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Timestamp: 2017-09-24 19:15:24+00:00

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El Blog de Fred L. Alvarez: 01 diciembre 2009
Contra los minaretes votó el miedo / My compatriots’ vote to ban minarets is fuelled by fear/Tariq Ramadan, profesor suizo de Derecho Islámico y ex asesor del Gobierno británico para asuntos islámicos
Punlicado en EL MUNDO / THE GUARDIAN, 01/12/09:
No estaba pensado que las cosas tomaran esta dirección. Durante meses y meses nos habían estado diciendo que los esfuerzos para prohibir la construcción de minaretes en Suiza estaban condenados al fracaso. Las encuestas más recientes parecían indicar que alrededor de un 34% de la población suiza votaría a favor de esta lamentable iniciativa. El pasado viernes, en un mitin organizado en Lausana, más de 800 estudiantes, profesores y ciudadanos no tenían la más mínima duda de que el referéndum se saldaría con el rechazo de esta moción y que, en su lugar, nos centraríamos en la manera de transformar esta ridícula iniciativa en algo más positivo de cara al futuro.
El pasado domingo esa confianza se vio defraudada, porque el 57% de la población optó por lo que el partido Unión Democrática de Centro (UDC) le había instado a hacer, un preocupante indicio de que este partido populista posiblemente esté más cerca de los miedos y las expectativas de la gente. Por primera vez desde 1893, se ha aprobado en Suiza una iniciativa que singulariza a un único grupo social, con una clara naturaleza discriminatoria. Se puede conjeturar que la prohibición se rechazaría a nivel europeo, pero no por eso el resultado es menos alarmante. ¿Qué está ocurriendo en Suiza, la tierra en que nací?
Sólo hay cuatro minaretes en Suiza. ¿Por qué, entonces, ha sido ahí donde se ha lanzado esta iniciativa? Mi país, como otros muchos de Europa, se está enfrentando a una reacción nacional en contra de la reciente visibilidad de los musulmanes europeos. Los minaretes no son más que un pretexto; la UDC quería en principio lanzar una campaña contra los métodos islámicos tradicionales de sacrificio de animales, pero tenía miedo de poner a prueba la susceptibilidad de los judíos suizos, así que en su lugar dirigió su mirada hacia los minaretes como símbolo más apropiado.
Todos los países europeos tienen sus obsesiones particulares o tópicos en cuya virtud se ataca a los musulmanes europeos. En Francia son el pañuelo de cabeza o el burka; en Alemania, las mezquitas; en Gran Bretaña, la violencia; en Dinamarca, las caricaturas; en los Países Bajos, la homosexualidad, y así en todos. Es importante ir más allá de esos símbolos y comprender lo que está ocurriendo en realidad en Europa en general y en Suiza en particular: mientras los países y los ciudadanos europeos están atravesando una crisis de identidad, real y profunda, la reciente visibilidad de los musulmanes resulta problemática, y además da miedo.
En el preciso momento en el que, en un mundo de globalización y migraciones, los europeos no tienen más remedio que plantearse preguntas como ¿cuáles son nuestras raíces?, ¿quiénes somos nosotros? y ¿cuál será nuestro futuro?, ven a su alrededor unos nuevos ciudadanos, unos nuevos colores de piel, unos nuevos símbolos a los que no están acostumbrados.
A lo largo de las dos últimas décadas, se ha relacionado al islam con tantos debates polémicos (violencia, extremismo, libertad de expresión, discriminación por sexo, matrimonios a la fuerza, por mencionar sólo algunos) que a los ciudadanos normales y corrientes se les hace muy cuesta arriba aceptar esta nueva presencia musulmana como un factor positivo.
Hay miedo a raudales y una desconfianza palpable. ¿Quiénes son ésos? ¿Qué es lo que quieren? Las preguntas se formulan cargadas de recelos aún mayores, mientras se repite la idea de que el islam es una religión expansionista. ¿Acaso esas personas quieren islamizar nuestro país?
La campaña contra los minaretes se ha alimentado precisamente a base de este tipo de inquietudes y acusaciones. A los votantes se les ha atraído hacia la causa mediante un llamamiento manipulador de los miedos y las emociones populares. Había carteles que representaban a una mujer cubierta con un burka y un dibujo de minaretes a modo de armas sobre una bandera suiza colonizada. La imputación que se hacía era que el islam es incompatible con los valores suizos en todo lo fundamental (tiempo atrás, la UDC exigió que me fuera retirada la ciudadanía porque yo defendía demasiado abiertamente los valores islámicos). La estrategia mediática ha sido simple pero eficaz: provocar la polémica allí donde pudiera atizarse el fuego; extender un sentimiento de victimismo entre los suizos, del tipo de que estamos rodeados, los musulmanes están colonizándonos silenciosamente y estamos perdiendo nuestras raíces y nuestra cultura auténticas. Esta estrategia ha funcionado. La mayoría suiza está enviando a sus compatriotas musulmanes un mensaje claro: no nos fiamos de vosotros y, en nuestro caso, el mejor musulmán es el que no vemos.
¿A quién hay que echar la culpa? Llevo años repitiendo a los musulmanes que tienen que dejarse ver de manera positiva, de una forma activa y proactiva, dentro de sus respectivas sociedades occidentales.
En Suiza, a lo largo de los últimos meses, los musulmanes se han esforzado por ocultarse discretamente con la finalidad de evitar cualquier choque. Habría sido más útil crear nuevas alianzas con todas esas organizaciones y partidos políticos suizos que estaban claramente en contra de la iniciativa. Los musulmanes suizos tienen su parte de responsabilidad, pero hay que añadir que los partidos políticos, tanto en Europa como en Suiza, se han acobardado y se asustan ante cualquier política valerosa en favor del pluralismo cultural y religioso. Es como si quienes marcaran la pauta fueran los populistas y los demás les siguieran. No son capaces de afirmar que el islam es en estos momentos una religión suiza y una religión europea y que los ciudadanos musulmanes están integrados en gran medida, que nos enfrentamos a problemas comunes como el desempleo, la pobreza y la violencia, a problemas que debemos afrontar todos juntos.
No podemos echar las culpas exclusivamente a los populistas. Se trata de un fracaso a una escala más amplia, de falta de valor, de una terrible e intolerante falta de confianza en sus nuevos conciudadanos musulmanes.
Today that confidence was shattered, as 57% of the Swiss population did as the Union Démocratique du Centre (UDC) had urged them to – a worrying sign that this populist party may be closest to the people’s fears and expectations. For the first time since 1893 an initiative that singles out one community, with a clear discriminatory essence, has been approved in Switzerland. One can hope that the ban will be rejected at the European level, but that makes the result no less alarming. What is happening in Switzerland, the land of my birth?
Who is to be blamed? I have been repeating for years to Muslim people that they have to be positively visible, active and proactive within their respective western societies. In Switzerland, over the past few months, Muslims have striven to remain hidden in order to avoid a clash. It would have been more useful to create new alliances with all these Swiss organisations and political parties that were clearly against the initiative. Swiss Muslims have their share of responsibility but one must add that the political parties, in Europe as in Switzerland have become cowed, and shy from any courageous policies towards religious and cultural pluralism. It is as if the populists set the tone and the rest follow. They fail to assert that Islam is by now a Swiss and a European religion and that Muslim citizens are largely “integrated”. That we face common challenges, such as unemployment, poverty and violence – challenges we must face together. We cannot blame the populists alone – it is a wider failure, a lack of courage, a terrible and narrow-minded lack of trust in their new Muslim citizens.
Minarets are not an essential part of Islam/Taj Hargey, the chairman of the Muslim Educational Centre of Oxford and the imam of the Summertown Islamic Congregation in Oxford
THE TIMES, 01/12/09;
Muslims who have settled in Switzerland (and elsewhere in Europe) should not confuse culture with creed. To become integrated into their surroundings, they must relinquish the cultural baggage of their ancestral homelands. They should practice a Swiss Islam that is rooted in the society in which they live.
Although the Swiss have been convinced by right-wing zealots that minarets are a problem, local Muslims should not embrace a victim mentality. They must confront the toxic radicalisation of their faith that is imported from overseas.
The Wahhabi denomination (and its kindred sects), which has unlimited petrodollars and exclusive jurisdiction over Islam’s holiest mosques, engenders rampant misogyny, anti-democratic obscurantism and an archaic legal code, which includes an un-Koranic prohibition on non-Muslim religious buildings in Islamic lands. Switzerland now joins Saudi Arabia and Afghanistan in banning the buildings of non-dominant faiths.
When European Muslims unthinkingly endorse this warped theology by desiring medieval Sharia, defending honour killings, stoning to death, forced marriages, Muslim exceptionalism and a separatist society, they only invoke fear and exacerbate anti-Muslim sentiment. When Europe’s Muslims extol such un-Koranic doctrines as the niqab (face veil), they exclude themselves from the mainstream.
Only when Muslim immigrants and converts in Europe reject the twisted ideology of a fundamentalist male clergy will the chief causes of anti-Muslim prejudice in Europe recede. Meanwhile, despite the Islamophobic minaret ban, the religious rights of Swiss Muslims remain intact. They do, however, have a rare opportunity to cut the link with the dominant theology of the East and to restore Islam’s pristine beliefs.
Publicado por Fred Alvarez en 12/01/2009 No hay comentarios.:
Nació en el Distrito Federal el 4 de noviembre de 1949.
El 23 de noviembre de 2004, fue nombrado Consejero de la Judicatura Federal.
Cursó la licenciatura en derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, de 1969 a 1973, y se tituló el 25 de noviembre de 1974, con la tesis "Los alcances de la Fracción XIV del Artículo 27 Constitucional para efectos del Amparo".
Entre sus publicaciones destacan "La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación", dentro del libro "Fortalecimiento del estado de derecho", en 1997, y "El Estado de Derecho y las Leyes Inconstitucionales", en la revista del abogado, en 2004.
Además, la monografía titulada "Testimonio de un cuatrienio La modernización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", en 1998, y coautor de la obra "Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, comentada", editado por la LIX Legislatura del Senado de la República.
Es miembro permanente honorario del Instituto Mexicano del Amparo, A.C.
Dentro del Poder Judicial de la Federación ha ocupado los cargos de taquígrafo Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, y segundo secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Además, secretario de Estudio y Cuenta en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, magistrado del Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, y magistrado del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
También magistrado del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, coordinador General de Asesores de la Presidencia, secretario General de la Presidencia y Oficial Mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Secretario Administrativo de Comunicación y Difusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ocupa el cargo de Magistrado de Circuito a partir de julio de 1985 y es representante del Consejo de la Judicatura Federal en la "Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia".
Perfil: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
Abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho.
Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), profesor titular definitivo del segundo curso de derecho constitucional en la Escuela Libre de Derecho, así como profesor a nivel posgrado en la misma institución de materias relacionadas con el derecho constitucional y el derecho procesal constitucional
Además, profesor titular en las maestrías de derecho procesal constitucional y derecho constitucional y derechos humanos en la Universidad Panamericana.
Fue integrante de la Comisión Redactora del Proyecto de Nueva Ley de Amparo, creada por acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
También del Consejo Asesor de la Maestría en Derecho Administrativo y de la Regulación en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y de los comités académicos del Instituto de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Por oposición obtuvo la cátedra de derecho constitucional en la UNAM.
Es abogado postulante en materia constitucional.
Fundador y vicepresidente del Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, miembro del Comité Directivo de la Sección México del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, del Consejo Asesor de la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Panamericana, de la Barra Mexicana-Colegio de Abogados A.C. y del Consejo Asesor de la Licenciatura en Derecho del Centro de Investigación y Docencia Económicas, del Consejo Asesor del Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional.
Además, del Comité Técnico de la revista Reforma Judicial Revista Mexicana de Justicia y del Consejo Honorario de la revista La Judicatura, editada por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora.
(Del lat. centrum, y este del gr. κέντρον, aguijón, punta del compás en la que se apoya el trazado de la circunferencia).
6. m. Instituto dedicado a cultivar o a fomentar determinados estudios e investigaciones.
(Del lat. institūtum).
3. m. Organismo oficial que se ocupa de un servicio concreto.
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó este martes 1 de diciembre por unanimidad solicitar a la Mesa Directiva que turne al órgano legislativo la iniciativa para crear el Instituto Nacional de Prevención del Delito, con la finalidad de que ésta sea analizada, discutida y, en su caso, dictaminada en conjunto con la Comisión de Gobernación.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Justicia, Víctor Humberto Benítez Treviño (PRI), aseguró que es urgente crear dicho Instituto. Afirmó que profesionalizar y modernizar a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Ministerio Público y policías locales, no es prevenir. “La prevención es algo más; tiene que ver con inculcar valores a los niños y adolescentes desde el hogar”.
El diputado aseveró que el país vive en un “brutal deterioro” del esquema axiológico de la célula central que es la familia, la cual amenaza con derruir los cimientos de la sociedad.
Por lo anterior, reiteró la necesidad de contar en el país con un Instituto Nacional de Prevención del Delito, el cual esté sectorizado a la Secretaría de Gobernación.
El legislador indicó que de dicho instituto contará con una oficina central en el Distrito Federal y cinco oficinas regionales delegacionales, las cuales se encargarán que haya prevención del delito en el interior de la República.
Benítez Treviño comentó que la oficina central del instituto de prevención del delito contará con un presupuesto de 221 millones 833 mil pesos para su creación, instalación y funcionamiento. Además, señaló que las salas regionales serán financiadas con 18 millones 917 mil pesos.
Sin embargo, la propuesta ya fue turnada a comisiones desde el pasado 8 de octubre; concretamente la iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Aquí pudiera darse una situación de duplicación de funciones debido a que ya existe un Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, dependiente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la cual es titular Jorge Tello Peón. Y de acuerdo con la normatividad depende desde el 26 de octubre de la SEGOB:
Dice el decreto del lunes 26 de octubre:
Artículo 13.- El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana además de las atribuciones que le confiere la Ley, tendrá las siguientes:
I. Coordinar y desarrollar campañas con la finalidad de prevenir la comisión de conductas ilícitas;
II. Promover la colaboración ciudadana en la prevención del delito;
III. Promover el intercambio de experiencias en materia de prevención del delito con instituciones nacionales y extranjeras;
IV. Promover la participación ciudadana en materia de cultura de la legalidad;
V. Participar en la promoción de la participación ciudadana en el marco del Programa Nacional de Seguridad Pública;
VI. Desarrollar programas, políticas y lineamientos en materia de prevención social del delito;
VII. Someter a consideración del Secretario Ejecutivo los lineamientos de prevención social del delito que serán propuestos al Consejo Nacional;
VIII.Impulsar el establecimiento y operación de sistemas de vigilancia y de seguimiento de los fenómenos delincuenciales locales, para identificar zonas de riesgo, grupos vulnerables, víctimas, victimarios y propiciar las acciones debidas en la prevención y el control de los hechos violentos o delictivos;
IX. Difundir mediante cualquier medio en coordinación con el Centro Nacional de Información los servicios de llamadas de emergencia y de denuncia anónima;
X. Determinar los lineamientos, criterios y procedimientos mediante los cuales la Federación, las entidades federativas y los municipios, deberán establecer el servicio de localización de personas y bienes, así como el servicio de comunicación mediante el cual reciban los reportes de la comunidad, sobre las emergencias, faltas y delitos;
XI. Proponer ante las Instituciones de Seguridad Pública la implementación de políticas, lineamientos y protocolos en materia de atención integral a víctimas u ofendidos por algún delito;
XII. Coordinarse con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las correspondientes de las entidades federativas, organismos no gubernamentales, organismos internacionales de protección a los derechos humanos, así como instituciones públicas y privadas para lograr el cumplimiento de las atribuciones que le confiere la Ley;
XIII. Emitir opiniones y recomendaciones en materia de prevención del delito y participación ciudadana;
XIV. Brindar apoyo y asesoría a las instituciones públicas o privadas que así lo soliciten, en materia de prevención del delito;
XV. Promover ante las Instituciones de Seguridad Pública el establecimiento de órganos de consulta en el que se permita la participación de la ciudadanía para alcanzar los propósitos referidos en el artículo 131 de la Ley;
XVI. Promover la participación de la comunidad y de instituciones y organizaciones públicas, privadas y sociales para el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, así como coadyuvar en el diseño, elaboración, ejecución y evaluación de políticas públicas y programas de prevención del delito;
XVII. Realizar cursos, coloquios, foros o cualquier otra actividad de carácter cultural o académico en materia de prevención del delito, participación ciudadana y derechos humanos;
XVIII. Promover la inclusión de contenidos relativos a la prevención del delito en los programas educativos, de salud, de desarrollo social y en general en los diversos programas de las dependencias y entidades federales, así como colaborar con los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en esta misma materia;
XIX. Requerir a las unidades administrativas del Secretariado Ejecutivo y a las instancias del Sistema la información necesaria para realizar estudios, por si o por terceros, sobre causas estructurales del delito, distribución geodelictiva, estadísticas de conductas ilícitas no denunciadas, tendencias históricas y patrones de comportamiento que permitan actualizar y perfeccionar la política criminal y de seguridad pública nacional;
XX. Realizar, por si o por terceros, encuestas sobre victimología, percepción de seguridad, fenómenos delictivos y otras que coadyuven a la prevención del delito y en la evaluación respecto del cumplimiento de las atribuciones previstas en la Ley y en el Reglamento;
XXI. Realizar acciones para promover la cultura de la denuncia entre la sociedad;XXII. Diseñar y promover políticas, programas, estrategias y acciones que fomenten en la sociedad valores culturales y cívicos, que fortalezcan el tejido social, que induzcan el respeto a la legalidad, y que promuevan la paz, la protección de las víctimas, el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana y una vida libre de violencia;
XXIII.Fomentar la investigación científica y tecnológica para identificar los factores que generan las conductas antisociales;
XXIV.Promover ante las instituciones públicas, el establecimiento de políticas que aseguren la prevención del delito, atención y protección de grupos vulnerables;
XXV. Proponer en coordinación con las autoridades competentes, políticas para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia, especialmente la ejercida contra las niñas y los niños, los jóvenes, las mujeres, los indígenas, y los adultos mayores;
XXVI. Promover políticas para la igualdad y equidad de género;
XXVII. Realizar campañas para prevenir la violencia generada por el uso de armas, el abuso de drogas, y alcohol, entre otros problemas de relevancia social, en coordinación con las autoridades competentes en dichas materias y la sociedad civil;
XXVIII.Llevar a cabo campañas de prevención de la violencia infantil y juvenil en coordinación con las autoridades competentes, y
XXIX. Todas aquéllas que le atribuyan otras disposiciones aplicables y el Secretario Ejecutivo.
La propuesta del Diputado Benitez Treviño.
Artículo 6. El instituto, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes atribuciones:
I. Dirigir, coordinar, organizar, ejercer, vigilar y evaluar en el ámbito nacional, la función de prevención del delito;
II. Promover las tareas en materia de investigación, sondeos, encuestas y estudios sobre las causas de las distintas conductas delictivas en todo el territorio nacional, que sean necesarias para la generación de programas de combate de la criminalidad;
III. Elaborar por si o por medio de otra autoridad o institución estudios y proyectos para determinar las causas y efectos delictivos en cada región del país;
IV. Formular y ejecutar programas y campañas de prevención de conductas ilícitas, particularmente fomentar las de prevención primaria con los sectores educativo y de salud, así como evaluar sus resultados de acuerdo con lo que establezca el reglamento interno del instituto;
V. Diseñar programas de vinculación del Ministerio Público Federal y de las diferentes corporaciones policíacas y de seguridad pública, con la sociedad, en materia de prevención del delito;
VI. Proponer al procurador general de la República estrategias y líneas de acción respecto de la política criminal nacional y las medidas que deban adoptarse a corto, mediano y largo plazo, con énfasis en la promoción de una cultura de respeto a la legalidad;
VII. Realizar foros abiertos de consulta social, para conocer las expectativas y necesidades ciudadanas en materia de prevención del delito y combate de la delincuencia;
VIII. Realizar estudios sobre las causas que producen las conductas antisociales, así como el impacto que generan en los ámbitos personal, familiar, escolar, laboral y económico en cada comunidad del país, para lo cual podrá coordinarse con instituciones públicas, privadas o sociales que persigan propósitos afines;
IX. Brindar asesoría técnica a las diversas instancias de la administración pública federal y de los estados, ayuntamientos, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil organizada, en materia de programas de prevención del delito;
X. Diseñar un sistema de coordinación interdisciplinario de información entre las instituciones encargadas de cualquier tarea afín con la prevención del delito y las autoridades de seguridad pública federal, en los estados y municipios, que contribuya a generar información técnica, táctica y estratégica sobre el fenómeno delictivo y sus formas de combate y prevención;
XI. Promover acciones específicas de prevención del delito e involucrar en esta tarea al sector educativo, a las autoridades de salud, a universidades públicas y privadas, sindicatos de trabajadores, agrupaciones empresariales y de comerciantes, sociedades de padres de familia, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil organizada;
XII. Crear y coordinar el Consejo Nacional para la Prevención del Delito, en el que deberán participar representantes de las autoridades educativas, de salud, de desarrollo social y de los sectores representativos de la sociedad mexicana;
XIII. Establecer y coordinar los comités de prevención del delito y demás mecanismos para la recepción de información ciudadana sobre la posible comisión de delitos;
XIV. Opinar, cuando sea solicitado, sobre los factores criminógenos que deben ser considerados al autorizar nuevos asentamientos humanos, giros comerciales o de servicios;
XV. Organizar, con la participación de la sociedad civil, el sector educativo, sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales, entre otros, campañas permanentes de prevención del delito, particularmente, para evitar la violencia intrafamiliar, los actos de abuso sexual en escuelas y centros de trabajo, el consumo de drogas y promover el cuidado del patrimonio familiar;
XVI. Organizar cursos y sesiones de capacitación y profesionalización en materia de prevención del delito a dependencias públicas federales, estatales y municipales, organismos privados y organizaciones sociales y civiles;
XVII. Publicar la información y resultados de las investigaciones que por si o a través de otra institución o autoridad, realice el instituto;
XVIII. Integrar las estadísticas delictivas nacionales y elaborar el atlas delincuencial nacional, con apoyo de las dependencias e instancias relacionadas con el fenómeno delictivo;
XIX. Impulsar reformas jurídicas y administrativas en materia de prevención delictiva;
XX. Proponer reformas o adiciones legislativas con base en los resultados de sus investigaciones, sobre las funciones del Ministerio Público Federal, el sistema penitenciario, y el sistema de procuración y administración de justicia;
XXI. Promover y difundir los servicios que preste, así como los beneficios de la actividad que desempeñe;XXII. Fomentar la cultura de prevención del delito;
XXIII. Capacitar y profesionalizar al personal bajo su adscripción;
XXIV. Coordinar las acciones que en materia de prevención del delito se lleven a cabo en todo el territorio nacional;
XXV. Promover el intercambio de información con las autoridades de la federación, los estados y los municipios, relacionada con la prevención del delito, investigación delictiva, procuración de justicia, administración de justicia y reinserción social;
XXVI. Generar el sistema nacional de prevención delictiva;
XVII. Promover la integración de las entidades federativas, los municipios y sus dependencias a los programas originados a través del sistema nacional de prevención delictiva;
XXVIII. Coadyuvar en la generación de programas específicos en la materia;
XXIX. Realizar actos y celebrar convenios de coordinación y colaboración con autoridades y dependencias vinculadas con las funciones de prevención del delito, investigación delictiva, procuración de justicia, administración de justicia y reinserción social de la federación, los estados y los municipios, con objeto de compartir información y coadyuvar en la generación de adecuadas políticas públicas y estrategias para prevenir el delito;
XXX. Realizar actos y celebrar convenios de participación con instituciones educativas, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, sociales y civiles, nacionales y extranjeras, con la finalidad de ejecutar conjuntamente tareas en materia de prevención del delito e investigación delictiva;
XXXI. Determinar la organización de su estructura interna, a través de la creación o desaparición en su caso de las direcciones, subdirecciones, jefaturas de departamento y demás unidades administrativas que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto, y someterla a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
XXXII. Contratar, gestionar, obtener y canalizar apoyos económicos, créditos, préstamos, empréstitos y financiamientos de cualquier naturaleza, incluyendo la emisión de valores, para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus atribuciones, y disponer por cualquier medio de los activos, bienes, derechos e ingresos que integran su patrimonio o productos que deriven de la prestación de sus servicios, conforme a lo previsto en las disposiciones legales aplicables, incluyendo a través del otorgamiento de cualquier tipo de garantías y de la cesión, afectación o enajenación de dichos activos, bienes, derechos e ingresos en favor de terceros, incluyendo fideicomisos revocables o irrevocables;
XXXIII. Participar en la creación de fideicomisos, ya sea como fideicomitente o fideicomisario;
XXXIV. Llevar a cabo la enajenación, afectación, cesión o disposición de los activos, bienes, derechos e ingresos que integran su patrimonio o productos que deriven de la prestación de sus servicios, sin necesidad de subasta pública, conforme a los lineamientos previstos en la presente ley y en las demás disposiciones legales aplicables;
XXXV. Administrar y distribuir los recursos que obtenga de las operaciones que realice, conforme a lo previsto en los ordenamientos legales aplicables;
XXXVI. Verificar que el pago de los productos por los servicios que preste, se realice de conformidad con las disposiciones aplicables;
XXXVII. Realizar el cobro, recaudar y administrar los productos, recursos y aprovechamientos que se generen por la prestación de los servicios que formen parte de su objeto, a través del sistema bancario o establecimientos mercantiles autorizados para tal efecto o de cualquier otro sistema que determine el instituto y las demás autoridades competentes;
XXXVIII. Proponer a las autoridades administrativas competentes los montos de los productos por los servicios que preste, conforme a lo previsto en los ordenamientos legales aplicables;
XXXIX. Proponer el otorgamiento de subsidios en el pago de productos por los servicios que preste, en los casos que se estime necesario, así como la condonación o exención total o parcial de los mismos;
XXL. Celebrar, suscribir u otorgar convenios, acuerdos, contratos, instrumentos, declaraciones, certificaciones y demás documentos que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto, la prestación de sus servicios y el ejercicio de sus atribuciones;
XLI. Proponer reformas y adiciones al marco jurídico para el mejor cumplimiento de su objeto; y
XLII. Las demás que le señalen esta ley y otros ordenamientos legales.
Dictamen para la elección de Ministros
Tal y como se esperaba, el Senado de la República designó esta tarde a los magistrados Luis María Aguilar Morales y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sustitución de Mariano Azuela Guitrón y Genaro Góngora Pimentel.
A favor de Luis María Aguilar Morales: 91 votos.
A María Luisa Martínez Delgadillo: 1 voto.
Jorge Mario Pardo Rebolledo: 12 votos, y un voto nulo, Presidente.
-EL C. PRESIDENTE NAVARRETE RUIZ: En consecuencia, conforme al resultado de la votación, se designa Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al ciudadano Luis María Aguilar Morales. Comuníquese esta designación al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se designa en comisión a los ciudadanos senadores: Jesús Garibay, Luis Maldonado, Alejandro González, Pedro Joaquín, Javier Orozco, Ricardo García Cervantes y María Elena Orantes para que inviten a pasar a este recinto al ciudadano Luis María Aguilar Morales, a fin de que rinda su protesta conforme lo establece el artículo 97 constitucional.
Ciudadano Luis María Aguilar Morales, ¿protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?
-EL C. MINISTRO LUIS MARIA AGUILAR MORALES: ¡Sí, protesto!
-EL C. PRESIDENTE NAVARRETE RUIZ: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande. Felicidades, señor ministro. (Aplausos).
A nombre del Senado de la República le deseo éxito en su encargo. Muchas felicidades.
Solicito a la comisión designada acompañe al señor Ministro cuando desee retirarse del salón; solicito a la comisión designada acompañe al señor Ministro para proceder continuar con el orden del día de esta sesión del Senado de la República.
EL C. SECRETARIO RIVERA PEREZ:
-Informo a la Asamblea que se emitieron:
Por Jorge Carlos Adame Goddard, 1 voto.
Por Eduardo Ferrer Mc. Gregorg Poinsot, 9 votos.
Por Arturo Fernando Zaldívar Lelo de la Larrea, 90 votos, 2 en blanco, 1 voto nulo.
- EL C. PRESIDENTE NAVARRETE RUIZ: En consecuencia el ciudadano Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea reúne la mayoría constitucional de dos tercios de votos a favor.
Conforme al resultado de la votación se designa Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al ciudadano Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, comuníquese esta designación al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por lo anterior, se designa en Comisión a los ciudadanos senadores y senadoras Jorge Legorreta, Santiago Creel, Fernando Casto, María del Socorro García, José Luis Lobato, Tomás Torres, Alejandro Zapata y Renán Zoreda Novelo para que inviten a pasar a este recinto al ciudadano Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea a fin de que rinda su protesta conforme lo que establece el Artículo 97, Constitucional.
- EL C. SECRETARIO RIVERA PEREZ: Favor de ponerse de pie.
-EL C. PRESIDENTE NAVARRETE RUIZ: Ciudadano Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea: ¿Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se le ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?
- EL C. ARTURO FERNANDO ZALDIVAR LELO DE LARREA:
¡ SÍ, PROTESTO!
- EL C. PRESIDENTE NAVARRETE RUIZ: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.
Muchas gracias, señor Ministro. Felicidades.
- Invito a la Comisión designada que acompañe al señor Ministro, en el momento en que considere conveniente abandonar este recinto.
I. La reforma constitucional de diciembre de 1994, considerada como la más amplia y radical habida en la transformación de la estructura de los órganos del Poder Judicial de la Federación, sin duda, reflejó el deseo entrañable que pervive en la mente del legislador mexicano de fortalecer —en lo posible— el sistema de procuración y administración de justicia imperante en nuestro país. Aquella reforma, sustentada en ese deseo, ciertamente vino a estimular la organización interna y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación al involucrar en ella aspectos fundamentales, como la reducción del número de Ministros en la Corte, para volver al texto original de 1917; el establecimiento de un término de duración máximo de quince años para el ejercicio de su encargo y otras modificaciones sensibles relacionadas con el régimen de su potestad, con el designio insoslayable de consolidar y dignificar más su figura; y sobre todo, con la creación del Consejo de la Judicatura Federal, para delegar en ese órgano las facultades propiamente administrativas del Poder Judicial de la Federación y dejar a la Suprema Corte su función exclusiva de tribunal constitucional.
II. Bajo las disposiciones de la reforma constitucional consabida, los Ministros Mariano Azuela Güitrón y Genaro David Góngora Pimentel, fueron designados para un período cuya gestión ha concluido el 30 de noviembre de 2009. A partir de entonces, por consiguiente, se han generado dos vacantes en la integración de nuestra instancia cúspide del Poder Judicial de la Federación, cuya sustitución habrá de ser cubierta en términos de lo dispuesto por el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, con la propuesta de dos ternas que el Presidente de la República someta a la consideración de la Cámara de Senadores —como ya lo ha hecho— y la designación, por parte de esta colegisladora del Congreso de la Unión, previa comparecencia de las personas propuestas en cada terna, de los dos nuevos Ministros que deban asumir el cargo de referencia.
III. En ese orden de ideas, en sesión ordinaria celebrada por la Cámara de Senadores el 19 de noviembre de 2009, la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto por las fracciones VII y XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a través de su Oficio SEL/300/3397/09, dio cuenta a esta colegisladora de dos ternas de candidatos que el Presidente de la República ha tenido a bien proponer para nombrar dentro de los distinguidos juristas que las integran, a dos que habrán de cubrir las vacantes que se han presentado en la integración actual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al concluir el 30 de noviembre próximo pasado la gestión del cargo que dignamente desempeñaron los ex Ministros Mariano Azuela Güitrón y Genaro David Góngora Pimentel. Las ternas están constituidas por los juristas que más adelante en estricto orden alfabético se mencionan y cumplen a cabalidad, a juicio del Ejecutivo Federal, con los requisitos que para ser Ministro exige el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber:
Para cubrir la vacante por terminación del encargo de Mariano Azuela Güitrón:
— Luis María Aguilar Morales; (91 votos)
— María Luisa Martínez Delgadillo, y (Un voto)
— Jorge Mario Pardo Rebolledo. (12 votos)
Para cubrir la vacante por terminación del encargo de Genaro David Góngora Pimentel:
— Jorge Carlos Adame Goddard;
— Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, y
— Arturo Fernando Zaldívar Lelo de la Larrea.
IV. Sabedores de la propuesta de marras en el Senado de la República, por “Acuerdo de la Mesa Directiva en relación al procedimiento para la elección de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, aprobado por el Pleno de esta colegisladora el 26 de noviembre del año en curso, las ternas enviadas por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, con los nombres de los aspirantes a ocupar las vacantes producidas, se turnaron a las Comisiones Unidas de Justicia; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, con los datos curriculares de los juristas que las integran y las copias de las constancias relativas a sus antecedentes profesionales y académicos, para que estas instancias verificaran el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; examen, después del cual, estuvieren en condiciones de determinar su idoneidad o elegibilidad como personas aptas para ejercer el cargo para el que han sido propuestas. [1]
V. Justamente, para cumplir en el plano parlamentario con el mandato que al Senado de la República le impone el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mandato que se traduce en el deber de designar por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días, a los juristas que habrán de cubrir las vacantes que en nuestro más Alto Tribunal se han presentado a partir del 30 de noviembre de 2009, por la conclusión en el encargo de los CC. Mariano Azuela Güitrón y Genaro David Góngora Pimentel, las Comisiones Unidas de Justicia; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, cumpliendo con lo dispuesto por el punto “CUARTO” del Acuerdo señalado, el jueves 26 de noviembre de 2009, recibieron la comparecencia de los aspirantes que integran las ternas de mérito; comparecencia, en la que dieron respuesta a las diversas preguntas que les fueron planteadas por los senadores miembros de las tres comisiones.
VI. Descrita la verdad histórica de los antecedentes materia del dictamen que se formula, procede en consecuencia no solamente establecer el análisis de la currícula de cada uno de los aspirantes al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que integran las ternas de mérito, sino también desarrollar la tarea que nos conduzca a confirmar la existencia del perfil profesional de cada uno de ellos, de su eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o de su distinción por su honorabilidad, competencia y antecedentes en el ejercicio de la actividad jurídica; atributos, todos ellos, que nos permitan arribar a la determinación de que cumplen a cabalidad con los requisitos que establecen su idoneidad como aspirantes a ocupar el cargo para el que han sido propuestos.
I. Ciertamente, la función sustantiva de las Comisiones Unidas de Justicia; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, en la especie, se manifiesta con la presentación del dictamen que pondere el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad que establece el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que incida en la selección o elección de los juristas que habrán de cubrir las vacantes que dejaron los Ministros Mariano Azuela Güitrón y Genaro David Góngora Pimentel, habida cuenta que esta facultad solamente le corresponde al Pleno de la Cámara de Senadores en términos del primer párrafo del artículo 96 de nuestra Carta Magna, una vez aprobado el dictamen consabido.
II. Una de las más preciadas garantías que un Estado Social y Democrático de Derecho, debe procurar en relación con la marcha de una adecuada y eficiente administración de justicia, es la integración de un sistema de jueces especialmente dispuesto para responder a las exigencias de un pueblo inmerso en una realidad cada día más compleja. Sociedad que exige, por modo imperativo e inaplazable, certeza y seguridad jurídica en su vida gregaria. Conforme a la reforma constitucional aprobada en el año de 1994, inherente al Poder Judicial de la Federación, las Cámaras del Congreso de la Unión como integrantes del Poder Revisor de la Constitución, dejaron constancia de la importancia que tiene para la vida política nacional, contar con jueces, magistrados y ministros, independientes en su actuación, imparciales en su desempeño y conscientes de la responsabilidad que en ellos se deposita, al fungir como los intérpretes últimos de nuestra Ley fundamental. Así, la elección de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido un proceso trascendental en la historia constitucional del Poder Judicial de la Federación. Bajo esas premisas, las Comisiones Unidas que dictaminan, reconocen la necesidad de atender los reclamos de la sociedad nacional de contar con un Poder Judicial fuerte, autónomo y en el que ciertamente se pueda confiar.
III. La fortaleza y autonomía del Poder Judicial deben estar establecidas en las leyes, pero también en las cualidades de quienes desempeñan el cargo de Ministros en el más Alto tribunal de México. En tal contexto, el procedimiento comprendido en la Constitución Federal para su designación, garantiza su independencia en el ejercicio de la función que se les encomienda y su capacidad para desempeñarla con los atributos señalados. No escapa al juicio de estas Comisiones Unidas, que el procedimiento previsto para la sustitución de quienes han desempeñado el cargo de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un parte aguas en la integración del Poder Judicial de la Federación, al integrar en su desahogo la visión plural de una instancia colegiada como lo es la Cámara de Senadores, con lo que se fortalece la legitimidad de los integrantes de ese órgano jurisdiccional.
IV. Más a propósito, en la especie, es importante puntualizar que no basta en quienes aspiran a ocupar tan digno cargo, con el cumplimiento de los requisitos de orden constitucional o legal que son exigidos para ello, habida cuenta que, por las funciones que habrán de desempeñar, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben ser, además, de reconocidos juristas, personas con amplio conocimiento de la realidad nacional. Deben contar, también, con conocimientos elementales sobre otras disciplinas del conocimiento humano, pues, en sus manos está emitir resoluciones que tendrán impacto en la vida económica, política, social y cultural de los mexicanos. El intérprete de la Constitución deberá contar, adicionalmente, con una particular sensibilidad sobre el entorno de los temas que habrá de juzgar.
V. En el cumplimiento de la responsabilidad que asiste a las Comisiones Unidas que dictaminan, una vez recibidas las comparecencias de los aspirantes propuestos en las ternas enviadas por el Presidente de la República para cubrir las vacantes de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se generaron a partir de la conclusión en el cargo de los CC. Mariano Azuela Güitrón y Genaro David Góngora Pimentel, sus integrantes procedieron a analizar, con la reflexión y el cuidado apropiado, la currícula de cada uno de ellos, bajo la premisa de determinar sin duda ni contradicción en quienes sean elegidos para ocupar dichas vacantes, el cumplimiento cabal de los requisitos constitucionales que en el parágrafo que sigue se precisan.
VI. Para ser electo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación —dispone el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos—, se necesita:
Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;
Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.
Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y
No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de Justicia del Distrito Federal, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.
Estos requisitos constitucionales son de naturaleza variada. Unos requieren la existencia en los aspirantes de alguna condición o cualidad jurídica, que deben probarse documentalmente; otros, de ausencia de alguna situación o circunstancia, que significan atributos de la personalidad, deben presumirse legalmente y que sólo es permitido negarlos mediante prueba en contrario; y en algunos, su demostración demanda la necesidad de recurrir a otros medios de razonamiento que nos llevan a la inferencia circunstancial sobre su existencia, a la vista de los antecedentes curriculares de la actividad o desempeño profesional y público de los aspirantes propuestos por el Titular del Poder Ejecutivo Federal. Para este efecto, han sido de gran utilidad las respuestas que externaron los comparecientes ante las Comisiones Unidas de Justicia, de Estudios Legislativos, Primera, y de Estudios Legislativos, Segunda, el 26 de noviembre de 2009, con relación a las preguntas que les fueron planteadas por los senadores miembros de las mismas; respuestas que nos permiten acercarnos al conocimiento de las razones que los animan a formar parte de ese órgano de control constitucional de la más Alta Jerarquía, así como de los atributos que a cada uno de ellos los distinguen para confirmar la presencia en su persona del perfil profesional que se requiere para establecer su idoneidad como candidatos a ocupar el cargo de referencia, de su eficiencia, de su capacidad y probidad en la impartición de justicia o de su honorabilidad, competencia y antecedentes en el ejercicio de la actividad jurídica. Cualidades, todas ellas, que se acreditan de tal manera y, también, con los datos curriculares de los juristas que las integran y las copias de las constancias relativas a sus antecedentes profesionales y académicos, documentos, a cuyo contenido nos remitimos en obvio de insustanciales repeticiones y se consideran por estas comisiones para sustentar el dictamen que se formula.
VII. Incuestionablemente, la condición de mexicanos por nacimiento, la edad, el título profesional, la cédula y la antigüedad de su ejercicio, son requisitos acreditados con la documentación que presentó cada uno de los aspirantes a Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que obra en los respectivos expedientes a disposición de los integrantes de las Comisiones Unidas que dictaminan y de todos los miembros del Senado de la República que estén interesados en el caso particular, para sus efectos conducentes. Ídem, la plenitud del ejercicio de los derechos políticos y civiles, la condición de no haber sido condenados por delito tal que inhabilite para el cargo, y no haber sido funcionarios federales o estatales o representantes populares con cierta antelación a la fecha y su residencia, se han acreditado documentalmente o se presumen sin que exista prueba en contrario al respecto.
VIII. Finalmente, la buena reputación, la probidad en su desempeño como profesionales del derecho y su honorabilidad, son virtudes cuyo reconocimiento se ha inferido con suficiencia de prueba, considerando que la actividad curricular de los aspirantes propuestos ha implicado y explicado ampliamente su comportamiento público a través del ejercicio de su profesión, del desempeño en las áreas de la docencia y la investigación académica, del libre ejercicio de la profesión de abogado y de otras actividades afines a la materia. Se estima, asimismo, que la capacidad, competencia y eficiencia en las tareas realizadas son cualidades de la personalidad que se obtienen a lo largo de la vida pública y privada de un individuo y que, en la especie, se muestran cabalmente con el seguimiento de sus respectivas carreras profesionales que se describen en la currícula correspondiente.
Vistos los antecedentes y consideraciones, que en su orden se han expuesto, y con fundamento en las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que han sido invocadas en el cuerpo del presente dictamen, las Comisiones Unidas de Justicia; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores, someten a la consideración de esa H. Asamblea, el siguiente:
PRIMERO.- Con fundamento en los antecedentes y consideraciones de hecho y de derecho del dictamen que se formula, las Comisiones Unidas de Justicia; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores, determinan que los ciudadanos propuestos en las ternas presentadas por el Presidente de la República, reúnen los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sustitución de los CC. Mariano Azuela Güitrón y Genaro David Góngora Pimentel.
SEGUNDO.- En consecuencia, son elegibles para sustituir al C. Mariano Azuela Güitrón, por reunir los requisitos constitucionales procedentes, los CC. Luis María Aguilar Morales; María Luisa Martínez Delgadillo, y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
TERCERO.- En los mismos términos del resolutivo “PRIMERO”, que antecede, son elegibles para sustituir al C. Genaro David Góngora Pimentel, por reunir los requisitos constitucionales procedentes, los CC. Jorge Carlos Adame Goddard; Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, y Arturo Fernando Zaldívar Lelo de la Larrea.
SALA DE COMISIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL NUEVE.
[1] Puntos “PRIMERO” y “SEGUNDO”, del Acuerdo.
Aguilar Morales, fue electo por 91 votos a favor contra 12 de Jorge Mario Pardo Rebolledo, 1 de María Luisa Martínez Delgadillo y uno nulo. En tanto, Lelo de Larrea fue apoyado por 90 legisladores, contra 9 de Gerardo Ferrer MacGregor y uno de Jorge Adame Goddard, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En esta terna se registraron dos votos en blanco y un voto nulo.
Comunicado del padre Corcuera
Comunicado del P. Álvaro Corcuera Martínez del Rio, L.C.
El director general de los Legionarios de Cristo, pidió un "sincero perdón" a las personas que sufrieron abusos del fundador de esa congregación Marcial Maciel.
"Quiero aprovechar esta carta para pedir nuevamente sincero perdón a todas las personas que hayan sufrido o estén sufriendo por los hechos tan dolorosos que hemos vivido', sostuvo Corcuera en una carta enviada a los miembros del movimiento laico Regnum Christi el pasado 20 de noviembre con motivo de la festividad católica de Cristo Rey.
En la misiva, el sacerdote no mencionó el nombre de Marcial Maciel,
Álvaro Corcuera, L.C. (Firmado)
http://legrc.org/regnum_db/archivosWord_db/cristorey09.pdf
Asesinan al "Tigre", testigo protegido
Asesinan a ex mando de la PF en el DF
Édgar Bayardo, cuando fue subprocurador de Tlaxcala en 2004.
Con Édgar Enrique Bayardo del Villar se encontraba un escolta, quien resultó lesionado tras recibir al menos 5 impactos de bala
Ciudad de México (1 diciembre 2009).- Édgar Enrique Bayardo del Villar, ex mando medio de la Policía Federal y testigo protegido de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR, fue ejecutado en un Starbucks de la Colonia del Valle, confirmaron fuentes de la PGJDF.
Uno de los hombres clave en la indagatoria de la SIEDO que dio como resultado juicios en contra del capo del Cártel de Sinaloa, Jesús "El Rey" Zambada, y del ex comisionado de la Policía Federal, Gerardo Garay Cadena, fue asesinado por dos sicarios vestidos con traje.
De acuerdo con reportes, la víctima recibió varios impactos de un arma larga cuando se encontraba en el interior del establecimiento, ubicado en la esquina de Pestalozzi y Pilares.
Con Bayardo Del Villar se encontraba un escolta, quien resultó lesionado de al menos 5 impactos, agregaron las fuentes.
Tanto el testigo protegido como su guardia habían arribado momentos antes de las 11:15 horas al establecimiento y estaban consumiendo, cuando dos sujetos entraron para dispararles al menos en 15 ocasiones sin mediar palabra.
Los dos sicarios escaparon en una camioneta Isuzu Rodeo color verde, placas LZU1330, que los esperaba en el exterior de la cafetería con un cómplice al volante.
Minutos más tarde, el auto fue hallado por la Policía en Pestalozzi esquina con División del Norte.
En el ataque también resultó herida María Eugenia Martínez, quien sufrió un rozón de bala en una pierna, por lo que fue trasladada al Hospital General de Xoco.
Bayardo, ex funcionario de la Procuraduría de Justicia de Tlaxcala, fue detenido en octubre de 2008, 2 días después de la detención del "Rey Zambada" y su célula en la Colonia Lindavista, en el DF, tras ser implicado en la protección y operación del hermano de Ismael "El Mayo" Zambada, socio de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Luego de la captura, Bayardo decidió convertirse en testigo protegido.
En sus declaraciones, al igual que en la de dos agentes subordinados también detenidos, ofreció información sobre la operación del Cártel de Sinaloa y los supuestos vínculos que tenía el entonces comisionado de la Policía Federal, preso en el penal federal de Nayarit desde diciembre.
Al lugar del homicidio arribó personal de la Secretaría de Seguridad Pública federal, en tanto que la Procuraduría General de la República no ha emitido información oficial al respecto.
Hora de publicación: 13:20 hrs.
Édgar Enrique Bayardo del Villar, ex alto mando de la Policía Federal, confesó haber trabajado para organizaciones del narcotráfico. Hoy está en libertad. Es un testigo protegido que recibe un sueldo con cargo al erario. Pasó de la nómina del cártel de Sinaloa a la de la PGR. Un caso que demuestra que el crimen sí paga
El Universal, Miércoles 28 de octubre de 2009
Como testigo protegido hoy le llaman Tigre en la Procuraduría General de la República (PGR) y le pagan 50 mil pesos mensuales. Antes, Édgar Enrique Bayardo del Villar, funcionario en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, cobró al cártel de Sinaloa 25 mil dólares mensuales y pidió a los jefes de esa organización criminal —según confesiones de los mismos capos— pagar hasta 500 mil dólares por sus ascensos dentro de la Policía Federal.
Sobre la situación legal de Bayardo del Villar, la PGR señaló que una vez que éste se convirtió en testigo protegido cesaron las posibles acusaciones que pudieron existir contra el ahora colaborador identificado con la clave de Tigre. La dependencia se reservó dar a conocer el monto de la compensación que éste recibe y la posibilidad de que se le hayan otorgado otros beneficios tras sus declaraciones incriminando a ex jefes y compañeros de las corporaciones en las que sirvió.
Junto a los privilegios que recibió por convertirse en testigo protegido y adoptar la clave de Tigre, Bayardo del Villar buscó y obtuvo la devolución de sus bienes dentro del proceso penal 135/2008 que se le había instaurado antes de que fuera colaborador de la PGR, de acuerdo con la resolución contenida en el expediente 403/2009 del Tribunal Unitario radicado en Nayarit.
Documentada su complicidad con el narco desde que fue agente de la Policía Judicial Federal —corporación de la que fue despedido en 1997—, durante su paso por la Agencia Federal de Investigación y hasta llegar a ser comisario de la Policía Federal, Tigre es hasta ahora el único ex jefe policiaco de nivel federal acusado de corrupción y nexos criminales que libró las acusaciones en su contra y aún cobra al erario público por sus “servicios”.
Documentos oficiales de la PGR y expedientes judiciales consultados por EL UNIVERSAL lo señalan incluso como familiar y protector de uno de los más peligrosos jefes del secuestro en México —todavía prófugo—, Mario Alberto Bayardo Hernández, jefe de la banda de Los Bayardo, entre cuyos integrantes se encontraba Abel Silva Petriciolet, El Di Caprio, recién detenido como parte del grupo criminal que secuestró y asesinó a los menores Fernando Martí y Alejandro Equihua.
Por casos como el de Bayardo del Villar y el de otros de los llamados testigos protegidos, hay polémica dentro del ámbito de impartición de justicia, ya que algunos jueces y magistrados consultados lamentaron que se haya desperdiciado en la pasada Legislatura federal la oportunidad de regular legalmente las condiciones bajo las cuales deben obtenerse y aportarse en un juicio los testimonios de los llamados testigos protegidos o colaboradores.
Bayardo del Villar apenas y conoció los separos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), pese a que su arresto se produjo en medio de uno de los mayores escándalos de corrupción policial en la actual administración federal. Poco influyó que estuviera en curso la Operación Limpieza dentro de la SIEDO y la captura de los principales mandos de la SSP federal; en estos últimos figuraba él por corrupción y sus nexos con el narcotráfico.
En ese contexto quedó al descubierto que detrás de los escándalos policiacos estaban los “ajustes de cuentas” entre organizaciones criminales. Además de sus enfrentamientos armados, los cárteles de Sinaloa y el de los hermanos Beltrán Leyva se delataron unos a otros sobre sus nexos e infiltración en la misma SIEDO y en la SSPF, como quedó en evidencia con el operativo frustrado para detener a Arturo Beltrán Leyva en Morelos y la captura del grupo de colombianos ligados a éste en una residencia en la zona del Desierto de los Leones, así como con la detención de Jesús Zambada García, El Rey, hermano del capo Ismael El Mayo Zambada.
Auditar programa de testigos protegidos
Para el penalista Jorge Espino Santillán, la figura de los testigos protegidos es una “caricatura mal copiada” del sistema judicial estadounidense y europeo, pues no hay parámetros legales definidos para obtener y valorar la calidad de la información otorgada por éstos a fiscales ni tampoco el tipo de beneficios que se pueden dar a cambio. En su opinión, la calidad como colaborador es mal otorgada y dista mucho de los parámetros contemplados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
La reforma penal reciente tampoco lo prevé y por eso en los hechos los colaboradores seguirán siendo empleados para encuadrar conductas delictivas a capricho del Ministerio Público y así mostrar que se subsanan ante la sociedad sus ineptitudes para investigar y presentar acusaciones con rigor legal, dijo Espino Santillán.
En consonancia con esa opinión, Daniel Corona Aguilera consideró que en la mayoría de los juicios contra presuntos integrantes del crimen organizado una constante es la “inducción” de las declaraciones de los testigos protegidos, por lo que esta figura al menos en México no cuenta con ningún respeto en el foro jurídico.
Los testimonios de éstos nunca son valorados o cotejados por los fiscales a la luz de otras pruebas, de tal manera que en las más de las ocasiones terminan por caerse sus acusaciones, aunque por ello haya quienes pasen años en prisión.
Los dos litigantes coincidieron en que debe replantearse el empleo de testigos protegidos, pues en la actualidad éstos sirven hasta para acusar a enemigos políticos o de algún alto funcionario judicial. Incluso, propusieron realizar hasta una auditoría al programa de los referidos testigos, para saber el uso de los recursos financieros destinados a ello y no se aliente la corrupción e impunidad desde la propia Procuraduría General de la República.
En sus inicios, ligado al narco
Pese a los “filtros” de seguridad establecidos para seleccionar a los mandos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la SSP federal, y que están vigentes desde que nacieron ambas corporaciones, Bayardo del Villar pudo pasarlos, aun cuando sus ligas y nexos con el narcotráfico datan desde que inició su carrera dentro de la policía. El expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/350/2008 contiene la declaración de Richard Arroyo Guízar, El Richard, quien declaró que la relación del ex jefe policiaco con su padre El Rey Zambada —miembro del cártel de Sinaloa— viene desde los tiempos en que ambos trabajaban con el extinto líder del cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, “aunque después se perdieron de vista”.
El propio Tigre confirmó la versión: “Hace aproximadamente 20 años cuando era agente de la PJF y me desempeñaba como escolta de José Sánchez Naves, quien en una ocasión me dijo que lo acompañara a un domicilio aquí en el DF, me encontré con varios comandantes, entre ellos uno que había sido mi compañero de nombre Ramón Alcides Magaña, El Cochicoreano, quien me dijo que no podíamos pasar más adentro donde se encontraban muchos comandantes y otras personas”.
En ese sitio, según el expediente, se dio el primer encuentro entre Bayardo del Villar y El Rey Zambada. “Ahí se me presentó a Joaquín El Texano, Jesús Zambada El Rey y a un comandante de nombre Ojeda, y yo vi por un ventanal a una persona alta que cuando miré las noticias de que había fallecido Amado Carrillo, me percaté de que al parecer era el mismo. Eso es lo que recuerdo de esa ocasión”.
El tiempo y nuevas complicidades volverían a reunir al entonces incipiente policía federal y al también inicial capo de las drogas.
Reencuentro con viejos cómplices
En octubre de 2008, Bayardo del Villar aceptó que dos años antes se reencontró con El Rey Zambada, cuando ingresó a trabajar como fiscal de Delitos Graves en la Procuraduría General de Justicia de Guerrero. “Me localizó el comandante Raúl Batres, quien era uno de los jefes de la delegación de la Procuraduría General de la República en Puebla y me dijo que quería verme el comandante Ignacio Perales, por lo que se concertó una cita”.
Después de ver al referido comandante —quien sería ejecutado el 29 de junio de 2006 en el DF— éste le propuso que se entrevistara con un hermano de El Mayo Zambada. Se acordó que Bayardo del Villar y El Rey se vieran en el Distrito Federal, en la zona de Las Lomas de Chapultepec, en el restaurante “Loma Linda”, donde supuestamente le solicitó ayuda al ahora testigo protegido. Según Tigre le ofreció dinero y él lo rechazó.
La versión de El Richard sobre cómo se dio el reencuentro entre ambos personajes es distinta.
“El Pelón concertó la cita con mi papá, para que fuera a entrevistarse con Bayardo del Villar, pero como él no se encontraba en la ciudad, me mandó a mí para que yo lo viera. En esa ocasión nos quedamos de ver en el “Subway” que se localiza en Bosques de las Lomas. Ahí nos saludamos y él se puso a la orden de la organización.”
Desde entonces, según El Richard, quien es hijastro de El Rey Zambada, nosotros le íbamos dando dinero para que obtuviera puestos más altos dentro de la Procuraduría General de la República y así sernos más útil. “Quiero aclarar que la suma que en ese entonces se le proporcionaba era de aproximadamente 100 mil dólares cada vez que nos decía que iba a ascender de puesto en la PGR, pues el dinero serviría de pago para las personas que lo estaban ayudando a obtener dichos puestos”, añadió.
La policía usada por los narcos
Después de trabajar en la Agencia Federal de Investigación, cuando ésta pertenecía a la PGR, Bayardo del Villar ingresó a la Policía Federal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública federal. Y desde ahí prosiguió con sus nexos con el narcotráfico como igual lo explicó El Richard y el testigo protegido Rambo III, quienes declararon que cuando Bayardo del Villar ingresó a la Policía Federal Preventiva el cártel comenzó a darle 25 mil dólares mensuales a cambio de sus servicios.
De acuerdo con la investigación, el ahora testigo protegido Tigre filtraba al cártel de Sinaloa la información sobre todos los cateos que se realizarían contra la organización.
“Cada que un juez libraba un cateo, el señor Bayardo entablaba comunicación por celular que yo le había proporcionado, tres horas antes de practicarse el cateo, ya sea con mi papá o conmigo para saber si el domicilio era de los que empleaba la organización de mi papá y de ser el caso tener tiempo suficiente para desocuparla”, declaró El Richard.
Pero también la información iba del cártel de Sinaloa para el ex mando policiaco para que éste eliminara a los enemigos de esa organización criminal y todo aparentara ser labor policial.
El Rey Zambada le entrega a Bayardo direcciones para que “reventara” domicilios o capturara a gente de los contras.
Por ejemplo, dijo Rambo III, se le proporcionó la información que desembocó en la persecución de Arturo Beltrán Leyva y de la que éste logró escapar en el estado de Morelos.
“Después Bayardo colaboró para detener a la gente de los Beltrán Leyva en la fiesta del Desierto de los Leones: de igual forma colaboraba para hacer operativos en Interlomas y en distintas regiones comandadas por El Richard, ya que recibía dinero en efectivo”, de acuerdo con el testimonio del citado testigo protegido Rambo III.
El 14 de abril de 2005, la PGR difundió un comunicado de prensa oficial en el que relacionó directamente a Bayardo del Villar con el líder de la banda Los Bayardo, Mario Alberto Bayardo Hernández.
La dependencia dijo que Tigre colaboró para lograr la liberación de su primo Bayardo Hernández, aprehendido por el caso de las violaciones de mujeres en el sur de la ciudad de México. La SIEDO tiene vigente una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y secuestro.

References: Artículo 27

Artículo 13
 artículo 131

Artículo 6
 artículo 97
 Artículo 97
 artículo 96
 artículo 27
 artículo 95
 artículo 95
 artículo 96
 artículo 95
 artículo 96
 artículo 95
 resolución