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Timestamp: 2019-11-12 23:17:24+00:00

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PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Dictamen 150 del 12/06/2002
Dictamen : 150 del 12/06/2002
C-150-2002
Con la aprobación del Procurador General Adjunto, me refiero a solicitud del Despacho a su cargo, de reconsideración del Dictamen NºC-332 de 30 de noviembre del 2001, planteada según oficio de fecha 11 de diciembre del 2001, presentado en la Procuraduría General de la República el 15 de enero de este año.
El pronunciamiento cuya reconsideración se pide fue notificado al órgano consultante el 4 de diciembre del 2001. Y la solicitud de reconsideración fue recibida en este Despacho el 15 de enero de este año.
De conformidad con el artículo 6º de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República la solicitud es extemporánea. No obstante, hemos procedemos de oficio a la revisión de ese dictamen.
"...se acoja el presente recurso y se emita el Dictamen Favorable que faculte a esta Administración para declarar la nulidad absoluta evidente y manifiesta del acto administrativo que en fecha 04 de julio del 2000 otorgó el Grupo profesional PT-6 para puestos en primaria al servidorXXX , de calidades dichas.
PRIMERO. El 11 de junio del año 2001 se emitió certificación mediante la cual se manifiesta que al servidor XXX se le ha asignado el "GRUPO PROFESIONAL: PT-6 EN PRIMARIA"; se agrega: " DESDE LA FECHA: 04/07/2000". (folio 1)
BACH.CIENCIAS EDUC. ENF. EN I Y II CICLO
//U.FLORENCIO DEL CASTILLO//
RESOLUCIÓN: XSI NO
# RESOLUCIÓN : 1174-2000
PROCESO, POR CUANTO NO PROCEDE EL GRUPO PROFESIONAL, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 214 Y POSTERIORES DE LA LEY GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.//SHIRLEY. 16-08-2000 ..."
TERCERO. Según consta en el expediente, el servidor XXX obtuvo el título de "Bachiller en Ciencias de la Educación con Enfasis en I y II Ciclo (PT5)" en la Universidad Florencio del Castillo, y es egresado en la carrera de Ciencias de la Educación con Enfasis en I y II Ciclo, para la obtención del grado de Licenciatura, también de la Universidad Florencio del Castillo (folios 3 y 4).
CUARTO. La certificación con la que se acredita la condición de egresado en la carrera de Licenciatura fue emitida el 28 de junio del año 2000 (folio 4).
QUINTO. Mediante oficio NºS.E.1174-2000 del 17 de agosto del 2000, dirigido a la Licda. Seydi Palma Grijalba, Jefe del Departamento Legal del Ministerio de Educación Pública, el MSc. Franklin Abarca Agüero, en su condición de Jefe de la Sección de Expedientes informa:
Labora: Escuela Batan
Puesto actual: Profesor de Enseñanza General Básica 1 H2
Grupo: PT-5 en primaria
Bachiller en Ciencias de la Educación con énfasis en I y II ciclo.
Egresado de Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en I y II ciclo
2. De acuerdo con certificación Nº227017 a partir del 04-07-2000 se le asignó grupo profesional PT 6 en Primaria, el cual no le corresponde por cuanto es egresado de Licenciatura en la especialidad.
Por lo anterior, le solicito se inicie el debido proceso para que se emita la respectiva resolución para la corrección del grupo PT-6 a PT-5 en primaria.
..." (El énfasis es nuestro. Folios 6 y 7).
SEXTO. Con fecha 26 de febrero del 2001 se aprobó la "acción de personal" Nº2001-560048, con rige a partir del 1 de febrero del 2001. El objeto de esta acción fue el reconocimiento de una revaloración salarial. (folio 2.).
SÉPTIMO. En la acción antes indicada se consigna como "grupo profesional": " PT-6".
OCTAVO. Mediante resolución Nº0709--2001, dictada a las 11:00 horas del 28 de mayo del 2001, el Ministro de Educación dispuso:
Designar a la Licda. Mercedes Mejía Sáenz, Asesora Legal del Departamento de Procedimientos Legales del Ministerio de Educación Pública, como Organo Director Unipersonal del Procedimiento Administrativo tendente a declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto administrativo que a partir de la fecha 04 de julio del año 2000 otorgara Grupo Profesional PT-6 para puestos en Primaria al (a la) servidor (a) XXX, portador (a) de la cédula de identidad..." (folios 8 y 9).
NOVENO. Mediante resolución Nº 1099-2001, dictada por el Órgano Director a las 9:30 horas del 5 de septiembre, se inició el procedimiento. Se consideró:
En el caso concreto del (la) servidor (a)XXX, una vez analizado el Oficio No. SE-1174-2000 y los documentos adjuntos visibles en la foliatura del Expediente No. 405-01, mediante los cuales el Departamento de Expedientes rindiera el informe respectivo en el que constata la necesidad de declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto administrativo que otorgara Grupo Profesional PT-6 se ha logrado determinar que:
1- El Departamento de Expedientes, en fecha 04 de julio del 2000 le otorgó Grupo Profesional PT-6 para puestos en Primaria.
2- El servidor XXX ostenta los siguientes títulos: Bachiller en Ciencias de la Educación con énfasis en I y II Ciclos y Egresado de Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis en I y II Ciclo de la Universidad Florencio del Castillo
3. De acuerdo con las disposiciones contenidas en el artículo 122 inciso b) de la Ley de Carrera Docente a quienes posean la citada formación académica le corresponde el Grupo Profesional PT-5 en Primaria.
4. De conformidad con lo expuesto se observa que el acto administrativo con el cual se le concedió el Grupo Profesional PT-6 para puestos en Primaria en fecha 04 de julio del 2000, se encuentra viciado de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, por cuanto fue emitido contrariando las disposición normativa citada, ya que a la fecha del otorgamiento del Grupo Profesional PT-6 no cuenta con los requisitos académicos exigidos al efecto..." (El énfasis es nuestro. Folios 14, 15 y 16).
DÉCIMO. Las resoluciones números 0709-2001 y 1099-2001 fueron notificadas al servidor XXX el 13 de septiembre del 2001 (folios 23 y 24).
DÉCIMO PRIMERO. Mediante resolución Nº 1314-2001, dictada a las 12:30 horas del 5 de octubre del 2001, el Órgano Director citó al servidor XXX y señaló como fecha para la audiencia oral las 10:00 horas del 2 de noviembre. (folios 25 y 26).
DÉCIMO SEGUNDO. No consta en forma fehaciente que la resolución Nº 1314-2001, mediante la cual se cita al Bach. XXX, le fuera notificada. Únicamente se consigna, con un sello, la fecha 29 de octubre del 2001 con la leyenda "Se notificó por correo certificado", la cual no es suscrita por funcionario alguno (folio 30). Igualmente consta una colilla de una comunicación por fax (folio 31) pero no se indica qué es lo que se está enviando así como tampoco los nombres de los destinatarios.
DÉCIMO TERCERO. En la fecha y hora señalada se llevó a cabo la audiencia oral, con la presencia del Bach. XXX(folios 32 y 33).
DÉCIMO CUARTO. Según el acta levantada en la audiencia, el servidor XXX manifestó, en lo que interesa:
"...Yo entiendo que no tengo derecho al PT-6 en Primaria porque no tengo el título de Licenciatura, incluso actualmente estoy estudiando la Maestría sin haber obtenido el título de Licenciatura en I y II Ciclo..."
DECIMO. También consta en la misma acta el siguiente diálogo:
"...ORGANO DIRECTOR: Yo le recomiendo que realice las pruebas de grado o bien que presente su tesis para que lo presente y pueda optar legalmente por el PT-6 en primaria .XXX: Yo acepto el cambio porque sé que no me corresponde pero pido que no se me afecte el salario ya que creo que no debe descontárseme nada de lo que he recibido hasta la fecha. ORGANO DIRECTOR: Los salarios percibidos por el PT-6 en primaria no se le van a cobrar, lo único que se pretende en este acto es declarar la nulidad del acto administrativo que le otorgó el PT-6 erróneamente, pero el salario percibido por ese concepto es un derecho adquirido de su parte..." (El énfasis con negrita es nuestro. Folios 32 y 33).
DÉCIMO QUINTO. Mediante oficio Nº SE-3766-2001, de 12 de noviembre del 2001, recibido en la Procuraduría General de la República el 27 del mismo mes y año, ese Despacho pidió dictaminar favorablemente sobre la existencia de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto ya indicado, de conformidad con el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública.
DÉCIMO SEXTO. Mediante dictamen Nº C-332-2001, de 30 de noviembre del 2001, la Procuraduría General de la República se pronunció, concluyendo:
De conformidad con lo expuesto, este órgano se encuentra imposibilitado para emitir dictamen sobre la eventual existencia en las circunstancias actuales de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta en la instrucción del procedimiento administrativo relacionado con el servidor XXX, hasta tanto se subsane por parte de la administración activa, lo señalado líneas atrás.
Según se desprende del expediente administrativo, el procedimiento seguido al funcionario XXX tiene como finalidad anular la asignación al grupo profesional PT-6 para puestos en primaria; sin embargo en ningún momento se individualiza ni consta el acto administrativo que efectivamente realiza dicha asignación.
Es importante acotar que ninguno de los documentos que conforman el expediente constituyen el acto administrativo que realiza la asignación en el puesto en estudio al señor Sánchez, y en ese sentido en ningún momento se le hace saber al servidor cuál es el acto administrativo que le otorgó dicho grupo profesional; a pesar de que se le indica que es el acto administrativo de fecha 4 de julio del 2000, no se le individualiza puntual y detalladamente, ni se le pone en conocimiento el acto administrativo que efectivamente realiza dicho nombramiento.
Al respecto, téngase presente que en el expediente remitido consta la certificación N° 2000000469 emitida el día 11 de junio del 2001, visible a folio 1°, que certifica que a al señor Sánchez se le asignó el grupo profesional PT-6 en primaria desde el 4 de julio del 2000; no obstante no consta la acción de personal que efectivamente realiza dicha designación, ni tampoco la certificación indica cuál es la acción de personal que realizó dicha asignación. A mayor abundamiento, la única acción de personal que consta en el expediente, a saber la N° 2001-560048, visible a folio 2, es por una revaloración salarial que rige desde el 1° de febrero del 2001, y tanto en el "estado presente" como en el "estado propuesto" está incluido el grupo profesional PT-6.
Por consiguiente, se desprende con claridad que ni la certificación, ni la mencionada acción de personal, son los actos administrativos que otorgan el grupo profesional que se pretende anular.
"En ese sentido, llama la atención que dentro del expediente administrativo levantado, no consta el referido acto administrativo, el cual es incorporado por el propio afectado, y hasta cuando se produce la comparecencia. Lo anterior adquiere especial relevancia si tomamos en consideración que en el mismo documento se indica en los apartes de "condición actual" y "condición propuesta" el puesto de Coordinador de Área, y en ambos casos también el mismo número de inciso. Sea, surge la duda de la eventual existencia de otro acto administrativo de nombramiento en ese cargo con anterioridad. Todo lo cual da pie a que sea aclarado y especificado en la intimación correspondiente.
Es claro que la omisión apuntada tienen carácter substancial, y que consecuentemente violenta el debido proceso, y el derecho de defensa del afectado a tenor de las garantías constitucionales.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 254 de la Ley General de la Administración Pública que diáfanamente establece que "Las citaciones defectuosas por omisión de alguno de los requisitos exigidos por el artículo 249 serán nulas, excepto en el caso del señalado por el inciso d) del mismo." Así como, en las abundantes resoluciones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, verbigracia votos números 632-99 de las 10:48 horas del 29 de enero de 1999, 2253-98 de las 13:03 horas del 27 de marzo de 1998, 2376-98 del 1° de abril de 1998 y 216-I-98 de las 16:45 horas del 14 de abril de 1998, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia por ejemplo la N° 21 de las 14:15 horas del 9 de abril de 1997, y dictámenes de la Procuraduría General de la República, números C-049-99 del 5 de marzo de 1999, C-118-2000 del 22 de mayo del 2000, C-083-2001 del 20 de marzo y C-182-2001 del 26 de junio ambos del año 2001, entre muchos otros.
DÉCIMO OCTAVO. Este dictamen fue notificado en el Despacho del Ministro el 4 de diciembre del 2001.
DÉCIMO NOVENO. La solicitud de reconsideración fue presentada ante este órgano el 15 de enero del año en curso.
De este artículo se desprende claramente que la observancia del debido proceso substantivo es de cumplimiento estricto, todo de conformidad con los principios constitucionales, los cuales determinan, el carácter indudablemente excepcional del ejercicio de la potestad administrativa de revocar los propios actos.
"...El régimen establecido para los otorgamientos de Grupos Profesionales en este Ministerio obedece a un procedimiento mediante el cual el servidor presenta ante el Departamento de Expedientes, todos los atestados académicos que ostenta, y es con base en eso y el estudio previo que realiza el Departamento de Expedientes, que se le otorga al servidor, mediante la emisión de una certificación, el o los Grupos Profesionales que de conformidad con la Ley de la Carrera Docente le correspondan.
Con esa certificación el docente puede acudir a la unidad de personal respectiva a efectos de que si se encuentra laborando en un puesto para el cual ha obtenido un Grupo Profesional "X" se le confeccione la acción de personal respectiva en la cual se le incluye el Grupo Profesional correspondiente y por ende el rubro salarial que por el mismo debe ser reconocido. Esto quiere decir que si un servidor posee formación académica que le faculte para laborar puestos en primaria y en secundaria, posiblemente, al presentar ante el Departamento de Expedientes la totalidad de los atestados académicos, le sean reconocidos varios grupos profesionales, mismos que no le son reconocidos salarialmente sino hasta el momento en el cual se encuentre prestando sus servicios en la respectiva especialidad. Siendo así debe entenderse que la formación académica, si bien le da derecho al servidor para optar por uno o varios Grupos Profesionales, no le otorga el derecho per sé, de recibir una retribución, sino hasta el momento en que se encuentre prestando sus servicios en la especialidad que corresponda. Es por esta razón que no se confecciona una acción de personal por cada Grupo Profesional que se le otorga al servidor, ya que las mismas se confeccionan a partir del momento en que el servidor es nombrado para laborar un puesto "X" y es en dicha acción de personal en la que se reconoce para efectos salariales el Grupo profesional que ostenta en su puesto.
Debe quedar claro entonces, que si un servidor posee varios Grupos Profesionales en diversas especialidades o en diferentes áreas, el salario que el servidor recibe, se le hace efectivo aplicando solamente el Grupo Profesional correspondiente al puesto que desempeña y no a la totalidad de Grupos Profesionales que en una u otra ocasión se le hayan otorgado.
En el caso concreto del servidor XXX, y el Procedimiento Ordinario que este Ministerio ha realizado para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto administrativo que en fecha 04 de julio del 2000 le otorgó Grupo Profesional PT-6 para laborar puestos en primaria atendiendo a las explicaciones que preceden, no debe ser considerado como falta de individualización del acto administrativo, el motivo que no se encuentre plasmado en el expediente la acción de personal con la cual se le otorga el Grupo profesional PT-6 para puestos en primaria; toda vez que como reitero "CUANDO ESTE MINISTERIO OTORGA UN GRUPO PROFESIONAL "X" DE ACUERDO A LA LEY DE CARRERA DOCENTE, SE HACE MEDIANTE LA CERTIFICACION QUE EMITE EL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES, Y NO EN TODOS LOS CASOS SE CONFECCIONA UNA ACCION DE PERSONAL EN LA CUAL CONSTA ESE GRUPO PROFESIONAL ASIGNADO, YA QUE PARA TALES EFECTOS, SE REQUIERE QUE EL SERVIDOR LABORE EN UN PUESTO DETERMINADO, EL CUAL LE CONCEDERÁ SALARIALMENTE EL GRUPO PROFESIONAL QUE LE FUE ASIGNADO POR DICHO DEPARTAMENTO, INCLUSO DÍAS ANTES DE QUE LA PERSONA COMENZARA A LABORAR EN EL PUESTO PARA EL CUAL SE ENCONTRABA DEBIDAMENTE ACREDITADO MEDIANTE EL GRUPO PROFESIONAL.
La falta de individualización del objeto de investigación, el fundamento del Dictamen NºC-326-2001
Según se puede corroborar, de conformidad con la resolución Nº0709-2001, dictada a las 11:00 horas del 28 de mayo del 2001, el Ministro de Educación dispuso:
Designar a la Licda. Mercedes Mejía Sáenz, Asesora del Departamento de Procedimientos Legales del Ministerio de Educación Pública, como Órgano Director Unipersonal del Procedimiento Administrativo tendente a declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto administrativo que a partir de la fecha 04 de junio del año 2000 otorgara Grupo Profesional PT-6 para puestos en Primaria al (a la) servidor (a) XXX , portador (a) de la cédula de identidad..." (folios 8 y 9).
Y, mediante resolución Nº 1099-2001, el Órgano Director inició el procedimiento teniendo como objeto de examen el "acto administrativo que en fecha 04 de julio del 2000 asignó Grupo Profesional PT-6...". Y, consideró, entre otros aspectos, que:
4. De conformidad con lo expuesto se observa que el acto administrativo con el cual se le concedió el Grupo Profesional PT-6 en fecha 04 de julio del 2000, se encuentra viciado de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, por cuanto fue emitido contrariando las disposición normativa citada, ya que a la fecha del otorgamiento del Grupo Profesional PT-6 en primaria no cuenta con los requisitos académicos exigidos al efecto..." (El énfasis es nuestro. Folios 18).
EL ORGANO DIRECTOR DEL PROCEDIMIENTO, con base en las consideraciones y citas legales que anteceden
Dar por iniciado el Procedimiento Ordinario tendente a declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto administrativo que en fecha 04 de julio del 2000 le otorgara Grupo profesional PT-6 para puestos en Primaria al (a la) servidor (a) XXX portador (a) de la cédula de identidad número XXX..." (folio 17)
Y, finalmente, mediante resolución Nº 1314-2001, el Órgano Director citó al servidor XXX, teniendo como "RESULTANDO" y "CONSIDERANDO", en lo que interesa:
Que mediante Resolución No 1099-2001 de las 09:30 horas del 05 de setiembre del 2001 este Órgano dio inicio al Procedimiento Administrativo Ordinario tendente a declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto administrativo que en fecha cuatro de julio del 2000 otorgara Grupo Profesional PT-6...
Con fiel acatamiento de lo dispuesto en la citada normativa se le hace saber al (la) señor (a) XXX que el expediente Administrativo No. 405-.1 tramitado a su nombre consta toda la documentación que acredita el fundamento legal y fáctico para la declaración de nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto administrativo que en fecha 4 de julio del 2000 le otorgara el Grupo Profesional PT-6 para puestos en Primaria. Así mismo constan las Resoluciones de designación de Órgano Director e Inicio de Procedimiento Ordinario tendente a declarar la referida nulidad..." (El énfasis con el subrayado es nuestro. Folio 26).
Se puede observar claramente que se hace referencia al supuesto acto del 4 de julio del 2000.
Sin embargo, podemos corroborar que la certificación en este caso es de fecha 11 de junio del 2001 y que, dentro de la misma, se hace referencia a otro supuesto acto, el del 4 de julio del 2000, data que tampoco coincide con las fechas en las cuales se emitieron las certificaciones académicas que constan en autos.
No obstante, en el caso concreto podemos observar que, mediante la certificación se da fe de que existe un acto, el acto del 4 de julio del 2000 (independiente del acto de la certificación) y, al mismo tiempo, se da fe también de que ese acto se encuentra en proceso en proceso de anulación.
Precisamente, se da cuenta en la misma certificación que existe "resolución" y se remite con ello al oficio mediante el cual el Jefe de la Sección de Expedientes pidió a la Directora del Departamento de Procedimientos Legales la anulación de la presunta asignación del Grupo Profesional (folios 6 y 7).
Por las razones expuestas, no procede la reconsideración del Dictamen NºC-332-2001.
En la especie, además del vicio señalado en el Dictamen NºC-332-2001, notamos otras deficiencias, que son de carácter esencial y que también impiden verter el pronunciamiento requerido en esta oportunidad. En lo fundamental debemos precisar lo siguiente.
Con la resolución Nº 1314-2001 (folios 25 y 26) se citó al servidor. Sin embargo, se hizo una citación sin el cumplimiento del requisito previsto en el artículo 249 de La Ley General de la Administración Pública.
Ciertamente, además de las condiciones ya analizadas según el dictamen Nº C-332-2001, no hubo con esta resolución una comunicación "clara y detallada" de los reproches de legalidad que se le hacen al acto cuya anulación se pretende, ni de las consecuencias de la eventual declaratoria de la presunta nulidad absoluta, evidente y manifiesta.
No se le hicieron tampoco al servidor XXX los "apercibimientos" a que quedaba sujeto "...caso de omisión, con indicación clara de la naturaleza y medida de las sanciones..."
Estas omisiones tienen carácter substancial, ya que no se puede afirmar que el Bach. XXX pudiera asumir la verdadera trascendencia de este procedimiento y, por lo mismo, el objeto real sobre el cual debía ejercer su defensa, de conformidad con las garantías constitucionales. (Pueden consultarse, entre otras y además de la jurisprudencia ya citada en el dictamen C-332-2001, las sentencias de la Sala Constitucional, números: 211-95, de 11 de enero de 1995; 2526 -95, del 17 de mayo de 1995; 4557, del 16 de agosto de 1995; 416-95, de 20 de enero de 1995 y 2736-98, de 1º de abril de 1998).
Es importante advertir, además, que la comparecencia del Bach. XXX en la audiencia no subsana los vicios pues el cumplimiento del Debido Proceso es de interés público.
Los vicios antes señalados, tanto en el dictamen cuya reconsideración se pide como en este nuevo análisis, impiden el examen de la situación para un dictamen favorable sobre la existencia de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta.
Los vicios en la intimación evidentemente lesionan el Derecho a la Defensa. Pero, además, podemos notar que no consta en forma fehaciente que la resolución Nº 1314-2001, mediante la cual se cita en forma precaria al Bach. XXX, le fuera notificada. Únicamente se consigna un sello de fecha 29 de octubre del 2001 con la leyenda "Se notificó por correo certificado", sin que haya constancia suscrita por funcionario alguno (folio 30). Igualmente se incorpora en el expediente una colilla de una comunicación por fax (folio 31), sin que se indique que es lo que se está enviando así como tampoco los nombres de los destinatarios.
Por lo demás, ambas supuestas comunicaciones son de fechas 29 y 24, respectivamente y el señalamiento fue hecho para el 2 de noviembre del mismo año, de manera tal que no se cumplió con la disposición contenida en el artículo 311 de la Ley General de la Administración Pública.
Si la citación no fue notificada al Bach. XXX, no se puede afirmar que este servidor fue debidamente citado. Mas, en el caso de que si se hubiera notificado (de lo cual habría que tener certeza), es claro que la notificación hecha tres días antes de la audiencia, que se celebraría en San José, a una persona que labora en Batán (Limón), evidentemente, no garantiza el pleno ejercicio de su defensa.
Como ya advertimos, mediante la resolución Nº 1099-2001 (folios 17 a 19), el Órgano Director inició el procedimiento. Con esta resolución el Órgano Director, excediendo su función, determinó y calificó la presunta nulidad, la nulidad cuya investigación constituye objeto de este procedimiento. Ello, junto con los vicios ya señalados, lleva a la duda sobre la plena satisfacción de los requisitos que, para la declaratoria de la nulidad absoluta evidente y manifiesta, exige el Ordenamiento Jurídico.
Encontramos además que la imparcialidad del Órgano Director queda aún más comprometida si consideramos el diálogo que consta en el acta de la audiencia, el cual hemos transcrito parcialmente (folios 32 y 33), dentro del cual este órgano hace recomendaciones y promesas para las cuales no tiene competencia.
Según la substanciación del expediente administrativo remitido a este Despacho y de conformidad con el Ordenamiento Jurídico, especialmente los artículos 11, 33, 39, y 41 de la Constitución Política y 6º, 7º, 11, 13, 214, siguientes y concordantes y 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, no procede reconsiderar el Dictamen NºC-332-2001, de 30 de noviembre del 2001.

References: artículo 6
 RESOLUCIÓN 
 ARTÍCULO 214
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 122
 resolución 
 resolución 
 artículo 173
 artículo 254
 artículo 249
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 249
 resolución 
 resolución 
 artículo 311
 resolución 
 resolución