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Timestamp: 2018-11-20 12:02:22+00:00

Document:
SENTENCIA SL11574-2015 DE 05 DE AGOSTO DE 2015
CONTENIDO:PENSIÓN DE INVALIDEZ, NORMAS APLICABLES. SI LA INVALIDEZ SE ESTRUCTURA DESPUÉS DE LA INEXEQUIBILIDAD DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 797 DE 2003 DECLARADA POR SENTENCIA C- 1056 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2003, PERO ANTES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 860 DE 2003, LA NORMATIVIDAD QUE RIGE ES LA LEY 100 DE 1993 EN SU TEXTO ORIGINAL. EN EL MISMO SENTIDO EL ALTO TRIBUNAL MANIFIESTA EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA APLICADO EN LA PENSIÓN DE INVALIDEZ ¿ NO PROCEDE RESPECTO DE NORMAS DECLARADAS INEXEQUIBLES.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DE INVALIDEZ, PENSIÓN MÍNIMA DE INVALIDEZ, CUANTÍA DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ, REQUISITOS PARA LA PENSIÓN DE INVALIDEZ, REVISIÓN DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ, PRESTACIONES POR PENSIÓN DE INVALIDEZ, CLASES DE PENSIÓN DE INVALIDEZ, DERECHO A LA PENSIÓN DE INVALIDEZ
Sentencia SL11574-2015/52057 de agosto 5 de 2015
Rad.: 52057
Son situaciones fácticas que no se controvierten en sede de casación la invalidez del demandante de origen no profesional, estructurada el 22 de noviembre de 2003, según el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca y las 22.4285 semanas dentro del año inmediatamente anterior a la estructuración de tal estado. Tampoco genera discusión el cumplimiento del actor del requisito de las 50 semanas de cotización dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez y la satisfacción de la exigencia de la fidelidad al sistema prevista en el artículo 11 de la Ley 797 de 2003.
Lo que realmente genera el apartamiento de la censura con la sentencia acusada, se centra en determinar, si a pesar de que el artículo 11 de la Ley 797 de 2003, fue retirado del ordenamiento jurídico mediante la Sentencia C-1056 del 11 de noviembre de dicho año, el tribunal podía resolver el caso bajo su amparo, en virtud de la aplicación del principio jurisprudencial de la condición más beneficiosa, al encontrar que el actor no reunía las 26 semanas en el año inmediatamente anterior a la estructuración del estado de invalidez, exigidas por el artículo 39, literal b) de la Ley 100 de 1993.
Al analizar la motivación de la sentencia acusada, encuentra la Sala que el ad quem para confirmar la decisión del a quo que condenó al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a favor del actor, estimó en un principio que la norma aplicable a este asunto era el artículo 39 de la Ley 797 de 1993. Pero agregó que como el demandante no cumplía con la densidad de semanas exigidas por tal ordenamiento, esto es, 26 semanas en el año inmediatamente anterior al estado de invalidez, era dable acudir para definir el derecho al principio legal y constitucional de la “condición más beneficiosa”, observando en consecuencia los requisitos del artículo 11 de la Ley 797 de 2003, que reunía por tener el afiliado más de 50 semanas cotizadas dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la estructuración de la invalidez.
Puestas así las cosas, acertó el sentenciador en la primera inferencia, en cuando en un comienzo sostuvo que el marco normativo que se debía acoger en la presente contienda para dirimirla, era el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 en su versión original, si se tenía en cuenta que el artículo 11 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 que lo modificó, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1056 de 11 de noviembre de 2003, razón por la cual dicha norma desapareció del ordenamiento jurídico y, en consecuencia, recobró pleno vigor el primero de los mencionados.
De ahí que, los requisitos que debían verificarse en este asunto, para que el accionante pudiera acceder a la pensión de invalidez, eran los contenidos en el mencionado artículo 39 de la Ley 100 de 1993, que se traducen en que el afiliado sea declarado inválido y además: “a) Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiera cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado de invalidez, y b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez”, ya que es incuestionable, como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Sala, que la norma con la cual se deben dirimir los casos en los que se pretenda el reconocimiento de pensiones de invalidez y sobrevivientes, es la vigente al momento de la estructuración de discapacidad y la muerte, respectivamente.
Sin embargo, se equivocó finalmente al resolver la controversia con aplicación del artículo 11 de la Ley 797 de 2003, cuando dicha norma, para la fecha de estructuración de la invalidez, había desaparecido del ordenamiento jurídico al haber sido declarada inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia citada anteriormente.
El cargo resulta fundado y como consideraciones de instancia sirven igualmente las vertidas en sede de casación, y adicionalmente las siguientes:
Si se pretendiera resolver la causa con la aplicación del artículo 6º del Acuerdo 49 de 1990, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, tampoco había lugar a la pensión reclamada, en tanto, sin dejar de lado que el demandante se pasó del régimen de prima media con prestación definida administrado por el ISS al régimen de ahorro individual y solidaridad en octubre de 2000, a primero de abril de 1994, no reunía los requisitos exigidos por el citado artículo, ya que nació el 23 de enero de 1961, y el Ministerio de Hacienda informa que laboró para el Inurbe entre el 23 de noviembre de 1987 y el 15 de diciembre de 1990, y entre el 15 de julio de 1991 y el 8 de marzo de 1992, y que cotizó al ISS como independiente entre el 16 de octubre de 1992 y el 31 de octubre del mismo mes y año, es decir por espacio de 15 días, y luego volvió a cotizar para el ISS a partir del 8 de julio de 1994, siendo empleadora la Fiscalía General de la Nación.
En ese orden, se revocará el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Laboral Adjunto del Circuito de Cali, y en su lugar se absolverá al Instituto de Seguros Sociales de las pretensiones formuladas en su contra por el actor.
No hay a lugar a costas por el recurso extraordinario. Las de primera y segunda instancia son a cargo del demandante.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia proferida el 30 de marzo de 2011, por el Tribunal Superior de Cali, en el proceso promovido por Víctor Santiago Salazar Martínez contra la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.
En sede de instancia, REVOCA la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral Adjunto del Circuito de Cali, el 28 de mayo de 2010, y en su lugar absuelve a la administradora demandada de las pretensiones formuladas en su contra por el actor.

References: ARTÍCULO 11
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 artículo 39
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 artículo 6