses después del parto, a las madres lactantes ni a las que tuvieran hijos consigo (artículos 43.3 de la Ley y 254.3 del Reglamento).
El cumplimiento como regla general, en la misma celda individual que
semejantes medidas y condiciones (artículos 43.4 de la Ley y 254.4 del Reglamento).
ocupe el interno,
y en caso de que la compartiera,
La posibilidad de hacer uso de bienes y productos adquiridos con anterioridad al inicio de la sanción, pues durante la misma existe la prohibición de recibir paquetes del exterior ni adquirir productos de economato, salvo los autorizados expresamente por el Director (artículo 254.5 del Reglamento).
Los artículos 255 y 256 del Reglamento introducen en el ámbito sancionador penitenciario el principio de oportunidad.
Dispone el artículo 255:
1.- “Al amparo de lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, siempre que las circunstancias lo aconsejen, la Comisión Disciplinaria, de oficio o a propuesta de la Junta de Tratamiento, podrá acordar motivadamente la suspensión de la efectividad de las sanciones de aislamiento impuestas.
2.- Si la Comisión Disciplinaria, en atención a los fines de reeducación y reinserción social o a las circunstancias personales del interno, no hubiese
estimado oportuno levantar la suspensión de la efectividad durante el plazo de tres meses, de oficio o a solicitud del interno, aplicará la reducción de la sanción prevista en el apartado 1 del artículo siguiente. El tiempo de suspensión de la efectividad de la sanción de aislamiento se computará a efectos de cancelación de la sanción reducida.
3.- La suspensión de la efectividad de las sanciones de aislamiento que hayan sido confirmadas total o parcialmente, directamente o en vía de recurso, por el Juez de Vigilancia requerirá la autorización de éste”.
Por su parte, el artículo 256 señala:
1.- “Conforme a lo dispuesto en el artículo 42.6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, las sanciones impuestas y sus plazos de cancelación podrán reducirse, atendiendo a los fines de reeducación y de reinserción social, por decisión motivada de la Comisión Disciplinaria, de oficio o a propuesta de la Junta de Tratamiento. La reducción consistirá en la minoración de la gravedad de la sanción impuesta.
2.- Cuando se advierta error en la aplicación de una sanción que no haya sido recurrida ante el Juez de Vigilancia, la Comisión Disciplinaria efectuará una nueva calificación de la infracción, siempre que no implique una sanción superior a la impuesta, procediendo a su reducción o sustitución o, en caso de que no proceda sanción alguna, la revocará levantando inmediatamente el castigo y cancelará automáticamente su anotación.
3.- La revocación o reducción de sanciones no podrá efectuarse sin autorización del Juez de Vigilancia cuando éste haya intervenido en su imposición, directamente o en vía de recurso”.
Para terminar, el artículo 257 del Reglamento señala que “El tiempo cumplido de una sanción posteriormente revocada o reducida en los casos previstos en el apartado 2 del artículo anterior o como consecuencia de un recurso estimado total o parcialmente, podrá tenerse en cuenta para el cumplimiento posterior de otras sanciones, siempre que éstas hubiesen sido impuestas por acciones u omisiones también anteriores a la mencionada revocación o reducción”.
3.- PRESCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN (Trámites)
Señala el artículo 258.1 del Reglamento penitenciario que: “Las faltas disciplinarias muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses, desde la fecha en que se hubiese cometido la infracción”. Estos plazos, excesivamente amplios para el ámbito penitenciario, son fruto de lo dispuesto en el artículo 132.1 de la Ley 30/1992 ya que, en virtud del principio de legalidad, solo una Ley puede fijar los plazos de prescripción de las infracciones y sanciones. La prescripción de las faltas, según señala el número 2 del mismo precepto, se interrumpirá desde que se hubiese iniciado, con conocimiento del interesado (notificación del pliego de cargos) el procedimiento sancionador, reanudándose el cómputo de los plazos de prescripción si el expediente disciplinario estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto infractor.
Por lo que a la prescripción de las sanciones se refiere, el artículo 258 número 3 del Reglamento fija, por los mismos motivos antes señalados, los mismos amplios plazos que para las faltas, excepto para el caso de las sanciones impuestas por faltas leves las cuales prescribirán no a los seis meses sino al año. Estos plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquél en que hubiera adquirido firmeza administrativa el acuerdo sancionador o, en su caso, desde que se levante el aplazamiento de la
ejecución o la suspensión de la efectividad o desde que se interrumpa el cumplimiento de la sanción si el mismo hubiese ya comenzado.
Distinto de la prescripción de las sanciones es la extinción automática de las mismas que, según el artículo 259 del reglamento, acontece cuando un interno reingresa en un Centro penitenciario y hubiese sanciones impuestas en el anterior ingreso y que no fueron cumplidas, total o parcialmente, por la libertad.
El cumplimiento de la sanción determina la realización de la potestad sancionadora de la Administración. Sin embargo, hasta transcurrido un tiempo, que, como ahora veremos, variará en función de la gravedad de la infracción cometida y del comportamiento del interno, la sanción desplegará unos efectos negativos en el ámbito penitenciario (valoración de la misma en informes de permisos, revisiones de grado de
Este período recibe el nombre de período de cancelación.
En efecto, la anotación de la sanción en el expediente del interno hará que mientras que dicha anotación no sea cancelada, el interno no quede restituido a la situación disciplinaria del momento en que tenía cuando no se le había impuesto sanción alguna. Para que ello se produzca es necesario que concurran dos requisitos (artículo 260.1 del Reglamento penitenciario):
1º.- Que transcurran los plazos de seis meses para las sanciones impuestas por comisión de faltas muy graves, tres meses en caso de graves y un mes si la falta cometida hubiese sido leve. El día donde se inicia el cómputo de esos plazos es el día siguiente al del cumplimiento de la sanción.
2º.- Que durante dichos plazos el interno “no haya incurrido en nueva falta muy grave o grave”; esta expresión, utilizada en el artículo 260.1 apartado b) del Reglamento requiere ser interpretada correctamente, conectándola con lo dispuesto en el párrafo 5 del mismo precepto, que dispone que “dichos plazos no se interrumpirán por la interposición de recurso contra una nueva sanción disciplinaria, cancelándose las anteriores si transcurren dichos plazos de cancelación antes de que la recurrida adquiera firmeza”. Quiere decir ello que la expresión “no haya incurrido en nueva falta”, ha de entenderse como que no haya recaído sanción firme por falta muy grave o grave antes de que se produzca la cancelación de las anteriores. En estos caso, es decir, cuando existen varias sanciones por falta muy graves o graves pendientes de cancelar, porque han recaído en período cancelatorio de otras anteriores, los cómputos de cancelación no se acumulan, sino que se iniciará al día siguiente del cumplimiento más reciente, tomándose como duración del plazo el que corresponda a la infracción más grave sancionada, transcurrido el cual se cancelarán todas en un solo acto (artículo 260.3 del Reglamento penitenciario). Como vemos, este régimen, según el cual la sanción firme que recae en el plazo de cancelación de otras anteriores hace renacer el plazo más grave, es sólo predicable de las sanciones impuestas por faltas muy graves o graves y no por leves, lo cual supuso una novedad del Reglamento penitenciario de 1996 respecto al derogado de 1981, fundado en lo desproporcionado que suponía que estando cancelando una sanción por falta muy grave (seis meses) la recaída de una nueva por falta leve hacía rebrotar todo el plazo de aquélla a contar desde el cumplimiento de esta última.
Por último, señalar que a nivel de gestión del expediente personal del interno tanto el inicio del procedimiento disciplinario, su resolución y, en caso de recaer
sanción, la cancelación o prescripción de la misma debe ser oportunamente diligenciada en el índice de vicisitudes penitenciarias (hojas azules).
4.- RECOMPENSAS (Trámites)
Dispone el artículo 263 del Reglamento penitenciario que los actos de los internos que pongan de manifiesto buena conducta, espíritu de trabajo y sentido de la responsabilidad en el comportamiento de los internos, así como la participación positiva en las actividades asociativas reglamentarias o de otro tipo que se organicen en el Establecimiento, serán estimulados con alguna de las siguientes recompensas:
d) Reducciones de las salidas impuestas.
g) Cualquier otra recompensa de carácter análogo a las anteriores que no resulten incompatible con los preceptos reglamentarios.
El artículo 264 número 1 señala, por su parte, que en cada caso concreto la recompensa concedida y su cuantía se determinará por la Comisión Disciplinaria del Centro, atendiendo a la naturaleza de los méritos contraídos y al cualquiera otras
circunstancias objetivas o subjetivas que pongan de manifiesto el carácter ejemplar de la conducta recompensada.
El número 2 del mismo precepto reglamentario establece que la concesión de recompensas será anotada en el expediente personal del interno, con expresión de los hechos que la motivaron, expediéndose a aquél certificación acreditativa de la recompensa si la solicitare.
En cuanto a los trámites administrativos, decir que la concesión de la recompensa deberá anotarse en el índice de vicisitudes penitenciarias (hojas azules), cuya diligencia señalará la fecha de la sesión de la Comisión Disciplinaria que la concedió y el motivo de dicha concesión.
En cuanto a los efectos penitenciarios de las recompensas, éstas producen, como ya dijimos, una acortamiento a la mitad del período de cancelación, siempre y cuando la recompensa sea concedida durante dicho período.
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 artículo 24
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 artículo 84
 artículo 37
 artículo 244
 artículo 24
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 artículo 241
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 resolución 
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 artículo 247
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 resolución 
 artículo 246
 artículo 251
 resolución 
 artículo 252
 artículo 44
 artículo 108
 Real Decreto 
 artículo 76
 artículo 253
 artículo 253
 artículo 236
 artículo 255
 artículo 43
 artículo 256
 artículo 42
 artículo 257
 artículo 258
 artículo 132
 artículo 258
 artículo 259
 artículo 260
 resolución 
 artículo 263
 artículo 264