Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-10215-de-febrero-21-de-1995?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041512ef034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-03-21 12:32:59+00:00

Document:
﻿ AUTO 10215 DE FEBRERO 21 DE 1995
AUTO 10215 DE 21 DE FEBRERO DE 1995
CONTENIDO:REVOCACIÓN DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, POR PRUEBA SOBREVINIENTE
TEMAS ESPECÍFICOS:REVOCACIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, PRUEBA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:281 DE MAYO DE 1995, PÁG.511
Auto 10215 de febrero 21 de 1995
REVOCACIÓN DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO
POR PRUEBA SOBREVINIENTE
EXTRACTOS: «El artículo 412 del Decreto 2700 de 1991 preceptúa que: “En cualquier momento de la actuación procesal, de oficio o a solicitud de los sujetos procesales, el funcionario revocará la medida de aseguramiento cuando sobrevengan pruebas que la desvirtúen”.
La frase que contiene esta disposición “En cualquier momento de la actuación procesal” no puede interpretarse literalmente —como lo sugiere la recurrente—, porque requiere su integración sistemática con el conjunto normativo que conforma el estatuto procesal penal. Cuando la ley establece la posibilidad de revocar la medida de aseguramiento de conformidad con prueba sobreviniente, debe entenderse que los medios de comprobación que apuntan en este derrotero son aquellos que han surgido con posterioridad a su proferimiento en la etapa del sumario.
En otras palabras, la revocatoria de la medida de aseguramiento solamente es posible en la fase instructiva del proceso, pues la etapa del juicio se inicia con la ejecutoria de la resolución de acusación que requiere como requisitos sustanciales la demostración de la ocurrencia del hecho y la prueba que comprometa la responsabilidad del imputado (art. 441 del Código de Procedimiento Penal). Por el contrario, para que sea admisible el proferimiento de una medida de aseguramiento se exige “por lo menos un indicio grave de responsabilidad, con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso” (art. 388), de manera que es posible llegar al momento de la calificación del sumario sin la existencia de una medida de aseguramiento, porque lo que la ley veda es que la investigación pueda cerrarse si no se ha resuelto la situación jurídica del procesado (art. 56 de la Ley 81 de 1993) y ella bien pudo haberse definido en su momento a través de libertad inmediata si no existió prueba que justificara la medida de aseguramiento. En esta hipótesis si al calificarse el mérito del sumario se encuentran demostrados los requisitos para dictar resolución de acusación es indudable que debe proferirse la correspondiente medida de aseguramiento.
Ante la presencia de la resolución de acusación ejecutoriada que es el presupuesto para dar inicio a la etapa de juzgamiento, el examen sobre la prueba aportada en esta fase procesal concerniente a la tipicidad, a la antijuridicidad o a la culpabilidad, y cualquier decisión sobre estos aspectos se traslada a la sentencia, porque como ya lo dijo la Corte este mismo asunto(*), no puede pretenderse que temas jurídicos que deben resolverse en el fallo se anticipen a ese momento en el cual se decidirá definitivamente sobre la responsabilidad o no del procesado, ni es atendible revivir el debate probatorio previo a la calificación del mérito del sumario. Los cargos que son materia de debate en la etapa del juicio son los contenidos en la providencia calificatoria y no en la medida de aseguramiento, así esta se haya adoptado en aquella como sucedió en este caso en virtud de la ley vigente para ese entonces (D. 50/87).
De otra parte, cuando el artículo 454 de la ley procesal penal determina que el juez podrá diferir para el momento de dictar sentencia, las decisiones que deba tomar respecto de las peticiones hechas por los sujetos procesales en el curso del juicio “a menos que se trate de la libertad, de la detención del acusado, o de la práctica de pruebas”, lo que el legislador ha querido es que determinaciones relativas a las cau-sales de libertad provisional que son pertinentes en el juicio (art. 55 de la Ley 81 de 1991), la suspensión de la detención preventiva (art. 407 ibídem) o la detención parcial en el lugar de trabajo o domicilio (art. 409) se resuelvan en la oportunidades que la ley prevé, sin que deba esperarse el momento del fallo, pues ellas no afectan el trámite de proceso. Igual acontece con la cesación del procedimiento por causales objetivas (muerte del procesado, prescripción de la acción penal, desistimiento, etc.) única posibilidad de la terminación excepcional del proceso en el juicio.
Aquí la doctora M..., como ya se dijo, se encuentra privada de la libertad (medida de aseguramiento de la detención domiciliaria) como consecuencia de la resolución de acusación proferida en su contra por los delitos de peculado y falsedad en documento público, de manera que es inadmisible pretender provocar el estudio sobre el alcance probatorio de los medios de prueba existentes en el proceso y aquellos que ella aduce fueron aportados en la etapa probatoria del juicio para por esta vía obtener la revocatoria de la medida de aseguramiento y como consecuencia la libertad inmediata, pues el fundamento del proceso descansa en la resolución de acusación y el análisis pretendido se hará una vez concluya la audiencia pública a través de la correspondiente sentencia.
Hizo bien el Tribunal al negar la “libertad incondicional” pretendida».
(Auto de febrero 21 de 1995. Radicación 10.215. Magistrado Ponente: Dr. Carlos E. Mejía Escobar).

References: artículo 412
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 454
 resolución 
 resolución