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Timestamp: 2020-05-28 16:13:17+00:00

Document:
El señor ESCALONA (Presidente).- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre creación del Servicio Nacional Forestal, CONAF, con informe de las Comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7486-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Agricultura y Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas: sesión 25ª, en 14 de junio de 2011.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal del proyecto es crear el Servicio Nacional Forestal, transformando la actual Corporación Nacional Forestal, CONAF, en un servicio público descentralizado, dependiente del Ministerio de Agricultura, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo octavo transitorio de la ley N° 20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.
El aludido artículo octavo transitorio señala que "el Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional uno o más proyectos de ley por medio de los cuales se cree el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y se transforme la Corporación Nacional Forestal en un servicio público descentralizado.". Ambas iniciativas se encuentran en tramitación legislativa en el Senado.
Las Comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas, señalan en su informe que aprobaron la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Honorables señoras Allende, Alvear y Rincón y señores Coloma, García, Horvath, Larraín (don Carlos), Navarro y Quintana, y el entonces Senador señor Longueira.
Asimismo, dejan constancia de que, antes de la aprobación general de la iniciativa, los Senadores de la Concertación hicieron entrega al señor Ministro de Agricultura de un documento con sugerencias que perfeccionan el texto del proyecto y que aborda diversos temas sobre la materia, respecto de algunos de los cuales dicho Secretario de Estado expresó la disposición del Ejecutivo en orden a formular las indicaciones pertinentes.
Del mismo modo, dejan testimonio de la respuesta del Gobierno a los planteamientos que se detallan en el informe. Y el señor Ministro reiteró la voluntad del Ejecutivo de analizar, durante la discusión particular, las mejoras que el proyecto amerite.
Cabe tener presente que los artículos 1°, inciso final, 3°, 6°, 7° y 8° son normas de rango orgánico constitucional, por lo que para su aprobación requieren 21 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en el informe de las Comisiones unidas y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor ESCALONA (Presidente).- Hago presente a la Sala que la urgencia de "discusión inmediata" vence hoy. De manera que, de no ser retirada, la iniciativa tendrá que votarse en esta sesión.
El señor PIZARRO.- Podemos votarla mañana.
El señor NAVARRO.- Si se vota ahora, se va a perder.
El señor ESCALONA (Presidente).- Lo dicho no deja de ser un problema, porque debe pasar a la Comisión de Hacienda inmediatamente después de aprobada en general.
El señor Ministro de Agricultura subrogante solicita autorización para que ingresen a la Sala el Director Nacional de CONAF, señor Eduardo Vial Ruiz-Tagle, y el asesor señor Andrés Meneses.
El señor NAVARRO.- Me opongo.
El señor COLOMA.- ¿Por qué?
El señor ESCALONA.- No existe unanimidad para acceder a esa solicitud.
El señor NAVARRO.- En la seremía de Obras Públicas de mi Región se me niega la entrada.
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura subrogante.
El señor CRUZAT (Ministro de Agricultura subrogante).- Señor Presidente, el Ejecutivo ha sometido a consideración del Senado la iniciativa en debate, que crea el Servicio Nacional Forestal y que responde, fundamentalmente, a las exigencias de la ley del Ministerio del Medio Ambiente, de enero del 2010. Con su envío, el Gobierno da cumplimiento a dos condiciones esenciales solicitadas en ese entonces por el Poder Legislativo: transformar la Corporación Nacional Forestal en un servicio público y continuidad y respeto de los derechos de los trabajadores de la CONAF.
Así, en enero de 2011 se tramitó al Congreso la normativa para transformar el Servicio Nacional Forestal en un ente público, junto con la que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas.
Para el Ejecutivo, es primordial reforzar y potenciar el servicio forestal, más aún considerando los tremendos desafíos del país en cuanto a la protección de áreas silvestres de incendios, además de los requerimientos a que se refiere la Ley de Fomento Forestal, cuya vigencia fue renovada por el Congreso y que vence a fines del año en curso.
Para ejecutar esa tarea, resulta imprescindible hacernos cargo del desafío de potenciar a la CONAF y cumplir con el mandato que nos impuso, por lo demás, el mismo Parlamento.
En las Comisiones unidas de Agricultura y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales se discutió acerca de un hecho relevante: mediante este proyecto se crea la CONAF como servicio público, pero es en otras iniciativas donde se abordarán todas las necesidades en materia forestal, entre ellas el imperativo de modificar lo relativo a los incendios, de potenciar una nueva Ley de Fomento Forestal, en fin.
Lo que sí está claro es que el Ejecutivo piensa que iniciar el debate de esas otras leyes sectoriales sin abordar el problema de la CONAF pública constituiría un error y una inconsistencia desde el punto de vista de lo que el propio Congreso le ha exigido.
Por lo tanto, dado que el proyecto se ha analizado por aproximadamente un año y tres meses en el Senado, y habiéndonos hecho cargo de distintas materias que voy a precisar en mi exposición, nos parece importante que la Cámara Alta se pronuncie respecto de la idea de legislar sobre la nueva institucionalidad del sector forestal.
El Ejecutivo está dispuesto -así lo ha manifestado- a patrocinar indicaciones tendientes a fortalecer las atribuciones del nuevo Servicio Nacional Forestal, CONAF, como se señala en el texto que Sus Señorías conocen y que se ha hecho llegar a Senadores tanto de la Oposición como de la Coalición por el Cambio.
En lo concerniente a la aspiración de relevar el sector forestal, el Gobierno también estima indispensable potenciar al organismo asesor del Ministro en materia forestal, y está disponible para que en la futura discusión de la institucionalidad del Ministerio de Agricultura pueda consagrarse por ley el Consejo Chile Potencia Forestal Sustentable. Este constituye una gran aspiración, pues contribuirá a poner de relieve y en buen pie la importancia del sector forestal en nuestra repartición.
Por otra parte -según expresó el titular de la Cartera-, con la nueva denominación que se piensa darle -"Ministerio de Agricultura, Alimentos y Recursos Forestales"-, se pretende no solo representar algo simbólico, sino que se traduzca también en la tarea de dejar el ámbito forestal en condiciones tales que se lo reconozca como un sector relevante dentro de nuestra Secretaría de Estado a lo largo del país.
Con relación a las demandas de los trabajadores de la Corporación Nacional Forestal, se han comprometido esfuerzos para elaborar un plan de retiro, equivalente al ejecutado en 2011, para los años 2012 y 2013. Con ello se espera incentivar el retiro del personal en edad de jubilar, normalmente situado en grados altos, y reemplazarlo por profesionales ubicados en grados más bajos. De esta manera se liberarán recursos para mejorar la situación de algunas personas a fin de que queden mejor encuadradas en el nuevo Servicio.
De otro lado, en atención a una solicitud planteada en conversaciones con algunos señores Senadores miembros de las Comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente, se ha dispuesto reforzar el Servicio de Guardaparques con más de 370 millones de pesos adicionales para jornadas extraordinarias y potenciar y dignificar el trabajo de los guardaparques como tarea fundamental de la CONAF.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se ruega a quienes nos acompañan en las tribunas no hacer manifestaciones.
El señor CRUZAT (Ministro de Agricultura, subrogante).- El compromiso de la Cartera de Agricultura en materia presupuestaria, evidentemente, tiene que ser abordado en la discusión de la Ley de Presupuestos. En la de este año, se dio una señal importante al autorizar un mayor gasto para el Servicio, a fin de cubrir las importantes tareas impuestas por el combate de incendios.
Por lo tanto, hay un compromiso de priorización para el próximo proyecto de Ley de Presupuestos, que estudiaremos el año en curso y que va a regir en el 2013.
Nos parece relevante establecer, una vez más, que es imposible arreglar toda la situación del sector forestal mediante la discusión de la iniciativa legal que mandata convertir la CONAF de corporación privada a servicio público.
Esperamos la buena voluntad del Senado para iniciar el debate y, como lo señalé al comienzo de mi intervención, recibir las indicaciones y patrocinar las que permitan fortalecer la institucionalidad forestal.
Por lo tanto, solicitamos a la Sala que considere la posición del Ejecutivo y se dé inicio a una discusión que permita potenciar en Chile una nueva institucionalidad forestal, gracias al trabajo legislativo y, obviamente, con el apoyo del Ejecutivo.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, hoy día nos corresponde votar la idea de legislar sobre la creación del Servicio Nacional Forestal, también llamado "CONAF pública".
A mi juicio, hay razones extraordinariamente importantes que nos deben hacer votar favorablemente la iniciativa.
Cabe informar a la Sala que el Tribunal Constitucional, a lo menos en dos fallos, ha conminado a los Poderes colegisladores -Ejecutivo y Legislativo- a resolver lo que ellos consideran una inconstitucionalidad manifiesta.
La CONAF, en cuanto corporación de Derecho Privado, se encuentra ejerciendo potestades públicas, y eso no puede mantenerse en el tiempo.
El Tribunal Constitucional, al analizar el proyecto sobre recuperación de bosque nativo y fomento forestal, en julio de 2008, señaló en algunos de sus considerandos que el proyecto atribuye a una entidad privada la facultad de decidir la limitación a un acto de ejercicio del derecho de dominio, pudiendo autorizar o denegar la realización de actos que, de otro modo, se entenderían formando parte de los derechos del propietario, lo cual implica el ejercicio de potestades públicas que no puede ejercer una entidad privada.
Agregó que el artículo octavo transitorio, en sus incisos segundo, tercero, quinto, sexto y séptimo, prohíbe intervenir o alterar un determinado hábitat sin previa autorización de la CONAF, autorización que por los mismos motivos ya esbozados -es decir, por el carácter privado de esta Corporación- solo cabe otorgar o denegar a una autoridad pública.
En el considerando Decimoquinto, dice: "Que, en atención a lo expuesto y razonado, concluimos necesariamente que las atribuciones que el proyecto de ley otorga a la Corporación Nacional Forestal y que se han indicado en los dos considerandos" -a que hice alusión recientemente- "corresponden a potestades públicas que, conforme lo exige la Carta Fundamental, sólo podrá ejercitar CONAF cuando ella forme parte de la Administración del Estado, sea por aplicación de lo dispuesto en el articulo 19 de la Ley N° 18.348 o lo que la legislación disponga en el futuro".
Luego, el mismo Tribunal Constitucional, al resolver una declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 21 del decreto ley N° 701, sobre fomento forestal, señaló:
"Que la Corporación Nacional Forestal, CONAF, incontestablemente mantiene su naturaleza de persona jurídica de derecho privado, no obstante estar constituida por entidades pertenecientes a la Administración del Estado".
Más adelante, añadió: "La cuestión aquí es si, a la luz de la Constitución, puede la ley radicar permanentemente la titularidad de sendas potestades públicas en una corporación de derecho privado, con habilitación para emitir actos unilaterales e imperativos que afectan concretamente a terceros particulares".
La mayoría de los Ministros, apuntando a la misma anomalía, sostuvo que: "Aunque por razones de seguridad jurídica, asociadas a la necesidad de mantener algunas situaciones ya consolidadas, junto a la voluntad de no afectar el rodaje de las instituciones, esa vez, a cambio de una inconstitucionalidad, cuya declaración podría ocasionar mayores perjuicios...".
En aquel fallo, el Tribunal Constitucional resaltó el hecho de que la ley N° 20.417, "recaída en materia de medio ambiente, en su artículo octavo transitorio disponga que: "Dentro del plazo de un año desde la publicación de esta ley, el Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional uno o más proyectos de ley por medio de los cuales se cree el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y se transforme la Corporación Nacional Forestal en un servicio público descentralizado".".
Por lo tanto, hay dos fallos del Tribunal Constitucional, y uno del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que señalan que la CONAF no puede seguir cumpliendo funciones públicas por su carácter de corporación de Derecho Privado. Otro tanto ha planteado la Contraloría General de la República.
Es decir, debemos poner al día nuestra legislación, acorde con las normas constitucionales. Y, claramente, la CONAF no está cumpliendo con dichas disposiciones, lo cual le impide ejercer todas las potestades públicas necesarias para la preservación, conservación y administración de nuestros parques nacionales y bosques.
Señor Presidente, entiendo perfectamente bien la inquietud de los funcionarios de la CONAF. Muchos tienen varios años de experiencia laboral. Ellos son los que han protegido nuestros bosques y la biodiversidad.
La creación de la CONAF pública, de alguna manera, se ha visto fuertemente afectada por la del Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas, donde hay todavía mayores cuestionamientos.
Asimismo, se pretende que los guardaparques -entre 400 a 500 personas- pasen, el día de mañana, a depender del nuevo Servicio de Biodiversidad. Y es precisamente eso lo que les genera preocupación, porque van a tener un doble traspaso: de la CONAF privada a la pública y, probablemente, el día de mañana, si se aprueba la creación del Servicio de Biodiversidad, de la CONAF pública a este último. Y yo siento que, a pesar de todo el tiempo que le dedicamos a este asunto en las Comisiones unidas de Medio Ambiente y de Agricultura, nos ha faltado claridad -y en eso incluyo al Ejecutivo-, de tal manera de poder garantizar mejor los derechos laborales y, también, de atender algunas demandas que han presentado los dirigentes sindicales, los trabajadores a través de sus gremios, lo cual, finalmente, ha impedido que esta iniciativa sea tratada con mayor celeridad, por lo menos aquí, en la Sala.
Debo decir que este proyecto fue aprobado en general por las Comisiones unidas hace ya varios meses y que efectivamente los parlamentarios de la Concertación hicieron prevención al momento de votarlo. Pero sí creo -y en eso tengo convicción- que lo peor que podríamos hacer en materia de institucionalidad forestal es rechazar la idea de legislar. Lo que corresponde, a mi juicio, es aprobar en general la iniciativa y luego trabajar junto al Ejecutivo, con mayor dedicación y profundidad todavía, para poder responder satisfactoriamente la mayoría de las demandas -muchas de ellas muy legítimas- que han planteado los dirigentes sindicales, los dirigentes gremiales, y que representan el sentir de los trabajadores.
El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde ahora el uso de la palabra a la Senadora señora Rincón.
El señor ESCALONA (Presidente).- ¡Quiero advertir a las tribunas que han agotado su reserva de aplausos...! ¡Aplaudieron en cuatro ocasiones a la Senadora Rincón, así que en lo sucesivo no serán permitidas nuevas manifestaciones...!
Hago presente que el Honorable señor Andrés Zaldívar ha solicitado abrir la votación.
Yo tengo la obligación de consultar a la Sala y recordar que, una vez que ello ocurre, se inicia un proceso irreversible.
El señor PIZARRO.- Correcto.
El señor ESCALONA (Presidente).- La urgencia del proyecto vence hoy y aún nos encontramos en la discusión general.
Por lo tanto, aprovechando que ha llegado a la Sala el señor Ministro Secretario General de la Presidencia -quien ahora se halla en una conferencia con su ex colega de Gabinete, la actual Senadora Von Baer-, quiero manifestarles a él y al señor Ministro de Agricultura subrogante que, tratándose de un proyecto complejo, de nueve artículos permanentes y diez transitorios, sería imposible para el Senado, una vez resuelta la votación general, pasar a la fase del debate particular.
No me quiero adelantar pero, de todas maneras, pido al Ejecutivo que tenga presente esta situación, ya que los plazos se podrían agotar doblemente en el curso de esta misma sesión.
Como dije, se ha solicitado la apertura de la votación.
Por lo tanto, si le pareciera a la Sala, se procedería en esos términos.
El señor HORVATH.- No, señor Presidente, yo no doy mi acuerdo.
Si se acoge la solicitud de apertura de la votación, se impedirá que los planteamientos que hagan los señores Senadores en relación con esta iniciativa reciban una solución o por lo menos un adelanto de solución por parte del Ejecutivo.
La idea de un debate es lograr algunos compromisos en la Sala y, si se abre la votación, no será posible esa instancia.
El señor LETELIER.- ¡Eso ya se hizo!
El señor HORVATH.- No en la Sala, señor Senador.
El señor LAGOS.- ¡Se ha hecho por mucho tiempo, Senador!
El señor ESCALONA (Presidente).- Estimado Senador Horvath, el Presidente de la Corporación solo está cumpliendo el Reglamento.
El señor HORVATH.- Lo sé, señor Presidente. Pero estoy planteando mi objeción.
El señor ESCALONA (Presidente).- El Senador Zaldívar solicitó abrir la votación.
El señor HORVATH.- Y yo no doy mi acuerdo.
El señor COLOMA.- Ya hay una objeción, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Exacto. Se requiere la unanimidad de la Sala para proceder a la apertura de la votación y en este momento no la hay.
El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Para un punto de Reglamento, Su Señoría? Porque la lista de inscritos es larga.
El señor PIZARRO.- Deseo consultar a la Mesa si hay permisos constitucionales vigentes y cuántos votos se necesitan, dado que el proyecto contiene normas de carácter orgánico constitucional.
El señor ESCALONA (Presidente).- Hay varios artículos con ese rango, señor Senador, para los cuales se requieren 21 votos favorables.
Bien, como no ha habido acuerdo unánime para abrir la votación, continúa el debate con los oradores inscritos.
En la lista figura enseguida la Senadora señora Alvear, a quien le cedo el uso de la palabra.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, cabe recordar que este proyecto fue presentado por el Ejecutivo en cumplimiento del artículo octavo transitorio de la ley que creó el Ministerio del Medio Ambiente.
Dicho cuerpo legal, tan fundamental, estableció que dentro del plazo de un año era imprescindible que el Ejecutivo presentara dos iniciativas legales: una para crear un servicio forestal, en remplazo de la CONAF, y otra para crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas.
Exactamente al cumplirse el año, el señor Presidente de la República envió ambas iniciativas legales al Congreso y hemos realizado -como indicó el Senador García- muchas sesiones en las Comisiones unidas de Medio Ambiente y de Agricultura.
El señor ESCALONA (Presidente).- Perdón, señora Senadora. Pido que las conversaciones bilaterales no se desarrollen en el centro del Hemiciclo, pues eso, naturalmente, atenta contra el buen desarrollo del debate.
Puede proseguir, señora Senadora.
La señora ALVEAR.- Gracias, señor Presidente. Espero que me descuente el tiempo perdido por las interrupciones.
Siguiendo con mi intervención, quiero decir que durante la discusión habida en las Comisiones unidas, en las numerosas sesiones que desarrollamos, no hubo ningún experto que no manifestara sus aprensiones y, más bien, que no dejase de mostrarse contrario, no solo del Servicio Nacional Forestal, sino también del Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas.
Y una de las razones fundamentales por las cuales todos manifestaron dicha opinión -organizaciones no gubernamentales, expertos del PNUD, profesores especialistas en el tema de las más diversas universidades- obedeció a que los proyectos respectivos producían una confusión enorme entre las atribuciones de uno y otro organismo.
¡Imagínense, estimados colegas, lo que significaría, si se aprobasen ambas iniciativas legales, que un servicio tuviera las mismas atribuciones que otro!
¡No podemos legislar de esa manera, señor Presidente! Y esto es de vital importancia.
Todos estamos conscientes de que resulta fundamental crear un Servicio Nacional Forestal, clave para nuestro país, pero no a través de cualquier proyecto de ley.
Y es por eso que nosotros, señor Presidente, con la mejor disposición y -debo decirlo- con la permanente presencia de parlamentarios de la Oposición, al menos de la gran mayoría, en las sesiones de las Comisiones unidas -muchas de ellas suspendidas por falta de quórum-, seguimos adelante el estudio de este proyecto, en la búsqueda de la posibilidad de lograr un acuerdo. Y dado que en su momento el Ejecutivo nos dijo "Estamos disponibles para avanzar en un acuerdo; vótenlo en general en la Comisión", continuamos trabajando por alcanzarlo.
Señor Presidente, dicho acuerdo contenía cuatro puntos, de los cuales se deja constancia en el informe de las Comisiones unidas.
Primero, realizar un estudio simultáneo de este proyecto, el del Servicio Nacional Forestal, y del que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas. Porque si todos los expertos nos señalan que se están repitiendo funciones o que hay labores contradictorias, es evidente que necesitamos trabajar ambas iniciativas para evitar que ello ocurra.
Segundo, incorporar en el informe de este proyecto de ley la propuesta que formulamos los Senadores de la Oposición y las indicaciones -quiero que la Sala lo escuche muy bien- que el Gobierno se comprometió a patrocinar para mejorar su texto. O sea, la idea era considerar no solo aquella sugerencia, sino también las proposiciones que el Ejecutivo iba a hacernos llegar.
Tercero, "antes de votar" -leo textualmente, señor Presidente- "en general el presente proyecto de ley en la Sala del Senado, que el Gobierno presente un informe financiero más completo, en el que se precisen y se detallen todos" -todos- "los gastos asociados a la implementación de este Servicio con todas sus funciones y atribuciones.". ¡No lo tenemos!
Cuarto, que haya claridad respecto de la situación de los trabajadores de la CONAF y, en especial, sobre la planta del Servicio Nacional Forestal.
¡Señor Presidente, no nos satisface la propuesta del Gobierno!
Esta iniciativa legal es de la mayor envergadura, y ha sido motivo de profunda preocupación el que no se dé respuesta a través de ella a la necesidad de resolver temas clave para generar una nueva institucionalidad. Por ejemplo, la sustentabilidad en el desarrollo del sector forestal; las deficiencias en la determinación de competencias; la falta de especificidad en funciones y objetivos, como también las condiciones laborales de los trabajadores del nuevo Servicio.
Además, en el transcurso de la discusión, fue motivo de especial preocupación la superposición de las competencias -como ya lo señalé- en asuntos de conservación ambiental, en general, y de biodiversidad y de áreas protegidas, en particular, ya que era un aspecto que el Ejecutivo no pudo despejar en la discusión de las Comisiones unidas -donde el punto lo abordamos durante toda la sesión- y que puede significar duplicidad de competencias.
En ese sentido, la nueva institucionalidad que se crea en materia forestal y de biodiversidad debe delimitar claramente las competencias que se establecen, las cuales tienen que expresarse de la siguiente manera: uno, un servicio forestal destinado al uso sustentable de los recursos forestales del país; dos, un servicio de biodiversidad que tienda a la protección de la diversidad biológica, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental; tres, un sistema de áreas protegidas para la conservación, administración y seguimiento de una muestra representativa de la biodiversidad y el patrimonio ambiental contenido en áreas públicas y privadas, marinas y terrestres, definidas como representativas y prioritarias.
En definitiva, señor Presidente, el proyecto carece de especificidad en lo que respecta a las funciones del Servicio. En efecto, su articulado es inconsistente y no condice del todo con el órgano que se está planteando.
En esta materia se deberían definir los alcances de ciertos conceptos, como qué se entiende por "preservación", "conservación", "protección", "desarrollo sustentable de los recursos forestales y los demás recursos relacionados". Además, se tendría que especificar y ampliar las vinculaciones entre los usos productivos y otras funciones de la cubierta vegetal, por ejemplo, la gestión de cuencas, la conservación de suelos, la prevención y atención de desastres (inundaciones, sequías, terremotos, incendios forestales, deslizamientos en masa o tsunamis), la gestión de plagas, la generación de bienes y servicios ambientales (tales como fijación de carbono, turismo de naturaleza, producción y calidad de aguas), al igual que el abastecimiento de leña, la producción de energía, entre otros asuntos.
Muchas de estas materias, señor Presidente, además de su valor de conservación, también pueden tener una vertiente productiva.
En la iniciativa que se somete a la consideración de esta Sala, faltan aquellos temas de carácter sustantivo. Y falta explicitar cuál es el objeto de preocupación del Servicio, ya que el proyecto señala una multiplicidad de funciones sin determinar con exactitud el objeto de la preocupación central. Alude a múltiples conceptos, sin explicación ni coherencia, a lo largo de su desarrollo.
En lo relativo al régimen jurídico -y no me voy a explayar en este punto porque la Senadora Rincón ya se refirió a él- en que quedarán los actuales trabajadores de la CONAF, como aquellos que ingresarán al Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas, se puede observar una dualidad de regímenes estatutarios para el personal del Servicio Nacional Forestal, al que se le hacen aplicables tanto normas del sector privado como del sector público, no obstante cumplir funciones públicas.
De esta manera, se mantiene aquello que la misma iniciativa y todos queremos evitar, y que ha sido cuestionado: el carácter mixto de las regulaciones de la Corporación Nacional Forestal.
Señor Presidente, no quiero seguir agregando más elementos en relación con los estatutos laborales; pero no puedo dejar de mencionar que los estatutos laborales privado y público, que se mantendrían en esta situación poco clara, se rigen por normas de interpretación y de aplicación en forma sustancialmente diferente. No puede, entonces, quedar establecida esa dualidad porque se prestaría para una tremenda confusión.
Así, el proyecto en análisis -y debo decirlo- se transforma en un híbrido normativo de las reglas aplicables al personal del Servicio Nacional Forestal, lo que, en verdad, hace preferible la dictación de un estatuto jurídico integral de las condiciones de trabajo y remuneraciones de los funcionarios de ese organismo.
Señor Presidente, durante más de un año presentamos estas propuestas al Ejecutivo, y continuamos celebrando sesiones para los efectos de seguir escuchando a expertos. Y hace dos semanas aquel mandó algunas proposiciones, las que -tal como lo señaló acá el Ministro de Agricultura subrogante- no satisfacen aquellas peticiones que explícitamente manifestó la Oposición y que se comprometieron a aclarar en el curso del trabajo de las Comisiones.
Por ello, he sugerido al titular del Interior y al Ministro de Agricultura subrogante que, si existe voluntad por parte del Ejecutivo para mejorar esta iniciativa, la enviemos de vuelta a las Comisiones unidas al objeto de analizarla. De lo contrario, yo no estoy disponible para transformar a la CONAF en un Servicio Nacional Forestal sobre la base de una ley mala, porque todos nos hacemos corresponsables de aquello.
El señor ESCALONA (Presidente).- A continuación, está inscrito el Honorable señor Horvath, quien había sido borrado de la pantalla porque pidió intervenir para referirse a un aspecto reglamentario.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, en primer lugar -y no es la primera vez que lo hago-, quisiera destacar la labor pionera de la Corporación Nacional Forestal en Chile, que es un país de montañas y que desde La Conquista ha estado en un proceso permanente de quemas, de vulneración de bosques.
Sin embargo, de acuerdo a la historia chilena, ha habido también una reacción positiva en ese sentido. Así, tenemos que en el año 1907 se generó la Reserva Forestal Malleco; después vino la labor pionera de don Federico Albert, quien ya en su época, a principios del siglo XX, reconoce más de 11 millones de hectáreas quemadas en nuestro país e inicia procesos de reforestación, cifra que va subiendo rápidamente (hay mucha bibliografía sobre el particular). En 1931 se establece la Ley de Bosques.
En lo concerniente a la leña, que constituye una de las principales fuentes de energía en Chile y de las más económicas, lleva asociado un deterioro del bosque nativo y también un problema social, por la informalidad que tiene.
El resultado de ello es que hoy día existe un proceso de erosión en todas las Regiones de Chile, siendo uno de los problemas ambientales más significativos y que menos se aprecia. Estamos perdiendo la "piel" del país -por así decirlo- en 48 millones de hectáreas.
Hay gente pionera en este sentido: Rafael Elizalde, Claudio Donoso, Tomás Monfil, Harald Schmidt, por mencionar solo algunos.
Esa es la perspectiva que no queremos perder, además de considerar las cifras que nos han entregado acá Senadores de todos los sectores.
La obligatoriedad de tener una CONAF pública, un Servicio Nacional Forestal, viene desde hace muchos años. De hecho el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado no entra en vigor porque no tenemos una CONAF que opere en ese ámbito. Me refiero a la ley N° 18.362.
El Presidente de las Comisiones unidas señaló que tenemos la obligación de contar con una CONAF pública. Dicha obligatoriedad la adquirimos al tratar la Ley del Bosque Nativo.
Sin embargo, es menester explicitar en mejor forma los compromisos. El trabajo realizado por las Comisiones unidas y los temas que se han planteado deben verse reflejados en acuerdos claros y explícitos en esta sesión, con el objeto de poder tomar decisiones.
Voy a nombrar solamente algunos de ellos.
En primer lugar, haré mención a la labor de los guardaparques. Ellos requieren un verdadero estatuto para relevar la actividad que ejercen y con la cual protegen a más del 19 por ciento del territorio nacional (me refiero a la parte continental), con una precariedad de medios que es franciscana. Esto último lo sabemos todos.
Asimismo, tenemos un tema nuevo: los bonos de carbono. ¿Qué institución en este momento en Chile se hace cargo de llevar adelante los mecanismos de desarrollo limpio, la forestación y recuperar todos esos gastos a través de los bonos de carbono que se transan a nivel internacional?
En cuanto a los incendios, se ha planteado la necesidad de legislar al respecto, pero la verdad es que hay que empoderar a la CONAF en ese sentido.
También se ha señalado en la discusión, y ahora lo volvemos a traer a la Sala, la planificación estratégica. "Planificación" es una palabra tabú hoy día en nuestro país. Se la entiende como frenar cualquier emprendimiento, cuando en el fondo se frenan solos toda vez que existen incompatibilidades.
A la CONAF le corresponde una labor fundamental en lo que se refiere al manejo integrado de cuencas; al ordenamiento territorial; a la normativa sobre protección de suelos, que se encuentra pendiente hasta el día de hoy y que estaba contemplada en la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
La leña, por su parte, hay que manejarla como un recurso renovable, como biomasa, con la formalización del sector.
También tenemos todo lo relacionado con la creación de una Subsecretaría Forestal. Sabemos que el actual Subsecretario, que hoy nos acompaña como Ministro subrogante, ejerce dicha labor, sin que lo establezca la ley, pero se requiere una Subsecretaría. Puede que ella no nazca con cargo a esta normativa, dadas sus ideas matrices, pero sí se necesita un compromiso en tal sentido.
Luego existe un programa de arborización urbana. Esta materia ya se encuentra relevada en libros como Temas de la cultura chilena, de don Luis Oyarzún, donde se habla de un "acendrado odio del chileno al árbol". Tratar de salvar un árbol en un sector urbano o en la vía pública es una tarea de titanes: es muy, muy difícil. Al respecto, tenemos una iniciativa sobre protección al árbol que actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados y que perfectamente puede ser incorporada como indicación en esta ley en proyecto.
Entre otras materias está la superposición de competencias entre el Servicio Nacional Forestal y el Servicio de Biodiversidad. En este sentido hay que ser francos. El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas se halla muy inmaduro. No es un proyecto de ley que se preste para sacarlo rápido. Existe un consejo técnico donde participan los parlamentarios con los representantes del Ministerio del Medio Ambiente y de las otras Carteras que se encuentran comprometidas con esta materia, pero no se ha adelantado lo suficiente. Por eso, me parece mucho más razonable en este minuto lograr un acuerdo para empoderar a la CONAF, como corresponde, y en forma posterior analizar la otra iniciativa.
En cuanto a los derechos de los trabajadores, otro de los compromisos alcanzados formalmente en el Congreso, es preciso dejarlos absolutamente transparentes.
Aquí se ha empleado a modo de comparación el Servicio Agrícola y Ganadero. Ahí hay temas clave: asegurar todos los derechos de los trabajadores en este nuevo Servicio Nacional Forestal, por ejemplo, aquellos que tienen adquiridos a todo evento. Van a tener una situación distinta -se supone mejor- que el resto de la administración pública. Sin embargo, quedan asuntos pendientes o por aclarar en el área de los profesionales y otros puntos que se están planteando.
En resumen, estimamos que esta es una gran oportunidad para tener una Corporación Nacional Forestal, ahora Servicio Nacional Forestal, empoderado, con una CONAF verdaderamente regionalizada. Además, uno de los temas permanentes es la diferenciación entre pequeños propietarios forestales y los grandes emprendimientos. Al igual como Agricultura tiene un INDAP y un SAG, en la CONAF necesitamos una figura parecida. Es la oportunidad de hacerlo.
En este sentido, le planteo derechamente al Ejecutivo -por su intermedio, señor Presidente- que haya una mayor claridad, un mayor compromiso y un énfasis en el proyecto (puede ser que esto no sea más que un problema de lenguaje), para que en el transcurso de esta sesión se despejen las dudas. ¡Pero que se despejen antes de votar!
Termino señalando las tres posibles situaciones que enfrentamos: una, rechazar el proyecto y esperar un año más. Obviamente, ante estas necesidades y claras oportunidades, ello no aparece como un escenario favorable.
La segunda es ver las indicaciones por comprometer o que ya están comprometidas y llevarlas a una discusión particular, donde tenemos dos nuevas instancias: rechazarlas o aprobarlas. O sea, el que quiera rechazar el proyecto en esa oportunidad también lo puede hacer.
La tercera, como se ha planteado, es que vuelva a una Comisión por un período breve, pero con el claro compromiso de que estas y otras indicaciones van a ser tomadas en cuenta.
El señor TUMA.- Señor Presidente, lo central de esta iniciativa -en lo cual todos los sectores políticos concuerdan- es la necesidad de normalizar una situación por esencia anómala -algunos Senadores ya se han referido a ella-, como es que un servicio público que está llamado a satisfacer necesidades públicas, incluso mediante el expediente de la fiscalización, esté estructurado sobre la base de una corporación de derecho privado. Nadie cree que esta situación deba mantenerse.
No obstante los Senadores de Oposición tenemos diferencias sustantivas con este proyecto. Una de ellas dice relación con la distribución de competencias entre el Servicio Nacional Forestal propuesto y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas, pues no se separan como debieran los ámbitos competenciales. Así se pretende, por ejemplo, que el Servicio Nacional Forestal continúe administrando las reservas forestales en materia de intervenciones, ensayos y bases productivas, pese a que el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas debería ser el encargado de esta materia.
Por otro lado, un tema muy importante es que se le resta al Servicio Nacional Forestal propuesto una competencia que actualmente tiene CONAF, cual es la de pronunciarse sobre los cambios de uso de suelo, medida indispensable para asegurar la capacidad en el ordenamiento territorial del Estado por parte de esta institución.
Los funcionarios de la Corporación serán divididos en dos grupos: los que pasan al Servicio Nacional Forestal, quienes serán contratados vía Código del Trabajo como si se tratara de empleados de una empresa privada, y los del Servicio de Áreas Silvestres Protegidas, que asumirán la condición de funcionarios públicos y deberán ser encasillados en plantas de personal.
No es garantía suficiente asegurar la continuidad de las remuneraciones y condiciones de trabajo, pues no es lo mismo, y nunca lo será, ser empleado particular que ser funcionario público, entre otras cosas, por las mejores condiciones del funcionario público derivadas de la estabilidad en el empleo, toda vez que solo pueden ser cesados en su cargo por la aplicación de una medida disciplinaria de carácter expulsiva, tras un sumario administrativo.
Además, el funcionario público es beneficiario de asignaciones económicas especiales, tales como: derecho a días administrativos; asignación de zona; bonos de desempeño por cumplimiento de metas institucionales; bonos que otorga la ley N° 19.882, sobre nuevo trato laboral y convenios de desempeño colectivo; beneficio que concede la ley N° 20.212, que establece el bono de la ANEF; asignaciones que otorga la ley N° 20.300, sobre convenio de eficiencia institucional y función directiva; asignación de ley N° 20.305, sobre reparación del daño previsional y derecho a días administrativos, etcétera.
Lo más preocupante es la forma en que el Gobierno concibe a este Servicio, el cual, atendida la realidad forestal del país, con inmensas reservas de bosques nativos, no tiene la capacidad de efectuar una planificación estratégica de desarrollo forestal.
En las intervenciones que se han hecho sobre la materia hay una constante apelación al sector privado productivo, como si el rol central del Servicio fuera, esencialmente, generar las condiciones para el empleo de subsidios que hoy se otorgan, lo cual tendremos que discutir a fondo en algún momento. A todas luces, ya no tiene ningún sentido seguir manteniendo subsidios para la gran empresa en el volumen que se han entregado en los últimos años.
Hoy, las grandes empresas forestales reciben subsidios indirectamente del decreto ley N° 701, sobre fomento forestal, al adquirir madera de los pequeños propietarios agrícolas, con lo cual mejoran los precios para colocar sus productos -rollizos, celulosa y otros derivados- en el mercado internacional.
Nada se dice tampoco sobre los impactos de la actividad forestal en el territorio. Las plantaciones de especies exógenas, como el eucalipto y el pino radiata, no solo dañan los suelos, sino que también consumen los escasos recursos hídricos del subsuelo.
La operación forestal impacta asimismo en la vida de las comunidades.
En el caso de La Araucanía, señor Presidente, recibo permanentemente a pequeños propietarios que demandan un servicio más ágil, que no implique seis meses para aprobar un plan de manejo.
Este proyecto de ley debería incluir muchos más recursos, personal y normas para atender la demanda de los pequeños propietarios de bosque nativo.
Por otra parte, se rodea a las comunidades mapuches con plantaciones de eucalipto y pino.
Además, la inversión pública en caminos secundarios o rurales que hace el Estado termina convirtiéndose en un subsidio directo a las forestales, que destruyen con sus enormes camiones y maquinarias esas vías, construidas para la conectividad de las familias mapuches y no mapuches de La Araucanía.
A menudo los municipios, con esfuerzos de la comunidad y de la propia Dirección de Vialidad, realizan inversiones en caminos públicos o vecinales para el tránsito de las familias de pequeños agricultores. Sin embargo, no hay ninguna consideración en el transporte derivado de la explotación de los bosques por tales vías, las que a causa de ello son destruidas.
Es elemental que los caminos no puedan seguir utilizándose para tales fines en los meses de invierno, cuando caen las lluvias más intensas. Normalmente, son millonarias las inversiones de la comunidad y del municipio; pero se pierden todos los años debido al uso irracional de las vías durante el invierno.
En mi opinión, eso debería ser regulado, al entregarse el plan de manejo, mediante la suscripción de un convenio con la Dirección de Vialidad a los efectos de que se examine cuáles son las condiciones óptimas para autorizar la explotación forestal y velar por que no se destruya la inversión que el Estado, los municipios y la comunidad realizan para mejorar los caminos.
No veo voluntad en tal sentido, e insisto en que es un asunto que habríamos de asumir.
Por último, en cuanto a la actividad forestal, el Servicio que se crea debería evaluar, fiscalizar y controlar no solo los impactos productivos, sino también los sociales. Lo relacionado con los caminos es una de las actividades conexas que no se evalúan; pero hay otras.
Si bien resulta razonable legislar sobre la materia, es necesario modificar el texto de la iniciativa que nos ocupa.
Se le ha planteado al Gobierno que no cuenta con los votos necesarios para aprobarla. No quisiéramos segar la posibilidad del Congreso Nacional de cambiar la ley en proyecto y, consecuencialmente, tener que esperar un año para volver a legislar sobre la materia.
Por eso, invitamos al Ejecutivo y a sus personeros a escuchar los planteamientos de la Oposición; a revisar las intervenciones que hemos realizado en esta Sala; a oír a los trabajadores, a los funcionarios, a los interesados y a los demás actores. Porque este no es un buen proyecto. Su texto debe ser modificado, pero con altos grados de consenso. Ahora no los tiene.
Mientras aquello no ocurra, este Senador va a votar en contra.
El señor LETELIER.- Estoy tratando de ver si se encuentra aquí el Ministro Larroulet, para que pueda oír y comprender mi punto de vista.
¡Observo que en este momento se encuentra reemplazando al colega Zaldívar, en el escritorio de Su Señoría...!
Señor Presidente, en esta Sala el entonces Senador Pablo Longueira se comprometió, en representación de la Derecha, a cumplir un conjunto de acuerdos. Esto se dio en un contexto en que él puso las condiciones, pues en ese instante se discutía una ley marco respecto a la cual se generó cierto consenso.
Como recordó aquí la Senadora Alvear, había varios compromisos: simultaneidad en la presentación y votación de los proyectos sobre CONAF pública y Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas; existencia de claridad -es un punto bien de fondo- sobre la planta de los trabajadores de la CONAF -¡planta de los trabajadores de la CONAF!-, quienes no están -y quiero decirlo tal cual- haciendo una negociación colectiva, contrariamente a lo que algunos han insinuado desde el Ejecutivo en el presente debate.
Lo que pasa es que al Ejecutivo, cuando llega al poder -y asumo la cuota de la crítica que les corresponde a mis Gobiernos-, le gusta la CONAF privada, precisamente porque tiene un nivel de flexibilidad muy grande.
Pero hay algo por lo que se ha peleado durante muchos años: la CONAF pública significa la existencia de planta funcionaria -no "Vamos a ver cómo queda"-, con criterios claros, con derechos garantizados.
Eso tampoco está.
Señor Presidente, aquí se mencionó un conjunto de criterios. Pero no quiero ahondar en el debate.
Obviamente, la CONAF tiene gran significación; el sector forestal es trascendental. Pero lo básico es que en esta iniciativa no se ha cumplido la palabra empeñada.
Cuando uno es Oposición, llega a un punto en que se le agota la paciencia.
Creen que no vamos a votar en contra.
¡Vamos a votar en contra! Y votaremos en contra de la incompetencia del Ejecutivo para abordar bien este debate.
Porque cuando decimos que deseamos una institucionalidad discutida en su conjunto nos estamos refiriendo a que queremos coherencia, una buena ley, ya que el sector involucrado es relevante.
No estamos para discutir en torno a una CONAF de dudosa fortaleza, con pocas precisiones. No. Porque hay en este ámbito un problema. Y es del caso señalarlo con absoluta franqueza.
Yo creo en la voluntad del Senador García, quien inició el debate. El problema es que abrigo grandes dudas sobre la posición del Ejecutivo en cuanto al Servicio de Biodiversidad.
Veo que se quiere licitar los parques, incorporar capital privado, sin precisión alguna.
¿Van a privatizar lo concerniente a los guardaparques? ¿Qué pasará?
Ese era el sentido de la discusión simultánea.
Lo que ocurre es que en este debate hay falta de confianza en el Gobierno.
En este punto espero cosas concretas. Quiero ver la planta, quiero ver la institucionalidad completa, antes de votar este proyecto en general.
Porque no se están cumpliendo los acuerdos.
Señor Presidente, por su intermedio, le pido al señor Ministro subrogante, quien nos acompaña ahora, que entienda que estaba escrito que la situación iba a ser así. Y ello, desde el momento en que construimos los acuerdos con el entonces Senador Longueira.
Estoy seguro de que, si el ahora Ministro Longueira estuviera aquí, en esta Sala, sería de los primeros en reconocer que hay compromisos que no se respetaron. Porque, según mi experiencia, él ha sido siempre un hombre de palabra cuando se suscriben acuerdos.
No se han cumplido los acuerdos, señor Presidente. El Ejecutivo quiere insistir. Será su derrota, no la nuestra, por no hacer las cosas bien.
Ahora, yo voy a votar en contra de esta iniciativa, pero no porque nos lo pidieron los trabajadores de la CONAF, sino porque estoy cansado de la falta de plantas para los funcionarios públicos.
¡En ninguna de las leyes mediante las cuales se crean servicios se garantiza la existencia de plantas para sus trabajadores!
Personalmente, después de mi experiencia durante estos años, no voy a aprobar más proyectos que faculten al Ejecutivo para arreglar plantas.
El señor ESCALONA (Presidente).- Pidió la palabra el señor Ministro, quien tiene preferencia para intervenir.
Está inscrito para exponer inmediatamente después el Honorable señor Coloma.
El señor CRUZAT (Ministro de Agricultura subrogante).- Señor Presidente, quiero manifestar una vez más la disposición del Ejecutivo a acoger las indicaciones que Sus Señorías tengan a bien poner en discusión a partir de nuestro texto, que se halla en las Comisiones unidas de Agricultura y de Medio Ambiente, más las entregadas a los señores Senadores de la Concertación.
Tengo acá algunos correos electrónicos, del día 6 de junio de 2011, que el entonces Ministro Galilea envió a algunos parlamentarios (por ejemplo, a la Senadora señora Rincón) justamente para dar cuenta de las mismas situaciones que se discuten hoy.
En primer lugar, la necesidad de separar con mayor claridad los objetivos de ambos Servicios. Eso se cumplió. Se presentaron indicaciones y se hicieron cambios adicionales.
Ahora, hay que tener en consideración que una cosa es reforzar un servicio que existe y otra crear un servicio a partir de otro. Si uno no reconoce que en ese caso debe haber coordinación y buena voluntad para entender la situación, evidentemente se registrarán duplicidades.
Porque, por definición, el Servicio de Parques y Biodiversidad nace a partir de un área de la CONAF. Esa es la base de la propuesta que se presentó y que se discute en el Congreso.
Con relación a los trabajadores, desde el primer minuto el proyecto reconoce sus derechos actuales y las obligaciones laborales de la CONAF para con ellos.
Se rigen, como se decía, por el Código del Trabajo y por las normas establecidas en el Reglamento Interno de Higiene, Orden y Seguridad.
No existen cambios. Tampoco se generan incertidumbres, a nuestro juicio, respecto a la situación laboral.
Por lo tanto, malamente podría ser ese un argumento para votar en contra de la idea de discutir sobre las condiciones que debe tener un servicio forestal público.
La derrota no va a ser de este Gobierno; tampoco, de la Concertación; será del país, por nuestra incapacidad de generar un debate de acuerdo a lo que él necesita.
Vivimos situaciones significativas durante el verano. Incendios arrasaron miles de hectáreas, afectando a pequeños propietarios.
Necesitamos una nueva Ley de Fomento Forestal; requerimos mayores atribuciones para administrar mejor los parques. Pero eso debemos hacerlo a partir de una institucionalidad nueva.
En cuanto a esa institucionalidad, el Ejecutivo propone hoy día iniciar su discusión en el Senado.
Por lo tanto, reafirmamos nuestra disposición a acoger las indicaciones que fortalezcan al Servicio Nacional Forestal; a robustecer la presencia del sector forestal dentro del Ministerio de Agricultura; a aclarar cualquier duda en el ámbito de las atribuciones.
Pero creemos que este debate se prolonga por mucho tiempo -el proyecto lleva un año y cuatro meses en el Senado-, y nosotros queremos legislar en beneficio de las comunidades y del sector forestal.
Debemos compatibilizar la discusión -tenemos toda la disposición para ello- con la necesidad de no extender el análisis de esta iniciativa eternamente.
Esta materia se está debatiendo desde los años 80.
Lo que se le pide a esta Corporación -es un último esfuerzo del Gobierno- es tener disposición a discutir sobre la materia y ponernos de acuerdo en lo que viene.
El señor ESCALONA (Presidente).- Con su segunda intervención el señor Ministro de Agricultura subrogante, don Álvaro Cruzat Ochagavía, ha terminado su tiempo reglamentario, que es, en este caso, igual que el de los Senadores.
Está inscrito el Honorable señor Coloma, quien puede usar de la palabra.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, me correspondió asumir la presidencia de la Comisión de Agricultura en 2007, cuando se hacía un último esfuerzo por aprobar el proyecto sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, que llevaba 15 años de tramitación.
Recuerdo que en ese instante existía la convicción de que era fundamental dictar una ley en la esfera de la institucionalidad. Obviamente, podría mejorarse en el tiempo; pero era lo que permitiría dar consistencia a la política forestal de Chile.
Después de muchos años, tuvimos la capacidad de llegar a un acuerdo muy relevante, que situó la base de una política sobre la materia en un ámbito en que, desde mi perspectiva, era un lunar la falta de institucionalidad.
En esa oportunidad el Gobierno de la Concertación planteó en este Hemiciclo que, si no había un cambio para que la CONAF, corporación de derecho privado, pasara a ser servicio público, resultaría muy difícil generar una política forestal duradera en nuestro país.
Y en ese instante, delante de quienes estábamos presentes, el Gobierno de la Concertación hizo un mea culpa respecto a su imposibilidad de, en 10 años -porque esto viene de 2000-, haber sido capaz de dictar una legislación sobre la materia en comento.
Con sentido común, con generosidad, todos comprendimos esa visión. Y en esa ocasión no hubo catones que trataran de ridiculizar un mea culpa de tal naturaleza o de sacar algún provecho de él. Porque teníamos claro que dictar una ley para una CONAF pública era un desafío difícil; que aprobar una iniciativa vinculada a la recuperación del bosque nativo y fomento forestal era complicado. Pero sabíamos asimismo que la buena voluntad posibilita solucionar los problemas.
Digo eso, señor Presidente, porque me sorprende el tenor del debate.
Que una coalición que durante sus Gobiernos hizo cosas buenas (la Concertación, obviamente, realizó cosas positivas; sin duda, también cometió errores, y grandes) le dé un portazo a la opción de establecer una institucionalidad que no fue capaz de generar, desde mi perspectiva -de país grande, no de cálculo pequeño-, resulta sorprendente.
Más todavía, el Tribunal Constitucional exhortó a la entonces Presidenta de la República a regularizar la naturaleza jurídica de la CONAF, por ser "anómalo el que una Corporación de derecho privado reciba atribuciones propias de un Servicio Público del Estado por leyes sectoriales al tiempo que sea financiada por la Ley de Presupuestos.". Ello, sobre todo a la luz de que hay mucha legislación que para su implementación depende de la autorización del referido Tribunal: la de incendios forestales, la de fomento forestal.
Desde mi punto de vista, señor Presidente, la lógica para abordar este asunto debe ser la de asumir que se crea un marco regulatorio (obviamente, siempre podrá mejorarse) cuya implementación en el país resulta indispensable.
A Chile le ha hecho mal no contar con una CONAF entendida como corporación de derecho público, sobre todo cuando han existido financiamiento vinculado a la Ley de Presupuestos y políticas públicas encargadas del cometido pertinente.
Yo no he visto a nadie decir que lo de ahora está bien. Al contrario, Gobiernos anteriores señalaron que estaba mal. Y esta Administración ha asumido el riesgo de implementar un esquema, una fórmula.
Entonces, me sorprende que a estas alturas se pretenda votar en el sentido inverso.
¿Cuánto tiempo me queda, señor Presidente? Porque no llevo más de 4 minutos.
El señor ESCALONA (Presidente).- Hubo un error en el cómputo, Su Señoría.
El señor COLOMA.- ¿Podrían darme unos cuatro minutos?
El señor ESCALONA (Presidente).- Incluso un poco más: seis minutos.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, se han planteado argumentos que, desde mi perspectiva -perdón por la franqueza-, parecen una excusa con relación a la aprobación en general que se requiere. Y solicito una enmienda de esa posición.
Estamos pidiendo acoger la idea de legislar. Entonces, se afirma: "Existe una superposición de funciones". ¡Nada es más discutible siempre! A mi juicio, no la hay, en esencia. Creo que, en materia de competencia ambiental, el origen y el propósito son distintos. Los cometidos por ejecutar de parte del Servicio de Biodiversidad se entienden referidos preferentemente al ámbito de las áreas silvestres protegidas estatales y privadas, en tanto que la actividad del Servicio Nacional Forestal se desarrolla fuera de ellas y especialmente en el ámbito productivo.
Al primero de esos organismos le corresponde, como principal herramienta para el resguardo de la biodiversidad, la administración del sistema nacional de dichas áreas, con un patrimonio de 14,5 millones de hectáreas, es decir, de un 20 por ciento del territorio del país.
Pero, además, deberá fijar los criterios de conservación, para lo cual dispondrá de cuatro grandes instrumentos: clasificación de especies con problemas al respecto; planes de recuperación, conservación y gestión de especies; control y erradicación de especies exóticas invasoras, y administración de recursos genéticos.
Ello es diferente de lo que se está planteando en relación con la CONAF -no voy a leerlo-, referido en el artículo 2º.
Entonces, no observo, en verdad, una superposición dramática. Siempre se podrán buscar fórmulas de entenderse mejor. Mas aquí está el esquema, el diseño de una entidad pública que va a estar dispuesta a asumir los desafíos que enfrenta una política forestal de largo plazo.
Con relación a la política acerca de los trabajadores, creo que el señor Ministro subrogante ha sido muy enfático. Quiero destacar que el asunto se ha debatido en doce sesiones. Y se ha hecho un esfuerzo por garantizar completamente los derechos del sector laboral -se hallan consignados por escrito- vinculados con la presente discusión.
Insisto en que es preciso entender que una cosa es el servicio forestal y otra el que se ocupe en la biodiversidad, y que lo segundo requiere una estructura definida respecto de lo primero.
No sé si la cercanía del 21 de mayo genera alguna sensación de que no hay que aprobar nada o si se pretende negar la sal y el agua a quien piensa distinto, pero, escuchando los argumentos expuestos por los parlamentarios que me han antecedido en el uso de la palabra, a quienes conozco hace muchos años, e impuestos todos de la necesidad de una modernización en el área forestal y de que la estructura actual es inepta para los objetivos venideros, no alcanzo a comprender por qué se anuncia ante el país: "Voy a votar que no". Me parece que los principales damnificados son este último; el ámbito forestal; el de la biodiversidad, que se detiene, y los trabajadores, obviamente, que enfrentan una postergación en las seguridades jurídicas, esenciales en estos ámbitos.
Así como desde estas bancadas hubo ánimo para confiar en el Gobierno de la época con motivo de la dictación de la ley sobre el bosque nativo, con un cascarón mucho más feble del que cualquiera hubiera imaginado, juzgo que sería una señal potente para el país actuar en el mismo sentido bajo otra Administración y aprobar la idea de legislar. Y tendremos todo el tiempo necesario para poder introducir modificaciones.
Lo otro es la política del portazo. Y no sé si el sector forestal requiere puertas abiertas o ese criterio.
El señor CANTERO.- Solicito a la Mesa recabar la autorización para que la Comisión de Educación pueda sesionar en forma simultánea con la Sala.
La Diputada finlandesa señora Päivi Lipponen está esperándonos.
Si tuviera lugar una votación, regresaremos, por supuesto, luego de ser llamados.
El señor LETELIER.- Solicito abrir la votación del proyecto, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Si no existen inconvenientes,...
El señor NAVARRO.- Siempre que se mantenga el tiempo.
El señor ESPINA.- Me opongo.
El señor ESCALONA (Presidente).- A continuación, entonces, le corresponde intervenir al Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, hay proyectos de ley que el Congreso ha despachado en 17 horas, en 24 horas, en tanto que el del bosque nativo demoró 16 años.
Ante la afirmación del Senador señor Coloma de que a Chile le haría mal que rechazáramos la iniciativa sobre una CONAF pública, mi pregunta es de quién es la responsabilidad principal, de quién ha provenido la intransigencia, de quién ha sido la escasa capacidad y visión respecto de cómo lograr una normativa que le sirva al país. Porque quiero hacer presente que la Región forestal por excelencia, que es la del Biobío, requiere una CONAF pública, pero abrigamos la convicción de que no es la que nos proponen.
Y uno se pregunta cuál es el apuro del Gobierno; por qué no hay tiempo suficiente para evaluar una legislación de cuarenta años y poder arribar a un consenso acerca de una institucionalidad pública para proteger el bosque, para desarrollar la industria, para cuidar el medio ambiente. ¿Cuál es la urgencia?
Esta última resulta clara en la declaración de la Corporación Chilena de la Madera (CORMA): la necesidad de forestación.
Se reclama que ello dice relación con 1,5 millón de hectáreas.
El señor ESCALONA (Presidente).- Reitero al público asistente que no se pueden hacer manifestaciones.
Además, conviene no distraer al orador, porque...
El señor NAVARRO.- No me molesta, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).-... el Orden del Día termina a las 20, momento en que se deberá votar.
El señor NAVARRO.- Entonces, claro, el "decreto ley Nº 702" es conveniente. La Administración actual expone: "No es para los grandes. Es para los pequeños y medianos". Pero, al final, estos les venden a los primeros. Ese es el punto.
Y todos queremos forestación, combate a la erosión.
En consecuencia, no termino de explicarme por qué el Gobierno se farrea la posibilidad de generar un avance importante en la modernización del país y de aprobar un proyecto de esta naturaleza consensuado.
No sé las razones por las cuales no se encuentra presente el Ministro señor Mayol y ha venido el señor Subsecretario.
El titular de la Cartera proviene del área silvoagropecuaria. No quiero pensar que su ausencia sea motivo de una preocupación o de un sesgo por la iniciativa.
Y algunos Senadores de la Derecha mueven la cabeza, pero durante años reclamaron la presencia de los Secretarios de Estado en proyectos vitales e importantes.
El señor COLOMA.- El Ministro se encuentra en la Sala.
El señor NAVARRO.- No hago referencia a un subrogante.
¿Cuáles son los objetivos de la normativa en examen, señor Presidente?
Porque aquí se registra una gran coincidencia: todos sostenemos que se necesita una CONAF pública. El Tribunal Constitucional ya se pronunció. Debe terminar el híbrido conformado por una entidad privada que funciona con recursos públicos.
El texto que nos plantea el Gobierno dispone que el Servicio impulsará la preservación, conservación, protección, rehabilitación y aprovechamiento de "los recursos naturales renovables que tengan relación directa, complementaria o incidental con el recurso forestal". Y la verdad es que podemos coincidir con tales propósitos, pero afirmamos: "La institucionalidad es insuficiente".
En 1998 se planteó la Subsecretaría Forestal como un elemento básico para la directriz de las políticas públicas en materia de conservación y desarrollo forestales. No mediaba motivo alguno para no abrirse a esa discusión. No se quiso debatir.
Se desea la asimilación; en los hechos, un mero cambio de nombre.
Las falencias de la CONAF no son de sus profesionales, los peor pagados, por cierto, en todo el servicio del Ministerio de Agricultura. Ahí están los guardaparques o los brigadistas.
Se requiere una CONAF pública a la altura del siglo XXI, sin pensar, básicamente, en que las regulaciones pueden terminar impidiendo el desarrollo forestal.
Señor Presidente, ¿por qué hemos planteado la necesidad de tratar lo relativo a la Subsecretaría Forestal? Porque en la actual institucionalidad del Ministerio de Agricultura se encuentran el INFOR, la Corporación Nacional Forestal, el Servicio Agrícola y Ganadero, y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), entre otras entidades. Y se registra una dispersión absoluta de funciones en organismos pertenecientes a Ministerios como el de Bienes Nacionales (áreas protegidas); Obras Públicas (derechos de agua); Minería (derechos mineros en terrenos boscosos), y Defensa (Dirección de Fronteras y Límites).
El Servicio Nacional Forestal debe ser una institución moderna, descentralizada y fortalecida en cuanto a recursos, atribuciones públicas y una dotación de profesionales adecuada para cumplir con el rol de promoción y fiscalización. Y, en ese sentido, nos perdemos la gran oportunidad de poder crear la planta.
Además, si consideramos que es una entidad que va a apuntar a un sector clave, estratégico, para el desarrollo productivo del país, podríamos innovar fuertemente. Cabría dictar una legislación que permitiera originar de verdad un Servicio Nacional Forestal para el futuro, encargado de la preservación y del desarrollo productivo.
Y algunos expresan: "Todo lo relacionado con preservación le viene a la iniciativa sobre biodiversidad". Podemos afirmar que es así, pero existe desconfianza por la premura con que se quiere sacar la ley de la CONAF y postergar esa otra normativa. O sea, median apuro por impulsar el desarrollo productivo, por reforestar, y lentitud en el ámbito de la conservación de la biodiversidad.
Por tanto, estamos llenos de suspicacia respecto de las reales intenciones del Ministerio para que pueda avanzar el proyecto sobre la CONAF pública.
El articulado que nos ocupa tiene que ser mejorado necesariamente, señor Presidente. Las organizaciones sindicales de la Corporación plantearon un conjunto de propuestas que han sido desechadas. Por cierto, la Subsecretaría Forestal ha sido una de ellas. Y se abriga la convicción de que se lograría un perfeccionamiento si hubiera capacidad de diálogo. El señor Ministro subrogante expresa: "Se ha conversado con los sindicatos". Pero no es así cuando no se llega a acuerdo y existen concepciones preconcebidas, porque uno se expresa desde el poder, y el otro, desde la debilidad, en circunstancias de que ello debe hacerse desde la igualdad.
En cuanto a la condición de los trabajadores, no se contempla beneficio, compensación o mejora que amorticen, en parte, las nuevas y mayores responsabilidades que asumiría la CONAF. No se cuenta con el personal mínimamente requerido -se necesitan mil guardaparques adicionales- y se alberga a los funcionarios peor pagados, partiendo por los brigadistas forestales.
Demandas históricas podrían haberse corregido en el texto en examen. No se contempla "ningún peso adicional para enfrentar la vergonzosa realidad", como dicen los trabajadores, "que afecta a nuestro patrimonio natural cada verano fruto de los incendios forestales". Me argumentarán: "Esto va a trabar la ley sobre los incendios forestales". Por mi parte, expongo que el Servicio Nacional Forestal debiera disponer de las facultades y capacidad para poder contar con esa normativa.
Si se quiere desmembrar a la CONAF por la vía de quitarle atribuciones de manera sistemática para disminuir su rol, que se diga. Por mi parte, quiero un organismo fuerte, un servicio público como el que añoramos.
Voto en contra del proyecto de ley por su insuficiencia, por la testarudez del Gobierno, y espero que se pueda recapacitar con una propuesta de verdad acorde con los desafíos de país.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, hace algunos meses vivimos una enorme tragedia, sin lugar a dudas, en el parque nacional Torres del Paine, lamentada por el mundo, el país y, en particular, la Región, luego de lo cual nos percatamos de las carencias enormes de la actual CONAF. Y me parece que nadie en la Sala quiere seguir manteniendo un organismo híbrido, "jurel tipo salmón", que no es ni una cosa ni otra.
Es una situación que no solo nos preocupa a nosotros, sino también, fundamentalmente, a los más de mil 900 trabajadores de la entidad.
¿Queremos una nueva CONAF? Por supuesto: una nueva y fortalecida.
¿El proyecto de ley en análisis nos trae esa noticia? Por desgracia, no.
Y tengo que decirlo, porque con mis Honorables colegas Muñoz Aburto, Zaldívar y Sabag nos reunimos meses atrás con el Ministro de Agricultura y el Director Nacional de la institución, en un intento de buscar mecanismos para poder llegar a acuerdos y mejorar la iniciativa, de manera que pudiera alcanzar consenso cuando fuera discutida en el Senado, pero también entre los trabajadores de la entidad, fundamentalmente.
Hoy ha quedado claro que no ha sido así, lamentablemente.
El señor Ministro subrogante ha expresado que el Gobierno se halla dispuesto hoy a recoger indicaciones. ¿Por qué se tuvo que llegar hasta la última instancia para poder lograr una coincidencia y avanzar, así, hacia la fortalecida CONAF que necesitan el país, las Regiones, Magallanes y una de las reservas naturales más hermosas del mundo, como la de Torres del Paine?
Ante la pregunta de mi Honorable colega Coloma en el sentido de por qué se podría rechazar un proyecto de ley como el que hoy se presenta a la Sala, puedo dar a conocer, por lo menos, mi razón para la búsqueda de acuerdos. Pero si estos no se logran concretar, cabe desechar la iniciativa, obviamente.
Hace un mes, el Ministro señor Longueira hizo presente en la prensa que a fines de mayo o en junio viajaría a Magallanes para conversar con privados e intentar la privatización de parques en varias Regiones. Hoy estamos debatiendo sobre una nueva CONAF, pero que, lamentablemente, no se potencia. El Senador que habla habría deseado -y es uno de los motivos por los cuales se niega a pronunciarse a favor- que el proyecto viniera con lo relativo a las áreas silvestres protegidas, de modo de dar garantía absoluta de que el Gobierno quiere de verdad avanzar en el fortalecimiento del organismo.
Ahora, de votarse en contra, la situación se torna compleja. Pero el Gobierno tiene aún la posibilidad de retirar la urgencia y de intentar que el texto vuelva a Comisión -corríjame si me equivoco, señor Presidente- a fin de ser perfeccionado, de recoger indicaciones, de recibir sugerencias de los trabajadores y de llegar a acuerdos. De esa manera, no tendríamos que lamentar el que se dejara pasar una tremenda oportunidad de lograr una coincidencia que permitiera contar con una nueva CONAF fortalecida.
¡Y que se diga la verdad! Porque si ese robustecimiento no se halla en el ánimo del Ejecutivo, entonces le daría lo mismo que el proyecto se perdiera. Si lo que se quiere es un potenciamiento, aquí está la oportunidad -repito- al retirarse la urgencia, reenviar el articulado a Comisión, llegar a acuerdos y así avanzar en la búsqueda de una CONAF pública.
La idea es que se trate de un organismo que respete claramente la situación del sector laboral -pude observar al personal en el incendio de las Torres del Paine-, de los guardaparques. Ellos no dan abasto, señor Presidente, y es algo que no quiero más para esos servidores públicos.
No comparto el criterio de que los traspasos se hagan con más carga laboral. Es perfectamente posible -lo decían varios señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra- llegar a acuerdos. Los mil 900 trabajadores se hallan en una figura entre empleados y permanentes. Es una cosa rara. A los guardaparques, a los encargados de mitigar los incendios, se los recontrata cada año. Hay una situación laboral inestable. O sea, aquí vuelve a reflejarse que el Estado es un muy mal empleador, si no el peor.
¡Necesitamos, entonces, fortalecer a la nueva CONAF!
Le preguntaba el otro día al Director Nacional si se encuentran o no contemplados los recursos necesarios. Porque si no aprendimos la lección después del último siniestro en Torres del Paine, ¿cuándo vamos a hacerlo? Ya hemos sufrido otros con anterioridad y los lamentamos. A la postre se gasta más plata que la que se pudo haber invertido previniendo la situación con tiempo para el efecto de disponer de maquinaria y personal necesarios.
Ingresan mil 800 millones de pesos por concepto de tránsito de personas al interior del parque nacional en esa zona. ¿Saben Sus Señorías cuánto envían los Gobiernos para ser reinvertido? Doscientos millones. Es decir, no ha estado jamás -¡jamás!- en el ánimo del Estado destinar recursos a la mantención y prevención en los parques nacionales.
¿Y esa situación cambia con el proyecto de ley? No, porque no se incluye un presupuesto tendiente a la prevención, a apuntar a la solución de problemas por los que todo el mundo se quejó al ver cómo se incendiaba un área tan importante para el planeta. A pesar de esa triste experiencia y de lo que hemos vivido, me parece que no se ha aprendido nada.
Lamento que el Ejecutivo, teniendo la facultad para retirar la urgencia y, así, permitir que el proyecto vuelva a Comisión a fin de llegar a un acuerdo, no lo haga. Esta es la mayor demostración de que simplemente el interés es distinto.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, el debate suscitado en esta oportunidad me deja a mí, que no he participado directamente en la discusión del proyecto, un tanto desconcertado o perplejo.
El informe de las Comisiones unidas, de fecha 10 de junio de 2011 -es decir, de hace casi un año-, fue acordado por la unanimidad de sus integrantes, sin distinciones de carácter político. En efecto, dicha instancia, en forma unánime, aprobó la iniciativa, que refleja una inquietud muy antigua.
Y eso tiene, para mi gusto, cierta justificación: todos sabemos -aquí se ha reiterado- que el objetivo central del proyecto es transformar a la CONAF en un servicio público.
En realidad, no obstante que su estructura jurídica es la de una corporación de derecho privado, que se rige por sus propios estatutos y, en subsidio, por disposiciones del Código Civil, se trata de una institución que, para todo efecto práctico, desarrolla funciones públicas. Por lo tanto, constituye una anomalía jurídica francamente inaceptable el que exista en nuestro ordenamiento un organismo de carácter privado que cumpla ese tipo de tareas.
Tan así es que, como ya se ha recordado, la Contraloría General de la República, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y el Tribunal Constitucional han sostenido que tal situación resulta inaceptable. Y ha habido una advertencia clara de esta última entidad en el sentido de que no se van a aceptar más actuaciones de la CONAF en la realidad jurídica en que hoy se encuentra.
Si eso es así y si el objetivo central de la iniciativa es transformar a la CONAF en un servicio público, me parecería bastante sorprendente -más todavía, sabiendo que el proyecto fue acordado por la unanimidad de las Comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente, unidas- que ahora no se aprobara.
No veo cuál es la lógica de esa actitud.
A muchos les podrá no gustar el contenido del articulado. Eso es perfectamente razonable. Pero quienes forman parte de la Concertación tuvieron varios Gobiernos, dos décadas, para proponer un texto a su pinta, con la estructura que ellos hubiesen querido. No lo hicieron. Hoy día se está dando un paso en un sentido determinado.
Respecto de la estructura planteada, en cierto sentido a la iniciativa se le podría criticar que la deja todavía muy abierta. Según lo que he podido apreciar al estudiar sus normas, la institución que se crea será la continuadora del servicio que prestaba la CONAF y desarrollará todas las funciones y tendrá todas las atribuciones que las leyes y los reglamentos le entregaban a esta.
También se señala que el Director "establecerá su organización interna -la del Servicio- y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas.". Quizás se podría criticar que tal atribución también es muy abierta.
Pero no está todo dicho. He oído del Ejecutivo su disposición para acoger las inquietudes que aquí se han presentado.
¿Qué podría ser más delicado, más grave o inaceptable en este proyecto? A mi juicio, que se vean afectados quienes trabajan hoy en la Corporación Nacional Forestal.
Ellos poseen características legales especiales y han desarrollado, por la forma como se ha desenvuelto la CONAF en este tiempo, algunos derechos y beneficios que no son los típicos que reciben los funcionarios del sector público. Pero una de las normas transitorias de la iniciativa dice: "Los trabajadores que a la fecha de publicación de esta Ley se encontraren prestando labores en la Corporación Nacional Forestal continuarán como dependientes del Servicio en los mismos términos y condiciones de sus actuales contratos.". Es decir, a partir de la incorporación al nuevo Servicio no puede haber ninguna modificación. Existirá continuidad legal absoluta para los trabajadores entre la situación en que se encuentran hoy y aquella en la que estarán cuando se cree dicho organismo. Por tanto, el cambio no podrá significarles ni disminución de remuneraciones ni variación alguna de los derechos laborales y previsionales y de otras garantías que poseen en la actualidad.
Si Sus Señorías me dijeran que eso no va a ocurrir, yo, por cierto, cambiaría mi punto de vista.
Entonces, si estamos transformando a la CONAF en una entidad pública y si sus trabajadores mantendrán todos sus beneficios y todos sus derechos -no perderán nada de lo que tienen; la ley se los garantiza-, me parece que es posible aprobar la iniciativa. Muchas cuestiones pendientes se podrán resolver precisamente en la discusión particular, que no está cerrada, sino abierta.
En consecuencia, creo que no es posible aceptar la anomalía jurídica en que hoy día se encuentra dicha Corporación. Considero que rechazar este proyecto conduce a eso, a decir: "Sí, queremos que la CONAF siga en su misma situación, con todos los conflictos jurídicos que ello puede presentar ante los tribunales de la república". Es ahí donde yo no sigo la lógica de lo planteado en la Sala, menos todavía después de ver que esta iniciativa fue aprobada por unanimidad en las Comisiones unidas. Muchos de los que hoy han anunciado su voto en contra votaron que sí en dicha instancia.
Por lo tanto, pido coherencia y consecuencia con lo que es un ordenamiento jurídico.
Eso me hace llevar la discusión al plano del sentido común. ¡De eso se trata! Uno podrá querer una CONAF diferente. Entonces, gane las elecciones presidenciales. Así estará en condiciones de proponer la CONAF que desea, si es distinta de la que finalmente saldrá.
Y lo relativo al Servicio de Biodiversidad y a la Subsecretaría Forestal se abordará.
Existe un compromiso del actual Gobierno -también es del anterior- en orden a crear una Subsecretaría para asuntos forestales. Me parece bien. Constituye una necesidad. Porque Chile, gracias a lo que ha ocurrido en las últimas décadas, se ha convertido en un país forestal. Y parte de los fuertes ingresos del sector silvoagropecuario proviene precisamente de esa transformación, que no queremos perder.
Además de mantenerla, buscamos agregarle valor a la exportación forestal. Ojalá podamos exportar no solo rollizos, sino puertas, ventanas y otros derivados de la madera. Ello permitirá incorporar a más trabajadores, con un nivel mayor de sofisticación y, por lo tanto, con mejores remuneraciones. Así se irá mejorando lo que se hace.
Por su parte, lo concerniente al Servicio de Biodiversidad obviamente no queda abandonado. Se está trabajando en un proyecto sobre la materia; por ende, continuará ese debate. Pero no podemos pretender que todo tenga que ir pari passu, pues eso es señal de inmovilidad. Porque esos proyectos no son fáciles ni simples; son más bien complejos.
Señor Presidente, yo entiendo las inquietudes que se han expresado y respeto las diferencias de opinión. Pero pienso que es poco serio, al final del día, que no aprobemos dar a la CONAF el carácter público, por cuanto este es el objetivo central de la iniciativa.
Se podrán discutir en particular y modificar los aspectos que sean necesarios. La fuerza política de la Oposición en el Senado es lo suficientemente grande como para ir logrando acuerdos específicos en las distintas materias pendientes.
Desde luego, anuncio que jamás, como nadie de estas bancadas, aceptaré tocarles los derechos a los trabajadores de la CONAF. ¡No los van a perder! Y si alguien me comprobara que ello ocurrirá a causa de este proyecto y que la disposición transitoria citada no es verdadera, entonces, obviamente, modificaría mi opinión. No siendo así, creo que lo correcto es darle paso a esta iniciativa, votarla favorablemente y seguir trabajando en ella, escuchando a los trabajadores y a los expertos.
Hay que facilitar una cuestión que no admite un día más de demora: convertir a la CONAF en una institución pública.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, es efectivo que una resolución del Tribunal Constitucional obliga a transformar a la Corporación Nacional Forestal en un organismo público -en la iniciativa se le llama "Servicio Nacional Forestal"-, por lo que ha señalado con claridad el Senador García.
Normalmente votamos a favor de la idea de legislar en las distintas materias con la finalidad de que en la discusión posterior en la Comisión o en la Sala se puedan introducir cambios.
En la historia reciente, solo se han rechazado 16 proyectos en general, dentro de los cuales se encontraban: el que proponía interpretar el artículo 93 del Código Penal, excluyendo de la extinción de responsabilidad penal, por amnistía, indulto o prescripción, a los crímenes y simples delitos que constituyen genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra; y -hace pocos días- el que buscaba despenalizar la interrupción del embarazo por razones médicas, junto al que establecía tal posibilidad con fines terapéuticos y al que sugería modificar el Código Sanitario para indicar los casos en los cuales tal interrupción era posible.
En efecto, en pocas ocasiones se ha rechazado la idea de legislar. Se trata de situaciones muy concretas y especiales.
La materia que ahora nos ocupa no es un ejemplo menor. No se trata simplemente de votar la transformación de la CONAF en un servicio público. Todos tenemos claro la importancia de esta Corporación, y lo que significa para el país el sector forestal y lo que este conlleva. Lo explicó con claridad la Senadora Rincón en su exposición.
Entonces, cuando se proponen cambios, estos deben ir unidos a la finalidad que ha de cumplir el proyecto presentado y a la naturaleza de la institución que se desea modificar. Sin embargo, como argumentó claramente la Senadora Alvear -no repetiré las razones-, en las dos iniciativas vinculadas a este asunto existen situaciones que se contraponen y funciones que se repiten.
Analizo tales circunstancias y escucho que lo propuesto por nosotros le hará mal al país y que, en definitiva, seremos los responsables por no legislar. En mi opinión, lo que no tenemos que hacer es legislar mal. Nuestra obligación es hacerlo bien. Nuestra obligación es que los proyectos cuenten con el consenso necesario y cumplan los objetivos planteados, lo cual, sin duda, no ocurre con el que ahora debatimos.
Aquí se ha manifestado claramente lo que significa esta iniciativa para los trabajadores de la CONAF. Basta recordar las tragedias que se vivieron hace poco tiempo en Torres del Paine, en Carahue y en diversas partes del país, donde quedaron en evidencia las malas condiciones de trabajo de quienes pertenecen a ese organismo. Y en el texto propuesto no hay ninguna norma que resuelva tales falencias.
El Ministro de Agricultura subrogante señaló que el Ejecutivo tiene toda la voluntad para enviar las indicaciones pertinentes. ¿Cuál es el problema, Ministro? Que nos hallamos bajo un régimen presidencialista. Por lo tanto, si esas indicaciones no se conocen o no hay acuerdos firmados, claros y precisos, después no se cumplen. Y no sería la primera vez que nos ocurriera. Imagino que les habrá sucedido lo mismo a los actuales parlamentarios de Gobierno cuando eran Oposición.
Entonces, como el problema institucional es complejo, nosotros no podemos votar a favor de un proyecto que no presenta las condiciones defendidas por nuestros representantes en las conversaciones con el Ejecutivo.
Al carecer nosotros de facultades, la discusión termina dándose respecto de determinados puntos. Ante ello, solo nos queda rechazar la iniciativa en general. Y esto es lo mejor en algunas circunstancias. Lo mismo hizo la Alianza en ciertas oportunidades cuando votó en contra de la idea de legislar de otros asuntos. A veces, es preciso cortar de raíz un proyecto, cuando no existe posibilidad de dialogar. Si tuviéramos claro que los argumentos fueron recogidos, la cosa sería distinta. Pero quienes nos han representado (las Senadoras señoras Alvear y Rincón) nos han señalado que no hubo disposición a resolver los problemas de la manera planteada por la Oposición.
¿Qué significa rechazar en general una materia? Que en un año más se ingresará a trámite un nuevo proyecto sobre el particular y que en esa ocasión el Gobierno -supongo yo- dejará de ser sordo como una tapia. Así ha pasado siempre en esta Administración: nunca hemos tenido la posibilidad de resolver nuestras diferencias.
En materia del posnatal pasó exactamente lo mismo. Como no hubo disposición al diálogo, estuvimos en el Senado noches enteras discutiendo el tema, y al final, logramos transformar ese proyecto. Igual cosa ocurre a propósito de la reforma tributaria que se presentó ahora. Y cuando discutimos acerca del impuesto específico a la minería, las mismas circunstancias.
En consecuencia, como nos asiste la convicción de que no se llegará a acuerdos específicos y de que nuestros argumentos no serán considerados en la iniciativa, por razones -no las repetiré- que escuché a parlamentarios que estuvieron en las conversaciones, nosotros vamos a votar en contra del proyecto, porque nos parece malo. Ello, por cuanto no cumple los objetivos planteados.
Dentro de las pocas facultades que tenemos en el Parlamento, está la de votar a favor o en contra. En este caso -así lo hemos señalado todos- vamos a pronunciarnos negativamente, con la finalidad de que esta situación vuelva a ser discutida con la tranquilidad y la convicción de que el Gobierno responderá a nuestras inquietudes para analizar y transformar el proyecto en uno que reúna las características que el país espera sobre un asunto tan de fondo.
Por tales consideraciones, señor Presidente, votaré que no.
El señor ESCALONA (Presidente).- Queda poco tiempo para el término del Orden del Día, de manera que solicitó nuevamente a la Sala el acuerdo para abrir la votación.
El señor NOVOA.- Que se vote una vez finalizado el debate.
El señor ESCALONA (Presidente).- Restan solo tres intervenciones, por lo que sería razonable iniciar la votación ahora.
El señor LARRAÍN.- Sigamos hasta el total despacho del proyecto.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, es evidente que para Chile la mayor riqueza, además de su ciudadanía, es el territorio: su diversidad, sus recursos naturales.
En el norte hay áreas silvestres protegidas, humedales. Ahí se encuentra también una de las principales fuentes de biodiversidad cactácea del planeta. Es una riqueza inconmensurable.
Más aún, el acervo genético de la biodiversidad será la primordial riqueza del futuro.
Somos considerados la segunda mayor reserva mundial de agua dulce y la más importante reserva de agua pura. Tratándose del recurso natural más escaso del futuro, es esperable que el agua se convierta en la principal riqueza para cualquier país que tenga cierta visión de futuro y capacidad prospectiva y anticipatoria.
Por lo tanto, nuestro territorio, nuestros recursos naturales, nuestra naturaleza representan el patrimonio más trascendente para el porvenir de Chile, por su relevancia planetaria.
¿Qué requiere todo eso? Una institucionalidad que se haga cargo de ello y que preserve el bien común por sobre otros intereses.
Sin embargo, aquí se observa una profunda contradicción: los colegas manifiestan gran voluntad de velar por los servicios ambientales, por los recursos naturales, pero en el texto planteado no hay normas concretas que estén de acuerdo a esa declaración de intereses. En efecto, la CONAF que nos están proponiendo no es una institucionalidad de verdad: es un remedo, un parche, una entidad absolutamente insuficiente, sin atribuciones, sin capacidades, sin poder.
Entonces, cabe preguntarse por qué, si es tan importante el desafío que se quiere acometer, se plantea una no institucionalidad o una institucionalidad débil, como la consignada en el proyecto. ¿Y saben cuál es la conclusión? Que, en verdad, la declaración de principios es solo una manifestación, porque los instrumentos para ponerlos en acción no existen, no están o son absolutamente insuficientes.
Aquí de nuevo se impone una lógica que ha sido histórica en algunos sectores del país: que es mejor no intervenir, que es mejor dejar que el mercado regule. Y yo pienso que detrás de esto hay un fundamento ideológico -no quiero decir que de parte de ciertos Senadores nuestros, que reconozco tienen una buena intención-, que es el mismo de siempre y que hemos visto en todas las lógicas con que se han enfrentado los temas de recursos naturales y de medioambiente en los últimos años.
Cuando se quiere diseñar un concepto de institucionalidad o de autoridad, uno diría que debe haber una mejoría sustancial en esta materia. En este caso no la hay. También debe haber una mejora en materia laboral. La situación laboral de la CONAF provoca vergüenza, por su precariedad, anacronismo, política de remuneraciones y todo lo que tiene que ver con políticas de incendio, ya que se externalizan brigadas y quienes las componen no cuentan con preparación. Los jóvenes mueren, precisamente porque carecen de algún tipo de capacitación o entrenamiento o se les manda a combatir incendios sin ni siquiera contar con los implementos y las condiciones mínimas de seguridad.
En consecuencia, a quienes consideran que aquí prevalece una política laboral, quiero decirles que no la hay.
Tampoco existe una orientación presupuestaria acorde a la magnitud del problema. El Senador señor Navarro señaló que faltan 1.000 guardaparques solo para preservar las áreas silvestres protegidas, que se hallan virtualmente abandonadas.
¡Para qué hablar de los medios que faltan en política de incendios o la carencia de otras herramientas profesionales!
Por lo tanto, es evidente que esta nueva institucionalidad no exhibe mejora alguna en los ámbitos más importantes.
A continuación me referiré a las facultades.
Hemos sostenido que los recursos naturales son importantes. Nuestro país tiene solamente 7 por ciento de tierras arables. El suelo es un recurso escaso, maravilloso, valiosísimo. El uno por ciento es tipo 1.
Chile tiene una vocación de nicho. Somos exportadores de alimentos. Podríamos ser potencia mundial, pero -repito- el suelo es un recurso escaso.
Yo pregunto: ¿cuáles son las facultades que se otorgan a esta institucionalidad? ¿Qué atribuciones tendrá en manejo de cuencas hidrográficas, en materia de erosión de suelos, de desertificación, de cambio climático, de diversidad forestal, de control y gestión de leña? ¡Ninguna!
Por ende, esta institución resulta una mentira; es anacrónica. La actual, por último, tiene 40 años.
La CONAF pública podría haber estado vigente hace muchos años. Pero este es un problema que no data de hoy. La controversia ideológica de dejar al mercado los procedimientos regulatorios es muy antigua. Fue también algo que penó a los Gobiernos anteriores, que en materia ambiental fueron completamente neoliberales y carentes de visión estratégica. Y esto aún no se resuelve.
Por ejemplo, tenemos una institución carente de capacidad y potestad sancionatoria. Es "un perro sin dientes". El SAG, la autoridad sanitaria, cuenta con potestad sancionatoria. La CONAF, no. Y debe solicitar el auxilio de la Fuerza Pública. No tiene fiscalizadores empoderados.
Los sueldos del personal se fijan, en general, con una concepción del todo anacrónica e incluso fuera de mercado.
Los brigadistas, que son un componente fundamental, perciben alrededor de 300 mil pesos mensuales. Y lo hemos denunciado en reiteradas oportunidades. A pesar de que exponen la vida, no tienen seguros.
Como señalé, hay problemas dramáticos con la externalización de esos servicios, que al país le cuestan mucho más caros que tener brigadas permanentes, competentes y capacitadas.
Por los motivos expuestos, señor Presidente, no veo razón alguna para contribuir con nuestro voto a legitimar una mentira, algo que no es; para legitimar algo que sin duda es fundamental, pero, si aprobamos esta iniciativa de ley como se encuentra, significará infligir un inmenso daño a Chile. Porque la institución propuesta no cumple con criterios mínimos ni con el nivel de sustentabilidad y flotación adecuados para garantizar una gestión y una política ambientales acordes con los intereses del país.
Por consiguiente, creo que debería proponerse otra institucionalidad, con una nueva normativa -ojalá consensuada y debatida seriamente- que contenga los elementos mínimos como para considerarla como una institucionalidad ambiental puesta en la perspectiva del futuro de Chile; de algo que, a mi juicio, sí nos une: entender que nuestro territorio tiene una biodiversidad, recursos naturales y una riqueza hídrica que en muy pocos años nos va a situar en el centro del planeta, como una nación de vanguardia, como un país central. Pero esto requiere que tengamos la capacidad de hacer el diseño institucional que amerita y que corresponde, lo cual se encuentra absolutamente alejado de lo que se nos plantea hoy día.
Por lo tanto, señor Presidente, voy a votar en contra, no solo por estimar que ha habido obstinación, cerrazón y arrogancia, sino, fundamentalmente, por tratarse de una pésima definición institucional.
Quienes han estado detrás de esta propuesta han demostrado no tener visión de lo que implica un proyecto de país; no entender la riqueza con que cuenta ni lo que tiene que ver con el establecimiento de vocaciones de uso de nuestro territorio, y tampoco, el potencial maravilloso de que dispone Chile para emprender en el mundo que viene.
El señor ESCALONA (Presidente).- Solicito nuevamente el asentimiento unánime de la Sala para abrir la votación.
El señor ESCALONA (Presidente).- Conforme a la tradición del Senado, podríamos efectuar una sola votación.
El señor NOVOA.- Tiene que realizarse votación separada, por el quórum, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- El artículo 30 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional -por eso lo hacía ver- establece: "Las diversas disposiciones de un mismo proyecto que para su aprobación necesiten mayorías distintas a las de los miembros presentes, se aprobarán en votación separada, primero en general y después en particular, con la mayoría especial requerida en cada caso.".
Se votarán primero las normas de carácter orgánico constitucional.
El señor PROKURICA.- Hay que llamar a los Senadores que se hallan en Comisiones.
En votación general las disposiciones referidas.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, como ha quedado en evidencia, estamos frente a una materia muy trascendente por las funciones que debiese cumplir esta institucionalidad forestal y que aquí se han enunciado: fomento productivo, bosque nativo, plantaciones, manejo forestal sustentable, política de incendios, protección y regulación de suelos, fiscalización. Son muchas las tareas y, claramente, el proyecto no dispone de un fortalecimiento financiero ni institucional. Porque cuando la DIPRES destina 177 millones de pesos para la segunda actividad exportadora del país, ¿de qué estamos hablando?
Debo manifestar, con franqueza, que no se ha tomado en serio la envergadura de la institución ni las atribuciones que deberían otorgársele. Y la responsabilidad de ello, por supuesto, no es del actual Gobierno, pues el asunto se viene arrastrando desde hace muchísimos años.
Incluso quiero decir algo que aquí no se ha señalado: en tiempos de la dictadura, hubo más voluntad que hoy para resolver el problema.
Efectivamente, en 1984 se intentó, mediante una de las leyes que dictaba la Junta Militar, crear la CONAF pública y, al mismo tiempo, incorporar lo relativo a todos los recursos naturales. No sé con qué grado de convicción, de convencimiento se determinó que había que hacerlo. Se destinaban recursos al nuevo servicio; se le concedían muchas más atribuciones, y se fijaba una planta de personal.
Paradójicamente, la presente normativa se refiere al tema forestal y no incluye planta de funcionarios. En cambio, el texto de aquel entonces mostraba que había una preocupación por el personal. ¡Curiosamente, en plena dictadura! Y eso, hoy día no se ve.
Sin embargo, el Director Ejecutivo de la CONAF en aquella época, según consta en las actas, se negó a que, en definitiva, esa ley o decreto ley -no sé cuál es la figura legal exacta- viera la luz, porque no se hacía cargo de los 1.300 trabajadores que tenía la Corporación, que, como se sabe, es tributaria de la COREF, de los años 70.
Señor Presidente, estimo que estamos frente a un tema que en distintos momentos de la historia, en estos 40 años, no ha sido debidamente considerado ni tomado en serio. Y deseo precisar algo sobre los funcionarios, respecto de los cuales se ha hablado mucho esta tarde.	No se trata de que esos trabajadores estén en contra de este proyecto en particular y no acepten una institucionalidad pública que les signifique pasar de una corporación de Derecho Privado a una entidad del Estado. ¡No! Lo que ellos plantearon en las múltiples sesiones en que los he escuchado, es que quieren una institución efectivamente robustecida, fortalecida que permita acometer los desafíos que mencioné al comienzo de mi intervención.
¿Y con qué nos encontramos? Con que se tramitan proyectos separados: uno que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, donde los funcionarios se regirán por el Estatuto Administrativo, y otro que crea el Servicio Nacional Forestal, CONAF (que ahora nos ocupa), con trabajadores regidos por el Código Laboral, como decían las Senadoras señoras Alvear y Rincón. Es fundamental que esta materia se estudie, en mi opinión, en paralelo. ¿Por qué? Porque, fundamentalmente, a los guardaparques -digamos las cosas como son, ganan en promedio 400 mil pesos- se los va a traspasar provisoriamente de una entidad para llegar finalmente a otra, que es el Servicio de Biodiversidad.
O sea, hoy día, quieren que aprobemos algo que implica cambiar a cientos de funcionarios, cuyo destino final ignoran. Porque el organismo al cual irían no existe.
Entonces, excúsenme, esto es poco serio.
Yo no sé si aquí estamos legislando simplemente para cumplir los dictámenes del Tribunal Constitucional; para apegarnos al mínimo tenor literal que nos impuso la Ley sobre Bases del Medio Ambiente en 2010, o para cumplir lo dicho por el Presidente de la CORMA, hace algunos días, en cuanto a que el proyecto se estaba entrabando por razones ajenas a los temas forestales y porque los trabajadores estaban en una pelea corporativa por aumento de sueldos.
¿Y qué pasa? Que el mismo día en que el Presidente de la CORMA, el señor Raga, alega -perdónenme, con todo respeto Ministro Larroulet-, el Gobierno le pone "discusión inmediata" a este proyecto. ¿Estamos haciéndolo para mostrar un ranking el próximo 21 de mayo o para cumplir el decreto ley N° 701, según lo manifestó ese directivo de la CORMA?
¿Qué se busca? Beneficiar las plantaciones que reciben el 80 por ciento de subsidio.
Entonces, estimo que el Gobierno no ha sido claro en cuanto a qué se intenta proteger con esta iniciativa; lo cierto es que no es ni a los bosques ni a los trabajadores.
Quiero hablar simplemente de mi Región, que es la que conozco y de sus parques nacionales.
El Parque Nacional Nahuelbuta, de Angol, tiene 5 mil hectáreas y solamente hay 2 guardaparques para cuidarlas. Ya dije cuáles son más o menos sus sueldos.
La reserva Nalcas, entre las comunas de Curacautín, Lonquimay y parte del río Biobío, es de 18 mil hectáreas. ¿Saben cuántos funcionarios y guardaparques tiene? ¡Cero! ¡No dispone de ellos para cuidar esas hectáreas! Algunos parlamentarios de la zona saben exactamente que lo que estoy hablando es así.
¿Y quiénes la administran? Guardaparques de la reserva vecina, que es la de Malalcahuello.
Otra reserva nacional, Alto Biobío, posee 19 mil hectáreas y solo un funcionario.
Entonces, considero que detrás de esto -no sé si ya se ha dicho; no lo he escuchado- hay más bien un concepto al cual se han referido muchas ONG y varios invitados, instituciones y universidades: de privatización, de concesiones en marcha.
Vimos lo que pasó luego del incendio de las Torres del Paine: inmediatamente se concesionó. O sea, se busca cualquier pretexto para concesionar todo.
Sigo hablando de mi Región: en la reserva de Malalcahuello, en Corralco, se están invirtiendo 40 millones de dólares en un hotel de cinco estrellas. ¡Fantástico, está bien! Es una inversión dentro de los espacios públicos. Sin embargo, a menos de mil metros del lugar en que se está realizando esa edificación -me parece bien esa inversión en una zona turística que hay que potenciar-, la CONAF, en un intento de lavado de imagen, destinó 25 millones de pesos para construir canchas artificiales de nieve -como las que habilitó algún Ministro cuando era alcalde-, donde con bolsas de nylon o neumáticos la gente del mundo popular pueda deslizarse.
O sea, claramente eso es segregación.
Entonces, este es un proyecto que, de verdad, no ha sido tomado en serio. Y esto se le ha advertido en reiteradas ocasiones al Gobierno.
Podría seguir: en Conguillío -un parque emblemático para el turismo, y de interés especial, donde llegan muchos extranjeros- están cerrando los baños públicos para cambiarlos por servicios privados exclusivos, simplemente para que se arrienden. De ese modo, quienes visitan esos lugares por el día no pueden usarlos.
Entonces, considero que el proyecto en debate carece de financiamiento y de atribuciones; confunde las cosas, y no avanza en paralelo con iniciativas relativas al Servicio de Biodiversidad y al Servicio Forestal. Además, se otorgan responsabilidades a los funcionarios, pero se los va a contratar según el Código del Trabajo. Entonces -perdónenme-, esto simplemente pretende cumplir lo exigido por la ley y la CORMA, acatar el decreto ley N° 701, pero no plantea el desafío institucional moderno que Chile requiere, que incluso la dictadura en algún momento (1984) observó como una oportunidad.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, no voy a repetir lo que ya han sostenido varios colegas, máxime por la claridad de las exposiciones de las Senadoras señoras Alvear y Rincón, en el sentido de que este es un proyecto respecto del cual la Oposición ha hecho un trabajo bastante serio, arduo, de diálogo, de discusión, y al que ha efectuado aportes respecto del texto presentado, durante un largo tiempo, como aquí se ha señalado.
Me llama la atención lo sostenido por el señor Ministro subrogante, en el sentido de que hay que votar ahora porque llevamos un año 4 meses sin un pronunciamiento. Y lo afirma como haciendo una crítica a quienes han estado en la Comisión estudiando este tema y que poco menos no quisiéramos emitir nuestra decisión. Pero lo que no dice -o no lo quiere pensar-, es que los Senadores de la Concertación y de la Oposición llevan un año y cuatro meses esperando propuestas, indicaciones y respuestas claras a los requerimientos hechos en la Comisión. O esa, la situación es al revés y no que nos hayamos demorado tanto.
La pregunta es por qué el Gobierno no ha apurado más el trámite o por qué no ha accedido a acuerdos en las áreas fundamentales aquí planteadas.
La Senadora señora Alvear lo resumió claramente, más allá de las deficiencias del proyecto, que son muchas.
El primero y más fundamental asunto que se planteó como condición para aprobar el proyecto en la Sala -así fue establecido en un acuerdo donde se fijaron condiciones para tal efecto- fue que se tenía que desarrollar un estudio simultáneo de esta iniciativa con el proyecto sobre el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas.
Ese es el debate y la pregunta, Ministro subrogante y Ministro Larroulet.
Porque cuando no se cumple la primera parte del acuerdo, el resto se cae. Se desploma lo que tiene que ver con los compromisos para mejorar el texto y lo relativo a un informe financiero más completo, donde se precisen y detallen todos los gastos asociados a la implementación de este Servicio.
Se exigió tener claridad respecto a la situación de los trabajadores de la CONAF, en especial de aquellos que están en la planta del Servicio Nacional Forestal.
¡Estos son los temas!
Entonces, uno se pregunta por qué no se puede estudiar esta materia simultáneamente, cuando es fundamental hacerlo por las razones explicadas. Porque hay atribuciones, facultades y funciones que se entrecruzan, se entrelazan o al menos se confunden groseramente.
Entonces, uno perfectamente puede llegar a la conclusión de que el Gobierno no quiere legislar en esta materia ni establecer un servicio para la biodiversidad.
¡Ah, es que nos vamos a demorar mucho! ¡Ah, es que el tema es muy complejo! ¡Claro! ¡Llevamos un año cuatro meses! Y en ese lapso no ha habido voluntad política para avanzar en el estudio de ambos proyectos de manera simultánea y complementaria. Entonces, uno tiene derecho a preguntarse qué está pasando en el intertanto. ¿En qué afecta esto? ¿Qué consecuencia práctica produce no contar con un Servicio de la Biodiversidad que busca regular un área tan específica e importante?
¿No será, señor Ministro, que la preocupación del Gobierno es implementar las 30 concesiones que se ofrecieron en el verano para ser usadas y que se hagan inversiones en parques forestales sin que el sector privado, que adquiere en esas condiciones, cumpla las futuras regulaciones que van a establecer estas normas en materia de seguridad, de incendio, de mitigación, de conservación? ¿No será eso? A lo mejor prima el interés económico por sobre los objetivos que plantean ambas iniciativas legales.
A mi juicio, los proyectos turísticos son muy importantes -como decía recién el Senador señor Quintana- y claramente constituyen un negocio. Pero no es responsabilidad del Estado, ni menos del Gobierno, estar generando condiciones para que esa actividad comercial se haga sin requerimientos, sin exigencias mínimas de seguridad, de conservación, de mitigación o de preservación del medio ambiente.
Y lo que conseguimos, sin entrar a discutir el tema del Servicio de la Biodiversidad, es consolidar ese tipo de negocios. Me parece que ese es un acto respecto del cual este Gobierno debe responder claramente.
Aquí algunos colegas han expresado -o lo ha dicho informalmente el Ministro-: "Bueno, ¡qué importa! Si lo votan en contra, ustedes pagarán el costo". ¿Qué costo vamos a pagar nosotros? ¡Si el costo lo van a pagar la institucionalidad pública, el país, los parques naturales! ¡El costo lo vamos a pagar todos! Pero la principal responsabilidad es del Gobierno, que es el que tiene la iniciativa en esta materia.
El Senador Coloma afirmaba que le queremos echar a perder el discurso del 21 de mayo al Presidente de la República, para que no pueda decir que tiene un proyecto aprobado más, una promesa cumplida más. ¡Si el problema de este Gobierno, Ministro Larroulet, no es de cantidad de cosas: es de calidad! Nuestra obligación aquí es legislar de modo responsable respecto de un proyecto que cumpla realmente con los objetivos. Y, como se ha dicho acá en forma reiterada, el que nos ocupa es total y absolutamente insuficiente.
Entonces, no es que queramos rechazarle al Ministro equis determinada iniciativa para que no pueda rendir bien su examen en la Cuenta del 21 de mayo y decir "promesa cumplida". El tema no es ese: es de calidad. Y, como es de calidad, le hemos reiterado al Gobierno que nosotros vamos a votar en contra este proyecto.
No se allanaron a analizarlo. No se allanaron a que las supuestas indicaciones pudieran ser acordadas con la Oposición. El Ministro subrogante mencionó que se había llegado a acuerdos con la Senadora Rincón, lo que no es cierto. Pareciera que este Gobierno cree que cuando dice algo y alguien lo escucha llega a acuerdo. Porque no sabe dialogar, no sabe escuchar; ignora que para llegar a acuerdo hay que consensuar al menos entre dos partes.
Por eso, pienso que estamos en un problema serio.
Se nos ha dicho también, Senador Cantero: "¿Por qué no aprueban la idea de legislar y después arreglamos?". ¿Cómo vamos a tener confianza en un Gobierno que se ha comprometido a alcanzar acuerdos previos en al menos cuatro materias fundamentales antes de votar la idea de legislar y no ha cumplido? ¿Por qué vamos a creer que lo va a hacer después de aprobarse en general la iniciativa?
Lamentablemente, Senador Larraín, no tenemos esa confianza. Y, por la experiencia que han vivido en las negociaciones previas al envío de los proyectos, me da la impresión de que ustedes tampoco tienen mucha confianza.
Aquí el Gobierno ha insistido en una postura -tozuda, en mi opinión- y nos obliga a votar en contra creyendo que lo vamos a hacer a favor para no pagar un costo tremendo. Pero, ¿saben? En definitiva, el mayor costo que podríamos pagar es legislar sobre un proyecto malo, insuficiente, que no resuelva los problemas que pretendemos resolver.
Esas son las razones por las cuales vamos a rechazar este articulado. Seguramente, el Gobierno dirá: "Lo llevamos a la Cámara de Diputados; allá lo arreglamos". Pero les queremos notificar desde ya, al Ejecutivo y en particular al Ministro Larroulet, que si vuelven con un texto igual al que han presentado acá lo vamos a rechazar otra vez.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, voy a tratar de no excederme en el uso de la palabra,...
El señor CANTERO.- ¡Se le agradece...!
El señor LAGOS.-... ya que los puntos que hemos planteado desde la Oposición a este proyecto son bien claros.
Las dos primeras personas que entraron en un análisis detallado de esta iniciativa señalaron las falencias que ella tiene en su origen. Se afirmó que hay problemas de sustentabilidad en el desarrollo del sector forestal que no son abordados en su articulado; que existen deficiencias en la determinación de competencias entre los dos organismos que -se supone- se deben crear: la nueva CONAF pública y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas; que hay falta de especificidad en las funciones y objetivos de la nueva CONAF que se quiere hacer pública, como también -lo que no es menor- en las condiciones laborales de los trabajadores.
Estos puntos fueron abordados en detalle por las Senadoras Rincón y Alvear. Sin embargo, tendré que volver a referirme a lo que señalaba recién el Senador Pizarro, para aclararlo.
El colega Hernán Larraín pidió coherencia a los Senadores de la Concertación respecto a su votación en las Comisiones unidas. Pues bien, qué mejor muestra de buena fe que decidir aprobar allí la idea de legislar sobre la base de cuatro condiciones, que fueron muy claras y muy específicas, pero que no se cumplieron.
De esas cuatro condiciones, admito que una puede ser discutible, por ser interpretable: si las indicaciones eran o no las que la Oposición quería, sin perjuicio de que, como es natural, tenían que ser aprobadas por ella para darse por satisfecha.
La situación de las otras tres es distinta. Y las voy a repetir:
"1.- Realizar un estudio simultáneo de este proyecto de ley y del que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas".
Dicho estudio no existe, y era una condición -el Senador Navarro fue parte de la conversación-. Entonces, si no existe, la condición no se cumple.
"3.- Antes de votar en general el presente proyecto de ley en la Sala del Senado," -o sea, en esta sesión- "que el Gobierno presente un informe financiero más completo, en el que se precisen y se detallen todos los gastos asociados a la implementación de este Servicio con todas sus funciones y atribuciones".
Tampoco se cumplió la condición. En consecuencia, se está en falta.
Y "4.- Tener claridad respecto de la situación de los trabajadores de CONAF, en especial sobre la planta del Servicio Nacional Forestal".
Por lo tanto, desde el punto de vista meramente formal, sin entrar a los temas de fondo -como los que planteó el Senador Girardi, quien expresó que este proyecto debía abordar otras materias porque se quedaba corto- o a todo el tráfago de comentarios relativos a su insuficiencia, es preciso señalar que las cuatro condiciones mencionadas no se cumplieron.
En ese sentido, quiero decirle al Ministro Larroulet -por su intermedio, señor Presidente- que no se trata de echarle a perder la Cuenta Pública al Presidente, porque la ciudadanía ya manifestó lo que opina de él, imagen que no se va a arreglar con un discurso del 21 de mayo. Eso no va a ocurrir, pues, para que así fuera, ese día tendría que anunciarse algo muy fuerte, que no preveo.
Segundo, señor Presidente, el rechazar la idea de legislar no es algo dramático. Como recordó el Senador Gómez, ello ocurrió antes en 18 proyectos de ley. El tema es por qué sucede eso en esta oportunidad. Y no es porque no queramos que haya avances en esta materia, sino porque lo que se está proponiendo es insuficiente. No basta la monserga de decir: "¿Y por qué no lo hicieron ustedes en veinte años?".
El señor KUSCHEL.- ¿Quién dijo eso?
El señor LAGOS.- Porque lo que no hicimos en veinte años fue proponer un proyecto de ley como este, que manda guardar los derechos de los trabajadores -aquí no se dice nada-, que no resuelve el problema de las contiendas de competencia que puede haber entre distintos servicios. Porque, en el fondo, lo que hay acá es una urgencia que, como explicaron otros colegas, persigue, sencillamente, satisfacer los derechos y los intereses económicos de algún sector.
No existe ninguna convicción en esta normativa. Esa es la verdad. Y esto no es rechazar por entorpecer. Les quiero recordar a las bancadas de enfrente y al Ministro Larroulet -y corríjanme, por su intermedio, señor Presidente, si estoy equivocado- que no hemos rechazado ni un solo proyecto de ley. ¡Ni uno! ¡Los hemos aprobado todos -coma-, claro que mejorados!
¿El del 7 por ciento? ¡Mejorado!
¿El posnatal? ¡Inmensamente mejorado!
¿El impuesto específico a la minería? ¡Tremendamente mejorado! No era lo óptimo, lo que yo quería, pero fue mejorado.
Y en este caso hicimos lo mismo. Se le dio la oportunidad al Gobierno de que mejorara el proyecto. Se le aprobó la idea de legislar en las Comisiones, con cuatro condiciones que no se cumplieron.
Por consiguiente, no estamos boicoteando la idea de legislar; simplemente, no queremos ser parte de una iniciativa que no nos satisface. Y si algo he aprendido es que, si uno no marca la diferencia aquí, adentro, afuera los ciudadanos o los funcionarios afectados tampoco ven ninguna. Y por eso tenemos que marcarla.
Entonces, si el Gobierno cree que este proyecto, tal como está, va a resolver los problemas, que asuma la votación que va a recibir.
¡Lo digo así de tranquilo! Porque no es más dramático que eso.
¿Tiene un costo? Sí. Ni de allá, ni de acá, ni del Ministro; menos del Subsecretario. Nadie va a conocer esta situación. Claro que se perjudica la institucionalidad. Vamos a seguir contando con deficiencias en la forma en que opera CONAF. Yo quiero que funcione mejor que como lo ha hecho hasta ahora, pero este no es el camino.
Y este tema uno lo sigue de cerca. En cada una de nuestras Regiones está presente la Corporación Nacional Forestal. En la Quinta, he estado dos veces en el humedal El Peral, comuna de El Tabo, que sufre severa contaminación. Uno se junta con los funcionarios de la CONAF para ver lo que pasa en terreno y se encuentra con que no hay recursos, no hay fiscalización.
Entonces, uno se pregunta: ¿resuelve tales problemas este proyecto? No, no lo hace. Por eso, no se trata de ser egoísta.
Y, al menos para que quede en el registro y las notas de esta discusión: ¿se aprobó la idea de legislar? Sí, en las Comisiones unidas. ¿Sujeta a qué? A cuatro condiciones. ¿Se cumplieron? No.
En consecuencia, me siento autorizado y tranquilo para votar en contra.
El Gobierno tiene todas las armas y las facultades para cambiar esta situación: puede retirar la urgencia, puede anunciar que va a conversar el asunto de nuevo, puede pedir que la iniciativa vuelva a Comisiones. Lo han dicho todos los Senadores. Y así tal vez este proyecto corra la misma suerte que el del posnatal, el del impuesto específico a la minería y el del descuento del 7 por ciento en salud para los abuelitos: que salga aprobado, pero mejorado. ¡Y de yapa y de taquito les doy el que concedió el bono de las bodas de oro, que también hubo que arreglar, porque venía mal!
¿Y qué es todo eso? ¡Responsabilidad!
Pero aprobar la idea de legislar para arreglar después el texto no es posible en este caso. Se rompió la confianza, como dijo el Senador Pizarro, de lo cual tiene que hacerse cargo no solo el Gobierno, sino también nuestros colegas de las bancadas de enfrente, que saben, en su fuero interno, que tales condiciones existían. El Ministro Pablo Longueira, ex Senador, seguramente habría tenido duras palabras hacia el Gobierno y ya hubiese llegado a un acuerdo para despejar este asunto.
Así como está, rechazo el proyecto.
El señor ESCALONA (Presidente).- A continuación, tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro.
Perdón, Su Señoría. Algunos Senadores me están haciendo señales gestuales por la hora.
Quiero decirles que el artículo 168 del Reglamento establece que, una vez iniciada una votación, esta debe continuar hasta su término.
El señor WALKER (don Ignacio).- ¿Cuántos inscritos quedan?
El señor ESCALONA (Presidente).- Tres.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, todos los señores Senadores han tenido el tiempo que corresponde para dar a conocer su opinión, por lo cual exijo que tengamos la paciencia necesaria para poder escucharnos. Por tanto, esa premura no se justifica. Cada uno tiene derecho a fundamentar su voto.
En primer lugar, quiero expresar que me extraña lo que está ocurriendo en la Sala, porque cuando fui Diputado me tocó trabajar, durante el Gobierno anterior, con muchos de los Senadores aquí presentes para llegar a un acuerdo respecto del Ministerio del Medio Ambiente. Se hizo un esfuerzo bastante grande, y en esa época vi gran generosidad tanto en el Gobierno de la Concertación como en los parlamentarios que entonces conformábamos la Oposición.
No veo ese mismo espíritu hoy día. Porque la idea de legislar significa poner sobre la mesa un tema para empezar a conversar las indicaciones que, con legítimo derecho, pueden formular, o el Ejecutivo, o los parlamentarios, sean estos de Gobierno o de Oposición.
En consecuencia, me extraña el espíritu y el ambiente en que estamos cayendo, más aún cuando se trata de sectores tan sensibles como el forestal y el ambiental. Y sobre todo me sorprende que muchos Senadores que han anunciado su voto en contra sean los mismos con los que acordamos llevar adelante el proyecto del Ministerio del Medio Ambiente para separar, en la CONAF, las funciones concernientes a la preservación de lo que es el trabajo propiamente tal que dicha entidad lleva a cabo.
Eso lo acordamos y lo conversamos. Tanto fue así que en la ley Nº 20.417 quedó un artículo transitorio que explica esta situación, cuyo contenido fue producto de un acuerdo serio.
Y resulta que ahora rechazan pese a que en veinte años los Gobiernos de la Concertación nunca presentaron un proyecto sobre la materia. Si no me equivoco, fue el Presidente Ricardo Lagos quien presentó el que creaba la Subsecretaría Forestal. Pero lo retiró.
El señor COLOMA.- Fue el Presidente Frei Ruiz-Tagle.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Si es así, me gustaría que me lo corroborara.
El señor NAVARRO.- Fue en 1998.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- En todo caso, me gustaría saber por qué lo retiraron.
Hoy se habla de privatización. ¡Es justamente al revés! Porque actualmente la CONAF es un organismo de derecho privado que carece de facultades legales para, por ejemplo, apagar un incendio en un recinto particular. Primero debe pedirle autorización al dueño del predio, porque un privado no puede ingresar a la propiedad de otro privado.
Aquí estamos dando la posibilidad de tener un organismo público, dotado de las facultades necesarias. Y precisamente para abordar una ley de incendios se requiere una CONAF pública.
¿Ustedes saben, señores Senadores, que la CONAF hoy día, para sacar agua de un tranque privado, debe pedir la autorización respectiva, pues de lo contrario puede caer en un conflicto jurídico, dado que un privado no puede extraer un recurso de otro privado?
Creo, señor Presidente, que este es un tema de responsabilidad política.
Cuando las encuestas dan cuenta del desprestigio del mundo político y de las instituciones en general, sin duda que este es un mal ejemplo que no sirve para crear el ambiente que se necesita en el país.
Hoy se habla de la situación de los brigadistas. Y lo que se pretende, justamente, es darles mayor protección. ¿Qué protección tiene en la actualidad uno de ellos si lo contrata un organismo privado? Por eso, queremos avanzar en estas materias.
Si ahora el proyecto es rechazado, no será posible volver a discutirlo sino hasta en un año más. Y los responsables serán aquellos que voten en contra esta tarde. Lo que se está haciendo aquí, señor Presidente, no es tratar de imponer, sino de colocar un tema en el debate, a fin de poder acordar un texto durante la discusión particular en las Comisiones correspondientes.
Opino que estamos llegando a límites que no le convienen al país. Y me extraña la actitud de algunos Senadores porque, cuando nosotros fuimos Oposición, en materias como esta jamás nos negamos a la idea de legislar, a la idea de conversar y debatir un asunto. Un año más significa que de nuevo tendremos que empezar a trabajar la posibilidad de contar con una CONAF pública y con un Servicio de Biodiversidad.
Tal actitud me sorprende cuando todos dicen estar preocupados del medio ambiente. Y lamento lo que está ocurriendo, porque no le hace bien al país ni tampoco al Senado.
Yo pido, humildemente, que el espíritu con que partimos el estudio del proyecto sobre el Ministerio del Medio Ambiente se manifieste hoy día de la misma forma, porque en aquella ocasión todos cedimos y fuimos capaces de llegar a consensos.
Deploro que nuestro país no sea capaz de llegar a acuerdos en un área tan sensible como la que nos ocupa, sobre todo cuando otros no presentaron ningún proyecto sobre la materia en veinte años. Sin duda, el que ahora nos ocupa tiene deficiencias, pero podemos mejorarlo. Sin embargo, nos dicen: "¡No! No conversemos el tema". Eso es lo que significa, señor Presidente, no votar a favor de la idea de legislar.
Tenemos un procedimiento. Y para eso está el Parlamento: para discutir, para confrontar, para llegar a acuerdos.
Me da la impresión de que con esta actitud se está abriendo otro escenario político, donde se intenta encarar al Gobierno de esta forma, diciéndole: "¿Sabe qué más? No estamos disponibles para conversar de esta manera la idea de legislar en relación con los proyectos que usted nos presente".
Eso es lo que nos da para pensar a nosotros.
Me queda la sensación de que la Concertación le está anunciando al Ejecutivo: "No le vamos a aprobar la idea de legislar con respecto a ningún proyecto que no esté a satisfacción nuestra".
¡Esa es la impresión con la que uno se queda! Y me parece lamentable.
El señor ROSSI.- ¡A partir de hoy!
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Puede ser a partir de hoy. Parece que es la decisión que han tomado, si no me equivoco, después de haber escuchado al Senador Pizarro.
¡Lamentable! ¡La Concertación seguirá bajando en las encuestas!
El señor ESPINA.- ¿Más? ¡Imposible!
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- No, Senador Espina, con esto va a seguir bajando.
El señor QUINTANA.- ¿Y la Alianza está subiendo?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Nosotros nos estamos preocupando de lo que ustedes no se preocuparon durante veinte años. Y resulta que ahora dicen que no.
Yo los llamo a recapacitar, a pensar un poquito más en el esfuerzo que hicimos para llegar a este proyecto, que es el fruto del trabajo de todos.
Les pido que recapaciten, porque de la otra manera no se colabora con lo que Chile espera de nosotros.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, si un observador externo viera este debate no podría creer lo que ocurre. Porque la bancada de este sector está abogando para que una corporación de Derecho Privado se transforme en un servicio público. Y ello lo hace cumpliendo la palabra empeñada en la negociación que tuvimos en aquel entonces los Diputados de la Comisión de Medio Ambiente con la Ministra Ana Lya Uriarte, con el objeto de que se creara un Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas, y de que, adicionalmente, se le entregara, como corresponde, un rango a la CONAF, estableciendo una entidad pública.
En esa negociación, que culminó finalmente con una nueva institucionalidad medioambiental y con la promulgación de una ley en enero del año 2010, se estipuló que, en el plazo de un año, ¡un año!, se cumpliría la palabra empeñada.
Y fue este Gobierno, el del Presidente Piñera, el que precisamente envío dichos proyectos al Parlamento.
En esta iniciativa claramente se quiere dotar a la CONAF del poder suficiente para hacerse cargo de problemas que son evidentes, por ejemplo, los que dicen relación con las plantas de personal; con disponer de una ley sobre incendios forestales, de una normativa de fomento forestal; con facilitar -y aquí vuelvo a mencionar la ley de incendio- el ingreso a los predios; con contar -como bien decía el Senador que me precedió en el uso de la palabra- con la posibilidad de acceder al agua de los tranques para atender una urgencia provocada por un siniestro forestal.
Eso es lo que pretende esta iniciativa legal. Se trata simplemente de la idea de legislar.
Con este proyecto, con este documento, no estamos resolviendo todos y cada uno de los problemas que afligen a la CONAF, y que yo comparto, por supuesto. ¡Cómo no voy a compartir que se requiera una nueva institucionalidad! ¡Cómo no voy a compartir que sería ideal tener una subsecretaría de la cual dependiera!
Hoy día estamos dando un paso importante para terminar con una anomalía jurídica, que está dada fundamentalmente porque una corporación de Derecho Privado se encuentra cumpliendo una función pública.
Y ese asunto lo pudo haber zanjado el Gobierno anterior, como lo está haciendo el actual, incluso mediante un decreto. ¡Pero, no! Como era algo que se hallaba establecido en un compromiso relacionado con la nueva institucionalidad medioambiental (artículo octavo transitorio de la ley N° 20.417), aquel dijo: "No, que esto lo discuta el Congreso, la soberanía nacional representada por los parlamentarios".
Dicha anomalía ha sido observada por la Contraloría General de la República, por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y por el Tribunal Constitucional, por cuanto las funciones públicas solo pueden ser ejercidas por órganos públicos.
En consecuencia, este Gobierno se está haciendo cargo acá de ello.
Y hay una preocupación nuestra, por supuesto. ¿Qué pasa con los trabajadores? La idea es que no pierdan ni un solo beneficio laboral, ¡ni uno solo!; tampoco los años que prestaron servicio, ni la posibilidad de ser indemnizados. Porque hoy día ellos tienen contrato regido por el Código del Trabajo y, por ende, pueden ser objeto de indemnización distinta del resto de los funcionarios públicos.
¡Y eso hay que decirlo también!
Obviamente, hay aspectos que pueden ser mejorados. Eso es parte de la función legislativa. Aquí simplemente estamos votando -y quiero recalcarlo- la idea de legislar sobre una materia tan importante como la que nos ocupa.
La CONAF cuenta con mil 930 funcionarios contratados, además del personal temporal que se contrata para el combate de incendios y para otras actividades. De ellos, 540 trabajadores se desempeñan en la Sección Áreas Silvestres Protegidas, a nivel central, regional y provincial, los que serían traspasados al Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas.
Y hemos tenido garantía por parte del Gobierno del Presidente Piñera de que todos los beneficios laborales de esos trabajadores van a ser respetados, lo cual es importante.
Ahora bien, el Departamento Agrario del Partido Socialista se pronunció de manera efectiva sobre esta materia -lo estoy viendo en este momento en Google-, de lo necesario que es avanzar en una CONAF pública.
Ese documento del Departamento Agrario del Partido Socialista nosotros lo hacemos propio, pues estamos defendiendo la función pública. Creemos que es primordial y urgente establecer todas y cada una de las condiciones a ese respecto. Y es importante predicar con el ejemplo.
Estamos fortaleciendo el Estado generando una CONAF pública y terminando con una anomalía jurídica, para que en definitiva los trabajadores de ese organismo puedan contar con todos y cada uno de los beneficios laborales de que disponen hoy día.
Por supuesto que esperamos que este proyecto de ley pueda ser mejorado.
Hay asuntos contenidos en él que requieren urgentemente un perfeccionamiento y ser clarificados -por de pronto, definiciones como la relativa a bosques urbanos-, al igual que materias que dicen relación con la superposición de funciones, argumento que también comparto.
Y, desde luego, hay aspectos que deben ser planteados, por ejemplo, aquellos vinculados con el fortalecimiento de la institucionalidad, dejando la dependencia del Servicio en una subsecretaría.
¡Para eso es el trámite legislativo!
¡Hoy día simplemente lo que estamos haciendo es decirle a los chilenos que sí queremos legislar, que sí queremos una CONAF pública, que sí queremos hacer perfeccionamientos! Y eso lo haremos en el desarrollo del trámite legislativo.
Por lo tanto, en cumplimiento del compromiso que asumí con la Ministra Ana Lya Uriarte como miembro de la Comisión de Medio Ambiente en aquel entonces, en términos de fortalecer una CONAF pública, de procurar que las funciones públicas las cumplan organismos públicos, y en concordancia con las observaciones formuladas por el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República y el Tribunal de la Libre Competencia, voy a votar a favor del proyecto, sin perjuicio de señalarle al Gobierno que es necesario perfeccionarlo, mejorar las condiciones de los trabajadores, ampliar las plantas.
Pero todo ello lo discutiremos cuando podamos, si es que la Concertación nos permite debatir esta iniciativa legal y legislar sobre la materia.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, quiero ser muy breve porque creo que el debate ya se ha extendido por tiempo suficiente.
Solo deseo expresarles que pocas veces en muchos años he visto una incoherencia más grande que la observada hoy día por la forma como está votando la Concertación.
Y lo señalo por lo siguiente.
En primer lugar, porque la idea de legislar sobre este proyecto apunta a un solo objetivo: transformar a la CONAF, que actualmente es una institución privada, en un organismo público.
¿Y por qué lo hace el Gobierno? Porque una institución como la CONAF, que dispone de atribuciones propias de organismos públicos, tiene la obligación de cumplir con la Constitución y la ley. Y actualmente no lo hace. Basta leer lo que dice el fallo del Tribunal Constitucional, que, según entiendo, para algunos distinguidos Senadores es irrelevante; pero en un Estado de Derecho democrático dicho órgano es el que establece si una norma se adecua o no a nuestra Carta Fundamental. Así funcionan las democracias occidentales.
En esa resolución hace presente a los Poderes colegisladores la inconveniencia de mantener situaciones constitucionalmente anómalas como la aludida, y exhorta especialmente al Presidente de la República para que regularice la naturaleza jurídica de la CONAF.
Por lo tanto, señor Presidente, los trabajadores deben estar notificados de que cualquier ciudadano que recurra al Tribunal Constitucional va a paralizar a la CONAF, porque está cumpliendo funciones que no puede desarrollar mientras sea una institución privada. Y si ella se paraliza, no será posible presentar ninguna otra iniciativa para transformarla en una institución pública, al menos durante un año. Y no va a poder seguir funcionando.
Entonces resulta de una incoherencia absoluta que los parlamentarios de la Oposición fundamenten que el proyecto no les gusta en algunos aspectos y se nieguen a cumplir lo que dispone el Tribunal Constitucional, que es realmente de todo sentido común: transformar una institución que debió ser siempre pública y que actualmente es privada.
Por lo tanto, la primera reflexión apunta a que la responsabilidad política de que la CONAF siga actuando al margen de la Constitución, de que no cuente con las atribuciones para cumplir adecuadamente las normas básicas, específicamente en el caso de los incendios forestales, va a ser exclusivamente de ustedes. Y cada uno asume su responsabilidad política frente a estos actos.
Cuando mañana un funcionario de la CONAF no pueda ingresar a un predio privado para actuar y sofocar un incendio, porque no tiene autorización del dueño, no nos quejemos. La responsabilidad política va a ser de ustedes. Y eso creo que es bueno despejarlo. Cada uno aquí tendrá que asumir su responsabilidad política como corresponde.
En segundo lugar, pido un poquito de humildad de parte de ustedes en esta materia. Yo no soy de los que creen que uno tiene que andar sacándole la cuenta a los Gobiernos anteriores por lo que no hicieron, porque lo que al país le importa es que entre todos hagamos lo que falta por hacer. ¡Pero rasgar vestiduras por la CONAF pública, cuando ustedes estuvieron 20 años en el Gobierno y no hicieron nada por transformarla, francamente les pido un poquitito más de pudor!
¡No los vi nunca preocuparse por la institucionalidad pública de la CONAF! ¡No los vi nunca preocuparse porque tuviera atribuciones que le permitieran combatir adecuadamente los incendios! ¡No los vi nunca preocuparse por la biodiversidad!
No quisiera haber dicho lo anterior, pero como aquí queda el testimonio histórico de los debates en el Parlamento, me parece insólito verlos rasgando vestiduras acerca de temas en los que jamás quisieron tener la iniciativa legal. Entonces, esta situación resulta paradójica porque ustedes critican al Gobierno por una norma respecto de la cual no hicieron nada. En esa parte les baja la amnesia más absoluta que he visto en años.
Un distinguido Senador -como este es un debate político- dice: "Miren, nosotros les mejoramos el 7 por ciento a los jubilados". Es probable y me alegra mucho que en el Parlamento se elimine el 7 por ciento a los jubilados: ¡Pero ustedes no presentaron el proyecto! ¡No lo presentaron! Y señalan: "Es que nosotros colaboramos en mejorar el posnatal". ¡Pero si nunca lo presentaron!
Entonces, les pido que tengamos un poco de pudor. También han expresado que el Gobierno tiene una mala evaluación ciudadana. Efectivamente, este no cuenta con una buena evaluación ciudadana. Pero tengamos un poco de pudor: ¡Ustedes son la Oposición con menos respaldo popular en la historia democrática chilena!
Siento que hay que ser un poquito más ecuánimes cuando se emiten juicios.
Creo que ustedes tienen una amnesia histórica que no les hace bien. Tampoco hace bien que nos pasemos recordando las cuentas por lo que nosotros no hicimos, o por lo que ustedes hicieron en el pasado. Lo razonable aquí, de haber primado el sentido común, era haber aprobado la idea de legislar respecto de esta iniciativa legal. Ustedes tienen los votos -son normas de quórum- para impedir que se apruebe algo distinto, que los satisfaga razonablemente, para generar un acuerdo, para avanzar en resolver un tema de flagrante inconstitucionalidad, porque la CONAF funciona al margen de la ley -lo dijo el Tribunal Constitucional-, y haber puesto los temas donde corresponde.
Yo siento que lo que prima aquí es la oposición dura. Yo fui Oposición durante 20 años y un sector creía que lo razonable era negarle la sal y el agua al Gobierno de turno, y había otro que estimaba que se debía generar democracia en los acuerdos, entendimiento, y sacar adelante muchas medidas que eran buenas para Chile.
Los hechos demostraron que lo que ayudó para que el país saliera adelante y lograra resolver muchos problemas fue una Oposición que realmente tenía un sentido constructivo. Por eso, Chile progresó. Porque si ustedes no hubiesen tenido nuestro apoyo (recuerden que había Senadores designados en aquella época) no habrían podido hacer prosperar muchas normas que, por cierto, ayudaron a nuestra nación. No obstante, aquí se está imponiendo -y ello se aprecia en los resultados electorales- la tesis dura: a este Gobierno no hay que darle ni prestarle agua para nada. Eso es.
Sin embargo, esa vía ya la probaron y les fue mal. Eso es lo que no entiendo. Seguir ese camino los ha hecho fracasar. Porque si el Gobierno actual tiene una baja evaluación y ustedes lo estuvieran haciendo bien, lo razonable es que hubieran subido. Pero no han logrado remontar su evaluación. No han sido capaces de capitalizar el descontento que existe en algunos sectores con la Administración vigente por razones que, a mi juicio, van a ir cambiando radicalmente con el tiempo hasta llegar a contar con la adhesión que le corresponde a quien está haciendo bien su pega.
Debo decir que lo que está haciendo aquí la Concertación es de una incoherencia absoluta. Un proyecto se puede mejorar en todos sus artículos, pero con esta actitud le están diciendo al país que no desean que la CONAF sea un organismo o institución pública y que quieren que continúe siendo privada, actuando al margen de la ley, sin atribuciones básicas ni elementales para cumplir bien sus funciones. Y si hubiera una iniciativa distinta relativa a la biodiversidad que se fuera a estudiar, ¿qué tiene que ver ella con el hecho de votar a favor de la idea de legislar? Si ustedes votan a favor en general hoy día, igual mantienen la sartén por el mango, porque se requieren normas de quórum calificado o de ley orgánica y, por ende, perfectamente pueden formular sus exigencias, pero no matar así una ley en proyecto por un año.
Señor Presidente, creo que esta discusión va a ser recordada como aquellas en donde, objetivamente, no primó el más mínimo sentido común al efecto de resolver los temas, sino más bien la tesis de que al Gobierno hay que negarle la sal y el agua.
Y yo sé lo que va a pasar el 21 de mayo. Acuérdense: no le van a reconocer nada al Gobierno, van a criticarle todo, se van a negar a asistir a las reuniones con los Ministros de Estado. Eso es lo que están haciendo. No recuerdo, jamás en los 20 años que fuimos Oposición, haber dejado de asistir a una reunión con un Ministro de Estado: ¡Nunca! A pesar de que de repente nos agarrábamos y teníamos discusiones firmes: ¡Nunca! Ustedes han dejado plantado al Presidente de la República, cosa que no había pasado nunca en Chile -¡nunca!-; si los invita un Ministro de Estado a conversar, no van. Entonces, no están contribuyendo a que el país solucione sus problemas. Lo que están haciendo es ganándose simplemente un pequeño nicho en el grupo más radicalizado, que al final tampoco los va a apoyar.
Por estas razones, lamento la actitud de la Concertación y voto a favor de la idea de legislar, más allá de las perfecciones que haya que hacerle al proyecto durante su tramitación.
--Se rechaza la idea de legislar (17 votos en contra, 14 votos a favor, una abstención y un pareo).
Votaron por la negativa las señoras Alvear y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Escalona, Frei (don Eduardo), Girardi, Gómez, Lagos, Muñoz Aburto, Navarro, Pizarro, Quintana, Rossi, Tuma, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pérez Varela y Prokurica.
No votaron, por estar pareados, los señores Letelier y Sabag.
El señor ESCALONA (Presidente).- Quedan rechazadas las normas de quórum.
Si le parece a la Sala, el proyecto quedará también rechazado en particular con la misma votación.

References: artículo 21
e contrario
 artículo 2
 resolución 
 artículo 93
 artículo 30
 artículo 168
 resolución