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Timestamp: 2017-10-20 23:39:01+00:00

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Sentencia T.S. (Sala 3) de 25 de noviembre de 2010. IRNR. Ingreso extemporáneo. Aplicación de recargo. Procede - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S. (Sala 3) de 25 de noviembre de 2010
IRNR: Ingreso extemporáneo sin requerimiento previo. Omisión de pronunciamiento por infracción del principio de proporcionalidad: No existe incongruencia omisiva de la sentencia porque descarta el carácter sancionatorio del recargo y responde motivadamente a la alegación formulada. Exigencia de recargo: Procede la aplicación del régimen previsto legalmente a estos efectos, a la declaración de retenciones a no residentes sin establecimiento permanente. Infracción del principio de proporcionalidad: No procede porque el porcentaje del recargo aplicado se establece en función del retraso en el ingreso efectuado por el interesado conforme a la voluntad del legislador.
En la Villa de Madrid, a veinticinco de Noviembre de dos mil diez.
Visto por la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el presente recurso de casación número 888/2006, interpuesto por D.ª María Teresa de las Alas-Pumariño Larrañaga, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de REPSOL YPF, S.A., contra sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de la Audiencia Nacional, de fecha 14 de diciembre de 2005, dictada en el recurso contencioso-administrativo 18/2003, seguido respecto de resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, de 8 de noviembre de 2002, en materia de liquidación del Impuesto de Renta de Personas Personas Físicas, no residentes, sin establecimiento permanente, año 1998
Primero.-- La sentencia impugnada, cuyos datos básicos figuran en el encabezamiento, al hacer referencia al objeto del recurso contencioso-administrativo, señala como hechos a tener en cuenta, los siguientes (Fundamento de Derecho Segundo):
"Las anteriores actuaciones administrativas tienen su origen en el 4 de marzo de 1998, fecha en que la entidad recurrente presentó el modelo 215 declaración colectiva, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no residentes sin establecimiento permanente, correspondiente al mes de enero, con una cuota diferencial a ingresar de 703.641.562 pts. (4.228.970,96 euros). Por la Unidad Central de Gestión de Grandes Empresas de la Oficina Nacional de Inspección se practicó liquidación del recargo del 5% por ingreso fuera de plazo sin requerimiento previo, igual o inferior a 3 meses, resultando una deuda tributaria a ingresar de 35.182.078 pts. (211.448,55 euros).
Contra dicha liquidación formuló la interesada reclamación económico-administrativa ante el TEAC alegando en síntesis lo siguiente: 1.º) Que la liquidación del recargo contemplada en el art. 61.3 de la LGT no puede considerarse ajustada a Derecho, pues la cantidad que se exige no es más que una sanción por haber ingresado fuera de plazo el importe de una deuda tributaria, por lo que procede su declaración de nulidad; 2.º) Que la cuota diferencial ingresada tuvo lugar al amparo de lo dispuesto en la Orden Ministerial de 23 de diciembre de 1997, que reguló el plazo de ingreso en relación con la declaración de no residentes sin establecimiento permanente, siendo esta la causa del retraso en la presentación del Modelo 215, puesto que el cambio en mensual del anterior plazo trimestral no fue advertido dado el continuo cambio normativo, pero sin que en ningún momento existiera voluntad de infringir la normativa tributaria, ni causar perjuicio económico a la Hacienda Pública, por lo que no concurre culpabilidad; 3.º) Que la exigencia del recargo en la cuantía que ha quedado fijada es contraria al principio de proporcionalidad ya que el retraso fue solo de 12 días, siendo la cuantía muy superior a lo que hubiera comportado el abono de intereses de demora con arreglo al tipo vigente en 1998; 4.º) Que por demoras de la Administración tributaria en el pago de cualquier cantidad a favor del contribuyente, la reacción que prevé el ordenamiento jurídico no es un recargo del cinco por ciento sino el abono del interés de demora regulado en el art. 58.2 de la LGT.
El TEAC, en la resolución de 8 de noviembre de 2002, ahora combatida, desestimó la reclamación argumentando que la aplicación de recargo del 5% por ingreso fuera de plazo se adecúa plenamente a lo dispuesto en el art. 61.3 de la LGT. Añade el TEAC que en cuanto a la consideración como sanción del referido recargo, ha de estarse a lo establecido por el Tribunal Constitucional en la sentencia de 13 de noviembre de 1995 ".
Segundo.-La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Segunda) tramitó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad hoy también recurrente, con el número 18/2003, dictando sentencia, de fecha 14 de diciembre de 2005, que contiene la siguiente parte dispositiva: " DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de REPSOL YPF S.A. contra resolución de 8 de noviembre de 2002 del Tribunal Económico Administrativo Central, a que las presentes actuaciones se contraen, y CONFIRMAR la resolución impugnada por su conformidad a Derecho. Sin expresa imposición de costas".
Tercero.-- La representación procesal de REPSOL YPF S.A preparó recurso de casación contra la sentencia de referencia, y, tras tenerse por preparado, lo interpuso por escrito presentado en 14 de marzo de 2006, en el que solicita se dicte otra estimándolo y procediendo a anular la impugnada y a estimar el recurso contencioso-administrativo, con declaración de nulidad de la resolución de la Unidad Central de Gestión de Grandes Empresas, de la Oficina Nacional de Inspección, de 25 de febrero de 2000, así como a condenar a la Administración recurrida a indemnizar a la recurrente en el importe de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, creada por el artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre.
Cuarto.-- El Abogado del Estado se opuso al recurso de casación por medio de escrito presentado en 27 de julio de 2007, solicitando se dicte sentencia que confirme la de instancia.
Quinto.-Señalada, para votación y fallo, la audiencia del día 24 de noviembre de 2010, en dicha fecha tuvo lugar el indicado acto procesal.
Primero.-- El artículo 61.3 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, en la redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio, dispone: " Los ingresos correspondientes a declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo, así como las liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo, sufrirán un recargo del 20%, con exclusión de las sanciones que, en otro caso, hubieran podido exigirse, pero no de los intereses de demora. No obstante, si el ingreso o la presentación de la declaración se efectúa dentro de los tres seis o doce meses siguientes al término del plazo voluntario de presentación de ingreso, se aplicará un recargo del 5,10 o 15 por 100, respectivamente, con exclusión del interés de demora y de las sanciones que, en otro caso, hubieran podido exigirse.
Estos recargos serán compatibles, cuando los obligados tributarios no efectúen el ingreso al tiempo de la presentación de la declaración-liquidación o autoliquidación extemporánea, con el recargo de apremio previsto en el artículo 127 de esta Ley ."
En el caso presente, la entidad recurrente presentó en 4 de marzo de 1998 el Modelo 215, de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no residentes sin establecimiento permanente, correspondiente al mes de enero, que debía haber presentado no más tarde el 20 de febrero, de acuerdo con lo previsto en la Orden de 23 de diciembre de 1997. Por ello, la Unidad Central de Gestión de Grandes Empresas, de la Oficina Nacional de Inspección, haciendo aplicación del precepto transcrito, previa audiencia de la entidad y formulación de alegaciones por la misma, y teniendo en cuenta que la cuota diferencial de la declaración-liquidación ascendía a 703.641.582 ptas., giró liquidación por el importe del recargo, que ascendía a 35.182.078 ptas.
Y es así como la sentencia recurrida dice, y lo dice bien, que la única cuestión que se planteaba a la Sala de instancia era la de si procedía la aplicación del recargo del 5% previsto en el art. 61.3 de la LGT según redacción dada por la Ley 25/1995, y la naturaleza del mismo.
Y frente a la respuesta desestimatoria ofrecida en la referida sentencia la representación procesal de REPSOL YPF, S.A. articula su recurso de casación con tres motivos en los que, con amparo en el artículo 88.1.c) de la Ley de esta Jurisdicción respecto del primero y del artículo 88.1.d) en los dos restantes, alega:
1.º) Que la sentencia no se pronuncia sobre la alegada infracción del principio de proporcionalidad.
2.º) Infracción del artículo 61.3 de la Ley General Tributaria de 1963, en la redacción procedente de la Ley 25/19095, de 20 de julio.
3.º) Infracción del principio de proporcionalidad, de raigambre constitucional y de reiterado reconocimiento por la Jurisprudencia hasta su positivización en el artículo 3.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Segundo.-- Como acaba de señalarse, en el primero de los motivos del recurso se reprocha a la sentencia no haberse pronunciado sobre la alegada infracción del principio de proporcionalidad, incurriendo de esta forma en incongruencia omisiva, a cuyo efecto se pone de relieve que tal como se expuso en el escrito de demanda, se exigían 211.448,55 euros (35.182.078 ptas.) por un retraso de 12 días, que se califica de "exigua demora".
Pues bien, la sentencia, que ciertamente realiza una compleja exposición de la historia de los recargos tributarios, de por sí ya compleja, llega a la conclusión de que los mismos no tienen carácter sancionador, con exclusión del recargo del 50% del artículo 61.2 de la Ley General Tributaria, según redacción de la Ley 18/1991 (SSTC 276/2000, de 16 de noviembre, 26/2001, de 29 de enero y 93/2001, de 2 de abril).
Excluido el carácter sancionador de los recargos es claro el poco juego que puede tener el principio de proporcionalidad, pese a lo cual, en el Fundamento de Derecho Quinto de la Sentencia, se rechazan las alegaciones concretas de la demandante que pudieran suponer un soporte a su alegación, a cuyo efecto se señala:
"... En el caso presente, el ingreso de la cuota correspondiente al IRPF, no residentes sin establecimiento permanente, correspondiente al mes de enero de 1998, se presentó el 4 de marzo de 1998, alegando la recurrente que se hizo solo con un retraso de 12 días debido a problemas informáticos ocasionados por la entrada en vigor de la Orden Ministerial de 23 de diciembre de 1997, que cambió el plazo anterior trimestral a mensual.
Pues bien, laSala no puede compartir dicho argumento, pues aunque es cierto que la Orden Ministerial de 23 de diciembre de 1997, en efecto, cambió en mensual el anterior plazo trimestral, lo cierto es que desde su publicación en el BOE el 30 de diciembre de 1997, hasta la fecha del vencimiento del plazo de presentación el 20 de febrero de 1998, la empresa recurrente tuvo tiempo suficiente de adaptar su sistema informático, sin que por tanto sea atendible esta causa.
Por otro lado, ya descartado el carácter sancionatorio del recargo impuesto, el mismo responde únicamente a la falta de ingreso en plazo de una deuda tributaria según ya declaró el TC al analizar el art. 61.2 : "Lo que hace el art. 61.2 LGT no es reclamar un tributo por la existencia de un nuevo hecho imponible, sino que, simplemente, exige un plus por haber incumplido el deber de ingreso en plazo que la normativa tributaria establece, razón por la cual la medida enjuiciada no es encuadrable en el art. 31.1 CE ".
Pero además, en relación con la idea expuesta en el escrito de demanda, y que se repite en casación, en el sentido de deberse tener en cuenta el esfuerzo fiscal de la entidad recurrente y el escaso retraso en el ingreso, la sentencia responde en el Fundamento de Derecho Sexto en la siguiente forma:
"... Carece de consistencia para excluir la culpabilidad, la alegación y la referencia que se efectúa a supuestos "errores" o "problemas" informáticos, que si por lo general parecen un pretexto difícilmente sostenible, mucho más pierden consistencia y carecen de validez para eludir el elemento culpabilístico, cuando se trata de una empresa de la entidad de la recurrente.
Es intranscendente, a los efectos que nos ocupan, que la actora haya ingresado una cantidad superior a los ocho mil millones de pesetas por el I.V.A. de 1.997, lo cierto es que el retraso en el ingreso que aquí se contempla, se produjo y los pretendidos problemas informáticos, por la propia entidad de la actora, no pueden excluir su culpabilidad."
Sin perjuicio de que la utilización de algún término pueda resultar más o menos adecuada, es claro que la sentencia da respuesta a la alegación formulada en la demanda, por lo que se rechaza el motivo.
Tercero.-En el segundo motivo, la entidad recurrente alega infracción del artículo 61.3 de la Ley General Tributaria, antes transcrito, a cuyo efecto señala que no concurre en el presente caso el presupuesto normativo contemplado en dicho precepto, pues el ingreso de 4.228.970,96 euros (703.641.562 ptas.) no procedió de autoliquidación a cargo de REPSOL. YPF, S.A., razón por la que la Hacienda Pública solo puede percibir intereses moratorios y no el recargo del 5%.
A tal efecto, se argumenta que en la Sentencia de esta Sala de 12 de mayo de 2004 se señala que :" Es obligado recordar las diferencias esenciales existentes entre los procedimientos de gestión de los tributos basados, de una parte, en la declaración- autoliquidación, que obliga al sujeto pasivo a declarar los elementos esenciales del hecho imponible, a calificarlos jurídicamente, a determinar la base imponible, a liquidar el Impuesto correspondiente y por último a ingresar las obligaciones tributarias, así cuantificadas, en las Entidades de crédito colaboradoras o en las Cajas de las Delegaciones de Hacienda, simultáneamente a la presentación de la declaración, y, de otra parte, los basados en la simple presentación de la correspondiente declaración de los elementos del hecho imponible, reservándose la Administración tributaria la práctica de las liquidaciones procedentes, que deben ser ingresadas por los sujetos pasivos en el período de ingreso voluntario, contado a partir de la necesaria y obligada notificación de la liquidación".
Tras ello, se indica que de los dos procedimientos de gestión que contemplan las leyes sustantivas sólo ha sido elegido uno a los efectos de aplicación del artículo 61.3 de la Ley General Tributaria:
- En la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se distingue la autoliquidación del tributo, prevista en el artículo 80 y la obligación de practicar retenciones a cuenta, a la que se refiere el artículo 82.
- Del mismo modo, en la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto de Sociedades, se distingue entre autoliquidación (artículo 143) y retenciones a cuenta (artículo 146)
De lo expuesto, deduce la recurrente que la exigencia del recargo del 5% en supuestos distintos del artículo 61.3 de la Ley General Tributaria infringe el principio de legalidad, pues el ingreso efectuado en el presente caso no procedió de autoliquidación del tributo a cargo de la recurrente, sino de retenciones practicadas a no residentes, sin establecimiento permanente, con motivo de hacerse pago de los dividendos.
Debemos rechazar el motivo, tanto por tratarse de una cuestión nueva no planteada en la instancia y sobre la que no se pronunció la sentencia, como por cuanto la aplicación del régimen previsto en el artículo 61.3 de la Ley General resulta igualmente aplicable al supuesto de declaración de retenciones a no residentes sin establecimiento permanente, cual es el caso que ahora se plantea.
En efecto, ante todo, es oportuno quedar reseñado que la Sentencia de esta Sala de 11 de mayo de 2004, referida a liquidación por el concepto de intereses de demora en relación a liquidación de 1989, a continuación de la transcripción antes indicada, señala:
" En el procedimiento de declaración-autoliquidación, esta Sala Tercera ha mantenido doctrina reiterada y completamente consolidada, consistente en sostener que la obligación tributaria nace "ex lege", por realización del hecho imponible, es decir, se devenga (concepto estrictamente fiscal), en la fecha concreta que determinan las respectivas Leyes tributarias, es exigible durante el período reglamentario de presentación de las respectivas declaraciones, es líquida, por imperio de la Ley, toda vez que durante dicho período de tiempo el sujeto pasivo está obligado a liquidarla, y es vencida a partir del día primero de dicho período, aunque el sujeto pasivo pueda pagarla durante el período referido. En consecuencia, a partir del día siguiente al de terminación del período de presentación de las declaraciones-autoliquidaciones, la Administración tributaria tiene el derecho a exigir intereses de demora, sin intimación alguna, siempre que no sea presentada la declaración-autoliquidación o ésta no sea veraz.
Por el contrario, en el procedimiento de declaración-administrativa, sin autoliquidación exigible, en el que la Administración acreedora se reserva la facultad de liquidar la obligación tributaria, si la declaración presentada por el sujeto pasivo ha sido veraz, es claro que la obligación tributaria no es líquida hasta que la Administración practica la necesaria y obligada liquidación, y no es exigible y vencida hasta que se notifica al sujeto pasivo, para que efectúe el ingreso en el período voluntario, establecido en las normas del Reglamento de Recaudación.
Pero es que además, según reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala (Sentencias de 7 de mayo de 2002, 28 de febrero, 28 de marzo de 2003 y 21 de noviembre de 2003), relacionada con el Modelo 210, relativo al Impuesto sobre la Renta de no residentes sin establecimiento permanente, existe autoliquidación cuando el contribuyente presenta las declaraciones ante las Oficinas de la Administración Tributaria o ante las Entidades de crédito colaboradoras, expone en ellas el hecho imponible, su cuantificación mediante la determinación de la respectiva base imponible, que también declara, y calcula la obligación tributaria que, normalmente, ingresa simultáneamente a la presentación de las declaraciones, sin intervención o actuación alguna de la Administración Tributaria, circunstancia no concurrente cuando se mantiene en las mismas que los rendimientos no son obtenidos en territorio español (por cuanto el artículo 305 del Reglamento del Impuesto de Sociedades, aprobado por Real Decreto 2631/1982, de 15 de octubre exigía para la transferencia de fondos la "conformidad" de la Administración Tributaria), pero si cuando se da la situación diametralmente opuesta, pués en tal caso " se trataba de rendimientos obtenidos en España, sujetos a nuestro Impuesto de Sociedades, al tipo del 18% (tipo general para no residentes) y por ello procedió al ingreso de las cuota autoliquidadas, sin necesidad de "conformidad"; alguna por parte de la Oficina Gestora."
Y esto es lo que ocurrió en el presente caso, en el que la entidad recurrente presentó la correspondiente declaración expresando el número de rentas devengadas y la suma de cuotas diferenciales individuales, procediendo a su ingreso en el Tesoro, debiendo señalarse que ello era consecuencia de lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 43/1995, del Impuesto de Sociedades que impone no solo la obligación de retener sino de declarar e ingresar las retenciones que hubieran llevado a cabo.
En efecto, en lo que interesa, el artículo 146 de la referencia, señala en la redacción aquí aplicable:
" 1. Las entidades, incluidas las comunidades de bienes y las de propietarios, que satisfagan o abonen rentas sujetas a este Impuesto, estarán obligadas a retener o a efectuar ingresos a cuenta, en concepto de pago a cuenta, la cantidad que se determine reglamentariamente y a ingresar su importe en el Tesoro en los casos y formas que se establezcan. También estarán obligados a retener e ingresar los empresarios individuales y los profesionales respecto de las rentas que satisfagan o abonen en el ejercicio de sus actividades empresariales o profesionales, así como las personas físicas, jurídicas y demás entidades no residentes en territorio español que operen en él mediante establecimiento permanente.
2. El sujeto obligado a retener deberá presentar en los plazos, forma y lugares que se establezcan reglamentariamente, declaración de las cantidades retenidas o declaración negativa cuando no se hubiere producido la práctica de las mismas. Asimismo presentará un resumen anual de retenciones con el contenido que se determine reglamentariamente."
Y lo que indicamos viene ratificado por la Orden Ministerial de 23 de diciembre de 1997, que señala en el Punto Primero, Seis.4.: " Ingreso o solicitud de devolución. Al tiempo de presentar la declaración-liquidación, se ingresará la deuda tributaria o se solicitará la devolución resultante de la autoliquidación practicada, utilizando el documento de ingreso o devolución correspondiente."
En fin, no deja de ser llamativo que ahora se formule el motivo en los términos indicados cuando en el escrito de alegaciones ante la Administración Tributaria se hacía referencia al "retraso en el ingreso de la autoliquidación de sólo doce días".
Conclusión: el motivo se desestima.
Cuarto.-- En el tercer motivo se alega infracción del principio de proporcionalidad.
Se vuelve a hacer referencia al rigor con la que fue tratada la recurrente que ingresó una cantidad superior a 700 millones de pesetas por el Impuesto sobre le Renta de las Personas Físicas y de Sociedades, no residentes, del año 1998. Igualmente se insiste, en los problemas informáticos derivados de la nueva regulación del plazo de ingreso por la Orden Ministerial de 23 de diciembre de 1997, que fueron la causa del retraso y no el deseo de dilatar los pagos, "lo cual debió merecer alguna consideración por parte de una Administración Tributaria que ha de actuar con sujeción a la Ley y al Derecho y que ha de interpretar las normas con arreglo a la realidad social, cuestiones éstas que en modo alguno pueden orillarse, pues con toda evidencia fueron los aludidos problemas informáticos los causantes del mínimo y subsanado desfase". Se hace referencia igualmente a que el tipo de retención no es uniforme, pues existen tres tipos diferentes de situaciones a tener presente, que son las planteadas por accionistas residentes de otros Estados de la Unión Europea, en Estados con los que España tenga suscritos Convenios para evitar la doble imposición internacional y otros distintos de los señalados anteriormente; a la necesidad de obtener un certificado de residencia, expedido por las autoridades competentes en los casos de aplicación de tipos de gravamen inferiores a los generales o cuando se invoque exención, siendo la obtención de dicho certificado, "un requisito de muy difícil obtención en el plazo del mes que es el que se considera infringido..."; en fin, a la movilidad del accionariado de la entidad recurrente, tanto más cuanto sus acciones cotizan en las Bolsas de Nueva York y Londres.
Dicho lo anterior, y al margen de que el ingreso realizado corresponda a "retenciones", debemos partir de que como ha señalado el Tribunal Constitucional (Sentencia 164/1995, de 13 de noviembre), "el art. 31.1 CE habilita al legislador para proteger el especial interés de la Hacienda Pública en el pago puntual de las deudas tributarias con medidas eficaces cuya finalidad sea no sólo la de "compensar o resarcir al erario público por el perjuicio que le supone la no disposición tempestiva de los fondos necesarios para atender a los gastos públicos", sino también la de "salir preventivamente al paso de una posible actitud dilatoria en el pago de sus deudas tributarias por los contribuyentes, y ante el riesgo de que dicha actitud pudiera generalizarse"."
Pues bien, el motivo debe ser igualmente rechazado porque el legislador, en ejercicio de la "libertad configurativa" reconocida por la Constitución para dar efectividad al sistema tributario, estableció en el artículo 61.3 una serie de recargos en los que existe el rasgo común, y ello se olvida por la entidad recurrente, del transcurso del plazo voluntario de ingreso. Que el porcentaje del recargo difiera en función del mayor o menor retraso responde a la opción legítima del legislador y dentro de cada segmento temporal de los indicados por la ley, que el ingreso se realice antes o después, responde ya a la conducta del interesado.
Por último, debe ponerse de relieve que lo que en el escrito de alegaciones ante la Oficina gestora era un retraso debido a error en no haber observado que la Orden Ministerial de 23 de diciembre de 1997 había convertido en mensual el plazo antes trimestral, posteriormente, en el escrito de demanda, se convierte en "problemas informáticos" y ahora en el recurso de casación en dificultades de obtención de datos y documentos, lo cual demuestra la inconsistencia de la fundamentación del motivo, que queda rechazado.
Quinto.-- Al no aceptarse ninguno de los motivos alegados, el recurso ha de ser desestimado. Pero además, la desestimación debe llevar aparejada la condena en costas, si bien que la Sala, haciendo uso de la facultad prevista en el artículo 139.3 de la Ley de la Jurisdicción, limita los honorarios del Abogado del Estado a la cifra máxima de 2000 euros.
Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso de casación número 888/2006, interpuesto por D.ª María Teresa de las Alas-Pumariño Larrañaga, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de REPSOL YPF, S.A., contra sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de fecha 14 de diciembre de 2005, dictada en el recurso contencioso-administrativo 18/2003, con imposición de costas a la parte recurrente y con la limitación indicada en el Último de los Fundamentos de Derecho.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos Rafael Fernandez Montalvo Manuel Vicente Garzon Herrero Manuel Martin Timon Joaquin Huelin Martinez de Velasco Oscar Gonzalez Gonzalez
Publicación.-Leída y publicada ha sido, la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, D. Manuel Martin Timon, hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, el Secretario Certifico.

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 resolución 
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 artículo 35
 artículo 61
 artículo 127
 artículo 88
 artículo 88
 artículo 61
 artículo 3
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 80
 artículo 82
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 305
 Real Decreto 
 artículo 146
 artículo 146
 artículo 61
 artículo 139