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Timestamp: 2017-08-23 20:51:53+00:00

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Revista EL RETO. Edición 85. Julio - Agosto 2011. by Catalina Rodríguez - issuu
EL RETO El medio del
Medellín, Julio - Agosto de 2011
Control a la Minería Retiros de ronda están en la agenda del Gobierno
Debate en Antioquia por proyecto Túnel de Oriente
Beatriz E. Uribe, Presidente de Mineros S.A.
Oro con protección ambiental "Colombia necesita un revolcón minero"
MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES 4ª Cohorte Registro SNIES 120163330700500111100 Resolución de Comité central de posgrados 594 del 27 de mayo de 2011 Perfil del aspirante: pueden aspirar a la Maestría en Ciencias Ambientales profesionales de todas las disciplinas, siempre y cuando su formación le permita integrarse a un equipo transdisciplinario, en el que va a proponer y ejecutar un proyecto, con miras a estudiar un problema particular ya detectado y para el que se cuenta con una oferta de financiación posible. Calendario: Inscripciones vía Internet: hasta 19 de julio de 2011. Pruebas de admisión: 1 y 2 de agosto. Entrega de resultados: 9 de agosto. Matrícula: 22 y 23 de agosto. Inicio de actividades: 26 de agosto. Información: Para conocer las características del programa, su duración, jornada, intensidad horaria, modalidad, plan de estudios, costos, requisitos de inscripción, criterios de admisión y otros aspectos, favor visitar las páginas web: www.udea. edu.co |Estudiar en la U de A| Posgrado, http://corambiental.udea.edu.co o consultar en el teléfono: (57-4) 2195195, Ubicación: Bloque 22, oficina 204, Corporación Académica Ambiental, Universidad de Antioquia. Correo electrónico: invca@quimbaya.udea.edu.co Si realizada la convocatoria no se llenaren los cupos ofrecidos, habrá una nueva que, sin variar las condiciones consignadas en la Resolución descrita inicialmente, se destinará a completar los cupos inicialmente ofrecidos.
privadas son muy bajas en muchos países”; Colombia es uno de estos.
Editorial Los retiros de ronda ya están en la agenda del Gobierno Si tenemos en cuenta el estado actual del país en materia de ocupación inadecuada de los retiros, laderas, montañas, páramos y zonas inundables y de protección, la gestión en materia de demolición, recuperación y reubicación a realizar es de enormes magnitudes, con costos económicos y políticos colosales que, a la postre, serán mínimos comparados con los costos que tendría no hacerlo frente a la espiral interminable de eventos desastrosos que tendría el país. Hay que hacerlo ya, ahora y con todo rigor técnico. No hay otra solución
7. Medellín respira mejor aire Por: Juan Guillermo Cardona revistaelreto@hotmail.com En las siete estaciones de monitoreo de la calidad del aire en Medellín para las partículas PM10, en el período 2008-2009 hubo reducciones en la emisión de contaminantes con un máximo de 27.9% en la estación Éxito de San Antonio y un mínimo de 8.8% en la de la Universidad de Medellín” así lo expresan los resultados del Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2010 del Programa Medellín Cómo Vamos de Proantioquia, Eafit, Fundación Corona, Comfama, Comfenalco Cámara de Comercio de Medellin, El Colombia y El Tiempo. 11.
Cultura Ambiental Por: Alfaro García Mejía Alfarogarcia@une.net.co La llamada sociedad del conocimiento del siglo XXI debe ser más racional en su comportamiento con el medio ambiente y, antes que nada, se necesita voluntad política de los gobiernos y compromiso del sector industrial, para redefinir la relación hombre – naturaleza para las próximas décadas.
OPINIÓN 13. La naturaleza
nos cobra errores y desatinos. Por: Carmenza Saldías Barreneche Razón Pública. Estoy harta de oír decir que los desastres -de este año y de tantos otros, que perdí la cuenta- son por culpa de la lluvia, que el río dejó sin casa a miles de personas y que el invierno es el causante de las emergencias. Estas son explicaciones de antes de que la sociedad se supiera dueña de su destino y dejara de atribuir sus problemas a fuerzas ocultas o naturales. Porque de ser ciertas tales explicaciones, la solución ahora sería hacer un ritual a la lluvia, invocar a la diosa de la Tierra y ponernos en manos de la naturaleza para que nos protejan.
Comunidades rechazan el proyecto túnel de Oriente. Un candente debate en Antioquia por el proyecto Túnel de Oriente. Mientras la Gobernación de Antioquia quiere imponer el proyecto a toda costa, las comunidades organizadas y los ambientalistas antioqueños luchan con argumentos por detener este macroproyecto.
ENTREVISTA Manuel Rodríguez Becerra “Colombia necesita un revolcón minero” “Si queremos que las cosas funcionen debemos tener bien claro dónde y cómo se pueden realizar actividades mineras y asegurarnos de un estricto cumplimiento de ley basados en los más altos estándares ambientales y sociales a nivel mundial. Para ello habrá que exigir el uso de las mejores tecnologías de punta”.
Beatriz E. Uribe R. Oro con protección ambiental Mineros S.A. es hoy uno de los muy pocos ejemplos, en Colombia, para demostrar que la minería sostenible y responsable si es posible. En el 2010 reportó inversiones en protección ambienta y de la biodiversidadl por más de $ 3.353 millones en programas de revegetalización, parcela agroforestales, manejo de humedales, de flora y fauna, en monitoreo y seguimiento, educación ambiental, construcción de viveros; además desarrolla cultivos de piña, guayaba, biofábrica y plantación de caucho
INFORME 28. La minería en Colombia
Por: Juan Guillermo Cardona P. revistaelreto@hotmail.com El panorama de la minería en Colombia es verdaderamente desolador. El ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega, develó y denunció un verdadero caos en el otorgamiento de títulos mineros durante los ocho años de Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y reveló el fraccionamiento de estos títulos en áreas de parques naturales y páramos, juegos especulativos, títulos sin control, acaparamiento y violación de los derechos de las comunidades mineras tradicionales.
Los pequeños mineros Teniendo en cuenta las posibilidades económicas y sociales de la pequeña minería, el Gobierno Nacional debería formular e implementar una política de desarrollo minero para los pequeños y medianos proyectos, buscando su legalización. 40. La confusión de la minería en Colombia Por: Amylcar Acosta Medina “Latinoamérica necesita gravar adecuadamente la explotación de recursos naturales, ya que los impuestos que pagan las firmas con concesiones
38. UNE EPM Empresa ambientalmente responsable La Fundación Siembra Colombia y la Embajada Británica, con el apoyo del MAVDT otorgaron a UNE EPM Comunicaciones el Premio Sello de Oro en Responsabilidad Ambiental. Su gestión ambiental interna es un ejemplo empresarial para el país. DE RONDA 42. Un recorrido por la gestión ambiental en Antioquia 46. La salud en Antioquia en cuidados intensivos Por: Héctor Javier Barrera “En la administración del Gobernador Ramos Botero, ha hecho falta una rectoría efectiva que conduzca el sistema y no que confronte”, dice Luís Alberto Martínez, Director Ejecutivo de la Asociación de Empresas Sociales del Estado (ESE)
ISSN 1692 0007
Medellín, Julio - Agosto de 2011 No. 85 Mención de Honor VI Premio Nacional de Periodismo Ambiental. Unilever Andina S.A. 2003. Premio Ambiental VIDA. Corantioquia- IDEA. 2005. Mención de Honor ACODAL 2006. Reconocimiento Especial Primer Premio Ambiental Metropolitano. Área Metropolitana del Valle de Aburrá.2010. DIRECTOR GENERAL Juan Guillermo Cardona Pineda SUBDIRECTOR
Gabriel Arrubla ortiz
Wbeymar Muñoz Castrillón
Juan Gmo. Cardona Guillen IMPRESIÓN
DIRECTORA ARTE Y DISEÑO
Digital Express Medellín - Colombia
Carlos Alcides Zapata
Ana Catalina Cardona Montes
ASESORES TÉCNICOS Luis Aníbal Sepúlveda Villada
María Victoria Arias Gómez.
Liliam E. Alvarez Gómez.
ioq Corant
FOTO PORTADA Foto superior Corantioquia: Impacto minero en el Bajo Cauca Antioqueño Foto inferior: Mineros S.A Recuperación de suelos, proyecto reforestación
Para información, avisos y suscripciones CONTÁCTENOS Calle 44 No. 68-78 Of. 301 MEDELLÍN - COLOMBIA. SURAMERICANA PBX. (57) (4) 2306261 Correo electrónico revistaelreto@hotmail.com Celular. 315 417 14 47 Los columnistas de EL RETO, incluidos los miembros del Consejo Editorial, escriben con entera libertad y bajo su absoluta responsabilidad. Los artículos firmados no comprometen la opinión editorial de la Revista. Reproducción autorizada citando la fuente.
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IV Feria y Seminario Internacional Gestión Integral Jardín Botánico Antonio Uribe de Residuos Sólidos y Peligrosos Investigación, Riqueza, Empleo y Cohesión Social exporesiduos@exporesiduoscolombia.com www.exporesiduoscolombia.com
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Los retiros de ronda ya están en la agenda del Gobierno Insistentemente y desde hace varios años, EL RETO ha venido llamando la atención sobre la desmesurada e irracional actividad constructiva en laderas y montañas, en zonas sólo aptas para la reforestación protectora y sobre la invasión casi criminal de retiros de ríos y quebradas, sobre la desecación de humedales, sobre el incumplimiento de las normas sobre los denominados retiros de ronda. Nos hemos pronunciado sobre la necesidad de detener, a cualquier costo, la codicia de los urbanizadores, mineros, ganaderos y otros, que con su acción generan enormes daños a los recursos naturales, con el agravante de que las utilidades son para ellos y las pérdidas las pagamos todos. Nuestra lucha nos ha causado no pocos problemas. Pero parece que empieza a verse alguna luz al final del túnel. En el Decreto 141, con sus virtudes y defectos, había un artículo que obligaba perentoriamente a las CARS a ejercer acciones para recuperar los retiros de ronda. En el Acuerdo para la Prosperidad, realizado en Bogotá en la segunda semana de mayo, el Gobierno Nacional tomó conciencia de esta grave problemática que afecta a todo el país. El MAVDT anunció la “prioridad en la recuperación de predios para la protección de rondas hídricas y la reforestación y restauración de las mismas para evitar emergencias a futuro por oleadas invernales” Dijo el Ministerio que dentro de las dificultadas enunciadas en la mesa temática de ambiente se resaltó la ocupación inadecuada de las zonas de ronda hídrica, zonas de protección y áreas inestables que representan riesgo de desastre. Igualmente evidenció la falta de articulación entre los entes territoriales y las CAR, en materia de asistencia técnica para garantizar la restauración y liberación de zonas de protección inadecuadamente ocupadas. Dijo el Ministerio que para resolver las dificultades que se presentarán en el proceso de recuperación de los retiros de ronda se elaborará una guía a los alcaldes del país donde se les orientará la forma de incluir en los POT las franjas de protección, los retiros de ronda y los suelos inestables. Igualmente se orientará sobre la normativa para la definición de los mapas de riesgo de las zonas inundables y las zonas de ronda, además se explicarán las fuentes de financiación y se elaborará una ruta general de trabajo entre la Federación Colombiana de Municipios, la Asociación de Departamentos, ASOCARS y el MAVDT donde se definirán los pasos a seguir para lograr las metas de restauración incluidas en el PND 2010-2014. En buena hora pues, nuestras autoridades dejan de buscar el “ahogado río arriba” endilgándole la culpa de todo a las lluvias, a los eventos naturales, a las CAR o al SINA. La verdadera causa de tanta tragedia es el mal uso del suelo, la inequidad y el deficiente ordenamiento, acicateado o propiciado por la laxitud de las autoridades para hacer cumplir las normas de retiros. Sin embargo, recibimos el anuncio del gobierno con un poco de optimismo y otro poco de escepticismo. Ya le están inoculando virus al proyecto, con actores que nada tienen que ver, con concertaciones que pueden no ser apropiadas. Ese virus puede causar un cáncer que abortará los propósitos. De entrada, no puede el gobierno olvidar que La ley 99 de 1993 ,en su Artículo 107 establece un principio que en EL RETO hemos reiterado y transcrito muchas veces: “Las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o particulares.” Eso de concertar con la Federación de Municipios es introducir un actor dudoso, con dudosos antecedentes como los de recaudo de multas de tránsito y los de transporte de enfermos. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado se han pronunciado muchas veces sobre que los retiros son bienes inalienables, inembargables e imprescriptibles del Estado. Porque si lo que van a concertar es como se pagan esas zonas o fajas, entonces el costo será mayor que el de la Ley de Víctimas y jamás veremos restituidos los retiros. Es más, si se hace, será un acicate para invadir los retiros y luego vendérselos al Estado, que es su propietario. Dios nos libre. Pero la ingenuidad, no pensamos que la mala fe, puede llevarnos allá. Qué bueno sería que en la comisión de búsqueda de mecanismos participara la Corte Constitucional, que es el órgano que más ha defendido los principios ambientales en Colombia, cada vez enriquece la jurisprudencia sin retroceder un centímetro. La Corte ha sido firme como la roca, defendiendo los humedales, los retiros, los manglares, el derecho a un ambiente sano.
Esta hermosa joven, desde muy niña se ha comprometido con el desarrollo de las comunidades del Valle de Aburrá. Es tecnóloga agroambiental, consejera municipal de la juventud en su tierra natal, Copacabana. Pertenece a la red metropolitana de jóvenes ambientalistas, al programa de liderazgo juvenil del área metropolitana del Valle de Aburrá; es gestora de la Corporación GEDI (Grupo Ecológico de Itaguí), integrante de la Corporación Educativa, Ambiental y Cultural Biocahuana. Trabajó en la propuesta de intervención urbano- ambiental del Cerro Moravia y en los semilleros de investigación del Tecnológico de Antioquia. Hace parte activa de la Fundación Colectivo Ambiental de Antioquia. Es una líder ya consumada, ejemplo de las juventudes comprometidas con la gestión ambiental. Aspirará, en las próximas elecciones a ocupar una curul en el Concejo Municipal de Copacabana por el Partido Verde.
Es biólogo de la Universidad de Antioquia y magister en Bosques y Conservación Ambiental de la Universidad Nacional, docente e investigador, participante y representante de organizaciones ecológicas y ambientales desde el año 1982 y desde instancias como Corantioquia. Cofundador de varias ONG de carácter ambiental como la Fundación Con Vida y la Asociación Pantágora Es Director de la Revista EOLO, cofundador de la Fundación Colectivo Ambiental de Antioquia, consejero de Corantioquia, asesor del Jardín Botánico de Medellín Ha contribuido al fortalecimiento del Sistema Regional de Áreas Protegidas y especialmente a la creación y promoción del Sistema Parque Central de Antioquia En su ideal de colocar y afianzar la gestión ambiental en la agenda pública, aspira a ocupar un escaño en la Asamblea Departamental de Antioquia para el próximo período. Es precandidato por el Partido Verde.
El Presidente Santos, desde Ciudad Perdida, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente “Hoy ( 5 de junio) es el Día Mundial del Medio Ambiente. Colombia es un país privilegiado. Somos por kilómetro cuadrado el país más rico en biodiversidad. Tenemos a estos amigos koguis que son una expresión auténtica de una cultura que tiene como su fundamento el respeto por la naturaleza, el
Por eso hemos querido venir hoy a decirles que su clamor está siendo escuchado en el mundo entero y en Colombia. Todos tenemos que ver la forma más efectiva para proteger el medio ambiente. Lo hemos venido maltratando. Estamos sufriendo las consecuencias. Esta ola invernal que afortunadamente ya comienza a desaparecer es parte de esa consecuencia. Por eso el llamado nuestro, para todos, aquí desde Ciudad Perdida, es a que protejamos la naturaleza, que protejamos el medio ambiente, que hagamos todos los esfuerzos posibles para preservar lo que nos da realmente una fuente de vida”.
La contaminación atmosférica en Medellín viene teniendo una leve reducción. Las acciones de Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la iniciativa ciudadana Respira Profundo, los programas Días del Aire y Comparte tu carro, el mejoramiento de la calidad de los combustibles y la educación ambiental de Área Educada, vienen dando resultados. Así lo ratifica el Informe de Calidad de Vida de Medellín Cómo Vamos 2010. Sin embargo, mientras el PM10 reduce, el ruido y el PM 2.5 aumentan. 7
Medellín quiere respirar un mejor aire. Gracias a las acciones de Área Metropolitana , la iniciativa ciudadana Respira Profundo y Las campañas, Días del Aire, Comparte tu Carro, el Día sin Carro y el compromiso ciudadano, Medellín viene logrando algunos avances en el mejoramiento de la calidad del aire.
n las siete estaciones de monitoreo de la calidad del aire en Medellín para las partículas PM , en el período 2008-2009 hubo reducciones en la emisión de contaminantes con un máximo de 27.9% en la estación Éxito de San Antonio y un mínimo de 8.8% en la de la Universidad de Medellín” así lo expresan los resultados del Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2010 del Programa Medellín Cómo Vamos de Proantioquia, Eafit, Fundación Corona, Comfama, Comfenalco Cámara de Comercio de Medellin, El Colombia y El Tiempo. Agrega que “entre 2009 y 2010 las reducciones se dieron en cuatro de las siete estaciones: Corantioquia (-3.7%), Aguinaga (-26,7%), Universidad de Antioquia (-3.9%) y Éxito San Antonio (-20%) Por el contrario, las estaciones de la Facultad de Minas, del Politécnico Jaime Isaza Cadavid y de la Universidad de Medellín mostraron aumentos en las partículas PM10 del 13.8% para la primera y del 10.6% para la segunda y tercera respectivamente Pm
En 2010 de las siete estaciones de monitoreo en Medellín, seis de ellas cumplían con la norma vigente de 60 ug/m y tres de ellas cumplían con la norma nacional (Resolución 610 de 2010) que empezó a regir en 2011, es decir, estaban por debajo de 50ug/m . Los esfuerzos que ha venido realizando la actual administración de Área Metropolitana y que se han organizado en seis estrategias que incluyen monitoreo en la calle por emisión de gases, control riguroso a emisiones fijas, capacitación al transporte público,alternativas sostenibles,áreas protegidas y educación ciudadana,deberán seguir reforzándose para sostener y reducir aún más este tipo de contaminante y acercarlo aún más a los estándares fijados por la Organización Mundial de la Salud de 20 ug/m como promedio anual. La primera estrategia o sea el monitoreo permanente parece estar teniendo buenos resultados, lo que se corrobora al mirar el avance en el indicador de comparendos por emisión de gases, tenencia y vigencia del certificado técnico mecánico que pasó de 9.930 en 2008 a 38.766 en 2010, lo que demuestra un compromiso con la reducción de la contaminación del aire en la ciudad. AMVA realizó 33.302 operativos a vehículos para el control de emisión de gases en toda el área metropolitana en 2010, mientras que en 2009 esa cifra no superó los 2.200. Del total de controles realizados, un 45% de los vehículos no cumplía con la norma. Pasa PM 2.5 Revista Ambiental
El contaminante PM por sus efectos aún más nocivos sobre la salud que el PM se constituye en un indicador que es necesario monitorear sistemáticamente. Este material constituido por partículas suspendidas en el aire, de menos de 2.5 micras de diámetro, puede penetrar profundamente a los pulmones y exacerbar problemas de salud como el asma y afecciones cardíacas. El Estado de California (EE.UU), por ejemplo, reportó que más de 9 mil personas fallecen anualmente de forma prematura debido a este contaminante (EPA 2010). La Resolución 610 de 2010, establece los nuevos niveles máximos permisibles para los contaminante PM , PM , SO , NO y 03 para Colombia. En el caso del PM , como no existía ningún límite establecido, en 2010 regía el estándar definido por la EPA en Estados Unidos de 15 ug/m como concentración anual. A partir 2011 es de 25 ug/m . AMVA cuenta con tres estaciones en Medellín para las partículas PM Entre 2008 y 2010, dos de ellas presentaron aumentos. En la estación CES aumentó en un 17.4% para ese período y en la estación del Politécnico Jaime Isaza Cadavid aumentó en un 4%. Por su parte en la estación Aguinaga bajó un 20.6%. De forma preocupante en ninguna estación se cumplió la meta nacional que rige a partir de 2011 de 25 ug/m ni mucho menos la que regía en 2010 y mucho más estricta que es la norma vigente en EE.UU. de 15 ug/m . En países con características similares a Colombia como Ecuador, Perú y Méjico también rige la norma anual de 15 ug/m e incluso las hay más restrictivas como la de la OMS de 10 ug/m . Los límites impuestos por la OMS tienen como finalidad primaria la disminución de los efectos sobre la salud de la contaminación, y en esa medida deben convertirse en referentes a seguir por la autoridad ambiental en el mediano y largo plazo. Aunque las mediciones de PM muestran en Medellín que la distancia con respecto a la meta que rige a partir de 2011 está cercana en términos absolutos y la evolución en los últimos dos años evidencia que es posible reducciones porcentuales significativas, de nuevo es importante mantener e intensificar las medidas adoptadas por la actual administración de AMVA para garantizar que se mantenga la tendencia positiva y acercarnos cada vez más a las metas internacionales fijadas por la OMS.
Los resultados del Plan Arbóreo de AMVA Un activo importante para los resultados ambientales de la ciudad es la cantidad de árboles y arbustos con que se cuenta. Este activo permite mejorar la calidad del aire, del recurso hídrico, el embellecimiento de los entornos, disminuir los niveles de ruido y los riesgos asociados a deslizamientos. En 2009 la ciudad se encontraba lejos de la meta de la OMS de un árbol por cada tres habitantes, con un stock de 274.600 árboles y arbustos. En 2010 se dio un salto exponencial en la siembra, se pasó de 42.134 a 337,946 gracias, además, al programa Más Bosques de la Secretaría del Medio Ambiente. Del total de árboles sembrados, el 95% correspondieron al área rural y el 5% al área urbana. Esta siembra llevó a que en 2010 la ciudad contara con un indicador de un árbol por cada cuatro personas. Se requerirá entonces que en 2011 se siembren 176.091 árboles para alcanzar la meta de un árbol por cada tres personas.
Días del Aire, Trochas y el ciclismo recreativo son aprovechados masivamente por los Medellinenses para pedalear y participar en los programas por la calidad del aire.
La contaminación sonora Uno de problemas que más preocupa a los medellinenses es el ruido y este el tema con calificación tiene en el Informe de Medellín Cómo Vamos. A diferencia del monitoreo sistemático con que cuenta la ciudad para la contaminación del aire, para el caso del ruido no existe oficialmente este tipo de seguimiento. El mapa de ruido construido en 2007 para el área metropolitana del Valle de Aburrá por AMVA y vigente hasta junio de 2011 revela que “ …. El municipio de Medellín en general se puede considerar ruidoso, con potencialidades de 72 dB, en el día y en la noche entre 65 y 76 dB, no obstante, en el sector nororiente se alcanzan niveles hasta de 80db (A) en la noche….Teniendo en cuenta las quejas de ruido atendidas por AMVA para 2010, más o menos un 95% son generadas
Mauricio Faciolince Prada. Director de Área Metropolitana, no sólo ha impulsado y fortalecido los programas por la calidad del aire. Siempre está en primera fila para promover con el ejemplo la participación ciudadana.
por establecimientos abiertos al público, presentando la mayor problemática en la noche. Aunque no es una fuente oficial, la empresa PUBLIK realiza un monitoreo sistemático del ruido en cruces viales de la ciudad con lo cual es posible registrar promedios anuales en esos sitios. En 2009, última información disponible se evidenció una reducción en el nivel promedio de ruido en los cruces viales con un 8.2% menos que en 2008, ubicándose en 79.2 dB. Sin embargo, para el período 2004-2009 se evidenció un crecimiento del ruido en promedio de 8.5%. Pese a la reducción de 2009 el promedio sigue estando por encima de la recomendación de la OMS que es de 65 dB. El informe concluye afirmando que “Infortunadamente no ha habido acciones concretas y contundentes en la ciudad para disminuir los niveles de ruido, pues como lo expresa la Contraloría General de Medellín (2010) dentro del Plan de Desarrollo no se registraron ni programas ni proyectos para prevenir, controlar y reducir los niveles de ruido y tampoco son visibles los recursos asignados para controlar el problema”.
Alejandro González Valencia. Subdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se pone siempre la camiseta para lograr mejorar la calidad del aire que respiramos.
Ecopetrol entregó al Valle de Aburrá, a partir del primero de julio de 2010 un combustible diesel de 50 ppm en contenido de azufre y una gasolina de 1.000 ppm. Por lo tanto, se cumplió con la meta de diesel más no para la gasolina que era de 300 ppm. Sin embargo, de acuerdo al AMVA se realizó un otrosí al convenio y el 31 de diciembre de 2010 se empezó a entregar al Valle de Aburrá gasolina de 300 ppm, cumpliéndose así con lo pactado.
n la primera década del siglo XXI, el Planeta Tierra se encuentra viviendo grandes transformaciones en su biodiversidad, consecuencia del calentamiento global y sus cambios climáticos; aunque, obviamente, los viene sufriendo desde hace millones de años, los actuales son más profundos y problemáticos.
contribuir a una cultura ambiental. Por eso, se hace urgente y necesario formular una política pública de cultura y educación ambiental a nivel departamental y en cada uno de los municipios, en los siguientes ejes:
La industrialización y la contaminación de la sociedad de los siglos XX y XXI han provocado un serio desgaste medio ambiental, porque hace 100 años no teníamos proyectado cómo se iban a afectar los ríos, los humedales y los bosques por la degradación ambiental; sólo teníamos presente el crecimiento y el desarrollo económico e industrial de los países. A su vez, pareciera haberse instalado una cultura de la contaminación y degradación ambiental entre los hombres, quienes hemos destruido muchos bosques, arrojado basuras a ríos y océanos, sin medir las consecuencias.
- Manejo integral de residuos sólidos - Calidad del aire - Espacio público - Protección y conservación del agua - Valoración de la biodiversidad departamental y municipal - Prevención de riesgos asociados con desastres naturales - Educación ambiental en los proyectos educativos institucionales en las instituciones educativas públicas y privadas. - Desarrollo minero con responsabilidad ambiental - Planes de recuperación ambiental - Conservación de bosques y biodiversidad - Responsabilidad social empresarial con el medio ambiente - Formación en cultura y educación ambiental a la comunidad, empresas y universidades.
Por eso, la llamada sociedad del conocimiento del siglo XXI debe ser más racional en su comportamiento con el medio ambiente y, antes que nada, se necesita voluntad política de los gobiernos y compromiso del sector industrial, para redefinir la relación hombre – naturaleza para las próximas décadas. Antioquia, es rico en recursos hidrográficos: tenemos grandes fuentes de agua y biodiversidad en cada una de las nueve subregiones. Como región, nosotros podemos
Implementar, apoyar y fortalecer los Proyectos Educativos Ambientales de la Sociedad Civil- PROCEDAS-
A nivel departamental, se hace necesario reformar la estructura de la Secretaría del Medio Ambiente para hacerla eficiente, más técnica y crear una Subdirección sobre cultura y educación ambiental para que de manera coordinada desarrolle programas y proyectos con las secretarías de Minas, de Educación para la Cultura, de Agricultura y, por supuesto, con el Departamento Administrativo de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres –DAPARD-.. Además que ejecute una sinergia real con Corantioquia, Corpourabá, Cornare y Área Metropolitana del Valle de Aburrá. A nivel municipal, se necesita que las alcaldías y las Corporaciones Autónomas Regionales de Antioquia, desarrollen proyectos conjuntos, vía convenios, que incentiven la cultura ambiental de los ciudadanos en cada eje programático de la política pública. Por
participación de las ONG ambientalistas, las empresas, las instituciones educativas, las universidades y los medios de comunicación, para la ejecución e implementación de una cultura ambiental en todos los ámbitos de la vida diaria con campañas de largo aliento y no mediáticas ni de impacto político coyuntural.
A nivel departamental, se hace necesario reformar la estructura de la Secretaría del Medio Ambiente para hacerla eficiente, más técnica.
En Antioquia, podemos hacer algo en cultura y educación ambiental, . Necesitamos iniciar con una política que genere cultura ambiental en los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, para proteger y conservar nuestro entorno. Con una debida formación en educación ambiental, en un futuro tendremos ciudadanos más responsables con la naturaleza. Lo que sigue es más voluntad política para hacer inversiones y un compromiso ético de la sociedad civil para respaldar la protección y conservación ambiental con cultura, con conocimiento, con solidaridad por el futuro, pensando en las nuevas generaciones.
Unidos para el desarrollo sostenible. Organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas, profesionales de todas las ramas, estudiantes universitarios, académicos e investigadores unidos por la vida, el medio ambiente, la biodiversidad, la participación, la autonomía, el territorio y la sostenibilidad. Formulación, gestión y ejecución de proyectos, planes, programas y políticas públicas bajo los parámetros de la justicia social, el respeto, la equidad y el desarrollo sostenible. www.colectivoambientaldeantioquia.com.
2011, Año Internacional de los Bosques Con el lema “Los bosques, para las personas” fue declarado el 2011 Año Internacional de los Bosques, por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2006, en la Resolución 61/193, con el propósito de relevar el papel fundamental que cumplen las personas en la ordenación, conservación y explotación sostenible de los bosques del mundo. El Año Internacional de los Bosques 2011, busca incrementar la conciencia pública de los problemas que afectan a los bosques del mundo y a las poblaciones que dependen de ellos.
la naturaleza nos cobra errores y desatinos
Por: Carmenza Saldías Barreneche Razón Pública
Los terribles estragos de la ola invernal no son por culpa de los aguaceros sino de la falta de control del suelo urbano, la negligencia en el manejo del agua, la especulación abusiva con el valor de la tierra y la pobreza e inconsciencia de la mayoría de los ciudadanos. El Presidente Santos lo afirmó en Ciudad Pérdida “Todos tenemos que ver la forma más efectiva para proteger el medio ambiente. Lo hemos venido maltratando. Estamos sufriendo las consecuencias. Esta ola invernal que afortunadamente ya comienza a desaparecer es parte de esa consecuencia”
stoy harta de oír decir que los desastres -de este año y de tantos otros, que perdí la cuenta- son por culpa de la lluvia, que el río dejó sin casa a miles de personas y que el invierno es el causante de las emergencias. Estas son explicaciones de antes de que la sociedad se supiera dueña de su destino y dejara de atribuir sus problemas a fuerzas ocultas o naturales. Porque de ser ciertas tales explicaciones, la solución ahora sería hacer un ritual a la lluvia, invocar a la diosa de la Tierra y ponernos en manos de la naturaleza para que nos proteja.
Foto Corpomag
Y en tal caso, estarían de más el Estado, los gobiernos y sus entidades, la elección de mandatarios locales y regionales, la responsabilidad social empresarial y la participación comunitaria, así como todos los impuestos y tarifas que se pagan para que el Estado garantice la seguridad de la vida, honra y bienes de los ciudadanos.
Las inundaciones resultan de la venta de las tierras de las riberas de los ríos y quebradas, o de la urbanización de zonas por debajo de las cotas de los ríos, o de la disposición del cauce de las quebradas y ríos para localizar las cabeceras urbanas o para construir vías.
Errores y desatinos Me inclino por creer que la labor de quienes divulgan tales explicaciones es distorsionar la realidad para que permanezcan invisibles los verdaderos responsables de estas situaciones que, en mi criterio, son causadas por los errores y desatinos en cuatro frentes: el uso del suelo, la propiedad de la tierra, la industria de la construcción, y la demanda de vivienda. Esos errores y desatinos son responsabilidad de los agentes encargados de administrar los cuatro frentes, y son ellos los verdaderos causantes del drama que literalmente nos inunda.
Competencias e incompetencia En relación con el uso del suelo son tres los mayores errores. El primero lo cometen los gobiernos locales que, a pesar de disponer de la competencia constitucional para regular el uso del suelo, apenas la utilizan y aún no parecen entender el poder que tal competencia implica, ni la oportunidad que representa para ordenar las ciudades, que es la única manera de prevenir, aunque no de evitar de manera absoluta, los riesgos y desastres. Más aún, desde que entró en vigencia la Ley 388 de 1997 y se formularon los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), estos parecen no haber contribuido a ordenar sino que, como lo demuestran los problemas actuales, más bien habrían favorecido, por acción u omisión, la precaria urbanización, la ocupación de zonas de riesgo y la localización de viviendas y empresas en lugares sin las infraestructuras y equipamientos debidos, y sin las condiciones de urbanismo suficientes, que son las causas últimas de los desastres.
Hay que mirar las causas de los desastres ambientales Si a los habitantes no le preocupan las verdaderas causas de los problemas, seguirán siendo sujetos de decisiones que, a la fija, generaran más problemas que soluciones, aunque en el corto plazo aplaudan a sus mandatarios y agradezcan las limosnas que les llegan mientras llueve. Pasa Revista Ambiental
El caso de las grandes urbes Y si bien parecería que los problemas más severos se registran en las áreas rurales y en las zonas aledañas a las riberas y desembocaduras de los ríos, lo que llevaría a afirmar que los municipios más pequeños son los que menos han aprovechado la existencia de los POT, la dimensión de algunos problemas en las ciudades más grandes indica que tampoco han logrado mayores avances en el ordenamiento de territorio, o sus resultados aún no son suficientes ni sostenibles. Muy frecuentes han sido por estos días los deslizamientos en Medellín, las inundaciones en Bogotá y Cali y los tradicionales arroyos en Barranquilla. Incluso, en ciudades como Manizales y Bucaramanga, donde existían una tradición y una experiencia relevante en el manejo de los suelos, que en buena medida es el manejo de las aguas por los problemas de inestabilidad de laderas y deslizamientos que solían presentarse, parecerían haberse olvidado las lecciones de otras épocas y abierto de nuevo las cajas de Pandora de los desastres, al autorizar la urbanización de zonas con restricciones serias, que antes eran consideradas de protección o de riesgo.
Suelos por decreto Pero si los gobiernos locales no hacen lo que les compete, el gobierno nacional suele inmiscuirse en lo que no le compete, incurriendo en el segundo error. Cuando no es aduciendo que ciertas decisiones sectoriales -minería, turismo, transporte, etcétera- priman sobre las decisiones de ordenamiento territorial de los municipios y sus POT, el gobierno nacional acude al argumento de que las autoridades municipales no son eficaces a la hora de “generar suelo” para desarrollar programas de vivienda, en particular de interés social.
- Es cobrar las cargas para poder generar los beneficios, función que no le corresponde al gobierno nacional, excepto cuando pretenda apropiarse de estas fuentes de ingresos territoriales para legitimar su rol y hacer primar sus intereses.
- Es tomar las decisiones que contribuyen a compactar, complementar y articular las áreas de expansión urbana a la ciudad ya construida. - Es dotar de las infraestructuras y equipamientos el suelo que pretende destinarse a nueva vivienda o a actividades económicas y, sobre todo,
Enriquecimiento a cualquier costo Pero cuando no se cobran plusvalías, valorizaciones y demás cargas que impone el desarrollo urbano, se propicia el enriquecimiento excesivo de unos y se traslada el costo de financiación de tales infraestructuras y equipamientos a la mayoría. Peor aún, no se genera el urbanismo, con lo cual las carencias serán la otra cara de la apropiación individual de los beneficios, de unas normas que no apuntan al desarrollo con equidad sino a la valorización circunstancial de predios, casi siempre de los que tienen influencia entre los agentes estatales. Pasa
El agua, un derecho En la Constitución Política se estableció que el agua es un derecho y en la legislación se reguló su condición de servicio público. Siendo así, la falta de garantía del agua potable para millones de colombianos y el mal manejo de las aguas servidas, su precario por no decir inexistente tratamiento y su incorrecta disposición, dan cuenta de los desastres en las cuencas bajas de los ríos Magdalena y Cauca, y las inundaciones a lo largo de sus cauces o de sus afluentes, llámense río Frío, Bogotá, Cali o Medellín, Combeima o San Juan. Son evidencias claras de que el derecho no se está respetando y, peor aún, de que la entrega de recursos para este fin está siendo inútil, tanto como el esfuerzo que la gente hace a la hora de pagar sus facturas. Si el agua tiene el carácter de servicio público, la entrega de recursos para su manejo en todas las etapas y fases de su ciclo debería ser retribuida con la entrega de agua de buena calidad y con la seguridad de que el curso de las aguas, en la forma y la temporada climática que sea, no se convertirá en una amenaza, ni alterará la cotidianidad urbana, ni la seguridad alimentaria, ni la productividad económica, menos aún la sostenibilidad ambiental y lo que esta representa.
¿Dónde quedó la bolita de la irresponsabilidad? Los errores se ahogan en un mar de disculpas. Los alcaldes dicen que ahora llueve mucho y sólo atinan a pedir ayuda del gobierno nacional, como si la responsabilidad no fuera de ellos. En honor a la verdad, los responsables de los errores y omisiones son los agentes del gobierno, pero la causa de los mismos está en la excesiva avaricia y egoísmo de los propietarios de la tierra que, con tal de ganar lo máximo deseable, están dispuestos a corromper el sistema siempre que puedan, y a hacer pasar por urbanizable la tierra en la que ellos mismos no vivirían ni permitirían que vivieran sus herederos. Porque la razón de los deslizamientos es la venta indebida e inmoral de las montañas carcomidas por una minería sin reglas y áreas de suelos inestables, condiciones suficientemente conocidas o fácilmente determinables en una sociedad seria. Las inundaciones resultan de la venta de las tierras de las riberas de los ríos y quebradas, o de la urbanización de zonas por debajo de las cotas de los ríos, o de la disposición del cauce de las quebradas y ríos para localizar las cabeceras urbanas, o por la omisión de obras estructurales que mitigarían tales amenazas. Los arroyos surgen de la falta de las obras de canalización y manejo de las aguas, menos interesantes para efectos políticos y electorales que hacer la infraestructura para un sistema de transporte que no duró ni una temporada.
Tierras malas para los pobres Porque los dueños de la tierra no solo quieren seguir acumulándola – hasta el punto de desplazar por la fuerza a millones de campesinos- sino que apenas ponen a la venta la tierra residual, la que ofrezca más problemas, para localizar a la población y sus actividades. Una visión miserabilista que retrata una de las caras más negras de la sociedad colombiana. Por eso no es gratuito que los dueños de la tierra tengan más poder que un Alcalde, que apenas puede oponerse a la urbanización de las fincas o a la construcción de empresas en los suelos rurales, y que cuando lo hace se arriesga a ganarse fuertes opositores
Constructores de vivienda Pero si los dueños de la tierra son irresponsables y el gobierno no hace nada por moderar sus apetitos, cabría esperar que las empresas de construcción de vivienda se comportaran a la altura. Y a fe que lo hacen, sólo que el rasero se establece acorde con la situación descrita en los párrafos anteriores y entonces los productores de vivienda llegan al extremo de afirmar que la tierra que no se puede urbanizar no vale nada, afirmación que bien indica el carácter parcial, comercial e inmediatista de la mayoría de los agentes del sector, bien representados por funcionarios que van y vienen entre el gobierno y los gremios y que visten tales enfoques con el ropaje de políticas públicas. A los constructores no parece importarles dónde se ponen las casas; sólo están interesados en pegar ladrillos y gastar cemento, que son las otras industrias que se enriquecen, y si las casas colapsan mañana o los barrios se deslizan por las laderas o con las masas de tierra que se desplazan, más negocios tendrán en el futuro, aunque sus consumidores pierdan el patrimonio y hasta la vida. Pasa Revista Ambiental
La apatía ciudadana El problema es que tampoco a los ciudadanos parece interesarles su propio bienestar. Eso lo indica el hecho de que no pueden escoger con criterios razonables el lugar para vivir, ni exigir respeto integral al derecho a la vida, a la ciudad, a un hábitat amable y amigable, a la vivienda, ni están en condiciones de pedir cuentas y exigir respuestas, aunque si de aceptar, sumisamente, la convocatoria a practicar la caridad humanitaria mientras ven botar a raudales la plata pública. Porque la construcción equivocada de las áreas urbanas, la expansión dolorosa de sus periferias, la ocupación indebida de las zonas más frágiles o relevantes para la sostenibilidad ambiental, se está haciendo con la complicidad inconsciente o consciente, de los habitantes urbanos. Si bien atender la necesidad de vivienda es un imperativo de los tiempos, lo es más la protección de la vida, por lo que sorprende que esta necesidad se atienda en condiciones que la ponen en riesgo, lo que indica que muchos han perdido hasta el instinto de supervivencia.
El fondo del asunto En realidad el problema es que los gobernantes, dueños de la tierra, o empresarios de la construcción, salen de los ciudadanos, y si estos son indolentes, indiferentes, irracionales e insensibles, no hay razón para quejarse de las escasas virtudes que exhiben quienes los representan. Tal vez a eso se puede atribuir su silencio cómplice ante los errores urbanos, la aceptación sumisa de las explicaciones insensatas, la incapacidad de indignarse ante tantos desastres. Si a los habitantes no le preocupan las verdaderas causas de los problemas, seguirán siendo sujetos de decisiones que, a la fija, generarán más problemas que soluciones, aunque en el corto plazo aplaudan a sus mandatarios y agradezcan las limosnas que les llegan mientras llueve. Pero la culpa no es de la lluvia, es de quienes no hacen nada por arreglar este estado de cosas, aunque tengan a su mano los recursos y el poder para hacerlo. Lo demás, es retórica.
La protección de la vida Si bien atender la necesidad de vivienda es un imperativo de los tiempos, lo es más la protección de la vida, por lo que sorprende que esta necesidad se atienda en condiciones que la ponen en riesgo, lo que indica que muchos han perdido hasta el instinto de supervivencia.
Comunidades rechazan construcción del Túnel de Oriente en Antioquia.
Santa Elena dice NO al túnel de Oriente. La comunidad se ha venido organizando ante la ausencia de socialización y concertación del proyecto por parte de la Gobernación de Antioquia, que ha anunciado a través de diferentes medios que iniciará obras en breve , sin presentarle aún a la comunidad afectada la iniciativa y sus impactos ni la manera cómo los mitigará. En la foto un tramo de la autopista Medellín Bogotá, una de las tres vías de acceso al oriente antioqueño.
Sin embargo, el Gobernador Ramos, no da reversa al proyecto. El pasado 28 de junio firmó el convenio para la construcción fase 2. En este artículo, el Colectivo Ambiental de Antioquia expone todos los argumentos ambientales, legales y económicos y afirma que como sociedad civil “agotará todas las instancias para detener la obra que ocasionará severos impactos ambientales, sociales y económicos”.
l Gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, le anuncio al país, que en breve , arrancarían las obras del Túnel de Oriente, las cuales tendrán un costo $790 mil millones.
Las comunidades organizadas, se han venido movilizando en este sentido para rechazar la construcción de la obra. Especialmente el Colectivo Ambiental de Antioquia, que no sólo aglutina representa a los ambientalistas de Antioquia sino, además, a organizaciones sociales, académicos y profesionales de las diferentes ramas, se viene pronunciando y considera altamente inconveniente iniciar las obras de este megaproyecto.
La necesidad de la obra no está justificada Dicen los voceros del Colectivo Ambiental de Antioquia que; “El gobierno Departamental y los interesados en la construcción del túnel no justifican la obra con argumentos relacionados con la saturación o con problemas de movilidad existente en las vías que actualmente comunican a Medellín con el oriente Antioqueño, o con necesidades relacionadas con el transporte de mercancías o de productos agrícolas, o para estimular el turismo o la economía de la región, que son los argumentos que normalmente se utilizan para justificar un proyecto vial. El argumento con el cual justifican el proyecto, es el ahorro de tiempo de viaje que tendrían las personas que se desplazan desde Medellín hacia el aeropuerto Jesús María Córdoba, ubicado en el municipio de Rionegro. Este argumento no tiene la fuerza suficiente para que se utilicen recursos públicos de tan alta magnitud, para favorecer una proporción tan pequeña de los ciudadanos que habitan en el departamento de Antioquia. El ahorro de tiempo de viaje que tendrían los potenciales usuarios, aproximadamente 26 minutos, que podrá ser mucho menor si por el túnel transitan camiones o tracto mulas, no justifica el monto de la inversión, si consideramos que quienes se desplazan desde Medellín al aeropuerto José Pasa
María Córdoba, tienen la posibilidad de utilizar vías rápidas como la carretera Medellín – Bogotá, La vía Las Palmas, o La Loma del Tesoro, por quienes viven en el sector sur del Valle de Aburrá. Además, para disminuir el tiempo de viaje entre el Valle del Aburrá, existe la alternativa de la construcción de segunda calzada entre Sancho Paisa y Sajonia que generaría ahorros de tiempo significativos con un costo muy inferior al de la construcción del túnel. El proyecto no tiene Licencia, ni tampoco se ha hecho el correspondiente estudio de impacto ambiental El proyecto no cuenta con licencia ambiental por cuanto CORNARE, mediante la resolución No 1764 otorgó licencia ambiental para la construcción de un túnel de 8.3 kilómetros de longitud, desde el portal occidental, ubicado en el sitio San Jorge – La Cascada, en el corredor de la Vía Medellín Santa Elena, hasta el portal oriental, localizado a dos kilómetros de la Glorieta de Sajonia en el Valle de San Nicolás, y dos accesos, el occidental, de 7 Km., que parte de la Vía a las Palmas, en inmediaciones del Club de Ejecutivos, y el oriental, de 2 Km., desde el portal respectivo hasta la Glorieta de Sajonia. Incluye además la construcción de una vía de conexión con la autopista Medellín – Bogotá, desde Sajonia, de 7 kilómetros de longitud, mientras que el proyecto del gobernador es la construcción de Túnel urbano en el sector del Seminario de Santa Elena, con una longitud de 786,5 metros, la construcción de una vía a cielo abierto que tendrá una longitud de 4.500 metros, seis viaductos y tres puentes y la construcción de un túnel que será de dos tubos, con una longitud de 8.187 metros cada uno. Uno de los tubos se utilizará para casos de emergencia y la construcción de una vía a cielo abierto con una longitud de 1.108 metros que estará localizada sobre la ladera derecha de la quebrada La Salazar y terminará con un puente sobre la glorieta de Sajonia en Rionegro. Es decir que CORNARE le otorgó licencia ambiental a un proyecto diferente al que anuncia construir el Gobernador y por lo tanto, de acuerdo con la ley 99 de 1991, es necesario iniciar un nuevo proceso de licenciamiento, el cual incluye el pronunciamiento de la autoridad ambiental, sobre la necesidad o no de un diagnostico ambiental de alternativas, para que esta escoja la mejor y sobre ella se haga un nuevo estudio de impacto ambiental, por cuanto el proyecto propuesto por el Gobernador es una alternativa más para la ejecución del proyecto. De acuerdo con el estudio de Impacto Ambiental realizado por la empresa Integral, una de las firmas socias del consorcio beneficiario de la concesión del túnel, la construcción de esta obra por los corredores escogidos, generará un abatimiento del nivel freático de las aguas subterráneas, con lo que se presentará la pérdida de las fuentes de agua que surten los acueductos de las comunidades y de las que dependen las actividades agrícolas y pecuarias que los campesinos realizan en el corregimiento de Santa Elena. Este impacto ambiental
negativo pone en alto riesgo la calidad de vida y la integridad del ambiente de una comunidad de aproximadamente 14.000 personas. La profundización del nivel del agua subterránea afectará también de manera severa la conservación de los bosques existentes en un territorio que en gran parte corresponde a una Reserva Forestal. Adicionalmente, el drenaje de los acuíferos salados presentes en el basamento rocoso de la montaña, de acuerdo con los estudios realizados por Integral, podría generar un impacto negativo sobre la calidad del agua de las quebradas Salazar (Sajonia) y Santa Elena, ubicadas en las inmediaciones de los portales oriental y occidental, respectivamente. Antioquia tiene otras prioridades En Antioquia es necesario destinar recursos para la gran cantidad de vías que de acuerdo con fuentes de la gobernación, están colapsadas por el invierno. Es urgente atender a los 540.000 desplazados que en los últimos 10 años ha generado la violencia y a las 120.000 personas afectadas por el invierno, resolver los problemas de servicios públicos domiciliarios y saneamiento básico que generan problemas de la salud en todo el departamento y transformar el vergonzoso nivel de pobreza general que degrada la vida de gran parte de la población antioqueña. Y en materia ambiental, es necesario detener el grave proceso de destrucción de los bosques, ya que la deforestación de al menos 20.000 hectáreas de coberturas boscosas que se eliminan cada año para establecer pastizales, ha homogenizado con potreros los paisajes de todos los climas. La prioridad en un territorio donde la extinción de especies, la erosión y la contaminación son graves problemas, es acometer con urgencia las soluciones integrales que jamás serán posibles si no se incrementa con creces y de manera inmediata la inversión” concluyen los voceros del Colectivo Ambiental de Antioquia..
“Colombia necesita un revolcón minero". “El debate sobre la explotación minera está al rojo vivo en Colombia y en el mundo. Hay países que están prostituyendo sus exigencias ambientales y existe el riesgo de que en Colombia pase lo mismo y puede caer en el despropósito de conceder licencias para perforación y explotación donde no se pueden conceder por respeto a la naturaleza
Textos y fotos: Juan Guillermo Cardona P. revistaelreto@hotmail.com los restaurantes del Jardín.
ino a Medellín para participar en el Foro Ambiental organizado por el Colectivo Ambiental de Antioquia en el Jardín Botánico de Medellín, acompañando al candidato a la Gobernación de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama y a los activistas del Partido Verde en Antioquia. Claro conciso y contundente en sus apreciaciones, Rodríguez Becerra, presidente del Foro Nacional Ambiental, exgerente del desaparecido Inderena, primer Ministro del Medio Ambiente en Colombia “padre” de la Ley 99 de 1993, columnista de los periódicos El Tiempo y El Espectador, nos dejó muy claro que es una de las voces más autorizada para abordar los temas ambientales con todo rigor técnico y científico.
Nos habló de su amistad y afecto con Antanas Mockus y con el Presidente Santos. Según él dos polos opuestos políticamente pero que convergen en muchos temas especialmente en la anticorrupción, el medio ambiente y el estado social de derecho. Se refirió al hecho de que existe un debate muy agitado en el país en el sentido de las agendas gubernamentales. De un lado están los inversionistas, los empresarios, los ingenieros y otros que propugnan por una agenda gris, la agenda del cemento y de la infraestructura. La otra es la de los campesinos, indígenas, afrodescendientes, humanistas y ambientalistas en general que propenden por una agenda verde y por la prioridad de protección y conservación de los ecosistemas.” Yo creo que son los de la agenda verde los que tienen la razón”.
Al terminar su exposición ante el nutrido auditorio que colmó el recinto del Jardín Botánico, lo abordamos y en compañía de los ingenieros Luís Aníbal Sepúlveda Villada, vicepresidente de Acodal y Alejandro Alzate, ex funcionario de Corantioquia nos acomodamos en la tranquilidad y comodidad de uno de
Las preguntas y respuestas iban y venían en un derroche de conocimiento sobre la situación ambiental del país, los impactos de la ola invernal, el cambio climático y muy especialmente sobre la minería. Nos dijo que “el debate sobre la explotación minera está al rojo vivo en Colombia y en el mundo. Hay países que están prostituyendo sus exigencias ambientales y existe Pasa
el riesgo de que en Colombia pase lo mismo y puede caer en el despropósito de conceder licencias para perforación y explotación donde no se pueden conceder por respeto a la naturaleza. Infortunadamente existen indicios de que por allí vamos, como se observa en el acelerado desmonte de las licencias ambientales, que incluye la iniciativa de que los sectores minero o de infraestructura tengan una fuerte intervención en su otorgamiento. O sea juez y parte. Es el colmo. También preocupa que muchos quieran impedir que se expida normatividad ambiental dirigida a modificar o a imponer nuevos estándares ambientales, que son imprescindibles frente a las locomotoras económicas del Gobierno”. Expresó que “las actividades mineras no son necesariamente compatibles con la protección del ambiente. Si no somos cautelosos en ello se harán irreparables daños a la gran riqueza en biodiversidad y agua del país, los dos recursos que tienen una importancia vital e innegociable para el desarrollo productivo y para garantizar la calidad de vida de los colombianos en el largo plazo”. “Si queremos que las cosas funcionen debemos tener bien claro dónde y cómo se pueden realizar actividades mineras y asegurarnos de un estricto cumplimiento de ley basados en los más altos estándares ambientales y sociales a nivel mundial. Para ello habrá que exigir el uso de las mejores tecnologías de punta”. Se refirió al Gobierno de Álvaro Uribe y expresó que “fue lamentable el balance de sus ocho años de Gobierno, las entidades minero ambientales durante su Gobierno dieron grima. Fue lamentable su capacidad técnica para lidiar con las “locomotoras” del progreso. Dio grima su independencia frente a los sectores regulados”.
Santa Marta o por el degradado centro del Cesar o todos los días recibe noticias de muertos en las minas y socavones, de víctimas de la minería legal o ilegal, es la única conclusión que el ciudadano puede tener. Claro está que no todo proyecto produce un desastre ambiental y como en todo hay honrosas excepciones”. Existen empresas como el Cerrejón, Cerromatoso, y en Antioquia tienen una considerada de las mejores como es Mineros S.A., que cumplen fielmente con la normatividad ambiental y son muy estrictas en materia de seguridad industrial. No se ha producido en ellas ningún desastre ambiental. En el caso específico de El Cerrejón, la empresa hace alarde sobre las magnificas restauraciones que ha hecho en la recuperación de suelos y de capa vegetal, pero miren bien como en el caso de Cerrejón se pueden ver las huellas inevitables que deja la minería a cielo abierto. Cicatrices que son el costo que la sociedad paga por recibir otros beneficios”. Para Rodríguez Becerra la minería no es en todo una actividad indeseable y dijo: “lo indeseable, y esto lo repito en todos los medios y en todos los escenarios, lo indeseable es tratar de convertir al país, en forma indiscriminada, en un territorio “guaca” para la explotación sin miramientos por la protección de nuestra inmensa riqueza natural. El país tiene que apuntarle única y exclusivamente a la minería responsable y amigable con el medio ambiente, si es que podemos esperar que exista” Nos habló sobre el río Magdalena, sobre el deterioro ambiental de la cuenca, de recurso hídrico, de residuos sólidos, de su posición frente al tema de reestructuración de las CAR y de reforma del SINA. Temas todos que aborda con conocimiento, con rigor técnico e investigativo y sobre todo con una enorme sensibilidad ambiental.
Fue tajante al afirmar que “tenemos unas autoridades ambientales y mineras que son una vergüenza y que no dan ninguna seguridad para que la actividad minera se realice en forma tal que se garantice a los colombianos su derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente sano. Sé que en el Ministerio, en las CAR y en Ingeominas hay muchísima gente honesta, pero también hay otros que causan daño. Es por ello, dijo, que “se requiere dotar al nuevo Ministerio de Ambiente, a las CAR y a Ingeominas de nuevas y mejores herramientas, de independencia y de una alta capacidad técnica. Igualmente establecer mecanismos para controlar cualquier tipo de corrupción en esas entidades. Se requiere de un revolcón total. La situación actual no se remedia con “pañitos de agua tibia”. Además es urgente cerrar las enormes grietas ambientales que tiene el Código Minero”. “La impresión que se tiene hoy en Colombia es que todo proyecto minero tiende a producir un desastre ambiental. Si uno se pasea por las playas pavimentadas de carbón de
Rodríguez Becerra acompañado de Luís Aníbal Sepúlveda Villada y Alejandro Alzate, en el Jardín Botánico de Medellín
INFORME En Colombia
Por: Juan Guillermo Cardona P. revistaelreto@hotmail.com
Entre 2004 y 2009 el Ministerio de Minas otorgó 5.010 títulos mineros y tramitó 11.475 solicitudes en todo el territorio nacional. Para 2009 los títulos asignados ascendieron a 7.862 y el número de solicitudes a 12.924, mientras la superficie que se dio en concesión rebasó la cifra de 4.4 millones de hectáreas, un área superior a las extensiones dedicadas a la agricultura. El actual Gobierno busca controlar y remediar la “rueda suelta” en que convirtieron la minería en Colombia. Pasa Revista Ambiental
l panorama de la minería en Colombia es verdaderamente desolador. El ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega, develó y denunció un verdadero caos en el otorgamiento de títulos mineros durante los ocho años de Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y reveló el fraccionamiento de estos títulos en áreas de parques naturales y páramos, juegos especulativos, títulos sin control, acaparamiento y violación de los derechos de las comunidades mineras tradicionales.
La minería debe estar regida por principios de sustentabilidad y desarrollar tecnologías para proteger el medio ambiente
El catastro minero es una catástrofe, dijo el Ministro al poner como ejemplo el caso aberrante de un título que otorgó derechos sobre un área de 19 metros de ancho por 309 kilómetros de longitud y que afecta 16 títulos y otro en el que se detectaron 500 solicitudes mineras para dos personas. También advirtió que cuando algunas personas ligadas a grupos irregulares presentaban solicitudes de títulos mineros éstos eran tramitados y otorgados en forma acelerada.
La misión de la minería responsable es impactar lo menos posible, consumir el menor recurso hídrico y hacer compensaciones que permitan mitigar sus impactos y conservar el medio ambiente Anunció el Ministro que ante esta caótica situación, todos los casos de irregularidades serán puestos en conocimiento de los organismos de control y que su cartera trabaja en la creación de la Agencia Nacional Minera para “atacar todas estas irregularidades que se vienen presentando en la minería colombiana. Se acaba, desde ya la “piñata” de títulos mineros” anunció el Gobierno y se suspendió el trámite de 19 mil solicitudes que estaban en curso”.
Que se cumpla con la normatividad ambiental La minería ilegal no es sólo aquella que opera con título minero legalizado, sino toda aquella que no cumpla rigurosamente con la normatividad minero ambiental y con los principios del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM)
La situación Entre 2004 y 2009 el Ministerio de Minas otorgó 5.010 títulos mineros y tramitó 11.475 solicitudes en todo el territorio nacional. Para 2009 los títulos asignados ascendieron a 7.862 y el número de solicitudes a 12.924, mientras la superficie que se dio en concesión rebasó la cifra de 4.4 millones de hectáreas, un área superior a las extensiones dedicadas a la agricultura. Así los páramos, nacimientos de agua, cuencas de ríos, áreas de protección natural y biodiversidad quedaron expuestos a un grave riesgo debido a la explotación de metales preciosos, materiales para construcción y carbón, la destrucción de ecosistemas y complejos montañosos, el vertimiento de metales pesados tóxicos como el mercurio y el derroche de recursos hídricos que se requieren para desarrollar la explotación, así como el uso generalizado del cianuro para facilitar la extracción del oro, con serias consecuencias para la salud pública, son impactos irreversibles.
La minería anda como “ rueda suelta” Aunque Colombia cuenta con una buena estructura ambiental, en el caso de la minería con excelente legislación, la actividad ha estado actuando como “rueda suelta” y realmente son pocas y honrosas excepciones, las empresas que cumplen las normas y realizan la actividad minera de manera responsable y sostenible o que cumplan fielmente con los postulados y principios de la ICMM para el desarrollo sustentable de la minería en el mundo.
OPINIÓN la explotación ilegal del oro ha originado contaminación por mercurio en la bahía de Buenaventura. La minería ilegal extrae riqueza y deja pobreza y desolación. La minería ilegal no es sólo aquella que opera con título minero legalizado, sino toda aquella que no cumpla rigurosamente con la normatividad minero ambiental y con los principios del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) que son:
Entre los casos más preocupantes sobre explotación minera con graves impactos ambientales se encuentran la explotación de oro en La Colosa en Cajamarca ( Tolima) con un estimativo de reservas de 12.5 millones de onzas; el proyecto minero de Angostura, en Santander que puede afectar el Páramo de Santurbán en el cual se calculan 8.5 millones de onzas y los yacimientos de carbón en Jagua de Ibirico (Cesar) cuya explotación ha ocasionado una gravísima situación social y de deterioro ambiental. “Para mirar los terribles estragos de la minería en nuestro país, sólo basta con mirar el Departamento de Cesar” dijo Manuel Rodríguez Becerra, durante un foro ambiental realizado en el Jardín Botánico de Medellín, organizado por el Colectivo Ambiental de Antioquia.
Buscar el mejoramiento continuo en el desempeño ambiental. Contribuir a la conservación de la biodiversidad y a enfoques integrados de planificación territorial. Contribuir al desarrollo social, económico e institucional de las comunidades de las áreas de operación Implementar y mantener prácticas éticas de negocios y sistemas sólidos de gobierno corporativo. Integrar los temas de desarrollo sustentable a todos los procesos y decisiones. Apoyar los derechos humanos fundamentales y el respeto por culturas, costumbres y valores en relación con los empleados y los grupos afectados por sus actividades. Implementar estrategias de gestión de riesgo basadas en información válida y una sólida base científica. Buscar el mejoramiento continuo en el desempeño de salud y seguridad. Facilitar y estimular el diseño, uso, reutilización, reciclaje y disposición final de los productos. Implementar con las partes interesadas mecanismos de información, comunicación y participación que sean efectivos, transparentes y verificables independientemente.
“Colombia minera, desarrollo responsable”
La minería ilegal De otro lado están las extracciones ilegales que vienen siendo atacadas duramente por el Gobierno y que han causado un enorme impacto ambiental que se ha manifestado en la destrucción de fauna, flora, biodiversidad y contaminación de cuerpos hídricos. Además genera espirales de violencia en los territorios. Uno de los ejemplos más claros es la extracción de oro en el río Dagua, en el corregimiento de Zaragoza en Buenaventura donde los daños causados con las excavaciones han modificado el cauce del río con aumento de riesgo por desbordamientos y deslizamientos. Las comunidades de la zona están en riesgo, habitando viviendas precarias y
El actual Gobierno considera la actividad minera como un motor de desarrollo y bajo el slogan “Colombia minera, desarrollo responsable” busca poner orden a la actividad priorizando las variables ambientales y reversando decisiones adoptadas por los anteriores Gobiernos, lograr su objetivo de una minería “ambientalmente responsable, fiscalmente sostenible y socialmente solidaria” ¿Lo logrará? Por lo pronto la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 1382 de 2010 que pretendía reformar el Código Minero expedido en 2005. El alto tribunal consideró que en el trámite legislativo no se consultó a las comunidades indígenas. Además en su Artículo 13 disponía que la minería es “de Pasa
utilidad pública y de interés social”, Artículo que en concepto de los ambientalistas, abría la posibilidad de que se expropien bienes de personas que tienen sus terrenos en zonas donde una empresa nacional o transnacional tenga fines de explotación minera.
La Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 1382 de 2010 que pretendía reformar el Código Minero expedido en 2005
Cayó la reforma al Código Minero La Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 1382 de 2010 que pretendía reformar el Código Minero expedido en 2005. El alto tribunal consideró que en el trámite legislativo no se consultó a las comunidades indígenas. Además en su Artículo 13 disponía que la minería es “de utilidad pública y de interés social”.
Pero lo más grave es que la Ley 1382, a pesar de haber sido declarada inexequible, estará vigente por dos años, mientras el Congreso atiende los requerimientos de la Corte que obligan a realizar la consulta con las comunidades indígenas “libre e informada”. (Convenio 169 de la OIT). Recordemos que la consulta previa es requisito legal y el obviarla es causal de inexequibilidad de toda Ley como se presentó en el caso de la Ley Forestal del Gobierno de Uribe. A juicio de los mineros la Ley 1382 era perniciosa para el sector porque según ellos, se establecía que para comenzar la exploración en un territorio una persona debía pagar al cabo de tres días de expedición de la autorización un cánon superficiario por un año. Este pago es una contraprestación al Estado por el permiso para comenzar la exploración del área.
Una política de desarrollo para los pequeños y medianos mineros. Teniendo en cuenta las posibilidades económicas y sociales de la pequeña minería, el Gobierno Nacional debería formular e implementar una política de desarrollo minero para los pequeños y medianos proyectos, buscando su legalización
Quienes no había pagado el primer año se les dio un plazo de tres meses para hacerlo a partir de la entrada en vigencia de la Ley. “la aplicación de la Ley incrementó los trámites y obligó a adelantar pagos de los cánones a los mineros sin que tuvieran una claridad jurídica” dijo Jairo Herrera, Director del Portal Información minera Colombiana. Según Herrera “la Ley poco le aportaba al país, a la minería y a Ingeominas” y agregó que “el debate sobre la protección a los ecosistemas ya no debía existir pues las zonas de protección deberían estar definidas claramente. La ley protegía los páramos y los parques naturales, pero estos sitios no están definidos claramente porque el MAVDT todavía no ha hecho esta tarea. Lo que hay que decidir es si el país está o no a favor del desarrollo de la minería” Herrera afirmó que “hay dudas sobre la inexequibilidad de la Ley pues es extraño que se
Recursos de las regalías Respecto de la responsabilidad social empresarial y ambiental, el Gobierno debe tener en cuenta que debe participar en la protección y recuperación del medio ambiente que obligatoriamente se afecta. ¿Por qué no destinar entonces, recursos de las regalías de municipios y departamentos a planes de recuperación ambiental?
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declare inconstitucional pero sólo hasta dentro de dos años”. ¿Qué va pasar con la gran inversión que hizo Greystar, por ejemplo en la exploración en vetas y California?, preguntó. De todas formas es alentador que se abra la discusión sobre el futuro de la minería. La enorme preocupación por el medio ambiente ha cobrado vital importancia, pero también hay una clara intención del Gobierno de impulsar la economía a partir de la minería. Según el Gobierno, Colombia se ha convertido en un país atractivo para la inversión extranjera directa, debido entre
otros factores al auge global de las materias primas y al alza de los precios internacionales de varios metales. Esta situación motiva la inversión en exploración y explotación alrededor del mundo, especialmente en aquellas zonas que tienen potencial sub- explotado. En este contexto, Colombia presenta para los inversionistas diversos factores de competitividad que a su vez se transforman en oportunidades tangibles de desarrollo económico para el país. No obstante esta entrada de recursos al sector minero nacional multiplica el desarrollo de proyectos e impacta severamente factores ambientales.
La protección ambiental El MAVDT es el organismo rector de las políticas y regulaciones ambientales del país. Estas políticas deberán estar articuladas con las otras políticas como la minería para asegurar el desarrollo sostenible como lo establece la Constitución como lo es el derecho a gozar de un ambiente sano, así como la protección del patrimonio natural y cultural de la Nación. Cuenta Colombia con las CAR, que son entes públicos autónomos y que constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, encargados por Ley de administrar el medio ambiente en sus jurisdicciones.
Es un un compromiso ineludible para los empresarios mineros ser responsables con el medio
Aunque Colombia cuenta con una buena estructura ambiental, en el caso de la minería con excelente legislación, la actividad minera ha estado actuando como “rueda suelta” y realmente son pocas y con honrosas excepciones las empresas que cumplen las normas y realizan la actividad minera de manera responsable y sostenible o que cumplan fielmente con los postulados y principios de la ICMM para el desarrollo sustentable de la minería en el mundo. Es un gran reto y un compromiso ineludible para los empresarios mineros hacer minería responsable en el país, ya que Colombia es una de las naciones de mayor diversidad biológica del mundo, pues con sólo el 0.7% de la superficie continental, posee cerca del 10% de la diversidad biológica del globo. Esta inmensa riqueza y patrimonio hacen de Colombia un país único que debe ser preservado. Las autoridades ambientales, en su gran mayoría le están apuntando a ello. Lo mismo deben hacer las compañías mineras so pena de desaparecer.
Los pequeños mineros Cerniendo la arena de los ríos y arañando las paredes de los socavones más peligrosos, los mineros informales han sido capaces de generar empleo y obtener ingresos para el sostenimiento de miles de familias. Por: Martín Alfaro Mejía
Los precios internacionales de metales preciosos y otros minerales han incentivado la inversión extranjera directa en muchos países productores, como Colombia. A su vez, los grandes proyectos mineros que tienen alta capacidad económica, técnica y financiera, han ido desplazando a los pequeños productores.
• Esquemas de seguridad industrial, salud ocupacional, seguridad social, responsabilidad ambiental y social de las empresas jurídicamente organizadas por la pequeña minería
Algunas grandes empresas, como el caso de Mineros S.A. se caracterizan porque se comprometen a funcionar bajo principios de legalidad, responsabilidad social y ambiental, mientras que los pequeños mineros se dedican a la explotación ilegal. Sin embargo, cerniendo la arena de los ríos y arañando las paredes de los socavones más peligrosos, los mineros informales han sido capaces de generar empleo y obtener ingresos para el sostenimiento de miles de familias.
• Plan de protección, conservación y recuperación ambiental con responsabilidad de la pequeña minería donde pueden hacer sus explotaciones mineras
Por eso, antes que perseguir e intentar cerrar estos pequeños proyectos mineros, que obviamente no cumplen con los estándares de seguridad, calidad y responsabilidad social y ambiental, se debe comprender su impacto social, permitiendo que muchas personas con sus salarios hayan podido participar en el desarrollo social de sus familias y de sus comunidades, algunas de las cuales han podido acceder a la educación superior y vivienda propia, entre otros servicios. Teniendo en cuenta las posibilidades económicas y sociales de la pequeña minería, el Gobierno Nacional debería formular e implementar una política de desarrollo minero para los pequeños y medianos proyectos, buscando su legalización de la siguiente manera: • Organización en cooperativas o proyectos mineros comunitarios • Asistencia técnica y legal a los pequeños mineros • En las zonas donde no se puedan realizar explotaciones mineras por razones ambientales, hidrográficas y de biodiversidad, generar proyectos sociales y productivos que presenten alternativas laborales a los mineros en sitios de influencia histórica de la minería
• Participación ciudadana y comunitaria en los proyectos de la pequeña minería
• Que los grandes proyectos mineros de las multinacionales puedan contar con la participación de las empresas organizadas jurídicamente de la pequeña minería • Fiscalización y control por parte de las Entidades del Estado a los proyectos mineros Desincentivar la ilegalidad: que los proveedores de materiales y servicios mineros sólo puedan hacerlo con empresas u organizaciones legalmente constituidas; los municipios productores con mayor sector ilegal en la minería que se les disminuyan las transferencias por regalías hasta que no hagan planes de control y regulación minera en sus territorios Acceso al crédito de los pequeños mineros para modernización en infraestructura. De este modo, la pequeña minería puede seguir existiendo y aportando desde la legalidad al desarrollo social y al crecimiento económico de las diferentes localidades y regiones. Respecto de la responsabilidad social empresarial y ambiental, el Gobierno debe tener en cuenta que debe participar en la protección y recuperación del medio ambiente que obligatoriamente se afecta. ¿Por qué no destinar entonces, recursos de las regalías de municipios y departamentos a planes de recuperación ambiental? Lástima que ni Gobierno Nacional ni Congreso lo hayan contemplado en la reforma de las regalías.
La confusión de la minería en Colombia Por Amylcar Acosta Medina
l paso que vamos les quedamos a deber a las multinacionales que explotan los recursos minerales en el país. Recordemos que según cifras de la Cepal y Naciones Unidas, Colombia es el país latinoamericano que menos recauda con relación al PIB, por explotación de recursos no renovables”. Y como lo acaba de plantear el mismísimo FMI, “Latinoamérica necesita gravar adecuadamente la explotación de recursos naturales, ya que los impuestos que pagan las firmas con concesiones privadas son muy bajas en muchos países”; Colombia es uno de estos. Por ello, no es descabellada la propuesta del ex Ministro de hacienda Rodrigo Botero (neoliberal como el que más) de “elevar la tributación del sector minero-energético, con el fin de recaudar una porción considerable de las ganancias ocasionales originadas en los altos precios internacionales”. Otro ex ministro de hacienda, José Antonio Ocampo (este sí de tendencia socialdemócrata) considera que “la mejor política para manejar la bonanza es un impuesto a la exportación de minerales. Se replicaría en este campo la manera como manejamos las bonanzas cafeteras en el pasado, con éxito bien reconocido”. Efectivamente, dos países mineros por excelencia como lo son Australia y Chile reajustaron recientemente el llamado state take en la explotación de sus minerales, esto es el porcentaje de ingresos que esta genera con el que se queda la Nación. En Guatemala el llamado Royalty minero llega al 50% cuando el precio del oro sobrepasa la cotización de los US $900 la onza, como ocurre actualmente. En el Perú, el partido de gobierno acaba de proponer elevar la regalía del oro hasta el 10%. Enhorabuena Por todas las razones anteriores, compartimos plenamente la propuesta del Senador Juan Mario Laserna, coordinador ponente del proyecto de Plan Nacional de desarrollo (PND), en el sentido de reajustar las regalías a pagar por parte de las grandes empresas extractoras del oro. Dicha propuesta fue presentada en la ponencia respectiva y busca establecer una tarifa progresiva del impuesto al oro entre el 4% actual y el 12%. En ello tiene toda la razón, pues resulta inconcebible por no decir que irritante que mientras el charquero de Manaure en La guajira paga el 12% por la sal que extrae la multinacional Greystar, la misma que le sigue
teniendo el ojo puesto al páramo de Santurbán, pagaría sólo el 4% por el más precioso de los minerales, el oro. Eso es ridículo! Pero, además de incrementarle el porcentaje del impuesto se debe plantear también la revisión del precio que sirve de referencia para la liquidación y pago de las regalías, que hoy inexplicablemente es el 80% del precio internacional promedio del último mes. En este sentido comparto plenamente la opìnión del experto Mauricio Cabrera, en el sentido que a la explotación del oro y no sólo del oro “se le debería imponer un esquema similar al del petróleo. En este caso, la compañía petrolera tiene que ceder una parte de la producción al Estado, que puede llegar hasta el 50%; la regalía va del 8 al 25% dependiendo del tamaño de la producción y tiene que ceder entre el 30 y el 50% del incremento de los precios”. Ello significa que de aplicarse esta fórmula en este momento cuando los precios del crudo rondan los US $100 el barril, el Estado recibiría adicionalmente por concepto de altos precios el 40% de los mayores ingresos, con lo cual el government take sería superior al 70%. Y esta fórmula no se la inventó Mauricio, tampoco la sacó de un cubilete mágico, “estas condiciones no son de la Venezuela del socialismo del siglo XXI, sino de la Ronda Colombia 2010, y no espantaron a los inversionistas”, por el contrario dicha ronda estuvo sobre- demandada y fue todo un éxito. Además, tenemos como antecedente lo pactado a través de un Otrosí en el contrato de Asociación entre Ecopetrol y la Chevrón - Texaco,en el sentido que los ingresos extraordinarios provenientes de la venta del gas natural extraído a precios superiores a US $1.26 el millar de pies cúbicos, se reparte por mitades entre los dos socios. Y estamos hablando de una actividad que como la exploración y explotación de hidrocarburos es de alto riesgo. Mientras el petróleo, a guisa de ejemplo, hay que ubicarlo a través de la sísmica y la perforación de pozos, que son costosísimos y riesgosos, el carbón sólo hay que cubicarlo porque ahí está. A juicio del exministro Botero, “la política minero – energética tendrá que condicionarse a la política macroeconómica, en vez de que sea a la inversa. Eso implica aplicarle gravámenes adicionales a ese sector, ya sea por intermedio de un impuesto a las ganancias ocasionales o de regalías crecientes para recaudar la mayor proporción de Pasa
Tatequieto del Consejo de Estado Desafortunadamente la tendencia en el país ha sido la contraria, siempre se ha tratado de minimizar los pagos de las compañías que explotan los RNNR al Gobierno Nacional y a las entidades territoriales. El caso más patético es lo ocurrido con la explotación de los mismos en áreas en donde el subsuelo es propiedad de los particulares. En el 2001 cuando se expidió por parte del Congreso de la República la Ley 685, como resultado de múltiples presiones se impuso que “en el caso de propietarios privados del subsuelo”, deberían pagar “no menos del 0.4% del valor de la producción” por concepto de regalías. Pues bien, el Gobierno Nacional, ni corto ni perezoso, expidió el Decreto 1631 de 2006 mediante el cual se reglamentó dicha norma disponiendo que en el caso del oro dichas regalías serían de sólo el 0.4%, sin importar el volumen de la producción y en el caso del carbón se fijó el mismo irrisorio 0.4% para la pequeña y mediana minería, esto es para una producción menor de las 3 millones de toneladas y de 0.6% en el caso de la gran minería. Por fortuna, el Consejo de Estado le salió al paso a semejante despropósito y declaró la nulidad de los artículos 1, 2 y 3 de dicho Decreto, al considerar que “el Gobierno desbordó la atribución presidencial reglamentaria al no acatar disposiciones de la Corte Constitucional y del propio Consejo de Estado que encontraron que esos límites al pago de las regalías no eran ajustados a la Carta de 1991. El Consejo de Estado encontró que existe una diferencia desproporcionada entre el pago de regalías por propietarios privados del subsuelo que explotan carbón y metales preciosos, y las regalías pagadas por el subsuelo de propiedad del Estado”. Añade la providencia “la sanción del Decreto 1631 fue una burla a dos fallos de la Corte Constitucional y del mismo Consejo de Estado, a través de los cuales se declaró la inconstitucionalidad de ese tope mínimo desproporcionado para el cobro de regalías por la explotación minera”. Y no es para menos, es que estamos hablando de una diferencia abismal: mientras que en tratándose del subsuelo del Estado, en el caso del carbón la pequeña y mediana minería paga el 5% y en el de la gran minería el 10%; en contraste con el 0.4% y el 0.6%, respectivamente, que se pretendía cuando se trata del subsuelo privado, como si el impacto económico y social fuese menor del que se deriva de la explotación del carbón cuando el Estado es el titular del subsuelo.
inversión en activos fijos es una de ellas), de las cuales este sector fue uno de los más favorecidos, en el marco de dicha Ronda, el Ministro Rodado les dio la tranquilizante noticia de que con tal alivio tributario “no solamente compensaría sino que dejaría a las empresas en una mejor circunstancia cuando se comparen los dos efectos”. Ello va a contrapelo, como ya quedó dicho,de la tendencia que se está dando en el resto del mundo. Un estudio divulgado por el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE), de la Universidad de los Andes, señala que “la explotación carbonera a cielo abierto en el Cesar y sus impactos ambientales y de pobreza pueden llegar a superar los beneficios percibidos por esta actividad en términos de empleos, regalías e ingresos fiscales”. Agrega, además, que “la evidencia muestra que las firmas perciben ganancias sustanciales dados los bajos costos de producción y el buen comportamiento de los precios internacionales, que los incentiva a agotar el mineral en el menor tiempo posible de forma insostenible”. Es bueno precisar que ni las regalías ni los impuestos deben entenderse como compensación por el impacto ambiental; la mitigación de este, amén de las medidas remediales, deben correr por cuenta de
Al alza o a la baja Este, el de la revisión al alza de las tarifas de impuestos, regalías y/o compensaciones, debería ser el debate del momento, en lugar estar el Gobierno viendo “cómo disminuye o reduce la tasa de impuesto a la renta corporativa” a las empresas mineras, como lo acaba de plantear el Ministro de Minas y Energía Carlos Rodado Noriega. A la inquietud expresada por parte de voceros de algunas multinacionales en la Feria Minera de Toronto, Canadá, por el desmonte de ciertas gabelas impositivas (la deducción del impuesto de renta del 30% de la
Javier Díaz Molina Director del Analdex "Hay una gran evasión en el pago de regalías"
fuera poco se le ha anunciado al país por parte del Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry una nueva reforma tributaria para el mes de abril. Esta cascada impositiva se viene después que durante los dos cuatrienios anteriores se erosionó la base impositiva a causa de la proliferación de beneficios tributarios al gran capital, a tal punto que después de haber logrado que los ingresos tributarios pasaran de representar el 16% del PIB en 2007 al 13.1% en el 2009 y cerró el 2010 en el 12.4%. Se repetirá la historia, de tener que aumentar los tributos al resto de colombianos para de esta manera tapar el hueco fiscal que se abre con el tratamiento siempre generoso que se le brinda al gran capital? Afana más el velón que el dueño de la olla la empresa explotadora del recurso. Así lo reconoce una de ellas; según la empresa surafricana Anglo Gold Ashanti que explota la mina La Colosa en el Tolima, “esto no es cierto. El Plan de Manejo Ambiental que desarrollan las compañías para compensar y mitigar los impactos ambientales se financia con recursos de las empresas”. Es que, además de la responsabilidad social corporativa que les concierne, así lo
prescribe el Artículo 80 de la Carta. Las regalías, los impuestos y/o compensaciones, entonces, son más bien, como lo consagra la Constitución Política, “una contraprestación ecónomica” por el valor intrínseco del mineral que se extrae, el costo de oportunidad inmanente y las externalidades económicas y sociales negativas que traen aparejadas tales desarrollos. Lo paradójico de esta historia es que mientras se le promete a las multinacionales de la minería esta rebaja de impuestos, estando en la cresta de la ola alcista de los precios internacionales de los minerales, no hace nada se tramitó una reforma tributaria (Ley 1430 de 2010) y al amparo de la Emergencia Económica, Social y Ambiental que se decretó recientemente con motivo de la tragedia invernal se expidió el Decreto 4825 de 2010 para arbitrar mayores recursos. Se aspira por parte del Gobierno recaudar de esta manera entre 5 y 6 billones de pesos. Además, con la entrada en vigencia del impuesto al patrimonio establecido en el gobierno anterior se espera recaudar $10 billones adicionales. Y, como si lo anterior
No faltan quienes salen en defensa de las prerrogativas dispensadas en el pasado a las grandes empresas, aduciendo que “las señales recientes han generado inquietud y llevado a la paralización de decisiones de inversión, algo que puede salir muy costoso en el mediano plazo” y fingen abrigar temores de que se crea “que en Colombia el Ejecutivo quiere exprimir a la gallina de los huevos de oro”. No hay tal que las grandes inversiones extranjeras en el sector minero obedezcan a la tan cacareada “confianza inversionista”, como la entendió el anterior gobierno; sencillamente la gran demanda por los productos mineros y sus altos precios han alentado a la inversión y a los inversionistas a apostarle a esta actividad. Una prueba fehaciente del aserto anterior nos la suministra la reciente encuesta aplicada entre compañías mineras 2010 – 2011 (Survey of Mining Companies) divulgada por el prestigioso Instituto Fraser, de la cual concluye que “ninguna compañía minera dejaría de invertir en Colombia por razones tributarias”. Llama poderosamente la atención que “el 12% de los inversionistas internacionales considera que el régimen tributario colombiano alienta la inversión; el 56% dice que no desestimula la misma, 27% dice que es medianamente disuasorio frente a la inversión; y ninguno cree que los impuestos ahuyenten a los capitales”. Como quien dice, afana más el velón que el dueño de la olla! Da grima la debilidad institucional Huelga decir que, según el Director de Analdex Javier Díaz, se presenta una gran evasión en el pago de regalías en la explotación del oro, que puede llegar a los US $16 millones anuales, “la cuarta parte de lo que debió recaudar”, producto en gran medida de la ilegalidad y la falta de control. Y qué decir del caso Drumond, que se vió obligada por un fallo del Consejo de Estado a pagar más de US $33 millones al Estado por concepto de regalías, las cuales le habían sido birladas por dicha empresa. Posteriormente tuvo que cancelar US $48 millones de resarcimiento por liquidación inapropiada de regalías. Y por qué pasan cosas como estas? Pasa
Pues, sencillamente porque el Estado ha estado inerme, indefenso, debarajustado, sobre todo después de su funesto desmantelamiento en la administración Uribe. Para empezar“el catastro minero se ha convertido en un hueco negro. La masiva entrega de títulos mineros en los últimos años a empresas y personas respetables, pero también a especuladores de los RNNR o como un medio de pago de favores políticos”. Basta con señalar que mientras en el 2002 el área titulada para minería era de 1.1 millones de hectáreas (0.98% del territorio nacional), ya para el 2009 dicha área se había ampliado a 8.4 millomes de hectáreas (casi el 10% del territorio) y quedaron en estudio 40 millones de hectáreas adicionales (36% del territorio nacional). Esto es la locura (¡!), habida cuenta de la gran debilidad institucional que acusa el sector minero, que da grima, cuya autoridad se ha visto desbordada por esta avalancha, a tal punto que el Ministro Rodado se vio forzado a cerrar por seis meses la admisión de nuevas solicitudes de licencia y a suspender los términos de más 16.000 de solicitudes en trámite. Se propone el Gobierno reemplazar a la incompetente Ingeominas por una Agencia Nacional del mismo corte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para que sea ella la que administre el recurso mineral y asignarle sus funciones de inspección, vigilancia y control a una Superintendencia que se crearía para tal efecto. Tales decisiones, que deben estar mediadas por estudios previos, van en la dirección correcta, no así el articulito introducido en el proyecto de PND a través del cual se pretende establecer una modalidad de expedición de licencias express que podría agravar tan deplorable estado de cosas. Perdón, lo primero es lo primero; en este momento la prioridad es poner la casa en orden, en lugar de seguir otorgando más licencias a tontas y a locas. El tiempo apremia para hacerlo!
mercado de US $17.5 billones, aupada sin duda por la riqueza de los yacimientos con que cuenta en Colombia. En cualquier momento puede alzar vuelo y dejar otra empresa en su lugar, sin que el Estado colombiano tenga que ver en el asunto. Es el caso, también, muy comentado por cierto, de la multinacional carbonera Drumond, que acapara los mayores yacimientos en el Departamento del Cesar. Según ha trascendido a través de los medios, la Drumond está negociando la venta de sus activos a Xtrata por una suma de US $8.000 millones, aproximadamente. Como lo delata el profesor Salomón Kalmanovitz “en términos gruesos, la empresa ha invertido US $2.000 millones a lo largo de los años de su operación en el país, lo cual significa que la valorización de sus activos es del orden de los US $6.000 millones”, en provecho exclusivo y excluyente de la multinacional. Y muy seguramente, como ocurrió con la venta de Bavaria a SAB Miller por US $7.000 millones, que hicieron pasar por “intercambio de acciones” para no pagar impuestos en Colombia, esta transacción terminarán efectuándose allende nuestras fronteras a través de la casa matriz de la Drumond en Alabama y Colombia se quedará viendo un chispero. A todas esas cabe preguntarse quién, cuándo y cómo le va a responder al Cesar y a Colombia por la debacle ambiental que está dejando la Drumond como estela de su paso devastador por la otrora feraz tierra de este Departamento, convertida ahora en verdaderos eriales, que más parece un paisaje lunar. Hasta cuándo se seguirán dando situaciones como estas a ciencia y paciencia de nuestras autoridades? ¡Quien al tiempo de ganar no supo el modo, al tiempo de perder lo pierde todo!
Los especuladores a saco Un aspecto que ha venido pasando por desapercibido y sobre el cual queremos llamar la atención es el relativo a la especulación con los títulos adquiridos por parte de los particulares. Como lo sostiene el experto Mauricio Cabrera, “se ha creado un submercado con esos títulos. Para poner un ejemplo: los concesionarios que van a explotar la mina de oro de La ventana, la vendieron en 5 millones de dólares después de haber invertido solamente 500 millones de pesos en ella. Luego la compró una compañía canadiense que en total ha invertido 130 millones de dólares, sin haber sacado un gramo de oro y la va a vender en 1.500 millones de dólares. Ellos están vendiendo el oro del Estado colombiano”, sin que este se de siquiera por enterado y, lo que es peor, sin que ello le reporte un solo peso. En el caso de la Gold Ashanti, con sede en Johanesburgo, en menos de dos años el valor de su acción en bolsa pasó de US $15.10 a US $45.48 de octubre pasado a comienzos de marzo de este año. En menos de dos años se valorizó un 201.2% hasta alcanzar un precio en el
Beatriz E. Uribe Restrepo , Presidente de Mineros S.A.
“ Somos protectores ambientales” “La protección ambiental y el cumplimiento de nuestra responsabilidad social está por encima de todas nuestras actividades y resposabilidades”
Por: Juan Guillermo Cardona P
esde aquella noche del 29 de noviembre de 2005 cuando compartimos el escenario para recibir el Premio Ambiental Vida, otorgado por Corantioquia y el IDEA a Mineros S.A, conocimos a esta extraordinaria ejecutiva, Presidente de la importante empresa Minera. Beatriz E. Uribe R., una mujer con mano de hierro (o de oro? ) y guante de seda. De hierro porque ha logrado consolidar a Mineros S.A. como una de las empresas más grandes y prósperas del sector y a la vanguardia como compañía minera responsable ambientalmente. De guante de seda por su calidad humana, su sensibilidad social y preocupación por hacer de la actividad minera no sólo motor de progreso económico para el país y para las comunidades de los territorios donde opera, sino además porque concatena admirablemente la
rentabilidad económica de su empresa con la sensibilidad social, protección del entorno natural, el profundo amor por las artes, especialmente la música, la literatura, el cine y el mejoramiento de la calidad de vida de las familias de más de 1500 mineros que laboran en su compañía, además de generar progreso en las regiones donde opera. “La protección ambiental y el cumplimiento de nuestra responsabilidad social está por encima de todas nuestras actividades” dice Beatriz E. Uribe Restrepo , una mujer que inició su vida profesional en Galletas Noel como Directora de Mercadeo y que lleva más de 30 años en Mineros, 10 de ellos como Presidente, tiempo en el cual ha marcado su quehacer con el slogan “Minería responsable del Siglo XXI” y lo ha logrado en medio de todas las dificultades que implica una actividad que aparentemente riñe con el medio ambiente. Pasa
Minieros S.A. es hoy uno de los muy pocos ejemplos, en Colombia, para demostrar que la minería sostenible y responsable si es posible.En el 2010 reportó inversiones en protección ambiental y de la biodiversidadl por más de $ 3.353 millones en programas de revegetalización, parcela agroforestales, manejo de humedales, de flora y fauna, en monitoreo y seguimiento, educación ambiental, construcción de viveros; además desarrolla cultivos de piña, guayaba, biofábrica y plantación de caucho Con razón y además de Premio Ambiental VIDA de Corantioquia- IDEA-, la Fundación Siembra Colombia y la Embajada Británica, con el apoyo del MAVDT le otorgaron el Premio Sello de Oro en responsabilidad Ambiental. La Fundación Codesarrollo le condecoró con el Premio Autogestión Ambiental (2006). También recibió el Premio Olami de Ecología y Ambiente “Guido Sá de Albuquerque” y por sus programas de reforestación y compensación mitigación de impactos, recibió Premio a los Mejores Agricultores de Expoifinca.
a cabo prácticas respetuosas con el medio ambiente y la sociedad. ¿Cuáles son los principales logros de MINEROS S.A. en su política de responsabilidad ambiental? •	Haber consolidado una alta oferta de servicios ambientales basados en la biodiversidad, luego del proceso de recuperación ambiental, que impulsa el desarrollo rural y sostenible de las comunidades en la región donde operamos. •	Haber generado una cultura ambiental interna que trasciende las fronteras de la organización y se difunde hacia las comunidades vecinas. •	Haber impulsado la creación de organizaciones locales que ofrecen servicios de gestión ambiental, y de encadenamientos productivos transformadores de los recursos naturales locales. Hablamos con Beatriz E. Uribe R, la mujer ejecutiva de tiempo completo, que viaja por todo el mundo, la dama elegante que con sencillez está atenta a todo requerimiento de las comunidades del territorio donde opera y que “se pone las botas” cada que puede para inspeccionar, evaluar y corregir los procesos que ejecuta su empresa. ¿Cómo evalúa y vislumbra MINEROS S.A. su política de responsabilidad social y ambiental empresarial? Consideramos que son políticas integrales, acordes a las necesidades del entorno y de la compañía y que comprometen a cada uno de los integrantes del Grupo Mineros con llevar
¿Qué complejidades sociales y de orden público se presentan en el territorio de sus actividades? ¿Cómo las ha enfrentado? MINEROS históricamente ha operado en territorios alejados, con débil presencia institucional y con comunidades golpeadas por el conflicto armado. Nunca se ha desconocido este fenómeno pero hemos mantenido una posición lejana a cualquiera de los actores armados al margen de la ley. Nuestros aliados son las comunidades, la confianza y comunicación que establecemos con estas desde que llegamos a cualquier territorio, el comportamiento basado Pasa
en el cumplimiento de la ley y en el respeto por los derechos humanos. ¿Cómo y de qué manera le impacta a MINEROS S.A. la minería ilegal?
•	Como socio en el territorio, mediante la ejecución de un Convenio Marco que hace sinergia con el logro de los objetivos comunes de gestión ambiental. ¿Si es posible la minería sostenible?
Como Empresa ciento por ciento legal, MINEROS actúa según lo establece la normatividad en materia de control de la minería ilegal en títulos de la Compañía debido a que no quiere poner en riesgo ninguno de las áreas que se encuentran a su nombre. Llegamos hasta donde se nos permite, de ahí en adelante dejamos todos en manos de las instituciones competentes.
Claro que sí. Si partimos de la definición de desarrollo sostenible, “satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras”, la minería hoy en día ofrece una enorme oportunidad para lograrlo.
¿Cuáles son los planes, programas y proyectos que desarrolla MINEROS S.A. en materia de mitigación y compensación de impactos ambientales?
La empresa colombiana Mineros S.A. busca nuevos proyectos en minas de Perú, Argentina y Brasil, como parte de sus planes de expansión a largo plazo,
•	El Plan de Manejo Ambiental (Parcelas, Humedales, MIRS, etc.). •	El Sistema de Gestión Ambiental certificado. •	Los Convenios de Gestión Interinstitucional (Educación Ambiental, Fauna, etc.).
“Hasta el momento estamos haciendo todo el proceso de exploración en Colombia pero tenemos ya planes en algunos países y proyectos para ir a mirar, que es como una primera visión de ellos, en Perú, Brasil y Argentina.
•	Los proyectos de extensión rural (Jatropha, Caucho, Apicultura, etc.).
¿ Qué programas de expansión tiene Mineros S.A?
Estas iniciativas son parte de una estrategia de crecimiento futuro, ya que la aspiración es que la empresa sea considerada como una firma de gran tamaño en 2020 y llegue a producir 500.000 onzas de oro y metales preciosos.
¿Cómo evalúan ustedes la percepción que tienen las comunidades respecto a MINEROS S.A.? Durante los últimos años hemos venido consultando la percepción que tienen nuestros grupos de interés sobre nuestro comportamiento ambiental, social y económico, y el balance ha sido positivo. La mayoría están de acuerdo en calificarnos como una empresa minera líder en sus prácticas en materia de sostenibilidad, en aportar al desarrollo de las comunidades y en contribuir al progreso de los territorios en los cuales opera. ¿Cuál es el compromiso de MINEROS S.A. frente a los objetivos de Desarrollo del Milenio y en la adaptación a los impactos del cambio climático? Como empresa social y ambientalmente responsable incorporamos en nuestro quehacer diario diversas estrategias para contribuir a estas importantes iniciativas. Inculcamos a todos nuestros colaboradores la importancia de adoptar un compromiso individual y colectivo en pro de una mejor sociedad y de la conservación del medio ambiente ¿Cómo interactúa MINEROS S.A. con las autoridades locales de los municipios donde opera y con la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia-CORANTIOQUIA? •	Dentro del ejercicio de autoridad de la Corporación, con el cumplimiento de los requerimientos y obligaciones de ley.
EJEMPLO DE MINERIA RESPONSABLE
Mineros S.A. es un Grupo Empresarial privado dedicado a la exploración y producción de oro y metales asociados, con responsabilidad social y ambiental. . Cuenta con dos Unidades Estratégicas de Negocio, una de explotación, que opera minería aluvial y subtérranea en El Bagre, Nechí y Zaragoza, subregión del Bajo Cauca antioqueño. La otra unidad estratégica es la de negocios mineros, que cuenta con actividades en esa misma zona y además en Remedios y Amalfi, en el Nordeste antioqueño; en San Jacinto del Cauca y la región de Guamocó (municipios de Santa Rosa del Sur y Montecristo) en el sur de Bolivar; y en Pensilvania y Pácora, en Caldas. Tiene como subordinadas las empresas Proyecto Sabaletas S.A.S., Operadora Minera S.A.S. y Exploradora Minera S.A.S. Proyecta expandirse a Perú, Brasil y Argentina. Pasa
Sus cifras MINEROS S.A., presentó a la Superintendencia Financiera los estados financieros correspondientes al primer trimestre de 2011.Con un incremento del 49% con respecto al mismo periodo del año 2010, MINEROS alcanzó una producción de 28.760 onzas de oro; parte de este incremento, corresponde a la operación subterránea de la Mina La Ye, ubicada en el Municipio de Zaragoza – Bajo Cauca Antioqueño. Los ingresos por producción, tanto aluvial como subterránea, alcanzaron la suma de $75.665 millones, un 84% por encima respecto al 2010. De la misma manera, la utilidad operacional del periodo fue de $35.912 millones, duplicando el valor obtenido en el mismo periodo del año anterior. Dado que en el trimestre no hubo ingresos extraordinarios como en 2010 con la venta de MINEROS NACIONALES, la utilidad neta fue de $24.692 millones, contra $34.236 millones de 2010.
Las comunidades son nuestras grandes beneficiarias Los pobladores del área de operaciones de Mineros S.A. desarrollan proyectos productivos en las zonas intervenidas y recuperadas, como parte de la responsabilidad social y ambiental de la Compañía Miera.
Inversión ambiental en 2010 $3.353’898.393 290% más con respecto a 2009. Programa de Revegetalización $493’873.029 Programa de Parcelas Agroforestales $325’613.377 Programa de Manejo de Humedales $195’757.300 Programa de Manejo de Fauna $46’072.000 Programa de MIRS $337’856.758 Programas de Manejo Físico $304’289.469 Plan de Monitoreo y Seguimiento $151’304.000 Programa de Educación Ambiental $32’910.500 Otros costos administrativos $741’130.360 Gestión ambiental mina La Ye $155’838.103 Gestión ambiental exploración $569’253.500
Ambientalmente responsable El presidente de UNE EPM Comunicaciones, Horacio Vélez de Bedout, recibe el Premio Sello de Oro en responsabilidad ambiental de la Fundación Siembra Colombia y la Embajada Británica.
La Fundación Siembra Colombia y la Embajada Británica, con el apoyo del MAVDT otorgaron a UNE EPM Comunicaciones el Premio Sello de Oro en Responsabilidad Ambiental. Su gestión ambiental interna es un ejemplo empresarial para el país. Por: Juan Guillermo Cardona P revistaelreto@hotmail.com
os grandes empresas antioqueñas recibieron, a finales de 2010 el Premio Responsabilidad Ambiental Galardón Sello de Oro de Siembra Colombia y la Embajada Británica, con el apoyo del MAVDT como un reconocimiento a la gestión ambiental empresarial y a sus buenas prácticas ambientales. El importante galardón otorgado a UNE EPM Comunicaciones y MINEROS S.A., coloca a estas compañías como un ejemplo a seguir por todo el sector productivo nacional, les abre puertas en los mercados y les optimiza su imagen corporativa ante la comunidad internacional. Une Comunicaciones Con este Sello, UNE es la primera empresa del sector de telecomunicaciones en el país calificada como ambientalmente responsable al realizar prácticas que promueven una producción más limpia, el uso racional de los recursos naturales, la construcción de una cultura ecológica empresarial, el desarrollo sostenible como opción de crecimiento económico sustentable y la creación de espacios amables con el entorno.
Acciones en pro del paisaje Operarios de UNE EPM Comunicaciones realizan permanentemente labores de paisajismo y arborización.
Horacio Vélez de Bedout, presidente de UNE, expresó que “es verdaderamente emocionante recibir este reconocimiento en nombre de una compañía colombiana pública, logramos internamente con un serial de 4.450 computadores configurados, generar una ahorro del alrededor del 34 por ciento en consumo de energía y evitar emisiones de CO2 en 1503 toneladas, con una disciplinas y unas metodologías que le vamos a regalar al Ministerio del Medio Ambiente, como un programa piloto, para que todo el mundo reconozca una práctica sana en torno a un ambiente sano”. Pasa
Prácticas ofimáticas UNE recibió esta distinción por la ejecución del proyecto “Definición de Ecoprácticas Ofimáticas orientadas al uso eficiente de los recursos energéticos asociados”, el cual aplica una serie de técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas que disminuyen el uso de la energía “sin comprometer la productividad de la empresa”, ya que la gestión ambiental en UNE es, además, una estrategia financiera y de reducción de costos operacionales. El compromiso con la adaptación al cambio climático global es responsabilidad de todos. Según los análisis realizados, en el año 2009 el consumo de energía eléctrica asociada a los equipos de cómputo de UNE ascendía a los 3.9 Gigawatts con un costo de $1.041 millones de pesos y una generación de CO2 estimada en 1.520 Ton/Año.
La gestión ambiental como excelente estrategia financiera Expresa el funcionario que el proceso de gestión ambiental de UNE “tiene como finalidad desarrollar un adecuado manejo de los aspectos e impactos ambientales generados por la compañía a través de una correcta gestión medioambiental que involucra la prevención, mitigación, control, compensación y promoción, garantizando así el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y los compromisos dentro de un marco de actuación que
UNE EPM Telecomunicaciones tiene aproximadamente 4.450 equipos configurados con prácticas ofimáticas que representan el 97.8% de un total de 4.650 equipos, entre los que se encuentran portátiles y fijos con monitores CRT y LCD. Mediante la aplicación de las prácticas ofimáticas se estima una reducción en el consumo de energía de $745 millones anuales, una disminución del 65% en la facturación de este recurso y en la emisión de gases efecto invernadero producidos por la generación de energía eléctrica, contribuyendo así a la mitigación del cambio climático.
permita su competitividad y transparencia. Su alcance está circunscrito a productos internos y externos en las regiones de Colombia donde Une tiene presencia”.
A 2011, UNE EPM Telecomunicaciones tiene 4.450 equipos configurados con prácticas ofimáticas.
El ingeniero José Jaime Restrepo Sierra, técnico ambiental de la empresa, expresó a EL RETO que “UNE viene trabajando en la creación y mantenimiento de un Sistema de Gestión Ambiental con programas como el Uso Racional y Eficiente de la Energía, Manejo Integral de Residuos Sólidos, Uso Eficiente y Ahorro del Agua, Gestión de la Contaminación Acústica, Manejo del Componente Arbóreo, Gestión del Paisaje, Gestión de Emisiones Atmosféricas, Gestión de la Contaminación Electromagnética, Manejo de Aguas Residuales; y Gestión ambiental en proyectos, obras y actividades no licenciadas.
UNE tiene implementado el programa Uso Racional y Eficiente de la Energía, cuyo objetivo principal es la racionalidad del uso de energía directa e indirecta de fuentes primarias con la meta de reducir al 2015 el 30% de consumo de energía directa en las sedes administrativas. En este programa se realizan actividades en iluminación eficiente e inteligente, reemplazo de equipos, compras Energy Star y energías renovables. Con el objetivo de disminuir costos asociados a los componentes civiles, operativos y ambientales, se instalaron terrazas verdes en sedes administrativas y operativas, como en la central telefónica de Bello y en la sede del barrio La América de Medellín, con lo cual se estima una reducción del consumo de energía en un 45% de los equipos de aire acondicionadoPasa
Biodiversidad En UNE la protección y preservación de la biodiversidad en sus zonas de influencia, se realiza por medio del manejo de los componentes arbóreo y paisajístico Con el fin de realizar una gestión adecuada del componente arbóreo que interfiere con las redes asociadas a la telecomunicaciones, se trabaja en conjunto con Área Metropolitana del Valle de Aburrá y EPM en el diseño del Programa de Manejo del Componente Arbóreo (PMCA) que busca prevenir su deterioro al interactuar con la infraestructura. Tiene como meta a 2015 que el total de las intervenciones se realicen de manera integral con actividades de poda, tala, transplante, siembra, compensación, contingencias, sensibilización, formación, monitoreo y seguimiento. En materia de paisaje se realizan labores permanentes de pintura y lavado de postes y armarios, mejoramiento de andenes y evaluación de alternativas de mimetización de armarios e infraestructura
Grupo de trabajo ambiental De izquierda a derecha aparecen: juan David Palacio, Natalia Andrea Franco, Victoria Eugenia Durango, Adriana Eugenia Rave, Luz Vilma Ramírez, Julián Correa, Dora Patricia Soto, Leidy Marín, José Jaime Restrepo, Mónica Echeverri, Liliana María Ruiz y Lina María Salinas. Son ellos quienes realizan la gestión ambiental interna de UNE.
Control de emisiones Cuenta con el Programa de Gestión de Emisiones Atmosféricas (PGEA) para reducir las emisiones de gases y material particulado generados en forma directa e indirecta. Sus acciones están orientadas a conversión de vehículos a gas natural vehicular, monitoreo y seguimiento a consumo de combustibles, optimización del uso de motores, búsqueda de tecnologías limpias asociadas a emisiones. Estas actividades le permitieron en 2010 reducir sustancialmente las emisiones.
“Cumplir con la responsabilidad social, ambiental empresarial es un buen negocio”
Igualmente con el uso de las videoconferencias, teleconferencias y web conference se ha contribuido a la disminución del consumo de energía En materia de ruido, UNE tiene como meta al 2015 al reducir los desplazamientos del personal entre sedes y ciudades. que todas las instalaciones y equipos se encuentren por debajo de los estándares mínimos permisibles. “Es más rentable económicamente realizar una Realiza actividades de reubicación y sustitución de equipos, apantallamiento y cabinas acústicas, adecuada gestión ambiental que no hacerla” mantenimiento preventivo y monitoreo y evaluación. Agua Con la instalación de dispositivos ahorradores, reposición de sanitarios, legalización de captaciones y aprovechamiento de aguas lluvias, une ha logrado una reducción del 24% del consumo de agua en las sedes; cuenta con el 100% del sistema de abastos con dispositivos ahorradores instalados, lo mismo que 50 sistemas de ahorro. También muestra como resultado una disminución de 45.959 metros cúbicos de agua suministrada por terceros.
Electromagnetismo La reducción de los impactos ambientales por la contaminación electromagnética es motivo de gran preocupación para la gestión en UNE. Según el ingeniero José Jaime Restrepo Sierra, el Ministerio de la Información y las Comunicaciones ha tomado como fuentes fundamentales para establecer la normatividad asociada a emisiones Pasa
radioeléctricas la Recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT K52 referida a “ Orientación sobre el cumplimiento de los límites de exposición de las personas a los campos electromagnéticos. También la Recomendación 199/519/EC de julio de 199 del Consejo Europeo y las Recomendaciones para limitar la exposición a campos electromagnéticos por la Comisión Internacional para la Radiación No. Ionizante, ICNIRP. Por lo anterior en Colombia rige el Decreto 195 de 2005 que adopta los límites de exposición y se adecúan los procedimientos para la instalación de estaciones radioeléctricas. Este Decreto está reglamentado por la Resolución 1645 de 2005 que define las categorías de accesibilidad y de fuentes inherentemente conformes, es decir, aquellos sistemas o servicios que por sus características cumplen con los límites de exposición definidos en la Norma no requieren mediciones de conformidad de emisión electromagnética. Los sistemas o servicios prestados por UNE son considerados como fuentes inherentemente conformes, por lo tanto, las emisiones de sus estaciones base cumplen con los límites permisibles adoptados por Colombia”. Manejo integral de residuos El adecuado manejo y la gestión integral de los residuos es otro aspecto a resaltar dentro de las acciones ambientales de UNE. Una de las materias primas más utilizadas en la empresa es el papel. Este material es fabricado con fibras de eucalipto de bosques cultivados bajo criterios de sostenibilidad ambiental en un proceso debidamente certificado por la Forest Stewardship Council (FSC). El proceso de fabricación
es libre de cloro lo que lo hace biodegradable y reciclable. Pero además existe una preocupación real por la disminución permanente del uso del papel, energía y agua utilizados para las facturas con la iniciativa “factura web”, una modalidad de pago que brinda a los clientes de Une la oportunidad de recibir, visualizar y pagar la factura de servicios vía web. En 2010 se vincularon 8.400 usuarios a este sistema. El programa MIRS comprende una adecuada minimización, separación, aprovechamiento, tratamiento y disposición final. En 2010 se generaron 954.065 kilos de residuos sólidos y se utilizaron 87.015 kilos de papel. En cuanto a residuos de cobre (cableado) se generaron 307.947 kilos, en ordinarios e inertes 107.208 kilos, lámparas fluorescentes 1673 kilos, baterías plomo ácido 99.220 kilos, Respel 85.847 kilos y RAEEs 59.647 kilos.
“Patrocinamos y nos vinculamos decididamente en las campaña nacionales para recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)” Durante el marco del programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos (MIRS), la empresa se vinculó como patrocinadora de las campañas nacionales de recolección de residuos eléctricos y electrónicos en Cali, Bogotá, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga. Durante estas campañas entregó 5.5 toneladas de estos residuos para su desensamble, aprovechamiento y disposición final..
Terrazas verdes Con el objetivo de disminuir costos asociados a los componentes civiles, operativos y ambientales, se instalaron terrazas verdes en sedes administrativas y operativas, como en la central telefónica de Bello y en la sede del barrio La América de Medellín, con lo cual se estima una reducción del consumo de energía en un 45% de los equipos de aire acondicionado. En la gráfica la terraza verde en Bello.
Área Metropolitana inicia obras de prevención del riesgo.
por la temporada invernal en los municipios de La Estrella, Girardota y Sabaneta, con inversiones por 850, 905 y 2.300 millones de pesos, respectivamente. Así mismo, se destinaron recursos por 4.500 millones de pesos para ejecutar obras de mitigación de riesgos en los municipios de Bello e Itagüí.
Las obras, que tendrán un costo cercano a los 3.000 millones de pesos, van dirigidas a la prevención de deslizamientos y movimientos de tierra.
Campaña Concientízate de Corantioquia y Enviaseo.
$ 2.900 millones invertirá el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en la ejecución de obras de mitigación de riesgos en tres zonas de la capital antioqueña.“Las obras se orientan a la prevención de deslizamientos y se ejecutan en un momento donde el incremento en las lluvias puede poner en peligro la vida y los bienes de cientos de personas que habitan las zonas más vulnerables de la ciudad” expresó Mauricio Faciolince Prada, Director de la entidad. Las obras. En El Picacho se realizarán obras de control de drenaje como cunetas para aguas superficiales y filtros para que fluyan las aguas subterráneas. Esta zona presenta constante movimiento de tierra y en cerca de 300 viviendas ya se observan fallas estructurales en viviendas y vías. En el barrio Las Estancias las obras a desarrollar se enfocan en estabilización del suelo con un sistema de anclajes activos. Y en el barrio San José La Cima se construirá un muro en concreto de 24 metros que dará estabilidad a la zona minimizando el riesgo sobre las viviendas y las vías. Estas acciones se suman a las realizadas por la entidad en año pasado, con inversiones por más de 10 mil millones de pesos en mitigación de riesgos y en atención de desastres. Estas inversiones apoyaron obras realizadas en zonas afectadas
Enviaseo y Corantioquia, con el apoyo de Ecycling S.A.S., trabajan en el proyecto Concientízate, una campaña para la recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el municipio de Envigado. Cuando estos residuos se disponen inadecuadamente son potencialmente peligrosos y de alto impacto a la salud humana y al medio ambiente, por la presencia de algunos compuestos tóxicos en su estructura. Por esto, tú también puedes llevar los aparatos eléctricos y electrónicos que ya no uses a los puntos de recolección en Envigado: Almacenes Éxito, Supermercados Euro, Institución Universitaria de Envigado y en la Alcaldía de Envigado. Se puede llevar memorias USB, monitores, teclados, CPU, equipos de red, fax, impresoras, escáner, teléfonos, cámaras, reproductores DVD, TV, consolas de video juegos, entre otros. Las pilas, baterías, cables y toners se reciben solo cuando hacen parte de un equipo. Del reciclaje se pueden extraer materiales como plástico, vidrio, metales ferrosos y no ferrosos, entre otros. Aproximadamente el nivel de recuperación de los equipos eléctricos y electrónicos está en un 95%, que luego pasarán a ser materias primas refinadas para su reutilización industrial.
Necesitamos otro planeta El problema de la contaminación ambiental, el agua en el mundo y otros tantos factores que tanto conocemos de sobra Pasa
han puesto de pies a toda la gente del Fondo Mundial para la Naturaleza, asegurando que para el año 2030 necesitaremos otro planeta, además de este, para poder vivir.
Cada año la WWF -Sigla del Fondo Mundial para la Naturalezahace un estudio de los índices relacionados al medio ambiente. El “Planeta Vivo 2008″ indica que nuestro planeta sufre graves consecuencias respecto de todo lo que en el sucede, y las industrias siguen como siempre levantando la polución del planeta que genera efectos secundarios altamente dañinos. El informe, además, señala el problema del agua en el Mundo. Textualmente indica: “unos 50 países se encuentran actualmente enfrentados a un estrés hídrico moderado o grave” lo que realmente da que pensar. “Y el número de personas que sufren la penuria del agua, ya sea todo el año o por temporadas, aumentará debido al cambio climático” indica además el informe.
Procurador General de la Nación ordena investigar ocho CAR Por presuntas omisiones en el manejo del riesgo y en la ejecución de obras en su jurisdicción, así como de las actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres durante la ola invernal (2010-2011), el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, designó como “funcionario especial”, en primera instancia, al Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Óscar Darío Amaya Navas, para que adelante por separado las investigaciones disciplinarias a que hubiere lugar o las asuma si ya se hubieren iniciado, contra los directores generales y provinciales de ocho (8) Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). La medida cobija a las siguientes autoridades ambientales: - Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)
- Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) - Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) - Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) - Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) - Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB) - Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) -Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima).
Procuraduría sancionó a Exdirector de CARDIQUE Con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de doce meses e inhabilidad por el mismo término, la Procuraduría General de la Nación sancionó al señor Agustín Arturo Chávez Pérez en su condición de Director de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, CARDIQUE, para la época los hechos, por extralimitación de funciones, conforme a actuaciones realizadas entre los años 2005 a 2010. El Procurador Segundo Delegado para la Vigilancia Administrativa, Fernando Brito Ruiz, consideró que el señor Chavéz Pérez incurrió en falta grave cometida a título de culpa grave, al omitir el cumplimiento de la normatividad legal en materia ambiental y no aceptar los planteamientos del Ministerio de Ambiente frente a las discrepancias surgidas a partir de la creación del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, EPA.
CORPOURABA invirtió cerca de $ 8 mil millones en 2010 En el marco de la Asamblea Anual Corporativa, realizada en pasado 19 de mayo. El Director General de Corpourabá dio a conocer la inversión desarrollada en 2010 en los 18 proyectos en bosques y biodiversidad, gestión de recursos hídricos, calidad de vida urbana, procesos productivos y fortalecimiento de gestión ambiental. Según el informe, CORPOURABA invirtió en 2010 $ 7.910.094.313 En la Asamblea fueron nombrados los alcaldes de Uramita, Pasa
Miguel Ignacio Restrepo y de Necoclí, Edison Yañez Tirado com representantes al Consejo Directivo y se reeligó como revisora fiscal a Emma Eugenia Cadavid Bedoya.
Así mismo y como alternativas para mitigar los niveles de riesgos por eventos asociados a quebradas, la Alcaldía continúa en la ejecución de acciones tendientes a la reparación, construcción y protección de obras hidráulicas, con el fin de prolongar su vida útil o restablecer sus condiciones de estabilidad y funcionamiento. Adicional a estas labores, la Secretaría del Medio Ambiente de Medellín atiende los trabajos de limpieza, rocería o remoción de sedimentos en cauces o estructuras hidráulicas que puedan presentar riesgo por taponamientos o insuficiencia hidráulica, para lo cual tiene proyectado invertir más de $1.500 millones de pesos.
Firmado convenio macro entre Cornare, Cenicafé y la FNC.
Asamblea Corpourabá
Alcaldía de Medellín invierte $ 11.000 millones en quebradas
Un convenio macro de Cooperación entre CORNARE, la Federación Nacional de Cafeteros y el Centro de Investigaciones de Café, Cenicafé, que beneficiará en su etapa inicial a 3 mil 600 familias de caficultores fue firmado el pasado 12 de mayo. El convenio que se desarrollará en dos años, contempla la siembra de 8 millones 500 mil árboles de café y 110 mil especies forestales. También se construirán 500 estufas eficientes con sus respectivos huertos leñeros y 300 sistemas sépticos para el saneamiento básico en todos los municipios de la jurisdicción de CORNARE Trabajo conjunto Al centro María Patricia Tóbón Hincapié, Secretaria del Medio Ambiente de Medellín. La acompañan las directivas de AMVA.
Alcaldía de Medellín interviene este año 16 quebradas de la ciudad, dentro de las que se encuentran La Quintana, La Carevieja, La Moñonga, La Cascua, Chorrohondo, La Milagrosa, Caño Antonio Nariño, La Magdalena, La Hueso, Bellavista, La Escopetería, El Chambul, La Poblada, y la Iguaná entre otras Más de $9.500 millones de pesos serán invertidos en estas obras, orientadas a disminuir el grado de vulnerabilidad física de la población asentada en las zonas de retiro de las quebradas ante el riesgo de inundaciones o deslizamientos.
La gestión de la Secretaría del Medio Ambiente de Antioquia Según las cifras presentadas por la Secretaria del Medio Ambiente de Antioquia en la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el Departamento de Antioquia ha invertido $ 56.132.234.248 en programas de protección ambiental. $20.068.878.971 aportados por el Departamento y $ 36.063.355.277 son recursos de gestión. Pasa
Putumayo murió al pisar una mina cuando hacía un patrullaje en territorio de esta área protegida.
La titular de la secretaría, Ofelia Elcy Velásquez H. ,Dio a conocer algunos de los programas en el comunicado de prensa remitido a los medios de comunicación . “Programa No.1: Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas Recursos de gestión: $2.698.417.162 Recursos del Departamento $2.506.522.689 Total inversión programa: $ 5.204.939.851 Programa No.3: Buenas prácticas ambientales Recursos de gestión: $ 6.106.898.318. Recursos del Departamento: $ 4.408.919.203 Total inversión Programa: $ 10.515.817.521 Programa No.4: Protección y Conservación de los Recursos Naturales. Recursos de gestión: $ 20.742.355.635. Recursos del departamento: $ 7.373.530.596 Total inversión programa: $ 28.115.886.231
Con un flash mob se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente de parte de CORANTIOQUIA el pasado 3 de junio en Medellín. Un grupo 30 personas se reunió para hacer una "toma de agua", en el corazón de la ciudad, Guayaquil, uno de los lugares más concurridos de Medellín. Pocos de los asistentes sabían qué era eso de un flash mob. Lo pensaban como un tipo de marcha o un tipo particular de campaña. Los ánimos estuvieron siempre arriba, por la novedad para muchos de esta innovadora forma de hacer campaña y, sobre todo, por su interés en proteger el medio ambiente. En total, asistieron alrededor de 30 personas, que con vaso de agua y manilla, también sembraron la curiosidad por ese otro gran patrimonio natural: el agua. Esta actividad se hizo como una campaña por el medio ambiente que adelanta CORANTIOQUIA, en el marco del D7 (Séptimo Diálogo Interamericano sobre la Gestión del Agua), que se realizará en Medellín del 13 al 19 de noviembre. "Somos agua" es el nombre de la campaña, porque este año el tema es el Agua
Programa No.6: Fortalecimiento Institucional. Aportes de gestión $ 42.000.000 Aporte del Departamento $ 184.599.999. Programa No.7: Manejo Ambiental de Residuos Sólidos Recursos de gestión: $ 6.473.684.162 Recursos del departamento: $ 4.761.278.775 Total inversión programa: $11.234.962.937” En el informe no se presentaron cifras de los programas 2 y 5 ni se detallaron proyectos específicos
Con Minas antipersonas invaden parques naturales colombianos Además de resistir el tráfico de animales, la tala y la cacería ilegal, así como la Siembra de cultivos ilícitos, un nuevo problema ataca a los parques nacionales del país: las minas antipersonales instaladas por la guerrilla en estos territorios de reserva. Jaime Girón Portilla, un funcionario de Parques Nacionales quien dedicaba su vida al cuidado de la biodiversidad en el Parque Nacional Los Churumbelos, ubicado entre los departamentos de Cauca, Huiila y
Educando por el Agua El Área Metropolitana del Valle de Aburrá formuló y ejecutó el proyecto “Sensibilización y promoción del uso racional y eficiente del agua en el Valle de Aburrá”, con el que se logró impactar a más de noventa mil personas a través de las acciones programadas. Con 16 mil 323 visitas puerta a puerta, ochenta intervenciones artísticas y mil cien talleres para padres, estudiantes y docentes, la Entidad le enseñó a la ciudadanía de manera directa formas prácticas y concretas de cuidar este importante recurso, además promovió el autocontrol en el consumo. La inversión, que superó los 770 millones de pesos, fue ejecutada en un lapso de seis meses en los nueve municipios del Área Metropolitana, llegando a todas las comunas de Medellín y sus corregimientos, y en el caso de los demás municipios se intervinieron hasta cuatro barrios, además de 38 instituciones educativas del sector público.
La salud también está en cuidados intensivos “Antioquia tiene la salud en cuidados intensivos. En la administración de Ramos Botero, ha hecho falta una rectoría efectiva que conduzca el sistema y no que confronte, entonces hemos tenido muchas dificultades, viendo como hospitales con recursos propios o del mismo municipio deben y pueden hacer una infraestructura y no se les ha dejado, por ejemplo, el Hospital Manuel Uribe Angel de Envigado, tiene unos recursos para invertir, sin embargo, la Gobernación de Antioquia le ha puesto mil trabas para que no lo haga” dice Luís Alberto Martínez, Director Ejecutivo de la Asociación de Empresas Sociales del Estado (ESE) en Antioquia..
en el municipio de Arboletes, 1500 habitantes se quedaron sin el servicio básico de atención. En entrevista con el Director Ejecutivo de La Asociación de Empresas Sociales del Estado en Antioquia (AESA), Luis Alberto Martínez, nos explica por qué la salud en Antioquia es un problema endémico, lo cual ya ha generado paros en hospitales como los de Puerto Berrío y Arboletes., los trabajadores paralizaron el servicio por mora en el pago de salarios ¿Qué puede estar pasando para que en algunos municipios de Antioquia como Puerto Berrio y Arboletes, se presenten estos paros del sector de la salud? Luís Alberto Martínez
a salud en los municipios antioqueños se encuentra desde hace mucho rato en cuidados intensivos y con peligro de una muerte fulminante, los motivos son diversos: la intermediación de las EPS, que al no pagar a los hospitales a tiempo retrasan el servicio de calidad a los usuarios, esto, sumado al deseo de privatizar la salud por parte del gobierno nacional, al pretender entregar los servicios a Eps como Caprecom, que no cuenta con la logística adecuada para atender las necesidades en salud de las comunidades, lo cual llevaría a prestar una atención de día en día más precaria. Preocupa también que las cooperativas de Trabajo Asociado actúen como intermediarias en la contratación del personal de la salud, lo cual se ha demostrado afecta las condiciones dignas de trabajo, todo esto, a su vez incide en un mal servicio a los usuarios, especialmente las clases menos favorecidas, sólo
Hay varias situaciones que agravan el sistema de salud en el departamento de Antioquia, no solamente se vive una crisis a nivel hospitalario, como lo hemos venido informando desde el año pasado, sino en todo el sistema de salud antioqueño. Muchas de estas causas provienen de la falta de recursos en el sistema, de la falta de liquidez, hoy dice el Departamento de Antioquia que debe alrededor de 400 mil millones de pesos a las EPS del régimen subsidiado, a las IPS públicas, al Hospital San Vicente de Paúl se le deben 50 mil millones de pesos, a Comfama se le debe alrededor de 22 mil millones de pesos, a su vez estas entidades le deben a los hospitales públicos y privados. Tenemos una crisis de liquidez, no sólo en régimen subsidiado, sino también en el régimen contributivo, a este se le debe a nivel nacional 1,1 billones de pesos, que los tiene que pagar el FOSIGA, por lo que se ha denominado los recobros y las tutelas, ellos a su vez, le deben 300 mil millones de pesos a los hospitales públicos del Departamento. Se cree que la deuda Pasa
es de 3,1 billones sumando todos los hospitales públicos colombianos. Esto obviamente asfixia a los hospitales, los cuales no pueden responder eficiente y oportunamente con sus nominas, con el pago de las cooperativas de trabajo asociado, con el pago de proveedores y demás. Entonces ya la gente no aguanta, porque ya han aguantado 5, 6 y hasta 10 meses sin pago, como pasa en Puerto Berrio, pero ya la gente llega a un punto donde dice: esto no tiene solución y no me van a pagar esas deudas, entonces hacen esos paros. Usted refiere estos dos paros, (en Puerto Berrio y Arboletes) pero en el pasado reciente han cesado labores otros hospitales, como los de Guatapé, Uramita, Peque, Ituango. Algunos paros son provocados por el recurso humano y otros por el mismo hospital, que le cierran los servicios a las Eps subsidiadas y contributivas porque estas no les pagan. Hay un problema de fondo, en algunos municipios es estructural, porque no hay suficientes ingresos que provengan de los servicios para pagar los especialistas, por ejemplo, en Santa Fé de Antioquia hace falta conseguir médico internista, que atienda toda la región del occidente, éste lo menos que cobra son 75 mil pesos por hora, donde hace dos consultas y cualquier Eps lo máximo que paga son 25 mil por consulta, es decir, se harían dos consultas en una hora, se pagarían 50 mil pesos de la Eps al hospital, sin embargo, el Hospital tendría que pagar 75 mil pesos al internista, entonces hay problemas estructurales, del mercado, que dan para que los hospitales públicos y subsidiados estén pasando aprietos en estos momentos, y a su vez, se ve deteriorado el servicio a nuestra población. Es noticia de todos los años que el gobierno le debe a los intermediarios, éstos a los hospitales y se va quedando esa platica de intermediario en intermediario. ¿Qué se ha hecho para solucionar eso? Estamos de acuerdo con lo que usted platea, en la promulgación de la ley 1438 se trató de acabar con la intermediación. Hay dos polos en el país, de conocimiento y gremiales, unos plantean acabar con la intermediación y que sea directamente el Estado el que tome el control de la salud, y que financie directamente la prestación de los servicios. Hay otros que siguen impulsando el aseguramiento, es decir, que haya unos agentes en la mitad, unos intermediarios, en este caso son las Eps, y detrás de ellas hay unos grupos económicos muy fuertes, obviamente ganó esta posibilidad de seguir con el aseguramiento, sin embargo, se introdujeron unos elementos de un sistema estatal de provisión de servicios, como son la atención primaria en salud, los equipos básicos de la misma, la redes integradas de salud, que van a forzar a que el país a mediano plazo gire hacia otro modelo de salud, dentro del cual aspiramos que el Estado recupere su rectoría, que sea el garante del goce efectivo del derecho a la salud. La ley 1438, que fue la que se aprobó el 19 de enero de 2011, trae esas posibilidades, como también una cosa muy
importante, y es que el Estado va a tener que sacar los recursos de donde sea, para poder afiliar a todo el mundo al sistema de seguridad en salud, lo cual no hemos podido, y también para que los afiliados al régimen subsidiado tengan los mismos derechos en salud que los afiliados al régimen contributivo, entonces ahí hay una gran apuesta. El problema va a ser que vamos a encontrar unos hospitales públicos, especialmente los regionales en nuestro departamento, que no están suficientemente desarrollados para poder atender toda esa creciente demanda. Hay que decir una cosa que es maluca, nuestro departamento se ha quedado mucho en salud, especialmente en este periodo administrativo, ha hecho falta una rectoría efectiva que conduzca el sistema y no que confronte, entonces hemos tenido muchas dificultades, viendo como hospitales con recursos propios o del mismo municipio deben y pueden hacer una infraestructura y no se les ha dejado, por ejemplo, el Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado, tiene unos recursos para invertir, sin embargo, el departamento le ha puesto mil trabas para que no lo haga. También el Hospital San Rafael de Itagüí, que es departamental, consiguió unos recursos en el Fondo de regalías y tampoco se le dejó invertir en fortalecer los servicios de urgencias y de hospitalización. Los invito a que vayamos a urgencias del San Rafael, y son 20 o 30 sillas de esas plásticas, llenas de usuarios que deben ser atendidos en camillas, entonces hay un problema también de la oferta hospitalaria. En nuestro departamento han crecido las IPS privadas y las Clínicas, bienvenidas que nos ayuden con eso, ¿pero qué pasa con el sector público? Estamos asistiendo a una crisis en los hospitales públicos que no nos deja crecer y que obviamente no nos deja prestar un buen servicio a la comunidad. En el año 2010, cuando se hicieron unas marchas del sector de Salud, que se negaban a aceptar una nueva reforma propuesta por el gobierno, ustedes hablaban mucho de la capreconización del sistema de salud, que era también una
manera de privatizar y precarizar los servicios, ya que el gobierno se los quería dar a Caprecom, que sabemos no ha cumplido muy bien su labor.
¿La EPS Saludcoop tiene en aprietos al régimen contributivo y a la gran mayoría de hospitales en Antioquia?
¿Cómo ha avanzado este tema?
Los recursos adeudados por la EPS Saludcoop a los hospitales públicos de por lo menos 95 municipios antioqueños, se acerca a los 12 mil millones de pesos en cartera, que supera los dos meses de mora.
Realmente debemos reconocer que se ha parado un poco esa intención, que era impulsada por el gobierno de Alvaro Uribe, el cual le dio el manejo a Caprecom de hospitales públicos, así como la entrada a todos los municipios del país, para que afiliara gente y Caprecom realmente no ha respondido a estas posibilidades, puesto que tiene muchas dificultades a nivel organizacional, es una empresa que se ha manejado muy políticamente toda la vida, eso les impone unas trabas jurídicas y administrativas muy importantes.
Unos 25 centros hospitalarios han tenido que cerrar sus servicios a esa empresa, afectando a por lo menos 25 mil usuarios. Se trata del 90 por ciento de los hospitales de Antioquia, que tienen contrato con Saludcoop, los cuales no han recibido un peso durante este año. Municipios como Santa Fe de Antioquia, Uramita, Tarso y Bello han visto deteriorados sus servicios de salud.
Esto realmente si ha pasado, pero ha hecho falta vigilancia y control, no solamente para Caprecom, sino también para otras instituciones. Ahora vemos con mucha confianza que la Superintendencia Nacional de Salud haya intervenido administrativamente a una empresa solidaria que se llama ENDISALUD, que tiene gran numero gran número de usuarios en el Magdalena Medio, Uraba antioqueño y Bajo Cauca, y que ha estado incumpliendo reiterativamente con las normas, pero nosotros creemos que lo que debió haber hecho la Superintendencia Nacional de Salud fue liquidarla, y que se le paguen los saldos que se le deben a la red pública y privada de Colombia. Lo que vemos, es que a ENDISALUD la coge la Superintendencia y lo que hay es un manejo político de esa institución, en detrimento del sistema, así no vamos a poder solucionar los graves problemas que tiene nuestro país en salud.
CORNARE socializó la recuperación de la Quebrada La Marinilla En encuentro se llevó a cabo el 1 de junio CORNARE socializó ante las veedurías ciudadanas, funcionarios del municipio de Marinilla, ejecutores, interventores del proyecto, las obras que se realizarán a la quebrada La Marinilla para su recuperación, mitigación y control de inundaciones.
Javier Parra Bedoya, Subdirector de Planeación de Cornare
El proyecto tiene un costo de $8.000 millones y cuenta con recursos de crédito del FNR, CORNARE y el municipio, CORNARE explicó a los asistentes como ha sido el proceso de recuperación de La Marinilla, iniciando con obras desde hace más de 4 años, y agregó que desde los estudios se identificaron las principales zonas a intervenir con el apoyo de la Universidad Nacional, así mismo se hizo un breve recuento de las obras a emprender, fueron presentados los integrantes de la empresa que adelantará el proyecto, la interventoría por parte del Politécnico Jaime Isaza Cadavid y las veedurías ciudadanas.
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RESTAURAR EL AMBIENTE EN LA MEDIDA DE LOS EFECTOS QUE HACEN SUFRIR A LA HUMANIDAD ES UNA ACTITUD RESPONSABLE FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO GENERADO…
¡DESDE EL PÁRAMO HASTA EL MAR, UN GRAN ECOSISTEMA!
Revista EL RETO. Edición 85. Julio - Agosto 2011.
catalinamedinarodriguez

References: Resolución 
 Resolución 
 Artículo 107
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Artículo 13
 Artículo 13
 Artículo 80
 Resolución