Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2004-02114-29912-de-junio-12-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_e2c2549ab2910086e0430a0101510086&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-19 08:37:07+00:00

Document:
SENTENCIA 2004-02114 DE 12 DE JUNIO DE 2013
CONTENIDO:PERJUICIOS MATERIALES POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. LO ESPERADO CUANDO UNA PERSONA ES PRIVADA DE SU LIBERTAD, ES QUE ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE SEGUIR RECIBIENDO LOS INGRESOS QUE USUALMENTE DEVENGABA, GENERE, COMO CONSECUENCIA, EL DESCUIDO SUS OBLIGACIONES PERSONALES, CON LAS CONSECUENCIAS QUE ESTA CIRCUNSTANCIA PUEDA ACARREAR, POR LO TANTO SE DEBEN RECONOCER LOS PERJUICIOS MATERIALES QUE LA PERSONA TUVO QUE INCURRIR PARA PAGAR LOS HONORARIOS DEL ABOGADO QUE LO REPRESENTO DURANTE EL CURSO DEL CORRESPONDIENTE PROCESO PENAL Y SI LA PERSONA OBTUVO CRÉDITOS PARA CONSTITUIR SU SOSTENIMIENTO Y EL DE SU FAMILIA, SE LE DEBERÁ RECONOCER LOS INTERESES DE ESTOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, ABOGADO, PERJUICIO MATERIAL
Radicación: 250002326000200402114-01 (29912).
Demandante: José Miguel Contreras Beltrán y otros.
Bogotá, D.C.,junio doce de dos mil trece.
Se encuentra que la demanda se presentó dentro los dos años siguientes al hecho que da origen a la alegada responsabilidad del ente demandado, dado que la providencia mediante la cual se absolvió al señor José Miguel Contreras por los delitos imputados, quedó ejecutoriada el día 29 de octubre de 2000 (fl. 171, cdno. 2) y la demanda se formuló el 18 de octubre de 2002 (fl. 36, cdno. 1).
De igual forma, de conformidad con la posición mayoritaria, reiterada y asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal in dubio pro reo, por manera que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos—cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva(5)—.
• Al proceso se allegó, por parte del Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C., copia auténtica de algunas de las piezas procesales relacionadas con la investigación penal adelantada contra el señor José Miguel Contreras, con ocasión del cual se le privó de su libertad, las cuales serán valoradas por la corporación por cuanto se solicitaron como prueba por la parte demandante y se adelantaron con audiencia de la propia entidad demandada.
Comprende este funcionario que los medios probatorios antes analizados, pudieron servir de sustento para afectar al sindicado José Miguel Contreras con medida de aseguramiento de detención preventiva y aún —siendo rigurosos en el análisis de la prueba— para dictarle resolución acusatoria, pues sabido es que en esa etapa procesal solo se requiere la existencia de cualquier medio probatorio, “que comprometa la responsabilidad del imputado”. Pero ya para proferir pronunciamiento de condena el legislador obliga a que el juzgador tenga certeza sobre la responsabilidad del implicado, es decir, la persuasión de que la idea que se ha formado el funcionario corresponde a la realidad, situación que mal puede predicarse en este caso dada la orfandad probatoria ya reseñada.
Entonces, si es un panorama de duda el que se cierne respecto al compromiso penal del encausado José Miguel Contreras Beltrán en la ilicitud atentatoria de la salubridad pública que se le endilgó, no queda otra alternativa que la de aplicar en su favor el universal principio del In Dubio Pro Reo (…)
— Providencia del 18 de octubre de 2000, a través de la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., declaró desierto el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia.
• Contrato de permuta celebrado entre el señor Óscar Javier Casallas Ortegón en calidad de permutante vendedor y el señor José Miguel Contreras en su condición de permutante comprador, el día 27 de mayo de 1996. El objeto del aludido negocio fue el siguiente:
Clase: Camión marca: Chevrolet Línea: NPR T Modelo: 1996 Color: azul cobalto Servicio: público Tipo carrocería: Estacas Placas: UFP 519 Nº motor: 552609 Nº de serie: NL 95475107 (…)
Segunda: El permutante comprador entrega a cambio: a) Un vehículo de su propiedad avaluado por las partes en la suma de doce millones trescientos mil pesos ($ 12.300.000) m/cte., soporta una prenda sin tenencia a favor del Banco Ganadero (…)
Quinta. El permutante vendedor se obliga a entregar el traspaso del camión debidamente diligenciado el 27 de febrero de 1999 a nombre del señor José Miguel Contreras Beltrán, fecha en la que se vence la letra número 29 y el permutante comprador se obliga a entregar el traspaso debidamente diligenciado del automóvil Swift el día 27 de febrero de 1997 a nombre del señor Óscar Javier Casallas Ortegón”.
• Oficio 919 del 30 de septiembre de 2003, a través del cual el jefe del grupo de seguridad de la Dirección Central de la Policía Judicial, hizo constar que el señor José Miguel Contreras Beltrán estuvo retenido en la sala de detenidos de esa dependencia desde el 13 de marzo de 1997 hasta el 31 de marzo de ese mismo año, fecha en la cual fue trasladado a la Cárcel Modelo de Bogotá.
• Contrato de compraventa de vehículo, a través del cual el señor José Miguel Contreras Beltrán vendió, al señor Édgar Orlando Mora Álvarez, el vehículo mencionado con anterioridad, por el valor de $ 13’500.000.
• Declaraciones rendidas por las señoras Carmen Rosalía Villarraga de Moreno e Isabel Bocanegra de Pinto, a través de las cuales afirmaron que habían trabajado con el señor José Miguel Contreras Beltrán en Corabastos, que esta última persona transportaba alimentos y que por ese servicio le pagaban alrededor de $ 4’000.000 y $ 4’500.000, por parte de la señora Villarraga de Moreno y un promedio de $ 4’500.000, por parte de la señora Bocanegra de Pinto.
Así las cosas, aun cuando de conformidad con el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, para valorar un testimonio que se hubiere practicado de manera extrajudicial debe ratificarse en el proceso correspondiente, lo cierto es que esa diligencia —la ratificación— al tener que efectuarse de la forma prevista para la recepción del testimonio —citación de los testigos, señalamiento de hora y fecha para la audiencia en que deban recibirse las declaraciones, cumplimiento de las formalidades establecidas en relación con la formulación de las preguntas, toma de juramento, cumplimiento del principio de publicidad respecto de las partes en relación con la práctica del interrogatorio y, en general, la observancia de las formalidades previstas para la práctica de la declaración, sumado, finalmente, a la imposibilidad de que el testigo lea su declaración anterior— más que una “ratificación” lo que supone la realización de la aludida diligencia en realidad, tal como ocurrió en la oportunidad que ahora se examina, es la práctica, sin mayores ambages, de un testimonio, de manera que será ese medio probatorio el que finalmente podrá valorarse y no la declaración extrajudicial —la cual sería el objeto de esa ratificación—, carente por sí misma de efecto probatorio alguno en un proceso judicial.
Ahora bien, en el proceso penal iniciado en contra del aquí demandante, como consecuencia del cual fue privado de su libertad, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C., mediante providencia del 15 de junio de 2000 decidió, entre otros aspectos, absolver al sindicado de los cargos contra él imputados.
i) En varios apartes de la providencia, el operador judicial hizo referencia a la “orfandad probatoria” del proceso y a que la imputación realizada por la Fiscalía General de la Nación no estaba basada en juicios lógicos y concatenados debidamente acreditados, en la medida en que estaba basada en “simples elucubraciones y suspicacias sin respaldo probatorio serio y contundente”,circunstancia que indica que la absolución habría tuvo soporte en la imposibilidad del ente investigador de acreditar la responsabilidad del sindicado en la acusación que se le formuló en su contra, esto es porque no se probó que el imputado hubiere cometido el hecho.
Por otro lado, pero en el mismo sentido, si se eligiera el segundo razonamiento como el motivo principal que sustentó la decisión a la cual se ha estado haciendo referencia, de igual forma, el reconocimiento de la indemnización encontraría fundamento en las consideraciones, ya expuestas, según las cuales, aun cuando la decisión de preclusión o absolución se hubiere proferido en aplicación del principio in dubio pro reo, la persona que padece la privación de la libertad no está en la obligación de soportarla, en cuanto resulta desde todo punto de vista desproporcionado pretender que se le pueda exigir al demandante que asuma en forma inerme y como si se tratase de una carga pública, que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad, durante más de 10 meses, una privación de su derecho a la libertad en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado, a pesar de que la misma administración de justicia que limitó y afectó el derecho en mención concluyó que existían dudas que impidieron desvirtuar la presunción constitucional de inocencia que siempre acompañó al sindicado, esto es antes, durante y después del proceso penal correspondiente, razón por la cual se enfrenta la Sala a la detención preventiva que debió soportar quien ante el Estado siempre ha mantenido incólume su condición de inocente.
“4.1. Morales: Conforme a lo expresado en sentencia del seis de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral; ha precisado, por el contrario, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador en cada caso según su prudente juicio, y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado(8).
En el presente caso, se decretarán perjuicios morales tasados en salarios mínimos legales mensuales para todos los demandantes, esto es, para Martha Esperanza Ramos de Echandía, Mary Gema Rodríguez de Ramos, y Anibal Ramos Oviedo, estos últimos padres de la afectada directa, según los registros civiles aportados con la demanda, y a los cuales se hizo referencia en el capítulo 2 de esta providencia(9).
En cuanto a la prueba del parentesco en el caso concreto que aquí se examina, de los registros civiles que fueron aportados al proceso —fls. 54 a 56 cdno. 2— se demostró que el señor Freddy Miguel Contreras Domínguez es el hijo del señor José Miguel Contreras y que la señora María Marbelly Domínguez Guzmán es su esposa.
«Entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplídola imperfectamente, o retardado su cumplimiento» (resaltado fuera del texto original).
El daño emergente supone, por tanto, una pérdida sufrida, con la consiguiente necesidad "para el afectado" de efectuar un desembolso si lo que quiere es recuperar aquello que se ha perdido. El daño emergente conlleva que algún bien económico salió o saldrá del patrimonio de la víctima. Cosa distinta es que el daño emergente pueda ser tanto presente como futuro, dependiendo del momento en que se haga su valoración. De este modo, el reconocimiento y pago —que la parte actora solicita— de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento en que se produce la suspensión del demandante en el ejercicio de sus funciones, no puede catalogarse como una modalidad del daño emergente, sino de lucro cesante. Este último corresponde, entonces, a la ganancia frustrada, a todo bien económico que, si los acontecimientos hubieran seguido su curso normal, habría ingresado ya o lo haría en el futuro, al patrimonio de la víctima. Esto último es lo que ocurre con el no pago de los salarios y prestaciones mientras se prolongó la detención preventiva. De manera que, por tratarse este extremo de un asunto que toca con el rubro del lucro cesante, será abordado inmediatamente después de cuantificar el daño emergente”(16).
No obstante, las mencionadas piezas procesales no brindan certeza acerca de la suma exacta que el señor Contreras Beltrán podía obtener con ocasión de la labor económica realizada, en la medida en que según el testimonio de la señora Villarraga de Moreno, le pagaba por los servicios prestados entre 4’000.000 y $ 4’500.000, mientras que según la declaración de la señora Bocanegra de Pinto,por el servicio prestado le cancelaba $ 4’500.000.
En este orden de ideas, el trámite y decisión del referido incidente de liquidación deberá sujetarse a los siguientes parámetros: i) la parte actora deberá probar el monto mensual exacto que devengaba para el momento en que fue privado de la libertad; ii) la indemnización se liquidará por el tiempo durante el cual permaneció privado de la libertad; iii) en el evento en que se demuestre que el señor José Miguel Contreras Beltrán con ocasión de la privación de la libertad perdió su empleo, en la indemnización se agregará, como período indemnizable, el tiempo que se presume una persona tarda en conseguir trabajo con posterioridad a su salida de la cárcel(20), esto es 8.75 meses(21); iv) para la liquidación se deberá actualizar por parte del Tribunal de primera instancia el monto mensual devengado por el señor José Miguel Contreras Beltrán, suma a la cual deberá agregarse el factor prestacional —25% del ingreso—; v) La indemnización futura se calculará con base en la siguiente fórmula:
En el expediente obra el contrato de permuta suscrito entre los señores Óscar Javier Casallas Ortegón y José Miguel Contreras Beltrán, a través del cual este último contrajo la obligación consiste en el pago mensual de una suma de dinero –lo cual respaldó con la suscripción de varias letras de cambio- con el fin de adquirir el vehículo de placas UFP 519.
De igual forma, en la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado, mediante la cual se absolvió al señor José Miguel Contreras, además, se ordenó que el vehículo incautado se entregara a la sociedad Leasing Fénix, Compañía de Financiamiento Comercial S.A., situación que evidencia que, en efecto, el sindicado no recibió el aludido automotor.
Ciertamente, no hay prueba del momento exacto en el cual la víctima directa del daño habría “recogido todas las letras de cambio giradas”ante la imposibilidad de cumplir el pago respectivo, a lo cual se suma que el contrato de permuta se firmó el 27 de mayo de 1996 y el 27 de septiembre de ese mismo año se cumplía el plazo para cumplir la primera cuota monetaria, esto es más de seis meses antes de la fecha en que fue privado de la libertad, motivo por el cual bien pudo suceder, por ejemplo, que durante el referido período el señor Contreras Beltrán hubiere dejado de pagar los referidos montos,
La Sala echa de menos, a manera de ejemplo, la declaración del señor Javier Casilllas Ortegón o del representante legal de la Sociedad Fénix Compañía de Financiamiento Comercial S.A., con el fin de establecer con exactitud el momento en que ocurrió la cesación de pagos por parte del señor Contreras Beltrán.
Para la Sala no hay lugar a acceder a esta solicitud, comoquiera que tampoco hay constancia acerca del momento en el cual el señor Contreras Beltrán habría incurrido en mora en el pago de la aludida obligación, en la medida en que en el expediente solo reposa un certificado expedido por la citada entidad bancaria cuyo contenido consta la suma adeudada para el 17 de febrero de 2003.
A lo anterior se agrega que en caso de que hubiera lugar a acceder al reconocimiento de este perjuicio, no lo sería por el monto total de la deuda, sino por las sumas que habría dejado de pagar durante el periodo que estuvo privado de la libertad, monto que, entiende la Sala, en todo caso está cubierto con el lucro cesante que, en abstracto, se va a condenar a la entidad demandada, comoquiera que los dineros para pagar las cuotas del aludido crédito habrían salido de los ingresos que dejó de recibir el señor Contreras Beltrán.
Así las cosas, se accederá a la indemnización solicitada por concepto de daño emergente, la cual se decretará mediante condena en abstracto y para el efecto se precisa que la parte actora deberá allegar la documentación necesaria para determinar cuál fue el monto que sufragó por concepto de la representación judicial en el proceso penal, con la indicación de que dichas erogaciones sólo deben corresponder i) al referido proceso penal, ii) a aquellas actuaciones en las cuales intervino la demandante por conducto de apoderado y iii) solo por el término que duró el proceso penal, cifra que, una vez probada y cuantificada, deberá actualizarse por parte del tribunal de primera instancia y en todo caso no podrá superar el monto máximo que se pidió en el libelo introductorio, en aplicación del principio de congruencia de la sentencia que aquí se profiere.
Al respecto considera la Sala que al igual que ocurrió cuando se hizo referencia a la petición del reconocimiento, como daño emergente, del valor del crédito hipotecario, en este caso, tampoco hay lugar a acceder a la solicitud en comento, comoquiera que, según se expuso en la demanda, los dineros obtenidos por la venta del vehículo se destinaron para los gastos que se generaron para su manutención durante el tiempo de su detención, motivo por el cual, de no haber mediado la privación de la libertad, tales sumas habrían salido de los ingresos dejados de devengar,montos que ya van a ser cubiertos con el reconocimiento del lucro cesante en los términos de la presente providencia.
1. Revócase la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca —Sección Tercera— Sala de Descongestión, el día 25 de noviembre de 2004 y, en consecuencia, se dispone:
1. Declárase administrativamente responsable a la Nación-Fiscalía General, por la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el señor José Miguel Contreras Beltrán.
2. Condénase a la Nación-Fiscalía General a pagar al señor José Miguel Contreras Beltrán, Freddy Miguel Contreras Domínguez y María Marbelly Domínguez Guzmán un monto equivalente a noventa (80) SMLMV, para cada una de ellas, a título de perjuicios morales.
3. Condénase, en abstracto,a la Nación-Fiscalía General, a pagar a los demandantes, a título de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma que resulte liquidada como consecuencia del respectivo incidente, teniendo en cuenta para el efecto los parámetros expuestos en la parte considerativa de este proveído.
5.(sic) Condénase, en abstracto,a la Nación-Fiscalía General, a pagar al señor José Miguel Contreras Beltrán, a título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma que resulte liquidada como consecuencia del respectivo incidente, teniendo en cuenta para el efecto los parámetros expuestos en la parte considerativa de este proveído.
6.Sin condena en costas.
ART.63A.—Del orden y prelación de turnos.<Artículo condicionalmente exequible>
Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las Salas de los Tribunales Superiores y de los Tribunales Contencioso-Administrativos de Distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los procesos y señalarán, mediante aviso, las fechas de las sesiones de la Sala en las que se asumirá el respectivo estudio”. (Negrillas y subrayas fuera del texto original).
— Subsección C: Sentencia de junio 22 de 2011, Expediente 20713, M.P. Dr. Enrique Gil Botero; Sentencia del 10 de octubre de 2011, Expediente 19151, M.P. Dr. Enrique Gil Botero; Sentencia del 24 de enero de 2011, Expediente 15996, M.P. Dr. Jaime Orlando Santofimio; Sentencia del 23 de mayo de 2012, Expediente 22672, M.P. Dra. Olga Mélida Valle de De la Hoz.
(5) Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Exp. 13.168; sentencia del 2 de mayo de 2007, Exp. 15.463, reiteradas por esta Subsección en sentencia de mayo 26 de 2011, Exp. 20.299, entre muchas otras.
(7) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 1º de marzo de 2006. Expediente 15440. M.P. María Elena Giraldo Gómez.
(…) Pero si ya ha padecido la situación aflictiva, perjudicial y desmoralizante, después de lo cual se declara su inocencia; si se le ha sometido a torturas o coacciones físicas y morales; si su nombre como incriminado en un delito, ha trascendido imprudentemente a la opinión pública, mediante la radio, la prensa o la televisión; si como consecuencia de la privación de su libertad perdió su crédito o quedaron en falencia sus negocios; si por causa de su reclusión sufrió serios quebrantos su salud y adquirió enfermedades que requirieron tratamiento posterior; si por ello moralmente se desmoronó su hogar y se interrumpió la seguridad de un bienestar económico; y, en fin, si por un error judicial han quedado en su vida estas huellas que lo afrentan y lo disminuyen ante el conglomerado social, el Estado debe obligarse a repararle adecuadamente los perjuicios sufridos, lo que se impone no solo por incuestionable deber moral, sino por imperativo mandato de justicia”. LONDOÑO Jiménez, Hernando “De la captura a la excarcelación”, Ed. Temis, 1974, págs. 196 y 197.
(11) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 4 de diciembre de 2007. Expediente: 15498. M.P. Enrique Gil Botero.
(13) Sentencia de 20 de febrero de 2008, Exp. 15.980. M.P. Ramiro Saavedra Becerra.
(15) Al respecto, entre muchos otros: Consejo de Estado. Sección Tercera: Sentencia del 9 de marzo de 2011, Expediente: 28270, M.P. Dra. Gladys Agudelo Ordóñez; Sentencia del 18 de febrero de 2010, Expediente 17933, M.P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio; Auto del 3 de marzo de 2010, Expediente 37828, M.P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio; Sentencia del 28 de abril de 2010, Expediente 18478, M.P. Enrique Gil Botero.
(16) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Expediente 13168
(17) En ese sentido pueden verse, entre otros, los pronunciamientos de esta Sección, de 2 de junio de 1994, C.P. Julio César Uribe Acosta, actor: Julio César Delgado Ramírez, Expediente 8998, o el de 27 de octubre de 1994, C.P. Julio César Uribe Acosta, actor Oswaldo Pomar, Expediente 9763.
(18) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Expediente 13168.
(19) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 13 de noviembre de 2008. Expediente 17004. Ver también: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 12 de mayo de 2011. Expediente: 20665
(20) Al respecto ver: Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 8 de junio de 2011. Expediente 19502.
(21) Al respecto ver, entre otras: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 30 de enero de 2013. Expediente: 21.938.
(22) Sentencia de 27 de enero de 2012, Exp. 18.754.

References: in dubio
 resolución 
In Dubio
 artículo 229
in dubio
 artículo 106