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Timestamp: 2017-09-21 12:11:15+00:00

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prevaricación – el blog de José María de Pablo
Categoría: prevaricación
Ayer tuvo lugar en el Tribunal Supremo la vista del recurso de casación interpuesto por el ex juez Elpidio Silva contra la sentencia que le condenó como autor de un delito de prevaricación. Y como el populismo es gratis, surgen de nuevo los que le justifican: «se saltó la ley, sí, pero para encarcelar a un banquero», dicen los mismos que defendían a Garzón cuando fue condenado por espiar a abogados.
Hay un diálogo admirable en la película “Un hombre para la eternidad” en el que Santo Tomás Moro discute con su yerno sobre la necesidad de respetar la ley y no utilizar atajos en la lucha contra el delincuente. Dura menos de un minuto pero merece la pena:
Se me ocurre que es el mismo diálogo que habrían mantenido Elpidio Silva (o Garzón) y Tomás Moro si se hubiesen llegado a conocer. Sería algo así:
-¡Hazle arrestar!- Exclamó Elpidio al ver que Blesa se marchaba en libertad.
-¿Por qué?- Respondió Tomás Moro.
-Es peligroso.
-¡Por libelo y espía!
-¡Padre! Ese hombre es malo.
-No hay ley alguna contra eso.
-¡Está la ley de Dios!
-Pues que lo arreste Dios.
-Mientras todos habláis se ha ido.
-Sería libre de irse aunque fuera el diablo en persona hasta que violara la ley.
-Vaya, con que darías al diablo el beneficio de la ley.
-Sí. ¿Tú qué harías? ¿dar un rodeo alrededor de la ley para coger al diablo?
-¡Sí! ¡Me saltaría todas las reglas de Inglaterra para hacerlo!- Se jactó Elpidio.
-¡Ya! ¿Y cuando te hubieses saltado la última ley y el diablo se volviera contra tí, ¿dónde te esconderías, Elpidio, si las leyes son planas? Este país está sembrado de guerras de costa a costa. Leyes humanas, no divinas. Si te las saltaras, y eres muy capaz de hacerlo, Elpidio, ¿crees de veras que podrías resistir impasiblemente los vientos que se levantarían? ¡Sí! Yo concedería al diablo el beneficio de la ley por mi propia seguridad.
Autor José María de PabloPublicado el 15 de abril de 2015 15 de abril de 2015 Categorías prevaricación4 comentarios en diálogo entre Elpidio Silva y Santo Tomás Moro
En Derecho nada es blanco ni negro. Toda norma admite variadas interpretaciones y reinterpretaciones. Y la calificación jurídica de cada hecho presuntamente delictivo consiente siempre una rica escala de grises. Por eso, nada debería sorprendernos que, cuando se reúnen once juristas –en este caso fiscales- para decidir si se debe interponer una querella contra Artur Mas por los hechos del #9N, no se pongan de acuerdo entre ellos.
No niego que en la postura de alguno/s de estos fiscales pueda haber influido una motivación política. Tanto en un lado como en el otro. Pero quiero explicar en este post que, incluso abstrayéndonos de todo interés político, si observamos los hechos desde un punto de vista exclusivamente jurídico, la cuestión no está tan clara. A continuación trataré de analizar muy brevemente los problemas técnicos que, en mi opinión, pueden estar retrasando la decisión de la Fiscalía, cuya función no es la defensa –recordemos- de los intereses del Gobierno, sino la tutela de la legalidad. Vamos allá:
El artículo 410 del Código Penal, castiga a “las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales (…)”.
En este caso, nadie niega que el Gobierno de la Generalitat ha desobedecido al Tribunal Constitucional al negarse a dar cumplimiento a la resolución que acordaba la suspensión de la consulta. Pero como ya expliqué otras veces en este blog, la jurisprudencia tiene establecido que el mero incumplimiento de una resolución judicial no siempre supone la comisión de un delito de desobediencia.
El delito de desobediencia tiene dos elementos:
a) Primero, la constancia de la recepción de la orden judicial que sea por el destinatario que la debe cumplir. En palabras del Tribunal Supremo: “la base y requisito indispensable y esencial para que pueda ser cometido el delito de desobediencia radica en la existencia de una orden o mandato directo, expreso y terminante dictado por la Autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, que sea conocido real y positivamente por quien tiene la obligación de acatarlo y no lo hace“.
b) En segundo lugar, tiene que existir una oposición voluntaria al cumplimiento de la orden o mandato que suponga un ánimo por parte del autor de menospreciar el principio de autoridad representado por quien emite o transmite la orden.
Este último requisito se traduce en la necesidad de una negativa abierta y directa al cumplimiento de la resolución judicial. Y aquí está la clave. No sirve cualquier desobediencia para imputar un delito. Es necesaria una desobediencia abierta y directa. Y la jurisprudencia, habitualmente, viene identificando desobediencia abierta y directa con aquella que ha sido precedida de un requerimiento judicial específico, recibido por el denunciado, que le conminara a la realización de una conducta concreta.
El Gobierno Central, consciente de esta doctrina y bien asesorado, solicitó al Tribunal Constitucional que no se limitase a suspender la consulta, y añadiese un apercibimiento a las autoridades catalanas sobre las consecuencias penales de no acatar la resolución. Pero el TC no realizó el apercibimiento. Y ese es el problema.
La cuestión estará en discernir si la mera publicación de la suspensión cautelar de la consulta en un Boletín Oficial puede considerarse un requerimiento específico de cumplimiento, suficiente para considerar que la desobediencia es “abierta y directa”. Más aún teniendo en cuenta que la Generalitat –bien asesorada también- tuvo la picardía de pedir una aclaración al TC –sabiendo que el TC tardaría, como en él es habitual, varios meses en contestar- sobre el alcance de la suspensión.
Por tanto, indicios de delito hay, pero no son definitivos. La Fiscalía argumentará en su querella que la publicación en un Boletín Oficial es suficiente requerimiento para entender cometido el delito, a lo que la defensa de Mas contestará que la desobediencia no fue “directa y abierta”, primero, porque no hubo requerimiento personal, y segundo, porque había una petición de aclaración pendiente de respuesta. En esa cuestión se centrará el debate. Y el TC, que no apercibió de delito a la Generalitat, y que tampoco contestó a la posterior petición de aclaración, habrá sido, curiosamente, el mejor aliado de la estrategia de defensa del díscolo presidente catalán.
Más difícil veo la imputación de los otros dos delitos de los que se viene hablando: prevaricación y malversación.
Delito de prevaricación.
El artículo 404 del Código Penal castiga como reo de prevaricación a la autoridad que “a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria” (artículo 404 del Código Penal).
Pues bien, la pregunta es: ¿qué resolución ha dictado Artur Mas para la celebración de la consulta? Ninguna. Se firmó un Decreto, es cierto, de convocatoria de referéndum. Pero fue suspendido por el TC, y es entonces cuando se puso en marcha este segundo modelo de consulta. Y para esta segunda consulta no se ha dictado resolución administrativa ninguna, por lo que veo complicado hablar de prevaricación.
Malversación impropia.
El otro delito planteado es la malversación impropia. El artículo 433 del Código Penal castiga a “la autoridad o funcionario público que destinara a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones”. Se le llama malversación impropia para diferenciarlo de la malversación propia de fondos públicos del art. 432, que se refiere a la sustracción de los fondos con ánimo de lucro (el llamado “animus res sibi habendi”). Es decir, el art. 432 (malversación propia) se refiere a la acción de sustraer, mientras que en el art. 433 CP (malversación impropia) habla de usar.
Ahora bien, ¿constituye malversación impropia el uso al que destinó la Generalitat los colegios electorales el #9N? ¿Y los gastos en la fabricación de urnas, impresión de papeletas, etc?
Aquí es importante tener en cuenta que para que se cometa este delito es imprescindible haber destinado esos fondos o efectos públicos a un uso privado, porque la acción de destinar fondos o efectos públicos a un uso público distinto de aquel para el que estaban presupuestados, pero público al fin y al cabo, hace tiempo que dejó de ser delito y está despenalizado en el actual Código Penal: sería una mera irregularidad administrativa.
Por tanto, lo decisivo aquí será si el uso que ha dado la Generalitat a esos fondos (dinero para imprimir papeletas, urnas, etc) o a esos efectos (los colegios electorales, por ejemplo), se considera un uso público o privado. ¿La consulta ilegal celebrada el #9N era pública o privada? Porque si era pública estaremos ante un uso inadecuado de esos fondos y efectos, pero solo si se considera la consulta ilegal como un acto privado podremos hablar de malversación impropia tal y como la entiende el Tribunal Supremo.
Como se ve, estamos de nuevo ante una bonita discusión jurídica.
En Derecho, nada suele ser blanco ni negro. Y la prueba es que usted, posiblemente, no estará de acuerdo con todo o parte de lo escrito en este post. Para eso están los comentarios.
Autor José María de PabloPublicado el 17 de noviembre de 2014 17 de noviembre de 2014 Categorías desobediencia,prevaricación9 comentarios en Una lectura penal de los hechos del #9N. Por qué duda la Fiscalía.
Cuando las barbas de Atutxa veas cortar, pon las de Artur a remojar
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los dos recursos del Gobierno contra la Ley de Consultas catalana y contra el Decreto de convocatoria de referéndum independentista para el próximo 9 de noviembre.
la primera consecuencia jurídica de la admisión a trámite de estos recursos es la automática suspensión de la efectividad, tanto de la Ley de Consultas como del Decreto de convocatoria, tal y como establece el artículo 161.2. de la Constitución: “el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida (…)”. Esto significa que si el Constitucional no resuelve el recurso antes del próximo 9 de noviembre, el referéndum no podrá celebrarse.
De todos modos, es lógico pensar que el Tribunal, para evitar suspicacias, resolverá el recurso antes de ese día. Y si es coherente con su propia jurisprudencia, no tendrá otro remedio que declarar su inconstitucionalidad y anular la convocatoria: recordemos que cuando el pasado 23 de enero de 2013 el Parlament de Cataluña aprobó una declaración soberanista (ver noticia), que también fue recurrida por el Gobierno central, el Tribunal Constitucional dictó por unanimidad su Sentencia 42/2014, de 25 de marzo, que anulaba aquella declaración porque “una comunidad autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España”, pues -argumentaba el Constitucional- la soberanía nacional recae en el conjunto del pueblo español (no en una parte) y porque, además, ese referéndum atentaría contra el principio constitucional que proclama la indisoluble unidad de España.
Delito de desobediencia. El precedente del “Caso Atutxa”.
Una vez suspendida (y en un futuro inmediato, anulada) la convocatoria de referéndum, el gobierno catalán tendrá dos opciones: olvidarse de la consulta, o ignorar al Tribunal Constitucional y celebrarla.
¿Y qué ocurre si el Presidente de la Generalitat ignora lo resuelto por el Constitucional? Artur Mas tiene, en este caso, un espejo donde mirarse: el “Caso Atutxa”. Refresquemos la memoria:
Como recordarán, la Sentencia de 27 de marzo de 2003 de la Sala Especial del Tribunal Supremo decretó la ilegalización del partido Batasuna tras acreditarse su relación con la banda terrorista ETA. En ejecución de esa sentencia, el mismo Tribunal requirió al entonces Presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, para que disolviera el Grupo Parlamentario Sozialista Abertzaleak (una de las marcas blancas de Batasuna). Como quiera que Atutxa contestó a los requerimientos del TS negándose con diversas excusas a disolver aquel grupo parlamentario, el presidente del Parlamento Vasco y otros miembros de la Mesa fueron juzgados y condenados por Sentencia 54/2008 del propio Tribunal Supremo, como autores de un delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal, que establece que “las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales (…) incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”.
Pero, ¿hasta qué punto es trasladable este precedente a lo que ahora decida Artur Mas?
Como ya expliqué en otro post anterior, no todo incumplimiento de una resolución judicial constituye delito de desobediencia. Para que haya delito es necesaria una negativa abierta y directa a su cumplimiento.
En el Caso Atutxa, el Tribunal Supremo entendió que existió una negativa abierta y directa a cumplir la resolución judicial porque el Presidente del Parlamento Vasco había recibido hasta tres requerimientos para ejecutar la sentencia, uno de ellos “con expreso apercibimiento tanto a esa Presidencia como a los miembros de la Mesa del Parlamento Vasco (…) de procederse por el delito de desobediencia a los mandatos judiciales si no se lleva a efecto la disolución acordada de dicho Grupo Parlamentario en el indicado Plazo”, y Atutxa no atendió ninguno de los tres requerimientos.
Aplicando lo anterior al referéndum catalán, mi criterio es que no bastará con la sola declaración de inconstitucionalidad del referéndum para que su mero incumplimiento por el Presidente de la Generalitat sea constitutivo de un delito de desobediencia. Será necesario que el Tribunal Constitucional, además de declarar la inconstitucionalidad, requiera expresamente a Artur Mas para que cumpla la sentencia y se abstenga de organizar la consulta.
Una vez requerido personalmente por el órgano constitucional, si Artur Mas siguiese adelante con la organización de la consulta, podría enfrentarse a un procedimiento penal por desobediencia y, como ya le ocurrió a Atutxa, ser inhabilitado para cualquier tipo de empleo o cargo público por un tiempo de seis meses a dos años, lo que le impedirá, por ejemplo, ser Presidente de la Generalitat durante el periodo de la condena.
Un apunte sobre la prevaricación.
Por el contrario, y aunque muchos medios de comunicación vienen especulando con la posible imputación, también, de un delito de prevaricación, en este punto no estoy de acuerdo.
El delito de prevaricación castiga a la autoridad que “a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria” (artículo 404 del Código Penal). Pero para la celebración de la consulta Artur Mas no precisa dictar ninguna nueva resolución arbitraria, una vez que el Decreto de convocatoria ya lo firmó el sábado pasado.
Es más, creo que este es el motivo por el que Artur Mas retrasó la publicación de la Ley de Consultas hasta el mismo sábado en que firmó el Decreto de Convocatoria: si se hubiera publicado le Ley de Consultas días antes de la firma del decreto, el Tribunal podría haber suspendido la efectividad de la ley en ese momento (previo recurso del gobierno central) y entonces la firma del decreto podría haber sido constitutivo de un delito de prevaricación, pues se trataría de un decreto que aplica una ley suspendida. Así que la Generalitat, inteligentemente, hizo coincidir en el mismo día la publicación de la ley y la firma del Decreto, para que diera tiempo a firmar el decreto antes de la suspensión de la ley.
Por tanto, mi criterio es que si la Generalitat siguiera adelante con la consulta, el delito que podría imputarse a Artur Mas sería el de desobediencia -como ocurrió en su día con Atutxa- pero no el de prevaricación.
Autor José María de PabloPublicado el 29 de septiembre de 2014 29 de septiembre de 2014 Categorías desobediencia,prevaricaciónDeja un comentario en Cuando las barbas de Atutxa veas cortar, pon las de Artur a remojar

References: artículo 410
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 404
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 433
 artículo 161
 resolución 
 artículo 410
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución