Source: http://monagas.tsj.gob.ve/decisiones/2010/marzo/1696-1-4081-.html
Timestamp: 2017-02-27 04:26:46+00:00

Document:
Maturín 01 de Marzo del año 2010
Exp. N° 4081 Amparo Constitucional
Vista la acción de amparo constitucional propuesta, en fecha 18 de febrero del 2010, por el ciudadano ALEX JOSE VASQUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 9.286.725, asistido por el Abogado Erasmo Hernández, en su carácter de Procurador Especial de Trabajadores, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 104.311, contra la ALCALDIA DEL MUNICIPIO ZAMORA DEL ESTADO MONAGAS .
La parte presuntamente agraviada fundamentó la acción de amparo constitucional, sobre la base de los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Alega la parte quejosa que “…En fecha 23 de octubre del año 2006, comenzó a prestar sus servicio, como obrero, para la Alcaldía del Municipio Zamora del estado Monagas, ubicada en la Calle San Martín, Cruce con Andrés Bello Punta de Mata del Municipio Zamora estado Monagas, en un horario de trabajo comprendido de: 03:00 pm a 11:00 pm , devengando un salario semanal de Doscientos Ochenta y Un Mil Bolívares Fuertes Semanales (281.000.00 Bs. F.)…”; asimismo, adujo que “… En fecha 30 de abril del año 2009 fui despedido injustificadamente, a pesar de estar amparado por la Inamovilidad Laboral prevista en el decreto presidencial Nº 6.603, Gaceta Oficial Nº 39.090, de fecha 02/01/2009…”. Así las cosas; en su escrito de demanda alega el presunto agraviado, que en fecha 21 de mayo del año 2009, inicio el procedimiento de Reenganche y Pago de los Salarios Caídos en contra de la Alcaldía del Municipio Zamora, ello en conformidad a lo establecido en el artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo. En este orden, aduje igualmente el quejoso que “… En fecha 07 de Julio del año 2009, el Sub Inspector del Trabajo de Punta de Mata del Municipio Zamora del estado Monagas, ordena el Reenganche y Pago de Salarios Caídos en el mismo acto de contestación “…Habiendo quedado firme dicha Providencia Administrativa N° 00252-09 de fecha 12 de junio del referido año 2009, dictada a su favor, por lo que procedió a solicitar al mencionado Órgano Administrativo, comisionara a un funcionario del trabajo a los fines de que se trasladara y se constituyera en la sede de la empresa y dejara constancia del cumplimiento de lo ordenado en la mencionada Providencia Administrativa…”
Así las cosas, señala el quejoso que “… En fecha 27 de julio del año 2009 el funcionario de la Inspectoria del Trabajo que fue encomendado, se traslada y se presenta en las instalaciones de la Alcaldía del Municipio Ezequiel Zamora del estado Monagas, donde es atendido por la ciudadana: RUT BETANCOURT, en su carácter de asesora en Materia Laboral en la respectiva Alcaldía, portadora de la cédula de identidad Nº 10.553.036,quien tomo una conducta contumaz en razón a la reincorporación del trabajador, visita que se realizó por tres oportunidades, por lo que en fecha 02 de octubre del mismo año, el funcionario del trabajo encomendado fue atendido por el ciudadano CARLOS CENTENO, en su carácter de Sindico procurador del Municipio Ezequiel Zamora del estado Monagas, quien manifestó directamente que no acataría dicho reenganche ni el pago de los salarios caídos ordenados, dejando constancia el funcionario…
En virtud de todos los hechos antes planteados es que interpone el presunto agraviado la presente Acción de Amparo Constitucional con fundamento principal en los artículos 27, 87 y 93 de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido e los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, así como los artículos 3, 23, 24 y 32 de la Ley Orgánica del Trabajo y por considerar que le fue violado su derecho al trabajo, contemplado en el artículo 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en conformidad a los artículos 27, 89 y 93 eiusdem, y en concordancia con los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos Y Garantías Constitucionales, así como también en los artículos 3, 23, 24, y 32 de la Ley Orgánica del Trabajo. II
En sentencia No 1/00 de fecha 20 de enero de 2.000 (Caso Emery Mata Millán) la Sala Constitucional del tribunal Supremo de Justicia haciendo referencia a los artículos 7 y 8 de la ley de amparo Sobre derechos y Garantías Constitucionales, señaló que corresponde a los “Tribunales de Primera Instancia en la materia relacionada o afín con el amparo, el conocimiento de los Amparos que interpongan distintos a los expresados en los números anteriores ( Altos funcionarios, Apelaciones o amparo contra Juzgados Superiores) siendo los Superiores de dichos Tribunales quienes conocerán las apelaciones y consultas que emanen de los mismos, de cuyas decisiones no habrá apelación ni consulta.” Ahora bien, siendo este Juzgado un Tribunal Superior, en materia Contencioso Administrativo lo es de Primera Instancia, ya que tiene atribuido el conocimiento de nulidades de acto administrativos en primera instancia y coma Alzada están las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Caracas.
Tratándose de un amparo contra una providencia Administrativa dictada por una Inspectoría del trabajo, la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 20 de Noviembre de 2.002 (caso Ricardo Baroni) estableció:
….esta sala deja sentado el siguiente criterio, con carácter vinculante para las otras salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República
“(i) La jurisdicción competente para el conocimiento de las pretensiones de nulidad de los actos administrativos que dicten las Inspectorías del trabajo, así como de cualquier otra pretensión-distinta a la pretensión de amparo constitucional- que se fundamente en las actuaciones u omisiones de dichos órganos, es la jurisdicción contencioso-administrativa.
(ii) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y en segunda instancia, cuando ésta proceda, a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.”
(iii) De las demandas de amparo constitucional autónomo que se intenten contra los actos, actuaciones u omisiones de las Inspectorías del trabajo, conocerán los Juzgados Superiores Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial correspondiente al lugar donde se produjo la presunta lesión constitucional, y en segunda instancia, a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.
Por otra parte en sentencia del día 05 de Marzo de 2.005, la Sala Plena, ordenó a los Juzgados Superiores Contencioso Administrativos, conocer de las nulidades de actos administrativos contenidos en las Providencias Administrativas dictadas en las Inspectorías del Trabajo, argumentando la viabilidad del acceso a la Justicia y de la cercanía del tribunal ya que el hecho ocurrió fuera de la ciudad capital y de la garantía del acceso a la justicia evitándose traslados a grandes distancias del sitio donde se concretó el asunto. Siendo según esta decisión, competentes los Juzgados Superiores Contencioso administrativo para conocer en primera instancia de los recursos contenciosos de nulidad contra los actos administrativos dictados por las Inspectorías del Trabajo, deberán, de acuerdo a la sentencia citada en primer lugar, serlo también para conocer de los Recursos de amparo Constitucional, por lo que el Tribunal RATIFICA su competencia para conocer del presente asunto. Así se decide.
DE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRESENTE ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL INTERPUESTA
Precisado lo anterior pasa este Órgano Jurisdiccional a pronunciarse sobre la admisibilidad de la presente acción de Amparo Constitucional, intentada por el ciudadano ALEX JOSE VASQUEZ, titular de la cédula de identidad Nº 9.286.725, contra la ALCALDIA DEL MUNICIPIO EZEQUIEL ZAMORA.
En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante decisión Nº 3569 de fecha 6 de diciembre de 2005, caso: Saudí Rodríguez Pérez, acogiendo el criterio expresado mediante decisión Nº 2.122 de fecha 2 de noviembre de 2001 y Nº 2.569 del 11 de diciembre de 2001, recaída en el caso: Regalos Coccinelle, C.A., en la cual se destacó que el acto administrativo “(…) tiene que ser ejecutado forzosamente, por el órgano emisor, (…omissis…) a través de sus funcionarios o bien valiéndose de la colaboración de funcionarios de los cuerpos de seguridad y de orden público del Estado (…)”.
Siguiendo tales lineamientos la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, concluyó que le corresponderá a la Instancia Jurisdiccional analizar caso por caso, para de esta forma verificar cual resultaría el criterio aplicable en materia de ejecución de providencias administrativas, bien sea el sostenido en el caso Nicolás José Alcalá Ruíz, bien el del caso Ricardo Baroni Uzcátegui o el más reciente, el caso Saudí Rodríguez Pérez y, con base a ello, dictar el fallo respectivo, conforme a la sentencia N° 2006/485 de fecha 14 de marzo de 2006 de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo (caso: José Jesús García).
Igualmente en el mencionado fallo retomó el criterio de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (Sentencia de fecha 28 de mayo de 2003, caso: Gustavo Briceño, entre otras), mediante el cual se estableció que a los fines de solicitar y proceder efectivamente la ejecución de un acto administrativo de naturaleza laboral, es necesario que se determine lo siguiente: i) Que no hayan sido suspendidos los efectos del acto administrativo cuya ejecución se solicita o declarado su nulidad; ii) Que exista una abstención de la Administración en ejecutar su acto y/o contumacia del patrono en ejecutarlo; y iii) Que exista violación a derechos constitucionales del trabajador beneficiado con el acto administrativo.
Aunado a ello, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia número 2308, de fecha 14 de diciembre de 2006, caso: Guardianes Vigiman, S.R.L., la cual estableció que en ciertas circunstancias específicas y particulares cabe la posibilidad de ejercer la acción de amparo constitucional, con el objeto de ejecutar una Providencia Administrativa emanada de una Inspectoría del Trabajo, señalando en ese sentido lo siguiente: “Como se observa, la Sala ha sido del criterio, reiterado en fecha reciente para el caso concreto de los actos emanados de las Inspectorías del Trabajo, de que la ejecución de las decisiones administrativas debe ser exigida primeramente en vía administrativa y, en caso de no ser fructífera la gestión, agotado como haya sido el procedimiento de multa previsto en la Ley Orgánica del Trabajo Título XI, podría recurrir a los mecanismos jurisdiccionales ordinarios de los que conocen los tribunales de lo contencioso administrativo. De ese modo, sólo en situación excepcional cuando el incumplimiento afecte un derecho constitucional, puede recurrirse al amparo constitucional, para exigir un mandamiento judicial que consista en una conducta que debió instarse directamente en sede administrativa, como en principio es el caso de autos. La naturaleza del amparo constitucional, tal como es la pacífica jurisprudencia de esta Sala, es la de un mecanismo extraordinario, que sólo procede cuando se han agotado las vías ordinarias o, en caso adicional, cuando no es posible exigir ese agotamiento en vista de las circunstancias del caso concreto y de la urgencia de resolución de la controversia.
Lo expuesto es común a cualquier demanda de amparo, al ser una acción judicial que, sin pretender sustituir a las vías ya existentes en el ordenamiento jurídico, está consagrada para proteger lo que, a veces, esas vías no son capaces de hacer. La valoración del caso concreto se hace indispensable, en consecuencia” (Resaltado de esta Corte).
Así las cosas, siendo que en el caso de auto observa este Tribunal que se agoto el procedimiento de multa previsto en el Título IX de la Ley Orgánica del Trabajo, por lo que se presume que concluyó, el cual será dilucidado en el curso del presente procedimiento; asimismo, se observa que se cumplió con los requisitos establecidos en la Ley de Amparos sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se admite la presente acción de amparo constitucional ejercida, sin perjuicio de que puedan revisarse las causales de inadmisibilidad de dicha acción, en la oportunidad procesal establecida para dictar sentencia definitiva. Así se decide.
Como consecuencia de lo anterior, este Juzgado ORDENA notificar al ciudadano ALEX JOSE VASQUEZ, titular de la cédula de identidad Nº 9.286.725, a lA ciudadana Inspectora del Trabajo de Punta de Mata Municipio Ezequiel Zamora del estado Monagas, al Sindico Procurador del Municipio Ezequiel Zamora del estado Monagas, con el fin de que comparezcan ante este Tribunal Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, a conocer el día y hora en que tendrá lugar la audiencia oral de las partes, cuya fijación y práctica se efectuará dentro de las noventa y seis (96) horas contadas a partir de la última notificación efectuada de esta resolución, de conformidad con lo establecido en la sentencia N° 7 de fecha 1° de febrero de 2000, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que en esa oportunidad propongan sus alegatos y defensas ante este Tribunal, con la advertencia para la parte presuntamente agraviada, que la falta de comparecencia a la referida audiencia producirá como consecuencia la extinción del procedimiento. Asimismo, se le informa al presunto agraviante que en esa oportunidad podrá promover las pruebas que considere legales y pertinentes.
De igual manera, se ORDENA practicar la notificación del Ministerio Público como protector y garante de los derechos denunciados como vulnerados a fin de que comparezca ante este Juzgado a conocer el día y hora en que tendrá lugar la audiencia oral de las partes, cuya fijación y práctica se efectuará dentro de las noventa y seis (96) horas contadas a partir de la última notificación.
SEGUNDO: ADMISIBLE, la acción de amparo interpuesta por el ciudadano ALEX JOSE VASQUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 9.286.725, contra la Alcaldía del Municipio Ezequiel Zamora.
TERCERO: ORDENA, seguir el procedimiento de acuerdo a lo establecido en la Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 02 de febrero de 2000, de conformidad con el Artículo 335 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.
CUARTO: SE ACUERDA, notificar al Sindico Procurador y al Alcalde del Municipio Ezequiel Zamora del estado Monagas, a la ciudadana Sub Inspectora de Punta de Mata, Municipio Ezequiel Zamora del estado Monagas, y al Ministerio Publico, para que comparezcan por ante este Tribunal dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, a la constancia en autos de la última citación o notificación efectuada, a fin de conocer el día y la hora en que se celebrará la Audiencia Constitucional Oral y Pública, la cual tendrá lugar tanto para su fijación como para su práctica, dentro de las Noventa y Seis (96) horas siguientes a la constancia en autos de la última citación o notificación efectuada.- Líbrese lo conducente.
Dada, firmada y sellada en la Sala de despacho del Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, en Maturín, al primer (01) día del mes de marzo de dos mil diez (2010). Años 199° de la Independencia y 151° de la Federación.
La Secretaria, ABG. MARY J CÁCERES YNFANTE

References: artículo 454
 artículo 87
 decisión Nº 
 decisión Nº 
 resolución 
 Artículo 335