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Timestamp: 2018-05-22 16:04:37+00:00

Document:
N. º 04444-2005-HC/TC
Gladys Purificación Espinoza Joffre
El derecho a la identidad (artículo 2.1º de la Constitución) comprende el derecho a un nombre -conocer a sus padres y conservar sus apellidos-, el relativo a tener una nacionalidad y la obligación de que el Estado reconozca su personalidad jurídica (FJ 4).
En Canta, a los 25 días del mes de julio de 2005, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Gladys Purificación Espinoza Joffre contra la sentencia de la Quinta Sala Especializada en lo Penal para Procesos Sumarios con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 124, su fecha 6 de junio de 2005, que declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos.
Con fecha 14 de febrero de 2005, la recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra el Jefe Nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil –RENIEC– y del Sub Gerente de Depuración Registral y Archivo Central de la misma institución, con el objeto de que los emplazados reconozcan su derecho a tener su Documento Nacional de Identidad (DNI), del cual ha sido privada injustamente, y que, en consecuencia, se le entregue el que le corresponde con los datos primigenios que obran en sus archivos, desde el año 1973. Sostiene que nació el 2 de febrero de 1955 y que fue bautizada con el nombre de Gladys Purificación Espinoza Joffre, siendo esta identidad en sus estudios primarios y secundarios, hasta el 22 de enero de 1973 en que contrajo matrimonio, asentándose la partida correspondiente ante el Registro Civil de la Municipalidad Provincial de Lima; y que, con la partida de matrimonio, realizó posteriormente su trámite de inscripción ante el Registro Electoral, por lo que se le extendió la Libreta Electoral N.º 3347267, donde se consigna así su nombre, documento que tuvo vigencia hasta el 14 de diciembre de 1984, en que, al realizar el proceso de reinscripción, se le extendió la Libreta Electoral N.º 06275446, sin que varíen sus datos. Agrega que en el mes de abril de 1991, en que se le otorgó la Libreta Electoral N.º 09927408, se suprimió su primer nombre, hecho que, al ser reclamado, no fue corregido; y que, luego, en el mes de setiembre de 2004, se expidió la Resolución de la Sub Gerencia de Depuración Registral y Archivo Central N.º 182-2004-GP/SGDAC-RENIEC que cancela su incripción, la que, al ser apelada, no mereció ningún pronunciamiento por parte de los emplazados.
Admitida a trámite la demanda, se recepcionó la declaración de los emplazados (fs. 78 y 87) y de la demandante (f. 92).
El Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 27 de abril de 2005, declaró infundada la demanda, por considerar que el RENIEC es un órgano constitucional autónomo con independencia funcional, administrativa y económica que tiene como finalidad cautelar las inscripciones de los ciudadanos, lo que incluye la depuración del Registro, esto es, la exclusión definitiva o temporal de las inscripciones, y que la resolución emitida por el mismo se encuentra motivada.
La recurrida confirmó la apelada, estimando que la emplazada ha actuado con arreglo a las atribuciones que le confiere el artículo 77º del Reglamento de Inscripción del Registro de Identificación y Estado Civil, aprobado por Decreto Supremo N.º 015-98-PCM y el artículo 77.7º del Decreto Ley N.º 14207, no evidenciándose la afectación de los derechos constitucionalmente reconocidos.
1. La recurrente cuestiona la decisión del RENIEC de cancelar el Documento Nacional de Identidad inicialmente otorgado a su favor, lo que, a su criterio, afecta su derecho a la identidad y, colateralmente,su derecho a la libertad individual.
2. A fojas 63 de autos corre la Resolución N.º 182-2004-SGDAC-RENIEC, emitida por la Sub Gerencia de Depuración Registral y Archivo Central, por la que se dispone, en vía de regularización, la exclusión definitiva en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales de la inscripción N.º 099227408, correspondiente a la ciudadana Purificación Espinoza Joffre, por tratarse de una declaración con datos falsos; como sustento de ello se expone que:
a. Gladys Purificación Espinoza de López obtuvo su Documento de Identidad N.º 3347267 en el año 1973, registrándose como nacida el 2 de febrero de 1955 en Lima, de inscripción civil casada.
b. En diciembre de 1984, en el proceso de reinscripción, obtuvo la inscripción N.º 06275446, manifestando llamarse Gladys Purificación Espinoza Joffre, nacida el 2 de febrero de 1961 y de estado civil soltera.
c. El 23 de abril de 1991 obtuvo la Partida N.º 09927408 a nombre de Purificación Espinoza Joffre, nacida el 2 de febrero de 1961 y de estado civil soltera, y sobre cuya base obtuvo su DNI el 14 de agosto de 2003.
d. La Dirección de Registros Civiles de la Municipalidad de Lima, en su oportunidad, informó que Purificación Espinoza Joffre o Gladys Purificación Espinoza Joffre no aparece inscrita en los Registros de Nacimiento del año 1961, pero sí corre inscrita el Acta Matrimonial celebrada por esta el año 1973 con Julio Nicolás López Oncoy, concluyéndose que existe una declaración de datos falsos en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales.
e. Por su parte, la Sub Gerencia de Registros de Estado Civil de RENIEC precisa la inscripción extemporánea indebida de Purificación Espinoza Joffre al tramitar la Partida de Nacimiento N.º 63108404 ante la Oficina de Registros Civiles de la Municipalidad de San Miguel, ya que en ella se adiciona un prenombre de manera irregular, disponiendo la anulación de dicha acta
3. Sobre las irregularidades detalladas en la resolución materia de impugnación, queda claro que no compete a este Colegiado emitir pronunciamiento sobre el particular, dado que la probable existencia de un ilícito debe ser determinada ante las autoridades competentes; pero, no obstante, queda pendiente de determinar si se afecta el derecho a la identidad de la demandante, por carecer de documento de identidad.
4. Sobre el particular resulta necesario precisar que, en nuestro ordenamiento jurídico, el DNI tiene una doble función; por un lado, permite que el derecho a la identidad se haga efectivo, ya que posibilita la identificación precisa de su titular; y, por otro, es un requisito para el ejercicio de los derechos civiles y políticos que se encuentran consagrados en la Constitución Política del Perú. Dicho documento, además, es esencial para el desarrollo de actividades comerciales, trámites judiciales y otros de carácter personal, de modo que su carencia comporta una limitación de varios derechos ciudadanos, uno de los cuales está referido a la libertad individual, razón por la que este Colegiado se considera habilitado para emitir pronunciamiento sobre el particular.
Y ello por cuanto el artículo 2.1º de la Constitución expresamente refiere que toda persona tiene derecho a la identidad, derecho que comprende tanto al derecho a un nombre –conocer a sus padres y conservar sus apellidos–, el relativo a tener una nacionalidad y la obligación de que el Estado reconozca su personalidad jurídica.
5. Por consiguiente, independientemente de las irregularidades antes acotadas, que deben ser objeto de la investigación de ley, el RENIEC y sus funcionarios están en la obligación de proveer a la demandante de un DNI; obviamente, ello procederá en la medida en que la propia demandante presente la documentación sustentatoria necesaria para tal efecto, siendo deseable que lo haga con la documentación que contenga los datos necesarios para su identificación y produzcan certeza respecto de su identidad, tales como su partida de nacimiento y/o de bautizo; en todo caso, la autoridad administrativa podrá requerir la documentación adicional que estime pertinente (certificados de estudios, etc.), siempre que ello no se convierta en un obstáculo irrazonable que impida solucionar la situación en la que la demandante se encuentra.
6. De otro lado, este Colegiado considera que no es de aplicación al caso de autos el artículo 8º del Código Procesal Constitucional, toda vez que la autoridad administrativa ha actuado en el ejercicio regular de sus funciones.
Declarar FUNDADA la demanda de hábeas corpus, debiendo la autoridad emplazada actuar con arreglo a lo dispuesto en el fundamento 5. de la presente sentencia.

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 77
 artículo 77
 Resolución 
 resolución 
 artículo 2
 artículo 8