Source: http://www.e-pesimo.blogspot.com/2010_04_18_archive.html
Timestamp: 2013-05-25 08:38:30+00:00

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e-pesimo Auxiliar 1: 18/04/10 - 25/04/10
EDITORIALES: Linchamiento al juez que instruye el 'caso Garzón'
Linchamiento al juez que instruye el 'caso Garzón' LA CAMPAÑA de desprestigio contra el Supremo y, particularmente, contra el magistrado Luciano Varela arrecia y alcanza niveles intolerables. A los insultos y coacciones de estos días y al intento de asimilar a los jueces del Alto Tribunal con los torturadores franquistas siguió ayer el linchamiento de Varela, al que llegó a calificarse de «peón de los verdugos» en la emisora de radio del grupo que intenta que Garzón no sea juzgado. Hoy hay convocadas nuevas manifestaciones contra el Supremo. Hasta Felipe González calificaba ayer de «injusto» e «incomprensible» el proceso a Garzón, pronunciándose en la misma línea irresponsable en que lo han hecho miembros del Gobierno como Chaves o Blanco.Incluso la decisión de Varela de expulsar a Falange de la causa se utilizó ayer como munición en su contra. Desde la izquierda se apresuraron a calificar esa resolución de «lavado de cara». Sin embargo, estamos ante una recta aplicación de la norma. No hubiera sido de recibo que Varela, que ha demostrado desde el principio que, estando en las antípodas ideológicas de los denunciantes, aplica sin prejuicios la ley, hubiera tomado ahora una decisión arbitraria para no manchar su imagen. La realidad es que los abogados del partido ultraderechista se equivocaron al incluir valoraciones ideológicas en su acusación, al no concretar los hechos que consideran punibles y al no entregar en plazo la nueva versión requerida por el magistrado.Qué duda cabe que el caso se presta fácilmente a manipulación y al abuso de los estereotipos. Para quien no conozca el asunto que se juzga, ver a un partido como Falange triunfante ante el juez que se ha presentado ante el mundo como el adalid de las víctimas de las dictaduras resultará chocante. Por eso, la exclusión de Falange puede ser clarificadora. Pero ha de quedar patente que, si hasta los terroristas pueden acudir a los tribunales, debe permitírsele también a un partido que, por repelente y anacrónico que pueda parecernos, está registrado legalmente y cumple con los requisitos establecidos.Lo realmente intolerable sería que la Justicia decidiera quién puede presentar una denuncia y quién no, en función de su posición ideológica o de su buen nombre, porque eso supondría la quiebra del Estado de Derecho. Pues bien, aun cuando Falange ha quedado fuera, se insiste en el carácter ultra de Manos Limpias para deslegitimar la acusación. Se olvida, por ejemplo, que si Atutxa fue condenado por desobedecer a la Justicia al no disolver el grupo parlamentario batasuno de Sozialista Abertzaleak fue sólo gracias a una denuncia de ese sindicato.El propio Garzón es víctima de la contradicción en la que se mueve su grupo de defensores. Ayer pidió que se anulen los escritos de acusación argumentando que el instructor ha ayudado a los querellantes. La tesis revela una ignorancia supina de la doctrina constitucional, que obliga al juez a dar la oportunidad de subsanar los defectos formales en que incurran los escritos de las partes. Por ello no parece que la petición de Garzón pueda prosperar, como tampoco lo ha hecho la recusación de varios magistrados de la Sala Penal del Supremo por su supuesta «falta de imparcialidad». Paradójicamente, para tratar de tumbar el proceso, Garzón defiende el derecho de Falange a que Varela no toque una coma de su denuncia. Pero es que además, no puede acusarse al magistrado de «asesorar» a Falange, al tiempo que se le critica por recurrir a un tecnicismo para apartarla de la causa.Los defensores de Garzón tratan de hacer creer que lo que se dilucida en el Supremo es franquismo, sí o franquismo, no. Es mucho más sencillo: hay que determinar si Garzón se saltó la ley. Y todo el ruido y todas las presiones no deben desviar de ese objetivo al Tribunal. Dice que hay jueces más 'obedientes' que otros Montilla no entiende la división de poderes JOSÉ MONTILLA no sabe en qué consiste la división de poderes a juzgar por sus declaraciones de ayer a la televisión catalana. El presidente de la Generalitat afirmó que los jueces «conservadores» del Tribunal Constitucional «son más fieles y obedientes a la formación que los ha propuesto» que los promovidos por el PSOE. Según Montilla, esos jueces cercanos al PP «lo tienen muy claro». Una de las principales autoridades del Estado debería abstenerse de hablar en estos términos por un mínimo respeto a las reglas de juego de una democracia. Pero es que, además, da la impresión de que al presidente de la Generalitat le gustaría un comportamiento partidista y sectario de los jueces, en función de sus ideas políticas. Esa es la idea que parece tener Montilla del poder judicial y de las altas instituciones del Estado, que, según se desprende de sus palabras, deberían funcionar de forma clientelar a los partidos.La Iglesia defiende la libertad religiosa de NajwaObispos y Gobierno, de la mano en el uso del 'hiyab' LOS OBISPOS españoles consideran «anticonstitucional» prohibir el velo en las escuelas porque consideran que conculca el principio de libertad religiosa consagrado en la Carta Magna. Coinciden así con el Gobierno en la defensa de la adolescente Najwa, a la que el instituto de Pozuelo en el que estudiaba le ha prohibido entrar con la prenda. Al margen de que la postura de los obispos -si quieren crucifijos en las escuelas tienen que aceptar el hiyab y otras manifestaciones religiosas- es más coherente que la del Ejecutivo -algunos de cuyos miembros discriminan según la religión- lo cierto es que en este tema es absurdo intentar establecer un código de conducta único. No se puede regular el problema de la misma forma en un colegio de Melilla que en otro de León o en un pueblo de Castilla-La Mancha donde sólo hay un instituto. Hay que dejar autonomía a los centros para que sus consejos escolares decidan en función de sus circunstancias concretas. Con esto y con el empleo del sentido común se evitarán muchas absurdas acusaciones de xenofobia o anticlericalismo.Cesado el director del centro femenino de MecoEl Estado no debe tolerar abusos en las cárceles LAS CÁRCELES volvieron ayer a ser noticia. La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, decidió destituir al responsable, a dos ayudantes y a varios funcionarios del centro femenino de Meco. Se les está investigando por permitir o mantener relaciones sexuales con las reclusas a cambio de bebidas alcohólicas y favores en la prisión. El Gobierno ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía, que tomará cartas en el asunto. El sindicato de funcionarios CSIF acusó ayer a Gallizo de haber reaccionado tarde. Los hechos son tan graves como repugnantes, por lo que sólo cabe esperar que la Justicia lleve a cabo una investigación rigurosa para castigar a los culpables. La integridad física y moral de una persona que está privada de libertad por haber sido condenada tiene que estar protegida por el Estado, que no puede permitir abusos en las cárceles y menos si son cometidos por funcionarios. No estaría de más que Interior realizara una investigación interna para detectar si se han producido en otros centros actos de esta naturaleza.El Mundo en dos minutosLocos por el juez campeador
EL JUEZ SOCIALISTA EN EL BANQUILLO: Varela echa a Falange mientras Garzón le acusa de 'asesorarla'
MARÍA PERAL / Madrid Varela echa a Falange mientras Garzón le acusa de 'asesorarla'El instructor del Tribunal Supremo expulsa al partido ultraderechista del proceso por no haber corregido a tiempo su escrito de acusación / El juez imputado acababa de achacarle «parcialidad» a favor de los querellantesEl magistrado Luciano Varela, instructor del proceso por prevaricación abierto por el Supremo a Baltasar Garzón, expulsó ayer de la causa a Falange Española de las JONS, que no podrá sentar en el banquillo al juez de la Audiencia Nacional.La decisión se debe a que ese partido no ha atendido dentro de plazo el requerimiento de Varela para que subsanara los defectos advertidos en el escrito de acusación y que se sintetizaban en que no cumplía la exigencia legal de «limitarse» a determinar de manera precisa los hechos punibles.A la misma hora en que el tribunal notificaba que Falange ha quedado fuera del proceso, la defensa de Garzón presentaba un escrito en el que afirma que el requerimiento de Varela a Falange ha sido un «asesoramiento» con el fin de que presentara argumentos de acusación «más eficaces».Sigue en página 4 Editorial en página 3Al mediodía de ayer, el Tribunal Supremo notificó la resolución en la que el magistrado Luciano Varela tiene «por precluido» al partido político Falange Española de las JONS «en su derecho a formular acusación» contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.La resolución venía precedida de una diligencia en la que la secretaria judicial daba cuenta de que, transcurrido el plazo de una audiencia que Varela dio a Falange el pasado martes, «no ha atendido el requerimiento» que se le hizo para que subsanara los defectos apreciados en su escrito de acusación.En una resolución dictada el día 20, Varela rechazó el escrito de acusación con el que Falange pretendía sentar a Garzón en el banquillo y pedirle 20 años de inhabilitación en la función judicial.El motivo del rechazo fue que, en contra de lo establecido en la ley procesal penal, ese escrito de acusación no precisaba los hechos objeto de imputación y se extendía en «múltiples valoraciones», «de tal suerte que resulta arduo diferenciar cuáles sean los hechos de cuya verdad o falsedad se ha de ocupar la defensa del acusado y a cuya acreditación ha de orientarse la actividad probatoria», indicó el magistrado.El plazo dado por Varela para la subsanación del escrito de acusación concluyó el jueves, sin que en el Tribunal se recibiese escrito alguno de Falange. El documento fue presentado ayer, un vez vencido el plazo. Tal como se le había advertido, esa conducta determina la expulsión de Falange de la causa contra Garzón.Además, Varela ha dejado la puerta abierta a la aplicación de los efectos que establece el artículo 274 de la ley procesal penal, según el cual «el particular querellante podrá apartarse de la querella en cualquier tiempo, quedando, sin embargo, sujeto a las responsabilidades que pudieran resultarle por sus actos anteriores».Prácticamente al mismo tiempo en que se conocía la decisión de echar a Falange del procedimiento, la defensa de Garzón presentaba un escrito planteando un incidente de nulidad de actuaciones.La defensa cree nulas las resoluciones por las que Varela requería a Falange y al sindicato Manos Limpias para que subsanaran sus escritos de acusación.A diferencia de Falange, Manos Limpias sí ha atendido el requerimiento, que en su caso se refería a eliminar como hecho punible una resolución dictada por Garzón sobre los asesinatos de Paracuellos y a suprimir las apreciaciones jurídicas que fundamentarían la calificación de prevaricación (que deben ser expuestas en el juicio oral, no en el escrito de acusación).Varela ha dado por válida la subsanación realizada por Manos Limpias, por lo que el juicio oral podría abrirse con esa acusación. Por ello, anticipándose a esa posibilidad, el escrito presentado ayer por la defensa pretende ampliar la nulidad de actuaciones a los iniciales escritos de acusación presentados por todas las acciones populares «y a los que eventualmente presenten con las correcciones interesadas por el instructor».En un duro escrito contra Varela, la defensa sostiene que sus requerimientos a Falange y Manos Limpias «no tienen amparo en ningún precepto de la normativa procesal vigente y son manifiestamente ajenos a las normas esenciales del procedimiento».Se trata, a su parecer, de «una actuación parcial del instructor a favor de las acusaciones», una «insólita labor de expurgación, por la cual se le indica a unas acusaciones lo que tienen que decir o no decir en un escrito de acusación, labor más próxima, realmente, a una asesoría o consejo jurídico».«Lo que el instructor pretende», aventura, «es que se presenten unos escritos de acusación con otro contenido distinto, con otros argumentos de cargo que sean, a su juicio, más oportunos, menos dispersos, más concretos; en definitiva, más eficaces para sostener su postura»PEDRO SIMÓN / RAFAEL J. ÁLVAREZ Madrid «Varela es un peón de los verdugos» Grupos pro Memoria critican que continúe una causa contra quien investiga a Franco«Varela es un peón en manos de los verdugos que quieren que no se aplique la Justicia universal y sólo pretenden humillar a las víctimas de Franco». Habla Llani Álvarez, representante de la Coordinadora de Colectivos de Víctimas del Franquismo. Su historia cuenta que a su abuelo, capitán republicano, lo fusilaron los nacionales una semana después del inicio de la Guerra Civil.Álvarez reaccionó ayer con escepticismo ante el hecho de que el juez Luciano Varela haya expulsado a Falange de la causa contra Garzón. «Varela tenía que haber considerado que el escrito de Falange era nulo desde el principio». Con lo que la decisión de sacar a este grupo ultraderechista del proceso justo ahora, deja «indiferentes» a las agrupaciones que luchan por rescatar la memoria.Para la portavoz de un colectivo que agrupa a una decena de asociaciones, no se explica que se retire a Falange de la causa y se mantenga a Manos Limpias, «un grupo fascista que procede de Fuerza Nueva».Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, no cree que la decisión de Varela sea casual: «Es una vergüenza que un día antes de la manifestación se saque a Falange Española de la demanda». Silva vino a considerar la exclusión de Falange como algo secundario, porque «aunque esto haya sucedido, el proceso es igual de lamentable. Y más lamentable aún es que no se ocupen de las víctimas del franquismo».Para el presidente de esta asociación, la causa es en sí «injusta», debido a que Garzón estaba investigando «crímenes que existen». «Con la actuación de Varela se está negando el Derecho Penal Internacional», algo en lo que coincidió con José María Pedreño, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria. «El tema no es Garzón; no luchamos para defenderle a él. El tema es lograr justicia para las víctimas. Seguimos con cunetas llenas de muertos, tenemos a 14.000 familias pidiendo información, y la situación sigue dependiendo del trabajo de voluntarios que exigen dignidad».Para Pedreño, la expulsión de Falange es un «lavado de cara a un procedimiento escandaloso». «Al Estado le viene muy mal este asunto, la imagen que se proyecta de España es tremenda y procesar a Garzón por investigar al franquismo no se sostiene. Yo creo que el juez Varela ha tenido toques de arriba y no me sorprendería que incluso la causa se archive definitivamente». JAVIER ORTEGA / Zaragoza Felipe González ve «injusto» el proceso al magistradoCorresponsalEl ex presidente del Gobierno Felipe González declaró ayer en Zaragoza: «Garzón se podrá equivocar o no, pero de lo que se le acusa no es de un delito de prevaricación».En declaraciones a los medios de comunicación, tras recibir el Premio Aragón Internacional, González, señaló: Es la primera vez, y posiblemente la última, en que me pronuncio sobre el fondo del asunto. Lo que está ocurriendo me parece injusto ya, antes de que haya un pronunciamiento. Es incomprensible e inexplicable. Ese señor se puede equivocar o no, pero de lo que le acusan no es de un delito de prevaricación».Con motivo del Día de Aragón, el ex presidente recibió ayer en Zaragoza el Premio Aragón Internacional, concedido junto a Jacques Delors. La concesión de dicho galardón recibió críticas por parte de la oposición, PP, CHA e IU, que no veían méritos suficientes en González, al tiempo que cuestionaban su actuación respecto a Aragón cuando fue presidente en asuntos como los fondos europeos y el trasvase del Ebro.González centró su discurso en la crisis económica y para afrontarla reclamó coordinación y liderazgo. «Alemania debe mostrar su liderazgo. Necesitamos de verdad reformar el sistema financiero; en España también».GUILLERMO SANTA-OLALLA / Madrid Ciudades de todo el mundo se manifiestan hoy en apoyo al juez Mientras, Falange marchará en homenaje a Primo de RiveraEl abogado de Baltasar Garzón, Enrique Molina, realizó ante los medios de comunicación la siguiente afirmación el jueves de la semana pasada: «No me gustan las manifestaciones [de apoyo a Garzón], creo que le perjudican porque cualquier manifestación que se haga para perturbar el sosiego de un tribunal de Justicia perjudica al propio encausado». Sus palabras fueron contundentes, pero parece que los simpatizantes del juez de la Audiencia Nacional acusado de prevaricación no le otorgaron importancia.Tanto es así que para esta tarde han sido convocados diversos actos para respaldar su actuación en la investigación por los crímenes del franquismo. Las calles de varias ciudades españolas, de Europa e incluso de América están llamadas a ser el escenario de tales muestras de apoyo.Entre ellas destaca la de Madrid, convocada por la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, que partirá a las 18.30 horas de la plaza de Cibeles y se trasladará hasta la Puerta del Sol. El director de cine Pedro Almodóvar, la escritora Almudena Grandes y el poeta Marcos Ana leerán un manifiesto en solidaridad con las víctimas del franquismo en un acto al que también acudirán actores como Juan Diego Botto o Aitana Sánchez-Gijón.A esa misma hora empezarán otras manifestaciones como las de Barcelona (en la plaza de Sant Jaume), La Coruña (plaza de Galicia), Santiago de Compostela (plaza Roja), Granada (plaza Nueva) y Santa Cruz de Tenerife (avenida Tres de Mayo), entre otras.Más tempraneras serán las organizadas en Valencia (plaza del Ayuntamiento, a las 12.00), Las Palmas de Gran Canaria (Audiencia Nacional, también a las 12.00) y Gijón (frente al Teatro Jovellanos, a las 17.00). Ya con la noche recién iniciada clamarán en favor de Garzón en Zaragoza (plaza de España a las 20.00 horas).Además, algunas embajadas de España en América recibirán la visita de los partidarios del juez como, por ejemplo, la de México D.F. y la de Buenos Aires. Pero la más mediática de las marchas que se producirán en el extranjero puede ser la de Bruselas, ya que está convocada en la plaza de Luxemburgo, situada ante el Parlamento Europeo.Precisamente, la asociación Human Right Watch reclamó el pasado jueves al presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, que criticara las causas abiertas contra Garzón. Desde fuentes europeas respondieron que «no está entre las competencias de la UE comentar si el Poder Judical de un Estado está cumpliendo con su deber».Por su parte, Falange ha aprovechado el día de hoy, 107º aniversario del nacimiento de José Antonio Primo de Rivera, para convocar otra manifestación a las 19.00 horas que discurrirá desde la plaza de Alonso Martínez hasta el edificio del Tribunal Supremo en Madrid. La concentración rendirá homenaje al que fuera Jefe Nacional de la Falange e hijo del dictador Miguel Primo de Rivera.
DELINCUENCIAS ZP, CONSECUENCIAS DEL DINAMITADO DEL PHN: Rajoy respalda a Cospedal en Toledo tras fracasar el Estatuto
CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / Toledo Rajoy respalda a Cospedal en Toledo tras fracasar el Estatuto El líder del PP reta a Zapatero a mantener una misma política sobre el agua en toda España y critica la retirada del textoEn una visita improvisada la víspera, Mariano Rajoy se plantó ayer en Toledo para explicitar su pleno respaldo a María Dolores de Cospedal, a las pocas horas de la retirada de las Cortes de un Estatuto, el de Castilla-La Mancha, del que el PP ha decidido ahora hacer bandera.El presidente del PP ahorró ayer medallas para el barón murciano Ramón Luis Valcárcel -principal artífice de la retirada del término «reserva» de agua en el citado proyecto de Ley Orgánica- y se las colgó todas a su secretaria general y candidata en la región.«Cospedal propone dos cosas: Estatuto en Castilla-La Mancha y que se resuelva el problema del agua, aquí y en toda España. Barreda y Zapatero proponen que no haya Estatuto en Castilla-La Mancha y que no se resuelva el problema del agua, ni aquí ni en toda España». Así resumió Rajoy el debate político tras la renuncia de los socialistas al Estatuto.Pero antes aun que defender a Cospedal, lo que ayer hizo Rajoy en Toledo es lanzar un reto directo a Rodríguez Zapatero en territorio castellanomanchego.Le emplazó a recorrer España con un mismo discurso político sobre el agua del que él mismo presumió. «Yo estoy aquí, pero Zapatero ni ha venido ni se le espera. Yo estoy en Toledo y en cualquier lugar de España. Zapatero no está en ningún sitio», proclamó. Pero, además, le disparó tres reproches a modo de preguntas; las mismas que, según aseguró, justifican que el presidente del Gobierno «no ha venido ni va a venir, porque no quiere dar la cara».La primera, dirigida también a Barreda -«Zapatero y Barreda son lo mismo»- es que teniendo «votos suficientes», «si retiran el Estatuto, es porque quieren». «Ni Zapatero ni su delegado Barreda explican por qué, teniendo los votos suficientes, retiran el Estatuto», insistió. «La propuesta que planteó el PP garantiza el agua en toda España, la del PSOE no garantiza nada en ningún sitio. Probablemente por eso lo quieran retirar», aseguró.En este sentido, Rajoy puntualizó que «todos los diputados socialistas de Castilla-La Mancha han sacado adelante reformas de estatutos», como el de Cataluña o el de Andalucía, «sin el apoyo del PP». Y con este argumentó sentenció que, «en el fondo, les tiene sin cuidado el Estatuto». Y en este sentido, les acusó de «mentir» y de haber montado «una estrategia» electoral».«Lo que ha pasado es que llevan 30 años gobernando y, como ven que van a perder, han decidido organizar el gran lío con el agua». Y así, llegó a advertirles de que «se coge antes a un mentiroso que a un cojo».La segunda pregunta-reproche de Rajoy a Zapatero fue «la razón por la que los diputados de Castilla-La Mancha votaron el Plan Hidrológico Nacional y luego, los mismos votaron su liquidación». Según Rajoy, Zapatero «es un presidente de Gobierno que abdica de sus responsabilidades y sólo consigue enfrentamientos y no resolver el problema del agua». Y es que, insistió, «son incapaces de tener un criterio en toda España. Ésa es la verdad».La tercera pregunta a Zapatero fue «por qué Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma sin caja de ahorros». «¿Qué ha pasado ahí? ¿Hay algo oculto?; lo vamos a conocer», advirtió. Y en este capítulo, los populares dieron prueba de que van a por todas.El presidente provincial del PP, Arturo García Tizón, llegó a acusar a Barreda de «corrupción» y de «trabajar, no para Castilla-La Mancha, sino para cinco amigos», en relación con quienes van a quedarse con el deficitario aeropuerto de la región. Tizón culpó al presidente de que «se queda con el dinero de los castellanomanchegos» como depositantes de la Caja, «y se lo da a sus amigos».
DELINCUENCIAS ZP, EL INCONSTITUCIONAL ESTATUT: «El quinqui socialista del Baix Llobregat» celebra San Jorge con un nuevo ataque a los jueces del Const
LEONOR MAYOR / DANIEL G. SASTRE Barcelona Montilla celebra Sant Jordi con un nuevo ataque a los jueces del Constitucional «Los jueces conservadores son más fieles y obedientes al partido que los propuso»Los libros, las rosas y el buen ambiente de Barcelona por Sant Jordi dieron ayer una pequeña tregua a los ánimos políticos, tan encendidos esta semana en Cataluña por el debate del Estatut en el Tribunal Constitucional. Aun así y pese a lo apretado de su agenda institucional, el presidente de la Generalitat, José Montilla, no desaprovechó la ocasión de cargar de nuevo contra los magistrados del TC: «Los jueces conservadores son más fieles, lo tienen más claro, son más obedientes a la formación que los ha propuesto», afirmó en TV3.Sigue en página 8El president hizo esta reflexión al ser preguntado por la actitud de Manuel Aragón, nombrado para el TC por el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, pero que no quiso secundar la propuesta de sentencia sobre el Estatut presentada por el bloque progresista, del que, en principio, forma parte.«El Tribunal Constitucional ha ido a menos a lo largo de los años», aseguró Montilla. En su opinión, los jueces de los primeros tiempos de la democracia eran «gente cualificada, de prestigio, con criterio propio». No obstante, y a pesar de la andanada, Montilla reiteró que el actual TC «tiene toda la legitimidad» para dictar sentencia, y casi se rectificó a si mismo al asegurar a continuación que, a su juicio, los magistrados, aunque hayan sido elegidos a propuesta de las fuerzas políticas, «no aceptan consignas ni directrices ni del partido ni de la institución que los ha propuesto y los ha votado».De hecho, Manuel Aragón es una buena muestra de esta tesis, ya que no votó a favor de la propuesta del sector progresista, pese a haber sido elegido para su puesto por el PSOE. La decisión de Aragón impidió que, tras cuatro años de deliberaciones, se dictase por fin una sentencia sobre el Estatut y provocó un auténtico terremoto político en Cataluña, abanderado por el propio Montilla.El president considera que el Tribunal debe renovarse de inmediato, ya que el mandato de cuatro de sus miembros expiró hace dos años, otro falleció y uno más fue recusado por el PP. En su opinión, el Constitucional ha perdido la «credibilidad». Por eso, Montilla ha puesto en marcha un operativo para presionar desde Cataluña tanto el PSOE como al PP a fin de que ambos partidos se pongan de acuerdo y accedan a impulsar el proceso de renovación.La idea de Montilla es que CiU, PSC, Esquerra e Iniciativa, una clara mayoría del Parlament, redacten y aprueben en la Cámara una resolución exigiendo la remodelación del Alto Tribunal. Los cuatro partidos ya están negociando, pero la jornada de ayer supuso un relajo en las conversaciones, que se reemprenderán el lunes con vistas a que la votación pueda producirse en el Pleno del próximo miércoles.De hecho, el president y el líder de la oposición, Artur Mas (CiU), se encontraron ayer por la mañana, acompañados de sus respectivas esposas, en la celebración de Sant Jordi que la Generalitat ofreció en el Palacio de Pedralbes. Pero se limitaron a saludarse «cordialmente» y no ahondaron en el asunto del Constitucional, que tanto preocupa a la clase política catalana.A Montilla no le dio tiempo a hacer mucha más política en un día que destinó a comer con su mujer en el Palacio de la Generalitat, a acudir a los premios Terenci Moix en el Liceo, a comprar los libros de Maldonado, Vila-Matas, Mankel, Puntí e Indridason, a leer un poema de Joan Maragall en la plaza de Sant Jaume y a presidir una cena literaria.Más problemas puede dar la traslación de ese hipotético acuerdo del Parlament a Madrid. Todo parece indicar que el tripartito -sobre todo el PSC- se inclina por llevarlo al Senado. De ese modo, como los socialistas catalanes, ERC e ICV ya tienen en esa Cámara un grupo propio -la Entesa-, no habría peligro de incomodar al PSOE, al menos en primera instancia.Mas se mostró ayer bastante de acuerdo con esa estrategia. Pero durante el desayuno de Sant Jordi, el presidente de CiU dijo que, además de una renovación del TC, el texto que se apruebe en Cataluña debe incluir «como mínimo, alguna modificación en la Ley Orgánica» del Alto Tribunal. El líder de CiU también dejó claro que los nacionalistas no van a renunciar después a proponer un frente común catalán también en el Congreso, por mucho que los diputados del PSC se vean entonces en la encrucijada de optar entre esa unidad y la lealtad al PSOE. «En Madrid deben notar y anotar que la sentencia no es cualquier cosa, que lo complica todo mucho y que es inaceptable para muchos catalanes», dijo. Contactos El líder de CiU desveló que gente de su entorno está en contacto con dirigentes socialistas para pactar una respuesta de cara al Pleno en el Parlament de la semana que viene. Él mismo ya ha iniciado conversaciones con Montilla para acordar esa «posición común» de los partidos que apoyan el Estatuto.Mas no quiso dar por hecho que esos contactos fructifiquen, pero, en vista de que por primera vez en mucho tiempo Montilla parece dar síntomas de estar dispuesto a conminar a los diputados del PSC en Madrid a desmarcarse del PSOE, no cierra la puerta al acuerdo: «Espero que hasta el lunes tengamos tiempo para acabar de perfilar la reacción conjunta, que debe llegar hasta donde haga falta. La reacción del Parlament no debe ser débil, sino serena y firme, para dejar claro que no queremos recortes».«Ojalá fuera la Diada de Sant Jordi de la no sentencia del Estatuto, que se quedase como salió de las urnas, pero me temo que los de fuera no están por este registro», añadió Mas.En vísperas de las elecciones autonómicas, los nacionalistas saben que no tienen por qué abandonar las posiciones maximalistas. Pase lo que pase con el Estatuto, el desgaste será para el Gobierno catalán y para su presidente.Barcelona Esquerra se centra ahora en las consultas Puigcercós aboga por dejar atrás el debate sobre el Estatuto catalánEl presidente de Esquerra, Joan Puigcercós, aseguró ayer que el futuro de «Cataluña pasa por las consultas independentistas» como las que se celebrarán este domingo en 211 municipios catalanes, por lo que abogó por dejar atrás el Estatuto catalán que, según dijo, es un pacto de mínimos.Tres dirigentes de la formación ilegalizada Bastasuna acudirán este domingo a Cataluña como «observadores internacionales de Euskal Herria» de las consultas, lo que ya ha provocado quejas de la presidenta del Partido Popular, Alícia Sánchez-Camacho.Se trata de Jone Gorizelaia, abogada que ha defendido a dirigentes de Batasuna en la Audiencia Nacional y que ha sido parlamentaria autonómica por la izquierda abertzale; Txelui Moreno, candidato de ANV al Parlamento de Navarra, ex concejal de Burlada y miembro de la Mesa Nacional de Herri Batasuna y del sindicato LAB; y el histórico dirigente de Batasuna Tasio Erkizia.En declaraciones a los periodistas durante la recepción oficial que organizó la Generalitat con motivo del Día de Sant Jordi, Puigcercós instó a los líderes de PSC y CiU, José Montilla y Artur Mas, a tomar nota de que «no hay causa que movilice más Cataluña que las consultas independentistas».Aseguró que todavía se está discutiendo el texto de la resolución que el Parlament enviará a las Cortes para pedir la renovación del TC, y avanzó que los republicanos quieren que incluya una explicación de todo el proceso del Estatuto catalán y las continuas dificultades con las que se ha encontrado. Puigcercós consideró, según recoge Europa Press, que los partidos catalanes deben ofrecer «una respuesta de dignidad ante un choque de legitimidades entre Cataluña y España».>MODELO DE ESTADO / Los socialistas catalanes LUIS ÁNGEL SANZ / Madrid El PSC será portavoz nacionalista en el Senado la próxima semana Defenderá el plurilingüismo y pedirá cambios por las vegueríasEl Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) que dirige José Montilla disfruta de grupo parlamentario diferente al del PSOE en el Senado, como a muchos socialistas catalanes les gustaría que ocurriera en el Congreso. Por eso, este partido aprovecha en ocasiones la Cámara Alta para diferenciarse de la formación que lidera José Luis Rodríguez Zapatero sin crear un conflicto en el grupo parlamentario más importante para el Gobierno: el del Congreso, donde diputados del PSOE y del PSC trabajan bajo la misma dirección.La próxima semana, el PSC del Senado se va a desmarcar un poco más de lo habitual de sus socios del PSOE. En primer lugar, el socialista Ramón Aleu será el miércoles quien haga de portavoz de los 34 senadores de mayoría nacionalista que han presentado una propuesta de reforma del Reglamento para que en la cámara se pueda hablar y presentar escritos en cinco idiomas (catalán, gallego, euskara y valenciano).En el Senado, el PSC comparte grupo con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y con ICV-EUiA. Juntos forman Entesa Catalana de Progrés, la traslación exacta del tripartito a las instituciones del Estado.Aleu es portavoz de Entesa, pero la propuesta para cambiar el Reglamento del Senado no es sólo suya, ni de su grupo, sino de 34 parlamentarios de cuatro grupos diferentes y 10 partidos políticos de al menos siete comunidades autónomas.El senador impulsor de la propuesta, que ha negociado durante meses el contenido de la iniciativa con todos los grupos, es Miquel Bofill, de ERC. Sin embargo, el que hará de portavoz el miércoles ante el PP y el PSOE de una propuesta que los socialistas españoles han dicho que no comparten en su integridad -aunque van a votar a favor de su toma en consideración- será Aleu como portavoz de Entesa.Fuentes del Grupo Parlamentario explicaron que Ramón Aleu protagonizará el debate porque la cuestión lingüística es estratégica para ellos. Y este tipo de temas los lleva directamente el portavoz, que en este caso es del PSC.El Grupo Socialista, como ha podido saber este diario, ha designado a Leire Pajín, secretaria de Organización del PSOE, para defender la postura del grupo en el debate de las lenguas. Pajín es la única senadora que habla tres idiomas oficiales españoles: castellano, euskara y valenciano. Por parte del PP, defenderá la oposición popular a la toma en consideración de la propuesta el senador madrileño Juan Van-Halen.Además, el martes, en la sesión de control al Gobierno del Pleno de la Cámara Alta, otro senador del PSC, Joan Sabaté, reclamará al Ejecutivo cambios en la legislación estatal para implantar las veguerías, una nueva división administrativa distinta a la provincial que va a aprobar el Parlamento de Cataluña.Sabaté preguntará -previsiblemente al vicepresidente tercero, Manuel Chaves- qué modificaciones legales está dispuesto a afrontar el Ejecutivo para adaptar la legislación estatal a la norma catalana.Cuando el Parlament apruebe las veguerías, Cataluña quedará dividida en siete áreas, lo que conllevará la desaparición de las diputaciones provinciales. Por eso, Sabaté interrogará al Gobierno de España «cuál es su posición ante la necesidad de alguna modificación en la legislación estatal» para que permita en concreto que la provincia de Tarragona albergue dos consejos de veguerías.
ESPAÑA HUNDIDA: Grecia desvía el miedo hacia España
JAVIER G. GALLEGO / MARÍA RAMÍREZEl 'riesgo país' de España, en su máximo histórico por el contagio griegoMadrid / BruselasLa credibilidad económica de España sigue debilitándose a pesar de la activación del rescate financiero por parte de Grecia. Así lo demuestra otro aumento del diferencial entre el bono español y el alemán y el máximo histórico del riesgo de impago, que alcanzó ayer los 175,5 puntos. Podría parecer paradójico, pero lo cierto es que la petición oficial del Ejecutivo heleno para recibir la ayuda propuesta por la zona euro y el FMI ha trasladado la incertidumbre a nuestro país. Frente a las caídas del diferencial entre los bonos griegos y portugueses respecto al alemán, en el caso español ayer se vivió un nuevo encarecimiento del coste de financiación. Concretamente hasta los 93,1 puntos, que equivale a que España paga casi un 28% más cara que Alemania la misma deuda emitida a 10 años.¿Por qué se ha deteriorado la credibilidad financiera justo cuando se confirma que Grecia será rescatada? En primer lugar porque nada es, de momento, seguro. Ni siquiera que Grecia vaya a recibir el préstamo de 45.000 millones diseñado por el FMI y el Eurogrupo. La pelota ahora está en manos de los países de la zona euro, que deberán ejemplificar la «responsabilidad» que les pedía el presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, hace unos días.Un analista de Alliance Trust explicaba ayer a Bloomberg que la mirada de los inversores sigue puesta en los países de la Eurozona con más déficit y que más problemas puedan tener para financiarlo. Es decir, el rescate a Grecia supone un salvavidas a corto plazo, pero a su vez pone más presión en los ajustes que deberá hacer este país para reducir sus desajustes financieros y fiscales.En el caso de España, algunos economistas destacan la desconfianza de los inversores respecto al calendario de emisión del Tesoro. «Se escucha mucho en el mercado que el Tesoro se ha financiado menos en lo que llevamos de año, sobre la emisión objetivo, y comparándolo con otros países europeos. La realidad es que hay poco dinero en el mercado y mucho miedo», dice José Luis Martínez Campuzano, de Citi.Ese miedo se refleja también en la limitada caída del coste de la deuda griega. De hecho, el bono a dos años volvió a repuntar ayer hasta el inasumible 10,3%. «A pesar del paquete de ayuda, no estamos convencidos de que Grecia pueda pagar su deuda. No nos sentimos cómodos con cosas que dependen de política más que de criterios fundamentales», decían ayer en Investec Asset Management en lo que parece el sentimiento común de todos los inversores.La Bolsa también sigue cotizando el miedo y la sensación de que, ni siquiera con esta ayuda, el problema está resuelto. Por eso ayer los mercados europeos reaccionaron con tímidas subidas que, en el caso del Ibex, no consiguen suavizar la caída del 3% en la última semana.Y eso que en las primeras hora de negociación la reacción del mercado parecía mucho más eufórica de lo que finalmente fue. Nada más conocerse las palabras del primer ministro heleno, el bono griego a 10 años llegó a abaratarse en más de 60 puntos. En su discurso Papandreu anunció, con calma y metáforas, que Grecia se está yendo a pique, pero empieza su «Odisea» de vuelta a «Ítaca» al pedir formalmente los préstamos de la zona euro y el FMI para «reconstruir el barco» y «llevarlo a un puerto seguro».En menos de un mes, Grecia ha llegado al extremo de urgencia que Alemania exigió a finales de marzo antes de aprobar cualquier desembolso. La suspensión de pagos sigue siendo un riesgo, pero el Estado griego la podrá hacer de manera ordenada con un colchón de más de 40.000 millones de euros de los 15 vecinos del euro (3.700 millones de España) y el Fondo Monetario Internacional para este año.Tras una semana de fuerte presión de mercados deseosos de probar el mecanismo prometido, en un mensaje televisado desde Kastelórizo, el primer ministro griego anunció que su país no aguanta más y los créditos son «imperativos» por una crisis de la que culpa al anterior Gobierno. «Heredamos un barco a punto de hundirse, un país sin prestigio ni credibilidad, que había perdido incluso el respeto de sus amigos y sus socios», explicó Papandreu. «Estamos en un camino difícil, una nueva Odisea para Grecia y para la nación griega. Pero conocemos el camino a Ítaca y hemos navegado las aguas en nuestra búsqueda», dijo el premier en la remota y disputada isla a pocos metros de la costa turca.Atenas aún necesita el último «sí» del Eurogrupo para que sus arcas empiecen a recibir los créditos para refinanciar la deuda, pero tanto la Comisión Europea como Alemania, la más reticente, indicaron ayer que la aprobación será rápida. Los ministros de Economía de la zona euro darán vía libre al desembolso en los próximos días, aunque los préstamos de los Estados no llegarán hasta mayo, de manera escalonada de acuerdo a los procesos legislativos nacionales, a un fondo gestionado por el Banco Central Europeo y la Comisión. El FMI, que puede aportar unos 11.000 millones de euros, necesita un par de semanas para firmar con Grecia el programa de ajustes hasta 2012 antes de conceder su préstamo.Las condiciones ofrecidas por los socios son mejores que las del mercado, que ayer por la mañana obligaba a pagar por los títulos de deuda griega un interés de casi el 9% y primas para garantizar los bonos al nivel de Ucrania. Según una fórmula calculada utilizando la referencia variable del Euribor, los créditos europeos se concederán a un interés alrededor del 5% (la cifra exacta se fijará el día que se apruebe el paquete).Papandreu vendía en marzo que la existencia del mecanismo teórico de ayuda bastaría para que los mercados se calmaran, pero ayer reconoció su error. «Los mercados no respondieron, bien porque no se creían la voluntad de la UE o bien porque seguían especulando. Y hoy la situación amenaza con destruir no sólo los sacrificios de los griegos, sino también el curso de la economía», dijo el premier, que no mencionó otros agravantes, como la nueva corrección al alza del déficit por parte de Eurostat, la agencia estadística de la UE, y la falta de credibilidad de las cifras griegas incluso bajo la vigilancia directa de la Comisión Europea.En 2009, el agujero heleno fue del 13,6% y, tras una nueva revisión, podría superar el 14%, es decir, casi dos puntos por encima de la estimación del Gobierno, que a su vez había corregido en octubre una previsión del anterior Ejecutivo que situaba el déficit en el 6%.P&R MARÍA RAMÍREZ / Bruselas Llegó el turno de la EurozonaCorresponsalLlegó el momento que la UE quería evitar, pero temía desde que en octubre el ministro de Economía griego anunció a sus colegas que el déficit público era más del doble de lo esperado por el anterior Gobierno.¿Cuánto dinero se prestará a Grecia? Para empezar, los 15 vecinos de la zona euro prestarán hasta 30.000 millones de euros este año. El FMI aún no ha anunciado con cuánto completará la reserva. Los europeos querían que fueran 15.000 millones, pero el Fondo pretende llegar a unos 11.000. El programa de ayuda es de tres años, con lo que en los próximos dos, puede haber más créditos y el rescate alcanzar los 80.000 millones.¿Los préstamos son automáticos? No, el desembolso debe ser aprobado por unanimidad por los ministros de Economía o los jefes de Estado y de Gobierno del Eurogrupo después de que la Comisión Europea y el BCE hagan su recomendación sobre si la ayuda es necesaria. Fuentes de la Comisión aseguran que «la idea ahora es ir lo más rápido posible». Si quisieran, los ministros podrían aprobar la puesta en marcha del mecanismo por videoconferencia mañana, pero varias fuentes europeas indican que prefieren esperar algún día más.¿Cuándo llegará el dinero a Atenas? Una vez aceptado el paquete, cada Estado aprueba su préstamo, la cuota que le corresponde en relación a su peso en el capital del BCE, y puede tardar entre días y semanas en función de su procedimiento legal. Francia ya planea aprobarlo a principios de mayo, pero, por ejemplo, Alemania podría tener dificultades con la oposición socialdemócrata, contraria a una vía parlamentaria rápida. No es necesario que el dinero llegue todo a la vez, sino que se irá acumulando en una reserva a lo largo del mes de mayo. El 19 es el gran día, cuando el Estado griego tiene que devolver a sus acreedores unos 8.500 millones de euros. ¿Alemania está decidida? La canciller Angela Merkel se ha resistido hasta el final, pero ayer se mostró dispuesta a ayudar rápido a su socio mediterráneo, aunque sea con «estrictas condiciones». Lejos del altruismo, Alemania se juega en esta crisis la estabilidad del euro y el valor de los bonos griegos en manos de los bancos germanos, que tienen títulos por unos 32.000 millones de euros (los franceses, incluso 56.000). Si Grecia suspende pagos, esos bonos pierden valor y si las agencias de calificación de riesgo los clasifican en el grado de «basura», los títulos no se pueden utilizar como garantía para pedir préstamos al BCE.¿Por qué Alemania se resiste?Hay varios motivos. Uno es práctico, por el miedo a que los mercados le cojan el gusto a apostar a la quiebra de países endeudados y, después de Grecia, haya que rescatar a Portugal, España, Irlanda o incluso Italia. Otro es cultural, por la alergia germana a los países poco austeros. Y otro puramente electoral. Merkel afrontará sus comicios regionales del 9 de mayo con una decisión atacada con voracidad por la prensa sensacionalista alemana, que ha llegado a exigir la isla de Corfú «a cambio» de los créditosluis MARTÍNEZ ¿Y ahora qué va a pasar en los mercados? Grecia ha activado oficialmente el mecanismo de ayuda financiera acordado en la última cumbre europea celebrada en Bruselas. Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI), con un papel importante en el acuerdo de financiación, como varios gobiernos europeos han reaccionado de forma indudablemente positiva.Pero, ¿por qué es tan importante que Grecia haya dado este paso? La subida posterior de los mercados internacionales es un reflejo del miedo que existía a que las autoridades del Gobierno griego optaran por el camino aparentemente más fácil (desde un punto de vista social) de hacer default (suspender pagos) o bien de proponer algún tipo de reestructuración de su deuda pública.Por el contrario, el primer ministro de Grecia, Yorgos Papandreu, se muestra confiado en poder asumir el ajuste estructural que le exigirá el Fondo Monetario Internacional para acceder a la financiación. Sin duda, la solución más coherente desde una perspectiva de medio plazo. Pero también una decisión dura a corto plazo, partiendo de la base de que la propia institución supranacional espera que la economía griega decrezca un 2% este año.¿Se ha solucionado ya la crisis? Me temo que no estamos hablando de esa posibilidad. Al final, la crisis de Grecia, también una crisis de confianza, sólo se superará cuando los inversores perciban que el riesgo de impago es nulo. O al menos mucho menor.Los tipos de interés son el mejor reflejo de esta valoración: antes de la decisión del Gobierno de Atenas, la rentabilidad del bono a 10 años era del 9,4 %; tras la decisión de Papandreu, ha bajado hasta el 8,6 %. Pero no es suficiente.Ahora les toca mover ficha a las autoridades internacionales, y acelerar el mecanismo de ayuda financiera a los gobiernos europeos. Y falta que realmente el Ejecutivo griego vaya cumpliendo con el ajuste exigido. Llevará meses, muchos meses, que Grecia vuelva a financiarse en los mercados mundiales en condiciones normales. Pero, al menos, se habrá evitado el riesgo de contagio de la crisis a otros países. Tanto europeos como no europeos.Aunque para algunos economistas la caída de Grecia habría también supuesto el mayor reto para la supervivencia de la Unión Monetaria Europea. No lo creo, pero prefiero no comprobarlo. José Luis Martínez-Campuzano es estratega jefe de Citi en España.
TERRORISMO VASCO-VENEZOLANO:
MANUEL MARRACO / Madrid El último etarra detenido tenía una fotografía de la casa de Rosa DíezEl presunto etarra detenido en la madrugada del martes en Bilbao tenía en su poder una fotografía del domicilio en el País Vasco de la líder de UPyD, Rosa Díez. Alberto Marín Etxebarría compareció ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que ordenó su ingreso en prisión provisional. Sigue en pág. 12A petición de la Fiscalía, el magistrado ha enviado a Marín a prisión por los presuntos delitos de pertenencia a una organización terrorista, estragos y la comisión de actos preparatorios para otras actividades terroristas.En los dos registros efectuados por la Ertzaintza en los domicilios empleados por Marín también apareció una fotografía que muestra al ahora detenido quemando una bandera de España y empuñando un fusil de asalto. La imagen fue tomada en Camboya, a donde el supuesto terrorista había viajado junto a un ex preso etarra.En cuanto a la fotografía del domicilio de Rosa Díez, fuentes del caso explicaron que la diputada ya ha sido advertida de lo sucedido por el propio consejero de Interior vasco, Rodolfo Ares. En 1997, ETA intentó asesinar a Rosa Díez con un paquete bomba remitido a su domicilio. El envío fue detectado a tiempo y no llegó a estallar.La fotografía de su domicilio incautada esta semana no estaba acompañada de más datos que pudieran hacer referencia a un atentado. De hecho, se encontraba junto a otras sin relevancia para la investigación. El detenido alegó sus vínculos familiares con la localidad para justificar que dispusiera de la foto. Hace dos años, las Fuerzas de Seguridad descubrieron que ETA pretendía atentar contra el juez Fernando Grande-Marlaska en Ezcaray (La Rioja). El magistrado pasaba sus vacaciones en la misma urbanización donde tenían casa los padres de un miembro del comando.Marín Etxebarria ya cumplió una condena de tres años de cárcel por actos de kale borroka. Su nuevo arresto, así como su imputación por estragos, se debe a que la Policía Autónoma vasca le atribuye la participación en el ataque a una entidad bancaria del barrio bilbaíno de Deusto, el 26 de febrero del año pasado. El artefacto no llegó a detonar por un fallo en su sistema de ignición.El juez mantiene la investigación en secreto, por lo que no han trascendido más detalles de los interrogatorios, al margen de que Marín negó ante Velasco su implicación en los hechos. El presunto terrorista permanece incomunicado en prisión.Entre 2002 y 2006, Marín estuvo en prisión por su intervención en el ataque contra otra sucursal bancaria de la localidad guipuzcoana de Bergara, en noviembre de 2000. Además, fue sancionado en 2004 a cumplir cinco fines de semana de aislamiento en su celda de la cárcel de Daroca (Zaragoza) por insultar a un funcionario.Madrid Ricart estará en prisión hasta 2023 al aplicarle la 'doctrina Parot' El único condenado por el crimen de Alcásser debía salir en 2011Miguel Ricart, condenado a 170 años por el triple asesinato de las niñas de Alcásser, no saldrá de prisión el 22 de mayo de 2011, como estaba previsto. La sección segunda de la Audiencia de Valencia ha decidido aplicarle la doctrinaParot, por lo que prolongará su encarcelamiento hasta 2023.Este nuevo sistema de redenciones de pena -establecido por el Tribunal Supremo para el caso del preso de ETA Henri Parot- computa los beneficios penitenciarios sucesivamente en cada condena, en lugar de hacerlo sobre el máximo de 30 años de cumplimiento penitenciario, informa Efe.La jurisprudencia del Supremo en estos casos es uniforme. Primero se aplican las «redenciones y beneficios» en la pena impuesta de mayor gravedad; posteriormente, «una vez extinguida la primera, se dará comienzo al cumplimiento de la segunda y así sucesivamente».Ricart habría cumplido su tiempo de internamiento en la cárcel el año próximo. Fue juzgado por el Código Penal de 1973, que recoge, entre otras medidas, un día de descuento de condena por cada dos que el preso emplea en trabajar. Con esta reducción, habría sido puesto en libertad el 22 de mayo de 2011.La sala segunda de la Audiencia de Valencia había decidido aplicar este procedimiento, según comunicó en una providencia del 20 de julio de 2006. Sin embargo, la Fiscalía apoyó un recurso interpuesto por la asociación Clara Campoamor, que ejercía la acusación particular, para que se le aplicara la doctrina Parot. Con este nuevo sistema, según subraya el auto de la Audiencia de Valencia hecho público el pasado miércoles, los beneficios «no son de entidad temporal bastante para provocar una reducción de pena por debajo de los 30 años». Es decir, que el reo tendrá que permanecer en la cárcel hasta el año 2023.Esta fecha se debe a que Miguel Ricart Tárrega, conocido como el Rubio, fue condenado en el 5 de septiembre de 1997 como autor de tres delitos de asesinato y cuatro de violación, en concurso ideal con tres raptos con el agravante de despoblado y ensañamiento. La pena total supuso 170 años de prisión por todos los crímenes.No obstante, el inicio del cumplimiento de la condena se produjo el 8 de febrero de 1993, cuando el único condenado por el crimen de las niñas de Alcásser ingresó en prisión preventiva. La permanencia máxima de 30 años en la cárcel se cumplen, por tanto, a principios de 2023. posted by e-pesimo | 08:16
CORRUPCIÓN EN INTERIOR: Felación a cambio de llamada al extranjero
Sexo y alcohol tras las rejas de la prisión Madrid I Interior destituye a la dirección de la cárcel e investiga a un grupo de funcionariosLUIS F. DURÁN / FERNANDO LÁZAROAlcohol. Sexo. Juerga. No hablamos de un fin de semana juvenil, del extendido botellón de los sábados. Estamos hablando de un recinto penitenciario. Estamos hablando de funcionarios de prisiones. Estamos hablando de presas cumpliendo condena... Estamos hablando de la destitución de media cúpula directiva del centro penitenciario Madrid I, de la suspensión de empleo y sueldo de dos funcionarios y de la apertura de una investigación en la que, entre otros asuntos, se indaga «si algunos funcionarios pudieron mantener relaciones sexuales consentidas con varias internas». A cambio de sexo en las celdas, las internas obtenían prebendas: hablar por el móvil, trabajos remunerados en la cárcel, beneficios penitenciarios... siempre según las primeras pesquisas. Incluso había tarifas: una felación a cambio de poder realizar una llamada telefónica internacional.La caja de pandora se destapó en las navidades pasadas. Y es que un funcionario decidió celebrar esas entrañables fiestas con alcohol y con algunas de las mujeres que allí están cumpliendo condena. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias admite en una nota oficial que un funcionario «abrió las celdas de dos internas y compartió varias horas con ellas». A partir de aquí, la investigación está sin cerrar.Según fuentes cercanas al centro, los funcionarios expedientados y algunos de los investigados, accedieron al recinto con botellas de alcohol. Y que esas botellas fueron consumidas entre presas y funcionarios aquella noche. De acuerdo con el reglamento de prisiones, el alcohol está terminantemente prohibido dentro de las instalaciones.Fuentes consultadas por este periódico indicaron que, a partir de ese momento, hay testimonios contradictorios. Hay quienes aseguran que la juerga acabó en relaciones sexuales. Oficialmente se habla de relaciones «consentidas». Pero algunas fuentes ponen en cuestión esta palabra. Recuerdan que unas son presas, internas cumpliendo condena y otros son sus guardianes, que están en posición de fuerza sobre ellas. Un segundo incidente detectado fue lo que provocó la reacción de la responsable de Prisiones. Un funcionario de Madrid I abandonó su puesto de trabajo en horario laboral sin permiso. Y es muy probable que introdujera de nuevo alcohol en el centro.Algunas fuentes apuntan que, incluso, había funcionarios que no estaban precisamente en condiciones de desarrollar su trabajo. En la nota oficial Interior señala que había funcionarios que «consumían alcohol en el centro, lo que les impedía realizar sus funciones con la profesionalidad debida».«Ya está bien», dicen que dijo Gallizo cuando le trasladaron este nuevo incidente. La gestión sobre el recinto penitenciario ya estaba bajo su lupa. De un plumazo decidió destituir al director del centro, al subdirector de Seguridad y al administrador, medidas publicadas ayer por el diario 20 minutos.No porque los tres estuvieran directamente involuncrados en los hechos investigados. Pero sus responsables interpretaron que no podía permitirse que no tuvieran bajo control la prisión.La inspección penitenciaria ha comenzado a tomar declaración a presas, funcionarios y funcionarias destinados en Madrid 1. En ese recinto hay más de 650 internas y aproximadamente 350 funcionarios. Según estas fuentes, es más que probable que todos los trabajadores (salvo los que trabajan en las oficinas) acaben pasando a declarar por la inspección.Porque los testimonios de las presas, y sobre todo de algunas que ya no cumplen condena pero que estuvieron por allí, dejan demasiados cabos sueltos. Algunas han declarado que las relaciones sexuales entre funcionarios y presas estaban al cabo de la calle. Intercambio de favores: a cambio de llamadas de teléfono, mejoras en la situación penitenciaria... Desde Interior no se confirman estos datos. «Una media de tres veces a la semana», relataba una ex presidiaria.Y es más, algunas hablan incluso de que ese intercambio de favores no es únicamente con los funcionarios. También hablan de que había funcionarias que mantenían relaciones sexuales con las presas.Además, la inspección está analizando las cuentas de la cárcel. Se están comprobando detalladamente todos los movimientos en el economato ante la sospecha de que se hayan podido producir «extraños movimientos», apuntan estas mismas fuentes.PEDRO SIMÓN / Madrid Cuatro presas de Soto denuncian en el juzgado a un trabajadorAl menos cuatro reclusas de la prisión de Soto del Real (Madrid) han denunciado judicialmente a un funcionario del centro penitenciario por agresiones sexuales y coacciones.Las presas, la mayoría de origen inmigrante, eran supuestamente obligadas a conceder sus favores al trabajador de la cárcel para obtener ventajas. Si cumplían con lo requerido, las condiciones de estancia eran menos gravosas. Llegaba y les decía: «Si te dejas, me acordaré de ti».«Si consentían, les facilitaba la vida. Si no, se la hacía imposible: registros continuos en la celda, sanciones inventadas...», señalan fuentes jurídicas. «Al parecer, el funcionario llegó incluso a amenazar a un preso que era el novio de una de las chicas y que estaba al tanto de lo que ocurría».La denuncia se puso en los juzgados de Colmenar Viejo (Madrid) el otoño pasado. Los supuestos abusos tuvieron lugar durante el verano. Las internas siguen en prisión. El juez acordó el alejamiento del funcionario.Aunque son minoritarios, los casos de abusos sexuales de funcionarios a presas no son un argumento de película de ficción.Según datos de Instituciones Penitenciarias, el 84% de las mujeres que cumplen condena dice haber sufrido malos tratos o violencia sexual. Todo pasa en una población carcelaria de 76.000 personas. En Nanclares Hace sólo cuatro meses, la Audiencia Provincial de Álava condenó al ex subdirector de la cárcel de Nanclares de la Oca, Mariano Moreno, a un año de prisión y seis de inhabilitación absoluta por realizar propuestas sexuales a una presa. Según indica la sentencia, el alto funcionario abrazó varias veces a la interna e intentó besarla.«Los casos están ahí. El problema es uno: el miedo a denunciar por las posibles represalias», opina Jorge del Cura, portavoz del Centro de Documentación contra la Tortura. «No es tan raro como la gente pueda pensar. En el caso de Nanclares, por ejemplo, las propias funcionarias declararon ante el juez que veían cosas raras: visitas fuera de hora del funcionario al módulo de mujeres, siempre a solas».También en 2009, un funcionario de la prisión de A Lama (Pontevedra) fue condenado a un año de prisión por abusos.En la cárcel de Villena (Alicante), el acusado fue el cocinero de la penitenciaría, que tenía trabajando a un nutrido grupo de reclusas. Siempre según el fiscal, el cocinero se acercó a una presa que ayudaba en la panadería. «Mira cómo me pones sólo hablando», le dijo. Y le pidió «que le tocara sus órganos genitales». La mujer se negó. Fue destinada entonces a fregar platos.ANA DEL BARRIO / Madrid «Es la otra cara de la Ley de Igualdad» Las funcionarias culpan a la legislación del escándalo sexual en la cárcel Madrid I«Es la punta del iceberg». Las funcionarias de prisiones culpan del escándalo sexual en la prisión de mujeres Madrid I a la aplicación de la Ley de Igualdad en el ámbito penitenciario.Hasta el año 2007, había dos escalas en el cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias: la masculina y la femenina. De esta forma, los funcionarios trabajaban con reclusos y las funcionarias, exclusivamente con presas.Sin embargo, desde la entrada en vigor de la Ley de Igualdad, en marzo de 2007, toda esta estructura cambió y se unificaron las escalas. Por tanto, ahora funcionarios y funcionarias se presentan a las mismas oposiciones y pueden trabajar indistintamente en departamentos de mujeres o de hombres.Desde esa fecha, las funcionarias vienen denunciando los graves problemas que, a su juicio, está generando la normativa en la organización de los centros penitenciarios. Además, cuestionan que no se haya elaborado un estudio del impacto de género antes de aplicar la ley en las prisiones, que obviamente no funcionan igual que una empresa.«No se están respetando las reglas y se está permitiendo que haya funcionarios en módulos de mujeres, cuando la normativa obliga a que haya al menos una persona del mismo sexo que los internos, por turno y por servicio», explica la empleada pública.Estas trabajadoras se sienten discriminadas por la Ley de Igualdad y por ello han constituido la Asociación de Funcionarias Anteriores a la Unificación en Prisiones (Afaup) para seguir adelante con su lucha.Desde esta plataforma denuncian que ellas se presentaron a unas oposiciones en las que optaban a menos plazas y hacía falta una mayor puntuación y preparación. Critican que años después de haber aprobado la oposición, se les aplique la norma con carácter retroactivo y se modifiquen de golpe sus condiciones laborales.Pero, ¿es tan diferente trabajar con presos varones que con mujeres? Según el testimonio de varias funcionarias consultadas por EL MUNDO, las tareas son completamente distintas: «La cárcel es un medio muy masculinizado y nosotras estamos más capacitadas para dialogar con las reclusas. El trabajo con los presos implica más acción física y es más peligroso, porque hay una mayor conflictividad», afirma otra funcionaria, que también quiere permanecer en el anonimato.Un ejemplo claro de cómo está afectando el cambio de normativa a las rutinas diarias de las prisiones son los cacheos. Los internos sólo pueden ser cacheados por funcionarios de su mismo sexo. Por tanto, si hay un funcionario en un módulo de mujeres, sólo las puede cachear con raquetas y no mediante palpación.«Los cacheos son nuestro principal instrumento de trabajo y se tienen que realizar a diario como medida de seguridad. Ahora, se está produciendo una relajación de funciones y una sobrecarga del trabajo porque, al final, los cacheos, las conducciones y los traslados los acabamos haciendo las mujeres», asegura esta funcionaria.Lo mismo sucede con las mujeres que trabajan en módulos de hombres, que también se encuentran más limitadas porque tienen menos fuerza física: «¿Qué hago si hay una pelea entre reclusos? Desde luego, yo no me voy a meter en medio», se lamenta otra trabajadora.Se quejan, además, de que llevan años trabajando con las reclusas, muchas de ellas víctimas de violencia de género, y ahora las pueden obligar a vigilar a maltratadores y a violadores.Las funcionarias censuran que una ley que ha sido creada para defender los derechos de la mujer les perjudica y beneficia a los hombres, que ahora acaparan los mejores puestos en los departamentos de mujeres porque suelen tener más puntos y mayor antigüedad.Hasta ahora, sus quejas sólo han recibido el silencio y el mutismo tanto de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, como de la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo. «Estamos desamparadas e indefensas. Queremos que se nos reconozca el derecho a elegir si queremos o no trabajar con presos varones. Ésta es la otra cara de la Ley de Igualdad», denuncia una de las funcionarias. posted by e-pesimo | 08:15
'CASO IBIZA CENTRO'RICARDO F. COLMENERO / Ibiza La Audiencia acepta nuevas grabaciones a cargos del PSOELa Audiencia Provincial de Palma ha aceptado nuevas grabaciones sobre el caso Ibiza Centro, aportadas por el ex secretario general del PSOE de Ibiza Roque López.Este caso investiga un presunto cobro de comisiones en el seno del PSOE ibicenco en torno a un macroproyecto urbanístico. Tres años después de que EL MUNDO destapara el caso con la publicación de las grabaciones de Roque López a sus compañeros de partido, la Justicia ha decidido admitir otra remesa que el juez instructor de Ibiza había decidido no admitir.De hecho, el magistrado imputó a Roque López por «falso testimonio», ya que había declarado en primera instancia que no había más que las publicadas. El ex secretario general alegó que se las había encontrado «más tarde» dentro de su ordenador, pero no sirvió de nada.La decisión de la Audiencia no ha sentado nada bien a la defensa de la mayoría de imputados socialistas, entre ellos el presidente del Consell Insular de Ibiza y ex amigo de Roque López, Xico Tarrés, que no han dudado en recurrirla argumentado que la misma Sala ya había resuelto al revés sobre esta cuestión en mayo de 2009.'OPERACIÓN JABLE' YIRA ARREDONDO / Lanzarote Detenidos los testaferros de Dimas Martín en Lanzarote Acumulaba un patrimonio de nueve millones en propiedadesEspecial para EL MUNDOLa investigación, realizada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, demuestra que el patrimonio del ex presidente del Cabildo y líder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, asciende a más de nueve millones de euros en 48 propiedades inmobiliarias y terrenos.Martín habría estado ocultando este patrimonio a través de varios testaferros, detenidos todos ayer en el marco de la operación Jable, que investiga una presunta trama de corrupción. Jable, en la que ya se han detenido 15 personas, es la segunda parte de la operaciónUnión, que acumula ya más de 40 imputados entre funcionarios, empresarios y cargos públicos como la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, un ex presidente y un ex vicepresidente del Cabildo y concejales.Dimas Martín ha sido senador, parlamentario regional y presidente del Cabildo de Lanzarote. Durante décadas ha sido el político más importante de la isla. Acumula cuatro condenas y está actualmente en prisión, desde donde presuntamente dirigía una red dedicada al cobro de comisiones ilegales.Esta segunda fase de la investigación se ha centrado en el patrimonio de Dimas Martín, que había llegado a retar a las Fuerzas de Seguridad a que demostraran que se había enriquecido ilícitamente.Ayer, los agentes de la UCO detuvieron a los considerados testaferros. Todo apunta a que el abogado y ex consejero de Empleo del Gobierno de Canarias Francisco Rodríguez-Batllori, «en connivencia con varios de los empresarios detenidos», según fuentes próximas a la investigación, es una pieza clave para ocultar el patrimonio de Martín.Entre los presuntos testaferros detenidos está la propia hija de Martín -Susana-, dos empresarios -José Ramón Vizcaíno y el ex campeón de España de rallies de tierra Samuel Lemes-, además de un hombre de confianza de Dimas, Carlos Matías Curbelo Delgado, y un empresario del Grupo Hoteles Playa, José Gonzalo Gil, detenido en Almería. El último detenido, el ex concejal de Urbanismo y Hacienda de Arrecife, encarcelado el año pasado e imputado por ocho delitos, sería el encargado de autorizar el pago a Batllorri.'CASO PALMA ARENA' E. URREIZTIETA / M. AGUILERA / Palma Declaran que Matas cobró un soborno de José Luis Moreno Un ex directivo del productor dice que le dieron 250.000 eurosEl ex directivo de José Luis Moreno, Luis Velasco, declaró ayer ante el juez que investiga el incremento patrimonial del ex presidente balear Jaume Matas, que presenció la entrega de un sobre con 250.000 euros al ex líder del PP de las islas durante la gala de inauguración del canal autonómico IB3 Televisión. Velasco explicó que fue personalmente el productor audiovisual quien realizó el pago «en billetes de 500 euros» y «detrás de unas cortinas», ratificando así la denuncia que interpuso ante la Fiscalía Anticorrupción.Velasco fue citado para declarar como testigo y, a la vista del contenido de su testimonio, el fiscal Pedro Horrach pidió que pasara a hacerlo como imputado. Quien fuera uno de los hombres de confianza de Moreno en IB3 instó al juez a que investigue los desplazamientos de los directivos del ente público en el avión privado del productor, así como las supuestas irregularidades de los contratos que recibía por la elaboración de programas y decorados. Asimismo, aseguró que la mujer de Matas, Maite Areal, impuso la contratación en el canal autonómico de una vidente. Tras la declaración de Velasco, el juzgado tiene previsto citar próximamente a Moreno como imputado para que dé su versión.Los abogados aprovecharon la ocasión para preguntar a Velasco por sus antecedentes como impostor. Dijo que no fue él, sino su padre, el que fue condenado en 1996 por delito de uso de nombre supuesto, falsedad en documento privado y estafa. Esta versión no encaja con las fechas y obliga a que su padre tenga los mismos apellidos que él.Los hechos se remontan a 1994, cuando España estaba pendiente del paradero de Luis Roldán. Un tal «Nicéforo Luis Velasco Ortiz» convenció al diario ABC de que el importante fugitivo se escondía en un lugar de América Latina y el periódico lo publicó con reticencias. Los redactores no le perdonaron la mentira y consiguieron tenderle una trampa para que entrara en España y fuera detenido. Los agentes descubrieron que Luis Velasco, vallisoletano de 31 años, se había montado dos identidades falsas, una como comandante del Ejército, y tenía tres órdenes de busca y captura por hurto, estafa y amenazas.El acusador de Matas tiene ahora una orden de alejamiento de Moreno por amenazas que vierte continuamente en internet. Acusa a Rubalcaba y Rajoy de ser amigos de Moreno y al juez Marlaska de seguirle también el juego por tener la misma inclinación sexual.
FIRMAS: Federico Jimenez Losantos, Arcadi Espada, Isabel San Sebastian, Pedro G. Cuartango, Raúl Rivera
EDITORIALES: Blanco blanquea a los 'blanqueadores' del dinero de Filesa
Blanco blanquea a los 'blanqueadores' del dinero de Filesa EL PSOE, que lleva meses dando clases de ética al PP a cuenta del caso Gürtel, acaba de premiar a quien a finales de los 80 ocultaba en la contabilidad del partido los ingresos recibidos de la trama de Filesa. José Blanco, que ha elegido a Ramón Moreda para presidir una de las filiales de Renfe, justificó ayer ese nombramiento por la necesidad de «reparar el honor» de «las personas inocentes» cuando éste «ha sido puesto en cuestión».El razonamiento del ministro no tiene ni pies ni cabeza. Primero, porque en ningún sitio está escrito que la forma de devolver el buen nombre de los políticos sea poniéndoles a presidir una empresa pública. En segundo lugar, porque no parece que el criterio de la Administración para elegir a sus directivos deba ser el de saldar deudas políticas del pasado, sino más bien el mérito y la capacidad. Pero en el caso concreto de Moreda hay que decir, además, que si no fue juzgado y condenado en su día fue por un cambio en el Código Penal impulsado por el PSOE: el delito por el que fue imputado pasó a prescribir a los tres años, en lugar de a los cinco, como ocurría cuando sucedieron los hechos. Eso fue lo que impidió que Moreda se sentara en el banquillo, pese a que para el fiscal, él era sin ninguna duda «el autor material» del delito. Y estamos hablando de una operativa que sirvió para lavar 1.200 millones de pesetas de la época de procedencia ilícita. Tan cierto es que su posible responsabilidad penal se extinguió, como que todos sabemos lo que pasó. Por ello, calificarle de «inocente» como ha hecho Blanco es una burla a los ciudadanos.La historia viene a ser algo así como si, dentro de unos años, el PP recompensara a Luis Bárcenas -ex gerente del partido, igual que Moreda- en el caso de que finalmente no fuera condenado por el caso Gürtel. Sería un escándalo, y eso que Bárcenas no está imputado por haber participado en una trama organizada de financiación ilegal del partido.Si desde estas páginas hemos pedido la destitución de Bárcenas no es sólo porque sobre él pesan sospechas de corrupción -ya determinarán los tribunales de Justicia si es inocente o culpable-, sino por haber mantenido una relación de confianza con una banda de delincuentes, y únicamente por eso tiene ya una responsabilidad política que debe asumir.En el caso de Moreda, el sarcasmo llega al punto de que, desde 2008, pertenece a la Comisión de Ética y Garantías del PSOE. Con la gran cantidad de comisiones que existen, precisamente le adscribieron a ésa.No deja de ser sorprendente que José María Sala, que fue condenado a tres años de cárcel por el caso Filesa, haya sido igualmente rehabilitado por su partido y hoy sea miembro de la Ejecutiva de los socialistas catalanes y responsable de su Secretaría de Formación. Igual que Sala estaba al tanto de los cobros de Filesa al PSC en Cataluña, Moreda y otros hacían lo mismo para el PSOE en Madrid.Soraya Sáenz de Santamaría anunció ayer que la semana que viene preguntará en el Congreso por los «criterios» de Fomento para nombrar a los responsables de las empresas públicas. Además, la portavoz del PP criticó con razón la doble vara de medir y el «cinismo» del PSOE, que mientras pide destituciones en el PP, no sólo no sanciona a los protagonistas de casos de corrupción en sus filas, sino que los promociona. Blanco, que además de ministro es el número dos del PSOE, debe dar una explicación mejor que la que ofreció ayer para justificar el nombramiento de Moreda. Si no, el mensaje que queda de puertas adentro es el de que, quienes delinquen para el partido, saben que pueden contar con que Blanco restablecerá su honor... y también su cartera.Pide ahora que la acción popular no valga El fiscal del Gobierno se pone en ridículo para proteger a Garzón EL ÚLTIMO intento de la Fiscalía de evitar que se juzgue a Garzón, consistente en presentar un escrito en el que sostiene que las acusaciones populares «carecen de legitimación» para instar la apertura del juicio, es de tal desvergüenza que pone al Ministerio Público a la altura del de una república bananera. El fiscal pretende colar que, como él no acusa y no hay acusación particular, no ha lugar a que Garzón responda de una presunta prevaricación. Obvia que la Sala Penal del Supremo no permitió a familiares de dirigentes franquistas presentarse como acusación particular alegando que el delito de prevaricación no protege un interés privado, y les instó a acudir a la vía civil si se habían sentido ofendidos por Garzón. Pero, más grave aún, la Fiscalía desprecia que esa misma Sala fijó la doctrina de que la acción popular sí está plenamente legitimada para acusar por acciones en las que el bien protegido es el interés general, como en la prevaricación. Así fue en el caso Atutxa, en el que sólo la acción popular hizo posible que el ex presidente del Parlamento vasco fuera condenado por desobedecer al Supremo.Temor en los mercados al contagio griego Repliegue de inversores por las dudas económicas EN LA mañana de ayer Eurostat anunció que el déficit público de Grecia es del 13,6% del PIB, superior al 12,7% oficial. Por la tarde, la agencia de calificación de riesgos Moody's rebajó el rating del país a A3, más próximo que nunca al bono basura. La reacción de los mercados no se hizo esperar. La prima de riesgo griega se disparó por encima de los 500 puntos básicos y la rentabilidad del bono superó el 10%, en máximos de diez años. El director general del FMI reconocía ayer que Grecia es «un problema serio» para la estabilidad del sistema y, aunque afirmó que «no ve necesidad en poner el foco en ningún otro país», los inversores hicieron caso omiso y se ensañaron con España. La Bolsa cayó un 2,19% -pierde más de un 4% las dos últimas sesiones-, la prima de riesgo se disparó y el diferencial entre el bono español y el alemán subió hasta casi un punto. Esta huida del dinero hacia activos más seguros es un síntoma grave de que los grandes inversores institucionales no se fían de la economía española ni de su evolución futura. Diga lo que diga el Gobierno sobre el final de la crisis.El castellano, ninguneado en el pacto educativo ¿Se podrá estudiar en español en toda España? EL PACTO social y político por la Educación que el ministro Gabilondo presentó ayer en sociedad vuelve a obviar el derecho de los padres a que sus hijos estudien en español, vivan en la comunidad autónoma en la que vivan. La referencia a que los poderes públicos deben poner los medios necesarios para que «al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, todo el alumnado comprenda y se exprese con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana» es tan etérea que las comunidades autónomas -responsables en definitiva del proceso educativo- con idioma cooficial podrán legislar lo que les parezca más conveniente para sus intereses, inmersión total en esa lengua incluida. No es un buen punto de partida y esperemos que en la negociación que ahora empieza prime la cordura y se reconozca, simplemente, el derecho a estudiar en español en España. Sin eso, el PP no puede firmar.El Mundo en dos minutosBlanqueamiento de caraduras posted by e-pesimo | 10:30
CORRUPCIÓN ESTRUCTURAL EN EL PSOE: El gerente de la trama corrupta de FILESA y amigo de ZP, ascendido por el VicesecretarioGeneral del PSOE a Presiden
CARLOS SEGOVIA / Madrid Blanco quiere lavar el 'honor' de quien ocultó dinero de FilesaAlega que Moreda es «inocente» cuando el PSOE hizo prescribir su delito / El PP le llama «cínico» por no aplicar el rasero de BárcenasEl ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, presentó ayer el nombramiento al frente de una filial de Renfe del ex gerente del PSOE en la era Filesa como una reparación. «A las personas inocentes hay que repararles el honor cuando su honor ha sido puesto en cuestión», afirmó ayer en el programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco.EL MUNDO publicó ayer que el que fuera gerente del Partido Socialista en 1987 e imputado inicialmente por el delito electoral de ocultar los ingresos procedentes de Filesa, Ramón Moreda, es el nuevo presidente de la empresa pública Comercial del Ferrocarril SA (Comfersa). «La información es sustancialmente verdadera. Yo propuse el nombramiento del señor Moreda en Comfersa», confirmó el ministro.Sigue en página 4 Editorial en página 3Blanco resaltó que, «aunque lo que aparecía [en la investigación judicial de Filesa] era un delito electoral, nunca fue acusado, ni procesado, ni condenado». Por tanto, consideró que Moreda merece rehabilitación.La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, se mostró ayer indignada y anunció a este diario que su grupo parlamentario preguntará a Blanco por el asunto en la sesión de control del próximo miércoles. «¿Cuáles son los criterios de mérito y capacidad que tiene en cuenta el ministro de Fomento en la toma de decisión de los nombramientos en las empresas públicas en su Departamento?», reza la pregunta que formulará el diputado Andrés Ayala.«No cabe utilizar las empresas públicas de todos los españoles para reparaciones de honor de nadie. Los nombramientos deben responder a criterios de profesionalidad», manifestó la portavoz popular.«Es un comportamiento cínico del PSOE», agregó. «Nos exigen responsabilidades a los demás y no sólo no se aplican lo que nos piden, sino que premian a sus propios imputados», reprochó a Blanco. El vicesecretario general del PSOE ha criticado reiteradamente al PP por no tomar decisiones drásticas con el ex tesorero del partido, Luis Bárcenas, imputado en el caso Gürtel. Blanco reclamó «respeto» a la figura de Moreda puesto que, en su opinión, «un tribunal dijo que no tenía nada que ver con lo que se decía». El PP llegó a pedir 13 años de cárcel para el actual presidente de Comfersa.Sáenz de Santamaría replicó que hay que dejar claro que no es que un tribunal le haya declarado inocente, sino otra razón. «Se consideró que era un delito prescrito». Aludía así a la portavoz a que un cambio en el Código Penal impulsado en la pasada década por el Gobierno de Felipe González supuso la prescripción del delito imputado inicialmente a Moreda por los jueces que actuaron como instructores, Marino Barbero y Enrique Bacigalupo.El ministro de Fomento resaltó que el nombramiento de Comfersa «no es el primero» que recibe Moreda. Aseguró que tan convencido está de su inocencia, que él mismo lo mantuvo como gerente del PSOE cuando José Luis Rodríguez Zapatero asumió la Secretaría General. Tanto Zapatero como Blanco son vecinos del municipio madrileño de Las Rozas, en el que Moreda fue candidato a alcalde en las elecciones municipales de 2007.«En 2004, Moreda pidió ser sustituido en la gerencia y pasar a una empresa pública», explicó Blanco. Es decir que, cuando el PSOE llegó al Gobierno, Moreda (Madrid, 1957) quiso aprovechar para convertirse en empleado público. Blanco reveló ayer que su petición fue atendida en la empresa pública Tragsa, dependiente del Ministerio de Hacienda. Moreda fue director de Auditoría en Tragsa hasta este año, en que ha sido promovido a presidente de Comfersa.El ministro de Fomento no comentó el otro nombramiento polémico en la filial de Renfe, el de Antonio Romero como director de Producción. Romero está considerado el tránsfuga socialista clave en Caja Madrid. Se desmarcó del criterio oficial del PSOE y votó sistemáticamente junto al entonces presidente de la entidad, Miguel Blesa, en la batalla de poder que tuvo lugar desde 2008.Se da la circunstancia de que el nuevo empleado público se encuentra expedientado por el PSOE desde enero de 2009 por su actitud en la caja. El líder socialista madrileño, Tomás Gómez, criticó que Romero se apartara de la línea del resto de consejeros socialistas tras haber recibido una cuenta de crédito de 900.000 euros de la caja presidida por Blesa.Moreda -actual jefe de Romero en Comfersa- es vocal desde 2008 de la Comisión de Ética del partido que, a veces, suele pronunciarse sobre expedientes disciplinarios.Un portavoz oficial del PSOE aseguró ayer a este diario que «el expediente sobre el señor Romero sigue su cauce». Pero negó que haya llegado a la Comisión de Ética. «Se está tramitando en la Secretaría de Organización del PSOE», señaló. Es decir, que depende del equipo de Leire Pajín. Ésta auguró el pasado año «medidas disciplinarias oportunas» sobre Romero.ANÁLISISMANUEL SÁNCHEZ / MadridLa sombra de la FSM es alargadaNumerosos dirigentes del PSOE con los que habló este diario no cuestionaron la veracidad de la información publicada ayer por EL MUNDO. Los había más o menos enfadados porque entendían que Ramón Moreda no tiene por qué pagar, casi 20 años después, su implicación en un escándalo que no tuvo recorrido judicial en lo que se refiere a su persona. Y los había más o menos satisfechos porque la información era «todo un marrón» para José Blanco.Pero, curiosamente, entre las filas socialistas se hablaba más de la figura de Antonio Romero, ex secretario de Organización del Partido Socialista de Madrid (PSM) en la etapa de Rafael Simancas.Y, desde Romero, todas las especulaciones se dirigían al corazón de la siempre conflictiva Federación Socialista Madrileña (FSM) porque, aunque Juan Barranco se empeñara en cambiarle el nombre en el último congreso regional, al PSOE de Madrid, se le sigue llamando FSM.Miembros de esta federación, además, animaban ayer a seguir «tirando del hilo» con datos pocos precisos sobre la trayectoria de ambos personajes, en un deseo de que continuara la polémica.En Ferraz, aunque no han saltado las alarmas, sí hay preocupación porque se intuye que puede ser el inicio de una guerra interna de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales.De momento, Blanco ha contestado de manual. Pero, a buen seguro, no se quedará ahí el vicesecretario general del PSOE. No obstante, se ratifica en sus dos nombramientos, en la defensa de ambos y será muy difícil que cambie su decisión, aunque crezca la polémica.Aunque el puzle todavía es difícil de encajar, porque las piezas se han movido, se han resituado, se están ajustando a sus intereses y a su espacio.Se sabe que José Blanco no es muy partidario de que TómasGómez sea el candidato a la Comunidad de Madrid. También se sabe que la gente de RafaelSimancas tiene ganas de dar la batalla y que no se ve respaldada desde Ferraz. No se conoce bien dónde se ubica la secretaria de Organización Leire Pajín en esta encrucijada. Y se especula con que ya empiezan a circular todo tipo de dossieres de unos y otros.Porque, más allá de Moreda, de Filesa, de Romero y de Comfersa, se intuye otra batalla política que acaba de empezar y en la que hasta el propio Blanco puede ser uno de los objetivos.En el fondo, es lo que siempre pasa en Madrid cuando se acercan a las elecciones municipales y autonómicas pero todavía no se tienen los candidatos claros. La sombra de la FSM es alargada... aunque se le haya cambiado el nombre.JOAQUÍN MANSO / Madrid «El autor de la falsificación» El fiscal Salinas aseguró que Moreda en persona fue quien falseó las cuentas del PSOE, pero eludió la cárcel por un cambio legalEl fiscal del caso Filesa, Antonio Salinas -actual jefe de la Fiscalía Anticorrupción-, consideraba que Ramón Moreda, administrador general de la campaña del PSOE para las legislativas de 1989, fue el «autor material» de la «falsificación electoral» en que consistió la financiación irregular de ese partido a través de las sociedades Filesa, Malesa y Time Export. Es decir: según el Ministerio Público, Moreda en persona, que dependía directamente de Alfonso Guerra, fue quien falseó la contabilidad del PSOE al ocultar los ingresos de la trama. Pedía para él tres años de prisión, que la acción popular que ejerció José María Ruiz Mateos extendía a cuatro y el PP, a 13.Sólo un cambio legal impidió a última hora que Moreda se sentase en el banquillo como supuesto responsable de uno de los mayores escándalos de corrupción de la democracia. El Código Penal impulsado por el biministro socialista Juan Alberto Belloch, que entró en vigor en enero de 1996 -tres meses después de que el fiscal presentase sus conclusiones provisionales-, redujo de cinco a tres años el plazo de prescripción para el delito electoral del que estaba acusado, ya que pasó a integrarse en la categoría de «delitos menos graves».El fiscal pidió la declaración de Moreda como imputado el 22 de septiembre de 1994, bastante más de tres años después del día en que comenzó a correr la prescripción. Éste se situaría a principios de marzo de 1990, cuando el entonces administrador general electoral del PSOE presentó al Tribunal de Cuentas la contabilidad irregular correspondiente a la campaña para las elecciones que ganó Felipe González el 29 de octubre de 1989. 25 de marzo de 1993. El primer instructor del caso Filesa en el Supremo, Marino Barbero, pregunta a la Junta Electoral Central el nombre del administrador electoral general del PSOE en 1989, al que vincula con la financiación ilegal del partido. 25 de mayo de 1994. Los propietarios del inmueble que el PSOE usó como cuartel general para las elecciones -en la calle de Gobelas de Madrid- confirman al juez que la negociación para el alquiler del edificio la dirigieron Moreda y el entonces secretario de Finanzas del partido, Guillermo Galeote. El contrato se firmó en la sede de Ferraz, pero el dinero -70 millones de pesetas, o 420.708 euros- lo pagó Distribuidora Exprés 2020, una empresa fantasma de la ubicua dirigente socialista Aida Álvarez, que fue condenada a dos años y cuatro meses de cárcel. Para ella no hubo prescripción. 22 de septiembre de 2004. El fiscal Salinas pide que Ramón Moreda comparezca como imputado en un escrito que incluye, entre otros muchos, al presidente del BBV, Emilio Ybarra. Declara el 21 de octubre de ese año. Dice no saber nada de Filesa y afirma que él mismo entregó a Aida Álvarez 70 millones de pesetas en un maletín -ella había asegurado que en una bolsa de plástico- para pagar la sede de Gobelas. El abogado de Rumasa pide después su ingreso en prisión, que el juez rechaza. 22 de febrero de 1995. El juez Marino Barbero pide autorización a la Sala Penal del Supremo para pedir al Congreso el suplicatorio contra Alfonso Guerra como inductor de un delito electoral. El Alto Tribunal, siguiendo el criterio fiscal, lo deniega días después, ya que ese delito sólo puede cometerse «de propia mano» por el administrador electoral general (Ramón Moreda). 31 de julio de 1995. El juez Barbero abandona la carrera judicial después de que el CGPJ rechazase ampararle tras un durísimo ataque de Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Le sustituye Enrique Bacigalupo. 4 de octubre de 1995. El fiscal presenta su escrito de conclusiones provisionales. Acusa a Moreda de ser «el autor material de la falsificación electoral» y pide para él tres años de cárcel.22 de diciembre de 1995.El juez Bacigalupo acuerda sentar en el banquillo a Ramón Moreda y otras seis personas. 20 de diciembre de 1996. La Sala Penal estima el recurso fiscal y sienta en el banquillo a 26 acusados, pero excluye a Moreda tras el cambio operado en el Código Penal. Con información del Departamento de Documentación de EL MUNDO.A CONTRAPELO SANTIAGO GONZÁLEZDos medidasEl ministro de Fomento, José Blanco, ha justificado el nombramiento de Ramón Moreda como presidente de Comfersa, una filial de Renfe. «Es inocente», ha dicho. «En grado de presunción», tendría que haber añadido. No fue juzgado ni condenado porque el delito prescribió. Es la misma inocencia que la de aquel Rosendo Naseiro, imputado por el juez Luis Manglano con escuchas ilegales. Era un presunto inocente, pero José María Aznar le obligó a dejar el cargo de tesorero en 1993.El 25 de marzo de aquel año, en el sumario de Filesa, el juez Marino Barbero imputó a Moreda un delito electoral presuntamente cometido en las elecciones generales y europeas de 1989, en las que fue administrador general del PSOE.Nos falta una moral universal, un rasero ético. Lo dijo muy bien el miércoles la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega al exigir al PP que respete a los jueces «no sólo cuando abren los cajones ajenos, sino también cuando investigan en sus fondos de armario». Al juez Baltasar Garzón, que instruyó Gürtel, y al juez Barbero, cuya instrucción de Filesa lo convirtió en la bestia negra del PSOE en general, y la de Juan Carlos Rodríguez Ibarra en particular.Por cierto, aquí tiene el ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo espejo en el que mirarse: pocos meses después de que él entrara en la carrera, Barbero tomaba posesión de su cátedra en la Universidad de Murcia, en 1963. Se negó a jurar los Principios del Movimiento y aquel curso impartió su lección inaugural contra la pena de muerte. Fue el año en que se fusiló a Julián Grimau, el último muerto de la Guerra Civil. Para hacer esto cuando Franco hacía falta más coraje que para llamar franquista al Tribunal Supremo en el aquelarre de la Complutense.Tiene razón la viceprimera al exigir al PP que respete a los jueces, mientras ella ampara lo de Villarejo en la libertad de expresión. También acierta al señalar al PP el cajón del caso Gürtel, pero si parte de la presunción de culpabilidad para los otros no debería invocar la de inocencia para los suyos, ni olvidar su propio fondo de armario: en 2008, Moreda fue elegido para la Ejecutiva, como vocal de la Comisión de Ética y Garantías. Está bien. Como ya se ha dicho en este rincón, Josep Maria Sala, que sí fue condenado por Filesa, fue admitido en la casa común del PSC y elegido responsable de Formación en las dos últimas ejecutivas, en 2004 y 2008.En 2005, el alcalde de Carboneras, Cristóbal Fernández, fue condenado a seis meses de inhabilitación por un delito electoral, pena a la que se acumuló otra de 15 meses de multa por injurias al tribunal que lo condenó, sin saber que a los jueces hay que respetarlos. En diciembre de 2006, el Gobierno de Zapatero lo indultó a tiempo para las elecciones de mayo de 2007 y seguir siendo el alcalde actual de Carboneras.También es lógico. El maestro Billy Wilder había planteado la cuestión en los títulos finales de Primera Plana, al repasar el destino de los principales personajes de la película. Al llegar al tramposo y amoral director del Chicago Examiner, que interpretaba el gran Walter Matthau, decía: «Walter Burns está retirado y a veces imparte conferencias sobre la ética del periodismo en la Universidad de Chicago».

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 artículo 274
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