Source: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0023&language=ES
Timestamp: 2019-07-18 07:54:10+00:00

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INFORME sobre la responsabilidad social de las empresas: promover los intereses de la sociedad y un camino hacia la recuperación sostenible e integradora - A7-0023/2013
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PE 498.081v02-00 A7-0023/2013
sobre la responsabilidad social de las empresas: promover los intereses de la sociedad y un camino hacia la recuperación sostenible e integradora
de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
Raffaele Baldassarre, Comisión de Asuntos Jurídicos
(*) Comisión asociada – artículo 50 del Reglamento
– Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de 8 de diciembre de 2009(1),
– Visto el estudio de octubre de 2010 elaborado a instancias de la Comisión Europea, que aborda las lagunas de gobernanza entre los instrumentos y normas internacionales de responsabilidad social de las empresas y la legislación europea vigente (conocido como «Estudio de Edimburgo»)(2), cuyos resultados se expusieron en el Informe Anual de 2011 del Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos(3), y que ha sido apoyado plenamente por el Consejo Europeo,
– Visto el estudio «Green Winners», realizado en 2009 sobre 99 empresas(4),
– Vista la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios(5),
– Visto el Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil(6), que sustituye al Convenio de Bruselas de 1968 excepto en lo que se refiere a las relaciones entre Dinamarca y los Estados Miembros,
– Vista la Resolución del Consejo, de 6 de febrero de 2003, relativa a la responsabilidad social de las empresas(8),
– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Paquete "Empresas responsables"» (COM(2011)0685),
– Vista su Resolución, de 30 de mayo de 2002, sobre el Libro Verde de la Comisión titulado «Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas»(9),
– Vista su Resolución, de 13 de mayo de 2003, sobre la Comunicación de la Comisión relativa a la responsabilidad social de las empresas – Una contribución empresarial al desarrollo sostenible(10),
– Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2007, sobre la responsabilidad social de las empresas: una nueva asociación(11),
– Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la responsabilidad social de las empresas en los acuerdos de comercio internacional(12),
– Vista su Resolución, de 16 de junio de 2010, sobre la Estrategia Europa 2020, en la que se señala la existencia de un vínculo inextricable entre la responsabilidad de las empresas y la gobernanza empresarial(13),
– Vista su Resolución, de 20 de noviembre de 2012, sobre la Iniciativa en favor del emprendimiento social – Construir un ecosistema para promover las empresas sociales en el centro de la economía y la innovación sociales(14),
– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 24 de mayo de 2012, sobre la Comunicación de la Comisión, de 25 de octubre de 2011, titulada «Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas»(15) ,
17. Coincide con el análisis de la Comisión de que la RSE es cada vez más importante para que funcione la licencia social de una empresa, dada la incidencia de protestas sociales como los movimientos antiglobalización y de ocupación, de conflictos sociales y, a veces, de relaciones industriales conflictivas; cree que la Unión Europea debe adoptar la RSE como «licencia social» propia para buscar beneficios comerciales y económicos con otros países y regiones del mundo; considera, en particular, que la RSE debe ser una parte esencial de las políticas comerciales de la UE;
18. Reconoce que se percibe una deficiencia fundamental en las iniciativas de la RSE cuando las empresas que hacen uso de la RSE consiguen evitar a los grupos de interés críticos o eluden cuestiones sensibles relevantes para sus empresas y su cadena de suministro mundial; pide a la Comisión que, en colaboración con las autoridades fiscales y los interlocutores sociales, se sirva del trabajo previo de los «laboratorios» de la RSE para elucidar cómo las empresas y las partes interesadas pueden identificar objetivamente las cuestiones sociales y medioambientales que son importantes para la empresa en cuestión, así como para seleccionar de modo justo y equilibrado a las partes interesadas que participen en las iniciativas de la empresa en materia de RSE;
19. Considera que los consumidores cada vez se fijan más en las actividades de RSE que realizan las empresas, por lo que anima a las empresas a que sean transparentes, en especial en las operaciones empresariales relativas a cuestiones éticas, sociales y medioambientales;
20. Destaca que la RSE solo será viable si se respetan la legislación en vigor y las normas salariales locales adoptadas por los interlocutores sociales;
21. Señala que, al evaluar la responsabilidad social de una empresa, se debe tener en cuenta el comportamiento de las empresas pertenecientes a su cadena de suministro, así como de las empresas subcontratistas;
22. Respalda la aseveración recogida en la Comunicación de la Comisión de que «contribuir a mitigar los efectos sociales de la crisis actual» y encontrar modelos empresariales sostenibles forman parte de la RSE; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen a las empresas, en colaboración con los representantes de los trabajadores, a implicarse en la RSE; pide a las empresas que estudien iniciativas destinadas a conservar y crear puestos de trabajo, en particular para los jóvenes y las mujeres, en todos los ámbitos de actividad (como gestión y formación, mercados, personal, medio ambiente y sociedad), con especial hincapié en las personas afectadas por múltiples desventajas, como los gitanos y las personas con discapacidad, y que contraten no solo trabajadores «de a pie» sino también altos directivos procedentes del mercado laboral local y establezcan, por ejemplo, un sistema que permita a los licenciados universitarios hacer prácticas de calidad para lograr la experiencia laboral que necesitan los empleadores del sector privado;
23. Considera que las empresas deben estar implicadas en la resolución de problemas sociales agravados por la crisis económica, como la falta de viviendas y la pobreza, y en el desarrollo de las comunidades donde operan;
24. Reconoce que la crisis económica ha ido acompañada de un aumento de la precariedad en el empleo, especialmente para las mujeres, de diferencias en las condiciones laborales, debidas en parte a la subcontratación, de la obligación de trabajar a tiempo parcial para muchos que aspiran a tener un empleo a tiempo completo, y del aumento de las prácticas en el trabajo que constituyen a veces una explotación y un resurgimiento del sector informal; pide a la Comisión y al Foro Multilateral Europeo que examinen en particular el aumento de la subcontratación; insta a que este trabajo se inspire en los Principios Rectores de las Naciones Unidas aplicables a la cadena de suministro y, en particular, al concepto de «evaluación de impacto» independientemente de diferentes niveles de proveedores;
25. Considera que el cumplimiento de la legislación laboral en materia de condiciones del trabajo físico, la elaboración de procedimientos y políticas de contratación y despido, la protección de los datos y la privacidad del trabajador y el pago puntual de los salarios y de otras prestaciones constituyen igualmente un elemento de RSE e insta al respeto de estos aspectos;
26. Reconoce que la crisis repercute en la estructura social; celebra que algunas empresas hayan adoptado múltiples medidas para integrar en el mundo laboral a los grupos sociales vulnerables y desfavorecidos; pide a las empresas que continúen con este tipo de iniciativas; destaca, no obstante, que los cierres de empresas y las reducciones de plantilla ponen en peligro algunos de los avances obtenidos gracias a la RSE, como la ocupación de grupos vulnerables en la sociedad, en particular las personas con discapacidad, la mejora de la formación y la situación de estos empleados, la promoción de nuevas formas innovadoras de producción y servicios socialmente útiles, por ejemplo a través de cooperativas de crédito, y el fomento de nuevos modelos de empleo mediante empresas sociales, cooperativas y comercio justo; considera, por consiguiente, que es esencial definir parámetros para las medidas sociales; pide a la Comisión que efectúe un amplio análisis del impacto social de la crisis en estas iniciativas, incorporando un enfoque basado en el género y centrándose en los países del sur de Europa, y que consulte plenamente a los interlocutores sociales y las partes interesadas en la RSE sobre su resultado;
27. Considera que las acciones de RSE no solo benefician al conjunto de la sociedad, sino que también ayudan a la empresa a mejorar su imagen y a estar más valorada entre los consumidores potenciales, lo que le ayudará a ser económicamente viable en el largo plazo;
28. Considera que la creación de programas de desarrollo de competencias y de aprendizaje permanente para los trabajadores, las evaluaciones individuales periódicas de los trabajadores y un programa de gestión del talento, así como el establecimiento de objetivos individuales de negocio y de desarrollo para los trabajadores son un recurso para aumentar la motivación y el compromiso de los trabajadores y constituyen un elemento esencial de la RSE;
29. Señala que, especialmente en tiempos de crisis, las empresas que operan en el marco de los principios de la RSE deben contribuir a desarrollar las capacidades innovadoras de su región a través de la aplicación de soluciones tecnológicas innovadoras y respetuosas con el medio ambiente en las plantas de producción, además de llevar a cabo nuevas inversiones y su modernización; hace hincapié en que la integración de cuestiones medioambientales como la biodiversidad, el cambio climático, la eficiencia de los recursos y la salud ambiental en las operaciones empresariales ofrece potencial para promover una recuperación sostenible;
30. Considera que la crisis financiera en algunos casos puede haber socavado la confianza de los trabajadores en relación con la obligación de las empresas de garantizar a largo plazo los derechos de pensión privada, teniendo en cuenta las diferencias entre los sistemas de pensiones en la UE como consecuencia de la crisis; pide a las empresas responsables que aborden este problema junto con la Comisión y los interlocutores sociales, también estableciendo acuerdos abiertos, integradores y basados en normas para la gestión de las inversiones de pensiones, y como parte del reto más amplio dentro de la RSE de abordar el envejecimiento activo en una época de cambio demográfico; señala que restaurar la confianza entre los empleados y las empresas es esencial para que haya una recuperación económica sostenible;
31. Elogia enérgicamente la importancia concedida en la Comunicación de la Comisión al refuerzo y la aplicación de las normas internacionales y —a la luz de la actualización de las Líneas Directrices de la OCDE de 2011 y del acuerdo sobre los Principios Rectores de las Naciones Unidas— considera que la actuación de la UE debe centrarse en mayor medida en la plena aplicación de tales Líneas Directrices y Principios entre las empresas europeas; hace hincapié en que estas Líneas Directrices de la OCDE se han definido y reconocido a nivel internacional para establecer y mantener la igualdad de condiciones, al tiempo que se fomentan prácticas empresariales abiertas, justas y responsables a escala mundial; propone a la Comisión que informe anualmente tanto al Parlamento como al Consejo sobre la aplicación en la UE de dichas Líneas Directrices de la OCDE;
32. Subraya la importancia de elaborar las políticas de la Unión en materia de RSE de manera complementaria al desarrollo de normas internacionales, para evitar interpretaciones nacionales divergentes y posibles ventajas o desventajas competitivas a escala nacional o internacional;
33. Insiste en que cada uno de los 27 Estados miembros debe acelerar la revisión de sus planes de acción nacionales en materia de RSE y el desarrollo de planes nacionales de aplicación de las Líneas Directrices pertinentes de la OCDE y los Principios Rectores de las Naciones Unidas, que deberían finalizarse, a más tardar, en diciembre de 2013; considera que los Estados miembros deben garantizar que estos planes se elaboren con la participación de todas las partes interesadas pertinentes, incluidas las ONG, la sociedad civil, los sindicatos, las organizaciones de empresarios y las instituciones nacionales de derechos humanos (INDH); pide a la UE que facilite el acceso a la experiencia adquirida por los Estados miembros que ya se encuentran en ese proceso; alienta a los Estados miembros a inspirarse en las directrices contenidas en la norma ISO 26000, en la versión más reciente de las directrices de la Iniciativa Mundial de Presentación de Informes y en las orientaciones elaboradas por el Grupo Europeo de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos;
34. Pide mayor coherencia de las políticas a nivel de la UE, haciendo que las políticas y acuerdos sobre contratación pública, crédito a la exportación, buena gobernanza, competencia, desarrollo, comercio, inversión y otras políticas y acuerdos sean conformes con las normas internacionales en materia de derechos humanos, social y medioambiental, establecidas en las directrices y principios pertinentes de la OCDE y las Naciones Unidas; pide, en este contexto, que se colabore con los órganos representantes de los trabajadores, los empresarios y los consumidores, siguiendo los consejos pertinentes de las INDH, como la propuesta presentada por el Grupo Europeo de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos a la Comisión sobre los derechos humanos y la contratación pública; pide evaluaciones de impacto significativas y adecuadas de las propuestas legislativas para detectar posibles incoherencias con los Principios Rectores de las Naciones Unidas, e insiste en la coordinación con el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas, a fin de evitar interpretaciones dispares e incoherentes de tales Principios Rectores;
35. Celebra en particular la inclusión del sector de las TIC en directrices europeas específicas sobre empresas y derechos humanos; reconoce los auténticos dilemas entre, por un lado, la necesidad de proteger la privacidad y combatir el contenido delictivo y, por otro, el objetivo de defender la libertad de expresión, como evidenció la reciente controversia suscitada por el vídeo antiislámico colgado en YouTube; pide que muchas más empresas europeas participen en la principal iniciativa multilateral en este sentido, la Iniciativa de Red Global (Global Network Initiative, GNI), cuyos miembros son actualmente, sobre todo, empresas establecidas en los EE.UU.;
36. Insiste en que toda «financiación del comercio y desarrollo» ofrecida a los actores del sector privado por los mecanismos de inversión de la UE, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo debe incluir cláusulas contractuales que estipulen el cumplimiento de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, con disposiciones en materia de responsabilidad y un mecanismo claro de reclamaciones; reitera su llamamiento para que los Estados miembros hagan lo mismo con respecto a la concesión de créditos de exportación a las empresas;
37. Acoge con beneplácito la iniciativa de la Comisión sobre los planes de acción nacionales para la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos; pide al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que desempeñe un papel mucho más destacado para contribuir a su aplicación a alto nivel y fomentar una supervisión y una información efectivas; solicita que se celebre un «procedimiento de revisión paritaria» entre los Estados miembros para impulsar su aplicación; pide a la Comisión y al SEAE que evalúen la aplicación de los planes de acción y las acciones realizadas a escala de la UE, e informen al Consejo Europeo y al Parlamento a finales de 2014;
38. Reconoce que las empresas operan cada vez más en Estados frágiles y que tienen el deber de diligencia de proteger a sus empleados de los conflictos, el terrorismo y la delincuencia organizada; insiste, no obstante, en que las empresas tienen igualmente el deber de garantizar que las medidas de seguridad no menoscaben la paz ni la seguridad de otros allí donde operan, lo que puede exponerles a acusaciones de complicidad en violaciones de derechos humanos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen una adopción mucho mayor de los principios internacionales en materia de seguridad voluntaria y busquen un acuerdo en relación con un marco reglamentario internacional sobre regulación, supervisión y control de las actividades de empresas militares y de seguridad privadas;
39. Pide a las empresas y a otras partes interesadas que participen constructivamente en el proceso de elaboración de orientaciones sectoriales en materia de derechos humanos iniciado por la Comisión y utilicen las orientaciones resultantes del proceso una vez que se haya completado;
40. Pide a la Comisión, en particular a su DG de Justicia, que presente propuestas para facilitar mejor el acceso a la justicia en los tribunales de la UE de los casos más extremos y notorios de violaciones de los derechos humanos o de los derechos laborales cometidas por empresas domiciliadas en Europa, sus filiales o sus subcontratistas o socios empresariales, tal como recomienda el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos;
41. Señala igualmente la necesidad de elaborar y crear mecanismos de notificación de violaciones de los derechos humanos en el marco de las empresas individuales;
42. Considera que el estudio «Green Matters» demuestra definitivamente el vínculo positivo que existe entre las empresas que aplican la RSE y la consecución de mejores resultados financieros cuando salen de la crisis; apoya el concepto de «competitividad responsable», y destaca que el mercado potencial de bienes y servicios útiles desde el punto de vista social y medioambiental sigue constituyendo una oportunidad de mercado fundamental para las empresas, al tiempo que satisface necesidades sociales;
43. Comparte el punto de vista de las empresas, expresado en el Estudio Mundial CEO 2012, según el cual el crecimiento sostenible de las empresas requiere la colaboración estrecha con las poblaciones, los gobiernos y los socios comerciales locales, así como inversiones en las comunidades locales; apoya y pide que se intensifiquen las iniciativas empresariales en materia de creación de empleo, formación, ayuda para gestionar las limitaciones de recursos y contribución a las soluciones de salud;
44. Pide a la Comisión Europea, en particular a su DG de Comercio, que abandone su enfoque «pasivo» y adopte un enfoque «activo» en relación con las Líneas Directrices de la OCDE, entre otras cosas, adhiriéndose expresamente a la Declaración de la OCDE sobre inversiones internacionales y empresas multinacionales, que incluye las Líneas Directrices de la OCDE, velando por la promoción y el continuo apoyo de estas Líneas Directrices por parte de las delegaciones de la UE en terceros países, financiando iniciativas de capacitación junto con empresas, sindicatos y sociedad civil en terceros países sobre la aplicación de las Líneas Directrices, y garantizando que estas se citen expresamente en todos los nuevos acuerdos entre la UE y terceros países, incluidos todos los acuerdos de comercio e inversión; pide que la UE realice un mayor esfuerzo diplomático para persuadir a más países a escala internacional a adherirse, y ofrezca apoyo concreto a los grupos de la sociedad civil para plantear «casos específicos» de supuestas violaciones, en cooperación con los Estados miembros;
45. Considera que la RSE es un instrumento importante para ayudar a la UE a apoyar la aplicación a escala internacional de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); pide a la Comisión que apoye a las organizaciones y a los agentes sociales europeos que deseen realizar proyectos piloto sobre las Líneas Directrices de la OCDE y otras normas internacionales de la RSE, con vistas a la creación de capacidades en terceros países; pide a la Comisión Europea que establezca un objetivo específico de negociación y conclusión de nuevos acuerdos marco sobre cuestiones relacionadas con la RSE y que invite a los interlocutores sociales a concluir estos acuerdos dentro del contexto de su nuevo enfoque sectorial de la RSE; pide a la Comisión Europea, en particular a la DG de Empleo, que integre las normas laborales en la RSE realizando proyectos piloto sobre trabajo digno con gobiernos de terceros países;
46. Comparte la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas», según la cual «el respeto de la legislación aplicable y de los convenios colectivos entre los interlocutores sociales es un requisito previo al cumplimiento de [la] responsabilidad [social de las empresas]»; considera que la RSE debe completar la legislación existente, las negociaciones colectivas y el diálogo con los trabajadores organizados en sindicatos, pero nunca sustituirlos; considera que las empresas deben comprometerse a debatir su política en materia de RSE —y elementos como un informe de empresa anual sobre el impacto social y medioambiental de sus actividades— con los empleados y sus representantes; cree que debe aprobarse un marco opcional de normas para acuerdos marco europeos sobre la base del posible contenido de un marco, tal como se describe en el documento de trabajo de la Comisión sobre este asunto;
47. Pide a la UE y, en particular, a la Comisión que:
1) garanticen que la cuestión de la RSE y los derechos humanos figure entre las prioridades de instrumentos financieros concretos en el nuevo marco financiero plurianual (MFP) para el periodo 2014-2020, y
2) desarrollen asistencia específica en el marco del IEDDH para la formación y el desarrollo de capacidades global en el ámbito de la RSE y los derechos humanos para las organizaciones de la sociedad civil, las INDH, los defensores de los derechos humanos, los sindicatos y otras organizaciones de derechos humanos;
48. Acoge con satisfacción que algunos representantes del mundo empresarial hayan utilizado la Cumbre Río+20 de las Naciones Unidas para abogar por un nuevo convenio global sobre la responsabilidad de las empresas en el sistema de la ONU; cree que, aunque es probable que este convenio tarde algunos años en llegar, la UE debería participar de forma constructiva en el debate; considera, no obstante, que estos debates no deben distraer a los responsables de las políticas en las empresas y los gobiernos de proceder sin demora a la aplicación de los instrumentos de RSE existentes; llama la atención sobre el hecho de que, además del sistema de las Naciones Unidas, existen otros modelos sobre cómo pueden surgir nuevas formas de gobernanza mundial en materia de RSE, por ejemplo promoviendo la aplicación de las Líneas Directrices de la OCDE entre los no miembros o a través de una iniciativa autónoma de gobiernos afines; pide a la UE, a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen y defiendan propuestas específicas para acordar una contribución empresarial concreta y verificable como parte de los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por las Naciones Unidas para el periodo posterior a 2015;
49. Respalda el parecer, expresado en el primer informe de junio de 2004 del Foro Multilateral, de que las autoridades públicas pueden desempeñar un importante papel en el avance de la RSE, también en el ámbito de la contratación pública, mediante convenciones e incentivos, y pide a los Estados miembros que concedan un impulso nuevo y significativo a estos esfuerzos a través del Grupo de Alto Nivel o de otros canales;
50. Pide que en las situaciones en que la UE o sus Estados miembros son socios de empresas (por ejemplo, en el marco de la contratación pública, de empresas públicas, de empresas conjuntas, garantías de créditos a la exportación y proyectos a gran escala en terceros países), el respeto de las directrices y los principios de la OCDE y las Naciones Unidas sea una prioridad que se refleje en cláusulas específicas y tenga consecuencias para las empresas que violen de modo flagrante las normas en materia social, medioambiental y de derechos humanos;
51. Insiste en la importancia del marco de las Naciones Unidas «Proteger, respetar y remediar» y considera que sus tres pilares ―la responsabilidad del Estado de proteger contra las violaciones de los derechos humanos, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y la necesidad de un acceso más efectivo a las reparaciones― deben respaldarse con medidas adecuadas que permitan su aplicación;
52. Subraya que, dado su peso en los intercambios comerciales internacionales, las empresas europeas y sus filiales y subcontratistas tienen un papel esencial en la promoción y difusión de las normas sociales y laborales en el mundo; reconoce que normalmente las quejas contra empresas de la UE que operan en el extranjero se resuelven mejor sobre el terreno; celebra los puntos de contacto nacionales de la OCDE, que son mecanismos de base estatal no jurídicos que pueden mediar en una amplia gama de conflictos relativos a empresas y a los derechos humanos; pide, no obstante, un mayor esfuerzo de las empresas para desarrollar mecanismos de reclamación que cumplan los requisitos de efectividad establecidos en los Principios Rectores de las Naciones Unidas, y que busquen en mayor medida una orientación fidedigna en los principios y directrices reconocidos internacionalmente, en particular las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales recientemente actualizadas, los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la norma guía ISO 26000 sobre responsabilidad social y la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT;
53. Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de modificar las disposiciones de Derecho internacional privado del Reglamento Bruselas I, y en especial la introducción del principio de forum necessitatis; destaca la necesidad de seguir desarrollando un acceso efectivo a vías de recurso para las víctimas de violaciones de derechos humanos a causa de operaciones empresariales fuera de la UE mediante modificaciones de los Reglamentos Bruselas I y Roma II; pide medidas eficaces para eliminar los obstáculos existentes al acceso a la justicia, como los gastos procesales excesivos, mediante iniciativas como el desarrollo de normas mínimas para el recurso colectivo y soluciones al problema de la «personalidad jurídica autónoma» de las empresas;
54. Pide que se elaboren normas de transparencia y responsabilidad más eficaces para las empresas tecnológicas de la UE en relación con la exportación de tecnologías que puedan utilizarse para violar los derechos humanos o para actuar contra los intereses de la UE en materia de seguridad;
55. Pide que se aplique el principio de «conocimiento del usuario final» a fin de garantizar un mayor control y prevención de las violaciones de los derechos humanos al principio o al final de las cadenas de suministro y los procesos de producción o flujos de mercado;
56. Considera que los Estados miembros deben considerar a las empresas responsables de la adopción de principios y de políticas proactivas para contrarrestar la discriminación y la exclusión social, promover la igualdad de género y respetar los derechos fundamentales de todos;
57. Pide a la Comisión y a los Estados miembros, dado el enfoque multilateral de la RSE, que consideren la posibilidad de ampliar la asistencia de observadores a las reuniones bianuales del Grupo de Alto Nivel incluyendo a representantes observadores, entre ellos los dos ponentes de las comisiones competentes del Parlamento, representantes del Programa de las Naciones Unidas, para el Medio Ambiente, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, y un candidato del sector empresarial europeo, de los sindicatos y de la sociedad civil respectivamente, acordados por el comité de coordinación del Foro Multilateral;
58. Reconoce que la necesidad, señalada por la Declaración de Laeken de 2001, de aproximar las instituciones de la UE a los ciudadanos de la Unión sigue siendo una realidad; apoya, por consiguiente, un examen formal de la «Propuesta Solidaridad» para un programa interinstitucional de recursos humanos en las instituciones de la UE, a fin de facilitar la implicación del personal y de los becarios de las instituciones en la vida de la comunidad a través de actividades humanitarias y sociales positivas de voluntariado, tanto como parte de la formación del personal como en calidad de voluntarios; destaca que el programa propuesto permite ahorrar costes, representa un importante valor añadido y contribuiría a promover y aplicar las políticas y los programas de la UE; insta a todos los Estados miembros a que incluyan el voluntariado de los empleados en sus planes de acción nacionales; pide que se firme un «pacto» a través del Centro Europeo de Voluntariado (CEV) para que organizaciones de la sociedad civil de toda Europa se comprometan a lograr este objetivo;
59. Pide a las empresas que fomenten el voluntariado internacional entre sus empleados para promover las sinergias entre el sector público y el privado en el marco de la cooperación para el desarrollo; pide a la Comisión que apoye las iniciativas de las empresas en este sentido mediante el futuro Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria;
60. Considera que los Estados miembros deben alentar a las empresas a desarrollar políticas y establecer medidas relacionadas con la necesidad de respetar la vida privada y familiar de todos sus empleados; cree que estas políticas y medidas deben adecuarse al principio de igualdad y deben ampliarse a las negociaciones sobre la duración y la organización del horario de trabajo, los niveles salariales, la disponibilidad de determinadas instalaciones prácticas para los trabajadores y unas condiciones de trabajo flexibles, incluyendo la naturaleza de los contratos de trabajo y la posibilidad de interrumpir la carrera profesional;
61. Reconoce que los indicadores sociales están por detrás de los índices medioambientales en cuanto a valoración económica y especificidad general en muchas iniciativas de RSE; cree que, pese al Manual sobre contratación pública socialmente responsable, la propia UE se ha mostrado demasiado tímida en este ámbito; pide un estudio sobre «valoración del capital social» que dé lugar a un amplio debate dirigido por los europeos sobre una mejor integración del impacto social en la gestión empresarial sostenible; apoya la financiación de proyectos piloto para desarrollar índices sociales, agencias de calificación sociales y la práctica de auditorías sociales en algunos Estados miembros y sectores empresariales;
62. Acoge con satisfacción el reconocimiento del papel que la contratación pública debe desempeñar en la promoción de las prácticas de RSE, incluidos el acceso a cursos de formación, la igualdad, el comercio justo y la integración social de trabajadores desfavorecidos y de personas con discapacidad, para incentivar a las empresas a incrementar su responsabilidad social; considera, sin embargo, que sigue sin estar claro en qué medida las autoridades públicas han adoptado realmente las sucesivas modificaciones de la normativa europea en materia de contratación pública y qué impacto global se ha logrado en cuanto a la mejora del comportamiento social y medioambiental de las empresas y al impulso de la RSE; pide que se realicen más investigaciones y evaluaciones de impacto que se traduzcan en unas recomendaciones claras para ofrecer incentivos fácilmente comprensibles a las empresas; pide que esto incluya un análisis de la práctica, cada vez más habitual, de las empresas de incorporar cláusulas de RSE en sus propias adquisiciones privadas, es decir en contratos entre empresas, y pide que se determinen las buenas prácticas en este ámbito;
63. Alienta el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios sociales para animar a los interesados de todo el mundo a participar de forma más activa en las consultas multilaterales;
64. Felicita a los Estados miembros por los considerables esfuerzos desplegados para desarrollar y aplicar planes de acción nacionales en materia de RSE en colaboración con plataformas nacionales multilaterales en muchos países de la UE; expresa su preocupación, no obstante, por el hecho de que una gran variedad de medidas de políticas públicas todavía no hayan tenido un impacto visible significativo en el avance de la RSE; pide que se lleve a cabo una mayor investigación y evaluación de las medidas de políticas públicas sobre RSE a escala europea; pide que la propia Comisión dé ejemplo, como empleador responsable, publicando su propio informe de RSE de acuerdo con el suplemento para el sector público de la Iniciativa GRI, ofreciendo al personal de la Comisión tiempo libre «adaptado» para desarrollar iniciativas de voluntariado y revisando el uso de las inversiones de los fondos de pensiones de acuerdo con criterios éticos;
65. Pide que el Año Europeo de los Ciudadanos 2013 incluya una sección específica sobre ciudadanía empresarial, y se invite a empresarios y agentes del mundo de los negocios a participar en las iniciativas de RSE existentes en los Estados miembros y a escala de la UE para promover y desarrollar el concepto de «buen ciudadano empresarial»;
66. Celebra la intención de la Comisión de basar su nuevo sistema de recompensa en las prácticas existentes en este ámbito; considera que dichas recompensas pueden incentivar la RSE, pero solo si los galardonados representan verdaderamente las mejores prácticas a escala nacional, europea y mundial; pide a la Comisión que establezca un grupo de expertos independientes para evaluar este aspecto y «auditar» el sistema durante este año y los próximos años de forma continuada; pide que la publicidad en torno a estas recompensas refleje la complejidad real de los retos planteados y haga hincapié en las lecciones que se pueden extraer para todas las empresas y no solo para las galardonadas;
67. Considera fundamental que la Comisión desarrolle lo antes posible la anunciada metodología común para medir el comportamiento medioambiental sobre la base del coste del ciclo de vida; cree que dicha metodología sería útil tanto en términos de transparencia de la información de las empresas como en términos de evaluación por parte de las autoridades del comportamiento medioambiental de las empresas;
68. Pide a la Comisión que acelere la presentación de nuevas propuestas en su programa de trabajo para cubrir las lagunas de gobernanza en lo relativo a las normas internacionales de la RSE, según se recomienda en el «Estudio de Edimburgo» encargado por ella;
69. Pide a los Estados miembros que adopten medidas para reforzar la eficacia de las políticas de promoción de la RSE recompensando, por ejemplo, una conducta empresarial responsable a través de incentivos en el marco de la política de inversión y del acceso a las inversiones públicas;
70. Celebra los planes de la Comisión de proponer iniciativas en los ámbitos de la producción y el consumo responsables; cree que la UE puede aprovechar la experiencia adquirida con iniciativas en materia de RSE que han promovido formación y capacitación específicas para compradores dentro de las empresas; considera que la iniciativa prevista sobre transparencia puede ser un importante impulsor del movimiento de consumidor ético; pide a la Comisión y a los Estados miembros que consideren en qué medida es viable y deseable el desarrollo de una etiqueta social europea para todas las empresas que participen en la RSE, de manera que su labor resulte más visible para consumidores e inversores, y para que, sobre la base de iniciativas de etiquetado ya existentes, se siga promoviendo la colaboración «de abajo arriba» bajo los auspicios de la Alianza Internacional para la Certificación y el Etiquetado Social y Medioambiental (ISEAL); sugiere que se supervise regularmente el cumplimiento de las disposiciones sociales de la RSE establecidas en la etiqueta europea por parte de las empresas que la porten;
71. Indica que un motor clave del mercado de inversiones social y sosteniblemente responsables sigue siendo la demanda de los inversores institucionales, pero que esta no debe seguir centrándose principalmente en los aspectos medioambientales; señala, en este contexto, que la divulgación dirigida a inversores y consumidores es un factor fundamental de la RSE y debe basarse en principios sociales y medioambientales fácilmente aplicables y medibles; se congratula de la iniciativa de la Comisión de comprometerse con la comunidad de inversores sobre cuestiones relativas a la RSE; pide que este compromiso se base firmemente en el apoyo a los Principios de las Naciones Unidas para la Inversión Responsable y el principio de informes integrados;
72. Recuerda que los beneficiarios de inversiones a largo plazo, como los fondos de pensiones, tienen interés en garantizar una rentabilidad sostenible y una conducta empresarial responsable; considera importante que los incentivos de los agentes de inversión se correspondan verdaderamente con los intereses de los beneficiarios y que no los limiten a una interpretación restrictiva de esos intereses centrada únicamente en la maximización de los beneficios a corto plazo; aboga por un marco jurídico que respalde este objetivo; celebra que la Comisión esté elaborando propuestas sobre la inversión a largo plazo y sobre la gobernanza empresarial, que ayudarán a abordar estas cuestiones;
73. Apoya la intención de la Comisión de presentar una propuesta sobre la divulgación de información no financiera por las empresas; celebra que esta propuesta se base en una amplia consulta pública y en una serie de talleres con las partes interesadas pertinentes; advierte de que el empleo de la expresión «no financiera» no debe disimular las consecuencias financieras —muy reales— que para las empresas tienen las cuestiones sociales, medioambientales y de derechos humanos; cree que la propuesta ofrece a la UE la oportunidad de recomendar a las empresas europeas la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, y que estos han de armonizarse con el sistema de informes integrados que está desarrollando en la actualidad el Consejo Internacional de Informes Integrados (CIII); subraya que cualquiera que sea la solución ha de ser flexible y no debe generar cargas y gastos administrativos excesivos, en particular para las empresas con menos de 500 empleados; considera que un sistema basado en el principio de «aplicar o explicar» podría ser una herramienta útil;
74. Considera que, a fin de aumentar la credibilidad de las medidas adoptadas por las empresas, su balance social ha de ser verificado por una institución externa;
75. Respalda el mantenimiento de la función de liderazgo del Foro Multilateral Europeo a la hora de apoyar la aplicación de las propuestas contenidas en la Comunicación de la Comisión; recuerda que una RSE mejor adaptada a las PYME garantizaría en mayor medida su difusión a escala europea; pide a todos los participantes que se comprometan a trabajar en el Foro con un enfoque flexible, abierto y que fomente el consenso de acuerdo con el auténtico espíritu de la RSE;
76. Insiste en que los derechos y libertades sindicales y los organismos de representación de los trabajadores democráticamente elegidos constituyen el eje central de toda estrategia en materia de RSE; elogia el marco de estructuras de diálogo social sectorial e intersectorial existente en la UE, y pide una consulta y una participación plenas y activas de las organizaciones representativas y los sindicatos, en particular, en relación con el desarrollo, el funcionamiento y el seguimiento en las empresas de los procesos y estructuras de RSE, colaborando con los empresarios con un verdadero espíritu de asociación; pide a la Comisión que trate a los sindicatos y a los representantes de los trabajadores, que son agentes esenciales, como interlocutores en el diálogo mantenido sobre los asuntos relativos a la RSE, junto a las empresas y demás partes interesadas; considera que los agentes sociales pueden desempeñar un papel esencial en la promoción de la RSE, y señala que esta contribuye al diálogo social y lo facilita;
77. Pide que las políticas de RSE incluyan medidas específicas para hacer frente a la práctica ilegal de confeccionar listas negras de trabajadores y de negarles el acceso al empleo, a menudo debido a su afiliación y actividad sindicales o a su función como representantes en materia de salud y seguridad;
78. Insiste en que toda empresa respecto de la que se demuestre que confecciona listas negras de trabajadores o que viola los derechos humanos y las normas laborales debe ser excluida de toda subvención o financiación por parte de la UE y de la participación en licitaciones para contratos públicos a escala de la UE, nacional o de las autoridades públicas;
79. Recuerda que las políticas de RSE deben ser respetadas no solo por la empresa o el contratista principal, sino también por todos los subcontratistas o las cadenas de suministro que este pueda utilizar, ya sea en el suministro de bienes, trabajadores o servicios, y dentro de la UE o en un tercer país, garantizando así la igualdad de condiciones basada en un salario justo y en unas condiciones de trabajo dignas y asegurando los derechos y las libertades sindicales;
80. Respalda la Directiva de la Comisión sobre normas mínimas para las víctimas y pide que las políticas de RSE en los sectores pertinentes (como viajes, seguros, alojamiento y telecomunicaciones) incluyan estrategias y estructuras positivas y prácticas para apoyar a las víctimas de un delito y a sus familias durante una crisis y establezcan políticas específicas para los empleados que sean víctimas de un delito, tanto en el lugar de trabajo como fuera del mismo;
81. Está de acuerdo con que no puede preverse un enfoque «único» para la RSE, pero reconoce que la profusión de diferentes iniciativas en relación con la RSE, pese a que pone de manifiesto la sensibilización sobre la importancia de sus políticas, puede generar costes adicionales, ser un obstáculo a su aplicación y socavar la confianza y la justicia; considera que debe haber suficiente flexibilidad en la aplicación de las directrices sobre la RSE para poder atender a las necesidades específicas de cada Estado miembro y de cada región, con especial atención a las capacidades de las PYME; se felicita, no obstante, de la cooperación activa de la Comisión en pos de la participación del Parlamento y del Consejo, junto con otros organismos internacionales, con vistas a alcanzar una convergencia fundamental de las iniciativas sobre RSE a largo plazo, así como el intercambio y la promoción de buenas prácticas empresariales en materia de RSE, e impulsar las directrices contenidas en la norma internacional ISO 26000 para garantizar una definición mundial única, coherente y transparente de la RSE; insta a la Comisión a que contribuya eficazmente a la orientación y la coordinación de las políticas de los Estados miembros de la UE, con objeto de minimizar los riesgos de que se generen costes adicionales en las empresas que operan en más de un Estado miembro debido a la existencia de disposiciones divergentes;
82. Considera que la idea de que la RSE es una «mercancía de lujo» apoyada por las empresas solo en tiempos de bonanza económica ha sido decididamente refutada por los continuos altos niveles de compromiso de las empresas con la RSE; cree que se trata de una suposición anticuada que no tiene en cuenta la importancia de la reputación ni del nivel de riesgo externo para la rentabilidad de las empresas modernas; pide a todos los responsables políticos europeos que integren la RSE en todos los niveles de la política económica, reforzando asimismo la RSE dentro de la Estrategia Europa 2020;
83. Destaca que la RSE debe aplicarse a toda la cadena de suministro mundial, incluidos todos los niveles de subcontratación, y que, ya se trate del suministro de bienes, de trabajadores o de servicios, debe incluir disposiciones para ampliar la protección a los trabajadores migrantes, desplazados y contratados a través de agencias, basarse en un salario justo y en unas condiciones de trabajo dignas y garantizar los derechos y las libertades sindicales; opina que se debe seguir desarrollando el concepto de gestión responsable de la cadena de suministro como un instrumento para garantizar la RSE;
84. Elogia la labor de algunas escuelas de ciencias empresariales para promover la RSE, pero reconoce que se trata solo de una minoría; pide al Grupo de Alto Nivel y a los Estados miembros, en cooperación con la Comisión y, si procede, con las universidades, que examinen la manera de integrar la RSE, una gestión responsable y una ciudadanía responsable en la enseñanza y en la formación profesional sobre gestión de todos los futuros líderes empresariales, de manera que se convierta en una piedra angular de la gobernanza empresarial estratégica y se fomente con ello la sensibilización respecto del consumo sostenible; opina que se podría incluir a los niños que participan en programas de emprendimiento para jóvenes; pide a la Comisión que proporcione más apoyo financiero a los proyectos de educación y formación sobre RSE en el marco de los programas de la UE de Aprendizaje Permanente y La Juventud en Acción;
85. Reitera que la RSE debe aplicarse a todas las empresas con objeto de crear un marco de igualdad de condiciones; señala, no obstante, que es preciso ir más allá del enfoque voluntario, en vista de la manera en que las industrias extractivas llevan a cabo sus operaciones en los países en desarrollo; hace hincapié en que las inversiones de la industria petrolera en Nigeria son un buen ejemplo de las limitaciones de la RSE tal como se aplica en la actualidad, ya que las empresas no han desarrollado iniciativas de RSE para crear prácticas comerciales sostenibles ni para contribuir al desarrollo de sus Estados de acogida; respalda enérgicamente la propuesta legislativa que prevé la elaboración de informes para cada país sobre la base de las normas de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE), con información sobre ventas y beneficios, así como sobre impuestos e ingresos, a fin de desincentivar la corrupción y prevenir la evasión fiscal; pide a las industrias extractivas europeas que operan en los países en desarrollo que den ejemplo de responsabilidad social y de fomento del trabajo digno;
86. Pide que se establezcan normas de diligencia debida respecto de los derechos humanos y la cadena de suministro a escala de la UE que, en particular, cumplan los requisitos establecidos en las orientaciones de la OCDE sobre diligencia debida y gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales de las zonas afectadas por conflictos y de alto riesgo y se centren, entre otras cuestiones, en las zonas con importantes repercusiones potencialmente negativas o positivas para los derechos humanos, como las cadenas de suministro mundiales y locales, los minerales de las zonas en conflicto, la externalización, el acaparamiento de tierras y las regiones en que el Derecho laboral y la protección de los trabajadores sean insuficientes o las zonas de producción de productos peligrosos para el medio ambiente y la salud; acoge con satisfacción los programas ya puestos en marcha por la UE, y en particular los programas de aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT) en el ámbito forestal, y apoya iniciativas privadas como la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (ITIE);
87. Pide a la Comisión que desarrolle nuevas iniciativas destinadas a desbloquear y fortalecer el potencial de la RSE en la lucha contra el cambio climático (vinculándola a la eficiencia de los recursos y de la energía), por ejemplo, en el proceso de compra de materias primas por las empresas;
88. Subraya que la ayuda de la UE a los gobiernos de terceros países en lo tocante a la aplicación de la normativa social y medioambiental, junto con unos regímenes eficaces de inspección, es un complemento necesario para el avance de la RSE de las empresas europeas a nivel mundial;
89. Propone que los Gobiernos de los Estados miembros soliciten al BEI la inclusión de una cláusula relativa a la RSE en sus intervenciones;
90. Pide a la Comisión que fomente la RSE en los foros multilaterales apoyando una mejor cooperación entre la OMC y otros foros multilaterales que se ocupan de la RSE, como la OIT y la OCDE;
91. Pide que se establezca un sistema de cooperación jurídica transnacional entre la UE y los terceros países signatarios de acuerdos comerciales bilaterales, con el fin de que las víctimas de violaciones de la legislación social o ambiental o de incumplimiento de los compromisos en materia de RSE por parte de multinacionales y sus filiales inmediatas, tengan acceso efectivo a la justicia en el país en que se produjo la violación de la legislación, así como para apoyar la puesta en marcha de procedimientos judiciales internacionales para garantizar, cuando proceda, que se sancionan las infracciones de la ley cometidas por las empresas;
92. Pide que se efectúen evaluaciones del impacto en los derechos humanos de las nuevas tecnologías a ser posible ya en la fase de investigación y desarrollo, y solicita que se incluyan estudios prospectivos y consideraciones sobre la determinación de normas para incorporar los derechos humanos al diseño (Human Rights by Design);
93. Observa que la RSE es un mecanismo que permite a los empresarios apoyar a sus empleados y a las comunidades locales en los países en desarrollo, que el respeto de la RSE y las normas laborales permiten a estos países beneficiarse de un comercio internacional más amplio, y que la RSE puede garantizar que los beneficios se repartan de forma equitativa para desarrollar la prosperidad económica y social sostenible y sacar a más personas de la pobreza, especialmente en tiempos de crisis financiera;
94. Exhorta a la UE a que desempeñe una función activa en la sensibilización sobre la contribución que las empresas pueden prestar a la sociedad en el ámbito de la cultura, la educación, el deporte y la juventud mediante la RSE;
95. Alienta a las empresas de medios de comunicación a que incluyan normativas periodísticas transparentes en sus políticas de RSE, que prevean garantías de protección de las fuentes y de los derechos de los denunciantes;
96. Pide a la Comisión que salvaguarde las iniciativas de RSE establecidas y que funcionan bien, introduciendo una prueba de RSE que evalúe el impacto de las próximas iniciativas legislativas y administrativas sobre medidas de RSE y tenga en cuenta los resultados relevantes a la hora de diseñar propuestas;
97. Acoge con satisfacción, en aras de la sostenibilidad, las obligaciones impuestas a los operadores del mercado, y pide a la Comisión que observe y evalúe las iniciativas en materia de RSE;
98. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.
http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect Respect-Remedy-Framework y http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/business-human-rights/101025_ec_study_final_report_es.pdf
En la última Comunicación de la Comisión sobre la responsabilidad social de las empresas la RSE se enmarca en el pensamiento europeo, en un ámbito político en el que el Parlamento Europeo ha desempeñado un cometido decisivo. Supone asimismo un gran paso hacia adelante al hilo del diálogo mantenido con el Parlamento y las partes interesadas implicadas sobre la RSE desde la anterior comunicación.
En el presente proyecto de resolución parlamentaria se celebra el nuevo énfasis concedido al apoyo europeo en favor de las iniciativas globales de la RSE, el restablecimiento del apoyo al enfoque multilateral, una nueva definición que refleje el consenso a nivel global y un cometido de apoyo mucho más dinámico para la propia Comisión Europea.
Considero que la Comunicación es constructiva y abierta de cara al futuro y ofrece una respuesta adecuada a la evolución de la RSE en Europa y el mundo. Brinda una sólida base de acción futura, por lo que se anima al Parlamento Europeo a conceder su amplio apoyo.
Mi informe aspira a realizar su propia contribución al debate desarrollando algunas de las ideas presentes en la Comunicación de la Comisión, así como identificando algunas eventuales lagunas.
En primer lugar, y sobre todo, el debate sobre la RSE se ubica en el contexto de la crisis económica actual. Se aduce el argumento de que la RSE es indispensable para restablecer la confianza en las empresas y en una recuperación económica sostenible.
Si bien es conveniente resguardarse contra la acusación de «antifaz ecológico», la RSE debe considerarse una oportunidad y no una amenaza para la competitividad empresarial. También forma parte de la propia «licencia social» de Europa para perseguir un crecimiento impulsado por el comercio.
Con la mentalidad a corto plazo de Bruselas, que se centra exclusivamente en la transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas de los mercados financieros, caeríamos de nuevo en los mismos errores de los que se acusa a los responsables del colapso bancario.
No cabe retractarse del compromiso esencial de que la economía europea y global sean hipocarbónicas en el futuro. Las empresas sostenibles sólo pueden funcionar en una economía sostenible.
En mi informe se alienta a las empresas responsables a demostrar su compromiso con la atenuación de las consecuencias sociales de la crisis iniciando algunas de las acciones propuestas en materia de RSE: en los ámbitos de la creación de empleo juvenil, salud ocupacional, sostenibilidad de las pensiones, promoción del «salario de subsistencia», finalización de las practicas laborales explotadoras en las cadenas de suministro de las empresas y promoción de nuevos mercados en productos y servicios medioambientales y útiles para la sociedad.
Aplicación de la RSE global
La segunda prioridad del informe es desarrollar ideas concretas que ayuden a poner en práctica la voluntad de la Comisión de aplicar mejor las iniciativas globales en el ámbito de la RSE. Considero que el «polo de excelencia» para la RSE que la Comisión prometió en 2006 se lograría mejor en 2012 adoptando un enfoque global para las empresas europeas que operan en mercados globales.
Recomiendo que la Comisión Europea elabore un informe general sobre la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos, al tiempo que los Estados miembros mejoran su propia aplicación mediante un proceso paritario de revisión, algo ya habitual en la evaluación de las políticas de derechos humanos. También ha llegado el momento de abordar la delicada cuestión de la jurisdicción extraterritorial para las infracciones de los derechos laborales o humanos cometidos por empresas europeas que operan en terceros países con un acceso restringido a la justicia.
En el informe se argumenta asimismo que la Comisión debe desempeñar un cometido mucho más activo en la aplicación de las Líneas Directrices de la OCDE sobre las empresas multinacionales, mediante su inclusión en los acuerdos comerciales y de inversión, la concesión de apoyo financiero para la creación de capacidades y la asistencia a los demandantes en caso de supuestas infracciones, condicionando la ayuda financiera a las empresas al respeto de las Líneas Directrices y ayudando a encontrar más signatarios a escala mundial.
En el informe se aduce asimismo la importancia de la transparencia y los informes integrados de sostenibilidad en cuanto fuerza motriz clave de la RSE. Se apoya decididamente la Iniciativa mundial de presentación de informes, pues es la metodología más usada por las empresas a nivel global para la información sobre la sostenibilidad. En el informe se avala la prevista propuesta de la Comisión en este ámbito, que debe estar íntimamente ligada al objetivo del Consejo Internacional de Informes Integrados, de manera que los informes integrados sean la norma global antes de que finalice la presente década.
En el informe se respalda la voluntad de la Comisión de interactuar con los inversores, en particular para la promoción de los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas, por lo que propongo el lanzamiento de una nueva iniciativa de la UE sobre el impulso de la materialidad.
En el informe se recomienda asimismo que la UE apoye la propuesta de origen empresarial para la celebración de un convenio de las Naciones Unidas sobre la responsabilidad de las empresas que se presentó el año en curso ante la Cumbre de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (Río +20). Respaldo la promoción de la RSE en el marco del proceso de objetivos de desarrollo sostenible iniciado al hilo de los resultados de la cumbre.
El Enfoque Multilateral
Se pide igualmente al Parlamento Europeo que reconozca la naturaleza especial de elaboración política de la UE sobre la RSE. Se desarrollan ideas para servirse del diálogo social convencional, por ejemplo mediante el establecimiento de un objetivo para nuevos convenios marco en el ámbito de la RSE y financiando proyectos piloto con los sindicatos europeos en el ámbito del «trabajo digno».
No obstante, se pide explícitamente al Parlamento Europeo que respalde el funcionamiento y desarrollo del Foro Multilateral, incluidas las iniciativas sectoriales propuestas en la Comunicación. Propongo iniciativas adicionales en materia de TIC y sector privado de la seguridad. Se apoyan asimismo las nuevas «comunidades de práctica» multilaterales previstas.
Se reclama un mayor compromiso con las otras partes interesadas en el Grupo de Alto Nivel de Estados miembros, así como que las Direcciones Generales de Medio Ambiente y Relaciones Exteriores de la Comisión presten más atención a la RSE.
Sectores público y privado juntos - «la mezcla inteligente»
El informe aboga por prestar mayor atención al impacto de las políticas públicas en la RSE. Ello debe incluir la aplicación de las recomendaciones del propio «Estudio de Edimburgo» de la Comisión sobre las lagunas de gobernanza y la necesidad de alcanzar resultados concretos en la aplicación de indicadores sociales, en particular mediante la contratación pública.
Se pide a la Comisión que muestre liderazgo comprometiéndose ella misma con los informes de sostenibilidad, la gestión ética de sus propios fondos de pensiones y apoyando el voluntariado en su plantilla de personal.
En el informe se restablece el vínculo entre la responsabilidad de las empresas y la gobernanza empresarial y se apoya el uso de códigos de buenas prácticas y obligaciones de los directivos para impulsar la asunción de la RSE y su integración en las empresas.
Se destaca asimismo, no obstante, la continua importancia de realizar acciones voluntarias complementariamente, aduciendo, en particular, las ventajas de apoyar el principio de convergencia de tales iniciativas. Se argumenta que es mucho mejor promover la cooperación voluntaria que prever nuevas iniciativas obligatorias en relación con las etiquetas sociales.
Esto es lo que, en relación con los Principios Rectores de las Naciones Unidas se denomina, resumiendo, la «mezcla inteligente» de enfoques reglamentarios y voluntarios y sería, de hecho, inteligente, que la UE siguiera tal vía.
Se apoya asimismo el amplio abanico de las otras acciones propuestas en la Comunicación. Propongo que se conceda particular importancia a la integración de la RSE en el currículo de las escuelas generales de ciencias empresariales, al estímulo de la RSE en las pequeñas empresas mediante el enfoque de conglomerado y al establecimiento de una «auditoría» para asegurar que los galardones de RSE previstos se ajusten realmente a las mejores prácticas mundiales y europeas.
Me gustaría añadir, finalmente, que la RSE debe dejar de ser un proceso y comenzar ofrecer resultados. En la Comunicación se afirma con toda la razón que es muy importante expandir la asunción de la RSE. Algunas de las ideas que se recomiendan en el informe para hacer que la gente de dentro y fuera de las empresas colabore en la consecución de este objetivo es el lanzamiento de iniciativas sobre la ciudadanía empresarial en el marco del Año Europeo 2013 y la investigación del impacto acumulativo de la RSE en la resolución de problemas sociales y medioambientales, a fin de destacar la premura de los desafíos, así como una propuesta de nuevo «engranaje» con la sociedad civil.
Si bien es cierto, según indica acertadamente la Comisión, que la RSE es responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad, también es cierto que es precisamente impacto lo que más deben procurar tener en su conjunto las empresas y la sociedad.
OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Jurídicos (18.12.2012)
sobre la responsabilidad social de las empresas: promoción de los intereses de la sociedad y vía hacia una recuperación sostenible e integradora
La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:
1. Destaca los beneficios recíprocos de la colaboración entre las empresas y la sociedad civil con el objetivo de facilitar la búsqueda de estrategias compartidas, el intercambio de conocimientos y la comparación de expectativas; respalda con firmeza, por consiguiente, el compromiso contraído por la Comisión de crear plataformas multilaterales para la responsabilidad social de las empresas (RSE), a fin de reforzar la colaboración entre las empresas y la sociedad sobre las cuestiones sociales y ambientales más importantes; destaca que la acción social de las empresas puede requerir un marco legal, y que las iniciativas de carácter voluntario pueden completar, pero en ningún caso sustituir, las disposiciones existentes para la protección de los trabajadores, el control eficaz de su cumplimiento y las sanciones que puedan resultar necesarias;
2. Expresa su preocupación por el impacto que la crisis económica pueda haber ejercido en la organización del trabajo; pide a la Comisión que aproveche, en estrecha colaboración con los interlocutores sociales, las plataformas multilaterales como medida adicional para buscar soluciones sostenibles que garanticen el pleno respeto de los derechos de los trabajadores en relación con la igualdad de trato, la ordenación del tiempo de trabajo y el empleo precario;
3. Manifiesta su acuerdo con la Comunicación de la Comisión en que el respeto de la legislación aplicable y de los convenios colectivos entre los interlocutores sociales constituye una condición indispensable de la RSE; considera además que un comportamiento socialmente responsable abarca necesariamente unas relaciones sindicales correctas, en particular el respeto de los derechos sindicales, una información constante a los trabajadores y sus asociaciones representativas, así como la participación de estas asociaciones en las decisiones empresariales;
4. Señala que, al evaluar la responsabilidad social de una empresa, se debe tener en cuenta el comportamiento de las empresas pertenecientes a su cadena de suministro y de las empresas subcontratistas;
5. Recuerda el papel estratégico que desempeñan las PYME al facilitar la difusión de la RSE gracias a su proximidad con el territorio en el que operan; pide a la Comisión que desarrolle, de común acuerdo con las autoridades nacionales y las plataformas multilaterales, formas de cooperación sectorial entre las PYME que les permitan afrontar los problemas sociales y ambientales de forma colectiva;
6. Subraya la importancia de elaborar las políticas de la Unión en materia de RSE de manera complementaria al desarrollo de normas internacionales, con el objetivo de evitar interpretaciones nacionales divergentes y posibles ventajas o desventajas competitivas a escala nacional o internacional;
7. Invita a las empresas a incentivar el voluntariado internacional entre sus empleados para promover las sinergias entre el sector público y el privado en el marco de la cooperación para el desarrollo; pide a la Comisión que apoye las iniciativas de las empresas en este sentido mediante el futuro Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria;
8. Pide a la Comisión, en particular a la DG Justicia, que presente propuestas sobre la jurisdicción extraterritorial de los tribunales de la UE en los casos de violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas de la UE, sus filiales, sus subcontratistas o sus socios comerciales;
9. Reconoce la importancia de incrementar las prácticas y políticas de RSE en las grandes empresas; pide, por lo tanto, a la Comisión que haga hincapié en la importancia de incluir la RSE en la educación y la formación, especialmente en las escuelas de negocios y administración.
La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:
(1) garantice que la cuestión de la responsabilidad social de las empresas y los derechos humanos figure entre las prioridades de instrumentos financieros concretos en el marco del nuevo marco financiero plurianual (MFP) para el período 2014-2020; y
(2) desarrolle asistencia específica en el marco del IEDDH para la formación y el desarrollo de capacidades global en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas y los derechos humanos para las organizaciones de la sociedad civil, las INDH, los defensores de los derechos humanos, los sindicatos y otras organizaciones de derechos humanos;
La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:
1. Señala que, debido a la heterogeneidad del concepto de responsabilidad social de las empresas (RSE) y al hecho de que distintas compañías hayan desarrollado diferentes normas en materia de contabilidad, auditoría y presentación de informes, resulta difícil comparar los niveles de RSE; subraya que una reglamentación relativa a la RSE acordada a nivel internacional crearía un marco de confianza y equidad en las relaciones empresariales y reportaría una serie de beneficios, como la seguridad, la aplicabilidad progresiva, la universalidad y la responsabilización de las partes interesadas;
2. Conviene con la Comisión en que la RSE debe abarcar los derechos humanos, las prácticas laborales y de empleo, las cuestiones medioambientales (tales como la biodiversidad, el cambio climático y la eficiencia de los recursos) y la lucha contra el soborno y la corrupción a través de la buena gobernanza fiscal (concretamente, la transparencia, el intercambio de información y una competencia fiscal leal);
3. Señala que la RSE cubre una amplia gama de normas sociales a las que apenas se presta atención por no haberse establecido indicadores que permitan medir los progresos sociales;
4. Destaca que los inversores y los consumidores deberían poder identificar fácilmente las empresas que han asumido compromisos en materia de RSE, ya que ello animaría a esas empresas en su iniciativa;
5. Insiste en que la UE debe examinar la posibilidad de destacar las empresas que se comprometen con la RSE mediante una marca o una etiqueta añadida al nombre de la empresa o del producto en cuestión;
6. Señala que la RSE constituye el mejor instrumento para que las empresas demuestren su compromiso, solidaridad y responsabilidad frente a la sociedad, y que también resulta crucial para alcanzar el objetivo de coherencia de las políticas en favor del desarrollo; celebra que la Comisión se haya comprometido a fomentar la RSE en total consonancia con las directrices internacionales actuales, entre otras las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, recientemente actualizadas, los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la Norma ISO 26000 «Guía sobre responsabilidad social», la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT, y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos; lamenta, no obstante, que todo lo relacionado con la RSE sea, mayoritariamente, de cumplimiento voluntario;
7. Lamenta la falta de información a las PYME sobre la existencia del Pacto Mundial por el cual determinadas empresas se comprometen a ceñir sus operaciones y estrategias a diez principios aceptados universalmente en los ámbitos de los derechos humanos, las normas laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción;
8. Destaca que el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la Norma ISO 26000 no están suficientemente adaptados a las necesidades de las PYME, lo que reduce el alcance de la RSE en la Unión Europea;
9. Destaca la utilidad de estudiar, a nivel nacional y de la UE, las modalidades de incentivación fiscal que podrían permitir fomentar la RSE ante un mayor número de empresas;
10. Hace hincapié en que, como compromiso meramente voluntario, la RSE puede resultar insuficiente para hacer frente a las externalidades provocadas por las operaciones de las multinacionales, como las violaciones de derechos humanos y la degradación ambiental; reitera su llamamiento para que las empresas y los inversores extranjeros que operan en los países en desarrollo cumplan en su totalidad las obligaciones internacionales jurídicamente vinculantes sobre el respeto de los derechos humanos, el medio ambiente y las normas laborales fundamentales de la OIT, así como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos; pide que las políticas de RSE también incluyan medidas específicas para hacer frente a la práctica ilegal de confeccionar listas negras de trabajadores y de negarles el acceso al empleo, a menudo debido a su afiliación y su actividad sindicales o a su función representativa en materia de salud y seguridad;
11. Hace hincapié en que se ha de incitar a las empresas a aplicar prácticas de RSE y animar a aquellas que ya las han aplicado a perseguir los objetivos de la RSE; pide a la Comisión que examine la posibilidad de introducir incentivos, como la prioridad en la contratación pública de la UE, con el fin de que las empresas vean la RSE como una oportunidad y no como una amenaza;
12. Subraya que la RSE debe conllevar un compromiso claro en materia de respeto de los derechos, la protección y el bienestar de los trabajadores, con indicadores de rendimiento y unas referencias claras para medir las mejoras, y que es necesario prever un control objetivo, incluyente y transparente, así como mecanismos de responsabilización y aplicación eficaces para abordar los casos de incumplimiento, incluido un procedimiento más abierto y claro para la presentación y el examen de reclamaciones y, en su caso, el inicio de investigaciones;
13. Reitera que la RSE debe aplicarse a todas las empresas con objeto de crear un marco de igualdad de condiciones; señala, no obstante, que es preciso ir más allá del enfoque voluntario, en vista de la manera en que las industrias extractivas llevan a cabo sus operaciones en los países en desarrollo; hace hincapié en que las inversiones de la industria petrolera en Nigeria son un buen ejemplo de las limitaciones de la RSE tal como se aplica en la actualidad, ya que las empresas no han desarrollado iniciativas de RSE para crear prácticas comerciales sostenibles ni para contribuir al desarrollo de sus Estados de acogida; respalda enérgicamente la propuesta legislativa que prevé la elaboración de informes para cada país sobre la base de las normas de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE), con información sobre ventas y beneficios, así como sobre impuestos e ingresos, a fin de desincentivar la corrupción y prevenir la evasión fiscal; pide a las industrias extractivas europeas que operan en los países en desarrollo que den ejemplo de responsabilidad social y de fomento del trabajo digno;
14. Pide a la Comisión que desarrolle nuevas iniciativas destinadas a desbloquear y fortalecer el potencial de la RSE en la lucha contra el cambio climático (vinculándola a la eficiencia de los recursos y de la energía), por ejemplo, en el proceso de compra de materias primas por las empresas;
15. Destaca que la RSE debe aplicarse a toda la cadena de suministro mundial, incluidos todos los niveles de subcontratación, y que, ya se trate del suministro de bienes, trabajadores o servicios, debe incluir disposiciones para ampliar la protección a los trabajadores migrantes, temporales y desplazados, basarse en un salario justo y en unas condiciones de trabajo dignas, y garantizar los derechos y las libertades sindicales; opina que se debe seguir desarrollando el concepto de gestión responsable de la cadena de suministro como un instrumento para garantizar la RSE;
16. Considera que, para que pueda tener un impacto real en la reducción de la pobreza, la agenda de la RSE también ha de centrarse en las PYME, ya que sus efectos sociales y medioambientales acumulativos son significativos;
17. Considera que las empresas de la UE deben ser jurídicamente responsables y que se han de aplicar diferentes tipos de mecanismos de responsabilización y responsabilidad entre ellas y sus filiales y las entidades que controlan en los países en desarrollo; aplaude, por otra parte, la labor de la sociedad civil de la UE, que se ha involucrado activamente en la concienciación acerca de las violaciones cometidas por estas empresas en el extranjero;
18. Insiste en que los Estados tienen el deber de proteger contra las violaciones de los derechos humanos y laborales, incluidas las cometidas por empresas, responsabilizar a las empresas, proteger los derechos de libre asociación y negociación colectiva, y proporcionar a las víctimas acceso a la justicia; pide a la Comisión que adopte medidas efectivas para llevar a la práctica el marco de las Naciones Unidas «Proteger, respetar y remediar», presentado por John Ruggie, Representante Especial de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos;
19. Destaca que la mejora de la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos contribuirá al logro de los objetivos de la UE en lo tocante a cuestiones específicas de derechos humanos y normas laborales fundamentales; pide, por consiguiente, a la UE que se esfuerce por establecer un marco jurídico internacional claro sobre las responsabilidades y obligaciones de las empresas en materia de derechos humanos;
20. Celebra que el número de empresas que divulgan información sobre su rendimiento medioambiental, social y de gobernanza (MSG) haya aumentado significativamente en los últimos años; señala, sin embargo, que las empresas que informan representan por el momento tan solo una pequeña parte de la actividad comercial mundial; señala que, si bien la Directiva de la UE sobre modernización de cuentas (2003/51/CE)(1) asegura un nivel mínimo de divulgación de indicadores clave de rendimiento tanto financiero como no financiero, no establece requisitos en relación con el tipo de indicadores que se han de incluir en los informes anuales; pide a la Comisión que examine otras medidas que puedan adoptarse para reforzar la divulgación de información MSG a nivel europeo;
21. Subraya que la ayuda de la UE a los gobiernos de terceros países en lo tocante a la aplicación de la normativa social y medioambiental, junto con unos regímenes eficaces de inspección, es un complemento necesario para el avance de la RSE de las empresas europeas a nivel mundial;
22. Destaca que la inversión socialmente responsable (ISR) es parte del proceso de aplicación de la RSE en las decisiones sobre inversiones; observa que, si bien en la actualidad no existe una definición universal de la ISR, por lo general combina los objetivos financieros de los inversores con sus preocupaciones sobre temas de gobernanza social, medioambiental, ética y empresarial;
23. Insta a la UE y a sus Estados miembros a que emprendan nuevas iniciativas políticas destinadas a concienciar sobre la ISR y fortalecer su desarrollo, por ejemplo considerando la formulación legal de unas normas mínimas de SRI, especialmente en el ámbito de las inversiones y los acuerdos comerciales de la UE con los países en desarrollo;
24. Observa que la RSE es un mecanismo con el que los empleadores pueden apoyar a sus trabajadores y a las comunidades locales en los países en desarrollo, y que puede garantizar que los beneficios se repartan equitativamente para desarrollar una prosperidad económica y social sostenible y sacar a más gente de la pobreza, sobre todo en tiempos de crisis financiera; lamenta que los protocolos de intervención social solo sean voluntarios en la actualidad, e insta a la Comisión a que los convierta en vinculantes;
25. Pide una consulta y una participación plenas y activas de las organizaciones representativas, incluidos los sindicatos, en el desarrollo, el funcionamiento y la supervisión de los procesos y las estructuras de RSE de las empresas, también mediante el desarrollo continuo de las competencias y las cualificaciones de los trabajadores a través de la formación y el aprendizaje permanente, y cooperando con los empleadores en el marco de una verdadera asociación.
OPINIÓN de la Comisión de Comercio Internacional (18.12.2012)
La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:
2. Se compromete a seguir insistiendo en que las instituciones y los responsables de la UE, incluido el Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos, estén obligados a aplicar normas sociales, ambientales y de derechos humanos a todas las relaciones y acciones exteriores de la UE;
5. Felicita a todos los Estados miembros de la OCDE por su amplio trabajo sobre las Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales, publicadas el 25 de mayo de 2011; toma nota de que 44 gobiernos adherentes —que representan a todas las regiones del mundo y suponen el 85 % de la inversión extranjera directa— alientan a sus empresas a observar estas recomendaciones transcendentales para una gestión empresarial responsable allá donde operen;
8. Pide a la Comisión que incluya una cláusula vinculante de RSE en todos los acuerdos bilaterales de comercio e inversión que firme la UE, sobre la base de los principios de la RSE definidos a nivel internacional —haciendo hincapié en el desarrollo sostenible y la buena gobernanza, y prestando especial atención a los derechos humanos, el trabajo digno, las normas laborales, la libertad de asociación, la negociación colectiva y otras consideraciones sociales—, en particular la actualización de 2010 de las Líneas Directrices de la OCDE; opina que esta cláusula debe armonizar las normativas y conceptos existentes con el fin de garantizar la comparabilidad y equidad e incluir medidas para el seguimiento de dichos principios a escala de la UE y su aplicación, y que se deben establecer puntos de contacto nacionales a modo de foros para tratar las cuestiones planteadas en las Líneas Directrices de la OCDE, tales como el requisito relativo al seguimiento de las actividades de las empresas y sus filiales y cadenas de suministro, así como el relativo al respeto de la diligencia debida;
16. Recuerda que ya existe la posibilidad de litigios en los tribunales y de alternativas a los mismos para resolver controversias comerciales o reclamar una indemnización por externalidades negativas derivadas de una actividad empresarial irresponsable o ilegal; pide, en este sentido, a la Comisión que procure estimular la sensibilización respecto de ambas vías tanto dentro de la comunidad empresarial como entre el público en general; recuerda que la Cámara de Comercio Internacional (CCI) ofrece servicios de resolución de conflictos a personas, empresas, Estados, instituciones estatales y organizaciones internacionales que buscan alternativas a los litigios en los tribunales que pueden contribuir a mejorar el acceso efectivo de las víctimas a la justicia en caso de violación de las prácticas empresariales responsables con daños económicos, sociales y medioambientales en la UE o en el extranjero;
16. Alienta a los Estados miembros y a la Unión a que tengan en cuenta en su programación relativa a la responsabilidad social de las empresas que las pequeñas y medianas empresas de carácter cultural y creativo pueden tener importantes repercusiones en el cambio social y medioambiental al integrar consideraciones sociales y aportar soluciones a largo plazo para luchar contra la pobreza, dando nuevos impulsos al mercado laboral;
18. Insta a los Estados miembros a que apoyen el voluntariado entre los trabajadores, así como el voluntariado del mundo empresarial, también en el contexto de la responsabilidad social de las empresas, como se establece en la Resolución de 12 de junio de 2012 sobre el reconocimiento y el fomento de las actividades voluntarias transfronterizas en la UE(1); subraya que el voluntariado no puede afectar en manera alguna a las condiciones de remuneración y de trabajo de los trabajadores y que debe velarse por la complementariedad entre las actividades voluntarias y las remuneradas;
Textos Aprobados, P7_TA(2012)0236.
Última actualización: 7 de febrero de 2013 Aviso jurídico

References: artículo 50
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