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Timestamp: 2019-12-15 15:42:42+00:00

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RESOLUCION Nº 00002154-I-2015 ------ Volver a boletin
VISTO: la Resolución de Intendencia Nº 6129- I- 2014 y el Recurso de Revocatoria presentado por La Síndico designada en autos “MICROOMNIBUS TRES DE MAYO S.A. s/CONCURSO PREVENTIVO” (Expte Nro. 8763-09), Cdora. María del Rosario Rodriguez (Art. 50º de la Ordenanza Nº 20-I-78), y;
que encontrándose comprometida la continuidad de la prestación del servicio público de transporte urbano de pasajeros y en aras de velar por el interés general y colectivo, mediante el dictado de la Resolución Nº 6129-I-2014 se dispuso la INCAUTACIÓN de las unidades de parque móvil de la empresa Microómnibus Tres de Mayo S.A. detalladas en el Amexo I del citado acto administrativo, así como también el inmueble sito en calle Rolando y Lenga de esta Ciudad, compuesto por Playa de Estacionamiento, Taller y Boca de combustible;
que la Síndico designada en autos “MICROOMNIBUS TRES DE MAYO S.A. s/CONCURSO PREVENTIVO” (Expte Nro. 8763-09), Cdora. María del Rosario Rodriguez (en adelante “la Sindicatura”) interpuso Recurso de Revocatoria solicitando la nulidad del procedimiento y de la Resolución Nº 6129- I- 2014 (en adelante La Resolución);
que los argumentos de la quejosea se circunscriben a:
La Resolución es un acto ilegítimo y un “desatino jurídico.
La Resolución carece de legalidad por cuanto es una aplicación desacertada de la norma “autorizante”. Ello en atención a que al momento de disponerse la incautación “no existía relación de concesión” entre las partes.
La Resolución carece de legalidad porque vulnera las prescripciones del art. 18 de la Constitución Nacional que indica que la propiedad es inviolable.
que en relación con el PRIMER AGRAVIO, contrariamente a lo invocado por la recurrente, la Resolución en análisis es un acto administrativo dictado por autoridad competente, debidamente fundado y motivado;
que los motivos que conllevaron a la citada medida surgen de la simple lectura del acto y sin perjuicio de remitirme a su texto, pueden resumirse como sigue:
El estado falencial inminente ha sido puesto en evidencia y denunciado, tanto por la propia sindicatura como la ART, quienes solicitaron el decreto de la quiebra, con anterioridad a que se ordene la intervención judicial.
La situación económica y financiera de la empresa no permite vislumbrar a corto plazo una salida airosa de su estado concursal, sino más bien un camino casi asegurado hacia un estado de falencia insalvable.
Como consecuencia de los gravísimos incumplimientos de la empresa acontecidos a partir del año 2013 en relación con la prestación del servicio, condiciones de seguridad de las unidades y sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social para con sus empleados –lo cual conllevó a reiteradas medidas de fuerza adoptadas por el sindicato que los representa- entre otras medidas tomadas por el Municipio, se realizó una presentación judicial que dio inicio al presente incidente de administración.
Mas allá de los esfuerzos realizados por la intervención judicial, la situación de la empresa es crítica ya que los ingresos corrientes más los subsidios nacionales no permiten hacer frente al pasivo pos concursal acumulado (ver informe de fs. 488 emitido por la administradora judicial). De tal situación económica descripta por la administradora judicial, se desprendería que la empresa tiene un pasivo posconcursal superior a sus ingresos.
Al momento de la intervención (08/07/2014) la concursada ya no podía afrontar los costos corrientes de explotación, y pasivos pos concursales ni cumplir el acuerdo homologado (ver informe de la administradora judicial obrante a fs. 633 vta. de autos).
Es decir que el servicio prestado por la empresa Tres de Mayo resultaba deficitario y se torna potencialmente inseguro, destacándose como factor principal el estado de precariedad técnica de sus unidades. De ello se colige que la concursada no estaba en condiciones de prestar el servicio a partir del 1/01/15 toda vez que no cuenta con las unidades mínimas requeridas a tales efectos ni con los fondos para reemplazarlas.
El inicio de la temporada estival 2014/2015 con el consiguiente arribo masivo de turistas a nuestra ciudad, genera un lógico aumento en la demanda del servicio de transporte, y que indefectiblemente la empresa Tres de Mayo no podrá satisfacer en ningún aspecto (seguridad, aumento de frecuencias, aptitud técnica y operativa, capacidad económica, etc.).
La situación de los trabajadores hizo insostenible continuar con la explotación por parte de la concursada. En efecto, los representantes de los trabajadores, en reiteradas oportunidades han señalado que en virtud de la situación de inseguridad a la que se veían expuestos, la situación era insostenible y necesitaban una urgente solución (ver fs. 630 y 632).
Siendo que resulta una obligación ineludible del Estado Municipal garantizar la continuidad en la prestación del transporte público de pasajeros, en su calidad de servicio público esencial, en el marco de las presentes actuaciones se intentó arribar a una solución con la participación de todos los actores involucrados: la Interventora Judicial Susana Ballesty, la Síndico Rosario Rodriguez y sus patrocinantes, la concursada y el Comité de Acreedores.
Las partes acordaron unánimemente en la conveniencia de poner a cargo de un tercero la prestación del servicio, siendo indispensable a tales efectos gestionar que dicho tercero cuente con los bienes de la empresa, de modo de garantizar la continuidad del mismo (unidades que componen la flota y las instalaciones sitas en calle Rolando y Lenga de esta ciudad que constan de: Taller Mecánico, Playa de Estacionamiento y Abastecimiento de combustible.)
Ante el cuadro de situación originado por Tres de Mayo, desde el Municipio se realizaron trabajosas gestiones tendientes a encontrar una empresa dispuesta a prestar el servicio público de transporte de pasajeros en las condiciones antes referidas, siendo la firma Autobuses Santafé SRL quien se mostró interesada en brindar tales servicios, tratándose de una empresa especializada en transporte, de gran trayectoria, que cuenta con varias líneas urbanas e interurbanas en diferentes centros metropolitanos del país.
La propuesta de la citada empresa incluía, entre otras cosas, la absorción de la totalidad del personal afectado al transporte urbano de pasajeros, además del aporte de unidades nuevas.
A pesar de los esfuerzos realizados a efectos de lograr el acercamiento de las partes, las reiteradas presentaciones efectuadas en el marco del expediente judicial antes mencionado, las innumerables reuniones llevadas a cabo con los actores involucrados y las audiencias celebradas en fecha 17/11/14 y 16/12/14 en el marco de la causa referida, no resultó posible lograr un acuerdo entre la empresa concursada, la intervención judicial, la sindicatura y la firma Autobuses Santa Fe en relación con la locación de los bienes de la empresa Microomnibus Tres de Mayo.
El Juez interviniente, mediante sentencia de fecha 22/12/14 resolvió autorizar a la administradora judicial a celebrar el contrato de locación y cesión de los trabajadores asignados al servicio de transporte urbano de pasajeros en el marco de determinados y claros parámetros que surgen del citado decisorio. Sin perjuicio de ello, la sentencia mencionada no se encuentra firme. En la misma providencia el Juez interviniente denegó la entrega anticipada de bienes solicitada por el Municipio a efectos de asegurar la prestación del servicio público a partir del día 01/01/15.
A partir del día 1/01/15 la empresa concursada no podía prestar normal y continuamente el servicio de transporte urbano de pasajeros. Por dicho motivo se revocó el permiso oportunamente otorgado a la firma Tres de Mayo y se otorgó un nuevo permiso provisorio a favor de la firma Autobuses Santafe.
A los efectos de la prestación del servicio, resulta indispensable para la empresa Autobuses Santa Fe SRL contar -al menos en los primeros meses del año 2015- con las unidades más modernas que integran el parque móvil de la empresa Microómnibus Tres de Mayo S.A. las cuales se encuentran habilitadas y poseen la respectiva verificación técnica. Asimismo, también es imprescindible para la permisionaria contar con las instalaciones de la empresa situadas en la calle Rolando y Lenga de esta ciudad, que constan de Taller, Playa de Estacionamiento y Boca de Combustible.
De no adoptarse las medidas urgentes y acordes desde el Municipio, la suspensión de la prestación del servicio era inevitable. La gravedad y la urgente respuesta que requiere la situación no dejó mas alternativa que proceder a la incautación de los bienes, a efectos de ponerlos a disposición de la firma Autobuses Santa Fe de modo de garantizar la prestación continua del servicio público en análisis.
Se estableció que la medida es provisoria, que no se afectará el uso compartido que la concursada realice del tanque de combustible para la prestación del servicio de transporte+a 1ºº de la línea sur, y también se estableció que la nueva permisionaria debe abonar a favor de la concursada el canon dispuesto por el Juez mediante la sentencia de fecha 22/12/14 mientras se encuentre en la tenencia de los bienes.
que lejos de tratarse de un acto ilegítimo o autoritario, la Resolución se basa en sólidos fundamentos de hecho y de derecho que sustentan lo allí decidido;
que al respecto sostiene la doctrina: “…la causa es la circunstancia o antecedente de hecho aceptado o impuesto por la ley para justificar la emisión del acto (…) La motivación del acto, contenida dentro de lo que usualmente se denomina “los considerandos” del acto, es una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que lo han llevado a su emanación, o sea los motivos o presupuestos…” (Marienhoff, “Tratado de derecho administrativo”, Tomo 2, Edit. Abeledo Perrot, Bs. As., 1993, pág. 302);
que en efecto, no debe perderse de vista que la medida adoptada tiene como objeto asegurar la prestación del servicio público, motivo por el cual se dispuso expresamente que tendrá carácter provisorio y quedará sin efecto en la medida que la nueva permisionaria logre reemplazar paulatinamente las unidades de colectivos y hasta tanto Autobuses Santafe logre afectar y habilitar un inmueble para guarda y reparación de unidades, abastecimiento de combustibles;
que en consecuencia, tratándose de un acto causado, motivado y fundado, los cuestionamientos efectuados por la contraria son dogmaticos y falaces, y por tanto este agravio debe ser rechazado;
que en lo atinente al SEGUNDO AGRAVIO, corresponde resaltar que contrariamente a lo sostenido por la Sindiatura a lo largo de su presentación, al momento del dictado de la Resolución, existía relación de derecho público que vinculaba a la empresa concursada con el Municipio;
que cabe recordar que conforme se desprende de las constancias de la Ordenanza 2056-CM-2010 la Empresa Microomnibus Tres de Mayo explotaba las líneas 10, 11, 20, 21, 22, 30, 31, 40, 41, 50, 51, 60, 61, 70 y 72 en razón de un prórroga para la explotación del transporte urbano de pasajeros en la Ciudad de San Carlos de Bariloche cuyo vencimiento operó el 30/06/2013;
que con la promulgación de la Ordenanza 2412-CM-13 el Concejo Municipal autorizó al Departamento Ejecutivo a suscribir con las empresas una prórroga del convenio marco de regularización contractual del transporte urbano de pasajeros (normado en las Ordenanzas 2056-CM-10 y 2057-CM-10);
que sin perjuicio de la negativa injustificada y carente de motivos en orden a firmar el convenio delineado por la Ordenanza N° 2412-CM-13, la empresa MICRO OMNIBUS 3 DE MAYO S.A. dio principio de ejecución al dicho acuerdo y continuó explotando el servicio de transporte público urbano de pasajeros, con lo cual podemos aseverar que dicha explotación se llevó a cabo en virtud de un Permiso de carácter provisorio y precario entablado en el plano estrictamente material;
que como consecuencia de los graves incumplimientos detectados desde la Subsecretaría de Tránsito y Transporte mediante las Resoluciones 979-I-2014 y 3007-I-2014 el Municipio revocó el permiso que la empresa detentaba para la explotación de las líneas de transporte que tenia asignadas;
que con posterioridad y a consecuencia de lo ordenado por el Juez interviniente en el Concurso Preventivo el Municipio mediante Resolución 3009 I 2014 otorgó un nuevo permiso a la empresa concursada, para la explotación del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros en relación con las líneas 10, 11, 20, 21, 22, 30, 31, 40, 41, 50, 51, 61 y 72 y con vigencia a partir de la efectiva toma posesión del cargo de administradora judicial por la Ctdora. Susana Balesty y/o quien el juez interviniente designe. Se dispuso claramente que el citado permiso se otorgaba en las condiciones establecidas en la Ordenanzas N° 2056-CM-10 y N° 2412-CM-13 y la Resolución N° 979-I-2014; es decir, con idéntico alcance al permiso que detentaba la firma con anterioridad al dictado de la Resolución Nro. 3007-I-2014;
que luego y mediante Resolución 5772-I-2014 se revocó tal permiso a partir del día 31/12/14 a las 24:00 hs.;
que es claro que la empresa continuó prestando el servicio público de transporte urbano de pasajeros hasta el 31/12/14 a las 24 horas bajo las condiciones y el régimen jurídico del régimen previsto en la Ordenanza 2056-CM-10;
que aun cuando la prestación del servicio hubiera sido efectuada sin marco normativo específico -como el antes indicado-, la solución sería la misma, desde que tal como lo sostiene reconocida doctrina, el servicio objeto de una concesión, una vez vencido el plazo de la contratación se contínua prestando en las mismas condiciones en que se lo prestaba mientras el plazo estaba vigente, con la salvedad de que el concedente puede dar por finalizada en cualquier momento la actuación del concesionario (Tratado de Derecho Administrativo del Dr. Miguel MARIENHOFF Tomo III-B – Editorial Abeledo Perrot – Página 629 ). En igual sentido, se expresa el Dr. Bielsa en la obra Derecho Administrativo – Tomo I - Página 418 – Buenos Aires 1.947;
que en consecuencia, resultan falaces las expresiones de la recurrente que insiste en sostener que al momento de disponerse la incautación “no existía relación de prestación de servicio de transporte urbano de pasajeros entre la Concursada y la Municipalidad Local”. toda vez que al momento de dictarse la Resolución Nro 6129-I-2014 el permiso de explotación otorgado mediante Resolución Nro. 3009 –I-2014 se encontraba vigente;
que la citada Ordenanza Nro. 2056 CM 2012 es “la norma autorizante” del acto cuestionado;
que las prescripciones de la Ordenanza 599 M 91 no modifican la legalidad de lo resuelto. Ello por dos sencillas razones: 1) sus términos no resultan contradictorios con la letra de la citada Ordenanza 2056 M 2012 y 2) a todo evento la Ordenanza 2056 CM 12 es una norma posterior y regula específicamente la relación entre la empresa y el Municipio, es decir, se trata de una norma posterior y especial;
que conforme se desprende de las constancias del Artículo 13 del Anexo I de la Ordenanza 2056-CM-2013, la Municipalidad tiene la facultad de proceder a la incautación de la totalidad del parque móvil para evitar la suspensión del servicio y asegurarse con ello la continuidad en la prestación del servicio público hasta que se realice el correspondiente llamado a licitación pública;
que en idéntica línea y siendo que resulta imprescindible para la prestación del servicio público de TUP contar con las instalaciones que la empresa Tres de Mayo posee en la calle Rolando y Lenga de esta ciudad (Taller Mecánico, Playa de Estacionamiento y Boca de Abastecimiento de combustible), también corresponde su incautación;
que de no tomarse debidas medidas desde el Gobierno Municipal, indefectiblemente a partir del 1/01/15 se afectaría la prestación en forma normal y regular del servicio de transporte urbano, de no adoptarse las medidas urgentes y acordes desde el Municipio, la suspensión de la prestación del servicio era inevitable;
que resulta una obligación ineludible del Estado Municipal garantizar la continuidad en la prestación del transporte urbano de pasajeros, ello en su calidad de servicio público esencial, tal como lo concibe la Carta Orgánica Municipal en el inciso 15 del artículo 29, de cuya lectura surge como una función y competencia del estado municipal asegurar el transporte público de pasajeros;
que en atención a todo lo expuesto, corresponde rechazar el segundo agravio;
que en relación con el TERCER Y ULTIMO AGRAVIO, corresponde indicar que la medida no afecta el derecho de propiedad de la empresa concursada;
que a tales efectos debe considerarse que la Resolución atacada estableció un canon retributivo por el uso de los bienes de modo de no irrogar perjuicio económico alguno para la firma Microombibus Tres de Mayo S.A.;
que sin perjuicio de lo antes dicho, no debe perderse de vista que la incautación fue dispuesta a efectos de garantizar la prestación de un servicio público esencial;
que en tal sentido debe tenerse en cuenta la doctrina de la la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del derecho de propiedad privada: “Los "bienes" pueden ser definidos como aquellas cosas materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona; dicho concepto comprende todos los muebles e inmuebles, los elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de valor (...) Para que la privación de los bienes de una persona sea compatible con el derecho a la propiedad consagrado en la Convención, debe fundarse en razones de utilidad pública o de interés social, sujetarse al pago de una justa indemnización, limitarse a los casos y practicarse según las formas establecidas por la ley". (Ivchner Bronstein c. Perú CIDH, sentencia del 6 de febrero de 2001, Serie C Nº 74 );
que en idéntico sentido en en el caso "Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador", (CIDH, sentencia del 21 de noviembre de 2007, Serie C Nº 170.) expresó: "(...) el derecho a la propiedad no es un derecho absoluto, pues en el artículo 21.2 de la Convención se establece que para que la privación de los bienes de una persona sea compatible con el derecho a la propiedad, debe fundarse en razones de utilidad pública o de interés social, sujetarse al pago de una justa indemnización, limitarse a los casos, practicarse según las formas establecidas por la ley y efectuarse de conformidad con la Convención";
que también es importante resaltar que la Resolución cuestionada dispuso que los alcances de la medida no afectarán el uso compartido del inmueble por parte de la Sra. Interventora y sus colaboradores; como así tampoco el abastecimiento de combustible, y tareas de mantenimiento de las unidades afectadas a la línea sur que actualmente explota la firma MICROOMNIBUS TRES DE MAYO S.A.;
que asimismo, se indicó que la incautación, en tanto tiene como objeto asegurar la prestación del servicio público, tendrá carácter provisorio y quedará sin efecto en la medida que la nueva permisionaria logre reemplazar paulatinamente las unidades de colectivos y hasta tanto Autobuses logre afectar y habilitar un inmueble para guarda y reparación de unidades, abastecimiento de combustibles;
que en atención a lo expuesto, el tercer agravio también debe ser rechazado;
que obra en el expediente el Dictámen jurídico Nro. 142 AL 2015 de la Asesoría Letrada, con argumentos claros y suficientes que son compartidos en ésta instancia y por lo cual por razones de brevedad se tienen por reproducidos en el presente;
que en razón de las prescripciones de la Carta Orgánica el transporte urbano de pasajeros constituye un servicio público esencial, por lo cual pesa en cabeza del Municipio garantizar a sus ciudadanos la continuidad del mismo;
que el antes citado Artículo 13 del Anexo I de la Ordenanza 2056-CM-2013, con la finalidad de garantizar la continuidad en la prestación del servicio público esencial de transporte urbano de pasajeros, acuerda al Municipio la posibilidad de incautación de los bienes;
que es claro que el Municipio ha agotado todas las alternativas posibles para poner fin al conflicto que rodeaba la prestación de servicio bajo la explotación de Tres de Mayo, habiendo llegado a un punto de inflexión en el cual la única opción jurídicamente sustentable para encauzar la situación radicó en tomar las medidas cuestionadas;
que la Resolución impugnada es válida por cuanto no tiene vicio alguno que amerite su impugnación, está debidamente motivada, fundada, y reviste todas las condiciones de un acto administrativo que goza de presunción de legitimidad;
que tal como refiere reconocida doctrina: “Una característica de los actos administrativos es que gozan de presunción de legitimidad, la cual les confiere eficacia por la sola circunstancia de ser manifestaciones de la potestad estatal (…) Todos los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad, como ocurre con las sentencias judiciales y con las leyes, pues no necesitan de una decisión judicial que se la reconozca, a diferencia de lo que ocurre con actos del derecho privado.” (Luqui, Roberto Enrique, “La revocación de los actos administrativos por razones de ilegalidad”, Publicado en: Acad.Nac. de Derecho 2010 (agosto) , 5 • LA LEY 08/11/2011 , 1 • LA LEY 2011-F , 907);
que asimismo, tiene dicho el Tribunal Cimero que: “En virtud de la presunción de validez de los actos gubernamentales, ellos no admiten descalificación por la sola manifestación de voluntad de los administrados” (Corte Suprema de Justicia de la Nación • Lipara, Napoleón c. La Nación s. cobro de pesos • 16/06/1961 • AR/JUR/42/1961);
que con sustento en las consideraciones que puntualmente se han desarrollado precedentemente, el recurso de revocatoria planteado por LA SINDICATURA DE MICROOMNIBUS TRES DE MAYO S.A. contra la Resolución N° 6129-I-2014 debe rechazarse, haciéndosele saber además a la administrada que con la emisión del presente se agota la vía administrativa;
RECHAZAR: el recurso de revocatoria y nulidad interpuesto por la Síndico designada en autos “MICROOMNIBUS TRES DE MAYO S.A. s/CONCURSO PREVENTIVO” (Expte Nro. 8763-09), Cdora. María del Rosario Rodriguez, contra Resolución 6129-I-2014, por las razones expuestas en los considerandos.
RATIFICAR la Resolución 6129-I-2014 en todos sus términos.
NOTIFICAR la presente a La Síndico designada en autos “MICROOMNIBUS TRES DE MAYO S.A. s/CONCURSO PREVENTIVO” (Expte Nro. 8763-09), Cdora. María del Rosario Rodriguez en el domicilio constituido en su presentación, sito en calle J. J. Paso Nro 147de la Ciudad de San Carlos de Bariloche.
HACER SABER: al contribuyente que el presente acto agota la vía administrativa y solo podrá ser impugnado por vía judicial.
AUTORIZAR: al agente Miguel GUAJARDO (Legajo N° 1163) a diligenciar la cédula de notificación de la presente Resolución y del Dictámen de Asesoría Letrada Nº 142-AL-2015.
La presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.
Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, archívese.
SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de mayo de 2015

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 Artículo 13
 artículo 29
 Resolución 
 artículo 21
 Resolución 
 Artículo 13
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