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Timestamp: 2020-08-06 19:28:52+00:00

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﻿ DECRETO 2271 DE 1991
DECRETO 2271 DE 04 DE OCTUBRE DE 1991
CONTENIDO:JURISDICCIÓN DE ORDEN PÚBLICO CONVERTIDA EN LEGISLACIÓN PERMANENTE
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:938, NOVIEMBRE 15 DE 1991, PG. 934
DECRETO 2271 DE 1991
(Nota: Modificado parcialmente por el Decreto 2326 de 1991 artículo 3º de la Presidencia de la República).
Que el Gobierno Nacional se encuentra autorizado por el artículo transitorio 8º de la Constitución Política para convertir en legislación permanente, los decretos expedidos en ejercicio de las facultades del estado de sitio, que la comisión especial no haya improbado;
Que la comisión especial creada por el artículo transitorio 6º de la Constitución Política en ejercicio de la atribución conferida en el literal a) de la misma disposición, ha decidido no improbar las normas de los decretos legislativos: 1199 de 1987, 474 de 1988, 2790 de 1990, 099 de 1991, 390 de 1991 y 1676 de 1991, que se adoptan como legislación permanente,
ART. 1º—Adóptanse como legislación permanente las siguientes disposiciones del Decreto Legislativo 1199 de 1987:
“ART. 1º—Quien suministre a la autoridad informes que permitan hacer efectivo el cumplimiento de órdenes de captura dictadas con ocasión de la comisión de delitos en el territorio nacional o fuera de él, podrá ser beneficiario de una recompensa monetaria.
Esta misma recompensa podrá ser reconocida a la persona que suministre informaciones y pruebas eficaces que fundamenten la responsabilidad penal o permitan hacerla extensiva a otras personas”.
ART. 2º—Adóptanse como legislación permanente las siguientes disposiciones del Decreto Legislativo 474 de 1988:
“ART. 1º—El artículo 1º del Decreto 181 de 1988 quedará así:
ART. 1º—Créase el Tribunal Superior de Orden Público con jurisdicción en todo el territorio nacional y con sede en la ciudad de Bogotá.
ART. 2º—El artículo 2º del Decreto 181 de 1988, quedará así:
ART. 2º—Los jueces de orden público creados por el artículo 4º del Decreto 1631 de 1987 conocerán en primera instancia de los siguientes delitos:
1. De los delitos de constreñimiento ilegal, tortura, homicidio, lesiones personales, secuestro y secuestro extorsivo que se cometan en la persona de un magistrado, juez, agente del Ministerio Público, gobernador, alcalde, personero o tesorero municipales, personero o tesorero distrital o de un miembro principal del Congreso de la República, de las asambleas departamentales, o de los concejos municipales, concejos distritales o del Distrito Capital de Santafé de Bogotá, Presidente de la República, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, ministro del despacho, director de departamento administrativo, Director Nacional de Instrucción Criminal, director seccional de instrucción criminal y demás miembros del cuerpo técnico de policía judicial, candidato, dirigente político, dirigente de comité cívico o gremial, periodista, profesor universitario, directivo de organización sindical o de cualquier habitante del territorio nacional por sus creencias u opiniones políticas, partidistas o no.
2. De los delitos de terrorismo, auxilio a las actividades terroristas, omisión de informes sobre actividades terroristas, exigencia o solicitud de cuotas para terrorismo, instigación o constreñimiento para ingreso a grupos terroristas, concierto para delinquir, instigación al terrorismo, incendio, destrucción o daño de nave, aeronave o medio de transporte por acto terrorista, disparo de arma de fuego y empleo de explosivos contra vehículos, tenencia, fabricación, tráfico y uso de armas o sustancias tóxicas, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de Policía Nacional, corrupción de alimentos y medicinas, instrucción y entrenamiento, utilización ilícita de equipos, transmisores o receptores, administración de recursos, intercepción de correspondencia oficial, utilización ilegal de uniformes e insignias, suplantación de autoridad; incitación a la comisión de delitos militares; torturas; extorsión; amenazas personales o familiares; atentados terroristas contra complejos industriales y otras instalaciones; secuestro de aeronaves; naves o medios de transporte colectivo; homicidio con fines terroristas; lesiones personales con fines terroristas y conexos (D. 180/88, arts. 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31).
La segunda instancia de los procesos a los que se refiere el presente artículo, se surtirá ante el Tribunal Superior de Orden Público, bien sea mediante apelación o mediante consulta, de acuerdo con lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal.
ART. 10.—El artículo 14 del Decreto 181 de 1988, quedará así:
ART. 14.—La planta de personal del Tribunal Superior de Orden Público estará conformada de la siguiente manera:
Número Cargo Grado
12 Magistrado del Tribunal Superior de Orden Público
1 Secretario del tribunal 13
1 2 Auxiliar judicial 11
2 Oficial mayor 09
3 Escribiente 07
2 Citador 04
ART. 11.—El artículo 15 del Decreto 181 de 1988, quedará así:
ART. 15.—La planta de personal de cada una de las fiscalías ante el Tribunal Superior de Orden Público será la siguiente:
1 Fiscal de Orden Público
1 Secretario 13
1 Auxiliar de fiscal 11
1 Citador 04.
ART. 3º—Adóptanse como legislación permanente las siguientes disposiciones del Decreto Legislativo 2790 de 1990:
“ART. 1º—Continuarán funcionando el Tribunal Superior de Orden Público, los jueces y la policía judicial a que se refiere este decreto.
ART. 2º—Los jueces de orden público tendrán jurisdicción en todo el territorio nacional, pero cumplirán sus funciones ordinariamente en la sede que le señale el subdirector nacional de orden público.
ART. 3º—Toda referencia normativa que exista en relación con los juzgados de orden público, sus jueces y personal subalterno, se entenderá hecha a los jueces de instrucción y conocimiento de orden público a que se refiere este estatuto, así como al personal subalterno, en cuanto no se oponga a lo dispuesto por el mismo.
ART. 12.—A los jueces de instrucción de orden público corresponde el control de la indagación, preliminar y la dirección del sumario, que ejercerán en las condiciones señaladas en este decreto.
ART. 17.—(Modificado).* En los delitos a que se refiere el artículo 9º de este decreto, el Ministro de Justicia oficiosamente, o a petición del director seccional de orden público, podrá variar la radicación del proceso cuando existan serios motivos para deducir que esta en peligro la integridad del juez, o existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento o la seguridad del procesado.
*(Nota: Modificado por la Ley 504 de 1999 artículo 7º).
ART. 19.—En cada unidad investigativa habrá un superior, que será responsable de las investigaciones que a ella se le asignen, o que oficiosamente adelanten.
Siempre que se constituya una unidad investigativa de orden público se deberá dar aviso escrito al procurador departamental o provincial.
ART. 21.—Las pruebas practicadas o recaudadas por la policía judicial de orden público, tienen el mismo valor probatorio que las practicadas o recaudadas por los jueces, quienes las apreciarán de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
El informe juramentado que de los hechos suministre quien ejerza funciones de policía judicial tiene el carácter de testimonio, y sus dictámenes se someterán a las reglas de apreciación establecidas en el Código de Procedimiento Penal para la prueba pericial.
Los documentos públicos que se alleguen se presumen auténticos.
ART. 29.—Transcurrido el término de ejecutoria del auto inhibitorio, el expediente pasará al director seccional para su conservación.
No obstante, el auto inhibitorio puede ser revocado, aunque hubiese adquirido ejecutoria formal en los términos y condiciones previstos en el Código de Procedimiento Penal, con fundamento en las pruebas que aporte la policía judicial o los interesados.
ART. 31.—Recibida una indagación preliminar con persona capturada, el juez podrá escucharle en versión libre, y si no encuentra mérito para vincularla en indagatoria, se abstendrá de abrir investigación, le dejará en libertad y dispondrá las pruebas que deban evacuarse por la policía judicial o dictará acto inhibitorio si fuere pertinente.
ART. 34.—Conforme a las necesidades de la investigación y cuando se trate de pluralidad de imputados en la comisión del hecho, el juez podrá diferir la vinculación de alguno de los implicados para el momento del sumario que considere más oportuno, de acuerdo con el desarrollo de aquella.
Cuando considere pertinente proceder a la vinculación, librará orden de captura, y si pasados ocho (8) días de su comunicación ésta no se ha logrado, emplazará por medio de edicto que permanecerá fijado por tres días en lugar visible de la sección jurisdiccional. Si la comisión de los hechos se hubiere llevado a cabo en otra localidad, se remitirá además un ejemplar del edicto para que sea colocado en lugar visible de la alcaldía por el mismo lapso. Copia del edicto con constancias de secretaría sobre fijación y desfijación, así como de su remisión si fuere el caso, se agregarán al expediente.
Transcurridos tres (3) días después de la desfijación del edicto en la sección jurisdiccional, si el imputado no hubiere comparecido, el juez le declarará persona ausente y le designará defensor de oficio con quien continuará el proceso hasta su terminación, sin perjuicio de la facultad que tiene el procesado para nombrarlo.
Si el sindicado compareciere lo vinculará al proceso en los términos señalados en el artículo 32 de este decreto.
ART. 36.—Durante el sumario el juez de instrucción correspondiente decidirá sobre la apertura de la investigación, la vinculación del sindicado, su detención o libertad, el embargo y secuestro de bienes y cualquier otro incidente que se promueva con relación a éstos, el cierre de la investigación, la práctica o negativa de pruebas y la calificación del mérito del mismo.
ART. 38.—Durante la etapa de instrucción podrá pedir el sindicado y su defensor la práctica de pruebas determinando la conducencia de las mismas.
ART. 40.—En el evento de que el juez de instrucción de orden público dicte resolución acusatoria y ésta adquiera firmeza, pasará el expediente al director seccional a fin de que lo asigne mediante decisión no sujeta a recurso alguno, a cualquiera de los jueces de conocimiento de orden público pertenecientes a la dependencia, a quien corresponderá sustanciar el juicio.
ART. 42.—Ejecutoriada la resolución acusatoria, se abrirá el juicio a pruebas por el término de veinte (20) días calendario, dentro del cual los sujetos procesales y la parte civil podrán pedir las que consideren pertinentes. Vencido este término, el juez decretará la práctica de las solicitudes que fueren conducentes. En todo caso estudiará la procedencia de aquellas cuya práctica hubiere pedido en reconsideración el agente del Ministerio Público durante el sumario, y si las halla conducentes ordenara su práctica.
Las pruebas decretadas deberán practicarse dentro del término de dos meses más el de la distancia y para su realización dictará auto en que se señale día y hora, el cual se notificará por estado.
ART. 44.—El juez de conocimiento podrá practicar directamente las pruebas o comisionará a la unidad de policía judicial de orden público que considere conveniente.
ART. 48.—El director seccional de orden público o su asistente, bajo la reserva pertinente, entregarán o recibirán de los jueces de orden público y del jefe de la sección jurisdiccional los expedientes o providencias las cuales agregarán a aquellos en copia autenticada en la que no aparezca la firma del juez.
ART. 49.—Durante el proceso todas las providencias que dicten los magistrados y jueces, así como los conceptos de los agentes del Ministerio Público, deberán ser suscritos por ellos; pero se agregarán al expediente en copia autenticada por el presidente del tribunal o el director seccional de orden público respectivo en la que no aparecerán las firmas de aquellos. El original se guardará por el presidente del tribunal o el director seccional de orden público con las seguridades del caso.
ART. 56.—Para hacer efectivos los derechos de adjudicación definitiva o provisional, así como el de administración que en su favor consagran los Derechos (sic) Legislativos 1856 y 2390 de 1989 y 42 de 1990, la entidad a la cual se haya adjudicado provisionalmente un bien tendrá tanto en la indagación preliminar como en el sumario y la causa de los procesos por los delitos a que se refiere el artículo 9º de este decreto, los mismos derechos y facultades que en el régimen ordinario otorga la ley al tercero interviniente o incidental. Para tales efectos podrán otorgar mandato a los abogados inscritos pertenecientes a su dependencia.
ART. 58.—En los hechos punibles de competencia de los jueces de orden público, sólo procede la detención preventiva como medida de aseguramiento.
El juez de orden público al proferir auto de detención preventiva decretará el secuestro de los bienes muebles y el embargo y secuestro de los inmuebles de propiedad del sindicado, debiendo disponer en la sentencia la condena al pago de los perjuicios, para cuyo fin el remate se efectuará según lo previsto en los artículos 521 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, para lo cual se enviará copia auténtica de lo pertinente al juez civil competente.
ART. 61.—Los sindicados por hechos punibles de competencia de los tribunales y jueces de orden público, no serán acreedores a la libertad inmediata de que trata el artículo 395 del Código de Procedimiento Penal. En tales casos, una vez que se acredite su calidad, el funcionario de policía judicial de orden público o el juez, lo comunicarán de inmediato al respectivo nominador a fin de que se tomen las medidas necesarias para evitar solución de continuidad en la prestación de los servicios, y no será necesaria la previa suspensión del empleado para hacer efectiva su detención preventiva.
ART. 65.—El término de la prescripción de la acción se interrumpe según el caso, para quien sea juzgado como persona ausente por los delitos de que trata el artículo 9º del presente decreto.
ART. 66.—Todos los empleados oficiales están obligados a prestar su colaboración a las autoridades que adelantan actuaciones, investigaciones o procesos por los delitos referidos en el artículo 9º de este decreto y a suministrar la información que se les solicite con prelación a cualquiera otra, so pena de incurrir en causal de mala conducta en caso de omisión o demora, y sin que puedan oponerles reserva alguna.
ART. 77.—A partir de la publicación del presente decreto, el director nacional de instrucción criminal hace parte del consejo nacional de policía judicial, como miembro de pleno derecho.
Los directores seccionales de orden público serán miembros de pleno derecho de los consejos seccionales de policía judicial.
PAR.—El consejo nacional de policía judicial lo presidirá el Ministro de Justicia y en su ausencia, el director nacional de instrucción criminal.
ART. 78.—A partir de la publicación del presente decreto, el secretario del consejo nacional de policía judicial será un delegado del director nacional de instrucción criminal.
ART. 79.—El consejo nacional de policía judicial tendrá, además de las funciones dadas en el Decreto-Ley 54 de 1987, las siguientes:
a) Asesorar al director nacional de instrucción criminal para el adecuado desarrollo y funcionamiento de los tribunales y jueces de orden público;
b) Evaluar los resultados de las actividades cumplidas por los tribunales y jueces de orden público y proponer acciones que tiendan a optimizarlas;
c) Proponer medidas que tiendan a fortalecer la capacidad técnica de las correspondientes unidades investigativas, y
d) Asesorar la fijación de la política de capacitación de los empleados y funcionarios de los tribunales y juzgados de orden público.
ART. 80.—Créase la subdirección nacional de orden público como una dependencia de la dirección nacional de instrucción criminal, con la siguiente estructura:
1. Dirección nacional de instrucción criminal.
2. Subdirección nacional de orden público.
2.1. Direcciones seccionales de orden público.
2.1.1. Secciones jurisdiccionales.
2.1.2. Divisiones administrativas.
PAR. 1º—El consejo nacional de policía judicial actuará como organismo asesor de los tribunales y juzgados de orden público.
PAR. 2º—El Ministerio Público y las unidades investigativas del cuerpo técnico de policía judicial, tienen relación funcional con las direcciones seccionales de orden público.
ART. 81.—El director nacional de instrucción criminal, en lo relacionado con los despachos de orden público, cumplirá las siguientes funciones:
a) Dirigir la organización y el adecuado funcionamiento de los despachos de orden público;
b) Nombrar, remover y dar posesión al subdirector nacional, los directores seccionales y al personal de las seccionales de orden público, con excepción de los jueces, que serán elegidos por el tribunal de orden público.
No obstante, el subdirector nacional y los directores seccionales de orden público, decidirán las demás situaciones administrativas de los funcionarios y empleados de su dependencia, incluyendo los empleados de la sección jurisdiccional;
c) Elaborar, en acuerdo con la subdirección nacional de orden público y el director de la escuela de instrucción criminal, los programas de capacitación para los empleados y funcionarios de orden público, y supervisar su ejecución;
d) Participar en la elaboración del presupuesto de las dependencias de orden público y asegurar su cumplida ejecución;
e) Asignar los empleados del cuerpo técnico de policía judicial que le corresponda a cada dirección seccional de orden público, y
f) Hacer parte del Consejo Nacional de Seguridad cuando se trate de asuntos relacionados con los despachos de orden público.
PAR.—El director nacional de instrucción criminal podrá delegar estas funciones, salvo la del literal f), en el subdirector nacional de orden público, y en los directores seccionales.
ART. 82.—El subdirector nacional de orden público, tendrá las siguientes funciones:
a) Coordinar con el director nacional de instrucción criminal, el adecuado funcionamiento de los despachos de orden público;
b) Coordinar la prestación de los servicios de laboratorios criminalísticos, como auxiliares de las unidades investigativas;
c) Dirigir y coordinar las direcciones seccionales de su competencia;
d) Dirigir el sistema de información correspondiente a los diferentes procesos y velar por su permanente actualización;
e) Asignar la sede a los jueces de orden público;
f) Definir la comprensión territorial de las direcciones seccionales de orden público, pudiendo variarla según la situación de la zona y las necesidades del servicio;
g) Definir criterios para la distribución de las actuaciones de que tratan los artículos 40 y 48 de este decreto;
h) Elaborar el proyecto de presupuesto de las dependencias de orden público, preparar las distribuciones de partidas para cada seccional, solicitar los traslados y adiciones que considere necesarios y someterla a aprobación de las autoridades competentes por conducto del director nacional de instrucción criminal;
i) Velar por la debida ejecución del presupuesto asignado a las dependencias nacionales de orden público;
j) Atender los servicios administrativos de la subdirección nacional de orden público;
k) Actuar como ordenador del gasto de la subdirección nacional de orden público según la asignación de competencia que para el efecto haga el Consejo Superior de la Administración de Justicia, y
l) Las demás que le señale el presente decreto y el director nacional de instrucción criminal.
ART. 83.—Los directores seccionales de orden público tendrán las siguientes funciones:
a) Ejercer la dirección administrativa de las diferentes dependencias, incluidos los jueces y funcionarios que prestan servicios en ellas. En tal virtud le corresponde fijar horarios, dictar las normas de carácter administrativo y tomar las medidas necesarias para el adecuado funcionamiento de las diferentes secciones;
b) Coordinar con las autoridades públicas seccionales y locales, y con los organismos de seguridad, la prestación de los diferentes servicios;
c) Tomar medidas para garantizar que en el trámite del proceso se mantenga la reserva de las personas que intervienen en él;
d) Recibido el aviso de que trata el artículo 23, asignar el juez de instrucción que deba controlar la indagación, dirigir la investigación o conocer el juicio según el caso, debiendo responder por la entrega y remisión oportuna de los expedientes;
e) Llevar los archivos de los expedientes cuyo trámite ha culminado;
f) Dirigir el sistema de información de los despachos de orden público, en el nivel que le corresponda;
g) Coordinar con los organismos competentes todo lo relacionado con la seguridad de los funcionarios y empleados de orden público, así como de la planta física, los materiales y equipos;
h) Actuar como ordenador del gasto de la respectiva seccional según la asignación de competencias que para el efecto haga el Consejo Superior de la Administración de Justicia;
i) Rendir los informes que sobre el curso de las indagaciones e investigaciones y del funcionamiento administrativo de la seccional le soliciten el director nacional de instrucción criminal y el subdirector nacional de orden público, y
j) Las demás que le señale el presente decreto, el director nacional de instrucción criminal y el subdirector nacional de orden público.
PAR.—Para garantizar su seguridad, todas las relaciones entre los jueces y las unidades investigativas se harán a través del correspondiente director seccional de orden público.
ART. 84.—A partir de la vigencia del presente decreto se crean las direcciones seccionales de orden público en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cúcuta.
ART. 85.—Las direcciones seccionales de orden público están conformadas por la sección jurisdiccional y la división administrativa.
ART. 86.—La sección jurisdiccional estará compuesta por los jueces de instrucción, los de conocimiento y el personal de secretaría, y tendrá a su cargo la investigación, el trámite del juicio y el proferimiento de los correspondientes fallos.
ART. 87.—La sección jurisdiccional tendrá un jefe, quien actuará como secretario para los asuntos judiciales, con las siguientes funciones:
a) Recibir memoriales y notificaciones, autorizar las visitas carcelarias, hacer registros y llevar los correspondientes archivos;
b) Responder por las funciones jurídico-administrativas y administrativas en los trámites de los procesos. En tal virtud deberá suscribir los autos de sustanciación que le corresponda, así como las comunicaciones y demás documentos que sean necesarios;
c) Coordinar la prestación de los demás servicios con las demás secciones, y
d) Las demás que le señale el director seccional de orden público.
PAR.—El jefe de la sección jurisdiccional podrá delegar algunas de sus funciones en el personal subalterno de la sección.
ART. 88.—La división administrativa tiene las siguientes funciones:
a) Responder por el correcto funcionamiento administrativo de la respectiva seccional, mediante el apoyo requerido por las diferentes secciones y sus dependencias;
b) Ejecutar las actividades tendientes a la adquisición de materiales, suministros y demás bienes y servicios que requiera la dirección seccional para su funcionamiento;
c) Coordinar la seguridad de los funcionarios de la dirección y responder por la vigilancia de los bienes de las dependencias, así como por la planta física;
d) Colaborar en la elaboración del proyecto de presupuesto anual de funcionamiento e inversión;
e) Elaborar el proyecto del plan anual de compras y dirigir y controlar su ejecución;
f) Administrar la caja menor;
g) Cumplir las funciones propias de la administración de personal y llevar el registro de las novedades;
h) Participar en el diseño de los programas de capacitación y de bienestar social para los empleados de los despachos de orden público;
i) Actuar, por delegación, como ordenador del gasto, y
j) Las demás que le señale el director seccional de orden público.
PAR.—El subdirector nacional de orden público coordinará con la división administrativa de la dirección nacional de instrucción criminal la colaboración que esta entidad deba prestar para el cumplimiento de las funciones a ejercer por los despachos de orden público, en orden a garantizar su eficiencia.
ART. 93.—A partir del 16 de enero de 1991 créase la siguiente nomenclatura de cargos, grados de remuneración y planta de personal para los empleados de la sección jurisdiccional:
Número de cargos Denominación Grado
5 Jefe de sección 19
23 Secretario 13
18 Escribiente 07
21 Citador 04
PAR. 1º—Los empleados de la sección jurisdiccional tienen el mismo régimen salarial y prestacional de la rama jurisdiccional.
PAR. 2º—El subdirector nacional de orden público asignará los empleados señalados en este artículo a las distintas direcciones seccionales de orden público.
ART. 96.—Créanse doce cargos de asesor grado 19 que prestarán sus servicios en los despachos de los magistrados del Tribunal Superior de Orden Público.
Los asesores son de libre nombramiento y remoción del magistrado respectivo, pero deberán ser nombrados por la primera vez de los abogados asesores de juzgados de orden público que se suprimieron por este decreto. Su régimen salarial, prestacional y disciplinario será de la rama jurisdiccional.
ART. 97.—A partir del año de 1991, los magistrados del Tribunal Superior de Orden Público, los jueces y fiscales de orden público, y el restante personal de los cargos que se crean en este estatuto gozarán de vacaciones individuales.
ART. 98.—A partir de la publicación de este decreto, modifícase el artículo 5º del Decreto 1855 de 1989, en el sentido de que el representante legal del fondo de seguridad de la rama jurisdiccional es el Ministro de Justicia, o su delegado.
ART. 100.—En las materias no reguladas por este decreto, se aplicarán las normas del Código Penal y las del Código de Procedimiento Penal, así como las que los adicionen o reformen”.
ART. 4º—Adóptanse como legislación permanente las siguientes disposiciones del Decreto Legislativo 99 de 1991:
“Por el cual se modifica, adiciona y complementa el Estatuto para la Defensa de la Justicia, contenido en el Decreto Legislativo 2790 de noviembre 20 de 1990.
ART. 4º—La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce con relación a los procesos de competencia de los magistrados y jueces de orden público.
4. En única instancia, de las actuaciones y procesos que se inicien o adelanten contra los magistrados del Tribunal de Orden Público por delito cometido en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, con arreglo al procedimiento penal ordinario y, en segunda instancia, de las actuaciones y procesos que inicie y adelante el Tribunal de Orden Público contra los jueces de instrucción y conocimiento de orden público por delito cometido en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas.
ART. 5º—Sin perjuicio de lo previsto en otras disposiciones legales, el Tribunal de Orden Público, conoce:
1. De los impedimentos de sus miembros, lo mismo que de los jueces de orden público, los cuales decidirá de plano.
3. Del grado jurisdiccional de consulta en relación con todas las sentencias absolutorias, las providencias que disponen cesación de procedimiento o la devolución de bienes a particulares, y los autos inhibitorios que impliquen devolución de bienes.
4. En primera instancia, de las actuaciones y procesos que se inicien o adelanten contra jueces de instrucción o de conocimiento de orden público, por delito cometido en ejercicio de sus funciones o por razón de ellas, los cuales serán tramitados conforme al procedimiento penal ordinario.
PAR. 1º—A fin de garantizar la seguridad de los magistrados, los asuntos correspondientes a la competencia del Tribunal de Orden Público se distribuirán entre ellos conforme al procedimiento que se establezca en reglamento interno que para el efecto expida la Sala de Gobierno de la corporación.
Efectuada la certificación anterior se entenderá, para todos los efectos legales, que la asignación de procesos y la adopción de providencias, al igual que las disidencias, se produjeron de conformidad con el procedimiento vigente.
ART. 9º—A los jueces de orden público corresponde conocer en primera instancia:
1. De los procesos por delito de secuestro en todas sus modalidades, con excepción de los que se atribuyen a los juzgados superiores en el artículo siguiente, así como del concierto para cometerlo, su encubrimiento y la omisión de su denuncia o del informe de que trata el artículo 6º.
3. De los procesos por delitos contemplados en el artículo 2º, numeral 1º del Decreto 474 de 1988, atendida la precisión hecha en el artículo 8º del presente estatuto.
4. De los procesos por los delitos de terrorismo; auxilio de actividades terroristas; omisión de informes sobre actividades terroristas; exigencia o solicitud de cuotas para terrorismo; instigación o constreñimiento para ingreso a grupos terroristas; concierto para delinquir, instigación al terrorismo; incendio, destrucción o daño de nave, aeronave o medio de transporte por acto terrorista; disparo de arma de fuego y empleo de explosivos contra vehículos, tenencia, fabricación, tráfico y uso de armas o sustancias tóxicas, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos; fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares o de Policía Nacional; corrupción de alimentos y medicinas; instrucción y entrenamiento; utilización ilícita de equipos transmisores o receptores; administración de recursos; intersección de correspondencia oficial; utilización ilegal de uniformes e insignias; suplantación de autoridad; incitación a la comisión de delitos militares; torturas; atentados terroristas contra complejos industriales y otras instalaciones; secuestro de aeronaves, naves o medios de transporte colectivo; homicidio con fines terroristas y lesiones personales con fines terroristas, descritos en los artículos 1º al 36 del Decreto 180 de 1988 salvo el artículo 26.
6. De los procesos por los delitos de lesiones personales ocasionadas por quienes pertenezcan a grupo armado descritos en los artículos 31 y siguientes del Decreto 180 de 1988, adicionado por el artículo 3º del Decreto 2490 de 1988.
7. De los procesos por delitos de rebelión y sedición referidos en los artículos 8º del Decreto 2490 de 1988; y 1º y 2º del Decreto 1857 de 1989.
11. De los procesos por los delitos contemplados en los artículos 32 y 33 de la Ley 30 de 1986, cuando la cantidad de plantas exceda de dos mil (2.000) unidades, la de semillas sobrepase los diez mil (10.000) gramos y cuando la droga o sustancia exceda de diez mil (10.000) gramos si se trata de marihuana, sobrepase los tres mil gramos (3.000) gramos si es hachís, sea superior a dos mil (2.000) gramos si se trata de cocaína o sustancia a base de ella y cuando exceda los cuatro mil (4.000) gramos si es metacualona.
12. De los procesos por los delitos descritos en el artículo 34 de la Ley 30 de 1986, cuando se trate de laboratorios, o cuando la cantidad de droga almacenada, transportada, vendida o usada exceda de diez mil (10.000) gramos de marihuana, sobrepase los tres mil (3.000) gramos si se trata de hachís, sea superior a dos mil (2.000) gramos si es cocaína o sustancia a base de ella o exceda los cuatro mil (4.000) gramos si se trata de metacualona.
13. De los procesos por los delitos descritos en los artículos 35 y 39 de la Ley 30 de 1986 y el aludido en el artículo 1º del Decreto 1198 de 1987.
PAR.—La competencia de los jueces de orden público comprenderá además el conocimiento de las actuaciones y proceso en curso por los hechos punibles atribuidos a ellos en este artículo, cualquiera que sea la época en que hayan sido cometidos y a sus delitos conexos, conservándose la unidad procesal en el evento de que se extienda a otras jurisdicciones, con excepción de la de menores, así como de los casos de fuero constitucional. En todo caso la ley sustancial favorable, o la procesal de efectos sustanciales de la misma índole, tendrá prelación sobre la desfavorable.
ART. 18.—La policía judicial de orden público estará integrada por las unidades investigativas permanentes conformadas por funcionarios del cuerpo técnico de policía judicial o del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, o por miembros de la Policía Nacional (Dijin y Sijin), y con el personal técnico y operativo que se requiera para su funcionamiento eficiente.
PAR. 1º—En las fuerzas militares se conformarán unidades investigativas de orden público con personal seleccionado de las secciones de inteligencia de las mismas. Estas sólo tendrán calidad permanente en relación con los hechos punibles referidos en el artículo 9º de este decreto cuya competencia corresponda a la justicia penal militar.
PAR. 2º—El director seccional de orden público podrá integrar unidades investigativas de orden público con personal de las distintas dependencias a que se refiere este artículo, previa consulta con los jefes seccionales de las dependencias respectivas.
ART. 20.—La controversia del material probatorio se adelantará durante la etapa del juicio.
Igualmente incorporará al expediente las que se hayan producido válidamente en cualquiera otra actuación judicial, administrativa o disciplinaria tanto el en país como en el exterior.
ART. 22.—Cuando las circunstancias lo aconsejen para seguridad de los testigos, se autorizará que éstos coloquen la huella digital en la declaración en lugar de su firma; pero en estos casos es obligatoria la participación del agente del Ministerio Público, quien certificará que dicha huella corresponde a la persona que declara. Se omitirá la referencia al nombre y generales de estas personas en el texto del acta, la que se hará formar parte del expediente correspondiente con la constancia sobre el levantamiento de la identificación y su destino.
Simultáneamente se levantará un acta separada en la que se reseñará en forma completa la identidad del declarante con la descripción de todos sus generales y condiciones personales y civiles, así como la indicación de sus relaciones personales, familiares o de cualquier otra índole con el acusado y el ofendido si lo hubiere, incluyendo todos los elementos de juicio que puedan servir al juez para valorar la credibilidad del testimonio, acta en la cual se colocará claramente la huella digital del exponente, se firmará por éste, por quien reciba la exposición y por el agente del Ministerio Público, se guardará en sobre cerrado y se remitirá a la dirección seccional de orden público con las seguridades del caso.
Para efecto de valoración de la prueba testimonial, el juez de orden público podrá solicitar en cualquier momento el acta separada a que se refiere el inciso segundo de este artículo, manteniendo su reserva para las demás partes o intervinientes en el proceso. Dicha reserva se levantará cuando se descubra o determine que el testigo incurrió en falso testimonio o que lo hizo con fines o propósitos fraudulentos.
Sin perjuicio de la atribución conferida por la ley al jefe del Departamento Administrativo de Seguridad, el subdirector nacional de orden público podrá tomar medidas especiales para proteger a los testigos cuando éstos lo soliciten, las cuales podrán llegar a consistir en la sustitución de los documentos de registro civil y de identidad de la persona, así como en la provisión de los recursos económicos indispensables para que puedan cambiar de domicilio y ocupación tanto dentro del país como en el exterior.
ART. 23.—En relación con los hechos punibles cuya competencia atribuye el artículo 9º de este decreto a los jueces de orden público, las diligencias preliminares serán adelantadas oficiosamente por las unidades investigativas de policía judicial de orden público del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y de la Policía Nacional, bajo el control del juez de instrucción de orden público y la vigilancia de los agentes del Ministerio Público. Las unidades investigativas de orden público constituidas en las Fuerzas Militares, las adelantarán cuando el delito sea de competencia de la justicia penal militar.
Las unidades investigativas de orden público del cuerpo técnico de policía judicial adscritas a las direcciones seccionales de orden público sólo adelantarán investigaciones cuando así lo disponga el juez de orden público y en los casos señalados por el Decreto 3030 de 1990 con sus adiciones y reformas, cuando el Director nacional de instrucción criminal así lo disponga.
El Ministerio Público velará por el cumplimiento de la disposición precedente y dirimirá de plano los conflictos que se presenten al respecto, en decisión cuyo desacato por cualquier miembro de policía judicial constituirá causal de mala conducta.
ART. 24.—Durante la indagación preliminar que se adelante por los delitos que el artículo 9º de este decreto atribuye a la competencia de los jueces de orden público, los miembros de las unidades investigativas de orden público, además de las funciones atribuidas a la policía judicial en otros estatutos, ejercerán permanentemente las siguientes:
a) Recibir bajo juramento las denuncias que le sean presentadas y adelantar oficiosamente las indagaciones por los delitos aludidos en el inciso anterior de que tengan noticia;
b) Inspeccionar minuciosamente el lugar de los hechos y allegar los elementos que puedan servir para asegurar las pruebas de la materialidad del delito y de la responsabilidad de sus autores, cuidando que tales huellas no se alteren, borren u oculten; levantarlas, trasplantarlas o registrarlas técnicamente, y hacerlas reconocer o examinar si fuere necesario;
d) Levantar el croquis del lugar en donde se haya cometido el ilícito y tomar fotografías.
f) Recibir bajo la gravedad del juramento testimonio a todas las personas que hayan presenciado los hechos, y a quienes les conste alguno en particular;
h) Practicar el reconocimiento fotográfico o en fila de personas para verificar la identidad de un sospechoso, en los términos señalados por la ley penal. Sin embargo, en el último caso deberá contarse con la presencia del agente del Ministerio Público;
i) Proveer a la identificación del imputado por los medios legales pertinentes;
j) Recaudar los antecedentes penales y de policía que existan con relación a las personas que pudieren ser responsables de los hechos investigados;
k) Aprehender las armas que se hayan utilizado en la comisión del ilícito, y los elementos que hayan servido para su ejecución o provengan de ella, e incautar u ocupar bienes en los términos señalados en las regulaciones legales vigentes;
l) Pedir a las autoridades encargadas de llevar el registro de los derechos reales principales y accesorios, certificaciones sobre los titulares inscritos respecto de los bienes aprehendidos, ocupados o incautados;
m) Informar a los titulares de derechos inscritos sobre los bienes incautados u ocupados, para que ejerzan la defensa de sus derechos ante la jurisdicción respectiva, y
n) Dar aviso a las autoridades del respectivo país conforme a los pactos, convenios o usos internacionales, si se tratare de automotores, naves, aeronaves o unidades de transporte aéreo, fluvial o marítimo de procedencia extranjera y que hayan sido objeto material de delito contra sus legítimos propietarios, tenedores o poseedores en el extranjero, a fin de que se realicen las diligencias necesarias para que le sean devueltos, siempre que hayan actuado de buena fe exenta de culpa.
PAR. 1º—Siempre que la policía judicial de orden público vaya a practicar un allanamiento, interceptar líneas telefónicas, registrar correspondencia o capturar una persona en los casos que no sean de flagrancia, deberá solicitar autorización a cualquier juez penal o promiscuo de la jurisdicción ordinaria.
PAR. 2º—Salvo las decisiones que por mandato legal correspondan a las autoridades administrativas, las solicitudes para la devolución u otros pronunciamientos sobre bienes incautados u ocupados se tomarán por el juez de orden público a quien corresponda el control de la indagación o la dirección de la instrucción, para lo cual se remitirá la petición de inmediato junto con el original del expediente conformado hasta el momento, continuando la unidad de policía judicial con el trámite de indagación sobre la copia.
PAR. 3º—Los funcionarios y miembros de policía judicial de orden público presentarán sus informes y se identificarán en las diligencias con el número de código asignado por la institución a la cual pertenezcan.
ART. 25.—Todas las autoridades de policía judicial distintas a las señaladas en el inciso primero del artículo 18 del presente decreto, podrán asumir las diligencias de indagación preliminar en relación con los delitos de competencia de los jueces de orden público en caso de urgencia, y cuando por cualquier circunstancia no intervenga inmediatamente la unidad de investigación de orden público correspondiente, debiendo remitir a ésta lo actuado en el término de cuarenta y ocho (48) horas, más el de las distancias.
Si existe persona capturada, se procederá tal como se regula en el artículo siguiente, pero deberá poner a aquélla a disposición de cualquiera autoridad judicial dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la captura.
ART. 26.—En caso de captura del infractor los funcionarios de policía judicial procederán a informarle sobre los motivos de ella, el derecho a indicar la persona a quien se le deba comunicar su aprehensión y el de rendir versión libre y espontánea sobre los hechos que la produjeron, dentro de los parámetros de la Constitución Política, levantando acta en que se deje constancia de todo ello, la cual será suscrita por el aprehendido o por un testigo si aquél fuere renuente a hacerlo.
El funcionario aprehensor deberá registrar el hecho en un libro llevado especialmente para el efecto, que será revisado diariamente por un agente del Ministerio Público, momento en el cual rubricará y foliará las páginas correspondientes, con indicación de la fecha y la hora en que hubiese verificado el control de las capturas efectuadas y la correspondencia del registro con los avisos de capturas que le hayan sido enviadas.
Del mismo modo, el funcionario que hubiese efectuado la captura deberá dar noticia inmediata de ella a la persona que indique el aprehendido, por intermedio del director seccional de orden público, al juez de instrucción que le corresponda el control de la indagación. La omisión injustificada de las obligaciones precedentes será causal de mala conducta y podrá hacer responsable a su autor del delito de prevaricato por omisión.
Dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes al acto físico de la captura deberá remitir el aprehendido y el original del expediente al juez de instrucción correspondiente, a fin de que éste decida lo pertinente, pudiendo en todo caso continuar con el recaudo de pruebas sobre la copia del expediente, salvo disposición en contrario del mencionado juez.
PAR. 1º—Si el aprehensor fuere autoridad de policía judicial diferente a la de orden público, registrara la captura en los libros que se lleven para el efecto en la entidad y remitirá las copias de la actuación adelantada en el término de cuarenta y ocho (48) horas a la unidad investigativa de orden público más próxima, y el capturado a una autoridad judicial del lugar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la aprehensión.
PAR. 2º—Los costos que implique o demande la remisión de los aprehendidos a las autoridades judiciales, luego de su captura, estarán a cargo de la unidad de investigación que la haya efectuado. El Ministerio de Hacienda apropiará las partidas necesarias para el cumplimiento de esta disposición en cada entidad.
ART. 27.—Desde el momento mismo de la ocurrencia de los hechos el agente del Ministerio Público deberá procurar el recaudo de las pruebas tendientes a establecer la naturaleza y cuantía de los perjuicios causados con la infracción, solicitando para ello la práctica de las pruebas correspondientes a cualquier juez de la República salvo a los de orden público, las que no causarán costos de ninguna naturaleza diferentes a las erogaciones necesarias para producirlas y serán trasladadas durante el juicio al expediente.
Igual facultad relacionada con el recaudo probatorio podrán ejercer, por medio de apoderado, los perjudicados con la infracción; pero en tal evento cursarán informe al agente del Ministerio Público respectivo, caso en el cual éste se abstendra de iniciar su trámite o suspenderá el que al efecto ya hubiere iniciado.
ART. 28.—La indagación preliminar termina cuando se haya proferido auto cabeza de proceso, o con el auto inhibitorio debidamente ejecutoriado.
ART. 30.—Si transcurrido un año contado a partir de la iniciación de la indagación preliminar no hay sindicado conocido, la policía judicial de orden público enviará el expediente a la dirección seccional de orden público para que el juez de instrucción correspondiente decida sobre la suspensión provisional de la actuación, la práctica de nuevas pruebas, o dicte el auto inhibitorio si hubiere lugar a él. Esta última decisión la tomará en auto interlocutorio contra el cual proceden los recursos ordinarios.
ART. 35.—Cuando la policía judicial de orden público considere necesario vincular a un posible sindicado no capturado, remitirá el original de la actuación que hubiese adelantado por intermedio del director seccional de orden público al juez de orden público correspondiente, quien dará aplicación a lo dispuesto en el artículo que precede, si encuentra mérito para ella, conforme a estudio sobre el cuaderno original.
En la orden de captura emitida, el juez podrá autorizar el allanamiento de los sitios en donde presuma se pueda encontrar el sindicado, señalándolos, y deberá informar sobre su expedición o cancelación al director nacional de instrucción criminal para su registro o inscripción en un banco de datos que debe llevarse para el efecto. Igual obligación tendrá el juez en relación con las medidas de aseguramiento que profiera, modifique o revoque.
ART. 37.—Durante la etapa de instrucción, la persona vinculada mediante indagatoria, el defensor, los auxiliares de la justicia, el agente del Ministerio Público, el Director nacional de instrucción criminal o su delegado, el subdirector nacional de orden público o su delegado, los directores seccionales de orden público, y el funcionario que adelante investigación penal, disciplinaria o administrativa relacionada con actuaciones tramitadas en aquella o con bienes vinculados a la misma, tendrán derecho a revisar el proceso, con la obligación de mantener la reserva de sus propias actuaciones.
Si en las investigaciones penales surge mérito para vincular en indagatoria, o en las disciplinarias para formar pliego de cargos, el funcionario que las adelante podrá solicitar el levantamiento de la reserva de la identidad del funcionario investigado con el deber de mantenerla para efectos diferentes al trámite de la investigación a su cargo.
Quien violare la reserva del sumario o de la indagación preliminar, o transgrediere la prohibición del inciso anterior, incurrirá, si fuere funcionario o empleado oficial, en causal de mala conducta sancionable con destitución; si no lo fuere, se le impondrá multa por suma equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales legales. La primera se ordenara por el superior respectivo previo el procedimiento disciplinario y la segunda por el juez de orden público mediante auto motivado y luego de oír en diligencia de descargos al infractor, así como de practicar las pruebas que solicitare y fueren conducentes en cuaderno separado. Esta última decisión será susceptible de recurso de apelación para ante el tribunal de orden público pero no afectará la marcha del proceso o actuación.
ART. 39.—Practicadas las diligencias ordenadas por el juez y las demás que fueren conducentes, la unidad investigativa de orden público devolverá la actuación al juez de orden público, quien declarará cerrada la investigación por auto de sustanciación que se comunicará al sindicado detenido por cualquier medio eficaz y se notificará por estado a los demás sujetos procesales y parte civil reconocida.
Dicho proveído no será susceptible de recurso alguno y en él se dispondrá un traslado común por cinco (5) días a la parte civil si la hubiere, y a los sujetos procesales para que presenten sus alegatos. Para este último se surtirá el traslado por igual lapso en su despacho.
Vencido los términos anteriores, el juez calificará el mérito del sumario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes por medio de resolución acusatoria, cesación de procedimiento o reapertura de investigación. En este último caso el juez deberá señalar discriminadamente las pruebas a practicar, indicando la unidad investigativa de orden público que deba hacerlo.
ART. 43.—En el auto cabeza de proceso, el juez de instrucción de orden público, ordenara la práctica de las pruebas que considere convenientes y podrá disponer que se subsanen las fallas que encuentre en las practicadas por la policía judicial y que atenten contra su validez.
ART. 45.—Dentro del juicio las pruebas deberán pedirse indicando clara y precisamente lo que el solicitante se propone acreditar con cada una de ellas, así como su conducencia.
El auto que niegue la práctica de una prueba es apelable en el efecto devolutivo, pero no se podrá citar para sentencia, sino cuando haya sido resuelta la apelación. el tribunal de orden público decidirá de plano, y si ordenare la práctica de las pruebas el juez, o el superior de la unidad investigativa de orden público que sea comisionado, señalarán día y hora para el efecto.
ART. 46.—Vencido el término probatorio, se citará para sentencia dejándose el expediente a disposición del acusado y su defensor, así como de la parte civil o de terceros incidentales si fuere el caso, en secretaría por el término común de ocho (8) días a fin de que presenten sus alegatos de conclusión. Transcurrido éste último, el juez tendrá quince (15) días para dictar sentencia.
Si vencido el término común, el defensor no hubiera presentado alegato de conclusión, el juez procederá a designar uno de oficio a quien, una vez posesionado, se correrá traslado por el término previsto en el inciso anterior y dispondrá la expedición de copias y su remisión para que se adelante si fuere el caso por el competente la correspondiente investigación disciplinaria por falta al estatuto profesional del abogado.
ART. 47.—El director seccional de orden público asignará el juez de instrucción o de conocimiento de orden público que deba controlar la indagación, dirigir la instrucción o sustanciar y fallar el juicio dentro de un proceso determinado, y podrá variar la asignación o petición sustentada por el juez, siempre que lo considere necesario para garantizar la reserva de la identidad de éste.
ART. 50.—A fin de garantizar su seguridad, cuando el juez considere conveniente mantener la reserva de su identidad o la de los intervinientes en el proceso, dispondrá que en la práctica de pruebas se utilice cualquier medio o mecanismo adecuado para tal efecto, o que los contrainterrogatorios, solicitud de aclaración de dictámenes o cualquier petición similar, se formulen y tramiten por escrito.
ART. 51.—Los autos de trámite no previstos en el artículo 36 como privativos para su emisión por parte del juez, las notificaciones, citaciones y en general las comunicaciones procesales, así como todo acto que implique manejo de títulos de depósito judicial o de bienes o elementos vinculados al proceso, salvo su orden de entrega, serán elaborados y suscritos por el jefe de la sección jurisdiccional respectiva, pudiendo delegar su ejecución, cumplimiento y control en cada proceso a uno de los empleados de su dependencia, con quien compartirá la responsabilidad por su tramitación adecuada y oportuna.
Los memoriales y comunicaciones en general serán entregados en la sección jurisdiccional a cuyo cargo se asigna la agregación al expediente correspondiente, y su tramitación oportuna por medio del director seccional de orden público o su asistente si fuere necesario.
ART. 52.—Las solicitudes de nulidad por causa que se presente durante el juicio y toda otra petición que se formule dentro de éste, salvo las de pruebas o las que se refieran a la libertad del procesado, serán decididas en la sentencia.
PAR. 1º—La variación de la asignación de juez durante el sumario o en el juicio hecha por el director seccional de orden público no genera nulidad por incompetencia, siempre que se trate del funcionario de la misma naturaleza.
PAR. 2º—Desvirtuados los supuestos que dieron lugar al conocimiento del hecho punible por los jueces de orden público, todas las diligencias y pruebas practicadas conservan su validez.
ART. 53.—Los inmuebles, aviones, avionetas, helicópteros, naves y artefactos navales, marítimos y fluviales, automóviles, maquinaria agrícola, semovientes, equipos de comunicaciones y radio y demás bienes muebles, así como los títulos valores, dineros, divisas, depósitos bancarios, y en general los derechos y beneficios económicos o efectos vinculados a los procesos por los delitos cuyo conocimiento atribuye el artículo 9º del presente decreto a los jueces de orden público, o que provengan de su ejecución, quedarán fuera del comercio a partir de su aprehensión, incautación u ocupación, hasta que resulte ejecutoriada la providencia sobre entrega o adjudicación definitiva.
El superior de la unidad investigativa de policía judicial de orden público o el jefe de la policía judicial, sólo podrán ordenar la incautación u ocupación de bien mueble o inmueble cuando exista prueba sumaria sobre su vinculación a delito de los mencionados en el artículo 9º de este decreto, como de conocimiento de los jueces de orden público.
De la aprehensión, incautación u ocupación de los bienes que estuviesen sujetos a registro de cualquier naturaleza, se dará aviso inmediato al funcionario que corresponda por el jefe o superior de la unidad investigativa que la haya efectuado. La inscripción se hará en el acto y no estará sujeta a costo ni a turno alguno, so pena de causal de mala conducta. Hecha ésta, todo derecho de terceros que se radique sobre el bien será inoponible al Estado.
PAR.—Siempre que se produzca la incautación u ocupación de bienes el superior de la unidad investigativa levantará un acta en que aparezca el inventario de ellos debidamente identificados, de la cual remitirá una copia adicional a la Dirección Nacional de Estupefacientes para los efectos señalados en este decreto.
ART. 54.—Las unidades investigativas de orden público y las de policía judicial ordinaria, inutilizarán las pistas de aterrizaje, destruirán las plantaciones o cultivos de marihuana, cocaína, adormidera y demás plantas de las cuales pueda extraerse o procesarse droga que produzca dependencia, acatando las previsiones del Decreto 1198 de 1987 y el procedimiento señalado por el artículo 77 de la Ley 30 de 1986, hechos de los cuales se dejará constancia en acta similar a la referida en el parágrafo del artículo precedente.
Las drogas que produzcan dependencia o las sustancias estupefacientes incautadas, serán destruidas con orden del superior de la unidad investigativa de orden público correspondiente, en diligencia a la cual deberá asistir el agente del Ministerio Público, que se practicará siguiendo las pautas en los artículos 78 y siguientes de la citada ley en cuanto no se opongan a lo aquí previsto, hecho sobre el cual dejará constancia en acta similar a la referida en el parágrafo del artículo anterior remitiendo copia de ella a la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Los insumos, sustancias precursoras o elementos que puedan servir para el procesamiento de cocaína o de cualquiera otra droga que produzca dependencia, una vez identificadas pericialmente por orden del superior de la unidad de investigación de orden público, con la presencia imprescindible del agente del Ministerio Público, serán puestas a disposición o a la orden de la Dirección Nacional de Estupefacientes, la cual, podrá determinar su inmediata utilización por parte de una entidad oficial, su remate para fines lícitos debidamente acreditados, o su destrucción si implican grave peligro para la salubridad o seguridad públicas, caso en el cual se procederá conforme al inciso anterior en lo pertinente. En evento de utilización, tales elementos se evaluarán previamente por una entidad civil y su valor o el del remate si lo hubiere se reembolsará al propietario legítimo en caso de que el proceso o actuación termine con cesación de procedimiento, sentencia absolutoria o auto inhibitorio.
PAR.—El superior de la unidad investigativa de orden público correspondiente podrá disponer la destrucción de los insumos o sustancias precursoras a que se refiere el inciso anterior sin orden o autorización de la Dirección Nacional de Estupefacientes, cuando las operaciones se realicen en zonas rurales de difícil acceso y su conservación represente grave peligro para la salubridad o seguridad pública, hecho sobre el cual se dejará constancia en acta similar a la enunciada en el parágrafo del artículo 53 cuya copia remitirá a la Dirección Nacional de Estupefacientes.
ART. 55.—Los demás bienes muebles o inmuebles, efectos, dineros, acciones, divisas, derechos o beneficios de cualquier naturaleza vinculados directa o indirectamente con los delitos de competencia de los jueces de orden público como objeto de los mismos, o que hayan sido utilizados para su comisión, o que provengan de ésta, serán ocupados o incautados por las unidades investigativas de orden público o por las de policía judicial ordinaria, y colocados a disposición o a la orden de la Dirección Nacional de Estupefacientes dentro de las setenta y dos horas siguientes, junto con la copia del acta a que se refiere el parágrafo del artículo 53. Esta, por medio de resolución, podrá destinarlos provisionalmente, así como su producto, al servicio de la dirección nacional de carrera judicial, y al de las entidades señaladas en el Decreto 2390 de 1989 con excepción del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, de la Policía Nacional, y de las Fuerzas Militares en la forma y términos dispuestos en él, en los decretos 1856 de 1989, 42 de 1990 y 1273 del mismo año, en concordancia con las normas de la Ley 30 de 1986, en cuanto estas no se opongan a aquellas. También podrá asignarlos al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, a la Policía Nacional, a las Fuerzas Militares, a la Dirección Nacional de Instrucción Criminal, a la Procuraduría General de la Nación y al fondo rotatorio de prevención, represión y rehabilitación del Consejo Nacional de Estupefacientes, previa autorización de esta corporación.
En la resolución de asignación provisional que dicte la dirección se dispondrá que la entidad beneficiaria designe un depositario para cada caso. Este una vez posesionado, tendrá todos los derechos, atribuciones y facultades y estará sujeto a todas las obligaciones, deberes y responsabilidades, que para los depositarios judiciales o secuestres determinan las leyes, debiendo rendir cuenta mensual de su administración a la Dirección Nacional de Estupefacientes, la cual podrá solicitar su relevo cuando lo estime necesario, con base en posibles manejos irregulares o inadecuados. Este organismo comunicará a las autoridades encargadas de llevar registro de los bienes, su decisión sobre asignación provisional y las que la modifiquen o corroboren.
Salvo lo previsto por el Decreto 2187 de 1990 sobre el decomiso administrativo o la multa contravencional, los bienes serán objeto de decomiso por el juez a favor del Estado y adjudicados definitivamente por la Dirección Nacional de Estupefacientes a alguna de las entidades mencionadas en el primer inciso de este artículo. El decomiso será dispuesto en el momento de dictar sentencia dejando a salvo la afectación de los bienes al pago de perjuicios. De todas formas, su decisión se hará conocer a la oficina de registro que corresponda según la naturaleza del bien.
PAR. 1º—Las armas, municiones y explosivos se enviarán a la industria militar conforme a las previsiones de las normas legales vigentes, y el Ministerio de Defensa asignará aquellas a los organismos de investigación de orden público.
PAR. 2º—La Dirección Nacional de Estupefacientes adjudicará definitivamente los bienes que a la fecha de vigencia del presente decreto hayan sido decomisados a favor del Estado y puestos a disposición del Consejo Nacional de Estupefacientes, mediante sentencia ejecutoriada por violaciones a la Ley 30 de 1986 y normas que la complementan, modifican o adicionan, y por los ilícitos de narcotráfico y conexos, enriquecimiento ilícito y el tipificado por el artículo 6º del Decreto 1856 de 1989, con su sujeción a las normas legales vigentes.
PAR. 3º—En casos especiales, la Dirección Nacional de Estupefacientes, previa autorización del Consejo Nacional de Estupefacientes, podrá disponer el remate de bienes cuyo decomiso haya sido dispuesto en sentencia definitiva por juez de orden público, y destinará su producido a incrementar el patrimonio de las cuentas especiales a que se refiere el artículo 64 de este estatuto. Igualmente se destinarán a estas cuentas los dineros que se incauten o decomisen con excepción de las divisas.
ART. 57.—Los derechos reales principales y accesorios sobre los bienes incautados u ocupados por razón de los delitos a que se refiere el artículo noveno de este decreto como de competencia de los jueces de orden público se extinguirán a favor del Estado si transcurrido un año desde la fecha de su citación para que comparezcan al proceso a ejercer su defensa respecto a los titulares inscritos, estos no comparecen, o desde su aprehensión cuando se trate de bienes sin dueño aparente o conocido, o no requieran inscripción para su constitución.
Vencido el término de que trata el inciso anterior, el juez competente de oficio o a solicitud del Ministerio Público, avisará a los interesados por correo certificado a la última dirección que aparezca en el proceso o actuación de que se trate, o mediante publicación en un periódico de amplia circulación en el lugar según el caso, en un plazo no mayor de un mes, contados a partir de la fecha de la remisión o la publicación del aviso, deberán justificar por medio idóneo el no retiro oportuno de los bienes, so pena de su pérdida en favor del Estado.
Transcurrido este plazo, el juez de orden público decidirá y procederá en consecuencia mediante providencia interlocutoria que será susceptible del recurso de apelación.
ART. 59.—Los procesados por los delitos de competencia de los jueces de orden público sólo tendrán derecho a la libertad provisional en los siguientes casos:
2. Cuando fuere mayor de setenta (70) años, siempre que no haya sido procesado antes por uno de los delitos de competencia de los jueces de orden público.
ART. 60.—En los procesos por los delitos de competencia de los jueces de orden público, no habrá lugar a la suspensión de la detención preventiva ni de la ejecución de la pena, pero procederá la detención hospitalaria que se concederá por el juez cuando el procesado o condenado sufriere grave enfermedad, o a la imputada le faltaren cuatro semanas o menos para el parto, o si no han transcurrido dos meses desde la fecha en que dio a luz.
En los eventos anteriores, se exigirá por el juez certificado de médico legista, quien dictaminará periódicamente sobre la necesidad de que continúe la detención en la forma prevista en el inciso anterior.
ART. 63.—Los procesados por delito de competencia de los jueces de orden público tendrán derecho a los beneficios previstos en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, o en el Decreto Legislativo 3030 de 1990 y en los que los modifiquen, subroguen o adicionen, a su elección, siempre que se den los requisitos señalados en dichas normas.
El condenado favorecido con alguno de los anteriores beneficios que cometa posteriormente cualquier delito de competencia de los jueces de orden público lo perderá, así como la posibilidad de volver a obtenerlo.
ART. 64.—Quien no siendo autor o partícipe del hecho punible, suministre a la autoridad informes que permitan hacer efectiva orden de captura de sindicado o incautación de bienes destinados a la comisión o que provengan de la ejecución de delito de competencia de los jueces de orden público, o informes que permitan determinar la autoría, participación o responsabilidad penal en los mismos, será beneficiario de una recompensa monetaria cuya cuantía no excederá el equivalente a un mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales, la que podrá ser pagada dentro o fuera del país.
Los informes se consagrarán en acta reservada, en la cual se hará constar la versión y se suscribirán por los ordenadores del gasto o por su delegado especial, un agente del Ministerio Público y el informante, quien además estampará su impresión dactilar. El acta se remitirá a la jefatura del organismo que la haya autorizado donde se conservará con la debida reserva y seguridades, y de su contenido el jefe del DAS, el Director de la Policía Nacional o el Director Nacional de Instrucción Criminal deberá expedir copia autenticada prescindiendo de la firma y datos de identidad del informante, con destino a la respectiva investigación penal, quedando su valor probatorio sujeto a la estimación que haga el magistrado o juez.
En todo lo relacionado con el contenido del acta para la identificación del informante; el levantamiento de su reserva para el juez y fiscal, o en caso de comprobación de falsedad de la información o de motivos fraudulentos, así como de la protección del exponente se aplicará lo previsto para el caso del testigo a que se refiere el artículo 22 del presente estatuto.
ART. 67.—Queda prohibida la transmisión o publicación de todo mensaje, noticia, grabación o información que identifique en cualquier forma a los testigos, peritos o intervinientes en los procesos y actuaciones por los delitos de competencia de los funcionarios de orden público.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto 180 de 1988, la violación de las anteriores prohibiciones acarrea la destitución para el funcionario o empleado responsable, o la multa equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales al medio de comunicación respectivo, que se impondrán conforme a lo previsto en el artículo 37 del presente estatuto.
ART. 68.—El Ministerio Público ante los magistrados y los jueces de orden público será ejercido por el Procurador General de la Nación.
ART. 76.—Créanse los siguientes cargos:
100 Fiscales grado 17
100 Asistentes de fiscalía grado 09
ART. 90.—Créanse ochenta y dos (82) cargos de jueces de orden público grado 17 cuya remuneración será igual a la señalada por la ley para los magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial.
A partir de la vigencia de este decreto, un número de jueces de orden público determinado por la Sala de Gobierno del Tribunal de Orden Público, asumirán las funciones de conocimiento y fallo en los procesos por los delitos que el artículo 9º de este decreto asigna al conocimiento de los jueces de orden público. Los restantes jueces de orden público cumplirán las funciones que para los de instrucción señala el presente estatuto en relación con los mismos delitos.
PAR.—La asignación de los jueces de orden público a las direcciones seccionales la hará el subdirector nacional de orden público, quien podrá variarla de acuerdo con la situación de cada una.
ART. 92.—Para que sirva como soporte eficiente que permita el adecuado y oportuno funcionamiento de los jueces de orden público, créase la siguiente planta de personal administrativo:
Nº de cargos Denominación Clave Grado
Asistente administrativo I 07
5 Auxiliar servicios generales IV 04
PAR. 2º—Corresponde al subdirector nacional de orden público distribuir la planta de personal en las distintas direcciones seccionales de orden público.
ART. 94.—El subdirector nacional de orden público tendrá una asignación mensual equivalente al 90% de la que corresponde al director nacional de instrucción criminal; los directores seccionales de orden público al 80% de la de éste. De dicha remuneración mensual el mismo porcentaje señalado para el director nacional de instrucción criminal tendrá el carácter de gastos de representación.
ART. 99.—La subdirección nacional de orden público y las direcciones seccionales de orden público constituirán para efectos presupuestales una unidad ejecutora independiente y establecerán para su funcionamiento un fondo-cuenta o cajas menores de las reglamentadas por la Resolución 68 de 1990 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de las que la modifiquen o adicionen.
La Procuraduría General de la Nación y las procuradurías departamentales establecerán para su funcionamiento un fondo-cuenta o cajas menores similar a la del inciso precedente, para facilitar la operatividad de las funciones de los agentes del Ministerio Público ante los tribunales y jueces de orden público.
ART. 2º—Este decreto modifica las normas que le sean contrarias salvo las contenidas en el Decreto 3030 de 1990 y sus adiciones o reformas que continúan vigentes en su integridad”.
ART. 5º—Adóptanse como legislación permanente las siguientes disposiciones del Decreto Legislativo 390 de 1991.
“ART. 1º—El artículo 13 del Decreto 2790 de 1990 quedará así:
ART. 13.—Todos los procesos o actuaciones cuya competencia se asigna por este decreto a los jueces de orden público, que estén tramitando en la actualidad los juzgados de orden público, los especializados y los ordinarios, o la policía judicial, deberán ser enviados a los directores seccionales de orden público, quienes procederán de la siguiente manera:
1. Los procesos en que se haya proferido auto de citación para audiencia, resolución acusatoria o auto de proceder, o el que dispone el traslado al Ministerio Público para el concepto de fondo, los distribuirán entre los jueces de conocimiento de orden público para que éstos continúen el trámite con el procedimiento establecido para el juicio. Si alguna de las decisiones anteriores no estuviere ejecutoriada, el expediente se dejará en la sección jurisdiccional, hasta cuando ésta se produzca.
Cuando en el proceso se hubieran decretado pruebas para practicar en la audiencia, el juez la practicará directamente o por comisión a una unidad de investigación de orden público, en un término que no podrá exceder de diez (10) días. Practicadas las pruebas, el juez citará para sentencia de acuerdo con el artículo 46 del Decreto 2790 de 1990.
2. Los que se hallan en etapa de instrucción, los asignará a los jueces de instrucción de orden público, para que dispongan el trámite pertinente de acuerdo al procedimiento señalado en este decreto.
3. Los que estén en diligencias preliminares, los remitirá a las unidades investigativas de orden público a fin de que adelanten la averiguación acatando las normas de este decreto.
PAR.—En los procesos de competencia de los jueces de orden público, no habrá audiencia pública en ningún caso.
ART. 4º—El artículo 11 del Decreto 2790 de 1990, quedará así:
ART. 11.—Sin perjuicio de su actual competencia los jueces penales y promiscuos del circuito conocerán en primera instancia:
1. De los procesos por los delitos contemplados en los artículos 32 y 33 de la Ley 30 de 1986, cuando la cantidad de plantas sea de dos mil (2.000) unidades o menor, o la de semilla de diez mil (10.000) gramos o inferior. Igualmente, cuando la cantidad de droga o sustancia sea de diez mil (10.000) o menor si se trata de marihuana; de tres mil (3.000) gramos o menor si es hachís; de dos mil (2.000) gramos o menor si se trata de cocaína o sustancia a base de ella; o de cuatro mil (4.000) gramos o inferior si es metacualona.
2. De los procesos por los delitos descritos en el artículo 34 de la Ley 30 de 1986, excepto cuando se trate de laboratorios.
En dichos eventos su competencia se circunscribe a los delitos en que la cantidad de droga almacenada, transportada, vendida o usada, sea de diez mil (10.000) gramos de marihuana o menor; de tres mil (3.000) gramos o menor si se trata de hachís; de dos mil (2.000) gramos o menor si es cocaína o sustancia a base de ella; o de cuatro mil (4.000) gramos si se trata de metacualona.
3. De los procesos por el hecho punible tipificado por el artículo 6º del Decreto 1856 de 1989, cuando su cuantía sea menor a un mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales en moneda colombiana estimada al momento del comisión del delito.
4. De las actuaciones relacionadas con los bienes incautados u ocupados de acuerdo con lo previsto en este decreto en los eventos en que el delito al cual accedan sea de su competencia, conforme a las disposiciones precedentes.
PAR.—A partir del 16 de enero de 1991, el procedimiento para las actuaciones y procesos aquí atribuidos por los numerales 1º, 2º y 3º al conocimiento de los jueces penales y promiscuos del circuito, será el señalado por el Código de Procedimiento Penal, salvo que ya se hubiere proferido el auto de citación para audiencia, caso en el cual seguirán aplicando hasta su culminación aquel a que venían sujeto. En estos procesos no habrá consulta”.
ART. 6º—Adóptanse como legislación permanente las siguientes disposiciones del Decreto Legislativo 1676 de 1991.
“ART. 1º—En los procedimientos de extradición que actualmente cursen ante el Gobierno Nacional, contra colombianos por nacimiento, el Ministerio de Justicia dará por terminados los trámites respectivos, y tomará las siguientes medidas:
En este evento pondrá en conocimiento de los jueces penales competentes los hechos a que se refiere el numeral 1º del artículo 15, del Código Penal, adjuntando copias autenticadas de éstos y de los apartes pertinentes de las pruebas relacionadas con ellos. Los delitos previstos en los estatutos sobre estupefacientes se entienden delitos contra la salud pública, para todos los efectos legales.
Si la persona estuviere privada de la libertad únicamente por razón de la petición de extradición, sólo podrá calificarse el mérito del sumario transcurridos 270 días de iniciado éste, a menos que las pruebas relacionadas con los delitos investigados sean aportadas válidamente antes de dicho plazo y resultaren suficientes. Si al vencimiento de dicho término no hubiere mérito para dictar resolución de acusación, se dispondrá la cesación del procedimiento y se pondrá en libertad incondicional al sindicado. Este auto no tendrá ejecutoria material, y la investigación podrá iniciarse nuevamente cuando hubiere pruebas para el efecto, conforme al trámite ordinario, y siempre que no hubiere prescrito la acción.
Si no hubiere persona detenida, el ministerio hará conocer al país requirente la posibilidad de denunciar los hechos para que se propicie su juzgamiento en el país, lo que deberá hacer en el término de treinta (30) días contados a partir del recibo de la comunicación en la respectiva embajada, completando la documentación pertinente.
Cuando en este caso se dictare auto de cesación de procedimiento, en los términos del inciso 4º del numeral 1º del artículo 1º del presente decreto, el mismo no tendrá ejecutoria material y la investigación podrá iniciarse nuevamente.
PAR. 2º—La Sala de Gobierno podrá asignar al secretario del tribunal la facultad para dictar algunos autos de sustentación.
ART. 3º—Modifícanse los numerales 2º y 13 y el parágrafo del artículo 9º del Decreto 2790 de 1990, modificado por el Decreto 99 de 1991 así:
2. De los procesos por delitos de extorsión en todas sus modalidades, así como del concierto para cometerlo, su encubrimiento y la omisión de su denuncia o del informe de que trata el artículo 7º del Decreto 2790 de 1990, y cuando la cuantía sea o exceda de cinco millones de pesos, o cuando cualquiera de las conductas anteriores busque facilitar actos terroristas sin importar su cuantía.
13. De los procesos por los delitos descritos en los artículos 35 y 39, 43 y 44 de la Ley 30 de 1986, y el aludido en el artículo 1º del Decreto 1198 de 1987.
PAR.—La competencia de los jueces de orden público comprenderá además el conocimiento de las actuaciones y proceso en curso por los hechos punibles atribuidos a ellos en este artículo, cualquiera que sea la época en que hayan sido cometidos y a sus delitos conexos, conservándose la unidad procesal en el evento de que se extienda a otras competencias, con excepción de la de menores, así como de los casos de fuero constitucional. Igualmente conocerán de los delitos cometidos con antelación a la fecha en que fueron definidos los tipos penales que aparecen en este decreto y en las normas a que el se refiere, cuando se adecuen a ellos. En todo caso la ley sustancial favorable, o la procesal de efectos sustanciales de la misma índole, tendrá prelación sobre la desfavorable.
ART. 4º—El artículo 10 del Decreto 2790 quedará así:
ART. 10.—Además de los procesos que les atribuye la ley, los jueces superiores del distrito judicial conocerán en primera instancia los procesos por hechos punibles contra la existencia y seguridad del Estado, descritos por el Título I del Libro Segundo del Código Penal, y los de porte de armas de fuego de defensa personal o sus municiones, estructurado por el artículo 1º del Decreto 3664 de 1986. Igualmente de los procesos por delitos de secuestro simple definidos por el artículo 269 del citado estatuto cuando la calidad, cargo o profesión de la víctima, o los fines, propósitos u objetivos sean diferentes a los enunciados en el artículo 6º de este decreto. Además de los procesos que se adelantan actualmente o se inicien por los delitos de amenazas personales y familiares tipificados por el artículo 26 del Decreto 180 de 1988, y de los delitos de extorsión, el concierto para cometerlo, su encubrimiento, la omisión de su denuncia o del informe de que trata el artículo 7º de este decreto, que no sean de competencia de los jueces de orden público.
El procedimiento aplicable para los proceso señalados en el inciso anterior y cuya competencia se atribuye a los juzgados superiores será el ordinario, salvo cuando en los adelantados por amenazas se hubiere dictado auto de traslado al fiscal para concepto de fondo, caso en el cual se culminarán siguiendo el trámite del mencionado decreto. En todo caso, a la segunda instancia se surtirá ante la Sala Penal del Tribunal del Distrito correspondiente.
ART. 32.—Si el juez dicta auto cabeza de proceso, señalará día y hora para oír en indagatoria al sindicado capturado en un término que no podrá exceder de los tres (3) días siguientes al que le sea puesto a disposición.
Cuando un hecho punible de competencia de los jueces de orden público se suceda en lugar distinto de las sedes de las direcciones seccionales de orden público, el juez de instrucción criminal, promiscuo o penal del lugar al cual la unidad de investigación de orden público le entregue las diligencias, deberá avocar el conocimiento e indagar a los sindicados, enviándolas inmediatamente a la dirección seccional de orden público correspondiente.
La designación de apoderado se hará conforme al Código de Procedimiento Penal y con él actuará hasta la terminación del proceso. Sin embargo, el procesado podrá cambiar de apoderado en cualquier momento.
ART. 33.—Recibida la indagatoria, el Juez de Instrucción de orden público definirá la situación jurídica dentro del término de diez (10) días, el cual se ampliará a veinte (20) si fueren más de cinco (5) los aprehendidos, o si aquella hubiere sido recibida por juez de sede distinta a la de la dirección seccional, y en el mismo auto determinará las pruebas que se deban practicar a fin de continuar con la instrucción del sumario, para lo cual remitirá copia completa de la actuación a la unidad investigativa de orden público que considere pertinente, la que practicará las pruebas decretadas, así como las que estime conducentes, dentro del término que se le señale, el cual podrá ser prorrogado por el juez sin formalidades de ninguna índole.
El cuaderno original será conservado por la dirección seccional de orden público y adicionado cada vez que regrese de la unidad investigativa con las diligencias o actuaciones, a fin de entregarlo al juez debidamente actualizado en todos los casos en que pase a su poder para estudio o decisión.
Los directores seccionales de orden público podrán limitar el número de procesos asignados a algún juez de orden público, cuando las circunstancias lo aconsejen, o conforman equipos de investigadores, coordinados por alguno de los jueces de la respectiva sede, cuando la complejidad de alguna investigación lo requiera.
Cuando un magistrado o juez de orden público sea designado de aquellos que prestan sus servicios también en la jurisdicción ordinaria, dicha vinculación no afectará su situación de carrera y los derechos que de ella se deriven. Para tal efecto se le concederá comisión especial de servicio hasta por el resto del respectivo período, susceptible de ser prorrogada en los períodos siguientes, si a ello hubiere lugar.
PAR. 1º—Quienes al momento de haber ingresado como funcionarios de orden público estuvieren vigente su inscripción en carrera, continuarán vinculados a ella sin solución de continuidad, en el escalafón correspondiente a los literales a) y b) del artículo 42 del Decreto 52 de 1987, respectivamente.
PAR. 2º—Los cargos desempeñados como funcionarios de orden público habilitan para cumplir los requisitos exigidos para desempeñar cargos en la jurisdicción ordinaria.
ART. 10.—Para efectos de las diligencias que tuvieron que practicar los jueces y las unidades investigativas de orden público, aun aquellas en que fuere necesario el concurso de los procesados, podrán utilizarse los mecanismos tecnológicos que se estimen necesarios para garantizar la protección y reserva de la identidad de los intervinientes, de tal manera que se haga posible el ejercicio del derecho a la defensa.
En estos casos el juez o jefe de unidad identificará los técnicos y funcionarios que deban intervenir elaborando un documento que conservará el respectivo director seccional de orden público, y todos ellos estarán obligados a guardar la reserva de lo que conocieren por razón de su oficio”.

References: artículo 3
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 9
 artículo 7
 artículo 32
 resolución 
 resolución 
 artículo 9
 artículo 395
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 23
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 2
 artículo 8
 artículo 26
 artículo 3
 artículo 34
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 18
 resolución 
 artículo 36
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 77
 artículo 53
 artículo 53
 resolución 
 artículo 6
 artículo 64
 artículo 301
 artículo 22
 artículo 51
 artículo 37
 artículo 9
 Resolución 
 artículo 13
 resolución 
 artículo 46
 artículo 11
 artículo 34
 artículo 6
 artículo 15
 resolución 
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 10
 artículo 1
 artículo 269
 artículo 6
 artículo 26
 artículo 7
 artículo 42