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Timestamp: 2017-08-21 19:41:09+00:00

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Sentencia Penal Nº 107/2012, AP - Las Palmas, Sec. 1, Rec 119/2011, 29-05-2012 | Iberley
Sentencia Penal Nº 107/2012, Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección 1, Rec 119/2011 de 29 de Mayo de 2012
Sentencia Penal Nº 66/2013, AP - Las Palmas, Sec. 1, Rec 116/2013, 02-05-2013
Órden: Penal Fecha: 02/05/2013 Tribunal: Ap - Las Palmas Num. Sentencia: 66/2013 Num. Recurso: 116/2013
Sentencia Penal Nº 30/2014, AP - Segovia, Sec. 1, Rec 24/2014, 21-03-2014
Órden: Penal Fecha: 21/03/2014 Tribunal: Ap - Segovia Ponente: Garcia Encinar, Javier Num. Sentencia: 30/2014 Num. Recurso: 24/2014
Sentencia Penal Nº 423/2011, AP - Burgos, Sec. 1, Rec 209/2011, 19-12-2011
Órden: Penal Fecha: 19/12/2011 Tribunal: Ap - Burgos Ponente: Marin Ibañez, Francisco Manuel Num. Sentencia: 423/2011 Num. Recurso: 209/2011
Sentencia Penal Nº 354/2013, AP - Burgos, Sec. 1, Rec 126/2013, 25-07-2013
Órden: Penal Fecha: 25/07/2013 Tribunal: Ap - Burgos Num. Sentencia: 354/2013 Num. Recurso: 126/2013
Sentencia Penal Nº 141/2012, AP - Las Palmas, Sec. 1, Rec 239/2011, 29-06-2012
Órden: Penal Fecha: 29/06/2012 Tribunal: Ap - Las Palmas Ponente: Marrero Frances, Ignacio Num. Sentencia: 141/2012 Num. Recurso: 239/2011
Ponente: Marrero Frances, Ignacio
Núm. Sentencia: 107/2012
Núm. Recurso: 119/2011
Núm. Cendoj: 35016370012012100236
D. Miquel Ángel Parramón i Bregolat.
D. Secundino Alemán Almeida.
D. Ignacio Marrero Francés (Ponente).
En Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de mayo de 2012.
Visto en grado de apelación ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas el presente Rollo de Apelación no 119/2011, dimanante de los autos de Procedimiento Abreviado no 181/2008, del Juzgado de lo Penal número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria, seguidos por un delito de robo con fuerza en las cosas contra Matías , en cuya causa han sido partes, además del citado acusado, representado por la Procuradora de los Tribunales dona Olivia Pírez Rodríguez y bajo la dirección jurídica y defensa de la Letrada dona Carolina Martell Ortega; el MINISTERIO FISCAL, en ejercicio de la acción pública; y, dona Gabriela , representada por la Procuradora de los Tribunales dona Mercedes Ramírez Jiménez y bajo la dirección jurídica del Letrado don Iván Martel Lorenzo; habiendo sido parte en el recurso de apelación el acusado como parte apelante, y como parte apelada el MINISTERIO FISCAL; siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado don Ignacio Marrero Francés, quien expresa el parecer de la Sala.
PRIMERO.- Por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Penal número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria en los autos de Procedimiento Abreviado número 181/2008, en fecha de treinta y uno de julio de dos mil diez, se dictó Sentencia cuyos hechos probados son los siguientes: "ÚNICO.- Se declara probado que entre las 02:00 y las 8:00 horas del día 18 de julio del ano 2007, el acusado, DON Matías , ejecutoriamente condenado en sentencia firme de fecha 4 de marzo del ano 2006 dictada por el juzgado de Instrucción no 3de esta ciudad, por la comisión de un delito de robo con fuerza en las cosas, a la pena de ocho meses de prisión; dobló el bastidor de la puerta delantera izquierda del automóvil con matrícula CF-....-OB , propiedad de Don Severiano , que se encontraba estacionado en la calle Ataulfo Argenta de Las Palmas de Gran Canaria, logrando penetrar en su interior y sustraer, a continuación, del interior del mismo un aparato de radio y tocadiscos compactos valorado en 60 euros, propiedad de Dona Gabriela . El automóvil mencionado, valorado en 375 euros, ha sufrido desperfectos por valor de 243, 91 euros.".
Y cuyo Fallo es del siguiente tenor literal: "QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a DON Matías , como autor criminalmente responsable de un delito de robo con fuerza en las cosas, previsto y penado en los artículos 237 , 238.2 o y 3o del Código Penal , con la concurrencia de la circunstancia agravante de la responsabilidad criminal de reincidencia prevista en el artículo 22.8 del miso texto legal, a la pena de UN ANO Y OCHO MESES DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, debiendo indemnizar a Don Severiano , en la cantidad de 243, 91 euros, por los desperfectos causados, y a Dona Gabriela en la cantidad de 60 euros por el objeto sustraído. Y ello con expresa imposición de las costas procesales al condenado.".
SEGUNDO.- Contra la mencionada sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de don Matías , sin solicitar nuevas pruebas, admitiéndose el recurso de apelación en ambos efectos, y dándose traslado del mismo a las demás partes, impugnándolo el Ministerio Fiscal.
TERCERO.- Remitidos los autos a esta Audiencia, y no estimándose necesario la celebración de vista, quedaron los mismos pendientes para dictar sentencia.
PRIMERO.- Contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Penal número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria, en los autos de Procedimiento Abreviado número 181/2008, en fecha treinta y uno de julio de dos mil diez, se alza la representación procesal de don Matías en recurso de apelación sosteniendo como motivo de impugnación el error en la apreciación de las pruebas por parte de la Juez "a quo", interesando, en su consecuencia, se dicte la oportuna resolución declarando revocada la sentencia impugnada y, dictando nueva resolución mediante la que se acuerde absolver a don Matías .
SEGUNDO.- En relación al error en la valoración de la prueba debe indicarse, ante todo, que la segunda instancia penal se ha pretendido configurar como un nuevo juicio respecto del celebrado en la primera, de modo que el órgano ad quem se encuentre, en relación con las pruebas practicadas, en la misma posición y con iguales facultades que el órgano a quo.
Ello no plantea especiales dificultades a la hora de examinar los supuestos de quebrantamiento de normas o garantías procesales que hayan causado efectiva indefensión, y a la infracción de las normas legales aplicables al caso, ya que en ambos casos nos encontramos con motivos de carácter estrictamente jurídico, sea respecto a la corrección del modo de obtención de las pruebas y su incorporación al plenario, a la estricta observancia del derecho de defensa en todas sus manifestaciones (asistencia letrada, previo conocimiento de la acusación formulada, igualdad de armas, contradicción, ...), o a la subsunción de los hechos declarados probados en determinado tipo penal, incluyendo la posible apreciación de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal y el razonamiento que el órgano de instancia haya dado para individualizar la pena. Y decimos que no plantean dificultades, porque lo que en tales supuestos se pide del Tribunal de apelación es un análisis de las normas legales aplicables al caso, con el límite infranqueable de la reformatio in peius, de la corrección formal y material del procedimiento, y de las garantías y derechos fundamentales en juego. En consecuencia, hasta este instante, la función del órgano de apelación no afecta a la base fáctica de la sentencia de instancia, esto es, al proceso reflexivo seguido por el Juez a quo para considerar la certeza o falsedad de los hechos sometidos a enjuiciamiento.
Justamente el problema surge, cuando lo que se pretende discutir por la vía de este recurso es la corrección de ese proceso reflexivo que ha seguido el órgano a quo en relación a los hechos probados, esto es, el tercero de los motivos de apelación previsto en el art. 790.2 de la LECRIM relativo al error en la valoración de las pruebas, en cuanto la plena vigencia en el juicio oral de los principios de inmediación, contradicción y oralidad, determinan que la apreciación que el juzgador de instancia haga de las pruebas practicadas en el plenario gocen de un especial privilegio que no ostenta el órgano ad quem, del que se pretende que valore unas declaraciones que no ha presenciado.
Ciertamente (y debe ponerse de relieve) que la conclusión a la que llega el Tribunal de Instancia se ha de sustentar en la libre apreciación en conciencia que haga del conjunto de la prueba practicada, sin que exista ninguna norma legal que dé mayor o menor importancia a determinadas pruebas sobre otras, pero la importancia del proceso penal en cuanto se valoran esencialmente hechos o acontecimientos de la vida humana, que el legislador ha considerado merecedores del mayor de los reproches posibles mediante la sanción punitiva, determinan que las pruebas de carácter personal, esto es, la declaración de acusados y testigos, adquieran una trascendencia fundamental, en cuanto lo que se pretende a través del plenario es situar al juzgador, esencialmente imparcial y objetivo debido a la alta función constitucional que desarrolla, justamente en el instante en que se produjeron los hechos sujetos a enjuiciamiento. No obstante, debe reconocerse que se trata de una traslación ficticia, en cuanto debe situarse en ese instante en función de lo vivido por quiénes ante él declaran mediante el relato de lo acontecido. De ahí la dificultad de la labor juzgadora, en cuanto la conclusión a la que llegue sobre la realidad o falsedad de tales hechos deberá sustentarse necesariamente en la credibilidad que le ofrezcan los relatos expuestos en el acto del plenario, y para ello resulta esencial la inmediación del Tribunal, quién podrá advertir a través del examen de una serie de datos relativos a la seguridad expositiva, la coherencia de lo contado en relación a relatos anteriores ante funcionarios policiales y/o judiciales, la contundencia de sus manifestaciones, los gestos, la mirada, las reacciones que generan en otros testigos y/o acusados las manifestaciones efectuadas por quién declara, o la coincidencia de relatos entre distintas personas sin intereses comunes aparentes, qué testimonio resulta veraz y cuál no, pudiendo servirse en dicha labor del resultado de otras pruebas como la pericial y/o la documental, bien entendido que en todo caso dichas pruebas han de ser lícitas y de entidad suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia.
De lo anterior se colige que la segunda instancia no puede ser un nuevo juicio, en cuanto al practicarse ya toda la prueba en unidad de acto, con contradicción, sometiendo a acusados y testigos al interrogatorio de todas las partes que efectúan una valoración ante el Tribunal de la prueba practicada, iría contra el más elemental principio de seguridad jurídica la posibilidad de que toda esa prueba se practicara nuevamente ante el órgano de apelación, en cuanto quienes ya declararon inicialmente serían conscientes de lo que han declarado los demás, pudiendo ante ello modificarse las versiones, o introducirse nuevos datos no puestos de manifiesto con anterioridad que afectarían a la fiabilidad de sus testimonios, sin contar con las obvias inexactitudes propias del transcurso del tiempo, todo lo cual haría materialmente imposible una reproducción fiel y exacta del juicio de instancia. Es por ello que la apelación se configura más exactamente como un juicio revisorio, en el que el órgano ad quem tendrá plenas facultades para examinar la correcta adecuación de los hechos declarados probados a las normas legales aplicables, con el límite de la reformatio in peius, para velar por la tutela de los derechos fundamentales, tanto en la obtención de las pruebas como en la observancia de las garantías procedimentales, pero tendrá limitada su facultad de revisión sobre el marco fáctico delimitado en los hechos probados, que solo podrá modificar cuando concurra una de estas tres circunstancias: 1o.- Que el razonamiento efectuado por el Juez a quo para considerar probado un hecho sea absurdo, manifiestamente erróneo o arbitrario; 2o.- Que no se hayan tenido en cuenta por aquél determinadas pruebas incorporadas debidamente al plenario, que de un modo manifiesto contraríen la conclusión a la que ha llegado; y, 3o.- cuando la mutación fáctica devenga de la valoración de las nuevas pruebas que el Tribunal de segunda instancia practique en los limitados supuestos del art. 790.2 de la LECRIM , si bien, y a fin de salvaguardar el derecho de defensa, si la sentencia de instancia hubiese sido absolutoria, las nuevas pruebas deberán practicarse en presencia de los acusados, posibilitándose con ello la debida contradicción.
En todo caso, el proceso reflexivo seguido por el Tribunal de Instancia para llegar a los hechos probados deberá basarse en una prueba lícitamente obtenida, incorporada al plenario con sujeción a los principios de inmediación, contradicción y oralidad, y con un contenido incriminatorio de semejante solidez que permita, con sustento en las más elementales reglas de la lógica y el sentido humano, llegar a considerar probado un determinado hecho, debiendo explicitarse convenientemente tal razonamiento, a fin de cumplir la exigencia de motivación contenida en el art. 120.3 de la CE , y como formando parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24 de la Carta Magna . Solo así se logrará eliminar todo atisbo de arbitrariedad en el ejercicio de la función jurisdiccional, al posibilitarse que un órgano distinto y superior pueda valorar que aquél proceso reflexivo ni es absurdo, ni es manifiestamente erróneo ni arbitrario, hasta el punto de que si la sentencia carece de tal motivación deviene nula de pleno derecho.
En este sentido, es doctrina jurisprudencial reiterada( Sentencias de 6 de mayo de 1965 , 20 de diciembre de 1982 , 23 de enero de 1985 , 18 de marzo de 1987 , 31 de octubre de 1992 y 19 de mayo de 1993 , entre otras), que a tenor de lo que establece el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , el Juzgador de Instancia debe formar su convicción sobre la verdad "real" de los hechos con arreglo a su convencimiento derivado de lo que ha visto y oído en el curso del juicio oral; por lo que técnicamente no es un nuevo juicio sino revisión de los hechos y del derecho aplicable, al conocer en grado de apelación el juez "ad quem" en la práctica debe respetar la descripción de tales hechos, precisamente porque es el Juez de Instancia quien aprovecha al máximo las ventajas de los principios de inmediación, concentración y oralidad que presiden el juicio oral verbal de faltas, a no ser que se demuestre un evidente error en la apreciación de aquellos o una equívoca aplicación de las normas legales a lo declarado probado.
Según el Tribunal Constitucional, el recurso de apelación otorga plenas facultades al Juez o Tribunal Superior supraordenado ad quem para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un novum iuditium ( SSTC 124/83 , 54/85 , 145/87 , 194/90 y 21/93 , 120/1994 , 272/1994 y 157/1995 ). Si bien se excluye toda posibilidad de una reformatio in peius, esto es, de una reforma de la situación jurídica creada en la primera instancia que no sea consecuencia de una pretensión frente a la cual aquel en cuyo perjuicio se produce tal reforma no tenga ocasión de defenderse, salvo, claro está, que el perjuicio resulte como consecuencia de la aplicación de normas de orden público cuya recta aplicación es siempre deber del Juez, con independencia de que sea o no pedida por las partes ( SSTC 15/1987 , 17/1989 y 47/1993 ).
El supremo intérprete del texto constitucional tiene también declarado que nada se ha de oponer a una resolución que, a partir de una discrepante valoración de la prueba, llega a una conclusión distinta a la alcanzada en primera instancia ( STC 43/1997 ), pues tanto "por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma como por lo que se refiere a la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba" el Juez ad quem se halla "en idéntica situación que el Juez a quo" (STC 172/1997 , fundamento jurídico 4o); y asimismo,( SSTC 102/1994 , 120/1994 , 272/1994 , 157/1995 , 176/1995 ) y, en consecuencia "puede valorar las pruebas practicadas en primera instancia, así como examinar y corregir la ponderación llevada a cabo por el Juez a quo" (SSTC 124/1983 , 23/1985 , 54/1985 , 145/1987 , 194/1990 , 323/1993 , 172/1993 , 172/1997 y 120/1999 ).
No obstante esta amplitud de criterio que se proclama en el plano normativo, se ve cercenada, sin duda, en la práctica a la hora de revisar la apreciación de la prueba efectuada por el Juez a quo. Especialmente cuando el material probatorio del juicio de primera instancia se centra, primordial o exclusivamente, en la prueba testifical, supuestos en los que deben distinguirse las zonas opacas, de difícil acceso a la supervisión y control, y las que han de considerarse como zonas francas, que sí son más controlables en la segunda instancia. Las primeras aparecen constituidas por los datos estrechamente ligados a la inmediación: lenguaje gestual del testigo, del acusado o del perito; expresividad en sus manifestaciones; nerviosismo o azoramiento en las declaraciones; titubeo o contundencia en las respuestas; rectificaciones o linealidad en su exposición; tono de voz y tiempos de silencio; capacidad narrativa y explicativa, etc. Es obvio que todos esos datos no quedan reflejados en el acta del juicio, donde ni siquiera consta el contenido íntegro de lo declarado, dada la precariedad de medios técnicos que se padece en los juzgados y tribunales. Ha de admitirse, pues, que esa perspectiva relevante del material probatorio resulta inaccesible al Juzgador de la segunda instancia, de modo que el escollo de la falta de inmediación el impide ahondar con holgura en el análisis de la veracidad y credibilidad de los diferentes testimonios. Ahora bien, ello no quiere decir que no quepa revisar y fiscalizar la convicción plasmada en la sentencia sobre la eficacia probatoria de las manifestaciones que las partes y testigos prestaron en la primera instancia, ya que existe una zona franca y accesible de las declaraciones, integrada por los aspectos relativos a la estructura racional del propio contenido de la prueba, que al resultar ajenos a la estricta percepción sensorial del juzgador a quo, sí pueden y deben ser fiscalizados a través de las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los y los conocimientos científicos.
Por ello, con carácter general, la valoración de los distintos testimonios es inherente a la función propia de juzgar que consiste precisamente en valorar las diversas declaraciones que se prestan en el acto del juicio y otorgar mayor credibilidad a una o varias de ellas, función de valoración en la que juega un papel decisivo la inmediación, de la que no dispone este órgano de apelación, y en este sentido la S.T.S. de 24 de Mayo de 1996 ha establecido, en consonancia con la sentencia del Tribunal Constitucional de 21 de Diciembre de 1.989 , que la oralidad, la publicidad, la contradicción y sobre todo, la inmediación, representan las ventajas del proceso celebrado a la presencia de los jueces que ven y oyen lo que ya después otros ojos y oídos no percibirán. Se trata de valorar en la vista, los gestos, las actitudes, las turbaciones y las sorpresas de cuantos intervienen en el plenario, todo lo cual, permite, a aquellos fundar su intima convicción acerca de la veracidad o mendacidad de las respectivas declaraciones, de manera que así se constituyen en "duenos de valoración" sin que este órgano de apelación pueda interferirse en el proceso valorativo, salvo que se aprecie un error notario en dicha valoración. O como tiene dicho reiteradamente la Sala 2a del Tribunal Supremo - entre otras SS. 10-2-90 y 11-3-91 - que en las pruebas de índole subjetivo, como son las declaraciones de los denunciados y testigos, es decisivo el principio de inmediación y es por ello que es el juzgador de instancia quien se halla en mejores condiciones para decidir sobre la credibilidad que ha de darse a unos y otros en el juicio oral, pues cuando el medio de prueba es una persona la convicción judicial se forma también, como antes decíamos, por los gestos, expresión facial, tono de voz, firmeza dada en las manifestaciones, inseguridad o incoherencia en las mismas, etc.
De ahí, que cuando en el acto del juicio oral se producen varias declaraciones, la determinación de cuál es la que debe predominar depende claramente de la inmediación con la que esta prueba es percibida por el juez de instancia. Pues bien, una vez producida la actividad probatoria de cargo ante el Tribunal Juzgador, en términos de corrección procesal, su valoración corresponde al mismo, conforme al art. 741 de la LECrim .; dar más credibilidad a un testigo que a otro o decidir sobre la radical oposición entre denunciante y denunciado, es tarea de Juzgador de instancia que puede ver y oír a quienes ante él declaran ( STS de 26 Mar. 1986 ); si bien la estimación en conciencia no ha de entenderse o hacerse equivalente a cerrado e inabordable criterio personal e íntimo del Juez, sino a una apreciación lógica de la prueba, no exenta de pautas y directrices de rango objetivo. Por todo ello, la credibilidad de cuantos se manifiestan en el proceso, incluso con un contenido distinto a lo que se expuso durante la instrucción, es función jurisdiccional que solo compete al Órgano juzgador ( SSTS de 3 Nov . Y 27 Oct. 1995 ).
Y de ahí que el uso que haya hecho el Juez de su facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio (reconocida en el art. 741 citado) y plenamente compatible con el derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, siempre que el proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia ( SSTC de 17 Dic. 1985 , 23 Jun. 1986 , 13 May. 1987 y 2 Jul. 1990 , entre otras), únicamente debe ser rectificado, bien cuando en realidad sea ficticio por no existir el correspondiente soporte probatorio, vulnerándose entonces incluso la presunción de inocencia, o bien cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del juzgador "a quo" de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en los autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada. Más concretamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido exigiendo, a fin de acoger el error en la apreciación de las pruebas, que exista en la narración descriptiva, supuestos inexactos, que el error sea evidente, notorio y de importancia ( STS 11 Feb. 1994 ), que haya existido en la prueba un error de significación suficiente para modificar el sentido del fallo ( SSTS 5 Feb. 1994 ).
Incluso ha afirmado que el tribunal de apelación extravasa su función de control cuando realiza una nueva valoración, legalmente inadmisible, de una actividad probatoria que no ha percibido directamente ( SSTS de 24 de octubre de 2000 y 2047/2002 , de 10- 12); que no puede el Tribunal de apelación revisar la valoración de pruebas personales directas practicadas en el primer grado jurisdiccional (testificales, periciales o declaraciones de imputados) a partir, exclusivamente, de su fragmentaria documentación en el acta, vulnerando el principio de inmediación, o ponderar el rendimiento de cada medio de prueba para sustituir la convicción racionalmente obtenida por el Juez de instancia (STS de 23 de abril de 2003 ); y que resultan ajenas al debate en el segundo grado jurisdiccional las cuestiones atinentes a la credibilidad de los testimonios evacuados ante el juez de instancia, dado que el juicio de credibilidad depende de la percepción sensorial directa del contenido de las declaraciones ( SSTS de 13 de octubre de 2001 , 5 de mayo de 2005 , etc.). De este marco conceptual que debe presidir la revisión jurisdiccional en esta alzada del juicio de hecho confeccionado en la primera instancia resulta, tal como se ha puesto de relieve en la doctrina, que el control que los tribunales de apelación pueden realizar respecto a la valoración de la prueba practicada ante el Juzgado de instancia viene a ser muy similar al que puede realizar el Tribunal Supremo al resolver un recurso de casación, al encontrarnos ante un recurso de apelación legalmente limitado y un recurso de casación jurisprudencialmente ampliado ante la carencia de recurso de apelación en el proceso ordinario. Así lo ha expuesto también este Alto Tribunal en SS. 2047/2002, de 10-12 , de 25-2-2003 y 6-3-2003 , etc.
En suma, cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el juzgador de la instancia en uso de la facultad que le confieren los artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se somete, conducen a que, por regla general, deba reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez en cuya presencia se practicaron, por lo mismo que es este Juzgador, y no el Órgano "ad quem", quien goza de la privilegiada y exclusiva facultad de intervenir en la práctica de prueba y de valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente, sobre todo en las declaraciones de las personas que declaran en el acto del juicio, su expresión, comportamiento, rectificaciones, dudas, vacilaciones, seguridad, coherencia, y en definitiva, todo lo que afecta a su modo de narrar los hechos sobre los que son interrogados haciendo posible, a la vista del resultado objetivo de los distintos medios de prueba, formar en conciencia su convicción sobre la verdad de lo ocurrido.
De tales ventajas, derivadas de la inmediación, contradicción y oralidad en la práctica probatoria carece, sin embargo, el Órgano de la apelación, llamado a revisar esa valoración en segunda instancia; lo que justifica que deba respetarse en principio el uso que haya hecho el Juez de su facultad de apreciar en conciencia las pruebas practicadas en juicio, reconocida por el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , y plenamente compatible con los derechos de presunción de inocencia y de tutela judicial efectiva, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia ( SSTC de 17 de diciembre de 1985 , 23 junio de 1986 , 13 mayo de 1987 y 2 julio de 1990 , entre otras). Únicamente su criterio valorativo deberá rectificarse cuando no exista, previamente al proceso valorativo, el imprescindible soporte probatorio, constituido por la existencia objetiva de prueba de cargo válidamente practicada, en cuyo caso se vulnera el principio de presunción de inocencia o bien cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del juzgador "a quo" de tal magnitud que haga necesaria, empleando criterios objetivos, y no interpretaciones discutibles y subjetivas, una modificación de los hechos declarados probados en la sentencia. Para lo cual, además, no puede olvidarse que esa revisión será tanto menos posible cuanto más dependa la valoración en forma sustancial de la percepción directa, puesto que el órgano de apelación carece de la inmediación que permite fundar la convicción en conciencia a la vista de la prueba practicada. La doctrina jurisprudencial anteriormente expuesta supone que, de haber formado el Juez a quo su convicción fundamentalmente a través de la apreciación de pruebas de carácter eminentemente personal, esta alzada habría de respetar tal valoración probatoria, salvo que ésta se revele como manifiestamente errónea, ilógica o carente de soporte probatorio, por cuanto el Juez de instancia, que habría gozado de las ventajas derivadas de la inmediación, contradicción y oralidad propias de la actividad probatoria en el juicio oral, de las que carece el Tribunal "ad quem", se encuentra en una posición que le permite, a la vista de lo manifestado y ocurrido en su presencia, valorar con mayor acierto el grado de fiabilidad y de credibilidad que le merecen las declaraciones de las partes.
A este respecto, la SAP de Murcia, sección 2a, de fecha 20 de febrero de 2012 , nos recuerda con vocación de síntesis:
"...En relación con sentencias de instancia condenatorias, como es el caso, la SAP Murcia, Sección 5a, de 15.11.11 , tras reiterar las "indudables ventajas de la inmediación judicial" de las que sólo goza el Juzgador de instancia, concluía que la valoración probatoria, realizada por aquél, conforme a los principios de oralidad, contradicción y, sobre todo, inmediación, había de prevalecer frente a la valoración que la parte apelante realizaba en el escrito de interposición del recurso, "sin que este órgano "ad quem", que no tuvo contacto directo con las declaraciones prestadas en juicio, pueda corregir la valoración probatoria judicial de primer grado, sobre la base de lo que consta en el acta del juicio. En este punto, debe recordarse la doctrina expuesta por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en Sentencias, entre otras, de 25 de febrero de 2.003 ( Sentencia número 258/2003), de 6 de marzo de 2.003 ( Sentencia número 352/2003 ) y de 13 de abril de 2.004 (Sentencia número 494/2004 ), en las que, en interpretación de la doctrina del Tribunal Constitucional expuesta en la Sentencias número 167/02 y otras posteriores, senala el Alto Tribunal que el recurso de apelación penal espanol no permite la repetición de las pruebas personales practicadas en la primera instancia y que en la resolución del recurso de apelación las Audiencias Provinciales deben respetar la valoración probatoria íntimamente vinculada a los principios de contradicción e inmediación. Y en este mismo sentido, también recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 2.007 ( Sentencia número 406/2007 ) que "nuestro país se halla englobado en un contexto cultural en cuyos ordenamientos jurídico-procesales no se reproduce el juicio en la segunda instancia, lo que hace que el Tribunal Superior carezca de inmediación en la práctica de las pruebas y sin ella no es posible realizar valoraciones o alteraciones del resultado de la misma, más allá de los límites que el propio principio de inmediación impone." La misma SAP de Murcia, Sección 5a de 15.11.11 , senala, igualmente, con invocación de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de mayo de 2.009 (rec. no 8457/2006), que "ni siquiera cabe que este órgano "ad quem" proceda a efectuar una diferente valoración probatoria de las pruebas personales que se practicaron en la primera instancia, por medio del visionado de la grabación del acto del juicio". Esta misma Sección 2a, en Sentencia de 7.10,11, también ante una pretensión de revocación de una sentencia condenatoria, reiteraba las serias limitaciones que afectan a las facultades revisoras del Tribunal ad quem desde la sentencia Tribunal Constitucional 167/02 , "en la lógica medida que un Tribunal, por muy superior jerárquico que sea, no puede fiscalizar con mínimas garantías algo que no ha visto, debiendo partir su tarea necesariamente de las ponderaciones de quien ha sido destinatario inmediato de las pruebas, especialmente respecto de las contradicciones invocadas en los recursos, pues este Tribunal se excedería si se pronunciase sobre su trascendencia sin haber observado directamente cómo y qué explicación daban a las mismas los afectados, no bastando al respecto la grabación videográfica, cuyo visionado no puede equipararse a la inmediación procesal. De este modo, la Audiencia se ha de limitar a comprobar que el proceso de inferencia deviene razonado y razonable, lo que es suficiente para que prevalezca sobre las apreciaciones de las partes".
CUARTO.- Estas facultades revisoras del proceso de inferencia, son, por otra parte, cuando, como es el caso, no se ha practicado prueba alguna en segunda instancia, en todo similares a las que caracterizan el juicio casacional. Y, cuando en la apelación exista la posibilidad de practicar determinadas pruebas -como se prevé en el art. 790.3 de la LECrim , tampoco podrá variar el criterio del Tribunal a quo sobre la base de valorar las pruebas practicadas en la instancia. La analogía evidente entre los límites que afectan al Tribunal de apelación y al Tribunal de casación, determinan que a uno y otro les corresponda, como senala la STS 9.12.11 , respecto del segundo, "comprobar que el Tribunal ha dispuesto de la precisa actividad probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia, lo que supone constatar que existió porque se realiza con observancia de la legalidad en su obtención y se practica en el juicio oral bajo la vigencia de los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad, y que el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos y razonables que permitan su consideración de prueba de cargo". La función del tribunal revisor se extiende, por invocación, como también es el caso, del derecho a la presunción de inocencia, a realizar una función valorativa de la actividad probatoria, sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, "actividad que desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la inferencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria", con examen de la denominada "disciplina de garantía de la prueba, y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad. Además, el proceso racional, expresado en la sentencia, a través del que la prueba practicada resulta la acreditación de un hecho y la participación en el mismo de una persona a la que se imputa la comisión de un hecho delictivo ( STS. 299/2004 de 4.3 ). Esta estructura racional del discurso valorativo sí puede ser revisada en casación,- y, por tanto, también en apelación-censurando aquellas fundamentaciones que resulten ilógicas, irracionales, absurdas o, en definitiva arbitrarias ( art. 9.1 CE ), o bien que sean contradictorias con los principios constitucionales, por ejemplo, con las reglas valorativas derivadas del principio de presunción de inocencia o del principio "nemo tenetur"( SSTS. 1030/2006 de 25.10 yde 9.12.11 , esta última con extensa cita de la STC 123/2006, de 24.4 ). Trasladando, en virtud de los argumentos ya expuestos, las consideraciones relativas al control casacional ante una denunciada vulneración del derecho a la presunción de inocencia, en una sentencia condenatoria, el Tribunal de apelación ha de analizar: a) el "juicio sobre la prueba", es decir, "si existió prueba de cargo, entendiendo por tal aquella que haya sido obtenida con respeto al canon de legalidad constitucional exigible, y que además, haya sido introducida en el Plenario de acuerdo con el canon de legalidad ordinaria y sometida a los principios que rigen dicho acto"(contradicción, inmediación, publicidad e igualdad); b) el "juicio sobre la suficiencia", es decir, "si constatada la existencia de prueba de cargo, ésta es de tal consistencia que tiene virtualidad de provocar el decaimiento de la presunción de inocencia"; c) el" juicio sobre la motivación y su razonabilidad", "es decir si el Tribunal cumplió con el deber de motivación, es decir si explicitó los razonamientos para justificar el efectivo decaimiento de la presunción de inocencia, ya que la actividad de enjuiciamiento es por un lado una actuación individualizadora no seriada, y por otra parte es una actividad razonable, por lo tanto, la exigencia de que sean conocidos los procesos intelectuales del Tribunal sentenciador que le han llevado a un juicio de certeza de naturaleza incriminatoria para el condenado, es, no sólo un presupuesto de la razonabilidad de la decisión, sino asimismo una necesidad para verificar la misma cuando la decisión sea objeto de recurso, e incluso la motivación fáctica actúa como mecanismo de aceptación social de la actividad judicial (...) Así acotado el ámbito del control casacional en relación a la presunción de inocencia, bien puede decirse que los Tribunales de apelación, esta Sala de Casación o incluso el Tribunal Constitucional en cuanto controlan la motivación fáctica de la sentencia sometida a su respectivo control, actúan verdaderamente como Tribunales de legitimación de la decisión adoptada en la instancia, en cuanto verificar la solidez y razonabilidad de las conclusiones alcanzadas, confirmándolas o rechazándolas -- SSTS de 10 de Junio de 2002 , 3 de Julio de 2002 , 1 de Diciembre de 2006 , 685/2009 de 3 de Junio-y por tanto controlando la efectividad de la interdicción de toda decisión inmotivada o con motivación arbitraria"( STS 9.12.11 )...".
TERCERO.- Pues bien, en el caso de autos la prueba practicada en el plenario fue de carácter personal: declaración del acusado y testifical, así como documental y pericial.
La valoración que realiza la Juez a quo de la prueba personal ha de mantenerse salvo que resulte ilógica o manifiestamente errónea ya que esta fase procesal, a diferencia de la primera instancia, carece de inmediación por lo que se desconoce la forma concreta en que las declaraciones se prestaron (coherencia en el discurso, tono de voz, gestos, etc.). En este sentido se ha pronunciado de forma muy reiterada la Jurisprudencia, pudiendo recordar las SSTS de 27 de septiembre de 1995 , 24 de enero de 2000 , 12 de junio de 2001 , 23 de mayo de 2002 y 21 de abril de 2004 , entre otras muchas. La más moderna Jurisprudencia ha dado un paso más, siguiendo la Jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional a partir de la referida Sentencia 167/02 , considerando que la Sala de apelación no puede alterar la valoración que de la prueba personal realizó el Juez de instancia, sustituyendo la absolución por una condena (SSTS de 25 de febrero y 6 de marzo de 2003 ).
Por otra parte, hay que tener en cuenta que con la prueba directa de los hechos constitutivos de infracción criminal no se agotan sus posibilidades acreditativas, y que asimismo la prueba indiciaria es perfectamente apta para enervar la presunción de inocencia y viene siendo admitida por reiterada y constante jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional (sentencias 175/85, de 17 de diciembre , 169/86, de 22 de diciembre , 229/88, de 1 de diciembre y 111/90 de 18 de junio , entre otras) como del Tribunal Supremo (sentencias de 16 de noviembre de 1986 , 31 de diciembre de 1987 , 27 de mayo de 1988 y 18 de febrero de 1989 , entre otras muchas), de modo que el acudimiento a este medio probatorio resulta en principio plenamente regular e inobjetable, y adquiere plena validez siempre que se cumplan determinadas exigencias de acunación jurisprudencial, que simplificando la materia, se pueden reducir a dos: 1o han de existir unos hechos básicos completamente acreditados que, como regla general, han de ser plurales, concomitantes e interrelacionados, y 2o entre esos hechos básico y el hecho necesitado de prueba -hecho consecuencia- ha de existir un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano, como dice el artículo 1253 del Código Civil ( sentencia del TS. de 21 de noviembre de 2000 ).
Así, la STS de fecha 12 de diciembre de 2011 , nos recuerda que: "...hemos senalado, igualmente, que a falta de prueba directa, también la prueba indiciaria puede sustentar un pronunciamiento de condena sin menoscabo del derecho de presunción de inocencia, siempre que: 1) El hecho a los hechos base (o indicios) han de estar plenamente probados. 2) Los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos bases completamente probados. 3) Se pueda controlar la razonabilidad de la inferencia, para lo que es preciso, en primer lugar, que el órgano judicial exteriorice los hechos que están acreditados, o indicios, y sobre todo que explique el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuentes; y finalmente, que este razonamiento esté asentado en las reglas del criterio humano o en las reglas de la experiencia común o "en una comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y aplicada conforme a los criterios colectivos vigentes", ( STS 300/2005, de 21-11 ; 111/2008 de 12-9 ; 20/2010 de 18-10 ). Asimismo la falta de competencia de esta jurisdicción privada para la valoración de la actividad probatoria practicada en un proceso penal y para la evaluación de dicha valoración conforme a criterios de calidad o de oportunidad" ( STS 137/2005, de 23-5 y 111/2008 de 22-9 ), sólo se considera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia en este ámbito de enjuiciamiento cuando "la inferencia sea ilógica o tan abierta que en su seno quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada" ( STS 229/2003, de 18-12 , 111/2008 de 22-9 , 109/2009, de 11-5 , 70/2010, de 18-10 , 25/2011 .de 14:129/2011 de 187;133/2011 de 18-7). En este sentido la STS 111/2011, de 4-7 , afirma que el control de la constitucionalidad de la racionalidad y solidez de la inferencia en que se sustenta esta prueba puede efectuarse desde el canon de la lógica o cohesión (de modo que será irrazonable si los indicios acreditados descartan el hecho que se hace desprender de ellos o no llevan naturalmente a él) como desde su suficiencia o calidad concluyente (no siendo pues, razonable la inferencia cuando sea excesivamente abierta, débil o imprecisa), si bien en este último caso se debe ser especialmente prudente puesto que son los órganos judiciales quienes, en virtud del principio de inmediación, tienen un conocimiento cabal, completo y obtenido con todas las garantías del acervo probatorio" ( STS 126/2011, de 18-7 ; 148/2009, de 16-9 ; 111/2008 de 22-9 ; 263/2005, de 24-10 ; 135/2003 de 30-6 )...".
A la vista de todo lo expuesto, la pretensión de la parte apelante no puede prosperar, por cuanto no se aprecia error alguno en el proceso valorativo efectuado por la Juez "a quo", el cual ha de respetarse por esta alzada no sólo por las razones anteriormente expuestas, sino, además, porque aquél, es razonable y se ajusta al resultado de las pruebas practicadas en el plenario y consignado en el acta del juicio oral. En efecto, la lectura del acta del juicio oral permite verificar que, efectivamente, tal como se senala en la sentencia, la convicción judicial se apoya en pruebas practicadas en el juicio oral, respetando el mandato establecido en el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a su interpretación conforme al derecho constitucional a la presunción de inocencia.
A este respecto, la Juez a quo expone en el Fundamento de Derecho Primero de la sentencia impugnada las razones que le llevan al relato de Hechos Probados, a tenor, principalmente, del resultado del informe Lofoscópico, obrante en autos a los folios 19 y siguientes, debidamente ratificado en el plenario por sus autores, que concluye que en el interior del vehículo objeto del delito, en concreto sobre un sobre de papel de color blanco, fue hallada una huella digital que se corresponde con el dedo pulgar de la mano izquierda del hoy recurrente, quien no guardaba relación con los denunciantes que justificara que sus huellas fueran encontradas en el interior del mismo. A dichos datos la Juez de Instancia aúna la circunstancia de no haber sostenido el acusado una versión uniforme y constante, de modo que la versión sostenida en el plenario fue introducida ex novo y no alegada en su declaración sumarial, la circunstancia de haber tenido lugar la acción sustractiva en un breve lapso de tiempo, entre las 2:00 horas y las 8:00 horas, lo que contradice la posibilidad de que haya sido otra persona la que, una vez que el acusado se marchara y aprovechando que éste habría abierto la puerta, haya causado los danos en el vehículo y sustraído los efectos finalmente desaparecidos, porque carece de sentido que una persona se cause tantas molestias únicamente para dormir unas horas, y, así mismo, por la circunstancia de que en el momento en que se le tomó declaración en el Juzgado de Instrucción estaba cumpliendo condena por hechos de similar naturaleza.
Desde esta perspectiva, se ha de indicar que la Juez de instancia ha valorado y ponderado racionalmente las pruebas practicadas, sin separarse de la lógica, los conocimientos científicos o las máximas de experiencia para afirmar que el recurrente fue autor de los hechos procesales, conclusión que no cabe tacharla de ilógica, absurda o arbitraria, sino plenamente razonable, pues ello se infiere del hallazgo de una huella dactilar del acusado en un sobre de papel hallado en el interior del automóvil que fue violentado, según se desprende del informe lofoscópico, indicio este de especial potencia acreditativa, el hecho de no tener perjudicados y acusado relación preexistente de ningún tipo, por cuanto no se conocían de absolutamente nada, y la inconsistencia e inverosimilitud de la versión del recurrente, tal y como expone con acierto la Juez de Instancia.
En efecto, respecto de la prueba pericial lofoscópica, la jurisprudencia se ha pronunciado, en primer lugar, respecto a la licitud que tienen los Agentes de la Autoridad para poder recoger en el curso de la investigación de unos hechos constitutivos de delito todos aquellos signos y vestigios tendentes a la investigación de los hechos y a la identificación de sus autores; y así la STS de 4-9-2000 senala que "... la facultad de la policía para detectar, recoger e identificar las huellas dactilares existentes en el lugar de autos se halla comprendida entre las de investigación y recogida de efectos e instrumentos y pruebas del delito que los arts. 282 y 786.2o a) de la LECrim ., atribuyen a la Policía Judicial, y el art. 11.1 o g) de la LO. 2/86 otorga a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. El descubrimiento y documentación de las senales digitales y su posterior identificación son tareas que exigen un especialización técnica, de que gozan los funcionarios de la Policía científica, a los que compete la realización de tales investigaciones; sin perjuicio de que las conclusiones de las mismas deban acceder al Juzgado y al Tribunal sentenciador, para que, sometidas a contradicción, puedan alcanzar el valor de pruebas; habiéndose admitido por la jurisprudencia ( STS. de 27.4 y 20.9.94 y 28/98 de 20.1), el valor probatorio de las huellas dactilares, coincidentes con las del acusado...". En segundo lugar ese mismo Tribunal ha declarado la citada prueba pericial como prueba válida para enervar la presunción de inocencia, y así, entre otras muchas, la STS de 19-6-2000 afirma que "...este medio es apto para enervar la presunción de inocencia. Como ya pusieron de relieve las Sentencias de este Tribunal Supremo de 9 diciembre de 1993 y de 27 abril de 1994 , la singularidad y características de la prueba dactiloscópica consiste en que la huella papilar es la que deja el contacto o el simple roce de las caras, palmar o plantar de las extremidades distales de los miembros con una superficie lisa cualquiera, presentando el aspecto de un dibujo conformado por diferentes líneas curvadas, estando formada tal huella por pequenas partículas de sudor que reproducen fielmente los surcos y salientes del tegumento. Tales características son fácilmente comprobables empíricamente por cualquiera y conocidas desde la más remota antigüedad, pero su utilización con fines identificativos ha sido más reciente, al sustituirse el sistema antropométrico por el dactiloscópico, habida cuenta de la seguridad que presenta para la correcta identificación personal, debido a una triple característica: a) De ser inmutables tales dibujos de la epidermis, que aparecen ya en el cuarto mes de vida intrauterina y desaparecen tan sólo con la putrefacción cadavérica, permaneciendo idénticos en cada persona a lo largo de su vida. b) Que no son modificables, ni patológicamente, ni por la propia voluntad del sujeto portador; y c) Que asimismo jamás son idénticas en dos individuos. Se desestima, pues, el recurso". En ese mismo sentido se pronuncian las SAP de Cantabria de 26-7-2000 y SAP de Sevilla de 30-12-2000 .
En el mismo sentido se pronuncia la STS de 3-6-2003 cuando afirma, remitiéndose a otra sentencia anterior, que "...Respecto a las huellas dactilares se dice en la sentencia 468/2002, de 15 de marzo -encabezamiento- que la huella dactilar es prueba suficiente cuando no cabe posibilidad alguna de que se pudiese haber impreso casualmente, atendiendo al lugar y al momento de su descubrimiento...". La STS de 15-3-2002 resalta esta tesis diciendo que "...Como recuerda la reciente sentencia núm. 1949/2001, de 29 de octubre que se ha ocupado de la resolución de un caso muy similar al ahora enjuiciado, esta Sala Segunda del Tribunal Supremo ha avalado reiteradamente la eficacia de la prueba indiciaria como prueba de cargo hábil para desvirtuar la presunción de inocencia (sentencias de 17 de noviembre y 12 de diciembre de 2000 , 25 de enero y 15 de marzo de 2001 , entre otras muchas)...Desde el punto de vista material la prueba indiciaria exige en primer lugar la concurrencia de indicios, siendo necesario que cumplan las siguientes condiciones: a) que estén plenamente acreditados; b) que sean plurales, aunque excepcionalmente se admite el indicio único cuando es de una singular potencia acreditativa; c) que sean concomitantes al hecho que se trata de probar; d) que estén interrelacionados, cuando sean varios, de modo que se refuercen entre sí...Y en segundo lugar es necesario que la inducción o inferencia sea razonable, es decir que debe responder plenamente a las reglas de la lógica y de la experiencia, de manera que de los hechos base acreditados fluya, como conclusión natural, el dato precisado de acreditar, existiendo entre ambos un «enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano»...Con ello se excluyen aquellos supuestos en los que: a) la inferencia es excesivamente abierta, débil o indeterminada, b) en el razonamiento se aprecian saltos lógicos o ausencia de necesarias premisas intermedias, c) del razonamiento empleado se derive un amplio abanico de conclusiones alternativas, d) se empleen en la valoración probatoria criterios contrarios a los derechos, principios o valores constitucionales...La fuerza probatoria de la prueba indiciaria procede de la interrelación y combinación de los indicios, que concurren y se refuerzan mutuamente cuando todos ellos senalan racionalmente en una misma dirección ( SSTS de 14 de febrero y 1 de marzo del 2000 entre otras muchas), y es por ello por lo que ordinariamente el indicio único resulta insuficiente.
SEGUNDO.- Sin embargo en el caso actual concurre un indicio especialmente significativo, es decir de una «singular potencia acreditativa». La huella dactilar del recurrente se encontró en el lugar de la sustracción, precisamente en la barra del bar, al lado de la caja registradora que fue robada, en unas circunstancias tan excepcionales que únicamente podía proceder de uno de los autores del delito...Como recuerda la sentencia reciente anteriormente citada de 29 de octubre de 2001 y ha senalado esta Sala, en reiteradas sentencias en las que ha admitido la efectividad de esta prueba para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia (entre otras, las de 17 de marzo o 30 de junio de 1999 y las de 22 de marzo, 27 de abril o 19 de junio de 2000), la pericia dactiloscópica constituye una prueba plena en lo que respecta a la acreditación de la presencia de una persona determinada en el lugar en el que la huella se encuentra y permite establecer, con seguridad prácticamente absoluta, que sus manos han estado en contacto con la superficie en la que aparecen impresas...La conexión de estos datos con la atribución al titular de las huellas de la participación en el hecho delictivo, necesita, sin embargo, un juicio lógico inductivo sólidamente construido del que pueda deducirse, sin duda racional alguna, que por el lugar en el que se encuentra la huella o por el conjunto de circunstancias concurrentes ésta necesariamente procede del autor del hecho delictivo...Por el contrario, cuando es factible establecer conclusiones alternativas plausibles, basadas en la incertidumbre o la indeterminación, el proceso valorativo debe decantarse por una solución absolutoria ( sentencias de 5 de octubre y 31 de diciembre de 1999 ).
TERCERO.- En consecuencia, y como recuerda la sentencia reiteradamente citada de 29 de octubre de 2001 , la cuestión suscitada en estos supuestos exige analizar si, en el caso concreto enjuiciado, puede deducirse por el lugar en el que se encuentra la huella o por el conjunto de circunstancias concurrentes, que ésta necesariamente procede del autor del hecho delictivo, sin duda racional alguna, o bien cabe establecer conclusiones alternativas plausibles, que conduzcan a la incertidumbre o a la indeterminación, porque las huellas han podido quedar impresas antes o con posterioridad a la comisión de los hechos delictivos de una manera ocasional...Pues bien en el presente caso no concurre esta posibilidad alternativa plausible, dadas las específicas circunstancias concurrentes, por lo que ha de estimarse que la conclusión del Tribunal sentenciador es la única razonable y lógica, sin duda racional alguna...".
Continúa senalando la Jurisprudencia cómo la eficacia de la dactiloscopia para la identificación personal ha dependido exclusivamente del sistema clasificatorio de los dactilogramas que permite, una vez obtenida la huella a contrastar, encontrar lo más rápidamente posible la huella de archivo. Tal sistema que se practicó en las prisiones espanolas desde 1907, más tarde se ha unificado con el procedimiento seguido por la Dirección General de Seguridad y hoy por la Dirección General de Policía. Recuerda a continuación la constante doctrina jurisprudencial en el sentido de que los informes lofoscópicos de los laboratorios oficiales son medios aptos para enervar la presunción de inocencia de naturaleza "iuris tantum" - "ad exemplum" Sentencias de 18 enero , 5 febrero , 15 marzo y 5 septiembre 1991 , 19 febrero , 23 abril y 24 junio 1992 y Auto de 3 junio 1992 . En este sentido, la Jurisprudencia tiene declarado con constante reiteración el carácter de auténtica prueba directa y acreditativa de que la huella aparecida en el lugar de los hechos pertenece indiscutiblemente al acusado y es bastante para estimar acreditada su culpabilidad, a menos que aparezcan motivos bastantes para pensar, bien por el lugar en que fue tomada la huella, o bien, por la relación espacio temporal que hay entre su recogida y la causación del hecho delictivo, que la referida impresión ha podido asentarse de manera fortuita, o que la persona a la que pertenece la misma ha podido acudir al lugar de autos en momento distinto al que tuvo lugar el robo ( sentencias del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 1998 y 30 de junio de 1999 ). Destacando finalmente la Jurisprudencia la suficiencia de la prueba lofoscópica si no queda enervada por otra de signo contrario; es decir, son necesarios contraindicios o, lo que es lo mismo, una coartada sólida y probada para desvirtuarla ( sentencias del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1987 y 5 de marzo y 7 de septiembre de 1989 ).
En este sentido, por ejemplo, la SAP de Burgos, sec. 1a, de 15-7-2003 , que "...Entrando en el examen del valor probatorio de la prueba pericial lofoscópica, debemos recordar que es doctrina consolidada del Tribunal Constitucional que la valoración de las pruebas corresponde al Juzgador de instancia, bastando con que se haya practicado en el juicio una única prueba de cargo, siempre que ésta acredite los distintos elementos del tipo penal, para que la presunción de inocencia agote sus efectos; siendo reiterada la jurisprudencia que admite la suficiencia de la citada prueba para estimar enervada la presunción de inocencia, aún cuando no existan otras pruebas de cargo ( sentencias de 5 de junio de 1987 , 16 de septiembre de 1989 , 19 de enero y 4 de julio de 1990 , entre otras), Igualmente, es constante la jurisprudencia que admite su eficacia identificativa, pues como senala la sentencia Tribunal Supremo de 7 de septiembre de 1989 "el ser humano lleva en sus manos el sello indeleble e irrepetible de su identidad y acaso de su personalidad, única e inconfundible". Para acreditar la identidad se exige la existencia de ocho o diez puntos característicos comunes entre la huella encontrada en el lugar del delito y la indubitada del acusado, con igual emplazamiento morfológico y topográfico y sin ninguna desemejanza natural entre ellas ( sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 5 de julio de 2000 ).
En la misma línea se manifiesta la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de fecha 11 de abril de 2001 , al senalar que: "(...)La Jurisprudencia ha considerado que es suficiente para estimar enervada la presunción de inocencia la prueba pericial dactiloscópica, aún cuando no existan otras pruebas de cargo, llegando a aceptar sin duda como válida la identificación del acusado hecha mediante el informe pericial dactiloscópico ( sentencias del Tribunal Supremo de 29 de mayo y 4 de julio de 1990 ). Es verdad que esta prueba no tiene carácter directo sino que se trata de una prueba indiciaria. No es efectivamente una prueba directa de la participación en el hecho delictivo, sino un indicio respecto de tal participación, pues lo que directamente acredita es la estancia en el lugar donde se cometió el hecho ( sentencia del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 1990 ). Por ello como prueba indiciaria, precisa de un argumento lógico inductivo para concluir de él la culpabilidad de la persona a quien corresponden las huellas; entendiéndose cumplida esa exigencia cuando la presencia de las huellas no ha sido contradicha ni explicada por el acusado ( sentencias del Tribunal Supremo de 16 de septiembre y 19 de diciembre de 1989 ). En definitiva, el Tribunal Supremo viene declarando constantemente la suficiencia de esta prueba si no queda enervada por otra de signo contrario, es decir, son necesarios contraindicios para desvirtuarla ( sentencias de 5 de marzo y 7 de septiembre de 1998 )"...".
Pudiendo citarse, igualmente, la SAP de Barcelona, sec. 10a, de 25-3-2008 , al poner de manifiesto: "...El informe pericial dactiloscópico constituye medio probatorio válido y eficaz para desvirtuar el principio de presunción de inocencia porque esta prueba pericial dactiloscópica ha sido ratificada en el acto del Juicio oral, con oportunidad de contradicción para las partes interesadas, por el agente que realizó la inspección ocular con recogida de las huellas y el posterior análisis y revelación de las huellas.
Es notorio que la prueba dactiloscópica ofrece un grado de certeza indudable, dado que los dibujos de las crestas papilares son perennes, inmutables y absolutamente diferentes en todos los sujetos de la especie humana, si alcanza los ocho o diez puntos comunes en las huellas analizadas ( STS de 2 de diciembre de 1992 ) por lo que las huellas digitales del acusado muestran inequívocamente su presencia en el lugar del delito ( sentencias tribunal Supremo de 20 de octubre de 1986 , 5 de marzo de 1987 , 8 de febrero y 1 de junio de 1988 , 19 de enero de 1990 , 2 de diciembre de 1992 y 2 de noviembre de 1994 ), y en el presente caso resulta plenamente aplicable la doctrina jurisprudencial (por todas la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 1992 ) que, con relación al valor probatorio de los informes dactiloscópicos, tiene declarado lo siguiente: 1) los mismos tienen valor probatorio, a pesar de la negativa del procesado, a efectos de reputar enervada la presunción de inocencia ( s. 26 noviembre 1983 ); 2) goza de todos los requisitos de la prueba pericial (S.17 abril 1986 ); y 3) dichos dictámenes no son mera denuncia, sino que han de ser considerados como medios de pruebas bastantes para destruir la presunción de inocencia ( SSTS de 20 de octubre de 1986 y 13 de abril de 1987 ), condicionado a que la parte o partes hayan tenido oportunidad para su estudio y análisis, y posibilidad, por tanto, de contradicción, ora convocando a los peritos informantes al juicio oral, ora formulando la contraprueba procedente.
Como decimos, tiene declarado la Jurisprudencia que la pericial dactiloscópica es prueba directa de la presencia del sujeto en el lugar, así la STS de 31 de diciembre de 1999 , reiterada en la STS de 26 de enero de 2000 , dice que "la pericia dactiloscópica es una prueba directa en lo que respecta a la acreditación de la presencia de una persona determinada en el lugar en el que la huella se encuentra y permite establecer que sus manos han estado en contacto con la superficie en la que aparecen impresas". Y la STS de 21 de octubre de 2001 , abundando en ello y con referencia a la prueba por indicios que exige que los indicios sean plurales, senala que "excepcionalmente se admite el único indicio cuando es de una singular potencia acreditativa", anadiendo que "esta Sala ya ha considerado en ocasiones recientes la aparición de la huella dactilar precisamente en el lugar donde se ha realizado la fractura como un indicio especialmente significativo para fundamentar la condena"...". En similar término, entre otras, SSTS de 30 de mayo de 2007 , o, 18 de marzo de 2011 .
Pues bien, llevada la anterior doctrina al supuesto de autos, cabe poner de manifiesto que consta acreditado el contacto del acusado con el vehículo, tal como ha quedado probado por el hallazgo en el curso de la inspección ocular llevada a cabo al poco de haber tenido lugar el hecho sustractivo de una huella asentada en un sobre de papel hallado en el interior del vehículo violentado, huella que, según el resultado de la prueba pericial lofoscópica practicada por el agente número NUM000 , como significa la sentencia apelada, se comprobó que pertenecía al acusado, al acotarse entre las huellas reveladas y las pertenecientes al acusado doce puntos característicos comunes sin ninguna desemejanza natural, lo que es suficiente para realizar una identificación fiable; por otra parte, como acertadamente pone de relieve la Juez de Instancia, se ha de destacar la localización de la huella asentada en un sobre de papel hallado en el interior del vehículo violentado, por lo que necesariamente se produjo una manipulación de la zona en la que fue hallada la huella por el autor del robo, debiendo significarse que la disposición de dicha huella obliga a descartar que la misma pudiese estar dejada accidentalmente, y, además, que el mentado sobre había sido inicialmente depositado por la perjudicada en la guantera del automóvil apareciendo posteriormente desperdigado en el interior del mismo, lo que permite inferir razonablemente que el acusado no se limitó a tumbarse en los asientos (supuestamente para dormir) sino que registró el interior del automóvil, abundando así en la conclusión condenatoria; además, cabe anadir que la huella fue extraída al poco tiempo de haber tenido lugar el hecho sustractivo, no pudiendo perderse de vista, como razona la Juez a quo, que la perjudicada formula la denuncia tan luego se percata del estado del vehículo el mismo día en que los hechos tuvieron lugar. Ello, si se pondera que el recurrente no tiene vinculación alguna con ese vehículo ni con su propietario y su conductora habitual, como bien pone de manifiesto la Juez a quo, configura un indicio incriminatorio de una fuerza prácticamente concluyente.
Efectivamente, como queda dicho, la Jurisprudencia tiene declarado con constante reiteración el carácter de auténtica prueba directa y acreditativa de que la huella aparecida en el lugar de los hechos pertenece indiscutiblemente al acusado y es bastante para estimar acreditada su culpabilidad, a menos que aparezcan motivos bastantes para pensar, bien por el lugar en que fue tomada la huella, o bien, por la relación espacio temporal que hay entre su recogida y la causación del hecho delictivo, que la referida impresión ha podido asentarse de manera fortuita, o que la persona a la que pertenece la misma ha podido acudir al lugar de autos en momento distinto al que tuvo lugar el robo ( sentencias del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 1998 y 30 de junio de 1999 ), lo que no ocurre en el presente caso, pues como razona la sentencia apelada la huella analizada se tomó sobre un sobre de papel hallado en el interior del vehículo violentado y al poco tiempo de haber tenido lugar el hecho sustractivo, debiendo subrayarse, primero, como ya se ha puesto de manifiesto, que el recurrente no tiene vinculación alguna ni con el vehículo ni con el propietario del mismo o su conductora habitual; segundo, que el sobre se encontraba antes de la acción sustractiva en el interior de la guantera del vehículo, apareciendo posteriormente desperdigada la documentación por el interior del automóvil, de suerte que el recurrente registró el interior de la guantera del vehículo violentado; y, tercero, que la suficiencia de la prueba dactiloscópica no sólo para acreditar la presencia del recurrente en el lugar de los hechos sino también para acreditar su culpabilidad se refuerza, amén de por el lugar en que fue tomada la huella y la relación espacio temporal que hay entre su recogida y la causación del hecho delictivo, como se acaba de exponer, con la inconsistencia e inverosimilitud de la versión del recurrente demostrándose inveraz y falsa por contradictoria con el desarrollo de los acontecimientos y además por repeler lo creíble según las ensenanzas de la común experiencia ( SSTS 22 de abril y 22 de junio de 1988 , 19 de enero y 10 de marzo de 1989 ). En este sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 27a, de fecha 3 de abril de 2008 , nos recuerda: "...Pues bien, esta declaración del acusado constituye un elemento o indicio más que refuerza la convicción, tal como se indica en la sentencia impugnada, siendo de aplicación la jurisprudencia ( SSTS 9.6.99 , 17.11.2000 ) que precisa que si el acusado, que carece de la carga probatoria, introduce defensivamente un dato en el proceso y tal dato se revela falso, su simple resultado negativo no puede ser representado irrelevante o intranscendente, ya que indudablemente la convicción judicial sobre la culpabilidad del reo se verá corroborado con tal importante dato... La STS 5.6.92 es particularmente explícita al senalar que los contraindicios pueden cobrar singular relieve si se demuestran falsos o inexistentes, insistiendo en que la versión que de los hechos proporciona el acusado cuando se enfrenta con determinados indicios suficientemente acreditativos y significativos habría de ser examinada cuidadosamente, toda vez que explicaciones no convincentes o contradictorias, aunque, por si solas no son suficientes para declarar culpable a quien las profesa, si pueden ser un dato más a tener en cuenta en la indagación rigurosa de los hechos ocurridos y personas que en ellos han intervenido...Es decir que la manifiesta inverosimilitud de las manifestaciones exculpatorias del acusado, no implica invertir la carga de la prueba, ni vulnera el principio "nemo tenetur", cuando existan otros indicios relevantes de cargo que, por si mismos, permitan deducir racionalmente su intervención en los hechos. En estos casos se trata únicamente de constatar que existiendo prueba directa de los elementos objetivos del tipo delictivo y una prueba indiciaria constitucionalmente valida, suficiente y concurrente, acerca de la participación en el hecho del acusado, como ya hemos analizado en este caso, a dicha prueba no se le contrapone una explicación racional y mínimamente verosímil, sino que por el contrario las manifestaciones del acusado por su total ausencia de explicación alternativa plausible refuerzan la convicción racionalmente deducida de la prueba practicada... Así se pronuncia la STS 15.3.2002 "es cierto que no recae sobre el acusado la carga de probar su inocencia, pero cuando existen pruebas de cargo serias de la realización de un acto delictivo ... la ausencia de una explicación alternativa por parte del acusado, explicación "reclamada" por la prueba de cargo y que solamente éste se encuentra en condiciones de proporcionar, puede permitir obtener la conclusión por un simple razonamiento de sentido común, de que no existe explicación alternativa alguna...".
En efecto, esta Sala comparte, por acertados, los razonamientos dados por la Juez de Instancia en orden a evidenciar la inconsistencia de la versión dada por el recurrente en el plenario, tales como que carece de sentido que una persona se cause tantas molestias únicamente para dormir unas pocas horas, pues los hechos sucedieron entre las 2:00 y las 8:00 horas del día de autos; o que ese mismo breve período de tiempo no hace viable la posibilidad de que haya sido otra persona la que, una vez que el recurrente se marchara y aprovechando que éste abrió el vehículo, haya causado los danos y haya sustraído la radio CD; como también la falta de uniformidad y continuidad del recurrente en su versión de los hechos; y, amén de que el recurrente haya podido cometer hechos de similar naturaleza en fechas próximas, particularmente, la circunstancia de no advertirse signo alguno de que el vehículo fuese empleado para dormir (tales como asientos reclinados, etc...), y el que el sobre de papel en que fue hallada la huella dactilar del recurrente estuviese guardado antes de los hechos en la guantera, encontrándose posteriormente desperdigado por el interior del vehículo, lo que evidencia, en suma, que el recurrente no se limitó a entrar en el vehículo para dormir, sino que lo hizo con el propósito de obtener un beneficio patrimonial ilícito, llegando para ello a registrar su interior.
A todo lo expuesto, se ha de anadir que el recurrente no ha acreditado siquiera sus manifestaciones, ni tan siquiera la supuesta drogadicción que en el recurso afirma padecer en el momento de los hechos, sobre lo que no hay atisbo alguno en la causa. Claro está que sobre el acusado no pesa la carga de demostrar su inocencia, pero ello no quiere decir que en el análisis ponderado de la suficiencia de la prueba de cargo concurrente deje de tener relevancia la circunstancia de que el conjunto de elementos incriminatorios referidos no encuentre ningún elemento externo que pueda contradecir o contrapesar esa conclusión. En este sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, sección 1a, de fecha 19 de enero de 2007 , pone de manifiesto: "...Ninguna prueba presenta el apelante que acredite la falsedad de los indicios o su ilógica valoración. Es cierto que el acusado no viene obligado a probar su inocencia, que en todo caso se presume, al amparo de lo previsto en el artículo 24.2 del Texto Constitucional, pero no es menos cierto que vendrá obligado a soportar las consecuencias derivadas de su inactividad probatoria o de la falsedad de sus coartadas cuando, como ocurre en el presente caso, suficiente prueba de cargo existe en su contra. Existiendo suficiente prueba de cargo, se produce una mutación o traslación de la carga de la prueba, correspondiendo a la parte acusado acreditar los hechos impeditivos, obstativos o extintivos de los hechos imputados y de su participación en ellos. En palabras de la sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona de 3 de Septiembre de 2.004 "debe recordarse que como establece el Tribunal Supremo, Sala 2a, en Auto de 6 de Mayo de 2.002, "la doctrina procesal sobre la carga de la prueba obliga a cada parte a probar aquello que expresamente alegue, por lo que, así como sobre la acusación recae el "onus" de probar el hecho ilícito imputado y la participación en él del acusado, éste viene obligado, una vez admitida o se estime como probada la alegación de la acusación, a probar aquellos hechos impeditivos de la responsabilidad que para él se deriven de lo imputado y probado, hechos impeditivos que es insuficiente invocar sino que debe acreditar probatoriamente el que los alegue, pues no están cubiertos por la presunción de inocencia, ya que de otro modo se impondría a las acusaciones la carga indebida, y hasta imposible, de tener que probar además de los hechos positivos integrantes del tipo penal imputado y de la participación del acusado, los hechos negativos de la no concurrencia de las distintas causas de extinción de responsabilidad incluidas en el catálogo legal de las mismas. Una cosa es el hecho negativo, y otra distinta el impeditivo, pues no es lo mismo la negación de los hechos que debe probar la acusación que la introducción de un hecho que, aún acreditados aquéllos, impida sus efectos punitivos, pues esto debe probarlo quien lo alega ya que el equilibrio procesal de las partes impone a cada una el "onus probandi" de aquello que pretende aportar al proceso, de modo que probados el hecho y la participación en él del acusado que es la carga probatoria que recae sobre la acusación, dicha carga se traslada a aquél cuando sea él quien alegue hechos o extremos que eliminen la antijuricidad, la culpabilidad o cualquier otro elemento excluyente de la responsabilidad por los hechos típicos que se probaren como por él cometidos ( sentencias del Tribunal Supremo de 9 y 15 de Febrero de 1.995 ). En otras palabras, la defensa no debe limitarse a adoptar un posicionamiento meramente pasivo o de mero rechazo de la acusación, sino que debe intervenir activamente en relación a la acreditación de aquéllos hechos que pueden favorecer sus pretensiones, en virtud de los principios procesales "onus probandi incumbit qui dicit non ei qui negat" y "afirmanti non neganti incumbit probatio, negativa non sus probanda", y menos aún en el caso que no ocupa en el que se trataba nada más y nada menos que de la exclusión del elemento subjetivo del tipo penal aplicado", siendo evidente que no ha cumplido con todo ello"...".
Así, hay que recordar que es conocida la guía valorativa y de razonamiento ofrecida por la doctrina jurisprudencial cuando en referencia a la coartada fallida (entre otras, SSTS de 22 de junio de 1988 , 19 de enero , 10 y 29 de marzo y 9 y 27 de junio de 1989 , 8 de julio de 1991 , 19 de febrero de 1993 , 11 de marzo de 1994 , etc.) senala que nunca será "irrelevante o intrascendente" (vid. STS 14 de octubre y 20 de diciembre de 1986 y 7 de febrero de 1987 ), entendiendo que si bien el acusado en modo alguno ha de soportar la intolerable carga de probar su inocencia, sí puede no obstante padecer las negativas consecuencias de que se demuestre la inveracidad o falsedad de sus alegatos exculpatorios, ya que, tal evento, "acaso sirva para corroborar ciertos indicios de culpabilidad" ( STS 22 de julio de 1987 ), en el presente caso, para corroborar el resultado del informe lofoscópico y, en consecuencia, los consiguientes elementos de culpabilidad que de él resultan, y es en esta dimensión de indicio ex abundante o aupervacuo con función corroborante de otros indicios de culpabilidad, que el mismo, ahora sobreanadido al antes expuesto, son en conjunto, razonables y suficientes para dar y tener por enervada, con plena satisfacción de las debidas garantías de legalidad ordinaria y constitucional, la presunción de inocencia que como verdad interina amparaba al recurrente, pues permiten inferir, inequívocamente, aplicando las reglas que proporcionan la lógica y la experiencia, y como única explicación razonable, que el acusado dejó impresas sus huellas con ocasión de la perpetración del robo enjuiciado, debiendo puntualizarse tan sólo, por un lado, que se ha de tener presente que ni todas las superficies con aptas para la recepción de huellas dactilares ni en las aptas las huellas quedan impresas siempre de forma que sean útiles para la identificación del autor, por lo que es perfectamente normal que se hayan identificado huellas del sobre ubicado en el interior del vehículo y no en otras partes del automóvil, sin perder de vista que el propio recurrente admitió el forzamiento del vehículo en el plenario y la huella identificada constata su presencia en el interior del vehículo como se acaba de exponer extensamente; y, por otro lado, las circunstancias personales a que alude la parte recurrente en su escrito de formalización del recurso de apelación en nada inciden sobre la valoración probatoria efectuada correctamente por la Juez a quo, sin perjuicio, en su caso, de que puedan ser ponderadas en ejecución de sentencia.
Todo ello, en definitiva, ha permitido a la Juez de Instancia, en las inmejorables condiciones que le otorga la inmediación para valorar las declaraciones que directamente ha presenciado y escuchado, alcanzar una razonada y razonable convicción sobre los hechos que se declaran probados y para atribuir al recurrente la autoría de los hechos enjuiciados. Existió, pues, prueba de cargo, debidamente valorada por la Juez de Instancia y suficiente para justificar la condena del acusado en concepto de autor de los hechos imputados.
En consecuencia, el examen de la resolución dictada permite comprobar que la Juzgadora de instancia llevó a cabo un análisis motivado del resultado que se desprende el conjunto de la prueba practicada, con sometimiento pleno a los principios de oralidad, inmediación, contradicción y defensa, de acuerdo con las reglas del razonamiento lógico, sin que las conclusiones a las que llega puedan considerarse arbitrarias o revelen un manifiesto y claro error. Lo que pretende el apelante es una aplicación a su medida del derecho fundamental a la presunción de inocencia, legítimo en el ejercicio del derecho de defensa, pero inadmisible en este caso ante la prueba de cargo practicada y convenientemente valorada por la Juez a quo.
Por todo ello, y en la medida en que el apelante se limita a cuestionar la valoración probatoria efectuada por la Juez de Instancia, pero sin aportar o poner de relieve concretos datos o elementos de carácter objetivo que sustenten el error invocado, no cabe más que concluir que dicha valoración es correcta y enerva plenamente el derecho fundamental a la presunción de inocencia consagrado en el artículo 24.2 de la Constitución Espanola, debiendo recordarse tan sólo que es criterio de esta alzada que la aplicación del principio in dubio pro reo en segunda instancia es limitada, de forma tal que únicamente debe apreciarse cuando dentro de la sentencia impugnada se refleje alguna duda sobre la existencia de los hechos constitutivos de la infracción que se sanciona, tal y como ha venido entendiendo la Jurisprudencia de la Sala Segunda del tribunal Supremo (expresada, entre otras, en las sentencias de 27 de febrero , 3 de octubre y 20 de diciembre de 2004 ) a propósito del recurso de casación, o bien, cuando, aún cuando el Juez de instancia no haya expresado ninguna duda al respecto, la propia valoración probatoria realizada en primera o segunda instancia dé cobertura a la existencia de una duda razonable que pueda ser resuelta a favor del acusado, lo cual, conforme a lo anteriormente expuesto, no acontece en el caso de autos.
El motivo analizado ha de ser rechazado, y, en su consecuencia, el recurso de apelación, debiendo confirmarse la sentencia recurrida pues, a pesar de que como senala el Ministerio Fiscal en su escrito de impugnación del recurso de apelación, la pena mínima a imponer, dada la concurrencia de la circunstancia agravante de reincidencia, debió ser de dos anos de prisión, no es factible revocar en tal extremo la sentencia por el límite infranqueable de la reformatio in peius.
QUINTO.- De acuerdo con los artículos 239 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y por aplicación supletoria de los artículos 398 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la desestimación del recurso de apelación conlleva la condena en costas a la parte apelante, pues todas sus pretensiones han sido rechazadas.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación y observancia, en nombre de S.M. el Rey y por la Autoridad que me confiere la Constitución de la Nación Espanola.
QUE DESESTIMANDO EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la representación procesal de Matías , contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Penal número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria en los autos de Procedimiento Abreviado número 181/2008, en fecha de treinta y uno de julio de dos mil diez, debemos CONFIRMAR y CONFIRMAMOS íntegramente dicha sentencia, con imposición al recurrente de las costas causadas en esta alzada.
Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta resolución para su notificación, ejecución y cumplimiento.

References: artículo 22
 resolución 
 resolución 
 artículo 741
 resolución 
 resolución 
 artículo 741
 resolución 
 artículo 1253
 resolución 
 artículo 24
 resolución 
 artículo 24
in dubio
 resolución