Source: http://derechosanitarioyfuncionpublica.blogspot.com/2016/01/
Timestamp: 2019-01-24 07:21:12+00:00

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Derecho Sanitario y Función Pública: enero 2016
EL DEDO COMO ÓRGANO DE PROVISIÓN: LA POLITIZACIÓN DE LA SANIDAD
Seguro que si le preguntáramos a cualquiera sobre el “sistema” cuasi universal a que obedecen los nombramientos para puestos de especial responsabilidad en los Servicios de Salud (o en cualquier Administración), nos remitiría a ese apéndice articulado en que terminan manos y pies, germen de la politización de la Sanidad: el dedo. Claro está, no el dedo de cualquiera ni cualquier dedo, sino el índice de quien ordena y manda.
Que la Sanidad está politizada parece un hecho indubitado. Tan es así que
escudriñando la diseminada e incompleta normativa que regula los sistemas de nombramientos de Gerentes, Coordinadores, Directores de Enfermería, Supervisores, etc, dentro del Servicio Extremeño de Salud (SES), me he topado con un documento de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, elaborado el pasado año 2015, que lleva por nombre “AGENDA DEL CAMBIO. COMPROMISO Nº 38: DESPOLITIZAR LA GESTIÓN SANITARIA” (enlace a documento), en el que se apuesta por una normativa específica de sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios en los centros sanitarios del SES. Y es que, en el folio 4 de ese documento, dentro del apartado “Procedimiento para la profesionalización del personal directivo, donde se recoja los mecanismos de selección, promoción, evaluación de resultados y criterios de cese”[1], se reconoce explícitamente que:
“A falta de un modelo de selección establecido, todos los Directivos Sanitarios[2] han sido nombrados mediante Currículum Vitae”.
Siendo plausible el empeño, uno se pregunta cómo es posible que tras quince años de gestión sanitaria no se haya encontrado nunca antes tiempo para abordar y, por supuesto, resolver tan inaplazable y capital cuestión, y que se haya recurrido a un sistema -el del currículum (¿sólo el currículum?)- que no parece acomodarse, por sí solo, a la doctrina sentada por los tribunales de justicia.
Ciertamente, extraña que se hable de vacío regulatorio para justificar el recurso al “currículum” porque los procedimientos de provisión de los puestos directivos -que han de garantizar, en cualquier caso, la observancia de los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad- son los que son: el “concurso” (que es el sistema ordinario) y la “libre designación” (configurado, como se verá más adelante, como sistema excepcional sólo para puestos de especial responsabilidad). A ellos se refieren tanto el Estatuto Marco (EM) como el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), si bien remitiendo a las Comunidades Autónomas su desarrollo.
¿Qué sucede entonces? ¿Por qué afirma la Junta de Extremadura que falta un modelo de selección? Pues porque, ciertamente, como sucede con otras[3], en nuestra Comunidad Autónoma aún no hay desarrollado y en vigor (y van 15 años de gestión de la Sanidad) ningún modelo de provisión -ya por concurso, ya por libre designación- para nombrar a directivos y puestos intermedios, excepción hecha del Decreto 152/2006[4], de 31 de julio, que regula la provisión de puestos de trabajo de Jefes de Servicio y de Sección de carácter asistencial de Atención Especializada del SES; Decreto, eso sí, no exento de conflictividad, como lo confirma la siguiente noticia que encontramos publicada el pasado año 2015 en el Diario Hoy (enlace a noticia), donde se denuncia su inobservancia.
Tamaña falla (estamos hablando de la gestión sanitaria) ha de ser cubierta con el Real Decreto-Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social[5], cuyos artículos 20 a 25 regulan la provisión tanto de puestos de carácter Directivo como de puestos de Jefatura de Unidad, donde se recurre, en ambos casos, a la libre designación.
Sucede, no obstante, que ese Real Decreto-Ley 1/1999 debe ser, a su vez, completado con los pronunciamientos emitidos por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo, especialmente en lo que se refiere a la publicidad de las convocatorias[6], a los requisitos, formales y materiales, que deben darse para que un Servicio de Salud pueda acogerse a la libre designación como sistema –excepcional- para ocupar puestos de trabajo y a la motivación del cese de quienes los elegidos.
Y es que no puede obviarse, primero, que cuando de la ocupación de puestos de especial responsabilidad se trata, están en juego el derecho fundamental del artículo 23.2 de la Constitución Española y el derecho de todo empleado público a promocionar, por lo que han de ser observadas, siempre y en todo caso, las garantías constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad; y, segundo, que la libre designación no admite la arbitrariedad, ni en el momento del nombramiento ni en el del cese.
La doctrina del Tribunal Supremo que entendía innecesaria e inexigible la motivación para esta clase de nombramientos debe entenderse totalmente superada.
Llegados a este punto, permítanme que traiga a colación algunos pronunciamientos judiciales muy significativos acerca de la libre designación, que evidencian lo alarmante –quizás contraria a Derecho- de la situación que se vive en el SES, donde, como hemos podido comprobar, se afirma, sin ambages, que los nombramientos para puestos directivos –entre los que se incluyen hasta las Supervisiones- responden a la valoración de currículums, lo que, como se verá, no se acomoda a la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo, que somete la legalidad de la libre designación a una doble exigencia:
La exigencia sustantiva, que consiste en la obligación, a la vista de la singularidad de la plaza, de identificar claramente la clase de méritos que han sido considerados prioritarios para decidir la preferencia determinante del nombramiento.
Y la exigencia formal, referida, entre otras cosas, a la necesidad de precisar las concretas circunstancias consideradas en la persona nombrada para individualizar en ella el superior nivel de mérito y capacidad que le haga más acreedora para el nombramiento".
No basta, por tanto, con que se tenga mejor currículum sino que es preciso que tales referencias evidencien un superior nivel de mérito y capacidad para atender las singularidades del puesto de que se trate y, con ello, satisfacer el interés general cuya tutela se ha de pretender (idoneidad). Exigencias a las que se ha de añadir la publicidad de las convocatorias y, por supuesto, el hecho de que los puestos de especial responsabilidad figuren con ese carácter en las relaciones de puestos de trabajo y su previsión responda a una especial motivación, específica para cada puesto, con la necesaria descripción de cometidos y funciones, que disipe cualquier atisbo de arbitrariedad y refrende su carácter excepcional[7], descartándose la libre designación si el puesto de trabajo está subordinado a otras estructuras organizativas que relativicen su carácter directivo (como pudiera suceder con las supervisiones, que deberían cubrirse mediante concursos de méritos).
1. Sentencias núm. 207/88, 191/91, 200/91, 293/93, 235/00: excepcionalidad
Dice el Tribunal Constitucional en estas sentencias que al régimen de libre designación sólo se debe recurrir con carácter excepcional, siendo aplicable a puestos determinados -puestos directivos y de confianza que la ley relacione- atendiendo a la especial responsabilidad de sus funciones, estableciendo que las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) son el instrumento en el que se determina el sistema de provisión aplicable y que estas han de ser públicas, debiendo incluir la denominación y características esenciales de la especial responsabilidad de los puestos de trabajo de libre designación.
2. Sentencia núm. 221/2004, de 29 noviembre: publicidad de convocatorias
Dice el Tribunal Constitucional en esta sentencia que las exigencias que derivan del derecho fundamental consagrado en el artículo 23.2 de la Constitución Española no se aplican sólo al momento de acceso a la función pública, sino que, conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, se proyectan «también a todo lo largo de la duración de la relación funcionarial o asimilada... siendo aplicable, por tanto, a los actos posteriores al acceso y, entre ellos, a los relativos a la propia provisión de puestos de trabajo» ( STC 192/1991, de 14 de octubre, F. 4).
Sin embargo –sigue diciendo el Tribunal Constitucional-, el régimen legal del procedimiento de libre designación puede servir de apoyo a un «cierto margen de valoración» –amplio, sin duda– «a la hora de apreciar las aptitudes de los candidatos para desempeñar un determinado puesto de trabajo» (STC 235/2000, de 5 de octubre, F. 12), pero no puede justificar que los destinos en cuestión se adjudiquen sin previa publicidad entre todos los aspirantes y sólo sean ofrecidos a unos y no a otros de entre quienes habían accedido a la categoría de cabo.
Conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, una vez que ya se ha accedido a la función pública, otros bienes merecedores de protección (que cabe aceptar que concurren en las tareas que desempeña la División de Escoltas) pueden justificar una modulación en la valoración de los principios de mérito y capacidad en sucesivos procesos selectivos, como sucede, por ejemplo, cuando se utiliza el sistema de libre designación para la provisión de puestos de trabajo (por todas, STC 235/2000, de 5 de octubre, FF. 12-13). Lo que no puede admitirse, sin embargo, es la vulneración de la igualdad de oportunidades entre los participantes, la dimensión «más específica del derecho que reconoce el art. 23.2 CE» (STC 107/2003, de 2 de junio, F. 4), que se deriva de la circunstancia de que la mayor parte de éstos quedaran, por ausencia de publicidad, excluidos incluso de la misma posibilidad de concurrir al procedimiento por el que serían adjudicados dichos destinos en la División de Escoltas y el Área de Información.
Y es que la jurisprudencia citada ha considerado, en efecto, que en los casos de libre designación, la publicidad de las convocatorias es precisamente garantía de la igualdad de oportunidades (STC 235/2000, de 5 de octubre, F. 12), subrayando que el contenido del principio de igualdad «queda suficientemente cubierto con la garantía de la publicidad de las correspondientes convocatorias». Distinto es el supuesto del nombramiento de funcionarios eventuales (art. 20.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública) al que se refiere la STC 235/2000, de 5 de octubre, F. 3, u otros regímenes singulares que ahora no importan.
1. Sentencia de 10 de abril de 2000: elementos de la libre designación
El sistema de libre designación difiere sustancialmente de un sistema de libre arbitrio; ya que su perfil viene delimitado por los siguientes elementos delimitados por los siguientes elementos:
b) Se aplica a puestos determinados en atención a la naturaleza de sus funciones.
c) Sólo entran en tal grupo los puestos directivos y de confianza que la Ley relaciona (Secretarías de altos cargos y los de especial responsabilidad).
d) La objetivación de los puestos de esta última clase (“especial responsabilidad”) está incorporada a las relaciones de puestos de trabajo, que deberán incluir, “en todo caso, la denominación y características esenciales de los puestos” y serán públicas.
2. Sentencia de 7 de abril de 2008: justificación
En esta Sentencia el Tribunal Supremo sienta la doctrina sobre cuándo existe justificación en la elección del sistema excepcional de libre designación:
a) Que no es suficiente que en la memoria o informe de justificación se exprese que el puesto de trabajo es de confianza, inspección, de especial dificultad, etc, sino que es preciso que se exprese que las concretas funciones que se realizan en dicho puesto de trabajo impliquen esas características.
b) Que no es suficiente una justificación genérica sino específica de cada puesto.
c) Que la provisión del puesto de trabajo no admite el sistema de libre designación si está subordinado a otras estructuras organizativas que relativicen el carácter directivo del puesto de trabajo[8].
3. Sentencia de 30 de marzo de 2009: no basta el historial profesional
En esta Sentencia el Tribunal Supremo vuelve a recordar que
“es coherente con la jurisprudencia de la Sala que recuerda el carácter excepcional que la Ley asigna a este sistema de libre designación y en la necesidad de que, cuando se considere necesario acudir a él, se haga también excepcionalmente, y justificando, caso por caso, por qué debe utilizarse […]. Es esa motivación la que la sentencia recurrida echa en falta. Y, desde luego, no es apreciable, como parece sugerir la Comunidad de Madrid en la descripción de los rasgos de los puestos de trabajo controvertidos que puede obtenerse de las propias relaciones y, en general, del expediente administrativo.
Por lo demás, ni la circunstancia de que se trate de puestos con nivel 26, ni la posición que les corresponda en la organización administrativa son razones que, por sí mismas, sirvan para justificar la opción seguida sobre su provisión por la Comunidad de Madrid. La naturaleza de los cometidos a desempeñar y la especial responsabilidad que puedan implicar tales puestos son las razones que podrían, en su caso, hacerlo, pero se trata de extremos que no pueden presumirse, sino que su concurrencia debe ser explicada de manera suficientemente precisa y particularizada por la Administración, cosa que, insistimos, no se ha hecho. "
Aplicando la anterior doctrina al caso de autos, el Tribunal Supremo exige que los puestos a cubrir por libre designación hayan de tener delimitados los requisitos mínimos exigibles a los funcionarios que aspiren a desempeñarlos; ha de considerarse que estos requisitos mínimos no pueden reducirse a lo que el órgano decisor se forje a la vista del historial profesional de los candidatos o aspirantes, porque se estarían eliminando todos los elementos reglados del ejercicio de la potestad discrecional de la Administración Pública (que son los controlables por la jurisdicción), pudiendo dar lugar a la indeseada arbitrariedad. Por ello, la Sala considera que esta falta de motivación o justificación de la elección del sistema de libre designación como cobertura de gran número de puestos de trabajo en la RPT de la Consejería de Agricultura y Pesca, para la que no se establecen ni siquiera los requisitos mínimos que han de reunir los candidatos a desempeñarlos, ha de conllevar necesariamente a su anulación.
Junto a ello, ha de añadirse que, si bien algunos de los puestos para los que se opta por el sistema de cobertura de libre designación pueden calificarse de confianza o asesoramiento, en otros, esta circunstancia es difícilmente constatable. Por todo lo cual careciendo el Decreto de la necesaria motivación así como de la exigencia de requisitos para la cobertura de las 29 plazas anteriormente señaladas y que son objeto del recurso, como de PLD procede su anulación.
4. Sentencia de 30 septiembre 2009, recurso de casación núm. 28/2006: límites y exigencias de la libre designación
Reproduciendo la doctrina ya sentada por la Sala Tercera respecto al nombramiento para cargos jurisdiccionales en las Sentencias de 29 de mayo de 2006 (recurso 309/2004) y 27 de noviembre de 2007 (recurso 407/2006 ), en las que expresamente se declaran superados los anteriores pronunciamientos jurisprudenciales (se citan los contenidos en las SSTS de 3 de febrero de 1997 y 30 de noviembre de 1999) que habían apuntado la innecesariedad e inexigibilidad de motivación en esa clase de nombramientos, recuerda el Tribunal Supremo lo siguiente:
"El núcleo de esa nueva jurisprudencia se apoya en la idea principal de que la libertad legalmente reconocida para estos nombramientos discrecionales no es absoluta sino que tiene unos límites. Límites que están representados por las exigencias que resultan inexcusables para demostrar que la potestad de nombramiento respetó estos mandatos constitucionales: que el acto de nombramiento no fue mero voluntarismo y cumplió debidamente con el imperativo constitucional de interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE); que respetó, en relación a todos los aspirantes, el derecho fundamental de todos ellos a acceder en concisiones de igualdad a las funciones y cargos públicos (art. 23.2 CE); y que el criterio material que finalmente decidió el nombramiento se ajustó a las pautas que encarnan los principios de mérito y capacidad (103.3 CE).
A partir de esa idea se declara también que las exigencias en que se traducen esos límites mínimos son de carácter sustantivo y formal.
La exigencia sustantiva consiste en la obligación, a la vista de la singularidad de la plaza, de identificar claramente la clase de méritos que han sido considerados prioritarios para decidir la preferencia determinante del nombramiento.
A continuación, la sentencia explica las conclusiones prácticas derivadas de la aplicación de los anteriores fundamentos:
"a) En el procedimiento de libre designación rigen también los principios de mérito y capacidad, pero, a diferencia del concurso, en que están tasados o predeterminados los que ha decidir el nombramiento, la Administración tiene reconocida una amplia libertad para decidir, a la vista de las singulares circunstancias existentes en el puesto de cuya provisión se trate, cuáles son los hechos y condiciones que, desde la perspectiva de los intereses generales, resultan más idóneos o convenientes para el mejor desempeño del puesto.
b) La motivación de estos nombramientos, que es obligada en virtud de lo establecido en el artículo 54.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, no podrá quedar limitada a lo que literalmente establece el artículo 56.2 del Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (que sólo la refiere al cumplimiento por el candidato elegido de los requisitos y las especificaciones exigidos en la convocatoria y la competencia para proceder al nombramiento).
Lo establecido en este precepto reglamentario sobre la motivación deberá ser completado con esas exigencias que, según esa nueva jurisprudencia que ha sido expuesta, resultan inexcusables para justificar el debido cumplimiento de los mandatos contenidos en los artículos 9.3 , 23 y 103.3 CE , y esto significa que la motivación deberá incluir también estos dos extremos: los concretos criterios de interés general elegidos como prioritarios para decidir el nombramiento; y cuáles son las cualidades o condiciones personales y profesionales que han sido consideradas en el funcionario nombrado para apreciar que aquellos criterios concurren en él en mayor medida que en el resto de los solicitantes.
c) El Informe que ha de ser emitido por el titular del centro, organismo o unidad a que esté adscrito el puesto [ artículos 20.1.c) de la Ley 30/1984 y 54.1 del Reglamento General de Provisión antes mencionado] es un elemento muy importante en el procedimiento de libre designación, pues está dirigido a ofrecer la información sobre las características del puesto que resulta necesaria para definir los criterios que deben decidir el nombramiento.
Esta importancia hace que se proyecten sobre este trámite de manera muy especial las garantías que son demandadas por los principios de objetividad y de igualdad (artículos 103.3 y 23.2 CE) y, consiguientemente, determinan la aplicación a quien ha de emitirlo de las causas de abstención establecidas en el artículo 28 de la Ley 30/1992 ".
5. Sentencia de 7 de diciembre de 2011: descripción de concretas circunstancias y cometidos concurrentes
Con esta Sentencia el Tribunal Supremo confirma la anulación de una modificación de una RPT que estableció como forma de provisión de 22 puestos de trabajo la libre designación, y ello por lo siguiente:
Por el carácter excepcional que la Ley asigna a este sistema de libre designación y la necesidad de que, cuando se considere necesario acudir a él, se haga también excepcionalmente, y justificando, caso por caso, por qué debe utilizarse.
El Tribunal Supremo no comparte lo que sugería la Junta de Andalucía, que defendía que la descripción de los rasgos de los puestos de trabajo controvertidos podía obtenerse de las propias relaciones y en general del expediente administrativo. El Supremo responde a esa alegación que la alegada facultad de autoorganización y la discrecionalidad técnica en el ejercicio de la misma no pueden considerarse como de sentido absoluto, sino que en todo caso tienen que acomodarse a unos límites legales y a la jurisprudencia de este Tribunal que los interpreta, plasmada en las sentencias que se acaban de indicar. En concreto, la opción por un sistema de libre designación para la provisión de puestos de trabajo está sujeta a unas condiciones legales que la Sentencia recurrida destaca como inobservadas, sin que su apreciación jurídica al respecto haya sido desvirtuada en el recurso. Por lo demás, ni la circunstancia de que se trate de puestos con nivel 26, ni la posición que les corresponda en la organización administrativa son razones que, por sí mismas, sirvan para justificar la opción seguida sobre su provisión por la Junta de Andalucía. La naturaleza de los cometidos a desempeñar y la especial responsabilidad que puedan implicar tales puestos son las razones que podrían, en su caso, hacerlo, pero se trata de extremos que no pueden presumirse, sino que su concurrencia debe ser explicada de manera suficientemente precisa y particularizada por la Administración, cosa que, insistimos, no se ha hecho. De acuerdo con lo expuesto, el presente recurso no puede prosperar".
Por otro lado, en relación con la misma modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, se reitera en la sentencia de 16 de marzo de 2011 (recurso de casación nº 3102/2008 ) cuyo Fundamento de derecho tercero se expresa así: "La jurisprudencia de esta Sala viene insistiendo en el carácter excepcional que la Ley asigna a este sistema de libre designación y en la necesidad de que cuando se considere necesario acudir a él se haga, también excepcionalmente, y justificando, caso por caso, por qué debe utilizarse […]. Habiéndose de añadir que esa justificación, para que pueda ser considerada suficiente, exige describir las concretas circunstancias y cometidos concurrentes en el puesto de que se trate que permitan valorar si es o no de apreciar en el mismo el carácter directivo o la especial responsabilidad de los que depende la validez del sistema de libre designación, y que no bastan a estos efectos fórmulas estereotipadas o la mera denominación aplicada al puesto. Desde la anterior premisa jurisprudencial la infracción denunciada en el recurso de casación no puede ser compartida por lo que se expone a continuación.
La Administración esgrimía, como principal argumento para su defensa, que por tratarse de puestos de nivel 26 a 30 necesariamente habían de ser calificados de confianza y asesoramiento. El Tribunal Supremo responde que ese razonamiento inicialmente no puede ser compartido porque esa calificación ha de resultar de los cometidos y funciones del puesto y no solamente del nivel (como acertadamente ha declarado la sentencia recurrida). A ello ha de añadirse que no resulta así del precepto reglamentario autonómico que se invoca y antes se transcribió, pues en él se exigen para la libre designación dos cosas: que se trate de puestos "expresamente calificados de confianza y asesoramiento" y, además, tengan nivel de complemento de destino "comprendidos entre 26 y 30" . Es decir, que no son suficientes estos niveles ni tampoco por sí solo califican al puesto de "confianza y asesoramiento".
Termina el Supremo afirmando que tampoco en la Memoria Funcional y Económica de la Consejería de Justicia y Administración Pública que es invocada aparecía, frente a lo que se alega en el recurso, la descripción de los cometidos correspondientes a los puestos. En ella ciertamente aparecen las funciones que corresponden a la Secretaría General de Economía y a la Dirección General de Planificación, pero no se describen los cometidos de los puestos aquí litigiosos"
6. Sentencia de 22 de junio de 2012: demostración
En relación al carácter extraordinario de provisión de puestos por libre designación, señala esta sentencia que
“es preciso demostrar y no solo motivar formalmente, que efectivamente dicho puesto no puede ser cubierto por los procedimientos ordinario de provisión (concurso), entre funcionarios habilitados para ello. Esto viene exigido por el derecho de los funcionarios a su carrera profesional y ocupar los puestos de trabajo en función del mérito y capacidad, e incluso por el principio de eficacia y economía que debe regir en la actividad administrativa”.
Según los tribunales de justicia, la facultad discrecional del cese de los funcionarios nombrados mediante libre designación no es arbitraria sino que, para verificar si incurre o no en desviación de poder es necesario un mínimo de motivación de la razón del cese y, en caso de discrepancia sobre las causas del cese, la Administración debe estar en condición de acreditar que el mismo responde a causas objetivas no vulneradoras de derechos fundamentales, de esa motivación. En una Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de Islas Baleares, se entiende cumplida esa motivación con un informe de evaluación de los servicios que estaban a cargo del funcionario objeto de cese.
Después de todo lo expuesto, de normativas más o menos rígidas, más o menos regladas, me sigo preguntando si llegará el día en que seamos capaces de obviar ideologías para premiar ideas y valías, en pro del interés común.
[1] Personal directivo: Subdirectores Cargos intermedios y responsables a nivel de Área: o Jefes/as de Servicio o Jefes/as de Sección o Supervisores/as o Coordinares/as de Área, Bloque, etc. o Coordinadores de Equipo de Atención Primaria. o Responsables de Enfermería de Atención Primaria.
[2] El documento incluye dentro del personal Directivo a los cargos intermedios, como Jefes de Servicio y de Sección. Supervisores, Coordinadores de Área, Bloque, etc, Coordinadores de Equipos de Atención Primaria, Responsables de Enfermería de Atención Primaria, etc.
[3] No así Murcia, que aprobó la Ley 2/2015, de 17 de febrero, sobre regulación de la selección del Personal Directivo de las Instituciones Sanitarias del Servicio Murciano de Salud. Como tampoco Andalucía, donde encontramos el Decreto 75/2007, de 13 de marzo de 2007, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, cuyo artículo 10 fue anulado por el Tribunal Supremo por Sentencia de 9 de julio de 2012 (recurso de casación núm. 1691/2009) al entender que ese precepto dejaba una vía de acceso a la condición de empleado sin que se garantizase debidamente la observancia en ella de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
[5] Aunque el Real Decreto-Ley 1/1999, de 8 de enero sobre selección de personal estatuario y provisión de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, se encuentra derogado por la Disposición derogatoria única del EM, la Disposición transitoria sexta, punto 1.c), del propio EM establece que se mantendrá vigente, con rango reglamentario y sin carácter básico, y en tanto se proceda a su modificación en cada Servicio de Salud.
[6] No va a resultar suficiente la publicidad de las convocatorias mediante tablones de anuncio como tampoco va a bastar con analizar el Curriculum de los aspirantes.
[7] El artículo 74 EBEP dice que: “Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos”.
[8] En Sentencia de 9 de julio de 2012 (recurso de casación 1691/2009), el Tribunal Supremo sí admitió el sistema de libre designación para el nombramiento de cargos intermedios previsto en el artículo 8.a) del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, de la Junta de Andalucía (Jefaturas de Servicios, Jefaturas de Bloque de Enfermería, Coordinación de Programas, Coordinación y Dirección de Unidades Clínicas y Dirección de Centros de Salud), al no considerarse injustificado porque no se establecía para todos los puestos sino tan sólo para los existentes en determinadas unidades administrativas que, por la elevada importancia jerárquica que les corresponde, hacen aconsejable que el cargo intermedio desarrolle sus funciones en una estrecha colaboración con los cargos directivos
Publicado por Raúl Tardío en 15:42 No hay comentarios:

References: artículo 23
 artículo 23
 artículo 54
 artículo 56
 Real Decreto 
 artículo 28
 artículo 10
 artículo 74
 artículo 8