Source: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2001/85/1
Timestamp: 2019-07-24 02:37:48+00:00

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BOJA Histórico > 2001 > Boletín 85 > 1. Disposiciones generales >
«LEY DE CARRETERAS DE ANDALUCIA
El sistema competencial aplicable en materia de carreteras, en el marco de la organización territorial del Estado que establece y regula la Constitución española, viene contenido en el artículo 149.1 de la norma fundamental, en sus disposiciones
21.ª y 24.ª, las cuales reservan a la Administración del Estado la competencia exclusiva en materia de régimen general de comunicaciones, tráfico y circulación de vehículos a motor, así como respecto de las obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma. A su vez, el artículo 148.1.5.ª reconoce a las Comunidades Autónomas la posibilidad de asumir competencias en materia de carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de las mismas, estableciéndose, igualmente, en la disposición 4.ª del mismo apartado, que resultan de competencia de las Comunidades Autónomas las obras públicas de interés de las mismas en su propio territorio.
Los medios necesarios para el ejercicio de las competencias asumidas en virtud del Estatuto de Autonomía fueron transferidos a la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Real Decreto 951/1984, de 28 de marzo, tras el cual el sistema viario queda dividido competencialmente entre el Estado y la Comunidad Autónoma, recayendo en la Junta de Andalucía las competencias para la administración y gestión de las carreteras de titularidad propia, así como las funciones que la Ley
51/1974, de 19 de diciembre, de Carreteras, atribuía al Estado en relación con las carreteras provinciales y locales.
Así pues, en el territorio de Andalucía discurren, por un lado, las carreteras que configuran la red de interés general del Estado y cuya titularidad y competencia corresponden al mismo, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución; de otro, las carreteras de titularidad de la Comunidad Autónoma, la cual ejerce efectivamente su competencia sobre el correspondiente dominio público viario, tras el traspaso de funciones y servicios operado por el referido Real Decreto 951/1984, de 28 de marzo, y, por último, las carreteras que se integran en las redes provinciales, de titularidad de las respectivas
Diputaciones, respecto de las que aún no se ha desarrollado el sistema competencial establecido en la Ley reguladora de las relaciones entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y las Diputaciones provinciales de su territorio. Las carreteras de titularidad autonómica y provincial suman un total de 20.738 kilómetros.
Tras la asunción por la Comunidad Autónoma de Andalucía del ejercicio efectivo de las competencias en materia de
carreteras, no se estimó necesario abordar con carácter inmediato la elaboración de una legislación viaria propia, habida cuenta de que la aplicación supletoria del marco legislativo estatal vigente entonces, constituido por la referida Ley 51/1974, de 19 de diciembre, y su normativa de desarrollo, fue considerada suficiente para abordar la gestión de dicha competencia, sin perjuicio de la aprobación de normativa autonómica de carácter organizativo o de desarrollo parcial.
La experiencia acumulada en la gestión autonómica de las carreteras, los cambios producidos en la normativa estatal, así como la aprobación por la Comunidad Autónoma de una serie de normas legales y reglamentarias de indudable incidencia en la configuración y régimen jurídico del sistema viario de
Andalucía, han puesto de manifiesto la necesidad de contar con una norma autonómica que, con rango de ley, desarrolle en todos sus extremos las competencias que tiene atribuidas la Comunidad Autónoma en materia de carreteras y caminos.
a) El titular de la Consejería competente en materia de carreteras, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, cuando dicha vía esté integrada en la red de especial interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
5. Excluida una vía, o tramo determinado de ella, del
Catálogo de Carreteras de Andalucía, se estará a lo dispuesto en la legislación de patrimonio o, en su caso, en la de régimen local a los efectos de su destino definitivo.
REGIMEN DEL DOMINIO PUBLICO VIARIO
Artículo 20. Planificación viaria.
Artículo 21. Plan General de Carreteras de Andalucía.
1. El Plan General de Carreteras de Andalucía tiene la
consideración de plan con incidencia en la ordenación del territorio, y es el superior instrumento técnico y jurídico de la planificación viaria de la red de carreteras de Andalucía, comprendiendo, entre otras determinaciones, los objetivos, la composición y organización del sistema viario general, y las previsiones, con las programaciones y los recursos económicos tanto públicos como privados, de las actuaciones necesarias para su desarrollo y explotación, de acuerdo con los criterios vigentes de la ordenación territorial y de la protección del medio ambiente.
2. El Consejo de Gobierno acordará la formulación del Plan General de Carreteras de Andalucía, y lo aprobará, mediante Decreto, a propuesta del titular de la Consejería competente en materia de carreteras, previo informe de la Comisión de Carreteras de Andalucía, los demás informes preceptivos conforme a la normativa vigente, y la tramitación que
3. El Plan General de Carreteras de Andalucía tendrá carácter vinculante en todo aquello que corresponda a la red de
carreteras de Andalucía, y al mismo se someterán los
instrumentos de planificación y programación viaria y aquellos otros que contengan determinaciones en materia de carreteras.
4. La vigencia del Plan General de Carreteras de Andalucía será la que en el mismo se determine, debiendo revisarse
obligatoriamente cuando se cumplan las condiciones que al efecto se establezcan en el propio plan, cuando sobrevengan circunstancias que impidan su cumplimiento, o cuando haya de adaptarse al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
Artículo 22. Contenido del Plan General de Carreteras de Andalucía.
d) La definición de los criterios generales aplicables a la programación, proyección, construcción, conservación y
explotación de las carreteras y de sus elementos funcionales.
f) Los criterios de integración paisajística de las carreteras en los ámbitos urbanos, periurbanos, rurales y montañosos, y de protección al patrimonio cultural, arqueológico y, en
particular, al patrimonio histórico de las obras públicas.
i) La justificación de la coherencia del plan con las
previsiones y determinaciones de aquellos otros planes que resulten vinculantes.
k) La propuesta para el desarrollo normativo de los
instrumentos técnicos para la planificación, proyección, construcción, conservación y explotación de la red de
carreteras de Andalucía.
Artículo 23. Planes sectoriales y planes territoriales de carreteras.
Son planes territoriales de carreteras aquéllos que se
circunscriben a la planificación de toda la red viaria de una parte del territorio.
Artículo 24. Planes provinciales de carreteras.
1. Los planes provinciales de carreteras son los instrumentos técnicos y jurídicos para la planificación y programación de las actuaciones que, en desarrollo del Plan General de
Carreteras de Andalucía, han de realizar las Diputaciones provinciales en las carreteras de la red secundaria de sus correspondientes ámbitos provinciales.
5. Redactado el Plan y antes de su aprobación provisional por el Pleno de la Diputación Provincial, éste se someterá a informe de los Ayuntamientos afectados en la forma que
Artículo 25. Estudios de carreteras.
1. Para el análisis de necesidades, formulación de alternativas y ejecución de las actuaciones en la red de carreteras de Andalucía, se utilizará uno o varios de los siguientes
Artículo 26. Estudio de planeamiento.
2. Dicho estudio contendrá la definición del esquema vial, sus características y dimensiones recomendables, las necesidades de suelo, las afecciones derivadas del medio ambiente y del patrimonio arqueológico y otras limitaciones, para lo cual realizará la recopilación y análisis de las diferentes
soluciones, seleccionando la alternativa más conveniente de entre las soluciones estudiadas.
Artículo 27. Estudio informativo.
c) El estudio de impacto ambiental de las diferentes opciones, en los casos en que sea preceptivo el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental. En los restantes casos, un análisis ambiental de las alternativas y las correspondientes medidas correctoras y protectoras necesarias.
d) El análisis de las ventajas, inconvenientes y costes de cada una de las opciones y su repercusión en los diversos aspectos del transporte y en la ordenación territorial y urbanística, teniendo en cuenta en los costes el de los terrenos, servicios y derechos afectados en cada caso, así como los costes
ambientales y de siniestralidad.
Artículo 28. Anteproyecto.
1. El anteproyecto se utilizará cuando, planteado un
determinado problema, sea necesario el estudio de las mejores soluciones al mismo, de forma que pueda concretarse la solución óptima, y también podrá utilizarse cuando se trate de las actuaciones de carreteras que hayan de someterse al
2. El anteproyecto expondrá las necesidades a satisfacer, incluyendo las zonas funcionales de la carretera, así como la justificación desde los puntos de vista técnico, económico y de seguridad vial, de la solución que se propone y de su
integración ambiental en el paisaje y en el entorno.
Artículo 29. Proyecto de construcción.
También comprenderá la correspondiente evaluación del
incremento de la seguridad vial de la propia actuación y de la carretera en toda su longitud catalogada.
Artículo 30. Proyecto de trazado.
1. El proyecto de trazado es la parte del proyecto de
construcción que contiene los aspectos geométricos del mismo, así como la definición concreta de los bienes y derechos afectados.
b) Anexos a la Memoria, en los que se incluirán todos los datos que identifiquen el trazado, las características elegidas y, en su caso, la reposición de servidumbres y servicios afectados. Entre los anexos figurarán los documentos necesarios para promover las autorizaciones administrativas previas a la ejecución de las obras y la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados, con la descripción material de los mismos en plano parcelario.
Artículo 31. Proyecto de restauración paisajística.
Artículo 32. Redacción e inspección de los estudios de
1. La redacción de los estudios de carreteras se realizará por la Administración competente, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley, sus reglamentos de desarrollo, los de carácter técnico de ámbito general que sean de aplicación, así como las normas e instrucciones técnicas que se aprueben por la
Consejería competente en materia de carreteras.
Artículo 33. Información pública y de las Administraciones Públicas territoriales.
c) Duplicación de calzada en una longitud continuada de más de
Las observaciones que se realicen en el trámite de
información pública deberán versar exclusivamente sobre las circunstancias que justifiquen la declaración de interés general de la carretera y la concepción global de su trazado, su integración en el paisaje del entorno y las afecciones de la actuación al medio ambiente y al patrimonio histórico.
Las Administraciones Públicas territoriales afectadas, además, podrán formular observaciones referidas a sus propias
2. Los estudios de carreteras de las actuaciones de
acondicionamientos de carreteras se remitirán a las
Administraciones Públicas territoriales afectadas para su conocimiento e información.
4. La aprobación de los estudios de carreteras conllevará la obligación de los municipios afectados de incluir las
actuaciones de carreteras propuestas en los instrumentos de planeamiento urbanístico general que se estén tramitando o se tramiten con posterioridad a dicha aprobación.
1. Acordada la redacción, revisión o modificación de un instrumento de planeamiento urbanístico que afecte a las carreteras andaluzas, la Administración Pública que lo
estuviera tramitando podrá solicitar información previa, en relación con tales afecciones, con anterioridad a su aprobación inicial, a la Administración titular de la carretera quien deberá emitirla en el plazo máximo de un mes.
Artículo 36. Prevención ambiental.
1. Las actuaciones de nuevas carreteras se someterán a
evaluación de impacto ambiental mediante el correspondiente estudio, de conformidad con lo previsto en los artículos 11 y siguientes de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental.
3. Las actuaciones de acondicionamientos de carreteras y las mejoras puntuales de trazado y sección se someterán a informe ambiental en virtud de lo previsto en la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de protección ambiental, mediante el correspondiente proyecto de construcción, realizándose el trámite de
información pública por la Comisión Provincial
Interdepartamental de Medio Ambiente correspondiente.
Artículo 37. Integración ambiental.
1. La integración ambiental de las obras de carreteras se realizará mediante el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en la declaración de impacto ambiental o, en su caso, en el informe ambiental, cuya ejecución se contemplará en el correspondiente proyecto de construcción, en su anexo de integración ambiental, y en el proyecto de
restauración paisajística o bien mediante el correspondiente proyecto de medidas de integración ambiental.
Artículo 38. Aprobación de los estudios de carretera.
1. La aprobación de los estudios de carreteras de las
actuaciones en la red de carreteras de Andalucía corresponde a la Administración competente en razón de la titularidad de la carretera, excepto cuando se trate de estudios de planeamiento o de estudios informativos, en cuyo caso dicha aprobación compete al titular de la Consejería competente en materia de carreteras.
2. Los estudios de carreteras que deban someterse a información pública e informes preceptivos, con carácter previo al
cumplimiento de dichos trámites, serán objeto de aprobación provisional por el órgano competente de la Administración titular de la carretera, procediéndose, una vez concluidos los mismos, a su aprobación conforme a lo previsto en el apartado anterior.
3. La aprobación de los estudios de carreteras conforme a las prescripciones de la presente Ley, implicará la declaración de utilidad pública, la necesidad de ocupación de los bienes y la adquisición de los derechos correspondientes, así como la urgencia de la ocupación, todo ello a los fines de la
expropiación, de la ocupación temporal o de la imposición o modificación de servidumbres, efectos que se extienden también a los bienes y derechos comprendidos en la ejecución de la infraestructura cartográfica para los replanteos de los mismos y en las incidencias posteriores de las obras.
Habilitará igualmente para realizar otras actuaciones
administrativas que sean necesarias en orden a la
disponibilidad de los terrenos necesarios para la realización de la infraestructura cartográfica de los replanteos de los estudios o proyectos y de la ejecución de las obras.
4. A los efectos previstos en el presente artículo, los estudios informativos, los proyectos de trazado, los
anteproyectos y los proyectos de construcción de carreteras y sus modificaciones deberán comprender la definición
cartográfica del trazado de las mismas y la determinación de los terrenos, construcciones u otros bienes que se estime necesario ocupar y los derechos que se estime preciso adquirir para la construcción, defensa y servicio de las carreteras, así como para la seguridad vial.
Artículo 39. Obras de interés general.
1. Las obras de carreteras y de las instalaciones dedicadas a la conservación del dominio público viario, que se regulan en la presente Ley, tienen el carácter de obras públicas de interés general y no están sometidas a licencia urbanística, ni a otros actos de control preventivo que establece la
legislación de régimen local, sin perjuicio de los recursos que quepa interponer y del deber de informar al municipio afectado, previamente al inicio de las obras.
Artículo 40. Ejecución de las obras.
3. La información resultante de la ejecución de la obra se integrará en el sistema de información de carreteras de Andalucía mediante la remisión a la Consejería competente en materia de carreteras del correspondiente documento técnico que, al menos, contendrá el estado final de dimensiones y características técnicas de las obras y la relación de
4. Cuando la ejecución de las obras de carreteras suponga la reordenación de los accesos a las mismas o a los elementos de servicio colindantes con ellas o el restablecimiento de servicios afectados, la Administración titular de la vía ofrecerá a los titulares de los accesos su reposición,
constituyéndose, mediante expropiación, servidumbre de paso a través de los predios sirvientes, si hubiere de realizarlos en finca de otros titulares.
La titularidad de los accesos resultantes, así como las responsabilidades de su funcionamiento y conservación,
corresponderán al titular originario de los mismos.
6. La ejecución de las actuaciones de carreteras que regula la presente Ley no podrá ser objeto de suspensión cautelar, salvo la que se acuerde en un procedimiento de revisión de actos en vía administrativa y sin perjuicio de las derivadas de
Artículo 41. Dirección e inspección de las obras de
Artículo 42. Financiación de las actuaciones.
1. La financiación de las actuaciones en el dominio público viario, así como de la ordenación de accesos y, en general, cualquier actuación exigida para el funcionamiento de la red de carreteras de Andalucía se realizará mediante las
consignaciones que a tal fin se incluyan en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de las Diputaciones provinciales correspondientes, con los recursos que provengan de otras Administraciones Públicas, de cualesquiera organismos nacionales, comunitarios o internacionales, de los particulares y por los mecanismos previstos en la normativa urbanística, patrimonial y de contratación de las Administraciones Públicas.
2. Asimismo, la financiación podrá realizarse mediante
contribuciones especiales, en la forma y con los requisitos establecidos en el artículo 46 de la presente Ley.
Artículo 43. Fondos de Carreteras.
2. Las Diputaciones provinciales podrán crear los
correspondientes fondos provinciales de carreteras, en el ámbito territorial correspondiente, con el alcance, objetivos y financiación descritos en el apartado anterior.
Artículo 44. Colaboración de otras Administraciones Públicas. La Administración competente podrá recibir de otras
Administraciones Públicas, para obras en las carreteras andaluzas o en algunos de sus tramos, colaboraciones en la financiación de las mismas mediante:
Artículo 45. Colaboración de los particulares.
1. Los particulares podrán contribuir económicamente a la construcción o mejora de las carreteras andaluzas con
aportaciones en dinero o mediante cesiones gratuitas del dominio sobre bienes inmuebles.
Artículo 46. Contribuciones especiales.
2. Constituye el hecho imponible de las contribuciones
especiales el beneficio especial que se obtenga por personas físicas o jurídicas como consecuencia de la realización de obras de carreteras, aunque no sea susceptible su
cuantificación hasta que se determine en los proyectos
En todo caso, se consideran personas especialmente beneficiadas los propietarios y usufructuarios de las fincas,
establecimientos y urbanizaciones colindantes cuya comunicación resulte mejorada.
5. La cuota global se repartirá entre los sujetos pasivos atendiendo a criterios objetivos que, en función de la
naturaleza de las obras, se determinen de entre los que figuran a continuación:
6. Las contribuciones especiales se devengan en el momento en que las obras se hayan ejecutado. Si las obras fueran
fraccionables, el devengo se producirá para cada uno de los sujetos pasivos desde que se hayan ejecutado las
correspondientes a cada tramo o fracción de la obra.
Artículo 47. Conservación del dominio público viario.
e) Operaciones de reposición de las características
superficiales de los pavimentos, de la señalización, de los sistemas de contención de vehículos, y de las obras de paso, de contención de tierra y de drenaje superficial y profundo.
g) Reposición de los elementos del equipamiento de las
carreteras y de las zonas funcionales.
2. La conservación del dominio público viario corresponde a la Administración titular del mismo. A tal fin las
instalaciones destinadas a la misma tienen la consideración de bienes de dominio público.
Artículo 48. Seguridad vial.
a) Los fines y objetivos a alcanzar, referidos a las
infraestructuras e instalaciones en el dominio público viario.
e) La definición de las actuaciones en las intersecciones de las vías convencionales, para su conversión en cruces a distinto nivel, cuando se rebase la intensidad media diaria de las circulaciones afectadas que reglamentariamente se
2. La información de la seguridad vial de la red de especial interés provincial será facilitada por las Diputaciones provinciales a la Consejería competente en materia de
carreteras, al objeto de elaborar los planes de seguridad vial de la red de carreteras de Andalucía.
Artículo 49. Comisión de Seguridad Vial de Andalucía.
Artículo 50. Concepto y contenido.
3. Por el uso privativo del dominio público viario se
establecerá el correspondiente canon, que se fijará en función de la superficie a ocupar, la ubicación y el tráfico que discurra por la vía.
Artículo 51. Gestión de la explotación.
1. La Administración, con carácter general, explotará
directamente el dominio público viario.
También se podrá explotar por gestión indirecta, en
cualesquiera de sus modalidades, en los términos establecidos en la legislación de contratos y de patrimonio de las
2. Los elementos funcionales serán explotados por cualesquiera de los sistemas de gestión de los servicios públicos
establecidos en la legislación de contratos de las
Artículo 52. Sistema de información de carreteras de
1. Como instrumento de apoyo a la toma de decisiones, a la explotación del dominio público viario y a la información a los usuarios, las Administraciones competentes dispondrán del sistema de información de carreteras de Andalucía, gestionado por la Consejería competente en materia de carreteras que, coordinado con el sistema de información territorial de la misma, integrará todos los datos básicos de la red de
carreteras de Andalucía necesarios para el desarrollo y aplicación de la política sectorial en esta materia.
3. Las Diputaciones provinciales remitirán a la Consejería competente en materia de carreteras, al menos semestralmente, la información que reglamentariamente se determine sobre las autorizaciones y concesiones que dicten, así como de cuantas actuaciones se deriven de las competencias que les son
atribuidas por la presente Ley.
PROTECCION Y USO DEL DOMINIO PUBLICO VIARIO
Limitaciones de la propiedad para la protección de las
Artículo 53. Zonas de protección de las carreteras.
1. La zona de servidumbre legal de las carreteras consiste en dos franjas de terreno, una a cada lado de las mismas,
delimitadas interiormente por la zona de dominio público adyacente y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, y a una distancia de veinticinco metros en vías de gran capacidad y de ocho metros en las vías convencionales, medidos en horizontal y
perpendicularmente desde las citadas aristas.
Los daños y perjuicios que se causen por la utilización de la zona de servidumbre legal, serán indemnizados por el
beneficiario de la ocupación.
6. Cuando el uso y ocupación de la zona de servidumbre legal no fuese temporal sino permanente, la aprobación por parte de la Administración del correspondiente proyecto y de sus
incidencias, o la declaración de emergencia de las obras implicará, a efectos de la expropiación forzosa, la declaración de utilidad pública, necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de los derechos correspondientes, así como, en su caso, la urgencia de la ocupación.
Artículo 55. Zona de afección.
1. La zona de afección de las carreteras consiste en dos franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre legal y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación y a una distancia de cien metros en vías de gran capacidad, de cincuenta metros en las vías convencionales de la red principal y de veinticinco metros en el resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas.
3. Para la implantación de la infraestructura cartográfica de la red de carreteras de Andalucía, la Administración titular de la vía podrá aumentar los límites de la zona de afección en determinados tramos de las carreteras mediante la aprobación del proyecto de construcción de la infraestructura
Artículo 56. Zona de no edificación.
1. La zona de no edificación de las carreteras consiste en dos franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, delimitadas interiormente por las aristas exteriores de la calzada y exteriormente por dos líneas paralelas a las citadas aristas y a una distancia de cien metros en las vías de gran capacidad, de cincuenta metros en las vías convencionales de la red principal y de veinticinco metros en el resto de las
carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas.
3. En aquellos tramos en los que las zonas de no edificación se superpongan en función de la titularidad o categoría de la carretera respecto de la que se realice su medición,
prevalecerá en todo caso la de mayor extensión, cualquiera que sea la carretera determinante.
4. Excepcionalmente, la Administración podrá aumentar o disminuir la zona de no edificación en determinados tramos de las carreteras, cuando circunstancias especiales así lo aconsejen y previo informe de los municipios en cuyos términos radiquen los referidos tramos.
Artículo 57. Accesos a las carreteras.
3. El acceso a los elementos de servicio se establecerá obligatoriamente por la Administración competente en razón de la titularidad de la carretera y en la forma que
Cuando la autorización definitiva corresponda a las
Diputaciones provinciales, con carácter previo se recabará informe vinculante de la Consejería competente en materia de carreteras en consideración al cumplimiento de la normativa e instrucciones técnicas en materia de accesos y a las
determinaciones de la planificación viaria.
En efecto, la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, cuyo objeto es la regulación de «la planificación, proyección, construcción, conservación, financiación, uso y explotación de las carreteras estatales¯, así como sus normas de desarrollo, constituyen un marco normativo cuya aplicación supletoria en el ámbito competencial viario de la Comunidad Autónoma de
Andalucía ha devenido a todas luces insuficiente en orden a dotar a los poderes públicos de los instrumentos jurídicos y técnicos adecuados a la estructura y configuración del sistema viario andaluz. De otro lado, ha de resaltarse la importancia del papel que, en la producción normativa y en la intervención de la Administración, desempeñan las funciones públicas de ordenación del territorio y de protección del medio ambiente.
Así, de un lado, la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco de su objetivo básico de contribuir a la cohesión e integración de la Comunidad, establece como objetivos
específicos la articulación territorial interna y con el exterior, así como la distribución geográfica de las
actividades y de los usos del suelo, en armonía con el
desarrollo económico, las potencialidades existentes en el territorio y la protección de la naturaleza y del patrimonio histórico y cultural. En este contexto, la actuación
administrativa de planificación e intervención singular referida al sistema viario cobra una singular importancia, declarándose por dicha norma como planes o como actuaciones singulares que inciden en la ordenación territorial.
Por su parte, la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, establece un marco de medidas, procedimientos y técnicas cuyo objetivo es prevenir, corregir, minimizar o, en su caso, impedir los efectos que determinadas actuaciones públicas o privadas puedan tener sobre el medio ambiente y la calidad de vida en orden a configurar un desarrollo sostenible que permita asegurar la capacidad actual y futura de los recursos naturales. En este ámbito de protección las
intervenciones públicas en materia viaria son objeto de una especial atención mediante el sometimiento de las actividades singulares y de planificación a los procedimientos de
prevención ambiental que dicha Ley establece.
Así pues, sobre la base de la realidad de la infraestructura y servicio público viarios en Andalucía, la presente Ley tiene como objetivo básico dotar a la Comunidad Autónoma de Andalucía de un marco normativo propio para el ejercicio de su
competencia exclusiva en materia de carreteras que,
rentabilizando el acervo cultural viario acumulado durante siglos, permita atender a la resolución de los problemas que han ido apareciendo en la prestación de dicho servicio público. Así mismo establece instrumentos técnicos y jurídicos
innovadores y mantiene, determinantemente, la primacía de la intervención pública en materia viaria, sin perjuicio de la previsión de mecanismos de fomento de la iniciativa privada en el desarrollo de los servicios.
Andalucía es una Comunidad Autónoma de grandes dimensiones e importantes y diversos recursos económicos, naturales y culturales, que exigen un servicio público viario eficaz y eficiente, que permita potenciar y dinamizar su actividad económica. Ello conlleva la aplicación constante de grandes recursos públicos para mantener, en condiciones óptimas de funcionamiento, el sistema de comunicaciones viarias de Andalucía y evitar el estrangulamiento de las diversas
actividades productivas que se asientan en la Comunidad, dotándola de competitividad frente a otros territorios de España y de la Unión Europea.
Así pues, el objeto de esta Ley no lo constituyen las
carreteras en sentido estricto, sino que abarca al conjunto del dominio público viario, con el fin de lograr una más adecuada protección, uso y explotación de aquéllas, de forma que quede garantizada la prestación del servicio a los usuarios, a los territorios y a la economía en general. Por ello, el uso y protección del dominio público viario de la red de carreteras de Andalucía pasa así a ser el denominador común del presente texto normativo, como concepto jurídico más amplio y avanzado que el de carreteras, en la medida en que está formado por las carreteras propiamente dichas, sus zonas funcionales y la zona de dominio público adyacente a las anteriores.
2. La precisión y clarificación en el reparto de competencias entre los titulares de la red de carreteras de Andalucía. En cuanto a la configuración de la titularidad del dominio público viario de la red de carreteras de Andalucía se han analizado dos alternativas en la elaboración del texto: que la Junta de Andalucía resulte la titular de todas las carreteras, o bien la dualidad de titulares sobre el dominio público viario, optándose por la segunda alternativa, de forma que la Comunidad Autónoma asume la titularidad de la red de especial interés para la Comunidad Autónoma, y las Diputaciones
provinciales se constituyen en titulares del resto del dominio público viario, que se configura como red de especial interés provincial, las cuales ejercerán sus competencias en los términos que la presente norma establece.
4. El acceso a los elementos de servicio situados junto a una vía de gran capacidad se realizará siempre a través de una vía de servicio, tendrán vallado exteriormente tanto su recinto como la vía de servicio y se accederá a los mismos
exclusivamente desde la vía de gran capacidad.
b) Los informativos e indicativos que localicen lugares de interés general para los usuarios de las carreteras, ya sean culturales, medioambientales o turísticos, poblaciones, urbanizaciones y centros importantes de atracción con acceso directo e inmediato desde la carretera, siempre que no
contengan, a su vez, mensajes publicitarios.
d) Rótulos de los establecimientos mercantiles o industriales que sean indicativos de la actividad que se desarrolla en los mismos, siempre que estén situados sobre los inmuebles en que aquéllos tengan su sede o en sus accesos y no incluyan
comunicación adicional alguna tendente a promover la
contratación de los productos o servicios que ofrezcan.
5. La conservación y el mantenimiento de los carteles
corresponden a los titulares de las autorizaciones.
6. La autorización podrá ser revocada, sin derecho a
indemnización, en caso de mala conservación, cese de la actividad objeto de la información, razones de seguridad de la circulación o perjuicio al servicio público que presta la carretera, procediéndose, en su caso, a retirar el cartel a costa del titular de la autorización.
Artículo 59. De la protección de otros caminos y vías.
Cuando, por razones especiales, se estime necesaria la
protección de determinados caminos de servicio y vías de titularidad pública contemplados en el artículo 8, apartado 2, de la presente Ley, la Consejería competente en materia de carreteras podrá dictar las disposiciones necesarias para la aplicación a los mismos de las normas sobre uso y defensa de las carreteras en ella contenidas.
En dichas disposiciones, que habrán de dictarse previa
información pública y audiencia del titular de la vía, se hará constar, como mínimo, el tramo concreto afectado, sus límites, las causas de la aplicación del nuevo régimen y su duración.
Artículo 60. Limitaciones a la circulación.
1. La Administración titular de la carretera, en el ámbito de sus competencias y sin perjuicio de las atribuidas a otras Administraciones, podrá imponer limitaciones temporales o permanentes a la circulación en ciertos tramos de carreteras de la red de carreteras de Andalucía cuando lo requieran las condiciones, situaciones, exigencias técnicas o seguridad vial de las carreteras, y podrá conceder autorizaciones
excepcionales para la circulación por las mismas, debiéndose señalizar las ordenaciones resultantes de la circulación.
4. La Administración podrá reservar al uso exclusivo de los vehículos automóviles determinadas carreteras o tramos de las mismas con el fin de facilitar la comodidad y la seguridad de la circulación y garantizar la adecuada prestación del servicio público viario.
Artículo 61. Control de la demanda de tráfico.
1. La Consejería competente en materia de carreteras
establecerá en puntos estratégicos de la red de carreteras de Andalucía instalaciones de aforos y estaciones de pesaje para conocimiento y control de las características de la demanda de tráfico y de las cargas que soporta la infraestructura de las carreteras.
Artículo 62. Autorizaciones.
Las solicitudes se considerarán estimadas por silencio
administrativo, salvo las que afecten al dominio público viario, en cuyo caso el silencio tendrá efectos
2. No podrán otorgarse autorizaciones y licencias
administrativas de cualquier clase sin que previamente se haya obtenido la autorización administrativa prevista en el apartado anterior.
3. Corresponde a los municipios el otorgamiento de
autorizaciones para la realización de actuaciones en las zonas de protección de los tramos urbanos, salvo que se ejecuten por la Administración titular de la carretera. En el caso de que las actuaciones se realicen en la zona de dominio público viario, se precisará el informe vinculante de la Administración titular de la carretera.
Artículo 63. Uso de la zona de dominio público adyacente.
1. En la zona de dominio público adyacente, definida en el artículo 12 de la presente Ley, podrán realizarse aquellas obras, instalaciones o actuaciones que exija la prestación de un servicio público de interés general y siempre previa la correspondiente autorización o concesión del propio servicio público, sin perjuicio de las posibles competencias
concurrentes en la materia.
2. Corresponde a la Administración titular la declaración de interés general del servicio público a efectos de la
utilización de la zona de dominio público adyacente, así como la autorización para la realización de todo tipo de actuaciones en dicha zona.
3. En ningún caso se autorizarán obras o instalaciones que puedan afectar a la seguridad de la circulación vial,
perjudiquen la estructura de la carretera, sus zonas y
elementos funcionales o impidan, en general, su adecuado uso y explotación.
Artículo 64. Uso de las restantes zonas de protección.
1. Dentro de la zona de servidumbre legal en ningún caso podrán realizarse obras, ni instalaciones, ni, en general,
cualesquiera otras actuaciones que impidan la efectividad de la servidumbre legal o que afecten a la seguridad vial.
El uso y explotación de los terrenos comprendidos dentro de la zona de servidumbre legal por sus propietarios o titulares de un derecho real o personal que lleve aparejado su disfrute, estarán limitados por su compatibilidad con la integración ambiental y paisajística de la carretera, y por las ocupaciones y usos que efectúen la Administración o los terceros por ella autorizados, sin que esta limitación genere derecho a
indemnización alguna. A tales efectos, cualquier actuación requerirá la previa autorización administrativa, salvo en el caso de cultivos que no supongan pérdida de las condiciones de visibilidad o cualquier otra cuestión que afecte a la seguridad vial.
2. Para realizar en la zona de afección cualquier tipo de obras o instalaciones, fijas o provisionales, modificar las
existentes, o cambiar el uso o destino de las mismas, se requerirá la previa autorización administrativa.
Artículo 65. Utilización de las carreteras en tramos urbanos. La utilización de las carreteras en sus tramos urbanos y, de modo especial, en las travesías, aparte de lo dispuesto en la normativa estatal sobre tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial, se regirá por lo previsto en esta Ley y en la normativa de régimen local.
Artículo 66. Actuaciones concurrentes.
Cuando otras Administraciones Públicas y órganos de la
Administración de la Junta de Andalucía, en el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas, adopten acuerdos que afecten a las zonas de protección de las carreteras andaluzas, deberán notificarlos a la Consejería competente en materia de carreteras y, en su caso, a la Diputación Provincial afectada.
Artículo 67. Medidas a adoptar por la Administración.
a) Actuaciones tendentes al restablecimiento del orden
jurídico infringido y la realidad alterada, con reposición de las cosas a su estado anterior.
Artículo 68. Suspensión de actuaciones y usos no autorizados. La Administración titular de la carretera ordenará la inmediata paralización de las actuaciones y la suspensión de los usos no autorizados o que no se ajusten a las condiciones establecidas en la autorización concedida, sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades de todo orden que resulten procedentes.
Artículo 69. Legalización, demolición de actuaciones no autorizadas y ejecución subsidiaria.
3. Si las actuaciones no autorizadas o que excedan de la autorización suponen grave riesgo para la seguridad vial, la Administración requerirá al interesado para que inmediatamente reponga las cosas a la situación anterior, sin perjuicio de adoptar inmediatamente, a costa del mismo, las medidas
oportunas para el mantenimiento de la seguridad de la
Artículo 70. Infracciones: Concepto y clasificación.
b) Colocar, arrojar o abandonar objetos de cualquier naturaleza en el dominio público viario o en la zona de servidumbre legal, siempre que no pongan en peligro a los usuarios de las
Se considera que se pone en peligro a los usuarios de las carreteras cuando los objetos colocados, arrojados o
abandonados aumentan el riesgo de siniestro para los mismos.
a) Realizar obras, instalaciones o actuaciones no permitidas, incluida la colocación de carteles, en el dominio público viario o en las zonas de servidumbre legal o de afección de las carreteras, llevadas a cabo sin las autorizaciones requeridas o incumpliendo alguna de las condiciones impuestas en las autorizaciones otorgadas, cuando no sean susceptibles de legalización posterior o ésta no se solicite en plazo
a) Circular sin las autorizaciones establecidas por la
presente Ley por las carreteras o por tramos de ellas con pesos o cargas por eje que excedan en más de un quince por ciento de los límites establecidos.
Artículo 74. Concurrencia de infracción penal.
2. De no estimarse la existencia de delito o falta, el órgano administrativo competente para resolver proseguirá el
expediente sancionador quedando vinculado por los hechos que la autoridad judicial haya considerado probados.
Artículo 75. Responsabilidad administrativa.
b) En caso de colocación de carteles o instalaciones
publicitarias, el titular del cartel o de la instalación publicitaria y el anunciante.
Artículo 76. Atribuciones orgánicas y prueba preconstituida.
1. Todas las actuaciones y actividades objeto de la presente Ley estarán sometidas al control y vigilancia de la
Administración competente, que a tal fin podrá realizar cualesquiera inspecciones, controles, encuestas, recogida de información y demás actuaciones que resulten necesarias.
5. Los documentos públicos de inspección formalizados por la Administración, con observancia de los principios de igualdad, contradicción y defensa, tendrán valor probatorio de los hechos que consten en los mismos, siempre que hayan sido constatados personalmente por los agentes habilitados por la
Administración, sin perjuicio de otros medios de prueba que puedan practicarse a solicitud de los interesados.
2. El cómputo del plazo de prescripción de las infracciones se iniciará en la fecha en que se hubiere cometido la infracción. Si se trata de una actividad continuada, el cómputo se iniciará en la fecha de su cese.
2. Si no se hubiese dictado resolución definitiva del
expediente transcurrido un año desde su incoación, se producirá la caducidad conforme a lo establecido en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. La caducidad del procedimiento no supone la prescripción de la infracción o de la sanción, pero los procedimientos
caducados no interrumpirán el plazo de la prescripción.
4. La prescripción de la infracción no impide que la
Administración pueda adoptar las medidas necesarias para el restablecimiento del orden jurídico infringido y la realidad alterada, con reposición de las cosas a su estado anterior.
Artículo 83. Obligaciones de restitución, reparación e
1. Sin perjuicio de la sanción que proceda, los responsables de los daños y perjuicios ocasionados estarán obligados a
restituir o reponer las cosas a su estado anterior, reparar los daños causados e indemnizar los daños que sean irreparables y los perjuicios que ocasionen, obligaciones que se exigirán, en su caso, en el mismo expediente sancionador y por el mismo órgano competente para imponer la sanción.
Artículo 84. Utilización de la vía de apremio.
Disposición adicional primera. Transferencia de bienes y servicios.
2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el Consejo de Gobierno en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, creará comisiones mixtas de transferencias en las que estarán paritariamente
representadas la Junta de Andalucía y las Diputaciones
provinciales afectadas, que aplicarán las reglas que en dicho acuerdo se establezcan.
3. Las comisiones mixtas de transferencias remitirán sus acuerdos, en el plazo de un año desde su creación, al Consejo Andaluz de Provincias para su conocimiento e informe,
elevándolos posteriormente al Consejo de Gobierno para su aprobación mediante decreto.
Disposición adicional segunda. Actualización de las cuantías de las sanciones.
Disposición adicional tercera. Definiciones contenidas en el glosario de términos.
Disposición adicional cuarta. Ampliación de la zona de
dominio público adyacente en la red viaria existente.
1. Por la Administración titular se podrá acordar la ampliación de la zona de dominio público adyacente de las carreteras existentes hasta los límites establecidos en esta Ley,
permaneciendo dicha zona, hasta tanto se adopte el acuerdo de ampliación, con la extensión legalmente establecida a la entrada en vigor de la misma.
En este supuesto se autorizará la reposición y mejora, sin que suponga aumento de volumen ni de valor a efectos
Disposición adicional quinta. Valoración de construcciones ya existentes en la zona de afección a efectos de expropiación forzosa.
Disposición transitoria segunda. Del ejercicio de las
1. Mientras no se lleven a cabo las transferencias
patrimoniales previstas en la disposición adicional primera, las Diputaciones provinciales continuarán ejerciendo sobre las carreteras de su titularidad las competencias que la Comunidad Autónoma de Andalucía asumió sobre las mismas al amparo de la Ley 11/1987, de 26 de diciembre, reguladora de las relaciones entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y las Diputaciones provinciales de su territorio, aplicándose a dichas carreteras y al ejercicio de aquellas competencias las disposiciones de la presente Ley, debiendo informar anualmente a la Comisión de Carreteras de Andalucía de cuantas actuaciones realicen.
2. En tanto no se aprueben por el Consejo de Gobierno los acuerdos de las comisiones mixtas de transferencias
establecidas por la disposición adicional primera de la presente Ley, la aprobación de los estudios de carreteras para las actuaciones de nuevas carreteras, de acondicionamientos y de mejoras puntuales de trazado y sección de carreteras corresponde a la Consejería competente en materia de carreteras en orden a los criterios de la planificación viaria y a las normas e instrucciones que por la misma se aprueben.
Disposición transitoria tercera. De la publicidad y de los carteles.
2. Lo previsto en el apartado anterior se aplicará a los titulares de los carteles que no se ajusten a las
Cuando los carteles se ajusten a las prescripciones de la presente Ley pero no cuenten con autorización, sus titulares habrán de solicitarla en el plazo de tres meses desde su entrada en vigor. Si transcurrido el citado plazo no hubiesen solicitado la autorización, la omisión se considerará
infracción leve de acuerdo con el artículo 71.a), siendo responsable de la infracción el titular del cartel.
Disposición transitoria cuarta. Del derecho de ocupación de los elementos funcionales.
Los titulares de cualquier derecho, que lleve implícito el uso y disfrute sobre aquellos elementos que se declaren de forma específica elementos funcionales de las carreteras en las actuaciones de nuevas carreteras o de acondicionamientos, tras la entrada en vigor de la presente Ley, podrán pasar a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público viario para la explotación de los citados elementos funcionales, a cuyo fin se les otorgarán las
correspondientes concesiones administrativas.
Disposición transitoria quinta. De la competencia
Disposición transitoria sexta. Comisión de Seguridad Vial. En tanto no se produzcan las correspondientes transferencias de bienes y servicios en materia de Tráfico y Seguridad Vial, no tendrá lugar la efectiva creación de la Comisión de Seguridad Vial prevista en el artículo 49 de la presente Ley, sin perjuicio de la participación de la Comunidad Autónoma
Andaluza, hasta ese momento, en los órganos de la legislación estatal.
Disposición derogatoria única. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley y, expresamente, el artículo 41 de la Ley 11/1987, de 26 de diciembre, reguladora de las relaciones entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y las Diputaciones provinciales de su territorio.
Disposición final primera. Modificaciones puntuales de los anexos primero y segundo de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental.
1. Queda modificado el punto 8 del anexo primero de la Ley
7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, quedando con la siguiente redacción:
"8. Proyectos de infraestructuras de transporte:
- Actuaciones que modifiquen el trazado de autopistas,
autovías, vías rápidas y carreteras convencionales
preexistentes en una longitud continuada de más de 10
Aquellas actuaciones comprendidas en el punto 1 del anexo segundo de la presente Ley que se desarrollen en zonas
especialmente sensibles, designadas en aplicación de la Ley
2/1989, de 18 de julio, de Espacios Naturales Protegidos, o de las Directivas 74/409 CEE y 92/43 CEE, o en Humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar.
c) Construcción de aeropuertos con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud de, al menos, 2.100 metros."
2. Queda modificado el punto 1 del anexo segundo de la Ley
d) Construcción de aeródromos (proyectos no incluidos en el anexo I)."
3. En el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley, deberán acomodarse a las
prescripciones de la misma y a las definiciones contenidas en su anexo, tanto el punto 8.º del anexo del Reglamento de evaluación de impacto ambiental aprobado por Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, como el punto 1.º del anexo del Reglamento de Informe Ambiental aprobado por Decreto 153/1996, de 30 de abril.
La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.¯
Acondicionamiento general de trazado y sección: obra de modernización de una carretera que afecta a su sección
Eje: línea que define el trazado en planta de una carretera, y que se refiere a un punto determinado de su sección
Explanación: zona de terreno realmente ocupada por la
carretera, en la que se ha modificado el terreno natural.
Firme: conjunto de capas ejecutadas con materiales
seleccionados y, generalmente, tratados, que constituye la superestructura de la plataforma, resiste las cargas del tráfico y permite que la circulación tenga lugar con seguridad y comodidad.
Modificación de trazado: obra de ejecución de una carretera que afecta a su trazado en planta y en alzado, cuyas
Nuevo tramo de calzada: el resultante de la construcción de una nueva carretera o de la duplicación de una calzada
Restitución de las características iniciales: obra de
conservación de una carretera cuya finalidad es el
restablecimiento de la sección transversal, de la planta, del perfil longitudinal o del drenaje, con las características técnicas análogas a las que tuviera la carretera en la puesta en uso de la misma.
Vía urbana: cualquiera de las que componen la red interior de comunicaciones de una población, siempre que no se trate de travesías ni formen parte de una red arterial. Este sistema competencial se articula respecto de la
planificación del servicio público viario mediante el
establecimiento por la Ley de un marco jurídico para su cogestión, por cuanto la Comunidad Autónoma ha de reservarse la apreciación de los intereses supralocales y supraprovinciales en el marco de la planificación general. Para ello se
establecen los instrumentos de concertación, colaboración y coordinación interadministrativa, con la voluntad expresa de propiciar un ejercicio compartido de las competencias cuando el interés público así lo exija.
3. El medio ambiente y el patrimonio cultural en las
intervenciones viarias.
La Constitución española, en sus artículos 45 y 46, declara el derecho de todos los ciudadanos al disfrute de un medio ambiente adecuado, estableciendo que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales y garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran. Estos mandatos constitucionales se reflejan, a su vez, en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en cuyo artículo 12.3, 5.º y 6.º se establece, entre los objetivos básicos que ha de perseguir la Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus poderes, el de fomento de la calidad de vida del pueblo andaluz, mediante la protección de la naturaleza y del medio ambiente y la
protección y realce del paisaje y del patrimonio histórico- artístico de Andalucía.
La presente Ley contribuye decididamente al cumplimiento de tales mandatos y objetivos en el ámbito competencial que regula, y ello tiene su principal reflejo en el importante protagonismo que cobran la prevención y restauración ambiental y la protección del patrimonio cultural, arqueológico e histórico de las propias obras públicas de Andalucía,
fundamentalmente en la regulación de la actividad de
planificación y proyección de las actuaciones en materia de carreteras.
El constante crecimiento del parque de vehículos a motor, unido a la expansión de los servicios turísticos en el litoral andaluz, ha provocado un aumento considerable de la
motorización permanente y estacional que, si bien aún se sitúa por debajo de la media estatal, viene experimentando un ritmo de crecimiento superior al resto de los territorios del Estado.
A ello debe añadirse el incremento de la movilidad debido a la mejora en la calidad de vida y de la renta familiar y,
paralelamente, un aumento de la siniestralidad, como fenómeno y problema compartidos por todas las sociedades avanzadas, en cuya solución han de intervenir los poderes públicos
autonómicos, estatal y comunitario.
En el objetivo de aumentar y potenciar los mecanismos
destinados a garantizar la seguridad vial en las carreteras, la Ley amplía las obligaciones de las Administraciones autonómica y provincial en orden a llevar a cabo una evaluación permanente de la seguridad vial de la red de carreteras de Andalucía, detectando los posibles tramos de concentración de accidentes en orden al desarrollo de los programas y actuaciones tendentes a la eliminación de los mismos.
5. La dinamización de la explotación, mantenimiento y
conservación del dominio público viario.
La corrección del deterioro que sufre cualquier sistema de comunicaciones viario, por su uso o por su implantación en territorios de gran dificultad geotécnica, como es el caso de Andalucía, ha de ser uno de los principales objetivos a conseguir en la gestión del servicio público viario, dada su importancia estratégica dentro del régimen general de
comunicaciones de la Comunidad Autónoma.
Los elementos que conforman el dominio público viario han de ser, pues, sometidos a un continuo y especial cuidado, debiendo habilitarse, de forma constante, los recursos económicos necesarios para su conservación y mantenimiento en buen estado. La presente norma apuesta por la decidida y activa explotación de dicho dominio público, a través de la aplicación de
instrumentos para su defensa y el aprovechamiento de su uso por la iniciativa privada, con el fin de financiar el mantenimiento y las obras de conservación de aquél.
El capítulo I de este título contiene la definición del objeto de la Ley y el concepto jurídico de dominio público viario, delimita la red de carreteras de Andalucía y su jerarquización en tres categorías: la red principal, la red secundaria y la red metropolitana, declarando a la primera y última como red de especial interés para la Comunidad Autónoma y a la red
secundaria como red de especial interés provincial.
En el capítulo II se aborda la distribución de la titularidad y competencias entre la Comunidad Autónoma y las Diputaciones provinciales, previendo la creación de la Comisión de
Carreteras de Andalucía, como instrumento novedoso para la concertación y coordinación interadministrativa en esta materia.
La definición y el régimen jurídico de los elementos que conforman el dominio público viario vienen regulados en el capítulo III, estando constituido aquél por las carreteras propiamente dichas, sus zonas funcionales y la zona de dominio público adyacente. La Ley introduce y regula como novedad la denominada zona funcional de las carreteras, como superficie de terreno permanentemente afecta a la explotación del servicio público viario, y en particular las áreas de servicio,
destinadas a cubrir las necesidades del servicio, así como las que genera la circulación.
El título I termina con la regulación del Catálogo de
Carreteras de Andalucía, novedoso instrumento al que encomienda la identificación, inventario y clasificación de las carreteras de la red, adscribiéndolas a sus distintas categorías. La inscripción en el catálogo se constituye asimismo en el requisito básico para la adquisición y pérdida de la condición de carretera, a cuyo efecto se regulan los correspondientes procedimientos.
El título II, a lo largo de los seis capítulos de que consta, contiene la regulación del régimen del dominio público viario, desarrollando los instrumentos de planificación, los estudios de carreteras, así como la construcción, financiación,
conservación y seguridad vial y explotación.
El capítulo II, por su parte, regula los distintos estudios a utilizar en la proyección del dominio público viario, la coordinación con el planeamiento urbanístico, la prevención ambiental a tener en cuenta en su elaboración, contenido y tramitación, así como el procedimiento para su aprobación. Los estudios que se contemplan y regulan son básicamente los recogidos en la legislación estatal, si bien se procede a actualizar sus objetivos y contenido, coordinándolos más estrechamente con los mecanismos de prevención establecidos por la legislación ambiental vigente. Así, se generaliza la incorporación en la proyección viaria de la necesaria
infraestructura cartográfica de detalle, así como los estudios ambientales a través del análisis de incidencia ambiental, con el que se pretende determinar las afecciones de las actuaciones de carreteras al medio físico y biótico. Asimismo, se crea una nueva figura, el proyecto de restauración paisajística, que permite recoger todas las propuestas de revegetación del dominio público viario en orden a una mejor integración en el paisaje, así como parte de las medidas correctoras de carácter ambiental.
El capítulo III, relativo a la construcción, concreta el proceso de creación física del dominio público viario,
introduciendo la Ley dos novedades a destacar: la segregación de las actuaciones de construcción de aquellas otras
consistentes en la restauración paisajística y la obligación de que en todas las obras de carreteras se disponga de un programa de garantía de la calidad, de gestión directa por la
Administración, cuya contratación se llevará a cabo de forma independiente de la ejecución de la obra principal.
El capítulo V, sobre conservación y seguridad vial, introduce importantes novedades en esta materia, tales como la relación del conjunto de operaciones que comprende la conservación del dominio público viario, cuya competencia es asignada a la Administración titular del mismo. En esta última materia, y con un planteamiento similar al de aquellos países que han
conseguido mejores resultados en la lucha contra la
siniestralidad en las carreteras, se concretan las obligaciones de la Administración competente, así como la realización de una evaluación permanente de la seguridad vial de las carreteras en orden a la elaboración de planes de seguridad vial y a
propiciar la adopción de las decisiones adecuadas en la planificación y proyección del dominio público viario. Por último se prevé la creación de la Comisión de Seguridad Vial de Andalucía, con el objeto de coordinar todas las actuaciones que en esta materia se lleven a cabo por las distintas
Administraciones públicas en el territorio de la Comunidad Autónoma.
El título II aborda finalmente, en su capítulo VI, un nuevo concepto de explotación del dominio público viario, como conjunto de actuaciones encaminadas a su defensa y a su mejor uso y aprovechamiento. Además, y sin que ello prejuzgue el derecho a la libre circulación y uso de la red de carreteras de Andalucía, la Ley prevé el establecimiento de un canon por el uso privativo del dominio público viario, así como por la explotación por terceros de obras y servicios públicos
relativos al mismo. Finalmente, y como instrumento de apoyo en la toma de decisiones en esta materia, se establece la
organización del sistema de información de carreteras de Andalucía.
El capítulo I establece y delimita cuatro zonas de protección de las carreteras: la de dominio público adyacente, ya regulada en el artículo 12; la de servidumbre legal, la de afección y la de no edificación, clasificación que coincide con la
establecida en la Ley estatal 25/1988, de 29 de julio, si bien ha sido necesario adecuar las extensiones y distancias a la realidad de la red de carreteras de Andalucía, ya que sus categorías y características no admiten el tratamiento
homogéneo que lleva a cabo la legislación estatal para las carreteras de interés general. Así mismo, este capítulo regula la intervención administrativa en materia de accesos a las carreteras, así como las prohibiciones y régimen de
autorizaciones a que está sometida la realización de publicidad y la instalación de carteles informativos.
Por su parte, el capítulo II regula la facultad de la
Administración titular de las carreteras de establecer límites a la circulación cuando así lo requieran las condiciones, situaciones, exigencias técnicas o la seguridad vial de las carreteras, sometiéndose la circulación de los vehículos y transportes especiales a autorización previa, e igualmente se regulan las autorizaciones para la realización de las
actuaciones permitidas en las zonas de protección de las carreteras.
En materia sancionadora, la Ley opta por la reducción de los importes de las sanciones aplicables de acuerdo con la
normativa estatal, en el entendimiento de que el principal fundamento y justificación de las disposiciones sobre
protección del dominio público viario ha de consistir
básicamente en la restauración de la realidad alterada, permitiendo además que, de considerarse urgente la reparación del daño o la restitución o reposición de las cosas a su estado anterior, la Administración pueda llevar a cabo con carácter inmediato las actuaciones necesarias, sin necesidad de
requerimiento ni audiencia previa del sujeto responsable.
Respecto de las disposiciones adicionales, ha de destacarse la primera, en la que se regula el proceso para la asunción efectiva por la Comunidad Autónoma y las Diputaciones
provinciales de las competencias sobre las carreteras de las que resultan titulares en aplicación de la Ley, y la cuarta que contiene previsiones sobre la ampliación de la zona de dominio público de las carreteras preexistentes.
El conjunto de disposiciones transitorias, por su parte, contiene normas destinadas a llenar las posibles lagunas temporales de aplicación de la Ley en relación con los
procedimientos en trámite a su entrada en vigor; el proceso hasta la asunción efectiva de competencias por las
Administraciones titulares; el establecimiento de plazo y procedimiento para la adecuación de la publicidad y carteles a lo dispuesto en aquélla; la transformación en derecho de ocupación de los derechos de uso y disfrute sobre elementos considerados por la Ley como funcionales de las carreteras, y a posibilitar el ejercicio de las competencias en materia sancionadora mientras no se aprueben las normas reglamentarias correspondientes.
La Ley procede a derogar expresamente el artículo 41 de la Ley
provinciales de su territorio, por cuanto el esquema
competencial en esta materia será el contenido en la presente Ley.
La presente Ley tiene por objeto regular el dominio público viario de la red de carreteras de Andalucía, determinando su titularidad y estableciendo los procesos de planificación, proyección, construcción, financiación, conservación y
explotación del mismo, así como las normas sobre su uso, protección y defensa.
Artículo 3. Red de Carreteras de Andalucía.
Artículo 4. Redes de especial interés.
2. Se declara red de especial interés provincial al conjunto de las carreteras que estén comprendidas dentro de la red
secundaria, en los ámbitos territoriales de cada provincia.
Artículo 5. Titularidad del dominio público viario.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la
titularidad del dominio público viario de la red de carreteras de Andalucía que se integre en la red de especial interés para la Comunidad Autónoma.
2. Las Diputaciones provinciales son titulares del dominio público viario de la red de carreteras de Andalucía que se integre en la correspondiente red de especial interés
provincial en sus respectivos ámbitos territoriales.
2. Las Diputaciones provinciales ejercerán sobre el dominio público viario del que sean titulares las siguientes
competencias: planificación, proyección, construcción,
financiación, conservación, seguridad vial, explotación, uso y defensa, todo ello en los términos establecidos en los títulos II, III y IV de la presente Ley.
3. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, las normas e instrucciones técnicas para la proyección,
construcción, conservación y explotación del dominio público viario de la red de carreteras de Andalucía y sus
actualizaciones periódicas, se elaborarán y aprobarán por la Consejería competente en materia de carreteras, publicándose en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Artículo 7. Comisión de Carreteras de Andalucía.
2. La composición y las funciones de la Comisión de Carreteras de Andalucía se establecerán por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería competente en materia de carreteras, debiendo estar en ella representadas las Administraciones Públicas afectadas, entre ellas, todas las Diputaciones provinciales de Andalucía y entidades
representativas de organizaciones profesionales, económicas y sociales, así como las organizaciones sindicales y los grupos ecologistas.
Artículo 8. Carreteras.
1. A los efectos de esta Ley, son carreteras las vías de dominio y uso público, proyectadas y construidas,
fundamentalmente, para la circulación de vehículos automóviles.
En estos supuestos la resolución que se adopte llevará
implícita la declaración de utilidad pública, necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de los derechos
correspondientes, así como la urgencia de la ocupación, a los fines de la expropiación, de la ocupación temporal o de la imposición o modificación de servidumbres.
Artículo 9. Tramos urbanos, travesías, redes arteriales y vías urbanas.
a) Tramo urbano de una carretera, aquél que discurra por suelo clasificado como urbano por el correspondiente
instrumento de planeamiento urbanístico general.
c) Red arterial de una población o grupo de poblaciones, al conjunto de tramos de distintas carreteras destinado a
proporcionar de forma integrada la continuidad y la conexión de los distintos itinerarios y el acceso a los núcleos de
población afectados.
Artículo 10. Vías de servicio.
Artículo 11. Zonas funcionales de las carreteras.
Artículo 12. Zona de dominio público adyacente.
1. La zona de dominio público adyacente a las carreteras está formada por dos franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, de ocho metros de anchura en las vías de gran
capacidad, y de tres metros de anchura en las vías
convencionales, medidos en horizontal desde la arista exterior de la explanación y perpendicularmente a la misma.
En las travesías dicha zona quedará fijada por el
correspondiente planeamiento urbanístico que, en todo caso, respetará como mínimo la existente a la entrada en vigor de esta Ley, requiriéndose para su ampliación informe vinculante de la Administración titular de la vía.
2. La zona de dominio público adyacente a las zonas funcionales de las carreteras está formada por una franja de terreno de ocho metros de anchura, medidos desde el borde exterior del perímetro de la superficie que ocupen. Las vías de servicios podrán estar incluidas en la zona del dominio público
Artículo 13. Areas de servicio de las carreteras.
4. Los criterios para determinar la localización de las áreas de servicio situadas al mismo lado de la vía o en el mismo sentido de circulación se fijarán reglamentariamente,
atendiendo a consideraciones de seguridad vial o de la correcta explotación de la carretera.
Artículo 14. Zonas de servicio.
1. Son zonas de servicio aquellas zonas de propiedad privada con instalaciones y servicios destinados a cubrir las
necesidades de la circulación, pudiendo incluir estaciones de suministro de carburantes, hoteles, restaurantes, talleres de reparación y otros servicios varios con la finalidad de facilitar descanso, distracción o comodidad a los usuarios de las carreteras.
Artículo 15. Clasificación de las carreteras.
b) No cruzar a nivel ninguna otra senda, vía, línea de
ferrocarril o tranvía ni ser cruzada a nivel por senda, vía de comunicación o servidumbre de paso alguna.
c) Constar de distintas calzadas para cada sentido de
circulación, separadas entre sí, salvo en puntos singulares o con carácter temporal, por una franja de terreno no destinada a la circulación o, en casos excepcionales, por otros medios.
Los correspondientes estudios y proyectos de estas vías podrán prever las reservas de suelo necesario para su futura
conversión en autopista o autovía.
6. Son vías convencionales las que no reúnen las
características propias de las vías de gran capacidad.
Artículo 16. Actuaciones en las carreteras.
c) Obras de mejora de carreteras, entendiéndose por tales:
4. Mejoras del equipamiento viario y de la integración
Asimismo, indicará la Administración Pública titular de cada carretera, la matrícula de la misma, que sirve de
identificación en las placas de ruta, así como su denominación, su origen, su término, sus puntos kilométricos inicial y final y las características técnicas que reglamentariamente se determinen.
2. El Catálogo de Carreteras de Andalucía comprenderá el de la red principal, el de la red secundaria y el de la red
3. La Consejería competente en materia de carreteras de la Junta de Andalucía elaborará y aprobará provisionalmente los correspondientes proyectos y revisiones del Catálogo, debiendo estar, en su caso, a lo previsto en el artículo 30 de la Ley
1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para las actividades de intervención singular.
6. La Consejería competente en materia de carreteras
actualizará anualmente el Catálogo de Carreteras de Andalucía incorporando las modificaciones puntuales realizadas.
Artículo 18. Adquisición de la condición de carretera.
En caso de desacuerdo entre cedente y cesionario, la
resolución corresponderá al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
Artículo 19. Pérdida de la condición de carretera.
1. A los efectos de la presente Ley, la pérdida de la condición de carretera de la totalidad de una vía, o de un tramo
determinado de ella, se produce por su exclusión del Catálogo de Carreteras de Andalucía.

References: artículo 149
 artículo 148
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42
 artículo 46

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57
 resolución 

Artículo 59
 artículo 8

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63
 artículo 12

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66

Artículo 67

Artículo 68

Artículo 69

Artículo 70

Artículo 74

Artículo 75

Artículo 76
 resolución 
 artículo 44

Artículo 83

Artículo 84
 artículo 71
 artículo 49
 artículo 41
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 41

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 7

Artículo 8
 resolución 

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16
 artículo 30

Artículo 18

resolución 

Artículo 19