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Timestamp: 2020-08-14 08:24:20+00:00

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ARTICULOS | COLEGIO DE ABOGADOS DEL ESTADO DE GUERRERO, A.C.
La Constitución Mexicana no contempla de forma expresa el derecho a la vida. Se prevé implícitamente.
En efecto, aunque no se reconoce expresamente el derecho a la vida en el texto Constitucional, lo cierto es que se prohíbe la pena de muerte aún para los delitos más graves (art. 22), e incluso se prohíbe la restricción o suspensión del derecho a la vida, aún en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto (art. 29).
Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en México, ha establecido que la vida es parte del derecho a la dignidad humana (arts.1, 2.A.II, 3.II.c, 25), que es condición y base de los demás derechos fundamentales del orden jurídico mexicano (Registro 165813).
De esa forma, es claro que el derecho a la vida esta implícitamente reconocido en la Constitución Política Mexicana.
Inicio de la protección.
La Constitución Federal no establece expresamente el momento en el que inicia el derecho a la vida, por lo que, se han generan problemas de interpretación al respecto por los que están a favor y en contra del aborto.
En efecto, los que están en contra del aborto, consideran que la Constitución protege la vida desde la concepción, porque el artículo 4°, que consagra el derecho a la salud, interpretado conforme a su iniciativa de reforma, parece dejar en claro que dicho precepto busca proteger la salud del futuro hijo; porque el artículo 123, protege a los hijos desde antes de su nacimiento; y, porque Artículo Tercero Transitorio de la Reforma en Materia de Nacionalidad (artículos 30, 32 y 37), otorgan derechos de nacionalidad al concebido que todavía no ha nacido.
Sin embargo, los que están a favor del aborto, consideran que la Constitución no otorga protección a la vida desde la concepción de una forma independiente al derecho reproductivo de la mujer, porque el texto expreso del artículo 4°, no establece derecho a la salud del no nacido, y en su proceso legislativo se dijo que la protección del futuro hijo, era parte del derecho social de la salud del que goza la mujer embarazada; porque el artículo 123, protege al producto de la concepción, como parte de los derechos de la mujer trabajadora que está embarazada; y, porque el artículo 32, establece expresamente que le nacionalidad mexicana se adquiere con el nacimiento, y no al momento de la concepción, sin que puedan prevalecer al respecto los Artículos Transitorios de la Reforma de ese materia.
1.2. Instrumentos Internacionales.
Los Tratados Internacionales de los que nuestro país es parte, reconocen expresamente el derecho a la vida, como es el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 6.1) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 4.1.), entre otros.
Asimismo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 3), aprobada por la ONU, se reconoce expresamente ese derecho.
2.2. Inicio de la protección en los Tratados.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que los seres humanos nacen iguales en derechos (art. 1°), por lo que, se considera que el derecho a la vida que consagra ese instrumento internacional, inicia con el nacimiento. Pero dicha declaración no ha sido aprobada por nuestro país.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no señalan el momento en el que inicia el derecho a la vida.
Tampoco lo hace la Convención sobre los Derechos del Niño, empero, dichas Convención tiene presente en su preámbulo, que los niños necesitan protección y cuidado legal antes de su nacimiento.
No obste lo anterior, los trabajos preparatorios a la Convención sobre los Derechos del Niño, dejan en claro que no hubo consenso entre los países miembros para establecer en el articulado si el derecho a la vida tenía que reconocerse desde la concepción o desde el nacimiento, de tal suerte que, el Grupo de Trabajo encargado de su redacción aclaro que el preámbulo de la Convención no pretendía prohibía la posibilidad de aborto que se autorizaba en ciertos casos.
Incluso, se tuvo que modificar a redacción de la Convención, en la parte que reconoce el derecho a la salud de los niños, para establecer que el derecho a la salud prenatal se otorgaba a favor de las madres, y no de los no nacidos (24.2.d).
Ahora bien, el único Instrumento Internacional vigente en nuestro país, que sí señalan expresamente en su artículo el momento en el que inicia el derecho a la vida, es la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En efecto, la Convención Americana estable expresamente que “Toda persona tiene derechos a que se respete su vida” y, además, literalmente dispone que el derecho a la vida “estará protegido por la ley y, en general, en cualquier momento de la concepción” (art. 4.1.)
Sin embargo, al resolver el Caso Artavia Murillo Vs. Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “concepción” es la implantación del ovulo fecundado, en el cuerpo de la mujer. De esa forma, excluye la fecundación in vitro que no se hubiera implantado.
Además, sostuvo que al señalarse que el derecho a la vida está protegido “en general” en cualquier momento de la concepción, implica que esa regla general admite excepciones, es decir, permite que, ante un conflicto de derechos, sea posible invocar excepciones, para que no se nieguen otros derechos.
Asimismo, la Corte Interamericana sostuvo que no es procedente otorgar el estatus de persona al embrión.
En base a lo anterior, la Corte afirma que el objeto directo de protección es fundamentalmente la mujer embarazada, y que la defensa del no nacido se realiza esencialmente a través de la protección de la mujer (arts.15.3.a. del Protocolo de San Salvador y VII de la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del hombre).
De esa suerte, la Corte concluyo que la protección del derecho a la vida prenatal, no es absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional.
Finalmente debe precisarse que, al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, nuestro país hizo una declaración interpretativa, aclarando que esta materia pertenece al dominio reservado de los Estados de la República, y no al Gobierno Federal.
3. Derechos de las madres.
Los que están a favor del aborto consideran que los derechos reproductivos de las mujeres contenidos en el artículo 4°, segundo párrafo, Constitucional, les otorga el derecho a abortar, ya que, dicho precepto establece que “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.”
Sin embargo, los que están en contra del aborto destacan que ese dispositivo constitucional exige un proceder “responsable”, por lo que, sostienen que ese derecho constitucional solo faculta a usar anticonceptivos, pero no reconoce el derecho al aborto.
Por otra parte, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, al verificar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha externado su preocupación por la altísima tasa de mortalidad materna que se debe en gran parte a los abortos ilegales y clandestinos, así como, por el elevado número de suicidios de muchachas jóvenes, relacionados con la prohibición de todo aborto (sin excepción), por la severidad de su sanción y, además, porque su criminalización disuade a los médicos de aplicar ese procedimiento aun cuando exista un claro riesgo para la salud de la madre o cuando el embarazo resulte de la violación.
Lo anterior, porque el Comité ha sustentado que el deber de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, previsto en el Pacto Internacional referido (art. 6), incluye a las mujeres embarazadas que deciden interrumpir su embarazo, de tal suerte que, a recomendado el establecimiento de excepciones legales a la prohibición general de todo aborto, tanto el terapéutico como el no terapéutico, lo que incluye el aborto en casos de embarazos que ponga peligro de muerte a la madre y en los casos de violación.
3. Continuación: Derechos de las madres.
En la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de la ONU, celebrada en el Cairo, se informó que a nivel mundial fallecen alrededor de medio millón de mujeres cada año por causas relacionadas con el embrazo, y que aún cuando el 90% de los países del mundo tiene políticas que permiten el aborto en diversas situaciones jurídicas para salvar la vida de lasrelacionadas ún así, una proporción significativa de los abortos son inducidos por las propias mujeres o se efectúan en malas condiciones, siendo la causa de un gran porcentaje de los fallecimientos de las madres o de lesiones permanentes en las mujeres afectadas.
De esa forma, se trazaron como objetivos promover la salud de las mujeres y la maternidad sin riesgos, reduciendo considerablemente el número de muertes y la morbilidad causada por abortos realizados en malas condiciones, mediante la implementación de medida que, en ningún caso impliquen la promoción del aborto como método de planificación de la familia, sino instando al compromiso del gobierno y las organizaciones no gubernamentales, con la salud de la mujer, reduciendo el recurso del aborto mediante la prestación de más amplios y mejores servicios de planificación de la familia, asignando siempre la máxima prioridad a la prevención de los embarazos no deseados y hacer todos lo posible para eliminar la necesidad del aborto, y que, en los casos que se considere que el aborto no es contrario a la ley, los abortos deben realizarse en condiciones adecuadas, aclarando que cualquier medida o cambio sobre el abortos, se deben determinar únicamente a nivel nacional o local de conformidad con el proceso legislativo nacional.
De manera similar, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, instó a nuestro país de manera particular, para aplicar una amplia estrategia que incluya el acceso efectivo a servicios de abortos seguros en las circunstancias previstas en la ley, y a una amplia variedad de métodos anticonceptivos, incluidos los de emergencia.
Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la validez del Código Penal y la Ley de Salud de la Ciudad de México que despenalizan el aborto consentido por la mujer embarazada, siempre que sea efectuado hasta la décima segunda semana de gestación y, además, prevén el otorgamiento de los servicios de salud relativos, respectivamente (acción de inconstitucionalidad 146/2007).
Finalmente, cabe mencionar que la propia Suprema Corte de Justicia la Nación, declaró la validez de la Norma Oficial Mexicana que autoriza el uso de la píldora de emergencia denominada píldora del día siguiente, porque es solo es un método anticonceptivo con el fin de evitar un embarazo no planeado, que no tiene efectos abortivos, ya que, no surte efectos una vez establecido el embarazo, por lo que, se consideró que no podía tipificar en ningún sentido el delito de aborto al tener efectos contra el embarazo.
4. Abortos permitidos.
El Código Penal del Estado de Guerrero excluye de toda responsabilidad penal, el aborto en los casos que el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida; cuando la mujer corra peligro de afectar gravemente su salud con el embarazo; cuando el producto de la concepción presente alteraciones genéticas o congénitas físicas o mentales que puedan poner el riesgo la sobrevivencia del mismo; y, cuando sean resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada (art. 159).
El Catecismo establece que la vida humana debe ser respetada y protegida por parte de la sociedad civil y la autoridad política, desde la concepción hasta la muerte.
Considera que, desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho a la vida.
Establece que la vida es un derecho fundamental inalienable de la persona que no está subordinado a los individuos ni a los padres, ni, tampoco, son concesión de la sociedad o el Estado, porque pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona.
De ahí que sostenga que el aborto que se quiere como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral, de tal suerte que, lo tipifica como delito contra la vida humana y lo sanciona con pena canónica de excomunión, por el daño irreparable que causa al inocente a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad.
Asimismo, refiere que en los casos en los que la ley positiva priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento les debe, el Estado niega la igualdad de todo ante la ley, y que, al no poner al servicio del más débil, quebranta los fundamentos mismos del Estado de derecho.
Al efecto afirma que “El respeto y la protección que han de garantizar, desde su concepción, a quien debe nacer, exige que la ley prevea sanciones penales apropiada para toda delibera violación de sus derechos.”

References: artículo 4
 artículo 123
 artículo 4
 artículo 123
 artículo 32
 artículo 4
e contrario