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Timestamp: 2020-01-28 17:04:37+00:00

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Del gobierno del estado poder legislativo - Página 2
ARTÍCULO 30 BIS 1.- Se consideran actos de violencia obstétrica, los siguientes:
I. La negativa, el retraso o la omisión injustificada de brindar atención médica oportuna y eficaz a las mujeres en el embarazo, parto, puerperio o en emergencias obstétricas;
II. El trato deshumanizado, denigrante, discriminatorio o negligente cuando una mujer solicita asesoramiento o requiere atención durante el embarazo, el parto o el puerperio;
III. Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante técnicas de aceleración o de inducción al trabajo de parto normal, o la ruptura artificial de las membranas con el solo motivo de aprontar el parto;
IV. El uso irracional de procedimientos médicos como la episiotomía;
V. Practicar el parto por vía cesárea existiendo condiciones para el parto natural; sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer;
VI. Imponer de manera coercitiva o sin el consentimiento informado algún método anticonceptivo, ya sea temporal o permanente, especialmente durante la atención del parto;
VII. Negarse a administrar analgésicos cuando no existe impedimento médico para ello;
VIII. Obligar a la mujer a parir en una posición en específico, cuando existan los medios técnicos para que lo realice en la posición que ella elija;
IX. Obstaculizar sin causa médica justificada el apego precoz del recién nacido con su madre, negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente después de nacer;
X. Acosar o presionar psicológicamente o con el manejo del dolor a una mujer en labor de parto con el fin de inhibir la libre decisión de su maternidad o coaccionar para obtener su consentimiento;
XI. Negarse a proporcionar a la mujer información respecto de los procedimientos médicos y quirúrgicos, o manipular la información para obtener su consentimiento;
XII. Utilizar a la mujer como recurso didáctico sin su consentimiento y sin ningún respeto a su dignidad humana y derecho a la privacidad;
XIII. Retener a la mujer o al recién nacido en los centros de salud o instituciones análogas debido a su incapacidad de pago; y
XIV. Cualquier otro análogo que, atente contra la autonomía de las mujeres a ejercer sus derechos reproductivos y sexuales, les niegue el acceso a la salud reproductiva de calidad durante el embarazo, el parto y el puerperio, y el derecho a la información respecto de los procedimientos médicos y quirúrgicos a los que están expuestas.
No se considerará que existan actos de violencia obstétrica cuando, en los casos de las fracciones III, IV, V, VI, y XII se obtenga el consentimiento previo voluntario, expreso e informado de la mujer.
ARTÍCULO 30 BIS 2.- Son obligaciones de los profesionales de la salud en relación a la prevención y erradicación de la violencia obstétrica:
I. Realizar la atención médica a la madre durante el embarazo y parto con apego irrestricto a los derechos humanos, la igualdad de género y el respeto a sus derechos reproductivos;
II. La atención a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y el recién nacido debe ser impartida con calidad y calidez en la atención;
III. Abstenerse de realizar algún acto de violencia obstétrica;
IV. Informar a la mujer de cualquier procedimiento médico o quirúrgico que deba practicarse en razón de su estado de gravidez, las razones médicas por las que se recomienda, las consecuencias o efectos secundarios, así como los riesgos e imprevistos que pudieren presentarse, y demás información necesaria; y
V. Denunciar los actos de violencia obstétrica de los que tenga conocimiento por motivo de su actividad profesional.
ARTÍCULO 31.- Para los efectos de esta Ley, se consideran tipos de violencia contra la mujer, las siguientes:
I.- Psicológica.- Cualquier acto u omisión que daña la estabilidad psicológica que puede consistir en: negligencia, abandono, insultos, humillaciones, intimidación, coacción, devaluación, marginación, anulación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, prohibiciones, condicionamientos, restricción a la autodeterminación y amenazas, que provocan depresión, aislamiento, devaluación de su autoestima e incluso el suicidio;
II.- Física.- Cualquier acto, en el que se utiliza parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia, para sujetar, inmovilizar, o causar daño a la integridad física de las mujeres, independientemente de que se produzca o no lesiones físicas y que va encaminado a obtener su sometimiento y control;
III.- Patrimonial.- Cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la persona receptora. Se manifiesta en la sustracción, destrucción, retención, transformación de objetos, valores, documentos personales, derechos patrimoniales, recursos económicos, o bienes de las mujeres o de su entorno familiar, que limitan o dañan la supervivencia económica, independientemente del valor material o emocional, asociado a éstos, y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la receptora;
IV.- Económica.- Toda acción u omisión del Generador que afecta la supervivencia económica de la receptora y comprende cualquier limitación encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo en condiciones semejantes, dentro de un mismo centro laboral;
V.- Sexual.- Cualquier acción que mediante la violencia física o moral atenta contra la libertad, dignidad sexual e integridad psicofísica de la persona receptora, que genera daño y limita el ejercicio de la sexualidad, independientemente de que constituya un ilícito previsto y sancionado por las leyes penales.
Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer y comprende cualquier afectación a la dignidad humana, integridad, libertad y seguridad al denigrarla y concebirla como objeto; y
VI.- Equiparada.- Cualquier forma análoga que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.
DE LOS MECANISMOS GARANTES
DE LA ALERTA DE GÉNERO
ARTÍCULO 32.- Por Alerta de Género se entiende al conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.
La declaratoria de Alerta de Género la emite la autoridad federal a través de la Secretaría de Gobernación, quien notificará la declaratoria al Ejecutivo del Estado.
ARTÍCULO 33.- La Alerta de Violencia de Género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades, en que se encuentren, por lo que el Ejecutivo Estatal, deberá establecer un equipo de trabajo interinstitucional con perspectiva de género con las instituciones que componen el Sistema Estatal, que de el seguimiento respectivo, implementando:
a).- Acciones preventivas, de seguridad y justicia, para abatir y enfrentar la violencia feminicida;
b).- Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la Violencia contra las Mujeres; y
c).- Asignar los recursos presupuestarios necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de Violencia de Género contra las mujeres.
ARTÍCULO 34.- La declaratoria de la Alerta de Género contra las mujeres, se emitirá cuando:
I.- Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame;
II.- Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres; y
III.- Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o estatal, los organismos de la sociedad civil o los internacionales, así lo soliciten.
DEL AGRAVIO COMPARADO
ARTÍCULO 35.- El Agravio Comparado, implica un trato desigual a las mujeres dentro del marco jurídico del Estado en relación con otro Estado, incluso de procedimientos y trámites de índole administrativo.
ARTÍCULO 36.- Para preveer cualquier Agravio Comparado, el Sistema Estatal conformará la mesa de Armonización Legislativa con el objeto de revisar semestralmente los avances legislativos en la materia.
ARTÍCULO 37.- Las Órdenes de Protección son personalísimas e intransferibles, de urgente aplicación para proteger a las mujeres de la violencia de género. Deberán otorgarse por la autoridad judicial competente inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen Violencia contra las Mujeres, consecuentemente no dictan ni causan estado sobre los bienes o derechos de los probables responsables o infractores, y durarán por el tiempo que determine la legislación aplicable.
ARTÍCULO 38.- Las órdenes de protección deberán otorgarse en los términos de la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar del Estado.
ARTÍCULO 39.- Las personas mayores de doce años de edad, podrán solicitar a las autoridades competentes que los representen en sus solicitudes y acciones, a efecto de que las autoridades correspondientes puedan de manera oficiosa dar el otorgamiento de las órdenes. Quienes sean menores de doce años, sólo podrán solicitar las órdenes a través de sus representantes legales.
En tanto que las que se tramiten con motivo de la violencia sexual serán consideradas de extrema urgencia.
ARTÍCULO 40.- El Sistema Estatal, parte integrante del Sistema Nacional, es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades del sector público estatal entre si, con las autoridades municipales, así como con las organizaciones de la sociedad civil, a fin de llevar a cabo acciones de común acuerdo, destinadas a la protección de los derechos de las mujeres y a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género.
ARTÍCULO 41.- El Estado y los Municipios se coordinarán para la integración y funcionamiento del Sistema Estatal, con el objeto de implementar las políticas y programas de evaluación, instrumentos, servicios y acciones interinstitucionales relativas a la prevención, atención, sanción y erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
ARTÍCULO 42.- El Sistema Estatal deberá diseñar, con una visión transversal, la política integral con perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra las mujeres.
ARTÍCULO 43.- El Sistema Estatal estará en coordinación con el Sistema Nacional y deberá crear los mecanismos para recabar, de manera homogénea, la información sobre la Violencia contra las Mujeres, así como los Diagnósticos Estatal y Nacional e integrarla al Banco Estatal de Datos e Información.
ARTÍCULO 44.- El Sistema Estatal impulsará el Programa Integral Estatal, a que se refiere la Ley General.
Todas las medidas que lleven a cabo el Estado y los Municipios deberán ser realizadas sin discriminación alguna, y con el objeto de impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades en el acceso a las políticas públicas de las mujeres.
ARTÍCULO 45.- El Sistema Estatal se conformará por quien esté a cargo de las siguientes dependencias:
I.- El Ejecutivo del Estado, quien lo presidirá;
II.- Los Titulares de las siguientes Secretarías:
a).- General de Gobierno
b).- Desarrollo Social;
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2013)
c).- Educación;
d).- Salud y Bienestar Social; y
e).- Del Trabajo y Previsión Social.
III.- El Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública;
IV.- Titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado;
V.- Titular del Instituto, quien ocupará la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal;
VI.- Titulares de los DIF Estatal y Municipales, respectivamente;
VII.- Titular del CEPAVI;
VIII.- Titulares de los organismos y dependencias instituidos en el ámbito estatal y municipal, para la protección de los derechos de la mujer; y
IX.- Titulares de las corporaciones policiales preventivas en el Estado.
Podrán ser invitados los servidores públicos o miembros de la sociedad civil, que se considere procedente a las sesiones ordinarias o extraordinarias, a propuesta de dos o más miembros del Sistema Estatal.
ARTÍCULO 46.- La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal elaborará el proyecto de Reglamento para el funcionamiento del mismo y lo presentará a sus integrantes para su consideración y aprobación en su caso.
ARTÍCULO 47.- El Sistema Estatal opera en cuatro subsistemas:
I.- Subsistema Municipal Regional.- Conformado por los 10 Titulares de los Ayuntamientos del Estado, o en su caso los representantes de estos;
II.- Subsistema de Acción.- Conformado por los Titulares de las Secretarías de la Administración Pública Estatal, o en su caso por quienes estos designen;
III.- Subsistema de Armonización.- Conformado por dos mesas, la legislativa y la judicial, coordinadas por el Congreso y Poder Judicial del Estado, respectivamente; y
IV.- Subsistema de Violencia Intrafamiliar.- Integrado por el CEPAVI, en los términos de la legislación aplicable.
Las funciones de operación y atribuciones de los susbsistemas (sic) serán determinadas por el Reglamento de esta Ley.
ARTÍCULO 48.- El Sistema Estatal se reunirá, en sesión ordinaria, previa convocatoria que para tal efecto emita quien la presida, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, por lo menos con diez días de anticipación a la celebración de la misma, por comités o en Pleno, en los plazos y formas que determine o señale el Reglamento interior. Las reuniones plenarias se celebrarán por lo menos cada tres meses.
Para el caso de las sesiones extraordinarias se convocarán con cinco días de anticipación a la celebración de la misma y la orden del día versará sobre asuntos de extrema urgencia, y en los casos de:
I.- Alerta de Género;
II.- Agravio Comparado; y
III.- Asuntos no previstos en la Ley y su Reglamento.
ARTÍCULO 49.- Las sesiones del Sistema Estatal serán encabezadas por el Ejecutivo del Estado o por el Secretario General de Gobierno, y en su ausencia por la Secretaría Ejecutiva y para que tengan validez será necesaria la asistencia de por lo menos la mitad más uno de los integrantes del sistema. Así mismo, las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes, teniendo quien lo presida voto de calidad para el caso de empate.
ARTÍCULO 50.- Los integrantes del Sistema Estatal sólo podrán ser suplidos por el inmediato inferior o por quien designe su Titular, acreditándose la suplencia ante la Secretaría Ejecutiva, para el caso del Presidente del Sistema Estatal, éste solo podrá ser suplido por el Secretario General de Gobierno y en ausencia de éste, la Titular del Instituto, independientemente de que se designe Secretario de actas por dicho Presidente.
ARTÍCULO 51.- La finalidad y objetivo de los Subsistemas será aportar los avances en la construcción de modelos, proporcionando a la Secretaría Ejecutiva la información respectiva en los instrumentos y mecanismos que para tal efecto, ésta diseñe y establezca, para el seguimiento del Programa Integral Estatal, con rubros cuantitativos y cualitativos.
DEL PROGRAMA INTEGRAL ESTATAL
ARTÍCULO 52.- El Programa Integral Estatal, se diseñará con base en la perspectiva de género Ejes de Acción que se señalan en la presente Ley, y en su caso en su Reglamento, en donde se incluirán:
I.- Los objetivos generales y específicos;
II.- Las estrategias;
III.- Las líneas de acción;
IV.- Los recursos asignados;
V.- Las metas cuantitativas y cualitativas;
VI.- Los responsables de ejecución;
VII.- Los mecanismos de evaluación; y
VIII.- El subprograma de capacitación.
ARTÍCULO 53.- El Programa Integral Estatal, contendrá las acciones y estrategias a fin de:
I.- Implementar mecanismos certeros que sustenten la igualdad jurídica entre mujeres y hombres;
II.- Impulsar y fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos humanos de las mujeres;
III.- Evitar por todos los medios las prácticas discriminatorias;
IV.- Asegurar el pleno disfrute de los derechos y garantías que consagran los instrumentos jurídicos locales, nacionales e internacionales, en éste último caso, suscritos y ratificados por México, en beneficio de la mujer;
V.- Garantizar el principio de transversalidad de las medidas, de manera que en su aplicación se tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de todas las mujeres receptoras de violencia de género;
VI.- Transformar los modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres, incluyendo la formulación de programas y acciones de educación formales e informales, en todos los niveles educativos y de instrucción, mediante campañas de concientización y sensibilización social, con la finalidad de prevenir, atender y erradicar las conductas estereotipadas que permiten, fomentan y toleran la Violencia contra las Mujeres;
VII.- Impulsar la educación y capacitación en materia de derechos humanos de las mujeres al personal encargado de la procuración e impartición de justicia, policías y demás funcionarios encargados de las políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la Violencia contra las Mujeres;
VIII.- Fomentar y apoyar programas de educación pública y privada, destinados a garantizar el acceso a la educación libre de patrones estereotipados de comportamiento así como prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación;
IX.- Impulsar la armonización legislativa en materia de Violencia contra las Mujeres en concordancia con los instrumentos internacionales y nacionales;
X.- Impulsar la capacitación de quienes intervengan conforme a esta Ley en asuntos de su competencia a fin de dotarles de instrumentos que les permitan realizar su labor con perspectiva de género;
XI.- Ofrecer a las receptoras de violencia y a sus generadores, el acceso a programas eficaces de reeducación, rehabilitación y capacitación, de forma tal que les permitan participar plenamente en la vida pública y social;
XII.- Diseñar un Modelo integral de atención a los derechos humanos y ciudadanos de las mujeres que deberán instrumentar las instituciones, los centros de atención y los que atiendan a receptoras;
XIII.- Promover que los medios de comunicación no fomenten la Violencia contra las Mujeres y que favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia, para fortalecer el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres;
XIV.- Implementar medidas para difundir el conocimiento de esta Ley y los derechos humanos de la mujer a través de los diversos medios de comunicación social, foros, exposiciones, obras de teatro, conferencias o cualquier método útil para conseguir ese fin;
XV.- Garantizar la investigación y la elaboración de diagnósticos estadísticos sobre las causas, la frecuencia y las consecuencias de la Violencia contra las Mujeres, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia;
XVI.- Diseñar las directrices para establecer el diagnóstico estatal y otros estudios complementarios de manera periódica con perspectiva de género sobre los tipos y Modalidades de Violencia contra las Mujeres, en todos los ámbitos, que proporcione información objetiva para la elaboración de políticas gubernamentales;
XVII.- Establecer los mecanismos para la Integración del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra la (sic) Mujeres, el cual se organizará por tipo y modalidad de violencia, así como los casos que constituyan quejas, faltas administrativas e indagatorias, debiendo incluirse como mínimo lo siguiente:
a).- Fecha del evento;
b).- Modalidad de la violencia;
c).- Tipo de violencia;
d).- Lugar de los hechos;
e).- Sexo del agresor;
f).- Duración del evento;
g).- Tipo de orden de protección;
h).- Eje de acción que intervino;
i).- Edad de la víctima;
j).- Estado civil;
k).- Escolaridad de la víctima;
l).- Probable agresor; y
m).- Sentencias.
XVIII.- Analizar y difundir anualmente la información general y estadística sobre los casos de Violencia contra las Mujeres;
XIX.- Promover la cultura de denuncia de la Violencia contra las Mujeres; y
XX.- Promover la inclusión prioritaria en el Plan Estatal de Desarrollo de las medidas y las políticas de gobierno para erradicar la Violencia contra las Mujeres.
ARTÍCULO 54.- El Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, propondrán en el Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente asignar una partida presupuestaria para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Sistema Estatal y del Programa Integral Estatal previstos en la presente Ley.
DE LAS COMPETENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
ARTÍCULO 55.- El Titular del Ejecutivo del Estado se coordinará con la Federación para integrar y consolidar el Sistema Nacional y participará en la formulación y ejecución del Programa Integral Estatal, asimismo, adoptará todas las medidas y acciones previstas en la presente Ley.
ARTÍCULO 56.- Corresponde al Ejecutivo Estatal, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia:
I.- Presidir el Sistema Estatal;
II.- Garantizar el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en especial los derechos de las mujeres indígenas con base en el reconocimiento de la composición pluricultural del Estado;
III.- Formular, instrumentar y conducir las políticas públicas del Sistema Estatal, en concordancia con el Sistema Nacional, desde la perspectiva de género;
IV.- Promover una cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres;
V.- Impulsar la creación de refugios para la atención y protección de las receptoras, conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema Estatal;
VI.- Vigilar el cumplimiento de la presente Ley, así como de los instrumentos internacionales en la materia y demás normatividad aplicable en el Estado;
VII.- Elaborar, coordinar y aplicar el Programa Integral Estatal, auxiliándose de las autoridades que se contemplan en el presente ordenamiento, y demás autoridades que tengan competencia en la materia;
VIII.- Reforzar a las instituciones públicas y privadas que prestan atención a las receptoras de violencia de género;
IX.- Promover, en coordinación con la Federación y los Municipios, programas y proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de las mujeres y de la no violencia, de acuerdo con el Programa Integral Nacional;
X.- Proveer al Programa Integral Estatal de los recursos presupuestarios, humanos y materiales, en coordinación con las autoridades que integran el Sistema Estatal;
XI.- Tomar medidas y realizar las acciones necesarias, en coordinación con las demás instituciones integrantes del Sistema Estatal, para alcanzar los objetivos previstos en la presente Ley;

References: ARTÍCULO 30

ARTÍCULO 30

ARTÍCULO 31

ARTÍCULO 32

ARTÍCULO 33

ARTÍCULO 34

ARTÍCULO 35

ARTÍCULO 36

ARTÍCULO 37

ARTÍCULO 38

ARTÍCULO 39

ARTÍCULO 40

ARTÍCULO 41

ARTÍCULO 42

ARTÍCULO 43

ARTÍCULO 44

ARTÍCULO 45

ARTÍCULO 46

ARTÍCULO 47

ARTÍCULO 48

ARTÍCULO 49

ARTÍCULO 50

ARTÍCULO 51

ARTÍCULO 52

ARTÍCULO 53

ARTÍCULO 54

ARTÍCULO 55

ARTÍCULO 56