Source: https://www.otrosi.net/administrativo/jurisprudencia/2020-510394
Timestamp: 2020-07-16 04:54:19+00:00

Document:
Tribunal Supremo , 18-02-2020 , nº 14/2017, rec.223/2020,
ECLI: ES:TS:2020:441
Ante la Secc. 8ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional se siguió Recurso contencioso-administrativo 233/2015 promovido por el procurador D. Argimiro Vázquez Guillén en nombre y representación de Autopista Madrid Sur Concesionaria Española SA, contra la resolución de 17 de marzo de 2015 del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda por la que se deniega la consignación de ninguna cantidad en cuenta de compensación ni el otorgamiento de ningún préstamo participativo en el ejercicio 2015 al no figurar en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho año partida alguna para atender los mismos.
La sentencia de la Audiencia Nacional, que cuenta con un voto particular, decide el anterior recurso en fecha 13 de junio de 2016 con parte dispositiva del siguiente tenor: " PRIMERO. - Estimar parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador D. Argimiro Vázquez Guillén , en nombre y representación de AUTOPISTA MADRID SUR CONCESIONARIA ESPAÑOLA, SA , contra la Resolución del Ministerio de Fomento de fecha 17 de marzo de 2015, a la que la demanda se contrae, por su disconformidad a derecho.
SEGUNDO. - Declarar el derecho de la parte recurrente a que por la Administración demandada se apertura, tramite y resuelva el procedimiento adecuado, a fin de fijar, anualmente, el saldo de la cuenta de compensación.
TERCERO. - Desestimar el recurso en todo lo demás.
CUARTO. - No efectuar pronunciamiento en costas".
Notificada la anterior resolución, el Abogado del Estado presentó escrito ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, preparando el recurso de casación contra la misma. La Sala tuvo por preparado en tiempo y forma el recurso de casación emplazando a las partes para que comparecieran ante el Tribunal Supremo en el plazo de treinta días.
Recibidas las actuaciones y el expediente administrativo ante este Tribunal, el Abogado del Estado se personó ante esta Sala y formuló escrito de interposición del recurso de casación, expresando los motivos en que se amparaba, solicitando que se tuviera por interpuesto el recurso de casación contra la referida sentencia: "tenga por presentado este escrito con su copia, por interpuesto recurso de casación y, previos los trámites pertinentes, dicte en su día sentencia casando la sentencia de instancia y sustituyéndola por otra en la cual se confirme íntegramente la resolución administrativa impugnada".
Con fecha 8 de marzo de 2017 se dicta providencia por la Secc. 4ª de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Supremo admitiendo el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado.
El procurador D. Argimiro Vázquez Guillén, en nombre y representación de Autopista Madrid Sur Concesionaria Española SA, presentó escrito oponiéndose al recurso de casación en virtud de las razones que estimó procedentes y suplicando que la Sala dicte en su día dicte sentencia: " SUPLICO A LA SALA que tenga por presentado este escrito y, en consecuencia, por formulada oposición al recurso de casación interpuesto por la Administración del Estado contra la Sentencia de 13 de junio de 2016 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada en el seno del procedimiento ordinario 233/2015, y en su virtud, dicte en su día Sentencia por la que se inadmita o desestime íntegramente el recurso de casación interpuesto de contrario".
Por providencia de 10 de octubre de 2018, y conforme a las normas de reparto aprobadas por Acuerdo de la Sala de Gobierno de 10 de octubre de 2017, vigentes a partir del 26 de junio de 2018, pasan las actuaciones a esta Sección Quinta, que por Diligencia de Ordenación de 7 de noviembre de 2018, convalida las actuaciones practicadas.
Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo la audiencia del día 12 de febrero de 2020, fecha en la que se celebró con observancia de las formalidades legales.
En la sentencia de la AN de 13 de junio de 2016, aquí impugnada, se transcribe la DA 41ª de la Ley 26/2009, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, que establecía en relación al préstamo participativo por sobrecostes de expropiaciones: Dos, a: "Dentro de los límites de las dotaciones asignadas cada año en el Presupuesto del Ministerio de Fomento, el Estado, otorgará un préstamo participativo [...]".
A su vez, la Ley 43/2010, antes citada, en su Disposición Adicional Octava, 1 "cuenta de compensación [...], en su apartado c.1, disponía: "Dicha cantidad (a consignar anualmente en la cuenta) estará sujeta al límite de las disponibilidades presupuestarias fijadas cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este concepto[...]"
La ley 17/2012, de 27 de diciembre de Presupuestos General del Estado para 2013, modificó con efectos de 1 de enero de 2013, la DA 8ª de la Ley 43/2010 en su apartado c.1, en relación a la cuenta de compensación, y dispuso: "Dichas cantidades estarán sujetas al límite de las disponibilidades presupuestarias fijadas cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para estos conceptos".
La sentencia recurrida contiene el Fallo que se ha transcrito en el Antecedente de Hecho Segundo. Y su Fundamento de Derecho Quinto, transcribiendo lo ya resuelto por la misma Sala del TSJ de Madrid en anteriores sentencias de 14 de marzo de 2016, 11 de abril de 2016 y 14 de abril de 2016 afirma: "Expuesto lo anterior, consideramos que la Sala no puede realizar declaración alguna atinente al abono del saldo de la cuenta o a la concesión del préstamo participativo, pues el límite presupuestario opera como condicionante de dichas declaraciones. No obstante ello, a juicio de la Sala, existe una clara previsión legal que es punto de partida y requisito esencial para lo anterior, pues se prevé que se aperture con carácter anual la cuenta de compensación, cuyo saldo debe ser aprobado por la administración y, sólo una vez ello sea realidad, se abre el cauce para el abono o la concesión del préstamo.
Dentro del ámbito del presente recurso, la Sala no puede condenar al pago de cantidad alguna, ni declarar el derecho a la concesión de préstamo alguno, pues los límites presupuestarios operan a modo de barrera infranqueable para realizar dicha declaración. Por el contrario, sí es propio de este recurso que la Sala pueda dar contenido a las previsiones legales, declarando el derecho que asiste a las concesionarias a fin de que la Administración, con el carácter anual que está previsto aperture la cuenta, siga el procedimiento previsto para ello y fije el saldo de la misma.
Y, dando respuesta a la alegación del Abogado del Estado, hemos de decir que la Sala conoce la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 28 de abril de 2015, que desestima un recurso interpuesto frente a similar acto administrativo al aquí recurrido. Sin embargo, entendemos que el criterio mantenido por este tribunal en sentencias anteriores no contraviene lo acordado por el TS en la referida sentencia, pues en ella se sostiene la tesis desestimatoria de la pretensión ejercitada, que aquí también mantenemos, pero no aborda todas las cuestiones que sí han sido examinadas en éste y anteriores recursos, por lo que entiende la Sala que debemos mantener la misma tesis ya sustentada en las anteriores ocasiones. Ello determina la estimación parcial del recurso en los términos expuestos".
El Abogado del Estado interpuso recurso contra la anterior sentencia de la Audiencia Nacional, que fue admitido, por lo que procede examinar seguidamente los cuatro motivos del recurso de la Administración del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.
Previamente, y en relación a la inadmisibilidad de los motivos segundo, tercero y cuarto del recurso del Abogado del Estado, que ha opuesto la mercantil recurrida en su escrito de 25 de mayo de 2017, hemos de rechazar las inadmisibilidades alegadas: En cuanto al segundo motivo, en el escrito de preparación del recurso por el Abogado del Estado de fecha 4 de julio de 2016, se trata la incongruencia y se razona sobre ella, por lo que no concurre la causa de inadmisibilidad alegada. Los motivos tercero y cuarto, sobre los que la parte recurrida opone carencia de invocación de preceptos, ausencia de argumentación, etcétera, se admiten, pues su apoyo jurídico se realiza por remisión a sentencias de esta Sala, que son transcritas en el escrito de interposición.
El primer motivo del recurso, al amparo del art. 88.1.c LJCA, se plantea por "Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia".
Alega el Abogado del Estado en este motivo que el fallo ha incurrido en incongruenciaextra petita,pues falla que la Administración aperture, tramite y resuelva el procedimiento adecuado, a fin de fijar, anualmente, el saldo de la cuenta, no habiéndolo pretendido la recurrente y sin haber hecho uso la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de la facultad prevista en el art. 32.2 LJCA.
En la página 7 del escrito de demanda de la mercantil Autopista Madrid Sur, figura "como pretensiones que que se suscitan en la demanda, "ii subsidiariamente, que tras declarar igualmente que la Resolución de 17 de marzo de 2015 es contraria a Derecho, se condene a la Administración demandada a la apertura, trámite y resolución del procedimiento correspondiente, a fin de fijar, anualmente, el saldo de la cuenta de compensación y del préstamo participativo, y una vez fijado el importe, se le condene a que utilice los instrumentos pertinentes para disponer de la consignación presupuestaria correspondiente que permita hacer efectivamente operativa la cuenta de compensación y préstamo participativo del ejercicio 2015". Y en la página 34, en el suplico, "l.- Con carácter principal: (i) A la apertura de la cuenta de compensación de 2015, y posteriormente a abonar a mi representada el importe correspondiente a dicho ejercicio que asciende a 10.687.199 Euros (sin IVA), más los intereses de demora (interés legal del dinero más 1,5 puntos) a contar desde el 31 de diciembre de 2015 y hasta su efectivo pago".
Con mayor o menor precisión, Autopista Madrid Sur en su recurso ante la AN pidió se siguieran los trámites referidos a la cuenta de compensación.
Por ello, el primer motivo no puede ser estimado.
Como motivo segundo, al amparo del art. 88.1.c LJCA, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia.
Este mismo motivo de recurso, sobre incongruencia interna por fallo contradictorio de la sentencia, fue invocado en un anterior recurso ante esta Sala, recurso 1837/2016, que fue resuelto por sentencia de esta misma Sala y Sección de 24 de octubre de 2019, en la que dijimos:
"No existe incongruencia interna porque la sentencia no contiene un fallo contradictorio con su argumentación si se repara en que del contenido de la resolución administrativa impugnada no se desprende, como mantiene la Administración al oponer este motivo de inadmisión, que la respuesta administrativa dada lo hubiera sido una vez tramitado el procedimiento administrativo para fijar el saldo de la cuenta de compensación. Antes, al contrario, lo que se deduce de ella es que la falta de consignación presupuestaria determinó directamente la respuesta negativa sin esa actividad administrativa que impone la sentencia".
Criterio de esta Sala y Sección reiterado en nuestras sentencias de 28 de octubre de 2019, rec. 1992/2016, de 27 de noviembre de 2019, rec. 3001/2016, de 3 de febrero de 2020, rec. 2605/2016, entre otras, que transcribimos por respeto a la unidad de doctrina;
"El mismo resultado desestimatorio tiene el examen del segundo motivo, en el que se denuncia contradicción del fallo con los argumentos de la sentencia, es decir, incongruencia interna de la sentencia -por lo que ha de entenderse incluido en el vicio de incongruencia que se denuncia en preparación, en contra de lo sostenido en el escrito de oposición-, que como señala la jurisprudencia y se refleja en la sentencia de 21 de julio de 2003, viene determinada por la falta de la lógica que requiere que la conclusión plasmada en el fallo sea el resultado de las premisas previamente establecidas por el Tribunal, falta de lógica que no puede asentarse en la consideración de un razonamiento aislado sino que es preciso tener en cuenta los razonamientos completos de la sentencia, además de que para apreciar el defecto no es suficiente cualquier tipo de contradicción sino que es preciso una notoria incompatibilidad entre los argumentos básicos de la sentencia y su parte dispositiva, sin que las argumentaciones obiter dicta, razonamientos supletorios o a mayor abundamiento puedan determinar la incongruencia interna de que se trata, circunstancias que en modo alguno pueden apreciarse en la sentencia recurrida en la que, precisamente, resuelve la cuestión planteada en el proceso del alcance de la inexistencia de crédito presupuestario en relación con la necesidad de la apertura de la cuenta de compensación por el correspondiente procedimiento".
Como tercer motivo, al amparo del art. 88.1.d LJCA, por infracción de las normas jurídicas y de la jurisprudencia, la recurrente alega que la mercantil Autopista Madrid Sur se encuentra en concurso de acreedores, por lo que no puede ser beneficiaria de ningún crédito participativo, invocando las sentencias de esta Sala de 10 y 12 de mayo de 2016, entre otras.
Se rechaza este motivo, por el principio de unidad de doctrina antes señalado, y conforme a lo que esta Sala y Sección razonó sobre esta misma alegación de la Administración del Estado en sentencias de 28 de octubre y de 27 de noviembre, ambas de 2019 antes citadas; así como en la de 3 de febrero de 2020:
"No puede prosperar el motivo tercero, relativo a la aplicación de la doctrina establecida en las sentencias de esta Sala de 10, 12 y 31 de mayo de 2016, en el sentido de que una empresa en dicha situación no puede beneficiarse de un crédito participativo en los términos de la DA 41ª de la Ley 26/2009, pues, como bien señala la parte recurrida, se trata de una cuestión que no se recoge en la sentencia recurrida como las suscitadas en la instancia ni existe pronunciamiento al respecto del Tribunal a quo, lo que nos sitúa ante dos posibilidades: que se trate de una cuestión planteada en la instancia sobre la que el Tribunal a quo no se pronunciado, en cuyo caso para propiciar su examen en casación debería haberse planteado un motivo al amparo del art. 88.1.c) de la Ley procesal, por incongruencia omisiva, lo que no se ha hecho por la parte; o que se trate de una cuestión nueva no suscitada en el debate procesal de la instancia, en cuyo caso su planteamiento en casación resulta inadmisible al no poder servir de fundamento a un motivo de casación, dado que en casación se trata de enjuiciar los errores in iudicando o in procedendo en que pueda haber incurrido el juzgador a quo, pero en función, naturalmente, por exigirlo así el principio de congruencia, de las cuestiones planteadas en la instancia (S. 20-11-2003), abundando la jurisprudencia en el rechazo del motivo de casación en el que se plantea una cuestión nueva no debatida en la instancia ( sentencias de 31 de octubre y 12 y 15 de diciembre de 1994 y 28 de octubre de 1995, 24 de febrero de 2004, entre otras)".
El cuarto y último motivo alegado por la Administración del Estado, al amparo del art. 88.1.d LJCA, se refiere a la naturaleza del mecanismo de la cuenta de compensación, planteando la cuestión sustancial debatida en la instancia, cual es la determinación, a la vista de la jurisprudencia, de la naturaleza y alcance del derecho regulado en la Disposición Adicional 8ª de la Ley 43/2010, y normas anteriores y posteriores de las que trae causa y lo complementan y amplían.
Sobre esta cuestión objeto del cuarto motivo de recurso, hemos de reiterar lo que ya afirmamos en nuestras sentencias de 28 de octubre, de 27 de noviembre y de 4 de diciembre, las tres de 2019, de 3 de febrero de 2020, entre otras:
Pues bien, esta Sala ha examinado en numerosas sentencias (17-10-17, rec. 446/12; 21-2-18, rec. 2997/15, 10-5-18, rec. 4559/16) la naturaleza y alcance de tales previsiones, en la redacción inicial y las modificaciones posteriores, estableciendo su criterio que se refleja en la de 15 de junio de 2016 (rec 1905/2015), precisamente en un recurso de contenido semejante al presente, y que, por su claridad y contenido y para no repetir lo ya expuesto, conviene reproducir en los siguientes términos: "Debe reiterarse lo que ya esta Sala y Sección razonó en su sentencia de 28 de abril de 2015 (Recurso núm. 295/2013): que es esa DT 8ª de la Ley 43/2010 la que, al configurar la medida que significa la cuenta de compensación, la condiciona expresamente a la partida presupuestaria establecida al efecto cada año; y es el propio legislador, en ejercicio de la amplísima libertad de determinación normativa que le corresponde, el que ha decidido para el ejercicio anual que aquí es objeto de polémica no establecer una partida presupuestaria destinada a esa medida concepto de que se viene hablando.
La literalidad de esa DT 8ª de la Ley 43/2010, tanto en su versión inicial como en la modificada por la Ley 17/2013, por lo que se refiere a la cantidad a consignar anualmente a la cuenta de compensación, es que "estará(n) sujeta(s) al límite de (las) disponibilidades presupuestarias cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este (estos) concepto(s)". Tal dicción literal ya pone de manifiesto, en su directa lectura, que lo sometido a la disponibilidad presupuestaria es el nacimiento mismo del derecho inherente a esa medida de reequilibrio que es la cuenta, y no su pago como intenta sostener la sociedad recurrente; y, por otra parte, es coherente, con ese carácter tasado y excepcional que en nuestro ordenamiento sobre contratación pública tienen los supuestos de restablecimiento del equilibrio del contrato.
Lo cual hace aquí inaplicable esa jurisprudencia, invocada por la sentencia recurrida, que separa el nacimiento del derecho sustantivo de la previsión financiera respecto del mismo contenida en la Ley de Presupuestos, pues aquí es la propia ley directamente reguladora del nacimiento del derecho sustantivo de que se viene hablando la que, al configurarlo, establece la disponibilidad presupuestaria como ineludible presupuesto para su nacimiento.
Y la conclusión ha de ser, pues, que sí es correcta esa hermenéutica literal que rechaza la sentencia recurrida.
Siendo de recordar lo que al respecto ya razonó esa anterior sentencia de 28 de abril de 2014 de esta Sala y Sección (Recurso núm. 295/2013) que ha sido mencionada:
"Desde el plano de la legalidad es evidente que estamos ante un mecanismo compensatorio que trata de equilibrar el contenido económico financiero del contrato concesional, concedido "ex lege", pero precisamente es la propia ley que crea la compensación, la que establece también de forma clara e inequívoca en la D.A. 8ª letra C que "Dichas cantidades estarán sujetas al límite de disponibilidades presupuestarias fijadas cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para estos conceptos". Pues bien, el derecho se ha establecido condicionado a la existencia de partida presupuestaria establecida al efecto cada año, y hasta su agotamiento, por lo que se decidió por el legislador, posiblemente por la notoria crisis económica reciente, la falta de previsión de la partida para atender esta compensación para el año 2012.
Admitiendo la claridad de la ley en cuanto al condicionamiento de la concesión a las disponibilidades presupuestarias establecidas anualmente, es indiferente determinar si como sostiene la recurrente la DA de la ley 43/2010, ha establecido un derecho al equilibrio y no una simple medida graciable, pues el establecimiento estaba condicionado a una serie de presupuestos y condiciones, entre ellas precisamente la habilitación presupuestaria en la Ley de Presupuestos. No dándose esta condición, poca importancia tiene especular que si se dieron, los términos de la ley al utilizar el término imperativo "otorgará", conviertan la concesión en un acto debido para la Administración.
(...) Tampoco puede admitirse como sostiene la recurrente una interpretación del precepto conforme con la Constitución, en el sentido de considerar, con cita de sentencias de esta Sala, que sostiene que los derechos nacen fuera de la ley de Presupuestos, en la medida en que esta constituye un acto de previsión económico-financiera, por lo que el derecho al reequilibrio económico financiero no puede quedar supeditado a que exista o no previsión presupuestaria, ( sentencia de 10 de junio de 1988), sin perjuicio de que esta circunstancia de lugar a créditos extraordinarios o suplementos de crédito, de conformidad con las previsiones del artículo 55 de la ley 47/2003, General Presupuestaria. Aquí no nos encontramos ante un derecho que carece de cobertura presupuestaria, sino que el derecho, tal como se configura en la ley no existe, precisamente por estar condicionado en su creación legal a la existencia de esta cobertura. Todo ello sin perjuicio de que la recurrente solicite el reequilibro de su contrato y en su caso pueda obtenerlo por distinto título del alegado en el presente recurso".
De dicha doctrina se deduce que lo que se somete a disponibilidad presupuestaria es el nacimiento mismo del derecho a las medidas de reequilibrio establecidas en la DA 8ª de la Ley 43/2010, es decir, que esa disponibilidad presupuestaria es un requisito necesario para el nacimiento del derecho, una condición para su existencia que, además, ha de cumplirse para cada año. No se trata de la declaración y reconocimiento genérico de un derecho al reequilibrio económico financiero cuyo alcance económico haya de reflejarse en la LGP sino de un derecho concreto y específico, reconocido al margen de la normativa general de contratación, cuya existencia se sujeta a la previsión en la norma presupuestaria, o como se dice en la sentencia de 28 de abril de 2014, que se acaba de reproducir, "aquí no nos encontramos ante un derecho que carece de cobertura presupuestaria, sino que el derecho, tal como se configura en la ley no existe, precisamente por estar condicionado en su creación legal a la existencia de esta cobertura". Por lo que queda a salvo que la interesada pueda solicitar el reequilibrio de su contrato y, en su caso, pueda obtenerlo por distinto título.
Ello conduce a la estimación de este motivo de casación en cuanto la sentencia de instancia no se ajusta al criterio de interpretación de la norma que se acaba de exponer y que se ha reiterado por esta Sala del Tribunal Supremo.
Por todo lo expuesto, procede, con estimación del recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado, anular la sentencia recurrida y desestimar el recurso contencioso administrativo que fue interpuesto en el recurso de instancia contra la Resolución administrativa de 26 de febrero de 2015.
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido esta Sala ha decidido haber lugar al recurso de casación núm. 14/2017, interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia de 13 de junio de 2016 dictada por la Secc 8ª de la Sala Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso nº 233/2015, que se casa y revoca, confirmando la Resolución del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (Mº de Fomento) de 17 de marzo de 2015. Sin costas, en cuanto a las de la casación y a las de la instancia ( Artículo 139 LJCA).
D. Segundo Menéndez Pérez D. Rafael Fernández Valverde D. Octavio Juan Herrero Pina
D. Wenceslao Francisco Olea Godoy Dª Inés Huerta Garicano D. Francisco Javier Borrego Borrego
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Francisco Javier Borrego Borrego , estando la Sala celebrando audiencia pública, lo que, como Letrada de la Administración de Justicia, certifico

References: resolución 
 Resolución 
 resolución 
e contrario
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 55
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 139