Source: https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/eli/es-pv/o/2020/06/23/(7)/dof/spa/html/
Timestamp: 2020-08-12 20:24:57+00:00

Document:
ORDEN de 23 de junio de 2020, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se convocan y regulan las ayudas para emprender en economía social, para la promoción territorial planificada de empresas de economía social y para la consolidación de empresas de economía social afectadas por el COVID-19. - Gobierno Vasco - Euskadi.eus
ORDEN de 23 de junio de 2020, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se convocan y regulan las ayudas para emprender en economía social, para la promoción territorial planificada de empresas de economía social y para la consolidación de empresas de economía social afectadas por el COVID-19.
Nº orden: 2700
Fecha de disposición: 23/06/2020
Materia: Economía y Hacienda; Organización administrativa; Sanidad y consumo; Seguridad y justicia
RESUELVO : CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2 Recursos económico.
Artículo 3 Requisitos generales para obtener la condición de beneficiario:
Artículo 4 Acreditación de los requisitos de las entidades solicitantes.
Artículo 5 Utilización de medios electrónicos.
Artículo 6 Presentación de las solicitudes: forma y plazo.
Artículo 7 Subsanación de los defectos de la solicitud.
Artículo 8 Procedimiento de adjudicación de las subvenciones.
Artículo 9 Compatibilidad con otras subvenciones o ayudas.
Artículo 10 Gestión, resolución, recursos y procedimiento de publicidad.
Artículo 11 Alteración de las condiciones de la subvención.
Artículo 12 Incumplimiento y responsabilidades.
Artículo 13 Procedimiento de reintegro.
Artículo 14 Obligaciones de las entidades beneficiarias.
CAPÍTULO II AYUDAS PARA LA CONSTITUCIÓN Y PROMOCIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL
Artículo 15 Actividades subvencionables.
Artículo 16 Entidades beneficiarias.
Artículo 17 Requisitos específicos de las entidades beneficiarias.
Artículo 18 Cuantía de la subvención.
Artículo 19 Forma de pago.
Artículo 20 Documentación a presentar.
Artículo 21 Obligaciones específicas de las entidades beneficiarias.
CAPÍTULO III AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN TERRITORIAL PLANIFICADA
Artículo 22 Actividades subvencionables.
Artículo 24 Requisitos específicos del Plan de Actuación.
Artículo 27 Documentación a presentar.
CAPÍTULO IV AYUDAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL
Artículo 28 Actividad subvencionable.
Artículo 29 Requisitos para obtener la condidición de beneficiarias.
Artículo 30 Documentación a presentar.
Artículo 31 Requisitos específicos de la actuación de las entidades promotoras.
Artículo 32 Cuantía, límites de la subvención y obligaciones de las entidades beneficiarias.
Artículo 33 Forma de pago.
Artículo 34 Justificación de la subvención.
DISPOSICIÓN ADICIONAL . Regla de minimis.
La pandemia declarada a nivel mundial y su negativa incidencia en la actividad económica global muestra sus perniciosas consecuencias con especial virulencia no solo en las empresas locales y en las de menor tamaño, sino también en las de reciente creación. El complejo recorrido hasta la creación de una sociedad empresarial mantiene sus dificultades en los primeros años de actividad real, pues no se han asentado aun las bases para la producción, gestión y comercialización del objeto social de la sociedad.
En la presente legislatura el Gobierno Vasco ha reconocido entre sus objetivos prioritarios el fomento de la economía social en su conjunto, no solo en fase de creación de nuevo empleo en estas sociedades, sino en el fortalecimiento y consolidación de las sociedades ya existentes. Siendo limitados los recursos económicos disponibles se ha delimitado el arco temporal de las empresas en proceso de consolidación a las inscritas en los Registros correspondientes en los últimos 5 años y que hubieran recibido ayudas por Emprender en economía social.
En consecuencia, la Dirección de Economía Social ha habilitado a partir de sus recursos propios una dotación económica de 555 mil euros para crear una nueva línea de ayudas que fortalezca el músculo financiero de las sociedades de reciente creación, concediendo una ayuda de mil euros por cada persona trabajadora socia. La cantidad otorgada habrá de destinarse a una Reserva Especial irrepartible.
Otras dos nuevas líneas se han incorporado como actividades subvencionables. Por una parte, la promoción de nuevos planteamientos, ideas o caminos para el desarrollo del espíritu empresarial en economía social y la expansión cultural de la economía social. Por otro, se continuará con el trabajo de los últimos años en busca de la creación de una mesa o foro interinstitucional, cuyo ámbito de trabajo sea el del emprendizaje en economía social. Se pretende contar con el máximo número de agentes posibles, y especialmente los que provengan de la esfera privada para concretar nuevos mecanismos que estimulen la promoción en economía social.
El objeto de la presente Orden es regular y convocar las ayudas que el Gobierno Vasco, a través del Departamento de Trabajo y Justicia, podrá otorgar, durante el ejercicio 2020, para la constitución y promoción de empresas de economía social, para el desarrollo de la promoción territorial planificada de empresas de economía social y para la consolidación de la base de las empresas de economía social afectadas afectadas por el COVID-19.
A los efectos del cumplimiento del objeto de esta Orden, se destinará un importe global máximo de dos millones cuatrocientos mil (2.400.000) euros, distribuidos de la siguiente forma.
En lo referente al Capítulo II, con un importe total máximo de un millón quinientos sesenta y cinco mil (1.565.000) euros, mediante un crédito de pago para el ejercicio 2020 de un millón doscientos cincuenta y dos mil (1.252.000) euros y un crédito de compromiso de trescientos trece mil (313.000) euros, correspondientes al ejercicio 2021.
En lo referente al Capítulo III, desarrollo de la promoción territorial planificada de empresas de economía social, con un importe total máximo de doscientos ochenta mil (280.000) euros, mediante un crédito de pago para el ejercicio 2020 de ciento cuarenta mil (140.000) euros, y un crédito de compromiso de ciento cuarenta mil (140.000) euros, correspondientes al ejercicio 2021.
En lo referente al Capítulo IV, apoyo a la consolidación de las empresas afectadas por la crisis del COVID-19 y en su momento promocionadas con cargo al presente programa, con un importe total máximo de quinientos cincuenta y cinco mil (555.000) euros, correspondiente en su totalidad al ejercicio 2020.
Podrán acogerse a las ayudas previstas en la presente Orden las entidades que desarrollen su actividad principalmente en la Comunidad Autónoma Vasca, y que cumplan con los siguientes requisitos generales:
Estar dadas de alta en el Impuesto de Actividades Económicas e inscritas en la Seguridad Social, en su caso, con anterioridad a la resolución sobre la solicitud presentada.
Cumplir las obligaciones tributarias y las obligaciones frente a la Seguridad Social.
No estar sancionada penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvención o ayudas públicas, o no estar incursa en prohibición legal que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, de Igualdad de Mujeres y Hombres.
En su caso, estar al corriente en el cumplimiento de la obligación de reintegro, tanto en el momento de la solicitud como en el momento de los pagos.
Cumplir con las exigencias impuestas por la normativa de Seguridad y Salud Laborales, conforme a lo establecido en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Declarar responsablemente por parte de la Entidad solicitante la situación en que se encuentre (solicitada, en trámite o concedida), cualquier otra ayuda que para el mismo objeto y finalidad se haya solicitado a esta u otras Administraciones Públicas.
Asimismo, no podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en esta orden las entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias recogidas a estos efectos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En el caso de que a la entidad solicitante se le reconozca el derecho a la ayuda, habrá de darse de alta en el Registro de Terceros del Departamento de Hacienda y Economía (en el caso de que no lo estuviera ya, o bien quisiera modificar los datos existentes), para poder materializar el abono de la ayuda concedida, en la siguiente dirección: http://www.euskadi.net/altatercero
Mediante una declaración responsable incluida en la solicitud las entidades beneficiarias declararán el cumplimiento de los requisitos enumerados en el artículo anterior y demás exigidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En este caso, con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención, se deberá requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a 15 días.
La presentación de la solicitud conlleva la autorización de la persona solicitante para que el órgano instructor obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, si bien en la solicitud la persona solicitante podrá denegar expresamente dicho consentimiento, quedando obligada en tal caso a presentar las correspondientes certificaciones. El hallarse al corriente de dichas obligaciones es requisito tanto para acceder a la condición de beneficiario como para mantenerse en ella hasta la liquidación de la subvención concedida, y por tanto se verificará su cumplimiento al momento de efectuar la concesión y al realizar los pagos correspondientes.
Las solicitudes incluirán la posibilidad de que la entidad beneficiaria de la ayuda consienta expresamente que los datos o documentos sean obtenidos o verificados por el órgano gestor, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tienen atribuidas las Administraciones Públicas.
La tramitación de las solicitudes de ayudas previstas en la presente Orden se realizará utilizando medios electrónicos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las solicitudes, declaraciones responsables, y demás instancias y modelos estarán disponibles en la sede electrónica de euskadi.net, en las direcciones indicadas a continuación:
Constitución de empresas: https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2020/emprender_constitucion/web01-tramite/es
Promoción en la constitución de empresas: https://www.euskadi.eus/ ayuda_subvencion/2020/emprender_promocion/web01-tramite/es
Estudios de viabilidad: https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2020/emprender_viabilidad/web01-tramite/es
Ayudas para la promoción del espíritu y la cultura emprendedora en economía social: https://www.euskadi.eus/ ayuda_subvencion/2020/emprender_viabilidad/web01-tramite/es
Ayudas para un foro específico sobre emprendizaje en economía social: https://www.euskadi.eus/ ayuda_subvencion/2020/emprender_foroemprendizaje/web01-tramite/es
Promoción territorial planificada: https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2020/emprender_promocion_territorial/web01-tramite/es
Ayudas para la consolidación de empresas de economía social: https://www.euskadi.eus/ ayuda_subvencion/2020/emprender_consolidacion/web01-tramite/es
Los trámites posteriores a la solicitud se realizarán a través de https://euskadi.net, en el apartado «Sede electrónica / Mi Carpeta».
Las solicitudes se realizarán mediante instancia normalizada, disponible en la sede electrónica reseñada en el artículo 5.2.
Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona o entidad solicitante, tal y como establece el artículo 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.
Se considerarán independientemente, según los tres capítulos diferenciados recogidos en el artículo 2, todas las ayudas solicitadas que cumplan los requisitos exigidos en los términos establecidos en la presente Orden. En el caso de que los recursos económicos destinados a cada capítulo resultaran suficientes para atender a las entidades beneficiarias, se procederá a conceder la cuantía determinada en aplicación de los parámetros especificados en la presente Orden.
Si la dotación de los recursos económicos asignados a la convocatoria resultara insuficiente para atender a todas las solicitudes que reunieran los pertinentes requisitos en alguno de los capítulos especificados en el artículo 2, se actuará del siguiente modo:
Se verificará, en primer lugar, si existen saldos excedentarios en alguno de los restantes capítulos, en cuyo caso dichos saldos serán imputados a los apartados deficitarios, con un reparto proporcional a los totales inicialmente destinados para cada capítulo.
En el caso de que aun así no se alcanzara la totalidad de los recursos económicos suficientes para conceder las cuantías inicialmente calculadas en función de los citados parámetros, dichas cuantías inicialmente calculadas se reducirán aplicando una reducción proporcional entre las solicitudes a estimar, independientemente para cada uno de los capítulos.
Las subvenciones reguladas en la presente Orden son compatibles con aquellas otras que, con el mismo objeto y finalidad, pudieran ser otorgadas por esta u otras Administraciones o entes públicos.
En el supuesto de concurrencia de subvención con ayudas provenientes de otras Administraciones Territoriales o entes públicos dependientes de ellas, se actuará de la siguiente forma:
Si la suma de las mismas superase el importe máximo previsto respectivamente en el artículo 18, se declarará la incompatibilidad de dicho exceso, reduciéndose el importe de la ayuda a conceder por el Departamento de Trabajo y Justicia.
Concurrencia de subvención de la actividad del artículo 15.1 con ayudas con el mismo objeto y finalidad provenientes de otras Administraciones Territoriales o entes públicos dependientes de ellas, si la suma de las mismas superase el total del capital suscrito por las personas socias trabajadoras o de trabajo que refiere el artículo 18.1.c) de esta Orden, se declarará la incompatibilidad de dicho exceso, reduciéndose el importe de la ayuda a conceder por el Departamento de Trabajo y Justicia. El importe máximo de la subvención concedida por esta Administración no superará el importe de 30.000 euros por entidad constituida.
El órgano competente para la gestión de las subvenciones reguladas en la presente Orden será la Dirección de Economía Social.
La concesión y la denegación de las subvenciones previstas en la presente Orden se realizará mediante resolución única del Director de Economía Social. Dicha resolución única se notificará individualmente a los solicitantes según lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El plazo máximo para dictar y notificar resolución expresa sobre las solicitudes presentadas al amparo de esta Orden será de seis meses a contar desde que la misma surta efectos. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, las solicitudes se podrán entender desestimadas a los efectos de lo establecido en el artículo 25.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la obligación de la Administración de resolver expresamente.
La concesión y, en su caso, los pagos a las entidades beneficiarias de las ayudas previstas en la presente Orden quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, se halle todavía en tramitación.
A fin de dar cumplimiento al principio de publicidad, y sin perjuicio de la notificación expresa e individualizada de la resolución de concesión, mediante resolución del Director de Economía Social se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las Entidades que hayan resultado beneficiarias de las subvenciones concedidas al amparo de la presente disposición, con expresión de las cuantías percibidas, así como la de aquellas respecto de las que se haya procedido a modificar la subvención concedida.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. La modificación de la resolución de concesión habrá de salvaguardar los requisitos mínimos establecidos en la Orden para ser beneficiario de las ayudas. Los requisitos mínimos se encuentran recogidos en los artículos 3, 17, 23 y 29 de la presente Orden.
En el supuesto de que, por causas ajenas a la voluntad de la entidad beneficiaria, la cooperativa de trabajo asociado o sociedad laboral constituida, no se mantuviera como empresa de economía social e integrada en una estructura asociativa durante todo el periodo contemplado en el artículo 21.1.b y c)), se conservará la condición subvencionable de la actuación constitutiva siempre que el plazo completado fuere como mínimo de dieciocho (18) meses. En tal caso, la cuantía de la subvención concedida para la constitución o transformación de la empresa se reducirá de forma proporcional al tiempo que restase para completar el citado período, debiendo la beneficiaria reintegrar la cantidad percibida en exceso.
En el supuesto que la entidad beneficiaria justifique la extinción o liquidación de la sociedad por pérdidas, al menos en la cantidad subvencionada, se entenderá que la sociedad ha cumplido con las obligaciones recogidas en el artículo 21.1.b y c).
Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y serán sancionables incluso a título de simple negligencia. Dichas infracciones en materia de subvenciones se sancionarán mediante la imposición de sanciones pecuniarias y, cuando proceda, de sanciones no pecuniarias.
El Director de Economía Social comunicará a la Entidad beneficiaria de la ayuda la iniciación del procedimiento y las causas que lo fundamentan, concediéndole un plazo de 15 días hábiles para que formule las alegaciones que estime oportunas.
Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo sin que se hubiesen formulado, el Director de Economía Social dictará Resolución por la que se declare la obligación, en su caso, de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades que procedan en un plazo máximo de dos meses a contar desde la notificación de esta resolución. Este plazo se considerará como plazo de período voluntario.
La falta de reintegro en el periodo voluntario será puesta en conocimiento de la Viceconsejería de Economía, Finanzas y Presupuestos del Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, a fin de que se proceda por la vía de apremio, según lo dispuesto en la normativa legal aplicable.
La constitución de empresas de economía social, incluyendo los supuestos de transformación de entidades con actividad empresarial ya existentes en empresas de Economía Social. A los efectos de esta Orden se entenderán como empresas de economía social, exclusivamente, las cooperativas de trabajo asociado, las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, las cooperativas agrarias y alimentarias, y las demás clases de cooperativas cuando tengan carácter integral respecto de las personas socias de trabajo quienes participarán en los órganos societarios de forma equilibrada con los de otra clase; también las sociedades laborales; así como las sociedades cooperativas integradas por estudiantes que desarrollen una empresa como parte de su formación académica, tutelada por la institución académica correspondiente.
La realización, durante el año 2020 y con el fin de promover una empresa de economía social, de los siguientes estudios:
Estudio de viabilidad económica y financiera de sociedades anónimas o limitadas con un nivel creciente de pérdidas, disminución del volumen de negocios, incremento de las existencias, exceso de capacidad, disminución del margen bruto de autofinanciación, endeudamiento creciente, aumento de los gastos financieros, debilitamiento o desaparición de su activo neto.
Estudio jurídico y económico-financiero de la viabilidad de que los trabajadores adquieran la propiedad de la empresa, sin relevo generacional, en la que prestan sus servicios.
El diseño y realización de concursos de ideas para promover el espíritu emprendedor en economía social y difundir la cultura empresarial en Economía Social.
El diseño, la organización y realización de un foro específico para impulsar el emprendizaje en la economía social.
Para las actividades del artículo 15.1: las Cooperativas y Sociedades Laborales inscritas en el Registro de Cooperativas o en el Registro Mercantil, respectivamente, entre el 20 de junio de 2019 y la fecha de publicación de la presente Orden en el BOPV, ambos incluidos. A tales efectos, se considerará como fecha de inscripción registral la de presentación en dichos registros.
Para las actividades del artículo 15.2: las personas jurídicas cuyo objeto social sea la promoción de la constitución de Cooperativas o Sociedades Laborales, y sean no lucrativas o su propiedad sea mayoritariamente de entidades no lucrativas (en adelante entidades promotoras). Para las cooperativas a que se refiere el artículo 15.1 in fine, las instituciones académicas que tutelen los proyectos educativos.
Para las actividades del artículo 15.3: consultoras externas que puedan realizar estudios de viabilidad empresarial. Estas consultoras deben ser empresas participadas mayoritariamente por organizaciones representativas de la economía social, u otras consultoras con forma jurídica de cooperativa o sociedad laboral, asociadas a alguna organización representativa de la economía social.
Para las actividades del artículo 15.4: las entidades asociativas de empresas de economía social que incluyan en su objeto social el fomento y la creación de empresas de economía social; y que tengan una experiencia de, al menos dos años, en la realización de dichas actividades.
Para las actividades del artículo 15.5: las Federaciones o Confederaciones de Cooperativas, las Agrupaciones de Sociedades Laborales y las estructuras asociativas cuyos miembros sean a su vez entidades asociativas de las familias reguladas en el artículo 5 de por la Ley 5/2011, de Economía Social.
Para las entidades beneficiarias del artículo 15.1:
Acreditar la formación en materia de Economía Social de las personas socias de la Cooperativa o de la Sociedad Laboral o el compromiso para la realización de dicha formación.
La suscripción de un acuerdo de colaboración para la realización del acompañamiento o asesoramiento empresarial, en su caso.
Hallarse integradas con anterioridad a la concesión de la subvención en alguna estructura asociativa de Economía Social legalmente constituida.
La incorporación de la persona socia trabajadora debe serlo con carácter indefinido en el momento de la solicitud.
Generar nuevo empleo de economía social.
Cumplir con las exigencias impuestas por la normativa en materia de seguridad y salud laborales, conforme a lo establecido en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Para las entidades beneficiarias del artículo 15.2: acreditar el cumplimiento de los requisitos que el artículo 16.2 establece y hallarse inscritas en el registro correspondiente con anterioridad a la publicación de la presente Orden.
Para las entidades beneficiarias del artículo 15.3: presentar un compromiso escrito firmado por los representantes legales de las personas trabajadoras de la empresa en la que se realiza el estudio de viabilidad, o el conjunto de por lo menos un tercio de la plantilla de las personas trabajadoras, en el sentido de que, si la empresa es viable, se creará una entidad de economía social.
Para las entidades beneficiarias del artículo 15.4: que sean de ámbito de Euskadi y que promuevan ideas para la creación de una empresa con forma jurídica de economía social; dirigido a jóvenes que estén matriculados en centros educativos universitarios y pre-universitarios.
Para las entidades beneficiarias del artículo 15.5: que cuenten con la participación de entidades públicas (a nivel territorial e intersectorial: Gobierno Vasco, Diputaciones Forales, Ayuntamientos) y privadas (movimiento asociativo, promotoras, agencias de desarrollo).
La subvención a conceder por cada empresa de economía social constituida se calculará de conformidad con los siguientes baremos:
4.000 euros por cada persona socia trabajadora incorporada con carácter indefinido. Se considerará como tal a toda persona socia trabajadora que se haya incorporado en la empresa de economía social en el periodo comprendido entre la constitución de la entidad y y la fecha de publicación de la presente Orden en el BOPV, incluidas ambas fechas.
La cantidad determinada en el apartado anterior se incrementará en 1.000 euros por cada uno de los siguientes supuestos:
Mujeres, cuando estas constituyan la mayoría de las personas socias trabajadoras o de trabajo de la entidad.
Tener la condición de persona discapacitada, entendiendo como tal a aquella persona que esté afectada por deficiencias físicas, psíquicas y/o sensoriales, y reconocida una minusvalía, como mínimo, del 45%.
En atención al Convenio Marco entre el Gobierno Vasco y el Ministerio de Justicia en materia penitenciaria, tener la condición de personas internas en tercer grado y de liberadas condicionales que se incorporen como personas socias trabajadoras o de trabajo en una Sociedad Cooperativa o Laboral.
El padre o la madre de una familia monoparental, entendiéndose por tal aquella persona que tenga a su cargo uno o varios descendientes que no desempeñen actividad retribuida.
Personas que hayan sido víctimas de violencia doméstica, entendiéndose que se encuentran en esta situación cuando estas o sus hijos o hijas hayan sido víctimas de violencia física o psíquica, ejercida por el cónyuge o por la persona que esté o haya estado ligado a ella de forma estable por análoga relación de afectividad, siempre que estos hechos hayan sido denunciados ante la correspondiente instancia policial o judicial.
Personas que hayan finalizado su proceso de inserción socio-laboral en una empresa de inserción, reguladas en el Decreto 182/2008, de 11 de noviembre, por el que se regula la calificación de empresas de inserción, se establece el procedimiento de acceso a las mismas y su registro, siempre que la contratación se celebre dentro de los doce meses posteriores a la finalización del mencionado proceso. En el supuesto de que la contratación se celebre inmediatamente después de finalizar el proceso de inserción socio-laboral, no se exigirá la inscripción como persona parada.
Personas que hayan sido víctimas de actos de terrorismo, en los términos que a los efectos de fomentar su contratación establece el Capítulo III del Decreto 290/2010, de 9 de noviembre, por el que se regula el Desarrollo del sistema de asistencia integral a las víctimas de terrorismo, así como los hijos e hijas y el cónyuge de una víctima de acto terrorista cuando esta hubiere fallecido o resultara en situación de invalidez que le impidiese el desempeño de una actividad retribuida.
Personas extoxicómanas (exalcohólicas y exdrogadictas), considerando como tales a los efectos de las ayudas previstas en esta Orden, a aquellas que, habiendo superado a juicio del equipo terapéutico correspondiente las fases de desintoxicación y deshabituación y llevando más de seis meses de tratamiento continuado, se considere de interés su adscripción a un programa de reinserción social a través del trabajo.
En ningún caso la subvención, calculada de conformidad con la letras a) y b) anteriores, podrá sobrepasar el total del capital suscrito por las personas socias trabajadoras de la sociedad; ni ser superior a 30.000 euros.
Para las actividades del artículo 15.1: el 100% de la cantidad resultante de la aplicación del apartado anterior.
Para las actividades del artículo 15.2: el 30% de la cantidad resultante de la aplicación del apartado 1 del presente artículo.
Para las actividades del artículo 15.3: el 70% del coste neto del estudio de viabilidad, con un límite de 3.000 euros por cada estudio realizado.
Para las actividades del artículo 15.4: el 75% del coste de las actividades desarrolladas por la entidad beneficiaria, con un límite de 30.000 euros.
Para las actividades del artículo 15.5: el 85% del coste de los medios materiales y humanos utilizados por la entidad beneficiaria para el desarrollo de as actividades subvencionadas, con un límite de 10.000 euros.
Un primer pago del 80% del total de la subvención tras la concesión de la misma, y una vez transcurridos quince días a contar desde el siguiente al de notificación de la concesión sin haber mediado renuncia expresa.
Un segundo pago del 20% previa presentación en los plazos determinados en el artículo 21 de la documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Orden, y más concretamente:
Para las actividades del artículo 15.1:
Copia compulsada del Libro de Personas Socias o certificado de la entidad a que se refiere el artículo 21.1 de la presente Orden.
Certificado de integración en alguna estructura asociativa de Economía Social legalmente constituida.
Para las actividades del artículo 15.2: presentación de la Memoria a que se refiere el artículo 21.2, junto con la documentación preceptiva relacionada en dicho artículo.
Para las actividades del artículo 15.3: copia del estudio realizado así como documentación justificativa de la totalidad del gasto incurrido en la realización del mismo.
Para las actividades del artículo 15.4 y 15.5: memoria de las actividades realizadas así como documentación justificativa de la totalidad del gasto incurrido en la realización de la mismas.
Plan o Planes de empresa del proyecto empresarial explicando las actividades a desarrollar en el primer ejercicio completo, que habrán de tener en cuenta la afectación del COVID-19.
Documentación acreditativa de la formación en economía social de las personas socias trabajadoras de la cooperativa o sociedad laboral, o del acuerdo contraído para recibir dicha formación, haciendo referencia concreta a la Entidad que impartirá la misma.
Acreditación del cumplimiento de las exigencias impuestas por la normativa en materia de seguridad y salud laborales, conforme a lo establecido en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Copia del Libro de Socios y Socias, así como copia de los contratos de sociedad o laborales de las personas incorporadas.
Copia de la inscripción registral de la entidad promovida o de la presentación de la inscripción, y justificante bancario en concepto de aportación al capital por cada persona socia incorporada.
Copia del alta en el Impuesto de Actividades Económicas o bien de la presentación de la solicitud para realizarla.
Documentación acreditativa de la pertenencia a una estructura asociativa de Economía Social legalmente constituida.
En su caso, Certificado oficial de minusvalía expedido por la Diputación Foral correspondiente indicando el grado de minusvalía.
En su caso, Resolución de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, auto del juzgado de Vigilancia Penitenciaria o certificación expedida por el Centro penitenciario.
En su caso, Certificado de convivencia, copia del Libro de familia y declaración responsable de que tiene a su cargo a una o varias personas descendientes que no desempeñan actividad retribuida, en el supuesto de contratación de personas que tengan a su cargo a uno o varios descendientes que no desempeñan actividad retribuida.
En el supuesto de personas que han sido víctimas de violencia doméstica, acreditación de esta circunstancia mediante la correspondiente Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica.
En el supuesto de personas que han finalizado su proceso de reinserción socio-laboral en una empresa de inserción, certificado de la empresa de inserción que acredite la fecha en la que finalizó dicho proceso.
En el supuesto de personas que han sido víctimas de terrorismo, documentación que acredite que las circunstancias que han dificultado o impedido el normal desempeño de las funciones de su puesto de trabajo anterior han sido consecuencia del acto de terrorismo. Si la persona contratada es el cónyuge o el hijo o la hija de la víctima de terrorismo, fotocopia del Libro de Familia y documentación que acredite que el fallecimiento o invalidez de la víctima fue debido a un acto de terrorismo.
En el supuesto de personas extoxicómanas, copia de la notificación del Director de Empleo y Formación por la que se acepta la incorporación de la persona contratada al Programa de Rehabilitación.
Para las actividades del artículo 15.2:
Documentación acreditativa del acuerdo de colaboración entre la entidad promovida y la entidad promotora.
Memoria detallada de las actividades previstas así como del presupuesto de gastos y del plan de financiación.
Plan de seguimiento y asesoramiento empresarial indicando metodología prevista.
Para las actividades del artículo 15.3:
Memoria del proyecto de estudio de viabilidad.
Justificación de la que derive que la empresa se encuentra en alguno de los supuestos recogidos en el artículo 15.3.
Para las actividades del artículo 15.4 y 15.5: plan detallado de la actividad a realizar que incluya las siguientes magnitudes: objetivos, medios materiales y humanos, presupuesto de ingresos y gastos, cronograma de actuaciones y herramientas de evaluación de las actividades previstas.
Durante el año posterior a la fecha de inscripción en el registro correspondiente, las empresas promovidas deberán:
Mantener el nivel de puestos de trabajo creado en el momento de la constitución y en virtud del cual se ha determinado la cuantía de la subvención, procediendo, en caso contrario, el reintegro total o parcial de las ayudas percibidas en proporción al número de puestos de trabajo mantenidos. En el supuesto que durante dicho periodo se produjeran bajas e incorporaciones de nuevas personas socias, estas últimas deberán producirse en las mismas condiciones socio-laborales que las incorporaciones iniciales. A los efectos de comprobar el cumplimiento de la presente obligación, la Entidad beneficiaria deberá remitir a la Dirección de Economía Social, en el plazo de un mes a contar desde la finalización del periodo de doce meses, copia compulsada del libro de personas socias. Dicha copia compulsada podrá ser, en su caso, sustituida por un certificado emitido por la sociedad en el que se detalle la relación de personas socias trabajadoras activas o dadas de alta en la seguridad social como tales, en el momento de su emisión, así como las bajas producidas desde la constitución de la entidad. En el caso de que no hubiere presentado la documentación preceptiva en dicho período, se le requerirá concediéndole un plazo de 10 días para su presentación a estos efectos. Transcurrido dicho plazo sin la presentación de la documentación requerida, se iniciará un expediente de declaración pérdida del derecho a la subvención con reversión, en su caso, proporcional al período no justificado, siempre que sea superior a la mitad del mismo. 2) Continuar integrada en una estructura asociativa. Los requisitos establecidos en los párrafos anteriores se acreditarán en la memoria a que se refiere el número 2 del presente artículo, acompañando a la misma los certificados correspondientes.
Cuando se cumplan los tres años desde su inscripción en el registro correspondiente, las empresas promovidas deberán:
Mantenerse como empresa de economía social. La Administración concedente de la subvención comprobará de oficio tal extremo mediante el examen de las cuentas anuales que las cooperativas deben presentar en el Registro de Cooperativas. En el caso de que no las hubieren presentado, se les requerirá concediéndoles un plazo de 10 días para su presentación a estos efectos. Transcurrido dicho plazo sin presentación de las cuentas, se iniciará un expediente de declaración pérdida del derecho a la subvención con reversión proporcional al período no justificado de lo abonado. En el supuesto de las sociedades laborales beneficiarias, deberán presentarlas ante la Administración subvencionadora en el plazo reglamentario para su depósito en el Registro Mercantil. En otro supuesto se seguirá el procedimiento anteriormente descrito. 2) Mantener la integración en una estructura asociativa. La Administración concedente de la subvención comprobará de oficio el cumplimiento de la obligación de continuar 3 años integrada en una estructura asociativa, mediante petición de certificación de dicho extremo a las entidades asociativas.
En todo caso, las cooperativas y sociedades laborales subvencionadas deberán destinar las cantidades recibidas en virtud de la presente Orden a una Reserva Especial que será irrepartible hasta la extinción o transformación de la sociedad, sin perjuicio de su posible destino para la compensación de las eventuales pérdidas que se produzcan en la empresa beneficiaria de las ayudas.
La acreditación del cumplimiento de dicha condición se realizará de la misma forma que la establecida en la letra 21.1.b).1 anterior; quedando sujeto su incumplimiento a los efectos en la misma previstos.
Para las actividades del artículo 15.2: las entidades promotoras deberán presentar en el plazo de un mes, a contar desde el transcurso de un año de la fecha de concesión de la subvención, Memoria explicativa de la evolución del Plan de empresa.
Para las actividades del artículo 15.3: la realización del estudio de viabilidad suscrito por el consultor experto a que se refiere el artículo 15.3 de la presente norma en el plazo de un mes desde su finalización de conformidad con el proyecto presentado.
Para las actividades del artículo 15.4 y 15.5: hacer constar expresamente el patrocinio del Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco.
Incluir entre sus fines la promoción empresarial.
Presentar un Plan de Actuación con el contenido explicitado en el siguiente artículo.
Acreditar una experiencia de al menos tres años en este tipo de promoción territorial planificada por la entidad solicitante o bien por las entidades de economía social partícipes en el Plan de Actuación regulado en el artículo 24.
Presentar un compromiso escrito de la entidad solicitante en el que declare su voluntad de desarrollar su actividad de creación de empresas promoviendo primordialmente empresas de economía social; y solo subsidiariamente, de creación de empleos societarios de economía social cuando no fuera posible la creación de empresas.
El Plan de Actuación deberá recoger los siguientes contenidos:
Objetivos cuantitativos y cualitativos, referidos a la promoción y fomento para la constitución de empresas de economía social y, en su caso, la creación de empleo societario de economía social. 2) Modelo de creación de empresas de economía social. 3) Fases del proceso emprendedor. 4) Estructura básica necesaria de recursos materiales y humanos imputados al proceso de promoción de empresas de economía social que van a crearse. 5) Gastos necesarios para la realización de lo planificado para la promoción de empresas de economía social, con detalle de su financiación, incluidos los derivados del establecimiento de relaciones con organizaciones o entidades extranjeras necesarias para tal fin.
El Plan de Actuación deberá incluir la acreditación de la existencia en el territorio de entidades educativas que puedan impartir la formación técnica relacionada con los futuros proyectos a las personas que vayan a desempeñar la actividad empresarial.
El Plan de Actuación deberá incluir la acreditación de la participación en el Plan de empresas u organizaciones de Economía Social susceptibles de prestar cobertura a los futuros proyectos. Para cada proyecto deberá concretarse en el Plan de Actuación la naturaleza del apoyo y grado de implicación financiera o de otra índole de dicha participación.
El 75% de los gastos generales de promoción de empresas de economía social, en el territorio al que se circunscribe la actuación del ente beneficiario para emprender en Economía Social, con un máximo de 30.000 euros.
El 75% del gasto previsto en el Plan de Actuación que resulte aprobado por la Dirección de Economía Social para cada proyecto empresarial de Economía Social constituido, o, en su defecto, para cada puesto de trabajo de carácter societario creado en una empresa de economía social; con un máximo de 9.000 euros por cada uno de los proyectos creados y un máximo de 3.000 euros por cada uno de los puestos de trabajo societarios creado.
En todo caso, la cantidad máxima por beneficiario tendrá como límite 70.000 euros.
Un primer pago del 50% del total de la subvención en el momento de la concesión de la misma, y una vez transcurridos quince días, a contar desde el siguiente al de notificación de la concesión, sin haber mediado renuncia expresa.
Un segundo pago del 50% del total de la subvención, cuando se acredite el cumplimiento de las condiciones explicitadas en el artículo 25, previa presentación por las Entidades beneficiarias ante la Dirección de Economía Social de una Memoria detallada del periodo anual de la actividad de promoción realizada, en la que conste expresamente la totalidad de la actividad realizada incluida la promoción de entidades tanto de economía social como otras que no lo sean, en su caso, derivadas de la actividad de difusión, y la documentación justificativa del gasto realizado, mediante la aportación de facturas originales o fotocopias compulsadas. Esta acreditación se deberá realizar en todo caso en un plazo máximo de 18 meses desde la resolución de concesión.
Plan de Actuación en los términos y con los requisitos establecidos en el artículo 24 de esta Orden.
Documentación acreditativa de las entidades educativas existentes en el territorio señaladas en el artículo 24.b) así como documento justificativo de la implicación de las mismas en el proyecto.
Acreditación de la participación en el proyecto de empresas u organizaciones de Economía Social capaces de prestar cobertura a los futuros proyectos, según lo establecido en el artículo 24.c).
Haber sido beneficiarias de las ayudas de Emprender en economía social en alguna de las convocatorias realizadas entre 2015 y 2019, ambas incluidas, en el apartado de constitución de empresas.
Acreditar una disminución de facturación del 30% en la media de los meses comprendidos entre el 14 de marzo y el 14 de junio de 2020 (ambos incluidos) con respecto a la media de facturación de los meses comprendidos entre el 13 de septiembre de 2019 y el 13 de marzo de 2020 (ambos incluidos).
Confirmar la viabilidad del proyecto empresarial mediante una declaración responsable por parte de la empresa, sin perjuicio de la comprobación que al respecto habrá de realizar la entidad promotora.
Las entidades interesadas en acogerse a los beneficios previstos en el presente capítulo presentarán, junto con la solicitud, la siguiente documentación:
Documentación acreditativa del acuerdo de colaboración entre la entidad solicitante y la entidad que actuará como promotora.
Declararación responsable sobre la facturación en los términos recogidos en el artículo 29.b) de la presente Orden.
La documentación relativa a la facturación recogida en el apartado anterior habrá de ser definitivamente aportada y validada por la entidad que actúe como promotora, siempre antes de que se emita la Resolución sobre la solicitud presentada. Deberá necesariamente acreditar el cumplimiento de lo recogido en el artículo 29.b) sobre las pérdidas de facturación (al menos, el 30%). Dicha acreditación se realizará mediante la presentación de las declaraciones mensuales del IVA en el periodo especificado.
La labor de consultoría y asesoramiento habrá de realizarla aquella que realizó en su momento la labor de promoción de la entidad beneficiaria y que ya fue subvencionada en su momento por ello. Habrá de realizar lo señalado en los artículos 29.c) y 30.2.
En el caso de que no fuera posible contar con la entidad promotora mencionada en el apartado anterior, la entidad solicitante habrá de presentar alguna entidad que acredite el cumplimiento de los mismos requisitos que se exigieron a la entidad promotora que asesoró en su momento a la empresa solicitante y que cuente con experiencia acreditada en la realización de este tipo de actividades.
La subvención a conceder por cada empresa de economía social constituida será de 1.000 euros por cada persona socia trabajadora de carácter indefinido que figurara en el Libro de Personas Socias el día 14 de marzo de 2020.
En ningún caso la subvención por entidad beneficiaria podrá ser superior a 10.000 euros.
Las cooperativas y sociedades laborales subvencionadas deberán destinar las cantidades recibidas en virtud de la presente Orden a una Reserva Especial que será irrepartible hasta la extinción o transformación de la sociedad, sin perjuicio de su posible destino para la compensación de las eventuales pérdidas que se produzcan en la empresa beneficiaria de las ayudas. Dicha obligación será comprobada en el año 2021, tras la preceptiva presentación de las cuentas anuales del ejercicio 2020 en el Registro correspondiente. El incumplimiento de la presente obligación determinará la tramitación del oportuno expediente incoado al efecto por la Dirección de Economía Social para dictaminar la procedencia o no de iniciar el procedimiento de reversión de la ayuda concedida.
Cuando se cumplan tres años desde la Resolución de concesión de la ayuda en base al presente capítulo, la empresa beneficiaria habrá de mantenerse como empresa de economía social. La acreditación del cumplimiento de esta condición se realizará de la misma forma que se describe en el artículo 21.1.b).
El pago se realizará en un único libramiento tras la Resolución de concesión.
La justificación final de la subvención habrá de presentarse antes del 31 de marzo de 2021, y habrá de contener la siguiente documentación:
Acreditación de la imputación de la subvención concedida a una Reserva Especial irrepartible, en consonancia con lo determinado en el artículo 32.3.
Informe definitivo de la entidad promotora sobre la viabilidad de la empresa.
El presente régimen de ayudas, en el caso de los artículos 15.1, 15.3, 15.4, 15.5 y del artículo 28 queda sujeto a la regla de minimis establecida por la Comisión Europea (Reglamento (CE) n.º 1407/2013, de la Comisión de 18 de diciembre de 2013) y, por tanto, el Departamento de Trabajo y Justicia articulará los mecanismos necesarios para garantizar que las entidades beneficiarias del régimen de ayudas previsto por la presente Orden, de las cuales derive la directa generación de empleo, no puedan recibir una cantidad superior a 200.000 euros en concepto de ayudas de minimis, tomando en cuenta el ejercicio fiscal en curso y el de los dos ejercicios fiscales anteriores. En la Resolución de concesión de la subvención se comunicará a la entidad beneficiaria el carácter de minimis de la ayuda concedida y el derecho de la Administración a obtener de la entidad beneficiaria la información completa sobre toda ayuda de minimis recibida durante los dos ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en curso.
En Vitoria-Gasteiz, a 23 de junio de 2020.

References: Artículo 2

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Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

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Artículo 31

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Artículo 33

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