Source: https://www.legaltoday.com/historico/jurisprudencia/constitucional-comunitario/sentencia-num-1692015-tribunal-constitucional-madrid-20-07-2015-2016-05-02/
Timestamp: 2020-08-13 11:06:42+00:00

Document:
Sentencia núm. 169/2015 Tribunal Constitucional Madrid () 20-07-2015 - Legal Today
13/08/2020. 13:06:41
MARGINAL: RTC2015169
PROCEDIMIENTO: Recurso de Amparo núm. 169/2015
DERECHO FUNDAMENTAL A OBTENER LA TUTELA EFECTIVA DE JUECES Y TRIBUNALES: Derecho a obtener una resolución fundada en derecho: jurisdicción y proceso contencioso-administrativo: desestimación de recurso contencioso-administrativo interpuesto contra acto administrativo sancionador: alteración de la naturaleza jurídica del acto impugnado al que no se atribuye carácter sancionador sino reparador de perjuicios: motivación de la resolución judicial que no cumple con el canon de razonabilidad establecido por la doctrina constitucional y que ha cercenado las posibilidades de defensa del demandante: indefensión: vulneración existente. El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo interpuesto contra la Sentencia de 18-10-2013, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Lugo, que desestima la demanda interpuesta contra el decreto de 06-07-2012, de la Diputación Provincial de Lugo, y contra la providencia de 21-11-2013, por la que se inadmite el incidente de nulidad de actuaciones deducido contra dicha Sentencia. Nulidad de las resoluciones impugnadas y retroacción de actuaciones. Vulneración existente del derecho fundamental a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales sin indefensión, en su vertiente derecho a obtener una resolución fundada en Derecho.
a) Por decreto de fecha 24 de febrero de 2012, la Diputación Provincial de Lugo acordó la incoación del expediente sancionador núm. 1-2012, seguido contra don F.A.S, agente forestal de la Xunta de Galicia, como presunto autor de una falta muy grave prevista en el art. 43.4 c) de la Ley 4/1994, de 14 de septiembre (LEG 1994, 313) de carreteras de Galicia, cuyo contenido es el siguiente: «Destruir, deteriorar, alterar o modificar cualquier obra o instalación de la carretera o de los elementos funcionales de la misma cuando las actuaciones afecten a la calzada o a los arcenes». En síntesis, los hechos que motivaron la apertura del referido expediente fueron los siguientes: el día 12 de septiembre de 2007, el demandante de amparo conducía el vehículo matrícula 8990 DCR, propiedad de la empresa Mobus y alquilado por la Xunta de Galicia para uso de los agentes forestales, con seguro a cargo de la Mutua General de Seguros. El vehículo transitaba por la carretera LU-2925, vía cuya titularidad corresponde a la indicada Diputación, y debido a la falta de atención de su conductor, el referido vehículo se salió de la calzada y colisionó contra la barrera mixta de madera y metal, lo que originó desperfectos por importe de 1.901,24 euros.
e) El día 11 de diciembre de 2012, el recurrente interpuso demanda contencioso-administrativa contra la resolución sancionadora antes indicada. En dicho escrito alegó la violación del derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 CE (RCL 1978, 2836) ); del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE); la falta de tipicidad de los hechos sancionados (art 25.1 CE; y la desviación de poder por parte de la Administración. A fin de acreditar la discriminación y la indefensión sufrida en sede administrativa, por otrosí interesó la siguiente prueba documental anticipada: «[q]ue la Diputación Provincial de Lugo aporte certificación acerca de los expedientes sancionadores instruidos y finalizados con resolución sancionadora, con motivo de accidentes de circulación en la vía denominada «Rio Rato», debiendo hacerse constar la tipificación, calificación y cuantía de la multa acordada en su caso». La referida demanda fue admitida a trámite, por Auto de fecha 13 de diciembre de 2012, y dio lugar a la incoación del procedimiento abreviado núm. 403-2012, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Lugo. En la referida resolución se acordó solicitar el informe que el demandante interesó por medio de otrosí.
Resulta evidente de la sola lectura del atestado que el demandante no ha realizado la infracción aquí descrita, por lo que sin duda está vulnerándose el principio de tipicidad, en el supuesto de que lo pretendido en el expediente sea una sanción que pretenda castigar la ilicitud del hecho. Ahora bien, del contenido de la resolución, parece deducirse que tal finalidad no es tan evidente. Efectivamente, en el cuerpo de la resolución (f.46 in fine y f.47 del expediente) se señala que se impone al demandante «la sanción de 1901,24 euros consistente en el coste que a esta Diputación supuso la reposición del medio físico original del daño causado por Abuín Silva».
El ente provincial está mezclando dos cosas diferentes, que se tramitaron conjuntamente y así lo prevé la ley, pero cuya disposición material tanto en la resolución como en el acto de incoación (folios 18 y 19 del expediente) ha dado lugar a equívocos en el ánimo del demandante. Así, el artículo 48.3 LCG señala que «El plazo de prescripción de las infracciones a que se refiere el artículo 43 será de cinco años para las muy graves, de tres años para las graves y de un año para las leves, a contar desde su total consumación. No obstante, se exigirá la restitución de las cosas y su reposición al estado anterior, cualquiera que sea el tiempo transcurrido».
La Administración ha procedido en el mismo expediente a tramitar la posible sanción y la obligación de restitución, que son cosas diferentes, pero que nada obsta que se pueda llevar adelante conjuntamente, siempre que se garantice, como en cualquier expediente, el principio de contradicción y defensa. En el caso de autos, la Administración pretendió hacer las dos cosas a la vez y calificando los hechos como muy graves, tal vez por el temor a que operara la prescripción en caso contrario. Dicha calificación, mantenida en la resolución, es una torpeza, porque la propia norma permite seguir en cualquier tiempo un expediente para conseguir la restitución del daño, y esto es independiente de la vigencia o no del expediente sancionador [responde al principio indemnizatorio del artículo 1.902 del Código Civil (CC) (LEG 1889, 27) y es por lo tanto una institución civil, no al sancionador], bastando la existencia de culpa o negligencia.
i) Mediante escrito de fecha 13 de noviembre de 2013, el demandante interpuso incidente de nulidad de actuaciones. En esencia, atribuyó a la Sentencia parcialmente transcrita la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE (RCL 1978, 2836) . Sobre ese particular, el demandante adujo que la decisión judicial subsanó indebidamente la denegación de la prueba que fue interesada en el expediente sancionador, con contravención de lo establecido por la doctrina constitucional. También alegó que la Sentencia combatida conculca los principios del procedimiento sancionador y el carácter revisor del recurso contencioso-administrativo, hasta el extremo de considerar que la resolución administrativa no tiene naturaleza sancionadora, tesis esta que no fue sustentada, siquiera, por la propia Administración.
En la demanda de amparo el recurrente alega que la Sentencia combatida ha lesionado su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE (RCL 1978, 2836) por dos motivos. En primer lugar, aduce que la Administración le denegó indebidamente el informe que solicitó durante la tramitación del expediente sancionador y, a su vez, sostiene que de conformidad con la doctrina constitucional ( STC 35/2006, de 13 de febrero (RTC 2006, 35) , el posterior proceso contencioso-administrativo no puede servir nunca para remediar las posibles lesiones de garantías constitucionales causadas por la Administración en el ejercicio de su potestad sancionadora. Por ello, el órgano judicial no debió entender subsanada la indebida denegación de prueba, que ya fue denunciada en el expediente sancionador, mediante la aportación al procedimiento judicial del informe relativo al número de expedientes sancionadores incoados por hechos similares al presente supuesto.
Por providencia de fecha 9 de octubre, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional dispuso la admisión a trámite de la demanda de amparo. En aplicación de lo previsto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) (RCL 1979, 2383) acordó dirigir atenta comunicación al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Lugo para que, en plazo que no exceda de diez días, remita testimonio del procedimiento abreviado núm. 403-2012. Asimismo, acordó que el órgano judicial emplazara, por plazo máximo de diez días, a quienes fueron parte en el mencionado procedimiento, con excepción del recurrente en amparo, para que puedan comparecer en este procedimiento constitucional.
El día 30 de enero de 2015 presentó sus alegaciones el Fiscal. En primer lugar, compendia los hechos sobre los que versa el presente recurso y detalla los aspectos más relevantes de la fundamentación jurídica de la Sentencia impugnada y de la demanda de amparo. En relación con el primer motivo enunciado por el demandante, el Fiscal resume la doctrina constitucional sobre el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa y, tras ello, destaca que para apreciar la vulneración de ese derecho es necesario que la prueba no admitida sea decisiva en términos de defensa. Conforme al planteamiento del demandante, lo que a través de la prueba denegada en el expediente sancionador se pretendía acreditar era el trato peyorativo sufrido por aquél, con motivo de la incoación del expediente sancionador a causa del accidente de circulación. En base a esa premisa, el Fiscal descarta la lesión denunciada, pues aun cuando en otros supuestos similares al presente no se hubiera impuesto sanción, ninguna relevancia cabría a otorgar a ese dato, toda vez que, según reiterada doctrina constitucional (entre otras STC 181/2006, de 19 de junio (RTC 2006, 181) FJ 3), «el principio de igualdad ante la ley no da cobertura a un imposible derecho a la igualdad en la ilegalidad». En suma, la no imposición de sanciones en casos semejantes no vulnera el mandato enunciado en el primer inciso del art. 14 CE (RCL 1978, 2836) ya que lo único relevante es si la conducta enjuiciada es o no merecedora de sanción.
En relación con el segundo motivo de la demanda, el Fiscal considera que el órgano judicial ha reconstruido la legitimidad de la actuación administrativa con argumentos que literalmente califica de «peregrinos, absolutamente irrazonables y extravagantes desde diversas perspectivas», que no sólo dan lugar a la lesión del art. 24.1 CE, sino también reflejan el desconocimiento del principio de legalidad reconocido en el art. 25.1 CE y de la garantía material de tipicidad que lo integra. En apoyo de lo expuesto, señala que en el fundamento jurídico 2 de la Sentencia combatida se descarta la existencia de tipicidad en la conducta del demandante, conforme al siguiente aserto: «[r]esulta evidente que de la sola lectura del atestado el demandante no ha realizado la infracción descrita, por lo que sin duda está vulnerándose el principio de tipicidad en el supuesto de que lo pretendido en el expediente sea una sanción que pretenda castigar la ilicitud del hecho». Sin embargo, en vez de llegar a la lógica conclusión de estimar vulnerado el principio de tipicidad, el órgano judicial se limita a decir que el proceder de la Administración fue erróneo, pues para obtener la reparación de los daños podría haberse acogido a la fórmula establecida en el art. 48.3 de la Ley de carreteras de Galicia (LEG 1994, 313) sin fijar sanción alguna. A juicio del Fiscal, este argumento no tiene en cuenta que la aplicación del precepto último citado requiere de la comisión de una infracción, pues su aplicación está prevista para aquellos casos en que tal infracción haya prescrito y no obstante lo cual se exigirá la restitución de las cosas y su reposición al estado anterior, cualquiera que sea el tiempo transcurrido. Por tanto, la sola pretensión de reparación de los desperfectos causados no puede encauzarse mediante un procedimiento sancionador, ni ser satisfecha a través de la imposición de una sanción.
El presente recurso de amparo se dirige contra la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Lugo, de fecha 18 de octubre de 2013, recaída en el procedimiento abreviado núm. 403-2012. También se dirige contra la providencia de fecha 21 de noviembre de 2013, en virtud de la cual se inadmite el incidente de nulidad interpuesto contra la referida Sentencia. Para el demandante, la Sentencia combatida vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE (RCL 1978, 2836) , puesto que ha dado por subsanada la indebida denegación de la prueba interesada en el expediente sancionador, sin tener en cuenta que la doctrina constitucional no permite que en el procedimiento judicial se sanen los vicios cometidos por la Administración en detrimento de las garantías constitucionales. En segundo término se alega que el órgano judicial confirmó la validez de la resolución dictada por la Administración, al entender que dicha resolución tiene una finalidad restitutoria y no sancionadora, criterio este que no atiende a su verdadera naturaleza y no se corresponde con la tesis sustentada por la Diputación Provincial de Lugo. Por ello, afirma que el fallo dictado le ha originado indefensión, dado que ejerció su derecho de defensa de manera congruente con la naturaleza sancionadora de la resolución administrativa.
Aunque ninguna de las partes comparecidas ha puesto en duda la especial trascendencia constitucional de este recurso, que es requisito para su admisión de conformidad con los arts. 49.1 y 50.1 b) de nuestra Ley Orgánica, esta condición de requisito de admisión y por consiguiente de orden público procesal (entre otras, STC 113/2012, de 24 de mayo (RTC 2012, 113) FJ 2, y las allí citadas) así como exigencias de certeza y buena administración de justicia ( STEDH de 20 de enero de 2015 (TEDH 2105, 3) caso Arribas Antón contra España, apartado 46) obligan a explicitar el cumplimiento de ese requisito para hacer así reconocibles los criterios empleados al efecto por este Tribunal. En el presente recurso, las especificidades propias del caso permiten a este Tribunal perfilar o aclarar su doctrina en relación con el alcance y contenido del control judicial, en sede contencioso-administrativa, respecto de las resoluciones sancionadoras adoptadas por la Administración [ STC 155/2009 (RTC 2009, 155) FJ 2 b)].
Previamente a abordar las cuestiones que nos corresponde resolver, procede delimitar el alcance de nuestro enjuiciamiento. Como ha quedado expuesto el Fiscal atribuye, tanto a la resolución administrativa como a la Sentencia, la vulneración del derecho a la legalidad en materia sancionadora reconocido en el art. 25.1 CE (RCL 1978, 21836) mientras que el recurrente limita su pretensión, reflejada en el escrito de demanda, al reconocimiento de la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), que aquél achaca a las resoluciones judiciales referenciadas en el encabezamiento de esta Sentencia. Siendo así, cumple decir, conforme a lo establecido por la doctrina constitucional (entre otras SSTC 74/1985, de 18 de junio (RTC 1985, 74) FJ 1; 131/1986, de 29 de octubre (RTC 1986, 131) FJ 1; 291/1993, de 18 de octubre (RTC 1993, 291) FJ 1, y 63/2000, de 13 de marzo (RTC 2000, 63) FJ 1), que el objeto del proceso de amparo queda definitivamente fijado en el escrito de demanda, sin que el trámite de alegaciones del art. 52.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional consienta una alteración sustancial del mismo con nuevas pretensiones. Por ello, solamente nos corresponde conocer sobre la eventual vulneración del derecho fundamental recogido en el escrito que principia el presente recurso de amparo, es decir, la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
Efectuada la anterior acotación, procede analizar el primer motivo esgrimido en la demanda de amparo. Sostiene el recurrente que el órgano judicial dio indebidamente por sanada la denegación de prueba cuya práctica instó en el expediente sancionador. Ciertamente, en el apartado a) del fundamento jurídico 1 de la Sentencia combatida se afirma que la denegación del informe interesado en la vía administrativa ha quedado salvado en sede contenciosa, al haberse admitido como prueba el informe elaborado por la Diputación Provincial de Lugo sobre los expedientes sancionadores incoados con motivo de accidentes de circulación. Por otro lado, también es cierto que este Tribunal ha proclamado, con carácter general, que el procedimiento contencioso-administrativo no es un instrumento apto para sanar las vulneraciones de las garantías constitucionales acaecidas en la vía administrativa (entre otras, STC 70/2008, de 23 de junio (RTC 2008, 70) FJ 7). Asimismo, debe destacarse que, tanto en sede administrativa como judicial, el demandante de amparo ha venido recabando la elaboración de un informe explicativo sobre los expedientes sancionadores incoados y las sanciones impuestas con ocasión de los daños causados en la carretera con ocasión de accidentes de circulación.
Sin perjuicio de lo expuesto, para dar adecuada respuesta al primer motivo suscitado por el demandante resulta preciso tener en cuenta las siguientes consideraciones adicionales. Según se indica en la demanda de amparo, lo que el recurrente pretendía acreditar a través de la prueba documental interesada en el expediente administrativo era el tratamiento discriminatorio de que fue objeto, en relación con otros terceros involucrados en accidentes de circulación. Este alegato fue expresamente abordado en la sentencia impugnada y, al respecto, el juzgador consideró que, aun cuando el recurrente hubiera sido tratado de manera peyorativa, tal circunstancia no comportaría una vulneración del art. 14 CE (RCL 1978, 2836) puesto que no cabe exigir un tratamiento igual en situaciones de ilegalidad.
Según reiterada doctrina constitucional, para apreciar lesión del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 CE) es necesario que la prueba interesada y no practicada resulte decisiva en términos de defensa. Así lo hemos afirmado, entre otras, en la STC 129/2005, de 23 de mayo (RTC 2005, 129) FJ 4: «Es necesario, por lo demás –como ya hemos recordado con anterioridad–, que la falta de actividad probatoria se haya traducido en una efectiva indefensión del recurrente, o lo que es lo mismo, que sea «decisiva en términos de defensa», lo que exige que el recurrente haya alegado y fundamentado adecuadamente dicha indefensión material en la demanda, habida cuenta de que, como es notorio, la carga de la argumentación recae sobre los demandantes de amparo. La anterior exigencia se proyecta en un doble plano: de una parte, el demandante ha de razonar en esta vía de amparo la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas; de otra, deberá, además, argumentar de modo convincente que la resolución final del proceso a quo podía haberle sido favorable de haberse aceptado y practicado la prueba objeto de controversia, ya que sólo en tal caso, comprobado que el fallo pudo, acaso, haber sido otro si la prueba se hubiera admitido y practicado, podrá apreciarse también el menoscabo efectivo del derecho de quien por este motivo solicita amparo».
A continuación procede dar respuesta al segundo de los motivos indicados en el escrito de demanda, si bien, con carácter previo resulta oportuno delimitar el parámetro al que se ha de sujetar nuestro enjuiciamiento. Este Tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse reiteradamente sobre una de las vertientes del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, concretamente el derecho a obtener una resolución motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones de las partes. Sobre ese particular hemos afirmado lo siguiente: «Como hemos recordado en la STC 64/2010 de 18 de octubre (RTC 2010, 64) FJ 3, ‘el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE (RCL 1978, 2836) no incluye un pretendido derecho al acierto judicial en la selección, interpretación y aplicación de las disposiciones legales, pero sí comprende, entre otras dimensiones, el derecho a obtener una resolución judicial motivada que, a su vez, según la doctrina constitucional, presenta varias manifestaciones. Supone, en primer lugar, que la resolución ha de estar suficientemente motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión; y en segundo lugar, que la motivación debe contener una fundamentación en Derecho, lo que conlleva la garantía de que la decisión no sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, ni resulte manifiestamente irrazonable, incursa en un error patente o en una evidente contradicción entre los fundamentos jurídicos, o entre éstos y el fallo, ya que, en tal caso, la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia’ ( SSTC 147/1999, de 4 de agosto (RTC 1999, 147) FJ 3; 25/2000, de 31 de enero (RTC 2000, 25) FJ 2; 87/2000, de 27 de marzo (RTC 2000, 87) FJ 3; 82/2001, de 26 de marzo (RTC 2001, 82) FJ 2; 221/2001, de 31 de octubre (RTC 2001, 221) FJ 6; 55/2003, de 24 de marzo (RTC 2003, 55) FJ 6; 223/2005, de 12 de septiembre (RTC 2005, 223) FJ 3; y 276/2006, de 25 de septiembre (RTC 2006, 276) FJ 2, entre otras muchas). Asimismo, hemos venido afirmando que son los órganos judiciales los únicos competentes, ex art. 117.3 CE, para resolver sobre las materias de estricta legalidad ordinaria, si bien también hemos advertido que sus decisiones pueden ser objeto de revisión en vía de amparo si resultan inmotivadas o manifiestamente irrazonables o arbitrarias, pues, en tal caso, vulnerarían el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE» ( STC 138/2014, de 7 de octubre (RTC 2014, 138) FJ 2).
Despejado, pues, cuál es el canon al que se debe sujetar nuestro pronunciamiento, a continuación procede dilucidar si el órgano judicial lesionó el derecho fundamental indicado en la demanda. A tal fin, en primer lugar resulta pertinente esclarecer si la resolución dictada por la Diputación Provincial de Lugo reviste o no naturaleza sancionadora, mediante el escrutinio de los aspectos más relevantes del procedimiento seguido contra el demandante en vía administrativa. A ese respecto, no cabe albergar dudas acerca del carácter sancionador del procedimiento seguido y de la medida que finalmente se impuso al demandante, pues concurren todos los signos externos que identifican la naturaleza punitiva de la actuación administrativa. De entrada, el Decreto de fecha 24 de febrero de 2012 contempla, como motivo de la incoación del expediente, la comisión de una falta muy grave prevista en el art. 43.4 c) de la Ley de carreteras de Galicia (LEG 1994, 313) , de la que se considera presuntamente responsable al demandante, por ser el autor material de los daños y por conducir de manera negligente. Por su parte, la resolución que puso fin al proceso sancionador refleja con nitidez cuál es su naturaleza: indica con claridad el hecho del que se considera responsable al recurrente; fundamenta la fuente de culpabilidad de su comportamiento; subsume la conducta del autor en sendas infracciones de carácter muy grave [arts. 43.4 b) y c) de la Ley de carreteras de Galicia; y, por último, fija la sanción dentro de los márgenes previstos para ese tipo de infracciones, acogiéndose al principio de proporcionalidad para fijar la cuantía de aquélla. A lo ya expuesto, cabe añadir que durante el procedimiento judicial e, incluso, en esta sede constitucional, la Diputación Provincial de Lugo ha sostenido sin ambages que al demandante de amparo le fue impuesta una sanción por la comisión de un ilícito administrativo.
Una vez solventados los anteriores prolegómenos, resta por elucidar si la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Lugo se acompasa con la doctrina expuesta en el fundamento jurídico 4 de esta resolución. Y la respuesta que cumple dar ha de ser negativa, por las razones que a continuación detallan. El órgano judicial halla en el art. 48.3 de la Ley de carreteras de Galicia (LEG 1994, 313) fundamento bastante para exigir al demandante el importe de los desperfectos causados. Dicho precepto es del siguiente tenor: «El plazo de prescripción de las infracciones a que se refiere el art. 43 será de cinco años para las muy graves, de tres años para las graves y de un año para las leves, a contar desde su total consumación. No obstante, se exigirá la restitución de las cosas y su reposición al estado anterior, cualquiera que sea el tiempo transcurrido». Visto el contenido de la norma transcrita, hemos de afirmar, de consuno con lo informado por el Fiscal, que la toma en consideración del art. 48.3 de la Ley de carreteras de Galicia como título habilitante para reclamar el importe de los desperfectos requiere, inexorablemente, de la comisión de una infracción tipificada en la norma sancionadora, pues si la conducta del autor no es susceptible de ser incardinada en un ilícito administrativo, tampoco cabría invocar la prescripción de la infracción como título válido para exigir el coste de los perjuicios ocasionados. Por ello, al descartar el órgano judicial la comisión de una infracción administrativa, el intento de legitimar la actuación administrativa sobre la base de lo preceptuado en el art. 48.3 de la Ley de carreteras de Galicia resulta jurídicamente inasumible. Por otro lado, el órgano judicial soslayó la aplicación de su propio criterio acerca del encaje de la conducta del demandante en la infracción señalada por la Administración, pues en vez de resolver conforme al presupuesto de la reconocida falta de tipicidad de los hechos, decidió desestimar las pretensiones del demandante, en el entendimiento de que la sanción impuesta no fue tal sanción sino un mero resarcimiento de los perjuicios causados.
Por todo lo expuesto, hemos de proclamar que no se ha respetado el derecho del recurrente a la tutela judicial efectiva sin indefensión, en su vertiente del derecho a obtener una resolución fundada (art. 24. 1 CE (RCL 1978, 2836) . Por ello, la demanda de amparo debe estimarse y, en consecuencia, procede restablecer al recurrente en la integridad del derecho fundamental vulnerado, anular las resoluciones judiciales impugnadas y retrotraer las actuaciones al momento de dictar Sentencia, para que se dicte nueva resolución que sea respetuosa con el derecho fundamental lesionado, conforme a los argumentos expuestos en el fundamento jurídico 6 de esta nuestra Sentencia.

References: resolución 
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in fine
 resolución 
 artículo 48
 artículo 43
 artículo 1
 resolución 
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