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Timestamp: 2018-08-15 15:20:34+00:00

Document:
﻿ RESOLUCIÓN 760 DE 2003
RESOLUCIÓN 760 DE 29 DE AGOSTO DE 2003
CONTENIDO:CALIFICACIÓN DE LOS "DERECHOS CORRECTIVOS AD VALOREM" APLICADOS POR LA REPÚBLICA DEL PERÚ A PRODUCTOS DE LA CADENA DE OLEAGINOSAS, COMO GRAVAMEN A LAS IMPORTACIONES ORIGINARIAS DE LA SUBREGIÓN.
RESOLUCIÓN 760 DE 2003
Calificación de los “derechos correctivos ad valorem” aplicados por la República del Perú a productos de la cadena de oleaginosas, como gravamen a las importaciones originarias de la subregión.
Vistos: Los artículos 30, 72, 73, 74 y 77 del Acuerdo de Cartagena en su texto codificado a través de la Decisión 563 de la comisión; y el reglamento de procedimientos administrativos de la Secretaría General de la Comunidad Andina contenido en la Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina, y;
Que, mediante Resolución Viceministerial 08-2002-MICETUR/VMCE, de fecha 22 de noviembre de 2002, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 28 de noviembre de 2002, el Gobierno del Perú dispuso la aplicación de derechos correctivos provisionales ad valorem de doce por ciento (12%) sobre importaciones de los productos comprendidos bajo las subpartidas 1511.90.00 (aceite refinado de palma), 1516.20.00 (otras grasas y aceites vegetales refinados) y 1517.90.00 (demás mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites) originarios y procedentes de los demás Países Miembros;
Que mediante fax 31-2003-MINCETUR/VMCE de fecha 3 de febrero de 2003, el Gobierno del Perú comunicó a la Secretaría General la aplicación de los derechos correctivos provisionales ad valorem antes indicados, anexando a su comunicación un informe técnico, indicando que la medida se adoptó al amparo del artículo 97 del Acuerdo de Cartagena (anterior art. 109 del Acuerdo de Cartagena);
Que, mediante Resolución 699, de fecha 24 de febrero de 2003, publicada en la Gaceta Oficial Nº 899 del 25 de febrero de 2003, la Secretaría General declaró inadmisible por extemporánea la solicitud presentada por el Gobierno del Perú para la autorización de las medidas correctivas previstas en la Resolución Viceministerial 08-2002-MINCETUR/VMCE;
Que, mediante Resolución 717, de fecha 26 de abril de 2003, publicada en la Gaceta Oficial Nº 923 del 28 de abril de 2003, la Secretaría General declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto por el Gobierno del Perú y, en consecuencia, confirmó la Resolución 699 impugnada;
Que, visto lo anterior y en aplicación del artículo 74 del Acuerdo de Cartagena, que dispone que la Secretaría General de oficio o a pedido de parte determinará si una medida adoptada unilateralmente por un País Miembro constituye un gravamen o restricción, y con arreglo a lo previsto en el artículo 49 de la Decisión 425, que establece que la Secretaría General podrá iniciar investigaciones de oficio cuando disponga de información respecto de medidas aplicadas unilateralmente por un país miembro que puedan constituir gravámenes o restricciones al comercio intrasubregional, esta Secretaría General abrió investigación mediante comunicaciones SG-F/2.15.19/413/2003 del 20 de marzo de 2003, dirigida al Gobierno del Perú, y SG-X/2.15.19/372 de 2003 del 26 de marzo de 2003, cursadas a los demás Países Miembros;
Que el Gobierno del Perú, mediante comunicación 316-2003-MINCETUR/VMCE/DNINCI del 9 de abril de 2003, señaló que “… la Secretaría General mediante Resolución 699 se ha limitado a declarar inadmisible nuestra solicitud, razón por la cual nuestro gobierno mediante comunicación 071-2003-MINCETUR/VMCE del 10 de marzo de 2003, interpuso recurso de reconsideración contra la citada resolución, requiriendo a dicho órgano comunitario, se admita a trámite y se pronuncie sobre el fondo de nuestra solicitud para la aplicación de medidas correctivas” y adicionalmente, solicitan “… a la Secretaría General se abstenga de iniciar el procedimiento de investigación por posibles restricciones, hasta tanto no emita un pronunciamiento sobre el fondo en el procedimiento para la aplicación de medidas de salvaguardia”;
Que, el Gobierno de Colombia, mediante comunicación 2-2003-010163 del 14 de abril de 2003, señala que “es importante mencionar que la aplicación de la salvaguardia que el Gobierno de Perú ha continuado realizando unilateralmente y a pesar de haber sido denegada por la Secretaría General de la Comunidad Andina desde el 24 de febrero pasado mediante Resolución 699, está dificultando las exportaciones de Colombia por lo que constituye una restricción al comercio intrasubregional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena. De hecho, los exportadores colombianos CI Grandinos S.A., CI Famar S.A. y Alianza Team S.A. han sido afectados por esta medida en sus exportaciones hacia Perú, aun cuando el artículo 2º de la Resolución 699 instruye al gobierno de ese país a devolver las garantías que han sido impuestas por la aplicación de esta medida de salvaguardia”;
Que dichas comunicaciones fueron puestas en conocimiento de los países miembros mediante fax Nº SG-F/2.15.19/593 y 594/2003 y fax circular SG/X 2.15.19/469/2003 de 15 de abril de 2003;
Que, al haber sido declarada inadmisible por extemporánea la solicitud de salvaguardia, mediante Resolución 699 confirmada por Resolución 717, la República del Perú no podría justificar su aplicación al amparo del artículo 97 del Acuerdo de Cartagena (anterior art. 109 del Acuerdo de Cartagena);
Que, según lo ha declarado el Tribunal Andino en la sentencia emitida dentro del proceso 1-N-86, al referirse a los criterios que rigen la aplicación de medidas de salvaguardia:
“Una primera consecuencia de estos principios generales es la obvia de que, mientras el proceso de liberación es automático e irrevocable, la defensa excepcional que se autoriza, en aparente detrimento de tal proceso, no puede ser en ningún caso unilateral, automática ni irrevocable. Muy por el contrario, tiene establecido el derecho comunitario que la aplicación de tales medidas exceptivas, siempre temporales o transitorias, debe ceñirse rígidamente a los procedimientos previamente señalados en las normas exceptivas pertinentes que son, por lo mismo, imperativas, estrictas y que excluyen, por definición, actuaciones ex oficio, unilaterales o puramente potestativas y que, jurídicamente, están sujetas a una interpretación restrictiva, como normas de excepción”;
Que, el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena considera como “gravámenes los derechos aduaneros y cualquier otros recargos de efectos equivalentes, sean de carácter fiscal, monetario o cambiario, que incidan sobre las importaciones”;
Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado sobre el concepto de gravamen, dentro del proceso 12-AN-99 publicado en la Gaceta Oficial Nº 520 del 20 de diciembre de 1999, en el sentido de que “la definición legal no restringe el concepto de gravámenes a los derechos aduaneros sino que lo amplía, de una manera bien generosa, a “cualesquier otros recargos de efectos equivalentes”, sin importar que tales recargos tengan tal o cual denominación, ni tampoco su naturaleza, que bien puede ser de carácter fiscal, de carácter monetario o de carácter cambiario y cuyo único condicionante es que incidan sobre las importaciones, encareciéndolas o dificultándolas”;
Que la exigencia por parte de la República del Perú de un pago obligatorio para las importaciones de oleaginosas procedentes de los demás países miembros, constituye un recargo de naturaleza aduanera, y por lo tanto se ubica dentro de lo que el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena define como gravamen;
Que el artículo 77 del Acuerdo de Cartagena establece la obligación de los Países Miembros de abstenerse de aplicar gravámenes y de introducir nuevas restricciones de todo orden a las importaciones de productos originarios de la subregión;
Que, en función de lo expuesto, y en uso de la atribución prevista en el artículo 74 del Acuerdo de Cartagena y en el artículo 54 de la Decisión 425 de la Comunidad Andina, corresponde a esta Secretaría General emitir una resolución calificando si la medida adoptada por el Gobierno de Perú constituye un gravamen al comercio intrasubregional;
ART. 1º—Determinar que la aplicación por parte de la República de Perú de “derechos correctivos provisionales ad valorem” de un 12% (doce por ciento) sobre las importaciones de productos comprendidos en las subpartidas arancelarias Nandina 1511.90.00, 1516.20.00, 1517.90.00, originarias de países miembros de la Comunidad Andina, constituye un “gravamen” a los efectos del capítulo VI sobre Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena.
ART. 2º—De conformidad con el literal e) del artículo 55 de la Decisión 425, concédase al Gobierno de la República del Perú el plazo de quince (15) días calendario para el levantamiento del gravamen determinado en el artículo primero de la presente resolución, para las importaciones originarias de los países miembros, de los productos comprendidos en las subpartidas arancelarias señaladas en el artículo 1º de la presente resolución.
De conformidad con lo establecido en los artículos 17, 37 y 44 del reglamento de procedimientos administrativos de la Secretaría General, se informa que contra la presente resolución cabe interponer recurso de reconsideración, dentro de los cuarenta y cinco días (45) días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, así como la acción de nulidad ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro de los dos años siguientes a la fecha de su entrada en vigencia;

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 artículo 97
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 74
 artículo 49
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 73
 artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 97
 artículo 73
 artículo 73
 artículo 77
 artículo 74
 artículo 54
 resolución 
 artículo 55
 artículo 1
 resolución