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Timestamp: 2020-08-14 04:29:42+00:00

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Posición del PIT CNT con respecto al Proyecto de Ley con declaración de urgente consideración
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Posición del Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) con respecto al Proyecto de Ley con declaración de urgente consideración
Convocado por esta Comisión el Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), a la vez que agradece la invitación manifiesta su rechazo al citado Proyecto de Ley. Discrepa con la iniciativa del Poder Ejecutivo tanto en lo que hace a la forma cuanto a razones de mérito y oportunidad, y en lo concerniente al contenido. Sobre esto último, si bien el tratamiento en el Senado modificó en buena medida el proyecto inicial, en esencia, éste continúa teniendo ideas que no compartimos.
Por ello reafirmamos que, en primer término, al optarse por el mecanismo de la declaratoria de urgencia en lugar del procedimiento regular establecido por la Constitución de la República para la adopción de las leyes, para reglamentar cuestiones carentes de urgencia, se abusa de un procedimiento que es previsto para circunstancias excepcionales –situaciones objetivas de urgencia–, de allí los plazos abreviados y el efecto positivo que se otorga al silencio parlamentario.
Como se puede apreciar el Proyecto de Ley remitido consta de una extensión y volumen que exorbita la previsión constitucional (11 Secciones con sus respectivos capítulos y 475 artículos, donde se regulan numerosos y variados temas).
En suma, se abusa del mandato constitucional al utilizarse una vía prevista para casos excepcionales y se restringe el contralor parlamentario, lo cual conspira contra la ecuanimidad de la ley que se proyecta.
En cuanto a la oportunidad, más allá de los textos preliminares que se dieron a conocer, resulta preocupante que el Gobierno haya optado en medio de una emergencia sanitaria, con medidas de aislamiento social, que ha paralizado el país remitir este proyecto de ley; y más alarmante es que en esencia lo que sería verdaderamente de urgencia, atacar los efectos sociales de la crisis, no esté contemplado.
Con respecto al contenido, si bien no ingresaremos a un examen exhaustivo centraremos el foco en los temas para nosotros más cuestionables.
Para ello dividiremos nuestra exposición en siete apartados siguiendo en cierta forma el orden de proyecto, donde se abordara únicamente lo medular: Seguridad, Educación, Aspectos Económicos, Empresas Públicas y Unidades Reguladoras, Funcionamiento del Estado, Relaciones Laborales y Seguridad Social, y Políticas Sociales.
Los aspectos vinculados a la seguridad pública ocupan un lugar de relevancia en el proyecto de LUC, proponiéndose 117 artículos en la materia sobre los 475 totales.
En primer lugar, cabe señalar que la totalidad de la temática a analizar no debería ser materia de una Ley de Urgente Consideración por las cuestiones que abarca: modificación del régimen de Legítima Defensa; modificación de algunos delitos y la creación de otros; y modificaciones al proceso penal, entre otros. En particular, en lo que hace a las modificaciones al proceso penal, se modifican artículos hartamente discutidos y que se incorporaron en el nuevo CPP, el que fue votado por todos los partidos políticos, y que modificó la legislación preexistente surgida durante la dictadura militar. La gran cantidad de modificaciones que se proponen a normas codificadas además, no hace otra cosa que desordenar el cuerpo legal vigente, omitiendo a la vez reformas que posiblemente debieran realizarse –de manera ordenada- en virtud del pasaje del tiempo, los cambios culturales, la modernización de los medios de comunicación y las características de los delitos, entre otros.
Sin perjuicio de esto, debe señalarse que el texto aprobado por el Senado contiene algunos cambios 0en relación al proyecto ingresado al Parlamento en abril así como respecto al presentado para la discusión de los partidos políticos previamente.
En una mirada general, se advierte en primer término, el carácter fuertemente punitivo del proyecto en materia de seguridad, el que se traduce tanto en la creación de nuevos delitos, el aumento de las penas y los mayores obstáculos que se establecen para acceder a la libertad vigilada. Todo esto contribuiría a aumentar inevitablemente la ya desbordada población carcelaria, reduciendo las posibilidades que tienen estas instituciones de ser lugares de reinserción.
En segundo lugar, en la búsqueda de otorgar un mayor respaldo al accionar policial, se brinda mayor discrecionalidad y subjetividad en el manejo de las distintas situaciones, lo que expone a las personas a riesgos de abuso e interpretaciones de las normas que no es claro que rumbo tomarán.
Así por ejemplo, el artículo 1 que apunta a modificar el Régimen de la Legítima Defensa (regulado por el artículo 26 del Código Penal), amplía el ámbito tradicionalmente considerado de la Legítima Defensa, distorsionando el concepto existente de “defensa” y dejando un hueco a la interpretación de la racionalidad que escapa a las posibilidades de previsión. Además, se advierte que esto puede conducir a un incremento de la violencia en la sociedad en la medida en que se visualice como una carta de libertad de acción respecto a lo que se considera Legítima Defensa, sin conocer claramente los límites de la racionalidad a los que la propuesta se refiere. Los acontecimientos recientemente sucedidos en Estados Unidos son muestra de los peligros a los que puede conducir esta idea de libertad de acción difusamente limitada.
En el mismo sentido, la modificación de la figura del desacato (la que ya está regulada por los artículos 171 a 173 del Código Penal), que propone el artículo 4 al agregar un inciso referido a la Resistencia al arresto, es de contenido poco claro y resulta de muy amplio margen de valoración. Además, colide con otras figuras como el atentado y el encubrimiento, ambas ya legisladas por nuestro derecho.
En tercer lugar, se advierte una peligrosa disminución de las garantías personales y los derechos de los indagados y del debido proceso.
Las modificaciones propuestas en los artículos 18, 19, 20 y 21, que refieren a las actuaciones policiales previas a la confirmación a la Fiscalía del acaecimiento de un hecho con apariencia delictiva, van en esta línea. Así, se incrementan los tiempos de retención de los afectados sin garantías (como sucede con la posibilidad de que permanezca en recintos policiales durante un lapso de 4 horas) y se faculta a la policía para el registro en iguales condiciones que las que se establecían antes, dando cuenta posteriormente al Fiscal (artículo 24).
Por otro lado, se proponen modificaciones, que difícilmente se puedan poner en práctica ya que no tienen en cuenta las limitaciones existentes en cuanto a los recursos con los que cuenta el sistema, lo que las hace inoperativas. Tal es el caso de las modificaciones en el instituto del proceso abreviado que propone el artículo 26 por ejemplo, donde se propone un cambio en el mínimo de la pena de los delitos sobre los que se puede aplicar este proceso. Este cambio conducirá a que la mayoría de los juicios se deban llevar adelante por el proceso ordinario, complicando el funcionamiento del sistema. Adicionalmente, el artículo 29 regula una versión nueva de proceso abreviado, que desnaturaliza definitivamente el espíritu del anterior CPP, al establecer un procedimiento sumamente engorroso y con activa participación del juez, proponiendo un proceso que no es ni abreviado ni ordinario y que seguramente generará resistencias entre doctrinos.
Algo similar ocurre en el caso del artículo 30, que dispone que las salidas transitorias y la prisión domiciliaria se deberán otorgar con la preceptiva decisión por parte del Tribunal de la aplicación de un dispositivo de rastreo, lo que parece inaplicable dada la escasa cantidad de implementos de que se dispone. Lo mismo sucede con la “libertad a prueba” que propone el artículo 31, donde la vigilancia y orientación permanentes del penado quedan a cargo de la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida, que ya hoy no logra cumplir los requerimientos que el sistema establece. Esto, sumado a las restricciones que se establecen a la posibilidad de disponer la “libertad a prueba” implicará un crecimiento de la población carcelaria de manera absolutamente inevitable. En la misma línea van los artículos 32 y 33 que derogan, sin más, los artículos 2 al 12 de la Ley 19.446 y los artículos 383 a 392 de la Ley 19.293 referidas a las penas alternativas a la prisión en el primer caso y a la suspensión condicional del proceso en el segundo.
El artículo 35 por su parte, refuerza el carácter punitivo del proyecto, al incorporar nuevas figuras al elenco de delitos donde no será aplicable la libertad anticipada. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de las personas privadas de libertad en nuestro país actualmente cumple pena por estos delitos, esto restringe las posibilidades de acceso a la libertad anticipada. Esto contribuye al hacinamiento carcelario ya existente y reduce aún más la posibilidad de que las cárceles se constituyan efectivamente en espacios de inserción social, brindando señales contrarias a la reinserción desde la óptica de la política pública.
También los artículos 68 a 74 caminan en este sentido, introduciendo cambios importantes en la legislación relacionada a drogas, modificaciones que en su mayoría tienden a aumentar las penas respecto a los máximos legales, de manera que estos delitos se tornen en inexcarcelables.
Por último, en la parte de seguridad, no podemos dejar de hacer mención a los artículos que se refieren a los adolescentes infractores. Son claros los efectos negativos de las modificaciones propuestas en este proyecto, tanto desde el punto de vista punitivo, donde se plantea aumentar las penas a tal punto que en algunos casos son mayores a las que se aplican a los adultos, como desde el punto de vista presupuestal. De aprobarse los cambios propuestos, habrá un crecimiento exponencial de la cantidad de jóvenes y adolescentes en el sistema de privación de libertad, que dejaría de ser solamente de adolescentes ya que los jóvenes infractores podrían estar en el INISA hasta los 27 años.
En materia educativa, el proyecto de LUC tuvo cambios importantes respecto a la versión que ingresó al Parlamento inicialmente en abril. No obstante, en esencia el proyecto vigente sigue planteando cambios sustanciales en varios aspectos del funcionamiento del Estado que hacen a la educación y la investigación, los que atentan contra pilares históricos de la educación como son la autonomía, y donde se le otorga un lugar preponderante al sector privado.
Entre estos cambios, cabe mencionar en primer término la eliminación del Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP), artículo 144, el que está concebido como el conjunto de propuestas educativas integradas y articuladas para todos los habitantes, para lo que es necesaria la coordinación de todas las instituciones públicas (MEC, ANEP, UdelaR, etc.), la que se da a través de la Comisión Coordinación del SNEP. De esta manera, a la vez que se elimina el SNEP, se sustituye su comisión coordinadora, por una Comisión Coordinadora de la Educación, la que tiene una integración diferente a la anterior y un incremento notorio de los representantes de la educación privada.
Además, los cambios en el aparato institucional de la educación propuestos apuntan a una concentración en la toma de decisiones, con un notorio incremento de la centralidad del Poder
Ejecutivo, la que se expresa en el aumento de la injerencia del MEC, en detrimento de la autonomía de la ANEP y afectando a la UdelaR. Si bien se plantea la consulta con las autoridades de los organismos estatales autónomos de enseñanza, la resolución queda en manos del MEC. De esta manera, la ANEP pierde algunos cometidos (políticas educativas), que pasan directamente al MEC sin necesidad de negociar con los propios actores institucionales, y queda relegada a un plano operativo-ejecutor. En línea con la centralidad del MEC, se propone un CoDiCen jerárquico y verticalista, con potestad para tomar decisiones sin necesidad de acordar con los representantes docentes.
El pasar las decisiones y el control de la educación al MEC, como plantea el proyecto, ignora la autonomía y es violatorio de la Constitución, que en su Artículo 202 establece que la educación pública será regida por uno o más Consejos Directivos Autónomos.
Los cambios institucionales propuestos apuntan también a una menor participación de los involucrados en las decisiones y de las organizaciones sociales representativas, reduciendo la participación democrática. Esto es algo que se visualiza a lo largo de la LUC, no solamente en el plano educativo sino también en otras áreas. En el caso de la educación, esto se plasma, entre otros en: la eliminación de la representación docente en los Consejos desconcentrados de inicial, primaria, secundaria y UTU, los que desaparecen; se elimina la obligación de incluir al menos un tercio de estudiantes en los Consejos de Participación de enseñanza media; no es obligatoria la convocatoria al Congreso Nacional de Educación, la que queda librada a la decisión de la Comisión Coordinadora de la Educación; se posterga la concreción del cogobierno de la Utec, prevista en la ley de su creación; limitación de la asociación gremial estudiantil, según fije los criterios el CoDiCen de la ANEP.
En el caso de la UdelaR, el texto aprobado por el Senado tiene menos intervenciones que la primera versión ingresada al Parlamento, aunque igualmente se reduce la participación de la UdelaR en algunos ámbitos. Un ejemplo de esto es que se le quita la competencia de revalidar títulos del exterior. Al mismo tiempo se afecta su gestión administrativa, dificultándosele la posibilidad de adquirir equipamiento científico indispensable, pese a los aumentos de los montos incorporados respecto al proyecto que ingresó al Senado.
En cuanto a condiciones de trabajo, el proyecta avanza y profundiza en condiciones que conducen a la flexibilidad y precarización de los puestos de trabajo. Las relaciones laborales e incluso las institucionales pasan a estar sujetas a los arreglos locales, fragmentando a los trabajadores, y los directores individualmente decidirán la continuidad o no de los trabajadores en los centros educativos. En este contexto, las condiciones de la carrera profesional estarán tuteladas por la adhesión y por la interacción personal, y dependerán de las relaciones que se tenga en el lugar de trabajo y con las autoridades locales, en lugar de la formación y solvencia académica. Se consolidan en el proyecto tanto las condiciones de precarización laboral, como la eliminación de la fórmula general de salario, adecuándose a compensaciones diferenciadas, lugar de trabajo o adhesión a un proyecto y no a igual tarea.
Finalmente, se propone la creación de un nuevo estatuto docente, en paralelo al existente, de manera que los funcionarios (docentes y no docentes) tendrán dos estatutos diferentes por los que se regirá su actividad laboral. Todos los nuevos ingresos se regirán por el nuevo estatuto, al igual que los funcionarios actuales que deseen cambiarse, y dichos estatutos convivirán hasta que se retire el último trabajador que se regía por el viejo estatuto. Adicionalmente, quienes adhieran al nuevo estatuto, automáticamente adhieren a los cambios posteriores que éste pueda tener.
Además de las inconveniencias evidentes de poner en práctica esta propuesta, y de lo abusivo de la última cláusula comentada, la coexistencia de reglas laborales diferentes para una misma función, colide con la normativa vigente nacional y los convenios internacionales firmados. Si bien los estatutos de cada actividad están sujetos a la posibilidad de ser modificados, estas modificaciones deben realizarse a través de la negociación colectiva, y deben aplicar a todos los trabajadores en la misma situación laboral.
En relación a los aspectos económicos, en las modificaciones propuestas en el proyecto de LUC destacan el planteo de aplicar una regla fiscal en nuestro país y las modificaciones en relación a la ley de inclusión financiera (LIF), que aparecen bajo la propuesta de libertad financiera.
Sobre la aplicación de una regla fiscal, lo primero que cabe preguntarse es si la coyuntura de crisis que estamos atravesando actualmente y el rol central que le cabe a la política fiscal en este contexto, no son justamente argumentos de peso para no atarnos a reglas rígidas, que impiden el accionar de políticas anticíclicas, particularmente necesarias en contextos como el que estamos viviendo. Como comentarios adicionales, cabe señalar que es discutible la impronta de objetividad de algunos indicadores que se manejan, como es el crecimiento potencial de la economía, así como la endogeneidad del gasto público en el mismo; y la falta de precisión en varios aspectos de su implementación.
Además, se advierte en el planteo, una visión de resultado fiscal, enteramente centrada en controlar el gasto del Estado, aun cuando la efectividad de estas medidas es discutible como mecanismo de disciplina y sostenibilidad fiscal, si no están acompañadas de medidas complementarias que apunten a incrementar o al menos sostener en términos reales los ingresos públicos. En este sentido, los cambios propuestos en la Ley de Inclusión Financiera, que favorecen la evasión, van en la línea contraria de mejorar los ingresos estatales.
En relación a la libertad financiera, el proyecto básicamente propone cambios en la LIF que apuntan a flexibilizar las restricciones que impone la misma al uso de efectivo. En primer lugar como consideración general, cabe señalar que estos cambios, van a contramano de las tendencias, recomendaciones y normativa internacional, en particular en las transacciones de alto valor, donde es cada vez más extendida la exigencia de que se realicen de forma electrónica. Además, implican un retroceso en materia de transparencia y en la posibilidad de realizar controles respecto al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
En segundo lugar, la exigencia del pago por medios electrónicos permite un mayor control por parte del Estado de los pagos realizados y como consecuencia, evita la evasión, teniendo un efecto positivo sobre los ingresos estatales. Además esto conduce a una mayor formalización de la economía, lo que redunda en aumento del bienestar general y especialmente de quienes menos tienen.
Nuevamente, al igual que en los temas anteriores, si bien en el Senado se acotó parcialmente el alcance de alguna de las propuestas originales que contenía el proyecto ingresado al Parlamento, como es el caso de las restricciones al fraccionamiento de los pagos, sigue siendo altamente cuestionable el beneficio que estas modificaciones puedan tener para la economía mientras que siguen vigentes todas sus desventajas en materia de transparencia, controles y evasión.
En particular, nos interesa destacar que derogar la obligatoriedad del pago de las remuneraciones a través de cuentas bancarias e instrumentos de dinero electrónico, va en contra de los intereses y los beneficios adquiridos por los trabajadores, particularmente, de los más vulnerables. La inclusión financiera posibilitó que numerosos sectores de la población, tradicionalmente excluidos del sistema financiero formal, pudieran acceder sin costo a un conjunto de servicios financieros básicos que previamente tenían un costo para los usuarios, generando una menor desigualdad en este plano. Si bien las modificaciones propuestas en la LIF esencialmente no eliminan estos beneficios para aquellos trabajadores que puedan seguir cobrando sus salarios por medio de cuentas bancarias e instrumentos de dinero electrónico, la obligatoriedad existente apuntaba justamente a mitigar la asimetría que existe en la relación individual entre trabajadores y empleadores; en particular, en los inicios de la relación laboral que es cuando se debe elegir el medio de pago salarial.
En lo que hace a los cambios en las empresas públicas y unidades reguladoras, las modificaciones más destacadas en el proyecto de LUC refieren a la desmonopolización del mercado de petróleo crudo y la jerarquización de las unidades reguladoras, que auspician el aniquilamiento del rol social de las principales empresas públicas. Estas medidas van en el sentido de reducir el peso del Estado en las decisiones de política económica, trasladándosela al mercado, y de debilitar el rol social para el cual fueron creadas las empresas públicas.
En lo que refiere puntualmente a ANCAP, si bien el proyecto aprobado por el Senado elimina el cuestionable artículo que hacía referencia a la desmonopolización de ANCAP, la nueva redacción establece disposiciones que siguen priorizando las lógicas de mercado por encima de los fines y cometidos sociales de esta empresa. De esta manera, se supedita el accionar de dicha empresa exclusivamente a parámetros de orden técnico, lo que supone un riesgo importante respecto al rol social que cumple actualmente y para el que fue creada.
Las nuevas facultades de las Unidades Reguladoras reducen la capacidad de gestión de las empresas públicas, delegando las decisiones al Poder Ejecutivo, limitando su rol social y su posibilidad de llevar adelante políticas orientadas al desarrollo. Así, la URSEA pasa a ser un servicio descentralizado no comercial e industrial, regido por el Artículo 220 de la constitución, al cual se le atribuyen poderes jurídicos de contralor y fijación de políticas sobre un ente autónomo. Esto contradice el programa económico de la Constitución ya que sólo el PE puede disponer tales directivas y ejercer los poderes de contralor que atribuyó al ente autónomo. De esta manera, la URSEA pasa a cumplir funciones preceptivas, lo que la jerarquiza por encima de los Entes Autónomos, llevando a cabo –entre otras funciones- la política tarifaria.
En el mismo sentido, los cambios que se proponen en la URSEC le otorgan un rol preponderante que no tenía en el pasado, convirtiéndola en una autoridad central en materia de telecomunicaciones e Internet. No sólo se jerarquiza su espacio de acción, sino que se quita toda referencia a cumplir con las políticas definidas por el PE y las funciones de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (DINATEL) que opera en el seno del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) que ahora pasan a la URSEC.
En la propuesta que hace al funcionamiento del Estado, que aparece bajo el título de Eficiencia del Estado, se advierten modificaciones tendientes a aumentar el proceso de flexibilización y potenciar la desregulación de algunas funciones públicas, favoreciendo la privatización, con pautas discrecionales a la hora de instrumentar acciones centralizadoras en la toma de decisiones. En particular, los artículos que se incluyen en la sección de “Normas sobre reclutamiento, selección, traslado y redistribución de funcionarios” tienen como objetivo llevar adelante una fuerte reducción del gasto público en recursos humanos. Esto redundará en una reducción sustancial del personal que tiene vínculos directos con el Estado a través de la eliminación de vacantes y de contrataciones de servicios no personales, a lo que se suman las restricciones propuestas para la contratación de trabajadores tercerizados a través de empresas y ONGs; afectando fuertemente la calidad de los servicios públicos que se brindan a la población.
Asimismo, se cuestiona el marco de diálogo y negociación colectiva vigentes como pilar de la toma de decisiones, lo que genera mucha incertidumbre a las personas que actualmente trabajan en el Estado (sumado a otros aspectos de la LUC que van en la misma línea).
En un contrasentido de lo planteado antes, en el proyecto de LUC se propone crear nuevas oficinas y organismos, que ya existen actualmente en la Administración con los mismos cometidos, aunque se planteen como una nueva arquitectura institucional tendientes a concentrar el poder de las decisiones en el seno de representantes directos del Presidente. De esta manera, se crean nuevas estructuras que asignan competencias ya cubiertas dentro del entramado institucional y las amplían, y donde los cambios son simplemente de nombre.
En lo que hace a las relaciones laborales, se propone un único artículo: artículo 388, Libertad de Trabajo y Derecho de la Dirección de la empresa. Dicho artículo, sumamente cuestionado desde varios ámbitos, tuvo cambios respecto a la versión que ingresó al Senado, los que van en línea con algunas de las observaciones planteadas por la OIT. De esta manera, el texto actual ya no refiere a la libertad de trabajar o derecho de trabajar sino únicamente al derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los establecimientos, así como al derecho de la dirección de la empresa a ingresar a las instalaciones previamente.
No obstante se mantiene la referencia a que el Estado garantiza “el ejercicio pacífico del derecho de huelga”. Esto constituye un inadecuado uso del mecanismo previsto en el artículo 168 numeral 7 de la Constitución en busca de regular un Derecho Humano Fundamental como es el Derecho de Huelga. La pretendida reglamentación va en contra de lo preceptuado por la disposición constitucional contenida en el Artículo 57 ya que restringe el derecho de huelga y no garantiza su "ejercicio y efectividad". El artículo supone por un lado que la huelga en sí misma no es pacífica, y por otro, no expresa cómo garantizará el Estado el desarrollo pacífico de esas medidas, dejando entrever restricciones al ejercicio del derecho de huelga.
El apartamiento existente en el proyecto de LUC del mandato constitucional, que ordena efectivizar y garantizar el goce del derecho de Huelga optando en cambio por su restricción. La Constitución de la República reconoce la preexistencia del derecho de huelga sin definirla ni establecer restricciones objetivas o subjetivas, lo cual implica que adhiere a un concepto amplio de ésta (huelga es toda medida que impida el normal funcionamiento de la unidad de producción y encuentra sus límites –en tanto no es un derecho absoluto– cuando su ejercicio pone en riesgo la integridad física, la salud o la vida de toda o parte de la población -servicios esenciales- o se trata de determinadas categorías de funcionarios públicos).
A su vez, existe en este artículo proyectado un desconocimiento del Diálogo Social. En estos años y fruto de un sistema de Negociación Colectiva efectivo y eficaz, en el marco de la autonomía colectiva, en el ámbito de los Consejos de Salarios, las partes a través de sendos acuerdos han regulado el ejercicio del derecho de Huelga.
En lo que atañe a la seguridad social, los artículos propuestos implican por un lado, el desconocimiento de la importancia del diálogo social que involucra a empresarios, jubilados, trabajadores y al Estado en la toma de decisiones relativas a la seguridad social; un diálogo que por otra parte, ya viene funcionando de manera organizada en nuestro país. En este sentido, se propone la creación de una Comisión de expertos para asesorar sobre futuros cambios en la seguridad social, dejando de lado la consulta a los ámbitos de diálogo ya existentes.
Sobre las Elecciones de directores sociales en el BPS, la modificación propuesta va contra la representatividad de quienes pueden presentarse a la elección y el artículo que se pretende reformar, es parte de un conjunto de modificaciones que se hicieron el año pasado, y que están en línea con el concepto de representación social manejado por la OIT. Desconoce los acuerdos elaborados entre todas las representaciones sociales involucradas, que llevó más de un año de trabajo, a la vez que –al igual que sucede en otras áreas- no se aprecia la urgencia para ser incluido en una ley de estas características, ya que la elección es a fines del año que viene.
Finalmente, en el capítulo 1 de la sección final sobre Otras disposiciones (Protección a la libre circulación) se pretende regular los piquetes. Si bien no hay una referencia específica al ámbito laboral, el mismo debe considerarse incluido en la medida en que tampoco se excluye ninguna actividad de esta normativa y no se distingue el piquete entendido como la acción civil ejercida por los ciudadanos y el piquete como modalidad del derecho de huelga. En el breve articulado de este capítulo, se mantiene la declaración de ilegitimidad de los piquetes (artículo 465) que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios en espacios públicos o privados de uso público. A la luz de lo preceptuado por el art. 57 de la Constitución (inciso 3) la ocupación de los lugares de trabajo y los piquetes son modalidades que puede asumir la huelga, por lo que la norma proyectada al declarar ilegítimos los piquetes, está vulnerando la norma constitucional. Pero además, contradice a la propia OIT, por cuanto esta entiende que el piquete es una modalidad de la huelga.
No obstante, la disposición más cuestionable del articulado de este capítulo es la relativa a “hechos de apariencia delictiva”, artículo 467, donde no se especifica qué son los hechos de apariencia delictiva, quién es la autoridad competente para evaluarlos ni cuáles serán los criterios de evaluación. Nuevamente se utilizan conceptos vagos e imprecisos para limitar derechos de carácter fundamental.
En las secciones vinculadas a desarrollo social y salud, al igual que en materia de vivienda, se retoman planteos ya delineados respecto a otras áreas.
Cabe destacar que en lo atinente a las políticas sociales en particular, en el proyecto aprobado por el Senado se eliminaron una serie de artículos que tenía el proyecto que ingresó al Parlamento y que hacían referencia fundamentalmente a las competencias del MIDES y en última instancia al rol del Estado como mecanismo para enfrentar los problemas sociales existentes y a la visión de esta institución acerca de las políticas sociales. También se eliminaron las propuestas que se realizaban tendientes a reducir la participación de los trabajadores organizados así como de otros actores relevantes de la sociedad civil en los consejos y comisiones asesoras en materia de políticas, en línea con las recomendaciones que realiza la ONU en esta materia; lo que constituye un importante avance en este plano.
No obstante, en lo que refiere a la adecuación organizativa que se plantea en el MIDES nos parece importante alertar algunas cuestiones. En primer lugar, aunque se establece en el articulado que los cambios propuestos no pueden afectar derechos funcionales ni generar reducción de remuneraciones, se deja habilitada la posibilidad de bajar a los trabajadores de categoría (escalafón). Adicionalmente, se plantea que el Ministro y Subsecretario del MIDES tengan la posibilidad de contar con 115 pases en comisión, cuando la regla general para estas jerarquías es de 15 en total. Esto parecería indicar que el instrumento de los pases en comisión, más que cumplir la función de apoyo y asesoramiento a los jerarcas para las que están planteados, podrían constituir una reestructura total del Ministerio, ocupando lugares que exceden a lo que habitualmente realizan las personas en este régimen. Debemos alertar ante el riesgo de que ingrese un conjunto muy importante de personas en formato de pases en comisión (donde predominan los criterios políticos por sobre la idoneidad técnica) al tiempo que se degradan las categorías de trabajadores actualmente en el organismo.
En el tema puntual de la vivienda, interesa destacar dos aspectos. En primer término, en los cambios que se proponen se soslaya por completo el modelo cooperativo, de gran relevancia en nuestro país. En segundo lugar, se visualiza como peligroso el nuevo régimen que se plantea para los arrendamientos sin garantía, una modalidad que en la actualidad no tiene ningún impedimento para funcionar. En la regulación de la misma se proponen fundamentalmente cambios en los plazos de desalojo y lanzamientos (30 días en el caso de los buenos pagadores al vencimiento del contrato y 6 días en el caso de atrasos en los pagos). Dichas modificaciones, además de proponer plazos extremadamente cortos respecto a los existentes, apuntan a beneficiar al propietario en detrimento de los inquilinos, sin que esto asegure una mayor dinámica en el mercado de alquileres.
En suma, consideramos por un lado, que es altamente inconveniente la presentación de este proyecto de LUC, y en particular en la coyuntura que hoy está atravesando el país. Por otro lado, tenemos diferencias importantes con buena parte del articulado de la propuesta.
En general, nos parece inconveniente presentar bajo la forma de urgente consideración, un proyecto de casi 500 artículos (luego de las modificaciones que se realizaron en el Senado al mismo), que toca prácticamente todos los aspectos de la vida del país, y que requeriría plazos de debate, intercambio e información bastante más prolongados que los que prevé la Constitución para estos proyectos. Si además, tenemos en cuenta el momento que está atravesando el país, la inconveniencia se hace más evidente. En este contexto, no sólo no es posible tener ámbitos mínimos de intercambio respecto a los temas que se proponen, sino que además, éstos no son los temas de urgencia en este momento. El debate urgente hoy debería girar en torno a cuáles son las mejores políticas para salvaguardar el aparato productivo con sus puestos de trabajo y de qué manera se puede mitigar el impacto sobre quienes están en peores condiciones para afrontar la crisis. También deberíamos estar discutiendo, qué medidas tenemos que tomar para acompañar a los sectores más débiles en una salida que no será igual para todos; pero estos temas no aparecen en la urgencia de la LUC.
En la diversidad de temas que toca el proyecto, se visualizan líneas comunes. En varios ámbitos se reduce la participación de las organizaciones sociales, se desconocen espacios de negociación y diálogo social existente, y se centralizan las decisiones; atentando contra la calidad democrática de las mismas. La idea de disminuir el rol del Estado también se manifiesta en varios planos; algo bastante paradójico en momentos en que el rol del Estado es fundamental para afrontar una crisis como la que estamos atravesando y donde vienen siendo los países con mayor alcance de las políticas públicas, los que mejor preparados están para paliar con las consecuencias. El debilitamiento de las empresas públicas, las propuestas de desregulación de algunas funciones del Estado y en general, el recorte y restricción del gasto público, son propuestas que van en esta línea. En el mismo sentido se ubica la propuesta de disminución del gasto en recursos humanos, lo que va en detrimento de la función pública. En cuanto a condiciones de trabajo en el sector público, el proyecto avanza y profundiza la flexibilización y precarización laboral, aumenta las discrecionalidades y desconoce los ámbitos democráticos en los que se deben procesar estos debates.
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References: artículo 1
 artículo 26
 artículo 4
 artículo 26
 artículo 29
 artículo 30
 artículo 31
 artículo 35
 artículo 144
 resolución 
 Artículo 202
 Artículo 220
 artículo 388
 artículo 168
 Artículo 57
 artículo 467