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Timestamp: 2019-08-23 14:32:54+00:00

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Precedente sobre la procedencia de la acción de tutela en la actividad aseguradora.
Sin embargo, el derecho a la vivienda digna no solo está plasmado en el artículo 51 de la Constitución Política sino también en instrumentos de carácter internacional64, v. gr. la Declaración Universal de Derechos Humanos, numeral 1° del artículo 2565; Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, artículo 1166; Carta de la Organización de los Estados Americanos, artículo 34; Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 2667; Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 2768; y el Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, artículos 1469, 1670 y 1771, entre otros.
Para esta Corporación, pese a que la vivienda digna está ubicada dentro del conjunto de derechos económicos, sociales y culturales72 y no esté expresamente señalada como fundamental, dicha categoría debe ser reconocida por su inminencia con el ser humano, particularmente en su dignidad.73 Sobre el particular, vale traer a colación lo dicho por este Tribunal en sentencia T-908 de 2012:
“En este punto, reitérese que la vivienda digna es elemento trascendental para la efectividad de la dignidad humana, entendida como “el derecho de las personas a realizar sus capacidades y a llevar una existencia con sentido, en un ambiente libre de miedo frente a la carencia de lo materialmente necesario e indispensable para subsistir…”74.
Sin embargo, no significa que al catalogarse como fundamental el derecho a la vivienda digna este pierda su contenido prestacional75, cuya implementación está asociada a un criterio de progresividad, en virtud del cual, al Estado le corresponde implementar, promover políticas y planes que posibiliten su acceso.76
Un ejemplo de esto es el Fondo Nacional del Ahorro - FNA-, creado a través del Decreto Extraordinario No. 3118 de 1968 y transformado con la Ley 432 de 1998 en una empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter financiero del orden nacional, que tiene por objeto administrar de manera eficiente las cesantías y contribuir a la solución del problema de vivienda de los afiliados, con el fin de mejorar su calidad de vida, convirtiéndose en una alternativa de capitalización social77.
Según el artículo 41 del Decreto Reglamentario 1453 de 199878, el FNA tiene autorizadas operaciones de crédito para vivienda a sus afiliados, el cual debe ser garantizado con hipoteca de primer grado y pignoración de futuras cesantías.
En la sentencia T-1091 de 2005 decidió un conflicto surgido a partir de un contrato de seguro de vida que respaldaba una obligación hipotecaria, el asegurado sufrió una enfermedad grave que le generó una pérdida de la capacidad laboral del 50.93%, solicitó hacer efectiva la póliza pero la entidad aseguradora se negó aduciendo mora en el pago de la prima. En esa oportunidad se hizo referencia a la posición dominante de las entidades aseguradoras y la inminencia del perjuicio irremediable79.
Se estableció que si bien se trataba de una controversia contractual, esta podía llegar a lesionar los derechos fundamentales, por lo que admitir la posición de la entidad aseguradora acentuaba la condición de discapacidad de la actora, aumentando el riesgo de lesionar su mínimo vital, vivienda y vida digna80.
En sentencia T-751 de 2012, se decidieron dos asuntos acumulados en los que las compañías aseguradoras se negaron a hacer efectivas las pólizas que amparaban un crédito aduciendo que se había presentado reticencia por parte de los asegurados, al haber afirmado que su estado de salud era normal cuando en realidad padecían diabetes mellitus. Este Tribunal Constitucional resaltó que al tratarse de una relación contractual basada en la buena fe, los reclamantes no pueden ocultar la información que conocen, no obstante, dicho conocimiento tiene que ser real y estar probado81.
“Además, el hecho de que el crédito adquirido con el Banco BBVA sea hipotecario, aumenta las posibilidades de ver afectado su derecho al mínimo vital, vivienda y vida digna. Si bien es cierto que con otro tipo de créditos igual existe el riesgo de perder la vivienda y como tal afectarse el mínimo vital82, no es menos cierto que las garantías reales (especialmente la hipoteca que garantiza derechos reales sobre inmuebles), tienen la virtualidad de dejar en una situación penosa al dueño de la vivienda que, como en este caso, es una persona en situación de invalidez y sin condiciones económicas para pagar las cuotas del crédito bancario.
De acuerdo con lo anterior, estas circunstancias llevan a concluir a esta Sala que su condición de sujeto de especial protección constitucional al padecer de una invalidez diagnosticada con el 73.63%, aunado a ello hacerla acudir al proceso ordinario es obligarla a asumir cargas desproporcionadas que si bien son soportables para el común de la sociedad, para ella no lo son. Asistir a los estrados judiciales lleva consigo una serie de trámites (demanda, notificaciones, diligencias judiciales, práctica de pruebas, etc.) que la accionante no está en capacidad de cumplir en condiciones de igualdad. El solo hecho de tener que movilizarse ya es una situación tortuosa para ella y sus familiares.
De acuerdo con todo lo anterior, en el caso concreto, el mecanismo es idóneo pero no es eficaz para la señora Olivera Martínez en virtud de sus condiciones. En consecuencia, esta Sala encuentra que la acción de tutela sí es el mecanismo adecuado para proteger los derechos de la tutelante, al encontrarse en un estado de vulnerabilidad latente por padecer una discapacidad del 73.63% y aun así responder por su núcleo familiar. Nuevamente, estas características son las que impiden que pueda acudir a las vías regulares en igualdad de condiciones. Por ello, si bien el proceso ordinario, por regla general, es el conducto idóneo y eficaz, para este caso no lo es. En mérito de lo expuesto, esta Sala avocará conocimiento y decidirá el asunto de fondo al encontrar procedente el presente amparo constitucional.”
La misión de guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución otorgada por el constituyente a esta Corporación, opera también para el control de constitucionalidad concreto que ejerce en sede de revisión de tutela83 a fin de garantizar la eficacia material que debe tener el recurso de amparo y a su vez, evidenciar la hermenéutica acorde a la Carta Política de los temas planteados en el caso concreto, determinando las pautas a seguir para las demás autoridades administrativas y los jueces.
En ese orden, ante la solicitud de amparo constitucional le corresponde al juez de tutela: (i) encontrar a través de los hechos narrados en la acción de tutela, los informes rendidos por las autoridades demandadas y las pruebas que obran en el expediente, la verdadera cuestión material debatida y determinar si esta tiene naturaleza constitucional ius fundamental -por ejemplo el derecho a la vivienda digna- y si se trata de sujetos con protección constitucional especial -por ejemplo personas con enfermedades graves y catastróficas y menores de edad-; (ii) establecer la normativa inferior que rige dicha cuestión; y (iii) encontrar con base en el ordenamiento superior el bloque de herramientas constitucionales84 que permitan dar sentido y contenido al ordenamiento inferior para solucionar el asunto puesto a consideración85.
De este modo, debe la Sala señalar que la solución al problema jurídico pasa por lograr una interpretación conforme a la Carta Política (a) de los hechos que ilustran la presente acción, y (b) de las normas legales que rigen el asunto con los principios y valores superiores en el marco de la misión de la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución.
(i.a) Ateniendo a las pruebas que obran en el expediente y al desarrollo de los temas expuestos en acápites anteriores para la solución del problema jurídico, se tiene que la demandante en el año 2000 fue diagnosticada con VIH86, el 26 de mayo de 2002 adquirió el síndrome de inmunodeficiencia adquirida87, SIDA y, el 8 de junio de 2010 obtuvo un crédito en el Fondo Nacional del Ahorro -FNA- para la compra de una vivienda amparada por una póliza de seguro que cubre la enfermedad grave o invalidez88.
La Sala debe contextualizar la situación de hecho objeto de análisis, dado que los jueces de tutela de instancia consideraron que la discusión planteada por la demandante es patrimonial y de naturaleza comercial, al asumir que lo que ella pretende es simplemente y en abstracto la aplicación de una póliza de seguro que ampara un crédito.
Es esta situación la que genera en la demandante la disminución de sus ingresos, ya que tras la pérdida de capacidad laboral le fue reconocida el 25 de mayo de 2012 y solo de manera transitoria una pensión de invalidez correspondiente al salario mínimo, y de la calidad de sus condiciones de existencia, al punto que le impiden seguir honrando su obligación crediticia cuya cuota mensual es de $ 481.000, de la cual solo una parte es imputada a capital y el monto restante debe cubrir el valor del seguro –cuya exigencia reclama y que le fue negado- y el valor de los intereses89, siendo ese el contexto que la obliga a solicitar el cumplimiento de la póliza de seguro antes mencionada, sobre la cual los juzgadores de instancia solo prestaron su atención aislada y desprevenida.
De los hechos decantados por la Sala y el entendimiento científico del VIH y el SIDA, no es cierto como pretenden hacerlo ver las entidades, que la demandante no tenía derecho al amparo señalado en la póliza de seguro del crédito de vivienda otorgado por el FNA, porque a la fecha del desembolso del mismo (el 6 de junio de 2010) fuera portadora del VIH (2000) y diagnosticada con SIDA (el 26 de mayo de 2002).
Si bien el dictamen de la pérdida de capacidad laboral de 3 de febrero de 201190 señala que la demandante adquirió el síndrome en el año 2002, también indicó que dicha enfermedad al año 2011 “lleva 10 años de evolución con secuelas neurológicas, proceso de demencia de tres años de evolución” y “un cuadro generalizado de deterioro cognitivo, síndrome depresivo asociado”, aspectos estos que vistos desde la doctrina médica previamente referenciada en esta providencia permiten establecer claramente que se trata de una enfermedad grave y progresiva cuyo diagnóstico inicial en una fecha determinada no implica inmediata o automáticamente el deterioro de las capacidades laborales de la persona o el empleado, sino que de acuerdo a las circunstancias particulares del paciente, su evolución y deterioro psíquico y físico puede demorar incluso varios años.
En ese orden, interpretación de los hechos que surgen en el presente caso, atendiendo al dictamen médico de invalidez por pérdida de la capacidad laboral de la demandante y a la doctrina médica sobre el asunto, es que la referida invalidez cuyos factores de determinación son: i) la deficiencia, ii) la discapacidad y iii) la minusvalía91 -requisito sobre el cual por demás se estructura la exigibilidad de la póliza de seguro de crédito de vivienda-, fue determinada el 3 de febrero de 2011 por razón de:
a) El factor deficiencia, en razón del síndrome de inmunodeficiencia adquirida –SIDA-, diagnosticado a la actora el 26 de mayo de 2002, el cual, de acuerdo con los artículos 7 y 8 del Decreto 917 de 1999 otorga hasta un puntaje de 50 puntos en la sumatoria de la calificación de la pérdida de capacidad laboral; y,
b) Los factores de discapacidad y minusvalía, que en total ascendieron a 22,75 puntos, los cuales corresponden a la evolución de aspectos que con el paso del tiempo se deterioraron y afectaron de forma fulminante su estado de salud, tales como como b.1) la conducta; b.2) la comunicación; b.3) el cuidado de la persona; b.4) la locomoción; b.5) la disposición del cuerpo; b.6) la destreza; b.6) la situación; b.7) la orientación; b.8) la independencia física; b.9) el desplazamiento, b.10) la integración social, b.11) la autosuficiencia económica y b.12) aspectos relacionados con la edad.
Debe destacar la Sala que de acuerdo con el referido dictamen, las normas que rigen la determinación de la invalidez, la pérdida de la capacidad laboral y la doctrina médica, el diagnóstico de SIDA de la demandante en mayo 26 de 2002, estructuró el inicio de sus padecimientos y el comienzo de la configuración de la pérdida capacidad laboral, pero los padecimientos neurológicos y cognitivos que determinaron la configuración grave y catastrófica de su estado salud y, en consecuencia, a la invalidez por la pérdida de la capacidad laboral en un 72,75%, (2011), -elemento fundamental para la exigencia de la póliza de seguro que ampara el crédito de vivienda-, se desarrollaron tiempo después del diagnóstico del SIDA (2002) e incluso evolucionaron luego del otorgamiento del crédito (2010), por lo que en estrictos términos y en simple lógica no puede considerarse que en el presente caso el siniestro que ampara la póliza ocurrió con anterioridad a la misma ni al otorgamiento del crédito.
Una interpretación contraria a lo previamente señalado, como la realizada por las entidades demandadas, implicaría que una persona por el solo hecho de ser diagnosticada con el virus VIH o que, de acuerdo con la literatura médica haya evolucionado en SIDA no tendría derecho a sostener una relación laboral y a derivar mediante un trabajo remunerado los medios económicos para solventar dignamente sus condiciones de existencia92, lo cual no solo contradeciría el principio de la dignidad humana sino la abundante jurisprudencia de la Corte que no sólo ha defendido el derecho al trabajo de estas personas, sino aún más, su derecho a la estabilidad laboral reforzada93.

References: artículo 51
 artículo 2565
 artículo 1166
 artículo 34
 artículo 2667
 artículo 2768
 artículo 41