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Timestamp: 2019-02-18 21:37:31+00:00

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LEY X-0683. Ley de hidrocarburos (Antes Ley 17319) - Recursos Naturales - Digesto Jurídico - Legislación - VLEX 534035770
Fecha de Publicación: 30 de Junio de 1967
Fecha de Sanción: 23 de Junio de 1967
TITULO I. Disposiciones Generales - arts. 1 a 13
TITULO II. Derechos y Obligaciones Principales
Sección 1. ° Reconocimiento Superficial - arts. 14 y 15
Sección 2. ° Permisos de exploración - arts. 16 a 26
Sección 3ª. Concesiones de explotación - arts. 27 a 38
SECCION 4ª. Concesiones de transporte - arts. 39 a 44
SECCION 5ª. Adjudicaciones - arts. 45 a 55
Sección 6ª. Tributos - arts. 56 a 65
TITULO III. Otros Derechos y Obligaciones - arts. 66 a 71
TITULO IV. Cesiones - arts. 72 a 74
TITULO V. Inspección y Fiscalización - arts. 75 a 78
TITULO VI. Nulidad, Caducidad y extinción de los permisos y concesiones - arts. 79 a 86
TITULO VII. Sanciones y Recursos - arts. 87 a 90
TITULO VIII. Empresas Estatales - arts. 91 a 96
TITULO IX. Autoridad de Aplicación - arts. 97 a 99
TITULO X. Normas Complementarias - arts. 100 a 102
TITULO XI. Condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina - arts. 103 a 111
TITULO I Disposiciones Generales Artículos 1 a 13
Los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado nacional o de los Estados provinciales, según el ámbito territorial en que se encuentren.
Pertenecen al Estado nacional los yacimientos de hidrocarburos que se hallaren a partir de las doce (12) millas marinas medidas desde las líneas de base establecidas por la Ley 23968 , hasta el límite exterior de la plataforma continental.
Pertenecen a los Estados provinciales los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en sus territorios, incluyendo los situados en el mar adyacente a sus costas hasta una distancia de doce (12) millas marinas medidas desde las líneas de base establecidas por la Ley 23968 .
Pertenecen a la provincia de Buenos Aires o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda a sus respectivas jurisdicciones, los yacimientos de
hidrocarburos que se encuentren en el lecho y el subsuelo del Río de la Plata, desde la costa hasta una distancia máxima de doce (12) millas marinas que no supere la línea establecida en el artículo 41 del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo y de conformidad con las normas establecidas en el Capítulo VII de ese instrumento.
Pertenecen a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, aquellos yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en su territorio, incluyendo los situados en el mar adyacente a sus costas hasta una distancia de doce (12) millas marinas medidas desde las líneas de base establecidas por la Ley 23968 , respetando lo establecido en el Acta Acuerdo suscrita, con fecha 8 de noviembre de 1994, entre la referida provincia y la provincia de Santa Cruz.
Las actividades relativas a la explotación, industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos estarán a cargo de empresas estatales, empresas privadas o mixtas, conforme a las disposiciones de esta Ley y las reglamentaciones que dicte el Poder Ejecutivo.
El Poder Ejecutivo nacional fijará la política nacional con respecto a las actividades mencionadas en el artículo 2º, teniendo como objetivo principal satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país con el producido de sus yacimientos, manteniendo reservas que aseguren esa finalidad.
El Poder Ejecutivo podrá otorgar permisos de exploración y concesiones temporales de explotación y transporte de hidrocarburos, con los requisitos y en las condiciones que determina esta Ley.
Los titulares de los permisos y de las concesiones, sin perjuicio de cumplir con las demás disposiciones vigentes, constituirán domicilio en la República y deberán poseer la solvencia financiera y la capacidad técnica adecuadas para ejecutar las tareas inherentes al derecho otorgado. Asimismo, serán de su exclusiva cuenta los riesgos propios de la actividad minera.
Los permisionarios y concesionarios tendrán el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan y, consecuentemente, podrán transportarlos, comercializarlos, industrializarlos y comercializar sus derivados, cumpliendo las reglamentaciones que dicte el Poder Ejecutivo sobre bases técnico-económicas razonables que contemplen la conveniencia del mercado interno y procuren estimular la exploración y explotación de hidrocarburos.
El Poder Ejecutivo permitirá la exportación de hidrocarburos o derivados no requeridos para la adecuada satisfacción de las necesidades internas, siempre que esas exportaciones se realicen a precios comerciales razonables y podrá fijar en tal situación, los criterios que regirán las operaciones en el mercado interno, a fin de
posibilitar una racional y equitativa participación en él a todos los productores del país.
El Poder Ejecutivo establecerá el régimen de importación de los hidrocarburos y sus derivados asegurando el cumplimiento del objetivo enunciado por el artículo 3º y lo establecido en el artículo 6º.
Las propiedades mineras sobre hidrocarburos constituidas a favor de empresas privadas con anterioridad a la fecha de vigencia de esta Ley, continuarán rigiéndose por las disposiciones que les dieron origen, sin perjuicio de la facultad de sus titulares para acogerse a las disposiciones de la presente Ley conforme al procedimiento que establecerá el Poder Ejecutivo.
El Poder Ejecutivo determinará las áreas en las que otorgará permisos de exploración y concesiones de explotación, de acuerdo con las previsiones del Título II, sección 5º.
A los fines de la exploración y explotación de hidrocarburos del territorio de la República y de su plataforma continental, quedan establecidas las siguientes categorías de zonas:
— Probadas: Las que correspondan con trampas estructurales, sedimentarias o estratigráficas donde se haya comprobado la existencia de hidrocarburos que puedan ser comercialmente explotables.
— Posibles: Las no comprendidas en la definición que antecede.
El Estado nacional reconoce en beneficio de las provincias dentro de cuyos límites se explotaren yacimientos de hidrocarburos por empresas estatales, privadas o mixtas una participación en el producido de dicha actividad pagadera en efectivo y equivalente al monto total que el Estado nacional perciba con arreglo a los artículos 59, 61, 62 y 93.
El Estado nacional destinará al desarrollo de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, un porcentaje de la regalía que perciba por la explotación de los yacimientos de hidrocarburos ubicados en dicho territorio.
TITULO II Derechos y Obligaciones Principales Artículos 14 a 65
Sección 1 ° Reconocimiento Superficial Artículos 14 y 15
Cualquier persona civilmente capaz puede hacer reconocimientos superficiales en busca de hidrocarburos en el territorio de la República incluyendo su plataforma continental, con excepción de las zonas cubiertas por permisos de exploración o concesiones de explotación, de las reservadas a las empresas estatales y de aquellas en las que el Poder Ejecutivo prohíba expresamente tal actividad.
No podrán iniciarse los trabajos de reconocimiento sin previa aprobación de la autoridad de aplicación. El permiso consignará el tipo de estudio a realizar, el plazo de su vigencia y los límites y extensión de las zonas donde serán realizados.
El reconocimiento superficial autoriza a efectuar estudios geológicos y geofísicos y a emplear otros métodos orientados a la exploración petrolera, levantar planos, realizar estudios y levantamientos topográficos y geodésicos y todas las demás tareas y labores que se autoricen por vía reglamentaria.
Sección 2 ° Permisos de exploración Artículos 16 a 26
El permiso de exploración confiere el derecho exclusivo de ejecutar todas las tareas que requiera la búsqueda de hidrocarburos dentro del perímetro delimitado por el permiso y durante los plazos que fija el artículo 23.
A todo titular de un permiso de exploración corresponde el derecho de obtener una (1) concesión exclusiva de explotación de los hidrocarburos que descubra en el perímetro delimitado por el permiso, con arreglo a las normas vigentes al tiempo de otorgarse este último.
Los permisos de exploración serán otorgados por el Poder Ejecutivo a las personas físicas o jurídicas que reúnan los requisitos y observen los procedimientos especificados en la sección 5ta.
El permiso de exploración autoriza la realización de los trabajos mencionados en el artículo 15 y de todos aquellos que las mejores técnicas aconsejen y la perforación de pozos exploratorios, con las limitaciones establecidas por el Código de Minería en sus artículos 31 y siguientes # en cuanto a los lugares en que tales labores se realicen.
La adjudicación de un permiso de exploración obliga a su titular a deslindar el área en el terreno, a realizar los trabajos necesarios para localizar hidrocarburos con la debida diligencia y de acuerdo con las técnicas más eficientes y a efectuar las inversiones mínimas a que se haya comprometido para cada uno de los períodos que el permiso comprenda.
Si la inversión realizada en cualquiera de dichos períodos fuera inferior a la comprometida, el permisionario deberá abonar al Estado la diferencia resultante,
salvo caso fortuito o de fuerza mayor. Si mediaren acreditadas y aceptadas dificultades técnicas a juicio de la autoridad de aplicación, podrá autorizarse la substitución de dicho pago por el incremento de los compromisos establecidos para el período siguiente en una suma igual a la no invertida.
El permisionario que descubriere hidrocarburos deberá efectuar dentro de los treinta (30) días, bajo apercibimiento de incurrir en las sanciones establecidas en el Título VII, la correspondiente denuncia ante la autoridad de aplicación. Podrá disponer de los productos que extraiga en el curso de los trabajos exploratorios, pero mientras no dé cumplimiento a lo exigido en el artículo 22 no estará facultado para proceder a la explotación del yacimiento.
Dentro de los treinta (30) días de la fecha en el que permisionario, de conformidad con criterios técnico-económicos aceptables, determine que el yacimiento descubierto es comercialmente explotable, deberá declarar ante la autoridad de aplicación su voluntad de obtener la correspondiente concesión de explotación, observando los recaudos consignados en el artículo 33, párrafo 2. La concesión deberá otorgársele dentro de los sesenta (60) días siguientes y el plazo de su vigencia se computará en la forma que establece el artículo 35.
Los plazos de los permisos de exploración serán fijados en cada concurso con los máximos siguientes:
1er periodo hasta cuatro (4) años
2do periodo hasta tres (3) años
3er periodo hasta dos (2) años
Periodo de prórroga hasta cinco (5) años
Artículo 24 Podrán otorgarse permisos de exploración solamente en zonas posibles
La unidad de exploración tendrá una superficie de cien (100) Kilómetros cuadrados.
Ninguna persona física o jurídica podrá ser simultáneamente titular de más de cinco
(5) permisos de exploración ya sea en forma directa o indirecta.
Al fenecer cada uno de los períodos primero y segundo del plazo básico de un permiso de exploración el permisionario reducirá su área, como mínimo, al cincuenta por ciento (50%) de la superficie remanente del permiso al concluir el respectivo período. El área remanente será igual a la original menos las superficies restituidas con anterioridad o transformadas en lotes de una concesión de explotación.
Sección 3ª Concesiones de explotación Artículos 27 a 38
A todo titular de una concesión de explotación corresponde el derecho de obtener una concesión para el transporte de sus hidrocarburos, sujeta a lo determinado en la sección 4 del presente título.
Las concesiones de explotación serán otorgadas por el Poder Ejecutivo a las personas físicas o jurídicas que ejerciten el derecho acordado por el artículo 17 cumpliendo las formalidades consignadas en el artículo 22.
El Poder Ejecutivo, además podrá otorgar concesiones de explotación sobre zonas probadas a quienes reúnan los requisitos y observen los procedimientos especificados por la sección 5 del presente título. Esta modalidad de concesión no implica en modo alguno garantizar la existencia en tales áreas de hidrocarburos comercialmente explotable.
La concesión de explotación autoriza a realizar dentro de los limites especificados en el respectivo título, los trabajos de búsqueda y extracción de hidrocarburos conforme a las más racionales y eficientes técnicas; y dentro y fuera de tales límites, aunque sin perturbar las actividades de otros permisionarios o concesionarios, autoriza asimismo a construir y operar plantas de tratamiento y refinación, sistemas de comunicaciones y de transportes generales o especiales para hidrocarburos, edificios, depósitos, campamentos, muelles, embarcaderos y, en general, cualesquiera otras obras y operaciones necesarias para el desarrollo de sus actividades. Todo lo anteriormente autorizado lo será con arreglo a lo dispuesto por esta y otras leyes, decretos y reglamentaciones nacionales o locales de aplicación al caso.
Todo concesionario de explotación está obligado a efectuar, dentro de plazos razonables, las inversiones que sean necesarias para la ejecución de los.
trabajos que exija el desarrollo de toda la superficie abarcada por la concesión, con arreglo a las más racionales y eficientes técnicas y en correspondencia con la característica y magnitud de las reservas comprobadas, asegurando la máxima producción de hidrocarburos compatible con la explotación adecuada y económica del yacimiento y la observancia de criterios que garanticen una conveniente conservación de las reservas.
Dentro de los noventa (90) días de haber formulado la declaración a que se refiere el artículo 22 y posteriormente en forma periódica, el concesionario someterá a la aprobación de la autoridad de aplicación los programas de desarrollo y compromisos de inversión correspondientes a cada uno de los lotes de explotación. Tales programas deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 31 y ser aptos para acelerar en todo lo posible la delimitación final de área de concesión con arreglo al artículo 33.
Cada uno de los lotes abarcados por una concesión deberá coincidir lo más aproximadamente posible, con todo o parte de trampas productivas de hidrocarburos comercialmente explotables.
El área máxima de concesión de explotación que no provenga de un permiso de exploración, será de doscientos cincuenta (250) km2.
(5) concesiones de explotación, ya sea directa o indirectamente y cualquiera sea su origen.
Artículo 35 Las concesiones de explotación tendrán una vigencia de veinticinco
(25) años a contar desde la fecha de la resolución que las otorgue, con más los adicionales que resulten de la aplicación del artículo 23. El Poder Ejecutivo podrá prorrogarlas hasta por diez (10) años, en las condiciones que se establezcan al otorgarse la prórroga y siempre que el concesionario haya dado buen cumplimiento a las obligaciones emergentes de la concesión. La respectiva solicitud deberá presentarse con una antelación no menor de seis (6) meses al vencimiento de la concesión.
La autoridad de aplicación vigilará el cumplimiento por parte de los concesionarios de las obligaciones que esta Ley les asigna, conforme a los procedimientos que fije la reglamentación.
La reversión total o parcial al Estado de uno o más lotes de una concesión de explotación comportará la transferencia a su favor, sin cargo alguno, de pleno derecho y libre de todo gravamen de los pozos respectivos con los equipos e instalaciones normales para su operación y mantenimiento y de las construcciones y obras fijas o móviles incorporadas en forma permanente al proceso de explotación en la zona de la concesión. Se excluyen de la reversión al Estado los equipos móviles no vinculados exclusivamente a la producción del yacimiento y todas las demás instalaciones relacionadas al ejercicio por el concesionario de los derechos de industrialización y comercialización que le atribuye el artículo 6º o de otros derechos subsistentes.
El concesionario de explotación que en el curso de los trabajos autorizados en virtud de esta Ley descubriera sustancias minerales no comprendidas en este ordenamiento, tendrá el derecho de extraerlas y apropiárselas cumpliendo en cada caso, previamente, con las obligaciones que el Código de.
Minería establece para el descubridor, ante la autoridad minera que corresponda por razones de jurisdicción.
Para las sustancias de tercera categoría es de aplicación el artículo 252 del Código de Minería .
Cuando el propietario de una mina, cualesquiera sea la categoría de las sustancias hallare hidrocarburos, sin perjuicio de disponer de los mismos únicamente en la medida requerida por el proceso de extracción y beneficio de los minerales, lo comunicará a la autoridad de aplicación dentro de los quince (15) días del hallazgo, a fin de que decida sobre el particular conforme a la presente Ley.
SECCION 4ª Concesiones de transporte Artículos 39 a 44
La concesión de transporte confiere, durante los plazos que fija el artículo 41, el derecho de trasladar hidrocarburos y sus derivados por medios que requieran instalaciones permanentes, pudiéndose construir y operar a tal efecto oleoductos, gasoductos, poliductos, plantas de almacenaje y de bombeo o compresión; obras portuarias, viales y férreas; infraestructuras de aeronavegación y demás instalaciones y accesorios necesarios para el buen funcionamiento del sistema con sujeción a la legislación general y normas técnicas vigentes.
Las concesiones de transporte serán otorgadas por el Poder Ejecutivo a las personas físicas o jurídicas que reúnan los requisitos y observen los procedimientos que la sección 5a especifica.
Las concesiones a que se refiere la presente sección serán otorgadas por un plazo de treinta y cinco (35) años a contar desde la fecha de adjudicación, pudiendo el Poder Ejecutivo, a petición de los titulares, prorrogarlos por hasta diez.
(10) años más por resolución fundada. Vencido dichos plazos, las instalaciones pasarán al dominio del Estado nacional sin cargo ni gravamen alguno y de pleno derecho.
Las concesiones de transporte en ningún caso implicarán un privilegio de exclusividad que impida al Poder Ejecutivo otorgar iguales derechos a terceros en la misma zona.
Mientras sus instalaciones tengan capacidad vacante y no existan razones técnicas que lo impidan, los concesionarios estarán obligados a transportar los hidrocarburos de terceros sin discriminación de personas y al mismo precio para todos en igualdad de circunstancias, pero esta obligación quedará subordinada, sin embargo, a la satisfacción de las necesidades del propio concesionario.
En todo cuanto no exista previsión expresa en esta Ley, su reglamentación a los respectivos contratos de concesión, con relación a transporte de hidrocarburos fluidos por cuenta de terceros, serán de aplicación las normas que rijan los transportes.
SECCION 5ª Adjudicaciones Artículos 45 a 55
Los permisos y concesiones regulados por esta Ley serán adjudicados mediante concursos en los cuales podrá presentar ofertas cualquier persona física o jurídica que reúna las condiciones establecidas en el artículo 5º y cumpla los requisitos exigidos en esta sección.
Las concesiones que resulten de la aplicación de los artículos 29, párrafo 1º y 40º, 2º párrafo, serán adjudicadas conforme a los procedimientos establecidos en las secciones 2a y 4a del Título II.
El Poder Ejecutivo determinará en la oportunidad que estime más conveniente para alcanzar los objetivos de esta Ley, las áreas a que alude el artículo 9° con respecto a las cuales la autoridad de aplicación dispondrá la realización de los concursos destinados a otorgar permisos y concesiones.
Dispuesto el llamado a concurso en cualquiera de los procedimientos considerados por el artículo 46, la autoridad de aplicación confeccionará el pliego respectivo, el que consignará a título ilustrativo y con mención de su origen, las informaciones y disponibles concernientes a la presentación de propuestas.
El llamado a concurso deberá difundirse durante no menos de diez (10) días en los lugares y por medios que se consideren idóneos para asegurar su más amplio conocimiento, debiéndose incluir entre éstos, necesariamente, al Boletín Oficial. Las publicaciones se efectuarán con una anticipación mínima de sesenta (60) días al indicado para el comienzo de recepción de ofertas.
La autoridad de aplicación estudiará todas las propuestas y podrá requerir de aquellos oferentes que hayan presentado las de mayor interés, las mejoras que considere necesarias para alcanzar condiciones satisfactorias. La adjudicación recaerá en el oferente que haya presentado la oferta que a criterio debidamente fundado del Poder Ejecutivo, resultare en definitiva la más conveniente a los intereses de la Nación.
Hasta treinta (30) días antes de la fecha en que se inicie la recepción de ofertas, quienes se consideren lesionados por el llamado a concurso, sea cual fuere la razón que invoquen, podrán formular oposición escrita ante la autoridad de aplicación acompañando la documentación en que aquélla se funde.
Podrán presentar ofertas las personas inscriptas en el registro que la autoridad de aplicación habilitará al efecto y aquellas que, sin estarlo, inicien el correspondiente trámite antes de los diez (10) días de la fecha en que se inicie la recepción de las propuestas y cumplan los requisitos que se exijan.
No podrán inscribirse en el registro precitado ni presentar ofertas válidas para optar a permisos y concesiones regidas por esta Ley, las personas jurídicas extranjeras de derecho público en calidad de tales.
Los interesados presentarán juntamente con sus ofertas, una garantía de mantenimiento de sus propuestas en las formas admitidas y por los montos fijados en la reglamentación o en los pliegos de condiciones.
Pendiente de adjudicación un concurso, no podrá llamarse otro sobre la misma área. En caso de que así ocurriera, los afectados podrán hacer valer sus derechos mediante oposición al llamado, en la forma y tiempo previstos por el artículo 49.
Cualquiera sea el resultado del concurso, los oferentes no podrán reclamar válidamente perjuicio alguno indemnizable por el Estado con motivo de la presentación de propuestas, ni repetir contra éste los gastos irrogados por su preparación o estudio.
Toda adjudicación de permisos o concesiones regidos por esta Ley y la aceptación de sus cesiones será protocolizada o, en su caso, anotada marginalmente, sin cargo, por el escribano general de gobierno en el Registro del.
Estado nacional, constituyendo el testimonio de este asiento el título formal del derecho otorgado.
Sección 6ª Tributos Artículos 56 a 65
Los titulares de permisos de exploración y concesiones de explotación estarán sujetos, mientras esté vigente el permiso o concesión respectivo, al régimen fiscal que para toda la República se establece seguidamente:
Tendrán a su cargo el pago de todos los tributos provinciales y municipales existentes a la fecha de la adjudicación. Durante la vigencia de los permisos y concesiones, las provincias y municipalidades no podrán gravar a sus titulares con nuevos tributos ni aumentar los existentes, salvo las tasas retributivas de servicios y las contribuciones de mejoras o incremento general de impuestos.
En el orden nacional estarán sujetos, con arreglo a las normas de aplicación respectivas y en cuanto correspondiere, al pago de derechos aduaneros, impuestos u otros tributos que graven los bienes importados al país y de recargos cambiarios. Asimismo, estarán obligados al pago del impuesto a las ganancias eventuales; al canon establecido por el artículo 57 para el período básico y para la prórroga durante la exploración y por el artículo 58 para la explotación a las regalías estatuidas por los artículos 21, 59 y 62; al cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 64 y al pago del impuesto que estatuye el inciso siguiente.
La utilidad neta que obtengan en el ejercicio de su actividad como permisionarios o concesionarios, queda sujeta al impuesto especial a la renta que se fija a continuación. A tal efecto, dicha utilidad neta se establecerá con arreglo a los principios que rigen la determinación del rédito neto para la liquidación del impuesto a las ganancias estatuido por la Ley 20628 cuyas normas serán aplicables en lo pertinente con sujeción a las siguientes disposiciones especiales.
El precio de venta de los hidrocarburos extraídos será el que se cobre en operaciones con terceros. En caso de que exista vinculación económica entre el concesionario y el comprador, no se fije precios o se destine el producto a ulteriores procesos de industrialización, el precio se fijará conforme al valor corriente del producto en el mercado interno al tiempo de enajenarse o industrializarse. En caso de exportación de hidrocarburos, su valor comercial a los efectos de este artículo se fijará en cada oportunidad sobre la base del precio real obtenido por el concesionario en la exportación, o, de no poder determinarse o no ser razonable, fundándose en precios de referencia que se establecerán periódicamente y para lo futuro sobre bases técnicamente aceptables.
Podrán deducirse de las utilidades del año fiscal, las sumas efectivamente invertidas en gastos directos de exploración a que se refiere el artículo 62, inciso n) de la ley Nº 11682 (t.o. 1960 y sus modificaciones) solamente durante el primer período del plazo básico del correspondiente permiso, sin perjuicio del tratamiento que les corresponda como costo susceptible de amortización. No se considerarán gastos de exploración las inversiones en máquinas, equipos y demás bienes del activo fijo sujetos al tratamiento establecido en el apartado siguiente.
Sin perjuicio de la amortización ordinaria que técnicamente corresponda, podrá deducirse de las utilidades del año fiscal y durante el primer período del plazo básico de la explotación, un importe equivalente al cien por ciento (100) de las cuotas de amortización ordinaria que corresponda a las inversiones en máquinas, equipos y otros bienes del activo fijo utilizados en las tareas de exploración de dicho primer período.
Los permisionarios podrán optar entre el sistema que se fija en los apartados anteriores II y III o la deducción simple, contra cualquier tipo de renta de fuente argentina que les correspondiere, de las sumas efectivamente invertidas en gastos directos de exploración durante el primer período del plazo básico y las amortizaciones ordinarias que técnicamente
correspondan en inversiones en máquinas, equipos y demás bienes de activo fijo aplicados a dichos trabajos de exploración durante el citado primer período. En caso de hacer uso de esta opción, los gastos directos y las amortizaciones así tratadas no podrán ser nuevamente considerados como gastos ni inversiones amortizables, a los efectos de la determinación de la utilidad fiscal neta a que se refiere el apartado V del presente artículo.
Para la determinación de la utilidad fiscal neta no podrán deducirse: los tributos provinciales o municipales, salvo que se trate de tasas retributivas de servicios o contribuciones de mejoras; el canon correspondiente al período básico de exploración y el relativo a la explotación; las regalías prevista en los artículos 59 y 62; el saldo del impuesto especial a la renta, ni los gastos directos en exploración o las inversiones amortizables, cuando se hiciere uso de la opción acordada en el apartado IV del presente artículo.
Sobre la utilidad fiscal neta determinada según las cláusulas que anteceden se aplicará la tasa del cincuenta y cinco por ciento (55%), estableciéndose así el monto del impuesto especial a la renta.
Del monto del impuesto así determinado se deducirá el importe: de los tributos provinciales o municipales, salvo que se trate de tasas retributivas de servicios o contribuciones de mejoras; del canon correspondiente al período básico de exploración y del relativo a la explotación y de las regalías previstas en los artículos 59 y 62. Si el saldo resultante, fuera positivo, deberá ser ingresado en la forma y plazo que determine la Dirección General Impositiva . En caso contrario, los permisionarios o concesionarios acreditarán el excedente como pago a cuenta del presente impuesto especial, correspondiente a los ejercicios fiscales siguientes. En ningún caso este excedente podrá ser objeto de devolución o transferencia.
La Dirección General Impositiva tendrá a su cargo la aplicación, percepción y fiscalización de este impuesto, con arreglo a las disposiciones de la ley 11683 # (t.o. 1960 y sus modificaciones) y sus reglamentaciones.
El Poder Ejecutivo con intervención de la autoridad de aplicación de esta Ley y de la Dirección General Impositiva , reglamentará el tratamiento fiscal de los cargos que puedan ser diferidos; los regímenes especiales de amortización y los métodos de distribución y cómputo de los gastos o bienes comunes cuando los permisionarios o concesionarios desarrollen contemporáneamente otras actividades además de las comprendidas en esta Ley. Las ventajas especiales para la Nación a que alude el artículo 64, podrán ser consideradas como inversiones amortizables.
Los saldos recaudados de acuerdo al punto VII serán distribuidos de acuerdo con el régimen de coparticipación del impuesto a los réditos establecido por la Ley 23548 y sus disposiciones modificatorias o complementarias.
En virtud de las estipulaciones que anteceden, los permisionarios o concesionarios quedan exentos del pago de todo otro tributo nacional, presente o futuro, de cualquier naturaleza o denominación — incluyendo los tributos que pudieran recaer sobre los accionistas u otros beneficiarios directos de estas rentas— que tengan vinculación con la actividad a que se refiere este artículo. No gozan de esta exención por las tasas retributivas de servicios, por las contribuciones de mejoras y por los impuestos atribuibles a terceros que los permisionarios o concesionarios hayan tomado a su cargo. Cuando hubieren tomado a su cargo el pago de impuestos correspondientes a los intereses de financiaciones del exterior bajo forma de préstamos, créditos u otros conceptos con destino al desarrollo de su actividad, la renta sujeta al gravamen, a los fines de establecer el monto imponible, no será acrecentada con el importe de dichos impuestos.
El titular de un permiso de exploración pagará anualmente y por adelantado un canon por cada Kilómetro cuadrado o fracción, conforme a la siguiente escala:
1er. Período — quinientos pesos moneda nacional (m$n. 500) *
2do. Período — mil pesos moneda nacional (m$n. 1.000)*
3er. Período — mil quinientos pesos moneda nacional (m$n. 1.500)*
Durante el primer año de su vigencia abonará por adelantado cien mil pesos moneda nacional (m$n. 100.000)* por Km2 o fracción, incrementándose dicho monto en el 50% anual acumulativo.
El importe de este tributo podrá reajustarse compensándolo con las inversiones efectivamente realizadas en la exploración de la fracción remanente, hasta la concurrencia de un canon mínimo de diez mil pesos moneda nacional (m$n.
10.000.)* por Km2 que será abonado en todos los casos.
El concesionario de explotación pagará anualmente y por adelantado por cada kilómetro cuadrado o fracción abarcado por el área un canon de veinte mil pesos moneda nacional (m$n. 20.000).*.
El concesionario de explotación pagará mensualmente al Estado nacional, en concepto de regalía sobre el producido de los hidrocarburos líquidos extraídos en boca de pozo, un porcentaje del doce por ciento (12%), que el Poder Ejecutivo podrá reducir hasta el cinco por ciento (5%) teniendo en cuenta la productividad, condiciones y ubicación de los pozos.
La regalía será percibida en efectivo, salvo que noventa (90) días antes de la fecha de pago, el Estado exprese su voluntad de percibirla en especie, decisión que se mantendrá por un mínimo de seis (6) meses.
El pago en efectivo de la regalía se efectuará conforme al valor del petróleo crudo en boca de pozo, el que se determinará mensualmente por la autoridad de aplicación restando del fijado según las normas establecidas en el inciso c) apartado I del artículo 56, el flete del producto hasta el lugar que se haya tomado como base para fijar su valor comercial. Si la autoridad no lo fijara, regirá el último establecido.
La producción de gas natural tributará mensualmente, en concepto de regalía, el doce por ciento (12%) del valor de los volúmenes extraídos y efectivamente aprovechados, porcentaje que el Poder Ejecutivo podrá reducir hasta el cinco por ciento (5%) teniendo en cuenta los factores que menciona el artículo 59.
No serán gravados con regalías los hidrocarburos usados por el concesionario o permisionario en las necesidades de las explotaciones y exploraciones.
Las ventajas especiales para la Nación que los concesionarios hayan comprometido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47, serán exigibles en la forma y oportunidad que en cada caso se establezca.
Los hidrocarburos que se pierdan por culpa o negligencia del concesionario serán incluidos en el cómputo de su respectiva producción, a los.
efectos tributarios consiguientes, sin perjuicio de las sanciones que fuere del caso aplicar.
TITULO III Otros Derechos y Obligaciones Artículos 66 a 71
Los permisionarios y concesionarios instituidos en virtud de lo dispuesto en las Secciones 2º, 3º, y 4º del Título II de esta Ley, a los efectos del ejercicio de sus atribuciones tendrán los derechos acordados por el Código de Minería en los artículos 42 y siguientes, 48 y siguientes, y concordantes de ambos, respecto de los inmuebles de propiedad fiscal o particular ubicados dentro o fuera de los límites del área afectada por sus trabajos.
El mismo derecho será acordado a los permisionarios y concesionarios cuyas áreas se encuentren cubiertas por las aguas de mares, ríos, lagos o lagunas, con respecto a los terrenos costeros colindantes con dichas áreas o de la costa más cercana a éstas, para el establecimiento de muelles, almacenes, oficinas, vías de comunicación y transporte y demás instalaciones necesarias para la buena ejecución de los trabajos.
La importación de materiales, equipos, maquinarias y demás elementos necesarios para el desarrollo de las actividades regladas en esta Ley, se sujetará a las normas que dicte la autoridad competente, las que asegurarán el mismo tratamiento a las empresas estatales y privadas.
Constituyen obligaciones de permisionarios y concesionarios, sin perjuicio de las establecidas en el Título II:
Realizar todos aquellos trabajos que por aplicación de esta Ley les corresponda, observando las técnicas más modernas, racionales y eficientes;
Adoptar todas las medidas necesarias para evitar daños a los yacimientos, con motivo de la perforación, operación, conservación o abandono de pozos, dando cuenta inmediata a la autoridad de aplicación de cualquier novedad al respecto;
Evitar cualquier desperdicio de hidrocarburos; si la pérdida obedeciera a culpa o negligencia, el permisionario o concesionario responderá por los daños causados al Estado o a terceros;
Adoptar las medidas de seguridad aconsejadas por las prácticas aceptadas en la materia, a fin de evitar siniestros de todo tipo, dando cuenta a la autoridad de aplicación de los que ocurrieren;
Adoptar las medidas necesarias para evitar o reducir los perjuicios a las actividades agropecuarias, a la pesca y a las comunicaciones, como así también a los mantos de agua que se hallaren durante la perforación;
Cumplir las normas legales y reglamentarias nacionales, provinciales y municipales que les sean aplicables.
Los permisionarios y concesionarios suministrarán a la autoridad de aplicación en la forma y oportunidad que ésta determine, la información primaria referente a sus trabajos y, asimismo, la demás necesaria para que cumpla las funciones que le asigna la presente Ley.
Quienes efectúen trabajos regulados por esta Ley contemplarán preferentemente el empleo de ciudadanos argentinos en todos los niveles de la actividad, incluso el directivo y en especial de los residentes en la región donde se desarrollen dichos trabajos.
TITULO IV Cesiones Artículos 72 a 74
Los permisos y concesiones acordados en virtud de esta Ley pueden ser cedidos, previa autorización del Poder Ejecutivo, en favor de quienes reúnan y cumplan las condiciones y requisitos exigidos para ser permisionarios o concesionarios, según corresponda.
Los concesionarios de explotación podrán contratar préstamos bajo la condición de que el incumplimiento de tales contratos por parte de ellos, importará la cesión de pleno derecho de la concesión en favor del acreedor. Dichos contratos se someterán a la previa aprobación del Poder Ejecutivo, la que sólo será acordada en caso de garantizarse satisfactoriamente el cumplimiento de las condiciones exigidas en el artículo 72.
Los escribanos públicos no autorizarán ninguna escritura de cesión sin exigir del cedente una constancia escrita de la autoridad de aplicación, acreditando que no se adeudan tributos de ninguna clase por el derecho que se pretende ceder. Tal constancia y el decreto que la autorice en copia auténtica, quedarán incorporados en el respectivo protocolo.
TITULO V Inspección y Fiscalización Artículos 75 a 78
La autoridad de aplicación fiscalizará el ejercicio de las actividades a que se refiere el artículo 2º de la presente Ley, a fin de asegurar la observancia de las normas legales y reglamentarias correspondientes.
Las facultades acordadas por el artículo precedente no obstan al ejercicio de las atribuciones conferidas al Estado por otras leyes, con cualquier objetivo de gobierno, cuyo cumplimiento también autorice inspecciones o controles oficiales.
Los permisionarios y concesionarios facilitarán en la forma más amplia el ejercicio por parte de los funcionarios competentes de las tareas de inspección y fiscalización.
Para el ejercicio de sus funciones de inspección y fiscalización, la autoridad de aplicación podrá hacer uso de los medios que a tal fin considere necesarios.
TITULO VI Nulidad, Caducidad y extinción de los permisos y concesiones Artículos 79 a 86
Artículo 79 Son absolutamente nulos:
Los permisos o concesiones otorgados a personas impedidas, excluidas o incapaces para adquirirlos, conforme a las disposiciones de esta Ley;
Las cesiones de permisos o concesiones realizadas en favor de las personas aludidas en el inciso precedente;
Los permisos y concesiones adquiridos de modo distinto al previsto en esta Ley; d) Los permisos y concesiones que se superpongan a otros otorgados con anterioridad o a zonas vedadas a la actividad petrolera, pero sólo respecto del área superpuesta.
Artículo 80 Las concesiones o permisos caducan:
Por falta de pago de una anualidad del canon respectivo, tres (3) meses después de vencido el plazo para abonarlo;
Por falta de pago de las regalías, tres (3) meses después de vencido el plazo para abonarlas;
Por incumplimiento sustancial e injustificado de las obligaciones estipuladas en materia de productividad, conservación, inversiones, trabajos o ventajas especiales;
Por transgresión reiterada del deber de proporcionar la información exigible, de facilitar las inspecciones de la autoridad de aplicación o de observar las técnicas adecuadas en la realización de los trabajos;
Por no haberse dado cumplimiento a las obligaciones resultantes de los artículos 22 y 32;
Por haber caído su titular en estado legal de falencia, conforme con la resolución judicial ejecutoria que así lo declare;
Por fallecimiento de la persona física o fin de la existencia de la persona jurídica titular del derecho, salvo acto expreso del Poder Ejecutivo manteniéndolo en cabeza de los sucesores, si éstos reunieran los requisitos exigidos para ser titulares;
Por incumplimiento de la obligación de transportar hidrocarburos de terceros en las condiciones establecidas en el artículo 43, o la reiterada infracción al régimen de tarifas aprobado para éstos transportes.
Previamente a la declaración de caducidad por las causales previstas en los incisos
a), b), c), d), e) y h) del presente artículo, la autoridad de aplicación intimará a los permisionarios y concesionarios para que subsanen dichas transgresiones en el plazo que fije.
Artículo 81 Las concesiones y permisos se extinguen:
Por el vencimiento de sus plazos.
Por renuncia de su titular, la que podrá referirse a solamente una parte de la respectiva área, con reducción proporcional de las obligaciones a su cargo, siempre que resulte compatible con la finalidad del derecho.
La extinción por renuncia será precedida, inexcusablemente, de la cancelación por el titular de la concesión o permiso de todos los tributos impagos y demás deudas exigibles.
Comprobada la causal de nulidad o caducidad con el debido proceso legal, el Poder Ejecutivo dictará la pertinente resolución fundada.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 56, inciso c), apartado VIII, el cobro judicial de cualquier deuda o de las multas ejecutoriadas se hará por la vía de apremio establecida en el título XXV de la ley 50 , sirviendo de suficiente título a tal efecto la pertinente certificación de la autoridad de aplicación.
Anulado, caducado o extinguido un permiso o concesión revertirán al Estado las áreas respectivas con todas las mejoras, instalaciones, pozos y demás elementos que el titular de dicho permiso o concesión haya afectado al ejercicio de su respectiva actividad, en las condiciones establecidas en los artículos 37 y 41.
En las cláusulas particulares de los permisos y concesiones se podrá establecer, cuando el Poder Ejecutivo lo considere pertinente, la intervención de un tribunal arbitral para entender en cuanto se relacione con la declaración administrativa de caducidad o nulidad, efectuada por el Poder Ejecutivo según lo previsto en el artículo 83, en sus consecuencias patrimoniales.
El tribunal arbitral estará constituido por un árbitro designado por cada una de las partes y el tercero por acuerdo de ambos o, en su defecto, por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación .
TITULO VII Sanciones y Recursos Artículos 87 a 90
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones emergentes de los permisos y concesiones que no configuren causal de caducidad ni sea reprimido de una manera distinta, será penado por la autoridad de aplicación con multas que, de acuerdo con la gravedad e incidencia del incumplimiento de las actividades respectivas, oscilarán entre pesos dos mil noventa y siete ($ 2097) * y pesos doscientos nueve mil setecientos cincuenta ($209.750) *. Dentro de los diez (10) días de pagada la multa, los permisionarios o concesionarios podrán promover su repetición ante el tribunal competente.
El incumplimiento de sus obligaciones por parte de los oferentes, permisionarios o concesionarios, facultará en todos los casos a la aplicación por la autoridad de apercibimiento, suspensión o eliminación del registro a que se refiere el artículo 50, en la forma que se reglamente. Estas sanciones no enervarán otros permisos o concesiones de que fuera titular el causante.
Con la declaración de nulidad o caducidad a que se refiere el artículo 83 se tendrá por satisfecho el requisito de la Ley 3952 y sus modificatorias, sobre denegación del derecho controvertido por parte del Poder Ejecutivo, y el interesado podrá optar entre la pertinente demanda judicial contra la Nación o la intervención, en su caso, del tribunal arbitral que menciona el artículo 86. La acción del interesado en uno u otro sentido prescribirá a los seis (6) meses, contados desde la fecha en que se le haya notificado la resolución del Poder Ejecutivo.
La autoridad de aplicación contará con representación directa en sede judicial en toda acción derivada de esta Ley en que el Estado nacional sea parte.
TITULO VIII Empresas Estatales Artículos 91 a 96
Las zonas inicialmente reservadas para ser exploradas y explotadas por las empresas estatales se detallan en el Anexo Único que forma parte de esta Ley.
Las áreas reservadas a la exploración por parte de las empresas estatales estarán sometidas a las reducciones que establece el artículo 26 en los plazos fijados por el artículo 23, los que se computarán, por vez primera, a partir de la fecha de vigencia de la presente Ley. Esta norma no obstará a la aplicación del artículo 11.
A los fines señalados en los artículos 12 y 13 las empresas estatales abonarán al Estado nacional, en efectivo, el doce por ciento (12%) del producido bruto en boca de pozo de los hidrocarburos que extraigan de los yacimientos ubicados en las áreas reservadas a dichas empresas, con la eventual reducción prevista en los artículos 59 y 62.
Las empresas estatales quedan sometidas en el ejercicio de sus actividades de exploración, explotación y transporte, a todos los requisitos, obligaciones, controles e inspecciones que disponga la autoridad de aplicación, gozando asimismo de los derechos atribuidos por esta Ley a los permisionarios y concesionarios.
De conformidad con lo que establece el artículo 11, las empresas estatales quedan facultadas para convenir con personas jurídicas de derecho público o privado las vinculaciones contractuales más adecuadas para el eficiente desenvolvimiento de sus actividades, incluyendo la integración de sociedades.
Toda sociedad integrada por una empresa estatal con personalidad jurídica distinta de la de sus integrantes, que desarrolle actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos, estará sujeta al pago de los tributos previstos en el Título II, Sección 6a de esta Ley.
A los efectos de la presente Ley se entenderá por empresas estatales a Yacimientos Petrolíferos Fiscales , Gas del Estado y aquellas que, con cualquier forma jurídica y bajo contralor permanente del Estado, las sucedan o reemplacen en el ejercicio de sus actuales actividades.
TITULO IX Autoridad de Aplicación Artículos 97 a 99
La aplicación de la presente Ley compete a la Secretaría de Energía , dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios o el organismo que el Poder Ejecutivo nacional designe, con las excepciones que determina el artículo 98.
Es autoridad de aplicación de la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina la
Compete al Poder Ejecutivo nacional, en forma privativa, la decisión sobre las siguientes materias:
Determinar las zonas del país en las cuales interese promover las actividades regidas por esta Ley.
Otorgar permisos y concesiones, prorrogar sus plazos y autorizar sus
Estipular soluciones arbitrales y designar árbitros.
Anular concursos.
Asignar y modificar las áreas reservadas a las empresas estatales.
Determinar las zonas vedadas al reconocimiento superficial.
Aprobar la constitución de sociedades y otros contratos celebrados por las empresas estatales con terceros a los fines de la explotación de las zonas que esta Ley reserva a su favor.
Fijar las compensaciones reconocidas a los propietarios superficiarios.
Declarar la caducidad o nulidad de permisos y concesiones.
Los fondos que la autoridad de aplicación recaude por aplicación de esta Ley en concepto de regalías, cánones, sumas comprometidas y no invertidas, multas y otros pagos o contribuciones vinculados con la obtención de permisos y concesiones, serán destinados por dicha autoridad en forma directa a solventar los gastos derivados del ejercicio de las funciones que se le atribuyen y a la promoción de actividades mineras, incluidas las vinculadas con hidrocarburos, sin perjuicio de los recursos que presupuestariamente se le asignen.
TITULO X Normas Complementarias Artículos 100 a 102
Los permisionarios y concesionarios deberán indemnizar a los propietarios superficiarios de los perjuicios que se causen a los fundos afectados por las actividades de aquéllos. Los interesados podrán demandar judicialmente la fijación de los respectivos importes o aceptar — de común acuerdo y en forma optativa y excluyente— los que hubiere determinado o determinare el Poder Ejecutivo con carácter zonal y sin necesidad de prueba alguna por parte de dichos propietarios.
Facúltase al Poder Ejecutivo para efectuar concursos con la participación exclusiva de empresas de capital predominantemente argentino, conforme a la reglamentación que se dicte. Asimismo podrá establecer normas y franquicias, incluso impositivas que promueven la participación de dichas empresas en la actividad petrolera del país.
Los valores en pesos moneda nacional que esta Ley asigna al canon de exploración y explotación y a las multas, podrán ser actualizados con carácter general por el Poder Ejecutivo sobre la base de las variaciones que registre el precio del petróleo crudo nacional en el mercado interno.
TITULO XI Condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina Artículos 103 a 111
La exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sólo podrán realizarse observando las condiciones establecidas por la presente Ley, las leyes y los reglamentos vigentes.
Se prohíbe a toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, que realice o se encuentre autorizada a realizar actividades en la República Argentina y sus accionistas a:
Desarrollar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por autoridad competente argentina;
Tener participación directa o indirecta en personas jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por autoridad competente argentina, o que presten servicios para dichos desarrollos;
Contratar y/o efectuar actividades hidrocarburíferas, transacciones, actos de comercio, operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas, actividades de consultoría y/o asesoría, ya sea a título oneroso o gratuito, con personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, para que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por autoridad competente argentina.
La autoridad de aplicación procederá, previo proceso administrativo, a inhabilitar por el plazo de cinco (5) a veinte (20) años a las personas físicas o.
jurídicas, nacionales o extranjeras, que no cumplan con lo dispuesto en el artículo 104 de la presente Ley, sin perjuicio de las sanciones penales que pudiesen corresponder. En el caso de poseer concesiones hidrocarburíferas, las mismas se revertirán al Estado nacional o a los estados provinciales, según el ámbito territorial en que se encuentren.
La inhabilitación será inscripta en los registros nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, se procederá al cese inmediato de las exenciones, facilidades impositivas o previsionales que pudieran habérsele concedido, provocando la caducidad de los plazos otorgados y la inmediata exigibilidad de los saldos que pudiera adeudar.
El Estado nacional, los estados provinciales y municipales no podrán contratar con personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, sus controladas o accionistas que en forma directa o indirecta desarrollen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina, sin haber obtenido habilitaciones para realizar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos emitida por autoridad competente argentina.
La autoridad de aplicación confeccionará una nómina de carácter público de las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina que no cuenten con las habilitaciones para realizar actividades hidrocarburíferas emitidas por la autoridad competente argentina.
El Poder Ejecutivo nacional dictará la reglamentación del presente Título en un plazo máximo de sesenta (60) días desde su publicación en el Boletín Oficial.
Todas las disposiciones del presente Título se establecen sin perjuicio de los derechos y las competencias de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como de las demás provincias.
Artículo 111 El presente Título es de orden público.
Las áreas inicialmente reservadas para su exploración y explotación por empresas estatales son las
delineadas en los planos general y de detalle que integran el presente y se describen, por orden de
cuenca en la que están enclavadas, de conformidad con un sistema de coordenadas Gaus-Krüger
que definen los respectivos esquineros en la manera siguiente:
Noroeste argentino, región Chaco-Paranense y de Paraná
AREA C-NO I: (Planos adjuntos números 1 y 2) *.
Tiene una superficie de 566.000 hectáreas. Se encuentra en la provincia de Salta. Sus esquineros y
coordenadas son los siguientes:
Esquinero x y
1 7.568.100 4.400.300
2 7.568.500 4.426.400
3 7.561.000 4.428.100
4 7.568.500 4.430.000
5 7.568.600 4.473.000
6 7.524.750 4.473.000
7 7.524.750 4.463.400
8 7.505.000 4.463.400
9 7.505.000 4.443.000
10 7.495.000 4.443.000
11 7.495.000 4.433.200
12 7.485.000 4.433.200
13 7.485.000 4.423.100
14 7.475.000 4.423.100
15 7.475.000 4.403.000
16 7.514.900 4.403.000
17 7.514.900 4.383.500
18 7.523.400 4.383.500
(*) Omitidos en el Boletín Oficial.
Area C NO-P II: (Planos adjuntos núm. 1 y 2) (*).
Cubre una superficie de 11.399.000 hectáreas abarcando partes de las provincias de Salta, Formosa,
Chaco y Santiago del Estero. Los esquineros y coordenadas son los siguientes:
Esquinero x y Esquinero X y
1 7.495.000 4.473.300 20 7.098.100 5.463.700
2 7.495.000 4.581.750 21 7.097.800 5.443.250
3 7.464.500 4.603.400 22 7.067.600 5.443.700
4 7.355.100 4.603.400 23 7.068.100 5.423.900
5 7.355.100 4.522.500 24 7.037.000 5.424.600
6 7.262.300 4.522.500 25 7.036.500 5.404.100
7 7.262.300 4.603.400 26 7.006.000 5.404.900
8 7.234.990 4.603.400 27 7.005.700 5.384.800
9 7.234.900 4.573.500 28 6.965.400 5.385.500
10 7.195.000 4.573.500 29 6.695.100 4.630.700
11 7.195.000 4.553.100 30 7.014.000 4.630.700
12 7.175.200 4.553.100 31. 7.014.000 4.373.500
13 7.175.200 4.543.000 32 7.285.000 4.373.500
14 7.136.200 4.543.000 33 7.285.000 4.400.500
15 7.136.200 4.623.000 34 7 394 800 4.400.500
16 7.165.000 4.623.000 35 7.394.800 4.453.300
17 7.165.000 4.643.200 36 7.485.000 4.453.300
18 7.195.000 4.643.200 37 7.485.000 4.473.300
19 7.198.000 5.461.500
Area C NO III: (planos adjuntos números 1 y 2) (*)
Cubre una superficie de 81.500 hectáreas. Está ubicada en la Provincia de Salta dentro de pleno
ambiente subandino.
Los esquineros y coordenadas son los siguientes:
1 7.494.750 4.333.500
2 7.494.750 4.355.100
3 7.485.000 4.363.500
4 7.455.000 4.363.300
5 7.455.000 4.343.400
6 7.464.500 4.343.400
7 7.464.500 4.333.500
Area C.NO IV (Planos adjuntos 1 y 2) (*)
Cubre una superficie de 520.000 hectáreas. Abarca parte de las Provincia de Jujuy y Salta.
1 7.424.800 4.323.200
2 7.424-800 4.343.200
3 7.394.800 4.343.200
4 7.394.800 4.373.400
5 7.344.600 4.373.400
6 7.344.600 4.363.500
7 7.325.100 4.363.500
8 7.325.100 4.353.600
9 7.314.900 4.353.600
10 7.314.900 4.313.000
11 7.325.100 4.313.000
12 7.325.100 4.303.400
13 7.344.600 4.303.400
14 7.344.600 4.313.000
15 7.394.800 4.313.000.
16 7.394.800 4.323.200
Cuencas Area CC I Cuyana y Neuquina - Sur mendocina: (Planos adjuntos números 1 y 3) (*)
Tiene una superficie aproximada de 433.800 hectáreas, abarcando partes de las provincias de San
Juan y La Rioja.
Coordenadas Gauss Kruger Coordenadas
1 6.759.000 2.614.000
2 6.759.000 2.664.000
3 6.677.500 2.664.000
4 6.677.415,86 2.545.010,03 30°02´30" — 68°02’00’
5 6.677.113,85 2.593.237,62 30°02 30" — 68°32’00"
6 6.734.000 2.593.238
7 6.734.000 2.614.000
Area CC II: (Planos adjuntos números. 1 y 3) (*)
Tiene una superficie aproximada de 3.846.000 hectáreas en Mendoza Norte. Los esquineros y
Coordenadas Gaus-Krüger Coordenadas
1 6.379.970,96 2.515.624,40 32°43’30" — 68°50’00"
2 6.378.000 2.598.000
3 6.318.000 2.598.000
4 6.318.000 2.618.000
5 6.298.000 2.618.000
6 6.298.000 2.648.000 Corresponden a 3° faja
meridiana habiéndose
calculado en 2° faja por
razones operativas
7 6.278.000 2.648.000
8 6.278.000 2.708.000
9 6.160.000 2.708.000
10 6.160.000 2.733.000
11 /6.112.725,30 3.454.048,30 3° faja-— 35°08’00"
\6.109.989,31 2.727.504,50 2° faja — 66°30’15" —
12 6.112.279,33 2.601.019,94 35°08’00" — 6°53’30"
13 6.131.000 2.602.000
14 6.131.000 2.581.000
15 6.171.000 2.581.000
16 6.171.000 2.570.000
17 6.183.000 2.570.000
18 6.183.000 2.546.000
19 6.203.000 2.546.000
20 6.203.000 2.536.000
21 6.252.000 2.536.000
22 6.252000 2.520.000
23 6.284.000 2.520.000
24 6.284.000 2.504.000
25 6.294.000 2.504.000
26 6.294.000 2.438.000
27 6.316.000 2.438.000
28 6.316.000 2.475.000
29 6.332.000 2.475.000
30 6.332.000 2.473.000
31 6.348.000 2.473.000
32 6.348.000 2.503.000
33 6.368.000 2.503.000
34 6.368.000 2.515.630
Area CN I: (Planos adjuntos números 1 y 3) (*)
Cubre una superficie aproximada de 1.160.000 hectáreas, Mendoza Sur. Los esquineros y
1 6.196.750 2.440.000 10 5.916.750 2.420.000
2 6.196.750 2.490.000 11 5.996.750 2.420.000
3 6.026.750 2.490.000 12 5.996.750 2.430.000
4 6.026.750 2.460.000 13 6.026.750 2.430.000
5 5.976.750 - 2.460.000 14 6.026.750 2.440.000
6 5.976.750 2.440.000 15 6.086.750 2.440.000
7 5.936.750 2.440.000 16 6.086.750 2.430.000
8 5.936.750 2.430.000 17 6.126.750 2.430.000
9 5.916.750 2.430.000 18 6.126.750 2.440.000
Area CN II: (Planos adjuntos números 1 y 4) (*)
Cubre una superficie aproximada de 6.290.000 hectáreas. Involucra gran parte de la provincia de
Neuquén y algunas zonas colindantes de las provincias de Río Negro La Pampa y Mendoza (zona
Río Colorado). Los esquineros y coordenadas son los siguientes:
1 5.966.750 2.500.000 39 5.626.750 2.480.000
2 5.956.750 2.500.000 40 5.616.750 2.480.000
3 5.956.730 2.520.000 41 5.616.750 2.470.000
4 5.946.750 2.520.000 42 5.606.750 2.470.000
5 5.946.750 2.530.000 43 5.606.750 2.440.000
6 5.936.750 2.530.000 44 5.596.750 2.440.000
7 5.936.750 2.540.000 45 5.596.750 2.430.000
8 5.886.750 2.540.000 46 5.588.750 2.430.000
9 5.886.750 2.570.000 47 5.586.750 2.390.000
10 5.876.750 2.570.000 48 5.576.750 2.390.000
11 5.876.750 2.580.000 49 5.576.750 1.627.500
12 5.866.750 2.580.000 50 5.586.750 1.627.500
13 5.866.750 2.590.000 51 5.586.750 1.617.500
14 5.856.750 2.590.000 52 5.626.750 1.617.500
15 5.856.750 2.620.000 53 5.626.750 1.627.500
16 5.846.750 2.620.000 54 5.636.750 1.627.500
17 5.846.750 3.380.000 55 5.636.750 2.400.000
18 5.836.750 3.380.000 56 5.656.750 2.400.000
19 5.836.750 3.390.000 57 5.656.750 2.420.000
20 5.826.750 3.390.000 58 5.666.750 2.420.000
21 5.826.750 3.400.000 59 5.666.750 2.440.000
22 5.756.750 3.400.000 60 5.676.750 2.440.000
23 5.756.750 3.410.000 61 5.676.750 2.400.000
24 5.726.750 3.410.000 62 5.706.750 2.400.000
25 5.726.750 3.420.000 63 5.706.750 2.410.000
26 5.696.750 3.420.000 64 5.736.750 2.410.000
27 5.696.750 3.410.000 65 5.736.750 2.400.000
28 5.686.750 3.410.000 66 5.766.750 2.400.000
29 5.686.750 3.400.000 67 5.766.750 2.410.000
30 5.676.750 3.400.000 68 5.846.750 2.410.000
31 5.676.750 2.580.000 69 5.846.750 2.430.000
32 5.666.750 2.580.000 70 5.896.750 2.430.000
33 5.666.750 2.530.000 71 5.896.750 2.440.900
34 5.656.750 2.530.000 72 5.916.750 2.440.000
35 5.656.750 2.520.000 73 5.916.750 2.450.000
36 5.646.750 2.520.000 74 5.926.750 2.450.000
37 5.646.750 2.510.000 75 5.926.750 2.460.000
38 5.626.750 2.510.000 76 5.946.750 2.460.000
77 5.946.750 2.490.000 90 5.736.750 2.580.000
78 5.966.750 2.490.000 91 5.726.750 2.580.000
79 5.786.750 2.500.000 92 5.726.750 2.590.000
80 5.786.750 2.530.000 93 5.716.750 2.590.000
81 5.776.750 2.530.000 94 5.716.750 2.600.000
82 5.776.750 2.540.000 95 5.696.750 2.600.000
83 5.766.750 2.540.000 96 5.696.750 2.581.500
84 5.766.750 2.550.000 97 5.716.750 2.581.500
85 5.756.750 2.550.000 98 5.716.750 2.570.000
86 5.756.750 2.560.000 99 5.726.750 2.570.000
87 5.746.750 2.560.000 100 5.726.750 2.550.000
88 5.746.750 2.570.000 101 5.736.750 2.550.000
89 5.736.750 2.570.000 102 5.736.750 2.500.000
Cuenca del Golfo Son Jorge
Area C GSJ I: (Planos adjuntos números 1 y 5) (*).
Tiene una extensión de 2.912.250 hectáreas y se halla ubicada en las provincias de Chubut y Santa
Cruz. Los esquineros y coordenadas son los siguientes:
1 4.815.000 Línea de costa Borde Sur Lago
CoIhué Huapi,
curso medio Río
área Pan
2 4.815.000 341.000 8
3 4.800.000 341.000
4 4.800.000 2.445.000
5 4.990.000 2.445.000 9 4.960.000 Curso medio
6 4.990.000 2.500.000
10 Línea de costa,
intercepción con
American 4.960.000
7 2.500.000
Area C GSJ II: (Planos adjuntos números 1 y 5) (*).
Tiene una extensión de 662.000 hectáreas y se halla ubicada en las provincias de Chubut y Santa
1 4.885.000 2.440.000 3 4.935.000 1.540.000
2 4.885.000 1.540.000 4 4.935.000 2.440.000
Area C GSJ III: (Planos adjuntos números 1 y 5) (*).
Tiene una extensión de 360.000 hectáreas y se halla ubicada en la provincia de Santa Cruz. Los
esquineros y coordenadas son los siguientes:
1 4.740.000 1.600.000 5 4.760.000 1.520.000
2 4.740.000 1.560.000 6 4.760.000 1.540.000
3 4.720.000 1.560.000 7 4.780.000 1.540.000
4 4.720.000 1.520.000 8 4.780.000 1.600.000
Area C GSJ IV: (Planos adjuntos números 1 y 5) (*).
Tiene una extensión de 900.000 hectáreas y se halla ubicada en la provincia de Chubut. Los
esquineros y coordenadas son los siguientes
1 5.020.000 2.500.000 8 5120.000 2.520.000
2 5.020.000 2460.000 9 5.070.000 2.520.000
3 5.070.000 2.460.000 10 5.070.000 2.510.000
4 5.070.000 2.440.000 11 5.060.000 2510.000
5 5.010.000 2.440.000 12 5.060.000 2.480.000
6 5.010.000 2.410.000 13 5.040.000 2.480.000
7 5.120.000 2.410.000 14 5.040.000 2.500.000
Area C A I: (Planos adjuntos números 1 y 6) (*).
Tiene una extensión de aproximadamente 7.140.000 hectáreas y se halla ubicada en la provincia de
Santa Cruz. Los esquineros y coordenadas son los siguientes
1 4.683.000 2.400.000 28 4.238.825 2.431.320
2 4.650.000 2.400.000 29 4.263.000 2.431.000
3 4.650.000 2420.000 30 4.263.000 1.600.000
4 4.609.000 2.420.000 31 4.297.000 1.600.000
5 4.609.000 2.440.000 32 4.297.000 1.477.750
6 4.558.000 2.440.000 Sigue por el límite Argentina-Chile al Norte hasta
el vértice 33
7 4.558.000 1.559.000.
8 4.537.000 1.559.000
9 4.537.000 1.519.000 33 4.391.000 1.478.500
10 4.498.000 1.519.000 34 4.400.000 1.478.500
11 4.498.000 1.598.000 35 4.400.000 1.482.500
12 4.502.000 1.598.000 36 4.440.000 1.482.500
13 4.502.000 2.481.000 37 4.440.000 1.479.000
14 4.510.000 2.481.000 38 4.520.000 1.479.000
15 4.510.000 2.501.000 39 4.520.000 1.482.000
16 4.432.000 2.501.000 40 4.540.000 1.482.000
17 4.432.000 2.470.000 41 4.540.000 1.486.500
18 4.385.000 2.470.000 42 4.560.000 1.486 500
19 4.385.000 2.402.000 43 4.560.000 1.526.500
20 4.351.000 2.402.000 44 4.568.000 1.526.500
21 4.351.000 2.411.000 45 4.563.000 1.547.000
22 4.331.000 2.411.000 46 4.608.000 1.547.000
23 4.331.000 2.432.000 47 4.608.000 1.537.000
24 4.352.000 2.432.000 48 4.650.000 1.537.000
25 4.352.000 2.442.000 49 4.650.000 1.517.000
26 4.359.500 2.442.000 50 4.684.000 1.517.000
27 4.359.500 2.487.000 (Costa) Sigue la costa hasta alcanzar el límite con
Chile y de allí hacia el oeste, hasta el vértice 28.
Area C A II: (Planos adjuntos números 1 y 6) (*)
Tiene una superficie aproximada de 840.000 hectáreas y se halla ubicada en el Territorio Nacional de
la Tierra del Fuego. Los esquineros y coordenadas son los siguientes:
1 4.164.000 2.525.500
2 3.980.000 Costa Atlántica
3 3.980.000 2.524.500
Cuenca del Salado (C S-1)
En esta cuenca el área de reserva abarca una superficie de 1.001.250 hectáreas, aproximadamente.
1 6.070.321 5.681.479 4 6.015.641 5.635.256
2 5.959.338 5.679.201 5 6.016.566 5.545.084
3 5.960.152 5.634.397 6 6.072.045 5.545,367
LEY X-0683
(Antes Ley 17319)
Resolución N 937/GCABA/SSSU/10

References: artículo 41
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 23
 artículo 15
 artículo 22
 artículo 33
 artículo 35

Artículo 24
 artículo 17
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 31
 artículo 33

Artículo 35
 resolución 
 artículo 23
 artículo 6
 artículo 252
 artículo 41
 resolución 
 artículo 5
 artículo 9
 artículo 46
 artículo 49
 artículo 57
 artículo 58
 artículo 64
 artículo 62
 artículo 64
 artículo 56
 artículo 59
 artículo 47
 artículo 72
 artículo 2

Artículo 79

Artículo 80
 resolución 
 artículo 43

Artículo 81
 resolución 
 artículo 56
 artículo 83
 artículo 50
 artículo 83
 artículo 86
 resolución 
 artículo 26
 artículo 23
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 98
 artículo 104

Artículo 111

Resolución