Source: http://www.alca-ftaa.org/Wgroups/WGCP/spanish/dlr/dlr_11s.asp
Timestamp: 2017-11-25 05:35:18+00:00

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ALCA FTAA ZLEA Inventario de Leyes y Normas Nacionales Referidas a la Políticas Sobre Competencia en el Hemisferio Occidental - Procedimientos Administrativos y/o Judiciales
Las acciones para la imposición de las sanciones establecidas en el artículo 42 no podrán ejercerse ante el órgano judicial competente sin la sustanciación previa del procedimiento administrativo regulado en el Capítulo II, Sección II. (Artículo 32).
La iniciativa de la acción penal por infracción al artículo 41 y en los casos previstos en los artículos 28 y 29 compete exclusivamente al Secretario de Estado de Comercio y Negociaciones Económicas Internacionales. (Artículo 33).
Serán competentes para entender en el procedimiento judicial referido a los delitos mencionados en el artículo 33 los jueces en lo Penal Económico de la Capital Federal o los jueces federales del interior del país según sea el lugar de comisión del delito. (Artículo 34). El procedimiento administrativo previo interrumpe el plazo de prescripción de la acción penal, el que será de seis (6) años. El término comenzará a correr nuevamente a partir de los dieciocho (18) meses de iniciada la actuación. (Artículo 35).
Remitidas las actuaciones por el Secretario de Estado de Comercio y Negociaciones Económicas Internacionales, el juez competente dará curso al proceso conforme al procedimiento plenario establecido en el Código de Procedimientos en Materia Penal (Artículo 36).
Tanto la Secretaría de Estado de Comercio y Negociaciones Económicas Internacionales como las personas damnificadas podrán actuar como parte querellante (Artículo 37).
Formulada la acusación, el juez podrá dictar la prisión preventiva del imputado y adoptar medidas cautelares sobre sus bienes (Artículo 38).
Tanto las medidas previstas en el artículo anterior como las sentencias definitivas que se dicten serán comunicadas a la Comisión Nacional de la Competencia a los efectos previstos en el Artículo 15 (Artículo 39).
Cualquiera fueren las decisiones que se adopten en la instancia judicial prevista en este capítulo, ellas no afectarán las resoluciones firmes adoptadas en la instancia administrativa previa (Artículo 40).
Transcurrido el plazo de la intervención el interventor presentará al juez federal un informe circunstanciado de su gestión, proponiendo la extinción y archivo del proceso o solicitando una prórroga del plazo si no le hubiere sido posible cumplir totalmente la decisión dictada.
Toda persona que se oponga a la intervención o que la obstaculice o que, después de terminada practique cualquier acto que directa o indirectamente anule sus efectos, en todo o en parte, o desobedezca las órdenes legales del interventor será responsabilizado criminalmente, según sea el caso, por resistencia, desobediencia o coacción en el curso del proceso, conforme a lo previsto en los artículos 329, 330 y 334 del Código Penal.
Los establecidos en el sistema común.
Los procedimientos judiciales pueden ser de naturaleza civil o penal.
Las decisiones del CADE, aunque no están sujetas a revisión en el ámbito del Poder Ejecutivo, lo están en el Poder Judicial.
- La decisión en plenario del CADE por la que se intime el pago de una multa o se imponga una obligación de hacer o de no hacer constituye título ejecutivo extrajudicial.
La ejecución que tenga por objeto exclusivo el cobro de una multa pecuniaria será realizada conforme a lo dispuesto por la Ley n1 6.830 del 22 de septiembre de 1980.
Cuando la ejecución tenga por objeto, además del cobro de una multa, el cumplimiento de una obligación de hacer o de no hacer, el Juez concederá la tutela específica de la obligación, o determinará providencias que garanticen el resultado práctico equivalente al cumplimiento.
La ejecución se realizará por todos los medios, incluida la intervención de la empresa, cuando sea necesario.
La ejecución de las decisiones del CADE será promovida ante la Justicia Federal, en el domicilio del ejecutado.
Cuando la infracción del orden económico sea grave y existan sospechas fundadas de daño irreparable o de difícil reparación, aun cuando se haya efectuado el depósito de las multas y la prestación de la caución, el Juez podrá disponer la realización inmediata, en todo o en parte, de las disposiciones contenidas en el título ejecutivo.
El proceso de ejecución de las decisiones del CADE tendrá preferencia sobre las demás especies de procedimientos, salvo el "habeas corpus" y el "mandato de segurança".
- Además de la revisión de las decisiones del CADE y de la ejecución judicial de esas decisiones, pueden proponerse acciones de responsabilidad civil por daños causados al orden económico, reguladas por la Ley n1 7.347 del 24 de julio de 1985, modificadas por el párrafo único del Artículo 88 de la Ley n1 8.884 del 11 de junio de 1994. Se prevé que los perjudicados reclamen indemnización por pérdidas y daños en juicio civil. La referidas indemnizaciones, además de las multas decretadas administrativamente, en el ámbito de la defensa del orden económico constituye, entre otros, recursos que pueden ser promovidos por el Fondo de Defensa de Derechos Difusos (FDD), cuyo Consejo de Administración está enmarcado en la SDE/MJ, estando presidido por el Secretario y vicepresidente o Presidente del CADE.
En la esfera penal, la determinación y represión de delitos contra el orden económico están reguladas por la Ley n1 8.137 del 27 de diciembre de 1990, que establece la competencia del Ministerio Público.
Agotada la vía gubernativa mediante la interposición del recurso de reposición, sea ante el Superintendente o Superintendente Delegado de acuerdo con el acto de que se trate, existe la posibilidad de acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, mediante el ejercicio de la acción de nulidad, y restablecimiento del derecho ( Art. 84 y 85 del Código Contencioso Adm.)
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma juridica, podra pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. (Artículo 85 Ibid.)
Agotada la vía administrativa, las resoluciones finales podrán impugnarse directamente por ilegalidad ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, mediante un procedimiento contencioso administrativo abreviado. (Artículo 61).
a. El Tribunal Superior Contencioso Administrativo, sección segunda, será el competente para conocer de esa impugnación.
b. El plazo para interponer la acción será de un mes, contado a partir de la notificación del acto final.
c. El escrito de interposición deberá acompañarse con una copia certificada de la resolución final que se impugna.
d. El expediente administrativo deberá remitirse en el plazo único de cinco días, so pena de apercibimiento de apremio corporal.
e. Los plazos de formalización de la demanda y la contestación serán de diez días.
f. Las defensas previas deberán invocarse en el escrito de la contestación de la demanda.
g. El plazo para evacuar la prueba, que habrá de ofrecerse en los escritos de demanda y contestación, será de diez días.
h. Contra las resoluciones del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, cabrá recurso de segunda instancia ante la Sección Tercera de Tribunal Superior Contencioso Administrativo. (Artículo 62 de la Ley).
En materia de ejecución de sentencias, la Ley establece que se observarán las siguientes reglas:
a. Si en la sentencia judicial se condena al Estado al pago de daños y perjuicios, la ejecución respectiva deberá realizarse conforme a los artículos 76 y siguientes de la Ley Reguladora.
b. Si de la sentencia judicial se deriva la obligación del pago por concepto de daños y perjuicios, cuya satisfacción deba ser realizada por particulares, se ejecutará de conformidad con el Código Procesal Civil y, en particular, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 692 y siguientes de este cuerpo normativo. (Artículo 63 de la Ley).
Si se trata de procesos civiles, el procedimiento se inicia por demanda de la parte interesada, quien estará obligada a aportar los medios de prueba respectivos, sustanciándose el proceso de acuerdo con nuestro ordenamiento adjetivo civil.
Si se tratare de procesos penales, los mismos se inician por denuncia o querella presentada con las formalidades legales, corriendo a cargo de la Fiscalía aportar los medios de prueba, a efecto que el proceso se inicie y se ventile conforme nuestro ordenamiento procesal penal.

References: artículo 42
 artículo 41
 artículo 33
 Artículo 15
 Artículo 88
 resolución