Source: https://luisabeledo.es/page/2/
Timestamp: 2020-04-01 17:49:25+00:00

Document:
EL BLOG DE CORTA Y PEGA DE LUIS ABELEDO – Página 2 – Una vez tuve una cuenta de twitter jurídica. Aquello estuvo bien.
Quién conoce la ley sabe la trampa.
El mítico consejo de esos cuñados –piojos pegados- que dicen: dile a tu padre/madre/progenitor A/progenitor B/progenitor C que te ponga de titular y así tu hermano, hermana o hermane que no los atiente se queda sin nada porque el dinero de la cuenta pasa a ser la mitad tuyo. …. ja,je,ji,jo,ju
La interesante SAP PO 2430/2019, de 11-11-2019, rec 458/2019, ECLI: ES:APPO:2019:2430 –GALICIA CALIDADE- nos remite a una STS del 95 que nos manda al año 1971:
La sentencia del Tribunal Supremo de 19 diciembre 1995 señala: “En línea jurisprudencial, el criterio prosigue con fines ya bien decantados con base, entre otras, en sentencia de 24 marzo 1971:
“Es inaceptable el criterio de que el dinero depositado en las cuentas indistintas pasó a ser propiedad de la recurrente, por el sólo hecho de figurar como titular indistinto,no propietario, porque según doctrina de esta Sala, en el contrato de depósito, la relación jurídica se establece entre el depositante, dueño de la cosa depositada y el depositario que la recibe, no modificándose la situación legal de aquél en cuanto a lo depositado, por la designación de la persona que la pueda retirar; los depósitos indistintos no presuponen comunidad de dominio sobre los objetos depositados, debiendo estarse a lo que resuelvan los Tribunales sobre la propiedad de ellos; incumbe al causahabiente del depositante acción para reivindicar de la persona designada en el depósito indistinto los efectos que hubiera retirado del mismo, sin título para apropiárselo” y así, se ha afirmado en sentencia de 8 febrero 1991:
“… no sólo en la sentencia que cita la recurrente, sino también en la de 19 octubre. 1988, el mero hecho de apertura de una cuenta corriente bancaria, en forma indistinta, a nombre de dos (o más) personas, como norma general lo único que comporta prima facie, en lo referente a las relaciones derivadas del depósito irregular en que toda cuenta corriente bancaria se apoya, es que cualquiera de dichos titulares tendrá, frente al Banco depositario, facultades dispositivas del saldo que arroje la cuenta, pero no determina, por sí solo, la existencia de un condominio, y menos por partes iguales, sobre dicho saldo de los dos (o más) titulares indistintos de la cuenta, ya que esto habrá de venir determinado únicamente por las relaciones internas entre ambos titulares y, más concretamente; por la originaria pertenencia de los fondos o numerario de que se nutre dicha cuenta.[…] sentencia de 15 julio 1993 “…
En los casos de titulares plurales como el que se enjuicia ha declarado esta Sala que el mero hecho de la apertura de una cuenta corriente bancaria a nombre de dos o más personas, lo único que comporta prima facie, como norma general, es que cualquiera de dichos titulares tendrá frente al Banco depositario facultades respecto al saldo que arroje la cuenta, pero no determina un condominio sobre dicho saldo, ya que esto vendrá precisado únicamente por las relaciones internas que medien entre dichos titulares bancarios ( sentencias de 24 marzo 1971, 19 octubre 1988, 8 febrero 1991 y 23 mayo 1992)” y se reitera en la de 15 diciembre 1993: “ha de tenerse en cuenta que si bien figuran en esta clase de negocios unos titulares, que podemos denominar “titulares bancarios”, ello sólo significa que esta circunstancia es más bien operativa para la dinámica del contrato, lo que influye y determina prima facie, en lo referente a las relaciones del depósito que se lleva a cabo, es que cualquiera de dichos titulares ostenta facultades de disposición frente al banco, bien individual o conjuntamente, pero no establece la existencia de un condominio y menos por partes iguales, ya que éste lo fijan las relaciones internas de los titulares y más concretamente en razón a la originaria pertenencia de los fondos depositados y así lo ha declarado esta Sala en sentencia de 8 febrero 1991, que cita las de 24 marzo 1971 y 19 octubre 1988, así como la de 23 mayo 1992, lo que permite que pueda decretarse la exclusión y ajenidad de quien sólo figura como titular bancario y no demostró tener participación personal y directa en la propiedad del dinero depositado, conforme sucede en el caso de autos”; de donde, pues, no cabe presunción ni de titularidad dominical, ni de atribución por mitad o partes iguales, pues ello se relega a la prueba dentro de las relaciones internas entre los titulares bancarios...”.
MORALEJA: No por mucho ser titular en las cuentas se es más propietario
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 13 febrero, 2020 Formato MinientradaCategorías DERECHO CIVIL,Sin categoríaEtiquetas SUCESIONES Y HERENCIAS,titular cuenta causante2 comentarios en TITULAR DE CUENTA CON EL MUERTO SÍ, PERO NO PROPIETARIO DEL DINERO.
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 17 diciembre, 2019 Formato MinientradaCategorías DERECHO MERCANTIL,Sin categoríaEtiquetas responsabilidad administradores,responsabilidad solidaria,responsabilidad solidaria de administradores sociales2 comentarios en RESPONSABILIDAD SOLIDARIA CAUSA DE DISOLUCIÓN POR PÉRDIDAS SOLO DE DEUDAS POSTERIORES AL CARGO.
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 15 noviembre, 2019 Formato MinientradaCategorías DERECHO CIVIL,Sin categoríaEtiquetas CLÁUSULAS ABUSIVAS,CONSULTA A TU ABOGADO,CONSUMIDORES Y USUARIOS,DERECHO CONSUMO,NULIDAD DE CLÁUSULAS ABUSIVASDeja un comentario en NO nulidad de las cláusula de reclamación de posiciones deudoras
STS 3318/2019 ECLI:TS:2019:3318 de fecha 17-10-2019, rec 5924/2017
El Ayuntamiento declara la nulidad de una licencia. Si hay nulidad es que hubo licencia. Si hay nulidad la Ley esa nueva de procedimiento administrativo que hicieron hace unos año que poco cambia de la ley buena, la fetén, la que yo estudié en la carrera establece que pues si hay nulidad la administración tiene que pagar. Como me enseñó un gran jurista y maestro chicharrero, don Vicente Álvarez: You pay, you fly. You don´t pay, you don´t fly. Pues si lo haces mal, paga filliño, que no te duele que no sale de tu bolsillo sino de los impuestos de todos.
A juicio de esta Sala el plazo de prescripción de la acción para exigir la responsabilidad patrimonial derivada de la declaración de nulidad de una licencia que conlleva la demolición de lo ilegalmente construido, debe situarse en el momento en que se dicta resolución judicial firme y ejecutivaque ordena la demolición de lo construido,pues, desde ese momento, queda concretado el daño, aún cuando la efectiva demolición se produzca con posterioridad. Dicha resolución judicial puede ser la sentencia firme que declara la nulidad de la licencia, pero también resulta posible que dicha resolución se dicte en el trámite de ejecución de la misma, como ocurre en el presente caso, en que por parte de la Sala de instancia se acordó la inejecución de la sentencia al amparo del art. 105.2 de la Ley de la jurisdicción; esto es, se consideró que el nuevo planeamiento legalizaba la construcción de la biblioteca, decisión que impedía su demolición, hasta que dicha resolución fue dejada sin efecto por sentencia de esta Sala de 17 de octubre de 2010, momento en el que, conforme a la doctrina que hemos dejado expuesta, se produce la resolución definitiva en el incidente de ejecuciónque ordena, con carácter firme, la demolición de lo ilícitamente construido, por lo que siendo ese el “dies a quo“, la reclamación formulada se encuentra planteada en plazo.
Además de lo anterior, me gusta esta distinción:
La distinción entre daños continuados y permanentesha sido desarrollada, fundamentalmente, por la jurisprudencia del ámbito Contencioso-administrativo.
Así, el Tribunal Supremo, en la sentencia de 26 de febrero de 2013, dictada en el recurso de casación número 367/2011 en relación con los daños derivados de una deficiente asistencia sanitaria, aclara las diferencias. El daño continuado <<no permite[n] conocer en el momento en el que se produce los efectos definitivos de una lesión y en los que, por tanto, el inicio del plazo para reclamar es aquél en el que ese conocimiento se alcance>>.
Mientras los daños permanentes <<aluden a lesiones irreversibles e incurables, aunque no intratables, cuyas secuelas resulten previsibles en su evolución y en su determinación, siendo, por tanto, cuantificables, por lo que los tratamientos paliativos o de rehabilitación ulteriores o encaminados a obtener una mejor calidad de vida, o a evitar eventuales complicaciones en la salud, o a obstaculizar la progresión de la enfermedad, no enervan la realidad de que el daño ya se manifestó con todo su alcance en un momento anterior>>.
Ahondando más en la caracterización de los daños permanentes, resulta de interés lo dicho por el Supremo en la sentencia de 31 de marzo de 2014 (recurso 4867/2011), en la que afirma, que <<la jurisprudencia ha considerado daños permanentes, caracterizados como aquellos en los que el acto generador de los mismos se agota en un momento concreto aun cuando sea inalterable y permanente en el tiempo el resultado lesivo>>.
Por su parte y en el orden civil la sentencia del Tribunal Supremo de 6 febrero 2006 indica: <<Asimismo, el Tribunal Supremo ha establecido el distingo entre daños continuados y daños permanentes, como pone de manifiesto la sentencia de 22 junio 1995, denominando daños permanentes a los que el acto generador de los mismos se agota en un momento concreto, aun cuando sea inalterable y permanente en el tiempo el resultado lesivo, en tanto que los segundos son aquéllos que en base a una unidad de acto se producen día a día de manera prolongada en el tiempo y sin solución de continuidad. En el caso de los daños definidos como permanentes, es evidente que producido el acto causante del resultado lesivo éste queda perfectamente determinado y puede ser evaluado o cuantificado de forma definitiva>>.
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 14 noviembre, 2019 14 noviembre, 2019 Formato MinientradaCategorías DERECHO ADMINISTRATIVO,Sin categoríaEtiquetas DIES A QUO NULIDAD CON DEMOLICIÓN,Prescripción de la acción para exigir la responsabilidad patrimonial derivada de la declaración de nulidad de una licencia que conlleva la demolición,RESPONSABILIDAD PATRIMONIALDeja un comentario en Prescripción de la acción para exigir la responsabilidad patrimonial derivada de la declaración de nulidad de una licencia que conlleva la demolición
Un cliente ha recibido una demanda de ejecución de títulos judiciales basada en una resolución del contrato que obliga al cumplimiento del contrato.
Si has llegado a este párrafo sin leer dos veces el anterior y pensar que estoy loco, tú y yo tenemos un problema porque somos las dos Españas jurídicas enfrentadas en las urnas.
A partir de ahora, con el siguiente texto, vuestras mentes van a ser manipuladas.
(NOTA: la resolución unilateral del contrato es válida en derecho español con una serie de matices que no vienen al caso)
El artículo 1124 del CCiv establece que:
Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros adquirentes, con arreglo a los artículos 1295 y 1298 y a las disposiciones de la Ley Hipotecaria”
El artículo 1124 no constituye una verdadera condición, ya que no origina automáticamente la resolución desde la voluntad expresada en la relación contractual, sino que sólo integra a favor del acreedor, cuya prestación fue incumplida, la facultad de optar por la resolución, pues el mismo debe elegir expresamente entre la exigencia de cumplimiento o la resolución, sin que quepa el ejercicio simultáneo de ambas acciones(S.S. 29/7/1996), aunque sí el ejercicio de la de resolución (S.S. 8/5/1995). (S.T.S. 14/2/2007) –este corta y pega lo saqué un libro de Tirant-.
La cláusula discutida dice:
9.2- En caso de que el Arrendador Financiero opte por resolver el contrato se producirán todos y cada uno de los siguientes efectos:
El Arrendador financiero retendrá el importe de las cuotas vencidas y abonadaspor el usuario en concepto de rentas por el uso y disfrute de los bienes.
El Usuario abonará al Arrendador Financiero, en los mismos conceptos establecidos en la letra anterior, el importe impagado de las cuotas vencidas hasta la fecha de resoluciónque hubieran resultado impagadas y los correspondientes intereses de demora.
El Usuario abonará al Arrendador financiero, en concepto de indemnización de daños y perjuicioscausados por el incumplimiento, una cuantía que las partes fijan libremente en este momento en elimporte equivalente a siete (7) cuotas.
El arrendador financiero podrá optar entre las siguientes posibilidades:
Exigir la devoluciónde los bienes, (…)
Exigir el cumplimiento del contrato y el consiguiente pago inmediato dela cantidad resultante de a) el importe de la suma de las cuotas pendientes de vencimientode contrato en el momento de la resolución; b) el importe del valor residual; c) los impuestos que correspondan sobre las partidas anteriores
Si el ejecutante quiere resolver, no hay problema, las consecuencias están pactadas:
Retener cuotas pagadas.
Obligar a abonar el importe de cuotas vencidas.
Pago de daños y perjuicios expresamente pactados en el importe de 7 cuotas; y, lógicamente,
Exigir la devolución de los bienes.
Lo que no puede ser por ser contrario a la ley es, a la vez que se declara la resolución por incumplimiento, -el contrato deja de existir y debemos pasar a determinar los efectos de dicha resolución si no hay oposición- es pedir su cumplimiento y el pago de todas las cuotas hasta la finalización del contrato con intereses e impuestos, incluidos el valor residual para que el ejecutado haga suyo los bienes.
En este caso, el ejercicio de la opción del cumplimiento del contrato, ex art 1124 CCivil, implica que el contrato sigue vivo, sus obligaciones vigentes, y solamente podría exigir los daños y perjuicio –tasados en 7 cuotas y los intereses-.
No debemos olvidar que el presente contrato es un arrendamiento financiero, no un préstamo en virtud del cual se entrega una cantidad de dinero y hay que devolverla en cuotas establecidas, con la existencia de una cláusula de vencimiento anticipado.
El arrendador financiero envió un burofax donde expresamente declara resuelto el contrato por incumplimiento del arrendatario para pasar a decir, en el siguiente párrafo del burofax, exigiendo el cumplimiento del contrato.
Ya está la oposición presentada. A ver que nos dicen.
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 12 noviembre, 2019 12 noviembre, 2019 Formato MinientradaCategorías DERECHO CIVIL,Sin categoríaEtiquetas arrendamiento financiero.,resolución de contratoDeja un comentario en El artículo 1124 Ccivil … Ese gran desconocido.
Hoy traemos la sentencia 107/2019, de 30 de septiembre del Tribunal Constitucional que es un rollo de Juzgado pero que al final también manda.
Llegamos a esta sentencia por la noticia publicada en Confilegal por @luisjasanchez que relata el éxito de la abogada Soledad García-Mauriño del que nos vamos a aprovechar todos.
Como antecedente importante señalar que el Ayuntamiento no presentó pericial del valor del suelo y a buen entendedor pocas palabras bastan y estamos ante un amparo, con lo que ello significa. (nota mental, cada vez que leo amparo recuerdo a Pozí) y que el juzgado no valoró las escrituras de compraventa.
El corta y pega es:
Queja sobre la lesión del derecho a la valoración de la prueba (art. 24.1 CE). Distinta debe ser la conclusión en relación con la falta de valoración de las escrituras de compraventa.Como ha quedado constatado, con la demanda se adjuntaron las escrituras de compra y venta, que ponen de manifiesto la minusvalía sufrida en la transmisión del inmueble, prueba documental que fue admitidaen la vista.
Es cierto, como señala el fiscal, que con anterioridad a la declaración de inconstitucionalidad del art. 110.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por la STC 59/2017, de 11 de mayo, no cabía la prueba de una minusvalía, por impedirlo expresamente el citado precepto. Es, entonces, a partir de esa declaración de inconstitucionalidadcuando los obligados tributarios pueden acreditar un resultado diferente (una minusvalía) al derivado de la aplicación de las reglas de valoración que contiene la norma legal (una plusvalía) y, por tanto, una situación inexpresiva de capacidad económica no susceptible de imposición[STC 59/2017, FJ 5 b)]. Ahora bien, lo relevante en este caso es que, al momento de dictarse la sentencia controvertida, el órgano judicial ya consideraba que podía probarse tal minusvalía, por lo que, según su propio criterio la prueba solicitada era relevante y pertinente.
La vulneración del art. 24.1 CE se sustenta en la falta de valoración de las escrituras de compraventa, cuya veracidad no fue tampoco contestadapor el ayuntamiento, por lo que su valoración por el órgano judicial resultaba en este caso insoslayable. Por último, el razonamiento contenido en la sentencia, con remisión a otra del Juzgado núm. 22 de Madrid, de 9 de febrero de 2015 (dictada en el procedimiento ordinario 233-2014), no enerva la anterior conclusión, pues precisamente la sentencia que se cita abordaba un supuesto en el cual ni siquiera había sido solicitado el recibimiento a prueba, sino que el demandante se había limitado a realizar alegaciones generales sobre la evolución del mercado inmobiliario. Por tanto, el argumento exteriorizado en la sentencia recurrida para justificar la insuficiencia probatoria resulta irrazonable, al contenerse una remisión a un supuesto sustancialmente distinto.La revisión que se lleva a cabo en el auto que desestima el incidente de nulidad de actuaciones, en fin, no remedia la anterior lesión.
Si acreditas la minusvalía con las escrituras vale. Este tema lo tratamos el 2-12-2018 AQUÍ
Si el ayuntamiento duda de la veracidad busca más elementos de prueba.
Presentar un recurso de reposición a las liquidaciones citando una sentencia del TC puede ser impactante pero te van a mandar al contencioso para retener la pasta.
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 23 octubre, 2019 23 octubre, 2019 Formato MinientradaCategorías Sin categoríaEtiquetas "PLUSVALÍA" MUNICIPAL,DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES COBRADAS POR LA PLUSVALIA MUNICIPAL,PLUSVALIA MUNICIPAL ABUSIVADeja un comentario en EL TC habla de nuevo con las “plusvalías Municipales”: una sentencia (aclaración para millenials)
En 2015 A y B constuyen una Sl llamada C con CS de 6.000 € de 1€/ud.
C tiene como objeto:
la adquisición, tenencia, disfrute y administración en general y enajenación de acciones, participaciones, obligaciones, bonos y otros valores mobiliarios de renta fija o variable, emitidos por empresas individuales o sociales, públicas o privadas, cotizadas o no, cualquiera que sea la forma que adopten dichas empresas, ejerciendo con la mayor amplitud los derechos que le atribuye su participación en las mismas”.
Antes se había acordado un parasocial/acuerdo de inversión y la entrada en el capital:
(…)se efectuaría a través de ampliación de capital con aportación dineraria en la que, en su caso, se fijaría una prima de asunción equivalente a la diferencia entre el valor nominal de las participaciones que finalmente se suscribieran y su valor real a la fecha del Acuerdo de Inversión. Y si el Sr. ___ no pudiera hacer frente al desembolso en el plazo concedido, la prima pactada se recalcaría en función del valor real de la compañía en el momento en que finalmente, se acometiera el desembolso. “
Bueno, uno de los socios fundadores –PJ- renuncia a la suscripción preferente a favor de un no socio. Nada fuera de lo habitual.
He aquí que entra Hacienda y acaba razonando el TEAC:
” ambos supuestos estarían sujetos a tributación conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del art 15 TRLIS, a cuyo tenor: Los elementos patrimoniales transmitidos o adquiridos a título lucrativo se valorarán por su valor normal de mercado; la entidad transmitente integrará en su base imponible la diferencia entre el valor normal de mercado delos elementos transmitidos y su valor contable y en la adquisición a título lucrativo, la entidad adquirente integrará en su base imponible el valor normal de mercado del elemento patrimonial adquirido.
conforme a lo establecido en el art 15. Y 3 del TRLIS, dicha renuncia a título gratuito, valorada en ____ € se debe integrar en la base imponible del IS consolidado, ejercicio 2006, del grupo fiscal 115/06 del que forman parte de la sociedad dominande.
nos parece que asiste la razón a la Administración cuando razona que ” la cuestión fundamental radica en determinar, si ha quedado acreditado que como consecuencia de las operaciones de ampliación de capital y renuncia de derechos de suscripción con las mismas, ha existido una efectiva transmisión lucrativa”– 24 del Acuerdo de liquidación-. Y como se razona más adelante, es cierto que, al final, la correspondencia o porcentaje pactado se corresponde con lo pactado de 80/20 en el Acuerdo de octubre, ” pero no existe correspondencia entre los desembolsos efectuados y el valor de las participaciones detentadas” – p. 29-. No ha quedado ” acreditada una contraprestación efectiva equivalente. El análisis de cada ampliación de capital nos lleva a concluir que existen renuncias de derecho de suscripción…que generan una cesión a favor de tercero…” -pp. 29 y 30-.
b.- Por otra parte, es cierto que no consta que la renuncia se efectuase a favor de ningún socio, pero como se razona ello no es óbice para que, de facto, exista una renuncia traslativa, pues del acuerdo suscrito entre las partes y que constituye el origen de las operaciones enjuiciadas, se infiere que ” todas las operaciones de ampliación de capital tiene su fundamento en el acuerdo de inversión”y se realizan siempre a favor de los que suscribieron dicho acuerdo -p. 36-.
Por ello, la Sala es del mismo parecer la Inspección cuando afirma ” la teoría de la renuncia abdicativa no cabe en el presente supuesto en el cual se han delimitado perfectamente….en el acuerdo previo inversor….cuales son los pasos para conseguir los porcentajes previstos por lo que las renuncias a derechos de suscripción tienen plenos efectos traslativos, como se deduce del análisis conjunto de los hechos” – p. 36-.
Y es que como sostiene la mejor doctrina el animus donandi no puede ser otra cosa que el consentimiento contractual aplicado a este tipo de negocios jurídicos, es decir, siempre que exista la intención de determinar con el negocio el enriquecimiento de otra persona, como así ha ocurrido, existe animo de donar. En esta línea, la STS de 20 de octubre de 2011 (Rec. 2243/2008 ), sostiene que ” debe entenderse correcta la liquidación practicada por la Administración tributaria y confirmada por la Sala de instancia en este punto, por constituir dicha renuncia una transferencia de patrimonio gratuita a favor de la suscriptora de las nuevas participaciones“. También cabe citar la STS de 22 de junio de 2009 (Rec. 1647/2003 ).
Y así, queridos lectores, la AEAT descubre el malvado plan de unos inversiones para enriquecerse sin pagar impuestos.
MORALEJA: si redactas un acuerdo parasocial en donde un no socio entre como inversor sin pagar la prima vete ahorrando por si te pilla hacienda porque lo has hecho… Y LO SABES.
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 16 octubre, 2019 Formato MinientradaCategorías DERECHO FISCAL. Condena en costas como pérdida patrimonial,Sin categoríaEtiquetas acuerdo parasocial,aumento de capital,impuesto de donacionesDeja un comentario en DONACIÓN POR RENUNCIA A DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 6 octubre, 2019 6 octubre, 2019 Formato MinientradaCategorías DERECHO CONCURSAL,Sin categoríaEtiquetas Modificación de Textos Definitivos en un concurso por el inicio de un expediente de derivación de responsabilidad.Deja un comentario en Modificación de Textos Definitivos en un concurso por el inicio de un expediente de derivación de responsabilidad.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1124
 artículo 1124
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1124
 Real Decreto