Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2019/as201910196.html
Timestamp: 2020-04-08 17:41:14+00:00

Document:
AUTO SUPREMO Nº 196/2019-RRC
Sucre, 29 de marzo de 2019
Expediente : La Paz 82/2018
Parte Acusadora : Ministerio Público y BRINKS Bolivia
Parte Imputada : Marco Rodríguez Baca y otros
Por memorial presentado el 1 de junio de 2018, cursante de fs. 2940 a 2949, Norma Esther Salazar Ortega en representación legal de la Empresa BRINKS Bolivia S.A., interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 42/2017 de 11 de agosto, de fs. 2906 a 2912, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la parte recurrente contra Marco Rodríguez Baca, Carlos Alberto Pinto Quispe, Rodolfo Huarca Humpiri y Carlos Alberto Junco Cáceres, por la presunta comisión de los delitos de Robo Agravado y Asociación Delictuosa, previstos y sancionados por los arts. 332 y 132 del Código Penal (CP), respectivamente.
a) Por Sentencia S-03/2014 de 27 de febrero (fs. 2197 a 2206 vta.), el Tribunal Quinto de Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Marco Rodríguez Baca y Carlos Alberto Pinto Quispe, autores de la comisión del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado por el art. 332 incs. 1) y 2) del CP, imponiendo la pena de cuatro años de reclusión, más quinientos días multa a razón de Bs. 1.- por día, con costas a favor del Estado, a calificarse en ejecución de Sentencia; y, a Rodolfo Huarca Humpiri absuelto de los delitos endilgados en su contra.
b) Contra la mencionada Sentencia, los imputados Marco Rodríguez Baca (fs. 2360 a 2365 vta.), Carlos Alberto Pinto Quispe (fs. 2367 a 2370), la parte acusadora particular (fs. 2456 a 2472 vta.) y el Ministerio Público (fs. 2479 a 2488), interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por los Autos de Vista 73/2014 de 17 de octubre (fs. 2603 a 2607 vta.) y 82/2015 de 3 de noviembre (fs. 2764 a 2768 vta.), que fueron dejados sin efecto por los Autos Supremos 537/2015-RRC de 24 de agosto (fs. 2754 a 2758) y 596/2016-RRC de 10 de agosto (fs. 2814 a 2820); en cuyo mérito, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 42/2017 de 11 de agosto, que declaró admisibles e improcedentes las apelaciones planteadas, “añadiendo en su parte dispositiva que se declara ABSUELTOS a los acusados Marco Rodríguez Baca y Carlos Alberto Pinto Quispe de la comisión del ilícito Asociación Delictuosa, esto en base a lo dispuesto en el punto X. Hechos no probados” (sic), motivando la interposición del presente recurso de casación.
I.2. Motivos del Recurso
Por Auto Supremo 745/2018-RA de 17 de agosto, esta Sala delimitó el ámbito de análisis del presente recurso bajo los siguientes criterios:
1) El Auto de Vista recurrido, omitió pronunciarse de forma motivada y fundamentada “en base a la doctrina legal establecida, en detrimento de los principios procesales celeridad, eficacia, eficiencia e inmediatez” (sic). Transcribiendo su Considerando III, referido a las consideraciones sobre admisibilidad del recurso de apelación restringida y la aplicación en ese margen del art. 399 del Código de Procedimiento Penal (CPP), la parte recurrente alega que sobre su pretensión recursiva se impusieron “observaciones de forma”, y que las consideraciones sobre la subsanación del recurso de apelación restringida dispuesta por los Autos Supremos 537/2015-RRC y 596/2016-RRC, y cuya admisión hubiera sido realizada únicamente por el cumplimiento de plazos, aspectos que vulneraron el debido proceso, “pretendiendo retrotraer actuados de la etapa de admisión del recurso de apelación restringida” (sic). Sobre este particular pone en antecedente que por Resolución 28/2017 de 12 de mayo, se dispuso la subsanación del recurso de apelación restringida, luego de más de tres años de su interposición.
Añade que el Auto de Vista impugnado incumple la determinación expresa del Auto Supremo 596/2016-RRC de 10 de agosto, al observar argumentos sobre cuestiones de forma en el recurso de apelación restringida que correspondían ser emitidas en fase admisibilidad, cuando tales observaciones -en el razonamiento del Auto Supremo 537/2015-RRC de 24 de agosto- debieron ser realizadas antes de emitirse el Auto de Vista confutado, más cuando, la acción recursiva fue admitida, fundamentada en audiencia oral y declarada admisible.
Lo anterior sirve de plataforma para reclamar que el fallo impugnado contradice los Autos Supremos 596/2016-RRRC de 10 de agosto y 3635/2011 de 10 de junio, pues el Tribunal de apelación no tuvo presente que “la fundamentación es un requisito esencial de las resoluciones judiciales, cuya falta lesiona el debido proceso ya que en este caso hizo observaciones de forma en la Resolución y no se ha pronuncia motivada ni fundadamente en el fondo” (sic).
2) El Tribunal de apelación eludió pronunciarse conforme la doctrina legal establecida en el Auto Supremo 596/2016-RRC de 10 de agosto, en torno al reclamo de violación del art. 370 inc. 1) del CPP, sin haber tenido presente que habiéndose demostrado que el hecho se produjo con la intervención de más de ocho personas, mediando el uso de armas de fuego y poniendo en riesgo la vida de policías y civiles, no se emitió condena por el delito de Asociación Delictuosa como también se impuso una pena de sólo cuatro años cuando el tipo penal previsto por el art. 332 del CP, considera una pena fluctuante entre los 3 a los 10 años de presidio. Agrega que el Tribunal de apelación “sin realizar el estudio detallado, escrupuloso…atenta contra la doctrina establecida por el Auto Supremo Nro. 100 de 24 de marzo de 2005”.
ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO
II.1 Sentencia
El Tribunal Quinto de Sentencia Quinto de El Alto, pronunció la Sentencia S-03-2017 de 27 de febrero, imponiendo la pena de cuatro años de privación de libertad a Marco Rodríguez Baca y Carlos Alberto Pinto Quispe, declarándolos autores de la comisión del delito de Robo Agravado previsto en el art. 332 incs. 1) y 2) del CP; asimismo declaró absuelto a Rodolfo Huarca Humpiri.
El citado falló, consideró en conclusiones que “el Ministerio Público y la acusación particular cumplen con la carga probatoria demostrando que los acusados Marco Rodríguez Baca y Carlos Alberto Pinto Quispe, en fecha 7 de mayo de 2009 aproximadamente a horas 07:00 a.m. habrían interceptado al vehículo blindado Brinks SA Bolivia sustrayendo la suma de Bs. 4.632.387,00, hecho suscitado en la Sede de Maestros Jubilados de El Alto…cometiendo el ilícito de Robo agravado empero una pequeña parte del dinero sustraído fue recuperado en el domicilio real de los acusados Marco Rodríguez Baca y Carlos Alberto Pinto Quispe…de la zona de Alta San Pedro de la ciudad de La Paz dinero que fue secuestrado en Bs. 415.760 y entregado posteriormente al Gerente de la empresa Brinks” (sic).
Jurídicamente conforme a este hecho probado, en el comportamiento de los acusados…se configura la acción de apoderarse de cosa mueble ajena…prohibida por el Código Penal, consiguientemente el actuar de los acusados se adecúa plenamente a los elementos constitutivos del tipo penal de Robo Agravado. En cuanto al dolo…los acusados tenían plena capacidad de representación del delito, es decir, toda persona tiene conocimiento que apoderarse de cosa mueble ajena está prohibido por ley, al realizar el hecho ilícito voluntariamente han infringido la ley, consiguientemente son autores del delito…porque han realizado el hecho conjuntamente y a sabiendas” (sic).
De igual forma, la Sentencia S-03-2014 de 27 de febrero, declaró la absolución de Rodolfo Huarca Humpiri, teniendo presente que: “desarrollo del juicio se produce un certificado medio forense…donde concluye que el acusado Rodolfo Huarca Humpiri tiene una cicatriz de herida punzo cortante en la pierna, documental que se tiene plenamente corroborado con el certificado médico forense, donde concluye que trata de una herida punzo cortante en el muslo izquierdo producto de una arma blanca,…por lo que se tiene, que sobre las documentales producidas en juicio , no existe certeza de que habría sido producto de un impacto de arma de fuego, por lo que se concluye que el acusado…no se encontraba en el lugar de los hechos, correspondiendo su inmediata absolución” (sic).
Finalmente, “en cuanto al delito de Asociación Delictuosa tipificado en el art. 132 del CP, no se aportaron medios de prueba, para que se subsuma al tipo penal…donde se exige el presupuesto de 4 o más personas, destinadas a cometer ilícitos penales, y durante el desarrollo del juicio solo se ha llegado a establecer la participación de dos personas” (sic)
II.2 Apelación restringida
Brinks Bolivia S.A., por medio de su representante, en actuación de fs. 2456 a 2472 vta., promovió recurso de apelación restringida, bajo el siguiente detalle:
1) Defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, por inobservancia de los arts. 132, 331 y 332 del CP, debido a que la Resolución de mérito, sin fundamento legal alguno y omitiendo hacer mención a los elementos agravantes del delito de Robo Agravado (uso de armas de fuego letales, intervención de más de diez personas con rostros encubiertos), declaró culpables a Marco Rodríguez Baca y Carlos Alberto Pinto, por el delito de Robo imponiéndoles la pena mínima de cuatro años de reclusión, disponiendo la absolución de Rodolfo Huarca Humpiri. Señalando además que el delito de Asociación delictuosa no había sido probado, no obstante demostrarse que los acusados participaron en el hecho, en asociación de más de cuatro personas.
En este particular, calificó sus denuncias como defectos absolutos incurridos en sentencia, por “inobservancia del art. 132 del Código Penal” (textual a fs. 2459), pretendiendo su anulación para realizarse juicio de reenvío.
2) Defectos de Sentencia previstos por los incs. 5), 6), 8) y 11) del art. 370 e infracción de los arts. 124 y 173, todos del CPP; alegando, que el Tribunal de mérito absolvió a Rodolfo Huarca Humpiri a partir de una valoración defectuosa de la prueba y con base a hechos no acreditados e inexistentes. Señaló que el argumento adoptado por esa instancia, de no existir suficiente prueba que genere su culpabilidad, refiriendo las pruebas “AP40 y AP56”, contradijo las partes considerativa y resolutiva, en la que se señaló que el nombrado no se encontraba en el lugar de los hechos; por lo que, declaró su absolución, omitiendo expresar los motivos de hecho y derecho en que basó su decisión, el valor otorgado a los medios de prueba judicializados según las reglas de la sana crítica y justificar fundadamente las razones por las cuales se les otorgó determinado valor, basándose únicamente en lo alegado y expresado por el imputado absuelto; por cuanto, nunca presentó ninguna prueba de descargo. No se consideró expresó la entidad apelante que, un policía del Batallón de Seguridad Física, hirió a Rodolfo Huarca Humpiri por un disparo de arma de fuego al momento del hecho; a ese efecto, identificó las pruebas “AP-36” (cambio de nombre en la Clínica El Buen Pastor, de Rodolfo Huarca Humpiri a Juan Carlos Alanoca Cruz), AP-40 (Certificado Médico Forense de Rodolfo Huarca Humpiri), declaraciones de los testigos del atraco al camión blindado de la empresa BRINKS, quienes manifestaron que uno de los atracadores había sido herido en la pierna y que al momento de su fuga lo subieron a uno de los vehículos sangrando (MP-10, declaraciones de OPN, VMG, SMCC, esposa de CPQ, TGV, DAPC), lo que demostrase que los vehículos utilizados por el grupo de personas que se asoció para delinquir (AP-12, AP-19 y AP-11), fueron robados con violencia y a mano armada de sus propietarios (AP-45, AP-48 y AP-49), los que después del atraco fueron abandonados, obteniéndose en ellos huellas digitales (MP-3), que de acuerdo al dictamen pericial dactiloscópico (MP-9), pertenecían a Rodolfo Huarca Humpiri y que en la movilidad que transportó el dinero habrían manchas de sangre (MP-14; asimismo, al tiempo de su aprehensión en su domicilio, se recolectó un arma de fuego y 4kg. de cocaína (AP-74 y AP-34), habiendo sido identificado por los testigos como el conductor del vehículo utilizado en la asociación delictuosa; sin embargo, el Tribunal de Sentencia, en valoración defectuosa de la prueba no consideró la codificada “AP-12” (Informes de Omar Antezana, Jefe de la División D.C. Propiedades), donde se establece cómo fue capturado Rodolfo Huarca Humpiri, el informe del Dictamen pericial dactiloscópico que concluyó que las huellas encontradas en el motorizado, fueron impresas por un mismo pulpejo, de un equivalente dígito y una misma mano, de Rodolfo Huarca Humpiri la codificada “AP-71”, del caso “3758/09 SECUESTRO EXPRESS”, en el que se identificó a los imputados como presuntos autores del secuestro de WAP y su madre, en un taxi color blanco; por lo que, se establece que los procesados son miembros de la banda de atracadores.
Consideró que “tratándose de defectos absolutos….y los vicios de la sentencia, toda vez que la valoración realizada por…Tribunal Quinto de Sentencia…, es ilógica, infundada, contradictoria y poco sustentable, lo que demuestra que…se contrapone a lo que señala la sana crítica, afectando el debido proceso…la aplicación que se pretende es que el Tribunal departamental de Justicia…evidenciando las violaciones de que ha sido víctima la empresa BRINKS BOLIVIA SA anule totalmente la Sentencia 03/2014 y ordene la reposición del juicio por otro tribunal a objeto de que…dicte una sentencia condenatoria imponiendo la pena correspondiente por los delitos de robo agravado y asociación delictuosa imponiendo la pena máxima” (textual a fs. 2471)
3) Violación de los arts. 3, 12, 173, 359 del CPP y concurrencia de defectos de Sentencia [art. 370 incs. 5), 6), 10 y 11) del Código citado], al existir defectuosa valoración de la prueba, ausencia de fundamentación analítica, intelectiva conjunta y armónica de la misma, encontrándose la Sentencia fundada por un hecho no cierto, con afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia y la experiencia común, debido a que decidió imponer una sanción mínima a los co- imputados Marco Rodríguez Baca y Carlos Alberto Pinto Quispe, correspondiente al delito de Robo, absolviendo de pena y culpa a Rodolfo Huarca Humpiri, omitiendo referirse a determinados elementos constitutivos del delito de Robo Agravado; a cuyo efecto, describió hechos referidos a las actuaciones policiales y otros elementos y medios de prueba.
Por Auto 28/2017 de 12 de mayo, la Sala Penal Segunda, dispuso que “en cumplimiento al Auto Supremo No. 596/2016-RRC de 10 de agosto…con carácter previo al análisis de las apelaciones interpuestas, en previsión a lo previsto por el art. 399 del CPP se concede el término de tres días a la acusadora particular, a fin de que amplíe su recurso bajo apercibimiento de rechazo” (sic)
Lo anterior propició que por memorial de 26 de junio de 2017, fs. 2902 a 2903 vta., el acusador particular ratifique su recurso de apelación restringida en su integridad, solicitando al Tribunal de apelación se pronuncie “en cumplimiento al Auto Supremo Nro. 596/2016-RRC” (sic)
II.3 Auto de Vista 42/2017
Con relación al defecto contenido en el art. 370 inc. 1) del CPP, el Tribunal de apelación concluyó que no era “evidente que el Tribunal a quo haya impuesto la pena por el delito de Robo, ya que como establece la parte dispositiva…declaró de manera unánime a los acusados autores y culpables de la comisión del tipo Robo agravado previsto por el art. 332 núm. 1 y 2 del CPP, por lo que dicha vulneración no es evidente” (sic)
El reclamo en torno a la aplicación del art. 132 del CP, fue atendido considerando que “la apelante en ningún momento precisa si existió inobservancia o una errónea aplicación de la ley, englobando ambas conductas como si fuesen sinónimos” (sic) para a continuación realizar su diferenciación, un breve esquema de las condiciones de admisibilidad dispuestas por los arts. 407 y 408 del CPP, para finalmente concluir que tales condiciones habían sido incumplidas por la apelante.
Sobre la presencia de los defectos descritos en el art. 370 incs. 5), 6), 8) y 11) y la vulneración de los arts. 124 y 173, todos en el CPP, el Auto de Vista impugnado expresó que, “por una valoración de la prueba en base a hechos no acreditados e inexistentes se habría absuelto al imputado Rodolfo Huarca Humpiri por no existir prueba suficiente que genere su culpabilidad, no es evidente…ya que en primer lugar no señala cual el elemento probatorio inexistente por el cual el Tribunal a quo absolvió al acusado citado, además se recuerda que la carga probatoria recae en la parte acusadora, por lo que la inexistencia de pruebas de descargo no implica vulneración alguna; sin embargo, es necesario establecer que la aplicación de la sana crítica el tribunal puede afianzar su convencimiento no en el número de pruebas o testigos introducidos al juicio, sino, en base al pleno convencimiento conducido por su entendimiento tal como lo refleja el AS N° 104/2015-RRC d 12 de febrero…” (sic).
FUNDAMENTOS DE LA SALA
En el presente caso, la representante de la entidad acusadora denuncia de que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación e incongruencia omisiva, incumpliendo el Auto Supremo 537/2015-RRC de 24 de agosto, emitido dentro de la esta causa, correspondiendo resolver la problemática planteada conforme los límites establecidos en el Auto Supremo 268/2016-RA de 21 de marzo.
El Tribunal de apelación eludió pronunciarse conforme la doctrina legal establecida en el Auto Supremo 596/2016-RRC de 10 de agosto, en torno al reclamo de violación del art. 370 inc. 1) del CPP, sin haber tenido presente que habiéndose demostrado que el hecho se produjo con la intervención de más de ocho personas, mediando el uso de armas de fuego y poniendo en riesgo la vida de policías y civiles, no se emitió condena por el delito de Asociación Delictuosa como también se impuso una pena de solo cuatro años cuando el tipo penal del art. 332 del CP, considera una pena fluctuante entre los 3 a los 10 años de presidio.
Las consideraciones de la parte recurrente sobre este particular van dirigidos a considerar que el Auto de Vista 042/2018 fue contrario a la doctrina legal del Auto Supremo 596/2016-RRC de 10 de agosto, situación que teniendo presente que el precedente invocado es directamente vinculado al Fallo recurrido en casación, del cual se reclama una supuesta falta de pronunciamiento a todos los motivos de apelación restringida por parte del Tribunal de apelación quien habría eludido absolverlas recurriendo criterios evasivas y contradictorias, sin haber hecho una valoración sobre lo valorado por el Tribunal de Sentencia sobre las condiciones en las que el hecho se habría perpetrado (número de personas y uso de armas de fuego ), aspectos que constituirían falta de pronunciamiento o vicio de incongruencia omisiva vulnerando los arts. 124 y 398 del CP, lo que en suma hace que los requisitos procesales dispuestos por los arts. 416 y 417 del CPP, hayan sido cumplidos
III.3.1 Doctrina legal aplicable dispuesta en el presente caso.
Un rasgo llamativo, en el presente caso estriba en la emisión de los Autos Supremos 537/2015-RRC de 24 de agosto y 596/2016-RRC de 10 de agosto, con temáticas iguales a la presente, infracción de los arts. 124 y 398 del CPP por parte del Tribunal de alzada a momento del abordaje del defecto de sentencia contenido en el art. 370 inc. 1) del CPP. Las consideraciones de la parte recurrente sobre este particular fueron dirigidas a cuestionar faltas de pronunciamiento por parte del Tribunal de apelación, que no habría ejercido control de valoración sobre lo concluido por el Tribunal de Sentencia sobre las condiciones en las que el hecho se habría perpetrado (número de personas y uso de armas de fuego), aspectos que constituirían falta de pronunciamiento o vicio de incongruencia omisiva vulnerando los arts. 124 y 398 del CP. A continuación se expone una síntesis sobre la doctrina legal aplicable al caso concreto, emitida por los ya referidos Autos Supremos.
Auto Supremo 537/2015-RRC de 24 de agosto.
Se evidencia que la parte apelante no sólo se limitó a cuestionar la falta de consideración de las agravantes del tipo penal de Robo, previsto en el art. 332 incs. 1) y 2) del CP, sino que orientó la incidencia de la supuesta omisión, en la fijación de la pena a los imputados que fueron declarados autores del delito atribuido por la sentencia apelada y en la absolución de uno de los imputados, sin que el Tribunal de alzada haya emitido una respuesta clara y fundamentada sobre el particular; similar situación se constata con relación a la segunda parte de la denuncia, referida a la errónea interpretación del art. 132 del CP; a cuyo efecto, el Tribunal de alzada, únicamente se remitió al apartado X de la Sentencia, en el que se determinó como hechos no probados su presunta comisión, omitiendo determinar si dichos razonamientos cumplían a cabalidad la aplicación o interpretación correcta de la norma sustantiva extrañada, denotando una falta de control sobre la actuación del Tribunal inferior…
Con relación a la segunda y tercera denuncia, en el que la parte impugnante, citando los arts. 370 incs. 5), 6), 8) 10) y 11), 173 y 359 del CPP, esencialmente se ocupó de denunciar la defectuosa valoración de la prueba, ausencia de fundamentación analítica, intelectiva, conjunta y armónica y el basamento en hechos no acreditados e inexistentes en que habría incurrido la Sentencia, que además habría omitido expresar los motivos de hecho y de derecho que sustentaron su decisión; a cuyo efecto, procedió a desarrollar varias descripciones y consideraciones respecto a las pruebas tanto testificales como documentales, se advierte que el Tribunal de alzada, de manera simple y sin mayor explicación, se allanó a la posición del Tribunal de mérito respecto a la insuficiencia de prueba para declarar la absolución de Rodolfo Huarca Humpiri, sin fundamentar de ningún modo posición alguna respecto a las cuestionantes específicas que expresó la parte impugnante respecto a la variedad de pruebas producidas en juicio, y que a criterio del acusador particular, habrían demostrado la participación del declarado absuelto en la comisión de los hechos endilgados y la imposición de una sanción más drástica a los coimputados, tratando de justificar su posición en la restricción que tiene el Tribunal de alzada de revalorizar prueba, olvidando que no obstante ser evidente tal razonamiento, tiene la obligación de efectuar una revisión respecto a la labor valorativa del inferior…
Auto Supremo 596/2016-RRC de 10 de agosto.
En el primer motivo de casación, la recurrente denuncia que el Tribunal de alzada, pese a lo dispuesto por el Auto Supremo 537/2015-RRC de 24 de agosto, emitió nuevo Auto de Vista sin la debida fundamentación, a tiempo de resolver su motivo de apelación restringida fundado en la existencia del defecto de sentencia previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP.
Al respecto, de la revisión del Auto de Vista impugnado…el Tribunal de alzada argumentó que el A quo, tanto en la parte considerativa como en la dispositiva, consideró a los acusados como autores de la comisión del delito de Robo Agravado, previsto por el art. 332 incs. 1) y 2) del CP, los cuales refieren a las armas y rostros encubiertos; concluyendo con dicho argumento, que el Tribunal de Sentencia tuvo convicción sobre el hecho ilícito y la conducta de los ahora acusados.
Argumento que, contrastado con lo referido por el mismo Tribunal de alzada en el Auto de Vista 73/2014 de 17 de octubre…resulta idéntico al expuesto en la resolución hoy impugnada; es decir, que evidentemente el Tribunal de apelación, se limitó a repetir un argumento que ya fue observado por falta de fundamentación por éste Tribunal, habiéndose aclarado que la denuncia fundada por la víctima del robo agravado, en la existencia del defecto de sentencia previsto por el inc. 1) del art. 370 del CP, no solo tuvo como base la falta de consideración de las agravantes previstas por el inc. 1) y 2) del art. 332 del CP, sino que la misma fue observada en cuanto a su incidencia en la fijación de la pena y la absolución de uno de los imputados; habiendo quedado claramente establecido que el fundamento del Tribunal de alzada no cumple con la debida fundamentación...
En cuanto a la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva respecto al tipo penal previsto por el art. 132 del CP, se observa que el Tribunal de apelación transcribió de forma incoherente el art. 132 bis de la norma adjetiva penal, tipo penal que describe el delito de Organización Criminal, para posteriormente repetir nuevamente los mismos argumentos…de la resolución dejada sin efecto por Auto Supremo 537/2015-RRC de 24 de agosto; es decir, sin haber realizado el control sobre la actuación del Tribunal de mérito.
En el segundo motivo de casación, la parte recurrente alega que el Tribunal de apelación en los numerales 3.1., 3.2, 3.3 y 3.4 de la resolución impugnada, incurrió en argumentos evasivos sin fundamento y no se pronunció sobre los puntos cuestionados, estableciéndose de los antecedentes que a tiempo de resolver el primer motivo de casación, como se expuso precedentemente, el Tribunal de apelación en el punto 3.1. y 3.2, se limitó a transcribir los mismos fundamentos expuestos en el Auto de Vista 73/2014 de 17 de octubre y peor aún en el punto 3.2 al resolver la presunta errónea aplicación de la norma sustantiva en cuanto al tipo penal de Asociación Delictuosa, hizo una transcripción del tipo penal de Organización Criminal, concluyendo de manera incongruente que no se probó el tipo penal del primer delito.
En el punto 3.3 nuevamente se limitó a transcribir el argumento expuesto en el inc. d) del punto 3 de la resolución dejada sin efecto; y, finalmente en el punto 3.4 de la resolución hoy impugnada, en cuanto a la presunta vulneración de los arts. 173 y 359 del CPP, se limitó a concluir que el Tribunal inferior de manera armónica otorgó valor suficiente a los medios judicializados en juicio.
Respuestas que evidencian la denuncia efectuada por la parte recurrente de casación, pues el Tribunal de apelación se limitó a repetir los argumentos expuestos en la resolución dejada sin efecto –Auto de Vista 73/2014 de 17 de octubre-, sin tener presente una vez más que la exigencia de fundamentación de una resolución judicial, impone el deber de todo tribunal de justicia, obviamente incluidos los tribunales de alzada, de establecer fundadamente las razones de orden fáctico y jurídico, que sustenten la decisión...”
III.3.2. Análisis del caso concreto
Como se tiene anotado precedentemente, el abordaje brindado por la Sala Penal Segunda en el Auto de Vista 42/2017, sobre el reclamo en torno al art. 370 inc. 1) del CPP, por una parte arroja el frontal incumplimiento a la doctrina legal contenida en los Autos Supremos 537/2015-RRC de 24 de agosto y 596/2016-RRC de 10 de agosto, que dispusieron ejercer control sobre un defecto relacionado a la falta de pronunciamiento en derecho sobre la problemática planteada; tal el caso, de la ausencia de control valorativo referido a la ausencia de fundamentación en Sentencia sobre la subsunción de los hechos a las agravantes contenidas en el art. 332 del CP, y su consecuente derivación a la fijación de la pena; y por otro, brinda una respuesta artificiosa sobre una temática incompleta.
El Tribunal de apelación, considera que el reclamo sobre inobservancia de la Ley sustantiva se apoyó en un desarreglo sobre la imposición de una pena emergente del art. 331 del CP, cuando ello, muy a pesar de la altisonancia del memorial de apelación restringida, no es evidente. De hecho a fs. 2457 vta. y 2458, si bien la parte acusadora refirió que se habría impuesto la pena por el delito de Robo, más su agravante, el aspecto medular es inherente a la calificación de las agravantes del segundo tipo penal y con ello la determinación de la pena atendiendo la gravedad o no del hecho determinado en Sentencia, temática sobre la que se consideró que existió falta de pronunciamiento, y en las que el Auto de Vista 42/2017, profiere una respuesta profundamente cuestionable y por ende carente de vinculación con el objeto de reclamo puesto a su consideración.
De igual forma, la reclamada inobservancia del art. 132 del CP, cuyo argumento se basó en que al determinarse en Sentencia, con abundantes referencias, la participación de más de cuatro personas, se haya tenido a ese tipo penal como no probado; en el Auto de Vista 42/2017, de nueva cuenta se omite deliberadamente el cumplimiento de la doctrina legal antes citada, aduciendo una supuesta confusión en el planteamiento de la entidad apelante, algo que, más allá de no ser cierto (a fs. 2459 segundo párrafo, el término inobservancia es explícito), se traduce como un posicionamiento esquivo y en consecuencia ausente de congruencia argumentativa. Brindar una respuesta de incumplimiento de aspectos formales en una determinación de fondo, no solo es una práctica risible, sino que en el contexto de la problemática planteada -inobservancia de aplicación del tipo penal de Asociación Delictuosa- conduce a una incertidumbre procesal que lesiona el art. 398 del CPP, dado que se espera de la autoridad procesal y jerárquicamente superior una respuesta en equivalencia a la problemática expuesta, situación que en el caso del mentado Auto de Vista, no aconteció; pues no es como dice la Sala Penal Segunda, que no se esclareció si se trató de inobservancia o errónea aplicación del art. 132, dado que el esquema planteado, sencillamente se basó en que tal norma debió ser aplicada, proponiéndose que si la Sentencia concluyó, dentro de su valoración intelectiva, que más de siete personas en tres vehículos fueron las que hubieran intervenido en el hecho, y de ello consideró que en el mismo participaron los acusados Rodríguez Baca y Pinto Quispe, cuál era la razón para no absolver por el delito de Asociación Delictuosa; siendo que la labor del Tribunal de apelación debió circunscribirse al análisis si esa derivación por un lado respondió a los hechos probados en Sentencia y por otro si los argumentos para concluir en una absolución le fueron lógicamente correctos; empero ello, como se reitera no ocurrió.
Siendo evidente las infracciones denunciadas en torno al incumplimiento de la doctrina legal aplicable del Auto Supremo 596/2016-RRC de 10 de agosto, por cuanto el Auto de Vista 42/2017 de 11 de agosto, no brindó una respuesta fundamentada y equivalente a las problemáticas planteadas, incumpliendo abiertamente las directrices otorgadas por el máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria en franca vulneración al deber contenido en el art. 420 del CPP, resta a la Sala fallare en ese orden.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Norma Esther Salazar Ortega, en representación legal de la Empresa BRINKS Bolivia S.A., de fs. 2940 a 2949, a cuya consecuencia se DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 42/2017 de 10 de agosto, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, disponiendo que ese mismo Tribunal, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie un nuevo Auto de Vista en conformidad a los razonamientos doctrinarios establecidos en la presente Resolución.
En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de la Sala comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
e contrario
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución