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Timestamp: 2018-03-22 12:13:35+00:00

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Actualidad Normativa N.º 21 (2017) - Lexology
Actualidad Normativa Coordinadora: Rosana Hallett Of counsel de GA_P N .º 212017 2 © Gómez-Acebo & Pombo Abogados, 2017. Todos los derechos reservados. Advertencia legal: Este boletín sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna. N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto. Diseño y maquetación: José Á. Rodríguez y Ángela Brea • Edición y corrección: Cristina Sierra de Grado Actualidad Normativa N .º 21 | 2017 Sumario I. Medio ambiente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 II. Agroalimentario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 III. Tributos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 IV. Mercantil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 V. Laboral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 VI. Propiedad industrial e intelectual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 VII. Competencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 VIII. Insolvencias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 IX. Energía eléctrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Actualidad Normativa N .º 21 | 2017 3 I. Medio ambiente En esta materia consideramos de interés las siguientes nuevas normas: 1. El Real Decreto 773/2017, de 28 de julio, por el que se modifican diversos reales decretos en materia de productos y emisiones industriales. Crea la Comisión de Cooperación en materia de Calidad Ambiental, fomentando con ella la asistencia y coordinación entre las Administraciones Públicas, especialmente en la tramitación de la autorización ambiental integrada. Se aclara el concepto de ‘foco virtual’ cuando en la autorización ambiental integrada se incluyen varias actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera; también determina en qué supuestos resulta de aplicación la legislación en materia de residuos y cuál es el contenido de la solicitud de la autorización ambiental integrada. Asimismo, profundiza en los elementos de simplificación para los supuestos en que la revisión de la autorización ambiental integrada puede ser necesaria por sobrevenir pequeños cambios administrativos, sin que ello conlleve cambios significativos en los valores límite de emisión de contaminantes ni en los sistemas de control. 2. El Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. Actualiza el citado Real Decreto 235/2013, en lo relativo a las exclusiones del ámbito de aplicación, modificando los párrafos a y d del artículo 2.2 del procedimiento básico para la certificación, y la disposición adicional segunda, relativa a los edificios de consumo de energía casi nulo, desde la que se remite al Código Técnico de la Edificación para la determinación de los requisitos mínimos que deberán satisfacer esos edificios en cada momento. 3. La Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono. Mediante esta norma se producen multitud de modificaciones de la legislación autonómica de Cataluña de carácter ambiental y se establecen dos tributos de especial relevancia: el impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos; y el tributo propio sobre las emisiones de dióxido de carbono de determinados vehículos de tracción mecánica. 4. La Ley 16/2017, de 1 de agosto, de cambio climático de Cataluña. Establece un impuesto sobre las emisiones directas de gases de efecto invernadero para las actividades económicas más contaminantes; su recaudación deberá destinarse a subvencionar el desarrollo de las energías renovables y otros proyectos sostenibles. Actualidad Normativa N .º 21 | 2017 4 5. El Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Montes de Aragón. El nuevo Texto Refundido de la Ley de Montes de Aragón sistematiza y ordena las disposiciones vigentes con rango de ley reguladoras de los montes en Aragón, que están dispersas en numerosa normativa. Ignacio Álvarez Serrano y María Pascual Núñez II. Agroalimentario En el ámbito agroalimentario, destacamos el Real Decreto 772/2017, de 28 de julio, por el que se regula el potencial de producción vitícola, que viene a establecer la regulación básica en materia de potencial vitivinícola. Esta normativa, que entró en vigor el pasado 1 de agosto, podrá ser desarrollada por las distintas comunidades autónomas. El real decreto mejora el sistema de autorización de nuevas plantaciones de viñedo que, hasta ahora, estaba regulado en el Real Decreto 740/2015, de 31 de julio (que, a partir de la entrada en vigor de la norma que ahora comentamos, ha quedado derogado expresamente). Una de las principales modificaciones introducidas por el real decreto es la introducción de dos nuevos criterios de admisibilidad: 1) tener la capacidad y la competencia profesionales adecuadas y 2) indicar, en ciertos casos, el destino comercial de los viñedos, al objeto de que las denominaciones de origen protegidas puedan ejercer sus facultades de limitación de superficie. Se introduce, además, un nuevo criterio de prioridad en la concesión de autorizaciones: se dará preferencia —entre otras— a las solicitudes encaminadas a incrementar la superficie de pequeñas y medianas explotaciones. Por último, las recomendaciones sobre limitaciones a nuevas plantaciones que pueden realizar las organizaciones interprofesionales agroalimentarias del sector vitivinícola y los órganos de gestión de las denominaciones de origen protegidas podrán tener una duración de hasta tres años. José Luís Palma Fernández y Yago Fernández Darna III. Tributos En este trimestre también se han aprobado nuevas normas de especial relevancia en el ámbito tributario: Actualidad Normativa N .º 21 | 2017 5 1. Por su importancia, destacamos la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, que incorpora, entre otras, las siguientes medidas: a) la determinación del interés legal del dinero y del de demora, fijado en el 3 % y el 3,75 % respectivamente; b) el establecimiento de las actividades prioritarias de mecenazgo y de los beneficios fiscales aplicables a diversos acontecimientos que se califican como de excepcional interés público, y c) la introducción de ciertas novedades en la regulación del impuesto sobre el valor añadido —entre las que destacan, con efectos de 29 de junio del 2017 y vigencia indefinida, la tributación al 10 % de las monturas de gafas graduadas y la minoración del tipo impositivo aplicable a los espectáculos culturales en vivo, que pasan a tributar también al 10 %— y en la del impuesto sobre sociedades en lo que respecta a la modificación de la deducción por inversiones en producciones españolas de largometrajes cinematográficos y series audiovisuales y de la deducción por gastos realizados en territorio español en ejecución de producciones extranjeras de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales. 2. Asimismo, subrayamos el Real Decreto 683/2017, de 30 de junio, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, en relación con la cobertura del riesgo de crédito en entidades financieras. En particular, se modifica el artículo 13 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, para establecer las normas relativas a las circunstancias determinantes de la deducibilidad de las dotaciones por deterioro de los créditos y otros activos derivados de las posibles insolvencias de los deudores de las entidades financieras y las concernientes al importe de las pérdidas para la cobertura del citado riesgo. 3. Igualmente, reseñamos la Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto, por la que se aprueba el modelo 232 de Declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales. Para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero del 2016, se traslada desde el modelo anterior de declaración del impuesto sobre sociedades a una nueva declaración informativa, la información de las operaciones con personas o entidades vinculadas y la relativa a operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados de paraísos fiscales, que únicamente tendrán que cumplimentar aquellas entidades afectadas. Para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de cada ejercicio, el plazo de declaración será el mes de noviembre del ejercicio siguiente. De forma excepcional, para los ejercicios comenzados en el 2016, pero, terminados con anterioridad al 31 de diciembre, el plazo será igualmente el del mes de noviembre del 2017. 4. En el territorio histórico de Gipuzkoa, el Decreto Foral 14/2017, de 27 de junio, del territorio histórico de Gipuzkoa, de modificación del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, así como del Decreto Foral 49/2006, de 5 de diciembre, en relación con las propuestas previas de tributación específicas. Con este decreto se definen ciertos términos del impuesto sobre sociedades y se establecen obligaciones adicionales de información para las agrupaciones de interés económico, entre otras cuestiones. Asimismo, el Decreto Foral 15/2017, de 27 de junio, Actualidad Normativa N .º 21 | 2017 6 del territorio histórico de Gipuzkoa, por el que se modifican el Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales y el Reglamento que regula las obligaciones de facturación, por el que se establece reglamentariamente y de forma expresa la diferente fecha de implantación del suministro inmediato de información (SII). 5. En el territorio histórico de Araba/Álava, la Norma Foral 13/2017, de 28 de junio, del territorio histórico de Araba/Álava, de modificación de la Norma Foral 33/2013, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al objeto de introducir tratamiento fiscal de los Planes de Ahorro a Largo Plazo. Mediante esta norma se habilita la exención de las rentas generadas por la cuenta de depósito o el seguro de vida a través del cual se canalice dicho ahorro (Plan de Ahorro a Largo Plazo) siempre que se cumplan ciertos requisitos regulados en la normativa. Asimismo, destacamos el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 5/2017, de 3 de agosto, del territorio histórico de Araba/Álava, del Consejo de Gobierno Foral, que adapta a la normativa tributaria alavesa diversas modificaciones introducidas en el impuesto sobre el valor añadido, en los impuestos especiales y en el interés de demora. 6. En la Comunidad Foral de Navarra, destaca la Ley Foral 10/2017, de 27 de junio, de la Comunidad Foral de Navarra, de modificación parcial de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. Modifica el régimen transitorio del patent box del impuesto sobre sociedades para permitir su aplicación sólo hasta el 31 de diciembre del 2016 en el caso de la cesión de determinados activos de la propiedad intelectual o industrial que hubieran sido adquiridos a partir del 1 de enero del 2016 a entidades vinculadas. Asimismo, reseñamos el Decreto Foral Legislativo 2/2017, de 23 de agosto, de la Comunidad Foral de Navarra, de armonización tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con el fin de que, en lo relativo al mencionado impuesto, se apliquen en la comunidad foral idénticas normas sustantivas y formales que las vigentes en el Estado. Mariana Díaz-Moro Paraja y Enrique Santos Fresco IV. Mercantil Igualmente existen interesantes novedades en esta materia: 1. El Real Decreto Ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores, recoge la (tardía) transposición de la Directiva 2013/50/UE, de 22 de octubre del 2013, que regula los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores Actualidad Normativa N .º 21 | 2017 7 cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado. Con esa finalidad, modifica el artículo 234.2 de la Ley del Mercado de Valores (LMV) que regula las facultades de supervisión e inspección de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el sentido de añadir una nueva potestad que consiste en (apartado p) «suspender cautelarmente el ejercicio de los derechos de voto asociados a las acciones adquiridas hasta que se constate el cumplimiento de las obligaciones de información establecidas en el artículo 125, en el momento de la incoación o en el transcurso de un expediente sancionador». Nótese que se trata de una medida cautelar que afecta sólo a los derechos de voto (no a todos los derechos políticos) asociados a las acciones adquiridas (no a todos los derechos de voto de los que disponga el infractor). 2. El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) de 30 de junio del 2017 ha publicado la Directiva (UE) 2017/1132, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio del 2017, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades. Esta directiva (que entra en vigor a los veinte días de su publicación en el DOUE, art. 167) ha venido a refundir en un solo texto consolidado un conjunto de directivas en materia de sociedades que, lógicamente, quedan derogadas (sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición al Derecho interno y de las fechas de aplicación de las directivas que se indican en el anexo III, parte B de la directiva —plazos ya expirados y fechas actualmente superadas—). Las directivas refundidas (con sus modificaciones) y derogadas son las siguientes: a) Sexta Directiva 82/891/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1982, basada en la letra g del apartado 3 del artículo 54 del Tratado [constitutivo de la Comunidad Económica Europea] y referente a la escisión de sociedades anónimas (esta directiva había sido modificada sucesivamente por las Directivas 2007/63/CE, 2009/109/CE y 2014/59/UE). b) Undécima Directiva 89/666/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la publicidad de las sucursales constituidas en un Estado miembro por determinadas formas de sociedades sometidas al Derecho de otro Estado (previamente modificada por la Directiva 2012/17/UE). c) Directiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre del 2005, relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital (anteriormente modificada por las Directivas 2009/109/CE, 2012/17/UE y 2014/59/UE). d) Directiva 2009/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre del 2009, tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades definidas en el artículo 48, párrafo segundo, del tratado, para proteger los intereses de socios y terceros (modificada por las Directivas 2012/17/UE y 2013/24/UE). Es importante recordar que, a su vez, la Directiva 2009/101/CE había Actualidad Normativa N .º 21 | 2017 8 procedido ya en su momento a refundir el texto de la Primera Directiva 68/151/CEE del Consejo, de 9 de marzo de 1968. e) Directiva 2011/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril del 2011, relativa a las fusiones de las sociedades anónimas (que ya fue modificada por las Directivas 2013/24/UE y 2014/59/UE). Esta directiva del 2011 había sustituido a su vez a la Tercera Directiva 78/855/CEE del Consejo, de 9 de octubre de 1978, basada en la letra g del apartado 3 del artículo 54 del tratado y relativa a las fusiones de las sociedades anónimas. f) Directiva 2012/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre del 2012, tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades, definidas en el artículo 54, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con el fin de proteger los intereses de los socios y terceros, en lo relativo a la constitución de la sociedad anónima, así como al mantenimiento y modificaciones de su capital (modificada previamente por las Directivas 2013/24/UE y 2014/59/UE). Debe observarse que la Directiva 2012/30/UE contenía el texto consolidado de la Segunda Directiva 77/91/CEE del Consejo, de 13 de diciembre de 1976. Hay que recordar, finalmente, que las referencias a las directivas derogadas y refundidas se entenderán hechas a la nueva Directiva (UE) 2017/1132 con arreglo a la «tabla de correspondencias» que figura en el anexo IV de ésta (tabla que, sin duda, facilitará sensiblemente el manejo del nuevo texto). Inés Fontes Migallón y José María Álvarez Arjona V. Laboral En el ámbito laboral también se han aprobado varias normas que merecen especial atención: 1. La ya mencionada Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, contiene una serie de normas en materia de Seguridad Social de interés, así como algunas especificidades de naturaleza laboral. Recoge tanto las normas de cotización como de revalorización de las pensiones. Entre las primeras, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 106.1, el tope máximo de la base de cotización en cada uno de los regímenes de la Seguridad Social que lo tengan establecido queda fijado en la cuantía de 3751,20 euros mensuales o de 125,04 euros diarios. Por su parte, el mínimo coincidirá con las cuantías del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, incrementadas en un sexto, salvo disposición expresa en contrario (en concreto, 825,60 euros). Por Actualidad Normativa N .º 21 | 2017 9 lo demás, las pensiones experimentarán un incremento del 0,25 % y no podrán superar la cuantía íntegra de 2573,70 euros mensuales. En materia laboral, la norma comprende disposiciones que afectan, principalmente, al sector público, así, limitaciones a la incorporación del personal laboral al sector público —entre otras, la de los trabajadores de los contratistas de concesiones de obras o de servicios públicos o de cualquier otro contrato adjudicado por las Administraciones Públicas— (disp. adic. 26.ª), límites a las retribuciones o compensaciones económicas de los empleados públicos y demás representantes del sector público estatal en los consejos de administración de sociedades mercantiles privadas (disp. adic. 27.ª) o de los cargos directivos y restante personal de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y de sus centros mancomunados (disp. adic. 31.ª). Destaca, con todo, el contenido de la disposición adicional 34.ª de esta ley en virtud de la cual se exigen una serie de responsabilidades a las Administraciones Públicas y entidades dependientes de ellas por la utilización de la contratación laboral. Por otra parte, esta ley recoge medidas de apoyo a la contratación indefinida y al emprendimiento. 2. Además de la legislación presupuestaria, se convalida el también anteriormente mencionado Real Decreto Ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores. En concreto, su título IV modifica la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios trasnacional con el objetivo de incrementar la cooperación administrativa y judicial transfronteriza en el desplazamiento de trabajadores dentro del territorio de la Unión Europea. 3. El Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. En sus artículos 9 y siguientes se recogen las reglas reguladoras de la formación programada por las empresas. Este tipo de formación deberá guardar relación con la actividad empresarial y adecuarse a las necesidades formativas de aquéllas y de sus trabajadores. Estas necesidades podrán ser cubiertas con las acciones formativas programadas por las empresas para sus trabajadores, incluidas las dirigidas a dar cumplimiento al derecho del trabajador al permiso retribuido de veinte horas anuales de formación profesional para el empleo. A estos efectos, las organizaciones empresariales y sindicales representativas podrán comprometerse a integrar planes de formación en la negociación colectiva. Por lo demás, la participación de un trabajador en acciones formativas no podrá ser superior a ocho horas diarias, salvo cuando en la formación programada por las empresas para sus trabajadores la impartición de la acción formativa se concentre en una sola jornada con duración superior a la señalada. Por su parte, las empresas dispondrán anualmente de un «crédito de formación» que podrán hacer efectivo mediante bonificaciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. 4. En otro orden de consideraciones, y frente a la austeridad de años anteriores, el Real Decreto 702/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2017, Actualidad Normativa N .º 21 | 2017 10 y el Real Decreto Ley 13/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal, en la Seguridad Social, en el ámbito laboral y del control del gasto, para la mejora en la prestación de determinados servicios a los ciudadanos, y por el que se crean especialidades en cuerpos y escalas de la Administración del Estado y sus organismos públicos. 5. Por último, conviene destacar la Orden ESS/739/2017, de 26 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las actividades de promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas y para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de trabajadores autónomos, de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción y de otros entes representativos de la economía social de ámbito estatal. A estos efectos, se consideran acciones subvencionables, entre otras, las de apoyo y asesoramiento, los programas de fomento de la cultura emprendedora, del autoempleo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas, la elaboración y publicación de estudios, trabajos de documentación, análisis e investigación, las actividades de formación tendentes a iniciar, perfeccionar y cualificar en el conocimiento del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas o la organización de congresos, seminarios, jornadas, presencia en ferias y otras actividades de naturaleza similar, con convocatoria pública de realización de la actividad. Será, asimismo, subvencionable la actividad llevada a cabo por las asociaciones para la consecución de los fines que les son propios en defensa y representación de los trabajadores autónomos y de las empresas de la economía social y que generen gastos de funcionamiento a dichas asociaciones. Lourdes López Cumbre VI. Propiedad industrial e intelectual En esta materia consideramos de interés las siguientes normas: 1. Tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de junio del 2016, el Tribunal Supremo español (Sala de lo Contencioso‑Administrativo), en su Sentencia núm. 2394/2016, de 10 de noviembre del 2016, anuló el Real Decreto 1657/2012, por el que se regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Esta situación, en la que los titulares de derechos de propiedad intelectual carecían en España de un sistema para compensar el perjuicio por los derechos dejados de percibir como consecuencia del reconocimiento del límite de copia privada en nuestro ordenamiento jurídico, es Actualidad Normativa N .º 21 | 2017 11 lo que determina que el Gobierno de la nación haya recurrido a la figura del real decreto ley, al entender que concurre la circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución española para la utilización de tal figura. Se ha aprobado, así, el Real Decreto Ley 12/2017, de 3 de julio, por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada, que entrará en vigor el 1 de agosto del 2017. 2. A efectos de contar con una versión codificada del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea, se ha aprobado el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio del 2017, sobre la marca de la Unión Europea. El nuevo reglamento se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea L 154/1, de 16 de junio del 2017. Aunque la entrada en vigor del reglamento se fija a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, su aplicación se producirá a partir del 1 de octubre del 2017. Ángel García Vidal VII. Competencia En el ámbito del Derecho de la Competencia, deseamos destacar también aquí que el ya mencionado Real Decreto Ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores, ha modificado la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, en materia de ejercicio de las acciones de daños y perjuicios por infracciones del Derecho de la competencia. La modificación implica trasponer la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre del 2014, que establece determinadas normas por las que se rigen, en virtud del Derecho nacional, las acciones de daños resultantes de las infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea. De igual modo, se introduce en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, una nueva sección 1.ª bis dentro del capítulo V («De la prueba: disposiciones generales») del título I («De las disposiciones comunes a los procesos declarativos») del libro II («De los procesos declarativos»), con la siguiente rúbrica: «Sección 1.ª bis. Del acceso a las fuentes de prueba en procedimientos de reclamación de daños por infracción del Derecho de la competencia». Ángel García Vidal Actualidad Normativa N .º 21 | 2017 12 VIII. Insolvencias El Reglamento 2015/848, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre procedimientos de insolvencia (texto refundido). Los aspectos más relevantes de la reforma son la inclusión en el texto europeo de los llamados procedimientos de preinsolvencia y el establecimiento de un sistema para coordinar la insolvencia en los grupos de sociedades. Junto a ello, se introducen medidas para evitar los traslados fraudulentos del COMI o para limitar la apertura de procedimientos territoriales, junto con otras reformas de menor calado. Elisa Torralba IX. Energía eléctrica Sólo unas líneas sobre las siguientes normas relativas al sector eléctrico: 1. El Reglamento (UE) 2017/1485 de la Comisión, de 2 de agosto del 2017, por el que se establece una directriz sobre la gestión de la red de transporte de electricidad. Considerando que un mercado interior de la energía plenamente interconectado y funcional es crucial para mantener la seguridad del suministro energético, aumentar la competitividad y garantizar que los consumidores puedan adquirir energía a precios asequibles, el Reglamento (CE) núm. 714/2009 ya regulaba el acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad con objeto de asegurar el buen funcionamiento del mercado interior de la electricidad. Ahora, este nuevo Reglamento (UE) 2017/1485 da un paso más. Contiene las normas armonizadas o requisitos mínimos comunes sobre la operación del sistema aplicables a los gestores de redes de transporte (GRT), a los gestores de redes de distribución (GRD) y a los usuarios significativos de la red (USR), a fin de proporcionar un marco jurídico claro para la operación del sistema, facilitar el comercio de electricidad a escala de la Unión y garantizar la seguridad del sistema. Entre otros contenidos, el nuevo reglamento establece un marco para la cooperación obligatoria de los gestores de redes de transporte mediante la designación de coordinadores regionales de la seguridad (CRS), que deben formular recomendaciones a los gestores de redes de transporte de la región de cálculo de la capacidad respecto a la que hayan sido designados, y prevé las reglas para la coordinación y el intercambio de datos entre los gestores de redes de transporte, entre éstos y los gestores de redes de distribución y entre éstos y los usuarios significativos de la red . El reglamento, que entró en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, acaecida el pasado 25 de agosto, tiene eficacia retroactiva por cuanto exige que todas las cláusulas relevantes en contratos y condiciones generales de gestores de redes de transporte, gestores de redes de distribución y usuarios significativos de la red relativas a la operación del sistema se ajusten a los requisitos establecidos en él. Actualidad Normativa N .º 21 | 2017 13 2. En el ámbito nacional, la Resolución de 24 de julio del 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se fija el precio medio de la energía a aplicar, en el cálculo de la retribución del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad prestado por los consumidores de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares a los que resulta de aplicación la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, durante el tercer trimestre del 2017. Este valor se fija en cuarenta y ocho euros con setenta y cuatro céntimos por megavatio hora (48,74 €/MWh). Ana Isabel Mendoza Losana
Gómez-Acebo & Pombo Abogados - Ignacio Álvarez Serrano, María Pascual Núñez, José Luis Palma Fernández, Yago Fernández Darna, Mariana Díaz-Moro Paraja, Enrique Santos Fresco, Inés Fontes Migallón, José María Álvarez Arjona, Lourdes López Cumbre, Ángel García Vidal, Elisa Torralba Mendiola and Ana I. Mendoza Losana

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 2
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 real decreto 
 Real Decreto 
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 artículo 13
 Real Decreto 
 artículo 234
 artículo 125
 artículo 54
 artículo 48
 artículo 54
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 artículo 106
 Real Decreto 
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 Real Decreto 
 Real Decreto 
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 artículo 86
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 Resolución