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Medidas de seguridad que deben cumplirse en entidades y establecimientos públicos
13 marzo, 2014 — 6 comentarios
En este epígrafe encontrará información y la normativa básica que regula las distintas medidas de seguridad en entidades y establecimientos públicos, tales como vigilantes de seguridad, centrales de alarma, departamentos de seguridad y el mantenimiento de dichas medidas de seguridad.
Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (BOE núm. 46, de 22 de febrero), modificada por la Sentencia 341/1993, de 18 de noviembre, del Tribunal Constitucional; por la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto –disposición adicional cuarta-; por la Ley 10/1999, de 21 de abril; por la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre y por la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio.
Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada (BOE núm. 186, de 4 de agosto), modificada por el Real Decreto-Ley 2/1999, de 29 de enero; por la Ley 14/2000, de 29 de diciembre –artículo 85-; por el Real Decreto-Ley 8/2007, de 14 de septiembre y por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre.
Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado –disposición adicional cuarta– (BOE núm. 90, de 15 de abril), modificada por la Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre.
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social –artículo 44– (BOE núm. 315, de 31 de diciembre).
Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, que aprueba el Reglamento de Seguridad Privada (BOE núm. 8, de 10 de enero. Corrección de erratas en BOE núm. 20, de 24 de enero de 1995), modificado por el Real Decreto 938/1997, de 20 de junio; por el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre; por el Real Decreto 277/2005, de 11 de marzo; por la Sentencia de 30 de enero de 2007, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo; por el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero; por la Sentencia de 15 de enero de 2009, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo; por el Real Decreto 1628/2009, de 30 de octubre y por el Real Decreto 195/2010, de 26 de febrero.
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (BOE núm. 189, de 9 de agosto), modificado por el Real Decreto 747/2008, de 9 de mayo.
Orden INT/1504/2013, de 30 de julio, por la que se modifica la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada, la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada, la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada, y por la que se establecen las reglas de exigibilidad de Normas UNE o UNE-EN en el ámbito de la seguridad privada (BOE núm. 188, de 7 de agosto).
Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada (BOE núm. 42, de 18 de febrero), modificada por la Orden INT/1504/2013, de 30 de julio.
Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada (BOE núm. 42, de 18 de febrero), modificada por la Orden INT/1504/2013, de 30 de julio.
Cuando la naturaleza o importancia de la actividad económica que desarrollan las empresas y entidades privadas, la localización de sus instalaciones, la concentración de sus clientes, el volumen de los fondos o valores que manejen, el valor de los bienes muebles u objetos valiosos que posean, u otra causa lo hiciesen necesario, el Secretario de Estado de Seguridad para supuestos supraprovinciales, o los Subdelegados del Gobierno, podrán exigir que la empresa o entidad adopte, conjunta o separadamente, los siguientes sistemas de seguridad:
Creación del departamento de seguridad.
Establecimiento del sistema de vigilantes de seguridad, con o sin armas, a cargo de personal integrado en empresas de seguridad.
Instalación de dispositivos y sistemas de seguridad y protección.
Conexión de los sistemas de seguridad con centrales de alarmas, ajenas o propias, no pudiendo prestar servicios a terceros si las empresas o entidades no están habilitadas como empresas de seguridad.
En todo caso deberá existir Departamento de Seguridad en los siguientes casos:
En los centros, establecimientos o inmuebles que cuenten con un servicio de seguridad integrado por 24 o más vigilantes de seguridad o guardas particulares del campo, y cuya duración prevista supere un año.
Cuando así lo dispongan la Dirección General de la Policía o el Subdelegado del Gobierno, atendiendo el volumen de medios materiales y personales, el sistema de seguridad de la entidad o establecimiento, así como la complejidad de su funcionamiento y el grado de concentración de riesgo.
Cuando por dificultades técnicas o carencia de equipos adecuados fuera imposible la conexión del sistema de seguridad con una central privada de alarmas, las empresas y entidades a que se refiere el artículo 112 del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, que debieran establecer tal sistema de seguridad, podrán ser obligadas, por el tiempo en que persista la imposibilidad técnica, a la implantación del servicio de vigilantes de seguridad, con personal perteneciente a empresas de seguridad.
Los lugares en los que se preste servicio de seguridad con armas, deberán disponer de armeros que reúnan las medidas de seguridad determinadas en el artículo 6 de la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada.
Funcionamiento y verificación
Libros-Registro
Para conectar aparatos, dispositivos o sistemas de seguridad a centrales de alarmas será preciso que:
La realización de la instalación haya sido efectuada por una empresa de seguridad inscrita en el registro correspondiente.
El material que se instale y utilice se encuentre debidamente aprobado, según lo establecido en el artículo 3 de la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada.
Se cuente con el pertinente certificado de instalación y que se lleven a cabo las revisiones preventivas, conforme a lo que determinan los artículos 4 y 5 de la mencionada Orden.
Las centrales de alarmas deberán estar atendidas permanentemente por los operadores que resulten necesarios para la prestación de los servicios, en un número adecuado y proporcional al número de conexiones que tengan contratadas, y sin que en ningún caso puedan ser menos de dos operadores por turno ordinario de trabajo, que se encargarán del buen funcionamiento de los receptores y de la transmisión de las alarmas que reciban.
Cuando se produzca una alarma, las centrales deberán proceder de inmediato a su verificación, utilizando, para que ésta sea considerada válida, todos o algunos de los procedimientos técnicos o humanos establecidos en el Capítulo II de la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada, comunicando seguidamente, al servicio policial correspondiente, las alarmas reales producidas.
Las empresas explotadoras de centrales de alarmas podrán contratar, complementariamente, con los titulares de los recintos conectados, un servicio de custodia de llaves, de verificación de alarmas mediante desplazamiento a los propios recintos, y de respuesta a las mismas, en las condiciones establecidas en el artículo 10 de la Orden INT/316/2011, a cuyo efecto deberán disponer del armero o caja fuerte exigidos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada. Las empresas industriales, comerciales o de servicios que estén autorizadas a disponer de central de alarma, dedicada exclusivamente a su propia seguridad, podrán contratar los mismos servicios con una empresa de seguridad autorizada para vigilancia y protección.
Los servicios de verificación personal de las alarmas y de respuesta a las mismas se realizarán, en todo caso, por medio de vigilantes de seguridad, y consistirán, respectivamente, en la inspección del local o locales, y en el traslado de las llaves del inmueble del que procediere cada alarma, todo ello a fin de facilitar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad información sobre posible comisión de hechos delictivos y su acceso al referido inmueble. A los efectos antes indicados, la inspección del interior de los inmuebles por parte de los vigilantes de seguridad deberá estar expresamente autorizada por los titulares de aquéllos, consignándose por escrito en el correspondiente contrato de prestación de servicios.
Cuando por el número de servicios de custodia de llaves o por la distancia entre los inmuebles resultase conveniente para la empresa y los servicios policiales, aquélla podrá disponer, previa autorización de éstos, que las llaves sean custodiadas por vigilantes de seguridad sin armas en un automóvil conectado por radio-teléfono con la Central de Alarma. En este supuesto, las llaves habrán de estar codificadas, debiendo ser los códigos desconocidos por el vigilante que los porte y variados periódicamente.
Para los servicios a los que se refieren los dos apartados anteriores, las empresas de seguridad explotadoras de centrales de alarmas podrán contar con vigilantes de seguridad sin necesidad de estar inscritas y autorizadas para la actividad de vigilancia y protección de bienes, o bien subcontratar tal servicio con una empresa de esta especialidad.
En los supuestos de conexión de aparatos, dispositivos o sistemas de seguridad con una central de alarma, con independencia de la responsabilidad y sanciones a que hubiere lugar, cuando el sistema origine dos o más falsas alarmas en el plazo de un mes, el Delegado o Subdelegado del Gobierno, que podrá delegar en el Jefe Superior o Comisario Provincial y, en su caso, la Autoridad autonómica que resulte competente, requerirá al titular de los bienes protegidos, para que proceda, a la mayor brevedad posible, en un plazo máximo que no podrá exceder de 72 horas, a la subsanación de las deficiencias que dan lugar a las falsas alarmas, pudiendo acordar la suspensión del servicio, ordenando su desconexión o la obligación de silenciar las sirenas, por el tiempo que se estime conveniente.
Se considera falsa toda alarma que no esté determinada por hechos susceptibles de producir la intervención policial. No tendrá tal consideración la mera repetición de una señal de alarma causada por una avería dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que ésta se haya producido.
Las empresas de explotación de centrales de alarmas llevarán un libro-registro de alarmas, cuyo modelo se ajuste a las normas que apruebe el Ministerio del Interior, de forma que sea posible su tratamiento y archivo mecanizado e informatizado.
Las centrales de alarmas que tengan contratado servicio de custodia de llaves indicarán en el Libro-Registro de contratos cuales de éstos incluyen aquel servicio.
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Julian Flores Garcia ‏@careonsafety Medidas de seguridad que deben cumplirse en entidades y establecimientos públicos http://wp.me/p2mVX7-1Zf
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 artículo 112
 Real Decreto 
 artículo 6
 artículo 3
 artículo 10
 artículo 25
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