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julio 2015 - Página 2 de 2 - Blog Jurídico | Lefebvre – El Derecho
El Congreso da luz verde definitiva a la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia
MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) – El Pleno del Congreso ha dado luz verde definitiva a la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia, tras la aprobación de las enmiendas introducidas en el Senado, una iniciativa que reforma una veintena de leyes tocando desde el sistema de adopción y acogimiento hasta las pensiones de orfandad, las condiciones de los centros para chicos con trastornos de conducta o el derecho de escucha en los procedimientos judiciales.
Durante todo el trámite parlamentario la ley ha contado con relativo consenso, que se ha escenificado en la votación de este jueves con más de una docena de enmiendas pactadas entre todos los grupos parlamentarios.
No obstante, el PSOE mantiene sus reticencias porque la ley dice que no puede conllevar incremento de gasto público, mientras que los nacionalistas acusan una invasión de competencias y en la Izquierda Plural dicen que la norma carece de ambición.
LISTA PARA ENTRAR EN VIGOR
La reforma de Infancia abarca tanto la ley ordinaria aprobada este jueves como la Ley Orgánica homónima que el Senado aprobó la semana pasada. Ambas serán publicadas simultáneamente en el Boletín Oficial del Estado para entrar en vigor al cabo de veinte días.
No obstante, algunas de sus previsiones, como la creación de un Registro Central de Delincuentes Sexuales, requerirán su propia reglamentación y otras, como la reforma de la Ley de Familias Numerosas que encomienda al Gobierno, llevarán más tiempo.
Para el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, es en todo caso una buena noticia. Según ha destacado, la nueva legislación permitirá que un bebé en desamparo como el rescatado esta semana de un contenedor de basura en la localidad madrileña de Mejorada del Campo tenga una mejor solución de la que se le daría con la anterior, con “más trabas”.
“Con esta nueva legislación va a tener más opciones de tener ya una familia desde el primer minuto, de no pasar por una fase de institucionalización, de tener un camino mucho mas rápido para tener una familia de adopción que con la legislación que teníamos antes, que introducía más trabas y esto es fruto de un trabajo de muchos años”, ha señalado.
La directora general de Familia e Infancia de este ministerio, Salomé Adroher, ha destacado que se trata de “una ley ampliamente consensuada que toma como punto de partida una ley que hizo el gobierno anterior”.
“Se ha trabajado con comunidades autónomas, organizaciones no gubernamentales y con universitarios e investigadores y en el trámite de enmiendas, un tercio de las presentadas han sido aceptadas o transaccionadas”, ha señalado.
NOVEDADES EN ACOGIDA Y ADOPCIÓN
La reforma de Infancia y Adolescencia toca una veintena de leyes, no sólo el Código Civil y la de protección del menor, sino también la de Extranjería, la de Seguridad Social, la de Dependencia o la de Violencia de Género, para dar forma a todo el cuerpo normativo que afecta a los niños y adolescentes en España, en algunos casos creando nuevas medidas y en otros, aglutinando las que ya aplican las comunidades autónomas.
Es el caso del sistema de acogida y adopción. Se prioriza el acogimiento familiar para los menores de seis años de edad y se desjudicializa el proceso de modo que sea la administración la que decida dónde aloja al menor sin que el recurso de los padres biológicos le condene a permanecer en un centro, como viene ocurriendo.
Podrán recurrir la declaración de desamparo –que se define unificando criterios a nivel estatal y estableciendo que no podrá declararse en base exclusivamente a la pobreza o discapacidad de los padres del menor–, pero en tanto se dirime ese recurso, el niño estará en una familia de acogida y no en un centro.
Para estos establecimientos, como para los de menores con trastornos de conducta, la ley fija las condiciones mínimas y regula su funcionamiento, desde los requisitos de entrada y salida hasta las medidas disciplinarias que se pueden y no se pueden adoptar.
Conforme explicó Adroher en un encuentro con la prensa, esta parte de la normativa podrá comenzar a aplicarse al día siguiente de la entrada en vigor. Aunque no dispone de datos de menores de 3 años de edad, apunta que en la actualidad hay 13.500 niños y niñas bajo tutela de las administraciones públicas españolas que con la nueva ley podrán dejar el centro para vivir con familias de acogida.
Estas familias, por cierto, deberán ser evaluadas por las administraciones públicas para probar su idoneidad y podrán estar en una comunidad autónoma distinta, pues se creará un mecanismo interterritorial de acogida que permita a un gobierno autonómico recurrir a otro en caso de que no disponga en ese momento de núcleos familiares donde alojar a menores desamparados.
También se crea el sistema de adopción abierta para esos casos en que el menor quiere y puede seguir manteniendo relación con su familia biológica, se establecen criterios comunes para preparar para la adopción a padres que lo son de acogida, se regula el derecho de esos niños a conocer su origen y su pasado, y se crea un registro unificado de maltrato infantil al que podrán acceder los servicios sociales de todo el país.
MÁS PENSIÓN DE ORFANDAD
La reforma introduce cambios en violencia de género declarando a los hijos de las víctimas como sujetos de la protección que la ley brinda en la actualidad a sus madres, pero también en violencia doméstica: una reforma del sistema de pensiones que impedirá a las personas que maten a otro pariente cobrar la pensión que su muerte haya generado, sea cual sea.
Los hijos de un matrimonio en el que un cónyuge mate al otro podrán cobrar además, la pensión de orfandad completa, aunque el padre o madre homicida siga con vida, y ésta será de mayor cuantía, pues se le reconocerá el cien por cien de la base reguladora, y no un porcentaje sobre la misma, como hasta ahora.
Las nuevas leyes introducen otras novedades, como la prohibición expresa de que los condenados por delitos contra la integridad, la libertad o la indemnidad sexual de los menores de edad puedan trabajar en relación con niños y adolescentes. Para ello contempla la creación del Registro Central de Delincuentes Sexuales, al que deberán acudir quienes deseen trabajar en contacto con niños para conseguir un certificado que demuestre que no tienen antecedentes por estos delitos.
Supresión de las faltas en la reforma del Código Penal
(LO 1/2015 disp.derog.única)
La reforma del Código Penal operada por la LO 1/2015, entre otras muchas novedades, suprime el Libro III del Código Penal, de las faltas. La supresión es sólo parcial, ya que una parte de las antiguas faltas pasan ahora convertirse en delitos leves, lo que provoca una serie de efectos jurídicos que deben ser tenidos en cuenta. De las que desaparecen, algunas se trasladan a otros ámbitos jurídicos, principalmente al Derecho administrativo y al Derecho civil.
ANTIGUAS FALTAS LIBRO III CP (referencia al artículo del CP en redacción anterior a la LO/2015) DELITOS LEVES LIBRO II CP (redacción posterior a la LO 1/2015)
Falta de lesiones leves dolosas (CP art.617.1) Delito leve (CP art.147.2 y 4)
Falta de malos tratos (CP art.617.2) Delito leve (CP art.147.3 y 4)
Falta de omisión de auxilio a menores o incapaces abandonados (CP art.618.1) Atípica
Falta de incumplimiento leve de obligaciones familiares (CP art.618.2) Atípica
Falta de omisión de auxilio a persona de edad avanzada o discapacitada desvalida dependiente de los cuidados del autor (CP art.619) Atípica
Falta de amenaza leve con armas u ostentación en riña (CP art.620.1º) Podría pasar a constituir delito leve de amenaza (CP art.171.7)
Falta de amenaza leve (CP art.620.2º) Delito leve (CP art.171.7)
Falta de coacción leve (CP art.620.2º) Delito leve (CP art.172.3)
Falta de injurias o vejaciones de carácter leve, salvo en los supuestos previstos en CP art.173.4 -violencia familiar- (CP art.620.2º) Atípica
Falta de lesiones menos graves cometidas por imprudencia grave (CP art.621.1) Atípica
Falta de homicidio por imprudencia leve (CP art.621.2) Atípica (aunque se regula en CP art.142.2 un nuevo delito de homicidio por imprudencia menos grave que, dependiendo de la interpretación que se haga, podría alcanzar a algunos hechos que antes se subsumían en la falta derogada)
Falta de lesiones por imprudencia leve (CP art.621.3) Atípica (aunque se regula en CP art.152.2 un nuevo delito de lesiones por imprudencia menos grave que, dependiendo de la interpretación que se haga, podría alcanzar a algunos hechos que antes se subsumían en la falta derogada)
Falta de infracción leve del régimen de custodia de hijos menores (CP art.622) Atípica
Falta de hurto hasta 400 euros (CP art.623.1) Delito leve (CP art.234.2 y 235)
Falta de sustracción de cosa propia, de un valor no superior a 400 euros, a su legítimo poseedor (CP art.623.2) Delito leve (CP art.236.2)
Falta de hurto de uso o robo con fuerza de uso de vehículo de motor de valor no superior a 400 euros (CP art.623.3) Delito leve (CP art.244.1: no distingue en función del valor del vehículo)
Falta de estafa hasta 400 euros (CP art.623.4) Delito leve (CP art.249 párr 2º)
Falta de apropiación indebida hasta 400 euros (CP art.623.4) Delito leve (CP art.253.2 y 254.2)
Falta de defraudación de fluido eléctrico y análogos o en terminales de telecomunicación hasta 400 euros (CP art.623.4) Delito leve (CP art.255.2 y 256.2)
Falta contra la propiedad intelectual de beneficio no superior a 400 euros (CP art.623.5) Delito leve (CP art.270.4 párr 2º: no distingue en función de la cuantía sino atendiendo a otros factores como las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio obtenido)
Falta contra la propiedad industrial de beneficio no superior a 400 euros (CP art.623.5) Delito leve (CP art.274.3 párr 2º: no distingue en función de la cuantía sino atendiendo a otros factores como las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio obtenido)
Falta de alteración de términos, lindes, señales o mojones, si la utilidad no excede de 400 euros o no es estimable (CP art.624.1) Delito leve (CP art.246.2)
Falta de distracción del curso de las aguas si la utilidad no excede de 400 euros (CP art.624.2) Delito leve (CP art.247.2)
Falta de daños cuyo importe no exceda de 400 euros (CP art.625.1) Delito leve (CP art.263.1 párr 2º)
Falta de daños cualificada por afectar a bienes de interés histórico, artístico, científico, cultural o monumental (CP art.625.2) Delito leve (CP art.323)
Falta de deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de dominio público o privado (CP art.626) Atípica
Falta de expedición de moneda, o billetes falsos adquiridos de buena fe y en cantidad no superior a 400 euros (CP art.629) Delito leve (CP art.386.3)
Falta de expedición de sellos de correos o efectos timbrados falsos adquiridos de buena fe y en cantidad no superior a 400 euros (CP art.629) Delito leve (CP art.389.2)
Falta de abandono de jeringuillas u otros instrumentos peligrosos (CP art.630) Atípica
Falta de suelta o descontrol de animales feroces o dañinos por los encargados de su custodia (CP art.631) Atípica
Falta de agresión a flora amenazada sin grave perjuicio contra el medio ambiente (CP art.632.1) Atípica (no obstante, algunas conductas anteriormente abarcadas por la falta podrían ahora subsumirse en el delito del CP art.332)
Falta de maltrato cruel a los animales (CP art.632.2) Delito leve (CP art.337.4)
Falta de desórdenes públicos leves (CP art.633) Atípica
Falta de falta de respeto y consideración debida a la autoridad o sus agentes (CP art.634) Delito leve (CP art.556.2. aunque se refiere sólo a la autoridad)
Falta de desobediencia leve a la autoridad o sus agentes (CP art.634) Atípica.
Falta de permanencia indebida en el domicilio de personas jurídicas, despacho, profesional u oficina, o establecimiento mercantil o local abierto al público fuera de las horas de apertura (CP art.635) Delito leve (CP art.203.2)
Falta de realización de actividades careciendo de los seguros obligatorios de responsabilidad civil legalmente exigibles (CP art.636) Atípica
Falta de uso público e indebido de uniforme, traje, insignia o condecoración oficiales (CP art.637) Delito leve (CP art.402 bis)
Falta de atribución pública de cualificación profesional amparada por título académico que no se posea (CP art.637) Atípica
Otras cuestiones relativas a la desaparición de las faltas
Aunque la reforma se ha defendido como una reducción de la presión penal, para dar aplicación al principio de intervención mínima y aliviar la tarea de los tribunales penales, lo cierto es que las faltas suprimidas son pocas y, en general, de escasa aplicación en la práctica, y, a la vez, se ha producido un endurecimiento encubierto de las penas en los siguientes aspectos:
1) Prescripción. Las faltas prescribían a los 6 meses, pero los actuales delitos leves prescriben al año (CP art.131.1.4º).
2) Delitos vinculados a otros delitos o faltas. En delitos como la calumnia, que consisten en la falsa imputación de delitos, pero no de las antiguas faltas, o en las amenazas de un mal constitutivo de delito, o en la receptación y el blanqueo, entre otros, la conversión de algunas antiguas faltas en delitos amplía el ámbito de aplicación de los delitos vinculados.
3) Imprudencia leve y menos grave. Desaparecen las faltas que consistían en cometer homicidio o lesiones por imprudencia leve. A cambio, aparecen en estas figuras delitos leves cometidos por imprudencia menos grave. Teóricamente, se trata de un escalón intermedio entre la imprudencia grave y la leve, pero si en la práctica habitual de los tribunales ya era difícil distinguir estas dos modalidades, es previsible que la interpretación que se dé a la imprudencia menos grave acabe abarcando también la anterior imprudencia leve, sobre todo por la gravedad de los resultados que se enjuician.
4) Tentativa y actos preparatorios. Los delitos leves, en cuanto son definidos como delitos, están sometidos a las reglas generales sobre punición de la tentativa (CP art.16) y los actos preparatorios (CP art.17 y 18). Las antiguas faltas, por el contrario, como regla general, sólo se castigaban cuando eran consumadas, salvo las que atentaban contra las personas y el patrimonio.
5) Penas. Algunas penas aplicables a las antiguas faltas y a los nuevos delitos leves, han visto extendido su marco. Así, la más significativa, la multa, ha elevado su límite máximo de 2 a 3 meses, lo que entraña una agravación directa. Por otra parte, esta elevación, junto a la pésima técnica legislativa de la LO 1/2015, va a generar problemas en relación con lo dispuesto en el CP art.13.4 inciso final, conforme al cual, cuando la pena, por su extensión, pueda considerarse como leve y como menos grave el delito se considerará, en todo caso, como leve.
Algunos delitos tradicionales del Libro II tienen asociada una pena que puede ser tanto leve como menos grave (p.e. 3 meses de multa en la omisión de socorro del CP art.195.3), lo que, por aplicación de CP art.13.4, provoca automáticamente la degradación de estos delitos, tradicionalmente menos graves, a leves, con todos los efectos que ello tiene en materia de plazo de prescripción (que será de 1 año), antecedentes penales, sometimiento al procedimiento previsto en la Ley de enjuiciamiento criminal para las faltas, posibilidad de aplicar el principio de oportunidad, etc., como ya ha sido advertido por la FIscalía General del Estado (FGE Circ 1/2015, sobre pautas para el ejercicio de la acción penal en relación con los delitos leves tras la reforma penal operada por la LO 1/2015).
6) Reglas de determinación de la pena. También aquí se ha producido un endurecimiento encubierto del castigo al reducirse en la reforma el ámbito de discrecionalidad en la determinación de la pena de las faltas. Frente al sistema del antiguo CP art.638, que permitía al juez determinar la pena sin ajustarse a las reglas del CP art.61 a 72, en el vigente CP art.66.2 la discrecionalidad se limita sólo a las reglas del CP art.66.1.
7) Antecedentes penales. Los delitos leves dan lugar a antecedentes penales, pero no pueden ser tenidos en cuenta a efectos de apreciar la agravante de reincidencia (CP art.22.8ª párr 3º), ni para condicionar la suspensión de la pena (CP art.80.2.1ª).
8) Faltas remanentes en leyes especiales. La reforma ha suprimido las faltas del Código Penal, pero no de las leyes especiales. Así, la L 209/1964, penal y procesal de navegación aérea sigue contemplando faltas en su Título IIl (L 209/1964 art.66 a 75), no expresamente derogados ni modificados por la LO 1/2015.
9) Proceso. La instrucción y el enjuiciamiento de los delitos leves cometidos tras la entrada en vigor de la Ley se sustanciarán conforme al procedimiento previsto para las faltas en el Libro VI de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyos preceptos se adaptarán a la reforma en todo aquello que sea necesario (LO 1/2015 disp.adic.2ª). Las menciones contenidas en las leyes procesales a las faltas han de entenderse referidas a los delitos leves. Esta última precisión tiene importancia a efectos de poder aplicar las disposiciones procesales relativas a las faltas –p.e., la prevista en para la detención de sospechosos (LECr art.495)–.
(LECr art.963.1)
La reforma, por otra parte, introduce una importante modificación en la Ley de enjuiciamiento criminal, incorporando el principio de oportunidad, que permite sobreseer el procedimiento en dos casos:
Cuando se trate de delitos leves de muy escasa gravedad, a la vista de su naturaleza, sus circunstancias y las personales del autor.
Cuando no exista un interés público relevante en la persecución del hecho. A ello se añade que en los delitos leves patrimoniales, se entenderá que no existe interés público relevante en su persecución cuando se haya procedido a la reparación del daño y no exista denuncia del perjudicado.
Sobre la introducción de este principio se ha pronunciado la Fiscalía General del Estado (FGE Circ 1/2015, especialmente puntos 4 y 6.2).
MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) – El 95% de los abogados españoles cree que en España hay mucha corrupción y que esta se encuentra “concentrada específicamente en la vida pública”, según recoge el VI Barómetro Interno de la Abogacía realizado por la empresa de sondeos Metroscopia.
El estudio, que ha sido presentado este miércoles por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, y el presidente de Metroscopia, José Juan Toharia, concluye que, “al igual que en la sociedad, es más intensa la sensación de que existe una corrupción extendida que la experiencia de los abogados de haberla padecido”.
De igual modo, el 86% opina que la Justicia está en una situación de crisis “muy grave y profunda” que necesita una auténtica refundación para adecuarla a las realidades sociales. Por este motivo, un 92% de los letrados reclama con urgencia un nuevo Pacto de Estado que ponga remedio al estado actual de la Justicia.
“MAL EN LO ECONÓMICO”
Durante la presentación, el presidente del CGAE, Carlos Carnicer, ha señalado que los abogados desarrollan su actividad “mal en lo económico, pero cada vez mejor en calidad, sensibilidad, competencia profesional y atención a los derechos de los ciudadanos y los nuevos problemas sociales”.
Por su parte, Toharia ha reconocido que parte del éxito de la Abogacía se basa en “conocer lo que de verdad pasa en la profesión” y ha asegurado que es una “rareza que una institución pública quiera saber realmente la realidad” del colectivo al que representa.
El TS avala que una congregación cobre 1 millón de euros de herencia frente al interés de los sobrinos de la difunta
MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) – El Supremo ha desestimado el recurso de los sobrinos de una mujer ya fallecida que dejó en herencia un millón de euros a la congregación religiosa de los misioneros Oblatos de María Inmaculada, a la que pertenecía su confesor.
El alto tribunal considera que no puede aplicarse a este caso el artículo 752 del Código Civil, que declara nulas las disposiciones testamentarias que haga el testador durante su última enfermedad en favor del sacerdote con quien hubiera confesado, de los parientes del mismo dentro del cuarto grado, o de su iglesia, cabildo, comunidad o instituto.
La resolución del alto tribunal confirma las dictadas en su día por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Madrid y posteriormente por la Audiencia Provincial, que condenó a los sobrinos al pago del legado del millón de euros, más intereses legales y costas a la congregación beneficiada por el testamento.
La Audiencia de Madrid reconoció en su sentencia que la mujer fue asistida por el mismo confesor que fue su director espiritual desde una época tan lejana como 1964, con lo que dada su vinculación durante el largo periodo de tiempo mantenía con él una estrecha relación religiosa y de amistad.
Ahora, en una resolución de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Javier Orduña, el Supremo establece cuáles han de ser las directrices de interpretación del artículo antes mencionado con el objetivo de preservar la voluntad realmente querida por el testador conforme a la realidad social del momento, la debida ponderación con el criterio de conservación de los negocios jurídicos y la preservación de la libre voluntad de la persona que hizo testamento.
La Sala concluye que no se puede estimar la interpretación literal y automática del artículo propuesta por sobrinos de la mujer, ya que ha quedado acreditado que la testadora falleció en pleno uso de sus facultades mentales, pudiendo haber modificado sus disposiciones testamentarias cuando hubiese querido.
También ha constatado el Supremo que querer favorecer a la Iglesia como beneficiaria del testamento fue una constante en la vida de la difunta y que, además, el momento del otorgamiento del testamento no se corresponde con el padecimiento de la última enfermedad grave de mujer sino con una dolencia cardíaca crónica que venía arrastrando desde hace diez años.
La muerte de la mujer acaeció en 2008, un año y medio después de otorgado el testamento, debido a los trastornos derivados de una operación de cadera agravados por la edad y los problemas cardíacos referidos.
Los españoles pagarán 250 millones menos al año en peajes eléctricos
MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) – Los españoles pagarán 250 millones de euros menos al año gracias a la rebaja de los peajes eléctricos que el Gobierno incluyó el pasado viernes en el decreto ley de medidas urgentes que también recoge el adelanto de la rebaja fiscal prevista para el año próximo al pasado 1 de julio.
En la memoria de dicho decreto, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno explica que la partida de pagos por capacidad a la que todos los consumidores eléctricos deben contribuir acabará este año con un “exceso de recaudación”, por lo que se ha decidido revisar los precios de esos costes para disminuir la factura eléctrica.
Esto supone que todos los consumidores, tanto domésticos como empresas, pagarán unos 250 millones de euros menos por peajes cada año, lo que supone una reducción media de la factura del 0,9% con respecto a lo que se pagaba a principios de año.
Un porcentaje que el Gobierno elevó el pasado viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al 2,1% de media ya que la reducción de los precios que se aplicará este año se concentrará en apenas cinco meses (de agosto a diciembre), por lo que a principios de 2016 la factura eléctrica subirá de media 1,2% respecto al mes anterior.
“La medida debe adoptarse con la máxima antelación posible para evitar saltos bruscos en la repercusión que estos cambios de precios podrían suponer para los consumidores en caso de retrasarse su aprobación”, añade el Ejecutivo en la memoria, donde se asegura además que el cambio no tendrá impacto presupuestario.
IMPACTO POCO SIGNIFICATIVO.
Sí impactará las cuentas públicas aunque de forma “poco significativa” la otra modificación de la Ley del Sector Eléctrico que se ha incluido en el decreto para reducir las “excesivas” cargas administrativas y de gestión que se imponen a los consumidores con potencia contratada de entre 4 y 10 kW.
Y es que según el Gobierno por cada 100.000 pequeños autoconsumidores apenas se dejarían de recaudar entre 15 y 20 millones de euros, que se sumarían a una pérdida también “no significativa” de ingresos por IVA y por el Impuesto de Electricidad. En total, esta pérdida supondrá un 26% de la minoración de la recaudación de ingresos para el sistema eléctrico, se calcula en la memoria.
AYUDAS AL CARBÓN.
Por otra parte, el decreto ley también recoge medidas sociales para los trabajadores de la minería del carbón ante la “constante caída de la cotización” de esta materia prima, que obligará a muchas empresas a adelantar el cierre y a declarar concurso de acreedores o insolvencia y liquidación.
“Resulta de capital importancia paliar la repercusión que el próximo cierre de las minas puede provocar en las cuencas mineras, donde ya existe un elevado índice de desempleo y pocas oportunidades de reinserción”, explica el Gobierno, recordando además que muchos de los trabajadores afectados están en una edad de difícil reinserción laboral.
Por eso se ha decidido dar “flexibilidad” al régimen de ayudas previsto en el Acuerdo Marco para la minería del carbón 2013-18 de modo que se puedan anticipar las ayudas por costes laborales para trabajadores de edad avanzada al ejercicio 2016 y facilitar las bajas indemnizadas a un grupo reducido de trabajadores que se incorporaron desde compañías auxiliares a las plantillas de las empresas mineras entre el 1 de enero de 2012 y el 1 de enero de 2015.
Así, a corto plazo habrá un incremento de ayudas sociales “difícil de cuantificar” por su carácter voluntario pero que, en cualquier caso, se verá “compensado” con la rebaja en las líneas de ayudas en los años sucesivos.
De hecho, se barajan dos hipótesis, que permitirían un ahorro total con respecto al Plan de la Minería del Carbón 2013-2018 inicialmente acordado con sindicatos y patronal de entre 1,9 millones de euros y 117,5 millones de euros aunque adelantaría gran parte de las necesidades de gasto a los Presupuestos del año que viene.
Por una parte, un escenario “probable” en el que las ayudas por bajas indemnizadas se producen progresivamente hasta 2018 y se acogen unos 448 trabajadores el año que viene, lo que produciría un ahorro de 1,9 millones respecto a las previsiones del Plan de la Minería aunque con un coste adicional de 11,5 millones en las cuentas del año próximo.
Y, por otra parte, un escenario “extremo” que supone el cierre de todas las minas no competitivas ya en 2016 con un ahorro de 1,3 millones en el plan global pero un coste adicional de 44,5 millones a recoger en los Presupuestos del año que viene para pagar ayudas por edad avanzada a 448 trabajadores, bajas indemnizadas a otros 591 y bajas indemnizadas de carácter excepcional a 40 empleados más. En este caso, también habría que tener en cuenta que el Estado se ahorraría 73 millones de subvenciones a la producción de carbón nacional.
En este decreto ley el Gobierno también adelanta la rebaja fiscal en el IRPF que debía entrar en vigor a inicios del año próximo al 1 de julio, con los necesarios cambios en la Ley del IRPF, la del Impuesto de Sociedades –sólo para rebajar las retenciones– y la del Impuesto de la Renta de los no Residentes. Estas medidas tendrán un coste de 1.500 millones de euros.
Con todas estas modificaciones el Gobierno reconoce que deberá asumir un “coste recaudatorio” pero también un “ahorro y un aumento de la renta disponible después de impuestos para los contribuyentes”, lo que servirá para “estimular la economía” y, a la postre, recaudar más vía impuestos, compensando así “parcialmente” la inicial pérdida recaudatoria.
Toma de muestras biológicas para la obtención de identificadores de ADN
(CP art.129 bis redacc LO 1/2015)
La LO 1/2015 ha introducido una nueva figura dentro de las consecuencias accesorias de la pena. A partir del 1-7-2015, los jueces y tribunales pueden obligar al sujeto condenado a que adicionalmente se someta a la toma de muestras biológicas personales para la obtención de sus identificadores de ADN y la posterior incorporación de los mismos en la base de datos policial.
Esta habilitación al juez o tribunal sentenciador no nace en todo caso, sino que está sometida a determinadas condiciones:
a) Solo se puede acordar esta consecuencia accesoria en el caso de la comisión de un delito grave:
– contra la vida;
– contra la integridad de las personas;
– contra la libertad;
– contra la libertad e indemnidad sexuales;
– de terrorismo.
La lista se amplía a cualquier otro delito grave que conlleve un riesgo grave para la vida, la salud o la integridad física de las personas.
En este sentido, podemos deducir que sólo se puede imponer esta consecuencia accesoria a delitos que lleven aparejadas penas de las consideradas como graves -CP art.33.2-: pena de prisión permanente revisable, pena de prisión superior a 5 años… (CP art.13.1), siempre además, los delitos pertenezcan a la enumeración anterior.
La misma facultad existe frente a la comisión de delitos graves -en el mismo sentido expuesto anteriormente- que conlleven un riesgo grave para la vida, la salud o la integridad física de las personas.
b) Además, debe concurrir en el concreto sujeto una probabilidad alta de reiteración delictiva futura, que debe analizarse partiendo de las circunstancias del hecho, antecedentes, valoración de su personalidad, o de otra información disponible.
Por lo demás, no queda claro si la peligrosidad criminal futura tiene que referirse a delitos como los enumerados anteriormente, o si basta la probabilidad de comisión de cualquier delito en el futuro, con independencia de su gravedad y del bien jurídico afectado, aunque parece más plausible la primera interpretación.
Los identificadores de ADN que se pueden almacenar son sólo los determinantes para conocer tanto la identidad de la persona como su sexo, sin poder extraerse de las muestras tomadas identificadores que proporcionen otra información personal que debe ser irrelevante a estos efectos (p.e. datos relativos a la salud física y mental del sujeto).
En caso de que el sujeto se oponga a la toma de muestras, se autoriza la toma forzosa de las mismas sin que ello implique un ejercicio de fuerza superior al indispensable para su ejecución.
Esta medida tiene además importantes implicaciones con relación principalmente al derecho fundamental a la vida privada (Const art.18.1; CEDH art.8). En particular, la jurisprudencia ha señalado los siguientes límites:
a) La mera conservación de los identificadores de ADN supone ya una intromisión en el derecho fundamental a la vida privada (TCo 5-12-13, EDJ 253497; 30-1-14, EDJ 12046; 13-2-14, EDJ 2247; 27-3-14, EDJ 46264; TEDH 7-12-06, asunto Van der Velden; 4-12-08, EDJ 228761 asunto S. y Marper; 4-6-13, asunto Peruzzo y Martens).
Sin embargo, se ha reconocido la posibilidad de que dicha injerencia se encuentre justificada siempre que se den los siguientes requisitos (TCo 5-12-13, EDJ 253497; 13-2-14, EDJ 2247; 27-3-14, EDJ 46264; TEDH 4-12-08, EDJ 228761 asunto S. y Marper; 4-6-13, asunto Peruzzo y Martens):
• Que que exista un fin constitucionalmente legítimo, que la injerencia esté prevista en la ley, y que se acuerde la misma, por lo general, mediante una resolución judicial motivada .
• Que exista una relación de proporcionalidad entre la magnitud de la misma y la relevancia del motivo que la promueve. Como en este caso la injerencia se produce para la evitación de futuros delitos indeterminados, al menos debería resultar exigible, como ya ha destacado parte de la doctrina, que los mismos sean de una cierta entidad -si no se fija un criterio a estos efectos, el requisito de la proporcionalidad resultaría incumplido. Para ello podría resultar suficiente el exigir que los delitos que previsiblemente se cometerán sean aquellos que sirven ya para la propia imposición de esta consecuencia accesoria.
b) A diferencia de la obtención de muestras sin consentimiento durante la fase de investigación del delito, no se exige en este supuesto la intervención letrada en el momento de la toma de las mismas.
En este caso, parece que la regulación legal no debe ser completada en ningún sentido, ya que incluso en sede de investigación se ha aceptado que las intervenciones corporales, y sobre todo aquellas que suponen una injerencia pequeña en el derecho a la integridad física –intervenciones que no llegan a lesionar el derecho a la integridad pueden todavía lesionar el derecho a la intimidad (TCo 16-12-96, EDJ 9681; 5-12-13, EDJ 253497; 8-9-14, EDJ 166318; TS 11-11-14, EDJ 203564)- son permisibles sin intervención letrada si existe autorización judicial.
La sentencia condenatoria que decretara la consecuencia accesoria podría servir como autorización y, por tanto, suplir el requerimiento de intervención letrada.
Rectificación y cancelación de los datos
Otra de las tachas que se puede hacer a un sistema de mantenimiento de identificadores de ADN es la indeterminación del plazo de cancelación de dichos datos en el registro policial.
El TEDH ha afirmado que los mismos solo pueden ser mantenidos en tanto que siga existiendo el motivo que propició su incorporación a la base de datos (TEDH 4-12-08, EDJ 228761 asunto S. y Marper). Sin embargo -frente a lo que se dispone en materia de instrucción (LO 10/2007 art.9), no se prevé aquí ningún plazo de cancelación de los mismos.
En todo caso, como el motivo que permite la injerencia en el derecho fundamental es la peligrosidad futura, no servirían los plazos fijados en la LO 10/2007, pues el fundamento de la injerencia allí es la investigación de un delito concreto. En este caso la cancelación de los datos personales se debería producir, cuando menos, si la peligrosidad desaparece.
En ese sentido, la normativa de protección de datos establece que los datos personales registrados con fines policiales se deben cancelar cuando ya no sean necesarios, teniendo en cuenta para fijar dicha necesidad, entre otras cuestiones, la rehabilitación del sujeto (LO 15/1999 art 22.4).
Del mismo modo, tanto el acceso como la rectificación de los datos recogidos en la base de datos policial debe permitirse y realizarse conforme a la normativa de protección de datos (LO 15/1999 art.23).
TS permite a un funcionario seguir trabajando hasta los 70 años dado el aumento de la esperanza de vida
“El derecho de la crisis no es un paspartú que permita enmarcar cualquier acto”, señala el alto tribunal
MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) – El Tribunal Supremo aduce razones de “evolución demográfica” y “progresivo aumento de la esperanza de vida” para anular una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que rechazó el recurso de un funcionario de la Hacienda autonómica próximo a cumplir los 65 años a quien se denegó seguir en el servicio activo hasta los 70.
La resolución del alto tribunal, que tiene fecha del pasado 4 de junio, declara el derecho del recurrente a seguir trabajando hasta “como máximo, el momento que cumpla la edad de setenta años”. La Administración autonómica es condenada a reconocer los efectos económicos y administrativos de esta decisión.
El recurrente prestaba sus servicios en la Dirección General de Tributos de la Consejería de Economía y Hacienda de Canarias y, tras solicitar seguir en activo hasta los setenta años la Jefatura de Servicio emitió un informe favorable al respecto.
PERSISTENCIA DE LA CRISIS ECONÓMICA
No obstante, en una ampliación de dicho informe se instó lo contrario por razones de carácter económico “derivados de la persistencia de la crisis económica actual, que han mermado considerablemente los ingresos de las Administraciones Públicas”, y aconsejaban “ser muy restrictivos a la hora de proponer la prolongación de la permanencia en el servicio activo”. Se aducía también que la reorganización de las oficinas que se había iniciado pasaban por la redistribución del personal.
Por todo ello, el 14 de marzo de 2012 la Dirección General de la Función Pública de la Consejería de Presidencia de Canarias desestimó la solicitud del funcionario.
Aducía la Administración, según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press que los ingresos procedentes del sistema de financiación autonómica se habían reducido en 357 millones de euros al cierre de 2011 y que las comunidades autónomas acumulaban en dicho ejercicio un déficit del 2,94 por ciento sobre el PIB. De esta situación no podía escapar el capítulo de gastos de Personal, según la autonomía canaria.
La sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Jorge Rodríguez-Zapata, afirma que “el derecho de la crisis no es un parpartú que permita enmarcar cualquier acto”, y que la Administración canaria no cumplió en este caso con la carga de motivar la denegación de la solicitud del funcionario.
Por un lado, la sentencia señala que las razones económicas esgrimidas son insuficientes por “genéricas e inconcretas”; mientras que por el otro las aducidas tareas de reorganización “se afirman expresamente iniciadas pero no concluidas” y pasan por una redistribución de personal del que se desconoce cómo se va a llevar.
La Sala hace suyas las conclusiones de un informe del Consejo Económico y Social encargado por el propio Gobierno canario en 2012 que afirma que “las proyecciones conocidas sobre la evolución demográfica y el progresivo aumento de la esperanza de vida, con especial intensidad en quienes cumplen 65 años, están transformando la estructura de la pirámide de población”.
“Ante esta nueva realidad demográfica, y con el objetivo de mantener la tasa de dependencia que garantice la sostenibilidad del sistema es necesario, en principio, apostar por la prolongación de la vida laboral”, lo que requiere “optimizar al máximo los recursos humanos con altísimos costes de formación y, justamente en período de crisis, con enormes dificultades para su reposición”.
El Congreso aprobará el 16 de julio la recuperación del recurso previo al TC para nuevos estatutos de autonomía
MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) – El Congreso retomará la próxima semana la tramitación de las proposiciones de ley registradas en enero de 2014 por el PP y el PSOE para recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía con intención de que la reforma sea aprobada por el Pleno el día de 16 de julio y se remita al Senado.
En concreto, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, durante la próxima semana se debatirán en ponencia y comisión las enmiendas parciales presentadas por los distintos grupos parlamentarios.
La semana pasada PP y PSOE cerraron un acuerdo para fusionar las dos proposiciones de ley sobre este asunto que ambos habían presentado por separado en enero de 2014 y que decidieron reactivar el pasado mes de junio.
Lo que hicieron los dos grupos mayoritarios fue registrar las mismas enmiendas parciales a sus dos textos y estás serán las que se incorporen a las proposiciones originales que ya quedarán fusionadas en una única iniciativa en la que no está previsto se incluya ninguna de las sugerencias del resto de la oposición.
El recurso previo de inconstitucionalidad, que inicialmente podía utilizarse frente a todas las leyes del Gobierno, estuvo en vigor hasta 1985, cuando el Gobierno socialista de Felipe González lo suprimió acusando a la oposición de utilizarlo para tumbar los presupuestos generales.
La idea es abrir un plazo “extremadamente breve” de tres días para que los actores con potestad para presentar recursos ante el TC (Gobierno, Defensor del Pueblo o más de 50 diputados, entre otros) decidan impugnar una reforma estatutaria tras su aprobación por las Cortes Generales. Si se recurre, todos los trámites se congelarán, incluyendo el referéndum que pueda contemplar la legislación autonómica.
SEIS MESES MÁXIMO PARA RESOLVER
Al Tribunal Constitucional se le da un plazo “improrrogable de seis meses” –como defendía el PSOE en su iniciativa original– para resolver los recursos previos planteados, dando preferencia a estas impugnaciones frente al resto de asuntos que tenga en agenda.
En la exposición de motivos se subraya que “los Estatutos de Autonomía deben estar sujetos a la Constitución como garantía de estabilidad y no fricción en la arquitectura jurídico-institucional del Estado”. “Si a esto añadimos su carácter de norma con rango de ley, ha de ser el Tribunal Constitucional quien ostente el monopolio de su control de Constitucionalidad”, agrega.
LA REFORMA ESTUVO MÁS DE UN AÑO BLOQUEADA
Aunque las proposiciones de ley originales se registraron en enero de 2014 y al mes siguiente fueron tomadas en consideración conjuntamente en el Pleno del Congreso, las iniciativas han estado más de un año bloqueadas sin que se diera el paso de presentar enmiendas.
El pasado mes de febrero el PP sondeó al PSOE para retomar la reforma y, tras dejar pasar las elecciones andaluzas y municipales, se acordó reactivar la tramitación, celebrando el debate de totalidad en el que se rechazaron las enmiendas planteadas por los nacionalistas e Izquierda Plural (IU-ICV-CHA).
Una vez debatidas en ponencia y comisión, el Pleno volverá a debatir el asunto en la sesión extraordinaria prevista para 16 de julio y remitirá la proposición de ley al Senado que ya la aprobará en septiembre, de tal forma que esté en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de la disolución de las Cortes Generales.
Justicia se compromete a estudiar un texto alternativo sobre la ‘pena del telediario’
MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) – El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha comprometido a estudiar la posibilidad de mejorar la redacción del artículo 520.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar la difusión de imágenes de los detenidos, conocida popularmente como la ‘pena de telediario’.
Así lo ha trasladado el titular de Justicia a representantes de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) y el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) con los que ha mantenido una reunión este miércoles en la sede del Ministerio.
En concreto, Catalá ha trasladado su compromiso para estudia mejoras en la redacción del citado artículo para buscar un texto alternativo que refuerce el equilibrio entre el derecho a la información y los derechos constitucionales del investigado.
En concreto, se trata del apartado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que regula las medidas necesarias para asegurar el respeto al derecho al honor, intimidad e imagen de los detenidos o presos en el momento de su detención así como en los traslados ulteriores.
“La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio”, señala en concreto el texto del artículo.
Finalmente, el ministro se ha reafirmado en la necesidad de incorporar la protección de estos derechos en el nuevo estatuto del investigado y ha reiterado que son las autoridades competentes (órganos judiciales, fiscalía, policía judicial e instituciones penitenciarias) los destinatarios de esta norma.
Los medios de comunicación, según ha precisado el titular de Justicia en la reunión, deberán regirse por los criterios arbitrados en sus códigos de ética profesional.

References: artículo 752
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 520