Source: http://www.libertadidioma.com/2004/20040120.htm
Timestamp: 2018-11-15 00:45:04+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Martes 20 Enero 2004
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 20 Enero 2004
Dalmacio Negro La Razón 20 Enero 2004
Tenía razón Rodríguez Ibarra
Ernesto Ladrón de Guevara La Razón 20 Enero 2004
El Estado de los caraduras
Bruno Aguilera La Razón 20 Enero 2004
Zapatero propone...
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 20 Enero 2004
Fluidos e incontinentes
Cristina Losada Libertad Digital 20 Enero 2004
El Gobierno de Navarra lleva el Plan Ibarretxe ante el Tribunal Constitucional
Pamplona. Agencias ABC 20 Enero 2004
Luis María ANSON La Razón 20 Enero 2004
Dos programas ante el 14-M
Editorial ABC 20 Enero 2004
Reflexiones sobre una propuesta
MANUEL AMIGO ABC 20 Enero 2004
Ciudadanía megalítica
SANTIAGO GONZÁLEZ El Correo 20 Enero 2004
Zapatero no se juega gran cosa
Lorenzo Contreras Estrella Digital 20 Enero 2004
Michavila: el fallo sobre Batasuna es el «mayor golpe» a ETA
F. Velasco - Madrid.- La Razón 20 Enero 2004
El inicio de la precampaña y la nueva guerra de Corea que quería declarar el conseller Rañé me han apartado de mis propósitos desconstructores. Pero un compromiso es un compromiso, y mientras el triunvirato del heptapartido insista en desconstruir España, yo seguiré aplicando su metodología con la Cataluña que ellos quieren imponer. Hay que hacer pedagogía, como Montilla, y hasta dar clases, como Maragall (aunque su alumno Carod le ha recordado que quien manda en el colegio es él). Hay que imitarles en lo adjetivo y reivindicar una Cataluña plural, una Cataluña en la que todos estemos cómodos, etc.
Poco cabe esperar de la capacidad de los nacionalistas –abiertos o vergonzantes, de izquierda o de derecha, radicales o moderados– para entender y gestionar realidades tan complejas como las que configuran las sociedades del siglo XXI, cuando no han conseguido siquiera admitir con normalidad que Cataluña tiene dos lenguas. No parece tan difícil. Cuesta entender a qué pluralidad apelan todos los días quienes no reconocen esta obviedad. Analizan, proponen y planifican tomando como premisa que una de las lenguas es propia. Y, por tanto, la otra no.
Es cierto que el artículo 3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña comienza afirmando que "la lengua propia de Cataluña es el catalán". Tiende a olvidarse esta otra parte del artículo: "La Generalidad garantizará el uso normal y oficial de ambos idiomas, tomará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento y creará las condiciones que permitan lograr su plena igualdad en cuanto a derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña". ¿Qué medidas se toman para asegurar el conocimiento del castellano en Cataluña? Ninguna; los nacionalistas consideran que los niños catalanes ya lo aprenden debido a su masiva presencia social y mediática. ¿Qué hay entonces de la "plena igualdad de derechos y deberes"?
En el oasis se da por sobreentendido que en un indefinido pasado aquí sólo se hablaba catalán... hasta que llegaron los opresores. Pero lo cierto es que nunca jamás en la historia se ha hablado sólo catalán en Cataluña; el catalán siempre ha compartido su espacio de influencia con otros idiomas. Hoy, la mitad de los catalanes tiene como primera lengua un idioma impropio –o no propio– de su comunidad, justificación última de una diglosia que, como todos sabemos, contradice una norma superior al Estatuto: la Constitución, cuyo artículo Tercero, está dedicado específicamente al castellano y cuyo artículo 14 establece la igualdad de los españoles ante la ley.
El resultado práctico es un, digamos, bilingüismo definido por el uso defectuoso, oral y escrito, de ambas lenguas. Quienes podemos hablarlas y escribirlas sin errores estudiamos generalmente en castellano antes de la inmersión y nos esforzamos por nuestra cuenta con el catalán. ¿Tan difícil es admitir que lo justo en una sociedad bilingüe es una educación bilingüe que capacite de verdad en ambas lenguas? Las lenguas no son atributo de los territorios sino de los hombres, sin embargo salta a la vista que cuando el artículo 3 del Estatuto dice "Cataluña" no se refiere al conjunto de los catalanes. ¿Qué significa pues? ¿El terruño, las piedras, los árboles? ¿Callan o se agitan al viento en catalán? Puro esencialismo.
La debilidad congénita del nacionalismo español constituye la causa principal de que aquí parezcan mucho más fuertes los nacionalismos particularistas, disgregadores, que en otras naciones, ¬casi todas, Alemania, Francia, Inglaterra...¬ en las que las características particulares de algunas de sus regiones, provincias, partes o «Estados federados» son mucho más acentuadas que en España. No sólo por las abundantes diferencias lingüísticas, sino por la etnia, la religión, haber tenido regímenes políticos propios ¬«históricas» hasta hace relativamente poco tiempo en algunos casos¬, etcétera. Pero en ninguna de ellas se ha cometido la insensatez ¬o la demagogia¬ de considerarlas autonomías cuasi estatales como en España y de consagrar en la Constitución, a su vez sacralizada con fiesta de guardar y todo, el término nacionalidades.
La lógica de la política, hay que repetirlo una y otra vez, es la retórica; por lo que, como «in politicis» no se trata de hacer demostraciones sino de convencer, las palabras tienen también una lógica, y muy poderosa; se podría decir que la política es cosa de palabras; es por lo que degenera muy fácilmente en palabrería. Gorbachov sólo quería reorganizar el comunismo para que sobreviviese; pero al introducir en el lenguaje político para conseguir el apoyo de la opinión las palabras «perestroika» (reestructuración) y «glasnost» (transparencia), éstas arrastraron con su lógica al régimen, al llevar la gente lo de la reestructuración y lo de la transparencia lo más lejos posible del existente. Lo mismo ocurre con la constitucionalización de la palabra nacionalidad, pues las palabras significan lo que significan ¬y ésta ya significa de suyo algo muy preciso¬ pero además, en política, en cuanto operan como conceptos, siempre están preñadas de historicidad; y, desde 1848 el principio de las nacionalidades justifica o sirve de pretexto, allí donde hay una minoría u oligarquía audaz, para exigir que a la nacionalidad corresponda un Estado. El independentismo, justificado o no, tiene su lógica particular.
Como la Constitución seguramente no la leen más ciudadanos que los que están interesados por alguna razón práctica, no está demás recordar que no acaba ahí la cosa, aunque ya es bastante: según su artículo 143, pueden constituirse en Comunidad Autónoma «las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica». O sea, si se comprende bien, se está diciendo previsoramente que España no es una realidad sino un proyecto de futuro: que España está por hacer. ¿Se tratará de una aplicación de la idea orteguiana, tal vez mal digerida, de la nación como un proyecto en común?
Los equívocos y ambigüedades constitucionales ayudan a explicarse el disculpable estado de confusión permanente del Sr. Zapatero y sus amigos. Pero resulta muy difícil entender la imprudencia de introducir la palabra nacionalidad en el texto constitucional. Tanto más cuanto, según este último aunque no se diga expresamente así, el lazo de unión, tal como se ha sugerido parece ser, el Estado, un aparato, una máquina ¬«el Estado español» al que hacen siempre alusión los separatistas en lugar de referirse a España, sustitución que se ha introducido en el lenguaje periodístico¬, no la nación misma, cuya soberanía reside, se afirma constitucionalmente, en el pueblo español. Pues, aunque se diga en el preámbulo de la Constitución que es la nación española, que por cierto, si se trata del pueblo, este último no fue convocado que se sepa, o salvo error u omisión, para elegir alguna asamblea constituyente según es sólito en estos casos, la que proclama su voluntad de etcétera, la nación española, el pueblo, no pinta nada en estas cosas, pues son las nacionalidades o provincias históricas etcétera, las que deben decidir si son autónomas, una especie de pre o para Estados. Lo que parece significar que la nación española, aunque sea una «indisoluble unidad» se excluye generosamente de opinar sobre qué son naciones dentro de ellas, aspecto reservado al oportunismo político.
Ernesto Ladrón de Guevara es procurador de Unidad Alavesa en las Juntas Generales de Álava La Razón 20 Enero 2004
Rodríguez Ibarra propuso con acierto poner una barrera legal para que los nacionalistas no puedan alcanzar representación parlamentaria en las Cortes Generales si no obtienen el 5 por ciento de los votos escrutados. De esa manera se impediría que fuerzas con una representación mínima en relación al conjunto del arco parlamentario se conviertan en bisagras imprescindibles para que los grandes partidos de ámbito estatal puedan gobernar con mayorías estables. Ya sé que habrá quien diga que estoy tirando piedras sobre el tejado de Unidad Alavesa, haciendo comparaciones que no vienen a cuento, pero no importa que se me recrimine tal cuestión, pues creo que por encima de todo interés partidario lo que realmente importa es el interés general, y para España la estabilidad política y que la Nación no caiga en las garras de las aves rapaces que están siempre ojo avizor para caer sobre la presa y destrozarla, es fundamental.
La intención de Rodríguez Ibarra es impecable. Yo pienso como él que ha llegado la hora de impedir que minorías chantajeen constantemente impidiendo políticas de Estado que son imprescindibles para que este barco común de todos los españoles navegue con un timonel seguro de lo que hace y del rumbo que debe tomar la nave. España no debe estar zarandeada por quienes quieren su destrucción sin escrúpulos con la mera intención de instalarse en sus virreinatos sin control de ningún género, para que nadie les dispute el disfrute de la gestión de sus miserias territoriales.
Hace tiempo vengo propugnando un sistema de doble vuelta como en Francia, que posibilite que quien gobierne en España lo haga con normalidad, sin peajes innecesarios.
No habría ningún problema de mantener el sistema electoral actual si los nacionalistas no fueran excluyentes y no pugnaran por la ruptura de España con una visión de la política mezquina y patrimonialista.
No hubiera habido este tipo de problemas si no se hubieran cometido ciertos errores en los contenidos de nuestra Carta Magna. Uno de esos errores ha sido considerar a algunas regiones nacionalidades. Como bien dijo Gil Robles en 1931, en el debate constitucional republicano, el término nacionalidad lleva implícito la idea de nación y por tanto el germen del independentismo.
Otro de los errores de la Constitución fue el recoger que unas partes del Estado tienen derechos históricos mientras se negaba a otras partes el tener con la misma legitimad y objetividad derechos del mismo género. Es inexplicable que se reconozca los derechos forales en la Adicional 1ª de la C.E. y se niegue la existencia de derechos históricos a comunidades con el peso en nuestra historia española como Aragón, Castilla, Asturias, Andalucía, Extremadura, Melilla y todas las demás. Así se abrió la espita del asimetrismo autonómico que es la mayor barbaridad que se haya podido cometer en España desde tiempos de los romanos, haciendo trizas el principio enunciado en el artículo 14 de la C.E. que preserva la igualdad esencial de todos los españoles; pues, según el lugar de residencia, los ciudadanos disfrutan de distintos derechos efectivos. Lo mismo sucede dentro de las comunidades en función de criterios tan aleatorios y poco consistentes como la lengua que sirven de factores discriminatorios en la práctica, como es notorio. De ese error se derivó otro de no menor entidad que fue el abrir dos vías autonómicas en función de esos derechos históricos, que alimentó a los nacionalismos y por ende a una condescendencia exagerada con éstos que ha posibilitado su reforzamiento y engorde hasta la situación actual que resulta esquizofrénica en el País Vasco, y más propio de estudio por psiquiatras que por politólogos.
Tiene razón el Sr. Rodríguez Ibarra. Hay que poner remedio a esto.
España debiera ser un país federal por regiones, recogiendo a la vez su pluralidad y riqueza y su unidad. Todas las regiones medidas bajo los mismos parámetros de partida y sin privilegios insanos que son de carácter medieval. En ese sentido no debiera ser descartable la generalización del modelo de concierto económico que tan beneficioso ha sido para el bienestar de las provincias aforadas vascas. El Concierto Económico se funda en el pacto y en la lealtad según los cuales el Estado recibe el dinero para mantener los servicios que le corresponden y el territorio se queda con los recursos tributarios que necesita para mantener sus competencias. Si ha sido bueno para los alaveses, ¿por qué no ha de serlo para el resto?
A lo mejor de la reflexión encontramos por fin la receta para resolver el problema más duradero y notorio que nos aqueja a los españoles. Sólo hace falta apertura de miras, generosidad a la hora de recibir propuestas, coraje, audacia y visión de Estado.
El recientemente desaparecido Fernando Vizcaíno Casas fue siempre un franquista convencido que por no disimularlo nada no mereció más necrológica que la que le hizo ese espíritu libre que es Jorge Berlanga, por cierto de modo magistral como acostumbra. No era don Fernando excesivamente partidario del nuevo régimen y aunque lo aceptaba por no quedarle otra no se cortaba un pelo a la hora de criticarlo, las más de las veces con bastante gracia. Una de las bestias negras del Sr. Vizcaíno eran esas autonomías que él denominaba «Autonosuyas», para dejar bien claro que las consideraba un bodrio infumable. Un servidor compartía pocas cosas con don Fernando pero desde luego sí que coincidía plenamente en el aborrecimiento del despropósito autonómico. De hecho el primer artículo que tuve el privilegio de publicar en este periódico ensalzaba el buen gusto de los portugueses que allá por noviembre de 1998 acababan de rechazar una reforma tendente a implantar el sistema autonómico en Portugal. De ahí que titulase mi primer pinito periodístico «Ventajas de ser portugués».
Desde entonces han sido muchas las líneas que he dedicado a criticar un Estado de las Autonomías que sigue pareciéndome una regresión pura y dura hacia el Antiguo Régimen. Porque una cosa es la descentralización, harto beneficiosa para acercar la maquinaria burocrática al ciudadano, y otra bien distinta dejar en mano de clientelas de aldea parcelas esenciales del poder del Estado; un sistema que viene a ser, como ya he reiterado numerosas veces, una nueva forma de feudalismo en la medida en que en él, como puede comprobarse, prevalecen los intereses particulares de los caciques de turno frente al interés general.
Este estado de cosas, que se veía venir desde que Adolfo Suárez aceptó tan a la ligera aquello del café para todos, ha ido cada vez a peor y los vientos de entonces han degenerado hoy en tempestades que amenazan con hundir la nave del Estado. Sobre todo desde que en el Partido Socialista practican el entretenido deporte de la empanada mental. El caso es que el nacionalismo militante hace tiempo que se limita a practicar la política de la subasta permanente, dirigida por un puñado de aprovechados que desde la atalaya de la demagogia nos amenazan un día sí y otro también con el palo de la autodeterminación si no reciben una zanahoria presupuestaria bien gorda. Los ejemplos son innumerables. Primero se descubre que más de un centenar de empresas afines al PNV tenían bula con la Agencia tributaria local gracias a la manipulación de los programas informáticos de control del fraude. Lo que nos lleva a preguntarnos qué pasará cuando el PSOE pacte con los nacionalistas y haya 17 Haciendas autonómicas en lo que para entonces quede del Estado español. Después nos llega la noticia del nombramiento de los hermanos y familiares de los nuevos dueños de Cataluña, Carod y Maragall, con sueldos que superan considerablemente los fijados por el clientelismo de PNV y CiU. Y para terminar dice Maragall que antes de cerrar lo del AVE Madrid-Valencia hay que consolidar las infraestructuras que vinculan las autonomías independentistas. Y que nos demos con un canto en los dientes por tener el honor de pagar con nuestro sucio dinero de charnego-maquetos sus perentorias necesidades autodeterminantes.
Quizás en política ha sido siempre habitual que cada uno vaya más o menos a lo suyo, pero lo que está claro es que antes al menos se guardaban las formas. Porque lo que son estos neo-nacionalistas triunfantes no se cortan un pelo a la hora de entrar a saco con toda desfachatez y descaro en el pastel de la Hacienda general. De ahí que Carod-Rovira tenga tanto empeño en acabar con nuestro antipático modelo de Estado, pues le corre prisa implantar cuanto antes el Estado de los caraduras. Y es que la independencia bien entendida empieza por uno mismo. Y sus allegados.
Por CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 20 Enero 2004
ZAPATERO ha hecho una promesa, rara en cualquier político, sorprendente en alguien que ha hecho del pacto una virtud. Ha anunciado que sólo formará gobierno en el caso de que el PSOE sea el partido más votado. ¿Por qué se muestra ahora tan escrupuloso con las coaliciones? ¿Por qué viene a romper lo que es una línea de actuación del PSOE ya clásica y de la que se ha venido vanagloriando frente al PP por considerarlo incapaz de llegar a acuerdos con otros partidos? El PSOE ha llegado a hacer de la fórmula balear una categoría, ha vendido la formación del Gobierno tripartito de Cataluña como un modelo de diálogo y de pluralismo, estuvo dispuesto a aliarse con Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid y ha regalado la Presidencia de Cantabria a los regionales. ¿Por qué este arrepentimiento a la hora de formar el Gobierno de la Nación?
La explicación es muy simple. Zapatero sabe que la sospecha misma de una posible coalición de socialistas y nacionalistas después de las legislativas de marzo llevaría indefectiblemente a una barrida del PP. La inmensa mayoría de la sociedad española no podría soportar el riesgo de un gobierno central favorable a la modificación del Estatuto de Cataluña, al Plan Ibarretxe, al cambio, en definitiva, del modelo de Estado que preconiza Maragall. La inmensa mayoría de los electores sabe que nos jugamos demasiado. Si el Partido Socialista es muy dueño de hacer una política tan beneficiosa para él como suicida para España, los electores, la inmensa mayoría de los electores dará su voto al PP.
ZAPATERO sabe esto, teme esto y quiere desactivar estos mecanismos defensivos claramente perceptibles desde la formación del Gobierno tripartito de Cataluña. Si los sondeos venían dando una ventaja al PP entre cuatro y siete puntos, la hipótesis de la coalición social/nacionalista convertirá en memorable la derrota de Zapatero. Con la insólita promesa del domingo, Zapatero se ha retranqueado hacia posiciones realistas. No tengan miedo, ha venido a decir, no habrá pactos con los nacionalistas.
En realidad, con esta promesa no pierde nada, pero puede rebajar la tensión, conjurar el fantasma nacionalista y así conseguir unos resultados electorales más soportables. Porque en estos momentos el secretario general del PSOE está dominado -como es lógico- por el instinto de conservación personal. Es consciente de que unos resultados desastrosos -una mayoría absoluta del PP muy abultada- le obligarían a presentar la dimisión o, en todo caso, podrían conducir a la convocatoria de un Congreso extraordinario en el que debería ventilarse la sucesión. Todo el esfuerzo de Zapatero va a ser el de conseguir una derrota que le permita la continuidad. ¿Acaso Felipe González no venció a la tercera? ¿Con qué argumentos podrían desbancarle de la dirección cuando el PSOE gobierna en Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Asturias, en Cataluña (de aquella manera) y en Andalucía, si repite Chaves?
EL problema de Zapatero es que realmente no lidera el partido y, por lo mismo, existen poderes fácticos que no comparten sus intereses personales y no tienen por qué estar sobrecogidos por este instinto de conservación personal. En el PSOE hay poderes que no comparten la táctica de la derrota llevadera. Quieren ganar como sea, apostar fuerte, jugársela del todo antes de tener que esperar otros cuatro años. En definitiva, en el PSOE hay poderes que sí están por el pacto con los nacionalistas. Para ellos la promesa de Zapatero es pura palabrería. Jamás renunciarían a gobernar con los nacionalistas... si pudieran.
Hace una semana, Rodríguez Zapatero prometió que los niños de la España plural saldrán hablando fluidamente inglés de su paso por una enseñanza obligatoria en la que su gobierno implantaría el bilingüismo. Supongo que entre los mil cerebros que han asesorado al PSOE habrá expertos en esa ciencia. Y supongo que esos expertos habrán conseguido desvelar uno de los enigmas de nuestro sistema educativo público: que, sin ayuda exterior, nadie haya logrado salir de él hablando una lengua extranjera. Porque enseñar, se enseña alguna desde hace muchos años, incluidos los trece de gobiernos socialistas. Trece años dan para aprender varios idiomas, aunque también para lo contrario, como ha sido el caso. Hoy, la gran lacra del sistema es que se salga hablando y escribiendo tan mal el español. Pero esto no parece haber excitado la pasión reformadora del PSOE.
Lo que nos prometen los socialistas es que en idiomas extranjeros pasaremos de la nada actual, que por cierto les permite ganarse la vida a tantos profes y escuelas, a "manejar con fluidez la lengua inglesa". De momento, hasta ahí. El deseo de Zapatero es que "las jóvenes generaciones españolas sean, al menos, bilingües". ¡Al menos! La ambición no tiene límites. Las promesas electorales deberían de tenerlos. Lo que nos está diciendo el PSOE es que vamos a ir de la Tierra a Marte sin haber lanzado antes ni una miserable cápsula, y sin que nos cueste un maravedí.
Yo sé muy poco de las técnicas de la enseñanza bilingüe, que es un asunto complejo que ha dado lugar a modelos diferentes en otros países. Si me atrevo a hablar de ello es porque la disfruté o sufrí, según se mire, en carne propia. Tras una enseñanza bilingüe alemán-español entre los 4 y los 14 años, puedo decir dos cosas. Una, que a mitad de camino, muchos compañeros tuvieron que cambiar de colegio. Dos, que tras diez años de bilingüismo yo no hablaba fluidamente el alemán y sólo lo hice cuando pasé tiempo en Alemania. Cierto que el alemán es más complicado que el inglés. Pero con el inglés me pasó algo parecido.
Aprender las bases de un idioma es una cosa y hablarlo de corrido, como Zapatero promete, otra. Se requiere mucha práctica, esfuerzo y constancia. La fluidez adquirida se pierde si eso falta. No digamos ya hablarlo correctamente. Uno puede hablar un inglés fluido, pero como el que ponían en boca de los indios en los westerns. Supongo que el PSOE no se refería a eso.
Si añadimos que el objetivo fluidez requiere no sólo profesores que hablen y enseñen bien el inglés, sino que también sean capaces de impartir otras materias en ese idioma –pues eso es la enseñanza bilingüe–, lo que exige un profesorado del que parece que andamos faltos, la promesa socialista se inscribe en la incontinencia electoral que padecemos. Y no entro en el capítulo de costes, que imagino que andarían por los que José García Domínguez, en la Revista de Libertad Digital , calcula para la humorada de "un ordenador por cada dos alumnos".
No acaban ahí los engorros. Teniendo en cuenta que en muchas autonomías hay enseñanza bilingüe en la llamada "lengua propia", los chavales no van a tener tiempo ni para el bocadillo, sándwich o como se diga en cada idioma este tentempié. Por eso debe de proponer el PSOE que los colegios permanezcan abiertos tantas horas. Claro que la cosa se simplificaría si, como algunos desean, se prescinde del español. Así, en España acabaríamos hablando inglés para entendernos. Eso, si en los USA siguiera el auge del español, haría un bonito efecto paradójico.
El Gobierno de Navarra ha acordado plantear un conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional e interponer un recurso contencioso-administrativo frente al acuerdo del Ejecutivo vasco que aprobaba la "Propuesta del Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi", conocido como "Plan Ibarretxe".
El acuerdo adoptado por el Ejecutivo navarro en su sesión semanal fue dado a conocer hoy en conferencia de prensa por el consejero portavoz, Alberto Catalán, quien precisó que el recurso ante el TC se interpondrá durante esta misma mañana. Para presentar el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el Gobierno navarro dispone del plazo de dos meses, según indicó el consejero.
El Gobierno de Navarra ha decidido plantear estos conflictos de competencias al entender que las referencias a Navarra contenidas en el preámbulo y en el artículo 6 de dicha propuesta "lesionan gravemente la integridad del régimen foral de Navarra, invaden las competencias propias de la Comunidad foral y sus instituciones y suponen una burla a los ciudadanos navarros".
Catalán detalló los motivos que han llevado al Ejecutivo navarro a recurrir el "Plan Ibarretxe", entre los que citó que esa propuesta "desconoce la configuración de Navarra como comunidad foral diferenciada, con identidad y autonomía propia y vulnera la competencia de la Comunidad Foral de Navarra a su autogobierno, tanto institucional como competencial". Asimismo dijo que "invade la competencia de Navarra para establecer relaciones con el Estado y con el resto de comunidades autónomas y contradice la competencia de las instituciones forales de Navarra para la reforma de la propia Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, sin que otra comunidad autónoma pueda fijar el marco de tal reforma y menos aún contrariando la unidad constitucional". En ese mismo sentido, señaló que el citado plan "infringe la competencia de Navarra relativa a la decisión sobre su incorporación o no a la Comunidad Autónoma Vasca".
Catalán añadió además que la propuesta del Gobierno vasco "incurre en nulidad, en absoluta inconstitucionalidad, por haberse adoptado por un órgano manifiestamente incompetente, por utilizar una vía procedimental inadecuada y en suma por contradecir directa y gravemente todo lo recogido en la Constitución española". Con anterioridad a acudir a los tribunales, el Gobierno de Navarra acordó el pasado 24 de noviembre requerir al Gobierno vasco la "anulación o revocación" de la propuesta y, en particular, de las referencias y artículos sobre la Comunidad foral. Posteriormente, el 16 de diciembre, el Gobierno vasco notificó su acuerdo desestimando tal requerimiento.
El ibarrechekari ha decretado el RH negativo que deben tener las ocas para ser vascas. Además ha mandado que sus huevos pesen como los del cura de Villalpando, más de ciento sesenta gramos, y que sean de cáscara blanca, no negra o amarilla o mora, qué horror. Al mejor estilo hitleriano de la raza aria, las condiciones impuestas a las ocas, a las euskalantzaras, son muy severas, la limpieza de sangre, estricta. Deben tener, además, «andares ágiles», contonearse como Sharon Stone y con «el pecho redondo» a lo Elsa Pataki. El pico, claro es, no puede pasar de mediano para facilitar el trato, y, ya erecto, lucir «de color naranja pálido», con la punta, que algunos llaman capullo, «rosácea». Aquellas euskalantzaras que cumplan el mandato del ibarrechekari se instalarán en la residencia presidencial. Serán las ocas sagradas de Ajuria Enea, las cuales, como en el Capitolio romano, podrán hacer el ganso y exhibir altivamente su «cráneo redondeado» y ario.
Sabido es que los galos tras posesionarse de Roma cercaron el Capitolio para dominar a los sacerdotes, senadores, magistrados y jóvenes guerreros que en él se habían guarecido. Decidieron atacar una noche oscura y lóbrega pero las ocas sagradas se pusieron a graznar despertando a Manlio, el patricio que rechazó finalmente el asedio. Refugiados en Ajuria Enea, los atuchas, oteguis, arzallus, diputados, paniaguados y subvencionados del PNV, el ibarrechekari ha decidido crear sabiamente el cuerpo de ocas sagradas para que alerten con sus graznidos a los vascos de pura sangre del asalto que los deleznables maquetos, los wild geese, los gansos salvajes al estilo irlandés, inmigrantes en ejércitos extranjeros, preparan contra el capitolio de Ajuria Enea.
LA más que previsible continuidad del programa popular y las novedades anunciadas del socialista permiten establecer una comparación entre ambos que debería ser la clave de la decisión ciudadana en las urnas. La primera consideración afecta a la credibilidad. La popular parece a simple vista más alta, tanto si obtiene la mayoría absoluta como si tuviera que gobernar en coalición. En este caso, el PP se vería obligado a hacer alguna concesión programática a sus eventuales socios, pero no muy sustantivas, ya que se trataría de Coalición Canaria o de Convergencia y ya existen precedentes recientes. Mucha mayor capacidad de concesión parece exhibir el PSOE, pese a que lo manifestado el pasado fin de semana por José Luis Rodríguez Zapatero sobre su voluntad de gobernar sólo en el caso de resultar sus listas las más votadas respresenta una seria advertencia a las aspiraciones de los nacionalistas, dispuestos a aprovechar la actual debilidad del PSOE.
La idea de España y la vertebración del Estado del PP es clara. Se trata de continuar por el camino transitado, mantener el modelo actual que prevé la Constitución, sobre el que se ha cimentado el progreso y el bienestar de los últimos años. El PSOE, bajo el título de la «España plural», parece dispuesto, haciendo de la necesidad virtud, al menos a corregirlo y amoldarlo a coyunturas políticas ocasionales. La comparación resulta aún más pertinente cuando estamos ante un desafío desaforado de los nacionalismos a la unidad del Estado y, por tanto, a la Constitución. El PSOE ha intentado corregir este pernicioso efecto en las últimas semanas, pero la actitud hacia el PNV y, sobre todo, la formación del tripartito catalán parecen contradecir en parte sus últimas proclamas.
En política exterior, los escenarios también están definidos: continuidad del PP frente a rectificación de la vocación atlantista por parte del PSOE. Pero la guerra de Irak no puede ser ya sustancial caballo de batalla. Lo que distancia a los dos programas no es el europeísmo del PSOE frente a la alianza con Estados Unidos del PP. Ambos partidos son claros europeístas. En lo que discrepan es en la índole de la relación que Europa debe mantener con la primera potencia mundial: el PP aspira a continuar con la amistad y el PSOE, en cambio, pretende enfriarla y aproximarse al eje franco-alemán, que no pasa por su mejor momento. No parece que España pueda, en cualquier caso, esperar nada positivo del enfriamiento de sus relaciones con Estados Unidos.
En economía y política fiscal el PSOE ha dado pasos decisivos en la dirección acertada, como la rebaja del IRPF y del Impuesto de Sociedades y la posibilidad de aplicar un tipo único al primero o la conversión a las bondades del equilibrio presupuestario, propuestas, eso sí, ribeteadas de ciertos guiños populistas y «progresistas». Tan acertados han sido esos pasos que han merecido las críticas y descalificaciones de IU. Sin embargo, el programa económico socialista tiene que salvar aún algunos obstáculos. El primero de ellos, los éxitos de la gestión del PP, que no alteraría su programa en el caso de ganar las elecciones. También, la falta de concreción y de cuantificación de los compromisos y la omisión de la necesidad de cuadrar las cuentas públicas. El PSOE no renuncia a jugar a la redistribución a través de los ingresos y se resiste a explicitar sus preferencias a través de la política de gasto.
Por último, en educación, olvidando el lastre de los viejos errores, parcheados por el PP, quedan muchas dudas sobre la capacidad de las ofertas socialistas para elevar la calidad y resolver el problema del clientelismo universitario. Por no mencionar alguna propuesta discutible y económicamente onerosa, como la de mantener abiertos los centros docentes durante once meses, siete días a la semana y doce horas diarias. La política cultural socialista aumentaría el gasto, el control y el clientelismo. Todas estas consideraciones, en suma, parecen plasmarse en el contenido de las encuestas sobre intención de voto, que, a la espera de nuevas ofertas, favorecen, hoy por hoy, las expectativas electorales del PP.
Por MANUEL AMIGO. Consejero de Economía y Trabajo y Portavoz de la Junta de Extremadura ABC 20 Enero 2004
La propuesta planteada por el PSOE de Extremadura de supeditar la presencia de cualquier formación política en el Congreso de los Diputados a la obtención de al menos el 5% de los votos emitidos en el conjunto del Estado, ha levantado muchas pasiones. Tantas, que apenas ha quedado espacio en el debate público para una reflexión sosegada sobre los motivos de la misma y sus eventuales consecuencias; tantas, que casi llegan a ocultar la miseria moral de muchos de sus críticos. En estas líneas me propongo templar el tono apocalíptico de alguna de esas críticas, y ofrecer al lector argumentos que le ayuden a formarse un juicio cabal sobre lo que los socialistas extremeños pretendíamos.
Hay muchas maneras de clasificar las reacciones a nuestra propuesta. La que he elegido no es, quizá, la más rigurosa, pero sí la más clara: en primer lugar están los que temen sus consecuencias -básicamente, los nacionalistas-; en segundo lugar, quienes sólo pretenden sacarle el máximo provecho político -obviamente, el Partido Popular- y, por último, los llamados creadores de opinión; es decir, aquellos que, más o menos desapasionadamente, le han planteado reparos doctrinales.
Empezando por las opiniones vertidas por los partidos nacionalistas, bien poco hay que decir más allá de lo obvio: obedecen al miedo de quien cree comprometida su supervivencia política y, con ella, la protección eficaz de los intereses que representan. Como trataré de demostrar en seguida, tales miedos son infundados, pues la propuesta del PSOE extremeño no implica la exclusión de los partidos nacionalistas de las Cortes Generales y, mucho menos, quita la voz a los ciudadanos identificados con su ideario. Al contrario: al garantizar el respeto de las competencias de las Comunidades Autónomas, ofrece la posibilidad de que esa voz se tenga en cuenta sin pervertir el sentido de las decisiones que afectan a todos los españoles.
Capítulo aparte merece la postura del Partido Popular, típica de una formación cuyos pasos políticos sólo se dirigen a las coordenadas fijadas por el máximo rédito electoral en el mínimo plazo. En efecto: el mismo partido que no se cansa de denunciar los riesgos que entraña para España la apuesta soberanista del PNV; el mismo partido que día sí y día también critica al PSOE por venderse al mejor postor nacionalista, poniendo en peligro la unidad nacional; ese mismo partido, no duda en cerrar filas a la hora de enviar al limbo de lo políticamente incorrecto una propuesta que, si se debatiera con franqueza, hallaría en sus filas no pocos adeptos.
En cualquier caso, y para ilustración de todos los ciudadanos, ruego a los dirigentes del PP que hagan pública la fórmula de la que depende la bondad o maldad de los partidos nacionalistas. Mi dilatada experiencia política me permite aventurar un enunciado a esa ecuación: un partido nacionalista será tanto más benéfico para España cuanto más lo necesite el PP para gobernar... Y, a la inversa, será tanto más temible cuanto mayores sean las posibilidades de que el PSOE pacte con él.
En cuanto a los reparos que, desde distintas posiciones «apolíticas», se han formulado a la propuesta de los socialistas extremeños, creo que podrían sintetizarse en tres. Al argumentar contra ellos no pretendo tanto refutarlos como demostrar que ni nuestros planteamientos son descabellados, ni el deseo de someterlos a la consideración de los ciudadanos inoportuno.
El primero es el que tilda de poco democrática la fijación del umbral del Congreso de los Diputados en el 5% de los sufragios, porque ello supondría en la práctica la consagración del bipartidismo. A quienes esto sostienen bastará con recordarles que ése es el sistema vigente en Inglaterra y los Estados Unidos, dos países a los que no podemos dar lecciones en este terreno.
La segunda objeción es la que sostiene que nuestra propuesta eliminaría de la agenda política española la discusión de ciertas demandas de ámbito exclusivamente regional, con la consiguiente autoexclusión del sistema de los partidos nacionalistas que las abanderan. Frente a este argumento me permito apelar a la experiencia y a la razón. A la experiencia para constatar que ya hay partidos nacionalistas que han hecho de la amenaza de autoexcluirse del vigente marco constitucional el principal eje de su estrategia. De ahí que la cuestión estribe hoy no tanto en impedir que surja esa amenaza como en evitar que condicione la política nacional. Por otra parte, apelo a la razón para explicar que del hecho de que los partidos nacionalistas no tengan representación en la Cámara Baja, no se sigue su destierro político. Esto es así porque, de acuerdo con el modelo constitucional que propugnamos, sí estarían representados en el Senado. Un Senado elevado a la dignidad de verdadera Cámara territorial donde se aprobarían las leyes que afectan a las competencias que las Comunidades Autónomas tienen asignadas. Algo parecido sucede en Alemania, donde las competencias del Estado y de los Länder están perfectamente acotadas y separadas en sendas Cámaras, sin que exista tensión alguna.
No hay, pues, ni exclusión ni rechazo, sino un nuevo diseño constitucional que, desactivando toda tentativa independentista y cerrando la puerta a discriminaciones arbitrarias entre españoles, dé más contenido a la participación de las Comunidades Autónomas en el Estado del que forman parte. Se trata, en suma, de que el Congreso de los Diputados devenga el lugar de la política nacional; es decir, un foro en el que resulte imposible gestar componendas como la que justifica el distinto trato que hoy reciben Canarias -una región con partido nacionalista presente en el Congreso- y Extremadura -otra que no lo tiene- en materia tan importante como es el paro.
El tercero de los reparos a la propuesta que nos ocupa es el que denuncia su falta de oportunidad. Ante el mismo, lanzo una pregunta dirigida a todos los lados del espectro político: ¿qué mejor momento para plantear una iniciativa -que, por cierto, no es nueva- y que aspira a mejorar nuestro marco de convivencia, que aquél en el que se decide quién y cómo va a gobernar en los próximos cuatro años? Habrá quien se plantee entonces el porqué de retirar la propuesta. Y es que la oportunidad no es el único criterio que rige las decisiones políticas. Así, si la tergiversación y las interpretaciones interesadas convierten una idea concebida para mover a la reflexión en un elemento desestabilizador de la situación política, no nos queda sino esperar a que llegue un mejor momento para volver a plantearla.
Comenzaba estas líneas apelando a la capacidad crítica del lector. A ella me encomiendo para que juzgue las actitudes de los protagonistas de esta polémica: de un lado, la de quien, en defensa de una idea de España no menos plural que solidaria, desde el convencimiento de que no hay asunto que afecte a los ciudadanos que deba ser hurtado a su consideración, y aun a riesgo de provocar el rechazo de su partido, no duda en hacer públicas sus propuestas y los motivos que las alientan. De otro, la de quien, a pesar de compartir lo esencial de las mismas, y aunque ello perjudique a los intereses que dice defender, las rechaza de plano sólo porque el cálculo electoral y la disciplina de partido lo exigen. Por cierto, ¿ha oído alguien al PP de Extremadura posicionarse sobre la propuesta?
Sean mis primeras palabras, querido Josu Jon, para felicitarle por su elección como presidente del EBB. Me gustaría compensar con ellas la despegada entrega del testigo que le hizo el veterano burukide, el tono cuarteleramente despectivo con que se refirió a usted como «el nuevo».
Espero que nunca merezca usted ditirambos como los que solía publicar sobre su antecesor la única prensa que ustedes consideran objetiva: «No abundan los políticos con talla de estadistas como para que el mundo se permita el lujo de que alguno no cuente siquiera con Estado propio. La ley física impedirá saber nunca qué hubiera sido de Xabier Arzalluz de haber nacido en Estados Unidos, Alemania o Japón » Ojalá nunca le escriban un apunte biográfico como el que hicieron en una revista amiga al 'Gran Timonel', (cargo que le asignó un servidor en esta columna y que le revalidó el domingo la presidenta de la mesa de la asamblea, Mariasun Belamendia): «Nació el mismo día que en su pueblo natal, Azkoitia, hubo una gran inundación Las aguas desbordadas y salvajes lo ocuparon todo mientras él surgía a la vida con pujante desafío. Después recuerda los monótonos e interminables rezos de su pueblo levítico, el trasfondo salmódico de las avemarías que brotaban del fondo de las fábricas, de los talleres artesanos, de lo más íntimo de la vida familiar. No había mística ni exaltaciones excesivas, pero sí la devoción fervorosa de toda una colectividad dedicada a la alabanza del Señor».
Ha prometido usted impulsar el plan Ibarretxe para construir una nación entre todos. Y todas, claro. Extraordinaria paradoja argumental. El tal plan propone un referéndum para que la mitad más uno de los ciudadanos vascos imponga su nación a la mitad menos uno restante. «Referéndum» y «entre todos» son conceptos que no casan, como totalitarismo y democracia, como ciudadanía y prehistoria.
Usó usted un concepto de Bernardo Atxaga, «Euskal Hiria», el sueño de la ciudad vasca, que al no ser de nadie y ser de todos, es campo abonado para el pluralismo. Atxaga expone con brillantez y convicción en el testimonio que cierra 'La pelota vasca' su preferencia por la ciudad vasca (Euskal Hiria) sobre el pueblo vasco (Euskal Herria). Lástima que Medem no pareció entender la idea, porque a partir de tan bellas palabras, la cámara emprende un vuelo rápido sobre paisajes vascos y las caras de los 70 testigos para congelar la imagen en el fotograma final de la película: un dolmen. ¿Es un dolmen el icono de la ciudadanía y el pluralismo en el siglo XXI? Esta síntesis de nuevas tecnologías y monumentos megalíticos que usted propone suena a modernidad ye-yé, a futurismo trasnochado. Me va a perdonar, Josu Jon, pero yo es que no la entiendo.
Si es verad que Zapatero, como acaba de prometer, desiste de gobernar o de intentarlo en caso de reunir menos votos que su competidor electoral popular en las próximas generales de marzo, habrá dado una lección de abnegada democracia. El líder socialista actual no quiere una conquista del poder “a la balear” o sea, con tripartitos, cuatripartitos o pentapartitos, ayudados por votos ajenos pertenecientes a formaciones minoritarias en las urnas. Al señor Zapatero le sabe mal alzarse con una victoria que aritméticamente no le correspondiera. En realidad dirige una descalificación a quienes así lo hicieron en las Baleares, pero no dice nada de la combinación de escaños que arrebataron la Generalitat a Artur Mas en Cataluña, donde CiU obtuvo parlamentariamente hablando más actas que nadie. Es, por supuesto, otra manera de sumar. Cada cual suma según sus intereses. Maragall no tuvo inconveniente en utilizar sus propios criterios personales. De este modo dio a su conquista del poder frente al ex pujolismo una rabiosa componente nacionalista basada en las aportaciones de ERC, de Carod-Rovira, y en las contribuciones del partido de Joan Saura.
Ahora bien, precisamente Rodríguez Zapatero, entre el aplauso de los suyos, anuncia que rechazaría pactos parasitarios con los nacionalistas, los mismos que, con indudables ínfulas independentistas, han plataformado el ascenso al poder de Maragall, hasta hoy, que se sepa, federalista confeso y socialista de título.
Rodríguez Zapatero se ha acordado definitivamente de la “E” que integra las siglas del invento de Pablo Iglesias, el PSOE. No consta fehacientemente que Pasqual Maragall, con su PSC, profese las mismas convicciones ideológicas, obreras y nacionales que el legendario fundador. Tampoco cabe asegurar que en los próximos cuatro años no cabe más cerca de Carod-Rovira que de su correligionario socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Todo está por demostrar. Es una historia que sólo está empezando. Ya veremos cómo acaba. Si de lo que se trata, por parte de Zapatero y sus colaboradores más ortodoxos, es de ser leal a lo que el PSOE significa como partido estatal y nacional, que no nacionalista, todo perfecto. Pero si estamos ante una simple argucia para motivar determinados votos que luego, con el tiempo y las circunstancias operantes en un mundo de intereses de poder, pueden llamarse a engaño y decepción, vaya por Dios, qué cosas tiene la política.
Afortunadamente para Zapatero, la probabilidad tiende a garantizar su imagen de integridad y su fidelidad a la ética. En efecto, lo vaticinable es que no obtenga en marzo más votos que Rajoy. En cuyo caso se verá confortablemente obligado a cumplir sin problemas su palabra. Y la memoria histórica alabará su gesto. Será la suya, políticamente hablando, una virginidad ideológico-programática corroborada por el propio fracaso en las urnas y protegida por el voto socialista desertor e inexorablemente desmotivado.
En resumidas cuentas, cabe augurar que Zapatero no se va a jugar ni un céntimo de euro en esta bolsa política de las elecciones, en esta apuesta supuestamente heroica. Si gana, aunque sea por un solo voto sobre Rajoy, albricias y puertas abiertas para cualquier coyunda de Gobierno heterogéneo. Y si pierde, lo dicho: una prestigiosa derrota que le servirá de salvoconducto para empeños posteriores.
La sentencia del Tribunal Constitucional que confirma la deslegalización de Batasuna ha supuesto para la banda terrorista ETA «el mayor golpe del Estado de Derecho que haya recibido nunca». Con esta frase resumió el ministro de Justicia, José María Michavila, la valoración que le merece esa resolución del Alto Tribunal, que, a la vez, calificó de «muy buena noticia para la democracia». En este sentido señaló que, con esta decisión del TC se expulsa al «instrumento de ETA» de la vida democrática.
Las consecuencias de esa sentencia serán tres, según José María Michavila. En primer lugar, se dejará de pagar a ETA, «de manera definitiva e irreversible» con nuestros impuestos y Batasuna dejará de percibir 780 millones de euros anuales que la coalición radical abertzale «manejaba al servicio de la banda». En segundo lugar, la banda terrorista no podrá volver a presentar «a ningún partido» a unas elecciones y no le valdrá «cambiar de gorro». Y, en tercer lugar, la expulsión «definitiva e irreversible» de la vida democrática de Batasuna, «que es un instrumento de ETA» y que, además, está ya en la lista de organizaciones terroristas de todas las democracias europeas.
Junto a esta valoración, el ministro de Justicia tampoco tiene dudas de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazará el posible recurso que interponga Batasuna contra su deslegalización. Ese tribunal, afirmó José María Michavila, estará con un Estado de Derecho, «con nuestra democracia, con nuestra Justicia» y contra el terrorismo y un partido «que utiliza los escaños en favor de ETA».
Por otro lado, el titular de Justicia lanzó también un mensaje a Juan María Atucha, quien se ha negado a ejecutar la sentencia del TS en la que ordena deslegalizar Batasuna y le pidió que no convierta al Parlamento vasco en el único sitio de todas las democracias europeas en el que todavía se ampara y se protege a Batasuna, que es un instrumento de ETA».
Esas declaraciones las realizó tras clausurar el acto del Consejo General del Notariado, en el que se dio a conocer que los notarios de toda España comenzarán a expedir la firma electrónica a personas y empresas a partir del mes de marzo. En este caso, la emisión de estos certificados de firma electrónica se realizará a través de la Agencia Notarial de Certificación, que expedirá estas firmas electrónicas desde el 19 de marzo y pondrá a disposición de los ciudadanos 3.000 notarías para realizar este trámite.

References: artículo 3
 artículo 14
 artículo 3
 artículo 143
 artículo 14
 artículo 6
 resolución