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Autor Tema: Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas" (Leído 282334 veces)
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« Respuesta #2020 en: 06 de Noviembre de 2019, 06:52:26 am »
El Supremo echa de la Guardia Civil a un agente que usó su cargo de árbitro para robar a los jugadores
Entraba en los vestuarios durante los descansos de los partidos. Se apropió de un total de 1.795 euros.
El guardia civil Juan A.M. será expulsado de la Benemérita después de haber sido condenado por apropiarse de un total de 1.795 euros pertenecientes a los jugadores que participaban en los partidos en los que el agente ejercía de árbitro.
El alto tribunal rechaza la queja. “Dada la naturaleza de los hechos que dieron lugar a la condena penal", explica, "es proporcional a los mismos que la Administración decida que su autor debe ser sancionado con la separación del servicio, pues teniendo en cuenta la importancia que tiene y se reconoce a la irreprochabilidad penal de los funcionarios públicos en general, y con mayor razón a aquellos que tienen por misión la averiguación y persecución de los delitos, es proporcionado que ante la comisión de varios delitos dolosos (aunque formen una continuidad delictiva y se condene por un único delito continuado doloso) por parte de un miembro de la Guardia Civil, la respuesta de la administración sea la separación del servicio”.
La sentencia, redactada por el magistrado Jacobo López Barja de Quiroga, añade que "no hay duda de la importancia del delito continuado de hurto y de su afectación a los ciudadanos, pero tampoco la hay de la grave afectación que supone para el crédito que la institución de la Guardia Civil debe merecer a los ciudadanos el que uno de sus miembros sea condenado por tal delito".
El Supremo concluye que "es, sin duda, un interés legítimo de la Administración que los que a ella pertenezcan -y con mayor razón si como agente de la autoridad deben averiguar y perseguir delitos- no hayan sido condenados por este tipo de conductas”.
« Respuesta #2021 en: 12 de Noviembre de 2019, 16:47:51 pm »
Triunfo de un guardia civil que causó un incidente en Baeza
11 NOV 2019 / 12:02 H.
Un cabo de la Guardia Civil destinado en el norte de España consigue que el Tribunal Militar Central le reduzca considerablemente el castigo impuesto por el Ministerio del Interior a raíz del incidente que protagonizó en Baeza cuando era sargento eventual como alumno de la escala de Suboficiales de la Academia. Gracias al contencioso disciplinario planteado se queda con una pérdida de diez días de haberes con suspensión de funciones, pero logra la anulación de la falta prevenida consistente en un mes de suspensión de empleo con la accesoria de pérdida de su condición de alumno. Por ello, la Justicia dice que se reintegren las retribuciones dejadas de percibir y sus intereses y que se le reintegre a la situación administrativa correspondiente si se hubiera producido la sanción que queda revocada.
¿En qué consistió el altercado? El 7 de diciembre de 2016, después de pasar por un bar, donde consumió bebidas, llegó a un pub, donde tomó también alcohol. Comenzó a molestar a los clientes, “entrometiéndose en conversaciones” y se dirigió de forma despectiva a una camarera. Llegó a manifestar en voz alta que era sargento. Una llamada al 062 alertó de que alguien, que se identificó como guardia civil, estaba “borrachuzo” y “vacilaba” a la gente. Acudió una pareja del Instituto Armado que lo instó a salir, cosa que hizo. Allí dijo a los agentes que era un superior y tenían que saludarlo y que iba a dar cuenta de que lo habían sacado. “No me toquéis los cojones”, afirmó, según la sentencia. Ante el panorama, se pidió ayuda a una oficial que acudió con otro mando y ambos consiguieron que los acompañara hasta el cuartel de Baeza para aclarar lo sucedido. Aparte de la denuncia interna, fue impuso una sanción de la Subdelegación por falta leve conforme a la ley de Seguridad Ciudadana.
La Justicia razona su decisión de reducir el castigo en que no comparte que el hecho ocurrido se dividiera en dos partes, como hizo la Administración. La primera por conducta anterior a la llegada de los otros agentes “gravemente contraria a la dignidad de la Guardia Civil” y la segunda a partir de la presencia de estos queda calificado como “embriaguez... cuando tal circunstancia... afecta a la imagen de la Guardia Civil”. El tribunal razona que en ambos casos queda claro que la falta grave fue por la conducta en el pub y con la patrulla. La sentencia determina que no es lógica la ruptura de la continuidad de los hechos, especialmente porque la embriaguez se le atribuye solo en el episodio con los agentes mientras que por sorpresa la Administración decía que la ebriedad no estaba probada durante el incidente en el local. En definitiva, la Justicia cree que los hechos fueron solo unos y por tanto el castigo debe ser solo uno y no darse por duplicado. o sea que la actitud debe corregirse disciplinariamente y no con sendas faltas.
« Respuesta #2022 en: 13 de Noviembre de 2019, 07:42:31 am »
Saúl García 2 COMENTARIOS 12/11/2019 - 10:32
« Respuesta #2023 en: 18 de Noviembre de 2019, 09:18:50 am »
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« Respuesta #2024 en: 18 de Noviembre de 2019, 11:06:05 am »
OKDIARIO16/11/2019 11:05
« Respuesta #2025 en: 24 de Noviembre de 2019, 10:08:08 am »
La cúpula de los Mossos sanciona diversos agentes para expresar su ideología durante su servicio
Lluís Cle y Albert Donaire son dos de los policías suspendidos
por Redacción sábado, 23 de noviembre 2019 - 13: 23h
Desde que se conoció la decisión de la cúpula de los Mossos de realizar una auditoría interna de la que no han trascendido datos. Ahora, sin embargo, tras la polémica de la vinculación de Carles Puigdemont con miembros del gobierno ruso, nombres como el de Luis Escolà han vuelto a tomar protagonismo en los medios; la División de Asuntos Internos (DAI) abrió un expediente al sargento de los Mossos que escoltó el ex presidente de la Generalitat hasta Bruselas.
Asimismo, la auditoría interna ha puesto la mira sobre los agentes que han expresado públicamente su ideología independentista durante el ejercicio de su cargo. Otro miembro del cuerpo policial catalán sancionado -tal como recoge 'Crónica Global'- es Lluís Cle, jefe de sala de coordinación operativa de los Mossos de Girona.
Cle publicó en sus redes una imagen suya de espaldas mientras trabajaba para la Diada de Cataluña y mostraba una pantalla en la que había escrito «Cataluña is not Spain» dentro de una estrellada. «De noche también trabajamos para una Cataluña independiente. Buena jornada a todos! », Escribía de pie de foto. La acción ha repercutido en una suspensión de funciones y sueldo durante un mes.
En paralelo, la DAI, aparte de investigar los presuntos excesos durante las cargas policiales durante y después de la publicación de la sentencia del proceso, ha propuesto una sanción de cuatro meses a Albert Donaire, el mozo que considera España un estado «fascista» y que profesado reiteradamente la libertad de los «presos políticos». La denuncia de Inma Alcolea por calumnias e injurias provocó que el expediente se materializara, ya que Donaire habría hecho acusaciones durante los días de intervención amparados en el 155.
« Respuesta #2026 en: 02 de Diciembre de 2019, 09:57:59 am »
La investigación encaminada a otorgarle la Cruz del Mérito derivó en una suspensión de 10 días.
Los testigos contradijeron su relato, que decía que había rescatado menores de una cueva que se había incendiado.
01.12.2019 - 10:18h
"Esto es, haber emitido informe a sus superiores acerca de su participación en un rescate de menores inmigrantes en una cueva, con un incendio en su interior, que no se ajusta a la realidad de lo acontecido", confirma el Supremo.
« Respuesta #2027 en: 02 de Diciembre de 2019, 16:48:02 pm »
Pués vaya historia . . .
« Respuesta #2028 en: 03 de Diciembre de 2019, 07:36:41 am »
El Supremo confirma la rebaja a un año de suspensión de empleo al guardia civil que consumió cocaína estando de servicio en Xàbia
El teniente comandante del puesto principal de la Guardia Civil de Xàbia ordenó a un subordinado someterse a la prueba de drogas al observar que tenia "ojos enrojecidos, alteración, voz alta, movimientos de mandíbula y gesticulación"
El agente, al que retiraron el arma, dio positivo en cocaína y defendió ante la instructora del expediente sancionador que aquel día no había consumido sino que fue "tres o cuatro días antes"
Fue sancionado inicialmente a cuatro años de suspensión de empleo, el Ministerio de Defensa rebajó la sanción a un año y el Tribunal Supremo ha confirmado esta resolución
El guardia civil cometió una falta muy grave al "prestar servicio bajo los efectos de estupefacientes o sustancias tóxicas o psicotrópicas o el consumo de las mismas durante el servicio" un miércoles por la tarde
02/12/2019 - 22:04h
Un agente de la Guardia Civil que dio positivo en cocaína ha sido sancionado con un año de suspensión de empleo. Así lo ha acordado la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo en una sentencia que confirma una resolución del Ministerio de Defensa que ya rebajó la sanción de cuatro años a un año de suspensión de empleo por una falta muy grave al "prestar servicio bajo los efectos de estupefacientes o sustancias tóxicas o psicotrópicas o el consumo de las mismas durante el servicio".
El agente, destinado en el puesto principal de la Guardia Civil de Xàbia (Alicante), estaba de servicio la tarde del miércoles 2 de agosto del 2017 cuando se disponía a comprar comida con su coche fuera del cuartel durante su media hora de descanso. El teniente comandante del puesto, situado en la avenida de los Fueros de la localidad costera, observó que su subordinado tenía "ojos enrojecidos, alteración, voz alta, movimientos de mandíbula y gesticulación".
El responsable del cuartel ordenó retirarle el arma y solicitó un equipo de atestados para realizar la prueba de detección de consumo de alcohol y drogas. Ante el "estado de nerviosismo y ansiedad" del guardia civil, sus compañeros llamaron al teléfono de emergencias 112 para que acudiera una ambulancia pero cuando llegó "la crisis de ansiedad había remitido". Otro agente declaró que el guardia sancionado mantuvo una actitud inadecuada con su superior, "dando voces y gesticulando sin encontrarse firme". La prueba dio negativo en alcohol pero positivo en cocaína.
El agente confesó ante la instructora del expediente sancionador que aquel día no consumió cocaína sino que fue "tres o cuatro días antes". Media decena de compañeros declararon como testigos y, finalmente, el director general de la Guardia Civil sancionó con cuatro años de suspensión de empleo al agente y le impuso además no poder solicitar destino en el mismo puesto de Xàbia durante un período de dos años, según la resolución del 15 de noviembre del 2018.
El agente planteó un recurso de alzada que la ministra de Defensa estimó parcialmente poniendo fin a la vía disciplinaria y rebajando la sanción de cuatro años a un año de suspensión de empleo. La resolución de Defensa considera que la falta cometida por el agente es muy grave "pues consiste en prestar un servicio habiendo consumido cocaína, que hubo de serle retirada el arma debido a su estado de excitación y que, tras someterse voluntariamente a la prueba analítica, el resultado fue positivo en cocaína, debiendo de ser relevado del servicio que prestaba".
El guardia civil interpuso un recurso contencioso disciplinario militar contra esta resolución. Sin demasiado éxito. La sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo del pasado 11 de noviembre confirma la resolución, comparte "la motivación expresada" por la instructora del expediente sancionador y rechaza que vulnerara el derecho del agente a la presunción de inocencia y que no haya prueba de cargo suficiente. El Supremo considera que la resolución del Ministerio de Defensa es proporcional. El agente cumplirá una sanción de un año de suspensión de empleo por trabajar colocado de coca un miércoles de agosto a media tarde.
« Respuesta #2029 en: 05 de Diciembre de 2019, 07:16:33 am »
Canet castiga a los policías que denuncian deficiencias
Los tres agentes que desvelaron que coches y motos de la policía circulaban sin pasar la IT V reciben un expediente disciplinario por falta grave
Un vehículo policial estacionado en la comisaría de la Policía Local de Canet de Mar (cedida)
Actualizado a 02/12/2019 03:35
A los tres miembros de la Policía Local de Canet de Mar (Maresme) que el pasado mes de septiembre denunciaron públicamente el mal estado de conservación de algunos vehículos policiales, que carecían de ITV y de seguro obligatorio, lo que propició la rápida reacción del gobierno municipal para poner al día todas las irregularidades, se les ha abierto un expediente disciplinario. Un hecho que el sindicato UGT aprecia como prevaricación administrativa.
« Respuesta #2030 en: 09 de Diciembre de 2019, 06:23:04 am »
El caso no ha llegado a los tribunales: el asesor jurídico de la Benemérita en Galicia ha puesto fin a la investigación sin declaración de responsabilidad
Un expediente disciplinario a un miembro de la Guardia Civil termina satisfactoriamente para el expedientado sin llegar a la vía contencioso-administrativa de la justicia; algo muy poco común en las sanciones disciplinarias de la Benemérita.
Así lo explica a Confidencial Digital la abogada Silvia Domínguez García, socia directora de SDG Abogados.
Este bufete ha llevado la defensa jurídica de un cabo de la Guardia Civil destinado como comandante de puesto en el puesto auxiliar de Baltar, en la provincia de Orense, al que en julio le abrieron expediente “en averiguación de una presunta falta grave de emisión de partes de servicio que no se ajusten a la realidad o la desvirtúen”.
El cabo ha contado con el asesoramiento de la Asociación de Cabos de la Guardia Civil.
El asunto surge a partir de la hora -las 22:30 o las 21:00- a la que el cabo en cuestión se personó en el puesto de Xinzo de Limia (también en la provincia de Orense) tras recibir las llamadas de un guardia civil y de un teniente para informarle de una incidencia.
El 21 de mayo de 2019 el cabo recibió dichas llamadas cuando se encontraba disfrutando del descanso semanal, en Lugo. Recibió las llamadas en torno a las nueve, y según los antecedentes de hecho, se personó en el puesto de Xinzo de Limia para hacerse cargo de la incidencia e instrucción de las diligencias después de las 22:00.
El coronel jefe de la 15ª Zona, de Galicia, incoó el expediente, como se ha indicado, al entender que este cabo podría haber cometido una falta grave de “emisión de informes o partes del servicio que no se ajusten a la realidad o la desvirtúen”.
El asesor jurídico de la Zona de Galicia de la Guardia Civil, un teniente coronel, concluye que el expediente al cabo debe terminar “sin declaración de responsabilidad” al considerar que los acontecimientos investigados no son constitutivos de la falta grave de la que se le acusaba.
En este sentido, apoya lo que ya había concluido el instructor del expediente: “Siguiendo los acertados razonamientos del instructor, debe decirse que en el supuesto que nos ocupa, es necesario determinar desde cuándo se considera que el personal con funciones de mando se encuentra en ‘situación de actividad’, desde la activación por razones de servicio o desde el momento de personación en el puesto de trabajo o lugar de la demanda”.
En base a lo que establece la Orden General número 11, sobre regímenes de prestación del servicio y la jornada y horario de personal de la Guardia Civil, el asesor jurídico de la Guardia Civil en Galicia apoya que el servicio que nombró el cabo “en su integridad debe ser considerado de actividad”, desde las 21:00 hasta las 4:00.
“Fue en torno a las 21 horas cuando se le comunicó una incidencia de servicio” al cabo, “existiendo una relación de continuidad entre esta primera comunicación y segunda en la que se requirió su presencia por orden superior, considerándose el tiempo transcurrido hasta su personación en el puesto de Xinzo de Limia de aproximadamente una hora, ajustado y razonable, máxime cuando dicho cabo se encontraba de descanso semanal en Lugo, situación de descanso que implica la no disponibilidad”.
Es decir, que el cabo no cometió ninguna irregularidad al dejar registrado que su servicio había empezado a las 21:00, cuando recibió por teléfono el aviso de acudir al puesto de Xinzo de Limia, y no entre las 22:00 y las 22:30, cuando llegó a dicho puesto y se hizo cargo de la incidencia, tal y como le había ordenado el teniente.
« Respuesta #2031 en: 16 de Diciembre de 2019, 06:33:20 am »
Se ausentó de su puesto en Las Palmas de Gran Canaria por una operación de hombro, pero participó en dos carreras populares sin tener el alta
Primero le castigaron con la pérdida de destino. Margarita Robles rebajó la severidad de la sanción y la dejó en pérdida de doce días de haberes con suspensión de funciones. Y finalmente el Tribunal Supremo ha librado de sanción, al considerar que no cometió ninguna infracción disciplinaria, a una agente de la Guardia Civil que fue expedientada como presunta autora de una falta grave consistente en la “prolongación injustificada de la baja para el servicio”.
La guardia civil protagonista de este expediente judicial que ha llegado hasta la Sala de lo Militar del TS estaba destinada en la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Las Palmas de Gran Canaria, en su Plana Mayor.
Allí realizaba funciones de carácter eminentemente burocrático, como la mecanización y archivo de datos, en horario de 7:30 a 15:00. Se trata de un puesto de trabajo “sin especiales exigencias psicofísicas, pudiendo ser ocupado por personal especialmente sensible”.
En febrero de 2017 la agente fue intervenida quirúrgicamente por un proceso traumatológico en el hombro derecho, lesión que se venía manifestando desde febrero de 2015. Cogió la baja un día antes de la operación, y no causó alta hasta el 20 de marzo de 2018.
Dos carreras populares estando de baja
Los hechos probados de la resolución de la ministra de Defensa incluyen datos que luego el Supremo no ha aceptado.
Por ejemplo, se señalaba sobre esta guardia civil que “el proceso traumatolóigico no le suponía limitación alguna a la hora de realizar funciones burocráticas de la Unidad, a pesar de lo cual, la guardia encartada se mantuvo 411 días de baja médica”.
Además, se relataba que “la guardia encartada presentó un proceso de evolución en el cual ni tendía a mejorar ni a agravarse; reincorporándose no obstante a la realización de actividad física deportiva en el mes de agosto de 2017, realizando carrera y natación desde el mes de julio de 2017”.
Es más, “durante el último trimestre de 2017 participó al menos en dos carreras populares de participación masiva, concretamente: - Carrera deportiva ‘Ponle freno’ 2017, celebrada en la localidad de Las Palmas de Gran Canarias el 17 de diciembre de 2017, donde participó en el circuito de 5 km., a un ritmo medio de 05:24,00 min. por kilómetro; - Carrera deportiva ‘HPS San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria’, celebrada en Las Palmas de Gran Canaria el día 31 de diciembre de 2017, con una distancia de 6 km., a un ritmo medio de 05:43 min. por kilómetro”.
Fue el médico quien decidió la baja
Los jueces de la Sala de lo Militar del Supremo -ninguno de los cuales discrepó del fallo- analizan este recurso partiendo de que el tipo disciplinario de “la falta de prestación del servicio amparándose en una supuesta enfermedad, así como la prolongación injustificada de la baja para éste”, exige “que exista una baja cierta y no simulada y que sin justificación alguna se prologue dicha baja, dejando así de prestar el servicio que le hubiera correspondido”.
Sobre este caso, el TS destaca que la resolución de Margarita Robles se sustenta en suponer que el médico que dio la baja a la guardia civil “hubiera dicho otra cosa si la recurrente hubiera dicho con todo tipo de detalles cuál era su trabajo”.
Frente a ese argumento, el Supremo no duda en afirmar que “tal forma de argumentar no es del todo adecuada; pues se toma en consideración el tipo de trabajo que venía desarrollando, sin reparar en que una vez concedida el alta (sin limitaciones), el guardia civil es apto para realizar el trabajo que venía desarrollando u otro que se le encomendara”.
Además, los jueces del Alto Tribunal consideran, contra lo que entendió la Guardia Civil y el Ministerio de Defensa, que el médico, jefe del servicio de cirugía ortopédica y traumatología de Hospitales San Roque, fue muy claro: “Ante la petición de alta del comandante enfermero, contesta que no atendió dicha petición ‘porque no es una petición lógica’ y continúa explicando porqué realiza esa afirmación”.
Así que “resulta evidente, que no es la guardia civil sancionada la que prolonga injustificadamente su baja, sino que es el médico el que considera que debe seguir de baja”.
Correr no influía, el trabajo de oficina sí
Sobre el punto de que la guardia civil, pese a estar de baja por una operación en el hombro, corriera varias carreras, el Supremo también se pone del lado de la agente. “El citado médico añade que correr no influye en su recuperación en esas circunstancias. Que ‘cargar peso le hubiera perjudicado’, y que ‘si en el ejercicio de sus funciones, por ejemplo de seguridad del Acuartelamiento, se hubiera visto involucrada en una actuación con un ciudadano podría verse afectada su lesión’”.
Es más, el médico había declarado que “estar ocho horas desarrollando sin descanso el trabajo que está haciendo en este momento la secretaria no podría en ese momento”, y “dependería de la flexibilidad que en su momento le hubiera concedido un superior”.
El jefe del servicio de cirugía ortopédica y traumatología de Hospitales San Roque insistió en que la decisión de mantener a la guardia civil en situación de baja médica “procedía de él, y no sólo de él, pues el parte de baja los firmaba el médico de cabecera previo informes periódicos suyos, teniendo en cuenta el informe de la rehabilitación”.
Es por ello que los magistrados del Supremo llegan a la conclusión de que “en modo alguno puede afirmarse que la recurrente haya prolongado injustificadamente la baja para el servicio, ni que haya simulado ninguna circunstancia ante el médico (lo que haya referido el paciente al médico, incluso en la anamnesis, queda abarcado por el secreto profesional), pues éste ante hipótesis responde con rotundidad que no estaba apta para el servicio”.
Así que, al entender que no hubo infracción disciplinaria, la sentencia estima el recurso de esta guardia civil que estaba destinada en Las Palmas de Gran Canaria y anula y deja sin efecto la sanción impuesta, con sus consecuencias administrativas y de orden económico, y también suprime cualquier anotación en su expediente referente a la misma.
Fue enviada fuera de Canarias
Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) -cuyos servicios jurídicos asistieron a la agente sancionada- lamentan que “los perjuicios causados a esta guardia civil ya se habían producido al ver reducidas sus retribuciones notablemente y ser destinada con carácter forzoso a más de 2.000 kilómetros de su hogar”, fuera de Canarias.
Y añaden que “si tanta preocupación tiene nuestro director general de la Guardia Civil por las bajas prolongadas y simuladas, en lugar de jugar a los médicos e imponer sanciones sin motivo alguno, debería potenciar los servicios médicos de la Guardia Civil, pues la Guardia Civil cuenta con su propio Servicio de Sanidad”.
Al mismo tiempo denuncian que dicho Servicio de Sanidad “está totalmente abandonado y con falta de personal para poder desarrollar su trabajo, hasta el punto de que no se está haciendo seguimiento de las bajas en todas las Comandancias, situación que se evidencia cuando al poco personal del que dispone el Servicio de Sanidad de la Guardia Civil se le comisiona a las academias de formación, o pasan días enteros en los ejercicios de tiro que desarrolla la Guardia Civil, dejando con ello de realizar el seguimiento de las bajas médicas y demorando los diversos trámites administrativos que son de su competencia.
« Respuesta #2032 en: 19 de Diciembre de 2019, 07:19:14 am »
El funcionario del Ayuntamiento de Badalona, se encontraba investigado en un procedimiento penal, desde hace más de 3 años.
A consecuencia de la aplicación de dicha medida, estaba suspendido de empleo y no podía prestar servicios, percibiendo únicamente un salario base de apenas 900 euros, que dificultaba en gran medida su modo de vida.
La instrucción además se encontraba, como sucede en muchos casos paralizada, sin que se procediera por el juez instructor, a su continuación o sobreseimiento, con el perjuicio que tal situación suponía para el funcionario.
La sentencia estima el recurso de Apelación interpuesto por http://www.amtadvocats.com en nombre del policía local expedientado, contra la sentencia que en primera instancia desestimó el recurso, imponiendo además las costas al Ayuntamiento de Badalona por su perjudicial actuación.
La crítica de la sentencia a la actuación del Ayuntamiento de Badalona.
En particular, el fallo realiza diversas críticas a la actuación de la Administración, ratificando la doctrina del TSJ en la interpretación de la normativa de funcionarios públicos locales, en relación con las medidas cautelares, y su prolongación a través del expediente disciplinario, cuando existe imputación penal del funcionario.
La sentencia critica en concreto.
1. Información insuficiente del ayuntamiento para aplicar la medida.
1.-En primer lugar, que el Ayuntamiento aplicó la medida cautelar, en base únicamente a la información que poseía de carácter policial, es decir en base, exclusivamente, al número de diligencias policiales (y su calificación policial), y al número de diligencias penales, sin tener ninguna información más, sobre la imputación concreta judicial o delitos que se le atribuían al funcionario.
Es decir, que con desconocimiento de los hechos en cuestión, aplicó una suspensión cautelar «sine die» hasta la finalización del procedimiento penal.
Estas medidas son desgraciadamente habituales en cuerpos de policía local y de Mossos d’esquadra.
2. Incorrecta interpretación de la normativa en materia de suspensión cautelar.
La sentencia concluye que el Ayuntamiento de Badalona, realizó una incorrecta interpretación del artículo 98 EBEP, en relación con el artículo 20 del Reglamento de Régimen disciplinario del Decreto 179/2015 de Policía local, que establece que:
«La suspensión provisional se puede acordar por un plazo de un mes, terminado el cual se puede prorrogar por otro mes, y así sucesivamente hasta un plazo máximo de seis meses, a menos que se interrumpa el procedimiento por causa imputable al expedientado o que haya abierto un procedimiento penal por delito.
En el primer caso, se interrumpirá el cómputo del plazo mientras dure la paralización, y en el segundo supuesto, la suspensión provisional se podrá prolongar si el juez acuerda su suspensión u otra medida impeditiva del desarrollo de su puesto de trabajo”.
Concluye el TSJ que dicha regulación no recoge que la medida cautelar haya de mantenerse “hasta que se dicte una resolución definitiva como consecuencia de un procedimiento judicial penal”, como se acordó por el Ayuntamiento.
De igual modo afirma el TSJ que es evidente que la salvaguarda a la competencia del “juez” para acordar su suspensión de funciones u otra medida impeditiva del desempeño del puesto de trabajo -a la que se refiere el precepto- solo puede referirse al Juez penal.
Si fuera el caso, la medida acordada por la autoridad judicial habilitaría a la Administración para prolongar la suspensión provisional (condicionada eso sí a las modificaciones que pudiera acordar el Juez penal) (por todas, Sentencia nº 754/2017, de 7 de noviembre de 2017, rollo apelación 80/2017 y las que en ella se citan, en las hemos interpretando el EBEP y cuya doctrina, que hemos de respetar en aras al principio de igualdad y seguridad jurídica, es plenamente aplicable al caso que ahora examinamos).
En conclusión, la suspensión provisional de funciones se articula mes a mes (obligándose a la Administración a adoptar, en su caso, cada mes una resolución motivada sobre la medida y la prórroga) pero siempre hasta el máximo legal pues queda fuera de la potestad administrativa tal suspensión más allá de los SEIS MESES, salvo que el juez penal adoptase medidas vinculadas al puesto de trabajo de manera expresa, circunstancia, que evidentemente no se han producido en este caso.
« Respuesta #2033 en: 22 de Diciembre de 2019, 14:01:50 pm »
Sancionan a 3 policías por dejar su vehículo sin custodia para acudir a aviso
Madrid, 21 dic (EFE).- El régimen disciplinario de la Dirección General de la Policía Nacional ha sancionado a tres agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) por su actuación en una intervención en el que su furgoneta resultó dañada al dejarla aparcada sin custodia para auxiliar a una mujer.
Según la resolución emitida recientemente y la que ha tenido acceso Efe, régimen disciplinario de la Jefatura Superior de Policía de Madrid ha sancionado con "apercibimiento" a los tres agentes y con suspensión de empleo y sueldo a uno de ellos por una intervención en el distrito de Carabanchel en la madrugada del pasado 20 de mayo.
La actuación policial de los tres UPR, señala la resolución, "no se llevó a cabo con la diligencia oportuna", pues, además de no realizar el parte de intervención, no se preservó la seguridad del vehículo policial mediante la custodia de alguno de los funcionarios.
Estos dejaron aparcada su furgoneta en una calle después de ser requeridos por una mujer que les pidió ayuda porque un grupo de jóvenes la estaban amenazando.
Los policías decidieron ir en busca de los supuestos agresores sin su vehículo porque, según alegaron, por la zona no se podía acceder con la furgoneta que decidieron dejar sin custodia debido a la falta de más agentes en la zona y a que los agresores podían ser unos 15.
Tras no localizar al grupo en portales, bares y un parque próximo, los policías regresaron a su furgoneta y comprobaron que un retrovisor estaba roto, incidencia que fue notificada a su superior que critica en la resolución que los agentes no hicieran gestión alguna en el lugar para determinar la autoría de los daños en el vehículo.
Para el sindicato Jupol, con mayoría de representantes en el Consejo de la Policía tras las últimas elecciones sindicales, la sanción que han recibido los tres efectivos es "incomprensible" al anteponerse la seguridad de un vehículo a la de los ciudadanos y los propios policías, que nunca han estado en régimen disciplinario.
Jupol critica además que la sanción a uno de los agentes responde a una "represalia" por la acción reivindicativa de este policía dentro de su unidad que es delegado nacional de UPR del sindicato. EFE
« Respuesta #2034 en: 26 de Diciembre de 2019, 17:26:32 pm »
El Tribunal Militar Central ha anulado una sanción de un afiliado de AUGC-Badajoz por vulneración de su derecho de defensa
El agente resultó sancionado con falta grave, a la pérdida de cinco días de haberes con suspensión de funciones, ahora el Tribunal Militar Central anula la sanción por vulneración de un derecho fundamental.
« Respuesta #2035 en: 31 de Enero de 2020, 20:36:08 pm »
31.01.2020 - 20:30h
« Respuesta #2036 en: 01 de Febrero de 2020, 00:44:19 am »
Yo creo que algo no funciona muy bien en esa cabeza . . .
« Respuesta #2037 en: 01 de Febrero de 2020, 07:08:20 am »
Viernes, 31 enero 2020 - 17:55
« Respuesta #2038 en: 01 de Febrero de 2020, 16:58:19 pm »
Pués no ha escapado mal . . .
« Respuesta #2039 en: 01 de Febrero de 2020, 17:22:30 pm »
La justicia es igual para tod@s🤣🤣🤣🤣
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