Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2015/se201500022.html
Timestamp: 2019-03-23 11:01:53+00:00

Document:
SENT.22-2015 GACETA
SENTENCIA: 22/2015.
EXPEDIENTE: 403/2008.
Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra el Superintendente Tributario General.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 16 a 19, admitida mediante providencia de 1 de agosto de 2008 de fs. 22, la contestación de fs. 26 a 28 y los antecedentes procesales.
CONSIDERANDO I: La Gerencia Distrital La Paz del servicio de Impuestos Nacionales representada legalmente por el Lic. Franz Pedro Rozich Bravo, interpone la presente demanda manifestando que:
La Resolución de Recurso Jerárquico, vulnera los arts. 81 y 98 de la Ley 2492 y 2 del Decreto Supremo Nº 27874, al admitir pruebas que no reúnen las características de pertinencia y oportunidad, considerando válidos los descargos extemporáneos realizados por el contribuyente en 8 de enero de 2007, luego de treinta días de haber sido notificado con la Vista de Cargo de 6 de diciembre de 2006, por cuanto al no haber probado en termino la presentación de su declaración jurada del IVA por el periodo de enero de 2004 -indica que- la Administración Tributaria confirmó la determinación de adeudos y la sanción por omisión de pago correspondiente a la declaración jurada omitida sobre la base presunta en conformidad a los arts. 44. II, 45 y 97. II de la Ley 2492 y 34 del DS Nº 27310 al evidenciarse en los registros del sistema SIRAT 2, y pese a haber sido notificado personalmente con la vista de cargo, tampoco presentó pruebas de descargo dentro del plazo otorgado por el art. 2 del DS Nº 27874, donde inclusive existe la posibilidad de que las pruebas de reciente obtención puedan ser presentadas hasta el último día del plazo, concedido por Ley a la Administración Tributaria antes de la emisión de la Resolución Determinativa respectiva.
Asimismo argumenta que se debió demostrar que esta omisión no fue por causa atribuible a su persona, empero, en el caso de autos se aceptó las pruebas sin exigir la formalidad y cumplimiento de las citadas normas legales, y observando el art. 10 de la Ley Nº 843 y 10 del DS Nº 21530 modificado por el DS Nº 25619 de 17 de diciembre de 1999, que dieron origen a la emisión de la vista de cargo.
Acusa también la infracción del art. 97. II de la Ley 2492, por la Superintendencia Tributaria General por inobservancia y vulneración del procedimiento determinativo para casos especiales, por cuanto la ley no permite presentar pruebas de descargo fuera del plazo establecido, consecuentemente el procedimiento determinativo aplicado por la Gerencia Distrital sería el correcto y legal, al no haber el contribuyente pagado o presentado descargo alguno, ni tampoco presentado prueba material alguna que acredite dicho cumplimiento hasta el último día del plazo establecido en la vista de cargo, por lo que corresponde se le determine una deuda tributaria por omisión de pago, más la sanción correspondiente y la presentación de descargos que hubiere realizado posteriormente a los 30 días de notificada la vista de cargo, no constituiría un óbice para que no sea sancionado al haber fenecido su plazo.
Finalmente señala que respecto a la vulneración del art. 81 de la Ley 2492, por admisión de pruebas que no fueron presentadas con juramento de reciente obtención, cuya omisión no es por causa propia, existe precedente de la Superintendencia Tributaria General, en consecuencia se incurrió en contradicción al haber cambiado de criterio siendo que en un caso similar mediante Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0626/2007 de 29 de octubre de 2007 a favor de la administración tributaria, bajo el argumento de que correspondía al contribuyente probar que su omisión de no presentarla oportunamente, no fue por causa propia y para efecto ofrecerlas con juramento de reciente obtención, sin embargo al no haberse demostrado dicho extremo no correspondía que en ese entonces el Superintendente Tributario Regional valore las declaraciones juradas presentadas como pruebas de reciente obtención sin haber cumplido los requisitos; lo cual -a criterio de la parte demandante- demostraría la discrecionalidad de la Superintendencia Tributaria General que en algunos casos observa la presentación de pruebas y en otros como en el caso de autos no. Razones por las que pide se revoque la Resolución de recurso jerárquico y se mantenga firme y subsistente la Resolución Determinativa de 16 de febrero de 2007.
CONSIDERANDO II: Que corrida en traslado la demanda, se apersona Rafael Rubén Vergara Sandoval, Superintendente Tributario General a.i., quien contesta negativamente a la demanda, señalando que:
La Resolución Jerárquica STG-RJ/0229/2008 de 9 de abril de 2008 está plenamente respaldada en los fundamentos técnicos jurídicos que dieron lugar a la misma y que han sido claramente expuestos.
Es así que manifiesta que con relación a la supuesta vulneración de los arts. 81, 97. II y 98 de la Ley Nº 2492 y 2 del DS Nº 27874, el contribuyente en su recurso de alzada de 24 de octubre de 2007 adjuntó las declaraciones juradas originales Forms. 200 y 400 del IVA e IT por el periodo fiscal de enero de 2004 sin movimiento, presentadas el 8 de enero de 2007 al Banco Solidario S.A. y las boletas de pago F. 1000 cada una de Bs. 120 por concepto de multa por incumplimiento deberes formales presentadas el 30 de enero de 2007 al Banco Los Andes Procredit, las que si bien fueron presentadas fuera del término otorgado por la Vista de Cargo el 8 de enero de 2007, cuando vencía el plazo el 5 de enero de 2007, el contribuyente las presentó antes de la emisión de la Resolución Determinativa de 16 de febrero de 2007, la que fue notificada el 20 de septiembre de 2007 más de siete meses después, en consecuencia considera que la admisibilidad de las citadas declaraciones juradas en calidad de prueba debieron ser valoradas por la administración tributaria; sin embargo no se verificó en su base de datos que las declaraciones juradas fueron presentadas oportunamente generando la omisión de valorar las declaraciones inobservando el art. 97. II párrafo sexto de la Ley 2492 y el art. 2 del DS Nº 27874, por lo que concluye que la resolución de recurso jerárquico no vulneró los arts. 81, 97. II y 98 de la Ley 2492, ni el art. 2 del DS Nº 27874.
Adicionalmente señala que con relación a que la Superintendencia General habría incurrido en contradicción al haber cambiado de criterio en un caso similar; la Resolución Jerárquica STG-RJ/0626/2007 a la que se hace referencia en la demanda, se trataría de declaraciones juradas presentadas después de la emisión y notificación con la Resolución Determinativa, en cambio en el caso de autos las declaraciones juradas han sido presentadas por el contribuyente antes de la emisión y notificación de la Resolución Determinativa, en consecuencia se tratarían de presupuestos fácticos distintos y no análogos, por lo que no correspondería su aplicación, por consiguiente asevera que la demanda carece de sustento jurídico tributario no existiendo agravio, ni lesión de derechos, por lo que pide se declare improbada la presente demanda contenciosa administrativa.
Corrida en traslado la respuesta, fue formulada la réplica a fs. 46 y 47 y dúplica de fs. 50 a 52, disponiéndose “Autos” para sentencia.
Mediante Vista de Cargo Nº Orden 2030211648 de 6 de diciembre de 2006, el Servicio de Impuestos Nacionales distrital La Paz, tras haber procedido a la verificación de la base de datos corporativa del SIN habría evidenciado que no existiría constancia de que el contribuyente Juan Elvis Campos Cuevas haya presentado la declaración jurada correspondiente al periodo fiscal de 01/2004, habiéndosele intimado a presentar la declaración dentro del término previsto por el art. 98 de la Ley 2492, indicándole alternativamente que podía cancelar el monto presunto calculado por la Administración Tributaria de acuerdo al núm. 2 del art. 44 y el art. 45 del Código Tributario y art. 34 párrafo segundo del DS Nº 27310, siendo notificado el contribuyente con esta Vista de Cargo, el 6 de diciembre de 2006 (fs. 19 a 20 del Anexo 1).
La Gerencia Distrital de La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Determinativa Nº Orden 31191058 de 16 de febrero de 2007, por la que resolvió determinar la deuda tributaria del sujeto pasivo o tercero responsable calculada sobre la base presunta por el impuesto y periodo fiscal incluyendo la multa por omisión de pago; con la constancia de que el procedimiento empleado en el caso, no inhibe las facultades del Servicio de Impuestos Nacionales verificar, fiscalizar e investigar el periodo y tributo que dieron origen a la señalada resolución (fs. 25 del Anexo 1); contra dicha determinación el contribuyente Juan Elvis Campos Cuevas interpuso recurso de alzada que mereció la Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0060/2008 de 25 de enero de 2008, por la que la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dispuso revocar totalmente la Resolución Determinativa de Orden 31191058 de 16 de febrero de 2007, consiguientemente dejó sin efecto el tributo omitido de 3.237 UFV por el impuesto al Valor Agregado, más intereses y multa por omisión de pago del periodo de enero/2004 (fs. 67 a 75 del Anexo 1).
Contra la señalada resolución, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales interpuso recurso jerárquico (fs. 78 a 81 del anexo 1), emitiéndose la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0229/2008 de 9 de abril de 2008, por la Superintendencia Tributaria General, disponiendo confirmar la resolución de recurso de alzada en consecuencia nula y sin valor legal la Resolución Determinativa Nº de Orden 31191058 de 16 de febrero de 2007 sin perjuicio de que la Administración Tributaria ejerza sus amplias facultades de fiscalización, investigación y determinación tributaria previstas en los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 conforme establece el inc. b) art. 212. I de la Ley 3092 (fs. 101 a 112 del Anexo 1).
CONSIDERANDO IV: En virtud a la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, que reviste características de juicio ordinario de puro derecho, cuyo conocimiento y resolución de la controversia en única instancia, es de exclusiva competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena, por mandato de los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, siendo el objeto conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, según la veracidad o no del reclamo planteado, por cuanto el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico; por consiguiente, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales, con relación a los hechos sucedidos en sede administrativa, para lo cual es necesario partir de ciertos preceptos normativos.
El objeto de la presente controversia radica en determinar si la resolución de recurso jerárquico al admitir pruebas, vulneró los arts. 81, 97. II y 98 de la Ley 2492 y el art. 2 del DS Nº 27874, incurriendo con ello en contradicción con el precedente establecido en la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0626/2007 de 29 de octubre de 2007.
A efectos de adentrarse en la problemática planteada, se partirá refiriéndose a que conforme al num. 1 del art. 74 del Código Tributario, “los procedimientos tributarios administrativos se sujetaran a los principios del Derecho Administrativo y se sustanciaran y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el presente Código…”, de tal forma que a los procedimientos tributarios administrativos (conjunto de formalidades de orden jurídico que se establecen para poder emitir una resolución o acto administrativo tributario por parte de la autoridad administrativa tributaria), son aplicables los principios del derecho administrativo, dichos principios se encuentran en la Ley del Procedimiento Administrativo, que entre otros principios prevé en su art. 4 el principio de verdad material entendido como la obligación de la administración de investigar la verdad material en oposición a la verdad formal que resulta importante para la valoración de la prueba, según el cual la autoridad administrativa competente debe verificar plenamente los hechos que sirven de motivo para sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias, por lo tanto, en el procedimiento administrativo el órgano que debe resolver está sujeto al principio de la verdad material, y debe en consecuencia ajustarse a los hechos, prescindiendo de que ellos hayan sido alegados y probados por el particular o no, si la decisión administrativa no se ajusta a los hechos materialmente verdaderos, su acto estará viciado por esa sola circunstancia, el administrador está obligado a comprobar la autenticidad de los hechos, por ello debe siempre ajustarse únicamente al principio de la verdad material. Asimismo, éste principio tiene distintas manifestaciones a nivel del procedimiento administrativo, una de las cuales consiste en que el administrado pueda presentar nuevas pruebas ante la instancia que conoce el recurso de alzada en el presente caso.
Así en el caso de autos, se tiene que emitida la Vista de Vista de Cargo Nº Orden 2030211648 de 6 de diciembre de 2006, que al haberse evidenciado que no existía constancia de que el contribuyente Juan Elvis Campos Cuevas haya presentado la declaración jurada correspondiente al periodo fiscal de 01/2004, fue intimado a su presentación, y pese a su notificación con la misma el 6 de diciembre de 2006, no presentó el descargo correspondiente, dando origen consecuentemente a la emisión de la Resolución Determinativa Nº Orden 31191058 de 16 de febrero de 2007, por la que se estableció la deuda tributaria del sujeto pasivo o tercero responsable calculada sobre la base presunta por el impuesto y periodo fiscal incluyendo la multa por omisión de pago; contra dicha resolución el contribuyente interpuso recurso de alzada.
En ése estado, por auto de 22 de noviembre de 2007, se dispuso la apertura de término probatorio, con el que fue notificado Juan Elvis Campos Cuevas, el 28 de noviembre de 2007 (fs. 42 a 43 del Anexo 1), periodo en el cual por memorial de fs. 44, ratificó la prueba documental presentada, entre la que se encuentra según se indica: “2 Extractos tributarios correspondientes al periodo de consulta 1/2002 al 11/2006, certificación de cese de actividades emitida por Carlos Cuervas Urquiola Supervisor distrital -1 RUC Gerencia Distrital La Paz, 2 formularios Nº 80 con Nºs de Orden 0941626 y 0067592 respectivamente, correspondiente a las declaraciones juradas anuales del impuesto sobre las utilidades de las empresas IUE de 23 de enero de 2004 correspondiente a las gestiones 2003 y 2004 (sin movimiento), Formulario 400 correspondiente a la declaración jurada por concepto de impuesto a las transacciones del periodo 01/2004 Nº de Orden 2449985, Formulario 200 correspondiente a la declaración jurada por concepto de impuesto al valor agregado del periodo 01/2004 Nº de Orden 2453751; 2 formularios 1000 correspondientes a las multas por omisión de pago a los impuestos IT e IVA aceptadas por el sistema SIN mediante el Banco los Andes en fecha 30 de enero de 2007 con Nºs de Orden 00396160 y 00396161 respectivamente”; prueba documental que solicitó se la tenga para efectos legales correspondientes, la cual por auto de 19 de diciembre de 2007 la Superintendente Tributario Regional de La Paz, dispuso: “…en mérito al memorial que antecede y habiéndose presentado prueba de reciente obtención, se señala el día lunes 24 de diciembre de 2007 a horas 10:30 a.m. para la recepción del respectivo juramento en las oficinas de la Secretaría de Cámara de esta Superintendencia Tributaria Regional La Paz, prueba que deberá ser sujeta a lo previsto por el art. 97-II, último párrafo de la Ley Nº 2492 (CTb)”, habiéndose fijado posteriormente otra fecha de recepción de la prueba señalada, efectivizándose su presentación el 7 de enero de 2008, según el acta de juramento (fs. 54 del Anexo 1).
Posteriormente la Superintendencia Tributaria Regional La Paz dictó la Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0060/2008 de 25 de enero de 2008, revocando totalmente la Resolución Determinativa de Orden 31191058 de 16 de febrero de 2007, y dejó sin efecto el tributo omitido por el IVA más intereses y multa por omisión de pago del periodo de enero/2004, fallo que en la parte considerativa, concluye en base a los antecedentes del expediente administrativo, que el 8 de enero de 2007 antes de emitirse y notificarse la Resolución determinativa, el contribuyente presentó ante el Banco Los Andes la declaración jurada del IVA por el periodo de enero de 2004, habiendo cancelado inclusive la respectiva multa el 30 de enero de 2007, hecho que desvirtúa lo resuelto en la resolución determinativa conllevando su revocatoria. Criterio que fue confirmado por la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0229/2008 de 9 de abril de 2008 de la Superintendencia Tributaria General ahora impugnada, considerando además de que en conformidad con los arts. 97. II y 98 de la Ley 2492 la resolución determinativa debe obedecer a hechos y documentos que sirvieron de base para la determinación de la base presunta y no a otros, con la salvedad de que el contribuyente pruebe que la omisión de su presentación no fue por causa propia.
Razón por la que se concluye que en el caso en análisis, más allá de los requisitos formales que conlleva la presentación de prueba documental, no se puede desconocer la existencia de la documentación presentada por el contribuyente donde se advierte la declaración extrañada por la administración tributaria, quien también pudo proceder a la verificación en su sistema de Bases de Datos; sin embargo omite tener presente este aspecto, por cuyos motivos corresponde su consideración y la rectificación de procedimientos en cumplimiento del principio de verdad material.
Asimismo, con relación a que la Superintendencia Tributaria General habría incurrido en contradicción con la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0626/2007 de 29 de octubre de 2007, se debe tener en cuenta que cada determinación asumida obedece a cada caso concreto, y que en la resolución que cita el demandante, se tiene que el contribuyente no presentó ante la dependencia operativa de su jurisdicción las declaraciones juradas extrañadas, ni presentó pruebas que desvirtúen el cargo establecido en las Vistas de Cargo, tampoco canceló la liquidación practicada, ni demostró que su omisión de no presentarlas oportunamente ante la Administración Tributaria, no fue por causa atribuible a su persona, sino por causas externas; consecuentemente al no tratarse de casos similares no corresponde un tratamiento similar, como confunde la parte ahora demandante.
Por lo expuesto, al no haberse demostrado, la conculcación de normas legales, corresponde declarar improbada la presente demanda.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil y por lo dispuesto en el art. 10. I de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda, consecuentemente deja firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0229/2008 de 9 de abril de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria General.

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