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Timestamp: 2019-10-14 06:54:14+00:00

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STC 279/1993, 27 de Septiembre de 1993 - Jurisprudencia - VLEX 15356047
STC 279/1993, 27 de Septiembre de 1993
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 691/1990
1. Conforme a la doctrina de este Tribunal (entre otras, SSTC 59/1983, 68/1988, 94/1988 y 175/1990), cabe estimar que el silencio judicial sólo alcanza relieve constitucional cuando da lugar a indefensión en la situación concreta a la que se circunscribe la resolución judicial o cuando conlleva la privación del derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los Tribunales en el ejercicio de derechos e intereses legítimos (SSTC 116/1986 y 245/1993). Lo que no cabe apreciar en el presente caso, pues admitido el recurso de suplicación pese a la oposición formulada por la sociedad recurrente, ésta ha podido utilizar cuantos medios ha estimado convenientes para la defensa de sus pretensiones sustantivas y obtenido, finalmente, una resolución fundada en Derecho aunque no favorable a esas pretensiones [F.J. 3].
En el recurso de amparo núm. 691/90, interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Juan Corujo López Villamil, hoy por fallecimiento de éste, por el Procurador don Luis Suárez Migoyo, en nombre y representación de la Compañia mercantil «Revenga Ingenieros, S. A.», asistido del Letrado don Alberto Muriel Medrano, contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 9 de enero de 1990. Ha comparecido el Ministerio Fiscal y don Angel R. A. representado por la Procuradora de los Tribunales doña Isabel Cañedo Vega y asistido de Letrado. Ha sido Ponente el Magistrado don Julio Diego González Campos, quien expresa el parecer de la Sala.
1. El 16 de marzo de 1990 tuvo entrada en el Registro de este Tribunal un escrito de don Juan C. L. V. Procurador de los Tribunales, quien en nombre y representación de «Revenga Ingenieros, Sociedad Anónima», interpone recurso de amparo contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 9 de enero de 1990, por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva proclamado en el art. 24.1 C.E.
a) El Juzgado de lo Social núm. 24 de Madrid dictó Sentencia el 19 de junio de 1989 en la que se declaraba procedente el despido de don Angel R. A. realizado por «Revenga Ingenieros, Sociedad Anónima».
b) Con fecha 28 de junio de 1989, don Angel R. A. anunció recurso de suplicación contra la citada Sentencia que se tuvo por anunciado en tiempo y forma por providencia de 1 de julio de 1989. El 29 de junio de 1989, don Angel R. A. había firmado con «Revenga Ingenieros, S. A.», un recibo de cese y liquidación total de cuentas en el que declaraba no tener nada que reclamar a la citada Empresa por ningún concepto así como la conclusión del contrato de trabajo.
c) «Revenga Ingenieros, S. A.», interpuso, en fecha 13 de julio de 1989, recurso de reposición contra la providencia de 1 de julio de 1989, alegando sustancialmente la falta de acción, ya que el demandante había dado por concluido su contrato con la Empresa y por liquidadas todas las cuentas con la misma. La reposición fue resuelta por Auto de 18 de septiembre de 1989 en el que el Juzgado la desestimó, mandando continuar la tramitación del recurso de suplicación.
d) Con fecha 20 de octubre de 1989, «Revenga Ingenieros, S. A.», anunció recurso de suplicación contra el Auto últimamente citado y presentó escrito de impugnación del recurso interpuesto por la contraparte. En este último, aparte de las consideraciones relativas al fondo del asunto, se reiteraban las alegaciones anteriormente expuestas acerca de la inadmisibilidad del recurso. Por providencia de la misma fecha, el Juzgado declaró no haber lugar al recurso de suplicación contra el Auto de 18 de septiembre de 1989 teniendo por interpuesta la impugnación del recurso de suplicación presentado contra la Sentencia.
e) Tramitado el recurso de suplicación, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó Sentencia de fecha 9 de enero de 1990 en la que se revocaba la recurrida, se declaraba la improcedencia del despido de don Angel R. A. y se condenaba a «Revenga Ingenieros, S. A.», a readmitirle o indemnizarle en los términos allí establecidos con abono de los salarios dejados de percibir.
3. La representación de la Entidad recurrente alega que la resolución judicial impugnada ha lesionado el art. 24.1 C.E., al considerar que la Sentencia impugnada incurre en incongruencia por no haber contestado, antes de examinar los motivos del recurso de suplicación del trabajador, la objeción de carácter procesal opuesta por ella en la impugnación del recurso, basada en la improcedencia de la acción ejercitada al haber firmado el trabajador un recibo de cese y liquidación total de cuentas, en el que declaró no tener «nada que reclamar a la citada Empresa por ningún concepto» e «igualmente concluido el contrato de trabajo».
4. Por providencia de 17 de mayo de 1990 la Sala Segunda, Sección Tercera, de este Tribunal, de acuerdo con el art. 50.3 de su Ley Orgánica, acordó conceder a la solicitante de amparo y al Ministerio Fiscal un plazo común de diez días para que alegasen sobre la concurrencia de la causa de inadmisión consistente en carecer la demanda manifiestamente de contenido constitucional.
6. Recibidas las actuaciones judiciales, por providencia de 20 de septiembre de 1990 se acordó acusar recibo, tener por comparecido y parte a don Angel R. A. representado por la Procuradora de los Tribunales doña Isabel Cañedo Vega y, de conformidad con lo preceptuado en el art. 52.1 LOTC, otorgar un plazo común de veinte días a las partes personadas y al Ministerio Fiscal para que presentaran las oportunas alegaciones.
8. Don Angel R. A. presentó escrito de alegaciones solicitando la desestimación de la demanda de amparo al considerar que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no podía pronunciarse sobre una cuestión suscitada por primera vez en el recurso de suplicación consistente en la validez del finiquito y, cuya adecuación a la legalidad ordinaria está pendiente de resolución ante el Tribunal Supremo al haber interpuesto, la recurrente en amparo, recurso de casación en el incidente de ejecución de Sentencia.
10. Tras los trámites procesales pertinentes la Sala Segunda de este Tribunal, mediante Auto de 17 de septiembre de 1990, acordó la denegación de la suspensión de la Sentencia hoy impugnada, siempre que por don Angel R. A. se preste caución suficiente para asegurar la eventual devolución a la Entidad solicitante de amparo de la cantidad que ésta, en su caso, le abone.
11. Por providencia de 25 de enero de 1993 la Sala Segunda de este Tribunal acordó, habiendo fallecido el Procurador don Juan Corujo López Villamil, conceder a la recurrente un plazo de cinco días para que compareciese con nuevo Procurador; lo que llevó a efecto por medio de escrito presentado ante este Tribunal con fecha 2 de febrero siguiente y por providencia de 8 del mismo mes y año la Sala Segunda tuvo por personado y parte al Procurador de los Tribunales don Luis Suárez Migoyo, en sustitución de su compañero señor C. L. V. y en nombre y representación de «Revenga Ingenieros, S. A.», acordándose entender con él las sucesivas actuaciones.
1. La única cuestión que se plantea en el presente recurso de amparo consiste en determinar si, como alega la sociedad recurrente y admite el Ministerio Fiscal, la Sentencia aquí impugnada, dictada en suplicación por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha incurrido en incongruencia omisiva causante de indefensión, vulnerando el derecho reconocido en el art. 24.1 C.E. Incongruencia que se habría producido, a juicio de la recurrente, al no haber resuelto dicha Sentencia la causa de inadmisibilidad planteada en su escrito de impugnación del recurso de suplicación y basada en el hecho de haber firmado el trabajador recurrente, una vez dictada la Sentencia por el Juzgado de lo Social, un recibo de cese y liquidación total de cuentas en el que declaró «concluido el contrato de trabajo», no teniendo «nada que reclamar a la citada Empresa por ningún concepto».
2. Reiteradamente ha declarado este Tribunal que dar respuesta motivada y fundada en Derecho a las cuestiones planteadas por las partes en el proceso es una de las exigencias del derecho reconocido en el art. 24.1 C.E. y, consiguientemente, no resolver las pretensiones por ellas deducidas entraña una incongruencia por omisión, contraria a la tutela judicial efectiva que a todos garantiza dicho precepto constitucional. Y se ha afirmado, además, que la exigencia de esa respuesta resulta más inexcusable en aquellos casos en que «la cuestión invocada por una de las partes es nada menos que la inadmisibilidad del recurso, tema central de orden público procesal sobre el que descansa la existencia misma del procedimiento y la solución material que en éste puede darse al litigio» (SSTC 116/1986 y 245/1993).
No obstante, también se ha declarado por este Tribunal que la falta de respuesta o, más precisamente en este caso, la falta de respuesta explícita a una excepción procesal de inadmisión de un recurso tiene, sin duda, relieve constitucional cuando produce indefensión en la situación concreta a la que se circunscribe la resolución judicial o cuando conlleva la privación del derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los Tribunales en el ejercicio de derechos e intereses legítimos (STC 116/1986, fundamento jurídico 1.). Esto puede suceder, por ejemplo, cuando la actuación judicial impide el acceso a la jurisdicción o a los recursos, cuando no se obtiene una resolución de fondo relativa a las pretensiones formuladas o cuando no se ejecuta lo juzgado. (STC 245/1993, fundamento jurídico 3.). Y de este modo, habrá de estarse al «carácter de la oposición hecha en su día» por la parte que ha alegado la inadmisión del recurso para determinar si es «exigible una expresa respuesta del juzgador, a falta de la cual habrá de considerarse afectado el derecho a la tutela judicial efectiva» (STC 27/1988).
A) La alegación del hoy recurrente oponiéndose a la admisión del recurso de suplicación, interpuesto por el trabajador demandante en el proceso a quo, no cuestionaba la misma existencia del recurso ni se fundaba en la caducidad de la acción o en la ausencia de los presupuestos legales para su admisibilidad. Por consiguiente, conforme a la doctrina de este Tribunal (entre otras, SSTC 59/1983, 68/1988, 94/1988 y 175/1990), cabe estimar que el silencio judicial ante una oposición al recurso de este carácter carece de relieve constitucional. Este sólo surge, como se ha dicho, cuando da lugar a indefensión en la situación concreta a la que se circunscribe la resolución judicial o cuando conlleva la privación del derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los Tribunales en el ejercicio de derechos e intereses legítimos (SSTC 116/1986, fundamento jurídico 1.) y STC 245/1993, fundamento jurídico 3.). Lo que no cabe apreciar en el presente caso, pues admitido el recurso de suplicación pese a la oposición formulada por la Sociedad recurrente, ésta ha podido utilizar cuantos medios ha estimado convenientes para la defensa de sus pretensiones sustantivas y obtenido, finalmente, una resolución fundada en Derecho aunque no favorable a esas pretensiones.
Desestimar el recurso interpuesto por «Revenga Ingenieros, S. A.»
SAN, 28 de Octubre de 2004
STS 706/2016, 25 de Noviembre de 2016
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