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Timestamp: 2019-05-21 13:08:18+00:00

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﻿ SENTENCIA 2015-00516 DE JUNIO 1 DE 2017
SENTENCIA 2015-00516 DE 01 DE JUNIO DE 2017
CONTENIDO:PARA INSCRIPCIÓN DE CANDIDATURA NO SE REQUIERE SOLICITUD DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO CUANDO SE APORTA EL RESPECTIVO AVAL. SE REITERA QUE LA INSCRIPCIÓN DE UNA CANDIDATURA, NO REQUIERE COMO CONDICIÓN SINE QUA NON QUE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS SE REALICE POR PARTE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO O POR SU DELEGADO, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LA EXIGENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE APORTAR EL RESPECTIVO AVAL, ESTE SÍ, EXPEDIDO POR EL REPRESENTANTE LEGAL O EL DELEGADO POR ESTE, PUES DICHA VOLUNTAD QUEDA EXPUESTA EN EL AVAL QUE SE EXPIDE A FAVOR DEL RESPECTIVO CANDIDATO. EN CONSECUENCIA, CUANDO ES CONCEDIDO EL AVAL POR EL DELEGADO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PARTIDO POLÍTICO, ESTANDO FACULTADO POR LOS ESTATUTOS DE DICHA COLECTIVIDAD, SE ENTIENDE OTORGADO EN DEBIDA FORMA, POR LO QUE NO SE INVALIDA LA INSCRIPCIÓN DEL CANDIDATO.
TEMAS ESPECÍFICOS:INSCRIPCIÓN DEL CANDIDATO DEL PARTIDO POLÍTICO, CANDIDATO POLÍTICO, CANDIDATO DEL PARTIDO POLÍTICO, INSCRIPCIÓN DEL CANDIDATO POLÍTICO, REPRESENTANTE LEGAL DEL PARTIDO POLÍTICO, AVAL DEL PARTIDO POLÍTICO
Sentencia 2015-00516 de junio 1 de 2017
Bogotá, D.C., primero de junio de dos mil diecisiete.
Rad. 70001-23-33-000-2015-00516-01.
Actor: Edison Bioscar Ruiz Valencia.
Demandada: Lisseth Paola González Oviedo – Concejal del Municipio de Sincelejo - Sucre
Asunto: Nulidad electoral – Fallo de segunda instancia – Confirma negativa.
De conformidad con lo establecido en el numeral 150, 152.8 del CPACA y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta sección es competente para conocer en segunda instancia del proceso de la referencia, toda vez que, la demanda ataca la legalidad del acto que declaró la elección de la señora Lisseth Paola González Oviedo como concejal del municipio de Sincelejo para el período 2016-2019.
Lo anterior teniendo en cuenta que según el artículo 152.8 Ibídem los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de la nulidad del acto de elección de los “(…) miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos y demás autoridades municipales con setenta mil (70.000) o más habitantes, o que sean capital de departamento” (negrilla fuera del texto original).
Así las cosas, mal podría entenderse que como con la demanda se alegó la violación del numeral 5º del artículo 275 del CPACA(6), que se refiere al cumplimiento de calidades del demandado, a lo cual se ciñó el tribunal a la hora de fijar el litigio; entonces ello también incluye analizar si quien otorgó el aval al demandado actuó mediante “delegación de delegación”, como lo afirmó el apelante.
En este sentido, tal como ocurrió en el proceso 2015-0513-01, donde se dictó Sentencia del 14 de julio de 2016(7), la Sala encuentra que se trata de “…un cargo nuevo que no fue incluido en la demanda y por lo mismo tampoco fue objeto de análisis y decisión por el tribunal administrativo, [por ende] no hará pronunciamiento sobre el particular…”.
Conforme a lo anterior, el estudio que corresponde a la Sala estará limitado al asunto relacionado con que la inscripción de la demandada no se realizó en debida forma y con que, en virtud de los efectos de la sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el aval de la accionada debió otorgarlo el directorio municipal y no el secretario general del partido, o el presidente del comité de acción liberal de Sucre.
4) Dentro del mes siguiente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, el Consejo Nacional Electoral adoptará todas las medidas que sean necesarias para dejar sin efectos las decisiones relativas al registro de los estatutos del partido liberal adoptadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1475 de 2011, dando cuenta expresa de las razones señaladas en esta sentencia y de los deberes que le impone el ordenamiento a ese órgano electoral de garantizar el “…cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos” y la eficacia de “…los derechos de la oposición, de las minorías (…) y de participación política de los ciudadanos” (negrillas fuera de texto).
Con el propósito de establecer la fecha de ejecutoria de dicha sentencia, la Sala encuentra que, primero, el fallo de 5 de marzo de 2015 cobró ejecutoria el 8 de julio de 2015(8), de manera que tendrían el Partido Liberal y el Consejo Nacional Electoral hasta el 8 de agosto de 2015 para dejar de aplicar los estatutos anulados y que recobraran su vigencia los anteriores estatutos.
De conformidad con lo expuesto, siendo que la inscripción de la demandada como candidata al Concejo Municipal de Sincelejo ante la Registraduría Nacional del Estado Civil se produjo el 25 de julio de 2015, fecha anterior a la dispuesta para que surtiera efectos (8 de agosto de 2015) y se diera cumplimiento al fallo de la acción popular (5 de agosto de 2015), entonces, es posible determinar que el acto mediante el cual se le otorgó el aval es también previo al momento en que efectivamente recobraron vigencia los estatutos del 2002 del Partido Liberal.
En el caso del Partido Liberal, de cara a los estatutos del año 2011, (Res. 2895), la Sala encontró que en sus artículos 20(9) y 24(10), se establecía que “…la representación legal recae en la dirección nacional liberal o su director, quienes, además, tenían la función de expedir los correspondientes avales…”.
Pero ocurre que, previamente, mediante Resolución 2498 de 26 de septiembre de 2012(11), el Consejo Nacional Electoral registró la decisión del Partido Liberal Colombiano de “…deleg[ar] las funciones de representación legal del Partido Liberal Colombiano en cabeza del secretario general, doctor Héctor Olimpo Espinosa Oliver…”. En esta oportunidad, se advierte, no obra restricción alguna para la representación de la colectividad.
Siendo lo anterior así, en lo que al caso concreto concierne, en el expediente obra la Resolución 062 del 16 de julio de 2015 (fls. 17-21), del Partido Liberal Colombiano, “Por la cual el comité de acción liberal departamental de Sucre otorga avales a candidatos al Concejo Municipal de Sincelejo en el departamento de Sucre para las elecciones del 25 de octubre de 2015 periodo 2016-2019, y delega la función de inscripción de candidaturas”.
Con la anterior resolución, el presidente del comité de acción liberal del departamento de Sucre, señor Mario Alberto Fernández Alcocer, otorgó los “…avales para los candidatos que conforman la lista a Concejo Municipal de Sincelejo departamento de Sucre periodo 2016-2019…”. Entre los nombres visibles en el numeral primero de tal acto, figura el de la accionada, señora Lisseth Paola González Oviedo.
Luego, en desarrollo de tal atribución delegada, el presidente del comité de acción liberal del departamento de Sucre expidió la Resolución 0062 de 16 de julio de 2015, ya señalada, con la que otorgó los avales a los candidatos a concejal de Sincelejo, entre los que se encontraba el nombre de la accionada.
Así, a la Sala le resta concluir que el aval otorgado a la señora Lisseth Paola González Oviedo fue conferido por el delegado del representante legal del partido quien estaba facultado por los estatutos de dicha colectividad para ello, por ende, se concluye, el aval fue expedido en debida forma por lo que se torna necesario confirmar la decisión del a quo con la cual negó las pretensiones de la demanda.
En lo que a este aspecto concierne, la Sala considera importante reiterar su jurisprudencia sobre los requisitos para la inscripción de candidaturas. Al respecto, en cuanto corresponde al “formulario de solicitud para la inscripción de candidato y constancia de aceptación de candidatura”(12) esta corporación(13) ha sostenido lo siguiente:
De lo anterior se torna en evidente que tanto el aval como la inscripción son dos actos con finalidades diferentes, tal como se ilustró en la jurisprudencia de 17 de noviembre de 2005(14), en la que claramente se identifican y diferencian, ya que por una parte el aval al cumplir con la triple finalidad mencionada de ninguna forma se equipara con la inscripción del candidato que es un acto de trámite y para el cual la ley no exige mayores requisitos”.
“…entonces, no es condición sine qua non que la solicitud de inscripción de candidatos se realice por el representante legal del partido o movimiento político o por su delegado, siempre y cuando se observe con la exigencia constitucional y legal de aportar el respectivo aval, este sí, expedido por el representante legal o el delegado por este…”(15) (negrillas de la Sala).
(6) Dice la norma en concreto “ART. 275.—Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este código y, además, cuando:
(7) Demandante: Edison Bioscar Ruiz Valencia. Demandado: Jairo Daniel Barona Taboada (diputado Asamblea de Sucre).
(8) Un certificado de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que daba cuenta de ello, se encuentra en el expediente a folio 87.
(9) La cita del artículo en mención decía: “La dirección nacional liberal o el director nacional del partido, cumplirá las siguientes funciones:
1. Ejercer la representación del partido ante la Nación, ante las autoridades públicas, órganos y miembros del partido, gobiernos extranjeros y organizaciones públicas y privadas del exterior. (…)
7. Expedir el aval al candidato a la Presidencia de la República, a los gobernadores y alcaldes de ciudad capital. De igual manera expedir los avales a los demás miembros del partido que aspiren a alcalde o miembro de organización, en los términos que se indican más adelante. (…)
15. Delegar, si lo considera necesario, la representación legal del partido y efectuar los registros ante las autoridades competentes. (…)
25. Delegar las funciones que considere pertinentes en el titular de la secretaría general del partido o en otros empleados” (negrillas de la Sala).
(10) La cita de este artículo es la siguiente: “La secretaría general del partido cumplirá las siguientes funciones: (…)
10. Ejercer la representación legal del partido en los casos en que la dirección nacional lo determine y cumplir las funciones que ella le delegue. (…)
(11) Acto administrativo, cuya legalidad para los efectos de esta decisión se encuentra incólume, publicitado por la autoridad electoral que lo expidió: Consejo Nacional Electoral, el cual obró en otro proceso con identidad fáctica, el 2015-0508-01, donde figura como demandante el señor Edison Bioscar Ruíz Valencia y como demandado: Gabriel Antonio Espinosa Arrieta (diputado de Sucre), visible a folios 375 y 376 de ese expediente. También el demandante aportó copia simple de este acto administrativo, el cual se encuentra entre folios 421-423 del expediente.
(12) Formulario E-6.
(13) C.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia del 18 de julio de 2013. Rad. 76001-23-31-000-2011-01779-02. Rad. 2011-1779. Demandante: Moisés Orozco Vicuña. Demandado: Fernando David Murgueitio Cárdenas – Alcalde municipio de Yumbo – Valle.
(14) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. C.P. Darío Quiñones Pinilla. Sentencia de 17 de noviembre de 2005. Rad. 15001 23 31 000 2003 03193 01. Demandante: Rosa Elena Moreno Orjuela. Demandado. Benigno Hernán Díaz Cárdenas. En esta providencia se sostuvo: “El artículo 108 de la Constitución Política al establecer que la inscripción de candidatos a elecciones la pueden hacer los partidos y movimientos políticos sin requisito adicional alguno y, a renglón seguido, al prescribir que esa inscripción debe ser avalada por el representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue, está erigiendo como único requisito constitucional para la inscripción de candidaturas el otorgamiento del aval por quien tiene la facultad constitucional para ello. Pero, en manera alguna el precepto prescribe que dicha inscripción debe realizarla personalmente éste. Y ello tampoco se deduce del contenido del artículo 3º del Reglamento 01 de 2003.
(15) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. C.P. Susana Buitrago Valencia. Sentencia del 5 de septiembre de 2013. Rad. 76001-23-31-000-2012-00007-01. Rad. 2012-00007. Demandante: Sergio David Becerra. Demandado: Jorge Eliecer Valencia Montenegro.

References: artículo 13
 artículo 152
 artículo 275
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 137
 artículo 108
 artículo 3