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Timestamp: 2018-08-19 17:07:48+00:00

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2. Procedimiento de verificación de datos
Es un procedimiento de gestión tributaria que tiene por objeto declaraciones presentadas por los contribuyentes.
El art. 131 de la Ley General Tributaria señala que se puede inicial este procedimiento:
El caso típico de procedimiento de verificación de datos son las declaraciones paralelas.
a) En ningún caso pueden pedirse justificantes de actividades económicas.
b) La capacidad de la administración para interpretar la norma está muy limitada, el error en su aplicación debe ser evidente en la propia liquidación, por ejemplo si una persona sin hijos se deduce importes por descendientes, pero en el momento en que debe entrarse a realizar interpretaciones de la norma, la administración debe realizar un procedimiento de comprobación limitada.
c) La administración debe finalizar el procedimiento en 6 meses, de lo contrario caduca y es como si nunca se hubiesen realizado estas actuaciones.
d) Si el contribuyente niega algún dato facilitado por terceros, la administración deberá pedir al tercero que confirme el dato y aporte los elementos de prueba correspondientes.
e) La administración debe motivar la propuesta de liquidación que realice. En una paralela, por ejemplo, no basta que se señale que la administración tiene información de mayores ingresos, debe señalarse cuales son y la razón de que se practique esta liquidación.
La Administración detecta que D. Luis Pérez se ha deducido en su autoliquidación de IRPF un importe en concepto de reducción por trabajo personal, sin embargo no declara rendimientos del trabajo personal. ¿Cómo debe comunicar el inicio del procedimiento al Sr. Pérez?
En primer lugar puede señalarse que este caso legitima a la Administración para iniciar un procedimiento de verificación de datos, ya que parece que el Sr. Pérez ha deducido importes en su autoliquidación por un concepto que no coincide con otros datos presentados en su autoliquidación.
a) que es un procedimiento de Verificación de datos.
f) en su caso, la indicación de la finalización de otro procedimiento de aplicación de los tributos, cuando dicha finalización se derive de la comunicación de inicio del procedimiento que se notifica. Es decir, si la autoliquidación del Sr. Pérez era negativa y solicitaba la devolución, ello inició un procedimiento de devolución. El procedimiento de verificación de datos finaliza ese procedimiento y la comunicación debe indicarlo expresamente.
- Si considera que con la información que posee es suficiente para regularizar la situación del Sr. Pérez, la Administración estará en la situación prevista por el artículo 131.c) de la LGT que señala que puede iniciarse este procedimiento:
“c) Cuando se aprecie una aplicación indebida de la normativa que resulte patente de la propia declaración o autoliquidación presentada o de los justificantes aportados con la misma.”
En este caso, tanto el artículo 87.3.e) anterior como el 132.1 de la LGT señalan que puede iniciar el procedimiento directamente con la propuesta de resolución.
Al hacerlo así se abre directamente el trámite de alegaciones para el Sr. Pérez, por lo que la propuesta de regularización deberá contener toda la información necesaria para que el Sr. Pérez sepa exactamente la razón de esta propuesta y en su caso pueda alegar lo que quiera.
Si por ejemplo la regularización tuviese su base en unos intereses imputados por el banco BBB que no ha declarado, la Administración tendría que decirle expresamente que el banco le ha hecho esta imputación para que el Sr. Pérez pueda saber qué considera la Administración qué ha hecho mal y pueda alegar, negar la imputación o justificar su actuación si la considera ajustada a derecho.
- Puede pasar sin embargo que la Administración no considere que tiene suficiente información y datos para resolver. En este caso nos encontramos en el supuesto previsto por el artículo 131.d de la LGT:
En este caso la Administración lo que debe incluir en la comunicación de inicio del procedimiento es un requerimiento, una solicitud para que el Sr. Pérez justifique por qué practicó esta reducción.
A partir de recibir la comunicación el Sr. Pérez tendrá un mínimo de 10 días hábiles (sin contar domingos ni festivos) para justificar la razón de la reducción.
Cuando la Administración considere que tiene todo lo necesario para realizar la propuesta de regularización (siempre que el Sr. Pérez no le justifique su actuación) le comunicará su propuesta y le dará trámite de audiencia para que pueda volver a alegar.
En la práctica los tribunales han venido anulando las liquidaciones paralelas si entienden que en las comunicaciones no se garantizaba el derecho de los contribuyentes a defenderse, por ejemplo, si la paralela se limitaba a señalar los números que le salían a la Administración sin explicar su origen, pero es muy fácil que la confirmen si consideran que el contribuyente ha podido defenderse en todo momento.
El Sr. Pérez trabajó durante el año anterior para dos empresas obteniendo 30.000 € de sueldo ASA y 4.000 en BSA.
Al presentar su autoliquidación de IRPF olvidó incluir los ingresos de BSA, por lo que ha recibido una notificación del inicio de un procedimiento de verificación de datos por parte de la Administración en el que se le notifica directamente la propuesta de liquidación, que incluye estos ingresos y de la que resulta una cuota de 1.200 €.
Al presentar su autoliquidación de IRPF olvidó incluir los ingresos de BSA, por lo que la Administración liquidó una cuota de 1.200 €.
Posteriormente llega a la Administración con retraso el modelo 190 de CSA en el que también resulta que imputa rentas al Sr. Pérez por 5.000 €.
El hecho de haber regularizado ya previamente sus rendimientos del trabajo ¿limita el derecho de la Administración a volver a comprobarlos?
NO. El procedimiento de verificación de datos es muy limitado en relación a las actuaciones que puede realizar la Administración, en la práctica sólo puede trabajar casi con declaraciones presentadas por los contribuyentes y con justificantes de las mismas, pero a cambio estas actuaciones no limitan las posibilidades de volver a comprobar.
Es cierto que la Administración no debe actuar contra sus propios actos, pero esta limitación se refiere a calificaciones de derecho, la aparición de nuevos hechos sí permite nuevas actuaciones. En el caso de un procedimiento de verificación de datos, las posibilidades de la Administración de realizar calificaciones jurídicas son muy limitadas, el artículo 131 de la LGT sólo señala expresamente un supuesto:
Si la Administración fuese más allá y realizase una labor de calificación de derecho, por ejemplo, considerando los rendimientos del trabajo como rendimientos del capital por entender que son dividendos, el problema sería que se está extralimitando por mucho en la utilización de este procedimiento, no que su utilización cierre la posibilidad de volver a comprobar.
El Sr. Pérez es arquitecto y está declarando 10.000 € anuales de gastos, cuando sólo le imputan 3.000 €.
La Administración pretende solicitarle que justifique la diferencia mediante procedimiento de verificación de datos. ¿Puede hacerlo?
La actividad profesional de arquitecto del Sr. Pérez es una actividad económica y la administración no puede utilizar este procedimiento para comprobarla, tendrá que iniciar un procedimiento de inspección o de comprobación limitada.
La diferencia es importante porque el artículo 140 de la LGT señala expresamente que lo comprobado mediante un procedimiento de comprobación limitada ya no puede volver a ser comprobado salvo que “se descubran nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en dicha resolución.”
Sin embargo, para el procedimiento de verificación de datos no se dice nada. La administración puede posteriormente volver a comprobar, por eso la Ley veta la comprobación de actividades económicas a este procedimiento. Se puede comprobar una actividad económica, pero sólo por un procedimiento que garantice al contribuyente que lo ya examinado queda cerrado y no se le va a volver a comprobar.
5. Plazos del procedimiento
La administración observa que el Sr. Pérez se está deduciendo importes por adquisición de vivienda habitual que son superiores a las imputaciones del banco en los años X1 y X2.
El procedimiento de verificación de datos, no obstante, se realiza sobre declaraciones presentadas, por lo que lo normal es que se inicie mucho antes, la comprobación del ejercicio X1 se realizará en X2 ó X3 como muy tarde.
El día fijado se presenta en las oficinas de la Administración, pero no aporta nada porque no encuentra los papeles en casa por ningún lado y el banco todavía no se lo ha podido preparar.
¿El Sr. Pérez tiene que conformarse porque el banco le ha imputado menos de lo deducido?
No. El art. 108.4 de la LGT señala que estas imputaciones se presumen ciertas, pero si el Sr. Pérez se opone por que considera que son incorrectas, la administración deberá pedir al banco que confirme la imputación y que la pruebe presentando las pruebas correspondientes.
• ¿Qué plazo le tienen que conceder para que realice alegaciones y aporte documentos?
Art. 155.3 del RD 1067/2007:
“Con carácter previo a la resolución en la que se corrijan los defectos advertidos o a la práctica de la liquidación provisional, la Administración deberá notificar al obligado tributario la propuesta de resolución o de liquidación para que en un plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la propuesta, alegue lo que convenga a su derecho.”
• ¿Qué plazo tiene la Administración para resolver?
En primer lugar se entiende que el procedimiento no interrumpió la prescripción, pero como los procedimientos de verificación de datos se suelen realizar al poco tiempo de presentarse la declaración, el efecto de esta caducidad es limitado.
La administración observa que el Sr. Pérez ha vendido un inmueble, pero ha declarado poco beneficio porque ha deducido unas inversiones hechas en años anteriores. ¿Qué documentación pueden pedirle al Sr. Pérez que aporte?
La norma no establece limitaciones a este respecto.
El Sr. Pérez por lo pronto puede no aportar documentación que ya aportó previamente a la Administración. Por ejemplo si le piden que presente la propia autoliquidación del IRPF.
Por lo demás la administración puede pedirle cualquier documento, siempre que esté, lógicamente relacionado con el procedimiento.
Ahora bien, el procedimiento de verificación de datos se refiere a declaraciones y en las más complejas que son las de actividades económicas queda excluida la posibilidad de pedir justificantes, por lo que difícilmente se puede justificar la solicitud de algo que vaya más allá del justificante concreto de una operación. Si por ejemplo se vende un inmueble en el que se habían realizado unas mejoras, la Administración no tiene ninguna limitación para solicitar la aportación de los movimientos financieros relativos a esta inversión, pero lo que no es razonable es que nos pidan que aportemos todos los movimientos de cuentas bancarias para buscar un posible sobreprecio no declarado.
No es que la Administración tenga prohibido investigar este sobreprecio, pero para eso hay otros procedimientos, no el de verificación de datos, así que el Sr. Pérez estará en su derecho de limitarse a aportar los cobros y pagos relacionados con este inmueble, pero no los movimientos completos de sus cuentas bancarias.
7. Finalización del procedimiento por inicio de otro
El Sr. Pérez presentó autoliquidación de IRPF que le salió negativa, resultando una solicitud de devolución de 125 €.
Al examinar la autoliquidación, los ordenadores de Hacienda comprueban que el Sr. Pérez deduce retenciones de 1.200 €, pero que otras personas sólo le imputan retenciones por 1.100 €.
Al iniciar el procedimiento, resulta que el Sr. Pérez es arquitecto y que el funcionario de Hacienda comprueba que se ha deducido gastos de 10.000 €, cuando sólo hay imputaciones por 4.500 €.
¿Qué procedimiento es el adecuado para comprobar estas incidencias?
En primer lugar, al presentar una autoliquidación negativa se inicia sin necesidad de mayores trámites un procedimiento de devolución que la Administración puede acabar de dos maneras, o bien acordando la devolución, o bien abriendo otro procedimiento que, por decirlo así, absorbe el de devolución y lo finaliza.
Art. 127 de la LGT:
Ahora resulta que los datos consignados en la autoliquidación del Sr. Pérez no coinciden con los de declaraciones de otras personas. Eso legitima a la Administración para iniciar un procedimiento de verificación de datos que finaliza el de devolución, pero no es que nos olvidemos de la devolución, sino que se acordará o no en el seno del procedimiento de verificación de datos.
Art. 131 de la LGT:
b) Cuando los datos declarados no coincidan con los contenidos en otras declaraciones presentadas por el mismo obligado o con los que obren en poder de la Administración tributaria.”
Y por fin, el funcionario detecta que tampoco le cuadran los gastos deducidos en la actividad profesional con las imputaciones de terceras personas. El art. 131 expresamente prohíbe que se soliciten en este procedimiento justificantes de actividades económicas, por lo que será necesario iniciar un procedimiento de comprobación limitada para examinar estos gastos, que finaliza el procedimiento de verificación de datos, pero este procedimiento deberá resolver, la devolución, la diferencia entre retenciones deducidas e imputadas y la existencia o no de los gastos deducidos.
e) Por el inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de inspección que incluya el objeto del procedimiento de verificación de datos.”

References: artículo 131
 artículo 87
 artículo 131
 artículo 131
 artículo 140
 resolución 
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