Source: http://www.oas.org/XXXIIGA/espanol/documentos/informe5_haiti.htm
Timestamp: 2017-10-23 11:19:29+00:00

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QUINTO INFORME DE LA MISIÓN DE LA OEA A HAITÍ
QUINTO INFORME DE LA MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
DE LOS ESTADOS AMERICANOS A HAITÍ
Progreso hacia un acuerdo inicial
Este documento se distribuye a las misiones permanentes
y será presentado al Consejo Permanente de la Organización
Con base en intensas consultas sobre Haití entre los Jefes de Estado y de Gobierno en la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada en la ciudad de Quebec, Canadá, del 18 al 22 de abril de 2001, el Primer Ministro canadiense Jean Chrétien declaró en la ceremonia de clausura, en la parte pertinente de su intervención: “hemos pedido al Secretario General de la OEA, César Gaviria, que actúe conjuntamente con la CARICOM, celebre consultas, visite Port-au-Prince en un futuro cercano, informe de sus conclusiones a la OEA antes de la próxima Asamblea General, y asegure un adecuado seguimiento de la cuestión”.
En cumplimiento de esta solicitud, el Secretario General de la OEA y la ex Primera Ministra de Dominica, señora Eugenia Charles, encabezaron una misión conjunta de la OEA y la CARICOM a Haití, del 29 al 31 de mayo de 2001, para continuar los esfuerzos emprendidos bajo la égida de la OEA a efectos de resolver la crisis política derivada de las desordenadas elecciones legislativas y locales celebradas en Haití en mayo de 2000.[1]/
La misión celebró consultas con el Presidente Jean-Bertrand Aristide, con representantes de Fanmi Lavalas y Convergencia Democrática y con otros sectores de la comunidad política, la sociedad civil y la iglesia. La misión llegó a la conclusión de que, debido a la desconfianza entre los dos principales protagonistas, el clima no era propicio para mantener negociaciones directas con miras a resolver la crisis.
Cuando la misión se disponía a abandonar el país, el Presidente Aristide envió una carta al presidente del trigésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General en la que se incluían cinco elementos que, en su opinión, “impulsarían una solución de esta situación”, y solicitaba el apoyo de la comunidad internacional a su iniciativa. La carta fue publicada como documento AG/INF.260/01.
La Asamblea General tomó los elementos que el Presidente ofrecía como base para las negociaciones y aprobó la resolución 1831 para iniciar un proceso encaminado a concertar un “acuerdo de base amplia entre el Gobierno de Haití, los partidos políticos, la sociedad civil y otras instituciones pertinentes de la sociedad haitiana”, encomendando al Secretario General que intensificara sus esfuerzos en la consecución de ese objetivo. La resolución se adjunta como anexo 1.
En la implementación de la resolución de la Asamblea General, la OEA ha tratado de alcanzar un acuerdo consensual, sostenible y suficientemente amplio como para resolver la crisis política. Un acuerdo que satisfaga esos criterios sólo es posible si se tienen en cuenta las preocupaciones de las dos partes.
Tratando de fomentar la confianza en un proceso paso a paso, la OEA adoptó un criterio que procuraba la firma de un acuerdo inicial en torno a una serie de elementos clave, a lo que seguiría, más tarde, la negociación de un acuerdo global en torno a una gama más amplia de elementos.
El Secretario General y el Secretario General Adjunto de la Organización han avanzado sustancialmente en su intento de negociar un acuerdo inicial. Los elementos principales del mismo eran la constitución de un consejo electoral creíble y un acuerdo sobre una serie de medidas que crearían un ambiente propicio para unas elecciones aceptables. Sin embargo, sus empeños fracasaron hasta ahora al no lograr un consenso suficientemente amplio para concluir las conversaciones, debido a las profundas diferencias en cuanto a la fecha de esas elecciones y la situación de los funcionarios locales elegidos el 21 de mayo de 2000 durante el período comprendido entre la firma de un acuerdo y la fecha de la celebración de nuevas elecciones. También existen dificultades para reconciliar la estrategia de Fanmi Lavalas de lograr un acuerdo inicial limitado estrictamente a los parámetros de la resolución de la Asamblea General, y la intención de Convergencia Democrática de que se tengan en cuenta la mayoría de sus preocupaciones, si no todas, en el acuerdo inicial.
A efectos de llevar las conversaciones a una conclusión exitosa, en diciembre la OEA presentó a las dos partes una propuesta de transacción que procura atender sus preocupaciones. Se entiende en casi todos los ámbitos que la misma constituye la base para un acuerdo justo que podría dar resultado. Sin embargo, la violencia y el desorden intermitentes de origen político han creado un clima de inseguridad y desconfianza mutua que sigue obstaculizando una conclusión exitosa.
El presente informe abarca las negociaciones desde la aprobación de la resolución 1831 de la Asamblea General, el 5 de junio de 2001, hasta la última ronda de conversaciones, el 12 de diciembre de 2001.
En cumplimiento del mandato de la Asamblea General, el Secretario General Gaviria y el Secretario General Adjunto Einaudi visitaron Haití del 29 de junio al 3 de julio de 2001, a fin de fomentar un diálogo que permitiera resolver la crisis.
Con el antecedente de las declaraciones de la oposición política de que la resolución de la OEA no atendía sus preocupaciones principales, la delegación sometió a su consideración un documento de trabajo que incluía medidas paralelas para crear un clima favorable a la celebración de elecciones creíbles.
El primer avance importante en las conversiones se logró cuando Fanmi Lavalas y Convergencia Democrática acordaron una fórmula para el establecimiento de un nuevo Consejo Electoral Provisional (CEP). El Presidente Aristide y todos los sectores involucrados en las negociaciones aceptaron que la fórmula de consenso crearía una institución que satisfaría las normas previstas en la resolución de la Asamblea General.
Las deliberaciones en torno al mandato del CEP no llegaron a un acuerdo. En un momento crítico de las deliberaciones, la Iniciativa de la Sociedad Civil propuso que los 18 senadores y todos los diputados elegidos el 21 de mayo de 2000 se presentaran de nuevo a las elecciones a fines de 2002, y que se celebraran elecciones locales al mismo tiempo. Se propuso también que no se impugnarían las elecciones del 26 de noviembre, en la que fueron elegidos el señor Jean-Bertrand Aristide y nueve senadores. Convergencia Democrática respaldó la propuesta; Fanmi Lavalas no la objetó; ambas partes pidieron un plazo para celebrar consultas.
Sin embargo, cuando se reanudaron las deliberaciones, tras un cuarto intermedio de siete horas, Fanmi Lavalas declaró en una contrapropuesta que siete senadores ya habían renunciado, cinco senadores cuyos escaños no habían sido impugnados habían convenido renunciar y seis senadores cuya elección no había sido impugnada habían acordado que su mandato concluiría en 2004 y no en 2006.
La sesión fue suspendida el martes 3 de julio, cuando quedó claro que no se podía lograr consenso y ambas partes requerían más tiempo para reflexionar y mantener consultas.
El Secretario General regresó a Port-au-Prince del 13 al 15 de julio de 2001 para impulsar las negociaciones. Durante esa ronda de negociaciones, ambas partes llegaron a un consenso en torno a los siguientes aspectos que se encontraban pendientes al suspenderse las negociaciones el 3 de julio:
— Papel y comportamiento de la Policía en el proceso electoral.
— Establecimiento, funciones y modus operandi de una Comisión de Garantías Electorales.
— Cuestiones relativas al complemento de personal y la gestión administrativa del CEP.
— Normalización de las relaciones entre Haití y las instituciones financieras internacionales.
El consenso en torno a estas cuestiones se refleja en la Rev. 8 del proyecto de acuerdo inicial, que se adjunta a este informe como anexo 2.
El domingo 15 de julio, el Secretario General convocó una reunión entre representantes de la comunidad internacional de donantes, por un lado, y el gobierno y Fanmi Lavalas, por el otro, a efectos de examinar las relaciones de Haití con la comunidad en el contexto de las negociaciones.
Las delegaciones del gobierno y de Fanmi Lavalas estaban encabezadas por el Primer Ministro Chéréstal y el Senador Yvon Neptune, presidente interino de Fanmi Lavalas, respectivamente. La comunidad de donantes estaba representada por los embajadores de Estados Unidos, Francia, España, Alemania, la Unión Europea y el Jefe del Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional en Port-au-Prince.
El Primer Ministro indicó que el gobierno había realizado enormes sacrificios desde las elecciones controvertidas para corregir las fallas identificadas por la comunidad internacional. Recalcó que la interpretación del gobierno de la resolución 1831 de la Asamblea General de la OEA, del 5 de junio de 2001, era que, a cambio de la renuncia de los siete senadores impugnados, se iniciaría un proceso del cual la normalización de las relaciones de Haití con la comunidad internacional sería un componente vital e integral. Señaló que infería que existían pocas medidas recíprocas de parte de la comunidad internacional a los esfuerzos del gobierno. La posición del Primer Ministro fue respaldada por el Senador Neptune.
La comunidad hizo presente a la delegación que la resolución de la OEA creaba una dinámica que facilitaba las negociaciones directas e identificó tres etapas en la resolución:
— La renuncia de los senadores impugnados
— La creación de un consejo electoral creíble, independiente y neutral, con un mecanismo operativo
— La negociación de un acuerdo global
La comunidad preveía el retorno gradual a una relación normal, con un desembolso gradual de fondos tras una solución positiva de la crisis.
El Primer Ministro Chéréstal tomó nota de toda la información proporcionada por las representaciones, pero expresó su preocupación de que la normalización podría no comenzar tras la firma de un acuerdo preliminar, sino tras la concertación de un acuerdo global.
El Secretario General expresó la opinión de que los intercambios de ideas eran francos pero útiles puesto que imprimían transparencia a las relaciones entre Haití y la comunidad internacional. Señaló la necesidad de un mayor fomento de la confianza, lo que se vería facilitado por un acuerdo.
Durante las deliberaciones sobre el mandato del CEP, Fanmi Lavalas y Convergencia Democrática acordaron que las elecciones legislativas debían celebrarse en noviembre de 2002 para 18 senadores y todos los miembros de la Cámara de Diputados. Las dos partes no llegaron a un consenso sobre las elecciones para las colectividades territoriales. Convergencia Democrática se inclinaba por celebrar las elecciones locales junto con las elecciones legislativas, en la misma fecha de noviembre de 2002.
Fanmi Lavalas propuso mayo de 2003 para las elecciones locales y luego ofreció, como segunda opción, una elección para el legislativo y las colectividades territoriales en una fecha a determinar, entre marzo y julio de 2003. Convergencia Democrática presentó, como contrapropuesta, la primera ronda de elecciones para el legislativo en noviembre de 2002, y la segunda ronda de dichas elecciones junto con las elecciones locales, en una fecha a ser determinada por el CEP.
Convergencia Democrática presentó una nueva propuesta, que no había sido considerada, sobre un calendario para los titulares que fueron elegidos en las elecciones del 21 de mayo de 2000, a fin de que quedaran vacantes los escaños antes de las nuevas elecciones. Fanmi Lavalas objetó enérgicamente el calendario de abandono de los cargos en base a que la OEA no había detectado deficiencias en las elecciones locales y, por tanto, los funcionarios debían considerarse debidamente elegidos y debía permitirse que concluyeran su mandato. Además, Fanmi Lavalas argumentó que esa exigencia amenazaría seriamente los planes para la conmemoración del bicentenario de la Independencia de Haití en enero de 2004.
El Secretario General suspendió las negociaciones cuando quedó claro que era improbable llegar a un consenso sobre esta cuestión vital en el curso de las negociaciones.
ENDURECIMIENTO DE LAS POSICIONES
El 28 de julio de 2001, hombres armados atacaron la academia de policía cerca de Port-au-Prince y tres destacamentos policiales en el país. Cinco oficiales de policía resultaron muertos y se informó de 14 heridos. Once presuntos ex miembros del disuelto ejército haitiano fueron arrestados en la República Dominicana en relación con el incidente. El Gobierno de Haití describió los ataques como un intento de derrocamiento y acusó a la oposición política de complicidad en el incidente. La oposición rechazó esas acusaciones y declaró que el gobierno estaba usando el incidente como pretexto para detener y perseguir a sus partidarios.
El incidente creó un renovado clima de desconfianza en la comunidad política y amenazó con frustrar las negociaciones. La oposición utilizó el incidente para exigir garantías adicionales o el fortalecimiento de los mecanismos de control o verificación en el acuerdo inicial.
En cumplimiento de una disposición de la resolución 1831 del trigésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General, el Secretario General estableció, el 2 de octubre de 2000, un Grupo de Amigos de Haití para contribuir a los empeños por resolver las dificultades del país. El Grupo estaba constituido por los países siguientes: Argentina, Alemania, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, España, Estados Unidos de América, Francia, Guatemala, México, Noruega, República Dominicana y Venezuela.
Entre numerosas funciones, el Grupo de Amigos sirve de órgano asesor oficioso al Secretario General y ayuda a presentar opiniones y temas a las autoridades políticas de Haití. También brinda apoyo a diversas actividades explícitamente dispuestas por mandato de la resolución de la Asamblea General, tales como el fortalecimiento de la democracia, la promoción de los derechos humanos y el desarrollo social y económico en Haití..
El Secretario General Adjunto Einaudi emprendió una nueva misión a Haití del 12 al 14 de octubre de 2001 para relanzar las negociaciones y tratar de llegar a un acuerdo inicial.
Fanmi Lavalas y Convergencia Democrática acordaron reanudar las negociaciones directas a partir del punto en que se encontraban cuando fueran suspendidas el 15 de julio. Asimismo, acordaron el siguiente temario:
— La fecha de las elecciones
— El calendario de salida de quienes ocupaban cargos
— El clima para unas elecciones creíbles
Las negociaciones fueron intensas y revelaron las diferencias sustanciales entre ambas partes. El Embajador Einaudi trató de centrar las conversaciones en las fechas de las elecciones en forma neutral y desapasionada, evitando la explicación de las razones por las cuales debían celebrarse, y presentó la propuesta siguiente:
— Elecciones para dos tercios del Senado y la Cámara de Diputados en noviembre de 2002
— Elecciones para las colectividades territoriales en marzo de 2003
— Elecciones indirectas que se celebrarían después de las mencionadas elecciones
La propuesta de la OEA no trataba la cuestión de cuándo los funcionarios electos dejarían sus cargos, pero estaba dentro de los parámetros de lo que el gobierno había ofrecido en julio.
Fanmi Lavalas solicitó que la OEA enmendara su posición volviendo a poner el adjetivo “anticipadas” para calificar las elecciones. Asimismo, sugirió junio como fecha para las elecciones locales e indicó que su voluntad de adelantar esas elecciones respecto de la fecha fijada de noviembre de 2003 procuraba exclusivamente adaptarse a la conmemoración del bicentenario de la Independencia de Haití.
El Embajador Einaudi decidió mantener su propuesta como transacción y evitar todo adjetivo que favoreciera a alguna de las partes. Convergencia Democrática aceptó la propuesta de la OEA sin condiciones. Fanmi Lavalas rechazó la propuesta insistiendo en el adjetivo “anticipadas” para negar a la oposición toda oportunidad de sostener que se trataba de nuevas elecciones porque las del 21 de mayo de 2000 eran inválidas.
El reiterado rechazo de Fanmi Lavalas a la transacción propuesta interrumpió las negociaciones.
Sin embargo, algo se había adelantado. Fanmi Lavalas y Convergencia Democrática reafirmaron su aceptación de noviembre de 2002 para las elecciones legislativas. No obstante, las conversaciones fracasaron porque no pudieron acordar una fecha para las elecciones locales. El gobierno quería que los funcionarios locales que fueron elegidos el 21 de mayo de 2000 concluyeran su mandato. Convergencia consideraba que esa posición constituía un obstáculo a la neutralidad porque el control de las autoridades locales por parte de Lavalas iría en detrimento de la oposición en las elecciones.
La OEA presentó un mecanismo para responsabilizar por sus actos a los funcionarios locales desacreditados y eximir a los demás, a fin de permitir una semblanza de justicia. Fanmi Lavalas y el gobierno respondieron por escrito con una contrapropuesta de carácter general. Convergencia estuvo de acuerdo en principio con el mecanismo de la OEA, pero prometió agregar algunos elementos nuevos.
Cuando se suspendieron las negociaciones, el 14 de octubre de 2001, las posiciones de Fanmi Lavalas y Convergencia Democrática sobre las cuestiones debatidas eran las siguientes:
Mandato del CEP
Propuesta de la OEA (respaldada por Convergencia)
A. Organizar, en noviembre de 2002, elecciones para la Cámara de Diputados y dos tercios del Senado.
B. Organizar, a más tardar en marzo de 2003, elecciones para las colectividades territoriales. Las elecciones indirectas se celebrarán después de esas elecciones.
Contrapropuesta de Fanmi Lavalas
A. Organizar elecciones anticipadas en noviembre de 2002 para la Cámara de Diputados y dos tercios del Senado.
B. Organizar elecciones para las colectividades territoriales en una fecha a ser determinada por el Consejo Electoral Provisional durante el primer semestre de 2003. Las elecciones indirectas se celebrarán después de las de las colectividades territoriales.
Calendario de abandono de los cargos
Propuesta de Lavalas
A. Senadores y diputados
Los que ocuparon los escaños parlamentarios en las elecciones de mayo de 2000 permanecerán en sus cargos hasta que se declaren los resultados de las elecciones propuestas y los nuevos parlamentarios electos presten juramento para ocupar los escaños.
B. Colectividades territoriales (Alcaldes y CASEC)
Los funcionarios que ocuparon los cargos en las elecciones del 21 de mayo de 2000 permanecerán en funciones hasta la conclusión de su mandato, en enero de 2004.
Propuesta de Convergencia Democrática
A. Los senadores y diputados, ASEC y DV mantienen sus cargos hasta marzo de 2002.
B. La Comisión de Garantías Electorales examinará los antecedentes de los alcaldes y CASEC para garantizar que no tuvieron un comportamiento antidemocrático.
Los que cumplan los requisitos serán designados como Agentes Ejecutivos Interinos, que permanecerán en sus cargos hasta que asuman sus sucesores, normalmente unos dos meses después de las elecciones.
Los considerados inmerecedores del cargo serán sustituidos. Una Comisión conjunta de Fanmi Lavalas y Convergencia Democrática recomendará su sustitución.
PROPUESTA DE TRANSACCIÓN
En una reunión oficiosa del Grupo de Amigos en la sede de la OEA en Washington, D.C., para debatir los resultados de las conversaciones de octubre, se formó un consenso en torno a una propuesta del Embajador de la Argentina ante la OEA de que, sobre la base de consultas oficiosas en torno a los temas en cuestión, la OEA debía proponer algunos elementos de acuerdo a ambas partes. La idea dio lugar en última instancia a un documento titulado “Elementos para una propuesta de transacción”, formulado para lo que se preveía como la ronda final de conversaciones para concertar un acuerdo inicial (anexo 3).
El Secretario General César Gaviria visitó brevemente Haití el 30 de noviembre de 2001 para exhortar a Fanmi Lavalas y Convergencia Democrática a emprender con decisión y mayor resolución las negociaciones hacia un acuerdo inicial.
El Secretario General estuvo acompañado de los Embajadores Albert Ramdin, Denneth Modeste y Sergio Romero, el Representante Personal del Secretario General en Haití.
La delegación mantuvo conversaciones separadas, durante un período de seis horas, con el Presidente Aristide, miembros de Convergencia Democrática, los representantes de la Iglesia Católica Romana y representantes del Grupo de Amigos de Haití.
El Secretario General se formó la impresión de que tanto el Presidente como los integrantes de la oposición estaban dispuestos a debatir las cuestiones pendientes y explorar fórmulas preparatorias de negociaciones globales. Subrayó ante todas las partes la importancia de concluir las conversaciones con celeridad, en aras del interés nacional, y comunicó que las medidas ulteriores dependerían de una evaluación de parte del Secretario General Adjunto Luigi R. Einaudi.
El Embajador Einaudi llegó a Haití el 5 de diciembre, cinco días después de la partida del Secretario General, con el propósito de celebrar consultas bilaterales en torno a la propuesta de transacción formulada por la OEA.
En un período de siete días, la delegación de la OEA examinó con las dos partes los elementos de transacción de la OEA, procurando aperturas para lograr un consenso en torno a las cuestiones pendientes. Fanmi Lavalas demostró cierta disposición a transigir en torno a la fecha de las elecciones y a la situación de los funcionarios locales después de la firma del acuerdo. La delegación de Lavalas pareció dispuesta a aceptar la celebración de una elección conjunta en marzo de 2003 para el legislativo y las autoridades locales. Cuando Convergencia parecía dispuesta a aceptar la fecha de enero de 2003 para las elecciones legislativas y locales, la delegación de la OEA se persuadió de que la fecha de la elección no era un problema insuperable.
Sin embargo, las conversaciones se vieron opacadas por un clima de inseguridad, desconfianza mutua y recriminaciones ocasionado por la muerte cruenta del periodista local Brignol Lindor, el 3 de diciembre, a manos de una turba presuntamente vinculada a Fanmi Lavalas. Convergencia se hizo eco de acusaciones generalizadas de que el alcalde de Petit-Goave, ciudad en la que se produjo el incidente, apenas unos días antes del mismo había amenazado públicamente la vida del mismo periodista. En el contexto de las negociaciones en que el comportamiento de los funcionarios locales es un asunto crítico, el incidente endureció la posición de Convergencia, que insistió en su mecanismo para el abandono de los cargos por parte de esos funcionarios antes de las próximas elecciones.
Cuando se hizo evidente que no se llegaría a un acuerdo en el curso de la visita, el Embajador Einaudi solicitó a ambas partes respuestas por escrito al documento de la OEA sometido a su consideración.
Sobre la base de las conversaciones con el Presidente Aristide, la delegación de la OEA se formó la clara impresión de que el documento de Lavalas representaba un ofrecimiento serio de nuevas deliberaciones en torno a los elementos de los documentos de la OEA que el Presidente consideraba que podían formar la base de una solución, si la oposición demostraba mayor flexibilidad.
Convergencia Democrática afirma que existieron gruesas irregularidades en las elecciones locales y legislativas del 21 de mayo de 2000 y en las elecciones presidenciales del 26 de noviembre de 2000. Señala que si Jean-Bertrand Aristide se niega a otorgar nuevas concesiones sobre el 21 de mayo, insistirá en su impugnación de la legitimidad de las elecciones presidenciales.
Fanmi Lavalas acepta que las elecciones legislativas no fueron perfectas, pero repudia toda implicación de que las mismas deban desconocerse por fraudulentas. En esta posición, esgrime el apoyo del informe oficial de la Misión de Observación Electoral de la OEA, que se concentraba en “irregularidades” específicas. Fanmi Lavalas rechaza frontalmente todo intento de Convergencia Democrática de cuestionar la integridad de las elecciones presidenciales del 26 de noviembre de 2000.
En el curso de las negociaciones directas, el 2 de julio de 2001, Convergencia Democrática ofreció una concesión importante al acordar no impugnar las elecciones presidenciales. Los negociadores de Convergencia Democrática actuaron en la expectativa de que Fanmi Lavalas cedería en relación con las elecciones legislativas y municipales del 21 de mayo. Fanmi Lavalas en realidad ofreció nuevas elecciones legislativas y municipales, pero por razones políticas se negó a celebrar las elecciones municipales en la fecha que ambas partes habían convenido para las elecciones legislativas: noviembre de 2002.
Al acordar nuevas elecciones a todos los niveles, Jean-Bertrand Aristide demostró su voluntad de corregir las elecciones del 21 de mayo. Sin embargo, su insistencia en que los funcionarios locales completen sus mandatos es enérgicamente resistida por los dirigentes de Convergencia, por dos razones: les priva de la oportunidad de reclamar que las elecciones del 21 de mayo de 2000 fueron nulas e inválidas y garantiza que Fanmi Lavalas estará en condiciones de abusar del poder en las votaciones cuando se celebren nuevas elecciones.
La cuestión de la fecha en que los electos en las elecciones del 21 de mayo de 2000 dejarían sus cargos se complica aún más por la incertidumbre en cuanto a lo que ello implicaría para la legitimidad de su acción mientras ocupen los cargos. Por ejemplo, ¿cuáles serían las implicaciones para medidas tales como la ratificación parlamentaria de préstamos del BID pendientes? Dentro de Haití, un repudio general a las medidas del parlamento actual difícilmente contribuiría a la estabilidad.
En las primeras horas de la mañana del lunes 17 de diciembre, un grupo armado lanzó un ataque contra el palacio presidencial de Port-au-Prince. Se informó de la muerte de cinco oficiales de policía en el ataque.
En ulteriores actos de violencia, fueron incendiadas las residencias de varios líderes de la oposición y las oficinas de Convergencia Democrática y de tres de los partidos que la integran.
Existe cada vez más la impresión de que esos hechos atrasaron seriamente el avance de las negociaciones y crearon condiciones que no favorecen el diálogo.
El 27 de diciembre dos importantes dirigentes de Convergencia se dirigieron por escrito al Secretario General pidiendo la invocación del artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana y adjuntaron su versión de los hechos del 17 de diciembre. El informe de Convergencia se centra en lo que denomina “actos de guerra contra Convergencia” tras el ataque al Palacio. Entre ellos menciona el incendio y saqueo de las oficinas del partido y de residencias privadas en todo el país, así como actos contra periodistas. En muchos de esos actos, Convergencia registra la participación de Fanmi Lavalas y de ministerios de gobierno. El 1 de enero, en un mensaje a la nación en ocasión del 198 aniversario de la Proclama de la Independencia de Haití, el Presidente Jean-Bertrand Aristide reconoció que “hay una crisis en nuestro país; no obstante, ni la crisis ni la ambición deben hacernos olvidar que somos hermanos y hermanas” y recalcó que “necesitamos puentes de diálogo y no muros de exclusión”.
Tanto Fanmi Lavalas como Convergencia Democrática tienen que estar en condiciones de argumentar que obtuvieron logros suficientes en cualquier acuerdo para poder suscribirlo y recomendarlo a sus partidarios.
Sobre la base de los elementos del proyecto de acuerdo que ya han sido aceptados por ambas partes, Convergencia Democrática obtendría los siguientes logros:
— Una fórmula convenida para un Consejo Electoral Provisional creíble, neutral e independiente.
— La presencia de una Misión Especial de la OEA para controlar la implementación del acuerdo.
— El despliegue de la Misión de Observación Electoral de la OEA para garantizar la credibilidad de las elecciones.
— Asistencia internacional para fortalecer a los partidos políticos.
Convergencia también obtendría ventajas adicionales si ambas partes aceptan la propuesta de transacción para poner fin a la crisis.
— Nuevas elecciones legislativas y locales.
— Sustitución de los funcionarios locales que abusaron del poder y un mecanismo para controlar el cumplimiento de la constitución, la ley electoral y el acuerdo político.
En general, la oposición lanzaría su campaña electoral en un entorno político más propicio para elecciones creíbles.
Tras la firma del acuerdo inicial, la OEA emprenderá el proceso de normalización de las relaciones de Haití con las instituciones financieras internacionales, de conformidad con la resolución 1831 de la Asamblea General.
La inyección de fondos retenidos por la comunidad internacional de donantes en la economía haitiana generaría una actividad económica que mejoraría el bienestar de la población. Ello contribuiría a la estabilidad del país, garantizando un mandato más seguro al presidente.
El acuerdo reduciría el espectro de la ilegitimidad que ha echado sombras sobre las instituciones políticas de Haití, los funcionarios elegidos y todas sus deliberaciones desde las elecciones impugnadas.
La OEA reconoce que tanto Fanmi Lavalas como Convergencia Democrática han hecho importantes concesiones –y lo celebra– respecto de sus posiciones originales, y que se ha avanzado enormemente en los empeños por llegar a una solución.
Sin embargo, la Organización se siente hondamente preocupada ante la intensificación de la espiral de violencia y agresión mutua que profundiza la crisis y ocasiona un mayor deterioro de las condiciones económicas y sociales de Haití.
Rev. 8, 15 de julio de 2001, 11:40 p.m.
PROYECTO DE ACUERDO INICIAL
Los que suscriben, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil e iglesias, reafirmamos nuestra profunda convicción de que es preciso resolver la crisis política y deben fortalecerse las instituciones democráticas. Nos comprometemos solemnemente a empeñarnos en la consecución de esos objetivos y a no escatimar esfuerzo alguno para alcanzarlos, de buena fe, de acuerdo con los esfuerzos del Hemisferio para fomentar y consolidar la democracia. Por lo tanto, hemos acordado los siguientes puntos, con la garantía del Gobierno:
1. La creación de un nuevo Consejo Electoral Provisional (CEP) creíble, independiente y neutral.
Acordamos participar en la designación de los nueve miembros del CEP, según la siguiente fórmula, a la que se llegó por consenso. Los miembros tendrán que ser personas respetables que gocen de la confianza de todos los ciudadanos. Antes de la designación de los miembros, los que suscriben serán consultados acerca de las personas designadas, a fin de verificar que poseen las calificaciones necesarias.
El CEP tendrá las siguientes atribuciones, responsabilidades, autoridad y garantías:[2]/
Organizar, a fines de 2002, elecciones para sustituir a los miembros del Parlamento que fueron elegidos el 21 de mayo de 2000.
Organizar, a fines de 2002, elecciones para las comunidades territoriales. Las elecciones indirectas se realizarán después de las de las comunidades territoriales.
Nombrar a los funcionarios ejecutivos del CEP encargados de ejecutar sus decisiones.
Examinar las calificaciones del personal del CEP para comprobar que cumplen los requisitos de profesionalismo, idoneidad, imparcialidad y neutralidad. De ser necesario, el CEP puede nombrar a nuevos funcionarios que posean esas calidades.
El CEP recibirá pleno apoyo financiero y técnico del Gobierno de Haití para asegurar su autonomía y su capacidad para descargar sus obligaciones sin interferencias. Además, el Gobierno adoptará todas las medidas y decisiones necesarias para garantizar la seguridad y proteger la autonomía de los miembros del CEP, de sus funcionarios y asesores, de los candidatos, los militantes políticos y los ciudadanos, para que puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en todo el territorio nacional.
El CEP puede solicitar y recibir asistencia logística, técnica y financiera de la comunidad internacional a través del Estado.
II. El establecimiento de un clima favorable a la expresión de las preferencias políticas, que permita elecciones libres
Acordamos adoptar todas las medidas que fomenten la confianza y el respeto entre los partidos políticos y el Gobierno.
La Policía, en particular, debe ejercer la máxima prudencia y cuidado en el cumplimiento de sus funciones, en forma imparcial, neutral y justa. El Consejo Electoral Provisional (CEP) tendrá autoridad para controlar a la Policía Nacional, a fin de determinar que cumple sus funciones en forma imparcial, neutral y justa. A tales efectos, el CEP diseñará medios para respaldar esta función de control, tras consultas con los partidos políticos, la sociedad civil y las iglesias.
A través de ese mecanismo, y por la vía de la Comisión de Garantías Electorales, el CEP recibirá denuncias y pedidos de los partidos políticos, candidatos y ciudadanos en relación con las operaciones de la Policía Nacional vinculadas al proceso electoral. Asimismo, la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Misión de Observación Electoral pueden informar al CEP de toda deficiencia que puedan observar.
El CEP tendrá derecho a formular recomendaciones sobre medidas correctivas al Consejo Superior de la Policía Nacional (CSPN). Análogamente, podrá comunicarse con el Gobierno de la República para presentar recomendaciones destinadas a la solución de los problemas que haya identificado. Las recomendaciones del CEP podrán incluir la propuesta de plazos específicos para su implementación. El CSPN adoptará todas las medidas necesarias para considerar las recomendaciones del CEP con la mayor diligencia, a fin de asegurar el mantenimiento de un clima favorable al éxito de la campaña, las elecciones y las actividades postelectorales.
El Consejo Superior de la Policía Nacional garantizará que no haya interferencias con la contratación, la labor y el comportamiento profesional de la Policía.
El Gobierno de Haití invitará a una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para controlar la observancia de los derechos humanos.
El Gobierno de Haití también pedirá a la OEA y a la CARICOM que envíen una Misión de Observación Electoral (MOE) para que esté presente en el proceso de las elecciones. La MOE brindará al CEP asistencia técnica y comprobará que existan todas las condiciones necesarias para garantizar unas elecciones libres, transparentes e imparciales, que permitan que todos los ciudadanos expresen libremente sus preferencias políticas, en una atmósfera libre de intimidaciones.
El Gobierno de Haití solicitará asistencia técnica para la Policía Nacional, a fin de ayudar a la preparación y ejecución de los planes de seguridad.
El CEP establecerá una Comisión de Garantías Electorales (CGE) para:
¨ Fomentar la participación y confianza de los ciudadanos, instituciones, candidatos y partidos políticos en el proceso electoral.
¨ Ayudar al CEP a recabar, analizar y procesar las denuncias de candidatos o ciudadanos con respecto al proceso electoral.
¨ La CGE incluirá, entre otros, a representantes de las misiones de observación electoral, de un órgano nacional de coordinación integrado sobre la base de la experiencia en la coordinación de la observación electoral en Haití, y de las organizaciones de la sociedad civil. La misión de la OEA y la CARICOM participará como testigo.
¨ La CGE será dirigida conjuntamente por personas designadas por la Conferencia de Obispos y la Federación Protestante de Haití, bajo la supervisión del Presidente del CEP.
III. Fomento de un diálogo nacional encaminado a alcanzar un acuerdo político que fortalezca la democracia y la observancia de los derechos humanos y la promoción del progreso económico y social.
Estamos dispuestos a emprender, dentro de los 30 días a partir de la firma del presente acuerdo y con el respaldo del Gobierno de Haití y de la misión de la OEA y la CARICOM, un diálogo entre los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil, encaminado a diseñar y concretar un acuerdo político en torno a las cuestiones siguientes:
a. La seguridad de los ciudadanos, un sistema judicial y un sistema policial, incluido el establecimiento de autoridades civiles que supervisen a la policía.
b. La consolidación de la democracia y de las oportunidades de participación, incluido el fortalecimiento de los partidos políticos y las instituciones sociales.
c. Los derechos humanos.
d. El desarrollo económico y social.
e. La gobernanza y la transparencia.
IV. Providencias para la designación de los miembros del CEP
Acordamos la designación por el Presidente de la República de los miembros del CEP que propongan las instituciones siguientes:
· 1 representante de Fanmi Lavalas
· 1 representante de Convergencia Democrática
· 1 representante de los demás partidos políticos
· 1 representante de la Conferencia de Obispos
· 1 representante de las sectas reformistas coordinadas por la Federación Protestante de Haití
· 1 representante de la Iglesia Episcopal
· 1 representante del Poder Judicial
· 1 representante de las organizaciones de empleadores coordinadas por la Cámara de Comercio e Industria de Haití (CCIH)
· 1 representante de las organizaciones de derechos humanos coordinadas por Justicia y Paz.
En caso de que una organización o sector no proponga un candidato dentro del plazo estipulado, la Conferencia de Obispos, la Federación Protestante de Haití, la Iglesia Episcopal, el Poder Judicial y el coordinador de las organizaciones de derechos humanos llenarán conjuntamente el cargo vacante.
Si un miembro del CEP renuncia o es descalificado o inhabilitado para ejercer sus funciones, será sustituido por el mismo órgano que haya efectuado su designación.
Según lo previsto en el Capítulo I, los miembros deberán contar con el respeto y la confianza de todos los ciudadanos. Antes de su designación, deberán celebrarse consultas entre los suscritos en relación con los candidatos propuestos a fin de comprobar que cuentan con las calificaciones necesarias.
V. Disposiciones en relación con la cooperación internacional
Acordamos también pedir al Secretario General de la OEA que se empeñe, junto con los Estados miembros y la CARICOM, para restablecer relaciones normales entre Haití y la comunidad internacional, incluidas las organizaciones financieras internacionales, en la medida en que se avance en la implementación del presente acuerdo político, a fin de alcanzar una solución duradera a la crisis desatada por las elecciones del 21 de mayo de 2000, y ayudar a promover el desarrollo económico y social de Haití.
Firmado en Port-au-Prince, el
Fanmi Lavalas Convergencia Democrática
Federación de Iglesias Protestantes de Haití
Fundación Nouvelle Haiti
Visto y aprobado por el Gobierno de Haití
ELEMENTOS DE UNA PROPUESTA DE TRANSACCIÓN[3]/
Con el fin de llegar a una solución de consenso a la actual crisis política, Fanmi Lavalas y Convergencia Democrática acordarán lo siguiente:
Convergencia Democrática reconoce y acepta los resultados de las elecciones del 26 de noviembre de 2000 (Presidencia y un tercio del Senado).
Fanmi Lavalas acepta que se organicen nuevas elecciones en la fecha que decidirá el CEP en enero de 2003 para el Poder Legislativo y las colectividades territoriales.
Un decreto presidencial (o el próximo Parlamento elegido con participación de las dos partes) podrá ratificar y legitimizar todos los actos apropiados, trabajos y gestiones llevados a cabo por los funcionarios que elegidos en las elecciones del 21 de mayo de 2000 (durante el período en el cual desempeñaron el cargo).
Esta transacción hace que el adjetivo “anticipadas” no sea pertinente puesto que la cuestión de la validez de los actos de los parlamentarios deja de tener vigencia.
El CEP organizará elecciones en enero de 2003 para la Cámara de Diputados, dos tercios del Senado y las colectividades territoriales. Las elecciones indirectas se organizarán después de estas elecciones.
Quienes ingresaron a la legislatura como resultado de las elecciones del 21 de mayo de 2000 permanecerán en sus cargos hasta que los sucesores asuman sus funciones, luego del intervalo normal posterior a la proclamación del resultado de las elecciones.
B. Colectividades territoriales
Después de la firma del acuerdo, un número de funcionarios locales (determinado por consenso entre Fanmi Lavalas y Convergencia Democrática) serán relevados de sus cargos por comportamiento abusivo. Sus sustitutos, recomendados por la Comisión de Garantías Electorales y elegidos entre personas de reconocida integridad, serán designados Agentes Ejecutivos hasta que asuman sus funciones los que fueron elegidos.
Los que dejan los cargos (excepto los que fueran desplazados por comportamiento abusivo) serán elegibles para permanecer en sus cargos hasta que los elegidos presten juramento.
El CEP, a su discreción, podrá rechazar a toda persona que considere inaceptable para presentarse como candidato a las elecciones.
CP09104S01
Podría elaborarse un plan de compensación para cubrir parte de la pérdida de ingresos causada por la reducción de los mandatos.
El resto de los funcionarios locales retendrían sus puestos hasta que presten juramento e inicien sus funciones los sucesores. Sin embargo, como se describe en la propuesta de la OEA, la Comisión de Garantías Electorales supervisará el desempeño de todos los funcionarios locales en el período antes de las elecciones.
ASG00200S04.doc
La Comisión de Garantías Electorales creará comisiones descentralizadas a nivel departamental y comunal. Las comisiones creadas a nivel comunal podrán asistir a las deliberaciones de los consejos municipales y de los CASEC. Tendrán acceso a los documentos emitidos por las colectividades y tendrán poder de investigación sobre los expedientes y testimonios relacionados con la actividad de las comunas y los CASEC. Las comisiones creadas a nivel departamental tendrán poder de investigación sobre los recursos y personal del Estado en esa circunscripción.
En casos en que se compruebe fraude o graves irregularidades con respecto a la Constitución, la ley electoral o el presente acuerdo, las comisiones departamentales y comunales transmitirán el resultado de sus investigaciones a la comisión nacional. La CGE podrá entonces solicitar al gobierno y al Poder Judicial que adopte las medidas adecuadas, particularmente las disposiciones de los artículos 72 y 73 de la Constitución. Asimismo, la CGE transmitirá el expediente a la Misión de Observación Electoral (MOE) y a la Misión de la OEA con sede en Port-au-Prince.
1. Los informes anteriores figuran en los documentos CP/doc.3349/00, CP/doc.3371/00, CP/doc.3419/01 corr. 2 y AG/INF.264/01.
2. No hubo acuerdo entre las partes respecto de los puntos a y b.
[3]. Documento informal presentado verbalmente por el Embajador Einaudi a las partes el 5 de diciembre de 2001 y por escrito el 11 de diciembre de 2001.

References: resolución 
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 artículo 18
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