Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/DERECHOS%20SEXUALES%20Y%20REPRODUCTIVOS.php
Timestamp: 2018-01-20 13:18:08+00:00

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NORMA DEMANDADA - TEMA
Decreto 100 de 1980 (código penal), articulo 343. Aborto. Derecho del nasciturus. Derecho a la autonomía procreativa. Exequible
Derecho a la salud. Derecho a la familia. Derecho a la igualdad. Medio de defensa judicial. Tratamiento de fertilidad. Copiloto de Avianca despedida. Negada
D-1336 Y OTRO
Decreto 100 de 1980 (código penal) artículos 328, 345, 347 y 348. Penalización del aborto. Exequibles
C-087/97
Decreto 100 de 1980 (código penal) artículos 17, 72, 74, 80, 81, 82, 84, 85, 90, 92, 100, 101, 109, 157, 324, 345 y 374 (parciales). Aborto en circunstancias específicas. Exequibles e inexequibles.
Decreto 100 de 1980. (Código penal) artículo 345. Penalización del aborto. Estarse a lo resuelto en la c-013/97
T-298342
Derecho de petición. Sustracción de materia. Derecho a la vida e integridad personal a la salud y a la seguridad social. Posibilidad de ser madre biológica. Tratamiento contra la infertilidad. Hecho consumado. Negada
Ley 599 de 2000. Artículo 124. Parg. Código penal. Aborto. Circunstancias de atenuación punitiva. Exclusión y extinción de la punibilidad. Exequible
T-430400
Derecho a la vida salud y seguridad pública. Improcedencia de la tutela en cuanto los tratamientos de fertilidad están excluidos del plan obligatorio de salud. Seguridad social y salud como derechos de segunda generación. Límites del plan obligatorio de salud. Negada
Ley 599 de 2000. Art. 124. Parag. Código penal. Circunstancias de atenuación punitiva. Aborto. Exclusión de responsabilidad. Identidad y consecutividad en trámite legislativo. Comisión accidental de conciliación. Fundamentos. Limites a su actuación. Exequible
T-572/02
T-570403
Derechos a la dignidad igualdad integridad física y confianza legítima. Solicitud suministro medicamentos para tratamiento de infertilidad excluido del pos. Continuidad en la prestación del servicio. Acción de repetición. Concedida
Derecho a la salud y seguridad social. Solicitud tratamiento de fertilidad e intervención quirúrgica no incluidos en el pos. Otra opción para la conformación del núcleo familiar. Negada
T-512/03
Derecho a la salud y vida. Solicitud atención médica. Tratamiento de infertilidad no incluido en el pos. Problema físico orgánico que impide la fecundación. Negada
T-242/04
T-805290
Derechos a la vida dignidad humana integridad física. Solicitud tratamiento de fertilidad no incluido en el pos. Ausencia de temeridad. Devolución dinero. Negada
T-901/04
T-926393
Derecho a la salud y seguridad social en conexidad con el derecho a la vida digna de afiliada a quien le diagnosticaron miomas uterinos pero para la intervención quirúrgica debe someterse a un tratamiento no pos ordenado por médico tratante que la EPS se niega a prestarle. Concedida
C534/05
JAIME ARAUJO RENTERÍA Y CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
D-6122 Y OTROS
Ley 599 de 2000 artículos 122 123 (parcial) y 124 modificados por el art. 14 de la ley 890 de 2004; y 32 numeral 7 de la ley 599 de 2000 código penal. Aborto sin consentimiento circunstancias de atenuación punitiva y ausencia de responsabilidad penal. Casos en que no constituye delito. Los demandantes consideran que las normas demandadas violan el derecho a la dignidad la autonomía reproductiva y al libre desarrollo de la personalidad establecidos en el preámbulo los artículos 1° 11 12 13 15 16 42 43 49 y 93 numeral 2º de la constitución política. Inexistencia de cosa juzgada material o formal respecto de decisiones previas adoptadas por esta corporación. La cosa juzgada material no puede ser entendida como una petrificación de la jurisprudencia sino como un mecanismo que busca asegurar el respeto al precedente pues lo contrario podría provocar inaceptables injusticias. Cuando existan razones de peso que motiven un cambio jurisprudencial -tales como un nuevo contexto fáctico o normativo- la corte constitucional puede apartarse de los argumentos esgrimidos en decisiones previas e incluso también puede llegar a la misma decisión adoptada en el fallo anterior pero por razones adicionales o heterogéneas. La vida como un bien constitucionalmente relevante que debe ser protegido por el estado colombiano y su diferencia con el derecho a la vida. El derecho a la vida supone la titularidad para su ejercicio y dicha titularidad como la de todos los derechos está restringida a la persona humana mientras que la protección de la vida se predica incluso respecto de quienes no han alcanzado esta condición. Para la corte el fundamento de la prohibición del aborto radicó en el deber de protección del estado colombiano a la vida en gestación y no en el carácter de persona humana del nasciturus y en tal calidad titular del derecho a la vida. La vida y los tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad. De las distintas disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad no se desprende un deber de protección absoluto e incondicional de la vida en gestación. Los derechos fundamentales de las mujeres en la constitución política colombiana y en el derecho internacional. Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han sido finalmente reconocidos como derechos humanos y como tales han entrado a formar parte del derecho constitucional soporte fundamental de todos los estados democráticos. De las normas constitucionales e internacionales no se deduce un mandato de despenalización del aborto ni una prohibición a los legisladores nacionales para adoptar normas penales en este ámbito. El congreso dispone de un amplio margen de configuración de la política pública en relación con el aborto. Límites a la potestad de configuración del legislador en materia penal. El principio y el derecho fundamental a la dignidad humana el derecho al libre desarrollo de la personalidad la salud la vida y la integridad de las personas el bloque de constitucionalidad la proporcionalidad y la razonabilidad como límites a la libertad de configuración del legislador en materia penal. El aborto en el derecho comparado. Inexequibilidad de la prohibición total del aborto de la expresión "o en mujer menor de catorce años" del artículo 123 del código penal así como de la disposición contenida en el artículo 124 del código penal. Constitucionalidad del numeral 7 del artículo 32 del código penal. El artículo 122 del código penal es exequible a condición de que se excluyan de su ámbito las tres hipótesis que tiene carácter autónomo e independiente ((i) cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer certificada por un médico; (ii) cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida certificada por un médico; y (iii) cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas o de incesto). Exequible el artículo 32 numeral 7 de la ley 599 de 2000; exequible condicionado el artículo 122 de la ley 599 de 2000; inexequible la expresión "o en mujer menor de catorce años.." del artículo 123 de la ley 599 de 2000 e inexequible el artículo 124 de la ley 599 de 2000
T-605/07
T-1582084
Derecho a la salud al libre desarrollo de la personalidad y a tener una familia de afiliada a quien la entidad se niega a autorizarle la realización de una intervención quirúrgica de infertilidad aduciendo que los tratamientos para la infertilidad se encuentran excluidos del pos. Solicita se ordene autorizar la cirugía obstructiva de las trompas de falopio y retiro de adherencias del ovulo izquierdo. Protección del derecho a la salud por vía de la acción de tutela. Los derechos sexuales y reproductivos desde el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la corte constitucional. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos reconocidos como tales en diversos instrumentos internacionales así como en las conferencias mundiales convocadas por las naciones unidas. Jurisprudencia constitucional sobre la procedencia de la acción de tutela para reconocer prestaciones comprendidas en la atención de la salud sexual y reproductiva excluidas del pos. Supuestos facticos en los cuales la acción de tutela es el mecanismo idóneo para obtener el tratamiento de infertilidad por parte de la EPS. En el presente caso la tutela es procedente para ordenar la realización de la cirugía prescrita. Requisitos jurisprudenciales para inaplicar disposiciones por resultar contrarias a la constitución. Acción de repetición contra el Fosyga. Concedida
T-636/07
T-1597440
Derecho a la salud, la protección sexual y reproductiva el respeto a la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad de afiliada beneficiaria que por causa de embarazos que han terminado en aborto su médico le ordeno exámenes cariotipo materno y cariotipo paterno que la entidad se niega a realizar aduciendo que se trata de exámenes no incluidos en el pos. Solicita se ordene autorizar los exámenes formulados. Protección del derecho constitucional a la salud por acción de tutela. La protección del derecho a la salud incluye el derecho al diagnóstico de conformidad con las reglas sentadas por la jurisprudencia constitucional. Protección reforzada del derecho a la salud sexual y reproductiva: en el ordenamiento jurídico interno y en el ámbito internacional. Jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela para reconocer prestaciones comprendidas en la atención de la salud sexual y reproductiva excluida del pos. En el presente caso al abstenerse de practicar la prueba prescrita por la médica tratante la entidad demandada desconoció el derecho al examen diagnóstico y vulnero el derecho a la protección de la salud sexual y reproductiva de la peticionaria. Acción de repetición contra el Fosyga. Concedida
T-946/07
T-1663073
Derecho a la salud y la seguridad social en conexidad con la vida digna de afiliada a quien le fue diagnosticado dolor pélvico y alta sospecha de endometriosis por lo que le formularon el procedimiento de laparoscopia operatoria que la entidad se niega a autorizar aduciendo que se trata de un procedimiento excluido del pos. Solicita se ordene autorizar el procedimiento formulado por su médico tratante. El derecho a la salud y su ámbito de protección por vía de tutela. Supuestos para la procedencia de la acción de tutela. Alcance de la acción de tutela en relación con tratamientos de fertilidad. Requisitos para autorización de procedimientos medicamentos o tratamientos excluidos del pos. En el presenten caso la sala considera que se presentan los elementos necesarios para ordenar el procedimiento requerido por la peticionaria. Acción de repetición contra el Fosyga. Concedida
T-1569183
Dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad y salud en conexidad con la vida. Solicita el esposo en calidad de accionante se ordene a la eps realizar el procedimiento de interrupción del embarazo de su esposa, y la práctica de una prueba genética y patológica sobre el feto, para solucionar los problemas que tienen los accionantes para concebir hijos, ante la negativa del centro médico respectivo, se interpone acción de tutela.
La corte debido a la relevancia del asunto y pese a encontrarse frente a un hecho superado, decide fallar el caso. Después de la recaudación de los informes relacionados con el cumplimiento de la sentencia c-355/06, relativos a las causales de despenalización del aborto, la corte procede a pronunciarse sobre: los derechos sexuales y reproductivos de la mujer en los casos de interrupción voluntaria del embarazo, haciendo alusión a los requisitos para que los centros de salud procedan a realizar la interrupción del embarazo; y sobre la relevancia del consentimiento en el caso de las menores de 14 años. En relación con el decreto reglamentario 4444/06, se hace un llamado para que la mujer gestante pueda acceder a los servicios de salud en condiciones de calidad y seguridad, respetando siempre sus derechos fundamentales. Se realiza un seguimiento jurisprudencial de la sentencia c-355-06. Se dictan lineamientos, para que las mujeres puedan tener un libre acceso para ejercer su derecho a la interrupción del embarazo, siempre dentro de las causales previstas en la sentencia para el efecto. Objeción de conciencia y alcances. La corte señala cómo debe llevarse a cabo, bajo que parámetros y sobre todo se aclara que no se podrá realizar objeción de conciencia de manera colectiva, como tampoco lo podrán efectuar personas jurídicas. El poder vinculante de las sentencias de constitucionalidad. En la parte resolutiva la corte dicta dos órdenes especiales: la primera dirigida al ministerio de la protección social, al ministerio de educación nacional, a la procuraduría general de la nación y a la Defensoría del Pueblo, para que diseñen y pongan en movimiento campañas masivas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer; y la segunda, a la superintendencia nacional de salud para que adopte medidas con el fin de que las EPS e IPS cuenten con el personal idóneo y suficiente para atender el servicio de interrupción voluntaria del embarazo, y se abstengan de incurrir en exigencias adicionales e inadmisibles.
T-226/10
T-2456849 Y OTROS
Salud, vida, familia, derechos sexuales y reproductivos. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los accionantes solicitan se ordene a las EPS accionada autorizar en forma integral y en las oportunidades que se requiera, desarrollar un programa de fertilidad que incluya todos los tratamientos necesarios, estén o no incluidos en el pos. La sala realiza un estudio de los antecedentes jurisprudenciales respecto de tratamiento de infertilidad, se recuerda que la protección excepcional que ha otorgado esta corporación en la realización de un tratamiento de fertilidad, tiene como objeto esencial sanar o curar la causa que produce la infertilidad, por cuanto lo que se ataca es la enfermedad que afecta la salud, la vida o la integridad física de la mujer, en estos eventos se ha concedido el amparo, pero en los casos estudiados lo que se pretende es producir la fertilidad de manera externa a la protección solicitada, por lo tanto se decide negar la protección de los derechos invocados. Niega
Salud, vida digna, salud sexual femenina. La accionante solicita se ordene a su EPS, autorizar la cirugía ordenada por su médico tratante denominada ninfoplastia que consiste en la reconstrucción de sus labios vaginales ya que su sufre de hipertrofia de labios menores, dicha cirugía le ha sido negada por el comité técnico científico por no encontrarse incluida en el pos, además el comité considera que no se evidencia el objetivo funcional del procedimiento. La sala realiza un recuento jurisprudencial sobre las cirugías plásticas, en casos reconstructivos y estéticos, se constata que las evaluaciones llevadas a cabo por el médico tratante y avaladas por el comité técnico científico no permiten establecer con claridad si el problema del accionante es una cuestión que afecta gravemente su salud, por lo tanto se ordena realizar una nueva valoración médica, considerando en forma especial la salud reproductiva y sexual de la accionante y en caso de que el servicio sea requerido ordenar su práctica. Concede.
T-311/10
T-2497064
Salud, vida digna. El accionante solicita se autorice un tratamiento de fertilización in vitro, que fue ordenado por su médico tratante como única solución para poder procrear, la EPS accionada se ha negado a brindarle dicho tratamiento por encontrarse excluido del pos. La sala se pronuncia sobre el ámbito de protección por vía de tutela del derecho a la salud, los requisitos constitucionales para la inaplicación de las exclusiones del pos, realiza reiteración de jurisprudencia sobre el alcance de la protección constitucional en relación con tratamientos de fertilidad, se recuerda que no es obligación del estado garantizar la procreación a través de los planes obligatorios de salud, sin embargo el juez de primera instancia concedió el amparo sin verificar la naturaleza de la prestación reclamada y sin tener en cuenta el perfil socio económico del accionante quien se encuentra en estrato cinco, en todo caso se observa la carencia actual de objeto ya que el tratamiento fue llevado a cabo
T-2597513
Salud, vida digna. La accionante comenta que tiene un embarazo de alto riesgo por lo que solicitó ante la institución hospitalaria accionada la interrupción del mismo, sin embargo la entidad le da cita para dentro de meses y su situación es cada vez más precaria. La sala se pronuncia sobre la carencia actual de objeto, se recuerda la sentencia c-355 de 2006 y las tres circunstancias específicas de interrupción de embarazo, los requisitos para proceder a la interrupción voluntaria del embarazo y su desarrollo jurisprudencial, el derecho fundamental de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo como derecho reproductivo y las correlativas obligaciones de respeto y garantía en cabeza del estado y los promotores y prestadores del servicio de salud, las consecuencias de la suspensión provisional del decreto 4444 de 2006 “por el cual se reglamenta la prestación de unos servicios de salud sexual y reproductiva” respecto de las obligaciones del estado y de los prestadores y promotores del servicio de salud, se hace evidente que el juez de primera instancia abuso de su posición y abandonó su rol de operador jurídico ya que en lugar de solucionar el problema jurídico realizó reproches sobre la vida sexual y reproductiva de la accionante, se concluye que el hospital accionado actuó de manera negligente ya que no se verificó el peligro en que se encontraba la accionante debido a su embarazo, vulnerándole además el derecho al diagnóstico, debido a que hubo una modificación en los hechos que originaron la acción hace que se este frente a una carencia actual de objeto, se previene al hospital accionado para que en adelante cuente con un protocolo de diagnóstico rápido para aquéllos eventos en que los profesionales de la salud advierten la posibilidad de que se configure la hipótesis de peligro para la vida o salud de la madre o en los que la mujer gestante, se ordena a la superintendencia nacional de salud que adopte las medidas indispensables con el fin de que las empresas promotoras de salud y las instituciones prestadoras de salud cuenten con un protocolo de diagnóstico rápido debiendo ser este protocolo integral
T-644/10
T-2644626
Salud, vida digna, familia. A la accionante, su EPS le autorizó un tratamiento de fecundación in vitro, sin embargo la entidad accionada decidió abruptamente no continuar con la prestación del servicio, solicita se ordene reestablecer la continuidad, y se autoricen los medicamentos, ayudas diagnósticas, e intervenciones quirúrgicas. La sala se pronuncia sobre el régimen de seguridad social en salud aplicable a los docentes afiliados al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio, el derecho fundamental a la salud, sus limitaciones y alcance excepcional de la acción de tutela con relación a los tratamientos de fertilidad, las subreglas que ha establecido la jurisprudencia constitucional para inaplicar el plan obligatorio de salud del régimen contributivo cuando la prestación del servicio se requiere con necesidad, la aplicación analógica al plan de atención en salud que se brinda a los docentes estatales, debido a que se encontró probado que a la actora le había sido autorizada e iniciada la fertilización asistida, por lo tanto se ordena continuar con el tratamiento, incluyendo todos los exámenes y medicamentos requeridos, por solo una vez más, no se autoriza el recobro contra el Fosyga ya que Cosmitet Ltda., autorizó directamente el tratamiento de fertilización in vitro, y asumió el gasto del servicio de salud excluido del pos. Concedida.
Dignidad humana, integridad personal, libre desarrollo de la personalidad. La acción de tutela es presentada por el padre de una menor de 12 años, que resultó embarazada como producto de una relación sexual sostenida con su novio, un joven menor de edad de dieciséis años. Cuando la menor tenía catorce semanas de gestación fue a la E.P.S. Demandada y luego de valoración médica se expidió un certificado en el cual se señaló que existía riesgo en la salud emocional y física de la gestante, por presentar frustración y depresión y por peligro de complicaciones obstétricas. Tras valoración psiquiátrica por parte de un profesional no adscrito a la e.ps., se diagnosticó que la menor presentaba una reacción depresivo/ansiosa al embarazo no deseado, determinando que la continuación del mismo afectaba la salud mental de la menor. A las quince semanas de gestación la gineco-obstetra vinculada a la I.P.S. Certificó que la continuación del embarazo representaba un riesgo para la salud física, mental y social de la menor, por enfrentar los múltiples riesgos. La menor formuló varias solicitudes para que le fuera realizada la interrupción voluntaria del embarazo, pero no obtuvo respuesta alguna, ni le fue practicado el procedimiento requerido. En sede de revisión la sala tuvo conocimiento de que la menor embarazada dio a luz, hecho que configuró la carencia actual de objeto por la ocurrencia de un daño consumado, pero aun así, la sala analizó a profundidad el caso para establecer la procedencia del resarcimiento de daños y la declaratoria de posibles responsabilidades. Entre otras medidas, se decidió condenar en abstracto a la E.P.S. A pagar el daño emergente y todos los perjuicios causados a la menor, los cuales debe reparar en su integridad. De la misma forma se le previno para que en adelante responda oportunamente las solicitudes de IVE y se abstenga de exigir requisitos adicionales a los fijados en la sentencia c-355/06 de manera general, se sientan las bases sobre la obligatoriedad de reservar la identidad de las mujeres que interponen acción de tutela para exigir su derecho fundamental a la IVE.
En este caso 1280 mujeres interpusieron la acción de tutela en contra del procurador general de la nación y las procuradoras delegadas para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia y para la función pública, planteando el asunto como un caso de violación del derecho a la información. Específicamente, como un caso de vulneración de una de las dimensiones de este derecho, cual es la de recibir información veraz e imparcial. Las demandantes sostienen que los accionados han emitido de manera continua y sistemática una serie de pronunciamientos que incluyen información inexacta o tergiversada, relacionada con los derechos reproductivos de las mujeres, lo que produce confusión y desinformación generalizada. Plantearon además, violaciones o amenazas a otros de sus derechos fundamentales, básicamente a los reproductivos o a aquellos relacionados con éstos. La sala dividió sus consideraciones según los siete asuntos respecto de los cuales las peticionarias estiman amenazados o violados sus derechos fundamentales, así: 1º. Las órdenes de la sentencia t-388/09, 2º. Los efectos de la nulidad interpuesta en contra del mismo fallo, 3º. La naturaleza de la AOE (anticoncepción oral de emergencia) 4º. El carácter de derecho de la IVE (interrupción voluntaria del embarazo) y las obligaciones de la superintendencia de salud frente al mismo, 5º. Los efectos de la suspensión provisional del decreto 444 de 2006 en relación con la objeción de conciencia a la IVE, 6º. La existencia y alcance del derecho a la vida del nasciturus y 6º la inclusión del misoprostol en el pos. Se concede el amparo por la violación y/o amenaza de los derechos fundamentales de las actoras al acceso a los servicios de salud reproductiva, al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la salud física y mental, a la IVE y la información en materia reproductiva y se ordena al procurador general de la nación y a la procuradora delegada para los derechos de la infancia y la adolescencia, hacer una serie de rectificaciones relacionadas con la forma de referirse a las campañas ordenadas en la sentencia t-388/09 y a la obligación de la superintendencia de salud de remover obstáculos para el acceso al IVE. Así mismo, se ordena modificar la posición oficial de la entidad respecto a la AOE, modificar algunos apartes de las circulares 029 de 2011 y 021 de 2011 relacionadas a la objeción de conciencia a la IVE y, se ordena a la comisión nacional de salud que levante la suspensión de la decisión acerca de la inclusión del principio activo misoprostol en el pos y continuar su trámite desde la etapa en la cual fue suspendido.
El accionante, en representación de una hija menor de edad que presenta síndrome de Down, instauró la acción de tutela en contra de la e.p.s. Coomeva, alegando la vulneración del derecho constitucional de petición, en tanto omitió dar respuesta a la solicitud relacionada con la autorización para practicarle a la niña el procedimiento de esterilización quirúrgica denominado ligadura de trompas. Precisó el actor que la entidad inicialmente no respondió la solicitud, que posteriormente le exigió una autorización judicial con la que ya contaba y que finalmente, le ofreció un tratamiento alternativo que no correspondía al pretendido. Entre otros argumentos esbozados por la accionada, estuvo el de no poder realizar el procedimiento médico, por estar prohibido expresamente por la ley 1412 de 2010, por tratarse de una menor de edad. La sala de revisión examinó la línea jurisprudencial que ha construido la corte en torno a la procedibilidad de la acción de tutela para ordenar la práctica de procedimientos de anticoncepción definitivos en mujeres y menores en situación de discapacidad mental. También revisó los estándares internacionales en relación con la posibilidad o no de autorizar procedimientos de esterilización quirúrgica en menores en situación de discapacidad, precisando las obligaciones en materia de garantía del derecho al consentimiento informado, la autonomía de la personalidad y los derechos sexuales y reproductivos de dicho grupo poblacional. Se concluye, que no es procedente la acción de tutela para ordenar la práctica de la intervención quirúrgica solicitada, porque no es permitido el procedimiento de esterilización en la niña agenciada, en tanto es menor de catorce años, además, porque no está incursa en ninguna de las causales excepcionales que ponen en grave riesgo su integridad sexual y su autonomía personal, no existe autorización judicial para mismo y, el padre tampoco agotó el procedimiento ordinario establecido para la materia. Pese a lo anterior, encuentra la sala que se requiere abordar el amparo de los derechos fundamentales de la niña, debido a que puede estar en riesgo su integridad y autonomía personal. Se concede la tutela de los derechos anteriormente precitados, además de los de la salud sexual y reproductiva y al consentimiento libre e informado. Se ordena a la E.P.S. Abstenerse de realizar cualquier procedimiento médico invasivo que no consulte el consentimiento de la menor y que carezca de autorización judicial según sea el caso y, prestar todos los servicios de asesoría y acompañamiento psicológico y médico en materia de métodos de planificación sexual y reproductiva de acuerdo a su situación de discapacidad. Además de lo anterior, se imparten órdenes específicas al ICBF, a la defensoría del pueblo y a la procuraduría general de la nación.
C-754-15

References: artículo 345
 Artículo 124
 artículo 123
 artículo 124
 artículo 32
 artículo 122
 artículo 32
 artículo 122
 artículo 123
 artículo 124