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Timestamp: 2019-03-22 17:20:58+00:00

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15 preguntas sobre la contratación de...
15 preguntas sobre la contratación de auditores privados por los Entes locales
1. ¿Qué norma permite expresamente la contratación de auditores privados en el mundo local?
2. ¿Las competencias relacionadas con el control de fondos públicos no eran «irrenunciables»?
3. ¿Cómo justifica el legislador de 2017 la contratación local de auditores privados?
4. ¿Exige expresamente el nuevo Real Decreto que se justifique la insuficiencia de medios para celebrar contratos de auditoría privados?
5. ¿Qué es exactamente la insuficiencia de medios?
6. Aún justificada la insuficiencia de medios, ¿estaría justificada la contratación de auditores privadas sin haber barajado otras opciones quizá más acordes con los principios de eficacia, eficiencia, estabilidad presupuestaria, buena gestión presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos locales?
7. ¿Quién debe solicitar o proponer la contratación?
8. ¿Qué normativa regularía estos contratos?
9. ¿Cuál debería ser el objeto de estos contratos?
10. ¿Qué requisitos debería contemplar los pliegos?
11. ¿Podría haber problemas en la ejecución de estos contratos?
12. ¿Cuáles son las consecuencias de que este sea un reglamento de mínimos?
13. ¿Cuál es la experiencia con relación a la celebración de estos contratos?
14. ¿Están capacitados los auditores privados para «colaborar» en el control de los fondos públicos locales?
15. ¿Puede ser positivo para el control de los fondos públicos la contratación de auditores privados?
Subdirectora adjunta de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas
Fecha última revisión: 17/5/2017
LA LEY 3290/2017
El art. 34 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril bajo el título «colaboración en las actuaciones de auditoría pública ejecución de las actuaciones de auditoría pública», dispone:
Efectivamente, el art. 92.3. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local señala:
Y, más concretamente, el art. 92 bis de dicha norma de bases al regular los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, dispone:
La Exposición de Motivos del Real Decreto mencionado expresamente señala que «el Capítulo I del Título I regula los principios generales del ejercicio del control interno, entre los cuales cabe destacar la obligatoriedad de asegurar un modelo de control efectivo estableciéndose unos umbrales mínimos y sobre la base de un análisis de riesgos consistente con los objetivos que se pretendan conseguir y las prioridades establecidas para cada ejercicio.
A estos efectos, el modelo asegurará, con medios propios o externos, el control efectivo del cien por cien del presupuesto general consolidado del ejercicio en la modalidad de función interventora y, al menos, el ochenta por ciento mediante la aplicación de la modalidad de control financiero. Para éste último, en el transcurso de tres ejercicios consecutivos y con base en un análisis previo de riesgo, deberá haber alcanzado el cien por cien del presupuesto general consolidado».
Este requisito ha desaparecido en la versión definitiva del Real Decreto que finalmente ha sido aprobado pero estaba en el proyecto. La referencia a la insuficiencia de medios queda ahora relegada a una mención en la E d M: «para la ejecución de las funciones de control financiero, en la modalidad de auditoría pública a propuesta del órgano interventor y en caso de insuficiencia de medios, mediante los oportunos convenios o contratos, podrán colaborar con las Entidades Locales otros órganos públicos o firmas privadas de auditoría».
No obstante, aunque su articulado no lo exija, lo menciona la E d M y lo exige el TRLCSP que va a ser la norma que deberá respetarse en la adjudicación de estos contratos de auditoría privada.
Se trata de un concepto jurídico indeterminado que va a crear en este caso, igual que viene creando en la contratación pública en general, muchas inquietudes en los gestores y en los órganos de control interno y externo.
Cuando el órgano de contratación intenta justificar la insuficiencia de medios, ¿de qué medios estamos hablando? ¿De los medios del organismo autónomo local, fundación local o empresa pública local o de toda la entidad local? ¿Qué entendemos por insuficiente? Está claro que la ley deja, en este punto, al gestor un margen de discrecionalidad, que no de arbitrariedad, pero ello no significa que esta insuficiencia de medios no deba justificarse en el expediente. La justificación debe ser detallada y específica al caso concreto, no sirve el modelo-tipo de justificación de falta de medios que asiduamente se incorpora a los expedientes y, que en innumerables ocasiones ha puesto de manifiesto el Tribunal de Cuentas, hace ya más de 25 años.
En principio, parece que si atendemos a estos principios que están positivizados como normas en el Ordenamiento Jurídico vigente, parece que los órganos de contratación deberían motivar en el expediente la contratación la necesidad de acudir a auditores privados en lugar de solicitar asistencia de las Diputaciones Provinciales correspondientes o de la Comunidad Autónoma (art. 36.1.b LRBRL).
De acuerdo con el tenor literal del art. 34 del Real Decreto 424/2017, el expediente de contratación se iniciará a propuesta del interventor pero no debemos olvidar que el órgano de iniciación del expediente y de contratación será el Pleno o el Alcalde, según cuantías. No obstante, alabamos que el legislador haya otorgado al interventor local la llave de inicio para proponer la contratación de auditores privados y no la haya dejado en manos de los gestores.
Como hemos señalado anteriormente, el TRLCSP o la nueva Ley de Contratos que se está tramitando en la actualidad en el Congreso y que parece será aprobada este verano, regulará este tipo de contratos de servicios. Ello significa que los órganos gestores deberían cumplir escrupulosamente con todos los requisitos y trámites que exige esta normativa en cuanto a determinación del objeto, adecuación del precio al precio de mercado, clasificación y solvencia, procedimientos de adjudicación, plazos, prórrogas, ejecución, etc.
El art. 34.3 dispone que «asimismo, la Entidad Local podrá contratar para colaborar con el órgano interventor a firmas privadas de auditoría que deberán ajustarse a las instrucciones dictadas por el órgano interventor». Por lo tanto, la contratación de los auditores privados no puede suponer la suplantación de la figura del interventor local sino que la propia norma señala que su papel se circunscribe a «colaborar». Recordemos también que no puede ser objeto de contratos, los servicios que impliquen el ejercicio de autoridad inherente a los poderes públicos.
No obstante, los pliegos del expediente deberán delimitar con absoluta cautela el contenido de estos contratos, tal y como ya se puso de manifiesto por el Tribunal de Cuentas, en el Informe de Fiscalización de los contratos de asistencia técnica para la realización de auditorías en las entidades locales, ejercicios 2004, 2005 y 2006, aprobado el 29 de octubre de 2009.
En el mencionado Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas se señalaba expresamente:
• La sumisión en su ejecución a las NASP vigentes.
• El Calendario de ejecución y Presupuesto de la Auditoría.
• Los objetivos que la auditoría se propone y el tipo de auditoría que ha de realizarse.
• El programa correspondiente a cada área en que se divida la auditoría, estableciéndose los procedimientos, controles y pruebas a realizar de cara a cumplir los correspondientes objetivos y como medio de control de su adecuada ejecución. O bien la necesidad de preparar este programa por el adjudicatario, de acuerdo con la previsión contenida en el art. 198 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento de la LCAP.
• El régimen de los papeles de trabajo de acuerdo con las NASP y su expresa pertenencia a la entidad local contratante.
• El régimen de pagos; de abonos a cuenta por operaciones preparatorias en su caso, y las garantías correspondientes; y de valoraciones y certificaciones parciales, si se considerara oportuno.
• El tipo de relación con el órgano de dirección de la contratación y el régimen de supervisión de los trabajos.
• Igualmente deberá precisarse los aspectos de forma y contenido que deberá presentar el documento en que se concretará el trabajo realizado, en los términos expuestos en la norma 6 de las NASP.
Por supuesto, como en todo expediente contractual puede haber problemas en la ejecución de la prestación por parte del contratista. Así, se puso de manifiesto en el mencionado Informe del Tribunal de Cuentas. Puede ocurrir que el contratista incumpla plazos que son esenciales en la rendición de cuentas, que no realice un informe con el contenido contratado, que realice un informe con errores o contradicciones, etc…
En todos estos casos, el órgano de contratación debería exigir como a cualquier otro contratista, las pertinentes responsabilidades administrativas, penales y contables que pudieran derivarse de dichos incumplimientos.
En la Exposición de Motivos se señala que «el diseño del modelo respeta el principio de la autonomía local, en la medida en que se limita a establecer los estándares mínimos del régimen de control, por lo que corresponde a las distintas Corporaciones adaptar a su realidad los distintos instrumentos que se prevén, en función de los riesgos y de los medios disponibles. En este sentido, resulta particularmente novedosa la posibilidad de establecer mecanismos de colaboración o contratación orientados a lograr el mejor desempeño de la función, siempre con el objetivo último de garantizar el control efectivo de un porcentaje significativo de los recursos empleados».
Habría sido deseable que el Real Decreto hubiera regulado con más detalle algunos requisitos que deben cumplirse en la contratación de auditores privados ya que ello supone una novedad con importantes consecuencias. No obstante, es cierto que el art. 33 del Real Decreto, bajo el título «ejecución de las actuaciones de auditoría pública«, dispone que «las actuaciones de auditoría pública se someterán a las normas de auditoría del sector público aprobadas por la Intervención General de la Administración del Estado y a las normas técnicas que las desarrollen, en particular, en los aspectos relativos a la ejecución del trabajo, elaboración, contenido y presentación de los informes, y colaboración de otros auditores, así como aquellos otros aspectos que se consideren necesarios para asegurar la calidad y homogeneidad de los trabajos de auditoría pública».
Ya hemos comentado que el Tribunal de Cuentas aprobó el Informe de fiscalización de los contratos de asistencia técnica para la realización de auditorías en las entidades locales, ejercicios 2004, 2005 y 2006, aprobado el 29 de octubre de 2009. En este Informe se ponen de manifiesto importantísimas irregularidades y deficiencias detectadas en contratos de auditores privados. Este Informe podría servir de guía para saber qué errores no deberían cometerse a la hora de celebrar estos contratos en el futuro.
Con relación a este Informe, la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, por Resolución de 7 de septiembre de 2011 (BOE, núm. 260, de 28 de octubre de 2011) señaló:
Los auditores privados están o pueden estar igual o mejor de capacitados que los interventores y/o auditores y letrados públicos. No obstante, no puede obviarse que las materias que serán objeto de su trabajo de auditoría son diferentes a las del mundo de la auditoría privada. Por ello, parece que sería necesaria no sólo una acreditación de su capacitación y solvencia en términos del TRLCSP o su inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, sino que deberían poseer una capacitación específica en materia de control del sector público local, materia que por su especialidad requiere unos conocimientos muy específicos; más aún si lo que se va a hacer es una función de control.
Con independencia de que el nuevo Real Decreto lo regule de manera novedosa, la contratación de auditores privados a nivel local es ya una realidad en nuestro país pues se ha venido haciendo al amparo de la normativa de contratación del sector público.
La contratación de auditores privados estará justificada y será positiva para mejorar el control de los fondos públicos locales si se realiza con las cautelas mencionadas en las preguntas anteriores y teniendo presente los principios que deben regir la gestión pública responsable.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
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 Resolución 
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