Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr/Resolucion/Show/5255
Timestamp: 2020-08-12 19:05:31+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 250/2004
SENTENCIA 250/2004, de 20 de diciembre
(BOE nº 18, de 21 de janvier de 2005)
ECLI:ES:TC:2004:250
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 14 de octubre de 2002 doña Ana Llorens Pardo, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a las que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta Sentencia.
a) La entidad bancaria Argentaria, Caja Postal y Banco Hipotecario, S.A., hoy Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., promovió demanda de juicio ejecutivo contra don Francisco García Pérez y doña Juana Leñador Carretero, por importe de 2.285.150 pesetas. La citada cantidad era la resultante de descontar del saldo de la cuenta correspondiente al contrato de leasing ejecutado por importe de 3.149.285 (sic) pesetas la suma de 864.235 pesetas que los demandados habían pagado después de cerrada la cuenta y antes de que se presentara la demanda.
b) Los demandados se personaron en el proceso y opusieron como excepciones a la ejecución la nulidad del título, la iliquidez de la deuda y la plus petición, pues si bien reconocían expresamente la deuda que figuraba en la certificación intervenida, discrepaban sobre las cantidades pagadas a la parte actora con posterioridad al cierre de la cuenta.
c) El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de San Cristóbal de la Laguna dictó Sentencia en fecha 3 de octubre de 2000, en la que rechazó los dos primeros motivos de oposición alegados por la parte demandada -nulidad de título e iliquidez de la deuda-, aceptando únicamente la excepción de plus petición. En la parte dispositiva de la Sentencia se declaró no haber lugar a pronunciar Sentencia de remate y, en consecuencia, se mandó alzar los embargos trabados sobre los bienes de los demandados, condenando a la parte actora al pago de las costas causadas.
d) Contra la anterior Sentencia sólo interpuso recurso de apelación la entidad ahora demandante de amparo, en tanto que la parte demandada se conformó con la misma y no la recurrió, no adhiriéndose tampoco a la apelación.
En el acto de la vista del recurso de apelación la ahora demandante de amparo adujo los siguientes motivos: 1) Primer motivo: infracción por indebida aplicación del art. 1467 LEC y, consecuentemente, infracción por inaplicación del art. 1473.1 LEC, ya que el art. 1467 LEC señala taxativamente los casos en los que puede decretarse la nulidad del juicio, ninguno de los cuales fue admitido por el Juzgado, que estimó la excepción de plus petición, por lo que debió aplicar el apartado 1 y no el 2 del art. 1473 LEC, es decir, debió ordenar seguir la ejecución adelante, expresando la cantidad que debía ser pagada al acreedor. La Sentencia de instancia -se denunció- es totalmente incongruente, ya que la estimación de la excepción de plus petición nunca puede llevar a un fallo que ordene no haber lugar a dictar Sentencia de remate, dado que por su propia naturaleza legal (art. 1466 LEC) la plus petición significa que se debe la deuda, aunque no toda la reclamada. 2) Segundo motivo: infracción del art. 1466 LEC, pues la Sentencia de instancia había tenido en cuenta para apreciar la plus petición las cantidades pagadas después de presentada la demanda y después del requerimiento de pago, que tuvo lugar el 13 de octubre de 1999. 3) Tercer motivo: Con carácter subsidiario, en el supuesto de que se entendiera que las cantidades abonadas después del requerimiento de pago podían ser tenidas en cuenta para apreciar la excepción de plus petición, se solicitó la revisión de hechos probados, en concreto, que la parte demandada había pagado además de la suma de 1.500.000 pesetas el 15 de octubre de 1999, la cantidad de 1.386.832 pesetas el día 20 de octubre de 1999; 4) cuarto motivo: la infracción del art. 1474, párrafo primero, LEC, ya que no debió condenarse en costas a la parte demandante, pues se estimó únicamente la excepción de plus petición y al tiempo de formularse dicha excepción no estaba consignada la cantidad adeudada.
e) La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife dictó Sentencia en fecha 29 de octubre de 2001, en la que desestimó el recurso de apelación, confirmó la Sentencia de instancia y condenó en costas a la ahora demandante de amparo.
f) La ahora demandante de amparo promovió incidente de nulidad de actuaciones contra la Sentencia de apelación, alegando como motivos de nulidad, en síntesis, vicio de incongruencia omisiva, por no haberse dado respuesta a ninguno de los motivos de la apelación; la infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum y, en fin, la vulneración de la prohibición de la reformatio in peius.
3. En cuanto a la fundamentación jurídica de la demanda de amparo se invoca en ésta, frente a las resoluciones recurridas de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, sin que, en ningún caso pueda producirse indefensión (art. 24.1 CE), con base en los motivos que a continuación se resumen:
a) En primer lugar, se imputa a la Sentencia de apelación un vicio de incongruencia omisiva, al no haberse pronunciado la Sala sobre ninguno de los motivos en los que se fundó el recurso, sin que del conjunto de la Sentencia pueda inferirse una respuesta táctica a los mismos, ya que la resolución del recurso de apelación se ha efectuado al margen de las pretensiones en él aducidas.
b) Como segundo motivo de amparo se alega vicio de incongruencia por vulneración de los límites jurisdiccionales del Tribunal de apelación, esto es, la imposibilidad de entrar a conocer sobre aquellos extremos que hubieran sido consentidos por no haber sido objeto de impugnación (tantun devolutum quantum apellatum).
c) Como tercer motivo del recurso de amparo se aduce en la demanda la infracción de la prohibición de reformatio in peius, ya que la situación de la solicitante de amparo se ha visto empeorada como consecuencia del recurso de apelación que interpuso contra la Sentencia de instancia. En efecto, a pesar de que el fallo de esta Sentencia fue el de no haber lugar a dictar Sentencia de remate, lo cierto es que, interpretado de conformidad con su fundamento jurídico tercero, daba por buena la deuda, así como el derecho de la demandante a cobrar todas las sumas reclamadas (salvo las 163.994 pesetas de la plus petición), incluso las cantidades pagadas con posterioridad a la demanda con las que quedaba saldado el principal reclamado y sobre las que la propia Sentencia se pronunció en los siguientes términos: "sin perjuicio de que ese exceso sea destinado al pago de intereses, gastos y costas, devolviéndose el resto que quede, si así sucede, al propio ejecutado". Es decir, en ejecución de la Sentencia del Juzgado nadie podría dudar del derecho de la ahora recurrente en amparo a cobrar, al menos, el principal y los intereses.
4. La Sección Tercera del Tribunal Constitucional, por providencia de 22 de septiembre de 2003, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, acordó conceder a la demandante de amparo y al Ministerio Fiscal el plazo común de diez días para que formulasen, con las aportaciones documentales que procedieran, las alegaciones que estimasen pertinentes en relación con la posible carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda [art. 50.1 c) LOTC].
5. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, por providencia de 31 de marzo de 2004, acordó formar la oportuna pieza para la tramitación del incidente de suspensión y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 56 LOTC, conceder un plazo común de tres días a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal para que alegasen lo que estimaran pertinente.
6. Por diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, de 30 de septiembre de 2004, se acordó dar vista de las actuaciones recibidas a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que pudiesen efectuar las alegaciones que tuvieran por conveniente.
7. La representación procesal del recurrente en amparo evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 3 de noviembre de 2004, en el que reiteró sucintamente las que en su día efectuó en el escrito de demanda.
8. El Ministerio Fiscal evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 8 de noviembre de 2004, en el que, con base en la argumentación que a continuación se extracta, interesó la desestimación de la demanda de amparo:
a) Considera, en primer término, que debe desestimarse el denunciado vicio de incongruencia omisiva o ex silentio por ausencia de indefensión de la recurrente, ya que cuando impugnó la Sentencia de instancia, aunque alegó que incurría en incongruencia, lo que realmente denunció fue la incoherencia interna de dicha resolución, que, después de desestimar las excepciones que hubieran podido fundamentar la declaración de nulidad del juicio y estimar la que obligaba a proseguir la ejecución, si bien reduciendo el importe de la deuda por la que se instó, acordó, sin embargo, no haber lugar a la ejecución. Esto es lo realmente impugnado por la demandante de amparo y la cuestión que resuelve la Sentencia de la Audiencia Provincial, si bien, en lugar de corregir la parte dispositiva de la Sentencia de instancia, lo que hace es mantenerla y corregir su fundamentación, que establece en una especie de nulidad de título porque la certificación expedida por el Corredor de Comercio no expresaba, por haberse realizado con mucha anterioridad a la presentación de la demanda, otros pagos efectuados por los demandados, que redujeron el importe de la deuda en el tiempo transcurrido entre la fecha de cierre de la cuenta y la de presentación de la demanda.
b) Igual suerte desestimatoria ha de correr, en opinión del Ministerio Fiscal, el denunciado vicio de incongruencia extra petita, de acuerdo con una reiterada y conocida doctrina constitucional. En este caso, en la primera instancia, frente a la demanda de ejecución planteada por la actora con fundamento en la liquidación de la póliza de un contrato de leasing, los demandados opusieron la falsedad del título, la iliquidez de la deuda y, en todo caso, el pago en cuantía superior a la debida, decidiendo el juzgador que lo procedente era no haber lugar a dictar Sentencia de remate y liquidar con exactitud el importe de la deuda, autorizando a la demandante a retener en su poder las cantidades entregadas después del requerimiento de pago para aplicarlas al pago de intereses, costas y gastos, devolviendo el sobrante, en su caso, a los demandados. A su vez, durante el recurso la ahora demandante de amparo pidió que se modificara la parte dispositiva de la Sentencia en el sentido de declarar, en lugar de no haber lugar a la ejecución, que se prosiguiera la misma y, subsidiariamente, que no fueran tomadas en consideración las cantidades abonadas por los demandados después del requerimiento de pago o, en otro caso, que se revisaran los hechos probados para excluir determinadas cantidades que se decían pagadas por los demandados, mientras que éstos se limitaron a pedir la confirmación de la Sentencia de instancia.
No puede sostenerse, en opinión del Ministerio Fiscal, que los hechos en los que se fundamenta dicha decisión hayan sido ajenos al proceso y que sobre los mismos no haya tenido la posibilidad de efectuar alegaciones la demandante de amparo, ya que precisamente han sido tales hechos los que han sido objeto de debate a lo largo de todo el proceso, si bien lo que ha ocurrido es que la apreciación de los que se consideran probados determina para la Audiencia la necesidad de aplicar preceptos distintos a los invocados por la demandante de amparo y a los recogidos en la Sentencia de instancia. Pero tal posibilidad, esto es, la de aplicar a las pretensiones planteadas ante los Tribunales normas jurídicas distintas a las invocadas por las partes, no entraña vulneración alguna de los principios dispositivos o de aportación de parte, cuya infracción se encuentra en la apreciación de la incongruencia extra petita, no en la aplicación de otro principio que constituye la esencia de la actividad jurisdiccional -da mihi factual, dabo tibi ius- y que, por ende, no puede entrañar vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, porque justamente el contenido del mencionado derecho fundamental en la jurisdicción civil no es otro que el de la simultánea aplicación de tales principios generales (STC 45/2003, FJ 3).
c) Finalmente, en cuando a si el pronunciamiento de la Audiencia Provincial ha infringido la garantía del principio tantum devolutum quantum apellatum, examinado ahora desde la perspectiva que proscribe que la situación procesal del recurrente se pueda ver empeorada en virtud del propio recurso, el Ministerio Fiscal considera que también debe ser desestimada la queja del demandante de amparo. Sostiene al respecto que, si bien es cierto que la modificación de la Sentencia de instancia se produjo en virtud del recurso interpuesto por la ahora solicitante de amparo, también lo es que la decisión de la Audiencia no empeoró su situación, dado que, en primer lugar, el Juzgado había declarado que no había lugar a dictar Sentencia de remate, que es el mismo pronunciamiento que el adoptado por la Audiencia Provincial, y, en segundo lugar, porque, aun cuando la Sentencia de instancia autorizó a la demandante a aplicar al pago de intereses, costas y gastos las cantidades recibidas de los demandados después de efectuado el requerimiento, ordenando devolver el sobrante, eso es justamente lo que podía hacer en la realidad dicha parte, ya que, teniendo en su poder o a su disposición el dinero que se le debía por diversos conceptos, lo habrá aplicado a saldar la deuda, pues en definitiva no hay diferencia alguna en cuanto a sus efectos solutorios entre el pago hecho de forma voluntaria y el que se realiza en virtud de una decisión judicial. Así resulta además de las actuaciones judiciales, en las que ya consta el comienzo de la ejecución de la Sentencia de instancia, limitándose los demandados a solicitar la devolución del sobrante después de entender que no era procedente el pago de intereses reclamado por la entidad bancaria, que no consta que impugnara la referida resolución.
9. Por providencia de 16 de diciembre de 2004, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 20 de diciembre siguiente.
1. La presente demanda de amparo tiene por objeto la impugnación, tanto del Auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de 31 de julio de 2002, que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones promovido frente a la Sentencia de la misma Sección de 29 de octubre de 2001, como la de esta última, desestimatoria, a su vez, del recurso de apelación interpuesto por la entidad ahora demandante de amparo contra la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de San Cristóbal de la Laguna de 3 de octubre de 2000, en autos de juicio ejecutivo núm. 15/99.
2. A los efectos de delimitar adecuadamente el objeto del recurso de amparo es preciso señalar que la entidad demandante ninguna vulneración autónoma de derechos fundamentales imputa al Auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, de 31 de julio de 2002, desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones que promovió frente a la Sentencia de la misma Sección de 29 de octubre de 2001, por lo que a aquel Auto únicamente le achaca, y entiende le es reprochable, que no haya remediado la lesión de derechos fundamentales que la recurrente en amparo imputa a la mencionada Sentencia, de modo que ha de considerarse en este caso como la resolución judicial que ha venido a agotar la vía judicial previa ex art. 44.1 a) LOTC, para poder impetrar el amparo constitucional.
3. Este Tribunal ha venido definiendo desde la STC 20/1982, de 5 de mayo (FFJJ 1 a 3), en una constante y consolidada jurisprudencia, el vicio de incongruencia como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso. Al conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido el órgano judicial incurre, según hemos dicho de modo reiterado, en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium. Son muy numerosas las decisiones en las que este Tribunal ha abordado la relevancia constitucional del vicio de incongruencia de las resoluciones judiciales, precisando cómo y en qué casos una resolución incongruente puede lesionar el derecho fundamental recogido en el art. 24.1 CE. Se ha elaborado así un cuerpo de doctrina consolidado, que puede sistematizarse, a los efectos que a este amparo interesan, en los siguientes puntos:
a) El vicio de incongruencia, entendido como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido, puede entrañar una vulneración del principio de contradicción constitutiva de una efectiva denegación del derecho a la tutela judicial efectiva siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en los que discurrió la controversia procesal. El juicio sobre la congruencia de la resolución judicial precisa de la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso delimitado por sus elementos subjetivos - partes- y objetivos -causa de pedir y petitum. Ciñéndonos a estos últimos, la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que la nutre, sin que las resoluciones judiciales puedan modificar la causa petendi, alterando de oficio la acción ejercitada, pues se habrían dictado sin oportunidad de debate ni de defensa sobre las nuevas posiciones en que el órgano judicial sitúa el thema decidendi.
b) Dentro de la incongruencia hemos venido distinguiendo, de una parte, la incongruencia omisiva o ex silentio y, de otra, la incongruencia por exceso o extra petitum. Esta última, que es la modalidad que ahora interesa, se produce cuando el órgano judicial concede algo no pedido o se pronuncia sobre una pretensión que no fue oportunamente deducida por los litigantes e implica un desajuste o inadecuación entre el fallo o la parte dispositiva de la resolución judicial y los términos en los que las partes formularon sus pretensiones. La incongruencia extra petitum constituye siempre una infracción del principio dispositivo y de aportación de las partes que impide al órgano judicial, en los procesos presididos por estos principios, pronunciarse sobre aquellas pretensiones que no fueron ejercitadas por las partes, al ser éstas las que, en su calidad de verdaderos domini litis, conforman el objeto del debate o thema decidendi y el alcance del pronunciamiento judicial. Este deberá adecuarse a lo que fue objeto del proceso, delimitado, a tales efectos, por los sujetos del mismo (partes), por lo pedido (petitum) y por los hechos o realidad histórica que le sirve como razón o causa de pedir (causa petendi). Todo lo cual no comporta que el Juez deba quedar vinculado rígidamente al tenor de los concretos pedimentos articulados por las partes en sus respectivos escritos forenses o a los razonamientos o alegaciones jurídicas esgrimidas en su apoyo. Por un lado el principio iura novit curia permite al Juez fundar el fallo en los preceptos legales o normas jurídicas que sean de pertinente aplicación al caso, aunque no hayan sido invocadas por los litigantes; y, por otro lado, el órgano judicial sólo está vinculado por la esencia de lo pedido y discutido en el pleito, y no por la literalidad de las concretas pretensiones ejercitadas, tal y como hayan sido formalmente solicitadas por los litigantes, de forma que no existirá la incongruencia extra petitum cuando el Juez o Tribunal decida o se pronuncie sobre una pretensión que, aun cuando no fue formal o expresamente ejercitada, estaba implícita o era consecuencia inescindible o necesaria de los pedimentos articulados o de la cuestión principal debatida en el proceso ( por todas, SSTC 9/1998, de 13 de enero, FJ 2; 15/1999, de 22 de febrero, FJ 2; 134/1999, de 15 de julio, FJ 9; 172/2001, de 19 de julio, FJ 2; 130/2004, de 19 de julio, FJ 3).
c) De otra parte, como proyección de la doctrina constitucional reseñada sobre las facultades jurisdiccionales del órgano de segunda instancia, este Tribunal tiene también declarado en relación con el recurso de apelación civil que en nuestro sistema procesal la segunda instancia se configura, con algunas salvedades en la aportación del material probatotorio y de nuevos hechos (arts. 862 y 863 LEC 1881 y 456.1 y 460 LEC 2000), como una revisio prioris instantiae, en la que el Tribunal superior u órgano ad quem tiene plena competencia para revisar todo lo actuado por el Juzgador de instancia, tanto en lo que afecta a los hechos (quaestio facti) como en lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas por las partes (quaestio iuris), para comprobar si la resolución recurrida se ajusta o no a las normas procesales y sustantivas que eran aplicables al caso, con dos limitaciones: la prohibición de la reformatio in peius y la imposibilidad de entrar a conocer sobre aquellos extremos que hayan sido consentidos por no haber sido objeto de impugnación (tantum devolutum quantum appellatum). En otras palabras, el principio dispositivo en nuestro sistema procesal rige también en la segunda instancia civil y configura las facultades de conocimiento del órgano ad quem, que en virtud del principio tantum devolutum quantum appellatum sólo puede entrar a conocer sobre aquellos extremos de la Sentencia de instancia que hayan sido objeto de impugnación por las partes en el recurso de apelación (por todas, SSTC 9/1998, de 13 de enero, FJ 5; 212/2000, de 18 de septiembre, FJ 2; 120/2002, de 20 de mayo, FJ 4; 139/2002, de 3 de junio, FJ 2; ATTC 132/1999, de 13 de mayo; 315/1999, de 21 de noviembre; 121/1995, de 5 de abril).
4. A la luz de la doctrina constitucional expuesta ha de ser examinada la primera de las quejas de la recurrente en amparo.
5. El precedente relato es por sí mismo lo suficientemente esclarecedor para constatar que en este caso, pese a los términos del debate procesal suscitado en el recurso de apelación por la entidad ahora demandante de amparo y en los que formuló sus pretensiones -referidos a la estimación por el Juzgado de Primera Instancia de la alegación de los demandados relativa a la plus petición y a la condena a costas de la actora-, la Audiencia Provincial alteró unos y otras, y se pronunció en su Sentencia sobre la excepción de nulidad del título ejecutivo o del acto que le hubiere dado fuerza de tal (art. 1464.1 LEC 1881), cuestión que no había sido suscitada ni planteada por ninguna de las partes en la apelación y que ya había sido desestimada por el Juzgado de Primera Instancia, cuyo pronunciamiento al respecto en ningún momento fue impugnado, habiendo adquirido, por consiguiente, la pertinente firmeza. Tal alteración del debate procesal y desajuste entre las pretensiones formuladas por la recurrente en apelación y la decisión judicial adoptada, que no encuentra cobertura en las facultades de oficio del órgano judicial, constituye, de conformidad con la doctrina constitucional de la que se ha dejado constancia en el fundamento jurídico 2 de esta Sentencia, un vicio de incongruencia extra petitum lesivo del derecho de la demandante a la tutela judicial efectiva. Lesión que, pudiendo haberlo sido, no ha sido reparada por la propia Audiencia Provincial al desestimar por Auto de 31 de julio de 2002 el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la ahora solicitante de amparo, con base, entre otros motivos, en la incongruencia extra petitum en la que sostenía que había incurrido la Sentencia de apelación al haber estimado en este caso, pese a los términos en los que se suscitó el debate procesal en la segunda instancia, la concurrencia de la excepción de falsedad del título ejecutivo (art. 1464.1 LEC 1881).
1º Declarar vulnerado el derecho de la entidad recurrente en amparo a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
2º Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del Auto y de la Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, de 31 de julio de 2002 y de 29 de octubre de 2001, respectivamente, recaídos en el rollo de apelación núm. 221-2001 dimanante de los autos del juicio ejecutivo núm. 15/99, retrotrayendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de aquella Sentencia para que se dicte una nueva resolución judicial respetuosa con el mencionado derecho fundamental.
Numéro et date BOE [Nº, 18 ] 21/01/2005
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 5771-2002
Promovido por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife dictada en grado de apelación de un juicio ejecutivo, y al Auto que denegó la nulidad de actuaciones.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (incongruencia): Sentencia civil que resuelve por un fundamento ajeno a los motivos del recurso de apelación.
La alteración del debate procesal y desajuste entre las pretensiones formuladas por la recurrente en apelación y la decisión judicial adoptada, constituye un vicio de incongruencia extra petitum lesivo del derecho de la demandante a la tutela judicial efectiva [FJ 5].
El recurso de apelación de la sociedad recurrente versó sobre la estimación de la alegación de los demandados, relativa a la plus petición y sobre la condena en costas. Sin embargo, la Sentencia se pronunció sobre la excepción de nulidad del título ejecutivo, cuestión que no había sido suscitada ni planteada por ninguna de las partes en apelación [FJ 5].
La incongruencia extra petitum se produce cuando el órgano judicial concede algo no pedido o se pronuncia sobre una pretensión que no fue portunamente deducida, ni estaba implícita (SSTC 9/1998, 130/2004) [FJ 3].
El vicio de incongruencia es el desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso [FJ 3].
Artículo 863, f. 3
Artículo 1464.1, ff. 4, 5
Artículo 1466, f. 4
Artículo 1467.2, f. 4
Artículo 1474.1, f. 4
Artículo 456.1, f. 3
Artículo 460, f. 3
Incongruencia extra petitaIncongruencia extra petita, ff. 3, 5

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 863

Artículo 1464

Artículo 1466

Artículo 1467

Artículo 1474

Artículo 456

Artículo 460