Source: https://registrocivildetodos.blogspot.com.es/2014/06/
Timestamp: 2018-02-18 19:37:16+00:00

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No a la privatización del Registro Civil: junio 2014
La informatización del Registro Civil como presupuesto de la privatización del mismo: las cifras no cuadran
Los responsables del Ministerio de Justicia, intentando justificar cómo van a ser capaces de que los Registros Mercantiles de gestionar con sus medios actuales, sin que les suponga coste adicional alguno, el Registro Civil, respecto del que hay en la actualidad tantas oficinas como partidos judiciales y una plantilla estimada de unas 3000 personas, han manifestado que ello sería posible con base a dos premisas:
1ª. Un registro civil informatizado permitiría reducir las certificaciones en un 85 %.
2º. Las inscripciones de nacimiento y defunción, que son las más numerosas, se practicarían desde los hospitales.
A ello hay que añadir que el Ministerio de Justicia tiene intención de trocear el servicio público del Registro Civil, de forma que la tramitación de los principales expedientes (matrimonios y nacionalidad, entre otros) queden fuera de su ámbito y sean competencia de los Notarios, que cobrarían su correspondiente arancel además de la tasa por el uso de la plataforma para la tramitación electrónica de la adquisición de la nacionalidad que ya ha anunciado Gallardón. Por tanto trámites que hoy son gratuitos serían ahora de pago, pero quedarían formalmente fuera del Registro Civil, que sólo se haría cargo de la práctica de las inscripciones y de la expedición de certificados.
Pero no cuadra...
El Norte de Castilla 25.06.2014
La Unión Progresista de Secretarios Judiciales rechaza el nuevo intento de privatización del Registro Civil
La UPSJ expresa la ausencia de sorpresa ante el anuncio del Ministro de Justicia en el Senado el pasado 24 de junio de encomendar la gestión del Registro Civil a los Registradores Mercantiles. Nos encontramos ante la segunda tentativa de privatizar los Registros Civiles tras el fracaso de atribuir dicha función a los Registradores de la Propiedad.
Consideramos que sería beneficioso para el ciudadano, y por ello para la Administración de Justicia, que dicha declaración de intenciones tampoco prospere. Igualmente esperamos que toda esta política privatizadora que se cristaliza en los Proyectos de Jurisdicción Voluntaria, así como la anunciada externalización de las notificaciones de resoluciones procesales y la ejecución de las mismas a órganos ajenos a la Administración de Justicia, no se consume. Todo ello implicaría un perjuicio tanto económico como de servicio irreparable para el ciudadano.
No es creíble que la anunciada gratuidad del servicio que actualmente presta el Registro Civil se mantenga, pese a las declaraciones del Titular del Ministerio de Justicia. Obviamente, los Registradores Mercantiles, de un modo u otro, cobrarán por dicha función, bien a través de la introducción de algún arancel o por el incremento de los ya existentes por los trámites meramente mercantiles.
Desde UPSJ, en fechas recientes, se presentó al Ministro de Justicia un plan alternativo en virtud del cual, los Secretarios Judiciales, estando plenamente capacitados para ello (lo cual queda constatado por una experiencia de más de cien años al servicio de los Registros Civiles), reclamaban la asunción, a coste cero para el ciudadano y para la Administración, de las competencias cuya privatización ahora se anuncia. Atribuyéndoselas a un colectivo que ya ha expresado su frontal rechazo a esta posibilidad, calificándola de “imposición”.
En definitiva, este nuevo intento de privatización supone, además de un perjuicio irreparable para el ciudadano, un desprecio al Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales, que desde UPSJ denunciamos, anunciando desde ya que no se descartan movilizaciones si dicha propuesta llega a su fin.
UPSJ, 27.06.2014
El descaro de Gallardón no tiene límites: regala a los registradores mercantiles la gestión del Registro Civil
Cuando se modifican las leyes, o la asignación de competencias en una determinada materia, es lógico pensar que se haga porque algo funciona mal y la sociedad lo reclama; aunque también cabe suponer que se lleve a cabo por motivos ideológicos, en cuyo caso los ciudadanos que les votaron deben saber que decidieron en las urnas que así fuese, y no caben protestas posteriores. Pero cuando se hace para hacer un regalo a sus amigos y allegados, convirtiendo un servicio público en un negocio privado rentable, los ciudadanos tenemos derecho a pensar que algo poco decente se está llevando a cabo.
Parece confirmarse que serán los registradores mercantiles, y no los de la propiedad, quienes se encarguen de gestionar el Registro Civil. Lo que supone poner en manos privadas un servicio público, después de haber sido informatizado con dinero público para darle modernidad y eficacia, y que hasta ahora venía siendo gestionado por funcionarios con alta experiencia para gestionarlo.
Lo llamativo es que ahora Gallardón nos vende la decisión ya adoptada como la solución para dar mayor eficacia en su funcionamiento, y nos asegura que las inscripciones y las certificaciones seguirán siendo gratis. ¿Dónde está entonces el negocio?, porque nadie podrá pensar que los registradores mercantiles van a aceptar gratuitamente su gestión sin recibir pingües beneficios a cambio, poniendo incluso dinero de su bolsillo para financiar una plataforma digital que se dice financiarán ellos mismos sin coste alguno para el Ministerio y los ciudadanos. Ésta es la pregunta que todos nos hacemos y que exige una inmediata respuesta.
Lo que sí será evidente, y dramático, e injusto, es que miles de trabajadores, que hasta ahora venían realizando su actividad laboral en los cientos de Registros Civiles repartidos por toda España, perderán su puesto de trabajo; y de eso tampoco se dice nada. Porque siendo cierto que muchos de los 3.500 trabajadores que desarrollaban tal menester son funcionarios, por lo que tendrán que ser recolocados en otras funciones, no es menos cierto que los que tenían la condición de interinos pasarán a engrosar las cifras del paro; y lo mismo ocurrirá con los interinos que deban dejar su puesto de trabajo a los reubicados.
Pero lo realmente indignante es que, como ocurre habitualmente en el Ministerio de Justicia, todo se ha hecho con nocturnidad y escaso relieve mediático, convirtiendo en noticia secundaria lo que debería de suponer todo un escándalo, por su negativa repercusión económica y social. Ya que la decisión ya parece estar adoptada y la mayoría absoluta la respaldará, al menos los ciudadanos queremos saber cual es la compensación económica que recibirán los registradores mercantiles y cuántos miles de puestos de trabajo se perderán con la entrada en vigor de tal cesión. ¿Es mucho pedir?
El Plural 27.06.2014
Los empleados de Justicia piden parar la privatización de los registros civiles
Leonoticias, 26.06.2014
El Ministerio de Justicia pide no confundir los trabajos de "digitalización" realizados durante estos años con la "informatización", que es indispensable para tratar los datos y conseguir la interoperabilidad entre las Administraciones.
La reforma del Registro Civil busca un fin "más ambicioso" que la simple digitalización de las imágenes. Sobre todo en las dos legislaturas anteriores, el Estado hizo una gran inversión en la digitalización de los libros, pero no se extendió a la información anterior a 1950 ni alcanzó a todos los registros.
Según las fuentes consultadas, cerca de 4.800 funcionarios trabajan en los Registros Civiles, exceptuando a jueces y secretarios judiciales. De ellos, 1.400 lo hacen en el 'territorio Ministerio' y 3.400 en las comunidades autónomas con las competencias transferidas.
El 20% del personal está formado por funcionarios interinos, trabajando 300 en el 'territorio Ministerio' y 700 en las comunidades autónomas con competencias en Justicia.
El Ministerio garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo de los interinos e intentará su reubicación en la "misma ciudad o en una cercana", según las fuentes consultadas.
Iustel.com 27.06.2014
El “striptease” político del Ministro de Justicia se produjo el pasado martes en el Senado. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado esta tarde en el pleno del Senado que el Gobierno ha decidido encomendar la gestión delRegistro Civil a los registradores mercantiles, que pasarán a denominarse registradores civiles y mercantiles. El titular de Justicia aseguró todos los certificados y expedientes se tramitarán de forma gratuita para el ciudadano.
A continuación una explicación de lo ridícula que ha sido la intervención de nuestro Ministro de Justicia:
1.- No existe el cuerpo de registradores mercantiles separado de los registradores de la propiedad. Todos los registradores son de la propiedad y mercantiles. Si a ello añadimos que en el mismo diario se anuncia que el Colegio de Registradores se opone firmemente al proyecto del Sr. Ministro, ya me dirán ustedes con quién habrá llegado el Ministro a semejante acuerdo.
2.- El acuerdo es necesario porque, en palabras del propio Ministro, el servicio se va a prestar gratuitamente. Consecuentemente no puede ser impuesto por su santidad ministerial.
3.- Según el Ministerio, los registradores mercantiles realizarán esta gestión a través de una plataforma digital, que financiarán ellos mismos sin coste alguno para el Ministerio y el ciudadano, pero que siempre se mantendrá bajo titularidad pública. ¿No es para reírse?
Justicia defiende que la "línea roja" de su reforma es la gratuidad del registro civil
El subsecretario del Ministerio de Justicia , Juan Bravo, defiende que sean los registradores quienes se hagan cargo del registro civil, tal y como anunció el ministro Alberto Ruiz-Gallardón el pasado miércoles. Fuentes del ministerio han reconocido a la Cadena SER que será el cuerpo de registradores el que asuma el coste añadido a este nuevo modelo de gestión, reconocen que es un sacrificio que deberá hacer el colectivo y concluyen: la "línea roja" marcada por el propio Ruiz-Gallardón ha sido que el registro civil siga siendo gratis para los ciudadanos.
El pasado miércoles en las Cortes el titular de la cartera de Justicia anunció que serán los registradores de lo mercantil y la propiedad quienes se hagan cargo de gestionar el registro civil, y no el personal de los juzgados, como sucede hasta el momento. Una medida que desató las críticas del Colegio de Registradores, por entender que serán ellos los que asuman los gastos del nuevo modelo.
Desde Justicia reconocen que serán los registradores los que se hagan cargo de estos gastos, pero consideran que deben ser estos profesionales quienes lo hagan, y no los ciudadanos, por entender que el margen de beneficios que obtiene el colectivo lo convierte en un gasto asumible. "La línea roja del Ministro ha sido desde el principio que el registro civil siga siendo gratis para los ciudadanos", reconoce un alto cargo del ministerio, quien además destaca el nuevo modelo de gestión del registro, articulado en torno a la accesibilidad informativa, no tendría que suponer un coste excesivo.
Estas mismas fuentes niegan, tal y como han asegurado voces críticas en los últimos meses, que se trate de una privatización del registro civil: "No podemos llamarlo privatización si va a seguir siendo gratis para la gente", aseguran. De la misma manera, destacan lo que definen como la necesidad de la reforma: "No había alternativa, el registro civil es el servicio de la administración de justicia peor valorado por los ciudadanos. La imagen que genera es la de colas eternas y montañas de papeles. Había que hacer algo". (El Ministerio sigue sin asumir que la culpa del mal funcionamiento de algunos Registros Civiles es culpa directamente del propio Ministerio, y habla como si no tuviese nada que ver en dicha mala valoración)
Desde Justicia también afirman que esta medida se ha anunciado después de nueve meses de conversaciones entre el ministerio y el Colegio de Registradores, y niegan que esta medida choque con el derecho comunitario.
Cadena Ser 27.06.2014
CCOO acusa a Gallardón de pretender aprobar por Decreto Ley la privatización del Registro Civil
CCOO manifiesta que no va a tolerar que el ministro de Justicia dé la callada por respuesta ante una situación de extrema gravedad para los derechos de miles de trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia y de la ciudadanía.
En relación con las actuaciones que desde CCOO se entiende se van a producir en los próximos días, informa que seguramente el consejo de ministros aprobará en breve (lo más probable es que sea el 4 o el 11 de julio próximos) una norma (que podría tener el rango de Real Decreto Ley), que entraría en vigor de inmediato (sin perjuicio del posterior trámite parlamentario para que se convierta en proyecto de ley) que contendría dos premisas:
CCOO anuncia que presentará, además de todas las acciones sindicales necesarias, incluida la convocatoria de la huelga en la Administración de Justicia si cuenta con el respaldo de los trabajadores/as, todas las acciones jurídicas necesarias para impedir esta gravísima privatización de los registros civiles. A juicio de CCOO, un Real Decreto Ley que exceda de la mera prórroga de la entrada en vigor de la Ley 20/2011 sería inconstitucional, pues no reuniría los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad establecidos en la Constitución Española y supondría privar a las Cortes del necesario debate sobre la privatización de un servicio público esencial frente a lo acordado por consenso mayoritario en la Ley 20/2011.
CCOO 27.06.2014
¿Por qué nadie quiere encargarse del Registro Civil (salvo el personal de la Administración de Justicia?
Y además están los trabajadores de los registros civiles, que no saben dónde acabarán o si, simplemente, serán despedidos. Los sindicatos calculan "una gran pérdida de empleo". Aseguran que no menos de 5.000 puestos estarán afectados, de los que "al menos el 50% son funcionarios interinos cuyas plazas se perderán" al pasar el servicio a oficinas con personal privado. Eso dejaría, según estos cálculos, a más de 2.000 personas en la calle.
El Ministerio ha asegurado el trabajo para los funcionarios de su competencia "fijos o interinos", pero la gran mayoría de este cuerpo de los registros depende de las comunidades autónomas, no del Gobierno central. María Novoa, de CCOO, pone el ejemplo del Registro Central de la calle Pradillo, "donde la interinidad llega al 60%". Todos esos puestos pueden amortizarse "más los que tengan que salir despedidos para acoger a los fijos cuyo puesto en el registro se esfume", subraya.
Ayer, cientos de trabajadores, convocados por CCOO, realizaron concentraciones y asambleas contra la privatización de los registros civiles ante el anuncio de Gallardón en el Senado‏
Ayer 26 de junio, y ante el anuncio de Gallardón el pasado martes 24 de junio en el Senado de privatizar los registros civiles, se realizaron concentraciones y asambleas de trabajadores/as en muchas ciudades de España, convocadas por CCOO. A las mismas asistieron cientos de compañeros y compañeras.
Porque para CCOO y el personal de la Administración de Justicia es imprescindible detener esta privatización, con todos los medios a nuestro alcance, y debemos realizar y convocar todas las acciones necesarias para conseguirlo. CCOO no se detendrá hasta detener esta privatización e impedir que la reforma de la LOPJ suprima los partidos judiciales, los Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz y las Audiencias Provinciales y convocará todas las medidas de presión, incluida la huelga en la Administración de Justicia si cuenta con el respaldo de los trabajadores/as.
En las concentraciones y asambleas celebradas ayer, CCOO informó que lo más probable es que el Gobierno apruebe un Real Decreto ley que prorrogue la entrada en vigor de la ley 20/2011 (no hay seguridad de que el consejo de ministros prorrogue dicha ley 1 año y medio o dos años, pues en el propio Ministerio existen discrepancias sobre esta cuestión) y pudiera incluir o no (ayer no lo habían decidido aún) la decisión de entregar los Registros Civiles a los registradores mercantiles.
CCOO, 27.06.2014
El Colegio de Registradores se resistirá al Registro Civil
Así, los registradores citan, por ejemplo, la sentencia de 2 de diciembre de 1997, conocida como el caso Fantask. En ella se concluye que "la cuantía de los derechos percibidos por la inscripción registral de sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada y de sus aumentos de capital debe calcularse únicamente sobre la base del coste de las formalidades correspondientes, teniendo en cuenta que esta cuantía también puede cubrir los gastos generados por las operaciones menores efectuadas gratuitamente".
Motín de los registradores contra el nuevo Registro Civil de Gallardón
Los registradores se niegan a asumir la organización del Registro Civil, porque supondrá un coste demasiado alto, que tendrían que sufragar ellos mismos. El cambio de modelo, a penas detallado por el equipo de Gallardón, "tendría un coste altísimo, y lo más probable es que no funcionara adecuadamente sin un sistema de financiación necesario", asegura Gonzalo Aguilera, el decano del Colegio de Registradores.
El colegio teme que, si se implanta el modelo de Gallardón, interfiera en su actual trabajo y el registro mercantil y de propiedad deje de funcionar correctamente. Además, las condiciones de implantación supondrían un coste añadido que tendrían que pagar los registradores por su cuenta al ser un servicio gratuito. "Y esto sería contrario al derecho europeo, que ordena que los costes de lo mercantil o la propiedad se destine a financiar, exclusivamente, el registro de esa misma naturaleza", dice Aguilera.
El Colegio de Registradores teme que los usuarios de las oficinas mercantiles paguen el Registro Civil
El Colegio de Registradores de España ha advertido de que la "práctica totalidad" de registradores mercantiles se opone a asumir el Registro Civil y ha mostrado su temor a que los costes que pagan los ciudadanos que inscriben los actos de sus sociedades se destinen a financiar el Registro Civil. Además, ha advertido del "cisma" que se puede producir entre los trabajadores con la decisión del Ministerio de Justicia de entregar a un sector este servicio.
El decano del Colegio de Registradores de España, Gonzalo Aguilera, ha enfatizado en rueda de prensa que los registradores mercantiles y de la propiedad forman un único Cuerpo de funcionarios públicos y que su "única representación" parte del Colegio. "La única voz autorizada es la del Colegio Nacional de Registradores, no hay otra voz ni otro interlocutor", ha añadido.
En este sentido, ha criticado que el Ministerio de Justicia haya dialogado con unos pocos trabajadores que desempeñan funciones en registros mercantiles, cuando la representación del colectivo recae sobre la Junta de Gobierno del Colegio, que ha sido "libre y democráticamente" elegida en las últimas elecciones.
Según ha dicho, al Colegio le ha llamado "poderosamente" la atención que ningún representante ministerial se haya puesto en contacto con esta institución tras anunciar públicamente la delegación del Registro Civil en manos de los registradores mercantiles.
"LO PAGARÁN DE SU BOLSILLO"
En cuanto a la gratuidad del Registro Civil, Aguilera ha expresado su preocupación por que esta decisión "termine afectando" al funcionamiento de los registros mercantiles, que tramitan los datos de "autónomos y pequeños negocios", quienes pagan su correspondiente arancel. "No estamos hablando de grandes banqueros y empresarios", ha agregado.
Los registradores pagarán con sus cuotas colegiales el Registro Civil
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer por la tarde en el Pleno del Senado, que el Gobierno ha tomado la decisión de que sean los registradores mercantiles quienes se hagan cargo del Registro Civil, que tramitarán todos los certificados y expedientes de forma gratuita para el ciudadano.
El dinero saldrá de las cuotas que paga cada registrador, sobre los ingresos del Registro, al Colegio de Registradores para que les dé servicios para poder desempeñar sus labores funcionariales, según confirmaron ayer a elEconomista fuentes del Ministerio de Justicia.
Los registradores mercantiles realizarán esta gestión a través de una plataforma digital que se mantendrá bajo titularidad pública, en la que se abrirá un folio o historial a cada persona, no a cada acto que realice (como el nacimiento, el matrimonio, un cambio de apellidos o la propia defunción).
El Colegio, disconforme
Una vez conocido el anuncio, el decano del Colegio de Registradores envió una carta abierta al colectivo en el que señalaba que "hasta que no tengamos un conocimiento completo del contenido y alcance de la decisión no podemos hacer una valoración precisa de la misma. Son muchos los interrogantes que se abren en este momento. En todo caso, desde el Colegio haremos todo lo posible para manteneros puntualmente informados y para que los intereses profesionales de todos los registradores sean adecuadamente defendidos y representados sin merma del servicio público y del interés general"
En Twitter se publicó un mensaje desde el registro @Registrador.es en el que se afirmaba que "el Colegio de Registradores expresa su disconformidad con la decisión anunciada por el ministro de justicia de imponernos el Registro Civil".
Conflicto abierto entre los registradores y Gallardón por el Registro Civil
La estafa de Gallardón ( o cómo justificar atribuir los Registros Civiles a los Registradores Mercantiles)
Gallardón privatiza el Registro Civil pero promete que será gratis. Anuncia que será gestionado por los registradores mercantiles; sus empleados contratados custodiarán la vida jurídica de todos los españoles
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón ha anunciado este martes en el Pleno del Senado que los registradores mercantiles asumirán la gestión del Registro Civil y mantendrán la gratuidad para el ciudadano. Gallardón respondía así a una pregunta del senador socialista Antonio Julián Rodríguez sobre si el Gobierno "sabe ya lo que quiere hacer con los Registros Civiles". En su intervención, el titular de Justicia explicó que el Gobierno presentará en breve una propuesta para encomendar la gestión a los registradores mercantiles, que pasarán a denominarse registradores civiles y mercantiles.
Otro de los debates es el coste que supondrá para el ciudadano. El ministro de Justicia ha anunciado que será gratuito, pero se desconoce cómo se financiará. Para hacerse una idea, la defunción de una persona supone la necesidad de que sus allegados obtengan entre 10 y 15 certificados de defunción, ya que estos documentos son necesarios para dar de baja su cuenta corriente, el teléfono móvil, los distintos servicios de agua, luz, gas...
CSI-F pide una respuesta contundente ante el anuncio de Gallardón de privatizar el Registro Civil
Ante el anuncio del Ministerio de Justicia de privatizar el Registro Civil, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha publicado una nota de prensa por la que quiere hacer patente que la deslealtad de Gallardón con los ciudadanos y con los funcionarios de Justicia tendrá una respuesta contundente por parte de CSI-F. Una noticia así, con la trascendencia que tiene en las condiciones de trabajo de los funcionarios de Justicia, debería haberse comunicado a los representantes de los trabajadores y no obligar a que se enteren por los medios de comunicación.
Con esta media se demuestra una vez más el desprecio que siente por sus funcionarios de Justicia al privarles de una de las funciones que tienen atribuidas desde sus orígenes y en la que son los únicos y verdaderos especialistas. Es falso como dice el Ministro que los Registradores mercantiles sean expertos en Registro Civil cuando la realidad es que esta materia les es totalmente ajena a su función principal que es la de registrar cosas y no personas.
Para CSI-F, esta medida supone regalar a los Registradores mercantiles cientos de millones de euros invertidos en la digitalización de inscripciones registrales y en la implantación del sistema informático INFOREG en los últimos años. Por este motivo denunciamos la negativa del Ministerio de Justicia a reformar la ley para poder utilizar al máximo esta herramienta informática como le hemos pedido en varias ocasiones. Con estos cambios legales, todo lo que el Ministro anuncia que se podrá hacer con los Registradores mercantiles se podría haber estado haciendo ya desde los Registros civiles actuales con funcionarios de Justicia.
El PSOE tilda de "despropósito" convertir el Registro Civil en el "negocio" de unos pocos
El portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso de los Diputados, Julio Villarrubia, ha tildado de "despropósito" la intención del ministro Alberto Ruiz-Gallardón de entregar el Registro Civil a los registradores mercantiles para convertirlo en un "negocio" para una parte del sector.
Villarrubia ha mostrado, en declaraciones a Europa Press, su disconformidad con el "fondo" y las "formas" de la medida anunciada este martes en el Pleno del Senado por el ministro de Justicia, a quien ha exhortado a explicar las razones que justifican su entrega a los registradores mercantiles.
"Nosotros nos opondremos y espero que la mayoría de grupos también para que, más pronto que tarde, vuelva a ser un servicio público al servicio de los ciudadanos y no un negocio de una parte del sector", ha afirmado.
El portavoz socialista ha dicho haber conocido la intención de Gallardón por los medios de comunicación y ha calificado de "despropósito y atropello" el "afán privatizador" y el "deterioro" que está sufriendo el servicio público de la Justicia. Por ello, ha asegurado que el PSOE revertirá esta situación.
Europa Press 24.06.2014
El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España manifiesta su absoluta disconformidad con la decisión de atribuir la llevanza del Registro Civil a los Registradores Mercantiles
El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, tras el anuncio del ministro de Justicia de asignar a los registradores mercantiles la llevanza del Registro Civil, ha hecho pública una nota de prensa por la que manifiesta su absoluta disconformidad con la decisión adoptada.
Conforme dicha nota de prensa, los registradores ya tuvieron la oportunidad de manifestar su oposición a la asunción del Registro Civil en la Asamblea General celebrada en Zaragoza en abril de 2013, así como en las distintas reuniones mantenidas con el Ministerio.
Página web oficial del Colegio de Registradores
CCOO convocará huelga en la Administración de Justicia si Gallardón no retira la decisión anunciada en el Senado de privatizar los Registros Civiles
Ante el anuncio del ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, de dar un nuevo paso en la privatización de la Administración de Justicia, entregando la gestión de los Registros Civiles a los Registradores Mercantiles, Comisiones Obreras anuncia en nota de prensa, como había advertido si se llevaba finalmente a cabo, que convocará huelga en la Administración de Justicia en toda España, si el ministro no retira su decisión comunicada hoy en el Senado.
El Ministro de Justicia quiere privatizar un servicio público en favor de los registradores para intentar reforzar una profesión que se encuentra en entredicho por la UE, y entre cuyos profesionales se encuentra personal designado a dedo por el propio Ministro en el gabinete del cual es titular, y miente a la sociedad anunciando una privatización "sin coste para la sociedad, y sin pérdida de puestos de trabajo" cuando la realidad es bien distinta, los ciudadanos y ciudadanas acabarán pagando por un servicio que en la actualidad es público y gratuito, y más de 5000 puestos de trabajo pueden verse suprimidos.
CCOO, 24.06.2014
"Vamos a hacer un Registro Civil público, gratuito, universalmente accesible, seguro y que garantiza que no se destruirá un solo puesto de trabajo. Estará a cargo de los registradores mercantiles, que tienen una experiencia contrastada. Y siempre bajo supervisión del Ministerio de Justicia", ha dicho Gallardón en el Senado, en respuesta a una pregunta del PSOE. El sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, CSI-F, ha augurado, sin embargo, que se destruirán "miles" de puestos de trabajo y que el compromiso de gratuidad no durará mucho. "No nos cabe la menor duda de que con el tiempo aparecerán los aranceles por inscripción y por certificación o se inventarán nuevos conceptos sobre los que repercutir el coste del servicio o disponiendo vías indirectas de financiación [a los registradores mercantiles] a través de subvenciones, ayudas o convenios", han afirmado fuentes del sindicato tras anunciar una respuesta "contundente" para intentar parar el proyecto, informa Europa Press. También CC OO ha anunciado que convocará una huelga en la Justicia si el ministerio no rectifica.
El Pais, 24.06.2014
El Parlamento de Cataluña se opone a la privatización del Registro Civil
El Parlamento de Cataluña ha aprobado con fecha 28 de mayo una resolución por la que, entre otras cuestiones, se opone a la reforma del Registro civil impulsada por el Ministerio de Justicia y a la modificación de su gestión, por implicar una privatización encubierta ya que las funciones que ejerce el servicio público del Registro civil se incluyen en el derecho de la ciudadanía a una tutela judicial efectiva.
Esta resolución se une a las ya aprobadas por los parlamentos del País Vasco, Navarra, Aragón, Andalucía y Asturias, contrarias a la privatización del Registro Civil
Sin acuerdo para la privatización del registro civil. El Gobierno, muy presionado por la protesta del sector, no encuentra adjudicatario
La batalla del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la implantación de sus grandes proyectos de reforma judicial topa con la oposición de los principales operadores jurídicos, los sindicatos y buena parte de la sociedad civil. Justicia universal, aborto y Ley Orgánica del Poder Judicial avanzan lentamente entre fuertes protestas.
Uno de los frentes estancados es la modificación de los registros civiles. El Gobierno pretende transferir las competencias a profesionales externos, pero la intensa presión de los operadores para que los trámites continúen siendo gratuitos coloca al Ministerio de Justicia en una situación delicada para la definitiva concesión.
El Gobierno no encuentra destino y ya estudia un aplazamiento de la normativa. La ley reguladora de los nuevos registros civiles, encargados de expedir certificados de nacimiento, defunción y nacionalidad, debía entrar en funcionamiento el próximo 22 de julio, pero el Ejecutivo estudia retrasarlo.
En la provincia, los registradores de la propiedad habían recibido comunicación sobre el avance de las negociaciones e, incluso, algunos habían trabajado ya en la formación de los profesionales sobre las nuevas competencias. Sin embargo, el asunto queda ahora paralizado a expensas del Ministerio. Justicia prevé que los trámites (un servicio público al ciudadano) sean gratuitos, pero los profesionales (notarios y registradores de la propiedad, por ejemplo) demandan métodos para sufragar los costes del trabajo añadido.
La Plataforma en Defensa de la Justicia de Almería lleva meses realizando protestas semanales a las puertas de la Ciudad de la Justicia, principal sede judicial de la provincia. En las manifestaciones critican las consecuencias de la privatización de los registros civiles (“desjudicialización”), ya sea en el sobrecoste a los usuarios ya sea en los recortes para los empleados públicos hasta hoy contratados en estos órganos.
Según denunciaron los sindicatos, los secretarios judiciales comenzaron en el mes de mayo un inventariado de la documentación (los tomos, el grosor, el espacio total ocupado) albergado en los registros civiles. Estas organizaciones valoran la pérdida de empleo de una privatización en 5.000 puestos en España y unos 50 en la provincia de Almería. Todos ellos están muy pendientes de la resolución del conflicto.
La Voz de Almería, 10.06.2014
Aprobada moción en el Ayuntamiento de Yecla contra la privatización del Registro civil
El Ayuntamiento de Yecla (Murcia) ha aprobado la siguiente resolución, presentada de forma conjunta por los grupos municipales del PP, PSOE e IU:
Hasta fechas recientes el Gobierno español y en concreto su Ministro de Justicia, ha estado tramitando un anteproyecto de ley para privatizar el Registro Civil y traspasar esa competencia a los registradores de la propiedad. El propio Decano del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España realizó un anuncio comunicando que el Ministerio de Justicia había adoptado ya la decisión de asignarles la llevanza de los Registros Civiles. Si bien con posterioridad se han roto estas negociaciones y al parecer se ha dejado en suspenso el anteproyecto de ley, las palabras del Ministro, anunciando que está explorando “otras vías”, hacen suponer que sigue adelante con su proyecto reformista y que puede estar en peligro el carácter público y gratuito de los registros civiles.
-Ante la inminente entrada en vigor de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, prevista para el próximo mes de julio de 2014, que obliga al gobierno a tener que tomar ya una decisión sobre la reforma de la institución registral.
-Considerando que la privatización de dicho Registro supondría graves perjuicios para los ciudadanos, ya que esto podría suponer pagar por servicios que hasta el momento son gratuitos como las inscripciones y las certificaciones de nacimientos, defunciones, bodas etc.
-Ante la posibilidad de que la reforma del Registro Civil supusiera para los usuarios desplazarse hasta la capital de la comunidad autónoma para realizar esos trámites.
Y con el fin de salvaguardar el carácter público y gratuito, así como su ubicación en la ciudad de Yecla del Registro Civil, los tres grupos municipales con representación en el actual consistorio proponen para su debate y aprobación por el Pleno los siguientes acuerdos:
1.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Yecla manifieste la necesidad de que el Registro Civil siga prestando su servicio de manera pública y gratuita.
2.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Yecla solicite, ante el Ministerio de Justicia, el mantenimiento de la oficina del Registro Civil en Yecla y de sus puestos de trabajo, de manera que los yeclanos no tengan que trasladarse para llevar a cabo ninguno de sus trámites.
3.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Yecla manifiesta su rechazo a cualquier reforma que suponga la privatización y/o el alejamiento del Registro Civil de Yecla.
Grupos de la oposición, como el PSOE, la Izquierda Plural o el PNV, han instado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a "aclarar de una vez el culebrón" sobre a qué colectivo entregará la gestión del Registro Civil y han censurado que haya encargado a El Corte Inglés un inventario sobre los libros que alberga.
Así lo han expuesto en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que ha rechazado dos proposiciones no de ley presentadas por el PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) pidiendo garantizar el carácter "universal, público y gratuito" del Registro Civil y no expropiar a los juzgados de paz de estas funciones.
Los 'populares' Francisco Molinero y Beatriz Escudero han justificado el rechazo del PP en que están hablando de "hipótesis" y en que la memoria de impacto presupuestario de la ley socialista, que desjudicializaba el Registro Civil, reflejaba una insuficiencia que dificultaba su desarrollo.
El PP ha recalcado que el propio Ministerio de Justicia ha garantizado la gratuidad de este servicio, que será encomendado a funcionarios públicos. En este sentido, han defendido que los registradores también lo son por mandato de la Ley Hipotecaria.
LOS REGISTRADORES NO DEPENDEN ORGÁNICAMENTE DEL MINISTERIO
Desde el PNV, el diputado Emilio Olabarria ha refutado este aspecto al indicar que los registradores no dependen orgánicamente del Ministerio y ha cuestionado que Gallardón sepa a quién encomendar el Registro Civil.
Algo sobre lo que también han dudado la socialista Laura Seara, que ha tildado de "esperpento" la situación en la que se encuentra la reforma del Registro Civil y ha llamado "frívolo y egocéntico" al ministro, a quien ha acusado de estar "obsesionado con todo lo que suene a público".
En este sentido, ha criticado duramente que Justicia haya encargado al servicio informático de El Corte Inglés un inventario sobre los libros del Registro Civil, con datos ofrecidos por los propios funcionarios. "La conclusión es muy fácil: El Corte Inglés cobra y el trabajo lo hace el fucionario", ha remachado.
El subsecretario de Justicia dice que se mantendrá el servicio público gratuito de los registros civiles, pero no desvela a quién se atribuirá su llevanza
El subsecretario de Justicia garantizó ayer en el Congreso de los Diputados el compromiso del Gobierno de mantener el servicio público gratuito de los registros civiles, que seguirán siendo llevados por funcionarios públicos y que sus trabajadores actuales no serán despedidos, informa la Agencia Efe.
Explicó que el Gobierno aún no ha decidido a qué colectivo encomendará la gestión de los registros civiles, pero ratificó que los trabajadores seguirán siendo funcionarios públicos.
Sí reiteró que los registros dejarán de depender de la Administración de Justicia, pero esto no supondrá despidos de sus empleados, incluidos los interinos -respecto a los que no habría obligación legal para ello-. Estos trabajadores, añadió, serán reasignados a otros destinos de la Administración de Justicia y se intentará que sean en la misma localidad.
Además, recordó que en la “desjudicialización” de los registros civiles estuvieron de acuerdo en su día tanto el PP como el PSOE. De esta forma, insistió en que los más de tres mil funcionarios que llevan los registros civiles “no se quedarán en la calle, sea cual sea el modelo por el que se opte”.
Precisamente la Comisión de Justicia del Congreso rechazó sendas proposiciones del PSOE y de Izquierda Plural contra la privatización del Registro Civil.
La diputada socialista Laura Carmen Seara comentó que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, “está obsesionado con la privatización de todo lo que suene a público” y teme que el Gobierno esté intentando convencer a los registradores de la propiedad para que asuman los registros civiles.
En este sentido, advirtió que si la Ley del Registro Civil que debe entrar en vigor en julio sigue “esta hoja de ruta” del Gobierno “los ciudadanos tendrán que pagar para inscribir desde nacimientos a fallecimientos”. Recordó que los registros civiles siempre han sido públicos y gratuitos y controlan todos los datos más íntimos de la vida de las personas.
Por su parte, el portavoz de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, denunció que el Gobierno ha adjudicado a El Corte Inglés el inventario de las oficinas del Registro Civil y teme que tenga la intención de externalizar este servicio.
Añadió que el Ejecutivo no sabe a quién encargar su gestión una vez que parece “frustrada” su intención inicial de adjudicarla a los registradores de la propiedad.
La diputada del PP -que rechazó las proposiciones- Beatriz Marta Escudero indicó que el Ministerio de Justicia está celebrando reuniones con colectivos como los secretarios judiciales y los registradores para ver la solución más adecuada y aclaró que estos últimos son funcionarios por mandato de la ley hipotecaria.
Cinco días, 11.06.2014
Bakaraldo: concentración contra privatizacion registros civiles
Puertollano: Trabajadores del juzgado consideran un “ataque sin precedentes a la ciudadanía” la reforma de la Justicia y la privatización del registro civil
Funcionarios y trabajadores de los Juzgados de Puertollano se han concentrado esta mañana ante las puertas de la sede judicial en protesta por el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial que prepara el Gobierno de la Nación, al entender que constituye un “claro insulto” a los funcionarios y un “ataque sin precedentes” a la ciudadanía y al empleo en los tribunales.
Según los manifestantes, la reforma podría conllevar “una amortización de plazas, reordenaciones generalizadas, movilidad geográfica u obstaculizacion de la carrera profesional”. Además, se limitan al 30 por ciento las plazas de promoción interna, “lo que supone coartar el derecho a la carrera profesional”, aseguran.
En la protesta también subyacía el malestar y la incertidumbre ante el futuro de los registro civiles, que podrían pasar a manos de los registradores de la propiedad. En este sentido, consideran “intolerable” que el Registro Civil esté siendo objeto de “pública subasta y privatización encubierta, tras casi año y medio de indeterminación y de opacidad” sobre su futuro.
“Si el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, acaba entregando el Registro Civil a los registradores, será el mayor error que haya cometido y constituirá una nueva barrera en el acceso a la Justicia, tras la aprobación de la ley de tasas”, aseguran.
“A partir de este atropello a nuestros derechos, amén de supresión de cientos de puestos de trabajo en los Registros Civiles y amortización de plazas, todos los ciudadanos tendremos que pagar desde nuestro nacimiento hasta la defunción”, subrayan.

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