Source: https://es.scribd.com/doc/6701861/3/Problemas-eticos-profesionales-y-legales
Timestamp: 2016-05-01 00:41:18+00:00

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Problemas éticos,
profesionales y legales for Folberg y Taylor - Mediacion Resolucion de Conflictos Sin Litigio
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referenciasManejo de asuntos especialesConclusión
Los propios elementos que hacen a la mediación tan atractiva, en comparación
con el modelo de adversario, también crean peligros potenciales y plantean
substanciales problemas profesionales, éticos y legales. La mediación se lleva a
cabo en privado, con frecuencia sin la presencia de abogados. Dado que no está
regida en forma rígida por reglas de procedimiento, leyes verdaderas, ni prece-
dentes, se presenta la interrogante de si el proceso es justo y produce resultados
equitativos. Debido a que la mediación representa una "alternativa" al sistema de
adversario, carece de las verificaciones y balances precisos y perfeccionados,
que constituyen el beneficio principal del proceso de adversario. El carácter
deliberadamente "alegal" de la mediación, crea un riesgo constante de dominio
ejercido por la parte con mayores conocimientos, poder, o menor contenido
Debido a que la mediación constituye una práctica nueva que rebasa los lí-
mites profesionales tradicionales, y reconoce los aspectos legales, emocionales
y técnicos de los conflictos, existen preocupaciones acerca de la cooperación
interdisciplinaria, las luchas por territorio, y las aseveraciones de dominio profe-
sional a través de las exigencias de derecho, experiencia y la pericia. Las épocas
económicas difíciles pueden agregar practicantes marginales provenientes de mu-
chos campos de lo que se considera una industria en crecimiento. En la actua-
lidad, se están extemando aspectos referentes a normas, ética, certificación y
licénciamiento, y están surgiendo a la superficie problemas delicados sobre sigi-
lo y responsabilidad. Ahora examinemos estos problemas importantes.
Existen preocupaciones legítimas en cuanto a que la mediación puede no ser un
proceso justo para algunos participantes, y que su uso difundido puede obstacu-
Problemat «tico*, proTeslontiles y légale*
lizar la imparcialidad. Estas preocupaciones merecen consideración, y los media-
dores deben estar preparados para enfrentarla. Intentaremos definir las preocupacio-
nes y responder a ellas.
Las tradiciones de adversarios y el litigio proporcionan una estructura para
resolver desavenencias dentro de un conjunto determinado de procedimientos,
que será sometido a prueba y será perfeccionado para alcanzar la imparcialidad.
La mediación, como alternativa al sistema de adversario, está menos limitada por
reglas de procedimiento, derecho substantivo, y precedente. Carece de las verifi-
caciones y balances precisas y perfeccionadas, que constituye el principal bene-
ficio del propósito de adversario. Aunque algunos acuerdos sometidos a media-
ción, como son los acuerdos maritales, requieren aprobación de los tribunales, éste
no es el caso de la mayoría. Incluso los convenios maritales tienen una mínima
probabilidad de estar sometidos a escrutinio judicial en detalle, debido a su na-
turaleza consensual. Los convenios privados que requieren la intervención pos-
terior de un tribunal para su cumplimiento, podrían estar sometidos a revisión
judicial en ese momento, pero la norma de revisión, por lo general establece la
búsqueda de "falta de escrúpulos".
Los tribunales, en forma correcta, se muestran renuentes a hacer a un lado o
reformar acuerdos privados y contratos, de tal manera que la norma referente a
la falta de escrúpulos proporciona la liberación solamente de las estipulaciones
más opresivas o notablemente injustas. La naturaleza privada de la mayoría de
los trámites de mediación también impide cualquier punto de vista público sig-
nificativo del proceso o de evaluación del resultado, a menos que posteriormente
pueda surgir un problema de dimensiones públicas.
Estas preocupaciones sobre la imparcialidad, aunque son serias, rodean la
característica dominante y el valor de compensación que tiene la mediación;
constituye un proceso consensual que procura resoluciones autodeterminadas. La
mediación, contrariamente al litigio, puede reconocer la colisión de las normas
"legales, con las normas orientadas a las personas". Estas normas o principios
personales, aunque no son legalmente válidos en el tribunal, pueden ser impor-
tantes para que los participantes alcancen un convenio justo, dentro del contex-
to de los problemas y las características de su desavenencia única. Intercalar estas
normas de choque puede dar como resultado un convenio con no menos princi -
pios para los contendientes de lo que se derivaría de un resultado de litigio,
decidido solamente conforme a normas o principios legales aceptados. Por
ejemplo, es posible intercalar una norma personal que considera importante la
culpa para el resultado financiero del divorcio, en la mediación, a pesar de que
este principio ya no es legalmente pertinente en los tribunales de nuestros esta-
dos. Si resulta pertinente al intercalar los principios personales de las partes,
sabiendo que la culpa no va a ser tomada en cuenta en el tribunal, ¿podría decirse
que el convenio resultante contiene menos principios, o es injusto? Suponga-
mos que dos empresarios cristianos tienen una desavenencia respecto a las mul-
tas que deben pagar por un embarque de mercancía, no efectuado a tiempo. ¿Está
el cálculo de la multa excluyendo el día de descanso al considerar el número de
Jiutkla
días de retraso, de una manera injusta, debido a que un tribunal no haría el cálculo
de la misma manera? Incluir estos principios no legales constituye una de las
propias ventajas del orden privado que puede hacer un convenio más aceptable y
duradero para las partes en desavenencia (Mnookin & Komhauser, 1979). La
mediación, en contraste con el litigio, permite la consideración de un mayor
universo de normas y principios, y es más flexible que los procesos en tribunal
(Gulliver, 1979 ). El papel y la evaluación de las normas en la resolución de
desavenencias está lejos de ser un simple asunto de comparar cuantitativa-
mente los resultados del tribunal, con aquellos de las formas alternativas de la
resolución de desavenencias.
La preocupación expresada acerca de los aspectos de justicia de los conve-
nios de mediación, tienden a comparar la mediación con una noción de índole
romántica sobre la justicia formal. Al considerar si los convenios obtenidos por
mediación van a ser justos e imparciales, debemos preguntar, ¿en comparación
con qué? El enfoque de adversario a la resolución de desavenencias no requiere
que las partes estén representadas por abogados, y en muchos casos, no lo están.
Asimismo, no impone a un mediador o una "audiencia" cuando se utiliza la
negociación privada para resolver una desavenencia. Es necesario recordar que
aproximadamente el 90 por ciento de todos los casos archivados en tribunales se
negocian hasta llegar a un acuerdo, antes de entablar un juicio. Muchos de los
casos restantes se declaran en rebeldía, debido a la ignorancia del demandado, o
a la falta de recursos para preparar una defensa.
El aspecto de justicia en el resultado de una desavenencia debe plantearse de
manera igual a todas las formas de resolución de desavenencias, incluyendo los
acuerdos mediante negociación y el litigio. Numerosas desavenencias resueltas
fuera de la mediación son resultado de un poder de negociación desigual, debido
a los distintos niveles de experiencia, los patrones de dominio, las diferentes
propensiones hacia el rechazo de riesgos, las mayores necesidades emocionales
de un contendiente, o los obstáculos psicológicos en la ruta de la conciliación.
En caso de que el asunto continúe hacia un litigio, los mismos puntos pueden
desviar la justicia del resultado en el tribunal, como en la fase de negociación; y
además, pueden existir recursos desiguales al asumir los costos de litigio, dife-
rentes niveles de sofisticación a elegir los mejores abogados, y simplemente suer-
te en cuanto a cuál juez es asignado para tomar la decisión. Estos comentarios no
tienen el propósito de ser meras críticas a nuestros sistemas de adversario o
judiciales; ningún mecanismo de resolución de desavenencias se aparta de los
problemas relativos a los resultados justos, ni ninguna de las alternativas es la
mejor para cada desavenencia.
Existen diversas protecciones en relación con la justicia de los resultados
de mediación. La principal protección es la presencia de un mediador hábil y
razonable; una tercera parte del discernimiento para ayudar a los contendientes a
que evalúen sus posiciones relativas, de tal manera que puedan tomar decisiones
con base en la razón, que les parezcan justas después de considerar todos los
factores pertinentes. El mediador actúa como un freno, aunque no necesaria-
ProMonas éticoa, proTeiioaaiei j Icgalat
mente como una garantía, en contra de la intimidación ó el engaf|o. El mediadcn'
también actúa como un agente de la realidad para ayudar a las partes a sondear si
sus posiciones son realistas, y qué efectos prácticos van a derivarse de su elección
de resultados. El mediador, a pesar de ser imparcial en lo que se refíere a los
participantes, tiene la responsabilidad de fomentar las actitudes razonables; en
especial dado que los resultados de un conflicto pueden afectar a otras partes,
como el público o los hijos del divorcio. Existe una diferencia entre no ser parcial,
y ser indiferente.
Para algunos, la mediación significa solamente un proceso de compromiso,
en el cual se insiste a cada participante que avance hacia una posición central. Los
mediadores deben reconocer que las exigencias y las expectativas que dividen a
algunos contendientes son tan descabelladas o productivas, de daños o males, ya
sea de propósito, ceguera emocional o codicia, que no debe hacerse compromiso
alguno hacia su realización.
Aunque la mayoría de las posiciones está sujeta a compromiso razonable,
algunas cosas no pueden y no deben comprometerse. El mediador está ahí para
facilitar el reconocimiento de sus posibilidades, y no para esconderse detrás de
la rúbrica simplista de que todas las posiciones pueden comprometerse. El pa-
pel del mediador es orientar el proceso de la resolución y el manejo de conflic-
tos, y no ser un mago que haga desaparecer los conflictos y origine un acuerdo
La segunda verifícación sobre la justicia de un acuerdo como resultado de
la mediación está comprendida en la etapa a la que hemos denominado revisión
y proceso legal (Véase el Capítulo 3). La revisión legal independiente consti-
tuye una necesidad en los acuerdos de divorcio, los contratos laborales, los pro-
blemas del ambiente, y otras desavenencias complejas y orientadas a aspectos
legales. Los abogados que realizan la revisión actúan como verificadores para
cerciorarse de que todos los puntos necesarios se han sometido a la considera-
ción de los participantes, y de que el acuerdo propuesto enuncia de manera pre-
cisa su entendimiento. Estos abogados que realizan la revisión pueden informar
a los participantes de manera individual acerca de otras alternativas a los térmi-
nos sugeridos, y si los puntos de acuerdo entran en las normas legales aceptables.
Dichas normas con frecuencia se presentan en el contexto de la gama probable de
decisiones de tribunal, cuando no se alcanza un acuerdo. La probabilidad de un
resultado de tribunal diferente al acuerdo propuesto, debe ponderarse a continua-
ción en relación con los costos en tiempo, dinero, y tensión emocional que pueden
derivarse de una mayor negociación, medición o litigio. El propósito básico de
esta revisión legal independiente, es determinar si el acuerdo es "lo suficiente-
mente justo" para que no exista un retroceso a la etapa de redacción, y si todos los
puntos necesarios quedaron cubiertos.
Todos los acuerdos derivados de la mediación, incluso cuando no se revisan
desde el aspecto legal, deben someterse a un proceso, de manera que permitan una
doble verifícación, una segunda opinión, o por lo menos el paso del tiempo, con
el objeto de ayudar a evitar decisiones precipitadas o bajo presión. Este proceso
JiuUda
puede comprender consultas con amigos, asesores, comitentes, o superiores. Pue-
de abarcar la puesta en práctica en un juicio, el registro, o, en algunos casos, la
Una tercera verifícación en relación con el resultado de mediación injusto,
es que la mediación, como proceso cooperativo, sirve como modelo para la
resolución de conflictos futuros, y el ajuste entre los participantes. Es mucho más
probable que los participantes se encuentren en una situación de mediación para
revisar y analizar un acuo'do injusto en nuestro proceso de mediación de siete
etapas (Capítulo 3), sugerimos que los mediadores estén disponibles y alienten la
revisión periódica y, cuando resulte adecuado, la revisión del acuerdo. La mayoría
de los acuerdos de mediación por escrito estipula que, si los participantes tuvieran
cualquier desavenencia futura en relación con los términos del acuerdo, o si se
vieran en la incapacidad para llegar a un acuerdo acerca de la revisión en caso
de que cambien las circunstancias, recurrirán a la mediación. En contraste, el
proceso de adversario tiende a exacerbar las hostilidades y a difícultar la coope-
ración futura. Es particularmente improbable que la orden o el juicio del tribunal
sufran modifícaciones por estipulaciones posteriores. La doctrina legal de res
judicata, a excepción de los casos de custodia infantil y de aquellos de manuten-
ción doméstica, evitan las demandas para modifícación de juicios previos. Incluso
en los casos de manutención y de custodia de los hijos, se imponen reglas que
requieren un cambio substancial de circunstancias, antes de reconsiderar el
Se expresa la preocupación de que la mediación para crear un sistema de
justicia "de dos pistas". La resolución de desavenencias informal debe estar
disponible para personas de escasos recursos, y aquéllas con quejas menores y
desavenencias poco importantes; la justicia, de acuerdo con la ley y con las
protecciones de procedimientos, se reserva para las personas acaudaladas.* Es
irónico que la preocupación opuesta también se nivela en cuanto a que la me-
diación se convierta en un procedimiento cada vez más costoso, impidiendo su
uso en los casos de personas de escasos recursos, y relegando a éstas a proce-
sos tradicionales de resolución de desavenencias. Posiblemente, aquellos que
temen que la mediación puede atribuirse falsamente a las personas de escasos
recursos como un substituto de litigio, se están centrando en los programas pú-
blicos de mediación, mientras que quienes temen que los pobres estén excluidos
de la mediación, por aspectos económicos, están recibiendo a estos grupos en
cuestión, a mediación privada sujeta a honorarios por cada servicio.
Estas preocupaciones respecto a que la mediación sólo va a estar disponible
para los ricos, o que la disponibilidad de los programas públicos de mediación
puedan impedir el acceso a los tribunales a los menos acaudalados, también ad-
judica matices románticos al litigio y pasa por alto la realidad. La realidad es que
los pobres nunca han tenido el acceso igual a los tribunales; el alto costo actual de
Por disposición constitucional, en México, la justicia es gratuita, quedando prohibidos los cos-
tos judiciales (Ait. 17). Existen, además, defensores de oficio.
Problemu «tlcoi, profesionales y legales
los procedimientos legales, aunado a los inmoderados retrasos de \as causas por
juzgar en los tribunales, ha limitado de manera efectiva la opción del litigio,
reservándola a los adinerados. Es interesante que las empresas gigantescas no
están más felices con los gastos y las demoras en los procedimientos de los tri-
bunales que otras de ellas, y numerosas corporaciones y fuertes usuarios de los
tribunales se han unido a la búsqueda de alternativas al litigio, cuando desean
resolver desavenencias entre ellos (Atternalives, 1983).
Indudablemente, existe la preocupación de que la mediación privada con
base en honorarios por servicio, no esté disponible para los grupos de escasos
recursos. No obstante, esta preocupación no debe limitarse a la mediación, sino a
todas las formas civiles de resolución de desavenencias. El hecho de que los
pobres no puedan darse el lujo de cubrir los costos de los mediadores privados
debe ser una preocupación paralela a aquélla de que los pobres no pueden cubrir
los costos de abogados, terapeutas, y otros profesionales privados, que podrían
tener la capacidad de ayudarles con sus conflictos. Resulta más fácil criticar a la
mediación, que eliminar la pobreza o idear mecanismos extensos para propor-
cionar un acceso más equitativo a servicios profesionales. Con toda seguridad, la
mediación puede proporcionar una forma más efectiva en costos de subsidiar los
servicios de resolución de desavenencias para los pobres, satisfaciendo, al mismo
tiempo, a los más acaudalados como alternativa superior a otros mecanismos de
Normas de práctica y limitaciones éticas
A medida que la mediación lucha por convertirse en una profesión, se incre-
menta la importancia de desarrollar normas para establecer prácticas aceptables
mínimas, y formular límites éticos referentes a la conducta inadecuada de un
mediador. La aceptación pública y profesional del papel de la mediación será ma-
yor, una vez que las normas de la práctica de la mediación se desarrollen y se
den a conocer.
Diferenciación entre normas y ética. Por conveniencia, separamos las normas
de práctica de las limitaciones éticas. La diferenciación entre normas y ética puede
ser sólo académica, pero resulta útil para nuestro análisis. Por lo general, un có-
digo ético se impone a los miembros de un grupo profesional a través de su
organización dirigente, o como una condición de licénciamiento o certificación.
Es probable que existan normas profesionales fuera de un código ético, o, en su
ausencia quienes ejercen pueden procurarlas, o bien, el público buscarlas y los
tribunales también como una serie de expectativas o prácticas comunes para el
servicio ofrecido. Las normas protegen a quienes reciben este servicio en lo que
se refiere a cualquier daño, y garantizan la integridad del proceso. La observación
de las normas de manera competente también debe proteger al profesional de
responsabilidades legales mediante la aclaración de los límites de "cuidado
razonable", dado que los tribunales utilizan ese término. El enfoque que usamos
para nuestra explicación de las limitaciones éticas, es el de "lo que no se debe
Normas de prictlca j limltacioaes étlcaí
hacer", que imponen los códigos existentes y los reglamentos para otras profesio-
nes, que, o forman parte de los antecedentes del mediador, o se relacionan con
aspectos de la práctica de la mediación. Consideramos que las normas son un
enunciado positivo de lo que se espera, moral o socialmente, del proceso de
mediación, y de los mediadores.
Limitaciones éticas. La mediación, según explicamos antes, constituye un servi-
cio híbrido que absorbe practicantes de diferentes antecedentes y profesiones.
Abogados,psiquiatras,psicólogos, trabajadores sociales, consejeros.enfermeras,
arbitros; en general, cuentan con códigos éticos para orientar sus respecti-vas
prácticas. El código de los abogados en cuanto a responsabilidad profesional, se
basa en procedimientos de adversario y en requisitos de que el abogado re-
presente sólo a una de las partes. La ética de los médicos está vinculada con
diagnósticos de enfermedad y tratamiento. Los códigos de los diversos pro-
fesionales de salud mental, se basa en la orientación de servicio de evaluación y
terapia. El código de ética de la American Arbitration Association (Asociación
de Arbitraje de los Estados Unidos) para arbitros, tienen como fundamento la
justicia de procedimientos y la toma de decisiones del arbitro. Aun no se ha de-
terminado qué partes, si es que existen, de esos códigos individuales, se aplican
a la práctica de la mediación, que difiere de las prácticas tradicionales de cada
profesión, hasta cierto punto. Cada conjunto de códigos contiene un enunciado
acerca de los papeles sociales e institucionales, y las expectativas de la práctica
profesional a la cual se dirige. Dichos papeles y expectativas no siempre encajan
en el ambiente de la mediación.
Los códigos para cada profesión, y sus interpretaciones oficiales sirven co-
mo indicios para los mediadores de dichas profesiones. Cuando se aplican a otras
prácticas profesionales, estos códigos únicamente puede proporcionar una señal
de advertencia sobre los procedimientos en que un mediador puede cometer
errores, y los puntos que representan un peligro. No proporcionan protocolos de-
tallados para la mediación. Los códigos profesionales existentes transferidos a la
mediación, no aportan gran criterio respecto a lo que se espera al informar a los
mediadores lo que deben evitar.
Los abogados constituyen el grupo profesional más activo que ha planteado
interrogantes éticos acerca de la mediación. Los abogados consideran que la
resolución de desavenencias es un asunto de abogados. Han observado que nu-
merosos conflictos sometidos a mediación tienen un contexto legal, así como un
aspecto emocional o técnico. Los abogados, en su propósito de preservar el sis-
tema de adversario, y salvaguardar las verificaciones complejas y los balances en
los que éste descansa, han intentado imponer restricciones, tanto sobre los
abogados como los no abogados que ofrecen servicios de mediación.
Acontecimientos como el divorcio, la creación de una sociedad, la prepara-
ción de un testamento, la redacción de documentos sobre bienes raíces, e innu-
merables aspectos adicionales entre las personas, suelen crear intereses conflic-
tivos. La mayoría de las transacciones comprenden intereses adversos así como
ProMcma* étteo*, proftalimtíet j legato
complementarios. El proceso de enfrentar estos acontecimientos no necesaria-
mente es de adversario.
Un proceso de adversario tiende a hacer énfasis a intereses conflictivos, a
expensas de intereses complementarios o conjuntos. Un proceso cooperativo
tiende a hac^ hincapié en los intereses complementarios, al mismo tiempo que
hace a un lado los intereses conflictivos. Ambos enfoques presentan riesgos
éticos, para los abogados y para otros que actúan como mediadores. Estos ries-
gos pueden disminuirse enormemente mediante la identifícación de los intereses
en conflicto, manejándolos a través de mediación y posteriormente insistiendo en
una revisión independiente fuera del proceso de mediación antes de haber con-
cluido el acuerdo.
Restricciones sobre los abogados
Opiniones del Colegio. El colegio se preocupa de que los abogados no se con-
fundan con el Código Modelo de Responsabilidad Profesional de la American
Bar Association (Asociación del Colegio de Estados Unidos), (1969), particular-
mente el canon S. Este canon, que prohibe la representación de intereses conflic-
tivos, presupone la función de los abogados en una forma de adversario. El
ejercicio de la profesión de abogado en una modalidad de no adversario, aparece
solamente de manera ocasional en este código. El modelo de adversario estrecho
del código en cuanto al papel de un abogado, niega la realidad de que numerosos
abogados principalmente aconsejan a clientes en formas no relacionadas con
conflictos legales, tribunales o litigio. Los abogados suelen aconsejar y orientar
a los clientes en el contexto de la planeación para aumentar al máximo las ga-
nancias y eludir las desavenencias.
Existe tensión entre las normas de adversario del Código Modelo y la
percepción popular de que los abogados exacerban los conflictos, por su fíjación
de adversario. Los comités de ética del Colegio, en Boston, Oregon, Maryland,
Virginia, Connecticut, y la Ciudad de Nueva York, emitieron cautelosos regla-
mentos de responsabilidad profesional que han permitido la mediación, ejercida
por abogados, bajo condiciones circunscritas. Cada una de estas opiniones se ba-
só en cuestiones que conciemen a la mediación de divorcio.
Los comités de ética de estados, en Minnesota, Washington, Wisconsin y
New Hampshire, son más cuidadosos, si no es que prohibitivos, acerca de que los
abogados actúen como mediadores, aunque cada una de esas opiniones puede
revisarse para indicar que algunos enfoques de mediación pueden proporcionar
protecciones éticas adecuadas.
El mensaje que surge de la opinión ética en jurisdicciones que permiten
que los abogados actúen como mediadores,o aconsejen a los participantes antes
de que se concluya un acuerdo de mediación, es que los participantes deben estar
conscientes del papel limitado del abogado, y de los riesgos de la mediación. Los
participantes de la mediación deben entender de manera explícita, que un abo-
gado que ofrece mediación no puede hacer progresos en los intereses de una de
las partes por encima de los intereses de la otra, y puede dar solamente asesoría
Rettriccioncí sobre IM abogadM
legal no parcial a cada una de las partes, en presencia de la otra. Es necesario
explicar que el papel del abogado depende de la revelación completa de todos
los hechos pertinentes, explicados por los participantes, y de que, en un caso de
divorcio sin revelación completa de los hechos, el acuerdo puede hacerse a un
lado en el tribunal, por insistencia de la otra parte. Es importante insistir a los
participantes que obtengan una revisión independiente del convenio, y que deben
estar conscientes desde el principio, de que el abogado no puede representar a
alguno o a todos ellos en ningún trámite que se relacione con el conflicto, o en
ninguna capacidad posterior.
Reglas de un modelo nuevo de conducta profesional. Las reglas éticas a las
que acabamos de referimos se basan en adaptaciones de los estados, e inter-
pretaciones del Código Modelo de Responsabilidad Profesional. La American
Bar Association (Asociación del Colegio Estadounidense) (ABA), aprobó el có-
digo en 1969, y actualmente sirve como norma ética para los abogados en la
mayoría de los estados, aunque el Colegio de cada estado tiene la libertad de
escribir su propio código,o adoptar modificaciones. La ABA Commission on
Evaluation of Professional Standards (Comisión de la ABA sobre Evaluación de
Normas Profesionales) (que popularmente se conoce como la "Comisión Kutak"
en honor de su fallecido presidente), emitió un nuevo código modelo de ética que,
después de años de debate, fue aprobado por la ABA en Agosto de 1983. Las
nuevas Reglas Modelode Conducta Profesional, a diferencia del código anterior,
reconocen la función diferente de un abogado como "consejero" y como "aboga-
do". La regla 2, actualmente divide la función de consejero del abogado en tres
partes: "asesor", "intermediario", y "evaluación para el uso de terceras perso-
nas". El papel de asesor se describe como la asesoría a un solo cliente, aunque los
comentarios y notas que acompañan a las reglas propuestas aparentemente no
evitan la asesoría a una familia, o la función de dar asesoría a múltiples partes.
Algunos abogados que actúan como mediadores se consideran asesores para to-
dos los participantes, en lugar de representarlos legalmente. La mediación, si se
defíne como la actividad de dar asesoría comúnmente a clientes en lugar de re-
presentarlos, podrían permitirse dentro de la esfera de acción de la regla propues-
ta en relación con el abogado como asesor.
Sin embargo, atender a múltiples clientes como intermediario constituye un
tema que se trata por separado en las nuevas reglas modelo. La regla 2.2, "In-
termediario", sección (a), establece las siguientes condiciones requeridas antes de
que un abogado pueda actuar como intermediario:
1. El abogado consulta a cada cliente en lo que se refiere a las con-
secuencias de la representación común, incluyendo las ventajas y
los riesgos implícitos, y el efecto en los privilegios de abogado/
cliente y obtiene el consentimiento de cada cliente para la repre-
sentación común.
2. El abogado piensa razonablemente que el asunto puede resolver-
se con base en términos compatibles con los intereses máximos de
ProbleniM Mcoi, profesionales y legales
los clientes, que cada cliente tendrá la capacidad para tomar decisio-
nes sobre información adecuada respecto al tema, y que existe poco
riesgo de perjuicio material para los intereses de cualquiera de los
clientes, en caso de que la resolución que se procura no tenga éxito.
3. El abogado piensa razonablemente que la representación puede
emprenderse de manera imparcial, y sin el efecto impropio de otras
responsabilidades que el abogado tiene hacia cualquiera de los
La sección 2.2 (b), asimismo requiere que el abogado actué como intermediario
entre los clientes, para "consultar con cada cliente acerca de las decisiones a to-
mar, y las consideraciones pertinentes para tomarlas, de tal manera que cada
cliente pueda tomar las decisiones con base en la información adecuada".
El comentario de la comisión, sobre la Regla 2.2, enuncia que un aboga-
do actúa como intermediario, cuando "representa" a todas las partes en la bús-
queda de establecer o ajustar una relación "entre clientes", con base amigable
y mutuamente ventajosa. Presenta una lista como ejemplo de "mediación de una
desavenencia entre clientes" como conjunto con otros ejemplos incluyendo la
ayuda para organizar un negocio enu-e dos partes, elaborar la reorganización
financiera de una empresa, y otras formas de "representación común". El comen-
tario, declara "laregla no se aplica a un abogado que actúa como ...mediador entre
las partes que no son clientes del abogado, incluso cuando éste ha sido nombrado
con la concurrencia de las partes. Al desempeñar este papel, el abogado puede
estar sujeto a (otros) códigos aplicables de ética".
Esta nueva regla, y el comentario correspondiente, distinguen entre atender
como un intermediario entre clientes, y presentar servicios, como mediador entre
aquellos que no son clientes. La ABA aparentemente reconoce en el modelo re-
glas en las que no directamente rige la actuación de los abogados como mediado-
res, entre aquellos que no están representados por el abogado-mediador, como
cliente. La palabra clave clientes se utiliza para desencadenar la aplicabilidad de
las reglas del modelo. No obstante, no queda clara cuando un abogado representa
a participantes en mediación, de tal manera que éstos se convierten en clientes,
y en los casos en que los participantes pueden buscar la ayuda del abogado como
mediador, pero nunca llegan a ser clientes.
Supuestamente, un abogado que actúa como mediador fuera de las ins-
talaciones de la ley, no da asesoría u opiniones legales, y no redactan un acuerdo,
no está actuando en capacidad legal alguna, y por lo tanto no está regido por el
código para abogados. Sin embargo, éste sería un caso raro. Es más frecuente que
el abogado ofrezca asesoría legal imparcial, o explique la ley a los participantes,
¿Entonces el abogado-mediador (representa) a los participantes como "clientes"?
Las opiniones en Boston, la Ciudad de Nueva York y Connecticut, que per-
miten la mediación de abogados, define al abogado-mediador como quien no
representa a ninguna de las partes, aunque estas opiniones preven y permiten al
abogado que de asesoría legal imparcial, en presencia de los participantes. Una
opinión similar en Oregon, que permite la mediación imparcial del abogado,
Restricciones sobre los abogadas
aunque definiendo el papel del mediador como de "representación" para to-
dos los participantes, de la impresión de ser un accidente semántico. Las opi-
niones de los colegios en los estados, que prohiben a los abogados prestar sus
servicios como mediadores, parecen suponer que un abogado-mediador debe re-
presentar a todos los participantes, como una forma de "representación común".
Es probable que la adopción de nuevas reglas modelo de ABA en estos estados
requiera un planteamiento de las opiniones prohibitivas de sus colegios.
Restricciones en ¡os equipos de co-mediación. Es sorprendente que los clínicos
que hacen equipo con los abogados, en parte eviten el ir más allá del campo de
pericia del abogado, sea hombre o mujer, parezcan presentar problemas más
éticos, que si el profesional actuara por sí mismo. Una opinión de la Oregon Bar
Association (Asociación del Colegio de Oregon) (1980). Indica que un abogado
puede ofrecer cautelosamente sólo servicios de mediación sin enredarse en
restricciones éticas. No obstante, cuando el mismo abogado hace equipo con un
profesional de salud mental, se presentan graves preocupaciones acerca de po-
sibles violaciones del canon 3, que requiere que un abogado ayude en la pre-
vención de la práctica legal no autorizada, y prohibe al abogado que practique en
sociedad o con honorarios divididos con un profesional no abogado. Sin duda
parece extraño que las restricciones del canon 3 impidan el uso de equipos
interdisciplinaríos, dado que uno de los propios propósitos del enfoque de equi-
po, es evitar la "práctica no autorizada". Asimismo, existen problemas potencia-
les del canon 2, en cuanto a la solicitud y el uso de un nombre comercial cuando
el abogado participa en un ceñudo o clínica de mediación de divorcio. Por lo ge-
neral, estos problemas pueden evitarse mediante la cuidadosa estructuración de
la práctica, y la sensibilidad en cuanto a las preocupaciones legítimas del colegio,
como en el caso de Oregon.
Restricciones a los no abogados. Un consejero, psicólogo, u otro profesional no
abogado que preste servicios como mediador de divorcios, no están regidos por
el código de abogados de la ética profesional. Sin embargo, si el mediador es
miembro de otra disciplina profesional, deberá observar el código de ética de esa
profesión. Dichas normas no están codificadas con tanto detalle como las de los
abogados, en donde abundan los códigos y las reglas, y proporcionan menos res-
puestas a los problemas éticos únicos que presenta la mediación familiar. ¿Pue-
de un terapeuta actuar como mediador, antes o después de proporcionar servicios
a una o ambas partes, como terapeuta? ¿Puede un mediador empleado por una
agencia o tribunal cumplir éticamente con el requisito de una agencia o tribunal,
de que el mediador ofrezca una recomendación para una resolución impuesta si
los participantes no llegan a un acuerdo? ¿Puede un mediador privado hacer pu-
blicidad a sus servicios de mediación junto con otros servicios? ¿Cuál es la
responsabilidad ética de un mediador no abogado respecto a saber si un acuerdo
propuesto puede hacerse cumplir de manera legal?
Problonu étkoi, proroionalcs y légale*
Al ofrecer la mediación, los no abogados corren el riesgo de comprometerse
en una práctica no autorizada de la ley, por lo tanto sometiéndose a cargos por fal-
ta menor, o desacato. El problema más importante en las investigaciones de la
práctica no autorizada, es si el no abogado se ha comprometido en actividades
que propiamente constituyen la práctica de la ley. Los casos proporcionan poca
orientación sobre lo que considera como práctica de la ley en esta área.
Los profesionales de salud mental que ofrecen mediación, podrían argüir
que cualquio* asesoría legal que proporcionan, y cualquier acuerdo que ellos ayu-
dan a redactar en la mediación, son únicamente "incidentales o necesarios para la
práctica de su propia profesión, y que, por lo tanto, caen fuera de la prohibición
de la práctica legal no autorizada. Esta justificación ha permitido a las compañías
de seguros de título que expidan documentos legales relsK^ionados con traspasos,
que los corredores de bienes raíces llenen machotes de documentos como parte de
las transacciones de propiedades, y que los contadores aconsejen a sus clientes
sobre aspectos fiscales.
En general, se ha afirmado que la oferta de venta de un estuche preparado
para divorcio, contenga formas, explicaciones para el uso de las formas, e in-
formación respecto a la ley de divorcio pertinente, usualmente redactada por un
abogado, y que estos procedimientos no están prohibidos. Sin embargo, los tri-
bunales de algunos estados se han pronunciado por lo contrario. También se ha
afirmado que proporcionar servicios de un escribano, es decir, llenar los es-
pacios en blanco según solicitan las parejas que se están divorciando, sin ofrecer
una asesoría legal individualizada-, no constituye una práctica prohibida de la
ley. Por otra parte, cuando los no abogados ofrecen entrevistas, explicaciones,
asesoría, ayuda para seleccionar la forma adecuada, y otro tipo de asistencia a
las parejas que se divorcian, los servicios constituyen la práctica no autorizada de
la ley, que se puede prohibir o castigar. En la mediación de divorcio, los no
abogados deben ser particularmente cuidadosos al preparar convenios de con-
ciliación marital extensos. La redacción de dichos documentos para someterlos a
un tribunal que los apruebe, tradicionalmente ha sido trabajo de los abogados y
puede ser muy técnico. Para evitar cargos respecto a la práctica de la ley, un no
abogado debe aconsejar claramente a cada participante que busque la revisión
del acuerdo por parte de un abogado, antes de firmarlo y que el acuerdo no de a
entender que está en su forma definitiva. La naturaleza no legal del documento
debe indicarse, colocando una etiqueta que diga "plan de mediación", o "memo-
rándum del acuerdo".
Los abogados se muestran renuentes a hacer cualquier cosa que pueda pare-
cer como una promoción de la práctica no autorizada de la ley. En la opinión de
1962, por ejemplo. Los Angeles Country Bar (Colegio del Condado de Los
Angeles), estableció que un abogado no podía adherirse a un servicio de consejo
familiar, para proporcionar asesoría legal a los clientes de la organización. El
comité advertía que el abogado podría estar promoviendo la práctica de la ley
no autorizada en la prestación de servicios de consejeros matrimoniales que pro-
porcionaban asesoría a clientes, con referencia a las leyes que se relacionan con
Rcftricdonci tobrc Iw abogadM
La asociaciones del colegio, posiblemente sensibles al cargo de que sus es-
fuerzos de política están motivados más por la protección económica de los
abogados, que por la preocupación del bienestar público, han emitido pocas opi-
niones —formales soI»« el tema, no han favorecido las demandas hacia media-
dores no abogados. Es probable que surjan más opiniones y cargos del colegio,
a medida que la práctica de la mediación de no abogados aumente. La North
Carolina State Bar Association (Asociación del Colegio del Estado de Carolina
del Norte) (1980), a través de su Unauthorized Practice of Law Committee (de la
práctica legal no autorizada), estableció que una (»-ganización no lucrativa que
ofrece servicios de mediación de divorcio, pidiendo a las parejas participantes
que firmarán un acuo'do mediante el que se les solicitaría someter la desave-
nencias no resueltas a arbitraje obligatorio, estaría comprometiéndose en la
práctica de la ley no autorizada. El New York City Bar Committee (Comité del
Colegio de la Ciudad de Nueva York) (1980), al aprobar un programa de me-
diación emprendido por una organización de salud mental no lucrativa, supuso
qué seglares podrían llevar a cabo actividades de mediación de divorcio, sin
ejercer juicio legal profesional, y sin comprometerse en la práctica de la ley no
autorizada. Sin embargo, el comité llegó a la conclusión de que estaba fuera de
jurisdicción la decisión de si los profesionales de salud mental en el programa
de mediación de divorcio propuesto, estarían comprometiéndose en la práctica
de la ley autorizada.
Los mediadores no abogados con una pericia única en relación con el tema
de desavenencia, los aspectos emocionales del conflicto, o el proceso de reso-
lución de desavenencia, aparentemente presentan fuertes argumentos para que-
brantar las restricciones de la práctica legal no autorizada. La mediación es
indudablemente un servicio distinto del que tradicionalmente ofrecen los aboga-
dos. La información legal constituye sólo un componente incidental de la mayor
tarea de la mediación que es ayudar a resolver conflictos. La mediación puede no
ser menos costosa, en cuanto a honorarios profesionales, y no siempre se ofrece
como una alternativa para evitar los costos de la asesoría legal. Si se observa co-
mo un servicio distinto y valioso en su propio derecho, y no como un substituto
de la asesoría legal, la mediación complementa los servicios legales y no debe
considerarse como una práctica de la ley no autorizada. Esta diferenciación en-
tre la práctica de la mediación y la práctica legal, puede quedar más clara me-
diante la formulación de una posible serie de normas de práctica para los
mediadores, que reconoce la mediación como una profesión individual, y de
sustentación propia.
Normas de práctica. Las normas de práctica ayudan a esclarecer las metas de un
servicio, mejorar su calidad, y reforzar la imagen pública del prestador de ser-
vicios (véase Van Hoose y Kottler, 1977, pág. 103). Un elemento en la defínición
de una profesión es la aceptación y el apego a normas comunes de práctica. O sea,
normas que ayudan a diferenciar una profesión de otra, y separar las profesiones
Problemas élicoi, proTeslonalcs y legales
Las normas profesionales son necesarias porque los resultados de los servi-
cios profesionales solamente pueden juzgarse por la integridad del proceso, y no
por los resultados inmediatos. Los servicios que se ofrecen, no pueden ponderar-
se o medirse fácilmente, y el beneficio o el dafio que se deriva del servicio, no se
conocerá sino hasta mucho después, cuando el error o la falta de integridad ya no
sea posible de corregir con facilidad. La calidad del servicio profesional proba-
blemente no se puede evaluar desde el punto de vista del cliente, excepto me-
diante la comparación con las normas establecidas para la práctica.
La dificultad de establecer normas de práctica para una profesión de surgi-
miento reciente, es que las normas deben emanar de la percepción común de las
metas de la práctica, así como de su papel social.
Con el objeto de ser coherentes, y ampliamente aceptadas, las normas deben
delinearse en forma precisa, definiendo a qué se refiere la práctica en su totalidad,
y qué es lo que le da la característica de servicio con una necesidad de separar el
conjunto de las normas de práctica. Dado que la mediación aún no tiene una base
académica, con un curriculum aceptado, ni una organización profesional domi^
nante que puede declarar su propósito o reglamentar la entrada a la práctica, no
existen criterios universalmente aceptados para dar una estructura a las normas de
práctica. Otros profesionales que tienen algún nexo con la mediación han de-
sarrollado normas profesionales escritas. Dichas normas reflejan un limitado nú-
mero de horas de trabajo de comité, perfeccionamiento a través de la aplicación
de la práctica, y, en algunos casos pruebas en el tribunal. La mediación y las
organizaciones de mediación pueden buscar las normas de su profesión de origen
para contar una orientación hacia normas para la práctica de la mediación pero no
deben detenerse ahí.
Algunas asociaciones nacionales, y algunas organizaciones locales de me-
diadores han propuesto o adoptado un código de conducta profesional, ya sea
para mediadores en general, o como normas de práctica de las especialidades de
mediación. El efecto de estas normas de mediación podría depender de si se tra-
tan solamente de suscripciones personales, o si están impuestas como requisito
para afiliación profesional, especialmente declaraciones dentro de una profesión
reconocida, como la ley o la consultoría, la calidad de miembro dentro de una
organización o red local, de mediadores, la condición de empleado de una agen-
cia o tribunal, licénciamiento o certificación.
Aunque existen diversos conjuntos de normas o códigos de conducta para
los mediadores actualmente en circulación, son dos los que parecen estar es-
pecialmente meditados como posibles enunciados de lo que se espera de los
mediadores. El primero es el Code of Professional Conduct for Mediators (Có-
digo de Conducta Profesional para Mediadores), que desarrolló Christopher W.
Moore y quedó adoptado en el Center for Dispute Resolution (Centro para la
Resolución de Desavenencias) (1982), en Denver, Colorado. Consiste en un códi-
go general, aplicable a todos los tipos de mediación (Véase el Recurso D). El
segundo. Standares ofPracticefor Divorce Mediators (Normas de Práctica para
Mediadores de Divorcio), está, como su nombre lo indica, dirigido a la creciente
Llcendamlento y certificación
especialidad de mediación de divorcio. El Council of Family Law Section of
American Bar Association (Consejo de la Sección Legal Familiar), de la Ameri-
can Bar Association, lo adoptó en principio en 1983, y posteriormente se de-
sarrolló a través de una fuerza especial de trabajo. La preocupación respecto al
papel de la asesoría legal independiente, y la consultoria, es, y así se entiende,
evidente en particular según las normas de la asociación del colegio. Resulta
interesante que las normas de la fuerza de trabajo de ABA tuvieron como base
inicial la elaboración de Thomas A. Bishop, quien recibió simultáneamente el
nombramiento para ayudar a preparar las normas de mediación para la Associa-
tion of Family & Conciliation Courts (Asociación de Tribunales Familiares y de
Conciliación), y para la Academy of Family Mediators (Academia de Mediado-
res Familiares). El tipo entrelazado de actividad, que no es atípico entre las or-
ganizaciones interesadas entre la aplicación profesional incipiente de la media-
ción, constituye una forma para lograr un conjunto común de expectativas y
normas similares.
Licénciamiento y certifícación
Existe en la actualidad cierto reglamento de las calificaciones de los mediadores
en el sector público. Se cuenta con requisitos estatutarios y administrativos en
relación con las credenciales y la experiencia de los mediadores relacionados
con los tribunales y otros empleados públicos que actúan como mediadores. Se
requiere una maestría en consultoria, trabajo social o algún campo relacionado o
experiencia de trabajo substancial para tener empleo como mediador familiar
en los tribunales de California, Connecticut, Nevada y Oregon. Algunos estados
permiten que ciertos tipos de experiencia adicional sean substituidos por la maes-
tría requerida, y el estado de Michigan, en su legislación para los amigos de la
legislación de tribunal expresamente autoriza los abogados capacitados en me-
diación, para que actúen como amigos del tribunal. (Véase Comeaux, 1983). Al-
gunas reglas administrativas que establecen criterios de procedimiento para la
mediación ordenada en casos de reclamaciones por práctica médica inadecuada,
desavenencias laborales de empleados públicos, y reclamaciones en contra de
organismos gubernamentales, establecen requisitos de educación o experiencia
pertinente en el área que se trata, con el propósito de calificar como mediador en
estas desavenencias. De igual manera, algunos programas de mediación, estable-
cidos mediante regla de tribunal para ayudar a hacer más expeditos los asuntos
por juzgar en litigio, cuando se tropieza con un congestionamiento de proceso,
requieren que los mediadores sean miembros del colegio, con experiencias de
práctica o que establezca su pericia en el tema de la desavenencia.
En la actualidad no existen reglamentos legales de mediación en el sector
privado. Aunque ha habido una discusión considerable sobre la necesidad de
contar con estos reglamentos, son muchos los que ponen en tela de juicio el be-
neficio que podría tener el público como resultado de los reglamentos de media-
ción en este momento.
Probl«Riu éitcoi, proTMlanalcí j Ic8«lct
Antes de considerar los pro y los contras de ese debate, veamos cuáles son los
métodos más comunes para establecer reglamentos sobre la práctica de otros
Decretos sobre licénciamiento. Los estatutos de licénciamiento típicamente
definen la práctica profesional, y describen la naturaleza de las actividades per-
mitidas. Un verdadero estatuto de licénciamiento también excluye a aquellos que
no tienen licencia, evitando que ejerzan la profesión de que se trata. La admi-
nistración del examen y la determinación de calificaciones para obtener licen-
cia, así como la tarea practica de delinear políticas para la práctica no autorizada,
en ocasiones se delega, por decisión del estado, a una organización profesional.
Este es el caso en numerosos estados que contemplan la licencia de abogados
(Véase Cathcart y Graff, 1978).
Decretos de certificación. Por lo general, la legislación sobre certificaciones
autoriza el uso de ciertos títulos o palabras descriptivas para catalogar los ser-
vicios que ofrecen los individuos con certificación. Estos decretos expresamen-
te, o de manera implícita, prohiben el uso de estos títulos o palabras descriptivas
en aquellos casos en que los individuos en cuestión no están certificados. Al-
gunas veces, la certificación de especialidades existe dentro de profesiones
con licencias más amplias. Lo estatutos de certificación suelen no proporcionar
sanciones criminales. Estos decretos, como asunto práctico, tienen solamente un
efecto indirecto al reglamentar la forma en que los profesionales pueden anun-
ciarse o hacerse publicidad, y al ayudar a determinar la norma de atención que
puede imponerse en una demanda legal, que se basa en la responsabilidad civil
por negligencia. Además, la certificación puede ser un requisito previo para el
seguro del pago a terceras partes, por servicios prestados. Las recomendaciones
para certificación, o certificación real, pueden corresponder al manejo de un
consejo o agencia del estado, o, como en el caso del licénciamiento, puede dele-
garse a una asociación profesional.
Otros controles reglamentarios. Existe una serie de mecanismos diferentes que
reglamentan la entrada a la práctica profesional, o delinean a aquellos con cierta
capacitación o experiencia. Otros métodos de reglamentar y controlar en raras
ocasiones tienen tanto efecto como el licénciamiento y la certificación. Algunas
agencias de los estados, tribunales, u organizaciones privadas, pueden mantener
un registro de mediadores que satisfacen algunos requisitos mínimos para su
empleo o caso de referencia.
Otras agencias, tribunales, u organizaciones de la comunidad, pueden reque-
rir la suscripción a una norma de práctica o código de ética, antes de incluir a un
mediador en su lista, o recurrir a sus servicios. Ciertos departamentos guberna-
mentales, agencias privadas, y organizaciones profesionales, pueden acreditar
cursos educativos o programas de capacitación de mediación, y posteriormente re-
querir determinados cursos acreditados, como condición para emplear o referir a
mediación. Los criterios asimismo pueden establecerse para incluir al profesional
LkMdamlcnla j ccrUflcacMii
en cuestión en un directorio o lista, privado o patrocinado por el gobierno, de ser-
vicios de mediación. (Véase Milne, 1982.)
Pros y contras de los reglamentos. Hay quienes argumentan que el público tiene
el derecho a la protección del licénciamiento o la certificación de mediadores. La
falta de reglamentos alienta a charlatanes e incompetentes de todos los campos a
ofrecer sus servicios como mediadores a un público no conocedor que puede no
tener información adecuada o criterios para tomar una opción inteligente de un
Sin embargo, existen interrogantes sustantivas, de procedimiento, territoria-
les y constitucionales acerca de la certifícación, y aún más acerca del licénciamien-
to. Cari Rogers (1973) piensa que el licénciamiento para terapeutas ha tenido el
efecto de práctica profesional estancada.
El autor afírma que los asuntos sobre examen de licénciamiento suelen lle-
varse a cabo utilizando material que data de diez a veinte años, y que existe la ten-
dencia a que los examinadores hayan recibido su capacitación quince a veinte
años atrás. Otros argumentan que los sistemas de licénciamiento tienen el efecto
de reducir la competencia, y de establecer barreras cuya intención es restringir la
entrada a un profesional. Esta crítica surge en parte de la observación de que la
legislación de licénciamiento suele estar propuesta y presentada por grupos pro-
fesionales que se benefíciarían económicamente del licénciamiento (Cathcart y
Graff. 1978).
Los procedimientos de licénciamiento y certificación, en el grado en que son
efectivos, tienden a impedir a algunos profesionales la práctica, o a negarles los
mismos beneficios que tienen quienes consiguieron el licénciamiento o la certifi-
cación. Por lo tanto, estos procedimientos pueden verse desafiados como viola-
ciones a la debida cláusula del proceso de la Cuarta Enmienda a la Constitución
de los Estados Unidos. Se han presentado frecuentes desafíos a otros estatutos de
licénciamiento, sujetándolos a revisión del tribunal, y a declaraciones ocasiona-
les de invalidez. (Véase, en general, Cathcart y Graff, 1978.)
Debido a que la práctica de la mediación como la conocemos, aún es rela-
tivamente nueva, no podemos tener la certeza de las calificaciones exactas ne-
cesarias para proporcionar el servicio de manera efectiva, y de la garantía de
protección del interés público. Existen pocos programas académicos en el cam-
po de la mediación. Solamente se tiene noticia de algunos ejemplos de daños
ocasionados por la aplicación incompetente de la mediación. Actualmente, esta-
mos presenciando algunas luchas por la práctica de la mediación, entre asocia-
ciones profesionales establecidas, y nuevas organizaciones dedicadas a promover
el interés de sus mediadores miembros. Ninguna organización individual en la
actualidad parece ser capaz de proporcionar unidad y orientación para la profe-
sión. Por todas estas razones, parece prematuro limitar la entrada a este campo
debido a la sanción de los estados sobre el licénciamiento o la certificación.
Debemos dar la bienvenida a la diversidad que está surgiendo, de nume-
rosos individuos, agencias y organizaciones deseosos de intervenir en la oferta de
Problemai «ticof, proresionsla y Icgalcf
servicios de mediación. Los verdaderos riesgos de la práctica no reglamentada,
y los pocos ejemplos de daflo y abuso que pueden derivarse, son, en esta primera
etapa, más importantes que las recompensas para el público de la diversidad de
servicio y la opción para el consumidor. Después de todo, una de las proposicio-
nes básicas de la mediación, es que las personas pueden tomar decisiones más
adecuadas acerca de sus propias vidas, en comparación con lo que puede lograr
la autoridad extema (Proposición 3, en.el Capítulo Uno). ¿No debemos, enton-
ces, promover también la libre opción en decisiones sobre un mediador, por
lo menos hasta que esté claro que el daño de la falta de reglamentos importa más
que los beneficios de las opciones para el consumidor?
La mayoría de los esfuerzos para otorgar licénciamiento y certificación a
aquellos que proporcionan otros servicios profesionales, han creado estructuras
burocráticas que han sido víctimas de la autoprotección económica por parte de
quienes se benefician de la construcción de protecciones reglamentarías alrede-
dor de su práctica. El sentimiento público a la postre responde con llamados pa-
ra la eliminación de las protecciones, que inicialmente tenían la intención de
beneficiar al público.
Es probable que pronto veamos llegar la época en que la certificación o el
licénciamiento de los mediadores sea necesario para evitar abusos, aunque toda-
vía no se conoce lo suficiente acerca de la mediación para restringir la práctica
más allá de la prohibición de las reclamaciones exageradas y los procedimientos
poco éticos. Esto no debe interpretarse como un argumento en contra de las cali-
ficaciones estatutarias, para quienes ofrecen mediación al sector público, particu-
larmente cuando la mediación es obligatoria por estatuto, reglamento, o reglas de
Es probable que los pasos menos restrictivos de establecer protocolos de me-
diación, que requieren suscripciones a normas aceptables de práctica, acreditan-
do los programas educativos y de capacitación, y enlistando las calificaciones y
la experiencia de los mediadores, pueden proporcionar una protección adecuada
para el público hasta que exista una mayor evidencia de la necesidad de licén-
ciamiento, y un mayor conocimiento acerca de lo que en forma más adecuada
protegería al público.
Además, parecería que existe cierto beneficio y poco daño en alentar las
profesiones con licénciamiento, para certificar a los especialistas en la media-
ción. La certificación podría estructurarse para no impedir a otros el ejercicio de
la mediación, pero los especialistas certificados serían reconocidos como profe-
sionales que cumplen, no solo con los requisitos de licénciamiento dentro de una
profesión tradicional, sino también por su perícia especial en la teoría y las ha-
bilidades de la mediación.
El asunto del sigilo surge en dos contextos individuales. Es importante diferenciar
entre la protección de los asuntos privados de la revelación pública, y el privilegio
en contra del testimonio en tribunal. Un mediador puede no compartir con sus
amigos secretos íntimos acerca de los participantes de la mediación, o escribir
acerca de ellos en un periódico, incluso si el mediador se siente presionado para
revelar la misma información en el tribunal.
Protección de los asuntos privados, y privilegio. Los mediadores están obliga-
dos a no discutir con otras personas lo que se les revela en la mediación, a menos
de que dichas revelaciones tengan el asentimiento de los participantes, o deban
hacerse de manera obligatoria por orden de un tribunal, o por estatuto. La ex-
pectativa de la protección de asuntos privados surge de la naturaleza privada de
numerosas desavenencias sujetas a mediación, de las restricciones profesionales
sobre el mediador, de las estipulaciones estatutarias en algunas jurisdicciones,
del derecho consuetudinario, de la política pública, y con frecuencia del contrato
para ejercer mediación. Cada una de estas razones para la expectativa de respeto
a los asuntos privados, se considera de manera individual más adelante.
Es posible suponer que los mediadores tienen la obligación de no discutir
con otros lo que se les revela en la mediación; no obstante, esto no necesariamen-
te significa que los comentarios hechos durante el proceso de mediación puedan
utilizarse en contra de cualquiera de las partes que testifica en el tribunal acerca
de lo que se dijo, o en contra de la revelación como testimonio obligatorio en el
tribunal, a la que se somete al mediador. Un privilegio que protege, ya sea a uno
o a ambos clientes, de prestar testimonio en el tribunal acerca de lo que se dijo a
un confidente fuera del tribunal, constituye un asunto técnico determinado por
estatutos y por reglamentos de tribunal. No existe privilegio probatorio, a menos
que esté establecido por estatuto, y, en ese caso, solo dentro de los términos es-
trictos de la redacción estatutaria, o el propósito preciso de la política pública.
Necesidad de respeto a los asuntos privados. Existe un acuerdo general de que el
éxito de la mediación depende de las expectativas del respeto a los asuntos y a los
tratos confidenciales. Si los participantes no confían en que la mediación es pri-
vada, y en que el mediador va a mantener como confidenciales las revelaciones,
podrían mantenerse reservados para revelar información pertinente, y dudar en
la revelación de asuntos potenciales que podrían aparentemente comprometer
posiciones anteriores. En general, se piensa que el ausencia de confianza sobre la
reserva en los asuntos privados de una sesión de mediación "se condena al fra-
caso la conferencia, antes de que ésta comience" (Pottmeyer, 1983).
Una de las tareas del mediador es ayudar a los contendientes a abrir posicio-
nes anteriores, que evitan conciliaciones, y a avanzar hacia el acuerdo sin perder
imagen o sentir perturbación ante el retroceso de las posiciones fijas. El temor a
que la revelación de las avenencias los haga parecer débiles, poco comprometi-
dos, o faltos de sinceridad, pueden inhibir el intercambio esencial para la me-
diación exitosa. Los participantes no pueden tener la garantía de que la mediación
va a dar como resultado una conciliación. Si la mediación se lleva a cabo bajo una
nube de que lo que se dice podrá utilizarse en forma adversa en una batalla pos-
Problemu éticoa, profesionales y legales
terior, o en un trámite de tribunal, la ingenuidad necesaria y 1» disposición a
ofrecer compromisos o revelar debilidades queda razonablemente fuera de posi-
Como todo lo demás en la mediación, el respeto a los asuntos privados y el
sigilo, no son absolutos. Las desavenencias laborales y los conflictos del sector
público pueden no siempre exigir o permitir la estricta reserva de los asuntos pri-
vados que acompaña a las desavenencias privadas. En algunos programas de re-
solución de desavenencias de vecindario, se cree que la reserva de los asuntos
privados puede crear desconfianza. Los San Francisco Community Boards (Con-
sejos de la Comunidad de San Francisco) requieren que todas las sesiones de
mediación sean públicas, y que los términos de los acuerdos de mediación estén
disponibles para todos. No obstante, la exposición pública es una excepción.
(Véase Vorenberg, 1982, págs. 31-32.) La sabiduría más común, se expresa en
Simkin (1971, pág. 33): "Las características confidenciales de la relación del
mediador con las partes, son críticas para un desempeño útil. Violar una confi-
dencia real destruiría la efectividad del mediador".
Al considerar si un mediador del Federal Mediation and Conciliation Ser-
vice (Servicio Federal de Mediación y Conciliación) podriá recibir el citatorio
para rendir testimonio en un trámite de adversario, después de una mediación no
exitosa, el National Labor Relation's Board (Consejo Nacional de Relaciones
Laborales) reconoció, de una manera congruente, la importancia de la mediación
confidencial. En un caso notable, que se citó con frecuencia (Tondinson ofHígh
Point, Inc., 1947, pág. 688), el Consejo enunció sus razones para no exigir el
testimonio del mediador:
El resultado inevitable, sería que la utilidad del Servicio de Conciliación
en el asentamiento de desavenencias futuras, se vería seriamente im-
pedida, si no es que destruida. El daño resultante para el interés público,
claramente sobrepasaría el beneficio proveniente de la obtención de su
testimonio en casos particulares.
Normas profesionales y sigilo. Los códigos profesionales y las normas de práctica
de las profesiones que contribuyen a la mediación, según se explicó en la sección
anterior, hacen hincapié en la importancia de la reserva en los asuntos privados,
y la protección del sigilo. Dichos códigos pueden o no aplicarse cuando una
persona capacitada en una profesión tradicional ofrece mediación. En caso de
duda, la mayoría de los profesionales va a actuar de manera cautelosa, y a seguir
las restricciones impuestas por sus antecedentes profesionales; su profesión de
Las nuevas Model Rules of Professional Conduct (Reglas Modelo de Con-
ducta Profesional), adoptadas por la American Bar Association en 1983, siguen
requiriendo que los abogados guarden las confidencias y los secretos de un clien-
te, con una excepción principal de evitar actos criminales, "la probabilidad de
dar como resultado una muerte inminente, o sustancial daño corporal" (Ameri-
can Bar Association, 1983,1 -6 (b) (1)). Incluso esta concesión de evitar la muer-
te o un daflo corporal serio, han estado sujetos a gran controversia entre los
Los Principies of Medical Ethics (Principios de Ética Médica) que adoptó la
American Psychiatríc Association (Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos)
(1973), fomentar el sigilo, como sigue: "Un médico no puede revelar las confi-
dencias que se les hicieron en el curso de la atención médica, o las deficiencias
que pueda observar en el carácter de los pacientes, a menos que se le exija hacerlo
bajo la ley, o a menos de que sea necesario con el objeto de proteger el bienestar
del individuo o de la comunidad" (sección VI).
La American Association for Marriage and Family Therapy (Asociación de
los Estados Unidos para Terapia Matrimonial y Familiar), aprobó recientemen-
te un nuevo conjunto de principio ético (1982) que requieren que "los terapeutas
familiares respeten tanto la ley como los derechos de los clientes, y salvaguar-
den las confidencias de los clientes, según permite la ley" (sección IV). La
National Association of Social Workers (Asociación Nacional de Trabajadores
Sociales) (1980) adoptó un código de ética que contiene admoniciones acerca de
la protección a los asuntos privados. No obstante, el cumplimiento del respeto al
sigilo a través del uso de demandas por práctica inadecuada en contra de tra-
bajadores sociales, ha sido difícil. (Véase Martirio v. Family Services Agency of
Adams Country, 1983, pág. 2311.) El código de ética de la American Personnel
and Guidance Association (Asociación Estadounidense de Personal y Orienta-
ción) (1974) tiene restricciones con el propósito de preservar el sigilo, incluyen-
do una para el efecto de que la relación de consultoria, y la información que de
ahí resulte, se mantendrá confidencial, en congruencia con las obligaciones del
miembro como persona profesional.
El Canon VI del Code of Ethics for Arbitrators in Commercial Disputes
(Código de Ética para Arbitros en Desavenencias Comerciales) (American Arbi-
tration Association, 1977), estipula que "un arbitro debe ser leal con la relación
de confianza y sigilo, inherente en dicha actividad". La Subsección B, bajo el
Canon VI, procede: "A menos de que las partes acuerden lo contrario, o de las
reglas legales aplicables así lo requieran, un arbitro debe mantener confidencia-
les todos los asuntos relativos al arbitraje y a las decisiones". El Code of Pro-
fesional Conduct for Labor Mediators (Código de Conducta Profesional para
Mediadores Laborales) (1971), adoptó, conjuntamente con el Federal Media-
tion and Conciliation Service (Servicio Federal de Mediación y Conciliación), y
las diversas agencias de los estados, representadas por la Association of Labor
Mediation Agencies (Asociación de Agencias de Mediación Laboral), reconoce
la importancia de la reserva de los asuntos privados: "La información confi-
dencial que requiere el mediador, no deberá revelarse a otros para cualquier pro-
pósito, ni en un trámite legal, o usarse directa o indirectamente para beneficio
personal o lucro del mediador" (sección 5). El progreso logrado hacia el alcance
de la conciliación de desavenencias laborales, se reconoce como un grado
menor de la reserva de asuntos privados: "Se reconoce que las desavenencias
Problemas éticoi, proTcsionales y legales
laborales se concillan en la mesa de negociaciones; sin embargo, el mediador
puede revelar información adecuada en debida relación a (1) los deseos de las
partes (2) si la información va a ayudar o a impedir la conciliación de la de-
savenencia, y (3) las necesidades de un público informado" (sección 4). La
Academy of Family Mediators (Academia de Mediadores Familiares) (1982),
como principal organización que representa a los mediadores de divorcio, pro-
puso normas que especifican el deber del mediador de proteger la reserva y el
sigilo del proceso de mediación. Este deber está expresamente limitado por la
falta de capacidad del mediador "de obligar a terceras partes en ausencia de
cualquier privilegio absoluto" (sección 3 (b)).
Privilegios estatutarios y de derecho consuetudinario. Abogados, médicos,
psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras, el clero, y otros profesionales, pue-
den tener el beneficio en su trabajo, de los privilegios del sigilo protegido por
estatuto. Por ejemplo, en Nueva York, en 1828, se creó el privilegio médico/pa-
ciente, por estatuto (New York Civil Practice Act) (El Decreto de Práctica Civil
de Nueva York) (1920, secciones 352 y 354), y, desde entonces, la mayoría de
los estados ha aprobado legislaciones similares. (Véase la lista de promulga-
ciones estatutarias, en "Confidential Communications to a Psychotherapist",
Comunicaciones Confidenciales a un Psicoterapeuta) (1952, pág. 385, n. 7.) La
cobertura de estos estatutos varía de un estado a otro. (Véase "Privileged Com-
munications", 1971, que recopila y analiza estatutos de los estados que crean un
privilegio para profesionales de salud mental).
Aunque los privilegios profesionales por lo general son asunto de creación
estatutaria, algunos tribunales han estado dispuestos, como tema de política pú-
blica, a reconocer un privilegio probatorio, en ausencia de un estatuto. La prueba
que con mayor frecuencia se usa en los tribunales para determinar si la informa-
ción comunicada en una relación de ayuda debe recibir el impedimento de ex-
posición en la sala del tribunal, es una encuesta de cuatro partes, que desarrolló
Dean Wigmore (1935, pág. 527):
1. La comunicación deberá haberse impartido con la confianza de que no se
revelaría a otros.
2. La presentación del secreto debe ser esencial para el éxito de la relación.
3. La relación debe tener la característica de que la sociedad desea alentarla y
4. Cualquier dafio a la relación, ocasionado por la revelación, debe sobrepasar
el beneficio esperado como resultado de la revelación obligatoria.
En algunos casos diferentes a la mediación, los tribunales, ante la solicitud de
privilegio en ausencia del estatuto de protección, frecuentemente han afirmado
que los beneficios de una revelación obligatoria eran mayores que el daño de la
relación profesional, y el privilegio se denegó (Véase "Underprivileged Com-
munications", 1973). Las únicas dos decisiones de ü-ibunal conocidas, que han
ponderado el dafto al proceso de mediación, en relación con el beneficio de la
revelación obligatoria, según sugirió Wigmore, establecieron la necesidad de
proteger el sigilo de la mediación, de revelaciones en la sala del tribunal.
El Noveno Tribunal de Circuito de Apelaciones de Estados Unidos tuvo la
presentación de una situación clásica, donde el testimonio del mediador era cru-
cial en un caso de práctica laboral injusta, para determinar cuál de las partes ad-
versas estaba diciendo la verdad acerca de lo que había ocurrido en las sesiones
de mediación. El tribunal de apelaciones confírmó una orden del tribunal para
juicio, rehusándose a solicitar que el mediador federal atestiguara. El tribunal
consideró la prueba de Wigmore de daño a la causa de la verdad, versus el da-
ño a un mayor interés público (en este caso, la mediación), y falló en favor de
mantener el sigilo de la mediación. (Véase National Labor Relations Board v.
Macaluso, 1980). El tribunal, en este caso del National Labor Relations Board
(Consejo Nacional de Relaciones Laborales), confirmó la importancia de que los
participantes de la mediación "deban sentirse libres para hablar sin temor algu-
no de que el conciliador posteriormente pueda hacer revelaciones, como testi-
go, en algún otro trámite, para posible desventaja de una parte de la conferencia"
(pág. 55). El tribunal llegó a la conclusión de que: "La completa exclusión del
testimonio del mediador es necesaria para la preservación de un sistema efectivo
de mediación laboral, y ... la mediación laboral es esencial para una continua
estabilidad industrial, el interés público suficientemente grande para sobrepasar
el interés de obtener la evidencia de cada persona" (pág. 56).
En Adler v. Adams (1979), el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para
el Distrito Oeste de Washington, emitió una orden para proteger en contra de
revelaciones el testimonio y las notas de mediadores privados, que antes habían
ayudado a resolver una desavenencia sobre el ambiente. El tribunal sostuvo que
"exigir a un mediador que haga revelaciones de este tipo, inhibiría gravemente el
propio desempeño de sus deberes, y, por lo tanto, afectaría la efectividad del pro-
ceso de mediación. Existe un interés público sustancial en fomentar las técnicas
efectivas de mediación en la conciliación de desavenencias" (pág. 3). No obs-
tante, el tribunal sí requirió que los mediadores presentaran documentos que los
participantes habían entregado en esas sesiones de mediación abiertas al público,
o que habían hecho llegar al mediador, a través de fuentes ajenas a las partes de
Límites sobre el privilegio testimonial. Un privilegio testimonial protege a la
parte declarante, de revelaciones en el tribunal acerca de lo que se dijo, sólo si las
declaraciones eran necesarias para la prestación del servicio profesional que el
privilegio protege. Por ejemplo, si nuestra definición de mediación como proceso
no terapéutico es aceptada, el privilegio que protege el sigilo dé los servicios
terapéuticos, nunca correspondería. De igual manera, si un abogado no da a en-
tender que está practicando la ley al ofrecer sus servicios de mediación, el
privilegio de abogado/cliente no existe. Los tribunales han establecido que un
abogado que actúa como amigo, asesor de negocios, albacea de bienes y raíces.
ProMcmu éticoi, proTeaionala y légale*
o negociador, no entra en el privilegio estatutario que protege la relación aboga-
do/cliente. (Véase, por ejemplo, Myles andResiser Co. v. Loew's, Inc., 1948).
Tampoco se aplica el privilegio de abogado/cliente en un trámite de tribunal en-
tre personas que antes estuvieron representadas de manera conjunta por el mis-
mo abogado. Esta última regla parecería condenar definitivamente la aplicación
del privilegio de abogado/cliente en la mayoría de los casos de mediación de
Por otra parte, es necesario observar que el privilegio en contra de revela-
ciones en la sala del tribunal, pertenece al cliente, y no al prestador de los SCT-
vicios profesionales. El cliente puede renunciar al privilegio. En otras palabras,
si el cliente de un abogado o terapeuta elige que la información se ponga a
disposición en un trámite de tribunal -o, de manera más precisa, no objeta el tes-
timonio acerca de la información-, el abogado o terapeuta no puede invocar el
Las declaraciones rendidas en presencia de una parte adversa también eli-
minan la mayoría de los privilegios tradicionales. En la mediación, incluso si
se caracteriza como legal, terapéutica, u otra relación privilegiada, la presencia
de una parte adversa que puede estar en el otro lado de un proceso en el tribunal,
de hecho anularía el privilegio. Las declaraciones rendidas en presencia de una
parte adversa, por lo general no dan lugar al privilegio, porque los labios de la par-
te adversa no están sellados respecto a lo que se escucha de la parte oponente. Si
la parte adversa está en la capacidad de testificar acerca de lo que se declaró, no
existe política derivada de evitar a otros presentes de testificar acerca de lo que se
dijo. También en este caso, debemos diferenciar entre la reserva de asuntos
privados en la revelación pública general del mediador, que es de esperarse, y el
privilegio contra testimonio en el tribunal, que se anula por la presencia de una
parte adversa. (Véase Cleary y oü-os, 1972, págs. 189-190).
En forma similar, si la que podría ser una comunicación privilegiada se ha-
ce a sabiendas en presencia de personas que no son parte, o necesarias para la se-
sión, entonces la información no puede ser privilegiada. (Véase Cleary y otros,
1972, pág. 187). Por lo tanto, la información presentada en sesiones públicas, en
el caso de mediación del ambiente de Adler v. Adams no podía ser privilegiada,
ante la información presentada en sesiones privadas con los mediadores, estaba
protegida. Debe existir una expectativa razonable de sigilo, antes de que llegue
a existir de hecho.
Sigilo de conciliación. Otra base para mantener las declaraciones rendidas du-
rante la mediación fuera de los tribunales, es que las ofertas de conciliación y
declaraciones, así como la evidencia presentada en el desarrollo de las nego-
ciaciones para conciliación, suelen ser inadmisibles, aunque la regla del dere-
cho consuetudinario puede haber sido de lo contrario (Cleary y otros, 1972, págs.
663-666). Lo que correspondería a continuación, es que, si la mediación es un tipo
de negociación de conciliación entre las partes, las declaraciones rendidas para
facilitar dicho convenio sometido a mediación, deberían estar bajo protección.
Un estatuto podría definir la mediación como proceso conciliatorio, y declarar
expresamente que es política pública que las discusiones durante la mediación
sean confídenciales e inadmisibles. Dicho estatuto podría esclarece la incerti-
dumbre considerable que existe en algunas jurisdicciones sobre este problema,
de si la mediación encaja en las estipulaciones conciliatorias de las reglas de
Incluso en ausencia de una nueva legislación, la política pública existente de
promover conciliación privada de litigio potencial podría ser persuasiva para
un tribunal que delibera sobre el problema de admisibilidad de testimonios que
revelan lo que se dijo durante la mediación. El tribunal tendría que ponderar los
beneficios para la justicia de la obtención de testimonio en contra del dafio al
proceso de la mediación que representaría el temor de revelaciones posteriores.
(Véase, en general, Waltz y Huston , 1979).
La regla moderna sobre evidencias que impide las ofertas de compromiso,
así como la evidencia de la gestión, o las declaraciones hechas en las negociacio-
nes de compromiso (Federal Rules ofEvidence 408,1975), por lo general está
calificada para permitir el uso de evidencia que puede descubrirse, por otros me-
dios diferentes a la revelación durante las negociaciones. En otras palabras, la
política es evitar que un participante invoque inmunidad respecto de una evi-
dencia que de otra forma estaría disponible, presentándola durante la mediación.
Si, por ejemplo, la evidencia de mal trato infantil ya existía, no se convierte en
inadmisible por el hecho de que sea revelado adicionalmente durante la media-
ción de custodia. Existe también la cuestión de si las declaraciones hechas en la
mediación están generalmente protegidas en contra de revelación en un caso pos-
terior de juicio criminal (McGinness y Cinquegrama, 1982).
Sigilo de contrato. La mayoría de los mediadores privados requieren que sus
clientes firmen un convenio estipulando expresamente que las sesiones de me-
diación serán confidenciales, y que el mediador no recibirá citatorio para tes-
tificar acerca de lo que se dice, ni para extemar opinión profesional alguna, en
relación con el caso en el tribunal. Un tribunal no necesariamente estaría obliga-
do a acatar este contrato privado, p^o podría persuadírsele mediante conside-
raciones de política pública para hacerlo.
Por lo menos una opinión de apelación, Simrin v. Simrin (196S), sostuvo la
ejecución de un convenio expreso en cuanto a que las comunicaciones realiza-
das durante la consultoría matrimonial estarían bajo privilegio, y que ninguno de
los cónyuges llamaría al consejero a un juicio de divorcio, aunque no existiera pro-
tección estatutaria directa. La esposa argumentó que, para mantener su acu^do
con el marido y el consejero, un rabino sancionaría un contrato para eliminar la
evidencia contraría a la política pública, promoviendo la admisibilidad de la evi-
dencia pertinente a la custodia de los hijos. El Tribunal de Apelaciones de Ca-
lifornia reconoció que "para el cónyuge imprudente que habla con toda libertad,
el repudio (del convenio de sigilo), sería una trampa; para el ladino, constituiría
un vehículo para hacer declaraciones harto favorables" (pág. 95). El tribunal
Problemas étkoa, proTeslonala y IcgalM
comparó la política pública que favorecía la consultoría matrimonial, con la
política general evidenciarla que protegía "declaraciones rendidas en ofertas de
compromiso, y para evitar o conciliar litigio, que no son admisibles en la evi-
dencia" (pág. 95).
Otros tribunales han establecido como implícito un convenio obligatorio
mediante sigilo de mediación, si la política confidencial no escrita era el conoci-
miento razonable de los participantes. {Véase National Labor RelationsBoard v.
Macaluso, 1980). Además, un tribunal podría sostener que un firmante del con-
trato para mediación con base en la confianza se veía equitativamente impedido
para llamar al mediador a testificar, o que no obligaría al mediador, un profesio-
nal no litigante, a quebrantar el contrato. El ex-cónyuge podría demandar al otro
por violar el contrato de mediación en un proceso individual, en caso de que
fuera posible demostrar los daños. Tal vez, uno de los principales valores de es-
ta estipulación en contrato referente a sigilo, es la restricción moral que sujeta
a cada una de las partes a cumplir su compromiso, y a reconocer la importancia
del sigilo, incluso cuando la mediación no da como resultado una conciliación
Estatutos de mediación y reglas de tribunal Los privilegios profesionales tra-
dicionales no garantizan un privilegio evidente para el sigilo en la mediación, y
no existen suficientes decisiones del tribunal favorables a la garantía del sigilo de
la mediación. Hasta que la mediación se convierta en una profesión reconocida
y con otorgamiento de licencia, es improbable que llegue a existir un privilegio
estatutario general, paralelo al de otras profesiones que dependen de la confianza.
La legislación sobre licénciamiento contiene numerosos privilegios estatutarios
existentes. (Véase "Privileged Communications", 1971).
Sin embargo, la legislatura podría crear un privilegio específicamente di-
señado para proteger el sigilo en la mediación. Cuando se sanciona la mediación,
o se le hace obligatoria por estatuto, dicho estatuto puede estipular la reserva de
los asuntos privados en las sesiones de mediación, y también crear un privilegio
especial en contra del testimonio en tribunal, sobre lo que se revela en la me-
diación. El nuevo estatuto de mediación de Oregon, aunque aparece en el código
bajo la categoría de mediación de custodia y visita, de una manera amplia estipu-
la que "todas las comunicaciones, verbales o escritas, efectuadas en procesos de
mediación, deben ser confidenciales" (Oregon H. B. 2362,1983). El estatuto de me-
diación de Florida dice que "todas las comunicaciones, verbales o escritas, de
la mediación, o los procesos de conciliación, deben ser confidenciales e inad-
misibles como evidencia en cualquier proceso legal posterior a menos de que
ambas partes convengan lo contrario" (Estatutos de Florida, Sección 61.21 (3),
1982). La Ley de Resolución de Desavenencias de Nueva York, estipula:
Todos los memorándums, productos del trabajo, o expedientes de ca-
so de un mediador son confidenciales y no están sujetos a revelación
en proceso judicial o administrativo alguno. Cualquier comunicación
relacionada con el tema de la resolución efectuada durante el proce-
so de resolución por cualquier participante, mediador, o cualquier otra
persona presente en la resolución de desavenencia, deberá considerar-
se comunicación confidencial. (Capítulo 847, sección 849 (b) (6) )
De igual manera, un estatuto de Michigan, de 1982, declara que:
una comunicación entre un mediador de relaciones domésticas y
una de las partes de la mediación de relaciones domésticas, es confi-
dencial. El sigilo de la comunicación debe preservarse intacto como
comunicación privilegiada. La comunicación no se admitirá en eviden-
cia, o proceso alguno. Se otorgará la misma protección a las comunica-
ciones entre las partes, en presencia del mediador. (Michigan H. B.
4870, 1982)
California, que decretó el primer estatuto que ordenaba la mediación de de-
savenencias de custodia, en 1981, parece proporcionar doble protección al sigilo
de la mediación. El estatuto de California, Código Civil & 4607 (c), enuncia:
Los procesos de mediación se mantendrán en privado, y serán confi-
denciales, y todas las comunicaciones, verbales o escritas, de las partes
al mediador, efectuadas en procesos de acuerdo con esta sección, se
considerarán como información oficial dentro del significado de la Sec-
ción 1040 del Código de Evidencias. [Se subraya con énfasis]
Además de la reserva expresa de asuntos privados y el sigilo de los procedimien-
tos de mediación de custodia en California, la "información oficial", según se le
refiere en la sección 1040 del Código de Evidencias de California, no puede re-
velarse si un funcionario autorizado se rehusa a autorizar esa revelación. A di-
ferencia de otros privilegios, éste no es renunciable por parte de la persona que
hace las declaraciones, siempre y cuando exista una buena razón para rehusarse
a la revelación. Esta estipulación, según lo ha esta"blecido el tribunal de apelacio-
nes de California, protege el sigilo de las comunicaciones de las partes en la
mediación, en cuanto a la revelación mediante examen cruzado del mediador.
(Véase McLaughlin v. Superior Court, 1983).
Otros estados, como Washington, tienen un estatuto que protege al "fun-
cionario público" de examen en la sala del tribunal respecto a una "comuni-
cación que se le haya hecho en confidencia oficial" (Código Revisado de Wash-
ington, Sección 5, 60.060 (5), 1974). Se ha deliberado que este estatuto sería
aplicable a la mediación relacionada con tribunales, incluso en los casos en que
se hubiere establecido mediante regla de tribunal local, en ausencia de un esta-
tuto de autorización del estado (Pottmeyer, 1983).
El Departamento de Estados Unidos sobre Justice Community Relations
Service (CRS) (Servicio de Justicia de Relaciones de la Comunidad), que somete
ProblcmMtllciM,prareilon»la 7 legales
a mediación conflictos de interés público, y desavenencias de la comunidad, tie-
ne protección federal estatutaria de sigilo, en sus sesiones de mediación:
Las actividades de todos los funcionarios y los empleados del Servicio,
que proporcionan asistencia de conciliación, se realizarán como confi-
denciales y sin publicidad, y el Servicio mantendrá como confidencial
toda información adquirida en el desempeño regular de sus deberes, en
el entendimiento de que así se mantendrá. [Código de Estados Unidos
42, Sección 200g-2 (b)]
Esta protección estatutaria se ha mantenido en los tribunales federales. (Véase
City ofPort Arthur, Texas v. United States, 1980).
En general, los tribunales tienen la facultad de controlar los procedimientos
necesarios para llevar a cabo sus funciones, y mediante las cuales toman deci-
siones, incluyendo decisiones evidenciarias. Diversas jurisdicciones de tribuna-
les locales han desarrollado reglas de tribunal para la mediación de los casos
de relación domésticas y desavenencias civiles menores (véase Comeaux, 1983).
Estas reglas de tribunales locales pueden proporcionar los detalles necesarios
para llevar a la práctica la legislación de un estado sobre mediación, o llenar el
vacío en ausencia de cualquier legislación aplicable.
Asimismo, las reglas de mediación locales pueden esclarecer el sigilo de los
programas de mediación relacionados con tribunales, o inspirados por tribuna-
les. Las reglas locales del States Circuit Court en Portland, Oregon, por ejemplo,
establecen mediación de custodia obligatoria. La regla del tribunal 6, proporcio-
na un "privilegio" de mediación más amplio que el que siguen los privilegios
estatutarios existentes.
Todos los procesos de mediación serán privados, y todas las comuni-
caciones serán confidenciales.
Un cónyuge, o cualquier otro individuo comprometido en un proceso de
mediación, no se someterá a examen en acción civil o criminal alguna
en lo que se refíere a dichas comunicaciones, y dichas comunicaciones
no se utilizarán en acción civil o criminal alguna, sin el consentimiento
de las partes de la mediación. Las excepciones a privilegios testimo-
niales que de otra manera se aplicarían, de acuerdo con ORS 40.225 a
40.295 (abogado/cliente, médico/paciente, y otros privilegios estatuta-
rios) no se aplican a comunicaciones tomadas como confidencial bajo
esta subsección. (Circuit Court of the State of Oregon for the County
of Multnomath-Dept. of Domestic Relations, Octubre 22 de 1982).
Es posible que las reglas de los tribunales locales entren en conflicto con los
estatutos de un estado en lo que se refiere al sigilo de mediación. La regla local
como en Portland, puede indicar que los jueces de procesos locales podrán te-
ner mayor sigilo hacia las comunicaciones en la mediación, de lo que requieren
los estatutos del estado. Este ejercicio local de criterio con base en la politica de
alentar la mediación, tiene la probabilidad de no ser pasado por alto en una de-
cisión de tribunal de apelación. El Tribunal Superior de Arizona defendió una
política del Tribunal de Conciliación, que se rehusaba a recopilar información
obtenida a través de consultoria relacionada con el tribunal, disponible en un tri-
bunal de juicios, incluso si la revelación era autorizada de manera conjunta por
los participantes de la consultoria. No existía un estatuto que concediera privi-
legio a la información. El Tribunal Superior de Arizona reconoció la facultad
inherente del tribunal local a rehusarse en cuanto dicha revelación, si lo consi-
deraba necesario para cumplir con dichas funciones. (Véase Fenton v. Howard,
Por otra parte, una regla de tribunal que es más restrictiva del sigilo de lo que
permite un estatuto, estaría sujeta a modifícación, con mayor facilidad. El esta-
tuto de mediación del estado puede permitir expresamente una opción de regla lo-
cal sobre sigilo, siempre y cuando la opción local no viole otros estatutos o pro-
hibiciones constitucionales. (Véase la discusión de MacLaughlin v. Superior
Court, 1983).
Los tribunales federales también tienen reglas locales, y algunos han esta-
blecido programas de mediación a través de dichas reglas locales. Por ejemplo, el
Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Occidental de Washing-
ton en Seattle, creó una mediación obligatoria en algunos casos civiles. Sus
reglas especificamente estipulan el sigilo de los procesos de mediación, y el
memorándum al mediador.
S^ilo entre las partes. Un asunto particularmente sensible del sigilo, surge
cuando el mediador celebra reuniones con cada parte en ausencia de la otra. El
propósito de estas juntas es permitir a cada parte que revele información que no
desea revelar frente a la otra parte, permitir que el mediador discuta asuntos que
resultarían incómodos de tratar para las partes estando reunidas, e interpretar las
preocupaciones y la perspectiva de cada parte en cuanto a la otra.
Las reuniones individuales constituyen la forma más común en la media-
ción laboral, la mediación del ambiente, y la mediación de desavenencias inter-
nacionales. La mediación de vaivén, descrita en el capítulo anterior, por defíní-
ción depende de las reuniones individuales. El mediador puede hablar en forma
separada a cada participante, y no revelar lo que se le dice al otro, solamente cuan-
do ambos explícitamente convienen con ese proceso. Algunos mediadores que
usan estas reuniones, son hábiles y están acostumbrados a mantener la confianza
en ambos lados. Afirman que las juntas individuales constituyen una ayuda im-
portante para el avance de los contendientes en caso de una diferencia grave.
Según parece, las claves son claro entendimiento desde el principio, en cuanto
a si las juntas van a estar permitidas, y la habilidad del mediador para juzgar
cuando el nivel de confianza así lo permite.
No obstante, las juntas individuales tienen una enorme cantidad de cuestio-
nes y peligros sobre sigilo. Es extremadamente difícil para el mediador mantener
Problcmkt élicot, proTesionalea y Icgalct
la apariencia de imparcialidad absoluta, cuando se sabe que el mediador es parte
en la información acerca de la desavenencia que no se comparte por ambos lados.
Esta información puede contener datos cuantitativos pertinentes al conflicto,
u opiniones subjetivas en lo que se refiere a la negociación de una parte, o de la
posición de conciliación. El participante de la mediación que no comparte la
información "secreta" puede percibir parcialidad, o un vínculo entre el mediador
y la otra parte. Suponiendo, que, normalmente el mediador se reúne en forma in-
dividual en cada lado, el contendiente que comparte la información privada pue-
de preocuparse acerca de la posible revelación que el mediador haga de ella al
lado opuesto. Si la información parece haber sido revelada o utilizada de mane-
ra adversa a la otra posición, el sentimiento de traición, sin duda, va a frustrar
totalmente la mediación.
Algunos mediadores se reúnen con cada lado, sólo cuando se conviene en
que la información revelada durante la reunión, va a compartirse en la siguiente
reunión conjunta. También este enfoque puede crear problemas de sigilo, por-
que en ocasiones es difícil comunicar las mutuas revelaciones, si durante una reu-
nión uno de los contendientes externa información, pero insiste en mantenerla
confidencial, o no está de acuerdo con la forma en la que el mediador represen-
ta la discusión de la reunión al otro lado. Los participantes que no están presentes
durante las reuniones pueden estar naturalmente desconfiados, y seguir dudando
si toda la información conocida a través de la reunión, se reveló.
Código de Conducta Profesional para Mediadores Laborales, al que nos
referimos antes, cubre las juntas y reuniones individuales, como sigue: "Las po-
siciones de negociación propuestas o sugerencias que extema el mediador en
pnvado durante el curso de la negociación para su información exclusiva, no
deberán revelarse a la otra parte sin antes obtener el permiso de la parte o perso-
na que se la proporcionó" (Sección 5). Esta estipulación parece replantear el
problema, en lugar de ofrecer orientación sobre la forma en que el beneficio de la
reunión individual puede reconciliarse con la dificultad del carácter no mutuo de
la información privada que se reveló al mediador.
Testimonio de opinión y recomendaciones. Un problema relacionado con sigi-
lo, es el testimonio de opinión del mediador en lo que se refiere a recomendacio-
nes para la resolución de la desavenencia. Si la mediación no da como resultado
un convenio de conciliación, ¿puede el mediador estar autorizado u obligado a
ofrecer una recomendación a un tribunal, o agencia administrativa, en relación
con la forma en que la desavenencia debe resolverse? El mediador puede estar
en una posición única para recomendar un resultado impuesto, debido a la pro-
bable pericia en el tema de desavenencia, combinada con el conocimiento interno
de los hechos y los sentimientos que se le revelaron durante la mediación. Este
dilema es más evidente en la mediación de custodia de los hijos, pero también
puede surgir en otros conflictos, como la discusión sobre el valor de los bienes,
la ubicación de plantas nucleares, el cierre de escuelas, y otras innumerables
El consenso enue los mediadores para hacer confirmar que la confianza y la
ingenuidad que se requieren en la mediación, difícilmente existen si los partici-
pantes saben que el mediador puede estar formulando una opinión o recomen-
dación que va a comunicar a un juez o a un tribunal. La recomendación del me-
diador, particularmente en un caso de visita y custodia de los hijos, en general, se
sometería a tal ponderación, que el mediador, de hecho, estaría intercambiando
papeles de facilitador de decisiones, a emisor de la toma de decisiones. La con-
fusión y la desconfianza que crea este intercambio de papeles, contaminan la va-
lidez, la efectividad y la integridad del proceso de mediación.
En algunas circunstancias, los participantes pueden convenir o contratar a
un mediador para que decida el asunto si ellos no tienen la capacidad de hacerlo,
o de testificar de acuerdo con una recomendación. La utilización del proceso in-
formal, consensual de la mediación, sin reglas evidenciales o de procedimiento,
como base para una decisión impuesta, no obstante puede crear un riesgo con-
siderable de que el participante más astuto o sofisticado pueda distorsionar o
manipular la mediación, con el objeto de influir la opinión del mediador.
Un proceso combinado de mediación, seguido de arbitraje, realizado en su
totalidad por una persona, se ha estado utilizando con cierto éxito en los conflic-
tos laborales. El enfoque de "mediador/arbitro" puede funcionar mejor cuando los
participantes tienen una experiencia relativamente equitativa de negociación, y
la eficacia de un procedimiento combinado sobrepasa el efecto de inhibición o
estratégico del cambio anticipado de papel del mediador. También hay quien ha
argumentado en favor del uso del papel "intercambiante" del mediador, de me-
diador a experto del tribunal en custodia, cuando se hace necesario decidir la cus-
todia temporal de los hijos, después de que todos los demás procedimientos han
El estatuto de California que ordena la mediación en todos los casos contro-
vertidos sobre custodia de los hijos, permite que el mediador haga recomen-
daciones al tribunal, si dicho procedimiento es congruente con las reglas locales
del tribunal. (Véase el Código Civil 460-7 (e)). Este política estatutaria repre-
senta un compromiso entre dichos condados, especialmente el de Los Angeles,
donde el tribunal prohibe en forma absoluta que sus mediadores actúen en forma
cruzada como investigadores de custodia, y otros condados de California, como
San Francisco y San Mateo, donde se le pide al mediador, a través del tribunal,
que recomiende una orden temporal de custodia, si las partes no pueden llegar a
un acuerdo. (Véase Mclsaac, 1981). El Estatuto del Estado de California, tam-
bién ordena que las mediaciones obligatorias de custodia sean privadas y confi-
denciales, (véase el Código Civil de California 4607 (c)).
Algunas jurisdicciones de California interpretaron estas estipulaciones para
permitir al mediador que recomiende un procedimiento de custodia al tribunal,
pero para prohibir que cualquiera de las partes interrogue al mediador sobre las
razones que impulsaron la recomendación.
En un caso en que uno de los padres, en el Condado de San Mateo, se opu-
so a esta política, el Tribunal Superior de California mantuvo el procedimiento.
Problemas Mkoa, proTeslonaleí y Icgalct
y pidió al Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito que estableciera reglas so-
bre la práctica. El Tribunal de Apelaciones estipuló que la política de San Ma-
teo era inconstitucional. El mediador pudo testifícar sobre la recomendación de
custodia sin contravenir la estipulación de sigilo, pero si el mediador no podía
ser interrogado o sometido a un interrogatorio riguroso sobre su decisión, esto
constituiría una violación a las garantías constitucionales de un juicio justo, y el
interrogatorio riguroso a testigos diversos. El mediador relacionado con el tri-
bunal podría hacer recomendaciones sobre custodia al tribunal, sólo sometién-
dose a un estricto interrogatorio, (véase McLauglin v. Superior Court, 1983).
Sencillamente es justo que un mediador no tenga la autorización de reco-
mendar una decisión de custodia al tribunal, sin un riguroso interrogatorio. A
falta de éste, el mediador/investigador puede basar la recomendación en per-
juicio, ignorancia, o hechos reprobables. Sin embargo, la opinión del tribunal en
McLaughlin parece pasar por alto el aspecto central del sigilo de la mediación.
La verdadera interrogante es, no sobre el interrogatorio estricto, sino sobre hasta
qué punto puede permitirse al mediador que testifique bajo cualquier condición.
Si se le permite rendir testimonio, el sigilo, de hecho, se pierde.
El caso McLaughlin, así como las reglas evidenciarías aceptadas y las nocio-
nes de un proceso debido, requiere que, si el mediador va a hacer una recomen-
dación sobre custodia, puede someterse a interrogatorio de la parte adversamente
aceptada, en lo que toca a las relaciones para la recomendación. Si el mediador es
sometido a este interrogatorio, la parte adversamente afectada que hace las pre-
guntas podría sostener que renunció a las objeciones sobre las revelaciones del
mediador en el tribunal. La otra parte, para quien las recomendaciones son favo-
rables, difícilmente pensaría en objetar. En otras palabras, la parte adversamente
afectada estaría obligada a interrogar al mediador, y por lo tanto, abrir la puerta
a todos los hechos revelados durante la mediación.
Además de los argumentos del contenido estatutario, una protesta hacia la
recomendación y el testimonio del mediador podría basarse en el argumento de
proceso debido, porque la legislación de California ordena la mediación en todos
los casos de custodia conflictivos, permitiendo que el mediador emita una reco-
mendación, y su testimonio proponga una opción insostenible de Hobson para
los padres en proceso de divorcio: una de dos, o se abstienen de ser ingenuos en
las discusiones de la mediación, o revelan confídencias pertinentes que más tarde
se podrán utilizar en contra de sus intereses individuales. Esta protesta se ha
rebatido, con el argumento de que las partes de una mediación obligatoria por
decisión del tribunal tiene la característica poco probable de revelar confíden-
cias que amenazarían su resolución de custodia deseada, con la revelación o sin
ella, de las confídencias en el tribunal.
A medida de que aumenta el uso de la mediación, probablemente va a existir
una mayor frecuencia de citatorios para los mediadores, con el objeto de que tes-
tifíquen sobre las declaraciones rendidas durante la mediación. La aprobación y
el esclarecimiento de privilegios estatutarios específicos para las comunicacio-
Roponnbilldad
nes que se hacen durante la mediación, fomentaría la práctica, protegería a las
partes, y evitaría las trampas para los incautos.
Restricciones al producto del trabajo. En el caso McLaughlin, el mediador era un
empleado del tribunal, de quien se esperaba por los términos del empleo, que
rindiera testimonio en el tribunal si la mediación no daba lugar a un acuerdo. Los
mediadores, ya sea como empleados privados o públicos, pueden ser citados para
testificar sobre sus opiniones en lo que se refiere al resultado adecuado en un
caso en el que intervinieron como mediadores sin éxito. Independientemente de
las consideraciones de sigilio que explicamos antes, existe una objeción que es
posible confírmar, por lo menos según los mediadores privados, con base en la
doctrina de producto del trabajo.
La doctrina de producto del trabajo fue originalmente formulada para pro-
teger a los abogados de la revelación de sus opiniones o pensamientos, concer-
nientes a un caso destinado a juicio, y desde entonces se ha expandido, para apli-
carse a otros profesionales (Saltzburg, 1980). La doctrina únicamente protege las
impresiones mentales, ideas, teorías y estrategias de un profesional. Los hechos
que permanecen bajo la superfície de aquellas impresiones, y la información es-
pecífica que se ha recabado en la mediación, no quedan bajo la protección de la
doctrina de producto del trabajo, aunque pueden ampararse en otras doctrinas de
reserva en los asuntos privados y sigilo, que explicamos antes.
Aunque pueden estar protegidas por otras doctrinas de reserva en los casos
privados y sigilo que explicamos antes. (Véase Hickman v. Taylor, 1947). El "pri-
vilegio" de producto del trabajo, a diferencia de la mayoría de las protecciones de
casos privados que antes explicamos, pertenece al prestador de servicios profesio-
nales, y sólo esa persona puede renunciar a él. Las opiniones constituyen el prin-
cipal producto de numerosos profesionales, y por lo tanto reciben substancial pro-
tección legal (Véase United States v. Pfiger. Inc., 1977).
Reclamaciones en contra de los mediadores. Existen pocas reclamaciones con-
tra los mediadores, y no hay registro de casos en los que un mediador haya estado
sujeto a demanda con éxito, por daños referentes a servicios de mediación. Este
contraste con la experiencia del aumento de quejas en contra de muchos otros
prestadores de servicios profesionales, tal vez sea atribuible en parte al hecho de
que la mediación como práctica profesional es relativamente nueva, y en parte a
la naturaleza del proceso de mediación. La mediación da lugar a un resultado
consensúa! que refleja la determinación conjunta de los participantes sobre lo que
es justo y adecuado. En general, los participantes están satisfechos con los ser-
vicios de mediación (Capítulo 1). Las demandas legales y las reclamaciones, son
resultado de la insatisfacción.
La mediación todavía no es una práctica suficientemente común para gene-
rar un volumen de casos que podría producir ciertas demandas legales, como
Probiemu étkos, proreslonales y Icgalcf
probabilidad. Las evidencias que ocasionan dudas sobre el grado razonable de
un resultado particular de la mediación, o la integridad del mediador, no tiene la
probabilidad de surgir a la superficie, sino hasta algún tiempo después de que la
mediación concluyó. La revelación de deshonestidad de un mediador, y el de-
sarrollo lo sufícientemente grande de casos para producir cierto leve porcentaje
de resultados conflictivos, o clientes que abren litigios, probablemente no es si-
no una cuestión de tiempo. Hasta ahora, tampoco hay una norma establecida con
la cual comparar los servicios de mediación, para propósitos de determinar la
responsabilidad fácilmente.
La responsabilidad potencial del mediador en cuanto a un participante, pue-
de surgir de una serie de distintas teorías legales. Un mediador podría ser de-
mandado por fraude, publicidad falsa, incumplimiento de contrato, invasión de la
intimidad, difamación, conducta ultrajante, quebrantamiento de deberes fiducia-
rios, y negligencia profesional o conducta inmoral. Un acontecimiento, o conjunto
de hechos, puede conducir a la responsabilidad, o por lo menos a una demanda
legal, sobre diferentes teorías legales, o causas de acción. Los dos que con mayor
probabilidad constituyen la base de una reclamación legal en contra de un me-
diador, son incumplimiento de contrato y deshonestidad profesional. Estas dos
causas de acción, como potencialmente aplicable a los mediadores, se explican
Responsabilidad de contrato. Al ofrecer y contratar la prestación de servicios de
mediación, un mediador debe ser cauteloso, y no hacer ninguna promesa implí-
cita o explícita acerca de los resultados. Si un mediador indica en la oferta o en el
contrato servicios de mediación como menos costosos, mejores, o más rápidos
que otras alternativas como el litigio o el arbitraje, el mediador debe ser respon-
sable si no mantiene la promesa. Dado que no puede haber garantía de que la
mediación será mejor que las alternativas en cualquier caso específico, dichas
declaraciones deben evitarse. La tendencia actual a sobrevender la mediación,
fácilmente podría dar como resultado la desilusión de los participantes, y el
antagonismo de abogados y otros profesionales, preparados para ayudar a re-
primir la práctica de la mediación a través de demandas legales.
El convenio de mediación debe enunciar claramente que no existe la seguri-
dad explícita e implícita sobre el resultado de la mediación, o el éxito del proce-
so, y que los participantes entienden que podrían tener la capacidad de reclamar
más para ellos en un proceso de adversario, de lo que probablemente obtendrán
a través de la mediación. Cualquier promesa implícita o explícita de que la me-
diación será mejor, o dará lugar a resultados más favorables, podría sujetar al
mediador a responsabilidad por incumplimiento de esa promesa contractual,
(véase Boecher v. Borth, 1976; Prosser, 1971).
Algunas obligaciones contractuales son difíciles de eludir al proporcionar
servicios de mediación, y pueden estar implícitas como una norma impuesta de
práctica. Por ejemplo, un mediador, o la agencia para la cual el mediador traba-
ja, puede celebrar un contrato con los participantes y establecer que la mediación
Reqionfabllidad
será privada y confidencial a menos que se acuerde lo contrario. Los participan-
tes pueden demandar en caso de que el contrato, de manera explícita o implí-
cita, sea violado. En un caso de Illinois, que se dio a conocer, el cliente de un
trabajador social de una agencia, demandó al trabajador social y a la agencia por
revelar confidencias a otros de un contrato implícito de sigilo, permitiendo que se
desarrollara un conflicto de intereses, y desempeñando servicios de consultoría
en forma incompetente. Se concedió la demanda solamente por la reclamación
de incumplimiento de contrato, debido a la revelación de información que se ha-
bía dado confidencialmente {Véase Martirio v. Family Services Agency ofAdams
County, 1983 ). Según se explicó en la sección anterior, no es posible otorgar
garantía alguna de sigilo absoluto para las sesiones de mediación. Sin embar-
go, el mediador está obligado, por contrato y por ética, a no revelar confidencias
sin la autorización de los participantes, o por orden de un tribunal, o exigencia de
En lugar de tomar el riesgo de un contrato implícito, con base en falsas
expectativas o en la promesa de lograr más de lo posible, el mediador debe usar
un contrato escrito que limite la responsabilidad. Este contrato de empleo del
mediador puede incorporar criterios o reglas de mediación. El contrato, o bien el
contrato y las reglas en conjunto, deben señalar el proceso que va a usarse en la
mediación, el papel del mediador, los riesgos y limitaciones de la mediación,
la necesidad de revisión extema y asesoría legal independiente, las obligaciones
de los participantes, la base para la determinación de cualesquiera honorarios o
costos, y la obligación de los participantes en cuanto al pago. (Véase Recurso:
Convenio de Empleo y Recurso B: Criterios de Mediación).
Responsabilidad por incompetencia profesional. La responsabilidad del me-
diador con base en alegatos de negligencia profesional, o incompetencia pro-
fesional, es la reclamación de responsabilidad que con más probabilidad va a
afrontar un mediador. En general, las reclamaciones de incompetencia profesio-
nal surgen bajo la ley de agravios, y requieren la prueba con base en cuatro ele-
mentos: un deber por el cual el mediador está obligado con los participantes;
incumplimiento del deber por no satisfacer las normas aceptables de práctica;
daños mensurables en dinero; y una relación casual entre la falta de ejercer una
norma aceptable de práctica, y los daños alegados. Es necesario probar estos
cuatro elementos. Presentar pruebas adecuadas, puede ser difícil en una reclama-
ción contra un mediador.
Deber e incumplimiento. El deber del mediador surge del convenio, explíci-
to o implícito para proporcionar servicios de mediación competentes. En otras
palabras, la ley puede requerir que cualquier servicio profesional ofrecido, se rea-
lice competentemente. La competencia suele definirse como el cumplimiento de
normas profesionales existentes, en cuanto al desempeño del servicio ofrecido. El
primer problema para el demandante en un caso de incompetencia profesional
contra el mediador, sena producir las pruebas de lo que es una norma aceptable
de cuidado en la práctica de la mediación. Según indica nuestra explicación pre-
ProUonaa ético*, praTciionalcí y Icgakf
via respecto a normas de práctica, no existen criterios universalmente aceptados
para estructurar normas de práctica de mediación, debido a que las metas de la
mediación, y su pq)el social están en la etapa inicial de su formulación. Es iró-
nico que el primer caso exitoso de demanda por incompetencia profesional en
contra de un mediador puede marcar el establecimiento de la mediación, como
profesión reconocida.
Si el mediador es miembro de una organización que ya promulgó normas de
práctica, o si el mediador está suscrito a normas establecidas, o si las normas se
han prescrito para el mediador mediante los términos de la licencia de éste, su
certificación, empleo o referencia, entonces resulta más fácil robar la norma apli-
cable y el deber consecuente. Como regla general, la prueba de la norma de cui-
dado aplicable, así como su incumplimiento, se presenta a través de testimonio
de expertos. Debido a la naturaleza de nuevo surgimiento de la mediación como
práctica diferenciada,los expertos calificados pueden escasear, y es de esperarse
que existan diferencias de opinión.
El mediador puede estar sujeto a responsabilidad, incluso en ausencia de
un testimonio de expertos, si la conducta del mediador está claramente fuera de
lo razonable, al arriesgar a los participantes a sufrir un daflo. De acuerdo con el
Restatement (Second) of Torts (Confirmación de la Declaración) de Agravios
Un acto puede ser negligente, si se realiza sin la competencia que la
persona según opinión del actor realizaría, es necesario para evitar oca-
sionar riesgo no razonable de daño a otra persona... Esto se aplica...
donde el actor, profesando competencia, induce a otro a aceptar sus
SCTvicios, o de otra manera se sujeta a los actos (Sección 299 y Co-
mentario C).
Si el mediador da a entender que tiene conocimientos especiales o experiencia
en el tema del conflicto que se está sometiendo a mediación, puede ser juzgado
bajo una norma mayor de cuidado en relación con ese tema. En otras palabras, la
autodesignación de un mediador de contar con pericia especial en la ley, con
relación a desavenencias familiares, o en las fases de desarrollo infantil, de tal
manera que una pareja que se está divorciando pueda confiar razonablemen-
te en la pericia del mediador, y su consejo para tomar sus propias decisiones
conjuntas, podría dar lugar a una reclamación de que el mediador tenía un deber
de proporcionar información correcta en la cual la pareja pudiera confiar. Lo
mismo ocurriría si los participantes de una desavenencia del ambiente confia-
ran, para la resolución de su confiicto, en la supuesta pericia del mediador, con-
cerniente a desperdicios tóxicos, o si un educador que estuviera interviniendo
como mediador en una desavenencia sobre educación especial proporcionara
información errónea acerca del contenido o los beneficios de un programa de
aprendizaje alternativo, seleccionado como resolución de los participantes, de-
bió a la pericia del mediador. El mediador debe ser cuidadoso al proporcionar
RapoMabllidad
información o asesoría, e invariablemente debe insistir a los participantes que
obtengan consejo independiente sobre cualquier tema más allá de su pericia. En
nuestro mundo crecientemente complejo un mediador puede ser acusado de
negligencia por no insistir a los participantes en que recurran a consultas con
expertos, u obtener información especial cuando es pertinente o necesaria para
formular alternativas para resolución de conflictos. El mismo desafío de especia-
lización de pericia en la actualidad surge ante abogados, médicos, y profesionales
Los médicos y otros prestadores de servicios del sector salud han tenido que
cubrir el requisito de informar a sus pacientes acerca del riesgo en el servicio
ofrecido. Aunque este deber de informar acerca del riesgo originalmente se li-
mitó a los procedimientos y asesoría de los médicos, desde entonces se ha ex-
pandido para constituir un requisito de que los abogados revelen los riesgos de
un juicio, en comparación con sus alternativas, y asimismo para requerir, lógi-
camente que cualquier profesional que ofrece un servicio revele los riesgos im-
plícitos. Las normas que explicamos en la sección anterior, y que comprende el
Recurso D, al fínal de este libro, así como numerosas reglas sobre ética de aso-
ciaciones del colegio, claramente requerían de que un mediador aconseje a los
participantes acerca de los riesgos que representaría entablar el proceso de me-
diación, en comparación con otros procedimientos de resolución de conflicto
disponibles. No existe razón para pensar que todos los mediadores no tendrían
que estar sujetos a ese deber y que podría surgir un cargo por responsabilidad
como resultado de su incumplimiento.
Un mediador que redacta un convenio de conciliación para los particip>antes
podría estar sujeto al requisito de que la redacción fuera una reflexión precisa de
las estipulaciones efectuadas durante la mediación, y de que dicha redacción
fuera lo sufícientemente hábil para lograr el propósito de los participantes. La
redacción astuta, para dejar en claro que es responsabilidad de los participantes
que cualquier convenio propuesto se someta a la revisión de un consejero inde-
pendiente antes de Armarlo. De cualquier manera, ningún convenio debe ofrecer-
se a los participantes para su firma, sin la oportunidad de que lo lean y sometan
a consideración en un ambiente tranquilo, fuera del ambiente de la mediación.
Cualquier convenio redactado por un mediador que no sea abogado, no debe dar
a entender que guarda la forma legal y debe denominarse "memorándum sobre
los puntos del acuerdo" o "plan de mediación", en lugar de que se le designe co-
mo un convenio fínal.
Daños y causalidad. Incluso si un participante de mediación descontento pudiera
establecer que un mediador pide un deber profesional que infringió y que el
mediador, por lo tanto, incurrió en incompetencia profesional o negligencia,
siguen existiendo dos requisitos interrelacionados adicionales. Los elementos
entrelazados de daño y causalidad requieren que se pruebe el daño mesurable, y
que pueda calcularse en dólares, así como que este daño no habría ocurrido, de
no ser por la negligencia o incompetencia profesional del mediador. Estos ele-
Problema* éticoi, proTesloiialcs y legales
mentos necesarios o daflos y causalidad pueden ser particularmente difíciles de
probar en un caso relacionado con mediación.
Los daños no pueden ser una mera conjetura o especulación. Corresponde ai
demandante establecer el dafio ocurrido y el valor de dicho dafío o pérdida, con
base en dólares. Lo que el demandante podría haber obtenido mediante la re-
solución de la desavenencia en alguna forma diferente a la mediación, o cuál es
la consecuencia económica que puede haber surgido de la supuesta negligencia
del mediador, tiene las mayores probabilidades de ser un asunto de especulación
y conjetura. Cualquier daflo ocurrido debido a la conducta del mediador, o su
malversación, puede corresponder más a una pérdida emocional o a un disgusto,
que a una pérdida mensurable en dólares.
El elemento necesario que probablemente sería más difícil de probar en una
acción de negligencia en contra de un mediador, es la de la causalidad. El
demandante debe establecer que cualesquiera daflos o pérdida sufrida no habría
ocurrido, de no ser por la negligencia o la malversación del mediador. La prue-
ba de lo que habría ocurrido en ausencia de la mediación, resulta difícil. No se-
ría fácil establecer lo que podría haber ocurrido en forma precisa en el litigio
como alternativa a la mediación, por ejemplo, e igualmente complicado sería pro-
bar que el demandante podría haber obtenido mejores resultados mediante la
negociación de una resolución fuera de la mediación. Si el mediador es cauto y
no garantiza resultado específico o más favorable alguno de lo que podría ob-
tenerse mediante alternativas a la mediación, es extremadamente difícil demos-
trar que cualesquiera daflos ocasionados se debieron a la acción del mediador.
Incluso si una reclamación de poder de negociación desigual y estafa, no
verificados por el mediador durante la mediación, no probaría que el propio po-
der equitativo no habría dado como resultado una conclusión similar o peor en
el litigio, o las negociaciones de adversario (véase la explicación anterior sobre
Si se sostienen los daflos reclamados después de la revisión independiente
del convenio, o posteriormente a la insistencia del mediador sobre dicha revisión,
será aún más difícil fijar la culpa causativa del mediador. Por otra parte, un me-
diador que permite que las partes firmen un convenio sin la admonición de la
importancia de una revisión independiente, y la intervención de un consejero,
puede enfrentarse a problemas para eludir la reclamación de asesoría deficien-
te durante la mediación, o el cargo de que el fraude o la negociación injusta du-
rante la mediación fue a causa de probables daflos.
Una de la reclamaciones más probables que pueden surgir de la mediación
es que, si la mediación es ineficaz para resolver la desavenencia, el tiempo que
transcurre en la mediación puede dar la impresión de perseguir alternativas sig-
nificativas, debido a la expiración de un estatuto de limitaciones, el cambio de
hechos, o una acumulación de mayores daflos, debido al transcurrir del tiempo.
También en este caso, si el mediador aconsejó a los participantes acerca de los
riesgos, les insistió que consultaran con otros durante y después de la mediación,
e hizo que los participantes firmaran un contrato reconociendo estos factores.
sería difícil demostrar que los posibles daños fueron ocasionados por el media-
dor. Esta protección y precaución del mediador, también dejaría en claro que los
participantes de la mediación asumen el riesgo, de tal manera que no pueden ex-
temar quejas después.
El único caso conocido en el que un mediador recibió una demanda por
incompetencia profesional, ilustra claramente varios de los puntos que hemos
explicado. En el caso de Lange v. Marshall (1981), un Tribunal de Apelaciones
de Missouri tuvo la oportunidad de considerar la responsabilidad de un abogado
que había emprendido la mediación de un convenio de divorcio para dos de sus
amigos, que habían permanecido casados durante 25 años. Después de haber
firmado el convenio que esperaba la aprobación de un juez, la señora Lange
cambió de idea acerca de los términos del convenio, y acudió a un abogado in-
dependiente que finalmente obtuvo un convenio de divorcio más favorable para
ella. La Señora Lange demandó al mediador, reclamando que había sido negli-
gente al no preguntar más cerca de la situación fínanciera de su ex-esposo, omi-
tiendo la ayuda para ella de negociar un mejor convenio, no aconsejándole que
obtendría más si llevaba el asunto a litigio, y dejando de revelar de una manera
justa y completa sus derechos en cuanto a los bienes maritales, la custodia y la
manutención. El caso llegó a un jurado, que rindió su veredicto en contra del
mediador, por la cantidad de $74 000 dólares.
Cuando el mediador apeló al veredicto del jurado, el Tribunal de Apelacio-
nes supuso para propósito de su opinión que el mediador debía un deber a los
participantes que había incumplido por su omisión en cuanto a una o más de las
cosas acerca de las cuales la Sra. Lange se quejaba. Sin embargo, el tribunal
sostuvo que la Sra. Lange no había satisfecho su obligación como demandante,
estableciendo que la negligencia del mediador de hecho ocasionaba los daños
económicos que ella decía haber sufrido en forma de pérdida de pagos de ma-
nutención, honorarios de contadores, de investigadores privados, impuestos per-
didos, costos médicos, y otros gastos, así como honorarios legales; todos éstos
ocurridos después de que ella acudió a su propio abogado, y se comprometió en
el prolongado litigio que finalmente la condujo a un convenio más favorable. El
tribunal señaló que no existía evidencia de que estos gastos no se podían haber
hecho de cualquier manera, o de que su ex-esposo pudiera haber estado de acuer-
do en un convenio distinto si el mediador hubiera hecho las cosas por cuya
omisión se le habían hecho los cargos. En todo caso, el tribunal encontró la
evidencia de lo contrario. Observó que la Sra. Lange emprendió un acalorado
litigio de 10 meses con el Sr. Lange, después de su repudio del convenio de me-
diación, y de que no pudo demostrar que este litigio y los gastos en que ella incu-
rrió no habrían ocurrido "de no ser por" la supuesta negligencia del mediador:
(El Sr. Lange) testifícó que tenía la intención de ser justo con la de-
mandante, pero que la idea de ella sobre la justicia, y de que la idea del
abogado sobre la justicia, no se ajustaban a la idea de él... Resulta una
conjetura y una especulación excesiva, llegar a la conclusión de que la
Probicmaa éticoa, proTcrfanalMy kgaleí
disposición de Ralph Lange para llegar a un acuerdo sobre los asuntos
maritales sin litigio sobre la base del convenio (original de mediación),
estableció su disposición a llegar al acuerdo sin litigio a una cifra mayor
de la que era aceptable para la demandante...las partes convinio-on en
que el defensor no estaba representando a la demandante como abogado,
sino en una posición de mediación (pág, 239).
Seguro. La explicación anterior respecto a la responsabilidad potencial del me-
diador puede ofrecer un panorama más oscuro de lo que garantiza el número
limitado de reclamaciones reales por responsabilidad de los que realmente han
ocurrido en contra de los mediadores. Sin embargo, el potencial de reclamacio-
nes, existe. Sería ingenuo pensar que la euforia en las primeras etapas de la me-
diación, las altas expectativas que creó la cobertura de medios de difusión, y las
reclamaciones exageradas de algunos mediadores, no van a dar lugar a la crítica
y la decepción en algunos casos. A medida que la mediación recibe reconoci-
miento como práctica profesional con una serie establecida de normas, probable-
mente va a atraer más del celo sobre litigio por incompetencia profesional, que ha
impulsado y mejorado otras prácticas profesionales.
Incluso el costo de las demandas exitosas en relación con la incompeten-
cia profesional, puede constituir una tendencia económicamente paralizante pa-
ra los mediadores, ó para la agencia a la que están asociados. Las técnicas de
mediación bien meditadas, como insiste repetidamente este libro, así como una
orientación de práctica preventiva, puede disminuir enormemente los riesgos
para mediadores. Desde luego, no puede haber garantía en contra el error, ni la
seguridad de que pueda presentarse una demanda aún cuando dicho error no ha
Es indispensable que los mediadores se protejan con alguna forma de segu-
ro contra responsabilidad o incompetencia profesional. Numerosas compañías de
seguros, y programas que aseguran la profesión del mediador, de origen en con-
tra de las demandas por incompetencia profesional, pueden cubrir una reclama-
ción derivada de la práctica de la mediación. No obstante, algunas políticas de
seguros no pueden cubrir una práctica no tradicional, o pueden dar a entender la
cobertura mediante el razonamiento de que un abogado, terapeuta, enfermera u
otro profesional asegurado no está practicando dentro de la gama profesional de
servicios para la cual el seguro se contrató. Algunas compañías aseguradoras
han extemado la disposición a expedir una cláusula adicional no costosa a sus
pólizas de seguros sobre incompetencia profesional existente, para cubrir los
riesgos de la mediación. Otras compañías han indicado, en respuesta a estas en-
cuestas, que sus pólizas ya existentes, por lo menos en lo que se refiere a aboga-
dos y terapeutas, cubrirían demandas de mediación. Los mediadores deberían
por prudencia verificar su póliza individual, y confirmar la cobertura con su
Diversas compañías en la actualidad ofrecen seguros de responsabilidad
para mediadores, mediante la suscripción como miembros en algunas de las or-
Sugcrcnda de lecturM
ganizaciones de mediación y las asociaciones profesionales que aparecen en el
Recurso E al final del libro.
El costo de este seguro es muy modesto, debido a la poca experiencia de
demandas que hay hasta la fecha. Es de extrema importancia que los mediado-
res entren en contacto con esas ^ganizaciones, para obtener información acer-
ca del seguro que tienen disponibles para sus miembros.
"A comparative Theory of Dispute Institutions in Society". R. L.
Abel. Law & Society, Winter 1973,8,235-240.
El papel de las normas en una resolución de desavenencia, se explica
como característica distintiva de los diferentes mecanismos de proceso de des-
Disputes & Negotiations: A Cross-Cultural Perspective. P.H.
Gulliver. Nueva York: Academic Press, 1979.
En el capítulo 7, Gulliver explica el papel del mediador, y, en la pág.
223, se centra en el mediador como "enunciante" de normas pertinentes para la
desavenencia.
Justice Without Law? Resolving Disputes Without Lawyers, í. S.
Auerbach. Nueva York: Oxford University Press, 1983.
Un análisis histórico valioso y penetrante, aunque en cierta forma cíni-
co, a la resolución de desavenencias alternativas. Muchas de las preocupaciones
que se enuncian en esta sección, se atribuye a Auerbach.
Normas de I>ráctica y Limitaciones Eticas.
Ethical & Legal Issues in Counseling & Psychotherapy. W. Van
Hoose and J. Kottler. San Francisco: Jossey - Bass, 1977.
Un texto adecuado sobre consideraciones teóricas y prácticas de prác-
tica ética y limitaciones legales para consejeros. El Capítulo 6 especifícamente
aborda los reglamentos profesionales y legales.
"Professional Responsibility Problems of Divorce Mediation". L. J.
Súhcman. Family Law Quarterly, Summer, 1982,16,107-145.
Un excelente y extenso análisis de limitaciones éticas y legales, sobre los
mediadores, abogados y no abogados. Gran parte de nuestra explicación en esta
sección tuvo como base el concienzudo análisis de Silverman.
Confidentiality in Social Work: Issues & Principies. S. Wilson.
Nueva York: Free Press, 1978.
Un extenso examen de sigilo para trabajadores sociales, con una explica-
ción orientada a la práctica de consecuencias legales y políticas aplicables a la
mediación, por analogía.
"Privileged Communications: A Case by Case Approach". Maine Law Review,
1971,23,443-462.
Estas notas de revisión de la ley recopilan todos los estatutos que es-
tablecen privilegios evidenciarlos para las profesiones de ayuda, y propone un
enfoque estatutario que trataría las demandas de privilegio de una manera más
uniforme, con base en la naturaleza de la relación profesional, más que la pro-
fesión específica implícita.
Legal Liabiiity in Psychotherapy: A Practitioner's Guide to Risk Management.
B. Schutz. San Francisco: Jossey-Bass, 1982.
Contiene información legal pertinente, y ofrece sugerencias para manejar el
riesgo de la responsabilidad legal, sin sacrificar la efectividad clínica.
La primera tarea de una persona que desea proporcionar servicios de media-
ción, es definir la clientela deseada, o las situaciones de conflicto, y determinar
el sector (público o privado) donde van a ofrecerse los servicios. Dado que cada
sector es diferente en alcance, complejidad, e implicaciones para la prestación
del servicio, cada uno de estos factores se analiza aquí por separado. Sin embar-
go, la información en lo que se refiere a la distribución física, y la necesidad de
llevar un registro, y la responsabilidad (véase el Capítulo Seis), son comunes en
ambos ambientes. La mediación es un nuevo campo, y se están desarrollando
nuevos sistemas de prestación de servicios y estilos. Los servicios de media-
ción no se ven obstaculizados por tradición o legislación, como muchos otros
profesionales de apoyo. Deseamos hacer hincapié en la importancia de mante-
ner la conciencia del consumidor en el ofrecimiento de los servicios, sin dejar a
un lado las propias necesidades reales de los mediadores para ganarse la vida y
disfrutar buenas condiciones de trabajo.
Las ideas que se expresan a continuación son meras sugerencias que pue-
den ayudar a los mediadores recientemente capacitados a definir su práctica y
ofrecer servicios de mediación. Recomendamos especialmente que se lleve a tér-
mino un programa académico o de capacitación para habilidades (véase el
Capítulo Nueve) como requisito previo para ofi-ecer mediación, sin importar
cuáles conflictos o clientes van a abordarse, dado que esta capacitación va a pro-
porcionar un punto de partida para entender, no sólo la mediación en sí, sino los
sistemas de la prestación del servicio que ya existen.
La práctica privada comprende una relación contractual, verbal o escrita, entre
el mediador (el prestador del servicio) y los participantes de la mediación (los
Conaideraclonci opccHkas para d ataMMiniiaito de un icrvido de medladAn
receptores). Se pagan honorarios directamente al mediador por la prestación de
los servicios, y la práctica, en su carácter de negocio, se declara y paga impues-
tos sobre los ingresos que genera esta actividad. La práctica puede no tener em-
pleados, pero es necesario siempre mantener requisitos de las transacciones fí-
nancieras, y debe operarse de manera efíciente para lograr utilidades.
La mayoría de las prácticas privadas no reciben subsidios gubernamentales
o especiales para ofrecer determinados servicios a una clientela en particular. No
obstante, en las prácticas del sector público o institucionales, existen dos posi-
bles convenios contractuales: uno es entre el receptor del servicio y la institución,
y el otro, entre la institución y el prestador del servicio. En ocasiones, existe un
tercer acuerdo contractual. El financiamiento gubernamental, o la fuente del sub-
sidio, contrata con la institución los so^icios prestados a una determinada po-
blación, en una cierta forma.
Las prácticas privadas de mediación pueden ser comerciales en diversas en-
tidades empresariales o estructuras diferentes. Los mediadores pueden realizar
estas actividades profesionales por sí mismos, como propietarios únicos, con el
objeto de mantener una independencia total, o puede integrarse con otros para
formar entidades com^riales, que van desde las asociaciones profesionales ac-
cesibles para sociedades, o las corporaciones profesionales, y en algunos casos
corporaciones no lucrativas. Todos los gobiernos de los estados, y algunos lo-
cales, tienen requisitos para la formulación, registro y estructura interna de estas
diversas entidades comerciales, así como para propietarios únicos. Numerosas
comunidades requieren una licencia comercial para prácticas profesionales pri-
vadas. Sugerimos que el lector obtenga información confiable de un abogado,
en lo que se refíere a leyes, reglamentos, y estipulaciones aplicables, así como a
sus implicaciones y consecuencias, antes de establecerse y comenzar a ejercer
La selección de un nombre constituye una consideración importante. Si
usted es un mediador como propietario único, tiene la opción de llevar a cabo las
actividades comerciales bajo solamente su propio nombre, o bien bajo un nom-
bre empresarial supuesto (ANC; "actividades de negocios como..."). Los abo-
gados pueden tener el impedimento de usar un nombre comercial supuesto
(véase el Capítulo Diez). Algunas sociedades, y la mayoría de las estructuras
empresariales, llevan a cabo actividades comerciales bajo un nombre comer-
cial, que puede requerir un requisito ante el estado en cuestión, y las autoridades
locales. El título de su compañía o práctica privada debe transmitir informa-
ción acerca de la actividad que se realiza, y para quién, o dar a los receptores
potenciales un sentimiento que esté creando una expectativa. Las reglas especí-
fícas y las limitaciones rigen el uso de supuestos nombres o designaciones de
Los ANC, o nombres comerciales que resaltan la situación de conflicto que
va a someterse a mediación, con frecuencia atraen a los clientes potenciales a la
práctica de usted, dado que están conscientes del problema, pero pueden no estar
seguros de qué proceso desean. Por lo tanto, un mediador como propietario úni-
CO que desea especializarse en desavenencias arrendatario/arrendador podría
desear que sus datos aparecieran en la sección amarilla de la guía telefónica, y
otros directorios, bajo el ANC de "servicios de mediación para desavenencias
sobre vivienda". Los mediadores que no desean limitar su práctica, pueden ele-
gir un ANC neutral, como "Unidad de Mediación Anglia del Este", o simple-
mente usar su propio nombre.
Las prácticas privadas tienen la ventaja de que pueden constituirse en una
forma útil para quien las realiza. Los mediadores pueden incluir tantas o tan po-
cas áreas de desavenencia como su pericia y su interés lo permitan. Pueden ele-
gir si van a incluir o no a otros para llevar a cabo una práctica privada de grupo.
Pueden optar por la población a quienes van a dirigirse, de acuerdo con el caso,
la ubicación, y la capacidad de pago.
Las prácticas privadas de mediación por lo general constituyen un recurso
de quienes, por razones relativas a calidad, anonimato o status, no desean utili-
zar servicios del sector público, algunos de los cuales sin duda serían menos
costosos que la práctica privada. Por la misma razón de los gastos, los presta-
dores de estos servicios privados usualmente no tratan con los mismos grupos
socioeconómicos o éticos que los mediadores que trabajan en agencias vincula-
das con los tribunales, o subsidiadas por el estado. Aunque algunos mediadores
pueden considerar este elitismo económico integral como una razón favorable
para elegir la práctica privada, también existen desventajas. Finalmente, la prác-
tica privada puede ser arriesgada y ocasionar tensiones; el ritmo al cual posible-
mente sea necesario trabajar para satisfacer los costos generales, incluyendo pu-
blicidad y actividades de localización de casos, pueden hacer decepcionante la
Muchos otros profesionales han tenido que enfrentarse a estas difíciles rea-
lidades. Es frecuente que usen la práctica privada como un complemento de tiem-
po parcial de sus contratos existentes con el sector público, o de sus empleos de
tiempo completo, algunos de los cuales no son muy estables, debido a las prio-
ridades gubernamentales cambiantes. Esta práctica "mixta" constituye una for-
ma que el propietario único o la entidad empresarial de sociedad pequeña pue-
den usar como base para imitar las maniobras de protección acostumbradas de
las grandes corporaciones, para diversificar los recursos de ingresos, de tal ma-
nera que la pérdida de una no signifique devastar todo el negocio.
No es conveniente sobrestimar la importancia de las referencias al estable-
cer las prácticas privadas (véase el Capítulo Doce para una explicación). Ade-
más, las prácticas privadas suelen tener la forma de campañas publicitarias y
de relaciones públicas, con el objeto de permitir a otros profesionales y al públi-
co el conocimiento sobre la práctica, y el lugar donde se ubica el servicio.
Pressman y Siegler (1983) sugieren algunas estrategias básicas para la locali-
zación de casos y publicidad, con fundamento en las metas financi^as de la
práctica, y en las poblaciones objetivo, o las situaciones. Cada población puede
requoir una distinta estrategia publicitaria: anuncios en los diarios, anuncios
impresos, cartas mecanografiadas de manera individual para los recursos poten-
Consideraciones especificas para ei estabiecimiento de un servicio de mediación
ciales de referencia, anuncios enviados por correo, folletos, la afiliación como
miembros a empresas y organizaciones profesionales, y el contacto directo.
Las prácticas privadas tienen las ventajas de un mayor control, más flexibi-
lidad en los programas cotidianos, una más amplia gama de funciones a realizar.
Depende de la decisión individual, determinar de manera exacta cuánto benefi-
cio aportan estos factores, según la situación particular del profesional, sea hom-
bre o mujer.
En el sector privado, el cargo de honorarios por servicios periódicos de me-
diación suelen tener la estructura de, ya sea una transacción en efectivo previa
al comienzo de las sesiones, o un pago anticipado, con base en la duración espe-
rada, la cual se deja en una cuenta en depósito (Coogler, 1978). En este último
método, cualquier parte no utilizada puede reembolsarse, y los pagos previos adi-
cionales pueden irse utilizando a medida que el proceso de mediación continúa.
Ambos suelen basarse en una cantidad de honorarios por hora determinada por
los costos del mediador, la capacidad de pago del cliente, o algún compromiso
establecido entre ambos, como una escala de honorarios de deslizamiento, con
una cantidad mínima fijada para costos generales. Algunos mediadores están
dispuestos a aceptar créditos nacionales de sistemas de trueque, o intercambios
equivalentes en bienes y servicios. Cualesquiera de estos arreglos puede estruc-
turarse en un contrato que especifique, no sólo el objeto o el servicio que se está
proporcionando, sino también la fecha límite de terminación. Todos estos acuer-
dos financieros deben hacerse por escrito en el acuerdo del empleo (convenio de
mediación), o anexarse a él y enunciarse de manera precisa al enunciar las acti-
vidades profesionales, o el material promocional.
La mediación en el sector público, sin embargo, es solamente una alternativa.
En la actualidad, la mediación se proporciona en agencias de sector público, o
instituciones para situaciones de conflicto, como el divorcio y las desavenen-
cias de custodia (Mclsaac, 1983),problemas de arrendatario/arrendador, y desa-
venencias del vecindario. Los trabajadores de tribunales sobre conciliación y
problemas juveniles, trabajadores sociales y consejeros, y administradores públi-
cos, supervisores de departamento y otros, requieren capacitación para reforzar
sus conocimientos teóricos y una hábil aplicación, dado que la mediación, en
comparación con el litigio, se está comenzando a usar en los tribunales familia-
res, como alternativa para casos criminales menores (Salius, 1983) y asimismo
en tribunales juveniles (Vorenberg, 1982).
Dado que la mayoría de las agencias públicas se ajustan a los acuerdos de
pago de tercera parte que explicamos antes, los mediadores que trabajan para
servicios públicos pueden no tener que tratar con asuntos de pago en forma di-
recta, como lo hacen los mediadores del sector privado. Y, debido a que los
servicios de mediación del sector público suelen tener subsidios por donativos,
pueden estar en una mejor posición de oñ'ecer clínicas de mediación, cubriendo
Amblante! de la medlaclón
las partes de la etapa 1 y la etapa 2 en un ambiente extenso de grupo, reducien-
do, en consecuencia, el tiempo de la agencia y los costos del participante.
Debido a que un gran número de programas de autorización, y de programas
de beneficio de los estados, cuentan con comités que ofrecen arbitraje para desa-
venencias entre receptores potenciales y personal en lo que se refiere a selec-
ción, puede existir una tendencia creciente a confiar en la mediación del sector
público, como sustituto para los mecanismos de apelación existentes. Cualquier
recurso de este tipo para la mediación debe llevarse a cabo de tal manera que la
neutralidad de los mediadores esté garantizada, y el gasto para el público, sea
mínimo. Esto se puede lograr en forma óptima mediante la creación de una Cen-
tral de Mediación, ya sea federal o de los estados, que podría enviar mediadores
para la multiplicidad de las agencias públicas, en forma regular o según fuera
necesario, para ayudar con las quejas del consumidor, los procesos de apela-
ción, y la toma de decisiones internas.
La estructura de la organización en la cual la mediación se ofrece, va a de-
terminar su eficacia y metodología (Kochan y Jick, 1978). Los mediadores deben
estar conscientes de todos estos problemas, antes de decidir qué ambiente es me-
jor para sus propias capacidades y aspiraciones de carrera.
Ambientes de la mediación
La mediación no requiere un ambiente especial, como algunas otras profesio-
nes, aunque dicho ambiente debe ser propicio para tratar los asuntos con reser-
va. Dado que las únicas "herramientas" que se requieren son la propia pericia del
mediador en técnicas de comunicación, autoridad personal, y determinados
documentos útiles, o pliegos de trabajo, podría decirse que el lema del mediador,
sería "Tengo el Proceso—^Voy a Viajar".
La mediación es móvil, y el tipo de mediación de maratón o estilo de crisis
puede ofrecerse en el ambiente acostumbrado del participante, como su hogar,
oficina, o escuela. Un excelente ejemplo del uso de la mediación en un ambien-
te típico, es el conflicto racial, eludido en un edificio escolar, según describió
Lincoln (1981).
La ubicación ideal es un lugar calmado y neutral, que no representa un
significado particular para ninguno de los participantes. Los criterios para eva-
luar qué tan adecuada es una ubicación, pueden enmarcarse dentro de las si-
guientes respuestas:
1. ¿Es un lugar calmado, que no da oportunidad de interrupción? Teléfonos
que suenan, ruidos de otras personas, e interrupciones súbitas, crean tensión
e interfieren la concentración importante y la comunicación.
2. ¿Tiene connotaciones negativas o prejuiciadas? Si uno de los participantes
tiene asociaciones negativas con la ubicación, o piensa en ella como si se
tratara del espacio de otra persona, puede sentirse amenazado, defensivo, o
inhibido (trátese de hombre o mujer).
ConaMcraclonc* capccHIcaí para d cftablcclmleiilo d«im Mrvldo de mcdladóii
3. ¿Es cómodo? ¿Tiene luz suave, pero adecuada, sillones mullidos, suficiente
espacio, de tal manera que nadie pueda sentirse restringido, su decoración
es discreta, tiene colores coordinados (de preferencia tonos fríos), es decir,
el estilo apropiado que se adapta al sentido de los participantes respecto al
status profesional de usted, y las expectativas de ellos?
4. ¿Es de fácil acceso? ¿Resulta un problema encontrar la ubicación o esta-
cionamiento cercano? ¿Va a presentar graves inconveniencias para uno o
ambos participantes? ¿Puede el mediador asegurarse de que esúí abierto y
preparado, anticipadamente a la sesión? ¿Qué hay respecto al acceso para
5. ¿Está disponible para un programa continuo y conveniente? ¿La programa-
ción para sesiones futuras va a depender exclusivamente de la garantía de
contar con este lugar nuevamente?
6. ¿Se trata de un lugar cuyo costo es prohibitivo? ¿Los costos implícitos en
el uso de este espacio, son razonables? ¿Los altos costos van a incrementar
los honorarios, y se van a repercutir a los participantes, de manera directa o
7. ¿Existe suficiente espacio para la sala de espera y sala de reuniones? Los
mediadores en las sesiones de maratón o crisis, pueden requerir salas au-
xiliares para celebrar sesiones privadas.
8. ¿Existen baños e instalaciones de restaurante disponibles en el área cerca-
na? Las necesidades físicas de los participantes deben satisfacerse, espe-
cialmente en las sesiones de maratón.
9. ¿Es el espacio seguro para los participantes y el mediador? ¿Existen cerra-
duras adecuadas, luz exterior, detectores de humo, y protección policiaca
y de emergencia accesible?
La mediación constituye un proceso menos formal que el litigio, y esta dife-
rencia debe reflejarse en el ambiente. No obstante, el espacio también debe
transmitir los símbolos del trabajo del mediador, para conducir, facilitar, y
finalmente orientar el proceso. Por lo tanto, la forma en que el lugar está equipa-
do no debe tratar de imitar el ambiente legal tradicional (a menos de que el
mediador también sea un abogado o un juez). Aunque los escritorios y las mesas
de conferencias no deben usarse para impresionar a los participantes, o mante-
nerlos a distancia, el mediador o mediadora debe indicar físicamente su status
como profesional, y no cómo un igual. Los participantes deben contar con un
espacio individual, y no se debe contar con que compartan sus asientos uno
Es ideal que el mediador esté ubicado de tal manera que ambos participan-
tes puedan localizarse para verlos y hablar con ellos sin necesidad de que se
muevan. En nuestra opinión, los asientos mullidos (el sillón del mediador debe
diferenciarse de los demás mediante una variación de forma, tamaño, o color),
dispuestos en triángulo, con una pequeña mesa de café en el centro, constituyen
la mejor disposición física.
AmMantM de !• madUcIte
Los sofás pequeños, en un ligero ángulo, pero uno frente al otro, permiten
un mayor espacio y sugieren una mayor libertad. Es posible proporcionar otra
silla al final de los sofás o sillones, como espacio para abogados y consejeros, u
otra persona que haya sido convocada para proporcionar información adicional.
Una explicación excelente sobre la disposición de los asientos en la mediación,
alrededor de una mesa de conferencias, puede encontrarse en la información que
proporciona el Neighborhood Justice Center of Atlanta (Centro de Justicia de
Vecindario de Atlanta) (1982), y Filley (1975).
Las reacciones de los participantes al ambiente se basan en sus expectativas
acerca de la mediación, y están teñidas por sus p^cepciones culturales y apren-
didas del yo. Los edificios y mobiliarios modernos, localizados en el centro de la
ciudad, y de la tecnología, pueden dar a los jóvenes mediadores profesionales
más status y autoridad ante sus propios ojos, pero los participantes que provie-
nen de áreas menos urbanas pueden interpretarlos como fríos y "lujosos", o
sentirse intimidados. Mehrabian (1976, pág. 148-150), sugiae que los clientes
que han tratado a un profesional que está comenzando la práctica en un am-
biente cálido y relajado, suelen reaccionar en forma desfavorable a los cambios
hacia un estilo más frío y más "profesional". Aunque la mayoría de los casos de
mediación no comprende servicios continuos, queda claro que los mediadores
pueden necesitar ubicarse en un lugar y un estilo que se adapten a su propio sen-
tido del yo, con el objeto de eludir los cambios constantes que sugieren un ascen-
so ambicioso.
Dado que la mediación es un proceso que puede practicarse sin muchas ins-
talaciones costosas, es probable que los mediadores deseen considerar el tiem-
po compartido en un espacio de oficina con otro profesional, para reducir costos
generales y dar un mejor uso a los recursos de la comunidad. Algunos conseje-
ros, terapeutas o abogados pueden tener oficinas que satisfagan los criterios que
expresamos antes, y es posible rentarlas por horas, una vez que está programa-
do un caso de mediación. En esta forma, un mediador que comienza su práctica
no tiene que incurrir en gastos, hasta que sus ingresos pueden permitir ambientes
agradables para los participantes. Si un mediador tiene varias ofícinas de tiempo
compartido, de esta naturaleza, le es posible ofrecer a los clientes potenciales la
conveniencia de elegir la oficina más cercana en un área metropolitana Asimis-
mo, en esta forma los mediadores pueden "establecer un circuito" a condados o
áreas cercanas que de otra manera no podría sostener en una práctica de media-
ción de tiempo completo.
Los ambientes son importantes, ya sea que la mediación se realice en agen-
cias públicas, o como práctica privada. Es probable que los mediadores del sec-
tor público deseen establecer flujos de rutas para sus clientes, de tal manera que
los participantes de la mediación que están esperando la finalización de reunio-
nes individuales o sesiones conjuntas, no tengan que regresar a un área de espera
pública y ruidosa. Debido a la sensibilidad de los participantes que esperan, quie-
nes necesitan un lugar calmado para reflexionar sobre los problemas, se hace
indispensable este tipo de ambiente en los casos de reuniones individuales.
Conslderaclona cspecincaa para el establecimiento d« un servicio de mediación
Es frecuente que las salas de espera de las agencias públicas sean demasia-
do pequeñas, o demasiado grandes, y que no permitan conversaciones que redu-
cen las tensiones entre personas que llegaron juntas. Las lámparas y los asientos
(no sillones) dispuestos en forma de L, u otras posiciones que promueven la con-
versación, contribuyen incluso en el caso de grandes agencias públicas, a que el
ambiente parezca más humano, y desde luego también son importantes en la prác-
tica privada.
Hemos cubierto solamente el ambiente básico, que es común a todos los ti-
pos de casos de mediación. Los servicios de mediación que se proporcionan a
grupos particulares étnicos o socioeconómicos pueden requerir una mayor ase-
soría de consultores de decoración de interiores y otros expertos, en lo que se
refiere al nivel de comodidad o tensiones que estos grupos pueden experimentar
en algunos ambientes físicos. (Véase el Capítulo Trece para mayores comen-
tarios). La sugerencia de lecturas al final del Capítulo, ofrece una mayor in-
trospección de la interesante dinámica de los ambientes físicos y su influencia
El uso del tiempo durante y entre las sesiones de mediación es de crucial im-
portancia para la eficacia del proceso de mediación. Es necesario consultar di-
versos factores al establecer un programa de sesiones. El contexto circunstancial
de los problemas de una desavenencia, posiblemente tenga el efecto más fuerte
en el ritmo del proceso de mediación.
En ocasiones, uno o ambos participantes tienen sobre ellos la imposición de
límites de tiempo arbitrarios para la terminación de la mediación, como en los
casos de audiencias inminentes en los tribunales, reuniones de consejo median-
te las cuales deben alcanzarse decisiones, o una fecha de calendario para propó-
sitos de calendario. Es frecuente que los participantes tengan sus propios itine-
rarios personales mediante los cuales van a evaluar la eficacia de la mediación,
como por ejemplo un aniversario de la relación, o un deseo de llegar a un convenio
antes de las vacaciones de verano. Los itinerarios, ya sea internos o externos,
deben hacerse explícitos en la primera sesión, y después conviene recordarlos a
los participantes en forma periódica, a medida que la mediación avanza. Estos
itinerarios pueden motivar a los participantes a traer a la superficie los conflictos
ocultos, y acelerar la toma de decisiones.
Haynes (1981) y otros (Neighborhood Justice Center of Atlanta, 1982) re-
comienda un modelo de itinerario que requiere una sesión individual entre el
mediador y cada uno de los participantes. Aunque este modelo es útil para en-
tender las posiciones y los conflictos internos de cada participante, puede re-
presentar un gastoiadicional en tiempo y dinero, y no es absolutamente necesario
en todos los casos. Estas sesiones pueden ofrecerse como una opción durante la
estructura inicial y el establecimiento de reglas de la primera sesión (etapa 1) y
dejarse a la discreción, ya sea de los participantes o del mediador.
Programas de icaloiici
Es frecuente que las sesiones de mediación se lleven a cabo durante o des-
pués del horario de trabajo regular de los participantes. Muchos participantes,
especialmente en las desavenencias con gran contenido emocional, como el divor-
cio o los casos de custodia, deben tener espacio suficiente para energías emocio-
nales y físicas al fínal de una sesión de mediación, para abordar las necesidades
de sus hijos o sus demás responsabilidades. Por lo tanto, es conveniente eludir
la sesiones de maratón como una regla general. Las decisiones y las concesio-
nes que se hacen al fínal de estos maratones, suelen ser más un producto del deseo
de finalizar la sesión, de lo que pueden ser aplicables a las verdaderas intencio-
nes y capacidades de los participantes.
En lo que se refíere a la duración de cada una de las sesiones, contrariamente
al punto de vista de Haynes (1981) nosotros pensamos que es importante mante-
ner el programa periódico original, aunque con una ligera flexibilidad. La mayo-
ría de las personas no pueden concentrarse más allá de su "factor de resistencia
a la posición de sentado", es decir, el tiempo en que su cuerpo se siente cómodo
sin estirarse, ponerse de pie o ir al cuarto de baño. Aunque este factor puede
fortalecerse mediante descansos periódicos, los niveles generales de energía no
tienen esa ventaja.
Hemos descubierto que las sesiones de una hora son demasiado cortas pa-
ra permitir que los participantes tengan el tiempo de establecer afínidad y asimi-
lar las tareas de cada etapa del proceso inmediato. No obstante, la productividad
real en una sesión disminuye después de dos horas. Por esta razón, decimos a los
participantes que las sesiones van a durar dos horas, recomendándoles el tiempo
límite inminente, y evaluando el estado de cada participante, así como el conte-
nido con quince minutos de anticipación al momento previsto para el fin de la
El control del tema de discusión, con el objeto de evitar que el tiempo se
prolongue más allá de media hora posterior al límite de dos horas, constituye una
habilidad adquirida que es esencial. Según se postula en la "Murphy's Law and
Counseling" (Ley y Consultoría de Murphy) (Pratt, 1982, pág. 217):
Primera Ley del tiempo restante: Si existe un avance significativo va a ocu-
rrir durante los últimos cinco minutos de una sesión.
Segunda Ley de tiempo restante: Va a ocurrir sólo cuando no sea posible
exceder el tiempo.
Es adecuado que los mediadores recuerden esta broma profesional, y tracen
un plan de tiempo flexible suficiente al final de cada sesión, para llegar a un pun-
to final definido de la discusión. El mediador debe delinear un modelo de respeto
a los límites impuestos, para que los participantes puedan seguir ese ejemplo en
sus propios patrones de comunicación.
En caso de que se requiera tiempo adicional al finalizar la primera sesión, es
probable que el mediador desee reconfirmar una política para agregar tiempo
ConsMeraclona opecfflcaí para d cataMecInilento de un aarvido de medlacMn
adicional en medias horas, comenzando en el siguiente excedente de tiempo. Es-
te incentivo económico adicional para terminar a tiempo, motiva a los participan-
tes a adentrarse en el tema más rápidamente en la próxima sesión. Además, los
mediadores pueden desear la consideración de una política, enunciando que el
tiempo asignado a la sesión, pero que no llega a utilizarse por la eficacia de las
negociaciones, tienen como premio el reembolso o la reasignación del dinero.
Sin embargo, esta política requiere un registro y control de libros extenso, y el
tiempo de la cita que no se utiliza, es una pérdida para el mediador. Por lo tanto,
resulta razonable pedir el pago completo, aun cuando la sesión termina más
El número de sesiones que se requiere en la mediación periódica, así como
los intervalos entre sesiones, son también importantes para un proceso de me-
diación efectivo. Cuando los intervalos son demasiado breves, los participantes
pueden agotarse por las exigencias emocionales, y sentirse abrumados por la me-
diación. No obstante, si se trazan programas demasiado extensos en el futuro, las
sesiones se descontrolan, y se dedica demasiado tiempo en cada sesión a recupe-
rar la afinidad y activar el recuerdo de lo que se dijo mediante una revisión. A
menos de que los límites arbitrarios que mencionamos antes requieran lo con-
trario, las sesiones semanales son mucho más ventajosas.
Es necesario que los mediadores tracen este programa en forma definida, y
que este tema se aborde en forma clara con material de promoción y estructu-
ra durante la etapa 1. Las luchas de poder en tres sentidos, en lo que se refíere
al programa de la siguiente sesión, pueden inhibir el avance al replantear una
competencia de victoria/derrota entre los participantes, pero es necesario tener
en cuenta en la planeación el caso de participantes que están adaptando otras
actividades simultáneas o que deben satisfacer otras exigencias de tiempo du-
rante su proceso de mediación. Es indispensable que los mediadores determinen
su propia responsabilidad, y que sean flexibles. Por otra parte, los intervalos ma-
yores a dos semanas pueden llegar a considerarse como una diferencia grave, da-
do que interfieren seriamente con la continuidad del proceso. Los participantes
muy inflexibles pueden decidir si van a reconsiderar sus compromisos de tiem-
po, o van a enfrentar un estancamiento en la mediación, que podría traer como
consecuencia un cambio hacia el litigio o el arbitraje.
Como observamos antes, algunas situaciones requieren que la mediación se
realice en una sola sesión de maratón. A veces, el razonamiento es de que los
participantes no van a regresar por su propia voluntad, después de haber salido.
En otros casos, las razones son financieras; cuando se asigna tiempo costoso a la
mediación, en lugar del trabajo acostumbrado de los participantes, éstos, e inclu-
so todo el sistema, pueden tener consecuencias económicas por esa pérdida en
la productividad y en la remuneración. Cualquiera que sea la razón, el mediador
debe establecer sesiones que correspondan a la naturaleza de los problemas. Los
matrimonios no se hicieron en un día, y las familias no pueden reestructurarse
en forma coherente en ese plazo. No obstante, es posible resolver algunos pro-
blemas críticos dentro de un plazo de ocho horas. Numerosas situaciones úni-
Programu de snlonci
camente requieren la resolución de un solo conflicto, para que los participantes
restablezcan una realización adecuada. Si la mediación de maratón o de crisis
resulta exitosa, será necesario decidir otros asuntos en reuniones posteriores sin
que se requiera la asistencia del mediador, aunque esté debe trazar un plan para
otras reuniones posteriores.
Las sesiones semanales que mencionamos antes pueden ser inadecuadas
cuando la situación que se está sometiendo a mediación comprende una amena-
za inminente a la supervivencia, la seguridad, o la protección de los participantes.
Estos casos pueden manejarse con base en un programa de crisis, intentando ais-
lar y someter a mediación sólo los problemas que se relacionan directamente con
la amenaza, reservando los demás asuntos para un ritmo más calmado en las se-
siones semanales.
Consideremos el caso de lanzamiento de un inquilino por parte de un pro-
pietario. Aquí, el mediador, que había recibido un llamado del inquilino dos
días antes del aviso de lanzamiento, que especificaba la eliminación forzosa de
las premisas, tal vez deseara acelerar la etapa inicial llamando al propietario,
explicándole la disposición del inquilino para resolver los problemas (y posi-
blemente incluso pagar los costos) a través de la mediación, e invitando al pro-
pietario para que acudiera ese día. Otro ejemplo de programa de crisis es una
desavenencia de custodia, donde el esposo amenazó con tomar la custodia fí-
sica del niño mediante la fuerza. En este caso, la acción del mediador depende
del permiso de la parte que entró en contacto con él y su ayuda para obtener la
información necesaria para establecer el contacto. Este tipo de programas de
crisis debe utilizarse con discreción sin duda, y reservarse solamente para aque-
llos casos en los que existe una amenaza inmediata que va a permitir una comu-
nicación continua, y la mediación de todos los problemas.
El programa también debe comprender la eficacia del mediador. Es nece-
sario que los mediadores recuerden una planeación de espacios de tiempo que
le permitan relajarse y refrescarse después de cada sesión. Este tiempo es muy
importante al aumentar la carga de los casos, para evitar que el mediador se
convierta en un "consejero agotado" (Watkins, 1983; Maher, 1983). Si la cita
estándar de mediación es de dos horas, el calendario de citas debe reservar
tres horas: dos horas para la sesión, una tolerancia de exceso de media hora para
los participantes, y media hora para las necesidades personales del mediador.
No es conveniente permitir que el papeleo y los asuntos administrativos absorban
todo el tiempo entre clientes. Si el mediador debe trabajar todo el día, el horario
ideal de las sesiones debe ser: 9 a.m. a 12 meridiano, 1 a4 p.m., y una opción en-
tre 4 a 7 p. m. o 10 p. m. Dado que los participantes por lo general deben progra-
mar sus sesiones en horarios en que no tienen compromisos de trabajo fuera del
hogar, es posible planear la mediación para que se adapte, tanto a las necesida-
des de los participantes como el mediador, fijando el primer espacio de tiempo
de4 a6p. m.
Para que las energías del mediador se usen en forma efectiva, no deben pla-
near más de dos horarios para citas de 3 horas en un solo espacio de tiempo.
Conaideraclona específicas para el eatablecimiento de un servicio de mediación
sin dejar un descanso adicional de una hora. Los horarios de tiempo parcial y de
fin de semana, como sábado en la mañana, de 10 a. m. a 12 meridiano, muestran
que las sesiones de mediación pueden adaptarse a cada caso en particular, de
acuerdo al tiempo equilibrado entre la vida personal y profesional. Los media-
dores que están haciendo un espacio entre otros empleos, o que desean trabajar
de acuerdo con sus necesidades en cuanto al cuidado de los niños, suelen en-
contrar ventajas en este tipo de programas. En este sentido, la mediación refleja
un enfoque holístico, y el futuro de un procesamiento de información que ofrece
trabajo en una sociedad post-industríal según describió Toffler (1981). La me-
diación como una profesión puede albergar la agitación actual de la vida social
y económica, y la definición con la flexibilidad de la opción personal. La pla-
neación de las sesiones y la prestación de los servicios pueden reflejar las in-
tenciones básicas del proceso de mediación; permitir a las personas que elijan
opciones que se adapten a ellos de una manera única.
Business Planfor Small Firms. Management Aids 2.022. Education División,
Offíce of Management Assistance, U.S. Small Business Administration.
Fort Worth, Tex.: Small Business Administration, 1980.
Una de las numerosas publicaciones que pueden ayudar a los profesio-
nales a que se familiaricen con las opciones y procesos implícitos en el inicio
de un pequeño negocio.
The Independent Practitioner: Practice Management for the Allied Health Pro-
fessional.R.M. Pressman&R.S¡eg!er.Homewood,Ill.:DowJones-Irwin,
Aunque este libro se escribió principalmente para los profesionales mé-
dicos, analiza los aspectos comerciales de la práctica privada, como la manera
de establecer y mantener sistemas de registro de compañía y cliente.
Prívate Practice HandbookrThe Tools, Tactics & Techniquesfor Successful Prac-
tice Development. (2nd ed.) C. H. Browning. Los Alamitos, Calif.: Dun-
cliffs International, 1983.
Un enfoque pragmático a numerosos aspectos del establecimiento y man-
tenimiento de la práctica privada.
Ambientes para la Mediación
The Hidden Dimensión. E. T. Hall, Gardcn City: Doubleday, 1966.
Una introducción clásica al mundo del espacio y el ambiente físico como
herramienta poderosa en la comunicación.
Public Places & Prívate Spaces: The Psychology of Work, Play and Living
Environments. A. Mehrabian. New York: Basic Books, 1976.
Un compendio de ideas para las disposiciones efectivas del espacio.
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