Source: http://www.slideshare.net/OscarAraosGuzman/oscar-araos-guzman-vs-caso-gate
Timestamp: 2016-05-24 10:02:36+00:00

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Sentencia de la arista principal de...
OSCAR ARAOS GUZMAN, Ingeniero Civil at AraosGuzman.Org
OSCAR ARAOS GUZMAN V/S CORRUPCION POLITICA EN CASO GATE
OSCAR ARAOS GUZMAN - Apelación Caso GATE, fallo deprimera instancia.Oscar Araos Guzmán v/s Estado de ChileI. CONTEXTO EN QUE OCURRIERON LOS HECHOSEstá acreditado en el proceso, que el Estado de Chile a través de sus máximas autoridades deGobierno diseñaron a su entero amaño decenas de contratos realizados por el MOP para realizarexacciones ilegales, donde como constante, los únicos beneﬁciados fueron sus propios creadores,sus partidos y operadores políticos, autoridades de gobierno y funcionarios de altas jerarquías sopretexto de mejoramientos de sueldos necesarios para enfrentar intensivos planes de construcciónde infraestructura que se materializaron en aquella época. Estos personeros del Estado, sin excepción, y en forma reiterada, de acuerdo a sus propiasdeclaraciones, algunos inclusive durante varios años recibieron sobres con elevadas sumas de dinero en efectivo, nadie cuestionó su procedencia, ingresos que jamás incorporaron en susdeclaraciones de impuestos y que justiﬁcaron ante la jueza con burdos argumentos, tales como quecorrespondían a servicios profesionales que realizaban después de la hora de trabajo pero que noentregaban informes de respaldo, o que correspondían a asesorías realizadas por teléfono. Lamayoría de estas supuestas asesorías cabían dentro de su propio ámbito funcionario.-Nótese que ninguno de estos “asesores”, ﬁrmó acuerdo formal al respecto, ni cumplía con la debidainscripción y reglamentación exigida por decretos supremos de nuestra República para larealización de trabajos de consultoría al Estado.Entre los centenares de personajes y autoridades que proﬁtaron de estas exacciones ilegales, cabedestacar no sólo a los funcionarios de las mismas unidades responsables de llevar adelante elprograma de concesiones del MOP y sus Inspectores Fiscales, sino también y lo que es más grave,a abogados del CDE y de la Procuraduría Fiscal, decenas de agentes púbicos , directores dedepartamentos, jefes de Servicio, Intendentes, políticos, partidos políticos, funcionarios del Estadoy de Universidades Estatales, Subsecretarios, Seremis de Gobierno, Ministros de Estado, inclusiveel mismísimo ex presidente de la República Sr. Ricardo Lagos Escobar recibió ﬁnanciamiento parasu campaña política a través de este procedimiento. Todos ellos, dadas sus investiduras de“servidores públicos” por ley estaban obligados de ﬁscalizar este tipo de irregularidades.Este proceder generalizado, fue bautizado como la “ideología de la corrupción” por uno de losmismos políticos que confesó durante el proceso recurrido recibir periódicamente dinero en sobrespara ﬁnanciar su propio partido, también perteneciente a la coalición de gobierno.
Gracias a una exitosa maniobra política realizada con la oposición por el gobierno del Sr. Lagos, yainvestido como Presidente de la República, se acordó ilegalmente que las investigaciones en tornoa esta situación se limitaran a un período inferior al plazo legal dentro de una mal llamada “políticade los acuerdos”, que en los hechos actuó como política de la impunidad, lo que en deﬁnitivaimpidió que se pudiera dilucidar en su magnitud y profundidad los hechos tal como ocurrieron.El efecto de este irregular acuerdo, sin excepción, permitió que cada una de las personas que poraños proﬁtaron de exacciones ilegales, ni siquiera fueran requeridas por la justicia, tampoco por elSII, organismo que ante la opinión pública se apresuró en justiﬁcar que el dinero recibido en sobresprovenientes de exacciones ilegales o platas negras no es tributable, por lo que no se comete delitoalguno al no declararlo ni pagar los impuestos respectivos.En este contexto, que demuestra un caos moral inédito en la democracia chilena, el Ministro deObras Públicas en conjunto con un puñado de colaboradores, idearon procedimientos para abultar einventar contratos, muchos de ellos inexistentes, con el único ﬁn de ﬁnanciar sobresueldos,campañas políticas y dineros para otros ﬁnes no especiﬁcados sin descartarse el enriquecimientopersonal de más de alguno de ellos pues gran parte nunca fue habido.El Ministro de Obras Públicas de la época, en plena campaña electoral donde ganó la presidencia elSr. Ricardo Lagos Escobar, y de la cual era su principal encargado de las recaudaciones para suﬁnanciamiento, secundado según sus propias declaraciones por don Sergio Cortés de quien señalaque “lo ayudó en la recolección de fondos en la campaña del Presidente Lagos en 1999”, en otrade sus “ocurrencias”, citó a su casa a los directores de las más grandes empresas constructorasactivas en el MOP, donde les solicitó aportes. Todos ellos curiosamente, y sin que supuestamentese lo solicitaran explícitamente entregaron la misma cifra de dinero, $100 Millones.Las empresas que no asistieron fueron citados posteriormente por el Director Nacional de Vialidad asu despacho donde se les planteó lo mismo, por lo que terminaron aportando la misma cantidad dedinero.La declaración del Director Nacional de Vialidad ,depuesta a fojas 1204, conﬁrma lo indicado perova aún más lejos respecto de lo que ocurría en el manejo de los contratos de construcción de obraspúblicas, agregando “que desde que asumió como Director Nacional de Vialidad advirtióirregularidades en el manejo de los contratos de ejecución de obras, por cuanto aparecíanabultados el valor de los contratos, ya sea mediante el sistema de aumento de obra o cambio deespeciﬁcaciones no justiﬁcadas.”Para respaldar dichos “aportes” de las empresas constructoras, una desconocida empresa de papelrecientemente creada por un ex Seremi de Gobierno con ambiciones políticas, y de la mismacoalición del ministro, denominada GATE, repartió a diestra y siniestra facturas falsas para que lasempresas donantes respaldaran los giros de dinero ante el SII, su glosa indicaba que correspondían al pago de asesorías medioambientales falsas jamás realizadas.Con la estatal Universidad de Chile se crearon decenas de asesorías falsas para estos mismos ﬁnes,en las cuales también participó esta misma empresa GATE.
Con el gremio de los consultores el mecanismo utilizado fue similar al empleado por años con laUniversidad de Chile, pero “perfeccionado”, pues se involucraron decenas de nuevos actores, todasellas consultoras del Ministerio de obras Públicas que prestaban servicios para el plan deConcesiones de infraestructura. En la mayoría de estos casos, los funcionarios públicosresponsables de llevar adelante las contrataciones de consultorías, se dedicaron a contratar serviciosinexistentes, abultar contratos con partidas falsas, y en el mejor de los casos incorporar supuestosgastos a realizar en partidas reales, pero que manejarían a discreción para solventar gastos generalesy/o gastos directos realizados en la administración de los servicios contratados.Los jefes de área en conjunto con los inspectores Fiscales, responsables de la redacción de lasbases administrativas, se coludieron para crear y manipular contratos reales o sencillamenteartiﬁciosos, imponiéndole a los consultores la obligación de pagar servicios a tercerossupuestamente ya realizados por la misma empresa utilizada para encubrir el pago de las empresasconstructoras, la misma empresa GATE empleada frente a las empresas constructoras y frente a laUniversidad de Chile, a quien los consultores no conocían, excepto este puñado de funcionariospúblicos. GATE sólo salió a la palestra pública después de una publicitada denuncia de auto robo en el queuna de las secretarias de la empresa denunció a la justicia que dicha acción había sido generada porsu propietario, Héctor Peña Véliz para comprar su cupo en el partido socialista como candidato adiputado por Copiapó. Otra de sus secretarias aﬁrmó al Tribunal que Peña véliz, “cuando laconoció la había invitado a estafar a la CORFO”. Los Inspectores Fiscales designados en cadacontrato, impusieron a todos los consultores o a su representantes ante el MOP, diversas cuentascorrientes en que deberían cancelar el o los pagos respectivos, especiﬁcando principal ydirectamente la cuenta corriente de un supuesto funcionario público, el cual se hacía pasar por un habilitado contable del MOP pues operaba en una oﬁcina dentro del mismo Ministerio de ObrasPúblicas, contigua a la del Ministro, en Morandé 59, Santiago, frente a la Moneda, y que después deestallar este caso recién se supo que era en realidad el contador de GATE.En otros casos, a los consultores también se les imponía el pago de servicios por trabajosmedioambientales supuestamente realizados también por la empresa GATE, o personasrelacionadas con esta misma compañía, pagos que según los inspectores efectivamente habían sidorealizados y recibidos a plena conformidad por el servicio, y que se ajustaban al serviciocontratado pues caían dentro del pago de personal profesional, estacionamientos, viáticosmovilización, comunicaciones, oﬁcinas y gastos generales.Como es natural, a los consultores no se les participaba del ardid ideado, y menos se les daba aconocer que dichos recursos los utilizarían para ser distribuidos entre ellos mismos, sus aliadospolíticos y los otros usos antes enumerados.II. AUTOS DE PROCESAMIENTONinguna empresa constructora fue acusada de nada, pues hábilmente se defendieron señalando queel dinero entregado se trataba de “donaciones espontáneas”, lo cual llama la atención por decir lomenos, pues es contradictorio que si alguien dona algo reciba a cambio una factura falsa parajustiﬁcar el gasto, pues en ese mismo instante deja de ser donación. El abultamiento de contratos enlas obras de construcción denunciadas por el Director Nacional de Vialidad no fue investigado, opor lo menos no se llegó a ningún resultado pues no se hace referencia en este fallo.
A la mayoría de las autoridades que idearon y dieron curso a estos contratos y a las decenas depersoneros políticos y funcionarios que proﬁtaron de exacciones ilegales tampoco les pasó nada,jamás declararon como imputados, varios ni siquiera fueron citados a declarar. Otros lo hicieronpor oﬁcio.Aparentemente la receptación es un delito penalizado por nuestro ordenamiento jurídico, pero sólosi se trata de cables de cobre, si es de dinero en sobres no pasa nada.Doce empresas consultoras, todas ellas inscritas en diversos registros del MOP fueron utilizadospara estos ﬁnes por Agentes del Estado de Chile. Sus representantes ante el MOP sin excepciónfueron acusados por la Ministra Instructora del caso a pesar de no haber ideado ni proﬁtado delardid ideado por agentes del estado, salvo uno de ellos que hasta cobraba una comisión por susservicios. Todos estos ejecutivos terminaron presos y ﬁrmando libros de excarcelados por más desiete años, ninguno de ellos había sido alguna vez encarcelado ni sometido a proceso alguno.Las apelaciones de los consultores en general coincidieron en que toda esta mecánica había sidoimpuesta unilateralmente por el MOP utilizando contratos por adhesión, a pesar que variosreconocieron que dichos servicios correspondían a contratos falsos señalaron que ningunaparticipación les había cabido en la redacción de las bases ni en la ﬁjación de los montos abultados.2º varios reconocieron que fueron múltiples los contratos donde habían sido sometidos a estemismo tipo de procedimientos por imposición de personeros de la unidad de Concesiones y sus inspectores ﬁscales. 3º Que ninguna información se les dio respecto del destino en que dichosrecursos fueron utilizados y que supusieron de buena fe que efectivamente habían sido empleadospara el funcionamiento de la unidad de concesiones para operación del sistema. 4º Que noproﬁtaron de aquellos recursos, salvo uno, que reconoció que se quedaba con una parte de cadacontrato que aceptaba, pero que en todo caso cobraba menos que la Universidad de Chile por estosmismos servicios.El único consultor que jamás reconoció haber realizado contratos falsos ni haber abultado el preciode los contratos fue Ábaco Ingenieros Consultores, alegando por el contrario, que a los contratos deexpropiaciones manejados por agentes del Estado, con la venia de la Contraloría General de laRepública, no fue necesario manipularlos pues eran los únicos que permitían al mandante ﬁnanciarítems de gastos generales y administrativos en cantidades no precisadas, invocadas a discreción porla Inspección Fiscal, y que por algo el día de hoy , bases de esta naturaleza están prohibidas. III. DE LA EXPERIENCIA PREVIA DE ABACO INGENIEROS CONSULTORES ENCONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y EXPROPIACIONESSegún se demostrará, la única razón por la cual OSCAR ARAOS GUZMÁN, residente en la ciudadde Concepción de la Región del Bio Bio, se encuentra involucrado en el caso GATE, es porque a lafecha de los hechos se desempeñaba, como representante legal de un holding de ocho empresas conasiento en la ciudad de Concepción, y que como tal debía suscribir los contratos adjudicados poreste grupo de compañías, y ﬁrmar los cheques requeridos para ﬁnanciar sus operaciones para darcumplimiento a sus obligaciones impuestas por contrato.
Este holding compuesto por ocho compañías y más de 130 trabajadores , todas reales, ninguna depapel, estaba conformado por: AEROINGENIERÍA destinada al estudio de Ciencias de La Tierray al desarrollo de modelos tridimensionales de la superﬁcie terrestre utilizando vuelos aerofotogramétricos aerocontrolados por satélites; VISIÓN EMPRESARIAL orientada a lacertiﬁcación de calidad en la industria agrícola de exportación; BYA INGENIEROS empresaconstructora; TEC CHILE Ltda. empresa orientada a la implementación de nuevas tecnologías encentros tecnológicos y universitarios, GENERA CORP Inversiones, INMOBILIARIA LOSCISNES, INMOBILIARIA CONCEPCIÓN, y ﬁnalmente ABACO INGENIEROS orientada aldiseño de grandes proyectos de Ingeniería para la unión del territorio chileno en la provinciaAntártica chilena y autopistas concesionables, en la zona centra centro sur del país, tal como la RutaInterportuaria obra concesionada de la cual es su autor.Oscar Araos guzmán, ingeniero de vasta experiencia y creador de todas esas compañías, jamásvinculado a partido político alguno, ha dictado diversas conferencias de ingeniería en distintospaíses del Asia, Europa y USA en temas relacionados al quehacer de sus compañías, por lo que fue homenajeado por su emprendimiento en un encuentros internacional de empresarios en Brasil elaño 2003.En su calidad de representante legal de las compañías señaladas actuaba como único habilitadopara ﬁrmar los contratos que cada una de las ocho empresas suscribía con sus múltiples clientes,además debía ﬁrmar centralizadamente la totalidad de los cheques generados por cada una de esas compañías, de acuerdo a los requerimientos ﬁnancieros solicitados por sus administradores yrepresentantes necesarios para el pago de los costos operacionales de acuerdo a los contratosadjudicados.Todas estas empresas sin excepción, producto de una persecución política planiﬁcada y urdida poragentes el estado de Chile y profusamente destacada en los medios de prensa en contra de OscarAraos Guzmán y su familia, donde medios de prensa como EL MERCURIO llegaron a aﬁrmar queOscar Araos Guzmán es uno de los dueños de GATE y que además habría tenido participación enla desaparición de Jorge matute Johns, terminaron por hacerlas desaparecer, una a una, sumidas todas en la banca rota.ABACO INGENIEROS fundada en Concepción el año 1985, después de muchos años logróobtener su inscripción en 1º Categoría Superior del Registro de Consultores del MOP.Abaco tenía en Santiago una unidad exclusivamente orientada a la asesoría de expropiaciones,que atendía al MOP y a diversas empresas concesionarias desde antes que se formara la unidad deexpropiaciones del MOP. Estaba dirigida por un profesional especialista en estas materias, SR.JAVIER RIVAS VÁZQUEZ, cuyas amplias atribuciones le permitían representar a la compañíaante los mandantes, estudiar nuevas propuestas, presentar presupuestos, contratar personal, negociary ﬁrmar estados de pago ante los mandantes, y especialmente ante la Unidad de Concesiones delMOP. Sólo no tenía poder para ﬁrmar contratos y ﬁrmar cheques.Como se dijo, el área de expropiaciones de Abaco se inició varios años antes de la existencia de laUnidad de Expropiaciones de la Unidad de Concesiones, especíﬁcamente a partir del desarrollo de
las expropiaciones de la Autopista de Acceso Norte a Concepción y Construcción del Canal LajaDiguillín en la VIII Región.Esta experiencia, en esa fecha única entre las empresas consultoras de Chile, motivó a la Unidad deConcesiones de Carreteras del MOP para solicitarle su colaboración en un gigantesco programa deexpropiaciones para obras concesionadas, para el cual el Fisco no tenía unidades conformadas nisuﬁciente personal especializado con el expertise requerido, experiencia que en Chile, en esemomento tan sólo Abaco podría ofrecerles.Después de un par de contratos eﬁcientemente desarrollados por Ábaco, donde la compañíademostró satisfactoriamente su experticia, meses después de iniciados los primeros trabajos, elMOP le solicitó a Abaco hacerse cargo de dos contratos fracasados, que estaban rescindiéndole ados empresas que no habían dado resultado en expropiaciones, Ingeniería 4 y Zeppa Ltda.Consultoras tradicionales, la primera de ellas una de las consultoras más grandes del país(proyectista del Puente colgante a emplazarse sobre el canal del Chacao). El atraso de estascompañías estaban originando demandas de parte de los concesionarios contra el Fisco de Chile porno entrega a tiempo de los lotes expropiados para dar inicio a las obras. Por esta razón, dada la urgencia de retomar esas labores y a la necesidad de terminarlasaceleradamente en reducidos plazos, por trato directo le fueron adjudicados a Ábaco Ingenieroslos trabajos abandonados y liquidados, jamás producto de un favor político ni producto denegociaciones ilícitas.A este respecto cabe hacer presente que Oscar Araos Guzman a diferencia de la mayoría de los demás condenados involucrados en este proceso nunca ha pertenecido a partido político alguno, locual fue profusamente investigado por la jueza y por la policía civil para identiﬁcar algún nexo deAraos Guzmán con la administración quedando demostrado que jamás ningún vínculo ha existido. IV. DE LA ESTRUCTURA Y FORMA DE OPERAR DE LOS CONTRATOS DEEXPROPIACIONESUna consultoría en materia de expropiaciones tiene tres fases fundamentales:· La primera Fase corresponde al apoyo del proceso expropiatorio en su fase de terreno y, paraello, el consultor debe destinar gran cantidad de recursos técnicos y de personal para identiﬁcar alos propietarios, veriﬁcar la correspondencia de los planos de los proyectos de ingeniería con suaplicación en terreno, indagar a través de fotografías aéreas roles de avalúo, investigar en losConservador de Bienes Raíces, entrevistar a los propietarios, etc.· La segunda fase corresponde a la emisión de documentos para el proceso expropiatorio, comoinformes de tasación pre-periciales, estudios de títulos, planos deﬁnitivos de expropiaciones, etc.· La tercera fase se reﬁere al apoyo a los procesos administrativos que desarrolla el Ministeriode Obras Públicas a requerimiento del Servicio, con infraestructura y especialistas suministradospor el consultor que complementan los cuadros funcionarios. Esta labor se denomina de apoyo pues el consultor está impedido de llevarlo adelante por sí, pues tan sólo los funcionarios públicos estánhabilitados para expropiar, jamás un privado.
Dicho apoyo a los procesos administrativos contemplaban como obligación de parte del Consultorel establecimiento y mantención de oﬁcinas en diversas ciudades del país de acuerdo a como sepresentara el avance de los contratos y a la planiﬁcación de ejecución de obras de las empresasconcesionarias para entregarle sectores homogéneos expropiados. Incluía además el soporteadministrativo a la gestión de la Fiscalía M.O.P con múltiple personal de apoyo cuyo número nunca estuvo especiﬁcado explícitamente en las bases del contrato y sus Términos de Referenciacontractuales, salvo una cantidad de personal mínimo, nunca respetada, y que debía serautomáticamente incrementada en la medida que los contratos así lo requirieran, a sólorequerimiento de la Inspección Fiscal, en especial si las cantidades de lotes reales fueran superioresa las inicialmente contratadas, lo que en los hechos siempre ocurrió.Para todo este personal el consultor debía estimar a priori la infraestructura necesaria para queoperaran, movilización y Gastos Generales, esto es: alimentación, gastos de traslados,computadores, celulares, vehículos, viáticos y todo cuanto fuera necesario para dar cabalcumplimiento al servicio contratado, en deﬁnitiva un hoyo negro que permitía al inspector solicitarlegalmente lo que se le ocurriera.Es decir, las mismas bases, hábilmente urdidas por personeros gubernamentales y aprobadas por laContraloría General de la República de Chile, a través de estas cláusulas generales e imprecisas,habrían una caja negra que serviría para imponer al consultor cualquier petición irregular que se le ocurriera eventualmente a la inspección ﬁscal, lo que el día de hoy está expresamente prohibido.Los presupuestos que Abaco presentó en cada oportunidad incorporaron la valorización de las dosprimeras etapas o fases indicadas respecto de las cuales tenía el control de su administración yestaba relacionado con el ámbito técnico de la competencia de la misma, sin embargo, en lavalorización de la tercera fase intervino la Unidad de Concesiones , imponiendo unilateralmente alrepresentante de Abaco en Santiago considerar su estimación porcentual del costo del apoyo a losprocesos administrativos y de sus gastos generales, arguyendo que se había determinado de acuerdoa las necesidades de contratación extraordinaria de profesionales a honorarios que se destinaríanexclusivamente a la unidad de expropiaciones para actuar como contraparte del consultor (personaladicional a los mínimos establecidos por bases). Nótese que las Bases hablaban de mínimos, nuncade una cantidad precisa y menos de una cantidad máxima.Acto seguido, la Unidad de Expropiaciones impuso que no era conveniente que dicho personalfuera contratado directamente por el Consultor pues se generaría una dependencia laboral norecomendable, ye que actuarían justamente ﬁscalizando el avance y cumplimiento del consultor enterreno, razón por la cual y para darle una mayor agilidad al sistema, la Unidad de Expropiacionescontrataría personal de su conﬁanza directamente, por lo cual el consultor se limitaría a cancelar sushonorarios y gastos efectivamente realizados según lo instruyera la Inspección Fiscal.A Ábaco no le quedaba más que asumir este procedimiento en el entendido que efectivamente asíse emplearían los recursos, y que los gastos serían respaldados oportunamente a través de lainspección ﬁscal.El valor deﬁnitivo de la consultoría, se obtenía de las tres etapas así valorizadas.
V. IMPUTACIONES EN CONTRA DE OSCAR ARAOS GUZMÁN(pág. 550) “22° Que con el mérito de los antecedentes relacionados en el fundamento signado conel número 2º, apreciados en forma legal, han quedado establecidos en el proceso, los siguienteshechos…. (Pág 566) XI .En relación a las consultorías a que se reﬁeren las resoluciones de la DirecciónGeneral De Obras Públicas signadas con los números 444 y 207, adjudicadas a la empresa AbacoIngenieros Consultores Ltda.: a) Que la Coordinación General De Concesiones De La Dirección General De Obras Públicasrequería ﬁnalizar de manera oportuna y eﬁciente el proceso expropiatorio de diversos terrenos,para llevar a cabo la ejecución de las obras correspondientes a los contratos de concesióninternacional “Ruta 5 Tramos Chillán. Collipulli, Santiago-Los Vilos, Talca-Chillán Y Santiago-Talca (Sectores Acceso Sur A Santiago Y By Pass Rancagua”); razón por la que, la referidadirección, adoptó la decisión de contratar por trato directo una consultoría que efectuara un apoyoa la ﬁscalía del ministerio de obras públicas en la tramitación de dicho proceso. Para el logro de dicho objetivo, se estimó necesario que el consultor contara con personal idóneo, movilización,equipamiento y útiles de oﬁcina, según lo que se estipuló en los términos de referencia… f) Que durante la ejecución de los trabajos propios de la consultoría y una vez cursados losrespectivos estados de pago, la consultora procedió a efectuar 23 depósitos en dinero efectivo porla suma total de $ 211.573.953.- en la cuenta corriente personal que Luis Jara Núñez mantenía enel Banco Santander, en el período que corre entre el 31 de marzo y el 9 de noviembre de 2000,depósitos que nunca fueron respaldados contablemente. La referida persona no tenía ningunavinculación con el Ministerio de Obras Públicas. Además, la consultora pagó tres boletas dehonorarios extendidas por Gestión Ambiental y Territorial, GATE S.A., signadas con los números071, 081 y 087, por las sumas de $ 22.000.000.-, $ 11.000.000.- y de $ 20.000.000.- de 10 dediciembre de 1999, 15 de febrero de 2000 y de 28 de marzo de 2000, respectivamente, y depositó, el25 de mayo de 2000, en la cuenta corriente personal que Héctor Peña Véliz mantenía en el BancoSantander, la suma de $ 43.000.000.-. Tanto los depósitos de dinero como el pago de boletas dehonorarios se efectuaron previo acuerdo entre personeros del Ministerio de Obras Públicas y elconsultor, ascendiendo a la suma total de $ 307.573.953.-REFUTACIÓN:1. En el acápite anterior se demostró que los precios de las partidas a precios unitarios de estecontrato de expropiación, fueron menores a los de contratos anteriores realizados por Abaco para elMOP, y que las variaciones de precios entre un contrato y otro obedecen a mayores cantidades deobra pues los precios en realidad bajaron Incluyendo el % del costo de los servicios de apoyo a losprocesos administrativos y de gastos generales indicados por personeros de Concesiones previo a determinar el costo para la tercera fase.2. Que los estados de pago se le cancelaron a Ábaco de acuerdo al avance mensual “de lostrabajos propios de la consultoría” en terreno de partidas unitarias reales, 100% terminadas, y sólodespués que personal especializado de la unidad de expropiaciones diera visto bueno al estrictocumplimiento de acuerdo al contrato. Jamás se le pagó a Abaco partidas por anticipado, obrasinexistentes ni falsas que no procedieran de acuerdo al contrato,3. Se concluye de los puntos 1. Y 2. precedentes, que los dineros que Abaco recibió le pertenecíanpues se los había ganado legalmente producto de su eﬁciente gestión en el avance de los contratos.
4. Los diversos pagos realizados por el consultor a terceros, corresponden al resultado de un ardidarticulado por funcionarios de la Unidad de Concesiones, en contra del consultor, imponiéndole sucancelación después de invocar que obedecían a gastos reales propios al desarrollo del contrato,supuestamente originados en la contratación de profesionales adicionales y sus gastos generalesasociados. Veriﬁcación a la cual se le impidió al consultor realizar pues no le hicieron llegar lasfacturas de respaldo para su contabilidad generándole además un perjuicio ante el SII.Especíﬁcamente los pagos indicados por la Jueza realizados a la empresa Gestión Ambiental yTerritorial, se suponía que estaban enmarcados en servicios reales asociados a las labores deexpropiaciones, no había por qué dudarlo. El depósito realizado a la cuenta del Sr. Héctor PeñaVéliz del cual ni siquiera sabíamos de su existencia, y menos que fuera el dueño de Gate, fueproducto de una solicitud realizada por personal de la Unidad de Concesiones, para que se lerealizara un préstamo por un par de días para pagar honorarios atrasados al personal de esa unidad,para lo cual Abaco debió conseguirse un préstamo en el banco de la plaza. El dinero efectivamentefue reversado a Abaco días después, lo que la Magistrado pudo veriﬁcar con las cartolas respectivasque pusimos en su poder.5. Cada uno de los pagos realizados por el consultor, fueron cancelados por el departamento decontabilidad de Abaco, jamás por Oscar Araos, y sólo por instrucciones expresas de la inspecciónﬁscal al representante del área de expropiaciones de Abaco en Santiago.6. El 100% de dichos gastos se realizó girando cheques de la cuenta corriente de Abaco, nuncade la cuenta corriente de Oscar Araos, jamás en efectivo ni en sobres, y previo respaldo documental(vaucher) del destinatario (Unidad de expropiaciones del MOP), indicando fecha, monto a cancelar,cifra comunicada por el Inspector Fiscal al representante de Abaco de Santiago Sr. Javier Rivas, ysupuestamente destinada a cubrir el apoyo administrativo y gastos generales que la unidad deexpropiaciones había incurrido en el período, cifra que no era posible corroborar en la unidadcentral de Concepción, pues a pesar de la insistencia permanente de las facturas de respaldo, losrepresentantes del Estado de Chile que hacían de contraparte se negaban persistentemente enhacerlas llegar, insistencia que como se verá, le signiﬁcó a Abaco quedar fuera de las siguientespropuestas. 7. La cuenta corriente del Sr. Jara, fue entregada por personeros del Estado de Chile alrepresentante de Ábaco en Santiago, aduciendo que se trataba de un habilitado contable del MOPencargado del control de los gastos, lo cual permitiría respaldar posteriormente al consultor losdocumentos contables respectivos. Es de responsabilidad del MOP, que aquellos depósitos nofueron respaldados en la contabilidad de Abaco.8. Fotocopia de todo el registro pormenorizado de cheques y sus vaucher respectivos,clasiﬁcados por contratos, se hizo llegar en un tomo empastado inmediatamente a la Magistrado encuanto Abaco fue citado. Sin embargo la Sra. Jueza preﬁrió insistir hasta hoy en que se depositabadinero en efectivo, lo cual es sólo una parte de la historia, pues los cheques, a solicitud de laInspección Fiscal debían quedar liberados a la brevedad para pagarse los HONORARIOSprofesionales de quienes supuestamente habían prestado servicios en la unidad de expropiacionesel último período haciendo de contraparte de Abaco. Personal del cual Abaco no teníamos mayoresantecedentes pues la contratación supuestamente la había realizado directamente la Unidad deExpropiaciones Por esta única razón los cheques no iban cruzados. Como ambas cuentas bancarias,
la del supuesto habilitado y la de Abaco, correspondían al mismo banco (de Santander), ingresabana la cuenta como efectivo al momento de ser depositados.9. Respecto del Sr. Jara, la Sra. Magistrado indica que “la referida persona no tenía ningunavinculación con el Ministerio de Obras Públicas” Dicha aﬁrmación no es efectiva, pruebairrefutable de ello es que dicho contador operaba al interior del Ministerio de Obras Públicas, allado de la oﬁcina del Ministro, en Morandé 59, frente a la Moneda. El Sr. Jara se hacía pasar porfuncionario público, y conformaba parte del núcleo duro del engranaje que permitió al ministro ysus secuaces por años realizar exacciones ilegales cuyo destino en gran parte ni siquiera ha sidohabido, lo cual era imposible para el consultor detectar.Esta imposición obligó a Abaco a pagar no sólo los gastos indicados por la Sra. Magistrado, sinoademás contratar directamente a alrededor de quince abogados y procuradores del CDE para darsoporte administrativo de causas que debía llevar este consejo en terreno, y simultáneamentecancelar gastos adicionales para apoyo administrativo de decenas de profesionales supuestamentecontratados a través del habilitado contable del MOP. Así como era imposible descubrir o siquiera dudar que el habilitado contable no era tal, sino uncontador disfrazado de una desconocida empresa GATE, y que se hacía pasar como tal, tampocoera posible determinar si los profesionales a los cuales se les pagaba sus honorarios directamentepertenecían o no al CDE o también eran impostores. Tampoco era posible corroborar si los dinerosdepositados en la cuenta corriente del contador habilitado por Concesiones, efectivamente sedestinaba al pago de los gastos de apoyo administrativo y gastos generales de acuerdo a bases delcontrato.En deﬁnitiva era imposible para Abaco inferir que a través de la inspección ﬁscal y de la Unidad deExpropiaciones, el Estado de Chile a través de funcionarios de alta jerarquía, estuviera cometiendoinnumerables ilícitos e irregularidades administrativas, pues estaba compuesta por numerososabogados especialistas en derecho administrativo, ingenieros, y personal técnico, todossupuestamente ﬁscalizados por el aparataje contralor del Estado.Nadie está obligado a lo imposible. Tampoco Ábaco.Respecto a lo aﬁrmado por la Sra Ministra que “Tanto los depósitos de dinero como el pago deboletas de honorarios se efectuaron previo acuerdo entre personeros del Ministerio de ObrasPúblicas Y EL CONSULTOR, ascendiendo a la suma total de $ 307.573.953”, cabe indicar que dichos pagos obedecieron a una imposición de la Inspección Fiscal, jamás a un acuerdo de ningunanaturaleza, salvo el cumplimiento de la bases y términos de referencia del contrato.Se solicita a esta I. Corte precisar a quién se reﬁere la Sra. Magistrada como “Consultor”, pues noes lo mismo que se reﬁera al ente jurídico Abaco Ingenieros consultores; al representante delconsultor en Santiago Sr. Javier Rivas, o a Oscar Araos representante legal de Ábaco Ingenieros, oa Oscar Araos como persona natural, que como está demostrado jamás participó de ningún acuerdoni negociación con personeros del Ministerio de Obras Públicas, salvo la suscripción del contratoformal impuesto por adhesión y aprobado por Contraloría General de la República de Chile, yterminado a plena satisfacción del MOP.
En la práctica, durante el período que duró este contrato indagado, la fase de apoyo administrativoy gastos generales generó gastos rutinarios mensuales del orden de $25 millones.Atendiendo el numeroso personal que efectivamente hacía de contraparte, y el elevado costo deﬁscalización para certiﬁcar los avances reales de Abaco en terreno, y que abarcaba obras desde Serena a Puerto Montt, necesariamente debían incluirse además de los honorarios profesionales y traslado a los lugares donde se estaban efectuando las expropiaciones, los gastos de hospedaje,combustible, peajes, alimentación, insumos computacionales, impresiones, fotocopias, etc.. Poresta razón, los montos mensuales destinados para cubrir dichos gastos a través del habilitadocontable del MOP, fueron considerados en ese momento como razonables por Abaco, por lo que nose cuestionó el destino de los recursos cancelados, pues se supuso de buena fe, que efectivamente seestaban empleando de acuerdo a lo estipulado en las bases y que oportunamente como se habíaprometido serían respaldados.g) Que la consultora incorporó los depósitos que no fueron respaldados contablemente en la cuentadenominada “anticipo de proveedores”. Los respaldados con las boletas de honorarios extendidospor GATE S.A. fueron considerados como gastos en la contabilidad de la empresa consultora.Abaco aceptó como respaldo dichas facturas y boletas, correspondiente a gastos desembolsadospor instrucciones de la inspección Fiscal, en el entendido que se trataba de servicios realesentregados a la unidad de expropiaciones por sus emisores, pues así lo declaraba la inspecciónFiscal al solicitarlos.Después de aceptar dichas boletas de terceros entregadas por el MOP como respaldo de los gastosde apoyo administrativo, Abaco se negó a seguir aceptando facturas similares dudosas que pudieranser irregulares, facturas que como se ha visto, al MOP nada le costaba generar a través de GATE. Larazón por la cual los demás depósitos jamás fueron respaldados en la contabilidad de Abaco, debepreguntárseles a los funcionarios del MOP y no a ABACO. Como Abaco rehusó recibir facturas sospechosas con glosas que no se adecuaran a los servicioscontratados, tales como cursos de idiomas y estudios medioambientales que terminaron siendotodos falsos, contablemente se incorporaran dichos pagos realizados al MOP por concepto de apoyoa los procesos administrativos y gastos Generales en una cuenta denominada “anticipo deproveedores”, a la espera de recibir los respaldos respectivos, lo cual transparentaba esta situaciónante el SII, deslindando nuestras responsabilidades desde el punto de vista contable yadministrativo, lo cual no fue objetado en las auditorías contables realizadas por el Tribunal. Dichoprocedimiento no corresponde a una irregularidad, y por el contrario, transparenta esta situaciónante el SII. Obligándonos a pagar impuestos por dichos ítems por culpa del MOP.La persistente negativa del MOP en entregar las facturas de respaldo reales, generó una pugna entreAbaco y la Unidad de Concesiones que se extendió por varios meses, lo que le valió a Abacoquedar fuera de la siguiente propuesta de expropiaciones, razón por la cual, y mucho antes queestallara el caso GATE, el representante legal de Abaco Ingenieros, Sr. Oscar Araos Guzmaninterpuso una denuncia a Contraloría en contra de la Unidad de Concesiones del MOP, por manejoirregular de la licitación de contratos, lo cual le valió nunca más ser considerado en otros trabajosde consultoría. Antecedentes completos de esta denuncia fue entregado oportunamente a la Sra.Magistrado, por lo que se solicita a esta I. Corte solicitarlos y tenerlos a la vista.Nos preguntamos si es común que un consultor o empresa constructora demande al Estado, sobretodo considerando que de acuerdo a reglamento el que lo hace queda inhabilitado para presentarseen nuevas propuestas con el Fisco hasta que se solucione el conﬂicto.
Adicionalmente nos preguntamos si es común que se demande a un supuesto cómplice cuyainvestigación pudiera arrastrarles a ambos.h) Que la empresa GATE S.A. y Héctor PeñaEn efecto, GATE S.A. y Héctor Peña Véliz no prestaron ningún servicio como contraprestación alas sumas de dineros que les fueron depositadas en sus respectivas cuentas corrientes por Ábaco,porque jamás hicieron trato de ninguna naturaleza con Abaco. Ni siquiera se les conocía.La única razón por las que Abaco realizó depósitos en dichas cuentas corrientes, fue porque laInspección Fiscal intervino engañando al consultor indicándole que dichos servicios eran reales, yque habían sido recibidos a plena conformidad por el servicio, y que se ajustaban a los gastos deapoyo administrativo y gastos generales incorporados en el contrato, por lo tanto haciéndole creerque eran obligatorios para el consultor.Como se dijo, de igual manera, y por instrucciones similares, se le canceló honorarios a numerosos funcionarios del CDE, y también a muchos otros profesionales que supuestamente prestaronservicios para la unidad de expropiaciones o a la Fiscalía del MOP, y que de acuerdo a lo declaradopor el Inspector Fiscal también eran servicios reales, con la diferencia que en algunos casos eranpagados en forma directa por Abaco y otros a través del supuesto habilitado. Cuando Abaco cancelóen forma directa quedó con respaldos de sus honorarios, no así cuando le fue impuesto cancelarlos através del supuesto habilitado.En efecto, respecto al pago que Abaco había realizado a personal del CDE en el apartado 112º laSra. Ministra señala” … En lo referente a lo que se expresa en el oﬁcio emanado de la Presidentadel Consejo de Defensa del Estado, se debe tener presente que a la fecha de su emisión, 22 denoviembre de 2000, la Dirección General de Obras Públicas había celebrado con Ábaco IngenierosConsultores contratos con la ﬁnalidad, y es precisamente en conformidad a dichos contratos que laseñalada consultora satisﬁzo los honorarios de abogados y procuradores de ese consejo, los que,por lo demás, estaban consultados en forma expresa…”No es efectivo que el pago de dicho personal haya estado consultado en forma expresa dentro delas obligaciones del Consultor, pues ninguno de ellos estaba considerado en la oferta técnicoeconómica presentada por Abaco Ingenieros al presentar su oferta. Es más, dicho personal nisiquiera era parte del personal mínimo exigido por bases, sino era personal adicional por lo tantono estaban cuantiﬁcados expresamente dentro del contrato. A Ábaco no le quedaba más que creer elConsultor que era personal imprescindible y que efectivamente se emplearían de acuerdo a bases.Prueba irrefutable de lo anterior es la oferta técnico económica que se solicita a esta I. Corteveriﬁcar.El pago de los honorarios de estos funcionarios públicos, obedeció a la mecánica general impuestapor la inspección ﬁscal en todos los casos respecto de “apoyar la labor de la Coordinación Generalde Concesiones en los procedimientos expropiatorios que se estaban llevando a cabo”. La únicadiferencia entre una y otra situación es que por instrucciones de funcionarios del Estado, a través dela inspección ﬁscal al representante del consultor en Santiago, en algunos casos Abaco pagabadirectamente los honorarios prestados (cuando no correspondía a personal que ﬁscalizara a Abaco
caso personal CDE) y a través del habilitado a terceros cuando dichos servicios signiﬁcaran pagarhonorarios de personal de concesiones que hacía de contraparte a Ábaco y que lo ﬁscalizaba.El consultor no tenía forma de discriminar entre los servicios reales prestados y los que eransimulaciones de la inspección Fiscal y sus superiores, todos agentes del Estado, pues no esatribución del privado ﬁscalizar al Fisco de Chile, al CDE, a sus Servicios dependientes, ni a laContraloría General de la República.La Sra. Ministra y la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado curiosamente omiten pronunciarse si es o no una irregularidad que abogados y procuradores del CDE recibieranhonorarios por parte de Abaco, adicionales a sus remuneraciones propias de su cargo, por serviciosrealizados dentro de su hora de trabajo, cancelados siempre con cheques, nunca en sobres, porlabores que además están dentro del ámbito de las obligaciones de ese consejo. Si a la presidenta del CDE ni a la ministra le llaman la atención dicho procedimiento, menos alconsultor debiera haberle parecido extraño. Es más, para el consultor, la participación de abogadosy procuradores del CDE en procedimientos de esta naturaleza, no hacía más que avalar lo impuestopor el inspector ﬁscal, y reforzar la idea de que la mecánica en general empleada por la Unidad deConcesiones, en ese entonces era de conocimiento público, transparente, absolutamente lícita y enconformidad a las bases y reglamentaciones vigentes.¿Por qué el Honorable CDE, hoy convertidos en nuestros acusadores, no se percató durante los añosque proﬁtó de esta mecánica, que dichos procedimientos eran irregulares y constituíansupuestamente exacciones ilegales en contra del Estado?El fallo de la Sra. Magistrado Intenta castigar a Oscar Araos Guzmán, sin ninguna prueba legal, ensu calidad de representante legal de un holding de ocho empresas, por no haber tenido la sagacidadde percatarse a 500 kilómetros de distancia, desde la ciudad de Concepción, que en aquella época en realidad el Estado de Chile estaba controlado por una gigantesca maquinaria montada porfuncionarios públicos de altas jerarquías, destinada a la exacción ilegal de los recursos ﬁscales através de contratos de Consultorías y de Construcción de obras públicas.¿Acaso no son el CDE y la Contraloría General de La República cómplices en la aplicación de estosprocedimientos pues ambas instituciones estaban en pleno conocimiento de estos hechos?i. Que la cantidad de $ 307.573.953.- se destinó al pago de sumas de dinero que el ﬁsco de Chileno estaba obligado a solucionar.El Fisco pagó los servicios de expropiaciones contratados a Abaco efectivamente realizados y aplena conformidad por sus equipos profesionales, los cuales le permitieron “ﬁnalizar de maneraoportuna y eﬁciente el proceso expropiatorio de diversos terrenos, para llevar a cabo la ejecución delas obras correspondientes a los contratos de concesión internacional “Ruta 5 Tramos Chillán.Collipulli, Santiago-Los Vilos, Talca-Chillán y Santiago- Talca (Sectores Acceso Sur A Santiago y By Pass Rancagua”, por lo cual el Fisco Jamás fue demandado a pesar de la demora que signiﬁcó el haber rescindido el contrato a dos empresa que no fueron capaces de dar el servicio contratado.
Las cifras canceladas por el MOP corresponden a trabajos terminados, no ﬁcticios, cuyo detalle seencuentra respaldado por el acta de recepción respectiva. La cantidad de $ 307.573.953.- solicitadospor la Inspección Fiscal que no fue destinado a apoyo administrativo ni a gastos generales delcontrato, tampoco respaldado, en realidad no era obligación del consultor solucionar, por lo tantoson exacciones ilegales del Estado en contra del consultor, no al revés, privándole a este último delegítimas ganancias que de acuerdo a contrato legalmente le correspondían.XII. En relación a las consultorías a que se reﬁeren las resoluciones de la Dirección General DeObras Públicas Signadas 398 Y 399, Adjudicadas A La Empresa Consultora Abaco IngenierosConsultores Ltda.:a)Que la Coordinación General De Concesiones, de la Dirección General De Obras Públicas,requería contar con el apoyo de una empresa consultora que le brindara una asesoría en materiasde recopilación, revisión, análisis y actualización de los antecedentes relacionados con losprocesos de expropiación que se estaban llevando a cabo a lo largo de la cuarta a la décimaregión, y, además, que prestara apoyo a la labor que desarrollaba la Fiscalía del Ministerio deObras Públicas en la tramitación de los procesos expropiatorios. Para el logro de dichosobjetivos, era necesario que el consultor contara con personal idóneo, movilización equipamiento yútiles de oﬁcina, según lo indicado en los términos de referencia.f) Que durante la ejecución de los trabajos propios de la consultoría y una vez cursado losrespectivos estados de pago, la consultora procedió a efectuar 56 depósitos en dinero efectivo porla suma de $ 235.988.883.- en la cuenta corriente personal que Luis Jara Núñez mantenía en elBanco Santander, y en el periodo que corre entre el 1 de enero y el 4 de diciembre de 2001,depósitos que nunca fueron respaldados contablemente, dichos depósitos de dinero se efectuaronprevio acuerdo entre personeros del ministerio de obras públicas y EL CONSULTOR.g) Que atendido a que los depósitos de dinero nunca fueron respaldados contablemente, laconsultora los incorporó en la cuenta denominada “anticipo de proveedores”.h) que el monto de $ 235.988.883.- fue destinado al pago de sumas de dinero que el ﬁsco de chileno estaba obligado a solucionar.80º que del análisis de las declaraciones prestadas por Oscar Araos Guzman, a las que se hacealusión en el motivo signado con el número 54, se aprecia que intenta liberarse de responsabilidadatribuyéndosela a otro, Javier Rivas Velásquez, y argumentando que, en todo caso, los contratosque celebró lo autorizaban para obrar como lo hizo. Sin embargo, el primer argumento debe serdesestimado porque Rivas Velásquez no suscribió los convenios ad-referéndum ni las ofertaseconómicas, y si bien fue la persona con quien los personeros de la Coordinación General DeConcesiones se contactaron para darle a conocer el “procedimiento” que se utilizaría en loscontratos que se iban a adjudicar a la sociedad Abaco Ingenieros Consultores, aquél por carecerde facultades se lo comunicó al representante de la misma, Araos Guzmán, siendo éste quien loaceptó, tal como lo reconoce en el careo de que da cuenta el acta que rola a fojas 6.651,reproducido en el fundamento signado con el número 59º.La segunda explicación también debe ser rechazada porque no la avala el mérito de lasdeclaraciones prestadas por Quiroz Astorga, Cortés Castro y por Rivas Velásquez. En efecto,Quiroz Astorga señaló que al negociarse los contratos con el consultor se acordó ﬁjar unporcentaje por “gastos generales para mantener la estructura de concesiones”. Cortés Castromanifestó que con Ruﬁán Y Quiroz, uno o dos meses antes de la celebración del primer convenio
con Abaco ingenieros consultores, se acordó que la partida “gastos generales” debía reﬂejar lasnecesidades del gasto del sistema general de concesiones, que a esa época ascendía a $250.000.000.- estimados a incurrir, procedimiento que se repitió en el segundo contrato, sin que seefectuaran nuevas reuniones. y Rivas Velásquez aﬁrmó que en septiembre u octubre de 1999 se lemanifestó que a la sociedad se le iba a dar un contrato, en el que se incluiría un monto en la etapa“procesos administrativos” con cargo al cual se iban a solicitar dineros para solventar el gastooperacional de concesiones, y, tratándose del segundo contrato, dicha información también se ledio antes de su suscripción, pero se le dijo que se trataba de una suma aproximada de $200.000.000.- que la sociedad debía girar en el menor tiempo posible. y como el consultor en la oferta económica debe indicar el presupuesto que le permitiría llevar acabo la consultoría, valorizando todos los ítems incorporados en el formulario proporcionado porel Ministerio De Obras Públicas denominado “Presupuesto Propuesta Económica”, el que,indiscutiblemente, debe ser el fruto de un estudio de costos, el procedimiento utilizado por dichosacusados y aceptado por Araos Guzmán se tradujo en un “abultamiento” de los precios de lasconsultorías, regidos por la modalidad “precios unitarios en unidades de fomento”, en la sumatotal de $ 543.562.836.-, DINEROS QUE SON FISCALES Y NO PARTICULARES COMO ARAOSGUZMAN PARECE SUGERIRLO.REFUTACIÓN:1. DEL SUPUESTO ABULTAMIENTO DE PRECIOSEn la construcción de las bases Administrativas de ninguno de los contratos materia deinvestigación, Ábaco jamás tuvo participación alguna, menos su representante legal. Por lodemás, Abaco debió reducir su oferta económica a precios unitarios similares al de las consultoríasabandonadas, lo que le signiﬁcó disminuciones reales de precios respecto de los primeros contratosque Abaco ya había terminado. Dicha reducción de precios y la aceptación por adhesión de lasbases administrativas pre aprobadas por la Contraloría General de La República, fue el requisitoimpuesto por la unidad de Concesiones para asignarle los trabajos.Como prueba irrefutable de la veracidad de estas aﬁrmaciones respecto de la inexistencia de unsupuesto abultamiento de precios, basta comparar todos los contratos desarrollados por Abacoingenieros, inclusive los que fueron desarrollados por otras empresas después que Abaco dejó deprestar servicio a la unidad de Expropiaciones del Ministerio de Obras Públicas.Dicho análisis estadístico, con el detalle de precios de cada uno de los contratos, con sus respectivaspartidas desglosadas, fueron ingresados al proceso por la defensa de Oscar Araos al inicio delproceso, prueba irrefutable que Ábaco no participó de un abultamiento concertado de los precios delcontrato, antecedente al cual la Sra. Magistrado omite referirse, y por el contrario, insistentemente alos demás inculpados permanentemente en sus interrogatorios les consultaba respecto de unsupuesto abultamiento de precios en los contratos de Ábaco, lo que no es efectivo.Se solicita respetuosamente a esta I. Corte de Apelaciones traer a la vista esta documentaciónentregada a la Sra. Magistrado que obra en el proceso.Esta situación lo conﬁrma lo declarado por la Sra. Dolores Ruﬁán, Jefa de la Unidad deExpropiaciones, quien en el apartado 38º del fallo señala:“Respecto de los contratos de consultoría adjudicados a Abaco Ingenieros Consultores Ltda., enespecial la denominada “ Consultoría De Apoyo Al Proceso De Expropiación Concesión Ruta 5:Tramo Chillán- Collipulli, Santiago- Los Vilos, Talca- Chillán Y Santiago- Talca ( Sectores Accesos
Sur A Santiago Y Bay-Pass Rancagua)”, aprobada por resolución de la Dirección General DeObras Públicas Nº 444, de 6 de diciembre de 1999, señaló que el trabajo a que se reﬁere esaresolución es la continuación del asignado a esa consultora por resolución de la Dirección GeneralDe Obras Públicas N° 251, de 22 de julio de 1999, porque su participación en ese proceso deexpropiación fue exitoso.La Ruta 5 se entregó en concesión en ocho tramos, uno de ellos era Santiago-Talca, Acceso Sur ASantiago, Bay-Pass Rancagua. Este tramo se dividió en dos, uno se le adjudicó a Ceppa y el otro aIngeniería Cuatro. Este último cumplió con diﬁcultades y Ceppa incumplió el contrato, y por eso launidad de expropiaciones decidió conversar con R &amp; Q y Abaco, y, en deﬁnitiva, se leadjudicó a esta última. Tiene entendido que Quiroz supervisó la elaboración de los términos dereferencia…A fojas 7.642, señaló que “no es efectivo lo aﬁrmado por los otros procesados, en el sentido quelos precios correspondientes a los ítems “Atención A Público” Y “Gastos Generales”,contemplados en el convenio aprobado por la resolución nº 444, se hayan abultado en la sumaaproximada de $250.000.000, de procesamiento dictado en su contra, pues analizados los contratosanteriores y a los que alude en su escrito que rola a fojas 7.624, esto es, los aprobados por lasresoluciones signadas con los nº 390 de 3 de julio de 1998, modiﬁcado por la resolución nº 810 de9 de noviembre de 1998, y por la resolución nº 279 de 9 de agosto de 1999, ambos referidos a lostramos “Chillán-Collipulli” Y “Santiago- Los Vilos”, y por la resolución nº 315 de 9 de marzo de1999, que aprobó el convenio de 10 de febrero de 1999, y la resolución nº 2160 de 30 de julio de1999, que aprobó el convenio de 23 de julio de 1999, referido a los tramos de “Talca- Chillán”,resulta que los precios consignados en dichas resoluciones son superiores a los señalados en laresolución nº 444 en tres ítems: atención a público, gastos generales y apoyo a notiﬁcación de losexpropiados. También existe la resolución n° 251 de 22 de julio de 1999, que aprueba el convenio“Santiago-Talca” de 8 de julio de 1999, de los que no ha podido conseguir ni la oferta ni lostérminos de referencia. Estima que la razón por la que se bajaron los precios en la resolución de laDirección General De Obras Públicas n° 444, se debió a que, en el tiempo intermedio, se contratópor licitación pública a Ingeniería Cuatro y Ceppa, que ofrecieron precios inferiores a los queﬁguraban en los contratos de Abaco. En relación a los otros ítems del contrato aprobado por laresolución nº 444, se mantienen los valores de los contratos anteriores. En su concepto la sumaaproximada de $250.000.000 que se obtuvo de Abaco no fue vía aumento de precio, sino aumentode cantidad de labores que no se realizaron en su totalidad que se materializó en el convenio defecha 14 de marzo de 2000, aprobado por la resolución nº 207 de 3 de julio de 2000, en el que seaumentan obras por la suma de 19.336 unidades de fomento. DE LA PARTICIPACIÓN DE OSCAR ARAOS EN LA FIJACIÓN DEL % DE GASTOSPARA APOYO ADMINISTRATIVOS Y GASTOS GENERALES Y DE LA SUPUESTAACEPTACIÓN DE DICHO PROCEDIMIENTOEn todo el proceso, ni tampoco en las más de 1100 páginas que comprende el fallo de primerainstancia, existe un solo testigo que aﬁrme que al Sr. Oscar Araos Guzmán le cupo la más mínimaparticipación en la redacción de las bases administrativas utilizadas como mecanismo legal pararealizar mediante ardid supuestas exacciones ilegales en perjuicio del MOP, tampoco en la ﬁjacióndel porcentaje para ﬁnanciar el apoyo administrativo y de gastos generales, ni tampoco que algunode los personeros involucrados en la creación del ardid siquiera se haya comunicado con OscarAraos para proponerle una negociación a este respecto y menos que este último lo hubiera aceptadopues nadie siquiera se lo planteó.
En efecto, a pesar que entre los demás inculpados se imputaron mutuamente la creación del ardid,por lo que sus dichos fueron confrontados en sucesivos careos que ﬁnalmente permitieron dilucidareste hecho en los dos contratos investigados, ninguno de ellos aﬁrmó que le constara que Araoshubiera tenido la más mínima participación. Es un hecho irrefutable, que la jueza jamás tuvonecesidad de carearlo con nadie a este respecto.Por el contrario, la jueza concluye que “Carlos Cruz Lorenzen, Sergio Cortés Castro, HéctorQuiroz Astorga, María Dolores Ruﬁán Lizana y Leonel Vivallos Medina que ostentaban a la épocala calidad de empleados o agentes públicos, idearon el ardid de abultar el precio de dosconsultorías en $543.562.836 para pagar diferentes sumas de dinero que el Fisco de Chile no seencontraba obligado a solucionar, entre ellos honorarios adicionales o sobresueldos…” . a) PRUEBA IRREFUTABLELas conclusiones de la propia jueza en el nº xxx en que señala: “Carlos Cruz Lorenzen, SergioCortés Castro, Héctor Quiroz Astorga, María Dolores Ruﬁán Lizana Y Leonel Vivallos Medina queostentaban a la época la calidad de empleados o agentes públicos, idearon el ardid de abultar elprecio de dos consultorías en $543.562.836 para pagar diferentes sumas de dinero que el ﬁsco dechile no se encontraba obligado a solucionar, entre ellos honorarios adicionales o sobresueldos,privando al patrimonio ﬁscal de una cantidad equivalente a dicha suma.” b) PRUEBA IRREFUTABLE : Declaraciones de estos mismos imputados en que a pesar de inculparse mutuamente, ninguno deellos declara haber transmitido este ardid a Oscar Araos Guzmán. · Carlos Enrique Cruz Lorenzen en el apartado 29º señala: “Anguita propuso pedirle a BELFI y aMéndez Junior, contando con su anuencia. Dolores Ruﬁán tiene entendido que le pidió a Abaco.Estaban en conocimiento de ese procedimiento Anguita, Ruﬁán y él.· Sergio Cortés Castro, apartado a fojas 6.621, señaló que el Coordinador General de Concesiones,Carlos Cruz Lorenzen, a ﬁnes de 1998 y principios de 1999, dio instrucción de manejar en formacentralizada el valor de las partidas pro-forma y gastos administrativos de todos los contratos.Dentro de ese contexto, cuando se contrató a Abaco ingenieros consultores limitada para queefectuara una consultoría en materia de expropiaciones, conversó con la jefa de la unidad técnicade expropiaciones, Dolores Ruﬁán Lizana, y con el subjefe y que después fue inspector ﬁscal delcontrato, Héctor Quiroz Astorga, con la ﬁnalidad de cumplir con la instrucción del coordinador.…a la fecha en que se empieza a advertir la necesidad de celebrar un contrato con Abaco, la jefade la unidad técnica de expropiaciones era Dolores Ruﬁán y el sub-jefe Héctor Quiroz y entre lostres determinaron el porcentaje que, del estado de pago correspondiente a la partida procesosadministrativos, se iba a ocupar para solventar los gastos de concesiones.… Desconoce si fue Ruﬁán o Quiroz el que conversó con Araos…de la lectura del correo se advierte que va con copia a Torres, jefe de presupuesto de la coordinacióngeneral de concesiones, y a Luis Jara Núñez que era el que manejaba las platas y quien secoordinaba con Javier Rivas Velásquez.iii. Dolores Ruﬁán“… tampoco tenía conocimiento de que algún funcionario o empleado deconcesiones o del ministerio estuviera impartiendo dicho tipo de instrucción a Abaco. No se
relacionaba profesionalmente con Javier Díaz Velásquez, sino Héctor Quiroz y los jefes deproyectos. Sólo cuando hubo retrasos en la ejecución de los trabajos encargados a Abaco,comunicados por Quiroz o de los que se percataba mediante la revisión de la base de datos, habló enmás de una oportunidad con Oscar Araos, lo que normalmente ocurrió por teléfono.”iv. Leonel Edmundo Vivallos Medina en el apartado 39º la magistrado señala: “Su relación conAbaco fue siempre con Javier Rivas”.v. Héctor Ramón Quiroz Astorga, en el apartado 32º la magistrado señala:”… Recuerda queDolores Ruﬁán lo instruyó, en forma general, que debía gestionar con el consultor el traspaso delos recursos asignados en los valores pro forma de los contratos a la unidad de administración quedirigía cortés. Encontró cuestionable la instrucción pero la cumplió por el ﬁn que se perseguía condicha instrucción. Esta instrucción la llevó a cabo solamente respecto de un contrato con laconsultora R &amp; Q y otro con Abaco ingenieros consultores, en los que tenía la calidad deinspector ﬁscal.“…En el proceso de requerimiento de recursos formulados desde la división de operaciones y queinformaba al consultor, a través de JAVIER RIVAS, nunca supo sino hasta fecha reciente que losrecursos habían sido depositados en la cuenta de GATE S.A., porque la dinámica normal era queJavier Rivas se pusiese en contacto con Cortés o con quien él nominara.“Cortés, a partir del primer o segundo mes de ejecución del contrato, le pidió que le dijera alrepresentante de Abaco que remitiera distintas sumas de dinero, y como esa empresa habíadesignado a Javier Rivas lo llamaba por teléfono para que se pusiera en contacto con Cortés o congente dependiente de él… Que no participó en negociaciones y la que participó fue dolores Ruﬁán…3. DE LA FORMA COMO JUSTIFICABA A ÁBACO LA INSPECCIÓN FISCAL SUSOLICITUD DE RECURSOS QUE IMPEDÍA A ABACO RECHAZAR DICHOS PAGOS.Héctor Ramón Quiroz Astorga, en el apartado 32º señala “Tratándose de Abaco ingenierosconsultores Ltda., cree que la petición la hizo respecto del contrato denominado “consultoría deapoyo al proceso de expropiación concesión ruta 5: tramos Chillán-Collipulli, Santiago-Los Vilos,Talca-Chillán Y Santiago-Talca (sectores acceso sur a Santiago Y Bay Pass Rancagua).”, aprobadopor resolución de la dirección general de obras públicas nº 444, de 6 de diciembre de 1999. estecontrato básicamente consideraba siete etapas, y la nº 7, denominada “procesos administrativos”,perseguía apoyar las actividades de concesiones y por eso tenía el siguiente tenor: “ para todas lasfases en esta etapa se debe considerar el establecimiento de oﬁcina permanentes de atención depúblico en los lugares que se especiﬁcan en el punto 7 de estos términos de referencia, mantenciónde dichas oﬁcinas, soporte administrativo a la gestión de la ﬁscalía M.O.P. en las regionesconsideradas, infraestructura, movilización y gastos generales”. No recuerda que esa partidatuviera un valor especíﬁco dentro del contrato, pero Dolores Ruﬁán, jefa de la unidad deexpropiaciones a esa fecha, le manifestó que el monto de esa partida era el equivalente a un diez oveinte por ciento del precio del contrato. Como el contrato tenía un precio equivalente a$800.000.000 aproximadamente, el porcentaje indicado era entre $80.000.000 y $160.000.000.Cortés, a partir del primer o segundo mes de ejecución del contrato, le pidió que le dijera alrepresentante de Abaco que remitiera distintas sumas de dinero, y como esa empresa habíadesignado a Javier Rivas lo llamaba por teléfono para que se pusiera en contacto con Cortés o congente dependiente de él. El contrato fue aumentado en cuanto a la labor a desarrollar, no así encuanto al plazo, y, por lo tanto, también aumentó el precio, y cree que el contrato terminó con unprecio ﬁnal de $1.200.000.000 aproximadamente. Aceptó la instrucción de Cortés, jefe de la
división de operaciones, porque el contrato en su génesis considera la obligación del consultor deconsiderar en su estructura de precio y sus costos, dentro de la denominada etapa 7, procesosadministrativos para el apoyo a la coordinación general de concesiones en los temas asociados alsoporte administrativo a la gestión de la ﬁscalía en las regiones consideradas, infraestructura,movilización y gastos generales. La gestión central de apoyo a la ﬁscalía desde la coordinación serealizaba desde un nivel central, por no existir oﬁcinas de concesiones en cada una de las regiones.Como inspector ﬁscal y, en particular, en la calidad de funcionario de la coordinación general deconcesiones, no le correspondía poner en duda la veracidad o la eﬁciente utilización de losrecursos que realizaba la división de operaciones.En deﬁnitiva no existe una ninguna prueba legal en todo el proceso que demuestre que elrepresentante Legal de Abaco Ingenieros estuviera siquiera en conocimiento del “procedimientopesquisado” por la jueza, y menos que lo hubiera aceptado, salvo ﬁrmar los cheques solicitadosdesde Santiago por el Jefe del área de expropiaciones de Abaco para acatar las exigencias de lainspección ﬁscal, supuestamente en cumplimiento de los términos de referencia del contrato, a locual la empresa estaba legalmente obligada.“…Tampoco la conﬁrma el tenor de los contratos que celebró, de los que forman parte lostérminos de referencia y las bases administrativas. en efecto, en los términos de referencia de loscontratos cuyos ejemplares rolan a fojas 6.558 y siguientes y 6.590 y siguientes, si bien seconsultan etapas llamadas “procedimientos administrativos” lo son para solventar los gastos enque debe incurrir el consultor para efectuar a cabalidad la asesoría que se le adjudicó, tal como lomanifestaron todos los profesionales que se desempeñaban en la coordinación general deconcesiones y que fueron interrogados acerca de la ﬁnalidad que persiguen las partidas “gastosadministrativos”, y no para que el consultor depositara su valor en la cuenta corriente bancaria deun tercero y se le diera un destino ajeno al considerado en el contrato.lo señalado lo conﬁrma el tenor de las cláusulas, pues en la denominada “etapa 7: procesosadministrativos” se expresa: “para todas las fases, en esta etapa se debe considerar elestablecimiento de oﬁcinas permanentes de atención de público en los lugares que se especiﬁcanen el punto 7 de estos términos de referencia, mantención de dichas oﬁcinas, soporte administrativoa la gestión de la ﬁscalía del MOP en las regiones consideradas, infraestructura, movilización ygastos generales”. Conforme se señala en el citado instrumento, las oﬁcinas debían ubicarse en lasciudades de los Ángeles, La Calera, Talca Y Rancagua. en la designada “etapa 8: procesosadministrativos” se indica: “se debe considerar el establecimiento de oﬁcinas permanentes deatención de público en los lugares a especiﬁcar por la contraparte técnica de acuerdo a lasnecesidades del servicio, mantención de dichas oﬁcinas, soporte administrativo a la gestión de laﬁscalía MOP, infraestructura, movilización y gastos generales”. y los “honorarios adicionales osobresueldos” no pueden ser considerados como gastos generales, atendida la deﬁnición dada enel motivo signado con el número 13º y lo expuesto, sobre la materia, por los profesionales que sedesempeñaron en la coordinación general de concesiones…………………Está acreditado que el procedimiento pesquisado por la jueza que ﬁnalmente permitió desviardinero destinado al pago de gastos de apoyo a procesos administrativo y de gastos generales decontratos de expropiaciones hacia el pago de sobresueldos fue diseñado por personeros estatales,incorporado a las bases y términos de referencia de los contratos de expropiaciones aprobadas por laContraloría General de La República, e impuesto unilateralmente al Consultor sin su conocimiento.
¿Por qué hoy la Contraloría General de la República prohíbe bases administrativas como las queAbaco debió suscribir por adhesión, imprecisas y con gastos para apoyo administrativo y gastosgenerales no acotados? Las cuales le permitieron en deﬁnitiva a personeros del Estado solicitar loque se le viniera en gana, y para lo cual no estaba autorizado, interviniendo en la administraciónde una de las partidas del contrato engañando al consultor.Por no tener idea del aparataje irregular armado por agentes públicos de alto nivel jerárquico, aAbaco no le pareció pertinente oponerse al MOP, respecto de que se canalizaran gastos dehonorarios para personal que efectivamente apoyara los procesos administrativos y contratadosdirectamente por la unidad de Expropiaciones y que efectivamente le ﬁscalizaran, pues dichosgastos, según la inspección ﬁscal serían destinados al ﬁnanciamiento del soporte administrativo ala gestión de la ﬁscalía del MOP y sus gastos generales, los cuales serían respaldados con lasfacturas respectivas.No existe una sola prueba legal que permita concluir que Ábaco estaba en conocimiento que dichosgastos fueran eventualmente direccionados al pago de “honorarios adicionales o sobresueldos”Abaco es una empresa privada, por lo que no le está prohibido autorizar a un tercero a administrarparcialmente alguna partida de un contrato, mientras se actúe de acuerdo a los términos legales querigen el contrato respectivo, y en especial, si con ello se conseguiría evitar cuantiosas demandas encontra del Fisco de Chile, lo cual efectivamente se logró, pues jamás un sector bajo laresponsabilidad de Abaco en el tema de expropiaciones, fue demandado por empresa concesionariaalguna reclamando atraso en la entrega de terrenos expropiados o sectores no resueltos. Pruebairrefutable de ello, es que al recorrer cualquiera de los tramos de carretera abordados por Ábaco ycorrespondientes a los contratos investigados, están íntegramente construidos, no les falta ni un solopedazo.“…además, no deja de extrañar a esta sentenciadora la conducta asumida por todos losprotagonistas del episodio materia de análisis, en lo relativo a la supuesta apropiación por parte deRivas Velásquez de aproximadamente $ 50.000.000.-, pues ninguno hizo un cuestionamiento alrespecto no obstante que dicha importante suma de dinero era de propiedad del Fisco De Chile y,hasta la fecha, se desconoce el destino que se le dio, porque la versión dada por Rivas Velásquez esa todas luces inverosímil. y, en el caso concreto materia de análisis, contribuye a formar elconvencimiento que a Araos Guzmán le cupo participación culpable en los hechos pesquisados;…”No fue supuesta la apropiación de aproximadamente $ 50.000.000 que Rivas Velásquez cometió, yque según la Sra. Magistrado era de propiedad del Fisco de Chile. Está acreditada en el procesopues así se lo confesó Javier Rivas a la Jueza a fojas 6.517, y en su desesperación también adiversas personas de Abaco después que estalló el caso GATE. Tampoco es efectivo que “sedesconoce el destino que se le dio” pues según el mismo Javier Richard Rivas Velásquez su destinofueron sus propias cuentas corrientes.Al respecto Rivas Velásquez declara que efectivamente le solicitó a Luis Jara que le devolvieracheques de Abaco que por “error habían sido depositados en su cuenta de Gate”, motivo por el cualjara le devolvió a contar de enero de 2001, en parcialidades, la suma total aproximada de $31.500.000 que después depositó en sus cuentas corrientes del banco Boston nº 8828780 yCorpbanca nº 68021906, ambas de la ciudad de Concepción.
No deja de extrañar a esta defensa la conducta asumida por la Sra. Magistrado respecto de JavierRivas, pues si es dinero Fiscal, y se sabe que terminó en su cuenta corriente, ¿por qué entonces nolo procesó?La actitud de la magistrado de no procesar a Rivas por exacción ilegal de recursos Fiscales,teniendo todos los elementos para hacerlo, es una prueba irrefutable de que en realidad tiene elconvencimiento de que dichos recursos son privados y no públicos. Abaco no lo demandó pues el dinero que destinó al pago de los procesos administrativos a travésdel supuesto habilitado contable fue instruido por la Inspección Fiscal, luego, si dichos dineros lepertenecieran, debe demandar al servicio y no a Rivas o a la multitud de personeros que proﬁtaronde dichos recursos. Recordemos además que según lo antes referido, según el SII las platasrecibidas provenientes e exacciones ilegales son legales y no es necesario declararlas ni pagarimpuestos.81º que, en consecuencia, las declaraciones dadas por Araos Guzmán, que reúnen lascondiciones establecidas en el artículo 481 del código de procedimiento penal, en las que, ensíntesis, RECONOCIÓ QUE ACEPTÓ el procedimiento implementado por determinado personalde la Coordinación General De Concesiones que se tradujo en el “abultamiento” del precio de lasconsultorías, y que autorizó que se depositara la suma de $ 543.562.836.-, en diferentes partidas,en la cuenta corriente bancaria de un tercero, Importan Una Confesión Judicial Que, unida a loselementos de convicción a que se hace referencia en el fundamento signado con el número 2º, sonsuﬁcientes para tener por acreditada la participación de autor que le cupo en el delito de fraude alﬁsco de chile que en carácter de continuado se estimó conﬁgurado; modiﬁcándose, de la maneraseñalada, la acusación de oﬁcio formulada en su contra;Es improcedente que la Sra. Magistrado arme una supuesta “confesión judicial” de Oscar AraosGuzmán reconociendo que “aceptó el procedimiento implementado por determinado personal de laCoordinación General de Concesiones” para la exacción ilegal de recursos ﬁscales con“abultamiento” del precio de las consultorías, por la suma de $ 543.562.836 pues dicha confesiónno existe en todo el proceso.Agradeceremos que se precise a quién se reﬁere la Sra. Magistrado cuando indica que “reconocióque aceptó el procedimiento implementado por determinado personal de la Coordinación Generalde Concesiones”, En qué momento, en qué lugar, a quién en particular, y qué recibió a cambio.Lo único declarado por el representante legal de Abaco Ingenieros, Sr. Oscar Araos Guzmán, fueque no le pareció totalmente extraño el procedimiento propuesto por la Unidad de Concesiones alrepresentante de la compañía en Santiago, Sr. Javier Rivas, de cancelar a través de un tercero losgastos generales y apoyo del proceso administrativo de la Unidad de Expropiaciones deConcesiones efectivamente realizados, mientras dichos gastos fueran respaldados con las facturasrespectivas, gastos que por lo demás estaban dentro de los términos de referencia del contrato, yque fueron estimados a priori por la Unidad de concesiones como porcentaje del contrato pues ellosmismos serían los que demandarían esos recursos a Abaco, porcentaje que por lo demás seencuadraban dentro de los precios unitarios estándares normales de las asesorías de expropiaciones. 22.
Por otro lado, atendiendo a la situación coyuntural de la época donde simultáneamente se realizabanmuchas obras con miles de propietarios afectados y concesionarias ávidas por demandar al Fisco deChile, pagar ciertos gastos de honorarios y de terreno a través de un tercero, podría ser una formamás ejecutiva para acelerar las labores de terreno, pues efectivamente se evitaba dependencialaboral del personal de la Unidad de Expropiaciones con Abaco Ingenieros producto del cobroperiódico de sus honorarios y gastos generales, de quienes les ﬁscalizaban.Oscar Araos Guzmán jamás “confesó” haber autorizado desviar recursos para sobresueldos o paraotros ﬁnes, ni nada que no estuviera en las bases y términos de referencia de los contratos y que noestuviera destinado al desarrollo exclusivo de la asesoría de expropiaciones contratada con elGobierno de Chile.IMPUTACIÓN:”236° que, en forma previa, se debe tener presente que no se cuestionan los pagosque Abaco ingenieros consultores efectuó al amparo de los contratos adjudicados por la DirecciónGeneral De Obras Públicas, sino que el procedimiento pesquisado y relativo a los depósitos desumas de dinero que se efectuaron en las cuentas corrientes bancarias de GATE S.A., Peña Véliz,Jara Núñez y de General Carrasco … “.REFUTACIÓN:El procedimiento pesquisado y relativo a los depósitos de sumas de dinero que se efectuaron en lascuentas corrientes bancarias de GATE S.A., Peña Véliz, Jara Núñez y de General Carrasco, asícomo también a funcionarios activos del CDE y de la ﬁscalía del MOP, entre otros, nocontemplados dentro del personal mínimo establecido por bases, a ninguno de los cuales elconsultor conocía, Obedecen a instrucciones expresas de la Inspección Fiscal al representante deAbaco en Santiago, aduciendo que se trataban de gastos reales por servicios de tercerosefectivamente recibidos en materia de expropiaciones y que el consultor estaba obligado a cancelarpara dar cumplimiento a las bases administrativas de los contratos vigentes aprobados por laContraloría General de La República.Dicho procedimiento fue urdido e impuesto única y exclusivamente por altos funcionarios delEstado de Chile quienes instruyeron a la Inspección Fiscal. En su construcción jamás participó elconsultor, ni menos le fue notiﬁcado a su representante Legal Sr. Oscar Araos Guzmán por ninguno de los involucrados.De acuerdo a dicho procedimiento, los gastos supuestamente incurridos en el período por la Unidadde Concesiones correspondientes a la fase de apoyo a procesos administrativos o de gastosgenerales, comunicados por la inspección Fiscal como reales, por imposición de éste, debían sercanalizados por el consultor al supuesto habilitado contable que el MOP MOP había destinado paraestos efectos, Sr Luis Jara, y respecto del cual la Sra. Magistrado indica en su fallo “la referidapersona no tenía ninguna vinculación con el Ministerio de Obras Públicas” lo cual no esefectivo, prueba irrefutable de ello es que dicho personaje operaba al interior del Ministerio deObras Públicas, al lado de la oﬁcina del Ministro, en Morandé 59, frente a la Moneda. Dicha persona se hacía pasar por funcionario público, y conformaba parte del núcleo duro del engranajeque permitió al ministro y sus secuaces por años realizar exacciones ilegales cuyos destinos en granparte ni siquiera han sido habidos.Dichos depósitos, según los inspectores ﬁscales, correspondían exclusivamente a gastos a loscuales el consultor estaba obligado a ﬁnanciar de acuerdo a las bases administrativas de los
contratos en desarrollo, los cuales serían respaldados posteriormente por la Unidad de Concesionescon sus facturas respectivas.Cabe hacer presente que esta imposición obligó a Abaco a pagar, entre otros, alrededor de quinceabogados para dar soporte administrativo de causas que debía llevar el CDE en terreno y queefectivamente por meses canceló, y simultáneamente cancelar gastos adicionales para apoyoadministrativo de decenas de profesionales supuestamente contratados a través del habilitadocontable del MOP. Así como era imposible descubrir o siquiera dudar que el habilitado contable no era tal, sino uncontador disfrazado de una desconocida empresa GATE, y que se hacía pasar como tal, menos eraposible adivinar que a través de la inspección ﬁscal y de la Unidad de Expropiaciones, el Estadode Chile a través de sus funcionarios de alta jerarquía, estuviera cometiendo innumerables ilícitos eirregularidades administrativas, pues estaba compuesta por numerosos abogados especialistas enderecho administrativo, ingenieros, y personal técnico, todos supuestamente ﬁscalizados por elaparataje contralor del Estado.En la práctica, durante el período que duraron los dos contratos indagados, la fase de apoyoadministrativo y gastos generales generó gastos rutinarios mensuales del orden de $22 millones.Atendiendo el numeroso personal que efectivamente hacía de contraparte, y el elevado costo deﬁscalización para certiﬁcar los avances reales de Abaco en terreno, que abarcaba obras desde Serena a Puerto Montt, los cuales necesariamente debían incluir el traslado a los lugares donde seestaban efectuando las expropiaciones, gastos de hospedaje, combustible, peajes, alimentación,insumos computacionales y gastos administrativos como impresiones, fotocopias, etc., los montosmensuales destinado para cubrir dichos gastos a través del habilitado contable del MOP, fueronconsiderados en ese momento como razonables por Abaco, por lo que no se cuestionó el destino delos recursos cancelados, pues se supuso de buena fe que efectivamente se estaban empleando de acuerdo a lo estipulado en las bases y que oportunamente como se había prometido seríanrespaldados.IMPUTACIÓN: “237° que, en relación a la alegación que se sustenta en el hecho que no se habríaconﬁgurado en el caso de autos el delito de fraude al Fisco de Chile, la defensa de Araos Guzmándeberá estarse a lo razonado en los motivos signados con los números 8°, 14°, 19°, 22°, 23°, 24°,25°, 26°, 27° y 28°, que se reproducen…REFUTACIÓN :1. Respecto a al motivo signado con el numero 8º citado por la jueza, no procede hacerle observaral consultor normativas referidas a la Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, que regula demanera clara y precisa la labor de dicha Secretaría de Estado y la de la Dirección de ObrasHidráulicas. También la del Ministro de Obras Públicas y la del Director de la referida dirección,servidores públicos que, por lo tanto, deben someter su actuación a la legislación del ramo.Don Oscar Araos Guzmán actuó siempre como representante legal de una empresa privada no sujeta a normativas aplicables sólo a “servidores públicos” y además cumplió todas y cada una delas instancias legales y reglamentarias establecidas para la contratación de servicios deconsultoría.
2. Respecto al motivo signado con el numero 14º citado por la jueza, no procede exigirle a don Oscar Araos Guzmán representante legal de una empresa privada, observar normativas sólo aplicables a la Administración en lo que respecta a la contratación de servicios de consultoría y que deben someter su actuación a la legislación del ramo.3. Respecto a al motivo signado con el número 19º citado por la jueza, no procede exigirle a donOscar Araos Guzmán normativas que “necesariamente deben ser observadas por funcionariospúblicos” en lo que respecta a que sólo puede percibir su sueldo y otras sumas de dinero a titulode remuneración en los términos deﬁnidos en las letras d) y e) del artículo 3º de la Ley Nº 18.834.En efecto, don Oscar Araos Guzmán actuó solamente en su calidad de representante Legal deAbaco Ingenieros Consultores, a partir de lo cual jamás recibió sueldo del Estado y menossobresueldos de cualquier naturaleza, es más, está acreditado que ninguno de los recursosperseguidos por la jueza fueron a dar a la compañía que este representaba, ni menos a su cuentacorriente personal o a su bolsillo.238° que, en lo que concierne a la petición de absolución que se funda en que no se encuentraacreditada la participación de Araos Guzmán en los hechos materia de la investigación, sudefensa deberá estarse a lo expresado en los considerandos signados con los números 80° y 81°,que se reproducen. Lo manifestado por Rivas Velásquez en el careo a que fue sometido con AraosGuzmán, y al que se hace alusión en el motivo signado con el número 59°, no tiene el mérito quepretende atribuírsele, pues de su lectura se advierte que Rivas Velásquez aﬁrmó que a AraosGuzmán le transmitió todo lo relativo a las condiciones bajo las cuales se iban a ﬁrmar loscontratos, que, en deﬁnitiva, este último suscribió como representante de la sociedad;1º Nuevamente no deja de extrañar a esta defensa la conducta asumida por la Sra. Magistradorespecto de Javier Rivas, pues el careo al fue sometido con Oscar Araos Guzmán y al que se hacealusión en el motivo signado con el número 59°, corrobora exactamente lo aﬁrmado por este últimorespecto que Rivas tenía amplias atribuciones para negociar, preparar propuestas, ﬁrmar estados depago, contratar y despedir personal, determinar recursos materiales, humanos y ﬁnancieros para cumplir los contratos, negociar avances y ﬁrmar estados de pago, etc. 2º La apropiación de alrededor de $50.000.000 por parte de Javier Rivas burlando a Ábaco en másde una oportunidad para alcanzar el total de esta cifra, es una prueba irrefutable de que no esefectivo lo que aﬁrma la Sra. Magistrado para inculpar a don Oscar Araos respecto que el Sr. Rivasle transmitía todo. Por el contrario, demuestra que el representante del área de expropiaciones de Abaco Sr. Javier Rivas le transmitía sólo lo que le convenía , y que los 50 millones que depositó ensu cuenta corriente son dineros que provienen de GATE conseguidos después de coludirse conpersonal de esa compañía, en ningún provienen de Ábaco. La explicación del Sr. Rivas dada a laSra- Ministra en que se justiﬁca indicando que don Oscar Araos le habría autorizado a quedarse condicho dinero a cuenta de bonos pendientes es inverosímil, pues si así hubiera sido, Rivas no habríanecesitado realizar las triangulaciones de dinero pesquisadas, ya que Abaco se lo habría pasadodirectamente, lo que no fue así.3º La jueza sustenta su acusación en contra de Oscar Araos principalmente basado en los dichos deJavier Rivas, pues nadie más aﬁrma en todo el proceso que Araos tuviera conocimiento de loshechos, testigo que a la luz de los antecedentes expuestos tiene cero credibilidad, y por el contrariono cabe duda que tiene participación culpable en los hechos pesquisados.
La actitud de la Sra . Magistrado denota un parcialidad notoria en contra de Oscar Araos lo que secorrobora además con las diferencias de criterio empleadas para exculpar a otros consultores, variosde ellos arrastrados a situaciones mucho más complejas y evidentes.239° que la defensa que se sustenta en lo que dispone el artículo 456 bis del código deprocedimiento penal debe ser desestimada, atendido lo razonado con motivo del análisis del escritopor el que se contestan las acusaciones, y lo consignado en los motivos signados con los números8°, 14°, 19°, 22°, 23°, 24°, 25°, 26°, 27°, 28°, 80° y 81°, que se reproducen, en los que se concluyeque se cometió el delito de fraude al Fisco De Chile y que a Araos Guzmán le cupo participaciónen la calidad de autor;En la especie, no hay ningún medio probatorio que sea útil para demostrar participación de OscarAraos Guzmán en los hechos referidos en la acusación, por lo que procede decretar su absolución.Invoca el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal en cuanto a que nadie puede sercondenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgue haya adquirido por los medios de pruebalegal la convicción de que realmente se ha cometido un hecho punible y que en él ha correspondidoal procesado una participación culpable y penada por la ley240° que, de acuerdo a lo que dispone el artículo 10 número 12 del código penal, está exento deresponsabilidad criminal el que incurre en alguna omisión, hallándose impedido por causa legítimao insuperable. sin embargo, como del mérito del proceso se advierte que Araos Guzmán incurrióen una acción y no en una omisión, y, además, que no puede ser considerada como un impedimentode aquellos a que se reﬁere la citada disposición la falta de fuerza moral para denunciar actos decorrupción o delictivos, corresponde que sea desestimada la eximente invocada;Del proceso no se advierte que Oscar Araos Guzmán haya incurrido en ninguna acción reprochable y menos ilegal, salvo cumplir con las instrucciones de la Inspección ﬁscal al invocar las bases de loscontratos.La Magistrado le atribuye a Oscar Araos falta de fuerza moral para denunciar actos de corrupción odelictivos lo cual no es efectivo.Se presentan a continuación a esta I. Corte de Apelaciones dos pruebas irrefutables que demuestranlo contrario, y de las cuales la jueza está en conocimiento:1º Don Oscar Araos es el único Consultor que realizó una denuncia formal en contra de la Unidadde Concesiones del MOP por manipulación de contratos que lo dejó fuera de una propuesta públicade expropiaciones como escarmiento por de haber reclamado insistentemente los respaldos degastos de apoyo a los procesos administrativos y gastos generales de los contratos deexpropiaciones.2º Don Oscar Araos fue perseguido por la Sra. Magistrado producto de una supuesta participaciónen contratos irregulares adjudicados por la Unidad De Concesiones del MOP, con ocasión de larealización de vuelos aerofotográﬁcos realizados en la ciudad de Santiago por cuatro distintasconsultoras. Hasta Concepción llegó personal de la PDI para interrogarle. Oscar Araos lesdemostró en media hora que los contratos investigados supuestamente realizados eran falsos, puesel único que había realizado el 100% de esos cuatro trabajos era Aeroingeniería una empresaperteneciente al Holding de Abaco. Entregó las pruebas materiales (los negativos fotográﬁcos del
100% de todos los sectores realizados). Hasta allí llegó la investigación, a los demás involucradosni siquiera los procesó, aparentemente sólo le interesaba Oscar Araos.3º Resolución recaída en recurso 28293- 2005 Pronunciada por la Séptima sala de la I. Corte deApelaciones de Santiago, integrada por los Ministros señor Jorge Dahm Oyarzún ; señorLamberto Cisterna Rocha y Abogado integrante señor Oscar Herrera Valdivia), en la cual sedejaba sin efecto, una acusación similar realizada también por la Sra. Ministro Gloria AnaChevesich en contra de don Oscar Araos Guzmán y otros, supuestamente por haber facilitado laparticipación de Abaco Ingenieros en una supuesta triangulación de dineros ﬁscales para ﬁnanciarla página Web de don Ricardo lagos Escobar, personero a quien mi representado no conocepersonalmente, ni a los supuestos cómplices que planiﬁcaron el supuesto ardid. De dicharesolución se desprende que si alguien fue estafado no fue precisamente el Fisco de Chile, sinoÁbaco Ingenieros Consultores Ltda., empresa a la cual se le debiera haber solicitado el pago degastos por un monto aproximado a la mitad de los valores solicitados por la Inspección ﬁscal.“ Que para reaﬁrmar la falta de sustento fáctico de la acusación, es ilustrativo para el caso subjudice, consignar lo declarado a fojas 218 y siguientes por Oscar Enrique Araos Guzmán, GerenteGeneral del Holding de empresas Abaco Group, dentro de las cuales se encuentra la sociedadAbaco Ingenieros Consultores Ltda., entidad que se adjudicó los contratos de consultorías con elMinisterio de Obras Públicas, en la que señala que la consultoría se desarrollaba en tres fases , laprimera relativa al apoyo del proceso expropiatorio en terreno, la segunda a la emisión dedocumentos para el proceso expropiatorio, tales como informes de tasación, estudios de títulos,planos deﬁnitivos de expropiación , etc. La tercera, referida al apoyo a los procesos administrativosque desarrolla el Ministerio de Obras Públicas, a través del inspector ﬁscal y numerososespecialistas de apoyo.En esta última fase según lo declarado por Don Oscar Araos la valorización hecha por Ábaco en laoferta debía incrementarse, para incorporar el apoyo a los procesos administrativos, en un montodeterminado, que incluía el ﬁnanciamiento de una serie de gastos de la unidad ejecutiva deExpropiaciones, cifra que era dada por el funcionario. El monto así determinado constituía el valordeﬁnitivo de la consultoría. En esta línea de administración Ábaco Ingenieros Consultores Ltda. Efectuó pagos a la empresa Gate , y al supuesto habilitado contable Sr. Jara, y estos a diferentepersonal especializado en el tema de expropiaciones suministrado de acuerdo a las bases por elConsultor en pago del trabajo determinado que realizó.Que, como antes se indicó, los pagos a que se ha hecho referencia se efectuaron entre PRIVADOS,cualquiera que haya sido el motivo o la causa para efectuarlo sin que se haya establecido que setratara de dineros ﬁscales, ni tampoco que su origen directo estuviera en dineros obtenidos porÁbaco ingenieros Consultores Ltda. A consecuencia de los contratos de consultoría con elMinisterio de Obras Públicas.Que, por lo demás, el origen de los dineros es irrelevante, toda vez que al tradirse aquéllos,ingresaron al patrimonio de la sociedad, pasando a formar parte de su activo, y debido al carácterfungible de este bien, se ha confundido con los de su especie en el mencionado patrimonio.Que sentado lo anterior, no se vislumbra que los hechos descritos tipiﬁquen los ilícitos de fraude yestafa al Fisco, por cuanto no se le ha originado pérdidas ni se ha privado de legitima ganancia,según lo exige el articulo 239 del Código Penal; ni tampoco se conﬁgura el tipo abierto limitado deestafa descrito en el art, 468 del mismo cuerpo legal, respecto del cual, además , no se percibeclaro el ardid que le es propio”.
241° que, sin embargo, corresponde acoger la atenuante de responsabilidad criminal consagradaen el número 6 del artículo 11 del código penal, tal como se concluyó en el motivo signado con elnúmero 99°. Pero se rechazará aquella contemplada en el número 9 de la citada disposición,porque de sus declaraciones no se advierte que haya colaborado sustancialmente alesclarecimiento de los hechos;Está acreditado que Oscar Araos no mintió, pues jamás sus declaraciones fueron contradictorias conlo manifestado por ningún otro procesado. De hecho el único careo al que fue confrontado OscarAraos Guzmán se realizó justamente con Javier Rivas a fojas 6.651, quien terminó reconociendoque era efectivo lo aﬁrmado por Araos respecto que él tenía plenas atribuciones para laadministración de los contratos de expropiaciones con la Unidad de expropiaciones del MOP.Curiosamente la Sra. Magistrado transcribe en forma antojadiza dicho texto, lo que le permiteﬁnalmente aﬁrmar sin sustento “Lo manifestado por Rivas Velásquez en el careo a que fuesometido con Araos Guzmán, y al que se hace alusión en el motivo signado con el número 59°, notiene el mérito que pretende atribuírsele, pues de su lectura se advierte que Rivas Velásquez aﬁrmóque a Araos Guzmán le transmitió todo lo relativo a las condiciones bajo las cuales se iban aﬁrmar los contratos, que, en deﬁnitiva, este último suscribió como representante de lasociedad”. Se solicita a esta I. corte de Apelaciones, tener a la vista el careo respectivo.CONCLUSIONES1. El principal beneﬁciado en los contratos recurridos, fue justamente el Estado de Chile, que apartir de procedimientos irregulares ideados y llevados a la práctica por sus propios funcionarios dealtas investiduras, logró saltarse procedimientos formales para la contratación de profesionales deexcelencia y para el mejoramiento de remuneraciones del personal clave, que de otra manera nohabría prestado servicio en las unidades técnicas implementadas por el MOP para llevar adelanteambiciosos programas estatales destinados a la modernización de la infraestructura chilena.2. Al Fisco de Chile no se le ha originado pérdidas ni se le ha privado de legítima ganancia, pueslas asesorías de expropiaciones contratadas, que por lo demás fueron realizadas a precios demercado, dieron plena conformidad al mandante en cuanto a la calidad, cantidad y oportunidad delos servicios contratado. Prueba irrefutable de ello, es que el MOP jamás se vio enfrentado a pagarindemnizaciones millonarias a las empresas concesionarias por incumplimiento en la entrega deterrenos para dar inicio a las obras.3. A partir de lo razonado, es dable concluir que no se cumple el principio de legitimación activaprocesal respecto del Estado de Chile, pues de las propias aﬁrmaciones del proceso se desprendecon claridad que el actor no es titular del derecho cuya tutela insta, y no existe una norma delegitimación extraordinaria que le faculte a su ejercicio.4. Que Abaco Ingenieros Consultores, y menos su representante legal, no tenían dentro de susatribuciones ﬁscalizar a la inspección ﬁscal ni a los Agentes de Estado, que se coludieron para laexacción ilegal de dineros, por lo que no tenían cómo percatarse desde 500 kilómetros de distanciade los detalles del ardid implementado sólo por empleados estatales.
5. øgt;
Sentencia de la arista principal del caso MOP-Gate
El sol, energia del futuro por Oscar Araos
Energia Termosolar por Oscar Araos
MEDICION SISMICA por Oscar Araos
El cinturon circumpacifico
Propiedades del Ferrocemento por Oscar Araos Guzman
La Casas Mas Resistentes ante Climas Adversos

References: resolución 
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 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 481
 artículo 3
 artículo 456
 artículo 456
 artículo 10
 Resolución 
 artículo 11