Source: https://es.scribd.com/document/352151464/Semana-Cuarto-Autonomia-Municipal
Timestamp: 2019-04-21 10:49:49+00:00

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10. Presentacón Dignatarios de la Nación
Ratificacion de Ordenanzas
DiapositivasLeccion1
En la presente unidad temática se trataremos sobre la autonomía Municipal
y las Jurisprudencias del Tribunal Constitucional al respecto.
Explica e identifica los aspectos generales de los gobiernos municipales y
regionales, en el marco de la legislación nacional vigente.
"El Sistema ideal de relaciones Estado-Municipio, (sea cual sea la corriente
iusfilosófica), se da en la convivencia de un Estado democrático y
descentralizado con un Municipio autónomo"
La autonomía es una prerrogativa que la Constitución del Estado reconoce a
favor de determinadas personas de derecho público interno para designar
sus órganos de gobierno y realizar las funciones que les son inherentes, sin
depender de ninguna otra persona o entidad.
La soberanía es el poder absoluto que corresponde al Estado de modo
exclusivo, para organizarse y dirigirse de acuerdo con su voluntad
incoercible e incontrastable. En los estados democráticos, la soberanía
emana del pueblo y se ejerce en su nombre.
Mientras la soberanía pertenece al Estado, la autonomía corresponde a
otras entidades públicas; mientras la soberanía no admite tutela alguna,
cabe la posibilidad de controlar el ejercicio de las funciones de los entes
 Tercero: la localidad tiene facultad para determinar el fin o esfera del gobierno local. por lo tanto. citado por Greca.  A la ciudad le corresponden los poderes necesarios para satisfacer las necesidades locales dentro de sus propios límites. Tomo II.  Debe haber una política municipal.En el caso de los Municipios. Aspectos de Autonomía Municipal La autonomía principal comprende según Wilcox los siguientes poderes:  "Primero: la municipalidad tiene el derecho de elegir de entre sus propios ciudadanos los funcionarios que hayan de aplicar las leyes de la localidad. Cada cual realiza sus funciones dentro de la esfera de competencia que le es propia. Cit.  Los electores de la Ciudad deben gozar de la libertad necesaria para formular su propio sistema de gobierno local. la constitución no confiere autonomía alguna. 1..  Segundo: la ciudad goza de facultades para definir su propia forma de organización a los fines del gobierno. constituyen el contenido de la autonomía municipal:  La ciudad que no es "una división territorial.  organizar su funcionamiento interno.  Dentro de esos límites debe ejercitar dichos poderes de gobierno en cuanto no se oponen a la Constitución o a las leyes del Estado. No existe. lo que supone el derecho de ampliar o restringir los poderes municipales según el criterio político imperante en la localidad"1 Deming precisa los postulados que. Ob. sino un gobierno local. 58 2SchweretFerrer. 1The American City: A problem in democracy. debe poseer facultades para decidir por sí misma su propia política y organización. pág. sino simplemente se limita a reconocerla. págs. a su juicio. puesto que el Municipio es institución válida por sí misma.113-114 . diferenciada de la del Estado"2 El tratadista Córdova lo siguiente: "El Municipio es el autogobierno o potestad de regir libremente sus asuntos propios en los siguientes asuntos:  elegir sus propios gobernantes. relación de subordinación de los Municipios con relación al Estado.
Las normas de repente sí. ¿eso significa subordinación? Ni política ni administrativamente. la constitución es la norma suprema.  creación de rentas e inversión de las mismas (autonomía financiera). a lo sumo quizá jurídica o legalmente.  organización de los servicios públicos locales y prestación de tales servicios (autonomía administrativa). Es posible que exista una diferencia de rango en el ordenamiento jurídico. que aun esta verdad no es tan determinante. La esencia de la autonomía municipal podría ser considerada y enumerada de la siguiente manera:  Elección de sus propias autoridades (autonomía política).  posibilidad de contratar empréstitos. pero eso no significa qué una institución esté por encima de otra. y  garantía de que sólo judicialmente podrán impugnarse las resoluciones y demás actos de sus autoridades realizadas en el ejercicio de las funciones que a éstas les son propias (garantía judicial de la autonomía).  capacidad de elaborar y administrar su propio presupuesto. A. ¿cómo nos atrevemos a afirmar que el Municipio no está subordinado a la soberanía del Estado. entre las norma promulgadas. podríamos preguntarnos lo siguiente. pero también tenemos que el nivel de decretos está por debajo de las ordenanzas municipales. la norma ápice del ordenamiento jurídico. Sin embargo. en algunos casos. y son en ciertos casos interdependientes y en otros no. si claramente en la jerarquía de obras se presenta a la Constitución como la norma suprema? La respuesta es la siguiente: Efectivamente. y  garantía de que sólo judicialmente podrá cuestionarse la validez de sus acuerdos". por lo que la Constitución se encuentra por encima.  imponer contribuciones locales. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que el Estado es soberano y el Municipio es autónomo. Pero. y las ordenanzas municipales (norma con mayor rango municipal) las encontramos como Norma con fuerza de ley. .  derecho de hacerse cargo de la prestación de servicios públicos de carácter local.
N.º 11-MDSA ratifica la plena vigencia de la anterior. la autonomía municipal es un hecho. en representación de la Municipalidad Provincial de Lima. toda vez que el Anexo 8 “Cerro Camote” se encuentra dentro de la jurisdicción del distrito de Lurigancho. Jicamarca.º 075-CDLCH aprobada por la Municipalidad Distrital de Lurigancho. 3. y la Ordenanza Municipal N. a los 21 días del mes de setiembre de 2010. con el fin que se declare la inconstitucionalidad de la Ordenanza Municipal N. º 00001-2010-PI/TC LIMA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA Sentencia del Tribunal Constitucional En Lima. Pues son entidades distintas. Antecedentes Demanda Con fecha 4 de enero de 2010.Jurisprudencias del Tribunal Constitucional sobre la Autonomía Municipal EXP. Vergara Gotelli. del 28 de junio de 2006. de la Provincia de Huarochirí. Asunto Demanda de Inconstitucionalidad interpuesta por don Marco Antonio Parra Sánchez. con la asistencia de los señores magistrados Mesía Ramírez. Manifiesta que el artículo 1º de la Ordenanza N. y declara inaplicable la Ordenanza N. frente a la soberanía del Estado. En el mismo sentido. Presidente.º 09-MDSA emitida por la demandada. .En conclusión. Teniente Alcalde encargado del Despacho de la Alcaldía.º 11-MDSA. y que la Ordenanza N. del 27 de abril de 2006. volquetes y otros similares) por las avenidas 9 de Septiembre.. y en lo que respecta a su origen (¿Qué entidad fue primero?) aún no se puede afirmar con certeza. que ratifica la primera de ellas. prohíbe la circulación y/o tránsito de vehículos pesados (camiones. II.º 8 “Cerro Camote”. reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional. pronuncia la siguiente sentencia I. las cuales han sido expedidas usurpando funciones. Beaumont Callirgos. El Progreso y 28 de Julio del Anexo N. contra la Municipalidad Distrital de San Antonio de la provincia de Huarochirí. Vicepresidente. Eto Cruz. Álvarez Miranda y UrviolaHani. Calle Hayen. la Municipalidad Metropolitana de Lima interpone demanda de inconstitucionalidad contra la Municipalidad Distrital de San Antonio. ubicadas en la jurisdicción del distrito de San Antonio.º 09-MDSA.
Agrega que solicitó y logró que la Presidencia del Consejo de Ministros. incluya a la Provincia de Huarochirí y el Distrito de San Antonio dentro del Plan Nacional de Demarcación Territorial del año 2006. . a través del Oficio Nº 0727-06-MML-IMP-DE.º 00011 emitida por la Municipalidad Provincial de Huarochirí. que ratifica la demarcación territorial de los distritos de Santo Domingo de los Olleros y de San Antonio. por cuanto comprende el ámbito territorial de la Provincia de Lima y ha ejercido atribuciones que solo le competen al Congreso de la República. Collata y Vicas. que crea el distrito de San Antonio de la Provincia de Huarochirí. Señala que el Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de la Ordenanza Municipal N.alega que el Instituto Metropolitano de Planificación. Expresa que la Ley N. exhortando a las autoridades competentes y a los poderes ejecutivo y legislativo asumir las funciones que les corresponden. Contestación de la Demanda El Procurador Público de la Municipalidad Distrital de San Antonio manifiesta que los límites de su representada se encuentran claramente definidos en el artículo 2º de la Ley N. son anexadas al distrito de Lurigancho de la Provincia de Lima. se encuentran dentro de la jurisdicción del distrito de Lurigancho. que el Decreto Ley N. Provincia de Lima. º 8 “Cerro Camote” de la Comunidad Campesina de Jicamarca se encuentra dentro de la jurisdicción del distrito. que culminará con la dación de una Ley. Collata y Vicas. Jicamarca.º 000011 expedida por la Municipalidad Provincial de Huarochirí. y por lo tanto. Sostiene.º 10161. y sus límites serán los de la línea de contorno del conjunto de dichos pueblos. no comprendiendo al Anexo 8 “Cerro Camote” de la Comunidad Campesina de Jicamarca. El Progreso y 28 de Julio. además. Sostiene. y que sus límites serán los de la línea de contorno del conjunto de dichas Comunidades Campesinas. dando inicio al proceso de saneamiento de límites. Huarochirí y Canta. que la Ordenanza Municipal N. además. de Creación del Distrito de San Antonio. º 10161. que establece que está formado por las Comunidades Campesinas de Chaclla. dispone que estará formado por los pueblos de Chaclla. ha establecido que la correspondencia jurisdiccional de las Avenidas 9 de Septiembre. no por los límites de las comunidades campesinas. Jicamarca. ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional mediante la sentencia recaída en el Expediente N. Consecuentemente. el Anexo N.º 0025-2004-AI/TC.º 18681 establece que las zonas de Chosica Vieja y Yanacoto. a través de su Dirección Nacional de Demarcación Territorial. reconociendo un conflicto de límites entre las provincias de Lima.
º 08 “Cerro Camote”-Jicamarca. sean estas provinciales o distritales” (Cfr. STC N. 2. expedida por la Municipalidad Distrital de Lurigancho. prohibir la circulación y/o tránsito de vehículos pesados (camiones. el Tribunal Constitucional ha establecido que “la autonomía municipal supone capacidad de autodesenvolvimiento en lo administrativo. en su artículo 1º. y la Ordenanza Municipal N.º 09-MDSA. en los asuntos que constitucionalmente le atañen. de la jurisdicción del distrito de San Antonio. Por su parte.º 075-CDLCH. volquetes y otros similares) por las avenidas 9 de Septiembre. La autonomía y competencia de los Gobiernos Locales 4. La autonomía de los Gobiernos Locales se encuentra prevista en el artículo 194º de la Constitución. ratifica la vigencia de la Ordenanza Municipal N. Fundamento N. establece. . se garantiza que los gobiernos locales. La cuestionada Ordenanza Municipal N. que dispone que “Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política. económica y administrativa en los asuntos de su competencia (…)”. emitida por la emplazada Municipalidad Distrital de San Antonio. puedan desarrollar las potestades necesarias que garanticen su autogobierno” (Cfr.º 11- MDSA. 3. ubicadas en la jurisdicción del distrito de San Antonio. 5. de la provincia de Huarochirí.º 08 “Cerro Camote”- Jicamarca. la también cuestionada Ordenanza Municipal N. El Progreso y 28 de Julio.º 11-MDSA. de la Provincia de Huarochirí.º 00010-2001-AI. Sobre el particular. que ratifica la primera de ellas. del 27 de abril de 2006. del Anexo N. y que “esta garantía [autonomía municipal] permite a los gobiernos locales desenvolverse con plena libertad en dichos ámbitos.º 4). Fundamento Nº 6). Mientras que su artículo 2º dispone encargar a la Dirección de Seguridad Ciudadana efectúe las coordinaciones pertinentes y necesarias con la Policía Nacional del Perú para el cabal cumplimiento de lo antes dispuesto.º 09-MDSA y. es decir. político y económico de las municipalidades. STC Nº 00015-2005-AI. del 28 de junio de 2006. declara inaplicable la Ordenanza N.III. en el Anexo N. del Departamento de Lima. emitida por la emplazada Municipalidad Distrital de San Antonio. emitidas por la Municipalidad Distrital de San Antonio.º 09-MDSA. De autos fluye que la municipalidad demandante pretende que se declare la inconstitucionalidad de la Ordenanza Municipal N. asimismo. FUNDAMENTOS Petitorio de la demanda y cuestiones previas 1.
supra. ubicadas en la jurisdicción del distrito de San Antonio. en el Anexo N.º 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. vialidad y transporte público. declara inaplicable la Ordenanza N. 9. la Ordenanza Municipal N. de la provincia de Huarochirí. 7. 10. transporte colectivo.º 075- CDLCH. en el artículo 81º. ratifica la vigencia de la primera de ellas y. circulación y tránsito. y conforme al inciso 8). asimismo. . son competentes para “Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación. vivienda. En ese sentido. No obstante.º 8 “Cerro Camote”-Jicamarca. recreación y deporte. cultura. En ese sentido. conforme a ley”. Fundamento Nº 2). medio ambiente. En el mismo sentido. sustentabilidad de los recursos naturales. saneamiento. debe entenderse que dicha autonomía debe ser ejercida dentro del marco constitucional y legal (Cfr. volquetes y otros similares) por las avenidas 9 de Septiembre. económica y administrativa en los asuntos de su competencia (…)”. expedida por la Municipalidad Distrital de Lurigancho. indistintamente. de la jurisdicción del distrito de San Antonio. referido a las funciones que ejercen las municipalidades en materia de tránsito. el artículo II del Título Preliminar de la Ley N.º 09-MDSA prohíbe la circulación y/o tránsito de vehículos pesados (camiones. si bien los gobiernos locales tienen la capacidad de autogobierno para desenvolverse con libertad y discrecionalidad en los asuntos de su competencia. turismo.º 8 “Cerro Camote”-Jicamarca. º 27972 establece. Como ha quedado expuesto en los Fundamentos 1 a 3. conservación de monumentos arqueológicos e históricos.6. pero de manera más específica. Análisis de la controversia 8.º 11-MDSA. y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad. en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. En el mismo sentido. y que está representada no sólo por el Estado sino por el ordenamiento jurídico que rige a éste. la Ley Orgánica de Municipalidades N. El Progreso y 28 de Julio. del Anexo N. queda claro que ésta debe desarrollarse de conformidad con la estructura general de la cual en todo momento se forma parte. mientras que la Ordenanza Municipal N. dispone que “los gobiernos locales gozan de autonomía política. El artículo 195º de la Constitución dispone de manera general que los gobiernos locales –sin distinguir entre provinciales o distritales– promueven el desarrollo y la economía local. STC Nº 0010-2003-AI/TC. salud.
al emitir las cuestionadas ordenanzas. y. con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú HA RESUELTO Declarar FUNDADA la demanda. N. inconstitucionales la Ordenanza Municipal N. El Progreso y 28 de Julio. “Normar y regular el servicio público de transporte terrestre urbano e interurbano de su jurisdicción. protege a la institución de los excesos que pudieran cometerse en el ejercicio de la función legislativa. vaciarla de contenido o suprimirla. según fluye tanto de la demanda como de su contestación. del Departamento de Lima. 11. b) El numeral 1. En consecuencia.º 8 “Cerro Camote”-Jicamarca. que prohíben la circulación y/o tránsito de vehículos pesados (camiones. º 11-MDSA. impide que el legislador pueda desconocerla. emitidas por la Municipalidad Distrital de San Antonio. que es función específica y exclusiva de las municipalidades provinciales. y en consecuencia. un instituto constitucionalmente protegido que. más aún cuando. del Anexo N. existe un conflicto o problema de demarcación territorial pendiente de resolver. “Normar.a) El numeral 1. en esencia. Por estos fundamentos. una garantía institucional. esto es. del 27 de abril de 2006. el Tribunal Constitucional. que ratifica la primera de ellas. sus rasgos básicos o su identidad no sean trastocados de forma que la conviertan en impracticable o irreconocible. La autonomía municipal constituye. por su propia naturaleza. EXP. del 28 de junio de 2006. º 09-MDSA.. y la Ordenanza Municipal N. . que también es función específica y exclusiva de las municipalidades provinciales. de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales sobre la materia”. fluvial y lacustre a nivel provincial”.2. el Tribunal Constitucional considera que la demanda debe ser estimada toda vez que. y persigue asegurar que. en su tratamiento jurídico. de la Provincia de Huarochirí. regular y planificar el transporte terrestre.1. volquetes y otros similares) por las avenidas 9 de Septiembre. la emplazada Municipalidad Distrital de San Antonio ha ejercido una competencia que no le corresponde sino de manera específica y exclusiva a la Municipalidad Provincial.° 010-2001-AI/TC DEFENSORÍA DEL PUEBLO 1.
esto es. pero respetando el principio de unidad del Estado. el desenvolvimiento con libertad y discrecionalidad. la autonomía hace referencia a un poder limitado. respetar el contenido esencial de la institución constitucionalmente garantizada quiere decir no sujetar o condicionar la capacidad de autodesenvolvimiento pleno de los gobiernos locales a relaciones que se puedan presentar como injustificadas o irrazonables.° 27181. pronuncia la siguiente sentencia ASUNTO Acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Alcalde de la Municipalidad Provincial del Santa contra el artículo 30. político y económico de las municipalidades. a los 15 días del mes de diciembre de 2004. Vicepresidente. de coordinación y. dentro de los límites constitucionalmente establecidos. Presidente. En este contexto. RevoredoMarsano. por ello. EXP. de subordinación. siempre que. se respete su contenido esencial. al hacerlo. al que se refiere el segundo párrafo del artículo 43° de la Constitución. sean éstas provinciales o distritales. N. en particular. ha de tratarse de relaciones que sean. en el que se ejercita un conjunto de atribuciones. Por consiguiente. no significa dejar de pertenecer a una estructura general de la cual se forma parte en todo momento.La autonomía municipal supone capacidad de autodesenvolvimiento en lo administrativo.° de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre N. Ciertamente.° 0010-2003-AI/TCLIMA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima. a fin de que la capacidad de autodesenvolvimiento no termine vaciada de contenido. cuando a un órgano se le reconoce tal garantía institucional. en aquellos casos en que la Constitución expresamente lo permita. que está representada por el Estado y por el ordenamiento jurídico que lo rige. se le impone implícitamente que dicha capacidad de autonormación y administración deba realizarse dentro del ordenamiento jurídico y. la garantía de la autonomía municipal no impide que el legislador nacional pueda regular su régimen jurídico. en lo fundamental. con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini. Por su propia naturaleza. Autonomía no significa autarquía. BardelliLartirigoyen. Gonzales Ojeda y García Toma. Y es que la capacidad de autogobierno. ANTECEDENTES . reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional. sólo excepcionalmente.
pues desconoce que el transporte público de pasajeros es competencia exclusiva de las municipalidades provinciales. . Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. ya que les asegura una indemnización aunque el conductor sea insolvente. Don Estuardo Díaz Delgado. según los términos y montos establecidos en el reglamento correspondiente. alegando que dicha norma vulnera el artículo 191° de la Constitución. las cuales pueden establecer mecanismos distintos de cobertura de accidentes de tránsito.° de la Ley N. pues la seguridad del transporte no es un asunto que sólo pueda ser de interés de la Municipalidad Provincial del Santa. FUNDAMENTOS Petitorio 1. Agrega que el SOAT significa un alto costo para los transportistas. Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. y que en el marco de un Estado Democrático y Social crea una situación de cobertura que beneficia a la sociedad en su conjunto. la misma que debe ejercerse de acuerdo con la naturaleza unitaria del Estado Peruano. aduce que el SOAT beneficia a las víctimas.° de la Ley N. Su aplicación es progresiva. Los incisos 1) y 2) del artículo 30° de la Ley N. Alega. por lo que el Poder Legislativo tiene competencia para regular el transporte. contraviene el artículo 191° de la Constitución. refiere que el carácter riesgoso de los vehículos automotores que circulan a lo largo del territorio nacional ponen en peligro la vida y el derecho a la integridad personal de todos los peruanos. Por otro lado.° 27181. Alega que dicha disposición. conforme lo señala el artículo 43° de la Constitución. que el transporte público no es de competencia exclusiva de las municipalidades provinciales. asimismo. y es en el marco de sus disposiciones que las municipalidades provinciales deben ejercer su autonomía y competencia. Finalmente. por considerar que dicha norma afecta su autonomía municipal.° 27181. señalan que: "Todo vehículo automotor que circule en el territorio de la República debe contar con una póliza vigente de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. propietarios y responsables solidarios de indemnizar los perjuicios ocasionados por los accidentes de tránsito. dado que el costo de la póliza y la siniestrabilidad son excesivos para la realidad socioeconómica de la Provincia del Santa El apoderado del Congreso de la República contesta manifestando que la Municipalidad demandante parte de una errónea concepción de la garantía institucional de la autonomía municipal. de acuerdo al reglamento respectivo. El demandante solicita que se declare la inconstitucionalidad del artículo 30. razón por la cual el Poder Legislativo es competente para establecer una política nacional que afronte la cobertura de los daños producidos por los accidentes de tránsito. que establece la contratación de pólizas de seguros obligatorios de accidentes de tránsito (SOAT) para todo vehículo automotor que circule en el territorio de la República. solicita que se declare la inconstitucionalidad del artículo 30. Alcalde de la Municipalidad Provincial del Santa.° 27181.
El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito cubre a todas las personas. este Tribunal. en los asuntos que constitucionalmente les atañen.)". puedan desarrollar las potestades necesarias que garanticen su autogobierno. En efecto. pues desde el mismo momento en que el ordenamiento constitucional lo . dicha garantía permite a los gobiernos locales desenvolverse con plena libertad en dichos ámbitos. ha precisado el carácter restringido del concepto de autonomía de los órganos creados por la Constitución.° 27680) de la Constitución garantiza el instituto constitucional de la autonomía municipal. Sin embargo. no debe confundirse autonomía con autarquía. en aplicación de la Ley N. en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad. ha precisado que “El artículo 191° (ahora artículo 194º. en criterio aplicable mutatis mutandis a la presente causa. de fecha 9 de setiembre de 2003. estableciendo que: “(.. 4.. en su STC N. La Autonomía Municipal 2.) la autonomía es la capacidad de autogobierno para desenvolverse con libertad y discrecionalidad.. en los asuntos de su competencia”. en la sentencia recaída en el Expediente N.. se garantiza que los gobiernos locales.° 0012- 1996-I/TC. es decir. En ese sentido. en sus ámbitos político.) hace referencia a un poder limitado.° 0007-2002-AI/TC.. que sufran lesiones o muerte como producto de un accidente de tránsito (. (STC 4/1981. ha manifestado que la autonomía "(. sean ocupantes o terceros no ocupantes. Este Tribunal. En cuanto a la autonomía municipal. y dado que cada organización dotada de autonomía es una parte del todo. FJ N.° 8). y que está representada no sólo por el Estado sino por el ordenamiento jurídico que rige a éste”.. económico y administrativo. El Tribunal Constitucional español. sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido". 3. debe entenderse que dicha autonomía debe ser ejercida dentro del marco constitucional y legal. Autonomía no es soberanía. 5. pero sin dejar de pertenecer a una estructura general de la cual en todo momento se forma parte.
Igualmente. señala que la autonomía que la Constitución Política del Perú consagra en favor de las municipalidades. en su tratamiento jurídico. por su propia naturaleza. Por ello. este Tribunal precisó que la autonomía municipal constituye. En efecto. protegiendo a la institución edil de los excesos que pudieran cometerse en el ejercicio de la función legislativa. o que alguna de sus competencias pueda desvincularse total o parcialmente del sistema político.° 010-2001-AI/TC. sean éstas provinciales o distritales. radica en la facultad de ejercer actos de gobierno. 7. o del propio orden jurídico en el que se encuentra comprendido todo gobierno municipal. el artículo II del Título Preliminar de la Ley N. político y económico de las municipalidades. y su objeto es asegurar que. toda vez que las municipalidades son reconocidas como instituciones representativas de los vecinos de una determinada localidad. que tiene un alcance mayor. establece. administrativos y de administración. En buena cuenta.° 27972. Conviene precisar que el término autonomía difiere del de soberanía. 9. la autonomía que la Constitución garantiza a las Municipalidades debe ser ejercida por éstas en función del interés de los vecinos.° 27181 . la autonomía municipal supone la capacidad de autodesenvolvimiento en lo administrativo. El concepto de autonomía es más bien restringido. 8. impide que el legislador pueda desconocerla. su desarrollo debe realizarse respetando a ese ordenamiento jurídico. fomentar el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de sus circunscripciones. Las competencias municipales y el artículo 30° de la Ley N. puesto que está limitado a ciertos ámbitos competenciales. en la STC N. en esencia. Orgánica de Municipalidades. sus rasgos básicos o su identidad no sean trastocados de forma tal que la conviertan en impracticable o irreconocible. de fecha 28 de octubre de 2003. y que se constituye como un atributo exclusivo del Estado. con sujeción al ordenamiento jurídico. una garantía institucional que. Ello permite concluir que la autonomía no supone una autarquía funcional. 6. vaciarla de contenido o suprimirla. y están llamadas a promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales.
por otro. determinando con ello el núcleo indisponible y los límites impuestos a la actuación del legislador. La demandante alega que el artículo 30. operan opeConstitutionis. como función exclusiva de las municipalidades provinciales. la competencia de sus órganos de poder tampoco ha de ser considerada como un derecho. reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad. Obviamente.) "todo vehículo automotor deba contar con una póliza vigente de seguro obligatorio de accidente de tránsito. que preceptúa los lineamientos generales económicos. Argentina. Ley Orgánica de Municipalidades. el Estado no es titular de derechos. .° 27972. circulación y tránsito. dentro del marco constitucional. La determinación de ámbitos de competencia de una Municipalidad no puede plantearse a partir de datos extrínsecos. La competencia no constituye un derecho subjetivo del órgano. El orden constitucional de distribución de competencias municipales es reconocido por el artículo 195° de la Constitución. Tomo III. Las competencias municipales tienen el carácter de indisponibles.. El inciso 5) del artículo 195º de la Constitución establece que los gobiernos locales son competentes.. es decir. de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales sobre la materia. por la Ley N. Dichos preceptos constitucionales han sido desarrollados. se hubieren dictado para delimitar dichas competencias. entre otras cosas. la de normar y regular el servicio público de transporte terrestre urbano e interurbano de su jurisdicción. las referidas facultades de los gobiernos locales deben ser ejercidas dentro de su circunscripción territorial. con arreglo a ley. por la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre N.° 27181 es inconstitucional. 14. en principio. Las competencias son indisponibles e irrenunciables. 11-12] 12. el inciso 8) de la misma norma constitucional destaca la competencia de las municipalidades para desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de transporte colectivo. sin tener en consideración que por mandato constitucional las municipalidades en materia de transporte público de pasajeros. La competencia es la asignación de sus funciones a un determinado órgano-institución. en cuanto sea posible. 13. Como. 11. a partir sólo de nociones intrínsecas de la propia Constitución. parágrafo 1. [German J.10. porque establece que: (.° de la Ley N. pp. puede establecer mecanismos distintos de cobertura de accidentes de tránsito". tanto para el legislador como para las Municipalidades en los asuntos de su competencia y dentro de su jurisdicción. en su artículo 81º. sino.° 27181. la cual establece. 2001. por otro lado. produciendo la nulidad de pleno derecho de las normas contrarias a los preceptos constitucionales y a los que. de un lado. Bidart Campos.2. 15. Manual de la Constitución Reformada. organizacionales y reglamentarios del transporte y tránsito terrestre en todo el territorio de la República. Ediar. para organizar. y.
Por los fundamentos expuestos. toda vez que la Constitución no ha reservado en favor de las Municipalidades la facultad de establecer un sistema de responsabilidad civil por accidentes de tránsito. y teniendo en cuenta que la autonomía municipal no impide que el legislador nacional pueda regular el propio régimen jurídico de las municipalidades. 17. por cuanto la defensa de la persona humana es el fin supremo de todo ordenamiento jurídico. En tal sentido. el Tribunal Constitucional. no resulta inconstitucional. como consecuencia de un accidente de tránsito. siempre que se respete su contenido esencial. Publíquese y notifíquese. garantizando el derecho que tiene de toda persona a preservar su integridad física. ALVA ORLANDINI BARDELLI LARTIRIGOYEN REVOREDO MARSANO GONZALES OJEDA GARCÍA TOMA . 16. tiene como fin la protección tuitiva que desarrolla el Estado a favor de su población. la muerte y lesiones corporales que sufran las personas ocupantes o terceros no ocupantes de un vehículo automotor. con la autoridad que la Constitución Política del Perú le confiere. la obligatoriedad del SOAT.° 27181. siendo ello una tarea del propio Estado. SS. entre otras contingencias. HA RESUELTO Declarar INFUNDADA la acción de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 30° de la Ley N.° 27181. que establece que todo vehículo automotor que circule en el territorio de la República debe contar con una póliza vigente de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). este Tribunal concluye en que el artículo 30° de la Ley N. que cubre. En ese orden de ideas.
II del Título Preliminar de la Ley N.AutonomÍa de los Gobiernos Locales Art. Art.º 27972 Política Económica Administrativa . 194 Contitucion .
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References: artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 194
 artículo 2
 artículo 81
 artículo 195
 artículo 30
 artículo 43
 artículo 191
 artículo 30
 artículo 191
 artículo 43
 artículo 30
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 artículo 191
 artículo 194
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 195
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