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Timestamp: 2020-02-26 12:37:35+00:00

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STC 198/2000, 24 de Julio de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 142055
STC 198/2000, 24 de Julio de 2000
Número de Recurso: 2488/1996
RA 2488/96. Promovido por don Narciso H. B. frente a las Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Burgos que desestimaron su reclamación de cantidad por daños y perjuicios contra los responsables de las lesiones sufridas en una riña tumultaria. Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión: apreciación de prescripción de una acción de responsabilidad civil que no incurre en error patente ni en irracionalidad.
Sentencia citada en: 610 sentencias, 19 artículos doctrinales, una resolución administrativa
En el recurso de amparo núm. 2488/96, promovido por don Narciso H. B., representado por la Procuradora doña Carmen Moreno Ramos y asistido por el Letrado don Andrés de las Heras de la Cal, contra la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 18 de mayo de 1996 que declara no haber lugar al recurso de casación 2967/92 interpuesto contra la dictada, con fecha 14 de julio de 1992, por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Burgos en autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, así como contra esta última. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Guillermo Jiménez Sánchez, quien expresa el parecer de la Sala.
Por escrito registrado en este Tribunal el día 18 de junio de 1996 doña Carmen Moreno Ramos, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de don Narciso H. B., interpone recurso de amparo contra las Sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Burgos de las que se ha hecho mérito en el encabezamiento.
Durante el transcurso de un partido de fútbol, disputado el día 6 de mayo de 1984, en la localidad de Berlangas de Roa (Burgos) entre el equipo local y el de Cabañes de Esgueva, don Narciso H. B. fue golpeado, con resultado de lesiones que tardaron en curar 125 días, perdiendo casi totalmente (en un 85 por 100 la visión del ojo derecho.
Como consecuencia de dicho suceso el Juzgado de Instrucción de Aranda de Duero abrió diligencias previas (núm. 156/84), transformadas ulteriormente en el sumario núm. 109/85, sobreseído por Auto de 3 de octubre de 1985, a tenor de lo dispuesto en el art. 641.2 LECrim, por desconocerse la persona causante de las referidas lesiones.
Las conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal en el procedimiento penal abreviado núm. 588/88 calificaron los hechos como constitutivos de un delito de lesiones en riña tumultuaria, responsabilizando de él a don Luis C., don Pedro A. P. y don Lorenzo G. H.. Dentro del acto del juicio oral, celebrado el 26 de octubre de 1989, el Fiscal, en sus conclusiones definitivas, retiró la acusación respecto de los tres acusados, dada la despenalización que del delito de lesiones en riña tumultuaria había llevado a cabo la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 3/1988, de 21 de junio, de actualización del Código Penal.
Mediante Sentencia de 30 de octubre de 1989 el Juez de Instrucción de Aranda de Duero, aun cuando absolvió a los tres acusados, estableció y fijó la responsabilidad de éstos en concepto de autores de las lesiones sufridas por el actual recurrente.
Contra dicha resolución recurrieron los acusados ante la Audiencia Provincial de Burgos (Sección Primera), la cual dictó Sentencia el 22 de marzo de 1990 declarando en su FJ 1, como antes lo hiciera la resolución recurrida, la participación de los tres acusados como autores de las graves lesiones sufridas por el Sr. H. B..
Con fecha 2 de marzo de 1991 se formuló demanda sobre reclamación de cantidad por daños y perjuicios contra don Luis Escudero C., don Pedro A. P. y don Lorenzo G. H., que formó autos de juicio declarativo de menor cuantía núm. 74/91 del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Aranda de Duero.
Contra dicha resolución se interpuso por parte de los demandados recurso de apelación (rollo 506/91), que fue resuelto mediante Sentencia de 14 de julio de 1992 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Burgos, revocatoria de la dictada en la instancia.
Contra esta última resolución interpuso la representación procesal del actual demandante de amparo recurso de casación (núm. 2967/92) basado en cuatro motivos, el cual fue desestimado mediante Sentencia de 18 de mayo de 1996 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
En la demanda de amparo se alega la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), resultante de la interpretación judicial de la naturaleza y alcance de la acción indemnizatoria ejercitada.
Por providencia de 24 de enero de 1997 la Sección Tercera de este Tribunal admitió a trámite la demanda de amparo y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, acordó dirigir atenta comunicación, de una parte, a la Sala Primera del Tribunal Supremo y a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Burgos para que, dentro del plazo de diez días, remitiesen certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de casación núm. 2967/92 y al recurso de apelación núm. 506/91, respectivamente, y, de otra parte, al Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Aranda de Duero a fin de que, dentro del referido plazo, remitiese certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al juicio declarativo ordinario de menor cuantía núm. 74/91, previo emplazamiento para su posible comparencia en el recurso de amparo, asimismo en el plazo de diez días, a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, con excepción de la parte recurrente.
Por providencia de 17 de abril de 1997, la Sección Tercera acordó dar vista de las actuaciones recibidas a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal, por el plazo común de veinte días, para que presentasen las alegaciones que estimasen pertinentes, conforme determina el art. 52.1 LOTC.
Por escrito registrado en este Tribunal el día 27 de mayo de 1997 presentó el Fiscal su alegato, interesando la desestimación del amparo solicitado por estimar que la discrepancia en torno a la naturaleza de la acción indemnizatoria deducida por el recurrente y el régimen de su prescripción, en tanto que cuestiones de legalidad ordinaria, conforme a reiteradísima jurisprudencia, escapan a la competencia de este Tribunal.
Por diligencia de 29 de mayo de 1997 se hace constar que la representación procesal del recurrente no presentó escrito alguno de alegaciones.
Por providencia de 20 de julio de 2000 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 24 del mismo mes y año.
El presente recurso de amparo se dirige contra la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 1996 que declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la dictada por la Audiencia Provincial de Burgos (Sección Segunda) en autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía 74/91, así como contra esta última.
En relación con el tema planteado ha de recordarse que es reiterada jurisprudencia de este Tribunal, de una parte, que la tutela judicial efectiva se satisface mediante el acceso de las partes al proceso sin limitación de garantías ni impedimento alguno para alegar y demostrar en el proceso los propios derechos (STC 40/1994, de 15 de febrero, por otras) y mediante la obtención de una respuesta judicial razonada, motivada y fundada en Derecho, tanto si resuelve acerca del fondo de la pretensión de las partes, como si se inadmite la acción o recurso en virtud de la aplicación, razonada en Derecho y no arbitraria, de una causa legal debidamente acreditada (STC 220/1993, de 30 de junio, por otras). Asimismo hemos mantenido que, como quiera que el art. 24.1 CE no enuncia un imposible derecho al acierto del Juzgador, en el desempeño de la específica jurisdicción constitucional de amparo de derechos fundamentales, que no es una tercera instancia revisora (STC 165/1999, de 27 de septiembre, por otras) ni tampoco una instancia casacional (STC 22/1994, de 27 de enero, por otras), a este Tribunal no le corresponde, ni constatar el grado de acierto de una determinada resolución judicial, ni indicar la interpretación que haya de darse a la legalidad ordinaria, función esta última que se atribuye en exclusiva a los Tribunales del orden judicial correspondiente (STC 47/1989, de 21 de febrero, entre otras muchas).
En el presente supuesto la Audiencia Provincial de Burgos y el Tribunal Supremo, los órganos judiciales cuyas resoluciones son aquí objeto de impugnación, atendidos los elementos concurrentes en el caso, han considerado que la acción realmente ejercitada ha sido la extracontractual o aquiliana del art. 1902 CC, no la actio ex delicto del art. 1092 CC, como pretende hacer valer el recurrente mediante la invocación del principio iura novit curia, que (según los propios términos de su alegación) no podría verse estorbada por "la ambigüedad de la fundamentación jurídica contenida en su demanda".
En cuanto a lo primero, queda efectivamente de manifiesto que el demandante ha ejercitado una acción personal o petición de condena al pago de daños y perjuicios causados al amparo del art. 1902 CC; que así se reconoce expresamente en los fundamentos de derecho primero y sexto de la resolución dictada en primera instancia, la cual estima la demanda y, en consecuencia, condena a los codemandados a indemnizar al actor conjunta y solidariamente; que otro tanto resulta de la dictada en segunda instancia, sin perjuicio de que se revocase la dictada en la instancia, estimándose prescrita la acción dado que, por "estar acreditado en autos y no ser objeto de controversia que el auto de sobreseimiento provisional de la causa penal se produjo el 3-10-85, se hace patente ... que cuando se presentó la demanda en la jurisdicción civil (14-3-91) ejercitando la acción extracontractual del art. 1902 del Código civil ya había transcurrido con notorio exceso el plazo del año que el art. 1968.2 del Código civil previene..." (FJ 3); y que, en todo caso, una vez despenalizada la conducta enjuiciada falta el presupuesto mismo para poder sustentar una actio ex delicto que el recurrente pretende anudar a una interpretación analógica con otros supuestos disímiles (de indulto o muerte del reo) en los cuales, a diferencia del supuesto de despenalización, no obstante la extinción de la responsabilidad penal se presupone la existencia de delito.
Proyectando al caso la doctrina constitucional expuesta se ha de responder a la cuestión planteada que las resoluciones judiciales objeto de impugnación no han lesionado el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva sin indefensión, que se invoca como vulnerado, al determinar que la acción ejercitada por el recurrente no ha sido la prevista en el art. 1092 CC, sino la aquiliana o extracontractual del art. 1902 CC, y, en consecuencia, que la demanda se interpuso extemporáneamente, prescrita ya la referida acción.
SAP Madrid 41/2002, 6 de Marzo de 2002
STS 847/2002, 1 de Octubre de 2002
STS 472/2002, 14 de Marzo de 2002

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