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Timestamp: 2017-08-22 22:51:52+00:00

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Colaboración parlamentaria en un sistema presidencial
Parálisis legislativa y gubernativa. Vicente Fox. Sistema parlamentario. Presidencialismo alternativo. Presidencialismo renovado
COLABORACIÓN PARLAMENTARIA EN UN SISTEMA PRESIDENCIAL.
3.1- Parálisis Gubernativa.
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, parálisis significa “detención de cualquier actividad, funcionamiento o proceso”. En materia política se refiere al desencuentro, sumado a la apatía nos lleva a la parálisis, que no es más que el reflejo de lo que hoy se vive en el Congreso y que tanto malestar despierta en la ciudadanía.
Así, el enfrentamiento entre poderes en el sexenio de Vicente Fox, provocó una parálisis legislativa que se puede traducir en la falte de acuerdos y en consecuencia a la falta de producción legislativa. Ésta detención del proceso de creación de leyes repercutió en el ejercicio del poder público, toda vez que gran parte de los programas de gobierno no fueron efectuados, por ello se puede considerar que el antagonismo entre poderes produjo una parálisis del ejercicio del poder, es decir una parálisis gubernativa.
La parálisis gubernativa en estudio, no consistió en una parálisis total, que de haberse presentado este escenario, entonces el fenómeno hubiera sido el de colapso político. Sin embargo en el periodo presidencial en estudio, se presentaron síntomas de ruptura política, cuya consolidación produce el riesgo de desembocar en colapso. Para Sartori las rupturas son de diferente clase:
“Para la democracia la parálisis del poder, y para la dictadura la revuelta contra el poder. Vale decir que una democracia cae cuando los gobernantes no cuentan con suficiente poder o fuerza para gobernar; y una dictadura cae cuando no hay superpoderes que basten o cuando su superpoder disminuye.”
En el caso mexicano, el Congreso, en lugar de ser recinto del encuentro de los adversarios para lograr los acuerdos necesarios que propicien el buen ejercicio del Poder Público, se ha convertido en el lugar de desencuentro y defensa de intereses partidistas, dada la pobreza de los acuerdos y las crisis desatadas, incluso al interior de los partidos mismos. La falta de una nueva normatividad ha provocado una parálisis legislativa. Es evidente el desajuste entre lo prescrito en el derecho, en lo referente a los controles constitucionales y la parálisis en que degeneró.
El sexenio de Vicente Fox fue caracterizado por lo que en lenguaje político se denomina entropía; problema crucial de la división del poder. En otras palabras, cuando se radicaliza la llamada separación de poderes se provoca su desestabilización, en lugar de propiciar su control. La entropía en el sistema mexicano cobra relevancia mediante el enfrentamiento entre poderes, que genera la parálisis y el nulo funcionamiento de la división del poder, resquebraja la estabilidad política y genera otro tipo de sistema con clara concentración del poder ya sea con la sumisión absoluta del poder legislativo.
Para alcanzar este extremo, debe mediar un colapso político, en virtud del cual desaparecen los poderes constitucionales, ya sea de manera formal o en la praxis. Se presenta el peligro de un golpe de estado o revolución armada. Por una parte el presidente puede verse rebasado y destituido por el Congreso, o bien el presidente en turno nulifica la acción de éste mediante mecanismos jurídicos que le permitan atribuirse facultades extraordinarias.
Los diversos tratadistas coinciden en que los elementos del colapso político son los siguientes:
Impedimento de la asamblea parlamentaria para tomar acuerdos.
Regateo de apoyos al Poder Ejecutivo.
Sensación de anarquía en toda la sociedad y
Golpe final por un grupo político para instalar un régimen caracterizado por su alta concentración del poder.
El enfrentamiento entre poderes en México, no es nuevo. En el transcurso de la historia se han presentados gobiernos de minoría que han derivado en confrontaciones. La primera de ellas, entre Ejecutivo y el Congreso sucedió en octubre de 1822 cuando Agustín de Iturbide lo disolvió y formó la Junta Nacional Instituyente, El Congreso convocado para formar una constitución, se enfrascó en discusiones interminables y no logró su cometido.
En el siglo XX posterior al derrocamiento de Porfirio Díaz, Francisco I. Madero asume la presidencia y se encuentra con un Congreso antagónico, y con una prensa escrita que satirizaba toda acción de gobierno, dando como resultado un golpe de estado que culminó con su asesinato. Para Diego Valadés el problema fue que “ese Congreso tenía más simpatías por la dictadura porfirista que por la Revolución que había encabezado Madero, y tomó parte activa en un intenso proceso de desestabilización política que culminó con el asesinato del presidente y del vicepresidente.”
Sin importar cuál haya sido la causa que motivó el antagonismo del Congreso con el presidente, el resultado fue que se conjuntaron los factores descritos para el colapso político y derivó en la concentración de poder en la persona de Victoriano Huerta, mismo que encabezó el golpe militar para destituir a Madero.
En el México posrevolucionario se registraron enfrentamientos entre los poderes ejecutivo-legislativo, que en algunos casos degeneró en parálisis legislativa, que constituyeron antecedentes directos a la problemática acontecida en el sexenio de Vicente Fox. Sin embargo, esta confrontación fue sostenida legisladores que pertenecían al mismo partido que el presidente en turno.
El mandato presidencial de Álvaro Obregón (1920-1924) tropezó con un Congreso hostil en la XXX legislatura, especialmente durante los tres primeros años de mandato. Todos los asuntos eran duramente criticados y públicamente discutidos. Muchos de los asuntos sometidos a la aprobación del Congreso fueron desechados por abrumadoras mayorías.
Más adelante, en la administración de Plutarco Elías Calles, el primero de septiembre de 1928, durante la lectura de su último informe de gobierno, fue interpelado por Aurelio Manrique, quien lo calificó de farsante y acusándolo de estar involucrado en el homicidio de Álvaro Obregón. Si bien este hecho se puede considerar un incidente aislado efectuado por un solo individuo y que no produjo consecuencias de parálisis en la toma de decisiones, ni en la producción legislativa, estableció un precedente en el sentido de que el titular del ejecutivo estaba expuesto a ser interrumpido de manera abrupta y de recibir acusaciones escandalosas en el salón de sesiones. Así, con posterioridad, la interpelación al presidente se convirtió en una constante el los informes de gobierno de los últimos mandatarios priistas (Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León) agudizándose cada vez más y cobrando fuerza casi generalizada con Vicente Fox, al grado que su último informe de gobierno lo rindió por escrito, ante la amenaza expresa de los legisladores de oposición de impedirle la lectura del informe en tribuna.
Entonces, el reclamo escandaloso y la falta de observancia del más elemental respeto al orador presidencial en tribuna, derivó en una práctica que fomenta el enfrentamiento entre poderes.
Otro antecedente de enfrentamiento entre poderes del México posrevolucionario se verificó durante el sexenio de Lázaro Cárdenas (1934-1940). A pesar de que todos los legisladores pertenecían al mismo partido, eran simpatizantes del expresidente Plutarco Elías Calles, es decir, pertenecían a la corriente callista, cuya tendencia era la de proseguir durante ese periodo de gobierno con el maximato. Gradualmente Cárdenas persuadió a algunos diputados para que se pusieran de su lado, creándose así la corriente Cardenista. De ese modo el Congreso se compuso de legisladores del mismo partido político, pero dividido en dos facciones antagónicas: Callistas y Cardenistas, con mayoría de los primeros. Así, el presidente Cárdenas enfrentaba un gobierno de minoría.
Tuvo que mediar un hecho de sangre para que consiguiera contar con la mayoría de Diputados: El 11 de septiembre de 1935 se suscitó un enfrentamiento armado al interior de la Cámara de Diputados, entre callistas y cardenistas dejando un saldo de dos diputados muertos y dos heridos. Luis Mora Tovar (Cardenista) culpó a los callistas y al día siguiente 17 diputados fueron encarcelados. El incidente impactó al senado en el sentido que también fueron expulsados y encarcelados 5 senadores callistas acusados de sedición y de proveer actividades subversivas. Después de esto el Congreso fue eminentemente cardenista. Así Lázaro Cárdenas al contar con la mayoría en el Congreso consiguió por medio del senado la destitución de tres gobernadores callistas y la aprobación de todos sus programas de gobierno: Educación socialista, Expropiación Petrolera, Nacionalización de Ferrocarriles y reformas en materia agraria.
Si bien Cárdenas no disolvió de manera formal el Congreso, consiguió la implementación de su programa de gobierno mediante el ataque personal a los opositores. Pareciera entonces, que el remedio para conseguir la armonía entre poderes sería la persecución y encarcelamiento de algunos legisladores, con la consiguiente intimidación al resto de congresistas, logrando la sumisión del Congreso y así superar la confrontación de los poderes. Desde luego que no se puede justificar una medida de este tipo, toda vez que constituye una clara tendencia al despotismo y concentración del poder. En éste caso, a contrario de lo acontecido con Madero, el golpe final para lograr la afirmación del poder fue efectuado por el titular del ejecutivo.
Posterior a esto, los presidentes que siguieron no tuvieron enfrentamientos graves con el Congreso, toda vez que contaban con un gobierno de mayoría de legisladores de su mismo partido, garantizando un Congreso subordinado a la voluntad presidencial. Fue hasta el año de 1997, cuando el PRI enfrenta por primera vez en su historia de manera formal un gobierno de minoría, en lo que respecta a la Cámara de Diputados. La Instalación de la LVII legislatura (1997-2000) constituyó uno de antecedentes más dramáticos de enfrentamiento entre poderes. Se presentó un intento de golpe por parte del Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Gobernación, para evitar la alianza de los cuatro grupos parlamentarios de oposición que conformaban mayoría. En base a una interpretación de la Ley orgánica del Congreso general del los Estados Unidos Mexicanos, se intentó que la Gran Comisión subsistiera y que estuviera compuesta mayoritariamente por el partido, que por sí solo tuviera el mayor número de diputados.
En vista de que esta idea no iba a prosperar, la oposición recibió una notificación en la que se cancelaba la sesión de instalación del Congreso misma que ignoraron. Así los diputados de oposición celebraron la sesión de Instalación del Congreso sin presencia de los Diputados del PRI. A lo que los representantes de éste partido, denunciaron que la sesión era espuria e ilegal de origen. Improvisaron un plan para celebrar su propia sesión, y declarar ilegal la sesión celebrada por la oposición.
Para no incurrir en el absurdo de que existieran dos mesas directivas de la Cámara de Diputados, el PRI precisaba de apoyo externo, para los Cuál el Senado de mayoría priista se pronunció en el sentido que desconocía a la mesa directiva de los diputados de oposición. Con el asunto aún sin resolver, los priistas sugirieron posponer el informe presidencial, sin embargo por órdenes del presidente Ernesto Zedillo, los Diputados del PRI tuvieron que reconocer la sesión inaugural de la oposición e instalar la legislatura.
“Los Diputados priistas quedaron atónitos. Sin el respaldo del presidente, el eje de su poder, la rebelión se vino abajo. Para la noche del domingo, los priistas habían accedido a que se les tomara protesta en una ceremonia el lunes por la mañana, para que de acuerdo con lo planeado, el informe se rindiera a las cinco de la tarde.”
Así, el presidente Zedillo, optó por hacer frente a una Cámara opositora, dirigida por líderes antagónicos al gobierno, en lugar de respaldar las argucias de sus copartidarios tendientes a inhabilitar a la mayoría opositora, lo cuál pudo haber generado las condiciones de colapso político, toda vez que resultaba jurídicamente imposible suspender las funciones de legisladores debidamente legitimados.
Entonces, el enfrentamiento entre poderes se ha venido resolviendo por medio de mecanismos extra jurídicos, desde un golpe de estado (el que encabezó Huerta), la persecución y encarcelamiento de opositores (hechos sucedidos con Cárdenas), o bien, dejando el problema sin resolver afrontando la consiguiente parálisis legislativa (como aconteció con Obregón y Zedillo), ello derivado a la falta de instrumentos constitucionales que pudieran resolver esta problemática en gobiernos de minoría, en virtud de que el diseño del sistema presidencial adolece de los mencionados instrumentos formales.
3.1.1.- El sexenio de Vicente Fox y la falta de mayoría parlamentaria.
La falta de acuerdos entre del Presidente de la Republica con el Poder Legislativo, se han traducido en una parálisis en el ejercicio del Poder Publico. Los programas de gobierno en el sexenio de Vicente fox, no pudieron ser aplicados satisfactoriamente. Algunos encontraron diversas dificultades para su ejecución, y otros fueron rechazados por el Congreso.
La Administración 2000-2006 enfrentó a un Congreso de minoría, es decir que no contaba con la mayoría parlamentaria del Partido Acción Nacional, mismo que postuló a Vicente Fox a la presidencia de la República.
En términos de la teoría del sistema presidencial, un gobierno puede funcionar sin contar con la mayoría parlamentaria, sin embargo, la gestión presidencial en el presente sexenio ha demostrado que no es así. No solo reviste mayores dificultades para el ejercicio del poder sino que el freno y contrapeso del Poder Legislativo sobre el ejecutivo, resulta excesivo provocando la parálisis gubernativa.
Para tratar de evitar esta situación, en el transcurso del sexenio, el presidente de la República tuvo numerosos encuentros con los líderes de los Partidos Políticos y de los coordinares parlamentarios en las Cámaras, con el fin de lograr acuerdos, previo a la presentación al Congreso de las iniciativas presidenciales.
Al inicio de la Gestión de Vicente Fox, se firmó el Acuerdo Político Para el Desarrollo Nacional suscrito el 7 de octubre de 2001 por los representantes de los tres Poderes de la Unión y los líderes nacionales de los partidos políticos, en donde se comprometieron los firmantes a otorgar su completa cooperación en el ámbito de sus respectivas atribuciones, a efecto de lograr a gobernabilidad necesaria para el desarrollo de la Nación. Este acuerdo fue un buen intento para superar los obstáculos que representa el sistema presidencial cuando no cuenta con mayoría parlamentaria, mismos que Bagehot señalo desde el siglo XIX, que generan parálisis en el ejercicio del poder.
Sin embargo demuestra que el sistema político mexicano adolece en sus documentos fundamentales de normas que por si solas puedan responder a una estructura gubernamental que no se base en gobierno de partido hegemónico con mayoría parlamentaria, obligando a buscar mecanismos extra constitucionales para el ejercicio del Poder.
Pese a las buenas intenciones de los dirigentes de los partidos políticos que suscribieron este acuerdo, no se evitó la parálisis gubernativa, toda vez que las iniciativas del ejecutivo fueron rechazadas por el Congreso, o bien quedaron estancadas en las diversas comisiones parlamentarias a las que fueron presentadas para su estudio previo.
3.1.2.- Fallidos programas gubernamentales.
Entre los programas de gobierno que fracasaron, destacan los siguientes:
La Construcción del Aeropuerto de la Cuidad de México, proyectado a edificarse en los Municipios de San Salvador Atenco y Texcoco, en el Estado de México.
Asimismo encontramos que aparecieron serias dificultades para la aprobación del Presupuesto de Egresos del ejercicio Fiscal 2005, que enfrentó al Presidente Vicente Fox en contra del Congreso.
En el primer punto encontramos, que el gobierno federal realizó una gran promoción sobre la Construcción del Nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, lanzando las convocatorias correspondientes de licitación pública para las empresas interesadas en participar en la construcción de la obra y a los gobiernos locales para que propusieran el lugar donde se realizaría la construcción. De esta manera, se encontraban propuestos dos lugares: Tizayuca en el estado de Hidalgo y Texcoco, en el Estado de México. Estas propuestas fueron evaluadas por una comisión creada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes integrada por las siguientes organizaciones: Cámara Nacional del Aerotransporte, Colegio de Pilotos Aviadores de México, Controladores de Tránsito Aéreo, del Centro Nacional para la Prevención de Desastres, UNAM, ASA, SEMARNAT, SENEAM, CNA, entre otros.
Así, que el 22 de octubre de 2001, el gobierno concedió la sede para construcción de la obra a Texcoco, emitiendo decretos expropiatorios de los predios propiedad de ejidatarios de San Salvador Atenco y de Texcoco, municipios donde se encontraba enclavada la zona del proyecto de aeropuerto.
Lo anterior provocó reacciones fuertes:
Crítica de expertos en la materia, en razón de que la obra se edificaría en una zona sísmica, volcánica y susceptible a inundaciones.
Crítica sobre el impacto ambiental que provocaría la obra.
Oposición del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, titular de la demarcación beneficiada por el proyecto.
Resistencia de los ejidatarios afectados por el decreto expropiatorio.
Dicha resistencia fue un ejemplo de desobediencia civil, toda vez que de manera activa llevaron a cabo actos de protesta empuñando machetes en señal de lucha contra el poder público.
Este clima generó que el propio presidente Vicente Fox, emitiera el 5 de agosto de 2002 un decreto abrogatorio del decreto de expropiación del 22 de octubre de 2001, poniendo fin al proyecto de la nueva central aeroportuaria.
Si bien el caso del aeropuerto de la ciudad de México, no constituyó un conflicto entre los poderes ejecutivo y legislativo en el marco del sistema presidencial, merece ser anotado, toda vez que constituye un claro ejemplo de la ineficiencia del presidente de la república que provocó un clima de anarquía entre los gobernados, al pretender llevar a cabo una obra inviable por los factores mencionados.
La Reforma Fiscal propuesta por el presidente Vicente Fox no prosperó tampoco. Nunca pudo encontrar la mayoría parlamentaria suficiente para lograr su aprobación. Algunos intentos de innovaciones tributarias, lo constituyeron los gravámenes a alimentos y medicinas con el Impuesto al Valor Agregado, situación que resultó inaceptable para la mayoría de los legisladores, toda vez que afecta directamente a la población más desfavorecida económicamente.
En el año de 2004 fue creada a instancias del Presidente de la República la Convención Nacional Hacendaria, el cual fue un cuerpo colegiado integrado por expertos en materia tributaria, procedentes de diversos sectores de la sociedad civil y de las fuerzas políticas, a efecto de sentar las bases de Reforma Fiscal que perseguía el ejecutivo federal. Sin embargo fracasaron los trabajos de dicha convención, ante la negativa del Congreso de aprobar sus propuestas.
La Reforma Laboral constituía principalmente un cambio radical al artículo 123 de la Constitución y de la Ley Federal del Trabajo. Este proyecto quedó estancado en Comisiones Parlamentarias.
La Reforma Energética, no es un tema nuevo en el gobierno de Vicente Fox el gobierno mexicano ha promovido la privatización gradual del sector energético. La ley de Electricidad fue reformada en 1992 lo que posibilitó la generación privada de electricidad, la transmisión y distribución está en manos de la Comisión Federal de Electricidad. También se ha liberalizado el mercado de gas natural, permitiendo la participación del sector privado en su transporte, almacenamiento y distribución. En 1995 se creó la Comisión Regulatoria de Energía (CRE), la cual ha venido funcionando como el órgano técnico impulsor de los dictámenes necesarios con los que el gobierno federal sustenta su insistencia de promover el capital privado en el sector.
El 2 de febrero de 1999 el entonces Presidente de la República Ernesto Zedillo anunció, por radio y televisión, que propondría al Congreso de la Unión una reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales:
“Para abrir posibilidades a fin de que los particulares puedan invertir en la generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica que tiene necesidades de inversión por 250 mil millones de pesos, tan solo para los próximos seis años…-de aprobarse la reforma, el Estado se quedaría sólo con la generación de energía nuclear, la operación de algunas plantas hidroeléctricas y el control operativo de la red nacional de transmisión.”
Sin embargo, esta iniciativa de reforma, fue rechazada por el Congreso, en virtud de que el presidente gobernaba con gobierno de minoría, constituyendo un antecedente directo de la problemática que aconteció en el sexenio de Vicente Fox, en cuanto a la limitación del poder ejecutivo ejercida por el legislativo.
Ignorando al antecedente descrito, y que el tema de introducir capital privado al sector energético es por demás antipopular y genera reacciones fuertes en diversos sectores de la sociedad, el 20 de agosto de 2002 el presidente envió al Congreso el primer paquete de reformas en materia del sector eléctrico, que contemplaba la participación limitada de capital privado en el sector. Este paquete de reformas no prosperó. Al igual que la iniciativa del presidente Zedillo, encontró que la falta de mayoría parlamentaria, significa un obstáculo a las acciones de gobierno de la presidencia de la república, en especial cuando dichas acciones significa realizar modificaciones en la Constitución Federal.
De nueva cuenta en el año de 2004 el presidente insistió en proponer al Congreso la Reforma eléctrica, la cual tampoco fue aprobada. En este sentido encontramos, que pese al Cabildeo realizado por la presidencia de la república con los dirigentes de los partidos políticos, se impuso un auténtico freno parlamentario al Poder ejecutivo, que desde la óptica de la teoría de división de poderes, el Congreso está cumpliendo su función de fungir como freno y contrapeso del poder, sin embargo se debe considerar hasta qué punto es benéfico para la gobernabilidad nacional, el continuo rechazo del Congreso a las iniciativas presidenciales.
Además de los programas de gobierno que fracasaron, el presidente de la república presentó otras iniciativas que no prosperaron, toda vez que quedaron guardadas en diversas comisiones parlamentarias y no fueron votadas en el Congreso para su aprobación. Destacan entre ellas:
El paquete de iniciativas que buscó reformar el artículo 41 constitucional y la ley secundaria en materia electoral con el propósito de incluir la sujeción de los partidos políticos a los principios de transparencia que se aplican para el Poder Público, así como la obligación de que los partidos y agrupaciones políticas que pierdan su registro entreguen al patrimonio de la Federación sus bienes y remanentes. Hay que hacer mención que en el marco de la estasiocracia mexicana, no se puede concebir que los legisladores aprueben cualquier modificación que atente contra los intereses económicos de sus respectivos institutos políticos.
Iniciativa en virtud de la cual el Presidente de la República buscó reformar algunas disposiciones del Título Quinto del Libro Primero de la Ley de Amparo, denominado "De la Responsabilidad en los Juicios de Amparo", a efecto de establecer expresa y claramente la conducta delictiva y su penalidad, evitando toda remisión de la Ley de Amparo al Código Penal Federal. Con ello, las reformas que en el futuro pudieran hacerse a este último no impactarán de manera alguna los delitos y penas previstos en la Ley de Amparo. El presidente Vicente Fox, presentó esta iniciativa buscando otorgar garantías al inculpado de un procedimiento criminal. La exposición de motivos de la iniciativa de reforma señalaba “… nuestra Constitución, en el artículo 35, garantiza el ejercicio libre de los derechos y prerrogativas a todo ciudadano bajo condiciones de certeza, legalidad e imparcialidad. Sin embargo, el artículo 38, señaladamente su fracción II, aparece como una disposición por demás severa o excesiva, al suspender de sus derechos o prerrogativas a todo ciudadano de la República, por el simple hecho de estar sometido a un proceso judicial, es decir, en la etapa en que debiese surtir sus plenos efectos la garantía de presunción de inocencia.”
Paquete de Iniciativas en materia energética, específicamente en el ramo del Gas Natural. Con este paquete de iniciativas, el presidente Vicente Fox, buscó permitir la participación de los particulares en las actividades de exploración y explotación de gas natural no asociado al petróleo, así como facultar a la Secretaría de Energía para regular y vigilar dicha participación. Con la negativa del Congreso en materia de electricidad, era de esperarse que la reforma en Gas Natural tampoco prosperara.
En el mismo orden de ideas, también fracasó el intento de fusionar Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) con Nacional Financiera (Nafin), donde el presidente Vicente Fox anunció en diversos comunicados oficiales la intención de su gobierno de llevar a cabo esta fusión. Dicha propuesta encontró resistencia, siendo que el diputado del PRI, Francisco Suárez Dávila, declaró ante la prensa que 200 diputados de su partido votarían en contra de presentarse la iniciativa ante el Congreso. Ante este clima adverso la presidencia de la república abandonó el tema. Así encontramos que no solo las iniciativas del poder ejecutivo fracasaron por no contar con la aprobación del congreso, sino también existen proyectos que ya no son presentados ante la amenaza de los parlamentarios de votar en sentido negativo.
Además de lo anterior, hay que agregar que el Senado negó la solicitud del presidente de la República para ausentarse del País, lo que provocó que cancelara compromisos en Estado Unidos y Canadá. Asimismo, el congreso tampoco permitió que el Ejecutivo recibiera un premio de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Por otro lado, no todas las iniciativas presidenciales de Ley fueron desechadas o inhabilitadas, tenemos que los productos legislativos de las legislaturas LVIII y LIX son pobres y de escasa calidad. Destacan a nivel constitucional, la reforma al artículo 21 para que México se incorpore a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (hechas con mucha lentitud); las reformas para consagrar los derechos de los pueblos indígenas (sin eficacia practica); la educación preescolar obligatoria mediante una adición al artículo 3º; el derecho de doble nacionalidad, entre otra que no representan gran relevancia.
La producción de legislación secundaria destaca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (con problemas en su instrumentación); la Ley de Desarrollo Social, la Ley de Responsabilidad patrimonial del Estado, Ley Orgánica del CONACYT y Ley de Ciencia y Tecnología, Reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, reformas a la Ley General de Crédito y a las leyes orgánicas de los bancos de desarrollo.
Entre las modificaciones más importantes a la Ley encontramos la efectuada a la Ley General de Salud que crea el Seguro popular; modificaciones a la legislación penal, para eficientar los aparatos de seguridad y la reforma a la Ley del Seguro social, que desató gran controversia, toda vez que menoscaba notablemente el régimen de pensiones de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro social.
Se reconoció el derecho del voto de los mexicanos en el extranjero, modificación que contiene una buena cantidad de lagunas jurídicas y en la práctica fracasó esta nueva alternativa, toda vez que la participación fue nula. De los 4 millones de mexicanos inscritos en el padrón electoral y que residen en el extranjero, solo 32,621 participaron en las elecciones presidenciales del 2006, esto constituye un 0.81% de participación.
En julio de 2005, a dieciséis meses de la presentación del ejecutivo de un paquete de reformas en Materia de Seguridad Pública que incluían tanto reformas a la constitución como a la legislación secundaria, se aprobó por parte del senado, solo 3 de los 20 artículos constitucionales comprendidos en la iniciativa presidencial.
Las reformas consistieron en la autorización de convenios para el intercambio de reos; se modificó el concepto de la defensa (abogado en lugar de persona de confianza), obligación del Estado de proporcionar asesoría a las víctimas; exención al careo a las víctimas de violación y de secuestro; y la imposición de sanciones de trabajos a favor de la comunidad por infracciones.
3.1.3. Juicio de Controversia Constitucional iniciado por el Presidente de la República.
La parálisis de la gestión de gobierno, cobra relevancia con la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2005, el cual enfrentó seriamente al poder legislativo con el presidente, siendo que el primero intentó imponerle al presidente la distribución del presupuesto federal, y en respuesta el presidente acudió al poder judicial mediante la interposición de un juicio de Controversia Constitucional.
Encontramos en el tema de la aprobación del presupuesto, antes de la administración de Vicente Fox, que los presidentes se valían de obsequios que enviaban a los diputados, para garantizar la aprobación oportuna de la miscelánea fiscal. Dichos obsequios eran aceptados con beneplácito y cumplían con su objetivo. Sin embargo, en 1989 se documentó un caso vergonzoso, denominado por la prensa como el Rolexgate, por el obsequio de fin de año que envió Carlos Salinas a los Diputados.
El 21 de diciembre de 1989 los 500 diputados recibieron en sus oficinas un reloj Rolex, con la tarjeta personal del entonces líder de la fracción priista y presidente de la Cámara de Diputados Guillermo Jiménez Morales, en calidad de obsequio navideño. En realidad se trataba de un obsequio presidencial, según trascendió con los días. Esto provocó un debate externo al trabajo legislativo, donde las diferentes fracciones fijaron posturas sobre los obsequios. El PRD acordó entregar los relojes a la dirigencia de su partido para su posterior subasta y de esa forma sanear las finanzas de ese instituto político. Algunos diputados del PAN resolvieron devolver el regalo, pero la mayoría lo conservó, al igual que los diputados de las demás fracciones parlamentarias. El precio de cada reloj era de 1,500.00 dólares, multiplicado por 500 unidades, el costo del regalo ascendió a 750,000.00 dólares con cargo al erario.
Finalmente muchos diputados faltaron a la sesión en que se aprobó la miscelánea fiscal correspondiente al ejercicio de 1990. De la bancada del PFCRN no asistió ningún legislador.
En el sexenio de Ernesto Zedillo, se documentó una argucia legislativa por parte del Diputado del PAN Francisco José Paoli Bolio, vicecoordinador de la fracción panista en la LVII legislatura, quien en el año de 1999 abandonó a la oposición a su suerte en la sesión de aprobación del presupuesto para el ejercicio del año 2000: Para facilitar la aprobación del presupuesto de egresos Se retiró al servicio sanitario en el momento de la votación. Lo anterior fue señalado por los analistas políticos como un evidente consenso extraparlamentario con el presidente de la república, toda vez que la postura oficial del PAN era la de no aprobar el presupuesto de egresos y al momento de la votación, mediante la ausencia del vicecoordinador dejó acéfalo al grupo opositor desconcertado sin orientación del sentido de su voto. Esto resulta problemático en un sistema donde los legisladores no emiten su voto a conciencia.
Ahora bien, el gobierno de Vicente Fox demostró una vez más su incapacidad de gobierno, con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2005 que degeneró en un enfrentamiento entre poderes, Ejecutivo- Legislativo, y que involucró al Poder Judicial.
El 18 de noviembre de 2004 la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2005, con modificaciones sustanciales al proyecto presentado por la Presidencia de la República, haciendo la suerte de imposición de la voluntad del Poder Legislativo al Ejecutivo. Por tal motivo, el 29 de noviembre el Presidente Vicente Fox, vetó dicho cuerpo normativo en uso de las facultades concedidas por el artículo 72 de la Constitución Federal.
La Cámara de Diputados dictaminó de nueva cuenta el proyecto de presupuesto, remitiéndolo al ejecutivo para su promulgación, a lo cual la Presidencia de la República respondió con la interposición ante la Suprema Corte de Justicia de la controversia constitucional 109/2004 , siendo el ministro instructor, Guillermo Ortiz Mayagoitia.
La naturaleza de la Controversia constitucional se circunscribió a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación definiera las atribuciones que corresponden a la Cámara de Diputados y al Presidente de la República en el proceso de elaboración, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, que es uno de los instrumentos fundamentales para lograr el desarrollo económico y social del país.
El estado no puede ejercer sus funciones si no cuenta con los recursos económicos, situación que necesariamente genera una parálisis gubernativa total, que es sinónimo de colapso político. Para evitar este escenario y a falta de un órgano formal de mediación, el presidente acudió al Poder Judicial que en la praxis funcionó como mediador en este asunto. En tanto el Poder Judicial resolvía la controversia, el gobierno ejerció el presupuesto sin aprobación formal, de otro modo hubiera quedado paralizado el poder público en su totalidad.
El día 17 de mayo de 2005 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en definitiva sobre la controversia constitucional que el Ejecutivo Federal interpuso en relación con el rechazo de la Cámara de Diputados de analizar y resolver sobre las observaciones que el Presidente de la República planteó respecto de algunas partidas aprobadas en el Presupuesto Federal para el año 2005.
El veredicto de la Suprema Corte de Justicia se circunscribió en reconocer la facultad constitucional del Poder Ejecutivo para hacer observaciones al Presupuesto de Egresos y, en consecuencia, ordenó que la Cámara de Diputados analizara las observaciones formuladas por la Presidencia en noviembre. Esto significó que el presupuesto del año 2005 fuera discutido y aprobado de nueva cuenta en la Cámara de Diputados a mediados del año. A este respecto el legislador panista Juan José Rodríguez Prats apunta:
“Una manifestación más de la indolencia del Congreso mexicano fue su desacato a la instrucción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de revisar las objeciones del Ejecutivo al presupuesto de Egresos para 2005. A pesar de ser uno de los puntos de la agenda del periodo de sesiones extraordinarias, ante la amenaza de no tener las dos terceras partes para superar el veto presidencial, los diputados de la oposición decidieron postergar la discusión (…)”
Entonces, la resolución del máximo tribunal originó la continuación del debate de la asignación presupuestaria del 2005, a mitad de año y no resolvió de fondo la conflictiva suscitada entre el presidente con el Congreso, lo que se traduce en futuros conflictos en cuanto a la aprobación presupuestal de los siguientes años. Para Miguel Carbonell la resolución de la Suprema Corte de Justicia no resolvió nada:
“Lejos de dar solución, significó apenas el inicio de una larga historia de disputa en torno al presupuesto, además de la posible judicialización de los poderes. Se requiere una reforma que incluya la reconducción presupuestal”
La figura que propone Carbonell, consiste en que al no haber acuerdos en materia presupuestal, se prolongue su vigencia al presupuesto del año anterior. Asimismo recomienda recurrir al derecho comparado que ofrece buenos ejemplos en este terreno. Cita los siguientes ejemplos:
Colombia: Cuya Constitución ordena que el proyecto del Ejecutivo adquiera fuerza de Ley de no ser aprobado en los tiempos establecidos.
En Honduras y Paraguay se puede prorrogar la vigencia del anterior, si al inicio del año fiscal no se cuenta con un presupuesto aprobado.
De lo anterior se puede advertir que predominantemente las iniciativas del Presidente de la República, no llegaron a feliz término. En el sexenio de Vicente Fox, se pudo apreciar que el sistema constitucional mexicano, no está diseñado para la correcta colaboración entre los poderes, cuando estos son de distintos partidos políticos y el titular del poder ejecutivo gobierna sin una mayoría parlamentaria. Por una parte gracias a la división de poderes ejercida durante el sexenio de Vicente Fox, se pudo evitar la enajenación del patrimonio nacional a manos del capital privado nacional y extranjero. Por otra parte, se gestó la parálisis gubernativa, provocando un constante enfrentamiento del presidente de la república con el Congreso de la Unión, y la dificultad del ejercicio del Poder Público.
Un tema importante para el ejercicio de la Administración Pública, es contar oportunamente con el presupuesto anual para el ejercicio de las funciones de gobierno, así que el caso de la aprobación del presupuesto para el año 2005, generó que a mediados de ese año se estuviera discutiendo el tema, involucrando en la problemática a los 3 Poderes de la Unión, derivada del Juicio de controversia constitucional que presentó el presidente Vicente Fox ante la Suprema Corte de Justicia. Precisamente, en virtud de que el presupuesto de egresos es fundamental para la buena marcha de la administración y la falta de éste genera parálisis gubernativa, es que la Ley precisa que se encuentre aprobado con la anticipación necesaria al ejercicio fiscal respectivo, siendo que derivado del enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y legislativo, se involucró al poder judicial para que a mediados de año resolviera sobre la competencia presupuestaria, originando la improvisación en la asignación de recursos y entorpeciendo la planeación estratégica, en perjuicio del desarrollo nacional.
Asimismo, no sólo no prosperaron los programas de reformas estructurales ya analizados, sino también iniciativas de reformas en materias de salud, criminal, castrense, electoral, entre otras. Constituyendo la parálisis en el ejercicio de gobierno sobre el que se ha estado insistiendo.
Este es un problema que se puede seguir presentando en los futuros gobiernos, siempre que el presidente de la República no cuente con una mayoría parlamentaria. Como se ya se mencionó en el gobierno de Vicente Fox, se ensayó un Acuerdo de Gobernabilidad con los líderes de los partidos políticos, que en la práctica no funcionó, sin embargo fue un intento por superar las restricciones constitucionales para el ejercicio de gobierno con un Congreso mayoritariamente opositor. Es una muestra que para el ejercicio del poder se precisan de mecanismos paralelos a lo establecido por la Constitución, toda vez que el esquema normativo vigente da pauta a la parálisis gubernativa.
Cobra suma importancia, el final de sexenio, del presidente Vicente Fox, ya que por una parte, el discurso oficial sostiene que por vez primera en la historia reciente de México, no hubo crisis de final de sexenio, gracias a los bajos índices inflacionarios y los altos puntajes en los índices macroeconómicos, lo que hace una suerte de prosperidad nacional. Sin embargo por la otra parte, encontramos una sucesión presidencial bastante accidentada, con órganos electorales parciales, campañas electorales plagadas de descalificaciones e intervencionismo de los órganos de estado en detrimento del candidato de la Coalición por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador. Además la represión estatal se convierte en un sistema recurrente para el control de las masas inconformes. En el año de 2006 fueron 3 los casos que se empleó la salida represiva: Lázaro Cárdenas, Mich., Atenco, Edo. Mex., y Oaxaca, Oax.
Por otro lado, el entorno político en el sexenio de Vicente Fox estaba encuadrado en la dicotomía Gobierno- Oposición, teniendo como representante del gobierno a un presidente de Derecha que encabezó un Gobierno de Minoría y enfrentó a una Oposición Discrepante de ideología Centro - Izquierda y eso trajo grandes dificultades (Supra., p. 54). Ahora bien, el sexenio de Felipe Calderón, enfrentará una doble oposición: Por un lado una Oposición Discrepante de ideología Centro- Izquierda (formalmente constituida en el Congreso), y por la otra una Oposición Ideológica (por conducto de la resistencia civil consistente en la Presidencia Legítima encabezada por Andrés Manuel López Obrador) de ideología de Izquierda. Ante este escenario de gobierno de Minoría y de Doble Oposición, se puede vislumbrar una conflictiva mayor a la experimentada en el sexenio que recién concluyó.
Derivado de lo anterior, encontramos que existe un enfrentamiento, entre poderes, la sensación de anarquía y la gestación de condiciones que provocan el colapso gubernamental que pueden provocar el fin del orden constitucional. (Supra., p. 80).
En lo que respecta a la colaboración entre poderes, en el siguiente apartado se analizarán diversos modelos alternativos al sistema presidencial propuestos para México, amén de propiciar la gobernabilidad y evitar la parálisis en ejercicio del poder. Sin embargo, ningún esquema puede funcionar si no se atienden los reclamos sociales y las presiones extraparlamentarias mediante la implementación de una justa distribución de la riqueza.
3.2.- Modelos de transformación Parlamentaria propuestos para México.
Hay tratadistas que se han pronunciado por el cambio del sistema presidencial al parlamentario, buscando con este cambio mejorar la gobernabilidad. Sin embargo encontramos que en este sistema también existen problemas en su aplicación: Si en el sistema parlamentario existen múltiples partidos, y para formar el gobierno, es necesario la conformación de coaliciones que no resultan estables, creándose un gabinete tras otro, se produce una inestabilidad política que repercute directamente en el país tal como sucedió en la Francia de la IV República y en Italia posterior a la 2ª. Guerra Mundial. Así la preocupación en estos países fue la de introducir en sus sistemas elementos del régimen presidencial con el fin de otorgarles estabilidad.
3.2.1. Sistema Semi presidencial.
Un claro ejemplo de este sistema es el adoptado por Francia en su Constitución de la V República de 1958, que ha funcionado bien en la realidad y en las circunstancias políticas de ese país, pero esa constitución en ocasiones funciona como un sistema presidencial y en otras ocasiones como un sistema parlamentario. Funciona como sistema presidencial cuando el partido político o los partidos afines del presidente de la Republica cuentan con la mayoría de legisladores en la Asamblea nacional, porque entonces él designa con libertad al primer ministro, quien es de su propio partido y quien le reconoce jerarquía política. Es el presidente quien encabeza el gabinete y quien toma las decisiones más importantes del gobierno.
Pero la misma Constitución francesa de 1958 funciona como un sistema casi parlamentario, cuando el partido político y los afines al presidente de la República no cuenta o cuentan con la mayoría de los legisladores en la Asamblea Nacional o no puede conformar una coalición, entonces el presidente tendrá que designar como primer ministro al líder del partido que tiene esa mayoría o al líder que pueda formar un gobierno, en este caso es el primer ministro quien gobierna. El Presidente, ciertamente tiene sus facultades reservadas en la Constitución pero entonces muchas de ellas se vuelven virtuales más que reales porque quien formula y controla el presupuesto es el jefe del gobierno (el primer ministro) y no el presidente, y si este último no cuenta con recursos económicos para ejercer sus facultades, entonces su papel se parece al de un Jefe de Estado en un sistema parlamentario. Desde luego no puede desconocerse que la personalidad del Presidente de la República es un factor que influye en todo este esquema.
Los diversos autores han concluido que el sistema semi presidencial en la realidad es una alternancia de sistema presidencial y sistema parlamentario pero no es un sistema mixto híbrido “Raymond Aron sostiene: “El presidente de la República es la autoridad suprema (es decir, el auténtico Jefe de Gobierno) en tanto tenga una mayoría en la Asamblea Nacional, pero debe ceder la realidad del poder al primer ministro en el caso de que un partido que no sea el suyo tenga la mayoría en la Asamblea” Esto sucedió en 1986 : El primer ministro Jacques Chirac se convirtió en el Jefe de Gobierno y el Presidente François Mitterrand se vio reducido a un mero papel especial en política exterior. Dos años después Francia retomó el modelo presidencial En concreto la V República es generalmente presidencial en lugar de semi presidencial, y sólo ocasionalmente parlamentaria. Asimismo Maurice Duverger sostiene que “la Quinta República no es una síntesis de los sistemas parlamentario y presidencial, sino una alternancia entre fases parlamentarias y presidenciales”.
3.2.2.- Cambio al Sistema Parlamentario.
La tesis de cambio al sistema parlamentario no es novedosa, en primer lugar encontramos que al final de la revolución mexicana se intentó adoptar el sistema inglés como un remedio a las luchas intestinas que habían prevalecido desde el siglo XIX. En la Convención de Aguascalientes de noviembre de 1914 se aprobó el artículo 33 para adoptar el parlamentarismo como forma de gobierno de la República Mexicana y en el artículo 36 en el que de nueva cuenta se suprimía al Senado por ser una institución aristocrática y conservadora por excelencia. Los acuerdos de dicha convención no tuvieron vigencia, toda vez que encontraron férrea oposición del entonces presidente de la república Venustiano Carranza. En su discurso pronunciado en diciembre de 1916, ante el Congreso Constituyente, fijó su posición en contra del Sistema Parlamentario y su inclinación a favor del Sistema Presidencial con argumentos contundentes:
“Esta es la oportunidad, señores diputados, de tocar una cuestión que es casi seguro se suscitará entre vosotros, ya que en los últimos años se ha estado discutiendo, con el objeto de hacer aceptable cierto sistema de gobierno que se recomienda como infalible, por una parte contra la dictadura, y por otra contra la anarquía, entre cuyos extremos han oscilado constantemente, desde su independencia, los pueblos latinoamericanos, a saber: el régimen parlamentario.
Ahora bien, ¿Qué es lo que se pretende con la tesis del gobierno parlamentario? Se quiere nada menos que quitar al presidente sus facultades gubernamentales para que las ejerza el Congreso mediante una comisión de su seno denominada Gabinete. En otros términos, se trata de que el presidente personal desaparezca, quedando de él una figura decorativa.
¿En dónde estaría entonces la fuerza de gobierno? En el Parlamento. Y como éste, en su calidad de deliberante, es de ordinario inepto para la administración, el gobierno caminaría siempre a tientas, temeroso a cada instante de ser censurado.”
Finalmente, la idea del Sistema Parlamentario se desechó de la Constitución de 1917 y se adoptó el Sistema Presidencial, como de manera tradicional se había hecho en la historia del constitucionalismo mexicano.
El 1º. De diciembre de 1921, el Diputado Ignacio Borrego presentó un proyecto que modificaba 22 artículos de la Constitución de 1917, apoyado por las firmas de noventa diputados. Las reformas se enfocaban a que el Presidente de la República fuera elegido por la Cámara de Diputados, que ésta pudiera ser disuelta por el Ejecutivo con la aprobación del Senado, ministros responsables ante el Congreso. La transformación al parlamentarismo como la forma de gobierno más adecuada para garantizar la estabilidad del México posrevolucionario. Sin embargo, esta iniciativa no prosperó, pues no la apoyó el entonces presidente de la República Álvaro Obregón.
En la actualidad el tema ha sido abordado por diversos tratadistas y expuesto en foros académicos. El tratadista Michelangelo Bovero descalifica el sistema presidencial:
“Los que defienden el presidencialismo allá donde ya está instaurado, entienden que su abolición, o incluso también un simple redimensionamiento del Poder Ejecutivo, coincidiría con una pérdida de eficiencia y de gobernabilidad (entendiéndose ésta como una palabra tramposa). El punto medular radica en la relación ejecutivo-legislativo. Los sistemas presidenciales y los parlamentarios, y también los sistemas semipresidenciales y semiparlamentarios, se distinguen entre ellos justamente con base en la naturaleza de la relación entre gobierno y Parlamento.”
Según Bovero, los sistemas institucionales de Austria, Islandia e Irlanda, en los cuales el presidente es directamente electo por los ciudadanos pero no tiene funciones gubernativas, son presidencialismos aparentes. Así que no forman parte del objeto de estudio, el cual se debe circunscribir al régimen presidencial con un ejecutivo fuerte, con gobierno de minoría, donde el autor crítica las propuesta de sistema semi presidencial. La opción semipresidencialista como una buena vía para debilitar al presidencialismo, representa un error como aconteció en Francia, “cuando no hay cohabitación (gobierno dividido) el llamado semipresidencialismo es en realidad un superpresidencialismo,” en razón que produce una dotación excesiva de poder en la Figura del Jefe de Gobierno.
Resalta el autor que el modelo presidencial, en sus diversas variantes, asigna demasiados poderes, y demasiado discrecionales, a una sola persona, es decir, a un cargo monocrático que cuando más puede ser considerado representativo de una parte solamente y casi nunca ni siquiera de la mayoría efectiva de la población. Asimismo, destaca que si para sostener un sistema institucional “eficiente” le corresponde al Parlamento solamente una función de control, entonces el Parlamento no dispone de un poder eficaz para oponerse a la acción gubernativa. En consecuencia el gobierno ha asumido plenos poderes y el parlamento no tendría ninguna utilidad.
Finalmente el autor, destaca que las razones de la eficiencia y de la gobernabilidad son a veces usadas como ganzúas, como armas impropias del debate público: y en cualquier caso no deben nunca prevalecer sobre las de la democraticidad de un sistema político.
Tenemos entonces, que rechaza cualquier propuesta que implique un debilitamiento del congreso, en gobiernos de minoría, incluyendo al semipresidencialismo. Los argumentos utilizados para lograr una gobernabilidad o eficiencia, constituyen falacias que sirven para legitimar la concentración del poder en la figura del presidente. Su propuesta para superar las dificultades en gobiernos divididos se orienta hacia la adopción del sistema parlamentario.
Por otra parte, de acuerdo con los estudios realizados por los profesores Riggs y Linz, resaltan que en los años sesentas y setentas, diversas democracias de sistema presidencial fracasaron, las de sistema parlamentario mantuvieron su estabilidad, esto hace suponer que el sistema de gobierno algo tiene que ver con la estabilidad o inestabilidad del propio gobierno y con el posterior descalabro de esa democracia.
Juan Linz realizó un estudio comparativo entre los sistemas presidencial y parlamentario, inclinándose a favor de este último. Linz parte de la idea que puede ser o no una casualidad que los sistemas presidenciales hayan encontrado dificultades para mantener una democracia estable. El sistema presidencial sí puede mantener una democracia estable aunque las probabilidades en este sentido no son realmente favorables. Asimismo sostiene que los sistemas parlamentarios no siempre garantizan su estabilidad, sino que garantizan su flexibilidad indispensable en los difíciles pasos hacia la transición democrática. “sólo insisto que el presidencialismo parece que supone un mayor riesgo para una política democrática estable que el parlamentarismo contemporáneo.”
En el presidencialismo hay una legitimidad democrática dual al ser el presidente electo directamente. Legitimidad de la que también gozan los legisladores, y cuando la mayoría de ellos representa una opción política distinta a la de aquél, puede darse un conflicto entre poderes que los recursos procesales-constitucionales difícilmente resolverán, e inclusive puede llevar a la intervención del ejercito como poder moderador. (Esto constituiría un extremo que garantiza el colapso del orden constitucional).
En el sistema presidencial el Ejecutivo es electo para un periodo fijo, sin que exista la posibilidad de introducir ajustes según lo requieran los fenómenos políticos, económicos y sociales. En el sistema parlamentario ante dichos sucesos el Primer Ministro puede solicitar un “Voto de Confianza” al poder legislativo, y si lo logra fortalece su legitimidad y autoridad democrática; pero si no lo consigue, acontecería un cambio de gobierno, lo cual otorga flexibilidad a ese sistema. En estos casos es el pueblo a través de una nueva elección quien decidirá cuál de los poderes tenía la razón.
En el sistema presidencial se efectúa un juego de “gánalo todo”, ya que el candidato victorioso al ganar la elección, el solo integra el poder ejecutivo, mientras que en un sistema parlamentario, un Primer Ministro que no alcanza más del 50% de los escaños, está compelido a formar un gobierno de coalición o bien a tener un gobierno minoritario mientras este pueda subsistir.
En el sistema presidencial, la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas de la estabilidad y de la política de gobierno corresponden únicamente al Poder Ejecutivo. Por ello existe la tendencia de los partidos de oposición de impugnar la gestión de gobierno e inclusive que fiscalicen al presidente, sin otorgarle ningún apoyo ni responder a sus iniciativas, menos a responsabilizarse de ellas. Si los partidos, incluido el del propio presidente, apoyan medidas impopulares de éste, no tendrán ninguna recompensa por ello. En cambio, sí pueden verse electoralmente castigados. Esta es la razón por la cual un presidente se ve obligado a usar medidas clientelísticas y al reparto de beneficios para intentar neutralizar la oposición.
En el sistema presidencial la concentración de poderes en el Ejecutivo ha impulsado en muchas ocasiones a limitar a éste en el tiempo - principio de No Reelección - , lo cual resulta frustrante para líderes ambiciosos quienes intentan reformar la Constitución para continuar en el poder. A veces la conciencia de que el tiempo para actuar es limitado tiene un impacto en el estilo de política y la posible desconfianza en el sucesor, lo cual imprime una sensación de urgencia que contribuye al diseño incorrecto de las políticas, a ponerlas en práctica con precipitación, a impacientarse con la oposición, a realizar gastos que deberían distribuirse a través del tiempo y a implantar políticas que pueden auspiciar tensiones y ser ineficaces.
En el sistema presidencial se carece de un Rey o de jefe de Estado que pueda intervenir simbólicamente como un poder moderador y que pueda en casos de crisis actuar como un poder neutro que colabore a superarlos.
En el sistema presidencial es factible, no así en el parlamentario, que un “extraño” acceda al poder, y más si en ese país no existe un sistema de partidos fuertes. Ese “extraño” puede no tener experiencia gubernativa ni política y puede presentarse, incluso con hostilidad a los partidos y a los políticos. Estas candidaturas pueden surgir repentinamente y aprovechar el malestar y la frustración sociales, capitalizando la esperanza de que se tiene un “salvador” (o candidato mesiánico en terminología mexicana). El problema es que esta clase de presidentes no cuentan con apoyos en el Congreso al ser ajeno a un partido político y generalmente no tiene el tiempo suficiente para construir una organización partidista.
En el sistema presidencial, las elecciones revisten aspectos marcadamente individualistas, de carácter plebiscitario; más que por un partido y un programa se vota por una persona a la que se considera la mejor para responsabilizarse del destino del país y a la cual se deja gobernar con bastante discrecionalidad y hasta donde los límites de las relaciones de poder lo soporten.
En referencia al sistema parlamentario, Diego Valadés anota que éste supone forzosa y necesariamente dos o más partidos políticos perfectamente organizados, y una cantidad considerable de miembros en cada uno de esos partidos, entre los cuales puedan distribuirse frecuentemente las funciones gubernamentales, “Ahora bien, como nosotros carecemos todavía de las dos corrientes a que acabo de referirme, el gobierno se vería constantemente en la dificultad de integrar el gabinete para responder a las frecuentes crisis ministeriales”.
3.2.3.- Presidencialismo Alternativo.
Las descalificaciones al sistema presidencial han merecido críticas por parte de diversos tratadistas, destacando a Giovanni Sartori, quien está en desacuerdo con la Tesis de Linz por que afirma que la democracia parlamentaria no funciona si no existen partidos adaptados al parlamentarismo; es decir, partidos cohesivos y/o disciplinados. Por ello, una posibilidad es la sustitución del sistema presidencial por uno semi presidencial; como el modelo francés que otorga al sistema la flexibilidad que al primero le falta, aunque este último deja muchos problemas sin resolver y es algo frágil.
Él propone para América Latina y específicamente para México: presidencialismo alternativo o presidencialismo intermitente y consiste en que el sistema presidencial y el sistema parlamentario son impulsados por un motor. Uno es el presidente y otro el Parlamento. El sistema semi presidencial tiene dos motores que marchan de manera simultánea y conlleva al peligro que vayan en direcciones opuestas e incluso que puedan estar enfrentados uno contra el otro. Por ello el sistema francés no es recomendable para establecerlo en nuestro país, toda vez que la divergencia entre los motores a los que se refiere Sartori pueden provocar una parálisis gubernativa más grave que la experimentada en el sexenio de Vicente Fox.
El autor en estudio propone un sistema de dos motores que no se enciendan simultáneamente sino en forma sucesiva. Los dos motores son electos al mismo tiempo y por el mismo periodo. El sistema comienza operando como parlamentario y, si funciona bien, continua como tal, pero si no, se apaga el motor parlamentario y se enciende el presidencial y entonces se reviste de las características propias de este último. En esta forma, durante el periodo parlamentario, lo esencial es tener “una zanahoria que recompense el buen desempeño y un garrote que sancione la mala conducta”.Un sistema parlamentario que funciona se le recompensa permitiéndole continuar, en cambio si no funciona se le sanciona descontinuándolo.
La propuesta de Sartori no fue bien recibida en México y sobre el particular Diego Valadéz elaboró la siguiente crítica:
El Parlamento estaría dispuesto a tolerar un gobierno débil ante la perspectiva de tener que enfrentarse a un presidente fuerte.
Ese gobierno débil estaría interesado en negociar continuamente posiciones políticas con el parlamento para permanecer como tal e incluso para no ser acosado por el presidente.
El presidente, ante la posibilidad de tomar realmente el poder, sería cortejado por miembros del Congreso o del gobierno, lo que le daría una fuerte influencia desequilibradora.
El arribo del sistema presidencial como consecuencia del fracaso del parlamentario, acentuaría las características autoritarias del presidencialismo.
Habrían fuerzas políticas interesadas en el fracaso del sistema parlamentario para legitimar el endurecimiento político.
Para superar el fracaso del sistema parlamentario se enciende el motor del presidencial, pero en el siguiente periodo se comienza con el sistema parlamentario que ha tenido hace poco tiempo considerables tropiezos: ¿Cómo explicar esa contradicción?
En lugar de conseguir alternativamente las ventajas del sistema parlamentario y del presidencial, lo que se lograría sería la alternancia de sus defectos: debilidad y dureza.
El parlamento lucharía por continuar con el sistema parlamentario y el presidente por la instauración del sistema presidencial. Se podría dar un enfrentamiento fuerte entre los poderes, además de que no existe forma de determinar a los sujetos que decidan que el sistema parlamentario fracasó. Este enfrentamiento podría conducir a una crisis política sin la existencia de instrumentos para resolverla.
Así, que la propuesta de Sartori no es viable fundamentalmente por que incorpora elementos subjetivos de evaluación del desempeño gubernamental, que necesariamente producirá enfrentamientos entre las fuerzas políticas nacionales. La falta de partidos políticos disciplinados para la adopción del sistema parlamentario, genera que tampoco se pueda implementar un sistema de controles recíprocos.
3.2.4. Presidencialismo Renovado.
Jorge Carpizo rechaza la instauración del sistema Parlamentario en nuestro país y se pronuncia a favor de un sistema presidencial renovado:
“No encuentro ninguna ventaja del sistema parlamentario sobre el presidencial. Al contrario, si realmente llegamos a configurar un sistema múltiple de partidos, el sistema presidencial garantiza mejor la división de poderes y los pesos y contrapesos entre ellos. Es necesario lograr un mejor equilibrio de poderes del que actualmente estructura nuestra constitución, dando algunos controles adicionales al Poder Legislativo, pero aclaro que no estoy a favor de un Ejecutivo débil ni que la predominancia del Ejecutivo la traslademos al Legislativo. Ni hegemonía ni superioridad de ninguno de los poderes sino equilibrio, pesos y contrapesos, entre ellos.”
Propone renovar el régimen presidencial y su relación con el congreso de la siguiente manera:
Que el congreso posea la atribución de ratificación de algunos de los nombramientos del gabinete presidencial, tal y como acontece en los Estados Unidos de Norteamérica.
La revisión de la facultad de veto presidencial para que no exista ninguna duda cuando el presidente de la republica no posee esta atribución o con qué modalidad la tiene.
La introducción de la figura de jefe de gabinete de ministros, como acontece en Argentina a partir de 1994, quien es nombrado por el presidente de la República pero aquél es responsable políticamente ante el propio presidente y ante el Congreso Nacional que lo puede remover con el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de sus cámaras.
La revisión de las facultades legislativas del presidente de la República para precisar aspectos muy importantes, por ejemplo, si tiene atribución para crear organismos descentralizados y desconcentrados como lo ha realizado; los alcances de las normas sobre salubridad general expedidas por el Ejecutivo y la extensión de los “acuerdos ejecutivos” en el ámbito internacional.
La revisión del proceso legislativo para evitar la “parálisis legislativa” mucho menos respecto al tema del presupuesto. El derecho comparado puede ser muy útil en este aspecto.
La creación de cuerpos técnicos apartidistas de alto nivel en diversas disciplinas que auxilien a los legisladores y a quienes se les asegure estabilidad en el trabajo para fomentar su experiencia.
Reelección de legisladores pero con cierto límite.
El presidencialismo renovado consiste entonces en la afirmación del Presidente de la República en su calidad de jefe de estado y de jefe de gobierno, sólo que este se encontrará sujeto a controles propios de los sistemas parlamentarios, es decir se incorporan elementos de sistema parlamentario a un sistema presidencial, y de esta forma se puede superar la parálisis legislativa en virtud de que la propuesta incluye una delimitación precisa de las facultades de cada uno de los órganos de poder público.
3.3. Propuesta de Colaboración Parlamentaria en el Sistema Presidencial.
No es posible implementar un sistema parlamentario en México, toda vez que como lo asentó Sartori, se precisa de Partidos Políticos cohesivos y/o disciplinados, y en el caso de nuestro país eso no acontece. El fenómeno de la estasiocracia que experimenta México, inhibe la implementación de modelos viables adoptados por otras naciones. Son claros los ejemplos de que en México, remotamente se encontrarán partidos Cohesivos o disciplinados. Los partidos políticos en la práctica funcionan como agencias de colocación a los puestos públicos, principalmente por los espacios que por la vía plurinominal tienen acceso, las pugnas internas están directamente relacionadas a la obtención de dichos espacios. Asimismo, las elecciones internas de los partidos se encuentran manchadas por fraudes electorales, imposiciones y demás prácticas antidemocráticas diseñadas desde las Cúpulas de los respectivos partidos.
De acuerdo a lo analizado en el presente trabajo encontramos que de implementarse el presidencialismo renovado que propone el Doctor Carpizo, con excepción de las propuestas de revisión de las facultades legislativas del ejecutivo y la revisión del proceso legislativo, no superaría la parálisis gubernativa experimentada en el sexenio de Vicente Fox y que puede repetirse en futuras administraciones:
En primer término, puede parecer buena la idea de exigir la ratificación de algunos secretarios de estado para que ocupen dicha responsabilidad los sujetos con mejor perfil para cada uno de los cargos que revisten la mayor importancia para la conducción de los destinos de la nación, con ello se superarían los errores cometidos en el sexenio de Vicente Fox, en cuanto al nombramiento de los miembros del gabinete el cual designó a personas que no estaban capacitadas para desempeñar esos cargos. Sin embargo dicha propuesta no supera la parálisis gubernativa, toda vez que subordinaría más al presidente de la república a la voluntad del Congreso, dependiendo de las reglas de aplicación de esta idea: Si las propuestas provienen del propio presidente, no habría tanto problema, pues simplemente precisa la ratificación de los sujetos que él mismo propone. Por supuesto que lo obligaría, en determinado caso a la negociación con los líderes partidistas para lograr la aprobación de los sujetos sometidos a votación. Por otra parte, si las propuestas provienen de las cámaras, entonces estaríamos en presencia de que el gabinete es impuesto por el Congreso, lo que se traduce en la implementación de un Gobierno de Gabinete propio de los sistemas parlamentarios, con ausencia de la figura del Primer Ministro.
En cuanto al veto presidencial, como hemos anotado, éste carece de eficacia práctica, pues constituye una llamada de atención al Congreso de que el presidente no está de acuerdo con una Ley, que de insistir éste en su emisión el presidente no tendrá más remedio que promulgar la Ley con la que no está de acuerdo. (Supra., p. 39).
La figura del Jefe de Gabinete, adoptada por Argentina, hace las veces de Primer Ministro en los sistemas parlamentarios. La inclusión de esa figura en nuestra legislación sería otra tendencia al parlamentarismo. Aquí el conflicto se produce por la necesidad del presidente de acudir al Congreso para intentar la remoción del Jefe de Gabinete, acentuando el riesgo de una parálisis gubernativa más grave, toda vez que el presidente no sólo puede tener dificultades con el Congreso sino con su propio jefe de Gabinete, que en la práctica sería un primer ministro en el sistema parlamentario británico, o bien Jefe de Gobierno en el Sistema semi presidencial francés.
La revisión de facultades legislativas del Presidente de la República, constituye un tema de análisis profundo, en el cual se precisan delimitar los mecanismos de atribución legislativa del Poder Ejecutivo y delimitar la intervención del Congreso en el ejercicio del poder público, a manera de continuar con el sistema presidencial, buscando una colaboración entre los poderes.
La revisión del proceso legislativo, en particular en materia presupuestaria, constituye un punto medular, que evitaría la parálisis Gubernativa, como la acontecida con el presupuesto del año 2005. Es relevante la propuesta de reconducción presupuestal que propone Carbonell, al menos se evitaría involucrar al Poder Judicial en la conflictiva Ejecutivo-Legislativo. (Supra., p. 95).
La creación de cuerpos técnicos apartidistas puede parecer una buena propuesta, con similitudes con el Royal Commitee británico, sin embargo, no contribuye a superar los enfrentamientos entre poderes en México, si no se puede evitar la injerencia partidista en los nombramientos y si el Congreso no tiene el ánimo de colaborar con el ejecutivo en turno. Un ejemplo de lo anterior lo constituyó la Convención Nacional Hacendaria del año 2004, cuya propuesta de reforma fiscal no prosperó, en virtud que encontró oposición en el Congreso. (Supra., p. 88).
Por último, la reelección legislativa no constituye ninguna ventaja para superar las dificultades entre la coordinación entre poderes, toda vez, que la mayor parte de las veces, los legisladores atienden a las instrucciones de sus coordinaciones parlamentarias, que a su vez se encuentran sujetas a la voluntad de las dirigencias de los partidos políticos que los postularon. Además los partidos políticos han degenerado en una especie de reelección de facto de sus cuadros políticos, alternando su gestión en las diversas Cámaras del Congreso de la Unión y de los Congresos locales.
Se encuentra documentado un número de 1,178 legisladores reelectos en el Congreso mexicano entre 1934 y 2000. De ellos, al menos un centenar de ellos han ostentado el cargo en un periodo entre 12 y 30 años. De los 848 senadores electos entre 1934 y 2000, se reeligieron 442, ya sea en la misma cámara, combinando un periodo o más como diputados, o en las dos. Se trata del 50%. En la Cámara de Diputados la incidencia ha sido menor. De las 6,800 diputaciones correspondientes al miso periodo 843 diputados se reeligieron, es decir el 12.4% del total. .
Por otra parte, gracias a la constitución del Congreso se impidió la implementación de reformas perjudiciales para los intereses de la nación como lo la Privatización de la Industria eléctrica, fungiendo el Congreso como un auténtico freno a la voluntad presidencial, en términos de la teoría de Montesquieu. Sin embargo el gobierno dividido produjo parálisis en el ejercicio gubernamental.
Entonces para superar las dificultades acontecidas, encontramos que no se debe debilitar al poder ejecutivo fortaleciendo al legislativo, en virtud de que provoca un presidencialismo aparente, como el caso de Austria, Islandia e Irlanda, y por el contrario, si el planteamiento consiste en fortalecer al presidente para lograr la gobernabilidad, se puede incurrir en el presidencialismo exacerbado, como el caso de Venezuela.
De lo anterior se elaboran las siguientes propuestas para conseguir una colaboración parlamentaria en el sistema presidencial:
Implementar reformas a la legislación a efecto de transformar la democracia de partidos en una democracia de participación ciudadana, con el fin de combatir la estasiocracia mexicana, pugnando por fortalecer legisladores que emitan su voluntad a conciencia y no como mandato de los dirigentes partidistas. Tomando en cuenta el caso venezolano a efecto de no incurrir en los errores sucedidos en ese país, que degeneró en un presidencialismo exacerbado. (Supra., p.58).
Establecer un sistema de vigilancia eficaz de los recursos que ingresen al patrimonio de los partidos políticos y establecer un mecanismo de sanciones severas cuando se compruebe la obtención de financiamiento ilícito, en virtud que el financiamiento público dejó de cumplir los fines para los cuales fue creado, y en consecuencia resulta inadmisible que se continúe financiando a institutos que operan con financiamiento ilegal.
Fortalecer el sistema de comisiones, mediante la implementación de métodos modernos de trabajo e integrarlas con personal especializado de acuerdo con el perfil profesional de cada legislador. Asimismo, se debe establecer en la legislación los supuestos mediante los cuales un legislador quede impedido a formar parte de una comisión cuando exista un conflicto de intereses entre la gestión del legislador en comisiones y el interés particular directo o indirecto del propio legislador, estableciendo se separación de la comisión, en el caso que sobrevenga la causal de impedimento posterior a que ocupó el cargo.
Instaurar efectivamente los órganos especializados de asesoría, a similitud de los Royal Comités británicos (supra., p.55.), evitando la ingerencia de los partidos políticos en los nombramientos. Para tal efecto dichos órganos deben ser integrados por auténticos peritos en sus respectivas especialidades, los cuales podrán ser propuestos por instituciones académicas y de investigación, elegidos de acuerdo a su trayectoria profesional.
Conservar el proceso legislativo de reformas a la Constitución a efecto de que los cambios constitucionales se produzcan por la vía del consenso de todas las tendencias ideológicas y con intervención de las legislaturas de los estados, lo cual fortalece el federalismo.
Implementar un mecanismo jurídico que garantice la expedición del presupuesto de egresos antes de que inicie el ejercicio fiscal correspondiente, con normas claras y mecanismos efectivos que impidan el enfrentamiento entre poderes año con año, evitando la judicialización del poder público. La aplicación de la figura de Reconducción Presupuestal propuesta por Carbonell representa una buena solución para resolver esta problemática.
En definitiva suprimir el sistema de representación proporcional, en virtud que mediante la alternancia política, ha quedado superado el fenómeno de partido hegemónico que dio origen y justificó a existencia de esta figura. En la nueva realidad política existe un multipartidismo, donde todas las tendencias ideológicas tienen posibilidad real de alcanzar los espacios públicos a través del voto mayoritario. Por ello, debido al cambio del contexto político, ya no se justifica desde ningún punto de vista, que se dé continuidad al sistema implementado en los años setentas. Por otra parte la fórmula plurinominal ha degenerado en la tendencia de instalar mediante este mecanismo a representantes del capital privado, que de llegar a ser mayoría constituirán necesariamente un peligro para los gobernados, privilegiando la concentración de riqueza, el remate de los pocos bienes patrimonio de la nación que aún quedan, con la consiguiente depauperación de las mayorías, toda vez que rompe con la Facultad de Integración del Congreso.
Rodríguez Prats, Juán Jose´, op. cit. p.4
Sartori, Giovanni, Ingeniería Constitucional Comparada, Ed. Fondo de Cultura Económica , México, 2002, p. 19.
Supra., p. 45.
Entropía: En química es la magnitud que determina el grado de desorden molecular que existe en los sistemas termodinámicos. Termino trasladado al léxico político para definir el proceso de descomposición que se da en los sistemas políticos cuando sus piezas, en lugar de cumplir con sus respectivas funciones, se confrontan y propician un desorden Terminal.
Este escenario es contrario a la teoría que da fundamento al sistema presidencial, Supra., p. 33. Sin embargo, se ha presentado históricamente a consecuencia del Colapso político en Estudio.
Valadés, Diego, El Gobierno de Gabinete, Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2003, p.80.
Denominado así el periodo en que el expresidente Calles gobernaba de facto por conducto de los presidentes formales: Emilio Portes Gil (1928-1930), Pascual Ortiz Rubio (1930- 1932) y Abelardo Rodríguez (1932-1934). El término proviene del apelativo con el que se conocía a Calles: Jefe Máximo de la Revolución Mexicana.
En este periodo de gobierno de minoría se experimentó una parálisis legislativa y enfrentamiento entre poderes parecida a la del sexenio de Vicente Fox: Más de 50 vetos fueron rechazados mediante dos tercios de los votos en la Cámara de Diputados. En 1935, Cárdenas vetó una ley sobre pensiones para funcionarios y empleados del poder legislativo. El veto su anulado por el Congreso, pero Cárdenas se negó a publicar la Ley quedando sin efecto.
Como primer punto del orden del día, los Diputados de oposición eligieron a Porfirio Muñoz Ledo (Lider de la Bancada opositora del PRD) como presidente de la Mesa Directiva con una votación de 260 contra 0.
Preston y Dillon, citados por Rodríguez Prats Juan José, op. cit., p. 224.
Supra., p. 34.
Se considera un error que fomentó la estasiocracia mexicana. Supra., p. 71.
Véase el apéndice 4, Índice de siglas, Infra., p. 135.
Ante esta propuesta, el entonces gobernador de Guanajuato Vicente Fox Quesada, realizó la siguiente declaración a la prensa: “Ahora sólo falta la petroquímica, estoy totalmente de acuerdo con la propuesta de Zedillo, porque ya no se vale seguir pensando como en 1936, en el mundo de papi Cárdenas (sic), eso ya quedó en la tumba, atrás; ahora debemos pensar en lo que conviene a México.''
La propuesta de reforma eléctrica del presidente Fox se compuso de 5 iniciativas: Decreto por el que se reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley Orgánica de la Comisión Federal de Electricidad; Ley Orgánica del Centro Nacional de Control de Energía; Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; y Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.
Véase el Apéndice 2, Listado de Iniciativas presidenciales que no prosperaron. Infra., p. 129.
Gaceta Parlamentaria, Cámara de de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, número 1762.
Periódico Reforma, 28 septiembre de 2004.
A este respecto, el IFE señala que la participación fue del 79.80%, toda vez que su estadística está basada en los mexicanos residentes en el extranjero que presentaron solicitud para participar en las elecciones 2006. Fuente: Página electrónica http://www.ife.org.mx.
Cabe recordar que Bagehot, desde el siglo XIX había señalado la ineficacia del Derecho de Veto del poder Ejecutivo. Supra., p. 39.
Rodríguez, Esteban David, op. cit., p. 38.
Rodríguez Prats Juan José, op. cit., p. 278.
Carbonell, Miguel, citado por Rodríguez Prats Juan José, op. cit., p. 279.
El gobierno de Felipe Calderón, no solo iniciará con minoría en el Congreso, sino que el estigma de fraude electoral e ilegitimidad con la que alcanzó la Presidencia de la República, produjo que desde antes de ocupar el cargo, las fuerzas políticas opositoras ofendidas por los resultados electorales, enfrenten con encono la gestión presidencial del sexenio que recién inicia.
La represión gubernamental emula a las matanzas de Cananea y Río Blanco, mismas que fueron antecedentes directos de la revolución de 1910. Si bien la represión contemporánea no persigue el asesinato como fin, crea efectos similares en la percepción de las masas agraviadas fincando las condiciones para un levantamiento popular generalizado.
Aron, Raymond, citado por Carpizo, Jorge, Revista Latinoamericana de Derecho, No. 1, sección de artículos. ¿Presidencialismo o Parlamentarismo? p. 7.
Valadés, Diego, El Control del Poder, Ed. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2003, p. 358.
Supra., p. 39.
Cabe recordar que Álvaro Obregón enfrentó un gobierno divido, ante la XXX Legislatura, con una parálisis legislativa donde se rechazaban gran cantidad de iniciativas, tanto las presidenciales como las del Congreso. Supra., p. 81.
Bovero, Michelangelo, Estrategias y Propuestas para la Reforma Del estado, traducción de Carbonell, Miguel, op. cit., p. 20.
Linz, Juan J. Democracia presidencial o parlamentaria: ¿Qué diferencia implica? Ed. UNAM, México, 2001, pp. 28, 124 y 137.
Para Alonso Lujambio, éste es uno de los aspectos de Mayor potencial de conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, y el que puede causar la parálisis del propio sistema de gobierno, sin que existan los medios flexibles que otorga el sistema parlamentario para superar esa parálisis como son la disolución de la legislatura por el Ejecutivo o la moción de censura al primer ministro.
En los últimos años del siglo anterior, los presidentes Fujimori del Perú, Menen en Argentina y Cardoso de Brasil lograron reformas constitucionales para obtener su reelección.
Como ejemplos de este presupuesto encontramos que llegaron al poder candidatos como Fujimori, Collor de Mello, Aristide y Vicente Fox.
Valadés, Diego, El Control del poder, op. cit., p.358
Sartori, Giovanni, op. cit., pp. 111 y ss.
Valadés, Diego. El Control del Poder, op. cit., p. 408.
Esto equivale a implementar figuras que han demostrado su fracaso histórico, tal es como el de la vicepresidencia, en la Constitución de 1824 o sustitución del ejecutivo por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en virtud que al tener determinado al sujeto que puede acceder al poder, este tendrá posibilidad de ejercer los actos desleales para conseguirlo.
Carpizo, Jorge, op. cit., p. 42.
En los años del sexenio de Vicente Fox, tanto el PRI, como el PAN y el PRD enfrentaron serias pugnas internas en sus cambios de dirigencias partidista, y partidos como el PVEM y Convergencia por la Democracia, han sido duramente censurados en respectivos estatutos por parte del IFE, toda vez que garantizan la continuidad familiar en la dirigencia de esos institutos políticos.
Entre los nombramientos más desafortunados del gabinete destacan secretarios que tenían los siguientes perfiles: Maestra de Inglés, (Marta Sahagún), un notorio acaparador agropecuario apodado el Rey del Ajo (Usabiaga), una autora de libros de auto ayuda y una Secretaria Mecanógrafa.
Esta práctica reporta los casos extremos en las personas de Blas Chumacero Sánchez (6 veces diputado y 2 veces senador.) Emilio M. González Parra (4 veces diputado y 3 veces senador) ambos con 30 años de desempeño legislativo. Véase el Apéndice 3 del presente trabajo. Infra., p. 132.
Rodríguez, Estaban David, Op. Cit. P. 16.
Supra., p. 16.
Africa con 10 paginas.

References: artículo 123
 artículo 41
 artículo 35
 artículo 38
 artículo 21
 artículo 3
 artículo 72
 resolución 
 resolución 
 artículo 33
 artículo 36