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Timestamp: 2019-10-23 13:12:26+00:00

Document:
Rol 618-2011. CA Antofagasta. Caso Proyecto minero El Morro Goldcorp. Comunidad Huascoaltinos- Comisión Evaluación III Región
17/02/2012 Convenio 169 Chile - Jurisprudencia
CORTE DE APELACIONES DE ANTOFAGASTA, CHILE
Caso Comunidad Agricola los Huasco altinos con Comision de Evaluacion III Region de Atacama
Antofagasta, diecisiete de febrero de dos mil doce.
La comparecencia de Sergio Fernando Campusano Villches, chileno, agricultor, soltero, indígena diaguita, por sí y actuando en representación de la Comunidad Agrícola Los Huasco Altinos, en calidad de Presidente de la misma, interpone recurso de protección en contra de la Comisión de Evaluación de III Región de Atacama – comisión evaluadora contemplada en el artículo 86 de la Ley N° 19.300-, representada por su Presidenta e Intendenta de la misma región, señora Ximena Matas Quilodrán, con motivo de la Resolución Exenta N°049/2011 de fecha 14 de marzo de 2011, por medio de la cual calificó favorablemente el proyecto “Estudio de Impacto Ambiental Proyecto El Morro”, pidiendo que se deje sin efecto dicha resolución y se ordene al Estado de Chile a realizar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental que asegure a la comunidad diaguita agrícola, las garantías constitucionales, consagradas en el artículo 19 Nos. 2, 8, 21, 24 y 26 de la Constitución Política de la República, reconociéndoseles sus derechos territoriales, culturales y participativos de la Ley Indígena y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como también los derechos de la Ley N° 19.300 y el resto de la normativa ambiental.
Los recurridos informaron a fojas 231 y siguientes, solicitando el rechazo del mismo, sin referirse a las costas.
A fojas 180 la Sociedad Contractual Minera El Morro se hizo parte en el recurso como tercero coadyuvante.
Se acompañaron al recurso los siguientes documentos:
A fojas 1, Acta N°60 de la Junta General Ordinaria de Comuneros, Comunidad Agrícola Los Huasco Altinos, reducida a escritura pública en la Notaría de Ricardo Olivares Pizarro en que asistieron ochenta comuneros con derecho a voto de un total de ochenta y nueve que están al día en el pago de sus cuotas del año 2010, pero la asistencia general fue ciento setenta y cuatro personas, según constancia expresa que indica “155” son comuneros propiamente tales o debidamente representados, de acuerdo al listado de asistencia que se incluye al final de la escritura de fecha 23 de agosto de 2010, más reducción de escritura pública de la primera sesión de las misma fecha y notaría.
A fojas 8 y siguientes, copia de la inscripción de dominio a favor de la Comunidad Agrícola Los Huasco Altinos, respecto del predio, denominado “Estancia Los Huasco Altinos”, inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Vallenar, en cuyo margen figuran numerosas transferencias de derechos.
A fojas 14, certificado de dominio de inscripción, efectuada a fojas 1083 N° 929 de fecha 27 de agosto de 1997 del Registro de Propiedades de Bienes Raíces, a favor de la Comunidad Agrícola Los Huascos Altinos (sic), dejando constancia que es dueña de la parte no transferida del predio denominada Estancia Los Huascos Altinos (sic).
De fojas 15 y siguientes Estatuto de la Comunidad Agrícola Diaguita Los Huasco Altinos.
Certificado de fojas 25 y 26 de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, Región de Atacama, sobre la Comunidad Agrícola Los Huascoaltinos (sic), Rut N° 73.134.000-5, dejando constancia que cuenta con personalidad jurídica vigente, desde la inscripción del predio común en el Conservador de Bienes Raíces en el Año 1997, comunidad constituida, por sentencia judicial dictada en el Segundo Juzgado Civil de Vallenar de ese mismo año. Además se certifica que el directorio está conformado por los siguientes comuneros: Sergio Campusano Villches, presidente; Sergio Fuentes Fuentes, vicepresidente; Ramiro Arancibia Espinoza, tesorero; Robinson Pizarro Torres, secretario; y José Espinoza Páez, director.
Oficio N° 95, de fojas 29 y 404, del Subdirector Nacional Norte de CONADI, región de Atacama, al Director del Servicio de Evaluación Ambiental de fecha 14 de marzo de 2011, donde se indica que se revisó el informe consolidado de la evaluación del proyecto “Estudio de Impacto Ambiental, Proyecto El Morro”, haciendo presente que la estructuración de la mesa técnica para asuntos medioambientales, que tiene como rol fundamental la Resolución de Estudio de Impacto Ambiental entre el titular del proyecto y las directivas de las respectivas comunidades indígenas diaguitas, no es homologable ni debe ser subentendida como participación de la totalidad de la Asamblea Indígena. Se indica que en la práctica las reuniones efectuadas, sólo han sido de mera información y no pueden considerarse conforme al Convenio 169 de la O.I.T., y en cuanto a la Comunidad Agrícola Los Huasco Altinos, señala que está constituido por comuneros indígenas pertenecientes a diversas comunidades diaguitas de la comuna de Alto del Carmen.
A fojas 33, 34, 303y 304, Resolución N° 1179 de fecha 24 de octubre de 2006 del Director de la CONADI, que deniega la solicitud de inscripción en el Registro Público de Tierras de la Propiedad denominada Estancia Los Huasco Altinos.
A fojas 35 y siguientes, escritura pública de la Junta General Extraordinaria de Comuneros Agrícolas Los Huasco Altinos, Acta N° 46 de fecha 29 de agosto de 2006.
Copia del Acta N° 39 de fojas 41 y siguientes, sobre Junta General Ordinaria, del 4 de junio de 2005.
A fojas 135 y siguiente, copia del recurso de reclamación interpuesto por Sergio Fernando Campusano Villches, por sí y en representación de la comunidad en contra de Aludida Resolución Exenta N° 049.
A fojas 161 y siguientes, copia de publicación en página web www.ciudadano.cl sobre la aprobación del proyecto minero El Morro en Atacama, acompañada de Acta Notarial donde consta una entrevista telefónica con don Sergio Campusano Villches.
Copia de una página web de fojas 167, referida a la entrevista aludida precedentemente.
En fojas 169 y siguientes, copia del Acta de reunión ordinaria sobre comisión de evaluación.
Copia del acta de la reunión de constitución para asuntos medioambientales entre comunidades indígenas de fojas 175 y siguientes.
Oficio N° 570 de 15 junio de 2011 agregado a fojas 190, mediante el cual se informa por la Intendenta Regional de la notificación por carta certificada a don Sergio Campusano Villches de la resolución de calificación ambiental N° 49, de 14 de marzo de 2011.
A fojas 305, rola Oficio del Subdirector Nacional de CONADI N° 327 del 25 de agosto del año pasado, comunicando a la Presidenta de la Iltma. Corte de Apelaciones de Copiapó que la solicitud de inscripción del predio Estancia Los Huascos Altinos fue denegada, haciendo presente que sin perjuicio de ello, dado los antecedentes acompañados y la legislación actual “Las personas indígenas que sean titulares de derechos en la propiedad comunitaria denominada Estancia Los Huasco Altinos podrían inscribir sus derechos”.
En fojas 408, rola Oficio N° 492 de 14 de septiembre de 2009, del Subdirector Nacional Norte de CONADI, Región de Atacama, dirigida al Secretario Ejecutivo de la Comisión Regional del Medio Ambiente sobre proposiciones de consideraciones o exigencias específicas que el titular debiera cumplir para ejecutar el proyecto o actividad sobre el Estudio de Impacto Ambiental proyecto El Morro, concluyéndose que constituye una obligación del Estado velar por la protección de los indígenas, sus derechos y las medidas de mitigación que exigen el consentimiento de los mismos, estimándose como esencial iniciar cuanto antes un trabajo en conjunto con el titular de las comunidades diaguitas del sector, generando una instancia permanente de diálogo, consulta e información, cuyo amparo legal se encuentra en el artículo 34 de la Ley 19.253, mesa técnica que permitirá la participación necesaria de las comunidades diaguitas afectadas con el proyecto en los términos exigidos por la normativa, donde la CONADI juega un rol de asesoría técnica que puede permitir detectar a tiempo otros eventuales impactos no considerados originalmente y adoptar las medidas de mitigación oportunas y adecuadas.
Oficio N° 117 del 14 de junio de 2010, a fojas 410, donde el Subdirector Nacional Norte de la CONADI, región de Atacama al Director Subrogante de la CONAMA III Región, comunicando que de acuerdo a lo solicitado se revisó la Adenda del Proyecto “Estudio de Impacto Ambiental Proyecto El Morro” y la documentación en general, haciendo observaciones que las denomina consideraciones o exigencias específicas que debieran cumplirse para ejecutar el proyecto, porque de conformidad con el artículo 6° del Convenio N° 169 de la O.I.T., vigente en Chile desde el 15 de septiembre de 2009, el gobierno se encuentra obligado a consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y a través de instituciones representativas las medidas administrativas susceptibles de afectarles directamente, como las decisiones que adopta CONAMA y la respectiva COREMA, especialmente si el proyecto considera el traslado de familias que ancestralmente utilizan la zona para el pastoreo de sus animales, por lo que resulta imprescindible para establecer un sistema de consulta previa a las comunidades indígenas afectadas, con el objeto que sus miembros puedan conocer a cabalidad los detalles de la iniciativa para poder lograr acuerdos y consentimiento respecto del proyecto, haciéndose un deber reiterar por la experiencia de la Corporación la necesidad de funcionamiento para asuntos medioambientales para el título de las propiedades, porque CONADI debe jugar un rol asesor para vislumbrar, discutir y eventualmente resolver otros impactos primitivamente no considerados en la iniciativa.
Copia del acta de fecha 10 de septiembre de 2012, de fojas 412, sobre reunión de constitución de mesa técnica para asuntos medioambientales entre comunidades indígenas diaguitas Yastay de juntas de Valeriano, Tatul de los Perales, Chanchoquin Chico y Paytepén de Chanchoquin Grande, Compañía Minera el Morro, Proyecto el Morro y CONADI Región de Atacama, donde se convino generar sobre el medioambiente y los alcances del proyecto, su desarrollo y efecto, subsanando dudas.
Oficio N° 401 del Subdirector Nacional Jurisdicción Norte CONADI, de fojas 461, informando la calidad indígena de parte de los integrantes de la Comunidad Agrícola Los Huasco Altinos. Se indica que la comunidad se constituyó como tal el 27 de agosto de 1997, época en que la Ley 19.253 no reconocía la etnia diaguita como indígena, lo que hizo en la modificación legal del 8 de septiembre de 2006, por lo que las comunidades indígenas de origen diaguita no podían constituirse en la forma contemplada en los artículos 9 y siguientes de la Ley, no obstante se informa que esta comunidad indígena reviste el carácter de comunidad sociológica por la práctica de sus costumbres, asentamiento territorial y uso ancestral que realizan de sus tierras y como se señaló en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, dicha comunidad se encuentra bajo el Régimen de Propiedad y como prueba de lo manifestado en el Oficio N° 095 ya reseñado y de lo expresado precedentemente, acompaña copia de certificado de calidad de indígena que consta perteneciente a la comunidad agrícola en comento, sin perjuicio de lo cual hace presente que “no es necesario acreditar, mediante certificado de calidad indígena, por cuanto el apellido que los identifica, les acredita como tales, cuestión que consta en estudio sociocultural de la etnia Diaguita de la III Región, el que se acompaña en este acto” (sic).
Certificados de fojas 418 a 460, sobre cuarenta y tres personas integrantes de la Comunidad Agrícola, demostrativo de poseer la calidad de indígena, de conformidad a la Ley 19.253, señalando a las siguientes personas:
Guillermo Adrián Villegas Rojas; Briseida Elba Cayo Bordones; Teresa del Carmen Villegas Peralta; Ibar del Carmen Rojas González; Teodoso del Rosario Carmona Bordones; Ana del Tránsito Bordones; Simón Antonio Campillay Páez; Williams Raúl Santander Campillay; Victoria del Tránsito Olivares Campillay; Jaime Nibaldo Ardiles Ardiles; Emerinda Elvira Campillay Toro; Juan Eduardo Campillay Guajardo; Florencio Antonio Rojas Villegas; Pedro Patricio Campillay Campillay; Adelina Cayo; Rosendo del Carmen Rojas Gómez; Rufino Segundo Bordones Carril; Mario Walterio Huanchicay Huanchicay; Jacinto Aliro Bordones Rojas; Juan Alberto Garrote Martínez; Segundo Dámaso Godoy Cayo; Emiliano Aristo Olivares Campillay: Danilo Antonio Huanchicay Bordones; Norberto Ildarino Huanchicay Villegas; Clemente Alfonso Araya Núñez; Guillermo Enrique Escobar Bordones; Fernando Ober Ardiles Alday; Juan Carlos Campillay Campusano; Sinforosa Santibáñez Campillay; Gustavo Santibáñez Campillay; Gubier Néstor Santibáñez Campillay; Nicolás Ambrosio Bordones Villegas; Raúl Esteban Arcos Aróstica; Julio Copa Huayllas; Santiago Garrote; Teresa del Carmen Villega Peralta; Ibar Enrique Villegas Rodríguez; Juan de Dios Cortés Pallauta; Ramón Rojas Rojas; Isabel del Tránsito Pallauta; Amado del Tránsito Quinzacara Quinzacara; Saturna del Rosario Cayo Cayo; y Elba Rodríguez González.
Copia acompañada a fojas 467 de un video sobre audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de un informe emitido por la Asesora Jurídica de la Comunidad AgrícolaLos Huasco Altinos.
Oficio N° 525 del Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, haciendo presente que dicha institución de pronunció sólo a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo a seis oficios cuyas fotocopias remite.
Puesta la causa en estado se han traído los autos para dictar sentencia.
PRIMERO: Que se ha interpuesto recurso de protección en contra de la Comisión de Evaluación de III Región de Atacama representada por su Presidenta e Intendenta de la misma región, señora Ximena Matas Quilodrán, con motivo de la Resolución Exenta N°049/2011, de fecha 14 de marzo de 2011, por medio de la cual calificó favorablemente el proyecto “Estudio de Impacto Ambiental Proyecto El Morro” cuyo titular es la Sociedad Contractual Minera El Morro, por cuanto estima que éste conculca sus garantías constitucionales establecidas en los números 2, 8, 21, 24 y 26 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, solicitando se deje sin efecto la misma y se ordene al Estado de Chile practicar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, en el cual se asegure a la Comunidad Diaguita Agrícola Los Huasco Altinos sus garantías constitucionales, se les reconozca su calidad de indígenas y se respeten sus derechos territoriales, culturales y participativos presentes en la Ley Indígena y en el Convenio N°169 de la O.I.T., y los derechos y principios presentes en la Ley 19.300 y en el resto de la normativa ambiental.
Refiere que el proyecto minero El Morro se ubica en la III Región de Atacama, en la provincia de El Huasco y Copiapó, comunas de Alto del Carmen, Copiapó, Freirina, Huasco y Vallenar.
El área Mina-Planta está localizada en la comuna de Alto del Carmen y afecta específicamente terrenos de la Estancia Huasco Altina de propiedad de la comunidad agrícola de origen Diaguita, debidamente inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de Vallenar.
El proyecto consiste en la construcción y posterior operación de obras cuyo objetivo será la producción de concentrado de cobre mediante la extracción de mineral, a través de la explotación a rajo abierto del yacimiento de cobre La Fortuna y su posterior procesamiento, obras que serán emplazadas en tres lugares distintos: Área Mina-Planta, ubicada en el sector de El Morro, Estancia Huasco Altina, “en la cuenca de las quebradas Larga y Piuquenes, ambas tributarias de la cuenca del Río Cazadero, el cual confluye al Río Conay”; Área Quebrada Algarrobal, que comprende desde la alta cordillera hasta el mar; y, Área Totoral, que se ubica en la zona costera de El Huasco; generará diariamente
296.100 toneladas de material estéril y 90.410 toneladas de relaves, los que durante catorce años de operación alcanzarán aproximadamente 450 millones de toneladas, las que serán dispuestas en un depósito de estériles que estará contenido por un muro de una altura de 230 metros. Los impactos ambientales de mayor relevancia que generarán dichas obras, descritos por el titular del proyecto son: daños en la cuenca de las quebradas Larga y Piuquenes, ambas tributarias de la cuenca del Río Cazadero, que confluye al Río Conay, con pérdida de vegas que son usadas como majada por los comuneros en sus ciclos de trashumancia, además la pérdida de un número importante de senderos tradicionales que siguen los cursos de las quebradas y ríos; afectación de recursos hídricos superficiales desviando el cauce original de las aguas “no contactadas” de la Quebrada Larga que no tuvieron contacto con elementos contaminantes, aguas que serán captadas y depositadas en piscinas colectoras; afectación de recursos hídricos subterráneos, perturbando la calidad de las aguas, modificación de flujos por emplazamiento de relaves, depósito de estéril y rajo minero, incluyendo flujos permanentes y esporádicos; pérdida de cobertura vegetacional por emplazamiento de obras, principalmente en el área Mina-Planta, donde se ubican las vegas en Quebrada Larga y Quebrada La Campana; pérdida de hábitat de especies silvestres como vicuñas, guanacos, vizcachas y algunas especies de reptiles y anfibios, por el emplazamiento de obras en el área Mina-Planta. Además en el área Mina-Planta hay un total de 489 sitios arqueológicos y/o patrimoniales, de los cuales, según el titular, 145 serán afectados directamente, sin embargo la caracterización y catastro de esos sitios a la fecha de emisión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) 049/2011 aún se encontraba en proceso de ejecución, y nuevos micro ruteos han arrojado otros sitios de significación en el área de emplazamiento del proyecto.
En cuanto a las ilegalidades y arbitrariedades se sostiene:
1.- La resolución impugnada desconoce que el proyecto se emplaza en tierras indígenas, omitiendo aplicar el Estatuto Indígena. El territorio de la comunidad se conforma por tierras individuales o de sucesiones familiares que se encuentran bajo riego y se dedican a los cultivos y por terrenos comunitarios dedicados al pastoreo, inscritos en un título comunitario, bajo el nombre de Estancia de Los Huasco Altinos. Los derechos de dominio ancestral de la Comunidad y sus miembros, derivan del uso inmemorial, reconocido primeramente por el derecho indiano, mediante la Tasa de Gamboa de 1850, regularizada la propiedad en el año 1997 por el Ministerio de Bienes Nacionales e inscrita en el Registro de Propiedad del mismo año. Según lo anterior, los antecedentes topográficos, además de lo certificado por el Servicio de Impuestos Internos, la Comunidad de los Huasco Altino tiene una superficie de 395.000 hectáreas, siendo sus deslindes los que indica a fs. 58. La comunidad se integra por aproximadamente 262 comuneros y sus respectivas familias, quienes descienden de las comunidades Diaguitas que desde tiempos precolombinos han habitado el territorio, siendo su población indígena, según la Ley N° 19.253, pero la CONADI negó la inscripción del territorio en el Registro de Tierras Indígenas por resolución N° 1179 del año 2006, por considerar que no está entre los titulares del artículo 12 de la Ley Indígena, pero no les negó el carácter de tales. Sus actividades productivas se caracterizan por ser silvopastoril, dedicada al pastoreo de ganado caprino y mular y a la agricultura, la economía ganadera se complementa con la agricultura a pequeña escala, minería artesanal y actividad recolectora y de caza, haciendo uso de todos los recursos ecológicos-ambientales y naturales existentes en sus territorios, para construir un espacio cultural, social y económica que se localiza en la pre cordillera de Los Andes en una comuna de Alto del Carmen, cuenca del Río Tránsito y sus afluentes.
2.- Existe arbitrariedad e ilegalidad porque se genera el desplazamiento de los crianceros, vulnerando derechos territoriales, de aguas, costumbres y formas de vida. Refiere que para compensar la pérdida de vegas en el área Mina-Planta, según la Estudio de Impacto Ambiental, la Sociedad Contractual Minera El Morro adquirirá un área para la compensación de la pérdida de vegas y los hábitat asociados a ellas en la Ex Estancia Valeriano, para fines de conservación, en una superficie 1,6 veces el área intervenida, con una vegetación zonal de 150,76 hectáreas. En lo relativo al impacto en el ambiente humano, según el acápite 7.10, las medidas de compensación que se sugieren benefician a tres familias de crianceros que usan Quebrada Larga y suponen entregar a los beneficiarios terrenos en compensación y habitación de sectores de pastoreos de tipo veranadas e invernadas, sin que estén definidos los terrenos que se adquirirán para compensar estas tierras, ni el mecanismo legal y, en este caso, siendo tierras de propiedad de los recurrentes, requiere expreso consentimiento de la comunidad para permutarlas, debiendo además existir garantías que las tierras de reemplazo tengan similares características ambientales y productivas lo que no se ha cumplido; así, el artículo 16 del Convenio 169 de la O.I.T., se pronuncia explícitamente sobre el traslado de pueblos indígenas de sus tierras, señalando como principio rector que no deberán ser trasladados de sus tierras, la reubicación será una medida excepcional y en circunstancias que se consideren inevitables, exigiendo el consentimiento de los pueblos interesados, los que deben comprender cabalmente el sentido y consecuencias del desplazamiento, excluyéndose decisiones estatales como los proyectos de desarrollo económico, normas que no han sido aplicadas por la Resolución de Calificación Ambiental, atentando contra la identidad cultural del pueblo diaguita. Además el artículo 64 de la Ley Indígena señala que serán bienes de propiedad y uso de las comunidades indígenas, las aguas que se encuentren en terrenos de la comunidad y no se establecerán nuevos derechos de aguas, debiendo garantizarse el normal abastecimiento de dicho recurso a las comunidades afectadas. Aquí está en juego la completa destrucción de una vega y acuíferos asociados, ríos Cazadero y Conay, las propiedades agrícolas que desde tiempos ancestrales han poseído en el valle del Río Tránsito, tributario de las aguas que provienen de los ríos Cazadero y Conay están en grave peligro por el impacto del proyecto en las fuentes de agua que tributan al Río Tránsito, vulnerando sus derechos individuales de propiedad sobre los derechos reales de aprovechamiento constituidos en dicha cuenca. En relación con ello el artículo 64 de la referida Ley, busca asegurar el normal abastecimiento de las aguas, lo que además ha sido reconocido jurisprudencialmente. Al respecto la Resolución de Calificación Ambiental no hace ninguna referencia a este derecho ancestral, por lo que no puede sino concluirse que es arbitraria e ilegal.
3.- La Resolución de Calificación Ambiental es arbitraria e ilegal, porque desconoce los derechos participativos establecidos en los artículos 6, 7, 15 y 16 del Convenio 169 de la O.I.T, de los cuales es titular la Comunidad recurrente y sus miembros. Se trata del caso del artículo 16 Nº2 del mencionado Convenio, ya que el proyecto aprobado significa desplazamiento de miembros del pueblo indígena de las tierras en que se emplazan, el que debe ser con el consentimiento libre e informado de los afectados, normativa que no ha sido considerada por la titular al presentar el estudio de impacto ambiental ni por la autoridad evaluadora. Aquí la medida de mitigación consistente en el traslado, ha sido propuesta de manera unilateral por el titular del proyecto, hubo una mesa de diálogo en que participaron diversas comunidades indígenas, sin contar con la comunidad recurrente, aún cuando son ellos quienes hacen uso de las tierras afectadas, lo que es al menos una falta al principio de la buena fe, sin que pudiera otorgar su acuerdo, porque la información de la extensión de las tierras afectadas y la entidad de la afectación no existe. Al respecto se representó por la comunidad a la CONADI el proceder arbitrario e ilegal de la autoridad; entidad que cuestionó el criterio de evaluación aplicado y no fue visado, confirmando que las mesas técnicas no constituyen un procedimiento de consulta, son meramente informativas y aclara que el proyecto se emplaza en tierras indígenas, por lo que requiere la aplicación de los estándares que en materia de derechos participativos ha establecido el citado Convenio 169 y la mesa de diálogo de ninguna forma permitió a los participantes incidir en la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, pues se creó el 10 de septiembre de 2010, con posterioridad a la realización del Estudio de Impacto Ambiental. Al respecto deben aplicarse los artículos 6 y 15 2) del Convenio 169 de la O.I.T., normas que el Tribunal Constitucional declaró autoejecutables, por lo que no se pueden entender cumplidas a través de la ejecución de otro mecanismo similar que exista en nuestra legislación, y si alguno de los órganos del Estado pretenden dictar alguna medida administrativa que pudiese afectar directamente a los pueblos indígenas, sería obligado, por mandato constitucional, a realizar consulta a estos pueblos en los términos del artículo 6 Nº2 del Convenio, lo que ha sido interpretado además por el Comité de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la O.I.T. Asimismo, la participación ciudadana en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, regulada en los artículos 26 y siguientes de la Ley 19.300, es insuficiente para cumplir con el derecho a expresar el consentimiento libre e informado, hipótesis de la que no se da cuenta en el procedimiento y las características de la consulta del Convenio en comento, tal como lo señala en forma expresa la CONADI y ha sido reconocido por la Corte Suprema en causa rol 6062-2010.
En síntesis, la Comisión de Evaluación Ambiental de la IIIRegión de Atacama ha realizado un acto ilegal al haber dictado una Resolución de Calificación Ambiental sin haber obtenido el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad diaguita de los Huasco Altinos en relación al reasentamiento de los crianceros y la alteración de los ciclos de trashumancia, lo que contraviene la Ley Indígena y el Convenio 169 de la O.I.T., vulnerando sus garantías constitucionales.
4.-La Resolución de Calificación Ambiental es también arbitraria e ilegal, porque aprueba un Estudio de Impacto Ambiental que discrimina contra la comunidad Diaguita a Los Huasco Altinos, negándoles la condición de organización indígena e infringe las disposiciones de la Ley 19.300 y el reglamento respectivo en lo relativo a resguardar los derechos y evaluar los impactos del proyecto respecto a comunidades o grupos humanos protegidos por leyes especiales. En la base del proyecto sólo se menciona a los Diaguitas con la intención de minimizar el componente étnico, siendo indispensable una nueva línea de base, para identificar e individualizar a la población indígena del Área de Influencia Directa y Área de Influencia Indirecta. Sólo se señala a la Comunidad Huasco Altina como comunidad Agrícola en la página 90 anexo 51, vulnerando los derechos políticos, territoriales y culturales, señalando sólo al centro cultural Diaguita, que en opinión del ejecutor del proyecto, abarca a todas las comunidades de Huasco Alto, incluida Junta Valeriano, lo que no es efectivo, ya que dicha organización posee una representatividad limitada al cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creada –ejecutar proyectos de carácter cultural- y no poseen territorio, además no se encuentra activa, pues no se renueva su Directiva desde junio de 2008, según certificado de la Municipalidad que acompaña, siendo por ende una arbitrariedad que el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la Resolución de Calificación Ambiental impugnada, omita a dicha comunidad y se refiera a una organización de papel, desconociendo la Comisión de Evaluación Ambiental de la III Región una vez más su origen diaguita, vulnerando la Ley Indígena en su artículo 9 y el Convenio 169, ello por cuanto reúne al menos tres de las cuatro condiciones que establece dicha norma, recogidos en el estudio “Diagnóstico Socio- Cultural de la Etnia Diaguita” que adjunta y fue encargado por la Intendencia de Atacama. La Comisión Evaluadora parece validar como única instancia de organización indígena la que se estructura según el artículo 10 de la citada ley y adquiere personalidad jurídica como tal, lo que es una interpretación ilegal y arbitraria, discriminando a la comunidad recurrente y a sus miembros, impidiendo el ejercicio efectivo de sus derechos colectivos, no obstante haber sido reconocida su condición de indígena por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que no fue objetado por el Estado de Chile en el caso 12.174, que observó la falta de consulta a dicha comunidad en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Minero Pascua Lama, violando el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, documento que adjunta. Asimismo, cita el artículo 16 inciso final de la Ley de Bases del Medio Ambiente 19.300, del cual aparece que para que la autoridad ambiental apruebe positivamente el Estudio de Impacto Ambiental, debe proporcionarse antecedentes fundados para la predicción, identificación e interpretación de su impacto ambiental y describir la o las acciones que ejecutará para impedir o minimizar sus efectos significativamente adversos, omisión que fue constatada por la CONADI y representada a la autoridad ambiental, violando por tanto dicha ley, incumpliendo además una serie de requisitos específicos que debe tener el Estudio de Impacto Ambiental, señalados en el artículo 12 letras c), d) y e) (fs. 49); se exige la elaboración de estos estudios cuando el proyecto genera como efecto el reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos. El Reglamento indica que deberán ser consideradas las características étnicas, manifestaciones de cultura, la magnitud o duración de la intervención o emplazamiento del proyecto o actividad en o alrededor de áreas donde habite población protegida por leyes especiales, como es el caso de los Huasco Altinos, amparados por la Ley Indígena y por el D.F.L. N° 5 sobre Comunidades Agrícolas.
5.- La Resolución de Calificación Ambiental es arbitraria e ilegal porque vulnera el principio preventivo que estructura el Estudio de Impacto Ambiental. Uno de los impactos más grandes es la destrucción de vegas en el sector de Quebrada Larga, en la naciente del Río Cazadero. Las medidas de mitigación y compensación propuestas incurren en ilegalidades y arbitrariedades.
En relación con los recursos hídricos en la Quebrada Larga, se establecen en el párrafo 6 de la Resolución de Calificación Ambiental que señala los impactos ambientales y situaciones de riesgo, los que consistirían en “la modificación del drenaje superficial y subterráneo en el sector Mina-Planta y aguas abajo del proyecto de la instalación de las obras del mismo, correspondiente a la parte alta de la Quebrada Larga y Cuenca de Piuquenes”, lo que generará una reducción de recurso hídrico superficial de 28 l/s, correspondientes a un 56,5% del total del caudal de la línea de base, además de la reducción de los recursos hídricos subterráneos, causados principalmente por la captación de las aguas contactadas en el tanque de relaves y por el cono de depresiones que originará el rajo, impactos que fueron calificados por la resolución como no significativos respecto de su calidad y cantidad y las medidas de mitigación y compensación presentadas por el titular; al respecto, se consideraron adecuadas, incumpliendo –a juicio del recurrente- el principio preventivo, según lo dispuesto por el artículo 11 letra b) de la Ley 19.300, ya que la resolución reconoce los impactos en los recursos naturales, pero no los previene adecuadamente, minimizando sus significación al establecer las condiciones del Plan de Equivalencia que condiciona la aprobación del proyecto, con graves falencias en torno a la descripción de la línea de base, la que está incompleta y es insuficiente, lo que se manifiesta en el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 letras b) y e) de la Ley 19.300 que conciben la línea de base como “la descripción detallada del área de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución”. También vulnera el artículo 12 c) que indica que todo Estudio de Impacto Ambiental debe contener una descripción pormenorizada de aquellos efectos o características o circunstancias del artículo 11 que den origen a la necesidad de efectuar un estudio de impacto ambiental”.
Se indica que el principio preventivo está en el artículo 8 de la Ley 19.300 que sujeta a una evaluación ambiental previa a determinados proyectos por su potencial impacto al medio ambiente y el artículo 16 del mismo texto legal señala que no se puede aprobar un proyecto si no se identifican en su totalidad sus impactos ambientales significativos, proponiéndose para cada uno de ellos las medidas ambientales adecuadas; y que el artículo 12 c) señala que el Estudio de Impacto Ambiental deberá contar con una predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto o actividad, incluidas las eventuales situaciones de riesgo” y aquí no hay claridad respecto a todas las variables o componentes del ecosistema que afectan y sus interacciones, es imposible predecir y realizar una evaluación seria de los impactos generados, por lo que cualquier medida de compensación, reparación o mitigación pierde eficacia y minimiza ilegal y arbitrariamente los potenciales daños sobre el ecosistema afectado. Las medidas de mitigación consistentes en la compensación sólo se contemplan para las hectáreas de vegas que desaparecerán por el emplazamiento del tranque de relaves y depósitos de estériles, sin contemplar las especies del libro rojo de la flora de Atacama y tampoco la especie de Adesmiaechinus, incluida en el Decreto 68 de 2010 del Ministerio de Agricultura. Al respecto la Resolución de Calificación Ambiental es contradictoria, pues reconoce que la línea de base es incompleta, evidenciando la falta de una caracterización pormenorizada y previa a la calificación ambiental del proyecto en los términos del artículo 12 de la ley, pero a pesar de ello aprueba el proyecto. No es posible compensar la pérdida de ecosistemas de vega con la afectación –como área protegida- de vegas en sectores aledaños, ya que las mismas en forma simultánea, se encuentran realizando similares funciones. Asimismo, en relación a los sitios arqueológicos y/o patrimoniales se omite la descripción pormenorizada que exige la línea de base, vulnerando también el principio preventivo, que queda de manifiesto en el acápite 7 referido a las medidas de mitigación y compensación, número 7.11 letra c), que reconoce que no se ajusta a la ley en los términos allí indicados. (fs 59).
6.- La Resolución de Calificación Ambiental es ilegal, porque discrimina en forma arbitraria contra el desarrollo de las actividades económicas de los recurrentes en sus tierras y territorios, por cuanto les niega derechos territoriales y sobre sus recursos naturales, indispensables para el desarrollo de actividades productivas que ejercen colectiva e individualmente, implica privación de los recursos y pone en riesgo sus actividades económicas tradicionales y que pretenden ejercer colectivamente en ejercicio del derecho reconocido por el artículo 7 del Convenio 169, como el turismo de intereses especiales o etno-turismo.
La confluencia de climas existente permite el curso de aguas permanente, convirtiendo al valle del Río Huasco en una de las cuencas principales de la Región de Atacama, siendo uno de los sitios de mayor riqueza de especies vegetales y animales de todo el país y especies con graves problemas de conservación como el guanaco, la vicuña y la chinchilla, lo mismo pasa con la flora. La comunidad Diaguita recurrente ha optado por el desarrollo del turismo, lo que decidieron en una asamblea general del año 2006, cuya acta adjuntan, y se encuentran en proceso de implementación de un sendero turístico dentro de sus terrenos: tramo La Totora-Manflas, según mapa que adjuntan, definido y proyectado con asesoría técnica del Programa Sendero de Chile y financiado por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Sin embargo aquello no se ha recogido en el proyecto y la resolución recurrida minimiza los impactos sobre los valores paisajísticos y turísticos, circunscribiéndolos arbitrariamente al impacto visual derivado de la construcción de las obras del proyecto, aceptando como medidas de mitigación el camuflaje de las obras y no repara en la inexistencia de medidas concretas destinadas a evitar las alteraciones del paisaje, vulnerando el artículo 11 letra e), 12 letra b) de la Ley y el artículo 10 del Reglamento DS 95, letras b) y c) (fs 63). Agrega que según lo que se describe en el proyecto, el camino de acceso por Chanchoquín corresponde al camino inicial del sendero y el área Mina-Planta se ubica en su tramo medio, lo que a todas luces interferirá en el proyecto cultural y eco-turístico que tiene por objeto mostrar al mundo los paisajes naturales y parte del camino del Inca, lo que se hará imposible.
7.- la Resolución de Calificación Ambiental es arbitraria e ilegal porque discrimina en forma arbitraria contra el patrimonio de Los Huasco Altinos en sus tierras y territorios. En principio se registraron en el área Mina- Planta 489 sitios arqueológicos y/o patrimoniales, de los cuales, según el titular, 145 serían afectados directamente, pero nuevos micro ruteos durante el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental dieron un número mayor de sitios, sin que se concluyera la evaluación de aquello, lo que fue representado por el Consejo de Monumentos Nacionales al finalizar el proceso de evaluación, no obstante la comisión recurrida, arbitrariamente, exenta de razonamientos, decidió aprobarlo, prescindiendo de una determinación de impacto y daños posibles al respecto.
Estima vulneradas las siguientes garantías:
1.- Igualdad ante la Ley, refiriendo la prohibición de privilegiar a ciertas personas o grupos y discriminar arbitrariamente(19 Nº 2).
2.- El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación (19 Nº 8).
3.- Derecho a realizar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, orden público o seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulan (19 Nº 21).
4.- Derecho de propiedad, en concordancia con el Nº 26 al privarlos del uso y goce sobre el sector de mayor relevancia ambiental, cultural y económica de sus territorios (19 Nº 24 en concordancia con el N° 26).
Piden se restablezca el imperio del derecho, decretándose se deje sin efecto la Resolución Exenta Nº 049/2011 de Calificación Ambiental que aprueba el proyecto El Morro y se ordenen al Estado de Chile hacer un nuevo Estudio de Impacto Ambiental en el que se asegure a la Comunidad Diaguita de Los Huasco Altinos las garantías constitucionales antes señaladas, se les reconozca su calidad de indígenas y se respeten sus derechos territoriales, culturales y participativos presentes en la Ley Indígena y en el Convenio 169 de la O.I.T. y los derechos y principios de la Ley 19.300 y el resto de la normativa ambiental señalada en el recurso.
SEGUNDO: Que los recurridos han solicitado el rechazo del recurso, sobre la base de los siguientes razonamientos:
1.- Extemporaneidad del recurso porque debe distinguirse la manifestación material del agravio, de su simple expresión formal, ya que sólo las primeras son capaces de producirlo respecto de derechos o garantías amparados por la vía de protección y, por lo tanto son ellos los que se deben identificar para contar el plazo de interposición y en este caso, la comunidad que representa el recurrente intervino durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto “Estudio de Impacto Ambiental Proyecto El Morro”, iniciado el 25 de noviembre de 2008, haciendo diversas observaciones por escrito al mismo, además, presentó recurso administrativo especial de reclamación contemplado en la Ley 19.300, que puede interponerse en contra de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto, por lo que los treinta días desde que tomaron conocimiento de la privación, perturbación o amenaza a sus derechos, se extinguió antes de la interposición del recurso, puesto que dicho plazo debe contarse del 14 de marzo de 2011, que corresponde a la publicación del acto en el expediente electrónico del proyecto de la Resolución de Calificación Ambiental, constando a la autoridad informante el conocimiento de la comunidad agrícola recurrente, ya que en la sesión de calificación del proyecto de 14 de marzo de 2011 estuvieron presentes Rubén Campusano y Robinson Pizarro, que concurrieron por la recurrente a dicha sesión, lo que se puede obtener en la página web del Servicio y/o consultando a la Oficina Regional del mismo.
2.- Refiere que el recurso además es inadmisible por falta de legitimación activa de la recurrente, pues no existe derecho amagado por el acto recurrido y la acción de protección no es de aquellas denominadas populares. No se especifica en el recurso como se produciría la privación, perturbación o amenaza a sus garantías constitucionales, por lo que no se puede determinar si realmente es agraviada para los efectos de la legitimidad para recurrir; no es posible establecer si por la elaboración y dictación de la resolución de calificación ambiental se producen los hechos denunciados, careciendo de legitimidad activa, por no tener derecho alguno conculcado. La recurrente afirma que el Estudio de Impacto Ambiental afecta sus derechos constitucionales, en su mayor parte, como una comunidad indígena, por lo que tendría una serie de prerrogativas, que estima debieron ser consideradas por la autoridad, sin embargo, como comunidad Diaguita no se encuentran reconocidos a través de los conductos regulares que establece nuestra normativa interna y, al no ser una comunidad indígena, no puede ser titular de aquellos derechos y destinataria de aquellas prerrogativas que la ley reconoce a esas comunidades de un tratamiento especial. No obstante, señala que existen personas indígenas que forman parte de su comunidad Agrícola, pero don Sergio Campusano ha recurrido en representación de la Comunidad Agrícola de Los Huasco Altinos, persona jurídica distinta de las personas naturales que la integran. En cuanto a las alegaciones que no se basan en su auto determinada condición de indígenas, como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, derecho a desarrollar cualquier actividad económica y el derecho de propiedad, no presenta ningún argumento que dé cuenta de una vulneración a la esfera de prerrogativas individuales que otorgan las garantías constitucionales señaladas, estima que es evidente que la recurrente considera al recurso de protección como una acción popular, lo que no es así, pues el legitimado activo debe tener un derecho subjetivo y/o interés jurídico actualmente comprometido.
3.- En cuanto al fondo se sostiene que el recurso es improcedente porque excede el ámbito propio de esta garantía constitucional y por las siguientes razones:
a) El recurso importa el planteamiento de una hipótesis técnica no demostrada y cuya demostración no es una materia propia de un recurso de protección: los dichos de la demandante no se fundan en estudio o antecedente relevante alguno, que permitan rebatir los informes sectoriales que figuran en la evaluación ambiental del proyecto y en especial aquellos relativos a recursos naturales, y en los cuales los órganos con competencia ambientales se pronunciaron conformes, concluyendo con una calificación favorable. Las materias en cuestión fueron objeto de evaluación ambiental por órganos con competencia en la materia, quienes luego de pedir aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones al titular del proyecto, manifestaron su conformidad al Estudio de Impacto Ambiental, el que fue objeto de cuatro rondas de preguntas y respuestas llamadas informes consolidados de solicitud de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones y cuatro adendas respectivas, en que el titular fue dando respuestas a las distintas preguntas de los órganos estatales con competencia ambiental, siendo improcedente que la recurrente intente en esta sede resolver aspectos técnicos de la evaluación ambiental de un proyecto, pues implica consideraciones técnicas que no corresponde resolver al órgano judicial, además la recurrida se ha ajustado absolutamente a las disposiciones ambientales vigentes sobre la materia. Cita jurisprudencia en el sentido que las cortes no pueden asumir el rol de adoptar decisiones que la ley asigna a órganos idóneos o expertos. Ningún órgano estatal manifestó inconformidad al proyecto, por lo que las actuaciones de la recurrida se han ajustado plenamente a las disposiciones vigentes sobre la materia.
b) Mediante la acción constitucional se pretende intervenir en competencias que se han determinado como propias de la administración activa. Materias radicadas directa, exclusiva y excluyentemente en órganos de la administración del Estado, cita los art 8 y 9 de la ley 19.300, en que se ha entregado la competencia de pronunciarse del mérito de la evaluación ambiental de un proyecto a la autoridad administrativa ambiental, por lo que la pretensión de la recurrente carece de validez y procedencia, cita jurisprudencia.
c) Inidoneidad (sic) de la acción de protección para obtener la interpretación sobre el sentido y alcance de un convenio internacional, normas medioambientales u otras. La recurrente interpreta normas medioambientales y legislación indígena, y pretende que la Corte también lo haga, lo que no procede en este recurso.
d) El acto impugnado no agravia las garantías constitucionales invocadas. Ausencia de requisitos para la procedencia de las acciones incoadas, pretendida arbitrariedad e ilegalidad y ausencia de relación de causalidad.
La evaluación de impacto ambiental del proyecto que fue aprobado se efectuó en cumplimiento de toda la normativa ambiental, actuando con la debida razonabilidad, siendo improcedente el recurso por no concurrir sus requisitos legales. No existe arbitrariedad o ilegalidad alguna en el proceso de calificación ambiental en cuanto a la forma ni al fondo.
Alega que existe una errónea interpretación por la recurrida respecto de las normas supuestamente infringidas. Define el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (fs. 242), se refiere al tipo de proyectos que deben someterse, formas de ingreso y tramitación, haciendo presente el valor jurídico y la vinculación de los pronunciamientos de los órganos con competencia ambiental, indicando que las opiniones técnicas emitidas por los órganos de la administración del Estado constituyen jurídicamente informes que no son vinculantes, los que se encuentran regulados en los artículos 37 y 38 de la Ley 19.880; también precisa las normas aplicables y concluye que los pronunciamientos o permisos que deben otorgarse a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, por los órganos con competencia ambiental, han de ser considerados, junto con otros antecedentes, por el órgano calificador al momento de resolver acerca de la calificación ambiental de un proyecto o actividad, sin embargo esos pronunciamientos no son vinculantes para ella, ya que no existe norma legal o reglamentaria que así lo establezca.
La resolución de calificación ambiental de un proyecto es un acto administrativo terminal, que se pronuncia sobre la viabilidad ambiental de un proyecto o actividad, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Ley 19.300 y del artículo 36 de la Resolución del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que permiten inferir que la autoridad al momento de resolver debe calificar el proyecto teniendo siempre presente su deber primigenio de tutela y protección al medio ambiente, adoptando todas las medidas que permitan impedir o minimizar los efectos significativos adversos del proyecto, básicamente cuando se trata de un Estudio de Impacto Ambiental. Si la declaración o el Estudio son rechazados, o si se aprueban con condiciones o exigencias, puede reclamarse, según el artículo 43 del Reglamento. En el caso de un Estudio de Impacto Ambiental, aquél que considere que su observación no fue debidamente ponderada, también puede interponer un recurso de reclamación y si su resolución no le es satisfactoria, puede intentarlo ante el juez de letras competente. La resolución de calificación ambiental sólo es una autorización de funcionamiento con contenido ambiental que no confiere derechos sobre bienes privados o públicos, tampoco otorga derechos sobre bienes de terceros, ni se faculta a proceder sin obtener las demás autorizaciones que el orden jurídico contempla; no tienen aptitud para plantear expropiaciones, constituir servidumbres o generar gravámenes sobre bienes de dominio público o privado, únicamente constituye un permiso sobre la viabilidad desde el punto de vista ambiental.
En cuanto a la calificación de “apropiadas” de las medidas de mitigación, compensación y reparación, señala que si se analiza el artículo 11 de la Ley 19.300, contienen grados de estimación, estableciendo la posibilidad de adoptar alternativas frente a un proyecto dado y al calificarlo, la Comisión de Evaluación ejerció ese grado de estimación, aplicando correctamente la norma, por ello la no vinculación a los informes, con respecto a la resolución de la Comisión, quien decide la suficiencia de los antecedentes aportados al proceso para determinar la concurrencia de los efectos, características y circunstancias según el artículo en comento.
Luego se refiere a la Evaluación de Impacto ambiental del proyecto El Morro y a sus principales aspectos, indicando que ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el 25 de noviembre de 2008 y fue calificado ambientalmente el 14 de marzo de 2011, cuyo objetivo es producir 90.000 toneladas diarias de concentrado de cobre, mediante molienda y flotación de mineral extraído desde el yacimiento La Fortuna, utilizando agua desalinizada, bombeada desde una planta desalinizadora ubicada en Totoral, por lo que no hace uso de agua de la cuenca del Huasco, con una vida útil divididas en etapas de construcción en una operación de aproximadamente catorce años, en los sectores El Morro, parte alta de las cuencas de Quebrada Larga, Quebrada Piuquenes, unos 72 km al Nororiente del Poblado de Chanchoquin), Quebrada Algarrobal desde la alta cordillera al mar, cruzando la carretera panamericana a 50 km. al Norte de Vallenar y área el Totoral entre Caleta El Totoral Bajo y Posada Algarrobal. Se refiere también a la calidad del aire, recursos hídricos, medio biótico, marino y humano, precisándose que hay tres familias de crianceros que usan la Quebrada Larga que se verán afectadas, considerando que el impacto será de duración permanente, porque continuará después de efectuadas las instalaciones, hasta la etapa del cierre o abandono inclusive, por lo que se estableció la entrega de terrenos, habilitación y generación de sectores de pastoreo alternativo de veranadas a las tres familias de crianceros que usan la Quebrada Larga.
Finalmente señala que el impacto corresponde a percepciones, ya que el diseño del proyecto, las medidas y el monitoreo propuestos, los excluyen.
Respecto del patrimonio cultural y arqueológico (fs. 257) se indica que hay cuatrocientos ochenta y nueve sitios en la zona, de los cuales se afectarán directamente ciento cuarenta y cinco, e indirectamente trescientos cuarenta y cuatro, y que por micro ruteo se han localizado doscientos diez nuevos sitios. En el programa de implementación y mitigación, la autoridad estimó que la información existente es suficiente para establecer el impacto y consideró necesario condiciones copulativas que deberá desarrollar el titular (fs. 257).
Señala que se otorgaron catorce permisos ambientales sectoriales (fs. 258) y refiere las condiciones y exigencias impuestas al titular por la Comisión de Evaluación, basada mayoritariamente en los pronunciamientos sectoriales de los órganos técnicamente competentes que participaron en la evaluación ambiental del proyecto(fs. 259).
Con relación a la opinión de la CONADI, referida por la recurrente, expresa que en el Oficio N°95 de 14 de marzo de 2011 se indica que hubo un solo pronunciamiento, no obstante fueron cinco estas oportunidades y aclara que la visación del informe consolidado de evaluación la CONADI lo presentó fuera de los plazos legales, el mismo día de la calificación ambiental del proyecto.
En cuanto a la participación ciudadana postula que existieron dos líneas, una sin considerar a las organizaciones indígenas y otra, con especial consideración a ella, para cumplir con los estándares del Convenio 169 de la O.I.T., que se efectuó pese a la afectación de la letra d) del artículo 11 que determina impactos significativos sobre la población protegida y no afecta a la población indígena, por cuanto la recurrente no tiene la calidad de comunidad indígena, pormenorizando las distintas instancias de participación (fs 265) con relación a la Comunidad Agrícola Los Huasco Altinos, que desde un comienzo manifestó su preocupación por los alcances del proyecto; en consecuencia concluye que la CONAMA se mantuvo en contacto permanente con la directiva, entregándosele el Estudio de Impacto Ambiental en las etapas de participación ciudadana, junto con las copias de las adenda y actas de reuniones efectuadas fuera del periodo de participación ciudadana para recoger sus inquietudes. La comunidad formuló muchas observaciones.
Luego se refiere a la aplicación del Convenio 169, cita su artículo 6.1 letra b) y 6.2, de los que se desprende que la consulta debe hacerse de buena fe para llegar a un acuerdo y no tienen por objeto establecer un procedimiento reglado, sino que busca entregar este deber a los Estados, que a través de sus organismos competentes, permitan la consulta a los pueblos indígenas. El convenio no es un cuerpo normativo aislado, sino que se integra armónicamente con las normas vigentes y que el Tribunal Constitucional estableció flexibilidad para implementar las consultas.
Aduce que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es conciliable con los principios que informan el Convenio 169 y que la Excma. Corte Suprema (rol 4078-2010) ha señalado que el procedimiento de participación ciudadana en los proyectos sometidos a Estudio de Impacto Ambiental, previsto en el artículo 26 de la Ley 19.300 es el mecanismo a través del cual se lleva a efecto el deber de consulta a que obliga el Convenio referido.
En cuanto a las pretendidas ilegalidades alegadas por el recurrente, se señala que la recurrente es considerada una comunidad agrícola, no indígena, independiente de que algunos de sus integrantes puedan pertenecer a algún pueblo originario, porque fue la propia recurrente quien expresó que la CONADI denegó la solicitud de inscripción de las tierras como indígenas, pretendiendo que la Corte se pronuncie indirectamente sobre dicho acto, por lo que sería reprochable a la recurrida solucionar en sede ambiental una controversia por demanda de tierras, precisando que el Tribunal Constitucional ha declarado la no auto ejecutabilidad de los artículos 13 a 15 del Convenio.
Sobre la arbitrariedad e ilegalidad por desplazamiento de los crianceros de sus tierras ancestrales, influye en trashumancia, vulnerando sus derechos territoriales sobre la tierra aguas y a mantener sus costumbres y formas de vida, refiere que el Estatuto Indígena les será aplicable en la medida que se les reconozca la calidad de tales, por ello la comunidad agrícola no fue ni debió ser tratada como indígena, sino sólo tres familias afectadas, respecto de la cuales se dictaron medidas de mitigación.
En cuanto a la arbitrariedad e ilegalidad por desconocer los derechos participativos de los artículos 6, 7, 15 y 16 del Convenio, se reitera que no son comunidad indígena, no obstante para el Tribunal Constitucional únicamente los artículos 6 N° 1 a) y 7 N° 1 parte final, tienen carácter de autoejecutables, lo que se extiende al N° 2 del artículo 6 cuando permite el cumplimiento de su N° 1. El artículo 15 expresamente se declaró no autoejecutable y respecto del 16 no se pronunció. Postula que la calidad de comunidad indígena debiera ser declarada en un juicio de lato conocimiento.
Además se indica que el levantamiento étnico fue hecho por el titular en el Estudio de Impacto Ambiental y complementado a través de la adenda, sin que la CONADI realizara más observaciones; y que es de competencia exclusiva y excluyente de la Comisión verificar la existencia de impactos y considerar las medidas propuestas, por lo tanto no hay falta de ponderación de impactos y arbitrariedad en la calificación de las medidas, agregándose que ninguna influencia tiene la imputación en cuanto al perjuicio de las actividades económicas de Los Huasco Altinos en sus tierras y territorios, no sólo porque se autodefine como beneficiaria de un Estatuto que no le es aplicable, sino también porque pueden establecerse senderos y rutas distintos, y el sendero turístico es una vaga expectativa, pues la actividad económica que describe es de iniciativa particular.
Finalmente, concluye que no hay privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos señalados, haciendo presente que la garantía constitucional relacionada con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, se detenta por la recurrente sin base técnica y no se advierte su conculcación en forma concreta; respecto de la actividad económica sólo son intereses y no derechos adquiridos; y en lo referente al derecho de propiedad, por ser una comunidad agrícola, no se le aplica el Estatuto Indígena, aseverando que la calificación favorable del proyecto El Morro no constituye una amenaza al derecho de propiedad, porque el ejercicio de este derecho no se ha tornado irrealizable, ni se ha visto entrabado menos privado.
También alega la falta de relación causal entre la acción u omisión ilegal o arbitraria y el agravio al derecho fundamental en forma que éste pueda considerarse en el comportamiento antijurídico. Si no hay garantía conculcada, no procede acoger el recurso, aún cuando exista un acto ilegal o arbitrario.
TERCERO: Que además el tercero coadyuvante Sociedad Constructor y Minera El Morro, ha solicitado el rechazo del recurso, aduciendo la extemporaneidad del mismo por haber sido interpuesto fuera del plazo de treinta días, ya que se tuvo conocimiento de los actos con anterioridad a la fecha de notificación.
En cuanto al fondo, estima que no existen incongruencias entre las observaciones y los organismos sectoriales y lo dispuesto por la Resolución de Calificación Ambiental, habiéndose incorporado las solicitudes adicionales del SAG y CONAF, como también el requerimiento efectuado durante el proceso de evaluación por parte de monumentos nacionales, reconociendo que la CONADI, vencido el plazo para visar el Informe Consolidado de Evaluación, emitió un informe cuestionándolo, haciendo apreciaciones críticas de las mesas técnicas con comunidades indígenas, insistiendo en que todas las comunidades y personas indígenas tuvo acceso a la participación ciudadana, dentro del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, incluso la comunidad Los Huasco Altinos, que no sólo participó en forma oportuna, sino que su intervención fue más allá de lo exigido en la propia ley, incluso se sostiene que hizo observaciones ciudadanas del proyecto, incorporado en el debate, respecto del cual el 17 de mayo se interpuso un recurso jerárquico ante la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental. También hace presente que la solicitud de mesas técnicas para comunidades indígenas fue acogida durante el curso del proceso de evaluación, en su tercera adenda; las mesas fueron convocadas por la propia CONADI donde se invitó a los representantes de las comunidades indígenas y se discutió acerca de las preocupaciones; por lo demás, dichos procesos continuaron desarrollándose una vez aprobado el proyecto, incluso la propia CONADI se manifestó conforme con la Evaluación de Informe Ambiental del Proyecto, según Oficio N° 08-331/2010, por lo que resulta extraño el cuestionamiento posterior. Agrega que las supuestas “incongruencias” no invalidan la Resolución de Calificación Ambiental, sin embargo afirma que no existen, pero si se estimaren concurrentes, no le invalidan porque los respectivos servicios visaron el estudio y las diferencias responden al proceso normal y necesario para la evaluación de un proyecto, haciendo presente que se reclama de los fundamentos de la resolución para lo cual existe un recurso pendiente y en general se refieren en forma sustancialmente coincidente con el informe de los recurridos.
CUARTO: Que el Subdirector Nacional Norte de la CONADI ha indicado, según Oficio N° 95 ya reseñado, que después de realizar el informe consolidado, la estructuración de la mesa técnica para asuntos medioambientales no es homologable ni debe ser subentendida como participación de la totalidad de la asamblea indígena; en consecuencia, no pueden considerarse a la luz del Convenio 169 de la O.I.T., haciéndose presente en el Oficio N° 327 que de acuerdo a la legislación actual las personas indígenas titulares de derechos en la comunidad Estancia Los Huasco Altinos pueden inscribir sus respectivos derechos.
QUINTO: Que todo lo relativo a la extemporaneidad e inadmisibilidad por falta de legitimación, se desestimará al tener únicamente presente que es la Resolución N° 049 que califica positivamente el estudio de impacto ambiental del proyecto El Morro, la única que materializa o concreta los distintos actos administrativos, los que permiten continuar con la concreción del proyecto minero, no son las reuniones ni las resoluciones adoptadas en las comisiones, éste es el acto administrativo que a juicio de los recurrentes va a generar las acciones o omisiones, objeto del recurso, de manera que el hecho de haber tomado conocimiento de la decisión de adoptar la aprobación del proyecto, mientras éste no se materialice en un acto administrativo propiamente tal, no cumple con sus efectos jurídicos propios y por lo mismo no puede ser considerado sino a partir de su notificación. Por otra parte la legitimación nace justamente de la calidad de indígena invocado por los recurrentes y reconocido en el ordenamiento jurídico nacional.
SEXTO: Que además para la conveniente resolución del asunto y antes de entrar a analizar la procedencia de la pretensión se hace conveniente destacar de la normativa ambiental lo siguiente:
1° El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, su protección, la preservación de la naturaleza y conservación del patrimonio ambiental se regulan especialmente por la Ley N° 19.300 (Artículo 1).
2° El Estudio de Impacto Ambiental es el documento que describe pormenorizadamente las características de un proyecto o actividad que se pretenda llevar a cabo o su modificación, el que debe proporcionar antecedentes fundados para predecir, identificar o interpretar el impacto ambiental, describiendo las acciones que se ejecutarán para impedir o minimizar los efectos significativamente adversos (ibid Artículo 2 letra i)).
3° El Estudio de Impacto Ambiental se aprueba cuando cumple con la normativa de carácter ambiental y de debe hacerse cargo de los efectos, características y circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley 19.300, proponiendo medidas de mitigación, compensación o reparación apropiadas al caso. Si ello no sucede debe ser rechazado (ibid Artículo 16 inciso final).
4° Los proyectos o actividades enumerados en el artículo 11 requieran de la realización de un Estudio de Impacto Ambiental cuando generan, a lo menos, uno de los siguientes efectos, entre otros, reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos. También se indica la alteración significativa del valor paisajístico o turístico o sitios con valor antropológico, arqueológico o histórico en general, pertenecientes al patrimonio cultural.
5° La normativa ambiental prevé la participación ciudadana obligatoria únicamente en los procesos de calificación de estudios de impacto ambiental, obligando a las comisiones respectivas establecer los mecanismos que aseguren la participación informada de la comunidad (ibid Artículo 26).
SEPTIMO: Que la Resolución Exenta N° 049, en análisis, con relación a la letra c) del artículo 11 de la Ley 19.300, estableció que: “El proyecto provocará la pérdida de la vega utilizada como majada en Quebrada Larga. La vega de Quebrada Larga, Piuquenes y del Medio son utilizadas por 3 familias de crianceros además de una persona que pertenece a una de las familias y que tiene su majada propia. Estas familias desarrollan como actividad principal la criancería, para lo cual utilizan las vegas de quebrada Larga, Piuquenes y del Medio para sus veranadas. La verada, es un de las actividades centrales (pero no exclusiva) en el proceso de formación de recursos para la economía familiar. Pero su importancia no solo reposa en los ingresos, ya que constituye también una institución cultural alrededor de la cual se organiza la vida familiar, entre los meses de octubre y mayo de cada año.
Entre las medidas de mitigación se ha propuesto la entrega de terreno y generación de sectores de pastoreo alternativos de veranadas a las 3 familias de crianceros que utilizan Quebrada Larga, habilitación de un sector de pastoreo a los crianceros de veranadas, generación de sectores de pastoreo de invernadas, habilitación de las condiciones de sectores de pastoreo de invernadas, entrega de terrenos de 114,24 ha para generación y habilitación de áreas de pastoreo para los miembros de la Comunidad Agrícola de los Huasco Altinos, generación y habilitación de sectores de pastoreo alternativo a los crianceros de la Comunidad Agrícola de los Huasco Altinos y áreas aledañas, Fondo de Desarrollo Sustentable para los crianceros de la Comunidad Agrícola de los Huasco Altinos, las comunidades indígenas y vecinos de la comuna de Alto del Carmen.
Relacionado con la pérdida de vegas se encuentra la pérdida parcial de senderos/huellas usados para tránsito en Quebradas Larga Y Piuquenes. En la zona de ocupación de Los Huasco Altinos, en el área de influencia directa del Proyecto, existe un número importante de senderos y huellas, entre ellos en quebradas Larga y Piuquenes. Estos senderos son usados en las veranadas. De este modo, se ocupan hasta agotar zonas de potreros y vegas. Se trata de rutas de trashumancia, de carácter tradicional, que siguen los cursos de quebradas o ríos. Aún cuando generaría efectos menores, por la estrecha relación con la mencionada pérdida de la vega en Quebrada Larga, se han considerado las mismas medidas de mitigación y/o compensación expuestas anteriormente.
Por otra parte, el proyecto podría generar molestias por desplazamiento de transporte para población de asentamientos humanos de ruta c-46. Las molestias potenciales a las comunidades de la ruta C-46 se asocian al transporte de concentrados procedentes del área de Mina-Planta del Proyecto. En los casi cincuenta kilómetros, circularán diariamente 80 camiones de la planta al puerto (160 viajes diarios) por esa ruta, pudiendo afectar centros poblados tales como Maitencillo, Freirina y Huasco. Este efecto tendrá mediana relevancia y se han considerado medidas de mitigación voluntarias asociadas a las capacitación de chóferes tanto de SCM El Morro como de contratistas, que pretenden asegurar una conducción segura, asegurara el cumplimiento de normas de buena conducta, aplicación de la política del buen vecino, y divulgación de la planificación de transporte.
Finalmente, otro efecto identificado es la alteración en la imagen de la calidad de productos agropecuarios en la cuenca del Huasco. En rigor, corresponde apercepciones, puesto que el diseño del Proyecto y las medidas y el monitoreo propuestos excluyen los efectos. Se trata de un efecto negativo de alcance moderado que si bien no compromete planes de manejo, considera medidas voluntarias de mitigación asociadas a la divulgación de la información sobre cumplimiento de la normativa ambiental y medias de manejo ambiental, especialmente de los recursos del área: agua, aire, estilos de vida.”.
OCTAVO: Que si bien la calificación desfavorable o no que debe efectuar la respectiva Comisión de Evaluación sobre un Estudio de Impacto Ambiental contiene numerosos documentos, informes e incluso resoluciones sectoriales que impiden al órgano jurisdiccional evaluar alguna acción u omisión de las que describe el artículo 20 de la Constitución Política de la República relativa a esta acción cautelar, no sólo porque existe un procedimiento previamente establecido y muy pormenorizado, sino porque la numerosas decisiones técnicas requieren de estudios previos y de conocimientos específicos que el órgano jurisdiccional carece y, en consecuencia, no está en condiciones de revisar o auscultar cada una de estas actuaciones o sub-procedimientos. Desde este punto de vista, el recurso de protección no es idóneo para revertir decisiones de la autoridad administrativa en orden a la calificación favorable de un Estudio de Impacto Ambiental, porque además la acción cautelar requiere de derechos indubitados e inequívocos que ostenten los titulares de la acción para disponer el restablecimiento de los derechos o asegurar la debida protección a los afectados.
NOVENO: Que no obstante lo anterior, y sin perjuicio de lo expresado, debe destacarse para este caso concreto la Ley 19.253, modificada por la Ley 20.117 que “Establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas y Crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena”, en cuyo artículo 1° indica que “El Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias, siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura”. En esta disposición se reconoce como principales etnias indígenas de Chile, entre otras, la “Diaguita del Norte del país”, precisándose que “El Estado valora su existencia por ser parte esencial de las raíces de la nación chilena así como su integridad y desarrollo de acuerdo a sus costumbres y valores. Es deber de la sociedad en general y del Estado, en particular, a través de sus instituciones respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación.”. Por último esta misma ley permite que la calidad indígena se acredite mediante un certificado otorgado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
DÉCIMO: Que además de la legislación nacional, en armonía con la Ley 19.253, rige en Chile el Convenio 169 de la O.I.T. sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, normativa vigente a la luz de lo dispuesto en el artículo 5° de la Constitución Política de la República y 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (promulgado en el Diario Oficial del 29 de abril de 1989, mediante Decreto N° 778 del 30 de noviembre de 1976) cuyo artículo 6° exige a los gobiernos consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados e instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a estas personas, debiendo establecerse los medios, a través de los cuales los pueblos indígenas y tribales interesados puedan participar libremente, precisándose en su artículo 7° que estos pueblos deben tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural, debiendo participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional, susceptibles de afectarles directamente y en lo referente a la utilización de recursos naturales y propiedades mineras. Su artículo 15 ordena una protección especial como derecho de estos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos, debiendo consultarse a los interesados para determinar si los intereses de estos pueblos son perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación podrían dañarse. Se estatuye que en este sentido “Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades”. Asimismo, los artículos 26 y 27 del Pacto establece que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a similar protección, debiendo los Estados respetar las minorías étnicas para tener su propia cultura, profesar y practicar su propia religión y emplear su propio idioma. Por lo demás, la aplicación de estas normas ha sido aceptada por la Excelentísima Corte Suprema en sentencia dictada en causa Rol 2683-2010 dictada a propósito de un recurso de casación acogido el 11 de enero del presente año.
UNDÉCIMO: Que según se ha venido razonando y de acuerdo a la transcripción de la Resolución Exenta 049 con relación al reasentamiento de las comunidades humanas o alteración significativa de sistema de vida o costumbres de grupos humanos, el proyecto sólo consideró tres familias de crianceros, además de una persona que pertenece a una de estas familias y “que tiene su majada propia”, por lo que es lógico deducir que los integrantes de la Comunidad Agrícola y especialmente las cuarenta y tres personas individualizadas en la parte expositiva -según certificados de fs. 418 a 460 que acreditan sus calidades de indígena- le es aplicable la normativa nacional e internacional ya referida, debiendo el estudio de impacto ambiental de proyecto El Morro considerarlos específicamente, porque independientemente a la circunstancia que la comunidad agrícola Los Huasco Altinos no haya tenido a la fecha de la elaboración del proyecto un reconocimiento como Comunidad Indígena, lo cierto es que sus integrantes ya individualizados tienen tal calidad y les afecta el proyecto porque se comprobó que son titulares del derecho de dominio inscrito de terrenos respecto de los cuales iniciarán las actividades de explotación la Sociedad Contractual Minera El Morro. El Estudio de Impacto Ambiental que destaca que los ingresos de estas personas no constituye lo esencial sino también el aspecto cultural en cuanto organiza la vida familiar y las actividades centrales en el proceso de formación de recursos para la economía familiar, constituyen antecedentes que este estudio debió considerar específicamente para la entrega de terrenos, generación de sector de pastoreo, habilitaciones de sectores en condiciones de pastoreo invernal que reconozca la existencia de los mismos y no en forma genérica como lo hizo, desconociendo a los integrantes de estas comunidades de hecho, en consecuencia, incluir sólo tres familias y una persona natural y prescindir específicamente del resto de estas personas que tienen la calidad de indígena comprobada, constituye una ilegalidad que está protegida en la Constitución Política de la República que garantiza la igualdad ante la ley, la no existencia de grupos privilegiados sin que autoridad alguna pueda establecer estas diferencias arbitrarias entre tres familias de crianceros y una persona natural, respecto de todos los integrantes de la comunidad agrícola que acreditaron poseer la calidad de indígenas y que ya fueron enumerados, ilegalidad que justifica acoger excepcionalmente un recurso de protección frente a la calificación favorable del Estudio de Impacto Ambiental porque en la letra c) de la fs. 390 del estudio se proponen medidas de mitigación, entrega de terrenos y generación de sectores de pastoreo alternativo de veranadas únicamente a estas tres de familia de crianceros, desconociéndose a las personas integrantes de la comunidad agrícola. Este desconocimiento se ha mantenido en el informe reseñado de la recurrida en cuanto se acepta que la comunidad agrícola fue escuchada en diversas reuniones pero sus integrantes no fueron considerados como indígenas, como tampoco existe en el proyecto, en todo su desarrollo, una audiencia específica en cuanto a sus necesidades, perjuicios que le ocasionarán, planes de mitigación y las indemnizaciones correspondientes, de manera que surge indefectiblemente la ilegalidad que afecta al derecho de propiedad que ostentan estos comuneros respecto de un vasto terreno de aproximadamente 395.000 hectáreas y que se encuentra inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Vallenar, denominado Estancia Los Huasco Altinos, ocupado por la comunidad integrada por aproximadamente doscientos sesenta comuneros y sus respectivas familias, quienes descienden de las comunidades Diaguitas que desde tiempos precolombinos han habitado el territorio, lo que está reconocido en la legislación nacional según se ha venido razonando, de manera que desconocer su existencia, en términos de sujetos activos para las acciones de mitigación, reasentamiento e indemnizaciones, constituye una ilegalidad que representa una amenaza concreta a su derecho de propiedad; existiendo por tanto dos rubros que obligan a acoger el recurso; la desigualdad ante la ley que priva la garantía constitucional del N° 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por hacer diferencias que no tienen justificación y que son ilegales y arbitrarias; y la amenaza al derecho de propiedad como consecuencia del desconocimiento de la calidad de indígenas que requieren un tratamiento especial para los aspectos ya señalados en el Estudio de Impacto Ambiental. Todas las demás acciones u omisiones no corresponde analizarlas en este recurso porque consisten en aspectos específicos relativos al paisajismo, turismo, sitios de valor antropológicos e históricos que de acuerdo al artículo 11 requieren este estudio, cuya evaluación no demuestra ostensiblemente alguna arbitrariedad o ilegalidad que protege la acción cautelar.
DUODECIMO: Que por lo razonado y establecido se acogerá el recurso en la forma señalada, sin costas, por estimarse que el reconocimiento tardío de la calidad de indígena y la intervención transversal de la CONADI cuyos informes tuvieron una evolución desde su primera intervención sin un reconocimiento claro y enfático sobre los derechos de esta comunidad agrícola, han hecho plausible las actitudes de los recurridos, especialmente porque el ordenamiento jurídico nacional incorporó la etnia indígena diaguita sólo a partir del 8 de septiembre del año 2006 en virtud de la Ley 20.117.
Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 N° 1 y 24 de la Constitución Política de la República y Autos Acordados de la Corte Suprema, de fechas 24 de junio de 1992 y 4 de mayo 1998 sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales,SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Fernando Campusano Villches por sí y en representación de la Comunidad Agrícola Los Huasco Altinos en contra de la Resolución Exenta N° 049 del catorce de marzo de dos mil once, dictada por la Comisión de Evaluación de la Región de Atacama que califica favorablemente el proyecto “Estudio de Impacto Ambiental Proyecto El Morro”, el que se deja sin efecto mientras no se complemente y se corrija el apartado relacionado a los efectos, características y circunstancias señaladas en la letra c) del artículo 11 de la Ley 19.300 relativo al reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de sistema de vida o costumbres de grupos humanos (fs. 390).
Rol 618-2011.
Redacción del Ministro Titular Sr. Oscar Clavería Guzmán.
Pronunciado por la Sala de Verano integrada por los Ministros Sra.Laura Soto Torrealba, Sr. Oscar Clavería Guzmán y Sra. CristinaAraya Pastene. Autoriza la Secretaria Titular Sra. ClaudiaCampusano Reinike.
La consulta en Chile
Consejo de Lonkos Pikun Willimapu. Carta al Senado de Chile: Suspensión "consulta" Mideplan y Decreto 124.
La irregular 'Consulta indígena' de Mideplan y los Acuerdos del Senado. Chile, ¿un 'país serio'?
Chile. Senado pide derogar arbitrario Decreto 124 y suspender cuestionada "Consulta" Mideplan
Chile. Decreto 124 de MIDEPLAN limita consulta previa a pueblos indígenas
Cámara de Diputados solicita Derogar Decreto 124 y Suspender "consulta indígena" de Mideplan: no cumplen estándares Convenio 169
Propuesta de Organizaciones indígenas a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados
Instituto de DDHH Chile: 'Decreto 124 sobre consultas indígenas no satisface obligaciones internacionales'
OIT- CEACR. Observación General 2011 sobre la obligación de consulta. Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169)
Incumplimiento de deber de consulta previa. Proyecto de prórroga DL 701
OIT.Consulta y Participación de los Pueblos Indígenas. CEACR Observación general Convenio 169
Informes OIT sobre Chile
OIT. Aplicación del Convenio 169 en Chile. Informe de Observaciones y Solicitud Directa 2014
OIT. Aplicación del Convenio 169 en Chile. Informe de Observaciones 2013
Aplicación del Convenio 169 en Chile. Solicitud Directa de la Comisión de Expertos OIT. Desafíos y Oportunidades
OIT CEACR. Informe 2011. Solicitud Directa al Estado de Chile. Aplicación del Convenio 169
OIT CEACR. Informe 2011. Observaciones a CHILE. Aplicación del Convenio 169.
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