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Informe de admisibilidad carlos manuel camacho coloma y familia
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INFORME No. 18/16 PETICIÓN 1208-07
Requisitos de Admisibilidad 1. Agotamiento de los recursos internos
INFORME No. 18/16
PETICIÓN 1208-07
CARLOS MANUEL CAMACHO COLOMA Y FAMILIA
Aprobado por la Comisión en su sesión No. 2065 celebrada el 15 de abril de 2016
157º período ordinario de sesiones.
Citar como: CIDH, Informe No. 18/16, Petición 1208-07, Admisibilidad, Carlos Manuel Camacho Coloma, Ecuador, [5 de abril de 2016.
El 19 septiembre de 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una petición presentada por el abogado Jorge Sosa Meza (en adelante, “el peticionario”) en representación del Sr. Carlos Manuel Camacho Coloma (en adelante “la presunta víctima” o “el Sr. Camacho”) contra la República de Ecuador (en adelante, “Ecuador”, “el Estado” o “el Estado ecuatoriano”). En la petición se alega la responsabilidad internacional de Ecuador por el daño físico irreparable infligido a la presunta víctima en el curso de un operativo policial en el que se habría hecho un uso desproporcionado de la fuerza letal, así como por la falta de investigación, procesamiento y sanción de los culpables de estos hechos.
El peticionario denuncia que a consecuencia de los impactos de bala recibidos por el Sr. Camacho durante un operativo policial, éste habría adquirido una parálisis permanente en sus extremidades inferiores. Además, que fue detenido ilegalmente en el curso de estas acciones y sometido a un proceso penal en el que se le habrían violado las garantías judiciales, el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal. Asimismo, alega que las autoridades judiciales no investigaron los hechos que dieron como resultado que la presunta víctima adquiriera una discapacidad física permanente, y en los cuales además perdió la vida un tercero, a pesar de que los mismos eran perseguibles de oficio. A este respecto, aducen que se configura la excepción de retardo injustificado para el agotamiento de los recursos internos.
Por su parte, el Estado sostiene que los agentes de la Policía Nacional hicieron un uso legítimo de la fuerza durante las acciones que dieron con el arresto del Sr. Camacho, y que las mismas se motivaron en una denuncia hecha a la policía por dos ciudadanos particulares. Además, que el proceso penal seguido contra la presunta víctima se desarrolló dentro de un plazo razonable y en estricto apego al debido proceso. El Estado aduce asimismo que el Sr. Camacho no agotó varios de los recursos judiciales disponibles en la legislación interna para remediar a nivel doméstico los hechos que ahora denuncia ante la CIDH y que la petición se presentó a la Comisión Interamericana luego del plazo convencional de seis meses.
Sin prejuzgar sobre el fondo de la denuncia, tras analizar las posiciones de las partes y en cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “la Convención Americana” o “la Convención”), la CIDH decide declarar la petición admisible a efectos del examen de los alegatos relativos a la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 8 (derecho a las garantías judiciales) y 25 (derecho a la protección judicial) de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1 (obligación de respetar los derechos) de dicho tratado. La Comisión decide además notificar esta decisión a las partes, publicarla e incluirla en su Informe Anual para la Asamblea General de la OEA.
La CIDH recibió la petición el 17 de septiembre de 2007 y transmitió copia de las partes pertinentes al Estado el 8 de junio de 2011, otorgándole un plazo de dos meses para presentar sus observaciones, con base en el artículo 30.3 de su Reglamento entonces en vigor. El 16 de agosto de 2011 el Estado solicitó una prórroga, la cual fue otorgada por la CIDH hasta el 8 de septiembre de 2011, mediante nota del 19 de agosto de 2011. El 9 de febrero de 2012 la CIDH reiteró al Estado su solicitud de observaciones. El 12 de abril de 2012 se recibió la respuesta del Estado, la cual fue trasladada al peticionario el 16 de abril de 2012.
El 14 de junio de 2012 se recibieron las observaciones del peticionario, las cuales fueron trasladadas al Estado el 22 de junio de 2012, solicitándosele que presentara sus observaciones en el plazo de un mes. Este requerimiento fue reiterado por la CIDH mediante notas del 3 de julio de 2013 y 19 de agosto de 2014. El Ecuador presentó respuesta el 21 de noviembre de 2014, la cual fue transmitida al peticionario el 9 de diciembre de 2014.
El peticionario expone que el 12 de marzo de 1999 el Sr. Camacho, ingeniero agrónomo de 27 años de edad, se desplazaba en su vehículo por una zona rural de la provincia de Los Ríos como parte de sus actividades laborales. En el camino hizo un alto en la población de San Juan donde un sujeto desconocido le pidió que lo llevara al cantón Vinces, lugar al cual se dirigía el Sr. Camacho. En un punto del trayecto, llegando al referido cantón, el Sr. Camacho trató de evadir a otro vehículo que casi lo choca e inmediatamente después escuchó varios disparos y se detuvo al borde de la carretera para entender qué estaba sucediendo. En ese momento sintió que desde atrás, sorpresivamente y sin motivo alguno, les propinaban una ráfaga de disparos que lo dejaron a él gravemente herido y que dieron muerte al otro pasajero que iba en su automóvil. Luego fue arrestado por agentes de policía que lo llevaron a la Clínica San José, ubicada en el cantón Vinces, donde recibió los primeros auxilios.
El 13 de marzo de 1999 comenzó una investigación penal contra la presunta víctima (expediente No. 58-99, cuyas partes principales constan en los anexos de la petición). Según el parte policial, la policía local había recibido una denuncia que indicaba que cinco sicarios fuertemente armados se encontraban rondando en los alrededores de la hacienda “La Floresta” en un vehículo de determinadas características. Asimismo, de acuerdo con dicho informe los agentes de la fuerza pública habrían encontrado armas y droga en el vehículo del Sr. Camacho; sin embargo, en sus declaraciones éste negó enfáticamente tales acusaciones y manifestó que la policía consignó información falsa en el parte policial con el único propósito de justificar la ilegalidad de sus acciones.
Según documentación presentada el 16 de marzo de 1999 el Juzgado Segundo de lo Penal de Los Ríos dictó auto cabeza de proceso contra el Sr. Camacho por tenencia ilegal de drogas y armas y le impuso detención preventiva. Según lo informado, en la fecha en cuestión se encontraba en el hospital bajo vigilancia policial. El 15 de abril de ese año el referido juez, mediante las actuaciones procesales correspondientes, decretó la prohibición del Sr. Camacho de enajenar sus bienes, y el congelamiento de sus cuentas y transacciones bancarias. El 29 de junio de 1999 el Fiscal Sexto de lo Penal de Los Ríos, mediante resolución motivada, decidió abstenerse de acusar al Sr. Camacho. En su dictamen el representante del Ministerio Público consideró que no había evidencia que sustentara la versión de la policía de que durante el arresto de la presunta víctima se produjo un fuego cruzado, y de que en su vehículo se transportasen cinco hombres fuertemente armados. Por el contrario, el dictamen dejó asentado que el Sr. Camacho era un ciudadano honesto que no tenía vínculos con grupo delictivo alguno, y que no estaba relacionado ni con el tráfico o el consumo de drogas, o que tuviera costumbre de portar armas.
El 8 de julio de 1999 el Juez Segundo de lo Penal de Los Ríos dictó auto de sobreseimiento provisional en favor de la presunta víctima, el cual por disposición de la ley fue elevado en consulta a la Corte Superior de Justicia de Babahoyo. En esta resolución de sobreseimiento provisional se dispuso la inmediata libertad de la presunta víctima, quien se encontraba en ese momento bajo vigilancia policial en el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la ciudad de Babahoyo. El 20 de septiembre de ese mismo año esta instancia superior confirmó el auto de sobreseimiento provisional dictado por el juez de primera instancia. Posteriormente, el 21 de febrero de 2005 el Juez Segundo de los Ríos dictó auto de sobreseimiento definitivo del proceso y del sindicado.
El peticionario denuncia fundamentalmente que la presunta víctima sufrió una grave violación a su derecho a la integridad personal, derivada del daño irreparable sufrido por el ataque indiscriminado perpetrado por los agentes de la Policía Nacional. Señala que a raíz de los hechos ocurridos el 12 de marzo de 1999 el Sr. Camacho sufrió una grave lesión en la médula espinal que le impedirá volver a caminar de por vida, además perdió definitivamente el control voluntario de los esfínteres vesical y anal. Asimismo, padeció de un trastorno depresivo que tuvo que tratarse por medio de farmacoterapia. A este respecto, el peticionario aporta documentación que sustenta y explica el daño físico y sicológico descrito. Todo esto aunado al perjuicio económico derivado de los gastos del proceso al que fue sometido, la atención médica sobreviniente, y la merma en su capacidad para trabajar y sostener económicamente a su familia.
El peticionario sostiene que Ecuador es internacionalmente responsable por el uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza letal empleada por los agentes de policía al momento de detener a la presunta víctima. Subraya que el propio fiscal de la causa estableció en su dictamen que el Sr. Camacho no portaba armas de grueso calibre en su vehículo, que no se transportaba con un grupo de hombres armados, y que no existió intercambio de disparos con la policía ni resistencia alguna al arresto. Por estos motivos, no habría justificación para que los agentes de la fuerza pública hayan utilizado la fuerza letal como primera medida de acción contra la presunta víctima. Denuncia además que, a pesar de ser los hechos descritos perseguibles de oficio y de la existencia de pruebas evacuadas durante el proceso penal, las autoridades judiciales no iniciaron de oficio una investigación para establecer las responsabilidades penales correspondientes al actuar de los policías. El peticionario señala asimismo que los agentes involucrados en los hechos estuvieron individualizados desde un principio en las investigaciones de la fiscalía y destaca que en el operativo perdió la vida un tercero.
Con respecto al proceso penal, el peticionario denuncia en lo fundamental que: (a) la detención del Sr. Camacho fue ilegal porque no tuvo sustento en una orden de autoridad competente ni en una situación de flagrancia; y (b) que se violaron los derechos a la presunción de inocencia y a la libertad personal, porque se habría dictado orden de prisión preventiva sin que existieran elementos suficientes que la justificaran.
Con base en lo anterior, el peticionario alega que el Estado violó en perjuicio del Sr. Carlos Manuel Camacho Coloma los derechos consagrados en los artículos 5, 7, 8 y 25 de la Convención America, en conexión con el artículo 1 de dicho tratado.
El Estado sostiene que la actuación de la Policía Nacional el 12 de marzo de 1999 se basó en una denuncia presentada por dos ciudadanos particulares, quienes manifestaron que en los alrededores de la hacienda “La Floresta”, en el cantón Vinces, se encontraba un vehículo de determinadas características con cinco ocupantes fuertemente armados. En este sentido, el operativo ejecutado por la policía habría tenido el objetivo de proteger el bienestar de la ciudadanía. El Estado aduce que al momento de los hechos los agentes de la policía habrían intentado sin éxito hacer que el vehículo en el que se trasportaba la presunta víctima se detuviera, que se produjo un intercambio de disparos, y que existía información que indicaba que sus ocupantes se encontraban fuertemente armados. Sobre la base de estas consideraciones Ecuador plantea que el uso de la fuerza durante el operativo fue legítimo, sustentando su posición en el parte policial de los hechos.
Ecuador plantea además que el proceso penal seguido contra el Sr. Camacho se desarrolló de manera ágil y efectiva, y que los recursos judiciales estuvieron disponibles en el ámbito nacional para que el peticionario los accionara. El Estado alega que el proceso penal se tramitó dentro de un plazo razonable, pues inició el 13 de marzo de 1999 y seis meses después se había emitido sobreseimiento provisional. Indica además, que casi seis años después de la emisión del auto de sobreseimiento provisional, el Sr. Camacho presentó el 4 de febrero de 2005 una solicitud para que se dicte auto de sobreseimiento definitivo ante el Juez Segundo de lo Penal de Los Ríos y que diecisiete días más tarde, el 21 de febrero de 2005, el referido juzgado dictó auto de sobreseimiento definitivo. Ese auto fue confirmado por la Corte Superior de Justicia de Babahoyo mediante resolución del 31 de mayo de 2005. Por lo tanto, según el Estado, se cumplió con la normativa aplicable respecto de los plazos de sobreseimiento.
El Estado señala que el peticionario presentó la denuncia a la CIDH el 17 de septiembre de 2007, cuando la decisión final recaída en el proceso penal seguido contra el Sr. Camacho, el auto que confirma el sobreseimiento definitivo, fue notificada el 14 de junio de 2005. Con lo cual, la petición se habría presentado extemporáneamente, en exceso del plazo de seis meses establecido por el artículo 46.1.b de la Convención Americana.
El Estado alega además que el Sr. Camacho no hizo uso de todos los recursos que tenía disponible en el ordenamiento jurídico interno, éstos serían: (a) casación: el cual se habría podido interponer contra la sentencia dictada el 20 de septiembre de 1999 por la Corte Superior de Justicia de Babahoyo; (b) procedimiento contencioso administrativo contra el Estado: el peticionario habría podido presentar una demanda para establecer la responsabilidad objetiva del Estado generada por el actuar de la policía, y así exigir una indemnización por daños y perjuicios; (c) juicio de daños y perjuicios contra los jueces que tramitaron la causa penal seguida contra el Sr. Camacho: porque de acuerdo con lo alegado por el peticionario, los operadores de justicia incumplieron con su deber de iniciar de oficio las acciones legales correspondientes contra los policías que le habrían causado un daño irreparable al Sr. Camacho; y (d) demanda civil por daño moral contra los ciudadanos particulares que denunciaron a la policía de Vinces la presencia de un automóvil con hombres armados en las inmediaciones de la hacienda “La Floresta”.
En conclusión, el Estado solicita a la CIDH declare inadmisible la petición sobre la base de que el peticionario no ha agotado los recursos judiciales internos, y de que la petición fue presentada extemporáneamente.
El peticionario se encuentra facultado, en principio, por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar peticiones ante la Comisión. La petición señala como presunta víctima a una persona natural, respecto de quien el Estado ecuatoriano se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que Ecuador es un Estado parte en la Convención Americana desde el 28 de diciembre de 1977, fecha en la que depositó su instrumento de ratificación. Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición. Asimismo, la Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos por la Convención Americana que habrían tenido lugar dentro del territorio de Ecuador, Estado Parte en dicho tratado.
La Comisión tiene competencia ratione temporis por cuanto las obligaciones de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana ya se encontraban en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. Finalmente, la Comisión tiene competencia ratione materiae, porque en la petición se denuncian posibles violaciones a derechos humanos protegidos por la Convención Americana.
Lo anterior sin perjuicio de que en la etapa de fondo del trámite de la presente petición, al momento de analizar las posibles violaciones a la Convención Americana, la CIDH tome en consideración otros instrumentos que hacen parte del corpus juris en materia de derechos de las personas con discapacidad en la medida de lo pertinente.
El 46.1.a de la Convención Americana exige el previo agotamiento de los recursos disponibles en la jurisdicción interna conforme a los principios de derecho internacional generalmente reconocidos, como requisito para la admisión de reclamos sobre la presunta violación de derechos establecidos en dicho tratado. Este requisito tiene como objeto permitir que las autoridades nacionales conozcan sobre la supuesta violación de un derecho protegido y, de ser apropiado, solucionen la situación antes de que sea conocida por una instancia internacional. Por su parte, el artículo 46.2 de la Convención prevé que el requisito de previo agotamiento de los recursos internos no resulta aplicable cuando: i) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; ii) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos a la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos; o iii) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.
En el presente caso, resulta un hecho aceptado por ambas partes que el proceso penal seguido contra la presunta víctima culminó con su sobreseimiento definitivo. Es decir, con la resolución emitida por la Corte Superior de Justicia de Babahoyo el 31 de mayo de 2005. El alegato según el cual el Sr. Camacho pudo haber presentado un recurso de casación contra la resolución de sobreseimiento provisional es infundada, toda vez que la misma lo favorecía y fue emitida conforme a derecho. En este sentido, la Comisión considera que la presente petición cumple con el requisito del agotamiento de los recursos internos respecto de aquellos alegatos relacionados con violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas en el marco de dicho proceso penal.
Con respecto a aquellas violaciones alegadas por el peticionario, derivadas del daño presuntamente causado por los agentes de la Policía Nacional en el curso del operativo realizado el 12 de marzo de 1999, el Estado aduce que la presunta víctima tenía a su disposición una serie de remedios legales que no activó. A este respecto, menciona por ejemplo, que el Sr. Camacho pudo haber demandado al Estado ante la jurisdicción contencioso administrativa; o que habría podido demandar civilmente a los jueces que no iniciaron de oficio las acciones correspondientes contra los agentes de la policía; o incluso por no haber iniciado acciones legales contra los ciudadanos que denunciaron ante la policía la supuesta presencia de personas armadas en su cantón. Sin embargo, en casos como el presente, en los que las violaciones alegadas constituyen presuntas ofensas perseguibles de oficio, la Comisión ha establecido consistentemente que el Estado tiene la obligación de promover e impulsar una investigación y proceso penal, y que en esos casos ésta constituye la vía idónea para esclarecer los hechos, juzgar a los responsables y establecer las sanciones penales correspondientes, además de posibilitar otros modos de reparación de tipo pecuniario. Así, es el proceso, impulsado por el Estado, el que debe ser considerado a los efectos de determinar la admisibilidad del reclamo1. Por otra parte, la CIDH ha establecido que, “los pronunciamientos de carácter contencioso administrativo constituyen exclusivamente mecanismos de supervisión de la actividad administrativa del Estado encaminada a obtener indemnizaciones por daños y perjuicios causados por abuso de autoridad”2, en ese sentido, no son idóneos para responder en forma integral a alegadas violaciones graves.
En el presente caso, la Comisión observa que el 12 de marzo de 1999 se produjo un operativo policial en el que se hizo uso de la fuerza letal y que dio como resultado que la presunta víctima sufriera un daño irreparable en su integridad física y que un tercero perdiera la vida. Asimismo, que durante el proceso penal iniciado a raíz del arresto de la presunta víctima la versión de la policía habría sido desestimada por las autoridades judiciales competentes. De hecho, en el auto dictado por la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Babahoyo el 20 de septiembre de 1999, por medio del cual se confirma el sobreseimiento provisional al Sr. Camacho, esta instancia concluye: “[…] lo que realmente está demostrado, es la violencia injustificada de la acción policial, cuando se constata la existencia de nueve impactos de proyectil en el vehículo […] en el que se encontraba el sindicado [Sr. Camacho] y ninguno en el carro en el que estaban los denunciantes y los policías, pese a que se lo cruzó, lo que descarta totalmente el supuesto enfrentamiento con la policía”3. Ante lo cual, la Comisión concluye que correspondía al Estado iniciar de oficio una investigación penal relativa a los hechos denunciados por el peticionario.
Conforme a la información disponible, no surge que las autoridades competentes hayan adoptado las medidas pertinentes para iniciar las investigaciones correspondientes. En consecuencia, la CIDH concluye que aplica la excepción al agotamiento de los recursos internos respecto de este aspecto de la petición, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.2.c. de la Convención.
El artículo 46.1.b de la Convención Americana establece que para que una petición resulte admisible por la Comisión se requerirá que sea presentada dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha en que el presunto lesionado haya sido notificado de la decisión definitiva.
Respecto de los alegatos relacionados con el debido proceso, en el presente informe la Comisión ha establecido que la última decisión judicial recaída en el proceso penal seguido contra la presunta víctima le fue notificada el 14 de junio de 2005. Por tanto, al haber sido recibida la petición el 19 de septiembre de 2007, los reclamos relativos a las alegadas violaciones al debido proceso resultan inadmisibles de conformidad con el artículo 46.1.b de la Convención.
En cuanto los alegatos relativos al uso de la fuerza y las consecuencias para el Sr. Camacho Coloma, la CIDH ha establecido la aplicación de la excepción al agotamiento de los recursos internos conforme al artículo 46.2.c de la Convención Americana. Al respecto, el artículo 32.2 del Reglamento de la Comisión establece que en los casos en los cuales resulten aplicables las excepciones al previo agotamiento de los recursos internos, la petición deberá presentarse dentro de un plazo razonable, a criterio de la Comisión. A tal efecto, la Comisión debe considerar la fecha en que haya ocurrido la presunta violación de los derechos y las circunstancias de cada caso.
En este sentido, la presente petición se presentó ante la Comisión Interamericana el 19 de septiembre de 2007, los hechos materia del reclamo tuvieron lugar el 12 de marzo de 1999, el proceso penal contra la presunta víctima se llevó a cabo entre 1999 al 2005, y los efectos de las violaciones alegadas en la petición se extenderían hasta el presente. Por lo tanto, en vista del contexto y las características del presente caso, la Comisión considera que la petición fue presentada dentro de un plazo razonable y que debe darse por satisfecho el requisito de admisibilidad referente al plazo de presentación.
No surge del expediente que la materia de la petición se encuentre pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, ni que reproduzca una petición ya examinada por éste u otro órgano internacional. Por lo tanto, no son aplicables las causales de inadmisibilidad establecidas en los artículos 46.1.c y 47.d de la Convención.
A los efectos de la admisibilidad, la Comisión debe decidir si los hechos alegados pueden caracterizar una violación de derechos, según lo estipulado en el artículo 47.b de la Convención Americana, o si la petición es "manifiestamente infundada" o es "evidente su total improcedencia", conforme al 47.c de la Convención Americana. El criterio para analizar la admisibilidad difiere del utilizado para el análisis del fondo de la petición dado que la Comisión sólo realiza un análisis prima facie para determinar si los peticionarios establecen la aparente o posible violación de un derecho garantizado por la Convención Americana. Se trata de un análisis somero que no implica prejuzgar o emitir una opinión preliminar sobre el fondo del asunto.
Asimismo, ni la Convención Americana ni el Reglamento de la CIDH exigen al peticionario identificar los derechos específicos que se alegan violados por parte del Estado en el asunto sometido a la Comisión, aunque los peticionarios pueden hacerlo. Corresponde a la Comisión, con base en la jurisprudencia del sistema, determinar en sus informes de admisibilidad, qué disposición de los instrumentos interamericanos relevantes es aplicable y podría establecerse su violación si los hechos alegados son probados mediante elementos suficientes.
El peticionario alega que la presunta víctima sufrió una grave violación a su derecho a la integridad personal, derivada del uso injustificado y desproporcional de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional, que estos hechos han quedado en la impunidad a pesar de ameritar una investigación de oficio por parte de las autoridades competentes y que los mismos han generado un grave perjuicio moral y económico a la presunta víctima. A su vez, el Estado sostiene que los agentes de la policía nacional hicieron un uso legítimo de la fuerza, dadas las circunstancias que rodearon el caso, y que es atribuible a la inacción procesal de la presunta víctima el que los hechos denunciados a la CIDH no hayan sido objeto de atención por parte de las autoridades judiciales nacionales.
En vista de los elementos de hecho y de derecho presentados por las partes y la naturaleza del asunto puesto bajo su conocimiento, la CIDH considera que, de ser probados, los hechos alegados podrían caracterizar posibles violaciones a los derechos protegidos en los artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana, en concordancia con el artículo 1.1 de dicho tratado. Asimismo, la Comisión ha entendido que hay caracterización por violaciones al derecho a la vida cuando se ha puesto a una persona en una situación de riesgo de muerte4, por lo que la Comisión analizará en la etapa de fondo del presente caso la eventual aplicación del artículo 4 de la Convención Americana. La CIDH considera asimismo que los hechos alegados podrían además caracterizar una posible violación del artículo 5 de la Convención en atención al presunto sufrimiento y afectaciones sufridos por los familiares del Sr. Camacho Coloma, quienes serán individualizados en la etapa de fondo del presente caso, con base en las lesiones sufridas por aquel y las consecuencias que se habrían extendido hasta la fecha.
Con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, la Comisión Interamericana concluye que la presente petición satisface los requisitos de admisibilidad enunciados en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana y, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto,
Declarar admisible la presente petición en relación con los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana en conexión con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio del Sr. Carlos Manuel Camacho Coloma;
Declarar inadmisible la presente petición en relación con el artículo 7 de la Convención Americana;
Notificar a las partes la presente decisión;
Continuar con el análisis del fondo de la cuestión; y
Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 15 días del mes de abril de 2016. (Firmado): James L. Cavallaro, Presidente; Francisco José Eguiguren, Primer Vicepresidente; Margarette May Macaulay, Segunda Vicepresidenta; José de Jesús Orozco Henríquez, Esmeralda E. Arosemena Bernal de Troitiño, y Enrique Gil Botero, Miembros de la Comisión.
1  CIDH, Informe No. 34/15, Petición 191-07 y otras, Admisibilidad, Álvaro Enrique Rodríguez y otros, Colombia, 22 de julio de 2015, párr. 244; CIDH, Informe Nº 105/13, Admisibilidad, Petición 514-00, Oscar Alfonso Morales Díaz y familia, Colombia, 5 de noviembre de 2013, párrs.35 y 36; CIDH, Informe Nº 85/08, Admisibilidad, Petición 162-06, Melba Del Carmen Suárez Peralta, Ecuador, 30 de octubre de 2008, párr. 40.
2  CIDH, Informe Nº 73/05, Admisibilidad, Petición 4534/02, Oscar Iván Tabares Toro, Colombia, 13 de octubre de 2005, párr. 26; CIDH, Informe N° 15/95 Informe Anual de la CIDH 1995, párr. 71; Informe N° 61/99, Informe Anual de la CIDH 1999, párrafo 51.
3  Petición inicial presentada el 19 de septiembre de 2007, Anexo 1.
4  CIDH, Informe No. 49/14, Petición 1196-07. Admisibilidad. Juan Carlos Martínez Gil, Colombia, 22 de julio de 2014, párr. 40.
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2016 -> Informe de admisibilidad
2016 -> Trabajadores indocumentados
2016 -> Informe de admisibilidad juan luis rivera matus y otros
2016 -> Informe de inadmisibilidad

References: artículo 1
 artículo 30
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 resolución 
 artículo 46
 artículo 44
 artículo 46
 resolución 
 resolución 
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 32
 artículo 47
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 7