Source: https://tc.vlex.es/vid/547741262
Timestamp: 2019-11-20 14:39:03+00:00

Document:
STC 185/2014, 6 de Noviembre de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 547741262
Ponente: Doña Carmen Chacot Flores fue condenada en el juicio de faltas núm. 491-2012 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Gavá
Número de Recurso: 5318-2013
Sentencia citada en: 348 sentencias, 9 artículos doctrinales, una resolución administrativa
El día 19 de septiembre de 2013 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona al que se acompaña, junto con el testimonio del correspondiente procedimiento (recurso de apelación de juicio de faltas 22-2013), el Auto de 31 de julio de 2013 en el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el art. 623.1, párrafo segundo, del Código penal, por posible vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), y de los principios de culpabilidad, en su vertiente de responsabilidad por el hecho, de legalidad penal (art. 25.1 CE) y de seguridad jurídica (art. 9.3 CE).
Los antecedentes de la presente cuestión, según resulta del Auto de planteamiento y de la documentación adjunta, son los siguientes:
Doña Carmen Chacot Flores fue condenada en el juicio de faltas núm. 491-2012 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Gavá, por Sentencia de 4 de octubre de 2012, como autora de una falta de hurto concurriendo la circunstancia de “habitualidad”, prevista y penada en el art. 623.1 del Código penal (CP), a la pena de doce días de localización permanente a cumplir en centro penitenciario. En ese precepto se prevé la imposición de la pena de localización permanente (y no de la alternativa pena de multa), que el Juez puede disponer que se cumpla en centro penitenciario, en caso de perpetración reiterada de la falta de hurto (hurto cuyo valor no excede de los 400 €). Conforme a su párrafo segundo, “para apreciar la reiteración, se atenderá al número de infracciones cometidas, hayan sido o no enjuiciadas, y a la proximidad temporal de las mismas”. El fundamento de Derecho tercero de la Sentencia justificó la pena de localización permanente “atendiendo a la reiteración delictiva, prevista en el art. 623.1 del Código Penal”, reiteración delictiva acreditada al tener la Sra. Chacot “pendientes varias denuncias por hurto, siete de ellas en los meses de julio a septiembre de este año”, conforme a los datos existentes en el atestado policial.
La Sentencia fue recurrida en apelación mediante escrito redactado y firmado de puño y letra por la Sra. Chacot, en el que manifestó no estar de acuerdo con la Sentencia, solicitando poder cumplir la localización permanente en casa, por ser madre soltera y tener que atender a sus tres hijos menores.
Una vez finalizada la tramitación del recurso como el rollo de apelación núm. 22/2013, mediante providencia de 27 de mayo de 2013, el Magistrado designado para conocer como órgano unipersonal del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 35.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), acordó conceder a la partes personadas un plazo de diez días para formular alegaciones sobre la oportunidad de promover cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 623.1 párrafo segundo del Código penal, por su posible contradicción con los art. 24.2, 25.1 y 9.3 CE. Considera el proponente que “la mención ‘hayan sido o no enjuiciadas’ es contraria al derecho fundamental a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24.2 CE, al permitir que hechos que no hayan sido declarados probados por una Sentencia firme sean considerados como cometidos para aplicar la respuesta penal agravada”, lo cual implica, añade, “una violación del principio de culpabilidad en su faceta de responsabilidad por el hecho”. La providencia se plantea que “hipotéticamente, cabría aventurar una posible ‘interpretación adecuadora’, que tendría más de operación reconstructiva, entendiendo que la citada mención ha de entenderse en el solo sentido de incluir los hechos que vayan a ser enjuiciados en el mismo procedimiento o los declarados probados en sentencia firme. Sin embargo, tal solución, a su juicio, forzaría la literalidad de la disposición y la génesis del precepto y tendría costes inasumibles desde la perspectiva del principio de seguridad jurídica (artículo 9.3 CE) y legalidad penal (artículo 25.1 CE), tanto en su vertiente formal (reserva de ley) como material (principio de taxatividad)”.
El Ministerio Fiscal, mediante escrito presentado el 28 de junio de 2013, sin entrar al fondo, pero recordando que no puede prosperar una cuestión que plantee dudas interpretativas, consideró que “la norma cuestionada es determinante para la resolución del recurso porque ha sido el art. 623.1 CP el precepto aplicado al caso de autos por el juzgador a quo y el que debe aplicar, en su caso, el juzgador ad quem , y que también el momento procesal es el oportuno, pues sólo resta dictar sentencia para concluir el rollo de apelación”. La apelante condenada dejó pasar el plazo sin presentar alegaciones.
El órgano judicial dictó Auto el 31 de julio de 2013 en el que acordó plantear la presente cuestión de inconstitucionalidad en relación con el art. 623.1, párrafo segundo, del Código penal por posible vulneración de los art. 24.2, 25.1 y 9.3 CE.
En la fundamentación jurídica del Auto de planteamiento, el órgano judicial proponente realiza las siguientes consideraciones:
Inicia el desarrollo del juicio de relevancia constitucional señalando como objeto de la cuestión la cláusula definitoria de la reiteración contenida en el párrafo segundo del art. 623.1 CP y, en concreto, señala como fuente de las posibles vulneraciones constitucionales que se refiera a las “infracciones cometidas, hayan sido o no enjuiciadas”. A esa expresión atribuye, de un lado, la vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y del principio de culpabilidad (cuya posible incardinación estaría en los arts. 10, 25.1, 15 y 24.2 CE) y, de otro lado, la del principio de legalidad penal y de seguridad jurídica (arts. 25.1 y 9.1 CE).
El órgano judicial inicia la justificación de la lesión del derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 CE recordando que constituye un límite frente al legislador penal, que no puede introducir figuras delictivas basadas en hechos presuntos o en presunciones de culpabilidad. La dicción legal, que incluye faltas cometidas no enjuiciadas y enjuiciadas pero sin sentencia firme, permite que hechos que no hayan sido declarados probados por una sentencia firme sean considerados cometidos para aplicar la respuesta penal agravada, pues bastaría con acreditar que existen denuncias por faltas de hurto que han dado lugar a los correspondientes procedimientos en trámite o condenas previas no firmes. Asimismo considera que admitir que la acumulación de diversas denuncias o detenciones por presuntas faltas de hurto fuera suficiente para afirmar la condición de autor de las mismas en otro proceso (en el que se plantea la reiteración) viola el principio de culpabilidad en su faceta de responsabilidad por el hecho, que excluye la sanción por el modo de ser o de conducirse en la vida y precisa una sentencia firme de condena previa la sustanciación de un proceso con todas las garantías.
En segundo lugar, el órgano judicial desarrolla en el fundamento jurídico 7 del Auto la vulneración de los principios de legalidad penal y de seguridad jurídica, que vincula tanto a la propia norma como a la posibilidad de una interpretación conforme a la Constitución.
El Auto concluye con el pertinente juicio de relevancia procesal, donde se defiende la relevancia de la norma cuestionada para la resolución del recurso de apelación, que juzga sustentado en dos motivos: la disconformidad con la sentencia dictada y la disconformidad con la pena de localización permanente en centro penitenciario. Expone que la expulsión o la interpretación conforme a las exigencias constitucionales del cuestionado art. 623.1 párrafo segundo conllevaría su estimación, pues impediría atender al dato de las denuncias pendientes por hurto en el que se asienta la aplicación de la falta reiterada reiteración. Por otro lado, sostiene también que el momento procesal es el oportuno, pues está concluso el procedimiento y se plantea dentro del plazo para dictar sentencia resolutoria del recurso de apelación.
Por providencia de 28 de enero de 2014, el Pleno, a propuesta de la Sección Cuarta de este Tribunal, acordó admitir a trámite la presente cuestión de inconstitucionalidad y reservar para sí el conocimiento de la misma, de conformidad con lo dispuesto por el art. 10.1 c) LOTC así como dar traslado de las actuaciones recibidas, como dispone el art. 37.3 LOTC, al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno y al Fiscal General del Estado, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimasen convenientes. Igualmente se acordó comunicar dicha resolución a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona a fin de que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 35.3 LOTC, permanezca suspendido el proceso hasta que el Tribunal resuelva definitivamente la presente cuestión y publicar la incoación de la cuestión en el “Boletín Oficial del Estado”.
Mediante escrito registrado el día 6 de febrero de 2014, la Presidenta en funciones del Congreso de los Diputados comunicó a este Tribunal que la Mesa de dicha Cámara acordó dar por personada en el proceso a la Cámara Baja, ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. Por escrito registrado el 12 de febrero de 2014, el Presidente del Senado comunicó a este Tribunal que la Mesa de dicha Cámara acordó dar por personada en el proceso a la Cámara Alta, ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
El Abogado del Estado se personó en el procedimiento en nombre del Gobierno mediante escrito registrado el 20 de febrero 2014 y formuló las alegaciones que se resumen a continuación, solicitando la desestimación íntegra de la cuestión planteada.
El Fiscal General del Estado, mediante escrito registrado del 3 de marzo de 2014, solicitó alternativamente la inadmisión o la desestimación de la cuestión planteada, y subsidiariamente, que se dicte una sentencia interpretativa, todo ello con base en las alegaciones que seguidamente se exponen.
El escrito plantea en inicio dos posibles óbices procesales relativos al correcto cumplimiento del trámite de audiencia y a la pertinencia del juicio de relevancia.
Las alegaciones sobre el fondo se apoyan en dos consideraciones: la posibilidad de que el órgano proponente hubiera resuelto mediante una interpretación conforme a la Constitución de la norma cuestionada, respetuosa del derecho de presunción de inocencia, que no considera contraria a los principios de legalidad y seguridad jurídica, y que con el planteamiento de la cuestión busca una sentencia interpretativa que vede interpretaciones lesivas del derecho a la presunción de inocencia y del principio de culpabilidad.
Considera el Fiscal que la interpretación impuesta por las exigencias de los principios de presunción de inocencia y de culpabilidad identifica el término “cometidas” en relación con las infracciones, con la realización de actos previstos como faltas respecto a los que se acrediten los elementos de antijuridicidad, tipicidad, culpabilidad y punibilidad. Ello se traduce, en lo que atañe a las infracciones cometidas “enjuiciadas”, en hechos constitutivos de falta sentenciados en firme con condena; y en lo relativo a las “no enjuiciadas”, en hechos tipificados como faltas que sean atribuidos al sujeto y respecto de los que se despliegue en el mismo procedimiento una actividad probatoria específica y resulten probados y declarados como tal.
En relación con la interpretación acomodada a la Constitución, con cuyo contenido coincide el órgano proponente, niega que se trate de una reconstrucción o de una interpretación que restrinja el propósito del legislador; y ello por dos razones. De un lado, porque la interpretación constitucional es la única sostenible de una norma, y la confluencia del principio de interpretación conforme a la Constitución y el principio de conservación de las disposiciones legales conduce al aserto de que una disposición legal no debe ser declarada nula cuando alguna de sus acepciones puede ser interpretada en concordancia con la Constitución, como se recoge en el art. 5.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De otro lado, por cuanto la interpretación acomodada a la Constitución, lejos de resultar forzada, es la que fluye naturalmente del tenor de la disposición al aplicarse parámetros razonables y atenderse a las exigencias constitucionales propias del sistema penal en un Estado de Derecho. A su juicio, ni fuerza la literalidad ni incurre en falta de taxatividad o certeza que hagan imprevisible la aplicación de la norma, problemas que provendrían más bien de las interpretaciones no ajustadas a la Constitución. Apunta que buena prueba del respeto de la interpretación constitucional al principio de legalidad es que una hipotética Sentencia interpretativa del Tribunal Constitucional que limite el ámbito de aplicación del precepto cuestionado, dándole el contenido defendido como respetuoso de la presunción de inocencia, no le ofrece dudas de legalidad al proponente, y una misma interpretación no puede ser a la vez vulneradora o no del principio de legalidad en función de quien la emita. Concluye que esa interpretación no lesiona la garantía formal ni material del principio de legalidad, pero tampoco el principio vinculado non bis in idem , al tiempo que satisface las exigencias de los principios de presunción de inocencia y de culpabilidad.
Por providencia de 4 de noviembre de 2014, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 6 del mismo mes y año.
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona promovió cuestión de inconstitucionalidad respecto del párrafo segundo del art. 623.1 del Código Penal (CP), a cuyo tenor, “para apreciar la reiteración, se atenderá al número de infracciones cometidas, hayan sido o no enjuiciadas, y a la proximidad temporal de las mismas”. Esta cláusula definitoria de la reiteración se refiere a la perpetración reiterada de faltas de hurto (hurto por valor de menos de 400 €), para la que, conforme al párrafo primero del art. 623.1 CP, se prevé exclusivamente la pena de localización permanente —de cuatro a doce días—, que el Juez puede disponer que se cumpla en sábados, domingos y días festivos en el centro penitenciario más próximo al domicilio del penado, y no la alternativa penológica entre multa y localización permanente contemplada con carácter general para las faltas de hurto.
Se ha alegado por el Fiscal General del Estado que la presente cuestión de inconstitucionalidad no reúne los requisitos establecidos en el art. 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) en lo que concierne al trámite de audiencia y al juicio de relevancia. Es procedente examinar tales objeciones, pues “no existe ningún óbice para realizar un pronunciamiento de inadmisión de una cuestión de inconstitucionalidad en la fase de resolución de la misma, esto es, mediante sentencia, dado que la tramitación específica del art. 37.1 LOTC no tiene carácter preclusivo y cabe apreciar en sentencia la ausencia de los requisitos, tanto procesales como de fundamentación, requeridos para el válido planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad” (recientemente, SSTC 42/2013, de 14 de febrero, FJ 2; 183/2013, de 23 de octubre, FJ 2; y 75/2014, de 8 de mayo, FJ 2 y jurisprudencia allí citada). En el examen de los óbices procesales habrá de atenderse también a las objeciones que tanto el Fiscal General del Estado como el Abogado el Estado plantean dada la evidencia de una interpretación conforme a la Constitución.
Se aduce en primer lugar la posible incoherencia entre la providencia de apertura del trámite de audiencia en fase judicial y el Auto de planteamiento en lo referido a las deficiencias constitucionales que presenta la norma cuestionada desde la perspectiva de los principios de legalidad y de seguridad jurídica, lo que impidió a las partes realizar alegaciones al respecto. A juicio del Fiscal, esas tachas se imputaron en la providencia a una interpretación del precepto respetuosa con el postulado de la presunción de inocencia con un significado adicional, desconectado del precepto en sí, pues sirven para sostener las dudas del órgano judicial sobre la adecuación de la norma a la Constitución de cara a hacer viable el planteamiento de la cuestión.
El segundo óbice procesal alegado por el Fiscal General afecta al juicio de relevancia imprescindible conforme al art. 35 LOTC para admitir una cuestión de inconstitucionalidad, por cuanto niega que la norma cuestionada, por más que aplicable al caso, sea decisiva en la resolución del proceso, ya que estima que sólo se impugnó en apelación la modalidad de cumplimiento de la pena de localización permanente, que se pretende en casa, y no la calificación de la conducta. Y a esa solicitud puede atender el órgano judicial aplicando el precepto cuestionado si atiende a otros parámetros, dado que es una decisión facultativa.
Como este Tribunal ha hecho notar en numerosas resoluciones, el juicio de relevancia, entendido como el esquema argumental dirigido a probar que el fallo del proceso judicial depende de la validez de la norma cuestionada, constituye uno de los requisitos esenciales de toda cuestión de inconstitucionalidad, por cuanto a su través se garantiza el control concreto de la constitucionalidad de la ley, impidiendo que el órgano judicial convierta dicho control en abstracto, al carecer de legitimación para ello (entre muchas, últimamente, SSTC 84/2012, de 18 de abril, FJ 2; 146/2012, de 5 de julio, FJ 3; 60/2013, de 13 de marzo, FJ 1 b); y 18/2014, de 30 de enero, FJ 2). Es a los Jueces y Tribunales ordinarios que plantean las cuestiones de inconstitucionalidad, por otra parte, a los que corresponde comprobar y exteriorizar, prima facie , dicho juicio de relevancia, de modo que el Tribunal Constitucional no puede sustituir o rectificar el criterio de los órganos judiciales proponentes, salvo en los supuestos en que de manera notoria, sin necesidad de examinar el fondo debatido y en aplicación de principios jurídicos básicos, se advierta que la argumentación judicial en relación con el juicio de relevancia resulta falta de consistencia, ya que en tales casos sólo mediante la revisión del juicio de relevancia es posible garantizar el control concreto de constitucionalidad que corresponde a la cuestión de inconstitucionalidad en los términos en que ésta es definida por el art. 163 CE [últimamente, SSTC 87/2012, de 18 de abril, FJ 2; 146/2012, de 5 de julio, FJ 3; 60/2013, de 13 de marzo, FJ 1 b); 53/2014, de 10 de abril, FJ 1 b); y 82/2014, de 28 de mayo, FJ 2 a)].
Una vez rechazados los dos óbices procesales planteados, hay que atender a otro aspecto con carácter previo al análisis del fondo de la cuestión. El propio órgano promotor esboza la posibilidad de una interpretación respetuosa con el derecho de presunción de inocencia y la exigencia de responsabilidad por el hecho, que, bajo la expresión “infracciones cometidas, hayan sido o no enjuiciadas”, incluye los hechos que vayan a ser enjuiciados en el mismo procedimiento o los declarados probados por Sentencia firme, y que vincula su número a lo dispuesto en el art. 234 CP, por lo que la reiteración exige al menos tres faltas de hurto. Esa interpretación es la que siguen algunos Tribunales y que la Sección proponente ha aplicado en otras ocasiones. En esta posibilidad también insisten el Abogado del Estado y, sobre todo, el Ministerio Fiscal, tanto al informar en inicio sobre la pertinencia del planteamiento de la cuestión como al efectuar después las alegaciones oportunas al Auto de planteamiento, desde el convencimiento de que esa interpretación conforme respeta el tenor literal del precepto.
El órgano judicial proponente cuestiona la constitucionalidad del párrafo segundo del art. 623.1 CP, en primer lugar, por considerar que vulnera el principio de presunción de inocencia consagrado en el art. 24.2 CE en cuanto que su tenor literal —“infracciones cometidas, hayan sido o no enjuiciadas”— acoge la posibilidad de que la reiteración de faltas de hurto venga construida sobre hechos no enjuiciados previamente o que, enjuiciados, no han sido objeto de sentencia firme, lo que supone atender a hechos presuntos o presunciones de culpabilidad. Por la misma razón estima que se vulnera también el principio de culpabilidad por el hecho, cuya posible ubicación constitucional sitúa en los arts. 10, 25.1, 15 y 24.2 CE, si bien a la postre sólo identifica como precepto constitucional vulnerado el art. 24.2 CE, que lo sería en términos análogos a la descrita lesión de la presunción de inocencia: la posibilidad de afirmar el tipo a partir de la prueba de presuntas faltas (denuncias y detenciones) y o de lo declarado probado en una sentencia no firme, a lo que añade una genérica referencia a la prohibición de sancionar por el modo de ser o de conducirse en la vida sin ulterior desarrollo. Esa coincidencia determina el análisis conjunto de estos dos motivos de inconstitucionalidad.
La eficacia garantista de la presunción de inocencia no se despliega sólo ante el juez, sino también como derecho frente al legislador, como destacó ya la STC 109/1986, de 24 de septiembre, FJ 1, donde se reconoce que el derecho a ser presumido inocente es un derecho subjetivo público con una “obvia proyección como límite de potestad legislativa y como criterio condicionador de las interpretaciones de las normas vigentes”. En esta línea, el Tribunal ha incluido en la configuración constitucional de este derecho la interdicción de las presunciones de los elementos constitutivos del delito (SSTC 111/1999, de 14 de junio, FJ 3; 87/2001, de 2 de abril, FJ 9; 267/2005, de 24 de octubre, FJ 4; y 92/2006, de 27 de marzo, FJ 2). Con independencia de la modalidad delictiva de que se trate, no es tolerable que alguno de los elementos típicos se presuma en contra del acusado, sea con una presunción iuris tantum , que supone una traslación o inversión de la carga de la prueba irreconciliable con el art. 24.2 CE (ya en STC 105/1988, de 8 de junio, FJ 3), sea con una presunción iuris et de iure , ilícita en el ámbito penal desde la perspectiva constitucional por cuanto prohíbe la prueba en contrario de lo presumido, con los efectos vulneradores de la presunción de inocencia de descargar de la prueba a quien acusa y de impedir probar la tesis opuesta a quien se defiende.
Por lo que atañe al principio de culpabilidad, este Tribunal ha declarado que la Constitución española consagra sin duda el principio de culpabilidad como principio estructural básico del Derecho penal, vinculándolo con los arts.10, 24 y 25 CE [por todas, STC 59/2008, de 14 de mayo, FJ 11 b)]. Y aunque ha advertido de que ello no implica que la Constitución haya convertido en norma un determinado modo de entenderlo, también ha negado que sea constitucionalmente legítimo un derecho penal “de autor” que determina las penas en atención a la personalidad del reo y no según la culpabilidad de éste en la comisión de los hechos (por todas, STC 150/1991, de 4 de julio, FJ 4). Al principio de culpabilidad se anuda asimismo la proscripción de la responsabilidad sin culpa o responsabilidad objetiva en el ámbito del ius puniendi , lo que, además de exigir la presencia de dolo o imprudencia, conlleva también la necesidad de determinar la autoría de la acción o de la omisión sancionable (SSTC 120/1994, de 25 de abril, FJ 2; 103/1995, de 3 de julio, FJ 3; y 57/2010, de 10 de octubre, FJ 9; ATC 237/2012, de 11 de diciembre, FJ 3), así como el principio de la responsabilidad personal por hechos propios y no ajenos —principio de la personalidad de la pena o sanción— [SSTC 131/1987, de 20 de julio, FJ 6; 219/1988, de 22 de noviembre, FJ 3; 254/1988, de 21 de diciembre, FJ 5; 246/1991, de 19 de diciembre, FJ 2; 146/1994, de 12 de mayo, FJ 4 b); 93/1996, de 28 de mayo, FJ 1; 137/1997, de 21 de julio, FJ 5; 125/2001, de 4 de junio, FJ 6; y 60/2010, de 7 de octubre, FJ 4]”.
La anterior doctrina evidencia que la integración de elementos típicos de una infracción penal —reiteración de faltas de hurto—, al margen de una actividad probatoria válida y suficiente declarada como tal en una condena —simples denuncias o imputación de hurtos—, infringe el derecho a la presunción de inocencia y el principio de culpabilidad, tal y como se sostiene en el Auto de planteamiento. Sin embargo, la doble denuncia de lesión tiene como premisa una interpretación cuestionable del tipo por parte del Magistrado proponente, conforme a la cual, la alusión a “infracciones cometidas no enjuiciadas” acoge la posibilidad de aplicar el tipo de reiteración con base en la existencia de denuncias o imputaciones por faltas de hurto, esto es, sin condena; y la alusión a “infracciones cometidas enjuiciadas” incluye condenas no firmes como sostén de la tipicidad y, por ende, de la punición conforme al art. 623.1 CP.
A pesar de la evidencia de que el tenor literal “cometidas no enjuiciadas” se identifica con hechos tipificados como faltas que sean atribuidos al sujeto y respecto de los que se despliegue en un mismo proceso una actividad probatoria específica que conduzca a declararlos probados y que, por ello, la tacha de constitucionalidad denunciada carece de fundamento, no es menos cierto que, como se manifiesta en el Auto de planteamiento y se constata en la Sentencia de instancia en el marco de cuya apelación se planteó la presente cuestión de inconstitucionalidad, existe una línea jurisprudencial que se conforma con la acreditación de previas denuncias o imputaciones por falta de hurto ayunas de condena e incluso de enjuiciamiento. Ahora bien, ello no supone una dualidad interpretativa del precepto que enfrente a una interpretación ajustada a la Constitución con otra no conforme a ella. Al respecto hay que dar la razón al Fiscal General del Estado cuando sostiene que esas interpretaciones incompatibles con el derecho a la presunción de inocencia y el principio de culpabilidad son absolutamente irrazonables y deficitarias, por lo que infringen el principio de legalidad (art. 25.1 CE) por resultar extravagantes y erráticas en cuanto a su soporte metodológico y axiológico. Incluso cabe ir más allá y plantear, como antes se argumentó, la desconexión de esas alternativas interpretativas con el tenor literal del precepto, pues el término “cometidas” difícilmente puede identificarse con “denunciadas” o “imputadas”, que es lo que se está defendiendo como elemento equivalente en la medida en que es el auténtico objeto de prueba a través de los antecedentes policiales.
Por el contrario, la interpretación del precepto en lo atinente a la expresión “infracciones cometidas no enjuiciadas” que demanda que esos ilícitos se traigan al proceso en el que se pretende aplicar la falta reiterada y se acrediten en él no sólo es la exégesis respetuosa con la Constitución desde la perspectiva de los derechos a la presunción de inocencia y el principio de responsabilidad por el hecho y, por ello, la interpretación razonable desde las pautas axiológicas constitucionales, sino que respeta de forma exquisita el tenor literal del precepto como criterio primero de interpretación de todo precepto y barrera infranqueable en el ámbito de la hermenéutica penal (STC 129/2008, FJ 3). No se sostiene el rechazo de la interpretación conforme por parte del órgano judicial, pues dista de ser una reconstrucción del precepto contraria a la literalidad de la norma y a la voluntad del legislador. Además de ser una exégesis pegada al sentido usual de los términos legales y orientada a los principios constitucionales, a esta interpretación literal secundum constitutionem se llega también desde otros criterios hermenéuticos habituales. Así sucede con una interpretación teleológica orientada a la finalidad de protección de la norma, pues con el precepto se pretende un efecto disuasorio frente a la delincuencia patrimonial leve pero habitual. Y las mismas conclusiones se alcanzan desde la interpretación sistemática, que inserta la previsión normativa en el cuadro de infracciones diseñado por el legislador para prevenir los hurtos habituales, donde el art. 234 CP contempla el delito de hurto por comisión de tres faltas, que tanto la doctrina como los Tribunales y la Fiscalía General del Estado identifican como faltas no enjuiciadas que son objeto de acusación y prueba en el mismo procedimiento. Sistemáticamente también apoya la interpretación conforme la exigencia de condena en el preámbulo de la Ley 5/2010 que introdujo la figura, donde el legislador alude expresamente al número de faltas cometidas “ya haya recaído condena por todas ellas en un solo proceso o en procesos distintos”, condena que tiene como condición necesaria el desarrollo de una actividad probatoria apta para enervar la presunción de inocencia. Voluntas legislatoris que, frente a lo sostenido en el Auto de planteamiento, siempre estuvo vinculada a infracciones acreditadas, pues en tales términos se expresaba la propuesta de enmienda que culminó en el precepto aquí examinado al señalar que para apreciar la habitualidad se atenderá “al número de actos descritos en este artículo que resulten acreditados” y que, cabe reiterar, se explicita en el Preámbulo de la Ley de reforma con la referencia expresa a faltas en las que haya recaído una condena. Y, en fin, al mismo resultado interpretativo se llega desde la lectura del precepto cuestionado en clave de principios limitadores del ius puniendi , donde el principio de culpabilidad exige la constatación de que el hecho es atribuible a una conducta dolosa del sujeto (arts. 10, 20 y 24 CE y arts. 5 y 10 CP).
La cuestión se plantea de forma parcialmente diversa en lo que atañe a la posibilidad legal de que las faltas previas hayan sido ya enjuiciadas. La opción por la que ha optado el legislador para configurar la reiteración no supedita expresamente su apreciación respecto de las faltas de hurto anteriores a que la Sentencia condenatoria antecedente hubiera adquirido firmeza. Una interpretación literal del precepto en este aspecto confirma la posibilidad denunciada en esta cuestión, esto es, que integraría el elemento típico “infracciones cometidas” cualquier falta objeto ya de condena, con independencia de que exista o no sentencia firme. La ausencia de exigencia de pronunciamiento firme de condena para considerar acreditada la existencia de infracciones previas que hayan sido ya enjuiciadas se juzga contraria a la presunción de inocencia y al principio de culpabilidad por parte del Magistrado proponente; y también parece ser esa la opinión del Abogado del Estado y del Fiscal en la medida en que abonan como interpretación conforme a la Constitución la exigencia de previos pronunciamientos firmes de condena, aunque todos ellos sin anclaje expreso en la jurisprudencia constitucional. Incluso las interpretaciones doctrinales del precepto encuentran un lugar común en la exigencia de previas sentencias firmes cuando se trata de infracciones cometidas enjuiciadas.
En este sentido, este Tribunal ha puntualizado, respecto al significado de una condena penal a los efectos de prorrogar la prisión provisional, que la Sentencia condenatoria consolida la imputación de un delito a una persona determinada; pero mientras el recurso contra ella no se haya resuelto, dicho pronunciamiento sobre la culpabilidad del procesado sigue siendo provisional (SSTC 22/2004, de 23 de febrero, FJ 5; 333/2006, de 20 de noviembre, FJ 4; y 27/2008, de 11 de febrero, FJ 6). Más tajantemente, incluso, se ha afirmado que la sentencia condenatoria constituye todo lo más una confirmación temporal de los indicios de culpabilidad apreciados ab initio , pero resulta todavía inhábil para enervar la presunción de inocencia del acusado, a la espera del desenlace del recurso de casación interpuesto por él” (STC 50/2009, de 23 de febrero, FJ 5).
También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha afirmado con ocasión del examen de la eficacia extraprocesal de la presunción de inocencia, que este derecho reconocido en el art. 6.2 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (CEDH) rige en segunda instancia, incluso a pesar de que se haya dictado una Sentencia de condena en primera instancia, de modo que se puede informar de la existencia de la condena y hacer mención a ella; pero es necesario hacerlo con las mismas exigencias de respeto y prudencia que se requieren durante la primera instancia. Esa conclusión se sigue de la misma premisa manejada por el Tribunal Constitucional de que forma parte del contenido esencial del principio de presunción de inocencia, que sólo se destruye mediante una condena firme de conformidad con la ley (STEDH de 24 de mayo de 2011, caso Konstas c. Grecia , § 35, que se remite a los informes de la Comisión Europea de Derechos Humanos 10282/83, de 9 de octubre de 1985, caso Englert c. Alemania , § 49; y 10300/83, de 9 de octubre de 1985, caso Nölkenbockhoff c. Alemania , § 45). De ahí que el Tribunal, aplicando a la interpretación del art. 6.2 CEDH la orientación a una protección práctica y efectiva y no teórica e ilusoria, considere que la presunción de inocencia no puede dejar de aplicarse en procedimientos de recurso simplemente porque el acusado fue condenado en primera instancia. Concluir lo contrario estaría en contradicción con el papel de los procedimientos de apelación, donde se requiere al Tribunal de alzada volver a examinar la decisión anterior tanto desde la perspectiva fáctica como jurídica. Una inteligencia distinta significaría la inaplicación de la presunción de inocencia en los procedimientos cuyo objetivo es la revisión del caso y la revocación de la condena previa (STEDH de 24 de mayo de 2011, caso Konstas c. Grecia , § 36).
A la luz de las anteriores consideraciones, tiene razón el órgano judicial proponente cuando afirma que el inciso “infracciones cometidas enjuiciadas” acoge en su tenor literal la toma en consideración de previas condenas no firmes por faltas de hurto y que la interpretación respetuosa del derecho a la presunción de inocencia —a lo que habría de añadirse, y del principio de seguridad jurídica—, exige la firmeza de las condenas por falta de hurto para integrar el elemento típico de reiteración del art. 623.1 CP. Ese punto de partida obliga a plantearse la posibilidad de una interpretación secundum constitutionem , como sostienen el Abogado del Estado y el Fiscal General del Estado, que exija la firmeza de las condenas previas.
Conforme a una doctrina reiterada de este Tribunal, que resume la STC 189/2013, de 7 de noviembre, FJ 4, “el criterio de la interpretación conforme se puede encontrar ya en Sentencias tan tempranas como la STC 4/1981, de 2 de febrero, o la STC 122/1983, de 16 de diciembre, en cuyo fundamento jurídico 6 ya decíamos que ‘siendo posibles dos interpretaciones de un precepto, una ajustada a la Constitución y la otra no conforme con ella, debe admitirse la primera con arreglo a un criterio hermenéutico reiteradas veces aplicado por este Tribunal’. Este criterio, que constituye ya doctrina consolidada, se desarrolla igualmente en la STC 93/1984, cuyo FJ 5 señala que ‘es necesario apurar todas las posibilidades de interpretar los preceptos de conformidad con la Constitución y declarar tan sólo la derogación de aquéllos cuya incompatibilidad con ella resulte indudable por ser imposible llevar a cabo dicha interpretación’. En similar sentido, SSTC 176/1999, de 30 de septiembre, FJ 3; 89/2004, de 25 de mayo, FJ 8, o 133/2006, de 27 de abril, FJ 14”. No obstante, la salvaguarda del principio de conservación de la norma encuentra su límite en las interpretaciones respetuosas tanto de la literalidad de la norma cuestionada como del contenido del mandato incorporado en la norma examinada. Como también se apunta en la STC 189/2013, FJ 4, “se erige en parámetro hermenéutico el que la interpretación conforme se pueda deducir ‘de modo natural y no forzado’ del tenor literal del precepto, sin afectación de la seguridad jurídica (por todas, SSTC 176/1999, de 30 de septiembre, FJ 4; 74/2000, de 16 de marzo, FJ 3; o 56/2004, de 21 de septiembre, FJ 8)”.
Como segundo bloque de problemas de constitucionalidad, el órgano judicial proponente denuncia la infracción por el precepto de los principios de legalidad penal (art. 25.1 CE) y de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) por razones vinculadas a la posibilidad de interpretaciones diversas, contrarias y conformes a la Constitución. En el Auto de planteamiento se argumenta que la disposición carece del suficiente grado de taxatividad que permita identificar cuál es el sustrato fáctico que determina la agravación, habida cuenta de las múltiples intelecciones de su tenor literal, siendo precisa la intervención de un juez para fijar la interpretación conforme a la presunción de inocencia y el principio de culpabilidad, lo que conlleva una falta de certeza que hace imprevisible para el destinatario de la norma las consecuencias jurídicas de su comportamiento y pugna con la potestad exclusiva del legislador para definir los comportamientos penalmente relevantes en la medida en que la opción por una interpretación acomodada restringe el ámbito objetivo de la norma en un sentido contrario al que pretendió el legislador.
El principio de legalidad penal (art. 25.1 CE), conforme a doctrina reiterada de este Tribunal (entre muchas, SSTC 24/2004, de 24 de febrero, FJ 2; 283/2006, de 9 de octubre, FJ 5; y 101/2012, de 8 de mayo, FJ 3), comprende una doble garantía: formal y material. La garantía formal se concreta en que existe una reserva de ley para definir delitos y para amenazarlos con penas, quedando así acotadas las fuentes del Derecho en materia penal. La garantía material refleja la especial trascendencia del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) —cuya infracción también se plantea aquí— en este ámbito limitativo de la libertad individual, por lo que respecto a la ley penal, comporta el mandato de taxatividad o de certeza que se traduce en la exigencia de predeterminación normativa de las conductas punibles y de sus correspondientes sanciones ( lex certa ), en virtud del cual el legislador debe hacer el máximo esfuerzo posible en la definición de los tipos penales, promulgando normas concretas, precisas, claras e inteligibles, para que los ciudadanos puedan conocer de antemano el ámbito de lo proscrito y prever, así, las consecuencias de sus acciones.
A tenor de lo expuesto, el precepto impugnado admite una interpretación conforme con la Constitución si se entiende, como se ha argumentado, que delimita como requisito típico para apreciar la reiteración de faltas de hurto la previa comisión de varias infracciones en un plazo temporal próximo, sean faltas de hurto declaradas en previa Sentencia firme o probadas en el proceso en que se plantea la aplicación de la figura de perpetración reiterada de faltas de hurto conforme al art. 623.1 CP. Tal es el sentido que ha de darse al precepto para acomodarlo con el tenor y espíritu del 24.2 y 9.3 CE, lo que determina, en los términos señalados, la correspondiente referencia en el fallo para excluir cualquier otra interpretación que sería vulneradora de esos preceptos y por lo tanto inconstitucional.
Declarar que el párrafo segundo del art. 623.1 del Código penal es constitucional en tanto se interprete que, para apreciar la reiteración, las faltas de hurto han de haber sido objeto de condena firme en otro proceso, o ser enjuiciadas y objeto de condena en el proceso en el que se plantee la aplicación de aquel precepto.
Desestimar, en consecuencia, la presente cuestión de inconstitucionalidad.
STS 1418/2018, 25 de Septiembre de 2018
SAN 6/2014, 25 de Abril de 2014

References: resolución 
 artículo 24
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