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Timestamp: 2020-05-30 22:00:50+00:00

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mayo | 2017 | Víctor R. Nomberto, Doctor en Ciencias Sociales | Página 3
Ocultaron voto de magistrado del TC en caso de El Frontón
Por Rafael Romero- Diario Expreso.
Fernando Calle Hayen pide que se muestre el voto de Vergara Gotelli
Modificaron en forma dolosa sentencia que tenía calidad de cosa juzgada para seguir enjuiciando a los marinos que lucharon contra el terrorismo, afirma exmagistrado del TC.
El 14 de junio de 2013 el Tribunal Constitucional (TC) dictó una sentencia que pasará a la historia: retiró la tipificación de “delito de lesa humanidad” que un juez penal pretendió aplicar a las fuerzas de la Marina de Guerra del Perú que participaron con éxito en la debelación del motín de los terroristas de Sendero Luminoso en el penal de El Frontón del 19 de junio de 1986.
En esa oportunidad fueron los magistrados Carlos Mesía Ramírez, Juan Vergara Gotelli, Fernando Calle Hayen y Ernesto Álvarez Miranda los que olearon –con la calidad de cosa juzgada– esta decisión que causó malestar en las ONG de derechos humanos y en la izquierda peruana.
Por tal razón es que el procurador especializado supranacional del Ministerio de Justicia, el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) habían solicitado no solo aclaraciones sino la nulidad de la votación, arguyendo que no había quórum mayoritario porque en la citada sentencia no estaba el voto de Vergara Gotelli.
“La decisión mediante la cual señala que los hechos de El Frontón no deben ser calificados como crímenes de lesa humanidad no cuenta con los votos necesarios para conformar una sentencia válida”, señalaron los detractores que exigían la anulación del fallo y nuevo voto.
Pero ¿cómo es que fue el voto del doctor Vergara en esa oportunidad? Textualmente fue así: “[D]e la sentencia propuesta por el ponente del presente hábeas corpus advierto [la] argumentación y decisión que concluye en señalar que “(…) los hechos que son materia del proceso penal contra los favorecidos no constituyen crímenes de lesa humanidad (…)”.
No solo que no constituyen delitos de lesa humanidad, sino que el letrado dejó constancia que “considero que resulta innecesario un pronunciamiento constitucional” de aclaración o lo que fuere porque los nuevos pedidos habían sido presentados a destiempo y sin ser parte de la causa.
Ha pasado algunos meses, y resulta que en marzo de 2017 se hizo pública una nueva resolución firmada por los actuales magistrados Espinosa-Saldaña, Miranda Canales, Ramos Núñez y Ledesma Narváez, donde habían decidido retirar el voto de Vergara Gotelli insistiendo en que los sucesos de El Frontón califican como delito de “lesa humanidad”.
Al anular el voto de Vergara sacaron el argumento de que la votación del 14 de junio de 2013 no contaba con mayoría, reiteramos, en consecuencia abrieron el camino para volver a retomar un caso que tiene 31 años para que por undécima vez otro juez penal continúe con el proceso, pero bajo los parámetros de que en El Frontón sí se cometieron delitos de “lesa humanidad”.
Hacer desaparecer o haber ocultado el voto de Vergara Gotelli, dice en esta entrevista el exmagistrado del TC, Calle Hayen, y en una columna el expresidente del Congreso, Ántero Flores Aráoz, es muy grave.
Como quiera que las instituciones del sistema de justicia están obligadas a documentar cada paso de los procesos –en este caso del expediente Nº 01969-2011-HC–, no hay otra salida que revisar el “Reporte de seguimiento de expedientes” y esperar la exposición pública del voto de Vergara Gotelli que se habría ocultado en forma dolosa. Valga esta larga introducción para leer lo que dice Calle Hayen.
-Usted fue magistrado del TC cuando se resolvió el caso del Frontón, ¿recuerda en qué fecha y cuál fue la pretensión?
Recuerdo que lo resolvimos en junio de 2013, pero la sentencia se publicó en septiembre del mismo año. Se trataba de un agravio constitucional por una demanda de hábeas corpus interpuesta por Humberto Bocanegra Chávez a favor de José Santiago Bryson de la Barra y otros, que había sido declarada infundada por una sala superior del Poder Judicial, observándose la motivación que correspondía a la gravedad de los hechos.
-El magistrado Urviola en su voto singular de marzo de este año, en el Exp. 1969-2011-HC Bryson de la Barra, conocido como caso El Frontón, sostiene que los exmagistrados de entonces, entre los que se encuentra usted, sí tuvieron conocimiento del escrito presentado por el Procurador Público Especializado Supranacional y se debatió en la fecha antes citada. ¿Es cierto?
Cuando ingresa un pedido de aclaración, nulidad, corrección, subsanación o de cualquier otra naturaleza, luego de expedida una sentencia, se sigue un trámite interno rápido a efectos de que se dé cumplimiento al Artículo 121 del Código Procesal Constitucional, que nos dice que debe ser resuelto en el plazo de dos días. En el caso sobre el que se me pregunta tengo entendido que inmediatamente después del ingreso del referido escrito debió darse cuenta al ponente, y al tratarse de un caso emblemático, al presidente del TC, toda vez que él, conjuntamente con sus funcionarios de confianza, elabora la agenda del Pleno.
-¿Esto es lo que habría sucedido?
Al parecer sí, porque en la sesión del Pleno del 1 de octubre de 2013, como se afirma, se agendó para su debate, en el que como correspondía tomamos conocimiento de la extemporaneidad del pedido, y como señala el magistrado Urviola Hani en su voto singular, sucede que el magistrado Vergara Gotelli solicitó un plazo de dos días para emitir su opinión porque –como seguramente ya se había tomado una decisión en razón de la extemporaneidad informada–, quería hacer un fundamento de su voto, porque al parecer había sido aludido, y por las razones que refiere el magistrado Urviola. Ahora, todo este “iter procedimental” debe estar reflejado en el Reporte de Seguimiento de Expedientes y no tengo la menor duda que el magistrado Vergara Gotelli cumplió con emitir su fundamento de voto dentro del referido plazo.
-¿Qué consecuencia genera eso?
Por lo tanto, verificado el rumbo en dicho “Reporte”, debe exhibirse el referido voto. Lo que sí puedo afirmar es que el proyecto que debió estar firmado por el ponente o los otros señores magistrados que habíamos hecho mayoría, más el fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli, nunca llegó a mi despacho a pesar de que estuve en ejercicio hasta el 2 de junio de 2014, debiendo tenerse presente –hasta donde recuerdo– que incluso existía un acuerdo para completar firmas hasta 30 días después de haber dejado el cargo. Y esto porque cuando ingresé como magistrado recuerdo que se completaban firmas inclusive hasta por más de un mes en temas ya decididos. Ahora bien, toda esta ruta del expediente debe aparecer en el citado Reporte de Seguimiento de Expedientes de donde se debe extraer las razones por las que no llegó a mi despacho para mi firma y probablemente por qué no se publicó dicha resolución.
EL SECRETARIO RELATOR
-¿Hubo algunos otros pedidos aparte del presentado por el Procurador Público Especializado Supranacional?
No que yo recuerde. Esto puede y debe ser corroborado por el secretario relator y es lo que se advierte del voto singular del magistrado Urviola Hani, pues solo se refieren al escrito presentado por el referido procurador supranacional que a mi entender carecía de legitimidad para obrar por no haber sido parte en el proceso; amén de la extemporaneidad de su pedido que era ya suficiente para su rechazo liminar. Esto también puede verificarse en el Reporte de Seguimiento de Expediente.
-¿Cuándo es que el secretario relator dio cuenta de estos pedidos de nulidad a los señores magistrados?
En el Pleno del 1 de octubre de 2013. Por cierto, que esa es la obligación y responsabilidad del secretario relator y la presidencia en cuanto a su conducción, y, como refiere el propio magistrado Urviola Hani, solo se dio cuenta del escrito presentado por el procurador supranacional referido a un pedido de subsanación. Así también, entiendo, lo refieren los actuales señores magistrados.
-¿Bajo qué criterios los magistrados pueden interpretar el voto de otro magistrado? ¿Esto es legal?
De acuerdo al Artículo 139°, inciso 20°, de la Constitución Política, cualquier persona puede interpretar a su modo los votos y sentencias de los magistrados para su análisis y crítica de las resoluciones y sentencias, con las limitaciones de ley; pero lo que no se puede de ninguna manera es reemplazar y cambiar el sentido de las decisiones expedidas dentro de un proceso que cuenta con decisión final y constituye cosa juzgada. En cuanto a lo primero sería legal, pero en cuanto a lo segundo –en mérito de lo dicho– me relevo de mayor comentario.
-Se ha presentado una denuncia constitucional ante el Congreso en contra de los magistrados que han “interpretado” el voto del magistrado Vergara Gotelli, ¿qué pasaría ahora? ¿La denuncia prosperará?
Al parecer no se trata de una simple interpretación de conformidad al Artículo 139° inciso 20° de la Constitución, sino de la modificación del voto de un magistrado que termina por hacer variar la decisión de una sentencia con calidad de cosa juzgada y, de acuerdo a lo que he expresado, en mérito de una nulidad o subsanación planteada que era extemporánea y ya tenía decisión; más aún, cuando la subsanación, como refiere el magistrado Urviola Hani y los señores magistrados en minoría, solo busca eliminar errores materiales, ortográficos o numéricos o equivocaciones en las referencias de las personas. Esto es serio –por decir lo menos–, salvo que dentro de la modernización que parece expresaría este cambio –desde antes–, dentro de una interpretación errada desde mi modesta óptica, estén expresando algunos señores magistrados una nueva concepción doctrinaria, que pudiendo ser brillante no puede ni debe aplicarse en nuestro ordenamiento constitucional vigente.
-¿Hubo una mala comunicación?
Creo que a lo mejor no han sido debidamente informados que ya existía una decisión y que como señala el magistrado Urviola Hani en su voto singular, el magistrado Vergara Gotelli habría entregado su voto. De ser así, debe enseñarse el voto del magistrado Vergara Gotelli, reitero. Podría ser que los magistrados no hayan sido debidamente informados, ya que al parecer se había tomado decisión y que el magistrado Vergara Gotelli ya había presentado su voto dentro de los dos días comprometidos en el Pleno en referencia. Por eso es importante que se enseñe su voto.
-¿Qué implicaciones futuras tiene el que ahora los magistrados puedan interpretar los fallos de sus colegas y excolegas?
Interpretar no es dañino, pero modificar un documento público de tanto valor como es una sentencia que pone fin a un proceso en la más alta instancia en materia constitucional del país, sí, porque nos dejaría sin garantía jurídica y generaría la pérdida de legitimidad del Estado que, sumada a la impunidad generalizada, solo agravaría la desesperanza nacional, amén de la débil imagen institucional ante el mundo. Como lo señala el magistrado Urviola Hani, se ha afectado el “principio de seguridad jurídica”.
“Nada es definitivo”
-¿El último fallo del TC en el caso El Frontón es definitivo?
Con el nuevo criterio impuesto por la mayoría del actual TC nada es definitivo. O es que es una concepción doctrinaria moderna de la que están totalmente convencidos y que deberían previamente explicarla, sustentarla y debatirla en el mundo académico y generar una nueva legislación constitucional y legal. Si no es así, les invocaría con toda amistad que el propio Tribunal no solo revise y modifique la referida resolución sino también el precedente vinculante denominando Huatuco, entre otros.
Abogado constitucionalista critica el criterio de lesa humanidad y las consultas a España del juez que condenó a Alberto Fujimori
¿Cuál es el camino que seguirá el pedido de hábeas corpus de Alberto Fujimori?
El hábeas corpus es una garantía constitucional de carácter excepcional que protege tres derechos nucleares, como la vida, la integridad física y la libertad corporal. En este caso, puede servir para revisar un proceso penal en el que una persona ha sido privada de su libertad. El expresidente Fujimori tiene una condena de 25 años de prisión por los delitos de asesinato, lesiones graves y secuestro agravado, que han sido, además, sobrecalificados como delitos contra la humanidad. Este proceso penal podría ser materia de revisión en todo o parte por el hábeas corpus. No sabemos qué dirá la demanda, podría ser que esta se limite a pedir un nuevo juicio oral y, por tanto, una nueva sentencia ante otro fiscal; o puede solicitar la nulidad de todo el juicio y pedir la inmediata liberación del expresidente.
¿Cuáles son los argumentos que podrían utilizarse en este nuevo recurso?
Los argumentos son válidos. En primer lugar, que Chile no autorizó la extradición por delitos de lesa humanidad. Segundo, que el delito de lesa humanidad no está previsto en el Código Penal en este momento. Tercero, que la acusación del fiscal, quien es el titular de la acción penal, no contenía los delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, sobre eso no hubo debate ni defensa por parte del acusado. Cuarto, los correos electrónicos cruzados entre el presidente del tribunal que lo condenó (César San Martín) y unos colegas españoles, que datan de más de un año antes del juicio y en los que se observa que estaban tratando de construir la teoría de la condena sin haber escuchado al acusado, con lo cual se viola la imparcialidad del asunto.
¿Pero estos hechos no fueron vistos ya por el TC?
Hubo un hábeas corpus que llegó al Tribunal Constitucional, donde el voto de la mayoría dijo que la sentencia estaba bien puesta, pero el voto del doctor (Jose Luis) Sardón indicaba que el proceso había sido indebido y que la sentencia era nula, y transcribió los correos entre San Martín y los abogados de España para demostrar la imparcialidad del caso.
Con estos argumentos, ¿es posible plantear un escenario favorable para el expresidente?
Es difícil pensar que va a haber un escenario favorable o que los magistrados vayan a cambiar de opinión. El hábeas corpus es excepcional por lo que el pronóstico es reservado. Siempre es posible reabrir el debate de un proceso que ha dado como consecuencia una condena. Es un escenario muy difícil, pero no es imposible.
De tener un resultado positivo, ¿qué seguiría?
Primero se presenta la demanda, después es admitida y, luego, tramitada. El juez penal en primera instancia debe sentenciar y de allí se iría en apelación a la Corte Superior. Si la sentencia de la Corte es favorable a la demanda, se acaba el proceso y tendrían que liberar a Alberto Fujimori. Pero si esta es desfavorable, hay un recurso para acudir ante el Tribunal Constitucional, el cual tendría que definir en última instancia si este pedido procede o no.
El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, indicó que la resolución de este recurso dura seis meses, ¿es correcto?
Sí, porque el hábeas corpus es el proceso más rápido que existe en el sistema. No tiene día ni hora inhábil, y el Código Procesal Penal le pone plazos cortos. Un aproximado hasta la Corte Suprema es de seis meses y si va al Tribunal Constitucional, de dos a tres meses más. En total, unos 9 o 10 meses para que el asunto esté totalmente definido.
Llama la atención la insistencia en este recurso -que no ha tenido resultados positivos antes- y que no se opte por una solicitud formal del indulto…
Sucede que la sentencia es un candado. A esta, de manera abusiva, le ponen el cintillo de “lesa humanidad” y con eso, según lo expuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo hace inelegible para el indulto de amnistía. De alguna manera, la sentencia, siendo válida y estando vigente, tiene una herida de legitimidad. La actuación del magistrado San Martín no fue la más correcta por agregarle el tema de lesa humanidad y por consultar cómo lo podía condenar antes de que el juicio se diera. Eso es inadmisible en cualquier parte del mundo.
Entonces, ¿qué pedido cree que será tomado en cuenta en el hábeas corpus que presentará Keiko Fujimori?
El pedido no se sabe cuál sería, si la nulidad de todo el proceso o solamente la nulidad de la sentencia. El pronóstico es muy reservado, pero qué puede pasar por la cabeza de los demandantes es algo que hay que preguntárselos a ellos. Lo único que sé es que una persona puede presentar uno, dos o varios hábeas corpus porque el sistema está hecho de esa manera. Si el tema es solo la sentencia, entonces la Corte podría decir que lo vuelvan a juzgar excluyendo la calificación de lesa humanidad. Podría ser una de las demandas, pero recién lo sabremos la próxima semana.
Se ha presentado una denuncia constitucional contra los actuales magistrados del TC, quienes habrían modificado irregularmente los efectos de la sentencia (cosa juzgada).
Por Miguel Santillana– Político.pe
A mediados del 2013 el Tribunal Constitucional (TC), con los votos de los entonces magistrados Mesía, Vergara, Calle y Álvarez, había dictado una sentencia que había dispuesto retirar la calificación de “delito de lesa humanidad” que un juez penal había aplicado a los hechos ocurridos en 1986 en el establecimiento penal El Frontón, cuando miembros de la Marina de Guerra debelaron un motín organizado por presos por delito de terrorismo.
Sin embargo, en marzo del presente año apareció una nueva resolución suscrita por los actuales magistrados, a saber: Espinosa-Saldaña, Miranda Canales, Ramos Núñez y Ledesma Narváez. Ellos deciden retirar el voto que había emitido en la sentencia del 2013 el magistrado Vergara Gotelli; en consecuencia declaran que la parte del fallo que consignaba que el caso El Frontón no es uno de delito de “lesa humanidad” no cuenta con los votos necesarios en vista de la anulación producida, lo que da pie a que el juez penal continúe el procesamiento del caso por delito de “lesa humanidad”.
La nueva resolución del TC es objeto de sendas críticas. Se cuestiona que los actuales magistrados del TC hayan modificado irregularmente los efectos de una sentencia (cosa juzgada), y por ello se ha presentado una denuncia contra ellos ante la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Pero detrás de la irregular modificación de la sentencia del TC se ha descubierto una serie de hechos extraños alrededor de la tramitación del expediente. Frente a la expedición de la sentencia del 2013, el procurador especializado supranacional, el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) presentaron recursos para anularla, situación que involucra, entre otros, al entonces secretario relator Óscar Díaz Muñoz, quien viene siendo procesado en el 36º Juzgado Penal por la falsificación del voto de un magistrado en el caso de los bonos agrarios (julio 2013).
Según declaración del propio Óscar Díaz Muñoz, las solicitudes de aclaración presentadas fueron conocidas y debatidas en la sesión del 1 de octubre de 2013 por los anteriores magistrados. De acuerdo con especialistas consultados, esto significa que los anteriores magistrados debían haber resuelto los pedidos de aclaración presentados. Se sabe que el tema fue extensamente debatido; sin embargo, los pedidos de aclaración fueron extrañamente resueltos por los nuevos magistrados.
Hay otro hecho singularmente grave y que linda con el delito. Según información recibida, existe un documento clave llamado “Reporte de seguimiento de expedientes” correspondiente al expediente Nº 01969-2011-HC. Este documento nos muestra que como consecuencia del debate de la sesión correspondiente, el entonces magistrado Vergara Gotelli solicitó el expediente para emitir un informe donde confirmaba el sentido de su voto; sin embargo, este voto de Vergara Gotelli habría sido ocultado intencionalmente.
Adicionalmente, cuando el proyecto de resolución desestimando las aclaraciones presentadas se encontraba circulando para las firmas de los magistrados, el expediente se quedó en el despacho del magistrado Ernesto Álvarez Miranda, desde el 4 de octubre de 2013, ¡235 días!. Posteriormente el expediente fue remitido al despacho del Dr. Carlos Paredes, asesor del entonces presidente Oscar Urviola, quien tuvo el expediente por ¡106 días! Al parecer el expediente estuvo congelado, presumiblemente esperando el ingreso de los nuevos magistrados.
De esa manera se ha perpetrado un nuevo fraude en el TC. El hecho de que los magistrados Miranda Canales, Espinosa-Saldaña, Ramos Núñez Ledesma Narváez sean de simpatías de izquierda marxista no debe ser razón para pedir su destitución, pero el ocultamiento del proceso y los votos realizados por los mencionados magistrados, con la finalidad de facilitar su irregular resolución, es un hecho que no debe quedar impune. Mención especial merece el exsecretario relator Oscar Díaz Muñoz, procesado por el caso de los bonos agrarios, quien tiene mucho que decir en este nuevo fraude.
Esta entrada fue publicada en Entrevistas el 15 mayo, 2017 por Víctor Raúl Nomberto Bazán.
Edu Saettone Arróspide
Las hermanas Claudia y Rosa Galeno, hijas de la señora María Elena Coronado, quien falleció tras ser atropellada por Edu Saettone, denunciaron que no han sido notificadas sobre el cambio de condena que deja sin prisión efectiva al exconductor de televisión.
Según comentaron en Todo se Sabe, no se explican cómo es posible que se haya cambiado la sentencia de Saettone y que tras la condena que emitió el Poder Judicial en agosto de 2016 no haya podido ser apresado.
Las hermanas señalaron que Saettone, es responsable de la muerte de su madre por no brindarle la atención inmediata y por manipular su cuerpo tras el accidente. Según comentaron, el exconductor no llamó a los bomberos para que atiendan a la señora, pero permaneció en el lugar hasta que llegó la Policía.
Según explicaron, la sentencia de cuatro años fue impuesta en primera instancia por el juez Vigo bajo el argumento de que la situación socioeconómica de Saettone no representaba un riesgo para la sociedad y que por tanto la pena era suficiente.
Irregularidades y confianza
Testigos señalaron que Saettone fue trasladado hacia la Comisaría de Chacarilla, sin embargo no quiso someterse a la prueba toxicológica. Además comentaron que Saettone solo permaneció en esa dependencia por seis horas y que luego de eso, la Policía le entregó su brevete y camioneta.
Cuando reclamaron porque no se realizó la prueba toxicológica, les respondieron que era una prueba potestativa. Tras esto decidieron denunciar al oficial que se encargó de recibir a Saettone por no realizar las pruebas necesarias.
La familia de la víctima señaló que el factor económico es lo que ha demorado el proceso y ha sido determinante al momento de la imposición y posterior cambio de la pena. Criticaron también que haya cambiado de abogado hasta once veces y aseguraron que ya no confían en el aparato judicial del país.
La publicación señala también que Guillermo Riera lleva casado más de una década con la exitosa organizadora de eventos Farah Gadea Morán, con la que tiene dos hijos. Desde hace dos años Riera trabaja en su propia empresa, la cual se dedica, sobre todo, a la realización de matrimonios.
“El guardián del edificio (de los esposos Riera Gadea) cuenta que no hay nadie desde hace algunas semanas. Ambos se encuentran en Estados Unidos, el destino más recurrente de la pareja en los últimos 20 años”, informa el semanario.
Aldo Cáceda Benvenuto, quien habría ayudado a Wilfredo Zamora a arrojar las partes del cuerpo de Yactayo, fue intervenido por la Policía en el aeropuerto, reveló El Comercio. Sin embargo, no fue detenido pues el Poder Judicial solo ordenó comparecencia restringida en su contra.
Cáceda Benvenuto contaba con alerta azul de la Interpol, la cual obliga a que la persona requisitoriada solo sea localizada e identificada.
Esta entrada fue publicada en Historiografía el 14 mayo, 2017 por Víctor Raúl Nomberto Bazán.
Evangelio según San Juan 14,1-12:
Jesús dijo a sus discípulos: “No se inquieten. Crean en Dios y crean también en mí.
El Papa Francisco declaró santos este 13 de mayo a Francisco y Jacinta Marto, los pastorcitos videntes de Fátima, al inicio de la Misa celebrada en el atrio del santuario mariano y a la que asistieron 500,000 fieles.
De acuerdo al rito, el Santo Padre oyó atentamente la solicitud del Obispo de Leiria-Fátima, Monseñor António Augusto dos Santos Marto, para que se “inscriba a los beatos Francisco Marto y Jacinta Marto en el catálogo de los santos y, como tales, sean invocados por todos los cristianos”.
Tras el agradecimiento de Monseñor Dos Santos Marto, estallaron los aplausos de la multitud reunida en las afueras del Santuario de Nuestra Señora de Fátima.
Beato John Sullivan SJ
Este sábado 13 de mayo fue beatificado en Dublín (Irlanda), el Padre John Sullivan, un sacerdote jesuita converso del protestantismo, reconocido por su dedicada labor con los pobres y afligidos.
“Los testigos en los procesos diocesanos a menudo repetían que el Padre Sullivan era ‘un pobre entre los pobres’, ‘la personificación del espíritu de pobreza’. Aunque provenía de una familia rica, una vez que se convirtió en religioso, se olvidó de las comodidades y se contentó con lo que era puramente necesario. Fiel al voto de pobreza, dio inmediatamente a los demás todo don que recibió”, dijo en su homilía el Cardenal Amato.
El Purpurado también se refirió a un incidente cuando el Padre John, en una de sus visitas habituales a los enfermos, se encontró con un sacerdote en la casa de visita: “El pastor le pidió que se fuera, temiendo a un oponente peligroso en el ministerio. Ante la brusca orden, el Padre Sullivan se arrodilló y pidió perdón. El presbítero se sintió profundamente conmovido”.
En vida ya se extendía una devoción al Padre Sullivan, que continuó después de su muerte el 19 de febrero de 1933.
Esta entrada fue publicada en Espiritualidad el 14 mayo, 2017 por Víctor Raúl Nomberto Bazán.
Por Andrea Gagliarducci– ACI Prensa.
“En un sentido, él (el Cardenal Ratzinger) dice que los eventos descritos en el tercer secreto ya han pasado. Al mismo tiempo, el corazón del llamado de Fátima trata de la conversión. Esto es, la conversión de los fieles y el camino de la Iglesia hacia la fidelidad. Sor Lucia realmente se preocupaba de cumplir lo que ella llama ‘el mandamiento de María’. Así como está el mandamiento del Señor Jesús: ‘Amaos los unos a los otros como yo os amé’, está el mandamiento de María de Haced lo que Él os diga”.
El Purpurado italiano de 82 años de edad dijo que “la decisión fue tomada directamente por San Juan Pablo II, después de una reunión en la que estuvieron el Cardenal Joseph Ratzinger (entonces Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe); el Cardenal Ángelo Sodano (entonces Secretario de Estado), yo; Monseñor Giovanni Battista Re, entonces substituto de la Secretaría de Estado; y Monseñor Stanislaw Dziwisz, que era el secretario personal del Papa”.
El Cardenal Bertone contó: “Ella cuidadosamente leyó el informe y entonces confirmó cada palabra y lo firmó al final. Entonces hice una pregunta precisa: ‘¿Predijiste la elección del Cardenal Luciani como Papa?’. Ella respondió con estas mismas palabras: No recuerdo si le dije que iba a ser elegido Papa. Le dije a mi comunidad religiosa que había conocido a un buen Cardenal, un Santo Cardenal, y que si hubiera sido elegido Papa, iba a ser un buen Papa”.
La decisión fue tomada directamente por San Juan Pablo II, después de una reunión en la que estuvieron presentes el Cardenal Joseph Ratzinger (entonces Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe); el Cardenal Angelo Sodano (entonces Secretario de Estado), yo; el entonces Monseñor Giovanni Battista Re, entonces substituto de la Secretaría de Estado; y el entonces Monseñor Stanislaw Dziwisz, que era el secretario personal del Papa.
El sobre original está contenido en un sobre más grande en el que Sor Lucía había escrito ‘1960’ (Nota del editor: No abrir antes de… 1960). En el sobre más grande, había otro sobre, en el que la hermana Lucía había escrito ‘Tercera Parte del Secreto de Fátima’. Esos famosos sobres, como sabemos por los archivos del Santo Oficio, llegaron a Roma en 1957 a través de Monseñor Cento, que era Nuncio Apostólico en Portugal.
San Juan XXIII fue el primero en abrir el sobre. Él escribió la tercera parte del secreto con su confesor, Monseñor Cavagna. Entonces, el Beato Pablo VI leyó el secreto en 1965. Por último, San Juan Pablo II lo leyó el 18 de julio de 1981. San Juan Pablo II guardó el sobre en el apartamento pontificio, aunque cada Papa anterior, después de haber leído el secreto, había ordenado que el documento sea devuelto al Archivo Secreto del Santo Oficio. Allí, los sobres fueron asegurados en una vieja caja fuerte con un sistema antiguo y especial de tres llaves, entregado a tres superiores del Santo Oficio, para que nadie pudiera abrirlo sin la presencia de las otras dos personas y sin el consentimiento del oficial superior.
Cuando regresé de la reunión con ella, le dije al Cardenal Ratzinger y al Papa Juan Pablo II: “Muchos libros de teología y devoción popular son erróneos, y algunos de ellos no son lo mejor en doctrina y la espiritualidad… ¿por qué no deberíamos estar de acuerdo en la publicación de un libro de Sor Lucía?”. Le di el borrador del libro al Padre Jesús Castellano Cervera, un eminente teólogo que se desempeñó como Consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El Padre Castellano leyó atentamente el borrador. Quedó fascinado y escribió una presentación hermosa de este.
Con el libro, Sor Lucía presenta lo que de alguna manera podemos llamar “el Catecismo de Fátima”. Ella escribe una teología simple pero profundamente espiritual. También habla de María como corredentora, pero este título no genera ningún problema teológico. Incluso el Padre Castellano destacó que no hay tantos problemas con el título (de corredentor), ya que se reconoce que María está subordinada a Cristo, el único mediador.
La reunión duró cerca de dos horas y estuve junto al Padre Kondor, el postulador de la causa de la beatificación de los pastores. Charlamos, recordamos nuestras reuniones del pasado y los temas que habíamos discutido y luego hablamos de tres temas específicos.
“Los ciudadanos de nuestro país –continúa el texto– han confiado al Presidente Moon una gran responsabilidad. Rezo para que él “se haga todo para todos”. Ofrezco mis oraciones a Dios para que le de la fuerza y la sabiduría necesarias para afrontar los retos difíciles que Corea tiene por delante”.
“Dios le bendiga –concluye el mensaje enviado a la Agencia Fides– mientras se prepara para realizar el servicio a la República de Corea y a sus ciudadanos”.
Para construir la paz y la reconciliación en la península coreana, y para protegerse de los vientos de la guerra, Moon tiene la intención de impulsar la cooperación económica para contribuir al bienestar de la población de Corea del Norte. Moon considera esto como la manera correcta para disminuir la tensión y avanzar hacia una reunificación gradual.
Esta entrada fue publicada en Entrevistas el 13 mayo, 2017 por Víctor Raúl Nomberto Bazán.
San Francisco de Montmorency-Laval o Monseñor de Laval (30 de abril de 1623-6 de mayo de 1708) fue el Primer Obispo Prelado de Quebec y el fundador del Seminario de Quebec. Además de diversos nombramientos clericales, Laval fue Gobernador General de la Nueva Francia de forma provisional en dos ocasiones, en 1663 y en 1682. Fue declarado Santo de la Iglesia Católica por el papa Francisco mediante canonización equivalente el 3 de abril de 2014.
San Francisco de Montmorency-Laval nació el 30 de abril de 1623 en Montigny-sur-Avre, Francia, como miembro de la Casa de Montmorency. Hijo de Hugues de Montmorency-Laval-Montigny, Señor de Montigny, de Montbaudry, de Alaincourt y de Revercourt, y de Michelle Péricard de Saint-Etienne. Perteneciendo Francisco a la alta nobleza francesa, ambos padres estaban emparentados con el rey y la corte. Su padre fue descendiente de Mathieu II de Montmorency, llamado “El Grande”, Señor y Barón de Montmorency, Primer Barón Cristiano, Primer Barón de Francia y Condestable de Francia.
Durante su adolescencia, Francisco de Laval asistió al colegio jesuita de La Flèche, instaurado por el rey Enrique IV de Francia. Laval fue ordenado como sacerdote el primero de mayo de 1647.
En la Nueva Francia
El seminario de Quebec
El primer Obispo de Canadá
El obispo constató los efectos desastrosos de la bebida entre los indígenas dado el alto consumo de alcohol. Estas bebidas alcohólicas eran importadas de Francia y les eran dadas a cambio de pieles. Monseñor de Laval se opuso llegando al punto de excomulgar a los cristianos que seguían este comercio. Él debió enfrentar la ira de los notables e incluso de algunos gobernadores. Esta lucha contra la venta de bebidas alcohólicas destiladas se extendió por veinte años hasta que en 1679, el monseñor de Laval obtuvo del rey Luis XIV la prohibición de la venta de alcohol a los nativos.
Esta entrada fue publicada en Espiritualidad el 12 mayo, 2017 por Víctor Raúl Nomberto Bazán.
La Comisión de Ética del Congreso aprobó iniciar investigación contra los congresistas del Frente Amplio, Marco Arana y Justiniano Apaza, por el presunto delito de apología al terrorismo.
En el caso del portavoz de la bancada de izquierda, la congresista Milagros Takayama propuso abrir pesquisas “contra los que resulten responsables” por el video que la agrupación política publicó en el marco de la celebración por la operación de rescate del comando Chavín de Huántar en 1997.
Comisión de Ética: Arce se abstiene
“Con respecto a las denuncias en contra de los congresistas Justiniano Apaza y Marco Arana en la Comisión de Ética, creo conveniente una explicación del sentido de mi voto en ABSTENCIÓN.
Nuestro voto HA SIDO COHERENTE, no producto del revanchismo ante ataques y denuncias infraternas. Sí lamentamos el uso político de la Comisión de Ética como un campo de batalla, pero nuestra abstención tiene elementos objetivos.
Ayer en la Comisión de Ética, la congresista fujimorista Úrsula Letona denunció al congresista Justiniano Apaza por sus declaraciones ante los medios de comunicación, al considerar a los terroristas del MRTA como presos políticos, denunciándolo por el “desmedro de la imagen de los 129 congresistas y el propio Congreso de la República”.
Similar actitud tuvo la congresista Milagros Takayama, con respecto al congresista Marco Arana, a quien denunció como vocero del FA por un video con una imagen final de Edith Lagos difundido en el twitter de la bancada. Para ella, estos hechos ameritarían ser investigados por la Comisión de Ética para esclarecer si con esta conducta, “se infringió los principios y deberes establecidos en el código de ética parlamentaria”.
Y si bien en ambos casos el tema del terrorismo está relacionado a las denuncias, NINGUNA DE ELLAS ES POR APOLOGÍA DE TERRORISMO y todos los congresistas miembros de la Comisión de Ética tienen la potestad de denunciar de oficio.
En ambos casos mi voto fue en ABSTENCIÓN. Porque VOTAR A FAVOR sería respaldar estas denuncias que NO configuran una falta a los principios éticos parlamentarios. Y NO VOTAMOS EN CONTRA en el caso del congresista Apaza porque ha sido pública nuestra crítica con respecto a sus iniciales declaraciones, pero siempre hemos señalado que aunque discrepemos con sus opiniones estos NO SIGNIFICAN DELITO ALGUNO.
En el caso del congresista Marco Arana, también ha sido pública mi crítica a la publicación del video y hemos exigido un deslinde público, claro y directo, así como sanción a los responsables de ese video publicado a nombre de todos los congresistas de la bancada. ES POR ELLO QUE CONSIDERAMOS QUE LO MÁS ÉTICO Y CONSECUENTE ERA ABSTENERNOS EN LA VOTACIÓN.
Mi voto en ABSTENCIÓN fue el único voto DISCREPANTE, respecto a los votos de las otras bancadas a la intención de denunciar ante la comisión de Ética a los congresistas Marco Arana y Justiniano Apaza”.
Reclaman su cupo
Según el abogado penalista Luis Lamas Puccio sí es apología del terrorismo, al haber sido propaladas en un evento público en el Congreso.
“Es una apología encubierta, aprovechando el hecho de Chavín de Huantar. Edith lagos era una senderista declarada y confesa que se convirtió en un símbolo de Sendero Luminoso y exhibir aspectos vinculados a su entierro incurre en apología porque está exaltando una conducta que evidentemente practicaba el terrorismo. Nadie se puede confundir en esos términos con el entierro de María Elena Moyano”, explicó.
Voceros del Frente Amplio explicaron que se trató de un error del editor que confundió imágenes del cortejo fúnebre de Lagos con el de la luchadora social Maria Elena Moyano, pero lo cierto es que el primero fue realizado en Ayacucho y el segundo en Villa El Salvador.
Julio César Vásquez Vásquez, exintegrante del grupo peruano Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), fue capturado en Bolivia por violar una orden de arresto domiciliario. Se autodenominaba Camilo Reyes y era cabecilla del movimiento terrorista Fuerzas Armadas Revolucionarias–Ejercito Popular Tupacamarista (FARC-EPT).
Este lunes, el refugiado Julio Vásquez, se presentó en el semanario “Sucesos” para dar una entrevista como líder del grupo FARC-EPT. El hombre de 51 años es natural de Juanjuí, en San Martín, y fue un activo miembro del MRTA, por lo que ha estado en prisión en varias ocasiones.
En la entrevista, “Camilo Reyes” aseguró que se desvinculó del MRTA y de su líder Víctor Polay Campos por considerarlo un traidor, luego de que negociara un traslado de penal durante el segundo gobierno de Alan García.
Julio Vásquez se integró al movimiento terrorista en 1985. A los 26 años la Policía Antiterrorista lo capturó tras ser acusado de cobrar cupos de guerra subversivos. No obstante, un cuestionable fallo terminó por absolverlo, pero nuevamente fue acusado de terrorismo por otro caso.
Así, en el 2000 llegó a Bolivia donde recibió la categoría de refugiado. De su status no se sabía más desde su última parada, pero hace unos días el Ministerio del Interior informó de la entrevista que este brindó a un medio local boliviano afirmando que un nuevo grupo terrorista se había formado en nuestro país.
Julio César Vásquez Vásquez aparece junto a Evo el 2003
Por Sergio Mendoza y Daniela Romero- www.paginasiete.bo
Julio César Vásquez, el ciudadano peruano y ex miembro del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), implicado en el asesinato de una mujer embarazada en Huajchilla, aparece junto al entonces diputado opositor Evo Morales en un documental llamado Our Brand is Crisis, que trata sobre la caída de Goni- donde ambos son filmados en una marcha de protesta luego de que el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada dictara el denominado “impuestazo”.
“Desconozco si era amigo o no de Evo. Cuando aparece en el video está como su seguridad. Hasta donde yo sé no estaba armado, sólo era por si alguien venía y agredía físicamente a Evo. Tampoco sé cuanto tiempo estuvo como seguridad. Pero (en el video) no es alguien que pasa por su lado, sino que con otros tres peruanos era seguridad”, explicó a Página Siete Nadesdha Guevara, la pareja de Julio César Vásquez.
El filme de Rachel Boyton, llamado en inglés Our Brand is Crisis fue difundido en diferentes canales. Hoy está en Youtube y se vende en DVD. Las imágenes (minuto 68) muestran a Vásquez detrás y a la izquierda del actual presidente Evo Morales. El ciudadano peruano lleva puesta una gorra blanca (con motivos andinos) y mira hacia adelante, hacia atrás y a los costados. Guevara dijo que desconoce los detalles de cómo Vásquez llegó a estar en el grupo de seguridad, pero afirmó que seguro fue porque él, tras llegar a Bolivia como refugiado político desde Perú, se relacionó con gente de izquierda.
El martes pasado Vásquez fue enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva junto a otros dos implicados en el asesinato de Mónica Guachalla cuyo cuerpo fue encontrado con tres impactos de bala. Ellos son el abogado Michael Ylimori, supuesto autor intelectual, y Alejandro Soliz, acusado de ser el sicario que disparó el arma. En la audiencia Vásquez manifestó que él había sido seguridad de Morales en 2003 y que era afín al gobernante MAS. Añadió que en 2009 había formado parte de la Comisión de Inteligencia de la Vicepresidencia.
El martes, en la audiencia de medidas cautelares Vásquez dijo que en su país formó parte del MRTA, grupo guerrillero fundado en 1984. En febrero de 2003, ante el desesperante déficit fiscal, el Gobierno de entonces propuso aplicar un impuesto al salario, lo cual provocó una huelga y el amotinamiento de la Policía que exigía un aumento de salarios. El conflicto derivó en un enfrentamiento entre las FFAA y la Policía en plaza Murillo, y marchas. El retroceso en las medidas de protesta logró mantener a Sánchez de Lozada en el poder por unos meses más. Después de que Vásquez declaró el martes que fue seguridad de Morales y participó en un grupo de Inteligencia de la Vicepresidencia, Álvaro García Linera afirmó el miércoles que el ciudadano peruano no figuraba en la base de datos de quienes habían trabajado en esa agrupación desde 2006 hasta la fecha. “Este señor estuvo involucrado en uso de armas de fuego ya desde la universidad. En 2001 o 2002, en una serie de trifulcas, este señor sacó su arma. Tiene un expediente muy raro que debe ser investigado, pero garantizo que no trabajó con nosotros”, aseveró el Vicepresidente.
Respecto a esa declaración, Guevara sostuvo que “cuando Álvaro (García Linera) menciona que no hay planillas obviamente, ningún revolucionario hace un trabajo asalariado, no va a aparecer en una planilla”.
Este medio llamó tres veces a la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, para tener una versión al respecto, pero no respondió su teléfono celular.
Denuncia que le plantaron pruebas
Nadesdha Guevara, la pareja de Julio César Vásquez, sostuvo que el arma, que supuestamente fue usada para asesinar a la mujer embarazada, fue plantada en el maletín de él durante el operativo policial en que se lo detuvo.
Relató que el fiscal Humberto Quispe vio en el celular de Michael Ylimori, presuntamente autor intelectual, un registro de un teléfono celular cuyo nombre decía “Julio peruano”. En ese momento, el fiscal –según Guevara- obligó, bajo tortura, a que Ylimori inculpara a Vásquez.
El abogado llamó a Vásquez, quien era su amigo de la Facultad de Derecho, y le pidió hablar. Se encontraron en la plaza Israel; allí la Policía procedió a aprehenderlo y plantar el arma, de acuerdo con la versión de la entrevistada. Se le confiscó una laptop, que el imputado aseguró contiene información “muy delicada” de la Embajada de Estados Unidos, pero Guevara dijo que son apuntes de ideología izquierdista.
Comandante “Camilo Reyes” del grupo terrorista FAR-EPT
Por Yohel Cruz– Radio Programas del Perú.
El denominado ‘Camilo Reyes’, líder del supuesto nuevo grupo terrorista llamado Fuerzas Armadas Revolucionarias – Ejercito Popular Tupacamarista (FAR-EPT), sería Julio César Vásquez Vásquez, según la Policía Nacional del Perú. La existencia de este nuevo grupo armado que anuncia una guerra revolucionaria desde la frontera con Bolivia, se conoció luego de que el semanario Sucesos publicara una entrevista que le hizo a su líder.
Los hermanos Vásquez Vásquez, junto a Aida Ochoa Mamani y otros miembros apodados ‘Nicanor’, ‘Andrés’ y ‘Edmundo’ conformaron una célula fuera del país del MRTA, según confirmó El Comercio en 2009.
Según un informe de El Comercio publicado en 2009, Julio César fue capturado a los 26 años por cobrar ‘cupos de guerra’ para el MRTA, pero fue absuelto. Años más tarde, fue condenado por otro caso de terrorismo y enviado a prisión. Luego de cumplir su pena, viajó a Chile en 1998 y después se trasladó a Bolivia.
Esta entrada fue publicada en Historiografía el 11 mayo, 2017 por Víctor Raúl Nomberto Bazán.
Al ser la presidenta de Concytec, formaba parte del Consejo Directivo de la Sunedu
Gisella Orjeda renunció a la presidencia del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec). Había dirigido esta entidad desde el 2012. Su puesto ha sido encargado a Anmary Guisela Narciso Salazar, jefa de la Secretaría General del Concytec.
La genetista expresó en una carta difundida en sus redes sociales su “profunda preocupación por las perturbaciones que los intereses políticos y económicos” causan en las universidades. Los centros de estudios superiores tienen un papel principal en Concytec y en el “poder transformador del conocimiento”.
“Los peruanos debemos recuperar a la universidad como productora de conocimiento y de personas altamente calificadas. La ausencia del conocimiento como elemento fundamental del desarrollo y del bienestar debe ser corregida “, escribió la investigadora.
Por ello consideró que el próximo presidente de Concytec deberá reforzar el liderazgo de esta entidad y protegerla de “ataques políticos y vanas mezquindades”. También su sucesor deberá contar con las herramientas necesarias para aportar al sistema de CTI (Ciencia, Tecnología e Innovación) y al desarrollo nacional.
Esta entrada fue publicada en Análisis de conflictos el 11 mayo, 2017 por Víctor Raúl Nomberto Bazán.
Denuncia imperfecta
En setiembre de 2016 ingresó a una fiscalía un audio grabado por el ex dirigente nacionalista Jorge Luis Paredes Terry. Era una conversación sostenida por Paredes con Leonardo Soria García, quien dice haber servido como sargento segundo del Ejército a órdenes de Ollanta Humala en 1992, en el Batallón 313 de Tingo María. En el diálogo, en el que participa una tercera persona no identificada, se brindan ciertas referencias de por lo menos cuatro ejecuciones extrajudiciales. Los hechos son distintos a los del recurrente caso de Madre Mía, cuyas víctimas son Benigno Sullca Castro y Natividad Ávila Rivera.
Aún no ha sido posible determinar las razones por las que Soria no brindó una manifestación en regla a una fiscalía después de que el audio fue entregado. Según fuentes del Ministerio Público, no había alguien que hiciera una denuncia firme. La fiscal Edith Chamorro, quien según Paredes recibió e hizo transcribir el audio, no dio información al respecto para esta nota. Preguntado directamente, Soria dijo que jamás fue requerido o citado por ningún fiscal. Pero tampoco parecía muy animado a declarar.
Depende del resto de gente –dijo–. Estoy consultando con mi familia. Y tengo que ver por mi seguridad.
¿HAY UN CASO?
Así las cosas, existe una situación en la que podría decirse que no hay un caso. Un audio no prueba nada. Si nadie declara con formalidad, una investigación difícilmente podría empezar. Pero difícil no es imposible.
Soria sostiene que en un patrullaje a órdenes de Humala ejecutaron de un balazo a un detenido al que previamente habían arrojado de un helicóptero pero sobrevivió. Después lo enterraron. El narrador no recuerda el nombre de la supuesta víctima pero asegura que podría reconocer, con ayuda de miembros de la patrulla, el lugar donde fue enterrada. Además, sabe que el muerto es primo de un soldado que en su momento reconoció el cadáver pero calló. Soria, según Paredes, sabe cómo ubicar ahora al ex soldado.
En otro episodio, fue ejecutado el hijo de un ganadero, quien supuestamente era terrorista. Según la versión estaba presente Ollanta Humala. El cadáver fue tirado al río. En la grabación no se identifica al ganadero, pero uno de los interlocutores refiere que el padre salía constantemente en televisión. Parece tratarse de Norvil Estela, cuyo hijo desapareció el 6 de junio de 1992.
LLEGARÍA ALTO
El diálogo prosigue con la mención a otras dos ejecuciones, sin detalles. Se refiere que fueron denunciadas por Áurea Felipe Hermosilla, aunque no se mencionan a las supuestas víctimas, que podrían ser Miguel Ángel Herrera, cónyuge de la denunciante, y Nelson Hoyos, un hombre joven. Soria afirma conocer a un soldado quien tiene información sobre los hechos.
Buena parte de la conversación se refiere a las condiciones en las que Soria brindaría un testimonio pormenorizado a las autoridades. Este contenido resulta más interesante que los detalles brindados sobre de los supuestos crímenes -débiles por su falta de exactitud y validación- porque ofrece un contexto de verosimilitud a toda la narración. Soria y algunos miembros de la patrulla del Batallón 33 estuvieron vinculados al grupo que acompañaría después a Ollanta y Antauro Humala en su levantamiento en Toquepala, en el 2000. En los años posteriores mantuvieron contacto con operadores del antiguo Capitán Carlos. Soria dice haber sabido que su ex jefe, novato e inexperto en 1992, iba a llegar alto.
—Yo sabía que llegaría a presidente, siempre lo dije, y varios de mis compañeros me lo recuerdan.
DOS CONCORDANCIAS
En la grabación se menciona varias veces a “Chicho”, el apelativo de Amílcar Gómez Amasifuén, un hombre de confianza de Ollanta Humala involucrado en la compra de testigos del caso Madre Mía. Soria corrobora una versión que dio Antauro Humala en 2006 en el sentido de que Gómez conoció a Humala a comienzos de los años noventa, en Tingo María. Dice además que se incorporó al Ejército tras abandonar Sendero Luminoso. Adolfo Silva, uno de los nuevos testigos del caso Madre Mía aparecidos en el programa Beto a Saber, también ha señalado que Gómez desertó de Sendero Luminoso.
Leonardo Soria afirma que en 2011 Amílcar Gómez y Julio Torres Aliaga -otro allegado de Humala también vinculado a la compra de testigos- buscaron a antiguos miembros de las patrullas del Alto Huallaga para evitar la fuga de información. En otro momento asegura que recibió ofrecimientos de dinero por parte de emisarios no identificados a cambio de información para dañar a Humala. Los rechazó porque quería que su anterior jefe fuera elegido presidente. Pero una vez en el poder, añade, se olvidó de él y de sus compañeros.
De acuerdo con José Luis Paredes, cuando obtuvo la información puso al tanto a Daniel Abugattás, de quien había sido asesor parlamentario hasta 2013, cuando abandonó el Partido Nacionalista porque el gobierno de Ollanta Humala aplicó un programa distinto al original. Abugattás le dijo que el presidente estaba siendo chantajeado por personas que habían estado con él en el Ejército. En 2015 Abugattás presentó una denuncia policial contra Leonardo Soria por haberle pretendido cobrar US$200,000 a cambio de no denunciar a Ollanta Humala de asesinatos en Madre Mía. Abugattás ratificó ayer que fue Soria quien habría intentado extorsionarlo.
Paredes, según dijo en un escrito a la fiscal Luz del Carmen Ibáñez, a quien hizo entrega del audio, realizó la grabación a mediados del 2016. Añade que cuando le informó a Abugattás, este le dijo que Humala estaba sumamente preocupado,“desesperado porque esto no salga”.
Puestos a especular, es posible que sea cierto lo que Soria narra y al mismo tiempo le haya pedido dinero a Abugattás. Paredes asegura que Soria jamás le pidió dinero. Lo importante es determinar si la versión que brindó puede ser corroborada. Esto sería posible, de acuerdo con los diálogos que obran en poder de la fiscalía. La tarea solo puede hacerla el Ministerio Público, aparentemente en negociación con antiguos efectivos del Ejército. El periodismo, o colaboradores externos como Paredes, han llegado a su límite.
En el Perú este tipo de denuncias se realizan desde hace más de veinte años. Aun cuando existiera un denunciante dispuesto a dar un testimonio firme, es necesario un cadáver para individualizar responsabilidades. El camino es largo y difícil, pero hay que emprenderlo no tanto para incriminar a Humala, sino para avanzar en el esclarecimiento de la lucha contrasubversiva en una zona donde existen reportes de violaciones sistemáticas de los derechos humanos entre 1980 y 2000, con cerca de cuatro mil muertos y desaparecidos. La mayor parte fueron pobladores indefensos de las poblaciones del Alto Huallaga.
Hermes Estela Vásquez
De aquella mañana ya han pasado 25 años. Hermes Estela Vásquez, fue asesinado el 6 de junio de 1992, por una patrulla militar, en la zona de El Triunfo, en Madre Mía, en el límite de Huánuco.
Su padre Norvil Estela Delgado relata ese episodio como si fuera ayer y acusa a Ollanta Humala, a quien conocían como el ‘Capitán Carlos’, de ser el responsable de la muerte de su hijo.
Perú21 llegó hasta Aucayacu, en Huánuco, para conversar con la familia Estela- Vásquez, donde ahora viven, para que nos cuenten su verdad.
Con la voz entrecortada, Norvil nos cuenta que lo que más le duele es no haber encontrado el cuerpo de su hijo, quien habría sido lanzado al río Huallaga, debido a que el ‘capitán’ le prohibió que realice la búsqueda.
Una vez me encontró en la ribera del río y me gritó: “¡Oye, qué buscas ahí! ¡¿No quiero verte que estés buscando?! ¡No quiero verte por acá! Solo su sangre pude recoger y con eso lo hemos velado. Esa huella me ha quedado a mí y hasta ahora no me puedo olvidar. Me parece que yo fuera el culpable de la muerte de mi hijo”.
Según Norvil este no sería el primer enfrentamiento con el ‘Capitán Carlos’. Una semana antes de la muerte de su hijo, él también fue víctima del ‘capitán’.
Norvil, quien en esa época se dedicaba a la ganadería, recuerda que lo detuvieron y lo llevaron al monte y Humala pidió que lo llevan a su despacho. Recuerda que era una choza grande de palmiche, no había luz, solo dos mecheros de botella con petróleo. Al ingresar el ex presidente le dijo primero mira ese rincón. Había dos soldados encapuchados que le daban de puñaladas supuestamente a una persona pero Norvil se dio cuenta que estaban simulando la muerte de alguien para asustarlo. Cuando, supuestamente, ya estaba muerto, uno de los soldados le dijo: “Ya está Capitán”. Humala respondió. Lleven a ese perro a botarlo al Huallaga”.
“Él (Humala) sacó su pistola, nos sentamos en una mesa grande. Vamos a conversar. Tú vas a responder las preguntas que te haga y a la pregunta que me niegues le hago cortar las orejas a tu hijo Ramiro (estaba detenido)”, nos cuenta Norvil.
En ese momento, Norvil manifiesta que le reclamó y el ‘Capitán Carlos’ le respondió. “Eres vivo viejo conchatumadre. ¡Dime carajo! ¿Quién es el mando político, militar y logístico de allá? y agarró la pistola para asustarlo”.
Norvil, no dudo: “Si me quieres matar, mátame de una vez. Yo no sé nada. El hombre tiene una sola vida. Esto que haces vas a pagarlo un día frente a Dios porque lo que le haces a la gente y a mí. Un día lo vas a pagar”.
El ‘Capitán Carlos’
Consultado sobre quién mató a Hermes, Norvil nos dice que no sabe quién disparó, pero Ollanta Humala estaba en el momento que lo mataron.
“Después ha llegado a ser presidente y eso es lo que más cólera me da. Pido al Estado garantías por mi vida. Acá te matan como pollo y no pasa nada”.
Valeria Vásquez, madre de Hermes, natural de Cajamarca, no tiene dudas. Para ella la muerte de su hijo está vinculada al “Capitán Carlos”. A Ollanta Humala.
“Solo su sangre enterramos. Ellos pensaban que éramos terroristas. Cuando le pregunté por mi hijo me respondió ‘Tu hijo ya se fue’”, cuenta, conmovida.
En 2007, Estela Delgado brindó su testimonio ante la fiscal mixta de Tocache por el caso Madre Mía.
Esta entrada fue publicada en Historiografía el 10 mayo, 2017 por Víctor Raúl Nomberto Bazán.
Asesinato Facebook delivery
Ray Sinche Quispe y su enamorada fueron detenidos.
A sus apenas 17 años, ‘Nicol’ ya tiene referencias criminales. Ella no solo es sindicada por la Policía como una de las asaltantes del conocido restaurante El Hornero (27 de abril) y el robo de US$7,500 dólares al cambista Guillermo Muñoz Altamirano en Chorrillos, sino también de haber captado al hijo de un empresario a través de Facebook para luego, junto con sus cómplices, matarlo y robar en su vivienda.
Esta jovencita, según la Policía, dentro de su organización criminal tenía la misión de hacer de ‘campana’. Además, aprovechaba su agraciada figura, la que mostraba a través de las redes sociales, para captar a sus víctimas.
Fue así que conoció a Joseph Yamir Aire Rodríguez (19), hijo de un empresario dedicado al rubro de venta de muebles. Entablaron una amistad y se citaron en la casa de este, ubicada en Chorrillos. Esto ocurrió el último jueves. La menor llegó al inmueble y se dirigió a la habitación de su víctima, en el segundo piso. De pronto, ella pidió bajar y fue en ese momento que abrió la puerta a sus cuatro cómplices.
Estos últimos encañonaron a Aire Rodríguez y como este se resistió al asalto, lo mataron de tres balazos. Los delincuentes se apoderaron de S/. 5 mil en efectivo y diversos artefactos, todo valorizado en S/. 15 mil.
Agentes de la División de Investigación de Robos de la Dirincri iniciaron las pesquisas y dieron con el paradero de la menor, identificada con las iniciales N.M.S.T., su pareja Ray Sinche Quispe (21) y Víctor Guzmán Ascasibar (25) ‘Gato’, en las inmediaciones del parque Fátima en Chorrillos.
Esta entrada fue publicada en Historiografía el 9 mayo, 2017 por Víctor Raúl Nomberto Bazán.

References: resolución 
 Artículo 121
 Artículo 139
 Artículo 139
 resolución 
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