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Timestamp: 2018-06-23 07:49:17+00:00

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Foro Legal | Abogados Barcelona: mayo 2011
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Un examen estatal determinará el acceso a la profesión de abogado
Aunque siguen abiertos muchos frentes de debate respecto al Reglamento que deberá desarrollar la Ley de Acceso a la Abogacía, ha trascendido ya que el examen que deberán superar los licenciados en Derecho para poder ejercer como abogados tendrá carácter estatal, siendo una única prueba en la que no se incluirán, por tanto, cuestiones relacionadas con el derecho autonómico.
Las universidades estudian solicitar una moratoria en la entrada en vigor de la Ley, debido a que no se han podido consensuar todavía los contenidos que tendrán el master que se deberá cursar tras el grado ni, tampoco, los que deberá tener el examen para el acceso a la profesión.
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Reducido el plazo para reclamar deudas de la Administración
La nueva redacción del artículo 200 de la Ley de Contratos del Sector Público ha reducido considerablemente, de tres meses a sólo uno, el plazo que debe transcurrir entre la reclamación previa y la interposición de un recurso contencioso-administrativo por el impago de deudas de la Administración.
Además, junto a esta agilización de los trámites, se prevé también que el Juez adopte medidas cautelares de pago y que imponga a la Administración, cuando se estime íntegramente la acción interpuesta, las costas procesales. De este modo, se abandona el criterio anterior (basado en la mala fe o la temeridad) y se tiende al criterio objetivo del vencimiento.
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Etiquetas: abogados barcelona, administración, deuda administrativa, Ley contratos sector público, medidas cautelares, recurso contencioso-administrativo
Dimisión de administradores y acefalia de la sociedad mercantil
La renuncia o dimisión de los administradores a su cargo es totalmente libre. Al menos, no encontramos en nuestra legislación societaria ninguna norma que coarte esa libertad de forma directa. A diferencia de lo que ocurre con el nombramiento y del cese involuntario, que se hallan expresamente regulados en la Ley de Sociedades de Capital (LSC), guarda ésta absoluto silencio sobre la posibilidad de dimisión, más allá de someras referencias a la capacidad del Consejo de Administración para aceptar dimisiones de consejeros (art. 245) y a la falta de efectos del cierre registral, derivado de la falta de depósito de cuentas anuales, a la hora de inscribir esa dimisión (art. 282.2).
Precisamente es la inscripción de la dimisión, regulada en el artículo 147 del Reglamento del Registro Mercantil (RRM), la regulación que ha venido sirviendo de base, tradicionalmente, para entender que no cabe limitar de ningún modo la libertad de los administradores de renunciar a su cargo. Y es que el citado precepto sólo exige, eso sí, que haya habido una comunicación fehaciente a la sociedad, por parte del administrador, de su dimisión del cargo. Por lo demás, como indica la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), el citado precepto “permite la dimisión sin cortapisa alguna”. No cabe posibilidad, por tanto, de que la sociedad se oponga. No obstante, es preciso matizar esa libertad –a priori absoluta– que asiste al administrador que quiera renunciar al cargo que ocupa. Y es que dicha renuncia no es tan libre cuando, de producirse, deja a la sociedad sin órgano de administración efectivo, es decir, cuando la deja en situación de acefalia.
Es lo que ocurriría en aquellos supuestos en que cesaran a la vez todos los miembros de un Consejo de Administración, todos los administradores (con independencia del tipo de órgano que conformaran) o, en el supuesto más habitual en la práctica, cuando dimitiera el administrador único.
Ninguno de estos supuestos permite que el administrador dimisionario se acoja a la libertad de renuncia, porque esa libertad entra en conflicto con una norma que le resulta del todo imperativa: el deber de diligente administración que le impone el artículo 225 de la LSC.
Evidentemente, renunciar al cargo y dejar a la sociedad sin representante legal, abandonada a su suerte y en una situación de acefalia no parece que sea la conducta más propia de un administrador diligente. Por este motivo, el conflicto entre derecho y obligación, entre libertad para dimitir y diligente administración, debe resolverse a favor de la segunda de las opciones, siendo imposible en estos casos que la mera notificación a la sociedad de la renuncia del administrador pueda bastarle a éste para dejar el cargo.
Para resolver este tipo de situaciones, la doctrina ha entendido que el administrador debe llevar a cabo un último acto de diligente administración y, posteriormente, no será posible obligarle ya a permanecer en el cargo. Esto acaba siendo, como veremos a continuación, una solución ciertamente salomónica.
La DGRN ha exigido reiteradamente que el administrador único o el Consejo –cuando cese en su totalidad– convoquen a la junta general para que ésta pueda elegir al nuevo administrador o a los nuevos consejeros (Resoluciones de 26 de mayo de 1992 o de 9 de junio de 1993). De este modo, permitirán que la junta tome las medidas oportunas para evitar la situación de acefalia que la dimisión de los administradores comportaría.
Pero obviamente, resulta imposible asegurar que esa junta será capaz de conseguir ese objetivo, habida cuenta de los múltiples avatares a los que puede verse sometida: por ejemplo, que no llegue a celebrarse, que no disponga del quórum suficiente o que, sencillamente, resulte imposible adoptar el acuerdo de nombramiento de nuevos administradores. Por ello, es importante señalar que el administrador dimisionario cumple adecuada y suficientemente con su deber de diligencia con la mera convocatoria de la junta, aun cuando ésta, por cualquiera de las razones antes expuestas, resulte infructuosa. Así lo entiende la DGRN, que señala en su Resolución de 18 de julio de 2005 que la diligencia queda cumplida con la mera convocatoria de junta, “con independencia del resultado de tal convocatoria en tanto que la efectiva celebración de la junta o las decisiones que en ella se adoptaran ya no dependían del buen hacer del autor de aquélla”.
Por lo tanto, podemos señalar que el administrador único (por citar el supuesto más frecuente) habrá cumplido con la diligencia exigible con la mera convocatoria de junta, en cuyo Orden del Día será imprescindible, eso sí, que haga constar el nombramiento de un nuevo administrador. Hecha esa convocatoria, la renuncia sí será totalmente libre, no pudiendo la sociedad exigirle de ningún modo que permanezca en el cargo.
Lo cierto es que la situación de acefalia se acabará produciendo igualmente si, por cualquier motivo, la junta no consigue nombrar a un nuevo administrador. Eso significa que el mecanismo al que nos acabamos de referir tiene como único beneficiario al administrador, que saca provecho en dos ámbitos: por un lado, porque puede inscribir su renuncia al cargo, cosa que no podría haber hecho de no haber convocado la junta; por el otro, porque consigue hacer efectivo su cese y eludir responsabilidades, ya que empieza a contar desde ese momento el plazo prescriptivo de cuatro años para la interposición de acciones en su contra.
La sociedad, sin embargo, acaba viéndose igualmente abocada a la acefalia que la convocatoria de junta había tratado –al menos formalmente– de evitar. Por ello, lo más procedente en estos casos será instar su disolución judicial, por entender que nos hallamos ante un supuesto de paralización de los órganos sociales (tal y como prevé el artículo 363.1.c de la LSC). Paralización que no deriva de la acefalia en sí misma, sino de la imposibilidad absoluta de la junta de adoptar acuerdos, tal y como se pone de manifiesto al no nombrar a un nuevo administrador.
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Un 20% de municipios no presenta sus cuentas a la Sindicatura
La Sindicatura de Comptes es el organismo encargado de revisar las cuentas de los Ayuntamientos catalanes y, en consecuencia, informar favorablemente de cara a la concesión de las subvenciones que correspondan a los municipios en función, precisamente, de esas cuentas.
No obstante, el 20% de los consistorios no ha remitido todavía a la Sindicatura las cuentas correspondientes al ejercicio 2009, a pesar de que el plazo para hacerlo acababa el pasado mes de octubre de 2010. Además, sólo un 26% de los municipios lo hicieron dentro de ese plazo. La congelación de las subvenciones es la principal sanción por el incumplimiento de la obligación de entrega de cuentas.
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Más de 5 millones de cuentas embargadas por deudas administrativas
La Agencia Tributaria y la Seguridad Social embargaron, durante el año 2010, más de cinco millones de cuentas bancarias, con el objetivo de garantizar el cobro de deudas administrativas.
Debe destacarse que del total de embargos efectuados por la Agencia Tributaria, más de tres millones, no todos se debían a deudas relacionadas con obligaciones tributarias, sino también con multas de tráfico y demás sanciones administrativas de cuya gestión se encarga dicha Agencia.
Por lo que se refiere a otros embargos, durante 2010 se embargaron un total de 378.000 salarios (un tercio más que en 2009) y un total de 101.500 inmuebles, debido a la imposibilidad de muchos ciudadanos de hacer frente a esas deudas contraídas.
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La doctrina del daño desproporcionado y la responsabilidad médica
El Tribunal Supremo ha abordado, en su Sentencia 1/2011, de 20 de enero, la controvertida doctrina del daño desproporcionado y la incidencia que su aplicación debe tener a la hora de determinar la responsabilidad médica.
Se trata de una doctrina que parte de una premisa sencilla: cuando en una intervención médica (que se vincula generalmente a intervenciones quirúrgicas) se producen en el paciente unos daños desproporcionados, es decir, superiores a los que sería razonable esperar, se da por indiciariamente supuesto que ha habido negligencia por parte del profesional. Es lo que el propio Tribunal Supremo, en una Sentencia de 29 de junio de 1999, vinculaba a la regla res ipsa loquitur (la cosa habla por sí misma).
Debido a los importantes efectos que la aplicación de esta regla tiene sobre el enjuiciamiento de supuestos de responsabilidad médica, el propio Supremo ha ido matizándola y es precisamente ésa la línea que sigue la referida Sentencia 1/2011, en que se estudiaba el caso de una paciente que había sufrido daños desproporcionados en el marco de una cirugía de aumento de pecho.
A la hora de aplicar la doctrina de los daños desproporcionados, señala el Supremo en este caso que la existencia de dichos daños no puede ser tomada como un criterio automático para la declaración de la responsabilidad: “La doctrina llamada del daño desproporcionado no comporta, al menos en sentido propio, la de un criterio de imputación de responsabilidad objetiva por una mala praxis médica”. Según entiende el Alto Tribunal, sólo puede evidenciar –más que en otros casos– la existencia de algún tipo de negligencia que, en todo caso, deberá ser probada: “es susceptible de evidenciar en principio, con sujeción a las reglas de la experiencia, la concurrencia de la falta de medidas de diligencia, prevención y precaución exigible según las circunstancias”.
En el caso que se enjuiciaba, entendió el Supremo que las pruebas practicadas permitieron determinar, finalmente, que no existía falta de información a la paciente, tal y como ésta había sostenido. En contra de tal acusación, entendió el Supremo que “la información se proporcionó a la paciente de una forma escrita y suficientemente expresiva de la intervención que se iba a llevar a cabo”, señalando además que la misma paciente se había sometido ya a otras intervenciones de cirugía estética en la misma clínica.
Por lo tanto, la existencia de daños desproporcionados sirvió al Tribunal como primer indicio de que el cirujano podía haber incurrido en algún tipo de negligencia profesional pero, posteriormente, mediante las pruebas practicadas, pudo apreciarse que no existía tal negligencia, quedó sin efecto ese indicio.
En cualquier caso, debe remarcarse también que el Supremo aprovechó esta Sentencia para hacer notar la especial importancia que tiene el consentimiento del paciente en las intervenciones de cirugía estética. Entiende en este sentido que dicho consentimiento “es un presupuesto y elemento esencial de la lex artis para llevar a cabo la actividad médica, y se hace especialmente exigente en intervenciones médicas no necesarias, en las que el paciente tiene un mayor margen de libertad para optar por su rechazo habida cuenta de la innecesidad o falta de premura de la misma”.
Por lo tanto, siguiendo este criterio del Supremo, parece que la necesidad de informar al paciente –requisito esencial ante cualquier intervención– y de obtener su consentimiento –elemento fundamental para defenderse adecuadamente de acciones de responsabilidad– tiene un carácter reforzado cuando dichas intervenciones no tengan carácter necesario, tal y como sucede fundamentalmente en el terreno de la cirugía estética.
Etiquetas: abogados barcelona, doctrina daños desproporcionados, responsabilidad civil, Sentencias, Tribunal Supremo
Se retrasa la puesta en marcha de la Ley de Veguerías
Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona seguirán teniendo diputaciones provinciales tras el 22 de mayo, fecha en que inicialmente dichos órganos debían convertirse en Consells de Veguería, de conformidad con la Ley de Veguerías que se aprobó en 2010.
La imposibilidad legal de desplegar la Ley en su conjunto, debido a que no se han producido los cambios legislativos que debían permitir la puesta en marcha de las siete veguerías previstas, ha hecho que la Generalitat se replantee la aplicación parcial de la norma, entendiendo que es preferible esperar a que se produzcan antes los referidos cambios. Y es que, si no lo permite una norma estatal, no pueden alterarse los límites de las cuatro provincias para convertirlos en las siete veguerías.
Etiquetas: abogados barcelona, generalitat, ley veguerías, reordenación territorial
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El Constitucional anula una norma que ya había sido derogada
El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el artículo 43 del Real Decreto Ley 6/2000, que aumentaba los festivos en que podían abrir los comercios. Se estima de este modo el recurso que planteó contra ese artículo la Generalitat de Catalunya. El Constitucional anula el precepto por entender que no existió la urgencia que debe motivar la aprobación de una norma mediate Real Decreto (que corresponde al Gobierno) en lugar de hacerlo mediante la Ley correspondiente, competencia de las Cortes.
Lo más curioso del caso es que la decisión del Constitucional, publicada el pasado 11 de abril, llega cuando la norma en cuestión había sido ya derogada, cuando se promulgó la Ley de Horarios Comerciales del año 2004.
Publicado por Foro Legal Abogados en 2:28 No hay comentarios:
Etiquetas: abogados barcelona, ley horarios comerciales, Sentencias, tribunal constitucional

References: artículo 200
 artículo 147
 Resolución 
 artículo 225
 Resolución 
 artículo 363
 artículo 43
 Real Decreto 
 Real Decreto