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Ley de Tribunal Nacional Laboral
Caso Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia
42 habitantes de Pueblo Bello y sus familiares
- Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (ASFADDES)
# Petición/Caso ante la CIDH
# Caso ante la Corte IDH
Tipo(s) de sentencia(s) y fecha(s)
10.566 y 11.748
Serie C No. 140
Serie C No. 159
Sentencia. 31 de enero de 2006
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_140_esp.pdf
Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. 25 de noviembre de 2006.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_159_esp.pdf
El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de un grupo de
personas de Pueblo Bello por parte de un grupo paramilitar, así como a la falta de investigación y sanción de los responsables de los
Garantías judiciales y procesales; Derecho de integridad personal; Jurisdicción penal; Jurisdicción militar; Libertad personal; Derechos
de los niños y las niñas; Protección judicial; Derecho a la verdad; Derecho a la vida
- Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos)
- Artículo 4 (Derecho a la vida)
- Artículo 5 (Derecho a la integridad personal)
- Artículo 7 (Derecho a la libertad personal)
- Artículo 8 (Garantías judiciales)
- Artículo 13 (Libertad de pensamiento y expresión)
- Artículo 19 (Derechos del niño)
- Artículo 22 (Libertad de circulación y de residencia)
- Artículo 25 (Protección judicial)
Otro(s) tratado(s)
interamericano(s
Otro(s) instrumento(s)
- Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales
internacional(es) citado(s)
- Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias
SECCIÓN B: DESARROLLO DEL CASO
Petitorio de los representantes de las víctimas: Los representantes coincidieron con lo alegado por la CIDH. para conocer el presente caso. Procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos . Sin embargo. Un grupo de aproximadamente 60 hombres fuertemente armados. 14.566 y 11. pertenecientes a una organización paramilitar llegaron al corregimiento de Pueblo Bello. en los términos del artículo 62.1 de la misma. Procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos .1 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1. en razón de que Colombia es Estado Parte en la Convención Americana desde el 31 de julio de 1973 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de junio de 1985. Además alegó la violación de los artículos 8.Fecha de audiencia ante la Corte IDH: 19 y 20 de septiembre de 2005 16.3 de la Convención. . en perjuicio de las presuntas víctimas de la alegada masacre perpetrada en la población de Pueblo Bello.Los hechos del presente caso sucedieron entre el 13 y 14 de enero de 199. 7 y 19 de la Convención Americana en relación con el artículo 1. quienes finalmente fueron asesinados.13. en perjuicio de las presuntas víctimas de la supuesta masacre y sus familiares.748): 12 de febrero de 1990 y 5 de mayo de 1997 .Petitorio de la CIDH: La CIDH presentó la demanda en este caso con el objeto de que la Corte IDH decidiera si el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 4. . 17. La Corte es competente. no se tuvieron mayores resultados.Se interpusieron una serie de recursos a fin de que se inicien las investigaciones y se sancionen a los responsables. Reconocimiento de responsabilidad internacional No se consigna .Fecha de informe de fondo (44/03): 8 de octubre de 2003 15. . Hechos .Fecha de remisión del caso a la Corte IDH: 23 de marzo de 2004 .Fecha de informe de admisibilidad (41/02): 9 de octubre de 2002 . 5.1 de la misma. Adicionalmente alegaron la violación de los artículos 13 y 22 de la Convención Americana.Fechas de presentación de las peticiones (10. Competencia y Admisibilidad 4. Los paramilitares saquearon algunas viviendas y secuestraron a un grupo de personas.
sean éstas sus fuerzas de policía o sus fuerzas armadas. (…) 139. 123. para la Corte es claro que un Estado no puede ser responsable por cualquier violación de derechos humanos cometida entre particulares dentro de su jurisdicción. al haber propiciado la creación de estos grupos el Estado creó objetivamente una situación de riesgo para sus habitantes y no adoptó todas las medidas necesarias ni suficientes para evitar que éstos puedan seguir cometiendo hechos como los del presente caso. aunque un acto. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y. Es decir. Análisis de fondo I. mediante la emisión de normas penales y el establecimiento de un sistema de justicia para prevenir. con la debida diligencia. 5 y 7 de la misma (Derechos a la vida. los Estados deben adoptar las medidas necesarias. Obligación de garantizar (artículo 1. situación esta última que coloca al Estado en una posición especial de 140. a la integridad personal y a la libertad personal) 1. por ser el corolario esencial para la realización de los demás derechos. Por las razones expuestas en los párrafos anteriores. el carácter erga omnes de las obligaciones convencionales de garantía a cargo de los Estados no implica una responsabilidad ilimitada de los Estados frente a cualquier acto o hecho de particulares. omisión o hecho de un particular tenga como consecuencia jurídica la violación de determinados derechos humanos de otro particular. La Corte observa que si bien la masacre de Pueblo Bello ocurrida en enero de 1990 fue organizada y perpetrada por miembros de grupos paramilitares. sino a toda institución estatal y a quienes deben resguardar la seguridad. no sólo a nivel legislativo.1. administrativo y judicial. integridad personal y vida de las presuntas víctimas 120. en particular. la Corte concluye que el Estado no cumplió con su obligación de garantizar los derechos humanos . No obstante. pues debe atenderse a las circunstancias particulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía. no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa). el deber de impedir que sus agentes atenten contra él. sino que además. De este modo. requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva). relacionado con el artículo 1. (…) [E]l Estado no adoptó. Esta protección activa del derecho a la vida por parte del Estado no sólo involucra a sus legisladores. El cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 4 de la Convención Americana. el Estado propició la creación de grupos de autodefensas con fines específicos.1 de la Convención Americana) los derechos protegidos en los artículos 4. la responsabilidad por los actos de los miembros del grupo paramilitar en este caso en particular es atribuible al Estado en la medida en que éste no adoptó diligentemente las medidas necesarias para proteger a la población civil en función de las circunstancias descritas. aquélla no habría podido ejecutarse si hubiere existido protección efectiva de la población civil en una situación de riesgo razonablemente previsible por parte de miembros de las Fuerzas Armadas o de seguridad del Estado. Ciertamente no existen pruebas ante este Tribunal que demuestren que el Estado dirigiera directamente la ejecución de la masacre o que existiese un nexo entre miembros del Ejército y los grupos paramilitares o una delegación de funciones públicas de aquél a éstos. todas aquellas medidas necesarias para evitar que operaciones de esta envergadura pudiesen llevarse a cabo en una zona declarada “de emergencia y de operaciones militares”. Por otro lado. suprimir y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos criminales. pero éstos se desbordaron y empezaron a actuar al margen de la ley.1 de la misma. Este Tribunal ha señalado que el derecho a la vida juega un papel fundamental en la Convención Americana. pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo. (…) Con la interpretación que durante años se le dio al marco legal. a la luz de su obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos. En razón de lo anterior. aquél no es automáticamente atribuible al Estado.18. 126. En efecto. Los deberes de prevención y de protección de los derechos a la libertad. sino también para prevenir y proteger a los individuos de actos criminales de otros individuos e investigar efectivamente estas situaciones (…).
baste decir que la Corte considera que las investigaciones realizadas en Colombia respecto de los sucesos de Pueblo Bello. a la vez. garante. Por todo lo anterior. Este examen debe hacerse a la luz de lo que dispone el artículo 25 de la Convención Americana y de los requerimientos que impone el artículo 8 de la misma para todo proceso. completa y efectiva de los hechos motivo de esta sentencia. posteriormente de vida de seis personas cuyos cadáveres se han identificado. materia de análisis en los párrafos precedentes. La realización de una investigación efectiva es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos que se ven afectados o anulados por esas situaciones. desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos. se añade que fue el propio Estado el que creó una situación de riesgo que después no controló ni desarticuló (…). en casos de ejecuciones extrajudiciales. La obligación de investigar efectivamente los hechos derivada de la obligación de garantía 143. auxiliados por el poder público. imparcial y efectiva. si bien los actos cometidos por los paramilitares contra las presuntas víctimas del presente caso son hechos cometidos por particulares.consagrados en los artículos 4. 150. debido a la situación del conflicto armado que imperaba en esa zona y que habría llevado al propio Estado a adoptar medidas particulares. De tal manera. y se efectuará en profundidad en el próximo capítulo de esta sentencia (…). 1. graves violaciones de los derechos humanos consagrados en las disposiciones de la Convención citadas en este párrafo considerativo. en cierto modo. es preciso examinar los procedimientos abiertos a nivel interno destinados a dilucidar los hechos ocurridos en Pueblo Bello y a identificar a los responsables de las desapariciones de 37 personas y las privaciones de libertad y. muestran graves fallas que han socavado la efectividad de la protección prevista en la normativa nacional e internacional aplicable en este tipo de casos y han llevado a la impunidad de ciertos hechos delictuosos que constituyen. 5 y 7 de la Convención. la Corte concluye que el Estado no ha cumplido con su obligación de garantizar los derechos humanos consagrados en los artículos 4. y en las investigaciones abiertas al efecto. Por ende. pues. Para los efectos de la determinación de las violaciones de los artículos 4. así como de la vida. a la integridad personal y a la libertad personal por la vía de una investigación seria de lo ocurrido. la responsabilidad por aquéllos actos es atribuible al Estado en razón del incumplimiento por omisión de sus obligaciones convencionales erga omnes de garantizar la efectividad de los derechos humanos en dichas relaciones interindividuales. y se ve concretada y agravada por no haber suprimido o resuelto efectivamente la situación de riesgo propiciada por la existencia de esos grupos y por haber continuado propiciando sus acciones a través de la impunidad. la justicia disciplinaria y la contencioso administrativa. persecución. Para determinar si la obligación de proteger los derechos a la vida. al no realizar una investigación seria. lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado. En particular. si sus hechos no son investigados con seriedad. una investigación seria. por constituir el goce pleno del derecho a la vida la condición previa para la realización de los demás derechos (…). incluso preventiva. enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos. integridad personal y vida. de los habitantes de Pueblo Bello. 145. una de esas condiciones para garantizar efectivamente este derecho está constituida por el deber de investigar las afectaciones al mismo. especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. aun los particulares. como lo son en el presente caso los derechos a la libertad personal. 5 y 7 de la Convención. que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. 5 y 7 de la Convención respecto de las personas desaparecidas y privadas de su vida en este caso. A las situaciones antes descritas de falta de debida diligencia en la protección. captura.2. en perjuicio de las personas desaparecidas y privadas de su vida en este caso. 151. . Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación. resultarían. el Estado tiene el deber de iniciar ex officio y sin dilación. el Estado es responsable por la privación arbitraria de la libertad e integridad personales. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación. en procedimientos llevados a cabo por la justicia penal ordinaria y la militar. de las 43 personas secuestradas en el corregimiento de Pueblo Bello el día 14 de enero de 1990 y posteriormente desaparecidas o privadas de su vida. De tal manera. se ha cumplido a cabalidad. 148. por haber faltado a sus deberes de prevención y protección.
d) determinar la . ha impactado sus relaciones sociales y laborales.1 de dicho tratado.1 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1. Artículos 8. inter alia: a) identificar a la víctima. En relación con la alegada violación del artículo 19 de la Convención (…). 175. 2.2 (…). procesos contencioso administrativos y procedimientos disciplinarios.1). Las autoridades estatales que conducen una investigación deben intentar como mínimo. la Corte considera que ésta ha sido considerada dentro de las faltas a los deberes de prevención. psíquica y moral. este Tribunal ha considerado violado el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas con motivo del sufrimiento propio que éstos han padecido como producto de las circunstancias particulares de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos y a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a los hechos. Todo lo anterior. a su vez. de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.3.1 y 7.1. a cargo de los mismos Estados. fueron abiertos procesos penales en las jurisdicciones penales militar y ordinaria. Esta Corte ha señalado. El derecho a la integridad personal de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida 154. los familiares de las personas presuntamente desaparecidas y privadas de la vida han sufrido graves daños como consecuencia de los hechos de enero de 1990. 5.1.1 del mismo instrumento (Garantías Judiciales y Protección Judicial) 169. con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables. 162. en el marco de esta investigación es palpable la falta de utilización de técnicas apropiadas para la recuperación de los restos en la escena del crimen durante las diligencias de exhumación de cadáveres (…). consagrado en el artículo 5. además de haber afectado su integridad física. En este sentido. en relación con el artículo 1. La Corte ha sostenido que. c) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga. Así. los Estados Partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25). este Tribunal ha especificado los principios rectores que es preciso observar cuando se considera que una muerte pudo deberse a una ejecución extrajudicial. es clara la negligencia de las autoridades encargadas de las exhumaciones y del personal del hospital durante las diligencias de reconocimiento de cadáveres en el Hospital (…). En primer lugar. 177. según la Convención Americana. b) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte. 7. II. En esta línea. en relación con los hechos del presente caso. Como se observa.1) 170.1.2. en algunos casos. El Tribunal ha constatado que. víctimas. 5. por la falta de eficacia en la búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos y. de la desaparición y/o privación de la vida de las mismas. ha alterado la dinámica de sus familias (…). por el miedo de vivir en Pueblo Bello. la Corte estima que los familiares inmediatos individualizados en este proceso deben ser considerados a su vez como víctimas de la violación del derecho a la integridad personal. protección e investigación declaradas como fundamento de la violación de los artículos 4. recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1 de la Convención. Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas. 160. con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales. todo ello dentro de la obligación general.1. 163. Por otro lado. Jurisdicción penal ordinaria 173. que los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser. en reiteradas oportunidades.
se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos. y e) distinguir entre muerte natural. este Tribunal ya ha establecido que en un Estado democrático de derecho dicha jurisdicción ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales. 2. Por ende. en un plazo razonable. la impunidad parcial y la falta de efectividad del proceso penal en este caso se reflejan en dos aspectos: en primer lugar. si se toma en cuenta que participaron en la masacre alrededor de 60 hombres. Jurisdicción penal militar 189. permiten concluir que además de que esta jurisdicción no era la vía adecuada. 204. 193. en términos reales la desaparición de las otras 37 personas permanece en la impunidad. dado que el procedimiento disciplinario adelantado por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos tampoco constituyera una . una investigación de esta naturaleza tiende a la protección de la función administrativa y la corrección y control de los funcionarios públicos. 2.3. suicidio y homicidio. la gran mayoría de los 122responsables no han sido vinculados a las investigaciones o no han sido identificados ni procesados. Ciertamente la existencia misma de un órgano dentro de la Procuraduría General de la Nación para la atención de casos de violaciones de derechos humanos reviste un importante objetivo de protección y sus resultados pueden ser valorados en el tanto coadyuven al esclarecimiento de los hechos y el establecimiento de este tipo de responsabilidades. lugar y momento de la muerte. por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados 182. no constituyó un recurso efectivo para investigar las graves violaciones cometidas en perjuicio de las 43 víctimas de Pueblo Bello. Con respecto al carácter de la jurisdicción penal militar. 188. por lo que puede complementar pero no sustituir a cabalidad la función de la jurisdicción penal en casos de graves violaciones de derechos humanos. Por ello. así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte.2. Las actuaciones en esta vía fueron gravemente negligentes y no se investigó seriamente a miembros de las Fuerzas Armadas que pudieran estar vinculados con los hechos. sólo se debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. Además.causa. No obstante. ni para establecer la verdad de los hechos y juzgar y sancionar a sus responsables. En segundo lugar. En síntesis. forma. Procedimiento disciplinario 203. el derecho de acceso a la justicia de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida con plena observancia de las garantías judiciales. la gran celeridad y el total desinterés con que actuaron los órganos de la jurisdicción penal militar para esclarecer los hechos del caso. La Corte observa que el procedimiento desarrollado en esta sede administrativa tuvo por objeto la determinación de la responsabilidad individual de funcionarios públicos por el cumplimiento de sus deberes en función de la prestación de un servicio. en forma rigurosa. la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia. La Corte considera que la investigación y proceso adelantados en la jurisdicción penal ordinaria no han representado un recurso efectivo para garantizar. la jurisprudencia de este Tribunal. es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen. muerte accidental. (…) [E]l Tribunal Nacional determinó errores en lo actuado hasta ese momento y decretó la nulidad parcial “en lo concerniente […] al homicidio de los moradores de Pueblo Bello cuyos cadáveres no fueron identificados”. En consecuencia. vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares. En conclusión. independientemente de que para la época de los hechos la legislación colombiana facultaba a los órganos de dicha jurisdicción a investigar hechos como los del presente caso. la impunidad se refleja en el juicio y condena en ausencia de los paramilitares que se han visto beneficiados con la acción de la justicia que los condena pero no hace efectiva la sanción. con lo cual la investigación quedó abierta (…). 187.
No toda trasgresión al artículo 13 de la Convención implica la supresión radical de la libertad de expresión.1 y 25 de la Convención. así como en el capítulo relativo a otras formas de reparación. En tal hipótesis. El derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los .investigación completa de los hechos. Una vez analizados cada uno de los procedimientos abiertos a nivel interno en relación con los hechos de Pueblo Bello.1 de la misma. Venezuela. y en atención a las limitaciones propias de este tipo de procedimiento –en razón de la naturaleza del tipo de faltas investigadas y de los fines del órgano a cargo de la misma–. subsiste una impunidad generalizada en el presente caso. en relación con el artículo 1. en las circunstancias del presente caso. y reiterado recientemente en el Caso Palamara Iribarne vs. En el caso de la “Masacre de Mapiripán” la Corte estimó que la reparación integral de una violación a un derecho protegido por la Convención no puede ser reducida al pago de compensación a los familiares de la víctima. Según fue recientemente señalado en el caso Blanco Romero vs. como una justa expectativa que el Estado debe satisfacer a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus familiares y como una forma de reparación. opiniones o noticias. en perjuicio de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida del presente caso. según conduzcan a la supresión de la libertad de expresión o sólo impliquen restringirla más allá de lo legítimamente permitido. así como la interacción general de esos procedimientos en el contexto de impunidad imperante en el período en que fueron aplicados. Además. Procesos contencioso administrativos 206. la Corte considera irrelevante. ideas. recursos efectivos para garantizar el acceso a la justicia. 219. en su jurisprudencia la Corte ha analizado el derecho a la verdad dentro de los artículos 8 y 25 de la Convención. En cuanto al llamado derecho a la verdad. el Estado es responsable por la violación de los artículos 8. el secuestro o la prohibición de publicaciones y. Si bien han sido condenados algunos de los paramilitares responsables de la masacre. como fuera alegado por los representantes. en la medida en que no ha sido determinada toda la verdad de los hechos ni la totalidad de las responsabilidades intelectuales y materiales por los mismos. 2. hay una violación tanto del derecho de cada persona a expresarse como del derecho de todos a estar bien informados. Por ende. se concluye que el conjunto de las faltas a los deberes de protección y de investigación ya establecidas han coadyuvado a la impunidad de la mayoría de los responsables de las violaciones cometidas. 13. 212. las infracciones al artículo 13 de la Convención pueden presentarse bajo diferentes hipótesis. 25 y 1. por medio del poder público se establecen medios para impedir la libre circulación de información. Un ataque a la población civil de las proporciones subrayadas en este caso no pudo pasar desapercibida por los mandos militares de las zonas de donde salieron y por donde transitaron los paramilitares. Artículo 13 de la Convención Americana (Libertad de pensamiento y de expresión) 218.4.1 de la Convención. de modo que se afecta una de las condiciones básicas de una sociedad democrática. este Tribunal lo ha entendido como parte del derecho de acceso a la justicia. analizar más profundamente los alcances y características de la jurisdicción contencioso administrativa como un recurso útil y efectivo para los efectos de un caso de esta naturaleza. Tal como la Corte ha establecido anteriormente. En consecuencia. Ejemplos son la censura previa. puesto que dichos procesos contencioso administrativos se encuentran en trámite y no han producido resultados concretos al momento de dictar la presente Sentencia. todos aquellos procedimientos que condicionan la expresión o la difusión de información al control del Estado. La Corte concluye que los procesos y procedimientos internos no han constituido. 211. ni individualmente ni en conjunto. Chile. la Corte no estima que el derecho a la verdad sea un derecho autónomo consagrado en los artículos 8. en general. la determinación del paradero de las personas desaparecidas y de toda la verdad de los hechos. dicho procedimiento no constituyó un recurso efectivo y suficiente para los propósitos señalados. es un hecho relevante que la mayoría de los paramilitares condenados no se encuentren cumpliendo la condena impuesta por no haberse hecho efectivas las órdenes de captura libradas en su contra. que tiene lugar cuando. III. (…) 210. así como tampoco evaluar su aplicación en el presente caso. la investigación y sanción de los responsables y la reparación de las consecuencias de las violaciones. Por ende.
dicha facultad no los exime de presentarlos en la primera oportunidad procesal que se les concede para esos efectos. 220. sus familiares o representantes tienen la posibilidad de presentar sus propias solicitudes. En el presente caso. . Reparaciones y Costas constituye per se una forma de reparación. si bien las presuntas víctimas. y éstos no alegaron esa supuesta violación del artículo 22 de la Convención en el momento procesal oportuno. (…) En consecuencia. la Corte considera que el Estado no violó el artículo 13 de la Convención Americana. con el fin de evitar la repetición de hechos tan graves como los que ocurrieron en la masacre de Pueblo Bello. pero todos ocurrieron con anterioridad a la presentación del caso ante la Corte. varios familiares de dichas personas sufrieron diversas formas de desplazamiento relacionadas con los hechos del caso (…). La supuesta violación del artículo 22 de la Convención en perjuicio de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida. fue alegada por primera vez por los representantes durante la exposición de sus alegatos finales orales en la audiencia pública. . IV.El Estado debe realizar inmediatamente las debidas diligencias para activar y completar eficazmente. en razón del desplazamiento interno al que se vieran forzados. argumentos y pruebas en el proceso ante este Tribunal (…). puesto que los hechos que fundamentan el alegato de los representantes no están contenidos en la demanda. sea en su escrito de solicitudes y argumentos. En consecuencia. estos hechos no forman parte del cuadro fáctico presentado por la Comisión en la demanda. los representantes no han demostrado la manera concreta en que el Estado habría coartado la libertad de expresión de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida. deberá completar las acciones emprendidas para recuperar los restos de las personas desaparecidas.El Estado debe adoptar inmediatamente las medidas pertinentes para buscar e identificar a las víctimas desaparecidas. la investigación para determinar la responsabilidad de todos los partícipes en la masacre. a través de la investigación y el juzgamiento. 19.La Sentencia de Fondo. así como la de quienes hubiesen sido responsables por acción o por omisión del incumplimiento de la obligación estatal de garantizar los derechos violados.hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes. No obstante. Reparaciones La Corte declara que. Dichos desplazamientos sucedieron en diferentes momentos. en un plazo razonable. la Corte no analizará estos alegatos ni se pronunciará al respecto. Artículo 22 de la Convención Americana (Libertad de circulación y de residencia) 225. tal como fue establecido en los hechos probados. así como para entregar los restos mortales a sus familiares y cubrir los gastos de entierro de aquéllos. . El Estado debe informar a la Corte cada seis meses sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos. La Corte observa que. . tomando en cuenta las normas internacionales pertinentes en la materia. defensa y lealtad procesal. en un plazo razonable. por lo que tampoco podrían calificarse como hechos nuevos en el proceso ni podría considerarse que los representantes no los conocían al momento de presentar sus solicitudes y argumentos. Para estos efectos. en atención a los principios de contradictorio. . ya sea porque la haya suprimido o restringido más allá de lo legítimamente permitido. Además de lo anterior. así como cualesquiera otras que resulten necesarias. para lo cual deberá emplear todos los medios técnicos y científicos posibles.El Estado debe adoptar las medidas pertinentes para que las violaciones a los derechos humanos cometidas sean efectivamente investigadas en procesos en los que se otorguen todas las garantías judiciales.
un acto de disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad internacional. Reparaciones y Costas a quienes ya están identificados. a todos los familiares de las 37 personas desaparecidas y de las seis privadas de la vida que lo requieran. en relación con las violaciones declaradas en la misma y de desagravio a las personas desaparecidas. a favor de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida. Reparaciones y Costas. contado a partir de la notificación de la Sentencia de Fondo. Dentro del plazo de un año. por concepto de daño material. . en presencia de altas autoridades del Estado. Reparaciones y Costas. . según sea el caso. Reparaciones y Costas. el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle acatamiento. en caso que así lo deseen. por concepto de daño inmaterial. las entidades oficiales correspondientes hagan uso de dichas normas internacionales como parte de su instrumental para efectos de la búsqueda e identificación de personas desaparecidas o privadas de la vida.La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de Sentencia de Fondo. que se hayan visto desplazados. a la integridad personal y a la libertad personal de esas personas. . en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional. por una vez. Reparaciones y Costas y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya ejecutado lo dispuesto en la misma. protección e investigación. como consecuencia de las faltas del Estado a sus deberes de prevención. dentro del plazo de seis meses. un monumento apropiado y digno para recordar los hechos de la masacre de Pueblo Bello. . independientemente de las acciones específicas señaladas en el punto resolutivo anterior. a las privadas de la vida y a sus familiares.El Estado debe garantizar que. puedan regresar a tal localidad.El Estado debe realizar. Reparaciones y Costas. en el plazo de un año.El Estado debe pagar las cantidades fijadas en el Anexo II de la Sentencia de Fondo. en el plazo de un año.El Estado debe pagar las cantidades fijadas por concepto de costas y gastos.El Estado debe pagar las cantidades fijadas en el Anexo I de la Sentencia de Fondo. . Puntos resolutivos La Corte declara que. a favor de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida. contado a partir de la notificación de la Sentencia de Fondo. la sección de esta Sentencia denominada Hechos Probados. contado a partir de la notificación de la Sentencia de Fondo. así como la parte resolutiva de la misma. a partir de la notificación de la Sentencia de Fondo. y por el tiempo que sea necesario. protección judicial y garantías judiciales cometidas en su perjuicio. . por haber incumplido sus obligaciones de garantizar los derechos a la vida. . . Reparaciones y Costas. contado a partir de la notificación de la Sentencia de Fondo. así como otros ex pobladores de Pueblo Bello.El Estado debe publicar. y a partir del momento en que realice su identificación en el caso de quienes no lo están actualmente.El Estado debe construir. sin las notas al pie de página correspondientes. así como por las violaciones a los derechos de acceso a la justicia. Reparaciones y Costas. 20.El Estado deberá realizar las acciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad para que los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida. ..El Estado debe proveer un tratamiento médico o psicológico. .
consagrados en los artículos 4. 5. Santiago Manuel González López.El Estado no violó. Carlos Antonio Melo Uribe. tal como lo ha hecho en otros casos. Mario Melo Palacio. a la integridad personal y a la libertad personal. Benito José Pérez Pedroza. Pedro Antonio Mercado Montes. 5. Jorge Arturo Castro Galindo.1 de dicho tratado. los derechos a la vida. César Augusto Espinoza Pulgarín..2 de la Convención. el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Reparaciones y Costas) SECCIÓN C: ACTUACIONES POSTERIORES A LA SENTENCIA . Ricardo Bohórquez Pastrana y Ovidio Carmona Suárez. 21. Fermín Agresott Romero.Solicitud: El Estado solicitó interpretación respecto del alcance de la forma de reparación establecida por la Corte consistente en “implementar. Genor José Arrieta Lora. en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos establecida en el artículo 1. 7. consagrados en los artículos 8. Víctor Argel Hernández.El Estado violó. protección e investigación. por haber faltado a sus deberes de prevención. Raúl Antonio Pérez Martínez. en perjuicio de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida. Miguel Antonio Pérez Ramos.1 de dicho tratado.Interpretación de la Sentencia de Fondo. .1 y 25 de la Convención.1 de la Convención. 7. en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos establecida en el artículo 1. para garantizar el acceso a la justicia. Juan Bautista Meza Salgado.1. José Encarnación Barrera Orozco. José Manuel Petro Hernández. protección e investigación. Benito Genaro Calderón Ramos. en razón del incumplimiento de su obligación de garantizar esos derechos. en razón del incumplimiento de su obligación de garantizar esos derechos. 5. en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos establecida en el artículo 1.2. . en perjuicio de Juan Luis Escobar Duarte.2. Jorge David Martínez Moreno. José Leonel Escobar Duarte. en perjuicio de Manuel de Jesús Montes Martínez.El Estado violó. Urías Barrera Orozco. los derechos a la vida. Andrés Manuel Peroza Jiménez.2 de la Convención. 5. Wilson Uberto Fuentes Marimón. Reparaciones y Costas 22 Sentencia de interpretación . el derecho a la integridad personal. en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos establecida en el artículo 1. Miguel Ángel Gutiérrez Arrieta. Asimismo. Diómedes Barrera Orozco. José del Carmen Álvarez Blanco. por haber faltado a sus deberes de prevención. un programa habitacional de vivienda adecuada para los familiares que regresen a Pueblo Bello”. Voto(s) separado(s) Nombre Juez Antônio Cançado Trindade Tipo de voto Voto Concurrente Razonado (Sentencia de Fondo. Jesús Humberto Barbosa Vega. en perjuicio de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida.1. Camilo Antonio Durango Moreno. solicitó aclaración sobre la distribución de las indemnizaciones entre las cónyuges o compañeras de las . Miguel Ángel López Cuadro.El Estado violó. . en perjuicio de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida.1 y 7. consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana.1. Jorge Fermín Calle Hernández.1. Ángel Benito Jiménez Julio. Carmelo Manuel Guerra Pestana. a la integridad personal y a la libertad personal.1 de dicho tratado. consagrado en el artículo 5. consagrados en los artículos 4. Luis Miguel Salgado Berrío.Fecha: 25 de noviembre de 2006 .1 y 7. los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. Luis Carlos Ricardo Pérez y Lucio Miguel Urzola Sotelo. Juan Miguel Cruz.El Estado violó. Cristóbal Manuel Arroyo Blanco. Célimo Arcadio Hurtado. Ariel Dullis Díaz Delgado. Elides Manuel Ricardo Pérez. . Andrés Manuel Flórez Altamiranda.1 de la misma.
sin las notas al pie de página correspondientes. 23 Supervisión de cumplimiento de sentencia (i) Que de conformidad con lo señalado en los Considerandos 45 y 52 de la presente Resolución. contado a partir de la notificación de la Sentencia. por concepto de daño inmaterial (iii) Que mantendrá abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de los puntos pendientes de acatamiento en el presente . planteada por los representantes. contado a partir de la notificación de la presente Sentencia. . la sección de Sentencia denominada Hechos Probados. en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional. y b) pagar las cantidades fijadas en el Anexo II de la Sentencia. por haber incumplido sus obligaciones de garantizar los derechos a la vida. en relación con los puntos resolutivos décimo sexto y décimo séptimo de la misma. a favor de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida. dentro del plazo de seis meses. (i) Que se desestima por improcedente la demanda de interpretación de la Sentencia sobre fondo. (ii) Que el Estado ha cumplido parcialmente con sus obligaciones dispuestas en los siguientes puntos resolutivos de la Sentencia: a) pagar las cantidades fijadas en el Anexo I de la Sentencia. así como la parte resolutiva de la misma.personas privadas de la vida o desaparecidas. en relación con el punto resolutivo décimo segundo de la misma. como consecuencia de las faltas del Estado a sus deberes de prevención. 276 y 287 de la mencionada Sentencia. ha sido determinado en los párrafos 39 a 49 de la presente Sentencia de interpretación. (iii) Que el sentido y alcance de lo dispuesto en los párrafos 275. (ii) Que el sentido y alcance de lo dispuesto en el párrafo 240 literal a) de la mencionada Sentencia. por concepto de daño material. así como por las violaciones a los derechos de acceso a la justicia. reparaciones y costas. en los términos de los párrafos 21 a 28 de la presente Sentencia de interpretación.La Corte decide.Fecha de última resolución: 9 de julio de 2009 . en relación con las violaciones declaradas en la misma y de desagravio a las personas desaparecidas. en presencia de altas autoridades del Estado. a favor de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida. en el plazo de un año. protección e investigación. un acto de disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad internacional. a la integridad personal y a la libertad personal de esas personas. el Estado ha cumplido con la obligación de: a) realizar. por una vez. ha sido determinado en los párrafos 32 a 35 de la presente Sentencia de interpretación. a las privadas de la vida y a sus familiares. y b) publicar. protección judicial y garantías judiciales cometidas en su perjuicio.La Corte declara. Los representantes señalaron diversas dudas relacionadas con la determinación de los beneficiarios de las indemnizaciones .
así como la de quienes hubiesen sido responsables por acción o por omisión del incumplimiento de la obligación estatal de garantizar los derechos violados. h) pagar las cantidades fijadas en el Anexo I de la Sentencia. en el plazo de un año. así como otros ex pobladores de Pueblo Bello. c) adoptar inmediatamente las medidas pertinentes para buscar e identificar a las víctimas desaparecidas. g) construir. y j) pagar las cantidades fijadas por concepto de costas y gastos. para lo cual deberá emplear todos los medios técnicos y científicos posibles. en un plazo razonable. de conformidad con lo estipulado en el artículo 68. a favor de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida. El Estado debe informar a la Corte cada seis meses sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos. así como cualesquiera otras que resulten necesarias. deberá completar las acciones emprendidas para recuperar los restos de las personas desaparecidas. las entidades oficiales correspondientes hagan uso de dichas normas internacionales como parte de su instrumental para efectos de la búsqueda e identificación de personas desaparecidas o privadas de la vida. a partir de la notificación de la presente Sentencia a quienes ya están identificados. en un plazo razonable. la investigación para determinar la responsabilidad de todos los partícipes en la masacre. La Corte resuelve: (i) Requerir al Estado que adopte todas las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento que fueron ordenados por el Tribunal en la Sentencia sobre fondo. por concepto de daño inmaterial. e) proveer un tratamiento médico o psicológico. un informe en el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir las reparaciones ordenadas por esta Corte que se encuentran pendientes. independientemente de las acciones específicas señaladas en el punto resolutivo anterior. contado a partir de la notificación de la Sentencia. b) adoptar las medidas pertinentes para que las violaciones a los derechos humanos cometidas sean efectivamente investigadas en procesos en los que se otorguen todas las garantías judiciales. un monumento apropiado y digno para recordar los hechos de la masacre de Pueblo Bello. así como para entregar los restos mortales a sus familiares y cubrir los gastos de entierro de aquéllos. a más tardar el 15 de octubre de 2009. reparaciones y costas de 31 de enero de 2006. y a partir del momento en que realice su identificación en el caso de quienes no lo están actualmente. a saber: a) realizar inmediatamente las debidas diligencias para activar y completar eficazmente.caso. a todos los familiares de las 37 personas desaparecidas y de las seis privadas de la vida que lo requieran. Para estos efectos. según sea el caso. con el fin de evitar la repetición de hechos tan graves como los que ocurrieron en la masacre de Pueblo Bello. tomando en cuenta las normas internacionales pertinentes en la materia.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. i) pagar las cantidades fijadas en el Anexo II de la Sentencia. d) garantizar que. . y por el tiempo que sea necesario. que se hayan visto desplazados. a favor de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida. (ii) Solicitar al Estado que presente a la Corte Interamericana. por concepto de daño material. puedan regresar a tal localidad. en caso que así lo deseen. f) realizar las acciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad para que los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida.
(iv) Continuar supervisando los puntos pendientes de cumplimiento de la Sentencia sobre fondo. (v) Solicitar a la Secretaría que notifique la presente Resolución al Estado. en los plazos de cuatro y seis semanas. a la Comisión Interamericana y a los representantes de las víctimas y sus familiares. contados a partir de la recepción del informe. respectivamente. reparaciones y costas de 31 de enero de 2006.(iii) Solicitar a los representantes de los familiares de las víctimas y a la Comisión que presenten observaciones al informe del Estado mencionado en el punto resolutivo anterior. .
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