Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=654845
Timestamp: 2019-07-22 12:37:31+00:00

Document:
MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 19.223, SOBRE TIPIFICACIÓN DE FIGURAS PENALES RELATIVAS A LA INFORMÁTICA. Primer trámite constitucional.
ELIMINACIÓN DE ANOTACIONES EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS. Modificación de la ley de Tránsito. Primer trámite constitucional.
CONSTITUCIÓN DE COMISIONES DE REJA Y DE PÓRTICO.
Ramon Segundo Perez Opazo
RETIRO DE FONDOS DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES.
ESTUDIOS TÉCNICOS SOBRE LA INDUSTRIA MINERA.
ESCULTURA EN HOMENAJE A PABLO NERUDA EN LA RUTA 5 SUR. Oficio.
PROGRAMA DE DETECCIÓN DE CÁNCER MAMARIO EN ISLA DE PASCUA. Oficios.
SUSTITUCIÓN DE PROCEDIMIENTO VIGENTE DE “RESPONSABILIDAD POR EL HECHO AJENO”.
REFLEXIÓN SOBRE LA RECIENTE APROBACIÓN DEL PROYECTO QUE ESTABLECE NUEVA INSTITUCIONALIDAD CULTURAL.
ATENTADOS A CONDUCTORES EN CARRETERAS. Oficio.
INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS DE EMPLEO EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS. Oficio.
ANTECEDENTES SOBRE RECURSOS PARA TENENCIA DE ISLA POLUQUI E INSTALACIÓN DE PUESTO DE AVANZADA AL SUR DE DICHA ISLA. Oficio.
INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE COBRO SOLIDARIO POR TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN LA OCTAVA REGIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EMISARIOS SUBMARINOS. Oficios.
DENUNCIA DE IRREGULARIDADES EN PROCESO DE LICITACIÓN DE SERVICIOS METROBÚS 2002. Oficio.
REAVALÚO DE CONCESIONES MARÍTIMAS Y REESTUDIO DE LÍNEA DEMARCATORIA DE USO DEL BORDE COSTERO EN ANTOFAGASTA. Oficio.
OBRAS VIALES PARA COMUNA DE PADRE LAS CASAS. Oficios.
CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS SOBRE COMPENSACIÓN A LA AGRICULTURA DE PRODUCTOS SENSIBLES DEL SUR. Oficios.
EVENTUAL CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO INMOBILIARIO EN TERRENOS DE PROPIEDAD DE AGUAS ANDINAS, PROVIDENCIA. Oficio.
NECESIDADES HOSPITALARIAS, POLICIALES Y VIALES DE LA COMUNA DE QUILICURA. Oficios.
Sesión 30ª, en miércoles 14 de agosto de 2002
(Ordinaria, de 10.38 a 13.47 horas)
Presidencia de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana,
y de los señores Salas De la Fuente, don Edmundo,
Archivo de proyectos	9
-	Modificación de la ley Nº 19.223, sobre tipificación de figuras penales relativas a la informática. Primer trámite constitucional	9
-	Eliminación de anotaciones en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados. Modificación de la ley de Tránsito. Primer trámite constitucional	28
Constitución de Comisiones de Reja y de Pórtico	31
-	Retiro de fondos de Administradoras de Fondos de Pensiones	31
-	Estudios técnicos sobre la industria minera	35
-	Escultura en homenaje a Pablo Neruda en la Ruta 5 Sur. Oficio	38
-	Programa de detección de cáncer mamario en isla de Pascua. Oficios	39
-	Sustitución de procedimiento vigente de “responsabilidad por el hecho ajeno”	40
-	Reflexión sobre la reciente aprobación del proyecto que establece nueva institucionalidad cultural	41
-	Atentados a conductores en carreteras. Oficio	41
-	Información sobre programas de empleo en la Región de Los Lagos. Oficio	42
-	Antecedentes sobre recursos para tenencia de isla Poluqui e instalación de puesto de avanzada al sur de dicha isla. Oficio	43
-	Información técnica sobre cobro solidario por tratamiento de aguas servidas en la Octava Región y proyectos de inversión para emisarios submarinos. Oficios	43
-	Denuncia de irregularidades en proceso de licitación de servicios Metrobús 2002. Oficio	44
-	Reavalúo de concesiones marítimas y reestudio de línea demarcatoria de uso del borde costero en Antofagasta. Oficio	46
-	Obras viales para comuna de Padre Las Casas. Oficios	46
-	Cumplimiento de cuerdos sobre compensación a la agricultura de productos sensibles del sur. Oficios	47
-	Eventual construcción de proyecto inmobiliario en terrenos de propiedad de Aguas Andinas, Providencia. Oficio	48
-	Necesidades hospitalarias, policiales y viales de la comuna de Quilicura. Oficios	49
1.	Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado un proyecto de acuerdo por el cual propone a la Cámara de Diputados otorgar el carácter de permanente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos modificando, para tal objeto, la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional y los reglamentos de ambas Corporaciones	51
-Del diputado señor Delmastro, investigaciones sumarias en municipalidades de la provincia de Valdivia.
-Del diputado señor Bertolino, investigación sobre irregularidades en municipalidad de Paihuano.
-De la Corporación, investigación en contra de industria de salmones chilena por supuestas prácticas de dumping.
-Del diputado señor Kuschel, investigación en contra de industria de salmones chilenas por supuestas prácticas de dumping.
-Del diputado señor Errázuriz, situación que afectó a menor Víctor Rodríguez Martínez.
-Del diputado señor Kuschel, medidas para liquidación de Corporaciones Viales de la Décima Región.
-De la Corporación, declaración de año 2003 como Año del Centenario de Claudio Arrau .
-Del diputado señor García, monto de bono que se pagará al personal no docente de los establecimientos educacionales dependientes de las municipalidades del país.
-Del diputado señor Pedro Muñoz, factibilidad de otorgar recursos para la reparación del liceo Luis Alberto Barrera, de Punta Arenas.
-Del diputado señor Kuschel, información sobre escuelas de la comuna de Calbuco, Décima Región.
-Del diputado señor Delmastro, situación de cárcel de Valdivia luego de incendio que afectó al Galpón Laboral N º 2.
-Del diputado señor Sánchez, instalación de un sistema I.L.S. en el aeródromo de Balmaceda.
-Del diputado señor Recondo, proceso de reestructuración del Indap.
-Del diputado señor Quintana, creación de agencia de área del Indap en la comuna de Vilcún.
-Del diputado señor Bertolino, medidas en favor de la forestación en la provincia de Elqui.
-Del diputado señor Monckeberg, aplicación de salvaguardias a importación de fructosa.
-Del diputado señor Palma, problemas que afectan a la agricultura y en especial a los productores de remolacha.
-De la Corporación, posibilidad de establecer obligatoriedad a las instituciones previsionales para otorgar a trabajadores certificados que acrediten pago de obligaciones previsionales.
-Del diputado señor Delmastro, equipamiento hospital de Valdivia.
-De la Corporación, proyecto de ley para perfeccionar la ley Nº 18.696 en lo relativo a la licitación de vías.
-Del diputado señor Pedro Muñoz, proyecto Cable Austral.
-Solicita constitución de la Comisión especial de la Juventud.
Intendente de la Sexta Región
-Del diputado señor Kuschel, difusión plan Auge.
Intendente de la Novena Región
-Del diputado señor Kuschel, pago de asignación de perfeccionamiento.
-Asistieron, además, los senadores señores Andrés Chadwick, Jaime Naranjo y José Antonio Viera-Gallo.
El acta de la sesión 26ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 27ª queda a disposición de los señores diputados y de las señoras diputadas.
Si le parece a la Sala, se accederá a la proposición de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, formulada en la sesión del 16 de julio recién pasado, sobre archivo de 95 proyectos, los cuales se desglosan en 32 de reforma constitucional, 56 mociones, 3 mensajes y 4 de Comisiones unidas. Se exceptúan los contenidos en los boletines números 320-07, 2.415-07, 2.404-07, 819-07, 1.626-07, 1.909-07, 2.026-07 y 2.177-12, cuya mantención en trámite fue solicitada por el diputado señor Bustos dentro del plazo establecido para ello.
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto que modifica la ley Nº 19.223, que tipifica figuras penales relativas a la informática.
En ausencia del señor Paya, actuará como diputado informante de la Comisión de Ciencias y Tecnología el señor Andrés Egaña.
-Moción, boletín Nº 2974-19, sesión 9ª, en 19 de junio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 5.
-Informe de la Comisión de Ciencias y Tecnología, sesión 28ª, en 13 de agosto de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 18.
Señora Presidenta , en representación de la Comisión de Ciencias y Tecnología, paso a informar sobre el proyecto, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en moción de los diputados señores Darío Paya Mira , Juan Bustos Ramírez , Sergio Correa de la Cerda, Camilo Escalona Medina , Andrés Egaña Respaldiza , Pablo Longueira Montes , Rosauro Martínez Labbé, Iván Moreira Barros , Iván Norambuena Farías y Patricio Walker Prieto , modificatorio de la ley Nº 19.223, de 1993, que tipifica figuras penales relativas a la informática.
El Ejecutivo no ha hecho presente el trámite de urgencia para el proyecto de ley en informe. Asimismo, no corresponde votar su articulado con quórum especial ni debe ser conocido por la Comisión de Hacienda.
La Comisión contó con la participación permanente de las siguientes personas: del señor Fernando Londoño , abogado del Ministerio de Justicia; de la señora Alejandra Moya , abogada de la Subsecretaría de Telecomunicaciones; de los señores Guillermo de la Vega Ivovic , gerente de Servicios Empresariales de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información; Rodrigo Rojas , abogado de la empresa Sonda ; Armando Muñoz Moreno , comisario jefe de la Jefatura de Comunicaciones de la Policía de Investigaciones de Chile; Álvaro Morales Torres, subjefe de la jefatura de Comunicaciones de la Policía de Investigaciones de Chile; de la señora Lorena Donoso , abogada, profesora de Derecho Informático de la Universidad de Chile, y de don Héctor Hernández , abogado, profesor de Derecho Penal de las Universidades Andrés Bello y Alberto Hurtado.
Es un hecho reconocido y aceptado que la tecnología de las comunicaciones, almacenamiento y procesamiento electrónico de datos ha tenido, en la última década, un asombroso cambio, el más significativo de los cuales es la creación de la red, que permite realizar transacciones comerciales, financieras, culturales, además de incidir fuertemente en la educación, información y entretención.
La legislación existente hace una década establecía que afectar datos contenidos en un sistema era considerado más grave que la destrucción del sistema mismo. Ahora, con la creación de la red, los sistemas pasan a una posición dominante y es así como afectar un sistema puede ser infinitamente más grave que afectar un dato.
Señora Presidenta, dado que el diputado señor Paya se encuentra presente en la Sala y debido a que originalmente era el informante, le entrego, con su venia, la responsabilidad que había asumido en esta oportunidad.
Gracias señora Presidenta y también al diputado señor Egaña . Espero informar con la misma elocuencia con que el colega lo estaba haciendo.
La legislación que esta moción propone modificar padecía, básicamente, de dos defectos. Por un lado, vacíos graves que no contemplaban hipótesis nuevas de delitos y conductas criminales cometidos a través de la red y sistemas informáticos; y, por otro, defectos derivados de esa legislación, relativamente nueva comparada con otros textos legales chilenos -hace ya una década-, fueron superados por eventos y realidades nuevas. En concreto, como recién se señaló, resultaba bastante sorprendente -a la luz de la realidad actual, de la existencia de la red, y ya no de computadores o sistemas informáticos aislados- que la destrucción de un dato tuviera una sanción más grave que la destrucción misma de un sistema, situación que se puede graficar de la siguiente manera: destruir una receta en el escritorio o en el computador de un médico en un hospital, es más grave, con la ley vigente hoy, que destruir el sistema que permite el funcionamiento de un hospital entero, lo que, obviamente, resulta desproporcionado e inconveniente.
El gran vacío de la ley Nº 19.223 radica en que no sanciona el acceso no autorizado; es decir, la hipótesis electrónica del equivalente a que una persona ingrese a la casa de uno sin permiso. Si hoy una persona ingresa físicamente a una propiedad ajena tiene una sanción. Sin embargo, la versión electrónica de esta misma conducta no la tiene, en circunstancias de que es mucho más importante penalizar el acceso no autorizado electrónico por la siguiente razón: si una persona ingresa a una propiedad ajena y roba alguna especie, quedará una prueba física evidente de esa conducta, por cuanto algo que estaba en el lugar dejará de estarlo. El robo físico es muy visible y notorio, pues, como consecuencia del ilícito, falta algo que antes estaba. En cambio, el robo electrónico se puede materializar por la simple vía de entrar en una base de datos, ver información privada, sin necesidad de llevársela, pues basta con leerla o copiarla. De manera que, perfectamente, una persona puede entrar, ver lo que no es propio, robar intelectualmente esa información y salir de ese ambiente sin dejar rastro alguno.
Por eso, se hace importante sancionar el mero acceso; es decir, el no autorizado, puesto que con toda seguridad y lógica ese acceso tendrá como propósito apropiarse de información o creaciones intelectuales ajenas.
La moción tuvo en consideración el hecho evidente de que cuando estas nuevas hipótesis delictivas no son sancionadas en forma adecuada y cubiertas por la ley, a los particulares y a las instituciones nos les queda otra alternativa que recurrir a soluciones técnicas que siempre son imperfectas y rápidamente superadas por las potencialidades de los delincuentes en esta materia. Es un hecho lamentable que hay que asumir.
De ahí la importancia de legislar, puesto que los crímenes cibernéticos son fáciles de perpetrar, ya que cometerlos requiere de pocos recursos, al menos en comparación proporcional con la magnitud del daño que pueden causar, además de generar problemas permanentes de discusión respecto de la jurisdicción apropiada para sancionar y perseguir estos delitos. Y es aquí donde muchas veces surge un argumento del que la Comisión ha considerado importante hacerse cargo para rebatirlo. Dice: “Puesto que estos delitos se pueden cometer en un mundo sin fronteras y que pueden acceder al computador de uno desde la comuna del lado como, por ejemplo, Rancagua , o desde Burundi , y el daño es el mismo, ¿qué sentido tiene legislar en Chile si al final estos delitos se pueden seguir cometiendo desde el exterior?”. A juicio de la Comisión, es importante que nuestro país resuelva esta materia por dos razones prácticas. Primero, para no transformarnos, a corto plazo, en un sitio que, de alguna forma, ampare a delincuentes electrónicos, y, en segundo lugar, porque es de toda lógica suponer que a corto plazo -tal como hoy en los tratados y organizaciones internacionales surgen inmediatamente condicionamientos laborales, ambientales, etcétera-, será completamente normal que los tratados internacionales contemplen como precondiciones para su negociación el que los Estados hayan resuelto el tema de la delincuencia informática. Por eso, nos parece importante y conveniente que Chile tenga desde ahora resuelta esta materia.
A lo largo de su tramitación, el proyecto logró un segundo objetivo. A la luz de las opiniones unánimemente manifestadas en la Comisión por las personas que concurrieron a ella, junto con llenar este vacío sancionando el acceso no autorizado, se hizo ver la conveniencia de que esta solución legal, esta hipótesis de delincuencia informática, se diera en el contexto del Código Penal y no en el de leyes especiales. Entre los argumentos aducidos está el expuesto por el señor Rodrigo Rojas , uno de los abogados que concurrió a la Comisión, en representación de la empresa Sonda . Su primera observación -se trata de una observación formal- es que preferiría que la solución no se dispusiera en una ley extracódigo, es decir, distinta del Código Penal, práctica no recomendable, sino que sería preferible incorporar estos tipos penales en el Código Penal.
En el mismo sentido y como una contribución que la Comisión agradece de forma muy especial, el Ministerio de Justicia, a través del abogado señor Fernando Londoño , cuyo aporte al proyecto fue crucial -la colaboración del Ministerio de Justicia en la redacción del proyecto fue decisiva-, manifestó que la experiencia mundial demuestra que existen dos formas de enfrentar, en términos de técnica jurídica, la sanción de los delitos informáticos. Una consiste en considerar los ambientes informáticos como un mundo nuevo y distinto, y procurar resolver los problemas que de allí emanen a través de leyes especiales. Es el camino que siguen tanto la ley N° 19.223 como la moción original. Sin embargo, existe un camino alternativo: atender al Código Penal. Si bien la informática puede ser un medio nuevo para cometer delitos, ellos siempre tendrán como objeto un bien jurídico que ya se encuentra protegido en el Código Penal, como la privacidad y la propiedad. Aquí se trata de incorporar al Código Penal estas nuevas hipótesis que atentan contra los bienes jurídicos.
El abogado señor Londoño agregó que esto permite, desde el punto de vista de los bienes jurídicos que se quiere proteger, hacerse cargo del problema con coherencia. Por ejemplo -señaló-, cuando se altera o daña un dato, debiera dar lo mismo si la alteración o apropiación de ese dato se hace por vía física o electrónica, pues lo importante es que la sanción se relacione con el bien jurídico atentado.
El abogado señor Londoño señaló una segunda ventaja al solucionar estos problemas a través del Código Penal: que este modelo permite un acceso normal y expedito de abogados y jueces a estos tipos penales y a la jurisprudencia y doctrina que se desarrolla en torno de ellos. Leyes extracódigo y tipos nuevos fuera del Código Penal tienden a mostrar poca aplicación y desarrollo por parte de abogados y jueces. En cambio, los tipos penales incluidos en el Código muestran una jurisprudencia y doctrina muy extensa.
Uno de los defectos bastante evidentes que tenía la ley N° 19.223, más allá de que técnicamente pudiera estar muy bien redactada, es que casi no se aplicaba.
En el mismo sentido, doña Lorena Donoso , abogada y profesora de Derecho Informático de la Universidad de Chile, y el profesor Héctor Hérnandez , profesor de Derecho Penal de las universidades Andrés Bello y Alberto Hurtado , corroboraron la opinión de que era preferible abordar el tema en el Código Penal. Ambos expusieron latos argumentos, en especial la profesora señora Donoso , quien se refirió en particular a la experiencia del Código Penal español, que siguió esta técnica con bastante éxito en su aplicación.
La moción original, a la luz de los testimonios recibidos, fue objeto de indicación por parte importante de los autores del proyecto original. La idea era acoger estos puntos de vista y llevar la solución del problema al Código Penal.
Una vez que el proyecto fue aprobado en general en forma unánime, se formuló una indicación para sustituir el artículo 146 del Código Penal, que sanciona el registro no autorizado de papeles o correspondencia ajena. La idea era agregar la hipótesis informática a ese texto, el que quedó de la siguiente manera: “El que por cualquier medio abriere o registrare la correspondencia o los papeles de otro sin su voluntad o accediere a la información de otro contenida en redes, soportes lógicos o sistemas de tratamiento automatizados de información, sufrirá la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo si divulgare o se aprovechare de los secretos que ellos contienen, y en el caso contrario, la reclusión menor en sus grados mínimo a medio.”.
La indicación contempla el acceso no autorizado y se impone una pena especial cuando, además del acceso no autorizado, se constate que esa persona aprovechó esos secretos o los divulgó. Ambas hipótesis tenían un trato y una penalidad distintas en la moción originalmente presentada. Desde luego, se procede a hacer una excepción -de toda prudencia- con los cónyuges, padres, guardadores y otras personas que hacen sus veces, por cuanto es perfectamente normal que un padre tenga acceso al computador de su hijo, o viceversa, sin que se pueda considerar un acceso no autorizado constitutivo de delito. Se incorpora esa salvedad en el nuevo artículo 146 que se propone.
Respecto de esa disposición, hubo dos puntos en debate. Por una parte, se planteó -y fundamentalmente en atención a penas que se están discutiendo para otros delitos- cuál es la penalidad apropiada y proporcional al delito que se quiere sancionar. Luego de discutir una indicación presentada por el diputado señor Walker, se optó por mantener las penalidades contenidas en la moción original.
Un segundo punto de debate fue planteado por el diputado señor Escalona , quien manifestó que la redacción propuesta podía dar lugar a cierta confusión. Su Señoría se refirió a la excepción que la moción hace respecto de las personas que por contrato están autorizadas a acceder a información ajena, entendiéndose por éstas a quienes administran un sistema informático y que por su función profesional, o por imposición legal, tienen acceso a información ajena. En el caso de la persona que está autorizada por contrato, el diputado señor Escalona consideraba que la moción no era clara, en el sentido de que ese contrato tenía que vincularse con la persona dueña de la información a la que se está accediendo. Para ello, se propuso, por la vía de la indicación, complementar la norma con una referencia expresa al titular de la información. Eso explica el texto final que se está sometiendo a la aprobación de la Sala.
Cabe hacer presente que las modificaciones al artículo 146 del Código Penal fueron aprobadas en forma unánime por la Comisión.
Otra modificación recae en el artículo 485 del Código Penal, el cual sanciona, con la pena de reclusión menor en sus grados medio a máximo, a los que causen daño en distintas hipótesis. Contempla ocho casos distintos de daños que, en la actualidad, son sancionados en nuestra legislación. Esta iniciativa agrega una nueva hipótesis de daño a través de la incorporación de un numeral 9°, nuevo. Diría la disposición: “Serán castigados con la pena de reclusión menor, en sus grados medio a máximo, los que causaren daño cuyo importe exceda de 40 sueldos vitales: Nº 9: Destruyendo, alterando, inutilizando o dañando de cualquier otro modo los datos, programas o documentos electrónicos de otros contenidos en redes, soportes lógicos o sistemas de tratamiento automatizado de la información.”.
Puesto que el artículo 484 sólo castiga los daños en monto, a 40 sueldos vitales, consideramos prudente también sustituir el inciso primero del artículo 487, por el siguiente: “Los daños no comprendidos en los artículos anteriores -es decir, entre otros, los inferiores a 40 sueldos vitales-, serán penados con reclusión menor en su grado mínimo o multa de once a veinte unidades tributarias mensuales. Igual pena se impondrá al que impidiere u obstaculizare el funcionamiento de un sistema de tratamiento automatizado de la información.”. Impedir u obstaculizar, es decir, casos en los que no se produce la alteración, destrucción, inutilización o daño a que aludía el artículo 485, nuevo, que se está proponiendo.
Las otras dos hipótesis, impedir el acceso u obstaculizar el funcionamiento del sistema, serían sancionadas en virtud de este nuevo inciso primero del artículo 487.
En resumen, luego de aprobar también en forma unánime estas disposiciones, la Comisión de Ciencias y Tecnología de la Cámara de Diputados sugiere a la honorable Sala aprobar la moción contenida en el boletín Nº 2974-19, que se encuentra sometida a su aprobación en primer trámite constitucional.
Señora Presidenta , hasta donde la Comisión ha podido constatar, no existía ánimo de renovar la indicación discutida en la Comisión. En virtud de eso, esta moción, que fue objeto de un amplio grado de apoyo en su presentación y en su debate en la Comisión, puede ser despachada por esta Cámara en el día de hoy.
Señora Presidenta , quiero dejar constancia de mi opinión en la historia de esta ley. De esta manera estamos haciendo un aporte a la Cámara de Diputados, junto a todos los diputados firmantes del proyecto, que encabeza el presidente de la Comisión de Ciencias y Tecnología, diputado señor Darío Paya .
En verdad, para Chile, el mundo de la informática y de internet es bastante desconocido y, obviamente, estamos asumiendo este desafío. Una de sus principa-les consecuencias es legislar y resguardar todo lo que dice relación con este tema. Por eso, se ha presentado esta moción que modifica la ley Nº 19.223, que tipifica una serie de figuras penales relativas a la informática.
Por supuesto, estamos dando el primer paso en una tarea bastante ardua, porque el mundo de la informática cada día es más complicado. En Chile, aunque tenemos buena tecnología, estamos en pañales comparativamente con otros países más desarrollados. Y por eso valoro y me siento muy contento con este proyecto de ley, porque estamos siendo pioneros en una legislación nueva, distinta, interesante, desafiante con respecto al futuro.
Se han formulado otras iniciativas en la Comisión que tienen por finalidad regular el mundo de la informática, especialmente en lo que dice relación con internet. Por eso, esta legislación que hemos propuesto al Congreso Nacional busca, entre otras finalidades, resguardar a quienes operan en la informática y en internet.
Reitero que nos sentimos muy contentos con esta iniciativa y esperamos que se apruebe lo más rápidamente posible.
Tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos .
Señora Presidenta , el tema del delito informático y de la informática en general, es moderno, de los últimos tiempos, pero sobre el cual ya se ha avanzado enormemente.
Como se señala en el informe, hay dos modelos fundamentales. En Chile se formuló, en primer lugar, por la ley Nº 19.223, un determinado modelo sobre el delito informático, respecto del cual hay varias monografías. Se planteó sobre la base de que había un bien jurídico determinado, cual es la intangibilidad del sistema de almacenamiento a través de un sistema informático y, por lo tanto, cualquiera afección al almacenamiento implicaba un determinado delito. Es decir, conforme a ese planteamiento se pretendía establecer la existencia de un delito informático.
Sin embargo, el derecho comparado ha planteado, con razón, que la informática o el sistema informático es sólo un medio. Un sistema de carácter lógico puede también no realizarse a través de un sistema computacional, sino, simplemente, por medio de uno de almacenamiento. Por ejemplo, la antigua ficha típica de una biblioteca era un sistema de carácter informático, pero no computacional.
Hoy hay un sistema de carácter computacional, lógico, de almacenamiento de datos; por lo tanto, se debe ir considerando cada aspecto de la informática en relación a cada delito.
Por eso, cuando se aplicaba la antigua ley Nº 19.223, como lo importante era la afección al sistema, se podía vincular esa normativa a cualquiera de los delitos del Código Penal. Por ejemplo, el tema llamado fraude informático de aceleración de número. ¿Qué se producía a través de este fraude? Supongamos que se depositaban 10 pesos y de acuerdo a la alteración que se había producido en el sistema informático, implicaba la multiplicación por un múltiplo de 10 mil y, por lo tanto, esos 10 pesos pasaban a ser 10 mil pesos o 10 millones de pesos, según el múltiplo que se planteara.
También había un sistema de desaceleración que permitía eliminar deudas. Cuando se llegaba a una determinada cantidad, ella desaparecía al aplicar el múltiplo que se introducía dentro del sistema.
Ése y muchos otros son los sistemas por los cuales se puede alterar un sistema informático. Se ha hecho en distintos países como Estados Unidos y Alemania; también en América Latina se ha cometido este tipo de fraude.
Entonces, la ley Nº 19.223 pretendía que la configuración de lo afectado era el sistema propiamente tal; por lo tanto, eso podía vincularse con cada uno de los bienes jurídicos señalados en el Código Penal: intimidad, derechos personales, daños de la propiedad y casos de fraude informático. Sin embargo, esa misma amplitud u omnicomprensibilidad, como ya se había destacado en el derecho comparado, indicó su ineficacia, porque los jueces no entendían la posibilidad de aplicar la ley en relación con cada uno de esos bienes jurídicos.
Por eso, la mejor técnica es justamente señalar el problema informático en relación con cada uno de los bienes jurídicos del Código Penal, en el que el tema informático puede tener una incidencia trascendental, como ya se destaca en el proyecto en relación con la intimidad y con los derechos personales. Por ejemplo, el secreto de una determinada información puede estar en una carta, en un documento o en un sistema de carácter informático. En este sentido, dados los términos actuales, el secreto no estará en un documento. Lo más lógico es que una empresa o una persona tenga sus secretos dentro del sistema informático computacional.
Desde esa perspectiva, es totalmente comprensible la modificación del proyecto. Lo mismo sucede en el caso de los daños producidos por los hackers u otros semejantes que pueden destruir un archivo, la información o el sistema informático mismo.
Sin embargo, el proyecto, al derogar la ley Nº 19.223, se queda corto, porque son muchos otros los bienes jurídicos que pueden ser afectados por el delito informático o, mejor dicho, a través del medio informático. Por ejemplo, todo el tema de los fraudes, como señalaba denantes, que son los casos más frecuentes. Allí se hace necesario introducir el delito de fraude informático, con el objeto de que no quede un vacío grave. La estafa y cada uno de los delitos de fraude establecidos en el Código Penal requieren que exista engaño o bien abuso de la confianza del otro, requisitos que generalmente no se dan en los casos de los fraudes informáticos, por lo que resulta imposible castigar esos hechos.
Por eso, si bien celebro la presentación del proyecto, considero que es insuficiente, por lo que habría que perfeccionarlo en una reforma más sustancial, porque hoy, a pesar de las dificultades, determinados jueces o cortes de apelaciones han admitido el fraude informático basándose en la ley Nº 19.223. En consecuencia, al derogarse y no sustituirse en el Código Penal los delitos correspondientes, estamos dejando impunes una serie de hechos y, más aún, terminando con muchos procesos pendientes.
Por lo tanto, resulta grave la eliminación de la ley Nº 19.223 sin establecer, en forma sustitutiva y continua, que lo importante son los delitos informáticos correspondientes, especialmente los fraudes, porque existen en este momento procesos por fraudes informáticos en nuestros tribunales, basados en la ley Nº 19.223, los cuales quedarían inmediatamente sobreseídos en virtud de la derogación.
Por eso, hay que tener cuidado cuando se establece una legislación que no aborda en forma íntegra todos los hechos, porque se pueden producir vacíos graves y derogaciones de punibilidades que pueden afectar a procesos actualmente pendientes.
Señora Presidenta , sin perjuicio del tema de fondo planteado por el diputado Bustos respecto de lo que ocurre con los procesos actualmente pendientes, debido a la probable aprobación de un artículo como éste y, por ende, de la derogación del artículo de la ley específica sobre la materia, deseo reconocer el mérito de los diputados que presentaron la iniciativa y de la Comisión, por la forma en que esta última asumió esta temática.
Sin embargo, en el ánimo de colaborar, plantearé un problema de redacción que se produce en la modificación del artículo 146, que, a mi juicio, es relativamente complejo.
Desde luego, la intención de los legisladores está plasmada de manera categórica en la norma, en el sentido de afectar al sujeto activo que actúa sin la voluntad del sujeto pasivo. No obstante, la forma en que se utiliza la frase “sin su voluntad”, como comentaba con el diputado Ascencio , resulta ambigua, ya que no queda claro si estamos hablando del sujeto activo o del pasivo.
Hay un segundo tema de redacción, a mi juicio más complejo, ya que el inciso primero del artículo 146 propuesto termina con la frase “y en el caso contrario, la de reclusión menor en sus grados mínimo a medio”.
En mi opinión, debe singularizarse la conducta contraria, porque un mal intérprete, de los que hay muchos, podría pensar que se trata de un delito cometido con la voluntad de divulgar o de aprovechamiento. En consecuencia, allí hay que señalar derechamente que si no concurriere el ánimo de divulgar o de aprovechamiento, la pena será tal, porque decir “y en el caso contrario”, a mi juicio, resulta demasiado vaga la tipificación que se busca.
Tengo una segunda observación respecto del inciso tercero del artículo 146 propuesto, que dice: “Tampoco es aplicable a aquellas personas a quienes por ley,” -los jueces, en general- “reglamento o contrato con el titular de la información les es lícito instruirse de comunicaciones o informaciones ajenas”.
Creo que allí habría que ser un poquito más amplio. Tendría que hablar no sólo de “contrato”, sino que de “convención expresa o tácita” o de “actos de autorización expresos o tácitos”, porque, de lo contrario, podríamos estar estableciendo una restricción que no tendría mucho efecto en la práctica.
En consecuencia, habría que hacerse cargo del tema planteado por el diputado Bustos , que es más de fondo, y también de estas observaciones de redacción, particularmente la relativa a la frase “y en el caso contrario”, que, a mi entender, no deja absolutamente claro al intérprete cómo se aplicará esa pena privativa de libertad.
Tiene la palabra el diputado señor Camilo Escalona.
Señora Presidenta , como bien ha informado el diputado señor Paya, la iniciativa tiene como propósito hacerse cargo de fenómenos nuevos existentes en el país, que dicen relación con su extensión en el ámbito económico, específicamente con la importante ampliación de la tecnología de la información existente en el país en el último tiempo.
No es la primera ocasión en esta legislatura que la Cámara de Diputados tramita un proyecto que tiene efectos en este ámbito. Hace pocos meses el Ejecutivo envió una iniciativa para establecer una central de compras, cuyos instrumentos fundamentales de funcionamiento eran las técnicas de la información por medios computacionales, con el propósito de dar más eficiencia y transparencia al sistema de adquisiciones del Estado.
En consecuencia, nuestro país está avanzando aceleradamente en el desafío que nos plantean la informática, las técnicas de la información y la computación.
Los diputados autores del proyecto, en particular el señor Paya, lo han impulsado con mucha tenacidad, cuestión que queremos reconocer en la Sala.
En los últimos meses el país se ha visto conmocionado en muchos aspectos por los vacíos legales que existen en la materia. Hay un conjunto de otros delitos que alcanzan una conectividad con el uso masivo de la computación que afecta claramente la cultura nacional, que tienen su efecto en las relaciones de las personas, que replantean discusiones como determinados delitos de tipo sexual, etcétera. En consecuencia, hay un valor que rescatar en la presentación de esta iniciativa legal.
Con su versación jurídica, el diputado Juan Bustos hace presente un vacío que se pone de manifiesto en esta iniciativa, cual es que un delito grave, como el de fraude informático, queda fuera del alcance de la legislación. Entiendo que la indicación que el diputado Bustos ha hecho en forma verbal -que después puede expresarla por escrito, de acuerdo con la técnica legislativa-, está llamada a enriquecer y a cubrir aquellos aspectos que sean deficitarios en la iniciativa en discusión.
Quiero resaltar, como algo muy importante, que los cuerpos legales relacionados con este ámbito tengan su origen en el Congreso Nacional en estrecho diálogo con el Ejecutivo , siempre que la iniciativa legal sea lo suficientemente eficiente como para aportar a la superación de los vacíos legales existentes en esta materia.
Por ese motivo respaldamos el proyecto y esperamos que la Cámara pueda resolver, de la mejor manera, desde el punto de vista de la técnica legislativa, las observaciones planteadas en el debate, con el objeto de no paralizar su tramitación y de que tenga plena viabilidad al llegar a ser ley de la República en el transcurso de los próximos meses.
Señora Presidenta , con respecto a las observaciones planteadas, tanto de fondo como de forma, sin lugar a dudas que la más importante es la expresada por el diputado Bustos , la cual tuve oportunidad de comentar con él hace algunos minutos.
En cuanto a cómo tratar el fraude informático que contiene este proyecto, el diputado Bustos ha señalado que sería grave derogar simplemente la ley Nº 19.223 sin reemplazarla por otra norma que sancione esa conducta.
Al respecto, vale la pena señalar que se ha discutido latamente si el fraude informático está contenido o no en la ley Nº 19.223. Es más, el Ejecutivo , a través del Ministerio de Justicia, tiene preparado un proyecto que debiera llegar a la Cámara en cuestión de horas, donde regula el fraude informático, puesto que a juicio de ellos no está sancionado por la actual legislación. Es decir, esta derogación involuntaria e inconveniente que señala el diputado Bustos hoy es bastante discutible.
Pero lo que no está en discusión, según lo manifestado por él, es que resulta fundamental sancionar el fraude electrónico. Para ello ya se ha presentado un proyecto en la Cámara -suscrito por el diputado Bustos, entre otros-, que se encuentra en tramitación en la Comisión de Ciencias y Tecnología, que se refiere al fraude electrónico aduanero específico. Y en subsidio tendríamos, además, el proyecto que estaría enviando el Ejecutivo sobre la misma materia. O sea, no hay dos opiniones respecto de la conveniencia de sancionar el fraude electrónico, pero sí la habría en cuanto a si esa hipótesis delictiva está o no cubierta por la ley Nº 19.223.
Lo que no estaba en discusión -ha sido el problema que impide avanzar en esta materia- es que el acceso no autorizado no tiene ninguna sanción; ni siquiera ha sido materia de discusión en los tribunales. Actualmente no hay ningún texto legal que permita a los tribunales sancionar el acceso no autorizado. Desde esta perspectiva, parece razonable avanzar en la observación más de fondo que hizo el diputado Bustos , puesto que la Cámara debiera despachar, en cuestión de semanas, un proyecto relacionado con fraude informático y otros delitos.
Sancionar el fraude informático a través de la ley Nº 19.223, suponiendo que se pudiera hacer -es algo que está en discusión-, está pensado en función del medio informático por el cual se comete el delito. Pero resulta mucho más razonable -cosa que también señaló el diputado Bustos - que la sanción se aplique en función del bien jurídico que se está violando. Si es a la propiedad, la sanción tiene que ser la del hurto o apropiación de cosas ajenas, en general. Además, la penalidad no debe estar en función del medio que se utiliza, sino del monto apropiado indebidamente. Esta es la lógica que sigue el Código Penal, respecto de lo cual hay bastante consenso.
Uno de los grandes defectos de la ley Nº 19.223 es que si se pudiera aplicar al fraude, habría que ignorar completamente el monto. Si robaran 10 pesos o 10 millones de dólares, la sanción será la misma, porque se usó un computador. Ése sería un argumento más para abordar el fraude informático en una norma legal distinta.
Se han planteado dos observaciones de forma, que no se pueden considerar triviales porque inciden en el entendimiento del precepto.
Según lo planteado por el diputado Burgos , la duda se genera cuando la proposición dice “sin su voluntad”. La duda podría estar en alguien que accedió por accidente a una información, o en alguien que lo hizo sin el permiso del dueño. Evidentemente, esta última es la más común: que alguien acceda a un computador sin la anuencia del dueño de la información. Y es exactamente la misma redacción que tiene el artículo 146 del Código Penal actual, respecto del cual le estamos agregando una frase. Dicho artículo dice: “El que abriere o registrare la correspondencia o los papeles de otro sin su voluntad”, etcétera.
Estamos complementando una norma que tiene 100 años y que utiliza exactamente la misma fórmula. No cabe ninguna duda de que la voluntad que se exige se refiere a la del dueño de la información y que sin ella se comete delito, de manera que me parece de menor gravedad, aun cuando debemos optar por la claridad meridiana en la redacción de la norma para que suene relativamente bien y no quede mal escrita. Ésa fue la razón por la que repetí la expresión “de otro sin su voluntad”, frase que fue discutida en la Comisión y que finalmente no se incluyó.
La segunda observación que hace el diputado Burgos , sin perjuicio de explicar lo que entiende la Comisión, se refiere a la ubicación de una coma (,), aspecto que puede ser útil corregir.
Voy a leer la parte del artículo al que se refiere el diputado Burgos para que quede bastante clara la duda que surge. Dice que la persona que accedió a información ajena sin voluntad o permiso “sufrirá la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio si divulgare o se aprovechare de los secretos que ellos contienen, y en el caso contrario, de la reclusión menor en sus grados mínimo”.
La expresión que produce duda es “y en el caso contrario”. A nuestro juicio, resultaba obvio que su finalidad era sancionar el acceder sin permiso a información ajena; pero si, además, se aprovecha la información o se divulga, se establece otra pena. En definitiva, si no se aprovecha o no se divulgan los secretos, la sanción es menor. A esa disyuntiva se refiere la expresión “y en el caso contrario...”. Entiendo perfectamente la duda del diputado señor Burgos . Parece que la ubicación de la coma mueve a inquietud y justifica una aclaración posterior.
Señora Presidenta , concedo una interrupción al diputado señor Burgos .
Puede hacer uso de la interrupción el diputado señor Burgos .
Señora Presidenta , con la explicación del diputado señor Paya queda mucho más clara la norma propuesta, y el intérprete tendrá mayor certeza respecto de la figura que deberá penarse.
Recupera el uso de la palabra el diputado señor Paya.
Señora Presidenta , creo que sería prudente reubicar la coma o retocar la redacción del primer inciso para dejarlo claro.
En resumen, a la luz de las observaciones formuladas, sería razonable aprobar en general el proyecto, respecto de lo cual existe consenso, según lo que se ha expresado, con el acuerdo de que vuelva a la Comisión para discutir los planteamientos formulados, darle más claridad a su texto y despejar la duda más de fondo manifestada por el diputado señor Bustos , que es objeto de otra moción ya presentada y en trámite en la Cámara y de un proyecto posterior del Ejecutivo.
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Walker.
Señora Presidenta , esta nueva dimensión de la economía denominada “economía de la información”, que se implementa a través de internet, ofrece grandes oportunidades.
El Congreso legisló, por ejemplo, sobre la firma electrónica, con la cual se permite un desarrollo más dinámico del comercio en nuestro territorio y en el mundo, en particular cuando Chile suscribe tratados con Europa, Estados Unidos y países de otras latitudes.
Pero esta realidad también conlleva una serie de amenazas o riesgos para los usuarios de internet, la red natural para celebrar transacciones, comunicarse o almacenar datos; en consecuencia, formar el consentimiento en actos y contratos.
No cabe duda de que existen conductas antisociales, como muy bien lo explicaba el diputado Darío Paya -quien ha tenido un rol muy destacado en el tema, por ser el autor de la iniciativa-, que buscan apropiarse de información y recursos financieros, sin respetar la propiedad intelectual ajena, causando daños, la mayoría de las veces difíciles de dimensionar en su totalidad.
Por eso, los gobiernos, las instituciones, las empresas deben adoptar medidas para protegerse de delitos y otras acciones. En España, ante el hecho cierto de que los usuarios somos bombardeados de manera irracional con la publicidad de ciertas empresas que nos imponen a leer e-mails todos los días, se está obligando a etiquetar la información, incluso exigiendo el consentimiento para la recepción de la publicidad muchas veces habitual y masiva. En Corea se sanciona con multa el correo no autorizado cuando su objetivo es el indicado. En Chile, el Congreso Nacional todos los días es objeto de 300 accesos no autorizados, que generan molestia a los usuarios.
En este contexto, es muy importante comenzar a regular las acciones que menciona el proyecto de ley originado en una moción del diputado señor Darío Paya , al que nos sumamos otros diputados en calidad de coautores. En primer lugar, los accesos no autorizados, que muchas veces permiten que un intruso abra correspondencia o información de otras personas.
Naturalmente, las penas deben fijarse en función del daño provocado al aprovechar o divulgar los secretos, al alterar o destruir los datos o dañar el funcionamiento del sistema. Lamentablemente, la ley que regula los delitos informáticos no se puso en el lugar de que se afectara el funcionamiento del sistema, porque no me refiero sólo a un hardware, a un equipo físico, sino a un sistema interconectado usado por miles de personas, y al hecho de apoderarse de datos con ventajas comerciales, de destruir o inutilizar maliciosamente un sistema de almacenamiento de datos o de obstaculizar su funcionamiento.
Para legislar sobre la materia hay dos opciones: una, regular especializadamente el derecho penal informático, como lo hizo Francia, opción que prescinde de los bienes jurídicos por proteger -de la propiedad intelectual, del patrimonio, de la intimidad-, y la otra, como se ha producido en Alemania, Italia y España, que han tipificado estos delitos relacionados con el desarrollo de la internet sectorialmente, en función de los bienes jurídicos protegidos. De esa manera, tendría mucho más coherencia nuestro ordenamiento jurídico.
Básicamente, ése fue el sentido de las indicaciones presentadas: normar esos nuevos delitos en función de los bienes jurídicos protegidos dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal.
Como lo reconocía el diputado señor Juan Bustos , debe haber muchos otros temas por regular, por ejemplo, la falsificación de documentos electrónicos, la clonación, la adulteración de tarjetas de crédito, la violación de secretos industriales y comerciales de alto valor -lo que se conoce como know how-, los fraudes, cuando hay engaño, ardid, estafa; la apropiación indebida de los servicios de telecomunicaciones, por ejemplo, la clonación de celulares, el acceso de señales satelitales cifradas sin pagar.
Al respecto, es importante destacar que en la Comisión de Ciencias y Tecnología hay un proyecto que abordará el tema en forma integral, pero comparto lo que dijo el diputado señor Darío Paya , en cuanto a que lo perfecto es enemigo de lo bueno. La iniciativa en estudio no se contradice con ese proyecto. Por lo tanto, sería un avance aprobarla en esta sesión y, de manera complementaria, tramitar el proyecto que regula integralmente los diversos aspectos involucrados, algunos de los cuales estaban contemplados en la iniciativa sobre comunicación electrónica que presenté con el ex diputado Alberto Espina y el diputado Guido Girardi en su oportunidad, y otras que hemos trabajado junto al diputado Darío Paya y otros colegas.
Señora Presidenta , en verdad, hay que poner de relieve este proyecto y a su autor el diputado Darío Paya . Las intervenciones de los señores Bustos , Burgos y Walker han dejado en evidencia que en él existen vacíos legales, pero como lo perfecto es enemigo de lo bueno, podríamos aprobar este texto, a fin de que vuelva a Comisión por la razón que paso a exponer.
El proyecto propone sustituir el inciso segundo del artículo 146 del Código Penal, por el siguiente: “Esta disposición no es aplicable entre cónyuges, ni a los padres, guardadores o quienes hagan sus veces, en cuanto a los papeles, cartas o información contenida en redes, soportes lógicos o sistemas de tratamiento automatizado de información, de sus hijos o menores que se hallen bajo su dependencia”.
Me parece que, si bien el Código Penal se ha puesto en varias situaciones en que el cónyuge o los hijos son resguardados -el artículo 17 señala claramente quiénes no pueden ser considerados encubridores; el artículo 13 indica las circunstancias que atenúan o agravan la responsabilidad criminal según la naturaleza y accidentes del delito, y el Nº 4 del artículo 11 establece que es circunstancia atenuante haberse ejecutado el hecho en vindicación próxima de una ofensa grave causada al autor, a su cónyuge o a sus hijos menores-, aquí hablamos casi de la protección de la intimidad, de cuestiones que son muy propias de cada persona, de que un cónyuge no debe enterarse de cosas que el otro cónyuge ha escrito, a lo mejor algo especial para sí mismo o para los hijos menores. Recordemos que hoy los niños de 14 años ya quieren tener una protección especial en cuanto a su intimidad.
Aunque el proyecto me gusta mucho, estaría por eliminar el inciso segundo del artículo 1º, que sustituye el artículo 146 del Código Penal, y por ello pido derechamente que el proyecto vuelva a la Comisión, donde podremos afinar algunos aspectos.
Señora Presidenta , respecto del punto planteado por la diputada señora Soto , que me parece razonable discutir, en la Comisión se formularon dos consideraciones. La primera es exactamente la misma norma del Código Penal que se encuentra vigente; lo único que se hizo fue agregarle las palabras “redes, soportes o sistemas de tratamiento automatizados de información”. Es decir, la excepción ya existe.
Si bien es obvio que hay ámbitos de privacidad incluso al interior de las familias, lo cual es muy respetable, cabe preguntarse si estamos dispuestos a penalizar las conductas que los afecten, o sea, si es razonable que disputas porque el padre ingresó al computador del hijo o éste se metió en el cajón del escritorio del papá, sean consideradas como delito en los tribunales del crimen. Frente a ello, la reacción es decir que esa situación debe ser resuelta en otra normativa y no en el Código Penal. Ésa ha sido la posición tradicional respecto de la disposición del Código Penal que protege la privacidad de la correspondencia, pero aclara que esa norma no se aplica cuando el marido lee la carta de la señora o de un hijo.
Por éste y otros motivos encuentro razonable que, una vez aprobado, el proyecto vuelva a la Comisión, porque bien vale la pena dar una vuelta más a la tuerca en el tema planteado por la diputada señora Soto .
El proyecto ha sido objeto de indicaciones y, por lo tanto, debe volver a Comisión. Hay muchos diputados inscritos para intervenir y, quizás, sería más fructífero realizar allí el debate en profundidad.
Señora Presidenta , quienes tuvimos oportunidad de intervenir en el debate de la iniciativa que originó la ley Nº 19.223 advertimos que el avance tecnológico relacionado con la informática y la internet se produce a gran velocidad, lo cual hace que las leyes sean letra muerta a corto plazo.
Expertos invitados a la Comisión de Ciencias y Tecnología dijeron que resultaba muy difícil fiscalizar y sancionar los delitos de informática, porque el origen de la intervención puede ser desconocido -del país o del extranjero- y muy fácil de ocultar.
Para decirlo en forma más sencilla, alguien puede intervenir en todo lo que está acumulado en una red o en un computador personal. En esa situación, si alguien ingresa en el banco de datos, incluso de instituciones bancarias, es difícil rastrearlo. Entonces, a pesar de haber reformado la Constitución, ajustándonos a tratados internacionales, no resulta fácil aprobar artículos relacionados con esta materia.
Eso era lo primero que quería señalar para ubicarnos en el tema que estamos tratando.
En segundo lugar, el tráfico de la navegación en internet es tan grande y a tan alta velocidad, que resulta imposible e irreal pretender almacenar esa información. Ante este hecho, es necesario tratar de adecuar las normas que queremos aplicar. Por eso creo que el punto debe ser debatido con mayor profundidad.
Ahora bien, existen en este momento instituciones especializadas en materia de informática y de seguridad en internet que están conectadas permanentemente con la Policía de Investigaciones. Es decir, si alguien denuncia un delito o la intervención de su sistema, ello puede ser conocido rápidamente al hacer la denuncia para que se inicie una investigación.
En definitiva, habrá que ajustar el proyecto a una tipificación de los delitos que, como bien dijo el diputado Juan Bustos , deberían estar dentro del Código Penal porque son absolutamente nuevos. La opinión pública ha conocido delitos de este tipo cuando personas inescrupulosas han hecho circular en la red fotografías trucadas -en las que han puesto el rostro de una persona en la figura de otra-, con las que han denostado la dignidad de mucha gente. Algunos han utilizado ese medio para mostrar pornografía y otras conductas delictivas que hemos conocido en los últimos meses. Por eso, lo que pretende el proyecto es encontrar y sancionar a quien cometa esos ilícitos.
El tema necesita un gran debate, ya que debido a la velocidad con que se desarrolla la tecnología es difícil ubicar dónde se genera la intervención en la fuente de la información. Para lograrlo, deberán tipificarse los delitos considerando dónde se ha encontrado evidencia o se ha denunciado el hecho.
En esta materia hemos adelantado mucho con la ley sobre firma electrónica, que dispuso quiénes iban a poder certificar, autorizar y fiscalizar que la firma electrónica corresponde a quien se dice dueño de ella.
En consecuencia, para opinar sobre los aspectos más delicados del tema debe haber un debate mayor, a fin de legislar de manera correcta y oportuna.
Señora Presidenta , la moción presentada por el diputado señor Paya obligará a la Cámara de Diputados, al país y al gobierno a discutir a fondo el desarrollo de la informática en Chile.
Nuestro país tiene carencias graves en este ámbito; y a pesar de que en los últimos años se ha comenzado a organizar y a establecer un sistema ordenador de los correos electrónicos del Gobierno, que permite a los diferentes ministerios tener sus páginas web, todavía existe un déficit importante debido a que no hay un organismo estatal que regule el funcionamiento del aparato administrativo interno del Estado en el campo de la informática.
Eso ha llevado a que haya desarrollos disímiles. Por ejemplo, el Instituto de Normalización Previsional y el Ministerio del Trabajo han reemplazado -los diputados de la Comisión de Ciencias y Tecnología lo saben- el sistema de soporte Microsoft por Linux, con lo que en sólo un año se han ahorrado más de cien millones de pesos. Sin embargo, en general, las adquisiciones del Estado y la licitación para la compra de computadores que fortalezcan una línea de desarrollo de soporte informático todavía es un misterio.
Por otra parte, ha pasado un año y cuatro meses desde el término de la investigación realizada por la Comisión de Ciencias y Tecnología en torno de la situación de Microsoft y de la inscripción de dominios en internet por parte de NIC, informe que aún no ha sido conocido por la Sala. Por eso, me sorprende de manera positiva y me alegra que la tramitación en la Cámara de un proyecto de ley de esta naturaleza haya demorado menos de treinta días.
Aprovecho la oportunidad para pedir a la Mesa que se vuelva a poner en tabla el informe aludido, porque, sin duda, para muchos su resultado será sorprendente y permitirá tener un visión más amplia sobre el tema.
En 1991 el diputado señor José Antonio Viera-Gallo participó activamente en la discusión y tramitación de la ley Nº 19.223, normativa que intentó establecer sanción para quien manejara u obtuviera datos e información de manera indebida. Sin embargo, la tipificación de los elementos que pueden ser considerados ilícitos por los daños que produzcan tiene un conjunto de modalidades que deben ser debatidas e incorporadas. Al respecto, el diputado señor Bustos señaló claramente que la tipificación del Código Penal lleva a que los jueces recurran a las denominadas leyes penales abiertas, donde es el magistrado quien determina la tipificación. Ejemplo de ello son los artículos 432, 437, 440 y 468 del Código Penal. Este último señala: “Incurrirá en las penas del artículo anterior el que defraudare a otro usando de nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia o créditos supuestos, aparentando bienes, crédito, comisión, empresas o negociación imaginarios, o valiéndose de cualquier otro engaño semejante”. Sin duda, en “cualquier otro engaño semejante” quedará a criterio del juez establecer si efectivamente existe el delito de fraude.
Sin embargo, como la materia es nueva, la mayoría de los abogados invitados a la Comisión -particularmente la abogada de la Universidad de Chile y los ejecutivos de Sonda- señalaron, con claridad, que no fueron pocos los casos en que se procedió de acuerdo con el delito de daño contemplado en el Código Penal, y que no hubo forma de convencer al juez de que podía aplicarse la ley especial, porque se veían los daños físicos, pero no los hechos del soporte lógico.
En esta materia, tal como ocurre con los temas que tienen que ver con el medio ambiente, existe una grave dificultad en los tribunales en relación con el grado inmediato y permanente de actualización de la información. Nuestros tribunales, la Cámara de Diputados y el Gobierno no están especializados en informática. Estamos en un proceso de desarrollo de la tecnología y de la carrera de la información extraordinariamente impetuoso y dinámico. Por eso, cuando decimos que vamos a incorporar disposiciones al Código Penal para tipificar delitos, debemos revisar si efectivamente se han abarcado hechos pasados y presentes, sin olvidar que la ley siempre debe intentar prevenir. Una buena legislación es la que impide el ilícito, no la que sólo sanciona. Por lo tanto, debe ser una iniciativa de proyección, de futuro. En ese sentido, si bien el proyecto que estudiamos es extraordinariamente adecuado, porque pone el tema en el debate, no contempla ese aspecto.
En el mundo, particularmente en la legislación norteamericana -lo que sin duda el diputado señor Paya debe saber-, los delitos informáticos son variados: la introducción de datos falsos, el llamado caballo de Troya, la técnica del salami, el uso no autorizado de programas, las puertas falsas, las bombas lógicas, los ataques asincrónicos, la recogida de información, la divulgación no autorizada de datos reservados, el acceso a áreas restringidas, el pinchado de líneas, las técnicas de simulación y modelo y el acceso al sistema de tratamiento de información, la situación de los hackers, tema que hemos abordado en esta Sala.
Sin embargo, no todos los delitos informáticos pueden ser establecidos como fraudes informáticos, discusión que también es necesario efectuar. En tal sentido, hay que realizar un estudio acabado que nos permita elaborar una norma jurídica que disponga qué debemos entender por manipulación informática. Al respecto, el informe de la Comisión de Ciencias y Tecnología señala que las manifestaciones informáticas pueden efectuarse sobre los datos al momento de ser ingresados al sistema, mediante el suministro de información falsa, tanto cuando salen como cuando son transmitidos a través de internet. A ello también se refiere la ley Nº 19.223, pero en ninguna de esas acciones existe utilización de la informática; es más bien la conducta humana la que actúa sobre los elementos informáticos para cometer delito. Por eso, es necesario definir qué entendemos por manipulación informática, entre otros conceptos.
Lo señalo porque hemos abierto una puerta inmensa: vamos a la vanguardia en el desarrollo de páginas web y anualmente duplicamos nuestros sitios de correo electrónico. De manera que también deberíamos tipificar el siguiente delito informático: cuando la información no es manipulada por un tercero, sino por un proveedor.
Más allá de toda polémica y de que tenga una opinión personal sobre la situación de Microsoft, no me parece adecuado que el Ministerio de Educación suscriba convenios y realice compras por millones de dólares a una empresa que está siendo procesada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por delitos comprobados.
Entonces, si mediante un proyecto se pretende tipificar delitos relacionados con el uso de datos y la privacidad, cabe preguntarse si también se considerará a quienes elaboran Windows, fabrican computadores y distribuyen programas, porque las acusaciones en contra de Microsoft se refieren a que ocupa gran parte de la memoria de los computadores, todo lo cual los convierte en obsoletos y los usuarios deben renovarlos cada año.
Por ejemplo, respecto del sistema operativo Windows XP -en Estados Unidos se ha abierto un debate sobre la materia- diecisiete organizaciones de consumidores han presentado demandas contra Microsoft por violación de privacidad. Por eso, existirá un código de acceso para cada computador. Lo mismo para los casets: funcionarán sólo en una radio, de manera que si en mi casa tengo tres radios, será necesario que tenga también tres casets diferentes.
El Windows XP terminará por imponerse porque ha superado al Windows 2000. Así lo han informado -no el diputado Navarro, como algunos parlamentarios de la Oposición pretender hacer creer- las asociaciones de consumidores de la primera potencia del mundo que es Estados Unidos.
Cuando el Windows XP autoriza el acceso, solicita un código de acceso a un controlador remoto y, por lo tanto, hay intervención de los programas. Lo que dicen los consumidores norteamericanos es que cuando eso se produce, Microsoft hace una extracción de datos más allá de lo necesario para ingresar el código, a fin de que el usuario pueda acceder al programa.
La Unión Europea ha iniciado acciones legales en contra de las versiones de Windows, y un debate sobre la materia.
Por lo mismo, considero útil y necesario efectuar una discusión más amplia en la Comisión, y he presentado una indicación, porque no estimo prudente derogar la ley Nº 19.223 en forma inmediata, a pesar de que necesitamos un cuerpo jurídico más amplio.
He preparado un proyecto de ley que sanciona el uso de los “spams”, que provocan al país pérdidas por millones de dólares y muchas horas-hombre, debido a esta mal entendida publicidad digital, que llega a centenares de consumidores y causa estragos en la economía de las empresas y personales.
Por eso, debemos decidir si discutiremos el establecimiento de normas que regulen el desarrollo de la informática en forma parcelada, si buscaremos consenso político para efectuar un debate más amplio sobre la materia. Podemos establecer la sanción que mencionó el diputado Paya -y que comparto, aunque es posible mejorarla- para este tipo de comportamientos, pero me gustaría que también discutiéramos sobre los “spams” y si el Estado puede regular el uso de programas de códigos cerrados, tal como se ha hecho en Francia y Alemania -para conocimiento de los diputados que me miran con cara de extrañeza-, países en los cuales se ha establecido que el Estado debe promover la libertad y la competencia en el mundo de la informática.
Considero que esta legislación sanciona a los usuarios -por lo tanto, también a los delincuentes-, porque no contiene los elementos que permitan determinar cuándo estos delitos son cometidos por quienes manejan la información, y no solamente por quienes fabrican los productos, en este caso, Microsoft, que controla el 95 por ciento del mercado nacional.
Espero que el proyecto vuelva a Comisión. Yo he redactado otro, y sería muy interesante poder conjugarlos en una sola normativa penal. Junto con derogar la ley Nº 19.223, debemos tipificar, de la mejor manera posible, un conjunto de delitos. Así podríamos contar con una normativa penal que regulara la informática, pero dentro de un contexto más amplio.
Hay un problema no resuelto, mencionado en el informe, que se relaciona con la inscripción de dominios.
Por ejemplo, está el dominio “iglesiacatolica.cl.” Los colegas se preguntarán quién lo inscribió. El señor José Rojas G. , y aparece un número telefónico. El nick “presidentelavin.cl”, fue inscrito por Entel Chile S.A. “Violetaparra.com”. ¿Quién lo inscribió? El señor Francisco José García-Huidobro , de Lima, Perú. “Pabloneruda.com”, inscrito por Jesse Mazo , de Londres, Inglaterra. “Colocolo.com”, inscrito por Néstor José Sagua , de Buenos Aires.
Por eso, hay aspectos relacionados con el desarrollo de la informática estatal y privada que deben ser regulados con un criterio más amplio, porque, a mi juicio, las irregularidades cometidas por Microsoft en Estados Unidos y que en Chile son aceptadas -paradójicamente allá son delito, pero acá no-, deben ser consideradas a la hora de legislar, a fin de proteger a los usuarios y el desarrollo de la informática, de manera de convertirla en un elemento de libre acceso. Si permitimos que la informática sea controlada por unos pocos y que su regulación no esté orientada hacia todos, estaremos cometiendo un grave error.
Tal como lo señalé al inicio de mi intervención, solicito a la Mesa que el informe de la Comisión de Ciencias y Tecnología, que se abocó al estudio de estos temas durante casi dos meses y que lleva más de un año y medio sin ser puesto en tabla y, por lo tanto, sin ser conocido por la Sala, sea tratado por la Comisión simultáneamente con este proyecto.
Considero que los informes de las comisiones investigadoras deben ser conocidos por la Sala en forma oportuna porque, de lo contrario, se podría pensar que la Mesa no quiere que se conozcan y permanezcan ocultos. Por eso, pido formalmente a la Mesa que dicho informe se trate en la Sala, porque contribuirá enormemente a la concreción de esta iniciativa.
La Mesa tomará nota de su solicitud, señor diputado , pues no hay ningún síntoma de clandestinidad en los miembros de la Mesa.
Señora Presidenta , hay un dicho popular que considero muy sano. Dice que no hay que irse por las ramas.
Asistimos a esta sesión para discutir e intercambiar ideas sobre la modificación de la ley Nº 19.223; pero hemos escuchado al diputado Navarro referirse latamente al problema con Microsoft. Creo que debemos ser consecuentes para que la Cámara pueda avanzar en el despacho de los proyectos y no queden empantanados por años, perdiendo con ello actualidad.
Es indudable que pueden existir muchos problemas que serán abordados por la Comisión en su momento, pero lo que está haciendo la Cámara es dar una señal de modernidad, tratando de adecuar nuestra legislación a los nuevos tiempos. Obviamente, pueden presentarse problemas, pero debemos ver la manera de lograr este objetivo.
Hemos recibido distintos aportes que apuntan a obtener una legislación que debe ser concordante con los signos de los tiempos que corren. Considero que nuestro país ha sido pionero en el desarrollo de las comunicaciones y de la informática.
Este proyecto, del cual soy autor junto con otros diputados, fue conocido por la Comisión de Ciencias y Tecnología, que invitó a distintas personalidades para que nos ilustraran sobre un tema que es complejo.
Por eso, propongo que votemos en general el proyecto, y que vuelva a Comisión. Creo que todos tenemos la disposición de sacar adelante la iniciativa, porque, dado el desarrollo que ha experimentado la informática, es necesario que contemos con una legislación acorde con los tiempos que vivimos.
Tiene la palabra el diputado Sergio Correa .
Señora Presidenta , cuando el diputado Darío Paya nos invitó a suscribir esta moción que modifica la ley Nº 19.223, relacionada con los delitos informáticos, no dudamos un instante en darle nuestro apoyo.
La ley promulgada en octubre de 1993 no satisface las necesidades actuales, pues se dictó con anterioridad a la aparición de internet, en 1994. Nos preocupa esta materia, porque está relacionada con los delitos sobre transacciones comerciales y financieras, y también tiene que ver con el aspecto cultural.
Cada día aumentan las conductas antisociales en materia informática. Aquí se han mencionado algunas: apropiación de información financiera, acceso a sitios no autorizados, espionaje informático, etcétera.
Por ejemplo, hoy hemos sabido que la diputada señora Pía Guzmán y el diputado señor Patricio Walker han sido víctimas de los hackers, debido a su participación en el proyecto sobre la pedofilia, hecho que aparece consignado en la prensa. Tenemos, además, buzones de voz que ya no son privados, estafas con tarjetas de débito duplicadas o falsificadas, etcétera. Los bancos han implementado un sistema de tarjeta de débito -adicionales a las tarjetas utilizadas para retirar dinero- que se entregan, sin mayor trámite, al cliente para pagar compras y servicios, y el único requisito exigido es que éste tenga fondos en su cuenta corriente.
De acuerdo con los datos estadísticos que nos entregó la Cámara de Comercio de Santiago, las transacciones digitales efectuadas durante el presente año alcanzan, a la fecha, a los 7.700 millones de dólares, y se calcula que para el año 2004 las transacciones comerciales por internet llegarán a alrededor de 13 mil millones de dólares, suma que representa casi el 50 por ciento del total de las que se realizarán ese año.
Por lo tanto, votaremos favorablemente el proyecto en general, salvo las indicaciones que tendremos que estudiar en la Comisión.
Se suspende la sesión por cinco minutos para llamar a votar a los señores diputados.
Por haber sido objeto de indicaciones, vuelve a Comisión para segundo informe.
Accorsi, Aguiló, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, Bertolino, Burgos, Bustos, Cardemil, Correa, Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Dittborn, Egaña, Escalona, Escobar, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), Girardi, Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Hidalgo, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Lagos, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Luksic, Masferrer, Mella (doña María Eugenia), Meza, Monckeberg, Mora, Moreira, Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paya, Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Prieto, Quintana, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tuma, Uriarte, Vargas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Von Mühlenbrock y Walker.
-Las indicaciones formuladas al proyecto son las siguientes:
1.	Del señor Bustos para intercalar el siguiente número, nuevo:
“...Agrégase el siguiente artículo 468 bis:
“Artículo 468 bis.- Los delitos de fraude establecidos en este párrafo serán sancionados también si son llevados a cabo a través del acceso o alteración de sistemas de tratamiento automatizado de información.”.”.
2.	Del señor Navarro para eliminarlo.
Corresponde ocuparse del proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, para permitir la eliminación de anotaciones en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados en las condiciones que indica.
Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es el señor René Manuel García.
-Segundo informe de la Comisión de OO.PP., boletín Nº 2774-15, sesión 28ª, en 13 de agosto de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 16.
Señora Presidenta , antes de empezar con el informe, quiero saber cuánto tiempo queda para el término del Orden del Día.
Diez o quince minutos, señor diputado .
Gracias, señora Presidenta .
En representación de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones paso a informar sobre el proyecto de ley, en segundo trámite reglamentario, originado en moción de los diputados señores Rosauro Martínez , Mario Bertolino, José Antonio Galilea, René Manuel García , Carlos Abel Jarpa , Waldo Mora , de la diputada señora Adriana Muñoz y de los ex diputados señores Baldo Prokurica , Carlos Caminondo y Jaime Rocha , que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, para permitir la eliminación de anotaciones en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados , en las condiciones que indica.
El proyecto en informe fue despachado por esta Comisión en su primer trámite reglamentario el 9 de julio de 2002, y aprobado en general por la Cámara de Diputados en la sesión 24ª, de 6 de agosto de 2002.
En este segundo trámite reglamentario, la Comisión conoció dos indicaciones al artículo único del proyecto. La primera, de los diputados señores Juan Pablo Letelier y René Manuel García , para intercalar en el artículo 219, que se reemplaza por el artículo único del proyecto, un inciso segundo, nuevo, con el fin de permitir la eliminación de otras anotaciones que no consisten en infracciones graves o gravísimas, como se había aprobado en el primer informe.
Con esta indicación, cuyos fundamentos se encuentran en el informe, se podrían eliminar, por ejemplo, las anotaciones derivadas los delitos tales como conducir en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas o sustancias psicotrópicas, una vez eliminadas las anotaciones prontuariales o del prontuario penal mismo.
Esta indicación fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes.
Además, se acordó en forma unánime reemplazar, en el inciso segundo, que pasó a ser tercero, la palabra “ Registro ” por el vocablo “Servicio”.
Respecto de la segunda indicación de los diputados señores Eugenio Tuma y Fernando Meza , que perseguía eliminar las anotaciones de los conductores por el solo hecho de realizar un curso de conductor, diversos señores diputados manifestaron su desacuerdo con ella, pues no hay ninguna relación entre los cursos que imparten la escuelas de conductores y las anotaciones que se hacen en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados . Además, nada tiene que ver con la idea matriz de la iniciativa.
Esta indicación fue rechazada por la unanimidad de los diputados presentes.
Finalmente, debo hacer presente que el artículo transitorio no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones. Por lo tanto, corresponde aprobarlo sin votación.
La Comisión deja constancia de lo siguiente:
1.	El artículo transitorio no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones.
2.	El inciso tercero, que pasó a ser cuarto, del artículo 219 de la ley Nº 18.290, de Tránsito, que se sustituye mediante el artículo único del proyecto, contiene normas de rango orgánico constitucional.
3.	No hay artículos suprimidos.
4.	El artículo único del proyecto fue objeto de una modificación que fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes.
5.	No hay artículos nuevos introducidos en este segundo informe.
6.	No hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
7.	Hay una indicación que fue rechazada por la unanimidad de los diputados presentes.
Para terminar, sólo quiero aclarar una duda que se presentó a los señores diputados respecto de una indicación aprobada por unanimidad, la cual quedó incorporada como inciso quinto del artículo 219. Dice: “Las anotaciones se eliminarán definitivamente, por el solo ministerio de la ley, al inscribirse en el Registro de Defunciones del Servicio de Registro Civil e Identificación el fallecimiento de una persona anotada”.
Esto obedeció a una petición de la directora del Servicio de Registro Civil e Identificación porque hay miles de personas que han fallecido y quedan anotadas, ocupando espacio en dicho registro. Lógicamente no van a manejar, pero el objeto de la indicación es limpiar los registros.
En mérito de lo expuesto, la Comisión recomienda a la Sala aprobar el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Luksic.
Señora Presidenta , sólo para manifestar que con este proyecto se está corrigiendo una injusticia en contra de quienes han cometido una infracción de tránsito.
De acuerdo con nuestro derecho penal, cuando un delincuente comete un delito y es condenado, tiene la posibilidad, después de determinados años, de solicitar la eliminación de su prontuario, con el objeto de poder acceder a un trabajo o, simplemente, porque se ha rehabilitado y la sociedad no puede hacerle ningún reproche.
En el caso de los infractores de la ley de Tránsito, no existía ningún mecanismo que les permitiera solicitar la eliminación de las anotaciones del Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados. De manera que lo único que hace esta iniciativa es entregarles esa posibilidad.
¿Qué contratiempos sufría el infractor? Lo primero que hacía el juez de policía local era comprobar si éste había cometido otras faltas, y si existía algún historial, ello corría en su contra. El segundo problema se le presentaba al momento de renovar el permiso de circulación.
Por lo tanto, aquí sólo se está corrigiendo una injusticia, y no me cabe la menor duda de que el proyecto será aprobado por la unanimidad de los diputados presentes.
Si le parece a la Sala, se votará de inmediato el proyecto, sin discusión, dado que fue aprobado en forma unánime por la Comisión. Es una iniciativa de larga data y reviste la máxima importancia para la ciudadanía.
Asimismo, hago presente a la Sala que contiene normas de ley orgánica constitucional, por lo que se requieren 69 votos para su aprobación.
El señor PÉREZ ( don Aníbal) .-
Señora Presidenta , mi ánimo no es obstruir el despacho de esta iniciativa, pero quiero plantear una duda que, incluso, conversé con el diputado Juan Bustos , experto en derecho penal.
Aquí estamos aprobando la eliminación de anotaciones relacionadas con infracciones a la ley de Tránsito; es decir, estamos hablando de faltas, no de delitos. Ésa es la idea matriz del proyecto: eliminar las anotaciones en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados .
Señor diputado , ya acordamos votar el proyecto sin discusión.
Además, debe ser votado en esta sesión.
Por lo mismo, deseo hacer presente una duda que es muy razonable.
Su Señoría puede votar a favor o en contra, pero ya acordamos votarlo sin discusión.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 83 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
Aprobado en general y en particular el proyecto.
Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, Bertolino, Bustos, Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Egaña, Encina, Escalona, Escobar, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), Girardi, Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Kast, Lagos, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Luksic, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, Montes, Mora, Moreira, Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paya, Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Saffirio, Salaberry, Salas, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tuma, Uriarte, Urrutia, Vargas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Von Mühlenbrock y Walker.
Señores diputados, como ustedes saben, el próximo jueves 22 de agosto, a las 12 horas, el Congreso Pleno, en el Salón de Honor, recibe a su Excelencia el Presidente de la República de Perú , Excelentísimo señor Alejandro Toledo Manríquez. Por lo tanto, para dicha ocasión se propone la integración de las comisiones de reja y de pórtico de la siguiente manera:
La comisión de reja quedaría compuesta por las diputadas señoras Rosa González y Laura Soto, y por los diputados señores Ramón Pérez, Pedro Araya, Patricio Cornejo, Roberto Delmastro e Iván Paredes.
La comisión de pórtico quedaría integrada por los diputados señores Iván Norambuena, Mario Escobar, Patricio Walker, Enrique Jaramillo, Pablo Galilea, Carlos Abel Jarpa y Jaime Quintana.
Proyecto de acuerdo Nº 83, de los diputados señores Hidalgo, Álvarez-Salamanca, Galilea, don José Antonio; Vilches, Cardemil, Delmastro, Vargas, García, Monckeberg y Bertolino.
1.	Las graves dificultades económicas que enfrenta nuestro país, por circunstancias que afectan a la economía nacional e internacional.
2.	Los malos resultados y el escaso impacto de las medidas adoptadas por la autoridad económica para la reactivación de la demanda interna, a pesar de los esfuerzos realizados en esa dirección.
3.	Que no se vislumbra el crecimiento necesario y una clara recuperación de la economía nacional e internacional, teniendo especial consideración de los acontecimientos ocurridos en el contexto regional latinoamericano.
4.	Que en función de lo anterior y dada la crítica situación de las personas durante los últimos cinco años, el nivel de cesantía actual y su previsible aumento para los próximos meses, se agravará la situación de los hogares y familias chilenas.
5.	Que hace veintiún años, los chilenos han cotizado a través de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), aportes que han ingresado en sus cuentas de capitalización individual.
6.	Que lo anterior determina un gran volumen de ahorro nacional en el sistema de administradoras de fondos de pensiones (AFP), alimentadas a través de las cuentas de capitalización individual de las personas, en la que se encuentran, por ley, obligados a cotizar e impedidos de hacer uso de los fondos acumulados.
7.	Que resulta ineludible para la economía chilena encontrar fórmulas que aumenten la demanda interna.
8.	Que es evidente la conveniencia de financiar el consumo mediante la utilización de fondos de ahorro y no por aumento del gasto público.
9.	Se hace necesario utilizar eficientemente los recursos existentes, tanto públicos y privados, a través de herramientas disponibles para dar un fuerte impulso a la demanda interna; como consecuencia, ésta generará mayor confianza en las empresas e inversionistas, provocando el círculo virtuoso del crecimiento de la economía, por tanto debería disminuir el desempleo en el país.
10. Que una buena iniciativa es la de utilizar parte de los fondos acumulados, invertidos en el extranjero por las AFP, propiedad de los cotizantes, en estimular la demanda interna en bienes y servicios determinados que representen un impulso a la actividad económica.
11. Que para permitir el retiro de un porcentaje, estimativo de un 10 por ciento de los fondos desde las cuentas de capitalización individual obligatoria, se requiere de una ley que modifique las disposiciones correspondientes del decreto ley Nº 3.500, que estableció el nuevo sistema de pensiones.
12. Que estos retiros sean voluntarios, por un tiempo determinado, por una sola vez y puedan ser destinados a los sectores Vivienda, Salud o Educación. Con esto se estaría trayendo, a valor presente, una mejor calidad de vida de las personas. Por tanto, existiría una compensación natural, al obtener un mejor bienestar de las personas antes de su jubilación.
13. Que estos retiros pueden ser gravados; por tanto, el fisco obtiene una recaudación tributaria que no está contemplada, y que le permitirá cumplir diversos programas.
Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República que impulse las propuestas legislativas que permitan que los afiliados y cotizantes de las administradoras de fondos de pensiones puedan optar a realizar un retiro, por una sola vez, de sus fondos administrados por dichas instituciones, que se encuentran invertidos fuera de Chile”.
Para hablar a favor, tiene la palabra el diputado señor Hidalgo.
Señor Presidente , la idea del proyecto de acuerdo es aliviar la situación que viven muchos chilenos debido a que el país ha decrecido en los últimos cuatro años y tiene una expectativa de crecimiento para el 2003 similar a la de éste. La idea es permitir el retiro del 10 por ciento de los fondos de las cuentas de capitalización individual obligatoria para ser destinados a tres sectores claves de la economía: vivienda, educación y salud. Con ello, sin esperar a jubilar, muchos, especialmente de la clase media baja y media, que son los que más sufren hoy, mejorarían sus expectativas.
La iniciativa, sin duda, beneficiaría a miles de chilenos de los seis millones y medio de afiliados a las administradoras de fondos de pensiones, de los cuales tres millones y medio son cotizantes.
La experiencia de nuestros antecesores y de nuestros progenitores nos ha enseñado que, con una mejor calidad de vida, especialmente en la etapa productiva de las personas, se logra una mejor vejez. Se envejece como se vive.
El ejemplo gráfico al respecto me lo dio una persona de cuarenta y nueve años con exceso de peso -más de ciento treinta kilos-. Me preguntó: “Señor Hidalgo , ¿cuántos años más tendré de vida?”. Le dije que no era doctor; por tanto, desconocía la respuesta; pero que las expectativas de vida son de ochenta años. Me dijo: “Résteme diez por lo que tengo encima. Si me opero, puedo bajar treinta o cuarenta kilos y vivir diez años más”. Eso es calidad de vida a valor presente.
Lo mismo se puede hacer en educación. Con mejor preparación, se logra una rentabilidad propia mayor y una vivienda mejor para compartir con la familia. Insisto, se envejece como se vive.
En los cinco meses como diputado , me ha impactado la evaluación que, en general, tiene la gente de la labor parlamentaria, la que, sin dudas, está acrecentada por la prensa. Se esperan iniciativas que solucionen problemas en forma rápida y eficaz. Pero, frente a las de este tipo, existen ciertas aprensiones que trataré de dilucidar.
Primero, se sentaría el precedente de que si hoy se retira, mañana también. Si el país creciera sobre el 7 por ciento, como ocurrió hasta 1997, no habría posibilidad como ésta; pero el decrecimiento de los últimos cuatro años, especialmente de 2002 y el que se espera para 2003, hace imperativa la aprobación de esta iniciativa.
Eventualmente, con los años, el fisco tendrá que garantizar el pago de una pensión mínima. Por ello, el proyecto de acuerdo es perfectible, y el 10 por ciento de los fondos que se retiren puede ser devuelto en los años de vida de las personas respecto de la fecha de jubilación.
Siempre es fácil criticar las buenas ideas y muy difícil defenderlas, pero en reuniones con economistas, empresarios y colegas nos hemos convencido de que es necesaria la iniciativa. Se envejece como se vive: es un hecho irrefutable.
Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Rodolfo Seguel.
Señor Presidente , durante doce años se han planteado iniciativas similares en la Cámara, incluso, en muchos casos, por medio de proyectos de ley, pero todos los argumentos han sido rechazado por parlamentarios de distintas bancadas.
El sistema de AFP se creó con un sentido claro y preciso: administración de fondos de pensiones, o sea, el ahorro voluntario de los trabajadores en cuentas individuales. ¿Cuál es el sentido de esto? Que cuando el trabajador llegue a la edad de jubilar, de pensionarse o de acogerse a una renta vitalicia, tenga recursos suficientes para vivir los años de vida que le queden a él, a su esposa y a sus hijos.
Las jubilaciones y pensiones no son exclusivamente del trabajador, sino del grupo familiar. Cuando se creó el sistema de AFP, la responsabilidad del Estado también estaba relacionada con la familia del trabajador.
En el proyecto de acuerdo se propone que una persona pueda retirar, por una sola vez, cierta cantidad de sus fondos; pero ¿qué pasará cuando el trabajador llegue a la edad de pensionarse o de jubilarse? Será una persona dependiente del Estado y recurrirá a un parlamentario, a un alcalde o a una autoridad de Gobierno para hacerle presente que sus fondos no le alcanzan para jubilar. Por tanto, necesitará que se le dé una pensión de gracia. O sea, necesitará que el Estado le ayude porque sus fondos no le alcanzan para vivir.
En Chile, no se pagan millones de pesos en cotizaciones previsionales, y me parece inconsistente que de nuevo se plantee la posibilidad de retirar parte de lo poco y nada que tienen los trabajadores. Siempre me he negado a ello, porque son fondos que tienen para su jubilación, que les permitirá vivir sus últimos días de vida.
Aun cuando la intención es buena, se le haría un daño al trabajador y a su grupo familiar. Ni siquiera se puede calcular el monto que obtendría al pensionarse, pero andaría rogando una pensión asistencial. Sin comprometer a mi partido, reitero una vez más mi oposición a esta posibilidad, porque se haría un grave daño a los trabajadores y al sistema de AFP.
Tiene la palabra el honorable diputado señor Pablo Longueira.
El señor LONGUEIRA .-
Señor Presidente , tengo gran cariño por muchos de los diputados que han firmado el proyecto de acuerdo, pero debo decirles que si hay algo que distingue a Chile del resto de los países latinoamericanos es, precisamente, que tiene un ahorro interno al que contribuyen todos los trabajadores a través de las AFP, que bordea los 37 mil millones de dólares.
Como la mayoría, comparto los sentimientos que ha planteado el diputado señor Hidalgo , pero, sinceramente, creo que aquí la clase política chilena debe demostrar que es distinta, aunque no es popular oponerse a que se disponga del ahorro obligatorio, que, como ha dicho el diputado Seguel , es para el grupo familiar.
Chile, en el concierto latinoamericano, se distingue por ser serio, por tener una economía sana, por tener instituciones que funcionan. Pero ¿qué hizo Argentina? Precisamente, ocupó este tipo de fondos. En Chile, son usados en programas de vivienda, en letras hipotecarias. Se ha ido perfeccionando el sistema de las AFP y se ha incorporado la posibilidad de invertir en el extranjero, justamente para garantizar la mejor rentabilidad posible a los trabajadores, a fin de que obtengan las mejores pensiones posibles a futuro.
A todos quienes han firmado el proyecto de acuerdo los considero muy serios; sería mucho más fácil no votar ni opinar, pero uno debe mostrar por qué está en esto, sean populares o no las cosas que hay que defender.
Si se tocan los fondos de las pensiones futuras de los trabajadores se sentaría un precedente muy grave. Por eso, lamento que se haya presentado este proyecto, que nosotros, en una actitud de seriedad, vamos a votar en contra.
El diputado señor Waldo Mora ha solicitado a la Mesa que pida la unanimidad de la Sala para dar cinco minutos más para hablar a favor y cinco minutos más para hablar en contra.
Tiene la palabra el diputado señor Mora.
Señor Presidente , el diputado señor Hidalgo habló tres minutos, y son cinco para hablar a favor y cinco para hablar en contra. Por lo tanto, como quedan dos minutos para hablar a favor, le pido a la Sala que me conceda esos dos minutos.
Tiene la palabra el diputado señor Longueira.
Señor Presidente , cuando le pedí la palabra, usted creyó que iba a hablar a favor. Por eso no me la quería dar. Por lo tanto, como ese tiempo se acabó, ya se dio la palabra para hablar en contra del proyecto. En consecuencia, corresponde votar.
Por lo demás, la exposición que se realizó a favor fue bastante más larga que los tres minutos que se dice.
El señor Secretario toma debida nota de los minutos que cada señor diputado ocupa en su intervención. El señor Hidalgo habló cinco minutos y medio. Por lo tanto, se acabó el tiempo para hablar a favor. Posteriormente, entre los dos diputados que intervinieron para hablar en contra, ocuparon los cinco minutos. Por consiguiente, como no hay acuerdo para otorgar cinco minutos más por cada lado, corresponde votar.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos; por la negativa, 35 votos. Hubo 1 abstención.
Accorsi, Ascencio, Bayo,Bertolino, Burgos, Cardemil, Ceroni, Delmastro, Encina, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), Girardi, Hidalgo, Jaramillo, Jeame Barrueto, Lagos, Letelier (don Felipe), Luksic, Mella (doña María Eugenia), Meza, Montes,Mora, Olivares, Palma, Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Saffirio, Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tuma, Vargas y Vilches.
Aguiló,Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Bauer, Caraball (doña Eliana), Correa,doña Marcela), Díaz, Dittborn, Egaña, Escobar, Kast, Kuschel, Letelier (don Juan Pablo), Longueira, Melero, Moreira, Navarro, Norambuena, Ojeda, Ortiz, Paredes,Paya,Pérez (don Ramón), Recondo, Robles, Rojas, Salaberry, Salas,Seguel, Uriarte,UrrutiaVon Mühlenbrock.
-Se abstuvo la diputada señora Vidal (doña Ximena).
Pido la palabra para plantear un punto de Reglamento, señor Presidente.
Señor Presidente , ¿de qué manera incide la abstención en la reciente votación? Hubo 34 votos a favor, 35 en contra y 1 abstención. Por lo tanto, quiero saber la opinión de la Mesa al respecto.
Señor diputado , como se trata de una votación simple, sólo se requiere la mayoría de los diputados presentes en la Sala. Como hay 35 votos en contra y 34 a favor, se perdió el proyecto de acuerdo por 1 voto.
Proyecto de acuerdo Nº 84, de los diputados señores Vilches, Bertolino, Leal, de la señora Muñoz, doña Adriana; del señor Encina, de la diputada señora González, doña Rosa, y de los señores Bayo, Robles y Mulet.
El artículo 1º del Código de Minería, repitiendo una norma constitucional, señala que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas.
Dada la referencia legal anterior, la propiedad legal pertenece al Estado, el cual es el responsable de asignar las concesiones correspondientes para la explotación eficiente de los recursos mineros.
Debido a la importancia que tienen los recursos naturales para nuestro país, en especial los mineros, hay que concentrarse en analizar el eventual agotamiento o subutilización de éstos, producto de imperfecciones que puedan producirse en el mercado.
En primer lugar, hay que identificar que algunos recursos mineros pueden definirse como energéticos en acervo. Es decir, no son renovables, lo que implica que la explotación presente impide su explotación en el futuro. Vale decir, mientras sea positivo el uso, la cantidad del mineral debe agotarse en un tiempo finito; además, la transformación física de los insumos energéticos es tal que queda excluido el reciclaje.
Las empresas contractuales mineras se transforman en Chile, en sociedades de personas, las cuales pueden retirar rentas para reinvertirlas en otras empresas sin pagar el impuesto adicional mientras no sean retiradas de la sociedad que recibe la inversión o distribuidas por éstas. Además, establecerse como sociedad de personas le permite a las grandes empresas no tener la obligación de publicar sus resultados financieros y con ello mantener en la oscuridad, a las autoridades fiscales, las verdaderas utilidades que obtienen, lo cual le resta toda transparencia al negocio minero y a su tributación.
La depreciación acelerada es uno de los instrumentos usados por las grandes empresas mineras para evadir el pago de impuestos debido a que reduce la base imponible de las empresas sobre la cual se calculan los tributos, lo que se traduce en que en los primeros años de operación de los proyectos mineros, las empresas presentan pérdidas tributarias y, por lo tanto, no pagan impuestos de primera categoría hasta el momento en que existan utilidades tributarias. Hay empresas que jamás han pagado impuestos, como ocurre con La Disputada de Las Condes, ya que durante 25 años siempre declaró pérdidas.
Dadas estas consideraciones, la explotación indiscriminada de los recursos mineros puede producirse por un defectuoso comportamiento en la asignación de concesiones por parte del Estado y distorsiones en el marco de la relación presente-futuro, que lleven a un debilitamiento en la equidad entre generaciones actuales y las que vendrán. De esta forma, la sobreexplotación de recursos mineros puede llevar a un agotamiento prematuro y a un sobrestock en el mercado mundial, como muchos expertos afirman que hoy ocurre.
De esta forma, es necesario analizar la posibilidad de establecer un pago de derechos. Dentro de este marco, hay que señalar que los tipos de contribuciones que debieran introducirse son el pago proporcional sobre el precio del recurso inexplorado (Royalty Value), el pago específico sobre la unidad extraída, el pago proporcional a la renta y el pago al valor del recurso extraído (Royalty). Ello debería considerar recursos para el gasto en las regiones donde se extrae la riqueza.
En base a las consideraciones precedentes, se somete a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de acuerdo:
Solicitar al Presidente de la República que encargue a los ministros de Hacienda y Minería la elaboración de estudios técnicos sobre la industria minera, que determinen, entre otros, los siguientes aspectos:
-Posibilidades de poder de mercado (monopólicos u oligopólicos).
-Antecedentes técnicos que demuestren, en base a consideraciones constitucionales, legislativas y económicas, y que recomienden establecer un royalty, y cuál de los cuatro tipos de pagos es más adecuado para nuestra economía, desarrollo y que, a la vez, estimule la inversión extranjera.
-Nivel de eficiencia de los mercados de futuros.
-Modificación del actual marco tributario de las empresas mineras”.
Para hablar a favor, tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
Señor Presidente , solicito el apoyo de todos los parlamentarios para un proyecto por el cual se pide al Presidente de la República que disponga los estudios necesarios en relación con el marco regulatorio tributario que rige la inversión minera extranjera, a fin de que se pueda deducir la evaluación que ha tenido la aplicación del decreto ley N° 600 durante 25 años, y lo que debe hacerse en los próximos 30 años.
Sin perjuicio de respetar las reglas del juego y sin atropellar los contratos celebrados entre las empresas privadas y el Estado chileno, es necesario que los organismos del Estado fiscalicen a determinadas a empresas.
De nuestra cultura en la materia emana el respeto por los proyectos, la concesión y la propiedad minera, que constituyen un ejemplo en Latinoamérica. Sin embargo, solicitamos estos estudios porque algunas industrias mineras que han operado en el país durante más de 20 años, han explotado una riqueza básica y no han tributado un solo peso al erario nacional.
Distinguidos parlamentarios, representantes de las zonas mineras, apoyan el proyecto. Entre ellos, la señora Rosa González y los señores Antonio Leal, Manuel Rojas , Ramón Pérez , Mario Escobar , Mario Bertolino , Waldo Mora , Alberto Robles y Jaime Mulet . En su representación, quien habla pide a la Sala que lo vote favorablemente.
Señor Presidente , sólo quiero aclarar que no debería formar parte de la lista de parlamentarios señalada por el diputado señor Vilches , por cuanto no apoyo el proyecto.
Muy bien, señor diputado .
El señor LEAL.-
Señor Presidente, pedimos que el Gobierno estudie el tema. De hecho, se ha abierto un debate en el que intervienen distintas autoridades.
Con todo, hay tres temas que me interesa puntualizar.
Primero, éstas son las únicas empresas que siendo sociedades anónimas en sus países, en Chile se pueden transformar en sociedades de personas, lo que no obliga a objetivizar los datos, a mostrar los balances y a dar cuenta de las utilidades.
En segundo lugar, opera el concepto de la depreciación acelerada, que permite que estas empresas retiren de las utilidades lo que obtengan por amortización de capital. Incluso, muchas de ellas retiran de las utilidades en Chile las pérdidas que el holding tiene en otras empresas del mundo. Por lo tanto, pasan 20 ó 25 años en que no pagan tributos a la economía nacional. Lo de La Disputada de Las Condes es un ejemplo, pero hay muchos otros.
El tema es muy grave y complejo, porque en estos días hemos tenido el retiro de Maricunga y de Ojos del Salado, en la región de Atacama. Los trabajadores que allí laboraban quedaron desempleados; se aprecian verdaderos hoyos de recursos naturales -en este caso corresponden a oro- que no son renovables, y el hecho de que el erario nacional no ha recibido el pago de impuestos. Muchas veces, estas empresas no pagan las patentes en el lugar en que se explota la riqueza, sino donde se ubica la casa matriz, muchas de las cuales están radicas en la Región Metropolitana.
Por lo tanto, es de absoluta justicia que debatamos el tema. No se trata de discutir las garantías que las empresas han tenido ahora y en el pasado. Entiendo que el decreto ley N° 600 en algún momento ayudó a incentivar la inversión extranjera, en particular la relacionada con los recursos no renovables. Sin embargo, hoy eso no tiene sentido, por lo que pedimos un royalty a la utilidad o al recurso natural, porque este último pertenece al Estado chileno.
Somos los principales productores de cobre en el mundo y necesitamos que estas empresas dejen recursos naturales. Lo que pedimos es que el tema se estudie a fondo, con criterios técnicos, no con criterios ideológicos, de modo de sacar una conclusión que mejore la actual tributación de las empresas mineras.
Ha concluido el tiempo para tratar los proyectos de acuerdo.
Aún resta tiempo para hablar en contra. ¿Habría acuerdo para ampliar el tiempo destinado a los proyectos de acuerdo?
En Incidentes, en el primer turno, correspondiente al Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado señor Guillermo Ceroni.
Señor Presidente , 2004 es el año del centenario del nacimiento de nuestro gran poeta y Premio Nobel, Pablo Neruda . El Presidente de la República , en forma muy acertada, constituyó una comisión nacional para conmemorar esta importante fecha. Durante el año 2003 y el año 2004 se realizarán diversas actividades con el objeto de celebrar y conmemorar el nacimiento de una figura que nos llena de orgullo.
Pablo Neruda nació en Parral, una de las ciudades que represento y en la cual vivo. Allí, los que valoramos este hecho, estamos realizando grandes esfuerzos para realzarlo y conmemorar adecuadamente esta fecha, para que al mundo le quede en claro que ese lugar fue importante en la vida de Neruda. Los restos de su madre, la señora Rosa Basualto , profesora de una escuela pública de Parral, reposan en su cementerio. De allí es su familia. Por ello, la comunidad entera se está organizando para lograr algo significativo en esta ciudad en torno de Neruda. Para eso, hay un proyecto importante que tiene por objeto reconstruir la casa donde nació el poeta.
Como parlamentario, he hecho gestiones para conseguir recursos, y el intendente de la región ha apoyado el proyecto y lo someterá a la consideración del consejo regional. Con ello, obtendremos recursos para reconstruir la casa donde nació Neruda .
Por otra parte, el Ministerio de Obras Públicas ha construido diversas obras de arte en las carreteras de nuestro país, en un afán de acercar la cultura a la gente. En tal sentido, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas , reiterando una petición que le formulé personalmente, con el objeto de que, a través de la Dirección de Vialidad, se destinen recursos para construir en la ruta 5 sur, al ingreso de Parral , una escultura en homenaje a Pablo Neruda . Ello constituiría un gesto muy importante en el marco del aniversario del natalicio de Pablo Neruda y para el pueblo de Parral. Además de ser un aporte a la cultura, sería una ayuda a la ciudad donde él nació.
La ciudad quiere rescatar la figura de Pablo Neruda. El mundo entero sabe que él nació allí, pero vemos con preocupación que muchos turistas van a Parral y no encuentran nada significativo en torno de Neruda. El Estado debe hacer algo, y por ello solicito esto con vehemencia.
Reitero, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas con el objeto de que se destinen los recursos y se construya, como corresponde, esta escultura en la carretera Panamericana, al ingreso de Parral, en homenaje a Pablo Neruda.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de las bancadas de los Partidos por la Democracia, Socialista, Demócrata Cristiano, Renovación Nacional y Radical.
Señor Presidente , un grupo de médicos del hospital Van Buren está elaborando un proyecto especial para viajar a isla de Pascua con el fin de detectar el cáncer de mamas. Los pascuenses, como todos saben, constituyen una etnia cerrada.
Esta campaña cuenta con la colaboración de la intendencia de la Quinta Región, de los diversos ministerios y, naturalmente, del consejo de ancianos y del hospital Hanga Roa, de isla de Pascua.
Los objetivos generales del proyecto son los siguientes: determinar la incidencia y prevalencia del cáncer de mamas, aumentar su detección precoz en la población asintomática con antecedentes familiares directos y evaluar el estilo de vida de las mujeres nativas, especialmente de aquellas con antecedentes familiares de cáncer de mamas.
Los objetivos específicos son: realizar los exámenes físicos y de imágenes que correspondan a la población blanca; capacitar a la población femenina mayor de 18 años en autoexamen mamario; precisar el diagnóstico de lesiones mamarias sospechosas o con riesgo de malignidad; tratar quirúrgicamente a aquellas pacientes con lesiones en etapa inicial y capacitar a las pacientes detectadas y a su núcleo familiar, en un sentido biológico y psicosocial, respecto del cáncer de mamas.
Quiero señalar que el cáncer de mamas es una enfermedad de causa desconocida, y se ha buscado, con mucho afán, determinar el rol de los factores genéticos y ambientales que inciden en este mal.
A nivel nacional, en Chile se desconoce su real incidencia y prevalencia, no obstante que es causa de muerte de muchas mujeres, y es muy preocupante, porque algunas son muy jóvenes.
En nuestros días, la detección precoz del cáncer mamario es a través del examen radiológico, y los médicos del hospital Van Buren están dispuestos, con toda la infraestructura necesaria, a hacerlo. El proyecto es de suma importancia, y debe ser apoyado a nivel central.
Para estos efectos, solicito que se envíe un oficio a la señora ministra de Defensa para que ponga a disposición de estos médicos y de su equipo clínico, un avión de la Fuerza Aérea de Chile, de manera que puedan trasladarse a la isla, porque no cuentan con los medios necesarios para hacerlo.
Además, sabemos que hay un asunto muy delicado en la toma de muestras, precisamente porque se trata de una etnia cerrada, muy importante para Chile; pero también, a nivel nacional, se pueden desatar apetitos descontrolados desde el punto de vista farmacológico.
Por lo tanto, pido que se envíe un oficio al señor ministro de Salud a fin de que no se detenga el afán de los médicos del hospital Van Buren, pero sí les recomiende que sean suficientemente cuidadosos para resguardar las muestras, de forma que no sean ocupadas en otras situaciones que, como digo, pueden derivar en cuestiones netamente comerciales.
En el mundo, el cáncer de mamas es el que ocupa el tercer lugar de ocurrencia: por eso es muy importante su diagnóstico. En países en desarrollo, es el segundo cáncer más común, y en Chile no se ha determinado su real incidencia.
En consecuencia, quiero hacer especial hincapié para que esta labor se lleve a cabo. Los médicos tienen previsto realizar su viaje en octubre, porque en esa fecha tendrían listo el informe y el proyecto afinado.
Reitero mi petición a la ministra de Defensa para que ponga a disposición de esos médicos un avión de la Fach, y al ministro de Salud , el planteamiento de mi inquietud.
Se enviarán los oficios solicitado por su Señoría, con la adhesión de las bancadas de los Partidos por la Democracia, Demócrata Cristiano, Radical y Renovación Nacional.
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada señora Carmen Ibáñez.
La señora IBÁÑEZ (doña Carmen) .-
Señor Presidente , la semana pasada, todos nos asombramos al ver imágenes en la televisión de grupos de jóvenes estudiantes que protestaban en Santiago por el aumento de la tarifa escolar de los microbuses, y que, en el desarrollo de tales manifestaciones, dañaban la propiedad pública y privada. La verdad es que no podemos hablar de protestas pacíficas, sino de actos vandálicos y de verdaderos saqueos.
Es evidente que los afectados en su patrimonio por actos de esta naturaleza tienen el derecho de exigir una indemnización por el perjuicio sufrido. En estos casos, se debe demandar a los padres o guardadores de tales menores, ya que el artículo 2.320 del Código Civil señala: “Toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado”.
Estos juicios se encuentran bajo un procedimiento ordinario, de lato conocimiento, lo que significa que son dispendiosos, caros y extensos, pudiendo durar, incluso, cinco años de tramitación.
Esta situación genera dos inconvenientes: en primer lugar, afecta la confianza y credibilidad de las víctimas en el sistema judicial, ya que ven cómo nadie protege efectivamente sus intereses, sintiéndose indefensos; y en segundo lugar, otorga una sensación de impunidad para los responsables, que se sienten intocables frente a la justicia, pase lo que pasare y hagan lo que hicieren.
El Gobierno ha enviado un proyecto de ley que rebaja la responsabilidad penal de 16 a 14 años de edad, creando un sistema que ha denominado “responsabilidad penal juvenil”, pero nosotros creemos que también debemos velar por la protección de los intereses patrimoniales de los afectados.
Por lo anterior, la próxima semana presentaremos un proyecto de ley a fin de sustituir el procedimiento ordinario vigente para hacer efectiva la responsabilidad de los que tienen a su cargo a menores -casos conocidos como de “responsabilidad por el hecho ajeno”-, por otro de naturaleza sumaria, rápido y eficaz. De esta forma daremos una señal clara de protección de los intereses de los miles de chilenos honestos, de clase media, que trabajan honradamente día a día.
Señor Presidente , la única postura posible de la Cámara de Diputados es estar a favor de la cultura y, más aún, legislar por fomentarla, potenciarla, incentivarla, protegerla y preservarla. No hay otra postura posible. Sin duda alguna, es la que todos tienen en esta Sala. Y quienes piensen diferente, siempre estarán equivocados.
La cultura es patrimonio de la humanidad, del planeta todo. Quienes se arroguen patrimonio especial sobre ella parten de una base errónea, y sus conclusiones serán, sin duda, siempre equivocadas.
La cultura es, en su esencia, una sola: de todos y para todos. Sólo sus expresiones poseen diferentes matices, que obedecen a circunstancias diferentes y a las diferentes personas, con su especial individualidad, única e irrepetible en todas sus manifestaciones, y que alcanza su máximo en la creación artística, en el minuto mágico, allá lejos en el tiempo, en el límite, donde se pierden o donde nacen los recuerdos, donde la mujer y el hombre, aquellos primitivos y lejanos cazadores, se transformaron en artistas, desde los albores, cuando la humanidad despertaba; cuando los primeros seres vivos e inteligentes notaron que sus acciones, además de utilidad práctica, podían adquirir un camino al placer, placer de crear, de ver, de oír, de oler, de provocar, en el fondo, un estímulo agradable a los sentidos, intencionalmente. Hasta en las múltiples creaciones y expresiones artísticas, los humanos han necesitado, además de sus satisfacciones básicas, estas otras necesidades, tan importantes como todas, para lograr un desarrollo armónico, en equilibrio consigo mismo y con los demás, en equilibrio con la naturaleza y en equilibrio con la sociedad.
En la Cámara de Diputados estamos cumpliendo un rol fundamental para el que fuimos elegidos: legislar en favor de las personas, sin discriminaciones, alejados de los particulares intereses de cada uno o de grupos o sectores. Estamos acercándonos a lo bueno, a lo mejor, a lo objetivo, a lo más justo: legislar para cada uno de los habitantes del planeta y, en especial, para quienes habitan esta tierra, para todos los grupos, para todos los sectores, sin, por mejorar a alguno, perjudicar a nadie
Ayer fue un día especial que debe dejar contentos a muchos. Estamos cumpliendo con una deuda con el país, con la cultura. El proyecto no es perfecto, pero es más que lo que hay.
Renovación Nacional cumple, como ayer y como siempre, una vez más, su compromiso esencial, que es representar.
Espero que ese proyecto revierta en alguna medida la triste situación de las regiones, que han sobrevivido sólo con el espíritu de las leyes que hablan de regionalización. Un ejemplo basta para graficar esto: el año pasado, el 81 por ciento de los recursos del Fondart se asignó a la Región Metropolitana y sólo el 19 por ciento a todas las demás regiones de Chile. Esto debe doler a todos los chilenos. No significa que las regiones sean incapaces de crear, sino sólo una gran injusticia en la asignación de los recursos de parte del Gobierno.
En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José) .-
Señor Presidente , sin duda, la red caminera que existe a lo largo del país es la que nunca había tenido Chile, y permite desplazarse a los vehículos a bastante velocidad.
Sin embargo, llama poderosamente la atención la cantidad de accidentes que se han suscitado en la carretera como consecuencia de actos o atentados irresponsables de parte de algunos ciudadanos desquiciados que se ubican sobre pasarelas o en lugares sobre nivel desde donde lanzan elementos contundentes hacia los vehículos que transitan en un sentido u otro.
En repetidas oportunidades, hemos visto, a través de los medios de comunicación, los daños que se les ha causado a los vehículos y a las personas. Hace sólo algunas semanas, una joven madre sufrió un grave atentado, y su salud estuvo en peligro. Tengo entendido que aún se encuentra muy delicada.
Creo que hay una solución definitiva para este tema, y en ese sentido pido que se oficie al ministro de Obras Públicas , Transportes y Telecomunicaciones. Las carreteras las diseñan hombres que han estado muchos años en la universidad, y la solución la podemos encontrar aquí, en este hemiciclo.
Los pasos sobre nivel en las carreteras, indudablemente, permiten a desalmados cometer atentados de la naturaleza que he mencionado; pero si fueran pasos bajo nivel, no existiría ninguna posibilidad de que acontecieran. Por consiguiente, hay que recomendar al ministro de Obras Públicas que, en lo sucesivo, los pasos peatonales no sean sobre nivel, sino bajo nivel, como también los cruces vehiculares donde hay puentes. De esa manera se evitará que se siga dañando la salud de personas inocentes que se trasladan de un punto a otro del país.
Es una buena solución. He conversado al respecto con algunos especialistas en la materia, sobre todo con arquitectos, y nadie me ha dicho que no es posible. Obviaríamos este serio problema que no sólo afecta a las carreteras de Chile, sino también a las de muchos países del mundo.
Tiene la palabra el diputado Eduardo Lagos.
Señor Presidente , en ocasiones anteriores, he tenido la oportunidad de poder comentar en esta misma Sala la situación que afecta a la economía de la Región de Los Lagos, a la cual represento. Allí, lamentablemente, hemos sido víctimas de la crisis que está afectando tanto a nuestro país como al continente.
En este contexto, nuestro Gobierno ha dispuesto una serie de recursos, a través de instituciones públicas, que, en el fondo, persiguen absorber mano de obra y favorecer a una enorme cantidad de familias que hoy no cuenta con el sustento necesario para mantenerse.
Sé que se ha contratado a mujeres que están desarrollando diversas actividades, situación que me genera ciertas dudas.
Por lo tanto, solicito que se oficie a la ministra del Sernam para que informe a esta Cámara sobre los diversos programas de empleo que se están ejecutando en el distrito Nº 57, que represento, en particular en la comuna de Puerto Montt.
Asimismo, que informe sobre las personas contratadas, individualizando a cada una de ellas; las actividades que desarrollan, los períodos por los cuales han sido contratadas y los sueldos que se están pagando.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que están alzando la mano, de los cuales se está tomando debida nota.
En segundo lugar, señor Presidente , solicito que se oficie al general director de Carabineros para que informe a la Cámara sobre los recursos destinados específicamente a la isla Poluqui, situada enfrente de la comuna de Calbuco, donde habitan, aproximadamente, 5 mil habitantes que sólo cuentan con una tenencia cuya dotación de carabineros es, a mi juicio, insuficiente. Además, dicha dotación también cuenta, para trasladarse al interior de ese territorio, con un solo vehículo, el cual se encuentra con deficiencias mecánicas desde hace varios meses.
Pido que el general director de Carabineros nos informe en qué momento se han dispuesto los recursos para poder renovar ese material o mejorarlo y así entregar a la ciudadanía la protección que requiere.
Asimismo, en ese oficio quiero reiterar una solicitud de oficio en cuanto a instalar un puesto de avanzada en un sector al sur de la isla Poluqui, cerca de Chidhuapi, que permitirá resguardar dicho sector, que está bastante alejado del centro de la isla y que hoy no cuenta con protección policial.
Ese oficio deberá enviarse al subsecretario de Carabineros .
-El señor Presidente saluda y da la bienvenida al Excelentísimo embajador de Italia en Chile, don Giovanni Ferrero, al consejero en temas políticos de dicha embajada, don Ruggino Corrias, y a una delegación de funcionarios de la Cámara de Comercio Italiana de Chile, encabezada por su presidente , don Pedro Corona, presentes en tribunas.
Señor Presidente , quiero hacer presente un problema que también conoce su Señoría, cual es la situación que se está dando respecto del cobro de agua potable por tratamiento de aguas servidas en la Octava Región. Las boletas de Essbío llegan mensualmente a cada uno de los usuarios de las comunas de Coronel, Penco y Tomé; pero, desde hace dos meses, vienen diferenciados los cobros por alcantarillado, agua potable y tratamiento de aguas servidas.
Al respecto, se nos informó que la Superintendencia de Servicios Sanitarios, con el fin de establecer mayor claridad y transparencia, autorizó subdividir el costo asociado a alcantarillado y, por lo tanto, diferenciar el costo de tratamiento de aguas servidas.
Lo paradójico de esto -es el cuestionamiento que se hacen miles de usuarios- es que no existe planta de tratamiento en la Octava Región y, en consecuencia, resulta violento que en la boleta aparezca un cobro de 1.500 ó 2.000 pesos por un servicio que no existe.
La explicación, una vez más, respecto del motivo de este cobro es que opera un sistema de solidaridad; es decir, los usuarios de Tomé, de Penco y de Coronel cancelan por la planta de tratamiento que está en Nacimiento, en otra provincia.
Pido que se oficie al superintendente de Servicios Sanitarios con el fin de que nos haga llegar copia de los informes técnicos que se tuvo a la vista en el momento de proceder a este prorrateo para aplicar un concepto de solidaridad, porque no es razonable ni coherente decirles a los habitantes de esas comunas que están pagando más por el hecho de ser solidarios con personas de otra provincia y por un servicio que ellos no tienen. Además, se nos aseguró que cuando cuenten con este servicio -porque hay plantas en construcción-, va a ser incorporado como un nuevo cargo que puede llegar hasta el 10 por ciento del total de la cuenta de agua potable.
Por lo tanto, solicito que nos explique, de manera técnica, cuál fue el sistema o la legislación utilizada para poder establecer ese cobro y, en particular, que nos informe cómo fueron traspasados a la empresa licitada, Essbío , los emisarios submarinos que en Penco y en Tomé han dado un resultado fantástico, pero que no fueron financiados con fondos fiscales.
También solicito que se oficie al subsecretario de Desarrollo Regional para que nos dé cuenta detallada de las inversiones en emisarios submarinos que se han realizado en el país, de su costo y de los mecanismos por los cuales han sido traspasados a las empresas sanitarias, porque todo eso es inversión pública, fiscal, y, en consecuencia, las empresas no invirtieron.
Además, pido que el superintendente nos indique en qué parte de la ley se encuentra el concepto “tratamiento” y cuál es la conceptualización que hacen de él. Porque si por “tratamiento” entendemos el hecho de depositar en la orilla de la playa los desechos residuales y aguas servidas -como ocurría, lamentablemente, tiempo atrás-, las cuales ahora son impulsadas un kilómetro y medio mar adentro; si consiste en alargar el tubo y dejarlas en medio del mar, pido que el superintendente aclare dónde figura el concepto sobre el cual la empresa prepara sus plantas.
Asimismo, pido que adjunte copia de los informes técnicos y de los proyectos de inversión de los emisarios submarinos a lo largo de todo el país.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados Jaramillo , Burgos y Saffirio .
En el tiempo correspondiente al Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Ramón Pérez Opazo .
El señor PÉREZ ( don Ramón) .-
Señor Presidente , un grupo de pequeños empresarios autobuseros independientes, que atiende actualmente el Metrobús y que no pertenece a las actuales asociaciones gremiales, ha denunciado al interior de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones una serie de irregularidades suscitadas en el proceso de licitación de los servicios Metrobús 2002, actualmente en desarrollo.
Entre esas irregularidades, denuncian la existencia de un documento sobre el llamado a licitación, protocolizado ante notario con 17 días de anterioridad a la puesta en venta de las bases y de su publicación en internet, que fue entregado al dirigente señor Juan Carlos Zamorano por el dirigente del transporte señor Edgardo Rivera .
Denuncian que durante el proceso de consultas y aclaraciones, se efectuaron importantes modificaciones de fondo a las mismas, como reducción de los patrimonios al 50 por ciento, alza importante de las tarifas ofertadas originalmente, modificaciones de circuitos y eliminación de otros, modificación de la cláusula de reajustabilidad, modificación de las bases administrativas que permiten la participación de proponentes que se comprometan a constituirse en sociedad en el evento de resultar adjudicatarios de una o más unidades de negocios. Todo lo anterior, como consecuencia de las conversaciones sostenidas por el equipo asesor del señor Germán Correa con cada uno de los compradores de las bases en forma independiente.
Si las bases originales hubieran contemplado estas modificaciones, se habría permitido participar a otras empresas u operadores que no calificaban por el ítem patrimonio neto mínimo y otros.
Denuncian, además, que el día de la presentación de las propuestas, 6 de agosto, se publicó en el mesón de recepción que el horario de atención era de 9 a 14 horas. A las 14.05 horas, una funcionaria de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes anunció que el plazo se prorrogaba hasta las 24 horas y, a las 19 horas, la empresa de Transportes Logísticos Internacionales se presentó con dos propuestas que fueron recibidas.
Denuncian que durante el proceso de apertura, 7 de agosto, el oferente Redbus Limitada hizo su presentación en archivadores con páginas no anilladas o encuadernadas, como lo exigían las bases para evitar reemplazos de documentos. Además, los paquetes de presentación de estas propuestas iban caratulados con hojas y membrete original del Gobierno de Chile y, en la oferta de la unidad de negocios 6, ofertó 76 buses con tecnología GLP -gas licuado petróleo-. Curiosamente, en el acta de presentación de las propuestas aparecen 76 buses EPA 98, Euro III, transmisión automática.
La propuesta de la empresa Lit fue objetada por uno de los asistentes debido a la vinculación familiar existente entre un ejecutivo del Metro y un ejecutivo de Autobuses Lit, hecho que quedó registrado en el acta de apertura. Hasta el momento, no se ha podido obtener por parte del seremi copia completa de dicha acta.
Denuncian que en este proceso de licitación, la autoridad ha manifestado públicamente que tiende a modernizar el transporte de Santiago con empresas que aportarían nuevas tecnologías y capitales frescos, cuestión que, en la práctica, no es así. Esas empresas no cuentan con vehículos inscritos en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados y han ofertado vehículos que no existen aún -por ejemplo, los vehículos GLP, EPA 987 y Euro III-, pero sí han ofrecido a los actuales empresarios que atienden el Metrobús, el arrendamiento de sus vehículos.
Denuncian que la empresa Lit ha reconocido públicamente que nunca ha considerado incorporar buses a gas. Por otra parte, ofrece, según los denunciantes, vehículos años 2000, 2001 y 2002, con los que no cuenta.
Los actuales operadores del Metrobús han señalado a la Comisión que han renovado el 90 por ciento del parque de buses con tecnología limpia -EPA 94, Euro II- con inyección electrónica inviolable, que es, según ellos, lo mejor del mercado.
Por lo antes expuesto, y como una forma de hacer transparencia en el proceso de licitación de Metrobús, vengo en solicitar que se oficie al señor ministro de Obras Públicas , Transportes y Telecomunicaciones para que informe a esta honorable Cámara acerca de las irregularidades denunciadas.
Tiene la palabra el diputado Manuel Rojas.
Señor Presidente , quiero plantear un problema que afecta especialmente a personas que viven en la ribera o borde costero de nuestra región, principalmente en la ciudad de Antofagasta y en algunos balnearios colindantes, como Punta Itata, Punta Chacalla, Hornitos, Mejillones, Juan López , sobre todo en el sector El Huáscar. Allí, la comunidad ha visto un incremento “grosero” -término de prensa que utilizamos en esta oportunidad- de las concesiones marítimas. Por esa razón, muchos locatarios y muchas personas que viven en los sectores que bordean la zona costera de Antofagasta me han pedido que se intervenga sobre el aumento abusivo del pago de las concesiones marítimas, determinado por el avalúo respectivo.
Sobre esa base, según los antecedentes que obran en nuestro poder, se dice, por una parte, que es un problema que corresponde al área marítima, y por otra, los responsables del cobro de estos gravámenes señalan que el Servicio de Impuestos Internos debe efectuar los reavalúos correspondientes. Al respecto, hemos visto que ciertas situaciones no fueron tomadas en cuenta en el avalúo de las concesiones marítimas.
En el sector de Antofagasta se declaró una zona de riesgo, denominada línea del tsunami, que disminuye la plusvalía y el valor de tasación de los sectores costeros.
Por otro lado, se han hecho algunas tasaciones en los terrenos del sector El Huáscar. Éstos son considerados como urbanos en el Plano Regulador, en circunstancias de que no cuentan con alcantarillado ni agua potable; sólo tienen luz eléctrica. Por lo tanto, el avalúo, al ignorar estas variables, está sobredimensionado.
La Comisión de Recursos Naturales ha dialogado con las respectivas instituciones. Por ello, deseo reiterar un oficio al Servicio de Impuestos Internos para que, tomando en consideración un eventual tsunami y que el sector de El Huáscar carece de alcantarillado y de agua potable, reavalúe el pago de las concesiones marítimas, para que así las viviendas puedan tener cierto valor y sus propietarios no sufran porque se encuentran ad portas de perder sus casas por los remates respectivos.
Asimismo, el crecimiento de la ciudad de Antofagasta, sobre todo la extensión del borde costero, nos ha impelido a pedir al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, Shoa, una reevaluación respecto de la línea demarcatoria de los 80 metros sobre el nivel del mar que declara la concesión marítima. De esa manera tendremos claridad sobre las decisiones que, en la Segunda Región, se están adoptando respecto del uso del borde costero.
En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio.
Señor Presidente , en primer lugar, quiero referirme a una grave situación que está ocurriendo con los accesos a la comuna de Padre Las Casas -una de las dos que represento en la honorable Cámara-, creada en 1996, pero que ha tenido gran crecimiento demográfico, según datos del último censo. Estamos hablando de una comuna con 58 mil habitantes, la mitad de ellos urbanos.
Lo anterior, más el crecimiento del transporte y el mejoramiento de las vías y de los caminos hacia Argentina, ha creado problemas crecientes en los accesos urbanos. Incluso, hoy es la salida de un gran tráfico vehicular que viene de Melipeuco y Cunco, e Icalma, desde Argentina.
Por ello, pido oficiar al ministro de la cartera respectiva, en primer lugar, sobre la situación del acceso al paso bajo nivel en la avenida Villa Alegre, que, con urgencia, requiere por lo menos mejorar la red de captación de las aguas lluvia. Los anegamientos son comunes en otoño e invierno.
En segundo lugar, para que se estudie la factibilidad de elevar la vía, eliminando el paso bajo nivel. Me imagino que esto está contemplado en el Plan Maestro de Obras Públicas de 2004.
En tercer lugar, para que se considere la necesidad de mejorar y ensanchar el paso bajo nivel “La Cruzada”, que une la avenida Villa Alegre con la avenida Ramberga, de la comuna Padre Las Casas. Ahí muchas veces se produce un nudo vial debido al anegamiento del paso bajo nivel anterior.
Por otro lado, pido enviar otros dos oficios al ministro de Obras Públicas . Uno para que informe si está en estudio la construcción del empalme que conecte la ruta Conun Huenu, obra vinculada al by pass de Temuco, con la ruta 5 sur. El otro, para que informe acerca del estudio de la construcción de un nuevo puente que una a Temuco urbano con Padre Las Casas o la construcción de una vía especial para carretas y carretelas en el Puente Viejo , debido al gran tráfico de productores hortícolas y de pequeños campesinos desde esa comuna a Temuco.
Señor Presidente , el segundo tema está vinculado a la economía regional, básicamente con el sector agrario. Mi intervención también es en nombre de don Edmundo Villouta, diputado del distrito Nº 48.
Sabemos que ayer se entregó al Senado el texto completo del Tratado de Libre Comercio con Europa. La semana anterior supimos que se puede avanzar mucho más rápidamente en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos debido al “fast track” que acaba de conseguir el Presidente George W. Bush . Esto crea gran inquietud en los productores de las regiones agrícolas del sur, en particular en la Novena Región.
Hace un par de semanas la Cámara de Diputados rechazó un proyecto de acuerdo, presentado por un grupo de diputados de Renovación Nacional, mediante el cual se pedía que Chile se desligara del Mercosur. La Cámara hizo bien en rechazarlo, en primer lugar, porque estaba muy mal fundado: debilidad teórica en sus considerandos, pues se adscribía a la concepción mercantilista, que ningún economista serio sigue desde la época de David Ricardo en adelante. Desde 1817 se sabe que el comercio internacional no es suma cero. Además, la fundamentación era muy débil e inconsistente, porque Chile ha tenido un superávit creciente, tanto de su balanza comercial como de la agropecuaria. Sólo en junio fue de 1.853 millones de dólares.
En segundo lugar, el proyecto de acuerdo tampoco consideraba declaraciones de la Sofofa, según las cuales la balanza comercial deficitaria del país con el Mercosur se debía a las importaciones de petróleo, gas natural y gasolina, así como del sector automotor; es decir, de bienes que no se producen en el país y que, si no los compráramos al Mercosur, tendríamos que importarlos de otra parte a un precio mucho más alto, lo que redundaría en una balanza comercial negativa.
En tercer lugar, tampoco se considera que el Acuerdo con la Unión Europea y un eventual Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos interesa a otros países, más que por el mercado chileno, por la posibilidad de ser puerta de entrada a América Latina, con el Mercosur incluido.
En cuarto lugar, no se tuvo presente que las exportaciones chilenas hacia el Mercosur tienen un altísimo valor agregado que, incluso, al desligarnos de los acuerdos, generarían un impacto negativo en sectores vinculados a la industria de la madera, que nos interesa particularmente en la Novena Región.
Tampoco se consideró que el Mercosur, más que un acuerdo de libre comercio o un acuerdo de complementación económica, interesa al país por razones de política exterior y de defensa nacional. Cualquier político responsable debería analizar la situación nacional tomando en cuenta las condiciones sociales, económicas y políticas que se viven en Argentina y en Perú.
Estos temas han provocado inquietud; incluso han dado pie para reacciones destempladas y demagógicas de algunos colegas en la región. Por ello, a las puertas de estos acuerdos de libre comercio que vamos a suscribir con Europa y Estados Unidos, pido oficiar a los ministros de Hacienda y de Agricultura a fin de que informen pormenorizadamente sobre cómo se han cumplido tanto los convenios que se adoptaron cuando se firmó el Acuerdo de Complementación Económica con el Mercosur como los Acuerdos que, el 16 de septiembre de 1998, se reiteraron y extendieron en el Protocolo de Entendimiento del proyecto de ley sobre rebaja de aranceles, entre los ministros de Hacienda , de Economía y de Agricultura, y los senadores.
Me interesa conocer en detalle el cumplimiento de esos acuerdos de compensación a la agricultura de productos sensibles del sur en todos estos años, incluido el 2002.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores José Miguel Ortiz , Zarko Luksic , Jorge Burgos y de quien habla.
Señor Presidente , desde hace algunos días han estado apareciendo en la prensa informaciones sobre un predio de alrededor de 77 mil metros cuadrados, ubicado en plena comuna de Providencia, en Pocuro o Alférez Real -se denomina de las dos formas- con Antonio Varas, adquirido por Aguas Andinas junto con el patrimonio completo de la antigua Emos, Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias .
Respecto de ese predio -que constituye un pulmón verde para quienes vivimos en Providencia y que ha sido declarado área verde de acuerdo con las decisiones de las autoridades ministeriales y comunales-, se maneja la información de que Aguas Andinas estaría interesada -cuestión que además me consta, por tener algún conocimiento directo- en llevar a cabo un negocio inmobiliario en él, sobre la base de entregar parte del terreno a la muncipalidad de Providencia y mantener algún espacio para unos estanques, a cambio de liberar alrededor de 50 mil metros cuadrados para destinarlos a construir alrededor de 12 torres de edificios de departamentos, que albergarían a 5 mil o 6 mil personas de la comuna; es decir, en caso de funcionar el proyecto, aproximadamente 6 ó 7 por ciento de sus habitantes se instalarían allí, como consecuencia de este negocio inmobiliario.
Lo concreto es que sabemos, por otras informaciones, que el 44 por ciento de las acciones de Aguas Andinas pertenece a los chilenos, y quien nos representa en esa proporción del patrimonio es la Corfo, Corporación de Fomento de la Producción, que tiene directores en ese porcentaje.
Pido que se oficie a la Corfo para que me informe acerca de cuál es la visión de los directores que representan mi capital -el mío como chileno en cuanto soy propietario del 44 por ciento de la empresa Aguas Andinas-, respecto del proyecto inmobiliario que pretende construir la empresa en ese terreno.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Ortiz , Luksic , Saffirio y de quien habla.
Tiene la palabra el diputado señor Zarko Luksic.
Señor Presidente, quiero, en primer lugar, saludar a Quilicura, comuna que acaba de cumplir 101 años de vida.
De acuerdo con el último censo, conocido en forma extraoficial, la comuna de Quilicura ha aumentado su población en casi 200 por ciento. De 40 mil habitantes ha superado los 120 mil.
El explosivo aumento demográfico de la comuna implica nuevos desafíos que debemos acometer, de manera de construir una ciudad más amable, acogedora. En definitiva, un espacio donde dé gusto a sus habitantes morar, trabajar, jugar y esparcirse.
Quilicura es un lugar atractivo para la familia de clase media o popular que quiere escapar del “smog” y aspira a vivir en un espacio con mayores áreas verdes y en donde se puedan equilibrar las tradiciones campestres y de la patria con la modernidad y el progreso. Sin embargo, las autoridades de la comuna, alcaldesa señora Carmen Romo y concejales, temen que el aumento de la población genere una serie de problemas, en especial mayor demanda en servicios públicos, salud, educación, seguridad ciudadana e infraestructura vial.
Por lo tanto, teniendo en consideración lo señalado, pido que se oficie al ministro de Salud a fin de que nos informe sobre la eventual construcción de un nuevo consultorio de salud, que se ubicaría en el sector oriente de la comuna.
En segundo lugar, al ministro de Defensa, concretamente al subsecretario de Carabineros, con el objeto de que nos informe respecto de nuestra petición de aumentar la dotación de carabineros y la infraestructura, tales como vehículos y otros elementos necesarios, para el combate a la delincuencia.
En tercer lugar, al ministro de Vivienda y Urbanismo , pues se comprometió con la alcaldesa y el diputado que habla a construir y pavimentar la avenida O’Higgins, que permite a los quilicuranos tener un acceso más expedito y rápido para concurrir al centro de Santiago.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Ortiz , Saffirio y de quien habla.
Por haber cumplido su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.47 horas.
“Valparaíso, 13 de agosto de 2002.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado, en sesión del día 7 del mes en curso, a proposición de la Comisión de Hacienda, que hizo suya la Corporación, aprobó el siguiente
Proponer a la honorable Cámara de Diputados dar el carácter de permanente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, y modificar, con tal objeto, la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y los Reglamentos de ambas Corporaciones.
Proyecto de acuerdo del honorable senador señor Ominami , para proponer a la honorable Cámara de Diputados dar el carácter de permanente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y, con tal objetivo, modificar la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y los Reglamentos de ambas Corporaciones.
1.	Que la Comisión de Hacienda, en sesión celebrada el día miércoles 3 de julio de 2002, en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Sala del Senado, de fecha 18 de junio del año en curso, debatió ampliamente la imperiosa necesidad de mejorar el control y seguimiento permanente de la ejecución del gasto público como la mejor manera de optimizar la eficacia de éste;
2.	Que, coincidiendo con la tendencia mundial y considerando que se trata de una tarea propia del Poder Legislativo y de la mayor importancia, se hace imprescindible fortalecer dicho control presupuestario, yendo más allá de la simple verificación de la regularidad presupuestaria contable, y realizar una más completa y efectiva revisión cualitativa y oportuna de los medios presupuestarios, con el objeto ya declarado de obtener y garantizar la mayor eficacia del gasto público;
3.	Que el robustecimiento de los mecanismos de control presupuestario en los términos indicados, permitirá al Congreso Nacional fortalecer su acción frente al Poder Ejecutivo, y
4.	Que, para ello, es necesario que el Congreso Nacional acuerde dar el carácter de permanente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, con el objeto de que ésta pueda celebrar, al menos, cuatro sesiones durante el año, conociendo en pleno acerca de la ejecución presupuestaria. En esas sesiones, los personeros del Gobierno invitados podrán informar acerca del cumplimiento del avance en la ejecución, dar a conocer los informes relativos a los balances de gestión integral, a la evaluación de programas públicos y al cumplimiento de los compromisos adquiridos en la ley de Presupuestos y en su Protocolo, y atender y solucionar todas las dudas y preguntas parlamentarias sobre estas materias, lo cual daría una mayor transparencia pública al proceso, permitiendo a la ciudadanía obtener una amplia y completa información sobre dichos temas.
El Senado ha acordado el siguiente

References: artículo 146
 artículo 146
 artículo 146
 artículo 485
 artículo 484
 artículo 487
 artículo 485
 artículo 487
 artículo 146
 artículo 146
 artículo 146
 artículo 146
 artículo 146
 artículo 17
 artículo 13
 artículo 11
 artículo 1
 artículo 146
 artículo 468
 artículo 219
 artículo 219
 artículo 219
 artículo 1
 artículo 2