Source: http://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/LXII/2014/oct/20141014.html
Timestamp: 2018-10-21 12:04:44+00:00

Document:
Versión estenográfica de la sesión ordinaria del martes 14 de octubre de 2014
De diputada, con retiro de iniciativa; de diversas autoridades, con respuestas a puntos de acuerdo; de la Cámara de Senadores, con iniciativa
José Everardo Nava Gómez, PRI
María del Carmen Martínez Santillán, PT
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 3o. y 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, fundamentación
Que reforma los artículos 48, párrafo primero, 54, y el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Turismo, fundamentación
Que adiciona una fracción XV al artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, fundamentación
Que reforma y adiciona los artículos 4o y 25 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, fundamentación
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Se informa a la Presidencia que existen presentes 291 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (11:24 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría poner a consideración el acta.
Diputado Galindo, ¿con qué objeto?
El diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado (desde la curul): Con su permiso, señor presidente. Con el objeto de que esta soberanía hagamos una solicitud al titular del Ejecutivo federal, ya que el pasado 28 de noviembre de 2013 y el 12 de septiembre de 2014, a través de un comunicado el SAT que depende de la Secretaría de Hacienda, se eliminaron algunas garitas interiores en el país, entre ellas, cuatro del estado de Sonora.
A raíz de estos cambios no se han emitido los lineamientos a seguir y los trámites que continúan vigentes. Lo que está provocando que en algunas carreteras, en específico el estado de Sonora, quienes transitan con la importación de algún vehículo de carga o algún vehículo particular sea extorsionado.
Y eta medida, que si bien es cierto es acertada y de las pocas acertadas del gobierno federal, se podría tornar en una medida que afecte, no sólo a quienes habitan en la región fronteriza, sino a quienes nos visitan como turistas.
Es por eso que de cara acercarse también el periodo decembrino y la visita de los paisanos emitan con claridad las reglas que siguen vigentes para internar vehículos particulares y de carga y otros procedimientos que están en las aduanas y en los lugares en donde se habrán de realizar esos trámites. Es cuanto, señor presidente. Gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado. Queda debidamente registrada su preocupación en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
La diputada María de Lourdes Amaya Reyes (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Diputada Amaya, ¿con qué objeto?
La diputada María de Lourdes Amaya Reyes (desde la curul): Gracias, presidente. Sólo para comentar y hacer un llamado y a través de esta asamblea que puedan ser el conducto, el domingo pasado en el pueblo de Santa María Nativitas, en Xochimilco, fue encontrado el cuerpo sin vida de una niña de 14 años de nombre Circe Adalí Altamirano Pedraza, sus padres me piden, sobre todo, su mamá me pide que haga esto en este momento a través de esta tribuna, para que usted pueda a su vez hacer un llamado a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal para que conforme a sus atribuciones y obligaciones esclarezca estos crímenes de manera pronta y expedita, ya que el día de ayer también fue violada una niña en esa misma delegación, en ese mismo pueblo.
Entonces, sí comentamos que en Xochimilco no vamos a permitir que los feminicidios entren, por eso hago este atento llamado para que usted pueda a bien ayudarnos en este tema. Gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputada. Yo le agradecería mucho, si nos pudiese hacer llegar por escrito los datos y la información precisa para lo que corresponda a esta Cámara poder tomar las medidas correspondientes. Muchas gracias.
El diputado Robert López Suárez (desde la curul): Presidente.
El diputado Robert López Suárez (desde la curul): Gracias, presidente.
Solamente para solicitar a la Mesa Directiva que pudiera dársele trámite a un acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados, que se notificó debidamente a la anterior Mesa Directiva y que queremos que ésta la retome, en el sentido de que se aprobó llamar a comparecer al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y no se le ha dado el trámite correspondiente.
Esto por los diferentes casos que tenemos en el país, de estar investigando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que nos gustaría felicitar a esta Cámara de Diputados en la Comisión, en el pleno de la Comisión para poder ser, en este caso, cuestionado sobre los casos que se están investigando.
Ya hay algunas recomendaciones que ha hecho la Comisión pero hay muchos pendientes.
Entonces, pediría que se le diera trámite, señor presidente, para poder poner fecha para la comparecencia del comisionado nacional. Gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado. Le informo que este tema fue abordado el día de ayer por la Junta de Coordinación Política. La Junta ha reconocido que es un acuerdo ya tomado previamente y se faculta a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara para que comunique la fecha y procedimiento para proceder a la comparecencia.
Es decir, está ahora en manos de la Comisión determinar la fecha y el procedimiento y el formato de la comparecencia. Muchas gracias. Continúe. Me ha pedido la palabra el señor diputado Raúl Gómez Ramírez.
El diputado Raúl Gómez Ramírez (desde la curul): Gracias, señor presidente. El objeto de solicitar la palabra es secundar lo que el compañero Cuauhtémoc, diputado federal, explicó en contra de las extorsiones.
El fin de semana estuvimos en Laredo, Texas el compañero Glafiro y su servidor y nos percatamos, en el caso de su servidor, que la Policía Federal está dentro de lo que son los puentes internacionales, y al salir nuestros connacionales los siguen para extorsionarlos.
Además que los líderes migrantes se quejan de los diferentes consulados en la Unión Americana por los maltratos y por la desinformación.
Yo pediría que todo esto se suba al Diario de los Debates para que se ponga atención a todas estas denuncias, porque no puede ser posible que día con día lo tengamos que estar haciendo y no tomen medidas necesarias para esto. Es cuanto, señor presidente. Gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado. Queda debidamente registrada su participación y su preocupación en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El diputado Mejía, también ha pedido la palabra.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente, para secundar lo que planteó el diputado López Suárez. Hay un peloteo ahí con la comparecencia de Raúl Plascencia Villanueva. Se batalla más para que comparezca él, que Miguel Ángel Osorio Chong o que Luis Videgaray.
Yo no sé quién lo protege, porque efectivamente ya se aprobó en la Junta de Coordinación Política, pero ahora lo rebotan otra vez a la Comisión de Derechos Humanos, cuando lo único que está es ya fijarle la fecha.
El señor no puede estar a contentillo viendo su agenda, es un citatorio del Congreso de la Unión para que comparezca ante la Comisión de los Derechos Humanos; porque quería que fuéramos a sus oficinas los de la Comisión Especial de Iguala, cuando primero él tiene que venir al Congreso y a la Cámara de Diputados.
Segundo, además del Caso de Iguala hay múltiples casos de omisiones recurrentes del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de quien, sea dicho de paso, el Senado de la República todavía no emite la convocatoria respectiva.
De igual manera queremos refrendar que no se ha instalado el grupo de trabajo del Caso de Tlatlaya en el estado de México, vemos que hay dobles tratamientos. Avanza afortunadamente el trabajo de Iguala, de la comisión, pero también debe avanzar el grupo de trabajo de Tlatlaya, estado de México. Queremos hacer valer estos dos puntos, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado. Tomo nota de su preocupación. Derivado del acuerdo de la Junta o del reconocimiento de la Junta de que hay un acuerdo para la comparecencia y que se le pide a la comisión establezca fecha y formato, agregado a ello yo instruyo a la secretaría técnica de la Mesa Directiva para que de inmediato se ponga en contacto con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos para que se proceda a dar cumplimiento al acuerdo de la Junta.
En el otro caso, en el otro tema, sólo falta que se instale el grupo de trabajo. En virtud de que ha sido debidamente integrado, yo tomo nota y haremos la recomendación correspondiente para que el grupo de inmediato se pueda instalar.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Oficio de la diputada Elena Tapia Fonllem, por el que solicita que se retire de los registros de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, presentada el 20 de marzo de 2014.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibieron de diversas autoridades cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibió oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 1C, fracciones IV, V y VI; y 2o.A, último párrafo; y adiciona los artículos 2o. y 5o, último párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por el senador Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y suscrita por senadores de diversos grupos parlamentarios.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En el orden de iniciativas, que es el siguiente punto del orden del día, tiene la palabra por cinco minutos el diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 537, 539, de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado José Everardo Nava Gómez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, en México el derecho al trabajo es un derecho humano fundamental que el Estado mexicano debe garantizar en los términos y condiciones tuteladas por los artículos 1o., y 123 de nuestra ley fundamental, por las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, así como de todos los instrumentos internacionales que en la materia nuestro país ha ratificado.
A pesar de que el Estado mexicano cuenta con un sistema jurídico amplio en materia laboral, estamos conscientes que aún falta mucho que aportar a la ley, para lograr que nuestra ciudadanía pueda ejercer con plenitud y sin discriminación este derecho fundamental.
Actualmente nuestro gobierno federal se encuentra impulsando diversas acciones y políticas públicas encaminadas a la generación de empleo para la población mexicana.
De acuerdo a las cifras recientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta el primer semestre del 2014 estiman un registro de 43 mil 295 nuevos trabajos formales generados, que además de traducirse a un incremento en el empleo del 3.5 por ciento, comparado con el mismo periodo de 2013, representan el cuarto mayor crecimiento reportado durante los últimos 14 años.
En el mismo sentido los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, también lucen favorables al indicar que en el mes de junio del 2014 el 58.45 por ciento de la población de 14 años y más en el país, es económicamente activa, cifra que es inferior a la observada en el mismo mes de 2013 cuando se ubicó en el 59.64 por ciento.
La propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estimó que en el mes de mayo del 2014 México registró una tasa de desempleo del 5.1 por ciento, a la que calificaron como la menor al promedio de los 34 países que integran a dicho organismo, manteniéndose estable en 7.4 por ciento, que lo colocaron en el cuarto sitio entre los países de este organismo con las tasas más bajas de desempleo, después de Japón con 3.5 por ciento; Corea con 3.7 por ciento; Austria con 4.7 por ciento; Alemania, Islandia y México con 5.1 por ciento.
Estas cifras en referencia denotan que el crecimiento del empleo que nuestro país experimenta es favorable y por supuesto plausible. Sin embargo, a la par de estos buenos resultados, también nos encontramos frente a la exclusión, discriminación y múltiples dificultades que a diario millones de mexicanos profesionistas, técnicos y obreros, hombres y mujeres mayores de 35 años enfrentan para obtener un empleo o para reincorporarse al mercado laboral.
En los últimos años, en nuestro país la edad se ha convertido en un obstáculo para conseguir empleo. Esto como consecuencia de las prácticas discriminatorias promovidas por el sector empresarial en los procesos de otorgamiento y concursos de vacantes de empleo, que en su mayoría van dirigidos a personas de entre los 20 a 35 años y que lamentablemente excluyen a las personas que superan dicha edad, dejándolas en total incertidumbre y sin oportunidades.
Sobre esta problemática un estudio en materia de empleo y ofertas de trabajo elaborado por la Asociación para la No Discriminación Laboral por Edad o Género, A. C., estima que el 90 por ciento de las ofertas que se realizan en el país excluyen en el mercado laboral a las personas mayores de 35 años, mientras que el 10 por ciento de las ofertas que sí las consideran, sólo el 2.7 son empleos reales y formales.
El reporte sobre discriminación 2012 realizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación afirma que el mercado laboral mexicano se caracteriza por la exclusión de personas cuya edad se encuentra por encima de los 35 años.
En el caso de las y los adultos mayores, esta práctica se potencia. Se trata de personas que por no contar con recursos provenientes de una pensión suficiente deben buscar empleo en un contexto de escasez, al que se le suma la ausencia de prestaciones que afecta gravemente a este sector de la población.
El informe laboral publicado en el mes de julio del 2014 por la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social indica que de los dos millones 484 mil 798 mexicanos que se encuentran sin empleo en el país, el 45 por ciento corresponde a personas que superan los 30 años de edad, datos que a su vez son similares lamentablemente a los indicadores de ocupación y empleo del primer trimestre de 2014 publicados por el Inegi.
Del mismo modo, académicos, especialistas y organizaciones de la sociedad civil coinciden en que los adultos mayores de 35 años son quienes tienen el mayor riesgo de ser desempleados sobre todo por las trabas que enfrentan para volver a incorporarse al mercado laboral y, cuando los aceptan, son empleados a cambio de remuneraciones muy bajas, la mayoría de las veces en áreas ajenas a sus conocimientos y talentos que no le generan más que frustración por no poder aplicar su experiencia ni mucho menos satisfacer las necesidades básicas que tienen para consigo mismos y con sus respectivas familias.
Evidentemente, las cifras confirman que las políticas empresariales vigentes en el país, se encuentran obstaculizando el acceso a las personas mayores de 35 años al derecho del trabajo que supone están respaldados tanto en el texto constitucional, artículo 1o; en la Ley Federal de Trabajo, artículo 3o; así como los instrumentos internacionales ratificados por México como un derecho fundamental que se debe ejercer con igualdad y sin ningún tipo de discriminación.
Luego entonces, y a la falta de medidas legislativas que asegura el cumplimiento cabal de las normas contenidas en nuestro marco jurídico vigente, es que hace necesaria nuestra intervención a fin de garantizar en la ley en materia una regulación más fortalecida que coadyuve, atienda y solucione de manera eficiente el fenómeno de discriminación por edad que lamentablemente lastima a nuestra sociedad mexicana, particularmente a las personas adultas.
Para lograrlo, resulta inaplazable proponer a ésta honorable Cámara de Diputados diversas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo con el propósito fundamental de establecer una obligación compartida entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como instancia encargada de llevar la política laboral del país, las entidades federativas y el sector empresarial tendiente a diseñar y ejecutar políticas públicas y programas dirigidos a generar oportunidad de empleo que realmente garanticen la inclusión de la población mexicana al mercado laboral y sobre todo permitan aprovechar la vasta experiencia, sabiduría y capacidad de los millones de mexicanas y mexicanos que superan los 35 años de edad en favor del desarrollo productivo y económico del país.
Compañeras y compañeros legisladores, debemos de considerar que la pirámide poblacional de México envejece a pasos agigantados, a la población que rebasa los 36 años de edad en los próximos 11 años representará el 60 por ciento de nuestra población total, por ello es urgente generar las condiciones apropiadas que aseguren el futuro de México, a la par de lograr el reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos humanos de todos los mexicanos.
Es cuanto, señor presidente. Le solicito sea inscrito el texto de mi iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Incorpórese de manera integral al Diario de los Debates la iniciativa. Gracias, diputado Nava Gómez.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el señor diputado José Arturo Salinas Garza, para presentar en nombre propio y del diputado Zepeda Vidales Damián, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Adelante, diputado.
El diputado José Arturo Salinas Garza: Gracias, diputado presidente, con su venia.
Quiero iniciar agradeciendo también la intervención del diputado Damián Zepeda Vidales, por sus aportaciones a este proyecto de iniciativa que como se ha comentado, reforma la Ley General de Procedimiento Administrativo.
Los diputaros de esta Legislatura hemos hecho muchísimos esfuerzos para implementar mejores prácticas en materia económica. Hemos dado facilidades financieras y crediticias que actualmente se encuentran vigentes para ayudar a detonar el mercado económico y regular todos los trámites y servicios que una empresa y especialmente las pequeñas y medianas empresas necesitan para poder tener operaciones en México.
Como sabemos, establecer una empresa en México no es cosa fácil, sobre todo tratándose de emprendedores de micro, pequeñas y medianas empresas, porque hay muchísimos trámites, documentación que hay que llenar, se tienen que acreditar ante diversas instancias, pues muchos requisitos, hacer pagos y una serie de gestiones que además de ser tardados son costosos y desgastantes para los emprendedores, pequeñas y medianas empresas.
El reporte Doing Business señala que en México toma 28 días hacer un trámite de apertura de una empresa, el promedio de los países del G7 es menos de 12 días, y esto implica que haya un sobrecosto en el proceso de abrir una empresa en México, que más o menos cuesta alrededor de un 12.5 por ciento de lo que en otros países puede costar.
Esta iniciativa de reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo pretende que, a partir de la aprobación de la misma, los servidores públicos que no presten con diligencia labores para ayudar a que las empresas hagan negocios en México cometan obstrucción empresarial.
Pero, ¿qué es la obstrucción empresarial? La obstrucción empresarial es incumplimiento en plazos de respuesta, pedir información de más, el extravío de documentación, solicitud de dádivas, alteración de procedimientos, negativa de servicio, falta de conocimiento de la normatividad y, sobre todo, perjudicar la operación de las empresas.
Todas éstas son problemáticas que en el día a día sufren los pequeños y medianos empresarios, y esta iniciativa pretende poner fin a estas conductas y a muchas otras que comenten los servidores públicos y que, si bien es cierto en el marco jurídico actual establece sus obligaciones, no establece cuáles serían las sanciones aplicables por el incumplimiento de las mismas. Por eso queremos fomentar una nueva cultura para apoyar a los empresarios y emprendedores de este país, para poder retomar el vigor de la actividad económica en México.
Actualmente sólo algunos estados, como Sinaloa y Coahuila contemplan esta figura de la obstrucción empresarial y es hora de llevar esta regulación al ámbito federal para que se pueda establecer una regulación que facilite la gestión de negocio de una empresa o de un pequeño comerciante. También en todos estos trámites concurren muchas de las instituciones federales, como puede ser Secretaría de Economía, Relaciones Exteriores, Hacienda, el IMPI, entre otros.
Esta propuesta pretende de manera puntual que cuando un ciudadano considere que se está llevando a cabo una omisión por parte de un servidor público para obstaculizar cualquier tipo de trámite, pueda acudir ante la Cofemer, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y darle vista a la Secretaría de la Función Pública para llevar a cabo el análisis y la aplicación de las sanciones administrativas que correspondan, las cuales pueden ser apercibimiento, amonestación, destitución, sanciones económicas o inhabilitación temporal para desempeñar cargos públicos.
Por eso creemos que la presente iniciativa colabora en la labor de modernizar el marco jurídico del comercio en México, regulando conductas y sanciones para aquellos funcionarios que obstruyan el ejercicio del comercio y de la labor empresarial en México, porque hoy aunque exista ya un catálogo de trámites y servicios con tiempos de entregas, no existen sanciones para el caso de incumplimiento.
En el Partido Acción Nacional somos conscientes de esta realidad y sabemos que el país está pasando por una mala situación económica, y es por eso que impulsamos propuestas como ésta que tienden a fomentar y desarrollar actividades económicas en México.
En conclusión. Derivado de los trabajos de simplificación empresarial que hemos llevado a cabo legislativamente, creemos que esta iniciativa tiende a fortalecer y modernizar el mercado económico en México y podemos llevar a que los empresarios tengan una mejor competitividad y una mejor respuesta por parte del gobierno. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Salinas Garza.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Derecho a la Alimentación Adecuada, hasta por 10 minutos, en virtud de que engendra un nuevo ordenamiento. En lo que hace a la presentada la iniciativa por el diputado Salinas Garza, túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para el dictamen que sea procedente. Adelante, diputada Bautista Cuevas.
La diputada Gloria Bautista Cuevas: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, a unos meses para concluir con el año internacional dedicado a la agricultura familiar y a un año de conocer los resultado de los objetivos del milenio de Naciones Unidas, pero especialmente en el marco del Día Mundial de la Alimentación, vengo a presentar a este pleno la iniciativa con proyecto de decreto de la Ley General del Derecho a la Alimentación Adecuada.
Agradezco infinitamente el apoyo de los diputados integrantes de la Comisión Especial de Asuntos Alimentarios, sus valiosas aportaciones que enriquecieron esta propuesta de ley. A todos los legisladores, que sin ser parte de la Comisión también decidieron suscribirla.
Todas las mexicanas y los mexicanos tenemos derecho a tener acceso a alimentos sanos, nutritivos, suficientes y de calidad, en consonancia con el derecho a una alimentación adecuada.
Esta ley busca establecer los mecanismos legales y garantizar un derecho humano, esencial e imprescindible, que apenas hace unos años se elevó a rango constitucional.
La ley en comento, busca dar respuesta al grave problema de carencia alimentaria que afecta a cerca de 28 millones de mexicanos que sufren la crisis financiera, el desempleo, el aumento de los precios internacionales en los alimentos, el estancamiento del salario bajo el crecimiento económico y la ineficiencia de los programas sociales. Esta ley tiene cuatro premisas básicas.
Primero, la disponibilidad de alimentos y agua para el consumo diario.
Segundo. El acceso físico y económico a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, de acuerdo con el contexto cultural y necesidades específicas de la población.
Tercero. La protección de toda persona a no padecer hambre.
Cuarto. El mínimo vital de alimentos cuyo consumo requiere cada persona para una vida digna y libre.
Es una ley que insta a las autoridades aplicarla, instrumentando acciones afirmativas o de compensación para quienes estén en mayor exposición social, al mismo tiempo que se abordan derechos y métodos relativos a la producción, consumo y distribución de los alimentos.
Es importante destacar que en cuanto a las competencias y coordinación, esta ley no busca crear más instituciones, sino aprovechar las plataformas ya existentes con la idea central de no aumentar los gastos administrativos, sino para hacer eficiente el uso de los recursos públicos existentes.
Estas plataformas son precisamente la Secretaría de Desarrollo Social, quien coordinará la Comisión Intersecretarial del ámbito federal y las entidades federativas harán lo propio en sus respectivas jurisdicciones.
Mención especial requiere la implantación de la política alimentaria nacional a partir de diversos instrumentos, como son el Programa Alimentario Nacional, las canastas alimentarias, las emergencias alimentarias y los mecanismos de participación social desde el ámbito de localidad, a manera de comités, así como el ámbito municipal y delegación, estatal y nacional, por medio de consejos alimentarios.
La ley aspira a la creación de un ramo general presupuestal para la política alimentaria, que deberá de instaurarse una vez que sea aprobada esta iniciativa.
Vale la pena crear y compactar los recursos destinados al derecho a la alimentación, donde se reflejen la participación, no solo de Sagarpa y Sedesol, sino también el resto de las dependencias que conformarían la Comisión Intersecretarial propuesta.
Esta iniciativa puede transitar, si se le otorga la voluntad política que se requiere, porque vale observar que actualmente el Presupuesto 2015 tiene una asignación específica sobre el tema por 34 mil 930 millones de pesos del programa alimentario, así como 4 mil 663 millones para atención de adolescentes, niñas y niños.
Ahora falta definir una partida específica en el Ramo 33 para destinar recursos a las entidades federativas, entre otras asignaciones. Es triste reconocer que estos montos apenas representan el 0 punto 85 por ciento del gasto total para 2015, que es a todas luces ineficiente para atender a un cuarto de la población total del país en situación de carencia alimentaria.
Diputadas y diputados, les hago un llamado fraternal para que sumemos voluntades y en estos momentos propicios de la discusión del Presupuesto de Egresos incrementemos el monto destinado a robustecer nuestra política alimentaria.
En nuestros tiempos es intolerable que millones de mexicanas y mexicanos padezcan hambre. La seguridad alimentaria es un asunto de soberanía nacional y debe ser una causa común.
Realicemos un potente y constante esfuerzo para erradicar el hambre en todos los rincones del país. Aseguremos medidas progresivas nacionales, como lo recomienda la Organización de las Naciones Unidas, pues en efecto, un hombre en la miseria alimentaria no es un hombre libre. Los hombres necesitados no son hombres libres. Con gente hambrienta y sin trabajo se construyen las dictaduras.
Por último, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva que tenga a bien turnarles a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Desarrollo Social, con opinión de la Comisión Especial de Asuntos Alimentarios.
Diputados y diputadas, es una pena que no estén todos los que debiéramos estar. Pero la invitación a que suscriban esta iniciativa está. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Gloria Bautista. Como usted lo ha solicitado, túrnese la iniciativa a las Comisiones de Derechos Humanos, de Desarrollo Social, para dictamen; y en cuanto hace a la opinión, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y de Asuntos Alimentarios. Gracias, diputada.
Saludamos a niños, a niñas, alumnos, alumnas de la Escuela Niños Héroes del municipio de Naucalpan, del estado de México, que los ha invitado la diputada Irazema González Martínez Olivares. Sean bienvenidos.
Aprovecho también para darles la bienvenida a alumnos, a alumnas, de la Universidad Insurgentes Centro del Distrito Federal y que han sido invitados también por la diputada Adriana González Carrillo. Sean bienvenidos.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Le otorgamos ahora el uso de la palabra, al diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 55 del Código Civil Federal y 230 del Código Penal Federal, y que le acompañan legisladores de otros grupos parlamentarios. Hasta por cinco minutos, señor diputado.
El diputado David Pérez Tejada Padilla: Muchas gracias amigo, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted. Adelante.
El diputado David Pérez Tejada Padilla: Con su venia honorable asamblea. Proteger el interés superior de la niñez implica defender su derecho a la identidad, dar certeza jurídica a dicho precepto y garantizar que el Estado mexicano proteja ese bien jurídico; sin embargo en pleno siglo XXI este problema no ha sido del todo superado, dado que existen diversos factores que continúan poniendo en riesgo al menor y en el tema que nos ocupa también afecta a las personas de escasos recursos, lo que coloca a ambos segmentos poblacionales en situación de desventaja social por no contar con los medios económicos y de acceso a la justicia que les permitan revertir las situaciones de alta vulnerabilidad que por su condición de pobreza y marginación enfrenta.
Como es de todos bien sabido, aprobamos el pasado 13 de marzo de 2014, una reforma al artículo 4o. constitucional, en el cual dejábamos plasmada la garantía por el derecho de los niños y las niñas a la identidad, siendo registrados en forma inmediata al momento de nacer.
Mas, sin embargo, aunque hemos realizado todo este tipo de reformas, existen todavía algunas leyes secundarias que requieren adecuarse para garantizar este derecho pleno que tienen las niñas y los niños, y que sean registrados de forma inmediata sin que medie ninguna condición –en este caso– de tipo económico para el goce y disfrute de ese derecho. Es por ello que debemos de adecuar algunos instrumentos como en este caso lo estamos realizando en materia civil y penal.
En este orden de ideas, cabe destacar que en la actualidad se presenta algún tipo de práctica en algunas instituciones de salud, tanto públicas como privadas, al condicionar la retención de documentos posterior al parto, que en este caso es el certificado de nacimiento -ojo, no el acta, el certificado- que es el que presentan a través de la expedición por parte de algún médico o de alguna institución de salud y que sirve para acudir ante la autoridad civil a realizar el registro del menor.
Este hecho no debe de pasar desapercibido, ya que vulnera la identidad del recién nacido afectando su desarrollo sicosocial y humano, además de convertirse en una limitante para acceder a otros derechos civiles y humanos.
Esto surgió, compañeros y compañeras diputados, a raíz de un caso real que fueron a plantearme directamente a uno de mis módulos de atención ciudadana o módulo de enlace legislativo de una madre de familia desesperada porque ya su hija tenía cinco o seis años y no podía haber sido registrada por haber nacido en una clínica privada, y los médicos estar condicionando la entrega de este certificado de nacimiento.
Es por ello que nos motivó a formular esta iniciativa en la cual agradezco a mi grupo de asesores, también al diputado Antonio Cuéllar que me acompañó en el análisis de esta iniciativa y que es integrante de la Comisión de Justicia, donde seguramente se ventilará este dictamen.
Asimismo, le voy a solicitar al diputado presidente que si fuera tan amable de solicitar también la opinión de la Comisión de los Derechos de la Niñez. Yo creo que su opinión favorable en este aspecto va a ayudar a respaldar muy bien la presente iniciativa.
Esta retención de documentos del recién nacido lo están realizando como un mecanismo de presión con la finalidad de que se finiquite algún pago de un servicio de parto, vulnerando con ello principalmente los derechos humanos privilegiando sobre todo el interés económico sobre el interés público.
Es por ello que estamos presentando esta reforma y adición tanto al Código Civil Federal como al Penal, para que ninguna persona condicione la entrega de ese documento a cambio de un tipo de prestación.
Es algo similar a lo que ya presentamos en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México cuando pedimos sancionar a las autoridades educativas que condicionaran la entrega de algún certificado para que continuaran los estudiantes superándose o con sus estudios de educación, ya sea secundaria o media superior.
Es por ello que les pido su respaldo con la presente iniciativa y les agradezco la atención que hayan prestado a esa situación que vulnera principalmente a nuestros niños. Muchísimas gracias por su atención. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Pérez Tejada Padilla. Como lo ha solicitado el proponente además de turnarse a la Comisión de Justicia para dictamen, se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para opinión.
Nos damos oportunidad para saludar a visitantes distinguidos y a familiares del señor diputado Gerardo Hernández Tapia, aquí presente, del estado de México. Bienvenidos y gracias por su visita.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del grupo parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 185 de la Ley Agraria. Adelante, diputada.
La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, la tendencia actual del derecho, sobre todo cuando ya se encuentra en vías un juicio, ha sido la de buscar mecanismos alternativos de solución, a efecto de que las partes puedan dirimir sus controversias de una manera personal y más amigable, como la mediación y conciliación.
La Ley Agraria no es la excepción y ha retomado dichas ideas con la finalidad de que durante el procedimiento agrario los tribunales, invitada en todo momento a las partes a solucionar sus conflictos de una manera amigable, logrando su composición, firmando el convenio respectivo.
Como es sabido, el convenio de las partes debe de ser sancionado y calificado por el Tribunal Unitario Agrario, a efecto de que con posterioridad dicho convenio se pueda elevar a la categoría de sentencia definitiva.
Ahora bien, si el convenio que se firme entre las partes con posterioridad adquiere la categoría de sentencia, la propia Ley Agraria establece que dichas sentencias deben cumplir con los principios de exhaustividad y congruencia.
Por tal motivo los convenios firmados también deben cumplir con dichos principios, lo que actualmente no está establecido en la Ley Agraria.
El principio de exhaustividad consiste en que a sentencia se pronuncie respecto a todas y cada una de las pretensiones que las partes hayan interpuesto.
Por su parte el principio de congruencia, de acuerdo a Aragonés Alonso, quien es citado por el catedrático José Becerra Bautista, consiste en: aquel principio normativo dirigido a delimitar las facultades resolutorias del órgano jurisdiccional por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y lo controvertido oportunamente.
Por lo que en ese orden de ideas la Ley Agraria establece que las sentencias que dicten los tribunales tienen que ser constantemente a los principios de exhaustividad y congruencia, por lo que en ese sentido esa misma exigencia legal debería ampliarse a los convenios en que se logren avenir las partes, dando por terminado el juicio.
En ese orden de ideas, la finalidad de las leyes tutelares a los sujetos agrarios en cuanto a sus derechos y pretensiones corresponde precisamente al Tribunal Agrario dar forma tanto interna como externa al convenio, teniendo facultades para ordenar de oficio la práctica de las diligencias que estime conducentes.
Así, una vez que el acuerdo de voluntades sea elevado a la categoría de sentencia y llegado el momento de la ejecución, sus alcances se encontrarán delimitados para procurar el cumplimiento exacto, por lo que el citado órgano agrario, antes de sancionarlo, debe verificar que se colmen los principios de exhaustividad y congruencia.
Como la Ley Agraria no lo contempla de manera clara y precisa, se han suscitado en la práctica diversos problemas legales en los que el convenio celebrado por las partes no incluyó todos los puntos litigiosos, ya fuese como acción o excepción, lo que en el momento de la ejecución del convenio viola los derechos y garantías constitucionales de los sujetos agrarios, siendo de imposible reparación dado que el convenio se elevó a la categoría de cosa juzgada.
Es por ello que el objetivo de la presente iniciativa radica en modificar la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria a efecto de que de manera clara y precisa se contenga expresamente en la obligación de exhaustividad agraria que en el convenio que las partes realicen previo a su calificación se analice si el mismo cumple con los principios de exhaustividad, congruencia y equidad con la finalidad de que no se vulneren derechos y garantías de partes.
Por último, solicito a la Presidencia que la presente intervención sea insertada íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada María del Carmen Martínez. Insértese en el Diario de los Debates y túrnese para dictamen a la Comisión de Reforma Agraria.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el señor diputado Ricardo Monreal Ávila para presentar iniciativa, en nombre propio y del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 42, 51 Bis y 64 de la Ley del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, léase Infonavit. Adelante, señor diputado.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano Presidente, ciudadanos legisladores: presento esta iniciativa en un momento difícil para la nación mexicana inmersa en un clima de violencia, en un proceso inicial de insurgencia civil, de ingobernabilidad, provocado por la violencia, por la impunidad, por el exterminio, por la injusticia, por la imposición de un modelo económico que persisten en aplicar y por la imposición de reformas estructurales que muy temprano provocaron esta violencia; la educativa, la fiscal, la reforma laboral, la reforma energética. Sin duda subyacen en todo este proceso de insurgencia y de irritación social que estamos viviendo.
He insistido en que el Poder Legislativo está muy debajo de las expectativas ciudadanas, muy por debajo de actuar como un interlocutor frente al grave problema que se vive. Sólo vean esta Cámara, el paneo que se ponga o que se genere sobre las curules, van a dar cuenta de la ausencia notable de cientos de legisladores, los que seguramente están ocupados en asuntos particulares o en asuntos de promoción política distinta a la emergencia nacional que vive nuestro país.
Vean con toda seriedad, ausentes la mayoría de legisladores y legisladoras. Esta Cámara se nota desflemada, se nota deslegitimada, se nota desinteresada. No hablo de todos, hablo de un gran número. Hay ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que he observado en las múltiples ocasiones que he tomado uso de la palabra, que siempre están ausentes y otros que siempre están atentos, independientemente del grupo parlamentario al que pertenecen.
Hoy voy a presentar una iniciativa de ley que modifica cuatro artículos de la Ley de Infonavit, el artículo 42, el 51, el artículo 64 y los transitorios que describo en la iniciativa. Ésta se trata en razón de que en los últimos años el Infonavit ha desestimado su labor primordial de apoyo a los trabajadores y se ha enfocado –que no es malo, es bueno a la promoción de vivienda.
Sin embargo, la venta de casas edificadas por las grandes constructoras del mercado, que por cierto están en quiebra, han provocado un problema singular. La falta de objetividad del instituto frente a estas empresas ha menoscabado la calidad en la construcción, en la mayoría de los casos se tienen grandes fallas estructurales, lejanía de los centros de trabajo, escasos servicios públicos, altos intereses, violencia, inseguridad y el abandono del patrimonio.
La pobreza patrimonial se ha incrementado de 45.5 millones de personas en 2006 a 57.7 millones de personas en 2010, dando como resultado un aumento imperdonable, injusto, del 24 por ciento.
En cuestión de viviendas las cifras son contrastantes, las cifras de 2014 establecían una demanda de casas superior al millón 100 mil viviendas, lo que representaría una inversión superior a 250 mil millones de pesos. Y por el otro, por eso el contraste, hay censos que arrojan más de 5 millones de domicilios abandonados, las principales razones de este fenómeno son la inseguridad, lo elevado de los intereses crediticios, la ubicación, las fallas estructurales y la falta de servicios básicos.
Mala calidad y deficientes materiales de construcción son la constante en los conjuntos habitacionales de los tiempos recientes. Se calcula que en nuestro país más de 4 millones 500 mil mexicanos viven en casas construidas con materiales deteriorados o de desecho, paredes y techos de lámina, cartón o carrizo.
El abandono de viviendas es un fenómeno que ha aumentado peligrosamente. Ejemplo de lo anterior son Ciudad Juárez, con más de 110 mil casas; Tamaulipas, con casi 15 mil; Valle de México, con cerca de 20 mil; Puebla, con cerca de 7 mil y otros estados más.
Ésta es la iniciativa que propongo, le solicito a la Presidencia gire sus instrucciones para que se plasme íntegra, porque el origen de esta propuesta radica en responsabilizar al otorgante del crédito al saneamiento de las fallas estructurales o vicios ocultos que la vivienda pudiera representar en su vida útil.
Por esa razón éste es un tema que no hemos abordado, es un tema lacerante que padecen millones de mexicanos habilitados con vivienda de Infonavit, y que es hora de ponerle un alto a la mala construcción y a los altos intereses de la vivienda social.
Presidente y a la asamblea, muchas gracias por la atención.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Como lo solicita el diputado Monreal Ávila, insértese íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates, y preciso, es iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 42, 51 Bis 6, y 64 de la convocada Ley de Infonavit. Túrnese a la Comisión de Vivienda para dictamen.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Antes de otorgarle el uso de la palabra a don René Ricardo Fujiwara, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, concédanme la licencia para saludar a alumnos y alumnas de la Universidad Montrer, plantel Morelia, de la Facultad de Derecho, así como alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que los ha invitado el señor diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados. Sean bienvenidos, gracias por su visita.
Tiene la palabra hasta por cinco minutos el señor diputado Fujiwara, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Adelante, diputado.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias. Con su permiso, diputado presidente. Antes de iniciar con la presentación de esta iniciativa permítanme un momento para citar el testimonio de una mujer indígena que durante años vivió un suplicio por falta de agua en su hogar.
“Hace una década tenía que levantarme a las tres de la mañana todos los días y caminar cinco kilómetros para recoger agua en el río. No volvía a casa antes de las 10, lo que significaba que a menudo mis hijos no tuvieran agua para lavarse y desayunar. Con frecuencia llegaban tarde a la escuela y sin haberse alimentado debido a mi ausencia”.
Compañeras y compañeros diputados, para las comunidades indígenas más alejadas recoger agua puede llevar casi todo el día. En el caso de las mujeres indígenas la falta de agua puede llevar a provocar peleas e incluso al maltrato hacia las esposas, que en muchos casos son obligadas a llevar el líquido vital.
Compañeras y compañeros diputados, el siglo XXI representa para México la oportunidad de atender de fondo varios de los problemas que durante décadas han padecido las y los mexicanos.
En este contexto, los desafíos que plantea el derecho humano al agua son diversos. Por eso, en México desde hace algunos años se han llevado a cabo diversas modificaciones jurídicas que representan una contribución sustantiva para garantizar el derecho al recurso más valioso: el agua.
Desde los problemas de sensibilidad, asequibilidad, calidad, principios establecidos en nuestra Carta Magna, se requieren estrategias y acciones contundentes por parte del Estado mexicano, particularmente acciones enfocadas a replantear los esquemas todavía vigentes de gestión del agua, por un nuevo modelo de gestión integral del vital líquido.
En México, desde el año de 1992, con el surgimiento de la Ley de Aguas Nacionales y las posteriores reformas del año 2004 y del 2012, la ley estableció modelos de gestión en cuencas hídricas por medio de instituciones reconocidas como consejos de cuenca, donde se proponían espacios de participación ciudadana en la toma de las decisiones.
Los diversos cambios socioeconómicos, políticos e inclusive en algunos casos geográficos y naturales, han generado modificaciones en dichos esquemas de gestión y participación, mismos que en su gran mayoría han privilegiado a las ciudades y a las grandes urbes, discriminando en la toma de decisiones en torno al agua a las comunidades indígenas de nuestro país.
México es un país multicultural, así lo establece nuestra Constitución Política en diversos artículos, en los que se reconocen los derechos de los pueblos indígenas.
A pesar de lo anterior, la Ley de Aguas Nacionales no establece alguna referencia específica al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en lo referente a su participación en la gestión de este recurso. Por lo que al momento de la toma de decisiones respecto a los recursos hídricos se excluye a las poblaciones indígenas, privilegiando siempre a los grandes usuarios del agua, principalmente en donde el uso es urbano, industrial y energético.
Un indicador de la desigualdad que impera en nuestro país, se refleja en la toma de decisiones, particularmente al momento de apartar a las poblaciones indígenas de la planeación del sistema de manejo de cuenca, en donde se le está negando el derecho que mandata, tanto nuestra Constitución como distintos tratados internacionales en esta materia.
De manera que la iniciativa que presento ante esta soberanía tiene como objetivo primordial reconocer el derecho que corresponde a los pueblos indígenas en materia de agua, toda vez que su visión enriquecerá la adición de gestión del agua en cuanto al manejo, la administración y la conservación de este recurso invaluable.
Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, los problemas que derivan del esquema actual de gestión hídrica requieren una atención especial, siempre con una visión social. Por ello, hemos establecido una alianza por el agua, para proteger este recurso que la naturaleza nos ha brindado, de ahí nos resulta imperativo dar al tema del agua la relevancia que se merece.
Ahora nos corresponde a todas y a todos, sociedad civil, comunidades indígenas, gobierno, establecer los mecanismos que nos permitan transitar en la dirección de un modelo democratizador del vital líquido.
En virtud de lo anterior, confiamos que la presente iniciativa que pretende incluir en la Ley de Aguas Nacionales la participación efectiva de los pueblos y comunidades indígenas de México, pueda ser respaldada en todas sus etapas del proceso legislativo, al cual deberá ser sometida.
Por su atención y sobre todo por su respaldo, compañeras y compañeros, muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.
Previo a tocar el siguiente punto del orden del día, le damos la bienvenida a estudiantes de la escuela preparatoria Del Valle, del municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, que los ha invitado la diputada Dulce María Muñiz Martínez.
Lo mismo le damos la bienvenida a alumnos y docentes de la licenciatura de ciencias políticas y administración pública de la Universidad Autónoma del Estado de México, a invitación del señor diputado Carlos Augusto Morales López. Bienvenidos, bienvenidas todas, gracias por acompañarnos en este recinto.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 48, párrafo primero, 54, y el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Turismo. Para fundamentar el dictamen, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el señor diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán.
El diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán: Con su permiso, señor Presidente. El dictamen de la Comisión de Turismo referente a la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 48, 54 y cuarto transitorio de la Ley General de Turismo, mismo que hoy ponemos a consideración de esta asamblea, tiene por objeto dar paso a las reformas propuestas en la iniciativa presentada el 28 de febrero de 2013 por el senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La Ley General de Turismo publicada el pasado 17 de junio del 2009 vino a fortalecer y a establecer las bases sobre las cuales se pretende hacer de México un país líder en la actividad turística mundial, considerando que esta industria es generadora de importantes fuentes de empleo, inversiones, divisas y como motor del desarrollo nacional y regional.
No obstante, dicha ley, a más de cinco años de su publicación el 17 de junio del 2009, carece de un impacto contundente y óptimo ante la falta de la reglamentación correspondiente. Una ley sin reglamentar supone condiciones de incertidumbre para los actores del sector turístico, así como dudas ante la toma de decisiones trascendentes.
Es así que la propuesta del legislador pretende, en primer plano, reformar el párrafo primero del artículo cuarto transitorio de la Ley General de Turismo a fin de establecer que corresponde al titular del Ejecutivo federal expedir el reglamento de la ley dentro de los 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para ser consecuente esta disposición normativa transitoria con la facultad y obligación del Presidente de la República, de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes que expida el Congreso de la Unión.
Cabe mencionar que este artículo referido fue declarado inválido por sentencia de la Corte a controversia constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo del 2013.
Asimismo, el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya resuelto declarar inválido el primer párrafo del artículo cuarto transitorio de la Ley General de Turismo trajo como consecuencia la invalidez también de los artículos 48 en lo que corresponde a la parte normativa que indica la Secretaría, y al artículo 54 en la parte normativa que indica la Secretaría mediante.
Lo anterior, ya que al declararse la invalidez de una norma general, sus efectos se extienden a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada.
Por tal razón, coincidimos con los argumentos expresados por la colegisladora y ponemos a su consideración la aprobación del presente dictamen para reformar los artículos 48, 54 y cuarto transitorio, párrafo primero de la Ley General de Turismo para quedar como sigue.
Artículo 48. La inscripción al registro nacional de turismo será obligatoria para los prestadores de servicios turísticos quienes deberán cumplir con la información que determine el reglamento.
Artículo 54. Para operar los prestadores de servicios turísticos deberán cumplir con los elementos y requisitos que determinen el reglamento y las normas oficiales mexicanas sin perjuicio de las obligaciones que le sean impuestas por otras autoridades
Cuarto transitorio. El Ejecutivo federal deberá emitir el reglamento de la ley dentro de los 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Con las presentes reformas, el sector turístico y principalmente los prestadores de servicios turísticos, serán beneficiados al contar con una normatividad clara y precisa que establezca cuáles son y dónde estarán definidos los requisitos para su registro y operación, evitando así situaciones de incertidumbre ante la toma de decisiones y propiciando que los servicios turísticos que se ofrecen en nuestro país cumplan, y aún más, superen los estándares de calidad que demandan nuestros visitantes nacionales y extranjeros.
Asimismo nos permitirá impulsar la emisión de reglamento de la Ley General de Turismo, que a más de cinco años de su publicación, aún carece de dicha normatividad.
Por todo ello les pedimos su voto a favor del presente dictamen. Es cuando, ciudadano presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Rodolfo Dorador.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene usted la palabra, hasta por cinco minutos, para fijar la postura de su grupo parlamentario.
El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Con el permiso de la Presidencia.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante.
El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Diputadas y diputados, los países que han dado el gran salto al desarrollo son aquellos que han actuado con visión de largo plazo y han invertido eficazmente en mejorar de manera integral sus niveles educativos, marco regulatorio, infraestructura y calidad de los servicios, entre otros aspectos.
Para constatarlos basta con analizar los componentes y resultados del país en el Índice de Competitividad en el Foro Económico Mundial, en dicho índice ocupamos el lugar 61 de las 144 economías analizadas, sin embargo entrando en algunos de los detalles que mide este indicador internacional el panorama no es nada halagador.
Por ejemplo: En cuanto a la medición de la carga de la regulación gubernamental el país está en el lugar 118 y en la eficiencia del marco legal para resolver disputas ocupamos el lugar o el sitio 99. Como vemos, estamos muy por debajo de muchas economías de tamaño similar al nuestro.
Lo anterior nos sirve para contextualizar las ventajas que supone traerá para alguno de los sectores más importantes de nuestra economía, como lo es el turismo, la existencia de un mejor marco regulatorio. Al reformarse estos dos artículos de la Ley General de Turismo, ligados a las determinantes de un reglamento, cuya expedición debió estar en apego a la exacta observancia del marco normativo, se fortalece a todos los que se encuentran inmersos en este sector tan dinámico.
No puede haber desarrollo si no se brinda a los involucrados la estabilidad, seguridad y confiabilidad de un ordenamiento jurídico aplicable, claro y certero. Estudios en el Banco Mundial han encontrado causalidades entre la credibilidad y la estabilidad de los sistemas jurídicos y las variaciones el crecimiento del PIB per cápita en el orden de un 23 por ciento de la variación.
En tal sentido, en Nueva Alianza consideramos que esta reforma contribuirá a mejorar el resultado nacional medido en el Índice –bianual– de Competitividad en Viajes y Turismo, dado a conocer a mediados del año pasado, en el que nos coloca en el lugar 44 de los 140 países analizados. Sin embargo, en cuanto a la evaluación dada en nuestro marco regulatorio específico nos ubica en el lugar 88 a pesar de que en recursos humanos, culturales y naturales ocupamos el décimo quinto lugar.
Lo anterior abre una importante ventana de oportunidad para este sector generador de importantes fuentes de empleo, inversión, divisas y motor del desarrollo nacional.
Compañeros legisladores, en un entorno donde la competencia por atraer inversión es cada vez mayor, es razonable pensar en las ventajas de una jurisdicción estable, madura y confiable. No obstante, la certeza jurídica no se mide sólo por la cantidad de leyes que se reforman o crean ni por la calidad de las mismas, requiere también de una adecuada y pertinente regulación, de lo contrario está impedida a obtener los resultados deseados.
Por ello, como grupo parlamentario estaremos atentos a que el Ejecutivo emita dentro de un tiempo previsto, el reglamento y las normas que lo hagan operativo. El Grupo Parlamentario Nueva Alianza apoyará este dictamen que reforma la Ley General de Turismo, porque creemos que la certeza jurídica coadyuvará a mantener la importante contribución que hace el turismo al crecimiento económico, al empleo de miles de mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Félix Hays. Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Gabriela Medrano Galindo hasta por cinco minutos y para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Gabriela Medrano Galindo: Con la venia de la Presidencia. Nuestro país cuenta con un gran patrimonio turístico que va más allá de los destinos de sol y playa, esto nos ofrece una posición privilegiada en el mapa del turismo internacional. Lo anterior ha hecho de tema turístico un asunto relevante a nivel nacional.
Dicho lo anterior, México conserva una gran riqueza cultural, ya que en la vastedad de nuestro territorio podemos encontrar 37 bienes patrimonio de la humanidad. Añadido a esto, nuestro territorio fue bendecido con grandes riquezas naturales repartidas en 174 áreas naturales protegidas y más de 10 mil kilómetros de litoral.
Otro elemento que abona al turismo es la posición geográfica privilegiada con la que cuenta nuestro país, ya que comparte más de 3 mil kilómetros de frontera con el país más poderoso del mundo y con dos de sus estados más ricos y progresistas; California y Texas.
Estos elementos permitieron un incremento en el rubro de llegadas internacionales en 2013, recibiendo 23 millones 700 mil turistas extranjeros, los cuales dejaron una derrama económica de 13 mil 819 millones de dólares, según el documento Panorama de la Organización Mundial de Turismo Internacional, edición 2014.
Las cifras vertidas con anterioridad convierten a México en el decimotercer destino turístico más importante del mundo, lo cual lo hace ser el país más importante en este sector en América Latina y el Caribe.
Igualmente es pertinente mencionar que gracias a la gran demanda turística con la que históricamente hemos contado, México cuenta con una gran infraestructura turística para atender adecuadamente y de la mejor manera a los visitantes extranjeros y nacionales a lo largo y ancho del territorio.
En este sentido, se cuenta con siete centros turísticos integralmente planeados, más de 70 destinos de playa, culturales y de negocios y 43 pueblos mágicos, lo que se traduce en aproximadamente 17 establecimientos con 600 mil cuartos en diferentes categorías. Lo anterior se deriva en la creación de tres millones de puestos de trabajos directos y en la conservación de siete millones de espacios laborales indirectos.
En síntesis, el sector turismo representa el 8.4 del producto interno bruto en México y es el cuarto generador de divisas.
Para seguir impulsando la llamada industria sin chimeneas, se creó la Ley General de Turismo. Sin embargo, esta ley carece de un reglamento, lo cual puede derivar en costos económicos e incertidumbres para los inversionistas.
El presente proyecto de decreto busca subsanar esta carencia al reformar el primer párrafo del artículo Cuarto transitorio de la Ley General de Turismo, con el objetivo de manifestar con claridad que le corresponde al titular del Ejecutivo federal expedir el reglamento de la ley, ya que antes se mencionaba que la secretaria de Turismo expediría el reglamento de la ley en materia, lo cual resulta contrario a la Norma Constitucional.
De igual manera, este dictamen también clarifica que será en el Reglamento de la Ley General de Turismo donde se determine la información que los prestadores de servicios turísticos deberán proporcionar a las autoridades competentes para su inscripción obligatoria en el Registro Nacional de Turismo y no como actualmente está establecido, donde se señala que dichos requisitos los determinará a través del reglamento correspondiente, sin especificar a cuál se refiere.
Por lo tanto, en el Partido Verde apoyamos al presente proyecto de decreto por medio del cual se emitirá el Reglamento de Ley General de Turismo, que con certeza expedirá el presidente de la República y de esta manera poder establecer los requisitos que deberán cumplir los prestadores de servicios turísticos para poder operar, ya que la carencia de un reglamento se ha traducido en inactividad de nuevas disposiciones legales, lo cual ha derivado en falta de oportunidades de crecimiento para la industria turística mexicana. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Gabriela Medrano. Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Carla Guadalupe Reyes Montiel, para fijar el posicionamiento a nombre del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Carla Guadalupe Reyes Montiel: Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea, para nuestro grupo parlamentario está muy claro que el turismo es una de las principales actividades económicas para nuestro país, ya que capta una enorme cantidad de recursos por año y que México se encuentra entre las principales potencias mundiales en este sector, incluso hemos estado entre los 15 países más visitados del mundo y actualmente los 20 más visitados.
Debido a la crisis de inseguridad que padecemos y que no hemos podido resolver, ciertamente ha inhibido a varios miles de turistas a venir a nuestro país. Sin embargo, resulta increíble que México siga siendo un lugar preferido para los viajeros del mundo y por ello, tenemos que cuidar el desarrollo de todo este sector, dando a los turistas y a los prestadores de servicio todo tipo de certeza, para que sigamos captando recursos muy necesarios para el desarrollo a través de esta noble actividad.
Ciertamente, la expedición y promulgación de la Ley General de Turismo es un paso adelante para regular y ayudar a detonar todo el potencial turístico de nuestro país. La ley promueve el desarrollo sustentable y equilibra esta actividad en el país y contempla herramientas como un atlas turístico, la incorporación de la actividad a cadenas productivas y el ordenamiento turístico del territorio.
En cuanto a los aspectos operativos, la ley promueve la construcción del Registro Nacional de Turismo, que es el catálogo público de prestadores de servicios turísticos en el país y define derechos y obligaciones a los que están sujetos los prestadores de servicios turísticos y los propios turistas.
Sin embargo, esta ley aún no ha sido reglamentada y por esta razón sus buenos propósitos se han visto muchas veces neutralizados. Una ley sin reglamentar supone incertidumbre jurídica para los inversionistas y en buena medida para los prestadores y los usuarios del servicio.
La falta de reglamento ha repercutido en la falta de oportunidades de crecimiento para el sector nacional. Por ello, el presente decreto reforma el artículo cuarto transitorio de la ley para que quede absolutamente claro que la facultad para reglamentar esta norma es del Ejecutivo y que hay urgencia para que lo haga de una vez por todas, ya que se le pasó el tiempo al presidente para expedir este reglamento, por lo que ahora, con esta reforma le extenderemos un plazo otros 180 días, a partir de que el presente decreto se publique en el Diario Oficial de la Federación. A ver si ahora sí le da tiempo o se toma tiempo suficiente para asumir responsablemente esta facultad.
Lo anterior permitirá que la Secretaría de Turismo no quede impedida para emitir reglas o disposiciones generales. La Secretaría podrá emitir disposiciones que establezcan requisitos para que los prestadores de servicios turísticos puedan operar conforme a la dinámica que supone la actividad turística en el país.
Y estas disposiciones pueden actualizar con oportunidad, siempre en pro de los derechos y obligaciones, tanto de los prestadores de servicios vinculados a este importante sector como a los derechos y también a las obligaciones del turista.
Nuestro grupo parlamentario está a favor de la aprobación del presente dictamen y hace votos para que el concepto sustentabilidad lleve esta ley. No solamente sea un mero adorno, y que efectivamente promueva el desarrollo armónico de esta importante actividad económica, cultural y deportiva, con la preservación de la naturaleza y de nuestro patrimonio histórico, arqueológico y cultural, evitando y sancionando toda práctica depredadora, tanto de los turistas como de los prestadores de servicios, los inversionistas y las propias autoridades de cualquier nivel y cualquier ámbito. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Reyes Montiel. Tiene el uso de la palabra el diputado Rafael González Reséndiz, para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Rafael González Reséndiz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el turismo es un componente esencial que ha detonado el desarrollo económico y social en México, por lo que la expedición y la promulgación de la Ley General de Turismo, en el 2009, significó un avance primordial para ubicar realmente al sector como una prioridad nacional, buscando el impulso, promoción y fomento de la actividad turística con una visión incluyente, respetuosa del federalismo.
La Ley General de Turismo promueve el desarrollo y competitividad del sector a través de la formulación de políticas públicas, modelos y acciones que incrementen la diversificación y la calidad en la materia. La profesionalización de quienes desempeñan sus actividades laborales en empresas turísticas o prestan servicios en este sentido. La modernización de las empresas turísticas, el otorgamiento de distintivos, incentivos, certificados o reconocimientos a los prestadores de servicios. El diseño y ejecución de acciones coordinadas entre entidades y dependencias de los tres órdenes de gobierno para la promoción, establecimiento y desarrollo de empresas turísticas y la realización de acciones para incidir favorablemente en las inversiones y proyectos turísticos de alto impacto en el sector turístico, así como agilizar los mecanismos y procedimientos administrativos que faciliten su desarrollo, implementación, conclusión y operación.
Los aciertos de la Ley General de Turismo han propiciado que México sea un país líder en la actividad turística global. El crecimiento y desarrollo de destinos turísticos como Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco y otros más en la República Mexicana son ejemplos mundiales en donde los visitantes nacionales y extranjeros pueden disfrutar de las bellezas naturales y culturales en nuestro país.
La ley en comento tiene como objetivo que estos destinos crezcan bajo un enfoque sustentable que promueva el desarrollo local. Esto tiene relevante significado por ser ésta noble actividad la generadora de importantes fuentes de empleo, divisas, inversión y como motor del desarrollo local y regional.
Sin embargo, no ha sido posible su materialización dado a que a más de cinco años de la promulgación de la Ley General de Turismo en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de junio de 2009, no ha sido expedido su reglamento conforme a lo establecido en el artículo cuarto transitorio debida a una desafortunada redacción que generó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara invalido el artículo en cuestión que fundamentaba a dicho reglamento, así como a diversas disposiciones relacionadas con el transitorio referido.
Desafortunadamente, la falta de este reglamento se ha traducido en la inoperatividad de nuevas disposiciones jurídicas que no se han materializado incidiendo a la falta de oportunidades de crecimiento para el sector turístico mexicano.
Por lo anteriormente expuesto es que se coincide con la propuesta de la comisión dictaminadora para reformar el primer párrafo del artículo cuarto transitorio de la Ley General de Turismo, a fin de que se establezca con toda precisión y claridad, que corresponde al titular del Ejecutivo federal y no a la Secretaría de Turismo expedir el reglamento de la ley para hacer efectiva operativa esta disposición normativa transitoria con la facultad y obligación del presidente de la República de proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de las leyes que expide el Congreso de la Unión.
Consecuentemente, se apoya también a la propuesta de reformar a los artículos 48 y 54 de la ley, invalidados en la misma decisión de la corte para generar certeza al texto normativo y coordinar los objetivos normativos, estableciendo así que el Reglamento de la Ley General de Turismo se determine la información que los prestadores de servicios turísticos deberán proporcionar a las autoridades competentes para su inscripción obligatoria en el Registro Nacional de Turismo y que los prestadores de servicios turísticos deberán cumplir con los elementos y requisitos que determinen el reglamento y las normas oficiales mexicanas, sin perjuicio de las obligaciones que les sean impuestas por otras autoridades.
Es así que con el dictamen propuesto, se busca satisfacer los requisitos de certeza jurídica, pero también de flexibilidad que desde luego debe ser garantizada por las autoridades administrativas en la materia para generar un desarrollo turístico e innovador y consecuentemente que le vaya bien al sector turístico. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Rafael González por su participación.
Quiero saludar a alumnos de la Universidad de la Ciudad de México que están aquí en el recinto, en este salón de plenos, invitados por el diputado Fernando Cuéllar Reyes, del PRD. Sean bienvenidos.
Tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, para hablar en pro del dictamen que se está discutiendo, hasta por tres minutos.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, compañero presidente. La realidad es que coincido con lo que dijera al inicio de la sesión el diputado Monreal, que hay temas de extrema gravedad en el país que demandarían una mayor atención de los integrantes de esta Cámara de Diputados.
Hoy, precisamente hablando de turismo, desde luego que valoramos el esfuerzo de la comisión en la materia, para que los prestadores de servicios turísticos puedan registrarse conforme a las reglas y las normas en la materia.
Pero me parece que la gran problemática hoy de México en materia turística y en general en su posicionamiento global y mundial, es que México es hoy noticia por casos de escándalo, por casos de violencia y de delincuencia organizada desatada.
Nada ha dicho esta Cámara de dos temas que afectan la imagen de México en el mundo. El primero, el llamado de eurodiputados, con relación a la emergencia de derechos humanos que enfrenta el país, donde el caso de Tlatlaya ha motivado la intervención de organismos internacionales como Human Rights Watch, como agencias periodísticas serias y prestigiadas y desde luego como gobiernos de otras naciones.
El caso de Iguala, donde en una descripción muy atinada, el diputado Monreal señalaba que se configura el delito de genocidio porque se ha perseguido como víctimas de odio, pretendiendo su aniquilamiento, a un grupo de estudiantes pobres normalistas de diferentes estados del país.
Y lo que es el extremo en la materia es la alerta que emite el gobierno de Estados Unidos para no visitar seis estados en el país, y aquí esta Cámara no ha dicho nada y mucho menos Enrique Peña Nieto, José Antonio Meade y demás personajes del gobierno, frente a la alerta que emitió el gobierno de Obama con relación a un llamado a los habitantes de Estados Unidos a no visitar seis estados, entre otros Michoacán, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Sinaloa, Coahuila y Guerrero.
Desde luego que estos temas merecerían la atención porque de nada sirve que hagamos reglas para los prestadores de servicios o definamos a las costas como reserva ecológica, si la principal problemática del país para que vengan flujos importantes de turistas está en la inseguridad que hoy es noticia global en el país.
Y esta noticia por más que el gobierno federal quiera esconderla, acompaña al presidente a todas sus giras.
Se llevó casi una semana en Nueva York y hasta allá lo persiguió la noticia de Tlatlaya, que gracias a la presión internacional se abrió al escrutinio del país.
Y por cierto sigue sin instalarse el grupo de Tlatlaya en esta Cámara que corresponde a las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia.
Por eso concluyo que la mejor manera de promover el turismo en el país es respetando los derechos humanos, siendo un país que da seguridad a sus habitantes y teniendo un gobierno federal que gobierna con éxito y con justicia. Es cuanto.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Mejía.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En atención a que esta presidencia no tiene registro alguno para la discusión en lo particular del contenido del dictamen y por virtud de que se ha agotado también la lista de oradores, con apoyo en el artículo 109 del Reglamento de esta Cámara, pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recibir la votación justamente en lo general y en lo particular en un solo acto, señor secretario.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: De viva voz.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: (desde su curul): A favor.
El diputado Marco Antonio González Valdez (desde su curul): A favor.
El diputado José Isabel Trejo Reyes (desde su curul): A favor.
El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas (desde su curul): A favor.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor Presidente, se emitieron 401 votos a favor, 2 abstenciones y 0 en contra.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular por 401 votos el proyecto de decreto que reforma los artículos 48, párrafo primero, 54 y cuarto transitorio de la Ley General de Turismo. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona una fracción XV al artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Por la comisión, para fundamentar el dictamen, tiene el uso de la palabra el diputado Alfonso Inzunza Montoya, hasta por cinco minutos.
El diputado Alfonso Inzunza Montoya: Con su permiso, señor Presidente. El dictamen que nos permitimos someter a la consideración de este pleno es una minuta enviada por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y cuyo origen es una iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados.
Este dictamen propone adicionar una fracción XV al artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables de conformidad con observaciones que la colegisladora hiciera a la minuta de origen y en la cual se establece que el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura se sujetará a las precisiones del Plan Nacional de Desarrollo y contemplará, entre otros aspectos, los siguientes:
Apoyo a los pescadores y acuacultores que se dediquen de manera legal a la captura y al cultivo de los recursos pesqueros y acuícolas en aguas nacionales, tanto marinas como continentales.
La materia del presente dictamen consiste en fortalecer desde la legislación al Programa Propesca Productivo y que concluye un proceso legislativo cuyo origen es una iniciativa que recibió desde el primer momento el respaldo de las diputadas y de los diputados integrantes de la Comisión de Pesca, así como de todo este pleno.
En la minuta remitida se destaca la importancia de estimular a que los pescadores formalicen su actividad y cumplan con lo dispuesto en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Esto es, que cuenten con un permiso o concesión para realizar la actividad y utilicen las embarcaciones y el arte de pesca permitidos, realicen cultivos autorizados que se inscriban y actualicen sus datos ante el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura.
Se argumenta asimismo que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, destina recursos de manera sistemática al sector primario, como lo hace con el programa de apoyos directos al Procampo, que es un subsidio directo que el gobierno federal otorga para apoyar el ingreso a los productores rurales.
Además, cuenta con un programa de producción pecuario, sustentable y ordenamiento ganadero y apícola, el nuevo Progan, el cual es la continuación del Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera.
De esta manera, el presente dictamen establecerá el componente de apoyo a la productividad del sector pesquero y acuícola como un instrumento que habrá de constituirse en un incentivo de la productividad de los pescadores, que en términos de justicia social y política merecen, y que contribuirá a abatir los rezagos en que se encuentra la pesca del país desde hace ya varios años.
En ese sentido, los apoyos directos habrán de convertirse en un instrumento presupuestal para las miles de familias que integran el sector social de la pesca y la acuacultura en México.
Por las consideraciones expuestas y que están contenidas en la iniciativa de origen a la minuta analizada y aprobada en su oportunidad por las Comisiones Unidas de Pesca y de Estudios Legislativos del Senado de la República, solicitamos de ustedes el voto en favor del presente proyecto de dictamen que adiciona la fracción XV al artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.
Por su apoyo, compañeras diputadas y diputados, muchas gracias. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Inzunza. Previo a la fijación de posturas de los grupos parlamentarios, saludo a estudiantes de las universidades de los estados de Puebla, de Veracruz, de Chihuahua, de Coahuila, de Guanajuato, de Oaxaca, quienes han sido invitados por el señor diputado Julio César Moreno Rivera, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara. Bienvenidos, jóvenes, a este recinto.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la palabra la diputada María Sanjuana Cerda Franco, hasta por cinco minutos. Adelante, amiga diputada.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su permiso, diputado presidente.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Señores legisladores, buenas tardes. El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza expresa su acuerdo con el presente dictamen porque representa un avance en dos objetivos que benefician a la economía y la población: promover la formalidad de las actividades económicas, como es la pesca, en este caso, así como establecer apoyos específicos a pescadores y a acuacultores de escasos recursos.
Estamos conscientes de la importancia que tiene para el país promover e impulsar el desarrollo integral mediante políticas públicas pertinentes y eficaces, destinadas a apoyar a las poblaciones menos favorecidas del país. Sabemos que con ello se contribuirá a mejorar las condiciones de equidad y a disminuir la brecha de desarrollo existente entre las diversas regiones y sectores del país.
Por eso apoyamos la adición propuesta al artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, a fin de que el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura incluya apoyos a los pescadores y acuacultores que se dediquen de manera legal y sustentable a la captura y al cultivo de los recursos pesqueros y acuícolas en aguas nacionales, tanto marinas como continentales.
Consideramos que es muy importante estimular que los pescadores formalicen su actividad y cumplan con lo dispuesto en la ley, esto es que cuenten con un permiso o concesión para realizar la actividad y actualicen sus datos ante el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura.
Promover la formalidad y apoyar a los pescadores con mejor capacidad productiva es una buena medida, porque la pesca y la acuacultura constituyen una fuente importante de alimentos a nivel mundial, contribuyen también en la generación de empleos, proporcionan recreación, impulsan el comercio y generan en gran medida bienestar económico en los países que lo saben explotar de manera productiva y sustentable.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en su evaluación 2010 sobre pesca de captura y acuacultura, informó que estas actividades suministraron al mundo unos 148 millones de toneladas de pescado, con un valor total de 217 mil millones de dólares americanos. De ellos, aproximadamente 128 millones de toneladas se destinaron al consumo humano.
México tiene una enorme extensión de litorales, ostenta una gran variedad de sistemas costeros y marinos, así como en aguas interiores, ya sean lagos, lagunas, represas y ríos, lo que confiere un gran potencial pesquero.
No obstante lo anterior, los 362 millones de toneladas de productos pesqueros y acuícolas exportadas por el país en 2012 apenas nos colocan en el sexto lugar regional, por debajo de las economías, como: la de Chile, Estados Unidos, Brasil o Ecuador.
Debemos fortalecer la tendencia que nos ha hecho transitar de una actividad de casi autoconsumo hacia una de mayor exportación, así lo demuestra el valor de las exportaciones que en 2013 fue de más de mil 108 millones de dólares en comparación con los 576 millones de dólares logrados en 2004.
Compañeras y compañeros legisladores, tenemos frente a nosotros una importante ventana de oportunidad que debemos aprovechar en los próximos años. Una parte considerable del pescado que se consume en países desarrollados es vía las importaciones.
Debido a la demanda constante, organismos internacionales como la FAO prevén que su dependencia de las importaciones en particular procedentes de países en desarrollo, aumentará en los próximos años. Sin embargo, no podremos aprovechar las ventajas que tenemos como país si la mayoría de los más de 271 mil unidades productivas pesqueras son de tamaño pequeño o mediano y se dedican a la pesca artesanal o de autoconsumo, además de que son familias de pescadores que carecen todavía de servicios básicos, como la electricidad y el agua potable.
En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza apoyamos una política integral que impulse el desarrollo de la pesca y la acuacultura en el país, que alcance mejores niveles de productividad y mantenga el ritmo de crecimiento en la generación de empleos en estas actividades económicas. Por eso daremos nuestro voto a favor de este dictamen, para que en su ejecución como política pública y aplicando principios de sustentabilidad, los apoyos que reciban miles de mexicanas y mexicanos que se dedican a estas actividades sea un factor de desarrollo que mejore su calidad de vida. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Sanjuana Cerda. El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo tendrá oportunidad de fijar la posición a nombre de su Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados ha presentado un dictamen relativo a la minuta que la colegisladora remitió a esta soberanía, relativa a adicionar una fracción XV al artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para incorporar el apoyo a los pescadores y acuicultores que se dediquen de manera legal y sustentable a la captura y al cultivo de los recursos pesqueros y acuícolas en aguas nacionales, sean marinas como continentales.
La minuta procedente del Senado presenta un estudio acerca de la propuesta original de la Cámara de Diputados que consistía en modificar el artículo 8o del ordenamiento referido, ya que no es necesario dicho cambio porque se pretendía otorgar atribuciones a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para expedir reglas de operación conforme a disposiciones en materia presupuestaria.
El estudio destaca que con la actual legislación Sagarpa tiene facultades para emitir estas reglas de operación respecto a los diferentes programas que tiene a su cargo. En tal virtud, la colegisladora plantea adicionar una fracción, la XV al artículo 20 de la ley en comento para incluir en el Programa Integral de Inspección y Vigilancia para el Combate de la Pesca Ilegal el dispositivo que permita apoyar a los pescadores que se encuentren en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura, que se dediquen de manera legal y sustentable a la captura y al cultivo de cualquiera de los recursos marinos en bahías, esteros, riberas, alta mar y aguas continentales.
En el estudio destaca la importancia de estimular a los pescadores formalicen su actividad, dejando de lado la ilicitud y cumplan con las disposiciones de la ley referida.
Más aún, Sagarpa tiene entre sus objetivos el destinar recursos de manera sistemática al sector primario de la misma forma que lo hace con Procampo, que es un subsidio directo para apoyar el ingreso de los productores rurales.
En las circunstancias anteriores, la Comisión de Pesca hizo suya la propuesta plasmada en la minuta de referencia para apoyarla en la aprobación en esta soberanía.
Es de particular interés mencionar que en el artículo Segundo transitorio se está previendo que para dar cabal cumplimiento al decreto objeto de este posicionamiento, se sujete al Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, observando las disposiciones aplicables en materia presupuestaria, cuestión que consideramos pertinente.
En mérito de lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del dictamen de la minuta remitida por la colegisladora. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Héctor Hugo Roblero. La diputada Zuleyma Huidobro González tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para fijar la postura de su Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
La diputada Zuleyma Huidobro González: La verdad es que es una lástima, una pena, porque hay temas muy importantes que están sucediendo en el país.
Este dictamen que se está discutiendo es de una iniciativa que es desde el 2012 y es lamentable porque los diputados no están. Allá afuera me preguntan que siempre digo lo mismo, que los diputados no están y que no hay quórum, y me dicen: cómo se ve el pleno vacío desde la tribuna. Entonces, ahí vamos, sacaremos la foto para que vean cómo está el pleno.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: No se puede desestimar la asistencia, diputada.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Muy bien. Y para constatar que no hay quórum.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Al tema, estimada diputada.
La diputada Zuleyma Huidobro González: La costa mexicana tiene una longitud de alrededor de 11 mil 500 kilómetros de extensión... ¿Por qué les afecta, hombre? Si ustedes si están aquí presentes, no hay tanto problema, es para evidenciar a los que no están y que no hay quórum.
Con cerca de 3 millones de kilómetros de cuadrados de zona económica exclusiva. La producción pesquera del país proviene principalmente de la pesca por captura. La pesca en México tiene un valor económico...
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Permítame, diputada Huidobro. Diputado Francisco Arroyo Vieyra, ¿con qué propósito?
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): Una brevísima moción de ilustración para la oradora, que nos hace favor de orientarnos con su sapiencia. El quórum sólo se va a visualizar en medio de una votación nominal. Si la oradora lee el Reglamento sabrá de ello.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Diputado Arroyo Vieyra, claro que conozco...
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada Huidobro, no está a discusión el tema, le ruego, por favor, continúe con la postura de su grupo parlamentario.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Gracias. Estoy en mi tiempo, y claro que conozco el Reglamento y por eso precisamente es lo que estamos denunciando cada vez, porque no se puede verificar si no hay una votación nominal y es cuando todos vienen corriendo a bajar y tratar de votar, y por eso también se les dice.
Y yo no solamente, si usted me escuchó, desde un principio comenté que la ciudadanía allá afuera pregunta cómo se ve el pleno desde esta Cámara de Diputados, desde la tribuna, vacío. Muchas gracias. Continúo.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Continúe, diputada.
La diputada Zuleyma Huidobro González: El anuario estadístico de acuacultura y pesca 2011 de la Sagarpa, indica que la producción pesquera nacional total produjo un millón 660 mil 475 toneladas de peso vivo, un millón 397 mil 620 de captura y 262 mil 855 de acuicultura, con un valor total de 17 millones 785 mil 719 millones de pesos, 10 millones 740 mil 567 por captura y 7 millones cero 45 mil 152 por acuicultura. Anuario que por cierto, pueden consultar en la biblioteca de la Cámara de Diputados, en el marco de la Semana de la Biblioteca Legislativa, diputadas y diputados, también se les invita a asistir a ella.
Como bien sabemos, en la actividad pesquera, la acuacultura es una actividad orientada hacia la búsqueda de mejores rendimientos a través del mayor desarrollo tecnológico. El cultivo de nuevas especies y la intensificación de las existentes, desde finales de los noventa, se le ha dado un fuerte impulso a esta actividad porque representa una alternativa real de política para ampliar la oferta alimentaria.
La generación de divisas y la creación de fuentes permanentes de empleo estimular el desarrollo regional. La pesca con enfoque sustentable permite fortalecer la cadena productiva, generar empleos, crear integradoras y procesadoras que dan valor agregado a las pesquerías.
Además, gana espacio en el mercado exterior, pues cumple con los estándares y normas internacionales. Sin embargo, aún hay mucho por hacer para detonar este importante sector.
En Movimiento Ciudadano creemos firmemente que el mejor proceso de desarrollo para las comunidades pesqueras será aquel que permita elevar más la calidad de vida de los pescadores y sus familias. La calidad de vida dependerá de las posibilidades que tengan los pescadores de satisfacer adecuadamente sus necesidades fundamentales, las cuales van más allá de lograr un punto de referencia de un indicador de ingreso per cápita.
Alimentación y abrigos suficientes, protección, acceso a sistemas de salud y seguridad comunitaria ante la creciente violencia, acceso a la educación de calidad, superación de la marginación de pescadores de las decisiones que los afectan y discriminación de las mujeres.
Fortalecimiento de las culturas locales y regionales, mitigando la emigración forzada por el contexto de carencias. Son parte de las necesidades básicas de ese sector de la población.
La modificación al artículo 20, la cual solicita apoyo a los pescadores y acuicultores que se dediquen de manera legal y sustentable a la captura y cultivo de los recursos pesqueros y acuícolas en aguas nacionales, tanto marítimas como continentales es lo que se está discutiendo hoy.
Por lo anterior se hace necesario impulsar a través de políticas públicas, integrales, tales como el presente dictamen, a los pescadores que se dediquen de manera legal a la pesca y a la acuicultura, con más apoyos y programas, por la apremiante situación del sector, por lo que apoyaremos el dictamen a favor de este sector siempre tan vulnerable.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Huidobro González. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde, tiene el uso de la palabra el diputado Mario Guillén Guillén, hasta por cinco minutos.
El diputado Mario Guillén Guillén: Con su permiso, presidente.
El diputado Mario Guillén Guillén: Compañeras y compañeros diputados, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura prefieren que la producción pesquera mundial ha ido en aumento. El consumo mundial de pesca per cápita aumento de un 9.9 kilogramos a 19.2 kilogramos mismo que se debe principalmente al aumento de ingresos y a la urbanización propiciando con ello la expansión de la producción pesquera y la mayor eficacia de los canales de distribución.
Por lo que hace a México, éste se sitúa en el número 16 con un millón 467 mil 790 toneladas de producción, lo que hace de la pesca y acuacultura su actividad económica primordial. Estas cifras reflejan sin duda la preponderancia de dicha actividad en nuestra economía mundial y nacional; sin embargo la misma ha sufrido la desventaja de no ser valorada con la verdadera relevancia que ésta requiere.
Se conoce poco de la pesca y acuacultura, pues sumado a la creencia de que parece ser exclusiva de sectores muy reducidos que conjugan elementos históricos, culturales, económicos e incluso ambientales que en ocasiones inciden en detrimento de dicha actividad.
La pesca y acuacultura deben dejar de percibirse como simples actividades económicas propias de un sector, pues detrás de ellas existen elementos naturales y sociales que deben de ser atendidas debido a su natural interrelación como parte del éxito de las mismas.
Por lo que hace a la actividad pesquera, ésta representa en grandes regiones del país la principal opción de desarrollo económico, pues implica la seguridad alimentaria, empleos y en general el desarrollo regional. Es por ello que debe de fortalecerse con un enfoque sustentable que permita la preservación de esta actividad tan importante.
Estamos conscientes de que hoy en día existen mecanismos de acción que abonan al éxito sustentable de dicha labor, ejemplo de ella es la pesca sostenible de langosta en la reserva de la biósfera de Sian Ka‘an, en el estado de Quintana Roo, misma que refuerza la tecnología y las prácticas locales.
Coincidimos en que la actividad pesquera constituye para nuestro país una forma de vida y subsistencia principalmente en las zonas costeras. Por ello, creemos que es necesario contar con los instrumentos normativos para regular la explotación racional de los recursos pesqueros y garantizar la sustentabilidad que definan las directrices y que lleven a reforzar técnicamente el marco conceptual contenidos en esta legislación que es aplicable.
Asimismo, respaldamos la determinación de dotar con mayores atribuciones a la Conapesca, pues con ello no solo se reforzará a la misma, sino que se garantizará el fomento y la práctica y desarrollo de la actividad pesquera, la acuacultura y la maricultura, a través de la identificación y determinación de las zonas litorales que tengan áreas con aptitud para desarrollarla, en congruencia con los ordenamientos ecológico y del territorio marino.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México nos pronunciamos a favor de que se adicionen los artículos 4o, fracción XV del artículo 20 y 25 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, ya que con ello se fortalecen dichas actividades desde el marco normativo, lo cual dota de mayor certeza tanto a las autoridades como a la sociedad en general con la finalidad de crear conciencia respecto de una de las actividades económicas y culturales preponderantes de nuestro país como son la pesca y la acuacultura. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Guillén Guillén. Hasta por cinco minutos tiene la palabra la diputada Saraí Larisa León Montero, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Saraí Larisa León Montero: Con su venia, señor presidente.
La diputada Saraí Larisa León Montero: Compañeras y compañeros diputados. Hago uso de esta tribuna para posicionar a mi grupo parlamentario con respecto de los dictámenes de la Comisión de Pesca que, de aprobarse y de implementarse adecuadamente dentro de las políticas públicas del sector pesca, permitirán:
Primero. Ampliar la oferta de productos pesqueros particularmente en el mercado interno, contribuyendo con ello a disminuir el precio final beneficiando a los consumidores.
Segundo. Beneficiar al estrado de productores pesqueros de menos ingresos.
Tercero. Impulsar la acuacultura y diversificar los cultivos acuícolas tanto en aguas interiores como en las zonas federales marítimas terrestres.
Cuarto. Generar incentivos y dar prioridad a la flota nacional para la captura de excedentes pesqueros.
Resulta una enorme paradoja que siendo México uno de los países con mayor extensión de litoral aproximada de 1.9 millones de kilómetros cuadrados y 300 millas náuticas de cuerpos de agua continentales, su producción pesquera sea proporcionalmente menor a las riquezas con las que cuenta.
Mucha de la producción pesquera corre a cargo de flotas extranjeras o de un concentrado de grandes empresas mexicanas que impiden competir en condiciones equitativas a la mayoría de los pescadores mexicanos, los cuales en su precariedad recurren a prácticas pesqueras poco sustentables.
Es justo que allí, donde el mercado no puede corregir esas condiciones de inequidad cuando el Estado debe intervenir generando incentivos o apoyos directos a los productores que han sido desplazados en condiciones de mercado completamente desfavorables.
Por otra parte esperamos que esta reforma permita generar un esquema de apoyos focalizados a los productores en condiciones de ventaja y sin precariedad tecnológica.
Es deseable que a partir de este cambio se generen reglas de operación claras que garanticen la eficacia y transparencia en la asignación de los recursos para apoyar a los productores, evitando por un lado el uso clientelar de los mismos, y por otro que sean canalizados a quien efectivamente los requiere.
Las malas prácticas en la asignación del Procampo puede ser un perfecto ejemplo de lo que no se debe hacer con los apoyos establecidos en forma permanente.
Por otra parte consideramos que los cambios propuestos para conceptualizar y apoyar la práctica de la acuacultura marina o la maricultura, pueden generar un impacto positivo no sólo en la expansión de esta actividad, sino como una alterativa a la conservación y producción de especies sobreexplotadas, para las cuales la imposición de vedas ha resultado insuficiente.
De respetarse las condiciones ecosistemáticas y los planes de ordenamiento respectivos, la acuacultura marina puede convertirse en una actividad que escale la producción y amplíe la oferta de productos pesqueros sin afectar las condiciones para la reproducción de las especies con una alta incidencia de captura.
Así como se conceptualiza a la acuacultura marina, los cambios propuestos a la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable permitirán establecer una diferencia entre la acuacultura de gran escala con la acuacultura menor.
La acuacultura menor conceptualizada y definida por el presente dictamen como rural, cuyas condiciones de precaria capitalización y tecnificación han impedido que los pobladores y las comunidades dedicadas a este tipo de actividad puedan obtener ingresos suficientes.
De implementarse en forma decidida estos cambios, se podrá atender la demanda alimentaria de las comunidades ribereñas de escasos recursos, se mejorará el ingreso de las mismas.
Esperamos que se puedan derivar políticas que fomenten la transparencia y uso de tecnología en los procesos de producción acuícola en esas poblaciones rurales.
En el grupo parlamentario del PRD consideramos como necesario este conjunto de modificaciones. Por eso, compañeras y compañeros, solicitamos su voto a favor esperando que el proceso legislativo concluya no sólo con la promulgación de las reformas, sino con la pronta expedición de las reglas de operación para implementar en forma transparente, expedita y eficaz, los programas que deriven de las modificaciones aquí propuestas. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada León Montero. Voy a continuar con los posicionamientos, pero deseo con la autorización de ustedes enviar un saludo fraterno a presidentes y presidenta municipal Margarita Gallegos Soto, presidenta municipal de San Francisco de los Romo; a Pablo Macías Flores, del municipio de Tepezalá; a Sergio Moreno, de Pabellón de Arteaga; a José Méndez González Mota, del municipio de Asientos, todos del hermano y querido estado de Aguascalientes, invitados por nuestro amigo el diputado J. Pilar Moreno Montoya. Sean bienvenidos. Gracias por su acompañamiento en este pleno.
Le otorgo el uso de la palabra a la diputada María Celia Urciel Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
La diputada María Celia Urciel Castañeda: Gracias, señor Presidente, con su permiso. Diputadas y diputados: muy buenas tardes. La iniciativa que da origen al dictamen que estamos a punto de votar expone que las condiciones económicas y sociales del país han deteriorado la calidad de vida de los ciudadanos que viven en las comunidades, campos y puertos pesqueros, motivo por el cual se requiere de acciones de fondo por las diversas instancias de gobierno que transformen estructuralmente esta situación.
La pesca y la acuacultura son actividades productivas que generan alimento para la población y que, con una política de planeación adecuada por parte del gobierno federal, asumirían el papel que les corresponde en el ámbito productivo, principalmente en la generación de empleos, divisas y desarrollo comunitario y portuario, además de un combate a la pobreza que induzca a una mejor calidad de vida de los que viven de la pesca.
Con esta modificación al artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables se propone el establecimiento de un programa de apoyos directos a la pesca y a la acuacultura, Propesca, similar al de Procampo para los campesinos y Progan para los ganaderos, como apoyo a la productividad de los pescadores ribereños. Se considera que este programa presenta una oportunidad para dignificar la pesca.
El artículo 20 de esta ley, incluye los aspectos a los que el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura se sujetará y es en este artículo en el que se propone hacer la adecuación para que este programa pase a ser parte de los diversos apoyos a este sector.
El dictamen a discusión que hoy se somete a votación es de indiscutible importancia para todos los pescadores y acuacultores de nuestro país.
Ante estos considerandos, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional invita a todas las diputadas y diputados a que se sumen a la aprobación de esta iniciativa, en virtud de que en su voto protegerán aquellas familias que quedan desamparadas al sufrir de los efectos de fenómenos meteorológicos o de vedas.
Señoras y señores diputados, pido y solicito a todos ustedes su voto para aprobar este dictamen y que con ello resulten beneficiadas las familias que dependen de esta actividad pesquera y acuícola en nuestro país. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Urciel Castañeda.
El diputado Marcos Aguilar Vega, que es un buen invitado, invitó a vecinos de la comunidad de Pie de Gallo y a ciudadanos de la tercera edad de la Asociación 5 de Febrero, de Querétaro. Sean bienvenidos. Gracias, por su presencia en este pleno.
Le concedo el uso de la palabra a la diputada Landy Margarita Berzunza Novelo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para que fije la correspondiente postura del grupo al que pertenece. Adelante, diputada.
La diputada Landy Margarita Berzunza Novelo: Muy buenos días. Con la venia de la Presidencia hoy hablaremos del dictamen de la Comisión de Pesca con proyecto de decreto que adiciona la fracción XV al artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.
Compañeras y compañeros legisladores, la pesca y la acuacultura son actividades productivas que generan alimento para la población, las cuales, con una política de planeación adecuada ocuparán el papel que les corresponde dentro del desarrollo nacional, principalmente en lo relativo a la generación de empleos, la captación de divisas y el mejoramiento de las condiciones de vida en las comunidades y puertos, contribuyendo así el combate a la pobreza.
El día de hoy nos encontramos culminando con la discusión de un tema que por primera vez lo tratamos, el 17 de abril del año pasado, con el objetivo de establecer en la normativa, el otorgamiento de apoyos directos a la pesca y a la acuacultura, similar programa de apoyos al campo, esto es Procampo, y al Programa de Apoyo a los Ganaderos, Progan.
Como apoyo a la productividad de los pescadores ribereños, que en términos de justicia social y política, merecen nuestros pescadores y que contribuya a abatir los rezagos en que se encuentra la pesca del país desde hace ya varios años.
Proponer e implementar apoyos directos a la pesca y a la acuacultura ayudará a solventar las necesidades más apremiantes del sector pesquero y acuícola, esto es con la finalidad de enfrentar los tiempos de escasa producción, de vedas, de mareas rojas, de temporadas de ciclones, entre otros, por ello es necesario fortalecer el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura, previsto en el texto de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.
Por tal motivo consideramos acertado que se establezcan en la legislación en la materia apoyos a los pescadores que se encuentren en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura y que se dediquen de manera legal y sustentable a la captura y al cultivo de cualquiera de los recursos marinos en bahías, esteras, riveras, altamar ya aguas continentales mexicanas.
Lo anterior resultará de vital importancia si consideramos que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, existen 275 mil familias –escuchen bien esto, compañeros, 275 mil familias–, es decir, casi 1 millón 500 mil personas viven de las actividades ligadas a la pesca, muchas de las cuales subsisten en condiciones de pobreza extrema en comunidades, campos y puertos pesqueros, repartidos a lo largo de las costas nacionales.
Somos 17 estados costeros, mi estado, Campeche, es uno de ellos, por eso la aprobación de este dictamen es más que importante, es necesaria. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del PRI como siempre responsablemente se pronunciará a favor del presente dictamen, toda vez que siempre estamos a favor de impulsar el crecimiento del sector pesquero nacional, con la finalidad de fortalecerlo y hacerlo autosuficiente, tal y como se encuentra previsto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, suscrito por nuestro presidente Enrique Peña Nieto, el cual busca construir un sector agropecuario y pesquero que garantice la seguridad alimentaria del país. Muchas gracias, compañeros. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Berzunza Novelo.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En atención de que se ha agotado la lista de oradores y que, con apoyo en el artículo 109 del Reglamento de esta Cámara de Diputados, no tenemos ninguna reserva de los artículos contenidos en el proyecto de decreto materia del dictamen a discusión, pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recibir la votación en lo general y en lo particular en un solo acto, ciudadana secretaria.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Cierre el sistema electrónico.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Ciérrese el sistema de votación. De viva voz.
La diputada Amira Gricelda Gómez Tueme (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Señor presidente, se emitieron 409 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular por 409 votos, el proyecto de decreto que adiciona una fracción XV al artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Saludamos al señor Arturo Duarte García, presidente municipal de Ahome, Sinaloa, que acompaña al señor diputado Félix Hays. Bienvenido.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales el proyecto de decreto mencionado.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4o y 25 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Por la Comisión, para fundamentar el dictamen tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga.
El diputado Miguel Alonso Heredia Lizárraga: Buenas tardes a todos. Con su permiso, presidente. El dictamen que hoy sometemos a la consideración de este pleno es una minuta enviada por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. De acuerdo a lo publicado en la Gaceta Parlamentaria, el presente dictamen propone adiciona las fracciones III, VI, XXVII, XXIX y XXXIX; recorriéndose las subsecuentes en su orden, al artículo 4o, y adicionando un artículo 25 Bis a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
El dictamen corresponde a dos iniciativas; la primera presentada por la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, la cual propone establecer en la fracción III del artículo 4o de la ley en referencia, la precisión de que la acuacultura en agua interiores es el término utilizado para diferenciar entre actividad acuícola realizada en la superficie de los continentes de la que se realiza fuera de éstos.
Asimismo, en la fracción VI, que el término aptitud acuícola es el conjunto de características físico-químicas, biológicas, de infraestructura y socio-económicas que debe reunir un cuerpo de agua interior o zona marina, que le permita ser determinada como área idónea para desarrollar la actividad acuícola.
También el término maricultura, contenido en la fracción XVII es la rama del acuacultura que involucra el cultivo de especies de fauna y flora desarrollado en agua marina y salobre dentro de estructuras fijas o flotantes, diseñadas para este medio.
En su fracción XIX se precisa que ordenamiento acuícola es el conjunto de instrumentos cuyo objeto es regular y administrar las actividades acuícolas en áreas con aptitud para desarrollarla, considerando los aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales para generar una actividad competitiva y sustentable en forma congruente con el ordenamiento ecológico del territorio.
Establecer, asimismo, en la fracción XXXIX que pesquería basada en la acuacultura se refiere a la actividad pesquera que comprende la captura, el manejo y el procesamiento, que es sostenible o complementada por organismos provenientes de la producción acuícola generalmente utilizados para repoblar o sembrar cuerpos de agua cerrados.
En cuanto al artículo 25 Bis que se adiciona a la ley en referencia, este dispondrá que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación fomentará la práctica y desarrollo de la maricultura, para lo cual podrá identificar y determinar las zonas litorales que tengan áreas con aptitud para desarrollarla en congruencia con los ordenamientos ecológicos del territorio y marino. Propone que en coordinación con las dependencias y entidades federativas competentes y con los sectores interesados, la federación podrá:
Primero. Fomentar la actividad en sus diferentes formas dentro de la columna de agua superficial, media agua y fondo, así como cultivos itinerantes;
Segundo. Promover la realización de planes de desarrollo de la maricultura a nivel regional, estatal o municipal;
Tercero. Impulsar el desarrollo de infraestructura vinculada a la cadena de valor, como centros de aprovechamiento integral acuícola y pesquero, laboratorios de producción de cría y áreas de capacitación.
La minuta del presente dictamen contiene una segunda iniciativa presentada por el senador Francisco Salvador López Brito, con la que se propone adicionar el término acuacultura a la fracción XIV del artículo 4o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, estableciéndose en este ordenamiento que el Inapesca será el Instituto Nacional de Acuacultura y Pesca, órgano público descentralizado, sectorizado en la Sagarpa.
La Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados coincide con el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Pesca y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, toda vez que en términos generales resultan congruentes con el desarrollo y objetivos de la acuacultura, ya que fortalecen nuevos aspectos tecnológicos de producción y fomento de las especies acuícolas.
Vale comentar que para las precisiones de los conceptos contenidos en el presente dictamen, fueron tomadas en cuenta observaciones formuladas por especialistas del Instituto Nacional de Pesca y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.
En razón de lo anterior y de las consideraciones y argumentos contenidos en el dictamen correspondiente, los integrantes de la Comisión de Pesca solicitamos a este pleno el voto en favor del decreto que reforma y adiciona los artículos 4o. y 25 Bis a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Heredia Lizárraga.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano. Tiene la palabra diputada Córdova Bernal.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, diputado presidente. Históricamente México ha hecho un uso inadecuado de sus recursos naturales, sobreexplotación, subutilización, depredación, erosión y muchísimas cosas más, son ejemplos comunes en los bosques, los desiertos, las selvas y demás ecosistemas del país.
Desafortunadamente, la producción marítima no es la excepción.
Nuestro país cuenta con 11 mil 122 kilómetros de litorales, que significan un gran potencial de recursos pesqueros. Sin embargo, la actividad no está lo suficientemente desarrollada, a pesar de que México es uno de los países con mayor extensión litoral de todo el continente, la producción pesquera por kilómetro es 10 veces menor a la de Perú y 4 veces menos a la de Chile, al tiempo que ocupa el lugar 16 en captura, entre los productores de Iberoamérica.
Existen numerosos problemas que han obstaculizado el desarrollo de la pesca en México, embarcaciones poco equipadas, mano de obra insuficiente para el sector pesquero, bajo consumo de pescado en la dieta de los mexicanos, infraestructura portuaria deficiente, entre otros, hacen necesario un impulso a través de políticas públicas integrales para este sector.
En el litoral mexicano navegan con fines de pesca 82 mil 69 embarcaciones, de las cuales 78 mil 888 son ribereñas.
Es de señalarse que la mayor producción proviene del mar, donde cada país tiene una zona económica exclusiva para navegar y pescar de 370 punto 4 kilómetros, lo que viene a ser 200 millas náuticas de extensión, de la costa hacia mar adentro.
Si se aprovechan estas condiciones, la pesca y la piscicultura podrían contribuir a la seguridad alimentaria de forma muy importante.
Aunado a esto, tenemos que la pesca aporta apenas el 0 punto 6 por ciento del producto interno bruto del país. Además, no se agrega valor en el sector, pues cada peso que produce la pesca, en ellos se generan 60 centavos adicionales a la economía, mientras que en el mundo se agregan 3 dólares. Esto es alarmante, pues la competitividad del sector depende totalmente de su productividad y su capacidad de generar valor agregado.
Si se aprovechan las condiciones del país, que tenemos muchísimas, la pesca y la piscicultura podrían contribuir a la seguridad alimentaria de forma importante.
Es por ello que nuestro país debe voltear la mirada a ejemplos exitosos como el de Japón, que pese a contar con extensiones de litoral menores a las nuestras, en la pesca comercial se sitúa en segundo lugar en el mundo detrás de China en el tonelaje de pescado capturado, mientras una de las flotas pesqueras más grande del mundo y representa casi el 15 por ciento de las capturas mundiales. Esto es en China.
De la mala gestión de nuestros bienes naturales nacionales hay signos más que evidentes, esto es de suma preocupación, pues la mala gestión de los recursos aumenta la marginación y la pobreza en México, lo cual plantea nuevos retos en esta gestión ambiental, que debe dar un giro radical en la administración de los recursos. Para ello es impostergable que se asiente la sostenibilidad ambiental como la idea central que guie la regulación.
Ante este escenario es evidente la necesidad de adoptar medidas para el ordenamiento de los recursos pesqueros bajo un enfoque de sustentabilidad y responsabilidad ambiental. De ahí que resulta pertinente la incorporación de los conceptos de aptitud acuícola, pesquería, acuacultura y planes de desarrollo de la maricultura.
En la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables como lo plantea esta iniciativa, pues por su creciente complejidad económica y social, la pesca requiere herramientas para la adopción de medidas de ordenamiento basadas en lineamientos jurídicos adecuados y definiciones más precisas.
Se debe incorporar a la legislación vigente mejores definiciones, especificaciones en las funciones y conceptos, que vuelvan a la misma más robusta y efectiva, favoreciendo el desarrollo del sector en su conjunto.
De igual forma, en el corto plazo es positivo el esclarecimiento de conceptos, atribuciones y mecanismos efectivos de coordinación entre las instituciones a cargo de hacer cumplir la ley y fomentar el desarrollo de las actividades económicas, tanto en los cuerpos marítimos como el Inapesca; sin embargo aún hay mucho por hacer para poder detonar este importante sector.
Por lo anteriormente expuesto, los diputados y las diputadas de Movimiento Ciudadano, estamos a favor del dictamen con proyecto de decreto que reforman y adicionan los artículos 4o. y 25 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Es cuanto.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Beatriz Córdova.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento que estamos invocando, no se ha reservado artículo alguno para la discusión en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y particular en un solo acto.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 395 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 395 votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4o. y 25 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se devuelve al Senado para los efectos de la Fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se recibió del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 46 y 48 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Túrnese a las Comisiones Unidas de Marina y de Transportes para su dictamen.
También se recibió del diputado Alfonso Inzunza, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos para su dictamen.
Se recibió de la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para el dictamen correspondiente.
En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que corresponda, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (A las 15:12 horas): Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá lugar el jueves 16 de octubre de 2014 a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico de votación estará abierto a partir de las 9:30 horas.

References: artículo 20
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 185
 artículo 185
 artículo 42
 artículo 64
 artículo 54

Artículo 48

Artículo 54
 artículo 109
 artículo 144
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 8
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 109
 artículo 144
 artículo 20
 artículo 4
 artículo 25
 artículo 4
 artículo 25
 artículo 4
 artículo 109
 artículo 144
 artículo 72
 artículo 33