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Artículos archivos - Página 7 de 11 - Rafael Caldera
Recorte de El Universal del 31 de octubre de 1990, donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.
Empleados públicos y Ley del Trabajo
Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 31 de octubre de 1990.
En los tiempos del Estado-Gendarme, al que sólo se le asignaban las atribuciones esenciales (defensa nacional y policía, orden público, relaciones exteriores y mantenimiento de la paz), a nadie se le podía ocurrir que la legislación del Trabajo, creada para los obreros al servicio de la revolución industrial, pudiera extenderse a los funcionarios y empleados públicos.
La necesidad de una protección legal para estos últimos comenzó a plantearse a medida que los servicios públicos fueron creciendo y haciendo crecer el Estado. Porque si la legislación laboral era cada vez más amplia, la situación del personal del sector público era precaria, aun cuando aumentaba a medida que la actividad de los entes públicos era mayor y en ocasiones similar en su funcionamiento a los grandes entes privados formados con el auge del capitalismo.
La tesis clásica era distinguir netamente la relación de trabajo privada y la existente entre ramas del poder público y sus servidores. Aquella se suponía formada en un acuerdo de voluntades, mientras que ésta se consideraba resultado de un acto de autoridad. Pero pronto comenzó a observarse que la relación de trabajo, aun cuando tenga generalmente un origen contractual, no era producto de la libre voluntad del trabajador, condicionado por su hipo-suficiencia económica y por la necesidad de tener un empleo para asegurar su subsistencia y la de su familia; por otra parte, el acto de enrolamiento del funcionario a la administración no era expresión de una simple voluntad unilateral del Estado, porque el nombramiento se perfeccionaba por la aceptación del nombrado, acompañada a veces con la ceremonia del juramento. En resumen: la parte estatutaria cada vez más crecía en desmedro de la parte contractual, en la relación del trabajo; y la relación de empleo público, cada vez más era invadida por elementos contractuales, con mengua del régimen de estatuto.
La Ley del Trabajo venezolana de 1936 declaró que la Nación, las entidades que la componen y las demás personas morales de carácter público tienen el carácter de patronos respecto de los trabajadores bajo su dependencia, salvo aquellas excepciones establecidas en la misma ley o en el reglamento. Ni corta ni perezosa, la potestad reglamentaria del Ejecutivo no se limitó a determinar las excepciones, sino que dispuso pura y simplemente que no sólo estarían exceptuados los miembros de cuerpos armados, sino las autoridades, funcionarios y empleados públicos en general.
La definición de quién debía considerarse como empleado público dio lugar a diversas opiniones. La que podríamos llamar formal sostenía que siempre que una persona ingresara al servicio mediante un nombramiento debía considerársele empleado público. Así, llegó a los tribunales laborales el caso de una señora, cocinera en un hospital municipal, a la que se había expedido un nombramiento y hasta se le había tomado juramento, por lo que la administración sostuvo cuando la despidió, que no le correspondían los derechos consagrados en la Ley del Trabajo por ser empleada pública. Por supuesto, los tribunales no compartieron tal criterio, y desempolvaron la distinción clásica entre «servicios de autoridad» y «servicios de gestión» para decidir que sólo en aquéllos y no en éstos cabía la excepción. Había que investigar la índole del servicio prestado para decidir en consecuencia.
La reforma parcial de la Ley en 1945 consagró la excepción relativa a los funcionarios o empleados públicos y señaló una aspiración a que se dictara un estatuto para todos los servidores públicos, manteniendo hasta tanto la adscripción de los obreros a la legislación laboral. En cuanto a la definición de empleado público, una sentencia decidió que, como la ley califica de «empleados» a todos los trabajadores no manuales, deben calificarse de «empleados públicos» todos los servidores públicos no manuales, aun cuando no ejerzan funciones de autoridades.
Lo cierto, dentro de todo esto, era que la aspiración a la igualdad de los trabajadores del sector público con los del sector privado fue haciéndose cada vez más intensa. El italiano Barassi, uno de los juristas de más alta autoridad científica en la materia, dijo que «la zanja entre las dos zonas no es tan profunda que excluya una identidad de régimen jurídico, al menos dentro de ciertos límites».
El programa político del Partido Social Cristiano COPEI, en 1948, en una disposición de la cual fui ponente, afirmó: «Otorgamiento a los trabajadores al servicio del Estado y de los entes de carácter público, de derechos y garantías análogos a los que se reconocen legalmente a los trabajadores particulares, en cuanto sean compatibles con el interés público».
En 1977, el VI Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, celebrado conjuntamente con el Primer Congreso Venezolano de Derecho Social, recomendó la igualación de derechos laborales del empleado público y del empleado particular.
Pero, sobre todo, los hechos han sido decisivos. Si la mayor resistencia a la incorporación de los empleados públicos a la legislación del trabajo se refería a la huelga, ocurrió el fenómeno que Gastón Morin llamó «la rebelión de los hechos contra el Código»: mientras las voces oficiales sostenían su ilegalidad, las huelgas en el servicio público aumentaron y las autoridades terminaron por tolerarlas y negociar.
Cuando se acepta la negociación colectiva y la huelga de empleados públicos, como lo hace el proyecto gubernamental de Reforma de la Ley de Carrera Administrativa, se echa por tierra la tesis estatutaria. El caso es igual al que se propone con la Ley del Trabajo. Quienes aspirábamos a una legislación específica para todos los trabajadores del sector público, hemos tenido que reconocer como más viable la exigencia de los sindicatos de empleados públicos de obtener caída en la legislación laboral. Ello no significa eliminar la Ley de Carrera Administración, que debe seguir subsistiendo para regir «el ingreso, ascenso, traslado, suspensión, retiro» del personal de la carrera administrativa, como lo prevé la solución propuesta por la comisión para el artículo 8 del Proyecto de Ley Laboral. Por lo demás, es de observar que el artículo 122 de la Constitución establece que «la ley» establecerá la carrera administrativa, sin prohibir que los empleados públicos estén protegidos por la legislación laboral, es ridículo, por tanto, el argumento de inconstitucionalidad que se quiso esgrimir contra el artículo 8 propuesto.
La obra «Droit du travail» de Camerlynck y Lyon-Caen (edificio de 1973) observa que «el Derecho del Trabajo del sector público es en principio idéntico al del sector privado; las diferencias son tenues. (…) El derecho sindical, el derecho de huelga, han sido reconocidos finalmente a los funcionarios como a los asalariados. Viceversa, el derecho de la función pública irradia ciertas concepciones hacia el Derecho del Trabajo (seguridad del empleo, régimen de retiros)».
Aferrarse a negar esta realidad es anacrónico. Es inconveniente e injusto, pero también anacrónico. Es la verdad.
Rafael Caldera, durante su primer gobierno, acompañado por el padre Pedro Pablo Barnola, durante una visita a la frontera con Brasil. Amazonas, 18 de abril de 1971.
Amazonia y Garimpeiros
Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 14 de noviembre de 1990.
La vasta región amazónica, por sus características, constituye un justificado motivo de preocupación para toda la humanidad, y especialmente para el creciente grupo de los ecologistas, que con entusiasmo y decisión lucha por mantener y defender la naturaleza.
Constituye también objeto de legítima preocupación para los indigenistas, empeñados en defender las castas autóctonas que sobreviven en esa región, resistiendo los embates del tiempo y las depredaciones de aquellos «civilizados» que los atropellan, en una búsqueda insaciable de beneficios económicos.
Lo erróneo, a mi modo de ver, es considerar que la conservación de la naturaleza se logra abandonándola; y que la defensa del indígena consiste en mantenerlo en miserables condiciones de vida, negándole los recursos que la civilización ofrece, incluyendo el idioma, indispensable para comunicarse con otros y para defender sus derechos.
Actualmente ocurre en el área amazónica una palpable demostración de lo que acabamos de expresar: la posición adoptada por los gobiernos de Venezuela a partir de 1974, de ignorar la existencia de esa vasta región y dejar a su suerte a las tribus indígenas que la habitan, ha producido como consecuencia la invasión de «garimpeiros» que amenaza el ambiente, arrasa el terreno, envenena y disminuye sus ríos, mientras siguen afectados por toda especie de carencias, y afligidos por varias enfermedades sus callados y resignados habitantes, cuya actitud pasiva se convierte en un alarido de protesta contra la injusticia y la desidia.
Cuando asumí la presidencia de Venezuela le recordé a mis compatriotas la expresión que un notable epidemiólogo venezolano, el doctor Rumeno Isaac Díaz, solía usar para definir una muy grave situación: «Venezuela es un país hemiplégico».
Según el diccionario, hemiplejía es parálisis de la mitad del cuerpo. Efectivamente, de 916.000 kilómetros cuadrados que constituyen nuestro territorio continental, el Territorio Federal Amazonas tiene 175.000, el Estado Bolívar 238.000 y el Territorio Delta Amacuro (que no es propiamente amazónico, pero sí orinoquio) 42.000; es decir, en total, más de 455.000 kilómetros cuadrados. En esa extensa región, sus habitantes, concentrados en el Estado Bolívar en dos ciudades importantes (Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana) y algunas poblaciones más, y en los territorios en dos medianas capitales (Puerto Ayacucho y Tucupita) y en unas pocas cabeceras de departamento, no han alcanzado al 5% de la población del país, y si acaso llegan a ese porcentaje, y hasta pueden superarlo en los últimos censos, es porque ha aumentado la concentración urbana en los centros poblados, como consecuencia de las fuertes inversiones realizadas en el polo de desarrollo de Guayana y por el gasto público presupuestado en las entidades federales, que se consume casi totalmente donde tienen su sede los respectivos gobiernos.
Cuando fui por primera vez al hito de Cocuy, donde confluyen las líneas fronterizas de Brasil, Colombia y Venezuela, el último asentamiento que encontré fue un conjunto de no más de diez chozas llamado Santa Rosa de Amanadona, donde apenas un miembro raso de las Fuerzas Armadas de Cooperación cumplía todas las funciones, desde la de representar la soberanía nacional hasta la de instruir y dirigir a los niños para que, conducidos por él, nos saludaran y cantaran una estrofa de nuestro himno nacional.
Rafael Caldera en la Piedra del Cocuy (1971).
Al llegar al hito, vino a saludarme un capitán del ejército brasileño, con su plana mayor, acompañado por los profesores del liceo que hay en su comando, el capellán, y un grupo de personas, jóvenes y adultas, que viven en el fuerte que hace años tienen al otro lado del río Negro. Los marginados sociales que se me acercaron, buscando ayuda, hablaban portugués. Confieso que sentí vergüenza. Vergüenza que se compensaba con el orgullo que inspira el soberbio monumento natural que es la Piedra del Cocuy, el cual se halla enteramente en territorio venezolano.
Decreté románticamente la creación de una «ciudad» a la cual denominé «San Simón del Cocuy», en homenaje al Padre de la Patria, cuyo busto heroico, en donde debía ponerse una hermosa placa, frente a la Piedra, mira con arrogancia el prodigio de la naturaleza. La idea era poner en San Simón al menos una guarnición, con elementos suficientes para acreditar la presencia de la República. Se inició la construcción de cincuenta casitas de madera, con sus servicios elementales: al terminar el período estaba ya lista la mitad, y la otra mitad en proceso de construcción. Una pista mediana permitía aterrizar aviones pequeños y transportes militares; y en la ribera del Brazo Casiquiare, que une al Orinoco con el río Negro, se inició un asentamiento de indígenas acompañados con algunos ex guardias nacionales, y le dimos el nombre de Solano, en homenaje a un gran gobernador que en la época colonial fue ejemplo de progreso en las tierras guayanesas.
Cuando entregué el gobierno tomaron la decisión de abandonar el programa por razones conservacionistas.
Los que me sucedieron le negaron continuidad. Sin embargo, cuando quise iniciar la campaña en 1983, yendo con un grupo de muchachos y muchachas a enviar un mensaje a las nuevas generaciones el Día de la Juventud, pudimos aterrizar en la pista, que llevaba varios años de abandono, y encontramos las casitas todavía esperando. La mirada del Libertador nos parecía decir: aquí estoy, cuidando lo que los contemporáneos de ustedes no quieren defender.
Tuve entonces la oportunidad de visitar el fuerte de los brasileños, porque ya no tenía impedimento constitucional para salir del país. No sé definir el sentimiento que esta visita me produjo: admiración a un país vecino, que teniendo ocho millones de kilómetros cuadrados se preocupa por su más remota frontera, o humillación por encontrar lo nuestro en triste forma, como si no nos importara nada lo que nos pertenece.
La idea de nuestro programa, en el cual trabajaron profesionales jóvenes de primerísima calidad, no era «poblar» la Amazonia venezolana, sino hacerla verdaderamente parte de la nación. Yo vi ingenieros con post-grado en MIT manejando tractores, si era necesario, para no retardar su trabajo. Así también los vieron las comisiones del Congreso que fueron a la zona.
Tal vez nuestro error fue el de darle al programa –también románticamente– el nombre de «La Conquista del Sur». Algunos creyeron que iba a ser algo parecido a «La Conquista del Oeste» en el siglo pasado, en los Estados Unidos, con su liquidación de grandes contingentes indígenas, con su extracción inmisericorde de los recursos minerales, con su arrase de numerosos bosques y con las escenas de permanente violencia explotada por los industriales del cine con las películas «western».
Nada de eso. Quizás habría sido mejor decir: «La presencia en el Sur».
Lo que queríamos era una acción controlada, con una vigilancia amorosa sobre los recursos naturales. A los indígenas queríamos llevarles salud y educación. Proporcionarles fuentes de vida y de mejoramiento. Observamos que los indígenas de la Gran Sabana, en el altiplano del extremo oriental, no han perdido su propia identidad por el hecho de que tengan acceso al vestido y a las medicinas de los otros venezolanos, y de que haya en Santa Elena de Uairén un liceo, y en otros puntos de su territorio centros educativos donde aprenden a vivir mejor. Yo no siento pena sino orgullo al encontrar indígenas que han aprendido oficios y alcanzado profesiones que no tienen por qué reservarse a los demás venezolanos. Ellos hablan su idioma ancestral, pero saben defenderse en español. Las emisoras que pusimos trasmitían en castellano, pero también en los idiomas indígenas.
Los indígenas que se educan son precisamente los que mejor defienden sus etnias contra su desaparición.
Incapaz me sentiría de ser enemigo de los ecologistas y los indigenistas. Sé que los anima una noble preocupación y comparto su aspiración de proteger la naturaleza y la población autóctona. Pero tenemos que ponernos de acuerdo en la manera de lograrlo. Cuando los gobiernos que siguieron al mío decidieron abandonar la Amazonia, observé que, teniendo por vecinos a dos países de tanta presión demográfica como Colombia y Brasil, cuando llegáramos a darnos cuenta de la realidad, encontraríamos nuestra tierra amazónica ocupada por brasileños y colombianos.
Es la ley natural. Sin embargo, ello no había sido tan grave como lo que ha ocurrido: millares de mineros, de varias nacionalidades, han entrado a saco en lo nuestro ocasionando daños irremediables, y no encontramos como eliminarlos y subsanar los desastres.
¿Será posible que entre tantas rectificaciones que está haciendo el presidente Pérez respecto de su primer gobierno, piense también en ésta? ¿Sería utópico esperar que, al menos, en San Simón del Cocuy se ponga una compañía del Ejército en armonía con la que los brasileños tienen en la otra orilla del río? Lo que no se cuida se pierde; se expone a que caiga bajo las garras de una desenfrenada explotación.
Para ponerle coto, es necesario asegurar la presencia efectiva y redentora de Venezuela en el Sur. En su propio Sur.
Recorte de El Universal del 12 de diciembre de 1990, donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.
¿Quiénes son los monstruos?
Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 12 de diciembre de 1990.
En la sesión conjunta de las Cámaras Legislativas celebrada el 27 de noviembre, al aprobar el Congreso de Venezuela por una aplastante mayoría la Ley Orgánica del Trabajo, hubo una eclosión de entusiasmo. La emoción en el hemiciclo fue incontenible. Explicable, pues, que al anunciarse la conclusión del orden del día, las palabras que pronunciáramos tradujeran una inmensa satisfacción e interpretaban emotivamente la decisión como un tanto ganado por el Parlamento, cuya imagen ha ido sufriendo deterioro en la opinión pública. La representación nacional, con esa decisión, que fue largamente madurada, cumplió su deber. No hizo caso de las presiones que a través de los medios de comunicación hicieran los adversarios del proyecto, actuando en nombre de instituciones cuya respetabilidad les habría debido imponer una actitud más ponderada.
Respondió el Parlamento al compromiso que la democracia venezolana tiene con los trabajadores, baluarte fundamental de las instituciones, severamente castigados por las medidas de reajuste económico. No cayó en la trampa con que se pretendía atribuir al proyecto intenciones electoralistas y dio un ejemplo que se ha visto pocas veces desde los mejores tiempos del régimen democrático, al pasar por encima de parcialidades y converger en aras del interés común. Se hizo el debido reconocimiento al sector laboral, inspirándose en la justicia social, como lo plantea el preámbulo de la Constitución.
Achacarle a la ley intenciones populistas y demagógicas es ignorar su contenido. Es ignorar también la trayectoria de sus defensores, estrechamente vinculados al Derecho del Trabajo, quienes han dedicado toda una vida a estudiar sus instituciones, a explicarlas en la cátedra, a exponerlas con seriedad en el libro y a desarrollarlas en numerosos y calificados encuentros en el ámbito nacional e internacional.
Era comprensible –y aun indispensable– que al saludar la sanción de la ley, respondiéramos a las amenazas que quienes la han adversado lanzaban en el mismo momento en que la voluntad nacional representada en el Congreso hacía inequívoca su decisión de aprobarlo. Amenazas que han continuado después.
Dos fueron las principales: una, la de que aumentaría la epidemia de despidos que se ha venido desencadenando en estos últimos años; otra, la de que se excluiría del mercado de trabajo a las mujeres, especialmente a las jóvenes en edad de procrear, o se les exigiría como condición sine qua non para darles empleo, su esterilización. Se llegó hasta afirmar que los empresarios les impondrían ligarse las trompas para ofrecerles colocación.
Era necesario responder a estas afirmaciones, porque ellas van dirigidas a crear pánico entre los propios trabajadores y trabajadoras, y a hacerles creer que la ley, adoptada para protegerlos, se volvería contra ellos.
En cuanto a lo de los despidos, la respuesta es fácil. No han sido consecuencia de la ley, puesto que ésta sólo entrará plenamente en vigor el 1 de mayo de 1991. Muchos empresarios han aprovechado la situación económica en los últimos años para desprenderse de una parte de su personal. Algunos han sabido hacer frente al mal tiempo solidariamente con sus empleados y obreros, otros no.
El reglamento de la Ley del Trabajo que promulgué al final de mi gobierno, el 31 de diciembre de 1973, establece en su artículo 20 que el Ministerio del Trabajo podrá impedir el despido de un número apreciable de trabajadores hecho en breve tiempo sin causa que lo justifique; pero además, entre las disposiciones de la nueva Ley Orgánica del Trabajo que entrará en vigencia al publicarse ésta en la Gaceta Oficial están los artículos 33 y 34, que ratifican la facultad del Ministerio de impedir despidos masivos por razones de interés social; y disponen que si se invocaran circunstancias económicas, o modificaciones tecnológicas, el procedimiento se someterá a un arbitraje en caso de no llegarse a un acuerdo tramitado por el procedimiento de los conflictos colectivos. ¿El Ministerio del Trabajo ha sido negligente en el cumplimiento de la previsión del Reglamento? Posiblemente. Es deber de las organizaciones sindicales estar atentas para que no continúe la negligencia, y ahora menos, pues se trata de aplicar una norma precisa de la ley.
Pero la amenaza más indignante es la de excluir a las mujeres en capacidad de ser madres, del mercado de trabajo. Y lo chocante llega al colmo cuando se dice que los patronos pedirán a las mujeres jóvenes «ligarse las trompas» para poder darles empleo.
Ese ya no es un atentado solamente contra la mujer: es un atentado contra la maternidad, es un atentado contra la patria. Ella perfila la peor imagen de tales empresarios: peor que la que pudieran echarle sus más acérrimos enemigos.
Estas consideraciones fueron las que me llevaron a decir en mi discurso: «considero que esta propaganda que alegre e irresponsablemente hacen voceros del sector patronal contra las disposiciones protectoras de la mujer, de la madre embarazada o de la parturienta, esta feroz afirmación de que no las van a emplear a menos que estén en edad en que no puedan concebir o que se les va a imponer cargas, como llegan algunos a decir que los patronos para emplear mujeres les van a imponer la esterilización como condición para el empleo, da una idea muy triste y bochornosa de ese empresariado que así piensa. Porque, si hay empresarios a los que unos cuantos bolívares o la comodidad de sus empresas los llevan a desconocer los derechos de la maternidad, los llevan hasta plantear la monstruosidad de exigirle a una futura madre que renuncie a la maternidad para poder trabajar, esos son unos monstruos que merecen cadena perpetua».
Pues, increíblemente, la mala fe ha tergiversado esas palabras en forma inaudita. En mis manos tengo una circular de la directiva de Fedecámaras «a todos los organismos federados» en que se afirma: «Para conocimiento de los organismos de base, trasmitimos los conceptos del ex presidente Rafael Caldera, emitidos en su intervención de clausura al quedar aprobada en el Congreso la Ley Orgánica del Trabajo: «Los empresarios son unos monstruos que merecen cadena perpetua, pues piden a la madre que renuncie a su maternidad para poder emplearla…». Y se concluye así: «… en consecuencia, se exhorta a toda la dirigencia empresarial y a sus órganos afiliados a: 1. Emitir declaraciones de prensa de enérgico rechazo a las opiniones que en contra de Fedecámaras ha pronunciado el senador vitalicio. 2. Enviar mensajes de respaldo y apoyo a la institución. 3. Solicitar públicamente a Fedecámaras un pronunciamiento vigoroso sobre los juicios del Dr. Caldera. 4. Enviar carta al propio doctor Caldera manifestando el desagrado por los agravios y ofensas en contra del movimiento empresarial».
No voy a calificar la circular. Lo dejo al juicio del lector. Sólo voy a decir que, hasta ahora, aparentemente, no ha obtenido muchas declaraciones del tenor indicado, aunque posiblemente vengan más. Tengo la convicción de que la mayoría de los empresarios conscientes discrepa de la estrategia adoptada y no aprueba esa manera de actuar. Una posición ecuánime, como la que emitió el joven presidente de la Cámara de Industriales del Estado Carabobo, Julio Sosa Branger, refleja mejor el pensamiento y la actitud del empresariado, un sector que en sus mejores momentos ha sido receptivo al cambio social y que sabe que un comportamiento constructivo y ecuánime de su parte es lo que corresponde a la actual situación de Venezuela.
Recorte de El Universal del 23 de enero de 1991 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.
Preservemos la constitución
Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 23 de enero de 1991.
Un signo positivo, en medio del pesimismo que invade el ambiente, es el que los treinta años de la Constitución se tomen como cosa normal y hasta se los señale con calificativos decepcionantes, sin advertir el hercúleo esfuerzo colectivo que ha sido necesario para realizar ese milagro.
Milagro, porque la vida política en Venezuela tuvo que recorrer un largo camino sembrado de fracasos para llegar a establecer un régimen constitucional que ya lleva más de treinta años; y que a pesar de sus imperfecciones y fracasos es base indispensable para el porvenir.
Ninguna Carta Fundamental anterior había alcanzado esta marca. La que más se acercó, la de 1830, sucumbió en forma triste. Su artículo 225 preveía que «en cualquiera de las Cámaras podría proponerse la reforma de algún artículo», y como el general Monagas (lleno de méritos en la Independencia, pero lleno de soberbia y ambición de poder como Presidente) hizo al Congreso decretar en 1856 que, como la Carta «no establecía trámites para la reforma general, los futuros Congresos tenían la facultad de efectuar la reforma general de la Constitución», y se dictó una nueva Carta en 1857, para, entre otras cosas, elevar el período presidencial a 6 años y suprimir la prohibición de la reelección inmediata. Ello hizo estallar la Revolución.
Después, todo fueron interrupciones. La única reforma parcial que ha habido fue la que se hizo en el período del general Medina en 1945, la cual duró en vigencia unos meses apenas. La Constitución de 1857 fue sustituida por la de una Convención Nacional surgida de la Revolución de Marzo, en 1858: dictada, sin duda, con ánimo patriótico pero sepultada por la Dictadura de Páez en 1862. La de la Revolución Federal, de 1864, sufrió el interregno de la Revolución Azul en 1868-69 y fue después sustituida por la de 1874 (que estableció el período presidencial de 2 años), y ésta, a su vez, interceptada por «la titulada Asamblea Constituyente» en el corto gobierno del general Alcántara, y restablecida por la Reivindicación, fue derogada en 1881, cuando se redujeron a 9 los 20 Estados y se estableció un Consejo Federal, conservando el período bienal; Andueza hizo aprobar la de 1891, en búsqueda de otra modificación mayor, pero en realidad la que vino fue la de 1893, dictada por una Asamblea Constituyente convocada por la triunfante Revolución Legalista. La Restauradora de Castro promulgó otra nueva, sancionada por una Asamblea Constituyente en 1901 (que estableció 20 estados) y ésta, a su turno, duró hasta 1904, cuando un Congreso Constituyente fijó el número de estados en 13.
Las Constituciones de Gómez fueron la de 1909, que volvió a los 20 estados; la de 1914 (precedida por un Estatuto Constitucional Provisorio) sancionada por un Congreso de Diputados Plenipotenciarios, que llevó el período presidencial a 7 años; la de 1922, que creó los cargos de Primer y Segundo Vicepresidente (para el hermano y el hijo del Presidente); la de 1925, que redujo a una sola las Vicepresidencias (había sido asesinado el hermano y pasó a ser el hijo el único Vice); la de 1928, que eliminó las Vicepresidencias, porque cayó en desgracia el titular (eliminación feliz para la República por eliminar una institución que causa más inconvenientes que ventajas tiene); la de 1929, que creó mediante disposición transitoria el cargo de Comandante en Jefe del Ejército Nacional (para el General) con el mando de las Fuerzas Armadas y participación en las principales atribuciones del Presidente (Juan Bautista Pérez), incluyendo el nombramiento de Ministros; y la de 1931, que eliminó aquel cargo porque Gómez asumió nuevamente la función presidencial.
La de 1936 tampoco fue debida a una reforma parcial. Hizo numerosos cambios, entre ellos la reducción del período presidencial de 7 a 5 años y la incorporación de normas especiales que sirvieron de fundamento a la Legislación del Trabajo. Después vinieron: la reforma parcial de 1945, la Constitución octubrista del 5 de julio de 1947, la dictatorial de 1953 y la actual de 1961.
Toda esta secuencia necesariamente había de desprestigiar, tanto a la República como a la Constitución misma. Era frecuente repetir la frase del presidente Monagas de que «la Constitución sirve para todo»; y se actualizaba un juicio de Vallenilla Lanz en referencia a La Cosiata, mofándose de «los que creían en la panacea de las constituciones escritas sin sospechar siquiera la existencia de las constituciones efectivas surgidas del estado social y que son las que gobiernan las naciones» (Cesarismo Democrático, 1919, p. 191).
Los redactores de la Constitución de 1961 no ignorábamos aquel proceso e hicimos grandes esfuerzos para armonizar la afirmación de los principios con el enfrentamiento de la realidad. En virtud de éste, por ejemplo, ni por un momento se nos ocurrió sustituir con un régimen parlamentario el presidencialismo derivado de la naturaleza y de la historia: nos preocupamos, más bien, por tratar de poner freno a sus posibles excesos a través del fortalecimiento de las otras ramas del Poder Público, la legislativa y la judicial.
Una de las innovaciones importantes de la Carta actual fue la de las Enmiendas numeradas que permiten ir adaptando la Constitución a nuevas circunstancias o a nuevas exigencias sin cambiarla por otra. Nos inspiramos en el ejemplo norteamericano, país que habiéndole hecho bastante más de veinte enmiendas a la Constitución de Filadelfia, la sostiene como símbolo (mito, si se quiere) que a más de dos siglos se mantiene como expresión perenne de la patria. La misma Constitución adoptada por los estados, rige hoy cuando el crecimiento geofágico los ha llevado a cubrir una inmensa extensión de 50, pero con importantes modificaciones.
En Venezuela se había hablado de «enmiendas y adiciones» en varias Constituciones, pero sin reglamentar el procedimiento. No se hicieron jamás. Sólo de 1961 en adelante se las ha puesto en práctica: las 2 Enmiendas que se han hecho han atendido necesidades reales, pero sin perturbar el proceso institucional. Un aspecto interesante de los Estados Unidos, que vale la pena tomar en cuenta, es el de que las Enmiendas permiten cometer equivocaciones y después corregirlas, como ocurrió con la Ley Seca, establecida por la Enmienda Volstead y derogada por otra Enmienda posterior cuando se comprobó su inconveniencia.
Este trigésimo aniversario encuentra a la Constitución más vapuleada que aplaudida. Pero nadie objeta su estructura fundamental, resultante del mayor consenso nacional que haya existido en nuestra historia. El Preámbulo sigue siendo para todos brújula; pero se le achacan las fallas que se han verificado en su aplicación, sin observar que lo urgente es corregir esas fallas para que tenga mayor fuerza nuestra vida constitucional. Los postulados programáticos de la Constitución señalan un rumbo a seguir, un manojo de objetivos para obtener, y es compromiso de las generaciones actuales y futuras luchar y trabajar para alcanzarlos. En cuanto a las normas orgánicas, pueden reajustarse una y varias veces según lo indique el análisis y la experiencia.
Actualmente, una Comisión Bicameral del Congreso que me honro en presidir está recogiendo opiniones y discutiendo puntos de vista con miras a recomendar una tercera enmienda constitucional. Son muchos los aspectos que se deben considerar, incluyendo la posibilidad de ofrecer mayor cabida a la iniciativa popular para las futuras enmiendas y una mayor injerencia del referéndum. Se habla de más derechos políticos para los venezolanos por naturalización, del derecho a la información y otros derechos humanos, de la posible modificación del período constitucional, de normas más convenientes para la elección de los jueces y la marcha de la justicia. Son, como muchas otras, materias a considerar.
Hay un camino abierto; pero, por favor, preservemos la Constitución. No perdamos de vista que la historia es maestra de la vida y que todas las constituyentes reunidas en nuestra historia interrumpieron el proceso social y culminaron en tremendos fracasos.
Recorte de El Universal del 6 de febrero de 1991 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.
La mujer y el mercado de trabajo
Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 6 de febrero de 1991.
En el proceso de formación de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, uno de los más combatidos por quienes adversaron su aprobación fue, sin duda, el título correspondiente a la protección de la maternidad y de la familia. Gastaron tanto en propaganda para hacerles creer a las que son precisamente objeto del amparo legal que esa protección se volvería contra ellas porque serían excluidas del mercado de trabajo, que una porción importante del conglomerado femenino llegó a temer que tal amenaza fuera cierta y a creer preferible se las «desprotegiera» para no encontrarse sin ocupación.
Una encuesta de Mercanálisis hecha en diciembre de 1990 arrojó a este respecto un comprensible resultado: mientras el 44% de los encuestados de sexo masculino estimaron que la Ley los beneficiará (contra un 30% que piensan los perjudicará, un 10% parte y parte y un 16% no supo contestar), sólo el 30% de las encuestadas de sexo femenino opinó que las beneficiará (contra un 42% que supone las perjudicará, un 10% parte y parte y un 18% no supo responder).
Ello revela el poder de la propaganda. Los técnicos a quienes los oponentes a la Ley encomendaron la campaña podrían decirles que no perdieron totalmente su esfuerzo. Aunque lo infundado de los ataques no pudo destruir el juicio favorable de la mayoría (37% del promedio dio una respuesta positiva, contra 36% desfavorable, 10% parte y parte y 17% no supo responder) el índice que lograron en quienes forman el sector más favorecido por la Ley, y por ello deben defenderla, demuestra la vigencia que aún tiene la expresión goebbeliana de que una mentira repetida muchas veces termina por tomar la apariencia de verdad. Es interesante observar en materia de porcentajes, que donde fue más favorable la opinión fue donde debe haber mayor conocimiento del asunto, a saber, el sector de profesionales universitarios: allí la diferencia fue de 45% favorable contra 31% desfavorable (con 8% parte y parte y 17% no sabe).
Después de promulgada la Ley, la campaña amainó. Pero queda todavía en algunas capas de opinión la impresión de que el mercado de trabajo se va a cerrar a las mujeres por la prolongación del descanso de maternidad, la inamovilidad después del parto y la obligación de tener guarderías infantiles. No ha valido suficientemente la aclaratoria de que la indemnización (que no es salario) garantizada a la madre durante el descanso legal no recae sobre los hombros del patrono sino sobre la Seguridad Social; que la inamovilidad no significa patente de corso para que la mujer haga lo que le dé la gana y menos para que deje de atender a su trabajo, sino para que no se la pueda despedir sin justa causa; y que la obligación de tener guarderías, convertible en una asignación para mantener guarderías comunes a cargo del Ministerio del Trabajo, el SAS y el Instituto del Menor, no se establece según el número de mujeres empleadas sino por el total de la nómina sin distinción de sexos, lo que se hizo para evitar precisamente efectos discriminatorios contra las madres y niños a quienes se busca proteger. Así y todo, en cualquier parte le preguntan a uno cómo se va a hacer ante el supuestamente creciente desempleo femenino, o le dicen que las mujeres jóvenes están horrorizadas porque les aseguran que no obtendrán trabajo.
Debo decir, sin embargo, que yo he escuchado a no pocos empleadores con muchas mujeres a su servicio, que la nueva Ley no envuelve para ellos ningún problema y que están muy satisfechos con el personal femenino, al cual atribuyen condiciones que lo hacen preferible al masculino. En ocasión reciente me lo afirmaba así durante una reunión en la Embajada de Israel un importante industrial, quien me permitió llamar a un comunicador social influyente que estaba cerca, para que le repitiera lo que me decía. Sin duda, él y otros como él no son los «monstruos» que imponen a las mujeres renunciar a la maternidad para darles trabajo.
La verdad es que el acceso de la mujer a toda especie de labores es definitivo. Hay actividades como la judicatura o la educación y profesiones como la de farmacéutico donde ya las mujeres son o van a ser mayoría. En los estratos más modestos, como obreras en la industria textil, en la confección o en la rama hotelera, son verdaderamente insustituibles. Y ganan menos, porque todavía no se ha logrado el pleno cumplimiento de la norma «a trabajo igual, salario igual», por la cual viene luchando la Oficina Internacional del Trabajo desde su fundación, por más de 70 años.
En torno al problema planteado, la mujer en el mercado de trabajo, resulta curioso revisar en la prensa diaria las ofertas de empleo. Invito al lector a revisar, por ejemplo, «El Universal» de un día cualquiera (en este caso el 13 de enero de 1991). Encontrará, sin contar los «avisos económicos», 59 avisos grandes solicitando trabajadoras. En algunos casos se especifica la edad: «entre 20 y 30 años», «mayores de 23 años», «edad comprendida entre 25 y 35 años», «mayor de 25 años», «no mayor de 35 años», «edad comprendida entre 20 y 27 años», «edad 28 a 40 años», «edad entre 25 y 40 años» y así sucesivamente. Se ofrece, en algunos casos, como halago, póliza de hospitalización y maternidad; y muchos de esos avisos no son para una, sino para varias trabajadoras.
Cuando estuve en Maracaibo el mes pasado tomé al azar el «Panorama» de ese día (11 de enero) y resultó lo mismo. Recuerdo la simpatía con que la audiencia me oyó leer el aviso de un establecimiento popular («Comercial Chichilo») que solicitaba «cajeras» y no «cajeros», cuando al hacerme una entrevista ese mismo día para la televisión, la reportera había expresado que una cadena de supermercados estaba despidiendo a las cajeras para poner hombres en su lugar.
La verdad verdadera es que el especioso argumento está derrotado por la realidad. Y hay recientes sondeos de opinión entre empresarios y en ellos predomina la voluntad de aumentar sus actividades y contratar más personal.
Por lo demás, es bueno recordar que la Ley Orgánica del Trabajo, entre las disposiciones que empezarán a cobrar plena vigencia el 1 de mayo, tiene éstas (art. 26): «Se prohíbe toda discriminación en las condiciones de trabajo basada en edad, sexo, raza, estado civil, credo religioso, filiación política o condición social. Los infractores serán penados de conformidad con las leyes. No se considerarán discriminatorias las disposiciones especiales dictadas para proteger la maternidad y la familia, ni las encaminadas a la protección de menores, ancianos y minusválidos. Parágrafo Primero: En las ofertas de trabajo no se podrán incluir menciones que contraríen lo dispuesto en este artículo». Las autoridades deberán velar para que estas normas se cumplan.
Recorte de El Universal del 20 de febrero de 1991, donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.
¿Vuelve la Doctrina Betancourt?
Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 20 de febrero de 1991.
En su alocución de Año Nuevo, el Presidente de la República, al condenar el golpe militar en Surinam, no sólo protestó por el hecho y anunció la iniciativa de Venezuela en la Organización de Estados Americanos contra el mismo, sino que también informó haber decidido romper las relaciones diplomáticas con el gobierno usurpador. Un breve aplauso de un sector de la audiencia se escuchó al hacer el jefe de Estado esa declaración.
Desde entonces he sentido una preocupación que seguramente comparten otros venezolanos: ¿Ha vuelto la doctrina Betancourt? Tengo la impresión de que para adoptar aquella determinación, el presidente no agotó la consulta con los órganos establecidos para asesorarlo en materia de relaciones exteriores. Al fin y al cabo, si no es un hecho aislado que quizás pueda explicarse por razones circunstanciales, se trataría de volver a la práctica seguida por las administraciones de los presidentes Betancourt y Leoni y que, por las razones que muchas veces he explicado, me sentí obligado a abandonar cuando llegué a la Presidencia.
Es de justicia reconocer que Rómulo Betancourt fue un luchador apasionado y constante a favor del sistema democrático en América Latina y principalmente en el área del Caribe. Tanto lo fue, que el dramático enfrentamiento que sostuvo con el dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo Molina fue literalmente un duelo a muerte. He referido alguna vez que cuando los esposos Kennedy visitaron nuestro país, en diciembre de 1960, en la cena la señora Kennedy observó las manos quemadas de su anfitrión y preguntó horrorizada: «¿Qué fue eso?» Betancourt me pidió explicarle que «esto fue Chapita, pero que él está bajo tierra». Difícilmente puede imaginarse una más dramática respuesta.
En su preocupación permanente por la recurrencia de los golpes militares, el presidente Betancourt tomó la decisión de romper relaciones con los países donde aquéllos ocurrieran. A esta línea de conducta se le denominó «Doctrina Betancourt». Algunos internacionalistas la denominaban «Doctrina Tobar», por un canciller ecuatoriano que la desarrolló a principios de siglo; pero por la firmeza con que Betancourt la aplicó y por el ámbito que cubrió, su nombre le estuvo bien puesto a la práctica correspondiente. Quizás de hecho hubo excepciones a la regla, aún dentro del propio continente americano: recuerdo el caso de uno de los derrocamientos sufridos por el doctor Velasco Ibarra, en el cual no sólo no hubo rompimiento de relaciones, sino que se recibió en visita oficial al presidente Arosemena, quien como vicepresidente de la República había asumido el gobierno en virtud del acto de fuerza que defenestró al Presidente.
Los socialcristianos formábamos parte del gobierno de coalición presidido por Rómulo Betancourt, en virtud del llamado «Pacto de Puntofijo» y fuimos solidarios del jefe del Estado. Estuvimos entonces de acuerdo con la filosofía inspiradora de la «Doctrina Betancourt» y hoy seguimos creyendo que, desde el punto de vista de los principios, es inobjetable. Pero los hechos demostraron que la finalidad propuesta no se puede alcanzar si la acción no se toma en forma colectiva por un conjunto de países solidariamente dispuestos a aislar a los regímenes de fuerza. De no ser así, la medicina se revierte como pócima amarga para el país que solitariamente la aplica.
Cuando asumí el poder eran tantos los golpes que habían interrumpido en el hemisferio la continuidad democrática, que Venezuela corría el peligro de quedarse sola.
Había gobiernos militares en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, sin nombrar a Paraguay, Cuba y los regímenes nada democráticos que existían en América Central. Y sin sospechar siquiera que pocos años más tarde Chile, legítimamente orgulloso de su constitucionalidad, caería también bajo el yugo de un gobierno de facto.
Cuando se firmó el Acuerdo de Cartagena, de formalización del Pacto Andino (sin la firma de Venezuela porque en ese entonces no se habían aceptado todavía las condiciones que nuestra situación especial en materia económica requería y que se reconocieron sólo en el Consejo de Lima en febrero de 1973), los gobiernos de Chile (Frei) y Colombia (Lleras Restrepo) no tuvieron más remedio que suscribirlo con tres gobiernos de facto: el de Ecuador, el de Perú y el de Bolivia.
En resumidas cuentas, la «Doctrina Betancourt», sostenida por Venezuela con una gran dosis de buena fe, había venido a ser una acción quijotesca, que en vez de castigar a los usurpadores, se convertía en punición para nosotros, y en determinado momento nos podía condenar al aislamiento. Por eso dije en mi discurso de toma de posesión lo siguiente: «… sin desconocer el alto fin que movió a Venezuela a no continuar relaciones con gobiernos surgidos en el continente por actos de fuerza contra mandatarios elegidos por voto popular, considero necesario superar aquella posición. Aun manteniendo la esperanza de lograr un acuerdo hemisférico que ofrezca fórmulas para solucionar casos similares, cuya incidencia deseamos sea cada vez menor, la revisión de nuestra posición se impone por la realidad. Venezuela no puede quedar confinada, sin relaciones con pueblos vinculados al nuestro por obligante fraternidad».
Surinam es un aliado natural de Venezuela. El problema pendiente con Guyana, insoluto a pesar de los intentos de acercamiento, está encuadrado en un área geográfica en la que Venezuela tiene que tomar en consideración la actitud, los intereses y las aspiraciones de Surinam y de Brasil. El golpe de Boutersé es en todos los aspectos deplorable y muy justa es la enérgica respuesta venezolana. Pero hasta para lograr que se reinstale en ese país un régimen basado en la voluntad popular a través de limpios comicios, la ruptura no ayuda, sino todo lo contrario. La experiencia en otros casos es abundante.
Es de esperar, por tanto, que la decisión del Presidente se limite al caso concreto, adoptada en virtud de un impulso comprensible y ¿por qué no? noblemente inspirado. Si no ha sido un error, aun así, mejor no repetirlo; si realmente lo fue (yo así lo creo y pienso que otros también lo creen) se agravaría si se lo interpretara como un compromiso obligante, para el caso (¡Dios no lo permita!) de que el fenómeno reapareciera en otra u otras naciones hermanas.
Recorte de El Universal del 6 de marzo de 1991, donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.
La encrucijada de la corrupcíon
Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 6 de marzo de 1991.
El drama de la corrupción, que ha invadido todos los sectores sociales y concretamente el de la dirigencia política, es tan grave y doloroso para el país que me cuesta referirme a él. He evitado valerme del tema en el debate político porque sé lo lesivo que es para la comunidad; además, he observado que la opinión púbica tiende a caer más y más en un peligroso escepticismo, porque piensa que quienes atacan la corrupción, con frecuencia lo hacen para denunciar a otros y tapar su propia tolda, y que las denuncias nunca quedan en nada, salvo algunos raros casos en que se logra comprobar hechos dolosos por acusación o infidencia de personas que estuvieron mezcladas en su realización.
En días pasados, sin embargo, en una visita a San Juan de Los Morros no pude dejar de referirme al asunto. El ambiente prácticamente lo reclamaba. No hablé en función de denunciante, sino de miembro y fundador de un partido lesionado por el mal endémico. Reconocí que él no ha sido inmune a la corrupción; y expresé que me erizo cada vez que oigo rumores de que se adoptan posiciones acomodaticias por el interés que algunos tienen en determinadas operaciones o en contratos de obras con el sector público.
Ante estas palabras, pronunciadas en la casa de Copei, podían caber dos actitudes: o preocuparse seriamente y disponerse a hacer las averiguaciones pertinentes por si fuere posible aplicar medidas correctivas; o tomar la pose farisaica de supuestos portavoces de la honestidad para increparme en forma agresiva y hasta grosera, demandando que se formalicen y personalicen denuncias y se ocurra ante los tribunales, so pena de ser considerado encubridor e irresponsable.
Es lo mismo de siempre. La gente se da cuenta de que las respuestas conminatorias sólo buscan dejar las cosas como van. Yo usé la palabra rumor, que según el diccionario de la Real Academia es «voz que corre entre el público», y estoy absolutamente convencido de que los rumores que yo he escuchado los han escuchado también esos que han pretendido conminarme. De no ser ciertos, lo que procedería sería demostrar su falsedad. Ello es más necesario si hay quienes ostentan un nivel de vida que no corresponde a los ingresos que se les conocen. Pensar en denuncias judiciales sería ingenuo. El doctor Jesús Petit Da Costa , quien estuvo durante cinco años en el Consejo de la Judicatura, acaba de escribir en El Universal: «El sistema judicial no se ha ideado y concebido para impartir justicia, sino para negarla. Es un sistema diabólico construido para que la justicia se extravíe por los vericuetos de la leguleyería».
Si algunos voceros del cogollito de mi partido adoptaron la actitud referida, en Acción Democrática no se resignaron a no sacar provecho. Saltaron jubilosos a decir que pedirán en el Congreso una investigación. Su propósito era evidentemente señalar que si connotados dirigentes de su tolda han sido acusados de corrupción, ellos no son los únicos corruptos. Triste argumento, cuyo solo efecto es acentuar en el ambiente la mala imagen de la dirigencia política.
Si ambos partidos tuvieran en verdad el propósito de averiguar lo que haya de cierto en el rumor público, podrían dotar a la Fiscalía General y a la Contraloría General de la República de recursos suficientes para que, a través de funcionarios imparciales, examinaran los contratos otorgados en los últimos años por organismos administrativos e investigaran las actividades de los contratistas y sus relaciones con dirigentes políticos. Pero ya se sabe que esto no lo harán. Todo quedará en nada.
Sin embargo, debería al menos pensarse en medidas que para el futuro hagan menos fácil el abuso que corrientemente se practica, que comienza por pedir al contratista un porcentaje para el financiamiento del partido y termina por asegurar una tajada personal a los representantes de los mismos; cosa que nunca se logrará probar porque el mismo origen ilícito de los fondos hace casi imposible la investigación.
La Ley de Licitaciones, si se lograra aplicar en su espíritu y en toda su plena intención, podría ayudar en algo. Pero también podrían contribuir algunas medidas que pueden considerarse en una próxima enmienda constitucional. Tengo el propósito de llevarlos al seno de la comisión bicameral que estudia las posibles mejoras a la Carta. Uno se refiere al artículo 114, que trata de los partidos políticos; porque se ha planteado en el seno de la comisión la conveniencia de precisarlo mejor para hacer más «transparente» su funcionamiento. ¿Por qué no prohibir a sus dirigentes participar directa o indirectamente en empresas que contraten con entidades del sector público? Otra medida sería la de ampliar el artículo 124, cuyo análisis ha sido planteado también. Se puede establecer que nadie que esté al servicio de la República, de los estados, de los municipios y demás personas de derecho público podrá tener participación directa o indirecta en empresas que contraten con ellas, e igualmente podría ampliarse el artículo 160, especificando que quienes contraten con los entes públicos pueden ser sometidos a investigación en cuanto al destino de los fondos percibidos por esos contratos.
Quizás argumenten que aun esto sería inútil. Que por severas que sean las leyes, siempre encontrarán cómo evadirlas los que están dispuestos a incumplirlas. Pero por lo menos se haría más difícil y riesgoso para ellos continuar una práctica viciosa que tanto daño le está haciendo a la vida institucional de la República.
Por lo demás, todo el mundo sabe que lo que dije en el Guárico, dolorosamente, es verdad. Esos rumores existen y no están confinados a pocas personas. El viejo adagio procesal de «público y notorio» se escucha con frecuencia. Ojalá estemos sinceramente dispuestos a luchar para erradicar el mal. Declaraciones recientes del presidente de Copei, Hilarión Cardozo, hacen pensar que hay la intención de moverse en ese sentido. Sinceramente lo deseo.
Rafael Caldera junto al presidente de Paraguay, general Andrés Rodríguez Pedotti, en Asunción el 15 de marzo de 1991.
Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 20 de marzo de 1991.
Acabo de hacer un rápido viaje a la Argentina y al Paraguay. En Buenos Aires participé en el V Coloquio Europa-América Latina, dedicado esta vez a rendir homenaje a un ilustre internacionalista argentino, Juan Carlos Puig, que en Venezuela durante doce años enseñó en las universidades y contribuyó en forma sobresaliente a impulsar el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad Simón Bolívar. Fue un justiciero reconocimiento a un intelectual y demócrata de valor excepcional. Se inició el coloquio en el Senado de la nación argentina y continuó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Al Paraguay fui invitado por el pequeño pero importante Partido Demócrata Cristiano, con el motivo central de dictar una conferencia sobre la Constitución de Venezuela. Allá están iniciando una nueva etapa de vida política y se considera necesaria la convocatoria de una Constituyente. El golpe de Estado de febrero de 1989 declaró simplemente vacante la jefatura del Estado, la cual se suplió, conforme a la Constitución vigente, llamando a elecciones para completar el último período iniciado por el general Strossner en 1988. La Constituyente, pues, habrá de adaptarse al procedimiento de la Constitución «stronista», lo que supone ciertas complicaciones.
El ambiente que encontré en Paraguay fue, en general, optimista. Hay preocupación, naturalmente, sobre la marcha de la democracia y sobre el futuro de la nación; pero el ánimo colectivo es muy distinto del que había cuando fui por vez primera, en las postrimerías del régimen stronista, a dictar en la Universidad Católica una conferencia sobre la encíclica papal de 1987, en medio de gran expectación y ante una impresionante concurrencia. No faltaba entonces gente con valerosa voluntad de lucha, pero las esperanzas eran remotas en cuanto al fin de la dictadura. Ahora predomina la aspiración común de que la libertad recuperada y la democracia conquistada marchen firmemente hacia su consolidación y superación progresiva.
Esta vez visité al jefe de Estado, con quien mantuve una larga y franca conversación. El general Rodríguez, que movió la palanca decisiva para defenestrar al autócrata, se está manejando en tal manera que le resulta fácil convencer a sus interlocutores de la sinceridad de su propósito de mantenerse decididamente en la vía democrática. Una cuestión crucial es la de si aspirará o no a la reelección, al concluir en 1993 el período presidencial que inició Strossner y que él asumió cuando lo declara cesante las Fuerzas Armadas. Rodríguez, con llaneza que produce el efecto de que realmente piensa lo que dice, a pesar de que en su entorno puede haber quien desee lo contrario, manifiesta que no quiere prolongar por un mandato más su presidencia y ve con simpatía la institución de la senaduría vitalicia, establecida en Venezuela como en Italia desde 1948 y en el Perú desde 1980.
Las entrevistas que sostuve con otras personalidades, como el ministro de Relaciones Exteriores, Alexis Frutos (hijo de un distinguido político, recientemente fallecido, que fue durante algunos años embajador en Venezuela) y el de Justicia y Trabajo, Hugo Estigarribia (relacionado familiarmente con el Mariscal Estigarribia, héroe de la Guerra del Chaco), el nuevo arzobispo de Asunción, monseñor Benites (su predecesor monseñor Rolón, ahora Arzobispo Emérito, conserva una gran autoridad en el país); el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (antiguo presidente del Partido Demócrata Cristiano y profesor en la Universidad Central de Venezuela durante su exilio, Jerónimo Irala Burgos), armoniosamente coincidían en el vehemente deseo de impulsar la marcha de la institucionalidad democrática, enfrentando los numerosos y agudos problemas que envuelve toda transición y que, paradójicamente, se hacen más difíciles de resolver cuando la transición es pacífica (si no que lo digan los chilenos).
El Partido Demócrata Cristiano, presidido ahora por Angel José Burró, y entre cuyos dirigentes se encuentran personas de probada vocación democrática, como Luis Alfonso Resk, Luis Andrada Nogues, Jorge Darío Cristaldo, José María Bonín y muchos otros, tomó la iniciativa de iniciar el debate cívico sobre la materia constitucional. Al acto en el cual pronuncié mi conferencia sobre los antecedentes, realidad actual y perspectivas de la Constitución venezolana, asistieron dentro de un público muy numeroso, algunas de las personalidades que he mencionado arriba, más el presidente de la Cámara de Diputados, el del Colegio de Abogados, algunos senadores y diputados, el secretario general de la Presidencia de la República y otras distinguidas figuras de la vida paraguaya.
Mi recomendación, por supuesto, fue la de que se esforzaran en dictar su nueva Constitución dentro del mayor consenso nacional. Para mí, la característica fundamental de la nuestra es precisamente esa: la de haber obtenido el mayor y más ancho consenso, con un poder constituyente representativo de las más variadas concepciones y tendencias políticas. El Paraguay necesita una carta que defina todo lo fundamental presente y futuro, pero sin excederse en una prolija y detallada regulación que haría difícil la dinámica política y llegaría a estar en creciente desajuste con las realidades sociales. En la opción entre la reforma general y las enmiendas parciales que ofrece la Constitución de 1967, hay una tendencia abrumadora a favor de una reforma general, con lo que, como para nosotros en 1961, desaparecerá hasta el recuerdo de la anterior horma de hierro del régimen dictatorial y la nueva Carta servirá de punto de partida definitivo del nuevo Estado de Derecho.
Fácil me fue expresar la simpatía de los venezolanos por el nuevo Paraguay que se inicia. El afecto de pueblo a pueblo es de siempre, y su nuevo camino refuerza nuestra vinculación. Traje mucha fe en el éxito de este trascendental experimento. Ya, de por sí, el cambio de régimen abrió a ese país las puertas de la integración latinoamericana: en este mismo mes se suscribirá en Asunción el Tratado de «Merca-Sur», que conducirá a la realización de un mercado común entre el Brasil y los países del Plata (Argentina, Uruguay y Paraguay). Las ratificaciones se depositarán en la cancillería paraguaya, convertida así en celadora del compromiso subregional.
No quiero concluir sin referirme a dos contactos muy especiales que tuve fuera del programa original. Uno con la Juventud Demócrata Cristiana: la encontré llena de generosidad, de anhelo de servir, de voluntad de estudio, de propósito de defender denodadamente los principios que inspiran el pensamiento democristiano. Recibí de ella un gran afecto y creo que, modestamente, a mi vez pude sentir que llegó a su corazón la voz de mi experiencia y el mensaje de aliento. El otro contacto fue con los dirigentes de un vasto movimiento, de sentido claramente apostólico, que reúne a un importante número de grupos laicos inspirados en la doctrina social de la Iglesia Católica. Su preocupación por los problemas sociales está rectamente orientada y constantemente mantenida; guiados por las exhortaciones del actual Pontífice, no tienen prejuicios contra la acción política noblemente inspirada, sin excluir la que emprendan quienes militen o hayan militado dentro de ellos, pero tampoco pretenden deformar su movimiento sacándolo de su campo específico e introduciéndolo en el escabroso terreno del quehacer político.
Estos son algunos, entre muchos, de los signos de esperanza que encontré en el nuevo Paraguay. Era la pieza que faltaba para armar el rompecabezas de la democracia suramericana, y a fe mía, que si las cosas avanzan como se espera, puede llegar a ser una pieza que, brillando con luz propia, sirva en no pocos aspectos como ejemplo para el conjunto continental.

References: artículo 8
 artículo 122
 artículo 8
 artículo 20
 artículo 225
 artículo 114
 artículo 124
 artículo 160