Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2017/se201700233.html
Timestamp: 2019-03-23 02:35:05+00:00

Document:
se201700233
SENTENCIA: 233/2017.
EXPEDIENTE: 1069/2013.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 18 a 24, planteada por la Administración Aduanera impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ N° 1385/2013 emitida el 13 de agosto por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, la contestación de fs. 45 a 48 vta., réplica de fs. 51 a 52, dúplica a fs. 56 y vta., la contestación del tercero interesado de fs. 85 a 93 vta.; los antecedentes del proceso y de emisión de la Resolución impugnada.
La Administración Aduanera, mediante Nota AN-GRPGR-UFIPR-C-005/2012, solicitó al Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO) la autenticidad del Certificado CM-PT-04-0073-2011 correspondiente al vehículo que ampara el Documento Único de Importación (DUI) 2011/543/C-2094, petición respondida por IBMETRO el 4 de julio de 2012, mediante nota IBMETRO-DML-CE- 01272/12, en el que se señala que el indicado certificado no existe y no está registrado en ninguno de los archivos IBMETRO-Central La Paz, haciendo conocer además, por tanto los certificados mencionados no tienen la validez requerida ya que estos no fueron realizados bajo procedimientos establecidos por IBMETRO.
Con ese antecedente, se evidenció que la Agencia Despachante de Aduana ADA “SAA SRL”, al momento de efectuar el despacho aduanero de la DUI Nº 2011/543/C-2094 de 1 de noviembre de 2011, presentó un certificado medio ambiental no validado o presuntamente falso, por lo que se estableció que no contaba con la Certificación Medioambiental emitida por IBMETRO, estableciendo indicios de la comisión de contravención tributaria por contrabando.
Al amparo de la Resolución de Directorio (RD) 01-004-09 de 12 de marzo de 2009 que aprueba el Procedimiento de Control Diferido y de conformidad a lo señalado en el art. 96 y último párrafo del art. 181 del Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Décima Sexta de la Ley N° 317, se emitió el Acta de Intervención AN-GRPTS-UFIPR-AI-043/2012 de la DUI 2011/543/C-2094, en la que se puede observar de manera más amplia el trabajo realizado, la identificación de las personas sindicadas, identificación de los medios de prueba y/o medios empleados para la comisión del Contrabando Contravencional, descripción de la mercadería objeto de contrabando y demás datos que ayudaron a determinar la contravención aduanera.
Transcribiendo los arts. 48 del Decreto Supremo Nº 27310; 85 de la Ley General de Aduanas; 65 y 148 del Código Tributario Boliviano; y 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, indicó que el citado art. 48 del Decreto Supremo Nº 27310, señala que la Aduana Nacional ejercerá las facultades de control establecidas en los arts. 21 y 100 del CTB, en las fases de control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido, que la verificación de calidad, origen, u otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante las esas fases, podrán ser objeto de fiscalización posterior; es decir, que todo aquello que no haya podido ser determinado, puede ser sujeto a una fiscalización según corresponda, teniendo presente que el término faculta a la Administración Aduanera a realizar una fiscalización posterior, más no la obliga o establece como requisito sine qua non para validar las conclusiones del procedimiento del control posterior y los consiguientes actuados, por lo que la Resolución de la AGIT no interpreta correctamente la normativa conforme establece el art. 8 del Código Tributario Boliviano (CTB).
Concluyó señalando que IBMETRO ha certificado que los documentos utilizados en los despachos aduaneros no fueron emitidos por la misma, con ello se demuestra que los mismos fueron fraguados, por lo que corresponde a la autoridad jurisdiccional e investigativa determinar quien o quienes es el responsable.
Solicitó se declare probada la demanda contencioso administrativa, revocando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1385/2013 de 13 de agosto por consiguiente se confirme la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RS-038/2012 de 27 de diciembre.
La Autoridad General de Impugnación Tributaria, se apersonó al proceso y respondió negativamente la demanda con memorial presentado el 9 de mayo de 2014, que cursa de fs. 45 a 48 vta., señalando que no obstante estar plena y claramente respaldada en sus fundamentos técnico-jurídicos la resolución impugnada, cabe remarcar y precisar lo siguiente:
Apuntando los antecedentes administrativos del caso, señaló que el Acta de Intervención Contravencional AN-GRPTS-UFIPR-AI-043/2012, estableció que ante la inexistencia de certificado medioambiental de IBMETRO, se establecieron indicios de la comisión de contravención tributaria de contrabando; asimismo la Resolución Sancionatoria declaró probada la comisión de contrabando contravencional en base a los arts. 160. 4 y 181. b) del CTB, al no existir mercancía comisada impuso como multa el pago del 100% del valor de la mercancía y la captura del vehículo. Asimismo dispuso la procedencia de la anulación de la DUI C-2094 y la remisión de antecedentes al Ministerio Público para el inicio de la acción penal correspondiente por la presunta comisión del delito de falsificación de documentación.
Que en ese sentido el tema principal radica en la valoración de la prueba- CERTIFICACIÓN DE IBMETRO- y al existir una contradicción de argumentos entre el sujeto pasivo y la Administración Aduanera respecto a la prueba principal, puesto que José Omar Carballo Zeballos, asegura que este documento es plenamente valido; motivo por el cual dicha prueba se encuentra supeditada al pronunciamiento en la vía penal, es decir, que se requiere previo pronunciamiento sobre la veracidad o no del mencionado certificado medio ambiental, concluyendo que la instancia jerárquica se ve imposibilitada por mandato expreso del art. 197.II. b) de la Ley 3092.
En el caso de autos, la Administración Aduanera controvierte la decisión de anular lo obrados, con reposición hasta el Acta de Intervención AN-GRPTS-UFIPR-AI-043/2012, ordenando que a partir del pronunciamiento que emita la instancia competente para determinar la veracidad del Certificado Medio Ambiental, la Administración Aduanera dicte nueva Acta de Intervención Contravencional, si corresponde, conforme lo establece el inc. c) parágrafo I del art. 212 de la Ley 3092.
Por su parte, la autoridad demandada indicó que la AGIT no ingreso al análisis de fondo del asunto, porque de resolverse el fondo del asunto en base a una prueba cuya legalidad está observada, se infringiría el inc. b) Parágrafo II del art. 197 de la Ley 3092, razón por la que la instancia jerárquica anulo obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta el Acta de Intervención Contravencional, con el objeto de que a partir del pronunciamiento que emita la instancia competente para determinar la veracidad del Certificado Medio Ambiental N° CM-PT-04-0073-2011, la Administración Aduanera dicte nueva Acta de Intervención, si corresponde, fundamentos que desvirtúan los argumentos del demandante.
IV.1.- Que, el 25 de mayo de 2012, la Administración Aduanera solicitó la remisión de 77 DUI a la ADA “SSA SRL”, tramitadas ante la Administración de Aduana Frontera Avaroa, detalladas en anexo adjunto con su documentación en originales de respaldo. El 1 de junio de 2012 la mencionada ADA, mediante Nota Cite: SAA-208/2012, remitió la documentación requerida (fs. 13 a 18, Anexo 2).
IV.2.- A instancias de la Jefatura de la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Potosí, el 6 de junio de 2012 y con nota AN-GRPGR-UFIPR-C-005/2012 (fs. 23, Anexo 2), la Administración Aduanera, solicitó a IBMETRO certificación de autenticidad de setenta y siente (77) certificados emitidos por esa entidad, entre ellos la DUI C-2094 que dio origen al presente proceso.
IV.3.- En respuesta IBMETRO, con nota IBMETRO DML CE 01272/2012 de 4 de julio de 2012, remitió el Informe IBMETRO-DML-INF-240/12 de 29 de agosto, el cual indica que un vez concluida la revisión de los códigos y números de los Certificados, se informa y corrobora que los mismos no se encuentran registrados en los archivos y base de información de IBMETRO. Además, que los funcionarios que figuran y firman los certificados, no se encontraban prestando funciones en las fechas de emisión (fs. 27 a 33 Anexo 2).
IV.4.- El 27 de septiembre de 2012, la Gerencia Regional Potosí, emitió el Informe AN-UFIPR-I-080/2012, que da cuenta de haberse realizado el aforo documental, la decodificación del VIN del vehículo importado, la falta de certificado de IBMETRO, por lo que sugiere anular la DUI C-2011/543/C-2094, debido a que no existe certificado medioambiental emitido por IBMETRO. Finalmente, estableció indicios de la comisión del ilícito de contrabando tipificado en el inciso b) del art. 181 del CTB e indicios de la existencia de delitos penales por la falsedad del certificado de IBMETRO (fs. 34 a 50 del Anexo 2).
IV.5.- El 5 de diciembre de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a José Omar Carballo Zeballos con el Acta de Intervención Contravencional AN-GRPTS-UFIPR-AI-043/2012 de 28 de septiembre, emitida su contra y de quienes resultaren coautores, cómplices, instigadores y encubridores, estableciendo indicios de la comisión de la contravención tributaria de contrabando, otorgando un plazo de 3 días para la presentación de descargos (fs. 51 a 59 del Anexo 2).
IV.6.- Posteriormente, el 2 de enero de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a José Omar Carballo Zeballos con la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS-38/2012 de 27 de diciembre, que declaró probada la comisión de contrabando contravencional en su contra, al no existir la mercancía comisada, se impuso como multa el pago del 100% del valor de la mercancía, así como la captura del vehículo descrito en el Acta de Intervención y la anulación de la DUI 2011-543-C-2094 de 1 de noviembre de 2011. Finalmente, la remisión de antecedentes al Ministerio Público para el inicio de la acción penal correspondiente por la presunta comisión del delito de falsificación de documentación (fs. 61 a 71 Anexo 2).
IV.7.- Planteado recurso de alzada, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, con Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0093/2013 de 6 de mayo (fs. 72 a 78, Anexo 1), revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS-038/2012 de 27 de diciembre, dejando sin efecto la sanción de multa por el 100% del valor de la mercadería equivalente a Bs. 336.085 así como su ejecución tributaria, disponiendo el comiso del vehículo correspondiente a la DUI 2011/543/C-2094.
IV.8.- Alex Arnez Alcocer y Juan Carlos Loma Sanabria, en representación de José Omar Carballo Zeballos y la Gerencia Regional de Potosí de la Aduana Nacional, interpusieron recurso jerárquico, que fue resuelto con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1385/2013 impugnada en el presente proceso, con la que la AGIT anuló la resolución de alzada, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el Acta de Intervención AN-GRPTS-UFIPR-AI-043/2012 de 28 de septiembre, inclusive, con el objeto de que a partir del pronunciamiento que emita la instancia competente para determinar la veracidad del Certificado Medio Ambiental CM-PT-04-0073-2011, la Administración Aduanera dicte una nueva Acta de Intervención, si corresponde, conforme lo establece el inc. c) parágrafo I del art. 212 de la Ley 3092.
En la demanda contenciosa administrativa, con relación a la el primer reclamo de la Administración Aduanera está vinculado a una incorrecta interpretación del art. 48 del DS N° 27310, conforme las reglas establecidas por el art. 8 de la Ley 2492 en la que habría incurrido la AGIT, por la que -dice- pretende se determine en una Fiscalización Posterior, un hecho demostrado en el Control Diferido Regular, a cuya consecuencia anuló obrados sin justificativo o normativa específica.
Sobre el particular, analizada la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT -RJ 1385/2013 de 13 de agosto, pronunciada por la Autoridad de Impugnación Tributaria, en sus fundamentos no hace referencia a la disposición legal que supuestamente no fue correctamente interpretada, tampoco se pronuncia sobre un procedimiento de Fiscalización Posterior o Control Diferido Regular.
A consecuencia de estas actuaciones se tiene el Acta de Intervención Contravencional AN-GRPTS-UFIPR-AI-N° 043/2012 de 28 de septiembre de la DUI 2011/543/C-2094, emitida contra José Omar Carballo Zeballos, estableciendo indicios de la comisión de la contravención tributaria de contrabando, otorgándole un plazo de 3 días para la presentación de descargos (fs. 51 a 59 del Anexo 2). Dicha Acta en el punto “Falta de Certificado Medio Ambiental emitido por IBMETRO” concluye señalando los siguiente: “Por lo señalado, se evidencia que la Agencia despachante de Aduana “SAA S.R.L.” al momento de efectuar el despacho aduanero de la Declaración Única de Importación DUI 2011/543/C-2094 de 01 de noviembre, presento un certificado medio ambiental presuntamente falso (N° CM-PT-04-0073-2011) por lo que se establece que no contaba con la Certificación medio ambiental emitida por IBMETRO ….”.
Siguiendo el mismo entendimiento, la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS-038/2012 de 27 de diciembre, declaró probada la comisión de contrabando contravencional contra José Omar Carballo Zeballos, ordenando expresamente la remisión de antecedentes al Ministerio Público para el inicio de la acción penal correspondiente por la presunta comisión del delito de falsificación de documentación (fs. 61 a 71 Anexo 2).
Como puede establecerse la base de la determinación del hecho contravencional y posterior sanción es la supuesta falsedad del certificado medio ambiental que ampara a la DUI 2011/543/C-2094, así lo ha establecido el Acta de Intervención Contravencional y en la propia Resolución Sancionatoria, conforme los antecedentes referidos. En ese entendido la Administración Aduanera tenía la obligación de dar aplicación al mandato del art. 217 del CTB, en su parágrafo final prevé que la prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados falsos por fallo judicial firme; es decir que siendo la base de la determinación de una responsabilidad contravencional un documento público presumiblemente falso, en aras del respeto al debido proceso la Administración Aduanera no puede asumir la competencia de jurisdicción ordinaria penal y determinar en los hechos la falsedad de un certificado, si no lo ha hecho la instancia competente a través de un debido proceso. En todo caso, ante una situación como la presente la Administración Tributaria teniendo duda sobre la veracidad del certificado medio ambiental, con carácter previo debió realizar la denuncia penal correspondiente para la determinación de la falsedad o no del certificado medio ambiental así como la determinación del o los responsables del mismo.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de la atribución conferida en el art. 6 de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda de fs. 18 a 24, interpuesta por la Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional, en su mérito, mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1385/2013 de 13 de agosto dictada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, con fundamentos propios, ratificándose la nulidad de obrados hasta el Acta de Intervención Contravencional, inclusive, y disponiendo que con los resultados determinados en la vía penal, la Administración Aduanera, si corresponde, inicie el respectivo proceso de fiscalización.

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