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Timestamp: 2018-12-19 12:09:29+00:00

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﻿ SENTENCIA T-165 DE MARZO 13 DE 2017
SENTENCIA T-165 DE 13 DE MARZO DE 2017
CONTENIDO:ALCANCE DE LA JUNTA MÉDICA POST MORTEM PARA CALIFICAR LA PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL DE QUIEN NO LOGRÓ EFECTUAR EL PROCEDIMIENTO EN VIDA POR NEGLIGENCIA DE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS. CUANDO SE SOLICITA LA REALIZACIÓN DE UNA JUNTA MÉDICO MILITAR POST MORTEM DEBEN TENERSE EN CUENTA DOS PRESUPUESTOS RELATIVOS A LA SOLICITUD DE SU CONVOCATORIA: I) QUIÉN ES LA PERSONA QUE LA ESTÁ SOLICITANDO Y CON QUÉ PROPÓSITO LO ESTÁ HACIENDO, PARA DETERMINAR SI TIENE UN INTERÉS LEGÍTIMO O NO EN ELLO Y, CONSECUENTEMENTE, SI SE ENCUENTRA LEGITIMADA PARA ELEVAR ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE UNA PETICIÓN EN ESTE SENTIDOII) DEBERÁ ESTABLECERSE POR QUÉ MOTIVO LA JUNTA DE VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN NO FUE REALIZADA MIENTRAS QUE EL AFLIGIDO ESTABA CON VIDA. ASÍ, DE ESTA ÚLTIMA VALORACIÓN, SE DETERMINARÁ SI LA NO REALIZACIÓN OPORTUNA DE LA JUNTA MÉDICO LABORAL MILITAR ES IMPUTABLE A LA ENTIDAD ENCARGADA DE FIJAR LA FECHA Y LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO, O AL PACIENTE POR SU NEGLIGENCIA FRENTE A SU SITUACIÓN PARTICULAR, YA QUE EN PRINCIPIO, SÓLO EN EL PRIMERO DE ESTOS CASOS PODRÁ SOLICITARSE POR PARTE DE ALGÚN INTERESADO QUE SE PRACTIQUE UNA JUNTA MÉDICO LABORAL MILITAR POST MORTEM. DE LA ANTERIOR VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN QUE EFECTÚE LA REFERIDA JUNTA MÉDICA DEBERÁ EXPEDIRSE UN ACTO ADMINISTRATIVO EN DONDE SE CONCLUYA NO SÓLO LA PATOLOGÍA QUE AFLIGIÓ AL SEÑOR(A), SINO SI ESTA TUVO O NO ORIGEN LABORAL, Y A PARTIR DE ALLÍ, DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD PSICOFÍSICA QUE ARROJE TAL ANÁLISIS, SE DETERMINE SI EL DIFUNTO TENÍA O NO DERECHO A RECIBIR UNA PENSIÓN DE INVALIDEZ, UNA INDEMNIZACIÓN POR PARTE DE LAS FUERZAS MILITARES O NINGUNA DE LAS ANTERIORES. EN TODO CASO, CUALQUIERA QUE SEA LA CONCLUSIÓN A LA QUE SE LLEGUE, ESTA DEBERÁ SER NOTIFICADA A LOS EVENTUALES BENEFICIAROS DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE LA JUNTA MÉDICO LABORAL MILITAR PUEDA LLEGAR A ENCONTRAR CAUSADAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, BENEFICIARIO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, PENSIÓN DE INVALIDEZ, FUERZAS MILITARES, INCAPACIDAD LABORAL, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ, DERECHO A LA PENSIÓN DE INVALIDEZ, JUNTA MÉDICA DE REVISIÓN MILITAR
Sentencia T-165 de marzo 13 de 2017
Ref.: Expediente T-5.841.731
Acción de tutela interpuesta por Patricia Díaz Díaz contra el Ejército Nacional – Dirección de Sanidad del Ejército Nacional.
2. El señor Luis Carlos Fonseca Ochoa, se desempeñaba como soldado profesional del Ejército Nacional de Colombia. Encontrándose activo, y en prestación del servicio, sufrió un accidente que le dejó lesiones en sus ojos y oídos, producto de una detonación ocurrida en el aire. Por lo anterior, se vio obligado a retirarse de la Institución(1).
3. A raíz de estas afectaciones en su salud, interpuso acción de tutela contra la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, para que esta última determinara el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que había sufrido como consecuencia del accidente ocurrido durante la prestación del el servicio. Así, mediante fallo del 24 de abril de 2015(2), se ordenó a la entidad accionada que en el término de ocho (8) días hábiles desde la notificación del fallo procediera a realizar la junta médico laboral militar definitiva. El día 10 de febrero de 2016 se dio cumplimiento tardío al fallo y se programó la junta ordenada para el día 07 de abril de 2016 a las 7:30 AM.
4. No obstante lo anterior, dada la tardanza de casi un año en la programación de la junta médica de valoración, el señor Luis Carlos Fonseca Ochoa por su propia cuenta acudió a médicos especialistas particulares en la Clínica La Milagrosa S.A de la ciudad de Santa Marta, para que valoraran su condición, y así poder “agilizar el proceso”(3) que efectuaría la Junta Médica según se afirma en el escrito de tutela.
5. El día 03 de marzo de 2016(4), el señor Luis Carlos Fonseca Ochoa falleció en un accidente de tránsito en la ciudad de Puerto Lleras (Meta), antes de poder llevar a cabo la junta médico laboral militar definitiva que calificaría su porcentaje de capacidad laboral.
6. La señora Patricia Díaz Díaz, cónyuge supérstite del soldado profesional, presentó a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional petición el 13 de abril de 2016, solicitando que se llevara a cabo la junta médico laboral militar post mortem en los siguientes términos: “que (...) se lleve a cabo la junta médico laboral del señor Luis Carlos Fonseca Ochoa teniendo en cuenta los conceptos médicos por especialistas realizados con anterioridad, para que de este modo se pueda definir su porcentaje de incapacidad y se pague la respectiva indemnización a su única beneficiaria (...) toda vez que es la esposa legítima del fallecido según registro civil de matrimonio”(5).
7. A pesar de ello, la solicitud radicada no ha sido contestada al día de hoy, ni mucho menos ha sido llevada a cabo la junta médico laboral militar post mortem pretendida, por lo que la peticionaria presentó el día 16 de julio de 2016 la acción de tutela que en esta oportunidad revisa la Sala, en que la solicitó que “se realice la JUNTA MÉDICO LABORAL POST MORTEM DEFINITIVA, teniendo en cuenta que ya que se encuentran sus conceptos médicos por especialistas al igual que su historia clínica (...) para que de este modo se proporcione el porcentaje del grado de incapacidad por Literal B en el servicio por causa y razón del mismo conforme a lo señalado en el Decreto 1796 del 2000 título IV en calidad de soldado regular (...) y de este modo efectivizar los derechos a que haya lugar”.
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de la Policía(6)
10 Mediante escrito del 16 de agosto de 2016 la accionante impugnó el fallo de primera instancia debido a que por la tardía prestación de los servicios médicos para diagnosticar al fallecido Luis Carlos Fonseca Ochoa, éste se vio obligado a practicarse los respectivos exámenes médicos de forma particular, lo que lo llevó a endeudarse. Esta deuda, sumado a la situación de la actora, que afirma no tener un trabajo estable y dos hijos menores de edad, hace que su situación económica actual sea difícil. Alega además que aunque su cónyuge haya fallecido, sus hijos deben ser beneficiarios de los derechos del difunto.
Segunda instancia: sentencia del 14 de septiembre de 2016, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral.
12. Esta Corte es competente para conocer de esta acción de tutela, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, así como en virtud del Auto del 17 de noviembre de 2016, expedido por la Sala de Selección de Tutelas número Once de esta Corte, compuesta por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Iván Palacio Palacio, que decidió someter a revisión las decisiones adoptadas por los jueces de instancia en el presente asunto.
13. En virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la reiterada jurisprudencia constitucional dictada en la materia(7), y los artículos concordantes del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela tiene un carácter residual y subsidiario, razón por la cual sólo procede excepcionalmente como mecanismo de protección definitivo: (i) cuando el presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o (ii) cuando existiendo, ese medio carece de idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna e integral los derechos fundamentales, en las circunstancias del caso concreto; así mismo, procederá como mecanismo transitorio cuando se interponga para evitar la consumación de un perjuicio irremediable a un derecho fundamental. En el evento de proceder como mecanismo transitorio, la protección se extenderá hasta tanto se produzca una decisión definitiva por parte del juez ordinario(8).
Procedencia de la acción de tutela. Caso concreto.
14. Legitimación por activa: La señora Patricia Díaz Díaz, actúa en nombre propio como titular de los derechos invocados, al ser ella quién interpuso la petición que la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional no ha respondido al día de hoy, razón por la cual, se encuentra legitimada para promover la acción de tutela (C.P., art. 86, D. 2591/91, art. 1º y art. 10), al reclamar una respuesta clara y de fondo en el asunto que le corresponde a la entidad accionada.
15. Legitimación por pasiva: La Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, es una entidad de naturaleza pública, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional. Por lo tanto, es susceptible de demanda de tutela (C.P., 86, D. 2591/91, art. 1º y art. 13), más aún cuando el hecho que da origen a la interposición del amparo referido es la negligencia en su obrar al no dar respuesta a las peticiones ante ella elevadas, y mucho menos programar la junta médico laboral militar post mortem solicitada.
16. Inmediatez: Este requisito de procedibilidad impone la carga al demandante de interponer la acción de tutela en un término prudente y razonable respecto del hecho o la conducta que causa la vulneración de derechos fundamentales(9). En el caso concreto, la Sala observa que los hechos que la accionante considera vulneran su derecho a obtener respuesta clara y oportuna por parte de la entidad accionada ante la petición interpuesta (y como consecuencia de esa falta de diligencia, sus derechos a la dignidad humana, igualdad, mínimo vital, entre otros) ocurrieron en el mes de abril de 2016, cuando se presentó la solicitud (concretamente el día 13) que no fue contestada, mientras que la acción de tutela fue interpuesta el 16 de julio del mismo año; término que, a duras penas, supera los tres (3) meses, por lo que la Sala lo considera prudente y razonable para reclamar la protección de los derechos vulnerados.
17. Subsidiariedad: El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela constituye un mecanismo de protección de derechos fundamentales de carácter residual y subsidiario, es decir, que únicamente será procedente cuando no exista otro medio de defensa judicial, o cuando se pretenda evitar un perjuicio irremediable. En virtud de su naturaleza subsidiaria, la jurisprudencia ha descartado “la utilización de la tutela como vía preferente para el restablecimiento de los derechos”(10) y ha reconocido que tal calidad “obliga a los asociados a incoar los recursos ordinarios con los que cuenten para conjurar la situación que estimen lesiva de sus derechos y que impide el uso indebido de la acción como vía preferente o instancia adicional de protección”(11). En cualquier caso, deberá verificarse si los mecanismos judiciales ordinarios resultan eficaces para la protección del derecho, pues en caso de que no sea así, la acción de tutela será procedente.
Al respecto, la Sentencia T-222 de 2014 manifestó: “[e]ste requisito de subsidiariedad implica, en otros términos, que el amparo constitucional procede siempre y cuando, en principio, no exista en el ordenamiento jurídico otro mecanismo judicial para defender el derecho que se discute. La idea es que la tutela no se convierta en un sustituto ni en una vía paralela a otras instancias. Precisamente, todos los procesos judiciales deberían, como en efecto tiene que suceder, ser los principales guardianes y defensores de los derechos fundamentales de las personas. Los primeros llamados a protegerlos son los jueces ordinarios (art. 4 C.N.). A partir de allí, esta corporación ha fijado unas reglas que deben tenerse en cuenta”.
La eficacia consiste en que el mecanismo judicial esté “diseñado de forma tal que brinde oportunamente una protección al derecho”(12). Es decir, que una vez resuelto por la autoridad judicial competente, tenga la virtualidad de garantizarle al solicitante oportunamente el derecho. A su vez, se entiende que una acción judicial es inidónea, cuando “no permite resolver el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución integral frente al derecho comprometido”(13).
La jurisprudencia constitucional ha establecido que la acción de tutela procede como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, el cual se puede dar “cuando se presenta una situación de amenaza de vulneración de un derecho fundamental susceptible de concretarse y que pueda generar un daño irreversible.”(14) Para la configuración de un perjuicio irremediable es necesario que concurran los siguientes elementos: “(i) inminente, es decir, por estar próximo a ocurrir; (ii) grave, por dañar o menoscabar material o moralmente el haber jurídico de la persona en un grado relevante; (iii) que requiera medidas urgentes para conjurarlo; y (iv) que la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar el adecuado restablecimiento del orden social justo en toda su integridad”(15).
18(sic). Con el fin de resolver los problemas jurídicos planteados por la Sala, en primer lugar, se procederá a: (i) reiterar las reglas jurisprudenciales sobre la idoneidad de la acción de tutela cuando es omitida la obligación de dar respuesta clara y oportuna a las peticiones respetuosamente recibidas en las entidades públicas; (ii) analizar cómo la calificación del porcentaje de pérdida de capacidad laboral (o pérdida de capacidad psicofísica en el caso de los militares) es considerada por la jurisprudencia de esta corporación como un derecho en cabeza de todos los trabajadores y miembros de la Fuerza Pública dadas sus significativas consecuencias; (iii) se distinguirá el alcance de la junta médico laboral militar post mortem para determinar el porcentaje de capacidad laboral disminuido, estableciendo los supuestos de procedencia de este tipo de solicitudes, y finalmente (iv) se resolverá el caso concreto.
20. El artículo 23 de la Constitución Política consagra el derecho que tiene toda persona “a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución”, e igualmente establece que “el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”. En virtud de lo anterior, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo estipuló en su artículo 14 que: “Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción”. Así, este derecho permite que las personas puedan garantizar de manera expedita y ágil su comunicación directa con el Estado, e independientemente de si se ejerce con fines públicos o privados, obtener una respuesta oportuna y de fondo, más aún, cuando según lo ha establecido esta corporación, se trata de un derecho constitucional fundamental “(...) no tanto por encontrarse ubicado dentro del título II capítulo I de la Carta Política (...) sino por estar íntimamente ligado a la esencia de las relaciones entre la persona y el Estado y en cuanto hace posible el acceso del gobernado a quien ejerce el poder y su control sobre la actividad pública”(16).
De lo anterior se desprende que la respuesta que las autoridades deben dar a las peticiones respetuosas ante ellas radicadas debe ser suficiente, es decir, además de ser clara debe dar una contestación de fondo que realmente dé respuesta a los interrogantes que son formulados, y cuando sea posible llevar a cabo las acciones o expedir los actos administrativos que en ejercicio de este derecho se soliciten. En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado el alcance del derecho en comento “(...) y ha manifestado que la respuesta a una solicitud debe cumplir los siguientes parámetros: (i) ser pronta y oportuna; (ii) resolver de fondo, de manera clara, precisa y congruente la situación planteada por el interesado; (iii) y, finalmente, tiene que ser puesta en conocimiento del peticionario. El incumplimiento de cualquiera de estos ingredientes conllevará a la vulneración del goce efectivo de la petición, lo que en términos de la jurisprudencia conlleva a una infracción seria al principio democrático. El derecho fundamental de petición propende por la interacción eficaz entre los particulares y las entidades públicas o privadas, obligando a éstas a responder de manera oportuna, suficiente, efectiva y congruente las solicitudes hechas por aquellos. Faltar a alguna de estas características se traduce en la vulneración de esta garantía constitucional”(17).
21. Sin embargo, existirán situaciones en las cuales las conductas que se solicita a la Administración ejecutar sean imposibles de llevar a cabo, o bien que la vía para solicitarlas no sea a través de peticiones, que resultarán en estas circunstancias improcedentes. En todo caso y aún en estas eventualidades, deben las entidades exponer en sus respuestas con detalle por qué es inviable de llevarse a cabo, o por qué se está negando la solicitud elevada, ya que como lo ha expresado esta Corte: “es deber de las autoridades de resolver de fondo las peticiones elevadas ante ellas, sin que ello quiera decir que la respuesta deba ser favorable, y no son suficientes ni acordes con el artículo 23 constitucional las respuestas evasivas o abstractas, como quiera que condenan al peticionario a una situación de incertidumbre, por cuanto éste no logra aclarar sus inquietudes, especialmente si se considera que en muchos eventos, de esa respuesta depende el ejercicio de otros derechos subjetivos. Ha señalado igualmente la jurisprudencia, que la respuesta emitida en el marco de un derecho de petición debe ser dada a conocer efectivamente al peticionario, quien es el directo interesado en saber sobre la explicación brindada y en los efectos de la misma”(18).
Además del contenido y la motivación suficiente de las respuestas a los que se ha hecho referencia, un componente muy importante de este derecho está en la oportunidad de las contestaciones provenientes de la administración, la cual no está sujeta a discrecionalidades administrativas, sino que para ello el legislador ha establecido un término legal para emitir y suministrar la réplica“(...) esto es, el plazo que tiene la administración o el particular para resolver las peticiones formuladas, debe consultarse al artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 que señala el término de quince días para dar respuesta a la petición. “Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción”(19). Igualmente, ha sido clara en resaltar que “De no ser posible, antes de que se cumpla con el plazo allí dispuesto y ante la imposibilidad de suministrar la contestación en dicho término, la autoridad o el particular deberán explicar los motivos y señalar una nueva fecha en el cual se realizará. Para este efecto, el criterio de razonabilidad será determinante, ya que es imperioso tener en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud”(20).
“De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona podrá acudir a la acción de tutela para reclamar la protección a sus derechos constitucionales fundamentales, y procederá contra toda acción u omisión de la autoridades públicas, o particulares según se trate, siempre que “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. En la misma línea, el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 confirma la naturaleza residual de la acción de tutela y sus condiciones de procedencia cuando existe un mecanismo ordinario de defensa, e indica que la eficacia de dichos recursos debe ser apreciada en concreto, “atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”. Cuando se trata de proteger el derecho de petición, el ordenamiento jurídico colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, de modo que quien resulte afectado por la vulneración a este derecho fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita efectivizar el mismo. Por esta razón, quien encuentre que la debida resolución a su derecho de petición no fue producida o comunicada dentro de los términos que la ley señala, esto es, que se quebrantó su garantía fundamental, puede acudir directamente a la acción de amparo constitucional”(21).
E. Derecho a la calificación de la pérdida de capacidad laboral, o la pérdida de capacidad psicofísica, en el régimen militar.
24. El Decreto 1507 de 2014, mediante el cual se adoptó un manual único para la calificación de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional, que empleara un lenguaje unificado y estandarizado para el abordaje de la valoración del daño, con un enfoque integral, y cuyo contenido aplica para todos los habitantes del territorio nacional define en su artículo tercero la capacidad laboral como “el conjunto de las habilidades, destrezas, aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social, que le permiten desempeñarse —a una persona— en un trabajo”. Así, la calificación de la pérdida de estas últimas es la valoración que expertos realizan para determinar el porcentaje de afectación que las capacidades y facultades que un sujeto sufrió bien sea por un accidente o una enfermedad laboral o de origen común. De esta manera, su determinación tiene como propósito la garantía de diversos derechos fundamentales, entre ellos la salud, la seguridad social y en muchos de los casos, dependiendo de las circunstancias particulares, la vida y el mínimo vital. Su enorme importancia, ha sido desarrollada en reiteradas oportunidades por la Corte Constitucional(22).
25. Debe destacarse entonces que la finalidad de la determinación de un porcentaje de pérdida de capacidad laboral tiene un doble sentido, a saber: médico y económico. Lo primero, debido a que permite esclarecer con total exactitud cuál fue la enfermedad o la perturbación que concretamente dio origen a perder en mayor o menor porcentaje la capacidad referida, gracias a la valoración que doctores expertos en las diferentes áreas de la medicina realizan, e igualmente permite esclarecer desde este ámbito de experticia si tuvo un origen común o causa laboral. Lo segundo, porque clarificar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral permite acceder en algunos de los casos a una serie de prestaciones del régimen de la seguridad social como por ejemplo la pensión de invalidez, y también puede dar origen a una serie de indemnizaciones económicas a cargo de las administradoras de riesgos laborales, o de los empleadores directamente dependiendo del caso. Lo anterior, ya ha sido objeto de análisis por parte de esta corporación, que en este mismo sentido ha manifestado que: “La clasificación de la pérdida de capacidad laboral (...) permite establecer a qué tipo de prestaciones tiene derecho quien es afectado por una enfermedad o accidente, producido con ocasión o como consecuencia de la actividad laboral, o por causas de origen común”(23).
Haciendo referencia puntualmente a la importancia de esta valoración para el reconocimiento de pensiones de invalidez, se ha reiterado que “(...) tal evaluación permite determinar si la persona tiene derecho al reconocimiento pensional que asegure su sustento económico, dado el deterioro de su estado de su salud y, por tanto, de su capacidad para realizar una actividad laboral que le permita acceder a un sustento. Adicional a ello, la evaluación permite, desde el punto de vista médico especificar las causas que originan la disminución de la capacidad laboral. Es precisamente el resultado de la valoración que realizan los organismos médicos competentes el que configura el derecho a la pensión de invalidez, pues como se indicó previamente, ésta arroja el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y el origen de la misma. De allí que la evaluación forme parte de los deberes de las entidades encargadas de reconocer pensiones, pues sin ellas no existiría fundamento para el reconocimiento pensional”(24).
26. Entonces, para efecto de la calificación integral de la invalidez se tendrán siempre en cuenta los componentes funcionales biológico, psíquico y social del ser humano, entendidos en términos de las consecuencias de la enfermedad, el accidente o la edad, de lo cual se concluirá si el solicitante tiene efectivamente una discapacidad, una deficiencia, una minusvalía o se encuentra en óptimas condiciones de salud, donde la calificación será cero(25). Sin embargo, este derecho de toda persona no es de aplicación automática o genérica, sino que deben seguirse unas etapas que de manera muy general consisten en:
De esta manera, la calificación de la pérdida de capacidad laboral, siempre posterior al diagnóstico que excluye las probabilidades de rehabilitación, “debe considerar las condiciones específicas de cada persona, valoradas sistemáticamente, sin que sea posible establecer diferencias en razón al origen, profesional o común, de los factores de incapacidad. Igualmente, dicha valoración puede tener lugar no solo como consecuencia directa de una enfermedad o accidente de trabajo, claramente identificado, sino, también, de patologías que resulten de la evolución posterior de esta enfermedad o accidente, o, a su vez, por una situación de salud, inclusive de origen común”(26).
28. En el caso propio de las Fuerzas Militares, el artículo 217 de la Constitución establece en su inciso tercero que “la ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio”. Así este régimen está comprendido en diferentes normas, de donde se destacan la Ley 923 de 2004, y los Decretos 1793 y 1796 de 2000, y 4433 de 2004. El segundo de estos reglamentos define la capacidad psicofísica de los miembros del Ejército, la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval y la Policía Nacional como el “(...) conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y potencialidades de orden físico y psicológico que deben reunir las personas a quienes se les aplique el presente decreto, para ingresar y permanecer en el servicio, en consideración a su cargo, empleo o funciones”.
Además, debe agregarse que la conclusión a la que en cada uno de los casos arribe la respectiva junta, será en todos los casos un acto administrativo con todos sus efectos, “de carácter particular, los cuales pueden ser objeto de los recursos de la vía gubernativa, solicitar la revocatoria directa de los mismos y cuya legalidad puede ser desatada al interior de la jurisdicción contencioso administrativa, por medio de la nulidad y restablecimiento del derecho”(27). A través de este acto administrativo: “es deber de la junta médico laboral y el tribunal en última instancia determinar las lesiones sufridas del personal bajo el mando del respectivo comandante o jefe, circunscribiendo las circunstancias de modo, tiempo y lugar como se produjeron las lesiones. Así, éstas pueden ser: a. En el servicio pero no por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad y/o accidente común. b. En el servicio por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad profesional y/o accidente de trabajo. c. En el servicio como consecuencia del combate o en accidente relacionado con el mismo, o por acción directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional. d. En actos realizados contra la ley, el reglamento o la orden superior”(28).
29. Entonces, ya ha manifestado esta Corte que “la vulneración de los derechos fundamentales por la negación del derecho a la valoración no sólo ocurre cuando ésta se niega, sino cuando no se práctica a tiempo, complicando en algunos casos la situación del afectado. En ambas situaciones la consecuencia de negarlo o dilatarlo en el tiempo afecta gravemente a la dignidad humana poniendo a quien pretende ser beneficiario de la pensión de invalidez en una grave situación de indefensión. Y en caso de los miembros de las fuerzas militares, según jurisprudencia reiterada se puede vulnerar también este derecho cuando no se realiza una nueva valoración con el fin de actualizar el porcentaje de disminución, en el caso de patologías de desmejora progresiva en la salud”(29). De ahí que, si en el caso de los miembros de la Fuerza Pública su derecho a la calificación se ve vulnerado con la omisión de actualizar el porcentaje de pérdida de capacidad psicofísica, su trasgresión es aún mayor cuando no se le ha practicado siquiera por primera vez. Como ya se afirmó, su importancia radica en que se convierte en un requisito imprescindible para la reclamación de eventuales derechos prestacionales, que garantizan intrínsecamente derechos fundamentales como la salud o el mínimo vital. Ejemplo de lo anterior, sería la pensión de invalidez, que para los militares está regulada en el Decreto 1796 de 2000 donde se dispone:
“ART. 38.—Liquidación de pensión de invalidez para el personal de oficiales, suboficiales, agentes, y personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Cuando mediante junta médico-laboral o tribunal médico-laboral de revisión militar y de Policía, haya sido determinada una disminución de la capacidad laboral igual o superior al 75%, ocurrida durante el servicio, el personal a que se refiere el presente artículo, tendrá derecho, mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual, valorada y definida de acuerdo con la reglamentación que expida para el efecto el Gobierno Nacional, liquidada con base en las partidas establecidas en las normas que regulen la materia y de conformidad con los porcentajes que a continuación se señalan: (...)” (subrayado y negrillas fuera del texto original).
En el mismo sentido, la Ley 923 de 2004 estableció al respecto en su artículo 3.5 que: “El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su monto, será fijado teniendo en cuenta el porcentaje de la disminución de la capacidad laboral del miembro de la Fuerza Pública, determinado por los organismos médico laborales militares y de Policía, conforme a las leyes especiales hoy vigentes, teniendo en cuenta criterios diferenciales de acuerdo con las circunstancias que originen la disminución de la capacidad laboral. En todo caso no se podrá establecer como requisito para acceder al derecho, una disminución de la capacidad laboral inferior al cincuenta por ciento (50%) y el monto de la pensión en ningún caso será menor al cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables para la asignación de retiro” (negrillas y subrayado fuera del texto). Por ende, con la intención de establecer el alcance particular de esta última norma, y solventar cualquier tipo de confusión respecto al artículo 38 arriba transcrito, dijo esta corporación en la Sentencia T-829 de 2005 que:
“En consecuencia, aunque el régimen legal anterior no generaba el derecho a la pensión de invalidez a favor del miembro de la fuerza pública que tuviese una disminución de la capacidad laboral menor del 75%, y por tanto, solo se podía acceder a la misma cuando el porcentaje fuese igual o superior al 75%, a partir de la ley 923 de 2004, debe entenderse que esta situación se modificó, pues se reconoce que los miembros de la fuerza pública pueden optar por una pensión cuando la invalidez sea igual o superior al 50%. (...) En otras palabras, la normatividad vigente para los miembros de la fuerza pública, contempla una situación distinta en el sentido de reconocer la pensión de invalidez cuando la disminución de la capacidad laboral sea superior al 50%”(30).
31. Puesto esto de presente, debe señalarse que la junta médico laboral militar tiene que soportar su dictamen en los siguientes elementos: (i) La ficha médica de aptitud psicofísica, (ii) el concepto médico emitido por el especialista respectivo que especifique el diagnóstico, evolución, tratamiento realizado y secuelas de las lesiones o afecciones que presente el interesado, (iii) el expediente médico-laboral que reposa en la respectiva dirección de sanidad, (iv) los exámenes paraclínicos adicionales que considere necesario realizar y por último, (v) el informe administrativo por lesiones personales, según dispone el artículo 16 del referido Decreto 1796 de 2000, donde igualmente se debe dejar expresa constancia sobre la oportunidad para su realización, al indicar en su parágrafo que: “Una vez recibidos los conceptos médicos definitivos que determinen las secuelas permanentes, la junta medico laboral se deberá realizar a más tardar dentro de los noventa (90) días siguientes”. En el mismo orden de ideas, su artículo 19 enumera las causales por las cuales ocurrirá la convocatoria de una junta de esta índole, a saber: “1. Cuando en la práctica de un examen de capacidad psicofísica se encuentren lesiones o afecciones que disminuyan la capacidad laboral, 2. Cuando exista un informe administrativo por lesiones, 3. Cuando la incapacidad sea igual o superior a tres (3) meses, continuos o discontinuos, en un (1) año contado a partir de la fecha de expedición de la primera excusa de servicio total, 4. Cuando existan patologías que así lo ameriten, 5. Por solicitud del afectado” (negrillas y subrayado fuera del texto).
F. Alcance de la junta médica post mortem para calificar la pérdida de capacidad laboral de quien no logró efectuar el procedimiento en vida por negligencia de las autoridades encargadas.
G. Resolución del caso en concreto.
37. Lo dicho hasta aquí supone hacer una precisión preliminar consistente en que no existe en el caso revisado por la Sala una posible carencia actual de objeto por daño consumado por la muerte del soldado retirado Luis Carlos Fonseca Ochoa, debido a que el amparo revisado no busca tutelar los derechos fundamentales que fueron trasgredidos al difunto. De acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, la aludida circunstancia se presenta cuando “la vulneración o amenaza del derecho fundamental ha producido el perjuicio que se pretendía evitar con la acción de tutela, de modo tal que ya no es posible hacer cesar la violación o impedir que se concrete el peligro, y lo único que procede es el resarcimiento del daño causado por la vulneración del derecho fundamental”(31). Para ilustrar mejor, “la configuración de este supuesto ha sido declarada por la Corte, por ejemplo, en los casos en que el solicitante de un tratamiento médico fallece durante el trámite de la acción como consecuencia del obrar negligente de su E.P.S., o cuando quien invocaba el derecho a la vivienda digna fue desalojado en el curso del proceso del inmueble que habitaba”(32).
39.1. La señora Patricia Díaz Díaz es quien solicita que la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional lleve a cabo la junta médico laboral militar post mortem del fallecido soldado Luis Carlos Fonseca Ochoa. La peticionaria es la cónyuge supérstite de este último, con quien contrajo matrimonio religioso el día 27 de octubre de 2008. Entonces, además de ser la viuda del sujeto cuya pérdida de capacidad laboral sería evaluada, es la madre de los dos hijos menores de edad que esta pareja concibió en su tiempo de convivencia. Razones por las cuales, no sólo tiene ella un interés legítimo en que se califique el porcentaje de pérdida de capacidad laboral de su marido difunto, sino que es la representante legal de los dos hijos menores de ambos, por lo que se encuentra plenamente legitimada, no sólo para elevar una petición en este sentido, sino para obtener la debida respuesta, ya que en caso de verificar la autoridad correspondiente que hay derecho a una pensión de invalidez, o una indemnización por haber sido un accidente ocurrido durante la prestación del servicio, no cabe duda alguna de que los beneficiarios de uno u otro escenario no podrán ser otros que el núcleo familiar de la actora. En consecuencia, se tiene acreditado el primer requisito.
39.2. En segundo lugar, se tiene probado que la junta de valoración y calificación médico laboral del señor Luis Carlos Fonseca Ochoa no fue realizada mientras que este se encontraba con vida por razones meramente imputables a la entidad accionada, principalmente a la negligencia y apatía de esta frente a la situación, comportamientos que se contraponen drásticamente con la diligencia que el fallecido cónyuge de la actora demostró hasta la ocurrencia del siniestro que puso fin a su vida, y que continúa demostrando con celeridad y atención la señora Patricia Díaz Díaz. Baste, como primera muestra de esta situación, más que reprochable, que el fallecido cónyuge desde principios del año 2015 empezó a solicitar que se convocara a la junta médico militar para que esta determinara el porcentaje de capacidad laboral que éste habría perdido en su audición y vista, por la detonación de un explosivo en el aire mientras se encontraba prestando el servicio, pero ante la negativa si quiera a responderle se vio obligado a acudir a la acción de tutela para la protección de sus derechos, y que no obstante un fallo de tutela del 24 de abril de 2015 ordenó a la entidad realizar la junta médico militar en un término de ocho (8) días contados a partir de la notificación de la sentencia, no fue sino hasta el siguiente año, cuando de manera supremamente extemporánea y tardía el 10 de febrero finalmente programó la junta judicialmente ordenada para el día 07 de abril de 2016. Para ilustrar mejor el esmero del señor Fonseca Ochoa en hacer cumplir sus derechos, ante tal demora y desgano administrativo, procedió en ese tiempo a llevar a cabo por su propia cuenta todos los exámenes médicos rendidos por especialistas para ir ganando el mayor tiempo posible, supliendo hasta donde podía la apatía de la entidad accionada.
39.3. Finalmente, en lo referente al tercer y último presupuesto esbozado, esto es, que a pesar del fallecimiento del titular del derecho original se tengan todos los documentos necesarios para que la junta médico laboral militar pueda llevar a cabo su tarea como si el paciente continuara con vida, y dependiendo de la calificación que determine puedan configurarse las eventuales prestaciones causadas por la calificación de un porcentaje elevado de pérdida de capacidad psicofísica amparándose en los documentos existentes. Así, encuentra la Sala que a pesar de que la condición no se encuentra íntegramente probada con toda la documentación que enlista el artículo 16 del referido Decreto 1796 de 2000, esto es una situación subsanable con la aportación de los conceptos médicos e historias laborales faltantes, a saber:
(i) La ficha médica de aptitud psicofísica, debidamente diligenciada que se encuentra plenamente anexada en el expediente(33).
(ii) El concepto médico emitido por el especialista respectivo que especifica el diagnóstico, evolución, tratamiento realizado y secuelas de las lesiones o afecciones que presentó el señor Luis Carlos Fonseca Ochoa. Se encuentra aportada en el expediente parte de la historia clínica del paciente por una serie de tratamientos y valoraciones que fueron practicados en la Clínica La Milagrosa, de la ciudad de Santa Marta (Magdalena)(34) en el mes de marzo de 2010. Si bien, estos no resultan suficientes para constituir una historia clínica completa al no contener el desarrollo que hasta su muerte tuvieron los padecimientos médicos del entonces paciente, sino meramente exámenes valorativos de su condición en un determinado momento, tanto en el escrito de tutela como en su impugnación la señora Patricia Díaz Díaz indica que su cónyuge en vida y por su propia cuenta se practicó diferentes exámenes con médicos especialistas, al afirmar que “por su propia cuenta se realizó los conceptos médicos”(35) y se vio obligado a “realizar exámenes médicos particulares con el fin de resolver su situación médica”(36). Por lo cual, este requisito documental e indispensable podrá ser completado y solventado por parte de la actora al aportar estos conceptos médicos de especialistas a la entidad encargada de convocar a la junta médico laboral militar, para que así esta última los pueda tener en cuenta a la hora de efectuar su deliberación, completando así la historia clínica del difunto y desarrollar su tarea como si este continuara con vida.
1. CONFIRMAR PARCIALMENTE por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia del tres (3) de agosto de dos mil dieciséis (2016), proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá-Sala Laboral, y la sentencia del catorce (14) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, que encontraron vulnerado el derecho de petición de la señora PATRICIA DÍAZ DÍAZ.
2. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana, al mínimo vital y a la seguridad social de la señora PATRICIA DÍAZ DÍAZ y, en consecuencia, ORDENAR a la DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas posteriores a la recepción de los documentos a los que hace referencia el numeral tercero de las ordenes de la presente sentencia, convoque a junta médico laboral militar post mortem, con el fin de que se valore y califique la condición del ya fallecido señor LUIS CARLOS FONSECA OCHOA, para que sin mayor dilación lleve a cabo una valoración integral sobre la patología médica que en vida lo afligió, y con ello califique el porcentaje de pérdida de capacidad psicofísica que este sujeto sufrió. En el mismo sentido, el acto administrativo que califique esta situación deberá ser notificado a la accionante en un término no mayor a setenta y dos (72) horas, posteriores a su adopción.
3. INSTAR a la señora PATRICIA DÍAZ DÍAZ para que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 39.3 de las consideraciones de esta providencia, allegue a la DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta sentencia la historia clínica completa del señor LUIS CARLOS FONSECA OCHOA, así como los conceptos médicos que diferentes especialistas rindieron al valorar y tratarlo, para así poder llevar a cabo la junta médico laboral militar en los términos de la orden dispuesta en el numeral inmediatamente anterior. Adicionalmente, ADVERTIR a la señora PATRICIA DÍAZ DÍAZ que en caso de no aportar la documentación referida será inviable convocar a la junta médico laboral militar solicitada, toda vez que sin esta información no podrá realizar la valoración y calificación aspiradas.
4. ADVERTIR al EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA, que en caso de que la junta médico laboral militar post mortem califique la situación del señor LUIS CARLOS FONSECA OCHOA con un porcentaje de pérdida de capacidad psicofísica suficiente para el reconocimiento de una pensión de invalidez, o en su defecto para haber sido acreedor de una indemnización, se disponga a reconocerla directamente y a causarla en cabeza de quien proceda, siempre y cuando se evidencie que se encuentran plenamente cumplidos los requisitos legales necesarios para ser titular de este tipo de derechos que se encuentran ante todo supeditados a la acreditación de condiciones señalada.
Rocío Loaiza Milán, Secretaria General.
1 Es conveniente señalar que en el expediente figura copia del examen médico ocupacional de retiro del señor Luis Carlos Fonseca Ochoa (difunto cónyuge de la accionante), aportado por la actora y fechado el 27 de enero de 2014. Dicho documento indica que la desvinculación del soldado profesional tiene lugar “por tiempo cumplido”.
2 Se hace referencia al fallo en el escrito de tutela pero no se indica que autoridad lo profirió, ni tampoco se presenta copia de la sentencia de tutela en los anexos de la demanda que se enlistan en el escrito, ni consta en el expediente.
4 Fl. 10.
5 Fls. 28 y 29.
6 Según consta en el cdno. ppal. 1 de 1, fl. 61.
7 Ver, entre otras, sentencias T-119/15, T-250/15, T-446/15 y T-548/15, y T-317/15.
8 Acerca del perjuicio irremediable, esta Corte ha señalado que, debe reunir ciertos requisitos para que torne procedente la acción de tutela, a saber: “(i) que se trate de un hecho cierto e inminente; (ii) que las medidas a tomar deben ser urgentes; (iii) que la situación a la que se enfrenta la persona es grave; y finalmente (iv) que las actuaciones de protección han de ser impostergables”. Sentencia T-896 de 2007.
9 Sentencia SU-961/99.
10 Sentencia T-603/2015.
12 Cfr. Sentencia T-113/2013.
13 Cfr. Sentencia T-471/2014.
15 Cfr. Sentencia T-326/2013.
16 Sentencia T-242/93.
17 Sentencia T-172/2013.
18 Sentencia T-369/2013.
19 Sentencia T-369/2013.
20 Sentencia T-369/2013.
21 Sentencia T-149/2013.
22 Ver Sentencia T-671/2012.
23 Sentencia T-332/2015.
24 Sentencia T-038/2011.
25 Artículo 9º, Decreto 917/99.
26 Sentencia T-876/2013.
27 Sentencia T-958/2012.
29 Sentencia T-696/2011.
30 Sentencia T-829/2005.
31 Sentencia T-358/2014.
32 Sentencia T-011/2016.
33 Fls. 24-27.
34 Fls. 13-23.
35 Fl. 1.
36 Fl. 84.

References: artículo 86
 artículo 86
 artículo 23
 artículo 14
 artículo 23
 artículo 14
 artículo 86
 artículo 6
 resolución 
 artículo 217
 artículo 3
 artículo 38
 artículo 16
 artículo 19
 Resolución 
 artículo 16
 Artículo 9