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Timestamp: 2017-06-24 15:35:25+00:00

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Por: MARÍA CAMILA MAYA
MINISTERIO DE VIVIENDA PROFIERE RESPUESTA DIRIMIENDO PRÓBLEMATICA INTERPRETATIVA EN MATERIA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PRIORITARIA
1. En los últimos meses se ha venido presentando una problemática relacionada con la determinación del precio máximo pagadero por la adquisición de una Vivienda de Interés Social (en adelante “VIS”) y Vivienda de Interés Prioritario (en adelante “VIP”), y con los elementos que deben contabilizarse como parte de dicho precio.
2. Una de estas posiciones considera que la VIS y la VIP hacen referencia, como el sentido literal de su denominación lo indica, a una vivienda, excluyendo de esta definición a los bienes que sean complementarios, conexos, o accesorios a la unidad habitacional en sí misma. Así, la vivienda social está determinada por una barrera económica estipulada por el Gobierno Nacional en cada Plan Nacional de Desarrollo, conforme a lo previsto por el artículo 91 de la Ley 388 de 1997. 3. La otra posición afirma que, en observancia del artículo 2.1.1.1.1.1.7 del Decreto 1077 de 2015 sobre la obtención de subsidios para la adquisición de VIS, para el cumplimiento de la barrera económica es mandatorio contabilizar el precio o valor de: i) la vivienda; ii) los bienes conexos o complementarios; y iii) los contratos de mejoras o acabados. 4. Para efectos de dirimir la discusión, el día 18 de abril de 2017 se solicitó un concepto al Ministerio de Vivienda colombiano, radicado bajo el número 2017EE0044302; el cual fue tramitado bajo la modalidad de consulta, conforme con lo establecido en el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por la Ley 1755 del 30 de junio de 2015, resuelto el 10 de mayo de 2017 y notificado el 23 de mayo de 2017.
5. La consulta fue elevada con los siguientes interrogantes: i) ¿Cuál es la norma que determina los tipos y topes del precio de las viviendas de interés social, a saber, Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés Prioritaria?; ii) ¿Cuál es el alcance del artículo 2.1.1.1.1.1.7. del Decreto 1077 de 2015 respecto a la adquisición de vivienda nueva con subsidio familiar de vivienda?, y; iii) Si una persona compra una vivienda de interés social sin subsidio familiar de vivienda, ¿puede entonces comprar un parqueadero sin entenderse incluido en los 135 SMMLV?. 6. En respuesta a la solicitud presentada, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, afirmó lo siguiente (extractos): 6.1. “El artículo 44 de la Ley 9 de 1989, modificado por el artículo 91 de la Ley 388 de 1997, define la VIS (…), con base en esa normatividad, el legislador autorizó al Gobierno Nacional para señalar, a través del Plan Nacional de Desarrollo, el tipo y precio máximo de la vivienda de interés social (…) estableciéndose en el actual Plan Nacional de Desarrollo contenido en la Ley 1753 de 2015 (…) que la Vivienda de Interés Social es la unidad habitacional (…) cuyo valor no excede los ciento treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 SMMLV) (…)”
6.2. “El artículo 2.1.1.1.1.1.7 del Decreto 1077 de 2015, establece la destinación del subsidio familiar de vivienda y valor de las viviendas a las cuales puede aplicarse (…) De lo anteriormente anotado se infiere que el valor de la vivienda nueva a ser adquirida con el Subsidio Familiar de Vivienda corresponde al estipulado en los contratos de adquisición, y con los topes establecidos en la Ley, y se presume que incluye los usos y servicios complementarios o conexos, como serían los parqueaderos”.
6.3. “Dada la finalidad por la cual fue concebida la Vivienda de Interés Social, que consiste en hacer efectivo el derecho a la vivienda digna de aquellas personas que por su condición socioeconómica no pueden acceder a una solución de vivienda, se refiere al uso habitacional, siendo el parqueadero, un bien inmueble que presta un uso complementario a la solución habitacional, tan es así que la venta de los mismos conlleva al derecho de uso por compra de espacio, se considera que en ningún caso puede exceder el valor de 135 SMMLV, aun cuando el parqueadero pueda ser objeto de matrícula inmobiliaria independiente al de la vivienda” 7. Finalmente, por medio de este concepto el Ministerio de Vivienda concluye que fue la misma Ley la que se encargó de dirimir el conflicto y “en forma tajante se establece que el valor de la vivienda nueva será el estipulado en los contratos de adquisición, y se presumirá que incluye tanto el valor de los bienes muebles e inmuebles que presenten usos y servicios complementarios o conexos a los mismos, tales como parqueaderos”. 8. Así las cosas, el Ministerio de Vivienda, a pesar de reconocer que es cada Plan Nacional de Desarrollo el encargado de estipular los tipos y topes máximos de precio de las Viviendas de Interés Social, y que el artículo 2.1.1.1.1.1.7 del Decreto 1077 de 2015 es la disposición aplicable para determinar el precio de las viviendas a las cuales les aplica el Subsidio Familiar de Vivienda, concluye que toda VIS deberá enajenarse por un precio máximo de 135 SMMLV, dentro del cual se incluyen todos los bienes y servicios conexos o complementarios a la unidad habitacional. Por: MARÍA CAMILA MAYA y JUAN ESTEBAN AGUDELO
DIAN ACLARA CONCEPTO SOBRE REQUISITOS PARA EXENCIÓN DE RENTA PARA PROYECTOS VIS 1. La DIAN, mediante Oficio 100202208- 0132 del 9 de febrero de 2017, reiteró la revocatoria del oficio 043236 del 21 de julio de 2014, y revocó la doctrina incorporada en los oficios 031220 del 22 de mayo de 2014 y 016193 del 22 de junio de 2016.
2. En el citado Oficio afirmó que “para efectos fiscales, todo monto que supere los máximos establecidos por SMLMV (Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes) para cada unidad habitacional de VIS o VIP o la inclusión de otros muebles o inmuebles que no están previstos en la norma como de usos y servicios complementarios o conexos como lo son los locales comerciales, no serán considerados como base de la exención”.
3. El anterior apartado generó dudas en el sector de la construcción en relación al tope máximo establecido en SMMLV para proyectos de Vivienda de Interés Social (en adelante “VIS”) o Vivienda de Interés Prioritario (en adelante “VIP”) para efectos fiscales, razón por la cual, se presentó una solicitud vía concepto pretendiendo la aclaración de su concepto en cuanto al tope máximo de proyectos VIS o VIP y su tratamiento correlativo como renta exenta.
4. 1. En respuesta a la solicitud presentada por CAMACOL, el 3 de abril del 2017, la DIAN profirió el Concepto 100202208 – 0322 en el cual aclaró que, como se observa del parágrafo 1° del artículo 2.1.1.1.1.1.7. del Decreto 1077 de 2015: “el valor máximo en SMMLV para los proyectos VIS o VIP, no puede exceder en su conjunto los topes establecidos en la norma, y dentro de este valor se incluyen no sólo la unidad habitacional sino los bienes muebles e inmuebles que prestan usos y servicios complementarios o conexos a ésta, entre los cuales se encuentran parqueaderos (…), como el correspondiente a contratos de mejoras o acabados suscritos con el oferente o con terceros (…)”. 5. Finalmente, por medio del nuevo concepto, la DIAN concluye que únicamente gozarán de renta exenta los proyectos cuyo valor en conjunto, es decir, unidad habitacional más bienes conexos o complementarios, no exceda los topes establecidos en la Ley para VIS o VIP, de 135 SMMLV o 75 SMMLV, respectivamente.
6. Así las cosas, en los términos de la DIAN “los proyectos cuya unidad habitacional y servicios conexos o complementarios (…) superen los topes máximos establecidos legalmente en SMLMV para vivienda de interés social y prioritaria, NO tendrán el tratamiento de renta exenta de que trata la Ley”. 7. De conformidad con lo anterior, el Concepto 0322 del 3 de abril de 2017 aclara y revoca en lo que corresponde el Concepto 0132 del 9 de febrero de 2017.
Por: María Camila Maya y Juan Esteban Agudelo
DIAN EMITE NUEVO CONCEPTO SOBRE LA EXENCIÓN EN RENTA PARA PROYECTOS VIS
1. La DIAN, mediante Oficio No. 100202208- 0132 del 9 de febrero de 2017, reiteró la revocatoria del oficio No. 043236 del 21 de julio de 2014, y revocó la doctrina incorporada en los oficios No. 031220 del 22 de mayo de 2014 y la reciente del concepto 016193 del 22 de junio de 2016.
2. Según el revocado Oficio No. 031220 del 22 de mayo de 2014 de la DIAN, eran condiciones para acceder a la exención tributaria de que trata el numeral 9° del artículo 207-2 del Estatuto Tributario “que la utilidad que se obtuviera fuera proveniente de la enajenación de un bien aportado a un patrimonio autónomo, creado única y exclusivamente para la finalidad allí consagrada, esto es, para fines de utilidad pública”, razón por la cual afirmaba que “si además de la construcción de viviendas de interés social en el terreno aportado al patrimonio autónomo administrado en fiducia inmobiliaria, también se edificaban unidades correspondientes a locales comerciales y parqueaderos, éstos últimos elementos descartaban de plano los fines de utilidad pública con los cuales hubiera sido creado aquel patrimonio autónomo”.
3. Por su parte, el revocado Oficio 016193 del 22 de junio de 2016 señalaba que aquello que permitía declarar un inmueble como de interés social en los términos de los literales b) y c) del artículo 58 de la Ley 388 de 1997, era el hecho de ser adquiridos por parte de las entidades estatales para destinarlos al desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, siendo necesaria la preexistencia de un acto administrativo que declarara la utilidad pública o el interés social de aquellos predios que fueran a adquirirse, todo ello para efectos de lograr el beneficio de exención de renta sobre la utilidad proveniente de la enajenación de predios. Así mismo señalaba que el beneficio podía extenderse para el caso de “utilidad en la venta de inmuebles adquiridos con fundamento en los literales b) y c) del artículo 58 de la Ley 388 de 1997, que fueran destinados como aportes a patrimonios autónomos con dichas finalidades exclusivamente”
4. Lo anterior fue desestimado por el Oficio No. 100202208- 0132 del 9 de febrero de 2017, según el cual “la competencia para declarar los fines de utilidad pública o interés social deviene de las facultades expresas que tiene el legislador, por lo cual no se puede inferir que se requiere la expedición de algún acto que la declare, por parte de la autoridad administrativa”; adicionalmente afirma que “el Decreto Reglamentario 2755 de 2003 exige para que se obtenga el beneficio de rentas exentas que se reconozca la utilidad común o el interés social de la actividad”, de tal forma que para la aplicación de la exención de renta dispuesta en el numeral 9° del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 99 de la Ley 1819 de 2016, basta con que en los predios aportados al patrimonio autónomo se desarrollen proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS), sin que sea necesario previo proceso de declaración de los bienes como de utilidad pública o de interés social en términos del derecho urbanístico, o sin que dichos predios aportados al patrimonio autónomo fueran previamente calificados por el correspondiente Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para el desarrollo de Vivienda de Interés Social (VIS) o Vivienda de Interés Prioritario (VIP). 5. Como argumento adicional, el Oficio No. 100202208- 0132 del 9 de febrero de 2017, reitera la definición del artículo 2.1.1.1.1.1.7. del Decreto 1077 de 2015, al decir que el valor de la vivienda nueva es aquel estipulado en los contratos de adquisición, que para el caso de la vivienda de interés social no puede superar los 135 SMMLV, e incluye el valor de los muebles e inmuebles que presten usos y servicios complementarios o conexos a la vivienda, por ejemplo, los parqueaderos, depósitos, buhardillas, antejardines, patios o contratos de mejoras o acabados suscritos con el oferente o con terceros. Así las cosas, los valores que excedan los 135 SMMLV para cada unidad de Vivienda de Interés Social (VIS) o incluyan otros bienes no clasificados como de usos y servicios complementarios o conexos, por ejemplo, los locales comerciales, no serán considerados como base para el cálculo de la exención. 6. Así las cosas, la DIAN tomará como base de la exención los 135 SMMLV que represente cada unidad habitacional de Vivienda de Interés Social (VIS), sin importar las cifras que la excedan o los valores de otros inmuebles que no le sean complementarios o conexos, aun cuando los mismos estén en el mismo fideicomiso inmobiliario y, adicionalmente, no se deberá tramitar la certificación de utilidad pública en ningún proyecto del régimen subsidiado. 7. Para finalizar, con esta nueva Doctrina de obligatorio cumplimiento para la DIAN es posible afirmar, en primer lugar, que estarán exentas de renta las utilidades producto de la venta de los predios aportados a los patrimonios autónomos en que pretendan desarrollarse 3 proyectos de vivienda de interés social; y en segundo lugar, para calcular la exención de renta sobre las utilidades producto de la venta de viviendas se tomará como base el valor estipulado en los contratos de adquisición, aplicable a la vivienda y a los demás bienes que presten usos o servicios complementarios a ésta, sin tener en cuenta los montos que superen los 135 SMMLV, ni el valor de otros bienes que no se entiendan complementarios o conexos a la vivienda de interés social, tales como locales comerciales. Por: MANUELA PALACIO TIRADO
ALCANCE DEL NUEVO CÓDIGO DE POLICÍA EN ASUNTOS URBANÍSTICOS
1. El nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016), el cual entró a regir a partir del 30 de enero de 2017, estableció en su artículo 135 una serie de comportamientos contrarios a la integridad urbanística y, por consiguiente, considerados como prohibidos y sancionados por la normatividad en materia policiva. 2. Dicho artículo 135 entró a describir de una manera más detallada algunas de las conductas consideradas como infracciones urbanísticas en la Ley 388 de 1997, prohibiendo su realización y autorizando a las autoridades de policía para intervenir y sancionar dichas conductas según el caso, incluso, con medida de suspensión de obra de manera temporal, sin necesidad de acudir la autoridad de control urbanístico.
3. Adicionalmente, estableció una serie de obligaciones para el constructor o contratista durante la ejecución de las obras, por ejemplo, destinar un lugar al interior de la construcción para guardar materiales, maquinaria, escombros o residuos y no ocupar con ellos, ni siquiera de manera temporal, el andén, las vías o espacios públicos circundantes; proveer de unidades sanitarias provisionales para el personal que labora y visita la obra y adoptar las medidas requeridas para mantenerlas aseadas; limpiar las llantas de los vehículos que salen de la obra para evitar que se arroje barro o cemento en el espacio público; limpiar el material, cemento y los residuos de la obra, de manera inmediata, cuando caigan en el espacio público; entre algunas otras tendientes a la protección del espacio público, del medio ambiente y de las personas que transiten o trabajen en la obra.
4. Especialmente, queremos resaltar del artículo 135 del Código de Policía y Convivencia, su numeral 24, el cual impone una limitante para quienes pretendan trabajar en obra en zonas residenciales. Este numeral establece que quienes pretendan demoler, construir o reparar obras en zonas residenciales, no podrán hacerlo en el horario comprendido entre las 6 de la tarde y las 8 de la mañana, así como tampoco los días festivos; por tanto, quienes incurran en un comportamiento contrario a esta disposición, serán sancionados con la suspensión de la construcción, según lo establece el parágrafo 7° del artículo 135. 5. Igualmente, el parágrafo 7° del artículo 135 trae el listado de las medidas correctivas a aplicar para quienes incurran en estas conductas o para quienes incumplan con estas obligaciones. Entre las medidas correctivas se encuentran: (i) multa especial por infracción urbanística, (ii) demolición de obra, (iii) construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble, (iv) suspensión de la construcción, (v) suspensión definitiva de la actividad, (vi) remoción de muebles y (vii) reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles. 6. Para finalizar, es importante tener en cuenta lo establecido en los artículos 151 y 153 del Código Nacional de Policía y Convivencia, los cuales permiten a las autoridades de policía otorgar permisos o autorizaciones para la realización de actividades prohibidas o condicionadas por la normatividad en materia policiva, como es el caso de la restricción en los horarios para la realización de los trabajos de construcción en zonas residenciales.
Por: SIMÓN RESTREPO y CAROLINA MEJÍA LICENCIA DE MATERNIDAD EN COLOMBIA PASÓ DE 14 A 18 SEMANAS
1. Mediante la sanción de la Ley 1822 del 4 de enero de 2017, la licencia de maternidad en Colombia aumentó de catorce (14) a dieciocho (18) semanas. El artículo 1° de la referida ley, modificó el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo que establecía el descanso remunerado de las maternas en catorce (14) semanas.
2. El tiempo de la licencia de paternidad por su parte, que opera por los hijos nacidos de la cónyuge o de la compañera permanente, no tuvo cambios y se mantuvo en ocho (8) días hábiles de licencia remunerada. 3. En cuanto a la licencia de maternidad preparto dispuesta en el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 1° de la Ley 1822 de 2017 hizo los siguientes cambios:
3.1 La licencia de maternidad preparto será de una (1) semana con anterioridad a la fecha probable del parto debidamente acreditada. El artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo disponía que la licencia preparto sería de dos (2) semanas con anterioridad a la fecha probable del parto. 3.2 Dispuso además que, si por alguna razón médica la futura madre requiere una semana adicional previa al parto, puede hacer uso de ella, correspondiendo entonces dos (2) semanas de la licencia al periodo preparto y dieciséis (16) al periodo posparto. 4. En cuanto al valor de la licencia de maternidad, el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo establece que la remuneración debe ser equivalente al salario que devengue la trabajadora al momento de iniciar su licencia.
5. En caso de que el salario no sea fijo, para determinar el valor de la licencia remunerada de maternidad, se tomará en cuenta el salario promedio devengado por la trabajadora en el último año de servicio o en todo el tiempo, si fuere menor. 6. El artículo 1° de la Ley 1822 de 2017, que modificó el numeral 4° del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, determina que, la madre adoptante tiene los mismos derechos y garantías que la madre biológica, en lo que tiene que ver con el periodo de licencia de maternidad. 7. En el evento en que la madre fallezca o se enferme la licencia se extenderá al padre, debiendo el empleador de éste, concederle el tiempo que falté para que la misma termine.
8. En el evento de que la madre tenga un parto múltiple, el numeral 5° del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley 1822 de 2017, prolonga la licencia dos (2) semanas más. 9. Tratándose del nacimiento de niños prematuros, el tiempo de la licencia se contará desde la fecha en la que el médico certificó el nacimiento del bebé (con el tiempo completo), trayendo como consecuencia que la madre estará ausente del trabajo el tiempo faltante del embarazo y las dieciocho (18) semanas de licencia que trae la nueva ley. 10. De acuerdo con las modificaciones introducidas por la Ley 1822 de 2017, los tiempos de la licencia pueden ser los siguientes:
10.1 Regla general: una (1) semana de licencia de maternidad preparto y diecisiete (17) semanas correspondientes al periodo posparto.
10.2 Excepción: dos (2) semanas de licencia de maternidad preparto y dieciséis (16) semanas correspondientes al periodo posparto. Este supuesto se da cuando existen razones médicas que justifiquen dos (2) semanas de licencia preparto. 10.3 Excepción: dieciocho (18) semanas de licencia posparto cuando por razones médicas la trabajadora no pueda disfrutar de una (1) semana en el periodo anterior al parto.
11. La Ley 1823 de 2017, tiene una injerencia directa con la protección de la maternidad ya que la misma creó la figura de las Salas A migas de la Familia Lactante del Entorno Laboral. 12. Esta ley impone la obligación de adecuar en sus instalaciones “un espacio acondicionado y digno para que las mujeres en periodo de lactancia que laboran allí, puedan extraer la leche materna asegurando su adecuada conservación durante la jornada laboral” para las entidades públicas del orden nacional y territorialy las entidades privadas
13. Es por esto que las empresas privadas con capitales iguales o superiores a 1.500 salarios mínimos o aquellas con capitales inferiores a esta suma pero que tengan más de cincuenta (50) empleados, deberán contar con estas salas. 14. En cuanto al término que tienen las empresas para la implementación de las Salas Amigas de la Familia Lactante, la nueva ley dispone un plazo de dos (2) años para las empresas privadas con más de 1.000 empleados. Por su parte, aquellas empresas privadas con menos de 1.000 empleados, cuentan con cinco (5) años para dar cumplimiento a lo establecido en la mencionada ley. Por: JUAN ESTEBAN AGUDELO ENTREGA DE ZONAS COMUNES EN LOS PROYECTOS DE VIVIENDA 1. Actualmente en Colombia, la normatividad urbanística permite dos modalidades de proyectos inmobiliarios destinados a vivienda respecto a su fase constructiva: los edificados en una única fase y los que se desarrollan por etapas. Los primeros, no son proyectos con muchas zonas comunes, las cuales, mayoritariamente, son esenciales, tales como escaleras, ascensores y puntos fijos; los segundos, por la magnitud de su área total construida y el tamaño del terreno donde se edifican, conllevan una alta carga de obligaciones urbanísticas y zonas comunes de recreación. 2. La ley 675 de 2001, contempla un procedimiento general respecto a la entrega de las zonas comunes en un proyecto residencial, con algunas características especiales, cuando se trata de proyectos desarrollados por etapas, aunque la normatividad regulatoria del Régimen de Propiedad Horizontal desconoce algunas situaciones prácticas que generan dificultades para el constructor y para los propietarios de zonas privadas al momento de entregar y recibir las zonas comunes.
3. El artículo 3° de la ley 675 de 2.001 define los bienes comunes como las “partes del edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal pertenecientes en proindiviso a todos los propietarios de bienes privados, que por su naturaleza o destinación permiten o facilitan la existencia, estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad, uso, goce o explotación de los bienes de dominio particular”. Ver mas...
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