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Timestamp: 2018-01-20 01:16:53+00:00

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Primera parte de la sesion del 22 de marzo de 1915, en, Cronicas y debates de las sesiones de la Soberana Convencion Revolucionaria, recopilacion de Florencio Barrera Fuentes. Captura y diseño, Chantal Lopez y Omar Cortes para la Biblioteca Virtual Antorcha
Acta de la sesión anterior. Se pone a discusión el articulo 12 del Programa de Reformas político-sociales de la Revolución.- Proposición subscrita por los ciudadanos delegados Donaciano Barba y Luis Castell Blanch. Pasan a la Comisión Revisora de Credenciales, las expedidas por varios generales, en favor de los ciudadanos Abel C. Salazar, Quintín A. Pérez, Alejandro del Río, Enrique M. Bonilla y Manuel E. Carsi. Proposición de varios ciudadanos delegados a fin de que sean cedidas íntegras a beneficio del Hospital Militar, las dietas de los delegados que no siguieron a la Convención a la ciudad de Cuernavaca. Memorial del ciudadano Luis Trejo y de 39 vecinos más de la Municipalidad de Xochimilco. Proyecto de Decreto, presentado por el ciudadano licenciado Rodrigo Gómez, Ministro de Justicia, sobre revalidación de actos jurídicos y actuaciones judiciales, practicadas durante la administración de Huerta. Memorial del Comité Revolucionario de esta ciudad. Orden del día.
(El ciudadano secretario Zepeda pasó lista)
El ciudadano secretario leyó el acta de la sesión anterior.
En votación económica, se pregunta si que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie.
Sigue a discusión el artículo 12 del Programa de Reformas político-sociales, que dice:
Facultar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que decida, si así lo piden los electores, en última instancia, sobre la validez de las elecciones de los Poderes de los Estados.
Están inscritos, en contra, los ciudadanos Carlos Treviño, Lecona, Cervantes y Fierro, y en pro no hay ninguno.
¿Hay quién quiera tomar la palabra en pro?
Me reservo el derecho para inscribirme.
Nadie tiene derecho a hablar, si no se ha inscrito.
Por eso digo que me reservo el derecho de inscribirme.
¿No hay quién pida la palabra para inscribirse en pro?
Tengo derecho para reservarme de inscribirme.
En contra, los ciudadanos Carlos Treviño, José Nieto, Cervantes y Fierro, y en pro el señor Lecona.
Tiene la palabra, en contra, el ciudadano Treviño.
Vengo a atacar el artículo 12, a discusión, pues me parece altamente inmoral por lo que voy a permitirme manifestaros. En primer lugar, es una verdad innegable que está en la conciencia de todos, que de la administración pasada, el Departamento de Justicia fue lo más corrompido que ha existido. La Suprema Corte no hacia funciones de Justicia, sino funciones políticas, pues fue la que conculcó más profundamente y más veces nuestras leyes; si nosotros, lejos de restringir las facultades de la Suprema Corte de Justicia para que obre siempre de acuerdo con nuestras leyes, vamos a darle facultades políticas, es indudable que principiamos por corromper esa administración de justicia.
Hay algunos ciudadanos delegados que dicen que esto es un ataque a la soberanía de los Estados, opino también en esa forma, y, por tal motivo propongo que para fallar en última instancia en asunto de elecciones, se nombre una Comisión de la Cámara de Diputados, integrada por los representantes de cada Estado, constituyendo en esta forma una verdadera Comisión o un Jurado integrado por todos los representantes de los Estados de la República, la que en última instancia decidirá sobre la legalidad de las elecciones en los Estados.
Ruego a mis compañeros tengan .en cuenta mis observaciones, para que voten en contra de este articulo, que es altamente inmoral, porque les da facultades politicas, que no debe tener ninguna administración de Justicia.
Tiene la palabra, en pro, el ciudadano Lecona.
Comienzo por pedir a ustedes perdón de hacer uso de la palabra en pro de este artículo, siendo así que no voy a hablar en favor de él, ni tampoco voy a impugnarlo; por consiguiente, me he valido de este ardid de pedir la palabra en pro, para manifestar a ustedes que estoy en todo de acuerdo con lo manifestado por el señor delegado Treviño, a cuyo efecto me he permitido formular la proposición ya por escrito.
Para fundarla debo manifestar a ustedes que de las discusiones que se tuvieron en Cuernavaca, el resumen que se saca de ellas en favor del pro, es la argumentación de que es una reforma política que viene a afianzar de un modo fijo la efectividad del Sufragio; y en contra, dos razones también de peso: la primera que era una inmoralidad querer inmiscuir a ese alto Cuerpo, y segunda, que era atacar la soberanía de los Estados, lo que ha propuesto el compañero Treviño, y que consta consignado en pocos renglones.
Parece que se coloca en el término medio y concilia los dos extremos.
Se establece un Tribunal compuesto de treinta y un diputados al Congreso de la Unión que resuelva sobre la validez o nulidad de las elecciones de los ayuntamientos y poderes de los Estados, fallo que será inapelable.
Como ustedes ven, señores, para nosotros los del pro, los que sostenemos la estabilidad del artícu]o 12, se concilia admirablemente, porque es una reforma política y garantiza de una manera efectiva la legalidad del sufragio.
Para los señores del contra, los que no quieren que la Suprema Corte de Justicia se inmiscuya en asuntos políticos, y por lo que toca a la soberanía de los Estados, también queda en pie aunque los representantes de los Estados tomen participación en la resolución de la nulidad o validez de las elecciones de cada entidad federativa.
Mucha desgracia sería que a la hora de que se presentara un caso de nulidad o validez de las elecciones, no tuviera un representante aquí, cuando cada entidad da, cuando menos, seis o siete diputados; así es que en esa virtud, para obviar tiempo y evitar discusiones acaloradas que no traerían un resultado práctico, suplico a ustedes se tome en consideración esta reforma, previos los trámites de ley, pidiendo permiso la Comisión para retirar el articulo 12, y después de reformada se pondrá a discusión.
El ciudadano delegado Nieto tiene la palabra en contra.
Ya en Cuernavaca expuse algunas razones que me parecieron convincentes para demostrar a esta H. Asamblea la inconveniencia de aceptar el artículo del Programa que está a discusión, y creo, a juzgar por el espíritu que reina en la Convención, que la mayor parte de los que allá estaban en pro del mismo artículo, han reaccionado, convencidos de que nosotros los del contra tenemos razón al impugnarlo.
Quiero, sin embargo, traer a la consideración de esta H. Asamblea algunas razones que acaso puedan borrar de la mente de los señores delegados que todavía estén dispuestos a sostener el artículo en la forma que está concebido, los últimos escrúpulos que pudieran tener sobre el particular, y me Voy a permitir exponerlas la más brevemente posible.
Considero que el artículo a discusión es ilógico, antipatriótico y, por último, la reforma que entraña es impracticable.
Es ilógico porque indudablemente y aunque alguno se empeñara en sostener lo contrario, este artículo es un ataque directo a la soberanía de los Estados, soberanía que nosotros, en el artículo 9 del mismo Programa, hemos convenido en hacer respetar.
Es antipatriótico, porque va contra la unidad de la Revolución, pues a nadie se le oculta que el Estado de Sonora, par ejemplo, tan celoso de su soberanía, el Estado de Morelos, tan celoso de su soberanía, y todos los Estados de la Repúblíca, que aunque no la han vísto respetada jamás, tienen en muy alto concepto la soberanía de su entidad, quedarían notoriamente disgustados y no aceptarían de buena voluntad la intromisión de una autoridad extraña cualquiera, llámese Senado o Suprema Corte de Justicia, en sus asuntos meramente interiores.
Yo recuerdo a este propósito que el Estado de San Luis Potosí, que fue, como todos los Estados de la República, sinceramente maderista al triunfo de la Revolución, unos seis meses o un año más tarde le negó completamente sus simpatías al leader de la Revolución de 1910, debido a la intromisión en los asuntos interiores de aquel Estado, ejercida por algunos políticastros que apoyaba el mismo señor Madero.
No quiero entrar en detalles, pero sí aseguro a ustedes que de seguir interviniendo en los asuntos interiores de los Estados, el Gobierno Federal lo haría pésimamente y se acarrearía, sin duda alguna, la oposición y la antipatía de todos los ciudadanos de las entldades federativas.
Si yo fuera positivamente uno de esos reaccionarios o uno de esos burgueses a quienes alguna vez en el acaloramiento de las discusiones se ha señalado en esta Asamblea, diría que nada más a propósito para desprestigiar a la Revolución, que aceptar este artículo, que me parece escrito por un discípulo de Maquiavelo.
En efecto, cuando se trata de desprestigiar una causa o un hombre, nada es más práctico ni más eficaz que poner de relieve sus defectos, sus abusos, su mala conducta y su falta de principios; si la Asamblea en este momento, con falta absoluta de criterio y de sensatez, fuera a aprobar este artículo, procedería exactamente igual a como procedieron todos los tiranos que la Revolución ha derrocado, porque la Suprema Corte de Justicia, interviniendo en la elección de los Estados, será siempre el pretexto, será siempre el Tribunal cohechable por la influencia central del Gobierno federal, para imponer en los Estados los gobernadores que más convinieren a las miras personales y políticas del ciudadano Presidente de la República.
Yo no me quiero hacer ilusiones respecto de que la Suprema Corte de Justicia vaya a estar integrada en lo futuro por hombres puros e incorrompibles; yo creo que los futuros Magistrados de la Suprema Corte de Justicia serán, en su personalidad moral, exactamente iguales a todos los demás hombres que figuren en la política de nuestro país, y siendo así, ¿por qué hemos de creer que esos señores Magistrados vayan a ser el Tribunal supremo e infalible que pueda decír con toda verdad, con toda honradez y con toda justificación la última palabra en las elecciones locales de las entidades federativas?
Sería un absurdo el creer que porque viene en forma de amparo la queja de un partido cualquiera, derrotado en los Estados, a la Suprema Corte de Justicia, ésta estaría capacitada moral y legalmente para resolver de un modo equitativo y enteramente concienzudo, sobre la validez o nulidad en las elecciones veríficadas en aquel Estado.
Todos vosotros sabéis que los partidos derrotados siempre se sienten influenciados por el despecho, para protestar contra el triunfador, con razón o sin ella; y quiero ponerme en el caso de que la Suprema Corte de Justicia recibiera en una sola vez, a un mismo tiempo, la queja de 27 facciones derrotadas en los Estados de la República; ¿qué haría en ese caso la Suprema Corte de Justicia?
Si alguien ha intervenido en una elección, siquiera sea municipal, sabe que aunque esté circunscrita a un pequeño radio, hay muchos miles de boletas; pues bien, generalmente el fraude electoral empieza con la falsificación de las boletas, y para saber si una elección es buena o mala, hay necesidad de empezar por estudiar la identidad de cada una de las firmas que las autorizan, cosa por cierto muy laboriosa y dificil, pues yo podría citar muchos casos en los que se ha hecho inscribir al pie de las boletas que iban a depositarse en la urna electoral, el nombre de muchos individuos muertos seis u ocho años atrás; aquellas boletas apoyaban la candidatura de un ambicioso vulgar que, no teniendo popularidad, que no teniendo prestigio en los Distritos o en la región donde se queria elegir diputado, recurrió a esa forma de fraude mil veces censurable, para conquistar una curul, lo que consiguió, desgraciadamente, pues el Congreso no tuvo inconveniente en aceptarlo como legal. Yo que fui testigo presencial de aquel chanchullo politico, me indigné profundamente contra lo que llamé en un momento de exaltación, imbecilidad de la Cámara Legislativa, por no haber tenido ésta la idea de tomar informes en las regiones en que habia sido electo aquel pseudodiputado, para aprobar su credencial, porque me parecía un robo, una indignidad, un engaño atroz a la región que venía a representar el referido politicastro.
Creo que ya he dicho lo suficiente para demostrar que en el último ánalisis la reforma que se trata de implantar es sencillamente impracticable; pero si alguien no lo cree, piense en los inconvenientes de orden politico y de orden moral que tiene esa misma reforma, y no se cometa la gravísima falta de apoyarla sin tomar en cuenta sus graves consecuencias. Esto no es revolucionario, ni es patriótico, ni es honrado.
Yo les suplico a los señores del pro, que llevados, no por el apasionamiento, sino dejándose aconsejar por la sensatez que, según parece, ya en los últimos dias ha vuelto a la Asamblea, reflexionen, razonen y comprendan el error en que están al sostener la tesis de que la Suprema Corte de Justicia deberá intervenir en las elecciones locales de los Estados.
No estoy de acuerdo tampoco en la reforma que propone nuestro querido compañero el señor Lecona; la intervención del Senado me parece también inconveniente, por varias razones, y entre otras, porque el Senado nunca sabría distinguir cuándo una elección es buena o fraudulenta, siempre que ésta se verifique en los Estados, porque los señores diputados y los magistrados generalmente se guían por lo que se les dice en las esferas oficiales y no investigan personalmente para conocer el origen, el proceso, el fondo de legalidad o ilegalidad que deben sancionar.
Sostengo, pues, que es inconveniente la reforma que se trata de implantar, y pido a los señores del pro que dejen de apoyarla, convencidos por los razonamientos que ya en otra ocasión y en esta vez les hemos hecho conocer los del contra, rogándoles se sirvan dar su voto negativo al artículo a debate.
El artículo a discusión se relaciona con que la Suprema Corte de Justicia tenga que intervenir acerca de los fraudes escandalosos que se han verificado en los Estados, cosa que tiene razón de ser, y voy a poner de manifiesto hechos concretos:
En el Estado de Morelos, cuando la candidatura Leyva-Escandón, el pueblo de Morelos nunca como entonces tuvo inmenso fanatismo por ejercitar sus derechos politicos y por ver realizadas sus aspiraciones con el sufragio libre.
Todos los pueblos del Estado de Morelos, hasta en el último arrabal, tomaron parte en esa lucha electoral, en donde se vieron burlados escandalosamente, en donde la dictadura porfiriana asestó los más rudos golpes de que es capaz todo tirano, de que es capaz toda dictadura y todo despotismo; todos los pueblos de Morelos tomaron participio y de una manera fanática, en ejercitar sus derechos, y en todos los distritos fue burlado el voto de los ciudadanos; el triunfo en las elecciones estuvo de parte del candidato Leyva, y, sin embargo, el candidato de consigna era Pablo Escandón. Como he dicho antes, la mayoría de los electores resultaron electos o, mejor dicho, designados para elegir gobernador del Estado al candidato don Patricio Leyva, quien fue el candidato del pueblo, que con patriotismo inmenso ganó esa candidatura, con entereza y con mayoría inmensa; pero entonces, señores, como todos vosotros lo sabéis, la arístocracia de Morelos, concentrada en los hacendados, trataron de burlar al pueblo de la manera más infame y más ignomíníosa: acudieron al eterno elector que desígnaba a los gobernadores de los Estados y no sólo síno hasta a los jefes Políticos y los Ayuntamientos de varíos pueblos; acudíeron al mismo, que a una Comisión de Morelos le mandó. Cuando víno a hacerle conocer al dictador Porfirio Diaz que el pueblo de Morelos aceptaba como su culto gobernador del Estado al ingeniero Patricio Leyva, y que se había visto el pueblo hostilizado de diferentes maneras, burlado y que pedía auxilio, pedía las garantías tan circunscritas en nuestra Constitución, la contestación del dictador fue entonces que era de sostenerse la candidatura de Escandón y que si para ello era necesario sostenerla, tenía para ello 70,000 bayonetas y 30,000 cañones y que era necesario que el pueblo de Morelos designara como su gobernador a Pablo Escandón. El pueblo de Morelos desde entonces dirigió un tempestad de protestas, las que presenció todo el mundo y principalmente el pueblo de la República.
Verificadas las elecciones, todos los electores que no quisieron dar su voto en favor de Pablo Escandón, fueron arrojados de los colegios electorales, se les burló de la manera más infame y se les desechó con un cinismo sin igual, que no había conocido hasta entonces.
El que habla en estos momentos, tuvo la honra de participar también de aquellos ignominiosos atentados; yo, en unión del general Zapata y de otros compañeros de Morelos, tomamos participio en esa lucha, y comprendiendo que se cernía la mayor de las injusticias, comprendiendo que el látigo de la tiranía caía sobre nuestras espaldas (como esclavos), al verificarse la elección de Escandón, acudimos en demanda de justicia para sostener los votos en favor de nuestro candídato a la primera Magistratura del Estado de Morelos; ahi pedimos la nulidad de las elecciones en favor de Escandón, porque realmente así lo era, señores; era necesario que se pidiese la nulidad de un candidato que no había sido ungido con el voto del pueblo, como lo demostraron las manífestaciones públicas que hubo en Cuautla, Cuernavaca, Yautepec, Tepoztlán y en diferentes partes del Estado.
El pueblo de Morelos manifestó suficiente energia, pues hasta las mujeres y los niños protestaron; numerosas multitudes se levantaron en masa protestando contra la conducta del gran elector Porfirio Diaz, y a pesar de las demostraciones, a pesar de esas protestas, como he dicho, el pueblo de Morelos fue burlado, porque Escandón se nos impuso, pudiendo más la consigna del tirano Porfirio Díaz, que la voluntad del pueblo.
Lo sostuvo con las bayonetas y pudo más que la voluntad del pueblo, porque sobre la voluntad de éste estaba la planta del dictador y la voluntad de un déspota.
Desde entonces debió haber empezado la revolución en el Estado de Morelos, sí el candidato Ingeníero Leyva hubiera tenido suficiente entereza para encararse contra el despotismo; pero desgraciadamente no fue así, a Leyva le faltó lo mejor: materia prima; lo mejor para levantar el estandarte de la libertad del pueblo.
Nosotros los morelenses pedimos la nulidad de la elección a favor de Escandón, a la gubernatura de Morelos, y esos señores diputados, que representan la soberanía del pueblo, que representan los derechos del pueblo y las instituciones del pueblo; esos señores diputados también nos burlaron, señores.
¿Qué hacer entonces delante de esa burla escandalosa, delante de la bancarrota de los derechos políticos? ¿Qué hacer delante del pisoteo inmoral que se hacía de las instituciones? ¿Dónde pedir justicia? ¿Dónde poder hacer respetar la soberanía del pueblo y la majestad de nuestras instituciones?
Entonces, señores, acudimos al Congreso de la Unión, para pedir en última instancia la nulificación del candidato Escandón, la nulidad de la elección; ¿y cuál fue la contestación que se nos dio? Arrojar al cesto nuestra petición justa, que pedía que Escandón no fuera electo gobernador, puesto que no lo era por la soberanía del pueblo.
La soberanía del pueblo había sido burlada, los derechos del pueblo lo habían sido también. Nosotros optamos por el camino de la ley, por el sendero de la justicia, antes que seguir el camino de la Revolución; pero debo manifestarles que los diputados de entonces, el Senado mismo, permaneció mudo, porque los tiranos, cuando están de parte de los mismos tiranos y de parte del despotismo, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, pierden todas las percepciones físicas y no escuchan los clamores, no sienten las necesidades del pueblo.
De suerte que desde entonces sufrimos una profunda decepción y desde entonces, si es cierto que se trata de instituir, como se ha instituido por largo tiempo, un Poder, ese Poder que personifica a la justicia debe ser quien resuelva en última instancia sobre lo que vale la soberanía del pueblo, sobre lo que vale el voto del pueblo y de nuestra sociedad, para que de esa manera nuestra soberanía se haga efectiva y no se burle la soberanía de los pueblos de la República.
Entiendo yo, señores, que sería mejor sugerir la aceptación del Tribunal de la Justicia de México, para que definiera sobre la nulidad o validez de las elecciones (a la Suprema Corte de Justicia). Si allí no se encuentra justicia, borremos esas letras de oro que en muchas ocasiones se han inscrito en el Palacio Legislativo: Jus suum cuique, que significa dar a cada uno lo que es suyo.
Si no damos justicia, borremos, señores, lo que se dice al pueblo. Si es que debe existir justicia para los mexicanos, ¿por qué vamos a desconocer a un tribunal que debe definir sobre la validez o nulidad de las elecciones de un Estado? ¿Por qué se meten con la soberanía de un pueblo? Que se quiten entonces los bancos de la Cámara Legislativa, en donde los señores diputados que representan al pueblo no han sido sino autómatas de los tiranos, donde los que representan al pueblo no han sido más que comedia, donde el Senado, que representa a la Federación, señores, no ha tenido tal representación
El Senado aquí no se ha ocupado más que de mover la cabeza y de dar su asentimiento a todos los actos de las dictaduras. Yo protesto contra esa actitud del Senado pasado y de las Cámaras pasadas, porque bien sabéis que esas Cámaras no han cumplido con su deber; por eso queremos elevarlas hasta la Suprema Corte de Justicia, para que allí vayan las quejas del pueblo, para que si las Legislaturas de los Estados pisotean la soberanía de aquellos pueblos, presenten su queja. Que esas Legislaturas sean destituidas y confinadas a los últimos calabozos, con los mayores criminales del pueblo.
Entiendo, pues, señores que invocáis a la Justicia, que no es una inmoralidad; no, señores, porque afortunadamente nuestros Poderes han estado divididos en tres ramas principales, ramas que se han reducido a un tronco que se llama Ejecutivo.
La rama de Justicia, no ha sido de justicia, los tribunales de justicia no han sido tribunales de justicia sino de pasiones y de banquetes.
Los Códigos no han estado más que escritos, pues nuestras leyes se han reformado a la voluntad y al capricho de los dictadores; así es que ni las leyes ni los tribunales los hemos conocido. El pueblo está hambriento y sediento de justicia y si queremos tener un buen gobernante ungido por el voto del pueblo, si queremos que esos representantes del pueblo sean verdaderamente emanados de la voluntad popular, entonces, señores, habremos procedido como proceden los hombres honrados, puesto que si los Poderes públicos de un Estado pisotean las elecciones, pisotean la voluntad de los pueblos que representan, esos hombres deberán pasar a los calabozos más obscuros, cuando la justicia sea justicia y los nivele por parejo.
De hoy en adelante los legisladores, el Congreso y las Cámaras de la Unión que no cumplan con su deber, serán arrojados de sus bancos, puesto que no saben cumplir con la justicia y puesto que no están de parte del pueblo; puesto que los representantes que nombra el pueblo no son representantes sino autómatas, son secundinos y no hacen más que lo que la consigna les ordena.
En lo sucesivo, todos los legisladores que no cumplan, que se pongan a la disposición de las autoridades; lo mismo que todas aquellas autoridades, todos los Poderes públicos que traten de hacer fraudes escandalosos o que cometiesen fraudes electorales al sufragio libre; en lo sucesivo, que vayan a parar a las cárceles, que vayan a confundirse con los criminales, para que el pueblo tenga justicia y positivas libertades.
Por esa circunstancia, señores delegados, y en vista de los acontecimientos que se han sucedido, en vista de los hechos concretos que aquí he citado principalmente, pues todos vosotros fuisteis testigos de que en Sinaloa como en Morelos también fue violado el sufragio, pues entonces todos vosotros conocisteis al candidato del pueblo: Ferrer, y al candidato de la política: Redo, y visteis que también el pueblo fue burlado, como lo ha sido en todas las ánforas electorales, por todas y cada vez que se le ha llamado para que ejercite sus derechos, pues muchos de los esbirros de la dictadura, cuando algún ciudadano iba a votar le decían: Si votas a favor de éste trae tu boleta, pero si vas a votar en favor del candidato de los desarrapados, entonces tu voto se encuentra en el cañón de estas armas.
Por esta circunstancia, señores delegados, si queréis que haya justicia para el pueblo, que no haya comedias electorales y que se supriman los abusos y crimenes de las autoridades, votad en pro del artículo, porque ni es inmoral, ni es injusto, ni es un error tampoco.
Los que en el terreno de la práctica hemos ejercitado nuestros derechos políticos, hemos visto azotadas nuestras aspiraciones contra las rocas que encontramos aquí en los bancos de esta Cámara.
Ha habido hombres que no se han preocupado por la decantada soberanía de los Estados y que violan la soberanía de los mismos, cuando está siendo burlada.
O no existe justicia, o de la soberanía de los Estados muy pocos son los que se han preocupado y sí la han desgarrado muchas veces. Yo no sé por qué razón se quiere dar a esta Cámara una acción que compete a los Tribunales; porque si en un Estado se violan los derechos políticos, se violan también los derechos que tienen una base en nuestras leyes, y esto es precisamente por no tener una disposición de los tribunales que corresponden a hombres sin conciencia, que son capaces de corromperse y no son capaces, en cambio, de salvar al pueblo de la ignominia.
Si queréis insistir en que los trabajos electorales sean correctos, y si queréis positivamente que haya verdaderas reformas y que en lo sucesivo se ensaye otro sistema distinto del que hasta ahora hemos estado ensayando y que ha sido fatal, entonces, señores, debéis de votar este artículo, para que de esa manera ni la Cámara de la Unión ni las Legislaturas de los Estados sigan burlando al pueblo; si lo siguen burlando, entonces las Cámaras de la Unión irán al fracaso, como los criminales, y sobre ellos debe caer la espada de la ley y el peso de la Justicia debe descargarse sobre sus cabezas. He dicho, señores. (Aplausos)
Traigo mis argumentos muy mal pergeñados, porque en verdad no tuve a última hora el tiempo suficiente para ordenarlos y para traer citas suficientemente autorizadas. Sin embargo, entre ellas, entre esas citas, haré mención de algunas que, como las del señor licenciado Vallarta, de quien hice mención en la anterior discusión sobre el mismo asunto, sientan una gran fuerza de argumentación y sientan jurisprudencia en el asunto; pero según mi costumbre, voy a empezar por contestar a las argumentaciones del pro, porque el temor de olvidarlas me hace tomarlas en consideración desde luego.
El señor general Montaño, defendiendo la idea de que se debe facultar a la Suprema Corte de Justicia para que intervenga en los juicios sobre validez de las elecciones de los Estados, y de todas las autoridades en cada Estado, nos ha hecho una relación bastante exacta de los acontecimientos verificados en su Estado natal, cuando, como en otras ocasiones y en la mayoría, si no en la totalidad de los Estados de la República, se ejerció el abuso de autoridad y se cometió toda clase de atropellos, basados en la tiranía de Porfirio Díaz.
Efectivamente, en Morelos el pueblo pretendió ejercitar el legítimo derecho de llevar a término su elección en un candidato verdaderamente popular: en el señor Leyva. Ya el señor Montaño nos describjó con gran colorido cuáles fueron las diversas fases de ese proceso de elección, y cómo sucesivamente fueron ellos los defensores de la legalidad, cuál fue el atropeilo y cuál su decepción después de acudir a todas las autoridades que pudieron resolver el asunto.
Fue una de ellas seguramente la Asamblea Legislativa local, a la que ellos acudieron, y nos dice el señor Montaño cómo esa Asamblea se declaró incompetente; cómo también acudieron al Gobierno local, que no les hizo caso; y, finalmente, cómo incurrieron en el error de acudir a la Cámara Legislativa federal, que tampoco les hizo caso.
Yo creo que si los señores defensores de esos justísimos derechos, en esa época que fue anterior a la de 1910, hubieran hecho un esfuerzo por mantener su derecho y hubieran llegado a todos los extremos por conseguir el imperio de una causa legítima, lo habrían conseguido, le habrían prestado un gran servicio a la Nación, porque con la cabeza o sin la cabeza del señor Leyva, hubieran, sin embargo, ejercido el supremo derecho que tiene el pueblo de levantarse en armas cuando no se le da justicia; y entonces el señor Montaño y los otros hombres que hubieran seguido este procedimiento, se habrían hecho más grandes que con ocasión de la revolución de 1910, y probablemente ese movimiento habría hecho que el de 1910, que tuvo un interrupción dolorosa, hubiera triunfado más pronto y mejor.
Pero eso que nos recuerda el señor Montaño, no es ninguna argumentación en pro del artículo que él defiende y por el cual se pide que la Suprema Corte de Justicia entienda en materia de elección de autoridades de los Estados.
El argumento principal que yo voy a aducir para pretender que bajo ningún concepto debe aceptarse ese artículo, es, sencillamente el de que invade la soberanía de los Estados.
Yo no sé en este momento, dada la no existencia de enérgicos pros en el asunto a discusión, cuál es el sentir de la Asamblea revolucionaria; pero cumpliendo con un deber, como lo he hecho en todas las ocasiones, vengo a atacar el artículo y no me causaría ni decepción ni sorpresa el ver que se cometiera un error más: el error de aprobarlo; y digo que no me causaría grande decepción, porque, afortunadamente, nosotros, sin legítimo derecho estamos pretendiendo legislar; pero bien pronto, según decreto que nosotros hemos expedido, vendrá el restablecimiento del período constitucional y con él una Asamblea Legislativa, que sancionará o no nuestras pretendidas leyes.
Para defender el punto relativo a la facultad que se discute de la Suprema Corte de Justicia para invadir la soberanía de los Estados, empezaré por hacer cita de un artículo de la Constitución.
Díce el artículo 40:
Es voluntad del pueblo mexicano ... (Lo leyó).
Según un maestro en materia constitucional: Blonchly, la soberanía, que es la que se invoca en este artículo, la soberanía de los Estados, que es la que venimos a defender, es la facultad que una nación tiene de organizarse, de conservarse y de desarrollarse; a esa soberanía importan la dignidad y las libertades públicas y especialmente la potestad de dar leyes y de aplicarlas, o sea, en otros términos: importa el ejercicio del Poder público.
Yo no concibo entonces cómo podría ser soberano un Estado, si nosotros fueramos a establecer por ley que sobre los asuntos de su régimen interior, porque es de su régimen interior la cuestión de elecciones, fuera a tener intervención autoridad alguna federal; sería sencillamente autorizar que alguna autoridad federal, cualquiera que ella fuera, tuviera facultades de inmiscuirse en los asuntos de cada Estado, con lo cual quedaban de plano destruidos los artículos relativos a la soberania de los Estados; y estoy seguro de que todos los ciudadanos de cada Estado se defenderían de ese atropello; y se establecería, además, el precedente inmoral de hacer a la Suprema Corte de Justicia un poder omnímodo.
Yo participo de la opinión de algunos autores que, en mi concepto, son los mejores en derecho y en materia de derecho constitucional, participo de la opinión de que la Suprema Corte de Justicia no debe considerarse como un Poder; la Suprema Corte de Justicia es un juez que tiene por misión la de dar sanción, la de dar exacto cumplimiento a las leyes que de antemano ha dictado el pueblo; de manera que el ejercitar ese derecho no constituye, desde el punto de vista legal, un positivo, un verdadero Poder; es un ramo de la administración de justicia, nada más.
Si se aceptara que la Suprema Corte de Justicia fuera un Poder, se podría, por un procedimiento lógico, establecer la siguiente conclusión: supongamos que el Gobierno determina que se establezca una oficina de impuestos, para que ponga en sanción las leyes relativas; puesto que esa función era una función análoga a la de la Suprema Corte de Justicia, podría decirse, con la misma lógica que combato, que esa oficina, que desempeña esa función, era el Poder Fiscal, cosa que, como desde luego se advierte, es inaceptable; se llamará un departamento del Fisco, del mismo modo que pretendo yo, con la autoridad de las autoridades en que me apoyo, que la función judicial de la Suprema Corte de Justicia es la de dar sanción y exacto cumplimiento a las leyes de antemano dictadas por el pueblo.
Tenía yo otros varios argumentos que aducir, pero voy a ser corto, porque espero que las citas que voy a hacer y que sientan jurisprudencia, bastarán para llevar al convencimiento de la gran mayoría de esta Asamblea, que debe reprobarse el artículo a discusión.
El 12 de octubre de 1873 se promovió, del mismo Estado de Morelos, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un juicio de amparo contra la Ley de Hacienda de ese Estado. Los que promovieron el juicio y pedían el amparo, alegaban dos cosas que, como va a juzgarlas la Asamblea, tenían gran peso. La primera era que hacían constar el hecho de que en el seno del Congreso local había un diputado que había intervenido en la sanción de esa ley hacendaria y que al mismo tiempo desempeñaba las funciones de Jefe Político, lo cual daba una razón fundamental para considerar que había ilegitimidad de parte de ese diputado; y el segundo argumento, de más peso todavía, era el de que el Gobierno del Estado era ilegítimo, porque había sido reelecto y en esa época la Constitución prohibía expresamente la reelección.
Se ve, pues, que las razones que se invocaban eran de tomarse en consideración, y, sin embargo, la resolución fue contraria a esas pretensiones, porque la Suprema Corte de Justicia estableció, y eso constituye la jurisprudencia, que debía respetarse la soberanía de los Estados, estableciendo, además, consideraciones relativas a la diferencia que hay entre la competencia y la legitimidad, refiriéndose a que con pretexto de ilegitimidad de los funcionarios, se pretendía que la Suprema Corte de Justicia tuviera competencia para juzgar de esa ilegitimidad.
Este asunto, y de ello estarán bien al tanto los señores juristas, dio motivo a largas discusiones en el Foro mexicano, y distinguidos abogados publicaron folletos y disertaciones sobre él, hasta que la autoridad ejecutiva, considerando que las facciones que pretendían establecer la falsa doctrina de que la Suprema Corte de Justicia debía intervenir en las elecciones de las autoridades de los Estados, lanzó un decreto de 9 de mayo de 1875, por el cual establecía que sólo los colegios electorales pueden resolver sobre la legitimidad de las autoridades de los Estados y que ningún Poder, autoridad o funcionario de la Federación puede revisar ni poner en duda los actos de los funcionarios federales o de los Estados, y ese decreto llegaba hasta a penar a sus infractores, como se consigna en el capítulo VII título XI del Código Penal.
A pesar de ese decreto continuaron las discusiones, y la Suprema Corte de Justicia, inconsecuente con la jurisprudencia sentada, dio algunos fallos que tuvieron muy poca aceptación o aprobación en la conciencia pública.
Es un hecho histórico que la Suprema Corte de Justicia en esa época se vio en verdaderos conflictos, por falta de criterio para juzgar en materias que no le incumbían, y que la revolución de Tuxtepec fue la que puso punto final a las dificultades verdaderamente grandes de esa Suprema Corte de Justicia, cuando como miembro prominente de ella fue nombrado el licenciado Vallarta.
El licenciado Vallarta produjo trabajos que, según lo aseguran los jurisconsultos del Foro mexicano, son los más notables y de más renombre en materia jurídica.
El licenciado Vallarta encauzó la moralidad y los trabajos de la Suprema Corte de Justicia. Habló de la competencia y de la legitimidad a que he hecho referencia, y estableció en una flamante, en una notabilísima disertación sobre el asunto, que no debía concederse a la Suprema Corte de Justicia la facultad de intervenir en las elecciones de las autoridades de los Estados, porque sería desde luego atacar de manera directa a su soberanía, y dijo estas palabras:
De aceptarse tales ideas, la Suprema Corte de Justicia debería considerarse como una institución anárquica, indigna de conservarse en el Código Supremo de una nación culta.
Quiero, como argumento final, decir a los señores delegados que consideren que nosotros debemos oponernos, y ésa ha sido mi tendencia en las múltiples discusiones que hemos tenido, a que cualquiera de los llamados Poderes de la Nación, ya sea el Ejecutivo o bien el Legislativo o el Judicial, tengan influencia sobre los demás Poderes. Yo he defendido esa tesis, porque estoy convencido de que la supremacía de cualquiera de ellos es absolutamente perjudicial para los otros dos, y al ser perjudicial para los otros dos, lo es también para el ejercicio de las leyes y para la sanción de la verdadera democracia.
Si la Suprema Corte de Justicia tuviera la facultad de poder decir la última palabra en materia de elección de autoridades de los Estados, no faltaría nada para sancionar el que la Suprema Corte de Justicia estaba facultada para tener intervención y fallo en toda clase de elecciones populares, y entonces se llegaría al desacierto formidable de que la Suprema Corte de Justicia podría, si así lo juzgaba conveniente, declarar que las elecciones de Presidente eran nulas, o que eran nulas las elecciones de diputados al Congreso de la Unión; es decir, que se establecía de una manera grave, trascendentalmente grave, la supremacía de la Suprema Corte de Justicia sobre el Poder Ejecutivo y sobre el Poder Legislativo.
Habría todavia que analizar las consecuencias de esa barbaridad, cuando reflexionáramos en que la Suprema Corte de Justicia podría constituirse en el tirano de la Nación, puesto que en último resultado de cuentas y por la sanción errónea de nuestra Constitución, que quiere que los miembros de la Suprema Corte de Justicia sean nombrados como resultado de una elección popular, fueran ellos quienes, en último resultado, tuvieran que juzgar de sus propias elecciones.
Consideren, pues, los señores delegados, las consecuencias graves de orden legal y político que tendría la aceptación del artículo a debate, y después de una reflexión sensata reprueben ese artículo.
Yo suplico a los señores oradores del contra de este artículo, me digan qué vamos a hacer cuando un partido ha sido vencido fraudulentamente en un Estado y que vengan con la seguridad de que lo han sido de ese modo, ¿vamos a tomar las armas?
Pido permiso para contestar al señor, señor presidente.
Ruego al señor Pasuengo me diga si se pone en el caso de tener un gobernador legítimamente electo y si se pone también en el caso de que ese gobernador sepa cumplir con sus deberes, y lo mismo que le dígo respecto al gobernador, le diré respecto a la Legislatura del Estado.
Si dice que sí, entonces no le contesto más que esto: ese gobernador puede darle justicia al partido político que la pide.
No es contestación ésa. La justicia nunca la han dado ni nunca la darán. (Voces: ¡Ah! ¡Ah!) (Risas)
Si vamos a tomar las armas, dejemos estas cosas pendientes; que las armas resuelvan los asuntos políticos, es decir, los fraudes electorales.
Tiene la palabra en pro el ciudadano Ortiz.
Debemos apoyar el artículo 12 a discusión.
Tiene mucha razón el compañero Pasuengo al decir que después de que se hayan defraudado las elecciones, nos quedan dos cosas que hacer: o hacernos respetar por las armas o aceptar las chicanas que se cometan.
Nos decía otro compañero, que era bastante inmoral que la Suprema Corte de Justicia interviniera en los asuntos de los Estados, y yo digo que no, porque si esa Suprema Corte de Justicia es precisamente Cuerpo neutral, esta precisamente para hacer la justicia, y si se fuera a corromper, ¿adónde iríamos a pedirla?
Entonces yo no sé cuál sería la alta moral.
Yo he visto también que cuando se presenta un conflicto, una dificultad de nación a nación, sin sentirse humillada, sin sentirse hetida, pide a la Suprema Corte jueces árbitros de una tercera nación, para que los partidos que alegan tal o cual asunto, queden conformes. Lo mismo puede suceder en la administración de justicia de cualquiera de los Estados, para prevenirnos de algún conflicto. Para prevenimos de tomar las armas, yo creo que la Suprema Corte de Justicia debería fallar, y yo creo que sabría hacer justicia y sabría lograr que los partidos quedaran conformes.
Por otra parte, si la Suprema Corte de Justicia se llega a corromper en ese sentido, para eso está el Cuerpo Legislativo: para corregir a la corrompida Corporación de Justicia; así es que tomando en consideración esos pequeños razonamientos, yo suplico a los compañeros delegados que apoyen en todas sus partes el artículo a discusión.
El único argumento que han esgrimido en este debate, y que se distingue por su languidez y por su falta de entusiasmo, como si se tratara de una cuestión mezquina, política secundaria e ínfima, junto a la gran cuestión social que preocupa a la República, porque la República ha salido del campo de las mentiras democráticas (vulgo, democracia y politiquería) para entrar de lleno al campo de las reformas sociales, que es lo que más le importa; el único argumento serio que se ha esgrimido en este debate, repito, es el relativo a decir que es impropio de la Suprema Corte de Justicia, ejercer funciones de Cuerpo político, y si tal es el argumento serio, diría a los miembros de la Comisión de Programa, que me contestaran si están de acuerdo en que se diga que se faculte al Senado, en vez de a la Suprema Corte de Justicia, para que esa Cámara sea la que revise las elecciones de los Estados.
Facultar al Senado para revisar las elecciones en los Estados, es una necesidad elemental (que lo digan por mí los que tengan fe en la democracia, que yo no la tengo); pero, en fin, no venimos a representar ideas propias, sino las ideas del país, que siempre serán sucias y que siempre serán manchadas por el fraude. Justo es que se vea cuáles son los argumentos de los partidarios de la Democracia, para apoyar la intervención de un Cuerpo superior en las corrompibles Legislaturas de los Estados.
Cuando se trata del fraude electoral, se habla de soberanía de los Estados, confundiéndose la soberanía respetable con la soberanía caprichosa y venal y con la soberanía verdadera de los Estados, que se siente burlada cuando se comete un fraude electoral.
Todos sabemos que las Legislaturas se han manifestado como incapaces y como instrumentos ciegos del Ejecutivo respectivo o de la persona que tiene influencia en cada lugar. Nunca se han tomado en serio a las Legislaturas de los Estados, excepto la de Sonora, que el compañero Piña nos presenta como modelo de Legislaturas; pero los que tenemos la desgracia de pertenecer a otros Estados, no conocemos una Legislatura semejante, pues nunca le sabrán hacer justicia al pueblo, y siempre habrá visto el compañero Zepeda (que ahora ha abandonado el debate, lo mismo que el compañero Pasuengo) que él sí tuvo el valor de defender su idea y sostener su actitud, y el compañero Montaño, de Morelos, que también sostuvo su tesis.
Hoy, con falta absoluta de interés por parte del señor Zepeda, dijo que era necesario apoyar a un poder imparcial con las Legislaturas, para garantizar la efectividad del voto popular.
Es increible que yo, antidemócrata, venga a defender los fueros de la Democracia.
Lo hago porque en el país se siente todavía el deseo de practicar algo de la pamplina esa que se llama sufragio efectivo, sufragio electoral o no sé cómo le llaman. (Voces: ¿ Por qué la defiende?)
Porque yo no vengo a representar al partido socialista, vengo a representar la opinión general del país.
Pues bien, señores: en estos momentos de caudillaje militar, en que el pueblo no va a mandar, por desgracia, sino el caudillejo, el general fulano, el gran héroe de cien mil batallas que venció a los felixistas y que se comió a los villistas (aplausos y risas), ese caudillejo militar que nos amenaza a todos, y también con todos los aparatos de democracia que andan por ahí en el horizonte, en esta época es preciso garantizar a los infelices pueblos de los Estados y a su soberanía; lo mismo al pueblo de San Luis Potosí que al de Durango y lo mismo al de Guerrero que al de Guanajuato o al de Chihuahua y todos los pueblos de la República, contra las imposiciones que sufran y que trataren de hacer los caudillejos de cada localidad. Que elijan al hombre por quien más simpatías tengan o quien vaya a hacer mejores negocios con los señores héroes de novecientos diez, novecientos trece o novecientos quince, que van a ser, con pocas excepciones, los grandes ladrones del país. (Aplausos) Eso es evidente.
Tácitamente, esos caudillos, que no son la soberanía de los Estados; esos señorones que van a ser los amos de cada localidad, con toda seguridad que van a hacer a la Legíslatura corrompída, miserable y cobarde, porque el Congreso ha sido una calamidad. Las Legislaturas locales han sido más hediondas, y si el Congreso ha sido malo, eso no quiere decir que la Suprema Corte de Justicia haya sido de lo menos malo, pues, ¿quién lo dijera?, hasta en el régimen de Porfirio Díaz, hasta entonces, la suprema Corte de Justicia fue de lo menos malo; pero lo más malo siempre ha sido la Legislatura local de cada Estado adonde libra sus órdenes el Ejecutivo, el señorón, el generalote de cada localidad, o el amigo del generalote.
Indudablemente que esas Legislaturas carecen absolutamente de independencia, y es necesario que haya un Cuerpo alto e independiente, que no le tenga miedo al generalote que domina en ese rincón de la República; es necesario que haya un Cuerpo que venga a cuidar de que se haga efectivo el respeto a la soberanía del pueblo, no a la soberania de la ridícula, cobarde y mezquina Legislatura, que no supo resistir al influjo del caudillo militar que allí dominara.
De manera que pido permiso a la Asamblea para que si los miembros de la Comisión están de acuerdo, se les permita retirar el artículo y substituir la palabra Suprema Corte de Justicia por el Senado, para que éste sea el que revise las elecciones de los Poderes de cada Estado.
Suplico al señor Soto y Gama que al hacer uso de la palabra para aclaraciones, rectificaciones o hechos, sea más conciso, porque en esta vez habló en pro del artículo.
Por estar bastante enfermo y saber que el señor Soto y Gama iba a defender el punto, no tomé participación en esta discusión. Hay otras razones que tengo que agregar: no creo, como dice el señor Soto y Gama, en la incorruptibilidad de los hombres, ni creo tampoco que exista en México la Democracia, aunque deseo que exista, porque nuestro pueblo ha sido bastante burlado en la clase baja, no siéndolo en las clases altas, porque hay mucho egoísmo.
Este es uno de tantos desmanes que se cometen en los Estados, y, sobre todo, por las Legislaturas, que dejándose guiar más que por los intereses del Estado, por la influencia de un general o de un gobernador, que resultan héroes y que después siguen siendo caciques.
Yo sé muy bien o, a lo menos, lo sé por lo que nos ha dicho el compañero Piña, que en Sonora hay un oasis de ventura, en donde las Legislaturas y los Gobiernos son dechados de pureza. (Risas)
Pero al compañero Piña y a mis queridos compañeros sonorenses les tengo que decir que, por desgracia, Sonora no es toda la Nación, y que lo que pasa en esa entidad no pasa en los demás Estados, en donde hemos visto a un candidato que sacara en las elecciones noventa y tantos votos contra otro que sacara dos mil, y que el primero haya sido electo por la autoridad del señor Gobernador, por haber influido éste en la Legislatura.
Me extiendo en estas consideraciones, porque puede decirse que el señor Soto y Gama me picó el amor propio, a pesar de no haber sentido deseos de hablar. No sé si ]a Presidencia me conceda ese derecho. Más bien voy a hablar para una alusión personal. Me empeño en que las Legislaturas de los Estados no representen nunca la soberanía de un Estado, puesto que muchas veces representa deseos y tendencias contrarias a la del Gobierno del Estado. Deseo, además, que haya un tribunal que falle en última instancia, sobre los desmanes de esa naturaleza.
El C. Fierro (interrumpe al orador)
Como miembro de esa Comisión tengo la palabra.
Señor presidente, hago uso de ella para apoyar la moción presentada por el señor Soto y Gama, que en estos momentos ha hablado con bastante sensatez. (Aplausos)
Precisamente estoy interesado en el punto y creo que interesa a la Nación y al pueblo mexicano, que no debe ya de tomar las armas, sino dejar la solución de los problemas al cumplimiento de las leyes y de la Justicia, aunque mi estimado amigo y compañero el señor Cervantes dijo que en Morelos debían haber acudido a las armas, cuando el asunto Leyva-Escandón.
Creo que la revolución tiende, más que a nada, a que terminen esos atropellos y venga el reinado de la Justicia y de la verdad. Si no llegáramos a ese apunto tendríamos que desprendernos de todo, y sería preferible que fuéramos chinos, a seguir siendo mexicanos; porque si no tendemos a la verdad y al reinado de la Justicia y a la paz, más vale desaparecer de esta tierra.
Por eso es que yo no acepto la teoría del compañero Cervantes, de recurrir a las armas siempre, para que se haga justicia, pues más vale que se quite ese medio con el establecimiento de un Tribunal Superior (que sin atacar a la soberanía de los Estados, que muchas veces no es tal soberanía), haga justicia y evite nuevos fracasos y conflagraciones que nos llevarán a la verdadera ruina.
La misma observación que hice al señor Soto y Gama, hago al señor Zepeda, y pido lo mismo a los demás señores que van a hacer alusiones y aclaraciones: que se limiten a ser concretos y concisos, para no verme en el caso de quitarles la palabra.
Pido la palabra para aclaraciones y hechos.
Suplico al señor presidente que note que voy a hacer varias aclaraciones y a hacer notar varios hechos, razón por la cual no puedo limitarme a unas cuantas palabras.
Quiero sentar el hecho de que mi estimado amigo el señor Zepeda, clama por que nos pongamos en el caso próximo, deseado por él, del reinado de la Justicia y de la Verdad, y el hecho es que en sus argumentaciones él no se pone en el caso de la justicia, que implica legalidad, y de la verdad, que implica ejercicio completo, sino que se pone en el mismo caso del señor Soto y Gama, del imperio de las dictaduras omnímodas.
Pena me da, con mis aclaraciones y mis hechos, tener que atacar a mi amigo el señor Zepeda, que siempre discurre tan correctamente; pero en este caso ha fallado la regla y es que se ha puesto del lado del señor Soto y Gama. Yo no sé dónde están los argumentos del señor licenciado Soto y Gama. Si se ha rebelado como voy a sentarlo, y eso es sentar un hecho, un verdadero porfirista, porque el señor licenciado Soto y Gama, con sus pretendidos argumentos, viene a hablar aqui de que en México reinará un caudillo padre, vencedor de cien mil batallas, y de que en los Estados reínarán los caudillos hijos de ese caudillo padre. (Risas y aplausos)
Y bien, yo quiero también hacer uso de esas argumentaciones porfiristicas, para decirle al señor licenciado Soto y Gama que si se presenta el caso de esos caudillajes de padres e hijos, resultará que si en las Legislaturas de cada Estado se hacen patrañas, también será patraña la Suprema Corte de Justicia de la Nación (voces: Y con razón), porque evidentemente que el caudillo padre se preocupará más de que sea patraña la Suprema Corte de Justicia que el Poder de cada Estado; de manera que eso, repito, no son argumentos.
Quería yo sentar que el señor licenciado Soto y Gama propone una modifícación a la que yo, como miembro de la Comisión, me opongo terminantemente, y que para proponerla no argumentó nada.
Para completar mi relación de hechos que siento, diré al señor delegado Zepeda que en mala hora renunció a su loable propósito de ya no defender ese artículo; que no nos venga a decir que en Sonora puede existir el oasis ... de las buenas autoridades, porque entonces, siguiendo su misma figura retórica, tendría que decirle que en Cuernavaca, en donde no había autoridades civiles cuando fuimos; en Cuernavaca, repito, hay desierto de autoridades.
Unas y otras no son argumentaciones y me opongo a que se modifique el artículo a discusión.
Insísto en rogar a los señores delegados que, prevía reflexión, reprueben ese artículo.
Pído la palabra.
Pido la palabra. Estoy inscrito.
Yo también la había solicitado.
Voy a hablar, hágame usted el favor de callarse.
Es triste, verdaderamente triste, que los que hemos revolucionado tengamos ya la idea de que no habrá justícia en México. Los que así piensan no son ni buenos revolucíonados ni buenos mexicanos. Entonces, maldita la hora en que empezó la revolución y maldita la hora en que venimos a sus filas.
¿Por qué hemos venido a revolucíonar? Es por la mejoría de nuestro país y si creemos que la ley no podrá hacer nada, hacemos muy mal en seguir revolucionando. Debemos esperar a que haya justícia, a que se mejore la clase social. ¿Por qué vamos a negar a las Legislaturas de los Estados el derecho de que hagan algo bueno? ¿Porque van siempre sujetadas al Ejecutivo? ¿Porque nos dicen que son siempre venales? ¿Que no sería la misma Suprema Corte la que impartiera justicia? ¿No es más fácil comprar once miembros o trece, que a trescientos o a quinientos de las Legislaturas de cada Estado? Es más fácil corromper a uno que a dos; yo he visto el caso práctico: cuando a un individuo se le da una comisión delicada y sale a desempeñarla, sí el peligro es grande muchas veces no la desempeña y vuelve con cualquier pretexto y no la cumple; si a esa comisión van dos, es más fácil que sea desempeñada, porque por vergüenza al compañero y por pundonor no le propondrá una cosa indebida; de manera que es más fácil corromper a uno que a dos, y es más fácil corromper a la Suprema Corte de Justicia que a las Legislaturas de los Estados o que a un Congreso.
Por eso ruego a los señores delegados que no quitemos a las Legislaturas de los Estados la facultad de decir la última palabra respecto a las elecciones de gobernadores y Ayuntamientos.
La Presidencia, por conducto de la Secretaría, pregunta a los señores delegados si aprueban que se reanuden las discusiones sobre este asunto, porque parece que hay varios delegados que desean hacer uso de la palabra. Los que estén por que se reanuden las discusiones, que se sirvan poner en pie. (Voces: Sí, que siga)
Sí, que se discuta.
Pido la palabra para una interpelación. Tengo derecho para hacerla: soy miembro de la Comisión.
Yo suplico a los señores delegados que se limiten a lo que piden, porque todos están argumentando y si siguen así tendré que retirarles la palabra.
Tiene usted la palabra como miembro de la Comisión.
Entiendo que la denegación de la Asamblea para que se amplíe el debate, significa que considera que está suficientemente discutido el asunto y que, por consiguiente, salen sobrando todas las aclaraciones y rectificaciones, o bien, que se amplíe el debate. (Aplausos)
El Reglamento previene a los miembros de las Comisiones, que para hacer aclaraciones (aunque sea con pretexto), como el señor Soto y Gama, la Presidencia tiene la obligación de concederles esa facultad.
Yo no voy a incurrir en esta vez, en el abuso que ha señalado el señor presidente, al hacer uso de la palabra para aclaraciones, aun cuando mi propósito sea argumentar en contra de este artículo.
Realmente me propongo concretarme a hacer aclaraciones que son del todo pertinentes.
Desde luego empiezo por manifestar que no estoy de acuerdo con la insinuación propuesta por el señor delegado Soto y Gama, miembro de la Comisión, en el sentido de que se reforme este artículo, pues yo soy partidario de que se rechace por la Asamblea.
Las aclaraciones mias van encaminadas a apoyar la no conveniencia de que se apruebe el artículo a discusión.
La Suprema Corte de Justicia es un Poder técnico, que tiene por objeto interpretar y aplicar las leyes, y no debe tener carácter político, porque en ese caso se desvirtúa la misión que este Poder tiene y, por lo tanto, es incompatible que un Poder cuya misión es la de interpretar y aplicar las leyes, tenga funciones políticas.
Por otro lado, todos sabemos que las autoridades judiciales son las encargadas de perseguir los delitos que se cometen en cuestiones electorales. ¿Cómo es posible, acaso es razonable que el Poder judicial, el mismo que tiene la misión de castigar un delito electoral, sea el que vaya a resolver en última instancia sobre la validez o no validez de una elección?
Yo suplico a la Asamblea que tenga en cuenta esta circunstancia.
Otra aclaración: si aprobáramos el artículo tal como se consulta, daríamos un paso al centralismo, y desde luego violaríamos el Pacto Fundamental de la República, pacto que tiene por objeto respetar, ante todo, la soberanía de las diversas entidades de la Federación; si los Estados de la República se han sometido y han aprobado el Pacto Fundamental, cediendo parte de sus derechos, es porque han estado en la inteligencia de que se respetaría, en todo y por todo, la soberanía de esos Estados, es decir, en el sentido de que el Gobierno del Centro por ningún motivo habría de intervenir en los asuntos interiores de dichas entidades.
Otra aclaración: algunos han afirmado que los diputados a las Legislaturas locales son influenciados respecto de los caudillos o respecto de los militares que tienen dominio en alguna entidad. Yo debo decir a los que tal cosa opinan, que los diputados a las diversas Legislaturas locales van ungidos por el voto expreso de sus conciudadanos, y desde el momento mismo en que se sienten apoyados por la voluntad del pueblo, se sienten fuertes y capaces de enfrentarse, si necesario fuere, al Ejecutivo, Poder al cual tiene tanto miedo el señor Lic. Soto y Gama; y son las Legislaturas, en su caso, las únicas que deben resolver sobre la validez o nulidad en las elecciones.
En estos momentos recuerdo un caso particular que se presentara en el Estado del cual soy natal; algunos electores estaban inconformes con el resultado de las elecciones, o sea con la resolución tomada por la Legislatura; los diputados, entonces, nos preocupamos por demostrar de una manera evidente al pueblo, que su inconformidad era injustificada, y al efecto mandamos publicar un estudio demostrativo de cómo se habían practicado las elecciones en todos los Municipios, y les bastó a los ciudadanos inconformes ver aquella verdadera demostración, de la cual se desprendía que ellos no tenían razón para manifestarse inconformes con el resultado de las elecciones y, en casos análogos, estoy seguro de que todas las Legislaturas de los diferentes Estados harían o podrían hacer igual cosa.
He advertido que algunos de los señores delegados que sostienen el pro de este artículo, están aún bajo la impresión tremenda del régimen porfiriano; ellos creen y ellos afirman que porque durante el régimen porfiriano se cometían muchos abusos, muchos atentados y muchas injusticias hoy han de continuar cometiéndose esos atentados y esos abusos, y eso es un error craso.
Todos sabemos que bastó derrocar al régimen porfiriano para mejorar, siquiera relativamente, tanto política, como social y como económicamente; y yo estoy seguro de que la mejoría sería mucho más notable, puesto que los esfuerzos que se han hecho para el progreso, en uno o en otro sentido, son inmensos y necesariamente los frutos que tengamos serán grandiosos.
A mí no me extraña que el señor Soto y Gama no se preocupe por las libertades políticas; todos sabemos que lo que a él le preocupa es tener satisfecho el estómago. (Aplausos)
Debo advertir, de paso, que no quiero decir que el señor Soto y Gama desea tener satisfecho su propio estómago; él sostiene la tesis de que dándole al pueblo mucho pan y muchos frijoles, con eso es muy bastante, aunque a ese infeliz pueblo no se le haga justicia, ni se le permita gozar de sus libertades. (Risas)
Para terminar y temeroso de que el señor presidente me llame al orden ... (El ciudadano Borrego: Es muy complaciente), voy a manifestar a los señores delegados que han pretendido presentar a Sonora como un dechado de virtud, que también en Sonora se tuestan habas o se han tostado habas; también en Sonora se han cometido infinidad de injusticias, muchos atentados; allá en Sonora también se han violado las leyes y también se ha burlado la voluntad del Estado; pero en Sonora he visto que se han emancipado, como resultado de la Revolución de 1910; en Sonora se respeta la voluntad del pueblo, y lo mismo que pasa en Sonora indudablemente pasará en las distintas entidades de la República.
Termino declarando enfáticamente que no estoy conforme con que se reforme. el artículo en el sentido que propone el señor Soto y Gama, porque eso equivale a dar un paso al centralismo.

References: artículo 12
 artículo 12
 resolución 
 artículo 9
 artículo 40
 resolución 
 artículo 12
 resolución