Source: https://www.scribd.com/doc/114611750/Proteccion-Pirquenes-Suprema-y-Corte
Timestamp: 2016-02-12 08:51:34+00:00

Document:
UploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicScribd Selects BooksHand-picked favorites from our editorsScribd Selects AudiobooksHand-picked favorites from our editorsScribd Selects ComicsHand-picked favorites from our editorsScribd Selects Sheet MusicHand-picked favorites from our editorsTop BooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop AudiobooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop ComicsWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop Sheet MusicWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodCrafts & HobbiesFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesAdaptationsChildren’sCrime & MysteryFictionHumorMangaNonfictionRomanceSciFi, Fantasy & HorrorSuperheroesYoung AdultPublishersArcanaArchie ComicsBOOM! StudiosDynamiteIDW PublishingKingstone ComicsMarvel ComicsSpace Goat ProductionsTop Cow ComicsTop Shelf ProductionsValiant Comics ZenescopeDifficultyBeginnerIntermediateAdvancedMixedInstrumentBrassDrums & PercussionGuitar, Bass, and FrettedPianoStringsVocalWoodwindsGenreClassicalCountryFolkJazz & BluesMovies & MusicalsPop & RockReligious & HolidayStandardsP. 1Proteccion Pirquenes Suprema y CorteProteccion Pirquenes Suprema y Corte|Views: 893|Likes: 0Published by BioBioChileMore info:Published by: BioBioChile on Nov 27, 2012Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee moreSee lesshttps://www.scribd.com/doc/114611750/Proteccion-Pirquenes-Suprema-y-Corte12/04/2012pdftextoriginalSantiago, veintiséis de noviembre de dos mil doce.Vistos: Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus considerandos trigésimo quinto a trigésimo séptimo, que se eliminan. Y se tiene en su lugar y además presente: Primero: Que constituye uno de los elementos del acto administrativo la motivación del mismo, pues a través de ella se exteriorizan las razones que han llevado a la
Administración a dictarlo, exigencia que se impone en virtud del principio de legalidad. En efecto, nuestro ordenamiento jurídico, expresamente en el artículo 11 inciso 2° de la Ley N° 19.880, exige a la Administración que las decisiones que afecten los derechos de los particulares contengan la
expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustentan. A su turno, el artículo 41 inciso cuarto del mismo cuerpo legal establece que las resoluciones que contengan una decisión deben ser fundadas. Segundo: Que el acto recurrido, esto es, el acuerdo
adoptado por la Comisión de Evaluación Ambiental Región del Bío-Bío, que aprueba la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Central Termoeléctrica Pirquenes”, constituye un
acto administrativo que tiene carácter decisorio.
A este acto le son aplicables las exigencias previstas en la normativa expuesta en el considerando anterior, pero aún más, la propia normativa de carácter ambiental consagra específicamente la necesidad de fundamentar la decisión de la comisión recurrida. En efecto, el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental en el artículo 34 señala la oportunidad en que se debe convocar a los integrantes de la comisión a una sesión que tendrá por objeto decidir sobre la calificación ambiental del proyecto, debiendo levantarse acta de dicha sesión en la que se deberá “consignar la fecha y lugar de reunión, el nombre de los asistentes, la reseña sucinta de lo tratado en ella, de los acuerdos adoptados y del o los votos y de sus fundamentos”. De esta norma se extrae claramente que el acuerdo adoptado por la Comisión de Evaluación Ambiental debe haber sido fundado por sus miembros, haciéndose cargo de todos los elementos a evaluar, resultando evidente que la referencia a una “relación sucinta del fundamento” sólo es aplicable a la confección del acta, pero de modo alguno
significa –como lo pretende la recurrida- que el voto pueda ser sucinto y resumido. Tercero: Que la necesidad de fundamentar adecuadamente las decisiones de carácter ambiental ha sido además recogida por el “Instructivo para la adecuada fundamentación de los Informes Sectoriales, de los Acuerdos y de las Resoluciones
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, el que establece en su numeral II: “(…)1.Detonado el procedimiento administrativo de
evaluación de impacto ambiental, corresponde que los órganos correspondientes emitan su parecer sobre el EIA o la DIA presentada. El contenido de dicha opinión que ha de verterse en el Informe pertinente varía según haya sido la modalidad de
ingreso, conforme se expone a continuación: (…)b) Si es una DIA, deben indicar fundadamente si el proyecto cumple con la normativa de carácter ambiental; si, razonadamente, cumple con él o los permisos ambientales sectoriales asociados y dentro de su competencia; si el proyecto o actividad requiere o no de la presentación de un EIA; y si son o no necesarias aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones.” Y en su numeral III: “(…) El que la decisión sea fundada implica técnicas que y deben establecerse que todas las consideraciones la calificación
ambiental del proyecto. Dentro de las motivaciones del acto decisorio pueden considerarse que emitan las los opiniones órganos de y la
administración del Estado que participan en el SEIA”.
Este normativa
instructivo general y
cumplimiento rige a los
fundamentación, en especial en la etapa de acuerdo y decisión en el seno de las Comisiones Regionales, pues justamente esta motivación es la que da legitimidad al proceso de
calificación ambiental. Cuarto: Que en la especie, tal como se expone en la sentencia de primera instancia, los miembros de la Comisión no fundamentan su voto, por cuanto tal exigencia implica
necesariamente que ellos señalen las razones por las que, a su juicio, no se hace necesario un Estudio de Impacto –
Ambiental, justificando desde el punto de vista ambiental
al estar en conocimiento de todos los antecedentes e informes que son parte del proceso- por qué el proyecto no produce los efectos señalados en el artículo 11 de la Ley N° 19.300. En este sentido, capital importancia reviste la circunstancia de existir en el presente proceso de evaluación ambiental un informe denominado “Antecedentes adicionales posteriores al informe consolidado de la evaluación del proyecto Central Termoeléctrica Pirquenes”, emanado de uno de los órganos con competencia técnica en la materia -como lo es el Servicio de Evaluación Ambientalel que basado en estudios y
antecedentes allegados con posterioridad a la emisión del
efectos señalados en el artículo 11 de la Ley N° 19.300 letras a) y b), que se detallan en el artículo 5 letras b) y c), 6 letras a), j), n) -n.2, 8 letra e) del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental. Este Informe, si bien no es vinculante para los miembros de la comisión, sí obliga a que su voto sea emitido con un mayor estándar de fundamentación. Quinto: Que el haber adoptado la comisión recurrida un acuerdo fundados respaldado y en votos deviene la que en no que fueron la debidamente tomada que es
razonados carezca de
decisión vicio
trasmitido a la Resolución Exenta N° 25 de 23 de enero de 2012, la que califica favorablemente la Declaración de
Impacto Ambiental del proyecto “Central Los Pirquenes”, pues ésta no es más que la materialización de la decisión ya tomada, sin perjuicio de que es dable observar que en ella tampoco se hace alusión al informe adicional evacuado por el Servicio de Evaluación Ambiental, ni siquiera se le nombra entre los antecedentes evaluados, ni se explicitan las
razones por las que ello ha ocurrido. Lo así resuelto resulta arbitrario, pues aparece como una actuación desprovista de sustento, más producto de la pura voluntad de su autor que de fundamentos que la expliquen y legitimen, y vulnera –tal como se expone en el considerando trigésimo quinto de la sentencia
alzada-
artículo 19 de la Constitución Política de la República. Sexto: Que de otro lado, resulta estrictamente necesario que se concluya el procedimiento administrativo con un
acuerdo válido, en el cual los distintos integrantes de la comisión recurrida expliciten las razones por las cuales a su juicio no se producen los efectos ambientales señalados en el artículo 11 de la Ley N° 19300, razón por la que esta Corte dispondrá las medidas que se señalarán en lo dispositivo. Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se confirma la
sentencia apelada de veintisiete de agosto último, escrita a fojas 984 y complementada a fojas 1007, sólo respecto de lo decidido en sus letras a), b) c) d) y f). En consecuencia, queda sin efecto la votación y el acuerdo adoptado en la sesión de 12 de diciembre de 2011, por medio del cual la Comisión Regional del Medio Ambiente Región del Bío-Bío
califica favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental de la “Central Termoeléctrica Pirquenes”; asimismo, se deja sin efecto la Resolución Exenta N° 25, de 23 de enero de 2012, debiendo el Presidente de la aludida comisión adoptar las medidas necesarias para citar a una nueva sesión a los
miembros de la misma para los efectos de llevar a cabo una nueva votación. Regístrese y devuélvase con sus agregados. Redacción a cargo del ministro señor Carreño. Rol Nº 7071-2012.-
integrada por los Ministros Sr. Héctor Carreño S., Sr. Pedro Pierry A., Sra. María Eugenia Sandoval G., y los Abogados Integrantes Sr. Alfredo Prieto B., y Sr. Ricardo Peralta V. Santiago, 26 de noviembre de 2012.
Foja:984 Novecientos Ochenta y Cuatro
Concepción, veintisiete de agosto de dos mil doce. VISTO: I-RECURSO DE PROTECCIÓN ROL N° 1879-2011. Doña RUTH SOTO ROA, Presidenta de la Agrupación de Manipuladoras de Alimentos Las Palomitas Blancas, trabajadora independiente, por sí y en representación de la AGRUPACIÓN DE MANIPULADORAS DE ALIMENTOS LAS PALOMITAS BLANCAS, persona jurídica de Derecho Privado, ambos domiciliados para estos efectos en Sector Control Carretera s/n, Laraquete, Arauco, a fs. 3, recurre de Protección EVALUACIÓN en contra de la COMISIÓN DE AMBIENTAL DE LA REGIÓN DEL BIO-BIO,
representada legalmente por el señor Intendente de la Octava Región del Bío Bío, don Víctor Lobos Del Fierro, Arquitecto, domiciliado para estos efectos en Aníbal Pinto, N° 442, Concepción, por el acto ilegal y arbitrario que describe. Señala que, el 12 de diciembre, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Bío Bío, se reunió en Sala, en sesión legalmente constituida, incluyendo en la Tabla intempestivamente la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Central Termoeléctrica Pirquenes”, que se pretende instalar aproximadamente a 2 kilómetros de Laraquete, a objeto de votar, de manera definitiva, sobre la Calificación Ambiental del Proyecto, sesión en que finalmente se aprobó el Proyecto, mediante un acto arbitrario e ilegal, y que
constituye una amenaza real a sus derechos, a los de sus socias y a los de la Institución que representa. Explica que se encuentra establecido en la ley que, tratándose de Declaraciones de Impacto Ambiental, el plazo de tramitación normal debe durar tan sólo 60 días, los que pueden ser ampliados por razones justificadas. Y, el Proyecto se ingresó el día 22 de enero del 2010, habiendo transcurrido más de 22 meses y, si bien han operado algunas suspensiones en los plazos, igualmente se ha incumplido en extremo la norma. Asimismo, el Proyecto, ya fue votado con anterioridad: el día 14 de abril de 2011 y la Comisión de Evaluación Ambiental ya se pronunció sobre la Declaración de Impacto Ambiental. Ese día, el señor Intendente Suplente, don Renato Paredes, en presencia de los miembros de la Comisión que indica, abrió la sesión y llamó a la votación del Proyecto; obteniéndose 4 votos a favor de él y 4, en contra. Constatándose el empate, le correspondía votar al Presidente, según lo dispone el Reglamento de Sala, quien declaró que se abstenía, al no estar en condiciones de decidir. Afirma, que tal proceder es arbitrario, pues es ilógico pensar que al principio de la Sesión, el señor Intendente Suplente se consideró con la competencia y conocimiento suficiente para intervenir y, luego, al tener que decidir por sí tras el empate, descubre que no cuenta con los antecedentes suficientes. Agrega que es, además, ilegal, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de Sala de la Comisión, donde se dispone que ninguno de los miembros de la Comisión puede abstenerse de emitir su voto, salvo en los casos establecidos en la ley. Manifiesta que, en la segunda votación efectuada el 12 de diciembre de 2011, donde se aprobó el Proyecto Pirquenes, se generó el acto administrativo terminal contra el que recurre, cual es, la Calificación
Ambiental favorable del Proyecto “Central Termoeléctrica Pirquenes”, la que se aprobó con el voto favorable de siete miembros, votando en contra del Proyecto, los cuatro miembros técnicos, que individualiza. Expone, respecto del rechazo, en especial del SEREMI DE SALUD, que resulta el de mayor peso técnico, porque el efecto de afectación a la salud de las personas, contenido en el artículo 11 letra a) de la Ley de Bases del Medio ambiente, corresponde a uno de los factores que obligan a rechazar el Proyecto Termoeléctrico, porque permite concluir que se requiere Estudio de Impacto Ambiental y no una simple Declaración, como en la práctica se ha procedido. Manifiesta que, en la votación de 14 de abril, el SEREMI DE SALUD votó a favor del Proyecto y, en la votación de 12 de diciembre, votó en contra. Aduce que, entre tales fechas, no operó ningún nuevo hecho, ni se aportaron nuevos antecedentes, que permitiera justificar un cambio de conducta. Asimismo, cuestiona que los SEREMIS que ya votaron, vuelvan a votar, al oponerse al principio de objetividad. Alega, por otra parte, que, si bien el 3 de enero de 2011 se elaboró el Informe Consolidado de Evaluación ambiental del Proyecto, donde se consigna que todos los organismos con competencia ambiental presentan votación conformidad con el Proyecto, concluyéndose técnicamente que no es necesario un Estudio de Impacto Ambiental, la efectuada el día 12 de diciembre de 2011 carece de y afectando seriamente el legitimación, ya que se programó intempestivamente durante un fin de semana que contemplaba feriado principio de publicidad, establecido en la Ley de Bases del Medio Ambiente. Aduce que, con fecha 17 de marzo de 2011, el Servicio de Evaluación Ambiental emite un Informe Técnico Complementario al Informe Consolidado del proyecto y concluye técnicamente que
debe ser sometido a Estudio de Impacto Ambiental, ya que se producen los efectos enumerados en la letra a) y b) del artículo 11 de la Ley 19.300 y que, tal antecedente no fue dado a conocer a los organismos con competencia ambiental, ni a la Municipalidad de Arauco, al efectuarse fuera de la etapa de tramitación ordinaria, por lo que no fue considerado al momento de votar, ni tampoco se encuentra registrado en el Portal Informático del SEA, donde constan todos los antecedentes del Proyecto. Expresa que, existió omisión en la información con que debía contar la Comisión para dictaminar su resolución favorable al Proyecto Termoeléctrico y que, la I. Municipalidad de Arauco consciente de la situación de saturación ambiental de la zona donde se pretende instalar este Proyecto, acompañó un Informe respecto del Pentaclorofenol, un químico altamente nocivo, utilizado con anterioridad en las labores forestales industriales que se desarrollaban en la misma zona, donde se pretende instalar el Proyecto, producto de lo cual se formula una observación al Proyecto y se solicita que se informe de esta situación al titular de éste. Insiste que esta omisión consiste en no agregar una importante información en la Evaluación Ambiental del Proyecto, al ser información concluyente a efectos de determinar la real situación ambiental del lugar donde se pretende instalar el Proyecto y que la única referencia a ello es un oficio dirigido a los titulares del Proyecto por don Bolívar Ruiz, el que figura con el nombre de documento de apoyo, no obstante que el Proyecto se aprobó sobre la base del Informe Consolidado de Evaluación Ambiental que se encontraba absolutamente desactualizado y sin información relevante. Sostiene que estos nuevos Informes elaborados por el titular del Proyecto, constituyen, en palabras del Reglamento que regula la
materia, un Adenda, es decir, se deben incorporar luego en el Informe Consolidado de Evaluación Ambiental para contar con toda la información y con ello se logre una resolución conforme a derecho y con conocimiento de causa de todos los efectos de este Proyecto ambiental. Precisa que otro aspecto que no se incorporó como información para determinar la aprobación del Proyecto es el hecho de que no existe una resolución de parte de los Servicios Públicos competentes sobre el cambio de uso de suelo, en la zona donde se pretende instalar el Proyecto, trámite de trascendental importancia legal, puesto que, todo proyecto que se someta al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental debe someterse a un estudio de suelo por el Servicio Agrícola y Ganadero a efectos de que informe sobre las características del recurso suelo y si admite un proyecto determinado de los sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y con dicho informe se resolverá en definitiva si se aprueba el cambio de uso de suelo. Estima que los hechos referidos son arbitrarios, debido a que las observaciones formuladas por la I. Municipalidad de Arauco, no las formaron parte del Informe Consolidado de Impacto Ambiental, lo que constituye una omisión abusiva mas allá de lo razonable de facultades de la Comisión de Evaluación de Impacto Ambiental, lo que acarreó el no contar con información sensible, respecto del Pentaclorito, que debía ser analizado. Afirma que, el aprobar sin más un Proyecto Termoeléctrico, sin la autorización otorgada por la Seremi del Ministerio de Agricultura sobre cambio de uso de suelo; sin previo Informe del Servicio arbitraria, debido a Agrícola y Ganadero, constituye una omisión que la zona donde se pretende instalar el
preferentemente agrícola y ganadera. En la votación
Comisión se ha abusado más allá de lo razonable de sus facultades, en cuanto al momento y forma de realizar la votación; por las claras deficiencias observadas en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, al establecerse en una oportunidad que no es necesario un Estudio de Impacto Ambiental, lo que es controvertido en un nuevo informe. Además alega, que de acuerdo al artículo 17 del Reglamento de Sala, aprobado por Resolución Exenta N°27 de 30 de noviembre de 2010, los Acuerdos de la Comisión de Evaluación Ambiental deberán ser fundados; luego al momento de emitir su voto, cada miembro de la Comisión debe fundamentar su decisión. Asimismo, estima ilegales los hechos descritos, por cuanto el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, D.S. Nº. 95 de 2001 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia de la República, establece la normativa a que debe sujetarse la Evaluación de Impacto Ambiental en su artículo 30, indicando que se elaborará, para el caso de una Declaración de Impacto Ambiental, con todos los informes de los Órganos de la Administración del Estado competentes que participen en la Evaluación, junto con las Solicitudes de aclaraciones, rectificaciones, ampliaciones, dirigidas al titular del Proyecto, un documento denominado, Informe Consolidado de Evaluación de Impacto Ambiental y, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31 de dicho Reglamento, los informes que realice el titular del Proyecto o Adenda deberán ser incluidos dentro del Informe Consolidado de Evaluación de Impacto Ambiental, normas que no fueron cumplidas por la Comisión de Evaluación de Impacto
Ambiental. En cuanto a la Aprobación del cambio de uso de suelo- autorización con que no cuenta el Proyecto- la normativa prescribe que si la solicitud de cambio de uso de suelo corresponde a un proyecto que debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), se deberán señalar las medidas y/o condiciones ambientales adecuadas, en consideración a la pérdida y degradación del recurso natural suelo, a efectos de que se adopten por el titular del Proyecto Termoeléctrico, consideración de suma relevancia, puesto que el suelo en la zona donde se pretende instalar el Proyecto se presenta altamente contaminado por el Pentaclorito. Insiste que el funcionamiento de la Comisión de Evaluación Ambiental, se rige por su Reglamento de Sala, aprobado por Resolución Exenta N° 27 de 30 de noviembre de 2010, especialmente por su artículo 17, que se encuentra acorde con lo dispuesto en las Leyes 19.300 y 19.880, que expresa que, en caso de empate, deberá dirimir el Presidente y que los miembros no podrán excusarse de emitir su voto, salvo en el caso del artículo 12 de la ley N° 19.880. El Acuerdo de la Comisión de Evaluación Ambiental, que decidió aprobar el Proyecto Termoeléctrico Pirquenes, es ilegal puesto que ella se reunió anteriormente y se suspendió la primera sesión, realizándose nuevamente toda la votación resultando aprobado el proyecto, vulnerando las normas del Reglamento que regulan esta materia. Argumenta la legitimación activa de la Agrupación de Manipuladoras de Alimentos las Palomitas Blancas, pese que este recurso no es una acción popular y, en consecuencia, no se acepta su interposición a favor de personas indeterminadas, lo cual ha cedido tratándose del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, respecto
del cual se ha permitido en cierto grado la interposición en beneficio de la comunidad. Estima conculcadas las garantías constitucionales del artículo 19 N ° 1, derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, puesto que los hechos descritos les provocan un directo perjuicio, al no considerarse importantes informes sobre contaminantes químicos existentes en el suelo donde se pretende instalar el proyecto, la falta de autorización para el cambio de uso de suelo y la ocurrencia de votaciones de la Comisión de Evaluación de Impacto Ambiental, con desobediencia a la Ley. Asimismo, estima vulnerado el artículo 19 Nº 2, derecho de igualdad ante la Ley, ya que, al Proyecto Central Termoeléctrica Pirquenes, se le está otorgando un tratamiento especial y no igualitario, en comparación al tratamiento que se da y debe dar a los proyectos de igual naturaleza, con lo que se favorece al titular del Proyecto. Finalmente, estima vulnerada la garantía del artículo 19 Nº8, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que le afecta como persona natural, así como a todos los asociados a la Organización que representa, así como su actividad económica que durante años han desarrollado en Laraquete, la que con la instalación del Proyecto Termoeléctrico se verá devastada. Solicita, acoger el recurso en todas sus partes, declarando que fue arbitraria e ilegal: a) la aprobación de un Proyecto en cual se omitió, considerar en el Informe Consolidado de Evaluación de Impacto Ambiental, las observaciones e informes relacionados con el Pentaclorofenol; b) la aprobación de un Proyecto en que se omitió establecer como exigencia para su aprobación, la autorización de cambio de uso de suelo, previo informe del Servicio Agrícola y Ganadero y autorizado por la Seremi del Ministerio de Agricultura,
Región del Bío Bío; c) la segunda votación de todos los miembros de la Comisión de Evaluación de Impacto Ambiental, al haber votado con anterioridad, de Impacto la mayor parte de sus integrantes; d) la concluyentes que aprobación del Proyecto Termoeléctrico, en virtud de una Declaración Ambiental, existiendo informes establecían la necesidad de presentarse un Estudio de Impacto
Ambiental. Y, en definitiva, se declare la nula la votación de aprobación del Proyecto Central Termoeléctrica Pirquenes, por parte de la Comisión, mientras no se subsanen todas las ilegalidades y arbitrariedades que motivan este recurso y que se vote conforme a derecho con conocimiento de todas las situaciones y autorizaciones que amerita un Proyecto de esta magnitud. Acompaña un certificado de que la Organización Comunitaria de carácter funcional denominada Agrupación de Manipuladoras de Alimentos Las Palomitas Blancas, tiene personalidad jurídica vigente y otro, que certifica los integrantes de la Directiva, en que aparece que doña Ruth Soto Roa es la Presidente (fs. 1 y 2). Informa doña ANGÉLICA RIFFO SOTO, abogado, en representación de la recurrida, COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA REGIÓN DEL BÍO BÍO, a fs.38, solicitando el rechazo del recurso. En primer término, expresa que el recurso es inadmisible por falta de legitimación activa de la Recurrente, ello, por cuanto no existe derecho amagado por la decisión de la Recurrida y la acción de protección no es de aquellas denominadas populares. Explica que la Recurrente no especifica, ni entrega mayores detalles acerca de cómo se producirían los agravios a las garantías constitucionales invocadas, por lo que no es posible determinar si realmente es agraviada para efectos de encontrarse legitimada para interponer esta acción
cautelar. Añade que el recurso es improcedente por cuanto se deduce a favor de una persona jurídica, cual es la Agrupación que representa, como lo resuelve la Jurisprudencia. También es improcedente, afirma, porque excede el ámbito propio de esta garantía constitucional. Ello por cuanto el análisis de mérito técnico-científico asociado a materias ambientales, es de exclusivo resorte del Órgano de la Administración del Estado que sobre tales aspectos posee competencia y la Recurrente pretende que esta Corte de Apelaciones, deje sin efecto el Acuerdo impugnado y, con su mérito, disponga el ingreso del proyecto al SEIA bajo la forma de un EIA, de lo cual discrepa, atendida la naturaleza de la materia discutida en autos, así como por la separación de funciones existente en nuestro sistema político, ya que la comprobación de hipótesis técnicas no demostradas, durante el procedimiento de Evaluación Ambiental del Proyecto no es una materia propia de un recurso de protección. Estima que no corresponde que, por el ejercicio de la acción de protección, se intervenga en competencias que se han determinado como propias de la Administración activa. Añade, que la Evaluación de Impacto Ambiental es un procedimiento administrativo, cuyo conocimiento, tramitación y resolución corresponde a los Órganos establecidos por la Ley N° 19.300 y a los restantes Órganos del Estado con competencia ambiental, en el que participan el titular del proyecto o actividad, los miembros de la comunidad en la forma establecida en la ley y los Órganos Administrativos competentes, todos quienes pueden, dentro del mismo, efectuar las presentaciones y deducir los recursos pertinentes, hasta culminar en un acto administrativo definitivo, denominado Resolución de Calificación
Ambiental (RCA). Advierte la ausencia de requisitos para la procedencia de la acción incoada, específicamente ausencia de relación de causalidad, ya que si no existe una garantía constitucional agraviada no puede darse lugar al recurso, aunque, hipotéticamente, el acto impugnado pudiere tacharse de ilegal o arbitrario. Agrega que, como aparece evidente de los antecedentes, no existe relación causal entre el acto impugnado en estos autos -Acuerdo de la Comisión de Evaluación- y el agravio a los derechos constitucionales que invoca la Recurrente. Puntualiza que el recurso es improcedente además, por no configurarse ninguna de las presuntas ilegalidades y arbitrariedades alegadas, puesto que de la revisión amparan la decisión de de los antecedentes que la Comisión de Evaluación, se puede
determinar que no ha existido ilegalidad de ninguna especie en el caso de autos. El procedimiento respectivo está exento de todo reproche de ilegalidad en lo formal y, en cuanto al fondo, se han aplicado correctamente todos los preceptos legales atinentes. Por otro lado, continúa, de manera alguna puede atribuirse voluntariedad, capricho, en el acto que se impugna. Respecto de las pretendidas ilegalidades y arbitrariedades invocadas por la Recurrente, indica que no correspondía la modificación del ICE del Proyecto, pues este documento ya se encontraba debidamente formalizado, por lo que los antecedentes que, con posterioridad a él se agregaron al expediente de evaluación ambiental, no fueron incorporados al ICE, sin embargo, sí fueron incorporados al Expediente del Proyecto y, no sólo en su formato papel sino también en el e-seria, así también, fueron puesto en conocimiento de los miembros de la Comisión con el objeto que tuvieran conocimiento de
ellos al momento de la votación del Proyecto; que no es acertada la afirmación efectuada en el sentido que el Proyecto no cuenta con el respectivo cambio de uso de suelo, pues, antecedentes establecidos en el artículo durante el proceso de 96 del D.S. 95/2001, Evaluación Ambiental, se requirió al titular del Proyecto presentar los Reglamento del SEIA y que dicen relación con el cambio de uso de suelo. Al respecto, los servicios con competencia en la materia, es decir, el Servicio Agrícola y Ganadero, la SEREMI MINVU se pronunciaron, al igual que la SEREMI de Agricultura, ello a través de su oficio ORD N° 1421 de fecha 01 de diciembre de 2010. No existe arbitrariedad, ni menos aún ilegalidad respecto de la segunda votación llevada a cabo, puesto que ella se efectuó cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley y no asistiendo a ninguno de los miembros de la Comisión presentes en la sesión inhabilidad legal por la cual hayan debido abstener de emitir su voto. Agrega, que su representada, cumpliendo con el mandato contenido en el inciso 1º del artículo 34 del D.S. N° 95 de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, convocó a los integrantes de la Comisión de Evaluación a una sesión, a objeto de decidir sobre la calificación ambiental del proyecto y que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 34 del Reglamento del SEIA, la decisión que califica ambientalmente un proyecto considerará, entre otros antecedentes, el ICE del Proyecto, por lo cual la Comisión de Evaluación, que corresponde al Órgano decisorio dentro del proceso de Evaluación Ambiental en su Resolución considerará tanto el ICE que se encuentra sustentado en los informes emitidos por el Comité Técnico y otros antecedentes que sean parte del proceso. Hace presente que, los informes emitidos por
los miembros de Comité Técnico y que se plasman en el ICE, no son vinculantes. Agrega, que la Jurisprudencia de la Contraloría General de la República, mediante los Dictámenes que cita, ha reconocido explícitamente la potestad legal de los órganos de la Comisión Nacional del Medio Ambiente para determinar si un proyecto ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, requiere una Declaración de Impacto Ambiental o un Estudio de Impacto Ambiental. Expone que las normas de la Ley 19.300 y del Decreto Supremo N° 95/2001 son normas específicas que dotan de plena legalidad a la actuación de la Recurrida. Relaciona el procedimiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que se lleva a efecto en estos antecedentes. Sostiene que el acto cuestionado por los Recurrentes constituye un acto intermedio o de trámite de un procedimiento complejo, que ha sido dispuesto conforme a un orden consecutivo legal que la autoridad administrativa se encuentra obligada a seguir en el análisis de los proyectos o actividades que deben ser sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, siendo el acto administrativo terminal, la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Añade que, el carácter no agraviante de Sostiene que el acto los actos de mero trámite ha sido no vulnera las garantías reconocido de forma unánime por !a doctrina y la jurisprudencia. impugnado constitucionales invocadas por la Recurrente, en base a los argumentos que detalla. Solicita, el rechazo del recurso en todas y cada una de sus partes, con expresa condenación en costas. Acompaña un CD que contiene el Expediente Administrativo de Evaluación Ambiental de la Declaración y el Oficio Ord. N°1421 de 1
de diciembre de 2010 de la SEREMI de AGRICULTURA que informa que revisaron la DIA y Adendas del Proyecto Central Termoeléctrica Pirquenes y se declara conforme y que el titular cumple con los requisitos para el otorgamiento del permiso ambiental del artículo 96 del Reglamento de la Ley de Bases del Medio Ambiente (fs.37). Se agrega a fs. 80, DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL “CENTRAL TERMOELÉCTRICA PIRQUENES” presentada por S.W. Busines S.A. representada por don Paul Fontaine Benavides y, a fs. 94, copia de la Resolución Exenta N° 025 de 23 de enero de 2012 que califica ambientalmente la Declaración de Impacto Ambiental de la Central referida. Por resolución de fs. 137, se tiene a S.W. Business S.A. como parte de este recurso y se ordene que informe al tenor del mismo. Informa don ÓSCAR VEGA ORIHUELA, abogado, en representación de S .W. BUSINESS S.A., a fs. 217, expresando que el Proyecto Central Termoeléctrica Pirquenes comprende la construcción y operación de una unidad de 50 MW de potencia, dotada de caldera de Lecho Fluidizado Circulante la que utilizará como combustibles Carbón, el que contempla la instalación de una cancha de manejo de carbón y caliza, para una autonomía de 3 días, las que se ubicarán al costado Sur del mismo terreno de la Central y que la disposición de las cenizas y escorias que se generen durante la combustión, serán despachadas a sitios de acopio autorizados. Para la mitigación de emisiones a la atmósfera, la Central estará equipada con unidades de Filtros de Mangas para el Material Particulado y, para el abatimiento del Dióxido de Azufre (S02) se inyectará Caliza de Alta
Ley en el hogar, para el control de los Óxidos de Nitrógeno (NOX) la tecnología de Lecho Fluidizado permite cumplir con las exigencias
ambientales, lo que se reforzará con la adición de Urea, proceso conocido como SNCR. La combustión en este tipo de Calderas se realiza a bajas temperaturas lo que permite y genera una baja producción de Óxidos de Nitrógeno. Afirma, que la Central Termoeléctrica, en adelante la Central, se terreno de aproximadamente 7 hectáreas, proyecta instalar en un
ubicado a unos 3 kilómetros al sur de la localidad de Laraquete, VIII Región del Biobío en la comuna de Arauco, específicamente en el Complejo Industrial de Horcones, colindando en el lado Oeste con la Forestal Carampangue, a unos 2 km. hacia el suroeste se encuentra el Complejo Industrial Celulosa Arauco y a 1,5 Km hacia el noreste está la Población El Pinar, habitada más cercana. En cuanto a la tramitación del proyecto Central Termoeléctrica Pirquenes ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental el día 22 de enero de 2010 mediante una Declaración de Impacto Ambiental, esto es, con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 20.417 y por ello, en cuanto a la tramitación del Proyecto, se sujeta a las normas vigentes al momento de su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, conforme al artículo 1 transitorio inciso 3° Pirquenes participaron, como miembros del Comité de la Técnico ley 20.417. Afirma que, en el análisis del Proyecto Termoeléctrica Evaluador, 13 Organismos del Estado y ninguno de ellos, informó en contra o por el rechazo del Proyecto. Señala que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de Evaluación Ambiental, 10 organismos del Estado que participaron Pirquenes", en la Evaluación del Proyecto "Termoeléctrica informaron conforme y que no requería un Estudio de siendo ella la localidad
Impacto Ambiental y, sólo 2 organismos del Estado, informaron que, a su entender, se requería un "Estudio de Impacto Ambiental" y no bastaba una Declaración de Impacto Ambiental, entre ellos la I. Municipalidad de Arauco, que se basa para ello en una declaración de principios: está en desacuerdo con los proyectos de Centrales Termoeléctricas de generación de energía, sea esta Termoeléctrica Pirquenes o cualquier otra, cumpla o no con las normas y causen requisitos de la legislación ambiental, incluso cuando no
daño ambiental alguno. Respecto de las observaciones formuladas por el Servicio Nacional de Pesca, que también solicitó un Estudio de Impacto Ambiental, ellas fueron satisfechas por el titular del Proyecto a satisfacción del Servicio. Concluye que no es efectivo que en primer lugar, dado que todos la Comisión de Evaluación los órganos técnicos que Ambiental no haya adoptado su decisión en forma fundada pues, participaron en el procedimiento de evaluación: 13 estuvieron por la Aprobación del Proyecto, 11, sin condición de ningún tipo y dos con Aprobación Condicionada, y el Informe Consolidado Evaluación definitiva, del Servicio de Evaluación por la Aprobación del Ambiental, y proyecto y, final de en insta,
que se dicte la
Resolución de Calificación Ambiental, porque no es exigible al caso un Estudio de Impacto Ambiental, en conformidad a ello, la Comisión votó y su decisión, por tanto, fue fundada. Manifiesta, que el análisis de mérito técnico-científico dentro del Sistema de Evaluación Ambiental es de competencia de jurisdiccional tomar una decisión sobre el mérito la Comisión de Evaluación Ambiental, es decir, no corresponde al poder técnico, científico y ambiental de un proyecto o actividad sometido al
Sistema de Evaluación de Impacto ambiental. Aclara, que el Servicio de Evaluación Ambiental, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 letra d) del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en el Informe Consolidado de Evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental, informó que el Proyecto no requiere de un Estudio de Impacto Ambiental. Afirma, que no existe el problema ambiental alegado por la Recurrente ya que el problema del Pentaclorafenol, si es que existe, no es imputable a la Central, ni un problema asociado a su operación, sino que habría sido creado por una empresa Forestal que dejó de operar hace15 años atrás y que habría contaminado el lugar. Dice que se ha comprobado que el predio en el cual se desarrollará el Proyecto Central Termoeléctrica Pirquenes, no presenta contaminación asociada a
pentaclorofenol, ni peligrosidad y, por ende, no existen limitaciones para el movimiento de suelo del predio o para la utilización de las aguas subterráneas del área material árido dentro o desde el predio hacia botaderos autorizados. Solicita, el rechazo del recurso, con costas, porque la decisión de la Comisión Ambiental fue fundada; porque su decisión es un mero trámite y no tiene la aptitud para causar agravio; porque el organismo técnico para analizar el mérito técnico, científico y ambiental del Proyecto, es el Servicio de Evaluación Ambiental y no el poder jurisdiccional; porque no existe el pretendido daño ambiental; porque el Proyecto no se encuentra en una localización o próxima a poblaciones y, porque, en definitiva, lo que procedía legalmente era que el Proyecto de la Central ingresara como Declaración de Impacto Ambiental. Acompaña, copia del estudio de la Consultora “Pares&Alvares”
denominado “Estudio de suelo en Laraquete”, anexo 6 Adendas II; copia del estudio denominado “Evaluación de la Intrusión Marina en el sector del río Laraquete, proyecto Central Termoeléctrica Pirquenes VIII Región” y parte de las Adendas en que se responden las inquietudes del Servicio Nacional de Pesca, los que corren de fs.138 a 216. II- RECURSO DE PROTECCIÓN N°54-2012. Don CARLOS ENRIQUE BELMAR FERNÁNDEZ, agricultor, domiciliado en Fundo La Isla, Carampangue s/n, Arauco, a fs. 364, recurre de protección por sí y como miembro de la comuna directamente EVALUACIÓN agraviada, AMBIENTAL en DE contra LA de la COMISIÓN DEL BÍO DE BÍO, REGIÓN
representada legalmente por el señor BOLÍVAR RUIZ ADAROS, Secretario y que detenta el cargo del Director Regional del SEA, domiciliado para éstos efectos en Lincoyán 145 de la Ciudad de Concepción, por el acto ilegal y arbitrario consistente en que, con fecha 12 de diciembre del año 2011, la Comisión Evaluadora del SEA (Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Bío Bío), votó la calificación Ambiental favorable de la Ambiental "Central Empresa S.W Business Declaración de Impacto la ha Termoeléctrica Pirquenes", presentado por
S.A., representada por don PAUL
FONTA1NE BENAVIDES. Es ilegal y arbitrario, por cuanto se
infringido el principio de contradictoriedad consagrado en el inciso segundo del artículo 10 de la ley Nº 19.880, pues, en el curso del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental de la Central Termoeléctrica Pirquenes, el titular, intencionalmente o no, presentó para efectos de la dicha Evaluación Ambiental una DÍA, no obstante que, en conformidad a los diversos anexos presentados por él, se
hubiese podido colegir con un adecuado estudio de los antecedentes que dicho Proyecto requería un EIA, de manera que el titular mediante la DÍA evita la participación ciudadana en un proyecto que, por sus características, produce un rechazo en la población por todas las externalidades negativas que las Termoeléctricas generan en su etapa de operación. Sin embargo, el Servicio, teniendo las facultades para ello y con todos los antecedentes habilitantes, no rechazó el Proyecto obligándolo en consecuencia, a reingresar por medio de un EIA. Manifiesta que se han infringido los principios de transparencia y publicidad preceptuado en el artículo 17 inciso primero de la Ley N° 19.880, ya que los argumentos dados por los miembros de la Comisión son absolutamente ambivalentes, vagos, carentes de fundamento técnico y analizado puramente desde un punto de vista económico, despreciando el principio fundamental del Derecho toda Ambiental del desarrollo sustentable que debe ser rector en
decisión en esta materia Se infringió también el principio de probidad, que obliga a la autoridad a adoptar decisiones razonables, racionales y justas y el principio de imparcialidad, en su artículo 11 de la ley referida, al igual como se desprende del propio Reglamento de Sala (artículo 17, inc. 2°), cuestión que no se verificó en dicha Sesión según el tenor de la propia Acta. Afirma que, en la votación los miembros de la Comisión no fundaron sus votos en razones ambientales (técnicas o jurídicas) que contradigan las conclusiones del SEA que exigía un Estudio de Impacto Ambiental, con lo que se infringió el artículo 41 inciso 4° de la LPA y además, ello deberá consignarse en el Acta (artículo 34 del Reglamento). Por otra parte, todos los miembros están obligados a emitir su voto, sin embargo, el Intendente subrogante se
abstuvo en circunstancias que debía dirimir el empate producido en la sesión de abril de 2010. Por ello, debió citarse a una segunda reunión que se celebró el 12 de diciembre de 2011 en que se aprobó el Proyecto. Argumenta, que el Servicio Nacional de Salud informó que el Proyecto se emplaza en una zona o área en que se usó por largos años en sus procesos Pentaclorofenato de sodio y el lugar en cuestión está en el Listado de potencialmente contaminados, por ende, bajo vigilancia ambiental, por lo que el titular debe realizar un muestreo del paño o sitio a intervenir por el Proyecto. El SEA, complementando su informe concluye que es necesario un Estudio de Impacto Ambiental por concurrir los efectos de las letras a), b), y c) del artículo 11 de la Ley 19.300, argumentando que debe despejarse toda duda sobre los efectos de la presencia del Pentaclorofenol. También existen problemas, dice, con la disponibilidad del agua por lo que deben tomarse medidas. Por otra parte, el Proyecto conlinda con predios y localidades que se ven unidas por la Cuenca Hidrográfica a que pertenecen y que los provee de agua y se sirven de las aguas subterráneas. Cerca del 80% de la población El Pinar se surte de agua mediante el uso de punteras, lo que no se ha evaluado, Afirma, que su predio es atravesado por el estero El Molino el que se contaminará. Estima conculcados sus derechos a la vida, a la integridad física y psíquica (artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política de la República) y, vulnerados la Igualdad ante la ley (artículo 19 Nº 2 de la Constitución); el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación (artículo 19 Nº 8) y su derecho de propiedad (artículo 19 Nº 24).
Solicita, en definitiva, acoger el recurso, con costas, y se ordene dejar sin efecto el Acuerdo (y, en consecuencia, la Resolución de calificación ambiental que se dictará en base a ese acuerdo) que calificó en forma favorable el Proyecto Termoeléctrica Pirquenes, exigiendo al titular la presentación de su Proyecto en base a un del caso adoptar para el Estudio de Impacto Ambiental. En subsidio de lo anterior, cualesquiera otras medidas que esta Corte estime restablecer legítimo el ejercicio de los derechos imperio del derecho quebrantado y asegure
fundamentales aducidos.
Acompaña diversos documentos que conforman el Cuaderno de documentos N°1 y que obra en custodia. Según Certificado de Residencia, agregado a fs.834, el Sr. Belmar, tiene actual residencia- 4 de abril de 2012- en la calle Fundo La Isla s/n, Horcones, ciudad de Arauco y según Inscripción Especial de herencia, la Sucesión de don Carlos Belmar Migueles, que integra el Recurrente Carlos Belmar es dueña de un predio de 72,8 hás. que forma parte del fundo La Isla, ubicado en Carampangue. A fojas 339, informa doña ANGÉLICA RIFFO SOTO, en representación de la recurrida, COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA REGIÓN DEL BÍO BÍO en similares términos que el informe de fs. 38, solicitando el rechazo del recurso, en todas sus partes. Por resolución de esta Corte de fs.424 se tiene a S.W. Business S.A. por parte en el recurso. Los Recurrentes acompañan a fs. 475, los documentos que se agregan de fs. 425 a 736. A fs. 766, informa don Oscar Vega Orihuela, en representación de S.W. BUSINESS S.A en idénticos términos a los expresados en el informe de fs.217 y acompaña los documentos con los que se formó el
Cuaderno Separado de documentos N°3 que se mantiene en Custodia. III-RECURSO DE PROTECCIÓN N°56-2012. Don PEDRO MEDINA REYES, pensionado, domiciliado para estos efectos en calle Los Horcones s/n, comuna de Arauco; por sí y en representación legal de la JUNTA DE VECINOS LA UNIÓN DE HORCONES; don JUAN VILLAGRAN SAEZ, pensionado, domiciliado para estos efectos en calle El Parrón s/n, Carampangue, comuna de Arauco, por sí y en representación legal de la JUNTA DE VECINOS EL PARRÓN, a fs. 301, recurren de protección en contra de la COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN DEL BIO BIO, presidida por el Sr. Intendente Sr. Víctor Lobos Del Fierro y representada legalmente por el señor Bolívar Ruiz Adaros, su Secretario y que detenta, además, el cargo del Director Regional del SEA, domiciliado para estos efectos en Lincoyán Nº 145 de la Ciudad de Concepción, por el acto ilegal y arbitrario consistente en que, con fecha 12 de diciembre del año 2011, la Comisión Evaluadora del SEA (Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Bío Bío, votó la calificación ambiental favorable de la Ambiental "Central Declaración de Impacto la Termoeléctrica Pirquenes", presentado por
Empresa S.W Business S.A., representada por don Paul Fontaine Benavides, en análogos términos a los expresados en el recurso de protección 54-2012 en que es recurrente el Sr. Belmar. Expresa que, el 12 de diciembre de 2011, la COMISIÓN calificó favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental de la Central Los Pirquenes, lo que significa que el Proyecto puede empezar a ejecutarse sin que ningún organismo del Estado pueda formularle exigencias adicionales. También ello significa que la Comisión estimó que no se requería un
Estudio de Impacto Ambiental a pesar que hay mérito para ello. Afirman que lo que se pidió a los 14 órganos fue que evaluaran el impacto ambiental en relación con las circunstancias del artículo 11 de la ley 19.300. Luego, se redactó el Informe Consolidado. Aparece, dicen, que en la primera rueda de consultas, SERNAGEORMIN y la MUNICIPALIDAD DE ARAUCO exigieron un EIA. Al votar la COMISIÓN debe considerar el ICE y todo otro antecedente que surja de la evaluación ambiental, ya que el voto debe ser informado y fundado, como se ha instruido, En el caso, el SERVICIO con nuevos antecedentes elaboró una Minuta en que sugiere que el Proyecto debe ser rechazado y reingresar mediante un Estudio de Impacto Ambiental. Agregan que el Proyecto se votó por primera vez en abril de 2010 en que se generó un empate promovido por la cuestionable abstención del Intendente Subrogante, lo que no le está permitido. En la sesión del 12 de diciembre de 2011, cuatro miembros de la COMISIÓN, exigieron, dicen, un EIA. Los votos a favor no están fundados en razones ambientales. Por otra parte, afirman, el problema del Pentaclorofenol hace necesario presentar un Estudio de Impacto Ambiental. Además, también, lo requiere la ubicación del Proyecto, cercano a Laraquete, Horcones, población el Pinar. Estas poblaciones comparten la Cuenca Hidrográfica, se encuentran entre los ríos Laraquete y Caranpangue. Se sirven de las aguas subterráneas de la zona así como del estero El Molino. Cerca del 80% de la población de El Pinar utiliza punteras y ello no se ha evaluado. Afirman que la actuación de la COMISIÓN ha sido arbitraria e ilegal. Se ha infringido el principio de la transparencia, de la probidad y publicidad; debió exigirse al titular un EIA y, los votantes no fundaron
su voto, lo que demuestra arbitrariedad
y capricho. Refieren las
votaciones de cada integrante de la COMISIÓN. Afirman que tienen legitimación activa, como personas naturales y como, representantes oficiales de las Juntas de Vecinos que se ubican en zona próxima al lugar del Proyecto. Estiman vulneradas las garantías constituciones del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la igualdad y a vivir en un medio libre de contaminación. Solicitan, dejar sin efecto el Acuerdo (y consecuencialmente, la Resolución de Calificación Ambiental) que calificó favorablemente el Proyecto Termoeléctrica Pirquenes, exigiendo un Proyecto en base a un Estudio de Impacto Ambiental y, en subsidio, cualesquiera otra medida que el tribunal estime adoptar para restablecer el imperio del derecho quebrantado y asegure el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales aducidos. Acompañan documentos diversos, con los que se forma el Cuaderno Separado de documentos signados con el N°1 y que obran en custodia. Según Certificado de Residencia de fs. 835 y 836, don PEDRO JUAN MEDINA REYES y don JUAN ALBERTO VILLAGRÁN SÁEZ tienen residencia, el primero, en calle Horcones Cordillera s/n, Laraquete y el segundo, en calle El Parrón s/n, Carampangue. Doña ANGÉLICA RIFFO SOTO, por la COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA REGIÓN DEL BÍO BÍO informa, a fs. 377, en iguales términos que su presentación de fs. 339, acompañando, esta vez, un CD que contiene el Expediente Administrativo de Evaluación Ambiental del DIA del Proyecto Central Termoeléctrica Pirquenes que se guarda en custodia. S.W.BUSINESS S.A. representado por el abogado don Oscar Vega
Orihuela informa, fs. 744, haciendo una relación de la tramitación del Proyecto de Evaluación Ambiental basado en una Declaración de Impacto Ambiental, en una presentación que deja fojas y medias fojas, en blanco. Hace referencias a los Ecosistemas acuáticos y las observaciones y respuestas de SERNAPESCA, Afirma, que la decisión de la COMISIÓN en un acto de mero trámite que no tiene aptitud de causar un agravio o amenazar derechos constitucionales. Alega que el mérito técnico-científico dentro del Sistema de Evaluación Ambiental es de competencia de la COMISIÓN y que no existe el problema ambiental alegado por los Recurrentes, por lo que debe rechazarse el recurso. Acompaña copia simple del estudio de suelo en Laraquete, anexo 6 Adenda II” de la Consultora “Pares&Álvarez”; copia de un Estudio denominado “Evaluación de la Intrusión Marina en el sector del río Laraquete, proyecto Central Termoeléctrica Pirquenes, VIII Región” que se acompañó como anexo 13 en la Adenda II, en el procedimiento administrativo de Evaluación Ambiental y parte de las Adendas en que se responden las inquietudes del Servicio Nacional de Pesca. Con ellos, se forma Cuaderno separado de documentos N°2, en custodia. Por Oficio N°274, del DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL BÍO BÍO, agregado a fs. 830, acompaña copia fiel del Acta oficial N°17/2011 que corresponde a la Sesión de la Comisión de Evaluación Ambiental en la cual se expuso y aprobó el Proyecto Central Termoeléctrica Pirquenes y copia fiel del contenido en el expediente como anexo del Servicio de Evaluación Ambiental correspondiente al Proyecto titulado “Antecedentes Adicionales Posteriores al Informe Consolidado de la Evaluación DIA del Proyecto, los que se agregan de fs. 795 a 829.
El abogado don IGNACIO MONTALVO CABRERA, en representación del SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL de la Región del Bío Bío, a fs. 927, cumpliendo con lo ordenado por la Corte, acompaña copia autorizada del Acta de la Sesión N°17/2011 de la Comisión y copia certificada del documento intitulado “Antecedentes Adicionales posteriores al Informe Consolidado de la Evaluación DIA del Proyecto Central Termoeléctrica Pirquenes, que se agregan de fs. 884 a 919. A fs. 934, la abogada doña Verónica Delgado, por los Recurrentes Srs. Belmar, Medina y Villagrán acompaña copia del Informe del Servicio de Evaluación Ambiental de 4 de junio de 2012, presentado en la Causa Rol 484, Recurso de protección en contra de la Resolución N°025/2012, la que se agrega a fs. 927. Por resolución escrita a fs. 958 se ordenó la Vista Conjunta de esta causa con el recurso de protección N°344-2012. A fs. 974, se agregó Resolución Exenta N°171 de 25 de julio pasado que declara admisible la Solicitud de Invalidación presentada por los Sr. Rodrigo Mellado Saldivia, Manuel Monsalve Benavides y Javier Rodrigo Gamboa Melgarejo, los dos últimos Diputados y Concejal de la I. Municipalidad de Arauco respectivamente. La Solicitud se presentó en contra de la Resolución Exenta N°025 de 23 de enero de 2012 que puso fin al procedimiento de evaluación de impacto ambiental del Proyecto Central Hidroeléctrica Pirquenes. A fs. 833 se decretó Autos en relación y se procedió a la Vista del recurso, concurriendo a estrados la abogada doña Verónica Delgado y los abogados Sres. Oscar Vega e Ignacio Montalvo. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 1)Que se ha interpuesto por doña RUTH SOTO ROA por sí y por la AGRUPACIÓN DE MANIPULADORAS DE ALIMENTOS
LAS PALOMITAS BLANCAS (Rol N° 1879-2012); por, don PEDRO MEDINA REYES; por, la JUNTA DE VECINOS LA UNIÓN DE HORCONES representada por don Pedro Medina Reyes; por, don JUAN VILLAGRÁN SÁEZ, por, la JUNTA DE VECINOS EL PARRÓN representada por don Juan Villagrán Sáez (Rol N°56-2012) y por, don CARLOS ENRIQUE BELMAR FERNÁNDEZ (Rol N°54-2012), Recursos de Protección en contra de la COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN DEL BÍO BÍO, representada por el Sr. Intendente de la VIII Región, del Bío Bío, don Víctor Lobos Del Fierro, por lo que estiman actos y omisiones ilegales y arbitrarios que amenazan y vulneran las garantías constitucionales que se indican. Con mayor o menor claridad todos los Recurrentes cuestionan la forma en que se llevó a cabo la Sesión de la COMISIÓN DE EVALUACIÓN del día 12 de diciembre de 2011, la Votación de los integrantes de ella, el Acuerdo a que se llegó y la Aprobación del Proyecto Central Termoeléctrica Pirquenes en Sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2011, que se materializó en la Resolución N°025 de 23 de enero de 2012. 2) Que, la COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL y también S.W, BUSINESS S.A. han alegado que los Recursos son inadmisibles por falta de legitimación activa; que es improcedente en cuanto se deduce a favor de una persona jurídica y también, porque exceden el ámbito propio de esta acción constitucional. Sostienen además, que no existe relación de causalidad, que la aprobación del Proyecto no es un acto terminal por lo que no puede producir agravio y, finalmente que no existieron las ilegalidades y arbitrariedades alegadas. 3) Que, al alegar la falta de legitimación activa de la Sra. SOTO ROA, se sostiene que ésta no es titular de un interés o derecho afectado.
Como vemos, se cuestiona a la Sra. SOTO ROA en cuanto recurre como persona natural, por lo que debe rechazarse la alegación, por cuanto, vulnera en el acto grado administrativo de amenaza cuestionado las garantías eventualmente
constitucionales de la Recurrente quien vive y trabaja en Laraquete, en las cercanías de la Central de que se trata. 4) Que al recurrir la Sra. SOTO ROA lo hace también en representación de la AGRUPACIÓN DE MANIPULADORAS DE ALIMENTOS LAS PALOMITAS BLANCAS; don JUAN VILLAGRÁN SÁEZ por la Junta de Vecinos El Parrón y don PEDRO MEDINA REYES en representación de la Junta de Vecinos La Unión de Horcones. 5) Que la legitimación procesal es la facultad de poder actuar en el proceso como actor, como demandado o como tercero o representando a éstos. Que por legitimación para obrar entiéndese la identidad de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acción (legitimación activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acción (legitimación pasiva). 6) Que, la presentación por la que se plantea por doña Ruth Soto Roa, la acción constitucional de que se trata, no contiene ninguna referencia a la actividad de la AGRUPACIÓN DE MANIPULADORAS DE ALIMENTOS, dónde la ejercen, ni cuál es su domicilio y cuál es su interés y derecho vulnerado o amenazado. No se divisa cuál es el interés comprometido que tendría esta Agrupación –de quien se ignora dónde ejerce su actividad y cómo ésta puede verse comprometida- y, para que prospere un recurso de protección debe existir un derecho comprometido, porque no se concibe que la sentencia acoja una
acción sin un derecho que le sirva de fundamento y a cuya protección se dirige y, sin un interés, porque todo derecho es, en sí, un interés protegido por la ley y si falta el interés desaparece al protección. 7) Que, los Sres. VILLAGRAN y MEDINA en cuanto recurren por las Juntas de Vecinos que indican, en su calidad de Presidentes de ellas, no indican por quién recurren, ni menciona a personas determinadas, ni indican que comparezcan por mandato de los socios o integrantesque no mencionan, sólo refieren el Directoriode dichas organizaciones sociales. 8) Que, al respecto, debe tenerse presente que el artículo 20 de la Constitución Política concede esta acción extraordinaria, al “que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos o garantías establecidos…” lo que significa que el recurso de protección no es una acción popular, sino que el recurrente debe ser perjudicado, toda vez que para poder adoptar las medidas de resguardo que la citada disposición indica, es necesario que el acto arbitrario o ilegal afecte a alguien en particular y sea este quien demanda amparo, ya sea personalmente o por alguien a su nombre. Los profesores Mario Verdugo, Emilio Pfeffer y Humberto Nogueira, en su obra Derecho Constitucional, Tomo I, pág. 336, sostienen que ese es el sentido y alcance de la citada disposición constitucional, pues la Comisión de Estudio del Acta Constitucional N°3, dejó expresa constancia en la sesión N°215, págs.. 24-25, que “nadie puede reclamar un derecho genéricamente, por simple amor al mismo, sino que tiene que sufrir un menoscabo o una amenaza alguna persona determinada”. Po su parte, el Máximo Tribunal ha declarado que “No es posible dar al recurso el significado de una acción popular en beneficio de
personas o entes indeterminados, pues el arbitrio está destinado a proteger a lesionados específicos y concretos, lo que descarta toda posibilidad de que alguien pueda accionar en nombre de la sociedad, de personas indeterminadas o de miles de personas afectadas, pues ni las unas ni las otras- tomadas éstas como un todo- son titulares de la acción y, por ende, no puede concebirse que alguien puede ocurrir en su nombre” (Revista de derecho y Jurisprudencia, Tomo LXXVIII, sección 5°, pág.311 h Tomo LXXX, sección 5°, pág.51). 9) Que, en consecuencia, debe desestimarse el recurso interpuesto en representación de la AGRUPACIÓN DE MANIPULADORAS DE ALIMENTOS LAS PALOMITAS BLANCAS y los interpuestos en representación de la JUNTA DE VECINOS EL PARRON y en representación de la JUNTA DE VECINOS LA UNIÓN DE HORCONES, por carecer de legitimación activa por falta de determinación o individualización de los recurrentes afectados. Atendida esta falta de legitimación, resulta innecesario referirse a la alegación de que el recurso se deduce a favor de una persona jurídica. Distinta es la situación de los Recurrentes Sra. SOTO ROA y los Sres. BELMAR, MEDINA y VILLAGRÁN en cuanto recurren por sí como personas naturales, ya que se ha acreditado que residen en zonas próximas al lugar en que eventualmente se concretará la Termoeléctrica por lo que tienen un interés, ya que eventualmente podría ser vulnerada alguna de sus garantías constitucionales con la concreción del proyecto (documentos de fs. 834, 835, 836 y 941). 10) Que, se deberá rechazar a la alegación de que el recurso es improcedente, porque excede el ámbito propio de esta acción constitucional, pues éstas son materias que deben decidir los órganos administrativos técnicos de competencia ambiental. El recurso de
protección no tiene limitadas las materias para su procedencia, bastando la existencia de un acto u omisión ilegal que afecte una o más de las garantías protegidas constitucionalmente. Esta Corte no invade el campo de los órganos administrativos técnicos correspondientes pues no se va a pronunciar sobre la procedencia o no del Proyecto de la Central Termoeléctrica Los Pirquenes en el lugar en que pretende emplazarse; lo cuestionado aquí es el procedimiento de la Comisión y la forma y tiempo cómo se adoptó el Acuerdo de aprobación del proyecto referido. Concordamos con la COMISIÓN DE EVALUACIÓN que el análisis de mérito técnico-científico asociado a materias ambientales es de exclusivo resorte de los órganos de la Administración del Estado designados para ello. 11) Que, también debe rechazarse la alegación de falta de relación de causalidad, toda vez que la decisión de aprobar el Proyecto podría afectar una o más garantías constitucionales de los Recurrentes, al menos, en grado de amenaza. 12) Que resulta improcedente la alegación de que la aprobación del Proyecto es un mero trámite. El Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en su artículo 122 dispone que las COREMAS podrán acordar, en forma previa a la ejecución, que las resoluciones de mero trámite que corresponda dictar en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental sean dictadas por el Secretario, es decir, por el Director Regional de CORAMA. La votación del Proyecto por los integrantes de la COMISIÓN de EVALUACIÓN y la Aprobación del mismo, están lejos de constituir un mero trámite del procedimiento de evaluación. 13) Que, si bien es efectivo que el artículo 24 de la ley 19.300 dispone
que el proceso de evaluación concluirá con una Resolución que califica ambientalmente el proyecto o actividad; ello no implica que no pueda reclamarse del procedimiento llevado a cabo para concluir en dicha Resolución. En efecto, los Recurrentes tachan de ilegal y arbitrario el procedimiento, procedimiento que, implicó diversos Informes, celebrar Sesiones, en una de las cuales, se llevó a cabo la votación que aprobó el Proyecto, la que se materializó en la Resolución. Todo ello, puede ser objeto de un recurso de protección, especialmente, la votación, a pesar de no ser el acto terminal, pues es esta votación lo esencial para que pueda dictarse la Resolución. 14) Que, los Recurrentes afirman que, el 12 de diciembre de 2011, la Comisión de Evaluación Ambiental de Región del Bío Bío- en adelante, la Comisión- incluyó en Tabla, de manera intempestiva, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto “Central Termoeléctrica Pirquenes” -en adelante, la Central- que se pretende instalar a 2 km. de Laraquete, oportunidad en que se votó y se aprobó el Proyecto, hecho que constituye una amenaza a sus derechos. Dicen que la votación, se programó durante un fin de semana con feriado, afectando el principio de publicidad establecido en la Ley de Bases del Medio Ambiente por lo que carece de legitimidad y que además, tratándose de Declaración de Impacto Ambiental, el plazo de tramitación debe ser de 60 días, el que puede ampliarse por razones justificadas. El Proyecto ingresó, afirman, el 22 de enero de 2010 y fue votado dos veces, la primera, el 14 de abril de 2011 en que se empató, debiendo decidir el Intendente Suplente quien se abstuvo, lo que constituye un acto arbitrario e ilegal, pues no procede la abstención. Y, el 12 de diciembre de 2011, el Proyecto fue calificado favorablemente con 7 votos a favor y 4, en contra, votando
funcionarios que ya habían emitido una opinión previa en la sesión anterior y el Seremi de Salud cambió su voto sin nuevo antecedente. Los acuerdos de la Comisión deberán ser fundados y también los miembros de ella deben fundamentar su decisión, alegan. Aún más, expresan, que el 3 de enero de 2011, se elaboró el Informe Consolidado de Evaluación Ambiental en que se concluye técnicamente que no es necesario un Estudio de Impacto Ambiental, sin embargo, el 17 de marzo de 2011, el Servicio de Evaluación Ambiental concluye que el Proyecto debe ser sometido a Estudio de Impacto Ambiental, ya que se producen los efectos contemplados en las letras a y b del artículo 11 de la ley 19.300, el que no fue dado a conocer a los organismos con competencia ambiental ni tampoco está registrado en el Portal Informático del SEA. En el Informe Consolidado, la Municipalidad de Arauco acompañó un informe respecto del pentaclorofenol, químico altamente nocivo usado en las labores forestales que se desarrollaron en la misma zona donde se pretende instalar el Proyecto y que se filtró en el suelo, saturándolo definitivamente. Ante eso, dicen, la Comisión formula una observación al Proyecto y se solicita informe al titular del mismo, sin embargo dichos documentos jamás fueron ingresados al Portal Virtual afectando la publicidad del caso. Luego, el Proyecto se aprobó sin contar con toda la información ambiental relevante. Tampoco, agregan, se incorporó al Proyecto alguna resolución de parte de los servicios públicos respecto del cambio de uso del suelo en que se pretende instalar la Termoeléctrica, debiendo informar el Servicio Agrícola Ganadero considerando que los terrenos tienen aptitud agrícola y ganadera. 15) Que, el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental está
reglamentado en la Ley N°19.300, sobre Bases generales del Medio Ambiente, publicada el 9 de marzo de 1994 y su Reglamento, D.S. N°95 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 7 de diciembre de 2002. Este procedimiento se puede iniciar a través de una Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A) o un Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.). La autoridad competente se pronunciará sobre su admisibilidad a través de un test de admisión, luego de lo cual debe solicitarse informe a todos los organismos de la Administración del Estado que en razón de sus competencias participan obligadamente en la evaluación ambiental. Todos estos antecedentes se ponen en conocimiento del titular del Proyecto quien informa sobre las observaciones y debe subsanarlas (Adendas), Con mérito de todos esta información, los integrantes de la COMISIÓN emiten su voto informado y, con el resultado, se dicta la Resolución que califica favorablemente el Proyecto presentado por medio de la Declaración de Impacto Ambiental o la rechaza. Obra en custodia, en un CD, el expediente administrativo de Evaluación Ambiental de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Central Termoeléctrica Pirquenes el que contiene todas las actuaciones realizadas durante su tramitación. 16) Que, el proyecto Central Termoeléctrica Pirquenes ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el 22 de enero de 2010 mediante la presentación por parte de su titular de una Declaración de Impacto Ambiental; luego, con posterioridad a la publicación y entrada en vigencia de la ley 20.417 que modificó la ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, por lo cual, de acuerdo a su artículo primero inciso tercero transitorio, tanto la tramitación como la aprobación del Proyecto de que se trata se sujeta a las normas
vigentes al momento del ingreso al sistema de evaluación ambiental, esto es, las disposiciones de la ley 19.300 sin las modificaciones de la ley referida. 17) Que, es efectivo como sostienen los Recurrentes que la COMISIÓN DE EVALUACIÓN se reunió el día 14 de abril de 2011, oportunidad en que se votó el proyecto Central Termoeléctrica Pirquenes, produciéndose un empate de 4 votos por aprobar y 4, por rechazar el proyecto, situación en que, según dispone el artículo 17 del Reglamento de Sala de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Bío Bío, debe dirimir el empate, el Presidente, esto es el Intendente y, en este caso, don Renato Paredes Larenas, Intendente Suplente, pero éste se abstuvo por estimar que no estaba suficientemente informado. Por ello, ordenó citar a una nueva reunión, la que se realizó el 12 de diciembre de 2011 en que se efectuó la votación que aprobó el Proyecto Pirquenes. 18) Que, como ya lo ha decidido esta Corte de Apelaciones en sentencia confirmada por la Excma. Corte Suprema, no puede estimarse ilegal, la citación y realización de esta segunda reunión de 12 de diciembre de 2011 con la consiguiente votación, ya que era indispensable resolver la Calificación Ambiental del Proyecto de la Central y concluir con la tramitación de calificación administrativa (17 de junio de 2011, Recurso de Protección N° 615-2011). Por lo demás, el Reglamento de la Comisión de Evaluación Ambiental dispone en su artículo 10 que la Comisión se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias.” Las sesiones ordinarias se realizarán, a lo menos, dos veces al mes. La Comisión de Evaluación sesionará en forma extraordinaria cada vez que lo estime imprescindible su Presidente, o cuando lo soliciten, al menos, cuatro
de sus integrantes. Luego, el Presidente podía citar a una nueva reunión. 19) Que no constituye ilegalidad o arbitrariedad, el abstenerse de votar en algo de transcendencia, máxime cuando, como en el caso, se trataba de una persona que transitoriamente se encontraba ocupando el cargo de Intendente Suplente siendo atendible su omisión por no haber logrado formarse una opinión al respecto. Tampoco resulta arbitrario o ilegal el hecho de que uno de los integrantes de la Comisión, concretamente el Seremi de salud, don Boris Oportus S. haya cambiado su voto, ya que atendido el tiempo transcurrido entre ambas votaciones bien pudo estudiar con más detención los antecedentes y formarse otra opinión respecto del proyecto. Por otra parte, no se ha invocado, ni acreditado que alguno de los integrantes de la COMISIÓN tuviere inhabilidad para votar. El hecho de que hubieran votado el 14 de abril de 2011 cuando se produjo el empate, no los inhibía de votar el 12 de diciembre de 2011, ya que estaban obligados a pronunciarse sobre la calificación ambiental del proyecto. 20) Que, tampoco constituye ilegalidad, el que la Comisión no se haya sometido al plazo establecido en el artículo 18 de la Ley 19.300 ya citada, toda vez que aparece de la misma disposición que este plazo de 60 días no es fatal, toda vez que a Comisión, vencido éste, puede requerir a los distintos organismos que se pronuncien sobre el proyecto y de acuerdo a los artículos 18 y 19 de la ley 19.300, además, se permiten ampliaciones. Por lo demás, bien pudo el titular, según lo autoriza el artículo 64 de la Ley 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, denunciar el incumplimiento
de dicho plazo a la autoridad que debe resolver el asunto, requiriéndole una decisión acerca de su solicitud. Aún más, incluso la COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE, por Resoluciones Exentas N°187 de 1 de marzo de 2010 y N°0237 de 17 del mismo mes, dispuso la suspensión de los plazos en estos procedimientos, con motivo de “la situación de calamidad pública que se ha verificado a lo largo del país” (CD sobre Expediente de Evaluación), suspensión que fue prorrogada más de una vez. Más aún, el mismo titular del Proyecto solicitó suspensiones y se produjeron otras, de común acuerdo. 21) Que, el Informe Consolidado de Evaluación Ambiental se presentó el 3 de enero de 2011 y la votación se efectuó el 12 de diciembre de 2011. Es efectivo que el Servicio de Evaluación Ambiental emitió un Informe Complementario el 17 de marzo de 2011 – el proceso se había ya cerrado- (la primera votación se realizó el 14 de abril de 2011 para la cual se citó a reunión de la Comisión el 5 de abril por carta) en que ahora concluye que el Proyecto debe ser sometido a Estudio de Impacto Ambiental, el que sí fue agregado al expediente. Efectivamente, como señala la COMISIÓN recurrida, no correspondía modificar el Informe Consolidado ya emitido, pues el proceso ya estaba cerrado. En efecto, el 15 de marzo de 2011 se convocó a los integrantes de la COMISIÓN para la sesión del 21 de marzo de 2011 “para resolver la Calificación Ambiental de la DIA del proyecto de la Central Pirquenes”. Esta reunión, del 21 de marzo de 2011 se celebró, siendo presidida por don Francisco Ibieta, como Intendente Subrogante y pero en ella surgieron “discrepancias respecto al plazo para votar el proyecto. Se somete a votación” y “Por acuerdo de la comisión, en 15 días más se realiza la votación de este proyecto” (CD
que contiene el expediente administrativo). 22) Que, el proyecto Central Termoeléctrica Pirquenes se ubica en el sector intermedio entre las localidades de Laraquete y Horcones, próximo a la desembocadura del estero Laraquete. Comprende la construcción y operación de una unidad generadora de energía eléctrica de 50 MW de potencia, dotada de caldera de Lecho Fluidizado Circulante, la que utilizará carbón. La superficie del proyecto comprende un área total de 7 hás. aproximadamente para las instalaciones de la Central, Subestación eléctrica, acopio de carbón y caliza y un borde de vegetación de entre 8 y 20 m. como cierre verde. Durante la tramitación del proceso de evaluación se realizaron exposiciones por el titular del proyecto y por el Municipio de Arauco, presentando éste último, más de 4000 firmas de rechazo al proyecto por la ciudadanía. Se realizaron presentaciones por el Centro Cultural y Ecológico Tamy Mapu y la Agrupación Laraquete Sustentable, entregando Minutas con antecedentes adicionales. Se allegaron los permisos de los artículos 90, 91, 93, 94 y 106. El permiso sectorial del artículo 94 fue informado favorablemente por la autoridad sanitaria y se califica la actividad económica como molesta. El Seremi de Agricultura indicó que el titular del proyecto cumple los requisitos para otorgar el permiso del artículo 96, para subdividir y urbanizar terrenos rurales. La I. Municipalidad de Arauco integrando el Comité Técnico Revisor se pronuncia rechazando el Proyecto fundado en la necesidad de participación de la ciudadanía ya que existe descontento y malestar en ésta por la cercanía del proyecto a la Comunidad El Pinar, 1,5 km, Solicita medidas de mitigación para CO2, etc. Se deja constancia en el Acta de la Sesión del 12 de diciembre
de 2011, respecto a la presencia de pentaclorofenol en los terrenos de la ex Forestal Carampangue, cercanos al terreno en que se instalará la Termnoeléctrica, que tiene un sector que presenta aserrín y suelos contaminados con PCF utilizado en la impregnación de las maderas; que el aludido aserradero está sin producción desde 1997 y ha habido incendios posteriores; que en noviembre de 2001 se realizó un estudio a través del cual en su tiempo el Servicio de Salud detectó la presencia de PCF en concentraciones máximas de 0,67 mg/kg. Es decir, hay presencia de este contaminante. Durante la evaluación de la D.I.A. en el Depósito de Cenizas de este Proyecto, en el año 2010, se detectó PCF en concentraciones máximas de 0,4 mg/kg, es decir, en los terrenos hay presencia de este compuesto. Análisis de Laboratorios Canadienses que constan en un estudio realizado para el Ministerio del Medio Ambiente, publicados en el 2011, dan cuenta de concentraciones máximas de 17 mg/kg de PCF en el subsuelo del sector. Se señala que “Regional Screning Levels” de la EPA Norteamericana (mayo 2010) indica que valores de 3 y 9 mg/kg como límites de Pentaclorofenol para usos de suelos residenciales e industriales respectivamente. Se señala que el Ministerio del Medio Ambiente dio a conocer un estudio en el cual se señala que hay presencia de Pentaclorofenol. Análisis Pila Aserrín: 0,23 mg/kg; suelo a 20 cm profundidad; 17 mg/kg. Lo que implica que el PCF está presente en los terrenos colindantes a la zona en que se emplazaría el Proyecto. La Comunidad El Pilar se abastece de agua de pozos cercanos al Proyecto y dado que el titular no fue capaz de demostrar que no iba a haber una entrada de PCF hacia el acuífero, producto de que va a tener dos pozos profundos en el cual no se señaló cuál va a
ser la profundidad, ni tampoco cuál va a ser la dinámica en la cual se va a mover esta agua y por tanto que se podría tener que las aguas que consume la Comunidad del Pilar podrían contaminarse con PCF. Por tanto, existen antecedentes que permiten pensar que podrían eventualmente haber una afectación en la calidad de las aguas que va a estar extrayendo la gente a 1,5 km más abajo. Los estudios en entregados por el Ministerio dan que hay PCF a 20 cm de profundidad y también en las pilas de aserrín. No se entregó por el titular antecedentes respecto a las aguas y el Mapa Hidrogeológico de Chile señala que para esas zonas si los pozos son muy profundos podrían estar generando problemas de diferencia de presión, que podrían haber que aguas saladas marinas fueran ingresando al acuífero y desde este punto de vista, podría haber problemas en la calidad del agua que va a consumir la gente. El SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL concluye en esta sesión que la ejecución del Proyecto generará efectos, características o circunstancias que dan origen a un Estudio de Impacto Ambiental puesto que el titular no ha aclarado lo que se refiere a) al artículo 5 del Reglamento del SEIA: potenciales riesgos a la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de los efluentes, emisiones o residuos que genera o produce; b) al artículo 6 del mismo Reglamento: efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluido suelo, agua y aire y c) al artículo 8 del Reglamento referido: alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, hablando concretamente del sector del Pinar. Concluye que el titular del Proyecto no fue capaz de demostrar que la ejecución de éste no generará efectos, características o circunstancias que dan origen a un Estudio de
Impacto Ambiental por lo que, el S.E.A. es de opinión que este proyecto debe ser evaluado a través de un Estudio de Impacto Ambiental y así lo sugiere. 23) Que, antes de abocarnos al estudio del procedimiento utilizado por la Comisión para aprobar el proyecto de marras, resulta conveniente hacer referencia a algunas definiciones de términos utilizados: “EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL es el procedimiento a cargo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente o de la Comisión Regional respetiva, en su caso, que, en base a un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, determina si el impacto ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes”. “Impacto Ambiental: la alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada”. “Línea de Base: la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad en forma previa a su ejecución.” “Medio Ambiente: es el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones”. “Medio Ambiente Libre de Contaminación: aquél en el que los contaminantes se encuentran en concentraciones y periodos inferiores a aquéllos susceptibles de constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental” . Declaración de Impacto Ambiental (DIA) es “el documento descriptivo de un proyecto o actividad que se pretende realizar o de
las modificaciones que se le introducirán, otorgado bajo juramento por el respectivo titular, cuyo contenido permite al organismo competente evaluar si su impacto ambiental se ajusta o no a las normas ambientales vigentes” (artículo 2 de la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente en su redacción vigente a la interposición de la DIA). 24) Que el Reglamento de Sala de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Bío Bío, Resolución Exenta N°027 de 30 noviembre de 2010, dispone que “los acuerdos de la Comisión de Evaluación deberán ser fundados y se adoptarán por mayoría simple de sus miembros presentes en la sesión. En caso de empate lo dirimirá el Presidente. Al momento de emitir su voto, cada miembro de la Comisión debe fundamentar su decisión” (artículo 17). El mismo Reglamento dispone en su artículo 19 que “El acta de cada sesión deberá contener a lo menos: a)La tabla de los temas tratados, la fecha y lugar de reunión; b)La reseña sucinta de lo tratado en ella; c)Los acuerdos adoptados; d)La reseña sucinta de las proposiciones de acuerdo y sus fundamentos; e)la fundamentación de los votos y la constancia de las inhabilidades expresadas por sus miembros”. Y, “El acta quedará a disposición de los miembros de la Comisión de Evaluación, la cual, en caso de no ser objeto de observaciones al comenzar la sesión siguiente, se entenderá aprobada”. “Las actas serán firmadas por el Secretario de la Comisión de Evaluación, actuando como Ministro de Fe”. En el caso específico el Acta de la Sesión ordinaria de la
Comisión efectuada el 12 de diciembre de 2011 reúne formalmente las exigencias referidas, aparece firmada por el Secretario de la Comisión, don Bolívar Ruiz Adaros (expediente de Evaluación que obra en custodia en CD y copias del Actas en fs. 884 de autos, en copia autorizada). 25) Que los miembros de la Comisión asistentes a la sesión votaron en el orden pre establecido y su fundamentación es la siguiente: (a) Sr. BOLÍVAR RUIZ, Director Regional del SEA, comenzó diciendo que el SEA votará desfavorablemente, señalando que, por expresa aplicación del artículo 11 letras a) y b) de la Ley 19.300 sobre Medio Ambiente, antecedentes y disposiciones legales que dan cuenta de que el Proyecto no ha evaluado el riesgo y los potenciales adversos significativos en el acuífero del sector, en la calidad del agua, tanto por la calidad misma de aquel recurso acuático como por la necesidad de analizar y excluir los potenciales riesgos, a la salud que ello conlleva; por lo que se ha estimado que el proyecto amerita ser evaluado por un Estudio de Impacto Ambiental y no a través de una simple Declaración. (b) Sr. SERGIO GIACAMAN, Seremi de Desarrollo Social, señaló que, como consecuencia del impacto positivo en términos de inversión para la provincia y, particularmente en la generación de empleos, tanto directos como indirectos, que el Proyecto tiene, su voto es favorable. (c) Sr. LUIS ULLOA, Seremi de Minería, expresa que vota por la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental, en virtud de la aprobación de todos los servicios que fueron parte de él. (d) Sr. CLAUDIO SILVA, Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, manifiesta que, en virtud de los análisis a nivel escala urbana, normativa y económica, se pronuncia favorable al Proyecto.
(e) Sr. RODRIGO SAAVEDRA, Seremi de Vivienda y Urbanismo, plantea que en virtud de los análisis a nivel de la escala urbana, normativa y económica, se pronuncia favorable al Proyecto. (f) Sr. MANUEL REBOLLEDO, Seremi de Agricultura, manifiesta el voto desfavorable al Proyecto, por las condiciones técnicas del suelo, así como también por la intrusión salina ya referida. (g) Sr. RODRIGO TORRES, Seremi de Energía, expresa que, toda vez que sólo CONADI y Minería no se pronunciaron y que todos los demás servicios que participaron en la evaluación formal del proceso de evaluación se pronunciaron a favor del mismo, vota a favor del DIA, (h) Sr. PATRICIO OJEDA, Seremi de Economía, manifiesta que, por la necesidad que tiene la provincia de Arauco de ser respaldada, en sus proyecciones de desarrollo económico, vota desfavorablemente el Proyecto. (i) Sr. BORIS OPORTUS, Seremi Salud Pública, expresa que vota en contra, a raíz del impacto que el Proyecto en la población, en la parte fundamentalmente del acuífero. (j) Sr. PEDRO NAVARRETE, Seremi del Medio Ambiente, expresa que en virtud de la no existencia del análisis que se hizo del acuífero de aguas subterráneas, vota desfavorablemente al Proyecto. (k) Sr. Víctor Lobos, Intendente Regional y Presidente de la Comisión, señala que, en razón del Informe de Declaración de Impacto Ambiental y en virtud de que el Proyecto ha ingresado bajo el alero de la antigua ley antigua 19.300, es de parecer que no procede exigir a la empresa un Estudio de Impacto Ambiental, ya que ellos se atienen a la normativa vigente. Sostiene que, tanto la ley como un Dictamen de la Contraloría refrendan la necesidad de atenerse al procedimiento de la ley 19.300 y no a la actual ley; todo ello, además de los beneficios
que presenta para la provincia de Arauco y por tratarse de una planta ambientalmente muy controlado, vota a favor. Continúa el Audio de la Sesión: “En consecuencia, se da por aprobada la Declaración de Impacto Ambiental de la Central Pirquenes, por siete votos a favor y cuatro en contra”. Nos vemos en la obligación de dejar constancia que el contenido mismo de los votos indicados en el Acta N°17/2011, agregada fs. 884, difiere bastante de lo que se escucha en el Audio de la sesión, contenido en el CD proporcionado. 26) Que, como ya dejamos dicho, se exige que cada miembro de la Comisión debe fundamentar su voto. Fundamentar es apoyar con motivos y razones una cosas o un hecho. (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española). 27) Que, los integrantes de la COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL al votar informadamente el proyecto Pirquenes, debieron, como lo indica el nombre de la Comisión en que participan, evaluar, principalmente, el Proyecto en cuanto al cumplimiento o no de la normativa ambiental, cumplimiento de los permisos sectoriales, indicar porque estaban o no de acuerdo con lo manifestado en el Informe Consolidado, analizar si el Proyecto requería la presentación de una Declaración de Impacto Ambiental o un Estudio de Impacto Ambiental, etc. No hacen los integrantes de la COMISIÓN tampoco, referencia a las observaciones formuladas por el Alcalde de la I, Municipalidad de Arauco; a los eventuales problemas con el agua y/o con la sustancia Pentaclorofenol y a las observaciones planteadas en la Minuta de “Antecedentes Adicionales posteriores al Informe Consolidado de la Evaluación DIA del Proyecto Central Termoeléctrica Pirquenes” que concluye que, generando el Proyecto efectos o circunstancias
definidos en el artículo 11 de la ley 19.300, letra a) y b), da origen a un Estudio de Impacto Ambiental , antecedentes todos que se encuentran en el Expediente Administrativo al que tuvieron acceso los integrantes de la COMISIÓN que emitieron su voto en la Evaluación Ambiental de que se trata. De los argumentos proporcionados por los integrantes de la COMISIÓN, que ya reprodujimos, aparecen que sus votos no están fundados en razones ambientales- técnicas o jurídicas- y más aún, algunos de éstos no formularon argumentación atingente alguna. No podemos dejar de señalar que en la Sesión del día 12 de diciembre de 2011, pese a su transcendencia, se destinaron poco más de seis minutos para votar y que, la Sesión misma para “RESOLVER LA CALIFICACIÓN AMBIENTAL DE LA DIA. DEL PROYECTO “CENTRAL PIRQUENES”, COMUNA DE ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO”, Segundo punto de la Tabla de dicho día, se extendió a poco más de 20 minutos, incluida la exposición de doña Deyanira Enríquez, profesional del S.E.A. 28) Que, aún más, la COMISIÓN de EVALUACIÓN, en su actuar debe sujetarse a la Ley N°19.653 sobre Bases Generales de la Administración del Estado que exige observar, entre otros, los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, probidad, trasparencia y publicidad administrativa, debiendo sus funcionarios y órganos fundamentar sus decisiones. Por otra parte, la ley N° 18.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado dispone que “se entenderá por acto administrativo las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, en el ejercicio de una potestad pública”. “Las decisiones de
los órganos administrativos pluripersonales se denominan acuerdos y se llevan a efecto por medio de resoluciones de la autoridad ejecutiva de la entidad correspondiente.” (artículo 3). 29) Que, también, la COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE ha dictado un INSTRUCTIVO PARA LA ADECUADA FUNDAMENTACIÓN DE LOS INFORMES SECTORIALES, DE LOS ACUERDOS Y DE LAS RESOLUCIONES DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL ADOPTADOS EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL” “que tiene por objeto implementar y/o adoptar todas las medidas que sean necesarias en orden a que las decisiones de las correspondientes Comisiones Regionales del Medio Ambiente, sean debidamente fundadas y razonadas”. Señala que si “la presentación del proyecto hubiere sido conducida a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el añadido consiste en que el objeto del procedimiento es el de determinar si la actividad bajo ponderación requiere o no de un EIA.” Insiste en lo ya dicho, que deberá consignarse “los acuerdos adoptados y los votos y sus fundamentos” y “El que la decisión sea fundada implica que deben establecerse todas las consideraciones técnicas y jurídicas que fundamentan la calificación ambiental del proyecto”. 30) Que, según dispone el artículo 34 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, DF.DS N°95 de 2001, “la decisión que califica ambientalmente un proyecto o actividad considerará, entre otros antecedentes, el Informe Consolidado de la Evaluación..”. De lo que aparece claramente, que está facultada para considerar otros antecedentes. Luego, pudieron considerar los miembros de la Comisión, entre otros antecedentes, el Informe Complementario
emitido por el Servicio de Evaluación Ambiental que concluyó que el Proyecto debe ser sometido a Estudio de Impacto Ambiental, ya que se producen los efectos contemplados en las letras a) y b) del artículo 11 de la Ley N°19.300, como también, el Informe acompañado por la Municipalidad de Arauco respecto del Pentaclarofenol. En el Acta de la sesión del 12 de diciembre de 2012, en que se votó la calificación ambiental del Proyecto, se hace referencia a varios informes sobre las concentraciones de Pentaclorofenol en el suelo y subsuelo del sector en que se instalará el Proyecto Central Termoeléctrica Pirquenes. 31) Que, el artículo 11 de la Ley N°19.300 a que se refiere el Informe Complementario ya citado, dispone que “Los proyectos o actividades enumerados en el artículo precedente requerirán la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, si generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, características o circunstancias: a) Riesgo para la salud de la población debido a la cantidad de efluentes, emisiones o residuos; b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos renovables, incluidos el suelo, agua y aire”. Y, el artículo 10 de la misma Ley, señala que “Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, son los siguientes…. c) Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW”. 32) Que, de todo lo dicho resulta que los votos de algunos de los integrantes de la Comisión no cumplieron con el standard mínimo de fundamentación exigido por el artículo 34 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, D.S. N°95 de 2001 y artículo 17 del Reglamento de Organización y funcionamiento de la Comisión de
Evaluación de la Región del Bío Bío. Así, el efecto, el Sr. Giacaman, vota favorable en consecuencia al impacto positivo en términos de inversión; el Sr. Ulloa, vota a favor, en virtud de la aprobación de todos los servicios; el Sr. González, vota a favor en virtud del análisis de los antecedentes-que no menciona- y el desarrollo económico de la provincia; el Sr. Saavedra, vota favorable, en virtud del análisis a nivel de escala urbana, normativa y económica , sin especificar a qué se refiere; el Sr. Rebolledo, vota desfavorable, pues plantea que en virtud de las condiciones técnicas, tanto del suelo como del potencial de riesgo de intrusión salina; el Sr. Torres vota positivo, plantea, en virtud de que solamente Conadi y Minería no se pronunciaron y que todos los servicios que participaron en la evaluación formal, manifestaron su conformidad; el Sr. Ojeda, vota favorable, porque ha conocido y estudiado el Proyecto, adicionalmente, por la necesidad que tiene la provincia de Arauco de ser respaldada, tanto en el Plan Arauco, como en sus proyecciones y desarrollo económico; el Sr. Oportus, vota no al Proyecto por el impacto que tendría en los aspectos salud fundamentalmente por el riesgo en el acuífero y otras acciones sobre la población; el Sr. Navarrete vota en contra, en virtud de la no existencia de los antecedentes del análisis que se hace del acuífero de aguas subterráneas. 33) Que, estamos frente a una Comisión de Evaluación Ambiental, la que, en la Sesión del 12 de diciembre de 2011 fue convocada para “decidir sobre la calificación ambiental de dicho Proyecto o actividad” (artículo 34 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental). Luego, la Sesión tuvo por objetivo, resolver- mediante la decisión de los integrantes de la COMISIÓN expresada en sus votos-
la instalación y concreción del Proyecto de la Central Termoeléctrica Pirquenes, debiendo evaluar el impacto ambiental que provocará la Central y si el titular del Proyecto debió presentar en vez de una Declaración, un Estudio de Impacto Ambiental, pues “su proyecto o actividad genera o presenta riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de los efluentes, emisiones o residuos que genera o, produce” (artículo 5 del Reglamento). El artículo 5 citado, además, señala lo que debe considerarse a objeto de evaluar si se genera o presenta riesgo para la salud. Sin embargo, los integrantes de la Comisión no se han referido si el impacto que genere o presente el Proyecto o actividad se ajusta a las normas ambientales vigentes. No han, por ende, cumplido con la fundamentación de su voto, pues no han dado razones valederas para fundamentar su decisión de aprobar el Proyecto, razones relacionadas con el objeto de la evaluación. Debemos tener presente que esta votación de la Comisión, se concreta en una Resolución que califica ambientalmente el Proyecto y si ella es favorable, como en el caso, “certificará que se cumple con todos los requisitos ambientales aplicables, incluyendo los eventuales trabajos de mitigación y restauración…”. Empero, los votantes, no hicieron alusión alguna fundada al efecto del Proyecto en el medio ambiente, a cómo se da cumplimiento a la legislación que protege el medio ambiente de contaminación; a la posibilidad de presencia de aguas saladas marinas ingresando al acuífero; a la presencia de Pentaclorofenol en los terrenos cercanos; a que no se han obtenido los permisos ambientales sectoriales del artículo 96 del Reglamento, para subdividir y urbanizar terrenos rurales, a que no se ha acompañado la Resolución que cambia el destino del suelo agrícola y
la, del artículo 106 del mismo Reglamento, para las obras de regularización y defensa de cauces naturales; no se hizo alusión al Informe Complementario, ni a la Minuta del Servicio de Evaluación Ambiental, etc. Se ha votado más bien, por el progreso económico o de inversión no, por lo que es el objetivo de la COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL, evaluar el impacto ambiental del Proyecto. Por lo demás, el organismo especializado, el SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL, estimó que la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto debe ser rechazada, debiendo ser sometido a un Estudio de Impacto Ambiental. 34) Que, de lo dicho resulta que la Aprobación del Proyecto en la sesión de la COMISIÓN el día 12 de diciembre de 2011, ha devenido en arbitraria e ilegal, ya que no se ha dado cumplimiento a la debida fundamentación de la decisión de los votantes integrantes de la ella, exigida por la legislación ya referida, apareciendo como una actuación desprovista de sustento, en que no se dan los fundamentos que avalen, expliquen y legitimen la decisión adoptada, lo que la convierte además, en arbitraria, expresión de la sola voluntad de los votantes. Ello lleva a declararla nula y, consecuencialmente, también, la Resolución N°05 de 23 de enero de 2012 que es la materialización de la decisión de la COMISIÓN diciembre de 2011. 35) Que, las actuaciones referidas afectan la garantía constitucional de los Recurrentes del N °8 del artículo 19 de la Carta Fundamental, pues la aprobación del Proyecto Central Pirquenes de que se trata, eventualmente podría alterar el medio ambiente protegido por el ordenamiento jurídico, sin que se comprometan medidas específicas y adoptada con la votación del 12 de
efectivas de mitigación o compensación. 36) Que, de todos los elementos probatorios acumulados en el Expediente Administrativo surge la necesidad de que el titular del Proyecto Central Termoeléctrica Pirquenes lo someta nuevamente al Sistema de Evaluación Ambiental presentando, esta vez, un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL como opina el SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL y también, algunos miembros de la COMISIÓN, el DIRECTOR REGIONAL DEL SEA, el SEREMI DE AGRICULTURA, el SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE y el SEREMI DE SALUD, ello frente a la eventualidad de que se den algunas de las circunstancias, características o efectos contemplados en el artículo 11 de la Ley 19.300 y/o genere o presente riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad de efluentes, emisiones o residuos que genera o produce, como dispone el artículo 5° del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental. Ello permitirá una mejor calificación medioambiental y que el titular del Proyecto indique las medidas de mitigación, compensación y reparación necesarias. Con ello se dará cumplimiento además a los principios que inspiran la ley 19.300, a saber, el de la participación ciudadana, incluso en la evaluación de impacto ambiental, ya que si no se logra una participación efectiva, informada, profunda y dinámica de la comunidad, es difícil que los proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación, legitimación especialmente los de mayor envergadura, logren social. El principio de la internalización de los Costos
Ambientales, conocido comúnmente como el principio de “el que contamina paga” y que consiste básicamente en que el agente contaminador debe incorporar a sus propios gastos de producción lo que cuesta minimizar o controlar las emisiones contaminantes que
genera. El principio preventivo que pretende evitar que se produzcan los problemas ambientales, tomando iniciativas oportunas para evitar anticipadamente la contaminación o la generación de un riesgo ambiental. 37) Que, se tuvo por parte a S.W. BUSINES S.A. la que solicitó el rechazo del recurso, sosteniendo, entre otras cosas, que el análisis del mérito técnico científico del SEA es de competencia de la Comisión, lo que compartimos, pero dicha Comisión debe someter su actuar a la reglamentación legal vigente como señalamos. Alega también que la existencia de Pentaclorafenol no es imputable a la Central, sino de la empresa forestal que funcionó en el lugar. Ello es así, pero en cuanto al impacto ambiental los órganos deberán estarse a la situación ambiental de hoy en el lugar. Por estas argumentaciones, lo dispuesto en la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente; Resolución Ex. N°027 de 2010; Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, D. S. N°95 de 2001; artículos 19 N°8 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre tramitación y fallo del Recurso de protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve: a)que son inadmisibles, por falta de legitimación activa los recursos de protección interpuestos por doña RUTH SOTO ROA en representación de la AGRUPACIÓN DE MANIPULADORAS DE ALIMENTOS LAS PALOMITAS BLANCAS; por don PEDRO MEDINA REYES en representación de la JUNTA DE VECINOS LA UNIÓN DE HORCONES y por don JUAN VILLAGRÁN SÁEZ en representación de la JUNTA DE VECINOS EL PARRÓN; b) que SE ACOGEN los recursos de protección interpuestos, por doña
RUTH SOTO ROA, por sí; por don CARLOS BELMAR FERNÁNDEZ; por don PEDRO MEDINA REYES, por sí y por don JUAN VILLAGRÁN SÁEZ por sí; c) que, es nula y se deja sin efecto, la Votación y el Acuerdo logrado en la Sesión de 12 de diciembre de 2012 de la COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL, para decidir la calificación ambiental del proyecto “Central Termoeléctrica Pirquenes, Arauco”, en virtud de una Declaración de Impacto Ambiental. d) que, consecuencialmente, es nula también y se deja sin efecto, la Resolución Exenta 025 de 23 de enero de 2012; e) que, el referido proyecto Central Termoeléctrica Pirquenes deberá reingresar al Sistema de Evaluación Ambiental mediante un Estudio de Impacto Ambiental que deberá presentar el titular del Proyecto y f) que, se rechazan las peticiones de S.W. BUSSINES, titular del proyecto Central Termoeléctrica Pirquenes, formuladas a fs. 217, 475 y 744 en cuanto pretende el rechazo de los recursos de protección de autos. REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y archívese oportunamente. Redacción de la Ministra doña Sara Victoria Herrera Merino. Rol Recursos Civiles N°1879-2012 (Acumulados Roles N°542012 y 56-2012). PROVEIDO POR LOS MINISTROS DE LA SEGUNDA SALA Sra. Sara Herrera Merino, señor Freddy Vásquez Zavala y señora Juana Godoy Herrera.
Gonzalo Díaz González Secretario
En Concepción, a veintisiete de agosto de dos mil doce, notifiqué Por el Estado Diario la resolución precedente y la de fs.983.-
More From This UserReporte de Precios de Útiles Escolares Sernac 2016Reporte de Precios de Útiles Escolares Sernac 2016Resolución Tribunal AmbientalResolución Tribunal AmbientalPercepción del servicio de la Defensoría Penal PúblicaPercepción del servicio de la Defensoría Penal PúblicaRespuesta de Colo Colo a demanda de SuazoRespuesta de Colo Colo a demanda de SuazoInstructivo de Contraloría para municipales 2016Instructivo de Contraloría para municipales 2016Oficio Felipe Ward al Sii por correos de Ripley Oficio Felipe Ward al Sii por correos de Ripley Resolución Contraloría Lago RancoResolución Contraloría Lago RancoDeclaracion Min Salud Montevideo 03-02-2016 FinalDeclaracion Min Salud Montevideo 03-02-2016 FinalCavalCavalcaval 2caval 2Anteproyecto de Educacion SuperiorAnteproyecto de Educacion SuperiorComunicado Fundación TeletónComunicado Fundación TeletónAreas de Valor Patrimonial - Areas Colocadas Bajo Proteccioìn OficialAreas de Valor Patrimonial - Areas Colocadas Bajo Proteccioìn OficialCaval: TC acoge a trámite requerimiento de Herman ChadwickCavalEncuesta Cadem sobre Sampaoli y ANFPEncuesta Cadem sobre Sampaoli y ANFPOficio diputado ColomaOficio diputado ColomaSentencia Cabezas QuijadaSentencia Cabezas QuijadaAnabalonAnabalonAnabalónAnabalónAnálisis de umbral de delitos - Paz CiudadanaAnálisis de umbral de delitos - Paz CiudadanaOficio Sabat y PaulsenOficio Sabat y PaulsenTrack PP104 - EneroS1 VFTrack PP104 - EneroS1 VFCarta funcionarios filipinos denuncian a embajador de ChileCarta funcionarios filipinos denuncian a embajador de ChileBalanceNacionaldeAccidentesenlaMineriade2015BalanceNacionaldeAccidentesenlaMineriade2015Escrito SMUEscrito SMU

References: artículo 11
 artículo 41
 artículo 34
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 5
 Resolución 

artículo 19
 artículo 11
 artículo 20
 Resolución 
 artículo 11
 artículo 11
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 17
 Resolución 
 artículo 30
 artículo 31
 Resolución 
 artículo 17
 artículo 12
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 resolución 
 Resolución 
 artículo 34
 artículo 34
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 96
 Resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 29

Resolución 
 artículo 32
 artículo 10
 artículo 17
 artículo 11
 artículo 41
 artículo 11
 Resolución 
 resolución 
 artículo 11
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 20
 artículo 122
 artículo 24
 Resolución 
 artículo 11
 resolución 
 Resolución 
 artículo 17
 artículo 10
 artículo 18
 artículo 64
 artículo 94
 artículo 96
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 8
 Resolución 
 artículo 19
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 34
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 10
 artículo 34
 artículo 17
 artículo 5
 Resolución 
 artículo 96
 Resolución 
 artículo 106
 Resolución 
 artículo 19
 artículo 11
 artículo 5
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución