Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2019/as201931126.html
Timestamp: 2019-11-16 02:04:20+00:00

Document:
as201931126
Auto Supremo Nº 126
Expediente : 49/2018
Demandante : Empresa Illimani de Comunicaciones S.A.
Demandado : Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales
VISTOS: El recurso de casación de fs. 212 a 226, interpuesto por la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) contra el Auto de Vista A.V. Nº 225/2017-SSA-I de 12 de octubre de 2017, cursante de fs. 206 a 208, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso contencioso tributario seguido por la Empresa Illimani de Comunicaciones S.A. contra el recurrente, contestación al recurso de fs. 229 a 231, el Auto Nº 404/17 SSA-I de fs. 232 que concede el recurso de casación, el Auto Supremo de fs. 238 que admite el recurso y los antecedentes del proceso.
Sentencia Nº 04/2017 de 31 de enero de 2017.
Tramitado el proceso contencioso tributario seguido por la Empresa Illimani de Comunicaciones S.A. contra la Gerencia GRACO La Paz del SIN, el Juez Cuarto de Partido Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario, emitió la Sentencia Nº 04/2017 de 31 de enero, cursante de fs. 156 a 179, declarando PROBADA EN PARTE la demanda contenciosa tributaria; en consecuencia ANULA OBRADOS hasta el vicio más antiguo, vale decir, hasta la Vista de Cargo 32-0034-2016 (CITE:SIN/GGLPZ/DF/VC/00035/2016) de 5 de abril de 2016.
Auto de Vista AV-SECCASA-95/2017 de 10 de agosto de 2017
En mérito al recurso de apelación interpuesto por el demandado (fs. 182 a 189 vta.), la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista A.V. Nº 225/2017- SSA-I de 12 de octubre, cursante de fs. 206 a 208 vta., que CONFIRMA en su integridad la Sentencia impugnada.
Mediante memorial presentado el 16 de noviembre de 2017, la Gerencia GRACO La Paz del SIN interpuso “Recurso de Casación en la Forma y en el Fondo” contra el Auto de Vista A.V. Nº 225/2017- SSA-I de 12 de octubre, denunciando los siguientes aspectos.
1. El razonamiento efectuado por el Tribunal Ad quem incumple los requisitos establecidos en el art. 192 del Código de Procedimiento Civil, concordante con el art. 218 de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil (CPC), por cuanto omite exponer, revisar y valorar sumaria y detalladamente el análisis de la normativa aplicable y la jurisprudencia invocada, viciando de nulidad el Auto de Vista recurrido, pues la normativa que cita no coincide con la nulidad establecida en primera instancia, careciendo de fundamentación legal que respalde una decisión clara, positiva y precisa sobre sus fundamentos, realizando un análisis parcializado ambiguo y contradictorio de la sentencia y el informe técnico, vulnerando con ello el derecho a la defensa y debido proceso, sin pronunciarse sobre los cargos observados y la normativa que sustenta su posición.
2. El Auto de Vista incumple la línea jurisprudencial sentada en los Autos Supremos Nº 819 de 29 de noviembre de 2007 y 22 de 20 de enero de 2000, además de las Sentencias Constitucionales Nº 2016/2010-R y 0486/2010-R, debido a que no realiza una valoración legal exhaustiva de los argumentos esgrimidos por el Juez A quo ni de lo argumentado en el Recurso de Apelación, limitándose a señalar que la sentencia efectuó un adecuado análisis al respecto, sin explicar las razones legales por las que considera que la Resolución Determinativa no estaría fundamentada o cuales serían los errores cometidos por la Administración Tributaria (AT), aspectos que vician de nulidad el Auto de Vista, vulnerando la jurisprudencia invocada y el debido proceso.
1. El Auto de Vista viola el art. 115 de la Constitución Política del Estado al omitir pronunciarse sobre la vulneración al debido proceso por ausencia de motivación, fundamentación y congruencia en que incurrió la Sentencia impugnada, toda vez que: a) En relación al Impuesto al Valor Agregado, no explica las razones jurídicas de su decisión, limitándose a enunciar normativa legal sin establecer los motivos por los que el caso se subsume a esos enunciados jurídicos, para poder concluir que la Vista de Cargo no se encuentra debidamente fundamentada, vulnerando a su vez el debido proceso; situación que puede evidenciarse a partir del contraste de los fundamentos de la Vista de Cargo, la Sentencia CT Nº 04/2017 y el Auto de Vista Nº 225/2017-SSA-I, donde se evidencia que el Tribunal Ad quem no se pronunció sobre las “Observaciones a las parrillas de programación por horas presentadas por el contribuyente” y la “Verificación al sistema informático de la empresa”, vulnerando así el principio de congruencia.
Refiere además que en relación al punto “Observaciones a las Ordenes de Emisión presentadas por el contribuyente”, ambas instancias no realizaron ningún tipo de análisis técnico ni legal; y en relación a la “Información proporcionada por terceros”, la Sentencia confirmada por el Auto de Vista, consideró que la AT no determinó correctamente la finalidad y alcance de la información requerida o la aplicación del precio promedio, pero sin referir cuales las razones o motivos que le llevaron a esta conclusión, debiendo hacer referencia a los medios probatorios que respaldarían sus fundamentos y la normativa aplicable al caso, para que pueda comprenderse su decisión.
Asimismo, en lo referente a las observaciones “Servicios prestados por ATB LP a empresas del rubro” y “Otros servicios de publicidad de Illimani Comunicaciones S.A. (ATB LPZ) no facturados”, tanto la Sentencia como el Auto de Vista, establecieron que la AT no cuenta con la correcta información para la determinación por base presunta, sin efectuar ningún tipo de análisis que respalde esta conclusión y limitándose a invocar los argumentos del informe técnico como verdades absolutas, cuando estas se constituyen sólo en opiniones técnicas en las que la autoridad jurisdiccional puede apoyar su fallo, por lo que su invocación sin el análisis respectivo corrobora la carencia de motivación y argumentación.
Finalmente sobre el punto “Contratos de publicidad con descripción del servicio de publicidad y sin detalle de importe”, el Tribunal Ad quem simplemente refiere que la AT no habría sustentado técnica ni legalmente la Resolución Determinativa, omitiendo realizar una valoración y análisis de los antecedentes y medios probatorios, por lo que su decisión es arbitraria; evidenciando además que el Juez A quo efectuó una transcripción textual de los argumentos de la demanda para fundamentar la sentencia, poniendo en duda la imparcialidad del Juez A quo y del Tribunal Ad quem, ya que este último ratificó una sentencia atentatoria a la garantía constitucional del debido proceso.
b) En cuanto al Impuesto a las Transacciones determinado sobre Base Presunta, el Tribunal Ad quem se limitó a referirse a los antecedentes de la Sentencia y señalar que se habría desarrollado un adecuado análisis, cuando el Juez A quo simplemente señaló que las bases imponibles del IVA e IT son diferentes y que el cargo fue descrito de manera genérica, obviando explicar los motivos de hecho y de derecho que fundamentan esta conclusión y el valor otorgado a los medios de prueba, realizando además una transcripción textual de los argumentos del demandante.
c) Sobre el Impuesto a las Utilidades de las Empresas determinado sobre Base Presunta, manifiesta que el Tribunal Ad quem transcribió textualmente los fundamentos de la sentencia, siendo inentendibles los motivos bajo los cuales consideraron errado su proceder y determinación, cuando por el contrario siempre procuró que el contribuyente conociera las observaciones a efecto de que pueda asumir defensa, sin embargo ambas instancias desestimaron sus argumentos omitiendo valorar y analizar los antecedentes administrativos, efectuando nuevamente la transcripción textual de los argumentos de la demanda en sus resoluciones como si fueran propios, señalando que la Vista de Cargo no cumple con lo determinado por el art. 96 de la Ley Nº 2492 Código Tributario Boliviano (CTB), aspecto totalmente falso ya que de su lectura se evidencia el cumplimiento de todos estos requisitos, así como los establecidos en el art. 6.1 de la RND Nº 10-0005-13 de 1 de marzo de 2013, gozando de legitimidad en los alcances del art. 65 de la Ley Nº 2492 CTB, sorprendiendo que ninguno de sus argumentos fuera motivo de análisis o valoración.
Concluye que lo expuesto corrobora que el Auto de Vista carece de la debida motivación y fundamentación ya que la misma no es concisa, clara ni integra todos los puntos demandados, siendo incongruente con lo alegado por las partes y lo resuelto en sentencia, correspondiendo su anulación por generar incertidumbre respecto a los hechos que se juzgan.
2. El Auto de Vista, al igual que la Sentencia, efectúa una errónea aplicación de fallos judiciales, puesto que invoca fallos emergentes de otro proceso judicial, justificando su aplicación desde el aspecto de vinculación vertical y la obligación de acatar los fallos de los tribunales de mayor jerarquía, sin considerar que los mismos no fueron alegados por las partes del proceso, ni ofrecidos como prueba de cargo o descargo, por lo que incorpora situaciones no invocadas por las partes, violando el principio de congruencia, pues alejándose de las cuestiones dilucidadas en esta causa, esgrimidas en la demanda y contestación, se remite a lo resuelto por otras instancias como si se tratare del mismo proceso, cuando los hechos y vicisitudes relativas a la actual Vista de Cargo Nº 32-0032-2016 son diferentes a la Vista de Cargo anulada.
Acusa la errónea interpretación de los fallos invocados, toda vez que el Tribunal Ad quem refiere que en estos se cuestionó el uso de la base presunta y se ordenó la emisión de una nueva Vista de Cargo, cuando en los hechos estos fallos nunca establecieron que la AT no puede aplicar el método de base presunta, sino que observaron que en la anterior Vista de Cargo se consignó que el método aplicado fue base cierta, pero al no contarse con la información necesaria, en los hechos se habría aplicado base presunta, situación que fue salvada por la AT en la actual Vista de Cargo, que establece el uso de ambos métodos.
En este sentido, refiere que la errada interpretación que se realiza de estos fallos limitaría el ejercicio legítimo de sus atribuciones, cuando en mérito a la norma puede hacer uso de la base presunta o de la base cierta, previo cumplimiento de las condiciones establecidas en la misma norma, situación que fue controvertida en apelación, en cuya respuesta el Tribunal Ad quem se limitó a ratificar la ilegal Sentencia, sin corroborar si la AT utilizó en forma correcta los métodos de base cierta y presunta, pretendiendo soslayar las falta de fundamentación y congruencia amparándose en interpretaciones antojadizas de decisiones judiciales dictadas en otro proceso, situación que vulnera el debido proceso correspondiendo dejar sin efecto la sentencia.
3. Finalmente, sobre la prescripción señala que el Tribunal Ad quem en su fundamentación pretende justificar la decisión del Juez A quo, sin que posteriormente en su parte resolutiva se pronuncie sobre la procedencia o no de la misma, faltando incluso a la verdad al afirmar que la AT aplicó lo dispuesto en las Leyes Nº 291 y Nº 317, cuando en los hechos, tanto en la Resolución Determinativa como en la contestación a la demanda señaló que para el presente caso no se aplican las modificaciones a la Ley Nº 2492 CTB.
Solicita se ANULE OBRADOS hasta el Auto de Vista A.V. Nº 225/2017-SSA-I, o en su defecto se CASE la resolución impugnada, y en consecuencia se declare improbada totalmente la demanda interpuesta por la Empresa Illimani de Comunicaciones S.A., manteniendo firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 17-0220-2016 de 18 de mayo.
Bajo este marco, en vista de que en el caso de autos la empresa demandada ha interpuesto recurso de casación en la forma y en el fondo, en virtud al objeto y efecto que conlleva cada uno de ellos, se procederá a verificar inicialmente la veracidad de los agravios expuestos en el recurso de casación en la forma, y en caso de que no resultaren evidentes, se ingresarán a verificar las infracciones acusadas en el recurso de casación en el fondo.
De la lectura de los puntos 1 y 2 del recurso de casación en la forma interpuesto por el recurrente, se advierte que en ambos se acusa al Tribunal de Alzada de incumplir con el requisito establecido en el art. 218 -I del CPC, por carecer el Auto de Vista de la fundamentación jurídica y legal que debe contener toda resolución judicial, aspecto que viciaría de nulidad la resolución del Tribunal Ad quem por no contener una valoración legal exhaustiva de los argumentos esgrimidos por el Juez A quo ni de lo argumentado en el Recurso de Apelación, limitándose a señalar que la sentencia efectuó un adecuado análisis al respecto, sin explicar las razones legales por las que considera que la Resolución Determinativa no estaría fundamentada o cuales serían los errores cometidos por la Administración Tributaria (AT).
Asimismo, corresponde resaltar que el agravio expuesto por el recurrente en el punto 1 de su recurso de casación en el fondo, donde denuncia la violación del art. 115 de la CPE por omitir el Auto de Vista pronunciarse sobre la vulneración al debido proceso en que incurrió la Sentencia impugnada, ni explicar los fundamentos legales y fácticos por los cuales considera que los argumentos de la Sentencia en relación al IVA, IT e IUE, son válidos y suficientes; en los hechos no constituye un argumento de Casación en el Fondo, pues no refiere a una situación de fondo o sustancial sobre la problemática en relación a la correcta o incorrecta determinación de los impuestos fiscalizados, sino a un aspecto de forma como es la omisión de pronunciamiento o falta de motivación en el Auto de Vista por el que acusa la vulneración al debido proceso, y cuya efectiva comprobación conllevaría, como lo solicita el recurrente, la nulidad de obrados y no así su casación por no haberse acusado la violación, errónea interpretación o infracción de una ley sustancial que permita ratificar o desestimar los cargos establecidos por la AT.
Conforme a lo anterior, en virtud de que los aspectos denunciados en los puntos 1 y 2 del recurso de casación en la forma, así como el punto 1 del recurso de casación en el fondo, refieren en los hechos a la falta de motivación y fundamentación jurídica y fáctica como elemento esencial del debido proceso, en la que habría incurrido el Auto de Vista, se procederá a resolver estos tres puntos de forma integral por la conexitud que tienen entre ellos.
Al respecto, corresponde señalar que el art. 218 - I. del CPC, aplicable en la materia por permisión del art. 214 de la Ley Nº 1340, en relación a los requisitos que debe contener el Auto de Vista, nos remite al art. 213 del CPC, que en su parágrafo II. num. 3, establece como requisito esencial de toda resolución judicial: “3. La parte motivada con estudio de los hechos probados y en su caso los no probados, evaluación de la prueba, y cita de las leyes en que se funda, bajo pena de nulidad. Esta parte, para el caso de fundarse en jurisprudencia ordinaria o constitucional, se limitará a precisar de manera objetiva las razones jurídicas del precedente, sin necesidad de hacer una transcripción del fallo que oscurezca la fundamentación.”
Asimismo, este Tribunal Supremo de Justicia a través del Auto Supremo 16/2015-S de 03 de noviembre, ha interpretado a la exigencia de la motivación de los fallos como elemento del debido proceso, en los siguientes términos: “(…) se tiene que la motivación o fundamentación, es justificar la decisión de un fallo o si se quiere en forma más explícita, es mostrar las razones que permiten considerar porque el juzgador establece una determinada decisión sobre el conflicto o controversia puesto a su conocimiento. Sobre la motivación de las resoluciones administrativas o judiciales, la jurisprudencia constitucional ha determinado que la motivación de la resolución administrativa o judicial, está directamente relacionada con el derecho al debido proceso y que no es necesario que la motivación sea ampulosa sino que puede ser concisa y reducida, siendo lo único importante en que ésta explique y justifique las razones de la decisión final del juzgador para que pueda activarse el derecho a la impugnación…”.
Conforme los criterios legales y jurisprudenciales expuesto, a partir del examen del recurso de apelación y el contenido del Auto de Vista recurrido, en relación a los puntos impugnados por el recurrente, se tiene que el Tribunal de Alzada inicialmente identificó correctamente los dos aspectos reclamados por la AT en su memorial de recurso de apelación de fs. 182 a 189, siendo estos: 1) La falta de motivación, fundamentación y congruencia de la sentencia en relación a ciertos aspectos específicos de la Vista de Cargo sobre el IVA, IT e IUE; y 2) La errónea aplicación de fallos judiciales emergentes de otras causas y que no fueron alegados por las partes en el proceso.
En relación al primer punto, el Auto de Vista en su primer considerando, expuso de forma detallada las denuncias de la AT sobre la sentencia, referidas principalmente a la ausencia de motivación y carencia de fundamentos de hecho y de derecho que respalden las observaciones realizadas a la Vista de Cargo en todos los impuestos (IVA, IT e IUE), mismas que se habrían realizado sin efectuar ningún análisis de los fundamentos expuestos en su contestación, situación que vulneraría el debido proceso.
En respuesta el Tribunal Ad quem, en su segundo considerando, invocando el art. 213 del CPC, aplicable a la materia supletoriamente por mandato del art. 214 de la Ley Nº 1340, refiere que la sentencia cumple a cabalidad con esta disposición legal, siendo inexistente la falta de motivación, fundamentación y congruencia acusadas por el apelante; e ingresando a analizar los argumentos de la sentencia, estableció de forma suscinta lo siguiente: a) En relación al IVA, que revisadas la Resolución Determinativa y la Vista de Cargo, se verifica que estas no contienen una adecuada fundamentación sobre los aspectos de hecho y de derecho para la determinación sobre Base Presunta, incumpliendo lo dispuesto en el art. 99 de la Ley Nº 2492 CTB, pues el origen de los cargos no ha sido correctamente analizado en sede administrativa; b) Sobre el IT – Base Presunta, manifiesta que ocurre lo mismo que lo anteriormente establecido, ya que corresponde a ingresos no declarados de Servicio de publicidad que según el sujeto pasivo corresponden a clientes de otras empresas, además de servicios de publicidad o facturas y contratos que no tenían detalles del importe, antecedentes que habría sido debidamente analizado en la sentencia apelada; y c) En relación al IUE - Base Presunta; establece que sobre este impuesto, la Autoridad Administrativa incurrió en una serie de equivocaciones que vulneran el cálculo del IUE, al realizar una determinación por separado de la Base Presunta, sin considerar que la Ley Nº 843 establece que la liquidación del IUE, emerge de los estados financieros, sin efectuar además una descripción y fundamentación sobre el origen de la base presunta, aspectos que fueron debidamente dilucidados por el Juez A quo, por lo que con todos los antecedentes previstos en los actos administrativos impugnados, estableció que existió evidente vulneración a la normativa tributaria, incumpliendo la Vista de Cargo con lo determinado en el art. 96 de la Ley Nº 2492 CTB, lo que incide en la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, como así lo determinó la sentencia.
De la lectura de este acápite y el análisis de los fundamentos invocados en el Auto de Vista para desestimar la apelación, resulta evidente la incongruencia en la que incurre el Tribunal Ad quem en su fundamentación, toda vez que los argumentos de la apelación denuncian la falta de motivación en la sentencia, situación que pese a ser correctamente identificada y a cuyo efecto se invocó el art. 213 del CPC, en ningún momento fue debidamente verificada o analizada en el Auto de Vista, pues en este, incomprensiblemente se examinan (al igual que en la sentencia) los vicios de nulidad contenidos en la Resolución Determinativa y Vista de Cargo, pese a que no fueron objeto de reclamo en el recurso de apelación, cuando en realidad correspondía efectuar un análisis de los fundamentos expuestos en la sentencia con el fin de determinar si estos contienen el sustento fáctico y legal que respalde debidamente la decisión asumida en el fallo de anular obrados hasta la Vista de Cargo.
Asimismo, habiendo el apelante invocado la vulneración al debido proceso en su elemento motivación, el Tribunal de Alzada debió verificar de forma específica los fundamentos de la sentencia emitida por el Juez A quo sobre los aspectos reclamados en apelación, como ser: la incorrecta apreciación de la Vista de Cargo en relación a las observaciones a las Ordenes de Emisión y los ingresos no declarados sobre servicios de publicidad sin respaldo de nota fiscal, la omisión de pronunciamiento del Juez A quo sobre las parrillas de programación por horas y la verificación del sistema informático, así como la ausencia de fundamentos legales que avalen la nulidad declarada, entre otros; y considerando para ello la jurisprudencia ordinaria y constitucional, que reconoce la vulneración al derecho al debido proceso por falta de motivación, en virtud a la imposibilidad que genera al litigante de conocer los motivos de su rechazo o desestimación, haciendo uso de sus atribuciones, el Tribunal Ad quem debió proceder a valorar y verificar si los argumentos y conclusiones expuestas por el Juez A quo en la referida sentencia, sustentan de forma eficiente y congruente su fallo sobre estos puntos en particular, con el fin de desestimar la denuncia de una inadecuada motivación y fundamentación en la referida resolución judicial.
Empero, el Tribunal de Alzada, obviando los reclamos efectuados en apelación, dirigió su análisis y fundamentación a situaciones de fondo, ingresando a verificar nuevamente los fundamentos de los actos administrativos impugnados, a pesar de no haber sido estos objeto de impugnación, limitándose a concluir que todos estos aspectos fueron debidamente analizados en la sentencia impugnada, pero sin demostrar cuales los argumentos o fundamentos del Juez A quo que acrediten tal aseveración; evidenciándose con ello que el Tribunal de Alzada ha vulnerado el derecho del recurrente a obtener una respuesta fundada y motivada sobre su reclamo específico, elemento que hace al debido proceso como derecho, garantía y principio rector de la jurisdicción ordinaria.
Consiguientemente, en mérito a los argumentos del recurso de casación de fs. 212 a 226 que pretende la nulidad por vulneración al debido proceso en su elementos motivación, ante la evidente incongruencia en que ha incurrido el Tribunal A quem al no referirse ni resolver de forma específica los reclamos expuestos en el recurso de apelación, corresponde fallar conforme lo dispuesto en el 17. II de la Ley Nº 025 Ley del Órgano Judicial (LOJ) y artículos 220.III y 271. II del Código Procesal Civil, aplicable por mandato del art. 214 de la Ley Nº 1340; sin ingresar a dilucidar demás aspectos denunciados en el recurso de casación interpuesto por el demandante, por evidenciarse la existencia de vicios procesales que conllevan la nulidad de lo actuado.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley Nº 025 LOJ, ANULA obrados hasta el Auto de Vista A.V. Nº 225/2017-SSA-I de 12 de octubre de 2017, cursante de fs. 206 a 208, inclusive, disponiendo que el Tribunal de Apelación, sin espera de turno ni dilación alguna, bajo responsabilidad, pronuncie nuevo Auto de Vista, debiendo considerar los fundamentos contenidos en el presente auto.
Se recomienda al Tribunal de Alzada mayor atención en cuanto a la consideración de las apelaciones que conoce, para evitar nulidades que afecten la celeridad del proceso.
En cumplimiento a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley Nº 025 LOJ, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo para su registro respectivo, debiendo tenerse presente que conforme al dispositivo citado, así como el art. 220.III de la Ley Nº 439 CPC y la recomendación Nº 22 de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos en su informe aprobado el 5 de diciembre de 2013 (Garantías para la independencia de las y los operaciones de justicia, hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas), la remisión de Autos Supremos anulatorios como el presente no tienen la finalidad de activar proceso administrativo alguno.

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