Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2017/07/01/es-apelable-el-resolutorio-que-dicta-el-juez-santafesino-requerido-desde-otra-provincia-a-raiz-del-planteo-de-inhibitoria-fiorenza-alejandro-a/
Timestamp: 2018-05-22 09:48:19+00:00

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¿Es apelable el resolutorio que dicta el juez santafesino requerido desde otra provincia a raíz del planteo de inhibitoria? Fiorenza, Alejandro A. – Microjuris - Argentina
1 julio 2017 por Ed. Microjuris.com Argentina
Cita: MJ-DOC-10703-AR | MJD10703
Dentro de nuestro país se autoriza la llamada vía inhibitoria en supuestos de conflictos de competencia, consistiendo aquella en que a la hora de plantear la incompetencia de un órgano judicial, ello puede hacerse por dos vías.
En nuestra provincia, dispone el CPCC que «.las cuestiones de competencia solo pueden promoverse por vía de declinatoria, con excepción de las que se susciten entre jueces de la provincia y otros de fuera de ella, en las que también procederá la inhibitoria…», y que «…en uno y otro caso, la cuestión solo podrá promoverse antes de haberse consentido la competencia de que se reclama. Elegida una vía, no podrá usarse en lo sucesivo la otra» (art. 6 , CPCCSF).
Con respecto al trámite, se establece también en dicho ordenamiento que «…la declinatoria se sustanciará como las demás excepciones dilatorias. La inhibitoria se resolverá sin más trámite que la vista fiscal, y desde el primer decreto, se hará conocer el incidente al juez que entiende en el otro juicio para que suspenda los procedimientos, excepto alguna diligencia que sea necesaria y de cuya dilación pudiera resultar daño irreparable…», y que «… en uno y otro caso, la resolución será apelable. En el segundo, ejecutoriada la resolución que haga a la inhibitoria, se procederá en la forma establecida en el artículo 8…».
El código de rito nacional, por su parte, establece que «… las cuestiones de competencia solo podrán promoverse por vía de declinatoria, con excepción de las que se susciten entre jueces de distintas circunscripciones judiciales, en las que también procederá la inhibitoria…» y que «…en uno y otro caso, la cuestión solo podrá promoverse antes de haberse consentido la competencia de que se reclama…» (art. 7 , CPCCN). Asimismo, en cuanto a la inhibitoria, se dispone que ella «…podrá plantearse hasta el momento de oponer excepciones o de contestar la demanda si aquel trámite no se hallare establecido como previo en el proceso de que se trata…» (art.8 , CPCCN), y que «…si entablada la inhibitoria el juez se declarase competente, librará oficio o exhorto acompañando testimonio del escrito en que se hubiere planteado la cuestión, de la resolución recaída y demás recaudos que estime necesarios para fundar su competencia…», solicitando además «…la remisión del expediente o, en su defecto, su elevación al tribunal competente para dirimir la contienda…», con el dato de que «…la resolución solo será apelable si se declarase incompetente…» (art. 9 , CPCCN).
Vemos, así, que el trámite dispuesto en la provincia para la inhibitoria no se diferencia en lo sustancial del que surge del ordenamiento nacional, con la sola particularidad de la vista fiscal.
Precisamente con respecto a la intervención del fiscal, cabe remarcar que existe un importante sector que entiende que aquella exigencia ha quedado derogada a partir de la reforma de la LOPJ y de lo que esta dispone en su art. 142, relativo a las funciones de los fiscales, debido a que a los mismos ya no les compete dictaminar sobre las cuestiones de competencia.Respecto de lo cual no hay duda en el caso de la declinatoria, particularmente; ya que se ha resuelto, en efecto, que tal exigencia en la tramitación de la declinatoria de competencia debe entenderse que se encuentra derogada al no estar prevista en las disposiciones de la ley 10.160 relativas al Ministerio Público(1). Pero no así en el de la inhibitoria, porque debemos decir que existe un pequeño sector doctrinario que entiende que tal vista es aun necesaria, en atención a que la anterior ley orgánica preveía la vista como obligatoria en ambos supuestos, y si bien la actual LOPJ no lo hace en ninguno de los casos, ello no quita reconocer que la misma procede si es el propio CPCC el que así lo dispone (2); lo que encontraría fundamento -además- en que en el caso de la inhibitoria el conflicto se suscita entre jueces de diferentes provincias (3). Aunque no podemos dejar de mencionar que existe una tesis contraria, restrictiva, conforme a la cual dicha vista no resultaría necesaria ni siquiera en el supuesto de la inhibitoria (4); con la cual coincidimos nosotros.
Finalmente, el art. 8 del CPCC de la provincia de Santa Fe dispone que «…cuando dos jueces o tribunales se encuentren conociendo de la misma causa, cualquiera de ellos podrá reclamar del otro que se abstenga de seguir entendiendo y le remita los autos o en su defecto los eleve al superior para que dirima la contienda, previa vista fiscal y en el término de tres días.La cuestión de competencia entre dos o más tribunales por rehusar todos entender en la causa será planteada y decidida en la misma forma…».
Puede decirse, entonces, que mediante la declinatoria, se pide por el demandado al mismo juez de la causa que expida un pronunciamiento negativo acerca de su competencia y, por lo tanto, que se abstenga de seguir interviniendo en el proceso; mientras que por la inhibitoria, en cambio, el demandado se presenta no ante el juez que está conociendo en el proceso, sino ante quien aquel considera que es el competente, pidiéndole que así lo declare, y que, tras esa declaración, libre una comunicación al magistrado que está conociendo en el proceso a fin de que se abstenga de continuar haciéndolo.
La inhibitoria, entonces, únicamente procede en los supuestos en que el conflicto pudiera llegar a surgir entre jueces de diferente provincia. En consecuencia, las partes solo pueden optar por plantear la cuestión de competencia por vía inhibitoria cuando esta se suscite entre jueces de la provincia y otros de fuera de ella; concretamente cuando alguien sea demandado en otra provincia y acuda a un juez de Santa Fe para que se declare competente. Supuesto este en el que bien dice Chiappini que el demandado comparecerá directamente ante el juez que no está interviniendo en el pleito, pero que entiende que debe hacerlo, a fin de pedirle que declare su competencia y reclame los autos del juez que estaba conociendo (5).
Supongamos, pues, que iniciado un procedimiento aquí en la provincia, decide el demandado acudir ante un juez foráneo a fin de ejercitar la inhibitoria que también autoriza, entre otros, el CPCC de la Nación; y que dicho magistrado decide considerarse competente librando en consecuencia el correspondiente exhorto a su colega santafesino que venía entendiendo aquí en la provincia.
En tal supuesto, pueden ocurrir dos cosas:que el juez santafesino no esté de acuerdo con tal decisión y entonces rechace el pedido de remisión de la causa a la otra provincia; o bien que que el juez santafesino concuerde con lo postulado por su colega y en consecuencia se declare incompetente remitiendo la causa al juez que, a su entender, resulta verdaderamente competente.
En el primero de los casos, la cuestión es más sencilla porque lo que se debe hacer es elevar la causa al superior común a fin de que la resuelva; esto es, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Así lo reconoce por ejemplo Barrios, al sostener que el juez de la inhibitoria tiene dos posibilidades, rechazar el planteo formulado o bien admitirlo, declarando que la causa es de su competencia y ordenando -en consecuencia- que se oficie o exhorte al juez cuestionado, para que se inhiba y remita la causa; en cuyo caso puede ocurrir que el juez cuestionado decida no inhibirse, generando con ello una cuestión positiva de competencia que se resolverá por el órgano superior jerárquico superior, que no podrá ser otro más que la Corte Suprema cuando no se cuente con otro que sea común para ambos jueces en conflicto (6).
En efecto, se ha dicho en cuanto al superior común en el caso de la inhibitoria rechazada, que supone la cuestión de competencia entre jueces de diferentes provincias, que «…ante una contienda suscitada entre un juez nacional y uno provincial, se hace evidente que el “Tribunal competente” para dirimirla, al no existir un “órgano superior jerárquico común”, es necesariamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación…» (7).
Posición que sostuvimos en un trabajo anterior sobre la materia, en el que dijimos que no hay dudas de que en tal caso es la Corte Suprema de Justicia de la Nación la competente, por ser el único Tribunal superior a ambos magistrados (8). Habiéndolo visualizado de tal modo también Lascano, cuando expresa que la Suprema Corte de la Nación conoce de las cuestiones de competencia que sesusciten entre los tribunales superiores de dos provincias o entre jueces de distintas provincias (9). Asimismo Marcelo Midón y Gladis E. de Midón, al recordar que cuando nos topemos con un conflicto de competencia, sea este positivo o negativo, deberá ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia cuando se suscite entre jueces o tribunales del país que no tengan un órgano superior jerárquico común (10).
Ahora bien, en el segundo de los supuestos planteados más arriba, la situación podría volverse algo más compleja, porque si bien es verdad que en la generalidad de los casos nadie discute nada y se produce la remisión ordenada por los ordenamientos de rito, también lo es que puede haber supuestos en los que las partes no estén de acuerdo con la decisión de alguno de los jueces, particularmente la del juez exhortado, que es la que ahora nos interesa en verdad.
Así surgen una serie de incógnitas no resueltas por la legislación procesal, como ser la que alude a la necesidad de notificar o no el resolutorio judicial por medio del cual se hace lugar al pedido del juez foráneo, reconociendo el magistrado santafesino requerido -en consecuencia- su propia incompetencia, aun cuando no lo diga directa y expresamente, porque es en definitiva lo que se deja entrever si es que acepta el pedido y se dispone lo conducente a la remisión de los obrados a aquel; o bien la que se relaciona, por su parte y siempre y cuando aceptemos que debe notificarse a las partes, con la posibilidad de recurrir tal de cisorio.
En este último sentido, creemos que tal impugnación sería perfectamente posible, porque tal y como se sostuviera antes, independientemente de lo que el juez local exhortado dijera en respuesta al pedido del magistrado de la otra jurisdicción para coincidir con el mismo, es innegable que se trata en definitiva de reconocer la competencia ajena en el asunto en cuestión y por consiguiente la propia incompetencia, aunque sea en forma tácita o implícita.
Bajo este marco, y planteadasasí las cosas, es sumamente claro que resulta de aplicación al supuesto en estudio aquella regla que puede extraerse del derecho ritual santafesino, conforme al cual resulta -sin dudas- apelable la declaración de incompetencia emitida por un juez de la provincia.
Además, dispone el CPCCSF en el segundo párrafo del art. 7, luego de aludir en el primero al trámite que cabe asignarle tanto a la declinatoria como a la inhibitoria, que «…en uno y otro caso, la resolución será apelable…»; y si bien es cierto que con ello quiso referirse el legislador particularmente a la resolución de la inhibitoria planteada ante el juez santafesino, el silencio legal atinente a la resolución del mismo en respuesta al exhorto remitido desde otra jurisdicción en el marco también de una inhibitoria, nos autoriza a interpretar tal vacío en forma analógica y entender -en consecuencia- que también en tales casos procedería la apelación.
Silencio -el referido- que no encontramos en el ordenamiento ritual nacional, pues este contiene una regulación específica en torno del trámite de la inhibitoria ante el juez requerido, estableciendo puntualmente en el art. 10 que «…recibido el oficio o exhorto, el juez requerido se pronunciará aceptando o no la inhibición…», siendo que «…solo en el primer caso su resolución será apelable…», y que «…una vez consentida o ejecutoriada, remitirá la causa al tribunal requirente, emplazando a las partes para que comparezcan ante él a usar de su derecho…»; mientras que «…si mantuviese su competencia, enviará sin otra sustanciación las actuaciones al tribunal competente para dirimir la contienda y lo comunicará sin demora al tribunal requirente para que remita las suyas…».
De ello da cuenta, por ejemplo, Marcelo López Mesa al afirmar en su comentario al mencionado art.10 del CPCC de la Nación que la norma allí contenida no ha sido receptada siquiera por nuestro ordenamiento ritual santafesino, como así tampoco los correspondientes a las provincias de Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones y Tucumán (11).
Al respecto dicen Palacio y Alvarado Velloso que «.en esta hipótesis no se configura conflicto de competencia y la resolución es apelable por el actor -único interesado en la solución contraria-…» (12).
En igual sentido, el propio Palacio, afirma que en lo que refiere al trámite de la inhibitoria ante el juez requerido, una vez recibido el oficio o exhorto, aquel se pronunciará aceptando o no la inhibición; y que en el primer caso, su resolución será apelable y, una vez consentida o ejecutoriada, remitirá la causa al tribunal requirente, emplazando a las partes para que comparezcan ante él a usar de su derecho; mientras que si mantuviere su competencia, en cambio, enviará sin otra sustanciación las actuaciones al tribunal competente para dirimir la contienda y lo comunicará sin demora al tribunal requirente para que remita las suyas (13).
Así también Falcón, quien en su Tratado resalta que en cuanto a la recurribilidad, solo se admite la apelación si el juez exhortado acepta la inhibitoria, pues en caso de que la rechace se produciría una cuestión de competencia, donde intervendría el tribunal superior de ambos órganos judiciales(14).
El problema, entonces, está en el silencio de la ley santafesina, porque como bien lo expone Alsina: si el juez requerido accediere a la inhibición, entonces tal decisorio podrá apelarse en relación y, consentida o ejecutoriada la sentencia, remitirá los autos al juez que crea competente; debiéndose tener en cuenta que si el juez requerido no fuera federal ni de la Capital, entonces habrá que estarse al respecto a lo que disponga la ley procesal de la provincia del mismo, esto es del juez requerido (15).
Siendo ello lo mismo que da a entender Barrios cuando en comentario al art.7 del CPCC santafesino afirma que el juez cuestionado, es decir aquel que recibe el exhorto por parte del magistrado ante el cual se tramitó la inhibitoria, de acuerdo con su propio código deberá decidir, luego de la notificación a las partes si se inhibe o no dictando, a su vez resolución al respecto (16).
Entonces, más allá del silencio en el que incurre nuestro ordenamiento local, podemos ver autores que entienden que la decisión que en torno a la inhibitoria tiene que tomar el juez exhortado es una verdadera resolución, que evidentemente tendrá que ser notificada a las partes no solo a los fines de su impugnación, sino también porque ello es lo que correspondería en atención a lo que pareciera querer dar a entender Barrios cuando explica que también se le debería notificar a las mismas el arribo del propio exhorto.
Viéndolo de esta forma, también López Mesa, cuando sostiene que el juez requerido, recibida la resolución y documentación por parte del juez requirente, previo a resolver sobre el planteo, debe dar traslado al actor para así sustanciar la inhibitoria articulada y de ese modo garantizar en este incidente el derecho de defensa, luego aceptar o rechazar la cuestión competencial; y en el supuesto que acepte su inhibición, dicha resolución es apelable y revisable por su superior jerárquico (17).
Puede responderse a la pregunta formulada en el título del presente trabajo, entonces, diciendo que procede el recurso de apelación contra el resolutorio que dicte el juez santafesino requerido desde otra provincia a raíz del planteo de una inhibitoria.Ello porque se trata de una verdadera necesidad en el sentido expuesto, por ejemplo, por un Tribunal sanjuanino al resolver que «…corresponde a la Cámara de Alzada en la materia, como órgano jurisdiccional natural inmediato superior, entender en tal recurso, no para dirimir un “conflicto de competencia entre tribunales de distintas Provincias”, sino para juzgar respecto de la admisibilidad o no de la inhibitoria dictada por el inferior, quien por haber precisamente admitido la inhibitoria no ha generado conflicto de competencia alguno…» (18).
En suma, coincidimos nosotros en casi todo lo dicho por la doctrina citada hasta aquí, salvo en lo relativo a la necesidad de sustanciar la inhibitoria, en tanto se trata de una cuestión como la competencia del órgano judicial, respecto de la cual bien puede este decidir oficiosamente. Con lo cual, lo correcto sería, a nuestro entender, ya no la notificación del arribo del exhorto, sino más bien la del resolutorio que en torno del mismo emita el juez de aquí de la provincia que hubiera sido exhortado por el foráneo, para que en el caso de aceptar tal requerimiento, es decir, de declararse aquel incompetente para seguir entendiendo en el asunto, pueda el decisorio en cuestión ser recurrido por los interesados ante la justicia local ordinaria a los fines de su revisión.
(1) CCCR, en Pleno, 21/5/-1990, Juris 85-145.
(2) CARBONE, Carlos: «La intervención de los fiscales en los casos de competencia civiles y penales y demás cuestiones procesales civiles ante la vigencia de la Ley 10.160 de Organización del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe», Zeus 54-D-149.
(3) REDONDO, M. Belén: en «Explicaciones del Código Procesal civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe», dirigido por Jorge W. Peyrano, t. 1. Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2016, p. 43.
(4) ALVARADO VELLOSO, Adolfo: «Estudio del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe», t. 1. Rosario, Fundación para el desarrollo de las ciencias jurídicas, 2014, p. 230.
(5) CHIAPPINI, Julio:«Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe Comentado», t. 1, Fas, Rosario, 2009, pp. 239 y 240.
(6) Barrios, Eduardo: en «Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe. Análisis exegético. Jurisprudencia. Legislación. Doctrina», dirigido por Jorge W. Peyrano, t. 1, 3.° ed. Rosario, Juris, 2004, pp. 44 y 45.
(7) CCC de Dolores, 27/4/1993, «Acovial S. A. c. Salvi, Ubaldo s/ Reivindicación»; Juba.
(8) FIORENZA, Alejandro A.: «¿Cómo deben actuar los jueces ante un conflicto de competencia territorial interprovincial?», Juris Online, Djuris280.
(9) LASCANO, David: «Jurisdicción y competencia». México, Praxis jurídica, 1978, p. 241.
(10) MIDÓN, Marcelo S., y ESTIGARRIBIA de MIDÓN, Gladis: en «Manual de derecho procesal civil». Buenos Aires, La Ley, 2014.
(11) LÓPEZ MESA, Marcelo J.: «Comentario al art. 10» en Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado, concordado con Códigos Procesales de las provincias argentinas y anotado con jurisprudencia de todo el país, t. 1, 1.a ed. Buenos Aires, La Ley, 2012.
(12) PALACIO, Lino E., y ALVARADO VELLOSO, Adolfo: «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente», t. 1., Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 1994, p. 363.
(13) PALACIO, Lino E.: Manual de Derecho Procesal Civil, 17.a ed., Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2003, p. 223.
(14) FALCÓN, Enrique: Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, t. 1, 1.a ed. Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2011, p. 148.
(15) ALSINA, Hugo: «Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial», t. 2, 2.a ed. Buenos Aires, Ediar, 1957, pp. 684 y 685.
(16) BARRIOS, Eduardo: en «Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe. Análisis exegético. Jurisprudencia. Legislación. Doctrina», dirigido por Jorge W. Peyrano, t. 1, 3.a ed. Rosario, Juris, 2004, p. 44.
(17) LÓPEZ MESA, Marcelo J.: comentario al art. 10 en Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado, concordado con Códigos Procesales de las pr ovincias argentinas y anotado con jurisprudencia de todo el país, t. 1, 1.a ed. Buenos Aires, La Ley, 2012.
(18). CCCyM de San Juan: Sala I, 15/4/1997, «González Aubone, Armando F., suc.», LLGran Cuyo, 1998, p. 106.
N. de la R.: Publicado por Editorial Juris.
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