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Timestamp: 2019-10-14 10:24:59+00:00

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EL TJUE DECLARA INAPLICABLE EL CÉNTIMO SANITARIO EN SU SENTENCIA DE 27 DE FEBRERO DE 2014
Antecedentes: El Impuesto de Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, fue implantado en España en 2002 siendo las Comunidades Autónomas las que tenían la potestad de recaudarlo e iban destinados a financiar la Sanidad. Estuvo en vigor entre el 1 de enero de 2002 y el 1 de enero de 2013, fecha en la que se integró en el impuesto especial sobre los hidrocarburos. Tan sólo tres Comunidades Autónomas decidieron no aplicarlo.
La sentencia Transportes Jordi Besora y Generalitat de Catalunya del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de febrero de 2014 (As. C-82/12) declaró que el Impuesto sobre Venta Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH) es contrario al artículo 3.2 de la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales.
La sentencia nace como consecuencia del planteamiento de una cuestión prejudicial por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en relación con una solicitud de devolución presentada por una empresa de transporte en noviembre de 2011.
Contenido de la sentencia: La sentencia declara que el Impuesto es contrario a la Directiva por carecer de una finalidad específica. La Directiva comunitaria de Impuestos Especiales sólo permite el gravamen de los hidrocarburos con otros impuestos indirectos, siempre que los mismos persigan una finalidad específica y que, además, respeten las reglas contenidas en dicha Directiva en materia de base imponible, liquidación, devengo y control. Podemos extraer de la citada sentencia que los rendimientos de dicho impuesto debieran utilizarse obligatoriamente para reducir los costes sociales y medioambientales vinculados específicamente al consumo de los hidrocarburos que grava dicho impuesto, de tal modo que existiera un vínculo directo entre el uso de los rendimientos y la finalidad del impuesto en cuestión. Sin embargo, en el litigio principal las Comunidades Autónomas afectan los rendimientos del IVMDH a los gastos sanitarios en general, y no a los vinculados específicamente al consumo de los hidrocarburos gravados.
Conviene también señalar, que la sentencia, como todas las del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que aprecian contradicción de una norma interna con el Derecho de la Unión, dispone que la norma interna es contraria al Derecho Comunitario y, por tanto, resulta inaplicable. La sentencia no deroga la norma española sino que declara la primacía de la Directiva de Impuestos Especiales, por lo tanto determina la inaplicabilidad de la norma interna desde la fecha de publicación de la sentencia
Vías de Reclamación del Impuesto:
1. Devolución de ingresos indebidos. Vendrá limitado por su alcance temporal.
La devolución de ingresos indebidos en virtud del artículo 66 c) de la Ley 58/2003, General Tributaria (LGT), prescribe a los cuatro años a contar “desde el día siguiente a aquel en que se realizó el ingreso indebido o desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la autoliquidación si el ingreso indebido se presentó dentro de dicho plazo”.
Esto es, todas aquellas cuotas del IVMDH satisfechas en el siguiente periodo: entre marzo de 2010 en virtud del periodo de prescripción de cuatro años contenido en nuestra LGT (el cuarto trimestre de 2009 estaría prescrito) y diciembre de 2012 por quedar derogado este impuesto con efectos 1 de enero de 2013, salvo que el solicitante pueda acreditar la interrupción de la prescripción, caso en el cual tendría derecho a devolución de ingresos anteriores a 2010.
La devolución del céntimo sanitario puede ser solicitada también por quién haya soportado la repercusión de su importe, sea empresario o profesional o no. Así, el artículo 14 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo que desarrolla el Reglamento de Revisión dispone que está legitimado para solicitar la devolución, no sólo el sujeto pasivo u obligado tributario principal sino también del repercutido (art. 14.1.c). El repercutido puede también pedir la rectificación de la autoliquidación (arts. 129.2 de la LGT).
2. Responsabilidad patrimonial de la administración. Esta es una fórmula alternativa y compatible con la devolución de ingresos indebidos.
Podrán reclamarse por responsabilidad patrimonial de la administración las cantidades abonadas desde el día que entro en vigor el impuesto, es decir, desde el día 1 de enero del 2002.
La acción de responsabilidad queda recogida en el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Establece que “las Administraciones Públicas indemnizarán a los particulares por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que estos no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos».
Para que dicha acción tenga efectos habrá que atenerse al plazo de prescripción regulado en el artículo 142.5 de la misma Ley de Procedimiento, según el cual el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. Por lo tanto, el dies a quo debe ser la fecha de publicación de la sentencia Transportes Jordi Besora, por lo que se podrá exigir responsabilidad hasta el 27 de febrero de 2015.
La acción de responsabilidad no pretende la devolución del impuesto indebidamente pagado, por lo que no es una acción tributaria. Pretende el resarcimiento del daño con una cuantía que, al menos, deberá ser equivalente a lo pagado más los correspondientes intereses, pero que se recibirá a título de indemnización y no de ingreso indebido. Por ello no está sujeta a los plazos de prescripción de la devolución de ingresos indebidos, por lo que se puede reclamar incluso por los ejercicios prescritos, esto es, por el daño soportado desde que el impuesto empezó a exigirse en el año 2002. Habrá, sin embargo, que probar el daño sufrido demostrando haber pagado o soportado el IVMHD, por cualquier medio de prueba.
Informe de la AEDAF
Sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de febrero de 2014 (As. C-82/12)
NUEVO REAL DECRETO LEY 11/2014, DE 5 DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA CONCURSAL.
El sábado 6 de septiembre se publicó en el BOE el Real Decreto Ley 11/2014, de 5 de septiembre, sobre Medidas Urgentes en Materia Concursal cuyo objetivo es facilitar los acuerdos que permitan la supervivencia de empresas que entren en un proceso concursal.
En la actualidad, el concurso se estructura como un proceso de liquidación ordenada del patrimonio del deudor y no una alternativa real para reestructurar la deuda y asegurar la viabilidad de las empresas, por ello, esta reforma se fundamenta en cuatro premisas:
El objetivo del Real Decreto es evitar la liquidación de empresas cuando estas sean viables, finalidad que también se buscó con la reforma de la fase preconcursal (marzo 2014), dando coherencia a los dos procedimientos. Se trata en definitiva de evitar la destrucción de empleos.
Una de las principales novedades es ampliar las posibilidades de extensión de los efectos del convenio a los acreedores disidentes y, en particular, a los acreedores privilegiados, en función de las mayorías que voten a favor. Respecto a los créditos privilegiados, sin modificar su clasificación, se crean cuatro clases diferenciadas, a efectos de la votación para la extensión del convenio, según se trate de acreedores laborales, públicos, financieros o el resto. Dentro de los créditos con privilegio especial, se redefine este como el 9/10 del valor razonable del bien o derecho sobre el que se ha constituido la garantía, una vez deducidas las deudas preferentes.
Por último, se establece un mecanismo para permitir que las medidas de este Real Decreto puedan aplicarse, por una sola vez, a los convenios adoptados al amparo de la legislación anterior, siempre que se den mayorías reforzadas (superiores a las exigidas para la aprobación del convenio) y que así lo apruebe un juez. Se excluirán de esta previsión a los acreedores de derecho público y laborales.
Si pese a todo, la empresa entra en liquidación, la norma establece una serie de mejoras respecto de los procedimientos actuales. Con el fin de facilitar la trasmisión de unidades productivas de bienes o servicios del deudor, se incorporan tres medidas:
Se permite la transmisión de contratos y licencias sin el consentimiento de terceros (contrapartes y administración).
Se hace posible la transmisión de unidades productivas libre de obligaciones de pago preexistentes, salvo que se acuerde lo contrario o que lo disponga así la ley (es el caso de salarios y obligaciones seguridad social).
Se permite la venta de unidades productivas con bienes dados en garantía, donde se elimina el consentimiento del acreedor, si el adquirente ocupa el lugar del deudor o si percibe el valor de la garantía; y, en otro caso, se prevén mayorías de arrastre.
Por otro lado, el Real Decreto crea una comisión de seguimiento de prácticas de refinanciación y reducción de sobreendeudamiento, con funciones de seguimiento de las medidas adoptadas por esta norma. La Comisión elaborará un informe anual sobre la efectividad de las medidas y sobre la evolución del endeudamiento del sector privado y sus implicaciones macroeconómicas. Asimismo, se constituye un portal telemático en el BOE con información sobre las empresas en liquidación para facilitar su enajenación.
Por último, se aborda las modificaciones legales necesarias para dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de julio de 2014, modificando la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así, el deudor hipotecario podrá interponer recurso de apelación contra el auto que desestime su oposición a la ejecución, si esta se fundara en la existencia de una cláusula contractual abusiva. Esta nueva previsión se aplicará a los procedimientos de ejecución hipotecaria en los que no se hubiera producido la puesta en posesión del inmueble al adquirente. Adicionalmente se prevé un plazo de un mes para los procedimientos en los que hubiera concluido el plazo para recurrir el auto que hubiera desestimado la oposición.
A pesar de que la sentencia del Tribunal Supremo declaraba que la nulidad de la cláusula suelo surtía efecto sólo a partir de la sentencia para evitar así la alteración del «orden público», los tribunales de instancia y las Audiencias provinciales consideran que la nulidad de la cláusula tiene plenos efectos y, en consecuencia, la mayoría de ellos, están obligando a las entidades financieras a la devolución de las cantidades indebidamente cobradas.
LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA, A LA HORA DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE LA RENTA.
Con motivo del inicio de la campaña para la presentación de la Declaración de la Renta, a continuación, pasamos a exponer una serie de aspectos importantes a tener en cuenta, a la hora de presentar nuestra declaración:
Los contribuyentes que hayan satisfecho cantidades antes del 1 de enero de 2013 para ampliar la superficie habitable de la vivienda habitual o hayan llevado a cabo obras para su rehabilitación o adaptación para las personas con discapacidad, pueden continuar deduciendo los importes pagados este año, siempre que las citadas obras estén terminadas antes del 1 de enero de 2017.
La compra de cualquier inmueble urbano realizada entre el 12 de mayo y el 31 de diciembre de 2012 tiene premio, ya que por su venta en 2013 y en ejercicios posteriores se puede lograr un ahorro del 50% respecto a la tributación que correspondería para antes de 12 de mayo de 2012. Eso sí, para evitar fraudes no se admiten adquisiciones a cónyuges, parientes hasta segundo grado y entidades relacionadas con el contribuyente.
Los premios de las loterías y apuestas organizadas por Loterías y Apuestas del Estado y por las comunidades autónomas, Cruz Roja Española y por la ONCE ya no están exentas del Impuesto sobre la Renta. El gravamen no se aplica a los premios obtenidos antes de 2013 y se exige de forma independiente respecto de cada décimo, fracción o cupón de lotería o apuesta premiado. Están exentos del gravamen los premios cuyo importe sea igual o inferior a 2.500 euros y los que superan ese importe tributan a un 20% respecto de la parte que exceda de 2.500 euros.
Los contribuyentes que el año pasado contribuyeron con colegios de huérfanos o entidades similares, pagaron cuotas sindicales, de colegios profesionales con carácter obligatorio (éstas últimas con un límite de 500 euros) o de defensa jurídica contra el empleador, podrían reducir los rendimientos hasta 300 euros. Lo mismo sucede con los declarantes que hayan realizado donativos a alguna ONG, fundaciones, asociaciones declaradas de utilidad pública y, en definitiva, entidades acogidas a la Ley 49/2002.
La ley de Emprendedores, en vigor desde el 29 de septiembre de 2013, establece un nuevo incentivo fiscal en el IRPF a favor de los «business angels» o de las personas que solo están interesadas en aportar capital para el inicio de una actividad o «capital semilla”, de modo que se puedan crear nuevas empresas incorporando a su accionariado a estos inversores por un plazo que oscila entre tres y doce años.
Por último, desde estas líneas, queremos recordar a todos los contribuyentes, las fechas clave de la Campaña de la Renta 2013:
1 de abril: Inicio de la campaña. Disponibles los servicios telemáticos del borrador y del servicio telefónico de información de renta.
23 de abril: Pueden presentar la declaración por Internet las personas obligadas a hacerlo (programa PADRE).
12 de mayo: Inicio del servicio de confección de declaraciones en oficinas de la Agencia.
27 de junio: Fin del plazo para solicitar cita previa.
30 de junio:. Fin de la campaña.

References: artículo 3
 artículo 66
 artículo 14
 Real Decreto 
 artículo 139
 artículo 142
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto