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Timestamp: 2017-06-28 00:04:26+00:00

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Julio | 2012
OTRAS NOTICIAS Carta del R.P. -y preso político- C. von Wernich, por H. Palma
Conferencia del Dr. Bernardino Montejano, acerca del Proyecto de un nuevo Código Civil y Comercial
Acto del 10 de julio de 2012 frente al Palacio de Justicia. Recordación y desagravio a la memoria del Juez Dr. Jorge V. Quiroga. Nueva Carta abierta de Justicia y Concordia, presentada a la Corte Suprema de Justicia
Reforma constitucional, un peligro mayúsculo (el "vamos por todo"), artículo de Carlos Pagni Carta del R.P. -y preso político- C. von Wernich, por H. Palma
Carta del Padre Christian von Wernich desde Guantánamo (*)
También yo llevo la Cruz de mi falsa condena apoyada sobre mi hombro y la abrazo con mis dos manos pues se que ella, la Cruz, me hace digno de Cristo pues así El lo dijo: “El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su Cruz y me siga” (Mc. 8,34, Lc 9, 23; Mt 16, 24)
A Vencer el mal, que está oscureciendo la luz del corazón, con el poder de la oración y a llenarse con los dones del Espíritu Santo para vivir en paz, armonía y reconciliación.
(*) http://horaciopalma.blogspot.com.ar/2012/06/carta-del-padre-christian-von-wernich.html
ANÁLISIS DE ALGUNOS ASPECTOS DEL PROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL
“Lejos de constituir las leyes los muros que amparan a la Nación, podrían ser capaces de llevar hasta las entrañas de ella las peores causas de descomposición”.
I.- El papel de las leyes.
El principal papel de las leyes es educativo en todo el campo del derecho, pero en especial en el campo del derecho civil, en el ámbito del derecho privado, y en el campo del derecho penal, en el ámbito del derecho público.
Existen muchos operadores jurídicos que de esto no tienen idea, porque fue angostada su inteligencia por la miopía de Hans Kelsen y sus secuaces, que reducen toda la realidad en este campo a las normas dotadas de sanción como castigo; así el derecho aparece como una técnica social coactiva[1].
Las leyes ante todo educan o pervierten y así cuando el Código Penal tipifica ciertas conductas como delitos induce como un instigador a abstenerse de realizarlas. Así el homicidio, tutela la vida, el robo y el hurto protegen la propiedad, el secuestro resguarda la libertad, el adulterio (hoy desaparecido), salvaguarda al matrimonio, las calumnias e injurias custodian el honor y la fama. Por eso el tema que nos reúne es importante. Hoy se proyecta en la Argentina cambiar criterios culturales, cambiar el buen sentido, romper con la tradición jurídica en aspectos fundamentales en el ámbito del derecho privado.[2] Por eso, el 14 del entendemos que ningún compatriota puede quedar al margen del asunto.
II.- Un anteproyecto.
No hace mucho dos integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco y una conocida civilista de Mendoza, Aída Kemelmajer de Carlucci, entregaron a la presidente de la República el anteproyecto para la reforma y unificación de los Códigos Civil y de Comercio. Nos ocuparemos ahora de los aspectos más salientes de dicho documento y, en algunos casos, su corrección por el Poder Ejecutivo.
III.- ¿Qué es el derecho?
Ya en el artículo 1° aparece un problema importante, pues el mismo dispone: “Los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables. La interpretación debe ser conforme con la Constitución Nacional y los Tratados. Se tendrá en cuenta la jurisprudencia en consonancia con las circunstancias del caso. Los usos, prácticas o costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente siempre que no sean contrarias al derecho”. Y aquí surge la cuestión primera: ¿qué es el derecho? ¿Qué entienden los redactores por derecho?[3]. Estamos ante un término multívoco: ¿es lo justo?, ¿es el ordenamiento jurídico?, ¿es el derecho como poder?, ¿es el derecho como saber?, ¿es el derecho como arte? No lo dicen. No definen porque no quieren o no pueden, y esto se extiende a muchos otros conceptos claves como moral, buenas costumbres, orden público, bien común, dignidad, etcétera. Esto contrasta con definiciones que aparecen y que son generalmente correctas, como las de compraventa, locación, leasing, transporte, mandato, fianza, renta vitalicia, transacción, arbitraje, fideicomiso, caso fortuito, etcétera. IV.- ¿Qué son los principios y valores jurídicos?
En el artículo 2° se establecen criterios de interpretación y señala un camino para los jueces que deben juzgar según las leyes ateniéndose a sus palabras, a sus finalidades, a las leyes análogas, a las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, a los principios y valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento.
Están aquí presentes la interpretación literal, teleológica, por analogía, a completudine, a coherentia, sistemática[4].
Sin embargo, ¿por qué restringir los criterios de interpretación a los tratados referidos a los derechos humanos? Los demás tratados ¿no tienen el mismo valor?
Además, cuando habla de principios ¿alude a los principios generales del derecho? Estos principios son ¿de derecho natural o de derecho positivo? Nada se dice al respecto. Lo mismo respecto a los valores jurídicos[5]. V.- Decisión fundada.
El artículo 3° dispone en forma correcta que “el juez debe resolver los asuntos mediante una decisión razonablemente fundada”.
La sentencia no se dirige sólo a los litigantes, sino a la comunidad jurídica en su conjunto. Esta exigencia ya la encontramos en el Antiguo Egipto en la Instrucciones del Faraón al Visir, que se encuentran grabadas en la tumba del Visir Rekmara: “si has de desatender su súplica has que vea por qué la desatiendes”[6].
El juez trata de hacerse entender. Como señala Perelman, “decide, pero quiere al mismo tiempo convencer… Con un toque de humor se ha podido decir que la sentencia presenta sus excusas al perdedor y a sus asesores… La parte perdedora sabe verdaderamente por qué ha perdido y los juristas que leen la decisión saben por qué se ha dictado”[7].
VI.- Retroactividad.
El artículo 7° dispone: “las leyes no tienen efecto retroactivo sean o no de orden público, excepto disposición en contrario”.
Como al fin y al cabo el Código es una ley, las disposiciones del mismo pueden ser derogadas por una ley posterior; sin embargo, como disposición general era mucho mejor la de Vélez: “las leyes disponen para el futuro; no tienen efecto retroactivo, ni pueden alterar los derechos ya adquiridos”, a la cual habría que volver saltando por encima a la ley 17.711.
Por otra parte, parece casi grotesca la propuesta de Lorenzetti y de Highton de Nolasco, después de sus votos en el caso “Simón”, y de la última en el caso “Arancibia Clavel”, que desconocieron en forma olímpica la irretroactividad de la ley penal que tiene garantía constitucional y no meramente legislativa[8].
VII.- Abuso del derecho.
En el capítulo tercero, al referirse al ejercicio de los derechos, se recepta la teoría del abuso del derecho. Éste se configura cuando dicho ejercicio “contraría los fines del ordenamiento jurídico” o “exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres”, no formulando ninguna definición o concepto de todo esto tan importante.
Mejor era la redacción de la ley 17711: hay abuso del derecho, cuando se lo ejerce contrariando el objeto de su institución, a su espíritu y a su finalidad; cuando se lo desvía del destino para el cual ha sido creado; cuando contraríe los fines que aquella tuvo en mira al reconocerlos… (art. 1071). La segunda parte del artículo se repite en el proyecto.
VIII.- Orden público. El art. 12 prácticamente repite el art. 21 del Código de Vélez, con la omisión de las buenas costumbres: “Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia esté interesado el orden público”.
Esto ya lo encontramos en Aristóteles cuando en su Retórica, (I, 15) escribe: “el contrato es una ley privada y limitada, y los contratos no dan validez a la ley, pero las leyes se la dan a los contratos conformes con las leyes”. Ahora bien, como el tema del orden público es importante y el texto que analizamos no lo describe ni lo define, veamos lo que dicen dos civilistas que se ocuparon del tema del orden público y algo aportan. Así, Marco Aurelio Risolía, después de una prolija indagación de los antecedentes del tema, ensaya su concepto y nos dice que “el orden público es la disposición o acomodación de la realidad social conforme al plan establecido por un sistema de normas jurídicas, esencialmente aptas para lograr un estado objetivo de armonía, paz social y bien común”[9].
Por su parte, Jorge Joaquín Llambías, escribe que “se denomina orden público al conjunto de principios eminentes -religiosos, morales, políticos y económicos- a los cuales se vincula la digna subsistencia de la organización social establecida”[10].
De todo esto podemos sacar en conclusión que el orden público se vincula con las normas jurídicas positivas, que se basa en principios, que apunta a garantizar la seguridad y la tranquilidad. Esos principios son asumidos por el derecho normativo positivo. Porque, en realidad,el orden público no son los principios, sino su concreción en normas jurídicas imperativas, que no pueden ser derogadas por convenciones particulares y que garantizan certeza, seguridad y cierta moralidad pública.
VIII.- Derechos individuales y de incidencia colectiva. Esta es una novedad que aparece en el capítulo cuarto que entendemos es interesante. Junto a los derechos individuales aparecen otros denominados “de incidencia colectiva”. Estos derechos son de uso común y protegen el ambiente, la competencia, al usuario y al consumidor (art. 14 c). IX.- Derechos de las comunidades indígenas.
En consonancia con la Constitución Nacional de 1994 que, en clara antinomia, vulnera el principio de igualdad que a su vez proclama[11], aparecen en el artículo 18 “los derechos de las comunidades indígenas a participar en la gestión referida a sus recursos naturales”. Y éstos ¿cuáles son? ¿El petróleo, el gas, la energía, el carbón, las minas, la pesca, los bosques? Nada se dice.
X.- La persona humana.
Según el texto, la persona humana comienza con la concepción en el vientre materno o con la implantación del embrión, sin perjuicio de lo que prevea la ley especial para la protección del embrión implantado. El último párrafo lo agregó el Poder Ejecutivo.
La primera parte del texto ya se encuentra en el art. 70 del Código Civil; la segunda evidentemente no.
Y con ella empiezan los problemas: ¿qué es el embrión que surge de la unión de los gametos masculino y femenino? ¿Cuál es su status jurídico? ¿Es una persona? ¿Es una cosa? ¿Está dentro o fuera del comercio? Nada se dice. Pero todo el contexto mueve a considerar que es una cosa, y que está dentro del comercio.
Sin embargo, el embrión es humano, tiene un código genético propio, sus células son propias, sus huellas dactilares están previstas; no es parte del cuerpo de la madre sino es “otro” que anida en ella. Y es tan “otro” que puede residir como inquilino en un útero alquilado o dado en préstamo gratuito.
Del hecho que hoy el embrión no pueda desarrollarse fuera del seno materno, como afirma Ricardo Bach de Chazal, “no tiene porqué seguirse una injusta disparidad de tratamiento jurídico para dos seres humanos que participan de la misma naturaleza: uno concebido en el claustro materno y otro obtenido por fecundación artificial extracorpórea”, denunciando “un tratamiento despersonalizante de los embriones humanos quienes son manipulados, observados, seleccionados y tratados como cosas”. Hoy, muchas veces se disocia el sexo de la procreación. Por un lado, se busca el gozo del placer sexual sin asumir sus consecuencias: el sexo sin procreación; por otro lado, se busca la procreación sin unión sexual y en esta línea las novedades de nuestro tiempo superan con creces los anticipos de la ciencia ficción: inseminación artificial, alquiler de úteros, maternidad subrogada, bancos de semen, congelación de embriones…
La natalidad puede trasladarse de la cama al laboratorio. Planteada la natalidad por contrato, el ingeniero genético elegirá los mejores espermatozoides o aquellos que los contratantes elijan. Ciertas personas podrían obtener jugosas ganancias alquilando el útero o convirtiéndose en proveedores de espermas de buena calidad.
XI.- Prodigalidad.
El texto, en sus arts. 48 a 50 se refiere a los pródigos y continúa con la norma anterior respecto a los mismos. Según escribe Jorge Joaquín Llambías, “una de las más salientes y felices innovaciones de la ley 17.711, es la referente al régimen de inhabilitación de los ebrios habituales, drogadictos, disminuidos mentales y pródigos”, y más adelante agrega: “el régimen de semi-capacidad, es el medio técnico escogido por el derecho contemporáneo para suplir las deficiencias psíquicas que adolecen ciertas personas médicamente normales, cuando esos defectos pueden traducirse en perjuicios patrimoniales para el sujeto y para su familia”[12].
Cabe acotar que en el texto que comentamos la inhabilitación se reduce sólo a los pródigos. ¿Será que han desaparecido los borrachos consuetudinarios, los drogadictos y los disminuidos mentales? Entendemos que es al revés, que han aumentado. Entonces, ¿será que no necesitan ser inhabilitados? ¿Qué ellos y sus familias no necesitan ya un resguardo? XII.- Mayoría de edad. Dignidad. La mayoría de edad se alcanza a los 18 años. La adolescencia, a los 13, que generalmente coincide con la edad del “pavo”, respecto de la cual, como decía un sobrino, es fácil entrar pero difícil salir. Pero si alguno no salió y estudia, se capacita, por más que sea mayor desde los 18, los progenitores deben mantenerlo hasta los 25 años según el art. 663. ¡Qué tal!
Dispone el art. 51 que “la persona humana es inviolable” y tiene derecho al reconocimiento y respeto a su dignidad, a la cual en el artículo siguiente vincula con “la intimidad personal o familiar, la honra y reputación, la imagen o identidad. Pero, ¿qué es la dignidad? ¿En qué consiste? Nada dice.
Ni siquiera distingue entre dignidad ontológica y dignidad moral. La primera, no nos abandona nunca. La segunda, depende de nuestra conducta, porque como escribe Aristóteles: “el hombre sin virtud es el más impío y salvaje de los animales” Política, L. I, C. I).
XIII.- Directivas médicas anticipadas. Curador. El art. 60 reconoce la validez de las directivas médicas anticipadas y la posibilidad de designar su propio curador.
Esto es un progreso, y con seguridad, el interesado, capaz de providencia, parte de la prudencia individual que atisba el mañana, lo hará mejor que sus parientes (tal vez interesados en que se muera pronto y heredarlo), y que los jueces (para quienes, en general, la cuestión es la de una curatela más). XIV. Prenombre y apellido.
El prenombre, según el Diccionario de la Real Academia Española, es el que entre los romanos precedía al de familia. Es lo que nosotros denominamos nombre, que junto al apellido, nos permite identificar a una persona.
Según el art. 63 el límite es de tres nombres. Menos mal que se murió un amigo llamado José María Carlos Enrique Francisco Javier Anaya, conocido por “Chalequito”, a quien le habrían eliminado la mitad.
Pero, la reforma es respecto al apellido de los hijos; si los cónyuges están de acuerdo pueden ponerle primero el de cualquiera de ellos; se puede agregar el del otro. Si no hay acuerdo, se recurrirá al sorteo ¡Ah! la igualdad de la suerte. Esto tiene un límite: los restantes hijos tienen que llevar el o los apellidos del primero.
Los cónyuges pueden agregar el apellido del otro, con o sin la partícula “de”. Así que en un futuro próximo si empiezo a sentirme mujer, de acuerdo con la ley del género, podré reinscribirme como Bernardina Montejano de Calviño ¡Qué tal! ¿Me reconocerán ustedes con un nuevo atuendo? ¿Seré el mismo? ¡Adiós identidad!
Un escribano amigo y muy joven, me contaba el otro día que cuando le lleguen los tiempos jubilatorios piensa transformarse en mujer, y así rapiñarle al ANSES cinco años en su edad jubilatoria.
Por todo esto, es razonable lo que expresa la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal: “dejar el tema de la identidad sexual a un libre sentir o decisión de la persona, no corresponde a la certeza jurídica que debe ofrecer una legislación a la sociedad” (16/5/2012).
XV. Personas jurídicas[13]. Según el art. 141 son entes “a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto”.
Las personas jurídicas se dividen en públicas y privadas. Entre las primeras se encuentra, en el art. 146 inc. c), la Iglesia Católica.
Me parece soberbio y presuntuoso que un código civil y comercial le confiera aptitud a la Iglesia que desde hace siglos tiene su propio ordenamiento que es el canónico; entendemos que debe reconocer la aptitud, no conferirla; y no sólo a la Iglesia, sino a los otros países como Estados Unidos, Rusia, Brasil o Chile.
En el art. 148 se ocupa de las personas jurídicas privadas: sociedades, asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, cooperativas, consorcios de propiedad horizontal (una novedad) y como no podían faltar, en este clima de indigenismo enfermizo, las comunidades indígenas.
Los nombres “no pueden tener términos o expresiones contrarias a la ley, el orden público y las buenas costumbres” (art.151), expresiones que siguen en la nebulosa, y sus administradores “deben actuar con lealtad y diligencia” (art.159).
El objeto de las asociaciones civiles “no tiene que ser contrario al interés general” y aquí, ¡por fin! estos pichones de codificadores nos suministran algunos criterios para empezar a colmar el vacío conceptual, cuando señalan que “ese interés general se interpreta dentro del respeto a las diversas identidades, creencias y tradiciones, sean culturales, religiosas, literarias, sociales, políticas o éticas que no vulneren los valores constitucionales” (art. 168), que no dice cuáles son y cuál es su jerarquía, lo que desde el punto de vista axiológico es lo menos que se puede pedir.
En el art.193 aparece la expresión “bien común” al referirse a las fundaciones. Tampoco aquí aparece concepto alguno, siendo una noción sumamente importante en el orden social y político, pues se trata nada menos que del fin del derecho y de la sociedad política. XVI.- De los bienes.
El título comienza con la clásica división en muebles e inmuebles. Según el art. 225 los inmuebles por naturaleza son: el suelo, las cosas incorporadas a él de una manera orgánica y las que se encuentren bajo el suelo sin el hecho del hombre. Se repite el art. 2314 del Código Civil. ¿Qué será de una manera orgánica? Misterio. Y las que se encuentran bajo el suelo por el hecho del hombre, como un sótano, una buena bodega, si no son inmuebles ¿Qué son?
En el art. 227 se denominan cosas muebles a dos categorías muy distintas: las que pueden desplazarse por sí mismas o por una fuerza externa. Muebles y semovientes en una misma categoría, juntas una vaca y una silla, repitiendo al art. 2318 del Código Civil.
El art. 241 es una expresión de buenos deseos impropia de un Código y expresa: “Todos los habitantes tienen garantizado el acceso al agua potable para fines vitales”. El último párrafo es un agregado del Poder Ejecutivo.
El texto se refiere al instituto conocido como “bien de familia”, que denomina “afectación de un inmueble afectado a vivienda” (art. 244 y ss.), en una redacción muy poco elegante; bastaría haber puesto “destinado”. Entendemos que basta un propietario constituyente y que ya no se necesita constituir una familia, como exigía la ley 14.394, y la solución nos parece bien, es justa[14].
XVII.- Objeto de los actos jurídicos. Lesión.
El art. 279 viene a reemplazar al 953 y dispone que el objeto de los actos jurídicos “no debe ser contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público ni lesivo a los derechos ajenos ni a la dignidad humana”. Este artículo es completado por el 344 y por el 386.
Entendemos que la redacción anterior, que unificaba los tres, era más completa y mejor: “el objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio, o que por un motivo especial no se hubiese prohibido que sean objeto de algún acto jurídico, o hechos que no sean imposibles, ilícitos, o que se opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia, o que perjudiquen los derechos de un tercero. Los actos jurídicos que no sean conformes a disposición, son nulos como si no tuviesen objeto”.
También encontramos el instituto de la lesión, que ya había sido incorporado por la ley 17.711. Aquí, las referencias a “una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada”, o a “notable desproporción de las prestaciones”, hay un eco de la doctrina de Aristóteles acerca de la “reciprocidad en los cambios” (Ética Nicomaquea, L. V, C. V).
XVIII.- Relaciones de familia. Un matrimonio devaluado.
Las relaciones de familia aparecen regidas por los principios de libertad e igualdad, no conceptualizándose ninguno de los términos.
Entre los impedimentos para celebrar el matrimonio aparece el parentesco con lo cual queda prohibido el incesto (art.403).
En el art. 416 se consignan todos los datos personales necesarios para contraer matrimonio y en el 420 se legisla acerca de acta constitutiva del mismo; en ambos encontramos una intencional omisión: ninguno habla de sexo. En el antecedente, art. 172 ley 23515 se dispone: “Es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado personalmente por hombre y mujer ante la autoridad competente para celebrarlo”.
Contraído el matrimonio, el capítulo 7 se refiere a los derechos y deberes de los cónyuges en dos artículos sumamente breves: el 431 alude al deber de asistencia y el 432 a los alimentos, cuyo derecho a exigirlos se pierde por causa de indignidad (art. 434), concepto que aparece descripto en el art. 2281.
Advertimos que en el anteproyecto se había evaporado un deber moral-jurídico mayúsculo que es el de fidelidad; tal vez será porque en este texto, en el cual el matrimonio puede ser “flor de un día” como los “amores de estudiante” del tango, eso no interesa. Esto se ha corregido y aparece el deber moral de una frágil fidelidad cuya duración puede ser de un día o de una noche, pues sería incoherente e insensato que permaneciera después del divorcio.
Tanto se quiere destacar la nota de precariedad de esta efímera unión que el art. 436 decreta la nulidad de la renuncia al divorcio, que podrá decretarse a petición de ambos o de uno solo (art. 437), la cual podrá efectuarse al día siguiente de las nupcias, después de un rápido desengaño diurno o nocturno, en la mesa o en la cama.
Desaparece la separación personal y toda causa para ella y para el divorcio; no existen más el adulterio, las tentativas de asesinato, la instigación a cometer delitos, las injurias graves, el abandono voluntario y malicioso.
Se consagra el divorcio “exprés”. El matrimonio pasó de ser una institución a rebajarse a un mero contrato. Pero, como escribe Enrique Díaz Araujo, “acá no hay más contrato, dadas las complicaciones de los trámites de resolución de los mismos. Esto no es más que un papel mojado, que en lugar de guardarlo en un álbum se lo puede colocar en el baño”[15]. Calculamos que con el nuevo régimen y sin apurarse demasiado, se pueden contraer en cuarenta años, 240 matrimonios siempre que a una persona le den el cuero y el bolsillo.
Se consagran dos regímenes de bienes: el establecido por convención hecha por las partes ante un escribano público (art. 446) y el de comunidad, que también tiene carácter supletorio si nada se determina (art. 463).
XIX. Uniones convivenciales.
Junto al matrimonio devaluado aparece el viejo concubinato[16] juridizado y prestigiado, con una nueva denominación: “unión convivencial”.
Y aquí tenemos ¡por fin! señaladas unas notas equivalentes a un concepto descriptivo, pues es una “unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, público, notorio, estable y permanente de dos personas que comparten un proyecto de vida común sean del mismo o de diferente sexo” (art. 509).
La unión se inscribe en un Registro (art. 511), después de dos años, y “las pautas de convivencia no pueden ser contrarias al orden público ni al principio de igualdad de los convivientes… (art. 515).
Y al igual que en el matrimonio la unión cesa por voluntad unilateral.
En conclusión, como explicó el presidente de la Corte: “La sociedad es pluralista, está el matrimonio tradicional, el matrimonio igualitario, las uniones entre convivientes, la gente que vive en pareja pero no se quiere casar. El proyecto busca mantener el sentido de la familia, con las distintas opciones, garantizar los derechos de los integrantes de las distintas uniones” (Clarín, 28/3/2012).
Pero Lorenzetti se olvidó de otras posibilidades: el poliamor, la poligamia, la poliandria, la familia comunitaria, las uniones swingers…
XX.- Parentesco.
En el art. 529 encontramos otra definición, pues el parentesco “es un vínculo jurídico existente entre personas en razón de la naturaleza, las técnicas de reproducción humana asistida, la adopción y la afinidad”.
Según el art. 534 los hermanos se clasifican en bilaterales, hijos de ambos padres y unilaterales, medio hermanos, con un solo progenitor común.
El art. 561 habla de “voluntad procreacional” y dispone que “los hijos que nacen de mujer por técnicas de procreación asistida humana son también hijos del hombre o mujer que ha prestado su consentimiento… con independencia de quien haya aportado lo gametos”. La gestación por sustitución se encuentra regulada por el art. 562 que exige “el consentimiento previo, informado y libre de todas las partes interesadas”, y dispone que “la filiación queda establecida entre el niño nacido y él o los comitentes”. Lo contractual prima sobre lo biológico.
Luego establece una serie de condiciones que deben acreditarse para que el juez homologue el acuerdo:
- Se ha tenido en cuenta el interés superior del niño;
- La gestante tiene buena salud física y psíquica;
- Al menos uno de los comitentes ha aportado sus gametos;
- Él o los comitentes poseen imposibilidad de concebir o de llevar un embarazo a término;
- La gestante no ha aportado sus gametos;
- La gestante no ha recibido retribución;
- La gestante no se ha sometido al procedimiento por más de dos veces;
- La gestante ha dado a luz, al menos, un hijo propio.
Los trasplantes embrionarios requieren autorización judicial. Queda pues incorporada al código la maternidad subrogada a título gratuito, con la serie de condiciones enumeradas.
Incluso los gametos y los embriones pueden ser objeto de disposiciones testamentarias y así un testador puede decidir “que sus gametos o embriones producidos por sus gametos sean transferidos a la mujer después de su muerte (art. 563). Se produce un niño huérfano ¿dónde queda, hipócritas, el “interés superior del niño?
Se reconoce la filiación extracorpórea (art. 570), el uso de las técnicas de reproducción asistida y la utilización de gametos de terceros (art. 575).
XXI.- Adopción.
En el art. 594 se define bien la adopción como la “institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en una familia que le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales cuando estas no le pueden ser proporcionadas por su familia de origen”. En el art. 596 se dispone que el adoptado tenga derecho a conocer su familia de origen, lo cual nos parece muy bien. Si el Edipo de Sófocles hubiera sabido esto nunca hubiera matado a su padre el rey Layo.
Este derecho a conocer su identidad, de conocer de dónde uno viene es negado a los hijos de probeta, injustamente discriminados, pues todo niño debe poder saber quiénes son sus padres.
XXII.- Adiós patria potestad.
Desaparecen los conceptos de padre y madre, salvo alguna excepción en el último caso. Estos proyectistas hacen realidad lo soñado Aldous Huxley en su “Mundo feliz”: las desaparecidas palabras “padre” y “madre”, ruborizan y traen desagradables recuerdos, recuerdos de un tiempo pasado “lleno de padres y lleno por consiguiente de miseria; lleno de madres y por lo tanto de perversiones… lleno de hermanos, de hermanas, tíos, tías; lleno de locuras… El hogar era tan sórdido psíquicamente como físicamente. Físicamente era un vivar de conejos, un estercolero, caldeado por los roces de la vida que se amontonaba hediendo de emociones… Maniáticamente la madre criaba a sus hijos… los criaba como una gata a sus gatitos… pero como una gata que habla, que sabe decir: ¡Niño mío!”[17]. En el art. 638 aparece la responsabilidad parental, sustituta de la patria potestad o potestad de los padres que desaparece[18]. Se define esta responsabilidad como el “conjunto de deberes y derechos que le corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes de los hijos para su protección, desarrollo y formación integral mientras sean menores”.
En el art. 647 se prohíbe el castigo corporal en cualquiera de sus formas. En los Proverbios encontramos un texto que expresa todo lo contrario: “El que da paz a la vara odia a su hijo” (13, 24).
Francesco Carnelutti, ese arquetipo de hombre bueno, nos suministra la clave del asunto cuando escribe que el castigo es doloroso, pero “¿cómo podría explicarse que el padre, amando a su hijo, quiera su bien y castigándolo le procure un mal?” Cuando el padre castiga a su hijo su dolor tiene que ser mayor que el del hijo. Y “así, el padre alcanza, por procurar dolor a su hijo, la cumbre del amor”[19].
Desaparece prácticamente el deber de obediencia de los hijos para con sus progenitores, pues el art. 671 dispone entre los deberes de los hijos: “cumplir con las decisiones de sus progenitores que no sean contrarias a su interés superior” (inc. b). Y ¿quién determina el “interés superior”?.
¿Qué pueden hacer los progenitores si los hijos se ponen “pesados”, los desobedecen, los amenazan? Sólo “solicitar el auxilio de los servicios de orientación a cargo del Estado” (art. 647).XXIII.- Obligaciones.
En el Libro III, art. 724 se define a la obligación, como “una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento, a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés”.
Desaparecen las obligaciones naturales “fundadas sólo en el derecho natural y la equidad”, sustituidas por lo dispuesto en el art. 728: “Lo entregado en cumplimiento de un deber moral o de conciencia es irrepetible”. En su extremo positivismo los redactores del anteproyecto no podían ni siquiera aceptar esta tímida referencia al derecho natural.
El art. 765 se refiere a la obligación de dar dinero y el mismo en su segunda parte dispone: “Si por el acto por el cual se ha constituido la obligación, se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas”, a cuya redacción una mano traviesa del Poder Ejecutivo agregó: “y el deudor podrá liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal”. Inmediatamente se generó la discusión, acerca del agregado: ¿el artículo es interpretativo o de orden público? Más litigios y trabajo para los jueces. Con tal la seguridad, valor burgués… ¿A quién le importa? XXIV.- Contratos.
El art. 958 reconoce la libertad “para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites de la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres”.
En el art. 1004 al referirse a los objetos prohibidos repite lo normado por el art. 279 para los actos jurídicos y entendemos que como el contrato es una especie del género actos, bastaba con una remisión.
En el art. 1014 se dispone que la causa ilícita invalida los contratos contrarios a la moral, el orden público y las buenas costumbres.
En artículos posteriores define los contratos de consumo (1092), de compraventa (1123), de permuta (1172), de locación (1187). Incorpora el leasing (1127), el fideicomiso (1666) y el contrato de obras y servicios (1251). Define al transporte (1280), al mandato (1319), a la fianza (1574), a la renta vitalicia (1599). También define a la transacción (1641), al arbitraje (1649) y al caso fortuito (1727) y caracteriza al enriquecimiento sin causa (1794).
XXV.- Derechos reales.
En el Libro Cuarto, desde el art. 1882 en adelante el texto se ocupa de los derechos reales, a los cuales define.
Entre las novedades que aparecen en el art. 1887 se destacan la propiedad comunitaria indígena (inc. c), el tiempo compartido (inc. f) y el cementerio privado (inc. g).
La propiedad comunitaria indígena es “el derecho real que recae sobre un inmueble rural destinado a la preservación de la identidad cultural y el hábitat de las comunidades indígenas”.
Llama la atención que estos proyectistas tan preocupados por la preservación de la identidad cultural de los indios hagan todo lo posible para destruir la identidad cultural de los argentinos integrada por la fe cristiana, la cultura clásica, la herencia hispana, la familia tradicional.
También se ocupa de definir a la propiedad horizontal (art.2037), y en el art. 2047 dispone que “queda prohibido a propietarios y ocupantes destinar las unidades funcionales a usos contrarios a la moral” (inc. a).
¿Esto alcanzará al colega de Lorenzetti y Highton, el magistrado Eugenio Zaffaroni, locador de prostíbulos? Gracias a este destructor del derecho penal se vuelve a hablar de prostíbulos cuando creíamos que ahora se llamaban “casas de masajes”.
El art. 2073 se ocupa de los conjuntos inmobiliarios, barrios cerrados, clubes de campo, parques industriales…
El cementerio privado se encuentra conceptualizado en el art. 2103, como un inmueble destinado “a la inhumación de restos humanos”.
Esto parece de un aviso fúnebre del diario “La Nación”. Por respeto a los muertos entendemos que un Código debería hablar de “cuerpos humanos” o “cenizas humanas”.
XXVI.- Sucesiones.
El libro Quinto y último se ocupa de las sucesiones y nos encontramos con la novedad del art. 2279 que como herederos aparecen “las personas nacidas después de la muerte mediante técnicas de fertilización humana asistida”.
El art. 2281 es importante pues se refiere a la indignidad para heredar, pero que también se aplica al cese del deber alimenticio. Por eso transcribiremos algunos incisos: - los autores, cómplices o partícipes de delito doloso contra la propiedad del causante o de sus descendientes, ascendientes, cónyuge, conviviente o hermanos;
- los que hayan maltratado gravemente al causante u ofendido gravemente su memoria;
- los que hayan acusado o denunciado al causante por un delito penado por prisión o reclusión, excepto que la víctima sea el acusador…
- los que omitan la denuncia de la muerte dolosa del causante;
- los parientes que no hayan suministrado alimentos debidos o no lo hayan recogido en un establecimiento adecuado si no podía valerse por sí mismo;… - los que hayan inducido o coartado la voluntad del causante para que otorgue testamento o deje de hacerlo o lo modifique…así como los que falsifiquen, alteren o sustraigan, oculten o sustituyan el testamento. XXVII.- Porción legítima, testigos, prohibición. Según el art. 2445 la legítima de los descendientes se establece en 2/3 con los cual la porción disponible del testador se amplía del quinto al tercio y la de los ascendientes y cónyuge se determina en 1/2.
El testamento por acto público según el art. 2479 requiere dos testigos en lugar de los tres del régimen vigente. Nos parece bien.
Finalmente y conforme al “pluralismo” que campea a lo largo de sus disposiciones, el texto en su art. 2482 amplía la prohibición para heredar incluyendo en su inc. c) a “los miembros de cualquier culto y los líderes y conductores de sectas que hayan asistido al causante en su última enfermedad”, lo cual es justo, porque entre esos líderes y conductores sectarios, que muchas veces resucitan el diezmo para aprovecharse de su crédula feligresía, deben abundar los cazadores de herencias. XXVIII.- CONCLUSIÓN-
Hace muchos años, un teólogo protestante suizo Emil Brunner, quien a mediados del siglo pasado no podía adivinar hasta dónde hemos llegado, afirmaba que “las perversidades actuales sólo son posibles, porque se han producido desde largo tiempo atrás, una inversión en las profundidades del espíritu”.
Y nuestra conclusión abordará sólo el tema del matrimonio y de la familia.
Entre nosotros esas perversidades comienzan con la eliminación de la potestad marital. Hasta entonces la familia era un todo jerárquico y servicial en la cual cada uno ocupaba su papel. No era el mismo el papel del padre, de la madre, de los hijos, de los abuelos, de los tíos. El padre era el primer responsable del “orden de la justicia”. La madre, primer responsable del “orden del amor”.
Si el padre se corrompía, enloquecía o se transformaba en degenerado, la solución era privarlo de esa potestad y de la patria potestad por vía judicial, lo que sucedía en poquísimos casos.
El segundo paso es la patria potestad compartida, la fijación por acuerdo del domicilio conyugal y el juez presto a meterse en el hogar para solucionar desacuerdo, mientras se torna viviente la proverbial maldición aludida por Dante “¡Ojalá tengas un igual en tu casa!
El tercero es la ley de divorcio, que obliga a contraer un matrimonio precario y disoluble.
El cuarto es el mal llamado “matrimonio igualitario”, cuando en realidad es sodomonio o putimonio.
El quinto es la ley de identidad de género.
El sexto paso es el Proyecto que hoy hemos expuesto. Es un intento de poner un marco que trata de destruir el segundo útero del hombre que es la familia, cuando el hombre necesita nacer, vivir y morir en familia; y para eso hacen falta matrimonios duraderos y fecundos.
Una mente muy lúcida, la psiquiatra Raquel Soifer, escribe que: “el objetivo principal de la familia es la defensa de la vida, asegurando su continuidad mediante la procreación, velando por la salud física y moral de sus integrantes y favoreciendo sus manifestaciones materiales, éticas, intelectuales y artísticas”[20]; podríamos agregar: espirituales y religiosas. Y ¿qué hacer ante tanta perversidad? ¿Qué hacer ante esta proterva exposición de la cultura de la muerte disfrazada con un abyecto lenguaje técnico jurídico?
Proclamar y realizar en los hechos un programa restaurador. Oponer a tanto libertinaje, a tanto individualismo, a tanto egoísmo, a tanto hedonismo, el verdadero amor. Escribe Saint-Exupéry que “sólo hay amor donde la elección es irrevocable, porque importa estar limitado para llegar a ser” y también: “el amor verdadero no se gasta. Más das, más queda. Y si vas a extraerlo a la fuente verdadera, más tú sacas, más generosa es”.
Y este amor que nos permite edificar nuestra casa sobre la roca y no sobre la arena, no es del amor de Venus, que nos degrada, sino el de Cristo, que nos redime.
Dr. Bernardino Montejano, conferencia en el Instituto de Filosofía Práctica, Buenos Aires, 14 de junio de 2012. [1] En la “Teoría General del Derecho y del Estado”, escribe: “La palabra Derecho se refiere a la técnica social específica de un orden coactivo… la técnica social que consiste en provocar la conducta socialmente deseada a través de la amenaza de una medida coercitiva que debe aplicarse en caso de comportamiento contrario”, Universidad Nacional Autónoma de México, 1958, p. 22.
[2] En el año 1789, en Francia, Rabaut de Saint-Etienne sostenía que “para hacer al pueblo dichoso es preciso renovarlo, cambiar sus ideas, cambiar sus leyes, cambiar sus costumbres, cambiar los hombres, cambiar las palabras, cambiar las cosas: ¡destruirlo todo! ¡Sí! ¡Destruirlo todo, porque todo ha de ser creado de nuevo”, citado por Jesús Pabón, Franklin y Europa, Rialp, Madrid, 195, p. 134. [3] La Ciudad de Buenos Aires está embadurnada por carteles pegados en sus paredes que dicen: “Ante unc conflicto comuníquese con los únicos que saben Derecho. CONSULTE A LOS ABOGADOS. Colegio Público de Abogados de la Capital Federal”. Ante tanta soberbia invitamos por carta documento a Dr. Jorge Rizzo, presidente de dicho Colegio y responsable de esa publicidad a un debate acerca del tema: ¿Qué es el Derecho? Ese monopolizador de los saberes jurídicos se achicó. Entendemos que una profesión no se prestigia pegando carteles sino por la tarea cotidiana servicial, idónea y honesta de quienes la ejercen. [4] Ver Perelman Chaim, “Lógica jurídica y Nueva Retórica”, Civitas, Madrid, 1979, ps. 81 y 83.
[5] Jaime Mans Puigarnau, en su magna obra titulada “Los Principios generales del Derecho”, escribe: “frente a la incertidumbre de la actual coyuntura, y ante la confusión de conceptos, crisis de ideales y subversión de valores, propias de la tempestad moral en que se debate nuestra cultura jurídica, renovemos nuestra fe en aquellos principios del derecho que, cual tablas de salvación, aun se mantienen a flote, con la esperanza de que si por imperio de la fatalidad se hundiese el sistema, se salvaran al menos sus principios; y así, el catálogo de los que hoy ofrecemos al público letrado, sea como el anuncio triunfal de los supervivientes del naufragio: no la fría relación de sus víctimas” Bosch, Barcelona, 1979, XLIX. [6] Truyol y Serra, Antonio, “Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado”, Revista de Occidente, Madrid, 1976, T. I, p.21.
[7] Touffait A. y Tunc. A, “Pour une motivation plus explicite des décisions de justice”, Rev. Trim. Dr. Civ., ps. 490-491, cit. por Perelman, ob. cit., p. 207.
[8] Sabelli Héctor, Santiago (h) Alfonso, “Tiempo, Constitución y ley penal”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008, importante obra que fue presentada en el Instituto de Filosofía Práctica.
[9] “Orden Público y Derecho Privado Positivo”, Asociación Argentina de Derecho Comparado, Buenos Aires, 1957, p. 30. Como vemos, también para Risolía, el orden público se manifiesta en normas jurídicas positivas.
[10] “Tratado de Derecho Civil”, Parte General, Perrot, Buenos Aires, 1993, T. I, p. 158.Respecto al tema orden público y bien común político, puede consultarse nuestro artículo Poder jurídico y Derecho Natural publicado en Ethos, n° 26, Buenos Aires, 2011.
[11] Ver en nuestra obra “Curso de Derecho Natural”, 8ª. Edición, Lexis-Nexis, Buenos Aires, 2005, en el anexo La nueva Constitución, los puntos: El tema de los indios, Un nuevo trato para los indios, Un nuevo racismo y Otra vez el cuento del “buen salvaje”- [12] “Estudio de la reforma del Código Civil, Ley 17711”, Revista de Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, 1969, p. 48. [13] Podría haberse mejorado la terminología adoptando la clasificación propuesta por Francesco Carnelutti en su Teoría General del Derecho, que divide a las personas en individuales y complejas y a éstas en colectivas y compuestas. La crítica a la denominación del Código, seguida por el Anteproyecto la formulamos en nuestra obra escrita con Julio Noacco, “Estática Jurídica”, 2ª. Edición, Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1980. [14] Recordamos una anécdota pintoresca. Una vez llegó a la escribanía una médica anestesista, que además era bastante linda, para constituir un bien de familia aterrada por los riesgos de su profesión. La interrogué acerca de su situación familiar y descubrí que estaba sola en el mundo. No tenía padres, ni hijos, ni parientes colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad. La afectación era imposible. ¿Qué puedo hacer? Preguntó angustiada. Casarse, fue la respuesta, no hay otra. Yo me ofrecería gozoso, pero no puedo, estoy casado, tengo impedimento de ligamen, fue la respuesta. [15] Familiaridades en “Cabildo”, Buenos Aires, n° 95, abril de 2012, p. 13.
[16] Relataba el escribano de Ushuaia, Tierra del Fuego, Hernán López Fontana que una día hace muchos años llegó a su escritorio una pareja de chilenos, varón y mujer, quienes le expresaron: “queremos concubinarnos, le pedimos que nos redacte un contrato de concubinato”. El colega se asustó y les dijo: “eso no se puede, es una cuestión fáctica, en sencillo, una cuestión de hecho. Pero ustedes en realidad ¿qué van a hacer? La respuesta fue muy clara: “Venimos de Chile a trabajar durante dos años. Vamos a vivir juntos, acá hace mucho frío. Después cada cual toma lo suyo y nos volvemos cada uno por su lado”. López Fontana les redactó un contrato de sociedad accidental por el plazo de dos años y se fueron contentos. En ese tiempo los perfiles del matrimonio y del concubinato eran muy claros, excepto para el diputado radical Bernardo Salduna, para quien “el grueso de tales uniones de hecho conforman en realidad familias donde la moral, la ética y el ejemplo brindan aportes sólidos para la sociedad” (en el debate acerca del tema de la patria potestad y la filiación), un verdadero adelantado pues ya en 1985 había presentado un proyecto para des incriminar el
adulterio; todo esto puede verse en nuestra obra Familia y Nación histórica, Cruzamante, Buenos Aires, 1986, p. 76. [17] Diana, México, 1964, ps. 40/41. Sin embargo, estos proyectistas ignoran las últimas investigaciones efectuadas en los Estados Unidos entre los monos que demuestran que el cuidar la prole hace la propia existencia más longeva. En el caso de los tití, son ellos y no ellas los cuidadores de sus crías y viven un veinte por ciento más que sus compañeras. En cambio, las hembras de chimpancé, ocupadas de la crianza de sus hijos vive un cuarenta por ciento más que los machos.
[18] Ya en 1985 en el debate al tratarse el régimen de la patria potestad y de la filiación, se escuchó a la diputada radical brujilda Gómez Miranda referirse a la primera, como un “vetusto, injusto e ignominioso concepto” y a su colega de bancada Terrile, afirmar “nunca más el concepto de pater familiae. Este concepto jurídico antiguo, propio de una familia estructurada verticalmente, no tiene nada en común con la familia democrática” en Familia y Nación histórica, cit., p. 74.
[19] El arte del derecho, Ediciones Jurídicas Europa América, Buenos Aires, 1956, ps. 96 y 100.
[20] “¿Para qué la familia?, Kapelusz, Buenos Aires, 1985, p. 27.
El acto programado se llevó a cabo el día 10 de julio de 2012 desde las 11:30 horas en la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia. Frente a una numerosa concurrencia el Dr. Alberto Solanet leyó la carta cuyo texto se anexa, y que fue luego presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A continuación, el Vicepresidente de Justicia y Concordia, Dr. Gerardo Palacios Hardy, pronunció un encendido discurso en el que resaltó, una vez más, la crisis profunda que aqueja al sistema institucional argentino y, en especial, al servicio de justicia del Gobierno Federal.
Discurso del Dr. Alberto Solanet
Buenos Aires, Julio 10 de 2012
Dr. Ricardo Jorge Lorenzetti
Como en dos ocasiones anteriores desde nuestro surgimiento como Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia nos dirigimos al señor Presidente del alto Tribunal para reclamar, precisamente, por ambos bienes superiores: la justicia y la concordia. La justicia que se omite y la concordia que se rechaza, en buena parte, por obra de la Corte que usted preside.
El poder Judicial, ha perdido los dos pilares fundamentales para su recta actuación: autoridad e independencia. Ambos aspectos, están unidos, ya que la autoridad de los jueces se funda, a su vez, en la independencia, con la cual pueden juzgar y concretar así el derecho en los conflictos, acerca de lo suyo de cada uno. La independencia del juez, junto con la objetividad y generalidad de la ley, sostienen la libertad del ciudadano. Pero la ley ha perdido objetividad y generalidad y ya no es fuente del derecho. Las leyes, hoy traducen la presión de los intereses, especialmente asociados a la fantasía ideológica del grupo gobernante, a la que usted se ha encolumnado decididamente y es copartícipe fervoroso de la reforma del Código Civil. En su texto se plasmará ese conjunto de leyes que apuntan a destruir los fundamentos de nuestra organización social tradicional, como el matrimonio entre homosexuales, la llamada “ley de genero” que permite cambiar el sexo mediante sofisticadas operaciones, o tan solo mutando el documento. También se admite la más libérrima experimentación en los laboratorios donde se permite hacer lo que le venga en gana al científico, respecto de los embriones humanos, ya que para la ley no son personas sino cosas. La identidad de las personas, como derecho fundamental será un hecho del pasado, en el futuro, la ley argentina reconocerá como única nota distintiva de la persona que se trata de un mamífero.
Señor Presidente, su funcionalidad a la ideología “progresista” del grupo gobernante, lo llevó a apostatar del principio básico que inhibe al Poder Judicial de ejercer la facultad de legislar, cuando, en forma unánime, el alto Tribunal, dictó una sentencia aberrante en la que virtualmente despenalizó el aborto en la Argentina, alzándose contra toda la normativa vigente, que ampara la vida inocente desde la concepción.. Con el proyecto de reforma de nuestro Código Civil, del que usted y otros juristas son autores, se consolidará todo este esperpento que hace tabla rasa con el orden natural y es violatorio de la Constitución y los tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención de los Derechos del Niño.
Presenciamos la exacerbación de los fenómenos entrelazados de la judicialización de la política y de politización de la justicia. El Poder Judicial no puede considerarse “independiente” cuando el nombramiento, la promoción, el monitoreo disciplinario de su ejercicio y la destitución de sus miembros depende, en buena parte, de las otra ramas del Estado. Es lo que ocurre con el Consejo de la Magistratura en su actual conformación en cuanto a número de miembros y alcance sus comisiones. Predomina el componente político, en el cual oficialismo y oposición suelen coincidir en criterio, mucho más de lo que aparentan. Ello sirve, de una parte, para asegurar la impunidad de los jueces dóciles y la persecución y asedio de los que no resultan sumisos. Y aún los dóciles, como se sabe, por las dudas, acostumbran conservar en sus gavetas como “rehenes” algunos expedientes referidos a personajones de renombre.
Una de las principales misiones que le adjudicó el gobierno Kischnerista al alto Tribunal que usted preside, fue demoler el proceso de composición política de las profundas heridas que dejara la guerra de los años setenta. En un camino vacilante, que no estuvo exento de críticas, se habían dictado las leyes de “Punto Final” y de “Obediencia Debida”, que fueron declaradas constitucionales y equiparadas a leyes de amnistía por la Corte y los indultos posteriores que involucraron tanto a guerrilleros como a militares y fuerzas de seguridad, que también fueron declarados constitucionales. Lo cual, de un modo imperfecto, fueron las bases propicias para recomenzar la amistad política. Luego esta Corte, en cumplimiento sumiso de aquella misión, arrasó con su propias decisiones mediante los fallos “ Lariz Iriondo, Simón y Mazzeo” y se llevó por delante las claves de bóveda de las garantías constitucionales: principio de legalidad, con la exigencia de ley previa y escrita, irretroactividad de la ley penal, ultraactividad de la ley más benigna, prescripción como integrante del principio de ley penal, cosa juzgada revocada en la misma causa donde se había declarado la constitucionalidad, etc. A partir de ello se produjo una verdadera sustitución del derecho por la llamada “Política de Derechos Humanos” que usted no deja de repetir que es “la política de estado”, y no deja de ser una entelequia viscosa bajo cuyo amparo se suprimieron los derechos y garantías constitucionales para los imputados de delitos denominados de “lesa humanidad”. Esa política ha servido para discriminar entre réprobos y elegidos. Los réprobos no son únicamente los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad que combatieron contra el terrorismo marxista, sino cualquier ciudadano a designio de la tiranía. Como lo venimos repitiendo, ante la violación del principio de legalidad, todos los ciudadanos estamos en libertad condicional.
Esta derogación de los pilares del debido proceso penal, del proceso justo, que han realizado los ministros de la Corte, ha servido para que los jueces inferiores cometan toda clase de atropellos contra los presos políticos, manteniendo prisiones preventivas de duración indefinida como pena anticipada ; procesos que se arrastran mas allá de todo plazo razonable; denegando la prisión domiciliaria a quienes les corresponde por edad o por estar seriamente enfermos, sometiéndolos a penurias absolutamente innecesarias, para los cuales la cárcel se asemeja a las cámaras de la muerte. Ya han muerto 150 presos políticos en cautiverio, y de todo ello les cabe responsabilidad a usted y a quienes lo acompañaron en sus injustísimos votos.
En un episodio que solo beneficia a la perduración del odio entre los argentinos, el Presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sometido a la imposición de la dirigencia del Sindicato de Judiciales, ordenó el retiro de la placa recordatoria de quien fuera mártir de la justicia y la mandó arrumbar en un depósito penitenciario, con nota a la Corte que usted preside, para su debido conocimiento.
Quizás usted sostenga, doctor Lorenzetti, que quitando la placa que recordaba el asesinato de un digno magistrado cuya falta fue cumplir con su deber, se daba cumplimiento a esa “política de estado” consistente en “reactivar el pasado”, esto es, el odio que al juez Quiroga le costó la vida. Resulta desgraciado, señor Presidente, que una “política” semejante pueda alentarse y sostenerse desde una instancia suprema de justicia.
Un día, Dios mediante, estamos seguros, doctor Lorenzetti, pese a todo, habremos de recuperar la justicia perdida y ha de ser devuelta la concordia a la vida ciudadana. Hasta que ese día llegue, tenga por seguro que no habremos de callar.-
Saludamos al Señor Presidente con la consideración que merece su alta investidura.
Reforma constitucional, un peligro mayúsculo (el "vamos por todo"), artículo de Carlos Pagni
Diario LA NACION, Lunes 09 de julio de 2012 | Publicado en edición impresa (*)
Una reforma constitucional para "ir por todo"
(*) http://www.lanacion.com.ar/1488986-una-reforma-constitucional-para-ir-por-todo

References: artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 18
 resolución