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Timestamp: 2020-06-01 17:17:18+00:00

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Ley 13/2005, de 27 de diciembre, del régimen de incompatibilidades de los altos cargos al servicio de la Generalidad. TÍTULO V. Responsabilidades y régimen sancionador (Vigente hasta el 07 de Julio de 2007).
Ley 13/2005, de 27 de diciembre, del régimen de incompatibilidades de los altos cargos al servicio de la Generalidad (Vigente hasta el 07 de Julio de 2007).
Vigencia desde 03 de Enero de 2006. Esta revisión vigente desde 03 de Enero de 2006 hasta 07 de Julio de 2007
1. Es infracción leve, a los efectos de la presente ley, la no-declaración de actividades o de bienes patrimoniales e intereses en los registros correspondientes y en los plazos legalmente establecidos si se enmienda en el plazo de quince días a contar del requerimiento administrativo formulado a tal efecto.
2. Son infracciones graves a los efectos de la presente ley:
a) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades establecidas por la presente ley.
b) La omisión de los datos y documentos sustanciales que deben presentarse en cumplimiento de lo establecido por la presente ley.
c) La no-declaración de actividades o de bienes patrimoniales e intereses en los registros correspondientes si no se enmienda en el plazo de quince días a contar del requerimiento administrativo formulado a tal efecto.
e) El incumplimiento del deber de abstención en los casos establecidos por la normativa sobre el procedimiento administrativo común.
1. Las infracciones leves se sancionan con una amonestación por incumplimiento de la presente ley.
2. Las infracciones graves se sancionan con la destitución inmediata del alto cargo infractor por el órgano competente y con la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de la declaración de incumplimiento de la presente ley.
1. Las medidas aplicables al presidente o presidenta y a los consejeros del Gobierno por infracción de la presente ley se rigen por su legislación específica.
2. Los altos cargos destituidos por haber incurrido en una infracción grave tipificada por la presente ley no pueden ser nombrados para ocupar ningún alto cargo durante un periodo de hasta cuatro años. En la gradación de esta medida debe valorarse la existencia de perjuicios para el interés público, la repercusión de la conducta en los ciudadanos y, en su caso, la percepción indebida de cantidades por el ejercicio de actividades incompatibles.
3. Las disposiciones de la presente ley se entienden sin perjuicio de la exigencia de las demás responsabilidades en las que los altos cargos al servicio de la Generalidad puedan incurrir. Si se manifiestan indicios de otras responsabilidades, debe ordenarse al Gabinete Jurídico de la Generalidad el ejercicio de las acciones correspondientes y deben iniciarse las actuaciones pertinentes para revisar los actos y contratos en los que el alto cargo haya intervenido indebidamente y para exigir la indemnización por daños y perjuicios que corresponda de acuerdo con la legislación aplicable. Si las infracciones son constitutivas de delito o falta penal, la Administración debe comunicarlo al Ministerio Fiscal, al cual debe aportar todos los documentos que tenga, y debe abstenerse de seguir el procedimiento mientras la autoridad judicial no dicte una resolución que ponga fin al proceso penal, sin perjuicio de la destitución o la suspensión del alto cargo.
4. Los infractores, en todos los casos y con independencia de las sanciones establecidas por el artículo 18, deben restituir las cantidades que hayan percibido indebidamente.
1. El Gobierno, a propuesta del consejero o consejera del departamento competente en materia de función pública, debe declarar los incumplimientos de la presente ley y debe comunicarlos al Parlamento.
2. El órgano competente para la incoación del procedimiento sancionador es el consejero o consejera del departamento competente en materia de función pública, salvo que el alto cargo afectado sea miembro del Gobierno, en cuyo caso la incoación del procedimiento corresponde al propio Gobierno.
1. El procedimiento sancionador debe establecerse por decreto, de acuerdo con los principios del ámbito sancionador vigentes y con las disposiciones de la presente ley.
2. El consejero o consejera del departamento competente en materia de función pública, antes de incoar el procedimiento, puede realizar actuaciones de carácter informativo y reservado, dando audiencia a la persona interesada, para determinar si concurren circunstancias que justifiquen dicha incoación. El consejero o consejera del departamento competente debe emitir una resolución escrita y motivada, que debe notificar a la persona interesada. Esta resolución debe ordenar la continuación del procedimiento administrativo o bien debe acordar su archivo definitivo. Asimismo, deben analizarse las denuncias que se presenten por presuntos incumplimientos de la presente ley.
3. El órgano instructor, durante la instrucción del procedimiento, puede obtener información y datos procedentes de otras administraciones públicas relacionadas con los hechos que son objeto del procedimiento sin tener el consentimiento de la persona afectada, a la que deben comunicarse puntualmente las informaciones y los datos obtenidos a los efectos que procedan.
Las infracciones graves prescriben a los dos años y las leves, a los seis meses. Las sanciones graves prescriben a los dos años y las leves, al año.
Las entidades de derecho público dependientes de la Administración y las sociedades, las fundaciones y los consorcios en los que la Administración, directa o indirectamente, participe o a los que aporte más del 50% del capital o del patrimonio deben comunicar, en el plazo de quince días a partir del nombramiento, al consejero o consejera competente en materia de función pública, las designaciones y los nombramientos que efectúen en sus órganos rectores para los cargos a los que se refiere el artículo 2, así como los demás datos que se determinen por reglamento.
Las entidades o empresas privadas en cuyos órganos de gobierno y consejos de administración está representado el sector público autonómico deben comunicar, en el plazo de un mes a partir del nombramiento, al consejero o consejera competente en materia de función pública, las designaciones y los nombramientos que recaigan en las personas que componen sus consejos de administración o sus órganos de gobierno y que haya designado la Administración de la Generalidad de acuerdo con lo dispuesto por la presente ley.
Se añade una letra, la p, al artículo 115 del Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la refundición en un texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública, con el siguiente texto:
«p) El incumplimiento, por los responsables de los registros de Actividades y de Bienes Patrimoniales y de Intereses y por el personal que tenga acceso a los mismos, del deber de reserva profesional respecto a los datos e informaciones que conozcan por razón de su función, establecido por la Ley de incompatibilidades de los altos cargos al servicio de la Generalidad.»
Los altos cargos que hayan sido nombrados antes de la entrada en vigor de la presente ley tienen un plazo de tres meses para formular las nuevas declaraciones de actividades y patrimonial y de intereses de acuerdo con las prescripciones de la presente ley. Las autorizaciones de compatibilidad concedidas antes de la entrada en vigor de la presente ley quedan sin efecto una vez finalizado dicho plazo.
Quedan derogados el artículo 1.2.a de la Ley 21/1987, de 26 de noviembre, de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración de la Generalidad, y las disposiciones de rango igual o inferior que se opongan a lo establecido por la presente ley.
Se autoriza al Gobierno para que, en el plazo de tres meses a contar de la entrada en vigor de la presente ley, dicte las normas necesarias para su desarrollo y aplicación.

References: resolución 
 artículo 18
 resolución 
 resolución 
 artículo 2
 artículo 115
 artículo 1