Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2015/10/26/aun-cuando-las-tareas-delegadas-sean-auxiliares-si-resultan-imprescindibles-para-el-cumplimiento-de-las-principales-procede-la-responsabilidad-solidaria/
Timestamp: 2020-08-14 03:11:58+00:00

Document:
Ed. Microjuris.com Argentina	on 26 octubre 2015
II.- Se quejan porque el Sr. Juez «a quo» tuvo por acreditado el vínculo de trabajo denunciado en la demanda. Asimismo, cuestionan la base salarial acogida en el decisorio ($ 780.-). Se agravian porque se hizo lugar a las multas de las leyes 24.013 y 25.323. También porque fueron condenadas a entregar los certificados previstos en el artículo 80 de la LCT y a pagar la multa establecida en dicha norma legal. Por último, por las costas del proceso y las regulaciones de honorarios.
En torno a la existencia del vínculo laboral del actor, cabe recordar que el artículo 23 de la LCT establece «El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o
causas que lo motiven se demostrase lo contrario». Aclarándose que «Esa presunción operará igualmente aún cuando se utilicen figuras no laborales, para caracterizar al contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio».
Sobre el punto, Fernández Madrid (Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, 1ª edición, Tº I, pág. 581) señala que «el contrato de trabajo se inserta habitualmente en el marco de una organización empresaria- El hecho de que el trabajador dependiente, normalmente se incorpora a un establecimiento extraño, lleva consigno y determina el carácter del trabajo como heterónomo. Por eso la incorporación del trabajador adquiere tanta importancia para la existencia de la relación de trabajo. Pues ni el locador de servicios, ni el de obra, ni el mandatario, se integran, físicamente, a una unidad laboral ajena.Mantienen, por lo menos, la independencia de su conducta personal, que el trabajador dependiente en mayor o menor grado, subordina al mecanismo de la empresa-En resumen la condición de trabajador se vincula con la ubicación que posea en la estructura de una empresa ajena y el contrato de trabajo se configura cuando una persona mediante el pago de una remuneración, pone su fuerza de trabajo al servicio de la empresa de otra que organiza su prestación, aprovecha los beneficios de la labor y corre con los riesgos consiguientes. Por tanto encontramos en la relación que se traba con motivo del contrato los siguientes elementos: a) un servicio personal que califica al trabajo como un hacer infungible; b) el pago de una retribución por el trabajo recibido; c) el trabajo se pone a disposición de la empresa de otro y el empresario lo organiza, lo aprovecha y asume los riesgos del negocio».
En efecto, el plenario Nº 322 de esta Cámara «Tulosai Alberto Pascual C/ Banco Central de la República Argentina s/ Ley 25.561» sentó la siguiente doctrina: «1º) No corresponde incluir en la base salarial prevista en el primer párrafo del artículo 245 de la LCT, la parte proporcional del sueldo anual complementario. 2º) Descartada la configuración de un supuesto de fraude a la ley laboral, la bonificación abonada por el empleador sin periodicidad mensual y en base a un sistema de evaluación del desempeño del trabajador, no debe computarse a efectos de determinar la base salarial prevista en el primer párrafo del artículo 245 de la LCT».
En el precedente «Palomeque, Aldo René v. Benemetha S.A.» , la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó la operatividad del artículo 54 de la Ley 19550, en cuanto no se acredite la existencia de una sociedad ficticia y fraudulenta, constituida en abuso del derecho y con el propósito de violar la ley, que, prevaliéndose de dicha personalidad afecte el orden público laboral o evada normas legales, aspectos no observados en el caso.No debe confundirse la personalidad de los socios y administradores con la de la sociedad, pues ésta es un sujeto de derecho con el alcance fijado en la ley. Los actos realizados por aquéllos, en representación del ente, no les son imputables, en principio, a título personal, dada la diferenciación de personalidad que emerge de la Ley 19550 y de los artículos 33 y siguientes del Código Civil. Su eventual responsabilidad por actos de la sociedad, nace cuando se acredita que la figura societaria ha sido utilizada como mero instrumento para la consecución de finalidades extrasocietarias o como mero recurso para violar la ley o el orden público o frustrar los derechos de terceros (artículo 54, tercer párrafo de la Ley 19550).
El artículo 54, último párrafo, de la ley de sociedades (según ley 22.903) consagra la inoponibilidad de la personalidad jurídica, cuando la actuación de la sociedad encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituyendo un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o frustrar derechos de terceros. En estos casos se imputará directamente a los socios que lo hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados.En el caso que nos ocupa no ha quedado acreditado a través de la contumacia procesal de los demandados que hayan perseguido la consecución de fines extrasocietarios, o un recurso para violar la ley y el orden público laboral a que aluden los artículos. 7, 12, 13 y 14 de la L.C.T. para frustrar derechos de terceros, por lo que deban responder solidariamente.(en similar sentido «Díaz, Jorge v. Mc. Meat S.A.» sentencia del 31.08.2007; «Vera, Romina Valeria c. Moto XXI S.R.L. y otros s. Despido», sentencia 38.333 del 15.07.2011, del registro de esta Sala).
En el caso bajo análisis, quedó acreditada la falta de registración de la relación laboral de la actora, por lo que se encuentran acreditados los presupuestos previstos en la ley 19.550 para responsabilizar al codemandado Guido Martín Míguez, cuya participación fue corroborada por los testimonios analizados por el Sr. Juez «a quo» y no cuestionados en el planteo recursivo.
V.- El recurso de Gimnasios Argentinos SA -en cuanto cuestiona su condena en los términos del artículo 31 de la LCT- debe ser desestimado toda vez que el planteo no se hace cargo -y por ello deja incólume- el sustento medular de la decisión en torno a las pruebas analizadas por el «a quo» para fundar su decisión (ver fs.1016/1017). El agravio trasunta una argumentación dogmática, que prescinde de todo análisis concreto de los hechos y pruebas producidas en la causa, sin que se evidencie cuál fue el tema discutido, cómo fue resuelto, con qué fundamentos y cuáles son los errores o desaciertos de la sentencia recurrida. Básteme señalar que el planteo bajo análisis omite toda mención de las declaraciones testimoniales y del informe de fs. 804/836 (I.N.P.I.) que fueron considerados por el «a quo» para concluir acerca de la existencia de un conjunto económico en los términos del artículo 31 de la LCT.
VI.- El agravio de Racing Club Asociación Civil -respecto a su condena en los términos del artículo 30 de la LCT- debe correr la misma suerte. Esta Sala en la causa «Quevedo Ruben Marcelo C/ Cencosud Sa y otro s/ Despido» (SD 34971 del 25.04.08) delimitó los alcances de dicha normativa.
En dicho precedente se recordó que existen dos tendencias interpretativas acerca de los alcances de la solidaridad pasiva establecida por el artículo 30 de la LCT. La primera realiza una exégesis estrictamente gramatical del texto y entiende que sólo se activa la solidaridad crediticia cuando la tarea transferida hace al objeto de la explotación económica. La segunda, que comparto, considera que la solidaridad opera aún respecto de las labores coadyuvantes y necesarias para el cumplimiento de la tarea final; tareas que aún siendo «secundarias», «auxiliares» o «de apoyo», son imprescindibles para que se puedan cumplir las primeras, ya que normalmente integran, como auxiliares, la actividad (Conf. Fernández Madrid, Juan Carlos, «Tratado práctico de derecho del trabajo», Bs. As., 1989, tomo I, Pág.930; Vázquez Vialard, Antonio, «Tratado de derecho del trabajo», Bs.As., 1982, tomo 2, Pág.358). Es también, para algunos, la doctrina que reflejó «obiter dictum» la Corte Suprema de Justicia de la Nación al dictar sentencia en la causa «Rodríguez c / Cía. Embotelladora», del 15 de abril de 1993 (Fallos 316:713), según sus Considerandos 10 y 11 del fallo y más allá de las alternativas particulares de esa causa (Conf. Vázquez Vialard, Antonio, «La Corte Suprema precisa el sentido del Art. 30 de la LCT», en T y S.S., año 1993, Págs. 417 a 425). En efecto, el Máximo tribunal alude a prestaciones que completan o complementan la actividad del propio establecimiento (Considerando 10) y emplea el mismo giro en el Considerando 11.
Desde esta perspectiva, corresponde el temperamento adoptado en grado respecto a la existencia de responsabilidad solidaria en los términos del artículo 30 de la ley de contrato de trabajo toda vez que la apelante no rebatió – y por ello dejó firme ante esta alzada- el aspecto de la sentencia que señala que su parte delegó facetas propias y específicas de su giro empresario en favor de quién fuera la empleadora de la actora, lo que conduce a concluir que las labores ejecutadas por la accionante resultaron inescindibles y coadyudantes del cumplimiento de su objeto social. Por otro lado, es la doctrina que sustentó la Procuración General de la Nación, cuyos lineamientos ha seguido la Corte Federal en el fallo «Preiti Pantaleón y otro c/ Elemac SA y otro», (Sentencia del 20.08.08, CS, «P. 1897.L º XL).

References: artículo 80
 artículo 23
 artículo 245
 artículo 245
 artículo 54
 artículo 54
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 30