Source: https://www.envio.org.ni/articulo/5648
Timestamp: 2019-12-11 00:22:53+00:00

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Revista Envío - ¿Un ultimátum a la dictadura?
La resolución aprobada por la Asamblea General de la OEA el 28 de junio en Medellín, sobre la situación en Nicaragua, reiterando que se ha producido en nuestro país una alteración del orden constitucional y del orden democrático, y dando a Ortega 75 días para negociar de buena fe con la Alianza Cívica una salida eficaz a la crisis nacional, tiene todas las características de un ultimátum presentado por el más alto nivel del organismo regional. ¿Lo entenderá así Ortega, responderá a este emplazamiento? ¿O seguirá imponiéndose por la represión, prolongando la incertidumbre nacional hasta 2021?
A quince meses de la rebelión cívica de abril, algunos análisis insisten en que llegados al punto en el que estamos los dilemas los tiene el régimen… porque “el pueblo ya tomó su decisión”, como se cantaba en Nicaragua hace ahora cuarenta años, cuando los dilemas los enfrentaba Somoza y el pueblo luchaba decidido contra su dictadura.
¿Es ése el balance de los acontecimientos del mes de junio, que despertaron tantas expectativas? ¿Está Ortega ante un ultimátum o entramos sólo en una etapa más del proceso de resistencia popular prolongada?
EN LOS IDUS DE JUNIO
Al término del mes de mayo, las expectativas sobre lo que podría o no ocurrir en junio para aclarar algo más la salida a la crisis nacional no fueron vanas.
El 18 de junio concluía el plazo de 90 días que impuso el régimen para “liberar definitivamente” a todos los presos políticos. Llegó la fecha y los más conocidos y reconocidos presos, que se temió quedaran de principales rehenes en las cárceles, fueron “excarcelados”. Sin embargo, y según la Alianza Cívica, aún quedó casi un centenar de encarcelados y aún se carece de información sobre otro centenar, que se teme estén desaparecidos. Tampoco la liberación de quienes salieron ha sido definitiva, tal como era el compromiso que firmó el régimen. Sin embargo, la excarcelación de tantos, su firmeza y su dignidad inyectaron nuevos ánimos y esperanza a la resistencia azul y blanco.
Días después, el 21 de junio, concluía el plazo para que el Departamento de Estado informara al Congreso si había o no avances democráticos y en derechos humanos en Nicaragua. De no haberlos, la Nica Act ordenaba aplicar sanciones. Las hubo, y no sólo de Estados Unidos, también de Canadá, patentizando así cómo se ensancha el aislamiento internacional de la dictadura.
Días después, el 28 de junio, la 49 Asamblea General Ordinaria de la OEA, celebrada en Medellín emplazó al régimen de Ortega a “cumplir plenamente los acuerdos alcanzados” y a comprometerse “de buena fe” a negociar “una solución pacífica y efectiva” a la crisis nacional, dándole un plazo de 75 días para presentar resultados.
LA LENTA MAQUINARIA DIPLOMÁTICA
Fue hace un año, en la 48 Asamblea General Ordinaria de la OEA, celebrada en junio de 2018, cuando el organismo regional elaboró la primera de sus varias resoluciones sobre la crisis nacional, llamando la atención sobre lo que hacía casi dos meses sucedía en Nicaragua.
Para esa fecha ya había más de un centenar de muertos y se desplazaba por el país un “ejército” de paramilitares derribando tranques y barricada, en la “operación limpieza”, etapa en la que ocurrió el mayor número de asesinatos y crímenes de lesa humanidad que hoy pesan sobre Ortega y sobre quienes le acompañaron en esta masacre.
Ahora, un año después, cuando en Medellín la asamblea de la OEA discutía la última (¿penúltima…?) resolución sobre la situación en Nicaragua, el representante de Brasil, Fernando Simas Magalhães, lamentó la lentitud de la maquinaria burocrática del organismo regional.
“Es una falta de respeto a las decenas de víctimas inocentes, un irrespeto al sufrimiento del pueblo de Nicaragua -dijo al mencionar la tardanza-. Desde la última asamblea general, cuando los muertos ya se contaban por centenares, hemos realizado más de diez sesiones del Consejo Permanente para debatir una crisis que evidenció, sin lugar a dudas, no sólo las graves violaciones de derechos humanos, también la alteración al orden constitucional y democrático en Nicaragua”.
José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch (HWR), contabilizó 21 comunicados de prensa y 4 informes de la OEA sobre la crisis nicaragüense.
Esos informes, los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo autónomo de la misma OEA, presentó en algunas de las sesiones evocadas por el diplomático brasileño, demostrando una masiva violación de los derechos humanos, no sacudieron la parsimonia de la diplomacia, lo que le ha permitido a Ortega ganar y ganar tiempo para consolidar su aparato represivo.
LA DICTADURA EMPLAZADA POR LA OEA
Cuando en febrero de 2019 Ortega se vio forzado a volver a la mesa de negociación con la Alianza Cívica, por la crisis económica que avanzaba y por la impaciencia de actores externos, se anunció que esa negociación, segunda etapa del Diálogo Nacional de mayo-junio de 2018, concluiría en un mes.
Ya en marcha la negociación, lo primero que procuró Ortega, después de firmar dos acuerdos -que no ha cumplido- fue “comprarse” un plazo de 90 días para ganar tiempo. La secretaría general de la OEA, que ya actuaba como “testigo y acompañante” en la mesa, se lo aceptó y le hizo saber a la Alianza Cívica que no podía ni rechazar ese plazo ni acortarlo.
Ahora, ante la evidencia de que Ortega firma y no cumple, y que no deja de reprimir, es la Asamblea General de la OEA la que le ha impuesto por primera vez un plazo para que negocie y cumpla.
¿QUÉ DICE EL ULTIMÁTUM?
La resolución-ultimátum de la OEA fue aprobada el 28 de junio por las Cancillerías de 20 países, todos los de peso en el continente por su territorio, población e influencia. Entre los cuatro que votaron en contra, sólo Bolivia. Y entre los ocho que se abstuvieron, sólo Guatemala y República Dominicana. Uruguay estuvo ausente al momento de votar por no aceptar al representante de Venezuela, designado por Guaidó.
Las pequeñas islas del Caribe votaron en contra o se abstuvieron, agradeciendo así el petróleo venezolano que reciben. Se resisten a condenar al régimen venezolano y al nicaragüense. A pesar de abstenciones y voto en contra, ningún país ocupó el micrófono para defender a Ortega.
La resolución aprobada “reitera” la preocupación por lo que sucede en Nicaragua, “insta” a reanudar una negociación “de buena fe y efectiva” con la Alianza Cívica y a cumplir lo acordado, “insiste” en el ingreso a Nicaragua de la CIDH, “reitera” que en Nicaragua ha habido “una alteración del orden constitucional” por la violación a los derechos humanos, la falta de libertades y la falta de avance en las reformas electorales.
Y -esto es lo nuevo- “instruye” al Consejo Permanente a conformar una comisión, que en el marco del proceso de aplicación de la Carta Democrática, realice gestiones diplomáticas “al más alto nivel” para hallar una solución “pacífica y efectiva” a la crisis.
En 75 días como plazo máximo, esa comisión debe tener listo un informe sobre lo que vio y lo que consiguió. La primera versión de la resolución proponía un plazo de 90 días, pero un intenso cabildeo de los nicaragüenses azul y blanco presentes en Medellín logró reducirlos. ¿Es un ultimátum? Tiene todas las características.
La resolución se inscribe en el marco de la aplicación de la Carta Democrática después de que la secretaría general de la OEA dio por iniciado ese lento proceso en enero de 2019 y de celebrar varias “apreciaciones colectivas” del Consejo Permanente sobre cómo evoluciona la situación en nuestro país.
Ya en agosto de 2018 la OEA había creado un Grupo de Trabajo para Nicaragua, conformado por doce países, a quienes Ortega no les permitió entrar al país. Si Ortega no dejara entrar ahora a esa comisión de mayor nivel o si no cumpliera con todo a lo que se le “insta”, una Asamblea General Extraordinaria de Cancilleres de la OEA podría ser convocada y los países del continente pondrían más presión.
¿Cómo? Podrían, por ejemplo, aplicarle a Nicaragua sanciones bilaterales. Podrían establecer en sus tribunales nacionales el principio de la justicia universal para recibir denuncias por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua.
ORTEGA SERÍA UN CABALLO DESBOCADO
La Asamblea General Extraordinaria podría también declarar la ilegitimidad del régimen de Ortega, tanto por su origen, basado en fraudes y en la manipulación constitucional con la que consiguió la reelección, como por su ejercicio, dada la masiva violación de derechos humanos que ordenó.
Si en esa eventual Asamblea General Extraordinaria, posterior al ultimátum, hubiera la mayoría de 24 votos podría también ser expulsada Nicaragua de la OEA. Como algunas otras voces, la de José Luis Velásquez, muy cercano al sector empresarial, y quien fuera embajador de Nicaragua ante la OEA en anteriores gobiernos, opina que la expulsión no sería positiva. Porque el régimen “quedaría como un caballo desbocado que ya no tiene freno. Ahora la OEA está ejerciendo la función de freno. Si se lo quitan, ya no tendrá posibilidad de conducirlo”.
UN ÉXITO AZUL Y BLANCO
Cualquiera sea la respuesta de Ortega ante el ultimátum, su dictadura tuvo una derrota importante en Medellín. El régimen sabía de sobra que Nicaragua no sería expulsada en esta ocasión, porque nunca sucede eso en una asamblea general ordinaria. Sin embargo, desató una falsa expectativa en las redes de que el plan azul y blanco era sólo ése: conseguir la expulsión. Lo que no esperaba el régimen era el ultimátum.
La Alianza Cívica consideró un éxito lo conseguido en Medellín. La presencia y las actividades en los varios espacios de la asamblea de una amplia delegación de la Alianza, de la Unidad Azul y Blanco, y de reconocidos presos políticos que habían sido recientemente excarcelados por el régimen, logró colocar el tema de Nicaragua en un primer plano.
Ortega tuvo que permitirles viajar fuera del país, y ya estando allá, sus testimonios sobre las torturas que sufrieron en la cárcel, su decisión de lucha y la información sustantiva que compartieron bilateralmente y en varios foros públicos reavivaron la preocupación internacional por lo que está ocurriendo en Nicaragua.
CERRAR “DE FACTO” LA MESA
¿Retomará el régimen la negociación con la determinación de avanzar y de cumplir lo acordado? Desde hace mucho lo que ha hecho es actuar unilateralmente y utilizar la negociación como un escenario para confundir a la comunidad internacional.
En el prolongado atasco en el que cayó la mesa de negociación desde mediados del mes de mayo, por los incumplimientos de Ortega y por el asesinato en la cárcel del preso político nicaragüense-estadounidense Eddy Montes el 16 de mayo, Ortega volvió a actuar unilateralmente y presentó al país, y especialmente a la comunidad internacional, el 23 de mayo su “programa de trabajo” para “consolidar estabilidad y paz” en Nicaragua.
Publicando este programa daba por cerrada de facto “la mesa” y pretendía que la comunidad internacional, enfrascada en tantos problemas en tantas partes del planeta, creyera que ya había concluido la negociación, que ya se habían cumplido los puntos de la agenda y que el país avanzaba en su estabilización. Para sus bases, la consigna de la nueva etapa que inauguraba con ese programa de trabajo es “¡No pudieron! ¡Ni podrán!”
LA “SOLUCIÓN” DEL RÉGIMEN
El programa gubernamental anunciaba la liberación de todos los presos para el 18 de junio -para esas fechas eran 200-300 los encarcelados-. Afirmaba que continuaba promoviendo un plan de retorno voluntario de los nicaragüenses en el exterior -no los llama exiliados y para para esas fechas no se conocía de ningún resultado-. Anunciaba que con la OEA continuaba en el proceso de “fortalecimiento institucional electoral” de cara a las elecciones de 2021 -no mencionaba a la Alianza como contraparte de ese proceso, no hablaba de “reformas electorales” y reiteraba que las elecciones serán en 2021-. El programa decía que se estaba promoviendo una ley de atención “integral” a las víctimas de los sucesos de abril -no contiene ningún contenido reparador que garantice a las víctimas alcanzar la justicia y la verdad-.
El programa no hacía prácticamente referencia a la larga lista de garantías y derechos constitucionales suprimidos, que el gobierno se había comprometido el 29 de marzo a devolverle a la ciudadanía, a las ONG y a los medios de comunicación.
Según Antonia Urrejola, comisionada de la CIDH para nuestro país, “todo ejercicio de derechos que suponga protestar contra el gobierno se encuentra suspendido actualmente en Nicaragua”.
El programa unilateral de “solución” de la crisis tuvo su coronación el 8 de junio con la aprobación en la Asamblea Nacional de una Ley de Amnistía, la número 53 de nuestra historia, que pretende cubrir con un manto de “olvido” todo lo ocurrido desde abril de 2018.
La Ley de Amnistía tiene apenas tres artículos, no fue consultada con ningún sector nacional, mucho menos con las víctimas. Y surgió de un día a otro, aunque desde que el régimen empezó a reprimir de la forma en que lo hizo se sabía que recurriría a la amnistía para garantizarse impunidad por sus crímenes.
Ortega envió el proyecto de ley con carácter de urgencia a la Asamblea Legislativa, donde la mayoría del partido de gobierno la aprobó, sin cambiarle una coma, en menos de 24 horas y en sesión extraordinaria de un sábado.
De inmediato, Michele Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, advirtió que “las amnistías por graves violaciones de los derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional”, refiriéndose a que el monitoreo de su oficina viene documentando graves violaciones en Nicaragua, responsabilizando por ellas a las autoridades. Entre las violaciones que mencionó se refirió a “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, casos de tortura y violencia sexual, y detenciones arbitrarias o ilegales generalizadas”.
Similares advertencias realizó la CIDH, recordando que los delitos de lesa humanidad por los que está señalado el régimen de Ortega no los borra ninguna ley de amnistía. Advirtió también que aunque Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma y no es parte del Tribunal Penal Internacional, que juzga y condena a quienes cometen esos delitos, sí ha ratificado la Convención contra la Tortura y la Convención contra la Desaparición Forzada, ambos delitos de lesa humanidad, también imprescriptibles y también cometidos en Nicaragua contra quienes protagonizaron la rebelión cívica de abril.
LA DICTADURA SE AMNISTÍA
La ley de amnistía aprobada representa una total negación a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, bases del proceso de justicia transicional que han propuesto las Madres de Abril y la Alianza Cívica y con el que se viene familiarizando la sociedad nicaragüense.
Desde los considerandos de la ley el régimen vuelve a hablar de “golpe de Estado”, lo que niega “la verdad” de lo que ocurrió en abril de 2018. Dice Urrejola: “Ese relato del golpe no representa a toda la sociedad nicaragüense, y como ese relato ha sido permanente en el gobierno es la prueba de que no hay un intento real de reconciliación”.
En el artículo 1 de la ley se establece que cubre a las personas que no han sido investigadas, a las que se encuentran en procesos de investigación y a las que cumplen sentencias. Y ordena a las autoridades no iniciar investigaciones, cerrar los procesos iniciados y la ejecución de las sentencias.
El régimen aplicó esta ley a quienes, en dos tandas, excarceló días después, el 10 y 11 de junio, “perdonándoles” delitos que no cometieron. Y la aplicará a policías y paramilitares que sí los cometieron, cerrando las puertas a la justicia y dejando esos delitos en la impunidad. La ley es una confesión tácita que hace la dictadura de su participación en delitos y crímenes. Por eso fue conocida enseguida como una “autoamnistía”.
Admitiendo implícitamente sus responsabilidades, Ortega, Jefe Supremo de la Policía y del Ejército -instituciones que han consentido la actuación de una tercera fuerza armada, los paramilitares, presentes y actuantes a diario- les asegura que no serán investigados ni sancionados. Así, la ley niega no sólo la verdad, niega también la justicia y la reparación.
El artículo 2 indica que la ley cubre “todos los delitos políticos”, admitiendo así el régimen, (¿sin darse cuenta?), que quienes fueron capturados y encarcelados por razones políticas eran esos, reos políticos, y no delincuentes, como proclamaba Ortega en plaza pública.
El artículo 3 retuerce el sentido del principio de “no repetición”, al establecer que las personas beneficiadas por la ley deben abstenerse de no repetir lo que hicieron y si no observaran esa disposición se les revocaría el beneficio de la ley.
En los procesos de justicia transicional el concepto de no repetición apunta a garantizar la reconciliación en una nación que ha pasado por una guerra civil o por un proceso como el vivido en Nicaragua. Propone lograrla removiendo las causas estructurales e institucionales -jurídicas, políticas y sociales- que propiciaron la masiva violación de derechos humanos en la guerra o en la represión.
En la ley de Ortega, la repetición se confunde con la reincidencia, obviando que en la justicia transicional, cuando se habla de no repetición en un caso como el nicaragüense, se aplica al Estado victimario y no a las víctimas.
La no repetición que aparece en la letra de la ley recoge el baladí sentido que le ha dado a este importante principio la Vicepresidenta de la República. El 17 de junio insistía en su alocución diaria por los medios oficiales: “Cuando decimos No Repetición queremos decir No Perversión. ¡No a la perversión de esos pedazos de odio que todavía andan por ahí queriendo trasladarnos modelos que no nos son propios!”
NO BASTARÁ CON DEROGAR LA AMNISTÍA
Pablo Parenti, uno de los cuatro integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó en Nicaragua lo ocurrido entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, y que señaló que en Nicaragua el gobierno había cometido crímenes de lesa humanidad, dijo taxativamente: “Esta ley es simplemente un acto político de un gobierno que hoy tiene el poder. Más que una norma jurídica es un acto más de fuerza. Justicia transicional habrá el día en que se inicie un proceso de reforma institucional”.
Una de las interpretaciones que de esta ley hace el periodista Carlos Fernando Chamorro es una importante alerta: “La autoamnistía es solamente el primer aviso de que Ortega ya se está preparando a fondo para “gobernar desde abajo”, después de la previsible derrota electoral del orteguismo”.
Chamorro propone que, por eso, el movimiento azul y blanco debe prepararse desde ahora requiriendo asistencia extraordinaria de la ONU, la OEA y la Unión Europea para crear en nuestro país una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en Nicaragua (CICIN), tomando la experiencia de la CICIG de Guatemala.
No bastará -dice Chamorro- que un nuevo gobierno derogue la ley de amnistía. “Sin esa ayuda internacional extraordinaria -reflexiona-, ningún líder democrático, aunque tenga las mejores intenciones, podrá desmantelar a las bandas paramilitares, ni combatir la impunidad y la corrupción, ni someter ante la justicia a los autores de los crímenes de lesa humanidad”.
CUÁNTOS PRESOS POLÍTICOS
Los presos políticos llegaron a ser 777 en el momento de iniciarse en febrero de 2019 la mesa de negociación entre el régimen y la Alianza Cívica, según los registros de la CIDH.
Desde marzo, y a lo largo de abril y mayo, el régimen comenzó a excarcelarlos en grupos, siempre unilateralmente, sin ninguna coordinación con la Alianza, y casi siempre sin la supervisión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), aceptado como garante por ambas partes. Anunciaba después las excarcelaciones como señales de “buena voluntad”. Aprobada la amnistía, el domingo 10 y el lunes 11 de junio excarceló bajo esa ley a unos cien. El día 11, a los líderes de las protestas más conocidos y reconocidos por la población, incluso internacionalmente.
El 25 de junio la Alianza Cívica contabilizó un total de 620 presos políticos excarcelados -aún no liberados porque no tienen limpios sus expedientes, no pueden trabajar y continúan en arresto domiciliar- y publicó dos listas. En una, los nombres con todos sus datos de 91 presos políticos que aún guardan prisión en distintas cárceles del país, 64 de ellos secuestrados entre marzo y junio de 2019. Y en otra lista, los nombres de 102 personas, de las que la Alianza no ha conseguido suficiente información y que podrían haber “desaparecido”.
LOS DESAPARECIDOS Y UN NUEVO PATRÓN DE REPRESIÓN
Probada ya la existencia de cárceles clandestinas y de las torturas que hubo en ellas, como han demostrado el informe del Colectivo Nunca+ de mayo y el de Human Rights Watch de junio -el primero lo publicó Envío íntegro en el número de junio y del segundo publicamos en este número algunos casos-, se puede inferir que haya sido en estos lugares en donde pudieron “desaparecer” personas.
La Alianza Cívica y el Comité de Presos Políticos también informaron que el régimen captura en promedio a diez personas diariamente. Con una estrategia de continua intimidación y acoso, y con un nuevo patrón represivo, que podríamos llamar “cárcel express”, algunas están detenidas unas horas, otras unos días, algunas son torturadas, todas son amenazadas. De la represión en las zonas rurales se sabe muy poco. Es el obispo de Estelí, Abelardo Mata, quien se ha referido a menudo a las acciones represivas del Ejército en el campo.
Los testigos y acompañantes de la mesa de negociación, el representante del Papa, nuncio Waldemar Sommertag, y el representante de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, asumieron además la responsabilidad de ser “garantes para la facilitación de la liberación de los presos”.
Por eso, el 18 de junio la Alianza Cívica les solicitó que reaccionaran sobre los casos de los presos políticos que permanecen aún encarcelados. La secretaría general de la OEA, que envió a Rosadilla como su representante en la mesa, emitió un comunicado el 20 de junio en el que reiteraba que “la existencia de presos políticos es incompatible con la democracia” y que pedía “la liberación de toda persona presa por motivos políticos, independientemente del momento de su detención o de la carátula de su expediente judicial”. Rosadilla se reunió también con las madres y familiares de presos políticos, a los que recibió con cordialidad.
¿TANTOS “GOLPISTAS” EXCARCELADOS...?
La excarcelación de los presos más conocidos por su liderazgo nacional, sectorial o territorial, calificados una y mil veces en los medios oficiales como “asesinos, golpistas y terroristas”, ha causado desorientación y decepción, amargura y también cólera en las bases que le van quedando al partido de gobierno.
En sus redes no han dejado de amenazarlos… “Saliste de la cárcel, pero no saldrás del cementerio”, les repiten. También son amenazadas sus familias. Muchos de los excarcelados han pasado del calabozo a resguardarse en casas de seguridad. Paramilitares, policías y fanáticos no dejan de asediar sus hogares. Las misas para celebrar su excarcelación fueron asediadas en Masaya y apedreadas en León.
Los voceros del régimen intentan mostrar la ley amnistía y la excarcelación de estos presos como una “jugada maestra” del régimen, que ha convencido con ella a la comunidad internacional de su voluntad de paz y del cumplimiento de sus compromisos… También la presentan como una “necesidad” que la militancia debe asumir “si queremos recuperar la paz y el país que teníamos antes del golpe de Estado”.
El continuo asedio a cualquier protesta por pequeña que sea y las capturas de nuevos “golpistas” -se les sigue llamando así- confirmarían algo insólito en la política mundial: que el “golpe de Estado” que el régimen dice haber vencido en Nicaragua no sólo ha sido el más masivo de la historia, también el más prolongado, ya que nunca termina de concluir…
EL PODER DE LAS SANCIONES
En la mesa de negociación, Ortega dejó ver desde mayo a la Alianza Cívica -y por eso a la población- lo mucho que le preocupan las sanciones internacionales, comprobándose así la apreciación de José Miguel Vivanco, director de HRW, cuando afirma que son “el único lenguaje que entienden Ortega y Murillo”.
En varios momentos condicionaron cualquier avance en la mesa a que la Alianza solicitara a la comunidad internacional detenerlas. Promulgar la ley de amnistía y sacar de la cárcel a los presos más conocidos y reconocidos fueron decisiones tomadas para ponerle un dique a más sanciones. El cálculo fue errado.
OTROS CUATRO NICARAGÜENSES SANCIONADOS
El 21 de junio se cumplían los 180 días que el gobierno de Estados Unidos había dado de plazo al de Nicaragua para mostrar avances en democracia y derechos humanos y decidir si aplicar o no las sanciones de la Nica Act, reforzada a lo largo de 2018 con la posibilidad de incluir sanciones individuales para responsables de violaciones a derechos humanos y actos de corrupción. La ley, convertida así en una Magnitsky Nica, fue aprobada por consenso bipartidista el 20 de diciembre de 2018.
El 21 de junio el gobierno de Estados Unidos sancionó a cuatro nicaragüenses. Al presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras. A la Ministra de Salud Sonia Castro. A Orlando Castillo, director de la institución que se encarga de las telecomunicaciones. Y al Ministro de Transporte, mayor general en retiro Óscar Mojica.
Ninguno podrá entrar a Estados Unidos ni tener ninguna relación con inversionistas estadounidenses ni con el sistema financiero estadounidense. En Nicaragua, toda la banca tiene corresponsalía con la banca de Estados Unidos, lo que significa que ninguno puede firmar un cheque ni tener una tarjeta de crédito.
POR QUÉ LOS SANCIONAN
Los cuatro fueron sancionados por el Departamento del Tesoro. En el comunicado en el que se anuncian las sanciones se considera que los cuatro integrantes pertenecen al círculo cercano del régimen y se declara que son sancionados porque “persiguen a los ciudadanos nicaragüenses que ejercen sus libertades fundamentales (Mojica), promulgan leyes represivas (Porras), silencian a los medios de comunicación (Castillo) y niegan atención médica al pueblo nicaragüense (Castro)”.
A Porras se le sanciona por presidir el Poder Legislativo, “desde el que se han promulgado acciones políticas que han socavado las instituciones democráticas”, considerándolo “uno de los principales operadores” del régimen. Se le sanciona también por ejercer “un control significativo” en el Ministerio de Salud y en la Seguridad Social. En su sanción confluyen razones de derechos humanos y de corrupción.
A Castro se la sanciona por las órdenes que dio a los hospitales y centros de salud públicos de no atender a los heridos durante la rebelión cívica de abril y por despedir de sus cargos en el sistema público de salud al personal que no obedeció esas órdenes “actos que constituyen violaciones graves de derechos humanos”. Unos 200 profesionales de la salud, incluidos especialistas muy calificados, han sido despedidos del Ministerio de Salud.
A Castillo se le sanciona por utilizar la institución que dirige “para silenciar medios de prensa independientes, incluida la empresa 100% Noticias”.
A Mojica se le sanciona por “promover la estrategia de exilio, cárcel o muerte para silenciar a la oposición” -razón de derechos humanos- y se le señala de “administrar una parte significativa de las finanzas personales de Ortega y de Murillo” -razón de corrupción-
A diferencia de la avalancha de sanciones individuales e institucionales que el gobierno de Estados Unidos ha dejado caer sobre el gobierno de Maduro, las sanciones al gobierno de Ortega han sido todas individuales, a excepción de la sanción al BANCORP, el banco que servía al consorcio de empresas del ALBA.
UN CLARO MENSAJE AL EJÉRCITO
La sanción a Mojica, actualmente Ministro de Transporte e Infraestructura, donde se licitan, se adjudican y se firman contratos millonarios, es la que más ha llamado la atención, no tanto por la importancia económica del ministerio que dirige, sino porque Mojica llegó a estar de primero en la línea de sucesión de la jefatura del Ejército cuando fue jefe del Estado Mayor General de la institución castrense, y porque después administró el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), del que dependen las pensiones de los militares y tiene millonarias inversiones en Estados Unidos.
Para expertos en temas militares, sancionarlo es un claro mensaje que Washington envía al Ejército de Nicaragua, advirtiéndole a la institución castrense que, por su silencio cómplice o por su participación encubierta en las violaciones de derechos humanos ocurridas desde abril de 2018, cualquiera de ellos podría aparecer en una próxima lista de sancionados, a la que han hecho referencia funcionarios estadounidenses.
CANADÁ TAMBIÉN LOS SANCIONA
Lo que más sorprendió en Nicaragua, y seguramente también en la casa presidencial, fue que, tan sólo dos horas después de anunciadas en Washington las cuatro nuevas sanciones, Canadá las replicó.
El gobierno canadiense sancionó a estos cuatro funcionarios y a otros cinco que ya habían sido sancionados anteriormente por Washington: el jefe de la Policía Francisco Díaz y el alcalde de facto de Managua Fidel Moreno (julio 2018); la Vicepresidenta Rosario Murillo y su operador de confianza Néstor Moncada (noviembre 2018) y Laureano Ortega Murillo (abril 2019).
Canadá excluyó de sus sanciones a Roberto Rivas y a Francisco López, también sancionados por Estados Unidos, pero ya no ocupando los cargos que tenían: Rivas, el de presidente del Poder Electoral, sancionado en diciembre de 2017, y López el de presidente de ALBANISA, en julio de 2018. Tampoco sancionó al BANCORP.
A Canadá, país que coordina el Grupo de los 12 en la OEA, y que promovió el ultimátum, nadie lo catalogaría de “imperialista”. Canadá no ha intervenido en los asuntos de Nicaragua y nadie lo llamaría “injerencista”. De ahí la relevancia de sus sanciones.
UNA MAYORÍA RECLAMA UNA SALIDA
Con el ultimátum, la OEA está exigiendo a Ortega una pronta salida a la crisis. La mayoría de los nicaragüenses también. La última encuesta nacional de CID Gallup (7-21 de mayo) da cuenta de que si en enero de 2019 el 66% de los encuestados decía que el país “iba por el rumbo equivocado”, cuatro meses después lo decía el 77%. Y sólo el 12% afirmaba que el rumbo era el “correcto”. La encuesta muestra también una mayoría que quiere ver una salida a la crisis, el 59% por la renuncia de Ortega y Murillo y el 62% por unas elecciones adelantadas.
El declive económico que no cesa de avanzar requiere también de una salida política a la crisis, que tiene su “comején” en la desconfianza irrecuperable en el gobierno de Ortega de inversionistas nacionales y extranjeros. Lo afirma así el análisis de “The Economist”, que prevé una caída del producto interno bruto del 5.5% en 2019, mientras los análisis de Funides son aún más negativos y afirman que podría ser mayor.
A finales de junio el régimen comenzó a evaluar los resultados de la reforma tributaria, que ha profundizado aún más la crisis económica. “Ha sido como ponerle un quintal de azúcar en la espalda a una persona que apenas camina”, dijo de ella el economista Néstor Avendaño.
QUÉ DURO ES TODO ESTO
PARA LAS BASES...
La necesidad de recaudar impuestos es creciente. Para el gobierno, el objetivo primordial de contar con más impuestos es poder seguirle pagando la planilla mensual a los más de 200 mil empleados públicos, la base política más asegurada por el orteguismo, sea por tradición ideológica o por no perder el empleo. Es esa gran cantidad de empleados públicos, en el gobierno central o en las alcaldías, la que por convicción o por temor ocupa las rotondas, es la que va a las movilizaciones, alza banderas rojinegras, llena las plazas y aplaude al comandante...
Comenzar a desemplear gente entre esa masa de fieles, o de fidelizados, porque “la cobija ya no alcanza” sería un grave riesgo político en estos momentos, después de tantas concesiones a “los golpistas”. Ampliaría la inconformidad causada por la amnistía y por la salida de los presos políticos.
Qué “duro” ha sido para la militancia verlos no sólo perdonados sino recibidos como héroes en sus comunidades, por otros gobiernos y en otros países, qué duro escuchar sus declaraciones retadoras...
EROSIÓN EN LA PERIFERIA DEL FSLN
En ese contexto de desconcierto de las bases rojinegras, ¿podrá aceptar Ortega el ultimátum que le ha planteado la OEA? ¿Podrá asumir con seriedad una negociación, que debería conducir a autorizar de nuevo las manifestaciones callejeras, que podría conducir al adelanto de las elecciones? Eso sería como decir que “el comandante no se queda” hasta 2021, lo que resultaría traumático para sus leales.
Si del círculo de poder más cercano a Ortega es difícil esperar nuevas grietas porque los vínculos en esa “banda mafiosa” -como llama al FSLN el Comandante de la Revolución Luis Carrión en páginas siguientes- están basados en la corrupción, en el enriquecimiento ilícito y las prebendas, es descartable que la salida de la crisis venga por una implosión en el centro del poder.
Lo que muy bien sabe Ortega es que lo que ha crecido, y podría crecer aún más con una negociación en serio, es la erosión en la periferia.
¿CÓMO SEGUIRÁ LA MESA DE NEGOCIACIÓN?
A la hora de poner punto final a este texto, 5 de julio, ni Ortega ni Murillo habían hablado una sola palabra de la resolución de la OEA.
Quien sí habló, tanto a las bases del orteguismo para tranquilizarlas, como al dividido liberalismo, para convocarlo a aliarse con el comandante, fue uno de los seis “negociadores” del régimen, el liberal Wilfredo Navarro.
En entrevista televisada en un programa en los canales oficiales dijo que las negociaciones se daban por concluidas, que la resolución de la OEA no tenía carácter “perentorio”, que el gobierno ya estaba cumpliendo todo lo firmado, que las reformas electorales se acordarían con los partidos políticos y no con la Alianza y que no habría elecciones adelantadas.
Poco después de Navarro, habló contradiciéndolo, el representante de la OEA en la mesa de negociación Luis Ángel Rosadi¬lla, quien dijo que no regresaría al país ni a la mesa mientras no se reanudaran las negociaciones entre el gobierno y la Alianza Cívica.
Se dirigía así al gobierno y no a la Alianza, que ha expresado su voluntad de seguir negociando para conseguir el cumplimiento de lo acordado y no cumplido y para comenzar a discutir los temas referidos a la democracia, que comienzan por el tema electoral.
Habló también con Ortega, con la Alianza, con Rosadilla y con el Nuncio Sommertag el vicencaciller alemán Niels Annen, quien había visitado Nicaragua en noviembre de 2018 y a quien se le atribuye un papel decisivo y exitoso en tres gestiones: en que Ortega permitiera la entrada a Nicaragua de una misión de eurodiputados en enero de 2019, después de negársela en varias ocasiones; en establecer la mesa de negociación que inició en febrero; y en que participara en ella el Vaticano.
En declaraciones públicas, Annen no se manifestó muy de acuerdo con sancionar a funcionarios del gobierno y expresó que quedaba “un largo camino por recorrer para solucionar la crisis”. ¿Tan largo el camino como hasta 2021…?
La apuesta de toda la comunidad internacional que sigue con interés lo que ocurre en nuestro país es a que Nicaragua recobre “estabilidad” y hasta a que vuelva a ser “el país más seguro de Centroamérica”.
En la comunidad internacional y en el empresariado nacional hay un sector que cree que iniciar el camino electoral hacia 2021 será casi equivalente a iniciar el camino de la estabilización.
Pero, ¿elecciones hasta 2021 con Ortega en el gobierno, controlando todo lo que ya controla en las instituciones, y con los paramilitares en calles y campos, garantiza realmente estabilidad?
Toda la comunidad internacional y la clase empresarial nacional parece apostar todavía a una salida de la crisis con un “aterrizaje suave”. Hay diferencias entre los métodos de Estados Unidos y los de la Unión Europea. Ambos poderes parecen coincidir en el qué -salir de Ortega por elecciones-, pero difieren en el cómo -presionar con sanciones o insistir en las negociaciones-.
Hoy se ven tres salidas. Una, la ruptura (salida de Ortega por renuncia, saliendo del gobierno, de la política y del país; o saliendo del gobierno y asumiendo un gobierno de transición). Otra, salida de Ortega del gobierno por elecciones adelantadas (se queda en la política y en el país). Y otra, salida de Ortega del gobierno hasta 2021 (ídem).
¿Qué hará Ortega ante el ultimátum? Por lo pronto, parece mantener 2021 como un mantra. Y se prepara para gobernar desde arriba haciendo fraude y consiguiendo aliados que dividan hasta esa fecha, todo lo posible y más, a los azul y blanco. Se prepara también para gobernar desde abajo, como ya lo hizo desde 1990 contra tres gobiernos consecutivos. Así, con esos planes, “celebra” el dictador los 40 años de la Revolución.

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