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Timestamp: 2019-09-21 20:18:35+00:00

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﻿ SENTENCIA SP12439-2017/49564 DE AGOSTO 16 DE 2017
SENTENCIA SP12439-2017 DE 16 DE AGOSTO DE 2017
CONTENIDO:DOSIFICACIÓN DE LAS PENAS EN LA LEY 599 DE 2000 OBEDECE A DOS ASPECTOS ESENCIALES: EL SUSTENTO RAZONABLE Y LA DISCRECIONALIDAD REGLADA. SE PRECISA QUE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE CUARTOS, NO IMPLICA LA SUPRESIÓN DE LA DISCRECIONALIDAD JUDICIAL A LA HORA DE IMPONER LA PENA. TAN SOLO DEFINE (O LIMITA, SI SE QUIERE) EL ÁMBITO DENTRO DEL CUAL DEBE EJERCERLA. ESTA REGULACIÓN NO OBEDECIÓ A UN CAPRICHO POR PARTE DEL LEGISLADOR SINO A LA NECESIDAD DE AJUSTAR EL ARBITRIO DEL JUEZ EN LA IMPOSICIÓN DE LA PENA A LOS CAUCES DE LA SEGURIDAD JURÍDICA, PROPORCIONALIDAD E IGUALDAD. ES DECIR, BUSCABA QUE, FRENTE A SITUACIONES OBJETIVAMENTE IDÉNTICAS (DETERMINADAS, CLARO ESTÁ, POR LAS CIRCUNSTANCIAS DE MAYOR O MENOR PUNIBILIDAD A LAS CUALES ALUDE EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY 599 DE 2000 PARA FIJAR LOS CUARTOS), LAS DIFERENCIAS DE CRITERIO ENTRE UN FUNCIONARIO Y OTRO SE VIESEN RESTRINGIDAS POR ÁMBITOS MENOS AMPLIOS QUE LOS DE LOS EXTREMOS MÍNIMO Y MÁXIMO PREVISTOS PARA CADA SANCIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO PENAL, PENA, DECISIÓN DEL JUEZ, IMPOSICIÓN DE LA PENA, PARÁMETROS APLICABLES A LA PENA, ACTUACIÓN DEL JUEZ
Sentencia SP12439-2017/49564 de agosto 16 de 2017
SP12439-2017
Rad. 49564
1. El problema jurídico consiste en determinar si en la dosificación de las penas privativas de otros derechos, como la “privación del derecho a la tenencia y porte de arma” de que tratan los artículos 43 numeral 6 y 49 del Código Penal(4), debe aplicarse o no el régimen de cuartos regulado en idéntico estatuto(5).
En efecto, el funcionario a quo impuso en este asunto la sanción máxima de quince (15) años consagrada en el inciso 6º del artículo 51 de la Ley 599 de 2000(6) en relación con los procesados J. M. O. R., J. A. C. V. y F. M. V.; y una equivalente a la respectiva pena privativa de la libertad para L. F. M. S. y M. C. V. B..
En ninguno de estos eventos acudió al sistema de cuartos aludido, pese a que en la dosificación de las penas de prisión sí se valió de este y, frente a la inhabilidad, aplicó el artículo 52 de tal código(7).
De haber seguido el régimen de cuartos en la imposición de la pena privativa del derecho a tener armas de fuego, el a quo, en el caso de los tres (3) primeros procesados, no hubiera podido individualizarlas en el extremo superior establecido en el artículo 51 inciso 6º, sino a lo sumo en el máximo del cuarto mínimo, que fue el ámbito de determinación en el cual, de acuerdo con los preceptos del artículo 61 del Código Penal, tenía que moverse el funcionario para efectos de individualizar la prisión en el tipo contra la seguridad pública. Dicho tope, por lo tanto, no superaría los cincuenta y cuatro (54) meses, es decir, no iría más allá de cuatro (4) años y medio de privación del derecho. Y, en el caso de los dos (2) últimos procesados, habría tenido que imponer el mínimo del cuarto mínimo del inciso 6º del artículo 51 del Código Penal, esto es, un (1) año de privación, y no una correspondiente a la pena de prisión a ellos impuesta.
El objeto de estudio, entonces, no solo repercute en la situación de los acusados ante la mayor o menor gravedad de la sanción que en últimas se les impuso, sino además atañe en forma directa al principio de estricta legalidad en el proceso de dosificación punitiva. En otras palabras, involucra definir el alcance de una garantía judicial.
2. Para la mayoría de la Sala, la respuesta al problema es afirmativa. Es decir, así como ocurre con la dosificación de las penas que restringen la libertad, en las privativas de otros derechos, bien sean principales o accesorias, es imperativo sujetarse al sistema de cuartos previsto en el artículo 61 y demás normas concordantes del Código Penal. Lo anterior, por las siguientes razones:
Así, el artículo 59 de la Ley 599 de 2000 señala de modo imperativo que toda sentencia debe contener la fundamentación explícita sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena, además, el artículo 61 establece una restricción a la discrecionalidad del juez en el proceso de individualización de la misma al indicar la forma como debe dividir objetivamente el marco punitivo –que resulta de la diferencia entre el límite mayor y menor– en cuartos: mínimo, en caso de no concurrir circunstancias agravantes ni atenuantes o sólo presentarse estas últimas; medios, cuando simultáneamente concurran unas y otras; y máximo, si confluyen únicamente agravantes.
2.3. La Sala ha sostenido la doctrina de acuerdo con la cual, al dosificar las penas privativas de otros derechos cuando se imponen como accesorias, opera el sistema de cuartos.
También en el fallo CSJ SP2636, 11 mar. 2015, rad. 44221:
[…] Como ya ha tenido de señalarlo esta corporación (CSJ SP9226, 16 jul. 2014, rad. 43514), el citado precepto [artículo 61 de la Ley 599 de 2000] establece que una vez fijados los extremos mínimo y máximo de la pena, el juez procederá a dividir el ámbito punitivo de movilidad en cuartos, labor que debe emprenderse tanto respecto de las sanciones principales como de las accesorias, pues la ley no introduce distinción al respecto.
Y, en idéntico sentido al aquí desarrollado, en el fallo CSJ SP14467, 21 oct. 2015, rad. 44367, entre otros.
Lo único que se puede predicar de la consagración por parte del legislador de unas sanciones privativas de derechos distintos al de la libertad en la parte especial del Código Penal, y de penas de idéntica índole que pueden imponerse como accesorias, es el reconocimiento, en el segundo caso, de una facultad discrecional en el juez para establecerlas (sujeta a las circunstancias de cada caso y a los supuestos consagrados en el artículo 52 inciso 1 de la Ley 599 de 2000º), así como la necesidad, en el primero, de obviar la referida potestad judicial, en tanto su imposición siempre repercutiría para la protección del bien jurídico. Pero esto de ninguna manera supedita o altera el proceso de dosificación punitiva que debe regir en la dosificación de las penas principales y accesorias.
En síntesis, la Sala, en su mayoría, no advierte motivos de peso para variar la línea jurisprudencial relativa al sistema de cuartos en la dosificación de penas privativas de derechos distintos al de la libertad.
3. En este asunto, el juez a quo realizó la dosificación del concurso de conductas punibles en el entendido de imponer, por cada comportamiento, el mínimo por cada cuarto mínimo imponible, ámbito de movilidad que, de acuerdo con la falta de atribución de circunstancias de mayor punibilidad, tenía que atender el funcionario para tales efectos(11). De ahí que fijó, para los procesados J. M. O. R., F. M. V., J. A. C. V., una pena de dieciocho (18) años de prisión para el delito de porte de armas de fuego agravado (L. 599/2000, artículo 365 numeral 1, modificado por la L. 1453/2011, art. 19). Y, para L. F. M. S. y M. C. V. B., una pena de cuatro (4) años (art. 365 inc. 1º, modificado por la L. 1142/2007, art. 38).
Sin embargo, impuso a este respecto una pena accesoria y privativa de otro derecho sin acudir a los parámetros del artículo 61 del Código Penal ni determinarla dentro del ámbito de movilidad seleccionado para el tipo contra la seguridad pública. Así, a los procesados J. M. O. R., F. M. V. y J. A. C. V., los condenó a la “la prohibición del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego por el término de 15 años”(12). Mientras que a L. F. M. S. y M. C. V. B., por “el mismo tiempo de la pena principal”(13).
De haber tenido en cuenta el juez que los límites mínimo y máximo de la referida sanción accesoria correspondían a los establecidos en el inciso 6º del artículo 51 de la Ley 599 de 2000 (esto es, de uno -1- a quince -15- años), y que el ámbito de movilidad debido a la no imputación de agravantes genéricas era el cuarto mínimo, ninguna de las privaciones del derecho a portar armas de fuego podía ser distinta a una que oscilase entre un (1) año y los cuatro (4) años y seis (6) meses.
En ese orden de ideas, como a los procesados J. M. O. R., F. M. V. y J. A. C. V. el juez de primer grado les impuso el máximo previsto en la ley de quince (15) años de privación del derecho, esta, en atención del principio de legalidad de la pena, no podía sino corresponder a cuatro (4) años y seis (6) meses, esto es, el máximo imponible dentro del cuarto indicado.
En cuanto a L. F. M. S. y M. C. V. B., les impuso la sanción privativa del otro derecho equivaliéndola a la de prisión por el concurso de delitos que cada uno realizó. Esto lo hizo sin ningún sustento jurídico explícito o comprensible. De hecho, como en la fijación no solo de la pena para el delito de portar armas de fuego sino para los demás comportamientos siempre partió del mínimo en el correspondiente ámbito de movilidad, lo cierto es que, en este caso, no hay razón para suponer que las accesorias de otro derecho, correctamente dosificadas, superarían en criterio del juez el mínimo del cuarto mínimo para ambos supuestos, esto es, un (1) año de privación para cada uno.
Por consiguiente, el funcionario desconoció el principio de legalidad de la pena cuando les impuso a J. M. O. R., F. M. V. y J. A. C. V. la sanción accesoria de quince (15) años de prohibición de portar y tener armas de fuego, en lugar de una de cuatro (4) años y seis (6) meses de privación. Y a L. F. M. S. y M. C. V. B., las equivalentes a las respectivas penas principales impuestas, a pesar de que no podían exceder de un (1) año.
En ninguna de estas irregularidades sustanciales reparó el Tribunal cuando confirmó la sentencia de primera instancia en el fallo impugnado.
Como consecuencia de lo hasta ahora expuesto, la Corte casará de manera oficiosa y parcial la sentencia de segunda instancia, en el sentido de disminuir de quince (15) años a cuatro (4) años y seis (6) meses, o a cincuenta y cuatro (54) meses, la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego impuesta a J. M. O. R., F. M. V. y J. A. C. V.
A L. F. M. S., se le reducirá de doce (12) años y seis (6) meses a un (1) año. E. igualmente, a M. C. V. B., de cuatro (4) años y tres (3) meses a un (1) año de privación del derecho.
Por último, se precisará que la providencia de segunda instancia permanecerá incólume en los demás aspectos que no fueron materia de modificación.
1. Casar oficiosa y parcialmente la sentencia de segundo grado proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.
2. Como consecuencia de lo anterior, disminuir la pena privativa del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego que se les impuso a J. M. O. R., F. M. V. y J. A. C. V. a cincuenta y cuatro (54) meses. Y a L. F. M. S. y M. C. V. B., a un (1) año.
3. Precisar que la decisión de segunda instancia permanecerá incólume en todos los demás aspectos que no fueron objeto de modificación.
4 ART. 43.—Las penas privativas de otros derechos. Son penas privativas de otros derechos: (…).
6. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas. (…).
5 ART. 61.—Fundamentos para la individualización de la pena. Efectuado el procedimiento anterior, el sentenciador dividirá el ámbito punitivo de movilidad previsto en la ley en cuartos: uno mínimo, dos medios y uno máximo.
6 ART. 51.—Duración de las penas privativas de otros derechos. (…).
7 ART. 52.—Las penas accesorias. Las penas privativas de otros derechos, que pueden imponerse como principales, serán accesorias y las impondrá el juez cuando tengan relación directa con la realización de la conducta punible, por haber abusado de ellos o haber facilitado su comisión, o cuando la restricción del derecho contribuya a la prevención de conductas similares a la que fue objeto de condena.
11 Folios 715-719 del cuaderno IV de la actuación principal.
12 Folio 715 ibídem.

References: ARTÍCULO 61
 artículo 51
 artículo 52
 artículo 51
 artículo 61
 artículo 51
 artículo 61
 artículo 59
 artículo 61
 artículo 52
 artículo 365
 artículo 61
 artículo 51