Source: https://panv.es/?m=201809
Timestamp: 2019-05-23 06:44:35+00:00

Document:
septiembre 2018 – Partido Anticorrupción de Valdemorillo
Comunicaciones ciudadanas
Partido Anticorrupción de Valdemorillo
Esto es lo que tenemos en Valdemorillo
Un grupo de concejales que, con su voto positivo unos y el resto con su abstención, nos están diciendo que con una dotación presupuestaria de 237.327,80 € son capaces de pagar un gasto de 507.522,38 €.
A juzgar por lo manifestado en el pleno del 19 de julio pasado, el interventor, habilitado nacional, D. Antonio Ramón Olea Romacho, es de la misma opinión, pues según las citadas manifestaciones este señor propone al pleno la desestimación de las alegaciones presentadas por nosotros. La motivación que da el interventor y en la cual basan su votación los concejales es que “las alegaciones no se someten a lo estipulado en el artículo 22.2 del Real Decreto 500/1990”.
Al objeto de que quien esto lee pueda tener su propio criterio, dice el citado artículo 22.2:
“Únicamente podrán establecerse reclamaciones contra el presupuesto:
A) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites legales
B) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad loca, en virtud de precepto legal o de cualquier otro Titulo legitimo (artículo 151.2, b), LRHL).
C) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien estos respecto a las necesidades para las que estén previstos (articulo 151.2, c), LRHL).”
Debemos aclarar que la LRHL es una ley derogada por el Real Decreto Legislativo 2/2004, que en su artículo 170.2 expresa lo mismo que el RD 500/1990. Parece ser que el señor interventor, aun siendo una norma muy posterior no la conoce.
Lo que nosotros decíamos en nuestras alegaciones era que: Ver texto de alegaciones en ANEXO
“Por un lado el presupuesto del 2018 (que es la prórroga del 2017) adolecía de un grave error: No se puede prorrogar el presupuesto de una partida de inversión si esta había sido ya realizada. Lo que para nosotros encajaría perfectamente en el epígrafe A) del RD, también en el epígrafe a) del artículo 170.2 del RDL
Por otro lado, parece meridianamente claro que el saldo final del crédito para el pago de los intereses en el 2018 (que resultaba ser de 237.327,80 €), es insuficiente para hacer frente a los pagos que exigía el Juzgado los cuales, siguiendo sus propios criterios para el año ejercicio 2018, serian de 507.522,38 €”
Lo que para un niño de primaria sería muy claro: 237 mil € es menor que 507 mil € y por consiguiente nunca se podrá pagar con la consignación presupuestaria aprobada, en su integridad, lo que exige el juez, no lo es para ningún concejal del consistorio ni tampoco para el interventor municipal.
¿Será que ninguno de ellos, señores concejales y señor interventor, ha superado los conocimientos mínimos que se exigen en una enseñanza básica?, ¿o será que actúan de mala fe?
Sobre la primera alternativa, conocimientos mínimos, que los propios concejales e interventor se manifiesten. En todo caso, con la decisión tomada sobre el asunto desgraciadamente no lo demuestran.
Sobre la segunda alternativa, sí podemos manifestarnos en relación con la actitud de la señora concejal Dña. Pilar López Partida que, vehementemente y con una cierta sorna, nos vino a decir que “dejáramos de poner alegaciones pues siempre eran desestimadas por los interventores”. Y efectivamente, lleva toda la razón. Es la práctica habitual que siguen o han seguido los interventores de este Ayuntamiento. Pero ello no significa que siempre tangan razón. A esta señora concejala le debemos recordar un par de ocasiones en las que los informes de los interventores estaban muy lejos de ser profesionales. Hay muchas más.
Una, cuando el interventor manifestó, apoyado por el arquitecto y el secretario municipal, que era correcto incrementar un presupuesto de obra en más de 61 millones de Ptas., porque sí, por la cara. El tribunal les puso a caer de un burro y declaró el incremento improcedente y nulo. No obstante, la Sra. López Partida, en contra de los intereses del Ayuntamiento, anunció al Tribunal Supremo el recurso de casación.
Otra, cuando en más de una ocasión le habíamos manifestado que las cuentas del Ayuntamiento estaban falseadas en nada más y nada menos que del orden de 4 millones de €. El entonces interventor desestimaba las alegaciones porque las cuentas eran totalmente correctas, según manifestaba. La realidad terminó imponiéndose y la Sra. López y el entonces interventor accidental no tuvieron más remedio que promover una revisión y ajustes de los saldos contables mantenidos deliberadamente falsos para evitar la intervención del Ministerio de Hacienda.
Solo nos queda esperar que cuando se encuentren con una insuficiencia de crédito para hacer frente a los pagos sobre intereses que el juzgado determina pagar en este ejercicio lo pongan de su bolsillo.
En Valdemorillo, 19 de septiembre de 2018
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References: artículo 22
 Real Decreto 
 artículo 22
 Real Decreto 
 artículo 170
 artículo 170