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Timestamp: 2017-11-22 01:51:58+00:00

Document:
Versión de la Sesión Ordinaria del 7 de septiembre de 2017
Publicado: Jueves, 07 Septiembre 2017 18:41
CELEBRADA EL JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: (11:58 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Informo a la Honorable Asamblea, que conforme al registro de asistencia se han acreditado 81 ciudadanos y ciudadanas Senadores.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias.
Se abre la sesión del jueves 7 de septiembre, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.
El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.
Es aprobada el acta, señora Presidenta.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias.
Antes de pasar al siguiente asunto, esta Presidencia da la más cordial bienvenida a integrantes de diversos sindicatos afiliados a la Confederación de Trabajadores de México, invitados por el Senador Armando Neyra Chávez.
Es un gusto para el Senado de la República contar con su presencia.
El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Se recibieron las siguientes comunicaciones:
Una, del Senador Manuel Cárdenas Fonseca, con la que remite su Agenda Legislativa para el Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de la LXIII Legislatura.
Una, de la Comisión de Cultura, y una, de la Comisión de Derechos Humanos, con las que remiten sus Informes de Actividades del Segundo Año de Ejercicio de esta LXIII Legislatura.
Una, de la Senadora Cristina Díaz Salazar, con la que remite el Informe de su viaje de trabajo, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Gobernación, a la ciudad de Washington, D.C., del 16 al 18 de junio de 2013.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: La Asamblea ha quedado debidamente enterada de todas las comunicaciones.
El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Se recibió un Oficio de la Secretaría de Gobernación, con similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el que nos envían el Informe correspondiente al primer semestre de 2017, sobre el desarrollo y los avances de la participación de México en las operaciones de mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Remítase dicha documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.
Informo al pleno que recibimos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la terna de candidatos para la designación de un Magistrado de Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, integrada por los ciudadanos:
Lara Patrón Rubén Jesús.
Silva Díaz Ricardo Antonio.
Villafuerte Castellanos Rolando.
Este expediente se turnó desde el 3 de julio del año en curso, a la Comisión de Justicia, para su análisis y dictamen correspondiente.
Recibimos un oficio del Instituto Nacional Electoral, relativo a la Iniciativa Ciudadana que propone un proyecto de Ley General para regular los diversos usos de la Cannabis. Sobre este asunto les informo, dicha iniciativa ciudadana se recibió el 28 de junio de 2017.
En términos del artículo 71, fracción IV de la Constitución General de la República, en cumplimiento de lo que marca el artículo 132 de la Ley Orgánica del Congreso General.
El 4 de julio de 2017 se dio cuenta del proyecto al Instituto Nacional Electoral para la verificación del número equivalente de al menos el 0.13 de firmas de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores. Y el 30 de agosto de 2017 se recibió la respuesta del Instituto Nacional Electoral, por la que informa que de los registros encontrados en la Lista Nominal de Electores y que respaldan dicha iniciativa, no se alcanza a cubrir el porcentaje requerido.
En consecuencia, la Iniciativa Ciudadana con proyecto de Ley General para regular los diversos usos de la Cannabis se devolverá a los autores del mismo.
Se declara el asunto como concluido y se ordena su archivo.
El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Se recibieron seis oficios de diversas dependencias, con respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Informo al Pleno que dichas respuestas se han remitido a los Senadores promoventes y se encuentran publicados en la Gaceta.
El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Se recibió de la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores el Informe Detallado y Ejecutivo Semestral de Auditoría del ejercicio presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondiente al período julio-diciembre de 2016.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Esta Asamblea ha quedado enterada.
El informe queda en poder de la Secretaría para consulta de los ciudadanos Senadores y se pondrá a consideración de la Asamblea en próxima sesión.
Se concede el uso de la tribuna al Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto por que se reforman la Ley de Planeación, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en materia de derechos indígenas.
Senador Sofío Ramírez.
El Senador Sofío Ramírez Hernández: Muchas gracias, Presidenta.
Compañeros Senadores, Senadoras:
Hoy presentamos una iniciativa que tiene como propósito modificar algunas leyes, particularmente la Ley de Planeación, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, así como la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
¿Cuál es el propósito? Dar un marco legal para efecto de reconocer más derechos.
Por muchos años, por muchas generaciones los pueblos originarios han sido objeto de excesos, de las decisiones de gobierno, de abusos, en el reconocimiento de la posesión física de sus tierras. Y lo más grave es no reconocerles su derecho de ser parte incluyente, participativa en las grandes decisiones para el desarrollo de sus comunidades.
Buscamos, pues, con ello, que el gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos municipales puedan incluir en los proyectos de gobierno, o en los proyectos de inversión de infraestructura de obra pública para que se consulte, que se haga una consulta a las comunidades, que se consulte a los pueblos originarios, que se les reconozcan de manera plena sus derechos.
Y es por eso que procuramos fortalecer este marco jurídico y ello está también fundamentado en nuestra propia Constitución, en el artículo 2, donde se habla de la libre determinación de los pueblos indígenas, así como el derecho a poder ser consultados y retomar también, retomar para esta propuesta, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, donde señala conceptos muy claros de lo que debe de ser la responsabilidad que debe de tener el gobierno o las instituciones para poder desarrollar acciones en los territorios de los pueblos indígenas. Estamos conscientes de la condición de vulnerabilidad de los pueblos y comunidades indígenas en México.
Asimismo, de esa discriminación estructural, por lo que consideramos que debemos de apoyar esta iniciativa para poder tener el reconocimiento a la consulta, de una consulta libre, una consulta que pueda permitir la participación de todas las comunidades indígenas de los pueblos originarios.
Creo que es importante también mencionar, que el 31 de mayo de este año, aquí en el Senado de la República se llevó a cabo un Conservatorio, que fue promovido por Proyectos de Derechos Económicos y Sociales, Culturales, Prodesc, una asociación civil a quien va nuestro reconocimiento, así también por lo que lo organizó la Comisión de Derechos Humanos, el tema fue: “El Derecho a la Consulta de Comunidades y Pueblos Indígenas de México”, donde se pide, precisamente, se exige el respeto pleno a sus derechos humanos, el derecho a la consulta de los pueblos, y de ello es de donde también surge esta iniciativa.
Hemos expresado que la inclusión debe ser valor fundamental para que los pueblos originarios puedan tener una mayor participación en estas tareas que vienen desarrollándose con inversiones muy importantes a través de lo que da la propia Reforma Energética, donde se autoriza o se dan en concesión para el aprovechamiento, explotación de los recursos naturales.
Lo único que pedimos es de que se reconozca la libre determinación y la consulta de los pueblos originarios, y que de esta manera, pues, podamos seguir trabajando y fortaleciendo la relación que debemos de tener como Estado mexicano con los pueblos originarios.
Por lo tanto, hoy presentamos esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Planeación, la Ley de Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Originarios.
Particularmente vamos a precisar algunos artículos que consideramos que son muy importantes, como es el artículo 1º de la Ley de Planeación, donde debe de señalarse en el artículo 4º: “Que las bases para promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos sociales, así como de los pueblos y comunidades indígenas, debe de considerarse los mejores estándares internacionales en materia de derechos humanos y colectivos”. Es importante poner aquí el reforzamiento de los organismos internacionales en defensa de los derechos humanos de los pueblos originarios.
El artículo 2º de esta Ley de Planeación, también presentamos que deba de reformarse, donde en la fracción IX señala: “Que se debe diseñar y operar en el marco del Consejo Consultivo de la Comisión, un sistema de consulta y participación indígena estableciendo los procedimientos técnicos, metodológicos”. Pero debe de agregarse: “Que se deben de tomar en cuenta los mejores estándares también de la materia de nuestra Constitución mexicana.
Y, por último, sobre esta misma Ley de Planeación, señala: “Que se debe de consultar de manera libre, previa e informada a todos los pueblos originarios”.
El artículo 3º, se reforma el párrafo tercero, del artículo 108 de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados para quedar como sigue:
“Además realizará los estudios y consideraciones socioeconómicas resultantes de los efectos que se liberen al ambiente en el territorio nacional, y establecerá los mecanismos para realizar la consulta de manera libre, previa e informada, así como la participación de los pueblos y comunidades indígenas”.
El artículo 4º, se reforma el inciso a) del artículo 7º de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos, para quedar como sigue:
Inciso a).- En la Ciudad de México y en las demás entidades federativas con municipios y comunidades que hablen lenguas indígenas, los gobiernos correspondientes, en consulta con las comunidades indígenas originarias inmigrantes determinarán de manera libre, previa e informada, cuáles serán las dependencias administrativas que adoptarán e instrumentarán las medidas para que las instancias requeridas puedan atender y resolver los asuntos que planteen las lenguas indígenas.
Por lo tanto, compañeras Senadoras, compañeros Senadores, es muy preciso este momento para hacer un exhorto respetuoso, de que una vez que se remita a comisiones, nos puedan apoyar con el análisis, con la discusión de lo que deba de ser el reconocimiento pleno.
Ya no más limitaciones, ni mucho menos mezquindades en el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos originarios.
Ya no más momentos del pasado, donde se toman decisiones desde el centro para impulsar grandes proyectos de inversión o de explotación de los recursos naturales o de desarrollo regional de obra pública a través de grandes infraestructuras como son: los caminos, las carreteras, sino que pueda ser, sí, el desarrollo regional; sí, la inversión; sí, la obra pública; pero sí también con la participación de las comunidades.
No cuesta nada, es un tema de voluntad política. Es más, quizás no hubiese ni necesidad de tenerlo que proponer para incluirlo en un marco normativo.
Debe de ser el reconocimiento pleno la deuda histórica, que por muchos años hemos tenido con los pueblos originarios donde debe de reconocerle sus derechos, su patrimonio, su territorio, su cultura y, sobre todo, debe de consultárseles para efecto de las acciones que deban de desarrollar, y así de manera conjunta gobiernos y pueblos originarios, estamos convencidos que alcanzaremos el anhelo de poder tener el desarrollo regional de los pueblos originarios.
Muchas gracias. Y buen día.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, Senador Sofío Hernández.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios…
El Senador Rabindranath Salazar Solorio: (Desde su escaño) Presidenta.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: El Senador Rabindranath Salazar.
El Senador Rabindranath Salazar Solorio: (Desde su escaño) Presidenta, sólo para felicitar a mi compañero Senador por esta iniciativa.
Yo creo que todos estamos llamados a recuperar estos valores que encontramos en nuestros pueblo originarios, y estamos obligados a apoyar este tipo de iniciativas.
Le pido, si es tan amable de consultarle ¿si podemos suscribirla para apoyarla?
Creo que es muy importante.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: ¿Acepta la suscripción, señor Senador?
El Senador Sofío Ramírez Hernández: (Desde su escaño) Con gusto.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Se suma también el Senador Luis Sánchez.
Muchas gracias, señores Senadores.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera.
Quiero pedirles su atención y solicitarles que, puesto de pie, guardemos un minuto de silencio por los ciudadanos mexicanos Gustavo Rodríguez Hernández, Jorge Pérez, Yair Vizuet Rubio y Benjamín Vizuet Rubio, quienes perdieran la vida en el estado de Texas, realizando labores de rescate en apoyo a los afectados por las inundaciones provocadas por el Huracán “Harvey”, el pasado mes de agosto.
Favor de ponerse de pie.
(Se guarda un minuto de silencio)
Tiene el uso de la tribuna el Senador Héctor David Flores Ávalos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto que reforma el artículo 27 constitucional, en materia de resoluciones de asambleas ejidales.
El Senador Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias, Senadora Presidenta.
Muy buenos días compañeras y compañeros Senadores.
Como todos sabemos hoy se negocia la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hay un grupo de compañeras y compañeros Senadores que hemos acompañado al gobierno federal en este proceso, están sobre la mesa distintas posiciones por parte de los tres países en relación con temas trascendentales para cada una de sus sociedades.
Voy a ser muy breve y muy puntual para referirme a uno de ellos que se ha planteado del lado mexicano, me refiero al de la productividad y la competitividad del campo.
El Tratado de Libre Comercio, en cifras macro, indudablemente ha generado beneficios para la industria agroalimentaria y ganadera, sobre todo si se compara con las cifras existentes antes de la entrada en vigor del tratado; sin embargo, por diversas razones los beneficios que han llegado a la industria no han propiciado la reactivación del campo mexicano como uno de los principales motores de nuestra economía y mucho menos han permitido trasladar esos beneficios económicos a la vida de los pequeños productores, de los ejidatarios y de los comuneros.
En el año de 1992, como todos recordamos, se implementó una reforma de enorme trascendencia, una reforma al artículo 27 constitucional, el reconocimiento de la personalidad jurídica del ejido y la posibilidad de comuneros y ejidatarios de incorporarse al régimen de propiedad privada fue, sin duda alguna, un cambio trascendental en la vida del campo mexicano; sin embargo, hoy esa estructura queda corta, ya no alcanza para propiciar el desarrollo económico del campo mexicano y mucho menos para permitir que se le coloque en niveles de competitividad y de productividad suficientes para afrontar la competencia del comercio internacional que ahora se propone.
Los distintos esquemas de asociación y de inversión que hoy existen para detonar el desarrollo de otros sectores están fuera de toda posibilidad cuando se habla del campo mexicano por diversas razones, pero por una fundamental: la falta de certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra, pero sobre todo en la relación con la asociación de ejidatarios y comuneros entre sí, con el Estado o con terceros que pueden ser inversionistas o, incluso, instituciones financieras.
Hoy ante la amenaza de una decisión irresponsable por parte del gobierno de los Estados Unidos, es urgente asegurar ya no sólo el abasto interno de diversos productos de primera necesidad, sino también el fortalecimiento decidido del campo mexicano y de nuestra autosuficiencia alimentaria.
Debe quedar claro, compañeras y compañeros, que una decisión irresponsable del Presidente Trump, con su propia economía, como sería terminar con el tratado, preocupa a México en cuanto vecinos y socios, pero no le asusta, nuestra economía y nuestra capacidad de salir adelante no debe estar en duda de nadie, así, compañeras y compañeros Senadores, me he permitido presentar ante esta Asamblea la presente iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional, fracción VII, mediante la cual se busca fundamentalmente lo siguiente.
Primero.- Otorgar una verdadera certidumbre jurídica a las asociaciones de largo plazo del ejido con terceros, sea con el Estado o con instituciones privadas.
Debemos buscar erradicar la extorsión que se presenta con el cambio de cada autoridad ejidal, que inhiben y afectan no sólo la inversión productiva del campo, sino sobre todo las posibilidades de desarrollo de los propios comuneros y ejidatarios.
Establecer condiciones efectivas para la salvaguarda de derechos de comuneros y ejidatarios en dichos esquemas de asociación de largo plazo, permitiendo que sea la ley de la materia la que detalle los casos específicos en que la autoridad pueda y deba intervenir en beneficio de la propiedad social.
Adicionalmente he preparado una serie de iniciativas de modificación a la Ley Agraria y otros ordenamientos para propiciar lo siguiente.
Primero.- Reorientar el presupuesto y la burocracia gubernamental dedicada al campo para garantizar su eficacia.
Proponemos la creación de una oficina gubernamental que con información de la Secretaría de Economía, de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y también de Bancomext y de Pro México, se convierta en un aliado permanente del ejido y de los pequeños productores en estos esquemas de asociación de largo plazo.
Proponemos también revisar los incentivos fiscales a la actividad productiva del campo, si hay un espacio de oportunidad es precisamente ahí, a nadie le debe quedar duda que el actual esquema tributario lastima y disminuye el desarrollo de la actividad productiva del país.
Propongo igualmente la conformación de un fondo trilateral de financiamiento que conjuntamente con los Estados Unidos de América y Canadá se instrumente a través de los bancos de desarrollo de cada país para apoyar proyectos productivos que impliquen asociaciones de largo plazo, en los que se aprovechen experiencias exitosas de financiamiento como lo son en México los fondos de garantía y contra garantía que han permitido abaratar el acceso al crédito.
México tiene ante sí la enorme oportunidad y la obligación de promover que los beneficios del intercambio comercial efectivamente lleguen al campo mexicano, pero sobre todo a los pequeños productores.
Cuando hablamos de libre comercio y de libre mercado hablamos de un tratamiento arancelario igualitario que propicie el intercambio comercial y deba generar iguales oportunidades de competencia; sin embargo, el libre mercado encierra un problema que puede destruir su propio ideal de libertad y de tratamiento igualitario, dar el mismo acceso a todos, a las mismas tarifas, sin preocuparnos por colocar en el mismo punto de partida a quienes están compitiendo en clara desventaja acabará por aniquilar sus oportunidades.
En ese sentido, el Tratado de Libre Comercio está en deuda con el campo mexicano, no perdamos la oportunidad de cambiar la historia.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, Senador Flores.
Túrnese a las Comisiones…
¿Senador López Brito?
El Senador Salvador López Brito: (Desde su escaño) Para solicitar a mi amigo, compañero Senador Héctor Flores, si me permite suscribir su importante iniciativa que acaba de presentar.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Senador Flores, ¿acepta usted?
Senadora Martha García para el mismo efecto y el compañero Senador para el mismo efecto.
Y el Senador Pedroza también para el mismo efecto.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda.
Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de donación de órganos.
La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señora Presidenta.
En los últimos años hemos tenido importantes avances médicos que han permitido ofrecer a las personas con alguna enfermedad mejorar sus condiciones por medio de un trasplante de órgano.
Además, el desarrollo de fármacos ha mejorado la respuesta inmunológica y reducido la posibilidad de rechazo o daño del órgano trasplantado, en consecuencia, este padecimiento hoy es una alternativa segura y viable para miles de personas.
A esto, debemos agregar que se han ido sumando a la lista de posibles trasplantes de órganos y tejidos que abarcan el reemplazo de córnea, trasplante de hueso, de médula ósea, de riñón, corazón, pulmón, hígado, páncreas, mano o miembros.
Pese a la importancia adquirida, esta práctica ha recibido múltiples cuestionamientos éticos y sociales, por lo que se han establecido guías y retoman como sustento conceptos básicos que la ética médica ha decretado, tales como la dignidad humana, beneficencia, integridad, vulnerabilidad, autonomía, responsabilidad y justicia, con el objetivo de proteger el principio de autonomía de cada persona, quien es la única responsable de decidir sobre su cuerpo o tejidos y qué hacer con ellos en vida o después de ella.
Esto llevó al establecimiento de una base de principios rectores por parte de la Organización Mundial de la Salud.
Siguiendo dichos principios en la Ley General de Salud, se acepta para la donación de órganos dos opciones: primero, manifestar el consentimiento por escrito y, segundo, el consentimiento tácito que considera que si no se expresa por escrito el deseo de no donar y si los familiares y responsables lo aceptan, se pueden obtener los órganos de la persona que falleció.
En su diagnóstico, el Centro Nacional de Trasplantes señala que en el primer trimestre del presente año, tuvimos una lista de más de 21 mil personas esperando un trasplante.
Es, en contraste, apenas se han realizado 4 mil 712 trasplantes, si consideramos un crecimiento promedio anual de 35 % en la lista de espera, a todas luces es muy difícil o casi imposible poder depurarla en el corto plazo, situación que además de representar un alto costo económico para las instituciones se traduce en angustia y sufrimiento para muchas familias.
Por lo anterior, es necesario fortalecer esfuerzos para aumentar el número de personas que decidan donar sus órganos, ya que organizaciones ciudadanas especializadas en el tema han señalado que la falta de donadores se debe principalmente a la necesidad que tenemos de llevar a cabo campañas de sensibilización en el tema.
Es decepcionante que exista una cultura en la que frente a un problema cuando no tenemos necesidad somos o seamos totalmente indiferentes, porque estoy segura que ojalá no, pero si alguno de nosotros tuviera la necesidad de un trasplante para un familiar o para nosotros mismos, lo donaríamos de manera inmediata.
En consecuencia, debemos sensibilizar a nuestra población de la situación que se vive en el tema, para evitar la actitud de reticencia hacia la donación de órganos después de la muerte.
Como Poder Legislativo, debemos legislar para fomentar la donación en estricto apego al principio de autonomía del individuo, despenalizando cualquier situación que vincule al donador, al receptor, familiares o personal médico.
Estamos frente a un tema muy sensible, donde el Estado debe permitir el desarrollo de estos procedimientos y no castigarlo cuando se encuentren apegados a la normativa que estipulen las instituciones médicas y respetando la sensibilidad de nuestra gente, sus creencias y estilos culturales.
La Ley General de Salud, en su artículo 321, configura para la donación el consentimiento tácito o expreso bajo dos formas: cuando una persona lo haya manifestado en los términos que disponga la ley o bien, cuando una persona no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componente sean utilizados para trasplantes, siempre y cuando se obtenga también el consentimiento de alguno de sus familiares.
Esta redacción ha dado como resultado una cantidad muy reducida de trasplantes, ya que el consentimiento de los familiares se obtiene en muy pocas ocasiones y no existen mecanismos para asegurar que las familias estén informadas sobre los alcances de la donación de órganos y ellos llegan a ser el principal obstáculo para poder acceder a estos órganos sin contemplar que el cuerpo de un donante puede llegar a salvar o ayudar hasta 50 personas.
En cuanto al principio de autonomía del individuo como centro de toda intervención médica, es necesario llevar a cabo acciones contundentes que nos ayuden a mejorar la situación actual de miles de pacientes.
Con la presente iniciativa, proponemos cambiar la figura del consentimiento tácito para hacerlo presunto. Esto quiere decir que pasamos a determinar una regla de orden público justificado, porque actuamos en beneficio ajeno a menos que alguien exprese lo contrario.
Este modelo de consentimiento presunto, ha funcionado en países como Francia, Bélgica, Portugal, Italia, Noruega, Suecia, Lituania y España, pues es una figura en la que basta no haber expresado una negativa para poder ser donante, es decir, a menos que se exprese lo contrario, todos seríamos parte de un universo de donantes potenciales.
Con esto se complementa la figura de donante expreso, en la que una figura ha manifestado su deseo de ser donante sin la necesidad de consentimiento de la familia, ya que a pesar de que alguien haya manifestado por escrito, los familiares llegan a decir cómo disponer de los órganos y tejidos de la persona.
En contraparte, si una persona no desea convertirse en donador, podrá manifestarlo a través de un escrito simple, de carácter personal o hacerlo constar en algunos de los registros públicos, ya sea por escrito o electrónicos, que para este propósito implemente la Secretaría de Salud.
Finalmente, consideramos que las leyes reglamentarias de la presente propuesta ha de trabajarse de manera meticulosa la parte operativa, en cuanto a qué debemos impulsar campañas de difusión en todos los rincones del país para que las personas tengan conocimiento del ordenamiento público, pero especialmente hacerle saber de la gran ayuda que hacen al permitir donar algún órgano o tejido y evitar conflictos legales por vía del amparo.
Estamos frente a un reto en el que necesitamos de mucha voluntad política, alejarnos de los colores de partidos y anteponer la salud de nuestra población, cumpliendo con nuestra responsabilidad estatal a favor del derecho a la salud de miles de mexicanos que esperan con anhelo un trasplante que pueda devolverles la esperanza de vida a familiares y pacientes de nuestro país.
Quiero agradecer y reconocer públicamente el apoyo de mis compañeras y compañeros Senadores de todos los partidos que se han mostrado sensibles a apoyar esta propuesta y en la cual estoy segura, vamos a dar el mejor esfuerzo para que salga adelante lo más pronto posible.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senadora Cuéllar.
Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Francisco Búrquez Valenzuela, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, un proyecto de decreto que reforma el artículo 27 constitucional, en materia de indemnización por expropiación.
El Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Ciudadano: “Tú no eres dueño de nada”. Esto es lo que dice el artículo 27 de nuestra actual Constitución de la República.
Actualmente el gobierno, y no el ciudadano, es el dueño último de la propiedad que tienen los mexicanos.
Como dice el maestro Arturo Damm: “No está en la Constitución plenamente reconocido el derecho a la propiedad, ni puntualmente definido, ni jurídicamente garantizado”, qué grave.
La propiedad del fruto del trabajo, del esfuerzo diario es una mera concesión por la gracia del Estado y no un derecho humano fundamental de toda persona.
Los políticos tienen la facultad discrecional de dictar las modalidades que se entiendan por interés público; totalmente discrecional para poder proceder a expropiar no tienen que fijar un precio real, sino el que quieran establecer por la discrecionalidad que existe y, por supuesto, que no tienen que pagar en el momento por esa expropiación suponiendo que estuviera bien justificada por interés público verdadero, el plazo puede ser el que ellos decidan.
El artículo 27 constitucional establece esto que yo considero un robo legal, de la propiedad de las personas por parte de los gobernantes.
Este es un error histórico que tiene ya cien años, derivado de la Constitución de 1917, y es causante, en una parte muy importante, del atraso político y económico de México frente a las naciones desarrolladas del Occidente, que todas ellas, naciones exitosas, tienen consagrado el respeto al derecho a la propiedad.
La actual Constitución rompió con el proyecto liberal del respeto a los derechos humanos de la generación de Benito Juárez y su Constitución de 1857, en donde sí estaba claramente consagrado este derecho.
La Constitución del 57 sabía del profundo valor del derecho a la propiedad del ciudadano frente al autoritarismo de los gobiernos, sabían la imperiosa necesidad de proteger este derecho, sabían y reconocían a la propiedad como un derecho que debe ser consagrado y respetado.
Reconocer el derecho a la propiedad del ciudadano es reconocer la dignidad de la persona, es limitar el poder autoritario del gobierno, y es empoderar al ciudadano para que pueda ejercer plenamente su libertad.
El derecho a la propiedad, del fruto del esfuerzo del trabajo de los mexicanos, es fundamental para proteger otros derechos humanos frente al gobierno, como la libre expresión, el libre tránsito, el derecho al trabajo, a la independencia personal y a la autodeterminación de cada ser humano.
Ejemplos los hay por montones, simplemente tenemos enfrente, en 1982, la expropiación bancaria. La destrucción del exitoso sistema financiero mexicano que tenía más de 200 años, y que fue reemplazado por un oligopolio de banca extranjera que tiene una penetración de las más bajas de los países, de los grandes países latinoamericanos.
Otro ejemplo, el que denuncié, el despojo de propiedad, que denuncié el año pasado, de don Mario Villalpando, una persona de Valle de Bravo, de 88 años, cuyo pecado fue tener un terreno a orilla del lago que le interesaba al gobierno para hacer un embarcadero.
Los demás propietarios eran gente muy reconocida, de mucha solvencia económica y poder, y las autoridades del Estado de México se fueron por lo más fácil, por despojar o querer despojar a don Mario, por ser alguien que ofrecía menos resistencia.
Y qué decir de lo que sucedió con el ex gobernador Roberto Borge, quien expropió a ejidatario en Quintana Roo para después entregar esta propiedad a prestanombres de prominentes políticos nacionales.
Es momento de saldar una deuda histórica, esto es lo que les digo a mis compañeros legisladores.
Y yo le digo al ciudadano, también, que el fruto de tu trabajo es tuyo, de tu familia, de tus hijos, no del gobierno. Tu esfuerzo es para tu familia.
Cuando vivamos en un país que permita y reconozca que cada persona debe ser dueño del resultado de su esfuerzo, se liberarán las energías creadoras de nuestros mexicanos.
Ya basta de un sistema que mantiene a la persona sometida y dependiente. Sólo mexicanos libres pueden desarrollar el potencial que tiene nuestro país.
Esta iniciativa de reforma constitucional busca restituir el derecho a la propiedad de las personas y al fruto de su esfuerzo y de su trabajo.
Esta iniciativa abandona el error histórico de toda concepción en donde el Estado es más que el ciudadano.
Esta iniciativa busca saldar una deuda histórica que tenemos los políticos con los mexicanos.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador Búrquez.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Segunda.
Enseguida tiene el uso de la tribuna el Senador Luis Sánchez Jiménez, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de evaluación del desempeño.
El Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señora Presidenta.
Reconociendo además la presencia, el trabajo, el desempeño de nuestro compañero Senador Búrquez.
Compañeras y compañeros; Senadoras y Senadores:
Las normas que hemos establecido hasta este momento para tratar de lograr un uso eficiente de los recursos públicos parecieran insuficientes.
Los casos de corrupción, de desavío de recursos son noticia de todos los días, esa es la intención de esta iniciativa, abonar a que esto no continúe.
Un gobierno que sirve a la gente es uno que se guía bajo los preceptos de eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. El cumplimiento de estos criterios tiene como finalidad la provisión de servicios públicos de calidad para la ciudadanía, cuyos miembros a través del poder soberano del que son depositarios constantes y correctamente exige que la administración pública se transforme para que le rinda la mayor utilidad posible.
Quienes conformamos el Congreso de la Unión fungimos meramente como agentes a la orden de la totalidad de las y los mexicanos. Para la vigilancia de las acciones que nosotros como agentes realizamos se han establecido diversos mecanismos de control que limitan y reglamentan la acción gubernamental, pero es obvio que son insuficientes.
Por tanto, esta iniciativa tiene como objeto específico los programas y proyectos que emplean recursos públicos federales y que son transferidos a los estados y municipios de la nación.
Al respecto, actualmente existe el Sistema de Evaluación de Desempeño, SED, por sus iniciales.
Su fundamento reside en el artículo 134 constitucional y su finalidad es verificar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos planteados por organismos públicos de los tres órdenes de gobierno.
La tarea anterior implica la creación y el análisis de indicadores estratégicos y de gestión.
A partir de estos se busca conocer el impacto social de los programas y proyectos que son objeto de estas medidas con el fin de conocer la utilidad de implementar distintos mecanismos de acción colectiva que involucran al gobierno y el empleo de estos recursos federales.
La supervisión de los programas implica un gran esfuerzo por parte de la Auditoría Superior de la Federación, respecto al ejercicio correspondiente a 2016, a la revisión del ejercicio 2016.
Este organismo realizó 502 auditorías, a partir de las cuales emitió 2 mil 426 acciones de distinta índole.
De éstas, 1 mil 116 fueron recomendaciones; 583 pliegos de observaciones; 555 promociones de responsabilidad administrativas sancionadoras; 140 solicitudes de aclaración y 30 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal.
Muchas de estas acciones versaron respecto a los programas y proyectos vinculados al gasto federal, y su naturaleza permitió observar patrones de fallas que se repitieron a lo largo de todo el espectro de acciones gubernamentales.
Podría decirse que se descubrió un modus operandi.
Específicamente la Auditoría Superior identificó cuatro áreas de la gestión gubernamental que presentan deficiencias sistemáticas en el ejercicio del gasto público, y que ponen en riesgo las operaciones realizadas por distintas entidades del gobierno a lo largo de sus tres órdenes.
Estas deficiencias son: el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Evaluación de Desempeño, SED.
La medición del impacto social de los programas.
La calidad de las Matrices de Indicadores de Resultados, MIR, por sus siglas.
La utilización de los resultados para la asignación de presupuestos.
Es decir, las fallas identificadas por la Auditoría Superior se hacen presentes principalmente a nivel estatal y municipal, claro, aun cuando las fallas en el gobierno federal pudieran ser de considerable impacto también.
Desde el inicio hasta el final de las evaluaciones de los programas y proyectos, por lo cual es necesario especificar en la ley los requerimientos sobre los cuales se analizará el desempeño de estos dos órganos de gobierno.
Los señalamientos anteriores hacen énfasis específicamente en el fortalecimiento de la implementación y operación del SED en las entidades federativas, ya que en los estados y municipios se han desarrollado los equipos y mecanismos necesarios para su realización.
Las recomendaciones específicas de la Auditoría Superior son las siguientes:
Contar con una normativa clara y precisa que oriente las acciones de los operadores de los programas presupuestarios.
Perfeccionar el diseño del sistema para que la gestión pública se oriente a resultados.
Determinar los parámetros para contar con evaluaciones del impacto social de los programas.
Mejorar la calidad de los indicadores para que integración de información permita identificar de manera clara la eficacia, eficiencia, economía, la calidad y el impacto social en la Administración Pública Federal de los programas presupuestarios evaluados en los informes trimestrales a fin de coadyuvar al fortalecimiento de la rendición de cuentas.
Además, tomar en consideración los resultados de las instancias evaluadoras a fin de armonizar la evaluación del desempeño en el gobierno federal.
Y, por último, asignar el presupuesto con base en el resultado de desempeño de los programas presupuestarios.
Por esto, en esta iniciativa proponemos adicionar un segundo y tercer párrafo a la fracción I del artículo 85, y reformar el segundo párrafo del artículo 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
De esta forma, el SED sería obligatorio, no sólo para los ejecutores del gasto, sino también para las entidades federativas, municipios y la Ciudad de México.
Con esta reforma se busca fortalecer los dos pilares que sustentan el funcionamiento del Sistema de Evaluación de Desempeño, esto es, el seguimiento y la evaluación de los bienes y servicios que se entregan para beneficio de la población.
Es necesario realizar estos cambios para tener mejor información respecto a la realización de proyectos y programas que se fundan total o parcialmente con dinero federal siendo un paso indispensable para el mejoramiento de sus diseños bajo los criterios de eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.
Siendo los recursos federales de naturaleza pública es responsabilidad de los distintos órdenes de gobierno a cometer estas acciones, pues la calidad de la provisión de los servicios públicos que reciben los mexicanos depende de ello.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, señor Senador
Saludamos la presencia en esta sesión de Kevin Mackenzie, director general del British Counsil México, de Edgardo Bermejo, director de Arte del British Counsil México, son invitados por la Senadora Yolanda de la Torre.
Enseguida, se concede el uso de la tribuna a la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de apoyos para actividades laborales.
La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Gracias, Senadora Presidenta.
“Adquirir desde jóvenes tales o cuales hábitos no tiene poca importancia, tiene una importancia absoluta”. Aristóteles.
La precariedad laboral es uno de los mayores retos de nuestro tiempo, no solamente representada en salarios que apenas rebasa la línea de ingresos del bienestar mínimo, sino también en la ausencia de modelos tradicionales de la seguridad social.
En 1943, por vía de decreto presidencial se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, quien a través de su director Antonio Ortiz Mena, en la década de los 50, fijó una postura garantista a través de la creación del régimen obligatorio donde Estado, empresa y trabajadores contribuían de manera tripartita en la seguridad social de los trabajadores y sus familias, siendo uno de sus principales aportes la pensión para el retiro.
Hoy el dinamismo de la economía de mercado, la incorporación de nuestro país a la globalización y las presiones externas sobre la economía nacional ha reflejado en un cambio en las relaciones laborales.
Igualmente la oferta laboral en la población ha creado nuevos tipos de contratación y servicios. Cada vez más jóvenes se integran al mundo laboral de forma distinta a la de generaciones anteriores.
Así, los regímenes de honorarios por servicios profesionales, la contratación temporal, y el denominado outsourcing o subcontratación definen nuevas relaciones laborales que no sólo no coinciden con los postulados del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Ante esta realidad millones de jóvenes no están incluidos en la seguridad social, lo cual no solo incurre en la posibilidad de una vejez en pobreza, sino también en el colapso del sistema nacional de pensiones.
Los sistemas de pensiones están diseñados de forma que las nuevas generaciones contribuyan con su trabajo al sostenimiento de las generaciones pasadas, ya que sus recursos se invierten en instrumentos de crédito que solventan las necesidades de las generaciones actualmente pensionadas.
Es lógico que si cada vez menos personas tienen acceso a la seguridad social de forma constante el Sistema Mexicano de Pensiones irá en declive.
Más aún, actualmente 4 de cada 10 jóvenes se encuentran en una condición de pobreza, que alrededor de 7 millones no cuentan con un ingreso superior a la línea de bienestar mínimo.
Asimismo, se detecta que 4 de cada 10 no tienen empleo, predominantemente las mujeres, quienes también tienen una tasa alta de deserción o de discontinuidad laboral.
Debido a que las mujeres se les ha asignado roles y estereotipos del cuidado de la familia.
Las mujeres jóvenes de México usualmente dejan de trabajar para dedicarse al cuidado de la familia, recordando también que nuestro país ostenta un alto índice de embarazo adolescente.
Asimismo, el rezago educativo presente en los jóvenes se materializa en precariedad laboral, puesto que según datos recopilados por la iniciativa que presentamos hoy, y en el análisis y la investigación de la misma, al menos 30 % de los jóvenes ingresa a su primer empleo realizando actividades básicas y pobremente remuneradas, entre uno y dos salarios mínimos.
De igual forma la ruralidad y la marginación en zonas urbanas juega un papel fundamental para el desarrollo y la participación económica de los jóvenes de México, ya que para estos grupos es más difícil conseguir empleo digno y, sobre todo, conservarlo.
Alrededor de 30 % de los jóvenes que ingresaron al mercado laboral, perdieron su empleo antes de cumplir cinco años, y también la mayoría tardó alrededor de cuatro meses para conseguir un empleo en las mismas condiciones.
Por ello, la iniciativa motiva para que el Instituto Mexicano de la Juventud realice convenios y campañas sobre la precariedad laboral entre las y los jóvenes, y así promover la inserción, conservación y crecimiento en el empleo. Pero de igual forma, lo incentiva al propio Instituto Mexicano de la Juventud a consolidar convenios con instituciones de seguridad social, principalmente el Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de crear nuevas formas de incorporación al ahorro para el retiro, para que los jóvenes que hoy día emprenden sus propios negocios y ofrecen servicios por su cuenta, puedan prever esta situación.
Así estaremos previniendo una crisis futura con un México envejecido y carente de pensiones dignas que permitan una vida acorde al bienestar y porque consideramos que es muy importante esta nueva cultura para las y los jóvenes, y que puedan prever desde hoy una vejez digna, me parece que es importante la presentación de esta iniciativa y esperamos el apoyo en las comisiones para poder generar bases que permitan al propio Instituto Mexicano de la Juventud, trabajar y prever en favor de los jóvenes de hoy, pero sobre todo en una precariedad laboral para prever su vejez.
Por su atención y apoyo, mucha gracias.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senadora De la Torre.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos.
Tiene el uso de la tribuna el Senador Raúl Morón Orozco, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 constitucional, en materia de economía social y solidaria.
El Senador Raúl Morón Orozco: Gracias.
Con su permiso, Senadora Presidenta.
La economía deber servir a los seres humanos, y no los seres humanos a la economía. A las y los mexicanos se nos han pedido sacrificios económicos sin fin para lograr una economía de apertura a los mercados internacionales.
¿Cuándo estos últimos gobiernos federales se han puesto verdaderamente al servicio de los sectores más vulnerables y han sacrificado algo de su visión de libre mercado?
Hoy prácticamente se ha caído el Tratado de Libre Comercio. Debemos voltear hacia nuestro país e impulsar las economías locales y fomentar la solidaridad y la comunidad.
En México las raíces históricas de la organización comunitaria tienen su origen en las sociedades indígenas.
En la reforma constitucional que proponemos, que modificaría el artículo 25, se parte del siguiente supuesto:
Tanto el cooperativismo, como otras formas de organización económica y social son indispensables para el desarrollo nacional y es urgente poner al día el derecho de las y los mexicanos a organizarse económicamente con una vocación social solidaria, cooperativista y comunitaria.
Para lo anterior, es estrictamente necesario que estas actividades de la economía social se reconozcan como de interés nacional y estratégico para el desarrollo del país, con el fin de promover el desarrollo económico y social de nuestro país.
¿Cuáles son los desafíos que enfrenta nuestra economía nacional y que hacen indispensable que se impulse un modelo de economía solidaria como estrategia para lograr un proceso de democratización económica? Deuda creciente, bajo crecimiento y recortes al gasto social han caracterizado la política económica de México durante los últimos años.
Para 2017 la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público ha recortado de 2.26 %, a 1.72 % el crecimiento del Producto Interno Bruto.
El mismo sector privado ha manifestado su desconfianza ante una posible evolución positiva de la economía mexicana en 2017. La expectativa de crecimiento que sostenía en 2013 el gobierno federal no sólo ha resultado equívoca, también ha sido dolorosamente acompañada de un incremento a la corrupción a gran escala por parte de autoridades y gobernantes, en que se advierte un escandaloso despilfarro de recursos públicos, mientras la economía de millones de mexicanos y mexicanas se precariza y se incrementan las desigualdades tanto económicas, como sociales.
La tasa de corrupción que el país está pagando es altísima, y destruye las mismas bases de la economía nacional.
Los estados del sur y centro del país que son los que presentan el más alto grado de rezago social, con un estancamiento económico estructural, son también los más afectados por esta crisis económica que parece de gran alcance.
Por lo anterior, y como Senador por el estado de Michoacán, tengo la obligación política y moral de presentar esta reforma al artículo 25 de nuestra Carta Magna, para estimular el crecimiento y desarrollo de las cooperativas y de otras forma de organización, producción y consumo de la economía social, así como para impulsar que éstas mismas prácticas económico sociales generen beneficios en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán.
El Estado mexicano, los gobiernos de todos niveles se deben comprometer con el crecimiento económico de pequeños y medianos comerciantes y empresarios, así como de comunidades vulnerables, económica y socialmente.
¿Cuál es la gran preocupación, por ejemplo, tanto de los habitantes de muchos municipios de Michoacán y de otros estados, en particular de las y los mexicanos en general?
Que las pequeñas y medianas empresas del Estado sigan desvinculadas de otros mercados actuales y potenciales, que no haya esa derrama económica tan prometida y que tampoco se genere inversión por parte de los grandes inversionistas; que se sigue excluyendo a los estados más vulnerables de la construcción de infraestructura; que los salarios sean castigados nuevamente; que no haya una redistribución importante de la riqueza, y que la mano de obra barata sea el nexo principal entre sociedad y los grandes capitales invertidos, que no se genere el deseado desarrollo regional y local.
La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, reconoce en la inversión extranjera un papel principal para el desarrollo. Pero también ha manifestado que deben implementarse políticas de regulación y vigilancia para que este mismo desarrollo sea incluyente con empresas regionales, sociedades locales y que también sea explícita la estrategia de integración económica de la región.
Debemos transitar de una economía de castigo a las y los mexicanos basada en los ajustes estructurales que en realidad a quien castigan económicamente es a la sociedad mexicana, mediante la reducción del gasto social, a una economía solidaria.
El Estado mexicano debe reorientar su papel como el principal actor responsable del desarrollo económico y estimular la articulación municipal, estatal, nacional e internacional de estados como Michoacán, entre muchos otros.
El Estado mexicano debe recuperar su capacidad de intervenir positivamente en la política económica en todos sus niveles, estimulando la articulación entre municipios, estados y Federación, con plena convicción y de establecer un nuevo pacto redistributivo que privilegie tanto el incremento del gasto social y su plena racionalidad bajo un modelo de economía social y solidaria.
Para eso se le deben dar capacidades para que la misma ley lo mandate a cumplir con las responsabilidades de construir un orden económico redistributivo que también genere inversión, infraestructura y productividad en economías con vocación solidaria, comunitaria y de abasto popular
El Estado mexicano debe ser responsable de establecer una relación de crecimiento económico entre las economías locales y regionales. Esto es para integrar y ampliar el mercado interno nacional.
Así, esta reforma al artículo 25 constitucional, que hoy proponemos, tiene como eje de creación un mecanismo de una herramienta jurídica en la obligación del mismo Estado mexicano, para pasar de una economía de castigos a la sociedad mexicana, a una economía de solidaridad y justicia redistributiva, es decir, democratizar de economía nacional sin repliegues proteccionistas, ni nacionalismos deformantes, pero que fortalezca, tanto al mercado interno, como la inserción de economías regionales y estatales a los mercados internacionales.
El artículo 25 constitucional determina: “La rectoría económica del Estado, la exclusiva conducción de la economía nacional por parte de éste, así como el respeto a los derechos individuales y sociales consagrados en la misma Carta Magna”.
Estipula también los fundamentos y las reglas que definen a nuestra economía nacional como mixta, sin establecer un sistema rígido de relaciones económicas, pero privilegiado el desarrollo económico siempre con responsabilidad y vocación sociales, lo mismo para los sectores público, social y privado.
Este desarrollo económico, con responsabilidad social, tiene como marco actual una etapa de globalización económica en el que debe de redefinirse lo que se entiende por economía social.
Es así, que el cooperativismo y las distintas formas de organización económica con vocación solidaria y comunitaria, han entrado en una fase de reconocimiento ante las crisis estructurales y cíclicas de la economía mundial.
Joseph Stiglitz, Premio Nacional de Economía del 2001, mencionó en la Tercera Cumbre de Cooperativas, en Quebec, Canadá, celebrada en marco de 2017: “Que la economía mundial será volátil en el futuro, y que las cooperativas son el modelo que mejor puede enfrentar estos riesgos”.
El Premio Nobel también aseguró: “Que la próxima década las cooperativas serán la única alternativa al modelo económico fundado en el egoísmo que fomenta la desigualdades.
Las medidas que hemos tomado han llevado, no solamente a una mayor desigualdad, sino también a un desaceleración del crecimiento con más inestabilidad y un deterioro desempeño económico”. Esas son sus palabras.
Por lo anterior proponemos la modificación al artículo 25 de nuestra Carta Magna para que la actividad económica del sector social, es decir, ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritario exclusivamente a los trabajadores, y en general de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios, sean considerados de interés nacional y estratégicos para el desarrollo del país, esto bajo los principios de una economía social, solidaria y de vocación redistributiva de la riqueza.
Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, señor Senador Morón Orozco.
La Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño) Pido la palabra, Presidenta.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Senadora Beristain.
La Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño) Quisiera felicitar al Senador Morón por tan excelente iniciativa, y quería pedirle si me permite sumarme a su iniciativa.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Senador Morón, ¿acepta usted?
El Senador Raúl Morón Orozco: (Desde su escaño) Sí, con gusto.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Aprobado.
La Senadora Lorena Cuéllar, también.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Senador Rabindranath Salazar ¿Para el mismo propósito?
El Senador Rabindranath Salazar Solorio: (Desde su escaño): Sí.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Aprobado, Senador.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Fomento Económico; y de Estudios Legislativos, Segunda.
En otro apartado de nuestra agenda, tenemos la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, con punto de acuerdo por el que no se ratifica al ciudadano Sergio Agustín Sánchez Martínez como Magistrado Numerario con la calidad de inamovible del Tribunal Unitario Agrario.
Este dictamen se presenta en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el juicio 211/2013, por el Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Baja California, que ordenó la reposición del trámite iniciado con la propuesta del Ejecutivo Federal.
Dicho dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, por lo que solicito a la Secretaría dé lectura a su parte resolutiva únicamente.
El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Doy lectura al dictamen.
Primero.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción XIX, y 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86, 93 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176, 177, 178, 182, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República; 16 y 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, y 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, las comisiones que suscriben resultan competentes para emitir el presente dictamen.
Segundo.- En consecuencia, no se ratifica al ciudadano Sergio Agustín Sánchez Martínez, como Magistrado Numerario con la calidad de inamovible del Tribunal Unitario Agrario, en virtud de las consideraciones vertidas en este dictamen.
Tercero.- Por conducto de la dirección general de Asuntos Jurídicos del Senado de la República, notifíquese el contenido y resolución del presente dictamen al Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Baja California, como constancia del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada al resolver el amparo 211/2013, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, así como al ciudadano Sergio Agustín Sánchez Martínez.
Cuarto.- Notifíquese al Ejecutivo Federal, así como al Tribunal Superior Agrario, para los efectos legales procedentes.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, señor Secretario.
De no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo.
El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo.
Aprobado el acuerdo.
Se instruye a la dirección Jurídica de esta Cámara a notificar el contenido del dictamen y la resolución de la Asamblea para constancia de la sentencia dictada en el Amparo 211/2013, de conformidad con lo que prevé el artículo 196 de la Ley de Amparo.
Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes del Colegio de Abogados de Toluca, Estado de México, invitados por la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo.
El Senado de la República expresa un gran beneplácito por su visita.
Como es de su conocimiento, el pasado 27 de abril, este Pleno aprobó el acuerdo de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, y designó a la ciudadana Alejandra Palacios Prieto, como Presidenta del Órgano de Gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica, por un nuevo período de cuatro años.
Debido a que en esa fecha concluyó el período de sesiones de esta Cámara, no fue posible tomar la protesta a la Comisionada Presidenta.
Este día procederemos a cumplir con el acto formal de su protesta.
En el salón contiguo a este recinto se encuentra la ciudadana Alejandra Palacios Prieto, por lo que le solicito a las Senadoras y a los Senadores Héctor Larios Córdova, José Ascención Orihuela Bárcenas, Ana Gabriela Guevara, Martha Palafox Gutiérrez, Juan Gerardo Flores Ramírez y José de Jesús Santana García, la inviten a pasar al interior de este Salón de Sesiones y la acompañen durante el acto de su protesta.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Le solicitamos a la Asamblea ponerse de pie.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Ciudadana Alejandra Palacios Prieto:
En la sesión del 27 de abril del año en curso, el Senado de la República la designó Presidenta del órgano de gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica, el día de hoy la hemos convocado para que acuda a rendir la protesta a este nuevo cargo.
En consecuencia, le consulto.
Ciudadana Alejandra Palacios Prieto:
“¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Presidenta del Órgano de Gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica, para un nuevo período de cuatro años, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?
La Presidenta del Órgano de Gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica, Alejandra Palacios Prieto: “¡Sí, protesto!”
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: “Si así no lo hiciera que la Nación se lo demande”.
Felicidades, señora Palacios Prieto.
A nombre del Senado de la República le deseo éxito en su cargo, y solicito a la comisión designada acompañe a la señora Presidenta cuando desee retirarse del salón.
Continuamos con la discusión de dictámenes.
Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Federalismo que contiene punto de acuerdo que exhorta al gobierno municipal de Zapopan, Jalisco, a reconsiderar los artículos 71 y 72 del Reglamento de Construcción para el municipio de Zapopan, aprobado el 31 de enero.
Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría dé lectura a su parte resolutiva.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señora Presidenta.
Doy lectura al dictamen.
Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno municipal de Zapopan, Jalisco, a través de su presidente municipal a reconsiderar los artículos 71 y 72 del Reglamento de Construcción para el municipio de Zapopan, aprobado el pasado 31 de enero.
Así como a realizar las adecuaciones conducentes en virtud de que en sus contenidos se advierten disposiciones regulatorias excesivas como el caso de considerar obras menores sujetos a permiso municipal como la pintura, carpintería y cristalería, por citar las más ilustrativas, a fin de garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y decorosa, así como a cumplir con los objetivos nacionales y estatales para el desarrollo urbano y de vivienda.
Salón de sesiones, firman todos los representantes de la comisión.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: En consecuencia, está a discusión.
En virtud de no existir oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Aprobado el acuerdo.
Enseguida, tenemos la discusión de otro dictamen de la Comisión de Federalismo con punto de acuerdo por el que se desecha la proposición que exhortaba al Congreso del estado de San Luis a debatir la posibilidad de establecer la reconducción presupuestaria en la Constitución local.
Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría dé lectura a la parte resolutiva.
Primero.- Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Congreso del estado de San Luis Potosí a que debata la posibilidad de establecer la reconducción presupuestaria en la Constitución local y, con ello, dar certidumbre a la buena marcha de los asuntos públicos del estado.
Segundo.- Archívese el presente asunto como definitivamente concluido.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República el día 5 de septiembre de 2017.
Tenemos ahora la discusión de otro dictamen de la Comisión de Federalismo con punto de acuerdo por el que queda sin materia la proposición que exhortaba al Congreso del estado de Campeche a resolver favorablemente la iniciativa de decreto para que se autorizara al municipio de Carmen a contratar y ejercer uno o más financiamientos bancarios.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Doy lectura, señora Presidenta.
Primero.- Queda sin materia la proposición con punto de acuerdo por la que el Senado de la República exhorta respetuosamente al H. Congreso del estado de Campeche a que resuelva favorablemente la iniciativa de decreto para que se autorice al municipio de Carmen para que contrate y ejerza uno o más financiamientos bancarios para ser designados a la reestructuración y/o refinanciamiento del crédito vigente del Ayuntamiento con Banco Interacciones S.A, a fin de mejorar las condiciones de la deuda pública municipal.
Archívese el presente asunto como definitivamente concluido.
Pasamos a la discusión de otro dictamen de la Comisión de Federalismo con punto de acuerdo, por el que quedan sin materia la proposición que exhortaba al gobernador del estado de Tlaxcala a tomar las medidas necesarias para la presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 a los 60 municipios del mismo.
Primero.- Queda sin materia la proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Tlaxcala, licenciado Marco Antonio Mena Rodríguez, a tomar las medidas necesarias para la presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, a los 60 municipios del estado de Tlaxcala.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: En consecuencia está a discusión.
Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señora Presidenta.
Solamente para hacer un comentario, dado que pocas veces las comisiones dictaminan los puntos de acuerdo.
Que en este caso el 25 de abril, presenté aquí como integrante del Partido del Trabajo ante este Honorable Senado, la solicitud para que esta proposición con punto de acuerdo se turnara para llamar la atención del gobernador del estado de Tlaxcala, refiriendo que así en días de funciones de la actual administración, el gobernador no había tenido acercamiento alguno con la ciudadanía ni con los municipios de la entidad para dar a conocer los lineamientos que permitan elaborar sus respectivos programas de gobierno, así como la estructura y contenido del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, lo que genera incertidumbre los ayuntamientos de la entidad.
Los ayuntamientos no podían aprobar sus planes municipales de desarrollo, en el seno de sus cabildos, ya que de hacerlo, estarían incumpliendo con lo establecido en el artículo 92 de la Ley Municipal de la Entidad, disposición que a la letra dice:
“Los ayuntamientos planearán sus actividades en el Plan Municipal de Desarrollo, este programa será congruente con el Plan Estatal de Desarrollo”.
Lo anterior dejaba en estado de indefensión a los municipios para alinear sus respectivos planes con el estatal, además de que también es un requisito para la recepción de la primera cuenta pública, correspondiente al primer trimestre del año en curso de cada ayuntamiento que debe presentar al órgano de fiscalización superior del estado, plazo que vencía el 30 de abril del presente año.
Y en caso de no presentarla, de acuerdo a los plazos establecidos por la Ley de Fiscalización Superior del estado de Tlaxcala y sus municipios, los presidentes municipales y tesoreros, se harían acreedores a una multa económica.
Por último, esta proposición tenía la finalidad de que el Ejecutivo del estado tomara conciencia y voluntad política sobre este tema y que apoya a los municipios de la entidad a cumplir con los requerimientos que establece la ley de la materia.
Por ello, bien dice la comisión dictaminadora, del 21 de junio del 2017, o sea, hace casi tres meses que esto ya se resolvió por sí solo en el estado de Tlaxcala.
Solamente eso y desde luego votaremos en favor de que sea negativo, porque ya no tiene materia de ser.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senadora Palafox.
En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaria a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo.
Enseguida, tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de acuerdo, por el que el Senado de la República, expresa su preocupación por la muerte de migrantes indocumentados a lo largo de la frontera norte de México, en su intento por cruzar a los Estados Unidos de América.
Primero.- El Senado de la República expresa su preocupación por la muerte de migrantes indocumentados a lo largo de la frontera norte de México, en su intento de cruzar de manera indocumentada a los Estados Unidos de América.
Segundo.- El Senado de la República, expresa respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Gobernación, fortalezcan las estrategias de atención y formación respecto de los riesgos a los que se enfrentan las personas migrantes, indocumentadas en su intento de cruce a los Estados Unidos de América.
Dado en el salón de comisiones en el Senado de la República, a 26 de abril de 2017.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador.
Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Marcela Guerra Castillo, para presentar los cinco dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.
Está a discusión del dictamen que acaba de dar lectura la Secretaría.
Si alguien quiere hacer el uso de la palabra, en lo que llegan los documentos de la Senadora Guerra.
En virtud de que no hay oradores, consulte a la Asamblea si es de aprobarse el dictamen presentado.
Pasaríamos a la discusión del segundo dictamen y la Senadora Guerra nos avisará cuando esté lista para pasar.
En este dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se une a las expresiones de rechazo que se han suscitado a nivel internacional, ante la política migratoria del actual gobierno estadounidense por atentar contra los derechos humanos de los migrantes.
Primero.- El Senado dela República se une a las expresiones de rechazo que se han suscitado a nivel internacional ante la política migratoria del actual gobierno estadounidense por atentar contra los derechos humanos de los migrantes.
Segundo.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, continúe promoviendo y generando las condiciones necesarias, a fin de estar en oportunidad de recibir a un mayor número de solicitantes, de refugio e integrarlos plenamente a la sociedad mexicana.
Dado en el salón de comisiones del Senado de la República, a 26 de abril de 2017.
Tenemos la discusión de otro dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de acuerdo que exhorta a mandatar a las áreas de protección de los 50 consulados ubicados en los Estados Unidos de América, a que presenten a nombre y a solicitud de nuestros connacionales, ante las Cortes de Distrito Federales, el recurso de habeas corpus en contra de la orden Ejecutiva Presidencial publicada por el Presidente Donald Trump.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Doy lectura al dictamen.
Primero.- El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que mandate a las áreas de Protección de los 50 consulados ubicados en los Estados Unidos de América, a que presenten a nombre y a solicitud de nuestros connacionales, ante las Cortes de Distrito Federales, el recurso de habeas corpus en contra de la orden Ejecutiva Presidencial, publicada el 25 de enero de 2017 por el presidente Donald Trump, a fin de evitar la violación de sus derechos humanos.
Firman los integrantes de las comisiones respectivas.
Se concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna.
La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señora Presidenta.
Y, en efecto, este punto como fue presentado ya hace tiempo y se liga mucho con el anterior de la Presidenta Marcela Guerra.
Yo quisiera complementar alguna parte de la argumentación de lo que estamos viendo en este momento, del Tratado de Libre Comercio con América del Norte en materia energética, porque es muy probable que en los próximos meses ocurra una nueva reforma energética, derivada de los acuerdos que se están tomando en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio.
El gobierno, las empresas y el capital financiero de Estados Unidos ven a México ya no sólo como un suministrador seguro y confiable del petróleo, una visión que prevaleció a lo largo de muchos años, sino también ahora quieren un mercado seguro para sus productos.
Los Estados Unidos quieren tener un mayor acceso al mercado energético de México, más garantías, más protecciones, y prácticamente homologar nuestras leyes mexicanas a las leyes norteamericanas.
A la vista de lo que está ocurriendo no puedo más que concluir que se está gestando una nueva reforma energética que profundizará la liberalización y la privatización de la energía en nuestro país.
La presión para una nueva reforma viene de afuera, de Estados Unidos, con la renegociación del Tratado de Libre Comercio, donde La Casa Blanca ha incluido el tema de energía con dedicatoria exclusiva para México.
La presión también es interna de los intereses creados, de aquellos que ya entraron al negocio energético y quieren mayores garantías a las que se les está otorgando en los contratos; pero también los propios funcionarios mexicanos están empeñados en desmantelar a Pemex y CFE y terminar con el papel empresarial del Estado en el sector energético.
Mientras se lleva a cabo la renegociación del tratado, el gobierno trabaja a marchas forzadas para hacer irreversible la reforma de 2013, pero va más allá. La administración va por nuevas reformas de segunda generación, esto sin dejar de aprovechar la primera reforma para extender al máximo la privatización.
Quieren consolidar lo que han logrado, pero de ser posible ir más allá. La renegociación del Tratado de Libre Comercio les brinda la oportunidad de ampliar y profundizar las reformas de mercado, la consigna es privatizar todo lo que se pueda antes de que termine el actual gobierno.
Esta conclusión se deriva del estudio de al menos cuatro documentos que todos debemos de leer:
La agenda de Trump para el sector energético mexicano, que fue entregada al Congreso, al Senado de Estados Unidos.
La agenda de las petroleras en el TLCAN.
La actitud del gobierno frente a Donald Trump y las petroleras,
Y el avance en la implementación de la reforma energética de 2013.
De Donald Trump, en los objetivos que propone en materia de energía son muchos, pero diré algunos:
Propone la protección y la ampliación de las inversiones estadounidenses en México, así como el acceso al mercado energético mexicano sin ninguna restricción.
Promover nuevas reformas de mercado que abran más el sector energético de México.
Establecer más reglas que reduzcan o eliminen los obstáculos a las inversiones de los Estados Unidos en México.
Garantizar que los derechos en línea con los principios y la práctica jurídica con los Estados Unidos, dicho de otro modo, que no se respete la Constitución ni las leyes mexicanas, sino estén en línea con las leyes estadounidenses.
Obtener compromisos por parte de México en materia regulatoria que faciliten el acceso a los mercados energéticos.
Promover la mayor compatibilidad entre las regulaciones de ambos países; es decir, hacer que México aplique las leyes de Estados Unidos acá.
Otro que se llama disciplinar a Pemex y a CFE, aplicando reglas asimétricas para ir achicando velozmente a Pemex y a CFE.
Cambiar el régimen jurídico de Pemex y de CFE para que los derechos de propiedad se ejerzan a través de una participación accionaria; es decir, privatizar más rápido a Pemex y a CFE vía la Bolsa de Valores.
Eliminar los subsidios otorgados a Pemex y a CFE por parte del gobierno e impedir que las empresas públicas sean utilizadas para otorgar subsidios a la población o a sectores nacionales.
Garantizar una regulación imparcial para todas las empresas públicas y privadas, ello implicaría una regulación asimétrica aplicada contra Pemex y CFE, de tal manera de que todos los países que tienen petróleo, pues defienden a sus petroleras. Aquí se está haciendo exactamente lo contrario.
Posibilitar a Pemex y a CFE que sean llevadas a juicio a las cortes estadounidenses.
Dejar que Pemex y CFE únicamente presten servicios públicos en todas las actividades que sean incosteables o que no quiera realizar el sector privado, entre muchas más.
Hay toda una lista de solicitudes que piden las petroleras entregadas ya a la comisión, pero aquí lo importante es qué propone el gobierno mexicano.
Y lo que, y lejos de rechazar las pretensiones de Estados Unidos, el gobierno mexicano ha hecho suya la agenda y la propuesta de La Casa Blanca.
Propone la modernización del tratado, brinda la oportunidad de ampliar su éxito, enfrentar los desafíos actuales y adecuarlos al siglo XXI.
Estados Unidos le exige a México no tocar las inversiones estadounidenses realizadas, es decir, preservar y fortalecer esas inversiones; tener un mayor acceso a los mercados y continuar con la apertura de las reformas.
El gobierno mexicano le responde diciendo que una de sus prioridades será actualizar el alcance de las disposiciones en materia de energía.
Estados Unidos exige a México nuevas prácticas regulatorias, y que se comprometa a facilitar el acceso al mercado y a promover mayor compatibilidad de las regulaciones mexicanas con las estadounidenses.
En respuesta el gobierno mexicano dice que una de sus prioridades será promover las buenas prácticas en el proceso de planeación, emisión, implementación y revisión de las regulaciones; una nueva reforma energética.
A Estados Unidos le urge a México que en materia de contratación pública establezca reglas que obliguen a que las compras de gobierno mexicano se priorice a Estados Unidos. Eso significa que ya no le compraría a Pemex y a CFE, sino que le compraría el gobierno mexicano a Estados Unidos.
Estados Unidos le exige a México disciplinar a las empresas públicas en clara alusión a Pemex y a CFE.
Y el gobierno mexicano le responde diciendo, que una de sus prioridades será consolidar el régimen legal de las empresas productivas del Estado para que les permitan una operación comercial especial.
A Estados Unidos le urge que se constituyan empresas públicas, pero de participación accionaria minoritaria en relación a las acciones mayoritarias privadas.
Y el gobierno mexicano responde diciendo, que una de sus prioridades será consolidar el régimen legal de las empresas productivas del Estado que les permitan una operación comercial en la bolsa, etcétera.
Hay también una serie de aspectos que prohíben.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Senadora Padierna, permítame, por favor;
¿Senadora Guerra, con qué objeto?
La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Simple y sencillamente para buscar que la oradora se constriña al tema del tercer dictamen en comento, que ella misma promovió, y que en este momento está tocando un tema que no tiene nada que ver con el resolutivo del dictamen.
La Senadora Dolores Padierna Luna: Porque ese ya se abordó, y ya se votó, por todos, entonces.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Estamos ya en tiempo sobrepasado.
La Senadora Dolores Padierna Luna: Ya nada más me faltan dos aspectos Presidenta, si usted me permite, dos minutos.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Termine usted.
La Senadora Dolores Padierna Luna: En fin, están pidiendo también que no se le den más subsidios que la CFE, que la CFE ya no dé subsidios, y pareciera que entonces las tarifas eléctricas en agricultura, en bombeo de agua y otras cosas más, podrían eliminarse.
Mientras tanto, la privatización continúa, llevamos 70 contratos de exploración y producción que involucran 66 compañías petroleras; 30 contratos en proceso de licitación; 3 licitaciones adicionales, y, por todo esto se solicita la presencia del Secretario de Energía, y de los directores, del presidente de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para que vengan a informar todo lo que están acordando sin informar.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Concluya, señora Senadora, por favor.
La Senadora Dolores Padierna Luna: Sin informar al Congreso ni al pueblo mexicano sobre las negociaciones en materia energética en el Tratado de Libre Comercio.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senadora Padierna.
Tiene la palabra la Senadora Marcela Guerra Castillo, para presentación de los cinco dictámenes como Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.
La Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, Presidenta.
Bueno, pues venimos a presentar tres dictámenes en positivo, los cuales los presento a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, de América del Norte.
El primer dictamen se refiere a un punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su preocupación por los migrantes fallecidos durante los primeros tres meses del año 2017, a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos.
Ustedes saben el viacrusis que pasan nuestros connacionales, cómo se han endurecido las medidas de control migratorio en Estados Unidos, así como la persistencia de organizaciones criminales que se benefician del tráfico de personas.
Esto los coloca en una situación de vulnerabilidad a estas personas.
A esos dos hechos se suma el incremento en el uso de la fuerza por parte de las autoridades migratorias y en contra de todos nuestros connacionales.
Los riesgos para llegar a Estados Unidos se han aumentado y con ello el número de muertes de todos aquellos que intentan cruzar la frontera para alcanzar el sueño americano.
Es por esta razón que al tiempo de expresar nuestra profunda preocupación por esta situación se propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, fortalezcan las estrategias de atención e información respecto a los riesgos a los que se enfrentan las personas migrantes indocumentadas en su intento de cruce a los Estados Unidos de América.
El segundo dictamen, aprobado por la comisión también de Relaciones Exteriores, para América del Norte, se refiere a las declaraciones y políticas abiertamente antiinmigrantes que han caracterizado a lo largo de este tiempo a la administración del presidente Trump; como ustedes saben, el martes negro para los jóvenes, además la historia de todos los DACA que son más de 660 mil jóvenes, pero en este sentido, este primer resolutivo hemos resuelto que el Senado de la República se una a las expresiones de rechazo que han suscitado a nivel internacional ante la política migratoria del actual gobierno estadounidense, que además persiste, compañeras y compañeros, ustedes pueden constatarlo en los medios de televisión, en los medios escritos la forma en que el presidente Trump ha divido a su país.
Ha dividido basado en continuar con los discursos de odio, con los discursos divisorios racistas y xenófobos.
Así pedimos votar a favor de estos dos dictámenes, y un tercer dictamen que es al que se refería la Senadora Padierna que, por supuesto, no tenía nada que ver con el dictamen que ella misma promovió.
Pero, bueno, aprovechó ciertamente para posicionar algunos temas de su interés.
Este tercer dictamen está siendo puesto a consideración de esta soberanía, y se refiere a la aprobación de un resolutivo que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que mandate a las áreas de protección de los 50 consulados, por supuesto de Estados Unidos, a que presenten a nombre y a solicitud de nuestros connacionales ante las cortes de distritos federales el recurso de habeas corpus, es decir, una especie de amparo en contra de la orden ejecutiva presidencial publicada el 25 de enero del año 2017, este año, por el que el presidente Trump a fin de evitar la violación de sus derechos humanos, esto fue presentado por Trump; sigue habiendo una serie de tipos de argumentación ante la Corte, precisamente hace poco un connacional, joven, se dio a la tarea de demandar al presidente Trump.
Y ante esta situación de deportaciones en curso, misma que pudiera agravarse, vale la pena que se utilicen todos los recursos legales posibles para la defensa de los mexicanos.
No cabe además decir, que este Senado de la República a través de la Operación Monarca en su momento tuvo a bien hacer una gestión con el señor Presidente de la República directamente para asignar 50 millones de dólares a nuestros, a toda la Red Consular para la protección de nuestros connacionales.
Pido se voten a favor estos tres dictámenes.
Muchas gracias, señora Presidenta, compañeras y compañeros.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias a la Senadora Marcela Guerra.
Nos visitan alcaldesas de Gran Morelos, Carichí, Valle de Zaragoza y Casas Grandes, del estado grande, del estado de Chihuahua; ellas son invitadas del Senador Patricio Martínez García.
Bienvenidas, señoras Presidentas Municipales.
Tenemos ahora la discusión de otro dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de acuerdo por el que se desecha la proposición de rechazo a la construcción de un muro en la frontera norte de México.
Primero.- Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la Republica rechaza la construcción de un muro en la frontera norte de México, por las razones expuestas en el presente dictamen.
Segundo.- Archívese el asunto mencionado en el resolutivo que antecede, como totalmente concluido.
Al no haber lista de oradores, consulte la Secretaría, perdón.
Senador Barbosa.
El Senador Luis Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Senadora Ortiz. Yo me quedo extrañado por cómo está redactado el resolutivo primero de este dictamen.
Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República rechaza.
¿Habrá razones para que el Senado de la República no deseche este punto de acuerdo, donde se pretendía protestar, rechazar la construcción del muro?
Yo le pediría a la Presidenta de la Comisión, es la Senadora Marcela Guerra, nos dé las razones que tuvieron para que se deseche esta propuesta con punto de acuerdo.
Ni sé de quién es. Ni sé de quién es la propuesta.
Pero aprobado así, yo no encuentro forma de entender que nuestro Senado deseche una propuesta en la que se rechaza la construcción del muro fronterizo.
No sé si tenga voluntad la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, de subir a tribuna y explicarnos las razones.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: ¿Hay algún comentario por parte de la Comisión?
La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Sí claro.
Esto tiene que ver, primero porque esa decisión, la proposición de que se solicite un informe de los recursos ejercidos sobre el ejercicio de recursos extraordinarios para la protección de mexicanos en Estados Unidos de América.
Dicho informe ya se remitió y además es de todos conocido, aquí para ilustrar no sólo aquí a la Asamblea, sino además al señor Senador, de que es asignaron ya en tiempo y forma, que son los recursos extraordinarios que se solicitaron para la protección consular.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Senador Barbosa.
El Senador Luis Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Eso es materia del siguiente dictamen.
Aquí lo que se está votando es un dictamen que parece no tener importancia, pero yo creo que la reforma como está redactado no es la mejor, como para que se establezca que se deseche un punto de acuerdo por el cual se pedía que el Senado se pronunciara en contra de la construcción del muro.
No veo lógica. Yo en todo caso, sin estar en contra, creo que hay una formulación inadecuada de este resolutivo.
No sé, lo pongo a consideración de la propia Comisión, con todo respeto.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: ¿Tiene alguna propuesta?
Vamos a retirar el dictamen, en tanto platicamos con la señora Presidenta.
Vamos a seguir con el siguiente dictamen para ver cómo resolvemos este tema.
Senador Manuel Cárdenas ¿para el mismo motivo?
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: (Desde su escaño) Sí.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Adelante, por favor.
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: (Desde su escaño) Lo que escucho de nuestro compañero Barbosa, es que es un acuerdo para la no construcción del muro.
Pues el muro ya está construido. En todo caso que fuera para la destrucción del muro. El muro ya está construido. Entonces no entiendo, en cualquier evento, y si nos fuéramos al derecho positivo mexicano, estaría sobreseída la petición.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias Senador.
Se ratifica la disposición que establecemos.
Pasamos a la discusión de otro dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de acuerdo por el que se desecha la proposición que solicitaba un informe de los recursos ejercidos sobre el ejercicio de los recursos extraordinarios para la protección de mexicanos en Estados Unidos de América.
Primero. Se desecha por haber quedado sin materia la proposición con punto de acuerdo, por el que se solicitaba un informe de los recursos ejercidos sobre el ejercicio de los recursos extraordinarios para la protección de mexicanos en Estados Unidos de América.
Segundo.- Archívese el asunto mencionado como totalmente concluido.
Senadora Guerra ¿quiere hacer algún comentario sobre este punto de acuerdo que estamos planteando?
La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) En atención a la inquietud del señor Senador.
Yo propongo que la Secretaria Técnica en este momento se siente con el Senador para dilucidar cualquier situación.
Y en su momento podemos hacer una revisión y lo podemos reenlistar en la siguiente sesión con muchísimo gusto.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: A ver, estamos ahorita, me parece correcto si el Senador Barbosa lo acepta, ahorita estamos en el otro punto.
La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Los dos dictámenes, que se desechan. Los podemos volver a reenlistar en la próxima sesión, a fin de que quede todo muy claro para la tranquilidad de todas las Senadoras y Senadores.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: ¿Incluso este dictamen que estamos ahorita en este momento?
La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Incluso este dictamen.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: ¿No solamente el anterior?
La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Así es.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Retiramos, en consecuencia, los dos dictámenes para que la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, acuerde con quienes han mostrado inquietud, y entonces estamos retirando el número 4 y el número 5.
Pasamos entonces al siguiente punto, que es proposiciones.
En el apartado de proposiciones se concede el uso de la palabra a la Senadora Carmen Dorantes Martínez, para presentar a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un punto de acuerdo que exhorta a fortalecer las estrategias en materia de alfabetización digital.
La Senadora Carmen Dorantes Martínez: Gracias.
Con su venia Presidenta.
La educación es el instrumento por excelencia para que las niñas, niños y adolescentes puedan adquirir las herramientas que les permitan enfrentar con éxito los retos que impone el siglo XXI.
Bajo esta premisa acudo a esta tribuna para presentar un punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, y a sus homólogas en las entidades federativas, a fortalecer sus estrategias en materia de alfabetización digital.
Cabe mencionar que el asunto en cuestión tiene como punto de partida el Día Internacional de Alfabetización, a celebrarse el 8 de septiembre, el cual fue instituido por la Organización de las Naciones Unidas para hacer énfasis sobre la importancia de la alfabetización de las personas, comunidades y sociedades, así como la necesidad de intensificar las acciones para lograrlo.
En la edición 2017, el tema central “Alfabetización en un Mundo Digital”, cuyo objetivo consiste en hacer el llamado a impulsar las acciones que sean necesarias, para que la población pueda adquirir las herramientas suficientes para aprovechar las múltiples ventajas que le ofrece la era digital.
Bajo esta tesitura, como se expresa en el punto de acuerdo, la pertinencia del presente asunto queda de manifiesto en el contexto global del cual formamos parte, mismo que hace imprescindible que la población en su conjunto utilice correctamente las tecnologías de la comunicación y la información.
Igual de importante es señalar que emana de una responsabilidad del Estado mexicano, debido a que el artículo 3 de la Constitución Federal dispone que nuestro país toda persona tiene derecho a recibir una educación que esté encaminada a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano para lo cual es indispensable garantizar una alfabetización digital.
Además, la Ley General de Educación establece que entre los fines de la educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares, con autorización o reconocimiento de validez oficial, deben fomentar actitudes que estimulen la investigación, la innovación científica y tecnológica, así como su comprensión y su uso responsable.
En este mismo ámbito internacional, vemos que los objetivos de desarrollo sostenible en su punto número 4, propone garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Lo anterior es de vital importancia para promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, para todas y todos, lo que a su vez deriva en mejores expectativas de vida para las personas y el desarrollo sostenible.
El completo a lo expresado señala que hay que destacar que la alfabetización resulta indispensable para construir un futuro más sostenible en el que se empodere a las personas, comunidades y sociedades.
En relación al exhorto, cabe precisar que en las últimas décadas, la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza, se ha convertido en una necesidad ineludible, prueba de ello es que según las cifras del Inegi, en México, el 47 % de los hogares tiene una conexión a internet, y el uso de internet está asociado al nivel educativo. Debido a que entre más estudios, mayor uso de la red.
El presente punto de acuerdo responde a una realidad que observamos todos los días, y es incuestionable que las tecnologías de la información y comunicación tienen una notable injerencia en la forma en que vivimos: trabajamos, aprendemos e interactuamos de manera cotidiana.
Dicha situación deriva de una dualidad de escenarios opuestos, porque la misma forma que ofrece una amplia gama de posibilidades de calidad de vida y conexiones globales, también puede marginar a quienes carecen de las competencias esenciales para utilizarlas.
Bajo esta tesitura, es claro que la ausencia de alfabetización digital implica, está prácticamente fuera de la sociedad actual. De ahí la relevancia del punto de acuerdo que hoy se presenta ante esta soberanía.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Dorantes.
Corresponde ahora el uso de la tribuna a la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de acuerdo que exhorta a realizar diversas acciones en materia de cambio climático y sus posibles repercusiones para la seguridad nacional e internacional.
En uso de la tribuna la Senadora Garza.
La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Gracias.
Con su permiso, Senador Presidente.
Me encuentro ante ustedes, frente a ustedes para hablar de un gran problema que estamos enfrentando.
Apenas hace unos días veíamos a Texas bajo el agua.
Hoy tres huracanes simultáneos arrasan con todo lo que encuentran por su ruta, por su paso en el Caribe.
Escuchábamos en las noticias que el director nacional de la Conagua, el maestro Roberto Ramírez de la Parra, comentaba de cómo está cambiando la trayectoria “normal”, entre comillas, de estos huracanes, y hoy se desplazan por rutas que hoy son y están siendo vistas de forma increíble.
Esto nos habla de los tiempos que estamos viviendo, pero también nos habla de las medidas que no hemos tomado.
El cambio climático, como está en las noticias, como están en el sector científico, académico, no solamente es moda, compañeros y compañeras, es una de las mayores amenazas que la humanidad enfrenta, no sólo por los desafíos inherentes al aumento de la temperatura global, sino por las olas de calor, las sequías, el derretimiento de los glaciales, las inundaciones, pues hoy, la temperatura de la tierra es más alta y se evapora más agua en los mares, y esto con las corrientes, con los vientos, pues, obviamente provocará más humedad y más fuerza. Estamos viviendo momentos históricos que no habíamos tenido.
Pero el efecto multiplicador de otros riesgos, entre ellos, la seguridad alimentaria y el combate a la pobreza, tenemos que encender los focos.
Al paso de estas lluvias que tenemos en gran parte del territorio nacional, vamos a ver cuántas cosechas se han perdido, hablando de la agricultura, pero también la ganadería, y en algunos estados sigue la sequía.
Es difícil entender esto, aún que 195 países, y hoy que Estados Unidos se retractó de haber firmado el Acuerdo de París, con un Presidente, que todavía con estas cachetadas que le dan de guante húmedo, todavía no puede entender cuál es la magnitud de este fenómeno. Lo lamento por todos los habitantes de Estados Unidos.
No obstante lo anterior, Climate Action Tracker, afirma, en uno de sus estudios, que habrá 2.8 grados de calentamiento. Así todos los esfuerzos de que se firmara el Acuerdo de París, nos hablen del 1.5 que no suba de esa temperatura, no será posible.
Hay muchas pruebas, compañeros, que existen, que el sistema atmosférico de la tierra, para mediados de siglo habrá rebasado el 1.5 grados de temperatura.
Y cuando un ser vivo tiene temperatura alta, pues, significa que está enfermo, y que hay que curarlo. Y nosotros tenemos que tomar la decisión y las acciones necesarias, y entender, entender que en el país, no solamente están los problemas económicos y de inseguridad, que hay muchos problemas que nos van a afectar, y este es uno de ellos, y tenemos que tomar las medidas necesarias.
Un clima inestable incrementará la vulnerabilidad de la sociedad. Por ello, en diversos foros internacionales han identificado al cambio climático como una amenaza de seguridad nacional, de seguridad global.
Es momento que volteemos a ver al cambio climático como un fenómeno que se le tiene que poner atención desde la seguridad.
Hay muchas conferencias que han tratado estos temas. En el 2003, la Conferencia Especial de Seguridad, celebrada aquí en México, en la Ciudad de México, la Organización de los Estados Americanos adoptó la Declaración de Seguridad de las Américas, donde reconoce que el cambio climático global puede constituir una amenaza, una preocupación o un desafío para la seguridad de los estados del hemisferio.
En 2007, en Reino Unido, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sostuvo un debate sobre la posibilidad de considerar al cambio climático como una amenaza de seguridad global.
En el 2011, en Alemania, impulsó un segundo debate sobre el tema, haciendo énfasis en vulnerabilidad de pequeños estados insulares en desarrollo.
La Asamblea General de Naciones Unidas, emitió en junio del 2009, una resolución y externó su preocupación por las repercusiones del cambio climático que podría tener para la seguridad, invitando a los órganos pertinentes de Naciones Unidas en sus respectivos marcos y mandatos, intensificar los esfuerzos para examinar el cambio climático, incluidas sus posibles repercusiones para la seguridad.
Con el fin de brindar insumos a la elaboración de este informe, el Gobierno de México remitió a la ONU comentarios sobre el vínculo entre cambio climático y seguridad, en donde señaló: “Que la crisis provocada por el cambio climático es global, progresiva y amenaza a la supervivencia del ser humano en el planeta”, características que evidentemente hacen del cambio climático un asunto de seguridad.
En el 2013, los Ministros de Relaciones Exteriores del G8, emitieron un comunicado que define al cambio climático como un reto global, que de no ser controlado podría tener consecuencias dramáticas, no sólo en el medio ambiente, sino también en la prosperidad económica, y ya lo estamos viendo, y vamos, que estar personas les interesa mucho esto, como a todos, pero qué bueno que estén tomando en cuenta que vamos a tener serios problemas.
Y así, en el 2015, miembros del G7, igual, identificaron siete riesgos muy importantes donde, por ejemplo, habla de la falta de seguridad en los medios de subsistencia y migración, eventos extremos climáticos y de desastres, precios de la comida y el abasto.
Durante la Cumbre Humanitaria Mundial, celebrada en Estambul, en mayo del 2016, el Presidente Narum solicitó al Secretario General de Naciones Unidas el nombramiento de un representante especial sobre cambio climático y seguridad.
En seguimiento a lo anterior, en agosto del 2007, los pequeños estados insulares en desarrollo reiteraron su solicitud de nombrar un representante especial.
Cabe señalar que del 6 de noviembre al 17 de noviembre vamos a tener, se va a celebrar la COP 23, en Bonn, Alemania, y por primera vez en la historia la preside un pequeño país insular en desarrollo, República de Fiji.
En tal sentido, reviste una especial importancia que el gobierno de México fortalezca sus acciones en materia de cambio climático y sus posibles repercusiones, por lo que presenté un punto de acuerdo para solicitar tanto a la Secretaría de Relaciones Exteriores como a la Secretaría de Medio Ambiente, remitan a esta soberanía un informe actualizado sobre las acciones que han adoptado respecto al tema de cambio climático y sus posibles repercusiones para la seguridad nacional, incluyendo el posible nombramiento del representante especial de la ONU sobre cambio climático y seguridad.
En estos días mandaré a cada una de sus oficinas la Ley de Seguridad Climática Nacional, donde me gustaría mucho con sus asesores pudieran estudiarla y firmarla esta soberanía todos, este es un tema que no permite divisiones políticas, este es un tema de responsabilidad y de la más alta responsabilidad que la patria nos llama, ojalá y espero contar con el apoyo de todas y todos ustedes para esta iniciativa, para esta Ley de Seguridad Climática.
Con su permiso, Senadora.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Muchísimas gracias, Senadora Garza.
Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Senador López Brito.
El Senador Salvador López Brito: (Desde su escaño) Sí, Presidenta, para, por favor, preguntarle a la Senadora Silvia Garza si me permite sumarme a este importante punto de acuerdo.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Senadora Garza.
El Senador Jorge Luis Lavalle, con el mismo propósito.
El Senador Lozano, con el mismo propósito.
Yo creo que es un tema en el que nos sumamos todos.
La Senadora Dorantes.
La Senadora García.
La Senadora Palafox.
Margarita, Diva, Verónica Martínez.
Me parece que todos estamos sumados al tema.
Felicidades, Senadora.
Hilaria Domínguez.
Senador Patricio Martínez.
Enseguida, tiene el uso de la palabra el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un punto de acuerdo que exhorta de implementar diversas acciones que garanticen el interés superior de la niñez a las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados.
Vengo a presentar esta proposición para exhortar al gobierno a que garantice el interés superior de la niñez.
En México existen múltiples grupos vulnerables que en virtud de sus características se encuentran en mayor riesgo de que sus derechos humanos sean violentados, uno de estos grupos son las niñas y niños adolescentes, migrantes no acompañados, la mayoría de estos infantes proviene de los países de Guatemala, Honduras y El Salvador, naciones que tienen una severa crisis humanitaria, pues figuran en la lista de países con más problemas y violencia del mundo, comparados con Irak y Siria, esto ocasiona que miles de personas adultas, así como niñas y niños, adolescentes, busquen una mejor calidad de vida y decidan emigrar a los Estados Unidos de América.
En este sentido, México es un país de origen y tránsito de migrantes que se dirige hacia el vecino país del norte, es precisamente en territorio nacional donde las niñas y los niños adolescentes migrantes, no acompañados, se enfrentan a la violación de sus derechos humanos.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los infantes son detenidos por agentes del Instituto Nacional de Migración, policías y militares, y retenidos en cárceles comúnmente llamadas estaciones migratorias.
Al respecto, el organismo documentó que del 2010 al 2015 se han iniciado un mil 443 averiguaciones y/o carpetas de investigación, en las que figuran adolescentes extranjeros como víctimas, siendo los estados con mayores denuncias Sonora, con 409; Chiapas, con 454; y Baja California, con 188.
Detener a un infante sin causa justificada viola el artículo 11 de la Constitución federal que habla sobre la libertad de tránsito y precisa que ingresar al territorio nacional de manera ilegal no es un delito, sino una falta administrativa.
Por tal razón, y en apego al artículo 4°, párrafo noveno de la Constitución federal, se debe velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.
En este sentido, el Estado mexicano tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, poniendo principal énfasis en los grupos vulnerables como son las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, quienes intentan escapar de sus países de origen porque en ello sólo existe pobreza, marginación y violencia.
México debe ser un Estado garantista con una visión de derecho cosmopolita, es inaceptable que de 242 niños migrantes no acompañados, que solicitaron refugio en el 2016, sólo a 91 les reconoció la condición de refugiado, y resulta aún más alarmante que únicamente 26 recibieron protección complementaria.
Con base en estas consideraciones, se propone al Pleno del Senado de la República exhortar al gobierno federal a implementar programas sociales, políticas públicas y acciones eficaces y eficientes que garanticen el interés superior de la niñez a las niñas y niños adolescentes migrantes no acompañados.
Asimismo, al Instituto Nacional de Migración a enviar a esta soberanía un informe detallado de la situación que guarda el número de solicitudes recibidas por este Instituto para obtener la condición de refugiado y protección complementaria de las niñas y niños adolescentes migrantes no acompañados.
Es importante mencionar que tanto las normas jurídicas nacionales como las internacionales protegen a las niñas y niños adolescentes, más aún cuando se encuentran fuera de su país, a estos infantes se les debe garantizar una protección especial de su integridad y brindarles la condición de refugiado y la protección complementaria, es garantizar por encima de todo el interés superior de la niñez.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, señor Senador.
Túrnese a las Comisiones de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Familia y Desarrollo Humano.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos del Consejo Estudiantil Universitario, integrado por diversas universidades del área metropolitana, invitados por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, es un gusto para el Senado de la República contar con su presencia.
Sean ustedes muy bienvenidos.
Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, para presentar a nombre propio y del Senador Isidro Pedraza Chávez, un punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Comisión Nacional del Agua.
Este punto de acuerdo que presentamos, tiene que ver en mucho con la presentación que acaba de hacer nuestra compañera del Partido de Acción Nacional, Silvia Garza.
El cambio climático obliga para su comprensión y tratamiento de un enfoque intergubernamental y es vinculatorio al concepto de seguridad hídrica que es a su vez, un tema de seguridad nacional.
Se trata de conceptos estratégicos que por su peso y relevancia demanda la mayor comunicación, empatía y coordinación entre el gobierno y la sociedad.
Los consejos de cuenca, son un instrumento de gestión y coordinación que tienen amplio fundamento jurídico en la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento.
Son órganos colegiados que se constituyen como instancia de coordinación y concertación, apoyo, consulta y asesoría entre la Comisión Nacional del Agua y las instancias del ámbito federal, estatal y municipal, los representantes de los usuarios del agua y las organizaciones de la sociedad.
Por ello, los consejos son un instrumento de gestión social e institucional de la mayor relevancia para la seguridad climática y seguridad hídrica del país.
Los persistentes problemas que presenta el sector agua, que han sido profusamente documentados en abundantes investigaciones científicas, evaluaciones, auditorías y referidos en las últimas dos décadas son por lo menos los últimos cuatro programas nacionales sectoriales, están asociados a la escasa atención que han tenido estos órganos de integración mixta en la programación y presupuesto.
La plena operación de los Consejos de Cuenca exigirá a la autoridad en la materia precisar escalas de planeación, orientar programas y presupuestos a prioridades técnicamente necesarias y socialmente consensuadas, que deberán someterse a permanente escrutinio público, transparencia, rendición de cuentas y, en consecuencia, a la economía, eficiencia y eficacia gubernamental.
Actualmente, hay en el país, 26 Consejos de Cuenca y 215 órganos auxiliares, su constitución ha sido un enorme esfuerzo de los diferentes sectores y usuarios del y de la institución que es necesario evaluar, revalorar y recuperar para el bien de la nación.
Inexplicablemente, durante los últimos años, los Consejos de Cuenca han tenido una aguda astringencia presupuestaria, que no guarda correspondencia con las importantes funciones, atribuciones y corresponsabilidades que les mandata la Ley de Aguas Nacionales, y que hoy día, de haber sido debidamente direccionados, tendrían una trascendente tarea en el ámbito preventivo, en impactos asociados al cambio climático, a la seguridad hídrica y al cumplimiento de objetivos y metas del Programa Nacional Hídrico y otros objetivos nacionales igualmente trascendentes.
Los Consejos de Cuenca y la Conagua, son entes pensados para hacer funcionalmente complementarios, su coordinación es fundamental para avanzar en la gestión integrada de los recursos hídricos a nivel nacional, regional, estatal, municipal y local, sus funciones, como puede apreciarse reiteradamente en el articulado de la actual Ley de Aguas Nacionales, es de primera importancia.
Para la planeación, prospección, desarrollo, implantación y evaluación de la política hídrica, nacional, regional y local, sus potencialidades hacen de los Consejos de Cuenca un eficaz instrumento de control y vigilancia, de programación y ejercicio presupuestal para el sector.
Es de la mayor relevancia entender que sólo con el adecuado funcionamiento de los Consejos de Cuenca, se podrá gradualmente revertir de manera consistente las negativas y persistentes tendencias de los indicadores más sensibles en el sector y, con ello, avanzar en los propósitos y objetivos de la estrategia nacional de cambio climático.
Por lo anterior, solicitamos a esta soberanía, solicitar la comparecencia al Titular de la Conagua, para que nos explique los motivos por los cuales los Consejos de Cuenca no han contado con la atención institucional mandatada por ley y cuál será su actuación ante la presencia de las catástrofes y del requerimiento de atención a lo que concierne al agua y a los recursos hídricos de nuestro país.
Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, para presentar un punto de acuerdo que exhorta a informar sobre la aprobación a Petróleos Mexicanos, de un período adicional a 101 asignaciones de exploración concedidas durante la Ronda Cero así, como las causas por las que no se concedió esta prórroga a las otras.
La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Para la otra sesión, por favor, Presidenta.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Lo turnaríamos entonces para la siguiente sesión.
Gracias, Senadora Padierna.
Tiene la palabra el Senador Jorge Luis Lavalle, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un informe sobre las acciones o adecuaciones que se han llevado a cabo en los programas maestros portuarios.
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias, Presidenta.
México ocupa una de las primeras posiciones a nivel mundial en longitud de litorales y cuenta con 22 puertos, de los cuales, casi el 50 % se localiza en el litoral del Pacífico y el resto, en las costas atlánticas del Golfo de México y del Caribe.
El transporte marítimo es un elemento fundamental para el comercio exterior, además, de que conecta regionalmente con el territorio continental.
Nuestro país se encuentra dentro de los 10 primeros importadores del mundo, siendo el más fuerte en Latinoamérica, con una participación del 43 % a escala regional.
Desde el 2005, el 82 % del volumen de las importaciones de los productos petrolíferos se han efectuado a través de las instalaciones marítimas de Pemex, este volumen del 2005 al 2016 creció en un 204 % de manera sostenida.
Pemex cuenta con un total de 15 instalaciones marítimas para el manejo de hidrocarburos y la importación de combustibles; cuenta también con cinco importantes terminales de Operación Marítima y Portuarias en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Sonora.
Estas instalaciones Pemex utiliza el 83 % de capacidad de almacenamiento, y sabemos muy bien que hoy por hoy uno de los ejes estratégicos de nuestro país para poder ser más competitivos está precisamente en las cadenas intermedias de comercialización, almacenamiento, distribución e importación de hidrocarburos para poder aspirar a tener no solamente mejor infraestructura, sino mejores costos y mejores condiciones para todos los mexicanos.
Las reglas que se tienen para el acceso abierto en la infraestructura de transporte, almacenamiento en petrolíferos, en terminales marítimas, derivadas de la reforma energética, no serán óptimamente implementadas si no se desarrolla una nueva infraestructura o se realizan las adecuaciones necesarias.
Los principales puertos mexicanos de importación de gasolinas presentan insuficiencias en diferentes dimensiones:
Por una parte, las condiciones físicas de los puertos como el tirante de agua, el calado, la capacidad de los muelles, el almacenamiento y la evacuación de los buques. Y, por otra parte, hasta hoy la capacidad de las instalaciones para atender las embarcaciones es también limitada, no obstante es un hecho que existe interés por parte de terceros para invertir en el desarrollo y la mejora de todas estas nuevas instalaciones.
La Cofece ha mencionado de la gran importancia que tienen las instalaciones portuarias para la importación de petrolíferos y su transporte dentro del territorio nacional en pro de la consolidación de un mercado competitivo de petrolíferos, así como también de las necesidades de infraestructura que podrían existir para la realización de las actividades por parte de nuevos competidores.
Por ello, en primera instancia es menester contar con el diagnóstico de los programas maestros que se encuentran en marcha y las acciones que éstos contienen en materia de construcción o mejoramiento de terminales para la carga y descarga de petrolíferos para garantizar el acceso abierto y, sobre todo, efectivo de ductos y terminales ubicado en los puertos marítimos de nuestro país.
Por otra parte, toda vez que las inversiones en este sector provienen también de particulares, es sumamente importante que se emita a la brevedad una norma oficial mexicana por parte de la Agencia, la ASEA, con el objeto de brindar mayor certidumbre y seguridad jurídica a dichas inversiones.
Y lo hemos dicho muchas veces, para poder garantizar la confianza y la certidumbre tiene que haber orden, y para que exista ese orden tienen que existir reglas claras.
Nos interesa mucho conocer los mecanismo y medidas regulatorias con los cuales la ASEA dará viabilidad y certidumbre a estos proyectos garantizando, por una parte, la seguridad industrial, el cuidado y la protección al medio ambiente, tanto de los puertos de nuestro país como de todas y cada una de sus instalaciones.
La ASEA todos sabemos que trae cargas de trabajo importantes, también tiene tiempos limitados y los urgimos por ello para darle certidumbre a todas estas inversiones estratégicas en nuestro país con las decisiones y con esta Norma Oficial Mexicana que urge que ya den a conocer.
México atraviesa por un momento complejo, el desempeño de nuestra economía y la coyuntura internacional exige que utilicemos al máximo y sin ningún titubeo las herramientas jurídicas que se concretaron con la aprobación de las grandes reformas.
Por ello, lo que les he comentado, en este punto de acuerdo estoy exhortando a la SCT a que nos informe en nivel de avance en el desarrollo de infraestructura en materia de puertos relacionada con el almacenamiento y transporte de petrolíferos, así como a la ASEA para que emita las especificaciones y criterios técnicos de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente en las instalaciones marítimas asociadas con el maneo de petrolíferos.
Por su atención y su apoyo, muchas gracias.
Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
Tiene ahora el uso de la tribuna.
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: (Desde su escaño) Presidenta.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Senador Cárdenas, ¿tiene algún comentario?
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: (Desde su escaño) Si el Senador ponente me permite adherirme al punto de acuerdo que acaba de presentar.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Lo autoriza el Senador.
Añadido el Senador Cárdenas.
Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Diva Gastélum Bajo, para presentar a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un punto de acuerdo que exhorta a presentar un informe sobre las acciones realizadas para promocionar e impulsar la no violencia en contra de las mujeres y niñas.
La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias.
Buenas tardes a todas, a todos.
Este es un punto de acuerdo que mi grupo parlamentario presenta, pues preocupado y con la necesidad de conocer en las 32 entidades este esfuerzo que hemos venido realizando cada día 25 de cada mes.
Es una manera de llamar la atención y de denunciar la violencia en contra de las mujeres.
Es verdad que muchos esfuerzos se han hecho desde la creación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pasando por presupuestos con perspectiva de género.
En la Ley de Igualdad ha habido grandes esfuerzos legislativos y políticas públicas también encaminadas a terminar con este flagelo social.
Pero pareciera que entre más esfuerzos hay la violencia ha alcanzado, en contra de las mujeres, ha alcanzado dimensiones impresionantes.
El feminicidio ha crecido importantemente, y podemos hablar que uno de los mecanismos más importantes para revisar la violencia más alta, que es los crímenes de odio en contra de las niñas y mujeres de este país, no ha mermado, no ha bajado, y la alerta de género dejó de ser un instrumento solamente político.
Hoy existen once estados de la República que tienen esta alerta de género en algunos municipios, que ha arrojado datos muy interesantes para atenderla; pero es muy importante, y para mi grupo parlamentario significa un instrumento de gran valía este informe, que estamos pidiendo en qué ha contribuido este Día Naranja de cada mes, qué avances hemos tenido, qué resultados favorables en el afán de buscar mecanismos que contribuyan a parar esta violencia en contra de las niñas y mujeres de este país.
Lo presentamos conociendo que si más de la mitad de la población no cuenta con los mínimos de integridad, de seguridad, de desarrollo difícilmente podemos hablar de un desarrollo general en el país, entonces ese es el interés que tiene el grupo parlamentario.
Por lo tanto, estamos pidiendo un informe pormenorizado de las acciones realizadas, los alcances y los retos que tenemos y, sobre todo, seguramente habrá en este informe también datos interesantes, qué más se propone hacer para poder parar la violencia en contra de las mexicanas.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, señora Senadora.
Informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, en relación con su Presidencia.
Solicito a la Secretaría dé lectura al contenido del acuerdo.
1.- Que la Junta de Coordinación Política es un órgano que expresa la pluralidad de la Cámara de Senadores, con la alta responsabilidad de que en su interior se impulsen entendimientos y conveniencias para alcanzar acuerdos que permitan el cumplimiento de las facultades que la Constitución asigna a la Cámara.
2.- Que con base en el párrafo uno del artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso, al inicio del período constitucional de cada legislatura, se conforma la Junta de Coordinación Política integrada por los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en la Legislatura; y adicionalmente por dos Senadores del grupo parlamentario mayoritario; y uno por el grupo parlamentario que, por sí mismo, constituya la primera minoría de la Legislatura.
3.- Que el párrafo cuatro del mismo artículo establece que la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, por el término de una Legislatura corresponde al coordinador del grupo parlamentario, que por sí mismo cuente con la mayoría absoluta del voto ponderado de la Junta, destacando el párrafo 5, que si al iniciar la Legislatura ningún coordinador cuenta con la mayoría absoluta del voto ponderado de la Junta, la Presidencia de ésta será ejercida en forma alternada, y para cada año legislativo por los coordinadores de los grupos parlamentarios que cuenten con un número de Senadores que representen al menos el 25 % del total de la Cámara correspondiendo a determinar el orden anual para presidir la junta del coordinador del grupo parlamentario del mayor número de Senadores.
4.- En la junta previa de la Cámara de Senadores celebrada el pasado 31 de agosto, se dio cuenta con el acuerdo en relación con la integración de la Junta de Coordinación Política que funcionará para el Tercer Año del Ejercicio de la LXIII Legislatura, por el que se designa al Senador Emilio Gamboa Patrón, como su presidente.
5.- Que la misma disposición legal señalada, prevé la posibilidad de que algún coordinador se ausente, su puesto en el cual podrá nombrar un Senador que lo represente.
6.- Que los integrantes de este órgano colegiado hemos tenido conocimiento de la comunicación suscrita por el Senador Emilio Gamboa Patrón, mediante la cual da a conocer su decisión de declinar a la titularidad de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, con la solicitud de nombrar a la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, para que asuma dicho cargo.
7.- Que con base en el artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso resulta necesario adoptar una determinación en orden a la titularidad de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, como resultado del escenario antes descrito, por lo que los integrantes de este cuerpo colegiado consideramos viable jurídicamente que a partir de la solicitud expresada por su Presidente, se proponga al Pleno del Senado a la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, para que ocupe el cargo, por lo que sometemos a la consideración del Pleno el siguiente acuerdo:
Único.- En los términos del artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se designa a la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, Presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Honorable Cámara de Senadores, para el Tercer Año del Ejercicio de la LXIII Legislatura.
Firma, el Senador Emilio Gamboa Patrón, Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Y, firman también todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, está a discusión el acuerdo.
De no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo presentado.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.
Quienes estén a favor porque se apruebe, favor de levantar la mano.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Aprobado el acuerdo por el que se designa a la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, como Presidenta de la Junta de Coordinación Política para el Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.
Senadora Herrera.
Tiene el uso de la palabra la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo.
La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo: Muchas gracias, señora Presidenta.
Es para mí motivo de gratitud, pero sobre todo de enorme responsabilidad, la confianza que hoy se me ha dado en la Junta de Coordinación Política, y por este Pleno, que es, desde luego nuestro máximo órgano de decisión.
Consciente de estar en uno de los dos órganos de gobierno de esta Cámara de Senadores.
El primer año tuve la gran oportunidad de estar en la Junta de Coordinación Política, como integrante.
El segundo año, gracias también a la confianza de mi grupo parlamentario, del propio Pleno, tuve la oportunidad de ser Vicepresidenta y, por supuesto, que quiero asumir el compromiso de representar con dignidad, con responsabilidad, con la absoluta imparcialidad este órgano de gobierno, que es la Junta de Coordinación Política, para lograr lo que estamos obligados todos los días, acuerdos a favor de nuestro país, acuerdos a favor de las mayorías de los mexicanos.
Han sido cinco años de acuerdos, cinco años de logros concretos de enriquecer con la visión de todos y cada uno de los Senadores y Senadoras el trabajo parlamentario, y estoy cierta, que este último año no será la excepción.
Hago votos porque así sea, y por supuesto que me comprometo con todas y todos ustedes a ser una facilitadora para alcanzar con imparcialidad, con responsabilidad estos acuerdos.
Muchas gracias, por su confianza.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Ana Lilia Herrera.
Estoy seguro que será usted factor de construcción de mayorías, factor de estabilidad en este Senado de la República, y estoy seguro que trabajaremos muy de la mano la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política.
Hago de su conocimiento que la Mesa Directiva en su reunión de esta mañana, autorizó la rectificación de turno al nombramiento expedido a favor del ciudadano Héctor Daniel Dávalos Martínez, como Cónsul General de México en San Juan, Puerto Rico, para quedar en las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte.
Les informo ahora que las proposiciones referidas y solicitudes de recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, se turnarán directamente a la Cámara de Diputados para, en su caso, permitir su atención oportuna.
Solicito a la Secretaría informe del listado de las proposiciones se turnan a la Cámara de Diputados.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Doy lectura, señor Presidente a las proposiciones que se turnan a la Cámara de Diputados.
Una, del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro que exhorta considerar la asignación de recursos adicionales al Proyecto Estratégico de Desarrollo de las Zonas Áridas, y a la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua.
Tres de la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama.
La que exhorta a asignar recursos para la construcción del distribuidor vial en el entronque de la carretera Baca-Yaxkukul con la carretera federal número 176, Mérida-Motul, kilómetro 20+800, en el estado de Yucatán.
La que solicita asignar recursos para llevar a cabo la reconstrucción de la carretera Tixméhuac-Kimbilá en el estado de Yucatán.
Y la que solicita asignar recursos al sector apícola del estado de Yucatán.
Son todas las proposiciones, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Esta Presidencia ratifica el turno de dichas proposiciones a la Cámara de Diputados.
Comunico a la Asamblea que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides se integrarán al Diario de los Debates.
Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo martes 12 de septiembre, a las 11:00 horas.
Se levantó la sesión a las 14:52 horas.

References: artículo 71
 artículo 132
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 108
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 321
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 134
 artículo 85
 artículo 111
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 resolución 
 artículo 196
 resolución 
 artículo 196
 artículo 92
 artículo 3
 resolución 
 artículo 11
 artículo 4
 artículo 81
 artículo 81
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