Source: http://justiciabol.blogspot.com/2017/07/
Timestamp: 2019-11-13 02:19:54+00:00

Document:
Justicia en Bolivia: July 2017
La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) habilitó hoy a un total de 270 postulantes para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La información fue dada a conocer por la Cámara de Senadore en su cuenta de Twitter:
Datos preliminares 27 de los 105 candidatos no cumplen con los requisitos
De los 105 postulantes que se presentaron para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al menos 27 no cumplieron con los requisitos generales y específicos, según datos preliminares.
La Comisión de Constitución está a la espera de que el Consejo de la Magistratura. Tribunal Supremo Electoral y Contraloría General del Estado remitan los antecedentes.
Esta instancia legislativa concluyó el pasado miércoles 26 con la verificación de los requisitos de los postulantes a ambos tribunales.
De los 52 postulantes para el TSJ, 10 no cumplen con los requisitos exigidos por el Reglamento; en el caso de los 53 aspirantes al TCP, 17 no cumplen con los requerimientos señalados.
Estos datos aún son preliminares, hoy la Comisión de Constitución del Legislativo sesionará para cruzar la información con los documentos que remitieron la Contraloría General del Estado, Consejo de La Magistratura y el Tribunal Supremo Electoral. Se prevé que mañana domingo se publique la lista oficial de los habilitados ala fase de calificación de méritos.
Entre los postulantes que no cumplen con las exigencias requeridas por la convocatoria está la ex magistrada del Consejo de la Magistratura Cristina Mamani, que también fue inhabilitada como candidata para el CM, en esta oportunidad se presentó nuevamente para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de donde también fue rechazada.
Además fueron excluidos José Romero Sandoval, Hugo Vargas Palenque, Mery Tarquino Limachi, Facundo Primo Cortez, Lizeth Cahuaya Serrudo, Zenaida Téllez Tirado y Rodolfo Guzmán Ramos.
En el caso del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), los observados son: Oscar Máximo Vargas, Dario Canaviri Gerónimo, Teodoro Elio López, Domitila Conde Guarachi, Dora Espada Pérez, Rosario Guarachi, Marco Antonio Vargas Callejas, Indira Fernández Sáfadez, Adriana Sáenz Quisbert, Apolinar Ancasi Morochi, José Illanes Vidal, Mario Abdón Linares, Julio Selaez Quispe, América Ríos Quispe, Emilio Calle García Jorge Lujan Rojas y Cyborg Kanashiro, este último se autodenominó como indígena.
Se generó una discusión sobre la fotografía de la postulante al TSJ Mayerling Castedo Molina que fue tomada del perfil de la red social de facebook, donde se la observa con una sudadera de campaña política del Movimiento al Socialismo (MAS) y con el puño en alto en un acto de posesión.
Además fue fiscal que impulsó el proceso penal para suspender y destituir del cargo al gobernador opositor del Beni, Ernesto Suárez, posteriormente fue la responsable de la Secretaría de Desarrollo Humano en la Gobernación de ese departamento en la gestión de Alex Ferrier.
En este caso el diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, manifestó que existe un problema con el tema de la filiación política, puesto que el certificado que emite el Tribunal Supremo Electoral (TSE), puesto que no garantiza que los postulantes no sean militantes de partidos políticos.
“Para la etapa de impugnación, el reglamento afirma que deben ser sustentadas con documentación idónea y ahí tenemos algunos problemas. Cómo es posible que participe en actos del oficialismo, use los colores del partido, tenga el puño en alto y jura como militante pero en el certificado de militante del Órgano Electoral no está inscrita”, explicó.
Por su parte, la senadora del Movimiento al Socialismo (MAS), Adriana Salvatierra, indicó que todas estas observaciones deben ser analizadas en la etapa de impugnación que se desarrollará a partir de este lunes, donde se deberá demostrar con pruebas legamente documentadas sobre la militancia partidaria de los postulantes.
“Si existe algún tipo de observaciones deben hacerlas llegar en la etapa de impugnaciones que es a partir del lunes hasta el siete de agosto. Para esto tendrán que adjuntar prueba idónea y estas pruebas que deben estar legalmente documentadas”, declaró.
Además de los jueces ya se presentaron a declarar en este caso el fiscal suspendido, Marcelo Delgadillo, el policía investigador Cristian Sánchez y el joven Reynaldo Ramírez, que ahora trabaja en una dependencia del Ministerio Justicia
El juez segundo anticorrupción, Alan Zarate, dispuso ayer la detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz, para el exjuez de Chulumani, Andrés Zabaleta, imputado por incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes del Estado, en relación con el supuesto consumo de bebidas con litigantes.
La detención se impuso pese a que el juez Zárate desestimó el delito de consorcio, que figuraba en la imputación, por no hallar indicios ni declaraciones que hagan presumir que el fin de la actividad denunciada era lograr una ventaja económica en el momento del hecho o a futuro, según fundamentó al momento de dictar la resolución.
La audiencia que se desarrolló en medio del resguardo policial que de forma intransigente impidió el trabajo de los periodistas, dejando que otras personas realicen una especie de mitin a las puertas del juzgado, exigiendo la libertad del exjuez, asegurando que era inocente.
Ante el fallo del juez, el abogado de los denunciantes, Iván Quispe, afirmó que analizan el contenido de la apelación, ya que consideran que la autoridad no valoró los indicios presentados, pero que de todas maneras, en la etapa preparatoria se pueden presentar más evidencias.
Por su lado, Zabaleta negó dar entrevistas, pero se declaró inocente y perseguido por las autoridades del Consejo de la Magistratura, asegurando que si bien tiene más de 20 procesos disciplinarios abiertos en su contra, ha ganado varios.
Aseguró que antes de la implementación de la Escuela de Jueces, él contaba con la máxima calificación a nivel nacional, en una “verdadera” escuela, pero que esto no es tomando en cuenta.
Sobre la denuncia, la abogada América Ríos señaló que cuando era juez, su cliente se había excusado del caso de violencia familiar que generó esta polémica cuando fue filmado saliendo del juzgado en estado de ebriedad y tomado de la mano de la abogada denunciante, el 24 de marzo.
Sobre el video, aseguró que estaba mal de salud y por prescripción médica ya no puede beber.
Pero en criterio del juez Zárate, se comprobó el hecho de consumo de bebidas, por medio de informes policiales y declaración de testigos e implicados.
Quispe, en cambio, afirmó que el exjuez “hizo aparecer la excusa dos semanas después” de ser filmado y que la misma contiene un argumento subjetivo por lo que se podría ampliar la denuncia por otros tipos penales.
Francisco Tarquino y Lilian Sandy, postulantes al Consejo de la Magistratura, rechazaron las acusaciones emitidas por el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, quien dijo que en el proceso de preselección para altos cargos del Órgano Judicial, la Asamblea Legislativa habilitó indebidamente a por los menos cuatro aspirantes que están acusados por delitos de corrupción.
Video Elecciones Judiciales: Senadora Adriana Salvatierra informa sobre el proceso de postulantes
El Tribunal Departamental de Justicia de Oruro (TDJO), en el primer semestre de esta gestión registró una carga procesal que asciende a 29.308 causas, de las cuales 13.518 son remanentes del 2016 y 15.790 son causas nuevas, haciendo un total de 29.308. A la fecha, de esa cantidad de causas, 15.723 fueron resueltas, sin embargo 13.585 están pendientes, debido a que la cantidad de jueces en el departamento es insuficiente.
"Hay un número de causas pendientes que esencialmente se remite a que no tenemos el número de jueces suficientes para atender todas esas causas, es un número bastante elevado las que han ingresado al primer semestre y que pese a la buena intención que tienen los jueces y vocales de este tribunal no se puede llegar a solucionarlas", explicó el presidente del TDJO, Franz Asencio Mendoza.
Ayer en la mañana, la institución judicial desarrolló la rendición pública de cuentas parcial de la gestión 2017, espacio en el que se dio a conocer que tanto la Sala Plena, las Salas Civil 1 y 2, las Salas Penal 1, 2, y 3, y la Sala Social Administrativa de dicha entidad resolvieron 671 causas de las 1.390 que se registraron esta gestión entre nuevas y remanentes del 2016.
Los juzgados y tribunales en materia penal de la capital, lograron resolver 3.394 causas y quedan pendientes 5.879; de la misma manera los juzgados y tribunales provinciales lograron resolver 2.043 causas y quedan pendientes 1.682, que serán atendidas en los meses venideros.
"Sin duda algo que es plausible es la creación de los conciliadores en materia civil que han ayudado mucho en la resolución de conflictos en el área patrimonial, que de alguna manera hace que esas causas ya no ingresen a resolverse por los jueces, en la capital tenemos cinco conciliadores y tres en provincias", dijo el presidente del TDJO.
Las diferentes oficinas de conciliación en el departamento recibieron en el primer semestre de la gestión 2017, 1.403 causas nuevas y del año pasado existían 271 causas remanentes, logrando resolver 1.351 causas, quedando pendientes 323.
Por su parte el jefe administrativo financiero del TDJO, Mauro Ramírez, indicó que la ejecución presupuestaria de enero a junio es del 58,33%, ya que de los 3.663.658 bolivianos asignados para esta gestión, se utilizó 2.137.082 bolivianos.
"Hemos sobrepasado del 50%, esto va destinado más que todo a materiales de escritorio de los más de 60 juzgados que tenemos en el distrito, 1.191.333 bolivianos va destinado a esa partida de materiales y gastos de funcionamiento de los juzgados y unidades administrativas", explicó el profesional.
La etapa de inscripción para aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) cerró con 105 registrados y la revisión de los requisitos comunes y específicos empezará mañana.
Con los 105 nuevos inscritos y los 229 que fueron habilitados en la primera convocatoria se tiene un total de 334 postulantes para ambos tribunales.
Del total de inscritos, 53 son candidatos para el TCP: 28 varones y 25 mujeres. En tanto que existen 52 inscritos para el TSJ: 28 varones y 24 mujeres.
La puerta del Palacio de la revolución donde se encuentra la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa se cerró a las 19.00 horas de ayer, sin embargo, en el interior del recinto aún se encontraban algunos postulantes haciendo fila para dejar sus documentos.
La senadora del Movimiento al Socialismo (MAS) y presidenta de la Comisión Mixta de Constitución del Legislativo, Adriana Salvatierra, señaló que el 72 por ciento de los postulantes se presentaron ayer.
“Con estas postulaciones se garantiza el criterio de paridad de género y plurinacionalidad, tomando en cuenta que este fue el factor principal para que se declare desierta la convocatoria para ambas instancias”, explicó la legisladora.
Haciendo una comparación con las listas de la primera convocatoria, se evidenció que al menos 32 postulantes que fueron inhabilitados presentaron sus repostulaciones, es decir, se inscribieron una vez más para ser habilitados
Entre ellos está la exmagistrada del Consejo de la Magistratura (CM), Cristina Mamani, que presentó su candidatura para el Tribunal Agroambiental (TA) pero fue inhabilitada. En esta fase se presentó para el Tribunal Supremo de Justicia por el departamento de La Paz.
Durante la fase de la verificación de requisitos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de los postulantes por el departamento de La Paz fueron inhabilitados 14 inscritos de los cuales 6 presentaron nuevamente sus documentos.
A partir de mañana, miércoles, la Comisión Mixta de Constitución del Legislativo y los delegados del Sistema Universitario comenzarán con la verificación de los requisitos de los postulantes que tendrá un plazo de seis días.
Es decir, que el Sistema Universitario mediante una nota enviada a la Presidencia de la Asamblea Legislativa confirmó que participará del proceso de preselección para estas dos instancias judiciales.
La etapa de impugnación será a partir del 1 al 7 de agosto según el cronograma, ante esto el diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, indicó que impugnarán el 50 por ciento de los inscritos, tomando en cuenta que, al igual que la primera evaluación, son funcionarios públicos ligados al Gobierno central.
“Estamos trabajando y colectando los documentos necesarios para respaldar las impugnaciones contra los candidatos, tal como lo indicaron los presidentes de ambas cámaras”, explicó.
Comisión cierra registro al TCP y TSJ con 105 postulantes
La Comisión Mixta de Constitución registró ayer a 105 postulantes para el Tribunal Constitucional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). De ellos, 55 son varones y 50 mujeres, confirmó la presidenta de esa instancia legislativa, Adriana Salvatierra.
Explicó que 53 abogadas y abogados presentaron sus documentos para el Tribunal Constitucional y 52 para el Tribunal Supremo de Justicia.
De acuerdo con el reglamento de preselección, hoy y mañana se publicará la nómina en tres medios de comunicación escritos de circulación nacional.
Posteriormente, del 28 al 30 de agosto se revisará el cumplimiento de requisitos. Del 1 al 6 de agosto se elaborará un informe final, y del 2 al 9 de agosto se extenderá el proceso de impugnación.
En tanto que la fase de evaluación curricular, el examen escrito y la entrevista se llevarán a cabo del 10 al 29 de agosto.
De acuerdo con el cronograma, se prevé que la sesión de la Asamblea Legislativa se realice el 2 y el 3 de septiembre de 2017 para elegir, por dos tercios de votos, a cada uno de los 95 preseleccionados para magistrados del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
La elección judicial se realizará el 3 de diciembre.
En conferencia de prensa con la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, y el titular de la Cámara Alta, José Alberto Gonzales, Salvatierra expresó su complacencia por el resultado alcanzado. “Ha sido una respuesta positiva, quedamos satisfechos”, precisó.
El ministro de Justicia considera que existen sectores que intentan hacer ver las elecciones judiciales como un plebiscito para medir el respaldo al Gobierno y también critica a la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) por no participar del proceso.
¿Cómo ven el proceso de la preselección judicial?
Este es un proceso extraordinariamente serio, como nunca se ha dado en el país, hasta donde sabemos siempre se han dado procesos de selección de autoridades por vías menos participativas y democráticas, y con procedimientos más cerrados. Hay que esperar qué es lo que ocurra, es muy lamentable la actitud de la UMSA, particularmente del doctor Waldo Albarracín, no puede descalificar el proceso antes de que comience.
Albarracín anticipa que se podría dar un escenario como en 2011, donde los votos nulos y blancos fueron más que los válidos. ¿Cree que eso sea posible?
Aún no se ha elegido a nadie, se está haciendo un proceso de preselección, ha quedado una cuarta parte de los postulantes, no se puede descalificar a priori este proceso, hay grandes profesionales que no merecen eso. Lo que puede hacer la universidad es no negar su participación, negar su concurso a este tema que necesitaba la ayuda de todas las instituciones y el avizorar que es lo qué va a ocurrir, es un despropósito, es una traición a la administración de justicia.
Lo que quieren algunos es deslegitimar esta elección, tratar de convertirla en un acto refrendatario contra el Gobierno nacional, todo a costa de la justicia y eso es algo muy grave, eso se puede entender de sectores recalcitrantes, pero no de defensores de derechos humanos, de académicos, que descalifican antes de que comience el proceso.
¿Cómo califica las preguntas que se realizaron a los postulantes?
Entiendo que el sistema universitario hizo las preguntas. No me parece correcta una pregunta tan simple como la que hicieron sobre la corrupción, pero se entiende que hay preguntas sencillas, medianas y fuertes, es como parte de un equilibrio, presumo que fue algo de eso, pero tiene que haber un equilibrio y razonabilidad.
¿Le teme a que gane el voto blanco o nulo?
No. Yo creo que cada quien tiene que hacer su tarea para la construcción de las autoridades de justicia. El pueblo es quien tiene que ejercer su derecho, no le temo, en absoluto, al voto blanco o nulo y sabemos que hay intenciones de sabotear el proceso, pero nosotros tenemos confianza en el pueblo, porque es el mismo pueblo para el que será esa administración.
¿Qué debe esperar la población después de las elecciones judiciales?
La revolución de la justicia pasa por muchas cosas, uno de ellos es el elemento humano, el más importante, se debe elegir a todas las autoridades de la administración de justicia en base a la meritocracia, pero también necesitamos nuevas normas, nueva infraestructura, no es posible que el presupuesto sea tan bajo, necesitamos tecnología y un nuevo modelo de gestión. Se están eligiendo a vocales, pero en algunos casos no a los mejores. Hay que dignificar la administración de justicia.
Elecciones judiciales Legislativo implementará filtros en examen escrito
Elecciones judiciales Revisión de requisitos empieza el 26 de julio
Familiares del cabo de policía, Juan Alberto Quispe de 47 años, presentaron una nueva denuncia contra el juez sexto de materia en lo penal cautelar de La Paz, Fernando Rivadeneira, esta vez ante una resolución por la cual se dio libertad a otros tres funcionarios policiales imputados por tentativa de homicidio, agresión por la cual Quispe se encuentra postrado en estado de coma.
El Consejo de la Magistratura determinó ayer suspender de sus funciones al juez Rivadeneira en el marco del proceso disciplinario que se abrió en su contra, por la detención domiciliaria con la que benefició al delincuente brasileño Antonio Abdón da Silva Costa, supuesto cabecilla del grupo que trato de atracar la Joyería Eurochronos en Santa Cruz y cayó abatido por la policía el pasado 13 de julio, luego de ocasionar la muerte de un oficial y una funcionaria de ese establecimiento.
María Arteaga, esposa de Quispe, afirma que los tres camaradas de su esposo lo golpearon, hasta dejarlo en ese estado. El hecho sucedió el 17 de julio en la localidad Gran Choro, donde estaban destinados los cuatro.
Según la mujer, los imputados reconocieron el hecho, pero en audiencia cautelar Rivadeneira les otorgó medidas sustitutivas. El reclamo por la resolución fue presentado ante la Fiscalía de Distrito. Este sería la cuarta denuncia presentada en contra del juez.
El representante departamental de la Magistratura, Williams Dávila, informó ayer que esta determinación era oficial pero aún faltaba realizar la notificación al juez.
“Es una suspensión temporal por faltas gravísimas, porque en la liberación del brasileño no ha tomado en cuenta algunos aspectos del procedimiento y eso nos preocupa y esencialmente es la falta de una resolución de competencia que nos tienen que dar a los jueces paceños, porque el caso vino del Beni y vamos a ver quiénes han conocido la causa”, manifestó.
Sobre el mismo caso, el jefe de bancada de Unidad Demócrata (UD), Edwin Rodríguez, en conferencia de prensa, aseguró que Silvia Rengel Álvarez esposa del juez Rivadeneyra, era la directora del Servicio Nacional de Migración dependiente del Ministerio de Gobierno y que incumpliendo la Ley de Migración 370, en su artículo 26, que prohíbe el ingreso a territorio boliviano de personas con sentencia condenatoria, permitió el ingreso del ciudadano brasileño Da Silva.
“(Se pedirá informe sobre) su relación marital, con la esposa que no hizo nada, para cumplir la Ley 370 que establece que no se debe permitir la estadía de delincuentes”, afirmó Rodríguez.
El asambleísta, también aseguró que el juez Rivadeneira contaba con notas de aplazo en la Escuela de Jueces y solo logró aprobar con 12 puntos otorgados por el directorio de esa instancia.
Anunció la petición de informe escrito al ministro de Gobierno, Carlos Romero, para que explique las razones, porque las que no se expulsó al delincuente brasileño, quien además estuvo preso en la cárcel de Chonchocoro de La Paz, por haber participado anteriormente en otro atraco a una joyería en Santa Cruz.
Ante estas acusaciones, en horas de la tarde, la directora del Servicio Nacional de Migración, Cosset Estenssoro, salió a desmentir las afirmaciones del legislador y además de aclarar que Rengel Álvarez no ocupa la dirección aclaró que, la funcionaria “no ha participado en ningún acto administrativo relacionado con el ciudadano Antonio Abdón da Silva Costa”.
Dando lectura de un comunicado, Estenssoro afirmó que en el caso de Da Silva, este no contaba con registro migratorio, “se encontraría en una situación migratoria irregular, por otra parte, tampoco registra trámite de permanencia ni temporal ni definitiva ni tramites de naturalización alguna”.
La directora de Migración, también aclaró que no se tiene registro de ninguna alerta o pedido de búsqueda para da Silva.
En la misma conferencia, Rengel Álvarez aclaró entre lágrimas, que era funcionaria pública desde sus 20 años y que no tenía relación con el trabajo que desempeñaba su esposo y menos con el proceso que hoy causa de investigaciones.
Sobre las declaraciones del jefe de bancada de UD aseguró: “Cualquier personas (que hablo sobre el tema) debería pedir disculpas, especialmente cuando se trata de una mujer idónea, como yo me considero”, declaró a EL DIARIO.
El Consejo de la Magistratura determinó suspender de manera temporal al juez Fernando Rivadeneira, para que asuma su defensa, es imputado como el responsable de dejar en libertad a Antonio da Silva, uno de los cuatro asaltantes de la joyería Eurochronos, informó el representante de esa instancia en La Paz, William Dávila.
“Es una suspensión temporal por faltas graves y gravísimas, en el caso del brasileño Da Silva, no tomó en cuenta algunos aspectos en el procedimiento. Tiene que asumir su defensa en libertad, durante el proceso disciplinario se advertirá cuáles fueron las faltas y el juez disciplinario determinará cuál es la sanción”, explicó.
El 23 de junio, Rivadeneira revocó la detención preventiva de Antonio da Silva, quien estaba recluido en la cárcel de Chonchocoro, por agresiones graves a un policía, y le otorgó detención domiciliaria.
En su defensa, Rivadeneira alegó que a la audiencia no se presentaron los representantes de los Ministerio Público y de Gobierno.
Además, reveló que el juez 1º Anticorrupción, Iván Perales, que anteriormente fue abogado de Da Silva, ocultó información sobre los antecedentes de su cliente con el fin de liberarlo. Agregó que si se hubieran conocido todos los antecedentes del antisocial, la decisión que tomó habría sido otra.
Sobre estos hechos, el representante de la Magistratura indicó que el caso fue derivado del departamento del Beni, por lo que no se contaba con una resolución de competencia para el juez Rivadeneira. Además, indicó que es necesario investigar quiénes más conocieron el proceso penal.
Dávila expresó que también se está solicitando un informe al juez Perales, para que detalle todos estos pormenores necesarios para una buena investigación y fallo.
Por otra parte, Dávila añadió que en este proceso todos los actores deben asumir sus responsabilidades, específicamente los fiscales del Ministerio Público, quienes son los que investigan los detalles de los hechos, por lo que corresponde iniciar un proceso penal por incumplimiento de deberes, debido a la inasistencia a la audiencia cuando se determinó la detención domiciliaria del sindicado.
“Es justo iniciar una investigación porque están incumpliendo con sus labores, al no asistir a la audiencia; entonces, acá tienen que estar todos los actores, no pueden lavarse las manos”, declaró.
Sobre este mismo caso, el senador de Unidad Demócrata (UD), Edwin Rodríguez, denunció que el juez Rivadeneira fue beneficiado mediante una resolución del Directorio de la Escuela de Jueces del Estado (EJE) para obtener una nota de aprobación.
En la primera convocatoria para los cursos de formación en la escuela de jueces, Rivadeneira obtuvo la puntuación de 47.95, sin embargo “de extraña forma” apareció con la ponderación de 66.95 puntos.
En la resolución Nº 15/2014, de nivelación de calificaciones en el marco de la segunda ampliación de la convocatoria 01/2013, del proceso de preselección de postulantes al primer curso de formación y especialización judicial en el área ordinaria de la escuela de jueces, se otorgó 15 puntos de manera extraordinaria
“Estas irregularidades deben ser explicadas por el tribunal supremo de justicia, puesto que está a cargo de la escuela de jueces, para que expliquen por qué jueces inhabilitados son beneficiados mediante resolución de Directorio”, explicó el legislador.
Sospecha de vulneración de derechos Legislativo auditará tres procesos penales
Por decisión unánime, la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados decidió someter a auditoría jurídica los procesos por el feminicidio de María Isabel Pillco, por la violación agravada cometida por un exdefensor de la Niñez y Adolescencia y por la detención preventiva por 15 años en un caso de robo agravado.
Según la resolución, estos tres procesos se constituirán en casos paradigmáticos y permitirán evaluar cómo se han llevado los procesos, establecer si se cumple la normativa y verificar la actuación de quienes tienen a su cargo la administración de justicia.
La diputada y presidenta de la Comisión, Susana Rivero, explicó según la agencia de noticias ANF, que los tres casos fueron elegidos luego de una amplia discusión y “se determinó ejercer la fiscalización de un caso de feminicidio, otro de violación agravada a una menor de edad y, asimismo, un caso de robo que derivó en la detención preventiva del acusado por más de 14 años”.
Explicó que según los antecedentes de estos procesos “algo no está bien y es necesario verificar cómo se han llevado a cabo los juicios y establecer si hubo o no vulneración de derechos y garantías constitucionales”.
El juicio por el feminicidio de María Isabel Pillco está en fase de apelación luego de que un tribunal de sentencia dictara la absolución de David Viscarra que fue acusado por la Fiscalía. La denuncia por violación agravada al menor contra el exdefensor de la Niñez y Adolescencia de Warnes, Hernán Zegarra Vargas, está en plena investigación y el supuesto agresor cumple detención preventiva en Palmasola. El caso por robo agravado data del año 2004 y, según una investigación del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el imputado, Cristian Iraipi Castro, permaneció más de 14 años con detención preventiva.
Rivero señaló que “no se pueden dejar los delitos en la impunidad ni se pueden vulnerar derechos y garantías constitucionales en la búsqueda de justicia”.
Recordó que “el feminicidio se constituye en una de las formas de violencia más extremas contra las mujeres por lo que su sanción debe ceñirse estrictamente a la ley, el caso de violación por un funcionario que debía proteger a niñas y adolescentes es un delito extremo e inaceptable, ambos casos no se comparan con el de robo y no explica cómo una persona estuvo más de 14 años con detención preventiva por robar una cadenita. La justicia está en un serio entredicho”.
La Comisión no se ha fijado un plazo para culminar las auditorías y ha definido que se encarará una investigación técnica en base a la revisión de los expedientes del proceso y de la valoración de las peticiones de informe escrito, no habilitará audiencias para escuchar a las partes.
“En el día se han aprobado las peticiones para defensa pública, fiscalía, policía, jueces, a través de sus máximas autoridades, cabeza de sector correspondiente”, explicó Rivero.
Consultada por ANF, María Galindo, de Mujeres Creando, dijo que esta investigación es un precedente muy importante. Recordó que “la idea de que la Cámara de Diputados realice una auditoría jurídica para frenar la impunidad la planteamos hace un año y la reiteramos cuando logramos la audiencia sobre el Código Penal”.
Detalló que “conocida la absolución del (presunto) feminicida de Pillco, citamos al diputado Manuel Canelas a radio Deseo y se logró el compromiso de que la Comisión realice la auditoría” y añadió que en el caso de la violación a una menor su organización intervino ante la continua obstaculización del proceso.
El proceso por el feminicidio de María Isabel Pillco fue seguido de cerca por varias organizaciones como el Observatorio por la Exigibilidad de Derechos de las Mujeres y #NiUnaMenos Bolivia cuyas activistas fueron amenazadas por el juez a cargo del tribunal de sentencia.
Reynaldo Ramírez, sentenciado injustamente a 30 años de prisión sin derecho a indulto por un crimen que no cometió, ya es funcionario del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional de la capital cruceña, se informó ayer.
“Nuestro amigo Reynaldo Ramírez, injustamente encarcelado en el pasado, ya es funcionario del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en Santa Cruz”, escribió el ministro de esta cartera de Estado, Héctor Arce Zaconeta, en su cuenta de Twitter.
El 10 de julio se le hizo ese ofrecimiento como parte de la reinserción a la sociedad que precisa Ramírez luego de estar más de dos años encerrado en el penal de Palmasola y haber sufrido una serie de agresiones físicas, psicológicas y graves perjuicios económicos. En la reunión que sostuvieron en su despacho ministerial en La Paz, hablaron de los atropellos que sufrió y del apoyo que precisa para reinsertarse en la sociedad.
En ese cometido, se le brindó la oportunidad para que sea parte de la Casa de Justicia.
La población acudirá en diciembre a elegir a los nuevos magistrados para sustituir a los ganadores en 2011 también con el voto popular y cuya actuación ha sido objeto de críticas.
Fiscalía abre proceso contra juez por ‘mala resolución’
La Fiscalía Departamental de La Paz inició un proceso penal contra el juez Fernando Rivadeneira, quien decidió la cesación de la detención preventiva del brasileño Antonio da Silva, uno de los cuatro atracadores de la joyería Eurochronos.
El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, explicó que a partir de los informes que emitieron los fiscales se abrió una causa penal al todavía juez sexto de Instrucción en lo Penal.
“Cuando hay responsabilidad de fiscales, nosotros somos los primeros en sancionar y destituir por aprovechar las funciones que ejercen y dañan a la sociedad”, estableció Blanco.
El Consejo de la Magistratura, a través de su representación distrital, inició acciones ante el juez disciplinario y será esa instancia la que decida si suspende inmediatamente o deja en el cargo, hasta la conclusión del proceso, a Rivadeneira.revisión
De acuerdo con el consejero Orlando Ríos, esa determinación fue asumida en Sucre, en reunión de sala plena, en apego a las normas en vigencia.
Dijo que por esa razón se encuentra en La Paz para revisar la información que remitió el cuestionado juez por la liberación del brasileño que la semana pasada participó en el frustrado atraco a la joyería EuroChronos de Santa Cruz.
Dejó establecido que existen normas para cesar en funciones a los administradores de justicia
De momento, Rivadeneira, en su descargo, dijo que el abogado de Antonio Adao da Silva Costa, ahora juez anticorrupción, Iván Perales, le ocultó el cuaderno de antecedentes del asesino de Lorena Tórrez. De hecho, Perales también quedó bajo la lupa del Consejo de la Magistratura y la justicia. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, deploró que la justicia no acompañe el accionar represivo del delito por parte de la Policía.
Magistratura analiza suspensión de juez que liberó a atracador
El Consejo de la Magistratura también decidió abrir una investigación contra el juez que otorgó medidas sustitutivas a la detención preventiva para el brasileño Antonio Adán da Silva, uno de los atracadores a la relojería Eurochornos en Santa Cruz y si encuentra responsabilidades disciplinarias o penales inmediatamente procedería a suspenderlo.
Comisión avala selección de precandidatos judiciales
La Comisión Especial de Seguimiento a las Conclusiones de la Cumbre de Justicia realizó ayer su octava reunión, en la que valoró positivamente los avances de la preselección de postulantes al Órgano Judicial y la implementación de la carrera judicial.
El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, presidió la junta, en la que se destacó el proceso que se lleva a cabo pese a que la oposición busca su fracaso.
“Se realizó una valoración positiva de los avances que hasta el momento se dieron en la implementación de las conclusiones de la Cumbre de Justicia”, declaró al término del encuentro interinstitucional de alto nivel de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, recordó que ante la carencia de postulantes mujeres y en algunos casos indígenas a la convocatoria para el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional se hizo una segunda invitación para la presentación de currículos, plazo que vence el 24 de julio.
Gonzales agregó que la Asamblea Legislativa cumplió con el trabajo de preselección para el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental.
En cuanto a la ejecución de la carrera judicial se recomendó cumplir con las exigencias que requiere la sociedad boliviana, siempre en el marco de cuidar los intereses y la integridad de los más necesitados.
El trabajo se enfocó en tres ejes de evaluación y se felicitó la separación de cuatro jueces y un fiscal por su accionar erróneo en dos casos ocurridos en Santa Cruz.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 26
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución