Source: http://www.slideshare.net/raquelsasa71/medidas-economicas
Timestamp: 2016-06-30 20:54:26+00:00

Document:
by Alexis Quispe Lucas
modificación permisos, vacaciones, prestaciones económicas ....de los funcionarios públicos
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 168	Sábado 14 de julio de 2012	Sec. I. Pág. 50428I. DISPOSICIONES GENERALESJEFATURA DEL ESTADO9364 Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar laestabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.ILa recesión que comenzó a experimentar la economía española en el año 2008 y lapolítica económica entonces seguida para hacerla frente llevaron a la acumulación dealgunos desequilibrios macroeconómicos insostenibles. En la medida en que estosdesequilibrios sean solventados solo parcialmente, es inviable la recuperación de unasenda de crecimiento estable en nuestro país. Ello se puso de manifiesto a lo largo de 2011,cuando, tras varios trimestres de leve recuperación, la economía española se mostróintensamente vulnerable al deterioro de la zona euro y volvió a sumergirse en un períodorecesivo.Esta recaída reciente de la economía española, aun sin llegar a la gravedad de 2009,está teniendo una gran virulencia y consecuencias graves de destrucción de empleo.Durante los dos primeros trimestres del presente año la actividad económica profundizósu deterioro y las perspectivas para la segunda mitad del año no serán mejores si no seadoptan medidas urgentes. A los desequilibrios pendientes de resolver en la economíaespañola se ha unido en esta ocasión una crisis de confianza de los mercados financieros,a la que no son ajenos distintos problemas institucionales de la zona euro. Laconsecuencia más inmediata de esta inestabilidad en los mercados ha sido un fuerteendurecimiento de las condiciones de financiación de los agentes privados.Fundamental en la superación de esta situación será no solamente el diseño de unaestrategia de política económica que contenga los elementos adecuados en el presentecontexto, sino también su articulación a medio plazo de un modo verosímil y capaz deconcitar la credibilidad de los mercados financieros. Estos dos requisitos implican quedicha estrategia deberá comprender una variedad de políticas con objetivos claros entérminos de fechas de puesta en marcha y consecuencias sobre el crecimiento cifradasdentro de un marco macroeconómico coherente y plurianual.La mencionada estrategia pivota principalmente sobre dos ejes: la consolidación fiscaly el impulso de nuevas reformas estructurales. Las medidas de ajuste fiscal sonimprescindibles en este momento como refuerzo de las ya incluidas en la últimaActualización del Programa de Estabilidad y crecimiento 2012-2015 para garantizar queEspaña cumple rigurosamente sus compromisos fiscales dentro del marco de DéficitExcesivo establecido por la Unión Europea. Además, resultan necesarias para recuperarla confianza y el crédito de las Administraciones Públicas.Las nuevas reformas estructurales son también claves no solo para garantizar quenuestro país flexibiliza su estructura productiva y se prepara de modo óptimo para lasiguiente fase expansiva del ciclo, sino para generar crecimiento adicional y compensarparcialmente de esta forma el impacto restrictivo de la política fiscal a corto plazo. A medioplazo, los dos tipos de reformas combinarán efectos en la misma dirección y seráninequívocamente positivas para recuperar el crecimiento de la economía, de la produccióny del empleo.La modificación de la senda fiscal prevista por España en el Programa de Estabilidady Crecimiento 2012-2015 ha venido dada por la reunión del ECOFIN del pasado 10 dejulio. En ella, los ministros de Economía de la UE decidieron conceder a España unaprórroga de un año para corregir su déficit excesivo y situarlo por debajo del 3% del PIB.Esta decisión, por tanto, conduce a la modificación la Recomendación de Déficit Excesivoemitida por el Consejo Europeo de 30 de noviembre de 2009, que fijaba 2013 como fechalímite de consecución de un déficit de las Administraciones Públicas de un 3% del PIB.cve:BOE-A-2012-9364
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 168	Sábado 14 de julio de 2012	Sec. I. Pág. 50429Aunque en el marco de esta última Recomendación España ha venido tomandomedidas encaminadas a su cumplimiento, el contexto económico nacional e internacionalha elevado el grado de prociclicidad derivado de la reducción de una parte muy sustancialdel déficit público en un horizonte de tiempo relativamente corto. Tales circunstancias sonlas que han llevado a la CE a aconsejar flexibilizar la senda de eliminación de este déficitexcesivo, especificando que los objetivos de cumplimiento pasan a ser un 6,3% del PIBen 2012, un 4,5% en 2013 y un 2,8% en 2014.Aun así, el esfuerzo fiscal estructural a realizar por España es muy significativo. Porello la configuración de esta nueva senda fiscal en modo alguno puede considerarse unarelajación de la política fiscal, sino una adaptación de la misma a una nueva realidad departida dada por un déficit de partida mucho mayor en 2011 (8,9% del PIB frente a un 6%previsto) y a un entorno económico más complejo.Es dentro de estas coordenadas donde deben situarse las diferentes medidas deíndole fiscal que incluye este real decreto-ley. Por un lado, el aumento de la imposiciónindirecta sobre el consumo reequilibra la composición de la estructura tributaria hacia unafigura infradesarrollada en comparación con nuestros socios de la UE y más neutral frenteal crecimiento a largo plazo, máxime cuando se acompaña, como pretende el Gobierno,de una reducción gradual de las cotizaciones a la Seguridad Social a partir de 2013.Por el lado del gasto este también ha sido el criterio principal en torno al que hagravitado el diseño de las medidas. La incidencia la han soportado especialmenteaquellos gastos más superfluos o con efectos más débiles sobre los incentivos de losagentes económicos. En esta línea hay que situar las bonificaciones a la contratación enlas cotizaciones a la Seguridad Social (que han perdido relevancia en el contexto de lasnuevas medidas introducidas por la última reforma del mercado de trabajo) o del modelode prestaciones por desempleo. Las desgravaciones en el IRPF por vivienda, tras habersido de utilidad en un año de especial debilidad de la demanda de viviendas, se eliminantambién en 2013 en un horizonte de paulatina recuperación de las variables fundamentalesde este tipo de gasto.Desde una perspectiva general, estas medidas dan cumplimiento a buena parte delas Recomendaciones Específicas formuladas por el Consejo Europeo a España en elmes de junio y como colofón al Semestre Europeo: ampliación de las principales basesimpositivas, eliminación de desgravaciones y exenciones y sustitución parcial de laimposición sobre el trabajo por imposición indirecta. Por otro lado, todas estas medidas,junto con otras que se prevé adoptar a medio plazo, se incardinarán dentro del PresupuestoBienal que España presentará a la Comisión Europea durante el verano de 2012 y queconstituye otra de las Recomendaciones específicas realizadas a España en materiafiscal. Este presupuesto representará, por lo demás, un documento estratégico de primerorden donde se pondrá de manifiesto la coherencia temporal de las medidas con la sendade la nueva Recomendación de Déficit Excesivo para España y el cuadro macroeconómicoasociado a las nuevas proyecciones de crecimiento.Las medidas estructurales que acompañan a este paquete fiscal no son de menortrascendencia. Todas ellas tienen por fin último abrir nuevos mercados al sector privado yfomentar el desarrollo de la innovación y de nuevos servicios en sectores críticos para elcrecimiento de la productividad y la reducción de costes empresariales. Por último,aunque no menos importante, los nuevos pasos en el campo de los servicios profesionalesfacilitarán la permeabilidad de los distintos nichos de mercado a nuevos competidores y almismo tiempo garantizará la calidad de estos servicios, reduciendo los márgenes ensegmentos tradicionalmente menos expuestos a la competencia y sin embargo crucialespara la configuración de costes en el ejercicio de la actividad empresarial.IILa actual coyuntura económica y la necesidad de reducir el déficit público sinmenoscabar la prestación de los servicios públicos esenciales, hace necesario mejorar lacve:BOE-A-2012-9364
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 168	Sábado 14 de julio de 2012	Sec. I. Pág. 50430eficiencia de las Administraciones Públicas en el uso de los recursos públicos, con objetode contribuir a la consecución del inexcusable objetivo de estabilidad presupuestaria,derivado del marco constitucional y de la Unión Europea.El Gobierno ya ha adoptado medidas de contención de gastos de personal. Así, elReal Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materiapresupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, establece queen el año 2012, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podránexperimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011.Igualmente, durante el ejercicio 2012 no se podrá realizar aportaciones a planes depensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de lacontingencia de jubilación. Por otro lado, a lo largo del ejercicio 2012 no se procederá a laincorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución deprocesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejerciciosanteriores, limitación que también alcanza a las plazas incursas en los procesos deconsolidación de empleo previstos en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básicodel Empleado Público, si bien la congelación de la oferta de empleo público no será deaplicación determinados sectores y administraciones en los que la tasa de reposición sefija en el 10 por ciento. Además, fija la jornada de trabajo del sector público estatal entreinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputoanual. La Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para elaño 2012 incide en estas mismas medidas.En la actualidad, el proceso de consolidación fiscal y de sostenibilidad de las cuentaspúblicas exige de las Administraciones Públicas continuar adaptando una serie demedidas extraordinarias y cuya adopción debe ser urgente, dirigidas a racionalizar yreducir el gasto de personal de las Administraciones Públicas y a incrementar la eficienciade su gestión.El Programa Nacional de Reformas 2012 es el marco en el que se debe comprendereste proceso de modernización y racionalización de las Administraciones Públicas, comocomplemento a los ajustes exclusivamente fiscales y la reducción de estructurasadministrativas. Se deben adoptar medidas que ahorren gastos de personal e,incrementen la calidad y productividad del empleo público.Por ello, se adoptan diversas medidas que avanzan en la optimización de recursos, lamejora en la gestión y en la transparencia de la Administración y el incremento de laproductividad de los empleados públicos.Se trata por tanto de acometer una serie de reformas cuya necesidad es extraordinaria,dada la propia naturaleza de esta crisis y efectos sobre la economía, el mercado detrabajo y las finanzas españolas, y urgente por la celeridad con que se deben acometerlas reformas estructurales en nuestro sistema de empleo público que contribuya a reforzartanto la garantía de cumplimiento de los compromisos adquiridos por España en materiade gasto público y déficit como la mejora de la eficiencia, productividad y competitividadde nuestra economía.Se trata de medidas que se deben adoptar de manera conjunta para ofrecer uncambio estructural y coherente que permita, contemplado en su totalidad, la satisfacciónde los mencionados objetivos de austeridad y eficiencia en las Administraciones Públicas.Muchas de estas medidas, aparecen recogidas en los Planes Económico-Financierosde Reequilibrio 2012-2014 de las Comunidades Autónomas aprobado en el seno delConsejo de Política Fiscal y Financiera.El presente Real Decreto-Ley adopta una serie de medidas que persiguen laconsecución de los efectos indicados.Por otro lado, parte de estas medidas tiene carácter temporal o está prevista suaplicación sólo cuando concurran circunstancias excepcionales, quedando supeditada suvigencia a la subsistencia de la difícil coyuntura económica actual que afecta a lasostenibilidad de las cuentas públicas o a que razones de interés público hicierannecesaria su aplicación en el futuro.cve:BOE-A-2012-9364
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 168	Sábado 14 de julio de 2012	Sec. I. Pág. 50431En primer lugar, se regula con carácter básico la incompatibilidad de pensionesindemnizatorias, prestaciones compensatorias y percepciones similares que percibendeterminados ex altos cargos de carácter básico, con el objeto de que se perciba estaprestación sólo en el supuesto de que el ex alto cargo no realice ninguna otra actividadremunerada pública o privada.La medida se aplicará a los altos cargos de todas las Administraciones públicas,incluyendo los que prestan sus servicios en el sector público, entendiendo también por talla actividad desarrollada por los miembros electivos de las Cortes Generales, Asambleaslegislativas autonómicas y de las Corporaciones locales, órganos constitucionales,incluidos el Poder Judicial y el Ministerio Fiscal.Se suprime durante el año 2012 la paga extraordinaria del mes de diciembre y la pagaadicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes del mes dediciembre. Las cantidades derivadas de esa supresión podrán destinarse en ejerciciosfuturos a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo queincluyan la contingencia de jubilación, siempre que se prevea el cumplimiento de losobjetivos de estabilidad presupuestaria establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, deEstabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el alcanceque se determine en las correspondientes leyes de presupuestos.También se posibilita, en este caso con carácter excepcional, la suspensión omodificación de los convenios colectivos y acuerdos que afecten al personal laboral, sólocuando concurra causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial delas circunstancias económicas. Este mecanismo ya estaba previsto en el Estatuto Básicodel Empleado Público y la modificación que ahora se introduce no hace sino aclarar suámbito de aplicación y homogeneizar su tratamiento, con independencia de que losacuerdos hayan sido adoptados en el ámbito de las mesas generales de negociación o através de la negociación colectiva de personal laboral. En todo caso, se entenderá, entreotras causas o circunstancias, que concurre causa grave de interés público derivada de laalteración sustancial de las circunstancias económicas cuando las AdministracionesPúblicas deban adoptar medidas o planes de ajuste, de reequilibrio de las cuentaspúblicas o de carácter económico financiero para asegurar la estabilidad presupuestaria ola corrección del déficit público.Se reducen los días de libre disposición. Además, se suprimen los días adicionalespor antigüedad tanto en el caso de las vacaciones como en el de los días por asuntosparticulares y se suspenden los pactos y acuerdos que contradigan estas disposiciones.Se homogeniza, asimismo, el régimen de permisos para todas las AdministracionesPúblicas.Con la misma finalidad de racionalizar el gasto de personal, se limita el número dedías de asuntos particulares y de días adicionales a los de libre disposición que puedanhaber establecido las Administraciones Públicas y se adoptan medidas con la mismafinalidad en relación con el personal laboral, así como respecto de las vacaciones.Igualmente, en materia de tiempo retribuido para realizar funciones sindicales y derepresentación, nombramiento de delegados sindicales, dispensas de asistencia altrabajo y demás derechos sindicales, se limitan los actualmente existentes a losestrictamente previstos por la normativa laboral, favoreciendo el incremento de lostiempos de trabajo destinados directamente al servicio público.Se modifica temporalmente el régimen retributivo del personal incluido en el RégimenGeneral de la Seguridad Social durante la situación de incapacidad temporal, sin perjuiciode que se establece un mandato dirigido a las Administraciones Públicas a adoptarmedidas para reducir el absentismo de su personal. Así, cada Administración Públicadeterminará, respecto del personal a su servicio, los complementos retributivos que enconcepto de mejora voluntaria de la acción protectora de la Seguridad Social correspondaen las situaciones de incapacidad temporal. En todo caso, cuando se trate de unaincapacidad temporal por contingencias comunes, durante los tres primeros días, tantopara el personal funcionario incluido en el Régimen General de la Seguridad Social comopara el personal laboral, el complemento retributivo que con carácter de mejora voluntariacve:BOE-A-2012-9364
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 168	Sábado 14 de julio de 2012	Sec. I. Pág. 50432se pueda establecer no podrá superar el cincuenta por ciento de las retribuciones.Asimismo, desde el cuarto día de la situación de incapacidad temporal por contingenciascomunes y hasta el vigésimo, ambos inclusive, el complemento retributivo que concarácter de mejora voluntaria se pueda establecer no podrá superar el setenta y cinco porciento de las retribuciones.En estos mismos términos se modula la plenitud retributiva de la prestación económicadel personal integrado en el Régimen de Funcionarios Civiles del Estado y el personalintegrado en el régimen especial de seguridad social de las fuerzas armadas, en caso deincapacidad temporal.Por otro lado, se adoptan una serie de medidas de racionalización de los gastos depersonal de la Administración General del Estado. En esta línea se crea un Registro deórganos de representación del personal al servicio de la Administración General delEstado, se habilita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a adoptarmedidas dirigidas a garantizar una asignación eficiente de los recursos humanos.Igualmente, en cumplimiento del Plan Nacional de Reformas, se modulan las condicionesde acceso y permanencia en la situación de incapacidad temporal de los funcionarios,con el objetivo de reducir costes y menoscabo de la productividad derivada de la misma.La edad de jubilación forzosa de los funcionarios incluidos en el Régimen General dela Seguridad Social, será la que prevean en cada momento las normas reguladoras dedicho régimen para el acceso a la pensión de jubilación ordinaria, en su modalidadcontributiva, es decir, sin coeficiente reductor por razón de la edad.El cambio estructural que introduce en las Administraciones Públicas este abanico demedidas, que deben operar de manera conjunta, constituye un instrumento fundamentalde política económica, que permitirá mejorar su funcionamiento, adecuarlo máseficazmente a la actual coyuntura y mantener la calidad del servicio que se presta alciudadano.Las medidas recogidas en este Título suponen un sacrificio de especial intensidadpara todos aquellos que perciben retribuciones con cargo a recursos públicos. Razonesde Justicia justifican que estas medidas se extiendan a todos los servidores públicos conindependencia de la naturaleza de la entidad de la que dependen y de su estatuto. Launiversalidad que fundamenta esta reforma evita la discriminación entre grupos ysectores.Por ello, en base al principio de necesaria solidaridad que debe imperar en estosmomentos en todos los ámbitos sociales y políticos y a fin de compartir el esfuerzo quesuponen las medidas que se establecen en este Real Decreto-ley respecto al colectivo deempleados públicos de todas las Administraciones en su sentido más amplio, es voluntaddel legislador que se impulsen todos los mecanismos legales existentes para permitir laextensión de las citada medidas tanto a diputados y senadores, como al personal de otrosórganos constitucionales, aplicando, en su caso, y cuando sea necesario, la normativareguladora de los mismos en materia de retribuciones.En cumplimiento con lo previsto en el artículo 37.1 del EBEP, las medidas incluidas enel Titulo I este Real Decreto-ley han sido llevadas para su negociación a la Mesa Generalde Negociación de las Administraciones Públicas y en la Mesa General de Negociaciónde la Administración General del Estado.IIIEn materia de Seguridad Social, el Real Decreto-ley incluye dos medidas para lasimplificación y mejora de su régimen de gestión, y su homogeneización con el régimentributario.La modificación del régimen de recargos incluida pretende favorecer la aplicación delprocedimiento para el aplazamiento del pago de cuotas frente al hasta ahora vigentesistema progresivo de recargos, dado que los aplazamientos se conceden en atención ala existencia de dificultades transitorias de tesorería, lo que ofrece tanto a la Administracióncomo al sujeto responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar una vía desolución de mayor flexibilidad y garantía. Ello favorece que quien tenga dificultadescve:BOE-A-2012-9364
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 168	Sábado 14 de julio de 2012	Sec. I. Pág. 50433transitorias de tesorería para el abono de la cotización pueda acudir a los medios deregularización de la deuda establecidos reglamentariamente, en lugar de permanecer enuna situación de incumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. Por otraparte, la medida supone una simplificación del sistema, algo que tendría una repercusiónpositiva en la gestión administrativa.Por otro, la regulación de las bases de cotización de los trabajadores por cuenta ajenay los conceptos incluidos a efectos del gravamen del Impuesto sobre la Renta de lasPersonas Físicas se encuentra incluida, respectivamente, en el artículo 109 del textorefundido de la Ley General de la Seguridad Social, desarrollado por el artículo 23 delReglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la SeguridadSocial, y en la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Sinembargo, persisten de forma injustificada una serie de diferencias entre ambos regímenesque se debe corregir con el objetivo de homogeneizar la normativa en materia tributaria yde Seguridad Social, de tal manera que aquellos conceptos que son considerados comorenta en la normativa tributaria, y como tal tributan a efectos del IRPF, sean incluidostambién en la base de cotización. Carece de fundamento que los mismos conceptostengan una consideración jurídica diferente en distintos ámbitos de la normativa vigente.La medida contribuye a simplificar y homogeneizar el sistema, liberando de cargasadministrativas a las empresas.También se modifican los límites establecidos en la regulación actual con respecto alos conceptos excluidos de la base de cotización. Los actuales límites permiten unautilización de los mismos que contraviene el sentido de la exención en perjuicio de laSeguridad Social. Por ello se establece un tope máximo de los conceptos que pueden serobjeto de exclusión de la base de cotización, respecto del conjunto de percepcionessalariales que individualmente consideradas se encuentran excluidas total o parcialmente.Dicho tope máximo se deberá determinar reglamentariamente por parte del Gobierno.Las medidas correspondientes al ámbito de empleo responden a cinco grandesobjetivos. Por un lado, concentrar la protección en las situaciones de pérdida de empleo ysituación personal que requieren especial atención. Por otro lado impulsar la activaciónde los desempleados incentivando el pronto retorno a la ocupación. En tercer lugargenerar los incentivos necesarios para asegurar la sostenibilidad del sistema público deprestaciones, contribuir al envejecimiento activo, y facilitar la activación de los trabajadoresde más edad. En cuarto lugar reforzar el sistema de políticas activas sobre la base delprincipio de eficiencia, permitiendo que los limitados recursos disponibles se destinen aaquellas iniciativas más útiles para desarrollar la empleabilidad de los trabajadores. Y porúltimo, racionalizar el sistema de prestaciones en su totalidad dotándole de una mayorcoherencia interna que asegure su equidad.En definitiva, las medidas refuerzan la viabilidad futura del sistema de protección ycontribuyen al cumplimiento del los objetivos de estabilidad presupuestaria.Para ello, en primer lugar, en materia de prestaciones por desempleo, se establece unnuevo porcentaje del 50% de la base reguladora (desde el 60%) a partir del séptimo mes,lo que sólo se aplicará a los nuevos perceptores, y no afectará a una buena parte de losdesempleados, que ven garantizada una renta suficiente gracias al mantenimiento deltope mínimo.Y en segundo lugar, se elimina la contribución a la seguridad social por parte de laentidad gestora de parte de la cotización que le corresponde al trabajador en situación dedesempleo. La medida pretende una mayor equidad y tiene carácter progresivo, al afectaren menor medida a aquellos beneficiarios con menores bases de cotización.Por lo que respecta a los subsidios por desempleo, las continuas modificaciones queha sufrido el sistema le han restado coherencia, desincentivando en ocasiones la vidaactiva y generando situaciones contrarias al principio de equidad. Ello desvirtúa lafinalidad del sistema en su conjunto y pone en riesgo la protección de los más necesitados,que se ven afectados por el impacto del diseño actual en la sostenibilidad del sistema deprotección social. Por ello, se introducen una serie de medidas que tratan de recuperar lacve:BOE-A-2012-9364
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 168	Sábado 14 de julio de 2012	Sec. I. Pág. 50434racionalidad del sistema y lo hacen más compatible con la vida activa. Las medidasdestinadas a trabajadores de más edad también favorecen la interacción entre el sistemade protección por desempleo y la jubilación, impulsando el envejecimiento activo.Se refuerza la vinculación entre el derecho de acceso a los subsidios y el patrimoniopersonal de los beneficiarios. En la actualidad, el patrimonio del solicitante del subsidiosólo se tiene en cuenta de forma indirecta, a través de la imputación de rentas alpatrimonio a una tasa del 50% del interés legal del dinero.A su vez, se elimina el subsidio especial para mayores de 45 años que agotan suprestación contributiva, afectando esta medida exclusivamente a los potenciales nuevosentrantes. La eliminación de este subsidio no supone una desprotección para losdesempleados, que pueden acogerse al subsidio ordinario.Asimismo, se racionaliza el régimen regulador del subsidio para mayores de 52 añoscon el objetivo de garantizar su sostenibilidad en el largo plazo y para incentivar elalargamiento de la vida activa.Por otra parte, se modifica el régimen de acceso a la renta activa de inserción (RAI)para reforzar su vinculación con el empleo y garantizar una mayor efectividad en lautilización de los recursos públicos. Se exige para el acceso a la Renta Activa de Inserciónque previamente se haya agotado la prestación contributiva o el subsidio por desempleopara aquellas personas que tiene más de 45 años y son parados de larga duración y quedurante el periodo de inscripción ininterrumpida como demandante de empleo (1 añomínimo) no se haya rechazado ninguna oferta de empleo adecuada, ni se haya negado aparticipar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversiónprofesionales.Adicionalmente, se racionaliza el régimen jurídico aplicable al acceso a prestacionesy subsidios por desempleo desde contratos a tiempo parcial, que ha generado unaacumulación de incoherencias que resultan en una normativa vigente poco homogénea yque no respeta el principio de equidad y se refuerza la vinculación entre políticas activas ypasivas de empleo.A su vez, se articulan medidas encaminadas a preservar la viabilidad financiera delFondo de Garantía Salarial, en la línea de las funciones para las que fue concebido.Finalmente, se cumple con las recomendaciones de la Agencia Estatal de Evaluaciónde las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios de dirigir las bonificaciones a lacontratación a colectivos con dificultades objetivas y especiales para acceder al mercadode trabajo, haciéndolas más efectivas y ofreciendo mayor seguridad jurídica.Así, se suprimen todas las bonificaciones a excepción de las destinadas a lacontratación de discapacitados, así como a la contratación, a través de nuevo contrato deapoyo a los emprendedores, de jóvenes, mayores de 45 años parados de larga duracióny mujeres.Se mantienen igualmente las bonificaciones a la contratación de jóvenes que seconstituyan como autónomos, y personas que sustituyen a víctimas de violencia degénero y trabajadores en baja por maternidad.IVLa Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal yAtención a las personas en situación de dependencia, aprobada con un amplio consensoentre las fuerzas políticas, supuso un avance en el bienestar de las personas y ha contadocon la colaboración de todas las administraciones públicas en su desarrollo.El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, ensesión celebrada el día 12 de abril de 2012, aprobó el avance de la evaluación de la leytranscurridos los cinco primeros años de aplicación de la misma, adoptando el acuerdo deacometer las mejoras en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia quefueran necesarias para asegurar su sostenibilidad. Asimismo, en la reunión mantenidael 10 de julio de 2012 aprobó la evaluación de resultados prevista en la Disposición finalcve:BOE-A-2012-9364
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 168	Sábado 14 de julio de 2012	Sec. I. Pág. 50435primera de la ley y las propuestas de mejora necesarias para asegurar la sostenibilidadpresente y futura del Sistema, adoptando unos criterios comunes mínimos para todo elámbito nacional en el desarrollo de dicha ley.Los datos estructurales y las cifras más significativas del gasto en materia dedependencia, analizadas en la evaluación de resultados, muestran que debe corregirseuna situación que pone en riesgo la sostenibilidad del Sistema que, además, ha supuestoconsecuencias perjudiciales para el empleo y la viabilidad de los sectores productivos deservicios relacionados con la dependencia.El Gobierno y las comunidades autónomas, en el seno del Consejo Territorial delSistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, han expresado la necesidad deacometer mejoras para asegurar la sosteniblidad del Sistema, no solo a través de loscorrespondientes instrumentos normativos, sino también impulsando buenas prácticas yponiendo en común experiencias, siempre con base en el diálogo y contando con todaslas administraciones públicas, los grupos políticos y cuantas asociaciones y entidadesactúan en el ámbito de la promoción de la autonomía y atención a las personas ensituación de dependencia.En efecto, la intensidad de los problemas detectados y el alcance estructural queprecisan la medidas correctoras exigen su inmediata aplicación para una correctaevolución del Sistema. La demora en su aprobación, dada la propia evolución inercial delSistema, agudizaría sus problemas de cohesión, equidad y financiación, tornándose lasmedidas propuestas más difíciles de aplicar.Resulta determinante, además, dar un nuevo tratamiento al sistema de la SeguridadSocial de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia.Asimismo, en cuanto al servicio de ayuda a domicilio es necesario determinar que losservicios relacionados con las necesidades domésticas solo puedan ser reconocidosconjuntamente con los de atención personal.La actual clasificación en grados y niveles de la situación de dependencia no hasignificado una diferenciación en las prestaciones y servicios que se reconocen a laspersonas beneficiarias dentro de un mismo grado e, incluso, entre niveles próximos dedistintos grados. Ello ha producido continuos procesos de revisión de la valoración, queha hecho destinar recursos y tiempo que podrían haberse dedicado a la valoración de laspersonas con mayor grado de dependencia. Para solventarlo, se establece una nuevaestructura manteniendo los tres grados en los que se clasifica la situación de dependencia,pero sin niveles, lo que simplificará la gestión, permitirá atender de forma prioritaria a laspersonas con un mayor grado de dependencia que están pendientes de recibir atención ymejorará el proceso de valoración de la dependencia y el procedimiento para el acceso alas prestaciones.Dado el distinto nivel de desarrollo y contenido dentro de las comunidades autónomasde las prestaciones a las personas en situación de dependencia, que ha potenciado ladesigualdad en la aplicación de la ley, se hace necesario regular un contenido comúnmínimo de intensidad y compatibilidad de las prestaciones para todas las administracionesactuantes.La sostenibilidad económica del Sistema para la Autonomía y Atención a laDependencia, la situación económica por la que atraviesa la economía española y laexigencia de cumplimiento de los objetivos de déficit público, requieren la adopción por elGobierno de medidas urgentes de naturaleza económica que se traduzcan en ahorrosinmediatos en el gasto de las administraciones públicas. En este sentido, el presente realdecreto-ley incorpora distintas medidas que generan un ahorro, por una parte, en el gastode las comunidades autónomas, a través de la reducción de las cuantías máximas de lasprestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, y, por otra, en el gasto dela Administración General del Estado, por la vía de la reducción de las cuantías del nivelmínimo de financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.Estas medidas de carácter económico persiguen un reequilibrio sostenible delSistema, garantizando el derecho a la promoción de la autonomía personal y atención ala situación de dependencia.cve:BOE-A-2012-9364
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 168	Sábado 14 de julio de 2012	Sec. I. Pág. 50436Finalmente, y con el objeto de simplificar las relaciones de coordinación entre laAdministración General del Estado y las Comunidades Autónomas se refunden losanteriores Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependenciay la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales en un solo órgano que pasará adenominarse Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía yAtención a la Dependencia.VDesde hace varios meses, como consecuencia de la situación por la que atraviesa laeconomía española, se vienen adoptando diversas medidas en el ámbito tributario con elfin de consolidar las finanzas públicas y de este modo corregir lo antes posible losprincipales desequilibrios que repercuten en aquella, principalmente la reducción deldéficit público, para, de esta manera, contribuir a la recuperación de nuestra economía.Con este propósito, como elocuentemente reflejan sus títulos, el Real Decreto-ley20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria yfinanciera para la corrección del déficit público, y, meses más tarde, el Real Decreto-ley12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias yadministrativas dirigidas a la reducción del déficit público, incorporaron relevantesmedidas en el ordenamiento con incidencia en los principales impuestos de nuestrosistema tributario.Sin embargo, la evolución de los ingresos públicos hace precisa la adopción demedidas adicionales que, reforzando estos, permitan sentar las bases para unarecuperación económica estable y duradera, medidas que inciden, principalmente, en elImpuesto sobre el Valor Añadido y en el Impuesto sobre Sociedades, y, en menor grado,en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en los Impuestos Especiales.El logro de tales objetivos, ciertamente exigentes, hace imprescindible la incorporaciónde estas medidas al ordenamiento de manera inmediata, lo que justifica la utilización dela figura del Real Decreto-ley, al concurrir los requisitos de extraordinaria y urgentenecesidad que el artículo 86 de la Constitución Española exige para el recurso a dichoinstrumento normativo.En relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, la Comisión Europea ha venidomanteniendo en distintos informes la necesidad de que España eleve los tipos degravamen y amplíe la base del tributo, a fin de buscar el alineamiento de nuestro país conla del resto de socios europeos, donde el tipo medio del impuesto se sitúa en una franjacomprendida entre un 15 y un 25 por ciento, frente al tipo medio en España que se sitúaen el 12,2 por ciento.Al objeto de aproximar los tipos de gravamen a los aplicados en la Unión Europea, seprocede a la elevación de los tipos impositivos general y reducido del Impuesto sobre elValor Añadido, que pasan del 18 y 8 por ciento al 21 y 10 por ciento, respectivamente. Aresultas de esta modificación, también se incorpora un cambio en los tipos del régimenespecial de recargo de equivalencia, que pasan del 4 y 1 por ciento al 5,2 y 1,4 por ciento,por ese orden, y en las compensaciones del régimen especial de la agricultura, ganaderíay pesca, que pasan del 10 y 8,5 por ciento al 12 y 10,5 por ciento, respectivamente.Dicha subida de tipos se ve acompañada con otras medidas adicionales por las quedeterminados productos y servicios pasan a tributar a un tipo impositivo distinto; tal es elsupuesto de ciertos productos y servicios que venían tributando al tipo reducido del 8 porciento y pasan a hacerlo al tipo general, como es el caso de las flores y plantasornamentales, los servicios mixtos de hostelería, la entrada a teatros, circos y demásespectáculos y los servicios prestados por artistas personas físicas, los serviciosfunerarios, los servicios de peluquería, los servicios de televisión digital y la adquisiciónde obras de arte.La aplicación de estas medidas se demora hasta el 1 de septiembre, de suerte quelos distintos agentes económicos concernidos por ellas puedan disponer de un períodomínimo para su adaptación, y se verá acompañada por una reducción de las cotizacionessociales en 2013 y en 2014.cve:BOE-A-2012-9364
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 168	Sábado 14 de julio de 2012	Sec. I. Pág. 50437También se introducen modificaciones en la imposición sobre las labores del tabaco,que deben contribuir, dada su finalidad esencialmente recaudatoria, a la mejora de losingresos tributarios, al tiempo que para poner de manifiesto su papel como instrumento alservicio de la política sanitaria.Así, en primer término, se introduce un tipo mínimo para los cigarros y cigarritos,pues se ha detectado la existencia en el mercado de cigarritos de bajo precio, concaracterísticas análogas a las de otras labores del tabaco. Habida cuenta de estareciente evolución del mercado en España, de las distorsiones que pueden crearse enlos hábitos de consumo sobre la base de la fiscalidad más reducida que estos productossoportan, resulta necesaria la implantación de este impuesto mínimo, que queda fijadoen 32 euros por 1.000 unidades.Por otra parte, y para el caso de los cigarrillos, se ha considerado conveniente elincremento de su fiscalidad mínima, fijando el tipo único en 119,1 euros por cada 1.000cigarrillos. La evolución ascendente de los precios de los cigarrillos experimentada conposterioridad a la entrada en vigor del citado Real Decreto-ley 12/2012 y la exigua eficaciadel tipo mínimo hasta ahora vigente, aconsejan la elevación del tipo único aplicable a loscigarrillos que se comercialicen por debajo de un precio determinado, para evitar laproliferación de tabaco barato en consonancia con los objetivos de la política sanitaria.Además, en el caso de los cigarrillos, se considera oportuno reducir el tipo impositivoproporcional a ellos aplicable de forma equivalente al incremento en el tipo de gravamendel Impuesto sobre el Valor Añadido. Esta medida, prevista en la Directiva comunitariaarmonizadora de la fiscalidad sobre las labores del tabaco, garantiza que las decisionesen relación con los tipos impositivos en el Impuesto sobre el Valor Añadido no generendistorsiones en el nivel de tributación global de los cigarrillos.Finalmente, y por lo que se refiere a la picadura de liar, se procede a elevar elimpuesto mínimo de esta labor, que queda fijado en 80 euros por kilogramo, no solo paramantener los niveles mínimos aplicados a la picadura fina de tabaco para liar en relacióncon los de los cigarrillos, sino también para coadyuvar al objetivo de proporcionar fondosque financien los gastos sanitarios y asegurar los niveles deseables de tributación deaquellas labores del tabaco cuyos precios de venta al público se encuentran todavía pordebajo de los umbrales aconsejables desde una perspectiva sanitaria.En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con el objetivoanteriormente señalado de consolidación fiscal, se suprime en el período impositivo 2012la compensación fiscal por deducción en adquisición de vivienda habitual aplicable a loscontribuyentes que adquirieron su vivienda antes de 20 de enero de 2006.Adicionalmente, se eleva el porcentaje de retención o ingreso a cuenta aplicable a losrendimientos del trabajo derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminariosy similares, o derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas,siempre que se ceda el derecho a su explotación, y a los rendimientos de actividadesprofesionales, que se satisfagan o abonen a partir de 1 de septiembre de 2012, quedandofijado hasta el 31 de diciembre de 2013 en el 21 por ciento.En relación con el Impuesto sobre Sociedades, las medidas que contiene este RealDecreto-ley se dirigen nuevamente a las grandes empresas, con capacidad de hacerfrente a un nuevo esfuerzo recaudatorio dirigido a la consecución de los objetivos dedéficit público que vienen impuestos desde el ámbito comunitario.En primer lugar, se introducen medidas de carácter excepcional para los períodosimpositivos 2012 y 2013, entre las que destaca el establecimiento de un nuevo límite deaplicación temporal a la compensación de bases imponibles negativas generadas enejercicios anteriores, límite que resulta más relevante en el caso de entidades cuya cifrade negocios anual supera la cifra de sesenta millones de euros.Adicionalmente, en consonancia con el aludido Real Decreto-ley 12/2012, se limita ladeducción de los activos intangibles de vida útil indefinida, si bien excepcionando dedicha restricción a los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las PersonasFísicas, salvedad que se hace extensible a la limitación en la deducibilidad del fondo decomercio que se introdujo en el citado Real Decreto-ley.cve:BOE-A-2012-9364
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 168	Sábado 14 de julio de 2012	Sec. I. Pág. 50438En relación con las grandes empresas, se introducen diversas modificacionesrespecto a la modalidad del pago fraccionado cuya determinación se realiza sobre la baseimponible del período impositivo transcurrido. En este sentido, se incluye en su baseun 25 por ciento de los dividendos y rentas que proceden de la transmisión de participacionesque tienen derecho al régimen de exención y se elevan los porcentajes de aplicación sobrela base imponible. Por último, respecto del importe mínimo de este pago fraccionado conbase en el resultado del ejercicio establecido en el Real Decreto-ley 12/2012, se incrementasu porcentaje y este pago mínimo no se verá minorado por las bonificaciones yretenciones del período.En segundo lugar, como medida de carácter indefinido, se modifica la limitación a ladeducibilidad de gastos financieros, haciéndola extensiva a todas las empresas engeneral, sin circunscribirse a su pertenencia a un grupo mercantil. Asimismo, se exceptúala aplicación de la limitación señalada, para aquellos supuestos en que se produce laextinción de una entidad, sin posibilidad de subrogación en otra entidad a efectos de laaplicación futura de los gastos financieros no deducidos.Por último, con carácter exclusivo hasta el 30 de noviembre de 2012, se establece ungravamen especial sobre rentas de fuente extranjera de manera similar al previsto en elreiterado Real Decreto-ley 12/2012, si bien este nuevo gravamen afecta a un mayorvolumen de dividendos o a la transmisión de un mayor volumen de participaciones que elallí regulado, con menores requisitos, exigiéndose, en consonancia, un tipo de gravamensuperior.VIEl Gobierno ha considerado urgente adoptar también otras medidas que refuercen loselementos de competencia en el sector de la distribución minorista, que incrementen lacompetitividad del sector exterior español y que faciliten el acceso a la financiación de lasempresas españolas.Este real decreto-ley recoge, en su Título V, un conjunto de medidas urgentes decarácter liberalizador en el ámbito de la distribución comercial y de fomento de la actividaden el sector exterior.En relación con el ámbito de la distribución comercial, se modifica el régimen vigenteintroduciendo una mayor liberalización de horarios y de apertura comercial en domingos yfestivos. La reducción de restricciones en este ámbito ha sido una recomendaciónreiterada de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y laOrganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La ampliación de lalibertad de horarios tendrá efectos positivos sobre la productividad y la eficiencia en ladistribución comercial minorista y los precios y proporcionará a las empresas una nuevavariable que permitirá incrementar la competencia efectiva entre los comercios. Asimismo,se incrementan las posibilidades de compra del consumidor y, en consecuencia, susoportunidades de conciliación de la vida familiar y laboral.Además se introducen medidas urgentes en relación con las promociones de ventas,mediante una modificación del Título II de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenacióndel comercio minorista. Las medidas propuestas son de carácter general, para todo tipode actividades de promoción de ventas, es decir, rebajas, saldos, liquidaciones o cualquierotra oferta promocional destinada al incremento de las ventas. Con ello se pretendeliberalizar el ejercicio de la actividad comercial, dando la posibilidad de realizar a unmismo tiempo y en un mismo establecimiento comercial cualquier tipo de actividad depromoción de ventas, de tal forma que las rebajas puedan convivir con los saldos u otrasofertas comerciales.En relación con el fomento de la exportación y de la internacionalización de laempresa española, se introducen una serie de medidas relativas al sector exterior. Así,teniendo en cuenta que en los últimos años la contribución de la demanda externa alcrecimiento ha sido positiva gracias al favorable incremento de las exportaciones, y conobjeto de potenciar este efecto, resulta indispensable reorientar los instrumentos deapoyo a la financiación de operaciones de esta naturaleza y reforzar las herramientas decve:BOE-A-2012-9364
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 168	Sábado 14 de julio de 2012	Sec. I. Pág. 50439que dispone la Administración General de Estado para estimular estas actividades bajoun enfoque de eficacia y eficiencia en un contexto de austeridad y consolidación fiscal. Enprimer lugar, este Título contempla un cambio en la Ley 10/1970, de 4 de julio, por la quese modifica el régimen del Seguro de Crédito a la Exportación, en virtud de la cual seposibilita la reducción de la participación del Estado pero asegurando que la AdministraciónGeneral del Estado mantiene el control de la actividad por cuenta del Estado.Por otra parte, el papel de las Agencias de Crédito a la Exportación ha sido objeto deun reciente y rápido proceso de transformación y desarrollo, ampliando sus cometidostradicionales y mejorando los instrumentos de apoyo oficial en las áreas de comercioexterior, de las inversiones exteriores y de las transacciones económicas en el exterior.En este sentido, el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso dela recuperación económica y el empleo, ya amplió los instrumentos de apoyo oficial alcrédito a la exportación completando el catálogo de operaciones susceptibles de serrealizadas por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación SACompañía de Seguros y Reaseguros (CESCE).Sin embargo, la evolución reciente de losmercados financieros ha puesto de manifiesto la importancia de continuar adaptandoestos instrumentos a las condiciones económicas y a las exigencias de la regulaciónbancaria, a fin de ser instrumento eficaz de impulso a la financiación de operaciones deinternacionalización y de fomento de la competitividad internacional de las empresas. Coneste fin, este real decreto-ley modifica la Ley 10/1970, de 4 de julio, y faculta a CESCEpara emitir garantías incondicionales sobre riesgos derivados o vinculados al comercioexterior, incluyendo aquellos de carácter exclusivamente financiero, ampliando también elalcance posible de la cobertura en las operaciones realizadas por la entidad por cuentadel Estado.Asimismo, se refuerza el apoyo a las operaciones de financiación de lainternacionalización de las empresas, dotando de mayor liquidez a la financiaciónconcedida para la exportación. A tal efecto, este real decreto-ley modifica la Ley 24/1988,de 28 de julio, del Mercado de Valores, y la Ley 44/2002, de Medidas de Reforma delSistema Financiero, con objeto de incorporar al ordenamiento jurídico un nuevoinstrumento financiero, la «cédula de internacionalización», que tendrá como activosubyacente créditos de apoyo a la internacionalización de la empresa española, haciendomás atractivo a las entidades financieras la financiación de la actividad exportadora einversora de las empresas españolas.De otra parte, la integración de la economía española en la cadena de valor globalexige pasar de la promoción de la internacionalización de la empresa española a lapromoción de la internacionalización de la economía española. Esto es, además defomentar exportaciones e inversión en el exterior de empresas domésticas, es precisoapoyar la inversión extranjera en nuestro país. La internacionalización de la economíaespañola en el sentido más amplio redundará en la creación de empleo y riqueza paranuestro país. Por ello, se considera oportuno modificar los fines actuales que tiene elInstituto Español de Comercio Exterior (ICEX), para incorporar la atracción y promociónde inversiones exteriores en España. Con este motivo se modifica también ladenominación de dicho Organismo, que pasará a llamarse Entidad Pública EmpresarialICEX España Exportación e Inversiones (ICEX), quedando adscrita al Ministerio deEconomía y Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de Comercio.VIIEn el Titulo VI del real decreto-Ley se contienen determinadas medidas en materia deinfraestructuras, transporte y vivienda que responden a iniciativas adoptadas por elGobierno y que es necesario poner en practica con celeridadEn el ámbito aeroportuario, por un lado, se modifica:– La actualización de las prestaciones públicas patrimoniales percibidas porAENA Aeropuertos, S. A., al objeto de cambiar la fórmula de actualización,cve:BOE-A-2012-9364
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 168	Sábado 14 de julio de 2012	Sec. I. Pág. 50440suprimiendo los ingresos procedentes de la explotación comercial de las TerminalesCon tal finalidad se modifica el artículo 92 de la Ley 21/2003, de 7 de julio deSeguridad Aérea.– En segundo lugar se aborda la regulación de los Comités de CoordinaciónAeroportuaria. Esta modificación responde a la intención de facilitar la participaciónde las Comunidades Autónomas en la gestión aeroportuaria. Para ello se da unanueva redacción al artículo 13 del Real Decreto Ley 13/2011, al objeto de dar unanueva regulación a los Comités de Coordinación Aeroportuaria.Se deroga expresamente el artículo 8 del Real Decreto-ley 6/1999, de 16 de abril, deMedidas Urgentes de Liberalización e Incremento de la Competencia, que establecía unacompensación que la Administración General del Estado liquidaría a las sociedadesconcesionarias de autopistas de peaje por la pérdida de ingresos que les suponga labajada de tarifas del 7% de su importe. Esta compensación, prevista hace más de unadécada, encontró su justificación en circunstancias impositivas que hoy han variado, porlo que no se justifica su permanencia.Los Planes Estatales de Vivienda recogen entre otras ayudas, la subsidiación depréstamos. Se trata de una ayuda financiera estatal destinada a facilitar al prestatario elpago de la amortización del capital del préstamo así como sus intereses, que consiste enuna cuantía fija que el Ministerio de Fomento abona a la entidad financiera una vez queésta factura al prestatario. En los últimos 5 años el Estado ha abonado por este conceptoun total de más de 1.298 millones de euros.En la actualidad la coyuntura económica de insuficiencia presupuestaria y la evoluciónde los precios de la vivienda llevan a la supresión de esta ayuda. Del mismo modo quedasuprimida para aquellas solicitudes que se encuentren en tramitación y no hayan sido aúnreconocidas por las Comunidades Autónomas.Asimismo los Planes Estatales de Vivienda regulan ayudas a los promotores deviviendas protegidas, a los demandantes de viviendas en alquiler y a los particulares querehabiliten sus viviendas.Debido a los motivos anteriormente expuestos de situación económica se hacenecesario reducir el importe de la ayuda abonada por el concepto de Renta Básica deEmancipación de los jóvenes en un 30%, siendo por tanto la cuantía mensual de la ayudade 147€. Así mismo, se estima que el derecho a la percepción de la ayuda mensual nopodrá ser objeto de reactivación en el caso de precisar nueva resolución por considerarseésta extemporánea.Por otro lado, esta ayuda a la emancipación y que facilita el pago del alquiler, no serácompatible con otras ayudas o subvenciones establecidas en la normativa autonómica.VIIIEl déficit tarifario provocado por los desajustes entre los costes del sistema eléctrico ylos ingresos obtenidos a partir de los precios regulados fijados por la AdministraciónGeneral del Estado es un problema estructural cuya solución es urgente por la amenazaque supone para la sostenibilidad económica del sistema.Desde el año 2009 se han aprobado diversas medidas dirigidas a corregir dichosdesajustes. De este modo, el Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que seadoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social,estableció una senda decreciente de límites para acotar el incremento anual del déficitde la tarifa eléctrica hasta su supresión en 2013, determinando que a partir del 1 deenero de 2013, los peajes de acceso serían suficientes para satisfacer la totalidad delos costes de las actividades reguladas. Asimismo este real decreto-ley creó elmecanismo de financiación del déficit acumulado, mediante la cesión de los derechosde cobro al denominado Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico y sucolocación a terceros a través de un mecanismo competitivo.Posteriormente, por el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para elimpulso de la recuperación económica y el empleo, se finalizó la puesta en marcha delcve:BOE-A-2012-9364
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 168	Sábado 14 de julio de 2012	Sec. I. Pág. 50441proceso de titulización del déficit del sector eléctrico, dando una solución financiera a lascantidades adelantadas por las empresas para financiar los desajustes en lasliquidaciones de las actividades reguladas del sistema eléctrico.A continuación, en ese mismo año, ante la insuficiencia de los límites anualesmáximos de déficit ex ante establecidos y los efectos que para las economías domésticasy de las empresas hubiera tenido su cobertura con un incremento sustancial de los peajesde acceso, se aprobó el Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que seestablecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico,que elevó los límites máximos de déficit para los años 2010, 2011 y 2012, manteniendoel objetivo de eliminación de la aparición de nuevo déficit en el sistema eléctrico a partirdel 2013. Asimismo, este real decreto-ley procedió, además, a la adopción de otrasmedidas de reducción de determinadas partidas de costes.Las disposiciones adoptadas hasta esa fecha se han revelado insuficientes paracumplir el objetivo de supresión del déficit tarifario a partir de 2013, por lo que, desdeprincipios de este año 2012, el Gobierno ha intensificado la adopción de medidas paradevolver al sistema a la suficiencia de ingresos.Así, por un lado, se promulgó el Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el quese procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a lasupresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción deenergía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos, quesuprimió los incentivos para la construcción de las instalaciones de tecnologías derégimen especial, con carácter temporal, hasta la solución del problema del déficit deingresos del sistema eléctrico.Posteriormente, el Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que setransponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materiade comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección delas desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico ygasista, introdujo una batería de medidas con el objetivo de contribuir a alcanzar lasuficiencia de los ingresos para cubrir los costes del sistema eléctrico. Estas medidas secomplementaron con la revisión de peajes de acceso a las redes de transporte ydistribución de aplicación a los suministros a partir del 1 de abril de 2012, que se llevó acabo mediante la Orden IET/843/2012, de 25 de abril, por la que se establecen los peajesde acceso a partir de 1 de abril de 2012 y determinadas tarifas y primas de las instalacionesde régimen especial.Sin embargo, debe tenerse en cuenta la reciente aprobación de la Ley 2/2012, de 29de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, que condicionada porlas restricciones presupuestarias, deja en suspenso la aplicación del mecanismo decompensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado establecido en ladisposición adicional primera del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, conforme alcual se determinan las compensaciones por los extracostes de generación de lossistemas eléctricos Insulares y extrapeninsulares. Esto supone, por tanto, la incorporacióncomo nuevo coste del sistema eléctrico, la partida correspondiente al 17 por ciento delsobrecoste de generación de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares en elaño 2011.Esta circunstancia, unida a la necesidad del cumplimiento del principio de suficienciade los ingresos obtenidos para cubrir los costes del sistema eléctrico a partir del 1 deenero de 2013 en la que inciden los recientes pronunciamientos judiciales, hace necesariola adopción con carácter urgente de medidas adicionales que equilibren el sistemaeléctrico y de tal forma que el obligado ajuste sea compartido en este duro contextoeconómico actual por todos los agentes del sistema.En relación con los costes de generación en régimen ordinario de los sistemaseléctricos insulares y extrapeninsulares, el presente real decreto-ley establece que lasrevisiones normativas del modelo retributivo de las centrales de producción en estossistemas que desarrollen lo dispuesto en el Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo,serán de aplicación desde el 1 de enero de 2012. A estos efectos, se adelantan algunascve:BOE-A-2012-9364
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 168	Sábado 14 de julio de 2012	Sec. I. Pág. 50442de estas modificaciones del modelo retributivo, incorporando las propuestas recogidas enel Informe de la Comisión Nacional de Energía sobre el Sector Energético Español defecha 7 de marzo de 2012, relativas a la eliminación de la retribución de los gastos denaturaleza recurrente, y a la revisión de la tasa financiera de retribución.Por otro lado, en el artículo 17.4 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, se estableceen la actualidad, que si las actividades eléctricas fueran gravadas con tributos de carácterautonómico o local, cuya cuota se obtuviera mediante reglas no uniformes para elconjunto del territorio nacional, al peaje de acceso se le podrá incluir un suplementoterritorial, que podría ser diferente en cada Comunidad Autónoma o entidad local.Actualmente la proliferación de distintos tributos sobre las actividades de suministroeléctrico, está provocando que las empresas del sector incurran en distintos costes enfunción del territorio en que se implanten las instalaciones con las consiguientesdistorsiones para la unidad de mercado.El hecho de gravar las diferentes actividades eléctricas a nivel autonómico podríaimplicar que el coste adicional que suponen estos tributos para los sujetos que realizandichas actividades se traslade a todos los consumidores, bien en los costes de lasactividades reguladas reconocidos en los peajes de acceso, o bien a través del precio delmercado libre. De esta forma, una decisión de este tipo adoptada en el ámbito autonómicoafectaría al conjunto de consumidores en el ámbito nacional, en términos que noresultarían justificados. Con el fin de evitar esta situación, se determina para lasComunidades Autónomas que graven, directa o indirectamente, las actividades oinstalaciones destinadas al suministro eléctrico, con tributos propios o recargos sobre lostributos estatales, la obligatoriedad de imponer el suplemento territorial en los peajes deacceso y tarifas de último recurso, debiendo ser abonado por los consumidores ubicadosen el ámbito territorial de la respectiva Comunidad Autónoma. Para ello, se modifica elapartado 4 del artículo 17 y el apartado 5 del artículo 18 de la Ley 54/1997, de 27 denoviembre.El Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, procedió a minorar la retribución de laactividad de distribución de energía eléctrica a partir del 1 de enero de 2012, comoconsecuencia de que parte de los activos están ya amortizados o parcialmenteamortizados. En el presente Real Decreto-ley, siguiendo las recomendaciones del Informede la Comisión Nacional de Energía de 7 de marzo de 2012, se considera oportunoadoptar el mismo criterio para la actividad de transporte, y se establece que la retribuciónen concepto de inversión se hará para aquellos activos en servicio no amortizados,tomando como base para su retribución financiera el valor neto de los mismos. Enaplicación de este nuevo criterio, se modifica la retribución correspondiente al año 2012para la actividad de transporte a percibir por las empresas que figuran en la Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo.Adicionalmente, para evitar que los consumidores se vean sometidos, antes de quelas medidas adoptadas puedan desplegar su plena eficacia, a nuevas revisiones de lospeajes de acceso que luego puedan revelarse innecesarias, se elimina la concreta previsiónde revisión trimestral de peajes de acceso mediante la derogación del artículo 2.2 del RealDecreto 1202/2010, de 24 de septiembre, por el que se establecen los plazos de revisiónde los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.Asimismo, se da ejecución a las Sentencias de 16, 17 y 18 de marzo de 2011, de laSala Tercera del Tribunal Supremo, recaídas en los recursos contencioso-administrativonúmeros 73/2009, 74/2009, y 77/2009 interpuestos contra la disposición adicional octava,apartado 1 párrafo 3.º, del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula lapuesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica,relativo al tipo de interés a aplicar a los importes pendientes del déficit de ingresos en lasliquidaciones de las actividades reguladas del sector eléctrico generado en 2006.En la ejecución de dichas sentencias se parte del supuesto de que no debe afectarsea las cesiones ya realizadas ni al proceso de titulización del déficit del sector eléctrico através del mecanismo contemplado en la disposición adicional vigésimo primera de lacve:BOE-A-2012-9364
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 168	Sábado 14 de julio de 2012	Sec. I. Pág. 50443Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y desarrollado en el Real Decreto437/2010, de 9 de abril, por el que se desarrolla la regulación del proceso de titulizacióndel déficit del sistema eléctrico.De esta manera, se establece en la presente norma el Euribor a 3 meses del mes denoviembre del año anterior como tipo de interés definitivo a efectos de cálculo del preciode cesión al Fondo, y se prevé que la diferencia que resulte entre el precio de cesión alFondo y el que hubiera resultado con el tipo de interés que se reconoce en el presentereal decreto-ley, en ejecución de la Sentencia del Tribunal Supremo, tenga la consideraciónde coste liquidable del sistema.Para fijar el tipo de interés de mercado en la presente norma se ha tomado lareferencia del tipo de interés que se aplica al déficit ex ante correspondiente al desajustede ingresos de las actividades reguladas reconocido en 2007, en el que se incluye undiferencial resultante de la subasta celebrada el 12 de junio de 2008. Este tipo secorresponde con la media de las cotizaciones diarias del Euribor a tres meses denoviembre del año anterior, más el diferencial que resultó de la subasta, 65 puntosbásicos.Por otro lado, se habilita en la presente norma al Ministro de Industria, Energía yTurismo a aplicar criterios de progresividad a los peajes de acceso que debe aprobar deacuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del SectorEléctrico. En la determinación de estos criterios se tendrá en cuenta el consumo medio delos puntos de suministro, sin que se vean afectados los consumidores vulnerables. Estamedida pretende dar una señal de precio energético a los consumidores, con el fin de quese traduzca en una mejora en el ahorro energético y en la eficiencia en el consumo, yestá en línea, con las iniciativas que actualmente se desarrollan en esta materia por laComisión Europea, que se concretan en un propuesta de Directiva relativa a la eficienciaenergética que se encuentra en fase final de tramitación.Por último, se efectúan una serie de cambios en la regulación del Instituto para laDiversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) que fue creado como Entidad de Derechopúblico en 1985, y posteriormente, de acuerdo con el artículo 72 de la Ley 50/1998, de 30de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden social, el IDAE adoptó laconfiguración de Entidad Pública Empresarial de las previstas en el artículo 43.1.b) de laLey 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la AdministraciónGeneral del Estado.El actual contexto económico exige una respuesta adecuada y coordinada a loscontinuos cambios que se producen en los escenarios económicos nacional, europeo ymundial, los cuales tienen una influencia indudable y directa en el sector energético. Lasacciones inmediatas que se exigen en estas circunstancias no pueden, en muchasocasiones, ser adoptadas de manera efectiva y rápida a través de una estructuradepartamental, muchas veces poco flexible, requiriéndose por tanto, de un modelo degestión más ágil y que se adapte a este nuevo entorno económico y energético, encoordinación con la actuación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.Por ello, se hace preciso dotar al IDAE de la condición de medio propio instrumental yservicio técnico de la Administración, a los efectos previstos en el artículo 24.6 de textorefundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real DecretoLegislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para la realización de cuantos trabajos se leencomienden por la Administración General del Estado. Además, para lograr unaracionalización del sector público se clarifican sus fines y funciones, de forma que el IDAEse configure como un organismo de promoción de la conservación, diversificación, ahorroy eficiencia energética, en un momento marcado por los compromisos europeos en estamateria.IXLas disposiciones adicionales contienen regímenes jurídicos especiales, relacionadoscon las materias objeto de regulación, así como situaciones excepcionales que se apartande la normativa común, como la concesión de beneficios fiscales a la candidatura olímpicacve:BOE-A-2012-9364
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 168	Sábado 14 de julio de 2012	Sec. I. Pág. 50444de Madrid Igualmente, en materia energética acomete el Real Decreto-ley en susdisposiciones adicionales la reforma del Instituto para la Diversificación y Ahorro de laEnergía (IDAE).El contenido del real decreto-ley se completa con quince disposiciones transitorias,que facilitan la aplicación temporal del régimen jurídico previsto por la nueva regulacióncontenida en el presente real decreto-ley; una disposición derogatoria única donde seincluyen las disposiciones legales y reglamentarias derogadas; y quince disposicionesfinales, que además de complementar el contenido del articulado previo, modifican elrégimen retributivo de los convenios educativos para niveles de enseñanza no obligatoriosy el periodo máximo a partir del que se aplica la garantía pública de los salarios detramitación, en línea con las finalidades expuestas anteriormente.En las medidas que se adoptan en el presente real decreto-ley concurren lascircunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de laConstitución Española como premisa para recurrir a esta figura del real decreto-ley. Comose ha expuesto, la actual coyuntura económica y la inexcusable necesidad de reducir eldéficit público para alcanzar la estabilidad presupuestaria, hacen necesario que lasmedidas expuestas se aprueben con la máxima urgencia, con pleno respeto al marcoconstitucional y al establecido por la Unión Europea.En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de laConstitución Española, a propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de laPresidencia y de los Ministros de Justicia; de Defensa, de Hacienda y AdministracionesPúblicas; de Fomento, de Educación, Cultura y Deporte; de Empleo y Seguridad Social;de Industria, Energía y Turismo; de Economía y Competitividad; y de Sanidad, ServiciosSociales e Igualdad y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión deldía 13 de julio de 2012,DISPONGO:TÍTULO IMedidas de reordenación y racionalización de las Administraciones PúblicasArtículo 1. Régimen de incompatibilidades de pensiones indemnizatorias, prestacionescompensatorias y percepciones similares.1. Las pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y cualquier otrapercepción económica prevista con ocasión del cese en cualquier cargo, puesto oactividad en el sector público son incompatibles con cualquier retribución con cargo a losPresupuestos de las Administraciones Públicas, de los entes, organismos y empresas deellos dependientes, o con cargo a los de los órganos constitucionales o que resulte de laaplicación de arancel, así como con cualquier retribución que provenga de una actividadprivada, con excepción de las previstas en el artículo 10 de la Ley 5/2006, de 10 de abril,de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altoscargos de la Administración General del Estado.A estos efectos se considera también actividad en el sector público la desarrollada porlos miembros electivos de las Cortes Generales, de las Asambleas legislativas de lasComunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, por los altos cargos y restantepersonal de los órganos constitucionales y de todas las Administraciones Públicas,incluida la Administración de Justicia.2. Las pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y cualquiera otrapercepción económica al cese serán, asimismo incompatibles con la percepción de lapensión de jubilación o retiro por Derechos pasivos, o por cualquier régimen de SeguridadSocial público y obligatorio.3. Quienes cesen en los puestos que tengan prevista las pensiones indemnizatorias,prestaciones compensatorias y cualquier otra percepción económica a que se refieren losapartados 1 y 2 tendrán un plazo de quince días hábiles, a contar desde que concurra lacve:BOE-A-2012-9364
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 168	Sábado 14 de julio de 2012	Sec. I. Pág. 50445incompatibilidad para comunicar ante la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministeriode Hacienda y Administraciones Públicas, en el caso del sector público estatal, o alórgano competente de la Administración autonómica o local, su opción entre la percepciónde las mismas o la retribución de la actividad pública o privada que estén desempeñandoo, en su caso, percepción de la pensión de jubilación o retiro. La opción por la retribuciónpública o privada o por la pensión de jubilación o retiro, que se formalizará por escritopara su adecuada constancia, implica la renuncia a la pensiones indemnizatorias,prestaciones compensatorias y cualquier otra percepción económica prevista con ocasióndel cese.4. La presente disposición tiene carácter básico de acuerdo con lo dispuesto en elartículo 149.1.13ª y 156.1 de la Constitución Española.»Artículo 2. Paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del personal del sectorpúblico.1. En el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22. Uno de laLey 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, verá reducida susretribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre comoconsecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicionalde complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes.2. Para hacer efectivo lo dispuesto en el apartado anterior, se adoptarán lassiguientes medidas:2.1 El personal funcionario no percibirá en el mes de diciembre las cantidades a quese refiere el artículo 22.Cinco.2 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de PresupuestosGenerales del Estado para el año 2012 en concepto de sueldo y trienios.Tampoco se percibirá las cuantías correspondientes al resto de los conceptosretributivos que integran tanto la paga extraordinaria como la paga adicional decomplemento específico o pagas adicionales equivalentes del mes de diciembre,pudiendo, en este caso, acordarse por cada Administración competente que dichareducción se ejecute de forma prorrateada entre las nóminas pendientes de percibir en elpresente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.2.2 El personal laboral no percibirá las cantidades en concepto de gratificaciónextraordinaria con ocasión de las fiestas de Navidad o paga extraordinaria o equivalentedel mes de diciembre del año 2012. Esta reducción comprenderá la de todos losconceptos retributivos que forman parte de dicha paga de acuerdo con los convenioscolectivos que resulten de aplicación.La aplicación directa de esta medida se realizará en la nómina del mes de diciembrede 2012, sin perjuicio de que pueda alterarse la distribución definitiva de la reducción enlos ámbitos correspondientes mediante la negociación colectiva, pudiendo, en este caso,acordarse que dicha reducción se ejecute de forma prorrateada entre las nóminaspendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este RealDecreto-ley.La reducción retributiva establecida en el apartado 1 de este artículo será también deaplicación al personal laboral de alta dirección, al personal con contrato mercantil y al noacogido a convenio colectivo que no tenga la consideración de alto cargo.3. La reducción retributiva contenida en los apartados anteriores será de aplicación,asimismo, al personal de las fundaciones del sector público y de los consorciosparticipados mayoritariamente por las Administraciones que integran el sector público, asícomo al del Banco de España y personal directivo y resto de personal de las mutuas deaccidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y de susentidades y centros mancomunados.4. Las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de las pagasadicionales de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de acuerdo conlo dispuesto en este artículo se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones acve:BOE-A-2012-9364
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 168	Sábado 14 de julio de 2012	Sec. I. Pág. 50446planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de lacontingencia de jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, deEstabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el alcanceque se determine en las correspondientes leyes de presupuestos.5. En aquellos casos en que no se contemple expresamente en su régimenretributivo la percepción de pagas extraordinarias o se perciban más de dos al año sereducirá una catorceava parte de las retribuciones totales anuales excluidos incentivos alrendimiento. Dicha reducción se prorrateará entre las nóminas pendientes de percibir enel presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.6. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación a aquellosempleados públicos cuyas retribuciones por jornada completa, excluidos incentivos alrendimiento, no alcancen en cómputo anual 1,5 veces el salario mínimo interprofesionalestablecido en el Real Decreto 1888/2011, de 30 de diciembre.7. El presente artículo tiene carácter básico dictándose al amparo de lo dispuesto enlos artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución.Artículo 3. Paga extraordinaria y adicional o equivalente del mes de diciembre de 2012del personal del sector público estatal.1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de este Real Decreto-ley, el personalfuncionario, estatutario y los miembros de las carreras judicial y fiscal incluido en losartículos 26, 28, 29, 30, 31 apartados Uno y Dos, 32 y 35 de la Ley 2/2012, de 29 dejunio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, no percibirá en el mes dediciembre de 2012 ninguna cuantía ni en concepto de paga extraordinaria ni, en su caso,en concepto de paga adicional de complemento específico o equivalente.2. Al personal laboral del sector público estatal incluido en el artículo 27 de laLey 2/2012 le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 2, apartado 2.2, de esteReal Decreto-ley.3. Para el personal incluido en el artículo 31, apartado tres de la Ley 2/2012, laaplicación de lo previsto en el artículo 2 de este Real Decreto-ley se llevará a cabo, deacuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, respecto de los conceptosde sueldo y trienios, minorando una catorceava parte de la cuantía anual por dichosconceptos y prorrateando dicha minoración entre las mensualidades ordinarias yextraordinarias pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada envigor de este Real Decreto-ley.Tampoco percibirán, en el mes de diciembre, las cuantías contenidas en el anexo XIde la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para elaño 2011, ni las correspondientes al citado mes de diciembre del apartado segundo delAcuerdo de Consejo de Ministros de 8 de mayo de 2009, publicado por Orden 1230/2009,de 18 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.Al personal incluido en el artículo 31 apartado cuatro, le serán de aplicación lasreducciones previstas en el presente artículo de acuerdo a la normativa que les resulte deaplicación.4. A los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal a que se refiere el apartadocinco del artículo 31 de la Ley 2/2012, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2 de esteReal Decreto-ley, se les reducirá una catorceava parte de las retribuciones totales anualesque figuran en el citado artículo, incluida la paga correspondiente al mes de diciembrerecogida en el Anexo X de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de PresupuestosGenerales del Estado para 2011.5. La citada minoración se prorrateará entre las nóminas pendientes de percibir enel presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.6. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación a aquellosempleados públicos cuyas retribuciones por jornada completa, excluidos incentivos alrendimiento, no alcancen en cómputo anual 1,5 veces el salario mínimo interprofesionalestablecido en el Real Decreto 1888/2011, de 30 de diciembre.cve:BOE-A-2012-9364
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 168	Sábado 14 de julio de 2012	Sec. I. Pág. 50447Artículo 4. Paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 de los Altos cargos.1. A los Altos Cargos del Gobierno de la Nación, de sus órganos consultivos, de losmiembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y delTribunal de Cuentas, cuyas retribuciones no contemplan expresamente, entre susconceptos retributivos, el de paga extraordinaria o equivalente, se les reducirá unacatorceava parte de las retribuciones totales anuales que figuran en los artículos 24. Unoy 25 de la Ley 2/2012, de 29 de abril, de Presupuestos Generales del Estado para 2012.La citada minoración se prorrateará entre las nóminas pendientes de percibir en elpresente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley.2. La reducción prevista en el artículo 2 de este Real Decreto-ley será de aplicacióna los Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores Generales y asimilados, así comoa los Consejeros Permanentes y Secretario General del Consejo de Estado en los mismostérminos que al personal funcionario al servicio de la Administración General del Estado.Al personal incluido en el artículo 24.Tres de la Ley 2/2012 de Presupuestos Generalesdel Estado para 2012, se le aplicará igualmente lo previsto en el artículo 2 del presenteReal Decreto-ley, procediéndose a la supresión de la paga extraordinaria del mes dediciembre o, de no existir dicha paga extraordinaria, a la minoración de una catorceavaparte de sus retribuciones anuales totales, prorrateándose la citada minoración entre lasnóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor deeste Real Decreto-Ley.3. Lo dispuesto en este artículo será también de aplicación al Defensor del Pueblo.Artículo 5. Cotización al régimen general de Seguridad Social.A efectos del cálculo de la base de cotización por todas las contingencias de losempleados públicos encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social cuyasretribuciones sean objeto del ajuste previsto en este Real Decreto-ley, en tantopermanezca su relación laboral o de servicio, seguirá siendo de aplicación lo dispuesto enel artículo 120. Dieciséis de la Ley 2/2012, de 29 de junio de Presupuestos Generales delEstado para 2012.Artículo 6. Aplicación del artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado porReal Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, al personal laboral del sectorpúblico.Durante el año 2012, se suprime para el personal laboral del sector público lapercepción de la gratificación extraordinaria con ocasión de las fiestas de Navidadcontenida en el artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real DecretoLegislativo 1/1995, de 24 de marzo, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2,apartado 2.2 de este mismo Real Decreto-ley.Artículo 7. Modificación del artículo 32 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del EstatutoBásico del Empleado Público.Se añade un párrafo segundo al artículo 32 de la Ley 7/2007, de 12 de abril delEstatuto Básico del Empleado Público con la siguiente redacción:«Artículo 32. Negociación colectiva, representación y participación del personallaboral.(….)2. Se garantiza el cumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos queafecten al personal laboral, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave deinterés público derivada de una alteración sustancial de las circunstanciascve:BOE-A-2012-9364
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 168	Sábado 14 de julio de 2012	Sec. I. Pág. 50448económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendano modifiquen el cumplimiento de Convenios Colectivos o acuerdos ya firmados enla medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público.En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a lasOrganizaciones Sindicales de las causas de la suspensión o modificación.»Artículo 8. Modificación de los artículos 48 y 50 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, deEstatuto Básico del Empleado Público y medidas sobre días adicionales.Uno. Se modifica el artículo 48 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básicodel Empleado Público en los siguientes términos:«Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos.Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos:a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro delprimer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso seproduzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distintalocalidad.Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiardentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dosdías hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábilescuando sea en distinta localidad.b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día.c) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en lostérminos que se determine.d) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud,durante los días de su celebración.e) Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación alparto por las funcionarias embarazadas.f) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una horade ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrásustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al finalde la jornada o, en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad.Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores,en el caso de que ambos trabajen.Igualmente la funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactanciapor un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempocorrespondiente.Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de partomúltiple.g) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa debanpermanecer hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o el funcionariotendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diariaspercibiendo las retribuciones íntegras.Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo dedos horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones.h) Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directode algún menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación,o de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendráderecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de susretribuciones que corresponda.Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidadodirecto de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, quepor razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y queno desempeñe actividad retribuida.cve:BOE-A-2012-9364
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 168	Sábado 14 de julio de 2012	Sec. I. Pág. 50449i) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, elfuncionario tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta porciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedadmuy grave y por el plazo máximo de un mes.Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, eltiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos,respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes.j) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable decarácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de lavida familiar y laboral.k) Por asuntos particulares, tres días.l) Por matrimonio, quince días.»Dos. Se modifica el artículo 50 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básicodel Empleado Público que queda redactado de la siguiente manera:«Artículo 50. Vacaciones de los funcionarios públicos.Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural,de unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, o de los días quecorrespondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor.A los efectos de lo previsto en el presente artículo, no se considerarán comodías hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcanpara los horarios especiales.»Tres. Desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, quedan suspendidos y sinefecto los Acuerdos, Pactos y Convenios para el personal funcionario y laboral, suscritospor las Administraciones Públicas y sus Organismos y Entidades, vinculados odependientes de las mismas que no se ajusten a lo previsto en este artículo, en particular,en lo relativo al permiso por asuntos particulares, vacaciones y días adicionales a los delibre disposición o de similar naturaleza.Artículo 9. Prestación económica en la situación de incapacidad temporal del personalal servicio de las Administraciones Públicas, organismo y entidades dependientes yórganos constitucionales.1. La prestación económica de la situación de incapacidad temporal del personal alservicio de las Administraciones Públicas y órganos constitucionales se regirá por lodispuesto en este artículo.2. Cada Administración Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias,podrá complementar las prestaciones que perciba el personal funcionario incluido en elRégimen General de Seguridad Social y el personal laboral a su servicio en las situacionesde incapacidad temporal, de acuerdo con los siguientes límites:1.º Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes,durante los tres primeros días, se podrá reconocer un complemento retributivo hastaalcanzar como máximo el cincuenta por ciento de las retribuciones que se venganpercibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. Desde el día cuarto hasta elvigésimo, ambos inclusive, el complemento que se pueda sumar a la prestacióneconómica reconocida por la Seguridad Social deberá ser tal que, en ningún caso,sumadas ambas cantidades, se supere el setenta y cinco por ciento de las retribucionesque vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse laincapacidad . A partir del día vigésimo primero y hasta el nonagésimo, ambos inclusive,podrá reconocerse la totalidad de las retribuciones básicas, de la prestación por hijo acargo, en su caso, y de las retribuciones complementarias.2.º Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingenciasprofesionales, la prestación reconocida por la Seguridad Social podrá ser complementada,cve:BOE-A-2012-9364
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 168	Sábado 14 de julio de 2012	Sec. I. Pág. 50450desde el primer día, hasta alcanzar como máximo el cien por cien de las retribucionesque vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse laincapacidad.3. Quienes estén adscritos a los regímenes especiales de seguridad social delmutualismo administrativo en situación de incapacidad temporal por contingenciascomunes, percibirán el cincuenta por ciento de las retribuciones tanto básicas comocomplementarias, como de la prestación de hijo a cargo, en su caso, desde el primer altercer día de la situación de incapacidad temporal, tomando como referencia aquellas quepercibían en el mes inmediato anterior al de causarse la situación de incapacidadtemporal. Desde el día cuarto al vigésimo día, ambos inclusive, percibirán el setenta ycinco por ciento de las retribuciones tanto básicas como complementarias, como de laprestación de hijo a cargo, en su caso. A partir del día vigésimo primero y hasta elnonagésimo, ambos inclusive, percibirán la totalidad de las retribuciones básicas, de laprestación por hijo a cargo, en su caso, y de las retribuciones complementarias. Cuandola situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la retribucióna percibir podrá ser complementada, desde el primer día, hasta alcanzar como máximo elcien por cien de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en elmes anterior al de causarse la incapacidad.A partir del día nonagésimo primero, será de aplicación el subsidio establecido encada régimen especial de acuerdo con su normativa.4. Los integrantes de la Carrera Judicial y Fiscal, del Cuerpo de Secretariosjudiciales, así como los Funcionarios de los Cuerpos al Servicio de la Administración deJusticia comprendidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en situación de incapacidadtemporal por contingencias comunes, percibirán el cincuenta por ciento de lasretribuciones tanto básicas como complementarias, como, en su caso, la prestación porhijo a cargo, en su caso, desde el primer al tercer día de la situación de incapacidadtemporal, tomando como referencia aquellas que percibían en el mes inmediato anterioral de causarse la situación de incapacidad temporal. Desde el día cuarto al vigésimo día,ambos inclusive, percibirán el setenta y cinco por ciento de las retribuciones tanto básicascomo complementarias, como de la prestación de hijo a cargo, en su caso. A partir del díavigésimo primero y hasta el día nonagésimo, ambos inclusive, percibirán la totalidad delas retribuciones básicas, de la prestación por hijo a cargo, en su caso, y de lasretribuciones complementarias.Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales,la retribución a percibir podrá ser complementada desde el primer día, hasta alcanzarcomo máximo de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en elmes anterior al de causarse la incapacidad.A partir del día nonagésimo primero será de aplicación el subsidio establecido en elapartado 1.B) del artículo 20 del Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio.5. Cada Administración Pública podrá determinar, respecto a su personal, lossupuestos en que con carácter excepcional y debidamente justificados se puedaestablecer un complemento hasta alcanzar, como máximo, el cien por cien de lasretribuciones que vinieran disfrutando en cada momento. A estos efectos, se consideraránen todo caso debidamente justificados los supuestos de hospitalización e intervenciónquirúrgica.En ningún caso los funcionarios adscritos a los regímenes especiales de seguridadsocial gestionados por el mutualismo administrativo podrán percibir una cantidad inferioren situación de incapacidad temporal por contingencias comunes a la que corresponda alos funcionarios adscritos al régimen general de la seguridad social, incluidos, en su caso,los complementos que les resulten de aplicación a estos últimos.6. Las referencias a días incluidas en el presente artículo se entenderán realizadasa días naturales.7. Asimismo, se suspenden los Acuerdos, Pactos y Convenios vigentes quecontradigan lo dispuesto en este artículo.cve:BOE-A-2012-9364
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 168	Sábado 14 de julio de 2012	Sec. I. Pág. 50451Artículo 10. Reducción de créditos y permisos sindicales.1. En el ámbito de las Administraciones Públicas y organismos, entidades,universidades, fundaciones y sociedades dependientes de las mismas, a partir de laentrada en vigor del presente Real Decreto-ley, todos aquellos derechos sindicales, quebajo ese título específico o bajo cualquier otra denominación, se contemplen en losAcuerdos para personal funcionario y estatutario y en los Convenios Colectivos y Acuerdospara el personal laboral suscritos con representantes u organizaciones sindicales, cuyocontenido exceda de los establecidos en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 demarzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y la Ley 7/2007, de 12 deabril, del Estatuto Básico del Empleado Público, relativos a tiempo retribuido para realizarfunciones sindicales y de representación, nombramiento de delegados sindicales, asícomo los relativos a dispensas totales de asistencia al trabajo y demás derechossindicales, se ajustarán de forma estricta a lo establecido en dichas normas.A partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley dejarán, por tanto, detener validez y surtir efectos, todos los Pactos, Acuerdos y Convenios Colectivos que enesta materia hayan podido suscribirse y que excedan de dicho contenido.Todo ello sin perjuicio de los acuerdos que, exclusivamente en el ámbito de las MesasGenerales de Negociación, puedan establecerse, en lo sucesivo, en materia demodificación en la obligación o en el rÀ
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References: artículo 37
 artículo 109
 artículo 23
 artículo 86
 artículo 92
 artículo 13
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 artículo 8
 resolución 
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 2
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 artículo 17
 artículo 72
 artículo 43
 artículo 24
 artículo 86
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 artículo 10
 artículo 22
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 artículo 2
 artículo 27
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 artículo 31
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 artículo 2
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 artículo 120
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 artículo 2
 artículo 32
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 artículo 48
 artículo 50
 artículo 20
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