Source: http://murciaconfidencial.blogspot.com.es/2015_03_09_archive.html
Timestamp: 2017-07-22 08:44:25+00:00

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Murcia Confidencial*: 09-mar-2015
La Fiscalía critica la decisión del TSJ por trasladar su querella contra Sánchez a los juzgados de Lorca
MURCIA/MADRID.- El Ministerio Fiscal ha recurrido la decisión de la sala de admisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, que acordó remitir la querella contra el consejero de Educación y candidato del PP a
la Presidencia de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, por el caso del auditorio de Puerto Lumbreras, a los juzgados de Lorca. La tacha de "arbitraria, infundada en Derecho e incoherente".
El fiscal avisa que se cumplen los dos requisitos necesarios para admitir la querella: que Sánchez es aforado y los hechos, de ser ciertos, "pudieran ser constitutivos de delitos". Por ello, considera que "la única decisión congruente habría sido admitir a trámite la misma y asumir su competencia respecto de todos los querellados".
No duda en mostrar
su sorpresa y perplejidad cuando se desestima esta querella "basándose en un solo argumento: resultar inviable por el momento la individualización inequívoca y relevante de los hechos contenidos en la querella contra la única persona aforada que determinaría la competencia
de esta Sala".
Califica, por tanto, la argumentación de la Sala, con el voto mayoritario de los magistrados Juan Martínez Moya y Enrique Quiñonero y el voto discrepante del magistrado Manuel Abadía, de "arbitraria e injustificada manifiesta y obstinadamente, al negar con toda razón la realidad incontestable de la rigurosa invididualización de
los hechos con incuestionable relevancia penal atribuidos al aforado".
su juicio, eso supone "la ratificación consciente y voluntaria de una resolución situada extramuros de cualquier razonamiento admisible jurídicamente".
Se apoya nuevamente en los argumentos esgrimidos por Abadía: "Llevamos 49 folios de la querella del Ministerio Público, es decir, prácticamente toda la querella, y todos ellos van dirigidos contra el querellado aforado, Pedro Antonio Sánchez, con apoyo incontestable de pruebas documentales, pericial, inspección del lugar, reportaje fotográfico (...) no alcanza este magistrado a imaginar ningún
supuesto en que estén más explícitamente detallados, individualizados y
concretos la relación de hechos donde constan los indicios de criminalidad frente al aforado".
Para el fiscal, "es evidente con una simple lectura de la querella que de esos hechos, a los que la Sala atribuye relevancia penal, Sánchez es la figura central en todos y cada uno de ellos".
Por ello, no duda en mostrar su sorpresa cuando se desestima esta querella "basándose en un solo argumento: resultar inviable por el momento la individualización inequívoca y relevante de los hechos contenidos en la querella contra la única persona aforada que
determinaría la competencia de esta Sala".
Continúa el fiscal preguntando si no es atribuible un hecho individualizado con relevancia penal al entonces alcalde de Puerto Lumbreras "afirmar y justificar con documentos que devuelve, indebidamente, los más de dos millones de euros
de los avales en vez de retener los mismos para hacer efectiva la responsabilidad de una obra inacabada".
"Afirmar en nuestra querella con soporte documental, argumenta el fiscal, que Sánchez presidió la reunión del jurado que otorgó fraudulentamente el proyecto del auditorio, no es individualizar la atribución de unos hechos con relevancia penal al aforado", pregunta, así como que el entonces alcalde
"aprobó con su firma, seis meses después de que la obra estuviera totalmente pagada y abandonada, que no era otra cosa que un grosero intento de ocultar que no había dinero para terminarla".
Y "atribuir al exalcalde y actual consejero la recepción fraudulenta de una obra inacaba, no es atribuirle un hecho individualizado con relevancia penal, perfectamente justificado y documento".
El fiscal aporta un informe pericial en el que se recoge un desglose del presupuesto, así como instantáneas de cómo se encuentra el edificio y que en su estado actual "no puede ser utilizado".
concreto, la Sala alegaba que por su relevancia penal, "deberán ser investigados por el órgano judicial predeterminado por la ley, al resultar inviable, por el momento, la individualización inequívoca y relevante de dichos hechos contra la única persona aforada que justificaría la atribución de competencia de esta Sala".
declaró su falta de competencia respecto a los hechos imputados en la querella a las personas no aforadas, que ascienden a 12, en concreto los
miembros de la Junta de Gobierno local de Puerto Lumbreras que participaron en la aprobación del proyecto de ejecución y adjudicación de la obra, además de "aquellos otros que en el curso de la instrucción,
por producirse indicios bastantes de criminalidad, puedan ser querellados por su relación con estos hechos".
Advertía que en el caso de que el Juzgado de Lorca encontrara indicios suficientes que afectasen a Sánchez en su condición de aforado, el juez entonces debería
detener su investigación y elevar las actuaciones a la Sala de lo Civil
y lo Penal del TSJ para que sea ésta quien tome las medidas que correspondan.
Fue el pasado mes de febrero cuando el fiscal interpuso dicha querella contra Sánchez y otras personas por la presunta comisión de los delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración y falsedad documental, según recoge un escrito.
Para el fiscal, llama la atención que la Sala "reconozca su competencia en principio" y tacha de "estrambótica" en términos jurídicos que la Sala "mantenga, más adelante, que asume la competencia a los exclusivos efectos de su presentación".
A juicio del Ministerio Fiscal, "lo que realmente hizo la Sala fue no admitir su competencia, ocultando este hecho bajo esas enigmáticas frases y obviando que el juez natural es el juez predeterminado por la ley y que tanto el aforado (en referencia a Sánchez) como los no aforados, tienen el mismo juez natural, de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ".
Un criterio que comparte el magistrado Abadía, que fue quien dictó su voto discrepante, cuando manifiesta que si este tribunal que es el competente envía la querella a
otro juzgado "al vaciar de las competencias a la Sala que le corresponde el conocimiento del asunto, no ejerce las competencias que le ha conferido la ley, no pudiendo el Tribunal prorrogar la competencia".
El CGPJ se justifica a si mismo
El Consejo General del Poder Judicial defiende que el magistrado Miguel Pascual del Riquelme Herrero fue nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia «por sus méritos profesionales» y el plan de actuaciones, según afirmó en documento que sella el acuerdo que en su día alcanzó el Consejo para elegir al sustituto de Juan Martínez Moya.
Pascual del Riquelme obtuvo doce
votos, mientras la magistrada Pilar Alonso Saura consiguió siete votos y
dos votos fueron para el magistrado Andrés Pacheco Guevara.
Siete vocales críticos del Consejo General del Poder Judicial pusieron en duda
la semana pasada la elección de Miguel Pasqual del Riquelme al asegurar
que el elegido estaba 1.160 puestos por debajo en el escalafón respecto a
la magistrada Pilar Alonso Saura.
Los vocales progresistas denuncian que hubo discriminación hacia Alonso Saura por ser mujer.
Sin embargo, según el acuerdo del CGPJ, este nombramiento se fundamenta «en los méritos y capacidad» de Pasqual del Riquelme. Concretamente, «se ha valorado la trayectoria profesional de este magistrado, debidamente constatada en su expediente personal y documentación examinada por el Pleno».
El pleno destacó también su experiencia jurídica, docente e investigadora para concederle el cargo.
El imputado Miguel Ángel Cámara no le hace ascos a ir al Senado si el PP gana y le ofrece esa posibilidad
MURCIA/CARTAGENA.- El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, ha reconocido que él está "a disposición del partido" y dispuesto "a lo que crean" que él "pueda aportar", según ha respondido al ser preguntado por su posible marcha al
Senado. "Ni descarto ni me lo planteo", según Cámara, quien ha señalado
que le van a "tener" en lo que "consideren" que él puede aportar "al proyecto del PP y al conjunto de la sociedad".
"En eso siempre he estado y sigo estando", ha indicado el alcalde
en un contacto con los medios de comunicación tras presidir los actos de celebración de San Juan de Dios, patrón de los Bomberos, a los que no
ha asistido la concejala de Seguridad Ciudadana, Nuria Fuentes, pese a ser un organismo de su competencia.
Cámara ha excusado la presencia de Fuentes por estar "enferma". Al ser preguntado por si la edil se había postulado como candidata a la Alcaldía, el alcalde ha aclarado que él no conocía tal "postulación en ese aspecto".
Al ser preguntado por su papel en la campaña electoral, Cámara ha anunciado
que él va a tener "aquél que quieran que tenga". Así, afirma que se ha puesto "al 100 por cien a disposición del partido, y en el caso concreto
de la ciudad de Murcia, a disposición de Ballesta en todo aquello que crea que yo puedo ayudar y que pueda ser interesante para él y para el partido".
Cámara ha valorado que Ballesta "es un candidato muy cualificado, con una gran experiencia en el ámbito de la gestión, tanto pública como universitaria, está muy preparado, es conocedor de Murcia y
creo que va a ser un gran alcalde porque estoy totalmente convencido de
que el PP va a tener la mayoría suficiente para poder Gobernar el Ayuntamiento".
El primer edil ha considerado que Ballesta va a ser
"un gran alcalde de la ciudad de Murcia, y va a continuar todo el proceso de transformación y mejora de la ciudad de Murcia".
ser preguntado por la posibilidad de que su carrera desemboque en el Senado y no en la Universidad de Murcia, donde tiene plaza de profesor titular, Cámara ha dicho desconocer lo que le depara el futuro. "Nunca se sabe, pero yo tengo muy claro lo que pienso en estos momentos, que es
terminar mi compromiso con la ciudad de Murcia y con los murcianos", ha
Recuerda que un 61 por ciento de los murcianos confiaron en él y en el proyecto que él lideraba en 2011, por lo que su intención es "terminar ese compromiso". En estos momentos, asegura que su planteamiento es reincorporarse a su actividad profesional, en la Universidad de Murcia.
Tras la designación del candidato, Cámara ha dicho que no se ha quitado un "peso" sino que era una decisión que tenía tomada desde hace "bastante tiempo". No obstante, ha dicho comprender que le preguntaran sobre lo que iba a ocurrir y sobre si tenía pensado continuar.
Ha recordado que él tenía un compromiso con el presidente del PP y la dirección nacional del partido de no hacer
pública la decisión "hasta que la candidatura a la Presidencia de la Comunidad estuviera aprobada".
Era una decisión que tenía "tan clara, tan tomada y tan meditada" porque considera que "los tiempos para
todas las personas tienen un inicio y un final, y luego la vida sigue. Cada uno tenemos nuestra actividad y tenemos también que estar dispuestos a lo que vaya viniendo a lo largo del tiempo".
ser preguntado por las críticas al procedimiento de selección de los candidatos, Cámara ha defendido que el PP es "absolutamente democrático", ya que el funcionamiento del partido se basa en sus estatutos, que se aprobaron en congreso, el último de los cuales dio el visto bueno a las normas de funcionamiento.
"Y las normas de funcionamiento en el partido son las que se han cumplido escrupulosamente, por lo que no hay ningún atisbo de falta de democracia
o de participación", ha zanjado. Otra cosa, admite, es que las normas puedan ser cambiadas en el próximo congreso nacional tras debatirse.
este sentido, destaca que las competencias de cada uno de los órganos "se han ejercido y así hemos funcionado, como siempre, y no ha habido ninguna novedad en esta ocasión respecto a otras ocasiones en las que yo
haya podido vivir en los últimos 25 o 30 años del partido".
Con todo, ha reconocido que en todos los proceso de elaboración de listas "hay expectativas y es bueno que las haya, con personas que tengan ilusión, que tengan ganas y capacidad para afrontar retos", pero una vez
terminado el proyecto, "se ha terminado", ha zanjado.
"Ahora vendrán otros, habrá que hacer el programa, vendrán las candidaturas y hacer las listas", según el alcalde, quien valora positivamente que haya
"muchas personas de muchísima valía que puedan tener las opciones de querer". Lo malo, afirma, sería que "hubiera que estar buscando porque nadie quisiera acercarse".
ser preguntado por la posibilidad de que tenga alguna "espina clavada" en todos estos años de gestión, Cámara ha considerado que la vida en las
instituciones "es una continuidad de hacer cosas". Por ejemplo, recuerda que cuando llegó a la Alcaldía en 1995 terminó algunas de las cosas iniciadas por su antecesor.
Ahora, reconoce que hay proyectos que él ha iniciado y ha podido terminar, mientras que otros proyectos se han iniciado y serán terminado por otros. Asimismo, ha confiado en que el próximo alcalde sea Ballesta, y que pueda iniciar otros proyectos. "Esto debe ser una cuestión natural, porque eso es lo que da estabilidad a una sociedad y fortaleza a Murcia", ha destacado.
su opinión, Murcia tiene que seguir mirando al futuro "con confianza, con proyectos, desafíos y retos cada vez más importantes, porque es una gran ciudad que hemos conseguido ubicar en el ámbito internacional y somos reconocidos a nivel europeo en muchos ámbitos que hemos iniciado".
Le piden explicaciones a Barreiro desde dentro
El exvicealcalde y antiguo concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena, Agustín Guillén, señalado por Pilar Barreiro en su declaración en el Supremo como responsable directo de tramitar la urbanización Novo Carthago, ha pedido una rectificación a la alcaldesa de Cartagena y que le aclare por qué descarga en él todo el protagonismo
en esa gestión que él niega.
Guillén ha dado un día de plazo a Barreiro para que le dé explicaciones y matice su declaración ante el Alto Tribunal. Hasta entonces, meditará otras medidas judiciales y políticas. Como presidente
del Comité Electoral del PP en Cartagena, al exedil podría ser decisivo
en la elaboración de la lista con la que el PP quiere gobernar por sexta legislatura consecutiva en el Ayuntamiento de Cartagena y que Barreiro pretende encabezar.
Las manifestaciones de Barreiro han indignado a un amplio sector de militantes del Partido Popular, sobre todo en una fechas claves en las que muchos de ellos se preparan para colaborar en la precampaña electoral, pues consideran que ha sido "desleal" con quien durante ocho años fue su mano derecha en el Ayuntamiento, según publica 'La Verdad'.
IU, que actúa como acusación particular en el caso, busca demostrar que la regidora conocía «perfectamente» las restricciones para
urbanizar, debido a su labor de diputada regional (fue viceportavoz del
PP), antes de ser alcaldesa. El abogado de IU, Juan Francisco Pérez Avilés, tiene previsto registrar en el Supremo una solicitud para practicar una quincena de diligencias. Destacan dos en las que insta al tribunal a dirigirse a la Asamblea Regional, para que constate que Barreiro era parlamentaria entre 1991 y 1995, cuando se votaron dos leyes que protegieron la zona del Mar Menor, donde años después se planteó una macrourbanización.
Las leyes, impulsadas por el último Gobierno regional del PSOE, y que
según IU Barreiro rechazó de forma explícita con su voto, fueron la Ley
4/1992, de Ordenación y Protección del Territorio, y la Ley 1/95, de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia.
Esta última, señalaron en IU, recogió un listado de especies protegidas en el saladar de Lo Poyo, recalificado tras dos cambios normativos de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento en 2003 y anulado por la Unión Europea ante el impacto en la Red Natura 2000.
Los portavoces de IU, PSOE y MC, Cayetano Jaime, Ana Belén Castejón y José López respectivamente, exigirán a la alcaldesa explicaciones urgentes sobre por qué señala a Guillén, cuando fue ella quien convocó el Pleno donde se aprobó de forma inicial la recalificación, conforme a sus competencias.
Guillén declaró en octubre de 2013 en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia que consultó solo a la alcaldesa si debía llevar al Pleno la recalificación [a través de la modificación número 113 del Plan General], y que Barreiro «lo autorizó».
En un auto de abril de 2014, el magistrado instructor de la causa, Manuel Abadía, concluyó que «los indicios racionales de criminalidad apuntan a que los verdaderos responsables políticos de los hechos investigados, en el seno del Ayuntamiento, y que tenían un conocimiento pleno y detallado de los mismos, eran la alcaldesa y Agustín Guillén».
Respecto al argumento de Barreiro de que el PSOE votó a favor de la recalificación [el portavoz socialista era Antonio Martínez Bernal], la portavoz del PSOE, Ana Belén Castejón, ha recordado que los socialistas modificaron su voto y, en la tramitación posterior, siempre se opusieron.
El concejal de MC, José López, cargó contra la alcaldesa, porque «si dijera la verdad, debería avergonzarse por no conocer los terrenos de su
municipio ni lo que se hace en ellos, en especial los protegidos». Publicado por
El PSRM pide explicaciones a los consejeros de Economía y Sanidad por las "deficiencias" que cita el Tribunal de Cuentas
CARTAGENA.- El Grupo Parlamentario Socialista pide explicaciones a los consejeros de Economía y Hacienda, Luis Martínez de Salas, y la de Sanidad, Catalina Lorenzo, tras conocerse el informe de fiscalización de
la Comunidad Autónoma del ejercicio 2012 emitido por el Tribunal de Cuentas, y en el que se que destacan diversas "deficiencias" relacionadas con el control interno, el sistema contable y presupuestario y el Servicio Murciano de Salud (SMS).
Así lo ha adelantado la portavoz del PSRM
en la Asamblea Regional, Begoña García Retegui, quien ha pedido la comparecencia de ambos consejeros en el Parlamento autonómico por el "descontrol" del que hace mención el Tribunal en el gasto, por su impacto en las cuentas regionales y servicios públicos y en el SMS.
lo que Retegui ha destacado la existencia, a juicio del Alto Tribunal, "de dos supuestos de desviación contable, por pagos indebidos en el Centro de Alto Rendimiento y Murcia Cultural, y un supuesto de desviación penal por prevaricación administrativa en la contratación de servicios de la Comunidad".
lo que se suma "un elevado número de contratos de asistencias técnicas,
que ya hemos venido denunciando desde el PSRM como ilegales, y que hay numerosas denuncias por despidos improcedentes con coste para las arcas públicas por las indemnizaciones correspondientes a dichas asistencias técnicas", ha lamentado la diputada socialista.
En cuanto a la gestión del Servicio Murciano de Salud, la portavoz parlamentaria ha hecho hincapié en que el
Tribunal de Cuentas dice que hay ausencia de control sobre las guardias
en el SMS, sobre la atención continuada, sobre los horarios de especialistas y también que sin que esté apoyado en ningún acuerdo de base legal, "la atención continuada y las guardias de especialistas de la Región de Murcia se sitúan un 22% por encima de la media nacional".
"habla de ausencia de un Plan global de control de los recursos humanos, de desviaciones no justificadas en precios de aprovisionamiento, que no se está utilizando como es debido la central de compras, y que sigue habiendo muchos procedimientos de compra de material sanitario que se siguen realizando por los centros incumpliendo
la legalidad vigente", ha proseguido.
También afirma que hay conciertos con centros privados que no contaban siquiera con la acreditación de la Consejería. Y sitúa las dos desviaciones más significativas en el gasto, en las guardias, en la atención por parte de
centros concertados y en farmacia, sobre todo en la hospitalaria, ya que 2012 fue el primer año que se empezó a notar la reducción del gasto por el uso de genéricos y debido al copago.
El SMS tenía 1.035 personas contratadas fuera de plantilla, fundamentalmente en la áreas de
Cartagena y Mar Menor y al mismo tiempo tenía 698 plazas sin cubrir de forma regular, ha apuntado Retegui.
García ha señalado, finalmente, que todo esto hace que el PSRM haya pedido la comparecencia urgente del consejero de Hacienda "porque tiene que dar muchas explicaciones, principalmente sobre la Consejería de Sanidad, que gastando por encima de la media no ha repercutido en la disminución de las listas de espera, entre otras cuestiones".
UPyD apoya las reivindicaciones del Scrats e insta a la aprobación urgente del decreto de sequía
MURCIA.- El candidato de Unión Progreso y Democracia a la presidencia de la Región, César Nebot, ha afirmado este lunes que la formación magenta apoya las reivindicaciones del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (Scrats) e insta a la aprobación urgente del decreto de sequía.
Así se lo ha trasladado al presidente de Scrats, José Manuel Claver, tras el encuentro mantenido junto al responsable regional del área de Agricultura de UPyD, José Antonio Sotomayor.
"Es necesario que se apruebe de urgencia el decreto de sequía para que los regantes de nuestra Región puedan planificar su actividad y sus fuentes de agua", ha subrayado Nebot, entre las que se encuentra el acceso a los pozos de sequía y los contratos para traer agua desde otras cuencas.
Además, ha añadido, "también apoyamos a Scrats en la demanda fundamental de que se corrija la fórmula existente en las disposiciones del Memorándum" del trasvase Tajo-Segura, a través de la que se establece la cantidad de agua que se puede transferir entre
cuencas".
Actualmente, esa fórmula adjudica a la Región un nivel 3, que se corresponde con 20 hectómetros cúbicos de agua, "cuando en realidad las condiciones de la Comunidad equivalen a un nivel 2, aumentando el volumen de agua trasvasada hasta los 38 hectómetros cúbicos al mes".
Nebot ha insistido en que "UPyD es el único partido con visión de Estado en el tema del agua", ya que defiende en todas las Comunidades un Plan Hidrológico Nacional (PHN) de interconexión de cuencas para uso de agua de riego, "garantizando el abastecimiento de agua a los regantes de la Región de Murcia".
se ha comprometido a trasladar todas estas reivindicaciones al portavoz
de Agricultura de UPyD en el Congreso de los Diputados, Toni Cantó, como, ha apuntado, "ha venido realizando la formación magenta en anteriores ocasiones".
El candidato Sánchez anuncia que "municipalizará" la campaña y pisará "cada calle de esta Región"
MURCIA.- El candidato del PP a la Presidencia de la CCAA, Pedro Antonio Sánchez, ha anunciado este lunes que va a "municipalizar" su campaña, en el sentido de que será una campaña "con los candidatos a las alcaldías". "Voy a pisar cada calle de esta Región", ha puntualizado.
Tras mantener una reunión con los candidatos a las alcaldías que se presentan por primera vez a las elecciones y preguntado sobre si el PP estaría dispuesto a pactar con otros partidos, Sánchez ha destacado que el pacto es con los murcianos, "con la sociedad a la que queremos representar, de ideas, reformas, novedades", pero, ha advertido, "si la sociedad nos obliga a ponernos de acuerdo, vamos a ver, pero hoy queremos pactar con la gente".
Tras poner de manifiesto que "de todos los candidatos a las alcaldías de la Región más de la mitad son nuevos", ha vaticinado "novedades" en este sentido, puntualizado que hará la campaña con ellos y será "abierta a los ciudadanos y centrada en
las personas".
En la Región, según ha precisado, quedan aún por designar 14 alcaldías, de manera que previsiblemente esta semana volverá
a reunirse el Comité Electoral Regional para decidir alguna de ellas. En cualquier caso, ha afirmado, "a medio plazo se cerrarán todas las candidaturas", mientras que ha querido poner de manifiesto que "tenemos más alcaldesas que nunca en la historia de esta Región, porque se lo han
ganado a pulso, por su valía, su capacidad y resultados".
Hoy ha sido esta primera reunión con las personas que el Comité ya ha designado
y que se presentan por primera vez a los comicios: se trata de Caravaca
de la Cruz (José Francisco García), Fortuna (Catalina Herrero), Pliego (Ramona Jiménez), Albudeite (Jesús García), Puerto Lumbreras (Mª Ángeles
Túnez), Yecla (Marcos Ortuño), San Javier (José Miguel Luengo), La Unión (Julio García) y Murcia (José Ballesta). En dicho encuentro, ha explicado Sánchez, se ha trabajado en el diseño de una estrategia común.
objetivo, ha enfatizo, es "ofrecer a los ciudadanos un proyecto político con ilusión renovada, nuevas ideas y compromisos ante nuevas necesidades, ya que la sociedad se ha transformado y el PP tiene que ser
sensible a esas transformaciones".
Un proyecto político que ha definido de "realista, ambicioso y consciente de los retos que nos piden
los ciudadanos". Y es que, ha reconocido, "hay nuevas necesidades, nuevos problemas, y esa también será la consecuencia de importantes novedades en la oferta política de cara al próximo mes de mayo".
su juicio, "los ayuntamientos son una pieza básica para sostener la sociedad del bienestar, acercar las decisiones políticas a los ciudadanos" y para ello municipalizará su campaña, de forma que será una
campaña con "los candidatos a alcaldes, con las personas del PP".
en pedanías, barrios, distritos, todos los pueblos", ha resaltado Sánchez, quien ha apostado por un programa que dará a conocer en su momento, pero donde los ciudadanos "tendrán voz, podrán proponer y trasladar iniciativas".
Una campaña, ha continuado, "dirigida a todos, con un proyecto político para la Región y que cualquier ciudadano
se sienta parte de ese proyecto, ya que incluye sus aspiraciones, ambiciones como cudadanos".
El PP, ha recordado, "ha transformado esta Región, porque Murcia no ha sido un oasis ante una crisis tremenda de carácter internacional, no podíamos ser un oasis".
"Tenemos que dar respuesta a esa heridas abiertas", ha subrayado.
Sobre la presencia del presidente del PP de la Región en la campaña, Ramón Luis Valcárcel, ha asegurado que "lo hará igual que Alberto Garre, que todos cuantos puedan sumar para este proyecto para Murcia". "Todos somos necesarios y así lo trasladaré a todo el mundo", asevera.
ha intervenido el candidato a la Alcaldía de Murcia, José Ballesta, exportavoz y exconsejero del Ejecutivo regional, quien, al igual que Sánchez, ha apostado por la cercanía a la sociedad.
En este sentido, ha puntualizado que "no formamos una elite de ningún tipo. "Nacimos, vivimos en esas calles, nuestros hijos estudian en esas calles
y no somos nada distintos a esos murcianos que viven en esas calles, somos exactamente iguales a ellos".
Por ello, opina que llegar con el discurso político de la modernidad "si no va acompañado de hechos se queda solo en palabras".
no es solo una imagen, una foto, es un convencimiento profundo de que esa sociedad abierta, madura, la Región ya exige a todos los que vamos a
tener responsabilidades de gobierno que respondamos de la manera más seria y contundente posible; es un partido con un sentimiento humanista profundo que cree en las personas".
Valcárcel va soltando las riendas del PPRM en favor de un sanedrín de fieles sin Garre pero con Barreiro
MURCIA.- El PP murciano ha constituido la Comisión de Coordinación Política, liderada por el vicesecretario general de Organización y candidato a la presidencia del Gobierno autonómico, Pedro Antonio Sánchez; el secretario general y alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y el candidato a sucederle, José Ballesta.
De este órgano forman también parte el consejero de Presidencia, portavoz del Gobierno y secretario ejecutivo de Participación del partido, José Gabriel Ruiz; el presidente de la Asamblea Regional y del PP en Cartagena, Francisco Celdrán, y la alcaldesa de la ciudad portuaria, Pilar Barreiro, cabeza de lista del grupo parlamentario murciano en el Congreso, informan fuentes de esa formación política.
Lo completan el portavoz territorial del grupo murciano en el Senado,
José Joaquín Peñarrubia; el del PP regional y coordinador de Acción Política, Víctor Martínez, y la del grupo parlamentario en la Asamblea Regional, Severa González, junto al presidente de las Nuevas Generaciones murcianas, Luis Fernando Ruiz.
No pertenece a la comisión el presidente del partido, Ramón Luis Valcárcel, exjefe del Ejecutivo autonómico y vicepresidente del Parlamento Europeo.Tampoco Alberto Garre, presidente de la Comunidad Autónoma.
El PSRM considera «inasumible» la ley ambiental del PP elaborada y defendida por Bernabé
CARTAGENA.- El PSRM se ha sumado a los rechazos que en las organizaciones ecologistas ha suscitado el Proyecto de Ley de Prevención y Protección Ambiental. El responsable de Medio Ambiente del PSRM, Enrique Ayuso, la califica de «paso atrás en la defensa del medio ambiente», y critica que
«carece de consenso, y no cuenta con los informes técnicos y jurídicos necesarios».
En opinión de Ayuso, «el PP quiere aprobar esta ley de forma urgente,
saltándose todos los trámites que garantizarían la transparencia y participación imprescindible». Por ello, recuerda que la nueva ley se ha
presentado en la Asamblea «a pocas semanas de su disolución, sin haberse realizado una exposición pública a los agentes sociales interesados, y sin contar con los informes de las consejerías implicadas
ni del Consejo Económico y Social ni el Consejo Jurídico».
Tampoco, destaca, ha sido debatida en el Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente, dejando así este importante organismo fuera de un debate
tan trascendente. «Todo parece indicar que el PP sabe que es ahora o nunca, y que su ley es inasumible; por eso, quiere saltarse todas las garantías para aprobarla en el último minuto y por la puerta de atrás». A
este respecto, el PSOE se ha comprometido a esta legislación a partir del próximo mayo, «en el que esperamos tener el apoyo social necesario para formar un nuevo gobierno y realizar una nueva ley con todos las garantías técnicas y jurídicas, y el máximo consenso de todos los implicados».
El responsable de Medio Ambiente de los socialistas murcianos apoya, asimismo, la reivindicación de la Asociación No Más Ruidos, que se opone
a la supresión de la «licencia previa» en el sector hostelero regional incluida en esta nueva ley; ya que se pone en riesgo la salud y la seguridad pública de la ciudadanía al eliminar, a partir de ahora, las garantías que proporciona la licencia.
Para el Partido Socialista, es posible agilizar los trámites a las empresas hosteleras para acelerar al máximo su instalación, pero sin renunciar a las previas garantías de salud y seguridad para las personas
ni a los controles que permiten a este sector económico combatir el intrusismo profesional.
La nueva consejera de Agricultura busca el consenso con la CROEM para aprobar la Red Natura
MURCIA.- La consejera de Agricultura y Agua, Adela Martínez-Cachá, mantuvo este lunes por la tarde una reunión con el presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), José María Albarracín, y con su secretario general, José Rosique, para abordar los avances en relación al agua y la tramitación de los planes ambientales de la Red Natura.
La responsable de Agricultura y Agua indicó que en este primer encuentro se abordaron temas de "gran interés regional", como el decreto
de sequía "en el que estaremos encima de los plazos para que pueda aprobarse cuanto antes y poder resolver una situación de contingencia para la Región". Destacó que "este texto se ha visto reforzado con la dotación de 30 millones de euros en inversiones para la conexión de la tubería de Lorca".
En materia de Medio Ambiente, indicó que "es necesario darle el empujón a la tramitación ambiental de los Planes de Gestión para avanzar
de la mano de los empresarios, de los agricultores y de los agentes implicados". La consejera de Agricultura añadió que "la Región necesita tener sus planes aprobados porque no tenemos otra salida", y recordó que
“en este encuentro se ha mostrado la disposición para llegar al consenso y sacarlos adelante en el menor plazo posible con el beneplácito de todos". Martínez-Cachá aseguró que "es un tema complejo", pero, remarcó, "hay
que verlo como una oportunidad que debe sumar y no como un inconveniente para el desarrollo de la Región". Publicado por
'Hidrogea' deberá abonar el canon de 2013 al Ayuntamiento de San Javier
SAN JAVIER.- El Pleno municipal acordó este lunes por unanimidad desestimar las alegaciones presentadas por Hidrogea, Gestión Integral de Aguas de Murcia, S. A. contra la reclamación del Ayuntamiento a la citada mercantil de una cantidad de 1,4 millones de euros correspondiente al canon complementario anual, de 2013. Hidrogea deberá pagar al Consistorio como concesionaria del servicio de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales del municipio.
El alcalde, Juan Martínez, explicó que tanto Intervención como Secretaría municipal han emitido informes sobre el cálculo del canon contra el que alega la mercantil, considerándolo correcto. Asimismo, añadió que el cálculo municipal queda validado por dos recientes sentencias en un caso idéntico ocurrido en el Ayuntamiento de Mazarrón, tal y como recogen los informes citados.
El consistorio tampoco considera que el proceso judicial en marcha entre los dos organismos sobre el canon desde 2002 a 2012, afecte al del
ejercicio de 2013, como pretende la mercantil para detener el expediente. «Eso no es óbice para que el Ayuntamiento cumpla con su obligación de hacer efectivos los ingresos previstos y reclamar el pago del canon de 2013», manifestó el alcalde.
Se rechazó además la acusación de no actuar de buena fe por parte del
Ayuntamiento o el supuesto afán recaudatorio del mismo, alegado por la empresa. Las razones que argumenta el Pleno son que no existe una situación económica en el consistorio que pueda apuntar en ese sentido, y
porque lo único que se hace es cumplir con la obligación de asegurar los ingresos municipales, tal y como establece la Ley General de Presupuestos.
Juan Martínez indicó que también se rechaza por innecesaria el tercer
informe del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, porque ya se han solicitado dos dictámenes en los que el Consejo deja claro que la fijación de la cantidad del canon depende del órgano previsto por el contrato.
Todos los grupos estuvieron de acuerdo en seguir reclamando a Hidrogea las cantidades adeudadas según el contrato firmado como concesionaria del servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales. El alcalde se mostró favorable a la petición del portavoz socialista sobre la posibilidad de iniciar estudios de cara a la municipalización del servicio, bien a través del propio Ayuntamiento o
mediante una empresa mixta.
'Navantia' volverá al III Convenio mientras el Tribunal Supremo no resuelve el recurso de casación
CARTAGENA.- Navantia, el grupo público de astilleros españoles con factorías en Galicia, Andalucía y Cartagena, dejará de aplicar el IV Convenio Colectivo que fue anulado por la Audiencia Nacional mientras no se resuelve el recurso de casación interpuesto por la compañía ante el Tribunal Supremo. Así lo comunicó este lunes el grupo naval en una nota en que la que expone que mientras el Supremo delibera, la empresa volverá a aplicar el texto del III convenio laboral.
«En tanto el Alto Tribunal resuelva -aludiendo al recurso ya interpuesto-, se dejará de aplicar el IV Convenio Colectivo y se aplicarán las condiciones previstas en el III, dentro del marco de lo establecido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado» revela el comunicado.
La Audiencia Nacional anuló el IV Convenio Colectivo de Navantia al estimar parcialmente la demanda que interpusieron CCOO y la Confederación Intersindical Galega (CIG), a la que adhirieron otras centrales, contra ese último convenio laboral, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado en noviembre del 2013.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en una sentencia de 18
páginas fechada el 16 de febrero, exponía que «el Comité Intercentros que suscribió el convenio no estaba legitimado para negociarlo». La empresa naval anunció su intención de recurrirlo ante el Supremo el pasado 23 de febrero, tras conocer el fallo.
Por otra parte, Navantia indicó que este lunes reunió a los Comités de Empresa de todos sus centros de trabajo para iniciar «próximamente» y
«de buena fe» el proceso negociador del IV Convenio Colectivo, y analizar «las consecuencias y efectos de la sentencia». El preacuerdo del IV Convenio se firmó el 16 de octubre del 2013 y se ratificó el 9 de
septiembre del 2014 con la firma de UGT, CSIF y cuatro de los cinco delegados de CCOO.
La víspera de la rúbrica definitiva, la Federación de Industria de CCOO desautorizó públicamente a los cuatro delegados que firmaron igualmente. El quinto delegado de Comisiones Obreras, que no firmó ni el
preacuerdo ni el convenio, era el presidente del Comité ferrolano, Ignacio Naveiras.
Las plantillas de Ferrol y Fene, los dos astilleros gallegos del grupo, se pronunciaron en asamblea en contra del texto porque consideraron que suponía un retroceso en derechos laborales ya consolidados.
Alvarado, absuelto del 'caso Puerto Mayor' por no estar resuelta la sucesión del denunciante fallecido
MURCIA.- La titular del Juzgado de lo Penal nº 2 de los de Murcia ha absuelto al ex director general de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente
de la Comunidad Autónoma, Antonio Alvarado, del delito de prevaricación que se le imputaba por la tramitación de Puerto Mayor, por una cuestión procesal.
En concreto, la jueza ha adoptado esta decisión al no estar delimitada la sucesión procesal tras la muerte del denunciante, el entonces diputado regional vicesecretario general de la ejecutiva del PSRM-PSOE José Ramón Jara.
No obstante, la sentencia absolutoria no es firme y el PSRM que ejerce la acusación popular presentará un recurso, por lo que la Audiencia Provincial será la encargada de resolver sobre la sucesión procesal, según el abogado y secretario de Justicia y Libertades del PSRM, José Miguel Muñoz.
La jueza ha estimado que la sucesión no fue "del todo correcta" y no quiere celebrar un juicio hasta que la Audiencia Provincial no lo resuelva. Si estima que fue adecuada, será entonces cuando se celebre el juicio oral.
Fiscal pedía nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para Alvarado, al considerarle responsable en concepto de autor de un delito de prevaricación administrativa por la tramitación de Puerto Mayor.
Así aparecía reflejado en el escrito de conclusiones
provisionales del Fiscal, que establecía la apertura de juicio oral para este lunes, 9 de marzo, a las 10.00 horas en el Juzgado de lo Penal
nº 2 de los de Murcia.
El fiscal sostenía que Alvarado, a fin de justificar o agradecer su designación como director general, "antepuso su voluntad a la correcta o incorrecta interpretación de la legalidad cuyo mayor o menor acierto le era indiferente, y se prestó a dictar " de
forma complaciente" la resolución 9-10-2003.
Todo ello, pese a que las declaraciones de impacto ambiental "ya se habían resuelto más de
un año antes sin que existiese algún trámite pendiente de dicha Dirección General que motivara que tuviera que dictar resolución alguna".
Además, el fiscal sostenía que Alvarado procedió "sin que
existiera, en su caso, previa tramitación de un procedimiento de revisión de oficio de la resolución 3-4-89 que le permitiera dictar tal resolución, comprometiendo gravemente la propia actuación de los demás órganos de la Comunidad".
El fiscal consideraba que Alvarado, aprovechando un mero oficio del secretario general de la Consejería de Obras Públicas de fecha 10-9-03, el acusado, sin previo informe técnico y
jurídico, resolvió mediante resolución alzar una suspensión acordada hacía 15 años que ni el propio perjudicado Puerto Mayor le solicitó, pues éste siempre solicitó el alzamiento de la suspensión a Obras Públicas, nunca a Medio Ambiente.
Así, en el seno de un expediente, cuyo último acto administrativo era de 1994, con documentos incorporados sin saber cuándo ni cómo ni por qué procedentes de otro expediente distinto, autorizando la reanudación de las obras de Puerto Mayor tras 25 años de iter administrativo en el procedmiento más complejo y extenso de la Comunidad en materia de puertos".
El fiscal señalaba que el acusado "dictó una resolución ejecutiva de carácter material al margen del procedimiento ambiental de su competencia (DIA) que ordenaba el alzamiento de una suspensión y ordenando que se notificase a los interesados en vez de proceder a su notificación".
El acusado, según el Ministerio Público, "imprevisiblemente dictó la resolución objeto de acusación sin tener en cuenta que las obras cuya suspensión alzaba con su resolución eran las del proyecto de Puerto Mayor de mayo de 1988, cuando en el año 2003 el proyecto vigente que se pretendía ejecutar por Puerto Mayor era distinto".
Esto es así porque los días 9 y 16 de febrero de 2001, Puerto Mayor presentó ante la Comunidad un nuevo proyecto deportivo en la vertiente del Mar Mediterráneo adaptado a la DIA del año 2000, redactado por un técnico distinto al autor del inicial, y habiéndose emitido sobre dicho informe hasta tres informes contrarios del Jefe Jurídico de la Dirección General de Transportes y Puertos".
Las conclusiones de estos informes "eran, básicamente, que una vez completo el proyecto, debía someterse a trámite, siendo competencia del Consejo de Gobierno la reanudación de las obras del puerto deportivo y su zona de servicio".
Además, los informes reflejaban que los terrenos ganados al mar "son dominio público del marítimo-terrestre; que en la zona portuaria no caben edificaciones para residencia o habitación (el proyecto preveía más de 2.000 viviendas); y que la competencia para ejecutar la sentencia de 1996 le correspondía al Consejo de Gobierno porque tal sentencia anuló un acuerdo suyo".
Pese a que la resolución de 9-10-03 se dice que debe notificarse a los interesados, "solo se notifica al secretario general de la Consejería de Obras Públicas, que a su vez la hace llegar al director general de Transportes
y Puertos, que es quien notifica a la Mercantil Puerto Mayor".
el Fiscal señalaba que el acusado, "sin solicitar posibles antecedentes
de informes técnicos sobre tales escritos, y sin recabar ningún tipo de
asesoramiento, resolvió el 9-10-03 que se alzase la suspensión de las obras acordada en 1989".
IU-Verdes concurrirá a las autonómicas en la coalición 'Ganar la Región de Murcia'
MURCIA.- IU-Verdes concurrirá a las próximas elecciones autonómicas dentro de la candidatura Ganar la Región de Murcia, en la que está integrada Alternativa Socialista, así como organizaciones sociales y ciudadanos independientes.
La formación participará en el proceso de primarias abiertas de la candidatura, que comienza este lunes y finalizará el 28 de marzo con la proclamación de los candidatos definitivos y la aprobación del programa electoral.
Para participar en el proceso, los candidatos deben suscribir el código ético de Ganar la Región de Murcia, que obliga
a los futuros cargos públicos a rendir cuentas de forma permanente ante
la ciudadanía, entre otras garantías.
Ganar la Región de Murcia ha sido presentada en una rueda de prensa por cuatro de sus miembros, Esther Herguedas, Margarita Guerrero, José Luis López Mesas y Enrique del Rey.
IU-Verdes ha considerado que este proceso representa "un proyecto social y político nítidamente de izquierdas" y el único espacio
de convergencia de cara a los próximos comicios, que se celebrarán el 25 de mayo.
El objetivo de Ganar la Región de Murcia es desbancar las políticas de derechas que durante casi dos décadas han estado presentes en la Región.
Bronca en 'Ciudadanos' de la Región de Murcia
Las primarias para elegir al candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia arrancan con polémica. La
dirección del partido anuló este lunes la candidatura del concejal alhameño Ángel Cánovas, por lo que ahora, según fuentes de la dirección regional, solo serían precandidatos Luis Fernández y Miguel Sánchez, ex miembro de UPyD, cuya candidatura también ha sido impugnada. El abogado Javier Pérez también anunció su intención de presentarse. Cánovas señaló que desconoce el motivo de la anulación de su precandidatura.
El fiscal no quiere que se escape el candidato Sánchez en el caso del Auditorio de Puerto Lumbreras
MURCIA.- La decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) de remitir a Lorca la querella de la fiscalía contra el consejero del gobierno murciano y candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, "es arbitraria e injustificada", según se recoge en el recurso presentado por el ministerio público.
El recurso tacha también la decisión de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de
"estrambótica", tras lo que pide al tribunal que acepte su competencia y
anule su decisión anterior de enviar el asunto a los Juzgados de Lorca para que sea en éstos donde se investiguen los hechos, de los que se acusa a una veintena de personas.
Para el ministerio fiscal, su querella reúne todos los requisitos exigidos por la legislación para ser
admitida a trámite ya que se dirige, entre otros, contra un aforado y, además, se individualizan los hechos presuntamente ilícitos cometidos por éste en torno al concurso y adjudicación de las obras del auditorio cuando era alcalde de Puerto Lumbreras.
Se dice en el recurso que resulta "estrambótico" que la Sala reconozca, "en principio", su competencia y que, acto seguido, señale que lo hace "a los exclusivos efectos de su presentación".
"La competencia -asegura la fiscalía- se tiene o no se tiene, y viene establecida por imperativo legal; otra cosa
es que la querella se admita o no se admita".
"Si una de las personas contra las que se dirige -añade- es aforada, y resulta evidente que lo es el señor Pedro Antonio Sánchez, y los hechos objeto de la querella, de ser ciertos, pudieran ser constitutivos de delito, se cumplen los dos
requisitos de admisión que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal".
En contra de lo mantenido por el TSJ para acordar la remisión de la querella a los Juzgados de Lorca, por pertenecer el municipio de Puerto Lumbreras a ese partido judicial, la fiscalía comenta que la Sala "niega, contra toda razón, la realidad incontestable
de la rigurosa individualización de los hechos con relevancia penal atribuidos al aforado". El recurso recoge esa serie de hechos que
solicita sean investigados, además de ir acompañado de una serie de fotografías acreditativas de que las instalaciones no estaban acabadas cuando el ayuntamiento recibió las obras. Indica también el recurso que confirmar el auto recurrido -que contó con un voto particular discrepante- "supondría, dicho sea en términos de defensa de la legalidad propia del fiscal, la ratificación consciente y voluntaria de una resolución situada extramuros de cualquier razonamiento admisible jurídicamente".
Esta apelación planteada ahora deberá ser resuelta
por un tribunal que no tendrá la misma composición que el que dictó el acuerdo anterior al haber salido del mismo el anterior presidente del TSJ, Juan Martínez Moya, al cesar en el cargo y ser sustituido por el magistrado Miguel Pasqual del Riquelme.
El auto contra el que ahora se recurre fue dictado con el criterio mayoritario de dos de los tres integrantes de la Sala, el propio Martínez Moya y el magistrado Enrique Quiñonero, y con el voto discrepante del tercer componente, Manuel Abadía.
Hace hoy una semana, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) decidió enviar a los Juzgados de Lorca la querella presentada por la fiscalía contra el consejero de Educación y exalcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, y otras veinte personas por la adjudicación del Auditorio de esta última localidad.
Contra la Justicia / Ángel Montiel
Qué sabe Valcárcel del juez Abadía que el juez Abadía sabe que también
sabe Valcárcel? ¿Cuál es ese oscuro secreto que el presidente del PP no
revela ahora, pero que ya revelerá y que sería la verdadera motivación de las ‘falsas acusaciones’ del magistrado contra Valcárcel y una parte de su familia?
En su rueda de prensa de la semana pasada, el líder regional del PP y
vicepresidente del Parlamento Europeo destiló insinuaciones sobre la integridad profesional del magistrado del TSJ que lo ha implicado en el caso Novo Carthago, poco menos que atribuyendo a una conspiración exógena el hecho de que él mismo, su hija y su yerno hayan perdido la memoria sobre el regalo de bodas que ofreció el promotor de Hansa Urbana
a los dos últimos, entre otros olvidos y oportunas ignorancias.
Pues bien, lo que el entorno de Valcárcel viene poniendo en circulación es que el magistrado, en su día, pidió al entonces presidente del Gobierno el apoyo de su partido para alcanzar una plaza en el Tribunal Supremo o, dicen indistintamente, en el Consejo General del Poder Judicial, y al no lograr ese objetivo, Abadía ‘se la guardó’ hasta que encontró la oportunidad de buscarle las vueltas.
Obsérvese que, por lo que difunde su entorno, Valcárcel emplea contra
Abadía el mismo argumento que contra cualquiera que lo contradiga. Siempre hay elementos de frustración, venganza, traición o ambición ilegítima en quienes osan poner en cuestión sus actuaciones o decisiones. Las cosas nunca tienen su propia lógica, sino la que él les atribuye. Y, por tanto, no merece la pena ofrecer otras explicaciones, pues todo lo que le importuna obedece siempre a un móvil inconfesable.
Si aplicáramos el mismo molde a las decisiones judiciales que se han sucedido en los últimos años, que no son pocas, y las revisáramos aplicándoles supuestos tintes políticos o de interés personal, Murcia tendría el mismo Estado de Derecho que Corea del Norte. Pongamos el último ejemplo, inducido por la lógica de Valcárcel: ¿Deberíamos atribuir al agradecimiento por el hecho de que PP haya propuesto al magistrado Martínez Moya para el Consejo General del Poder Judicial la circunstancia de que su voto en la sala del TSJ haya resultado decisivo para devolver al juzgado ordinario el caso del auditorio de Puerto Lumbreras, permitiendo así que Pedro Antonio Sánchez no fuera imputado y, en consecuencia, pudiera ser el candidato a las autonómicas, según los deseos de Valcárcel? A nadie se le ocurre pensar tal cosa, y menos sugerirla públicamente, pero si lo que hace Abadía no responde a lo que exige su profesionalidad, nada impediría que pudiéramos pensar legítimamente lo mismo sobre otros magistrados cuyas decisiones afectan al estamento político. ¿O sólo él tiene la patente para enfangar a la Justicia?
Por tanto, lo que sí es exigible de la profesionalidad política de todo un vicepresidente español del Parlamento Europeo es el respeto, por
encima de la normal discrepancia, a las decisiones de la Justicia y a quienes la administran y preservan.
http://blogs.laopiniondemurcia.es/angelus/2015/03/contra-la-justicia/
La señora Cler y una navajera de Santa Eulalia / Apunte de Argárico
La señora Cler es una señora y su marido un hombre en sus manos... por todavía enamorado, claro. Cuando Valcárcel fue a buscar de urgencia a Cartagena al presidente de la Asamblea Regional, Francisco Celdrán, ante el primer gran fiasco judicial del 'delfín' y así poder escapar de una vez por todas las que antes no pudo a disfrutar de lo suyo en Bruselas, se encontró con una férrea negativa familiar para la interinidad y aquel sugirió entónces el nombre de su vicepresidente y abogado Alberto Garre para que Valcárcel tuviese otras opciones impensadas a cambio de ofrecer al voluntario la presidencia de la Asamblea tras las elecciones, si se gana, puesto que la salud de Celdrán ya no permite un nuevo mandato. Jamás se le habría pasado a Valcárcel por la cabeza este calerista de pro que es Garre, obligado a vivir de la política por una crisis profesional temprana aunque la señora Cler (hija de un pudiente marino mercante de Cartagena) aporte su dote y su criterio universitario a la sociedad de gananciales, trasladada en su día de San Javier y Torre-Pacheco a Murcia (que no a Cartagena) por aquello de las relaciones sociales y estudios en la capital para sus dos hijos treintañeros.
Consultada al respecto la señora Cler (por cierto, consuegra en potencia de la non nata presidenta del TSJRM, la muy meritoria doña Pilar Alonso Saura, 1.160 puestos de antigüedad por encima del preferido por Valcárcel ante la coyuntura judicial que se le presenta) por su marido, poco predispuesto en principio al 'marrón', hay que dejar constancia, ésta casi le obligó a decirle un 'sí' incondicional a Valcárcel tras hacer unos primeros cálculos como la lechera del cuento. ¿Cómo iba 'el cebollino' a pasar de la gran rambla desbordada y asesina al 'glamour' del 'Hispano' y del palacio? Las cuentas no le cuadraban a la señora Cler que, aunque sea de Letras, sabe afinar el bolígrafo y, si la dejasen con algunos, el polígrafo también. Pensó, sin pensarlo algo más, por no tener costumbre, que su marido era providencial para el PP olvidando que, por su honestidad, no llega a ser ni un 'valcarcelista' converso.
Luego fueron otros quienes le llenaron la cabeza de pájaros a Garre y otros más quienes desde algún medio añejo, con facturas antiguas de publicidad pendientes de cobro en San Esteban, repitieron aquello del espejo de la bruja en Blancanieves, hasta el punto de que el hombre se vió guapo y rejuvenecido para los carteles electorales, jaleado, seguro, por la señora Cler. Los dos 'ictus' sufridos hace poco parecían ya para él y para ella, cosas del pasado y casi sin importancia. Pero seguro que Valcárcel llegó a pensar que eran un gran obstáculo para tentaciones políticas mayores, conociendo como conocía a la señora Cler. También se equivocó el ex presidente por las prisas y los apretones sobre ilusiones lógicas en hombre ya madurito.
Pero Garre es un político sin dignidad política y sin la más mínima idea de contexto. Tenía que haber dimitido en el primer minuto tras la proclamación de Pedro Antonio Sánchez el pasado jueves como candidato a San Esteban para no quedar ahora como un 'pato cojo' (si decimos palomo estaríamos sugieriendo otra cosa) aunque, además, el actual Presidente sea un verdadero 'palomo' como ha demostrado al ponerse también en manos del diputado Martínez-Pujalte y de su cuñado el señor Cerdá, ambos tributarios del señor Valcárcel por razones obvias, pero también de ellos mismos, hasta que se ha comprobado que estaban utilizando a Garre para sus fines de hacerse en su momento con el santo y la limosna tras sorprender en Madrid a un ya muy debilitado jefe regional del partido.
Han sido los del entorno del presidente Garre, comenzando por la señora Cler, quienes han confundido a este hombre y abogado, por otra parte impoluto, diciéndole que Sánchez estaba demasiado enredado en los tribunales como para poder optar finalmente a San Esteban. De hecho, también así lo pensaba María Dolores de Cospedal, que es otra de las personas que hicieron errar a Garre hasta que ésta comprobó que nunca tendría el apoyo de Valcárcel y el resto del aparato inmutable del PPRM controlado por Sánchez Carrillo, socio o ex socio de Carlos Valcárcel Siso, otro buen calculador y, dicen, cerebro en la sombra para la intendencia familiar. Por si acaso, agazapado estaba Martínez-Pujalte, al estilo Alfonso Armada, por si en el último minuto se necesitaba una segunda solución de urgencia y compromiso apoyada desde Madrid para no cargar finalmente con Sánchez, tal como anhelaba la señora Cospedal y, hasta es posible intuir que, el propio Mariano Rajoy pese a estar en la línea de que aquí jueguen los imputados ante la debacle electoral que aventa el gallego en Valencia y Murcia. Así paga aquel a Garre el logro de traer hasta Murcia a un Martínez-Pujalte, una vez sin sitio en la lista del PP en Valencia, para que siguiese siendo diputado a Cortes con la ayuda además, del ex diputado Arsenio Pacheco.
Garre no se atrevió (otro gran error, por miedo a una moción de confianza en la Asamblea a presentar por el PP contra él) a cesar, de entrada, hace un año a los imputados que le impuso Valcárcel en el Gobierno. Si lo hubiese hecho, Sánchez no sería hoy candidato ni Cerdá le hubiese hecho la jugada de desaforamiento intencionado e imprevisto que ha quemado del todo a Garre por confiado y desinformado. Y, sobre todo, habría mermado considerablemente la capacidad de maniobra de Valcárcel y los infiltrados que tiene en San Esteban junto al incauto presidente. Al tema de la adjudicación, cuestionada por gran parte de la sociedad civil, recurrida en su momento por el letrado Diego de Ramón y suspensa por Montoro, de la '7RM' al grupo 'Secuoya' de la mano de Martínez-Pujalte y el bueno de Martínez Asensio, me remito. Por no hablar de los disparates legislativos del consejero Bernabé por indicación de Valcárcel pero que se terminarán imputando a Garre si antes no deja de presidir el ejecutivo regional o cesa al ambicioso y temerario ex alcalde de La Unión, de donde tuvo que salir de escape tras las revelaciones del Tribunal de Cuentas.
Quienes crean que Valcárcel pasó en Bruselas los últimos días parecen unos cándidos. Aparte de tener que permanecer en España preparando su defensa ante los jueces y fiscales tras su preimputación por el magistrado Abadía (¿por casualidad primo del polémico Trinitario Casanova Abadía?) con la colaboración inestimable del fiscal anticorrupción y contra el crimen organizado, Valcarcel no ha abandonado Madrid, siempre en compañía de Martínez-Pujalte y Sánchez, para atender diversos frentes: primero intentar doblar a la Fiscalía con él y su 'delfín' tras conseguir la elección de Pascual del Riquelme frente al TSJRM en vez la de, con muchos más méritos, magistrada próxima a Garre y, segundo, de paso, apuntalar la candidatura de Sánchez a San Esteban en los pasillos y despachos de una no muy convencida Génova 13. (De haberse impuesto para presidir el TSJRM la candidatura de la señora Alonso, a estas alturas muchos estarían temblando de miedo porque ya dijo ella ante el CGPJ que su prioridad era extirpar la corrupción en la Región de Murcia. ¿Habló de más allí y alertó a los de aquí tras la larga tranquilidad con los 'mansos' Pérez-Templado y Martínez Moya más el apoyo moral siempre del vecino y prestigioso lorquino, el presidente de la Audiencia Provincial, el ilustre magistrado Andrés Pacheco?)
En esa semana, la última de febrero, Garre se cayó definitivamente de esa cartel en el que ya lo veía la señora Cler, como sucede en Estados Unidos con las parejas aspirantes a la Casa Blanca, y el consejero de Presidencia, José Gabriel Sánchez, otro de los 'traidorzuelos' a Valcárcel, ahora más preocupado por los efectos en la salud de su hija Rosario de los pasos procesales del magistrado Abadía (no estuvo éste, por cierto, en la toma de posesión de Pascual del Riquelme) y con un bebé en edad de amamantar, fruto de su matrimonio con otro de los imputados, el que ha metido a BMN (Caja Murcia) en un buen lío si se prueban las acusaciones contra él. Y es aquí es donde aparece la 'navajera de Santa Eulalia' despanzurrando a la señora Cler, nada acostumbrada a la faca política porque dedica su tiempo a lo que una señora culta y de su edad suele hacer: a la lectura y a cultivar su espíritu a través del cuidado inteligente del cuerpo. Si la señora Cler fuese amiga del ex consejero y ex delegado del Gobierno, que no lo sé si es, el veterinario e hijo de militar de cierta graduación, Francisco Marqués, imagino que éste le habría advertido sobre los métodos que gasta 'la navajera' con quienes osan jugarsela a su amor desde la juventud. Eso no obsta para que Marqués tenga seriamente advertido a Valcárcel de que si a él le pasa algo malo en los tribunales para que otros salven el pellejo, jurado está que se lo lleva por delante al ponerselo en bandeja al magistrado Abadía, él sabrá bien cómo, aunque la colaboración del cesado ex delegado especial de la Agencia Tributaria, el inspector de Finanzas del Estado Cristóbal Osete, pienso que ahora sí que no le va a faltar a la Fiscalía ni al magistrado instructor en todo lo que pueda serles de utilidad para aclarar actuaciones sospechosas de políticos y adláteres.
Por cierto, que el citado juez ha pedido la grabación insidiosa de Valcárcel sobre él, donde pone en cuestión su imparcialidad con insinuaciones que denotan un nerviosismo del que nunca había hecho gala, hasta ahora, este europarlamentario que se está jugando su escaño en Bruselas-Estrasburgo, aparte del honor familiar que esgrime bien aconsejado desde dentro. ¿Dice en privado Valcárcel que Abadía hace años le pidió el favor de que le ayudase a estar en la terna de la que salió elegido presidente del TSJRM Juan Martínez Moya? ¿O más bien se remite, incluso, al fuerte incidente en su día con el, parece que, primo del juez, Trinitario Casanova Abadía, ambos de Orihuela, por su paso atrás presidencial en el caso de la finca aguileña de 'La Zerrichera'? Vete a saber que clase de porquería va a emplear el reo. Pero si 'la navajera de Santa Eulalia' echa mano al cinto para rajar a la Justicia, flaco favor le hará a los suyos a tenor de lo que sigue ahora, donde hasta el imputado delegado del Gobierno, el promiscuo Bascuñana, puede salir en globo si la Guardia Civil de Tráfico, ¡sí de Tráfico!, procura a la Opinión Pública una gran noticia largamente esperada aunque el jefecillo gallego actual en Madrid, 'Cuco', se empeñase en censurarla de oficio, precisamente por ser gallego de Ferrol y tener negocios, al parecer, en varios puertos españoles, no sé si en el de Cartagena ahora.
P.D.) Parece que la Policía Judicial (ahora que se sabe la existencia del gran arsenal argumental oculto del magistrado Abadía para utilizar en su momento en esa tan esperada Exposición Razonada a la Sala Penal del Supremo si antes de 30 días, desde el auto de preimputación, Valcárcel no comparece a declarar ante él) tiene sometido a discreta vigilancia el edificio 'Siervas de Jesús', en Murcia, donde ocupa un despacho (¿de joyería?) el cuñado de Valcárcel por hermano de su esposa Charo, Juan Francisco Cruz Alfaro, casado a la sazón con la hija del transportista molinense Pedro Hernández Filardi, actual vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, que preside su íntimo amigo el ingeniero Antonio Sevilla, ex miembro del consejo de administración de la empresa de transportes de Filardi (extremo que aquel oculta en su currículo público), y que ambos frecuentan, junto al ex concejal Antonio Sánchez Carrillo, ex consejero de la CAM y ex vicepresidente de 'Caja Murcia', amén de socio o ex socio del abogado Carlos Valcárcel y hermano de otro de los imputados de rebote por Abadía, el arquitecto Juan Sánchez Carrillo. El empresario Hernández Filardi pasa por ser el principal financiador, con mucho, del PPRM y con derecho a imponer sus decisiones, tanto a Valcárcel como a Antonio Sánchez Carrillo, lo que explica el nombramiento y nuevos usos-costumbres de Antonio Sevilla en la Autoridad Portuaria de Cartagena, a juicio de algunos de sus contratistas de moda con sede en Elche, que presumen de un nuevo estilo, 'más ágil', de gestión en comparación con la más escrupulosa de Adrián Ángel Viudes en cuanto a las exigencias técnicas de cualquier proyecto a informar. Garre estaría arrepentido ahora de haber sido utilizado por Valcárcel para imponer aquí a su clan aprovechando las malas relaciones del saliente con Puertos del Estado. Porque ya a las primeras de cambio el señor Sevilla apareció acompañado por 'la navajera de Santa Eulalia' en gestiones de presentación con proveedores de la dársena.
Así, tanto el flamante candidato Sánchez (que se prepare ante lo que le aguarda con cierta derecha económica no consultada, incluso orillada, aunque antes de fin de año 'apuñale' a su mentor por la espalda) como el ex rector Ballesta (ayudado a ser aspirante a la alcaldía de Murcia por la fuerza residual de Carlos Egea - que deja así tirado una vez más a Fayrén- a instancias de don Tomás y por empeño de Sánchez Carrillo para tranquilizar a Cámara) saben a quien deben única disciplina una vez que Valcárcel desaparezca de la escena y todos crean que es él, y sólo él, quien los maneja a distancia -el verdadero amo del carro y su capataz huertano-. Porque quienes seguirán mandando en el partido aquí son los que pagan, con independencia de los que vea el público en un guiñol donde los votantes se limitan a aplaudir las gracias y ocurrencias de los muñecos movidos por estas gentes que no se presentan a las elecciones aunque sean los grandes beneficiados con la ficción de una democracia en una región autónoma... pero mediterránea. Me pregunto qué pintaba el fiscal lorquino Manuel Campos enmedio de toda esta trama y situado a barlovento por el ya citado Egea, también de Lorca. Algún día se explicará el fiscal, esperemos.
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