Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2016/as201620006.html
Timestamp: 2019-03-23 21:35:53+00:00

Document:
as201620006
Auto Supremo: 06/2016 Sucre: 12 de enero 2016 Expediente: SC–174–14–S Partes: Angélica Uyuquipa y Clemente Sullca Quispe. c/ Eusebio Orellana
Rosas. Proceso: Rescisión de contratos por lesión. Distrito: Santa Cruz.
VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 399 a 404 vta., interpuesto por Angélica Uyuquipa y Clemente Sullca Quispe, impugnando el Auto de Vista Nº 345/2014 de fecha 27 de agosto de 2014 de fs. 388 y vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso de Rescisión de contrato por lesión seguido a instancia de Angélica Uyuquipa y Clemente Sullca Quispe contra Eusebio Orellana Rosas, la respuesta al recurso de fs. 407 a 408, la concesión de fs. 409; Auto Supremo Nº 95/2015 de 13 de febrero de fs. 418 a 422, Auto Constitucional Nº 332/2015 de 03 de septiembre de fs. 432 a 437 vta., los antecedentes del proceso, y;
El Juez Onceavo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, dictó la Sentencia Nº 96/2008 de fecha 23 de mayo de 2008 de fs. 280 a 285, declarando: 1) Improbada en todas sus partes la demanda de fs. 152 a 154 y ratificación de fs. 158 y 160, con costas. 2) Improbadas las excepciones perentorias de cosa juzgada y prescripción de fs. 188 a 189 vta.
Resolución de primera instancia que es apelada por los co-demandantes Angélica Uyuquipa y Clemente Sullca Quispe por memorial de fs. 324 a 330 vta., que mereció el Auto de Vista Nº 618/2008 de 16 de diciembre de 2008 de fs. 346 a 347 vta.; Auto Supremo Nº 291/2014 de 11 de julio de 2014 de la Sala Liquidadora, que anula llanamente el Auto de Vista de fs. 346 a 347, disponiendo que el Ad quem emita nuevo Auto de Vista, Auto de Vista Nº 345/2014 de 27 de agosto de 2014 de fs. 388 y vta., que Revoca en parte la Sentencia objeto de apelación y declara probadas las excepciones de cosa juzgada y prescripción planteadas por el demandado. Resolución de alzada que es recurrida de casación en la forma por los co-demandantes Angélica Uyuquipa y Clemente Sullca Quispe, que obtiene el presente análisis.
Los recurrentes interponen su recurso de casación en la forma en base a los siguientes argumentos jurídicos.
Refieren que en el marco de los arts. 254 num. 4) y 275 del Código de Procedimiento Civil las cuestiones procedimentales y los vicios que en ellos se pudieran presentar activa el recurso de casación en la forma, para que la solución jurídica sea la declaración de la nulidad expresa y conforme los antecedentes del proceso resulta evidente la infracción a normas de carácter procesal y la vulneración de su derecho a la defensa y al debido proceso, por lo que acusan la violación de los arts. 17 de la Ley del Órgano Judicial, 219, 227 y 236 del Código de Procedimiento Civil, en relación al art. 108 del Código Procesal Civil, y enmarcando su recurso en el art. 254 num. 4) del Código de Procedimiento Civil fundamentan las violaciones e infracciones cometidas en las resoluciones que son objeto del recurso, impugnando:
1. Error in procedendo del art. 108 del Código Procesal Civil, el Auto de Vista no guarda relación con los principios procesales dispositivo y de congruencia enumerados en los art. 219, 227, y 236 del Código de Procedimiento Civil, con relación al art. 108 del Código Procesal Civil, menos aún considera los nuevos principios de verdad material, eficacia y eficiencia, por cuanto el Tribunal Ad quem se abstiene de resolver los agravios expuestos y fundamentados en el recurso de apelación, al respecto indican los recurrentes, que el Tribunal Ad quem no ha valorado los agravios insubsanables que tenía la Sentencia como son que no se han fijado los puntos de hecho a probar en el auto de relación procesal, de acuerdo a lo establecido por los arts. 370. 371 y 376 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los arts. 190, 192 y 194 del mismo cuerpo de leyes, asimismo denuncia la infracción del art. 247 de la Ley de Organización Judicial, por no haberse notificado a los sujetos procesales con el decreto complementario de fecha 12 de mayo de 2007, cursante a fs. 212; se ha cuestionado la sentencia por la indebida valoración de la prueba de cargo consistente en la confesión presunta del demandado Eusebio Orellana Rosas, la falta de presentación del avalúo pericial del perito designado de oficio, se ha denunciado la nulidad procesal de oficio por saneamiento procesal, al no haberse ampliado la acción contra Juana Villarroel Cáceres en su condición de cónyuge del Eusebio Orellana; respecto a todos estos puntos el Tribunal Ad quem ha omitido pronunciarse violando de esta manera el art. 236 del Código de Procedimiento Civil respecto al principio de congruencia, aún bajo conminatoria de la Sala Civil Liquidadora para que se pronuncie en forma expresa, consecuentemente el Tribunal de apelación ha actuado desconociendo su propia competencia en infracción absoluta de los arts. 180.II de la Constitución Política del Estado, el art. 236 del Código de Procedimiento Civil y 109 del nuevo Código Procesal Civil.
2. Acusan también que con el proveído saliente a fs. 212 (210 bis 2) de obrados, determinando no ha lugar a la solicitud de inclusión de puntos de hecho a probarse, no fue notificada a las partes del proceso, y por tanto el término de prueba no ha comenzado a computarse conforme a lo establecido en el art. 140 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil, inciden que según el tratadista Gonzalo Castellanos Trigo el plazo probatorio para ambas partes se aplica conforme el art. 140 del Código de Procedimiento Civil, y el plazo puede iniciarse después que el auto haya sido objetado conforme al 371 del Código de Procedimiento Civil.
3. Respecto a la infracción de los arts. 354 num. 1) y 371 del Código de Procedimiento Civil, con referencia a que el Juez de la Causa con el escrito de contestación de la demanda, o en su caso con la reconvención y existiendo hechos contradictorios abrirá un plazo probatorio y fijará los puntos de hecho a probarse, siendo obligación del Juez de la causa determinar en forma precisa los hechos a probarse, habiendo omitido este aspecto el Juez y descuidando fijar como punto de hecho a probar el estado de necesidad apremiante, dicha infracción atenta al orden público, porque es deber del Juez establecer un marco jurídico con claridad y precisión los hechos que deben ser probados por las partes.
4. Casación en la forma en la tramitación del proceso la producción de la prueba pericial y de confesión provocada, conforme los nuevos principios de la Constitución Política del Estado como ser el de verdad material, eficacia y eficiencia las partes en conflicto gozarán de las mismas oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades que les asisten, por su parte el art. 9 de la Constitución Política del Estado establece como función del Estado constituir una sociedad justa y armoniosa, inciden que el caso de Autos durante la tramitación del proceso en primera instancia ha habido actuaciones procesales esenciales para la resolución del conflicto que no han sido tramitadas ni resueltas por causas no atinentes a los recurrentes como son la producción de prueba de confesión provocada y la producción de prueba pericial, con relación a la prueba de confesión provocada la misma no ha sido resuelta en la forma prevista por el art. 424 del Código de Procedimiento Civil, confesión presunta del demandado Eusebio Orellana Rosas, puesto que el no asistió a la audiencia y ni se aperturó el sobre cerrado, tampoco el demandado justificó su inasistencia, puesto que el memorial que presenta indicando que se encontraba de viaje, lo presenta solo su abogado, sin la firma del interesado, respecto a la producción de la prueba pericial una vez designada la perito de oficio Ximena Menacho Morales la que tomó posesión de su cargo, la misma no pudo realizar el avaluó pericial por la conducta negligente del demandado quien no permitió que ingrese al domicilio, por lo expresado conforme los principios de verdad material, eficacia y eficiencia, solicitan se dispone la nulidad de obrados hasta fs. 279 inclusive y se ordene la apertura de sobre cerrado de confesión provocada para su valoración y al mismo tiempo se disponga la producción de prueba pericial sobre el inmueble objeto de la Litis
5. Casación en la forma por falta de pronunciamiento sobre las pretensiones deducidas por los demandantes, manifiestan los recurrentes que de manera unilateral y arbitraria el Tribunal de Apelación desconoce su propia competencia y sin especificar ninguna relación jurídica desestima los agravios expuestos en el recurso de apelación, existiendo vulneración al debido proceso en su vertiente de congruencia y motivación e infracción del derecho de igualdad de las partes, por lo que debe anularse el Auto de Vista.
Con estos fundamentos los recurrentes solicitan que se anule obrados hasta el vicio más antiguo, corresponde al Tribunal anular hasta el Auto de relación procesal, o hasta el momento de producirse prueba de confesión provocada o prueba pericial o anular hasta el Auto de Vista, de acuerdo a los fundamentos expuestos en el recurso de casación.
III.1. Consideraciones previas:
1.1. De manera preliminar corresponde referir que los actores en el recurso de casación interpuesto acusan falta de pronunciamiento por parte del Ad quem sobre los agravios deducidos en apelación y vicios procedimentales que hacen a la tramitación del proceso, por lo que en base a dichos agravios interponen su recurso de casación en la forma.
En esa circunstancia, en el marco del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, corresponde a este Tribunal circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de la apelación y fundamentación a que se refiere el art. 227 del mismo adjetivo civil.
Sin embargo, es pertinente aclarar que los fundamentos del Ad quem para revocar en parte la Sentencia y declarar probadas las excepciones de cosa juzgada y de prescripción planteadas por el demandado, se han basado principalmente en:
1) Que con anterioridad al presente proceso, se tramitó un proceso ordinario sobre reivindicación, desocupación y entrega de inmueble y pago de daños y perjuicios, y reconvención por anulabilidad de escritura pública y cancelación de matrícula, proceso en el cual se dictó Sentencia en fecha 17 de diciembre de 2002, declarándose probada en parte la demanda principal presentada por Eusebio Orellana Rosas, solo en lo pertinente a las pretensiones de reivindicación y desocupación de inmueble; asimismo se declaró improbada en todas sus partes la demanda reconvencional por anulabilidad presentada por Clemente Sullca Quispe y Angélica Uyuquipa; Sentencia confirmada en apelación, y declarada improcedente en casación.
2) Que tanto la demanda principal como la reconvencional estuvieron basados en el mismo contrato de compraventa del bien inmueble objeto de litigio, habiéndo contrademandado en aquella ocasión Clemente Sullca Quispe y Angélica Uyuquipa por anulabilidad de escritura de compraventa relativa al mismo inmueble, expresando también los mismos argumentos de lesión enorme; por lo que se evidencia la existencia de identidad de sujeto, objeto y causa entre ambos procesos habida cuenta que se trata de los mismos sujetos, el mismo objeto porque la pretendida anulabilidad y ahora rescisión versa sobre el mismo contrato de transferencia, y también se trata de la misma causa que es la lesión, aunque la pretensión tenga denominación diferente, empero el argumento común es la lesión. Por lo que el A quo procedió erróneamente al declarar improbada la excepción de cosa juzgada.
3) Que lo mismo sucede respecto a la excepción de prescripción que el A quo declaró improbada al concluir que el periodo de dos años previsto en el art. 564 del Código Civil para la acción rescisoria se interrumpió con la interposición de la acción de reivindicación, conclusión errónea porque en ese proceso Clemente Sullca Quispe y Angélica Uyuquipa debieron reconvenir por rescisión de contrato de compraventa por lesión, en lugar de reconvenir por anulabilidad, máxime si se trata del mismo contrato; por lo que concluye que el A quo procedió erróneamente al declarar improbada la excepción de prescripción. Circunstancia por la que considera innecesario el pronunciamiento sobre la apelación deducida por los demandados Clemente Sullca Quispe y Angélica Uyuquipa.
Fundamentos estos que hacen al fondo de la causa y que han servido al Ad quem para acoger favorablemente la apelación formulada por el demandado Eusebio Orellana Rosas.
En ese antecedente, correspondía a los ahora recurrentes cuestionar, en el recurso de casación en el fondo, los fundamentos y determinaciones asumidas por el Ad quem, extremos estos que no han sido impugnados por los mismos, lo que daría lugar a la improcedencia de su recurso de casación planteado en la forma, donde como se hubo referido solo cuestiona omisión de respuesta a sus agravios deducidos en apelación y vicios procesales que habrían surgido en la tramitación de la causa, empero no así la decisión de fondo asumida por el Ad quem en el Auto de Vista.
III.2. Del recurso de casación en la forma interpuesto por los ahora recurrentes:
2.1. Al margen de lo desarrollado precedentemente, y en estricto cumplimiento del Auto Nº 332/015 de 03 de septiembre de fs. 432 a 437 vta. emitido por el Tribunal de Garantías, corresponde absolver los agravios de forma, deducidos por la parte recurrente en el orden que fueron interpuestos:
2.1.1. Sobre su denuncia de casación en la forma por error in procedendo del art. 108 del Nuevo Código Procesal Civil.
El art. 108 de la Ley Nº 439 de 19 de noviembre de 2013, aplicable al presente caso de autos por disposición del num. 4 de la Segunda Disposición Transitoria del Código Procesal Civil, preceptúa que: “I. El tribunal de segunda instancia que deba pronunciarse sobre un recurso de apelación, apreciará si se planteó alguna forma de nulidad insubsanable de la sentencia o nulidad expresa de actos de la primera instancia, conforme a lo dispuesto en el presente Código. II. Si la reclamación de nulidad hubiere sido planteada a tiempo de la apelación, se resolverá sobre ella, y sólo en caso de rechazarla, se pronunciará sobre los agravios de la apelación”. Si bien, la norma en examen dispone la consideración previa por parte del Ad quem de la nulidad que hubiera sido planteada a tiempo de la apelación y que sólo en caso de ser rechazada, debiera pronunciarse sobre los agravios de una apelación especifica. No obstante esta disposición normativa no debe ser interpretada en su sentido restrictivo y literal, sino en el marco de la Constitución Política del Estado y las leyes que rigen nuestro ordenamiento jurídico.
En esa orientación, por mandato Constitucional, la interpretación de la legalidad ordinaria corresponde a las autoridades judiciales, conforme a razonado la Sentencia Constitucional Nº 0846/2010-R de 10 de agosto: “En cuanto a la interpretación de la legalidad ordinaria, la jurisprudencia emitida por este Tribunal, también ha determinado que la misma corresponde a las autoridades judiciales o administrativas, debiendo toda supuesta inobservancia o errónea aplicación de la misma ser corregida a través de la jurisdicción ordinaria…”.
El parágrafo I del Art. 15 de la Ley Nº 025 dispone: “I. El Órgano Judicial sustenta sus actos y decisiones en la Constitución Política del Estado, Leyes y Reglamentos, respetando la jerarquía normativa y distribución de competencias establecidas en la Constitución. En materia judicial la Constitución se aplicará con preferencia a cualquier otra disposición legal o reglamentaria…”.
El art. 180 parágrafo I de la Constitución Política el Estado, preceptúa que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de celeridad, probidad, legalidad, eficacia y eficiencia, entre otros.
La doctrina en interpretación del principio de legalidad refiere que “los “magistrados, jueces y tribunales tienen la obligación en el conocimiento y decisión de las causas, aplicar con preferencia la Constitución a las leyes (no a la inversa) y éstas con preferencia a cualquier otra disposición, por principio de supremacía constitucional, principio de jerarquía normativa, principio de legalidad y no como piensan todavía algunos jueces: “La ley especial se aplicará con preferencia a la ley general” ya que la Constitución no es cualquier ley menos general, sino la ley suprema del ordenamiento jurídico del Estado, por eso nunca se debe reemplazar la norma suprema por la norma ordinaria o especial en el caso concreto, pues cuando exista contradicción entre la norma ordinaria o especial con la Constitución, se debe aplicar la Constitución en suplencia de la norma ordinaria o especial” (Eduardo Carlos Centellas Ramos, Nuevo Código Procesal Civil, Edit. Olimpo, Cochabamba 2014, pag. 36-37).
En esa relación, corresponde manifestar que en el actual Estado Constitucional, se impone el principio de supremacía constitucional que orienta que el ordenamiento jurídico es un sistema de normas en el que la Constitución es la fundamental, por ende el resto del ordenamiento jurídico adquiere valor y significancia en tanto respete lo fundamental y en ningún caso cuando lo contraríe. Esto quiere decir, que en el ámbito jurisdiccional los Jueces ya no se constituyen en meros aplicadores de la ley, sino en sus intérpretes, y en atención a los efectos que despliega el principio de supremacía constitucional, esa labor de interpretar la ley ordinaria (ponderación) debe hacerse siempre desde la Constitución, es decir que en esa labor se debe tener en cuenta primero y esencialmente los principios y valores reconocidos en la Constitución, en otras palabras los Jueces deben realizar una lectura constitucional de la ley y no solo una lectura legalista, es decir, desde la ley misma ordinaria.
Ahora bien, en materia de nulidades la uniforme línea Jurisprudencial de este Tribunal, en interpretación del principio de legalidad ha concretado en sentido de que el espíritu del art. 16 y 17 de la Ley Nº 025 concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio a través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva, en esa orientación los arts. 105 al 109 de la Ley Nº 439, establecen que las nulidades procesales se aplican con un criterio aún más restringido, especificando de esta manera que la nulidad procesal es una excepción de última ratio que se encuentra a su vez limitada por determinados principios universalmente reconocidos, tales como el principio de especificidad, trascendencia, finalidad del acto, convalidación, preclusión, etc., los cuales no pueden ser desconocidos, y que frente a esa situación, se debe procurar siempre resolver de manera preferente sobre el fondo del asunto controvertido, en tanto que la nulidad procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos y solo puede ser decretada cuando no existe ninguna otra posibilidad de salvar el proceso.
En la especie, se evidencia que las partes ahora en litigio han interpuesto recurso de apelación conforme se evidencia de los memoriales de fs. 290 a 291 y vta., y de fs. 324 a 330 y vta., respectivamente, no obstante el Tribunal de Alzada solo ha considerado la primera apelación interpuesta por la parte demanda, donde se ha denunciado error de fondo en cuanto a la excepción perentoria de prescripción.
Respecto a dicha excepción el art. 343 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil, dispone que: “II. Cuando el Juez encontrare probada una excepción perentoria no tendrá obligación de resolver las demás propuestas o alegadas, pero el superior en grado, al conocer en apelación, podrá revisar y fallar de oficio sobre los demás excepciones si encontrare improbada la primera”.
Sobre el efecto extintivo de la prescripción el art. 1492.I del Código Civil preceptúa que: “Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece”. Asimismo, respecto a la cosa juzgada el art. 1451 del Código Civil señala: “Lo dispuesto por Sentencia pasada en Autoridad de cosa juzgada causa estado a todos los efectos entre las partes, sus herederos y causahabientes”.
Al respecto, el tratadista Carlos Morales Guillen, en su obra Código Civil Concordado y Anotado, Tomo II, señala: "...la prescripción, es el modo por el cual, mediante el transcurso del tiempo, se extingue un derecho por efecto de la falta de su ejercicio. Presupuesto de ella es la inactividad del titular del derecho durante el tiempo que está fijado por la ley". Sobre la cosa juzgada Couture dice: "Existe…, cosa juzgada sustancial, cuando a la condición de inimpugnable en el mismo proceso, se une la inmutabilidad de la sentencia aun en otro juicio posterior".
De donde se infiere que estas excepciones por su naturaleza jurídica que hace al fondo de la litis son de previo y especial pronunciamiento, por lo que los Tribunales de instancia tienen la obligación de pronunciarse sobre ellas de manera preferente, sin que esté permitido soslayar o eludir su pronunciamiento bajo sanción de nulidad.
En ese antecedente, el Ad quem revocó la Sentencia apelada y consiguientemente declaró probadas las excepciones de prescripción y de cosa juzgada, desvirtuando de esta manera en el fondo la pretensión de rescisión de contrato por lesión enorme interpuesta por los demandantes, es decir que con dicha determinación el Ad quem cerró toda discusión sobre el presente caso de autos, razón por la cual no estaba obligado a resolver las infracciones de forma acusadas por los demandantes por considerarlas intrascendentes en relación a la decisión asumida.
De lo precedentemente relacionado podemos concluir que el Ad quem ha ponderado correctamente las apelaciones interpuestas por las partes y conforme al principio de supremacía constitucional ha considerado primero la apelación interpuesta por la parte demandada toda vez que la misma en función a los agravios deducidos era de preferente pronunciamiento, por lo mismo, al haber declarado probada las excepciones perentorias interpuestas por el demandado ha cerrado toda discusión en el presente caso de autos, en consecuencia, ya no correspondía absolver el recurso en la forma presentado por los actores, por su intrascendencia en relación a la decisión de fondo asumida en el Auto de Vista.
De consiguiente, no es evidente la violación de los arts. 17 de la Ley del Órgano Judicial, 219, 227 y 236 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el art. 108 del Código Procesal Civil, resultando infundado el agravio denunciado en esta parte por los ahora recurrentes.
2.1.2. En relación a su acusación de que el Juez A quo, no hubiera fijado los puntos de hecho a probar siendo el Auto de relación procesal insuficiente porque no incluyó como un punto de hecho a probar la lesión en cuanto al precio del inmueble y al estado de necesidad elementos esenciales que hacen a la lesión.
De la revisión del Auto de relación procesal que cursa a fs. 202 de obrados, se evidencia que el Juez de primera instancia fijó los puntos de hecho a probar en forma concisa, disponiendo que el demandante acredite los títulos de propiedad y demuestre las causales para la procedencia de la acción de rescisión del contrato por lesión y para la parte demandada demuestre las excepciones de prescripción y de cosa juzgada; encontrándose incluida dentro de estas causales de rescisión de contrato por lesión el elemento objetivo de la lesión, es decir la desproporcionalidad en el precio, y también el elemento subjetivo del estado de necesidad, conforme aclara el A quo por providencia de fs. 210 (bis 2).
Sin embargo de ello, de obrados se evidencia que los ahora recurrentes en observancia al principio dispositivo y en tiempo oportuno, no objetaron los puntos de hecho a probar, conforme dispone la segunda parte del art. 371 del Código de Procedimiento Civil, ni impugnaron el proveído de fecha 12 de mayo de 2007 con los recursos que la ley les franquea, por lo que su derecho conforme al principio de convalidación ha precluído por desidia propia.
Por otra parte, en relación a su denuncia de falta de notificación a las partes con la providencia de fs. 210 (bis 2), razón por la cual no se abriría el periodo de prueba de las partes, porque a partir de esa notificación correría el plazo de prueba; al respecto, corresponde referir que éste proveído rechaza la solicitud de la parte adversa (demandado), en consecuencia no se constituye en una resolución complementaria al Auto de fs. 202, sino en su simple decreto de rechazo, por lo que en cumplimiento a la segunda parte del art. 133 del Código de Procedimiento Civil le correspondía a la parte ahora recurrente cumplir con la carga de la notificación que impone dicha disposición normativa, y en su caso impugnar la resolución cuestionada como se hubo referido precedentemente, al no haber procedido así su derecho también ha precluído.
2.2. Respecto a su denuncia de falta de pronunciamiento de las pretensiones deducidas por los demandantes.
Remitiéndonos al punto 2.1. del presente considerando, corresponde reiterar que los ahora recurrentes no objetaron ni impugnaron las resoluciones referidas por lo que su derecho hubo precluido. Si bien, el demandado Eusebio Orellana Rosas por memorial de fs. 219 promovió incidente de saneamiento procesal, y que una vez corrido en traslado a los demandantes, estos expresaron que los puntos de hecho a probar fijados por el A quo se encuentran claramente establecidos (fs. 237 y vta.), desechando de esta manera por completo la posibilidad de que ellos como demandantes estarían en desacuerdo con los puntos de hecho a probar fijados en el Auto de relación procesal, es decir que no realizan ninguna objeción, es más consienten el referido Auto, por lo que el A quo por Auto de fs. 238 a 239, rechaza la solicitud de saneamiento procesal; en consecuencia, al respecto se hace necesario señalar que el art. 107 del Código Procesal Civil dispone que: “no podrá pedirse la nulidad de un acto, por quien lo ha consentido, aunque sea de forma tácita”, en el caso de Autos los recurrentes han consentido expresamente este proveído a través del memorial mencionado, asimismo el art. 17-III de la Ley del Órgano Judicial, dispone que: “La Nulidad sólo procede ante las irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos”, fundamentos por las cuales las acusaciones efectuadas devienen en infundadas.
2.3. Respecto a su denuncia de falta de trámite esencial en la tramitación del proceso.
Debemos referir que del acta de fs. 229, se conoce que instalada la audiencia de confesión judicial provocada, el juez de la causa en mérito a la solicitud del demandado de suspensión de audiencia de fs. 227, dió por suspendida la audiencia simple y llanamente, sin embargo, los ahora demandantes en dicha audiencia no impugnaron dicha determinación, ni solicitaron la aplicación del art. 424 del Código de Procedimiento Civil ante la inconcurrencia del demandado, por lo mismo, se conoce que la parte demandada a través de su abogado por memorial de fs. 232 solicita nuevo día y hora de audiencia a objeto de absolver su confesión provocada, en mérito a dicho solicitud por proveído de fs. 233 se señala nuevo día y hora de audiencia para recibir la confesión provocada de la parte demandada, decreto que una vez puesto en conocimiento de la parte actora tampoco es impugnado, lo propio ocurre con el decreto de fs. 230 vta., donde el A quo corre en traslado el informe presentado por la perito, en esa relación correspondía a la parte actora en función al principio dispositivo que rige al proceso civil, realizar las acciones y/o peticiones pertinentes en resguardo a sus derechos; es más, en el marco del art. 232-I del adjetivo civil correspondía a la misma parte impetrar al Ad quem en tiempo oportuno la apertura de plazo probatorio, al no haber procedido así su derecho al respecto se encuentra precluído.
Por otra parte, corresponde dejar claramente establecido que la línea jurisprudencial asumida por este Tribunal ha establecido que los fundamentos expuestos en la demanda así como los contenidos en la reconvención y contestación a las mismas, son las que hacen a la relación jurídica procesal de las partes. Si bien el Auto de relación procesal no establece como punto de hecho a probar en forma explícita la desproporcionalidad en el precio y el estado de necesidad, elementos que acreditarían la lesión, empero en el mismo Auto se establece en forma implícita esos dos aspectos, cuando el A quo establece como puntos de hecho a probar para los demandantes, demostrar las causales para la procedencia de la acción de rescisión de contrato por lesión según el Código Civil, conforme se infiere también del proveído de fs. 210 (bis 2), por lo que correspondía a los demandantes probar la desproporción en el precio de la transferencia y el estado de necesidad en la que se encontraban, sin embargo de la revisión de obrados se conoce que no existe prueba alguna al respecto; deviniendo el reclamo con relación a este punto en infundado.
2.4. En relación a su denuncia de infracción a normas del debido proceso (art. 254-7 del Código de Procedimiento Civil) contenidas en los arts. 354.I y 371 del Código de Procedimiento Civil.
Respecto a la desproporción en el precio, los demandantes al presentar la demanda de rescisión de contrato por lesión adjuntaron valuaciones técnicas del inmueble realizada por el arquitecto Ausberto Pardo Ríos de fechas 22 de enero de 2002 y 08 de mayo de 2006, cursante de fs. 145 a 148 de obrados, documentos que por memorial de fs. 205 de obrados fueron ofrecidos como pruebas, solicitando los demandantes además la comparecencia del arquitecto para que se ratifique en el informe-avalúo, petición que por proveído de fs. 206 fue rechazado, donde el A quo dispone: “no ha lugar, debiendo realizarse el avaluó conforme a procedimiento y dentro de un proceso formal”, constituyendo esta resolución una advertencia por parte del Juez de la causa, de que el avalúo del inmueble era necesario para la pretensión formulada por los demandantes, razón por la cual advertidos los demandantes de esa situación tenían abierta la posibilidad de producir el avalúo pericial, teniendo en cuenta que existía un perito designado para ello, y si bien es cierto que cursa en el proceso informe de la perito Arq. Ximena Menacho cursante a fs. 230 de obrados, en cuyo contenido se hace conocer que no se ha podido realizar el peritaje porque el inmueble estaba cerrado, sin embargo los recurrentes no insisten en la producción de aquella prueba que ahora consideran de vital importancia, no obstante como se hubo referido supra, aún tenían la oportunidad incluso en segunda instancia conforme a lo previsto por el art. 232.I del Código de Procedimiento Civil.
Asimismo, respecto a la confesión provocada del demandado, como se hubo referido precedentemente, si bien es cierto que se fijó audiencia de confesión provocada, empero esta fue suspendida, y una vez que hubo solicitud de nueva audiencia, se fijó la misma, sin que exista reclamo oportuno de parte de los recurrentes, dejando precluir el momento preciso para hacerlo y al igual que respecto al informe pericial no realizan ninguna solicitud en segunda instancia para que el Tribunal de Alzada abra un término probatorio para la producción de dicha prueba, habiendo precluído su derecho por negligencia propia.
2.5. Sobre su denuncia de casación en la forma por falta de trámite esencial al no existir notificación con la resolución judicial que deniega la objeción de los puntos de hecho a probar.
Remitiéndonos a la última parte del subpunto 2.1.2. del presente considerando, corresponde reiterar que el proveído de fs. 210 (bis 2) rechaza la solicitud presentada por la parte demandada, de consiguiente no se constituye en una resolución complementaria al Auto de fs. 202, sino en su simple decreto de rechazo, por lo que en cumplimiento a la segunda parte del art. 133 del Código de Procedimiento Civil le correspondía a la parte ahora recurrente cumplir con la carga de la notificación que impone el referido artículo, y en su caso impugnar la resolución cuestionada con los recursos que la ley le franquea.
Por otra parte, en relación a su denuncia de que por falta de notificación no se ha aperturado el término probatorio; dicho extremo no es evidente, toda vez que la parte actora ha sido debidamente notificada con el Auto de relación procesal de fs. 202, conforme se evidencia del formulario de notificación de fs. 203, en conocimiento de dicha resolución en el término establecido por ley ofrece prueba de cargo conforme se conoce del memorial de fs. 205 y vta., empero sin objetar el Auto de relación procesal, motivo por el cual dicho ofrecimiento fue admitido por el A quo por decreto de fs. 206. Es más, una vez que la parte demandada por memorial de fs. 219 y vta. interpone incidente de saneamiento procesal en relación a los puntos de hecho a probar, corrido en traslado, es absuelto por los mismos ahora recurrentes, quienes en su memorial de fs. 237 y vta. fundamentando que los puntos de hecho a probar se encuentran claramente establecidos, solicitan rechazar dicho incidente, en mérito al mismo, el A quo dicta el Auto de fs. 238 a 239, donde rechaza el incidente de saneamiento procesal, el que una vez comunicado a la parte actora (fs. 252) no es recurrido por la misma, de consiguiente conforme al principio de convalidación su derecho también ha precluido al respecto. En consecuencia sus acusaciones devienen en infundadas. Finamente corresponde aclarar que en razón a que el recurso de casación ha sido interpuesto en la forma no está abierta la competencia de este Tribunal para pronunciarse respecto al fondo del presente caso de autos.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los art. 271 num. 2) y 273 y del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma interpuesto por Angélica Uyuquipa y Clemente Sullca Quispe, impugnando el Auto de Vista Nº 345/2014 de fecha 27 de agosto de 2014 de fs. 388 y vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas.

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