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Timestamp: 2019-06-19 07:25:00+00:00

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﻿ Las pruebas en el procedimiento aduanero
CONTENIDO:En materia aduanera, existe una regulación sobre los aspectos más relevantes de la actividad probatoría que garantizan el ejercicio del derecho de defensa y permiten hacer efectivo el debido proceso.
REVISTA IMPUESTOS N°:146, mar.-abr./2008, págs. 9 a 15
Las pruebas en el procedimiento aduanero
Asesora tributaria, aduanera y cambiaria
En materia aduanera, como en otras especialidades del derecho, aparece la noción de prueba como un elemento esencial del procedimiento administrativo de fiscalización y control, mediante el cual la autoridad competente verifica el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y procede a la imposición de sanciones por infracciones al régimen aduanero vigente. Lo anterior, en aplicación del debido proceso que consagra el artículo 29 de la Constitución Política, el cual incluye el derecho a presentar y solicitar pruebas, así como a controvertir las que se alleguen en contra, siendo nula de pleno derecho la prueba decretada y obtenida sin el cumplimiento de las formalidades previstas por el legislador para su conformación.
En los procedimientos aduaneros se utilizan los medios probatorios consagrados en el Código de Procedimiento Civil, independientemente de que en lo relativo a la calificación de dichos medios y la determinación de la carga probatoria se apliquen las disposiciones especiales que consagra la legislación aduanera. Por ello, la conducencia, pertinencia, utilidad y necesidad de la prueba no solo atiende a las exigencias específicas que consagra la normatividad aduanera, sino también a los principios generales que rigen el tema probatorio, en cuanto estos constituyen una verdadera garantía del debido proceso y el derecho de defensa.
Los anteriores enunciados justifican el desarrollo del tema propuesto, cuya finalidad es resaltar los aspectos relevantes de la actividad probatoria en los procedimientos aduaneros y procurar la efectividad de los principios que rigen dicha actividad.
En desarrollo de las facultades de fiscalización y control, las autoridades aduaneras podrán inspeccionar documentos, soportes, correspondencia comercial, registros, libros contables, operaciones bancarias y, en general, practicar las pruebas necesarias para la correcta y oportuna determinación de los tributos aduaneros y la aplicación de las sanciones a que haya lugar. Al no estar previsto en el estatuto aduanero un régimen probatorio especial, se podrán utilizar los medios probatorios que consagra el Código de Procedimiento Civil y el estatuto tributario, así como los instrumentos consagrados en el Código de Procedimiento Penal y el Código Nacional de Policía.
Los responsables de las obligaciones aduaneras, como son el importador, el exportador, el propietario, el poseedor o el tenedor de la mercancía, así como los responsables de las obligaciones que se deriven para el transportador —el agente de carga internacional, el depositario y el intermediario—, por su intervención en las respectivas operaciones de importación y exportación, tienen en principio la carga de la prueba, pues son los obligados a conservar y suministrar a la autoridad aduanera los documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la operación respectiva.
Es así como el transportador está obligado a presentar a la autoridad aduanera de la jurisdicción del lugar de arribo del medio de transporte los documentos de viaje, antes de que se inicie el descargue de la mercancía importada. Tales documentos son el manifiesto de carga, con sus adiciones, modificaciones o explicaciones; las guías aéreas; los conocimientos de embarque o cartas de porte, según corresponda, y el documento consolidador de carga y sus documentos hijos, cuando a ello hubiere lugar (E.A., arts. 1º y 92).
Asimismo, la obligación de presentar los documentos que soportan la declaración de importación surge al momento de su exigencia y aceptación por parte de las autoridades aduaneras, a efectos de que el importador pueda obtener el levante de la mercancía importada; obligación que surge igualmente, cuando en desarrollo del control posterior a las operaciones de importación así lo requiera la administración.
El artículo 121 del estatuto aduanero dispone que el declarante está obligado a obtener, antes de la fecha de presentación y aceptación de la declaración, y a conservar por un período de cinco (5) años contados a partir de dicha fecha, el original de los documentos soportes, los que deberá poner a disposición de la autoridad aduanera cuando esta lo requiera. Esta disposición fue adicionada por el artículo 1º del Decreto 4431 del 2004, para incluir la declaración de exportación o el documento que acredite la operación de exportación ante la autoridad aduanera del país de procedencia de la mercancía, en los eventos en que la DIAN así lo exija.
Las oportunidades previstas para que el usuario aduanero aporte pruebas y cumpla con la carga probatoria están relacionadas con los procedimientos establecidos en la normatividad aduanera, como son la definición de la situación jurídica de la mercancía, las liquidaciones oficiales de revisión de valor y de corrección y la imposición de sanciones por infracciones aduaneras.
Una breve descripción de tales procedimientos permite precisar las oportunidades procesales en las cuales el usuario aduanero puede cumplir con la carga de la prueba que le corresponde, así como la responsabilidad que tiene la administración en el recaudo y aporte de las pruebas, con el fin de hacer efectivos los principios de eficiencia y justicia que orientan la actuación administrativa aduanera (E.A., art. 2º).
Las etapas probatorias en los procedimientos aduaneros
1. Definición de la situación jurídica de la mercancía.
Siempre que no se acredite por parte del usuario aduanero la legal introducción y permanencia de una mercancía extranjera al territorio nacional y el cumplimiento de los requisitos propios para su importación, procede su aprehensión y decomiso, de acuerdo con las causales previstas en el artículo 502 del estatuto aduanero. Esto implica que el responsable está obligado a presentar ante la autoridad aduanera las pruebas que demuestren el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en la normatividad vigente para la legal introducción al territorio aduanero nacional o su permanencia en el mismo, en el momento de la diligencia de inspección.
Con el acta de aprehensión se inicia el proceso de definición de la situación jurídica de la mercancía, la cual es notificada personalmente al interesado, quien tendrá diez (10) días para acreditar la legal introducción de la mercancía o su permanencia en el territorio aduanero nacional, o para desvirtuar la causal de aprehensión. Para el efecto, debe presentar el documento de objeción a la aprehensión de que trata el artículo 505-1 del estatuto aduanero, el cual constituye el medio a través del cual el usuario aduanero tiene la oportunidad de aportar las pruebas pertinentes y solicitar la práctica de las que pretenda hacer valer en el proceso.
Si la administración considera que las pruebas solicitadas por el interesado son conducentes, eficaces, pertinentes y necesarias, decretará su práctica. En caso contrario, las denegará mediante auto susceptible de recurso de reposición y ordenará de oficio la práctica de las pruebas que considere pertinentes y necesarias (E.A., art. 511).
Si el funcionario aduanero concluye que las pruebas aportadas por el interesado permiten establecer la legal introducción o permanencia de la mercancía al territorio nacional aduanero, ordenará la devolución de la mercancía y el archivo del respectivo expediente.
Según el artículo 504 del estatuto aduanero, en el acta de aprehensión deberán relacionarse las pruebas aportadas por el interesado y las practicadas por la administración durante la diligencia de aprehensión y dejar constancia de las objeciones presentadas por el presunto infractor.
El artículo 505 del mismo estatuto dispone que el reconocimiento y avalúo definitivo se entenderá surtido dentro de la misma diligencia de aprehensión de las mercancías, salvo cuando se trate de mercancías que requieran conceptos o análisis especializados, caso en el cual se deberá efectuar tal diligencia por parte de la autoridad aduanera, dentro del plazo de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación del acta de aprehensión.
Significa que, si en la diligencia de inspección resultan mercancías que puedan ser objeto de aprehensión o de decomiso directo(1), el funcionario aduanero que realiza la diligencia está obligado a practicar la prueba consistente en el avalúo de la mercancía, dentro de la misma diligencia, y a incorporarlo en el acta de aprehensión, incluso en el evento de que se trate de mercancía que requiera conceptos o análisis especializados. Si se da este último caso, estará obligado a consignar en el acta de aprehensión un avalúo provisional y a dejar constancia de las razones pertinentes.
Tal exigencia legal tiene como finalidad salvaguardar el derecho de defensa del usuario aduanero, toda vez que el avalúo de la mercancía efectuado por la administración no solo puede ser objetado por el interesado con ocasión de la presentación del documento de objeción a la aprehensión, que consagra el artículo 505-1 ibidem, sino que además, le sirve de soporte probatorio en el evento en que decida, con posterioridad a la aprehensión, constituir una garantía por el valor en aduana de las mercancías aprehendidas que garantice el pago de los tributos aduaneros, con el fin de que se le autorice la entrega de la mercancía en los términos previstos en el artículo 233 del estatuto aduanero.
Ahora bien, vencido el término previsto en el artículo 505-1 ibidem o el término de que trata el artículo 510 del mismo estatuto, sin que se hubiere presentado el documento de objeción a la aprehensión, la autoridad aduanera dispondrá de quince (15) días para decidir de fondo sobre la situación jurídica de la mercancía aprehendida, mediante resolución motivada.
Conforme a lo anterior, si bien es cierto que existe la posibilidad de que la dependencia competente para decretar pruebas de oficio lo haga dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción del documento de objeción a la aprehensión, debe tenerse en cuenta que la normatividad aduanera impone a la dependencia competente la obligación de decidir de fondo sobre la situación jurídica de la mercancía aprehendida, dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del término otorgado al interesado para presentar el documento de objeción a la aprehensión, aun cuando este no se hubiere presentado.
Al respecto ha precisado la doctrina que, cuando el interesado no ha presentado el documento de objeción a la aprehensión, surge para la dependencia competente la imposibilidad de decretar de oficio la práctica de pruebas, lo cual, además, resulta razonable, en atención a la inactividad del interesado para desvirtuar la causal que generó la aprehensión o para demostrar la legal introducción de la mercancía aprehendida por la autoridad aduanera o su permanencia dentro del territorio aduanero nacional.
En cuanto al hecho de si es procedente tener en cuenta un documento de objeción que no cumpla los requisitos legales y, sin embargo, considerar las pruebas relacionadas en dicho documento, ha conceptuado la DIAN que es necesario tener en cuenta que dentro de los requisitos previstos en el artículo 505-1 del estatuto aduanero se encuentran algunos que son facultativos del interesado al objetar la aprehensión, como son la sustentación de los motivos de inconformidad y la relación y solicitud de las pruebas que se pretendan hacer valer en el proceso. En consecuencia, ni el hecho de que no se sustente la objeción ni el hecho de que no se aporten o soliciten pruebas se consideran circunstancias pertinentes por las cuales deba rechazarse el documento de objeción.
No ocurre lo mismo cuando, al presentar el documento de objeción a la aprehensión, no se cumple con los requisitos exigidos para acreditar la legitimación para actuar dentro del proceso ni con el suministro de los datos exigidos para que se surta una debida notificación; por cuanto la no presentación del documento implica, simple y llanamente, el no ejercicio del derecho a objetar la aprehensión en el plazo previsto por la legislación aduanera para el efecto, sin que esta prevea otra oportunidad para hacerlo. Por lo tanto, la no acreditación de la legitimidad implica la carencia de facultad para actuar; y la no información de los datos requeridos para la notificación se justifica para efectos de no violar su derecho a la defensa, cuando se profiera la decisión final que eventualmente pueda ser objeto de impugnación y, por supuesto, para hacer viable la ejecutoriedad del acto definitivo.
En los anteriores eventos, sostiene la autoridad aduanera que es pertinente que no se tenga en cuenta el documento de objeción y que, así mismo, sea improcedente decretar de oficio las pruebas que no pudieron ser aportadas, por cuanto en estos eventos surge inmediatamente la obligación de adelantar las gestiones pertinentes para que se profiera el acto administrativo que decida de fondo, en un plazo más corto al previsto para cuando se presentan estas o las anteriores omisiones comentadas(2).
2. Liquidaciones oficiales e imposición de sanciones.
Los procedimientos de liquidación oficial de revisión de valor, liquidación oficial de corrección y la imposición de sanciones por infracciones aduaneras están previstos en la normatividad aduanera.
La liquidación oficial de revisión de valor procede cuando la declaración de importación presenta errores en el valor FOB, fletes, seguros, otros gastos, ajustes y el valor en aduana. Este tipo de errores llevan a liquidar los tributos aduaneros en una suma superior a la que aparece en la declaración de importación (E.A., art. 514).
La liquidación oficial de corrección procede cuando la declaración de importación presenta errores en la subpartida arancelaria, tarifas, tasa de cambio, sanciones, operaciones aritméticas, modalidad o tratamientos preferenciales (E.A., art. 513).
La imposición de sanciones mediante resolución está prevista cuando se trate de infracciones administrativas aduaneras en las que incurran las sociedades de intermediación aduanera, los usuarios permanentes, los usuarios altamente exportadores, los usuarios de zonas francas industriales de bienes y servicios, los depósitos públicos y privados, los titulares de puertos y muelles de servicio público y privado, las relativas al uso del sistema informático aduanero, los intermediarios de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, los transportadores, los agentes de carga internacional y en materia de valoración de mercancías (E.A., arts. 485 a 501).
Previo a la expedición de una liquidación oficial de revisión de valor, una liquidación oficial de corrección o una resolución sanción, la administración aduanera deberá proferir un requerimiento especial, el cual debe contener, entre otros requisitos, la relación de las pruebas allegadas en desarrollo de la facultad de fiscalización e investigación o en cumplimiento del deber de información que corresponde al usuario aduanero o intermediario responsable. Es decir que en el requerimiento especial aduanero deben relacionarse las pruebas que hayan sido aportadas por el interesado en instancias anteriores y las que debieron ser recaudadas por la administración aduanera en ejercicio de su facultad de fiscalización y control.
En la respuesta al requerimiento especial aduanero, el interesado deberá solicitar las pruebas que pretenda hacer valer (E.A., art. 510), lo cual implica que en esta oportunidad procesal debe cumplir con la obligación de la carga probatoria y, para el efecto, deberá no solo aportar las pruebas que considere pertinentes, sino también pedir que se decreten por parte de la administración las que estime necesarias. En este último evento, la administración decretará las pruebas que considere conducentes, eficaces, pertinentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos y, en caso contrario, las negará mediante auto susceptible de recurso de reposición y ordenará de oficio las que considere pertinentes y necesarias (E.A., 511).
De otra parte, con ocasión de la presentación del recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de corrección, de revisión de valor o la resolución sanción, si bien no está previsto expresamente en la normatividad aduanera que el recurrente puede aportar o solicitar la práctica de pruebas, se entiende que esta constituye otra oportunidad procesal para que el interesado aporte pruebas y solicite la práctica de las que considere pertinentes, las que deberán ser decretadas por la administración, si las considera conducentes, eficaces, pertinentes y necesarias. En todo caso, la administración podrá decretar pruebas de oficio cuando las considere necesarias.
Lo anterior se infiere de la disposición prevista en el parágrafo del artículo 515 del estatuto aduanero, según la cual, “El término para resolver el recurso de reconsideración se suspenderá por el término que dure el período probatorio cuando a ello hubiere lugar”.
La facultad para decretar pruebas
Según concepto de la autoridad aduanera, la facultad para ordenar y practicar pruebas corresponde a la división de fiscalización. La división de liquidación no es competente para proferir y decretar pruebas con el fin de poder decidir de fondo, dado que las resoluciones 1618 y 11162 del 2006 le asignan a la división de fiscalización tal función, hasta la conclusión del período probatorio, en las investigaciones a su cargo(3). Esto implicaría entonces que si el interesado, al dar respuesta al requerimiento especial aduanero, solicita la práctica de pruebas, la división de liquidación, antes de decidir de fondo, deberá remitir el expediente a la división de fiscalización para que esta las practique, si las considera pertinentes, conducentes y necesarias.
Ahora bien, tratándose de adelantar los procesos iniciados a solicitud del interesado, con la finalidad de que se expida una liquidación oficial de corrección o una liquidación oficial de revisión de valor —para lo cual, según la Resolución 8046 del 2006, es competente la división de liquidación de la administración ante la cual se haya surtido el proceso de importación—, la autoridad aduanera ha precisado que dicha dependencia está facultada para expedir los demás actos administrativos a que haya lugar, incluyendo la práctica de pruebas, con el fin de decidir sobre tales solicitudes para efectos de la devolución de los pagos en exceso. Lo anterior, en aplicación del principio de eficiencia consagrado en el artículo 2º del estatuto aduanero, en virtud del cual “Los funcionarios encargados de realizar las operaciones aduaneras deberán tener en cuenta que en desarrollo de ellas debe prevalecer siempre el servicio ágil y oportuno al usuario aduanero, para facilitar y dinamizar el comercio exterior”.
En consideración a lo anterior se concluye que la división de fiscalización aduanera es competente para realizar las investigaciones y practicar pruebas que llevan a proponer la expedición de liquidaciones oficiales de corrección o de revisión de valor, cuando estas son el resultado del ejercicio de sus facultades de fiscalización y control; pero en los casos en que las liquidaciones oficiales se expidan a solicitud del interesado, para efectos de la devolución de los tributos aduaneros y demás sumas pagadas en exceso, la competencia para decretar y practicar pruebas es de la división de liquidación, comoquiera que tales solicitudes tienen un procedimiento especial que no exige la expedición de un acto de trámite previo por parte de la división de fiscalización, como es el requerimiento especial aduanero(4).
En cuanto a la solicitud y práctica de pruebas con ocasión de la interposición del recurso de reconsideración contra las liquidaciones oficiales de corrección, de revisión de valor y resoluciones que imponen sanciones por infracciones aduaneras, se considera que, al tenor de lo establecido en el artículo 511 del estatuto aduanero, la división jurídica o la dependencia que sea competente para el conocimiento y fallo del recurso de reconsideración está igualmente facultada para decretar y practicar pruebas, dentro de los diez (10) días siguientes a la interposición del recurso en debida forma, cuando las pruebas solicitadas sean conducentes, eficaces, pertinentes y necesarias y podrá denegar las que no lo fueren y ordenar de oficio la práctica de las que considere pertinentes y necesarias.
El término para la práctica de las pruebas correrá a partir de la ejecutoria del acto que las decretó, suspendiendo el término para resolver el recurso de reconsideración, por el tiempo que dure el período probatorio, de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 515 ibidem.
El auto que decrete las pruebas se deberá notificar por estado conforme a lo establecido en el artículo 566 ibidem. Cuando se denieguen pruebas solicitadas procederá el recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación y resolverse dentro de los tres (3) días siguientes a su interposición (art. 511 ib.).
Respecto a la facultad para decretar pruebas, cuando se hace uso de la revocatoria directa contra las liquidaciones oficiales de corrección y de revisión de valor o las resoluciones que imponen sanciones por infracciones aduaneras, es clara la posición oficial, al decir, con fundamento en el artículo 34 del Código Contencioso Administrativo —según el cual, durante la actuación administrativa se podrán pedir y decretar pruebas y allegar informaciones, sin requisitos ni términos especiales, de oficio o a petición del interesado—, que el funcionario de conocimiento tiene facultad para practicar pruebas dentro del procedimiento orientado a resolver solicitudes de revocatoria directa. Pero advierte que esta facultad probatoria no se traduce en la posibilidad de suspender o dilatar el término máximo de tres (3) meses establecido en el artículo 71 ibidem para resolver la solicitud de revocatoria directa, porque la práctica de pruebas dentro del trámite adelantado para resolver una solicitud de revocatoria directa no suspende el término máximo establecido en la norma para su solución; por esta razón, la referida solicitud debe ser resuelta dentro de los tres (3) meses siguientes a su presentación(5).
La práctica de las pruebas
El término de tiempo para la práctica de las pruebas según el artículo 511 del estatuto aduanero tiene un plazo máximo de dos (2) meses o de tres (3) meses, dependiendo del lugar en el cual deba surtirse la prueba, esto es, en el país o en el exterior. Comoquiera que el período probatorio suspende el término para resolver el recurso de reconsideración —el cual debe cumplirse, so pena de que opere el silencio administrativo positivo—, ha sido necesario precisar lo que debe entenderse por el término de práctica de la prueba y la duración del período probatorio. Al respecto la autoridad aduanera ha propuesto el siguiente análisis:
La práctica de la prueba implica adelantar todos los actos procesales necesarios para que los diversos medios probatorios aducidos o solicitados se incorporen o ejecuten en el proceso correspondiente, en este caso, en el procedimiento administrativo previsto para imponer sanciones, formular liquidaciones oficiales o definir la situación jurídica de mercancías aprehendidas. Surtidos los actos procesales necesarios para que los diversos medios probatorios concretos, aducidos o solicitados se ejecuten en el proceso, se entiende surtida la etapa de la práctica de la prueba.
Dado que lo que determina la duración del período probatorio es la práctica de cada medio probatorio, no se requiere que el auto que decreta la prueba determine el término en el que va a ser practicada, ni tampoco se requiere de un acto administrativo que cierre dicho período, por cuanto es el legislador el que determinó un plazo máximo y porque la definición de lo que se entiende por práctica de la prueba es lo que permite precisar el momento en que se termina la misma, sin que, en todo caso, pueda exceder del plazo máximo establecido en la norma.
Teniendo en cuenta que la ritualidad de cada prueba es distinta, para determinar cuándo concluye su práctica es necesario considerar la ritualidad comentada, razón por la cual, como lo manifiesta el maestro Devis Echandía, es usual identificar la práctica de la prueba con la recepción de la misma, dándole a la recepción el doble sentido. En consecuencia, por técnica jurídica, la recepción de la prueba comprende su simple agregación cuando la presente la parte, pero es práctica cuando la autoridad judicial o, en este caso, la administrativa se limita a solicitarla. En este sentido el mismo autor precisa: “cuando se presenta el medio para que el juez lo admita y lo agregue al expediente, la práctica o recepción se confunden con la admisión...”(6).
Por tal circunstancia, el mismo autor plantea: “Nada impide darle validez a las pruebas que se practiquen sin haberse señalado término para su práctica, si fueron debidamente decretadas”, y por ende no afecta en lo absoluto que el acto que decreta las pruebas no precise un término para practicarlas y, así mismo, no afecta que no exista un acto de trámite que cierre el período probatorio; pero lo que sí es importante es que, cuando la práctica implique que la autoridad administrativa se limite a solicitar la prueba, esta solicitud no se haga por fuera del término señalado por la legislación aduanera, aun cuando su recepción se surta con posterioridad.
Precisado lo anterior, y teniendo en cuenta que una vez surtida la práctica de las pruebas se abre la etapa procesal para proferir el acto administrativo de fondo en la actuación administrativa pertinente, es necesario aclarar que —independientemente del momento en el cual culmine la práctica de las pruebas, conforme lo dispone el inciso tercero del artículo 512 ibidem, siempre, en el evento que se decrete la práctica de pruebas—, los términos para decidir de fondo se cuentan a partir del día siguiente al vencimiento de los plazos establecidos para su práctica, esto es, a partir del día siguiente al segundo mes o al tercer mes según se trate de pruebas decretadas en el país o en el exterior.
Se concluye que —como por práctica de pruebas se entiende los actos procesales necesarios para que los diversos medios probatorios aducidos o solicitados se incorporen o ejecuten en el proceso—, en materia aduanera la práctica de las pruebas puede surtirse dentro del término previsto por la legislación aduanera para el efecto, sin que haya necesidad de acto administrativo de trámite que determine su cierre y sin que tal circunstancia afecte el momento a partir del cual se debe contabilizar el término establecido por la misma legislación para que la dependencia competente profiera el acto administrativo de fondo(7).
Ahora bien, si en el recurso de reconsideración no se solicita la práctica de prueba alguna por parte del interesado y la administración profiere un auto de apertura de pruebas, dicho auto por sí mismo no tiene el efecto de suspender el término para la decisión del recurso, sino que se requiere que en cumplimiento del mismo se practique alguna prueba, dado que lo que lo suspende para resolver el recurso es el término que dure el período probatorio y por este se entiende el necesario para la práctica de las pruebas decretadas.
Es así como lo ha expresado la jurisprudencia del Consejo de Estado, al decir que, si en el auto de apertura de pruebas no se decretó prueba alguna y tampoco aparece demostrado que, en cumplimiento del mismo, dentro del período probatorio que fijó el auto se hubiera dado dicha práctica, no se cumplen los requisitos señalados en el artículo 515 del estatuto aduanero para que al aludido auto tenga los efectos perseguidos por la norma; pues se debe entender que el término para decidir el recurso se suspende por efecto de la práctica de pruebas, dado que ello es el objeto y la razón de ser del período probatorio y de ahí que esa suspensión se deba dar por el término que dure dicho período. Luego si el período probatorio que se fijó no lo fue para practicar prueba alguna —pues ninguna prueba se decretó ni las circunstancias denotan la necesidad de las mismas y de ahí que ninguna prueba se hubiera practicado dentro del mismo—, es forzoso concluir que dicho auto se profirió para prorrogar artificiosa o formalmente el término que la dependencia competente tenía para notificar cualquier decisión del recurso de reconsideración(8).
La negación de pruebas y el debido proceso
Se ha argumentado por parte de los usuarios aduaneros y demás sujetos afectados por las actuaciones administrativas aduaneras que el hecho de no decretarse una prueba solicitada en vía gubernativa constituye una violación al debido proceso, lo cual no siempre resulta suficiente para justificar la inactividad probatoria del interesado.
Es así como al respecto ha reiterado la jurisprudencia del Consejo de Estado que, si las pruebas solicitadas en la vía gubernativa se negaron porque no se ceñían al asunto materia del proceso y se expidieron los actos definitivos sin haber sido resueltos los recursos interpuestos contra el auto denegatorio de pruebas, tal circunstancia, por sí sola, no vicia de nulidad dichos actos, sino que es necesario que el interesado demuestre ante la jurisdicción contenciosa la incidencia de dichas pruebas en la decisión administrativa. Para ello, el demandante debe aportar y solicitar las respectivas pruebas con la correspondiente demanda, en la que obviamente se tiene franca oportunidad para la solicitud y práctica de estas u otras pertinentes, con el objeto de que en el proceso respectivo quede evidenciado que la importancia o trascendencia del supuesto fáctico que se echa de menos era tal que resultaba imprescindible considerarlo para efectos de inclinar en uno u otro sentido la decisión administrativa controvertida(9).
El mismo criterio es reiterado frente al desconocimiento del debido proceso y el derecho de defensa, cuando con ocasión del recurso de reconsideración no se aportan pruebas que permitan desvirtuar el dictamen pericial, con base en el cual la administración estableció la diferencia entre la mercancía declarada y la mercancía decomisada, en los siguientes términos:
Si del pliego de cargos y del texto de las resoluciones acusadas se infiere que lo que determinó la sanción de decomiso fue el hecho de que pericialmente se estableció que la denominación de la mercancía, o su composición, o su acabado, o su peso, era diferente del relacionado en las declaraciones de importación —lo que equivalía a considerar que se trataba de mercancías diferentes de las amparadas—, para desechar tal dictamen era menester que se hubiera desvirtuado el estudio técnico con pruebas demostrativas de sus errores, atinentes a los aspectos de carácter eminentemente técnico; pues tales errores fueron los que sirvieron de soporte a los actos acusados, y frente a ellos debieron aducirse razones igualmente técnicas para desvirtuarlos. De tal manera que los cargos de la demanda, en lo que a la violación del debido proceso y el derecho de defensa se refieren, no tienen vocación de prosperidad pues, según quedó visto, la actora sí tuvo la oportunidad de desvirtuar el dictamen técnico que, básicamente, fue el sustento de los actos cuestionados. El dictamen técnico, por lo demás, bien podía ser apreciado en la vía gubernativa, ya que la actora tampoco aportó prueba alguna demostrativa de la supuesta parcialidad de quienes lo emitieron ni de la falta de idoneidad de los funcionarios que practicaron el análisis de las muestras, ni mucho menos del error grave de este.
No puede hablarse, entonces, de una violación del derecho de defensa cuando lo pedido por el particular no está destinado a aportar elementos que influyan en la decisión que debe ser adoptada(10).
De acuerdo con los aspectos antes comentados puede concluirse que, si bien en materia aduanera no existe una consagración legal del régimen probatorio que implique que este deba ser aplicado de manera específica en los procedimientos aduaneros, sí está prevista una regulación sobre los aspectos más relevantes de la actividad probatoria. Dichos aspectos son, por ejemplo: la definición de la carga de la prueba, la consagración de los medios de prueba que se consideran conducentes para acreditar el cumplimiento de las distintas obligaciones aduaneras, así como las oportunidades procesales previstas para aportar, solicitar y contradecir las pruebas, todo lo cual garantiza el ejercicio del derecho de defensa y permite hacer efectivo el debido proceso, tal como está concebido en la preceptiva constitucional.
De otra parte se observa que, si bien es cierto que —por definición legal y dada la naturaleza de las actividades que generan las distintas obligaciones aduaneras— la carga de la prueba corresponde en primer término a los responsables de tales obligaciones, no por ello la autoridad aduanera puede incumplir con la responsabilidad que por definición legal le corresponde en cuanto a la actividad probatoria.
En lo relacionado con la práctica de las pruebas solicitadas por el interesado se considera conveniente que la DIAN, como intérprete oficial en materia aduanera, conceptualice acerca de la conducencia, eficacia, pertinencia y necesidad de la prueba a que se refiere el artículo 511 del estatuto aduanero para que se acceda a la práctica de las pruebas solicitadas por el interesado; pues una inadecuada interpretación de tales conceptos por parte del funcionario aduanero puede llevar a un prejuzgamiento o a la negación del derecho de defensa, dado que normalmente, la eficacia o la necesidad de la prueba solo puede ser el resultado de su evaluación previa.
(1) Conforme al artículo 512-1 del estatuto aduanero, el decomiso directo procede respecto de hidrocarburos o sus derivados, licores o cigarrillos y otras mercancías que sin importar su naturaleza tengan un valor inferior o igual a 5 smmlv. Dentro de la misma diligencia de aprehensión, el interesado debe aportar los documentos que demuestren la legal importación. El acta de aprehensión y decomiso directo es una decisión de fondo, contra la cual procede el recurso de reconsideración.
(2) DIAN, oficina jurídica, Conc. 112, nov. 25/2005.
(3) DIAN, oficina jurídica, Conc. 213, oct. 19/2001.
(4) DIAN, oficina jurídica, Conc. 35, mayo 4/2007.
(5) DIAN, oficina jurídica, Conc. 74, sept. 2/2005.
(6) Devis Echandía, Hernando. “Compendio de derecho procesal”, tomo II, Pruebas judiciales. Editorial ABC, Bogotá, 1984. Octava edición. Pág. 96.
(7) DIAN, oficina jurídica, Conc. 112, nov. 25/2005.
(8) C.E., Sec. Primera, Sent. abr. 28/2004, Exp. 0239, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
(9) C.E., Sec. Primera, Sent. dic. 7/2005, Exp. 02217, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
(10) C.E., Sec. Primera, Sent. mar. 7/2002, Exp. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

References: artículo 29
 artículo 121
 artículo 1
 artículo 502
 artículo 505
 artículo 504
 artículo 505
 artículo 505
 artículo 233
 artículo 505
 artículo 510
 resolución 
 artículo 505
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 515
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 511
 artículo 515
 artículo 566
 artículo 34
 artículo 71
 artículo 511
 artículo 512
 artículo 515
 artículo 511
 artículo 512