Source: http://www.rostros.net/2012/11/
Timestamp: 2018-03-17 10:35:47+00:00

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Rostros Noticias: noviembre 2012
Rostros y nombres del gabinete 2012 - 2018 de Enrique Peña Nieto
Con fundamento en lo dispuesto por la Fracción II, del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente Electo de México, Enrique Peña Nieto, designó a las personas que le acompañarán al inicio de su Administración.
Miguel Ángel Osorio Chong, al frente de la Secretaría de Gobernación, presentó hoy el Gabinete para el periodo presidencial 2012-2018.
David López Gutiérrez al frente de la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la República para el periodo presidencial 2012-2018.
David López Gutiérrez, ha sido designado, como Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República.
La Secretaría de Relaciones Exteriores estará dirigida por José Antonio Meade Kuribreña.
En la Defensa Nacional será designado el general Salvador Cienfuegos Zepeda y al frente de la Secretaría de Marina estará el almirante Vidal Soberón Sanz.
Al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará Luis Videgaray Caso, en la Secretaría de Desarrollo Social, fue designada Rosario Robles Berlanga y el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales será Juan José Guerra Abud.
En la Secretaría de Energía el titular será Pedro Joaquín Coldwell, en la Secretaría de Economía será nombrado Ildefonso Guajardo Villarreal, y como como responsable de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, estará Enrique Martínez y Martínez.
El Secretario de Comunicaciones y Transportes será Gerardo Ruiz Esparza y de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor; al frente de la Secretaría de Salud estará la doctora Mercedes Juan López y en la Secretaría de Turismo se nombrará a Claudia Ruiz Massieu.
En la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se nombrará a Alfonso Navarrete Prida, mientras que en la Secretaría de la Reforma Agraria estará Jorge Carlos Ramírez Marín; y de ser aprobada la Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Secretario de la Reforma Agraria será el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
El Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal será Humberto Castillejos Cervantes; como Director General de Petróleos Mexicanos fue designado Emilio Lozoya Austin y al frente de la Comisión Federal de Electricidad se nombrará a Francisco Rojas Gutiérrez.
El Presidente, en su momento, propondrá al Senado de la República la ratificación de Jesús Murillo Karam como Procurador General de la República.
En la Presidencia de la República, Aurelio Nuño Mayer fue designado como Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, David López Gutiérrez como Coordinador General de Comunicación Social; Erwin Lino Zárate como Secretario particular del Presidente de la República y Francisco Guzmán Ortiz como Coordinador de Asesores, mientras que el General, Roberto Miranda Moreno, será el Jefe del Estado Mayor Presidencial.
Manuel Mondragón y Kalb fungirá como Subsecretario de Planeación y Protección Institucional, quien, con base en el Artículo 42 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, estará a cargo del Despacho y la resolución de los asuntos correspondientes a esta dependencia. Asimismo, Julián Olivas Ugalde será el Subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad con base en el Artículo 86 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.
“URGE ACERCARNOS AL PODER DE LA TIERRA MÁS QUE AL PODER POLÍTICO”: SENADOR DEMÉDICIS
CONVOCA EL CONGRESISTA AL PRIMER FORO SOBRE EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN CAPÍTULO MORELOS
CUMPLE SENADOR CON COMPROMISOS DE CAMPAÑA
El hambre y la desnutrición en México han causado la muerte de aproximadamente noventa mil mexicanos, misma cantidad de muertes que lo registrado en la llamada “guerra contra el narcotráfico” emprendida por el Gobierno federal, esto según datos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
El senador por Morelos Fidel Demédicis Hidalgo dijo que es un grave contrasentido que 20 de los 28 millones de mexicanos en pobreza alimentaria vivan en el campo, siendo el campo donde se producen los alimentos. Esto es se ha abandonado el sentido productivo del medio rural, el asistencialismo ha erosionado la solución al hambre desde el campo.
La reciente aprobación del derecho constitucional a la alimentación requiere de nuevas políticas públicas para hacer de este derecho una realidad, evitar con ello el “gatopardismo” institucional que puede provocarse al aprobarse una reforma constitucional y seguir operando los mismos programas con los mismos criterios y reglas de operación, de ahí la urgencia de trabajar en la materia, enfatizó el legislador.
En este sentido Demédicis Hidalgo presentó al pleno del Senado de la República la iniciativa de Ley General del Derecho a la Alimentación, a fin de reglamentar la reciente reforma al artículo 4to que eleva a rango constitucional el derecho al alimento.
Tiene importancia especial, comentó el senador, la determinación de los objetivos que deben asumirse jurídicamente para que el derecho a la alimentación sea cumplido, teniendo como eje a la persona, “partiendo de la realidad lastimosa de los millones de mexicanos y mexicanas que cada mañana despiertan con hambre y al terminar el día, acaso habrán realizado una sola comida de mala calidad e insuficiente” agregó.
Como lo dijo en su campaña, Demédicis Hidalgo en su propuesta al Senado recalcó que al ser Morelos cuna de la Reforma Agraria, no perderá de vista que el Plan de Ayala no fue sólo una promulgación libertaria contra los opresores del pueblo, sino que en estos momentos requiere un gran ajuste estructural biotecnológico destinado a mejorar y a transformar la agricultura y a introducir una nueva era histórica para Morelos y el país, junto con un gran cambio en el modo en que viven las poblaciones campesinas.
A fin de enriquecer su propuesta e incluir las necesidades desde las mismas poblaciones que las padecen, dará inicio la serie de foros nacionales de consulta con el Primer Foro sobre el Derecho a la Alimentación Capítulo Morelos mismo que se llevará al cabo en la Ex Hacienda de Coauixtla, municipio de Ayala, Morelos, el próximo miércoles 28 de noviembre, y con el que se da paso a los siguientes en Nayarit, Guerrero, Chiapas, Veracruz y Durango.
DESIGNA CONGRESO A CONSEJEROS DEL IEE
Los legisladores designaron al presidente y cuatro consejeros del Instituto Estatal Electoral para el periodo 2012 – 2016.
Los integrantes de la Quincuagésima Segunda Legislatura nombraron hoy a Jesús Saúl Meza Tello como consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, y como consejeros electorales propietarios a Briseida Yadira García Vara, Luis Eduardo Pedrero González, Arturo Loza Flores y Eleael Acevedo Velázquez.
El nuevo Consejo del IEE funcionará del 30 de noviembre de 2012 al 29 de noviembre de 2016 y será el responsable de dirigir, organizar y calificar las elecciones intermedias en el estado en el 2015.
La propuesta presentada al pleno por los integrantes de la Junta Política y de Gobierno luego del análisis de las trayectorias de 57 aspirantes y de llegar a los acuerdos necesarios entre los grupos parlamentarios, contiene la lista con aquellos que cumplen el perfil profesional y los requisitos señalados en la Convocatoria emitida por el propio órgano legislativo.
En este sentido, los coordinadores manifestaron que si bien el Código Electoral en su artículo 96 señala que son los grupos parlamentarios los que proponen su lista de candidatos a Consejero Presidente y Consejeros Electorales y Suplentes, fue la Junta Política que acordó que se recibiera la lista de cinco ciudadanos, propuestos por la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza, la cual coincide con las propuestas de los grupos parlamentarios.
Una vez analizados los perfiles y considerando que para la designación de los Consejeros Electorales deben observarse los principios de independencia, objetividad e imparcialidad, y el criterio de que los servidores públicos de los institutos electorales, en este caso, el Instituto Estatal electoral del Estado, por la naturaleza de su función, cumplen con los principios constitucionales de imparcialidad e independencia que rigen la función electoral, los integrantes de la Junta Política y de Gobierno acordaron por unanimidad las designaciones.
En la votación por cédula de cada uno de los consejeros propietarios la elección registró votos a favor en su mayoría (hasta con 28 votos de 29 asistentes) pero también votos en contra y algunas abstenciones. Asím los diputados por mayoría aprobaron designar como los integrantes del Consejo del Instituto Estatal Electoral a los siguientes ciudadanos:
Consejero Presidente: Jesús Saúl Meza Tello
1er Consejero Propietario: Briseida Yadira García Vara
2do Consejero Propietario: Luis Eduardo Pedrero González
3er Consejero Propietario: Arturo Loza Flores
4to Consejero Propietario: Eleael Acevedo Velázquez
De igual forma fueron elegidos los suplentes en orden de prelación:
Azalea Montero Reynoso
Gonzalo Gutiérrez Medina
David Aarón Medina Balderas
Al hacer uso de la tribuna el diputado Jordi Messeguer Gally resaltó la apertura alcanzada con la emisión de la convocatoria, reconoció el trabajo de los coordinadores parlamentarios y los felicitó por el proceso que se llevó a cabo en esta selección que si bien estará sujeta a críticas, estuvo siempre velada por los principios de participación ciudadana.
Por otro lado Javier Bolaños Aguilar valoró la alta respuesta ciudadana, con trayectoria y experiencia, que sin duda los llevará a trabajar para esta nueva responsabilidad sobre todo en la urgencia de generar proyectos que refuercen la cultura cívica y la participación social.
Del mismo modo, el diputado Alfonso Miranda Gallegos reconoció que el proceso de selección de los nuevos consejeros y felicitó a los participantes por la excelencia de sus intervenciones lo que dificultó, reconoció, la decisión de los coordinadores, dijo también que se buscó velar por la equidad de género en la designación.
Finalmente el legislador Manuel Martínez Garrigós dijo que el Congreso del estado le apuesta a la ciudadanización de las instituciones y a la participación social a fin de fortalecer desde la trinchera electoral la democracia en nuestro estado.
El Consejero Presidente y Consejeros Propietarios y Suplentes del Consejo Estatal Electoral una vez electos, durarán en su cargo cuatro años, contados a partir del día 30 de noviembre de 2012, concluyendo su período el 29 de noviembre de 2016. Cabe resaltar que los nuevos integrantes del Consejo del IEE tomaron la protesta de ley al cargo en la sesión de este martes.
ELIMINA CONGRESO FUERO A FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL
Los legisladores aprueban también presentar reforma a la Constitución federal a fin de quitar este “privilegio” a diputados, gobernador y magistrados del TSJ consagrado en la misma.
El Pleno del Congreso aprobó eliminar el fuero establecido en la Constitución Política de nuestro estado, entendido éste como una “prerrogativa de inmunidad” a funcionarios de primer nivel, entre los que se encuentran los presidentes municipales y síndicos.
Con la reforma aprobada por mayoría de votos, 23 a favor y 3 abstenciones, a los artículos 40 y 136 de nuestra Constitución, los legisladores aprobaron desaparecer esta canonjía que por años ha sido sinónimo de corrupción, prepotencia y tráfico de influencias, según lo señaló el diputado Javier Bolaños Aguilar, iniciador de esta modificación constitucional.
En propias palabras de los diputados, estas reformas favorecen la rendición de cuentas y le dan un carácter de iguales a ciudadanos y servidores públicos, lo que evitará que en el futuro los altos funcionarios se escuden en la ley para evadir sus responsabilidades.
Los funcionarios a los que alcanza esta reforma son: Consejero Presidente y Consejeros Estatales Electorales del Instituto Estatal Electoral, Consejero Presidente y Consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, Auditor Superior de Fiscalización y los Presidentes Municipales y Síndicos.
La Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, dictaminadora de la propuesta, enfatizó la necesidad de que en caso de que los servidores públicos, listados en el artículo 136 de la Constitución Política estatal, incurran en algún hecho ilícito de carácter penal, puedan ser sujetos a procedimiento sin esperar a que el Congreso justifique si ha lugar o no a la formación de causa.
El dictamen fue modificado a propuesta del diputado José Manuel Agüero Tovar, en el artículo 40 al incluir a los consejeros de la Judicatura Estatal. Para quedar como sigue Artículo 40.- Son facultades del Congreso: … XLI.- Declarar que ha lugar o no a la formación de causa por delitos oficiales o del orden común en contra de Diputados, Gobernador, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y Consejeros de la Judicatura Estatal.
Por otra parte propuso también incluir en la modificación al artículo 136 los escenarios en caso de que exista o no formación de causa para proceder penalmente en contra de funcionarios, que a la letra dice Artículo 136.- (…) En caso negativo cesará todo procedimiento en contra del servidor público sin perjuicio de que la acusación continúe cuando éste termine su cargo. En caso afirmativo, quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones y a disposición de los tribunales comunes, para la instrucción del proceso respectivo. La Comisión correspondiente del Congreso del estado, instruirá el expediente sobre el que deba determinar. La decisión del Congreso es inatacable. (…) Para proceder penalmente en contra de los Secretarios de Despacho, el Auditor Superior de Fiscalización, el procurador General de Justicia, los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, el Consejero Presidente y Consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y estadística, los presidentes municipales, síndicos y regidores, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, no se requerirá la declaratoria del Congreso del estado en la que señale si ha lugar o no a la formación de causa.
Al hacer uso de la tribuna los diputados Javier Bolaños Aguilar, Manuel Martínez Garrigós, Roberto Yáñez Moreno y Juan Ángel Flores Bustamante, se congratularon por avanzar en la generación de mejores marcos jurídicos que sienten las bases sobre las que habrán de despuntar sociedad y gobierno. Son, dijeron, reformas novedosas en favor de los ciudadanos para no permitir abusos de los funcionarios.
En esta reforma “no hay revanchismos políticos” señaló el diputado Javier Bolaños iniciador de la misma, mientras que su homólogo Manuel Martínez expresó su beneplácito por terminar con exagerados privilegios de los servidores públicos.
Por otra parte, en la misma sesión el Congreso aprobó el acuerdo para presentar al Congreso de la Unión la Iniciativa por la que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, a fin de dar seguridad a la ciudadanía de que estos “privilegios” serán erradicados del marco constitucional.
La reforma al artículo 108 constitucional establece que los gobernadores de los estados, los diputados a las Legislaturas locales, los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales y en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales y locales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, en estos casos dichos funcionarios responderán de manera directa ante las autoridades competentes.
Por otra parte el artículo 111 se propone como sigue: Para proceder penalmente en contra de los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, los diputados de la Asamblea del Distrito Federal, el jefe del Gobierno del Distrito Federal, el procurador General de la República y el Procurador General de la República y el procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Federal Electoral, por la comisión de delitos durante en tiempo de su encargo, no se requerirá que la Cámara de Diputados declare si ha lugar o no a proceder contra el inculpado.
SE REÚNE GRACO RAMÍREZ CON LEGISLADORES FEDERALES PARA UNIFICAR CRITERIOS A FAVOR DE MORELOS
Se gestionarán de manera conjunta los recursos que requiere el estado para el 2013
A fin de gestionar los recursos que el estado de Morelos requiere para activar el desarrollo económico y social a partir de los proyectos que impulsa el Gobierno de la Nueva Visión, Graco Ramírez sostuvo este sábado una reunión de trabajo con diputados federales y senadores por Morelos para abordar el tema del presupuesto del ejercicio 2013.
En el encuentro realizado en las instalaciones de la Residencia Oficial, el Gobernador estableció que los temas prioritarios de la gestión del presupuesto federal para el próximo año se enfocan en el rubro de la seguridad pública y en la política social.
A la reunión acudieron los diputados federales Francisco Rodríguez Montero, Javier Orihuela Trejo, Maricela Velázquez Sánchez, Luis Miguel Ramírez Romero, Juan Pablo Adame Alemán, así como los senadores Fidel Demédicis Hidalgo y Lizbeth Hernández Lecona.
Al respecto, el secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén, quien también fue parte del encuentro, comentó que entre los temas que fueron abordados en esta reunión de trabajo, se encuentran los recursos del fondo para impulsar la construcción de obras como el Eje Metropolitano que circulará por Cuernavaca, Jiutepec y Emiliano Zapata, así como otras obras de infraestructura urbana.
"Debemos contrarrestar la inseguridad con esta parte de la política social como unos de los temas prioritarios del presupuesto", dijo Messeguer Guillén, además un aporte especial para dar cumplimiento al compromiso de otorgar las beca-salario a los jóvenes morelenses y recursos para estimular la participación de mujeres productivas en el rubro empresarial.
Derivado de este encuentro cordial, se acordó que para el 4 de diciembre se formalice una visita del Gobernador Graco Ramírez al Congreso de la Unión, para reunirse con los representantes de las distintas comisiones legislativas a nivel federal, y presentar los distintos proyectos de la Nueva Visión que necesitan del respaldo federal.
4a asamblea del Consejo de Juristas del Estado de Morelos
Se reúne en su 4a asamblea ordinaria el Consejo de Juristas de Morelos quien preside el Lic Gerardo Arrieta Fuentes y donde se presento un informe de las actividades que se llevaron de este consejo durante el año por terminar, así como se planean las actividades para los próximos meses, y como consecuencia de estos trabajos han logrado consolidarse en una buena posición dentro del gremio de la abogacía, con resultados positivos.
Nueva credencial IFE usará la biométrica
MÉXICO, D.F., noviembre 21 (EL UNIVERSAL).- El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó la emisión de una nueva credencial para votar con fotografía que se comenzará a producir a partir de julio del 2013. Por unanimidad, el órgano electoral decidió mantener –por ahora- la dirección completa de los electores en la nueva mica. Sin embargo, aprobó lanzar un estudio a nivel nacional para que los ciudadanos opinen si por cuestiones de seguridad debe “encriptarse” la dirección y, los resultados del estudio deberán someterse a consideración del pleno del órgano electoral, a través de la Comisión del Registro Federal de Electores, a más tardar el último día de febrero de 2013.
Por esto, será hasta el mes de marzo cuando el IFE decida en definitiva si se “encripta” la dirección de los ciudadanos en la credencial de elector.
La nueva mica contendrá en el frente: Fotografía del lado izquierdo, Nombre, Domicilio, Año de Registro, Sexo, CURP, Vigencia, Emisión, Fecha de Nacimiento, Reverso, Nombre y firma del Secretario Ejecutivo del Instituto.
Además, Estado, Municipio, Localidad, Sección y Número de emisión de la Credencial para Votar.
En el anverso: Elemento de seguridad físico (OVD). Elemento de seguridad físico. Datos variables impresos en tinta UV. Datos fijos en tinta de seguridad. Microtexto. Elemento de seguridad generado mediante un proceso informático. Foto fantasma con datos variables.
Así como Marcaje del voto. Código de barras unidimensional tipo “128”, entre otros.
El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, dijo que las nuevas credenciales contarán con un diseño más moderno, “mecanismos de seguridad de alta resolución, similares a los que se usan en los billetes; una zona de lectura mecánica como la utilizada en los pasaportes (…) un código de barras adicional al que se accesará mediante la tecnología de prácticamente cualquier teléfono celular, tal código pretende propiciar una mayor vinculación del elector con el Instituto”.
Al respecto, el consejero Francisco Guerrero explicó que por ley se debe mantener el domicilio en las credenciales de elector, por lo que la consulta solo será sobre la posibilidad de encriptarlo y que este dato solo pueda ser leído con aparatos especiales.
El representante del Partido Acción Nacional (PAN), Rogelio Carbajal, exigió quitar el domicilio del documento de identificación oficial en apego a la Ley de Protección de Datos Personales y que la posible consulta sobre el tema se extienda a la ciudadanía.
ANALIZAN DIPUTADOS ELIMINAR FUERO A FUNCIONARIOS
El objetivo es terminar con la corrupción, prepotencia, tráfico de influencias o impunidad de servidores públicos.
Con el consenso de los legisladores se encuentra en análisis la propuesta que reforma la Constitución Política del estado en sus artículos 40 y 136, esto con la finalidad de que el Congreso del estado tenga la facultad de declarar si ha lugar o no a la formación de causa por delitos oficiales del orden común en contra de funcionarios de primer nivel de la administración pública.
Durante la sesión de este día los legisladores conocieron el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales por el que se reforma la Constitución del estado a fin de avanzar en el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. El documento señala que es necesario dar el carácter de iguales a los ciudadanos y a servidores públicos, y que los funcionarios no se escuden en la ley para evadir sus responsabilidades.
El proponente, diputado Javier Bolaños Aguilar, enfatizó la necesidad de que en caso de que los servidores públicos, listados en el artículo 136 de la Constitución Política estatal, incurran en algún hecho ilícito de carácter penal, puedan ser sujetos a procedimiento sin esperar a que el Congreso justifique si ha lugar o no a la formación de causa.
Estos funcionarios son: Consejero Presidente y Consejeros Estatales Electorales del Instituto Estatal Electoral, Consejero Presidente y Consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, Auditor Superior de Fiscalización y los Presidentes Municipales y Síndicos.
Bolaños Aguilar dijo que al eliminar los beneficios del llamado fuero constitucional entendido este como “prerrogativa de inmunidad”, cualquier ciudadano que se haya visto afectado por acciones u omisiones de algún funcionario, podrá entablar denuncia y se de paso al procedimiento penal correspondiente sin que el Congreso del estado tenga que iniciar juicio de procedencia, “mismos que pueden ser muy rápidos o muy lentos cuando se privilegia el interés político para proteger la corrupción, prepotencia, tráfico de influencias o impunidad de servidores públicos”, abundó.
En el mismo sentido, Bolaños Aguilar explicó que por lo que hace al gobernador, diputados, magistrados del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura, a la fecha tienen que conservar su inmunidad porque la misma está prevista en la Constitución federal, por lo que de manera paralela propuso enviar al Constituyente Permanente Federal, la propuesta para suprimir de nuestra Carta Magna el fuero constitucional.
Esta iniciativa propone retirar la inmunidad que da la Constitución Federal a los gobernadores, diputados locales y federales y a magistrados del Tribunal Superior de Justicia con la reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de la República, señalando que en caso de responsabilidades por violaciones a la Constitución federal, a las leyes federales o locales, así como por manejo indebido de fondos y recursos federales, dichos funcionarios responderán de manera directa ante las autoridades competentes, para lo que no se requerirá que la Cámara de Diputados declare si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.
Al explicar que en lo que hace al Presidente de la República sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores, Bolaños Aguilar adelantó que los coordinadores parlamentarios de la LII Legislatura acudirían la próxima semana a entregar de manera personal al Congreso de la Unión esta reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Previamente, el diputado declaró ante los medios de comunicación que en el Congreso de la Unión los grupos parlamentarios de Acción Nacional están en la misma sintonía, lo mismo que sus homólogos de los Congresos de Veracruz, Guanajuato y en análisis en el estado de Querétaro.
Finalmente, el diputado confió en que sus compañeros de la LII Legislatura del Congreso de Morelos puedan incluso aprobar la reforma la próxima semana, enviarla al Constituyente Permanente y que pudiera entrar en vigor en este mismo periodo de sesiones, es decir antes del 15 de diciembre.
Jovenes irrumpen en evento de Graco
Un grupo de aproximadamente 8 jóvenes, en contra de las obras en Huesca, irrumpieron en un evento del gobernador Graco Ramirez Abreu llevado a cabo en el hotel Holluday Inn de esta ciudad de Cuernavaca, foro llamado “Hacia dónde van las izquierdas?”de la Fundación Friedrich Erbert, representadas por Ing. Jesús Zambrano y el Dr. Thomas Manz respectivamente, e inaugurado por el gobernador.
Cuando el gobernador se encontraba en el podium fue interrumpido con gritos y extendieron una manta en contra de las obras que se quieren llevar a cabo en Huesca, haciendo hincapié de que se sentían amenazados por el gobierno al exhibir sus fotografías en internet como personas non gratas para este y temiendo por su seguridad, a esto ejecutivo no le quedo otra que aceptar que estos se expresaran para que se retiraran y se pudiera continuar con el evento.
Ya inaugurando el foro el Gobernador se despidió, no sin antes tomarse la foto con un joven homosexual el cual le pidió posara con el para demostrar que su gobierno es un gobierno abierto a la equidad de genero.
Proponen los senadores Lisbeth Hernández Lecona y Pablo Escudero Morales crear Comisión Nacional Anticorrupción.
Los senadores Lisbeth Hernández Lecona y Pablo Escudero Morales propusieron, a nombre de los grupos parlamentarios del PRI y PVEM, la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, que se encargará de prevenir, investigar y sancionar a funcionarios públicos o particulares que estén involucrados en delitos de corrupción.
Destacaron que ese organismo contaría con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, a fin de garantizar su independencia para que “realice su trabajo de forma profesional e imparcial”.
Asimismo, plantearon que los estados y el Distrito Federal tengan la obligación de establecer sus propias comisiones especializadas en el combate a ese delito.
Sin embargo, por separado y desde la tribuna precisaron que la Comisión Nacional estará facultada para atraer los asuntos relacionados con este ilícito en estados y municipios, con el objetivo de determinar e imponer responsabilidades administrativas.
De igual manera, podrá conocer casos de oficio, por notificación de otros órganos del Estado, a través de demandas de “gran valor administrativo” y por reportes ciudadanos para casos donde sean victimizados por actos de corrupción en trámites menores.
Para ello, se crea un registro de Reportes Ciudadanos que será de acceso libre y permanente.
Según la iniciativa, que contiene reformas a nueve artículos constitucionales, la Comisión determinará los delitos relativos a actos de corrupción y precise la posibilidad de decomiso y privación de la propiedad de los bienes que se hayan adquirido directa o indirectamente como resultado de este tipo de ilícitos.
Subraya que este organismo no estará impedido para hacer sus investigaciones por el secreto bancario, fiduciario y fiscal, además de que protegerá la integridad de las personas que denuncian, así como penalizar “las demandas frívolas”.
Se hace notar que la ley que reglamentará el funcionamiento de la Comisión fijará el procedimiento para la aplicación de sanciones, las cuales pueden consistir en amonestaciones públicas o privadas, multas personales, suspensión, destitución, dar vista al Congreso para juicio político y realizar recomendaciones de inhabilitación.
Se agrega que en caso de que la Comisión encuentre actos presumiblemente constitutivos de delito deberá dar aviso al Ministerio Público.
Dicha ley --se indica-- preverá que cuando las investigaciones se encuentren en curso, la información que posea la Comisión será reservada hasta que la indagatoria concluya, sin embargo, “en casos de interés nacional y respecto a los cuales ya exista información pública, se podrá comunicar a la opinión pública los avances de la pesquisa”.
También se faculta al órgano anticorrupción para interponer controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, con la finalidad de defender su esfera de competencias ante posibles injerencias indebidas de otros órganos, ya sean federales o estatales.
De igual forma, para denunciar la posible inconstitucionalidad de una norma federal, estatal o del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo federal y aprobados por el Senado de la República.
En el texto se explica que el Ejecutivo federal designará a los cinco comisionados que conformarán la Comisión, quienes durarán en su cargo siete años improrrogables, mientras que el comisionado presidente ocupará ese cargo por cuatro años.
En este sentido, se sugiere que el Senado pueda objetar dichos nombramientos por dos terceras partes de sus miembros presentes y si no hubiere objeción quedará “ratificada” la designación del presidente de la República.
Sin embargo --se apunta-- en caso de existir objeción, el Ejecutivo Federal hará una nueva designación y si ésta también fuera objetada el primer mandatario designará directamente a otra persona.
Por otro lado, la iniciativa faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de combate a la corrupción, a efecto de “asegurar que tanto este tipo de delitos como las responsabilidades administrativas y penales que se deriven serán iguales en todo el país”.
Por último, se estipula la creación del Consejo Nacional por la Ética Pública, que será un órgano de carácter interinstitucional encargado de promover acciones “para fortalecer el comportamiento ético de la sociedad y coordinar las instancias de gobierno encargadas de prevenir y combatir la corrupción en toda la República”.
Dicho Consejo será presidido por el Ejecutivo federal e integrará a ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
La iniciativa se remitió a las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Primera para su análisis y dictaminación.
Asimismo, las comisiones de Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana emitirán su opinión sobre la propuesta.
ATENCIÓN INMEDIATA A ESTUDIANTES INTOXICADOS POR AMONIACO
En relación a los hechos acontecidos la mañana de este viernes en la Escuela Secundaria “Antonio Caso”, ubicada en la carretera Cuernavaca-Cuautla en la comunidad de Cuautlixco del municipio de Cuautla, el Gobierno de la Nueva de la Visión a través de la Secretaría de Educación, informa lo siguiente:
Que alrededor de las 10 de la mañana, personal del Departamento de Secundarias del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), se trasladó a las instalaciones, al recibir un reporte de varios alumnos con síntomas de intoxicación por la posible inhalación de amoniaco.
Un total de 79 estudiantes fueron trasladados a las clínicas cercanas: 14 al Hospital General de Cuautla, 25 al ISSSTE y 40 al IMSS, donde recibieron atención médica oportuna.
Para evitar mayor afectación, los directivos del plantel determinaron evacuar a los 900 alumnos del turno matutino y suspender labores a los 760 alumnos del turno vespertino, en tanto, que personal de Protección Civil estatal y municipal, acordonaron el área conjuntamente con elementos de Seguridad Pública estatal y municipal.
Desde el primer momento, el secretario de Educación, René Santoveña Arredondo, se coordinó con la secretaria de Salud, Vesta Richardson López Collada, para estar atentos de la evolución del estado de salud de los estudiantes.
El reporte de la Secretaría de Salud, es que ningún paciente ingresado por este motivo se reportó como delicado y alrededor de las 15:00 horas de este mismo viernes la mayoría de los alumnos fueron dados de alta y enviados a sus domicilios.
CONFIRMA GRACO RAMÍREZ EL DESISTIMIENTO DEL GOBIERNO FEDERAL PARA LICITAR LOS INGENIOS CAÑEROS DE MORELOS
- El anunció lo hizo al poner en marcha la zafra número 76 del Ingenio “Emiliano Zapata” de Zacatepec
El Gobernador Graco Ramírez encabezó el inicio de la zafra número 76 del Ingenio de Zacatepec, donde informó que el Gobierno Federal desistió del propósito de licitar los ingenios del país, por lo que el “Emiliano Zapata” y el de “La Abeja” de Casasano en Cuautla, seguirán siendo de los morelenses.
Sin embargo, señaló que cuenta con el respaldo del Poder Legislativo del Estado para hacer valer la Ley de Bienes Nacionales, en donde se indica que cuando un bien público será sustraído del patrimonio, el Gobierno del Estado tiene derecho preferente, lo cual se hará saber a la próxima administración federal.
Para la zafra 2012-2013 se estima un corte promedio de 191 mil toneladas de vara dulce, de las que se obtendrán 170 mil toneladas de azúcar estándar; esto representa un incremento del 7 por ciento con respecto a la zafra anterior.
Graco Ramírez reconoció el invaluable valor de los productores de caña y trabajadores del Ingenio “Emiliano Zapata”, a quienes expuso su proyecto agroindustrial para poder utilizar la cachaza, la melaza y el bagazo y que no se desperdicien, lo cual fue bien visto por los productores cañeros.
El Gobernador estuvo acompañado del secretario de Desarrollo Agropecuario, Roberto Ruiz Silva; del ex presidente de la Asociación Local de Productores de Caña de Azúcar CNPR, Pedro Ocampo Álvarez, del presidente del Sindicato Nacional Azucarero, Adrián Jesús Sánchez Vargas; del presidente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, Aristeo Rodríguez Barrera, y del presidente municipal de Zacatepec, José Carmen Cabrera Santana.
Pedro Ocampo y Adrián Jesús Sánchez se comprometieron unir esfuerzos para que Morelos continúe siendo el estado que más producción por hectárea ha logrado, además de tener la mejor vara dulce del país.
Ante los productores cañeros y trabajadores del ingenio, Graco Ramírez comentó que Secretario de la Función Pública, Rafael Morgan Ríos, le notificó que la administración federal se desistió de la idea de licitar los ingenios azucareros, por lo que el estado de Morelos se queda con los dos que tiene.
Después de iniciar la zafra 2012-2013, Graco Ramírez encabezó un encuentro con los productores cañeros del estado de la CNC, destacando la presencias de Félix Rodríguez Sosa, presidente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio “La Abeja” de Casasano, donde señaló que el Gobierno de la Nueva Visión colaborará en el proyecto planteado por Aristeo Rodríguez, que consiste en un estudio sobre el mejoramiento del uso del suelo y de agroquímicos, para que los productores cañeros sepan que fertilizantes utilizar para tener mejores rendimientos.
A este encuentro acudió el secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén, además del secretario de Desarrollo Agropecuario, Roberto Ruiz Silva, y la representación de SAGARPA en el estado.
Por último, el mandatario estatal expuso el proyecto de la construcción de la Autopista Siglo XXI, para beneficio de la zona sur del estado, y para Morelos en general, para lo cual solicitó el apoyo de los productores cañeros y sociedad en general, debido a que esta obra carretera traerá importantes beneficios para la región.
De esta forma Morelos se incorpora a la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha (NIBA)
En cumplimiento a lo anunciado como una de las medidas de la Nueva Visión para incorporar a Morelos en la dinámica de la innovación, dotando a los morelenses de un servicio de libre acceso a internet, este jueves el Gobernador Graco Ramírez formalizó el Convenio marco de Colaboración en materia de Conectividad, Contenidos y Sistemas, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), incorporando así al estado a la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha (NIBA).
En presencia del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome Friscione, el Gobernador resaltó que la Red NIBA es un ejemplo claro de un adecuado uso de recursos públicos a favor del desarrollo de tecnología para los mexicanos.
Con este convenio, Morelos se suma a los 13 estados del país que cuentan con la Red NIBA, cuyo propósito es lograr el aprovechamiento de todo el potencial de un sistema digital para dotar de servicios de banda ancha a edificios públicos, centros educativos, entre otros, que podrán gozar de acceso libre a internet de hasta 10 GB.
En esta ceremonia desarrollada en la Ciudad de México, el titular de la SCT, Dionisio Pérez-Jácome, dijo que esta determinación del Gobierno de Morelos beneficiará a cientos habitantes, al ofrecer banda ancha a 22 centros de educación, investigación, salud y gobierno, en la zona metropolitana de Cuernavaca.
A esta firma acudieron los secretarios de Innovación, Ciencia y Tecnología, Brenda Valderrama Blanco, y de Administración, Carlos Riva Palacio Than, así como el delegado del Centro SCT Morelos, Fidel Giménez-Valdés.
El Diputado priista Manuel Martínez Garrigós,presentó iniciativa que reforma diversos artículos del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos y de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Morelos.
Martínez Garrigós, explicó que de acuerdo al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la problemática en materia de justicia que enfrenta la población indígena es amplia y compleja: discriminación; vejaciones y abusos en los procedimientos de impartición de justicia; falta de intérpretes y defensores que hablen la lengua y conozcan la cultura indígena para tener una adecuada defensa en juicio; falta de denuncias legales sobre delitos cometidos contra indígenas; procedimientos jurisdiccionales lentos; juicios cargados de irregularidades; sentencias severas sin proporción con el delito cometido; así como la ignorancia prevaleciente sobre los sistemas normativos y usos y costumbres del derecho indígena. Por ello, dijo, "se propone reformar diversos artículos del Código de Procedimientos Penales del Estado, con la finalidad de contemplar de manera clara y precisa el derecho constitucional que tienen los indígenas en Morelos, para que cuenten con un defensor público que posea conocimiento de su lengua y cultura, así como de sus usos y costumbres, a efecto de garantizarles el acceso pleno a la Jurisdicción del Estado y no conculcar sus derechos en perjuicio, sobre todo de su libertad o de sus bienes". Dicha iniciativa, explicó, plantea la posibilidad de impulsar políticas públicas que fomenten de manera decidida la transformación del sistema de justicia en la materia, para hacer realidad el respeto de los derechos humanos observando la diversidad cultural. Estas políticas públicas, dijo, deben responder a los preceptos jurídicos nacionales e internacionales a favor de los pueblos y comunidades indígenas, como una forma de garantizar la equidad social en grupos vulnerables. Finalmente, destacó que "la falta de vigencia de los derechos indígenas en la práctica es una realidad, por lo que debemos tener conciencia que no se trata de otorgarles derechos, sino de que se les devuelvan los que les fueron despojados en el pasado, y que en la actualidad no los han recuperado", concluyó. ----- Anexo reformas. ----- ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 7, párrafo sexto; 29, párrafo séptimo; 125, fracción VI del párrafo segundo; se adiciona una fracción VI recorriéndose en su orden las subsecuentes del párrafo segundo y se reforma el párrafo tercero del artículo 128 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, para quedar en los siguientes términos: “ARTÍCULO 7.- … El Ministerio Público o la autoridad judicial se asegurará que los miembros de pueblos o comunidades indígenas a quienes se impute la comisión de un delito, sean asistidos por intérpretes y cuenten con un defensor que posea conocimiento de su lengua y cultura, así como de sus usos y costumbres, en los términos previstos por la última parte de la fracción VIII del apartado A del artículo 2° constitucional.” “ARTÍCULO 29.- … En el caso de los miembros de grupos indígenas se les nombrará intérprete, aún cuando hablen español; para tal efecto, el Ministerio Público o la autoridad judicial deberán de contar con un registro en el que se inscriban los intérpretes y, en caso de ser necesario, solicitar el apoyo de instituciones oficiales o asociaciones en la materia, a efecto de que se registre y designe oportunamente a la persona que asistirá al imputado o a la víctima u ofendido en la traducción de la lengua correspondiente durante todos los actos procesales. “ARTÍCULO 125.- … I a V.-… VI. Ser auxiliado por intérprete o traductor cuando pertenezcan a un grupo étnico o pueblos indígenas, o padezcan alguna discapacidad que les impida oír, hablar o ver; VII a XI.- …” “ARTÍCULO 128.- … I a V.-… VI. Ser asistido gratuitamente si es indígena por un traductor o intérprete y por un defensor de oficio que tengan conocimiento de su lengua y cultura; VII. Ser presentado al Ministerio Público o al Juez inmediatamente, según corresponda, después de ser detenido para ser informado y enterarse de los hechos que se le imputan; VIII. A guardar silencio o a tomar la decisión de declarar asistido por su defensor, entrevistarse previamente con él, y que su defensor esté presente en el momento de rendir su declaración; IX. No ser sometido a técnicas ni métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o atenten contra su dignidad; X. Que no se utilicen en su contra, medios que impidan su libre movimiento en el lugar y durante la realización de un acto procesal, sin perjuicio de las medidas de vigilancia que, en casos especiales, estime ordenar el juzgador. Los agentes de policía al detener a una persona o antes de entrevistarla en calidad de imputado le hará saber de manera inmediata y comprensible los derechos contemplados en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y IX de este artículo. El Ministerio Público debe dar a conocer al imputado sus derechos fundamentales desde el primer acto en que aquel participe. El juez desde el primer acto procesal verificará que se le hayan dado a conocer al imputado sus derechos fundamentales y, en caso contrario, se los dará a conocer en forma clara y comprensible.” ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 30 de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, para quedar de la siguiente manera: “ARTÍCULO 30.- … Para dar cumplimiento a lo previsto por la última parte de la fracción VIII del apartado A del artículo 2° constitucional, se deberá de capacitar a los Defensores en materia de lenguas indígenas, primordialmente en la que predomine en el Estado.”
DAN PRÓRROGA A PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTO 2013
El Congreso aprobó por unanimidad la solicitud hecha por el gobernador del estado.
El Congreso aprobó por unanimidad el decreto por el que se autoriza al Ejecutivo estatal la prórroga para la presentación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2013 y lo convoca a iniciar mesas temáticas entre diputados y secretarios de despacho con miras a la definición del paquete económico. La aprobación se dio al dictamen de la Junta Política y de Gobierno, que argumenta que para llegar a tal decisión los diputados que la integran consideraron que el Ejecutivo cumplió en tiempo y forma con lo que la ley marca para una solicitud de esta naturaleza. Así, el dictamen aprobado indica que es jurídicamente viable que se prorrogue el plazo para la presentación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2013 a cargo del Gobierno del Estado de Morelos. Lo anterior porque las condiciones para que ello ocurra deben ser: Que medie solicitud expresa del Gobernador del estado; que haya causas plenamente justificadas, es decir que en el escrito o en la petición del Gobernador se expresen razones fundadas que justifiquen esta prórroga; y, que comparezca personalmente la Secretaria de Hacienda ante el Congreso para informar y sustentar las razones que motiven dicha petición. El artículo 32 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su párrafo quinto, establece que: A solicitud del Ejecutivo del Estado o del Presidente Municipal, en su caso, podrán ampliarse los plazos de presentación de las Leyes de Ingresos, cuentas públicas y Presupuestos de Egresos, a que se refiere este Artículo, cuando haya causas plenamente justificadas, por aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso, pero será obligación de la Secretaría del Despacho a cargo de la Hacienda Pública, comparecer ante el Congreso para informar sobre las razones que la motiven. En el ámbito municipal la atribución anterior corresponderá a los Presidentes Municipales pudiendo comparecer, en su representación el Tesorero Municipal.
La solicitud del Gobernador fue hecha al Congreso el 12 de noviembre pasado a través del oficio número GSE/0031/2012, en el que señala que nuestra entidad federativa tiene una alta dependencia de los recursos asignados por la Federación, ya que el 96% de éstos provienen del Gobierno Federal, y con motivo del cambio de gobierno, el Ejecutivo Federal presentará el paquete económico a más tardar el 15 de diciembre, por lo que a la fecha se desconoce el monto de los recursos que serán asignados al Estado. Indica también que está realizando gestiones para conseguir más recursos que se puedan asignar al estado, que permitan promover el desarrollo de nuestra entidad y el mejoramiento de las condiciones de vida de los morelenses. De igual forma expone que en virtud de lo anterior y de encontrarnos ante una causa plenamente justificada, como lo es la falta de conocimiento de las cifras que se asignarán a nuestra entidad federativa en el presupuesto de egresos de la Federación, solicita al Poder Legislativo la autorización de una prórroga para la presentación de las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013. El dictamen de la Junta Política y de Gobierno fue enriquecido con la participación de los diputados Jordi Messeguer Gally, José Manuel Agüero Tovar, Javier Bolaños Aguilar, Juan Ángel Flores Bustamante y Rosalina Mazari Espín, de tal forma que en lugar de un artículo único fueron aprobados dos. En el artículo primero, el Congreso autoriza al Ejecutivo una prórroga para la entrega de las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013, y en el artículo segundo lo convoca para que haya mesas temáticas entre diputados y funcionarios del gobierno estatal a fin de avanzar en el análisis presupuestal. El diputado Messeguer Gally pidió no poner ningún plazo fatal en razón de que el presupuesto federal podría ser conocido hasta el 15 de diciembre y fue apoyado por sus compañeros que hicieron uso de la voz, pero Bolaños Aguilar se pronunció por pedir al Ejecutivo el envío de información, pues el trabajo del Legislativo no se puede detener por circunstancias externas. En tanto, Agüero Tovar respaldó otorgar la prórroga porque “es un acto de congruencia” y consideró que las iniciativas podrían llegar hasta el 15 de diciembre pero no se debe esperar que el presupuesto sea aprobado un día después, porque “de ninguna manera somos una cámara de trámite”. Mientras, la diputada Mazari Espín dijo a sus homólogos que “no importa el tiempo que nos tardemos” en analizar y aprobar el presupuesto, “es nuestra responsabilidad”; les pidió “que no nos espante tener un periodo extraordinario” y consideró que el paquete económico 2013 debe resultar con equilibrios y un amplio sentido social. El dictamen fue aprobado con el voto a favor de todos los legisladores presentes y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, diputado Humberto Segura Guerrero, instruyó su remisión al Poder Ejecutivo para ser publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.
Avala Senado reforma laboral y envía al Ejecutivo los artículos aprobados por ambas cámaras.
Con ello, los senadores ratificaron los cambios que los diputados llevaron a cabo a los artículos 371, en su fracción IX, y 373 en su primer párrafo, de la ley en materia laboral y volvieron a incluir al proyecto el 388 bis y 390. Los diputados acordaron que en el 371 se establezca que en el procedimiento para la elección de la directiva de un sindicato se practique “el libre ejercicio del voto con las modalidades que acuerde la asamblea general, de votación indirecta y secreta o votación directa y secreta”. En el 373 se incluyó que la directiva de los sindicatos, en los términos que establezcan sus estatutos, deberá rendir a la asamblea, cada seis meses por lo menos, cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical y la rendición de cuentas incluirá la situación de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes. En cuanto a los artículos 364 bis, 365 bis, 391 bis y 424 bis, éstos quedaron en los términos con los que el Senado los envió a la colegisladora, en donde se estipula que el registro de los sindicatos sea público y bajo principios de legalidad, transparencia, certeza, gratuidad y respeto a su autonomía. De igual manera, en dichos apartados se agrega que las juntas de Conciliación y Arbitraje harán públicos los contratos colectivos de trabajo y los reglamentos interiores de los sindicatos, a fin de cualquier persona pueda consultar esa información.
Sin embargo, por mayoría el pleno senatorial convino volver a incluir en la minuta los artículos 388 bis y 390, que establecen los requisitos y procedimientos que un sindicato deberá cumplir para celebrar un contrato colectivo de trabajo. Ante este caso, la asamblea decidió que los artículos del proyecto que han sido aprobados por ambas cámaras se remitan al Ejecutivo federal, a efecto de que se expida el decreto que reforma la Ley Federal de Trabajo, mientras que el 388 bis y 390 sean devueltos a la colegisladora para que continúe con su discusión. Al fundamentar el dictamen, el senador priista Ernesto Gándara Camou, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, reconoció que “no hay reformas perfectas pero sí leyes perfectibles” y con la aprobación de esta enmienda se dotará al mercado laboral con las herramientas e instrumentos necesarios para “potenciar su funcionamiento”. Dijo que los integrantes de las comisiones dictaminadoras tuvieron como premisa la defensa de la transparencia y democracia en beneficio de los trabajadores, “pero siempre de la mano del respeto de la autonomía sindical y del resguardo de la autoridad laboral”. A su vez, el senador panista Raúl Gracia Guzmán, titular de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, explicó que la colegisladora no eliminó completamente los artículos referentes a la democracia sindical sino sólo los modificó, lo que es “positivo”. En este sentido, consideró que se trata de un avance, pues mantiene la secrecía del voto en la elección de dirigentes sindicales. Posteriormente, al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, el senador Raúl Cervantes Andrade recordó que desde la plataforma electoral del PRI “se dijo sí a la reforma laboral en donde buscaríamos la flexibilización, la maximización del trabajo y el crecimiento económico”. En su opinión, la legislación servirá a los mexicanos y generará mejores condiciones de vida, sin embargo, “falta una integralidad pues las inversiones no vienen sólo porque se modifica la ley laboral”. De Acción Nacional, el senador Javier Lozano Alarcón dijo al insistir en la rendición de cuentas y democracia sindical “no buscamos que se detenga la marcha de la reforma laboral porque estamos de acuerdo en el resto de su contenido y queremos que esto siga adelante para su promulgación, publicación e inicio de vigencia”. Expresó que se trata de una auténtica reforma estructural “que mucho nos satisface en apoyar, respaldar y sacar adelante”, por lo que “votaremos a favor y lo haremos por considerar que los temas de rendición de cuentas son mucho mejor de lo que hoy presenta la legislación vigente”. Por el PRD, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno lamentó que este sea el resultado de la reforma laboral, pues con “argumentos cantinflescos” se encargaron de que los trabajadores no pudieran defenderse y los ataron de manos al suprimir el artículo 388 bis. Destacó que estamos ante una enmienda que empeora las condiciones y calidad de vida de los trabajadores y de sus familias porque plantea hacer competitivas a las empresas a partir de abaratar la mano de obra y cancelar derechos laborales, además que sólo generará “subsalarios, subprestaciones y subbeneficios para los empleados”. En su turno, el senador Carlos Alberto Puente Salas, del PVEM, comentó que con la aprobación de la minuta se desterrará la “añeja práctica legislativa de posponer la discusión de los grandes temas nacionales y eliminará prejuicios que nos han impedido avanzar unidos”. El día de hoy --agregó-- el Congreso de la Unión da un paso histórico en el fortalecimiento y modernización del andamiaje institucional y legal en materia laboral. Por el PT, el senador Manuel Bartlett Díaz manifestó que “la mayoría de los senadores no saben lo que se está aprobando”, pues es un proyecto que rompe el pacto social a favor del sector patronal y empresarial. “Qué competitividad vamos a tener en este país con una población muerta de hambre --cuestionó-- qué competitividad con una población en pobreza; lo único que van a lograr es acabar con el mercado interno porque es una reforma que atenta contra la justicia social”. En la discusión, los senadores perredistas Dolores Padierna Luna, Alejandro Encinas Rodríguez y Raúl Morón Orozco, así como el senador David Monreal Ávila, del PT, manifestaron su voto en contra del dictamen, pues se trata “de una contra-reforma laboral” que sólo beneficiará a los patrones. Padierna Luna dijo que acudirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que haga valer la Constitución, pues las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo “vulneran la libertad sindical, niega las prestaciones de los trabajadores y se pasa por alto 28 tratados internacionales”. A su vez, Encinas Rodríguez expresó que con la aprobación de los cambios “estamos llegando, sin lugar a dudas, a la consumación del mayor agravio que hayan vivido los trabajadores mexicanos desde 1917”, porque “se conculcan” los derechos fundamentales a la estabilidad laboral, la permanencia del empleo y a un salario remunerador. Monreal Ávila, por su lado, reiteró que “a este país le hace falta una buena reforma laboral”, apegada a la realidad, pero ésta no es la que se necesita. En tanto, Mónica Arriola Gordillo, de Nueva Alianza, consideró que la reforma “contiene lo esencial e indispensable” para elevar la competitividad y productividad del país, así como “las demandas mínimas” que garantizarán a los trabajadores las condiciones de desarrollo dentro de su vida sindical. Acto seguido, senadores del PRD reservaron los artículos 371 y 373; sin embargo, los planteamientos fueron rechazados por la asamblea. Por la mañana, las comisiones unidas de Trabajo y Previsión y de Estudios Legislativos Primera, habían aprobado la minuta que fue enviada por la Cámara de Diputados el pasado 8 de noviembre.
Se reúne la diputada Erika Cortez Martínez con autoridades municipales electas.
Al celebrar esta mañana su primera reunión de trabajo con autoridades electas de diferentes municipios de la entidad, la diputada Erika Cortez Martínez destacó que su labor se guía por el respeto a los derechos humanos, el impulso a la mujer y la promoción de la equidad de género, así como el apoyo irrestricto a los grupos vulnerables y discapacitados. En las instalaciones de la Casa Cataluña del Congreso local, la diputada explicó a regidores, síndicos y presidentes municipales, las funciones que le compete realizar en su cargo de acuerdo a la Constitución y en los rubros de legislación y gestoría, con el propósito de poner a su servicio el trabajo que ejecuta la Diputación que encabeza. Ante autoridades electas de Huitzilac, Cuernavaca, Jiutepec, Xochitepec, Tepoztlán, Jojutla y otras demarcaciones municipales, refirió que en la LII Legislatura participa en las siguientes Comisiones legislativas: Turismo, como presidenta; Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, como secretaria; Justicia y Derechos Humanos, como vocal; y Desarrollo Económico, también como vocal. Presentó un recuento de las iniciativas en las que se ha ocupado como diputada y que la han llevado a presentar diversos instrumentos parlamentarios en la tribuna legislativa, y que se refieren a los rubros de paternidad responsable, presupuesto con perspectiva de género y control del consumo de embriagantes en unidades deportivas. También, el nombramiento de una Comisión encargada de la celebración de los 60 años del otorgamiento del voto a la mujer y diversas modificaciones al Código electoral en favor de las féminas y en cuanto a capacitación política y cuota de género. Les explicó también sobre propuestas de modificaciones legales en vivienda, obra y transporte para discapacitados y la Ley de su atención integral; turismo y las leyes orgánicas del Congreso y de la Procuraduría General de Justicia, entre otras acciones. Flanqueada por el regidor electo de Cuernavaca Valdemar Castañeda Trujillo, y por el presidente municipal electo de Huitzilac, José Alfredo Mancilla Rojas, la diputada Erika Cortez Martínez presentó a las autoridades municipales electas a todo el personal que con ella colabora en el Congreso del estado y aseguró que las tareas de legislación y gestoría estarán a su servicio y de los municipios.
FORMALIZA GRACO RAMÍREZ INTERÉS DE SU GOBIERNO PARA ADQUIRIR LOS INGENIOS CAÑEROS DE CASASANO Y ZACATEPEC
· Dirige Graco Ramírez petición a Rafael Morgan, Secretario de la Función Pública del Gobierno Federal
· La solicitud se basa en la Ley General de Bienes Nacionales que prevé la posibilidad de que la adquisición de los inmuebles sea de forma no onerosa
Mediante oficio, el Gobernador de Morelos, Graco Ramírez, solicitó al Secretario de la Función Pública del Gobierno Federal, Rafael Morgan Ríos, que el Gobierno de la Nueva Visión que encabeza, sea considerado para la adquisición de los once inmuebles que forman parte de los ingenios azucareros de Zacatepec y Casasano en Cuautla, en el propósito de traer el progreso y el desarrollo económico al estado de Morelos.
En el oficio número GSE/0027/2012 con fecha 6 de noviembre, Graco Ramírez argumenta que ante la intención del Ejecutivo Federal de enajenar los inmuebles que conforman el ingenio La Abeja y Emiliano Zapata, y en afán de mejorar la infraestructura disponible, se reitera el interés del Gobierno del Estado de Morelos por participar en la desincorporación a que se hace referencia en el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de julio de 2012.
“En este sentido, atenta y respetuosamente se hace de su conocimiento que este Gobierno Estatal, se encuentra con la firme intención de llevar a cabo la adquisición de los inmuebles comprendidos en el acuerdo de referencia, específicamente lo que se encuentran dentro de esta entidad federativa”, cita en este oficio el gobernador.
Agrega que el interés también se basa en consolidar la economía local y mantener la estabilidad laboral de los más de mil trabajadores que operan las fábricas y los más de 9 mil productores, destacando que el desarrollo económico relacionado con el cultivo de la caña de azúcar, al ser la actividad que mayor valor aporta dentro de las actividades agropecuarias, representa recursos por más de 800 millones de pesos cada año, además de ser el tercero en superficie con más de 17 mil hectáreas de cultivo, demostrando que los ingenios de Morelos ocuparon el primer lugar nacional en resultados de la zafra 2011-2012.
De la misma forma, Graco Ramírez acota que en este oficio, que si bien es cierto el acuerdo por el que se desincorporan ingenios azucareros del régimen de dominio público de la Federación, y se autoriza su enajenación a través de su venta en licitación pública, también es cierto que la Ley General de Bienes Nacionales, prevé la posibilidad en su artículo 84 fracción VI, de que el Gobierno del Estado de Morelos, pueda adquirir los inmuebles de Zacatepec y Casasano en Cuautla, de forma no onerosa.
Asimismo, el Gobierno de la Nueva Visión somete a consideración del Secretario de la Función Pública, que en términos de lo dispuesto por el artículo 31 fracción I de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, en los cuales se permite llevar a cabo la enajenación de bienes mediante la donación, de la cual se desprende la solicitud de que sea el Gobierno del Estado de Morelos, el primer beneficiario de la enajenación de los bienes, toda vez que los inmuebles ubicados dentro del territorio estatal permean de una estabilidad social y económica, que permite el desarrollo social del estado.
· Establecieron las estrategias a seguir en seguridad pública, infraestructura hidráulica, y transparencia en el ejercicio de recursos
· Participaron los alcaldes electos de Cuautla, Axochiapan, Atlatlahucan, Jonacatepec, Jantetelco, Ocuituco, Tlayacapan y 9 más
Finalmente Graco Ramírez hizo un llamado a los alcaldes electos de la zona oriente, para trabajar unidos sin distingos partidistas y acordó reunirse con ellos una vez al mes, para evaluar las acciones que se vayan concretando.
Informe completo de la postura de los diputados y partidos acerca de la Reforma Laboral en la sesion de hoy S.Cantu
Aprueban diputados el dictamen de la reforma laboral, con 361 votos a favor y 129 en contra
• Regresan la minuta al Senado de la República
• Los artículos 388 bis y 390 no fueron admitidos
Con 361 votos a favor y 129 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, el dictamen de la minuta enviada por el Senado de la República que reforma la Ley Federal del Trabajo, el cual fue devuelto a esa colegisladora para los efectos del artículo 72, fracción E, de la Constitución Política.
Luego del debate, el Pleno avaló cuatro de los ocho artículos que modificó y adicionó el Senado (364 bis, 365 bis, 391 bis y 424 bis); reformó otros dos (371 y 373) y eliminó los dos restantes (388 bis y 390).
El presidente de la Mesa Directiva en turno, Francisco Arroyo Vieyra, sometió a votación del Pleno la autorización para que, de ser necesario, el Senado de la República envíe a publicación lo aprobado por ambas cámaras. Fue avalado con 361 votos a favor y 129 en contra.
Se reservaron para su votación en lo particular los artículos 371, referente a los estatutos sindicales y el procedimiento para la elección de sus dirigentes, así como el 373, respecto de la rendición de cuentas de los sindicatos.
Ambos preceptos fueron aprobados en los mismos términos del dictamen con 356 votos a favor y 130 en contra, y 373 en pro y 129 en contra, respectivamente.
Respecto al artículo 371, se aceptó la modificación relativa al procedimiento para la elección de la directiva y número de miembros, salvaguardando el libre ejercicio del voto con las modalidades que acuerde la asamblea general; de votación indirecta y secreta o votación directa y secreta.
En lo referente al artículo 373, el dictamen establece que las directivas de los sindicatos deberán informar, por lo menos cada seis meses a sus agremiados, sobre la cuenta, completa y detallada, de la administración del patrimonio sindical.
Menciona que en todo momento cualquier trabajador tendrá el derecho de solicitar información a la directiva sobre la administración del patrimonio del sindicato. La rendición de cuentas, plantea, “incluirá la situación de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino”.
En tanto, la adición del artículo 364 bis, de acuerdo con el dictamen, deja en claro que en el registro de los sindicatos se deberán observar los principios de legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad, equidad, respeto a la libertad, autonomía y democracia sindical.
El 365 bis refiere que se hará pública, para consulta de cualquier persona, la información de los registros de los sindicatos, además de que deberán expedir copias de los expedientes de registros que se soliciten y el texto íntegro de las versiones públicas de los estatutos en los sindicatos, estarán disponibles en los sitios de Internet de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Por lo que toca a los artículos 391 bis y 424 bis, se incluye que las juntas de conciliación y arbitraje harán públicos los contratos colectivos de trabajo así como los reglamentos interiores de los sindicatos a fin de que cualquier persona pueda consultar esa información.
En el transcurso de la sesión se fijaron posturas en torno a incorporar para su discusión los artículos 388 bis y 390, tal y como fue avalado por la colegisladora, luego de que fueran eliminados del resolutivo de la Comisión de Trabajo, al considerar que no formaban parte de la iniciativa preferente remitida por el Ejecutivo y porque que se afectaba la estabilidad laboral.
El presidente en turno de la Mesa Directiva, diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, informó que debido a que durante la discusión del dictamen en la Comisión del Trabajo existió un empate en cuanto a si se aceptaba o no a discusión los artículos 388 bis y 390, el debate de éstos se realizaría en el Pleno.
Aclaró que la discusión de dichos artículos se realizaría en conjunto, en virtud de que son correlativos.
Los artículos reservados por los legisladores Luisa María Alcalde Luján (MC), Alejandro Carbajal González (PRD), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT), Rubén Camarillo Ortega (PAN), Martí Batres Guadarrama (PRD), Francisco Alfonso Durazo Montaño (MC) y Loretta Ortiz Ahlf (PT) se desecharon con 236 votos a favor y 258 en contra y quedaron en los términos del dictamen.
En el debate, el diputado Fernando Salgado Delgado expresó que la reforma fortalece la libertad sindical y combate a los gremios de protección que eluden obligaciones. “Los resultados se verán reflejados en la economía de nuestros trabajadores”.
Precisó que la reforma no es la solución al problema de los trabajadores, sino sólo un paso para generar un compromiso que permita avanzar aún más en su legislación.
El diputado Ricardo Anaya Cortés dijo que esta reforma representa un paso enorme en términos de competitividad que permitirá la generación de más y mejores empleos. “No aceptamos que se minimice el avance histórico en materia de democracia y transparencia sindical”.
Señaló que se busca aprobar una reforma para que los mexicanos vivan en mejores condiciones, “por eso le decimos sí a las nuevas modalidades de contratación que multipliquen las oportunidades para jóvenes y mujeres; la transparencia; el voto libre y secreto de los trabajadores en la elección de su directiva sindical”.
El diputado Agustín Miguel Alonso Raya dijo que no se incluyen instrumentos que permitan equilibrar el peso en las relaciones obrero patronal, “el único objetivo de la reforma es contratar y despedir barato, dejando desprotegidos a los trabajadores”.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa manifestó que su partido votará en contra y exigió que se respete y se vote a favor de los artículos aprobados por el Senado. En tanto que la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem reiteró que fue cercenado el artículo 388 bis, que permitía elegir a los trabajadores los contratos colectivos y los sindicatos que los representaran.
El diputado Silvano Blanco Deaquino dijo que la reforma laboral está diseñada a modo del patrón. “De aprobarla de manera rápida es atentar con lo establecido en el artículo 123 constitucional”.
El diputado Antonio Cuéllar Steffan consideró que con la aprobación del dictamen se crea un marco jurídico que ayudará al incentivo de producción y a su vez ofrecerá una salida a la búsqueda de fuentes de trabajo.
“Queremos lograr una transformación de una ley de la que depende en parte el destino del país, hay nubarrones por una desaceleración económica que ni siquiera la fortaleza de las finanzas del Banco de México podrían abatir”.
El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario, afirmó que los artículos que se discuten son “una cortina de humo” para evadir lo lesivo de la reforma que, subrayó, precariza los trabajadores y abarata los despidos. “La subcontratación u outsourcing es un caballo de Troya porque elimina el derecho al salario digno, pensión y vivienda; los trabajadores no podrán tener un retiro digno”, dijo.
Al hacer uso de la palabra, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, recalcó la negativa de su grupo parlamentario para la aprobación de las reformas a la Ley Federal del Trabajo ya que, afirmó, es genocidio laboral el abaratar el despido, convertir en paraíso el outsorcing y aprobar el pago por hora.
En su turno, el diputado José Arturo López Cándido afirmó que se opondrán a la aprobación del dictamen toda vez que, sostuvo, es ad hoc a los empresarios porque cercena los contratos colectivos y deja la justicia laboral en manos del patrón y las juntas de Conciliación y Arbitraje.
Se manifestó por la defensa del voto libre, secreto y universal para cambiar las reglas que el charrismo ha impuesto a los trabajadores. “Debe haber opiniones de los trabajadores a nivel nacional para lograr una reforma acorde a todos”.
Al dar el posicionamiento de su grupo parlamentario, el diputado José Angelino Caamal Mena, dijo que están a favor del dictamen ya que recoge las demandas de quienes aspiran entrar al mercado laboral.
“Estamos por la transparencia y la rendición de cuentas protegiendo los derechos laborales de los trabajadores. Que las decisiones asumidas no sean en perjuicio de los trabajadores; la democracia sindical no se impone, se debe construir con voluntad y compromiso”.
Previamente, el Pleno camaral desechó las propuestas de moción suspensiva de los diputados Ricardo Monreal Ávila (MC) y Martí Batres Guadarrama (PRD) que proponían detener la discusión de la reforma laboral de manera indefinida y regresar el dictamen a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Acusa Maricela Velázquez Sánchez negligencia para la entrega de recursos al campo
La Diputada Federal del Partido Revolucionario Institucional por el estado de Morelos, Maricela Velázquez Sánchez, acusó de negligencia por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) al no aplicar los recursos por más de 18 millones de pesos destinados para el impulso del campo para los ciclos agrícolas que comprenden del año 2010 a la fecha.
Por ello, la legisladora federal se sumó al Punto de Acuerdo presentado al pleno del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario de su partido (PRI) por el que llaman a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la SAGARPA, para que instruyan al responsable de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA) cumplimentar la entrega de apoyos económicos a los beneficiarios inscritos en dicho programa, entre ellos miles de trabajadores del campo de Morelos.
Explicó Maricela Velázquez que el punto de acuerdo surge de la información presentada en torno al avance financiero del Presupuesto 2012 de la delegación SAGARPA en Morelos. “En el caso de nuestro estado, se observa que de los diferentes programas que operan en la entidad, sólo se ha pagado el 20.39% de los recursos totales disponibles para el campo morelense”, lamentó.
Dicho avance financiero refleja que en el referente al componente Procampo en el marco del programa Para Vivir Mejor, se ha acumulado un adeudo por más de 18 millones y medio de pesos que comprende los ciclos agrícolas 2010, 2011 y 2012, lo que calificó de lamentable ya que la oportuna aplicación de esos recursos, habría permitir la aplicación de nuevas tecnologías y fertilizantes en beneficio de los productores de Morelos.
Maricela Velázquez dijo que es la SAGARPA a través del Programa de Apoyos Directos al Campo que los miles de beneficiarios han visto mermada su producción en cualquiera de sus ramas, y acusó que lo que es peor, que esto ha obligado a muchos de ellos a deshacerse de sus tierras ante la falta de recursos y dando paso al crecimiento de la mancha urbana.
Subrayó que PROCAMPO representa un logro de los agricultores del país y es un instrumento para apoyarlos con financiamiento para sus cosechas, no obstante, debido a la negligencia de quienes se encargan de la operación del programa, los recursos no llegaron completos ni a tiempo, afectando directamente las cosechas y los derechos de los agricultores morelenses, y las miles de familias que dependen de ellos.
Presenta senador Fidel Demedisis la iniciativa de reforma a la ley de procedencia ilícita.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, discutida y aprobada en esta Cámara de Senadores y publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 17 de octubre del mismo año, me obliga a ser consecuente con mi pronunciamiento en esta tribuna, sobre los conceptos contenidos en los artículos 6 fracción V y 8 fracción X, misma que amablemente fue acogida por las bancadas parlamentarias de esta Soberanía, y nos llevaron a las posiciones que agregaron los senadores Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Arturo Zamora Jiménez y Raúl Cervantes Andráde que concordando con la propuesta presentada, se acordó su inclusión en el Diario de Debates, como una interpretación auténtica del Legislador, afecto de que surta efectos en el criterio de los jueces al resolver sobre la aplicación de la norma.
Sin embargo reiteramos que en la responsabilidad de ejercer el cargo con plena conciencia y disposición debemos someter a esta soberanía la respectiva iniciativa para que se discuta y en su caso se apruebe a través de los cauces legislativos.
La Ley señala que la “Secretaria de Hacienda y Crédito Público” tiene como atribuciones en la fracción V del artículo 6, “requerir la comparecencia de presuntos infractores y demás personas que puedan contribuir a la verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley;”
En este sentido el concepto de “presuntos infractores”, es discordante en la misma norma constitucional federal, desde su promulgación el 5 de febrero de 1917, en las diversas reformas al segundo párrafo del artículo 16 Constitucional Federal donde se precisan elementos que actualizan la entonces garantía individual, tras aprobarse las reformas publicadas el 8 de marzo de 1999, 18 de junio del 2008, el primero de junio y su fe de erratas de fecha 25 de junio ambas del 2009, hasta convertirla ahora en el Derecho Humano de la Libertad y su garantía, conforme a las disposiciones vigentes de junio año 2011, la cual fortalece el principio de que debe existir la probabilidad de que el indiciado cometió un hecho tipificado como delito, estando plenamente acreditado el cuerpo del delito.
En este mismo orden de ideas la autoridad puede hacer comparecer a “presuntos infractores”, la cual se aparta de la
norma constitucional expuesta por lo que la propuesta en el artículo 5 fracción V, es sustituir este término por el de “probables infractores”, la que implica una calidad jurídica de indiciado, sustentado en un hecho tipificado como delito, los datos que establezcan que se ha cometido ese delito, y la probabilidad de esa persona ha sido autor o participe, lo que constituye un cambio de actitud que debe asumir la autoridad.
Por otra parte en el artículo 8 fracción X, nos referimos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, que deberá implementar la Procuraduría General de la República, prevista en el artículo 7 de la Ley citada; en la cual esta unidad tiene como atribución, “requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, y a otras autoridades, organismos públicos autónomos, incluso constitucionales, y a aquéllas personas responsables de dar Avisos en las organizaciones con Actividades sujetas a supervisión previstas en esta Ley. En todos los casos, estos requerimientos deberán hacerse en el marco de una investigación formalmente iniciada, así como sobre individuos y hechos consignados en una averiguación previa” lo que confrontado con el marco constitucional federal mexicano, resulta inaceptable con la reforma constitucional
publicada el 16 de junio del 2008, que generó un cambio de paradigma, que sustituye a la “averiguación previa” por el concepto genérico de “carpeta de investigación”, lo que en concordancia con el artículo 21 Constitucional Federal, es el Ministerio Público quien investiga los delitos y los presupuestos de la carpeta de investigación consagrados en el artículo 20 apartado B, fracción VI, dentro de los Derechos Humanos del imputado.
En este sentido se hace imperante que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, sea coherente con el marco constitucional federal por lo que se propone reformar sustituyendo el concepto de “averiguación previa” por “carpeta de investigación”, por lo anteriormente expuesto y fundamentado sometemos a esta Soberanía la presente:
INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
Se reforma la fracción V del artículo 6 y la fracción X del artículo 8 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para quedar como sigue:
Requerir la comparecencia de probables responsables y demás personas que puedan contribuir a la verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley;
Requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, y a otras autoridades, organismos públicos autónomos, incluso constitucionales, y a aquéllas personas responsables de dar Avisos en las organizaciones con Actividades sujetas a supervisión previstas en esta Ley. En todos los casos, estos requerimientos deberán hacerse en el marco de una investigación formalmente iniciada, así como sobre individuos y hechos consignados en una carpeta de investigación. En el caso de las Entidades Financieras, los requerimientos de información, opinión y pruebas en general, se harán a través de la Secretaría;
La presente reforma entrará en vigor el día que señala el artículo primero transitorio de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
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References: Artículo 89
 Artículo 42
 resolución 
 Artículo 86
 artículo 4
 artículo 96
 artículo 136
 artículo 40
 Artículo 40
 artículo 136
 Artículo 136
 artículo 108
 artículo 111
 artículo 136
 artículo 128
 artículo 2
 artículo 30
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 artículo 32
 artículo 388
 artículo 84
 artículo 31
 artículo 72
 artículo 371
 artículo 373
 artículo 364
 artículo 388
 artículo 123
 artículo 6
 artículo 16
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 7
 artículo 21
 artículo 20
 artículo 6
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