Source: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00276-2009.htm
Timestamp: 2019-03-24 09:47:55+00:00

Document:
SUP-RAP-0276-2009
EXPEDIENTE: SUP-RAP-276/2009
ACTOR: JORGE LUIS QUINTERO LUÉVANO
AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MAGISTRADA PONENTE: MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA
SECRETARIO: JUAN ANTONIO GARZA GARCÍA
México, Distrito Federal, a veintiuno de octubre de dos mil nueve.
VISTOS, para resolver los autos del expediente al rubro citado, relativo al recurso de apelación interpuesto por Jorge Luis Quintero Luévano, en contra de la resolución CG421/2009 del Consejo General del Instituto Federal Electoral, de diecinueve de agosto de dos mil nueve, en la que se resuelve el procedimiento especial sancionador que consta en el expediente SCG/PE/CEEPC/CG/112/2009, incoado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí en contra del apelante, entre otros, y "se impone al C. Jorge Luis Quintero Luévano, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Cerritos, San Luis Potosí, una sanción consistente en una multa de doscientos setenta y cuatro días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, equivalentes a la cantidad $15, 015.00 (quince mil quince pesos 00/100 M.N.)", y
I. Antecedentes. De la narración de los hechos vertidos en el escrito de demanda, así como de las constancias que obran en el expediente, se desprende lo siguiente:
1. Denuncia del Presidente y Secretario del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí. Como consecuencia de una denuncia presentada por el Partido Acción Nacional, Rodolfo J. Aguilar Gallegos y Rafael Rentería Armendáriz, Consejero Presidente y Secretario de Actas, respectivamente, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, denunciaron el veinticinco de mayo de dos mil nueve, mediante oficio número CEEPC/P/SA/2338/2009 presentado ante el Instituto Federal Electoral, hechos que a su juicio constituían infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismos que hicieron consistir primordialmente en lo siguiente:
"Los mismos se desprenden de la denuncia anexada, como sigue:
"En el canal de cable de esta ciudad ha habido difusión de mensajes de los denominados spots publicitarios por parte del candidato del Partido Revolucionario Institucional, precisando el C. Jorge Quintero Luévano considerando que si este (sic) espacio hubiere sido otorgado por la autoridad competente para designarlo, se nos hubiera otorgado en los mismos términos y condiciones a las demás fuerzas políticas que contendemos, por lo tanto existe la posibilidad y el supuesto de que el partido antes citado, el candidato o un tercero adquirieron este espacio por su cuenta, lo que de actualizarse es una seria violación a los preceptos y principios que rigen el proceso electoral como son la certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad del proceso electoral, además violentan gravemente lo enunciado por el artículo 40 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo (sic) 156 párrafo quinto de la Ley Electoral del estado de San Luis Potosí."
Los hechos descritos por la denunciante y las pruebas que se relacionan hacen presumir la probable comisión de una infracción electoral en términos de lo dispuesto por los artículos 41 fracción III, apartado A, inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 156 último párrafo y ese Organismo Electoral Federal es competente para el conocimiento y resolución de la presente denuncia en términos de los dispuesto por el artículo 368 párrafo cuarto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 272 fracción I, y 273 de la Ley Electoral del Estado."
2. Inicio del procedimiento especial sancionador. Mediante proveído de fecha veintiséis de mayo de dos mil nueve, el Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, tuvo por recibida la denuncia de la autoridad electoral local, ordenó formar el expediente registrado con el número SCG/PE/CEEPC/CG/112/2009, así como llevar a cabo diversas diligencias necesarias para la sustanciación del procedimiento.
3. Audiencia de pruebas y alegatos. Una vez que el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral determinó que los probables responsables de las conductas denunciadas eran el Partido Revolucionario Institucional, Jorge Luis Quintero Luévano, Román Gallegos Compean, así como la persona moral Telecomunicaciones de Cerritos S.A. de C.V., y realizó los emplazamientos correspondientes, el día diecisiete de agosto de dos mil nueve se celebró la audiencia de pruebas y alegatos a que se refiere el artículo 369 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Según consta en autos, a dicha audiencia no compareció persona alguna en representación de Román Gallegos Compean ni de Telecomunicaciones de Cerritos S.A. de C.V.
4. Acto impugnado. El diecinueve de agosto de dos mil nueve, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió la resolución CG421/2009 al tenor de lo siguiente:
"RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR INCOADO POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SAN LUIS POTOSÍ EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DEL C. JORGE LUIS QUINTERO LUÉVANO, OTRORA CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS, SAN LUIS POTOSÍ DEL REFERIDO INSTITUTO POLÍTICO, DEL C. ROMÁN GALLEGOS COMPEAN Y DE TELECOMUNICACIONES DE CERRITOS, S.A DE C.V., POR HECHOS QUE CONSIDERA CONSTITUYEN PROBABLES INFRACCIONES AL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SCG/PE/CEEPC/CG/112/2009.
EXITENCIA [SIC] DE LOS HECHOS
En el presente apartado, resulta atinente precisar que "Telecomunicaciones de Cerritos S.A. de C.V." y el C. Jorge Luis Quintero Luévano, reconocieron expresamente la difusión de la propaganda materia de inconformidad, por lo que la autoridad de conocimiento estima que los hechos denunciados son ciertos en cuanto a su existencia.
Al respecto, conviene reproducir el contenido del escrito de fecha veintisiete de junio de dos mil nueve, signado por el Prof. Pablo Sánchez Turrubiartes, representante legal de "Telecomunicaciones de Cerritos S.A. de C.V.", a través del cual manifestó medularmente lo siguiente:
"Que vengo por medio del presente escrito en tiempo y forma a dar contestación al oficio SCG/1407/2009, con fecha 10 de junio de 2009, el cual fue notificado el día 24 de junio del año en curso; en atención al requerimiento manifiesto lo siguiente:
Que el día 08 de Mayo del presente año se me fue (sic) contratado el servicio de spot publicitarios por el día de las madres a favor del C. Jorge Quintero Luévano, candidato a la presidencia municipal de Cerritos, S.L.P.
Mismo que fue contratado por el C. Román Gallegos Compean por el cual me permito anexar copia simple del documento comprobante de pago en el cual se cita el tiempo y el costo de dicho promocional en la inteligencia que la transmisión se realizo en los tiempos pagados y que se citan en la propia factura respectiva.
Como se observa, el Prof. Pablo Sánchez Turrubiartes, representante legal de la empresa "Telecomunicaciones de Cerritos, S.A. de C.V.", declaró que quien contrató a su representada el servicio de publicidad de un promocional con motivo del diez de mayo, a favor del C. Jorge Quintero Luévano, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Cerritos, S.L.P., fue el C. Román Gallegos Compean.
De igual forma, para acreditar su dicho, acompañó la nota de venta identificada con el número NV0130, que presuntamente ampara el costo por la difusión del promocional materia de inconformidad (seis impactos), cuyo monto asciende a la cantidad de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N).
Por su parte, el C. Jorge Luis Quintero Luévano, a través de escrito de fecha diecisiete de agosto del año en curso, reconoció expresamente la transmisión del promocional identificado como ‘Spot publicitario por el día de las madres’, mismo que textualmente señala que:
Transcurriendo mi campaña con normalidad pero es el caso que el día diez de mayo del año que corre, por medio del canal local de este municipio me entero de la publicación de un spot, (mismo que se había gravado previamente para editarlo en una reunión de campaña), dirigido al día de las madres, por lo que al preguntar me informaron que había sido un simpatizante a mi partido quien había hecho la contratación, sin que exista dolo o mala fe, debido a que esta persona no sabía de los alcances legales que esto significa.
Es el caso que una vez enterado, hable con el Representante Legal de CABLECER, el Prof. Pablo Sánchez Turrubiartes, para que se cancelara tal edición debido a que su transmisión me podría perjudicar, como es el caso.
Como se observa, el C. Jorge Luis Quintero Luévano, reconoció expresamente la difusión del promocional materia de inconformidad toda vez que refirió que lo tuvo en su poder con el objeto de editar su contenido, precisando que uno de sus simpatizantes fue el responsable de realizar su contratación, por lo que esta autoridad tiene por acreditada la difusión del promocional materia de inconformidad.
Por su parte, el Lic. Raúl Reyes Tapia, quien en la audiencia de fecha diecisiete de agosto del año en curso compareció en representación del C. Jorge Luis Quintero Luévano reconoció expresamente la difusión del promocional materia de inconformidad.
Al respecto, conviene reproducir la parte conducente de la intervención del citado representante, mismo que se reproduce a continuación:
LOS HECHOS SON IMPUTADOS A UNA TERCERA PERSONA DE ACUERDO CON EL INFORME RENDIDO POR LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES CERRITOS EN EL CUAL CONSTA QUE EL C. ROMAN GALLEGOS COMPEAN A TITULO PERSONAL CONTRATO SEIS SPOTS A FAVOR DEL C. JORGE LUIS QUINTERO LUEVANO Y QUE UNA VEZ QUE MI REPRESENTADO SE ENTERO DE LA PUBLICACIÓN INMEDIATAMENTE SE COMUNICÓ A LA TELEVISORA A EFECTO DE QUE CANCELARAN DICHOS SPOTS EN VIRTUD DE QUE PODIAN PERJUDICAR LA CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y QUE POR DESCONOCIMIENTO DE LA LEY EL C. ROMAN GALLEGOS COMPEAN FUE QUIEN CONTRATO DICHA PUBLICIDAD Y SOLICITO SE ANALICE EL RESULTADO EN VIRTUD DE QUE NO TUVO EL EFECTO O LA INDUCCIÓN EN LAS PREFERENCIAS DEL ELECTORADO PARA DEFINIR AL PRESIDENTE MUNICIPAL;
Como se observa, el C. Jorge Luis Quintero Luévano, afirmó que quien contrato la publicidad materia de inconformidad fue uno de sus simpatizantes, reconociendo expresamente la difusión del promocional identificado como "Spot publicitario por el día de las madres", por lo que esta autoridad arriba válidamente a la conclusión de la existencia del mismo.
En tal virtud, toda vez que los sujetos denunciados reconocieron la difusión de la propaganda materia de inconformidad, los mismos se tienen por ciertos en cuanto a su existencia. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 358, párrafo 1 y 359, párrafos 1, 2 y 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los que se establece lo siguiente:
[SE TRANSCRIBE]
En tal virtud, el reconocimiento expreso por parte de la empresa "Telecomunicaciones de Cerritos, S.A. de C.V.", y del C. Jorge Quintero Luévano, permite a esta autoridad contar con los elementos de convicción necesarios que le generan certeza respecto de la existencia de los hechos materia de inconformidad.
En este tenor, corresponde a éste órgano resolutor valorar las pruebas aportadas por las partes y las recabadas por esta autoridad electoral:
1.- PRUEBAS RECABADAS POR LA AUTORIDAD
DOCUMENTALES PÚBLICAS
A) El oficio DEPPP/STCRT/7119/2009, signado por el Lic. Antonio Horacio Gamboa Chabbán, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos en su carácter de Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión, mediante el cual señala que para fines electorales que el monitoreo realizado por dicha institución no comprenden las señales de radio y televisión que se distribuyen a través de servicios restringidos; de igual informó la razón social de quienes operan las señales de televisión restringida del Municipio de Cerritos, San Luis Potosí.
Al respecto, se reproduce la respuesta en cuestión, misma que es del tenor siguiente:
"En desahogo al requerimiento formulado mediante proveído de fecha veintiséis de mayo del año en curso, dictado en los autos del procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente SCG/PE/CEEPC/CG/112/2009, mismo que fue notificado al suscrito a través de su similar número SCG/1181/2009, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:
De las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias antes citadas, se desprende que el acceso a los medios de comunicación social para fines electorales recae sobre los tiempos en radio y televisión que corresponden al Estado de conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión; 15, 16 y 17 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en Materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, así como en el ‘Decreto por el que autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que se indica’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de octubre de dos mil dos, es decir, en aquellos que deben proporcionar los concesionarios y permisionarios de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico que la población puede recibir de manera directa y gratuita utilizando las dispositivos idóneos para ello.
Por lo anterior, el acceso a los medios de comunicación social para fines electorales no comprende las señales de radio y televisión que se distribuyen a través de servicios restringidos, con excepción de los supuestos establecidos en los artículos 75, párrafo 1 y 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 53, párrafo 1 y 2 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral, cuyos alcances han quedado precisados en líneas anteriores.
a) La razón o denominación social del concesionario o permisionario que opera el canal en que fue difundido el promocional a que hace alusión la autoridad de San Luís Potosí, debiendo señalar el nombre del representante legal, así como el domicilio en el cual puede ser localizado.
Al respecto, me permito precisar que los datos suministrados en el oficio que se contesta, en relación con el canal que presuntamente difundió el promocional a que hace alusión el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luís Potosí, son insuficientes para proceder a su identificación y, en consecuencia, para proporcionar el resto de los datos solicitados.
No obstante lo anterior, la Junta Local Ejecutiva del Instituto en la entidad federativa precisada, informó a esta Dirección Ejecutiva, los siguientes datos en relación a la empresa de (sic) que opera los servicios de televisión restringida en el municipio de Cerritos, San Luís Potosí:
Razón Social: Telecomunicaciones de Cerritos, S.A. de C.V.
Representante Legal: Prof. Pablo Sánchez Turrubiartes
Domicilio: Adolfo López Mateos número 2, segundo piso, Zona Centro, C.P. 79402, Cerritos, San Luís Potosí.
Oficina Matriz: Telecable de Rioverde, S.A. de C.V.
Domicilio: Centenario número 600, C.P. 79610, Rioverde, San Luís Potosí."
Al respecto, debe decirse que el elemento probatorio de referencia tienen el carácter de documento público cuyo valor probatorio es pleno, y su alcance se ciñe aportar a esta autoridad los datos que permiten la identificación y los datos que permiten la ubicación de los concesionarios de televisión restringida que operan en el Municipio de Cerritos, San Luis Potosí.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 358, párrafo 3, inciso a) y 359, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 34, párrafo 1, inciso a); 35, párrafo 1, inciso a); y 45 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral.
2.- PRUEBAS APORTADAS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SAN LUIS POTOSÍ
A) Copia Certificada de la sesión ordinaria del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, de fecha trece de enero de dos mil nueve, que consta de cuatro fojas útiles.
B) Copia Certificada de la portada del periódico oficial del estado de San Luis Potosí de fecha 18 de diciembre de dos mil ocho.
Al respecto, debe decirse que los elementos probatorios de referencia tienen el carácter de documentos públicos cuyo valor probatorio es pleno, respecto de los hechos que en él se consignan, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad electoral en ejercicio de sus funciones, y en los mismos se hace contar la ratificación de los CC. Héctor Javier Cruz Izaguirre, Rafael Rentería Arméndariz y Eduardo Carrera Guillén, como Secretario Ejecutivo, Secretario de Actas propietario y suplente, respectivamente, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí.
C) Copia Certificada del escrito de fecha veintinueve de abril de dos mil nueve, signado por el Lic. Héctor Mendizábal Pérez, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de San Luis Potosí, a través del cual nombra a la C. Rosa María del Carmen Ávila Perales como representante del Partido Acción Nacional ante el Comité Municipal Electoral en el Municipio de Cerritos, San Luis Potosí.
Al respecto, debe decirse que el elemento probatorio de referencia tienen el carácter de documento público cuyo valor probatorio es pleno, respecto de los hechos que en él se consignan, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad electoral en ejercicio de sus funciones y en el mismo se hace constar el nombramiento de la C. Rosa María del Carmen Ávila Perales como representante del Partido Acción Nacional ante el Comité Municipal Electoral en el Municipio de Cerritos, San Luis Potosí.
A) Disco compacto, que contiene el promocional alusivo al C. Jorge Quintero Luévano, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Cerritos, San Luis Potosí, mismo que se detalla a continuación:
En principio, se observa el emblema del Partido Revolucionario Institucional y al C. Jorge Luis Quintero Luévano, otrora candidato a Presidente Municipal de Cerritos, San Luis Potosí, acompañado de cuatro personas, manifestando lo siguiente: "…Familia, de mi mamá, de mi esposa, la madre de mis hijos, quiero enviar un afectuoso saludo y un caluroso abrazo a todas las madres cerritenses. ¡Feliz día de las madres!. Aprovecho la oportunidad para pedirles su apoyo y garantizarles que la seguridad de sus hijos será prioridad en mi gobierno. Este cinco de julio participa porque en el PRI, primero las mujeres, primero tus hijos, primero la familia cerritense."
En forma conjunta, se observa una imagen animada que presenta el emblema del Partido Revolucionario Institucional acompañado de las siguientes frases. "VOTA. Este 5 de julio. Jorge Quintero Presidente 2009-212. Gestión y servicio para Cerritos"
Por último, una vez concluida la participación del referido candidato se observa el rostro del referido ex candidato, así como el emblema del Partido Revolucionario Institucional acompañado de las siguientes frases: "VOTA este 5 de julio por el profesor…Jorge Quintero Presidente. Gestión y Servicios para Cerritos. 2009-212."
Al respecto, debe decirse que el elemento probatorio de referencia tiene el carácter de prueba técnica cuyo valor probatorio es indiciario, respecto de su contenido, toda vez que la misma fue producida por el propio denunciante en el procedimiento que nos ocupa, sin embargo, y su alcance se ciñe a aportar a esta autoridad indicios de la presunta transmisión del consabido promocional a través de un canal de televisión.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 358, párrafo 3, inciso c) y 359, párrafos 1 y 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los numerales 34, párrafo 1, inciso c); 38 Párrafo 1 y 45 del Reglamento de Quejas y Denuncias.
En ese tenor, cabe recordar que se considera que las pruebas técnicas han sido reconocidas unánimemente por la doctrina como de tipo imperfecto, ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y la dificultad para demostrar de modo absoluto e indudable las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido , pues es un hecho notorio que actualmente existen al alcance común de la gente un sinnúmero de aparatos, instrumentos y recursos tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes, videos y de casetes de audio de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza, ya sea mediante la edición total o parcial de las representaciones que se quieren captar y/o de la alteración de las mismas, colocando a una persona o varias en determinado lugar y circunstancias o ubicándolas de acuerdo a los intereses del editor para dar la impresión de que están actuando conforme a una realidad aparente o en su caso, con la creación de las mismas en las circunstancias que se necesiten.
3.- PRUEBAS APORTADAS POR "TELECOMUNICACIONES DE CERRITOS, S.A. DE C.V."
DOCUMENTAL PRIVADA
A) Copia simple de un nota de venta identificada con el número NV0130, de fecha ocho de mayo del año en curso, que presuntamente ampara el costo por la difusión del promocional materia de inconformidad (seis impactos), cuyo monto asciende a la cantidad de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N).
Al respecto, debe decirse que el elemento probatorio de referencia tienen el carácter de documento privado cuyo valor probatorio es indiciario, respecto de los hechos que en el mismo se consignan, y su alcance se limita a acreditar la presunta celebración de un convenio celebrado el ocho de mayo de dos mil nueve entre "Telecomunicaciones de Cerritos, S.A. de C.V." y el C. Román Gallegos Compean, con el objeto de que la primera de las citadas difundiera en seis ocasiones el promocional materia de inconformidad, elemento que valorado en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral federal, permiten a esta autoridad desprender indicios respecto a que el promocional identificado como "Spot publicitario por el día de las madres", fue contratado por el C. Román Gallegos Compean.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 358, párrafo 3, inciso b) y 359 párrafos 1 y 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los numerales 34, párrafo 1, inciso b); 36, párrafo 1; y 45 del Reglamento de Quejas y Denuncias.
Al respecto, cabe citar de manera ilustrativa el siguiente criterio de jurisprudencia publicado en el Semanario Judicial de la Federación, emitido por la Primera Sala:
[SE TRANSCRIBE LA TESIS DE RUBRO "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS".]
En este sentido, del análisis integral del contenido de las pruebas que obran en autos, particularmente de la respuesta formulada por el C. Pablo Sánchez Turrubiates, representante legal de la empresa denominada Telecomunicaciones de Cerritos, S.A. de C.V, así como de la copia de la nota de venta que anexó a su respuesta, se arriba a las siguientes conclusiones:
1.- Que el día ocho de mayo de la presente anualidad, el C. Román Gallegos Compean contrató a la empresa denominada Telecomunicaciones de Cerritos, S.A. de C.V., a efecto de que difundiera un spot alusivo al C. Jorge Quintero Luévano, candidato a la Presidencia Municipal de Cerritos, San Luis Potosí postulado por el Partido Revolucionario Institucional.
2.- Que el promocional materia de inconformidad fue difundo por la señal de televisión restringida de Telecomunicaciones de Cerritos, S.A. de C.V en seis ocasiones, durante los días 8, 9 y 10 de mayo de la presente anualidad.
3.- Que la remuneración por la difusión del promocional materia del procedimiento citado ascendió a la cantidad de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 m.n.).
4.- Que el promocional materia de inconformidad tuvo seis impactos.
Las anteriores conclusiones encuentran su fundamento en la valoración conjunta que realizó este órgano resolutor a los elementos probatorios que obran en el presente expediente, por lo que atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, resulta válido arribar a la conclusión de que los hechos denunciados son ciertos en cuanto a su existencia, sin que ello implique prejuzgar respecto de la existencia o no de la presunta infracción denunciada.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 359, párrafos 1, 2 y 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el que se establece lo siguiente:
OCTAVO. Que una vez sentado lo anterior, en el presente apartado se procede a determinar si el C. Jorge Luis Quintero Luévano, otrora candidato a Presidente Municipal de Cerritos, San Luis Potosí, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, incurrió en alguna infracción a la normatividad electoral federal, derivado de la presunta contratación en televisión de un promocional con contenido electoral, lo que en la especie podría transgredir lo dispuesto en los artículos 41, base III, apartado A, inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 49, párrafo 3, 341, párrafo 1, inciso c) y 344, párrafo 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En primer término, esta autoridad considera que de conformidad con el análisis al acervo probatorio reseñado en el capítulo denominado "EXISTENCIA DE LOS HECHOS", ha quedado acreditada la existencia y transmisión del promocional de marras, a través el cual se publicita al C. Jorge Luis Quintero Luévano, otrora candidato a Presidente Municipal de Cerritos, San Luis Potosí postulado por el Partido Revolucionario Institucional, mismo que en obvio de repeticiones se tiene por reproducido como si a la letra se insertase.
Asimismo, se encuentra acreditado que la difusión del promocional objeto del presente procedimiento fue contratado por el C. Román Gallegos Compean y la empresa de televisión restringida "Telecomunicaciones de Cerritos S.A. de C.V.", por lo que su contratación se realizó por un sujeto distinto al Instituto Federal Electoral, única autoridad facultada para esos efectos.
En este sentido, cabe precisar que si bien el C. Jorge Luis Quintero Luévano, otrora candidato a Presidente Municipal de Cerritos, San Luis Potosí, postulado por el Partido Revolucionario Institucional no contrató directamente la difusión del consabido promocional, lo cierto es que si tuvo participación en su elaboración, y en consecuencia, estuvo en aptitud de decidir su contenido.
Lo anterior, toda vez que el personaje principal del promocional materia de inconformidad es el consabido candidato, quien en la secuela de imágenes, en principio, realiza una felicitación a las ciudadanas con motivo del día conocido coloquialmente como "día de las madres", sin embargo invita expresamente a la ciudadanía a votar por su candidatura al señalar que: "Aprovecho la oportunidad para pedirles su apoyo y garantizarles que la seguridad de sus hijos será prioridad en mi gobierno. Este cinco de julio participa porque en el PRI, primero las mujeres, primero tus hijos, primero la familia cerritense."
En tal virtud, esta autoridad estima que el multirreferido candidato tuvo la potestad de decidir el contenido del promocional; en consecuencia, aun cuando el C. Jorge Luis Quintero Luévano no contrató directamente la difusión de dicho promocional, sino que esta se llevó cabo entre la concesionaria de televisión restringida "Telecomunicaciones de Cerritos S.A. de C.V." y el C. Ramón Gallegos Compean, lo cierto es que el aspirante a la Presidencia Municipal de Cerritos tuvo la posibilidad de determinar cuál debía ser el contenido del consabido promocional.
Así las cosas, este órgano resolutor estima que el C. Jorge Luis Quintero Luévano, tuvo poder de decisión sobre la difusión de los promocionales mediante los cuales se publicitó su candidatura, lo que incide particularmente, para determinar que con su conducta actualiza la infracción prevista en el artículo 344, párrafo 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con el numerales 49, párrafo 3 del mismo ordenamiento.
Se afirma lo anterior en razón de que la conducta descrita en la hipótesis normativa es "contratar propaganda electoral en radio y televisión ordenada por persona distinta al Instituto Federal Electoral"; de lo anterior se advierte que la ley no distingue entre contratar de manera directa o por conducto de terceros, pues utiliza el verbo contratar de manera general; por ende, aplicando el principio general de derecho "donde la ley no distingue no debemos distinguir", encontramos que se actualiza la infracción al contratar por si o a través de terceros como en el caso acontece.
En este sentido, es inconcuso que los artículos 49, párrafo 3; 344, párrafo 1, inciso f) del Código Electoral Federal, al ser de orden público deben ser observados por los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular; a quienes les está prohibido contratar o adquirir, por si o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, en tal virtud, la conducta desplegada por el C. Jorge Luis Quintero Luévano, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Cerritos, San Luis Potosí, resulta contraria al orden electoral pues existe una taxativa dirigida a los candidatos con el objeto de que se abstengan de contratar o adquirir tiempos en cualquier modalidad en radio y televisión.
En tal virtud, toda vez que la difusión de propaganda electoral en cuestión no fue ordenada por el Instituto Federal Electoral, distorsiona de manera grave el esquema de distribución de tiempos en radio y televisión. Toda vez que otorga de manera injustificada e ilegal tiempos, en dichos medios, adicionales a los previstos constitucional y legalmente, violando a través de dicha conducta la equidad en el acceso a radio y televisión en materia electoral.
Atento a las anteriores consideraciones, se advierte que el C. Jorge Luis Quintero Luévano, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Cerritos, San Luis Potosí, fue omiso en el cumplimiento que debe observar respecto de la prohibición establecida por el Código de la materia, toda vez que dentro del periodo de campañas electorales del proceso electoral federal 2008-2009, concurrente con el proceso local en el estado de San Luis Potosí, realizo un promocional para ser difundido en televisión en el que incluyo propaganda electoral del Partido Revolucionario Institucional.
En esta tesitura es importante destacar que la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación ha establecido que propaganda electoral es todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña comicial, con independencia de que se desenvuelva en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción empresarial; cuando en su difusión se muestre objetivamente que se efectúa también con la intención de presentar una candidatura ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y expresiones que identifican a un candidato con un determinado partido político o coalición, aun cuando tales elementos se introduzcan en el mensaje de manera marginal o circunstancial, puesto que, lo trascendente, es que con ello se promociona una candidatura.
[SE CITAN AL PIE LOS DATOS DE LA TESIS CON RUBRO "PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA ANTE LA CIUDADANÍA".]
De lo anterior se colige que la propaganda electoral en la que participo el C. Jorge Luis Quintero Luévano, resulta violatoria de la normatividad electoral, toda vez que incluye propaganda electoral con imágenes, emblemas y expresiones que mediante las cuales se solicita el voto a su favor y a favor del partido político por el que fue postulado, en las elecciones para acceder al cargo de Presidente municipal en Cerritos, San Luis Potosí, por lo que es innegable que se trata de propaganda electoral.
De este modo, tomando en consideración que el C. Jorge Luis Quintero Luévano, participó en la realización de la propaganda materia de inconformidad difundida en televisión en la que se emplea el emblema del Partido Revolucionario Institucional y la imagen de dicha persona, se colige que dicha conducta encuadra en la hipótesis normativa establecida en los artículos 49, párrafo 3; 344, párrafo 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues se trata de la adquisición de tiempos en televisión a través de los cuales se difunde propaganda con fines electorales tendentes a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor del citado instituto político y del otrora candidato a la presidencia municipal de Cerritos, San Luis Potosí.
Asimismo, cabe precisar que la conducta cometida por el C. Jorge Luis Quintero Luévano, no infringe únicamente el orden legal asociado a la organización de las elecciones (principio de legalidad), sino que dicha conducta alteró, a favor del Partido Revolucionario Institucional, la equidad en el proceso electoral.
En tales condiciones, esta autoridad atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, colige que la conducta desplegada por el C. Jorge Luis Quintero Luévano, transgredió lo dispuesto por los artículos 41, Base III, apartado A, inciso g), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en los artículos 49, párrafo 3; 344, párrafo 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de qué adquirió tiempo en televisión para la difusión de un promocional en televisión que contenían propaganda con fines electorales tendientes a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos.
En tal virtud, se declara fundado el procedimiento especial sancionador de mérito en contra del el C. Jorge Luis Quintero Luévano, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Cerritos, San Luis Potosí postulado por el Partido revolucionario Institucional.
INDIVIDUALIZACIONDE LA SANCION
El artículo 354, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece las sanciones aplicables a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular.
En este sentido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de las Tesis de Jurisprudencia identificadas con los rubros: "ARBITRIO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES. LO TIENE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL" y "SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN", con números S3ELJ 09/2003 y S3ELJ 24/2003 respectivamente, señala que respecto a la individualización de la sanción que se debe imponer a un partido político nacional por la comisión de alguna irregularidad, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, para fijar la sanción correspondiente, debe tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la comisión de la falta; en el caso que nos ocupa, aun cuando no se trata de un instituto político el que cometió la infracción sino un candidato a cargo de elección popular, las circunstancias que han de considerarse para individualizar la sanción deben ser las mismas que en aquellos casos, es decir, deben estimarse los factores objetivos y subjetivos que hayan concurrido en la acción u omisión que produjeron la infracción electoral.
I.- Así, para calificar debidamente la falta, la autoridad debe valorar:
El tipo de infracción.
En primer término, es necesario precisar que la norma transgredida por el C. Jorge Luis Quintero Luévano, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Cerritos, San Luis Potosí, es el artículo 344, párrafo 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con el artículo 49, párrafo 3 del mismo ordenamiento. Con base en lo anteriormente expuesto, puede establecerse la finalidad o valor protegido en las normas violentadas, así como la trascendencia de la infracción cometida.
La finalidad perseguida por el Legislador al establecer como infracción el adquirir por si o por terceras personas tiempo en televisión, fue preservar los principios de equidad e igualdad que deben regir en la materia electoral, al evitar que terceros ajenos a los actores políticos incorporen elementos distorsionadores del orden electoral.
En efecto, el fin de la igualdad en materia electoral básicamente se traduce en la consonancia de oportunidades entre los contendientes, con el objeto de que, en igualdad de circunstancias, todos los aspirantes a cargos públicos de elección popular y los partidos políticos cuenten con las mismas oportunidades para la promoción de su imagen o de sus candidatos.
En esta tesitura, cabe resaltar que con el objeto de salvaguardar el principio de equidad que debe imperar entre las distintas fuerzas políticas, las reformas que se introdujeron en la normatividad federal electoral restringen el acceso directo de los partidos políticos a los medios de comunicación, así como la taxativa destinada a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular ciudadanos de contratar o adquirir por si o terceras personas tiempos en cualquier modalidad en televisión.
En el presente asunto quedó acreditado que aun cuando C. Jorge Luis Quintero Luévano, no contrató directamente la difusión del promocional materia de inconformidad, sino que esta se llevó cabo a través del C. Román Gallegos Compean, dicho candidato participo en la realización del promocional de marras, dando lugar a la infracción consistente en la adquisición por terceras personas de tiempos en cualquier modalidad en televisión ya través de la cual se promocionó su candidatura y al partido por el que fue postulado.
La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
Al respecto, cabe señalar que haber acreditado la violación a lo dispuesto en los artículos 41 Base III; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículo 49, párrafo 3; 344, párrafo 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por parte de C. Jorge Luis Quintero Luévano, no implica la presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, ya que el hecho material que se infringe es la prohibición mercantil de comprar espacios televisión para influir en las preferencias electorales.
El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas).
La finalidad perseguida por el Legislador al establecer como infracción la contratación o adquisición por si o terceras personas de tiempo en cualquier modalidad en radio o televisión, fue preservar los principios de equidad e igualdad que deben regir en la materia electoral, al evitar que terceros ajenos a los actores políticos incorporen elementos distorsionadores del orden electoral.
En efecto, el fin de la equidad en materia electoral básicamente se traduce en la consonancia de oportunidades entre los contendientes, con el objeto de que, en igualdad de circunstancias, todos los aspirantes a cargos públicos de elección popular y los partidos políticos cuenten con las mismas oportunidades para la promoción de su imagen o de sus candidatos.
En esta tesitura, cabe resaltar que con el objeto de salvaguardar el principio de equidad que debe imperar entre las distintas fuerzas políticas, las reformas que se introdujeron en la normatividad federal electoral restringen la compra de espacios en radio y televisión de espacio para difundir propaganda político o electoral, así como la taxativa destinada a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular para la contratación o adquisición por si o terceras personas de tiempo en cualquier modalidad en radio o televisión.
Al respecto, conviene reproducir la iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral, en la cual, en la parte que interesa señaló lo siguiente:
El tercer objetivo que se persigue con la reforma constitucional propuesta es de importancia destacada: impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales y sus resultados a través de los medios de comunicación; así como elevar a rango de norma constitucional las regulaciones a que debe sujetarse la propaganda gubernamental, de todo tipo, tanto durante las campañas electorales como en periodos no electorales.
Bajo esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es la equidad que debe prevalecer entre los distintos actores políticos, en aras de garantizar que cuenten con las mismas oportunidades para difundir su ideología o promover sus propuestas e impedir que terceros ajenos al proceso electoral incidan en su resultado.
Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción.
Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:
Modo. En el caso a estudio, las irregularidades atribuibles C. Jorge Luis Quintero Luévano, consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 41 Base III, Apartado A, inciso g), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 49, párrafo 3 y 344, párrafo 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al haber adquirido por terceras personas tiempos en televisión para difundir un promocional, así como haber participado la realización del mismo.
Tiempo. De conformidad con las constancias que obran en autos, esta autoridad tiene acreditada la adquisición del promocional o spot materia del presente asunto, durante los días ocho, nueve y diez de mayo del presente año.
Lugar. El promocional objeto del presente procedimiento fue difundido en el Municipio de Cerritos, San Luis Potosí, en virtud de que su transmisión se llevó a cabo a través de un canal de televisión por cable, con cobertura local en el estado de San Luis Potosí.
Se considera que en el caso sí existió por parte de C. C. Jorge Luis Quintero Luévano, la intención de infringir lo previsto en los artículos 41 Base III; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 49, párrafo 3 y 344, párrafo 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Lo anterior es así, ya que del análisis de los elementos que obran en autos, se advierte que el C. Jorge Luis Quintero Luévano, participó en la realización del promocional que contiene propaganda contraria a la normatividad electoral federal, con plena conciencia de la naturaleza electoral de los elementos que incluyó en su propaganda imágenes y expresiones relacionadas con propaganda electoral a favor de su candidatura y del partido por el que fue postulado.
Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas.
No obstante que en los apartados relativos a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, quedó de manifiesto que el promocional de mérito fue difundido televisión de cable, en diversas ocasiones, ello no puede servir de base para considerar que la conducta infractora se cometió de manera reiterada o sistemática, en virtud de que solo se difundió por un periodo limitado.
Las condiciones externas (contexto fáctico) y los medios de ejecución.
En este apartado, resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el C. Jorge Luis Quintero Luévano, se cometió en el periodo de campaña del proceso electoral federal 2008-2009, concurrente con el proceso local en el estado de San Luis Potosí, es decir durante la contienda para determinar quiénes serán los encargados de ejercer la representación popular.
En tal virtud, toda vez que la falta se presentó dentro del desarrollo del proceso electoral federal y local en el estado de San Luis Potosí, resulta válido afirmar que la conducta es atentatoria del principio constitucional consistente en la equidad que debe imperar en toda contienda electoral, cuyo objeto principal es permitir a los partidos políticos competir en condiciones de igualdad, procurando evitar actos con los que algún candidato o fuerza política pudieran obtener una ventaja indebida frente al resto de los participantes en la contienda electoral.
Medios de ejecución.
La difusión del promocional materia del presente procedimiento administrativo especial sancionador, tuvo como medio de ejecución la señal televisiva restringida concesionada a la empresa "Telecomunicaciones de Cerritos S.A. de C.V.", la cual se difunde en el Municipio de Cerritos, San Luis Potosí.
II.- Una vez sentadas las anteriores consideraciones, y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción, esta autoridad procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:
La calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra.
En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la conducta debe calificarse con una gravedad ordinaria, ya que la misma, como se explicó en el apartado de intencionalidad, tuvo como finalidad infringir de forma directa los objetivos tutelados por la norma relativos a garantizar que los actores políticos cuenten con las mismas oportunidades para difundir su ideología o promover sus propuestas e impedir que terceros ajenos al proceso electoral incidan en su resultado.
Otro de los aspectos que esta autoridad debe considerar para la imposición de la sanción, es la reincidencia en que pudo haber incurrido el C. Jorge Luis Quintero Luévano
Al respecto, esta autoridad considerará reincidente al infractor que habiendo sido responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones que se encuentran previstas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales incurra nuevamente en la misma conducta infractora.
En ese sentido, no existe constancia en los archivos de este Instituto Federal Electoral de que el Ciudadano en cuestión haya transgredido lo dispuesto por los artículos 41 Base III, Apartado A, inciso g), párrafo 3; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 49, párrafo 3 y 344, párrafo 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Sanción a imponer.
Por todo lo anterior (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción), la conducta realizada "el C. Jorge Luis Quintero Luévano, debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares que se presentaron en el caso concreto (modo, tiempo y lugar).
Para determinar el tipo de sanción a imponer debe recordarse que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales confiere a la autoridad electoral, arbitrio para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor.
En el caso a estudio, las sanciones que se pueden imponer al C. Jorge Luis Quintero Luévano por la adquisición por terceras personas de tiempos en televisión para difundir un promocional en el cual participo dicho candidato la que se encuentra dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, se encuentran especificadas en el artículo 354, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuales son:
Toda vez que la conducta se ha calificado con una gravedad ordinaria, y si bien, la misma infringe los objetivos buscados por el Legislador al establecer un sistema electoral de equidad que permita a los partidos políticos, difundir en forma proporcional entre la ciudadanía sus mensajes y programas, con el propósito de que la misma conozca los programas y postulados que éstos despliegan en sus documentos básicos, aunado a que con ello, tales institutos políticos alcanzan los fines que constitucional y legalmente les han sido encomendados, se estima que en el caso cobra especial relevancia la acreditación de la difusión del spot o promocional materia del actual procedimiento, toda vez que el mismo fue pagado y no autorizado por la autoridad competente para ello, se estima que tales circunstancias justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II citada, consistente en una multa, pues tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que las previstas en las fracciones III, serían de carácter excesivo, y la prevista en la fracción I sería insuficiente para lograr ese cometido.
Como se ha mencionado anteriormente, los impactos que tuvieron los promocionales de marras, fueron, respecto de seis impactos en transmitidos por la empresa "Telecomunicaciones de Cerritos S.A. de C.V."
Para efectos de individualización de la sanción, es menester tomar en cuenta el número de impactos, los días que abarcó su difusión, y que en el momento en que se realizó la conducta infractora se encontraba desarrollándose un proceso electoral.
Asimismo, para esta falta, el artículo 354, párrafo 1, inciso c) del código electoral federal señala que puede ser aplicable para efectos de sanción, una multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.
Por lo tanto, de conformidad con la Tesis Relevante S3EL 028/2003, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, e identificada con el rubro "SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES", y en concordancia con el artículo 354, párrafo 1, inciso c), fracción II del código comicial federal vigente, cuando los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular incumplan con cualquiera de las disposiciones del código electoral, se les sancionará con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
En esa tesitura, en principio aunque sería dable sancionar al C. Jorge Luis Quintero Luévano, con una multa de un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal por haber contratado tiempo en televisión dirigida a la promoción del Partido Revolucionario Institucional con fines políticos o electorales e influir en las preferencias electorales de los ciudadanos o a favor o en contra de alguna fuerza política, lo cierto es que, considerando los seis impactos transmitidos por en la empresa "Telecomunicaciones de Cerritos S.A. de C.V.", y que la conducta se realizó dentro de un proceso comicial federal y local en el estado de San Luis Potosí, son elementos que podrían dar lugar a incrementar el monto de la multa, sin embargo, considerando que la difusión se constriñó a solo seis impactos en una señal de televisión restringida cuya cobertura es local, lo que atempera la gravedad de la falta, de conformidad con el artículo 354, párrafo 1, inciso c), del ordenamiento legal ya citado, se debe sancionar al C. Jorge Luis Quintero Luévano, con una multa de doscientos setenta y cuatro días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, equivalentes a la cantidad $15, 015.00 (quince mil quince pesos 00/100 M.N.)
Debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro.
El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.
Al respecto, se estima que la conducta del C. Jorge Luis Quintero Luévano, causó un perjuicio a los objetivos buscados por el Legislador, ya que durante los días ocho, nueve y diez de mayo de dos mil nueve adquirió tiempos en televisión para la difusión de un promocional en el que participo.
Toda vez que la finalidad perseguida por el Legislador al establecer como infracción la adquisición por terceras personas de tiempos en cualquier modalidad en televisión, fue preservar los principios de equidad e igualdad que deben regir en la materia electoral, al evitar que terceros ajenos a los actores políticos incorporen elementos distorsionadores del orden electoral.
En consecuencia, como se ha venido evidenciando a lo largo del presente fallo, el C. Jorge Luis Quintero Luévano, causó un daño a los objetivos buscados por el legislador, en razón de que el actuar de dicha persona estuvo intencionalmente encaminada a infringir la normativa comicial en detrimento de lo establecido por el artículo 41 Base III, Apartado A, inciso g), párrafo 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 49, párrafo 3 y 344, párrafo 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez adquirió por terceras personas de tiempos en cualquier modalidad en televisión y a través de la cual se promociono al Partido Revolucionario Institucional y a su persona.
En ese sentido, dicho comportamiento debe interpretarse como una falta de cooperación con la autoridad administrativa electoral federal, para abstenerse de adquirir tiempos en televisión, en términos de lo expresado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Las condiciones socioeconómicas del infractor.
Sobre este rubro, cabe decir que a efecto de allegarse de los elementos necesarios para conocer la capacidad económica del infractor, la autoridad de conocimiento mediante oficio número SCG/2570/2009, requirió al Director General de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos de este Instituto, para que sirviera requerir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que proporcionara información sobre el contenido de la situación fiscal que tenga documentada dentro del ejercicio fiscal inmediato anterior, así como, de ser procedente, dentro del actual respecto del C. Jorge Luis Quintero Luévano, sin que a la fecha se haya obtenido respuesta alguna a dicho requerimiento.
En esta tesitura, resulta atinente precisar que si bien este órgano resolutor no cuenta con algún elemento que permita conocer la capacidad económica del sujeto infractor, dicha circunstancia no impide que se le imponga una sanción justa y ejemplar tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro.
En tal virtud, la falta de información respecto de la capacidad económica del infractor, no es obstáculo para esta autoridad de conocimiento imponga una sanción que resulte proporcional a la infracción cometida, tomando en consideración las circunstancias objetivas que concurrieron en la comisión de la misma, máxime si se considera que su imposición se encuentra supeditada al arbitrio de esta autoridad.
Considerar lo contrario, es decir, exigir a esta autoridad contar con la información que haga posible conocer los datos precisos respecto a la situación económica que guardan los sujetos infractores, y por tanto, proceder en consecuencia hasta que se colme dicho requisito, haría nugatorias las atribuciones del Instituto Federal electoral para sancionar e incluso disuadir las conductas transgresoras del orden jurídico que debe imperar.
Finalmente, resulta inminente apercibir a la responsable de que en caso de no cumplir con la obligación de saldar la multa impuesta, resultará aplicable lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 355 del Código de la materia, en el sentido de dar vista a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan a su cobro conforme a la legislación aplicable.
DÉCIMO PRIMERO. En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, párrafos 1 y 2; 109, párrafo 1 y 370, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 118, párrafo 1, incisos h), w) y z) del ordenamiento legal en cita, este Consejo General emite la siguiente:
SEXTO.- Se impone al C. Jorge Luis Quintero Luévano, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Cerritos, San Luis Potosí, una sanción consistente en una multa de doscientos setenta y cuatro días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, equivalentes a la cantidad $15, 015.00 (quince mil quince pesos 00/100 M.N.), la cual se hará efectiva a partir del día siguiente a que cause ejecutoria la presente Resolución en términos de lo establecido en el considerando OCTAVO de este fallo.
SÉPTIMO.- En términos del artículo 355, párrafo 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente a partir del quince de enero de dos mil ocho, el monto de las multas antes referidas deberá ser pagado en la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Federal Electoral (sita en Periférico Sur 4124, primer piso, Colonia Exhacienda de Anzaldo, Código Postal 01090, en esta ciudad capital), a partir del día siguiente a aquel en que esta Resolución cause estado. […]"
Tal determinación fue notificada al ciudadano apelante el ocho de septiembre del año en curso, a través del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en San Luis Potosí.
II. Recurso de apelación. El veintiuno de septiembre de dos mil nueve, Jorge Luis Quintero Luévano, interpuso recurso de apelación para controvertir la resolución citada en el resultando inmediato anterior.
III. Trámite. El treinta de septiembre del año en curso, en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior se recibió el oficio número SCG/3195/2009, de la misma fecha, a través del cual el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral remitió, entre otros documentos, el expediente número ATG-259/2009, el escrito inicial de demanda, así como el informe circunstanciado.
IV. Turno. Por acuerdo de treinta de septiembre de dos mil nueve, la Magistrada Presidenta de esta Sala Superior, determinó turnar a la Ponencia a su cargo, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el expediente identificado con la clave SUP-RAP-276/2009.
V. Admisión. Mediante auto de siete de octubre del año en curso, la Magistrada instructora admitió la demanda del recurso de apelación.
VI. Cierre de instrucción. Por proveído de veinte de octubre del año en curso, en virtud de no existir algún trámite pendiente de realizar, la Magistrada Instructora declaró cerrada la instrucción, con lo cual el asunto quedó en estado de resolución, ordenando elaborar el proyecto respectivo, y
PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el medio de impugnación al rubro indicado, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, incisos a) y g), y 189, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 42 y 44, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de apelación promovido por un ciudadano, para controvertir la resolución CG421/2009, por la que el Consejo General del Instituto Federal Electoral le impuso "una sanción consistente en una multa de doscientos setenta y cuatro días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, equivalentes a la cantidad $15, 015.00 (quince mil quince pesos 00/100 M.N.)".
SEGUNDO. Procedencia. El recurso que se resuelve reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 8, párrafo 1; 9, párrafo 1; 13, párrafo 1, inciso b); 42 y 45, párrafo 1, inciso b), fracción II de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como enseguida se demuestra.
Forma. El medio de impugnación se presentó por escrito en el que se hace constar el nombre del actor, su domicilio para oír y recibir notificaciones, así como a las personas autorizadas para tal efecto. De igual forma, se identifican el acto impugnado y la autoridad responsable; se mencionan los hechos en que se sustenta la impugnación, los agravios que causan el acto impugnado y los preceptos presuntamente violados; se ofrecen pruebas y se hacen constar tanto el nombre como la firma autógrafa del promovente.
Según consta en el sello de recepción del escrito de demanda, éste fue presentado ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de San Luis Potosí, y no ante el Consejo General del mismo, que es la autoridad responsable. Sin embargo, esta Sala Superior considera que, en el presente caso, debe tenerse por presentado el recurso de apelación ante la autoridad responsable en atención a los siguientes razonamientos:
De conformidad con los artículos 14, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 2, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las normas en materia electoral se interpretan conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional y, a falta de disposición expresa, se aplican los principios generales del derecho.
De una interpretación sistemática y funcional de los artículos 107, párrafo 1, inciso a) y 356, párrafo 2, del Código sustantivo de la materia; así como 4, párrafo 1, y 17, párrafo 2, de la Ley adjetiva aludida, es posible concluir válidamente que en virtud de las funciones de órgano auxiliar que tiene la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de San Luis Potosí en la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores, también pueda fungir como auxiliar de la autoridad emisora de la resolución reclamada para la recepción del medio impugnativo que, en su caso, se interponga.
Esto es, si la referida Junta Local Ejecutiva se ha constituido como órgano auxiliar en el procedimiento especial sancionador cuya resolución ahora se impugna, es conforme a derecho que igualmente deba tenérsele con ese carácter para la recepción de los medios de impugnación promovidos en contra de las determinaciones de la autoridad responsable.
Además, debe tenerse presente que de conformidad con el artículo 17, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se dispone que cuando algún órgano del Instituto Federal Electoral reciba un medio de impugnación por el cual se pretenda combatir un acto o resolución que no le es propio, lo remitirá de inmediato, sin trámite adicional alguno, al órgano del Instituto o a la Sala del Tribunal Electoral competente para tramitarlo, por lo que la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de San Luis Potosí tenía la ineludible obligación de recibir y remitir inmediatamente el medio de impugnación a la autoridad señalada como responsable, en el caso, el Consejo General del Instituto Federal Electoral.
Esta obligación se complementa con el principio de desconcentración en que se sustenta la organización y funcionamiento del Instituto Federal Electoral, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 41, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 107; 108; 134; 144; 190 y 201 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. De conformidad con los artículos referidos, dicha autoridad administrativa electoral ejerce sus funciones a través de órganos directivos, técnico-ejecutivos y de vigilancia que se encuentran representados a nivel central, estatal, distrital e incluso en algunos casos, seccional.
Por lo tanto, resulta evidente para esta Sala Superior que, en el presente caso, el Consejo General estuvo en aptitud de conocer y recibir en forma inmediata el medio impugnativo hecho valer por el partido recurrente pues, además de que la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de San Luis Potosí es un órgano desconcentrado, a nivel delegacional del propio Instituto Federal Electoral, dicha Junta Local se constituyó como órgano auxiliar en la tramitación del procedimiento administrativo sancionador de mérito, pues no sólo notificó al apelante la resolución que ahora se combate, sino que también llevó a cabo diversas diligencias que constan en el expediente, según se aprecia en los oficios DEPPP/STCRT/7119/2009, DJ-1833/2009, VE/2348/2009, DJ-2730/209 y VE/2899/2009, a la vista en el cuaderno accesorio único del presente asunto.
En este sentido, ya la Sala Superior ha expresado que es obligación de los órganos del Estado, como este Tribunal, cumplir con la garantía de acceso a la justicia, es decir, el derecho a la tutela judicial o a la jurisdicción, consignado en los artículos 41, segundo párrafo, base VI, y 99, cuarto párrafo, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los tres primeros párrafos del artículo 17 de dicha Constitución Federal, porque la finalidad esencial de la función judicial es que los tribunales estén expeditos para impartir justicia y resolver en forma definitiva y firme, así como de manera pronta, completa e imparcial, el medio de impugnación de que se trate, como un derecho de carácter instrumental, sencillo, rápido y efectivo que permita controlar la constitucionalidad y legalidad de los actos o resoluciones emitidos por las autoridades electorales.
Al efecto, el propio texto del artículo 17 constitucional establece que el acceso a la jurisdicción debe ser completo, por lo que la única manera que se puede lograr una protección completa a los justiciables es que, independientemente del agente que vulnere la esfera jurídica de los mismos, es que tal situación anómala y apartada del Estado de Derecho pueda ser corregida por la jurisdicción estatal, porque sólo de esta forma se puede lograr una justicia integral.
Por lo anterior, en el presente caso, se debe tener al partido político actor presentando en forma el recurso de apelación en el que se actúa pues, estimar lo contrario, devendría en una denegación de justicia, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal en perjuicio del partido político recurrente.
Dicho criterio resulta acorde con la tesis de jurisprudencia 25/2009 que lleva por rubro "APELACIÓN. SUPUESTOS EN QUE ES VÁLIDA SU PRESENTACIÓN ANTE LOS CONSEJOS LOCALES O DISTRITALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, CUANDO ACTÚAN COMO ÓRGANOS AUXILIARES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR".
Oportunidad. Se satisface este requisito de procedibilidad, incluso cuando la resolución impugnada haya sido notificada al ciudadano recurrente el ocho de septiembre del año en curso, y éste haya presentado su escrito de demanda el veintiuno de septiembre siguiente, según se explica a continuación.
Los artículos 7 y 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establecen que cuando "la violación reclamada en el medio de impugnación respectivo no se produzca durante el desarrollo de un proceso electoral federal o local, según corresponda, el cómputo de los plazos se hará contando solamente los días hábiles, debiendo entenderse por tales todos los días a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles en términos de ley" y que los medios de impugnación previstos en dicha ley "deberán presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable…". Las disposiciones citadas resultan aplicables al caso, pues en la especie el ciudadano inconforme combate una resolución que no guarda relación con el proceso electoral alguno.
Ahora bien, mediante ACUERDO GENERAL DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN NÚMERO 3/2008, DE TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL OCHO, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DE LOS DÍAS INHÁBILES, PARA LOS EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS PROCESALES EN LOS ASUNTOS JURISDICCIONALES COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL esta Sala Superior estableció lo siguiente:
"PRIMERO. Para los efectos del cómputo de los plazos procesales de los medios de impugnación, que no se encuentren relacionados con un proceso electoral federal o local, se considerarán como días inhábiles los siguientes:
1. Los sábados y domingos;
Lo anterior, sin perjuicio de aquellos días en los cuales la autoridad u órgano señalado por la ley para recibir el medio impugnativo no labore, por disposición legal que rija específicamente su actuación o por acuerdo del órgano competente, en cuyo caso concreto también se considerarán inhábiles.
SEGUNDO. Para el caso de los asuntos en los que el Instituto Federal Electoral sea demandado o autoridad responsable, que no estén vinculados directamente con un proceso electoral, adicionalmente se considerarán inhábiles los señalados en el artículo 300 [AHORA 302] del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, así como sus periodos vacacionales y los días adicionales de asueto que, anual y oficialmente, informe a la Sala Superior, a cuyo efecto, el Presidente del Tribunal Electoral los hará del conocimiento público, mediante aviso que se coloque en los estrados de las salas del Tribunal Electoral, en la página electrónica con que cuenta, así como, en su caso, por cualquier otro medio que considere eficaz.
Aquellos días adicionales a los mencionados, en los que el Instituto Federal Electoral deje de laborar, también serán considerados inhábiles, siempre y cuando, además de informarse oficialmente a este Tribunal, se hagan del conocimiento público, mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación."
De las normas antes transcritas se sigue que si el órgano competente del Instituto Federal Electoral establece días adicionales no laborables, y esta determinación es hecha del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y publicada en el Diario Oficial de la Federación, entonces esos días serán considerados inhábiles y, por lo tanto, no se tendrán en cuenta para el cómputo de plazos para la presentación de medios de impugnación. Este criterio también encuentra sustento en la tesis S3EL 002/98, de rubro "DÍAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. NO DEBEN COMPUTARSE EN EL PLAZO LEGAL PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN", consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 501-502.
En este contexto y al amparo de la habilitación contenida en el artículo 205, apartado 2, incisos b) y c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el artículo 302 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral prevé como días de descanso obligatorio el primero de enero, el cinco de febrero, el veintiuno de marzo, el primero de mayo, el cinco de mayo, el dieciséis de septiembre, el dos de noviembre, el veinte de noviembre, el primero de diciembre de cada seis años, con motivo de la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, y el veinticinco de diciembre. Por su parte, el artículo 293 del propio estatuto establece que el personal del Instituto Federal Electoral gozará de dos días de descanso por cada cinco días de labores, y de diez días hábiles de vacaciones por cada seis meses de servicio, conforme al programa respectivo y con las excepciones previstas legalmente para cuando tiene verificativo el proceso electoral federal.
Así, el miércoles diecinueve de agosto de dos mil nueve se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "AVISO relativo al primer periodo vacacional correspondiente al año 2009 a que tiene derecho el personal del Instituto Federal Electoral", firmado por el Secretario Ejecutivo de dicho instituto, en el que se establece que "el primer periodo vacacional correspondiente al año 2009 […] comprenderá del 04 al 18 de septiembre de 2009; por tanto, en dicho periodo se suspenderán las labores en este Instituto, con el objeto de otorgar al personal del Instituto Federal Electoral esas prestaciones".
El anterior aviso también consta en copia simple en los autos del expediente SUP-RAP-276/2009.
En virtud de todo lo antes expuesto, el periodo comprendido entre el viernes cuatro y el viernes dieciocho de septiembre de dos mil nueve no se debe tener en cuenta para el cómputo de plazos para la interposición del presente recurso de apelación, además los días diecinueve y veinte del mismo mes se consideran inhábiles por disposición de ley, por lo que el plazo para que Jorge Luis Quintero Luévano presentara su escrito de demanda comenzó a correr el lunes veintiuno de septiembre, fecha en que interpuso el recurso que ahora se resuelve.
Por lo tanto, resulta inconcuso que la demanda fue presentada dentro del plazo legal de cuatro días hábiles previsto en el artículo 8° de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Legitimación. El recurso de apelación en que se actúa fue interpuesto por Jorge Luis Quintero Luévano, por su propio derecho y en su calidad de otrora candidato a presidente municipal de Cerritos, San Luis Potosí, calidad que se tiene acreditada tanto en autos como en la propia resolución impugnada. Asimismo, el apelante viene a combatir una sanción que le impuso la autoridad electoral administrativa mediante la resolución de mérito.
Por lo tanto, se tiene por acreditada la legitimación del promovente para interponer el presente recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, párrafo 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la tesis S3EL 098/2002, de rubro LEGITIMACIÓN O PERSONERÍA. BASTA CON QUE EN AUTOS ESTÉN ACREDITADAS, SIN QUE EL PROMOVENTE TENGA QUE PRESENTAR CONSTANCIA ALGUNA EN EL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, página 679.
Definitividad. Se satisface este requisito de procedibilidad, en atención a que la resolución reclamada no admite medio de defensa alguno que deba ser agotado previamente a la interposición del recurso de apelación que se resuelve.
Toda vez que esta Sala Superior no advierte, de oficio, que se actualice causa de improcedencia alguna, procede al estudio de fondo de los agravios que expresa la parte actora.
TERCERO. Agravios. Los agravios expresados por el actor son del tenor siguiente:
"PRECEPTOS VIOLADOS: Los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.
Para arribar a la determinación que constituye el acto reclamado, la responsable estableció lo siguiente:
‘Que del análisis integral del contenido de las pruebas que obran en autos, particularmente de la respuesta formulada por el C. Pablo Sánchez Turrubiartes, representante legal de la empresa Telecomunicaciones de Cerritos, S. A. de C. V., así como de la copia de la nota de venta que anexó a su respuesta, se arriba a las siguientes conclusiones:
1. Que el día ocho de mayo de la presente anualidad, el C. Ramón Gallegos Compean, contrató a la empresa referida en el párrafo que antecede, a efecto de que difundiera un spot alusivo al suscrito, en su momento candidato a la Presidencia Municipal de Cerritos, San Luís Potosí, postulado por el Partido Acción Nacional.
2. Que el promocional materia de inconformidad, fue difundido por la señal de televisión restringida de Telecomunicaciones de Cerritos, S. A. de C. V., en seis ocasiones, durante los días 8, 9 y 10 de mayo de la presente anualidad.
3. Que la remuneración por la difusión del promocional ametría del procedimiento, ascendió a la cantidad de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 moneda nacional).
4. Que el promocional tuvo seis impactos.
Que atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, resulta valido arribar a la conclusión de que los hechos denunciados son ciertos, en cuanto a su existencia, sin que ello implique prejuzgar respecto de la existencia o no de la presunta infracción denunciada.
Establece también la responsable, que resulta clara la prohibición para que alguna persona física, o moral, por su cuenta o por conducto de terceros, contrate propaganda en radio y televisión que vaya dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos.
Que considera que ha quedado acreditada la existencia y transmisión del promocional vinculado, a través del cual se publicitó la candidatura del compareciente como candidato a Presidente Municipal de Cerritos, San Luís Potosí, postulado por el Partido Revolucionario Institucional.
Que se acreditó que en el promocional de mérito aparece el compareciente...
Que dicho órgano, resolutor colige que el promocional en el que aparece el inconforme, contiene propaganda electoral.
Que de conformidad con las constancias que obran en autos, particularmente de la información proporcionada por la concesionaria de televisión restringida "Telecomunicaciones de Cerritos, S. A. de C. V.", se desprende que el promocional vinculado, FUE CONTRATADO por el C. Román Gallegos Compean, lo que le permite colegir que su contratación se realizó por un sujeto distinto al Instituto Federal Electoral…
Que toda vez que la difusión de propaganda electoral en cuestión no fue ordenada por el Instituto Federal Electoral, distorsiona de manera grave el esquema de distribución de tiempos en radio y televisión...
Que se advierte que el C. Román Gallegos Compean, fue omiso en el cumplimiento que debe observar respecto de la prohibición establecida por el Código de la materia.
Que se colige que la propaganda contratada por el C. Román Gallegos Compean, resulta violatoria de la normatividad electoral.
Que con base en las mismas consideraciones, señaladas con antelación, se advierte que el recurrente, fui omiso en el cumplimiento que debí observar respecto de la prohibición establecida por el Código de la Metería, toda vez que dentro del periodo de campañas electorales del proceso electoral federal 2008-2009, concurrente con el proceso local en el estado de San Luís Potosí, realicé un promocional para ser difundido en televisión en el que incluí propaganda electoral del Partido Revolucionario Institucional.
Que se colige que la propaganda electoral en la que se dice participe resulta violatoria de la normatividad electoral, toda vez que incluye propaganda electoral con imágenes, emblemas y expresiones, mediante las que se solicita el voto a mi favor…
Que tomando en consideración que el sucrito participé en la realización de la propaganda materia de la inconformidad difundida en televisión, se colige que dicha conducta encuadra en los artículos 49, párrafo 3; 344, párrafo 1, inciso f), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales...
Que en tales condiciones la ahora responsable colige que la conducta desplegada por el recurrente, transgredí lo dispuesto por los artículos 41, base III, apartado A, inciso g), párrafo 3, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en relación con lo dispuesto en los artículos 49, párrafo 3; 344, párrafo 1, inciso f), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud que dice adquirí tiempo en televisión para difusión de un promocional en televisión que contenía propaganda con fines electorales...’. [SIC]
Conforme lo anterior, me permito expresar los siguientes:
Causa agravio y es motivo de inconformidad, el que el Consejo General del Instituto Federal Electoral, ahora autoridad responsable, me sancione por la supuesta adquisición de tiempo en televisión, derivado de la contratación de un spot publicitario, violando así según señala, el artículo 344, párrafo 1, inciso f), en relación con el 49, párrafo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Determinación que es incorrecta y debe ser revocada. Lo anterior, en virtud de que en primer lugar, tenemos que para que se actualice la infracción de referencia, es necesario que un partido político, precandidato o candidato, como fue el caso del recurrente, contrate o adquiera por si, o por tercera persona tiempo en radio o televisión.
Extremo anterior, que de modo alguno está demostrado, como pretende la responsable. Y es que si bien es cierto que este se realizó y participé en el video (spot), lo cual no es materia de controversia, como bien afirma el Instituto Federal Electoral, también es cierto que yo no contraté o adquirí, ni por mí conducto, ni por medio de tercera persona, tiempo en televisión para hacer la propaganda del mencionado spot.
Se debe decir, que el elaborar o incluso participar en el video, ello no constituye ninguna infracción, sino que se requiere, reitero, el contratar o adquirir su publicación en televisión, por lo tanto, ilegal, por incorrecto, el que el Instituto Federal Electoral tenga por acreditado y por aceptado el que yo contraté o adquirí dicho tiempo, por el sólo hecho de que manifesté que el mismo se había gravado [SIC], más no el que el suscrito lo hubiere ordenado difundir.
Y es que para arribar a la conclusión de que incumplí con la Ley, la responsable únicamente se basa en lo manifestado por Pablo Sánchez Turrubiartes, en el sentido de le fue contratado el servicio de spot publicitario a mi favor, y que fue por Román Gallegos Compeán, anexando copia de la factura respectiva.
Con los anteriores medios de prueba, tenemos que de ninguna manera se acredita el que el compareciente haya contratado o adquirido tiempo en televisión, tampoco el que lo haya hecho por tercera persona, ya que con independencia de que en ningún momento he aceptado ello, tenemos que no existe ninguna prueba o indicio, en el sentido de que yo haya dado la instrucción o solicitud directa a Román Gallegos para que fuera y contratara el spot, es más, ni siquiera existe evidencia consistente en que el suscrito tan siquiera conozca a la referida persona, insisto, mucho menos que le haya encomendado la contratación de tiempo en televisión.
En efecto, para poder afirmar que cometí la infracción y en consecuencia ser sancionado, el Instituto Federal Electoral debió probar que yo tenía el ánimo de contratar el tiempo en televisión, esto es, que el suscrito haya dado la orden directa a tercera persona o bien, que haya solicitado a éste la gestión de dicho contrato, lo que no es así y por ello se torna en ilegal la sanción que se me impuso.
Asimismo, carece de eficacia probatoria la supuesta factura del contrato a la televisora, ya que dicho documento de ninguna manera acredita que ordené a tercera persona la contratación en mención, al contrario, demuestra que fue Román Gallegos Compeán quien celebró el contrato, persona que incluso ni para partido trabaja, mucho menos para el suscrito, por lo que no puede considerarse ni tan siquiera como indicio de que yo lo mandé u ordené.
Por todo lo anterior, podemos concluir que es ilegal el que se sancione al suscrito, por conductas llevadas a cabo por personas ajenas, insisto, tanto al partido, como al compareciente, lo que pido sea declarado así en vía de revocación de la resolución impugnada, lo anterior, en aras de una sana aplicación de la justicia.
Por ultimo, no puede perderse de vista, que la propia responsable acepta y declara que el promocional vinculado, FUE CONTRATADO por el C. Román Gallegos Compean, por lo que resulta contradictorio, el que se sancione al suscrito, por conductas cometidas por un tercero, ajeno al recurrente.
Al efecto considero aplicable al caso, el siguiente criterio jurisprudencial:
[SE TRANSCRIBE TESIS DE RUBRO "SENTENCIAS. SU CONGRUENCIA"]
Se insiste en que la sentencia impugnada es inconstitucional, porque ha sido emitida sin estar fundada ni motivada, siendo que el artículo 16 Constitucional es muy claro y categórico, al exigir que en todo acto de autoridad se funde y motive la causa legal del procedimiento. Y es que para cumplir con ese mandamiento, deben satisfacerse dos clases de requisitos: uno de forma y otro de fondo. El elemento formal consistente en que el acuerdo, orden o resolución, se expresen los motivos y se citen las disposiciones legales aplicables del caso. Por su parte, para integrar el segundo elemento, es necesario que los motivos sean reales, ciertos, exactos y que conforme a los preceptos invocados sean bastantes para provocar el acto de autoridad.
Ahora bien, como puede observarse del acto reclamado, en el mismo no se satisface ni uno ni otro elemento, amen de que se requiere que se colmen los dos elementos para que se de cabal cumplimiento con la garantía constitucional de referencia; al efecto, considero aplicable al presente caso los siguientes criterios jurisprudenciales:
[SE TRANSCRIBEN TESIS DE RUBROS "FUNDAMENTACION Y MOTIVACIÓNDE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS" Y "FUNDAMENTACION. CARACTERÍSTICAS DEL ACTO DE AUTORIDAD CORRECTAMENTE FUNDADO. FORMALIDAD ESENCIAL DEL ACTO ES EL CARÁCTER CON QUE LA AUTORIDAD RESPECTIVA LO SUSCRIBE Y EL DISPOSITIVO, ACUERDO O DECRETO QUE LE OTORGUE TAL LEGITIMACIÓN"]
CUARTO. Estudio de Fondo. Del análisis integral del escrito de demanda del recurso de apelación que se resuelve, este órgano jurisdiccional advierte que Jorge Luis Quintero Luévano tiene como pretensión fundamental que se revoque la sanción que le fue impuesta mediante resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral identificada con el número CG421/2009, por considerarla contraria a Derecho, toda vez que, según su dicho, la misma es ilegal porque se le sancionó por conductas llevadas a cabo por personas ajenas tanto al partido que lo postuló como al propio apelante.
HECHOS NO CONTROVERTIDOS
Previo a cualquier otra consideración se debe tener en cuenta que, en el recurso que se resuelve, no es materia de controversia lo siguiente:
- Que el día ocho de mayo de dos mil nueve, Román Gallegos Compean contrató con Telecomunicaciones de Cerritos, S.A. de C.V. la difusión de un mensaje audiovisual que promocionó a Jorge Luis Quintero Luévano, otrora candidato a Presidente Municipal de Cerritos, San Luis Potosí postulado por el Partido Revolucionario Institucional.
- Que dicho mensaje fue difundido por la señal de televisión restringida de Telecomunicaciones de Cerritos, S.A. de C.V en seis ocasiones, durante los días ocho, nueve y diez de mayo del presente año.
- Que la remuneración por la difusión del mensaje citado ascendió a la cantidad de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 m.n.).
- Que Jorge Luis Quintero Luévano participó en la realización del mensaje en cuestión.
- Que dicho mensaje constituye propaganda electoral a favor del apelante, en la que aparece el emblema del Partido Revolucionario Institucional, la imagen del otrora candidato, y éste solicita expresamente el apoyo a su proyecto político.
En este contexto, Jorge Luis Quintero Luévano sostiene que le causa agravio que el Consejo General del Instituto Federal Electoral lo sancionara por la contratación o adquisición, a través de un tercero, de propaganda electoral en televisión, sin haber acreditado plenamente que fue él quien realizó u ordenó dicha contratación o adquisición, e incluso a pesar de que la responsable reconoció expresamente que el promocional fue contratado por una persona distinta al candidato.
A juicio del apelante, esta situación viola los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues implica que la autoridad responsable emitió una resolución que carece de fundamentación y motivación.
Para justificar la violación descrita, el inconforme expone los siguientes agravios:
A. Elaborar o participar en un "video" no constituye infracción alguna. Por lo tanto, concluye el apelante, es incorrecto que el Instituto Federal Electoral "tenga por acreditado y por aceptado" que aquél contrató o adquirió tiempo en televisión partiendo de la premisa de que participó en la realización del mensaje difundido.
B. Los "medios de prueba" valorados por la responsable no acreditan de manera alguna que el otrora candidato haya contratado o adquirido tiempo en televisión, ni que lo haya hecho a través de un tercero.
Lo anterior porque las declaraciones del representante legal de Telecomunicaciones de Cerritos, S.A. de C.V. y la "factura" con la que éste ampara la contratación de la difusión del mensaje sólo prueban que Román Gallegos Compean llevó a cabo tal contratación, mas no que el apelante la haya ordenado.
C. No existe prueba o indicio que acredite que el recurrente dio la instrucción o solicitó a Román Gallegos que contratara la difusión del mensaje, pues la autoridad ni siquiera probó que él y el referido ciudadano se conocen.
D. Por último, "la propia responsable acepta y declara que el promocional vinculado, FUE CONTRATADO por el C. Román Gallegos Compeán", por lo que resulta contradictorio que se le sancione a él por conductas de un tercero.
Este órgano jurisdiccional considera que los agravios expuestos por Jorge Luis Quintero Luévano resultan INFUNDADOS por una parte, e INOPERANTES por otra, en virtud de las siguientes consideraciones:
Por cuestión de método, se estudiará primero el agravio identificado con el inciso D. Una vez determinado el alcance y sentido de dicho agravio, se estudiarán los tres agravios restantes.
En el agravio identificado con el inciso D, el inconforme denuncia que la resolución impugnada es contradictoria, pues "la propia responsable acepta y declara que el promocional vinculado, FUE CONTRATADO por el C. Román Gallegos Compeán" y, no obstante, se le sanciona a él por conductas de un tercero. En otras palabras, el actor sostiene que la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral adolece de incongruencia interna.
La congruencia de las resoluciones administrativas o jurisdiccionales consiste en la concordancia entre la decisión tomada por la autoridad (resolutivos) y los alegatos formulados por las partes (pretensiones, agravios) o los argumentos que la propia autoridad adopta para alcanzar su conclusión (considerandos). En este contexto, la congruencia externa consiste en que los puntos resolutivos tengan relación con las pretensiones y alegatos formulados por las partes; mientras que la congruencia interna se actualiza cuando los puntos resolutivos son perfectamente coherentes (carentes de contradicción) respecto de los considerandos que los sustentan.
La tesis de jurisprudencia en materia común identificada con el número VI.2o.C. J/296, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVIII, en octubre de dos mil ocho, define lo que en el caso se entiende como congruencia interna:
"SENTENCIAS. SU CONGRUENCIA.
Es requisito de toda sentencia la congruencia entre los considerandos y los puntos resolutivos, en tanto que ésta constituye una unidad y los razonamientos contenidos en los primeros son elementos fundamentales para determinar el alcance preciso de la decisión, pues es en ellos en donde el juzgador hace los razonamientos adecuados para llegar a una determinación, la cual debe ser clara y fundada, características que dejan de cumplirse cuando existe entre ellos una incompatibilidad en su sentido o son incongruentes con las consideraciones expresadas en la sentencia, pues si existe incompatibilidad entre el contenido de los puntos resolutivos de la sentencia se provoca incertidumbre respecto a su sentido y alcances."
Ahora bien, de lo señalado en el resolutivo SEXTO en relación con el considerando OCTAVO de la resolución impugnada, se desprende que el Consejo General del Instituto Federal Electoral sancionó al inconforme por haber actualizado la infracción prevista en el artículo 344, párrafo 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con el artículo 49, párrafo 3 del mismo ordenamiento, en la modalidad específica de haber contratado o adquirido, a través de terceras personas, tiempos en un canal de televisión restringida. Dichos artículos señalan a la letra lo siguiente:
"Artículo 344
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular al presente Código:
f) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código".
"Artículo 49
3. Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Tampoco podrán contratar los dirigentes y afiliados a un partido político, o cualquier ciudadano, para su promoción personal con fines electorales. La violación a esta norma será sancionada en los términos dispuestos en el Libro Séptimo de este Código".
El artículo 49, párrafo 2 del ordenamiento en cita establece que "los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, accederán a la radio y la televisión a través del tiempo que la Constitución otorga como prerrogativa a los primeros", es decir, a los partidos políticos. En el mismo sentido, el párrafo 5 del mismo artículo establece que el "Instituto Federal Electoral es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado […] al ejercicio de las prerrogativas que la Constitución y este Código otorgan a los partidos políticos". Por lo tanto, un candidato a un cargo de elección popular solamente puede acceder a la radio y la televisión a través del tiempo del Estado que administra el Instituto Federal Electoral.
En este contexto debe entenderse que la prohibición prevista en el citado párrafo 3 del artículo 49 del Código electoral federal sustantivo consta de los siguientes elementos:
Que una persona física o moral distinta al Instituto Federal Electoral contrate o adquiera tiempos en cualquier modalidad de radio o televisión;
Que el contratante o adquirente sea un partido político, o un precandidato o candidato a cargo de elección popular; y
Que la contratación o adquisición de dichos tiempos la lleve a cabo directamente el partido, el precandidato o el candidato, o bien, cualquier tercero.
Es decir, para acreditar la comisión de la infracción en el caso particular, resultaba indispensable que el Consejo General acreditara que (i) existió una contratación o adquisición de tiempos en televisión por parte de una persona física o moral distinta al Instituto Federal Electoral; (ii) que el contratante o adquirente fue el entonces candidato; o bien, (iii) que un tercero contrató o adquirió dicho tiempo.
En este contexto, esta Sala Superior considera que no le asiste la razón a la parte apelante respecto de que la resolución de la autoridad administrativa electoral es internamente incongruente por reconocer en sus considerandos que la contratación del promocional la llevó a cabo un tercero, y a pesar de ello, haber impuesto en los resolutivos una sanción al otrora candidato. Lo anterior debido a que, en el caso particular, la autoridad lo sancionó por la comisión de una infracción que requiere tener por acreditado que un tercero distinto al candidato contrató la difusión ilegal de mensajes en televisión. En otras palabras, la contratación de dicha difusión por parte de una persona distinta al sujeto sancionado constituye un elemento propio del tipo sancionador, por lo que su acreditación no puede ser contradictoria con la aplicación de la norma que la exige.
Por lo tanto, el agravio en su parte relativa al agravio identificado con el inciso D debe declararse infundado.
Respecto de los agravios identificados con los incisos A, B y C, esta autoridad los considera por una parte INFUNDADOS y por otra INOPERANTES.
Con dichos agravios, el incoante pretende mostrar que la responsable no acreditó plenamente que fue él quien realizó u ordenó la contratación o adquisición del tiempo en televisión y, por lo tanto, no se actualizan todos los elementos que prevé la norma para constituir la infracción por la que se le sancionó.
Lo infundado de dichos agravios radica en que el inconforme parte de la premisa equivocada de que, para tener por actualizada la infracción prevista en el artículo 344, párrafo 1, inciso f) en relación con el 49, párrafo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es necesario que la autoridad tenga por acreditado que existe algún vínculo entre el candidato y el sujeto contratante, y que éste le ordenó a aquél llevar a cabo la contratación o adquisición de tiempos en radio o televisión.
Como ya se mencionó en párrafos anteriores, para acreditar la comisión de la infracción en el caso particular el Consejo General debía acreditar que (i) existió una contratación o adquisición de tiempos en televisión por parte de una persona física o moral distinta al Instituto Federal Electoral; (ii) que el contratante o adquirente fue el entonces candidato; o bien, (iii) que un tercero contrató o adquirió dicho tiempo.
En este contexto, la exposición de motivos de la "Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y se abroga el hasta ahora vigente", publicada en la Gaceta Parlamentaria de treinta de noviembre de dos mil siete, señala:
III. Fundamentos constitucionales
12. Quienes suscribimos esta Iniciativa hacemos nuestras, y pedimos se tengan como transcritas a la letra, las motivaciones y fundamentos expuestos en sus respectivos dictámenes por las comisiones de las Cámaras de Senadores y Diputados que tuvieron bajo su responsabilidad el estudio y dictamen de la iniciativa de reforma a diversos artículos constitucionales en materia electoral."
Por su parte, en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, con proyecto de decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Reforma Electoral, publicado en la Gaceta Parlamentaria de doce de septiembre de dos mil siete, se afirma:
"Coincidimos también con los objetivos rectores que los autores de la Iniciativa señalan de manera explícita:
De importancia destacada es el tercer objetivo que se persigue con la reforma constitucional propuesta: impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales y sus resultados a través de los medios de comunicación; así como elevar a rango de norma constitucional las regulaciones a que debe sujetarse la propaganda gubernamental, de todo tipo, tanto durante las campañas electorales como en periodos no electorales."
Por lo tanto, una de las finalidades que persigue el modelo de comunicación política regulado por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que está conformado también por el régimen de prohibiciones en estudio, consiste en impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales y sus resultados a través de los medios de comunicación.
Asimismo, la prohibición en estudio busca garantizar también la plena eficacia de lo dispuesto en el artículo 49, párrafos 2 y 5 del Código electoral sustantivo, que establece que la única vía por la que los partidos políticos, sus candidatos y precandidatos pueden acceder a la radio o la televisión es a través de los tiempos del Estado que administra el Instituto Federal Electoral.
Consecuentemente, la interpretación que se haga de tal prohibición debe potencializar dichas finalidades.
De este modo, la infracción consistente en que un partido político, un candidato o un precandidato adquiera o contrate a través de un tercero tiempos en radio o televisión no puede constreñirse a que se acredite la existencia de una relación o vínculo entre el partido político, candidato o precandidato y aquél que adquiere dichos tiempos. Lo anterior, porque el hecho de que una persona ajena al Instituto Federal Electoral haya contratado tiempos en radio y televisión con la finalidad de que un candidato accediera a ellos vulnera por sí mismo el fin perseguido por la norma, y condicionar la actualización de la infracción a la acreditación de un elemento subjetivo de difícil comprobación como el vínculo entre los dos sujetos haría nugatoria la prohibición. Es por esto que, en el caso, no resultaba necesario que el Instituto Federal Electoral acreditara que el otrora candidato y el contratante se conocen.
Por todo lo anterior, para que la autoridad electoral tenga por actualizada la infracción prevista en el artículo 344, párrafo 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con el artículo 49, párrafo 3 del mismo ordenamiento, en la modalidad de adquisición o contratación, por un tercero, de tiempos en radio o televisión, basta con que tenga por acreditado que:
(1) Existió una contratación o adquisición de tiempos en televisión por parte de una persona física o moral distinta a ella, y que
(2) La contratación de tiempos se hizo con la finalidad de que un partido político, candidato o precandidato accediera a la radio o la televisión fuera de los tiempos que la ley destina a tal efecto.
En el caso particular el Consejo General del Instituto Federal Electoral tuvo por acreditada la infracción referida en los términos del considerando OCTAVO de la resolución impugnada, que señala:
"En tales condiciones, esta autoridad atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, colige que la conducta desplegada por el C. Jorge Luis Quintero Luévano, transgredió lo dispuesto por los artículos 41, Base III, apartado A, inciso g), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en los artículos 49, párrafo 3; 344, párrafo 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de qué adquirió tiempo en televisión para la difusión de un promocional en televisión que contenían propaganda con fines electorales tendientes a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos.
En tal virtud, se declara fundado el procedimiento especial sancionador de mérito en contra del el C. Jorge Luis Quintero Luévano, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Cerritos, San Luis Potosí postulado por el Partido revolucionario Institucional".
a) Modo. En el caso a estudio, las irregularidades atribuibles C. Jorge Luis Quintero Luévano, consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 41 Base III, Apartado A, inciso g), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 49, párrafo 3 y 344, párrafo 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al haber adquirido por terceras personas tiempos en televisión para difundir un promocional, así como haber participado la realización del mismo.
Del fragmento transcrito se desprende que, contrario a lo que sostiene el impetrante, la responsable tuvo por acreditado que el ahora inconforme adquirió, como consecuencia de la contratación llevada a cabo por un tercero, tiempos en televisión. Es decir, consideró que la infracción se acreditó en su modalidad de adquisición, no de contratación.
Como ya se mencionó con anterioridad, en la especie no es materia de controversia que Román Gallegos Compean, persona distinta al Instituto Federal Electoral, contrató con Telecomunicaciones de Cerritos, S.A. de C.V. la difusión de un mensaje audiovisual que promocionó a Jorge Luis Quintero Luévano, otrora candidato a Presidente Municipal de Cerritos, San Luis Potosí postulado por el Partido Revolucionario Institucional y que, como consecuencia, dicho mensaje fue difundido por la señal de televisión restringida de la televisora referida en seis ocasiones, durante los días ocho, nueve y diez de mayo del presente año. Al haber tenido por acreditados tales hechos, el Instituto Federal Electoral cumplió con las condiciones señaladas en los numerales (1) y (2) antes descritos, máxime que, como ya se ha señalado, no resultaba necesario que acreditara que el otrora candidato y el contratante se conocen o están vinculados.
Por todo lo anterior, es que los agravios A, B y C se consideran infundados en la parte estudiada.
Por otro lado, la inoperancia de los agravios del inconforme, identificados con los incisos A, B y C, radica en que no controvierten de manera directa las razones que llevaron a la responsable a concluir que el otrora candidato adquirió, a través de la contratación por un tercero, tiempos en televisión. Lo anterior porque el apelante (i) parte de la premisa inexacta de que el Consejo General del Instituto Federal Electoral arribó a tal conclusión a partir de la valoración de las declaraciones del representante legal de Telecomunicaciones de Cerritos, S.A. de C.V. y de la "factura" con la que éste amparó la contratación de la difusión del mensaje; y (ii) pretende desvirtuar, a partir de afirmaciones genéricas y sin sustento, las razones que esgrime la autoridad para tener por acreditado que el ahora inconforme llevó a cabo, a través de un tercero, la señalada adquisición.
En el agravio identificado con el inciso B, el inconforme parte de la premisa inexacta de que la autoridad responsable tuvo por acreditado que éste adquirió tales tiempos, a través de Román Gallegos Compean, a partir de las declaraciones del representante legal de Telecomunicaciones de Cerritos, S.A. de C.V. y de la nota de venta con la que éste amparó la contratación de la difusión del mensaje en cuestión.
Dicha afirmación es inexacta porque tales elementos sirvieron al Instituto Federal Electoral para acreditar hechos distintos a los señalados por el impetrante, a saber: que Román Gallegos Compean contrató con la televisora en cuestión a efecto de que difundiera un mensaje alusivo al otrora candidato, el costo de dicho mensaje y los días y número de veces que se transmitió; no así el vínculo entre el ahora impetrante y el referido ciudadano contratante.
Lo anterior se desprende expresamente del considerando CUARTO de la resolución impugnada, que en la parte conducente señala:
Las anteriores conclusiones encuentran su fundamento en la valoración conjunta que realizó este órgano resolutor a los elementos probatorios que obran en el presente expediente, por lo que atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, resulta válido arribar a la conclusión de que los hechos denunciados son ciertos en cuanto a su existencia, sin que ello implique prejuzgar respecto de la existencia o no de la presunta infracción denunciada. […]"
En cambio, según se aprecia en el considerando octavo de dicha resolución, la autoridad responsable concluyó, con base en razones distintas a las combatidas por el inconforme, que éste, en su calidad de candidato a un cargo de elección popular, cometió la infracción prevista en el artículo 344, párrafo 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con el numeral 49, párrafo 3 del mismo ordenamiento. A continuación se transcribe la parte atinente de la resolución impugnada:
Lo anterior, toda vez que el personaje principal del promocional materia de inconformidad es el consabido candidato, quien en la secuela de imágenes, en principio, realiza una felicitación a las ciudadanas con motivo del día conocido coloquialmente como "día de las madres", sin embargo invita expresamente a la ciudadanía a votar por su candidatura al señalar que: "Aprovecho la oportunidad para pedirles su apoyo y garantizarles que la seguridad de sus hijos será prioridad en mi gobierno. Este cinco de julio participa porque en el PRI, primero las mujeres, primero tus hijos, primero la familia cerritense".
En tal virtud, esta autoridad estima que el multireferido candidato tuvo la potestad de decidir el contenido del promocional; en consecuencia, aun cuando el C. Jorge Luis Quintero Luévano no contrató directamente la difusión de dicho promocional, sino que esta se llevó cabo entre la concesionaria de televisión restringida "Telecomunicaciones de Cerritos S.A. de C.V." y el C. Ramón Gallegos Compean, lo cierto es que el aspirante a la Presidencia Municipal de Cerritos tuvo la posibilidad de determinar cuál debía ser el contenido del consabido promocional.
Así las cosas, este órgano resolutor estima que el C. Jorge Luis Quintero Luévano, tuvo poder de decisión sobre la difusión de los promocionales mediante los cuales se publicitó su candidatura, lo que incide particularmente, para determinar que con su conducta actualiza la infracción prevista en el artículo 344, párrafo 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con el numerales 49, párrafo 3 del mismo ordenamiento. […]".
Es decir, el Consejo General del Instituto Federal Electoral consideró que, al haber participado en la realización del mensaje de marras, el entonces candidato estuvo en posibilidad de definir su contenido y su difusión. Razón por la cual tuvo por acreditado que Jorge Luis Quintero Luévano adquirió, a través de un tercero, tiempo en televisión.
En este contexto, esta autoridad jurisdiccional considera inoperante el agravio en estudio (inciso B), ya que pretende desvirtuar la citada conclusión de la autoridad combatiendo elementos que no guardan relación con ella.
Por otra parte, los agravios identificados con los incisos A y C también devienen inoperantes en virtud de que constituyen afirmaciones genéricas y sin sustento, pues combaten elementos que resultan irrelevantes para arribar a la conclusión a la que arribó la autoridad, o bien, no combaten frontalmente las razones que esgrime el Instituto para tener por acreditado que el ahora inconforme llevó a cabo, a través de un tercero, la señalada adquisición.
En el agravio identificado con el inciso A, el impetrante pretende desvirtuar las conclusiones de la autoridad afirmando que elaborar o participar en un "video" no constituye infracción alguna, por lo que es incorrecto que la responsable "tenga por acreditado y por aceptado" que aquél contrató o adquirió tiempo en televisión partiendo de la premisa de que participó en la realización del mensaje difundido.
La inoperancia de dicho agravio radica en que, por una parte, la legalidad o ilegalidad de participar en la elaboración del mensaje no es relevante para acreditar la infracción, pues los elementos de tipo sancionador que aplicó la responsable prevén como ilegales la adquisición o contratación de tiempo en cualquier modalidad de radio o televisión, mas no la participación del infractor en la grabación del mensaje que se difunde. Y por otra, en que el recurrente no aporta argumento alguno para desvirtuar lo sostenido por el Instituto respecto de que su participación en la elaboración del mensaje implicaba necesariamente que tuvo control de su difusión y, por lo tanto, adquirió a través de Román Gallegos Compean la difusión del mismo.
Asimismo, en el agravio identificado con el inciso C, Jorge Luis Quintero Luévano afirma, entre otras cuestiones, que no existe prueba o indicio que acredite que dio la instrucción o solicitó a Román Gallegos que contratara la difusión del mensaje. Esta afirmación es inoperante, ya que al igual que el agravio identificado con el inciso A, no combate lo sostenido por la responsable respecto de que su participación en la elaboración del mensaje implicaba necesariamente que tuvo control de su difusión. Por ende, constituye una afirmación genérica y sin sustento.
A partir de los agravios antes analizados, Jorge Luis Quintero Luévano pretende acreditar que la autoridad electoral administrativa incumplió con su deber de fundar y motivar su resolución, afirmación que, como ya se ha expuesto, no encuentra sustento alguno.
No obstante, a mayor abundamiento se debe precisar que el Consejo General del Instituto Federal Electoral sí fundó su resolución en lo que respecta a lo aquí combatido, como se aprecia en el considerando OCTAVO de tal determinación:
En consecuencia, procede confirmar la resolución impugnada en la parte combatida en la presente apelación.
ÚNICO. Se CONFIRMA la resolución CG421/2009 de diecinueve de agosto de dos mil nueve, en la que el Consejo General del Instituto Federal Electoral sanciona a Jorge Luis Quintero Luévano, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Cerritos, San Luis Potosí, con una multa de doscientos setenta y cuatro días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, equivalentes a la cantidad $15, 015.00 (quince mil quince pesos 00/100 M.N.) por haber contratado, a través de un tercero, propaganda electoral en un canal de televisión restringida durante los días ocho, nueve y diez de mayo del presente año.
NOTIFÍQUESE por correo certificado a Jorge Luis Quintero Luévano en el domicilio señalado para tal efecto; por oficio, agregando copia certificada de este fallo, a la autoridad responsable, y por estrados a los demás interesados, en términos de los artículos 26, párrafo 3; 27; 28 y 29, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. En su oportunidad, devuélvanse las constancias atinentes y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
Así lo resolvieron, por UNANIMIDAD de votos, los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la ausencia de los Magistrados Manuel González Oropeza y Pedro Esteban Penagos López, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe. Rúbricas.

References: resolución 
 artículo 40
 resolución 
 artículo 368
 artículo 369
 resolución 
 artículo 359
 artículo 344
 artículo 354
 artículo 344
 artículo 49
 artículo 49
 artículo 354
 artículo 354
 artículo 354
 artículo 354
 artículo 41
 artículo 355
 Resolución 
 artículo 355
 Resolución 
 resolución 
 artículo 19
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 17
 resolución 
 resolución 
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 17
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 300
 artículo 205
 artículo 302
 artículo 293
 artículo 8
 resolución 
 resolución 
 artículo 13
 resolución 
 artículo 344
 resolución 
 artículo 16
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 344
 artículo 49
 artículo 49
 artículo 49
 resolución 
 artículo 344
 artículo 49
 artículo 344
 artículo 49
 resolución 
 resolución 
 artículo 344
 resolución 
 artículo 344
 resolución 
 resolución 
 resolución