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Timestamp: 2019-09-17 06:37:20+00:00

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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 25-11-2015 ( AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2401/2015 ) - Jurisprudencia - VLEX 799550729
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2401/2015.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2401/2015 DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO **********.
SECRETARIA JOCELYN M. MENDIZABAL FERREYRO.
México Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinticinco de noviembre de dos mil quince.
PRIMERO. Mediante escrito presentado el seis de octubre de dos mil catorce ante la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, ********** promovió juicio de amparo directo en contra de la sentencia de veinticuatro de septiembre de la propia anualidad, dictado por la Tercera Sala del referido órgano jurisdiccional dentro del expediente **********.
SEGUNDO. La demanda de amparo fue turnada al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, cuyo Magistrado Presidente, mediante acuerdo de dos de diciembre de dos mil catorce, la admitió a trámite y la registró bajo el expediente A.D.A. **********.
Seguidos los trámites de ley, el citado órgano jurisdiccional emitió resolución el veintisiete de marzo de dos mil quince, en la que determinó conceder el amparo solicitado.
TERCERO. Inconforme con esa determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión mediante escrito presentado el diecisiete de abril de dos mil quince ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito.
En mérito de lo anterior, mediante proveído de veinte de abril de dos mil quince, el Magistrado Presidente del aludido órgano jurisdiccional tuvo por interpuesto el referido medio de impugnación y ordenó la remisión del escrito original de agravios, así como de los autos correspondientes al juicio de amparo ********** a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
CUARTO. Por acuerdo de once de mayo de dos mil quince el Presidente de este Alto Tribunal admitió a trámite el recurso de revisión, lo registró bajo el número 2401/2015 y turnó los autos al Ministro José Fernando Franco González Salas a efecto de que formulara el proyecto de resolución respectivo.
Mediante proveído de dos de junio de dos mil quince, el Presidente de esta Segunda Sala decretó el avocamiento de ésta al conocimiento del asunto y ordenó la remisión de los autos al Ministro ponente una vez que el expediente se encontrara debidamente integrado.
QUINTO. La parte considerativa fue publicada dentro del plazo y con las formalidades previstas en los artículos 73 y 184 de la Ley de Amparo vigente, por versar sobre la constitucionalidad de una norma de carácter general; y,
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto.1
SEGUNDO. El recurso de revisión fue interpuesto oportunamente.2
TERCERO. El recurso de revisión fue interpuesto por persona legitimada para ello.3
CUARTO. Para un mejor entendimiento del asunto conviene traer a colación los antecedentes relevantes que informan la sentencia recurrida.
********** demandó del ********** del Municipio de **********, Guanajuato y otras autoridades, la falta de notificación del inicio del procedimiento de separación de su cargo como oficial de seguridad pública en la Ciudad de **********, y el reconocimiento de los derechos que le fueron vulnerados.
Seguidos los trámites de ley, la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guanajuato emitió sentencia el veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, por la que sobreseyó por una parte, respecto de los actos atribuidos al Consejo de Honor y de Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal y, por otra, se declaró la nulidad del acto impugnado; además, se ordenó el pago de la indemnización a razón de tres meses, así como al pago de las demás prestaciones a que tenga derecho, desde el momento de la separación hasta la liquidación total, de la parte proporcional del aguinaldo, de vacaciones y prima vacacional.
Por su parte, la absolvió del pago de la prima de antigüedad, de las horas extras, de la prima dominical, de los séptimos días de descanso obligatorio y del subsidio para la seguridad pública.
Inconforme, el actor promovió juicio de amparo directo, en cuyo libelo de origen expuso como conceptos de violación, en lo que interesa al presente recurso, lo siguiente:
La sentencia reclamada viola el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si bien es cierto que conforme al artículo 8 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, el quejoso queda excluido del régimen de dicho ordenamiento por ser un miembro de una institución policial, también lo es que dicho numeral precisa que tendrá derecho a disfrutar de las medidas de protección al salario y, por tanto, en términos del artículo 63 de la aludida legislación, debe reconocerse su derecho a la prima de antigüedad.
El precepto constitucional establece que deberá pagarse indemnización y demás prestaciones a los miembros de las instituciones policiales que se hayan separado injustificadamente, sin derecho alguno de reinstalación. Ahora bien, los derechos protegidos por la disposición constitucional incluye aquéllos que nacieron como consecuencia de la relación de trabajo entre el municipio demandado y el quejoso, siendo uno de ellos, el derecho a la prima de antigüedad, sin que importe si la relación se rige por normas de carácter laboral o administrativa.
De la demanda correspondió conocer por razón de turno al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, misma que se registró con el número de expediente **********. Asimismo, en sesión plenaria de veintisiete de marzo de dos mil quince, el órgano jurisdiccional de mérito concedió la protección constitucional solicitada por cuestiones de mera legalidad; empero, respecto a lo que nos interesa, sostuvo las siguientes consideraciones.
Es menester señalar que en la especie, no es materia de controversia el hecho de que ********** se encontrara sujeto al régimen de excepción de derechos previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal.
En ese sentido, se determinó que el asunto era de estricto derecho y, por tanto, no procedía figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo; si bien, dicho numeral establece que en materia laboral debe suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo, lo cierto es que la aplicación al caso del régimen de excepción de derechos previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, tiene los alcances de determinar que la naturaleza del vínculo existente entre el actor en el juicio de origen y la autoridad demandada es eminentemente administrativa y no laboral, y además, que no se le puede atribuir a aquél la calidad de trabajador o empleado, en virtud de que la relación jurídica entre el Estado y un miembro de una institución policial no es de trabajo, ni siquiera equiparable a la situación correspondiente a un empleado de confianza.
La naturaleza de la relación jurídica existente entre el quejoso y la parte tercero interesada es de carácter administrativo, y no, de orden laboral, lo cual también es trascendente para determinar si las prestaciones materia del controvertido resultan o no procedentes, en específico, lo concerniente al pago de la prima de antigüedad solicitada en la demanda de nulidad promovida por la parte actora, así como la correcta cuantificación de las vacaciones y prima vacacional por el último año de servicios desempeñados.
En ese sentido, es infundado el concepto de violación de la parte quejosa por el que se aduce que sí resulta procedente el pago de la prima de antigüedad, en virtud de que, como acertadamente lo resolvió la autoridad responsable, en el caso, es improcedente dicha prestación a razón de doce días por año de servicios.
Contrariamente a lo expuesto por el quejoso, el pago de una prima de antigüedad, como consecuencia de la ilegalidad del cese, no se trata de una prestación inmersa en los conceptos a que alude el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal, en relación con el régimen de excepción de derechos previsto en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios de Guanajuato, respecto de los miembros de instituciones policiales.
En efecto, con independencia de que la autoridad responsable...

References: resolución 
 resolución 
 artículo 123
 artículo 8
 artículo 63
 artículo 123
 artículo 79
 artículo 123
 artículo 123