Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2001/A066-01.htm
Timestamp: 2017-11-24 20:26:39+00:00

Document:
A066-01
Auto 066/01
Referencia: expediente ICC-228
Conflicto de competencia entre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Acción de tutela instaurada por Eduardo Rubio Robles contra sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Bogotá, D.C., veintiuno (21) febrero de dos mil uno (2001).
Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Eduardo Rubio Robles instauró acción de tutela contra una sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia proferida dentro del proceso que, por fraude procesal y tentativa de estafa, se le había seguido.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, en providencia del 7 de noviembre de 2000, dando aplicación al numeral 2 del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, estimó que la competencia para conocer de esta tutela está radicada en cabeza de la Corte Suprema de Justicia a donde remitió el expediente.
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de avocar el conocimiento de la tutela considerando que si ella resolviera en primera instancia de una acción de tutela se haría nugatorio el principio de la doble instancia y sería jurídicamente imposible la garantía de impugnación consagrada en el artículo 86 de la Carta. Señaló también que el Decreto 1382 de 2000 constituye un acto administrativo que no se aviene a las prescripciones de los artículos 150, numerales 2 y 10, 152 y 153 de la Constitución Política y por tanto carece de fuerza obligatoria y deviene inaplicable. Se ordenó el envío de las actuaciones a la Corte Constitucional para que dirimiera el conflicto suscitado.
Sobre el particular, en una de sus providencias esta Corporación señaló:
De otra parte, hay que anotar que los conflictos de competencia entre jueces o tribunales de una misma jurisdicción, se siguen tramitando de acuerdo con las normas vigentes. Y para estos efectos, los jueces o tribunales tales como los civiles, penales, laborales, agrarios, comerciales especializados y de familia, hacen parte de una misma jurisdicción, la ordinaria, según el artículo 234 y siguientes de la Constitución. (Cfr. Corte Constitucional. Auto 016 de 1994. M.P.: Dr. Jorge Arango Mejía).
La Corte Constitucional tiene dicho que ella sólo resuelve conflictos de competencia cuando éstos se suscitan entre jueces o tribunales que no tienen un superior común.
"Debe manifestar la Corte que, como ya lo ha expresado en varias ocasiones, los conflictos de competencia que se susciten en materia de tutela -tanto los positivos como los negativos- deben ser resueltos por el superior jerárquico común a los jueces o tribunales incursos en ellos.
De conformidad con estos criterios jurisprudenciales y teniendo en cuenta que el conflicto negativo de competencia ha surgido entre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Corte Suprema de Justicia, entre los cuales no existe un superior común, es claro que corresponde a la Corte Constitucional dirimirlo.
La Corte inaplicará las disposiciones del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, que ya en varias providencias la Sala Plena ha identificado como incompatibles con la Constitución.
“Mientras el artículo 86 de la Carta instituye como un derecho de toda persona ejercitar la “acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar” para impetrar la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados de vulneración, el artículo 1 del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000 limita ese derecho con la asignación de competencia a distintos funcionarios judiciales teniendo en cuenta la categoría de las autoridades públicas contra las cuales pueda dirigirse la petición de amparo, lo que significa que ya no podrá entonces el afectado ejercitar tal acción ante cualquier juez, en todo momento y en todo lugar como expresamente lo dispuso el citado artículo 86 de la Constitución.
Mediante el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, expedido en virtud de las facultades extraordinarias que le concedió al Presidente de la República el artículo 5 transitorio de la Constitución, se había establecido la competencia a prevención, de los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivó la presentación de la solicitud de tutela, es a esta norma a la que debe ceñirse la competencia en materia de tutela.
En los términos del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, considera esta Corporación que el competente para conocer de la acción de tutela de la referencia, es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ante quien se interpuso la acción, pues es claro que ante la Corte Suprema de Justicia no pueden incoarse directamente demandas de amparo, para no violar el principio de impugnación constitucionalmente consagrado.
Segundo.- DIRIMIR el conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a la acción de tutela incoada por Eduardo Rubio Robles contra la Sala Penal de esta última Corporación, en el sentido de que su conocimiento corresponderá al Tribunal Administrativo de Cundinamarca al cual se remitirá el expediente respectivo.

References: artículo 1
 artículo 86
 artículo 234
 artículo 1
 artículo 86
 artículo 1
 artículo 86
 artículo 37
 artículo 5
 artículo 37