Source: http://www.un.org/es/documents/sc/scaction/2003/themes.htm
Timestamp: 2018-01-22 04:47:25+00:00

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En la resolución 1460, de 30 de enero, el Consejo instó a todas las partes en conflictos armados que reclutaran o utilizaran a niños, a que dejaran de hacerlo de inmediato. El Consejo también observó con preocupación los casos de explotación sexual y abuso de mujeres y niños en situaciones de crisis humanitaria y pidió a los países que aportaban contingentes que incluyeran los seis principios básicos del Comité permanente entre organismos sobre emergencias en los códigos de conducta en la materia para el personal de mantenimiento de la paz y que establecieran mecanismos disciplinarios y de rendición de cuentas apropiados.
La resolución se aprobó tras un debate abierto, realizado el 14 de enero, sobre el informe del Secretario General (documento S/2002/1299), en el que figuraba una lista de 23 partes en conflictos armados que continuaban reclutando o utilizando niños soldados; estos conflictos estaban incluidos en el orden del día del Consejo y las partes en cuestión eran tanto fuerzas gubernamentales como grupos armados. Los conflictos en cuestión son los del Afganistán, Burundi, la República Democrática del Congo, Liberia y Somalia.
Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas
El 13 de mayo, por iniciativa del Pakistán, que ese mes presidía el Consejo, se debatió el papel del Consejo en el arreglo pacífico de controversias. Los discursos de apertura estuvieron a cargo del Secretario General y tres eminentes personalidades: Sir Brian Urquhart, ex Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos Especiales de las Naciones Unidas; Jamsheed Marker, ex Representante Personal del Secretario General para Timor Oriental; y Nabil Elaraby, Magistrado de la Corte Internacional de Justicia.
En una declaración del Presidente se citan los Artículos 33 a 38 del Capítulo VI de la Carta, en los que se establecen los medios que cabe utilizar y un marco para el arreglo pacífico de controversias, componente esencial de la labor del Consejo encaminada a promover y mantener la paz y la seguridad internacionales. Se subrayó que las medidas para fortalecer ese proceso debían ser continuas y más eficaces.
A efectos de proteger a los civiles en los conflictos armados, en una declaración del Presidente de 15 de marzo de 2002 que contenía un aide-mémoire sobre el tema, se señalaron 13 elementos principales de la protección de los civiles en situaciones de conflicto: acceso a las poblaciones vulnerables; separación de civiles y elementos armados; justicia y reconciliación; seguridad y orden público; desarme, desmovilización, reintegración y rehabilitación; armas pequeñas y medidas relativas a las minas; formación de las fuerzas de seguridad y de mantenimiento de la paz; efectos en las mujeres; efectos en los niños; protección y seguridad del personal de asistencia humanitaria y personal asociado; medios de comunicación e información; recursos naturales y conflictos armados; y consecuencias humanitarias de las sanciones.
En dos ocasiones, el Consejo recibió información sobre la ejecución de esos elementos. El primero en informar al Consejo fue el del Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia, Kenzo Oshima, el 20 de junio; el 9 de diciembre, Jan Egeland, sucesor del Sr. Oshima, presentó una versión actualizada del aide-mémoire, así como una “hoja de ruta”, y explicó 10 puntos basados en elementos de la hoja de ruta que merecieron el apoyo consensual del Consejo.
En una declaración del Presidente de 15 de diciembre, el Consejo aprobó el aide-mémoire actualizado, tomó nota con interés de la plataforma de acción de 10 puntos y manifestó que esperaba que continuaran los debates y consultas sobre el tema.
A lo largo de los años se ha señalado que la explotación ilícita de diamantes en bruto y su comercialización habían fomentado los conflictos en países como Sierra Leona y Liberia, entre otros. Los “diamantes de zonas en conflicto” figuran en varios regímenes de sanciones (por ejemplo, Liberia). En la resolución 1459, de 28 de enero, el Consejo apoyó resueltamente el sistema de certificación de los diamantes en bruto del Proceso de Kimberley, que se puso en marcha el 1º de enero, e instó a todos los Estados Miembros a participar en el sistema. Este sistema voluntario de autorregulación del sector facilitaría el rastreo completo de las transacciones de diamantes en bruto.
Habida cuenta de que en las operaciones de mantenimiento de la paz intervenían más de 42.000 personas, procedentes de 92 países, luchar contra la propagación del VIH/SIDA en esas operaciones era una labor sumamente difícil, manifestó ante el Consejo el Secretario General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Jean-Marie Guéhenno, el 17 de noviembre. Era esencial que los Estados que aportaban contingentes integraran la sensibilización sobre el VIH en sus propios programas de capacitación. El Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz había elaborado un módulo de capacitación previa al despliegue sobre VIH/SIDA y había establecido un fondo fiduciario para el VIH/SIDA.
Al apoyar las recomendaciones del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y el Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), los oradores subrayaron la necesidad de realizar estudios más específicos sobre la prevalencia del VIH en las operaciones de mantenimiento de la paz y de evaluar la eficacia de los programas actuales.
En una declaración del Presidente hecha pública tras una reunión a nivel ministerial, que se celebró el 24 de septiembre, el Consejo invitó a los Estados Miembros a contribuir al aumento de la función de las Naciones Unidas en el establecimiento de la justicia y el Estado de derecho en las sociedades luego de los conflictos. El Consejo estaba resuelto a aprovechar el importante acervo de experiencias pertinentes que existía en la Organización. Al finalizar la sesión, el Secretario General, Kofi Annan, dijo que las Naciones Unidas habían aprendido que el Estado de derecho no era un lujo. Las personas habían perdido la fe en el proceso de paz porque no se sentían a salvo de la delincuencia o recurrían a la violencia porque no había mecanismos fiables para hacer cumplir la ley. “Hemos aprendido que demorar la creación del Estado de derecho es negar la paz duradera”, dijo.
El 30 de septiembre, durante una sesión de seguimiento, el Secretario General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Jean-Marie Guéhenno, indicó que los costos de los componentes judicial y penitenciario de las misiones eran bastante pequeños en comparación con los que suponía el despliegue de fuerzas militares de grandes proporciones, por lo que el apoyo al Estado de derecho era una buena inversión. Los oradores destacaron la relación existente entre la justicia, el Estado de derecho y la construcción de una sociedad pacífica. Se hizo un llamamiento para acabar con la cultura de impunidad. La Corte Penal Internacional se consideraba de manera generalizada un mecanismo adecuado para corregir la situación. Muchos oradores subrayaron la necesidad de encontrar el equilibrio entre justicia y reconciliación.
Reconociendo las consecuencias a largo plazo de las minas terrestres y municiones sin detonar para la paz y la seguridad, el Consejo de Seguridad, en una declaración del Presidente de 19 de noviembre, expresó su intención de tener en cuenta, siempre que sea apropiado, las cuestiones relacionadas con las actividades relativas a las minas en los mandatos de las operaciones de mantenimiento de la paz e instó al Secretario General a que incluyera ese tipo de actividades en las iniciativas de desarme, desmovilización y reintegración. Destacó la importancia de la asistencia técnica internacional para los países que se ven afectados por la presencia de minas e instó a los Estados Miembros a proporcionar asistencia financiera suficiente para apoyar las actividades relativas a las minas mediante nuevas aportaciones al Fondo Fiduciario de contribuciones voluntarias para prestar asistencia a las actividades relativas a las minas. La declaración se hizo pública después de que el 13 de noviembre tuviera lugar una sesión de información a cargo del Secretario General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Jean-Marie Guéhenno, que dijo que las actividades relativas a las minas eran un componente dinámico de las operaciones de mantenimiento de la paz, y de Martin Dahinden, Director del Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra.
El 28 de agosto, al tratar de los medios para mejorar el apoyo a las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en varias partes del mundo, el Consejo se refirió a la naturaleza cambiante y cada vez más compleja de las operaciones de mantenimiento de la paz; algunos oradores subrayaron la necesidad de contar con mandatos y cronogramas claros, así como con condiciones que aseguraran su ejecución. Las operaciones de mantenimiento de la paz no sólo debían proporcionar fuerzas militares, sino que además debían prestar apoyo para la restauración de la paz duradera mediante actividades humanitarias y de desarme, desmovilización y reintegración de los ex combatientes, apoyar el Estado de derecho, asistir en las elecciones y colaborar en la reconstrucción económica. Tenía particular importancia que los recursos humanos y financieros fueran suficientes.
El 30 de abril, durante un debate sobre el papel de la Organización en las situaciones posteriores a conflictos, los oradores señalaron que, en algunos casos, se habían producido vacíos en la transición entre las operaciones de mantenimiento de la paz y de consolidación de la paz y destacaron la importancia de la coherencia de las actividades, la coordinación entre los órganos de las Naciones Unidas y la flexibilidad. Se consideró particularmente importante contar con recursos humanos y financieros suficientes. Se podrían obtener enseñanzas notables de la experiencia anterior en resolución de conflictos y mantenimiento de la paz.
Habida cuenta de que gran parte de las deliberaciones se centraron en la situación en el Iraq, el Secretario General, Kofi Annan, hizo un llamamiento para que el Consejo dejara atrás los desacuerdos del pasado y encontrara “una unidad de propósito en la etapa de la posguerra”.
El 11 de abril, el Consejo celebró una sesión conjunta con organizaciones regionales sobre el tema: “El Consejo de Seguridad y las organizaciones regionales ante los nuevos desafíos para la paz y la seguridad internacionales”. El Secretario General, Kofi Annan, presentó una lista de las posibles amenazas mundiales para la estabilidad e indicó que la Organización se encontraba en una coyuntura decisiva en la evolución de las relaciones internacionales; a continuación, el debate se centró en la prevención, gestión y resolución de conflictos, en particular en relación con las nuevas oportunidades de cooperación entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales. La cooperación debía fundarse en la complementariedad de las acciones, teniendo en cuenta las diferencias regionales.
Seguridad de los trabajadores humanitarios
El 26 de agosto, una semana después del atentado contra la sede de las Naciones Unidas en Bagdad (Iraq) y otros atentados contra trabajadores humanitarios, el Consejo aprobó la resolución 1502, en la que expresaba su enérgica condena de todas las formas de violencia contra quienes participaban en operaciones humanitarias y exhortaba a los Estados a velar por que los crímenes contra ese personal no quedaran impunes.
El 25 de febrero se trataron las cuestiones generales relativas a las sanciones, incluidos los plazos, el daño humanitario indirecto y la evasión; en esa ocasión, el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores de Suecia, Hans Dahlgren, presentó las conclusiones del Proceso de Estocolmo sobre la aplicación de sanciones selectivas. El Proceso era resultado de más de un año de trabajo y en él participaron, entre otros, gobiernos, organizaciones no gubernamentales y profesores universitarios con el fin de sugerir medios de fortalecer la capacidad de las Naciones Unidas y los Estados Miembros para aplicar sanciones selectivas.
En el debate subsiguiente, algunos oradores subrayaron que las sanciones, como medidas coercitivas, no debían aplicarse en primera sino en última instancia. Otros señalaron que las “sanciones inteligentes” seguían siendo objeto de violaciones frecuentes. Se debería establecer un mecanismo de seguimiento uniforme y eficaz. Se destacó que, cuanto más eficaces, objetivos y transparentes fuesen los regímenes de sanciones, más útiles serían para aplicar el Capítulo VII de la Carta, lo que permitiría que el Consejo no tuviera que recurrir al uso de la fuerza.
El 22 de diciembre el Consejo escuchó los informes del Presidente del Grupo de Trabajo sobre cuestiones generales relativas a las sanciones (el representante del Camerún) y de los Presidentes de los Comités de Sanciones para el Iraq (Alemania), Somalia (Bulgaria), Rwanda (República Árabe Siria) y Sierra Leona (México).
El Consejo se reunió el 29 de octubre, cuando se cumplía el tercer aniversario de la aprobación de la resolución 1325 (2000), en la que se expresaba preocupación por el hecho de que las mujeres y los niños constituían la inmensa mayoría de los afectados por los conflictos armados y se reafirmaba el papel de la mujer en la prevención y solución de conflictos. El Secretario General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz informó al Consejo sobre la aplicación de esta resolución en el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Amy Smythe, Asesora Superior de la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, presentó experiencias sobre el terreno. Participaron en el debate 37 Estados Miembros, entre ellos altos funcionarios gubernamentales de Alemania, Fiji y los Países Bajos.
Algunos oradores instaron al Consejo a incluir expresamente la perspectiva de género en la elaboración de los mandatos y a asegurar que las mujeres participaran en todos los aspectos del proceso de adopción de decisiones encaminado a la solución de conflictos. Se exhortó al Secretario General a que nombrara a más mujeres para ocupar cargos de representante y enviada especial. Se trató particularmente el tema de la violencia sexual contra la mujer durante los conflictos y los períodos posteriores, incluso por parte del personal humanitario, y los oradores hicieron un llamamiento para que se pusiera fin a la impunidad de quienes cometían esos delitos. Algunos señalaron que en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se había tipificado como delito la violencia sexual y de género.
El 19 de septiembre el Consejo de Seguridad aprobó su quincuagésimo octavo informe anual a la Asamblea General, correspondiente al período comprendido entre el 1° de agosto de 2002 y el 31 de julio de 2003 (documento A/58/2). El informe incluye una introducción detallada en la que se resumen las actividades del Consejo.

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