Source: https://beta.e-justice.europa.eu/78/ES/securing_assets_during_a_claim_in_eu_countries?IRELAND&init=true&member=1
Timestamp: 2019-08-21 05:31:54+00:00

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Los distintos tipos de medidas provisionales disponibles en los tribunales irlandeses son requerimientos. Un requerimiento es una resolución judicial que ordena a una parte que haga o se abstenga de hacer una cosa en particular. El incumplimiento de un requerimiento constituye un desacato al tribunal y quien incumpla un auto de este tipo podrá ser condenado a prisión. Un requerimiento puede ser:
i) permanente, o
ii) para un período de tiempo determinado, o
iii) de carácter temporal, hasta que se celebre el juicio del proceso.
Si el demandante estima que el demandado podría eliminar o destruir elementos o documentos esenciales, puede solicitar al tribunal, sin dar audiencia a la otra parte, un auto «Anton Piller», que es una clase de requerimiento que obliga a la parte demandada a permitir que el demandante acceda a sus instalaciones para que pueda examinar los documentos u otras pruebas documentales y a llevarse cualquier objeto que pertenezca al demandante. Si a un demandante le preocupa que un demandado disponga de una parte o de la totalidad de sus bienes y que pueda no estar en condiciones de satisfacer la reclamación del demandante si finalmente gana el juicio, este puede solicitar al tribunal un «Mareva injunction» (requerimiento «Mareva») o una resolución de embargo preventivo, que impide al demandado administrar sus bienes durante la vigencia del auto. En general, un «Mareva injunction» evita que un demandado que no se encuentra en la jurisdicción pero que tiene bienes en ella los retire mientras se encuentra a la espera de juicio.
Si la reclamación del demandante es por una cantidad de dinero, este podrá pedir al tribunal que ordene al demandado la realización de un pago intermedio de una parte de la cantidad total reclamada en el tribunal. Y, a la inversa, un demandado, preocupado por el hecho de que si el demandante pierde su demanda puede no ser capaz de pagar las costas judiciales que la parte demandada haya contraído para defenderse en el procedimiento con éxito, puede solicitar al tribunal que ordene al demandante abonar una fianza por las costas de procedimiento mediante el pago de una cantidad de dinero en los tribunales. Si se emite un auto de «fianza por costas» en favor de un demandado, el demandante no podrá proceder con su demanda si no paga la cantidad de dinero al tribunal tal como disponga la resolución judicial.
El Tribunal Superior (High Court) también es competente para dictar medidas cautelares en apoyo de las actuaciones en otra jurisdicción si fuere oportuno hacerlo. Puede autorizar un «requerimiento de embargo preventivo global», que se aplicaría a los bienes de otras jurisdicciones si existe miedo o temor a que el demandado pueda intentar deshacerse de sus bienes para evitar el tener que cumplir una sentencia contra él.
La mayor parte de las solicitudes de requerimiento pueden presentarse en el tribunal de primera instancia (Circuit Court) o en el tribunal superior (High Court). Sin embargo, ciertos tipos de medidas provisionales solo se pueden obtener ante el tribunal superior, como las resoluciones de embargo preventivo, los autos «Anton Piller» y las resoluciones relacionadas con procedimientos extranjeros.
La parte que solicita la resolución provisional debe acompañar su solicitud de una declaración jurada (affidavit). El solicitante deberá revelar de forma exhaustiva todos los datos pertinentes, especialmente si la solicitud se realiza sin previo aviso a la otra parte. La declaración jurada también debería incluir un esbozo de resolución en el que se exponga exactamente lo que se exige al tribunal. Se puede obtener más información sobre los formularios judiciales necesarios en el sitio web del Courts Service.
Si el solicitante de un requerimiento obtiene el auto buscado, normalmente tendrá que aportar lo que se denomina «un compromiso por daños y perjuicios» por si acabare perdiendo el juicio, de manera que la parte contraria frente a la que se presentó el requerimiento pueda recuperar los gastos en que se haya incurrido a raíz del auto.
Las solicitudes de requerimiento pueden hacerse sin dar audiencia a la otra parte o sin preaviso para esta si existen motivos justificados para actuar de este modo. Dichas solicitudes también podrán efectuarse antes de la presentación de la demanda si existe una cierta urgencia en la situación del demandante. [En el caso de medidas provisionales o cautelares del tribunal mercantil, véase la ord. 63A, r. 6(3) del Reglamento de los tribunales superiores (Rules of the Superior Courts) de 1986].
Los tribunales tienen facultad discrecional para determinar si adoptan o no medidas cautelares y dictarán un auto de este tipo cuando sea justo y conveniente hacerlo. [Ord. 50 r. 6(1) del Reglamento de los tribunales superiores (Rules of the Superior Courts) de 1986]. A la hora de decidir si procede adoptar medidas cautelares, el tribunal debería determinar:
i) si existe una cuestión justa de buena fe que deba resolverse.
ii) si la concesión de una indemnización o compensación sería una solución adecuada si se rechazara el requerimiento del solicitante y posteriormente ganase este el juicio.
iii) si la ponderación de los daños que pudiere sufrir el demandante y los que pudieren irrogarse al demandado aconsejan su adopción.
El primer requisito es que el demandante debe demostrar que existe una cuestión justa que deba dirimirse. Se trata de una traba relativamente fácil de superar por parte del solicitante, pero en los últimos años esta fase se ha vuelto más difícil de cumplir cuando la medida que el demandante solicita en la fase interlocutoria es un requerimiento que obligue a la otra parte a hacer algo. En tal caso, es obvio ahora para las autoridades que el demandante debe demostrar que tiene unos argumentos de peso con probabilidades de prosperar en la vista.
Existe un gran número de motivos por los que se puede solicitar un requerimiento, entre ellos el de impedir que una parte urbanice o utilice unos terrenos incumpliendo las condiciones o convenios de ordenación territorial, el de permitir que se registre una propiedad y que se retiren objetos de la misma, el de obligar a un empresario a continuar pagando a un empleado o el de evitar que un empresario contrate nuevos trabajadores mientras se resuelve el litigio. Si se emite una resolución de embargo preventivo o un requerimiento de tipo «Mareva», la parte a la que se dirige el requerimiento no puede administrar sus bienes de manera que resulte incompatible con la resolución judicial. Por ejemplo, puede que tan solo esté autorizado a sacar determinadas cantidades de efectivo de una cuenta bancaria y que no pueda reducir el valor de sus bienes por debajo de un determinado importe, hasta que concluya el procedimiento en su totalidad.
Si una parte incumple una medida cautelar, se podrá considerar que dicha persona se encuentra en situación de desacato al tribunal y se la puede multar, condenar a prisión o confiscársele sus bienes. La primera página del auto debe contener un «auto penal» que avise al destinatario de las posibles consecuencias de un incumplimiento de las condiciones del requerimiento. Del mismo modo, si un tercero ayuda a sabiendas a un demandado a disponer de bienes objeto de una resolución de embargo preventivo, entonces esa persona también puede ser culpable de desacato al tribunal. Como consecuencia de ello, normalmente se entregarán copias de las resoluciones de embargo provisional emitidas por el tribunal a los terceros interesados, tales como directores de banco, contables o abogados contratados o al servicio de la parte a la que se dirige el auto.
Todo contrato celebrado en contravención de un requerimiento es ilegal, y toda parte que tenga conocimiento de dicho requerimiento no podrá exigir su cumplimiento Sin embargo, la propiedad puede transferirse incluso con arreglo a un contrato ilegal y, por tanto, una vez que se ejecute tal contrato, en general no es posible recuperar el bien que se haya transferido y la única solución para el demandante en una situación como esta será la concesión de una indemnización.
Normalmente, un requerimiento es válido hasta la conclusión del juicio (una medida cautelar). Si se dictan medidas cautelares sin previo aviso a la otra parte, normalmente el requerimiento gozará de vigencia únicamente durante un período limitado de tiempo, tras el cual será necesaria otra resolución judicial.
Así es. El demandado o cualquier parte afectada un requerimiento provisional pueden solicitar al tribunal en cualquier momento que modifique o revoque dicho requerimiento. La parte que desee recurrir el requerimiento debe notificar su solicitud al abogado de la otra parte. El tribunal podrá revocar un requerimiento cuando el demandado pueda demostrar que no debería haberse dictado desde el principio, cuando las circunstancias hayan cambiado de manera significativa desde que se dictara el auto o cuando sea justo y equitativo hacerlo. Tal como se ha mencionado anteriormente, un tribunal podrá exigir a la parte que solicita el requerimiento que pague lo que se conoce como «un compromiso por daños y perjuicios» al tribunal, de manera que, en caso de que finalmente pierda el juicio, la parte contra la que se dictó el requerimiento tenga una cierta protección en relación con los gastos en que se haya incurrido a raíz del auto.

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