Source: http://academiairigoyen.com/category/test-oposiciones
Timestamp: 2019-07-20 22:17:50+00:00

Document:
Contenido y Test archivos | El Centro de Estudios en Soria | Academia Irigoyen
El Poder Judicial El Poder Judicial El Poder Judicial El Poder Judicial
Uno de los pilares básicos del Estado Liberal, en la fórmula de Montesquieu, es el principio de separación de poderes, distinguiéndose entre Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La Constitución Española de 1978 regula el Poder Judicial en el Título VI (arts. 117 a 127). Resalta el hecho de que sólo la justicia viene calificada de poder por la Constitución; denominación que no reciben ni el Ejecutivo (la Constitución habla del Gobierno y de la Administración) ni el Legislativo (el Título III tiene el encabezamiento de "Cortes Generales"). Con ello se ha pretendido subrayar la idea de independencia de quienes deben administrar justicia, configurándolas como un verdadero poder.
Origen popular de la
El artículo 117.1 de la Constitución dispone que "la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey (...)". El Poder Judicial El Poder Judicial El Poder Judicial El Poder Judicial
Además, el artículo 125 de la Constitución ha dado rango fundamental a dos instituciones que responden a este origen popular:
Por una parte, establece dicho precepto que "los ciudadanos podrán ejercer la acción popular" en virtud de la cual toda persona puede defender intereses públicos actuando como miembro de la colectividad en el ámbito que la ley
Más significativa es aún la referencia que el artículo precitado hace del jurado popular. estableciendo: "Los ciudadanos podrán participar en la administración de la justicia mediante la institución del jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine". Esta institución ha sido regulada por la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de
La idea de un Poder Judicial que administre justicia implica necesariamente que éste sea independiente. Entre las técnicas jurídicas tendentes a la obtención de este fin recogidas por la Constitución Española destacan fundamentalmente las siguientes:
Se formula en el artículo 117.1 y se desarrolla en el apartado 2 del mismo precepto al disponer que éstos "no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley". Este principio de Inamovilidad ha sido recogido por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ) que dedica sus artículos 378 y ss. a regularlo. Así el 378 textualmente dice: "Gozarán de inamovilidad los Jueces y Magistrados que desempeñen cargos judiciales".
Tanto en el Derecho español como en el Derecho comparado, se prohíbe al Juez el ejercicio simultáneo de cualquier función pública o actividad profesional privada, con la excepción clásica de la docencia y de otras actividades de escasa relación con el ejercicio de la función jurisdiccional, tales como la investigación, actividades artísticas y deportivas, etc.
Sometimiento a la ley.
Otro de los principios, relacionado con la idea de independencia del Juez, es el de su sometimiento exclusivo a la ley, recogido en el artículo 117.1 de la Constitución. Ello supone que el Juez o Magistrado no deben obediencia a nada ni a nadie, salvo a la ley como expresión de la voluntad popular.
Según el artículo 117.5 de la Carta Magna, "la unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos del estado de sitio de acuerdo con los principios de la Constitución...".
La idea del monopolio jurisdiccional encarnado en los órganos del Poder Judicial se refuerza en el artículo 117.3 de la Constitución, al señalar que "el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales, determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que los mismos establezcan".
Con ello se quiere indicar que sólo el Poder Judicial es competente para ejercer la función de aplicar la justicia. No obstante, existen ciertas matizaciones sobre lo anterior, pues determinadas instituciones previstas constitucionalmente ejercen funciones jurisdiccionales sin estar integradas técnicamente en el Poder Judicial:
En primer lugar, por el reconocimiento de la jurisdicción militar, en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de...
Asimismo, la Constitución ha establecido en su Título IX una jurisdicción especial encarnada por el Tribunal Constitucional, con el fin de velar por el respeto de las leyes y demás normas con rango de ley a la Norma Fundamental, la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas y la resolución de los conflictos entre las instituciones del Estado, así como con las Comunidades Autónomas,
En tercer lugar, por el ejercicio de la función de enjuiciamiento por parte del Tribunal de Cuentas, regulado en el artículo 136 de la Constitución, al que corresponde enjuiciar los supuestos de la denominada responsabilidad contable y cuya naturaleza jurisdiccional ha sido avalada por el Tribunal Constitucional (SSTC 187/1988, 18/1991 y 215/2000).
Finalmente, por el reconocimiento constitucional (art. 125 CE) de los tribunales consuetudinarios y tradicionales, como ocurre, por ejemplo, con el Tribunal de las Aguas de
En relación con el Poder Judicial, ha de indicarse que la idea de unidad jurisdiccional recogida en el artículo 117.5 de la Constitución se manifiesta, a su vez, en cuanto a su organización y funcionamiento, en varios ámbitos:
En primer lugar, en el ámbito territorial, el Poder Judicial se encuentra encuadrado en el aparato estatal, de acuerdo con el artículo 149.1.5° de la Constitución, que establece la competencia exclusiva del Estado sobre la Administración de Justicia. Ello no quiere decir que ésta no se organice geográficamente, antes al contrario, toda distribución de órganos jurisdiccionales viene determinada por criterios territoriales; lo que significa esta unidad territorial es que sólo existe un Poder Judicial estatal, sin que quepan poderes judiciales autonómicos.
El artículo 122.1 de la Constitución establece la existencia de un sólo Cuerpo de Jueces y Magistrados de Carrera. Ha de indicarse que la existencia de un solo Cuerpo de Jueces y Magistrados se refiere únicamente a la denominada justicia técnica, por lo que el régimen de los Jueces de Paz es distinto. Por otra parte, hay que señalar que la inexistencia de Cuerpos Especiales y la unidad de Poder Judicial no son obstáculos para que exista cierta especialización de los Tribunales y de sus miembros debido a la materia y como simple criterio de la división de trabajo, en aras de un mejor cumplimiento de su función.
El gobierno del Poder Judicial corresponde al CGPJ que ejerce sus competencias, en todo el territorio nacional. El Art. 122.3 CE establece que el CGPJ estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo que lo presidirá y por 20 miembros nombrados por el Rey por un período de 5 años. De éstos, 12 entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la Ley Orgánica; 4 a propuesta del Congreso de los Diputados y 4 a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de 3/5 de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio en su profesión».
Conforme al Art. 560 de la LOPJ, el CGPJ tendrá competencias en las siguientes materias:
Propuesta, en los términos previstos en la LOPJ, para el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder
Propuesta, en los términos previstos en la LOPJ para el nombramiento de dos Magistrados del Tribunal
Selección, formación y perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos y situaciones administrativas y régimen disciplinario de Jueces y
Nombramiento mediante Orden de los Jueces y presentación del Real Decreto refrendado por el Ministerio de Justicia de los nombramientos de Magistrados del Tribunal Supremo, Presidentes y Magistrados.
Nombramiento de Secretario General y miembros de los Gabinetes y Servicios dependientes del mismo.
Ejercicio de las competencias relativas a la escuela
Elaborar, dirigir la ejecución y controlar el cumplimiento de su
Potestad reglamentaria en los términos previstos en esta
Publicación oficial de las sentencias y otras resoluciones que se determinan del Tribunal Supremo y del resto de órganos judiciales. El Poder Judicial El Poder Judicial El Poder Judicial El Poder Judicial
Aquellas otras que le atribuyan las leyes».
El Tribunal Supremo. (Art. 123. 1).
Consagración del principio de unidad jurisdiccional es la plasmación en el Art. 123. 1 de la existencia de un órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en materia constitucional que corresponde al Tribunal Constitucional, al disponer que el Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.
Conoce y decide en única instancia los procesos de responsabilidad civil o penal contra el Presidente y los ministros del Gobierno de la Nación, los senadores y diputados de las Cortes Generales, el Presidente y los magistrados del propio Tribunal Supremo y vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Presidente y los magistrados del Tribunal Constitucional y otros integrantes de altas instituciones del Estado y de las comunidades autónomas.
También conoce y decide los recursos ordinarios y extraordinarios previstos por la Ley contra las resoluciones de los tribunales inferiores. El Poder Judicial El Poder Judicial El Poder Judicial El Poder Judicial
Por último, conoce y decide los demás procesos que la Constitución o la Ley reservan a su competencia. El Tribunal Supremo goza de una posición análoga a la de las Cortes Generales y el Gobierno de la Nación, a causa de posición equivalente como cabeza de uno de los tres Poderes del Estado.
Adicionalmente, el Consejo General del Poder Judicial también supervisa el funcionamiento del Tribunal Supremo, aunque todos los actos de este Consejo pueden ser anulados por el propio Tribunal Supremo en vía contencioso-administrativa. El Poder Judicial El Poder Judicial El Poder Judicial El Poder Judicial
Organización y funcionamiento El Poder Judicial El Poder Judicial El Poder Judicial
Un Tribunal de Conflictos de Jurisdicción (LOPJ, art. 38), que resuelve los conflictos positivos y negativos de jurisdicción que se susciten entre los Juzgados o Tribunales y la Administración; está compuesto por el Presidente del Tribunal Supremo, dos Magistrados de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo y tres Consejeros Permanentes del Consejo de Estado.
Una Sala de Conflictos de Jurisdicción (LOPJ, art. 39), que resuelve los conflictos positivos y negativos de jurisdicción que se susciten entre un órgano judicial perteneciente a la jurisdicción ordinaria y un órgano judicial perteneciente a la jurisdicción militar; está compuesta por el Presidente del Tribunal Supremo, dos Magistrados de la Sala correspondiente al orden jurisdiccional de la jurisdicción ordinaria en conflicto y dos Magistrados de la Sala Quinta, de lo Militar.
Una Sala especial de Conflictos de Competencia (LOPJ, art. 42), que resuelve los conflictos positivos y negativos de competencia que se susciten entre órganos judiciales pertenecientes a distinto orden jurisdiccional; está compuesta por el Presidente del Tribunal Supremo y por un Magistrado de cada una de las Salas correspondientes a los órdenes jurisdiccionales en conflicto.
Una Sala innominada descrita en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que conoce de los procesos de ilegalización de partidos políticos, de los procesos sobre declaración de error judicial y sobre responsabilidad en ejercicio de funciones jurisdiccionales de las demás Salas del Tribunal Supremo y de otros procesos de especial importancia; está compuesta por el Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de las Salas y el Magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas.
La Secretaría de Gobierno del Tribunal Supremo, el Gabinete Técnico de Documentación e Información, el Departamento de Archivo, Biblioteca e Información, el Departamento de Informática y el Registro General son órganos administrativos y técnicos que posibilitan el funcionamiento del Tribunal en sus respectivos ámbitos de actuación
Este órgano se encuentra regulado dentro del Título VI de la Constitución y, asimismo, en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado por la Ley 50/1981, de 30 de diciembre (modificada por la Ley 24/2007, de 9 de octubre), en cuyo artículo 2 se dispone que “es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial". En este sentido, el Ministerio Fiscal constituye un íntimo colaborador de los Jueces y Magistrados en la Administración de Justicia, en defensa de la legalidad y del interés público, lo que justifica su inclusión por la CE en el Título relativo al Poder Judicial, a pesar de no realizar una función estrictamente jurisdiccional.
El artículo 124.1 de la Constitución establece que “el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social".
Por su parte, el apartado 2 del mismo artículo 124 CE y el art. 2 del Estatuto Orgánico establecen como principios de funcionamiento del Ministerio Fiscal los de unidad de actuación y dependencia jerárquica, con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.
El Fiscal General del Estado, según el apartado 3 del mismo artículo 124 CE, es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ. Debe ser elegido entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. Una vez recibido por el Gobierno el informe del CGPJ, deberá comparecer el candidato propuesto ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, con el fin de valorar sus méritos y su idoneidad.
Su mandato es de 4 años, no renovable con carácter general, aunque se prevé su posible cese anterior cuando se produzca el del Gobierno que lo hubiera propuesto. Está sometido al régimen de incompatibilidades previsto para los restantes miembros del Ministerio Fiscal y su régimen retributivo será idéntico al del Presidente del Tribunal Supremo.
De conformidad con el art. 3 de su Estatuto Orgánico, en concordancia con el artículo 124 de la Constitución, el Ministerio Fiscal ejercerá, entre otras, las siguientes funciones:
Velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes y en los plazos y términos en ellos señalados, ejercitando, en su caso, las acciones, recursos y actuaciones pertinentes.
Ejercer cuantas funciones le atribuya la ley en defensa de la independencia de los Jueces y Tribunales. 3. Velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su
Ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de los delitos y faltas, y oponerse a las ejercitadas por otros, cuando
Mantener la integridad de la jurisdicción y competencia de los Jueces y Tribunales promoviendo los conflictos de jurisdicción, y en su caso, las cuestiones de competencia que resulten procedentes, e intervenir en las promovidas por
Velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público y
Intervenir en los procesos judiciales de amparo y en las cuestiones de
Interponer el recurso de amparo
Intervenir en los supuestos y en la forma prevista en las leyes en los procedimientos ante el Tribunal de
Promover o, en su caso, prestar el auxilio judicial internacional previsto en las leyes, tratados y convenios
Órganos del Ministerio Fiscal
Según el artículo 12 del Estatuto Orgánico, son órganos del Ministerio Fiscal:
El Fiscal General del.... El Poder Judicial El Poder Judicial El Poder Judicial
El Consejo... El Poder Judicial El Poder Judicial El Poder Judicial
La Junta de Fiscales de... El Poder Judicial El Poder Judicial El Poder Judicial
La Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas (novedad de la Ley 24/2007).
La Fiscalía ante el Tribunal Constitucional El.. Poder Judicial El Poder Judicial El Poder Judicial
Las Fiscalías del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, de las Comunidades Autónomas (que sustituyen a los anteriores Fiscales Jefes de los Tribunales Superiores de Justicia), Provinciales y de Área (para grandes núcleos urbanos que no sean capitales de provincia).
La Fiscalía del Tribunal de... El Poder Judicial El Poder Judicial El Poder Judicial
La Fiscalía Jurídico-Militar. El Poder Judicial El Poder Judicial El Poder Judicial
Las Fiscalías Especiales, que a raíz de la Ley 24/2007 han cambiado su denominación por la de Fiscalía Antidroga y Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad
El Fiscal General del Estado dirige la Fiscalía General, integrada por la Inspección Fiscal, la Secretaría Técnica, la Unidad de Apoyo y por los Fiscales de Sala que se determinen en plantilla. Además, está asistido en sus funciones por el Consejo Fiscal y la Junta de Fiscales de Sala.
Por otra parte, en la Fiscalía General del Estado habrá, con categoría de Fiscales de Sala, un Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer y otro Fiscal contra los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico, del medio ambiente e incendios forestales.
Mención aparte merece la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, prevista en el art. 12.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (LOTCu). De conformidad con el artículo 27 de la LOTCu, tiene dependencia orgánica del citado Tribunal, sin perjuicio de la funcional que será del Fiscal General del Estado.
El Ministerio Fiscal es único para todo el Estado. Los miembros del Ministerio Fiscal son autoridades a todos los efectos y actuarán siempre en representación de la Institución y por delegación de su Jefe respectivo.
La Carrera Fiscal está integrada por las diversas categorías de fiscales, que forman un Cuerpo único, organizado jerárquicamente. Los miembros de la Carrera Fiscal están equiparados en honores, categorías y retribuciones a los de la Carrera Judicial. Conforme al artículo 34 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, las categorías de la Carrera Fiscal serán las siguientes: El Poder Judicial El Poder Judicial El Poder Judicial
1o Fiscales de la Sala del Tribunal Supremo, equiparados a Magistrados del Alto Tribunal. El Teniente Fiscal del Tribunal Supremo tendrá la consideración de Presidente de Sala.
2o Fiscales equiparados a Magistrados.
3o Abogados-Fiscales equiparados a Jueces.
La Organización Judicial Española
Todos los órdenes quedan organizados con una estructura semejante, con las modalidades que para cada uno de ellos impone su peculiar cometido. Esta organización se basa en una primera instancia ante un órgano unipersonal, una segunda instancia ante un órgano colegiado, y un recurso de casación cuya misión fundamental es la unificación en la interpretación de la ley y la salvaguarda del principio de legalidad.
Según el Art. 26 de la LOPJ, el ejercicio de la potestad jurisdiccional se atribuye a los siguientes Juzgados y Tribunales: El Poder Judicial El Poder Judicial El Poder Judicial
Juzgados de ....
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo mercantil, de Violencia sobre la Mujer, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Menores y de Vigilancia
Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia de las
Audiencia Nacional y Tribunal
La Audiencia Nacional El Poder Judicial El Poder Judicial El Poder Judicial
La Audiencia Nacional es un órgano judicial que conoce y decide causas de especial trascendencia criminal, política o social; está compuesta por las Salas de Apelación, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social.
Conoce y decide las causas por delitos contra el Titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor, altos organismos de la Nación y forma de...
Conoce y decide, en el orden penal y en los órdenes contenciosos- administrativo y social, las causas relativas a otras materias de especial importancia, como crimen organizado, falsificación de moneda y delitos contra la seguridad del...
Conoce y decide los procesos relativos a otras materias reservadas por la Ley a su competencia.
Los Tribunales Superiores de Justicia El Poder Judicial El Poder Judicial El Poder Judicial
Las comunidades autónomas poseen órganos ejecutivos y legislativos propios, independientes de los del Estado, que son elegidos por sus ciudadanos para ejercer los poderes de la comunidad; no obstante, el Poder Judicial es único y las comunidades autónomas no poseen una Administración de Justicia propia, sino que participan en la gestión de las competencias administrativas de la misma, pero los órganos judiciales son siempre los del Poder Judicial único.
La Constitución y los respectivos estatutos de autonomía establecen un Tribunal Superior de Justicia en cada Comunidad Autónoma. Estos tribunales son los órganos judiciales ante los que se agotan las sucesivas instancias procesales de las causas iniciadas en las respectivas comunidades, sin perjuicio de la competencia superior del Tribunal Supremo y del conocimiento y decisión atribuidos a órganos jurisdiccionales centrales en materias especiales. El Poder Judicial El Poder Judicial El Poder Judicial
Los tribunales superiores de justicia están compuestos por las Salas de lo Civil y Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social. El Poder Judicial El Poder Judicial El Poder Judicial
Conocen y deciden los procesos de responsabilidad civil o penal contra los presidentes y consejeros de las respectivas comunidades autónomas, contra los miembros de sus Asambleas Legislativas y contra otros altos cargos de la administración autonómica y jueces y magistrados de los tribunales inferiores.
Conocen y deciden los recursos de casación en materia de derecho propio de las comunidades autónomas.
Conocen y deciden los procesos relativos a otras materias reservadas por la Ley a su competencia. Los tribunales superiores de justicia toman el nombre de la comunidad autónoma respectiva y extienden su jurisdicción a todo el territorio de ésta, siendo su distribución la siguiente:
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, tiene su sede en A Coruña
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, tiene su sede en Oviedo
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, tiene su sede en Santander
Tribunal Superior de Justicia de País Vasco, tiene su sede en Bilbao
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, tiene su sede en Barcelona
Tribunal Superior de Justicia de Navarra, tiene su sede en Pamplona
Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, tiene su sede en Logroño
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, tiene su sede en Zaragoza
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, tiene su sede en Burgos, si bien, con la siguiente peculiaridad: Las Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tienen su sede en Burgos, con jurisdicción limitada a las provincias de Ávila, Burgos, Segovia y Soria; y Valladolid, con jurisdicción limitada a las provincias de León, Palencia, Salamanca, Valladolid y
Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha, tiene su sede en Albacete
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tiene su sede en Madrid
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, tiene su sede en Cáceres
Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, tiene su sede en Palma de Mallorca
Tribunal Superior de Justicia de Valencia, tiene su sede en Valencia
Tribunal Superior de Justicia de Murcia, tiene su sede en Murcia
Las Audiencias Provinciales son el órgano judicial superior de cada provincia y conocen causas de índole civil y penal. El Poder Judicial El Poder Judicial El Poder Judicial
En el orden civil, conocen y deciden principalmente de los recursos de apelación que se presenten contra las sentencias y demás resoluciones de los juzgados de primera instancia.
En el orden penal, conocen y deciden principalmente de las causas por delito no reservadas por la Ley a otro Tribunal por razón de la materia o de la persona, así como de los recursos contra las sentencias y demás resoluciones de los juzgados de lo penal. El Poder Judicial El Poder Judicial El Poder Judicial
Las audiencias provinciales toman el nombre de la capital de la provincia respectiva y extienden su jurisdicción a toda ésta. La provincia coincide con la división administrativa del mismo nombre
Causas por delitos castigados con penas graves (ej. La prisión superior a 5 años), salvo que se atribuyan a otros órganos El Poder Judicial El Poder Judicial El Poder Judicial
Recursos contra resoluciones de Juzgados: de instrucción, de lo Penal, de Vigilancia Penitenciaria, de Menores, de Violencia sobre la Mujer (en materia penal)
Recursos contra resoluciones de Juzgados, de Primera Instancia, Juzgados de lo Mercantil y Juzgados de Violencia sobre la Mujer (en materia de lo civil)
Cuestiones de competencia entre juzgados de la provincia sin superior común.
Recusación de sus Magistrados en su
Los juzgados de primera instancia están servidos por jueces profesionales. Son órganos jurisdiccionales unipersonales que tienen competencia en materia civil.
En cada partido habrá uno o más juzgados de primera instancia e instrucción con sede en la capital de aquel y jurisdicción en todo su ámbito territorial. Tomarán su designación del municipio de su sede.
En algunos casos, por razón de la población, están diferenciados los juzgados de primera instancia y los de instrucción, correspondiendo a los primeros el conocimiento de los asuntos civiles y a los segundos el de los asuntos penales.
Ver epígrafe en PDF
Ver epígrafe según Constitución
El Presidente electo prestará y solicitará de los demás Procuradores el juramento o promesa de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía; a tal efecto serán llamados por orden alfabético y se leerá la fórmula siguiente: “¿Juráis o Prometéis acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León"’. Los Procuradores se acercarán sucesivamente ante la Presidencia para hacer la declaración, contestando “Sí juro” o “Sí prometo”. Finalizado el llamamiento, el Presidente declarará constituidas las Cortes de Castilla y León y, seguidamente, levantará la sesión.
El Estatuto de Autonomía El Estatuto de Autonomía
TEMA 11 El Estatuto de Autonomía El Estatuto de Autonomía
EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CASTILLA Y LEÓN: DERECHOS Y DEBERES DE LOS CASTELLANOS Y LEONESES. PRINCIPIOS RECTORES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. GARANTÍAS DE LOS DERECHOS Y PRINCIPIOS ESTATUTARIOS. RELACIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN EXTERIOR DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
DERECHOS Y DEBERES DE LOS CASTELLANOS Y LEONESES. PRINCIPIOS RECTORES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. GARANTÍAS DE LOS DERECHOS Y PRINCIPIOS ESTATUTARIOS
DERECHOS Y DEBERES DE LOS CASTELLANOS Y LEONESES.
Una de las novedades más significativas en las últimas reformas estatutarias en las distintas Comunidades Autónomas es la incorporación, de Declaraciones o Cartas de Derechos y deberes de la ciudadanía.
Esto es la incorporación a su texto de un conjunto de normas que, con mayor o menor extensión, sistematicidad o coherencia, acogen la formulación expresa de derechos y deberes de los ciudadanos de esa comunidad autónoma, dotándolos de un régimen propio de garantías, junto con la enumeración de principios rectores de la actuación de los poderes públicos autonómicos.
Los derechos y principios reconocidos por el EA no supondrán ni una alteración del régimen de distribución de competencias, ni la creación de títulos competenciales nuevos o la modificación de los ya existentes. El Estatuto de Autonomía El Estatuto de Autonomía
Ninguna de las disposiciones del Estatuto puede ser desarrollada, aplicada o interpretada de forma que reduzca o limite los derechos fundamentales y reconocidos por la Constitución y por los tratados y convenios internacionales ratificados por España. El Estatuto de Autonomía El Estatuto de Autonomía
La primera cuestión que se regula en el en este TITULO I “DERECHOS Y PRINCIPIOS RECTORES” es la referida al ÁMBITO PERSONAL de aplicación del Estatuto.
A los efectos del Estatuto, tienen la CONDICIÓN POLÍTICA de ciudadanos de Castilla y León todos los españoles que, de acuerdo con las leyes del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios integrados en el territorio de la Comunidad. (la vecindad se regula en el Código Civil).
Además, dice, que gozarán de los derechos de participación en los asuntos públicos definidos en el artículo 11 del Estatuto, como ciudadanos de Castilla y León, los españoles residentes en el extranjero que hayan tenido la última vecindad administrativa en Castilla y León y acrediten esta condición en la forma prevista en la legislación estatal. Igualmente gozarán de estos derechos sus descendientes inscritos como españoles, si así lo solicitaren, en la forma que determine la ley del Estado.
Estos derechos de participación implican que los ciudadanos de Castilla y León tienen derecho a participar en los asuntos públicos de la Comunidad directamente o mediante la elección de representantes, en los términos establecidos en la Constitución, en el presente Estatuto y en las leyes.
Los ciudadanos de Castilla y León tienen derecho a ser electores y elegibles en las elecciones legislativas autonómicas en las condiciones y con los requisitos que señalen las leyes. La ley promoverá la igualdad efectiva de las mujeres y de los hombres en el acceso a los mandatos representativos autonómicos.
Los ciudadanos de Castilla y León tienen derecho a presentar iniciativas legislativas ante las Cortes de Castilla y León en los términos que establezcan las
Los ciudadanos de Castilla y León tienen derecho a promover la convocatoria de consultas populares, relativas a decisiones políticas que sean competencia de la Comunidad, en las condiciones y con los requisitos que señalen las leyes, respetando lo dispuesto en el artículo 1.32ª de la Constitución Española.
Todas las personas tienen el derecho a dirigir peticiones a las Instituciones y a las Administraciones Públicas de la Comunidad, así como a los entes que dependan de las mismas, en relación con asuntos que sean de su competencia.
Derechos y deberes de los ciudadanos de Castilla y León.
Los ciudadanos de Castilla y León tienen los derechos y deberes establecidos en la Constitución Española, en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por España, en el ordenamiento de la Unión Europea, así como los establecidos en el ámbito de la Comunidad Autónoma por el presente Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía El Estatuto de Autonomía
Corresponde a los poderes públicos de Castilla y León promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los castellanos y leoneses en la vida política, económica, cultural y social.
Castellanos y leoneses en el exterior.
Castilla y León es una Comunidad que, tradicionalmente, ha sufrido el fenómeno de la emigración. De ahí que nuestro EA muestre una especial sensibilidad con el colectivo. Nos dice que los ciudadanos oriundos o procedentes de Castilla y León que residan en otras Comunidades Autónomas de España o fuera del territorio nacional, así como sus asociaciones y centros sociales, tendrán (derecho) el reconocimiento de su origen o procedencia y el derecho a colaborar y compartir la vida social y cultural de Castilla y León.
Sin perjuicio de las competencias del Estado, una ley de las Cortes de Castilla y León regulará el alcance y contenido de dicho reconocimiento. Esta norma es 8/2013, de 29 de octubre, de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior.
Esta ley tiene por objeto facilitar a los castellanos y leoneses en el exterior el acceso a sus derechos, el reconocimiento del origen a los ciudadanos oriundos y procedentes de Castilla y León, así como determinar el régimen jurídico tanto de las comunidades en el exterior como de los emigrantes que retornan a Castilla y León.
El texto normativo garantiza a los castellanos y leoneses residentes en el exterior el derecho a participar en la vida social y cultural de la Comunidad, facilitando su conocimiento de la organización territorial, funcionamiento institucional, estructura económica y social, demografía, naturaleza y cultura de Castilla y León, así como de sus valores esenciales. Además, en el texto se recoge la garantía de su derecho a participar en la vida pública y en la vida política de Castilla y León
Para facilitar lo anteriormente dispuesto, la Comunidad de Castilla y León podrá suscribir convenios con otras Comunidades Autónomas y solicitar del Estado que se adopten las previsiones oportunas en los tratados y convenios internacionales que se celebren.
Derechos de los extranjeros El Estatuto de Autonomía El Estatuto de Autonomía
En el marco de la Constitución y de la legislación estatal aplicable, los derechos que el presente Estatuto reconoce a los ciudadanos de Castilla y León se extenderán a los extranjeros con vecindad administrativa en la Comunidad en los términos que El Estatuto de Autonomía El Estatuto de Autonomía
A la protección de los datos personales contenidos en ficheros dependientes de la Administración autonómica, garantizándose el acceso a dichos datos, a su examen y a obtener, en su caso, la corrección y cancelación de los mismos. Mediante ley de las Cortes podrá crearse la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Castilla y León para velar por el respeto de estos derechos en el marco de la legislación estatal aplicable.
Al acceso en condiciones de igualdad y con pleno respeto a los principios constitucionales de mérito y capacidad a los empleos públicos en la Administración autonómica y en los entes de ella
f) A formular quejas sobre el funcionamiento de los servicios públicos.
Por otra parte, el artículo 12 del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado por Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, reconoce el «derecho a una buena Administración», disponiendo que la ley garantice los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración autonómica. Cumpliendo, pues, con las previsiones del Estatuto y en ejercicio de las competencias reconocidas, se ha dictado la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública , cuya finalidad es, por tanto, garantizar que la actuación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León se oriente a la adecuada atención a los ciudadanos y a la prestación de unos servicios públicos de calidad que satisfagan sus necesidades y expectativas, en el marco del interés público. El Estatuto de Autonomía El Estatuto de Autonomía
El elenco de derechos reconocido por aquella Ley es el siguiente:
Derecho a obtener información sobre cualquier asunto relacionado con sus derechos, obligaciones e intereses legítimos, con la utilización de los servicios públicos, y con la organización y competencias de la Comunidad de Castilla y León.
Derecho a ser asesorado acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que debe cumplir en sus actuaciones ante la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Derecho a identificar a las autoridades y al personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León que tramiten los procedimientos y a exigirles responsabilidades cuando legalmente
Derecho a ser tratado con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios al servicio de la Comunidad de Castilla y León.
Derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tenga la condición de interesado, y a obtener copias de los documentos contenidos en
Derecho a obtener copia sellada de los documentos que presente, a la devolución de los documentos originales y a no presentar documentos no exigidos por las normas o que ya se encuentren en poder de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos, en los términos legalmente establecidos, que deberán ser tenidos en cuenta por la Administración de la Comunidad de Castilla y León al
Derecho a que la Administración de la Comunidad de Castilla y León dicte resolución expresa ante sus peticiones, solicitudes o reclamaciones, y a que le notifique dicha resolución en los términos establecido
Derecho a acceder a los archivos y registros de la Administración de la comunidad de Castilla y león, con los límites legalmente
Derecho a presentar sugerencias y quejas en relación con el funcionamiento de los servicios públicos y los órganos y unidades de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Test Tribunal Constitucional
Ver Tribunal Constitucional PDF (BOE)
Ver Tribunal Constitucional PDF
Test Constitución Española Test Constitución Española Test Constitución Española
1.- ESPAÑA SE CONSTITUYE EN UN ESTADO:
a) Social de derecho
b) Democrático de Derecho
c) Social y democrático de derecho
d) Plural y democrático de Derecho
2.- NO ES UN VALOR SUPERIOR DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL:
b) La justicia y la igualdad
c) El pluralismo político
3.- LA SOBERANÍA NACIONAL RESIDE:
a) En la nación Test Constitución Española Test Constitución Española Test Constitución Española
b) En el Pueblo Español
c) En las Cortes Generales
d) En el Rey
4.- LOS PODERES DEL ESTADO EMANAN:
a) De la nación
b) Del pueblo español
c) De las Cortes Generales
d) Del Rey
5.- LA FORMA POLÍTICA DEL ESTADO ESPAÑOL ES:
a) La Monarquía parlamentaria
b) La democracia parlamentaria
d) La Monarquía hereditaria
6.- LA CONSTITUCIÓN SE FUNDAMENTA EN:
a) La autonomía de la Nación española
b) La imprescindible unidad de la Nación española
c) La indisoluble unidad de la Nación española
d) Ninguna de las contestaciones anteriores es correcta.
1. C 4. B
3. D 6. C
Enlace a La Constitución Española de 1978 PDF (BOE)
Enlace a todas las oposiciones

References: artículo 117
 artículo 125
 artículo 117
 artículo 117
 artículo 117
 artículo 117
 resolución 
 artículo 136
 artículo 117
 artículo 149
 artículo 122
 Real Decreto 
 artículo 61
 artículo 2
 artículo 124
 artículo 124
 artículo 124
 artículo 124
 artículo 12
 artículo 27
 artículo 34
 artículo 11
 artículo 1
 artículo 12
 resolución 
 resolución