Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/23438
Timestamp: 2020-01-27 05:21:44+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 109/2013
SENTENCIA 109/2013, de 6 de mayo
ECLI:ES:TC:2013:109
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 4 de mayo de 2012, el Procurador de los Tribunales don Carlos Blanco Sánchez de Cueto interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial de que se hace mérito en el encabezamiento, por entender que vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva que se garantiza en el art. 24.1 CE en relación con el derecho a la libertad (art. 17.1 CE) y con el derecho a la legalidad (art. 25.1 CE).
a) En el Juzgado de Instrucción núm. 10 de Sevilla se incoaron las diligencias previas núm. 2769-2003 y luego el procedimiento abreviado 16-2004, por delito de lesiones, cuyo enjuiciamiento correspondió al Juzgado de lo Penal núm. 3 de Sevilla que incoó el juicio oral núm. 327-2004 y, en fecha 2 de diciembre de 2004, dictó Sentencia condenando a José Daniel Gómez Aragón, como autor de un delito de lesiones a la pena de un año de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo, así como a indemnizar a la víctima en 1.500 euros con el interés legal y pago de las costas.
b) Por auto de fecha 19 de abril de 2005, se declaró la firmeza de la Sentencia, iniciándose su ejecución bajo el núm. 153-2005 y en nuevo Auto de fecha 24 de mayo de 2005, se acordó la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por un periodo de tres años.
c) El día 28 de octubre de 2008 se dictó por el Juzgado de lo Penal núm. 3 de Sevilla Auto revocando la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad al haber delinquido nuevamente durante el periodo de suspensión, el 31 de octubre de 2005, según Auto dictado el 6 de noviembre de 2011 por el Juzgado de lo Penal núm. 3 de Sevilla.
d) La resolución de 28 de octubre de 2008 fue recurrida en reforma por el penado pidiendo que la pena privativa de libertad fuera sustituida por pena de multa con una cuota diaria de dos euros, siendo desestimado el recurso por Auto del mismo órgano judicial de fecha 10 de diciembre de 2008.
e) El día 17 de enero de 2009 el Sr. Gómez Aragón solicitó al Ministerio de Justicia la concesión del indulto de la pena, dictándose por el Juzgado de lo Penal núm. 3 de Sevilla Auto de fecha 19 de febrero de 2009, suspendiendo la ejecución de la pena, en tanto se resolvía la petición de indulto. El indulto fue denegado por el Consejo de Ministros en acuerdo de 16 de abril de 2010.
f) El señor Gómez Aragón formuló ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo petición de revisión de la condena impuesta, lo que fue denegado por Auto de fecha 30 de septiembre de 2009.
g) Tras citársele para ingreso en prisión por providencia de 6 de julio de 2010 y ordenarse su requisitoria por providencia de fecha 19 de octubre de 2010, ambas dictadas por el órgano judicial ejecutor, el Juzgado de lo Penal núm. 3 de Sevilla dictó Auto en fecha 26 de noviembre de 2010 declarando prescrita la pena.
h) El Ministerio Fiscal interpuso recurso de reforma contra la anterior resolución que fue impugnada por el ahora demandante, siendo estimado el recurso por Auto de fecha 25 de enero de 2011, que contiene el siguiente razonamiento jurídico único:
“Procede dar la razón al Ministerio Fiscal y revocar la resolución recurrida. La resolución recurrida sólo tuvo en cuenta para estimar la prescripción de la pena la comisión del hecho delictivo que impidió la remisión definitiva, esto es el 31 de octubre de 2005 (Aplicando la doctrina del T.S. en S. de 15 de julio de 2004).
Pero ha obviado dicha resolución la petición de indulto y el auto de 19-02-2002 (sic) por el que se suspende la ejecución de la pena en tanto se tramita dicho indulto, resolviéndose el mismo por acuerdo del Consejo de Ministros de 16-04-10. La jurisprudencia es unánime en reconocer eficacia interruptiva a la suspensión de la ejecución en tanto se resuelve la solicitud de indulto (STS 1-12-99).”
i) Contra dicho Auto el ahora demandante interpuso recurso de reforma y subsidiaria apelación, haciendo referencia a la STC 97/2010, de 15 de noviembre y pidiendo subsidiariamente la sustitución de la pena privativa de libertad por pena de multa. El Juzgado de lo Penal núm. 3 de Sevilla dictó Auto de fecha 1 de julio de 2011 desestimando el recurso de reforma y confirmando la resolución recurrida por sus propios fundamentos.
j) La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla desestimó el recurso de apelación por Auto de fecha 6 de marzo de 2012, que le fue notificado el día 13 de marzo de 2012. Dicho Auto contiene, en extracto, la siguiente fundamentación:
3. En el escrito de demanda se solicita que se anule la resolución recurrida invocándose la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en relación con el derecho a la libertad (art. 17.1 CE) y con el derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE).
4. Mediante providencia de fecha 18 de junio de 2012 la Sala Primera de este Tribunal acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo y conforme a lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), resuelve requerir atentamente a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla y al Juzgado de lo Penal núm. 3 de Sevilla, para que remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones, así como emplazar a quienes hubieran sido partes en el procedimiento excepto la parte recurrente en amparo para que pudieran comparecer si lo deseaban en el recurso de amparo. Asimismo, en providencia de la misma fecha, se acordó abrir pieza separada de suspensión.
5. La Sección Primera del Tribunal Constitucional, por diligencia de ordenación de 17 de julio de 2012, acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52 LOTC, dar vista de todas las actuaciones del recurso de amparo al Ministerio Fiscal y a las partes para alegaciones.
6. El 31 de julio de 2012 tuvo entrada en este Tribunal escrito de alegaciones presentado por la representación del recurrente, quien insiste en las mantenidas con anterioridad en su demanda de amparo.
7. En la pieza separada de suspensión, tras las alegaciones de las partes, la Sección de Vacaciones de este Tribunal dictó el Auto 158/2012, de 21 de agosto, por el que se acordaba la suspensión de la ejecución de la pena de prisión de un año impuesta al demandante.
8. Por escrito registrado el 25 de septiembre de 2012 el Ministerio Fiscal, cumplimentando el trámite de alegaciones, interesó la estimación del amparo, declarando que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a la libertad y a la legalidad penal (arts. 24.1, 17.1 y 25.1 CE), y solicitando la anulación de los Autos de fechas 25 de enero y 1 de julio de 2011, dictados por el Juzgado de lo Penal núm. 3 de Sevilla y el Auto de fecha 6 de marzo de 2012, dictado por la Sección tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla.
9. Por providencia de 6 de mayo de 2013, se señaló para deliberación y votación del presente recurso la misma fecha.
1. Es objeto del presente recurso de amparo el Auto dictado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla de 6 de marzo de 2012 que desestima el recurso de apelación contra el Auto del Juzgado de lo Penal núm. 3 de Sevilla de fecha 25 de enero de 2011 que denegaba la extinción de la responsabilidad penal por prescripción de la pena que había sido instada por el demandante.
2. . La cuestión que se plantea en la demanda de amparo consiste en determinar si las actuaciones practicadas en ejecución de la pena privativa de libertad impuesta, según figura en los antecedentes de esta resolución, interrumpen el plazo de prescripción de la pena.
3. Delimitada la cuestión fáctica, debe recordarse que, según reiterada doctrina constitucional “la prescripción penal, institución de larga tradición histórica y generalmente aceptada, supone una autolimitación o renuncia del Estado al ius puniendi por el transcurso del tiempo, que encuentra también fundamentos en principios y valores constitucionales, pues toma en consideración la función de la pena y la situación del presunto inculpado, su derecho a que no se dilate indebidamente la situación que supone la virtual amenaza de una sanción penal; a lo que añadíamos que dicho instituto 'en general, encuentra su propia justificación constitucional en el principio de seguridad jurídica', si bien, por tratarse de una situación de libre configuración legal, no cabe concluir que su establecimiento suponga una merma del derecho de acción de los acusadores, ni que las peculiaridades del régimen jurídico que el legislador decida adoptar —delitos a los que se refiere, plazos de prescripción, momento inicial de cómputo del plazo o causas de interrupción del mismo— afecten, en sí mismas consideradas, a derecho fundamental alguno de los acusados” (STC 63/2005, de 14 de marzo, FJ 2; en el mismo sentido, SSTC 29/2008, de 20 de febrero, FJ 7; y 79/2008, de 14 de julio, FJ 2, y resoluciones en ellas citadas).
4. En el ámbito de ejecución de la pena, no cabe hablar de la figura de la interrupción de la prescripción, por no existir una regulación sustantiva de la interrupción de la prescripción de la pena, a diferencia de lo que sucedía en el precedente Código penal de 1973, cuyo artículo 116 contemplaba como causa de interrupción de la prescripción de la pena la comisión de otro delito antes de completar el tiempo de prescripción (STC 97/2010, de 15 de noviembre, FJ 4).
5. En el caso examinado, el periodo de suspensión de la ejecución de la pena por petición de indulto sólo se produce después de frustrarse la suspensión de la ejecución de una pena privativa de libertad como beneficio condicional en los términos regulados en los artículos 80 y siguientes del Código penal, cuestión que no fue abordada en la citada STC 97/2010 y que presenta caracteres diferentes a los supuestos allí contemplados de suspensión de naturaleza cautelar por indulto o por decisión de la jurisdicción constitucional, puesto que en el caso del beneficio condicional la suspensión de la ejecución es producto de una resolución judicial legalmente prevista como forma sustitutiva de cumplimiento de la pena privativa de libertad.
6. Como hemos señalado reiteradamente, no le corresponde a este Tribunal reconstruir de oficio la demanda de amparo, ni suplir las razones de las partes —sobre las que recae la carga de la argumentación— cuando aquéllas no se aportan al recurso (SSTC 123/2006, de 24 de abril, FJ 3; 196/2006, de 3 de julio, FJ 3; 74/2007, de 16 de abril, FJ 2; 42/2008, de 10 de marzo, FJ 2; y 182/2009, de 7 de septiembre, FJ 2), a lo que debe añadirse que, tal como hemos afirmado en el ámbito de la prescripción del delito, corresponde a la jurisdicción ordinaria determinar si la actuación judicial es suficiente para entender interrumpido el lapso prescriptivo de las infracciones penales [STC 59/2010, de 4 de octubre, FJ 2 c)], lo cual es trasladable asimismo a la prescripción de la pena, correspondiendo a los órganos de la jurisdicción ordinaria la determinación de si la actividad de ejecución o cumplimiento sustitutivo incide en el cómputo del plazo de prescripción.
1º Reconocer su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en relación con el derecho a la libertad (art. 17.1 CE) y con el derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE).
2º Declarar la nulidad del Auto de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla de 6 de marzo de 2012, recaído en recurso de apelación 7670-2011.
3º Retrotraer las actuaciones al momento anterior al de haberse dictado el referido Auto para que se dicte una nueva resolución judicial respetuosa con los derechos fundamentales vulnerados.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 2609-2012
Promovido por don José Daniel Gómez Aragón en relación con los autos de un Juzgado de lo Penal de Sevilla y de la Audiencia Provincial que denegaron la petición de extinción de responsabilidad penal por prescripción de la pena.
Se impugnan las resoluciones que denegaron la extinción de la pena por prescripción al considerar que el indulto solicitado por el recurrente en amparo es una causa de interrupción del cómputo del plazo de la prescripción de la pena.
Se otorga el amparo. Las resoluciones impugnadas se apartan de los criterios sentados en la STC 97/2010 de 15 de noviembre, en la que el Tribunal concluyó que la suspensión de ejecución de la pena como consecuencia de la tramitación de un indulto o recurso de amparo no está configurada legalmente como causa de interrupción del cómputo del plazo de la prescripción, vulnerando así el derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a la libertad y con el derecho a la legalidad penal del recurrente en amparo.
La cuestión relativa al cómputo del plazo de prescripción durante el periodo de suspensión condicional de la pena queda fuera del enjuiciamiento del Tribunal al no haber sido alegada en la demanda de amparo.
La resolución impugnada, al concluir que el cómputo de los plazos prescriptivos debe quedar en suspenso en el supuesto de suspensión de la pena durante la pendencia de la resolución de indulto, incurre en manifiesto desconocimiento del deber de acatamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional, lo cual supone una quiebra del mandato recogido en el art. 5.1 LOPJ, de la que deriva la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, art. 24.1 CE, en relación con los derechos de los artículos 17.1 y 25.1 CE (SSTC 29/2008, 133/2011) [FJ 5].
La suspensión de la ejecución de la pena como consecuencia de la tramitación de un indulto o de un recurso de amparo no está configurada legalmente como causa de interrupción de su prescripción, puesto que a partir del Código penal de 1995 no se contemplan causas de interrupción de la prescripción, lo que no excluye la existencia de periodos temporales en que no transcurre el plazo prescriptivo (STC 97/2010) [FJ 3].
La prescripción penal supone una autolimitación o renuncia del Estado al ius puniendi por el transcurso del tiempo, que encuentra fundamentos en principios y valores constitucionales, pues toma en consideración la función de la pena, el derecho a que no se dilate indebidamente la amenaza de una sanción penal y, en general, en el principio de seguridad jurídica, si bien, por tratarse de una situación de libre configuración legal, no cabe concluir que afecte a derecho fundamental alguno de los acusados (SSTC 63/2005, 79/2008) [FJ 3].
El control de la prescripción penal en sede de jurisdicción constitucional se funda en el derecho a la tutela efectiva en conexión con el derecho a la libertad, art. 17.1 CE, sin posibilidad de interpretaciones in malam partem en virtud del art. 25.1 CE, y bajo un canon de motivación reforzada, resultando conculcado el derecho a la libertad tanto cuando se actúa bajo la cobertura improcedente de la ley como cuando se proceda contra lo que la misma dispone y, por ello, los términos en los que venga regulada deben ser interpretados con particular rigor en tanto que perjudiquen al reo (SSTC 127/1984, 37/2010) [FJ 3].
Doctrina sobre el control de la prescripción penal por la jurisdicción constitucional (SSTC 127/1984, 37/2010) [FJ 3].
Artículo 80, ff. 1, 5
Derecho a la libertad personalDerecho a la libertad personal, ff. 3 a 5
Motivación de las resoluciones judicialesMotivación de las resoluciones judiciales, Vulnerado, ff. 3 a 5
IndultoIndulto, ff. 3 a 5
Interrupción de la prescripción de la penaInterrupción de la prescripción de la pena, ff. 3 a 5
PenasPenas, ff. 3 a 5
Suspensión de la prescripción de la penaSuspensión de la prescripción de la pena, ff. 3 a 5
Ejecución de sentencia penalEjecución de sentencia penal, ff. 3 a 5

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 116
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 80