Source: https://tc.vlex.es/vid/-181299
Timestamp: 2019-10-14 08:14:42+00:00

Document:
STC 51/2003, 17 de Marzo de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 181299
Número de Recurso: 3695/2001
Sentencia citada en: 170 sentencias, 12 artículos doctrinales
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 29 de junio de 2001, la Procuradora de los Tribunales doña María José Barabino Ballesteros, en nombre y representación de las secciones sindicales de CGT, UGT y CC OO del ente público Radio Televisión Madrid, formuló demanda de amparo contra las resoluciones judiciales reseñadas en el encabezamiento.
Las secciones sindicales CGT, UGT y CC OO del ente público Radio Televisión Madrid (RTVM) anunciaron la convocatoria de huelga en determinados tramos horarios en la empresa Televisión Autonomía de Madrid, S.A. (Telemadrid) del colectivo de trabajadores del área de realización (realizadores y ayudantes de realización) durante los días 11 a 17 de enero de 1999 y, no alcanzándose acuerdo sobre los servicios mínimos, la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid dictó Orden 27/1999, de 7 de enero, estableciendo los servicios mínimos esenciales. Las secciones sindicales anunciaron una segunda convocatoria de huelga para todos los trabajadores del ente público RTVM y sus sociedades Televisión Autonomía de Madrid, S.A. (Telemadrid) y Radio Autonomía Madrid, S.A. (Onda Madrid) en determinados tramos horarios durante los días 2 a 7 de mayo de 1999 y, no alcanzándose tampoco acuerdo sobre los servicios mínimos, fueron fijados éstos por Orden 1559/1999, de 30 de abril, de la referida Consejería. En fin, las secciones sindicales anunciaron una tercera convocatoria de huelga para todos los trabajadores del ente público RTVM y sus sociedades Telemadrid y Onda Madrid en determinados tramos horarios durante los días 28 de mayo y 11, 12 y 13 de junio de 1999, sin que tampoco se lograra acuerdo respecto de los servicios mínimos, que fueron establecidos por Orden 2356/1999, de 26 de mayo, de la Consejería citada.
El 2 de mayo de 1999 y durante el tramo horario en que estaba avisada la huelga, Onda Madrid conectó con la emisora Euskal Irratia para la retransmisión en directo de un partido de fútbol, captando para ello la señal de la retransmisión que realizaba dicha emisora para el País Vasco. Asimismo, durante la huelga convocada los días 28 de mayo y 11, 12 y 13 de junio de 1999, coincidente con el inicio de la campaña electoral para las elecciones europeas, municipales y autonómicas y la celebración de las elecciones mismas, Telemadrid contrató con otras empresas la prestación de servicios profesionales de equipos de cámara y enlace para cubrir la información de la campaña electoral que no podía realizar con sus propios trabajadores. Asimismo mantuvo la emisión de publicidad y de programas de entretenimiento durante el horario de la huelga.
El ente público RTVM y el comité de huelga firmaron un acuerdo con fecha de 10 de junio de 1999 (que elevaba a definitivo el preacuerdo alcanzado el día 8 anterior, ratificado en Asamblea de todos los trabajadores el día 9), para la resolución del conflicto laboral existente. En él, la empresa asumía una serie de compromisos, entre ellos el de retirar los expedientes disciplinarios incoados contra algunos de los trabajadores desde el 1 de enero de 1999 con motivo del conflicto, lo que fue efectivamente cumplido por la empresa.
No obstante lo anterior, en fecha 7 de julio de 1999, las citadas secciones sindicales ahora recurrentes en amparo formularon ante el Juzgado de lo Social demanda de proceso especial de protección de derechos fundamentales contra el ente público RTVM y sus sociedades, alegando la vulneración del derecho a la libertad sindical y del derecho a la huelga (art. 28.1 y 2 CE) y reclamando que se condene a la empresa a cesar en su conducta lesiva y a abonar una indemnización de 2.000.000 de pesetas. La demanda se fundamenta en la actuación empresarial durante las huelgas reseñadas que reputan lesiva a los derechos fundamentales invocados (esencialmente se refieren a la sustitución de los trabajadores huelguistas por trabajadores de empresas contratadas al efecto y el mantenimiento de la emisión de publicidad y diversos programas de entretenimiento, así como de un acontecimiento deportivo, excediéndose de las previsiones contenidas en las Órdenes de servicios mínimos).
En el juicio oral el ente público demandado alegó como excepciones procesales, junto al defecto legal en el modo de proponer la demanda, la falta de acción de las secciones sindicales demandantes, fundada en que el acuerdo por el que se puso fin al conflicto laboral consumió todas las posibles acciones con relación al mismo, invocando por ello también la falta de legitimación activa de las demandantes -por no ser ya titulares de derecho alguno en relación con un conflicto resuelto mediante pacto, alegando incluso que la demanda suponía un claro abuso de derecho y un fraude de ley, en cuanto pretendía un enriquecimiento injusto-, e incluso su propia falta de legitimación pasiva, por entender que el referido acuerdo satisfizo toda posible obligación o deuda de la empresa, que incluso se comprometió a retirar, y efectivamente retiró, los expedientes disciplinarios abiertos a varios trabajadores por causa del conflicto laboral.
Mediante Sentencia de 28 de septiembre de 1999 (autos núm. 422/99) el Juzgado de lo Social núm. 23 de Madrid rechaza las excepciones planteadas y estima la demanda, condenando a la empresa al abono de la indemnización solicitada por las demandantes. En cuanto a la falta de acción invocada por la demandada se razona en la Sentencia que el pacto de finalización de la huelga no consume los derechos y obligaciones de las partes negociadoras, salvo aquéllos que expresamente se acuerden. En consecuencia, no existiendo en el acuerdo de 10 de junio de 1999 una renuncia expresa a posibles acciones derivadas de los sucesos acaecidos durante el conflicto, las secciones sindicales demandantes conservaban en plena integridad su derecho a ejercitarlas, sin que fuese atendible la alegación de que habiéndose comprometido la empresa a retirar los expedientes disciplinarios iniciados ello conlleve implícitamente la neutralización de tales acciones, debiéndose entender tal compromiso como una concesión empresarial en aras de lograr el pacto de finalización de la huelga. Rechazadas todas las excepciones formuladas se pasa a analizar el fondo del asunto, llegándose a la conclusión de que la demandada violó de forma clara y contundente los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical, conforme a los razonamientos que se contienen en la Sentencia.
Contra esta Sentencia interpuso el ente público RTVM recurso de suplicación, cuyo segundo motivo, al amparo del art. 191 c) de la Ley de procedimiento laboral (LPL), denunciaba la infracción, de lo dispuesto en los arts. 7, 1258, 1809 y 1816 del Código civil (CC), sosteniendo que el pacto que puso fin al conflicto laboral logrando la paz social priva de razón de ser a la demanda planteada por las secciones sindicales, por lo que la Sentencia de instancia debió apreciar la falta de acción alegada. Impugnado el recurso de contrario, fueron elevados los autos a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dictó Sentencia con fecha 25 de febrero de 2000 por la que, tras rechazar un motivo referido a la supuesta incongruencia de la Sentencia de instancia y estimar el segundo motivo del recurso de suplicación relativo a la falta de acción, lo que hacía innecesario entrar en el examen del resto de motivos del recurso, estimó el recurso del ente público RTVM, revocando la Sentencia de instancia y desestimando en su integridad la demanda formulada contra el ente público RTVM. La Sala razona (FJ 5 de la Sentencia) que el conflicto laboral existente entre las partes concluyó con el acuerdo alcanzado entre las partes que puso fin al mismo, acuerdo transaccional que tiene el mismo rango y valor que un convenio colectivo, de conformidad con el art. 8.2 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo y la STC 11/1981, de 8 de abril, y en el que, entre otros compromisos adquiridos se incluía la retirada de los expedientes disciplinarios incoados a diversos huelguistas -lo que efectivamente cumplió la empresa. Entiende la Sala que el acuerdo de 10 de junio de 1999, que puso fin al conflicto, comprendía los actos realizados por la empresa durante el desarrollo de la huelga, pues de su lectura se desprende que existen dos contenidos: por un lado, se alcanzan acuerdos concretos en determinadas materias, dejando otras para diálogos posteriores; y de otro lado, si bien no se expresaba específicamente, se infería -haciendo una interpretación lógica del pacto- que la huelga había terminado (de hecho, se produjo la desconvocatoria de la huelga inmediatamente después de la firma del acuerdo). Es decir, las propias partes firmantes dieron por supuesto que ese pacto implicaba más de lo que en él se estipulaba por escrito, de forma que suponía el fin del conflicto y el reinicio de la paz laboral. Por ello estima la Sala que la interposición de la demanda sobre tutela de derechos fundamentales de huelga y libertad sindical supone reiniciar el conflicto en algunos de sus aspectos y finalizar la paz social en esos mismos aspectos, removiendo aquello que de buena fe se creía terminado por la empresa. En suma, para la Sala resulta evidente que las partes, con la firma del acuerdo que puso fin a la huelga, borraban cuantas recíprocas actuaciones habían tenido a lo largo del conflicto, puesto que lo que decidieron era alcanzar la paz laboral. Y que en ese "borrar" estaba incluida la no presentación de acciones judiciales recíprocas derivadas de los acontecimientos, causas y efectos derivados o desarrollados. Por todo lo cual, concluye la Sala afirmando que el acuerdo que puso fin a la huelga constituía una transacción entre las partes, que tenía para éstas la calidad y autoridad de cosa juzgada, lo que implicaba falta de acción y, en consecuencia, debía conducir a la desestimación de la demanda.
Contra la anterior Sentencia interpusieron las secciones sindicales demandantes recurso de casación para la unificación de doctrina, presentando como Sentencia de contraste la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 10 de mayo de 1999. El recurso fue inadmitido por Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2001, al apreciar la falta de contradicción entre las Sentencias comparadas, de conformidad con el art. 217 LPL. A este respecto, señala la Sala que en ambos litigios la pretensión ejercitada se refería a la denuncia de la vulneración del derecho a la huelga, con la consiguiente solicitud de reparación mediante indemnizaciones, y que, en ambos casos, se hacía preciso interpretar el acuerdo que puso fin a las huelgas y valorar la conducta de las empresas, pero que, a pesar de tal coincidencia, existía en ambos casos una disparidad sustancial al analizar comparativamente los hechos probados y, más en concreto, en cuanto a la sustitución de los huelguistas por otros trabajadores y a otras circunstancias que también debían tenerse en cuenta para decidir la cuestión de fondo, por lo que, si bien las Sentencias comparadas han optado por soluciones diferentes, no por ello resultan contradictorias, al partir de bases fácticas dispares, por lo que procedía declarar la inadmisión del recurso y la firmeza de la Sentencia recurrida.
Las secciones sindicales demandantes de amparo invocan la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y del derecho de huelga (art. 28.2 CE). Sostienen que la Sentencia estimatoria del recurso de suplicación ha lesionado su derecho a la tutela judicial efectiva al apreciar la Sala con base a una interpretación rígida, arbitraria y desproporcionada la excepción de falta de acción esgrimida por la empresa, impidiendo un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, esto es, sobre la existencia de un comportamiento empresarial durante la huelga lesivo del derecho de huelga y, por tanto, también de la libertad sindical. Consideran que la interpretación de la Sala ha sido manifiestamente irrazonable, pues no es posible entender que en el acuerdo que puso fin a la huelga existe una renuncia implícita al legítimo ejercicio de una acción de reclamación de tutela de derechos fundamentales, ya que tal renuncia sólo puede ser expresa. Asimismo sostienen que el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo por el que se inadmite el recurso de casación para la unificación de doctrina vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, pues, en contra de lo que se afirma en dicha resolución, existe contradicción entre la Sentencia recurrida y la de contraste, por lo que debió admitirse y resolverse el recurso.
Por providencia de la Sección Segunda de este Tribunal de 7 de octubre de 2002 se requirió, de conformidad con el art. 51 LOTC, al Juzgado de lo Social núm. 23 de Madrid, a la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, para que en el plazo de diez días remitiesen testimonio de los autos núm. 422/99, recurso de suplicación núm. 88-2000 y recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 1488-2000, interesándose al propio tiempo el emplazamiento de quienes fueron parte en el procedimiento, con excepción de las recurrentes en amparo, a fin de que puedan comparecer en este proceso constitucional en término de diez días.
Por diligencia de ordenación de la Secretaria de Justicia de la Sala Primera de este Tribunal de 4 de noviembre de 2002, se tuvieron por recibidos los testimonios de actuaciones remitidos por el Juzgado de lo Social núm. 23 de Madrid, la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, y por efectuados los emplazamientos, teniéndose por personada y parte a la Procuradora de los Tribunales doña Gloria Rincón Mayoral en nombre y representación del ente público RTVM y, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se dio vista de las actuaciones por plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal, al Procurador de las demandantes de amparo y a la Procuradora del ente público RTVM, para que dentro de dicho plazo pudieran presentar las alegaciones que a su derecho conviniesen.
El Ministerio Fiscal interesó la denegación del amparo solicitado mediante escrito registrado en este Tribunal el día 13 de diciembre de 2002. Comienza el Ministerio Fiscal precisando que, aunque las demandantes invoquen el art. 28.1 CE, la fundamentación de la demanda de amparo se ciñe a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por la apreciación irrazonable que realiza la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de la excepción de falta de legitimación activa ("falta de acción") alegada por el ente público demandado, sin que las actoras se detengan en modo alguno en el análisis de la posible e indirecta vulneración del derecho de huelga. Desde la perspectiva de la pretendida vulneración del art. 24.1 CE, como derecho a una respuesta fundada en Derecho sobre el fondo de la cuestión planteada (la vulneración del derecho de huelga), considera el Ministerio Fiscal que la apreciación en la Sentencia de suplicación de la falta de legitimación ad causam de las secciones sindicales accionantes supone, en realidad, una respuesta sobre el fondo del asunto, que en este caso llega a confundirse con la titularidad del derecho en las concretas condiciones en las que se promueve su ejercicio, esto es, pretendiendo el reconocimiento de un perjuicio indemnizable que deriva de un derecho subjetivo que se identifica con el derecho de huelga. En efecto, la Sala razona en el extenso fundamento jurídico quinto de su Sentencia acerca de la naturaleza transaccional del acuerdo suscrito entre las partes poniendo fin al conflicto laboral, con la misma eficacia obligatoria que un convenio colectivo, considerando que si bien es cierto que en ninguno de los cinco apartados del acuerdo se contiene una cláusula expresa de renuncia de acciones por parte de los trabajadores, no lo es menos que ese es uno de los pactos que se desprende del total contenido del documento, según lo interpreta la Sala. Una interpretación diferente del mismo llevaría a la absurda conclusión de la inexistencia de recíprocas concesiones de las partes, apareciendo una de ellas, la empresa, como la única obligada a efectuar concesiones (sobreseimiento de los expedientes disciplinarios de los trabajadores; implantación de nuevas tecnologías, convocatoria de nuevas plazas, desarrollo de un plan de promoción interna, compromiso de asignación de un horario regular a todos los trabajadores..., etc.), sin obtener a cambio compensación alguna. En suma, para el Ministerio Fiscal no se trata de un obstáculo que el Tribunal oponga a la admisibilidad de la demanda juzgando de manera inapropiada la virtualidad de la legitimación ad causam y denegando así el otorgamiento de la tutela judicial, sino que lo que en realidad acontece es el pleno examen de la acción ejercitada y su posterior desestimación en estricta aplicación de la legalidad ordinaria, mediante una resolución de fondo que motiva en extenso las razones que encuentra para rechazar la pretensión de una compensación económica derivada de las incidencias de una huelga a la que ambas partes quisieron poner fin mediante el acuerdo firmado el 10 de junio de 1999.
Las secciones sindicales demandantes de amparo formularon sus alegaciones con fecha 12 de diciembre de 2002, ratificándose en los argumentos expuestos en la demanda de amparo. Reiteran que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo debió admitir a trámite el recurso de casación para la unificación de doctrina, pues existía la contradicción alegada. En cuanto a la Sentencia de suplicación, insisten en la irrazonabilidad de la apreciación de la falta de acción, pues no es posible deducir del acuerdo que puso fin a la huelga una renuncia a las acciones derivadas del conflicto, ya que ni siquiera se alcanzó acuerdo sobre todos los puntos del conflicto (así, subsistió el desacuerdo sobre los contratos excluidos de convenio colectivo).
La Procuradora de los Tribunales doña Gloria Rincón Mayoral, en nombre y representación del ente público RTVM, presentó su escrito de alegaciones con fecha 13 de diciembre de 2002. Comienza por advertir que si bien en la demanda de amparo se invoca la lesión de los arts. 24.1 y 28.2 CE, la fundamentación de la misma se ciñe exclusivamente a la pretendida vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, fundada en que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dejado imprejuzgado el fondo del asunto al apreciar irrazonablemente la excepción de falta de acción. Al respecto ha de tenerse en cuenta que la desestimación de la pretensión de las actoras por la apreciación de falta de acción es tanto como resolver sobre el fondo del asunto. La Sala llega a la conclusión lógica de que el acuerdo suscrito por las partes para poner fin al conflicto laboral, alcanzando así la paz social, implica la renuncia a las acciones de naturaleza colectiva derivadas de dicho conflicto. Si no se entendiese así se favorecerían actuaciones sindicales abusivas, contrarias a la buena fe y en claro fraude de ley, perpetuando innecesariamente el conflicto cuando lo esencial del mismo ha sido reparado a través del acuerdo transaccional que puso fin al mismo. La Sala, por tanto, ha dado respuesta razonada, motivada y congruente a la cuestión de fondo debatida en el proceso, fundada en la interpretación del acuerdo que pone fin a la huelga, sin que la discrepancia de criterio de las recurrentes con la interpretación judicial suponga en modo alguno la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.
Por providencia de 6 de marzo de 2003, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 10 del mismo mes y año.
El presente recurso de amparo tiene por objeto determinar si, como alegan las secciones sindicales demandantes y contradicen el Ministerio Fiscal y la representación procesal del ente público Radio Televisión Madrid (RTVM), la Sentencia de la Sección Primera de Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de febrero de 2000, que estima el recurso de suplicación núm. 88-2000 al apreciar la falta de acción de las demandantes, y el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2001, que declara la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por las demandantes contra dicha Sentencia por inexistencia del requisito de contradicción, vulneran los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y el derecho a la huelga (art. 28.2 CE).
Planteado así el objeto del presente recurso de amparo, debemos precisar ahora que, siendo cierto, como observan el Ministerio Fiscal y la representación del ente público RTVM, que la fundamentación de la demanda de amparo se refiere a la vulneración por las resoluciones judiciales recurridas del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), sin extenderse sobre la vulneración igualmente invocada del derecho de huelga y de la libertad sindical, nuestro análisis debe centrarse en la pretendida vulneración del art. 24.1 CE, pues de su vulneración o no derivará, como consecuencia inmediata, la del derecho de huelga (art. 28.2 CE), sobre cuya lesión se discutía en el proceso a quo, así como la del derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE), al formar el derecho a la tutela judicial efectiva parte del contenido de la acción institucional del sindicato (SSTC 257/2000, de 30 de octubre, FJ 3; 7/2001, de 15 de enero, FJ 5; 24/2001, de 29 de enero, FJ 1; 215/2001, de 29 de octubre, FJ 2; 114/2002, de 20 de mayo, FJ 2; y 203/2002, de 28 de octubre, FJ 2) y comprender la libertad sindical el derecho a declarar la huelga y otros conflictos colectivos (SSTC 11/1981, de 8 de abril, FFJJ 9 y 11; 70/1982, de 29 de noviembre, FJ 3; 37/1983, de 11 de mayo, FJ 2; 217/1991, de 14 de noviembre, FJ 3; 210/1994, de 11 de julio, FJ 3; y 66/2002, de 21 de marzo, FJ 3, entre otras).
Sentada la precisión precedente, conviene precisar a continuación cuál ha de ser el orden en que hemos de examinar las quejas formuladas en la demanda de amparo, en atención a los criterios expuestos en nuestra jurisprudencia (entre otras, SSTC 307/1993, de 25 de octubre, FJ 1; 116/1997, de 23 de junio, FJ 1, in fine; 15/1997, de 29 de septiembre, FJ 2; 56/1998, de 16 de marzo, FJ 2; 19/2000, de 31 de enero, FJ 2; 96/2000, de 10 de abril, FJ 1; y 31/2001, de 12 de febrero, FJ 2). Pues bien, conforme a tales criterios, cabe observar que la eventual estimación de la queja referida a la supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en el Auto de inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina daría lugar a la anulación de esta resolución judicial, con retroacción de actuaciones a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo para que entrase a conocer del fondo de las cuestiones planteadas en el referido recurso (por todas, STC 48/2002, de 25 de febrero, FJ 2). Por lo que, en conclusión, hemos de comenzar nuestro examen por la queja dirigida contra el meritado Auto antes de entrar a enjuiciar las lesiones de derechos fundamentales que se imputan a la Sentencia recaída en suplicación.
Descartada la vulneración del art. 24.1 CE en la vertiente de acceso a los recursos, debemos analizar seguidamente la queja referida a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que se imputa a la Sentencia dictada en suplicación por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en cuanto habría privado a las secciones sindicales demandantes de amparo de una respuesta sobre el fondo del asunto, esto es, sobre la existencia de vulneración del derecho a la huelga y a la libertad sindical, con la consiguiente obligación indemnizatoria, al apreciar, partiendo de una interpretación arbitraria del contenido del pacto que puso fin a la huelga, la excepción de falta de acción alegada por la empresa demandada, estimando así el recurso de suplicación de ésta y revocando la Sentencia de instancia, que había declarado la lesión de los derechos de huelga y libertad sindical y condenado a la empresa a indemnizar a las demandantes en la suma de dos millones de pesetas como resarcimiento por el daño moral causado por la conducta antisindical y lesiva del derecho a la huelga.
Como queda expuesto en el relato de antecedentes, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid estima el segundo motivo del recurso de suplicación, apreciando la excepción que la propia Sala califica de falta de acción, al considerar que el acuerdo firmado entre la empresa demandada y los sindicatos demandantes que puso fin al conflicto laboral determinaba el reinicio de la paz laboral, debiendo entenderse que dicho acuerdo lleva implícita una renuncia (un "borrar", en la propia terminología de la Sentencia impugnada) por parte de los sindicatos firmantes al ejercicio de acciones derivadas de dicho conflicto por las actuaciones desplegadas por la empresa durante el mismo, aunque nada se pactara expresamente en el meritado acuerdo sobre la renuncia al ejercicio de acciones para exigir la reparación de derechos eventualmente vulnerados durante la huelga.
Como se recuerda en la STC 76/1990, de 26 de abril, FJ 7, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva tiene "carácter irrenunciable e indisponible", lo que no impide que pueda reputarse constitucionalmente legítima la renuncia a su ejercicio cuando ello redunde en beneficio del interesado, pues "si bien los derechos fundamentales son permanentes e imprescriptibles, ello es perfectamente compatible con el establecimiento de límites temporales dentro del ordenamiento para el ejercicio de las correspondientes acciones (STC 7/1983, FJ 3). Si la imprescriptibilidad de los derechos fundamentales no es un obstáculo al carácter temporal de las acciones para su defensa, la irrenunciabilidad de tales derechos no impide tampoco la voluntaria y transitoria renuncia al ejercicio de las acciones en pos de unos beneficios cuyo eventual logro es para el interesado más ventajoso que el que pudiera resultar de aquel ejercicio". Ello sin olvidar, como se dijo en la STC 27/1981, de 20 de julio, FJ 9, que "toda renuncia de derechos debe ser explícita, clara, terminante e inequívoca y aunque, debido a la protección que se debe dispensar a la buena fe, se ha declarado que la renuncia puede inferirse de la conducta de los titulares del derecho, no es lícito deducirla … de una conducta no suficientemente expresiva del ánimo de renunciar". En la misma línea, con cita de la doctrina sentada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se pronuncia la STC 183/2000, de 10 de julio, FJ 4 (y con anterioridad la STC 91/2000, de 30 de enero, FJ 15), recordando "que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque en supuestos diversos del ahora enjuiciado, ha declarado que la renuncia al ejercicio de los derechos fundamentales, cuando es posible, ha de ser expresa y formulada en términos inequívocos: de lo contrario podrían legitimarse, a través de ella, situaciones contrarias a la dignidad humana (casos Barberá, Messegué y Jabardo, de 6 de diciembre de 1988, § 82; Oberschlick, de 23 de mayo de 1991, § 51; F.C.B. c. Italia, de 28 de agosto de 1991, § 33 a 35; y Poitrimol, de 23 de noviembre de 1993, § 31)". Esta misma doctrina se reitera en pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos posteriores a los citados (así, casos Zana c. Turquía, de 25 de noviembre de 1997, § 70; Richard c. Francia, de 22 de abril de 1998, § 49; y Schöps c. Alemania, de 13 de febrero de 2001, § 48).
En el caso enjuiciado nada se pactó expresamente por los sindicatos demandantes en cuanto a la renuncia a ejercitar posibles acciones de tutela de derechos fundamentales de huelga y libertad sindical presuntamente vulnerados por las actuaciones empresariales durante el conflicto laboral, por lo que nada obstaba, en principio, para que dichos sindicatos recabasen la oportuna tutela judicial postulando, si bien ya no la cesación del comportamiento antisindical y contrario al derecho de huelga (pues esa cesación se había ya producido en virtud de los compromisos asumidos en el acuerdo que permitió poner fin al conflicto laboral), sí la reparación de las consecuencias derivadas de esa conducta empresarial, incluida la indemnización procedente, de conformidad con lo previsto en el art. 180.1 LPL, salvo que se entendiese que, del contenido del pacto firmado entre empresa y sindicatos que puso fin a la huelga, y la conducta concomitante de ambas partes se deducía inequívocamente, como exige la doctrina anteriormente expuesta, la renuncia implícita al ejercicio de acciones de tutela de derechos fundamentales derivadas del conflicto, fundada en el beneficio o ventaja que tal renuncia reporta al titular de la acción, en este caso los sindicatos firmantes de aquel pacto.
Por todo lo expuesto debe concluirse que la Sentencia dictada en suplicación ha apreciado de forma indebida la falta de acción invocada, negando legitimación a las secciones sindicales demandantes y privándoles así de una respuesta razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas en el proceso, vulnerando así el derecho de aquéllas a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Por consiguiente, la demanda de amparo ha de ser estimada por este motivo y, para restablecer en la plenitud de su derecho a los sindicatos demandantes, debemos anular la Sentencia recurrida y disponer la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictar Sentencia, a fin de que por la propia Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronuncie, con plenitud jurisdiccional, nueva resolución en el recurso de suplicación mediante la que se elimine el resultado disconforme con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Anular la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de febrero de 2000, dictada en el recurso de suplicación núm. 88-2000.
Retrotraer las actuaciones procesales al momento inmediatamente anterior al de dictarse dicha Sentencia para que la Sala, sin lesionar el derecho fundamental reconocido, dicte la resolución que proceda con plenitud de jurisdicción.
STSJ Comunidad Valenciana 4091/2014, 20 de Noviembre de 2014
STSJ Murcia 388/2005, 20 de Mayo de 2005

References: resolución 
e contrario
 resolución 
in fine
 resolución 
 resolución 
 resolución