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Timestamp: 2019-03-25 18:27:41+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 21-2, de 19/09/2018
cve: BOCG-12-A-21-2
Núm. 21-2
121/000021 Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017 (procedente del Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril).
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas presentadas en relación con el Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017 (procedente del Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril), así como del índice de enmiendas al articulado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta las siguientes enmiendas al articulado al Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva UE 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017 (procedente del Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril).
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2018.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Al artículo 151 incluido en el apartado siete del artículo único
Se propone la modificación del artículo 151, incluido en el apartado siete del artículo único del proyecto de Real Decreto-ley, que queda redactado como sigue:
"Artículo 151. Requisitos de las entidades de gestión sin establecimiento en España.
La comunicación deberá contener, al menos, sus datos de contacto, incluyendo sus datos de identificación fiscal, las características de los servicios que vayan a prestar, los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos establecidos en su país de establecimiento para operar como entidad de gestión y una versión en castellano, y en la lengua cooficial en el caso de las Comunidades Autónomas con lengua propia, de sus estatutos en vigor."
Garantizar la utilización de la lengua cooficial de las Comunidades Autónomas con lengua propia y los derechos lingüísticos de la ciudadanía.
Al artículo 159 incluido en el apartado siete del artículo único
Se propone la modificación del artículo 159, incluido en el apartado siete del artículo único del proyecto de Real Decreto-ley, que queda redactado como sigue:
"Artículo 159. Estatutos.
b) El objeto y fines, que será la gestión de los derechos o categorías de derechos de propiedad intelectual especificándose aquellos que vaya a administrar, así como el ámbito, estatal o autonómico, de actuación de la entidad de gestión."
Clarificación en los estatutos del ámbito territorial de actuaciones en el que se encuentra autorizada la entidad de gestión de que se trate.
Al artículo 193 incluido en el apartado siete del artículo único
Se propone la modificación del artículo 193, incluido en el apartado siete del artículo único del proyecto de Real Decreto-ley, que queda redactado como sigue:
"Artículo 193. Comisión de Propiedad Intelectual: composición y funciones.
1. Se crea adscrita al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la Comisión de Propiedad Intelectual, como órgano colegiado de ámbito nacional, para el ejercicio de las funciones de mediación, arbitraje, determinación de tarifas y control de los supuestos previstos en el presente título, y de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual que le atribuye la presente ley, ello sin perjuicio de las funciones de mediación y arbitraje que tienen atribuidas las Comunidades Autónomas en esta materia. Asimismo, ejercerá funciones de asesoramiento sobre cuantos asuntos de su competencia le sean consultados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte."
Adecuación al régimen de distribución competencial vigente en materia de propiedad intelectual. En lo que concierne a la Comunidad Autónoma de Euskadi, esta Comunidad Autónoma ostenta competencias de ejecución de la legislación del Estado en esta materia, así como las funciones de mediación y arbitraje en relación con las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual que desarrollen su actividad de manera exclusiva o mayoritaria en ese ámbito territorial, tal y como de forma expresa se contempla en el apartado B. 2. e) del Real Decreto 896/2011, de 24 de junio, sobre ampliación de servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 3069/1980, de 28 de septiembre, en materia de ejecución de la legislación sobre propiedad intelectual (BOE, n.º 155, de 30 de junio de 2011).
Disposición adicional sexta (nueva)
Se propone la adición de una nueva disposición adicional sexta al presente proyecto de Real Decreto-ley, con la siguiente redacción:
"Disposición adicional sexta. Aplicación de legislación sobre propiedad intelectual en las Comunidades Autónomas con competencias en esta materia.
La aplicación de lo dispuesto en los artículos 147; 148.1. b); 149; 151, apartados 1, 2 y 3 ; 152; 153, apartados 1 y 3, y 155 del epígrafe siete del artículo único del presente Real Decreto-ley se llevará a cabo, en su caso, en las Comunidades Autónomas con competencias de ejecución en materia de propiedad intelectual por los órganos que éstas determinen."
Adecuación al régimen de distribución competencial vigente en materia de propiedad intelectual. En el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi, esta Comunidad Autónoma dispone de competencia de ejecución de la legislación estatal en esta materia (art. 12. 4 del Estatuto de Gernika) y ha recibido por medio del Real Decreto 896/2011, de 24 de junio, el traspaso desde la Administración del Estado de determinadas funciones y servicios en materia de ejecución de la legislación sobre propiedad intelectual que incluyen, entre otras, la autorización y la revocación de autorización de entidades o asociaciones de entidades que pretendan dedicarse, de manera exclusiva o mayoritariamente en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Se propone la modificación de la disposición final cuarta, que queda redactada como sigue:
"Disposición final cuarta. Título competencial.
El presente Real Decreto-ley se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.9.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre legislación sobre propiedad intelectual, sin perjuicio de la competencia de las Comunidades Autónomas sobre ejecución de la legislación del Estado en esta materia.
Adecuación al régimen de distribución competencial vigente en el Estado en materia de propiedad intelectual y en coherencia con las enmiendas propuestas.
A la Mesa de la Comisión de Cultura y Deporte
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, formula las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley, presentado por el Gobierno, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017 (procedente del Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2018.-Eduardo Javier Maura Zorita, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
De adición de un nuevo apartado Cuatro bis.
"Cuatro bis. Se suprime el artículo 71."
El artículo 71 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) fue introducido en nuestra legislación por la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual, y se estableció como una excepción, exclusivamente de ámbito musical, a la regulación genérica del contrato de edición. Desde entonces ha permanecido intacto en las subsiguientes reformas de la LPI.
2.ª Para las obras sinfónicas y dramático-musicales el límite de tiempo previsto en el apartado 6.2 del artículo 60 será de cinco años.
El contrato de edición musical que regula este artículo es un contrato de edición "por el que se conceden además al editor derechos de comunicación pública" (radio, televisión, internet, comercios, etcétera), sin delimitarse en qué modalidad de explotación. Cabe señalar tres aspectos fundamentales al respecto:
1. Figura del editor musical y actualidad del artículo: la cesión de derechos de comunicación pública junto con el contrato de edición podía tener sentido en otro contexto histórico y tecnológico porque quien compraba o alquilaba las partituras adquiría con ellas el derecho a interpretarlas públicamente. Sin embargo, a partir de la invención del fonógrafo y de la música grabada el derecho de comunicación pública se amplió a otras modalidades de explotación diferentes de la interpretación en directo, modalidades que en ningún caso están relacionadas con la edición de las partituras y con el trabajo del editor musical.
La obra musical reproducida en fonogramas o programas audiovisuales se comunica a través de medios muy diversos: televisión, radio, internet, comercios, hostelería, etc. Las empresas que utilizan las canciones son consideradas "usuarios" y pagan derechos a los autores por su explotación a través de su entidad de gestión de referencia, en este caso la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Estas formas de comunicación pública constituyen en la actualidad la modalidad de explotación que más dinero genera a favor de los autores, alrededor del 90% de todos sus ingresos, ya que la distribución del soporte físico (CD, vinilo, casete) no tiene el peso económico que tenía hace tres décadas.
En virtud del artículo 71 de la LPI, el denominado "editor musical" percibe hasta un 50% (porcentaje mayoritariamente aplicado y máximo permitido por SGAE en tanto que miembro de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores) de todos los derechos de reproducción,
distribución y comunicación pública por cualquier medio por la mera suscripción del contrato de edición musical, adquiriendo como única obligación la de realizar una edición impresa de la partitura obra (es decir, una edición en forma de libro) y la de registrar su contrato en SGAE. A partir de ese momento SGAE recauda todas las cantidades generadas por los usuarios y las reparte entre el editor musical y el autor en el porcentaje estipulado en el contrato.
Los editores musicales no explotan directamente las obras, pero en la mayoría de los casos se constituyen como empresas filiales de las propias empresas usuarias para recuperar una parte o la totalidad de las cantidades abonadas en cumplimiento del contrato. La situación generada por la aplicación de este artículo "se ha prestado a todo tipo de corruptelas, extendidas en el mercado. [...] Es un cuerpo extraño, introducido en las normas del contrato de edición que se referían, en gran parte, a la edición en forma de libro. Su introducción se debe fundamentalmente a la presión de las entidades de gestión, donde tienen influencia los editores musicales, que son además de miembros o socios, clientes, cuando no filiales o ramas de casas discográficas", en palabras de José Miguel Rodríguez Tapia, Catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Málaga 1.
El perjuicio a los autores musicales es evidente. El artículo 71 les obliga a ceder sus derechos de comunicación pública en condiciones totalmente diferentes a los de otros contratos de edición, por ejemplo los literarios. Su existencia produce distorsiones evidentes entre las partes de la relación contractual. Al mismo tiempo, su permanencia está obligando a los autores musicales a denunciarlo ante los tribunales por vulnerar el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española, al amparo del artículo 6.3 del Código Civil, entre otros.
2. Excepcionalidad y perpetuidad: el artículo 71.3 introduce una serie de excepciones a la regulación general del contrato de edición que permite la existencia de contratos de duración perpetua, contrarios al espíritu de la legislación española. El motivo es que el auténtico objeto de los contratos de edición musical en muy contadas ocasiones es la edición de partituras, siendo esta explotación residual una excusa para obtener la cesión de todos los derechos de comunicación pública, en exclusiva y por todo el tiempo de duración del derecho de autor. La cesión de los derechos de comunicación pública, al contrario que en otros contratos de edición, puede producirse a perpetuidad, puesto que el artículo 71 no establece como válidos los motivos normales para la resolución de un contrato, tal como constan en los artículos 67 ("Derechos de autor en caso de venta en saldo y destrucción de la edición"), 68 ("Resolución") y 69 ("Causas de extinción") de la LPI. Dichos motivos son, fundamentalmente, vender la edición como saldo antes de dos años sin consentimiento del autor, el plazo de 10 años si la remuneración se pactó a tanto alzado y de 15 años si se pactó cualquier otra forma de remuneración.
En virtud de lo anterior, el artículo 71.3 elimina para los autores de música dos garantías establecidas por la ley en favor del resto de autores. Permite que sus obras sean saldadas antes de dos años y que se puedan destruir los ejemplares sin ofrecérselos al autor, el cual puede ver destruida su obra sin previo aviso, hallándose además sin capacidad frente al editor musical para resolver su contrato si se cometen tales acciones. Todo ello con fórmulas tan ambiguas como, por señalar las más generalizadas, "por todo el tiempo de protección que la Ley otorga a los autores, sus sucesores y derechohabientes" o "por todo el tiempo de copyright", voz esta que en nuestro ordenamiento jurídico no opera más que como símbolo de reserva de derechos.
En resumen, una cantidad enorme de músicos lleva décadas cediendo los derechos de comunicación pública de su obra a perpetuidad y en condiciones manifiestamente desiguales con respecto a otros autores, con el enorme perjuicio que ello conlleva para ellos y para sus herederos. Muy pocos han dispuesto de los recursos y el tiempo necesarios para recuperar estos derechos en los tribunales, aunque hay casos importantes como el del compositor Carlos Cano.
3. Contrato sin causa: Por último, el artículo 71 minimiza las obligaciones del editor musical, no señala ningún requisito para la explotación indefinida de los derechos de comunicación pública que corresponden al autor y tampoco exige requisito alguno de explotación constante de la obra. Puede afirmarse, en este sentido, que se trata de contratos sin causa, o con una causa falsa, mediante los cuales
1 1J. M. Rodríguez Tapia, Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Madrid, Thomson Civitas, 2007. A estos efectos, es relevante que la reciente sentencia 298/2017 del Juzgado de Primera Instancia número 17 de Madrid haya expulsado de la Junta Directiva de SGAE a tres empresas multinacionales que llevaban ocupando dichos cargos más de 20 años, con abuso de derecho y en fraude de ley, declarando asimismo la nulidad del artículo de los estatutos sociales que permitía acceder a la Junta Directiva a las editoriales de música vinculadas con empresas discográficas precisamente por ser usuarias del repertorio.
se adquieren todos los derechos de explotación sin la obligación del editor de llevar a cabo dichas explotaciones por su cuenta y riesgo, convirtiéndose en un mero comisionista.
En este sentido, el artículo 71 establece que "será válido el contrato aunque no se exprese el número de ejemplares", lo que resulta contrario a lo previsto en el art. 61.1 de la misma LPI:
"Será nulo el contrato no formalizado por escrito, así como el que no exprese los extremos exigidos en los apartados 3.º y 5.º del artículo anterior". Estos extremos son: "3.º El número máximo y mínimo de ejemplares que alcanzará la edición o cada una de las que se convengan" y "5.2 La remuneración del autor, establecida conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta Ley".
Es decir, que a priori el contrato es válido aunque no delimite las obligaciones del editor. Un contrato semejante en cualquier otro sector sería calificado como nulo, pues no se concreta el objeto. En última instancia, la aplicación del artículo 71 da cobertura a otro tipo de figuras, por ejemplo de representante, mandatario o comisionista, que si bien son absolutamente lícitas están sujetas a otras normas, tales como el artículo 1583 del Código Civil (que prohíbe el arrendamiento de servicios de por vida), las que establecen la esencial revocabilidad del contrato de mandato (artículo 1733 del Código Civil) o las que regulan la duración del contrato de Agencia (artículos 23 a 25 de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia). La derogación del artículo 71 no precisa de redacción alternativa. Su supresión permitiría a los autores de música disfrutar de los mismos derechos y obligaciones que la ley concede al resto de autores, permitiendo asimismo resolver los contratos en condiciones homologables a las que la LPI señala para el resto de contratos editoriales.
Al artículo único. Siete
El artículo 175 queda redactado de la siguiente manera:
"Artículo 175. Recaudación y utilización de los derechos recaudados.
1. Las entidades de gestión actuarán con diligencia en la recaudación y la gestión de los derechos recaudados.
Se entenderán por derechos recaudados los importes recaudados por una entidad de gestión por cuenta de los titulares de derechos y derivados de un derecho exclusivo, de un derecho de remuneración o de un derecho de compensación.
2. Las entidades de gestión que administren derechos de autor sobre obras de diferentes categorías deberán garantizar la trazabilidad del proceso de recaudación y reparto de los derechos, de tal forma que sea posible identificar todas sus etapas, desde el origen de la recaudación hasta el reparto a los titulares de derechos sobre las obras cuya utilización genere los derechos.
3. Las entidades de gestión, siempre que el usuario haya cumplido con la obligación de información prevista en el artículo 167.1, mantendrán separados en sus cuentas:
a) Los derechos recaudados y cualquier rendimiento derivado de la inversión de los mismos. A tal efecto, las entidades de gestión que administren derechos de autor sobre obras de diferentes categorías deberán mantener la debida separación entre los derechos recaudados por razón del origen o procedencia de la recaudación.
b) Todos los activos propios que puedan tener y las rentas derivadas de esos activos, de sus descuentos de gestión, de otras deducciones o de otras actividades.
4. Las entidades de gestión no estarán autorizadas a utilizar los derechos recaudados ni cualquier rendimiento derivado de la inversión de los mismos para fines distintos del reparto a los titulares de los derechos, salvo para deducir o compensar sus descuentos de gestión y el importe destinado a financiar las actividades y servicios previstos en el artículo 178 de conformidad con las decisiones adoptadas en su asamblea general.
5. Cuando una entidad de gestión invierta derechos recaudados o cualquier rendimiento derivado de esa inversión, deberá hacerlo en el mejor interés de los titulares cuyos derechos representa, de conformidad con las políticas generales de inversión y de gestión de riesgos aprobadas por la asamblea general, y teniendo en cuenta las siguientes normas:
a) Cuando exista un posible riesgo de conflicto de intereses, la entidad de gestión velará por que la inversión se realice buscando únicamente el interés de los de dichos titulares de derechos.
b) Los activos se invertirán atendiendo a las exigencias de seguridad, calidad, liquidez y rentabilidad del conjunto de la cartera.
c) Los activos estarán debidamente diversificados, a fin de evitar una dependencia excesiva de un activo concreto y la acumulación de riesgos en el conjunto de la cartera.
6. Los órganos de gobierno y representación de las entidades de gestión deberán comportarse con transparencia informativa respecto del seguimiento de la política general de inversión aprobada por la asamblea general y, a tal efecto, presentarán a la asamblea general, para su examen y consideración, un informe anual acerca del grado de su cumplimiento, con especial mención a las operaciones en que se hayan separado de ella, explicando las razones que les sirvan de fundamento. Dicho informe anual se pondrá a disposición de los miembros de la entidad electrónicamente."
Se busca garantizar el cumplimiento de los principios de equidad y transparencia e introducir el principio de trazabilidad. Los derechos de autor recaudados serán objeto de un reparto directo, independiente y diferenciado para cada repertorio, respetando de esta forma la naturaleza de su origen y procedencia. Para ello, las entidades de gestión constituirán bolsas separadas de derechos, velando por la transparencia y eficacia en la gestión. Dichas previsiones deben constar de manera clara e inteligible en el reglamento de reparto de las entidades de gestión.
El artículo 177 en su apartado 1 queda redactado de la siguiente manera:
"Artículo 177. Reparto, pago y prescripción de derechos.
1. El reparto de los derechos recaudados se efectuará equitativamente por las entidades de gestión a los titulares de las obras o prestaciones utilizadas y a otras entidades de gestión con las que hayan firmado acuerdos de representación, conforme a lo previsto en su reglamento de reparto. En todo caso deberá existir una trazabilidad entre los derechos recaudados y los repartidos y pagados."
Se busca garantizar el cumplimiento de los principios de equidad y transparencia e introducir el principio de trazabilidad.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de don Carles Campuzano i Canadés, Diputado del Partit Demòcrata, y al amparo de lo previsto en el artículo 126 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017 (procedente del Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2018.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Al artículo único. Cuatro bis (nuevo)
Cuatro bis. Se modifica el artículo 37.2 que queda redactado en los siguientes términos:
2. Asimismo, los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entidades de interés general del carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro, o a instituciones docentes integradas en el sistema educativo español, no precisarán autorización de los titulares de derechos por los préstamos que realicen.
Cuando los titulares de los establecimientos sean los Municipios, la remuneración será satisfecha por las Diputaciones Provinciales, salvo que no existan, En dicho caso o cuando dicha obligación de remuneración se atribuya por las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias, a la propia Administración autonómica o a una Entidad territorial supramunicipal, se estará a lo que las mismas establezcan.
El Real Decreto por el que se establezca la cuantía contemplará asimismo los mecanismos de colaboración necesarios entre el Estado, las Comunidades autónomas y las Entidades Locales para el cumplimiento de las obligaciones de remuneración que afecten a establecimientos de titularidad pública."
Al artículo único. Siete (primer párrafo del artículo 147)
Artículo 147 (párrafo primero).
Las entidades legalmente constituidas que tengan establecimiento en territorio español y pretendan dedicarse, en nombre propio o ajeno, a la gestión de derechos de explotación u otros de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios autores u otros tribunales de derechos de propiedad intelectual, deberán obtener la oportuna autorización del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o, en su caso, el departamento correspondiente de la Comunidad Autónoma competente, de acuerdo con las competencias asumidas en su Estatuto de Autonomía, con objeto de garantizar una adecuada protección de la propiedad intelectual. Esta autorización habrá de publicarse en el "Boletín Oficial de Estado", o en su caso en el de la Comunidad Autónoma correspondiente."
Respeto a las competencias que corresponden a la Generalitat de Catalunya y más específicamente, a lo pactado en el acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estat, hecho público mediante la Resolución IRP/3289/2010. Así como las competencias.
Al artículo único. Siete (segundo párrafo del artículo 147)
Artículo 147 (párrafo segundo).
Estas entidades, que son propiedad de sus socios, a fin de garantizar la protección de la propiedad intelectual, no podrán tener ánimo de lucro y, en virtud de la autorización, podrán ejercer los derechos de propiedad intelectual confiados a su gestión por sus titulares mediante contrato de gestión y tendrán los derechos y obligaciones que en este título se establecen y, en particular, hacer efectivos los derechos a una remuneración y compensación equitativas en los distintos supuestos previstos en esta ley y a ejercitar el derecho de autorizar la distribución por cable."
El artículo 3, letra a), de la Directiva 2014/26/UE define la entidad de gestión colectiva como: "toda organización autorizada, por ley o mediante cesión, licencia o cualquier otro acuerdo contractual para gestionar los derechos de autor o los derechos afines a los derechos de autor en nombre de varios titulares de derechos, en beneficio colectivo de esos titulares de derechos, como único o principal objeto, y que cumple al menos uno de los siguientes criterios", mencionándose a continuación los dos siguientes: "i) ser propiedad o estar sometida al control de sus miembros, o ii) carecer de ánimo de lucro".
Consideramos que la propiedad de las entidades de gestión sea de sus socios es una exigencia que contempla la Directiva que, aunque no es acumulativa con la ausencia de ánimo de lucro, es un plus que debe recoger nuestro ordenamiento jurídico, diferenciándola así claramente de los operadores independientes.
Al artículo único. Siete [artículo 148.1.b)]
Artículo 148.1.b).
b) que los datos aportados y de la información practicada se desprenda que la entidad solicitante reúne las condiciones necesarias para asegurar la eficaz administración de los derechos, cuya gestión le va a ser encomendada, en el ámbito territorial donde desarrolle su actividad."
El texto propuesto se ajusta al acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estat, hecho público mediante la Resolución IRP/3289/2010 y respeta las competencias que corresponden a la Generalitat de Catalunya.
Al artículo único. Siete (artículo 149)
La autorización podrá ser revocada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o, en su caso, el departamento correspondiente de la Comunidad Autónoma competente, de acuerdo con las competencias asumidas en su Estatuto de Autonomía, si se sobreviniera o se pusiera de manifiesto algún hecho que pudiera haber originado la denegación de la autorización, o si la entidad de gestión incumpliera gravemente las obligaciones establecidas en este título. En los tres supuestos deberá mediar un previo apercibimiento del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o, en su caso, el departamento correspondiente de la Comunidad Autónoma competente, de acuerdo con las competencias asumidas en su Estatuto de Autonomía, que fijará un plazo no inferior a tres meses para la subsanación o corrección de los hechos señalados.
La revocación producirá sus efectos a los tres meses de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado" o, en su caso, en el de la Comunidad Autónoma correspondiente."
Al artículo único. Siete (artículo 151.3)
Artículo 151.3.
3. Las entidades de gestión referidas en el apartado 1 que tengan establecimiento fuera de la Unión Europea deberán cumplir, en relación con los servicios que presten en España y en los mismos términos que las entidades de gestión autorizadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o, en su caso, por la Comunidad Autónoma competente, con las obligaciones previstas en los artículos 163 a 166; 170 a 174; 177, apartados 1, excepto el cuarto párrafo; 2 a 5; 179 a 184; 185, excepto la obligación de publicar el informe anual de transparencia; y 186, letras c) a f)."
Al artículo único. Siete (artículo 152.2)
Artículo 152.2.
2. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 4 y 5 del artículo 178 y lo regulado al respecto del control de los estatutos de la persona jurídica prevista en el artículo 25.10 y la que gestione la ventanilla única de facturación y pago del artículo 168, las entidades de gestión comunicarán al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o, en su caso, el departamento correspondiente de la Comunidad Autónoma competente, de acuerdo con las competencias asumidas en su Estatuto de Autonomía."
Al artículo único. Siete (artículo 153.3)
Siete. Se modifica el título IV, del libro tercero, que queda redactado del siguiente modo:
Artículo 153.3.
3. Los operadores de gestión independientes deberán cumplir, en los mismos términos que las entidades de gestión autorizadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, o, en su caso, el departamento correspondiente de la Comunidad Autónoma competente, de acuerdo con las competencias asumidas en su Estatuto de Autonomía, con las obligaciones previstas en los artículos 163.1, 165, 166, 181,183, apartado 1, letras a) y b), y 186, letras c) y e). Asimismo, deberán hacer constar en su denominación de referencia "Operador de Gestión Independiente" o en su defecto, la abreviatura "OGI"."
Al artículo único. Siete (artículo 155)
1. Corresponderán, en todo caso, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, o, en su caso al departamento correspondiente de la Comunidad Autónoma competente, de acuerdo con las competencias asumidas en su correspondiente Estatuto de Autonomía, las siguientes funciones:
a) La comprobación del cumplimiento de los requisitos legales al inicio de la actividad y la inhabilitación legal para operar de las entidades de gestión y de los operadores de gestión independientes, conforme a lo previsto en esta ley.
b) La aprobación de las modificaciones estatutarias presentadas por las entidades de gestión que dispongan de la autorización prevista en el artículo 147, una vez que lo hayan sido por la respectiva asamblea general y sin perjuicio de lo dispuesto por otras normas de aplicación. Las entidades de gestión deberán cursar esta solicitud de aprobación por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o, en su caso al departamento correspondiente de la Comunidad Autónoma competente, dentro del mes siguiente a la aprobación de la modificación estatutaria por la asamblea general correspondiente. La aprobación administrativa se entenderá concedida si no se notifica resolución en contrario en el plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud.
c) La recepción de las comunicaciones de inicio de actividad remitidas por las entidades de gestión con establecimiento fuera de España y por los operadores de gestión independientes que presten, todos ellos, servicios en territorio español; y de las comunicaciones de variación de los datos contenidos en las mismas. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte mantendrá en su portal de internet un listado actualizado de las entidades de gestión con establecimiento fuera de España y de los operadores de gestión independientes que hayan comunicado el inicio de sus actividades en España.
2. Las funciones de inspección, vigilancia y control de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y de los operadores de gestión independientes, incluido el ejercicio de la potestad sancionadora, corresponderán a la Comunidad Autónoma en cuyo territorio desarrolle principalmente su actividad ordinaria.
Se considerará que una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual o un operador de gestión independiente actúa principalmente en una Comunidad Autónoma cuando su domicilio social y el domicilio fiscal de al menos el 50 por ciento de sus miembros o de sus mandantes, en el caso de un operador de gestión independiente, se encuentren en el territorio de dicha Comunidad Autónoma, y el principal ámbito de su actividad de recaudación de la remuneración de los derechos confiados a su gestión se circunscriba a dicho territorio. Se entenderá por principal ámbito de recaudación aquel de donde proceda más del 60 por ciento de ésta, siendo revisable bienalmente el cumplimiento de esta condición. El Gobierno, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, establecerá reglamentariamente los mecanismos y obligaciones de información necesarios para garantizar el ejercicio coordinado y eficaz de estas funciones. Sobre estas entidades, cuando operen principalmente en una Comunidad Autónoma, le corresponderá a esta el ejercicio de todas las funciones públicas previstas en esta Ley.
3. Corresponderán al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte las funciones de inspección, vigilancia y control, incluido el ejercicio de la potestad sancionadora, sobre las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, las entidades que de ellas dependan y los operadores de gestión independientes, cuando de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior no corresponda el ejercicio de estas funciones a una Comunidad Autónoma."
Respeto a las competencias de la Generalitat de Catalunya en esta materia.
Al artículo único. Siete (artículo 164.4)
Artículo 164.4 (supresión).
4. La metodología para la determinación de las tarifas generales se aprobará mediante orden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos."
La anulación de la Orden ECD/2574/2015 por parte del Tribunal Supremo supone una oportunidad para eliminar de nuestro ordenamiento jurídico la existencia de una norma, única en toda Europa, que determina la metodología para elaborar las tarifas generales de las entidades de gestión.
El artículo 164.3 LPI, como antes hiciera el artículo 157.1, letra b), ya establece de manera clara, detallada y precisa los siete criterios mínimos por los que necesariamente han de regirse las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual a la hora de determinar sus tarifas generales.
La supresión de la obligación legal de disponer de una orden de metodología no afecta al funcionamiento de la CPI, ya que el Real Decreto 1023/2015, de funciones de la Sección Primera de la CPI, no menciona en ningún momento la orden anulada.
Al artículo único. Siete (artículo 164)
Artículo 164. (Adición de tres apartados nuevos).
5. Si un usuario de derechos de propiedad intelectual, que por dicho uso deba pagar una remuneración legalmente prevista, cuestionara, de cualquier forma o en cualquier vía, incluyendo la mera negativa a pagarla, la tarifa general determinada por la entidad de gestión correspondiente, deberá al menos y en todo caso pagar a cuenta el 70 por 100 de la misma. Hasta que se resuelva el conflicto, se entenderá, provisionalmente, que la obligación del pago de la remuneración ha sido cumplida y, en el caso de que concurra con un derecho exclusivo, concedida la autorización no exclusiva para el uso del mismo.
6. Si la tarifa general fuera cuestionada por una asociación de usuarios, el pago a cuenta deberá efectuarse por cada uno de los miembros que la confirmen.
7. El pago a cuenta señalado en los dos apartados anteriores constituirá un requisito previo necesario para que el usuario o la asociación de usuarios pueda instar el procedimiento de determinación de las tarifas previsto en el artículo 194.3 de la presente Ley."
Este apartado 6 es absolutamente necesario a la vista de la praxis que se viene desarrollando en la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, consistente en que los usuarios involucrados en los procedimientos de determinación de las tarifas actualmente en curso ante dicha Sección no realizan pago de ninguna clase a las entidades de gestión.
Al artículo único. Siete (artículo 168)
Las entidades de gestión autorizadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, o, en su caso, por el departamento correspondiente de la Comunidad Autónoma competente, están obligadas a participar en la gestión, financiación y mantenimiento de la ventanilla única de facturación y pago, accesible a través de internet, en los plazos y condiciones determinados en la normativa en vigor, y en la cual los usuarios del repertorio gestionado por ellos puedan conocer de forma actualizada el coste individual y total a satisfacer al conjunto de dichas entidades y operadores, como resultado de la aplicación de las tarifas a su actividad, y realizar el pago correspondiente."
Al artículo único. Ocho (artículo 195.3)
Artículo 190.2.
2. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a la Administración competente de conformidad con el artículo 155. La inhabilitación legal para operar corresponde, en todo caso, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, salvo en el de las entidades de ámbito autonómico, en cuyo caso será competente el departamento correspondiente de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con las competencias asumidas en su Estatuto de Autonomía."
De acuerdo con lo establecido en el 155.1 b) del "Estatut de Autonomia de Catalunya".
3. El procedimiento se iniciará de oficio, previa denuncia del titular de los derechos de propiedad intelectual que se consideren vulnerados o de la persona que tuviera encomendado su ejercicio, debiendo éste aportar junto a la misma una prueba razonable del previo intento de requerimiento de retirada infructuoso al servicio de la sociedad de la información presuntamente infractor solicitando la retirada de los contenidos específicos ofrecidos sin autorización, siendo suficiente dirigir dicho requerimiento a la dirección electrónica que el prestador facilite al público a efectos de comunicarse con el mismo. Este requerimiento previo podrá considerarse cuando
proceda, a efectos de la generación del conocimiento efectivo en los términos establecidos en los artículos 16 y 17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, siempre y cuando identifique exactamente la obra o prestación, al titular de los derechos correspondientes y, al menos, una ubicación donde la obra o prestación es ofrecida en el servicio de la sociedad de la información. En caso de que el prestador de servicios no facilite una dirección electrónica válida para la comunicación con el mismo no será exigible el intento de requerimiento previsto en este párrafo. El intento de requerimiento se considerará infructuoso si el prestador requerido no contesta o, incluso contestando, no retira o inhabilita el acceso a los contenidos correspondientes en un plazo de tres días desde la remisión del correspondiente requerimiento.
Las entidades de gestión estarán legitimadas para instar este procedimiento en los términos de lo dispuesto en el artículo 150. Este procedimiento, que se desarrollará reglamentariamente, estará basado en los principios de celeridad y proporcionalidad y en el mismo serán de aplicación los derechos de defensa previstos en el artículo 53.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
A efectos de concretar la previsión del artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para el ámbito específico del procedimiento regulado en el presente artículo, tendrán la consideración de interesados, exclusivamente, el denunciante mencionado en el primer párrafo del presente apartado y el prestador de servicio de la sociedad de la información contra el que se ha dirigido la denuncia y el requerimiento previstos en el presente apartado.
Las resoluciones dictadas por la Sección Segunda en este procedimiento ponen fin a la vía administrativa."
Tomando en consideración la necesidad de que procedimiento de salvaguarda de derechos de propiedad intelectual en Internet se tramite de un modo ágil y eficiente y las características especiales del mismo, en particular en lo que se refiere al medio utilizado para cometer vulneraciones, a su carácter de procedimiento de restablecimiento de la legalidad y al posterior control jurisdiccional de la adecuación a la legalidad de la actuación administrativa, se hace necesario precisar el concepto de interesado que, con carácter general, recoge el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Dicha precisión debe encaminarse en el sentido de que interesados en el sentido previsto en dicho precepto, a efectos de participar como tales en el procedimiento administrativo lo son, exclusivamente, los titulares de los derechos vulnerados y personas que tengan encomendado su ejercicio -incluyendo las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual- y los prestadores de servicios presuntamente infractores contra los que se dirija la denuncia y posteriormente la actuación de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. Con esta reforma se gana seguridad jurídica en la actuación de dicho órgano y eficiencia en el procedimiento, tanto en su parte administrativa, como posteriormente judicial.
Al artículo único. Ocho (artículo 195.4)
Las medidas previstas en el presente apartado se adoptarán, con carácter previo al inicio del procedimiento, cuando el titular del servicio de la sociedad de la información presuntamente infractor no cumpla con la obligación prevista en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. La ejecución de las medidas acordadas conforme al presente párrafo se realizará conforme a lo previsto en el apartado siguiente."
Tal como ha puesto de manifiesto el Gobierno en su respuesta a diversas preguntas parlamentarias formuladas a lo largo de la presente legislatura, el incumplimiento de la obligación de información que tienen los prestadores de servicios conforme al artículo 10 de la LSSI (nombre, domicilio, establecimiento, dirección de correo electrónico o dato para poder comunicar directamente) se está convirtiendo en un obstáculo para la aplicación del procedimiento de salvaguarda y, en consecuencia, para la tutela de los derechos de propiedad intelectual en Internet. Al no cumplirse con la obligación prevista en el artículo 10 LSSI, no es posible conocer la identidad del titular del servicio presuntamente infractor, por lo que no se puede dirigir.
Apreciada la vulneración de los derechos de propiedad intelectual, el hecho de que el titular no se identifique como exige la Ley no puede convertirse en una vía para la impunidad de su conducta y un óbice para la aplicación de la Ley. Es necesario articular la reforma propuesta para evitar una situación de manifiesto desamparo de los titulares de derechos de propiedad intelectual y lo que constituye una irregularidad del orden público en Internet.
Al artículo único. Ocho (artículo 195.6)
6. El incumplimiento de requerimientos de retirada de contenidos declarados infractores, que resulten de resoluciones finales adoptadas conforme a lo previsto en el apartado 4 anterior, por parte de un mismo prestador de servicios de la sociedad de la información de los descritos en el apartado 2 anterior, constituirá, desde la segunda vez que dicho incumplimiento tenga lugar, inclusive, una infracción administrativa muy grave sancionada con multa de entre 150.001 hasta 600.000 euros. La reiteración por segunda vez reanudación por dos o más veces de actividades ilícitas por parte de un mismo prestador de servicios de la sociedad de la información también se considerará incumplimiento reiterado a los efectos de este apartado. Se entenderá por reiteración de la actividad ilícita el hecho de que el mismo responsable contra el que se inició el procedimiento explote de nuevo obras o prestaciones del mismo titular, aunque no se trate exactamente de las que empleara en la primera ocasión, previa a la retirada voluntaria de los contenidos. Incurrirán en estas infracciones los prestadores que, aun utilizando personas físicas o jurídicas interpuestas, reanuden la actividad infractora.
a) La publicación de la resolución sancionadora, a costa del sancionado, en el "Boletín Oficial del Estado", en dos periódicos nacionales o en la página de inicio del sitio de Internet del prestador durante un periodo de un año desde la notificación de la sanción, una vez que aquélla tenga carácter firme, atendiendo a la repercusión social de la infracción cometida y la gravedad del ilícito.
b) El cese de las actividades declaradas infractoras del prestador de servicios durante un período máximo de un año. Para garantizar la efectividad de esta medida, el órgano competente podrá requerir la colaboración necesaria de los prestadores de servicios de intermediación, de los servicios de pagos electrónicos y de publicidad, ordenándoles que suspendan el correspondiente servicio que faciliten al prestador infractor. En la adopción de las medidas de colaboración se valorará la posible efectividad de aquellas dirigidas a bloquear la financiación del prestador de servicios de la sociedad de la información declarado infractor, El bloqueo del servicio de la sociedad de la información por parte de los proveedores de acceso de Internet deberá motivarse específicamente, en consideración a su proporcionalidad y su efectividad estimada, teniendo en cuenta la posible eficacia de las demás medidas al alcance. La falta de colaboración se considerará como infracción de [o dispuesto en el artículo 11 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, En todo caso, la ejecución de la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios de intermediación correspondiente exigirá de la previa autorización judicial, de acuerdo con el procedimiento regulado en el apartado segundo del artículo 122 bis de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Cuando las infracciones hubieran sido cometidas por prestadores de servicios establecidos en Estados que no sean miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo pero cuyos
servicios se dirijan específicamente al territorio español, el órgano que hubiera impuesto la correspondiente sanción podrá ordenar a los prestadores de servicios de intermediación que tomen las medidas necesarias para impedir el acceso desde España a los servicios ofrecidos por aquellos por un período máximo de un año.
El ejercicio de la potestad sancionadora se regirá por el procedimiento establecido en el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre y en su normativa de desarrollo.
La imposición de las sanciones corresponderá al Secretario de Estado de Cultura, órgano competente a efectos de lo dispuesto en los artículos 35, 36 y concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de julio o, en su caso, a quien determine la comunidad autónoma competente.
El instructor del procedimiento sancionador podrá incorporar al expediente las actuaciones que formasen parte de los procedimientos relacionados tramitados por la Sección Segunda en ejercicio de sus funciones de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual establecidas en el apartado anterior."
Varios son los motivos que exigen la reforma de este apartado que viene a regular el régimen sancionador por la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en Internet como complemento del procedimiento de salvaguarda de derechos. Por una parte, es necesario armonizar los tipos infractores recogidos en el primer párrafo, puesto que exigiéndose la mera repetición de la conducta para el tipo de incumplimiento de requerimientos -desde la segunda vez, por lo que se sancionaría el segundo incumplimiento-, en el caso de la reanudación de actividades ilícitas se estaría exigiendo cometer la conducta tres veces -puesto que la reanudación implicaría la comisión de la conducta dos veces y se exige dicha reanudación por dos o más veces, lo que supone cometer la conducta ilícita al menos en tres ocasiones-. Por otra parte, si bien en un procedimiento que pretende el restablecimiento de la legalidad se puede asumir que no se sancione la primera de las vulneraciones, no existe razón por la que no se pueda sancionar la segunda de las vulneraciones, o sea, la reincidencia, cuando es un criterio general del derecho sancionador que el elemento relevante en términos disciplinarios es la repetición en las conductas. Por último, resulta adecuado prever la sanción de dicha reanudación para evitar conductas fraudulentas del prestador de servicios infractor que pretenda evitar la adopción de las medidas previstas en los apartados anteriores de artículo 195 con retiradas de las obras y prestaciones a las que se refiere la denuncia, pero manteniendo la actividad ilícita respecto de otros contenidos.
Por último reconocer, en su caso, la competencia de la comunidad autónoma en el ámbito sancionador, cuando así proceda.
Al artículo único. Ocho (artículo 195.8)
8. Podrán desarrollarse códigos de conducta voluntarios en lo referido a las medidas de colaboración de los servicios de intermediación, los servicios de pagos electrónicos o de publicidad previstos en este artículo, con participación de los titulares de derechos de propiedad intelectual y de la Administración, la cual podrá promover la elaboración de dichos Códigos."
La promoción de Códigos de conducta ya está prevista en el artículo 195.8 del TRLPI, si bien con cita tan sólo de los servicios de intermediación, de pagos electrónicos y de publicidad. Se trata ahora de prever expresamente la participación de los titulares de derechos en la elaboración e implementación de dichos Códigos, así como de una manera muy cualificada, la intervención de la Administración pública, que podrá no solo participar, sino también promover de la forma que considere más conveniente el desarrollo de esos Códigos voluntarios.
"Disposición final tercera. Aplicación de las normas de contabilidad, auditoría e informe anual de transparencia.
Las normas de contabilidad y auditoría previstas en el artículo 187 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la obligación de elaborar y aprobar el informe anual de transparencia previsto en el artículo 189 de dicho texto refundido resultarán de aplicación a los ejercicios contables iniciados con posterioridad al 31 de diciembre de 2018."
Según la disposición adicional primera, las entidades de gestión que recauden menos de 100 millones de euros disponen hasta el 15 de abril de 2019 para adaptar los estatutos y las normas de reparto. Sin embargo, el informe anual de transparencia deberá ser elaborado por el Órgano de Control de la entidad antes del 31 de marzo de 2019, cuando es posible que no estén adaptadas todas las circunstancias legales para poder desarrollar íntegramente dicho informe.
Queda derogado el apartado 1 de la disposición transitoria segunda de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil."
La Orden anulada no previó plazos para revisar las tarifas establecidas con arreglo a la misma, pero la DT2.a.1 de la Ley 21/2014 sí previó la aprobación de tarifas en función de la orden que se sacase en seis meses. Dejar este precepto subsistente podría generar interpretaciones interesadas que bien apunten a que no existen tarifas a fecha actual, o bien a que sea necesario aprobar otras nuevas, lo que debemos desterrar de raíz.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 109 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda al articulado del Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017 (procedente del Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril).
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2018.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Al artículo 158.5
Se modifica el texto del apartado 5 del artículo 158 de la Ley de Propiedad Intelectual, que queda redactado como sigue:
"Artículo 158. Revocación total o parcial del contrato de gestión.
5. En caso de que el titular adeude importes a la entidad de gestión en virtud de anticipos a cuenta de futuros repartos de derechos, previstos en el artículo 177, apartado 9, la entidad de gestión no conservará la gestión de los derechos, categorías de derechos, tipos de obras o prestaciones y territorios objeto de la revocación total o parcial aunque la deuda no haya quedado cancelada. Los efectos de la revocación se producirán de acuerdo a lo contemplado en el apartado 2.
Las partes acordarán los términos de la amortización total o parcial de los saldos pendientes de los anticipos que estén documentalmente acreditados.
En caso de no alcanzarse un acuerdo, los frutos de la explotación de los derechos objeto de la revocación total o parcial tendrán la consideración de garantía del pago de los saldos pendientes de anticipos documentalmente acreditados."
El Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el artículo 109 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente enmienda al articulado del Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017 (procedente del Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril).
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Grupo Parlamentario Socialista Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Al artículo 159, apartado I)
Las entidades de gestión adoptarán las medidas necesarias, incluyendo la fijación de topes de reparto cuando sea procedente, para evitar que obras o prestaciones reciban cantidades desproporcionadas en relación a los rendimientos comerciales o de audiencia que se producen durante su explotación. En particular, en aquellos supuestos de radiodifusión en los que el valor comercial por el uso de las obras y prestaciones protegidas sea testimonial por ausencia de audiencia significativa, será de aplicación una cantidad a tanto alzado que en ningún caso superará el quince por ciento del total recaudado de cada usuario por un uso intensivo o cuantitativo máximo de las obras, prorrateándose dicho porcentaje proporcionalmente al uso intensivo que se produzca en cada momento."
El Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 109 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente enmienda al articulado del Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017 (procedente del Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril).
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Grupo Parlamentario Socialista Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Grupo Parlamentario Ciudadanos
A la disposición adicional quinta y disposición transitoria única
Quedan eliminadas del texto la disposición adicional quinta y la disposición transitoria única, ambas relativas a la normativa de contratos de duración determinada celebrados por el INAEM.
Texto eliminado:
"Disposición adicional quinta. Normas aplicables a los contratos de duración determinada celebrados por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música con arreglo a la regulación de la relación laboral de carácter especial de los artistas en espectáculos públicos.
1. El contrato de duración determinada celebrado por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música con arreglo a lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral especial de los artistas en espectáculos públicos, cuando esté vinculado a un proyecto artístico, tendrá la duración prevista en el Plan Director aprobado en virtud del Estatuto del centro de creación correspondiente.
2. Excepcionalmente, si expirada la duración máxima indicada, el trabajador volviese a ser contratado mediante la relación laboral de carácter especial de los artistas en espectáculos públicos para un nuevo proyecto artístico, solo podrá celebrarse un nuevo contrato de duración determinada, que tendrá la duración correspondiente a ese nuevo proyecto artístico, de acuerdo con el apartado anterior. En tal caso, no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
3. En lo no previsto en la presente disposición, será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, para los contratos de duración determinada.
Disposición transitoria única. Aplicación de la disposición adicional quinta a los contratos en vigor celebrados por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música con arreglo a la regulación de la relación laboral de carácter especial de los artistas en espectáculos públicos.
Lo establecido en la disposición adicional quinta será también de aplicación a los contratos celebrados por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música con arreglo a la regulación de la relación laboral de carácter especial de los artistas en espectáculos públicos que estén vigentes en el momento de la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley."
El Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 109 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes enmiendas al articulado del Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017 (procedente del Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril).
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Grupo Parlamentario Socialista Grupo Parlamentario Ciudadanos
Al artículo 156.3
Se modifica el texto del apartado 3 del artículo 156 de la Ley de Propiedad Intelectual, que queda redactado como sigue:
"Artículo 156. Principios generales de representación de los titulares de derechos.
3. La gestión de los derechos será encomendada por sus titulares a la entidad de gestión mediante la suscripción de un contrato de gestión sin perjuicio de los derechos contemplados en la presente ley cuya gestión deba ejercerse exclusivamente a través de las entidades de gestión.
explotación de sus obras con establecimientos que de él dependan, empresas que sean usuarias de sus derechos o con otras entidades de gestión, con el único fin de lograr que dichos establecimientos, empresas usuarias o entidades de gestión otorguen un trato preferencial a dichas obras cuando se utilice el repertorio de la primera entidad de gestión mencionada."
Al artículo 195.6
Se modifica el texto del apartado 6 del artículo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual, que queda redactado como sigue:
"Artículo 195. Función de salvaguarda de los derechos en el entorno digital.
6. El incumplimiento de requerimientos de retirada de contenidos declarados infractores, que resulten de resoluciones finales adoptadas conforme a lo previsto en el apartado 4 anterior, por parte de un mismo prestador de servicios de la sociedad de la información de los descritos en el apartado 2 anterior, constituirá, desde la segunda vez que dicho incumplimiento tenga lugar, inclusive, una infracción administrativa muy grave sancionada con multa de entre 150.001 hasta 600.000 euros. La reiteración por segunda vez de actividades ilícitas por parte de un mismo prestador de servicios de la sociedad de la información también se considerará incumplimiento reiterado a los efectos de este apartado. Se entenderá por reanudación de la actividad ilícita el hecho de que el mismo responsable contra el que se inició el procedimiento explote de nuevo obras o prestaciones del mismo titular, aunque no se trate exactamente de las que empleara en la primera ocasión, previa a la retirada voluntaria de los contenidos. Incurrirán en estas infracciones los prestadores que, aun utilizando personas físicas o jurídicas interpuestas, reanuden la actividad infractora.
a) La publicación de la resolución sancionadora, a costa del sancionado, en el ''Boletín Oficial del Estado'', en dos periódicos nacionales o en la página de inicio del sitio de Internet del prestador durante un periodo de un año desde la notificación de la sanción, una vez que aquella tenga carácter firme, atendiendo a la repercusión social de la infracción cometida y la gravedad del ilícito.
b) El cese de las actividades declaradas infractoras del prestador de servicios durante un período máximo de un año. Para garantizar la efectividad de esta medida, el órgano competente podrá requerir la colaboración necesaria de los prestadores de servicios de intermediación, de los servicios de pagos electrónicos y de publicidad, ordenándoles que suspendan el correspondiente servicio que faciliten al prestador infractor. En la adopción de las medidas de colaboración se valorará la posible efectividad de aquellas dirigidas a bloquear la financiación del prestador de servicios de la sociedad de la información declarado infractor. El bloqueo del servicio de la sociedad de la información por parte de los proveedores de acceso de Internet deberá motivarse específicamente, en consideración a su proporcionalidad y su efectividad estimada, teniendo en cuenta la posible eficacia de las demás medidas al alcance. La falta de colaboración se considerará como infracción de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 34/2002, de 11 de julio. La ejecución
de la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios, con independencia de cuál sea su naturaleza, no requerirá la autorización judicial prevista en el artículo 122 bis de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Cuando las infracciones hubieran sido cometidas por prestadores de servicios establecidos en Estados que no sean miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo pero cuyos servicios se dirijan específicamente al territorio español, el órgano que hubiera impuesto la correspondiente sanción podrá ordenar a los prestadores de servicios de intermediación que tomen las medidas necesarias para impedir el acceso desde España a los servicios ofrecidos por aquellos por un período máximo de un año.
El ejercicio de la potestad sancionadora se regirá por el procedimiento establecido en el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre; en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en su normativa de desarrollo.
Al artículo 195.3
Se modifica el texto del apartado 3 del artículo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual, que queda redactado como sigue:
3. El procedimiento se iniciará de oficio, previa denuncia del titular de los derechos de propiedad intelectual que se consideren vulnerados o de la persona que tuviera encomendado su ejercicio, debiendo este aportar junto a la misma una prueba razonable del previo intento de requerimiento de retirada infructuoso al servicio de la sociedad de la información presuntamente infractor solicitando la retirada de los contenidos específicos ofrecidos sin autorización, siendo suficiente dirigir dicho requerimiento a la dirección electrónica que el prestador facilite al público a efectos de comunicarse con el mismo. Este requerimiento previo podrá considerarse cuando proceda, a efectos de la generación del conocimiento efectivo en los términos establecidos en los artículos 16 y 17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, siempre y cuando identifique exactamente la obra o prestación, al titular de los derechos correspondientes y, al menos, una ubicación donde la obra o prestación es ofrecida en el servicio de la sociedad de la información. En caso de que el prestador de servicios no facilite una dirección electrónica válida para la comunicación con el mismo no será exigible el intento de requerimiento previsto en este párrafo. El intento de requerimiento se considerará infructuoso si el prestador requerido no contesta o, incluso contestando, no retira o inhabilita el acceso a los contenidos correspondientes en un plazo de tres días desde la remisión del correspondiente requerimiento.
Este procedimiento, que se desarrollará reglamentariamente, estará basado en los principios de celeridad y proporcionalidad y en el mismo serán de aplicación los derechos de defensa previstos en el artículo 53.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
A efectos de concretar la previsión del artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para el ámbito específico del procedimiento regulado en el presente artículo, tendrán la consideración de interesados, exclusivamente, el denunciante mencionado en el primer párrafo del presente apartado y el prestador de servicio de la sociedad de la información contra el que se ha dirigido la denuncia y el requerimiento previstos en el presente apartado. Sin perjuicio de lo anterior, la Sección Segunda podrá comunicar la existencia del procedimiento a los prestadores de servicios de intermediación, de los servicios de pagos electrónicos y de publicidad a los que hacen referencia los apartados siguientes. Dicha comunicación tendrá naturaleza informativa, sin que la misma otorgue a los prestadores de servicios la condición de interesados en el procedimiento.
El Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 109 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes enmiendas al articulado del Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017 (procedente del Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril).
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Grupo Parlamentario Socialista Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Grupo Parlamentario Ciudadanos
Al artículo 164
Se modifica el texto del artículo 164 de la Ley de Propiedad Intelectual, que queda redactado como sigue:
"Artículo 164. Tarifas generales.
1. Las entidades de gestión están obligadas a establecer tarifas generales, simples y claras que determinen la remuneración exigida por la utilización de su repertorio. Dichas tarifas generales se acompañarán de una memoria económica, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, que proporcionará una explicación pormenorizada por modalidad tarifaria para cada categoría de usuario.
2. Las tarifas generales deberán prever reducciones para las entidades culturales que carezcan de finalidad lucrativa.
a) El grado de utilización efectiva del repertorio en el conjunto de la actividad del usuario.
h) La proporcionalidad razonable en el incremento de tarifas en relación con las inmediatamente anteriores y efectivas.
4. La metodología para la determinación de las tarifas generales se aprobará mediante orden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
5. Si un usuario de derechos de propiedad intelectual, que por dicho uso deba pagar la tarifa general determinada para derechos exclusivos y/o de remuneración por la entidad de gestión correspondiente, la cuestionara de cualquier forma o en cualquier vía, incluida la mera negativa a pagarla, deberá, al menos y en todo caso, pagar a cuenta el 70 por 100 de la misma. Hasta que se resuelva el conflicto, se entenderá, provisionalmente, que la obligación de pago ha sido cumplida y, en lo que se refiera al derecho exclusivo que pudiera concurrir con el derecho de remuneración, concedida la autorización para el uso de ese derecho exclusivo.
6. Si la tarifa en cuestión a la que se refiere el apartado anterior fuese nula de pleno derecho, o surgiese cualquier circunstancia que la hiciese inaplicable a los efectos del pago a cuenta, se procederá por parte del usuario de derechos de propiedad intelectual al pago a cuenta del 70 por 100 de la última tarifa efectiva.
7. Si la tarifa general fuera cuestionada por una asociación de usuarios, el pago a cuenta deberá efectuarse por cada uno de los miembros que la conformen.
8. El pago a cuenta señalado en los dos apartados anteriores constituirá un requisito previo necesario para que el usuario o la asociación de usuarios pueda instar el procedimiento de determinación de las tarifas previsto en el artículo 194.3 de la presente Ley."
Al artículo 162.2.b)
Se modifica el apartado b) del punto 2 del artículo 162 de la Ley de Propiedad Intelectual, que queda redactado como sigue:
"Artículo 162. Órgano de control interno
2. Los estatutos de la entidad de gestión determinarán la composición del órgano de control interno y la forma de elección de sus integrantes por la asamblea general respetando, en todo caso, los siguientes criterios:
a) El órgano deberá estar compuesto por tres o más miembros de la entidad de gestión garantizando que las diferentes categorías de miembros están representadas de forma equitativa y equilibrada. Ninguno de sus integrantes podrá tener relación de hecho o de derecho, directa o indirecta, con las personas físicas o jurídicas que formen parte o estén representadas en los órganos de gobierno y representación de la entidad de gestión.
b) Podrán nombrarse como integrantes de este órgano a terceros independientes, no miembros de la entidad de gestión, que deberán disponer de los conocimientos técnicos pertinentes para el desarrollo de sus funciones. Ninguno de estos terceros no miembros de la entidad de gestión podrá tener relación de hecho o de derecho, directa o indirecta, ni con la entidad de gestión ni con ninguno de sus miembros. En el caso de entidades de gestión que recauden anualmente una cifra igual o superior a 100 millones de euros en el ejercicio anual anterior, será obligatorio nombrar como miembros del órgano de control interno a un número de terceros independientes igual al número de miembros de la entidad de gestión que integren dicho órgano.
A los efectos de las letras a) y b) anteriores, se entenderá como relación de hecho o de derecho, directa o indirecta, en todo caso, una relación personal de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, o una relación laboral o mercantil que se mantenga o se haya mantenido en los últimos cinco años anteriores a la designación."
Al artículo 37.2
Se incluye un nuevo párrafo en el apartado 2 del artículo 37 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, que queda redactado como sigue:
"Artículo 37. Reproducción, préstamo y consulta de obras mediante terminales especializados en determinados establecimientos.
El Real Decreto por el que se establezca la cuantía contemplará asimismo los mecanismos de colaboración necesarios entre el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales para el cumplimiento de las obligaciones de remuneración que afecten a establecimientos de titularidad pública."
Al artículo 153.4.c)
Se modifica el texto del apartado c) del punto 4 del artículo 153 de la Ley de Propiedad Intelectual, que queda redactado como sigue:
"Artículo 153. Requisitos de los operadores de gestión independientes.
4. Los operadores de gestión independientes deberán publicar en su página web de forma fácilmente accesible y mantener actualizada la siguiente información:
b) Las condiciones para que un titular de derechos de propiedad intelectual pueda celebrar con ellos un contrato de gestión.
c) El repertorio que gestiona, cuyas actualizaciones deberá comunicar públicamente.
d) Sus tarifas por el uso de los derechos conferidos a su gestión, descuentos incluidos.
e) Los contratos generales que tengan suscritos con asociaciones de usuarios y los modelos de contrato que habitualmente se utilicen para cada modalidad de uso de su repertorio.
f) Las reglas de reparto de los importes que deben abonarse a los titulares de derechos.
g) Sus descuentos de gestión y otras deducciones aplicadas a los derechos recaudados."
Al artículo 147
Se modifica el segundo párrafo del artículo del artículo 147 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, que queda redactado como sigue:
"Artículo 147. Requisitos de las entidades de gestión.
Las entidades legalmente constituidas que tengan establecimiento en territorio español y pretendan dedicarse, en nombre propio o ajeno, a la gestión de derechos de explotación u otros de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios autores u otros titulares de derechos de propiedad intelectual, deberán obtener la oportuna autorización del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con objeto de garantizar una adecuada protección de la propiedad intelectual. Esta autorización habrá de publicarse en el "Boletín Oficial del Estado".
Las entidades de gestión colectiva son propiedad de sus socios y estarán sometidas al control de los mismos, no podrán tener ánimo de lucro y, en virtud de la autorización, podrán ejercer los derechos de propiedad intelectual confiados a su gestión por sus titulares mediante contrato de gestión y tendrán los derechos y obligaciones que en este título se establecen y, en particular, hacer efectivos los derechos a una remuneración y compensación equitativas en los distintos supuestos previstos en esta ley y a ejercitar el derecho de autorizar la distribución por cable."
Al artículo 159.f)
f) El derecho de todos los miembros a ser convocados en tiempo y forma a las reuniones de la asamblea general, así como a asistir y participar en las mismas disponiendo en todo caso, al menos de un voto. El régimen de voto de los miembros en la asamblea general, que podrá establecerse teniendo en cuenta criterios de ponderación que limiten razonablemente el voto plural, garantizando, en todo caso, una representación equitativa y proporcionada del conjunto de los miembros. No obstante, la determinación del régimen de ponderación en el voto, en todo caso, no permitirá que se produzcan concentraciones mayoritarias de votos en poder de un número reducido de miembros si ello constriñera la democracia interna o alterase, de alguna forma, la libertad de actuación de la asamblea general. Dichos criterios de ponderación podrán basarse únicamente en la duración de la condición de miembro en la entidad de gestión, en las cantidades recibidas en virtud de dicha condición o en ambos. En materia relativa a sanciones de exclusión de miembro, el régimen de voto será igualitario."
ñ) Las disposiciones adecuadas para asegurar una gestión libre de influencias de los usuarios de su repertorio. Estas normas deberán velar porque aquellos titulares de derechos que pertenezcan a empresas usuarias y ocupen puestos en los órganos de gobierno no participen en las tomas de decisión en que pudiera existir un conflicto de interés. En todo caso, la entidad de gestión adoptará medidas para evitar una injusta utilización preferencial de las obras y prestaciones protegidas por estos grupos, pudiendo incluso establecer restricciones al reparto."
Al artículo 161
"Artículo 161. Administración.
a) Cualesquiera intereses en la entidad de gestión.
b) Toda remuneración percibida durante el ejercicio anterior de la entidad de gestión, incluso en forma de planes de pensiones, retribuciones en especie y otros tipos de prestaciones.
4. Cuando los órganos de representación de entidades de gestión con recaudaciones superiores a 100 millones de euros sean elegidos por los socios por secciones o colegios, estas agrupaciones deberán incorporar representantes de cada una de las líneas de recaudación de la entidad de la que sean beneficiarios."
Al artículo 195.8
Se modifica el texto del apartado 8 del artículo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual, que queda redactado como sigue:
8. Podrán desarrollarse códigos de conducta voluntarios en lo referido a las medidas de colaboración de los servicios de intermediación, los servicios de pagos electrónicos o de publicidad previstas en este artículo. La Administración podrá promover la elaboración de dichos códigos."
Al artículo 193.3
Se modifica el apartado 3 del artículo 193 de la Ley de Propiedad Intelectual, que queda redactado como sigue:
3. La Sección Primera estará compuesta por cinco vocales titulares, que podrán delegar sus funciones en sus respectivos suplentes, todos ellos elegidos entre expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual y en materia de defensa de la competencia, entre los que el Ministerio de Cultura y Deporte designará al presidente de la Sección, cargo que debe recaer en uno de los vocales designados por este Ministerio. Los vocales de la Sección serán nombrados por el Gobierno, mediante real decreto, a propuesta de los titulares de los Ministerios de Cultura y Deporte, que designará dos vocales; del Ministerio de Economía y Empresa, que designará dos vocales, uno del ámbito Avance Digital y otro del ámbito Economía y Apoyo a
la Empresa; y del Ministerio de Justicia, que designará un vocal, por un periodo de cinco años renovable por una sola vez.
La composición, funcionamiento y actuación de la Sección Primera se regirá por lo dispuesto en esta ley y las normas reglamentarias que la desarrollen y supletoriamente por las previsiones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. El Gobierno podrá modificar reglamentariamente la composición de la Sección Primera."
Se añade una nueva disposición transitoria al RDL 2/2018 que complementa la reforma del artículo 193.3 de la Ley de Propiedad intelectual, redactada como sigue:
"Disposición transitaría única. Aplicación del texto reformado del artículo 193.3 respecto a la composición de la Sección Primera.
En los treinta días posteriores a la entrada en vigor de la presente ley, y con carácter excepcional para el nombramiento previsto en esta disposición transitoria, el Ministerio de Cultura y Deporte nombrará mediante orden, un quinto vocal de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, así como a su respectivo suplente. Este quinto vocal y su suplente terminarán su mandato al mismo tiempo que los cuatro vocales actualmente existentes, aunque podrán ser renovados por una sola vez por un periodo de cinco años. La renovación de la presidencia de la Sección Primera a la que se refiere el artículo 193.3 se efectuará cuando expire el actual mandato de la sección o cuando cese el actual presidente."
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al articulado del Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017 /1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017 (procedente del Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril).
Se incluye un nuevo apartado (6) en el artículo 32 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual que queda redactado como sigue:
A estos efectos, se entenderá por libro de texto, manual universitario o publicación asimilada, cualquier publicación, impresa o susceptible de serio, editada con el fin de ser empleada como recurso o material del profesorado o el alumnado de la educación reglada para facilitar el proceso de la enseñanza o aprendizaje.
4. Tampoco necesitarán la autorización del autor o editor los actos de reproducción parcial, de distribución y de comunicación pública de obras o publicaciones, impresas o susceptibles de serio, cuando concurran simultáneamente las siguientes condiciones:
6. En todo caso, la reproducción, distribución o comunicación pública, total o parcial, de artículos periodísticos en un dossier de prensa que tenga lugar dentro de cualquier organización requerirá de la autorización de los titulares de derechos."
Se modifica el texto de la disposición final tercera, que queda redactada como sigue:
El Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 109 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes enmiendas al articulado del Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017 (procedente del Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Grupo Parlamentario Ciudadanos
Al artículo 195.4
Se modifica el texto del apartado 4 del artículo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual, que queda redactado como sigue:
Artículo único. Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril
- Enmienda núm. 45, del G. P. Popular, al artículo 32.
- Enmienda núm. 9, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx), al artículo 37, apartado 2.
- Enmienda núm. 36, del G. P. Popular, del G.P. Socialista, del G.P. Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y del G.P. Ciudadanos, al artículo 37, apartado 2.
- Enmienda núm. 6, del G.P. Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al artículo 71.
Apartado Seis
Apartado Siete
- Enmienda núm. 10, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx), al artículo 147, párrafo primero.
- Enmienda núm. 11, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx), al artículo 147, párrafo segundo.
- Enmienda núm. 38, del G. P. Popular, del G.P. Socialista, del G.P. Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y del G.P. Ciudadanos, artículo 147, párrafo segundo.
- Enmienda núm. 12, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx), al artículo 148, apartado 1, letra b).
- Enmienda núm. 13, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx), al artículo 149.
- Enmienda núm. 1, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), al artículo 151, apartado 1.
- Enmienda núm. 14, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx), al artículo 151, apartado 3.
- Enmienda núm. 15, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx), al artículo 152, apartado 2.
- Enmienda núm. 16, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx), al artículo 153, apartado 3.
- Enmienda núm. 37, del G. P. Popular, del G.P. Socialista, del G.P. Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y del G.P. Ciudadanos, al artículo 153, apartado 4, letra c).
- Enmienda núm. 17, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx), al artículo 155.
- Enmienda núm. 31, del G. P. Popular, del G.P. Socialista y del G.P. Ciudadanos, al artículo 156, apartado 3.
- Enmienda núm. 28, del G.P. Ciudadanos, al artículo 158, apartado 5.
- Enmienda núm. 2, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), al artículo 159, letra b).
- Enmienda núm. 39, del G. P. Popular, del G.P. Socialista, del G.P. Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y del G.P. Ciudadanos, al artículo 159, letra f).
- Enmienda núm. 29, del G.P. Socialista y del G.P. Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al artículo 159, letra l).
- Enmienda núm. 40, del G. P. Popular, del G.P. Socialista, del G.P. Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y del G.P. Ciudadanos, al artículo 159, letra ñ).
- Enmienda núm. 41, del G. P. Popular, del G.P. Socialista, del G.P. Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y del G.P. Ciudadanos, al artículo 161, apartado 4 nuevo.
- Enmienda núm. 35, del G. P. Popular, del G.P. Socialista, del G.P. Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y del G.P. Ciudadanos, al artículo 162, apartado 2, letra b).
- Enmienda núm. 18, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx), al artículo 164, apartado 4.
- Enmienda núm. 19, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx), al artículo 164, apartados nuevos.
- Enmienda núm. 34, del G. P. Popular, del G.P. Socialista, del G.P. Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y del G.P. Ciudadanos, al artículo 164, apartado 3, letras a) y h) y apartados nuevos.
- Enmienda núm. 20, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx), al artículo 168.
- Enmienda núm. 7, del G.P. Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al artículo 175.
- Enmienda núm. 8, del G.P. Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al artículo 177, apartado 1.
- Enmienda núm. 21, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx), al artículo 190, apartado 2
Apartado Ocho
- Enmienda núm. 3, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), al artículo 193, apartado 1.
- Enmienda núm. 43, del G. P. Popular, del G.P. Socialista, del G.P. Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y del G.P. Ciudadanos, al artículo 193, apartado 3.
- Enmienda núm. 22, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx), al artículo 195, apartado 3.
- Enmienda núm. 33, del G. P. Popular, del G.P. Socialista y del G.P. Ciudadanos, al artículo 195, apartado 3.
- Enmienda núm. 23, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx), al artículo 195, apartado 4.
- Enmienda núm. 47, del G. P. Popular y del G.P. Ciudadanos, al artículo 195, apartado 4.
- Enmienda núm. 24, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx), al artículo 195, apartado 6.
- Enmienda núm. 32, del G. P. Popular, del G.P. Socialista y del G.P. Ciudadanos, al artículo 195, apartado 6.
- Enmienda núm. 25, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx), al artículo 195, apartado 8.
- Enmienda núm. 42, del G. P. Popular, del G.P. Socialista, del G.P. Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y del G.P. Ciudadanos, al artículo 195, apartado 8.
Apartado Nueve
Apartado Diez
Apartado Once
Apartado Doce
Apartado Trece
Apartado Catorce
Apartado Quince
- Enmienda núm. 30, del G.P. Socialista, del G.P. Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y del G.P. Ciudadanos.
- Enmienda núm. 4, del G.P. Vasco (EAJ-PNV).
- Enmienda núm. 44, del G. P. Popular, del G.P. Socialista, del G.P. Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y del G.P. Ciudadanos.
- Enmienda núm. 27, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx).
Disposición final primera. Modificación de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial
- Enmienda núm. 26, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx).
- Enmienda núm. 46, del G. P. Popular.

References: Real Decreto 
 artículo 97
 Real Decreto 
 artículo 110
 Real Decreto 
 artículo 151
 artículo 151
 artículo 159
 artículo 159
 artículo 193
 artículo 193
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 149
 Real Decreto 
 artículo 71
 artículo 71
 artículo 60
 artículo 71
 artículo 71
 artículo 14
 artículo 6
 artículo 71
 artículo 71
 resolución 
 artículo 71
 artículo 71
 artículo 71
 artículo 46
 artículo 71
 artículo 1583
 artículo 71
 artículo 175
 artículo 167
 artículo 178
 artículo 177
 artículo 126
 Real Decreto 
 artículo 37
 Real Decreto 
 artículo 147

Artículo 147
 Resolución 
 artículo 147

Artículo 147
 artículo 3

Artículo 148
 Resolución 

Artículo 151

Artículo 152
 artículo 178
 artículo 25
 artículo 168

Artículo 153
 artículo 147
 resolución 

Artículo 164
 artículo 164
 artículo 157
 Real Decreto 

Artículo 164
 artículo 194

Artículo 190
 artículo 155
 artículo 150
 artículo 53
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 resolución 
 artículo 11
 artículo 122
 artículo 195
 artículo 195
 artículo 187
 artículo 189
 Real Decreto 
 artículo 109
 Real Decreto 
 artículo 158
 artículo 158
 artículo 177
 artículo 109
 Real Decreto 
 artículo 159
 artículo 109
 Real Decreto 
 artículo 5
 Real Decreto 
 artículo 15
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 109
 Real Decreto 
 artículo 156
 artículo 156
 artículo 195
 artículo 195
 resolución 
 artículo 11
 artículo 122
 artículo 195
 artículo 195
 artículo 53
 artículo 4
 artículo 109
 Real Decreto 
 artículo 164
 artículo 164
 artículo 194
 artículo 162
 artículo 162
 artículo 37
 artículo 37
 Real Decreto 
 artículo 153
 artículo 153
 artículo 147
 artículo 147
 artículo 159
 artículo 161
 artículo 195
 artículo 195
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 110
 Real Decreto 
 artículo 32
 artículo 109
 Real Decreto 
 artículo 195
 artículo 195
 Real Decreto 
 artículo 32
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 71
 artículo 147
 artículo 147
 artículo 147
 artículo 148
 artículo 149
 artículo 151
 artículo 151
 artículo 152
 artículo 153
 artículo 153
 artículo 155
 artículo 156
 artículo 158
 artículo 159
 artículo 159
 artículo 159
 artículo 159
 artículo 161
 artículo 162
 artículo 164
 artículo 164
 artículo 164
 artículo 168
 artículo 175
 artículo 177
 artículo 190
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 195
 artículo 195
 artículo 195
 artículo 195
 artículo 195
 artículo 195
 artículo 195
 artículo 195