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Timestamp: 2019-10-15 05:11:25+00:00

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﻿ SENTENCIA SL1208-2018/57826 DE ABRIL 18 DE 2018
SENTENCIA SL1208-2018 DE 18 DE ABRIL DE 2018
CONTENIDO:FIGURA DE LA CONFESIÓN SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE INDIVISIBILIDAD. SE EXPLICÓ QUE A LA FIGURA DE LA CONFESIÓN LA RIGE POR EL PRINCIPIO DE INDIVISIBILIDAD. ES DECIR, ESTE MEDIO PROBATORIO DEBE ACEPTARSE CON LAS MODIFICACIONES, ACLARACIONES Y EXPLICACIONES CONCERNIENTES AL HECHO CONFESADO, A MENOS QUE EXISTA UN MEDIO DE CONVICCIÓN QUE LAS DESVIRTÚE. DE IGUAL FORMA, LA CONFESIÓN JUDICIAL ES LA QUE SE HACE A UN JUEZ, EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, Y LAS DEMÁS SON EXTRAJUDICIALESQUE LA CONFESIÓN JUDICIAL PUEDE SER PROVOCADA O ESPONTÁNEA, QUE ES PROVOCADA LA QUE HACE UNA PARTE EN VIRTUD DE INTERROGATORIO DE OTRA PARTE O DEL JUEZ, CON LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD. FINALMENTE, DEBE VERSE COMO UNA UNIDAD INESCINDIBLEPOR TANTO, CUANDO EL RECONOCIMIENTO EN ELLA CONTENIDO ES CATEGÓRICO Y ASERTIVO DEL HECHO CONFESADO, O SEA, SIN ADICIÓN ALGUNA, ESTAMOS FRENTE A LO QUE HA DADO EN LLAMARSE CONFESIÓN PURA Y SIMPLE. ADEMÁS DEL RECONOCIMIENTO DEL HECHO SE AGREGAN POR EL CONFESANTE EXPRESIONES QUE MODIFICAN, ACLARAN O EXPLICAN EL HECHO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRUEBA DE CONFESIÓN, CONFESIÓN, CAPACIDAD DE CONFESIÓN, REQUISITOS DE LA CONFESIÓN, CONFESIÓN JUDICIAL, VALORACIÓN DE LA CONFESIÓN JUDICIAL
Sentencia SL1208/57826 de abril 18 de 2018
Rad.: 57826
SL1208-2018
Decide la sala el recurso de casación interpuesto por Delia Pizarro De Rubiano, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., el 28 de junio de 2012, en el proceso que instauró contra el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
Delia Pizarro de Rubiano, llamó a juicio al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, con el fin de que fuera condenado, previa indexación del ingreso base de liquidación, al reconocimiento y pago de la pensión sanción de jubilación, causada por el despido sin justa causa con más de 10 y menos de 15 años de servicios, del que fue sujeto su esposo Isidro María Rubiano, y, como consecuencia del fallecimiento de este, ocurrido el 14 de septiembre de 2008, se ordenara en su favor, la sustitución pensional a que tiene derecho, en condición de cónyuge sobreviviente; solicitó además, que tales valores sean debidamente indexados a la fecha del pago, los intereses moratorios previstos en el art. 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas.
Fundamentó sus peticiones en que: el señor Isidro María Rubiano nació el 6 de diciembre de 1931, prestó servicios a los Ferrocarriles Nacionales de Colombia entre el 12 de agosto de 1949 y el 3 de marzo de 1964, fecha en la que fue despedido sin justa causa, y para la cual contaba 14 años 5 meses y 28 días de servicios continuos, con un salario promedio base de liquidación de $ 1.123.03; por los ritos católicos contrajo matrimonio con el señor Rubiano, el 22 de mayo de 1968, vínculo matrimonial en el que se procrearon dos hijos, mayores e independientes para la fecha de la presentación de la demanda, y que se mantuvo vigente hasta el fallecimiento de aquel, ocurrido el 14 de septiembre de 2008.
Para finalizar, relató que presentaron reclamación administrativa sin respuesta positiva (f.º 3 a 8 del cuaderno de instancias).
En providencia del 13 de abril de 2012, por extemporaneidad, se dispuso tener por no contestada la demanda, advirtiendo el a quo, que estimaría tal conducta como indicio grave en contra de la demandada. (f.º195 del cuaderno de instancias).
El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, D.C., puso fin al trámite y, en fallo del 8 de mayo de 2012 condenó a la demandada a reconocer y pagar a la demandante, pensión de sobrevivientes a partir del 15 de septiembre de 2008, en cuantía de $ 584.225; los intereses moratorios establecidos en el art. 141 de la Ley 100 de 1993 a partir del 30 de noviembre de 2011, hasta que se efectúe el pago y, a las costas del proceso, incluyendo en ellas la suma de $ 5.000.000 como agencias en derecho. (CD a f.º 210 del cuaderno de instancias).
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., resolvió el recurso de la demandada en fallo del 28 de junio de 2012, en el cual revocó la decisión del a quo, no impuso costas de la instancia, pero condenó a la demandante a las de primer grado (CD a f.º 216 del cuaderno de instancias).
En lo que interesa al recurso extraordinario, el tribunal luego de hacer un resumen de las pretensiones y los hechos de la demanda, así como de la decisión de primera instancia y del recurso de la demandada, fijó como objeto de su estudio y decisión dos puntos, el primero, determinar si el señor Isidro María Rubiano, dejó satisfechos los requisitos previstos en el art. 8º de la Ley 171 de 1961, para causar en su favor el derecho a la pensión sanción de jubilación y como segundo, establecer si la demandante tiene derecho a la pensión de sobrevivientes reclamada.
Para dar respuesta a los interrogantes, del análisis de las pruebas aportadas, tuvo como probados los siguientes hechos: la existencia y vigencia de relación laboral de Isidro María Rubiano con los Ferrocarriles Nacionales de Colombia y sus extremos temporales, para un total de 14 años 5 meses y 26 días de servicio, el cargo de Jefe de estación desempeñado por el trabajador, la última asignación salarial de $ 678.000; la fecha de nacimiento de aquel el 6 de diciembre de 1931, el cumplimiento de los 60 años de edad el mismo día y mes del año 1991, así como el fallecimiento ocurrido el 14 de septiembre de 2008; el matrimonio de la demandante y el señor Rubiano en el año 1968 y la convivencia de estos hasta la fecha del fallecimiento, este último hecho, de la declaración de Alexandra Patricia Rubio; la negativa de la pensión vitalicia de jubilación, bajo el argumento de la terminación del contrato por justa causa.
Luego de referirse al texto del art. 8º de la Ley 171 de 1961 y dar lectura a la reclamación administrativa de la demandante, señaló que el requisito de tiempo de servicios para que el causante pudiera acceder a la pensión sanción de jubilación se encontraba debidamente acreditado, pero no así, la condición de que el contrato de trabajo hubiere terminado sin justa causa, pues la actora en su escrito de reclamación (f.º 151 del cuaderno de instancias) aceptó que su cónyuge retuvo dineros de la empresa, los cuales, aclaro, fueron entregados al día siguiente, hecho este que fue precisamente el que generó la terminación del contrato de trabajo y que se encuentra consagrado como justa causa para ello en la ley.
De lo precedente estimó, que al aceptar la demandante en un documento proveniente de ella misma, el hecho que se le imputó al entonces trabajador como justa causa para el despido, y, por haber transcurrido más de 40 y casi 50 años, la imposibilidad de otro medio de prueba, al que normalmente acuden quienes tienen la carga de la prueba como es la testimonial, se encontraba probada la justa causa para el despido alegada por la demandada en el acto administrativo de 1964 y, en la defensa en este proceso.
Como consecuencia, concluyó que no se acreditó una de las condiciones a las que se sujetaba la causación del derecho a la pensión sanción pretendida y, por ello, procedía la revocatoria de la decisión de primer grado, como en efecto lo decidió.
Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia atacada, en sede de instancia confirme la de primer grado y, se provea lo que en derecho corresponda respecto de las costas.
Acusa la sentencia por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los arts. 1º, 9º, 10, 13, 16, 18, 21, 488 y 489 del CST; 2º, 11, 36 y 49 de la Ley 6º de 1945; 18, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 48 y 49 de Decreto 2127 de 1945; 2º de la Ley 65 de 1946; 1º, 2º y 6º del Decreto 1160 de 1947; 8º y 12 de la Ley 171 de 1961; 12, 21, 22 y 32 del Decreto 1611 de 1962; 27, 28, 29, 39 y 41 del Decreto 3135 de 1968; 68, 72, 73, 74, 80 y 92 del Decreto 1848 de 1969; 20 del Decreto 434 de 1971; 47 del Decreto 1045 de 1978; 1º de la Ley 113 de 1985; 3º de la Ley 71 de 1988; 46, 47, 74 y 141 de la Ley 100 de 1993; transgresión en la que incurrió al cometer violación de medio de los arts. 177, 194, 195, 273 y 274 del CPC y de los arts. 60, 61 y 145 del CPTSS.
Le endilga como errores de hecho los siguientes:
A. No dar por demostrado estándolo que al señor ISIDRO MARIA RUBIANO (QEPD), los FERROCARRLES NACIONALES DE COLOMBIA lo despidió sin justa causa.
B. Haber dado por demostrado sin estarlo que los FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, al señor ISIDRO MARIA RUBIANO (QEPD), lo despidió con justa causa. (Negrillas en l original)
Señala que a los anteriores errores llegó el tribunal, por haber apreciado indebidamente los siguientes documentos auténticos:
La demanda inicial (f.º 14 al 21); Resolución 734 del 4 de octubre de 1986 (f.º 24 y 25); DPE 004380 del 30 de noviembre de 1998 (f.º 30 y 31); DPE 00216 del 25 de enero de 1999; Resolución 734 del 14 de octubre de 1986 (f.º 57 a 59); registro civil de matrimonio (f. 68); declaraciones bajo juramento sobre la convivencia de los cónyuges (f.º 70 y 71), documento del 22 de junio de 2010, que indica que el causante fue despedido con justa causa (f.º 76 a 78); boletín de retiro Nº 00839 del 3 de marzo de 1964 (f. 110) y, la reclamación administrativa elevada por la demandante (f.º 151 a 143).
Al desarrollar el cargo, indica que el fundamento de la sentencia impugnada, fue el de haber considerado que el despido del señor Isidro María Rubiano, se produjo por justa causa, conclusión que respaldó con la carta suscrita por la actora el 30 de mayo de 2011 dirigida a la demandada, visible a folios 151 a 153 del plenario, de la que afirmó que la propia actora había aceptado la conducta grave, irregular e incorrecta de su esposo, consistente en no entregar unos recaudos recibidos.
Precisa, que la demandante probó todos y cada uno de los hechos en que fundó sus pretensiones, que la demandada no desvirtuó y, que si el tribunal hubiese analizado la demanda inicial, al igual que los folios 24 a 25, 30 a 31, 32 a 34, 57 a 59, 76 a 78, 110 y 151 a 153, habría inferido, que lo único cierto que revelan tales documentales, es que el causante fue despedido de manera injusta, pues el boletín de retiro visible a folio 110 del plenario, solo tiene la virtualidad de probar el hecho del despido, mas no su justeza.
Afirma, que el ad quem incurrió en los yerros fácticos señaldos, al haber dado a la manifestación de la demandante, consignada en la reclamación administrativa, el carácter de confesión, sobre la supuesta responsabilidad de su cónyuge, en los hechos imputados por los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, para sustentar el despido, pues tales afirmaciones, no podían ser consideradas como una confesión judicial, y mucho menos como testimonio, al no haberse realizado ante funcionario judicial, con las formales legales.
Para concluir, expresa que el tribunal no se percató, de la ausencia de prueba que acreditara que el causante incurrió en la justa causa invocada por la empleadora para la terminación de su contrato de trabajo pues, el boletín de retiro o novedad de personal, únicamente da fe del despido, pero, no suple la falencia en el informativo de la demostración de su justeza, por lo que al no cumplir la demandada con la carga de probar que en efecto el despido se produjo por justa causa, debe inexorablemente asumir la responsabilidad de la condena por pensión sanción.
La oposición aduce que los argumentos expuestos por la recurrente, no son suficientes para casar la sentencia impugnada.
Afirma, que el tribunal para resolver el asunto en estudio, invocó como marco normativo el art. 8º de la Ley 171 de 1961 en la cual se establecen los requisitos para acceder a la pensión sanción, así como el Decreto 2127 de 1945 en cuanto regula las relaciones laborales de trabajadores oficiales y se establecen las causas de terminación justa y el artículo 177 del Código Procesal, que establece la carga probatoria en este asunto, por tanto, dice, yerra el recurrente al afirmar que el ad quem aplicó indebidamente las demás disposiciones que enlista en el cargo.
Insiste, en que el hecho de despido y su justa causa, los probó con el boletín de retiro en el que se expresó el motivo del mismo, que consistió en la retención indebida de fondos de la empresa, y que esa conducta constituía justa causa para el despido, de conformidad con el artículo 7º numeral 2º parágrafo 1º del Código del Trabajo del Consejo Administrativo de los FF.CC.NN, en concordancia con el Decreto 2127 de 1945 en su artículo 48 numeral 8º en concordancia con el artículo 122 letra A, numeral 9 del Reglamento General de Trabajo de la empresa y, que la demandante en el escrito de reclamación administrativa, reconoció el hecho generador del despido.
El único soporte probatorio del fallo atacado, para revocar la decisión de primera instancia, se encuentra en la apreciación de una parte de la documental de folios 151 a 153, que corresponde a la comunicación del 30 de mayo de 2011, en la cual, la demandante elevó solicitud a la demandada, procurando el pago de la pensión de sobrevivientes y, en uno de sus apartes señaló:
Quiero manifestar aquí, que mi esposo la única falla que tuvo en la época de su despido fue por los motivos de que (sic), como recaudador de los dineros de la estación Buenos aires (sic) Tolima, el (sic) tenía su horario de trabajo como cualquier empelado oficial, fue así que el recaudador de dineros el cual enviaban en un tren por dicho dinero, este tren tuvo problemas en la línea y no pudo llegar a la hora acordada para recoger el dinero. Mi difunto esposo guardó el dinero y al día siguiente lo entrego (sic) cumpliendo de esta manera con el deber que tenía con la empresa. Como (sic) es posible que por este motivo de no entregar el dinero en horas de la noche porque su jornada laboral había finalizado pero cumplió su labor en horas de la mañana del día siguiente, no era motivo para cometer dicho despido injusto pues mi esposo no hizo nada fuera de sus labores salvo guardar los dineros de la empresa hasta el otro día para que el respectivo funcionario los pudiera recoger.
Al texto anterior, el fallador de segunda instancia le otorgó valor de confesión, cuando concluyó que el mismo contenía la aceptación de la demandante, de que su cónyuge incurrió en la conducta que su empleador le imputó para el despido y, que por lo mismo, se comprobó la justa causa, cuya prueba echó de menos el juez de primera instancia.
Contrario a lo concluido por el juez colegiado, para la sala, lo expresado por la demandante en el aparte del referido escrito de reclamación administrativa, no constituye la aceptación de un hecho y menos, una confesión sobre la conducta violatoria que le fuera imputada a su esposo como fundamento de la terminación del contrato de trabajo y por ello, que se haya probado la justeza de la causa del despido.
Lo anterior, por cuanto la demandante: i). no era la titular del derecho a la pensión sanción y por ello, no tenía capacidad para hacerla, ni poder dispositivo sobre el mismo, que, de las documentales obrantes al proceso y referidas en la censura, se concluye en varias ocasiones reclamó su cónyuge, invocando la terminación del contrato sin justa causa. ii). los hechos referidos en dicho aparte, no le podían producir consecuencias jurídicas adversas a la demandante por cuanto, en los siguientes apartes de la misma comunicación, los discutió, con argumentos según los cuales, tenía entendido la demandada violó los derechos constitucionales, legales y extralegales de su esposo, y por lo mismo, tal referencia infirmada no podía favorecer a la demandada; iii). no fue expresa, consciente y libre; iv). lo expuesto en el documento no fueron hechos personales de la demandante, y por último, v). no fue debidamente probada, siendo una manifestación extrajudicial, por lo cual, resulta evidente, que no se cumplieron las condiciones previstas por el 195 del CPC, aplicable por remisión analógica expresa del art. 145 del CPTSS.
De lo dicho en precedencia, concluye la sala que le asiste razón a la censura, pues resulta evidente que el Juez de la alzada erró, con la apreciación parcial y descontextualiza que hizo del pluricitado documento en que edificó su decisión, y que lo condujo, contrario a lo que el mismo contiene, a dar por acreditada la justa causa del despido y por ello, a revocar la decisión de primera instancia.
Esta corporación ha establecido que la confesión se encuentra regida por el principio de la indivisibilidad, lo que implica que debe aceptarse con las modificaciones, aclaraciones y explicaciones concernientes al hecho confesado, a menos que exista medio de convicción que las desvirtúe. Así fue dispuesto en CSJ SL, 31 may. 2011, rad. 36617, en la que se señaló:
Pues bien, intentando no ser exhaustivos en el tema, que es más de ribetes jurisprudenciales y doctrinales que legales, pues el legislador se limita a asentar que la confesión judicial es la que se hace a un juez, en ejercicio de sus funciones, y las demás son extrajudiciales; que la confesión judicial puede ser provocada o espontánea, que es provocada la que hace una parte en virtud de interrogatorio de otra parte o del juez, con las formalidades establecidas en la ley, y espontánea la que se hace en la demanda, su contestación o en cualquiera otro acto del proceso sin previo interrogatorio (CPC, art. 194), lo cierto es que la confesión es percibida hoy por la doctrina, en los campos del derecho civil y laboral, entre otros, no solo como la prueba de un hecho, o el medio de prueba de este, o una expresión de un negocio jurídico del cual pueden surgir obligaciones para el confesante, sino también, como un verdadero eximente de prueba, en el entendido de que, si un hecho aparece confesado, salvo disposición legal en contrario, como sucede cuando la ley establece ciertas formalidades de los actos jurídicos como requisitos ad sustantiam actus o como elementos ad probationem, la existencia del hecho quedará por fuera del debate probatorio como parte que pasará a ser de la verdad del proceso (relevatio ab onore probandi).
Consecuentemente, se casará la sentencia atacada.
Sin costas, dada la prosperidad del recurso extraordinario.
Previo a proferir la decisión de primera instancia, el a quo concretó, como objeto de la controversia a resolver, en primer lugar, determinar si el trabajador que prestó servicios al empleador por más de diez años y menos de quince y, que fue despedido sin justa causa, cuando cumpliera los 60 años de edad tendría derecho a la pensión sanción de jubilación de conformidad con lo previsto por art. 8º de la Ley 171 de 1961.
Luego de mencionar los requisitos exigidos por la referida disposición, concluyó que en el caso del señor Isidro María Rubiano —cónyuge de la demandante—, los mismos se encontraban acreditados con las documentales obrantes en el plenario, de las que tuvo por establecido que:
i). Aquel prestó servicios a los Ferrocarriles Nacionales de Colombia por un tiempo mayor a 14 años y.
ii). La terminación del contrato de trabajo se probó con el boletín de personal 839 del 5 de marzo de 1964 que obra a folios 110, en el que la demandada adujo que se produjo por justa causa, de acuerdo con lo establecido en el Código del Trabajo del Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, así como lo dispuesto en el decreto 2127 de 1945.
iii). el expediente no existe prueba alguna que demuestre que el señor Rubiano incurrió en la causal aducida, desconociéndose las circunstancias de tiempo modo y lugar en que supuestamente el trabajador despedido incurrió en la conducta endilgada, lo que llevó considerar que el despido ocurrió sin justa causa y tener acreditado así, el segundo de los requisitos exigidos para la pensión sanción. En cuanto a la edad, determinó que aquel cumplió los sesenta años el 6 de noviembre de 1991.
De acuerdo con lo anterior, concluyó que el ex trabajador, sí causó el derecho a la pensión sanción de jubilación, la que era exigible a partir de la fecha en que cumplió los sesenta años de edad, y por ello, procedió a su liquidación con base en el promedio de los salarios devengados en el último año de servicio, el que luego de actualizar al 6 de noviembre de 1991, fijo en $ 126.965, suma a la cual aplicó una tasa de remplazo del 54.33%, para obtener un monto pensional de $ 68.980 para diciembre de 1991.
En segundo lugar, para determinar si a la demandante le correspondía el derecho a la sustitución pensional, que reclamó por la muerte de su cónyuge, expuso que, como el deceso ocurrió el 14 de septiembre 2008, la norma aplicable era el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el art. 13 de la Ley 797 de 2003, que establece quienes son beneficiarios de pensión de sobrevivientes, cuyas condiciones encontró acreditadas así: la de cónyuge del causante, con el registro civil de matrimonio que obra a folio 68 y, para la convivencia, señaló, que se acreditó con la confesión ficta de la que fuera objeto la demanda, sobre los hechos 6, 7, 8 y 9 de la demanda, que no fue desvirtuada en el curso del proceso y, que fue confirmada con la declaración de la señora Alexandra Patricia Rubio de Tamayo.
De lo precedente concluyó que la demandante tenía derecho y por ello condenó a la demandada a pagarle a la sustitución pensional partir del 14 de septiembre de 2008, —fecha del fallecimiento del pensionado— en cuantía de $ 584.225 pesos; así mismo, la condenó a pagar los intereses moratorios, a partir del día 30 de noviembre de 2011.
La demandada, inconforme con la decisión interpuso el recurso de apelación, el que fundamentó en que, el señor Rubiano laboró para los Ferrocarriles Nacionales de Colombia por 14 años 5 meses 26 días y que, revisados los antecedentes que obran en el expediente administrativo se puede constatar que según boletín de personal Nº 00839 de marzo 5 de 1964 el señor fue despedido por justa causa, al haber retenido de manera indebida de fondos de la empresa conducta que se encontraba consagrada como tal en el artículo séptimo numeral 2º parágrafo 1º del Código de Trabajo del Consejo administrativo de Ferrocarril de Colombia y en el Decreto 2127 de 1945 artículo 48 numeral 8º y artículo 122 letra a numeral 9º del reglamento general del trabajo, decisión que se adoptó luego del trámite disciplinario correspondiente.
Señaló que no estaba de acuerdo con el testimonio que se trajo al juicio, toda vez que la convivencia debe probarse con pruebas que den certeza de ello y que la testigo, en su relato no se refirió a ningún hecho que diera certeza sobre convivencia ni la dependencia económica de la demandante y, que en el expediente reposan declaraciones que dicen totalmente lo contrario.
La Sala considera, que los argumentos expuestos por el apelante, no resultan suficientes para la prosperidad de su impugnación pues, si bien discute la decisión de primer grado, en cuanto a la terminación del contrato de trabajo, no identifica prueba alguna con la cual habría acreditado la causal alegada y por lo mismo, no logra demostrar la justeza del despido cuya prueba echó de menos el a quo.
De otra parte, en cuanto a la sustitución pensional, la discusión que plantea en su recurso se sustentó en dos aspectos a saber, i). que la demandante no demostró la dependencia económica del causante y ii), que no demostró la convivencia. Para el primero de los fundamentos basta señalar, que la norma del art. 13 de la Ley 797 de 2003, no exige a la cónyuge acreditar dependencia económica. En cuanto al segundo, estima la Sala que, la sola manifestación de su desacuerdo con el dicho de la testigo y la exigencia de pruebas diferentes para la demostración de este hecho, resulta insuficiente y carente de la contundencia necesaria para derruir el fundamento de la decisión del juez singular, sin olvidar que no cuestionó la consideración de la confesión ficta que fue el soporte probatorio adicional del fallo.
Para finalizar, resalta la sala que, el recurrente guardó silencio respecto de la condena que por intereses de mora le fue impuesta, la cual mantiene su firmeza.
Lo precedente lleva a confirmar el fallo apelado en su integridad.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 28 de junio de 2012 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Delia Pizarro De Rubiano contra el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, y en sede de instancia confirma la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá el 8 de mayo de 2012.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 177
 artículo 7
 artículo 48
 artículo 122
 artículo 47
 artículo 48
 artículo 122