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Timestamp: 2017-03-27 18:24:49+00:00

Document:
Resolución de 28 de febrero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad de Almería nº 3, por la que no practica la anotación de prórroga de embargo ordenada. | Iberley
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Resolución de 28 de febrero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad de Almería nº 3, por la que no practica la anotación de prórroga de embargo ordenada., - Boletín Oficial del Estado, de 16 de Marzo de 2017
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Maldonado Vilela, por la que no practica la anotación de
prórroga de embargo ordenada.HechosIEn el Juzgado de Primera Instancia número 1 de
2298/2008 de los que resultó diligencia de ordenación
de la letrada de la Administración de Justicia, doña
M. D. G., de fecha 4 de octubre de 2016, por la que se acordaba la
prórroga de anotación de embargo de determinados
bienes expidiendo mandamiento dirigido al Registro de la Propiedad
de Almería número 3, firmado electrónicamente
en la misma fecha, por el que se ordenaba la práctica de las
anotaciones preventivas correspondientes.IIPresentada la referida documentación en el Registro de la
Propiedad de Almería número 3, fue objeto de la
siguiente nota de calificación: «Registro de la
Propiedad de Almería número tres Acuerdo
recaído en este Registro de la Propiedad número tres
de Almería, sobre la calificación del documento
autorizado por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Almería, el día cuatro de octubre de dos mil
dieciséis, con firma electrónica de igual fecha.
Presentado en este Registro el día diecisiete de octubre del
año dos mil dieciséis, con el asiento 1069 del Diario
61. Procedimiento: juicio cambiario 2298/2008. Hechos I El
día diecisiete de Octubre del año dos mil
dieciséis, con el asiento 1069 del diario 61, fue presentado
por duplicado el mandamiento referido en el encabezamiento. II Con
esta fecha y en relación al contenido del mandamiento que
resulta afectado por la calificación en los términos
que se reflejan en los fundamentos de Derecho siguientes y que en
este lugar se dan por reproducidas en evitación de
repeticiones, recae el siguiente acuerdo: El documento que se
califica está firmado electrónicamente y no tiene
ningún signo externo que permita asegurar que es
auténtico y no una mera fotocopia (artículo 3 Ley
Hipotecaria y Resoluciones de la DGRyN de fechas 19 de abril de
1972 y 11 de julio de 2011 y 16 de julio de 2012). Conforme a lo
dispuesto en el artículo 133 del Reglamento Hipotecario,
queda archivado en el legajo de esta oficina ejemplar del
mandamiento. Fundamentos de Derecho Los anteriormente expresados.
Acuerdo No se practica la anotación ordenada, en virtud de
los fundamentos de Derecho antes expresados. Contra la anterior
calificación (...) Almería, diecinueve de octubre de
dos mil dieciséis. La Registradora (firma ilegible). Fdo.
Isabel María Maldonado Vilela». Retirada la
documentación y devuelta al Registro junto con diligencia de
ordenación de la letrada de la Administración de
Justicia, doña M. I. R. T., fechada el día 17 de
noviembre de 2016, y firmada electrónicamente el día
inmediato posterior, fue objeto de la siguiente nota de
calificación: «Acuerdo recaído en este Registro
de la Propiedad número tres de Almería, sobre la
calificación del documento autorizado por el Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Almería, el día
cuatro de octubre de dos mil dieciséis, con firma
electrónica de igual fecha presentado en este Registro el
día diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, con
el asiento 1069 del Diario 61. Procedimiento: juicio cambiario
2298/2008. Hechos I El día diecisiete de octubre de dos mil
dieciséis, fue presentado por duplicado el documento arriba
indicado. Dicho documento fue objeto de calificación
negativa con fecha diecinueve de octubre de dos mil
dieciséis. Reintegrado para su despacho el día
veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, en
unión de testimonio de Diligencia de ordenación
dictada por la Letrada de la Administración de Justicia, el
diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, y firmada
electrónicamente el dieciocho de noviembre de dos mil
dieciséis -solo un ejemplar de la reseñada
diligencia-. II Con esta fecha y en relación al contenido
del documento que resulta afectado por la calificación en
los términos que se reflejan en los fundamentos de Derecho
siguientes y que en este lugar se dan por reproducidas en
evitación de repeticiones, recae el siguiente acuerdo:
Reitera la calificación emitida con fecha diecinueve de
octubre de dos mil dieciséis, asiento 1069 del Diario 61, en
la cual se expresa duda acerca de la autenticidad del documento a
los efectos del artículo 3 de la Ley Hipotecaria. Es decir,
se duda si la reproducción del documento electrónico
es auténtica, duda, que también afecta a la
diligencia de ordenación. (Resoluciones de la DGRyN de
fechas 19 de abril de 1972, 11 de julio de 2011 y 16 de julio de
2012). Contra la anterior calificación (...) Almería,
veinte de diciembre del año dos mil dieciséis. La
Registradora (firma ilegible). Fdo. Isabel María Maldonado
Vilela».IIIContra la anterior nota de calificación, don J. G. M.,
procurador de los tribunales, en nombre y representación de
la entidad «Banco de Valencia, S.A.», interpuso recurso
el día 28 de diciembre de 2016 en virtud de escrito en el
que alega, resumidamente, lo siguiente: Que la registradora alega
como única causa de denegación la falta de signos
externos que permitan deducir que el documento es original y no
copia; Que parece que se refiere al sello de caucho llamado a
desaparecer por la irrupción del documento
electrónico que goza de una naturaleza distinta al
tradicional documento en papel. En el documento digital, con firma
electrónica, el original resulta ser el archivo
informático que confecciona el Juzgado y que es firmado
electrónicamente por el funcionario legalmente autorizado,
cuya copia se remite al interesado que lo imprime en papel y lo
presenta para su diligenciamiento; Que el Juzgado podría, al
confeccionar el documento, incluir un sello como hace con el escudo
de España, pero al imprimirlo en papel también
sería indistinguible; Que, por ello, el artículo 28
de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las
comunicación en la Administración de Justicia,
dispone que las copias en papel dotadas de código seguro de
verificación tendrán la consideración de
auténticas, como ha confirmado la Resolución de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 16 de
julio de 2012, así como la Resolución de 6 de marzo
del mismo año, y Que, finalmente, la calificación
denota una gran desconfianza hacia las nuevas tecnologías,
pues tampoco existe motivo para afirmar que el documento no es
auténtico.IVLa registradora, tras la oportuna instrucción del
expediente, emitió informe el día 29 de diciembre de
2016, ratificándose en su calificación, y
elevó el expediente a este Centro Directivo. Del mismo
resulta que, notificado el Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Almería de la interposición del
recurso, no ha llevado a cabo alegación alguna.Fundamentos de DerechoVistos los artículos 230 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial; 319, 320 y 326 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 3, 18 y 21 de la Ley Hipotecaria; 100 del
Reglamento Hipotecario; 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de
firma electrónica; 107 y 112 de la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social;
2, 10, 18, 19 y 30 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
Públicos; 1, 4.2, 6.2, 7, 8, 10, 11.2, 12, 19.1, 26, 27 y
28.5 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las
comunicación en la Administración de Justicia, y las
Notariado de 14 de enero, 6 de marzo y 16 de julio de 2012 y 13 de
enero (1ª) y 11 (1ª, 2ª, 3ª y 4ª) y 16 de
febrero de 2016.1. Generado electrónicamente un mandamiento de
prórroga de anotación preventiva de embargo en el
ámbito de un procedimiento de ejecución cambiaria, y
remitido del mismo modo al procurador de la parte actora,
éste procede a su traslado a soporte papel y a su
presentación en el Registro de la Propiedad. El documento
presentado, así como el adicional, presentan al pie de sus
dos y único folio, respectivamente, código seguro de
verificación (CSV), la advertencia de que permite la
verificación de la integridad de la copia del documento
electrónico en determinada dirección, la
afirmación de que el documento incorpora firma
electrónica reconocida de conformidad con la Ley 59/2013, de
19 de diciembre, de firma electrónica, así como la
identidad del firmante, fecha y hora. Finalmente, el documento
incorpora en su pie código de barras correspondiente al
código seguro de verificación.La registradora no despacha el documento porque, a su juicio, no
resulta la autenticidad de la copia presentada a los efectos del
artículo 3 de la Ley Hipotecaria. El recurrente afirma que
el código seguro de verificación es el elemento
externo que requiere la registradora y que permite determinar su
autenticidad.2. En primer lugar, en cuanto al valor jurídico del
documento firmado electrónicamente, ya ha señalado
este Centro Directivo en la Resolución de 1 de octubre de
2015 que «en nuestro Ordenamiento no existe duda sobre la
equivalencia de valor jurídico de la firma
electrónica y la firma manuscrita. En este sentido es clara
la disposición del artículo 3.4 de la Ley 59/2003 de
Firma Electrónica cuando dispone que la firma
electrónica reconocida tendrá respecto de los datos
consignados en forma electrónica el mismo valor que la firma
manuscrita en relación con los consignados en papel. Se
sigue así la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo de 13 de diciembre de 1999 por la que se establece un
marco comunitario para la firma electrónica. Pero es que
además, desde un punto de vista técnico, la
utilización de la firma electrónica reconocida tiene
ventajas respecto a la manuscrita ya que permite identificar al
firmante y asegura la integridad del documento que se firma, ya que
detecta cualquier cambio ulterior de los datos firmados y
está vinculada al firmante de manera única y a los
datos a que se refiere y ha sido creada por medios que el firmante
puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su exclusivo
control basada en un certificado reconocido y generada mediante un
dispositivo seguro de creación de firma (artículos
3.3 y 3.4 de la Ley 59/2003 de Firma
Electrónica)».3. La cuestión planteada en este expediente resulta
sustancialmente idéntica a la que dio lugar a la
Resolución de este Centro Directivo de fecha 6 de marzo de
2012 por lo que la doctrina entonces formulada, con las debidas
adaptaciones al origen judicial del documento ahora presentado,
debe ser ahora reiterada.De acuerdo a lo entonces expresado: «El código
generado electrónicamente permite contrastar la autenticidad
del documento, de conformidad con el artículo 30.5 de la Ley
11/2007. Éste constituye la simple referencia lógica
- alfanumérica o gráfica- que identifica, dentro de
la sede electrónica, cada documento electrónico,
previamente autorizado, también en forma electrónica.
Es una referencia o identificador que hace posible
«contrastar la autenticidad del documento, mediante el acceso
a los (correspondientes) archivos electrónicos»,
siempre que el documento haya sido objeto de autorización,
mediante alguno de los sistemas de firma previsto por la
Ley».De lo anterior resulta que: «...teniendo el soporte del
documento electrónico carácter de prueba documental,
e imponiéndose la presunción general del
carácter real y auténtico del documento
electrónico, al igual que rige esa presunción para
los documentos en papel, conforme a los artículos 3 de la
Ley de Firma Electrónica, 319, 320 y 326 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y especialmente en esta materia, a la vista de
la presunción de legalidad del artículo 57 de la Ley
30/1992».Para finalizar afirmando que: «De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, las copias realizadas
en soporte papel de documentos públicos administrativos
emitidos por medios electrónicos y firmados
electrónicamente tendrán la consideración de
copias auténticas siempre que incluyan la impresión
de un código generado electrónicamente u otros
sistemas de verificación que permitan contrastar su
autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos
de la Administración Pública, órgano o entidad
emisora». En la actualidad dicha previsión referida a
documentos administrativos se recoge en la letra c) del apartado 3
del artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.En base a tales consideraciones esta Dirección General
consideró en la Resolución de 1 de octubre de 2015
que incluso los asientos del Registro pueden autorizarse con firma
electrónica, surtiendo ésta los mismos efectos
jurídicos que la firma manuscrita y debiendo trasladarse el
contenido firmado electrónicamente con el correspondiente
código que permita su verificación a los libros del
Registro llevados en la forma dispuesta por los artículos
238 a 240 de la Ley Hipotecaria, sin necesidad de que tengan que
firmarse los asientos adicionalmente en forma manuscrita.4. El registrador, en el ámbito de su competencia,
está obligado a llevar a cabo la verificación de la
autenticidad del documento presentado mediante el acceso a la sede
electrónica correspondiente mediante el código seguro
de verificación incorporado al propio documento. Esta
obligación es plenamente coherente con la general que impone
al registrador calificar la autenticidad y vigencia de la firma
electrónica de un documento presentado mediante la oportuna
consulta al correspondiente prestador de servicios de
certificación o, la calificación de autenticidad de
una carta de pago electrónica, o de cualquier otro documento
remitido de forma telemática al Registro.Como ha reiterado esta Dirección General (por todas,
Resolución 17 de julio de 2015), el registrador de la
Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles puede consultar aquellas
bases de datos a las que tiene acceso por razón de su cargo
con el fin de emitir una calificación certera evitando
dilaciones o trámites innecesarios en el curso del
procedimiento registral. La actuación de consulta es incluso
obligatoria en aquellos supuestos en que su toma en
consideración directa por el registrador viene exigida en
cumplimiento estricto de los deberes que resultan de la
Constitución y que obligan, desde su publicación a
todas las Administraciones Públicas. Y ello no solo cuando
se busca depurar datos confusos sino también para
asegurarse, a la vista de la documentación presentada, de la
legalidad de los asientos cuya inscripción se pide (vid.
Resolución de 14 de diciembre de 2016).5. Las consideraciones anteriores son de plena aplicación
al supuesto de los documentos judiciales generados
electrónicamente y dotados de código seguro de
verificación. Dispone el artículo 230 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial: «1. Los Juzgados y
Tribunales y las Fiscalías están obligados a utilizar
cualesquiera medios técnicos, electrónicos,
informáticos y telemáticos, puestos a su
disposición para el desarrollo de su actividad y ejercicio
de sus funciones, (...) 2. Los documentos emitidos por los medios
anteriores, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la
validez y eficacia de un documento original siempre que quede
garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los
requisitos exigidos por las leyes procesales». Por su parte
la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las
reitera dicha obligación en sus artículos 1.2, 6.3 y
8, garantizando el derecho tanto de los particulares como de los
profesionales que se relacionan con la Administración de
Justicia (artículos 4.2 y 6.2 de la propia ley), a obtener
copias electrónicas de los documentos electrónicos
que formen parte del expediente y a su conservación
igualmente electrónica. La utilización del sistema
informático, se lleva a cabo por medio de la sede
electrónica correspondiente (artículo 7), a
través de la que deben llevarse a cabo todas las actuaciones
que requieran de autenticación (artículo 10),
incluida la «comprobación de la autenticidad e
integridad de los documentos emitidos por los órganos u
organismos públicos que abarca la sede que hayan sido
autenticados mediante código seguro de
verificación» (artículo 11.2.h).Los documentos generados electrónicamente en el sistema
de gestión procesal tienen la consideración de
documentos judiciales y tendrán el carácter de
documentos públicos siempre que hayan sido firmados con
firma electrónica reconocida del secretario (hoy, letrado de
la Administración de Justicia), y reúnan los
requisitos de competencia y forma exigidos por la ley
(artículo 27). Por último, establece la ley que
«las copias realizadas en soporte papel de documentos
judiciales electrónicos y firmados electrónicamente
por el secretario judicial tendrán la consideración
de copias auténticas, siempre que incluyan la
impresión de un código seguro de verificación
que permita contrastar su autenticidad mediante el acceso a los
archivos electrónicos de la oficina judicial emisora»
(artículo 28.5).6. A la vista de las consideraciones anteriores el recurso debe
prosperar pues presentada copia en soporte papel del documento
judicial electrónico firmado con firma electrónica
reconocida que incorpora código seguro de
verificación, no existe problema alguno de autenticidad una
vez que el registrador, en cumplimiento de su competencia, lleve a
cabo la verificación oportuna en la sede judicial
electrónica señalada al efecto (cuyos certificados de
autenticidad pueden y deben ser igualmente verificados por el
registrador si alberga dudas al respecto).En consecuencia, esta Dirección General ha acordado
estimar el recurso y revocar la nota de calificación de la
registradora.Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden
recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital
de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación
las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido
en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.Madrid, 28 de febrero de 2017.- El Director General de los
Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez
Gálligo.Código seguro verificacionAnotación preventivaDocumento públicoDocumentos administrativosAsiento registralBienes mueblesCarta de pagoProcedimiento registralNo se han encontrado resultados...SuscripciónHerramientas de cálculoCalendarios laboralesSíguenos en Google+

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 79
 artículo 95

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 133
 artículo 3
 artículo 28
 Resolución 
 Resolución 

artículo 3
 Resolución 
 artículo 3

Resolución 
 artículo 30
 artículo 57
 artículo 30
 artículo 27
 Resolución 

Resolución 

Resolución 
 artículo 230
 resolución