Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018s/se201831082.html
Timestamp: 2019-09-15 20:13:27+00:00

Document:
se201831082
SENTENCIA Nº 82/2018
Expediente : 154/2016-CA
Demandante : Consultores y Promotores Mineros-COPROMIN SRL
Resolución Impugnada : AGIT-RJ Nº 0324/2016 de 4 de abril
Pronunciada dentro del proceso contencioso administrativo seguido por Consultores y Promotores Mineros SRL (COPROMIN SRL) contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).
VISTOS: La demanda contencioso administrativa de fs. 16 a 19 vta., presentada por Mauricio Samuel Clavijo Arispe, en representación legal de COPROMIN SRL, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ Nº 0324/2016 de 4 de abril, pronunciada por la AGIT; la providencia de admisión de fs. 22; la contestación de fs. 57 a 62 vta.; por renunciado el derecho a la réplica conforme proveído de fs. 65; apersonamiento del tercero interesado de fs. 30 a 33; los antecedentes del proceso y de emisión de la Resolución impugnada.
El 16 de abril de 2015, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-00578-15 de fs. 22 a 24 del Anexo 1 de antecedentes administrativos, que sancionó al contribuyente COPROMIN SRL con una multa de 500 UFV, por cada periodo fiscal de marzo a septiembre de 2011, conforme dispone el numeral 4, subnumeral 4.2 del Anexo Consolidado “A” de la Resolución Normativa de Directorio (RND) Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre y con una multa de 3.000 UFV por cada periodo de octubre a diciembre de 2011, conforme el subnumeral 4.2, numeral 4, parágrafo II, art. 1 de la RND Nº 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, por incumplimiento de la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas (LCV) del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a través del Software Da Vinci Módulo –LCV, conforme los arts. 1 y 2 de la RND Nº 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005 y art. 15 de la RND Nº 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010.
Ante el recurso de alzada interpuesto por Mario Aníbal Clavijo Tejada en representación legal de COPROMIN SRL, resuelto por la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA Nº 1045/2015 de 28 de diciembre de fs. 35 a 48 vta. del Anexo 1 de antecedentes administrativos, que confirmó la Resolución Sancionatoria Nº 18-00578-15 de 16 de abril de 2015 emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); consecuentemente, se mantienen firmes y subsistentes las multas por incumplimiento de deberes formales por falta de presentación de los Libros de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, Módulo-LCV de los períodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2011, de 500 UFV’s cada una de conformidad a la RND Nº 10-0037-07; y por los periodos fiscales octubre, noviembre y diciembre 2011, de 3.000 UFV’s por cada periodo fiscal de acuerdo a la RND Nº 10-0030-11.
Interpuesto el recurso jerárquico por COPROMIN SRL, la AGIT mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ Nº 0324/2016 de 4 de abril, confirmó la Resolución del Recurso de Alzada impugnada; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 18-00578-15 de 16 de abril, que estableció una multa total de 12.500 UFV’s, por falta de presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV, correspondiente a los periodos fiscales de marzo a diciembre 2011; todo de conformidad a lo previsto en el art. 212.I.b) del Código Tributario Boliviano (CTB).
Señala que se vulneró los principios constitucionales del derecho tributario establecidos en los arts. 56.I y 323.I de la Constitución Política del Estado (CPE) y que básicamente, los principios evidencian la necesidad que la Administración Tributaria, obre fundamentalmente bajo un principio de justicia tributaria sin que un contribuyente deba asumir una carga desproporcionada respecto de su capacidad, ya que en el presente caso tanto el SIN como la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT), consienten que nuestra sociedad sea sancionada con diez multas cuya suma sea exorbitante, que no guarda relación con los principios de los puntos 1 al 4 y que tampoco se aplica con resguardo de la legalidad, conforme refiere el punto 5, básicamente porque la suma de la multa se halla fuera del margen establecido por el art. 162 del CTB, aspecto no considerado por el SIN y debe tenerse en cuenta que la conducta contraventora es una sola, la ausencia de presentación de información.
Señala también que, aun cuando el SIN las considerase como varias contravenciones, eso no implica que debe emitir una sanción para cada conducta al mismo tiempo, peor aún si se considera que bajo los principios básicos del derecho penal, el concurso real conforme lo prevé el art. 45 del Código Penal, previene que diferentes contravenciones sean sancionadas con la pena del delito mayor con un agravante, por lo que si bien existe una sanción estipulada para cada contravención, la sumatoria de todas las sanciones, no puede sobrepasar el límite establecido por Ley; es decir, las 5000 UFV’s más el agravante, límite que establece una multa racional y legal que además se respalda en la Ley aplicable con preferencia a la RND Nº 10.0037.07 por mandato del art. 410 de la CPE, pues no es posible que bajo el argumento de un RND se establezca un tipo de multa, la sumatoria sobrepase el límite legal, en este caso la Ley Tributaria responde a los principios constitucionales del Derecho Tributario, pues establece una multa dentro de los parámetros racionales.
Finaliza indicando que, se evidencia la vulneración del procedimiento sancionador y de principios constitucionales del derecho penal, por lo que los hechos se subsumen irremediablemente en las causales de nulidad previstas en el art. 35.c) y d) de la Ley Nº 2341-Ley de Procedimiento Administrativo (LPA).
Concluye solicitando, se declare probada la demanda, “revoquen la Resolución impugnada y deliberando en el fondo en vía de puro derecho, ANULEN OBRADOS, hasta el vicio más antiguo, sea con las formalidades de ley” (sic).
Admitida la demanda mediante providencia de 6 de julio de 2016, es corrida en traslado a la autoridad demandada y al tercer interesado, quienes fueron legamente citados, apersonándose Daney David Valdivia Coria, en representación legal de la AGIT, para responder negativamente a la acción incoada en su contra, manifestando que:
El procedimiento sancionador se inicia efectivamente por el incumplimiento de deberes formales y no solo por un periodo sino por varios, como son los periodos fiscales de marzo a septiembre de 2011 y periodos de octubre a diciembre de 2011, de ahí que resulta importante nuevamente aclararle al demandante que en materia tributaria especializada no requiere aplicación de principios distintos a los tributarios, en específico a los del derecho penal, al no existir vacío legal respecto a la aplicación de la sanción y señaló como Jurisprudencia el Auto Supremo Nº 03 de 05 de enero de 2016 emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, sobre el incumplimiento de deberes formales.
Respecto a la supuesta vulneración de los principios constitucionales; señala que, conforme el art. 5.II del CTB, solo tendrán carácter supletorio a la norma tributaria dispuesta en el CTB, normativa relacionada al caso concreto cuando exista vacío legal, extremo que no se verifica en el caso analizado, pues la Administración Tributaria (AT) al evidenciar el incumplimiento en la presentación de la información de los Libros de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, inició el correspondiente proceso sancionador determinado en el CTB, conforme el art. 168 del CTB, no siendo necesario recurrir a principios distintos a los tributarios, en específico a los del derecho penal.
Previa transcripción de los arts. 162.I del CTB, 1, 4 y 8 de la RND Nº 10-0037-07; señala que el Anexo consolidado de la RND Nº 10-0037-07, dispuso entre los deberes de los contribuyentes del Régimen General, la presentación de la información de Libros de Compra y Venta IVA a través del módulo Da Vinci-LCV en plazos, medios y formas establecidas en normas específicas (por periodo fiscal), determinando una sanción para personas jurídicas de 500 UFV, posteriormente dicha RND fue modificada por la RND Nº 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, que determinó como deber formal la presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LCV por periodo fiscal, sancionando con 3.000 UFV a las personas jurídicas.
En cuanto a la supuesta suma ilegal de sanciones; señala que, la AT con la notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 00140995012871, dio inicio al procedimiento sancionador por incumplimiento del deber formal de presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA de los periodos fiscales marzo a diciembre de 2011; y al no ser desvirtuada la contravención en el plazo de 20 días, se emitió la Resolución Sancionatoria, que impuso la multa de 500 UFV, por cada periodo fiscal de marzo a septiembre de 2011 conforme el numeral 4, subnumeral 4.2 del Anexo Consolidado “A” de la RND Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, y con 3.000 UFV por cada periodo de octubre a diciembre de 2011, conforme el numeral 4, subnumeral 4.2, parágrafo II, art. 1 de la RND Nº 10-0030-11 por incumplimiento en la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA, por lo que la AT advirtió la contravención referida y al no ser cumplida, mediante el proceso sancionador correspondiente, impuso diez multas por los referidos periodos fiscales, en aplicación de la citada RND Nº 10-0030-11, sumando tales multas a 12.500 UFV y no así, como confunde el contribuyente, que sea por diez conductas contraventoras se le habría impuesto una única sanción de 12.500 UFV, por lo que no contravino la AT el art. 162 del CTB, que establece los limites mínimo y máximo del monto de las sanciones que pueden imponerse por incumplimiento de deberes formales por cada periodo fiscal incumplido, conforme las RND citadas, por lo que tampoco vulneró el principio de jerarquía normativa, ya que ajustó su actividad sancionatoria a las disposiciones legales y normativas establecidas al efecto, por lo que no corresponde desestimar el agravio vertido.
Continúa citando como doctrina tributaria del sistema SIDOT V.3 de la Administración Tributaria, las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ Nos. 0041/2015 y 0050/2011 y como jurisprudencia el Auto Supremo Nº 03/2016 de 5 de enero.
Finaliza ratificándose en todos y cada uno de los fundamentos de la Resolución Jerárquica ahora impugnada e indicando que la demanda interpuesta carece de sustento jurídico-tributario, no existiendo agravio ni lesión de derechos que se le hubieren causado con la emisión de la Resolución ahora impugnada.
Concluye solicitando se dicte sentencia declarando improbada la demanda planteada; manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ Nº 0324/2016 de 4 de abril emitida por la AGIT.
De acuerdo al proveído de 30 de marzo de 2017 cursante a fs. 65 de obrados, se advierte que la parte demandante no hizo uso a su derecho a la réplica, por lo que al no existir nada más que tramitar, se decretó Autos para sentencia, debiendo estar las partes y el tercero interesado a lo establecido en el art. 396 del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975).
En el caso de autos, el objeto de la presente controversia radica en determinar si la AGIT al emitir la Resolución de Recurso Jerárquico ahora impugnada, que confirmó la multa de 12.500 UFV’s por incumplimiento de deberes formales de presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci correspondiente a los periodos fiscales marzo a diciembre de 2011, incurrió en la vulneración del art. 162 del CTB porque no era posible que la sumatoria de las multas sobrepase el límite legal establecido en la citada disposición legal.
Análisis y fundamentos legales aplicables al caso concreto.
Ingresando al control de legalidad sobre los extremos denunciados por la empresa demandante presuntamente incurridos por la AGIT en la Resolución Jerárquica impugnada, conforme a los hechos expuestos por las partes, en base a los antecedentes del caso se establece:
Que por disposición del art. 148 del CTB; constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la referida Ley y demás disposiciones legales, y que estos ilícitos se clasifican en contravenciones y delitos; así también el art. 151, de la citada Ley, prevé que son responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan contravenciones o delitos previstos en éste Código, disposiciones legales tributarias especiales o disposiciones reglamentarias, y el Numeral 5), art. 160 del CTB, contempla el Incumplimiento de otros deberes formales como contravención tributaria.
Por otra parte el art. 64 del CTB, establece: “La Administración Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos constitutivos”, por lo cual corresponde señalar que la Administración Tributaria tiene facultad normativa delegada expresamente por Ley para dictar normas administrativas a los efectos de la aplicación de las normas tributarias sustantivas, facultad o derecho ratificado en el art. 40.I del Decreto Supremo (DS) Nº 27310 - Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB).
Asimismo, por determinación del numeral 11, art. 70 del CTB, señala que constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 4. “Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas. 5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y demás disposiciones”. 8. “Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, datos y bases de datos relacionadas con el equipamiento de computación y los programas de sistema (software básico) y los programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible”. 11. “Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias con carácter general.”
En este sentido y en el marco legal previsto en los arts. 64 y 162 del CTB y 40 del RCTB, el 14 de septiembre de 2007, la Administración Tributaria emitió la RND Nº 10-0037-07, que en su Numeral 4.2 del Anexo Consolidado A, dispone: “Deberes formales relacionados con el deber de información”, estableciendo la presentación de la información de Libros de Compra y Venta IVA a través de módulo Da Vinci - LCV en los plazos, medios y formas establecidas en normas específicas (por período fiscal); numeral que fue posteriormente modificado por la RND Nº 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011 “modificaciones a la RND Nº 10-0037-07 Gestión Tributaria y Contravenciones”, estableciendo en su numeral 4 los deberes formales relacionados con el deber de información y subnumeral 4.2 la presentación de Libros de compras y Ventas IVA a través de módulo Da Vinci-LCV, por periodo fiscal, con una sanción para las personas jurídicas de 3.000 UFV’s (las negrillas son añadidas).
La controversia versa puntualmente sobre las multas sobre el incumplimiento a deberes formales de presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA de los periodos fiscales de marzo a diciembre de 2011, dentro del plazo establecido en el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 00140995012871 de 22 de septiembre de 2014, contravención tributaria sancionada por 500 UFV para cada uno de los periodos: marzo a septiembre de 2011, conforme dispone el subnumeral 4.2, del numeral 4 del Anexo Consolidado A de la RND Nº 10-0037-07 y 3.000 UFV’s para cada uno de los periodos: octubre a diciembre de 2011 de acuerdo al art. 1.II, numeral 4.2 de la RND Nº 10-0030-11, por lo que, se hizo una suma de 12.500 UFV’s, otorgándole un plazo de 20 días a partir de su legal notificación con el citado Auto Inicial de Sumario Contravencional, para presentar descargos por escrito u ofrecer pruebas que hagan a su derecho en la Administración Tributaria o caso contrario, cancelar la multa señalada precedentemente en la red bancaria autorizada, mediante el Formulario 1000-Boleta de Pago, haciéndole notar además, que el pago de la multa no le eximía del cumplimiento del deber formal extrañado, por lo que el contribuyente debía presentar la información requerida del Software Da Vinci, módulo LCV correspondiente a los periodos fiscales señalados en el citado Auto Inicial de Sumario Contravencional (ver fs. 1 del Anexo 1 de antecedentes administrativos).
En ese sentido, la empresa contribuyente fue notificada con el referido Auto Inicial de Sumario Contravencional el 28 de noviembre de 2014 a hrs. 10:00 conforme consta a fs. 1 vta., del Anexo 1, presentando los descargos que consideró suficientes de fs. 5 a 6 del referido Anexo ameritando el Proveído Nº 24-01959-14 de 23 de diciembre de 2014, el cual indica que los resultados del análisis de los descargos presentados serán notificados al sujeto pasivo mediante la Resolución correspondiente; sin embargo de la revisión de los antecedentes del proceso, se advierte que la empresa contribuyente, en sus descargos no hizo referencia alguna al Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 00140995012871, con el que fue notificado y que corresponde a los periodos fiscales de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011 y tampoco presentó los descargos documentales a estos periodos fiscales observados, ni los reportes de envió y/o boletas de pago direccionados al Auto Inicial de Sumario Contravencional de referencia (ver fs. 5 a 6 del Anexo 1) conforme le impone el ya descrito art. 70.11 del CTB y de una revisión efectuada por el SIN al Padrón de Contribuyentes del Sistema Integrado de Recaudo para la Administración Tributaria, se verificó que el contribuyente no se encontraba con el estado inactivo (baja de NIT) automático o solicitado en la gestión 2011, por lo que, previa valoración de descargo, la Administración Tributaria advirtió que la conducta del contribuyente constituye al ilícito tributario tipificado como contravención tributaria de incumplimiento de deberes formales, conforme el art. 71.5), 160 y 162 del CTB, por lo que emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-00578-15 de 16 abril de 2015 de fs. 22 a 24 del Anexo 1, que sancionó al contribuyente COPROMIN SRL, con una multa de 500 UFV, por cada periodo fiscal de marzo a septiembre de 2011, conforme dispone el numeral 4, subnumeral 4.2 del Anexo Consolidado “A” de la RND Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007 y con una multa de 3.000 UFV por cada periodo fiscal de octubre a diciembre de 2011, conforme el subnumeral 4.2, numeral 4, parágrafo II, art. 1 de la RND Nº 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, por incumplimiento de la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci Módulo –LCV, conforme los arts. 1 y 2 de la RND Nº 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005 y art. 15 de la RND Nº 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010.
Por lo anteriormente expuesto, se evidencia claramente que no existió vulneración del art. 162 del CTB, el cual establece que las sanciones a imponer deben encontrarse entre 50 UFV a 5.000 UFV’s, para cada una de las conductas contraventoras, tal como aconteció en el presente caso, puesto que, se aplicó a cada periodo fiscal incumplido una multa, conforme la normativa tributaria descrita ut supra, que es aplicable al caso de autos y sin sobrepasar el límite establecido en el referido art. 162 del CTB; es decir, 5.000 UFV’s como máximo por cada periodo fiscal conforme señalan expresamente las RND citadas líneas arriba, por lo que no resulta evidente el reclamo de la parte demandante respecto a la imposición de las multas por la conducta contraventora de falta de presentación de información del Libro de Compras y Ventas IVA de la gestión 2011 y sobre la aplicación supletoria de los principios del Derecho Penal al presente caso; es preciso aclararle al demandante que de acuerdo al art. 5.II del CTB, solo tienen carácter supletorio a la norma tributaria dispuesta en el CTB, los principios generales del Derecho Tributario y los de otras ramas jurídicas relacionadas con la naturaleza del caso en particular, siempre y cuando exista un vacío legal, aspecto que no aconteció en el presente puesto que, como ya se explicó, el SIN al evidenciar el incumplimiento en la presentación de la información de los Libros de Compras y Ventas IVA de la gestión 2011, inició el proceso sancionador establecido en el Capítulo III, del Título IV del CTB, por lo que se advierte que aplicó las disposiciones legales específicas en materia tributaria para procesar las contravenciones tributarias en la que incurrió el contribuyente, por lo que, no resulta necesario recurrir a principios en materia penal, como erradamente pretende la parte demandante porque no existe vacío legal para la aplicación de la sanción (las negrillas son añadidas).
Por último, respecto a la supuesta vulneración de principios constitucionales, sin especificar cuáles; cabe señalar que, las multas establecidas por el SIN en el presente caso, fueron bajo el principio de legalidad y considerando la capacidad económica del sujeto pasivo, su naturaleza y que sobrevino como consecuencia jurídica del incumplimiento al deber formal de presentación de información que se encontraba establecido previamente como obligatorio, conforme se evidencia de las RND Nos. 10-0037-07 y 10-0030-11, de 14 de diciembre de 2007 y 7 de octubre de 2011; respectivamente, como ya se explicó, por lo que se dio cumplimiento al principio de legalidad, aplicable al presente, no resultando evidente el reclamo de la parte demandante respecto a esta supuesta vulneración de principios, como tampoco existen causales de nulidad previstas en el art. 35.c) y d) de la LPA como erradamente señala la parte demandante porque las multas establecidas por la Administración Tributaria en el proceso sancionatorio, fueron conforme establece la Ley tributaria detallada y aplicada en la presente Resolución.
Éste Tribunal de Justicia concluye, que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ N° 0324/2016 fue emitida en cumplimiento de la normativa legal citada, puesto que la AGIT efectuó una correcta y precisa aplicación de las normas tributarias desarrolladas, aplicables al presente caso conforme a los argumentos expuestos, por lo que no existe razón legal alguna que motive dejar sin efecto la Resolución Jerárquica.
Por lo argumentado, se concluye que la AGIT obró correctamente al dictar la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ N° 0324/2016 de 4 de abril, correspondiendo desestimar la pretensión contenida en la demanda en virtud de los hechos y fundamentos expuestos en el presente fallo, manteniendo firme y subsistente la Resolución Jerárquica impugnada.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en el arts. 778 y 780 del CPC-1975, 2.2 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, administrando justicia en única instancia, a nombre de la Ley y en virtud a la jurisdicción que por ella ejerce, falla declarando IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs. 16 a 19 vta., presentada por Mauricio Samuel Clavijo Arispe, en representación legal de COPROMIN SRL; en consecuencia mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ Nº 0324/2016 de 4 de abril, emitida por la AGIT.

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