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Timestamp: 2019-07-18 17:36:17+00:00

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﻿ SENTENCIA 2010-01109/1570-2017 DE ENERO 18 DE 2018
SENTENCIA 2010-01109 DE 18 DE ENERO DE 2018
CONTENIDO:PENSIONES RECONOCIDAS CON FUNDAMENTO EN DISPOSICIONES TERRITORIALES Y CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO, SON SITUACIONES QUE CONTINÚAN VIGENTES Y GARANTIZAN LOS DERECHOS ADQUIRIDOS. SE ESTABLECE QUE LAS SITUACIONES JURÍDICAS DE CARÁCTER INDIVIDUAL DEFINIDAS CON ANTERIORIDAD A LA LEY 100 DE 1993 CON FUNDAMENTO EN DISPOSICIONES TERRITORIALES SOBRE PENSIONES EXTRALEGALES CONTINUARON VIGENTESIGUALMENTE, QUIENES ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE DICHA LEY REUNIERON LOS REQUISITOS PARA PENSIONARSE CONFORME A TALES ORDENAMIENTOS, TIENEN DERECHO A LA PENSIÓN EN LAS CONDICIONES ALLÍ ESTABLECIDAS, EN ARAS DE GARANTIZAR LOS DERECHOS ADQUIRIDOS. DEL MISMO MODO, SE RECUERDA QUE LA JURISPRUDENCIA DEL MÁXIMO TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO HA ADMITIDO QUE DENTRO DE LAS DISPOSICIONES DEL ORDEN TERRITORIAL, QUEDARON INCLUIDAS LAS REGULACIONES DE LAS CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO, EN ESE SENTIDO, PARA EFECTOS DE LA CONVALIDACIÓN DE PENSIONES RECONOCIDAS CON FUNDAMENTO EN AQUELLAS, SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY 100 DE 1993 PUES LA CONVENCIÓN COLECTIVA QUE INVOLUCRA A EMPLEADOS PÚBLICOS NO PUEDE SER TENIDA COMO UN CONTRATO, DADO QUE AQUELLOS NO PUEDEN REGIRSE POR ESTOS INSTRUMENTOS Y TAMPOCO PUEDEN TENER EL CARÁCTER DE UNA NORMA, EN RAZÓN A QUE CARECE DE LAS FORMALIDADES PROPIAS, SIN EMBARGO, SÍ PUEDEN SER TENIDAS COMO UNA DISPOSICIÓN, PUESTO QUE LO QUE SE BUSCÓ CON ELLA FUE DAR PROTECCIÓN Y PROGRESIVIDAD A LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHOS DEL TRABAJADOR, EMPLEADO PÚBLICO, PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, CONVENCIÓN COLECTIVA, DERECHOS ADQUIRIDOS, PENSIÓN EXTRALEGAL
Sentencia 2010-01109/1570-2017 de enero 18 de 2018
Rad.: 760012331000201001109 02 (1570-2017)
Demandado: Reynel Oviedo Lemos
¿La pensión reconocida por las empresas municipales de Cali - Emcali por medio de la Resolución 484 del 7 de marzo de 1996 al señor Reynel Oviedo Lemos, con fundamento en la Resolución 104 del 14 de octubre de 1983 expedida por la junta directiva de la entidad y en la convención colectiva de trabajo vigente suscrita por aquella y su sindicato de trabajadores, quedó convalidada al tenor de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993?
i) Naturaleza jurídica de Emcali y su régimen de personal.
Con el fin de definir el contexto normativo que afectó la naturaleza jurídica de la vinculación del señor Reynel Oviedo Lemos con las empresas municipales de Cali, se harán las siguientes precisiones:
Mediante Acuerdo 50 de 1961 expedido por el Concejo Municipal de Cali, se constituyó el establecimiento público denominado empresas municipales de Cali —Emcali— como un establecimiento público del orden descentralizado, con personería jurídica y patrimonio propio, con el fin de que asumiera “la dirección, organización, administración, ensanches, conservación y mantenimiento de las empresas e instalaciones de propiedad del municipio de Cali que constituyen el acueducto municipal, el alcantarillado municipal, la empresa de energía eléctrica municipal, el empresa telefónica municipal, las plazas de mercado y de ferias, y el matadero municipal” (fls. 20-28 vto., cdno. 1).
[…] ART. 5º—Empleados públicos y trabajadores oficiales. Las personas que prestan sus servicios en los ministerios; departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos públicos son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales.
Las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos […](7).
[…] ART. 17.—Naturaleza. Las empresas de servicios públicos son sociedades por acciones cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos de que trata esta ley.
PAR. 2º—Las empresas oficiales de servicios públicos deberán, al finalizar el ejercicio fiscal, constituir reservas para rehabilitación, expansión y reposición de los sistemas […](9).
En cumplimiento de lo anterior el Concejo Municipal de Cali, expidió el acuerdo 014 del 31 de diciembre de 1996 (fls. 29-40 vto., cdno. 1), por medio del cual Emcali se transformó en una empresa industrial y comercial del Estado, del orden municipal (art. 4º), a partir del 1º de enero de 1997, es decir que desde este momento, como regla general, la naturaleza jurídica de la vinculación de los servidores de dicha entidad sería la de trabajadores oficiales y de manera excepcional los estatutos de estas empresas podrían definir los cargos con funciones de dirección o confianza que deban ser desempeñados por empleados públicos, al tenor de lo dispuesto por el artículo 5º del Decreto-Ley 3135 de 1968, antes transcrito.
En efecto, el artículo 41 de la Ley 142 de 1994, definió que las personas que presten sus servicios a empresas de servicios públicos privadas o mixtas, tendrán el carácter de trabajadores particulares, y en tal virtud se les aplica el Código Sustantivo del Trabajo, y en el caso de aquellas personas que prestaran sus servicios en empresas que hubieren optado por lo previsto en el parágrafo del artículo 17 ibidem, y se transformaran en empresa industrial y comercial del Estado, se regirían por lo establecido en el artículo 5º del precitado Decreto-Ley 3135 de 1968, esto es, se considerarían trabajadores oficiales, tal y como lo consideró la Corte Constitucional en la Sentencia C-253 de 1996 al declarar la inexequibilidad de la expresión “inciso primero del” contenida en dicho artículo, al razonar que ella implica que los empleados públicos de estas empresas, que se encuentran sometidas en cuanto a su actividad y organización al régimen privado, se ven limitados en su derecho de negociación colectiva (C.N., art. 55), además de que tendrían una situación laboral distinta a la de los demás trabajadores oficiales, situación que es discriminatoria respecto de los servidores de las sociedades por acciones, privadas y mixtas igualmente aludidas por la Ley 142 de 1994, que sí cuentan con dichas garantías.
ii) Competencia para la fijación del régimen pensional de empleados públicos.
[…] ART. 62.—La ley determinará los casos particulares de incompatibilidad de funciones; los de responsabilidad de los funcionarios y modo de hacerla efectiva; las calidades y antecedentes necesarios para el desempeño de ciertos empleos, en los casos no previstos por la Constitución; las condiciones de ascenso y de jubilación; y la serie o clase de servicios civiles o militares que dan derecho a pensión del tesoro público […] (se resalta).
En el ordinal 9º del artículo 76, modificado por el Acto Legislativo 1 de 1968, estableció que correspondía al Congreso hacer las leyes, y por medio de ellas ejercía las siguientes atribuciones:
[…] Determinar la estructura de la administración nacional mediante la creación de ministerios, departamentos administrativos y establecimientos públicos, y fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales […] (se resalta).
[…] ART. 1º—El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:
c) La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por parte del Estado y de las condiciones de trabajo; (resalta la Sala) […].
[…] Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos […].
[…] ART. 1º—
Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones […] (negrillas fuera del texto).
[…] Limitación de las funciones. Los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los mismos términos que los demás, aún cuando no puedan declarar o hacer huelga. […](12) (se resalta).
[…] a) Los empleados públicos que desempeñen empleos de alto nivel político, jerárquico o directivo, cuyas funciones comporten atribuciones de gobierno, representación, autoridad o de conducción institucional, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas públicas;
d) El personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. […].
[…] ART. 146.—Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la presente ley, con base en disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.
Las disposiciones de este artículo regirán desde la sanción de la presente ley […].
[…] El inciso 1º de la norma en referencia se encuentra ajustado a los preceptos constitucionales y en especial a lo previsto en el artículo 58 de la Constitución Política, según el cual “se garantizan los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”.
De esta manera, teniendo en cuenta la intangibilidad de los derechos adquiridos de los pensionados por jubilación del orden territorial antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, las situaciones jurídicas individuales definidas con anterioridad, por disposiciones municipales y departamentales, deben continuar vigentes […].
[…] Por lo expuesto, resulta válido afirmar que no sólo las situaciones que se consolidaron o adquirieron con anterioridad al 30 de junio de 1995 con fundamento en normas municipales o departamentales, se reitera, a pesar de su ilegalidad, quedan amparadas por lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993; sino también aquellas que se adquirieron antes del 30 de junio de 1997, pues, se reitera, estas últimas no se vieron afectadas por la declaratoria de inexequibilidad efectuada con la Sentencia C-410 de 28 de agosto de 1997, dados los efectos de la misma.[…].
iv) Del caso concreto.
En el presente caso no se discute que según señala el acto demandado el señor Reynel Oviedo Lemos nació el 31 de agosto de 1945(20). Tampoco se controvirtió que laboró en el Ministerio de Defensa Nacional desde el 17 de junio de 1963 hasta el 20 de agosto de 1965 y se vinculó a Emcali desde el 21 de junio de 1971 hasta el 4 de octubre de 1995(21).
Mediante Resolución 104 del 14 de octubre de 1983 (fls. 17-19) la junta directiva de las empresas municipales de Emcali, concedió unos beneficios extralegales a los empleados públicos de la entidad, dentro de los cuales estableció en el artículo 4º, el siguiente:
[…] ART. 4º—Con retroactividad a 1º de enero de 1983, aplíquense los siguientes beneficios a favor de todos los empleados públicos de las empresas municipales de Cali:
3. Al personal de empleados públicos que cumpla con los requisitos establecidos por la ley y los reglamentos vigentes en Emcali se pagará jubilación con el 90% del promedio de los salarios y primas de toda especie percibidas por el empleado en el último año de servicios […].
Luego, la entidad aceptó la renuncia presentada por el señor Reynel Oviedo Lemos, a partir del 2 de octubre de 1995(22) y posteriormente, el gerente administrativo de Emcali expidió la Resolución 484 del 7 de marzo de 1996, por medio de la cual reconoció y ordenó el pago de la pensión de jubilación al interesado a partir del 2 de octubre de 1995, en cuantía del 90% del promedio de salarios y primas devengados en el último año de servicios, con fundamento en lo determinado por la junta directiva de la entidad a través de la anteriormente citada Resolución 104 de 14 de octubre de 1983, y las leyes 6ª de 1945, 64 de 1945, 72 de 1947, y de 1966 y su Decreto Reglamentario 1743 del mismo año. En el artículo tercero de dicho acto, estipuló que una vez el Instituto de Seguros Sociales asumiera el riesgo de vejez, la empresa únicamente pagaría el mayor valor si se generara entre la pensión otorgada por el ISS y la reconocida por Emcali.
En este punto, observa la Subsección que la situación jurídica de carácter individual frente a la pensión de jubilación del señor Reynel Oviedo Lemos quedó definida con anterioridad al 30 de junio de 1997, fecha hasta la cual el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 convalidó las pensiones reconocidas con fundamento en disposiciones del orden territorial, dado que fue concedida el 7 de marzo de 1996, por haber acreditado los requisitos de edad y tiempo de servicios previstos por la Resolución 104 de 14 de octubre de 1983 así como los establecidos por la convención colectiva vigente para la época(23).
Ahora bien, el ordinal 3º del artículo 4° de la antes mencionada Resolución 104 de 14 de octubre de 1983, y la Resolución GG-11917 de 7 de diciembre de 1977, ambas proferidas por Emcali, fueron demandadas ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el cual declaró su nulidad mediante sentencia de 10 de febrero de 1995, decisión que confirmó el Consejo de Estado en providencia de 2 de octubre de 1996, expediente 11697, M.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora, pronunciamiento que se citó en sentencia de esta sección, del 12 de mayo de 2005(24).
Conclusión: La pensión reconocida por Emcali al señor Reynel Oviedo Lemos, por medio de la Resolución 484 del 7 de marzo de 1996, con fundamento en la Resolución 104 de 14 de octubre de 1983 expedida por la junta directiva de la entidad(26) y en la convención colectiva de trabajo vigente, quedó convalidada al tenor de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, pues su situación jurídica individual frente a la prestación al amparo de aquellas disposiciones quedó definida antes del 30 de junio de 1997.
Por lo expuesto la Sala considera que se impone confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Descongestión Laboral el 9 de noviembre de 2015, que denegó las pretensiones de la demanda.
La Subsección estima que no hay lugar a condena en costas por cuanto la actividad de las partes se ciñó a los parámetros de buena fe y lealtad procesales, sin que por lo mismo se observe actuación temeraria ni maniobras dilatorias del proceso (CCA, art. 171, modificado por L. 446/98, art. 55).
1. Confirmar la sentencia del 9 de noviembre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Descongestión Laboral, que denegó las pretensiones de la demanda, dentro del proceso promovido por las empresas municipales de Cali Emcali - EICE ESP contra la Resolución 484 del 7 de marzo de 1996, por medio de la cual se reconoció y ordenó el pago de una pensión de jubilación al señor Reynel Oviedo Lemos.
(5) “Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales”.
(6) Texto resaltado declarado inexequible Sentencia C-484 de 1995, Corte Constitucional.
(7) Texto resaltado declarado exequible en la misma Sentencia C-484 de 1995, Corte Constitucional.
(8) Ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, unidades administrativas especiales, empresas industriales o comerciales de tipo oficial y sociedades de economía mixta, definidos en los artículos 5º, 6º y 8º del Decreto Legislativo 1050 de 1968.
(9) Posteriormente la Ley 286 del 3 de julio de 1996 “Por la cual se modifican parcialmente las leyes 142 y 143 de 1994 (sic) y la Ley 223 de 1995”. Estableció lo siguiente: “ART. 2º—Las entidades descentralizadas y demás empresas que estén prestando los servicios a los que se refiere la Ley 142 de 1994, se transformarán en empresas de servicios públicos de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 142 de 1994, en un plazo hasta de dieciocho (18) meses a partir de la vigencia de la presente ley”.
(10) En este sentido ver Sentencia C-510 de 14 de julio de 1999, Corte Constitucional.
(11) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1º de septiembre de 2011, rad. 68001-23-15-000-2005-02272-02(0013-11), Actor: ESE Hospital Universitario Ramón Gonzalez Valencia de Bucaramanga —en liquidación—, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
(12) Declarada exequible por la Sentencia C-201de 2002.
(13) Corte constitucional, Sentencia C-201 de 2002.
(14) Por el cual se reglamenta la Ley 411 de 1997 aprobatoria del Convenio 151 de la OIT, en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos.
(15) El campo de aplicación del Decreto 160 de 2014 se encuentra delimitado en el artículo 2º.
(16) Lo resaltado entre paréntesis fue declarado inexequible por la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante Sentencia C-410 del 28 de agosto de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara.
(17) Al respecto se pueden ver las sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de septiembre de 2011, rad. 08001-23-31-000-2005-02866-03(2434-10), Actor: Universidad del Atlántico, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, reiterado en las sentencias de la Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1º de septiembre de 2011, rad. 68001-23-15-000-2005-02272-02(0013-11), Actor: ESE Hospital Universitario Ramón González Valencia de Bucaramanga —en liquidación—, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; de la Subsección A, sentencia del 10 de octubre de 2013, rad. 68001-23-31-000-2005-02207-01(0200-13), Actor: ESE Hospital Universitario Ramón González Valencia de Bucaramanga —en liquidación—, C.P. Alfonso Vargas Rincón y también de la Subsección A, sentencia del 24 de junio de 2015, rad. 68001-23-31-000-2005-02293-02(4597-13), Actor: ESE Hospital Universitario Ramón González Valencia de Bucaramanga —en liquidación—, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, entre otras.
(18) Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de septiembre de 2011, rad. 08001-23-31-000-2005-02866-03(2434-10), Actor: Universidad del Atlántico, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
(19) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 7 de octubre de 2010, Radicación: 1484-09 M.P.: Víctor Hernando Alvarado Ardila.
(20) En las consideraciones de la Resolución 484 del 7 de marzo de 1996 se indica «Que según el Registro Civil de Nacimiento expedido por la Notaría Primera de Cali Tomo 9/45 Folio 192, consta que el señor REYNEL OVIEDO LEMOS nació en Cali el 31 de agosto de 1945».
(21) Según se indica en el acto demandado obrante en los folios 11 y 12 del expediente.
(22) Conforme se observa en la Resolución 5151 del 25 de septiembre de 1995 visible a folio 10, cdno. ppal.
(23) Según señaló el acto administrativo demandado.
(24) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de mayo de 2005, rad. 76001-23-31-000-2001-01732-01(1964-04), C.P. Jesús María Lemos Bustamante.
(25) En este sentido puede consultarse la sentencia de 12 de febrero de 2009, rad. 250002325000200403756 01 (0273-08), C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
(26) Por la cual se concedieron unos beneficios extralegales a los empleados públicos de Emcali.

References: ARTÍCULO 146
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 artículo 41
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 artículo 5
 artículo 76
 artículo 58
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