Source: http://cronica.diputados.gob.mx/Comparecencias/58/2001/2001IPAB.html
Timestamp: 2018-10-21 12:44:03+00:00

Document:
Comparecencia del Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al
Ahorro Bancario, Julio César Méndez Rubio, correspondiente al Primer
Julio César Méndez Rubio
José Antonio Arévalo González, Partido Verde Ecologista de México
Rosalinda López Hernández, Partido de la Revolución Democrática
José María Eugenio Núñez Murillo, Partido Acción Nacional
Enrique de la Madrid Cordero, Partido Revolucionario Institucional
Respuesta: Julio César Méndez Rubio
Pregunta: Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Partido de la Revolución Democrática
Réplica: Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Partido de la Revolución Democrática
Pregunta: Jaime Salazar Silva, Partido Acción Nacional
Réplica: Joel Vilches Mares, Partido Acción Nacional
Pregunta: Abel Trejo González, Partido Revolucionario Institucional
Pregunta: José Antonio Magallanes Rodríguez, Partido de la Revolución Democrática
Réplica: José Antonio Magallanes Rodríguez, Partido de la Revolución Democrática
Pregunta: Raúl Martínez González, Partido Acción Nacional
Réplica: Marcos Pérez Esquer, Partido Acción Nacional
Pregunta: Victor Roberto Infante González, Partido Revolucionario Institucional
Réplica: Adela Cerezo Bautista, Partido Revolucionario Institucional
COMPARECENCIA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO PARA LA
PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LICENCIADO JULIO CESAR MÉNDEZ RUBIO
Nos encontramos reunidos el día de hoy, las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, de Presupuesto y Cuenta Pública, así como la de Hacienda y Crédito Público, para desahogar dos puntos concretos de nuestra agenda.
Por un lado, primero, y de conformidad con el calendario de comparecencias acordadas por la Junta de Coordinación Política, a fin de analizar lo correspondiente al Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República, en materia de las actividades desarrolladas por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, por lo cual está con nosotros su Secretario Ejecutivo, el licenciado Julio César Méndez, a quien le damos la muy cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, señor funcionario y Secretario Ejecutivo del IPAB.
El se ha hecho acompañar de algunos funcionarios de su dependencia, que estarán acompañándolo en la mesa de asesoría.
Segundo. El tema que se refiere al punto de acuerdo de fecha 22 de agosto de 2001, presentado ante la Comisión Permanente por el que se solicita al Ejecutivo Federal por conducto del IPAB, el cumplimiento de diversas disposiciones legales, así como la modificación de ordenamientos de la propia Ley de Protección al Ahorro Bancario. Así que estamos aprovechando la comparecencia citada para ver el tema fundamentalmente de glosa y también hacer al mismo tiempo caso del acuerdo que tomó la Comisión Permanente.
Para el debido desahogo de los trabajos se ha elaborado un formato para la intervención de los grupos parlamentarios, mismo que agradeceremos se cumpla debidamente, dicho formato se hizo del conocimiento previo de los participantes sobre el cual también se les ha entregado copia en una buena parte de las comparecencias.
Quisiera proponer algunas pequeñas modificaciones al formato que las hemos visto en función de cómo han sido otras comparecencias y que pensamos que nos puedan permitir un mejor desarrollo de la misma.
Les leo en principio, para que ustedes estén o no en disposición de acordarlo, como sería el formato de esta comparecencia.
En primer término el Secretario Ejecutivo expondría el estado del IPAB, hasta por 15 minutos. A continuación un representante de cada grupo parlamentario e inclusive los que no tienen grupo, presentarían ante este pleno el uso de la palabra para hacer la posición de cada grupo, hasta por un tiempo de seis minutos.
Tres. Agotada la ronda de posicionamientos a que se refiere el punto anterior, el funcionario compareciente podrá hacer uso de la palabra para hacer los comentarios que juzgue pertinentes, hasta por cinco minutos.
A continuación se dará inicio a dos rondas de preguntas, respuestas y réplicas. Cada pregunta o cada réplica que hagan o fijen los diputados de los grupos parlamentarios representados en las comisiones o si algún diputado que no forme parte de un grupo parlamentario quiere participar, también lo haríamos en una de las rondas, se haría por un tiempo no mayor de tres minutos.
El Secretario Ejecutivo responderá a cada pregunta lo conducente, durante un lapso que no excederá de cinco minutos.
El orden de intervención de los diputados, tanto para el posicionamiento, como para las preguntas y réplicas, será de manera ascendente, según el número de legisladores integrantes de cada grupo parlamentario.
Concluida la etapa de preguntas, respuestas y réplicas, el Secretario Ejecutivo podrá dirigir un mensaje final a las Comisiones Unidas, en un tiempo no mayor de ocho minutos.
El diputado Presidente de la Comisión que presida la sesión de la comparecencia, concluirá la misma con un mensaje que dice de cinco minutos, no mayor de un minutos, propongo yo, que me toca hacer esta parte.
Está a la consideración de ustedes este ajuste al acuerdo parlamentario que nos permita en principio desahogar esta sesión, calculamos en un tiempo no superior a dos horas y media.
Entonces nos vamos con estos ajustes al formato.
Tengo, y no quiero cometer ningún error al respecto, primero los posicionamientos serían en este orden: primero el diputado José Manuel del Río Virgen, por el Partido Convergencia, después el diputado José Antonio Arévalo González, después el diputado José Narro Céspedes, después la diputada Rosalinda López Hernández, después el diputado José María Eugenio Núñez Murillo, del PAN; de Acción Nacional, y después el diputado Enrique De la Madrid Cordero, del PRI.
No veo al diputado Narro Céspedes, que se había apuntado. ¿Lo harías en su lugar? Víctor Antonio.
Quisiera comentar también. Por motivo de que nos resulte mucho más ágil la comparecencia, si les parece que -se los pregunto con toda confianza- ¿consideran que el Secretario del IPAB deba contestar las preguntas cada una en la tribuna de al lado, o consideran que lo puede hacer desde su lugar una vez que haya hecho su posicionamiento?
El Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
licenciado Julio César Méndez Rubio:
Diputado Oscar Levín Coppel, Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; diputado Manuel Galán Jiménez, Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda; diputado Luis Pazos de la Torre, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; diputado Erick Weber Villanueva, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; diputadas y diputados aquí presentes, señoras y señores:
Como mexicano y como servidor público, es un honor el comparecer ante estas comisiones a efecto de informar a ustedes sobre el desempeño del Instituto Para la Protección al Ahorro Bancario, así como para responder a las preguntas que sobre las actividades del instituto ustedes tengan.
El papel del instituto dentro del Sistema Financiero Mexicano es clave, su misión es la de asegurar los recursos de más de 10 millones de pequeños y medianos ahorradores bancarios, de forma tal que no sufran descalabros por la situación de las instituciones y que no pongan en peligro sus patrimonios familiares. Además, el instituto es responsable de concluir la mayoría de las actividades inherentes al saneamiento de la banca derivado de la crisis de 1995.
Conviene destacar que los saneamientos y los apoyos a la banca se iniciaron hace 6 años, cuatro años antes de que el instituto entrara en operación. Los bienes, los activos, los pasivos que venían con el saneamiento bancario, también ya existían desde entonces.
El 19 de enero de 1999, con la promulgación de la Ley Para la Protección al Ahorro Bancario, el Legislativo dio origen al instituto, otorgándole, entre otros, el mandato de concluir estos saneamientos y de enajenar los bienes que venían con ellos. Ese es el mandato, entre otros, del instituto, y ése es en mucho el esfuerzo al que dedicamos los funcionarios del mismo.
En dos años de existencia el Instituto ha llevado los saneamientos financieros de cinco agrupaciones bancarias, todas ellas iniciadas por el Fobaproa. Se concluyeron por completo los casos del Grupo Financiero Inverlat, Banca Promex y el Grupo Financiero Serfin.
En el caso del saneamiento de Inverlat, se benefició a más de un millón de ahorradores. Los compradores de este grupo financiero pagaron al IPAB mil 836 millones de pesos, equivalentes aproximadamente a 1.6 veces el capital contable.
En Banca Promex se protegió a más de medio millón de ahorradores, y una vez concluída la operación los compradores entregaron al IPAB mil 987 millones de pesos más el 1.3% de las acciones del Grupo Financiero BBVA Bancomer.
Además durante el saneamiento de Banco Promex se detectaron casos de probables delitos por lo que el Instituto procedió a la contratación de especialistas para la presentación y seguimiento de ocho causas penales ante las autoridades correspondientes.
El saneamiento de Serfin benefició casi a 2 millones de ahorradores. Se logró recuperar por la venta del banco 14 mil 650 millones, lo que representó 1.6 veces el capital de esta Institución.
Los saneamientos de Bancrecer y Banco del Atlántico aunque inconclusos están en sus etapas finales. En unos días daremos a conocer el resultado de la licitación por Bancrecer.
También durante las auditorías practicadas en este banco, se detectaron conductas posiblemente ilícitas, que relacionan a 44 grupos económicos para las cuales también se desarrollan las acciones legales correspondientes.
Por lo que toca y por lo que respecta a los procesos de enajenación de bienes, todo lo que es venta de inmuebles, venta de muebles, venta de acciones y partes sociales, los resultados del Instituto no deben de ser únicamente medidos o evaluados en términos o referentes a la recuperación.
Sin duda que este es el punto relevante toda vez que disminuye el costo fiscal, sino también se deben tomar en cuenta el trabajo previo necesario para estas enajenaciones, el ordenamiento, el acopio de información, la resolución de problemas fiscales y legales que la cartera o los bienes traían consigo, y en muchos de los casos la reconstrucción de los propios expedientes, he tomado un gran esfuerzo y un gran trabajo. Déjenme decirles que los bienes que recibió el Instituto para su enajenación en la gran mayoría de los casos, no tenían el orden suficiente para poder ser ejecutados.
De esta manera, el Instituto concluyó, entre otros, la venta de la cadena hotelera Camino Real. La desinversión de algunos activos del grupo CIDE (?), entre estos dos casos se aportaron más de mil 100 millones de pesos al Instituto, y el IPAB continúa trabajando en la venta de grandes activos corporativos como son el caso de Cintra y LATINLAC (?), entre otros.
En el caso de Cintra estamos a la espera de la definición de la política aeronáutica y desde luego dada la situación actual deberemos de evaluar muy bien en qué momento iniciamos la licitación correspondiente.
Se han vendido más de 10 mil inmuebles, prácticamente 40 mil muebles. Y en adición a los, prácticamente 4 mil millones de pesos que estos procesos han aportado al Instituto, también hoy se tiene una base de datos que permite ubicar geográficamente saber el estatus legal, saber el monto contable y el origen de los inmuebles y desde luego esta base de datos servirá para poder ejecutar mejores estrategias y más efectivas de enajenación.
Se efectuó la desincorporación de 12 carteras de préstamos con un valor total de capital cercano a los 104 mil millones de pesos. Del total de desincorporaciones al pasado 31 de julio, se habían obtenido 11 mil 462 millones de peso, independientemente estos recursos de los flujos de cobranza que el Instituto aún espera obtener el futuro por la participación en varios de estos paquees.
Estos procesos de enajenación como todos lo que lleva a cabo el Instituto se hacen de pública y transparente, cumpliendo con su responsabilidad la Ley del IPAB publicó y dio a conocer al Congreso y al Ejecutivo los lineamientos que éste sigue para la enajenación y administración de los bienes así como para la contratación de terceros que no se apoya en estos objetivos.
Las decisiones del Instituto no son discrecionales; nosotros no hacemos las cosas ni para apoyar a alguna persona o a algún grupo, únicamente seguimos la ley.
También se ha supervisado la cartera de los fideicomisos administradores de cartera. Se concluyeron ya 14 auditorías y se están realizando 34 m´sd.
Por otra parte los recursos captados por cuotas de la banca, ascenderon a 13 mil 344 millones de pesos, de los cuales 9 mil 718 se utilizaron para cubrir parcialmente el costo de los saneamientos bancarios.
Al 30 de junio el monto de la reserva para la protección al ahorro acumuló 2 mil 848 millones de pesos, y el universo de ahorradores bancarios cubiertos por el seguro del IPAB tenía más de 29 millones de cuentas y contratos.
En diciembre de 1999 el costo promedio de la deuda del Instituto era de Cetes más 1.2 puntos porcentuales. El pasado 30 de junio este diferencial era de sólo .87 puntos porcentuales.
Desde marzo del año pasado y hasta finales del primer semestre de éste, se habían emitido 113 mil 660 millones de pesos en Bonos de Protección al Ahorro Bancario, y se habían contratado 152 mil millones de pesos y 655 millones de dólares en créditos bancarios para el pago de las obligaciones más onerosas del Instituto.
El canje de deuda en refinanciamiento de la deuda, ha permitido al Instituto ahorros por mil 167 millones de pesos.
En diciembre del año pasado también la calificadora Estándar & Poor's dio a conocer una opinión en donde equipara la calidad crediticia de los bonos del IPAB, con la caída de los títulos gubernamentales.
Hoy por hoy la tasa de los títulos del Instituto se encuentran en la misma curva de rendimiento de aquellos emitidos por el Gobierno Federal.
En términos de la atención a esta Honorable Soberanía, se han entregado cuatro informes, se han rendido seis reportes, se han atendido 14 solicitudes de información del Legislativo y se han sostenido 37 reuniones incluyendo esta comparecencia.
Por disposición de ley, el Instituto entrega al Congreso vía el Ejecutivo Federal informes trimestrales de sus actividades y reporta de manera detallada cada uno de los procesos de saneamiento que concluya.
La Honorable Cámara de Diputados ha juzgado conveniente crear subcomisiones específicas que investiguen el funcionamiento del IPAB. El Instituto ha entregado puntualmente la información requerida por estos grupos legislativos.
Asimismo el Instituto publica trimestralmente sus estados financieros, incluyendo las opiniones de sus auditores externos en su página de Internet, yaqui no nada más incluimos esta información sino prácticamente se podrían ver los detalles del día a día.
Pero más allá de seguir presentando estadísticas y en buena medida los resultados o los avances que ha tenido el Instituto, si me lo permiten me gustaría referirme de manera breve a temas que giran en torno al Instituto y que sin duda son parte del debate alrededor de él.
El primero de ellos es el intercambio de pagarés. La no realización del canje de pagarés de los intermediarios bancarios que participaron en el programa de capitalización y compra de cartera, está directamente vinculada con la recomendación de que se practiquen revisiones adicionales a la cartera que se se refiere el artículo 5º. Transitorio de la ley.
En opinión de la administración del Instituto, esta entidad carece de facultades para revisar las transacciones reportables del Grupo AA, informadas por el auditor Mackey, sin el consentimiento de la banca múltiple.
Es claro que las auditorías a que se refiere el mencionado artículo, concluyeron con la entrega del Informe Mackey a la Cámara de Diputados En virtud de lo anterior se emplazó a los bancos para que manifestaran su adhesión a las reglas generales del nuevo programa al que se refiere el artículo 5º transitorio de la ley, publicadas en el Diario Oficial. Días después los bancos manifestaron en tiempo y forma su adhesión a dichas reglas.
Si bien desde septiembre del año pasado la Junta de Gobierno aprobó que se efectuara la revisión específica de las operaciones reportables AA. Esto fue con el único fin de deslindar las responsabilidades correspondientes.
Reiteramos que dicha revisión requiere, como condición necesaria, que las instituciones de crédito, expresen su conformidad con la misma. Sin embargo, la Asociación de Banqueros de México, no se ha apartado del criterio, expuesto en su escrito de 23 de julio del 2001, por el que dio a conocer al Instituto, que no estaba en condiciones de consentir la revisión de los créditos planteada, por lo que no se podría alcanzar el efecto económico previsto, consistente en la devolución y canje de los activos, por un monto equivalente al monto de los créditos devueltos o bien la reducción del monto del pagaré a favor de los bancos.
Mediante escrito de fecha del pasado 29 de agosto, dirigido a la Auditoría Superior de la Federación, y luego de exponer la respuesta formulada por la Asociación de Banqueros de México, el IPAB solicita que, o se libere al Instituto, considerando solventada la recomendación ante la limitante jurídica que enfrenta para revisar las operaciones del grupo doble AA, toda vez que en términos de ley hasta en tanto no se proceda con el intercambio, el titular del programa sigue siendo el Fobaproa, o bien se confirme que el Instituto puede iniciar a la brevedad la revisión de las transacciones doble AA, con el único objeto de deslindar responsabilidades, sin que exista la posibilidad para el Instituto, en caso de encontrar irregularidades o ilegalidades, de proceder a la sustitución de crédito o a la disminución del pagaré.
En conclusión, el IPAB, respetando la intención de esta soberanía, expresada a través de la Auditoría Superior de la Federación, consistente en la realización de auditorías, para determinar el fincamiento de responsabilidades así como la reducción del costo fiscal, se ha visto limitado ante la negativa de los bancos, que argumentan que dichos alcances carecen de sustento legal, en virtud de que las auditorías a que se refiere el articulado de la ley, han concluido, auditorías que fueron encomendadas por el Congreso al auditor MacKey, concluyendo que el grupo doble AA no se infiere ilegalidad, sino que los créditos que reportó dentro del citado grupo, no cumplieron con los criterios originales establecidos en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera.
Ante esta situación, permítanme solicitar el valioso apoyo de esta soberanía, para que en forma conjunta, se establezca a la brevedad un diálogo, con las instituciones bancarias, y podamos resolver o llegar a la búsqueda del consenso necesario, para resolver esta situación.
Por otro lado, en algunos medios informativos, se ha publicado que el Instituto ha incurrido en desviación de recursos. Esto es falso, como se aclaró en su momento entre los medios de comunicación, el Instituto ha actuado conforme a la ley, los 7,550 millones aludidos en las notas periodísticas, corresponden a dos operaciones llevadas a cabo por el IPAB La primera por 7 mil millones, se debe a una capitalización practicada en Inverlat, en la cual el Instituto adquirió obligaciones subordinadas, convertibles al amparo de un programa de saneamiento, incluido en el artículo 7º. transitorio de su ley. La segunda por la cantidad restante, resulta de una compra de acciones de Cintra que obraba en poder de Banca Serfín, y que se efectuó con fundamento en el artículo 28 de la misma ley.
El Instituto confía en haber atendido a cabalidad las observaciones hechas por el órgano de vigilancia, y está a su disposición para responder las dudas. Por último...
Se le ha agotado su tiempo, le rogaría que se tomara un minuto para redondear su intervención.
El Secretario Julio César Méndez Rubio:
Con mucho gusto. Por último, la experiencia del Instituto durante dos años, permite poner a disposición o poner en perspectiva algunos problemas que impone el marco legal existente. Hemos sometido al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda, cambios a la Ley del Instituto, que básicamente o entre otros, se sugieren los siguientes temas:
La definición de la facultad para interpretar administrativamente la ley, que hoy no tenemos; un marco más apropiado para la definición de bienes y la enajenación de los mismos; un replanteamiento de la base de cálculo para las cuotas, así como poderes más claros y efectivos, para atender casos futuros de insolvencia.
Nuestro país merece y tiene derecho a exigir un manejo limpio de los recursos; nosotros en el Instituto participamos en la indignación cuando esto no es así. En el Instituto estamos convencidos, somos servidores públicos, de que a final de cuentas somos responsables de nuestros actos. Debemos de actuar con transparencia, debemos de rendir cuentas y si no es el caso, pues deberemos de ser sancionados.
Estoy a sus órdenes, muchas gracias.
Gracias, licenciado Méndez Rubio.
Iniciamos ahora la fijación de posiciones de los grupos parlamentarios. Vamos a iniciar de menor representación a mayor representación y entonces tiene la palabra el diputado José Manuel Del Río Virgen, del Partido Convergencia Democrática.
Diputado Oscar Levín Copel, diputado Manuel Galán, diputado Luis Alberto Pazos, diputado Eric Villanueva, que presiden esta sesión de trabajo con el licenciado Julio César Méndez Rubio.
En Convergencia por la Democracia, tenemos el ánimo de contribuir a la solución del problema creado por el gobierno anterior, el Fobaproa, y que ahora continúa con el IPAB con propuestas serias, maduras y concretas.
Aunque algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalan que vocales del IPAB son sujetos de investigación y están bajo sospecha, no hablaré de ello en este momento; pero reconozco que Fobaproa e IPAB se relaciona con robo, con corrupción, con daño a la Nación, con tranza y con vergüenza nacional.
Por ello, señor licenciado Méndez, quisiera hacer algunos comentarios muy breves:
El primero es que se transparenten y clarifiquen las transacciones reportables, con el fin de determinar cuáles son las que no cumplieron con los criterios originales establecidos por el Comité Técnico.
Es necesario que se devuelva a los bancos la cartera chatarra que actualmente se encuentra en el IPAB y al mismo tiempo se inicie la recuperación de los recursos que le adeudan las instituciones de crédito.
El llevar a cabo estas acciones, permitirá recuperar los créditos irregulares que otorgó el Fobaproa y que se reduzca el rescate bancario en aproximadamente 50 mil millones de pesos.
El IPAB no debe cubrir a los bancos, su responsabilidad es comportarse como un organismo que proteja los intereses del Estado y no de los particulares.
Se debe continuar y terminar con la investigación referente a las actividades que llevaron a cabo los vocales del IPAB cuando fueron funcionarios del Fobaproa, para que no prescriban las acciones por los delitos en los que hubieran incurrido.
También es necesario determinar y clarificar las fallas que existieron por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del IPAB que ocasionaron la prescripción de las acciones en contra de los supuestos delitos cometidos, o lo que incrementó el costo fiscal de rescate financiero.
Se deben de entregar a las comisiones correspondientes de esta Honorable Cámara de Diputados, los contratos del antiguo Fobaproa y señalar a los bancos que firmaron para la compra de la cartera. No contamos con información veraz, la información que tenemos es escueta y muchas veces no nos llega con la inmediatez que necesitamos y me refiero claramente al caso de la venta de Banamex al CitiGroup, al CitiBank.
Pero lo importante para mí, señor licenciado Méndez, es hoy. Hoy en todos los diarios la posición del IPAB va en relación con que refuta el IPAB el informe sobre desvíos a Inverlat y a Serfin; y usted, al término de su participación, acaba de señalar que es mentira.
Me da mucha pena decirle señor licenciado Méndez, que usted dice que no hay desvíos a Inverlat y Serfin y fundamenta su decisión en el artículo 28 y 68 de la ley en la materia. He tenido mucho cuidado señor licenciado Méndez, de leer y de estar al pendiente de la ley. El artículo 28, le ruego a todos los diputados, sean tan generosos de leerlo. Eso dice otra cosa, no dice lo que el señor representante del IPAB nos viene a contar. El artículo 28 y el 68 inclusive, se refieren a otra cosa. Esto es muy grave señor licenciado Méndez; y es muy grave porque le insisto, desafortunadamente, y lo digo desafortunadamente porque el IPAB es una institución del gobierno y para los mexicanos solamente se le relaciona con cosas de corrupción y cosas mal hechas.
Muchas gracias señores presidente.
Muchas gracias diputado Del Río Virgen.
Tiene ahora la palabra el diputado Víctor Antonio García Dávila, del Partido del Trabajo, para fijar posición hasta por 6 minutos.
Con la venia de la presidencia compañeras y compañeros diputados: señor Julio César Méndez:
El IPAB nació con los defectos congénitos que le heredó su progenitor el sistema bancario financiero mexicano, que lo alumbró en plena etapa senil.
La desregularización de las tasas de interés y la apertura de la cuenta de capital de fines de los 80s. se dio en ausencia de las instancias supervisoras y reguladoras y la infraestructura necesarias para una adecuada intermediación crediticia. Por lo que la economía del país vivió una breve euforia de crédito de corto plazo que probó ser insostenible. La breve euforia crediticia condujo a la debacle bancaria forzando al gobierno a traer al mundo un conjunto de programas colaterales orientados a evitar el colapso del sistema bancario, el más importante de ellos, el Fobaproa. Se logró evitar el colapso bancario pero a costa de un enorme costo fiscal que no ha dejado de crecer y demandas transferencia anuales crecientes, la última de las cuales fue de 35 mil millones de pesos.
El mecanismo para liberar a los bancos de la cartera vencida, demostró ser enormemente vulnerable a los incrementos coyunturales de las tasas de interés, por lo que empeoró la condición de varios bancos en preferible liquidar a este banco desde el principio, que cambiar su cartera vencida por un bono cupón cero, renumerado a tasas inferiores a las que el banco debía pedir prestado para sobrevivir. El resultado: una transferencia sin contraparte de cerca de 1500 millones de dólares para que el banco español Santander, accediera a comprarlo.
Las expectativas que se tenían cuando nació el IPAB, era de operar dentro de un calendario riguroso para eliminar las deudas legadas por el Fobaproa, pero también implementar mecanismos transparentes de liquidación de los bancos subcapitalizados, así como coordinar la adquisición de bancos mexicanos por bancos extranjeros, como intentaremos demostrarlo, sólo la última de estas atribuciones se ha llevado a cabo profesionalmente pero no para beneficio del ya casi extinto Sistema Bancario Mexicano. Lo más grave es que el IPAB fue construido sobre terreno tan movedizo que no habrá solución efectiva al legado del Fobaproa, por lo que ya estamos en una dinámica que conlleva la posibilidad de prolongar indefinidamente la vida de los pasivos ¿por qué? desde su nacimiento el IPAB ha centrado sus esfuerzos en refinanciar las obligaciones heredadas del Fobaproa y las que creó por su cuenta. El resultado ha sido, en nuestra opinión, desastroso. La fuente de ingresos más importante para el IPAB, son las transferencias anuales que aprueba la Honorable Cámara de Diputados y que han contribuido año a año, a empeorar el balance fiscal del sector público.
Los bonos de protección al ahorro emitidos por el IPAB, parece que han sido recibidos positivamente por el mercado. Pero el gobierno ha tenido que suspender en ciertos casos la subasta de bondes, de los cuales son una réplica, lo que tiene un costo explícito para las finanzas públicas.
Si a mediados del 2000 el programa de venta de activos del Ipab excedió la meta fincada de 20 mil millones de pesos fue por condiciones totalmente excepcionales que no volverán a repetirse. No hay posibilidades de vender dos veces el Hotel Camino Real o la participación en Serfín.
Desde el punto de vista de los egresos del IPAB, se encuentra atrapado en una trampa mortal, dejando a un lado sus otros pasivos para concentrarlos en el más sui géneris: los conectados a la liquidación de los 8 bancos intervenidos. No hay duda de que se trata de la deuda más onerosa del IPAB.
Los motivos para proceder a la liquidación de estos bancos no están de ninguna manera claros. Debido al enorme desequilibrio subyacente entre sus ingresos y gastos, el Ipab no estará en condiciones de cumplir los plazos límites fijados por el Congreso, en particular los dos siguientes:
La suspensión de la garantía a los pasivos interbancarios de los bancos en proceso de liquidación prevista para enero del 2002. La venta de todos activos heredados del Fobaproa, prevista como límite en enero del 2004. No hay duda de que el Ipab está condenado a convertirse en una carga cada vez más onerosa a las finanzas públicas porque surgió con un enfoque viciado y ha logrado mantener un grado sorprendente de discrecionalidad, que le ha permitido a su Secretaría Ejecutiva ampararse en diversas antigüedades de la ley interna.
Con consternación hemos comprobado que el Ipab está gobernado por un conjunto de intereses internos y externos a su estructura, cuyo móvil fundamental es posponer definitivamente la liquidación del legado de la crisis bancaria.
El interferir continuamente en la operación de los mercados financieros mediante los instrumentos al alcance del Ipab le ha conferido un enorme poder a ciertos individuos, algunos dentro y fuera de la institución, que les ha llevado a captar ganancias ilegales de miles de millones de pesos.
No existe otra manera de explicar porqué el Ipab no ha iniciado las auditorías que recomendó la Auditoría Superior de la Federación en conexión con los créditos bajo escrutinio pertenecientes al grupo A del reporte Mackey.
La Auditoría Superior ha señalado también que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no le ha cedido al Ipab las operaciones de la banca intervenida, por lo cual no se conoce la situación en la que se encuentran estas operaciones.
Recordemos que los bancos intervenidos constituyen el rubro más oneroso de los pasivos que tiene que refinanciar el Ipab. No podemos limitarnos a avalar el punto de acuerdo con las comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Contaduría Mayor de Hacienda. Creemos que para evitar que las operaciones del Ipab sigan convirtiéndose en una carga creciente el erario público es necesario...
Señor diputado García Dávila. Le recuerdo que se ha terminado su tiempo. Le rogaría a ver si puede usted concluir en un minuto.
Es necesario efectuar una investigación que conduzca a romper el núcleo ilegal de intereses entre agentes adscritos al sistema bancario y los cuerpos directivos del Ipab,. Tal investigación debe centrarse en las declaraciones patrimoniales de todos los miembros del Comité Directivo del Ipab, que deben pasar inmediatamente a manos de esta Comisión. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado García Dávila.
Tiene ahora la palabra el diputado José Antonio Arévalo González, del Partido Verde Ecologista Mexicano, hasta por 6 minutos
Gracias. Con su permiso, señores presidentes. Secretario Ejecutivo del IPAB, Julio César Méndez Rubio, compañeras diputadas y diputados:
La actual situación en torno al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario es para los legisladores del Partido Verde Ecologista de México de gran importancia, ya que está en el centro de uno de los asuntos más relevantes de la nación por su alto costo financiero y por su significado político.
El IPAB, como bien se sabe, es el heredero del infortunado Fobaproa, el antiguo Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que acabó recibiendo toda la carga del muy discutido y poco transparente rescate de los bancos comerciales aplicado por el gobierno anterior.
Así, en enero de 1999 surge el Ipab, como un organismo descentralizado de la administración pública federal. Siendo sus principales objetivos y responsabilidades el establecer un sistema de protección al ahorro bancario, concluir los procesos de saneamiento de las instituciones bancarias, administrar y vender los bienes que quedaron a su cargo por la intervención que el gobierno hizo de los bancos y obtener por ellos el mayor valor posible.
Por desgracia parece que estos objetivos no se han cumplido, pues el sistema financiero aun permanece en crisis y al día de hoy se dice que la deuda del Fobaproa-IPAB haciende a más de 700 mil millones de pesos. A pesar de esto, la fiscalización del rescate de bancos privados sigue aún sin realizarse, no se han podido despejar las sólidas y fundadas sospechas de que el salvamiento de los bancos, que ha de costarle al país en buena parte, provienen de la cartera vencida de los mismos y que el Estado, por medio del Ipab-Fobaproa, no debió haber asumido.
La banca se ha rescatado, estatizado, vuelto a privatizar, a precio de remate y dándole a los banqueros el negocio el SAR. Ni más ni menos que los ahorros de todos los trabajadores mexicanos para que los manejen a su gusto y beneficio, con voraces tasas de interés e ineficiencia en el manejo. Y a pesar de todo esto, prácticamente todos los bancos quebraron. Esto nos muestra que al parecer el sistema financiero en nuestro país está mal diseñado, ya que el esquema de protección al ahorrador tiende a proteger incondicionalmente a las instituciones bancarias, aunque éstas no sean eficientes.
Es necesario aclarar por qué acaba de salir la convocatoria para la venta de Bancrecer y además nos encontramos con el controvertido caso de la venta de Banamex. Este último aspecto es, sin duda, muy sensible, ya que si conforme a los reportes del auditor Mackey se detecta que hubo créditos ilegales, el Ipab podría rechazar y volver tales créditos a los bancos a cambio de otros activos por el monto equivalente. Este bien podría ser, según se infiere, el caso de Banamex.
De ser así el conflicto sería realmente mayúsculo, pues de alguna manera la venta de Banamex marcaría la forma no solo discrecional, sino posiblemente ilegal en que habrían actuado los involucrados en el Ipab. Y lo peor es que estaríamos hablando nuevamente de la ya muy recurrente socialización de las pérdidas y privatización de las ganancias. Y es ofensivo para el pueblo de México, porque al final de cuentas los banqueros tienen un negocio monumental, en donde tras de haber adquirido esa institución a precio de remate y de haber obtenido facilidades gubernamentales que les significaron grandes utilidades, ahora ceden el control de Banamex con una ganancia exorbitante, mientras que el gobierno ni siquiera explica a los mexicanos en dónde estuvo el error y por qué todos tenemos que cargar con el daño a la nación que el rescate bancario acabó significando.
Es importante que el actual gobierno esclarezca por qué si los bancos quebraron con un grave perjuicio al erario nacional, los principales socios de los bancos salieron beneficiados.
Por otro lado, nos han señalado que uno de sus máximos éxitos fue el prepago que se hizo a City Group por el llamado pagaré Fobaproa de Confía. En una primera vista esta operación parece muy exitosa, puesto que disminuye el costo del rescate bancario. Sin embargo, la realidad es diferente. El rescate bancario abrió graves heridas en la sociedad que no acaban de cicatrizar. Ha llegado el momento de que quienes tienen la estafeta cumplan con su trabajo. Por ello, el esclarecimiento de estas operaciones resulta obligado por varias razones.
En primer término, para recuperar los fondos públicos que actualmente se encuentran en manos privadas. Asimismo para sancionar posibles conductas ilegales por parte de funcionarios o ex funcionarios del Fobaproa-Ipab y de banqueros o ex banqueros.
Exigimos el estricto cumplimiento de la Ley del IPAB y la salvaguarda de las instituciones. Esto es necesario en un país en el que la aplicación de la ley se cuestiona constantemente y donde algunas instituciones son muy frágiles.
Muchas gracias diputado Arévalo González.
Tiene el uso de la palabra la diputada Rosalinda López Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por seis minutos.
La diputada Rosalinda López Hernández:
Con el permiso de los presidentes.
Compañeras, compañeros diputados; licenciado Julio César Méndez Rubio, Secretario Ejecutivo del IPAB: Sin lugar a dudas referirnos al tema del IPAB necesariamente conlleva a que los legisladores y la sociedad en su conjunto recordemos el doloroso episodio de la quiebra y el rescate del sistema bancario mexicano.
Es bien sabido que el rescate de la banca estuvo a cargo de diversas autoridades financieras, entre las que podemos mencionar: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Fobaproa, al Banco de México y a la propia Secretaría de Hacienda, y que el IPAB, además de ser un seguro de depósito, se encarga de administrar los saldos negativos del rescate bancario, que por cierto son muchos y muy altos.
Es conocido por todos que el rescate bancario fue un proceso que estuvo plagado de errores, negligencias y corruptelas entre funcionarios públicos y funcionarios bancarios, el informe Mackey así lo revela y los hechos lo confirman. Nos parece que el informe presentado por el Ejecutivo Federal, soslaya la importancia de este tema, no sólo por la presión que el saldo de sus pasivos ejercen sobre las finanzas públicas, sino por toda la corrupción que estuvo y está inmersa en él.
El día de hoy el IPAB se presenta ante esta Cámara de Diputados en una situación por demás crítica. Su Junta de Gobierno ha sido acusada por el Procurador Fiscal de la Federación de tener conflicto de intereses. Su Secretario Ejecutivo no ha cumplido con las recomendaciones realizadas por el Auditor Superior de la Federación y aprobadas por la Junta de Gobierno del Instituto desde el mes de septiembre del año 2000.
Y por si esto fuera poco, en su último informe el Auditor Superior ha señalado el desvío de aproximadamente 7 mil millones de pesos para el saneamiento del Banco Inverlat.
Tristemente el informe del Presidente Vicente Fox omite mencionar explicación lguna sobre los asuntos anteriormente descritos.
A la sociedad mexicana les parece absurdo, escandaloso y ofensivo que mientras que muchos banqueros y defraudadores se encuentran caminando impunemente por las calles de este país o vendiendo bancos que fueron rescatados con recursos públicos a costa del presupuesto federal, el IPAB haya pagado intereses a los bancos durante el primer trimestre de este año por aproximadamente 12 mil 500 millones de pesos, según cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Quisiera añadir que esto tampoco viene en el informe del señor Presidente Fox.
La sociedad y los legisladores requerimos conocer el por qué después de que se llevó a cabo un rescate bancario que nos costó más de 700 mil millones de pesos, terminamos con una banca que se encuentra prácticamente en manos del capital extranjero y que, por cierto, no existiría si no contaran en sus activos con los famosos pagarés Fobaproa.
Nos gustaría conocer cómo se van a resolver los múltiples asuntos que se encuentran en la agenda del IPAB, como es el caso del Banco Bital-Atlántico, como la venta de Bancrecer, la entrega de la banca intervenida, las recomendaciones realizadas por la Entidad Superior de Fiscalización.
Desde el mes de abril, cuando recibimos el paquete de iniciativas llamada "La Nueva Hacienda Pública", mucho nos llamó la atención que ninguna de ellas incluía modificaciones a la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario. De hecho, de acuerdo al informe de gobierno y a la propia nueva Hacienda Pública, un objetivo de la reforma financiera es el de otorgar mayor transparencia y eficiencia tanto a la operación como a la protección de los inversionistas.
Nos preguntamos: ¿Cómo se podrá alcanzar este objetivo sin reformar el marco jurídico de la entidad, que tiene por objeto precisamente salvaguardar los depósitos bancarios, así como administrar el rescate bancario del país? Llama la atención que en el diálogo que hoy estamos sosteniendo con usted con el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, no haya sido posible la presencia activa de la Junta de Gobierno, es más, de hecho no están presentes y a pesar de que por ley usted cuenta con la representación del Instituto, muchos legisladores desearíamos tener un diálogo en esta tribuna con cada uno de ellos.
Lo anterior es una prueba fehaciente y contundente de que el esquema jurídico del Instituto debe ser modificado.
Compañeras, compañeros, señor Lic. Méndez Rubio, para el Partido de la Revolución Democrática es necesario ubicarnos ante la nueva realidad financiera del país; para ello requerimos urgentemente las nuevas reglas del juego, la globalización, la extranjerización de la banca y la pesada carga del rescate exigen esta importante tarea.
Desafortunadamente no es posible construir esta nueva arquitectura sobre cimientos de corrupción y de negligencia; reconocemos que la crisis bancaria desde un principio generaría un costo técnico para la sociedad; lo que no admitimos ni admitiremos es el costo derivado de la corrupción. Así como desde la tribuna de este Congreso el día 12 de Diciembre de 1998 las diputadas y los diputados del partido que hoy gobierna, en sus consideraciones señalaron que durante la crisis bancaria en México existieron acciones de corrupción y fraude en el propio Sistema Bancario, así requerimos de la voluntad política de todos los partidos y del Ejecutivo mismo para llegar a conocer la verdad.
Requerimos castigar a los culpables y reducir el costo fiscal derivado de su escape bancario, solo así podremos empezar a construir.
El día de hoy invitamos al IPAB a este diálogo constructivo; el día de hoy hacemos un llamado a los grupos parlamentarios para llegar a la verdad. Pediremos cuentas no sólo al IPAB sino también a todas las instituciones que participaron en el rescate bancario.
Muchas gracias diputada López Hernández.
Tiene el uso de la palabra el diputado José María Eugenio Núñez Murillo del Partido Acción Nacional , hasta por 6 minutos.
El diputado José María Eugenio Núñez Murillo:
Diputados Presidentes, compañeras y compañeros diputados. Lic. Julio César Méndez. El 28 de Agosto de 2000 quedó formalmente instalada la LVIII Legislatura de esta Cámara de Diputados en la que protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y como representantes populares velar en todo y ante todo por el interés nacional, la patria y el estado de derecho son lo primero.
Los diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional conscientes de la responsabilidad que implica la congruencia política, manifestamos nuestra voluntad de continuar con los trabajos referentes al rescate bancario con todas las implicaciones que ello conlleva.
La pasada Legislatura adoptó varios compromisos políticos y legislativos con el fin de enfrentar mediante una salida institucional el rescate bancario que había sido instrumentado ante el riesgo de una crisis financiera sistémica
Tomar medidas era necesario pues el problema financiero pudo haberse agravado por la crisis cambiaria en la que se encontraba el país en ese momento.
El 12 de Diciembre de 1998 después de un proceso de discusión interna se aprobó la Ley de Protección al Ahorro Bancario creándose el IPAB. Institución que asumió las obligaciones necesarias para proteger el ahorro y evitar el colapso.
En este momento dos son las prioridades y obligaciones centrales para el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, encontrarla fórmula para abatir el costo fiscal del rescate bancario y recobrar lo recuperable en el menor tiempo posible.
Ha transcurrido poco más de un año desde que la comisión para investigar el funcionamiento del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario rindió un informe en el que se presentaron 27 recomendaciones, éstas no han sido verificadas ni supervisadas por la actual Legislatura y por ello no han podido cumplirse eficientemente.
Nuestra primera gran responsabilidad como diputados consiste en dar continuidad a los trabajos legislativos, ya sea mediante la elaboración de leyes o siguiendo las recomendaciones que este órgano haya determinado.
La postura de Acción Nacional es muy clara: ¡No a la impunidad! y realizar todo aquello que signifique un menor costo fiscal. Nuestro partido tiene muy claro que aquellas personas, empresas, funcionarios públicos o bancos que se hayan aprovechado las circunstancias adversas del país para beneficio propio, actuaron contra la ley y contra el pueblo mexicano, por ello debe procederse conforme a derecho para que las autoridades cumplan su responsabilidad y castiguen a los culpables.
La ley que rige y norma al Instituto establece de manera muy clara que las obligaciones asumidas por el fideicomiso Fobaproa y absorbidas por el IPAB, no constituyen formalmente deuda pública, además prescribe que dicho fideicomiso se extingue hasta que se cumpla el artículo 5º. Transitorio de la propia ley; este artículo establece: "Deben concluirse las auditorías, deslindarse y fincar responsabilidades sobre los actos contrarios a la ley y luego proceder a la depuración de cartera de las operaciones ilícitas con el fin de lograr una reasignación del rescate, la mayor equitativa posible.
La Auditoría Superior de la Federación demandó al IPAB que se hiciera una nueva auditoría a las transacciones reportables nombradas en el informe de Michel Mac Kay como AA, a la que los bancos se han negado.
Los diputados de Acción Nacional exigimos que estas auditorías se lleven a cabo para poder estar seguros de dónde hubo irregularidades, castigar a los culpables, reducir el costo fiscal y entonces poder seguir adelante.
México tiene memoria, apuesta y vota por la vía institucional, los conflictos que restan deben resolverse dentro del marco legal y sometiéndose al estado de derecho; por ello el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario debe continuar, debe perfeccionar sus instrumentos jurídicos y debe consolidarse institucionalmente.
Otras instancias del sector financiero: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, tienen funciones específicas con respecto a regulación, supervisión e intermediación, respectivamente y el IPAB, la de seguro al depósito bancario. Este es el marco de coordinación por el cual la ley los mandata, por ello no debe existir conflicto frente a los trabajos que demandan atención; se deben llevar a cabo con responsabilidad y a la altura de las nada fáciles circunstancias, las acciones ligadas al delicado problema nacional financiero del rescate bancario.
Por lo anteriormente expuesto y considerando el acuerdo dictado por la Junta de Coordinación Política, de convocar al Secretario del IPAB, demandamos que se informe claramente y se esclarezcan los puntos del rescate bancario y el seguimiento posterior, porque son preocupaciones de esta representación nacional y de todos los mexicanos.
Gracias diputado Núñez Murillo.
Para fijar la posición del Partido Revolucionario Institucional, tomará la palabra por seis minutos, el diputado Enrique de la Madrid Cordero.
El diputado Enrique de la Madrid Cordero:
Con su permiso señores presidentes de las tres comisiones aquí reunidas.
Señores diputados, señoras diputadas.
Licenciado Julio César Méndez, Secretario Ejecutivo del IPAB.
El día de hoy estamos reunidos en comisiones unidas, con el propósito principal de analizar la información que sobre la marcha del IPAB enviara el Ejecutivo Federal en su I Informe de Gobierno.
De acuerdo al artículo Décimo Séptimo Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, es el órgano facultado para ejercer directamente la fiscalización y el control de las actividades del IPAB.
Por su parte y dado el muy importante impacto presupuestal que los apoyos al IPAB representan, es que es un tema fundamental para la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Asimismo, la Comisión de Hacienda y Crédito Público tiene como uno de sus principales ámbitos de responsabilidad, legislar en materia del Sistema Financiero Mexicano, es por ello que esta comparecencia es también del mayor interés para esta Comisión.
Dado su impacto presupuestal, su importancia para el Sistema Financiero Mexicano y con el objeto de fortalecer los esquemas de rendición de cuentas, es que al Partido Revolucionario Institucional le resulta muy interesante y muy importante el buen funcionamiento del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. Sin embargo y reconociendo los avances, las referencias que sobre el IPAB hace el Ejecutivo Federal en su Primer Informe de Gobierno son francamente pobres y no reflejan la importancia que para la nación tiene esta institución.
Ya hemos señalado en ocasiones anteriores, que no estamos conformes con el funcionamiento de esta institución, ésta es una opinión compartida por la mayoría de los agentes que se interrelacionan con la misma. Se escuchan por igual críticas de los bancos que señalan la lentitud con la que se toman las decisiones, que también de los deudores que no encuentran respuesta a los problemas puntuales. Esta falta de agilidad en la toma de decisiones tiene necesariamente un impacto negativo en el valor de la recuperación de los bienes por parte del IPAB:
Los mexicanos exigen transparencia en las operaciones de saneamiento del sistema financiero, pero de igual forma exigen eficiencia para lograr la máxima recuperación de los activos del IPAB y con ello minimizar en la medida de lo posible los ya de por sí muy altos costos fiscales.
Con respecto a la transparencia, la Auditoría Superior de la Federación, como aquí ya también usted mismo lo reconoció, ha recomendado al IPAB llevar a cabo auditorías en los bancos, con el propósito de revisar las llamadas transacciones reportables y en su caso determinar las responsabilidades económicas y legales que procedan.
Al respecto, tenemos conocimiento, usted también aquí lo ha comentado, que el IPAB ha solicitado autorización de los bancos para llevar a cabo dichas auditorías y que estos se han negado, argumentando que el IPAB no tiene facultades para ello.
Sobre el particular, quisiéramos conocer, no ya su opinión, que aquí nos lo ha comentado, sino el fundamento por el cual ustedes argumentan que no tienen facultades para realizar esas auditorías y en su momento le haremos el mismo cuestionamiento a las autoridades financieras de por qué ellas consideran si debieran o no llevarse a cabo esas auditorías por parte de ellos.
Con respecto a la eficiencia de la institución, somos de la opinión de que su estructura de gobierno tiene vicios de origen que dificultan su buen funcionamiento. Si parece ser una sana práctica de gobierno corporativo, el incluir en los órganos de gobierno de las entidades públicas a consejeros independientes, no nos parece conveniente que una institución como el IPAB que es una pieza clave en la regulación y supervisión del Sistema Financiero Mexicano, se encuentre fuera del control de las autoridades financieras, tal como sucede en la actualidad, dada la estructura de su junta de gobierno.
Hay quienes señalan que la inclusión de los vocales, y yo les digo independientes, que sé que no es jurídicamente correcto, pero de facto lo es, obedecía al deseo de evitar los conflictos de interés dentro de una junta de gobierno. Sin embargo, a decir de muchos, dentro de los cuales destaca la propia Secretaría de Hacienda, algunos de estos vocales independientes están inmersos en serios conflictos de interés.
Sin prejuzgar sobre el particular, nos gustaría conocer su opinión, así como la de la propia Secodam; quien a nuestro entender lleva ya varios meses estudiando este tema, sin haber emitido aún su dictamen al respecto. ¿No sería tiempo ya de que ante la nueva realidad política que vive el país y con el deseo genuino de lograr una mayor eficiencia del IPAB, los partidos políticos aquí representados en el Congreso de la Unión, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con el IPAB revisemos su estructura de gobierno, con el fin de hacerle las adecuaciones necesarias?
¿Se justifica por ejemplo que el principal ejecutivo de la institución, o sea usted, no sea miembro de su junta de gobierno?
Por otra parte, es muy importante recordar que actualmente el IPAB cumple cuando menos con dos tareas fundamentales, no necesariamente relacionadas entre sí, por un lado es el administrador de seguro de depósito que protege los ahorros bancarios de los mexicanos, en este sentido es que es parte integrante de las autoridades financieras que regulan, supervisan y protegen el ahorro nacional. Al mismo tiempo es el encargado de administrar los activos derivados de los programas de saneamiento del sistema financiero a raíz de la crisis de 95.
Dada la naturaleza diferente de sus funciones, así como de los perfiles que se requieren para llevarlas a cabo, es que en otros países estas tareas se encuentran separadas. El seguro de depósito mira hacia el futuro, la recuperación de los activos tiene que ver con el pasado. ¿No será conveniente que revisemos nuevamente la necesidad de separar estas dos tareas en diferentes instituciones? Nos gustaria conocer su opinión al respecto.
Gracias diputado De la Madrid Cordero.
Tiene ahora la palabra el Secretario Ejecutivo del IPAB; licenciado Julio César Méndez, hasta por cinco minutos.
Lamentablemente, desafortunadamente ha habido coincidencia en términos en primer lugar de ligar al Instituto con el Fobaproa, de ligar la actuación del instituto en términos de corrupción, de discrecionalidad, de falta de transparencia.
Desde mi punto de vista -desde luego esto no corresponde a lo que hacemos, sin embargo ésa es la percepción- y creo -y aquí sí quisiera abundar sobre este particular- que proviene mucho en términos de que es precisamente el concepto del mandato del instituto.
Como mencionaba, el instituto se creó en 1999 y el mandato, entre otros -desde luego está la parte del futuro en cuanto a asegurar los depósitos de los mexicanos a establecer, junto con las otras autoridades financieras, mecanismos de alerta para que los bancos no vuelvan a caer en problemas de insolvencia, y así proteger a los ahorradores- pero independientemente de eso, otro de los mandatos fue terminar con los saneamientos bancarios que no inició el instituto, y que se iniciaron -como dije- cuatro años antes.
También se le pidió al instituto enajenar los activos que se tenían, que ya venían con estos saneamientos.
Se menciona los 700 mil millones o más de deuda del instituto, contra cuántos activos. Los activos que hoy tenemos registrados son 170 mil, 180 mil millones de pesos. Esa es la diferencia, esa es la calidad de los activos que hoy por hoy tiene el instituto, eso fue lo que recibimos. Sin embargo, si se pretende ver al instituto como el causante de esos quebrantos, o bien como la tapadera en cuanto a quienes hicieron esos quebrantos, creo que la propia actuación del instituto en términos -y ahora sí me voy a referir a la parte de transparencia- no lo refleja así.
Todos los procesos que el instituto sigue son informados a esta soberanía. Cada saneamiento que se ha concluido, se ha informado completamente a esta soberanía, no nada más a la soberanía, sino al Ejecutivo, tanto a la Secretaría de Hacienda como a la Secretaría de Desarrollo Administrativo, de la Secodam. A todas estas autoridades.
Sin duda somos uno de los organismos más fiscalizados en la administración pública. De hecho, en un estudio tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario, respecto al sistema financiero realizado hace poco, se mencionaba que en términos de rendición de cuentas, en términos de información al público y a las autoridades y en términos de transparencia, el IPAB ocupaba el primer lugar.
Además, déjeme decirle que todo esto lo hacemos con el instrumento que esta soberanía nos dio, que es la ley. Somos y reconocemos -y de hecho lo hemos sometido así al Ejecutivo- conscientes de que esto se puede mejorar. Tenemos propuestas para mejorar, tanto la recuperación de bienes como la fiscalización. Hemos hecho esta propuesta.
Espero -si es el deseo de ustedes - con mucho gusto podemos compartir también estas sugerencias. Pero sí quiero dejar claro que lo que tenemos -y así lo podemos revisar- es la ley, y esto es importante respecto también a de dónde estamos tomando y de dónde está iniciando las actividades del instituto.
Podemos revisar si el instituto está vendiendo bien, mal, barato o poco transparente las cosas, pero si queremos averiguar cuáles son los orígenes y por qué los activos están de tal o cual manera, creo que en el instituto difícilmente vamos a encontrar esas respuestas.
En términos de las propias auditorías, de la Superior de la Federación como de los hallazgos y las recomendaciones de las comisiones de investigación que han surgido por parte de la Comisión de Vigilancia, como también mencioné, hemos dado toda la información. Hoy la Auditoría Superior de la Federación tiene exactamente la misma información sobre el rescate bancario y sobre cada uno de los procesos que se ha seguido, tiene la misma información que la que tiene el instituto.
Entonces sí quisiera dejar claramente que el instrumento que tenemos es la ley, ése es el que seguimos, es el que se nos ha dado por parte de esta soberanía, y desde luego es mejorable y estamos dispuestos, tanto a mejorar ese mecanismo con ustedes, desde luego -esa es responsabilidad de esta soberanía- así como por parte de la administración y de la Junta de Gobierno, de mejorar los procesos que nos lleven a tener mucho mejores resultados y mucho más agilidad.
Gracias señor Secretario Ejecutivo del IPAB:
Pasaríamos ahora a dar cumplimiento a la primera ronda de preguntas con réplica que harían los señores legisladores.
Quiero decirles que se han apuntado para esta primera réplica: por el Partido del Trabajo, el diputado Víctor Antonio García Dávila: por el Partido Verde Ecologista de México, José Antonio Arévalo González; por el Partido de la Revolución Democrática, Magdalena del Socorro Núñez Monreal; por el Partido Acción Nacional, Jaime Salazar Silva, y por el Partido Revolucionario Institucional, el partido Abel Trejo González, en esta primera ronda.
Tiene la palabra el diputado Víctor Antonio García Dávila, del Partido del Trabajo.
El diputado Víctor A. García Dávila:
Queremos un informe detallado del avance del proceso de liquidación de los bancos intervenidos. Sabemos que las garantías interbancarias avaladas por el IPAB constituyen el rubro más oneroso de los pasivos del Instituto, ya que la tasa aplicable está por encima de las tasas interbancarias de equilibrio. Además de que su madurez es bastante corta y deben refinanciarse continuamente.
Lo anterior, más el hecho de que existe un vacío entre las atribuciones efectivas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y las del IPAB en torno a la situación de la banca intervenida, sugiere que existe una feroz pugna entre diversos grupos por el control de las ganancias financieras que arroja estas garantías.
Partiendo del hecho de que a principios del 2002 deben eliminarse estas garantías, tenemos el temor fundado a nuestro juicio de que se maquine otro daño al erario público bajo el argumento de que las ambigüedades jurisdiccionales entre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del IPAB, exijan prolongar el vencimiento de estas garantías. Al presentar al Congreso ante hechos consumados se está preparando el camino para justificar una eventual postergación del vencimiento, estos instrumentos.
Ha transcendido que en los últimos tres años los bancos mexicanos obtienen más de la mitad de su rentabilidad de los pasivos originados en el Fobaproa y los que creó más recientemente el IPAB.
Lo anterior permite comprender porqué la presión es muy fuerte para que se postergue el vencimiento de los instrumentos de deuda que maneja el IPAB.
Como lo manifestamos en nuestra intervención, existen serias dudas de que se cumpla el Programa de Recuperación de Activos. Las operaciones que concluyeron a mediados de septiembre dieron lugar a un optimismo injustificado, ya que se trabajó con alguno de los activos más valiosos.
Queremos que se ofrezca información detallada del calendario de largo plazo para que el IPAB concluya a enero del 2004 la liquidación de activos. En caso de que los ingresos anuales por liquidación de activos en los dos próximos ejercicios anuales queden por debajo del techo de 20 mil millones de pesos, queremos que se explique a esta Comisión qué otros ingresos alternativos existen para garantizar el flujo de ingresos sin efectuar demandas adicionales al erario público.
Tiene el uso de la palabra el señor Secretario Ejecutivo del IPAB, hasta por cinco minutos.
Gracias señor diputado García Dávila.
En primer término y respecto a la banca intervenida. El Instituto, como ustedes saben, no ha recibido al día de hoy la banca intervenida. Las razones que la Comisión Nacional Bancaria ha expresado, cuando menos hasta aproximadamente hace un mes, es que las razones que habían impulsado la intervención a estos bancos no habían cesado y por lo tanto seguía esta situación.
Sin embargo, recientemente la propia Comisión Nacional Bancaria ha solicitado a la Secretaría de Hacienda la revocación de la licencia a estos bancos, y hemos venido trabajando prácticamente desde el inicio de este año con la Comisión Nacional Bancaria en una ruta crítica para poder hacer la recepción de la banca intervenida. Esta recepción espero que se esté dando a finales de este mismo mes o a principios del mes de octubre.
Sin embargo y a pesar de que efectivamente no hemos entrado a iniciar la liquidación de la banca intervenida, sí hemos venido haciendo procesos junto con ellos en cuanto, en primer lugar, la venta de una serie de activos en poder de la banca intervenida, hemos vendido inmuebles, hemos vendido muebles, hemos vendido cartera de la propia banca y además siguiendo las reglas que para tal efecto el Instituto diseñó y que son las reglas que surgen de la Ley del Instituto.
Por otro lado y en términos de los pasivos con la banca intervenida, bueno a partir del artículo séptimo transitorio de la ley fueron asumidos por el Instituto y de hecho estaremos sirviendo esa deuda toda vez que el Instituto es titular.
En términos de responsabilidades, en cuanto a responsabilidades legales en cuanto a la banca, prácticamente la totalidad de la banca intervenida, la totalidad de los créditos reportables del grupo B están en la banca intervenida. Hemos venido también trabajando con ellos; se han contratado asesores y especialistas a efecto de que nos den un dictamen de cuál es la situación de esos créditos, y de aquellos 422 casos en algún momento se estimó que estaban prescritos. De hecho al día de hoy hay 70 en los cuales hay 70, en los cuales se ha levantado una demanda y eso en buena medida ha surgido por la propia participación del Instituto en este caso.
Respecto a la rentabilidad de los bancos que proviene de los títulos que tiene el instituto, permítanme decirles que esto no es así. Los bancos, las tasas que les pagamos a los bancos, las tasas en las que están contratados estos créditos, son tasas de mercado. Si bien en este momento una buena parte de los activos de la banca están en los pagarés a cargo del Instituto, esto no quiere decir que esto tenga una rentabilidad alta. Por un lado como decía en mi primera intervención, la tasa de los Bonos de Protección al Ahorro Bancario, prácticamente está en donde emite la Secretaría de Hacienda, mientras que los créditos que hemos contratado con los bancos, los créditos bancarios que hemos contratado son a largo plazo y son totalmente a condiciones de mercado. Estoy seguro que los bancos preferirían tener esos recursos invertidos en activos de mucha más alta rentabilidad que simplemente los pagarés del Instituto.
Por último la parte de ingresos alternativos, cuando los ingresos del Instituto se dividen básicamente en tres: La primera parte son los ingresos por cuotas que recibe el Instituto por parte de los bancos; la segunda es las recuperaciones de la venta de activos que hace el Instituto y la tercera es exclusivamente el Presupuesto Federal. En la medida en que estos activos se vayan agotando, solamente quedarán dos fuentes que serán las cuotas y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Le preguntamos al diputado Víctor Antonio García Dávila, si desea hacer uso de su derecho de réplica. Adelante, hasta por tres minutos.
Lamentablemente no nos queda sino decir que la comparecencia y las respuestas del Secretario Ejecutivo no arrojan luz sobre las graves irregularidades y defases de las operaciones del IPAB.
El Instituto va directamente encaminado a incumplir las metas fijadas por el Congreso, para liquidar las operaciones derivadas del rescate bancario, con lo cual sólo generará una carga adicional al erario público. Ha quedado de manifiesto en las declaraciones del Secretario Ejecutivo, que el IPAB opera con una estructura viciada; pero que en lugar de promover la superación de las fallas reglamentarias, las usan como una justificación para obtener mayores concesiones de los poderes soberanos que las gobiernan.
Tenemos la sospecha de que existe un núcleo de intereses que mantiene en operación permanente esta maquinaria de absorción de recursos públicos, por lo que nuestra demanda ha consistido en abrir una investigación para determinar quien ha lucrado con los vacíos legales y las ambigüedades de los estatuos del IPAB. Muchas gracias.
Por el Partido Verde Ecologista de México, tiene la palabra el diputado José Antonio Arévalo González, hasta por tres minutos.
Con su permiso, señores presidentes; señor Secretario: El gobierno actual tiene una ineludible responsabilidad en promover el cumplimiento de la ley. En este caso la que ya existe para regir la actuación del IPAB. También debe salvaguardar a la institución que finalmente debe velar por los intereses de los ahorradores, aclarar lo acontecido y recuperar lo posible de las pérdidas de la quiebra bancaria, incluyendo en el caso de devolver las deudas a los bancos y cobrarle a sus accionistas. Esta es la transparencia que se nos prometió y se requiere en el nuevo entorno político del país. Al respecto, señor Secretario, quisiera hacerle unas preguntas:
¿Qué me puede usted decir sobre el desvío del Programa de Apoyo a Ahorradores y adquirir inversiones de Cintra, contraviniendo la propia Ley del IPAB, ante la negativa de la Asociación de Banqueros para que le realicen nuevas audtorías, qué acciones ejercerá el Instituto, para obligar a los bancos a entregar información, como lo ordena la Ley del IPAB?
Sobre los casos que no han prescrito, primero: ¿cuántos son y cuándo solicitará el Instituto se ejerza acción penal?
Y luego otra muy importante, me llamó mucho la atención, que nada mas tienen activos por 170 mil millones de pesos. ¿Cómo vamos a poder cobrar esos 700 mil millones con 170 mil millones nada mas de activos? Por sus respuestas muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra el licenciado Méndez Rubio, Secretario Ejecutivo del IPAB.
Con mucho gusto diputado Arévalo. Me refiero primero al desvío en cuanto a la compra de las acciones de Cintra. Bueno, como ustedes saben, el Instituto a efecto de sanear el grupo financiero Serfín, le instrumentó un apoyo financiero. Este apoyo financiero recoge en primer lugar y actuaciones que el propio Fobaproa había tenido en cuanto a inyección de recursos en Serfín, que sin embargo no fueron suficientes, cuando el Instituto se crea, el Instituto en primer lugar decide, a través de un saneamiento tal y como lo marca la ley del Instituto, y por eso me refería al artículo 28, porque en base a ese artículo, es como el Instituto entra a sanear al grupo financiero Serfín.
Como dice el ordenamiento, lo primero que se hizo fue obtener un estudio técnico, por parte de un banco o de algún asesor en esta materia, que para este caso fue un estudio del Banco de Inversión J.P.Morgan, en donde se determinaba que era mejor opción, sanear al banco que liquidarlo, a partir de ahí se inicia este saneamiento.
También dentro del artículo 28 de la ley, una de las alternativas del Instituto, entre otras, para hacerlo saneamiento, es adquirir acciones o bienes diferentes a lo que serían acciones del propio banco u obligaciones subordinadas del otro banco. De ahí surge la manera en que entra el Instituto a grupo financiero, y de ahí se basa también la compra de acciones de Cintra.
¿Por qué se compraron Cintra? Porque por el otro lado y derivado sobre todo de la banca intervenir y de otros saneamientos, el propio Instituto ya tenía una posición accionaria en Cintra, y se consideró conveniente que toda vez que ya teníamos una posición, tener un adicional y tener mayoría, era conveniente para los motivos del Instituto, pero sobre todo para disminuir el costo fiscal.
Para la controversia, entiendo, no viene en tanto, cómo entramos y cómo adquirimos estas acciones, que repito fue por artículo 28, sino si destinamos correctamente recursos presupuestales hacia esto. Y ahí en el artículo 68 de la ley, si no recuerdo mal, en la fracción II se establece que el Instituto podrá ejercer los recursos provenientes del presupuesto de egresos de la federación, para apoyar programas de apoyo a ahorradores, el cual era el caso y por eso tuvimos la facultad de usarlo a través de la propia ley del IPAB.
Por otro lado, la propia ley de presupuesto de egresos de la federación, indica también en el artículo 10, que los recursos que se le darán al Instituto, serán precisamente para apoyar programas de apoyo a ahorradores y de apoyo a deudores. Ese fue el caso, por eso consideramos que no existe desvío.
En términos de la obligación de que el Instituto pueda obligar a los bancos, respecto al artículo 5º transitorio, consideramos, repito, que legalmente no se puede, pero incluso quisiera hacer aquí una acotación, que de hecho si pudiésemos obligarlos, y si fuéramos con estas auditorías, al final de cuentas el artículo 5º transitorio es muy claro, este es un programa, el intercambio de estos pagarés es opcional para los bancos.
Entonces, suponiendo que pudiésemos a hacer y a obligar a los bancos estas auditorías, todavía quedaría, y esto lo dice el artículo quinto transitorio, a opción de los bancos a hacer el intercambio o no. O sea, rebasa entonces por la misma vamos, discrecionalidad que la ley establece hacia los bancos la posibilidad de obligarlos a hacerlo.
En términos de los casos no prescritos, hay una serie de interpretaciones de cuándo inicia la prescripción. En términos de estos delitos hay quien, y esto es más a la mejor una cuestión de abogados, yo no lo soy, pero es cuándo inicia esta prescripción. Para nosotros es claro que quien la deberá definir es la autoridad judicial y se han presentado las demandas. Cuándo nosotros levantamos estas demandas, cuándo propiciamos que se sigan, francamente cada vez que nos las encontramos y sí las buscamos, las auditorías se están haciendo.
Muchas gracias, licenciado Méndez Rubio.
Le pregunto al diputado Arévalo González si desea hacer uso de su derecho de réplica.
Tiene usted el uso de la palabra hasta por tres minutos.
A los diputados del Partido Verde, nos parece que en el caso IPAB nos encontramos ante un claro caso de un sistema financiero mal diseñado que facilitó el que se generaran ineficiencias y corrupción en perjuicio del propio sistema y finalmente del pueblo de México, quien asumió las pérdidas.
El Partido Verde se encuentra consternado ante la ausencia de respuestas completas por parte del IPAB.
Queda pendiente una revisión a fondo del Instituto, a efecto de que nunca más el pueblo de México tenga que cargar con el peso de actos corruptos, pagando con impuestos la ineficiencia de funcionarios y banqueros.
¿Cómo es posible que los mexicanos no nos encontramos en posición de exigir cuentas claras, que se nos oculta información acerca del manejo de nuestro dinero y de lo que no se castigue a los responsables de este caso?
Gracias, diputado Arévalo González.
Para preguntar y hacer comentarios por parte del Partido de la Revolución Democrática, tiene la palabra la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal.
La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:
El problema del elevado endeudamiento público en nuestro país, es uno de los principales responsables del desequilibrio en las finanzas públicas, así como de la falta de escasez de recursos y que ahora el gobierno de la República pretende solucionar eliminando la tasa cero en alimentos, medicinas y la educación.
En este rubro el IPAB o Fobaproa, tiene un peso para las finanzas públicas de cerca de 80 mil millones de dólares, situación que distorsiona y desorienta la distribución y asignación del gasto debido al elevado monto de recursos presupuestales comprometidos.
Es por todo lo anterior que hoy más que nunca, se requiere instrumentar la estrategia de recuperación que nos lleve a aliviar parte de la agobiante carga pública que el IPAB representa y que se señala en los artículos 61 y décimo tercero transitorio de la Ley del IPAB.
Licenciado Julio César Méndez: ¿por qué se llevó a cabo la adhesión de los bancos al nuevo programa de capitalización si no existía un auditoría previa, tal y como lo marca el artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB?; más aún, cuando en el informe Mackey, su autor, Michael W. Mackey, dice textualmente lo siguiente: "este trabajo no puede ser considerado como una auditoría" ¿Quién decidió en el IPAB que el trabajo de Mackey es una auditoría?, ¿fue la Junta de gobierno o el Secretario Ejecutivo?
¿Es verdad que los bancos se niegan a ser auditados en virtud de que señalan que ya fueron auditados por Mackey?, ¿y no le parece que ese argumento no es válido por lo que ya señalamos que Mackey mismo dice que su trabajo no es ni debe ser considerado como una auditoría?
¿Por qué en el nuevo programa de capitalización no se incrementaron los acuerdos de pérdida compartida, más aún cuando en el inciso B) de las nuevas reglas generales de capitalización se dice textualmente lo siguiente: "El Instituto y las instituciones participantes en el nuevo programa, convendrán una fórmula que obligue a las instituciones a la obtención de los mejores resultados en los procesos de administración y cobranza de los créditos designados dentro del referido programa. El convenio respectivo preverá sanciones aplicables a las instituciones que no acrediten haber adoptado las medidas y providencias para efectuar una diligencia de administración y cobranza, de tales créditos.
"¿No es acaso el incremento en el porcentaje de pérdida compartida, la mejor fórmula para incrementar la cobranza en las instituciones bancarias?"
Muchas gracias diputada Núñez Monreal.
Tiene el uso de la palabra el licenciado Julio César Méndez Rubio, hasta por 5 minutos.
Con mucho gusto diputado.
En términos de la propia auditoría de Mackey, la ley establece que tanto el Congreso como el Ejecutivo Federal, iniciarán las auditorías a más tardar 6 meses después de la entrada en vigor de la propia ley. Esto, esto fue lo que se hizo y ese fue el reporte y ese fue la contratación que se hizo respecto a la auditoría.
En ese sentido el IPAB, lo único que recoge es que toda vez que ni el propio Ejecutivo ni el propio Congreso han contratado auditorías adicionales, se concluye y esa es nuestra interpretación que a la auditoría que se refiere el artículo quinto transitorio, es la del auditor Michael Mackey.
En términos del incremento de la participación en pérdidas, en términos del o´sharing, que si no se ha introducido dentro del contrato, bueno, en primer lugar el contrato aún lo seguimos discutiendo con los propios bancos, es evidente que el contrato no ha sufrido ningún avance ni hemos llegado a ningún acuerdo, toda vez que estamos detenidos todavía en una fase previa si es que vamos a obtener o no las auditorías.
Pero sin duda dentro de este propio contrato y precisamente usted se refería a esto, que se procurará que existan programas y que se maximize la recuperación, que además el Instituto tendrá facultades a efecto de imponer sanciones a los bancos que no cumplan con la máxima recuperación o con los programas de recuperación que se sometan al Instituto en base a este programa.
Pero incluso más allá de estas consideraciones insisto, en términos del artículo quinto transitorio, del intercambio de los pagarés de Fobaproa por los pagarés del IPAB, dentro del 5º. Transitorio, es voluntaria.
¿Por qué se adhirieron los bancos al programa? Bueno, el Instituto efectivamente sacó unas reglas, en esas reglas en cuanto a la parte del o´sharing, sí se menciona que no les parará vamos, perjuicio, no se modificará el o´sharing en las ventas compartidas a los bancos, pero sí también se derivan una serie de compromisos en cuanto a recuperación por parte de los bancos. Pero repito, en adición a esto o más allá de esto, el intercambio sigue siendo voluntario por parte de los bancos.
Muchas gracias licenciado Méndez Rubio.
¿Desearía hacer uso de su derecho de réplica diputada?
La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (desde la curul):
Tiene el uso de la palabra la diputada Núñez Monreal, hasta por 3 minutos.
La interpretación de la ley en éste y otros asuntos, ha sido confusa, discrecional y ha lindado en la irresponsabilidad.
Mientras tanto, la ineficiencia evidente del IPAB para disminuir el costo fiscal del saneamiento bancario como lo demanda la sociedad, ha sido repito, más que evidente.
Ya lo señalaba -y lo mencioné en mi anterior intervención- Michael Mackey. Las respuestas a lo que aquí se trata de decir que fue una auditoría fue solamente respuesta a cuestionamientos muy precisos y puntuales que la Cámara de Diputados le solicitó.
La interpretación que usted hace aquí me parece que no es de su correspondencia ni de su competencia.
Es cierto que ya se han recibido y se han tomado medidas por esta Cámara de Diputados; a través de la propia Auditoría Superior de la Federación ha recibido el Ipab estas recomendaciones y a la fecha éstas no han sido atendidas.
Por eso nosotros decimos que el canje de pagarés y la adhesión al nuevo programa se ha convertido en una maraña de evasivas que no nos ayuda en nada a cumplir los con fines para los que fue creado el Ipab.
Se ha reiterado de manera recurrente que todos los bancos ya se han adherido al nuevo programa de capitalización, de acuerdo con las bases que el propio Instituto emitió en su momento y que se encuentran publicadas en su página de internet. Que lo único que falta es el intercambio físico de los pagarés, mismos que los bancos ya han firmado.
Es obvio que el Ipab tiene dificultades para proceder al intercambio físico de los pagarés, ya que el artículo 5º. Transitorio de la Ley señala ciertas condiciones. Así se ha sostenido en diferentes ámbitos por los banqueros y hoy nos lo ha reiterado usted, que avanzar en el canje de pagarés constituiría una violación a la ley del Instituto en virtud de que a la fecha no se han realizado las auditorías correspondientes.
En ese sentido, señor Licenciado, la gran deuda pública que representa el Ipab-Fobaproa es una deuda pública ilegal, misma que nosotros nunca avalamos, que implica un robo directo a la nación, un quebranto que ha quedado impune. Y el ejemplo más visible de esto es el de Cabal Peniche.
Las consecuencias de esto se hacen patentes en la carencia de recursos para la atención a las necesidades básicas de la población mexicana, quienes son los que están pagando dicha deuda. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada Núñez Monreal.
Por el Partido Acción Nacional tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Salazar Silva.
Con su permiso, diputados presidentes de las comisiones de Vigilancia, de Hacienda y de Cuenta Pública. Compañeros diputados, diputadas, Señor Secretario Ejecutivo:
En Acción Nacional estamos comprometidos con la necesidad de reducir lo máximo posible el costo fiscal del rescate bancario. No estamos dispuestos a ignorar las irregularidades cometidas durante la instrumentación de los programas.
Por ello es fundamental que se cumpla con los artículos transitorios de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y que se lleven a cabo todas las aciones necesarias para deslindar responsabilidades legales y económicas, incluyendo nuevas auditorías. En particular con el fin de reducir el costo y de no asumir obligaciones derivadas de actos cometidos fuera de la ley.
El artículo 5º. transitorio faculta al Instituto a rechazar y devolver a las instituciones de banca múltiple los créditos ilegales que sean detectados en las auditorías.
Sabemos que dentro del programa de capitalización y compra de cartera se cometieron múltiples irregularidades y que el Fobaproa terminó absorbiendo créditos impagables que no debieron haber sido aceptados, muchos de ellos reportados en el informe del Auditor Mackey, los cuales ya se han hecho públicos.
Señor Secretario Ejecutivo, quiero referirme a lo que ya reiteradamente aquí los compañeros, inclusive usted desde su primera intervención, han hecho referencia: a las auditorías que de alguna manera el órgano superior de fiscalización ordenó al Ipab, en relación a los grupos determinados en los créditos AA. Usted aquí ha estado argumentando que de alguna manera estas auditorias no han sido posibles o cuando menos ha habido una negativa que las instituciones financieras presentaron a través de la Asociación de Banqueros de México, A.C., en virtud de que no aceptan o no están en virtud de consentir la revisión de créditos ni de formular comentario alguno en torno a los créditos reportables.
Me gustaría saber y que usted en lo particular profundizara sobre el tema. Tengo la idea de que a los compañeros hasta estos momentos, a pesar de que ha sido el tema recurrente en esta comparecencia, no ha sido del todo explicado el por qué, en qué se basa, el hecho de que el Ipab se encuentre impedido si no es con la anuencia de los señores banqueros para realizar dichas auditorías.
Sí. Por otro lado, dentro del mismo artículo 5º transitorio de la ley, se especifica que los créditos devueltos a las instituciones deben ser sustituidos por activos que tengan un monto equivalente al de dichos créditos, que en este sentido al considerar que las transacciones del grupo AB pueden sustituirse por créditos de mayor monto, esto prácticamente incrementa el costo fiscal.
¿Qué comentarios le merece el sentido de estos intercambios y si no hay un supuesto afirmativo en el sentido de que se trasgrede el artículo 5º transitorio?
Gracias por sus respuestas, diputado Salazar Silva.
Tiene la palabra el licenciado Méndez Rubio, hasta por cinco minutos.
Con mucho gusto, diputado Salazar.
Sí quisiera aclarar que el intercambio no ha sucedido, o sea, como mencionaba al principio el Instituto ha respondido a la solicitud de esta soberanía a través de la auditoría superior de la federación, a efecto de hacer las auditorías. O sea, sí ha sido el deseo y ha sido la petición del Instituto. Y también es cierto que los bancos nos han respondido que legalmente. Bueno, en primer lugar nos han respondido que no y que nosotros carecemos de sustento legal para realizarlo.
¿Por qué se carece de ese sustento legal para poderlo hacer? Bueno, en primer lugar porque efectivamente los bancos se adhirieron a las reglas que regirían el intercambio de los nuevos pagarés. Esas reglas, por un lado, era un poco lo que se mencionaba en la respuesta anterior, toman y la auditoría hecha y ordenada por esta Cámara al auditor Mackey, como precisamente la que se refiere el artículo 5º transitorio.
Entonces los bancos al adherirse a estas nuevas reglas, consienten en primer lugar en seguirlas y el Instituto también estaría obligado a cumplirlas, toda vez que él fue el que las emitió. Al venir la petición de la auditoría superior de la federación en realizar una auditoría adicional, evidentemente esto entra en contradicción con lo ya expuesto por las propias reglas. A partir de ese momento el Instituto no hace ya el intercambio y se sienta a negociar con los bancos la posibilidad de realizarlas y de realizarlas no nada más para deslindar las responsabilidades y ver si efectivamente hubo irregularidades o ilegalidades en los créditos del grupo doble AA, sino que incluso de encontrarse que estas pararan perjuicio económico en los bancos. Esto es, que se les devolviera esa cartera o que se redujera el pagaré a cargo del Instituto.
Esa fue la intención desde luego de esta soberanía y también fue la intención de la petición que les hicimos a los bancos. Ahora, las razones son las que acabo de explicar, por las cuales legalmente no podríamos obligar a los bancos, además de que esto, repito, tiene un carácter contractual. Sí, somos autoridad. En este caso estamos actuando en base a un contrato en donde además es opción de las partes hacer el intercambio o no.
Entonces, no es que el Instituto esté en contra de las auditorías, sí las deseamos hacer, simplemente no podemos obligar a los bancos. Y simplemente también en términos del Grupo A-B, se definió hace ya más de un año, los créditos que pudiesen ser intercambiados. Desde luego estos créditos los deberemos de discutir de nueva cuenta con la banca. La intención no es que nos den créditos mayores o menores, es que nos den créditos de la calidad que se tenía, para efecto de no incrementar el costo fiscal, pero esto, de darse el intercambio de pagarés, pues lo estaríamos discutiendo en su momento con los bancos.
Para hacer uso del derecho de réplica de la pregunta y los comentarios de Acción Nacional, usará el derecho de réplica el diputado Joel Vilches Mares.
El diputado Joel Vilches Mares:
Con su permiso, diputados presidentes.
Compañeras diputadas y diputados; señor Secretario Ejecutivo del IPAB: El Instituto de Protección del Ahorro Bancario es un organismo descentralizado de la administración pública con funciones específicas establecidas por ley, que están relacionadas con la protección del ahorro bancario y la regulación de los apoyos financieros que se otorguen a las instituciones de banca múltiple.
Adicionalmente, en los artículos transitorios contenidos en la ley que le dio origen, se establecieron una serie de exigencias que van más allá del ahorro bancario. En dichos artículos se establecen obligaciones concretas para el IPAB, vinculadas con los programas realizados por instituciones gubernamentales como el denominado "Capitalización y compra de cartera" y las intervenciones bancarias realizadas por la Comisión Bancaria y de Valores.
De sus respuestas, señor Secretario, se desprende que son pocas las acciones realizadas por el Instituto, en virtud e la poca o nula disposición por parte de las instituciones financieras, así como de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Lo aquí establecido para los diputados de Acción Nacional no puede significar una excusa moralmente válida ni mucho menos una acción legalmente fundada, ya que el instituto formalmente debió informar de los obstáculos encontrados a las instancias superiores, para que éstas a su vez estuviesen en posibilidades de acudir a las instancias jurisdiccionales con el fin de que se resolviera la controversia en la que se escudan los involucrados y parece ser señor Secretario, que usted está de acuerdo con los banqueros, en relación a que no tiene facultades el IPAB.
La sociedad reclama legalidad y claridad en el proceso del rescate bancario y al mismo tiempo castigo a quienes abusaron de él sin dejar a salvo a los que por errores y complicidades contribuyeron a los abusos realizados. Todos ellos deben de ser castigados con todo el rigor de la ley, pero se advierte que bajo la misma circunstancia podrían situarse las omisiones del presente.
La sociedad demanda resultados, ojalá que la institución a su cargo se encuentre a la altura de las circunstancias.
Gracias diputado Vilches Mares.
Para cerrar esta primera ronda de cuestionamientos y preguntas, por el grupo parlamentario del PRI, tiene la palabra el diputado Abel Trejo González, hasta por tres minutos.
El diputado Abel Trejo González:
Con su permiso, señores presidentes de las Comisiones Unidas.
Señor Secretario Ejecutivo: Escasas tres líneas se le dedicaron al IPAB en el pasado informe presidencial. Este tema por lo visto no revistió demasiada importancia para el Ejecutivo Federal.
Resulta increíble que el capítulo del IPAB no pueda cerrarse todavía. Es inconcebible que los banqueros se rehúsen a continuar las auditorías y no pase nada, argumentando que el instituto no tiene facultades para llevar a cabo esta revisión.
La Auditoría Superior de la Federación concluyó que el IPAB no ha cumplido aún con sus recomendaciones de auditar los créditos Doble A por 24 mil 777 millones de pesos que sin cumplir con los requisitos fueron absorbidos por el Fobaproa y usted sostiene aquí que carecen de facultades para auditar el grupo Doble A y nos solicita al Legislativo sentarnos con los bancos y con el IPAB para proceder o para negociar dice usted, el pueblo mexicano exige transparencia en lo del IPAB Fobaproa con sujeción a la ley.
¿Cómo vamos a esperar permiso de los banqueros para que puedan ser auditados? En todo caso hay que acudir a la instancia legal superior para que esto pueda realizarse.
Solicitamos también en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que se nos ampliara la información con respecto al disco del IPAB que nos había llegado. Hoy, diez minutos antes de las cinco de la tarde nos comunicaron que esta información fue recibida después de las quince horas de este mismo día, entonces no hay información puntual y oportunamente entregada del IIPAB al Legislativo.
Por otra parte es indispensable que se aclaren y precisen los adeudos que en su momento se había determinado como irrecuperable por parte de los mismos bancos y que no se debieron haber incorporado al esquema del IPAB para que los paguen los mexicanos, estos deben ser todavía absorbidos porlos bancos; a su juicio ¿es posible esto?.
Recordemos que los pasivos del IPAB ascienden a más de 675 mil millones de pesos que están a largo plazo, lo que representa una carga excesiva paara la Federación, la pregunta es muy concreta, ¿q ué se ha hecho al respecto? ¿qué se va a hacer o no se va a hacer nada o dentro de un año vamos a seguir aquí con las mismas preguntas y las mismas respuestas? Esperamos sus explicaciones.
Tiene el uso de la palabra el señor Méndez Rubio hasta por cinco minutos para contestar los cuestionamientos del diputado Trejo González.
Con mucho diputado Trejo. Sí quisiera referirme por una parte respecto al Informe en términos de la negativa de los banqueros esto fue comunicado a la Auditoría Superior de la Federación, sí le indicamos que cuál era la posición de la Asociación de Banqueros de México y lo que significaba esto respecto a la petición que se nos había hecho por parte del órgano superior de fiscalización.
En términos de qué se es tá haciendo para reducir el costo del rescate bancario, cuando ya me refería en términos de las ventas y de las enajenaciones que está haciendo el Instituto tanto de bienes muebles, inmuebles, la cartera, eso es lo que está haciendo.
En términos del Artículo 5º Transitorio repito, se menciona y se mencionó que parece que el Instituto está de parte de los banqueros no está de parte de los banqueros el Instituto lo único que puede hacer es cumplir con la ley, no podemos ir más allá de la ley y en este caso esa facultad pues sí, no la tenemos.
Cuando hago la petición respecto a que la propia Cámara o las otras autoridades financieras si se coadyuven apoyen esta negociación con los bancos, es precisamente porque en términos de autoridad no la tendría.
Otra salida sin duda pudiese ser el precipitar eventualmente un amparo por parte de los bancos y que desde luego la autoridad judicial decidiera.
Aquí también, en buena medida el punto es, si conociendo ese riesgo el propio Instituto entraría en una discusión, o expondría al propio Instituto a una contingencia legal así. Eventualmente tendríamos que llegar a eso.
Ahora, lo que también debe quedar claro, es que hoy, en términos del Programa de Capitalización y Compra de Cartera, esto todavía no le ha significado ningún perjuicio al Instituto; como decía, hoy los pagarés son todavía del Fobaproa; los intereses se están capitalizando y en la medida en que se resuelva sí se podrá hacer el intercambio y entonces ellos tendrán pagarés del Instituto de Protección al Ahorro Bancario garantizados por el Instituto.
Hoy todavía no se tiene y el intercambio no lo hemos realizado, entonces no existe hoy por hoy, todavía perjuicio hacia el Instituto y no lo hemos hecho así tratando precisamente de cumplir con la petición de la Auditoría Superior de la Federación.
Muchas gracias licenciado Méndez Rubio. Señor diputado don Abel Trejo, ¿quiere usted hacer uso de su derecho de réplica?... Muchas gracias, diputado.
Daríamos paso al segundo turno de cuestionamientos y les informo quienes se han inscrito hasta ahora: el diputado Francisco Agundis Arias, por el Partido Verde Ecologista de México; el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, por el Partido de la Revolución Democrática; el diputado Raúl Martínez González, por el Partido Acción Nacional; y, el diputado Víctor Roberto Infante González, por el Partido Revolucionario Institucional.
Por lo tanto, damos paso a este segundo turno y tiene la palabra el diputado Francisco Agundis Arias, del Partido Verde Ecologista de México.
La crisis de 1995, puso de manifiesto la necesidad de reestructurar el sector financiero del país para que cumpla con su finalidad económica, es decir captar ahorro y canalizarlo con eficiencia hacia proyectos productivos.
No obstante, aún encontramos bajos niveles de capitalización y mecanismos de supervisión endebles; asimismo, el sistema financiero es capaz de generar ahorro en la población de bajos ingresos y llevar financiamiento a proyectos productivos de menor escala, lo cual significa en términos generales dejar de llevar servicios bancarios y financieros a gran parte de la población.
Por lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México mantiene una constante preocupación respecto a la muy necesaria reactivación de la economía. Es necesario impulsar los créditos bancarios y establecer las bases de saneamiento de los bancos con problemas de insolvencia.
Sin embargo el IPAB se ha convertido en una institución cuyo rumbo cada vez resulta más difícil predecir. Sabemos que en 1999 se asignó al Instituto de Protección al Ahorro Bancario recursos por 18 mil millones de pesos, nos podría usted decir por qué razón se desviaron 7,515 millones de pesos para concluir el saneamiento del grupo financiero INVERLAT y Banca SERFIN en lugar de hacer frente a las obligaciones garantizadas y los financiamientos contratados.
Discúlpeme ahondar más en este cuestionamiento, pero requerimos contar con una respuesta lo suficientemente clara para comprender esta situación.
Por otra parte, esta honorable Cámara de Diputados solicitó el 20 de septiembre de 2000 al IPAB, una auditoría para investigar las irregularidades identificadas en el informe Mac Kay, como los créditos que se adquirieron violando las normas originales de compra de cartera del Fobaproa, sin embargo, nos podría decir usted porqué a la fecha no se ha cumplido esta recomendación.
Por lo aquí expuesto, sabemos que ustedes aparentemente han llevado a cabo intentos por dar inicio a esta auditoría pero se han enfrentado a la negativa de las instituciones bancarias argumentando que el Instituto no tiene facultades para llevar a cabo esa revisión ya que requiere de la aprobación de los bancos que suscribieron un nuevo programa de capitalización, por qué entonces no se ha solicitado apoyo a la Secretaría de Hacienda. ¿Cuál es el plan que tienen para obtener recursos y poder hacer frente en este tan costoso rescate financiero?
Los ingresos que pretenden obtener, sólo se restringirán a los ingresos fiscales y qué hay de los bienes que están en su poder.
Los legisladores de esta Cámara de Diputados tenemos la compleja tarea de revisar, modificar y en su caso aprobar las leyes de la nueva Hacienda Pública distributiva, por ello la información con que contemos es de vital importancia para este análisis.
Le solicitamos de manera muy puntual nos diga cuántos bienes muebles e inmuebles están en poder de este Instituto. Los bienes muebles e inmuebles ascienden a 170 mil millones de pesos ¿qué proyección de ingresos han calculado para los 5 años siguientes, desglosado de forma anual por concepto de ventas de los mismos? ¿Cuál es el método de comercialización de dichos bienes? ¿Cuál es el nombre de las compañías que llevaron a cabo la operación?
¿Cuál es el método de comercialización de dichos bienes? ¿Cuál es el nombre de las compañías que llevarán a cabo la operación?
Señor diputado, redondee su intervención.
Termino. ¿Y cuál fue el método de selección de estas compañías?
Tiene la palabra el Secretario Ejecutivo del IPAB; hasta por cinco minutos para contestar las preguntas.
Con mucho gusto, diputado Agundis.
En primer lugar y en términos del desvío de los 7,500 y creo que aquí además me faltó un punto importante que mencionar en las otras intervenciones que he tenido sobre el mismo tema.
Hasta donde tenemos entendido, la Auditoría Superior de la Federación no menciona un desvío de recursos, lo que pide es que el órgano de control, el contralor interno del Instituto revise la operación y repito, el desvío no está en términos del apoyo, sino al parecer, o desde nuestro punto de vista es una confusión respecto a si presupuestalmente era propio o no apoyar este saneamiento.
La pregunta en términos de por qué aportamos 7,000 millones, porque los 7,500 incluían lo de cifras, 7,000 millones a la compra de acciones subordinadas de Grupo Inverlat, en lugar de pagar otras obligaciones, radica en que precisamente el mandato de ley teníamos que terminar el saneamiento del Grupo Inverlat, a efecto de poderlo determinar este saneamiento, se requerían precisamente estos 7,000 millones en adición a los que con anterioridad el Fobaproa había inyectado al banco, esa fue la necesidad que tuvo el Instituto, inyectar estos 7,000 millones en Inverlat, terminar el saneamiento y así entonces poderlo vender.
Esas fueron las causas por las cuales dedicamos estos recursos a Inverlat en lugar de pagar otras obligaciones.
En términos de los inventarios, y eventualmente tengo aquí algunas de las respuestas desde luego, la petición en cuanto a información fue amplia y con mucho gusto, si no es en este momento estamos a sus órdenes para poder ampliar esta información.
En términos de inmuebles, bueno más bien en términos de cuotas y de las percepciones que tiene el Instituto, como mencionaba, eran 13,000 millones de pesos los que hasta el momento ha recibido el Instituto en términos de cuotas.
En términos de las ventas y de las enajenaciones que el Instituto ha instrumentado en estos dos años, son alrededor de 40,000 millones de pesos y en términos efectivamente todo lo demás proviene del Presupuesto de Egresos de la Federación, esto sin duda va a ir disminuyendo la capacidad de recuperación por parte del Instituto, por un lado porque efectivamente los bienes se vienen acabando, vienen disminuyendo, por otro lado porque los bienes que están quedando son los que cada vez de mucho más difícil realización y repito, en cierto momento los recursos del Instituto serán proveniente básicamente de las cuotas y lo demás, sobre todo para pagar el rescate bancario, tendrá que provenir del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Le pregunto al licenciado y diputado Francisco Agundis Arias si desea hacer el uso de su derecho de réplica.
Tiene usted la palabra hasta por tres minutos.
Desde nuestra perspectiva, pareciera que existe una falta de disposición por parte del Instituto de Protección al Ahorro Bancario para dar transparencia a la compra de flujos de cartera que efectuó el Fobaproa con el aval del Gobierno Federal. Es como una negativa a cumplir con lo que dispone la ley. Esto porque efectivamente en el desvío de 7 mil 515 millones de pesos, podría el instituto haber actuado bajo las atribuciones conferidas por los artículos 28 y 68 de la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, pero al parecer se olvidaron del artículo 47 de la misma ley, el cual prohíbe realizar esta transferencia de recursos sin el aval de la Cámara de Diputados.
Se está rompiendo la ley, esto es ilegal. El problema no es que los mexicanos no seamos solidarios a la hora de generalizar las pérdidas, sino que el gobierno no está entregando la información que debiera sobre el pasado. Son cuentas que tenemos pendientes.
Esperemos que tengan la capacidad de comercializar los bienes en su poder de una manera eficaz. Esperamos que sea de una manera clara y transparente y que esto coadyuve a ingresar recursos al Estado que tanta necesidad tiene.
Ojalá y otros asuntos de la agenda del Ejecutivo sean tomados con ese nivel de seguridad nacional, como lo es la información que posee ese instituto.
Muchas gracias diputado Agundis Arias.
Para hacer los cuestionamientos relativos al Partido de la Revolución Democrática, tiene la palabra el diputado Magallanes Rodríguez.
El diputado José Antonio Magallanes Rodríguez:
Con el permiso de la Presidencia. Compañeros diputados y diputadas; ciudadano Secretario del Instituto: Yo quisiera hacerle tres planteamientos, si usted me lo permite, y para no seguirnos enredando en lo que usted magistralmente está haciendo, me gustaría ubicarlo en tiempo y en el espacio.
Julio del 99, el estudio de Mackey se entrega a la Cámara de Diputados, la cual también le manda una copia a usted. Prácticamente dos meses después el IPAB, de una manera impresionante, hace que se adhieran los bancos al nuevo programa de capitalización, y naturalmente ahí está la trampa en la cual nos han confundido a lo largo de muchos meses.
Es un estudio el de Mackey, nunca fue determinado como auditoría, sin embargo, alguien en el IPAB, o el Secretario Ejecutivo o la Junta de Gobierno junto con los banqueros, inmediatamente lo asintieron como que era la auditoría que estaban esperando, e inmediatamente se adhirieron a este programa de capitalización.
Y ahí está obviamente el argumento de los banqueros para no permitir obviamente lo que ellos dicen, una nueva auditoría. O sea es un problema de la Junta de Gobierno o del Secretario Ejecutivo. Y claro que la Auditoría Superior de la Fiscalización tiene todas las de la ley para decir que se desviaron recursos para fortalecer a INVERLAT y a Banco Unión.
Hubo un programa que usted no lo ha mencionado, que es el Programa de Capitalización Temporal. En ese programa, precisamente se implementó por el Gobierno para rescatar a esos dos bancos, exclusivamente a esos dos bancos, y ese era un programa de capacitación de una temporada que tenían que haberlo pagado todos los bancos; fueron 42 mil millones de pesos los que se destinaron a este programa y nada más Inverlat no lo pagó. Y al no pagarlo, obviamente ustedes lo convirtieron en acciones y naturalmente ahí está el desvío que dice la Auditoría Superior de la Fiscalización totalmente fundada porque ahí están los informes de Hacienda y también de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Termino con otra pregunta. Creo que usted no tiene la información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Preocupa a la Cámara de Diputados que efectivamente, estamos ya en una quiebra técnica de prácticamente todos los bancos; si nosotros en este momento decidimos retirarle los intereses que a través de esa vía están capitalizando todos los bancos, y naturalmente si no tiene usted la información, mi estimado amigo, yo aquí se la proporciono porque es información oficial.
Todos lo bancos, excepto uno, si retiramos los intereses del Fobaproa producto del esfuerzo de los mexicanos, estaríamos también ya en otro fracaso financiero, producto de una mala supervisión y regulación de la CNBV, de Hacienda y naturalmente del IPAB.
Muchas gracias diputado Magallanes.
Tiene el uso de la palabra el licenciado Méndez Rubio, hasta por cinco minutos.
Bueno en términos de, primeramente del saneamiento en Inverlat. Repito, lo que a nuestro entender menciona la Auditoría Superior de la Federación no es un desvío, sino simplemente pide que el Organo de Control Interno lo revise, lo cual, la cuestión en términos de desvío ya es otra calificación, pero bueno, de cualquier manera lo que sí quisiera mencionar es: que el saneamiento de Inverlat se hizo, de hecho con depósitos en el Banco de México y efectivamente era tipo Procapte, pero sin embargo esto no fue ni parte del Programa de Capitalización Temporal, por un lado, ni se estaba obligado a pagar a los accionistas toda vez que el saneamiento ya lo estaba haciendo el propio gobierno, los accionistas habían perdido ya su participación en dicho banco.
Por lo tanto el saneamiento, el desvío que se dice en términos de Procapte, repito, no tiene relación con la necesidad de la suscripción por parte del Instituto de los 7 mil millones en términos de las acciones o de las obligaciones subordinadas convertibles en acciones que el Instituto firmó siguiendo el saneamiento iniciado por Fobaproa.
En términos de la información que me da, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, desde luego, repito, es un activo importante el que tienen los bancos en deuda del IPAB y lo tienen todo, tanto por lo que corresponde a lo que ha emitido el Instituto, lo que ha contratado el Instituto con los bancos como por el Programa de Capitalización y Compra de Cartera, que, repito, hoy por hoy no es del Instituto, sigue siendo del Fobaproa. Sin duda estos activos son importantes y desde luego cualquier institución sufriría si súbitamente se le retiran ingresos en muchos de ellos en más de un tercio de los activos que tiene bajo su custodia. Vamos, no sería de sorprenderse que sí efectivamente todos los bancos tuvieran problemas si se les retiraran estos activos. Eso no quiere decir que el Instituto esté subsidiando a estas instituciones. El Instituto, como mencionaba, esta deuda la ha contratado en condiciones de mercado. Eventualmente el fondeo o esos recursos que hoy los bancos tienen o que han comprado deuda del IPAB o se la han prestado al IPAB, eventualmente pudiese estar en otros instrumentos financieros también a cargo del Gobierno Federal, pudiese estar, no sé, en Cetes, en Bondes, etcétera; pero es evidente que tendrán que hacer algo con esos recursos. No los van a tener líquidos y los tendrán que invertir en alguna cosa.
Sin duda podría ser más sano para las instituciones tener activos de una mayor rentabilidad como pudiese ser el crédito, no es el caso; las razones por las que el crédito ha disminuido no atienden al Instituto de que no por la emisión de esta deuda se ha descuidado el otorgamiento del crédito, sin duda los bancos si las condiciones fueran así, preferirían tener estos activos mucho más productivos que, repito, la deuda del Instituto.
Por último, en términos del 5º. Transitorio y de nueva cuenta en términos de la auditoría, si esa decisión por parte del Instituto de considerar la auditoría de Mackey como a la que se refiere el 5º. Fuera diferente a esta interpretación qe para nosotros, repito, no nada más en términos de la propia ley, no nada más de los tiempos en que se dieron, sino incluso en términos de manifestaciones de la propia Cámara a través de la Comisión para Investigación del funcionamiento del IPAB se dieron, si no fuera a través de esto, repito, hoy todavía no tiene perjuicio el Instituto porque hoy no se ha hecho todavía el intercambio de pagarés. Y en adición aunque se diera esta auditoría o se diera una nueva auditoría, de nueva cuenta el cumplimiento del intercambio es opcional. No necesariamente los bancos cambiarían los pagarés, si ellos consideran que habría un perjuicio en su patrimonio. No los estoy defendiendo, lo que estoy exponiendo son los instrumentos legales que tenemos para un lado obligar a los bancos a hacer la auditoría y para el otro hacer el intercambio de pagarés.
Le pregunto al diputado Magallanes Rodríguez si desea hacer uso de su derecho de réplica. Tiene usted la palabra hasta por tres minutos.
Gracias, diputado Presidente. Pues mi estimado Secretario, vaya problema que trae encima. Aquí está su comunicado de prensa donde usted obviamente reconoce las observaciones de la autoridad superior de la fiscalización e inmediatamente usted emite un deslinde que yo le entiendo, pero aquí no va a ser donde se deslinde su responsabilidad, será en la Secodam o en la Procuraduría; seguramente para allá vamos.
También tendremos que decir que hay que darle lectura puntual al artículo 28 del IPAB, donde efectivamente hablamos de apoyos y programas para el saneamiento financiero de las instituciones, y dice de entrada: "Excepcionalmente el Instituto podrá otorgar apoyos financieros, tendientes a proveer la liquidez o el saneamiento de una institución..." Y luego vienen candados: "Primero, que se cuente con un estudio técnico, elaborado por personas o instituciones especializadas... ", no están esos estudios técnicos. "Segundo, como consecuencia del estudio técnico, se estimará más conveniente que dicha institución se mantenga en operación...", pues si, todo está en operación y la tuvo en operación con auditorías gerenciales, la CNBV, que todavía no se las entregaba hasta hace unos meses.
Y por último, el 5º transitorio tan mencionado, pues es que precisamente para darle consecuencia al espíritu de éste: "Primero, en caso de la auditoría reporte irregularidades, se procederá inmediatamente a deslindar las responsabilidades a que hubiere lugar, y los infractores asumirán su plena responsabilidad, legal y económica...", pues esto no lo pueden hacer, porque ustedes aceptaron el estudio de MacKey como una auditoría, y los banqueros están en su derecho decir: yo ya me audité, a mí no me puedes hacer nada, el problema es de ustedes. El problema es de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el problema es de la Junta de Gobierno y del IPAB, y naturalmente del Secretario Ejecutivo, que efectivamente la ley es muy clara.
Ustedes no pueden auditar de nuevo a los bancos, porque esa decisión ustedes ya la tomaron y por eso se adhirieron al programa obviamente de recuperación y fortalecimiento de cartera, y por ellos están esperando simplemente el intercambio, ellos ya cumplieron. Ustedes se prestaron a esa maniobra y a esa interpretación sesgada de un ley que es muy clara. Muchas gracias.
Para hacer los cuestionamientos correspondientes al Partido Acción Nacional, tiene la palabra el diputado Raúl Martínez González.
El diputado Raúl Martínez González:
Con su permiso, señores presidentes. Compañeros diputados. Compañeras diputadas. Señor Secretario. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario fue creado principalmente para proteger el ahorro, garantizando a los ahorradores la seguridad de sus depósitos, y con ello otorgar la confianza en el sistema financiero.
Sin embargo, antes de poder concentrarse en sus funciones, el Instituto, como claramente marcan los artículos transitorios de la ley que lo creó, debe desahogar los pendientes derivados del rescate bancario, heredados por quien lo precedió en esta función protectora.
Se nos ha pedido que nos olvidemos del Fobaproa y que nos concentremos en el presente, sin embargo, no podemos olvidar la enorme deuda que representa, por lo tanto, debemos vigilar y exigir que se ejecuten las disposiciones señaladas en los mencionados artículos transitorios.
Nos preocupan en especial los retrasos que ha habido en el cumplimiento de dichos artículos, ya que al hacerlo permitirá conocer el estado real que guardan los activos y pasivos del Instituto: deslindar responsabilidades y reducir el costo fiscal y el rescate bancario.
Señor Secretario, en el artículo 5º transitorio de la ley del IPAB, como se establecen los criterios a los que se deben sujetar las reglas generales, se prevé una fórmula que obligue a las instituciones a la obtención de los mejores resultados de los procesos de administración y cobranza de los créditos.
Por lo tanto, le pregunto: ¿cuál es el comportamiento de las instituciones sobre el particular? ¿Qué avances de cobranza existe en estos créditos? ¿Qué sanciones se han aplicado a las instituciones por no haber adoptado las medidas...y cobranza de los créditos.
Por lo tanto le pregunto ¿cuál es el comportamiento de las instituciones sobre el particular?, ¿qué avances de cobranza existe en estos créditos?, ¿qué sanciones se han aplicado a las instituciones por no haber adoptado las medidas y providencias para efectuar una diligente administración y cobranza de tales créditos?
Aunque parezca repetitivo, voy a referirme nuevamente al artículo quinto transitorio, ya que es fundamental para la reducción del costo fiscal del rescate bancario.
Con respecto al intercambio de pagarés Fobaproa por otros pagarés emitidos por el propio IPAB, y estipulaba la fracción II a casi dos años de que las instituciones susceptibles de hacerlo, y aunque dejó muy en claro usted que es voluntaria su inclusión, ¿por qué solicitan su adhesión al programa de canje y sin embargo no se han concretado?; o bien, ¿están acaso entrampadas las negociaciones para que los bancos para hacer estos canjes?
Finalmente ¿qué ha hecho esta Secretaría Ejecutiva para devolver a las instituciones de crédito los créditos que no cumplieron con los requisitos de ley y cambiarlos por garantías nuevas o descontarlos del pagaré Fobaproa que tiene cada institución financiera?
Gracias, diputado Martínez González.
Tiene el uso de la palabra el señor Secretario Ejecutivo Méndez Rubio, hasta por cinco minutos.
Con mucho gusto, diputado Martínez.
En términos de las fórmulas que se han pactado con las instituciones de las sanciones de las auditorías que se puedan realizar, toda vez que no hemos realizado el pagaré del intercambio de pagarés, la relación con las instituciones no
es evidentemente una relación en donde se den las obligaciones que se estarían pactando en el contrato de intercambio de pagarés, porque simplemente este intercambio no se ha realizado; entonces no son ejecutables ninguna de las que se han platicado porque las partes no hemos firmado ese pagaré.
Sin embargo, y a pesar de que no se ha hecho de esta manera, sí hemos venido haciendo auditorías a los fideicomisos de administración de cartera que tienen los bancos que participaron en el programa de capitalización y compra de cartera. Hemos venido haciendo estas auditorías en términos de cuáles son los niveles de recuperación que ha llevado cada uno de los bancos en términos de cómo están recuperando, si es a nivel de efectivo, si están recuperando con daciones (¿) en pago y de hecho en cada una cuánto han reestructurado en términos de los créditos y de hecho también en términos de que si a través de las propias negociaciones que han tenido, han hecho quitas o condonaciones, si es el caso de efecto de poder reestructurar o recibir el pago por estos créditos.
En términos de este año y en términos de la recuperación que los propios bancos, a través de este programa han hecho, el presupuesto que tenemos equivale a 5 mil millones de pesos lo que estarían esperando.
Repito, se han hecho 14 auditorías y están en proceso 34 más, todas estas son auditorías de gestión.
En término de los posibles planes en cuanto a cobranza, no tenemos, toda vez que no hay contrato, la manera de forzar o de incluso si fuera el caso, si ya se hubiera realizado el intercambio de pagarés, el Instituto tendría la facultad de si vemos una falta en la capacidad de cobranza o un desvío del programa que se nos haya presentado, poder retirar de ese banco, además de imponer sanciones retirar de ese banco la cartera que está bajo su administración y pasársela a alguien más que pueda ser más efectivo. Sin embargo, esto hoy no lo podemos hacer repito, porque el intercambio no se ha dado.
En cuanto a los créditos que mencionaba y que debo suponer que se refiere los grupos A,B, a los que ya se había pactado hacer la devolución repito, en el momento, si es que ocurre, estaremos llevando el intercambio, deberemos sentarnos de nueva cuenta con estos bancos, revisar la calidad de estos créditos y ver que efectivamente la calidad de los mismos corresponde a la que originalmente hubieran venido y que esto no represente un menoscabo para los ingresos del Instituto y por lo tanto se pueda reducir el costo fiscal. Pero esto lo estaríamos haciendo hasta el momento en que se intercambiaran los pagarés.
Para hacer uso del derecho de réplica por el Partido Acción Nacional, tiene el uso de la palabra el diputado Marcos Pérez Esquer, hasta por 3 minutos.
El diputado Marcos Pérez Esquer:
Con su venia diputados presidentes:
Es necesario tener un sistema financiero saludable y funcionando de una manera eficiente. Las instituciones bancarias deben cumplir con su papel, el crédito debe ser reactivado para fortalecer el consumo y la inversión en nuestro país. Para ello, todas las instituciones del sistema deben recuperar la confianza del pueblo. Para que esto suceda, se debe aclarar todo lo relacionado con el rescate bancario. Necesitamos información clara y completa sobre el estado que guarda la deuda heredada.
Cuando se diseñaron los artículos transitorios, se tenía en mente encontrar a quienes hubieran actuado contra la ley, recuperar los activos rápidamente y reducir el costo fiscal del rescate de la Banca. Sin embargo, parece que el traje diseñado en los artículos transitorios de la Ley del IPAB, le quedó grande al Instituto, sobre todo lo referente a las auditorías ordenadas por esta Cámara de Diputados. Tan es así, que es casi nulo el avance en el deslinde de responsabilidades, en el intercambio de cartera irregular y en la actualización de los títulos de crédito.
Es por ello, que los diputados de Acción Nacional exigimos el cumplimiento de los artículos transitorios para poder encontrar y dar a conocer de manera expedita, todas las irregularidades cometidas, instrumentar las medidas pertinentes y así reducir de una vez por todas, el costo fiscal del rescate bancario que ha resultado una carga pesada, muy pesada, para la sociedad mexicana.
Urge establecer una política común en la que se involucre a esta Cámara de Diputados, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y al propio IPAB. Para lograr este objetivo ciertamente la Cámara de Diputados juega un papel fundamental.
Sólo cuando logremos terminar con las tareas pendientes señor Secretario Ejecutivo, podrá el IPAB dedicarse a su labor principal: proteger el ahorro de los mexicanos. Muchas gracias por su atención.
Gracias diputado Pérez Esquer.
Para cerrar esta segunda ronda de cuestionamientos, tiene la palabra por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado Victor Roberto Infante González.
El diputado Víctor Roberto Infante González:
Señores presidentes de las Comisiones Unidas: licenciado Julio César Méndez, secretario ejecutivo y representante legal del IPAB; compañeras y compañeros legisladores: Es importante destacar que más allá de la glosa del primer informe presidencial en Comisiones Unidas, quienes integramos la Comisión de Vigilancia nos reservaremos para que en sesión de la misma, a la que esperamos acudan autoridades hacendarias, su Secretario, que preside por cierto la Junta de Gobierno, de la Comisión Nacional Bancaria y el propio Secretario Ejecutivo del Ipab hagamos el planteamiento preciso y reiterado de múltiples inquietudes y observaciones sobre el delicado y relevante tema que hoy nos ocupa, pues lamentablemente se han eludido los principales cuestionamientos, como ha sucedido en todas las comparecencias.
No cabe duda que el análisis del tema que nos convoca es de fundamental importancia para el cumplimiento de una de las tareas que al Congreso de la Unión le han encomendado los mexicanos: la supervisión en el manejo y aplicación de los recursos públicos, específicamente lo tocante a la actividad del Ipab.
En esta ocasión la glosa del primer informe de gobierno que el Presidente Vicente Fox ha rendido ante el Poder Legislativo de la Unión da pie a este nuevo y limitado intercambio de puntos de vista entre nosotros.
Sin embargo, la ocasión es importante para enfatizar que es prioridad que de una vez por todas la gente sepa con claridad los graves límites de la auditoría de Mackey. Quiénes son los nuevos cómplices del Fobaproa que no realizan auditorías obligadas y quiénes deben ser sancionados y además quiénes deben regresar los recursos mal habidos.
Para una nueva generación que estamos en el Congreso éste es uno de nuestros retos: dejar de lado impunidades, excesos y corrupción en cualquiera de los poderes de la federación, independientemente de la filiación política de los responsables.
Por ello es importante recordar hoy que el Ipab fue creado con el objetivo primordial que usted, señor Secretario Ejecutivo, refirió en anterior comparecencia: crear un nuevo sistema de protección al ahorro a través de instituciones capaces de entender y compartir la responsabilidad de velar por los intereses del público ahorrador.
También vale la pena recordar que el Ipab es un organismo descentralizado de la administración pública federal y, sobre todo, que asumió derechos pero también obligaciones del Fobaproa y del Famebal, aun cuando no los haya iniciado el propio Ipab.
A manera de preámbulo y una vez precisado el carácter del Ipab, nos preguntamos legisladores, reporteros, periodistas, columnistas y analistas y reflexionamos y nos preguntamos hoy, señor Secretario Ejecutivo, varios aspectos.
Como seguramente se precisará en la comisión que está por instalarse, todos debemos conocer si las operaciones efectuadas por el Fondo y las obligaciones que asumió el Ipab se apegaron a derecho.
Qué motivó a la Comisión Nacional Bancaria y al Fobaproa para limitar o acotar la auditoría de costo millonario de Michael Mackey que propició sospechosos retrasos que implicaron prescripciones y gravísimas limitaciones en el alcance de la auditoría que encomendó la anterior legislatura.
Si el Fobaproa y la Comisión Nacional Bancaria proporcionaron información, el Ipab la conoce y conoce el universo total y la muestra revisada por Michael Mackey. Cómo es posible que en el informe y los papeles de trabajo de Michael Mackey sólo se mencionen las transacciones reportables, sin indicar el criterio de operaciones ni la muestra revisada.
Le ruego redondee su exposición, diputado.
Gracias, Señor Presidente, le agradezco la comprensión.
Muchas, muchísimas son las inquietudes que la opinión pública tiene sobre el tema y algunas de estas interrogantes ya se contienen en el informe de resultados sobre la revisión de la cuenta pública federal de 1999.
Ante ello los legisladores priístas asumimos un compromiso de que se amplíe la investigación más allá de Mackey, que la subcomisión realice un trabajo imparcial, transparente, eficaz, profesional y apegado a la legalidad, que se fortalezca la Auditoría Superior de la Federación, que por su conducto se precisen responsabilidades como las anotadas en el informe de la cuenta pública y que la Secodam y en su momento la PGR y la Procuraduría Fiscal de la Federación procedan contra quienes, desde el Ipab, la Comisión Nacional Bancaria y el Fobaproa no hayan cumplido con sus responsabilidades.
Señor Secretario, estamos preocupados. La deuda pública que asumió el Gobierno Federal con el rescate bancario es del mayor interés nacional y dado que todos los mexicanos estamos pagando a los banqueros los quebrantos que la inmensa mayoría de nosotros no causamos y que este rescate implica para millones de mexicanos un doloroso endeudamiento y el sacrificio de otros programas de tipo social, le pregunto finalmente: ¿hay la voluntad del Ipab y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para cumplir su objetivo legal o tras de la impugnación de los consejeros del Ipab, la falta de realización de auditorías y el argumento de prescripciones y otros problemas ya referidos, hay una nueva complicidad?
Hoy el Gobierno Federal es quien incumple. No transmitan al Legislativo sus responsabilidades. Ojalá y en su última intervención nos pueda señalar qué sí puede hacer el Ipab, no lo que no puede hacer. Gracias.
Tiene usted el uso de la palabra hasta por cinco minutos y si requiere un par más (risas), en este caso tiene usted todo el derecho.
Muchas gracias, señor Presidente. Y con mucho gusto, diputado Infante.
Bueno, en primer lugar, bueno desde luego estamos dispuestos y con mucho gusto atenderemos el llamado de la Comisión de Vigilancia, a efecto de poder revisar los hallazgos y la autoridad superior de la federación respecto a la Cuenta Pública del ´99. Esperamos que las respuestas que se le dio tanto a la Comisión de Vigilancia como a la Auditoría Superior de la Federación sean suficientes. Desde luego estamos dispuestos a ampliar cualquier información.
También damos la bienvenida a la creación de la subcomisión para vigilar lo que es el rescate bancario y no exclusivamente al Instituto. Desde luego creo que es una oportunidad para el Instituto, en primer lugar para tener una mucho mejor comprensión, un mejor entendimiento, respecto a las labores del Instituto y desde luego si esto encamina aún más la transparencia que el Instituto le da a los procesos con mucho gusto lo estaremos haciendo.
La pregunta de que si existe la voluntad del Instituto para cumplir el mandato. Desde luego que sí existe. Espero haber tenido la capacidad de explicarlo y de reflejarlo en las respuestas que he dado. Y qué es lo que sí hace el Ipab.
Bueno, al principio señalaba en la serie de estadísticas o de logros o de resultados que ha venido haciendo el Instituto. Hay muchas más. Eventualmente el problema es que los montos y repito lo que decía al principio: la diferencia entre los pasivos y los activos del Instituto es abismal. Efectivamente esa diferencia es el costo del rescate, eso es lo que se cubrirá a través del impuesto de los recursos de todos nosotros; nosotros como servidores públicos también pagamos impuestos y también llevamos parte de esa carga. Así es, así es.
Si en esta subcomisión incluso se pretende revisar la parte del rescate, yo como decía también en una de las respuestas el Instituto recibió los saneamientos, los ha concluido. Recibió los bienes y ha hecho el mejor esfuerzo para venderlos. Si desde luego en opinión tanto de ustedes como del Ejecutivo la administración en términos del mandato no ha sido lo suficientemente eficaz para cumplir ese mandato, desde luego estamos dispuestos a que se nos observe, a que se nos critique y a que en todo caso se nos imponga algún castigo. Pero siempre hablando desde dónde está tomando el Instituto su responsabilidad y sin confundir culpas o situaciones que el Instituto no causó.
Básicamente esa es la respuesta.
Para hacer uso del derecho de réplica tiene la palabra la diputada Adela Cerezo, por el Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos.
La diputada Adela Cerezo Bautista:
Diputados presidentes de las comisiones en esta comparecencia; licenciado Julio César Méndez Rubio, secretario Ejecutivo del IPAB; compañeros Legisladores:
Lo que para usted considera una respuesta, para muchos diputados aquí presentes lo ubicamos como una gran capacidad de evadir respuestas a cuestionamientos muy precisos. Por lo que resulta evidente que el IPAB no ha cumplido con su responsabilidad, lo que ha provocado que a dos años de su constitución sea severamente cuestionada la actuación del mismo, así como al os miembros de la Junta de Gobierno, que se han dedicado a comunicarse asuntos de interés nacional a través de los medios de comunicación, lo que nos orienta a pensar la existencia de intereses ajenos.
Existen inconsistencias tan graves como deficiencias en el seguimiento de las denuncias penales, averiguaciones previas, juicios civiles y mercantiles, falta de control de los bienes de la banca intervenida que debe asumir el instituto, retraso en las auditorías para la conclusión del saneamiento financiero de los bancos, incumplimiento en las auditorías a la banca, ordenados por la Auditoría Superior de la Federación; inoperancia del nuevo programa que sustituye al de capitalización y compra de cartera; retraso en los saneamientos inconclusos de la banca que asumió el instituto. Al apartarse de las disposiciones en el Presupuesto de Egresos de la Federación, necesariamente la aplicación incorrecta de 7 mil 500 millones de pesos.
Entendidos que la ley ha sido rebasada por las condiciones que prevalecen en materia de saneamiento financiero y en tanto se pueda reformar, es necesario que las instituciones que regulan el sistema nos informen de lo siguiente: ¿Cuáles fueron los criterios, bases o fundamentos por los que el Comité Técnico del Fobaproa modificó los establecidos para operaciones de adquisición a través del Programa de Capitalización y Compra de Cartera?
En obvio de tiempo, sólo le pediría al Secretario Ejecutivo del IPAB que sus comentarios fueran muy puntuales y que el partido sólo tiene el compromiso único de buscar que las instituciones relacionadas con la regulación del sistema financiero del país, trabajen de manera coordinada para transparentar las operaciones que realizaron los bancos, casas de bolsa y demás intermediarios financieros y en la expectativa de lograr una menor carga fiscal, producto de los procesos de rescate, estaremos necesariamente los diputados del PRI dando puntual seguimiento al desempeño de estas instituciones.
Muchas gracias diputada Cerezo Bautista.
Tiene la palabra el licenciado Méndez Rubio, para hacer sus comentarios finales hasta por ocho minutos.
Creo que en términos de los cuestionamientos que se han realizado a la actividad del instituto, queda claro la confusión del propio instituto y del Fobaproa, en términos de que toda vez que trabajamos con la materia prima que nos fue heredada, se confunden los roles por un lado de las dos instituciones e incluso al parecer también la procedencia o no de la propia institución que ustedes crearon.
Creo que el consolidar a las instituciones públicas se debe transmitir con confianza hacia los ciudadanos, hacia los ciudadanos que pagan impuestos, hacia los que a final de cuentas pagan nuestro salario y cero que es responsabilidad de los tres Poderes de la Unión el efectivamente poder consolidar estas instituciones.
Nosotros no podemos lograrlo por nosotros mismos, el Instituto creo que en este caso es un instrumento de la ley, es un instrumento para reducir el costo fiscal, es un instrumento para darle transparencia a estas operaciones y es un instrumento para asegurar también el ahorro de los mexicanos; ese fue un instrumento que el Legislativo diseñó.
Como mencionaba, después de 2 años de operación del Instituto, si hemos visto las limitaciones que el marco legal que ahí tenemos le impone en todos estos temas y en varios más, creo que si las preocupaciones del Legislativo es darle mayor agilidad, mayor transparencia, con mucho gusto y desde luego ofrezco la experiencia de los Funcionarios, la experiencia que ha venido transitando dentro del Instituto para fortalecer, para mejorar el marco legal y desde luego para consolidar la institución que represento.
Creo que es importante para el sistema financiero, es importante para las finanzas públicas del país efectivamente que estos temas queden aclarados, que los temas de rescate bancario, la gente, los medios, ustedes, todo mundo tenga confianza en la institución y sepan que las cosas se están haciendo transparentemente.
Estoy de nueva cuenta a su disposición para poder alcanzar estos objetivos.
Compañeros diputados, señor Secretario Ejecutivo del IPAB, don Julio César Méndez Rubio. En base al acuerdo parlamentario de la Junta de Coordinación Política de esta H. Cámara de Diputados publicado el pasado 11 de Septiembre por el cual se establecen las bases de las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo Federal para el análisis del Primer Informe de Gobierno, el dia de hoy 17 de Septiembre hemos dado cumplimiento al mismo con la presencia del Lic. Julio César Méndez Rubio, Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario ante las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público.
Agradecemos a todos su asistencia, muchas gracias.
(Terminó a las 20:00 horas).

References: resolución 
 artículo 5
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 artículo 7
 artículo 28
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 artículo 68
 artículo 10
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 artículo 47
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