Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520433.html
Timestamp: 2019-03-21 11:52:42+00:00

Document:
as201520433
Auto Supremo: 433/2015
Expediente: SC-14-15-S
Partes:Marcela Marie Maldonado y RandolfoOdín Maldonadoc/Jesús Odín
Maldonado Llado
Proceso:Declaración de interdicción
VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 1611 a 1631 y vta., interpuesto por Ana Ericka Lora Moscoso por Marcela Marie Maldonadocontra el Auto de Vista Nº 329, de 20 de agosto de 2014, cursante afs. 1600 y vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de Declaración de interdicciónseguido por Marcela Marie Maldonado y RandolfoOdín Maldonado contraJesús Odín Maldonado Llado, la respuesta de fs. 1633 a 1635, la concesión del recurso de fs. 1738, y;
El Juez de Partidoy Sentencia de la Provincia Sara con asiento en Portachuelo, del Departamento deSanta Cruz, pronunció Sentencia Nº 14, de 29 de mayo de 2014, cursante de fs. 1515 a1518, que declaraProbada la demanda de declaración de interdicción de fs. 31 a 35 y vta., interpuesta por Rodolfo Brunner Díaz, en representación de Marcela Marie Maldonado y RandolfoOdín Maldonado, con los siguientes efectos: 1.- Declara con interdicción mental a Jesús Odín Maldonado Llado y en consecuencia, sin capacidad para ejercer los actos de la vida civil, la administración de su persona y sus bienes y rentas. 2.- De conformidad a lo previsto en el Art. 425 del Código de Familia, se designa como tutora del interdicto a la señora Tomasa Tórrez de Alonso con C.I. Nº 1810469 Tja., domiciliada en la ciudad de Portachuelo, sobre la calle Potosí Nº 135; a quien se le encarga velar por la salud y la administración del patrimonio de Jesús Odín Maldonado Llado, con los deberes y responsabilidades según lo establecido por los arts. 347, 349, 350 y siguientes del Código de Familia, especialmente procurar la recuperación del incapaz, destinando para ello las rentas y capitales que le pertenecen, lo representará en sus actos civiles y administrará sus bienes, cargo que será retribuido conforme a lo establecido en el art. 322 del Código de Familia; a tal efecto se ordena notificarla para ministrarle posesión inmediata en el cargo, y se le entregue la acreditación mediante testimonio judicial.
Resolución de primera instancia que es apelada por la parte co-demandante Ana Ericka Lora Moscoso por Marcela Marie Maldonado, mediante escrito de fs. 1550 a 1561, que merece el Auto de Vista Nº 329, de 20 de agosto de 2014, cursante a fs. 1600 y vta., que Confirma la Sentencia de fecha 29 de mayo de 2014 y conforme a lo previsto en el art. 426 del Código de Familia Aprueba igualmente la misma. Resolución de alzada que es recurrida de casación en el fondo y en la forma por la referida parte co-demandada, que obtiene el presente análisis.
1. Denuncia violación de los arts. 120, 122 de la Constitución Política del Estado sobre la nulidad de los actos de las personas que usurpan funciones que no le competen; arts. 11, 12 de la Ley de Organización Judicial; y arts. 5 y 419 del Código de Familia que establece que las normas del derecho de familia son de orden público.
2. Acusa violación de los arts. 422, 423 del Código de Familia en cuanto a la obtención de la prueba; y, manifiesta error de hecho y derecho en la valoración de la prueba para determinar la incapacidad de Jesús Odín Maldonado Llado.
3. Aplicación errónea o indebida de la ley, violación de los arts. 299, 343, concordantes con el art. 297 num. 5) del Código de Familia en cuanto a la declaración de interdicción y designación de tutor “cuando el Sr. Jesús Odín Maldonado Llado no se encuentra en el país por más de dos años y reside permanentemente en Estados Unidos de Norteamérica ejerciendo la ciudadanía Norteamericana.
1. Violación del art. 115 de la Constitución Política del Estado y de los arts. 284, 303,323 del Código de Familia, dichos artículos establecen que el proceso de interdicción debe participar el Ministerio Público.
2. Violación del art. 122 de la Constitución Política del Estado, y art. 419 del Código de Familia que establece que la demanda debe presentarse en el domicilio del demandado.
3. Violación del art. 422, 423 del Código de Familia que establece la obligación de comprobar el estado de salud mental del demandado.
4. Violación del art. 419 del Código de Familia, el juez A quo ha sustanciado el proceso de interdicción en ausencia del interdicto, y fuera de la jurisdicción del domicilio del demandado.
5. Violación y omisión de las normas establecidas en los tratados internacionales, violación a la seguridad jurídica y debido proceso y otras normas establecidas en la Constitución Política del Estado.
6. Otorgación de más de lo pedido por las partes.
Por todo expuesto,y al amparo de las normas referidas y delos arts. 250, 253 num. 1), 2) y 3), 254 num. 1), 4) y 7), 255 num. 1), 257, 258 y siguientes del Código deProcedimiento Civil, solicita casación o nulidad en cuanto al fondo y forma del Auto de Vista recurrido, asimismo contra el Auto Vista complementario de fecha 27 de agosto de 2014, y Auto de Vista rechazo de fecha 1 de septiembre de 2014, y se anulen obrados hasta el vicio más antiguo que es la misma admisión de la demanda.
En esa relación, se tiene que la ahora recurrente denuncia principalmente presuntos vicios procedimentales, por lo que conforme al principio “pro actione” corresponde absolverinicialmente los agravios de forma, pues de advertir vicio procesal que ameritaría una nulidad procesal, ya sería innecesario considerar el agravio en el fondo.
1.Sobre su denuncia de“violación del art. 115 de la Constitución Política del Estado, y de los arts. 284, 303, 323 del Código de Familia, dichos artículos establecen que el proceso de interdicción debe participar el Ministerio Público”, este agravio no ha sido motivo del recurso de apelación, por lo mismo no existe pronunciamiento al respecto por parte del Tribunal de alzada, en ese antecedente conforme al principio del “per saltum”, este Tribunal no puede pronunciarse al respecto.
2. Respecto a su acusación de “violación del art. 122 de la Constitución Política del Estado y art. 419 del Código de Familia que establece que la demanda debe presentarse en el domicilio del demandado”.
De la revisión de obrados se conoce que la parte co-actora, ahora recurrente, al momento de presentar la presente acción, de manera expresa a través de su apoderado ha referido que el Juez de Partido y de Sentencia de Portachuelo es el competente para conocer la causa de declaratoria de interdicción, y adjuntando además el “certificado de cédula de identidad” con la fotocopia correspondiente de la cédula(fs. 28 a 29), que certifica que el domicilio de Jesús Odín Maldonado Lladóse encuentra en Santa Elena, ha referido que“…el Sr. Maldonado Llado tiene su domicilio principal en la lechería denominada La Kunumy (antes Santa Elena), ubicada a 3 kilómetros de Portachuelo, hacia el Oeste de la carretera nueva Santa Cruz-Cochabamba, como demuestra la fotocopia de la cédula de identidad Nº 1452102 S.C., perteneciente a Jesús Odín Maldonado Lladó, conjuntamente con el certificado de Cédula de Identidad, emitido por la Dirección Nacional de Identificación Personal, que señalan como domicilio del referido en Santa Elena (hoy La Kunumy)…” (fs. 31 a 35 y vta.), en ese antecedente la presente causa interpuesta por Rodolfo Brunner Díaz por Marcela Marie Maldonado y Randolfo Odín Maldonado ha sido admitida por el Juez de Partido y Sentencia de Portachuelo, Provincia Sara del Departamento de Santa Cruz (fs. 59), y una vez corrida en traslado es contestado por el curador ad litem del demandado Jesús Odín Maldonado Lladó, quien ratifica la ubicación del domiciliodel demandado,conforme hubo señalado la parte actora.
Por lo que de la relación efectuada se conoceque ha sidola propia parte actora quien se ha sometido a la competencia del Juez de Partido de Portachuelo por la ubicación del domicilio del demandado y en función de los hechos que se han suscitado en dicha jurisdicción, en consecuencia una vez citado el demandado el Juez ha tomado prevención en el conocimiento de la causa, haciéndose aplicable además en el presente caso la segunda parte del inciso 1) del art. 130 del Código de Procedimiento Civil que dispone. “El citado por un juez no podrá ser citado después por otro en el mismo asunto”, y una vez contestada la demanda por el tutor ad litemdel demandado Jesús Odín Maldonado Lladó, las partes han consentido plenamente en la competencia del Juez de Partido y de Sentencia de Portachuelo, estableciéndose de esta manera la relación jurídica procesal, sin que las partes cuestionen dicha competencia.
Ahora bien, de antecedentes de la presente causa se conoce que a fs. 584 a 587, la parte co-demandante Marcela Marie Maldonado, a través de su apoderada, ha interpuesto “declinatoria de competencia por hechos sobrevinientes”, incidente que previo traslado corrido ha sido resuelto por el A quo por Auto de fs. 880 a 881 y vta., que en su parte resolutiva rechaza la solicitud de declinatoria impetrada, no obstante, una vez notificada es apelada por la misma parte co-demandante, conforme se conoce del memorial de fs. 886 a 891, sin embargo por Auto de fecha 27 de mayo de 2013 de fs. 924, se rechaza la apelación formulada en el efecto devolutivo, negando la concesión del recurso, en contra esta última Resolución la referida co-actora por memorial de fs. 981 anuncia recurso de compulsa, disponiendo el Juez de la causa que se franquee el testimonio correspondiente en el plazo improrrogable de cinco días, sin que empero exista constancia de recojo de dicho testimonio, por lo que conforme al principio de convalidación su derecho al respecto ha precluído por desidia propia.
3. En relación a su denuncia de “violación del art. 422, 423 del Código de Familia que establece la obligación de comprobar el estado de salud mental del demandado”, este agravio corresponde recurso de casación en el fondo, porque en el mismo se denuncia que el Tribunal Departamental no apreció la prueba presentada conforme a derecho, es decir error “in iudicando” en relación a la valoración de la prueba, lo que no amerita ningún pronunciamiento en el recurso de forma, máxime si se reitera en el recurso de fondo.
4.Sobre su acusación de “violación del art. 419 del Código de Familia, porque el A quo ha sustanciado el proceso de interdicción en ausencia del interdicto, y fuera de la jurisdicción del domicilio del demandado”, y sobre su denuncia de “violación y omisión de las normas establecidas en los tratados internacionales, violación a la seguridad jurídica y debido proceso y otras normas establecidas en la Constitución Política del Estado”.
Corresponde referir que los fundamentos de estos agravios han sido parte de su incidente de declinatoria de competencia por hechos sobrevinientes, incidente que por Auto de fs. 880 a 881 y vta., ha sido rechazado, sin embargo una vez apeladaesnegadala concesión del recurso, si bien contra esta última Resolución la referida co-actora anuncia recurso de compulsa, a lo que el Juez de la causa dispone que se franquee el testimonio de ley en el plazo perentorio de cinco días; empero la parte co-demandante no ha efectivizado dicha compulsa, por lo que conforme al principio de convalidación su derecho al respecto ha precluído.
No obstante, a manera de aclaración y remitiéndonos al punto 2 del presente considerando, debemos concretar además, quehabiendo la parte actora sustanciado la presente causa, de manera incoherentee incorrecta ha contrariado la competencia asumida por el Juez de Portachuelo, planteando primero un incidente de incompetencia por causal sobreviniente y posteriormente haciendo simplementeconocer que se sustanciaba un otro proceso por ante el Juez de la Corte de Circuito de la Corte Judicial del Duodécimo Circuito del Condado de Will, Estado de Illinois Estados Unidos, a lo que el A quo a providenciado cabalmente que se tiene presente;sin embargo, dicha actora no ha tomado en cuenta la preeminencia de la presente causa, ni que el hecho inicial que motiva este proceso no ha ocurrió en los Estados Unidos,por eso mismo se ha iniciado la presente causa con antelación en el Juzgado de Portachuelo, de consiguienteal haber el Juez de primera instancia tomado prevención en el conocimiento de la presente causa, así como habiendo las partes consentido en la competencia del mismo, ha desestimado correctamente el incidente planteado, y al no existir constancia en obrados de “homologación de Sentencia extranjera”en el marco de nuestra normativa adjetiva civil, los Tribunales de instancia han desestimado correctamentesu denuncia de incompetencia.
5. Respecto a su acusación de que el Tribunal Ad quem ha otorgado más de lo pedido por las partes.
Al respecto debemos manifestar que el art. 237 del Código de Procedimiento Civil dispone: “I. El Auto de Vista podrá ser: 1) Confirmatorio total, con costas en ambas instancias. 2) Confirmatorio parcial, sin costas. 3) Revocatorio total o parcial, sin costas. 4) Anulatorio o repositorio, con responsabilidad al inferior. II. Si ambas partes fueran apelantes, no habrá condenación en costas”.
En la especie, la parte la co-actora Marcela Marie Maldonado en conocimiento de la Sentencia ha interpuesto recurso de apelación por escrito de fs. 1550 a 1561, la misma que con la contestación negativa del co-demandante Randolfo Odín Maldonado es resuelta por Auto de Vista Nº 329, de 20 de agosto de 2014, cursante a fs. 1600 y vta., donde el Tribunal de alzada conforme a lo previsto por el numeral 1) del art. 237 del adjetivo civil, confirma la Sentencia de fecha 29 de mayo de 2014 y de conformidad al art. 426 del Código de Familia aprueba igualmente la misma; de consiguiente el Auto de 27 de agosto de 2014 de fs. 1604, al disponer lacomplementación y enmienda del Auto de Vista de fecha 20 de agosto de 2014, agregando la frase: “Con costas a la parte apelante Marcela Marie Maldonado”, ha sido correctamente dictada y en el marco de la Ley sin que dicha acción amerite nulidad, haciéndose de esta manera infundado el recurso interpuesto.
Por lo que, corresponde emitir Resolución en la forma prevista en el arts. 271 num. 2), y 273 del Código de Procedimiento Civil.
1. Sobre los puntos 1 y 3 del recurso de casación en el fondo detallados en el considerando II de la presente Resolución.Debemos manifestar que estos agravios corresponden al recurso de casación en la forma, porque en la misma la ahora recurrente en definitiva cuestiona la competencia del A quo. En ese antecedente corresponde remitirnos a los puntos 2 y 4 del recurso de casación en la forma del presente considerando, donde se ha absuelto los fundamentos de dichos agravios.
2.En relación a su acusación de “violación de los arts. 422, 423 del Código de Familia en cuanto a la obtención de la prueba; y, manifiesto error de hecho y derecho en la valoración de la prueba para determinar la incapacidad de Jesús Odín Maldonado Llado”.
Al respecto, corresponde referir que si bien el Ad quem hace referencia a la prueba literal de fs. 1 a 4, de fs. 19 a 21 además a la prueba testifical de fs. 984-988 y 990, pruebas que acreditan que los demandantes han justificado lo peticionado y la necesidad de declarar interdicto a Jesús Odín Maldonado Llado, pruebas que según la recurrente solo tendrían la calidad de corroborativas o complementarias; empero este extremo no es evidente, toda vez que la ahora recurrente al margen de las nombradas en su recurso,no toma en cuenta que el A quo a momento de realizar la valoración de las pruebas también se remite, entre otras, al informe psiquiátrico de fs. 40 a 49 corroborado por el informe pericial de fs. 137 a 140 que no han sido objetadas por la parte co-demandante, así como al informe médico psiquiátrico de fs. 1131 a 1137, traducido al español a fs. 1169 a 1171, elaborado por el Dr. Cosmos Lozano, perito propuesto al tenor del art. 422 del Código de Familia por la parte co-demandante Rodolfo Odín Maldonado, admitido por el A quo por providencia de fs. 573, con aceptación de la parte demandada(Jorge Nazario Gutiérrez tutor ad litem de Jesús Odín Maldonado Llado, fs. 578) y sin objeción en el término de Ley por la parte ahora recurrente, que en su diagnóstico refiere demencia senil moderada con agitación y desordenes de comportamiento sugiriendo su internación necesaria en una institución intermedia debido a su enfermedad y mayor declinación en el futuro.
En consecuencia,conforme al principio de comunidad de la prueba del examen de la prueba producida se concluye deque Jesús Odín Maldonado Lladoal presente es una persona que padece discapacidad mental y que requiere de asistencia indispensable y continua porque sufre de demencia tipo Alzheimer, enfermedad que en la actualidad es irreversible e incurable; extremos estos que no han sido desvirtuados, coligiéndose de dichos antecedentes que la prueba producida ha sido valorada correctamente por los tribunales de instancia, no existiendo en dicha determinación infracción que amerite casación.
Por lo que no son evidentes los agravios denunciados, haciéndose de esta manera infundado el recurso interpuesto.
En consecuencia,corresponde emitir Resolución en la forma prevista en el arts. 271 num. 2), y 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO, el recurso de casación en la forma y el fondo, de fs. 1611 a 1631 y vta., interpuesto por Marcela Marie Maldonadocontra el Auto de Vista Nº 329, de 20 de agosto de 2014, cursante de fs. 1600 y vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas.

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