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Timestamp: 2019-08-20 04:17:20+00:00

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Acta Constitutiva y de Reformas, sancionada por el Congreso Extraordinario Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos.
Mayo 21, 1847
El 21 de mayo, el congreso decretó la Acta de reformas a la constitución federal, y el día 23 se publicó con toda solemnidad.
Sancionada por el Congreso Extraordinario Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos el 18 de mayo de 1847.
ALOCUCIÓN pronunciada por el Excmo. Sr. presidente del Congreso, D. José Joaquín de Herrera, en el juramento y promulgación de la acta de reformas
En estos momentos en que el peligro común, el honor de la patria y el porvenir de un continente entero, producen en todos los corazones, sentimientos tan profundos, el acto solemne que se ha verificado, lejos de perder su interés, lo excita aún más grande; porque el establecimiento de las leyes fundamentales de un país, de este primer elemento de su existencia política, del cual dependen todos los demás, nunca aparece tan grave como cuando ese pueblo necesita de toda la energía de su vida, y va a emplear toda la fuerza del impulso que recibe, nada menos que en salvar su nacionalidad y asegurar su porvenir, amenazados por un gran riesgo.
Quiso la Providencia que defender la nacionalidad de México en la más justa de todas las guerras, y fijar definitivamente nuestra organización política, fuera el doble trabajo de una misma época; y el congreso, al cual la nación fiara su suerte, en la más terrible de las crisis, ha cumplido el primer objeto de su misión, a pesar de dificultades terribles. Era un deber de los legisladores no dejar la sociedad entregada a la anarquía, impedir que los partidos se levantaran de nuevo para disputar en el campo de la guerra civil, cuál hubiera de ser la constitución de nuestro país; y la acta constitutiva y de reformas que acaba de leerse, expresión inequívoca de la voluntad de los representantes del pueblo, emanación legítima de los poderes amplísimos con que éste los revistió, deja ya constituida a la nación.
Víctima ésta de ese movimiento funesto por el cual durante largos años ha visto sin cesar cambiadas sus leyes, destruidos todos los gobiernos, y realizadas todas las exageraciones, el congreso constituyente no ha querido aumentar el catálogo de esas constituciones que una revolución produce, y la siguiente hace desaparecer. Investido con los más amplios poderes, ha usado de ellos para proclamar y acatar el primero la santidad del pacto fundamental, devolviendo a los mexicanos la constitución de 1824, con todos sus recuerdos gloriosos, con todo el prestigio de su legitimidad, y se la devuelve con las más importantes de las reformas, por las que la opinión pública clamaba; como garantías indispensables de la subsistencia y la fuerza de nuestras instituciones.
Sin tener la presunción de que todo se ha hecho, y confesando por el contrario, que queda aún mucho que hacer a los que vengan a este lugar después de nosotros, la meditación menos profunda advierte toda la importancia de los principios consagrados en esta acta, y confiados al patriotismo y a la sensatez de los mexicanos.
Cuando todavía no hace un año que las instituciones republicanas, tan queridas de la nación toda, estaban en duda; cuando aún resuenan en nuestros oídos las palabras sacrílegas con que se nos persuadía que abjurásemos las gloriosas esperanzas de la República, y nos sometiéramos a un príncipe extranjero: con verdad no puede decirse que se ha hecho poco restituyendo a la nación su primitivo pacto, restableciendo las solas instituciones por medio de las cuales ha sido posible en la ciencia y en la historia conservar el gobierno republicano, en una extensión de terreno tan vasta como la del nuestro, llamando en auxilio de estas instituciones los elementos de progreso y conservación que se deben a nuestro tiempo, y por medio de los cuales la libertad domina al universo.
La acta de reformas consagra derechos e instituciones eminentemente liberales y del todo nuevos en nuestro derecho público. El principio democrático queda asegurado en toda su plenitud: las garantías sociales encomendadas a los poderes generales, y puestas bajo el amparo del poder judicial: el legislativo organizado de manera que reciba el impulso vivificador de la democracia, y lo rectifique en el sentido de la sabiduría nacional: la responsabilidad del poder convertida en realidad: fijados los límites de los poderes de la Unión y de los Estados: establecidos los medios de evitar la anarquía entre ellos, y puestos en manos del pueblo todos los medios de discutir sus intereses y defender sus derechos; y cómo a pesar de la importancia de estas reformas, nuestras instituciones son todavía capaces de un adelanto asombroso, el congreso ha cuidado muy particularmente de facilitar todas las reformas, ha establecido un medio tan sencillo como legal de adoptarlas, sin los trastornos y las revoluciones, que invocándolas, las desacreditan y retardan.
Esto era todo lo que estaba en su mano: no entra en la marcha de la naturaleza que los pueblos pasen como por encanto del desorden a la perfección: ningún legislador ha podido lisonjearse de que su obra nada debería al tiempo, y el patriotismo mandaba no renovar con mano imprudente las heridas de una sociedad por todas partes lacerada; no encender la tea de la discordia civil en los momentos en que más se necesitaba del acuerdo común; no comprometer la estabilidad del pacto fundamental, poniéndole por condición la realidad de mejoras que pueden lograrse sin conmover las bases del edificio social. Con sólo conservar todo lo adquirido, se habrá hecho un bien inmenso y se habrá asegurado el logro tranquilo de lo que aún nos falte. Así la mejora será tan rápida como sólida.
Por lo demás, el congreso no ha debido olvidar que no es tanto la ideal perfección de las leyes como la bondad de las costumbres, lo que se necesitaba para la dicha de las naciones, y por esto para el logro de sus patrióticas miras, los representantes de la República han debido contar, y han contado, con las virtudes cívicas de los mexicanos.
El pueblo que a fuerza de sacrificios y de heroísmo conquistó su lugar entre las naciones; el pueblo que ha prodigado su confianza, sus tesoros y su sangre a todos los que han ofrecido satisfacer las nobles aspiraciones de su juventud, no podrá negar su apoyo a los que después de tan crueles desengaños se lo piden, no para ciertos hombres, ni para un partido, sino para la ley; no para su propia obra, sino para el código venerando que en nuestras circunstancias políticas aparecía como el único puerto de salvación, para el código consagrado por el amor y la sangre del pueblo, para el código cuyos recuerdos de paz y ventura no se borrarán jamás, y cuya restauración fue saludada en agosto último con el entusiasmo más puro y universal.
Los males producidos por esas revoluciones que todas prometían dicha y libertad, han sido tan crueles, y la situación a que nos condujeran es tan espantosa, que hoy nadie puede esperar un solo bien de nuevos trastornos.
El principio federativo que coloca en cada Estado un centro de acción y de poder, es tan provechoso a la seguridad interior como a la defensa exterior. Con semejante institución, un pueblo nunca sucumbe por un solo golpe. Una federación salvó a la Grecia; otra libertó a los Países Bajos, y sólo ante las federaciones vio Roma humillado su poder. Pero la federación no puede tener una existencia sólida sin el respeto a la ley, sin la justicia, la moderación, el amor a la patria y las demás virtudes cívicas en que ha consistido la fuerza de las repúblicas.
A los Estados que hoy reciben la solemne declaración de haber recobrado su soberanía; a los Estados en cuyo poder esta acta coloca el depósito sagrado de las libertades públicas, toca, por lo tanto, acreditar y conservar estas instituciones por la práctica de esas virtudes, y sobre todo, por el respeto más inviolable al principio salvador de la unión.
Los poderes supremos no son los rivales de los Estados: representantes legítimos de éstos, y encargados de los más importantes objetos de la vida social, de la independencia de la nación, de su defensa exterior, de su tranquilidad doméstica, de las garantías de sus ciudadanos, y la realidad de sus instituciones, sin el apoyo y la obediencia de todos, imposible sería que cumpliesen con tan graves encargos, aun en la situación más favorable que supusiera.
Colocados, además, nosotros, al frente de esta lucha de razas, que se disputará sobre el nuevo continente por largos años, provocar la división sería condenar a nuestro país a ser la segura presa de nuestros ambiciosos vecinos. Por esto ni los ciudadanos ni los Estados deben olvidar un momento, que destruir las libertades de éstos, es hacer imposible la República; que la unión es la condición indispensable de nuestra nacionalidad: que favorecer la escisión es herir de muerte la independencia.
Así, sólo el respeto más inviolable a todas y cada una de las disposiciones del pacto fundamental, puede salvar la situación difícil en que nos hallamos, y a la cual hemos venido únicamente por el olvido y la ruina de esos principios. Al poner el congreso en manos del pueblo la obra que le encomendó; al recibir y prestar el juramento solemne de guardar y hacer guardar la constitución, el voto unánime de todos los buenos mexicanos se levanta al cielo, pidiendo que no sea perdida esta última esperanza; que ningún crimen logre otra vez arrebatar al pueblo su ley fundamental.
Un día, cuando las pasiones estén en calma y los sucesos se contemplen en su verdadero lugar, se conocerá lo que se debe al congreso, que sin preocuparse por las fugitivas y dolorosas impresiones del momento, sin desconcertarse por la sedición interior, ni desesperar de la salud de la patria por grandes reveses, ha concluido su obra en medio de la calma.
Yo protesto en su nombre que el celo de la independencia, el amor de la libertad, el culto de la federación, fueron los sentimientos unánimes de todos sus individuos. La mayoría sólo decidió cuáles eran los mejores medios de salvar estos bienes preciosos. !Quiera Dios que este día en que la república recobra sus libertades, sea el primero de una época de ventura y de reparación!
Señores: esta solemnidad, a la que hemos venido dominados por las dolorosas sensaciones de nuestro inmenso infortunio, es una esperanza de salvación. Jamás un pueblo verdaderamente libre ha perecido por la invasión extranjera; y si los mexicanos, deponiendo hoy sus odios y sus rencores en el altar de la concordia, no piensan más que en el grande objeto de salvar su independencia; si todos los partidos y todas las opiniones aceptan el orden legal como el único medio de discutir sus sistemas y hacer triunfar sus intereses; si en vez de destruir nos empeñamos en mejorar nuestras instituciones, entonces la nación se levantará con el entusiasmo invencible de los días gloriosos de la independencia, será seguro que pronto, bajo los auspicios de la libertad y del orden, repararemos los males de tantos desaciertos y tantos crímenes, y el pabellón de los Estados Unidos Mexicanos, volverá a flamear con toda la gloria que reflejaba sobre él, cuando bajo la constitución de 1824 la victoria lo colocó sobre las almenas de San Juan de Ulúa y en las orillas del Pánuco.
CONTESTACIÓN del Excmo. Sr. presidente de la República, Benemérito de la Patria, general D. Antonio López de Santa Anna:
Acabo de jurar la observancia de la ley fundamental de la república, sancionada por el augusto cuerpo llamado a esta grande misión. Mi juramento es hijo de mis resoluciones por obsequiar la voluntad de la nación, a la cual siempre he ofrecido respetar, y cuyas soberanas decisiones me esforzaré siempre en defender.
Desde mi regreso a la República tuve deseo de dar un testimonio auténtico de mi respeto a la voluntad nacional, siendo yo mismo el que promulgase el código de sus leyes de organización política; y en medio de las amargas circunstancias que me han conducido en estos momentos a la capital a la cabeza de un ejército más respetable y heroico en sus reveses que halagado por la victoria, ha sido un consuelo para mi corazón el ver realizado ese deseo, y que se le presente por mis manos el resultado de las tareas que a este augusto cuerpo le fueren confiadas.
Es también para mí una circunstancia lisonjera la de presentarme una vez ante los representantes de la nación, para hacer escuchar mi voz y expresarles los sentimientos íntimos de mi alma. He repetido muchas veces que estoy muy distante de las aspiraciones al poder, que considero como mezquinas, cuando todo mexicano no debe aspirar a otra cosas que a contribuir a la salvación de la República.
Yo hubiera dejado este puesto, haciendo una formal dimisión; pero nos hallamos en el momento del peligro, y no he querido manchar mi nombre con un acto que podría titularse o deserción, o cobardía; las épocas solemnes en que las naciones luchan por su existencia, son el tiempo de las pruebas y de los sacrificios. He procurado hacer todos cuantos se han exigido de mí, y estoy resuelto a no omitir ninguno.
Me presento a decir que he combatido sin cesar por la independencia de mi país, y que no he de ser yo quien lo abandone en su conflicto; que he arrostrado con obstáculos invencibles; que tengo delante de mí una senda de penalidades y desgracias; y que voy a lanzarme por ella, porque creo también que por ella podré afirmar una vigorosa defensa, a la que decididamente estoy resuelto, tanto como lo estuve siempre, y como debe estarlo todo aquel que ame a su patria y se estime a sí propio.
Me prometo que la nación, a la vista de la ley constitucional que se le presenta, penetrada de las luminosas ideas que acaba de vertir el excelentísimo señor presidente del congreso, comprenderá que la fuerza que pueden desarrollar los Estados en el ejercicio de su soberanía, es irresistible, unida en el centro común que la misma ley establece: que el grito de salvación y de guerra debe ser uniforme y general; que los esfuerzos deben ser dirigidos por un solo pensamiento, por una misma ejecución: que la división y las desconfianzas constituyen el triunfo de los enemigos; que la discordia destruye nuestra fuerza física y moral; y que si queremos tener una nación, y si aspiramos a salvar ese mismo pacto fundamental, debemos fijar nuestra divisa en esas ideas grandes que han decidido de la suerte de las naciones, cuando han sabido unirse para triunfar y tomar resoluciones heroicas para levantar en medio del mundo una cabeza radiante y gloriosa, que las hace siempre respetables. Dije.
CONTESTACIÓN del Excmo. Sr. presidente de la Corte Suprema de Justicia, licenciado don Juan N. Gómez Navarrete.
Como presidente accidental de la suprema corte de justicia, he tenido la satisfacción de repetir en manos de vuestra excelencia el solemne juramento, que como individuo del mismo supremo tribunal, presté en el año de 1825, de guardar y hacer guardar la constitución política federal de los Estados Unidos Mexicanos, decretada por los representantes del pueblo el día 4 de octubre de 1824.
En los veintitrés años que han transcurrido de esa época feliz hasta la presente, y en las vicisitudes y trastornos que ha sufrido nuestra cara patria, la corte de justicia se ha ocupado en desempeñar los deberes propios del supremo poder judicial, ejerciendo las atribuciones que le ha señalado la ley fundamental, y cumpliendo religiosamente sus juramentos, sin tomar parte directa ni indirectamente en los cambios y revoluciones que han tenido lugar desde el memorable año de 1829.
Esta conducta, a que debe atribuirse la conservación y existencia actual de la suprema corte, será la que observe en lo sucesivo; y puedo asegurar, a nombre de mis dignos compañeros y en el mío, que ni el interés, ni el temor, ni consideración alguna, será capaz de impedir el desempeño exacto y enérgico de las obligaciones que nos impone la constitución de 1824, ni el ejercicio de las nuevas, difíciles e importantísimas atribuciones con que ha honrado al poder judicial este soberano congreso en la Acta de reformas.
Así lo protesto al recibir el ejemplar de la constitución que vuestra excelencia me entrega, y que se conservará como un depósito sagrado en la misma suprema corte, en cumplimiento de la ley acordada y sancionada el día de ayer; ley que hará siempre honor a este augusto congreso que ha manifestado así en ella, como en la Acta de reformas, las justas consideraciones que le merece el supremo poder judicial, y la importancia de su independencia y respetabilidad.-Dije.
Ministerio de relaciones interiores y exteriores.-El excelentísimo señor presidente interino de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
El presidente interino de los Estados Unidos Mexicanos, a los habitantes de la república, sabed: que el soberano congreso extraordinario constituyente, ha decretado lo que sigue:
En el nombre de Dios, Criador y Conservador de las sociedades, el congreso extraordinario constituyente, considerando: que los Estados Mexicanos, por un acto espontáneo de su propia e individual soberanía y para consolidar su independencia, afianzar su libertad, proveer a la defensa común, establecer la paz y procurar el bien, se confederaron en 1823 y constituyeron después en 1824 un sistema político de unión para su gobierno general bajo la forma de república popular representativa, y sobre la preexistente base de su natural y recíproca independencia: que aquel pacto de alianza, origen de la primera constitución y única fuente legítima del poder supremo de la república, subsiste en su primitivo vigor, y es y ha debido ser el primer principio de toda institución fundamental:
Que ese mismo principio constitutivo de la unión federal, si ha podido ser contrariado por una fuerza superior, ni ha podido, ni puede ser alterado por una nueva constitución; y que para más consolidarle y hacerle efectivo, son urgentes las reformas que la experiencia ha demostrado ser necesarias en la constitución de 1824, ha venido en declarar y decretar, y en uso de sus amplios poderes declara y decreta:
I. Que los Estados que componen la Unión mexicana han recobrado la independencia y soberanía, que para su administración interior se reservaron en la constitución.
II. Que dichos Estados continúan asociados conforme al pacto que constituyó una vez, el modo de ser político del pueblo de los Estados Unidos Mexicanos.
III. Que la acta constitutiva y la constitución federal, sancionadas en 31 de enero y 24 de octubre de 1824, forman la única constitución política de la república.
IV. Que estos códigos deben observarse con la siguiente:
Artículo 1o. Todo mexicano, por nacimiento o por naturalización, que haya llegado a la edad de veinte años, que tenga modo honesto de vivir, y que no haya sido condenado en proceso legal a alguna pena infamante, es ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 2o. Es derecho de los ciudadanos votar en las elecciones populares, ejercer el de petición, reunirse para discutir los negocios públicos, y pertenecer a la guardia nacional, todo conforme a las leyes.
Artículo 3o. El ejercicio de los derechos de ciudadano se suspende por ser ebrio consuetudinario, o tahúr de profesión, o vago; por el estado religioso, por el de interdicción legal; en virtud de proceso sobre aquellos delitos, por los cuales se pierde la cualidad de ciudadano, y por rehusarse, sin excusa legítima, a servir los cargos públicos de nombramiento popular.
Artículo 4o. Por una ley se arreglará el ejercicio de estos derechos, la manera de probar la posesión de la cualidad de ciudadano y las formas convenientes para declarar su pérdida o suspensión. El ciudadano que haya perdido sus derechos políticos, puede ser rehabilitado por el congreso general.
Artículo 5o. Para asegurar los derechos del hombre que la constitución reconoce, una ley fijará las garantías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad de que gozan todos los habitantes de la República, y establecerá los medios de hacerlas efectivas.
Artículo 6o. Son Estados de la federación los que se expresaron en la constitución federal y los que fueron formados después conforme a ella. Se erige un nuevo Estado con el nombre de Guerrero, compuesto de los distritos de Acapulco, Chilapa, Taxco y Tlapa, y la municipalidad de Coyucan, pertenecientes los tres primeros al Estado de México, el cuarto a Puebla, y la quinta a Michoacán, siempre que las legislaturas de estos tres Estados den su consentimiento dentro de tres meses.
Mientras la ciudad de México sea Distrito Federal, tendrá voto en la elección de presidente y nombrará dos senadores.
Artículo 7o. Por cada cincuenta mil almas, o por una fracción que pase de veinticinco mil, se elegirá un diputado al congreso general. Para serlo se requiere únicamente tener veinticinco años de edad, estar en ejercicio de los derechos de ciudadano, y no hallarse comprendido al tiempo de la elección en las excepciones del artículo 23 de la constitución.
Artículo 8o. Además de los senadores que cada Estado elija, habrá un número igual al de los Estados, electo a propuesta del senado, de la suprema corte de justicia y de la cámara de diputados, votando por diputaciones. Las personas que reunieren estos tres sufragios, quedarán electas, y la cámara de diputados, votando por personas, nombrará los que falten de entre los otros postulados. La mitad más antigua de estos senadores pertenecerá también al consejo.
Artículo 9o. El senado se renovará por tercios cada dos años, alternando en ellos, año por año, la elección de los Estados con la que deba verificarse por el tercio de que habla el artículo anterior.
Artículo 10. Para ser senador se necesita la edad de treinta años, tener las otras cualidades que se requieren para ser diputado, y además haber sido presidente o vicepresidente constitucional de la República; o por más de seis meses secretario del despacho, o gobernador de Estado; o individuos de las cámaras; o por dos veces de una legislatura; o por más de cinco años enviado diplomático; o ministro de la suprema corte de justicia; o por seis años juez o magistrado; o jefe superior de hacienda; o general efectivo.
Artículo 11. Es facultad exclusiva del congreso general dar bases para la colonización, y dictar las leyes conforme a las cuales los poderes de la Unión hayan de desempeñar sus facultades constitucionales.
Artículo 12. Corresponde exclusivamente a la cámara de diputados erigirse en gran jurado para declarar, a simple mayoría de votos, si ha o no lugar a formación de causa contra los altos funcionarios, a quienes la constitución o las leyes conceden este fuero.
Artículo 13. Declarado que ha lugar a la formación de causa, cuando el delito fuere común, pasará el expediente a la suprema corte; si fuere de oficio, el senado se erigirá en jurado de sentencia, y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable. Para esta declaración se necesita el voto de las tres quintas partes de los individuos presentes, y hecha que sea, la suprema corte designará la pena, según lo que prevenga la ley.
Artículo 14. En ningún caso podrá tenerse por aprobado un proyecto de ley, con menos de la mayoría absoluta de votos de los individuos presentes en cada una de las cámaras.
Artículo 15. Se derogan los artículos de la constitución que establecieron el cargo de vicepresidente de la República, y la falta temporal del presidente se cubrirá por los medios que ella establece, para el caso en que faltaran ambos funcionarios.
Artículo 16. El presidente es responsable de los delitos comunes que cometa durante el ejercicio de su encargo; y aun de los de oficio exceptuados por la constitución, siempre que el acto en el cual consistan, no esté autorizado por la firma del secretario responsable.
Artículo 17. Los secretarios del despacho responden de todas las infracciones de ley que cometan, ora consistan en actos de comisión, o sean de pura omisión.
Artículo 18. Por medio de leyes generales se arreglarán las elecciones de diputados, senadores, Presidente de la República y ministros de la suprema corte de justicia, pudiendo adoptarse la elección directa, sin otra excepción que la del tercio del senado que establece el artículo octavo de esta acta. Mas en las elecciones indirectas no podrá ser nombrado elector primario ni secundario, el ciudadano que ejerza mando político, jurisdicción civil, eclesiástica o militar, o cura de almas, en representación del territorio en el cual desempeñe su encargo.
Artículo 19. La ley establecerá y organizará también los juzgados de primera y segunda instancia que han de conocer de los negocios reservados al poder judicial de la federación.
Artículo 20. Sobre los objetos cometidos al poder de la Unión, ningún Estado tiene otros derechos que los expresamente fijados en la constitución, ni otro medio legítimo de intervenir en ellos, que el de los poderes legales que la misma establece.
Artículo 21. Los poderes de la Unión derivan todos de la constitución, y se limitan sólo al ejercicio de las facultades expresamente designadas en ella misma, sin que se entiendan permitidas otras por falta de expresa restricción.
Artículo 22. Toda ley de los Estados que ataque la constitución o las leyes generales, será declarada nula por el congreso; pero esta declaración sólo podrá ser iniciada en la cámara de senadores.
Artículo 23. Si dentro de un mes de publicada una ley del congreso general, fuere reclamada como anticonstitucional, o por el presidente, de acuerdo con su ministerio, o por diez diputados, o seis senadores, o tres legislaturas, la suprema corte, ante la que se hará el reclamo, someterá la ley al examen de las legislaturas, las que dentro de tres meses, y precisamente en un mismo día, darán su voto. Las declaraciones se remitirán a la suprema corte, y ésta publicará el resultado, quedando anulada la ley, si así lo resolviere la mayoría de las legislaturas.
Artículo 24. En el caso de los dos artículos anteriores, el congreso general y las legislaturas a su vez, se contraerán a decidir únicamente si la ley de cuya invalidez se trate es o no anticonstitucional; y en toda declaración afirmativa se insertarán la letra de la ley anulada y el texto de la constitución o ley general a que se oponga.
Artículo 25. Los tribunales de la federación ampararán a cualquiera habitante de la república en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los poderes legislativo y ejecutivo, ya de la federación, ya de los Estados; limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre el que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o del acto que lo motivare.
Artículo 26. Ninguna ley podrá exigir a los impresores fianza previa para el libre ejercicio de su arte, ni hacerles responsables de los impresos que publiquen, siempre que aseguren en la forma legal la responsabilidad del editor. En todo caso, excepto el de difamación, los delitos de imprenta serán juzgados por jueces de hecho y castigados sólo con pena pecuniaria o de reclusión.
Artículo 27. Las leyes de que hablan los artículos 4, 5 y 18 de la presente acta, la de libertad de imprenta, la orgánica de la guardia nacional y todas las que reglamenten las disposiciones generales de la constitución y de esta acta, son leyes constitucionales, y no pueden alterarse, ni derogarse, sino mediando un espacio de seis meses entre la presentación del dictamen y su discusión en la cámara de su origen.
Artículo 28. En cualquier tiempo podrán reformarse los artículos de la acta constitutiva, de la constitución federal y de la presente acta, siempre que las reformas se acuerden por los dos tercios de ambas cámaras o por la mayoría de dos congresos distintos e inmediatos. Las reformas que en lo sucesivo se propusieren limitando en algún punto la extensión de los poderes de los Estados, necesitarán además la aprobación de la mayoría de las legislaturas. En todo proyecto de reformas se observará la dilación establecida en el artículo anterior.
Artículo 29. En ningún caso se podrá alterar los principios que establecen la independencia de la nación, su forma de gobierno republicano representativo, popular, federal, y la división, tanto de los poderes generales, como de los de los Estados.
Artículo 30. Publicada esta acta de reformas, todos los poderes públicos se arreglarán a ella. El legislativo general continuará depositado en el actual congreso hasta la reunión de las cámaras. Los Estados continuarán observando sus constituciones particulares, y conforme a ellas renovarán sus poderes.
Dado en México, a 18 de mayo de 1847.
José J. de Herrera, diputado presidente. Por el Estado de Chiapas, Clemente Castillejo. Pedro José Lanuza. Por el Estado de Chihuahua, José María Urquidi. Manuel Muñoz. José Agustín Escudero. Por el Estado de Coahuila, Eugenio María de Aguirre. Por el Estado de Durango, José de la Bárcena. Por el Estado de Guanajuato, Octaviano Muñoz Ledo. Pascasio Echeverría. Juan José Bermúdez. Jacinto Rubio. Juan B. Sañudo. Ramón Reynoso. Por el Estado de México, J.J. Espinosa de los Monteros. Manuel Robredo. Joaquín Navarro. José María de Lacunza. M. Riva Palacio. José B. Alcalde. Manuel Terreros. José A. Galindo. Manuel M. Medina. Ramón Gamboa. J. Noriega. Pascual González Fuentes, José Trinidad Gómez. José María Benites. Francisco Herrera Campos. Agustín Buenrostro. Francisco S. Iriarte. Por el Estado de Michoacán, Juan B. Cevallos. E. Barandiarán. Luis Gutiérrez Correa. Miguel Zincúnegui. Ignacio Aguilar. José Ignacio Álvarez. Teófilo G. Carrasquedo. Manuel Castro. Por el Estado de Oaxaca, Benito Juárez. Guillermo Valle. B, Carbajal. M. Iturribarría. Tiburcio Cañas. Manuel M. de Villada. M. Ortiz de Zárate. Por el Estado de Puebla, J.M. Lafragua. Ignacio Comonfort. Joaquín Cardoso. Joaquín Ramírez de España. Manuel Zetina Abad. J. Ambrosio Moreno. Juan N. de la Parra. José M. Espino. Fernando M. Ortega. Por el Estado de Querétaro, José Ignacio Yáñez. Miguel Lazo de la Vega. Por el Estado de San Luis Potosí, Lugardo Lechón. Juan Othón. Domingo Arriola. Por el Estado de Sinaloa, Pomposo Verdugo. Por el Estado de Sonora, Ricardo Palacio. Ramón Morales. Por el Estado de Tabasco, Manuel Zapata. Por el Estado de Tamaulipas, Ignacio Muñoz Campuzano. Por el Estado de Veracruz, A.M. Salonio. José Mariano Jáuregui. Miguel Bringas. Por el Estado de Jalisco, Mariano Otero. Bernardo Flores. Magdaleno Salcedo. José Ramón Pacheco. Por el Distrito Federal, Manuel Buenrostro. José María del Río. Joaquín Vargas. Por el territorio de Colima, Longinos Banda. Por el territorio de Tlaxcala, Antonio Rivera López. José M. Berriel. Juan de Dios Zapata, diputado por el Estado de Puebla, secretario. Francisco Banuet, diputado por el Estado de Oaxaca, secretario. Cosme Torres, diputado por el Estado de Jalisco, secretario. Mariano Talavera, diputado por el Estado de Puebla, secretario.
Palacio del gobierno federal en México, a 21 de mayo de 1847.
Antonio López de Santa Anna. A.D. Manuel Baranda.
Y lo comunico a V. para su puntual cumplimiento.
Dios y libertad, México, 21 de mayo de 1847.
De la crisis del modelo borbónico al establecimiento de la República Federal. Gloria Villegas Moreno y Miguel Angel Porrúa Venero (Coordinadores) Margarita Moreno Bonett. Enciclopedia Parlamentaria de México, del Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados, LVI Legislatura. México. Primera edición, 1997. Serie III. Documentos. Volumen I. Leyes y documentos constitutivos de la Nación mexicana. Tomo II. p. 408.

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