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Timestamp: 2016-05-01 13:35:14+00:00

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Sentencia Tribunal Supremo num. 2120/2009 11-01-2012
Portada > Informaci�n Jur�dica > Jurisprudencia > Civil	El Supremo rechaza el recurso de Boliden contra las empresas que construyeron la balsa de Aznalcóllar La reclamación de Boliden ya había sido rechazada en primera y segunda instancia y ahora es confirmada por el Supremo rechazando, como pretendía la empresa, la responsabilidad civil por incumplimiento contractual de las constructoras.
Marginal: PROV\2012\32368
Recurso de Casaci�n n�m. 2120/2009
CASA JUZGADA-EFECTO POSITIVO O PREJUDICIAL: No lo produce un auto de archivo de diligencias previas penales, ni una sentencia contencioso-administrativa confirmando una sanción, en un ulterior proceso civil sobre incumplimiento contractual promovido por la empresa sancionada contra otras que no fueron parte en el proceso contencioso-administrativo ni partes formales en las actuaciones penales como responsables subsidiarios o terceros civilmente responsables. Alcance de la vinculación del juez civil a las sentencias penales firmes. SENTENCIA: Validez de la motivación por remisión. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL: Subsanación del defecto de capacidad procesal de la compañía recurrente aportando la autorización de la administración concursal para interponer el recurso.
SENTENCIA En la Villa de Madrid, a once de Enero de dos mil doce.
indicados al margen, ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal
interpuesto por la compañía mercantil demandante BOLIDEN APIRSA S.L. EN
LIQUIDACIÓN, representada ante esta Sala por el procurador D. Ramón Rodríguez
Nogueira, contra la sentencia dictada el 7 de septiembre de 2009 por la Sección
20ª de la Audiencia Provincial de Madrid en el recurso de apelación nº 392/07
dimanante de las actuaciones de juicio ordinario nº 101/04 del Juzgado de
Primera Instancia nº 9 de Madrid, sobre reclamación de cantidad por
responsabilidad contractual. Han sido partes recurridas las compañías
mercantiles ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A. e INTECSA-INARSA
S.A., representadas por el procurador D. Argimiro Vázquez Guillén, GEOTECNIA Y
CIMIENTOS S.A. (GEOCISA), representada por la procuradora Dª Isabel Juliá
Corujo, y BANCO VITALICIO DE ESPAÑA, COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS y REASEGUROS,
representada por el procurador D. Arturo Molina Santiago. También se personó
ante esta Sala la entidad Zurich España, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.,
representada por la procuradora Dª Adela Cano Lantero, pero posteriormente se
admitió la renuncia de Intecsa-Inarsa S.A. a la intervención provocada de esta
compañía de seguros en el proceso. ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO El 23 de enero de 2004 la compañía mercantil BOLIDEN APIRSA
S.L. EN LIQUIDACIÓN presentó demanda contra las compañías mercantiles ACS
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A. (como absorbente de Grupo Dragados
S.A., antes Dragados y Construcciones S.A.), INTECSA-INARSA S.A. (antes
Internacional de Ingeniería y Estudios Técnicos S.A.), GEOTECNIA Y CIMIENTOS
S.A. (GEOCISA) y BANCO VITALICIO DE ESPAÑA, COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y
REASEGUROS solicitando se dictara sentencia con los siguientes
pronunciamientos: "1.- Se declare que ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN
Y SERVICIOS, en tanto sociedad absorbente de GRUPO DRAGADOS, S.A (antes
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.) e INTECSA-INARSA S.A. (antes INTERNACIONAL DE
INGENIERÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS, S.A.) incumplieron el CONTRATO de fecha 1 de
enero de 1976, en lo atinente al diseño de la balsa de estériles de la
explotación minera de Aznalcóllar, por no haber empleado aquéllas, en el Proyecto
para su construcción de 1978, las mejores técnicas aceptadas por el mundo. 2.- Se declare que GEOTECNIA Y CIMIENTOS, S.A. incumplió culposamente las
obligaciones contractuales asumidas frente a BOLIDEN APIRSA, S.L., al no haber
empleado aquélla las técnicas adecuadas y exigibles en la realización de los
trabajos que BOLIDEN APIRSA, S.L. le encargó a partir de 1996, consistentes en
el Informe de Estabilidad de la balsa de estériles de Aznalcóllar, su Proyecto
de Recrecimiento, y el Programa de Seguimiento y su ejecución. 3.- Se declare el derecho de BOLIDEN APIRSA, S.L. EN LIQUIDACIÓN a ser
indemnizada, solidariamente, por ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN y SERVICIOS,
S.A., INTECSA-INARSA, S.A., GEOTECNIA Y CIMIENTOS, S.A. y BANCO VITALICIO DE
ESPAÑA, CÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS de los daños y perjuicios derivados
de los incumplimientos contractuales a que se refieren los anteriores apartados
1) y 2) de este suplico, y, específicamente, de los daños y perjuicios
derivados de la rotura de la balsa acaecida con fecha 25 de abril de 1998. 4.- Se condene solidariamente a ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y
SERVICIOS, S.A., INTECSA-INARSA, S.A., GEOTECNIA Y CIMIENTOS, S.A. y a BANCO
VITALICIO DE ESPAÑA, CÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, y en cuanto a éste
último solamente hasta el límite de cobertura de cada una de las pólizas de
seguro por el mismo suscritas, a abonar a BOLIDEN APIRSA, S.L. EN LIQUIDACIÓN:
(i) la cantidad de 115.213.210 euros, en concepto de daños y perjuicios
causados a mi principal como consecuencia de la rotura de la balsa de
Aznalcóllar; más: (ii) la cantidad adicional, a determinar en ejecución de sentencia
conforme al valor del dinero (IPC acumulado), que resulte necesaria a fin de
actualizar los importes desembolsados por BOLIDEN APIRSA, S.L. desde el año
1998, según lo que ha sido expuesto en el apartado III de los Fundamentos de
Derecho de este escrito; y subsidiariamente, al pago de los intereses
devengados por la cantidad referida en el anterior apartado (i) desde la fecha
de reclamación extrajudicial según lo expuesto en el Hecho Noveno de este
escrito. 5.- Se declare el derecho de BOLIDEN APIRSA, S.L. EN LIQUIDACIÓN a
repetir, solidariamente, contra ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS,
ESPAÑA, CÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, ésta última hasta el límite de lo
que se consigne en las respectivas pólizas, cualesquiera cantidades que se vea
obligada a abonar mi principal a la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, a la Junta de Andalucía, o a terceros (conforme ha sido expuesto
en el Hecho Octavo de este escrito), como consecuencia de los efectos de la
rotura de la balsa de Aznalcóllar. 6.- Se condene, en consecuencia a ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y
SERVICIOS, S.A., INTECSA-INARSA, S.A., GEOTECNIA Y CIMIENTOS, S.A. y BANCO
VITALICIO DE ESPAÑA, CÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, ésta última hasta el
limite de lo que se consigne en las respectivas pólizas, a pagar solidariamente
a BOLIDEN APIRSA S.L. EN LIQUIDACIÓN, en ejecución de sentencia, las cantidades
que ésta acredite haber pagado a la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, a la Junta de Andalucía, o a terceros, según lo declarado en el
anterior pedimento 5. 7.- Se condene a las demandadas al pago de las costas procesales."
SEGUNDO Repartida la demanda al Juzgado de Primera Instancia nº 9 de
Madrid, dando lugar a las actuaciones nº 101/04 de juicio ordinario, admitida
la intervención de las compañías mercantiles Flúor Canadá Ltd (Wel) y Zurich
España Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. a petición de algunas de las
codemandadas, no ampliada la demanda contra ellas, comparecida dicha
aseguradora pero no Flúor Canadá Ltd. (Wel) y seguido el juicio por sus trámites,
con recibimiento a prueba y práctica de prueba, la magistrada-juez titular de
dicho Juzgado dictó sentencia el 23 de noviembre de 2006 con el siguiente
fallo: "Que desestimando la demanda interpuesta por Boliden Apirsa S.L.
en liquidación contra ACS, Actividades de y Servicios S.A., contra
Intecsa-Inarsa S.A., contra Geotecnia y Cimientos S.A. (Geocisa) y contra Banco
Vitalicio Cía Anónima de Seguros y Reaseguros y llamados por intervención Wel y
Zurich España Cia de Seguros y Reaseguros S.A. debo absolver y absuelvo a todos
los demandados y terceros intervinientes de las pretensiones condenatorias
solicitadas por la actora, con expresa imposición de las costas causadas a esta
última, salvo las causadas por los intervinientes absueltos cuyo pago corresponderá
a los demandados que los han traído a la litis, conforme se recoge en
Fundamento de Derecho decimoquinto." TERCERO Interpuesto recurso de apelación por la parte actora contra
dicha sentencia y contra tres resoluciones de contenido procesal y formulada
impugnación añadida ad cautelam por la codemandada Banco Vitalicio de
España, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros, el conocimiento de la segunda
instancia correspondió a la Sección 20ª de la Audiencia Provincial de Madrid,
que dictó sentencia al 7 de septiembre de 2009 con el siguiente fallo: "Se
desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de
Boliden Apirsa, S.A., en liquidación contra la sentencia de fecha veintitrés de
noviembre de dos mil seis, recaída en los autos de procedimiento ordinario
seguidos con el n° 101/2004, ante el Juzgado de Primera Instancia nº 9 de
Madrid, confirmamos dicha resolución en todos sus pronunciamientos Asimismo, se accede a la petición de desistimiento contra las
resoluciones de índole procesal de fechas 30 de junio de 2.006, 3 de julio de
2.006 y 20 de septiembre de 2.006, solicitado en el acto de la vista por el Sr.
Letrado que defiende los intereses de Boliden-Apirsa S.L. en liquidación. No entramos al estudio de la impugnación parcial y "ad
cautelam" planteada por la representación procesal de BANCO VITALICIO DE
ESPAÑA, COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS. Se impone el pago de las costas devengadas en la alzada por dichos
recursos a la recurrente Boliden-Apirsa S.L. en liquidación, exceptuando las
devengadas por ZURICH ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. las que se imponen a
INTECSA-INARSA, S.A. No se hace declaración alguna sobre el pago de las costas devengadas por
la impugnación de la sentencia interpuesta por la representación procesal de
BANCO VITALICIO DE ESPAÑA COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS." CUARTO Anunciado por la parte demandante recurso extraordinario por
infracción procesal contra la sentencia de apelación, acompañando autorización
de la administración concursal, el tribunal sentenciador lo tuvo por preparado
y, a continuación, dicha parte lo interpuso ante el propio tribunal. QUINTO El recurso se articulaba en tres motivos formulados al amparo
del art. 469.1 RCL 2000\34 LEC ( RCL 2000\34 , 962 y 2001, 1892) , ordinal 2º los
dos primeros motivos y ordinal 4º el tercero: el motivo primero por infracción
de los arts. 222.4 RCL 2000\34 LEC y 116
LECrim ( LEG 1882\16 ) , el segundo por
infracción de los arts. 120.3 CE y 218.2 LEC en relación con las reglas 2 ª y 3ª
del art. 209 RCL 2000\34 LEC y el
tercero por infracción del art. 24 CE . SEXTO Recibidas las actuaciones en esta Sala, ante la misma se
personaron las partes mencionadas en el encabezamiento, alegándose por la
codemandada-recurrida BANCO VITALICIO DE ESPAÑA, COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y
REASEGUROS S.A., que el recurso era inadmisible por falta de legitimación de la
parte recurrente, al carecer de autorización de la administración concursal
para su interposición, y por carencia manifiesta de fundamento de sus tres
motivos. SÉPTIMO Presentado escrito por la codemandada-recurrida
INTECSA-INARSA S.A. renunciando a la intervención provocada de la entidad
ZURICH ESPAÑA, COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., y oídas tanto
esta última como las demás partes personadas, se dictó auto el 13 de abril de
2010 admitiendo la renuncia e imponiendo a la parte renunciante las costas
causadas a dicha compañía de seguros. OCTAVO En el tiempo que medió entre la presentación del referido
escrito de renuncia y el mencionado auto, la parte recurrente presentó escrito
aportando copia de la sentencia del Tribunal Constitucional 208/2009 , a lo que
se opusieron las demás partes. NOVENO Admitido el recurso por auto de esta Sala de 7 de septiembre
de 2010 , las partes recurridas, sin comprender ya a la compañía de seguros
Zurich, presentaron sus respectivos escritos de oposición. DÉCIMO Banco Vitalicio de España, Compañía Anónima de Seguros y
Reaseguros, planteó como cuestión previa que el recurso era inadmisible por falta
de capacidad procesal de la parte recurrente al carecer para su interposición
de la preceptiva autorización de la administración concursal, siendo tal
defecto insubsanable. A continuación impugnó los tres motivos del recurso,
alegando respecto de los dos primeros la falta de denuncia previa de la
infracción, y solicitó se dictara sentencia declarando la inadmisibilidad del
recurso o, subsidiariamente, se declarase no haber lugar al mismo en cualquier
caso con imposición de costas a la parte recurrente. Por último formuló
alegaciones para el caso de que, por estimación de alguno de los motivos, esta
Sala hubiera de dictar nueva sentencia. UNDÉCIMO ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A., impugnó
los tres motivos del recurso y pidió su desestimación con imposición de costas
a la parte recurrente. A continuación alegó que "no sería
descabellado" apreciar la falta de legitimación activa de la
recurrente por carecer de autorización de la administración concursal para la
interposición del recurso y, por último, hizo diversas consideraciones sobre lo
realmente pretendido por la parte recurrente en cuanto a las consecuencias de
una eventual estimación de su recurso. DUODÉCIMO Intecsa-Inarsa S.A. alegó con carácter previo que los tres
motivos del recurso planteaban en realidad una misma cuestión, impugnó a
continuación sus tres motivos y acabó solicitando se desestimara el recurso y
se confirmara la sentencia recurrida con expresa imposición de costas a la
parte recurrente. DECIMOTERCERO Geotecnia y Cimientos S.A. (Geocisa) impugnó los tres
motivos del recurso y solicitó su desestimación con expresa imposición de
costas a la parte recurrente. DECIMOCUARTO El 15 de febrero de 2011 los tres administradores
concursales de la compañía recurrente Boliden Apirsa S.L. en liquidación
presentaron un escrito dirigido a esta Sala y acompañando copia del auto de 10
de febrero de 2005 , dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla,
declarando en concurso a la citada compañía, y copia del auto de 4 de noviembre
de 2010 , dictado por el mismo Juzgado, declarando concedida por la
administración concursal de la misma compañía autorización para la
interposición del recurso extraordinario por infracción procesal. DECIMOQUINTO Conferido traslado de dicho escrito a las partes
recurridas, Geotecnia y Cimientos S.A. (Geocisa) interesó se dictara sentencia
resolviendo definitivamente el recurso extraordinario por infracción procesal;
ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. manifestó no tener inconveniente
en que se dictara sentencia resolviendo el recurso; y Banco Vitalicio, Compañía
Anónima de Seguros y Reaseguros, insistió en la ya denunciada falta de
capacidad procesal de la parte recurrente por tratarse de un defecto
insubsanable. DECIMOSEXTO Por providencia de 12 de julio de 2011 se acordó que la
admisión y alcance de los documentos aportados por los administradores
concursales se examinara y decidiera en la sentencia a dictar por esta Sala. DECIMOSÉPTIMO Por providencia de 27 de septiembre de 2011 se nombró
ponente al que lo es en este trámite y se señaló la vista del recurso para el
13 de diciembre siguiente. DECIMOCTAVO En el acto de la vista los letrados de las partes
recurrente y recurridas informaron en apoyo de sus respectivos escritos de
interposición del recurso y oposición al mismo. Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Francisco Marin Castan,
PRIMERO .- El litigio causante del presente recurso extraordinario
por infracción procesal versa sobre la existencia o no de incumplimiento
contractual, frente a la compañía mercantil demandante, de las compañías
mercantiles demandadas, todo ello en relación con las consecuencias económicas
perjudiciales para la demandante derivadas de la rotura del dique de la balsa
de residuos mineros de Aznalcóllar el 25 de abril de 1998. La demanda se interpuso el 23 de enero de 2004 por la compañía mercantil
BOLIDEN APIRSA S.L. EN LIQUIDACIÓN (en adelante Boliden ), concesionaria
de la explotación minera al tiempo de la rotura del dique, y se dirigió contra
la compañía mercantil INTECSA-INARSA S.A. (antes Internacional de Ingeniería y
Estudios Técnicos S.A., en adelante Intecsa ) como parte en un contrato
de 1976 con la demandante para encargarse del diseño e ingeniería de detalle de
una planta de concentración de mineral de cobre, plomo y zinc en Aznalcóllar y,
además, autora en 1978 de un proyecto de balsa de estériles o presa de
residuos, es decir de la balsa cuyo dique se rompió en 1998; contra la compañía
mercantil ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A. (en adelante ACS
, absorbente de Grupo Dragados S.A., antes Dragados y Construcciones S.A.)
" como entidad supervisora del referido proyecto de 1978, a la vez que
garante en el contrato del cumplimiento por INTECSA de sus obligaciones
"; contra la compañía mercantil GEOTECNIA Y CIMIENTOS S.A. (en adelante Geocisa
) como empresa contratada por la demandante "a partir de 1996 para la
realización de diversos trabajos y estudios relacionados con la estabilidad y recrecimiento
de la balsa de Aznalcóllar" ; y contra BANCO VITALICIO DE ESPAÑA,
COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS (en adelante Banco Vitalicio )
como aseguradora de Geocisa y ACS. Cifrada la cuantía de la demanda en un mínimo de 115.213.210 euros, la
acción ejercitada en la misma se calificaba como de indemnización de daños y
perjuicios por responsabilidad contractual, conforme a los arts. 1101 y
siguientes del Código Civil ( LEG 1889\27
) , explicándose muy minuciosamente por qué no se ejercitaba ninguna acción
fundada en el art. 1591 del mismo Código . Los hechos de la demanda se referían extensamente a las diligencias previas
tramitadas por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Sanlúcar la Mayor con ocasión
de la rotura del dique, deteniéndose especialmente en el informe de dos peritos
designados por el juez y en el contenido del auto de archivo de tales
diligencias y del auto que lo confirmó en apelación. También se daba noticia de
la pendencia de un proceso contencioso-administrativo promovido por Boliden
contra la resolución del Consejo de Ministros de 2 de agosto de 2002 por la que
se le había impuesto una sanción de 601.312'10 euros, la obligación de
indemnizar los daños causados al dominio público hidráulico en la cantidad de
2.870.181'66 euros y la obligación de reponer las cosas a su estado anterior a
la rotura del dique, por un importe de 41.606.316'75 euros. Sin embargo, en los
fundamentos de derecho de la demanda no se invocaba la eficacia vinculante de
la cosa juzgada derivada de las actuaciones penales y, pese a acompañarse con
la misma distintos dictámenes periciales, el informe de peritos presentado en
las mencionadas diligencias previas no se acompañaba como dictamen pericial
sino como prueba documental. Lo pedido en la demanda fue lo siguiente: 1) La declaración de que ACS
e Intecsa habían incumplido el contrato de 1976 por no haber empleado en
el proyecto para la construcción de la balsa, de 1978, " las mejores
técnicas aceptadas por el mundo ", según se había convenido
expresamente; 2) la declaración de que Geocisa había incumplido
culposamente sus obligaciones para con Boliden al no haber empleado las
técnicas adecuadas y exigibles en los trabajos que Boliden le había
encargado a partir de 1996, consistentes en el informe de estabilidad de la
balsa, su proyecto de recrecimiento y el programa de seguimiento y su
ejecución; 3) la declaración del derecho de Boliden a ser indemnizada
solidariamente por ACS , Intecsa , Geocisa y Banco
Vitalicio por los daños y perjuicios derivados de dichos incumplimientos
contractuales y, específicamente, de los derivados de la rotura de la balsa; y
4) la condena solidaria de las cuatro demandadas, limitando la de Banco
Vitalicio a la cobertura de las correspondientes pólizas, a pagar a Boliden
la cantidad de 115.213.210 euros, la cantidad necesaria para actualizar los
importes desembolsados por Boliden desde 1998 y la cantidad que en su
caso hubiera de pagar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a la
Junta de Andalucía o a terceros a consecuencia de la rotura de la balsa. SEGUNDO .- Seguido el juicio con intervención de terceros y con una
muy abundante actividad probatoria, especialmente pericial pero sin que ninguna
de las partes interesara la declaración en juicio de los autores del informe
presentado en las diligencias previas penales, la magistrada-juez de primera
instancia dictó sentencia totalmente desestimatoria de la demanda el 23 de
noviembre de 2006. Fundamentos de este fallo fueron, en esencia, los siguientes: 1) En el
contrato de 1976 se pactó que otra compañía a la que Boliden no quiso
demandar auxiliaría a Intecsa como firma especialista en el campo de
plantas de concentración de minerales; 2) el contrato con esa otra compañía era
al parecer de 24 de noviembre de 1975, pero la demandante no lo había aportado;
3) en el contrato de 1976 Intecsa había garantizado realizar los
trabajos " de acuerdo con las mejores técnicas aceptadas actualmente
por el mundo "; 4) en 1996 la Junta de Andalucía, en expediente
promovido contra Boliden por falta de estabilidad de la presa a causa de
sucesivos recrecimientos desde 1989 y por contaminación de los ríos Agrio y
Guadiamar debida a filtraciones, había acordado que Boliden presentara
un proyecto técnico de recrecimiento, de planta depuradora, de recogida
perimetral de filtraciones y de canal de agua de balsa a depuradora; 5) en un
informe de Geocisa de 1998 se hacía constar que faltaba el control de
filtraciones pero que en general el dique de contención se estaba comportando
de forma correcta y no presentaba ningún indicio de inestabilidad generalizada;
6) en el informe de los peritos designados por el juez de instrucción en las
diligencias previas se indicó como causa de la rotura la insuficiente
resistencia a lo largo del plano basal por la existencia de altas presiones de
agua intersticial dentro de la arcilla azul de cimentación, presiones
originadas por los pesos acumulados de los estériles y del propio dique de
contención, y, como segunda causa, la acusada fragilidad de la arcilla azul del
Guadalquivir, unida a la magnitud de las tensiones transmitidas por el dique de
contención, descartando cálculos erróneos porque la fragilidad del terreno no
era por entonces de general conocimiento; 7) antes de la rotura del dique se
había presentado denuncia por un facultativo de minas ante la Dirección General
de Obras Hidráulicas por haber llevado a cabo Boliden sucesivos
recrecimientos de la presa desde enero de 1989, haber unido en una sola y gran
plataforma de agua lo que antes eran dos vasos separados por un espigón
central, uno para residuos de pirita y otro para residuos de piroclastos, estar
contaminando el río Agrio por filtraciones de aguas sin depurar y, en fin,
haber abierto veintiún pozos con bombas para achicar el agua, mandándola otra
vez a la balsa; 8) a raíz de la denuncia y de la visita girada por la Junta de
Andalucía, Boliden encargó en 1998 a Geocisa la instalación de
inclinómetros y placas de asiento para medir movimientos y de piezómetros para
medir el nivel freático, si bien los trabajos no llegaron a finalizar
precisamente por la rotura del dique en el mes de abril; 9) según los informes
periciales aportados por Geocisa y ACS el proyecto de 1978 y los
trabajos de 1996 se habían ajustado " al estado de conocimiento más
avanzado a nivel mundial de 1978, de 1996 y de 2004 ", siendo muy
discutibles algunas de las consideraciones y conclusiones de los peritos
judiciales que informaron en las diligencias previas; 10) en uno de aquellos
informes se hacía referencia a las filtraciones a través del dique y del
cimiento, que se intentaban paliar por Boliden mediante pozos, zanjas
drenantes y otros medios que devolvieran el agua a la balsa para evitar la
contaminación del río Agrio, siendo las filtraciones, de cuyo caudal dio aviso Geocisa
, una de las hipótesis a considerar como causa de la rotura; 11) un informe
emitido por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas por
encargo de la Junta de Andalucía había descartado como causa de la rotura la
erosión interna, el desbordamiento por corrosión o la licuefacción; 12) los
informes periciales aportados por Boliden indicaban ser correcto que la
balsa estuviera bajo una capa de agua, o que la causa de la rotura fueran las
presiones intersticiales derivadas de la lentitud de la consolidación y el
carácter frágil de la resistencia de las margas y que Intecsa no utilizó
la mejor técnica aceptada por el mundo; 13) según un informe pericial aportado
por una compañía de seguros llamada al proceso a petición de una codemandada
pero contra la que Boliden no había ampliado su demanda, " hubo
una irregular explotación de la balsa durante los 18 años precedentes a la
rotura " y el poder decisorio de Intecsa sobre el proyecto de
1978 "estaba subordinado al ingeniero de minas Sr. Jose Ignacio , a Wel
[compañía llamada al proceso pero no demandada] y a Dragados como
constructora "; 14) en el expediente de suspensión de pagos de la
demandante Boliden , una de las principales acreedoras era la compañía
Boliden Mineral AB, fusionada con la compañía Boliden Treasures; 15) " un
procedimiento penal que finaliza con Sentencia Absolutoria -asimilable el auto
de archivo- no vincula ni crea cosa juzgada al juez civil en ningún extremo y
una Sentencia condenatoria en vía penal sólo vincula al juez civil en cuanto al
hecho objetivo ocurrido sin ninguna otra "; 16) el único hecho sí
vinculante era el de que la presa se rompió el 25 de abril de 1998 y causó unos
importantes daños y perjuicios "que pudieron llegar a ser uno de los
mayores desastres ecológicos "; 17) los informes de las diligencias
previas eran " solo prueba documental que no ha sido planteada por vía
testifical y por tanto no han podido ser sometidos al principio de
contradicción e inmediación ante esta juzgadora y las partes aquí demandadas no
son coincidentes con los intervinientes en el procedimiento penal y como tal
documental debe ser valorada "; 18) tampoco vinculaba al juez civil la
22 de noviembre de 2004 , que había acabado desestimando el ya mencionado
recurso de Boliden contra el acuerdo del Consejo de Ministros; 19)
procedía por tanto valorar las pruebas practicadas en el presente litigio; 20)
las deficiencias de los proyectos era una presunción de la demandante que no resultaba
del informe pericial presentado en las diligencias previas, " porque
expresamente ante las preguntas escritas que a los peritos judiciales penales
se les formulan por las partes personadas en el procedimiento penal indicaban
que no hubo 'cálculos erróneos' sino hipótesis de partidas alejadas del
comportamiento real de las arcillas ", reconociendo " que los
métodos de cálculo para estudiar las balsas de estériles siguen siendo los
mismos desde los años 70 aunque ahora intervengan los ordenadores y que los
análisis numéricos en problemas con materiales frágiles, que dan lugar a
fenómenos de rotura progresiva, tienen problemas teóricos de tipo fundamental,
no resueltos adecuadamente en el momento presente ", así como que
" esa fragilidad no era de general conocimiento ", que en 1978
las cuestiones sobre fragilidad y presiones estaban alejadas de las prácticas
habituales, que en 1996 tampoco eran consideradas normalmente y, en fin, que el
problema de cimentación no era sencillo, planteaba cuestiones no habituales y
se abordó " con criterios propios de una práctica geotécnica
convencional "; 21) por tanto, no hubo incumplimiento contractual en
el proyecto inicial ni en el posterior de recrecimiento; 22) uno de los propios
peritos que habían informado en las diligencias previas reconoció cinco años
más tarde, en su discurso de la sesión inaugural del año académico de la Real
Academia de Ingeniería, aportado como prueba documental, que aún persistían
dificultades graves para conocer la reacción de determinados materiales, todo
ello en relación con la rotura de la balsa de Aznalcóllar; 23) el resultado de
los trabajos de Wel e Intecsa fue asumido por quien firmó el
proyecto, el doctor ingeniero de minas D. Jose Ignacio , a quien un testigo de Boliden
tachó de analfabeto pero que en su día había sido contratado por Apirsa
, llevaba todo el control económico del proyecto y siguió manteniendo su cargo,
que comportaba la representación de la empresa, cuando en la compañía entró Boliden
, con la que continuó hasta su jubilación dos años antes de la rotura de la
balsa; 24) las aclaraciones de los peritos de las partes demandadas en el acto
del juicio descartaban la fragilidad de las arcillas como hipótesis a
considerar tanto en 1978 como en 1996; 25) los hechos denunciados dos años
antes de la rotura (recrecimientos incontrolados desde 1989 no conformes al
proyecto de 1978 y eliminación de la separación de la balsa en dos vasos) eran
ciertos según las fotografías aportadas como prueba, y se mantuvieron hasta la
rotura del dique; 26) el técnico que sustituyó al Sr. Jose Ignacio en Boliden
reconoció como testigo lo relativo a la modificación de los dos vasos y el
ensanchamiento de la zona de coronación del dique por vertidos de los camiones
y las máquinas; 27) hubo también filtraciones importantes que dieron lugar a
inyecciones de hormigón por Dragados y a que " se realizara una
batería de pozos en cantidad muy considerable y penetrando hasta once metros en
las margas del suelo "; 28) concurrieron, pues, circunstancias ajenas
a las demandadas que, según los peritos propuestos por ellas, influyeron no
solo en la rotura sino también en que, tras esta, la brecha no quedara taponada
por los propios residuos contenidos en la balsa; 29) las filtraciones podían
considerarse determinantes de que hubiera en las margas agua en cantidades
importantes; 30) en definitiva, los peritos de las partes demandadas atribuían
la rotura al " ataque de las aguas ácidas y las filtraciones de la
presa ", y no a una incorrecta evolución de su resistencia; 31) la ya
mencionada denuncia de un facultativo de minas dos años antes de la rotura no
parecía responder a una venganza personal del denunciante sino a que " algo
estaba ocurriendo " respecto a la forma de recrecer " desde la
llegada de Boliden Apirsa "; 32) un perito-testigo declaró que en toda
la zona del Guadalquivir se sigue construyendo sobre las margas " y que
solo las circunstancias que rodearon a la explotación y al recrecimiento
determinaron que surgiera ese plano débil y esa 'fragilidad' que eran
totalmente impensables en 1978 y 1996 "; 33) tampoco hubo
incumplimiento contractual de Geocisa , ya que esta partió de los mismos
valores de resistencia del proyecto de 1978 y la instrumentación que recomendó
no fue la de piezómetros en las margas, " y aun cuando la teoría de la
rotura progresiva estaba más avanzada en 1996, lo que se hizo fue mantener ese
valor prudente, razonablemente bajo, de la resistencia, que cubriera la
posibilidad de representación del fenómeno "; 34) Geocisa no
llegó a hacer nada que mereciera la categoría de proyecto, aun cuando así lo
titulase, " siendo un mero informe de estabilidad ". TERCERO .- Contra la sentencia de primera instancia recurrió en
apelación la demandante Boliden , formulándose otras impugnaciones que
carecen ahora de interés. El tribunal de segunda instancia desestimó el recurso, confirmando
íntegramente la sentencia apelada, con base, en síntesis, en los siguientes
fundamentos: 1) La aceptación de los fundamentos jurídicos de dicha sentencia
en cuanto no se opusieran a los de la propia sentencia de apelación; 2) la
sentencia apelada no era injusta ni arbitraria, como alegaba la parte apelante,
tampoco incurría en error alguno en la valoración de la prueba y, en fin,
estaba perfectamente motivada; 3) las resoluciones judiciales del orden penal y
del orden contencioso-administrativo no vinculaban al juez civil, salvo en el
caso de sentencias penales condenatorias en cuanto al hecho objetivamente
acaecido; 4) el informe pericial de las diligencias previas solo podía
valorarse como prueba documental, dado que sus autores no habían sido llamados
a juicio y, por ello, no habían sido sometidos " al principio de
contradicción, inmediación y publicidad "; 5) conforme al art. 217 RCL 2000\34 LEC ( RCL
2000\34 , 962 y 2001, 1892) cada parte debía probar los hechos
alegados por ella; 6) de un nuevo estudio de las pruebas practicadas se
desprendía que " el proyecto de balsa se ejecutó por unas terceras
personas, ajenas a estos autos, el que fue supervisado por otra tercera
persona, de notorio prestigio profesional en el tema, la que tampoco fue
demandada "; 7) los valores de resistencia del proyecto de 1978 eran
correctos y los coeficientes de seguridad los aceptados; 8) " lo que sí
queda palmariamente acreditado es que la actora hoy apelante gestionó los
vertidos de residuos de la balsa, apartándose de los proyectos, mezclando
vertidos de residuos en vez de separarlos, inyectando en la balsa líquidos para
los que no estaba proyectada, construyendo a pie del dique una batería de pozos
de drenaje, lo que comporta la disminución de la estabilidad del dique,
habiendo hecho la actora un incorrecto recrecimiento del mismo, que conlleva
necesariamente el incremento de las presiones intersticiales, siendo la causa
directa de la rotura del dique, ajena a los trabajos realizados por Intecsa,
Geocisa o por A.C.S., Actividades de Construcción y Servicios S.A., por lo que
no es correcto responsabilizarlas de la rotura de la balsa y menos aún de los
daños causados "; 9) no había prueba alguna de los hipotéticos
incumplimientos de las demandadas, "habiendo acreditado, por el
contrario, que fueron terceras personas las que realizaron el proyecto"
, del mismo modo que había terceras empresas que supervisaban los trabajos de Intecsa
y Geodisa . CUARTO .- El presente recurso extraordinario por infracción procesal
contra la sentencia de apelación se ha interpuesto por la demandante Boliden
. Como quiera que una de las partes demandadas-recurridas, Banco Vitalicio
, planteó en su escrito de oposición, como cuestión previa, la inadmisibilidad
del recurso por falta de capacidad procesal de la recurrente, según el art. 54 RCL 2003\1748 de la Ley Concursal ( RCL 2003\1748 ) en relación con los arts. 7 RCL 2000\34 LEC ( RCL
2000\34 , 962 y 2001, 1892) y 8 de la propia Ley Concursal, y la
misma parte recurrida ha mantenido esa cuestión previa en el acto de la vista,
necesariamente habrá de resolverse antes de examinar los motivos del recurso. Fundada la alegada falta de capacidad procesal de la recurrente en su
situación de concurso de acreedores y en que la administración concursal
autorizó la preparación del presente recurso pero no su interposición, lo que
habría dado lugar a un defecto insubsanable, este óbice de admisibilidad ha de
ser rechazado por las siguientes razones:
1ª) Es cierto que la autorización de la administración concursal para la
preparación del presente recurso expresaba literalmente que "[e]sta
autorización se encuentra limitada exclusivamente a este trámite procesal de
preparación del recurso" , pero también lo es que en el escrito de
interposición se manifestó haber interesado del Juzgado de lo Mercantil que
conocía del concurso se requiriera a la administración concursal para que
autorizara la interposición del recurso o, en su caso, la autorizara el propio
Juzgado. A la voluntad de recurrir para ante esta Sala, manifestada por la
recurrente con plena capacidad procesal, se unió una reiteración de esa
voluntad en el escrito de interposición, es decir después de iniciado
válidamente el trámite del recurso extraordinario por infracción procesal, y si
bien tal reiteración carecía en ese momento de autorización específica por
parte de la administración concursal, ya se anunciaba, no obstante, estar en
trance de obtenerla, como efectivamente así sucedió en 4 de noviembre de 2010
según el auto del referido Juzgado de lo Mercantil cuya copia se incorporó a
las presentas actuaciones junto con el escrito dirigido a esta Sala por los
propios administradores concursales. 2ª) Dadas las anteriores circunstancias, las dudas que pudieran plantearse
en torno a la interpretación del art. 54 RCL
2003\1748 de la Ley Concursal deben resolverse, como resulta del
art. 11.3 RCL 1985\1578 LOPJ ( RCL 1985\1578 y 2635) , "de conformidad con
el principio de tutela efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución
", que en casos como el presente, de preparación del recurso concurriendo
todos los requisitos y manifestación de la voluntad de cumplirlos en el escrito
de interposición, determina que deba considerase válidamente subsanado el
defecto de que se trata antes de la decisión del recurso. Ahora bien, el rechazo del óbice de admisibilidad planteado por Banco
Vitalicio tiene, como lógica contrapartida, el que la administración concursal
de Boliden deba asumir por completo y sin reserva alguna cualesquiera
consecuencias derivadas de la interposición del recurso extraordinario por
infracción procesal y de la presente sentencia o, lo que es lo mismo, que no
pueda ampararse, para eludir o evitar esas consecuencias, en que la
interposición del recurso carecía inicialmente de su autorización. QUINTO .- También debe despejarse cualquier duda acerca de otra
cuestión no resuelta aún expresamente, sobre la que las partes discreparon en
su momento y de la que todas ellas prescindieron en el acto de la vista. Se trata de la aportación por la parte recurrente, durante el trámite ante
esta Sala, de la sentencia del Tribunal Constitucional 208/2009, de 26 de
noviembre ( RTC 2009\208 ) , que en opinión
de dicha parte venía a apoyar la tesis del primer motivo de su recurso y a cuya
aportación se opusieron las demás partes. Pues bien, la cuestión es en sí misma irrelevante, porque esta Sala debe
resolver el recurso teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional
que sea aplicable en función de los motivos del propio recurso y, por tanto, en
nada favorece ni perjudica a ninguna de las partes el que la copia de la
referida sentencia permanezca unida a las actuaciones, y menos todavía habiendo
mediado vista antes de la presente sentencia, es decir, habiendo podido
manifestar las partes ante esta Sala todo lo que tuvieran por conveniente sobre
si la doctrina del Tribunal Constitucional en aquella sentencia favorecía o no
la tesis de la parte recurrente.
SEXTO .- Entrando a conocer, por tanto, del recurso, este se articula
en tres motivos formulados al amparo del art. 469.1 RCL
2000\34 LEC ( RCL 2000\34 ,
962 y 2001, 1892) , ordinal 2º los motivos primero y segundo y ordinal 3º el
motivo tercero. El motivo primero se funda en infracción de los arts. 222.4 RCL 2000\34 LEC y 116 LECrim ( LEG 1882\16 ) . "en la medida en que la
Sentencia recurrida ignora los efectos vinculantes que se derivan de lo
resuelto de manera firme por otros órganos jurisdiccionales" , y se
divide en cuatro apartados: el primero se titula "[l]a sentencia de
segunda instancia se aparta de lo resuelto en otros órdenes jurisdiccionales de
manera firme y llega a conclusiones absolutamente contradictorias con
ello" ; el segundo, "[i]nfracción de los efectos vinculantes
para los tribunales que se derivan de lo resuelto de manera firme por otros
órganos jurisdiccionales ( art. 222.4 RCL
2000\34 LEC y 116 LECrim )" ; el tercero, "[i]infracción,
en particular, de la doctrina jurisprudencial sobre el carácter de prueba
cualificada que es propio de toda resolución firme" ; y el cuarto, "[i]nfracción,
en particular, también de la doctrina jurisprudencial sobre la necesaria
coherencia entre los pronunciamientos de los distritos órganos judiciales.
Indefensión para BOLIDEN-APIRSA" . El motivo segundo se funda en infracción de las normas reguladoras de la
sentencia, en concreto de los arts. 120.3 de la Constitución y 218.2 LEC en
relación con las reglas 2 ª y 3ª del art. 209 RCL
2000\34 LEC , y se divide en dos apartados: el primero se titula "[l]a
sentencia de segunda instancia se encuentra, a juicio de esta parte, pobremente
fundamentada en cuanto al fondo" ; y el segundo, "[i]nfracción
de los preceptos que regulan la necesidad de motivación de las sentencias y de
la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional sobre necesidad de
justificar debidamente la distinta apreciación que se haga respeto de los
hechos declarados tales en resoluciones firmes anteriores". Por último, el motivo tercero se funda en infracción del art. 24 de la
Constitución y se divide en dos apartados: el primero se titula "[v]ulneración
del derecho a la tutela judicial efectiva por ser la sentencia recurrida
radicalmente contradictoria con otras resoluciones firmes anteriores dictadas
por otros órdenes jurisdiccionales sobre los mismos hechos" ; y el
segundo, "[v] ulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por
falta de motivación de la sentencia recurrida". Del propio contenido de los tres motivos se desprende que la cuestión
principal planteada en el recurso, presente en sus tres motivos, es la del
efecto vinculante para el juez civil de unas resoluciones firmes anteriores
dictadas por jueces o tribunales de otro orden jurisdiccional. Así lo vino a
confirmar el acto de la vista, en el que el letrado de la parte recurrente
centró su informe, casi por completo, en el efecto vinculante sobre este litigo
del auto de archivo dictado en unas diligencias previas tramitadas por un
Juzgado de Instrucción, prescindiendo ya de la falta de motivación de la
sentencia recurrida, salvo en lo relativo precisamente en ese efecto
vinculante, y dedicando incluso poca atención al efecto vinculante de este
litigio de una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este
En consecuencia, se examinará en primer lugar la cuestión del alegado efecto
vinculante de lo resuelto en su día por la jurisdicción penal, debiendo quedar
claro que, como en el recurso no se articula ningún motivo fundado en error
patente en la valoración de la prueba, esta Sala se abstendrá de pronunciarse
sobre el resultado de las pruebas y limitará su análisis al referido efecto
vinculante de las resoluciones anteriores, no de las pruebas en que se
fundaron, y a la motivación de la sentencia recurrida en relación con ese mismo
efecto vinculante y, ahora sí, con la valoración de la prueba.
SÉPTIMO .- La tesis del efecto vinculante que sostiene la parte
recurrente, cuyo letrado admitió en el acto de la vista estar proponiendo a
esta Sala una matización de su jurisprudencia interpretativa del art. 116 LEG 1882\16 LECrim ( LEG
1882\16 ) , tiene como punto de partida la asimilación de un auto
firme de archivo de diligencias previas penales a una sentencia penal
absolutoria firme. Asimiladas así una y otra resolución, el segundo paso sería
una interpretación del art. 116 LEG 1882\16
LECrim , autorizada según la parte recurrente por un insigne procesalista,
conforme a la cual la sentencia penal absolutoria resulta vinculante en un ulterior
proceso civil no solo en cuanto declare la inexistencia de un hecho sino
también cuando declara existente un hecho. Finalmente, producida aquella
asimilación y aceptada esta interpretación, el tercer y definitivo paso sería
que la inexistencia de hechos inculpatorios para una parte suponga, para otra u
otras, la existencia de hechos que, declarada por la jurisdicción penal,
resulte vinculante en un posterior proceso civil dirigido contra esas otras
partes. En síntesis, y aplicando todo lo anterior al caso enjuiciado, el auto
de archivo de las diligencias previas, al exculpar a los directivos o empleados
de Boliden por no resultar contra ellos indicios de delito según el
informe de los peritos nombrados por el juez de instrucción, habría determinado
indefectiblemente la responsabilidad civil, frente a la propia Boliden y
por incumplimiento contractual, de las empresas que, según el mismo informe y
al margen de cualquier prueba practicada en un ulterior proceso civil dirigido
contra ellas, hubieran descuidado atender a determinados factores al proyectar
la balsa o al estudiar su estabilidad y recrecimiento; más resumidamente
todavía, el auto de archivo habría declarado con fuerza de cosa juzgada no el
incumplimiento contractual de las aquí demandadas frente a Boliden pero
sí los hechos que, según la demanda, constituyen dicho incumplimiento
contractual. Pues bien, debe adelantarse desde ahora mismo que esta Sala no acepta el
planteamiento de la parte recurrente y, por tanto, el motivo primero de su
recurso, en cuanto pretende el efecto vinculante del auto de archivo de las
diligencias previas, ha de ser desestimado.
La primera razón fundamental es que no hay norma, doctrina del Tribunal
Constitucional, jurisprudencia del Tribunal Supremo ni autor de la doctrina
científica que sostenga la asimilación del auto de archivo de unas diligencias
previas a una sentencia penal absolutoria a los efectos que aquí interesan, es
decir, no a los de impedir que un mismo sujeto sea sometido a sucesivas
investigaciones judiciales por un mismo hecho sino a los de vincular al juez de
un ulterior proceso civil.
La segunda razón fundamental es que, al no haber mayor indefensión que la de
privar a una persona natural o jurídica de toda oportunidad de defenderse
oponiéndose a los hechos que se le imputen y proponiendo prueba al respecto,
ninguna sentencia penal firme, ni absolutoria ni condenatoria, podrá determinar
por sí sola la condena civil de quien no haya sido parte en el proceso penal,
salvo en el caso de que la condena civil sea una consecuencia necesaria de los
hechos declarados probados y de la probada participación en ellos del acusado,
como puede suceder respecto de su asegurador, que en caso de sentencia penal
firme condenando al asegurado como autor de los hechos no podrá discutir en un
ulterior proceso civil la participación ni responsabilidad del mismo aunque sí,
de no haber sido parte el asegurador en el proceso penal, la existencia del
seguro o las condiciones de la póliza.
En suma, como explicaba el mismo autor de la doctrina científica citado por
la parte recurrente, la cosa juzgada penal se identifica por la conjunción de
dos elementos: el hecho y la persona a quien se imputa, y del mismo modo que
contra el acusado absuelto no puede seguirse un nuevo proceso penal por el
mismo hecho variando su calificación, tampoco puede tenerse por penalmente
responsable de un hecho a quien no hubiera sido acusado del mismo, por más que
una sentencia penal condenatoria se aventure a afirmar su participación en ese
hecho al juzgar a otro acusado distinto.
A las anteriores razones, y toda vez que las partes han citado en apoyo de
sus respectivas pretensiones numerosas sentencias del Tribunal Constitucional y
de esta y otras Salas del Tribunal Supremo, deben añadirse las siguientes,
fundadas en una selección de las sentencias más pertinentes al caso, sean o no
de las citadas por las partes:
1ª) Como declaró la STC 133/1988 , las diligencias previas del por entonces
art. 789 LEG 1882\16 LECrim .
constituyen "una instrucción inicial indiferenciada, solo para
determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él han
participado y el procedimiento aplicable conducente a las salidas que el propio
artículo señala en sus reglas primera a quinta. Por definición, tales diligencias
son, según la ley, sólo las 'esenciales', y no pueden utilizarse para otros
fines que los señalados en el precepto, ni por más tiempo del que se precise
para ello ('sin demora'), so pena de convertirse, por una inaceptable
corruptela, en un nuevo procedimiento, desvirtuando su naturaleza" . 2ª) Según la STC 15/2002 , "cuando la Sentencia penal, por haber
sido absolutoria, no haya entrado a examinar ni se haya pronunciado sobre las
acciones civiles derivadas del hecho enjuiciado en el ámbito criminal, nunca
podrá producir efectos de cosa juzgada en el posterior proceso civil, por la
sencilla razón de que las acciones civiles quedaron imprejuzgadas. La citada
regla sólo sufre una excepción en virtud de lo dispuesto en el art. 116 LEG 1882\16 LECrim , según el cual si la
Sentencia penal resultó absolutoria precisamente por declarar que no existió el
hecho que fue objeto de enjuiciamiento en el ámbito criminal, este
pronunciamiento vinculará positivamente al juez civil que no podrá ya fundar
ninguna responsabilidad civil en la existencia del hecho que fue declarado
inexistente por la jurisdicción penal" . De esto se seguiría, a su
vez, que la absolución fundada en no haberse probado que el acusado fuera autor
de los hechos no impide que en un ulterior proceso civil se puedan "valorar
las pruebas y apreciar los hechos nuevamente en el plano de la responsabilidad
civil, en el que, junto al criterio estricto de la autoría material, pueden
utilizarse otros elementos y criterios de imputación (teoría del riesgo,
propiedad de las cosas, culpa in vigilando o in eligendo, etc.)" . Y
esta doctrina se reitera en la STC 17/2008 para no apreciar cosa juzgada,
derivada de una sentencia penal absolutoria, en un ulterior proceso civil sobre
reclamación de cantidad, razonándose que si bien la sentencia penal absolvió a
la acusada por concurrir la excusa absolutoria de parentesco, condenándola no
obstante como responsable civil de una parte de los hechos objeto de acusación,
sin embargo había sido absuelta de otros hechos objeto también de acusación,
aquellos en lo que se sustentaba la posterior demanda civil, y de tales hechos
había sido absuelta por la sentencia penal no con base en su inexistencia sino
por no ser constitutivos de ilícito penal. 3ª) Según la jurisprudencia de la Sala 2ª de la este Tribunal Supremo, el
auto de archivo previsto en el apdo. 5 del art. 789.5.1ª LEG 1882\16 LECrim , en su redacción vigente al
tiempo de dictarse el auto de archivo invocado por la parte recurrente, es
decir antes de la reforma llevada a cabo por la Ley 38/2002, de 24 de octubre (
RCL 2002\2480 y 2725) , en cuya virtud
la materia pasó a regularse en el art. 779 , no produce efecto de cosa juzgada
material ( SSTS 23-1-08 ( RJ 2008\1562 )
en rec. 1212/07 , 23-5-05 en rec. 2428/03 y 8-5-02 ( RJ 2002\5959 ) en rec. 2657/00 , con cita en todas ellas, a su
vez, de otras muchas). 4ª) En el mismo sentido se pronuncia la jurisprudencia de esta Sala de lo
Civil en sentencias de 28 de abril de 1999 ( RJ
1999\4250 ) (rec. 2660/94 ) y 29 de mayo de 2001 ( RJ 2001\3442 ) (rec. 1385/96 ), considerando la
primera de ellas una "falta de exactitud jurídica" la
atribución de "cualquier efecto de cosa juzgada" a un auto de
sobreseimiento provisional dictado en diligencias previas. Incluso respecto del
auto que declara extinguida la responsabilidad penal por muerte del imputado
antes del juicio, la sentencia de esta Sala de 12 de abril de 2002 ( RJ 2002\3383 ) (rec. 3207/96 ) descartó su
equiparación, a los efectos que aquí interesan, a una sentencia penal
condenatoria firme. 5ª) La jurisprudencia de esta Sala sobre el grado de vinculación del juez
civil a una precedente sentencia penal absolutoria firme es clara en el sentido
de que tal vinculación solo se da cuando la absolución se funde en la
inexistencia del hecho o en la declaración de no haber sido el acusado autor
del mismo. Así, la sentencia de 30 de marzo de 2005 (rec. 4006/98 ) resume tal
jurisprudencia del siguiente modo: "La doctrina jurisprudencial viene
declarando que la sentencia penal absolutoria no produce el efecto de cosa
juzgada en el proceso civil, salvo cuando se declare que no existió el hecho
del que la responsabilidad hubiere podido nacer ( Sentencias, entre otras,
4 de noviembre de 1.996 , 23 de marzo y 24 de octubre de 1.998 ;
16 de octubre de 2.000 ; 15 de septiembre de 2.003 ); o cuando se
declare probado que una persona no fue autor del hecho ( SS. 28 noviembre
1.992 y 12 abril y 16 octubre 2.000 ), porque repugna a los
más elementales criterios de la razón jurídica aceptar la firmeza de distintas
resoluciones jurídicas en virtud de las cuales resulte que unos mismos hechos
ocurrieron y no ocurrieron, o que una misma persona fue su autor y no lo fue (
STC 62 de 1.984, de 21 de mayo ; STS 12 abril 2.000 ). Asimismo tiene
dicho que no prejuzga la valoración de los hechos que puede hacerse en el
proceso civil ( SS. 26 mayo y 1 diciembre 1.994 , 16
noviembre 1.995 , 14 abril 1.998 y 29 mayo 2.001 ), y que no
impide apreciar imprudencia civil ( SS. 18 octubre de 1.999 y 16
octubre de 2.000 -no empece a que se pueda entablar la acción civil por
culpa extracontractual-), pues no significa más que la conducta no es
sancionable de acuerdo con la ley penal, no que la misma no pueda ser estimada
como fuente de responsabilidad por la ley civil, en su caso ( S. 31 enero
2.000 )." Por su parte la sentencia de 20 de febrero de 2008 ( RJ 2008\2671 ) (rec. 5274/00 ) se centra en la
diferencia entre el juicio de hecho y el de derecho de una precedente sentencia
penal absolutoria razonando lo siguiente: "Esa misma cuestión se
plantea, ahora correctamente, en el segundo motivo del mismo recurso, formulado
al amparo del ordinal 4º del art. 1692 LEC de 1881 y fundado en
infracción del hoy derogado art. 1252 LEG
1889\27 CC ( LEG 1889\27 ) y
del art. 116 LEG 1882\16 LECrim .
para impugnar la sentencia recurrida por no haber apreciado la excepción de
cosa juzgada producida por la sentencia penal firme absolutoria del juicio de
faltas precedente, la cual consideró que el hecho dañoso se había debido a la
culpa exclusiva de la víctima. Para la parte recurrente, si lo sucedido 'se
produjo por culpa exclusiva de la víctima, es lo mismo que decir que nadie pudo
por acción u omisión provocar ese daño'. Sin embargo tampoco este motivo puede
ser estimado, hasta el punto de que la cita doctrinal más específica sobre la
cosa juzgada que se hace en el motivo conduce a todo lo contrario de lo que la
recurrente pretende, ya que muy claramente el autor citado atribuye los efectos
de la cosa juzgada en materia de responsabilidad civil a la sentencia penal
condenatoria, no a la absolutoria, que tan sólo vinculará a la jurisdicción
civil, como por demás dispone el art. 116 LEG
1882\16 LECrim . y constantemente viene declarando la
jurisprudencia de esta Sala citada por el mismo autor y ratificada por otras
muchas sentencias posteriores, cuando declare la inexistencia del hecho del que
la acción civil hubiera podido nacer. Y aunque sea cierto que, como se sostiene
en la otra cita doctrinal del motivo, para identificar el hecho punible como
objeto del proceso penal no sea adecuado seguir la teoría estrictamente
naturalista, que frente a la normativa lo despoja de toda valoración jurídica,
no lo es menos que en el caso examinado la cuestión no plantea grandes
dificultades y ha sido acertadamente resuelta por el tribunal sentenciador, ya
que según la precedente sentencia penal absolutoria los hechos existieron pero
el daño se debió a culpa exclusiva de la víctima; en definitiva un juicio de
valor, no una declaración puramente fáctica, que determinó la absolución de los
imputados y del citado como responsable civil subsidiario, el Banco ahora
recurrente, por no haber contribuido con su negligencia a la causación del
daño. Buena prueba de todo ello es que al delimitar el ámbito del recurso de
casación en materia de responsabilidad civil contractual la jurisprudencia de
esta Sala considera cuestiones de hecho las relativas a la acción u omisión y
sus circunstancias, o a la existencia o inexistencia del daño, y cuestiones de
derecho, en cambio, el juicio sobre la culpa o negligencia y el relativo a la
relación de causalidad ( SSTS 31-1-97 , 29-5-98 , 4-6-01 ,
7-6-02 , 4-11-04 y 31-10-06 entre otras muchas)" . 6ª) También es jurisprudencia reiterada de esta Sala, a partir de lo
anterior, que el juez civil gozará de libertad para valorar todas las pruebas
que se practiquen en el proceso subsiguiente a la sentencia penal absolutoria,
incluido el testimonio de las correspondientes actuaciones penales. Así lo
declara la sentencia de 12 de abril de 2002 (rec. 3207/96 ) y así lo declara
también la sentencia de 22 de diciembre de 1999 ( RJ
1999\9487 ) (rec. 2121/97 ) al afirmar, con base en los arts. 116 LEG 1882\16 LECrim . y 596-7º de la por entonces
vigente LEC de 1881 y en diecinueve sentencias anteriores de esta Sala, que el
juez civil "goza de total soberanía no solo ya para valorar el material
probatorio practicado en los autos, sino incluso los datos de hecho que obren
en el testimonio del proceso penal incorporado a aquellos." 7ª) Incluso tratándose de sentencias penales condenatorias firmes, su efecto
vinculante no puede ser tan enérgico como para quebrantar la proscripción de
indefensión establecida en el art. 24 de la Constitución . Por eso la sentencia
de esta Sala de 10 de octubre de 2003 (rec. 4145/97 ) declara que el principio
de identidad entre los litigantes, propio de la cosa juzgada, impide extender
el efecto vinculante de la sentencia penal condenatoria a quienes no hubieran
sido partes en el proceso penal. De todas estas razones resultan a su vez otras que igualmente determinan la
desestimación del primer motivo en cuanto al efecto vinculante del auto de
archivo de las diligencias previas:
1ª) La sentencia recurrida no vulnera la doctrina del Tribunal Constitucional
ni la doctrina jurisprudencial sino que, por el contrario, las respeta
escrupulosamente. En realidad, la propuesta de la propia parte recurrente, en
la vista del recurso, de que esta Sala matice su jurisprudencia, no deja de ser
un reconocimiento implícito de que la sentencia recurrida no la infringe.
2ª) La demanda de la parte hoy recurrente no se fundaba en el efecto
vinculante del auto de archivo de las diligencias previas ni, por tanto, en los
arts. 116 LEG 1882\16 LECrim. y 222.4
LEC ( RCL 2000\34 , 962 y 2001, 1892)
que ahora se citan como infringidos, sino en la fuerza probatoria de lo actuado
en aquellas que, a su vez, habría servido de fundamento a la sentencia de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal Supremo. Por eso la
proposición de prueba por la misma parte, a practicar en el proceso civil, no
puede interpretarse ahora como una elemental cautela frente a una eventual
desestimación de la cosa juzgada, según alegó su letrado en el acto de la vista
ante esta Sala, sino como un planteamiento obligado por ser dicha parte cabal
conocedora de la jurisprudencia. 3ª) Como las actuaciones penales no habían llegado a la fase de juicio oral,
y ni tan siquiera se había producido la imputación formal propia de la
transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, no se
había dado la contradicción entre partes determinadas imprescindible para
llegar a plantearse un eventual efecto vinculante conforme al apdo. 3 del art.
222 RCL 2000\34 LEC . 4ª) La parte recurrente no propuso en su día el informe de los peritos
nombrados en las diligencias previas como prueba pericial del proceso civil
sino, única y exclusivamente, como prueba documental, omitiendo cualquier
petición sobre ratificación de dicho informe en el proceso civil. De esto se
sigue que, cuando menos, la recurrente no pueda pretender que el informe de
esos mismos peritos, no sometido tampoco a contradicción en presencia de las
partes en las diligencias previas, excluya totalmente, pues no otra cosa subyace
en su pretensión de atribuir efecto vinculante al auto de archivo, la
valoración por el juez civil de la diversas pruebas periciales practicadas en
el presente litigio conforme a las reglas de la LEC sobre la prueba pericial. A
propósito de esta cuestión la sentencia de 17 de diciembre de 1985 expuso la
doctrina de esta Sala del siguiente modo: "...el testimonio de las
actuaciones sumariales no constituye prueba pericial siquiera se refiera a la
de esa clase practicada en dicha fase de la causa penal, pues, según reiterada
doctrina de esta Sala (sentencias de 15 de enero de 1982, citada por el
recurso y por la de 31 de octubre de 1983 , entre otras) ha de
practicarse ajustándose a lo dispuesto en los artículos 610 a 618 y 626 a
632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , ofreciéndose a la parte opuesta a la
que la propone, la posibilidad de ampliarla a otros extremos de su interés,
designándose a los peritos por acuerdo de las partes o por la suerte, pudiendo concurrir
ambas partes al acto del reconocimiento pericial y hacer en el mismo a los
peritos las observaciones que estimen oportunas y solicitar en el acto de la
declaración o ratificación, a través del juez, explicaciones para el
esclarecimiento de los hechos; y nada de ello es viable si la intervención de
los peritos tuvo lugar, con anterioridad al juicio civil, dentro de la fase
sumarial de la causa penal antecedente; pero, todo esto firme así como que la
apreciación crítica de la prueba de esta clase (a la que, por lo demás, no
quedan sujetos los Tribunales en términos que les obliguen a sujetarse al
dictamen de los peritos) hayan de tomar en consideración la observancia del
régimen procesal que le es propio, con todo no puede alcanzarse el efecto pretendido
de casar y anular la sentencia para que dentro del juicio se proceda a la
práctica de prueba pericial atenida a ese régimen procesal; estando el Juzgado
y la Audiencia facultados para alcanzar su convicción sobre el tema objeto de
la misma o sea el valor de las acciones sociales, ya a través de un inexistente
dictamen pericial, ya como lo han hecho con la base suministrada por el
testimonio de las actuaciones sumariales en conjunción con las otras
probanzas". Y la STC 139/2009 declara lo siguiente: "...el
respeto a las declaraciones contenidas en un previo pronunciamiento judicial,
dictado en otro proceso distinto y por un órgano de otro orden jurisdiccional,
como es el caso, no es siempre una consecuencia jurídicamente obligada ni, por
tanto, que impida a todo trance que otro órgano judicial, aunque sea con
ocasión de enjuiciar los mismos hechos, pueda apartarse de lo decidido
previamente, siempre y cuando, como es natural, justifique motivadamente las
razones de su decisión divergente. Pues, además de que, como antes se ha
señalado, los criterios legales que determinan la responsabilidad civil que se
ventila en el proceso penal no coinciden con los que ordenan la responsabilidad
patrimonial de la Administración, sucede también que, como este Tribunal Constitucional
ha tenido ocasión de declarar en otras ocasiones semejantes, el que ciertamente
unos hechos no puedan existir y dejar de existir para los órganos del Estado,
sin vulnerar al mismo tiempo el principio de seguridad jurídica del art.
9.3 CE y, al cabo también, el derecho a la tutela judicial efectiva del
art. 24.1 CE , no significa que en todo caso los órganos judiciales deban
aceptar siempre de forma mecánica los hechos declarados por otra jurisdicción.
Obliga a que la diferente apreciación de los hechos debe ser motivada, de modo
que "cuando un órgano judicial dicte una resolución que pueda ser
contradictoria con lo declarado por otra resolución judicial debe exponer las
razones por las cuales, a pesar de las apariencias, tal contradicción no existe
a su juicio" ( STC 34/2003, de 25 de febrero ( RTC 2003\34 ) , FJ 4; últimamente en el mismo
sentido, SSTC 216/2006, de 17 de julio, FJ 3 ; y 16/2008, de 31 de
enero ( RTC 2008\16 ) , FJ 3). Por
consiguiente, con la perspectiva del art. 24.1 CE considerada, ningún
obstáculo existía en rigor a que en el presente asunto la Sala de la Audiencia
Nacional, a la vista de las pruebas periciales practicadas, hubiera determinado
la existencia del citado nexo de causalidad y, en su virtud, estimado la
pretensión indemnizatoria del recurrente. Menos aún si, como también es el
caso, esas pruebas periciales eran distintas y posteriores a las tenidas en
cuenta por la Sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, que, por otra
parte, no constituye ninguna prueba. En consecuencia esa supuesta explicación
no sirve tampoco para suplir el déficit de motivación advertido en la Sentencia
impugnada. En suma, y al igual que en el supuesto resuelto por la STC
189/1996, de 25 de noviembre ( RTC 1996\189
) , invocada por el Fiscal, debemos concluir también ahora que la ausencia
total de valoración de la prueba pericial admitida y practicada en el proceso a
quo supone una falta de respuesta judicial, incluso tácita, a la pretensión
indemnizatoria planteada por el recurrente y, por tanto, que la Sentencia
impugnada vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ),
en su vertiente de derecho a obtener una resolución judicial motivada y fundada
en Derecho." 5ª) Carecería de sentido, realmente, que un litigio de la importancia
económica del presente, cuyas actuaciones ocupan siete baúles y veinticinco
cajas y en el que se ha practicado una muy abundante prueba sobre cuáles
pudieron ser las causas de la rotura de la balsa de Aznalcóllar, se resolviera,
única y exclusivamente, con base en un auto de archivo de diligencias previas
centrado, por su propia naturaleza, en si de las actuaciones resultaban o no
elementos bastantes para imputar formalmente a persona o personas determinadas
y tener por parte a otras personas naturales o jurídicas como responsables
civiles subsidiarios o terceros civilmente responsables.
6ª) El auto de archivo de las diligencias previas, leído en su integridad,
tampoco declara lo que la recurrente le atribuye, pues se remite al informe de
los peritos para destacar, como idea fundamental del mismo, que toda actuación
sobre la presa se atuvo a la práctica habitual o convencional. Y el auto de
apelación confirmando el archivo tampoco se limita a descartar la imputación de
culpa grave a personas dependientes de Geocisa sino que, muy claramente,
excluye cualquier tipo de culpa penalmente relevante ( "es claro que la
conducta de los autores del estudio no puede ser incriminada como culpable de
los daños acaecidos, y menos a título de imprudencia grave o profesional"
, FJ 7º in fine ). Por otra parte, en cuanto a la adopción o no, en el
proyecto de 1996, de la técnica más avanzada, lo que en realidad declara el
mismo auto de apelación es que del informe pericial "parece
desprenderse" que dicha técnica no se adoptó (FJ 9º, párrafo segundo),
expresión dubitativa que sin embargo no se da al afirmar que "[p]or
Boliden Apirsa S.L. no se instalaron los aforadores aconsejados por los
técnicos de Geocisa" (FJ 10º, párrafo cuanto). OCTAVO .- Desestimado el motivo primero del recurso en cuanto al
efecto vinculante del auto de archivo de las diligencias previas, también ha de
serlo, con más claridad si cabe, en cuanto al efecto vinculante de la sentencia
de 22 de noviembre de 2004 ( RJ 2005\20
) dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal Supremo
en el recurso ordinario nº 174/02 . Dicho recurso ordinario se interpuso por Boliden , es decir la propia
compañía mercantil hoy recurrente, contra el acuerdo del Consejo de Ministros
de 2 de agosto de 2002 que le había impuesto una sanción de 601.012'10 euro, la
obligación de indemnizar los daños causados al dominio público hidráulico,
valorados en 2.810.181'86 euros, y la obligación de abonar 41.606.316'75 euros
por la reposición del terreno a su estado anterior a la rotura de la balsa. En el proceso contencioso-administrativo no fue parte ninguna de las luego
codemandadas y se practicó toda la prueba solicitada por Boliden , pese
a lo cual la sentencia estimó el recurso únicamente en el aspecto de deducir
1.352.772'17 euros de la referida cantidad de 41.606.316'75 euros, pues en
definitiva se apreció una omisión culposa de Boliden consistente en no
haber cumplido el deber de vigilancia que le correspondía como titular de la
explotación (FJ 13º). Es cierto que en algunos pasajes de la sentencia, muy especialmente fundada
en cuanto a los hechos en el informe de los peritos incorporados a las
diligencias previas penales y en otro informe técnico encargado por la propia Boliden
(FJ 6º), se razona que la responsabilidad de esta "no queda exonerada
porque la rotura de la balsa se produjera por los defectos en el diseño de la
presa según unos proyectos que no fueron elaborados por ella" , así
como que a Boliden le era imputable la elección de Geocisa (FJ 11º),
pero no lo es menos que la única consecuencia de esta y otras consideraciones
era que Boliden debía responder frente a terceros de los daños causados
independientemente de las acciones que creyera oportuno ejercitar contra
quienes construyeron la balsa (FJ 13º). No se está, pues, ante un caso en el que sea posible aplicar la conocida
doctrina del Tribunal Constitucional de que "afirmada la existencia de
los hechos por los propios Tribunales de Justicia, no es posible separarse
luego de ellos, sin acreditar razones ni fundamentos que justifiquen tal
apartamiento, porque en la realidad jurídica no puede admitirse que algo es y
no es, que unos mismos hechos ocurrieron y no ocurrieron [ STC 24/1984, de
23 de febrero ( RTC 1984\24 ) , FJ
3], cuando la contradicción no deriva de haberse abordado unos mismos hechos
desde perspectivas jurídicas diversa [ STC 390/1996, de 26 de febrero ,
FJ 5], ya que es claro que unos hechos idénticos no pueden existir y dejar de
existir para los órganos del Estado" ( STC 231/2006 ); ni tampoco ante
un caso similar al de la sentencia de esta Sala de 11 de febrero de 2003 ( RJ 2003\1004 ) (rec. 1835/97 ), que declaró la
vinculación del juez civil a la declaración de nulidad de un embargo por la
jurisdicción contencioso-administrativa, pues se trataba de un embargo acordado
en expediente de apremio precisamente administrativo. Sí se está, en cambio, ante un caso en el que las alusiones a determinadas
causas de la rotura de la balsa no consistentes en conductas activas de Boliden
se hacían únicamente para, pese a la posibilidad de la existencia de aquellas,
mantener la responsabilidad de la misma Boliden por sus propias
omisiones como titular de la explotación minera y dejar a salvo las acciones
que considerase oportunas contra quienes construyeron la balsa. Por tanto, ni siquiera es preciso aplicar, aunque en último extremo
despejaría cualquier duda acerca de la inexistencia del pretendido efecto
vinculante, el art. 4.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa , que incluso para los casos en que tal jurisdicción
haya de resolver cuestiones prejudiciales civiles "directamente
relacionadas con un recurso contencioso-administrativo", dispone que
"[l]a decisión que se pronuncie no producirá efectos fuera del proceso en
que se dicte y no vinculará al orden jurisdiccional competente" Finalmente, nada distinto de lo razonado hasta ahora se desprende de la STC
208/2009 tan especialmente invocada por la parte recurrente, pues lo que esta
afirma es la vinculación de la jurisdicción contencioso-administrativa a la
calificación jurídico-privada de un contrato, a la declaración de existencia de
contrato y a la inexistencia de deuda afirmadas por una sentencia anterior del
orden jurisdiccional civil habiendo sido idénticas las partes de ambos
procesos. En consecuencia la doctrina de esta misma sentencia del Tribunal
Constitucional, rectamente aplicada al caso examinado, solo permite concluir
que la sentencia contencioso-administrativa confirmatoria de una sanción a Boliden
por su propia responsabilidad en la rotura de la presa, sentencia dictada en un
proceso en el que solo fueron partes la propia Boliden y la
Administración General del Estado, no puede vincular al juez civil a los
efectos de tener que declarar un incumplimiento contractual frente a Boliden
de quienes no fueron parte en el proceso contencioso-administrativo. NOVENO También ha de ser desestimado el motivo segundo del
recurso, fundado en la deficiente o pobre motivación de la sentencia recurrida,
si bien su apartado segundo enlaza con el motivo primero al insistir en la
necesidad de justificar debidamente una distinta apreciación de los hechos, del
mismo modo que el apartado tercero del motivo primero enlaza a su vez con este
motivo segundo al invocar el carácter de prueba cualificada del auto de archivo
de las diligencias previas y de la sentencia de lo contencioso-administrativo. Si la motivación por remisión está admitida por una doctrina del Tribunal
Constitucional y una jurisprudencia de esta Sala tan conocidas y reiteradas que
huelga la cita de sentencias concretas, y si la sentencia recurrida comienza
por aceptar expresamente la fundamentación de la sentencia de primera
instancia, basta con recordar ahora los fundamentos jurídicos segundo y tercero
de la presente sentencia para desvirtuar los reproches que en este motivo se
hacen a la sentencia impugnada, especialmente infundados porque la de primera
instancia tuvo muy en cuenta el informe de los peritos presentado en las
diligencias previas penales, si bien interpretándolo en un sentido no
totalmente coincidente con el propuesto por la demandante hoy recurrente y,
desde luego, poniéndolo en relación, mediante una muy meritoria labor de la
magistrada-juez, con todas las demás pruebas practicadas en el proceso civil,
llegando así a la conclusión de que no hubo incumplimiento contractual de las
demandadas y sí, en cambio, participación relevante de la propia Boliden
, por medio de un representante suyo técnicamente cualificado, en el proyecto
que ella misma considera defectuoso, así como actuaciones propias de Boliden
en la balsa que pudieron contribuir a la rotura más relevantemente que
cualesquiera cálculos erróneos sobre el comportamiento de las llamadas margas
azules del Guadalquivir. Así las cosas, el relativo laconismo de la sentencia de apelación no
equivale a una falta de motivación ni a una motivación pobre o defectuosa que
infrinja los arts. 120 de la Constitución o 218.2 en relación con las reglas 2
ª y 3ª del art. 209, ambos de la LEC ( RCL 2000\34
, 962 y 2001, 1892) , sino que en realidad viene a revelar un alto grado de
prudencia para evitar declaraciones que puedan comportar algún tipo de
prejuicio anticipado sobre la responsabilidad en los hechos de personas que no
son parte en el presente litigio. DÉCIMO La desestimación de los motivos primero y segundo del recurso
determina por sí sola la del tercero y último , pues la infracción del
art. 24 de la Constitución en que se funda este motivo no es otra que la que se
derivaría de las infracciones en que se fundan aquellos dos, cuya desestimación
ya se ha justificado. En realidad, la verdadera indefensión no es la que la parte recurrente alega
haber sufrido, sino la que se causaría a las partes demandadas si, aceptando la
tesis de la parte recurrente, se las condenara, por incumplimiento contractual,
a soportar todas las consecuencias económicas de la rotura de la balsa
perjudícales para Boliden sin más fundamento que el auto de archivo de
diligencias previas y la sentencia contencioso-administrativa ya referidos y,
por ende, prescindiendo de toda la prueba practicada en el presente litigio. UNDÉCIMO Conforme a los arts. 476.3 y 398.1 en relación con el 394.1,
todos de la LEC ( RCL 2000\34 , 962 y
2001, 1892) , procede desestimar el recurso e imponer las costas a la parte
recurrente. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el
1º DESESTIMAR EL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL
LIQUIDACIÓN contra la sentencia dictada el 7 de septiembre de 2009 por la
Sección 20ª de la Audiencia Provincial de Madrid en el recurso de apelación nº
392/07 . 2º E imponer las costas a la parte recurrente.
.- Juan Antonio Xiol Rios.-Francisco Marin Castan.-Jose Antonio Seijas
Quintana.- FIRMADA Y RUBRICADA. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la
anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Francisco Marin Castan, Ponente que ha
sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública
la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como
Secretario de la misma, certifico. ver sentencias civil >>

References: resolución 
 resolución 
 artículo 24
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
in fine