Source: http://archivodeinalbis.blogspot.com/2018/08/
Timestamp: 2019-11-20 11:02:37+00:00

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Anécdotas y curiosidades jurídicas | iustopía: agosto 2018
El Fichero de Internos de Especial Seguimiento (en adelante, FIES) se creó y desarrolló en los años 90 por diversas circulares que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias; en concreto, las de 6 de marzo de 1991, 28 de mayo de 1991 y 28 de febrero de 1995. Cuando un año más tarde se aprobó el nuevo Reglamento Penitenciario [Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero], su disposición transitoria cuarta previó que se procederá a la refundición, armonización y adecuación a lo dispuesto en el Reglamento Penitenciario (…) de las circulares, instrucciones y órdenes de servicio dictadas por los órganos directivos de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios antes de la entrada en vigor del mismo. Y, con ese fin, se aprobó la Instrucción 21/96, de 16 de diciembre, sobre refundición de Circulares e Instrucciones, con las normas de seguridad relativas a internos incluidos en el FIES.
En los años posteriores, la legalidad de este fichero fue tan cuestionada por la jusrirprudencia que el Tribunal Supremo acabó anulando dicha Instrucción 21/1996, por ser contraria a derecho, en la conocida sentencia 2555/2009, de 17 de marzo [ECLI:ES:TS:2009:2555].
Como consecuencia, el Real Decreto 419/2011, de 25 de marzo, modificó el Reglamento Penitenciario de 1996 para, entre otros motivos, dotar de cobertura reglamentaria a los ficheros de internos de especial seguimiento (FIES), cuya legitimidad había sido parcialmente cuestionada hasta la fecha. En particular, se garantiza que los ficheros de internos de especial seguimiento no supongan la fijación de un sistema de vida distinto de aquel que reglamentariamente les venga determinado. Para lograrlo se introdujo un nuevo Art. 6.4 con el siguiente texto: La Administración penitenciaria podrá establecer ficheros de internos que tengan como finalidad garantizar la seguridad y el buen orden del establecimiento, así como la integridad de los internos. En ningún caso la inclusión en dicho fichero determinará por sí misma un régimen de vida distinto de aquél que reglamentariamente corresponda.
Y cuatro meses más tarde el Ministerio del Interior adoptó la Instrucción 12/2011, de 29 de julio, sobre internos de especial seguimiento y medidas de seguridad. En su introducción, esta disposición explica que el fichero de internos de especial seguimiento es una base de datos que fue creada, por la necesidad de disponer de una amplia información sobre determinados grupos de internos de alta peligrosidad –en atención a la gravedad de su historial delictivo o a su trayectoria penitenciaria–, o bien necesitados de protección especial. Asimismo, recuerda su carácter administrativo y que los datos que almacena están referidos a la situación penal, procesal y penitenciaria. Es por tanto, una prolongación del expediente/protocolo personal penitenciario, que garantiza y asegura una rápida localización de cualquier dato sin que, en ningún caso, prejuzgue la clasificación de los internos, vede su derecho al tratamiento, ni suponga la fijación de un sistema de vida distinto de aquel que reglamentariamente les venga determinado. Se trata, por tanto, de un instrumento más de la Administración Penitenciaria, en orden a contribuir a la seguridad y al cumplimiento de otras funciones legalmente asignadas (…).
Hoy en día, esta Instrucción 12/2011 diferencia entre cinco grupos distintos de FIES, en atención a los delitos cometidos, su repercusión social, la pertenencia a bandas organizadas y criminales, la peligrosidad u otros factores, de modo que el fichero se estructura de la siguiente manera:
FIES-1 CD (Control Directo): se incluyen internos especialmente conflictivos y peligrosos, protagonistas e inductores de alteraciones regimentales muy graves que hayan puesto en peligro la vida o integridad de los funcionarios, autoridades, otros internos o personal ajeno a la institución.
FIES-2 DO (Delincuencia organizada): internos ingresados en relación con delitos cometidos en el seno de organizaciones o grupos criminales conforme a los conceptos fijados en los arts. %70 bis y ter del Código penal.
FIES-3 BA (Bandas Armadas): todos aquellos internos ingresados por vinculación a bandas armadas o elementos terroristas y a quienes colaboren o apoyen a estos grupos.
FIES-4 FS (Fuerzas de Seguridad y Funcionarios de Instituciones Penitenciarias): los internos que pertenezcan o hayan pertenecido a estos colectivos profesionales [recordemos que el Art. 8.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dispone que: El cumplimiento de la prisión preventiva y de las penas privativas de libertad por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se realizarán en establecimientos penitenciarios ordinarios, con separación del resto de detenidos o presos].
FIES-5 CE (Características Especiales): se incluyen diversos grupos de internos que dadas sus características criminológicas o penitenciarias, precisan de un especial seguimiento, por razones de seguridad: desde condenados por un Tribunal Penal Internacional hasta procesados por terrorismo islamista pasando por miembros de grupos violentos o autores de delitos que hayan generado gran alarma social.
NB: como fichero con datos de carácter personal, el marco de referencia para el FIES se completa con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; los Arts. 6 a 9 del mencionado Reglamento Penitenciario; y la Orden INT/1202/2011, de 4 de mayo, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal del Ministerio del Interior.
Las ideas racionalistas del siglo XVIII propugnaban la creación de un sistema jurídico en el que cada rama del Derecho fuera recogida en cuerpos legales de estructura lógica. En Francia la codificación se llevó a cabo bajo Napoleón, y desde este país se extendió al resto de Europa [1]. En España, el primer antecedente que se planteó la necesidad de elaborar ese cuerpo de leyes metódico y sistemático lo encontramos en el Art. 258 de la Constitución Política de la Monarquía Española promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812 [La Pepa] al establecer que: El Código civil y criminal y el de comercio serán unos mismos para toda la Monarquía, sin perjuicio de las variaciones que por particulares circunstancias podrán hacer las Cortes.
A partir de ese momento, los distintos gobiernos liberales y absolutistas decimonónicos fracasaron en sus respectivos intentos de codificar nuestro Derecho Mercantil hasta que, en noviembre de 1827, el jurista gaditano Pedro Sáinz de Andino se ofreció a Fernando VII para redactar un Código de Comercio; el monarca rechazó su propuesta pero creó una comisión especial, compuesta de magistrados y jurisconsultos, y de personas versadas en las prácticas y usos mercantiles para redactar un proyecto que, finalmente, se acabó descartando en favor del texto elaborado por el propio jurista de Alcalá de los Gazules (Cádiz) y que se convirtió en el primer Código de Comercio español, el decretado, sancionado y promulgado por Fernando VII el 30 de mayo de 1829 –tomando como referencia el pionero Código de Comercio francés de 1807– con el objetivo de dar al comercio un sistema de legislación uniforme, completo y fundado sobre los principios inalterables de la justicia y las reglas seguras de la conveniencia del mismo comercio.
Aquel mismo año, la Gaceta de Madrid –antecedente histórico del actual BOE– del 13 de octubre de 1829 publicó el Real decreto mandando S.M. que rija desde 1.º del año próximo el Código de comercio, en todos sus reinos y señoríos (…) quedando para desde aquella fecha en adelante revocadas, derogadas y de ningún valor todas las leyes, reglamentos y ordenanzas, tanto generales como particulares, que anteriormente se observaban sobre materias y asuntos de comercio.
En la siguiente década se nombraron dos nuevas comisiones para elaborar el proyecto de una nueva codificación mercantil; la primera, entre 1834 y 1836, fue cesada sin haber llegado a redactarla; y, la segunda, entre 1837 y 1838, dio como resultado una ley provisional que Isabel II firmó el 24 de octubre de 1838, con las alteraciones, aclaraciones y modificaciones que exigen las actuales instituciones, y que la experiencia ha acreditado ser necesarias para el buen despacho de los negocios mercantiles. A pesar de su importancia, este ámbito quedó al margen de las secciones –civiles y penales– que integraron la Comisión General de Codificación creada en 1843 [en aquel momento, España ya contaba con el Código Penal de 1822 pero el Código Civil aún tendría que esperar hasta 1889].
Retrato de Sáinz de Andino (ca. 1845)
A mediados de siglo XIX, la exposición de motivos de un Real decreto de 8 de agosto de 1855 nombró una comisión especial encargada de revisar el Código de Comercio de 1829 y la ley de enjuiciamiento de 24 de Julio de 1830 que fueron sin duda un gran bien para el comercio español que, regido desde muy antiguo por sus leyes y ordenanzas locales, no había disfrutado hasta entonces del incomparable beneficio de la unidad en su legislación; pero la revisión y reforma de nuestras leyes mercantiles es una necesidad por todos reconocida, y hace tiempo reclamada por la Opinión general. Cuatro años más tarde, un nuevo Real decreto de 12 de enero de 1859 preparó la reforma legislativa en el Código de Comercio y en la ley de Enjuiciamiento; pero en 1869 aquella comisión fue disuelta y se mandó nombrar otra que proceda á la redacción de un proyecto de Código y de Enjuiciamiento mercantil, basándose en la idea de que: Los Códigos de Comercio se fundamentan en el derecho, su origen es la costumbre, su causa las necesidades de la vida práctica en materias mercantiles; y porque las costumbres varían y el comercio se desarrolla y trasforma, mientras la idea jurídica queda incorruptible, hay que armonizar ámbos extremos,y hay que traer algo que concibe esto que es único y fijo con aquello que es múltiple y vario. Hé aquí, pues, el espíritu que debe inspirar á los autores del nuevo Código de Comercio.
Aunque el 30 de julio de 1878, un Real decreto de Alfonso XII suprimió dos artículos del Código de Comercio de 1829 y dio nueva redacción a otra docena de preceptos; en 1880, el monarca terminó decretando que el Gobierno nombrase una Comisión especial para revisar el Código de Comercio y, en abril de 1881, se presentó su proyecto de reforma. Los trabajos continuaron durante su tramitación parlamentaria y, finalmente, concluyeron con la aprobación del Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publicó el Código de Comercio que entró en vigor el 1 de enero de 1886 hasta el día de hoy (con numerosas modificaciones, como es obvio; sirva como ejemplo que sólo en lo que llevamos del siglo XXI, el legislador español ha aprobado diecisiete leyes, reales decretos-ley o reales decretos legislativos para modificar o derogar su articulado).
Cita: [1] FLORÍA, G. B. (Dtor.). Historia de España (2ª ed.). Tomo V. Barcelona: Plaza & Janés, 1976, p. 122.
El precedente jurídico de la pericia caligráfica: el Cuerpo de Revisores de Firmas y Letras Antiguas
Hoy en día, al regular la fuerza probatoria de los documentos privados, el Art. 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil [Ley 1/2000, de 7 de enero] dispone que: 1. Los documentos privados harán prueba plena en el proceso (…), cuando su autenticidad no sea impugnada por la parte a quien perjudiquen. 2. Cuando se impugnare la autenticidad de un documento privado, el que lo haya presentado podrá pedir el cotejo pericial de letras o proponer cualquier otro medio de prueba que resulte útil y pertinente al efecto (…).El fin último de esa prueba caligráfica es que un perito emita un dictamen para determinar la autenticidad o falsedad del documento que ha sido cuestionado durante el proceso judicial. En este sentido, recordemos que el Código Penal [Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre] tipifica la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación con penas de prisión que van de los tres a los seis años (Art. 390 CP).
En España, los antecedentes normativos de la peritación caligráfica pueden remontarse al siglo XIII. En la III de las Siete Partidas del rey de Castilla y León, Alfonso X el Sabio, el título XVIII reguló las escripturas por que se prueban los pleitos y, en concreto, la Ley CXIX previó Cómo debe facer el judgador quando alguna carta mostraren antél en juicio que non fuese fecha por mano de escribano público et la quisieren desechar, diciendo que nos fuera fecha por mano de aquel cuyo nombre está escripto en ella.
Desde entonces, (…) otras [leyes] posteriores concedieron a los jueces valerse de peritos en el arte de escribir y, de este modo, poder juzgar las firmas y documentos, presuntamente, falsos. Con el paso del tiempo el número de documentos se incrementó y, obviamente, mayor fue su antigüedad, lo que supuso más difícil apreciar sus condiciones de autenticidad [GALENDE DÍAZ, J. C. El cuerpo de revisores de letras antiguas. Madrid: UCM, p. 237 (*)].
Cuatro siglos después de componer el Código alfonsino, la función del perito calígrafo alcanzó su momento de mayor reconocimiento legal cuando un auto del Consejo de Castilla –la segunda autoridad del reino, por detrás del soberano, durante el Antiguo Régimen– firmado el 18 de julio de 1729, creó el Cuerpo de Revisores de Firmas y Letras Antiguas, documento que aún se conserva en el Archivo Histórico Nacional: (…) Los señores del Consejo de S. M, reconociendo los perjuicios que se siguen a la causa pública, por haverse introducido algunos maestro del arte de leer, escrivir y contar ha hacer reconocimientos y comparaciones de letras de instrumentos, papeles y firmas que se redarguyen de falsos, aunque con nombramiento de interesados, por no residir en ellos toda aquella pericia y práctica que requiere su arte, aunque tengan escuelas abiertas, por no llegar a comprehender los caracteres de las letras, consistiendo muchas veces en sus declaraciones las seguras determinaciones de los tribunales y juezes, por faltar a dichos maestros el mayor conocimiento en las reglas, método y arte que ofrece la vista, de que pueden experimentar considerables daños, lo que es digno de providencia y remedio. Y aviendo precedido los informes necesarios mandaron que desde oy en adelante executen los reconocimientos y comparaciones de instrumentos, papeles y firmas que se redarguyeren de falsas o por jueces competentes se mandaren hacer tan solamente los maestros... ; los seis solos, aunque sea por convenio particular de las partes, y que ninguno otro maestro se intrometa a hacer dichas declaraciones, reconocimientos ni comparaciones de instrumentos, papeles y firmas, pena de veinte ducados y diez días de cárcel, por la primera vez; y por la segunda, doblada; y por la tercera a la voluntad del juez señalar la cantidad que se ha de pagar a los nombrados, por el trabajo y ocupación que tuvieren en los dichos reconocimientos, comparaciones, vista y examen de los tales instrumentos que se cotejaren.
Como recuerda el profesor Galende: Hasta este momento, los jueces se habían servido de los maestros de instrucción primaria, pero como entre ellos los había de mayor o menor grado de erudición determinaron, en aras de la fiabilidad y garantía, reducir su número, fijándolo en seis, los más capacitados. Para ello se nombraron a los más antiguos y acreditados, los cuales percibían unos emolumentos por sus trabajos de reconocimiento. Los [revisores] elegidos fueron Juan Claudio Aznar de Polanco, Gregorio de San Juan, Manuel García de Bustamante, Juan Conde de Calderón, Diego Jerónimo de San José y Antonio Ruiz Majuelo.
El perdón canadiense por la reubicación de los inuit
Como ya tuvimos ocasión de comentar, una de las consecuencias de que la ONU adoptara la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas [A/RES/61/295, de 13 de septiembre de 2007], tras dos décadas de negociaciones, fue que algunos de los Estados miembros de esta organización que, en principio, se mostraron más reticentes, como Australia, también comenzaran a desarrollar diversas iniciativas en favor de sus comunidades indígenas. El caso del país oceánico fue uno de los mejores exponentes de ese cambio de tendencia cuando su Primer Ministro, Kevin Rudd, se dirigió a la Cámara Baja del Parlamento de su país, la House of Representatives, en Camberra, el 13 de febrero de 2008, para pedir perdón a los pueblos indígenas australianos [Apology to Australia’s Indigenous Peoples] por las generaciones robadas. Dos años más tarde, el 18 de agosto de 2010, se produjo una disculpa similar al otro extremo del mundo, en la comunidad inuit (esquimal) de Inukjuak [Nunavik (Canadá)].
Con su habitual maestría, el periodista y viajero Javier Reverte ha narrado cómo se llegó a esta nueva petición de perdón: Ante la amenaza de expansión soviética, el gobierno canadiense decidió crear con urgencia, en el año 1953, establecimientos humanos en las regiones alejadas del Ártico que dieran fe de su presencia y soberanía. ¿Y quién podría sobrevivir mejor que los “inuit”, en aquellas alejadas áreas, a climas tan duros y condiciones de vida tan difíciles?. El gobierno seleccionó entonces dos emplazamientos para alojar a las nuevas comunidades: el actual Grise Fjord, en la isla del Ellesmere, hoy en día la población más septentrional de todo el Canadá, y Resolute. Los dos lugares habían acogido establecimientos humanos de primitivos “inuit” unos quinientos años antes, pero desde entonces permanecían deshabitados.
En agosto de ese 1953, ocho familias de Inukjuak (…) fueron repartidas entre Grise Fjord y Resolute por la patrullera “Howe”. Unas semanas después, la misma patrullera llevó a ambos lugares a otras tres familias “inuit”, trasladadas en esta ocasión desde Pond Inlet, en el norte de la isla de Baffin, para que enseñaran a los “inuit” quebequeños las técnicas de supervivencia en el Alto Ártico canadiense. A todos se les prometieron viviendas y se les aseguró que había abundante caza y pesca en las nuevas regiones. También les garantizaron que podrían regresar a sus hogares al cabo de dos años si así era su deseo.
Todo resultó una patraña. La tierra era estéril, la caza y la pesca escaseaban, no había viviendas y el gobierno no consintió que regresaran a sus lugares de origen transcurridos dos años. Al abandonarles en sus nuevos territorios, las autoridades no les dejaron provisiones ni herramientas suficientes, ni pieles de caribú, ni tiendas de campaña en las que refugiarse. Más todavía: los “inuit” de Quebec solamente fueron informados de que iban a ser repartidos en dos establecimientos diferentes cuando ya viajaban a bordo del “Howe”, con destino a un territorio situado a más de dos mil kilómetros de sus lugares de origen. Aquellos “inuit”, que habían viajado al norte con el ánimo de los antiguos pioneros, se encontraron con que, en realidad, eran unos deportados.
Sin embargo, contra toda lógica, casi todos lograron sobrevivir: rehabilitaron como viviendas las cuevas que los primitivos “inuit” habitaron quinientos años atrás, aprendieron las rutas migratorias de las ballenas beluga para pescarlas y extendieron su zona de caza en un área de casi centenares de kilómetros cuadrados.
En los años ochenta del pasado siglo, los supervivientes y sus descendientes iniciaron acciones legales contra el gobierno de Canadá, que se defendía argumentando que el traslado no fue forzado, sino pactado, y que el propósito último del proyecto era realojar en nuevos territorios a familias que vivían en condiciones muy penosas en Quebec. No obstante, en 1987, el gobierno compensó con 10 millones de dólares canadienses a los “inuit” por los daños y perjuicios que les ocasionó su traslado a Resolute y Grise Fjord en 1953. Y dos años después, aceptó financiar el retorno de los “inuit” que lo desearan a sus lugares de origen. Sin embargo, tan sólo 40 de ellos decidieron regresar. Los restantes, sobre todos los jóvenes nacidos o crecidos en los nuevos territorios, optaron por quedarse, orgullosos de la lucha que sus padres habían mantenido ante las terribles condiciones de vida con las que debieron de enfrentarse en su destierro. No obstante, se mantuvieron firmes en el criterio de que el gobierno central debía de pedir perdón por lo acontecido 34 años antes.
En 1994, la Comisión de Pueblos Aborígenes del Canadá exigió una reparación moral para aquellas familias tratadas de forma “cruel e inhumana” y utilizadas por el gobierno como “mástiles de banderas” para asegurar la soberanía del país en el Alto Ártico. Pero el gobierno respondió con nuevos argumentos a favor de su inocencia. (…) Al fin, unos meses antes de mi llegada a Resolute, el gobierno canadiense hizo una declaración formal de petición de perdón [REVERTE, J. En mares salvajes. Un viaje al Ártico. Barcelona: Plaza & Janés, 2011, pp. 120 a 122].
Monumento a los reubicados árticos, obra de Simeonie Amagoalik
[Resolute Bay (Canadá)]
Esa petición formal fue la Apology for the Inuit High Arctic relocation del 18 de agosto de 2010. El parlamentario John Duncan –exministro de Asuntos Indios y Desarrollo del Norte– se dirigió a los líderes inuit, en nombre del Primer Ministro, para pedirles disculpas por aquella reubicación de familias de Inukjuak y Pond Inlet a Grise Fiord y Resolute Bay durante la década de 1950, de parte del Gobierno de Canadá y de todos los canadienses: Nos gustaría expresar nuestro más profundo pesar por las dificultades extremas y el sufrimiento causado por la reubicación. Las familias fueron separadas de sus comunidades de origen y familias a más de mil kilómetros. No se les proporcionó refugio y suministros adecuados. No fueron informados adecuadamente de cuán lejos y cuán diferentes serían sus nuevas casas en Inukjuak, y no sabían que se separarían en dos comunidades una vez que llegaran al Alto Ártico. Además, el Gobierno no cumplió su promesa de devolver a sus hogares a cualquiera que no quisiera permanecer en el Alto Ártico.
El Gobierno de Canadá lamenta profundamente los errores y las promesas incumplidas de este oscuro capítulo de nuestra historia y se disculpa por la reubicación en el Alto Ártico. Nos gustaría rendir homenaje a los reubicados por su perseverancia y valentía. A pesar del sufrimiento y las dificultades, los reubicados y sus descendientes tuvieron éxito en la construcción de comunidades vibrantes en Grise Fiord y Resolute Bay. El gobierno de Canadá reconoce que estas comunidades han contribuido a una fuerte presencia canadiense en el Alto Ártico.
La reubicación de las familias inuit en el Alto Ártico es un capítulo trágico en la historia de Canadá que no debemos olvidar, pero que debemos reconocer, aprender y enseñar a nuestros hijos. Reconocer nuestra historia compartida nos permite avanzar en asociación y en un espíritu de reconciliación.
En Derecho Internacional Público, el régimen jurídico del espacio aéreo se estableció en el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, firmado en Chicago (Estados Unidos), el 7 de diciembre de 1944. Partiendo de la base de que el “Convenio de Chicago” reconoce que todo Estado tiene soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo situado sobre su territorio (Art. 1), la referencia a las “zonas prohibidas” se encuentra regulada en su Art. 9.a): Cada Estado contratante puede, por razones de necesidad militar o de seguridad pública, restringir o prohibir uniformemente los vuelos de las aeronaves de otros Estados sobre ciertas zonas de su territorio, siempre que no se establezcan distinciones a este respecto entre las aeronaves del Estado de cuyo territorio se trate, que se empleen en servicios aéreos internaciones regulares, y las aeronaves de los otros Estados contratan-tes que se empleen en servicios similares. Dichas zonas prohibidas deberán ser de extensión y situación razonables, a fin de no estorbar innecesariamente a la navegación aérea. La descripción de tales zonas prohibidas situadas en el territorio de un Estado contratante y todas las modificaciones ulteriores deberán comunicarse lo antes posible a los demás Estados contratantes y a la Organización de Aviación Civil Internacional (la OACI, uno de los quince organismos especializados de las Naciones Unidas).
Antes de que este convenio entrase en vigor –el 4 de abril de 1947– España ya había aprobado una primera Orden de 21 de septiembre de 1946 (BOE del 23) por la que se establecieron zonas prohibidas al vuelo en territorio nacional, de acuerdo con lo previsto por el Art. 9 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional. Desde entonces, el Gobierno español ha venido adoptando diversas disposiciones; la última, a la hora de redactar esta entrada, es la Orden de 18 de enero de 1993 sobre zonas prohibidas y restringidas al vuelo que ya ha sido modificada en once ocasiones.
La actual normativa española distingue entre:
Zonas prohibidas al vuelo para toda clase de aeronaves, excepto las españolas de Estado debidamente autorizadas por el Ministerio de Defensa (por ejemplo, las islas Chafarinas, la central nuclear de Almaraz en Cáceres o el Palacio Real en Madrid); y
Zonas restringidas al vuelo para toda clase de aeronaves que no cumplan las restricciones establecidas, excepto las españolas de Estado, cuando así lo exija el cumplimiento de su cometido o por razones de emergencia (como la Academia General del Aire, en Murcia, o las marismas de Huelva para la protección y conservación de la avifauna).
Durante la II República Española, el que fuera fundador y presidente del Cuerpo de Contadores Jurados (actual Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España), Antonio Rodríguez Sastre (1896-1986), impartió una conferencia titulada El delito financiero: su repercusión en el crédito y la economía, el 26 de marzo de 1934, en el Colegio Central de Titulares Mercantiles, que posteriormente se reprodujo en la Revista Española de Financiación y Contabilidad, en 1977 como homenaje a toda su obra (*). El jurista barcelonés se quejaba entonces de la marcha de algunas sociedades mercantiles, de modo que las empresas eran para unos pocos en perjuicio para los más, y lo hacía contando algunas anécdotas de su vida profesional; por ejemplo:
(…) Recuerdo un caso en el que intervine como abogado querellante, en el que al interrogar a los miembros del Consejo de administración hubo quien no tenía ni idea de lo que pasaba en la empresa ni de la legislación aplicable, no obstante figurar asistía a todas las sesiones celebradas por el Consejo y por lo que cobraba pingües dietas.
Rodríguez Sastre definió los delitos financieros como todos aquellos actos fraudulentos con el deseo de obtener un beneficio en perjuicio de tercera persona y los que atacan la fe comercial; asimismo, mostró su preocupación por la falta de preparación técnica de la administración de justicia para captar toda la maniobra financiera; al mismo tiempo que remarcaba la necesidad de aprobar nuevas leyes adaptadas a la hora en que vivimos y reivindicaba el papel de los técnicos que tiene España como hombres perfectamente preparados en ciencias (…) contables, a los que es forzoso recurrir. Un texto que, en gran medida, mantiene su vigencia cuando ha transcurrido ya casi un siglo desde que lo publicó por primera vez el Patronato de Intendencia e Intervención Militares, en 1934.
El autor catalán no quiso dejar pasar la ocasión de rendir un caluroso saludo al profesor Luis Jiménez de Asúa (1889-1970) que, en su opinión, era una autoridad mundialmente conocida en la disciplina del Derecho Penal Financiero porque fue su amigo el encargado de prologar esta pequeña obra en la que el penalista madrileño incluyó su propia definición de la delincuencia económica que, hoy en día, aún se recuerda por su acertada y fina ironía:
(…) hace sesenta años, el español de presa, ansioso de despojar a otro de su fortuna o de sus ahorros, se echaba al monte, con clásico calañé y trabuco naranjero, escapando de sus perseguidores a lomos de la jaca andaluza. Hoy, crea sociedades, desfigura balances, simula desembolsos y suscripciones, y montado en la ignorancia de fiscales y magistrados, escapa sobre el cómodo asiento de su automóvil.
Manuel Barrón y Carrillo | Paisaje rondeño con bandoleros (1856)
Tras recordar diversas resoluciones de las Naciones Unidas, el preámbulo de la Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, que modificó el Código Penal en materia de delitos de terrorismo, expone que las acciones del terrorismo internacional pretenden poner en riesgo los pilares en los que se sustenta el Estado de Derecho y el marco de convivencia de las democracias del mundo entero; en ese contexto, el terrorismo internacional de corte yihadista se caracteriza, precisamente, por haber incorporado esas nuevas formas de agresión, consistentes en nuevos instrumentos de captación, adiestramiento o adoctrinamiento en el odio, para emplearlos de manera cruel contra todos aquellos que, en su ideario extremista y violento, sean calificados como enemigos. Estas nuevas amenazas deben, por tanto, ser combatidas con la herramienta más eficaz que los demócratas pueden emplear frente al fanatismo totalitario de los terroristas: la ley.
Como esas nuevas amenazas exigen la actualización de la normativa para dar cabida al fenómeno del terrorismo individual (…), el legislador español modificó el Capítulo VII del título XXII del libro II del Código Penal [Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre], dando nueva redacción a su Art. 575 para tipificar el adoctrinamiento y el adiestramiento militar o de combate o en el manejo de toda clase de armas y explosivos, incluyendo expresamente el adoctrinamiento y adiestramiento pasivo, con especial mención al que se realiza a través de internet o de servicios de comunicación accesibles al público, que exige, para ser considerado delito, una nota de habitualidad y un elemento finalista que no es otro que estar dirigido a incorporarse a una organización terrorista, colaborar con ella o perseguir sus fines. También se tipifica en este precepto el fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros, esto es, quienes para integrarse o colaborar con una organización terrorista o para cometer un delito de terrorismo se desplacen al extranjero.
Y, en concreto, el Art. 575.2 CP prevé los hechos legalmente constitutivos de un delito de autoadoctrinamiento de carácter terrorista: Con la misma pena [se refiere a la prisión de dos a cinco años establecida en el Art. 575.1] se castigará a quien, con la misma finalidad de capacitarse para cometer alguno de los delitos tipificados en este Capítulo, lleve a cabo por sí mismo cualquiera de las actividades previstas en el apartado anterior. Se entenderá que comete este delito quien, con tal finalidad, acceda de manera habitual a uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea o contenidos accesibles a través de internet o de un servicio de comunicaciones electrónicas cuyos contenidos estén dirigidos o resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista, o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines. Los hechos se entenderán cometidos en España cuando se acceda a los contenidos desde el territorio español. Asimismo se entenderá que comete este delito quien, con la misma finalidad, adquiera o tenga en su poder documentos que estén dirigidos o, por su contenido, resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines.
Este último párrafo es el precepto que tipifica el delito de autoadoctrinamiento para capacitarse para la comisión de actos terroristas.
En la jurisprudencia española, las primeras resoluciones que condenaron a dos acusados por este adoctrinamiento pasivo fueron las sentencias 4267/2016, de 30 de noviembre [ECLI:ES:AN:2016:4267] y 4394/2016, de 7 de diciembre [ECLI:ES:AN:2016:4394], de la Audiencia Nacional.
La razón de ser de este nuevo tipo penal –de acuerdo con la sentencia 39/2018, de 16 de enero, del Tribunal Supremo [ECLI:ES:TS:2018:39]– es que, adelantando las barreras de protección al bien jurídico protegido en los delitos de terrorismo (…), la nueva redacción del Art. 575 del Código Penal (…) ha añadido la sanción del adoctrinamiento o adiestramiento pasivo, esto es, más allá de sancionarse a quien hace proselitismo respecto de la actuación terrorista, se ha venido a condenar también a quienes se coloquen como destinatarios de actividades dirigidas a expandir los postulados violentos del grupo terrorista o concebidas para adiestrar a cualquiera en métodos que faciliten la comisión de atentados, siempre que la participación como receptor en estas enseñanzas responda a una voluntad consciente de facilitar el terrorismo, y con independencia de que la instrucción sea directamente buscada o adquirida por el sujeto activo, o haya sido dispuesta y le sea pertrechado por otros.
Cuadro: Willem den Broeder | Brain Chain (2001).

References: Real Decreto 
 Real decreto 
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