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Timestamp: 2018-01-21 22:08:11+00:00

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Democristianos trafican con monedas de oro. Punto Final Nº 74. Febrero 1969
Democristianos trafican con monedas de oro
Año III. Nº 74
Martes 11 de febrero de 1969
EL senador Renán Fuentealba, presidente del Partido Demócrata Cristiano, cuya directiva ha instruido "proceder drásticamente en contra de quienes osen ofender a nuestro partido", debe estar seguro de una cosa: que sus amenazas —o sus agresiones— no harán callar a PUNTO FINAL.
Es un recurso pueril el que intenta la directiva democristiana al querer involucrar a los hombres y mujeres que militan en el PDC en los escándalos y negociados que ha denunciado —y seguirá denunciando— PF. La mayoría de esos hombres y mujeres son también víctimas; como todos los chilenos, de la corrupción en que ha caído el PDC en el ejercicio del poder. Los militantes democristianos y los ciudadanos que han contribuido con sus votos a que ese partido político esté en el gobierno, han sufrido en carne propia la traición de la "revolución en libertad" que se les prometió y en la cual creyeron. Se les puede acusar de ingenuos pero no de aprovechadores. No tienen culpa de que una capa de militantes privilegiados, estratégicamente ubicados, haga fortuna a costa de la buena fe de una masa explotada que le sirve de sostén electoral.
De modo, señor Fuentealba, que no confundamos.
Hasta ahora las querellas judiciales lanzadas por el gobierno contra PF han fracasado. Los tribunales han terminado absolviéndonos, al comprobar que decíamos la verdad. La querella que el PDC anuncia ahora, estamos seguros, correrá el mismo destino.
Pero es conveniente destacar que el PDC ha preferido guardar silencio sobre las denuncias concretas que ha formulado PF. No ha desmentido nada por que no puede desmentir nada. Su raigambre ideológica fascista le ha indicado, en cambio, otro camino: intenta vanamente atemorizar a PF para que calle. Querellas judiciales y la amenaza muy clara de procedimientos "drásticos" son el bagaje de su "argumentación". Todo eso no prueba su inocencia, al contrario, demuestra su culpabilidad.
Frente a denuncias similares respecto a otros escándalos en la administración pública, sobre los cuales informaron los diarios "El Siglo" y "Ultima Hora", tanto el gobierno como el PDC han iniciado acciones judiciales. Está claro que pretenden silenciar a todo vocero de prensa independiente —de los muy escasos que quedan— para que los que intervienen en sucios manejos puedan operar con impunidad. Esos órganos de prensa —que han escapado al control hegemónico del PDC sobre diarios, radios y TV—, cuentan desde luego con nuestra solidaridad frente a las querellas que se han iniciado en su contra.
El PDC ha incurrido en los mismos vicios y corrupciones que criticó cuando era oposición y trataba de crearse una imagen de avanzada. Los radicales popularizaron el "cucharón" y los democristianos han puesto de actualidad la "poruña". En ambos casos se ha tratado de partidos políticos manejados por la burguesía y cuyos gestores y capitostes han interpretado el ejercicio del poder como la oportunidad de hacer fortuna personal. Es hora ya que las masas trabajadoras despierten y luchen por liquidar las estructuras de poder que facilitan este permanente engaño. PF tiene un compromiso revolucionario con el pueblo chileno. Lo cumplirá sin vacilaciones. Entre otras tareas no esquivará la muy importante de denunciar cómo las clases dominantes, encabezadas hoy por el PDC, se enriquecen desde el poder.
UN negocio que puede arrojar alrededor de 20 millones de dólares de utilidad logró sacar adelante un alto personaje del régimen democristiano.
En efecto, Juan Goñi, ex director de "La Nación", dueño de una impresionante fortuna como importador privilegiado de camiones, autobuses y otros vehículos a motor, es también el representante de una firma italiana que se propone acuñar hasta cinco toneladas de oro en monedas conmemorativas chilenas. La operación fue inicialmente objetada por la Contraloría General de la República, señalando algunos vicios en el decreto que la autorizaba, pero más pudo Goñi que —en círculos democrístianos— es identificado como agente de otros altos personajes en negocios donde el apoyo oficial significa garantía de seguro éxito.
El decreto objetado, que llevaba la firma del Presidente Frei, fue reemplazado por otro que lirmó Edmundo Pérez Zujovic en calidad de Vicepresidente de la República.
Toda la historia comenzó en 1967. El 16 de diciembre de ese año apareció en el Diario Oficial un decreto del Ministerio de Hacienda que, entre otras materias, autorizaba la acuñación de monedas de oro y plata, fijando su cantidad, peso, ley, valor, tipo y denominación. El 10 de febrero de 1968, apareció un segundo decreto que estipulaba ios aspectos concretos de la negociación en marcha. Se acuñarían hasta cmco toneladas de oro (no se señaló la cantidad exacta) en diversos tipos de monedas conmemorativas de hechos históricos chilenos.
Fue este decreto de febrero del 68 el que puso en estado de alerta a la Sociedad de Numismáticos (coleccionistas de monedas) de Chile.
Son ellos —aparte uno que otro coleccionista privado o inversionista en oro— los que usualmente adquieren las limitadas emisiones de monedas de oro que hace el Banco Central.
Los numismáticos chilenos se dieron cuenta que estaba en marcha un negocio que ponía en peligro toda la seriedad que hasta ahora ha revestido la emisión de monedas de oro chilenas.
Desde luego, la acuñación la entregaban el Ministerio de Hacienda y el Banco Central a una empresa particular italiana que, incluso, traerá al país sus propios cuños y los retirará al terminar la emisión, o sea, quedará en situación de seguir acuñando monedas "chilenas" indefinidamente.
(En la Casa de Moneda de Chile hay excelentes grabadores, especialistas en el diseño de cuños, que han quedado fuera de esta operación) .
La Sociedad de Numismáticos planteó sus observaciones al presidente del Banco Central. Carlos Massad, también democristiano. Pero la negociación siguió adelante impulsada a través de los influyentes contactos de Juan Goñi. Los numismáticos dijeron a las autoridades que Chile se ha ganado un sólido prestigio como acuñador de monedas. Pero tan enorme cantidad como la proyectada, añadieron haría que los coleccionistas internacionales se desinteresaran en comprarlas, convirtiéndose la emisión en objeto de transacciones especulativas. Además, los numismáticos chilenos hicieron presente lo insólito de que en esta ocasión tanto el oro como los cuños se trajeran de Italia, convirtiendo al Estado chileno en simple socio de una oscura negociación.
(La casa italiana ofrece un 20% de participación al Banco Central en el negocio, sin contar la comisión de su representante, Juan Goñi).
CONVERSACIÓN CON FREI
Alarmados ante la cuantía y las características que comenzaba a tomar este tráfico de monedas de oro, los numismáticos se movilizaron ante el Presidente Frei, el Ministro de Hacienda, Andrés Zaldívar Larraín, y el presidente del Banco Central, Carlos Massad, solicitando ver el contrato que esta última institución había firmado con la empresa italiana. Pero no consiguieron ese propósito porque el agente chileno de los acuñadores italianos fue mucho más poderoso y logró que se mantuvieran ocultos los términos de la negociación.
Un coleccionista, amigo personal del Presidente Frei, pudo hablar con él y le advirtió los sospechosos relieves del negocio que montaban personeros democristianos. El primer mandatario —que ya había firmado el decreto objetado por la Contraloría General—, se mostró conmovido por el interés de su amigo en evitarle un nuevo bochorno a su gobierno a causa de los insaciables traficantes que pululan en la Administración Pública. Al parecer, efectivamente, el Presidente Frei se interesó en el asunto y se percató de las proyecciones que tendría el negocio, tratando a último momento que no se formalizara el contrato en el Banco Central. Esta es por lo menos la impresión que dejó en el ánimo de los coleccionistas, la intervención del numismático amigo del Presidente Frei.
Sin embargo, se produjo el viaje de Frei a Brasil y asumió como Vicepresidente de la República el Ministro del interior, Edmundo Pérez Zujovic. El momento de transición fue aprovechado por los democristianos interesados en la operación.
Lanzaron otra ofensiva en el plano administrativo y el nuevo decreto, corregidas las observaciones que había formulado la Contraloría, fue firmado por el Vicepresidente Pérez.
De este modo la negociación comenzó a rodar en terreno firme.
Según Massad, jefe del Banco Central, la operación será conveniente para el país porque lo coloca a la altura de países como Gran Bretaña y Estados Unidos que acuñan monedas de oro —altamente apreciadas por los coleccionistas— para conmemorar hechos históricos.
Pero los coleccionistas saben que esto es una triquiñuela destinada a justificar el negocio con la firma italiana. Desde luego, por que Estados Unidos dejó de acuñar monedas de oro en 1933, y Gran Bretaña ha acuñado en toda su historia no mas de trece monedas de oro relativas a grandes acontecimientos históricos. Es precisamente la parquedad en las emisiones de estas monedas lo que las hace tan valiosas y objeto de prolongadas transacciones entre numismáticos.
La empresa italiana —que trae el oro y los cuños para que la acuñación se haga por cuenta suya en la Casa de Moneda—, puso como anzuelo la participación del 20% para el Banco Central, o sea, para el Fisco chileno.
Esta participación se hace sobre el valor intrínseco del oro y sobre su valor comercial. Pero los entendidos en estas materias creen que se acuñará mucho menos de las 5 toneladas autorizadas por el gobierno democristiano.
Chile aparecería, entonces, prestándose a una operación de enormes beneficios para la firma italiana —que recuperará sus cuños para seguir emitiendo si se le antoja—, y para Juan Goñi que ganará la comisión respectiva en su calidad de representante de la casa italiana.
Los vastos alcances de este tráfico de monedas de oro, que cuenta con bendición oficial, hacen suponer que no es sólo el ex director de "La Nación" quien ganará comisión, sino que también hay interés en medios democristianos donde actualmente se hacen toda clase de operaciones para contar con una caja electoral que permita retener el poder en 1970.
Aunque en Chile sólo el Banco Central está autorizado para comerciar con oro, la firma italiana que representa Goñi podrá hacerlo sin impedimentos. La primera partida de las 5 toneladas ya llegó al país pero las monedas aún no han sido acuñadas. Sin embargo, la firma italiana las está ofreciendo a la venta a través de publicaciones en revistas especializadas de Europa.
Las características, peso y medidas de las monedas de oro adolecían de algunos errores en el decreto que objeto la Contraloría. El oro chileno es de 21 kilates de 875 milésimos de fino (el oro puro es de 24 kilates y mil milésimos de fino). Las monedas de oro acuñadas hasta ahora en nuestro país han correspondido hasta 100 pesos oro con un peso de 20,3 gramos. La negociación patrocinada por democristianos permitiría acuñar monedas de hasta 500 pesos oro con un peso de cien gramos.
Eso explicaría la enorme cantidad de oro que se pretende internar: cinco toneladas. Los coleccionistas estiman que este es otro aspecto muy sospechoso del negocio porque bastarían 170 kilos de oro para acuñar el número suficiente de monedas para el mercado de coleccionistas dentro y fuera del país.
¿Qué se hará con el resto de las cinco toneladas de oro que la firma italiana representada por el ex director de "La Nación" está autorizada para internar al país? Es una pregunta que inquieta a todas las personas al corriente de este nuevo negocio democristiano.
En cuanto a los cuños: la firma italiana los traerá a la Casa de Moneda de Chile, pero terminada la acuñación se los llevará. ¿Qué hará con los cuños? Y aunque no se los llevara de regreso a Italia: los cuños son de acero y pueden fácilmente hacerse duplicados. En forma clandestina la empresa italiana podría acuñar un número reducido de monedas "chilenas" cada cierto tiempo y venderlas en transacciones privadas.
Desde luego, y como en casos anteriores ya denunciados por PF, surge una pregunta lógica: ¿cómo es posible que la influencia de personajes altamente colocados en el actual régimen sea capaz de vencer toda clase de obstáculos, legales, morales y políticos? ¿Es que los democristianos están conscientes de que están a punto de salir del gobierno, luego de haber soñado con permanecer 35 años en él, y por eso no les importa el juicio de la opinión pública?
El repentino entusiasmo por las monedas de oro del democristiano importador de vehículos, Juan Goñi, culminó en un hecho cómico. El personero gobiernista quiso que la operación fuese perfecta y pidió su ingreso a la Sociedad de Numismáticos de Chile, pero los dirigentes de la entidad estimaron que era una falta de respeto colocar a un mismo nivel una ciencia seria, como la que ellos practican en el estudio de monedas y medallas, con la habilidad para hacer negocios al amparo de la influencia política. La solicitud de Goñi no fue aceptada y tendrá que conformarse con coleccionar dinero sin usar el título de numismático.
LA COEXISTENCIA PACÍFICA: UN BUEN NEGOCIO PARA EL PDC
LAS oligarquías y las burguesías latinoamericanas oyeron muchas voces amenazantes para sus intereses desde los comienzos del siglo XX, pero sólo tomaron clara conciencia del peligro cuando las masas cubanas rechazaron en 1961 una agresión armada montada en Estados Unidos, en bahía Cochinos.
Estados Unidos, preocupado de su propia supervivencia en el continente, fortaleció los dispositivos militares y policiales con lo cual alentó a sus socios nativos, muchos de los cuales coligieron que nada ha cambiado en América latina. A su juicio sigue en pie el poder de la espada y el garrote.
Sin embargo los grupos más lúcidos del conservadurismo latinoamericano recogieron la experiencia con preocupación, a la que se sumó la inquietud del Vaticano que advierte el notable deterioro de su influencia en el mundo.
Los personeros más esclarecidos del sector conservador estiman que la espada y el garrote son útiles pero que en muchos casos pueden estimular la rebelión latinoamericana. Por ese motivo prefirieron buscar tácticas más hábiles, destinadas a cumplir un objetivo preciso: detener el proceso de liberación de los pueblos.
Los mecanismos de las Naciones Unidas, en América latina FAO y CEPAL, especialmente esta última elaboraron planteamientos novedosos para cautivar a los que no aceptan la revolución y engañar a las masas despolitizadas, que constituyen hasta ahora un amplio sector. Así surgieron las manifestaciones "desarrollistas" que ya se agotaron en Argentina, las "reformistas", que fracasaron con el derrocamiento de Goulart, y varias otras. En Chile el desarrollismo y el reformismo se encarnaron en un movimiento alimentado financieramente por el capitalismo europeo y norteamericano, o ideológicamente por la Iglesia Católica. Ese movimiento es la Democracia Cristiana, que había cubierto desde la década del 30 una etapa de críticas al capitalismo al mismo tiempo que recogía las manifestaciones más hábiles del antimarxismo.
La Democracia Cristiana es la consecuencia de una burguesía hábil que cree que la oligarquía debe sacrificar determinadas posiciones actuales para evitar el advenimiento de la revolución. Por lo tanto, se trata de un movimiento defensivo. Su crecimiento lo experimentó en los momentos en que las posiciones revolucionarias estaban a la ofensiva, especialmente a partir de 1960, año en que se definió la Revolución Cubana.
En 1946 la oligarquía y la burguesía chilenas usaron la espada y el garrote contra las fuerzas partidarias de romper el "establecimiento" e impusieron incluso un engendro jurídico (la llamada Ley de Defensa de la Democracia) lo que demostró su decisión de destruir violentamente al movimiento popular. Este reaccionó dentro de un comportamiento pasivo frente al reto conservador y finalmente las tradiciones liberalizadoras terminaron por destruir los efectos jurídicos de la mencionada ley. El movimiento popular no necesitó, ni intentó, un comportamiento violento ante la posición clasista de los grupos gobernantes, y se limitó a crear un movimiento poderoso de opinión pública, el que finalmente con su presión obligó al gobierno conservador pero "liberaloide" de Carlos Ibáñez del Campo, a proponer el reemplazo de la Ley de Defensa de la Democracia por una ley de seguridad interna, que, sin definirse como enemiga declarada de un partido político específico, es un conjunto legal destinado a defender a la clase gobernante. La prueba de su fuerza y contenido es que los Tribunales de Justicia han arrastrado por primera vez a la cárcel a un senador, usándola como herramienta jurídica. La Democracia Cristiana, orientada por el pensamiento novedoso de un sector de la Iglesia y de investigadores sociales modernos, pero surgidos en el conservadurismo, acogió en el período más relevante de su existencia una táctica distinta a la que usaron la burguesía, la oligarquía chilenas y el imperialismo norteamericano a partir de 1946. En lugar de buscar el enfrentamiento violento con las fuerzas que se confiesan revolucionarias las emplazo a un combate dentro del "establecimiento", con lo que demostró su sincero propósito de aceptar los términos de la coexistencia, ya aplicada a esa altura en el plano de la política internacional por la Unión Soviética.
La Democracia Cristiana se asiló en las reglas de juego de coexistencia, que no presupone, según lo han manifestado sus diseñadores en variados documentos internacionales, el término del antagonismo de clases sino que permite el desarrollo de una competencia política. No puede pensarse que se plantee en la competencia interna de un país la emulación económica, porque los medios de producción siguen en manos del capitalismo. Justamente se persigue con la aceptación de la coexistencia pacífica dejar la situación económica y social intacta en sus bases, lo que se traduce en un neto beneficio para la clase gobernante.
LA COEXISTENCIA EN CHILE
La coexistencia pacífica en términos internacionales presupone que el campo socialista se beneficia durante el proceso pacífico porque puede desarrollar su propia economía, sin la amenaza de un conflicto armado con el imperialismo. Los aspectos positivos de esa tesis para el campo socialista, constituyen motivo para otro debate. Pero en esta nota sólo se busca descubrir las ventajas o peligros que entraña para la clase que está llamada a hacer la revolución el establecimiento de la coexistencia pacífica en el plano interno de un país, en este caso concreto, Chile.
Está claro que la coexistencia pacífica interna aceptada por la Democracia Cristiana no detuvo la controversia política, como que esa fuerza basó su campaña electoral de 1964, que le llevó a la Presidencia de la República, en una ofensiva abiertamente antimarxista y contraria a todos los revolucionarios. Los que desde la barricada revolucionaria dicen que la coexistencia pacífica no ha borrado la lucha ideológica y que, por lo tanto, los partidos marxistas organizados (Socialista, Socialista Popular y Comunista) siguen combatiendo a sus enemigos de clase, no están señalando una posición falsa, pero tampoco están refiriendo toda la verdad, porque son los matices del enfrentamiento dentro de la coexistencia pacífica los que aceleran o atenúan la batalla de clase.
La Democracia Cristiana, como defensora auténtica de la oligarquía, retuvo el poder para la clase que lo detenta desde los albores de la Independencia, y si no se produce alguna alteración en el orden legalista, Eduardo Frei y su equipo podrán decir a sus defendidos: "Hemos postergado por seis años el proceso de liberación de Chile". En 1970, si nada anormal ocurre, se podrá apreciar que la coexistencia pacífica interna ha sido plenamente útil para la oligarquía, la burguesía, y sus socios imperialistas norteamericanos.
La postergación del estallido de la liberación de Chile se traduce en netos beneficios para la clase explotadora del país y para el imperialismo norteamericano. Órganos de prensa de Estados Unidos han confesado que jamás gobernante conservador de Chile hizo tantas concesiones a las empresas norteamericanas que explotan el cobre chileno como las que entregaron Frei y su equipo.
Para contrarrestar este aspecto negativo podrá decirse que bajo el régimen de la Democracia Cristiana el pueblo ha obtenido conquistas y ha elevado su capacidad de lucha, lo que lo robustece para enfrentamientos más decisivos con la clase gobernante. Al respecto no debe olvidarse que en este mismo período las Fuerzas Armadas han alcanzado un entrenamiento acabado para combatir a los elementos rebeldes, cuando éstos intenten la liberación nacional, y que los elementos represivos de la policía, perfectamente coordinados con los mecanismos represivos norteamericanos, han perfeccionado sus dispositivos y han mostrado eficacia en las operaciones que han realizado para aplastar manifestaciones de protesta de estudiantes y trabajadores (en 1966 los campesinos apreciaron el rigor policial y la justicia de clase, al igual que muchos trabajadores y estudiantes).
La coexistencia pacífica aplicada como política interna es útil para la clase gobernante. Lo que debe examinarse y discutirse es si ella es conveniente para la clase explotada y para los revolucionarios. El último informe de la Oficina de Planificación de la Presidencia de la República de Chile (ODEPLAN), que contiene las Cuentas Nacionales, establece categóricamente que la participación de los trabajadores en el ingreso Geográfico en 1967, no supera los niveles anteriores a 1960, año en que los empleados y obreros fueron perjudicados por la política del gobierno conservador de Jorge Alessandri.
¿Cómo puede medirse lo que la clase explotada ha obtenido como beneficios en este período de coexistencia pacífica interna? Con los indicadores oficiales que en ningún momento marcan progresos para la situación de los trabajadores.
Otros indicadores demuestran que los grupos capitalistas criollos o imperialistas extranjeros han obtenido enormes beneficios, especialmente los que responden a los inversionistas norteamericanos que explotan el cobre de Chile, que resultaron ampliamente favorecidos por los convenios impuestos por Frei y su equipo.
Frente a las dudas de las ventajas que pueda aportar para la clase explotada la coexistencia pacífica interna, surge el planteamiento de los voceros de los partidos que reclaman ser la vanguardia revolucionaria. Ellos dicen que se ha evitado empujar al pueblo a aventuras que arrojarían resultados sangrientos.
Todo aquel que ponga en duda o deseche la coexistencia pacífica interna es calificado de "aventurero" por los comunistas o de "revolucionario de café" por el senador socialista popular Raúl Ampuero. Los calificativos tienden a desalentar a los que, impacientes por el retraso que afecta a la clase explotada, proponen la creación de condiciones revolucionarias.
En el año 1964, la Democracia Cristiana obtuvo una victoria aplastante sobre la postulación que alzaban los marxistas y que apoyaban revolucionarios no matriculados en los partidos que reclaman la vanguardia.
Fue claro que Frei quiso profitar de la coexistencia pacífica, la que consolidó con la reanudación de relaciones diplomáticas con naciones del campo socialista (menos China Popular, Cuba Vietnam, Corea y la República Democrática Alemana) y obtener victorias sobre los partidos que reclaman el rol de vanguardia en el sector revolucionario.
Frei quiso imponer la creación de organizaciones paralelas en el campo sindical y en un momento de arrebato intentó quebrar a la más fuerte organización gremial de los trabajadores (la Confederación del Cobre) con una masacre que consumó y que tuvo una débil respuesta de las fuerzas que reclaman papeles de vanguardistas en el proceso revolucionario.
Posteriormente Eduardo Frei se conformó con profitar de las ventajas de una coexistencia pacífica inmóvil. En esa fase de su táctica encontró una disposición favorable para ella del Partido Comunista, la resistencia de un sector del Partido Socialista, que más adelante fue dividido, con objetivos aún no aclarados, y de los grupos revolucionarios emergentes, entre ellos el Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
Puede señalarse como un factor positivo de esta coexistencia pacífica interna, la descomposición del Partido Demócrata Cristiano, que exhibió y mantiene hasta la fecha un pequeño (entiéndase pequeño) grupo de corte revolucionario, una parte del cual está ligado a manifestaciones rebeldes de la Iglesia Católica.
¿Por qué Eduardo Frei y su gente, con un aparato represivo fuerte en sus manos se conforma con la coexistencia pacífica interna?
Es ingenuo pensar que la decisión de aceptar una emulación dentro de la vía pacífica fue una consecuencia del temperamento de Eduardo Frei, un político sin coraje. La historia está llena de ejemplos de gobernantes tímidos que han empujado procesos violentos contra el pueblo, impulsados por un temor histórico a su posible derrocamiento.
Por lo demás Frei y su gente, tanto el actual Ministro del Interior como el anterior, han demostrado tener una mano muy dura con el pueblo, cada vez que éste ha intentado esbozar una manifestación rebelde.
La discusión sobre la inconveniencia o ventaja de la vía electoral es secundaria a la que se plantee sobre la supervivencia de la coexistencia pacífica interna.
Hoy ese proceso es aceptado por la Democracia Cristiana que aparece como la fuerza más importante de la oligarquía y de la burguesía criollas, y mañana puede serlo por otra fuerza que represente a idénticos intereses bajo otra enseña política. Lo decisivo es que se trata de una tregua entre dos clases antagónicas, una de las cuales, la que detenta el poder, resulta plenamente beneficiada.
Si las fuerzas políticas organizadas que se identifican a sí mismas como vanguardias revolucionarias se conforman con la reglas del juego electoral, en las cuales imperan las características que impone la burguesía, el pueblo les seguirá. Es absurdo pensar que la masa sin dirección intente alterar el actual cuadro político, porque si lo hiciera sola estaría alentando una asonada en la cual resultaría atrapada en una trampa sangrienta.
Los dirigentes de los partidos que se auto-califican vanguardias revolucionarias no pueden pensar que el pueblo les creará las condiciones objetivas para un estallido revolucionario. Este podrá contribuir a su precipitación pero tendrán que asumir los revolucionarios decididos el papel de detonantes y de guías de un proceso de liberación.
Admitir que un pueblo agobiado por la inflación, la miseria, la injusticia, etc. es el que crea las condiciones objetivas revolucionarias, es quedarse a la espera de una solución fatalista que no sobrevendrá.
Si la revolución se desea como un proceso destinado a modificar profundamente las condiciones de vida de una nación y no como una fórmula para satisfacer resentimientos o alcanzar metas temporales e insignificantes, debe buscarse su precipitación cuanto antes.
Cada día que pasa la situación del pueblo se hace más angustiosa y para modificarla no bastará la esperanza en la buena acción de un gobierno que representa los intereses de la oligarquía, de la burguesía y del imperialismo.
Es curioso observar cómo algunos dirigentes de las fuerzas que reclaman roles vanguardistas revolucionarias plantean críticas parciales a los gobernantes que representan a la clase explotadora, como si esperaran de ellos un mejor comportamiento.
En 1970, cuando Frei entregue el poder se oirán desde las barricadas de la izquierda y de fuerzas que se autocalifican como vanguardias revolucionarias, comentarios destinados a comprobar el fracaso de su administración. Pero al mismo tiempo ellos se verán obligados a aceptar las esperanzas que engendrará su sucesor, las cuales existirán incluso dentro del pueblo, que en ningún momento debe hacerse ilusiones respecto al comportamiento de sus enemigos de clase.
No se trata de hacer anuncios agoreros. Pero hasta el momento no hay antecedentes que permitan pensar que después de 1970 habrá mejores condiciones para abrir un proceso revolucionario.
Todo indica que persistirá esta coexistencia pacífica interna, en la cual la clase explotadora acentuará su posición para dejar al frente de ella a la fuerza política que le convenga fijar como su principal enemiga, siempre que ésta le garantice la supervivencia del empate social.
¿ Desmentido ?
ZALDÍVAR Y LOS ESCÁNDALOS
EL Ministro de Hacienda, Andrés Zaldívar, se hizo cargo sólo el miércoles 29 de enero de la denuncia que PF (Nº 72 y 73) formuló en el sentido de que el gobierno había transado en diez mil millones de pesos las multas y sanciones por una suma muchas veces superior en que incurrió la firma automotriz Nun y Germán, de Arica. PF probó que esa firma al integrar dolosamente toda la armaduría de Simca, de 1967, y la de Dodge Dart, de 1968, había cometido fraudes aduaneros y tributarios por cerca de 200 millones de escudos, delito que tiene inultas por cinco veces el valor de lo defraudado y también penas de prisión.
En su "desmentido" el Ministro Zaldívar dice que "estos escándalos no existen", aún cuando "el país debe saber y tener la seguridad que en los casos como los de Nun y Germán, como también el caso del Hotel carrera, ha sido el propio gobierno el que ha tomado la iniciativa para realizar las investigaciones pertinentes".
El bisoño Ministro se contradice, evidentemente, y no se entiende cómo pierde el tiempo el gobierno investigando "escándalos que no existen". En todo caso, PF, cuya seriedad informativa no puede ser puesta en duda (el secuestro de su edición Nº 72, lo confirma), quiere refrescar la memoria del señor Zaldívar con otros antecedentes que él recibió personalmente el 4 de diciembre pasado en un memorándum confidencial del Director Nacional de Impuestos Internos.
El memorándum en referencia contiene 13 puntos que se refieren a la denuncia hecha contra Nun y Germán, por dos obreros de esa industria el 17 de octubre de 1968. Señala que la "citada empresa había sido notificada en el mes de julio de 1968 de que debía hacer abandono a beneficio fiscal de los excedentes (partes y piezas importadas de vehículos motorizados) ingresados indebidamente a su almacén particular especial".
Incluye en su punto 4º un inventario que afirma que: a) 806 vehículos Simca no cumplirían con la integración nacional, por cuanto la bomba de agua y otras piezas serían importadas; b) 723 automóviles Dodge Dart sin observaciones; c) 94 automóviles Dodge Dart con problemas de integración en los calefactores, resortes traseros y filtros de aire; d) 114 automóviles Simca y 30 automóviles Dodge Dart que se enviaron al resto del país y tendrían problemas en su integración".
Explica luego el memorándum que las infracciones a las exigencias de integración son objeto de multas (200% del valor de la fabricación) pero "previo informe de la Comisión Permanente de Control Técnico, que será creada por el Ministerio de Economía, a propuesta de la Comisión para el Fomento de la Industria Automotriz".
El Director de Impuestos Internos observa que dicha comisión aún no ha sido creada por lo que se ha limitado a solicitar la asesoría de la Comisión para el Fomento de la Industria Automotriz. Junto al memorándum se le enviaron al Ministro Zaldívar, entre otros, los siguientes documentos: a) un oficio sin número del 25 de noviembre de 1968, mediante el cual la Dirección Regional de Impuestos Internos de Antofagasta se refiere a este problema; b) un inventario practicado a Nun y Germán por la inspección de Arica (18 hojas); c) un oficio confidencial con listas de empaque de 1967; actas con la retención de 114 Simca-1000 y de los Dodge Dart armados en la industria y que no cumplían con la integración del 50%; de oficio del Resguardo y Policía de Aduanas con los resultados de su investigación que prueba que la integración de los Dodge Dart fue suplantada con elementos de origen norteamericano. ¿Por qué, entonces, el Ministro niega que exista escándalo si está más que probada la integración dolosa? Si el gobierno está tan preocupado de "las investigaciones pertinentes", ¿por qué el Ministerio de Economía aún no ha creado la Comisión Permanente de Control Técnico?
El Ministro Zaldívar en su "desmentido" habla que "se han reunido por cobro de sanciones cerca de 30 millones de escudos en estos últimos cuatro años". Nos parece que esa cifra puede ser exacta, pero no aclara que en ella estén incluidas las sanciones que enfrenta Nun y Germán, que a juicio de los técnicos de Impuestos Internos y de Aduana, podrían superar fácilmente los 200 millones de escudos y alcanzar a los mil millones.
En cuanto al asunto del Hotel Cordillera, el Ministro Zaldívar es tan vago como en esto de Nun y Germán. Ni una sola de las preguntas que hicimos en la información-denuncia (PF Nº 73) las ha contestado, limitándose a afirmar que ésta es una campaña "iniciada" con premeditación que "yo considero una infamia".
PF viene denunciando los escándalos gubernativos no de ahora. Nuestras primeras informaciones en ese sentido se iniciaron en el N? 25, hace más de dos años. Ni una sola de ellas, como tampoco estas últimas, ha sido desmentida. Trate de hacerlo ahora, si puede, señor Zaldívar.
¿PSICÓLOGO O POLICÍA?
En la edición Nº 72 de la revista "Punto Final", fecha de el martes 14 de enero del año en curso, se publica un artículo en las páginas 2, 3 y 4, encabezado con el título siguiente: "La policía política aguza la inteligencia", y que según su pie de firma es obra del señor Augusto Carmona A.
En el mencionado articulo se hace referencia a un seminario sobre interrogatorio policial organizado por el Departamento Criminológico de Investigaciones, al respecto se afirma textualmente: "El seminario lo dirigió el Jefe del Departamento Criminológico, Hernán Tuane, profesor de la Escuela de Sicología de la Universidad de Chile, Tuane fue expulsado de la Universidad Católica por el movimiento estudiantil de reforma, debido al uso que hacía de su profesión".
Luego continúa: "Tuane es el primero en aplicar en Chille lo que se llama "método del desconcierto", preferido de la ex Gestapo alemana. Sicológicamente, el método puede explicarse como la "disociación del yo". Es decir, el detenido pierde la visión real de lo que lo rodea, y por lo tanto pierde la seguridad en si mismo, y es capaz de aceptar el papel de otro sujeto, en este caso un criminal o un peligroso "terrorista". En una demostración ante las autoridades, el profesor Tuane hizo sentarse a su pesquisado en una silla inexistente. En otra ocasión, cuidadosamente silenciada, Tuane anunció con 24 horas de anticipación la confesión de un "criminal", que luego resultó ser inocente, como el sicólogo sabía".
He sido, como Ud. lo puede apreciar, directamente aludido en la revista de su dirección, tanto cuanto en lo que se refiere a mi persona, cuanto a mi actividad profesional y docente universitaria.
Estimo, en consecuencia, necesario requerir de Ud. una aclaración y rectificación de las afirmaciones señaladas precedentemente, dándole una somera explicación sobre mis actividades profesionales y docentes:
1.—Tuve la satisfacción de desempeñarme como profesor en la Universidad Católica de Chile, sirviendo la Cátedra de Psicología General, en la Escuela de Servicio Social "Elvira M. de Cruchaga", en el periodo académico del año 1956.
2.—Igualmente tuve la satisfacción de desarrollar las cátedras de: Psicopatología y de Psicodiagnóstico en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Chile, desde el 11 de mayo de 1956 hasta el 19 de agosto de 1957.
3.—En la actualidad me desempeño como profesor de la Cátedra de "Técnicas Psicológicas de Tratamiento", en la Escuela de Psicología de la Universidad de Chile.
De lo anterior resulta evidente y obvio que jamás he podido ser objeto de una expulsión de la Universidad Católica, motivada "por el movimiento estudiantil de reforma, debido al uso que hacía de la profesión", como se permite afirmar el articulista de esa revista.
Pero aún más, consta en la Universidad Católica de Chile que la dejación de mis cargos de profesor, no se debió a causales de expulsión adoptadas por organismo universitario alguno.
En cuanto a mi cargo en la Dirección General de Investigaciones, es necesario que Ud. sepa que tengo nombramiento de Psicólogo y me corresponde la Jefatura del Departamento Criminológico de la Institución, Departamento integrado por psicólogos y sociólogos de indiscutida probidad personal y profesional.
El Departamento Criminológico fue creado por la Dirección de Investigaciones con el objeto de investigar científicamente las características de la criminalidad en Chile y mejorar la preparación técnico-policial de todos sus componentes, especialmente en aquellos aspectos de la personalidad del delincuente, que lo hacen un ser humano igual a todos los integrantes de la comunidad y digno no sólo de consideraciones persecutorias y punitivas, sino también de consideraciones rehabilitadoras.
En cumplimiento de los objetivos señalados y por instrucciones de la Dirección General, el Departamento elaboró un programa de seminario, con asesoramiento de abogados, jefes policiales, sociólogos y psicólogos para estudiar el interrogatorio policial, tanto en los aspectos de valor probatorio judicial, de su verosimilitud, de su confiabilidad, de su método, como de sus límites ante el respeto de la persona humana. Igualmente se estudió tipos humanos para analizar su capacidad de reproducción de los hechos observados u oídos. Se cuidó especialmente de señalar en dicho seminario qué técnicas de interrogatorio eran ilícitas en un país como el nuestro que vive en el respeto de la persona humana y de la norma jurídica.
Creo, señor Director, que el articulista de su revista no estará en contra de este tipo de estudios, que perfeccionan la profesión policial chilena y la mantienen dentro de las tradiciones de respeto y libertad que caracteriza la convivencia nacional.
Los "métodos de desconcierto" que llevan a la "disociación del yo", según afirma el articulista, jamás han sido ni enseñados ni practicados por el suscrito, como tampoco me he dedicado a realizar exhibiciones de "magia", como la que cita el articulista, de hacer sentarse a una persona en una silla inexistente. Igualmente, jamás he anunciado la confesión anticipada de un criminal, y mal lo puedo hacer cuando la labor de los profesionales universitarios de Investigaciones es de asesoramiento al investigador policial y nunca de sustitución de sus especiales labores.
Estimo innecesario asilarme en las disposiciones de la Ley 15.576 con el objeto de que el Sr. Director publique en la misma revista la aclaración expresada precedentemente.
N. del D.—Lo único que aclara el Sr. Tuane es que su paso por la Universidad Católica fue relativamente breve —menos de un año—, en 1957, y que, por lo tanto, no fue objeto de sanción en el actual movimiento de reforma.
En cuanto a la defensa que hace de su doble condición de profesor de la Universidad de Chile y funcionario de la policía, él es dueño de considerarlo como guste. PF en cambio, estima que hay una incompatibilidad flagrante. Nuestra opinión la comparten muchos profesores y alumnos de la Escuela de Psicología de la "U" que dedicaron parte de una asamblea (29 de enero) a discutir la situación de su profesor de "técnicas psicológicas de tratamiento". El secretario de la Facultad de Filosofía y Educación, Vicente Sánchez, dirigió una carta al director de la Escuela de Psicología, Luis Soto Becerra, demandando que se aclarara la situación de Tuane, profesor universitario y jefe de un departamento policial. Tanto la carta de Vicente Sánchez como las intervenciones de profesores y alumnos en esa asamblea, coincidieron en gran medida con la apreciación que hizo PF Nº 72. Tanto es así que se designó una comisión especial que investigará todo lo relacionado con Tuane. Un dirigente de APEUCH —que también participó en la reunión—, señaló que los dirigentes gremiales tienen amarga experiencia de la actuación de funcionarios policiales en el medio universitario. Respecto al "perfeccionamiento" humano de los interrogatorios, que el Sr. Tuane exhibe como fruto de su labor psicológica, policial, la opinión pública tiene un juicio formado. Presos políticos recientes, cuyos testimonios sirvieron en la crónica de PF, saben muy bien que tales interrogatorios carecen del tinte científico con que el Sr. Tuane trata de pintarlos. Creemos, en síntesis, que él debería elegir entre prestar servicios en un organismo cuya función es reprimir al movimiento revolucionario, o pertenecer a una institución hoy reformada que trata de estimular cambios profundos en la sociedad que precisamente se sostiene en la policía.
‘PUNTO FINAL’ Y LAS ELECCIONES
EN su edición del 14 de enero de PF aparece una interesante carta de "Un lector" de Santiago, donde se formulan diversas críticas y sugerencias respecto a la revista. Comparto algunas, otras no, y como PF está abierta al diálogo y su director, en nota al pie de la carta mencionada, llama a cabildo abierto a los demás lectores, aquí estoy.
Me parece muy correcto distinguir entre órgano teórico, órganos de propaganda y organización y órganos de agitación. Lo ideal es tenerlos todos, pero ignoro si es la culpa de PF que no todos ellos existan en Chile. En el Uruguay para un partido revolucionario aún es posible difundir legalmente una revista teórica (con ciertas limitaciones, sin duda), pero no un órgano de agitación. Existen algunos de éstos: los compañeros del PS editan clandestinamente (con irregularidad, es cierto) "El Sol"; los de la Federación Anarquista Uruguaya (una organización "anarcocastrista" en la línea de la OLAS, "disuelta" junto al PS, el MRO, el MAPU y el MIR por un úkase de la dictadura en diciembre de 1967) publican semanalmente "Carta de FAU", donde se incluyen noticias que la prensa burguesa oculta, declaraciones de los Tupamaros y otros grupos de acción directa (Comandos de Autodefensa del Pueblo, Frente Armado Revolucionario), críticas contra la dictadura y sus cómplices reformistas, informaciones sobre luchas en otros países (gran importancia se dio, por ejemplo, a la ocupación del fundo de San Miguel y luchas subsiguientes). "Carta de FAU" reprodujo en su último número extractos del artículo "Ambigüedad del Partido Socialista", del compañero Jaime Faivovich, y esto nos lleva directamente a un curioso párrafo que figura en la epístola de "Un lector": "Tanto el análisis desde el punto de vista marxista-leninista, como ese conocimiento de la realidad, ese análisis concreto, impedirá la publicación (en PF) de artículos como "Ambigüedad del Partido Socialista" (Nº 69). Dicho artículo no es rebatible en dos líneas, sólo preguntémosnos: ¿es positiva o negativa la publicación de ese tipo de cosas? No se le puede oponer a una forma de lucha (en este caso electoral) una estrategia revolucionaria".
En primer lugar, señalemos que "Un lector", en contra de su propio y excelente consejo, elude el análisis concreto de lo que critica (en su caso el artículo de Faivovich): se limita a sugerir su inclusión en el Index Librorum Prohibitorum. En segundo, que de lo que se trata es de saber si Ja actividad electoral es —en general, y particularmente en la América latina del último tercio del siglo XX— una forma de lucha contra el régimen burgués o, más bien, una de las tantas formas de integrarse al mismo. En tercer Jugar, que es perfectamente legítimo estudiar si determinadas formas de lucha (aunque sean de lucha, aunque no estén alentadas, propagandeadas y subsidiadas por el régimen burgués) se ajustan o no a la estrategia general que debe fijarse el movimiento revolucionario.
Y aquí permítasenos señalar que "Un lector" bien podría haber criticado, en vez de a Faivovich, lo que dijo con un rigor y una lucidez difícilmente superables otro compañero bastante más conocido, acerca de estos problemas. Como aún nadie ha pedido que PF no publique el "tipo de cosas" que escribía el Che Guevara, citaremos algunos párrafos "faivovichianos" avant la lettre:
"Frente a esta táctica y estrategia continentales, se lanzan algunas fórmulas limitadas: luchas electorales de menor cuantía, algún avance electoral, por aquí; dos diputados, un senador, 4 alcaldías, una gran manifestación popular que es disuelta a tiros; una elección que se pierde por menos votos que la anterior; una huelga que se gana, 10 que se pierden; un paso que se avanza, 10 que se retroceden; una victoria sectorial por aquí, 10 derrotas por allá. Y, en el momento preciso, se cambian las reglas del juego y hay que volver a empezar. "¿Por qué estos planteamientos? ¿Por qué esta dilapidación de las energías populares? Por una sola razón: en las fuerzas progresistas de algunos países de América existe una confusión terrible entre objetivos tácticos y estratégicos; en pequeñas posiciones tácticas se han querido ver grandes objetivos estratégicos. Hay que atribuir a la inteligencia de la reacción el que haya logrado hacer de estas mínimas posiciones ofensivas el objetivo fundamental de su enemigo de clase.
"En los lugares donde ocurren estas equivocaciones tan graves, el pueblo apronta sus legiones año tras año para consultas que le cuestan inmensos sacrificios y que no tienen el más mínimo valor. Son pequeñas colinas dominadas por el fuego de la artillería enemiga.
"La colina parlamento, la colina legalidad, la colina huelga económica legal, la colina aumento de salarios, la colina constitución burguesa, la colina liberación de un héroe popular... y lo peor es que, (para ganar estas posiciones hay que intervenir en el juego político del estado burgués, y para lograr el permiso de actuar en este peligroso juego, hay que demostrar que se es bueno, que no se es peligroso, que no se le ocurrirá a nadie asaltar cuarteles, ni trenes, ni destruir puentes, ni ajusticiar esbirros, ni torturadores, ni alzarse en las montañas, ni levantar con puño fuerte y definitivo la única y violenta afirmación de América: la lucha final por su redención". ("Táctica y estrategia de la revolución latinoamericana", por Ernesto Che Guevara. Supl. a la ed. Nº 66 de PF 22/X/1968).
Pero, naturalmente, al Che se le puede oponer algunas frases suyas de cuando el Che aún no era cabalmente el Che. Se le puede oponer algunas tesis de Lenin, restos de un socialdemocratismo no enteramente superado por el gran revolucionario, y que en las condiciones de la Rusia zarista poco daño hicieron por la sencilla razón de que las posibilidad as de votar fueron pocas y la Duma era una endeble planta importada, que nunca echó verdaderas raíces en la vida rusa. Se le puede oponer también conocidas posiciones de Marx y Engels, de las épocas en que el parlamento era efectivamente uno de los poderes (aunque secundario) del Estado.
Pero dos cosas a tener en cuenta:
1) La primera es una cuestión de método. Podemos considerar que el adjetivo marxista designa lo que es característico del pensamiento de Marx; en ese caso tal o cual tesis podrá ser marxista, pero si es errónea no tendremos por qué aceptarla. En esta acepción del vocablo marxista, marxistas serían la posición que adoptaron Marx y Engels a favor de Estados Unidos en la guerra de 1846-1848 contra México, su entusiasmo por los avances electorales de la ya muy corrompida socialdemocracia alemana, o su apoyo a Turquía contra Rusia y Bulgaria (esta última se jugaba su liberación nacional) en la guerra de 1877-78. Podemos, en cambio, convertir al término marxista en sinónimo de "científico" o "correcto"; en este caso marxista deja de ser el término que se aplica al pensamiento de un hombre determinado (llamado Marx) y no todas las tesis enunciadas por él mismo podrán ser consideradas marxistas. Consecuentemente, en tal caso sólo deberemos aceptar aquellas tesis de Marx que sean marxistas en este segundo sentido del vocablo. Lo cual nos obliga a todos (y entre estos todos incluimos, naturalmente, a "Un lector") a, en lugar de in verba magistri jurare, someter a examen crítico el pensamiento de Marx, sin exceptuar su equivocada actitud sobre la participación en los carnavales electorales de la burguesía. Deberemos también analizar si determinados errores de Marx se justifican o explican por la situación histórica de Europa Occidental en el siglo XIX, y esto nos lleva (no antes de apuntar que todo lo que dijimos en este párrafo es aplicable, mutatis mutandis, a Lenin o a otros revolucionarios) a la necesidad de esbozar un análisis concreto, por somero que sea, de la involución histórica del parlamento en las últimas décadas, o sea al punto siguiente.
2) "Los parlamentos han caído en absoluto e irremediable desprestigio", leo en PF, pero no el artículo de Faivovich sino en un trabajo del compañero Carlos Altamirano. "Sólo sirven para negociar en un más alto nivel, con los diferentes grupos de presión, de derecha, centro o izquierda, los proyectos de leyes destinadas a mantener el sistema". Sólo cabe preguntarse —sin malicia alguna— cómo concilia Altamirano estas palabras con su pertenencia a la institución que tan certeramente critica. Respecto a esta involución del parlamento resultan esclarecedoras las siguientes palabras del líder estudiantil alemán Rudi Dutschke (mi única objeción a éste es que, en mi opinión, tampoco tenía sentido participar en el parlamento en la década del veinte): "El parlamento de hoy día es sustancialmente diferente al de la época en la cual Lenin criticaba a la izquierda que sostenía una estrategia revolucionaria extraparlamentaria. A los izquierdistas, desde Lukács y Bela Kun hasta los comunistas alemanes y austríacos, Lenin concedía que el parlamento históricamente estaba superado; pero —ésta era su crítica— dentro de los movimientos de aquel entonces las masas de los diversos países veían aún en el parlamento una forma de representación democrática, y precisamente por eso toda estrategia revolucionaria, toda estrategia socialista tenía que servirse del parlamento, utilizarlo como tribuna de la lucha de clases. Respecto a los años veinte, me parece que este concepto era adecuado..." Pero, agrega Dutschke, "el parlamento no es ya lugar de decisiones políticas... Las decisiones políticas en el pos capitalismo se toman esencialmente en el ámbito pre parlamentario, en el ámbito de la tratativa para lograr el compromiso, por acuerdo entre la burocracia ministerial y la burocracia de las empresas gigantes... De esa manera al parlamento corresponde solamente sancionar las decisiones...".
Pero si eso ocurre en los países europeos, ¿qué decir de los del Tercer Mundo, del "parlamento" de Brasil, que cada poco está cerrado por reformas, o del Uruguay, que desde hace siete meses y medio no puede alcanzar el quórum que le permita discutir el estado de sitio implantado el 13 de junio de 1968 por la oligarquía, asesina de estudiantes y hambreadora de obreros y campesinos? Hasta los más inveterados reformistas de nuestros países comprenden que hoy día los parlamentos son meras instituciones decorativas del régimen. El "MRL del Pueblo", transparente máscara electoral del Partido "Comunista" de Colombia, ha emitido recientemente un comunicado en el que hace estas lacrimosas constancias: "...Que el ejecutivo arrebata al congreso la iniciativa en materias de indiscutible interés público, que requieren el concurso de la representación popular; que la intervención del presidente toma en la nueva constitución una modalidad a todas luces exagerada e incontrolable; ...que el régimen representativo ha sido sustituido por otro que coloca a la cabeza del estado al presidente de la república, quien puede hacer uso de un régimen de emergencia que le otorga poderes sin control para legislar sobre materias económicas y sociales". ("Documentos Políticos", revista del Partido Comunista, Bogotá, noviembre-diciembre de 1968, pág. 75).
BANCO DEL ESTADO BOICOTEA LA “VÍA NO CAPITALISTA”
DE concretarse la transferencia de la fábrica "Andrés Hidalgo y Cía." a sus antiguos empleados y obreros, éstos serán el primer grupo de asalariados en el país que toma la administración y propiedad de una industria instalada. [1]
Una especie de "autogestión obrera" dentro del sistema capitalista. La contradicción obliga a formularse algunas preguntas sobre el significado de la experiencia y su valor para las luchas obreras. Más aún cuando el ejemplo puede cundir, según el interés demostrado por otros sindicatos en conflicto, como el de la industria de calzado Rudloff, de Valdivia, y en empresas de la provincia de Valparaíso, entre otras.
La nueva empresa —que depende de un préstamo del Banco del Estado— tomará la forma de una cooperativa obrera, que sus dirigentes definen como "socialista" en lo interno, pero necesariamente capitalista en lo externo mientras dependa de un mercado, del crédito y de la materia prima capitalistas para los productos que elabora.
Entre Andrés Hidalgo y los obreros se realizará una operación comercial de transferencia por un monto de 1.500.000 escudos. 800 mil de los cuales serán pagados con la deuda por sueldos atrasados e imposiciones que tiene el empresario con los trabajadores, y el resto a tres años plazos. Para este pago la cooperativa (COTRALACO) pidió un crédito de 500 mil escudos al Banco del Estado para cubrir la primera cuota y poner en funcionamiento nuevamente la fábrica. La suerte final de la operación depende de este crédito. El servicio de Cooperación Técnica, filial de CORFO avaló el préstamo con un informe positivo. El Ministro de Economía, Enrique Krauss, personalmente ha asegurado al sindicato un buen resultado. El presidente de la FECH. Jaime Ravinet. de la corriente tercerista de la Democracia Cristiana, presentó a la directiva sindical en una conferencia de prensa, donde se hizo público el acuerdo de venta obtenido del empresario Andrés Hidalgo. En esa oportunidad. Ravinet dijo: "la petición de los obreros de ser dueños de la industria, significa el primer paso para cambiar el sistema de propiedad y llegar por la vía no capitalista de desarrollo a la sociedad comunitaria". [2]
A pesar de las palabras del líder estudiantil, el cooperativismo practicado por el gobierno en rubros de vivienda, ahorro, alimentación, agricultura, artesanía y otros, está muy lejos de ser una amenaza para el sistema de propiedad privada. Por el contrario, las cooperativas son asociaciones comerciales que convierten al trabajador en pequeño capitalista o pequeño propietario, adscrito fuertemente al sistema capitalista.
"La ayuda e interés de sectores de gobierno se manifestó al final de nuestra lucha", dicen los dirigentes obreros. "Hemos mantenido nuestro movimiento independiente de toda tutoría patronal o gubernamental", agregan. "Aceptamos colaboración de todos los sectores, desde la Iglesia Joven hasta grupos marxistas de extrema izquierda, pasando por el gobierno. Pero al principio, y por muchos meses, estuvimos solos. Nos ha costado mucho llegar hasta este punto. Después de casi medio año sin sueldo, no estamos en condiciones de elegir la ayuda, mientras no se nos exija claudicar en nuestras posiciones".
Waldo Leiva, presidente de COTRALACO, dijo a PF: "No creemos en la "vía no capitalista de desarrollo", que no es sino un instrumento del contrabando ideológico de los norteamericanos, otra expresión del neocapitalismo, como es la congestión de empresarios y trabajadores".
En esta conversación con el dirigente le preguntamos cuál es la inspiración ideológica de su movimiento. Respondió: "Tratamos de crear una empresa de trabajadores con una orientación de planificación socialista. Esto porque pensamos que hay que darle al hombre el valor que debe ocupar en una nueva sociedad. Nosotros hemos planteado que vale más tratar de hacer un buen compañero con conciencia social antes que un buen técnico". Piensa que "sólo por un análisis marxista de la actual estructura se puede lograr la toma de conciencia de lo que los trabajadores realmente pueden desarrollar".
El acuerdo de venta de la fábrica, explican, fue ganado después de una larga y esforzada lucha gremial. Hace un año plantearon que se les entregara la administración de la empresa, ante amenazas de reducción del personal y no pago de remuneraciones. Los 120 empleados y obreros se agruparon en un sindicato único, y el 15 de noviembre del año pasado declararon la huelga, reclamando el pago atrasado de tres meses de sueldo. Andrés Hidalgo, el dueño, respondió cerrando la fábrica de artículos eléctricos, y posteriormente quiso desmantelarla para cubrir deudas comerciales. El sindicato lo denunció por cierre ilegal y pidió al gobierno la expropiación de la industria, pero no obtuvo respuesta. El 22 de diciembre el sindicato ocupó la fábrica, que sería embargada de un momento a otro. Defendían su fuente de trabajo, conscientes de que nadie los ampararía en la cesantía. Paralelamente abrieron cursos de cooperativismo y comenzaron a planificar una nueva empresa. Presionado por sus acreedores, Hidalgo debió negociar. Propuso la repartición de utilidades en una co-administración que los obreros rechazaron con un "todo o nada". Finalmente aceptó vender para evitar la quiebra.
La fábrica produce bombas de pozo profundo, bombas y elementos para riego por aspersión, material de ferretería galvanizado motores eléctricos, postes de concreto vibrado y material para instalaciones de alta y baja tensión.
COOPERATIVAS GOBIERNISTAS
CONTRALACO presentó un programa para abrir mercado sólo con las cooperativas. El Ministerio de Economía vio las ventajas para el desarrollo cooperativista que promueve el gobierno y decidió respaldar la empresa. El Servicio de Cooperación Técnica de CORFO, que hace cursos de preparación empresarial técnica y de cooperativismo, envió profesores al sindicato. Los promotores del gobierno están lejos de crear una situación revolucionaria que no consultan en sus proyectos. La política y la filosofía del movimiento, dicen los dirigentes gremiales, corren por cuenta del sindicato. Este no desaparecerá con la cooperativa, porque queremos conservar la calidad de trabajadores, afirman. Será la junta de vigilancia la que evite las desviaciones capitalistas.
Entonces, ¿por qué tantas facilidades del régimen: créditos, espaldarazo del ministro, neutralidad policial? "Es una manera de paliar la crisis del sistema, dice Waldo Leiva, porque si comienzan a quebrar varias industrias, esta crisis se acrecienta".
Pero persisten muchas dudas. Le preguntamos: ¿cómo evitarán ser arrastrados por la filosofía capitalista y convertirse en una empresa comercial más, si no dominan el medio económico externo? Dice Leiva: "Hemos tomado precauciones de principio: 1) no permitir que la dirección de la industria se mantenga por largos períodos en las mismas manos. Después de un tiempo los directivos deben volver a la base, por un año mínimo; 2) a través de campañas de politización y orientación de los trabajadores; 3) los trabajadores tienen una parte mínima del capital en forma individual, sólo una quinta parte. El resto es un capital colectivo que lo maneja la cooperativa, que será empleado en un fondo de acción social, para educación y salud principalmente, y bonos de solidaridad gremial". Leiva cuenta que uno de los ingenieros del Servicio de Cooperación Técnica le manifestaba que una empresa sin ambición de lucro no podía surgir. "Nosotros también tenemos una ambición", dice el dirigente. "Ambición de servir a nuestra clase y demostrar nuestra capacidad".
"SOCIALISTAS EN POTENCIA"
Leiva, casado, 40 años, más de 15 de experiencia sindical, separado del Partido Socialista por divergencias con un diputado, define a sus compañeros de lucha como "socialistas en potencia". Rechaza la idea de que el movimiento que encabeza junto con Luis Ibáñez, presidente del sindicato, sea apolítico: "No creemos que éste sea el camino más directo para la toma del poder por los obreros. Pero es uno de los tantos caminos que los trabajadores deben aprovechar, para que, en conjunto con otras acciones, se pueda lograr ese objetivo. Es necesaria la unidad efectiva en la acción de obreros, estudiantes, campesinos y grupos políticos de avanzada. Nuestro ejemplo puede compararse con el de un grupo guerrillero, que por sí solo no derrotará al ejército represivo, pero que servirá para hacer conciencia en los trabajadores de sus posibilidades de liberación. Igualmente nosotros creemos que nuestra acción permitirá dar confianza al proletariado para aprovechar esta experiencia y obtener para sí los medios de producción".
Los tres primeros años serán de sacrificio para los 120 empleados y obreros de COTRALACO. Habrá que amortizar deudas y otros gastos de la industria; sólo recibirán parte de un sueldo y beneficios sociales. Cuando haya excedentes se repartirán no según el capital, sino de acuerdo al rendimiento, conocimientos técnicos, esfuerzos y participación, que calificará el comité de evaluación, formado por los propios trabajadores. Pero todo este esfuerzo se perderá si no hay dirección política, en cuyo caso los trabajadores sólo podrán demostrar que son capaces de administrar una empresa capitalista, lo que terminará dejando muy conforme al sistema.
EL FEUDALISMO: ¿UN SISTEMA CERRADO?
EN el artículo anterior (P.F. Nº 72), analizábamos algunas de las características propias del modo de producción "feudal". Nos detuvimos especialmente en las relaciones de producción. Estas se caracterizaban por la separación de la PROPIEDAD y de la POSESIÓN de los medios de producción, estando la primera en manos de los terratenientes o "señores feudales" y la segunda en manos de los productores directos, es decir, de los campesinos que controlan, al mismo tiempo, el proceso global de producción. Esta separación de la propiedad y de la posesión de los medios de producción en distintas manos explicaría la necesidad de la existencia de una COACCIÓN EXTRA-ECONÓMICA para que la clase terrateniente dominante pueda apoderarse del trabajo sobrante de los productores directos.
Ahora bien ¿qué papel juega el mercado en un régimen de producción "feudal"? ¿Puede sostenerse que una de las características esenciales del régimen de producción feudal es el de ser un sistema cerrado, basado en una economía natural, es decir, de un sistema de producción para el uso, como lo afirma Sweezy [3] y Gunder Frank siguiendo su línea teórica? [4]
Si se estudia en forma superficial el texto de Marx de la "Génesis de la renta capitalista del suelo" [5] , se podría responder en forma afirmativa a esta pregunta ya que este autor se refiere en varias ocasiones, al analizar situaciones históricas concretas, a la relación entre la economía natural cerrada al mercado y el régimen de producción feudal.
Sin embargo, un análisis detallado del capítulo global nos hace ver que Marx se interesa fundamentalmente en estudiar las relaciones de producción y que sólo secundariamente y refiriéndose a casos históricos concretos como los de la Antigüedad y Edad Media europeas [6] y el de los estados sociales estacionarios que surgen en Asia [7] , se interesa por analizar las relaciones de intercambio.
Marx mismo confirma nuestra interpretación en el siguiente texto de El Capital:
"Las categorías económicas que hemos estudiado dejan también su huella histórica. En la existencia del producto como mercancía van implícitas condiciones históricas determinadas. Para convertirse en mercancía, es necesario que el producto no se cree como medio directo de subsistencia para el propio productor. Si hubiéramos seguido investigando hasta averiguar bajo qué condiciones los productos todos o la mayoría de ellos revisten la forma de mercancías, habríamos descubierto que esto sólo acontece a base de un régimen de producción específico y concreto, el régimen de producción capitalista. Pero esta investigación no tenía nada que ver con el análisis de la mercancía. En efecto, puede haber producción y circulación de mercancías aunque la inmensa mayoría de los artículos producidos se destinen a cubrir las propias necesidades de sus productores, sin convertirse por lo tanto en mercancías: es decir, aunque el proceso social de la producción no esté presidido todavía en todas sus partes por el valor de cambio. La transformación del producto en mercancía lleva consigo una división del trabajo dentro de la sociedad tan desarrollada, que en ella se consuma el divorcio entre el valor de uso y el valor de cambio, que en la fase del trueque directo no hace más que iniciarse. Pero ESTA FASE DE PROGRESO SE PRESENTA YA EN LAS MAS DIVERSAS FORMACIONES ECONÓMICAS SOCIALES DE QUE NOS HABLA LA HISTORIA...".
"... Las condiciones históricas de la existencia de éste (el capital) no se dan, ni mucho menos, con la circulación de mercancías y de dinero. El capital sólo surge allí donde el poseedor de medios de producción y de vida encuentra en el mercado al obrero libre como vendedor de su fuerza de trabajo..." [8]
NO RELACIONES DE INTERCAMBIO SINO RELACIONES DE PRODUCCIÓN
De los textos de Marx que hemos citado y que estimamos representativos de su pensamiento general, se desprende que si bien ciertas formas históricas concretas de régimen "feudal" de producción han sido sistemas de economía natural, sistemas cerrados o muy poco vinculados al mercado, esta característica no es un rasgo esencial al modo de producción "feudal".
Definir el modo de producción feudal como una economía cerrada o como un sistema de producción para el uso es definir un modo de producción basándose en el análisis de las relaciones de intercambio y no en las relaciones de producción que son las relaciones que, para la metodología marxista, definen la estructura económica de todo modo de producción y sirven de base para su superestructura política e ideológica.
Estamos totalmente de acuerdo con Takahashi quien sostiene que "la pregunta que debe formularse respecto de una estructura social dada no es la de si están presentes mercancías y dinero, sino la de cómo se producen esas mercancías, cómo se utiliza ese dinero en calidad de medio de producción. Los productos de los antiguos latifundios romanos entraban en el mercado en calidad de mercancías producidas por esclavos, y las acumulaciones por los señores feudales de los productos del trabajo forzoso o de las rentas feudales en productos entraban en circulación en calidad de mercancías de siervos. También existen las mercancías simples producidas por los mismos campesinos o artesanos independientes y que se bastan a sí mismos, autárquicos, así como las mercancías capitalistas producidas por trabajadores asalariados, etc...Pero eso, un "sistema de producción para el mercado no puede definir las relaciones históricas, concretas de producción (y, por lo tanto, tampoco las relaciones de clase)” [9]
Por lo tanto, para estudiar las características esenciales a cada modo de producción debemos centrar nuestro análisis, no en las relaciones de intercambio sino en la "forma social de la existencia de la fuerza de trabajo" [10] , es decir, en las relaciones de producción.
La esclavitud, la servidumbre y el trabajo libre asalariado serían las formas básicas de existencia de la fuerza de trabajo en los sistemas económicos donde existe una relación de explotación.
SERVIDUMBRE Y FEUDALISMO
La servidumbre sería la forma característica de existencia de la fuerza de trabajo en el modo de producción "feudal".
Llamaremos SERVIDUMBRE a la explotación del productor directo en virtud de una coacción jurídico-política o ideológica directa. [11]
Las relaciones de servidumbre se establecen cuando el productor directo que se encuentra en posesión de los medios de producción y condiciones de trabajo necesarios para la producción de sus propios medios de subsistencia se ve obligado a trabajar la tierra del señor o a darle otro tipo de renta (en productos, en dinero). Esta obligación puede variar de carácter según sea la región o la fase del desarrollo de la economía feudal: inspección o coacción directa del terrateniente o de uno de sus representantes, cumplimiento de un precepto legal, cumplimiento de ciertas normas religiosas, etc.
Para que el terrateniente "feudal" pueda obtener una ganancia necesita tener en su tierra campesinos que posean pedazo de tierra, sus instrumentos de trabajo agrícola, sus animales, etc. Un campesino, sin tierras, sin caballo, sin medios de trabajo no conviene a una explotación fundada en la servidumbre. En el sistema capitalista de producción ocurre lo contrario, para obtener ganancias el capitalista necesita trabajadores sin tierras ni instrumentos de trabajo, que se vean obligados a vender su fuerza de trabajo en el mercado libre del empleo.
Ahora bien, entre el régimen de producción basado en la servidumbre y el régimen de producción basado en el trabajo asalariado existen formas intermedias [12] que es necesario estudiar para poder determinar en forma precisa cual es el estado actual de la masa campesina en nuestros países.
Para terminar, queremos insistir que si nos hemos detenido en un problema aparentemente teórico y desligado de la acción política es justamente porque no es tal.
El gran aporte de los teóricos marxistas al problema del subdesarrollo es sin duda, haber señalado que éste se debe esencialmente, no a la existencia de relaciones "pre-capitalistas" en los países "subdesarrollados sino a la forma en que el sistema capitalista imperialista de los países avanzados, penetra, deforma y frena estas economías. Pero, afirmar que el modo de producción capitalista domina a nivel del mercado, o aun a nivel de las relaciones de producción, no significa necesariamente negar la existencia de relaciones de producción "pre-capitalistas" [13] que aunque deformadas y subordinadas al régimen de producción dominante, siguen existiendo como tales.
Nos parece innegable que en América latina existen, en mayor o menor grado relaciones "pre-capitalistas" y que todo movimiento revolucionario que quiere desarrollar una acción victoriosa tiene que tomarlas en cuenta. Sería un grave error político esforzarse por movilizar al campesinado de determinados países, o por lo menos a ciertos sectores de ese campesinado, con consignas proletarias que no tendrían ningún eco dado el carácter semi-feudal de las relaciones en que trabaja.
Toda teoría acerca del subdesarrollo que se estime revolucionaria debería permitir pensar y diagnosticar esta realidad compleja de nuestras estructuras económicas.
IMPERIALISMO Y LETRAS
UN cadáver arribó a Chile: el ex novelista John Dos Passos. Septuagenario y dactilógrafo del imperialismo, Dos Passos vino con el poco virtuoso fin de efectuar un reportaje para el Reader's Digest. Sin embargo en la primera postguerra su nombre fulguró en la ola estética que arrasaría con los deshechos del arte. Si James Joyce con su Ulises revolucionaba el hueso y la piel de la narrativa, Dos Passos dotaba a esa nueva estructura de una sangre poética original, realmente moderna, donde la forma violentamente nueva no obstruía los chorros de ternura y dolor de una humanidad que comenzaba a vivir un siglo de revoluciones inéditas.
Luego de algunas aproximaciones, ese joven norteamericano desgarrado por el crecimiento monstruoso del capitalismo en su país, arrojó al arte moderno cuatro novelas que se convertirían en cuatro poemas eternos: Manhattan Transfer y la trilogía U.S.A., integrada por El Paralelo 42, 1919 y El Gran Dinero, en los que despedaza los mitos y los crímenes del "american way of life". Dos Passos es entonces un izquierdista agudo, alaba a Lenin y apoya la causa republicana española. Se opone al stalinismo pero en lugar de tomar posiciones revolucionarias en su contra, se va despeñando en la aceptación morbosa del sistema que antes denigrara.
Con Hombre joven a la aventura inicia una literatura provocativa y anticomunista en la que no desdeña loar a los "boys" del FBI. Aún consternados, ninguno de sus más fervorosos exegetas ignora sus tratos con los organismos gubernamentales de ''seguridad". Su prosa, además de policial, se torna insípida.
Escribe a sueldo —suculento por cierto— y sus declaraciones lo muestran como el más burdo de los “intelectuales” fascistas.
El antiguo John Dos Passos ha muerto hace mucho y su cadáver es el que rondó Chile.
Sin haber dejado mil páginas perdurables como J. D. P. —y quizás ninguna— el ex cubano Guillermo Cabrera Infante lo emula, aunque ejerciendo una depravación más acentuada. Peor es el perro que el amo. Sus declaraciones al semanario argentino Primera Plana y su respuesta al poeta Heberto Padilla en el mismo órgano, lo revelan incurriendo en el más grosero estilo del Kravchenko que "eligió la libertad". Infamias, bajezas, mentiras y provocaciones de un cinismo viscoso se agolpan en esos párrafos hasta provocar asco. Lo único que le falta a Cabrera Infante para igualar a Kravchenco es comprar una mina de cobre en Chile. Era el fin aguardable de este gusano más o menos letrado, podrido en sus apetencias de nuevo rico. Las horribles decadencias de Dos Passos y Cabrera I. no son casuales: en la conflagración de la ola revolucionaria contra la reaccionaria, la resaca moral de la primera se asegura oportunas ubicaciones en la cresta de la segunda. La agudización extrema de la lucha de clases en el mundo, desnuda el verdadero espíritu de cada artista. Ya no hay disfraces ni laureles que puedan encubrir nada: el más celebérrimo de los creadores puede ser acosado y acusado por los pueblos, que con sus ojos cada vez más penetrantes descubren la traición allí donde se comete y por más que se la oculte. Ya no queda lugar para "carreras" personales, al menos donde la revolución acerca sus fuegos.
No hace mucho, en Concepción, el poeta Gonzalo Rojas mostraba a PF un telegrama que recibiera y cuyo texto rezaba: "Agraciado beca a Israel. Firmado, Sánchez Latorre". G. Rojas declaró a PF que jamás solicitó dicha beca. Por esa misma época, algunos escritores latinoamericanos "progresistas" caían en la trampa de un dudoso "Congreso Contra el Antisemitismo en la URSS" celebrado en el Hotel Crillón de Santiago. Es muy posible que los servicios de inteligencia de ciertos países reciban la misión de pagar en especies ciertas deudas con el imperialismo yanqui, más aún después del fracaso de la revista Mundo Nuevo, donde el anticomunista Emir Rodríguez Monegal se dio el lujo de recibir colaboraciones de muchos amantes de la paz. Ante tal frustración, alguien —por cuenta del imperialismo— debe encargarse de mantener, aunque sea transitoriamente, los contactos con los escritores latinoamericanos de izquierda más ingenuos o menos escrupulosos. Llama la atención la facilidad con que poetas y escritores de "izquierda" concurren a los recitales o foros organizados por el Instituto Chileno - Norteamericano de Cultura, reunidos generalmente por el crítico de "La Nación" y director de Árbol de Letras, Antonio Avaria. En el año 1968 un poeta de los citados que leyó ante el imaginable público de dicho instituto, declaró haber cobrado 150 escudos por su presencia, que justificó diciendo: "Y bueno, voy porque me pagan". Pero es sabido que los yanquis no regalan su plata.
Por eso Mario Benedetti ("Marcha" Nº 1.434) da en el clavo cuando escribe que "nunca como en estos años , había enfrentado el intelectual, y en particular el escritor latinoamericano, una obligación tan perentoria de asumir actividades ante el espectáculo de una sociedad que se transforma, una tan insoslayable conminación a definir frente a su propio juicio el objeto y el sentido de su obra".
LOS escandalosos sucesos que han caracterizado las actividades de un juez y dos ministros de la Corte de La Serena han acrecentado el desprestigio que viene rodeando desde un tiempo al Poder Judicial en su tarea de administrar justicia. La situación de inconformidad ante las actuaciones de éste no es nueva pero pocas veces ha alcanzado contornos de corrupción mayor que en el caso de La Serena. Y tal vez sea ésta la primera ocasión en que las masas se rebelan contra los jueces hasta el punto de salir a las calles y amenazar con paro general si no quedaban satisfechos sus reclamos.
El clamor obligó a la Corte Suprema a trasladar al Ministro Manuel Ruiz-Aburto y a ordenar al juez Luis Várela que se acoja a jubilación.
Pero los pobladores y campesinos de la zona miran la resolución como un premio en vez de un castigo y exigen la destitución de los magistrados, para que sean sometidos a la Justicia Ordinaria. Un conocimiento más directo de la situación demuestra hasta qué punto la población de La Serena fue conmovida por la conducta de los jueces; se aprecia cómo el descontento se alimentaba desde hace más de 5 años, y cómo los afectados, (en su casi totalidad campesinos), debieron basarse finalmente en sus propias fuerzas para lanzar sus golpes.
SOLEDAD INFORMATIVA
Por mucho tiempo permanecieron encerrados en su propio medio, sin ayuda de nadie, excepto publicaciones aisladas de prensa en Santiago, que enviaba el corresponsal del diario "Clarín", Raúl Pizarro. Otro periodista, Luis Villaflor. se sumó más tarde a la campaña, con publicaciones en "El Siglo". Estas denuncias lograron hacer conciencia en la zona sobre las proporciones del problema. Los campesinos se unieron a los vecinos de las poblaciones de La Serena, que estaban motivados por crímenes y estafas sin castigo.
El 2 de diciembre pasado, pobladores y campesinos hicieron una marcha silenciosa de protesta por la ciudad con carteles que exigían justicia y pedían la renuncia de un juez y dos ministros de la Corte. Desde entonces, la rebelión del pueblo de La serena contra los jueces trascendió al plano nacional, y el gobierno debió emplear su maquinaria contra la prensa (allanamientos y querellas contra los diarios "El Siglo" y "Ultima Hora") para impedir, sin lograrlo, la difusión del informe secreto del Intendente de Coquimbo, Eduardo Sepúlveda, sobre el estado de descomposición de la justicia en La Serena.
Pero el problema no es de carácter jurídico, y no se resolverá en última instancia cambiando un juez por otro. Es un problema social, donde se choca con la necesidad de control de la clase dominante, que no está dispuesta a perder las pocas fuentes de sustentación económica que ofrece una ciudad pobre como La Serena, sin industrias, que vive fundamentalmente de la burocracia.
En estas condiciones la justicia ha de estar inevitablemente al servicio de la pequeña plutocracia minera y agrícola de la zona, o de quien tenga dinero para pagar por ella.
El juez Luis Varela Rodríguez dejó en libertad —sin proceso— al mayor inculpado en el crimen de la Chacra Julieta y archivó el caso. El crimen tuvo como víctima a una mujer y sus dos hijitas. Salvador Gálvez, el sospechoso número uno, esposo de la mujer, fue defendido por Waldo Lazo, presidente del Colegio de Abogados. El crimen permanece impune desde 1966.
Orlando Rivera Muñoz, Ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena, absolvió por falta de méritos, en menos de 48 horas, a Elías Jélves Jélves, y a numerosos otros detenidos como sospechosos del crimen de un agricultor en Chañaral Alto. Ello a pesar que el ministro conoció la declaración de Julia Cortez que vio cuando los detenidos lavaban y arreglaban el cadáver con el fin de colocarlo en la línea del tren para simular un accidente.
Rivera fue agasajado con una copiosa fiesta dada por Juan Alfaro, rico minero de la zona, concuñado de Jélves. El caso, que data del 19 de septiembre de 1968, fue archivado como el anterior, en medio de múltiples irregularidades legales.
El desalojo ilegal de la industria de Pablo Boglione ha sido amparado durante 5 años con tramitaciones judiciales que han llegado hasta Santiago. Fernando Sánchez Rumoroso obtuvo la orden de lanzamiento en un juicio fraudulento con Mario Bustamante, que actuó como falso arrendatario en lugar de Boglione. La orden fue ejecutada por el teniente de carabineros Luis Ricci, hijo del abogado Luis Ricci Maira, defensor de Sánchez Rumoroso. El teniente llevó una escuadrilla de 50 hombres para dinamitar las instalaciones de la industria "Iguazú" y pasar bulldozer por sobre las ruinas. Cuando la Corte Suprema falló en favor de Boglione, el juez Varela desestimó la orden por "prematura", y dejó las cosas tal cual.
En Coquimbo hay 118 comunidades, con 11.000 campesinos y 55.000 personas en total, dueñas de hecho de un millón de hectáreas, casi en su totalidad de secano. Viven de la crianza de cabras y cortando leña, en condiciones subhumanas. La comunidad de Agua Buena tiene 70 familias, que, como todas, han ido traspasando de padre a hijos los terrenos que trabajan a través de generaciones. El ministro Manuel Ruiz-Aburto decidió sacar provecho de la situación "ilegal" de los campesinos.
Estos en su mayoría no tienen títulos formales de propiedad. El Ministro compró los papeles que exhibió una familia a precio de huevo, obligándola a la transacción para evitar un juicio tributario. Con ese título como base legal, enroló en 1965 toda la comunidad de Agua Buena. La propiedad nunca fue enrolada antes, era fiscal, pero el ministro apareció comprando sus derechos a particulares. 25 familias se negaron a reconocerlo como dueño. Ruiz-Aburto inició querellas contra los rebeldes por atraso en el pago de arriendo. Todos los litigios fueron ventilados en el Segundo Juzgado de Ovalle, donde el juez local es inferior jerárquico de Ruiz-Aburto, y el receptor es su hijo. Actuó como su propio abogado, cuando no le encargaba el caso a un colega servicial. Como ganaba todos los juicios, y los campesinos no tenían dinero para pagar las costas del mismo, embargaba sus bienes, es decir, las cabras, las que después remataba con anuncios en la prensa. El objetivo era dejar sin nada a los comuneros y lograr su emigración. El campesino Genaro López, de 82 años, fue arrinconado en la orilla del camino, donde vive hasta hoy, en una choza. Durante los procesos Ruiz-Aburto llegó a encarcelar a nueve campesinos; entre ellos a los hermanos Zarricueta, acusados de robar minerales. El yacimiento de cobre que trabajan en Agua Buena los hermanos Zarricueta, fue oportunamente registrado a su nombre por esos pequeños mineros. El ministro Ruiz-Aburto negoció la libertad de los hombres, llegando a un arreglo con el padre de ambos, de más de 70 años de edad, que aceptó entregarle la mitad de las utilidades de la mina y convino en abandonar el predio en un plazo de tres meses. En ocasiones el ministro aplicaba castigos corporales para someter a la gente. La campesina Ernestina Bonilla recibió seis latigazos de un capataz por "haber ofendido al señor ministro con su trato".
En los días que visité La Serena, se conoció un violento incidente verbal entre los jueces Ruiz-Aburto y Orlando Rivera que se culpaban mutuamente de haber provocado situaciones que los dejaron al descubierto.
OTROS VICIOS OSCUROS
Existen otros hechos criminales oscuros en La Serena. La muerte de Arturo Carmona, cuya madre pide desde hace años que se investigue. El obrero Norman Cortés murió en el hospital, a raíz de los golpes de bastones con que carabineros trató de "calmarle" un presunto ataque de locura.
Un cuadro de las relaciones entre abogados y jueces de La Serena explica más claramente el origen del dominio sin control que ejerce un pequeño grupo sobre la población local. La Corte de Apelaciones la componen Blas Ossa Vicuña, presidente, de la aristocracia regional, conspicuo personero del Partido Nacional; ministro Orlando Rivera Muñoz, miembro de la alta burguesía serenense, masón; Héctor Carreño Latorre, cliente de Sánchez Rumoroso; Manuel Ruiz-Aburto, masón, dueño de numerosas propiedades mineras en Ovalle (roles 712-4 con avalúo de Eº 977; 490-5 con avalúo de Eº 13.409; 575-4 con avalúo de Eº 26.606), Punitaqui (rol 95-26 avaluada en Eº 915), Monte Piedra (rol 254-20 avaluada en Eº 26.606), La Serena (roles 166-9 con avalúo de Eº 34.385: 814-5 con avalúo de Eº 5.570), Vallenar (roles 74-8 con avalúo de Eº 9.605: 173-4 con avalúo de Eº 672; 192-7 con avalúo de Eº 15.367).
El consejo directivo del Colegio de Abogados de La Serena lo componen: Waldo Lazo Correa, presidente, masón, abogado del Consejo de Defensa del Estado, de numerosas firmas comerciales y servicios públicos, que lo buscan por las ventajas de su cargo; José María Cerda Rubio, vicepresidente, masón; Ángel Campos Blas, secretario, masón; Alfredo Aguirre Valín, consejero, masón; Eugenio Medina Fernández, consejero, masón, emparentado con Sánchez Rumoroso y abogado de éste; Francisco Alvarez Mery, consejero, católico, candidato a diputado del Partido Nacional, abogado de Bethlehem Chile Iron Mining Company, dueña de los yacimientos de hierro de la zona; Alejandro Rivera Muñoz, consejero, masón, hermano del Ministro Orlando Rivera, síndico de quiebras, abogado del Consejo de Defensa del Estado, juez de Policía Local.
El abogado Gustavo Rojas está casado con la Fiscal interina de la Corte.
Por todos los conductos se ejerce la pre sión entre abogados y jueces, y los profesionales que esperan ocupar una posición deben callar, aunque no estén de acuerdo con lo que ven y saben a diario. En La Serena hay 43 abogados, pero escasos juicios de importancia y los cargos públicos, ocupados por los más viejos, son un futuro que heredarán sólo los más fieles. Debió viajar una abogado de Santiago, María Urrutia, para que asumiera la defensa de Pablo Boglione y posteriormente de los campesinos de Agua Buena. María Urrutia está sola y cada vez más consciente que sin la movilización del pueblo sus alegatos en la Corte no serán atendidos.
LIQUIDADO EL DERECHO DE HUELGA
UN objeto tenazmente perseguido por todos los anteriores gobiernos ha sido finalmente logrado por Frei: liquidar en Chile el derecho de petición y huelga. González Videla lo logró parcialmente, cuando al dictar la Ley de Defensa de la Democracia, estableció el arbitraje forzoso para los servicios de utilidad pública (luz, agua, teléfonos, locomoción), junto con proscribir al Partido Comunista.
Ahora, ante la indiferencia increíble de las organizaciones sindicales del sector privado, Frei consumó este objetivo tan preciado para la burguesía nacional con una celeridad pasmosa.
La Ley Nº 17.074 de reajustes para el sector privado, dictada el 31 de diciembre del año pasado, contiene el artículo 4º que dice lo siguiente:
"Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 626 del Código del Trabajo, 38 de la ley Nº 12.927 y 171 de la ley Nº 16.640, en los casos de paralización de faenas no contemplados en dichas disposiciones legales, originados por peticiones de orden económico, el Presidente de la República, a solicitud de los respectivos trabajadores, podrá decretar la reanudación de las mismas bajo la supervisión de la persona que designe. En tal caso, el personal de obreros y/o empleados volverá al trabajo en condiciones no inferiores a las que regían al tiempo de producirse la paralización de faenas.
La solicitud de reanudación de faenas deberá ser acordada por la mayoría absoluta de los trabajadores afectados presentes en la Asamblea citada al efecto y en votación secreta ante un Inspector del Trabajo.
En los casos de reanudaciones de faenas decretadas conforme al inciso precedente, o de acuerdo al artículo 626 del Código del Trabajo, se constituirá un Tribunal Arbitral integrado por dos representantes de la empresa, dos de los trabajadores designados por el Sindicato o Comité de Huelga si no lo hubiere, y un representante directo del Ministro del Trabajo y Previsión Social, que lo presidirá".
¿Qué significa esto? Lo siguiente:
Hasta esta ley, el Ejecutivo podía decretar la reanudación de faenas de acuerdo al artículo 626 del Código del Trabajo. Este artículo daba facultades al Presidente para que en los SEÑALADOS casos de ese artículo, se pusiera por decreto término a una huelga legal y se obligara a los huelguistas a volver al trabajo. En todo caso, NADIE imponía una solución al conflicto, pues ésta solución debía provenir necesariamente de la voluntad de los trabajadores y de la empresa, y de los esfuerzos del interventor para lograr la fórmula de arreglo. Si los trabajadores no estaban de acuerdo, aun cuando ya estaban de nuevo trabajando, nadie los podía obligar a firmar un acuerdo lesivo a sus intereses.
Los casos en que el artículo 626 faculta al Gobierno para decretar la reanudación son escasos: sólo en empresas cuya paralización pusiere en peligro inmediato la salud o la vida económico-social de la población.
Sin embargo, en la práctica este gobierno ha batido toda clase de records en esta materia, pues ha decretado reanudaciones en todas las actividades del país, grandes o pequeñas. En toda huelga ha aducido el Ministerio del Trabajo el artículo 626 del Código para obligar a los trabajadores a volver al trabajo. Los reclamos de los afectados a la Contraloría General de la República han sido inútiles, pues este organismo ha dicho que el gobierno tiene facultad privativa para determinar si la paralización de una empresa pone o no en peligro la vida económica del país.
Con esta ley 17.074, la situación de los trabajadores que luchan a través de la huelga por sus derechos económicos y sociales empeora lamentablemente. Junto con la arbitrariedad acostumbrada de la reanudación de faenas que los ha afectado, verán ahora IMPUESTA una solución a su conflicto. Ya no podrán seguir discutiendo una vez decretada la reanudación y firmar autónomamente el acta de avenimiento que solucione sus aspiraciones. Ahora se establece un Tribunal Arbitral, en donde el representante del gobierno decidirá absolutamente acerca de las condiciones de arreglo del conflicto, haciendo fácil mayoría con los representantes de la empresa. Esta solución será OBLIGATORIA para los trabajadores, y ningún recurso podrá entablarse en contra de ella.
Este sistema de solución de las huelgas llamado arbitraje forzoso existe solamente en España y Portugal, y por supuesto es propio de regímenes que como el nazi y el fascista manejan totalitariamente las organizaciones sindicales.
En vano en esta ley se hacen aparecer los casos de constitución del Tribunal Arbitral sólo cuando los trabajadores lo solicitan. La ley es clara en el sentido de que TANTO en este caso como en los casos del artículo 626 del Código del Trabajo se podrá decretar la reanudación de faenas con constitución de un Tribunal Arbitral. Y ya sabemos que en cualquier caso el gobierno puede invocar el artículo 626 para hacer volver a los huelguistas al trabajo.
Entre el capital y el trabajo, una vez más los "revolucionarios de la buena plata" se inclinan por el primero, privando al proletariado de su más poderosa arma de defensa como es la huelga.
Desgraciadamente este despojo a los trabajadores no tuvo ni ha tenido la necesaria respuesta de las organizaciones de clase del país. Entre meramente denunciar escándalos del partido de gobierno y del gobierno mismo o desarrollar toda una política de enfrentamiento por los hechos en contra de leyes anti sindicales como ésta, desgraciadamente los partidos y organizaciones de clase del pueblo chileno han optado por lo primero, sin siquiera aprovechar las tremendas posibilidades de denuncia de estos atentados anti populares.
ARNOLDO CAMÚ VELOSO
1. Caso anterior pudiera ser el de la Imprenta "El Imparcial" que al quebrar, hace más de 15 años, pasó a manos de sus empleados y obreros. El experimento cooperativo resultó un fracaso, menos para un grupo de personal superior que obtuvo utilidades cuando la empresa pasó definitivamente a manos de una empresa particular. Cabe señalar que en esa frustrada experiencia "comunitaria" tuvieron destacado rol dirigentes democristianos. N. de PF.
2. Sin embargo, "La Nación" del 21 de enero público una rectificación de Alvaro García Alamos, presidente del Banco del Estado, que desmiente que se vaya a producir el primer caso concreto de "vía no capitalista en el sector industrial", como aseguró el presidente de la FECH. García Alamos señala que no es efectivo que el Banco haya acordado otorgar el préstamo solicitado por los obreros de la Industria Eléctrica Andrés Hidalgo y Cía. El texto de la rectificación de García deja en claro que este préstamo no se concederá, lo cual revela que el gobierno no está interesado en fomentar experimentos "no capitalistas" en el sector industrial. N. de PF.
3. Aunque Sweezy acepta la posibilidad de un cierto intercambio, sostiene: "La característica crucial del feudalismo es la de ser un sistema de producción para el uso. Se conocen las necesidades de la comunidad y la producción se planea y organiza con miras a satisfacer esas necesidades..." La transición del feudalismo al capitalismo, Ed. Ciencia Nueva, Madrid, 1967, p. 18.
4. Gunder Frank afirma lo siguiente: "Cualesquiera sean los tipos de relaciones personales en un sistema feudal, lo crucial, para nuestro propósito, es que es un sistema cerrado o débilmente ligado con el mundo que lo rodea". Capitalism and underdevelopment in Latin America, Monthly Review Press, New York and London, 1967, p. 239.
5. El Capital. Libro III. Cap. XLVII. pp. 725-753.
6. Ibid., p. 729.
7. Ibid., p. 737.
8. El Capital, Libro I, p. 123.
9. Takahashi. Transición del feudalismo al capitalismo, ob. cit. pp. 69-70.
11. El Capital, Libro III. p. 732.
12. Este será el objeto de un artículo acerca de la transición del feudalismo al capitalismo.
13. Término que discutiremos en un próximo artículo.

References: resolución 
 artículo 4
 artículo 626
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