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Timestamp: 2018-04-20 21:55:54+00:00

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El derecho a la tutela judicial efectiva - Apuntes UNED
La acción. Acción y Jurisdicción
El juez no puede actuar de oficio, sino a instancia y por iniciativa de las partes procesales. Han de ser las partes quienes inicien el proceso. Íntima relación que guardan los conceptos de jurisdicción y acción, considerada ésta desde la óptica de la iniciación de la actividad jurisdiccional, postulando la resolución del conflicto planteado.
Surgió la autonomía conceptual del derecho de acción. La acción aparece, pues, como un derecho autónomo, desligado, o diferenciado al menos, del derecho subjetivo material cuya tutela se pretende. Reconocimiento constitucional del derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
Prohibición estatal de autotutela y la correlativa asunción por el Estado del monopolio jurisdiccional y la defensa de los derechos. El Estado, primariamente para proveer a la resolución de los conflictos, establece unos órganos (los tribunales) que sólo pueden actuar (ejerciendo la potestad jurisdiccional) a instancia de un tercero que solicita su intervención. El derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales se salvaguarda con la obtención de una resolución judicial, favorable o no al actor, extendiéndose a su efectivo cumplimiento. Se trata, por tanto, de un derecho fundamental.
Contenido esencial del derecho de acción
El derecho de acción comprende en el ordenamiento español el derecho de acceso a la Justicia, como necesario prius lógico para obtener la tutela judicial efectiva. El derecho a la tutela judicial efectiva engloba, por supuesto, el derecho de acceso a la justicia, pero su contenido tiene un superior alcance.
La titularidad corresponde a "todos", es decir, a todos los sujetos del Derecho, tanto a las personas jurídicas, privadas y públicas, tengan o no plena capacidad jurídica, como a las físicas (incluido el nasciturus), sean nacionales, residentes de la UE o extranjeros, legalizados o no en España. Y es que el derecho a la tutela judicial es un derecho humano proclamado por los Pactos Internacionales.
El derecho de acción y las partes
El derecho de acción asiste, tanto con respecto a quien desee acceder al proceso para interponer una pretensión, esto es, al actor en el proceso civil y al querellante o acusador en el penal, como a quien tenga que comparecer en el proceso como parte demandada o imputada, si bien el art. 24 CE denomina también a este derecho del imputado como "derecho de defensa".
Obstáculos jurídicos y económicos
El demandante y el acusador privado, el demandado y el imputado han de ostentar todos ellos el derecho a acceder libremente a un proceso, por lo que ha de resultar, en principio, incostitucionales los obstáculos, jurídicos o económicos, que puedan impedir el libre acceso.
Derecho de acceso a todas las instancias
Hay que distinguir el acceso a la primera instancia, de las demás. En la primera instancia rige este derecho fundamental con toda su amplitud, de manera que no puede el legislador limitar o condicionar su ejercicio; sin embargo, el derecho de acceso a los recursos, lo ha de ser con arreglo al sistema de recursos preestablecido y bajo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que condicionan su admisibilidad. De esta manera, el legislador puede, desde suprimir en determinados casos el ejercicio de los recursos hasta imponer al recurrente la exigencia de cauciones tendentes a garantizar su seriedad.
Como es sabido, el TC ha concebido el derecho de acción -o derecho a la tutela judicial efectiva- con un contenido enormemente amplio, en detrimento de otro derecho fundamental: el derecho al debido proceso, que resulta así sin virtualidad práctica. La doctrina hace coincidir el derecho a la tutela judicial efectiva con el ámbito propio del derecho a un proceso con todas las garantías.
Derecho a la obtención de una sentencia de fondo, motivada, fundada y congruente
Una vez las partes han deducido sus pretensiones y defensas, ha formulado, con contradicción e igualdad de armas, sus actos de alegación y prueba el derecho a la tutela judicial exige que obtengan una sentencia de fondo, la cual ha de resultar motivada en la prueba, fundada en Derecho y ha de ser racional y congruente con las pretensiones de las partes.
El derecho a la obtención de una sentencia de fondo
La Constitución exige de los jueces que impartan una justicia material. Si los órganos judiciales, mediante la imposición de formalismos enervantes o desproporcionados, rehuyen su obligación de solucionar definitivamente el conflicto mediante la aplicación del Derecho material, se habrá vulnerado el derecho a la tutela.
Por esta razón, nuestro ordenamiento procesal intenta prevenir estas resoluciones formales, denegatorias del derecho de acción mediante el examen por el secretario y por juez, y al inicio del proceso, del cumplimiento de los presupuestos procesales, debiendo otorgar al interesado la facultad de subsanar sus posibles incumplimientos, los cuales, de estimarse a su término, provocarían una sentencia absolutoria en la instancia, con lo que el demandante habría de volver, previa la subsanación del defecto, a iniciar todo el proceso.
El derecho a la obtención de una resolución motivada, razonada y fundada en Derecho
Debido al mandato constitucional del art. 120.3 CE, conforme al cual "las sentencias serán siempre motivadas", el TC ha considerado incluido en el derecho a la tutela la obligación de los juzgados y tribunales de motivar las sentencias. Este deber ha de dar respuesta al objeto procesal trazado por las partes. Y así, la sentencia, en primer lugar, ha de ser motivada en los hechos, y en segundo lugar, ha de ser motivada también en los fundamentos de Derecho, en el que se ha de invocar el Derecho aplicable.
Cuando la sentencia sea inmotivada, incurra en un error patente o contenga una fundamentación irrazonada o irrazonable puede vulnerar el derecho a la tutela y abrir las puertas al recurso de amparo.
El derecho a la obtención de una sentencia congruente
El TC ha entendido que el derecho a la tutela judicial efectiva no agota su contenido en la exigencia de que el interesado tenga acceso a los tribunales, afirmando que garantiza además la obtención de una resolución de fondo fundada en Derecho si concurren todos los requisitos procesales para ello.
La respuesta judicial debe ser motivada, razonada y congruente, pero el derecho a la tutela judicial efectiva no incluye un pretendido derecho al acierto judicial. Puede afirmarse, pues, que el TC extiende el derecho del art. 24.1 de la CE hasta imponer a los tribunales ordinarios el deber de dictar una resolución de fondo y, en el caso de no entrar en el fondo por no darse todos los presupuestos procesales o cumplirse los requisitos de forma exigidos, ésta se habrá de razonar o fundar en Derecho.
El contenido normal del derecho a la tutela judicial efectiva es el de obtener una resolución de fondo fundada en Derecho, salvo que exista una causa impeditiva prevista en la ley,en cuyo caso habrá que discernir si la causa impeditiva afecta o no al contenido esencial del derecho.
Las normas procesales en la medida en que disciplinan la actividad de los sujetos que intervienen en el proceso, son normas que imponen el cumplimiento de exigencias formales para la validez y eficacia de los actos. Sólo cuando no concurra algún presupuesto procesal, o resulte incumplido alguno de los requisitos esenciales, podrá dictarse una resolución de inadmisión o de desestimación por motivos formales.
El derecho a la ejecución de las sentencias
El TC considera con acierto que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva comprende el derecho subjetivo a que se ejecuten las sentencias de los tribunales ordinarios, y objetivamente supone, a su vez, una pieza clave para la efectividad del Estado de Derecho. Sin embargo el derecho a la tutela judicial efectiva no alcanza a cubrir las distintas modalidades que puede revestir la actividad ejecutiva.

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