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Timestamp: 2017-05-23 18:51:15+00:00

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Inicio Qué es el Observatorio Investigación Centro de Documentos Sobre la Localidad de Engativá	Inversión y Gestión 2014	Con el propósito de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Local "Engativá Humana: territorio de participación, convivencia y paz" en su segundo eje y tercer objetivo, que reza "Realizar la recuperación del espacio público y la malla vial local atendiendo las necesidades diferenciales de la población en los niveles generacional y de discapacidad (articulado con las empresas prestadoras de servicios públicos para la renovación de redes respectivas en los sectores que lo requieran de tal manera que se realice una gestión eficiente y transparente), aportando al fortalecimiento de un espacio público verde, corredores culturales y al mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias que favorezcan la calidad de vida y salud de la población", la Alcaldía Local de Engativá realiza una serie de acciones con el fin de recuperar el espacio público en la localidad.
En el año 2014 se realizaron un total de 37 operativos de recuperación del espacio público por parte del Grupo de Gestión Jurídica de Engativá, los cuales se discriminan según el tipo de operativo así:
Operativos Plan Presencia en Zonas Recuperadas (Vendedores informales): 1
Operativos pedagógicos: 2
Operativos conjuntos con Movilidad: 12
Operativos Publicidad Visual Exterior: 1
Operativos por Hechos Notorios: 10
Operativos por restitución voluntaria: 2
Operativos por Materialización de Fallos: 5
Operativos de acompañamiento a control de semovientes: 1
Operativos de sensibilización a la comunidad: 3
IMPACTO DE LOS OPERATIVOS
El resultado de los mencionados operativos es que las zonas objeto de nuestra intervención han sido recuperadas, y según el artículo 12 del Decreto 098 de 2014 son competencia operativa de la Policía Metropolitana para efectos de su preservación y que han sido incorporadas al inventario de Bienes del Distrito por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP mediante Resolución No. 263 de fecha 30 de agosto de 2012 y actualizado mediante Resolución No. 020 de fecha 7 de febrero de 2014.
Además de las zonas especiales declaradas e inventariadas por el DADEP en la Resolución 264 de fecha 30 de agosto de 2012, esta Administración declaró como zona especial -por razones de seguridad- el sector comprendido entre la Avenida Calle Ochenta (80) y la Diagonal Ochenta y Uno C Bis (81 C Bis) sobre la Carrera Setenta y Tres A (73 A) mediante Resolución No. NC 4152 de fecha 14 de junio de 2013. Por este tramo se encuentra la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO y Colegio Ateneo Juan Eudes.
Control y seguimiento a aparcaderos: Se realizaron nueve (9) operativos durante los cuales se visitaron un total de 341 aparcaderos con el fin de ejercer el control de tarifas.
Acompañamiento de jornadas de sensibilización a vendedores informales “Fundación Otro Rollo Social”
La Alcaldía Local de Engativá, suscribió el contrato No. 112 de 2013 con la Fundación “OTRO ROLLO SOCIAL”, en desarrollo del proyecto 1228 específicamente del componente “Problemática de Vendedores Informales”, a fin de censar a esta población en la localidad. Una vez terminado el censo, se llevó a cabo en toda por todo el territorio una serie de reuniones, en total nueve (9) con la población censada para la respectiva sensibilización con el acompañamiento del IPES, la Dirección de Seguridad y Convivencia de la Secretaría de Gobierno, la Coordinación del Grupo de Gestión Jurídica de la Alcaldía Local, el contratista y el supervisor del contrato.
Situación jurídica actual de los vendedores informales
De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 79 de 2003, es un principio general del Código de Policía la supremacía formal y material de la Constitución y el respeto a los Derechos Humanos; así mismo, son valores fundamentales para la convivencia ciudadana la solución de los conflictos mediante el diálogo, la conciliación y la responsabilidad de todos en la conservación del ambiente, el espacio público, la seguridad y el patrimonio cultural.
De igual manera, el artículo 80 del Código de Policía de Bogotá señala que la ocupación indebida del espacio público construido no sólo es un factor importante de degradación ambiental y paisajística, sino que entorpece la movilidad vehicular y peatonal y pone en peligro la vida, la integridad y el bienestar de las personas. En estas normas así como en el decreto 463 de 2003, se establecen criterios para el uso regulado, ordenado y controlado del Espacio Público.
De otra parte, la Corte Constitucional en sentencia T-772 de 2003, le señala a la Administración Distrital la forma en la cual debe adelantar las diligencias de preservación y restitución del espacio público en atención a la crisis social y económica actual, atendiendo los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y trato digno del ser humano, en desarrollo de los principios del Estado Social de Derecho. Este marco de referencia pone en evidencia la necesidad de conciliar el derecho colectivo al espacio público con el derecho al trabajo.
La Corte Constitucional en la citada providencia resalta que las políticas, programas o medidas estatales cuya ejecución se convierta en una fuente de pobreza para los afectados, y que no prevean mecanismos complementarios para contrarrestar en forma proporcionada y eficaz dichos efectos negativos, resultan injustificables a la luz de los principios constitucionales del Estado Social de Derecho y a las obligaciones internacionales del país en materia de promoción de los derechos económicos, sociales, culturales, así como a la luz del principio constitucional del Estado Social de Derecho y sus diversas manifestaciones a lo largo de la Carta.
Por lo mismo, el diseño y la ejecución de tales políticas, programas o medidas, en su versión actual, constituyen un desconocimiento del deber estatal de erradicar las injusticias presentes y mejorar las condiciones de vida de la población, dado su carácter intrínsecamente regresivo, no encuentra soporte alguno en el marco constitucional instaurado en Colombia a partir de 1991.
Por medio de la Sentencia SU-360 de 1999, la Corte Constitucional considera que: "Pese a que, el interés general de preservar el espacio público prima sobre el interés particular de los vendedores ambulantes y estacionarios, es necesario, según la jurisprudencia, conciliar proporcional y armoniosamente los derechos y deberes en conflicto".
En fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y ratificado por el Consejo de Estado a la acción popular número 25000-23-15-000-2003-02530-01, se conmina al Alcalde Mayor de Bogotá D.C a "la inmediata conformación del COMITÉ DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA DISTRITAL DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO de que trata el Plan Maestro de Espacio Público, el cual, una vez reunido, establecerá su reglamento y procederá como primera medida a poner en marcha el Programa de Creación del Marco Regulatorio del Aprovechamiento del Espacio Público (...)
En consecuencia de lo anterior, se dio inicio a un proceso de concertación, análisis y evaluación de las políticas, programas y medidas referidas al espacio público y ventas ambulantes, con el fin de adelantar acciones que garanticen efectivamente el cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional en la mencionada providencia.
Para ello se procedió, previa convocatoria de los representantes de los vendedores informales, a instalar la Mesa de Trabajo para la Concertación, buscando su participación activa en los procesos de evaluación y seguimiento de las políticas de recuperación del espacio público, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 456 de fecha 11 de octubre de 2013 mediante el cual se adopta el marco regulatorio del aprovechamiento económico del espacio público del Distrito Capital, programa que pretende la creación de las Zonas de Aprovechamiento Económico Reguladas Temporales (ZAERT).
Las ZAERT se definen en el decreto como zonas de espacio público determinadas, delimitadas y reglamentadas, destinadas para las actividades temporales de aprovechamiento económico que realizan las personas pertenecientes a la población de vendedores informales, vinculadas a los programas del Instituto para la Economía Social (IPES) o el que haga sus veces. Estas zonas hacen parte de la Red Pública para la Prestación de Servicios al Usuario del Espacio Público y no constituyen per se la política de atención a la población de vendedores informales.
El artículo 14° del Decreto 456 determina que las modalidades por las cuales se hace el aprovechamiento económico se relacionen con la permanencia temporal del aprovechador o usuario final en el espacio público y se clasifican en tres grupos, así: aprovechamiento económico de largo plazo, mediano plazo y corto plazo. A su vez, estos grupos se relacionan con los instrumentos de administración por medio de los cuales se le entrega el espacio público al aprovechador.
A continuación la norma explica cada una de las modalidades y es así como el artículo 15°se refiere a las zonas de Aprovechamiento económico de largo plazo en el Espacio Público. Esta modalidad aplica para las actividades de aprovechamiento económico de largo plazo mencionadas en el literal a) del numeral 6.2 del artículo 6 del decreto, que requieren la utilización de mobiliarios permanentes en el espacio público para su aprovechamiento económico e incluye en general todas aquellas actividades que se desarrollen en los elementos del espacio público que por su uso son susceptibles de aprovechamiento económico de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial y lo establecido en el presente decreto; esta modalidad comprende un periodo superior a los cinco (5) años.
El mobiliario urbano destinado para el aprovechamiento económico del espacio público de paraderos para el transporte público, Kioscos, puntos de encuentro y demás que se establezca será administrado por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) de forma coordinada con la entidad gestora y/o administradora correspondiente.
El artículo 16° regula las zonas de aprovechamiento económico de mediano plazo en el Espacio Público. Aplica, entre otras, para las actividades de aprovechamiento económico temporales de las características mencionadas en el literal b) del artículo 6.2 de este decreto, las cuales se ejercen en las ZAERT, cuya reglamentación está a cargo del IPES.
En el caso de las ZAERT, la titularidad de la actividad la detenta el Distrito, teniéndose como tal la existencia misma de la ZAERT, en consecuencia la zona podrá durar el tiempo que la administración estime conveniente, de conformidad a los estudios que la sustenten y en el caso de la toma de decisiones al respecto prevalecerá el interés general ante el particular. Por otra parte, en cuanto al usuario final o aprovechador, es decir la persona en condición de vulnerabilidad dedicada a las ventas en espacio público a la cual el IPES le otorga un espacio dentro de la ZAERT, no podrá permanecer en el espacio público por un periodo superior a los cinco (5) años continuos; en caso contrario, se tomarán las fracciones de tiempo en las que ha hecho uso del espacio público, cuya sumatoria no podrán exceder el término aquí señalado. Las actividades de mediano plazo son aquellas que se desarrollan en un término superior a un año y que no excedan los cinco (5) años.
Finalmente el artículo 17° trata de las zonas de aprovechamiento económico de corto plazo en Espacio Público. Esta modalidad aplica, entre otras, para el desarrollo de actividades tales como: eventos temporales que hacen los particulares o entidades públicas, dentro de los espacios definidos en este decreto y limitados a los usos permitidos. Igualmente, para las que se ejercen dentro del marco de Operaciones integrales de recuperación del espacio público consagradas en el artículo 29 del Decreto Distrital 215 de 2005 y para los campamentos de obra. Estas actividades no podrán superar un (1) año de duración. Para el desarrollo de las actividades se requiere de la celebración de los correspondientes contratos. Duración de los eventos temporales: se realizan en un día específico de la semana hasta por cuarenta y cinco (45) semanas al año, o por periodos cuya duración no podrá exceder de quince (15) días continuos, en cuyo caso podrán efectuarse tres (3) eventos en un mismo espacio público al año. Esta disposición es de obligatorio cumplimiento para los administradores del espacio público. También es posible la realización de eventos por horas en un mismo espacio público.
El decreto reglamenta más adelante la clase de contratos que debe realizar en cada una de las modalidades con los requisitos respectivos, de tal modo, que en el artículo 21° para la modalidad de mediano plazo, se establece para el IPES el término y los documentos que debe presentar a la Comisión Intersectorial del Espacio Público, teniendo en cuenta que esta modalidad aplica para las actividades comerciales realizadas por la población de vendedores informales, reguladas por el Instituto para la Economía Social (IPES) y desarrolladas en las Zonas de Aprovechamiento Económico Reguladas Temporales (ZAERT).
En coherencia con lo desarrollado en el decreto en comento, es pertinente aclarar que la política de atención a la población de vendedores informales está en cabeza del IPES, y tiene como objetivo la inclusión de las personas en procesos de formalización que arrojen como resultado una disminución progresiva de los índices de ocupación indebida del espacio público. Para el desarrollo de éste propósito el Distrito regula la creación de las ZAERT.
El IPES tiene entonces un término de seis (6) meses, contados a partir de la entrada en vigencia del decreto, para presentar los documentos contentivos de la reglamentación de éstas zonas a la Comisión Intersectorial de Espacio Público. El trabajo del IPES contará con el apoyo de las Alcaldías Locales en la construcción de la regulación de las ZAERT.
Como quiera que dicha entidad cuenta con el registro general denominado RIVI, era necesario actualizarlo con apoyo de las Alcaldías Locales para lo cual en el caso específico de la Alcaldía Local de Engativá, se suscribió el contrato No. 112 de 2013con la Fundación “OTRO ROLLO SOCIAL”, en desarrollo del proyecto 1228 específicamente del componente “Problemática de Vendedores Informales”, a fin de censar la población de vendedores informales de la localidad quienes a la postre serán los beneficiarios o aprovechadores de dichos espacios.
Una vez terminado el censo, se llevó a cabo en toda la localidad una serie de reuniones, en total nueve (9) con la población censada para la respectiva sensibilización con el acompañamiento del IPES, la Dirección de Seguridad y Convivencia de la Secretaría de Gobierno, la Coordinación del Grupo de Gestión Jurídica de la Alcaldía Local, el contratista y el supervisor del contrato.
En desarrollo de la ejecución del mencionado contrato se hizo el censo de la población de vendedores de todos los sectores de la localidad y una vez terminadas las jornadas de sensibilización se rindió el informe correspondiente por parte de la contratista OTRO ROLLO SOCIAL junto con el censo del total de vendedores informales, que fueron remitidos al IPES por parte de la Alcaldía Local, terminada la etapa de ejecución contractual, para continuar con el proceso de las ZAERT de la localidad.
De esta manera se prestó apoyo al IPES en desarrollo del proceso de concertación, análisis y evaluación de las políticas, programas y medidas referidas al espacio público y ventas ambulantes, con el fin de adelantar acciones que garanticen efectivamente el cumplimiento de lo ordenado tanto por la Corte Constitucional en la providencia Sentencia SU-360 de 1999, como por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado dentro de la acción popular número 25000-23-15-000-2003-02530-01.
Aunque por disposición del artículo 7 del Decreto 098 de 2004 en el cual se otorga la facultad a los Alcaldes Locales para adelantar las actuaciones administrativas que se señalan en el artículo 8 de la misma norma, se deben implementar y cumplir los presupuestos que señala el artículo 9 del decreto en comento siguientes presupuestos, antes de iniciar las respectivas actuaciones administrativas:
Determinar la zona o sector objeto de restitución.
Consultar al IPES sobre el número de alternativas económicas y programas disponibles, para adelantar la actuación administrativa de que trata el artículo 8 del Decreto 098 de 2004.
Coordinar con la Secretaría de Gobierno la implementación de las medidas de recuperación del espacio público y el inicio de las actuaciones administrativas formulando para tal efecto un plan de recuperación del espacio público en su Localidad.
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References: artículo 12
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
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 artículo 80
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 6
 artículo 16
 artículo 6
 artículo 17
 artículo 29
 artículo 21
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 8