Source: http://pabloalvarez.blogspot.es/
Timestamp: 2018-03-25 00:57:00+00:00

Document:
PABLO ALVAREZ LIRA
Escrito por pabloalvarez 09-08-2011 en General. Comentarios (1)
Por: Pablo Alvarez Lira alvalira@hotmail.com palvarezlira@gmail.com
Para explicar cómo ha ido evolucionando el concepto del niño como sujeto de derechos, lo haremos narrando el caso de Mary Ellen, caso emblemático que nos ayudara a tener una perspectiva clara del tema:
CASO DE MARY ELLEN
El caso de Mary Ellen Wilson ha sido considerado como el ejemplo gráfico que ilustra el momento en que se produce un giro en el sistema de protección legal e institucional de los niños maltratados.
Mary Ellen Wilson era una niña ilegítima de nueve años de edad nacida en la ciudad de Nueva York en 1866. Una trabajadora de la caridad tuvo conocimiento de la situación de esta niña, que era golpeada continuamente, herida con tijeras y atada a una cama.
Mary Ellen también presentaba síntomas de desnutrición severos y otras señales de maltrato físico y negligencia. Esta trabajadora intentó intervenir en defensa de Mary Ellen, acudiendo a las agencias de protección, incluyendo la policía, el abogado del distrito y el departamento de caridad del Estado de Nueva York.
Sin embargo, y puesto que no existían en ese momento leyes que recogieran específicamente el maltrato de los niños por sus padres o cuidadores, todos estos estamentos rehusaron emprender cualquier tipo de acción o proporcionar ayuda.
Todos los intentos de intervención a favor de Mary Ellen fueron infructuosos hasta que, en su desesperación, esta trabajadora se dirigió a un miembro de la Sociedad Americana par la Prevención de la Crueldad hacia los Animales.
Puesto que los animales se encontraban legalmente protegidos del tipo de violencia a que Mary Ellen se encontraba sometida, y puesto que Mary Ellen era parte del reino animal, debía ser posible que esta sociedad para la protección de los animales interviniera ante los tribunales en defensa de esta niña.
El argumento que se empleó en el proceso judicial era que Mary Ellen merecía, al menos, tanta protección como un perro común. Sobre esa base, se ganaba en 1874 el primer proceso judicial en Estados Unidos que defendía a un menor de los malos tratos físicos y la negligencia, reconociéndose oficialmente por primera vez el maltrato infantil.
La situación narrada, que describe el caso de la niña Mary Ellen Wilson, era la misma que acontecía en todos los países, pues recién comenzaría a evolucionar el Derecho de Menores para luego dar paso al Derecho de Niños y Adolescentes como lo conocemos hoy en día, el cual sigue en proceso de evolución y tratamiento por parte del Derecho.
La situación de riesgo y de indefensión, sobre todo de niños y niñas, conllevo a que se adoptara la DOCTRINA DE SITUACION IRREGULAR, en la cual el niño era un objeto de derecho u objeto de protección por parte del derecho, esta doctrina tenia las siguientes características:
¨ Define al niño como “menor” y en función del adulto, si tiene o no necesidades satisfechas, a cometido delitos o no.
¨ Considerados como objetos de protección, compasión por ser incapaces
¨ No se tiene en cuenta el proceso de desarrollo y grado de madurez, solo se le cataloga de “Menor”
¨ El estado y los adultos creen actuar con “buena intención” por el bien de los menores sin tomarlos en cuenta.
Algunas normas que se dieron a nivel internacional, suscritas dentro de esta doctrina de la situación irregular son las siguientes:
1. Declaración de Ginebra, aceptada en la Quinta Asamblea de la Sociedad de Naciones, del 26 de diciembre de 1924, elaborada por la profesora suiza Eglantine Jebb.
2. Declaración de los Derechos del Niño
3. Declaración de oportunidades del Niño – formulado en Washington en el año de 1942.
4. Carta de los Derechos de la Familia Peruana – formulada en 1943
En el Perú, la legislación desarrollada antes y en torno al Código de Menores se encontraba enmarcada dentro de la doctrina de situación irregular, una muestra de ello es el discurso pronunciado por el Dr. Gerarlo Arosemena Garland, Ministro de Justicia al instalar la Comisión Revisora del Código de Menores de 1962: “El niño no es jamás un delincuente. Las infracciones en que incurre son solo la expresión e índice de su personalidad desviada, en la mayoría de los casos por causa del abandono material y moral en que la sociedad los deja. La acción del Estado es entonces imperativa para redescubrir esa orfandad y para que no haya un niño abandonado, proporcionándole al efecto los medios que aseguren su educación y formen su carácter, orientándolo en la vida para convertirlo en un elemento útil para sí mismo y para la sociedad”[1].
La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por la Asamblea de las Naciones Unidas en su Resolución N° 44/25 del 20 de noviembre de 1989 consagra una nueva concepción del niño, entendiendo como tal a todo ser humano menor de 18 años y reconoce sus derechos especiales para el logro de su bienestar.
Una diferencia importante es que en toda acción o medida se considerara el interés superior del niño o la niña, debiendo ser escuchado y tomando en cuenta su opinión consagrándose el derecho de opinión y de participación de los niños y adolescentes.
Todo niño o niña infractor que sea privado de su libertad deberá ser tratado con dignidad y humanidad, teniendo en cuenta las necesidades propias de su edad y se debe promover su reintegración social; las medidas que conlleven privación de la libertad son un último recurso y por el más breve plazo.
Nuestra legislación actual, por medio del Código de los Niños y Adolescentes ha incorporado con relativo éxito la doctrina de protección integral en la vida jurídica de nuestra Nación.
En resumen, esta doctrina:
¨ Define al niño en si mismo como toda persona menor de 18 años sin distinciones
¨ Sujeto pleno de derechos y libertades así como de responsabilidades
¨ Se le reconoce como persona en desarrollo y además de los derechos que todos tenemos se le reconoce un plus de derechos específicos en función de su crecimiento
¨ En los temas o materias que competen al niño se les toma en cuenta y se escucha su opinión buscando el interés superior del niño.
II. EL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE COMO SUJETO DE DERECHO EN LA LEGISLACION NACIONAL
El tratamiento jurídico de los niños y adolescentes en nuestro país ha pasado de considerárseles como objeto de protección a sujeto de derecho, de denominársele menor a niño, niña o adolescente, de tomar acciones de protección a favor de ellos a incluirlos en la toma de decisiones, etc.
Analizaremos algunos aspectos puntuales sobre la consideración en nuestra legislación, de niño, niña y adolescente con sujeto activo de derecho, como una persona en desarrollo.
1. CÓDIGO DE MENORES.-
El Código de Menores – Ley Autoritativa N° 13968, vigente desde el 1ro. de julio de 1962 hasta el … del año 2000, permitía “enseñar a la comunidad como se amparan los derechos de los menores, entre ellos, el derecho a ser mayores”[2]; queda claro que dicha norma está enmarcada dentro de la doctrina de situación irregular.
Una muestra del tratamiento del derecho de los niños y adolescentes, es que para 1976 solo existían a nivel nacional 13 Juzgados de Menores, y que por ampliación de la partida presupuestal de 1977 se permitió la creación de 9 juzgados más.
Hacia 1977 existían 12 Juzgados en la ciudad de Lima, los cuales en ese año recepcionaron 12 mil demandas solo por alimentos, las cuales tenían una duración promedio de 18 meses, es decir, duraban en promedio 3 veces más de lo que dura en la actualidad.
Es preciso señalar lo expuesto por el Dr. Fermín Chunga: “El Código de Menores adopta la doctrina que sustenta la Declaración de los Derechos del Niño, formulada en Ginebra, y los principios proclamados al respecto por las Naciones Unidas; los derechos del Niños Americano, de la Organización de <estados Americanos; el Código de Declaración de Oportunidades para el Niño del VIII Congreso Panamericano del Niño de 1942 y la Carta de los Derechos de la Familia Peruana del Congreso de Protección a la Infancia de 1943”[3]; esto demuestra los avances que se dieron al tratamiento de los derechos de Niños y Adolescentes desde la promulgación del Código de Menores, lo que traería su correlato en el desarrollo de los procesos que tienen que ver con niños y adolescentes.
Estructura del Código de Menores:
1. Título Preliminar:
Consta de 5 artículos, con enunciados de derechos sustantivos, pero no menciona principios de orden procesal.
2. Sección Primera:
Contiene de carácter general referida a los órganos de administración, de protección a la familia, la maternidad y la primera infancia.
3. Sección Segunda: Jurisdicción de Menores
Es en esta sección en donde ponemos más atención por ser materia del presente trabajo:
- La jurisdicción es ejercida por los Tribunales de Apelación y por los Juzgados de Menores.
- El Ministerio Publico interviene en los procesos a través del Fiscal en lo Civil.
- Cuentan con servicios auxiliares: articulo 58: “La jurisdicción de Menores tendrá sus servicios auxiliares propios, a saber: el Servicio Técnico, el de Asistentes Sociales, y al Policía de Menores.” Esto viene a hacer el antecedente de lo que conocemos actualmente como el equipo multidisciplinario, pues el Servicio Técnico estaba conformado por un Medico, un Psiquiatra, un Psicólogo, y un Pedagogo (artículo 61°).
- El Juez de Menores tenía competencia sobre las siguientes situaciones especiales (artículo 65°): menores en abandono, en estado de peligro moral, en estado peligroso, deficientes sensoriales y mentales, lisiados físicos, y en necesidad temporal.
- Constituía facultad del Juez de Menores atender las siguientes causas: Patria potestad, Consejo de Familia, guarda (tenencia y custodia), separación de cuerpos, nulidad de matrimonio, adopción de menores, autorización para el matrimonio, para el trabajo, guarda y viaje de menores dentro y fuera del país, en el orden penal los incumplimientos de de deberes de asistencia familiar, contravenciones en perjuicio del menor, etc.
- En cuanto a las contravenciones a la ley penal por parte de niños y adolescentes, el Código de Menores se encarga de normar el procedimiento en los artículos del 93° al 106°.
- En lo referente a materia tutelar el Juez de Menores podía dictar el cuidado de los menores en su propio hogar, la colocación y tratamiento en otro hogar, tutela en instituciones de educación, tratamiento en especializado en nosocomios, y la tutela y tratamiento en establecimientos especializados; todas estas normas se encuentran entre el articulo 107° al 115°.
- Finalmente, contaba con una sección destinada a la ejecución de medidas, las cuales se encontraban entre el articulo 116° al 133°
4. Sección Tercera: Servicios Comunes.
En esta última sección se trataba lo relativo a la procuraduría de Menores, los Servicios Técnicos, y el Patronato de Menores.
2. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, de conformidad con su artículo 49.
Para su incorporación a nuestra legislación, fue suscrita el 26 de enero de 1990, aprobada por el Congreso de la Republica mediante Resolución Legislativa N° 25278 del 03 de agosto de 1990, y ratificada por el Presidente de la Republica el 14 de agosto de 1990. El Perú como Estado ratificante se compromete a incorporar en sus leyes y practicas los principios contenidos en ella.
Norma incorporada plenamente a nuestra legislación conforme lo dispone el Artículo VII[4] del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, es decir, es una norma sustantiva y procesal para nuestra administración de justicia.
Dentro del tratamiento del niño como sujeto de derecho, es necesario que veamos lo que dice el artículo 1ro de la Convención: “Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.
Al respecto debemos comentar que dicho Artículo no considera el hecho que los adolescentes mayores de 16 años de edad puedan emanciparse por matrimonio o por título y pongan fin de esta manera a la incapacidad de ejercicio; asimismo, los mayores de 14 años adquieren capacidad para la realización de algunos actos conforme lo prevé el artículo 46°[5] del Código Civil peruano.
Pero aun así, recordemos que las normas de la Convención son enunciados de carácter genérico que debe ser aplicado al caso concreta en la legislación y en la vida jurídica de la Nación.
3. CONSTITUCIÓN POLÍTICA
Fue promulgada el 29 de diciembre de 1993, publicada el 30 de diciembre de 1993, y entro en vigencia desde el 31 de diciembre de 1993.
Recoge la Doctrina de Proteccion Intergral, veamos lo que dice el inciso 1ro. del Articulo 2do: Toda persona tiene derecho: (1) A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.
Se desarrolla el concepto de concebido, y de este como sujeto de derecho para todo en cuanto le favorece, como el derecho a la vida, a la integridad, etc. Se desarrollan tambien conceptos de derecho a la identidad, concepto que esta en desarrollo y tiene muchos aspectos como la identidad personal, como identidad dentro de un seno familiar, y como identidad parte de una etnia o nacion.
Otro concepto acorde a la Doctrina de Proteccion Integral es el de integridad como derecho, la integridad que va mas alla de la integridad solamente fisica o material, la integridad es transversasl y abarca el area psiquica de las personas, asi como la moral, lo cual tiene que ver con valores, valores religiosos, valores provenientes de la costumbre o de la tradicion familiar, patrones conductuales, etc.
Finalmente, aun el Derecho Constitucional y otras ramas del derecho bienen desarrollando el derecho al libre desarrollo y bienestar, asi como otros derechos o categorias juridicas como parte de una vision integral de la persona, sea niño o adulto, como sujeto de derecho.
Considerada como la segunda norma en importancia, después de la Constitución Política, fue promulgado con el Decreto Legislativo N° 295 el 24 de julio de 1984, publicado el 25 de julio de 1984 y entro en vigencia el 14 de noviembre de 1984.
Después de más de 26 años en vigencia, ha tenido varias modificaciones e incluso se plantea su revisión total a fin de actualizar o contextualizar sus normas, recordemos que esta norma es anterior a la Constitución de 1993, sin embargo no hay mayores incompatibilidades para su aplicación.
Veamos que dice su artículo primero:
Se conjugan los conceptos persona humana con sujeto de derecho, y vida humana con concebido, por lo que creo oportuno compararlo con el texto de la Constitución referido en el punto anterior, así tenemos:
- La vida humana comienza con la concepción, es decir desde el momento de la fecundación, este tema nos llevara a otra discusión más amplia a fin de determinar desde que momento después al acto sexual podríamos estar hablando de concepción y de la existencia de vida humana, lo cual es relevante al momento de discutir sobre la pertinencia o no del aborto en cualquiera de sus modalidades.
- El concebido si bien no es una persona, si es vida humana, y como tal sujeto de derecho para todo en cuanto le favorece, principalmente al derecho a la vida, pero también para reclamar alimentos a fin de cubrir en todo o en parte los gastos del parto conforme a lo previsto en el articulo .
- La categoría de persona humana está condicionada al nacimiento vivo del concebido.
5. CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES
El primero entra en vigencia en el mes de julio de 1993 por medio del Decreto Ley N° 26102, siendo modificado y conformado un Texto Único Ordenado por la Ley N°27337 promulgado el 21 de julio de 2000, publicado el 07 de agosto de 2000 y entro en vigencia a partir del 08 de agosto del 2000.
En el segundo párrafo en referencia se incluye el concepto de presunción favorable, para que una persona según su edad aproximada sea considerada niño o niña, y adolescente, esto a fin de recibir la protección y el tratamiento que la ley confiere a los niños, niñas y adolescentes.
Título Preliminar: Artículo II.- Sujeto de derechos.-
El niño y el adolescente son sujetos de derechos, libertades y de protección específica. Deben cumplir las obligaciones consagradas en esta norma.
- Sujetos de libertades, y
- Sujetos de protección específica.
- Sujeto sometido a las obligaciones de ley.
Estos conceptos aportan a un mayor debate de derecho, el cual aun no se ha desarrollado en toda su amplitud.
Resumiendo lo expresado, la vida humana comienza desde la concepción, el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece.
La persona empieza desde el nacimiento hasta su muerte, se considera niño o niña a la persona humana desde el nacimiento hasta cumplir los 12 años de edad, y adolescente desde los 12 hasta cumplir los 18 años de edad, y desde los 18 años en adelante se considera a una persona mayor de edad, cuyos derechos solo se restringen por sentencia de interdicción o por condena penal que conlleve una expresa limitación o suspensión del ejercicio de ciertos derechos.
III. EL PROCESO RESPECTO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL CODIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES
En el análisis de las normas procesales contenidas en el Código de Niños y adolescentes, vamos a tratar de manera concreta las normas con contenido procesal en el Titulo Preliminar, así como las contenidas en el Libro Cuarto denominado “Administración de Justicia Especializada en el Niño y el Adolescente.
1. TÍTULO PRELIMINAR.-
En el Titulo Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes encontramos normas sustantivas y adjetivas. A continuación una descripción de las normas procesales contenidas en dicho Título Preliminar.
Artículo IV.- Capacidad.-
“Además de los derechos inherentes a la persona humana, el niño y el adolescente gozan de los derechos específicos relacionados con su proceso de desarrollo. Tienen capacidad especial para la realización de los actos civiles autorizados por este Código y demás leyes.
La Ley establece las circunstancias en que el ejercicio de esos actos requiere de un régimen de asistencia y determina responsabilidades.
En caso de infracción a la ley penal, el niño será sujeto de medidas de protección y el adolescente de medidas socio-educativas.”
El reconocimiento de la capacidad para la realización de actos, así como el derecho de acudir ante los órganos jurisdiccionales se encuentra enmarcado dentro del desarrollo de la doctrina de protección integral, y dicho dispositivo encuentra concordancia con los artículos 2°, 57° y 58° del Código Procesal Civil.
En lo relacionado con la infracción a la ley penal nos referiremos en los puntos siguientes.
Artículo VII.- Fuentes.-
Las normas del Código Civil, Código Penal, Código Procesal Civil y Código Procesal Penal se aplicarán cuando corresponda en forma supletoria al presente Código. Cuando se trate de niños o adolescentes pertenecientes a grupos étnicos o comunidades nativas o indígenas, se observará, además de este Código y la legislación vigente, sus costumbres, siempre y cuando no sean contrarias a las normas de orden público.
El Código de los Niños y Adolescentes contienen normas de derecho sustantivo y de derecho procesal pero que son insuficientes para cubrir todas las incidencias en la tramitación de un proceso, por ello se nutre de normas procesales especializadas, esta norma es concordante con lo previsto en el articulo III, VI, VII, 1°, 2°, 57° y 58° del Código Procesal Civil
Artículo VIII.- Obligatoriedad de la ejecución.-
Es deber del Estado, la familia, las instituciones públicas y privadas y las organizaciones de base, promover la correcta aplicación de los principios, derechos y normas establecidos en el presente Código y en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Los principios, derechos y normas relativas a los niños y adolescentes no son de exclusiva competencia de solamente un sector o un organismo determinado, sino que su cumplimiento y desarrollo es transversal y cruza todos los espacios de la sociedad civil, así como las instituciones públicas y privadas.
Artículo IX.- Interés superior del niño y del adolescente.-
En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos.
Uno de los grandes aportes de la doctrina de protección integral es el Principio de Interés Superior del Niño, el cual constituye una línea a seguir, debiendo adecuar las normas procesales y las medidas a tomar enfocadas hacia una administración de justicia que vele por el bienestar de sus niños y adolescentes.
Artículo X.- Proceso como problema humano.-
El Estado garantiza un sistema de administración de justicia especializada para los niños y adolescentes. Los casos sujetos a resolución judicial o administrativa en los que estén involucrados niños o adolescentes serán tratados como problemas humanos.
El Derecho de Menores se desprende del Derecho Público, y el Derecho Procesal de Menores es una rama nueva del Derecho Procesal, pero debido a que se está tratando a procesos relacionados con niños, niñas y adolescentes requiere de una justicia especializada la cual no está conformada solo por Jueces y Fiscales de Familia, sino también por Policías, Psicólogos, Médicos y Trabajadores Sociales que forman parte del equipo multidisciplinario.
2. ADMINISTRACION DE JUSTICIA ESPECIALIZADA EN EL NIÑO Y EL ADOLESCENTE.-
2.1 DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA: LA SALA DE FAMILIA, Y EL JUEZ DE FAMILIA
La jurisdicción es la facultad que el estado le otorga al Juez para administrar justicia a nombre de la Nación de acuerdo a la Constitución, a la Convención sobre los Derechos del Niños, el Código de Niños y Adolescentes y demás normas como la Ley sobre Violencia Familiar.
De acuerdo al artículo 133° del Código de los Niños y Adolescentes: “La potestad jurisdiccional del Estado en materia familiar se ejerce por las Salas de Familia, los Juzgados de Familia y los Juzgados de Paz Letrados en los asuntos que la Ley determina. En Casación resolverá la Corte Suprema”; en los lugares en donde no hubiere un Juez especializado en Familia asume la jurisdicción y competencia el Juez en lo Civil o Mixto, lo mismo ocurre con la Sala Superior Civil o Mixta que asume la competencia en las Cortes Superiores en donde no hubiese Salas Especializadas.
Debemos precisar que la competencia de los Juzgados de Familia es en las siguientes materias: civil, tutelar y de infracción a la Ley Penal.
SALA DE FAMILIA.-
La Sala Superior encargada de los asuntos de Familia (Sala de Familia, o Sala Civil o Sala Mixta), ve las siguientes materias[6]:
a) En grado de apelación, los procesos resueltos por los Juzgados de Familia;
b) De las contiendas de competencia promovidas entre Juzgados de Familia del mismo distrito judicial y entre éstos y otros juzgados de distinta especialidad de su jurisdicción territorial;
c) De las quejas de derecho por denegatoria del recurso de apelación;
d) De los demás asuntos que señala la ley.
El Juez de Familia es el director del proceso y le corresponde conducir, organizar y desarrollo el proceso dentro de las normas del debido proceso. Su competencia, y atribuciones se hallan contenidas en los artículos 135° al 137° del Código de los Niños y Adolescentes, así como los especificados en la Ley Orgánica del poder Judicial.
Le corresponde al Juez de Familia, o al Juez Civil o Mixto que desarrolle sus funciones, las siguientes atribuciones:
a) Resolver los procesos en materias de contenido civil, tutelar y de infracciones, según su competencia;
b) Hacer uso de las medidas cautelares y coercitivas durante el proceso y en su etapa de ejecución, requiriendo el apoyo policial si fuere el caso;
c) Disponer las medidas socio - educativas y de protección en favor del niño o adolescente, según sea el caso;
d) Remitir al Registro del Adolescente Infractor de la Corte Superior, sede del Juzgado, copia de la resolución que dispone la medida socio- educativa;
e) Aplicar sanciones sobre las contravenciones a los derechos del niño y del adolescente;
f) Fijar la pensión de alimentos, dentro del mismo proceso, en los casos de litigios por Patria Potestad, Tenencia y Régimen de Visitas.
g) Impartir órdenes a la Policía Judicial para la citación, comparecencia o detención de las personas.
h) Requerir los servicios del Equipo Multidisciplinario de la oficina médico-legal, de la Policía y de cualquier otra institución.
i) Cumplir las demás funciones señaladas en la ley.
2.2 FISCAL DE FAMILIA.-
El Fiscal Provincial de Familia (o Civil o Mixto), y el Fiscal Superior representan al Ministerio Publico, su función principal es velar por el respeto de los derechos y garantías del niño y del adolescente, promoviendo de oficio o a petición de parte las acciones legales, judiciales o extrajudiciales correspondientes, ya que es el titular de la acción y como tal tiene la carga de la prueba en los procesos al adolescente infractor, pudiendo solicitar el apoyo de la Policía. La falta de intervención del Fiscal en los casos previstos por la ley acarrea nulidad, la que será declarada de oficio o a petición de parte. Entre sus principales funciones y atribuciones tiene:
a) Emite Dictamen, en los casos que procede, es fundamentado después de actuadas las pruebas y antes de que se expida Sentencia.
b) Conceder la Remisión como forma de exclusión del proceso;
c) Intervenir, de oficio y desde la etapa inicial, en toda clase de procedimientos policiales y judiciales en resguardo y protección de los derechos del niño y del adolescente.
d) Estar presente ante la Policía en las declaraciones que se actúen en casos de violencia sexual contra niños o adolescentes, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional.
e) Promover los procedimientos relativos a las infracciones atribuidas a los adolescentes.
f) Promover las acciones de alimentos, si fuere el caso, conforme a las normas procesales de la materia;
g) Promover la acción civil o administrativa para la protección de los intereses difusos o colectivos de los niños y adolescentes previstos en este Código;
h) Inspeccionar y visitar las entidades públicas y privadas, las organizaciones comunales y las organizaciones sociales de base encargadas de brindar atención integral al niño y adolescente y verificar el cumplimiento de sus fines;
i) Solicitar el apoyo de la fuerza pública, así como la colaboración de los servicios médicos, educativos y de asistencia pública y privada, en el ejercicio de sus funciones;
j) Instaurar procedimientos en los que podrá:
- Ordenar notificaciones,
- Solicitar a las autoridades toda clase de información, pericias y documentos que contribuyan al esclarecimiento del hecho investigado;
- Pedir información y documentos a instituciones privadas que contribuyan al esclarecimiento del hecho investigado.
k) Solicitar de manera supletoria la del acta de nacimiento inscripción ante el Juez de Paz Letrado de su domicilio, de conformidad con las normas legales pertinentes.
l) Las demás atribuciones que señala la Ley.
2.3 ABOGADO DEFENSOR
No puede haber un proceso sobre sin Abogado defensor, el Estado a través del Ministerio de Justicia designa el numero de abogados de oficio que se encarga de brindar asistencia judicial y gratuita a niños y adolescentes que lo necesiten,
2.3 ORGANOS AUXILIARES
- Equipo Multidisciplinario:
El Equipo Multidisciplinario estará conformado por médicos, psicólogos y asistentes sociales. Cada Corte Superior de Justicia designará a los profesionales de cada área, los que ejercerán sus funciones en forma obligatoria en cada Juzgado que ejerza competencia en niños y adolescentes.los profesionales que integran el equipo multidisciplinario deben ser especialistas en tratamiento de niños y adolescentes, ya que emitirán informes los cuales servirán de base para la toma de decisiones por parte del Juez y del Fiscal de Familia. Entre sus atribuciones tenemos:
c) Otras conforme a Ley.
En el Código de los Niños y Adolescentes se señalan dos clases de Policia, la Policía Especializada y la Policía de Apoyo a la Justicia.
Policía Especializada:
Su definición, características, funciones y atribuciones se encuentran normadas en los artículos 151 ° al 155 ° del Código de Niños y Adolescentes
Por definición es la encargada de auxiliar y colaborar con los organismos competentes del Estado en la educación, prevención y protección del niño y el adolescente, está organizada a nivel nacional y coordina sus acciones con el MIMDES y con las instituciones autorizadas, el personal debe contar con requisitos especiales, así como recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones, entre las cuales tenemos:
a) Velar por el cumplimiento de las normas de protección de niños y de adolescentes que imparten las instituciones del Estado y por la ejecución de las resoluciones judiciales;
b) Desarrollar, en coordinación con otras entidades, actividades educativas y recreativas tendentes a lograr la formación integral de niños y adolescentes;
c) Controlar e impedir el ingreso y permanencia de niños y adolescentes en lugares públicos o privados que atenten contra su integridad física o moral;
d) Impedir la posesión o comercialización de escritos, audiovisuales, imágenes, material pornográfico y otras publicaciones que pueden afectar la formación de los niños o adolescentes;
e) Vigilar el desplazamiento de niños o adolescentes dentro y fuera del país, especialmente en los aeropuertos y terminales de transporte;
f) Apoyar con programas de educación y recreación a las instituciones encargadas de la vigilancia de adolescentes infractores;
g) Cuando las circunstancias lo exijan, encargarse de la vigilancia de los adolescentes infractores en centros especializados;
h) Las demás que le competen de acuerdo a Ley.
Policía de Apoyo a la Justicia:
El Código de los Niños y Adolescentes define a la Policía de apoyo a la justicia en asuntos de niños y de adolescentes como la encargada de efectuar notificaciones por mandato de la autoridad judicial y del Fiscal competente y de colaborar con las medidas que dicte el Juez. Entre sus funciones tenemos:
a) Investigar los casos de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar;
b) Realizar por mandato judicial las investigaciones que le sean solicitadas;
c) Ejecutar las órdenes de comparecencia, conducción y detención de adultos dictadas por el Juez y las Salas de Familia, así como efectuar notificaciones judiciales; y
d) Colaborar con el Juez en la ejecución de sus resoluciones.
- Servicio Médico Legal Del Niño Y Del Adolescente
El servicio medico legal del niño y el adolescente debe funcionar como un servicio gratuito y especializado en el Instituto de Medicina Legal; este servicio debe estar debidamente acondicionado en lugar distinto al de los adultos. El personal profesional, técnico y auxiliar que brinda atención en este servicio estará debidamente capacitado y especializado en la atención a niños y adolescentes.
- Registro Del Adolescente Infractor
A pesar que la propia Doctrina de Protección Integral señala que el adolescente (persona mayo de 12 pero menor de 18 años) no debe ser estigmatizado al registrar como antecedente la comisión de un acto que, si lo hubiese realizado un adulto contituiria una falta o un delito, de acuerdo a la tipificación existente y vigente en las normas penales; sin embargo en cada Corte Superior de Justicia habrá un registro con carácter confidencial en donde se anotaran o registraran las medidas socio-educativas que sean impuestas por el Juez al adolescente infractor.
3. MATERIAS PROCESALES DE CONTENIDO CIVIL
3.1. PROCESOS CIVILES CONTENCIOSOS
De acuerdo a lo señalado en el artículo 160° del Código de los Niños y Adolescentes, le corresponde al Juez de Familia el conocer los siguientes procesos civiles:
a) Suspensión, pérdida o restitución de la Patria Potestad;
c) Régimen de Visitas;
d) Adopción;
e) Alimentos; y
f) Protección de los intereses difusos e individuales que atañen al niño y al adolescente.
3.2 PROCESOS CIVILES NO CONTENCIOSOS
Cabe señalar que el Juez de Familia conocerá también los procesos no contenciosos relacionados con niños y adolescentes, siendo estos:
a) Tutela;
b) Consejo de Familia;
d) Autorizaciones;
e) Los demás que señale la ley.
3.3 VIA PROCEDIMENTAL: PROCESO UNICO
Las causas de contenido civil contenciosas y no contenciosas serán resueltas dentro de vía procedimental denominada proceso único, y supletoriamente se utilizaran las normas previstas en el Código Civil, y en el Código Procesal Civil. Este proceso en su esquema y desarrollo es parecido al proceso sumarísimo previsto en el Código Procesal Civil, pero en la práctica puede extenderse por la participación de los órganos auxiliares de justicia, así tenemos:
a) Postulación del Proceso: requisitos y anexos de la demanda.
b) Calificación de la demanda: admisión, inadmisibilidad o improcedencia.
c) Modificación y ampliación de la demanda.
d) Medios probatorios extemporáneos.
e) Traslado de la demanda.
f) Tachas u oposiciones.
g) Audiencia: se desarrolla con intervención del Fiscal.
- Actuación: al inicio de la audiencia se pueden promover tachas, excepciones o defensas previas que serán absueltas por el demandante, seguidamente, se actuarán los medios probatorios. No se admitirá reconvención, si el Juez encuentra infundadas las excepciones o defensas previas, declarará saneado el proceso y seguidamente invocará a las partes a resolver la situación del niño o adolescente conciliatoriamente.
- Conciliación: Si hay conciliación y ésta no lesiona los intereses del niño o del adolescente, se dejará constancia en acta. Ésta tendrá el mismo efecto de sentencia.
- Continuación de la audiencia de pruebas.
- Cuando no hay conciliación: fijación de puntos controvertidos y determinará los que serán materia de prueba.
- Actuación de los Medios Probatorios
- Informe oral o alegatos.
h) Dictamen Fiscal
i) Sentencia.
En otras actuaciones que son parte del proceso único tenemos:
- Actuación de pruebas de oficio.-
- Equipo técnico: informe social y evaluación psicológica.-
- Medidas cautelare: de acuerdo a lo previsto en el Código Procesal Civil.
- Medidas temporales: medidas necesarias para proteger el derecho del niño y del adolescente, el Juez adoptará las medidas necesarias para el cese inmediato de actos que produzcan violencia física o psicológica, intimidación o persecución al niño o adolescente, incluso puede disponer el allanamiento del domicilio.
- Apelación.
- Apercibimientos: Multa de hasta cinco unidades de referencia procesal a la parte, autoridad, funcionario o persona, Allanamiento del lugar; y Detención hasta por veinticuatro horas a quienes se resistan a su mandato, sin perjuicio de la acción penal a que hubiere lugar.
MATERIAS PROCESALES DE INFRACCIONES
4.1. ADOLESCENTE INFRACTOR DE LA LEY PENAL
De acuerdo a lo establecido en el Código de los Niños y Adolescentes, en su artículo 183° define al adolescente infractor como “aquel cuya responsabilidad ha sido determinada como autor o partícipe de un hecho punible tipificado como delito o falta en la ley penal”.
Esta definición quiere decir que el adolescente puede cometer hechos tipificados como delitos o faltas, por lo que, en consecuencia el niño o adolescente puede ser sujeto activo en la realización de un acto reprochable socialmente al haber sido dicho acto tipificado penalmente. El termino infracción penal es sinónimo de delito o falta.
Con la Doctrina de la Situación Irregular, el niño o adolescente tenia “irresponsabilidad absoluta”, lo cual ha sido dejado atrás por la Doctrina de Protección Integral que establece que el niño o adolescente puede cometer delitos o faltas, y le favorece al crear un derecho penal garantista y al proporcionarle un procedimiento especial que no impone un pena, como es en el caso de un mayor de edad cuando comete un delito o falta.
La investigación a la cual se somete un adolescente infractor tiene características especiales, y en caso de hallársele responsable de haber cometido un delito o falta no se le impondrá una pena sino una medida socio-educativa, la cual puede limitar o privar de libertad, esta medida socio-educativa puede cumplirse sin que el adolescente sea desarraigado de su entorno familiar, o puede ser internado en un centro juvenil donde debe tener un trato especial acorde a su edad buscando su reinserción en la sociedad; esto último no se consigue siempre por cuanto los centros juveniles no cuentan con todos los medios y el personal especializado que favorezca la reinserción social del adolescente infractor.
La gran diferencia entre la sanción que recibe un niño que infrinja la ley penal, es que recibirá una medida de protección, sin embargo el adolescente recibirá una medida socio-educativa la cual puede llevar, en ultima ratio, hasta una privación de la libertad.
Derechos del Adolescente Infractor:
a) Derecho a la Libertad: Ningún adolescente debe ser privado de su libertad sino por mandato escrito y motivado del Juez, salvo en el caso de flagrante infracción penal, en el que puede intervenir la autoridad competente.
b) Derecho a Impugnar: El adolescente puede impugnar la orden que lo ha privado de su libertad y ejercer la acción de Hábeas Corpus ante el Juez especializado.
c) Derecho a ser informado de los motivos de su detención. En ningún caso será privado del derecho de defensa, y al ser detenido permanecerán separados de los adultos detenidos.
d) Derecho a un debido proceso: Garantías del proceso
- Principio de confidencialidad y reserva del proceso.-
- Rehabilitación.-
- Garantías procesales.
4.2. PANDILLAJE PERNICIOSO
Definición de acuerdo al artículo 193° del Código de los Niños y Adolescentes: “Se considera pandilla perniciosa al grupo de adolescentes mayores de 12 (doce) años y menores de 18 (dieciocho) años de edad que se reúnen y actúan para agredir a terceras personas, lesionar la integridad física o atentar contra la vida de las personas, dañar bienes públicos o privados u ocasionar desmanes que alteren el orden interno.”
Para tener clara esta definición es necesario tener presente lo señalado en los artículos 194° y 195°del Código de los Niños y Adolescentes:
Artículo 194.- Infracción.-
Al adolescente que, integrando una pandilla perniciosa, lesione la integridad física de las personas, cometa violación de menores de edad o dañe los bienes públicos o privados, utilizando armas de fuego, armas blancas, material inflamable, explosivos u objetos contundentes, o bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas, se le aplicará la medida socio-educativa de internación no mayor de 3 (tres) años.
Artículo 195.- Infracción agravada.-
Si como consecuencia de las acciones a que se refiere el artículo anterior se causara la muerte o se infringieran lesiones graves, la medida socio-educativa de internación será no menor de tres ni mayor de seis años para el autor, autor mediato o coautor del hecho.
El cumplimiento de las medidas se hace aun cuando el menor durante la vigencia de la medida socio-educativa alcanzare la mayoría de edad, no continuando en el centro juvenil sino trasladado ambientes especiales en un establecimiento penitenciario primario, lo cual significa un problema social, pues nuestros centros penitenciarios no cuentan con espacios adecuados.
Un avance del Código de los Niños y Adolescentes es la responsabilidad que deben asumir los padres, tutores, apoderados o quienes ejerzan la custodia de los adolescentes que sean pasibles de las medidas socio-educativas, siendo responsables solidarios por los daños y perjuicios ocasionados. Recordemos que el pandillaje pernicioso, es sobre todo un problema social con origen frecuente en familias disfuncionales o desintegradas, por lo que, la salida legal tiene que considerar también dicho aspecto.
Al igual que en la legislación penal, se han establecido beneficios para el adolescente infractor que proporcione información veraz y oportuna que permita identificar y ubicar a cabecillas de pandillas perniciosas, tendrá derecho a acogerse al beneficio de reducción de hasta un cincuenta por ciento de la medida socio-educativa que le corresponda.
4.3 INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO
Al adolescente presunto autor de infracción se le aplican normas que constituyen el diseño de un proceso penal especial que cuenta con las garantías del debido proceso, este proceso es eminentemente garantista y de encontrarse responsabilidad, tiene como fin lograr la resocialización del adolescente infractor; por tanto, podemos afirmar que las medias socio-educativas persiguen un fin de curación y rehabilitación.
Al igual que en el caso de mayores de edad, la detención de un adolescente sólo podrá realizarse por mandato judicial o por flagrante infracción, en cuyo caso será conducido a una sección especial de la Policía Nacional. El adolescente detenido podrá ser entregado en custodia a sus padres o responsables cuando los hechos no revistan gravedad, se haya verificado su domicilio y sus padres o responsables se comprometan a conducirlo cada vez que sean notificados.
Si el adolescente hubiese actuado con violencia o grave amenaza sobre la persona agraviada, o no se encontrase a sus padres, será conducido por la Policía a la Fiscalía el término de veinticuatro horas de su detención con el Informe Policial correspondiente..
Todas las diligencias y declaraciones se realizarán con intervención del Fiscal y de su defensor. El Fiscal podrá:
a) Solicitar la apertura del proceso, la denuncia del Fiscal debe contener un breve resumen de los hechos, acompañando las pruebas reveladoras de la existencia de la infracción por parte del adolescente y los fundamentos de derecho. Asimismo, el Fiscal debe solicitar las diligencias que deban actuarse.
b) Disponer la Remisión; cuando se trate de infracción a la ley penal que no revista gravedad y el adolescente y sus padres o responsables se comprometan a seguir programas de orientación; y
c) Ordenar el archivamiento, si considera que el hecho no constituye infracción.
Internamiento preventivo.-
Para privar de su libertar a un adolescente, se usan los mismos razonamientos que al decidir la libertad de un mayor de edad. El internamiento preventivo, debidamente motivado, sólo puede decretarse cuando existan:
a) Suficientes elementos probatorios que vinculen al adolescente como autor o partícipe de la comisión del acto infractor;
b) Riesgo razonable de que el adolescente eludirá el proceso; y
c) Temor fundado de destrucción u obstaculización de pruebas.
El internamiento preventivo puede ser apelado, el cual debe ser elevado dentro de las 24 horas bajo responsabilidad, la Sala se pronunciará en el mismo término, sin necesidad de Vista Fiscal.
Internación.-
La internación preventiva se cumplirá en el Centro de Observación y Diagnóstico del Poder Judicial, donde un Equipo Multidisciplinario evaluará la situación del adolescente. El Estado garantiza la seguridad del adolescente infractor internado en sus establecimientos.
Diligencia de Esclarecimiento de los Hechos.-
Se realizará dentro del término de treinta días, con presencia del Fiscal y el abogado, se realiza don la declaración del agraviado, se actuarán las pruebas admitidas y las que surjan en la diligencia, se tomaran los alegatos y la autodefensa; dado el tipo de proceso pueden ofrecerse pruebas hasta cinco días hábiles antes de la diligencia. En caso de inconcurrencia se dará nueva fecha. Luego de la diligencia los autos son remitidos al Fiscal para que emita opinión, luego de lo cual el Juez emite sentencia teniendo en cuenta lo siguiente:
a) La existencia del daño causado;
b) La gravedad de los hechos;
c) El grado de responsabilidad del adolescente; y
d) El informe del Equipo Multidisciplinario y el informe social.
Asimismo, la sentencia establecerá la medida socio-educativa que se imponga; y la reparación civil.
Medidas Socio-Educativas.-
El Juez podrá aplicar las medidas socio-educativas siguientes:
b) Prestación de servicios a la comunidad;
c) Libertad asistida;
d) Libertad restringida; y
e) Internación en establecimiento para tratamiento.
La acción judicial prescribe a los dos años de cometido el acto infractor. Tratándose de una falta señalada en el Código Penal prescribe a los seis meses. El plazo de prescripción de la medida socio-educativa es de dos años, contados desde el día en que la sentencia quedó firme.
El adolescente contumaz o ausente estará sujeto a las normas contenidas en el ordenamiento procesal penal.
4.4 REMISIÓN DEL PROCESO
Concepto según el artículo 223 del Código de los Niños y Adolescentes: “La Remisión consiste en la separación del adolescente infractor del proceso judicial, con el objeto de eliminar los efectos negativos de dicho proceso.” Esta es una figura novedosa que falta desarrollar.
La aceptación de la Remisión no implica el reconocimiento de la infracción, y para concederse deberá tenerse presente que la infracción no revista gravedad, así como los antecedentes del adolescente y su medio familiar.
Al adolescente que es separado del proceso por la Remisión se le aplicará la medida socio-educativa que corresponda, con excepción de la internación, las actividades que realice el adolescente como consecuencia de la Remisión del proceso deberán contar con su consentimiento, el de sus padres o responsables y deberán estar de acuerdo con su edad, su desarrollo y sus potencialidades.
4.5 MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL NIÑO QUE COMETA INFRACCIÓN A LA LEY PENAL
El niño que comete infracción a la ley penal le corresponde las medidas de protección, las cuales son aplicadas por el Juez de Familia, y estas pueden ser:
a) El cuidado en el propio hogar, para lo cual se orientará a los padres o responsables para el cumplimiento de sus obligaciones, contando con apoyo y seguimiento temporal por Instituciones de Defensa;
b) Participación en un programa oficial o comunitario de Defensa con atención educativa, de salud y social;
c) Incorporación a una familia sustituta o colocación familiar; y
d) Atención Integral en un establecimiento de protección especial.
MATERIA PROCESAL TUTELAR
5.1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL NIÑO Y ADOLESCENTE EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO
El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MINDES, de acuerdo al artículo 243 del Código de los Niños y Adolescentes podrá aplicar al niño y al adolescente que lo requiera cualquiera de las siguientes medidas de protección:
a) El cuidado en el propio hogar, para lo cual se orientará a los padres o responsables al cumplimiento de sus obligaciones, contando con apoyo y seguimiento temporal por Instituciones de Defensa;
b) La participación en el Programa oficial o comunitario de Defensa con atención educativa, de salud y social;
c) Incorporación a una familia sustituta o colocación familiar;
d) Atención Integral en un establecimiento de protección especial; y
e) Dar en adopción al niño o adolescente, previa declaración del Estado de Abandono por el juez especializado.
Los directores de los establecimientos de asistencia social u hospitalaria, públicos o privados, están obligados a informar al MIMDES, el cual al tomar conocimiento, mediante informe policial o denuncia de parte, abrirá investigación tutelar, con conocimiento del Fiscal de Familia y dispondrá en forma provisional las medidas de protección pertinentes.
En la resolución de inicio de la investigación tutelar, el MIMDES o la institución autorizada dispondrá las siguientes diligencias:
a) Declaración del niño o adolescente;
b) Examen psicosomático para establecer su edad.
c) Pericia Pelmatoscópica para establecer la identidad del niño. Conocida ésta, se adjuntará la partida de nacimiento y la copia del examen psicosomático, y deberá emitirse la pericia en el término de dos días.
d) Informe del Equipo Multidisciplinario o el que haga sus veces, para establecer los factores que han determinado la situación del niño o adolescente; y
e) Informe de la División de Personas Desaparecidas, a fin de que indique si existe denuncia por la desaparición del niño o adolescente.
En esta parte es necesario tener presente lo dispuesto por el articulo 247° del Código de los Niños y Adolescentes. “Emitidos los informes a que se refiere el artículo precedente, el PROMUDEH (mimdes o la institución autorizada solicitará a la Policía la búsqueda y ubicación de los padres o responsables. De no ser habidos, la notificación se hará por el diario oficial y otro de mayor circulación del lugar del último domicilio del citado, si fuere conocido o, en su defecto, en el lugar de la investigación. La publicación se hará por dos días en forma interdiaria. Además, se notificará por radiodifusión en la emisora oficial en igual forma. De no ser habidos los padres o responsables del niño o adolescente, una vez concluida la investigación, el PROMUDEH o la institución autorizada remitirá al Juez especializado el expediente de la investigación tutelar a fin de que expida la resolución de la declaración judicial de estado de abandono.
5.2. DECLARACIÓN JUDICIAL DEL ESTADO DE ABANDONO
El articulo 248° del Codigo de los Niños y Adolescentes ha determinado las causales por las cuales el Juez de Familia podrá declarar en estado de abandono a un niño o adolescente:
a) Sea expósito;
b) Carezca, en forma definitiva, de las personas que conforme a la ley tienen el cuidado personal de su crianza, educación o, si los hubiera, incumplan las obligaciones o deberes correspondientes; o carecieran de las calidades morales o mentales necesarias para asegurar la correcta formación;
c) Sea objeto de maltratos por quienes están obligados a protegerlos o permitir, que otros lo hicieran;
d) Sea entregado por sus padres a un establecimiento de asistencia social público o privado y lo hubieran desatendido injustificadamente por seis meses continuos o cuando la duración sumada exceda de este plazo;
e) Sea dejado en instituciones hospitalarias u otras similares con el evidente propósito de abandonarlo;
f) Haya sido entregado por sus padres o responsables a instituciones públicas o privadas, para ser promovido en adopción;
g) Sea explotado en cualquier forma o utilizado en actividades contrarias a la ley o a las buenas costumbres por sus padres o responsables, cuando tales actividades sean ejecutadas en su presencia.
h) Sea entregado por sus padres o responsables a otra persona mediante remuneración o sin ella con el propósito de ser obligado a realizar trabajos no acordes con su edad; y
i) Se encuentre en total desamparo.
La falta o carencia de recursos materiales en ningún caso da lugar a la declaración del estado de abandono. La resolución que declara al niño o adolescente en estado de abandono podrá ser apelada en el término de tres días ante la instancia judicial superior. Si como resultado de la investigación tutelar se estableciese que el niño o adolescente ha sido sujeto pasivo de un delito, el MIMDES o el Juez especializado remitirá los informes necesarios al Fiscal Penal para que proceda conforme a sus atribuciones.
Bolivia, CODIGO DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE, La Paz, 1999.
Brasil, ESTATUTO DE NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, Brasilia, 1990
Chile, CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 1996.
Colombia, CODIGO DE MENOR, Bogotá, 1990
Costa Rica, CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 1998
Ecuador, CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Quito, 2003
Fermín Chunga Lamonja, CODIGO DE MENORES, Lima, 1978.
Fermín Chunga Lamonja, EL ADOLESCENTE INFRACTOR Y LA LEY PENAL, Editorial Grijley, Lima, 2007.
Guatemala, CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD, 1996
Nicaragua, CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENTE, 1998
Paraguay, CODIGO DEL MENOR, 1981
Perú, CODIGO DEL MENOR, Lima, 1962.
Perú, CODIGO DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE, Lima, 2000
Perú, CONSTITUCION POLITICA DEL PERU, Lima, 1993,
Santo Domingo, CODIGO PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, 1994.
Uruguay, CODIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, 2004.
Venezuela, LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DEL NIÑO Y ADOLESCENTE, Caracas, 1998.
[1] Fermín Chunga Lamonja, Código de Menores, Lima, 1978, pagina 57.
[2] Fermín Chunga Lamonja, Código de Menores, Lima, 1978, introducción.
[3] Idem, pag. 43.
[4] Código de los Niños y Adolescentes, Artículo VII.- Fuentes:
En la interpretación y aplicación del presente Código se tendrá en cuenta los principios y las disposiciones de la Constitución Política del Perú, la Convención sobre los Derechos del Niño y de los demás convenios internacionales ratificados por el Perú. En todo lo relacionado con los niños y adolescentes, las instituciones familiares se rigen por lo dispuesto en el presente Código y el Código Civil en lo que les fuere aplicable.
[5] Código Civil, articulo 46°: Fin de la incapacidad de mayores de 16 años por matrimonio o título
La incapacidad de las personas mayores de dieciséis años cesa por matrimonio o por obtener título oficial que les autorice para ejercer una profesión u oficio.
[6] Competencias conforme al artículo 134° del Código de los Niños y Adolescentes.
DIVORCIO NOTARIAL Y MUNICIPAL
Escrito por pabloalvarez 19-05-2008 en General. Comentarios (4)
EL DIVORCIO NOTARIAL Y MUNICIPAL
El pasado 16 de mayo 2008 ha sido publicado en El Peruano la Ley 29227 que regula el proceso de Separacion Convencional y Divorcio Ulterior (Mutuo Acuerdo) a tramitarse ante Notarias y Municipalidades.
Requisitos generales o básicos:
- Haber estado casados por lo menos 2 años.
- Debe estar resuelto los temas que se deriven del ejercicio de patria potestad de los hijos, esto procede si la pareja no tuvo hijos o no tiene hijos menores de edad, o si ha celebrado un acta de conciliacion que regule lo concerniente a la patria potesta, alimentos, tenencia y regimen de visitas; los acuerdos deben ser de manera tal que pueda verificarse su cumplimiento, es decir no deben ser ambiguos sino precisos.
- Debe estar resuelto los temas que se deriven de la liquidacion de la sociedad conyugal de gananciales. Esto quiere decir que no hayan bienes ni deudas que liquidar, o que los conyuges hayan procedido a una variacion del regimen patrimonial y/o a una liquidacion de la sociedad conyugal, procedimiento que se realiza por Escritura Publica debidamente inscrita en el Registro correspondiente.
Siempre y cuanto se tenga una buena solicitud llena y con los documentos que la sustenten como partida de matrimonio, partidas de nacimiento de los hijos, acta de conciliacion, etc., segun sea el caso, se presentan y luego de verificar el cumplimeinto de los requisitos se convoca a audiencia, la misma que se debe desarrollar dentro de los 15 dias posteriores; en dicha audiencia los conyuges o sus apoderados deben manifestar su voluntad o no de seguir con el tramite de divorcio, de ser asi, el Notario o el Alcalde expediran una resolucion o acta notarial declarandose la separacion conencional, ojo aun no estan divorciados.
La salvedad que se da, es que en caso de inasistencia se convoca a una segunda y definitiva fecha para la audiencia.
Dos meses despues de expedida la resolucion o acta notarial de separacion convencional, cualquier de los conyuges puede solicitar (ojo: es a pedido de parte) que se declare disuelto el vinculo conyugal, solicitud que debe ser atendida en 15 dias. Una vez declarado la disolucion del vinculo conyugal (divorcio), se procede a expedir los partes y/o oficios ante la RENIEC o ante la Oficina del Registros Civil correspondiente a fin de inscribir el divorcio en el acta de matrimonio, asi como a inscribir el divorcio en el Registro de Personas Naturales de los Registros Publicos.
En resumen, el tramite es similar al seguido ante un Juez de Familia, solo se espera que sea mas corto y no muy costoso.
Actualmente aun no se puede tramitar el divorcio ante una Municipalidad por cuanto falta el Reglamento de la Ley y porque el Ministerio de Justicia evaluara y/o acreditira a las municipalidades distritales y provinciales que estan en posibilidad de atender el tramite del divorcio en sede municipal.
Si va a iniciar un proceso de divorcio por "mutuo acuerdo", busque el consejo de un Abogado especializado en derecho de familia, pues el plantear una buena solicitud con todos los requisitos de ley, le asegura un buen resultado.
En cuanto a los costos, deben ser similares o incluso mayores de un proceso seguido judicialmente, esto depende sobre todo si hay hijos o patrimonio sobre el cual haya que acordar; el ahorro vendria en cuanto al tiempo, pues un divorcio notarialmente podria declararse en 4 meses, mientras que en la via judicial es 1 año aproximadamente. En todo caso puede consultarnos sin compromiso a: alvalira@hotmail.com
Como constituir una Asociación
Escrito por pabloalvarez 07-04-2008 en General. Comentarios (1)
De acuerdo a nuestra legislación, un organismo sin fines de lucro puede constituirse a través de la conformacion de una Asociación, un Comité o una Fundación; trataremos brevemente acerca de la conformación de una Asociación la cual es una organizacion de personas que a traves de una actividad comun procuran un fin no lucrativo.
Para conformarla se requiere un mínimo de 2 personas no existiendo un limite en el número de asociados, nace suscripcion del acta de fundación y con la aprobación del estatuto el cual debe constar por escritura publica, esto quiere decir que los pasos son los siguientes:
1.- Se sugiere la reserva del nombre o denominación de la Asociación a conformar, dicha reserva se hace ante los Registros Públicos.
2.- Comprar y legalizar notarialmente los libros sociales, por lo menos el libro de actas y el libro padrón.
3.- Suscribir el Acta de Fundación, y aprobar el estatuto el cual debe contener la denominación, duración y domicilio, los fines, los bienes que integran el patrimonio social, la constitución y funcionamiento de la asamblea general de asociados, consejo directivo y demás órganos de la asociación, las condiciones para la admisión, renuncia y exclusión de sus miembros, los derechos y deberes de los asociados, requisitos para la modificación del estatuto, normas para la disolución y liquidación de la asociación, y otras normas, pactos y/o disposiciones transitorias y/o finales.
Es necesario señalar que si bien toda Asociacion debe tener a su asamblea general como organo supremo y al Consejo Directivo como órgano directivo, puede crear otros órganos y/o cargos; es necesario tener presente que el estatuto es diferente respecto a una Asociacion de pobladores, religiosa, de comerciantes, de profesionales, ONG, etc., estas diferencias nacen en el objeto social y en los fines de cada Asociacion.
La diferencia antes referida la podemos graficar de la siguiente manera: (1) Una Asociacion que se constituira como una ONG debera contar con un Director Ejecutivo y/o una Gerencia de Proyectos, y es recomendable no tener un numero muy grande de asociados. (2) Una Asociación religiosa no católica, debe regular su régimen interno de acuerdo al estatuto, normas y/o preceptos de la autoridad eclesiastica y/o de acuerdo al tipo de fe que se profesa, asimismo, cuenta con una autoridad o autoridades religiosas como el Pastor, Obispo, Concistorio, Consejo de Pastores, etc. (3) Una Asociación de pobladores, habitualmente es conformada por vecinos que buscan mejorar su calidad de vidad como contar con servicios básicos, pistas, veredas, etc., o buscan la defensa de derechos, oh buscan la obtención de beneficios, etc.
alvalira@yahoo.es
Escrito por pabloalvarez 15-02-2008 en General. Comentarios (4)
Una necesidad frecuente de nuestros compatriotas en el extranjero, es realizar tramites o resolver situaciones de caracter juridico, en el Peru. Una de estas es la disolucion del vinculo matrimonial.
La Disolucion del vinculo matrimonial se da por nulidad de matrimonio o por divorcio, hablaremos del segundo.
Cuando uno o ambos conyuges se encuentran en el extranjero, pero se casaron en el Peru, es recomendable intentar una separacion convencional (mutuo acuerdo) con divorcio ulterior, este proceso es mas corto y mas economico, basta un abogado especializado en derecho de familia que asesore a ambos conyuges y que estos se pongan de acuerdo en una propuesta de convenio acerca de la patria potestad, alimentos y liquidacion de la sociedad de gananciales. El proceso se tramita ante un Juez de Familia o Mixto, y el tiempo aproximado es de 8 meses a 1 año (dependiendo de la carga de trabajo del Juzgado)
De no haber acuerdo, se recurrira a un divorcio por causal, en este caso es usual emplear la causal de separacion de hecho; tambien se puede recurrir las causales de adulterior, conducta deshonrosa, violencia familiar, etc. Este es un proceso largo (aproximadamente 2 años) y costoso, por lo que antes de iniciarlo se debe poner especial atencion en las pruebas a presentar, de manera que se obtenga un buen resultado. Cualquier consulta o sugerencia a: alvarezlira_abogados@yahoo.es
Cristiano. abogado especializado en temas de derecho de familia y derecho civil
Abogado peruano con capacitacion y experiencia en Derecho Civil y de Familia; asesoria legal y patrocinio como abogado a personas e instituciones.

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 49
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 46
 resolución 
 artículo 133
 resolución 
 artículo 160
 artículo 183
 artículo 193

Artículo 194

Artículo 195
 artículo 223
 artículo 243
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 134
in fine