Source: http://ajudicuba.wordpress.com/tag/justicia/
Timestamp: 2014-10-21 16:41:27+00:00

Document:
justicia | Asociación Jurídica Cubana
La AJC llena un vacío
Publicado en 18 de abril de 2013 por ajudicuba	2	Lic. Julio Alfredo Ferrer Tamayo.
En el Informe rendido, con fecha 29 de octubre de 2011, por la Directora de Relaciones con Asociaciones del Ministerio de Justicia, Licenciada Vania Rivero Morejón, a la Dirección de Asociaciones del propio Ministerio, con motivo de la Solicitud de Constitución de la Asociación Jurídica Cubana, se afirma; No existe la debida correspondencia entre la Asociación y el interés social que determinan su constitución, no reportando beneficio social, teniendo en cuenta los objetivos y propósitos que se propone cumplir. Los objetivos y propósitos se cumplen en distintos órganos y organismos, mencionando como tales al Ministerio de Justicia, Tribunal Supremo Popular, Fiscalía General de la República, Unión Nacional de Juristas de Cuba y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos.
Al leer el mencionado informe, constaté lo alejada que está la Directora de Relaciones con Asociaciones de la realidad jurídica del país y de las vicisitudes que en temas legales enfrentan a diario los ciudadanos, y que las entidades por ella relacionadas, no satisfacen las expectativas ni exigencias destinadas a la materialización y concreción de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
¡Gracias a la Asociación Jurídica Cubana!; exclamó, desbordada de alegría, la Sra. Evia Muñoz Páez, cuando conoció de la Sentencia número 185 de 30 de mayo de 2011, pronunciada por la Sala Primera de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de La Habana, en el Proceso Administrativo número 10 de ese año, declarando Con Lugar la demanda por ella interpuesta contra elDesamparo Habitacional, de que eran víctimas, ella y su hija Elizabeth Valdés Muñoz, de 8 años de edad, sujeto de especial protección jurídica en nuestra sociedad, uno de los objetivos cardinales de la Fiscalía.
Evia, Licenciada en Atención Estomatológica, cuando acudió a la Asociación Jurídica Cubana por sugerencia de otra persona, había perdido toda la fe y confianza en las instituciones de la Vivienda, del Poder Popular, la Fiscalía, la UNICEF enclavada en la Dirección Provincial de Justicia de La Habana y en la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, pues a pesar de sus diligencias y reclamos ante esas instituciones, incluido el Departamento de Atención a la Población del Consejo de Estado, no le era posible, obtener la justicia que a gritos reclamaba, y que con toda razón le asistía, para la situación en que se hallaban ella y su menor hija, pues como se dice popularmente, vivían en la calle; una noche pernoctaban en casa de una compañera de trabajo, otra en la Terminal de Ómnibus Nacionales, en el jardín a la entrada de las Oficinas del Departamento de Atención a la Población del Consejo de Estado, un parque, en la Carpeta de una Unidad Policial, en fin, donde las sorprendiera la noche. Caso publicado en el periódico Tribuna de La Habana, edición del 3 de febrero de 2013, pagina 3, con el titulo ´´ Y pese a todo, indocumentadas´´.
En extrema desesperación, acude Evia, a la Asociación Jurídica Cubana, solicitando urgente ayuda, ofrecida sin pago alguno, y gestionándole representación letrada de Bufetes Colectivos pues se exige un abogado de esa Organización, a pesar de ser una entidad privada y lucrativa, pero detenta el monopolio del ejercicio de la abogacía.
No solo Evia agradece la labor que desde hace casi ya más de cuatro años viene realizando, la Asociación Jurídica Cuba, en el asesoramiento jurídico, totalmente gratuito, a los ciudadanos, que así lo soliciten; precisamente uno de los propósitos de nuestra Asociación, lo que ha puesto de manifiesto, su total pertinencia y viabilidad y que la autorización para su constitución, no sería más que el ejercicio pleno de un derecho constitucional y justo reconocimiento a esa labor realizada con una gran dosis de altruismo, consagración y desinterés personal; animados sus miembros, en lo fundamental, por el ansia de justicia para Cuba, por satisfacer la creciente demanda, que de nuestros servicios hace, la sociedad civil, llenando un vacío no cubierto, por las entidades relacionadas en el Informe de la Lic. Rivero Morejón. ¡Qué más beneficio social se nos exige!
Publicado en de la AJC	| Etiquetado AJC, Cuba, justicia, legalidad, legalización, Registro de Asociaciones	| 2 Respuestas
Publicado en 15 de octubre de 2012 por ajudicuba	1	Lic. Tamara Lorenzo Calderón
Ciertamente, ¿es ciega la justicia?, ¿es la ley letra muerta? Cualquiera de estas dos interrogantes, obliga a los operadores del derecho, a desestimar la afirmación de ambas expresiones en nuestra sociedad, si tenemos en cuenta que Justicia es igualdad y se aplica a todos por igual, sin excepción de persona, sexo, color, raza o grupo social, pues nos asiste a los juristas con firme convicción de lo refrendado en la Constitución de la República en su artículo 122 y cito “ Los jueces en su función de impartir justicia, son independientes y no deben obediencia más que a la ley”. Impartir justicia no es más que la aplicación uniforme de la ley acorde a la interpretación que se requiere de ella para cada caso, por lo que exige de nosotros conocimiento y dominio técnico, tanto de la ley procesal y material como las diferentes normas legales establecidas en las ramas del derecho para la correcta solución de cada asunto, sin plegarnos a la voluntad equívoca de aquellos que desde su posición social creen influir y desafiar con irrespeto decisiones que solo competen a la ley en su máxima expresión y sana doctrina.
Entonces ¿para qué fue escrita la ley? Según la Biblia en Hebreos (11:1) “ Es pues, la fe la certeza de lo que se espera…”, es decir fue escrita la ley, no para que sea letra muerta, sino a causa de las transgresiones del hombre en la sociedad y al conocer su voluntad, instruidos por la propia ley, aprobamos lo mejor para establecer un orden contra toda indisciplina y manifestación social que infrinja sus ordenanzas, pues se impone una justa aplicación tanto para que el que resulte víctima de alguna injusticia como para el infractor de estas normas, sin desalentar desde nuestra posición como abogados, fiscales, jueces, etc. la aspiración de justicia en cada particular, observando respeto y profesionalidad en el ejercicio del derecho en virtud de que se cumplimente la efectividad, alcance y legitimidad de la ley.
Todo ciudadano en nuestra sociedad, sujeto a proceso judicial, sea cual sea su naturaleza, cree, confía y espera por su fe en la ley, la esperanza de que se exhiba como su pronto auxilio, la luz de la justicia.
Publicado en Ojeada a la legislación	| Etiquetado AJC, ciudadanos, Cuba, justicia, ley	| 1 Respuesta
Publicado en 22 de julio de 2012 por ajudicuba	5	Wilfredo Vallín Almeida
Publicado en Ojeada a la legislación	| Etiquetado AJC, castigo, Código Penal, Cuba, delito, justicia, pena	| 5 Respuestas
Publicado en 18 de julio de 2012 por ajudicuba	1	Lic. E. Javier Hernández H.
Sería esperanzador para la justicia en Cuba que todos sean realmente iguales ante la ley; que nuestros Tribunales Populares sean inmanipulables, imparciales y justos como esperan los ciudadanos, para que los trabajadores, los subordinados, los indefensos encuentren amparo a sus derechos, sus anhelos y esperanzas. Publicado en Ojeada a la legislación	| Etiquetado AJC, Cuba, dirigentes, impunidad, justicia, responsabilidad legal, tribunales. Imparciales	| 1 Respuesta
Publicado en 27 de marzo de 2012 por ajudicuba	1	Lic. Veizant Boloy.
En nuestro sistema jurídico el juez debe regirse por indicaciones del Tribunal Supremo Popular, fuente de la llamada política penal; una forma de represión legal a determinadas tipicidades delictivas.
La Instrucción 137 de 1990, del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, recomienda, con carácter general, sancionar con la consecuente severidad la comisión de un grupo de delitos contra la autoridad entre los que se encuentran el Atentado, la Resistencia, y la Desobediencia.
Es válido precisar que en esos casos, por lo general, la prueba fundamental para formar la convicción del juez, es la prueba testifical vertida por las presuntas víctimas: en este caso, los policías.
El ciudadano se encuentra en desventaja, cuando tiene en su contra la declaración de un policía; pues desafortunadamente se le da más credibilidad y valor al uniforme, que a los valores de la persona que lo ostenta.
En este sentido el ciudadano vive una gran incertidumbre jurídica. Puede suceder que varios policías acuerden declarar algo incierto, y el Tribunal sancione con la severidad requerida a una persona inocente. Al poner en una balanza la declaración del acusado y la de los policías, ya sabemos para qué lado se inclinará eventualmente…la justicia.
Sería justo que también se exija severidad a los Tribunales con los funcionarios públicos o agentes de la autoridad comisores de delitos tales como:
Abuso de Autoridad, Prevaricación, Privación de libertad o Registro Ilegal.
Publicado en opiniones	| Etiquetado AJC, atentado, Cuba, derechos ciudadanos, desacato, desobediencia, justicia, legalidad, resistencia, Tribunal Supremo, tribunales	| 1 Respuesta
Publicado en 25 de marzo de 2012 por ajudicuba	1	Lic. Julio Alfredo Ferrer Tamayo.
Esto, que puede considerarse la antítesis del desempeño del Máximo Órgano de la Judicatura Cubana, sienta un nefasto precedente, pues el pueblo, su legitimo soberano y titular, le ha encargado la impartición de justicia; sin embargo, se puso a un lado ese deber que le impone, el citado precepto, artículo 79 de la Ley de Procedimiento Penal, de declarar de oficio el quebrantamiento de forma, pues no cabe dudas del no uso oportuno de las facultades que le atribuyen los artículos 263 y 351 del propio texto legal, previsto en el artículo 59 de la Constitución de la República: … Nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que estas establecen… Herrera Zulueta fue encausada y condenada, sin la observancia de las formalidades y garantías establecidas legalmente, ya que es del dominio público, que la Corporación CIMEX S.A, es una entidad no estatal, su propia denominación la identifica como una Sociedad Anónima, por ende mercantil y según el artículo 2 inciso f de la Ley número 77 De la Inversión Extranjera, una Empresa Mixta y por tanto no estatal. clasificación prevista en el mencionado Dictamen 419, el cual estableció que en el concepto genérico de entidades privadas, previsto en el Código Penal, a los fines del Decreto-Ley 175 de 17 de junio de 1997, se entenderán todas aquellas entidades que no son estatales o que no aparecen expresamente recogidas en los respectivos preceptos penales, entre ellas las sociedades anónimas o empresas mixtas, como es el caso de la Corporación CIMEX S.A; Empresa no estatal o privada, siendo su actividad fundamental comercializadora, con sede en el Edificio Sierra Maestra, calle 1ra. esquina a 0, municipio Playa, La Habana, inscripta como tal, en el Registro Mercantil Central, del Ministerio de Justicia, Tomo 1192, Folio 30, hoja 16768. Me resisto a pensar, que la Sala de Casación, desconozca las prescripciones legales y los datos y las disposiciones legales emanadas del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular a los que me he referido , pero en verdad, desconocimiento, es lo que pone de manifiesto la Sentencia en cuestión, resolución del Tribunal Ad Quem, Tribunal de derecho, no ajustada a las regulaciones legales previstas en el artículo 80 inciso 4 de la Ley de Procedimiento Penal. Tal Sentencia no expresa, como es su deber, los fundamentos de derecho sobre los que sustenta la conclusión de que no fueron quebrantadas las garantías esenciales del proceso y mucho menos, en qué prescripciones legales se apoya para afirmar categóricamente, que la Corporación CIMEX S.A, constituye un ente estatal.
Publicado en 8 de septiembre de 2010 por ajudicuba	Responder	Lic. Laritza Diversent Cámbara La embriaguez habitual, la dipsomanía, la narcomanía y la conducta antisocial son índices, que la legislación penal utiliza para decidir el estado de peligrosidad de una persona, es decir, su inclinación a cometer delitos. Se manifiesta con el desarrollo de una conducta contraria a las normas de la moral socialista.

References: artículo 122
 artículo 79
 artículo 59
 artículo 2
 resolución 
 artículo 80