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Timestamp: 2020-07-15 08:55:03+00:00

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La DTG dice mayo 2002 | F&L
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El consultante es un Ayuntamiento que va a realizar adquisiciones de bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19.
Estos preceptos son de aplicación general y, por tanto, los proveedores de los bienes y servicios al Ayuntamiento consultante, consecuentemente, tendrán la condición de empresario o profesional a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido cuando ordenen un conjunto de medios personales y materiales, con independencia y bajo su responsabilidad, para desarrollar una actividad empresarial o profesional, sea de fabricación, comercio, de prestación de servicios, etc., mediante la realización continuada de entregas de bienes o prestaciones de servicios, asumiendo el riesgo y ventura que pueda producirse en el desarrollo de la actividad, siempre que las mismas se realizasen a título oneroso.
En ese caso, estarán sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido las entregas de bienes y prestaciones de servicios que en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional realicen en el territorio de aplicación del Impuesto.
2.- En relación con el tipo del Impuesto aplicable a las entregas de bienes necesarios para combatir el COVID-19 en las operaciones en las que el destinatario sea una entidad pública, el artículo 8 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo (BOE de 22 de abril), dispone lo siguiente:
La referencia a entidades de Derecho Público se contiene, entre otros, en los artículos 13 y 132 de la Directiva. El artículo 13 donde se regula el régimen de sujeción de las entidades públicas, en su versión en castellano establece: “Los Estados, las regiones, las provincias, los municipios y los demás organismos de Derecho público…”.
A estos efectos, debe tenerse en cuenta que la versión en inglés de la Directiva 2006/112/CE establece en su artículo 13 que “States, regional and local government authorities and other bodies governed by public law…”. Por su parte, la referencia a la aplicación de la exención sanitaria del artículo 132 de la misma Directiva, en la versión en lengua inglesa señala que “hospital and medical care and closely related activities undertaken by bodies governed by public law…”.
3.- Por su parte, la Ley 37/1992 en el ámbito de las exenciones aplicable a determinadas actividades realizadas por las entidades públicas con sentido amplio, utiliza la expresión de entidades de Derecho Público (exención sanitaria, deportiva, cultural de carácter social), que debe entenderse, como se ha señalado, aplicable a las Administraciones territoriales y cualquier otra entidad integrada o dependiente de las mismas.
En consecuencia, dentro del concepto entidades de Derecho Público a efectos de la posible aplicación del tipo del 0 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido, a que se refiere el artículo 8 del Real Decreto-ley 15/2020, se incluyen, entre otras, las Administraciones Públicas territoriales como el Ayuntamiento consultante.
2. SG de Impuestos sobre personas jurídicas
La sociedad consultante A viene desarrollando la actividad inmobiliaria de alquiler de inmuebles desde el ejercicio 2015. Hasta esa fecha y desde su constitución había desarrollado la actividad industrial relativa a la fabricación de prensas mecánicas, siendo, precisamente, en el ejercicio 2015 cuando su actividad industrial fue transmitida a un grupo inversor.
En su activo actualmente dispone de tres inmuebles alquilados, otro inmueble pendiente de alquiler y próximamente procederá a adquirir otro local industrial con destino al mismo fin. A tal efecto, cuenta con personal empleado con contrato indefinido, constituyendo, la actividad del alquiler de inmuebles una rama de actividad capaz de funcionar por sus propios medios.
Por otro lado, la sociedad A es titular del 99,99% del capital social, de la sociedad B de marcado carácter industrial. Esta sociedad, cuya actividad consiste en la estampación de chapa metálica, trabaja para el sector de la automoción.
La sociedad A también posee inversiones financieras, liquidez y préstamos realizados a su participada, la sociedad B.
La sociedad A plantea una operación de reestructuración mediante la escisión de la rama financiera de la sociedad B, de manera que esa parte de su activo se segregue para su aportación a una nueva entidad (N), recibiendo a cambio valores representativos del capital social, que atribuirá a sus socios en proporción a sus respectivas participaciones. Para ello, la sociedad A reducirá las reservas y el capital social en la cuantía necesaria. Junto a las participaciones de B, la entidad A segregará en favor de N los préstamos concedidos por A a B para financiar la actividad de esta última, y dichos préstamos pasarían a integrar, igualmente, parte del activo de la entidad de nueva creación (N).
En cuanto a los motivos económicos para la ejecución de la escisión financiera se plantean los siguientes:
– La estructura jurídica de la entidad con la inversión financiera antedicha viene motivada porque en ejercicios anteriores los tres inmuebles arrendados que actualmente posee la sociedad A estaban afectos a la actividad industrial integrada en el sector de la automoción y centrada en la fabricación de prensas mecánicas de gran tonelaje.
Desde este punto de vista, el organigrama jurídico y la estructura empresarial era coherente con la actividad desarrollada. Sin embargo, desde el ejercicio 2015 esto cambió radicalmente. Las actividades de las dos entidades son completamente distintas, no se complementan y la estructura societaria carece de sentido;
Con la escisión de la participación financiera, el patrimonio quedaría jurídicamente estructurado y ordenado, pues su actual modelo obedece a la idea de una actividad industrial que ya no existe.
– Para evitar cualquier tipo de riesgo en la inversión financiera (sociedad B) se entiende necesario escindir dicha actividad industrial ostentada a través de las participaciones que suponen 99,99 % del capital social. La actual participada viene incrementando en estos últimos ejercicios su facturación, reflejando y consolidando un mayor valor, que no debe verse sometido a otros riesgos que no sean los propios de su actividad empresarial.
– Por último, los socios, que representan una amplia mayoría del capital social constituyen la segunda generación de la saga familiar, y ya han alcanzado la edad de jubilación. En consecuencia, subyace la necesidad de planificar de forma idónea la sucesión. Con la escisión financiera pretendida se podrían adjudicar participaciones de sociedades que ostentan actividades distintas (industrial e inmobiliaria) en función del perfil individual de cada uno de los herederos. Inevitablemente existen distintas motivaciones personales y profesionales entre éstos, algunos con voluntad de marcado carácter industrial, con la idea de seguir y potenciar el camino iniciado por los fundadores; otros con perfil dispar. Debe indicarse que según avanzan las generaciones el número de socios tiende a incrementarse y la motivación empresarial de todos los socios no es inevitablemente la misma. En definitiva, con la adjudicación de participaciones sociales que ostentan negocios distintos se facilitaría el relevo generacional, y la propia continuidad de la actividad industrial centrada en la sociedad B.
En la consulta V0220-20 de 3 de febrero de 2020, la consultante plantea si Si la operación descrita podría acogerse al régimen fiscal previsto en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades
La sociedad A realizará una operación de escisión parcial financiera en virtud de la cual escindiría el 99,99% de sus participaciones en la sociedad B a favor de una entidad de nueva creación, manteniendo en sede de la entidad escindida la actividad inmobiliaria de alquiler de inmuebles.
El Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, LIS), regula el régimen fiscal especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea.
Al respecto, el artículo 76.2.1º c) de la LIS, considera escisión, la operación por la cual “una entidad segrega una parte de su patrimonio social, constituida por participaciones en el capital de otras entidades que confieran la mayoría del capital social de éstas, y las transmite en bloque a una o varias entidades de nueva creación o ya existentes, manteniendo en su patrimonio al menos participaciones de similares características en el capital de otra u otras entidades o bien una rama de actividad, recibiendo a cambio valores representativos del capital social de estas últimas, que deberán atribuirse a sus socios en proporción a sus respectivas participaciones, reduciendo el capital social y las reservas en la cuantía necesaria y, en su caso, una compensación en dinero en los términos de la letra a) anterior.”
En el ámbito mercantil, el artículo 70 y los artículos 73 y siguientes de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, establecen, desde un punto de vista mercantil, el concepto y los requisitos de las operaciones de escisión parcial.
Concretamente, el artículo 70 de la citada Ley dispone que:
“1. Se entiende por escisión parcial el traspaso en bloque por sucesión universal de una o varias partes del patrimonio de una sociedad, cada una de las cuales forme una unidad económica, a una o varias sociedades de nueva creación o ya existentes, recibiendo los socios de la sociedad que se escinde un número de acciones, participaciones o cuotas sociales de las sociedades beneficiarias de la escisión proporcional a su respectiva participación en la sociedad que se escinde y reduciendo ésta el capital social en la cuantía necesaria.
Si la parte del patrimonio que se transmite en bloque está constituida por una o varias empresas o establecimientos comerciales, industriales o de servicios, podrán ser atribuidas a la sociedad beneficiaria las deudas contraídas para la organización o el funcionamiento de la empresa que se traspasa.”
En este sentido, la delimitación de los supuestos que constituyen una escisión parcial susceptible de ampararse en el régimen fiscal especial (rama de actividad, cartera de control) debe partir de la concurrencia, como mínimo, de los requisitos exigidos en la normativa mercantil, en concreto lo previsto en el artículo 70 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.
Desde esta perspectiva el patrimonio segregado debe estar constituido por participaciones mayoritarias en una o varias entidades. Igualmente, resulta necesario que el patrimonio que permanece en sede de la entidad escindida esté constituido, al menos, por participaciones mayoritarias en otra u otras entidades o bien por una rama de actividad. Cumpliéndose esta circunstancia, la operación de escisión financiera planteada podrá acogerse al régimen fiscal especial del Capítulo VII del Título VII de la LIS.
Ahora bien, tal concepto fiscal no excluye la exigencia, implícita en el concepto de “rama de actividad” de que la actividad económica que la entidad escindida desarrollará de manera autónoma existiera también, previamente, permitiendo así la identificación de un conjunto patrimonial afectado o destinado a la misma.
En definitiva, es requisito que el patrimonio que se mantiene constituya por sí mismo una rama de actividad en el sentido mencionado, es decir, que exista una organización de medios materiales y personales diferenciados para la actividad en sede de la entidad escindida con anterioridad a la realización de la operación.
En el escrito de consulta se plantea la segregación del 99,99% de las participaciones que la sociedad A ostenta en la entidad B junto con los préstamos concedidos por A a B para financiar la actividad de esta última, manteniéndose en la entidad escindida, A, la rama de actividad inmobiliaria de alquiler de inmuebles.
De los datos que se derivan del escrito de consulta parece desprenderse que se escinde una participación mayoritaria en la entidad B y que el patrimonio que permanece en la consultante está constituido por la rama de actividad de alquiler de inmuebles. En relación con la segregación de los préstamos concedidos por A a B, para financiar la actividad de esta última, conjuntamente con la participación mayoritaria en B, según criterio de este Centro Directivo, tampoco se ve alterado el concepto de escisión para la operación planteada por el hecho de que se aporten los préstamos concedidos a la sociedad participada (B), en la medida en que todo ello forma parte de la estructura financiera del patrimonio principal segregado que no es otro que las participaciones mayoritarias en el capital de esa sociedad (B).
Por tanto, la operación de escisión planteada cumpliría con los requisitos establecidos en el artículo 76.2.1º c) de la LIS por lo que, en ese caso, la operación de escisión financiera planteada podría acogerse al régimen fiscal especial del Capítulo VII del Título VII de la LIS, en las condiciones y con los requisitos establecidos en dicha normativa. No obstante, la concurrencia de gestión y organización diferenciada para la existencia de rama de actividad, son cuestiones de hecho cuya valoración corresponderá, en su caso, a los órganos competentes en materia de comprobación de la Administración tributaria.
En el escrito de consulta se indica que la operación se realiza por siguientes los motivos económicos:
SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Fïsicas
El consultante para el desarrollo de su actividad económica ha adquirido un ordenador.
En la consulta V0244-20 de 04 de febrero de 2020, la consultante plantea si Deducibilidad del gasto por ordenador tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Se parte de la premisa, de que el consultante determina el rendimiento neto de su actividad por el método de estimación directa, en la modalidad que corresponda.
El artículo 22 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE de 4 de agosto) en desarrollo del artículo 29 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), en adelante LIRPF, regula los elementos patrimoniales afectos a una actividad económica, estableciendo que:
De acuerdo con el precepto expuesto, podrá deducirse como gasto la amortización de elementos patrimoniales afectos, como podría ocurrir con el ordenador objeto de consulta, en caso de que la afectación del mismo a la actividad del consultante cumpla las condiciones establecidas en el dicho artículo 22 del Reglamento del Impuesto.
El derecho a deducir en el Impuesto sobre el Valor Añadido está regulado en el Capítulo I del Título VIII de la Ley 37/1992. En relación con el ejercicio del derecho a la deducción de las cuotas soportadas por parte del consultante, el artículo 93, apartado uno, de la mencionada Ley establece que podrán hacer uso del derecho a deducir los sujetos pasivos del Impuesto que tengan la condición de empresarios o profesionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de esta Ley y hayan iniciado la realización habitual de entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a sus actividades empresariales o profesionales.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las cuotas soportadas o satisfechas con anterioridad al inicio de la realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a sus actividades empresariales o profesionales podrán deducirse con arreglo a lo dispuesto en los artículos 111, 112 y 113 de esta Ley.
El mismo artículo, en su apartado cuatro, señala que no podrán ser objeto de deducción, las cuotas soportadas o satisfechas por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios efectuadas sin la intención de utilizarlos en la realización de actividades empresariales o profesionales, aunque ulteriormente dichos bienes o servicios se afecten total o parcialmente a las citadas actividades.
En cuanto a las limitaciones del derecho a deducir, el artículo 95 de la Ley 37/1992 establece lo siguiente:
Además, el ejercicio del derecho a la deducción de las cuotas soportadas deberá ajustarse a las condiciones señaladas en el apartado tres del artículo 99 de la Ley, que establece:
“(….) Tres. El derecho a la deducción solo podrá ejercitarse en la declaración-liquidación relativa al periodo de liquidación en que su titular haya soportado las cuotas deducibles o en las de los sucesivos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de cuatro años, contados a partir del nacimiento del mencionado derecho.
Igualmente, hay que hacer mención a los requisitos mencionados en el artículo 97 de la misma Ley, en el que se establecen los requisitos formales del derecho a la deducción:
Por su parte, los bienes de inversión deben ser definidos conforme el artículo 108 de la Ley 37/1992 como:
“Uno. A los efectos de este Impuesto, se considerarán de inversión los bienes corporales, muebles, semovientes o inmuebles que, por su naturaleza y función, estén normalmente destinados a ser utilizados por un período de tiempo superior a un año como instrumentos de trabajo o medios de explotación.
5º. Cualquier otro bien cuyo valor de adquisición sea inferior a quinientas mil pesetas (3.005,06 euros)”.
De la normativa expuesta anteriormente se deriva que cuando el sujeto pasivo adquiere un bien o servicio que no afecta directa y exclusivamente a su actividad empresarial o profesional, las cuotas soportadas no podrán ser deducidas en ninguna medida ni cuantía, salvo que se trate de bienes de inversión, en cuyo supuesto la afectación parcial de tales bienes permitirá la deducción parcial de las cuotas soportadas conforme a las reglas establecidas en el artículo 95.
De acuerdo con lo anterior, las cuotas soportadas por la adquisición de un ordenador no serán deducibles en cuantía alguna cuando sean utilizados indistintamente para el ejercicio de la actividad empresarial o profesional y para necesidades privadas, salvo que éste pudiera ser considerado como bien de inversión, en cuyo caso dichas cuotas podrán ser deducibles en la medida en que el ordenador vaya a ser previsiblemente utilizado en la actividad empresarial o profesional del consultante, aspecto que podrá ser acreditado por cualquier medio de prueba admisible en derecho.
En cuanto al modo de acreditar el grado de afectación por el consultante, además de lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, deberá tenerse en cuenta que, a estos efectos, será válido cualquier medio admitido en Derecho, pero no será prueba suficiente la declaración-liquidación presentada por el propio sujeto pasivo ni la contabilización o inclusión de los correspondientes bienes de inversión en los registros oficiales de la actividad empresarial, sin perjuicio de que esta anotación sea otra condición necesaria para poder ejercitar el derecho a la deducción.
SG sobre la Renta de las Personas Físicas
El consultante suscribió participaciones sociales en la constitución de una sociedad en noviembre de 2018 por importe de 25.000 euros. Posteriormente, en diciembre de 2018, suscribió participaciones sociales por 25.000 euros en la ampliación de capital de otra sociedad distinta que se había constituido en febrero de 2018. Ambas sociedades ejercen el mismo tipo de actividad (tienen el mismo Código de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas) y el consultante manifiesta que cumplen todos los requisitos previstos para la aplicación de la deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación.
En la consulta V0302-20 de 10 de febrero de 2020, el consultante quiere conocer si es posible aplicación de la deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación regulada en el artículo 68.1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y en concreto si se cumple el requisito de que no se trate de acciones o participaciones en una entidad a través de la cual se ejerza la misma actividad que se venía ejerciendo anteriormente mediante otra titularidad.
“1. Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación.
5.º Para la práctica de la deducción será necesario obtener una certificación expedida por la entidad cuyas acciones o participaciones se hayan adquirido indicando el cumplimiento de los requisitos señalados en el número 2.º anterior en el período impositivo en el que se produjo la adquisición de las mismas.”
En el caso planteado, la cuestión versa sobre si el consultante puede aplicarse esta deducción por la inversión realizada en ambas sociedades, o bien únicamente en la primera de ellas, en el caso de que se estuviera incumpliendo el requisito previsto en el artículo anteriormente reproducido relativo a que no se trate de acciones o participaciones en una entidad a través de la cual se ejerza la misma actividad que se venía ejerciendo anteriormente mediante otra titularidad.
Al respecto, debe concluirse -con la limitación derivada de lo reducido de los datos aportados, que quedan circunscritos a los antes expuestos- que el solo hecho de que ambas sociedades desarrollen el mismo tipo de actividad, por coincidir en el mismo Código de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, no implica que se incumpla el referido requisito, no impidiendo por tanto dicha circunstancia la aplicación de la deducción.
SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas La DGT indica que la obligación de practicar retenciones o ingresos a cuenta, en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al perceptor, se recoge en el artículo 99.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la ...	Leer Más »

References: artículo 8
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 132
 artículo 8
 artículo 76
 artículo 70
 artículo 70
 artículo 70
 artículo 76
 artículo 22
 Real Decreto 
 artículo 29
 artículo 22
 artículo 93
 artículo 5
 artículo 95
 artículo 99
 artículo 97
 artículo 108
 artículo 95
 artículo 68
 artículo 99