Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2014/se201400245.html
Timestamp: 2019-03-23 20:51:30+00:00

Document:
se201400245
SENTENCIA: 245/2014.
EXPEDIENTE N°: 42/2008.
PARTES: Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (COTAS LTDA.) contra la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE).
Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz Ltda. (COTAS LTDA.) contra la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE).
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 157 a 167, impugnando la Resolución Administrativa Nº 1522 de 19 de octubre de 2007, pronunciada por la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial de fs. 28 a 33; contestación de fs. 173 a 181; réplica de fs. 208 a 213; dúplica de fs. 217 y los antecedentes procesales.
CONSIDERANDO I: Que la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz Ltda., representada legalmente por Luis Fernando Soria Cuellar, al amparo del art. 779 del Código de Procedimiento Civil, interpone demanda contencioso administrativa en base a lo que a continuación se describe:
Refiere que el 24 de junio de 2006, Patricia Solíz Torrez formuló reclamo directo mediante formulario Nº 1975 en oficinas de ODECO de COTAS Santa Cruz, por problemas de facturación de la línea telefónica Nº 5240739 correspondiente al mes de abril 2006, reclamo que fue declarado improcedente, porque al realizar el cruce de información de los registros CDR (registros de llamadas detallados) y AMA, se evidenció que las llamadas fueron realizadas con normalidad, extremo que se hizo conocer a la usuaria el 16 de octubre de 2006. Ante esa negativa, la usuaria interpuso reclamo administrativo en oficinas de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SITTEL), autoridad que solicitó a COTAS LTDA. remitiera la información correspondiente, a objeto de atender el citado reclamo; empero la documentación no pudo ser presentada, porque COTAS LTDA. no cuenta con los medios técnicos para acceder y obtener información propia del operador COTEOR Oruro; motivo que originó que SITTEL formulara cargos contra COTAS LTDA. mediante Resolución Administrativa Regulatoria R.A.R. Nº 2007/2462, por la comisión de la infracción contenida en el art. 15. I inc. a) del DS 25950 – Reglamento de Sanciones y Procedimientos Especiales por Infracciones al Marco Jurídico Regulatorio, con relación a facturación indebida y/o cobro indebido de tarifas, al efecto COTAS LTDA. mediante nota COTAS GG Nº 542/2006 de 23 de noviembre, respondió afirmando que las llamadas realizadas de la línea telefónica Nº 5240739 fueron normales, por lo que, el cobro efectuado a la usuaria reclamante por las llamadas internacional con destino a Austria, es correcto. También refiere que está imposibilitado de remitir la información solicitada por SITTEL, porque la responsabilidad de COTAS LTDA. como representante, está definida por la Oferta Básica de Interconexión - OBI 2005, debiendo SITTEL requerir la información a COTEOR Oruro por ser el operador local de la línea telefónica de Patricia Soliz Torrez, razón que también impidió remitir la documentación; originando que SITTEL emitiera el Auto de Apertura de Término Probatorio, ratificándose COTAS mediante nota COTAS GG Nº 569 en la prueba presentada el 23 de noviembre de 2006 (nota COTAS GG Nº 542/2006).
Con esos antecedentes, señala que SITTEL emitió Resolución Administrativa Regulatoria R.A.R. Nº 2007/0038 de 4 de enero, declarando fundado el reclamo de Patricia Soliz Torrez y dispuso que COTAS LTDA. diera de baja o realizara la devolución en caso de haberse hecho efectivo el cobro facturado en el mes de abril 2006, determinación que originó la interposición del recurso de revocatoria en el efecto suspensivo, mismo que fue rechazado por SITTEL mediante Resolución Administrativa Regulatoria R.A.R. Nº 2007/630 de 6 de marzo; originando que COTAS el 20 de marzo de 2007, interpusiera recurso jerárquico, resuelto por la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) mediante Resolución Administrativa R.A. Nº 1522 de 19 de octubre de 2007, que resolvió confirmar la resolución impugnada.
Considera que la resolución jerárquica debió dar cumplimiento al art. 4 inc. d) de la Ley Nº 2341, toda vez que al estar implícita la interconexión de COTEOR Oruro, y al ser el operador intermediario, fue a quien debió solicitarse la información, que erróneamente se requirió a COTAS LTDA., además, argumenta que COTAS se encontraba impedido de cumplir con dicho requerimiento por lo dispuesto en el principio de confidencialidad previsto en el art. 261 del DS Nº 24132 Reglamento a la Ley de Telecomunicaciones, también COTAS LTDA. se encontraba imposibilitado por lo establecido en el art. 37 de la Ley Nº 1632 con relación a la inviolabilidad de las Telecomunicaciones. Por lo que técnicamente COTAS LTDA. no podía proporcionar la información requerida por SITTEL, caso contrario estaría contraviniendo lo establecido en el art. 5.1 inc. a) de la Oferta Básica de Interconexión (O.B.I.).
Señala que COTAS LTDA, no tiene acceso físico a la red de terceros operadores, porque hasta la fecha no está especificado en el marco legal – contractual, siendo necesaria la participación de SITTEL para ese cometido, hecho que limitó e imposibilitó a COTAS LTDA solicitar información al operador COTEOR Oruro, es decir, a la fecha no existe norma expresa que regule el intercambio y envío de información entre operadores. Lo que evidencia la falta de participación y proactividad del ente regulador (SITTEL).
Por lo expuesto, finaliza expresando que en el proceso administrativo se vulneraron los principios de imparcialidad, verdad material, impulso de oficio, presunción de inocencia, proporcionalidad, previstos en el art. 4 incs. f), d), n), y p) de la Ley de Procedimiento Administrativo; además de estar en contra de la garantía constitucional como es el derecho al trabajo y a una justa remuneración establecido en el art. 7 inc. d) de la C.P.E. Afirmó, que es evidente que la resolución impugnada carece de los elementos esenciales para su validez por no estar motivada conforme a los arts. 16, 28, 30 y 46 de la Ley Nº 2341 y 8 del DS Nº 27172 Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo para el SIRESE, aparte es contradictoria contra otras resoluciones emitidas por SIRESE (Nºs 1818 de 12 de octubre de 2004, 1432 de 13 de julio de 2007, 1355 de 27 de abril 2007 y 1827 de 9 de febrero de 2007 entre otras que citó).
En virtud de los fundamentos expuestos, COTAS LTDA. al entender que la resolución impugnada violó y aplicó incorrectamente las normas señaladas, conculcando sus derechos, solicitó se declare probada la demanda, dejando sin efecto la Resolución Jerárquica, a su vez, SIRESE ordene a SITTEL que solicite a COTEOR Oruro la documentación correspondiente para resolver el reclamo de la usuaria y en base a esa información emita nueva resolución.
CONSIDERANDO II: Que en contestación negativa a la demanda, por memorial presentado en Secretaría de Sala Plena de este Tribunal el 22 de marzo de 2013 que corre de fs. 173 a 181 de obrados, Efraín Oscar Duran Sanjinés, en representación de la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), expone lo que a continuación se detalla:
Señala con relación a lo expuesto en el memorial de demanda de fs. 157 a 167 de obrados, que la Resolución Jerárquica causó indefensión a COTAS LTDA., porque se le solicitó prueba que no están bajo su alcance técnico, sino del operador COTEOR Oruro; por lo tanto, es a quien debió solicitarse la información, toda vez que COTEOR Oruro, es el único autorizado para proporcionar la documentación correspondiente. Al respecto, la Superintedencia General del SIRESE refiere que la infracción sancionada (art. 15. I inc. a) del DS 25950) en la Resoluciones Administrativas Nºs 00038/2007 de 4 de enero, 630/2007 de 6 de marzo y 1522 de 19 de octubre de 2007, se impuso porque COTAS LTDA. no logró desvirtuar los cargos imputados por SITTEL (originados por la presentación de reclamos: directo y administrativo interpuestos por Patricia Soliz Torrez), es decir, no remitió la información solicitada en el Auto de Apertura del Término Probatorio, bajo el argumento de que el punto de interconexión es el que delimita la responsabilidad de los operadores interconectados en cuanto a la realización de llamadas; empero COTEOR Oruro no es quien ha facturado o cobrado indebidamente a la usuaria Patricia Soliz Torrez, por lo que no pudo ser considerado como presunto infractor.
Por lo tanto, COTEOR Oruro no es parte del proceso de reclamación administrativa, correspondiendo sólo a COTAS LTDA. desvirtuar los cargos imputados y toda vez, que la prueba presentada fue considerada insuficiente para ese cometido, incumplió lo prescrito en el art. 63. II del DS Nº 27172 de 14 de septiembre de 2003, y habiéndose, notificado cada una de las actuaciones a COTAS LTDA. para que asuma su defensa, quedando claro que el argumento de la indefensión ocasionada es infundado.
Refiere que COTAS LTDA. en todo el procedimiento administrativo, sostuvo que el contrato de interconexión suscrito entre COTAS LTDA y COTEOR Oruro, así como la Oferta Básica de Interconexión O.B.I. 2005, establecen que el punto de interconexión es el límite de responsabilidades de los operadores involucrados en la interconexión, además que por el principio de confidencialidad, no podía procesar la información requerida por SITTEL.
Al respecto, revisada la documentación adjunta al proceso, no se encontró prueba de que COTAS LTDA. hubiera solicitado alguna información a COTEOR Oruro, ni la negativa de éste último de proporcionar documentación requerida, pese a que COTAS LTDA. tenía la obligación de cumplir con el Reglamento de Interconexión y asumir los gastos de aportación y producción de las pruebas conforme establecen los arts. 47. V de la Ley Nº 2341 y 17 del DS Nº 28038.
Con relación, al argumento de que COTAS LTDA. por el principio de inviolabilidad de las telecomunicaciones establecido en la Ley Nº 1632, estaba imposibilitado de proporcionar la información a SITTEL, tal extremo, no pudo ser considerado en razón de que quedó desvirtuado por la salvedad dispuesta por el art. 261 del DS 24132 (Reglamento a la Ley de Telecomunicaciones), que expresa que si el usuario da su consentimiento para revisar la información de las llamadas de su número telefónico, no puede ser considerada incumplimiento a la confidencialidad que tiene derecho el usuario. En el caso concreto, al existir la interposición de reclamo directo y administrativo, autorizó al ente regulador y a los operadores obtener y otorgar toda la documentación relacionada con el objeto de resolver el reclamo interpuesto por la usuaria. Es decir, COTAS LTDA. a momento de tener conocimiento del reclamo interpuesto por Patricia Soliz Torrez, con el fin de llegar a la verdad de los hechos suscitado, por lo que COTAS LTDA. podía solicitar la información a COTEOR Oruro, a objeto de dar cumplimiento al requerimiento del Auto de Apertura de Término Probatorio emitido por SITTEL. Afirma que bajo ese entendimiento dicho acto no pudo ser considerado ilegal por el principio de inviolabilidad como erróneamente lo interpreta COTAS LTDA.
Con relación, de que la O.B.I. 2005, establece que el punto de interconexión es el inicio y final de las responsabilidades de los contratantes y que SITTEL debió solicitar a COTEOR Oruro la información requerida, por ser el otro operador involucrado, pruebas que erróneamente se solicitó a COTAS LTDA., si bien, en la normativa referida, exactamente el punto 5.1, establece los mecanismos para resolver reclamos de los usuarios; igualmente el punto 1.4, 2.14 de la misma norma, establecen las formas que debiera proceder COTAS LTDA ante posibles eventualidades y posteriores reclamos que pudieran surgir en llamadas de los usuarios; en el mismo sentido, citó los arts. 9, 23 y 24 del DS Nº 26011(Reglamento de interconexión). Por lo que, la Oferta Básica de Interconexión tiene efecto vinculante entre el operador solicitado y solicitante; no pudiendo solo considerarse el punto 5.1 de la O.B.I. tal como pretende COTAS LTDA; además, que a momento de resolver el reclamo interpuesto por Patricia , se limitó a señalar que el reclamo fue considerado improcedente, sin que hubiera cumplido los mecanismos establecidos por la O.B.I., pese a que se encuentra obligado a su cumplimiento, conjuntamente con el Reglamento de Interconexión y demás normas regulatorias.
Finalmente, respecto al argumento que la documentación requerida por SITTEL referido a que pudo ser enviada, porque a hasta la fecha no existe reglamentación que establezca parámetros y condiciones del intercambio de información entre operadores, es necesario aclarar a COTAS LTDA. que el Reglamento de Interconexión aprobado por DS Nº 26011 en su capítulo IV, arts. 23 y 24, establece claramente los aspectos técnicos, económicos, comerciales, jurídicos y administrativos, que contienen los acuerdos de interconexión entre operadores, razón por lo que COTAS LTDA. no puede alegar desconocimiento de la normativa citada, menos puede pretender que sea la Administración Pública que efectúe los pagos que debería asumir COTAS LTDA. a consecuencia de los reclamos interpuesto por usuarios. Por consiguiente, al no remitir la información solicitada por SITTEL, COTAS LTDA. vulneró el art. 47 de la Ley Nº 2341.
Por lo expuesto, afirma que la demanda contencioso administrativa carece de sustento legal, toda vez, que las Resoluciones Administrativas Regulatorias Nºs 2007/0038 y 2007/0630 y la Resolución Administrativa Nº 1522 de 19 de octubre de 2007, fueron dictadas con apego a la normativa legal vigente, solicitando se declare improbada la demanda interpuesta por COTAS LTDA.
Con la respuesta a la demanda y corridos nuevos traslados, a fs. 221 se decretó Autos para Sentencia.
En principio, se tiene reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena para la resolución de la controversia, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, en el que el Tribunal sólo analiza la correcta aplicación de la Ley a los hechos expuestos por la parte demandante, correspondiendo realizar control judicial y legalidad sobre los actos ejercidos por la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial.
Que el motivo de la controversia en el presente proceso se circunscribe en determinar si COTAS LTDA se hallaba impedida de remitir la información solicitada por SITTEL, porque consideró que debió ser solicitada al otro operador involucrado que es COTEOR Oruro. Al respecto corresponde analizar y precisar los hechos suscitados en la fase administrativa y contrastarlos con los argumentos expuestos en la demanda.
En concreto, una vez compulsados los antecedentes y las Resoluciones Administrativas base de la impugnación contenida en la demanda con las normas aplicables, se extraen los siguientes datos relevantes para resolver la controversia:
El 24 de mayo de 2006, la usuaria Patricia Soliz Torrez en la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) de COTAS LTDA., presentó reclamo directo por problemas de facturación de la línea telefónica Nº 5240739 (fojas 3 de anexo administrativo), reclamo que fue considerado improcedente, porque revisado los registros CDR’s y AMA de COTAS LTDA. se confirmó que el cobro realizado con el ítem del operador 12 de Cotas, corresponden a llamadas realizadas con normalidad a distintos números telefónicos con destino a Austria (fs. 5 de anexo administrativo). La usuaria no conforme con esa respuesta, el 16 de octubre de 2007, presentó Reclamo Administrativo Nº 2033 de facturación de la línea telefónica, toda vez, que no reconoce las llamadas realizadas desde su teléfono fijo (fs. 3 de anexo administrativo).
El 4 de enero de 2007, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SITTEL) conforme lo establecido por el art. 61 del DS 27172, formuló cargos contra COTAS LTDA mediante Resolución Administrativa Regulatoria Nº 2007/0038, para que presente prueba de descargo, tal como dispone el art. 63. II del DS 27172.
El 30 de noviembre de 2006, SITTEL emitió el Auto de Apertura de Término Probatorio, al considerar que la nota COTAS GG Nº 542/2006 de 23 de noviembre, no desvirtuó los hechos denunciados por Patricia Solíz Torrez, debiendo dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 63. II del citado Decreto Supremo (fs. 39 de anexo administrativo). Empero, la empresa denunciada en el proceso administrativo, mediante nota COTAS GG Nº 569/2006 de 11 de diciembre, se ratificó en la prueba presentada el 23 de noviembre de 2006, aclarando a SITTEL que el contrato suscrito entre COTAS LTDA y COTEOR Oruro (quien es el operador local de la línea telefónica de la reclamante), así como la O.B.I. 2005, establecen que el punto y interconexión constituye el límite para el establecimiento de responsabilidades de los operadores involucrados en la interconexión, además que debido a la confidencialidad de las telecomunicaciones COTAS LTDA se estaba impedido de remitir la información solicitada por SITTEL.
El 4 de enero de 2007, SITTEL emitió la Resolución Administrativa Regulatoria Nº 2007/0038, declarando fundado el reclamo interpuesto por la usuaria Patricia Solíz Torrez, por la comisión de la infracción establecida en el art. 15. I inc. a) del DS Nº 25950, disponiendo que COTAS LTDA diera de baja o realizar la devolución en caso de haberse cobrado el monto facturado de las llamadas observadas por la usuaria en el mes de abril de 2006. Actuación administrativa, que originó la interposición del recurso de revocatoria (fs. 58 a 65 de anexo administrativo), resuelto mediante Resolución Administrativa Regulatoria Nº 2007/0630 de 6 de marzo, que determinó rechazar el recurso interpuesto y confirmó el acto administrativo impugnado, al no haber demostrado COTAS LTDA que SITTEL hubiera incurrido en una actuación ilegítima con el pronunciamiento de la Resolución Administrativa Regulatoria Nº 2007/0038, que le hubiere causado perjuicio (fs. 96 a 98 de anexo administrativo); determinación que motivó la interposición del recurso jerárquico (fs. 102 a 108 de anexo administrativo), resuelto mediante Resolución Administrativa Nº 1522 de 19 de octubre (fs. 182 a 187) confirmando lo dispuesto en la resolución impugnada.
En ese contexto, cabe recordar que el demandante tanto en fase administrativa como en su memorial de demanda contencioso administrativa, arguyó que no pudo cumplir con la carga de la prueba solicitada por SITTEL, porque no tiene el control ni la responsabilidad sobre las redes de un tercer operador (COTEOR Oruro), a quién la Autoridad Administrativa, bajo los principios de impulso de oficio y búsqueda de la verdad material, debió requerir la documentación correspondiente, a efecto de absolver el reclamo presentado por la usuaria, con relación a las llamadas no reconocidas de la línea telefónica 64-20830 registradas en abril 2006. Al respecto, es necesario señalar que los operadores de redes públicas y proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones de COTAS LTDA, están regulados por la Oferta Básica de Interconexión (OBI – aprobado por SITTEL mediante R.A.R. 2005/2123 y Reglamento de interconexión DS Nº 26011, normativa aplicable para resolver el reclamo planteado en el caso concreto; empero, de la revisión de la documentación adjunta al proceso, se evidenció que COTAS LTDA incumplió la citada normativa, argumentando que se hallaba impedido de remitir la información (servicio de restricción, acta de inspección y registro de llamadas según registros de la central local), pese a el art. 11 del Reglamento de Interconexión, habilita a COTAS LTDA mecanismo y servicios de apoyo para recabar la información del operador COTEOR Oruro y así dar cumplimiento al requerimiento de SITTEL; aspecto, que no fue cumplido, toda vez, que la prueba presentada como descargo solo consiste en registros CDR’s y AMA de COTAS LTDA (fs. 22 a 23 de anexo administrativo), tal como lo expresó en la nota COTAS GG Nº 569/2006: “…elementos cuya producción se encuentra bajo nuestro alcance, responsabilidad y posibilidades…” (fojas 44 de anexo administrativo), siendo insuficiente la prueba presentada, para desvirtuar los cargos imputados, porque no hay cruce de información con el operador COTEOR Oruro, y revisado los antecedentes del proceso no existe nota de COTAS LTDA. dirigida a COTEOR Oruro, que demuestre que hubiera solicitado información a objeto de dar cumplimiento lo dispuesto por SITTEL en el Auto de Apertura de Término Probatorio. Por lo tanto, COTAS LTDA. tampoco pudo demostrar ni justificar que hubiera realizado diligencia alguna que demuestre que agotó los medios a su alcance y aun así se encontró impedido para obtener la documentación correspondiente, que pruebe la verdad de los hechos. Bajo ese razonamiento, a COTAS LTDA le correspondía la carga de la prueba en virtud de lo establecido en el art. 63. II del DS Nº 27172 de 14 de septiembre de 2003 (Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo para el SIRESE), que a letra dice: “La carga de la prueba será del operador”. Por lo tanto, COTAS LTDA. debió desvirtuar los hechos o comprobar los mismos, y no realizar una simple verificación de los registros a su cargo (DCR’s y AMA), siendo evidente que hubo negligencia por parte de COTAS LTDA., toda vez que era obligación de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz Ltda. presentar documentación que desvirtúe la presunta comisión de la infracción establecida en el art. 15. I, inc. a) del DS 25950 Reglamento de Sanciones y Procedimientos Especiales por Infracciones al Marco Jurídico Regulatorio (que determina que es infracción contra derechos de los usuarios: facturación indebida y/o cobro indebido de tarifas), misma que fue ratificada por la instancia de revocatoria y jerárquica, con fundamentos tanto de hecho como de derecho en estricta aplicación de la normativa para el caso concreto.
Con relación, al reclamo de COTAS LTDA. referido a que las resoluciones de SITTEL como de SIRESE, debieron estar fundamentadas conforme a los principios de verdad material y de oficialidad o de impulso de oficio de acuerdo al art.4 incs. d) y n) de la Ley Nº 2341, cabe aclarar a COTAS LTDA., que el principio de impulso de oficio, no conlleva la obligación a las Autoridades Administrativas de intervenir como parte para obtener prueba o buscar hechos que son parte del litigio o en su caso, suplir la negligencia de las partes, quienes por mandato legal tienen a su cargo producir la prueba que demuestre sus derechos o respalde sus pretensiones, razonamiento contrario llevaría a comprometer el principio de imparcialidad que debe regir en las actuaciones de SITTEL y SIRESE a momento de emitir resoluciones; siendo que las referidas entidades, a fin de emitir un acto administrativo válido y en respeto a la seguridad jurídica, el acto debe estar debidamente motivado, para ello, debe basarse en pruebas verdaderas a través de hechos, documentos, declaraciones peritajes, etc., y estas a su vez deben ser verificables; siendo ese el objeto de SITTEL a momento de solicitar información a COTAS LTDA, es decir, llegar a la verdad material, a fin de fundamentar su posición en base a documentación que cuente con inspección técnica de la línea telefónica de la usuaria reclamante, prueba (informe de servicio de restricción, acta de inspección y registros de llamadas, según registros de la central local – Coteor) que no fue cumplida por COTAS LTDA.
Por todo lo expuesto, la Superintendencia General del SIRESE en la resolución de Recurso Jerárquico (Resolución Administrativa Nº 1522 de 19 de octubre de 2007), al haber confirmado la Resolución del Recurso de Revocatoria (Resolución Administrativa Regulatoria Nº 2007/630 de 6 de marzo) y consecuentemente firme y subsistente la Resolución Administrativa Regulatoria Nº 2007/0038 de 4 de enero (que declaró fundado el reclamo administrativo interpuesto por la usuaria Patricia Solíz Torrez, y a su vez dispuso que COTAS LTDA. diera de baja o realizar la devolución del monto facturado en el mes de abril de 2006 de su línea telefónica), por lo que se considera que realizó una correcta valoración e interpretación de la normativa aplicada, toda vez, que COTAS LTDA. no desvirtuó los cargos imputados.
Finalmente, este Tribunal considera que la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial, no vulneró normativa alguna durante la tramitación del procedimiento administrativo.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en el ejercicio de la atribución conferida en el art. 10. I de la Ley Nº 212 y art. 781 del Código de Procedimiento Civil, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs. 157 a 167 presentada por COTAS LTDA. en la que impugna la resolución de Recurso Jerárquico emitida por la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial -SIRESE.
No suscriben los Magistrados Antonio Guido Campero Segovia, Norka Natalia Mercado Guzmán y Fidel Marcos Tordoya Rivas.

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