Source: https://luchadores.wordpress.com/2006/06/21/
Timestamp: 2020-08-11 01:58:14+00:00

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2006 junio 21 « LA ARGENTINIDAD….. AL PALO
ARI DIPUTADO Cinquerrui
Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en junio 21, 2006
POLEMICA POR LA RENOVACION DE LICENCIAS EN PROVINCIA
La gobernación bonaerense tiene la intención de renovar la explotación de los bingos y desató la discusión en la Legislatura. Acusaciones cruzadas con la oposición sobre los procedimientos.
Comenzó como una polémica que no trascendía los pasillos de la Legislatura bonaerense y bares aledaños. Pero el debate, que involucra sumas millonarias de recaudación, fue superando el microclima político. La revelación del tema obligó a varios dirigentes a opinar sobre el asunto, entre ellos al gobernador Felipe Solá. Se trata de la intención oficial de renovar las licencias de los bingos –de los 32 que hay en la provincia, muchos tienen sus permisos a punto de vencer– y aprovechar la renovación para incrementar los ingresos fiscales. Legisladores del oficialismo y la oposición coinciden en que el impulso al proyecto viene del gobierno provincial y que el objetivo principal es darles a los bingos 15 años más de explotación. El propio Solá reconoció que va a enviar una ley a la Legislatura para tratar el tema, aunque cerca suyo negaron que el plazo previsto sea de 15 años.
La oposición, en tanto, relaciona el proyecto con la búsqueda de la reelección que están intentando los allegados al gobernador. “Solá entrega la recaudación del juego de los bonaerenses de los próximos quince años para que le cierren las cuestas del último trimestre y pueda presentar una propuesta de reelección. Necesita que las empresas le adelanten el canon para que le pueda cerrar el último trimestre económico”, acusó Sebastián Cinqurreguy, del ARI.
ARI INTENDENTE DE SAN MARTIN
Ivoskus resaltó la figura de Manuel Belgrano: “Paradigma de conducta militante
al servicio del país”
Ivoskus en el momento de dirigir la palabra.
Así lucía la avenida Perón frente a la escuela 20.
En un acto que contó con la presencia de miles de chicos de colegios de San Martín se desarrolló la jornada conmemorativa del Día de la Bandera.
Luego del izamiento del pabellón nacional, realizado en el patio de la escuela Nº 20 de San Martín, ubicada en la Av. Presidente Perón esquina Salguero, las autoridades presentes se trasladaron al palco instalado en la puerta de la institución educativa, donde el Intendente Ivoskus dirigió su mensaje a los presentes.
Con un discurso que ensalzó la figura de Manuel Belgrano, el Intendente citó al escritor Ricardo Rojas quien calificara al prócer como “el hombre que no sabía mentir, ni calumniar, ni doblegarse sino al yugo del sacrificio y el deber”.
Luego de afirmar que Belgrano falleció en la extrema pobreza, asistido por pocos amigos, el Intendente solicitó a los presentes que trabajen sin claudicar “para que nuestra Argentina se parezca cada día más a la imaginada por quien es paradigma de conducta militante al servicio del país.”
Sobre el final del acto, el Jefe Comunal recibió la Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional por parte de los miles de alumnos formados a los largo de la Avenida Presidente Perón, momento en el cual no faltaron los rostros emocionados de padres y docentes ante una ceremonia que simboliza el compromiso de defender los valores que, como afirmó Ivoskus, “constituyen un ideal compartido de solidaridad y unión necesario para seguir adelante, y que parece señalarnos la apasionada fe del luminoso espíritu de don Manuel Belgrano en el porvenir de la República”.
ARI DIPUTADO ALDO STRADA
Diputada Aldo Strada:
Los abogados españoles, doctores Juan Terradillos (penalista) y Antonio Baylos Grau (laboralista), ambos catedráticos de la Universidad de Castilla – La Mancha, con sede en Toledo participarán de una jornada de charla y debate que organiza la Asociación de Estudios Jurídico – Laborales y Sociales el día viernes 23 de junio a las 19:00 horas en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos ubicado en la Calle Urquiza 1539 de la ciudad de Rosario. Estarán presentes los directivos de la mencionada Asociación, el diputado provincial Aldo Strada y los doctores María Eugenia Caggiano y Juan Lewi.s.
El diputado Aldo Strada fue integrante de la Comisión Directiva de la Unión Obrera Metalúrgica, Seccional Villa Constitución y es impulsor de la Comisión de Seguimiento de Conflictos laborales, formada por la Legislatura a partir de los recientes conflictos de I.C.I. y de los trabajadores aceiteros, así como el impulsor de numerosos proyectos de leyes vinculadas al derecho del trabajo (paritarias del sector público; reforma de la secretaría de trabajo, reforma al Código de Procedimientos Laboral en lo atinente al pronto pago de créditos laborales, comisiones paritarias, etc.)
Los doctores María Eugenia Caggiano y Juan Lewis son asesores legislativos y de sindicatos locales.
ARI DIPUTADA ALICIA GUTIERREZ
EL ARI DESMIENTE UNA ALIANZA CON EL SOCIALISMO
La Diputada provincial Alicia Gutiérrez desmintió esta mañana que el ARI haya conformado una alianza con el Socialismo, de cara a las elecciones del año 2007. Binner había asegurado ayer que el partido que lidera Carrió "decidió integrar el Frente Progresista
El panorama electoral para el año 2007 aún no se define en la provincia de Santa Fe. Ayer, y según lo consigna en su edición de hoy el diario rosarino “La Capital”, el Diputado Nacional por el Socialismo, Hermes Binner, confirmó que el ARI había ingresado al Frente Progresista Cívico y Social que, supuestamente, lo llevará como candidato a la gobernación en los próximos comicios.
Sin embargo, en diálogo con LT10, la legisladora provincial Alicia Gutiérrez, integrante del partido que lidera la chaqueña Elisa Carrió, negó que su facción haya aceptado conformar la alianza. “Todavía no somos ‘la pata’ como dice Binner. Nosotros no somos ninguna pata”, atestó en primera instancia.
Acto seguido, la representante de la Cámara Baja santafesina aseguró que si bien “pensamos que podemos reiterar el apoyo a Binner (en las futuras elecciones) aún no lo hemos decidido. A eso lo determinará el partido y la mesa provincial”, dijo.
En el mismo sentido, remarcó que “existe la firme volunta de discutir cuál será nuestro candidato a Gobernador en el 2007, pero refrendamos -una vez más- que nuestra candidata a Presidente (de la Nación) es Elisa Carrió. No iríamos en una boleta donde estuviera como candidato otro que no fuera ella”.
Asimismo, Gutiérrez recordó que “desde hace mas de un mes, quienes somos autoridades partidarias estamos recorriendo la provincia y conversando con compañeros y delegados. En Rosario se inició un debate en cada una de las seccionales y definiremos si hacemos una alianza y cómo la hacemos”.
Por otra parte se mostró “sorprendida” por las declaraciones del ex Intendente rosarino ya que reiteró que “aún no hay ninguna conversación y el partido no lo definió”. Mientras tanto solicitó que “se le pregunte al Diputado Binner” qué motivó sus dichos
ARI DIPUTADO Ciudad de Buneos Aires Juan Manuel Velasco,
Legisladores y Gobierno porteño esta vez sí se pusieron de acuerdo.
Mientras los primeros redactaban un desagravio a las declaraciones del presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear y un no rotundo al tránsito del material por la Ciudad, el Gobierno porteño se comunicaba con Prefectura Naval en el mismo sentido
El Gobierno porteño pidió este martes 20 a la Prefectura Naval Argentina (PNA) que impida el tránsito por la Ciudad, de un cargamento de uranio, que debe ser trasladado desde el puerto metropolitano a la provincia de Córdoba.
Por su parte, en el mismo desde la Legislatura Porteña, el presidente de la Comisión Ecología, Juan Manuel Velasco, preparaba una tabla para manifestar su desagravio a la decisión de la Autoridad Regulatoria Nuclear, Raúl Racana, quien en un periódico dominical expresó que "los legisladores no saben lo que firman".
En diálogo con NOTICIAS URBANAS, Velasco expresó que "este señor debería saber que constitucionalmente está prohibido el ingreso, tránsito y acopio de material nuclear ya que la Ciudad de Buenos aires es una ciudad NO nuclear".
"Además -manifestó el legislador- también pediremos que esta Entidad publicite sus actividades como debería y que no esconda más información", sentenció.
El peligroso mineral tiene como destino la planta de la empresa Dioxitek SA en Córdoba, donde será utilizado para la elaboración de dióxido de uranio, materia prima para la fabricación del combustible nuclear de las centrales atómicas de Atucha I y Embalse.
El uranio, proveniente de Houston (Estados Unidos), ingresó el viernes a la terminal número 3 del Puerto de Buenos Aires, desde donde fue trasladado al depósito fiscal de la empresa Tefasa, ubicado en Av. Elvira Dellepiane, esquina Juan Lavaisse, en la Dársena Sur del Puerto de Buenos Aires.
El pedido a la PNA fue efectuado anoche por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, a través del Ministerio del Interior, respecto de nueve contenedores con uranio natural cargados en el buque "BBC Chile", de bandera de Antigua Barbuda.
El mandatario porteño solicitó a la Prefectura que arbitre los medios necesarios para impedir la circulación de esa carga por la ciudad.
Si bien el gobierno metropolitano no tiene jurisdicción sobre el puerto, para llegar a Córdoba por tierra el uranio debería circular obligatoriamente por territorio porteño, algo que sería inconstitucional.
En un comunicado, el gobierno local recordó que el artículo 26 de la Constitución porteña prohíbe "la elaboración, el transporte y la tenencia de sustancias y residuos radioactivos" en su jurisdicción.
Al respecto, la organización ambientalista Greenpeace había denunciado ayer por la tarde el inminente traslado de nueve contenedores con uranio natural desde un depósito fiscal hacia la provincia de Córdoba, en abierta violación a la Constitución porteña que prohíbe el tránsito de sustancias radiactivas por la Ciudad de Buenos Aires.
Según pudo saber Greenpeace, el cargamento será trasladado en las primeras horas de este miércoles 21, por las empresas de transporte Hualco, Cipe y Alma, a través de la Ciudad de Buenos Aires, en abierta violación al artículo 26 de la Constitución porteña que establece la prohibición del "transporte y la tenencia de sustancias y residuos radioactivos".
ARI Diputado Leonardo Gorbacz
Gorbacz se reunió con padres de estudiantes universitarios
El diputado Leonardo Gorbacz se reunió con un numeroso grupo de padres de estudiantes universitarios fueguinos. En el encuentro se plantearon las diferentes dificultades que atraviesan los chicos que estudian fuera de la provincia, y el parlamentario presentó su proyecto de ley sobre la creación del boleto estudiantil aéreo. Hubo graves cuestionamientos acerca del servicio brindado por el IPAUSS.
Ushuaia – El diputado de ARI Leonardo Gorbacz se reunió, el viernes pasado en Ushuaia, con más de 60 padres de estudiantes universitarios fueguinos. En el encuentro, los padres plantearon muchas de las dificultades que atraviesan los chicos que estudian fuera de la provincia, entre ellas: los altos costos de los alquileres, la dificultad de ofrecer las garantías que piden las inmobiliarias, la falta de contención de los estudiantes que no tienen familiares en la ciudad en la que estudian y problemas en la atención de las obras sociales.
Además, el parlamentario interiorizó a los padres acerca del proyecto de ley, realizado en conjunto con la diputada Fabiana Ríos, sobre la creación del "boleto estudiantil aéreo". La iniciativa, que fue presentada la semana pasada en la Cámara de Diputados, prevé la creación del boleto estudiantil aéreo con el objeto de beneficiar con tarifa diferencial a los estudiantes de universidades o establecimientos terciarios, públicos o privados, que realicen sus estudios a más de 1.500 kilómetros de su domicilio, dentro del territorio nacional.
El funcionario expresó: "nuestro criterio es que el Estado Nacional también debe hacerse cargo de la inequitativa distribución de la oferta universitaria y terciaria en el territorio nacional. Las universidades se sostienen con dinero de todos los argentinos, pero fundamentalmente son aprovechadas por los que viven en los grandes centros urbanos".
Respecto al problema con el IPAUSS, los padres se quejaron de la carencia de atención en distintos lugares del interior del país, y de la reticencia para atender normalmente a los estudiantes en la provincia durante el receso de invierno o de verano.
"No puede ser que se considere que los estudiantes están de paso en la provincia donde nacieron, donde está su familia, y de donde se tuvieron que ir temporariamente para estudiar carreras que aquí no se dictan", comentó el arista. Y agregó: "hoy enviamos una nota a la Presidente del IPAUSS, Sra. Stella Maris Stratta, y a cada uno de los directivos, pidiendo una solución urgente para este tema".
También, Gorbacz informó que la semana pasada se reunió con el Secretario de Representación Oficial de la Provincia, CPN. Oscar Cullotta, a quien le pidió la intervención de la Casa de Tierra del Fuego, y que haya un compromiso mayor de la Casa para con los estudiantes que están en Buenos Aires, incluso a través de la creación de un Departamento del Estudiante.
Para finalizar, el diputado dijo está solicitando una entrevista con la Ministro de Educación de la provincia para abordar el problema en su conjunto, y otra con el Presidente del Banco de Tierra del Fuego para analizar la posibilidad de la intervención del banco, con alguna forma de garantía compartida, para facilitar el acceso a alquileres
ARI DIPUTADO ANTONIO RIESTRA
Exención del impuesto inmobiliario
Antonio Riestra, presidente del Bloque del ARI, ingresó días pasados a la Cámara baja, un proyecto de ley ampliando la base por la cual los jubilados y pensionados con inmueble único para vivienda en la Provincia puedan acceder a la exención del impuesto inmobiliario.
Para tal fin se introduce una modificación al Código Fiscal, fijándose el nuevo parámetro en dos jubilaciones mínimas de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia.
En consecuencia, el monto es de 920 pesos.
Por debajo de estos ingresos los jubilados y pensionados podrán tramitar ante la API -si el proyecto de ley resulta finalmente aprobado por la Legislatura- la exención al mencionado tributo provincial.
El diputado Riestra, en los fundamentos de la iniciativa, considera que la misma se ajusta a criterios de equidad y justicia, teniendo en cuenta que la Canasta Básica Total del INDEC, que determina el nivel de pobreza, superó los 850 pesos, en la última medición de abril del corriente año.
ARI ANTONIO RIESTRA DIPUTADO
IAPOS: pide explicaciones por aumentos en coseguros
El diputado provincial santafesino Antonio Riestra (ARI), presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo en el que requiere explicaciones acerca de la modificación de la escala de valores en el cobro de coseguros de las órdenes asistenciales.
Puntualmente, el diputado arista pregunta en su proyecto qué criterios económicos y qué estudios de costos se realizaron para que la dirección de IAPOS haya resuelto aumentos en los valores de los coseguros superiores, en algunos casos, al 300%.
¿Cuáles son las razones que determinaron la decisión de unificar la escala de coseguros sin distinción de valores por calidad afiliatoria (activos y pasivos)?
El director provincial del IAPOS ha resuelto por disposición general N° 015 de marzo de 2006 una modificación en los valores del coseguro, que entró en vigencia el 1 de junio de este año.
Estos aumentos oscilan entre un 100% y un 300% lo que implica un golpe muy significativo en los bolsillos de los empleados públicos y más particularmente en los jubilados y pensionados.
Al mismo tiempo, y agravando la situación, se unificó la escala de coseguro sin distinguir los valores por calidad de afiliados (activos y pasivos). La presente iniciativa surge a partir de la preocupación de los santafesinos por la situación del sistema de salud en progresivo deterioro, así como por el futuro de las obras sociales, especialmente del Instituto Autárquico Provincial de Obras Sociales (IAPOS), cuya cobertura es cada vez más reducida y el cobro de "plus" se ha legitimado
PRONUNCIAMIENTO DE LA ASAMBLEA COORDINADORA PATAGÓNICA REUNIDA EN INGENIERO JACOBACCI
“Un pueblo que no se vende es un pueblo que no se compra”
La Asamblea Coordinadora Patagónica por la Vida y el Territorio, Contra el Saqueo y la Contaminación, integrada por Vecinos Autoconvocados de Chubut y Río Negro, con el apoyo de organizaciones de estas provincias y Neuquen, y con la presencia de productores rurales, comunidades mapuches, comerciantes, docentes, estudiantes, artesanos, miembros de iglesias, de sindicatos y trabajadores en general, se reunieron nuevamente en Ingeniero Jacobacci para rechazar el avance de la minería contaminante en la región y subrayar: “Un pueblo que no se vende es un pueblo que no se compra”.
Los pobladores de las comunidades en oposición a las políticas que propician permisos para la minería a gran escala en la región manifestaron su preocupación por las acciones que se están concretando a favor de una actividad que, sólo la semana pasada, produjo dos derrames tóxicos en menos de 24 horas. Fue el caso de Minera Alumbrera con sede en Andalgalá, Catamarca, objeto de múltiples denuncias cuando los días 11 y 12 de junio se rompió el mineraloducto que lleva el concentrado de mineral a Tucumán, llegando a los filtros que tienen los pobladores de Villa Vil para levantar el agua para consumo humano. Minera Alumbrera, una de las mayores explotadoras de oro, plata y cobre de América Latina, también es una de las más cuestionadas por los habitantes del norte argentino, quienes desde hace años vienen denunciado la contaminación del río Vis Vis, información que consta en medios nacionales y de Catamarca.
Este ejemplo, el más cercano en el tiempo, fue uno de los tantos expuestos en la Asamblea en Jacobacci, en donde la comunidad organizada manifestó: “Rechazamos la adjudicación de permisos de cateo, exploración y explotación minera contaminante en toda la Patagonia. Hoy, con suma urgencia y porque sobresalen en este momento, en la Línea Sur rionegrina y en el Departamento Cushamen de Chubut. También rechazamos el Acta Declaración firmado entre cinco intendentes de la Comarca Andina de Chubut y el Director de minería de esa provincia”.
Asimismo expresaron su “incondicional apoyo al poblador Arreche, lindante con el proyecto Calcatreu, y a todos los vecinos y comunidades que no permiten el acceso a sus campos a las mineras y/o sus representantes técnicos o legales”. Destacaron además: “Exigimos el cumplimiento de los Derechos de los Pueblos Originarios, de los hermanos mapuches, siguiendo las directivas del Convenio 169 de la OIT y del Artículo 75 de la Constitución Nacional”. Esta declaración coincide con la denuncia que hiciera días atrás la ciudadana chubutense María Luisa Wincaleo, vecina de Gualjaina, quien se encuentra muy preocupada por las intenciones de algunos funcionarios que estarían de acuerdo con trasladar los cementerios mapuches (chenques) de la zona, para que puedan trabajar las empresas mineras que tienen el propósito de realizar exploraciones y ven estos lugares un obstáculo en su proyecto. Como enfatizó “después no nos echen la culpa. Dicen que los mapuches somos brujos, pero no es así, lo que pasa es que se meten donde no tienen que meterse. Si empiezan a cavar los cementerios, van a encontrar un montón de cosas de nuestra cultura, ya que a nuestros antepasados se los enterraba con todas sus pertenencias…, y si lo hacen, se va a venir un desastre muy grande, como ocurrió en Santa Cruz, donde unos mineros cavaron un cementerio mapuche y la camioneta en la que viajaban volcó minutos más tarde con un saldo trágico”.
La Asamblea Coordinadora Patagónica, retomando los testimonios que relatan el sentir de los pueblos que reclaman su derecho a decidir de qué van a vivir, afirmó públicamente: “Exigimos un programa que respete y no sólo de palabra otras visiones de desarrollo, especialmente dirigido a resolver las causas de la pobreza y las condiciones de los sectores más vulnerables. Para ello exigimos espacio institucional en organismos públicos como el Consejo de Educación, el Ente para el Desarrollo de la Línea Sur, Salud, etc. Queremos seguir con nuestras formas tradicionales de producción, sin afectar la naturaleza, como hoy pretenden hacer con la minería contaminante, poniendo en riesgo el espacio regional”.
NO A LA MINERIA EN LA ARGENTINA
“El Movimiento de Ciudadanos Autoconvocados de Famatina que permanece en asamblea permanente, alerta y movilización, va sumando adhesiones de gremios, organizaciones ambientalistas y no ambientalistas y ciudadanos comunes, a su lucha y resistencia a la macrominería a cielo abierto con utilización de lixiviación con cianuro, mercurio y otros contaminantes. Este procedimiento está prohibido en los países del primer mundo, por lo que empresas multinacionales como la Barrick Gold, Alumbrera S.A. y otras, en complicidad con algunos gobernantes y aprovechando las ventajas de la legislación en Argentina, vienen a saquear los recursos renovables y no renovables del país.
El jueves 8 de junio último se presentó en Famatina el subsecretario de Minería, que a su vez está a cargo de la Medio Ambiente, cosa irrisoria, y se reunió con los vecinos tratando de justificar lo injustificable. El Sr. Abel Nonino, junto a un grupo de asesores, no dieron respuestas a las preguntas del pueblo, tales como ¿Cuánta agua se utilizará en el proyecto de la Barrick? ¿A cargo de quiénes y cómo se harán los controles de medio ambiente? ¿Quiénes aprueban los informes de impacto ambiental y social? ¿Qué nivel de credibilidad tiene la consultora que realizó el informe de impacto ambiental? ¿Qué especialistas han participado? ¿Por qué la Barrick Gold tiene 30 denuncias de contaminación sólo en América? ¿Cuál es la política del Gobierno respecto a este tema? etc. etc.
El pueblo no quedó nada conforme con las evasivas de los técnicos y esto ha generado mayor movilización y adhesiones. En la semana, un grupo de pobladores fue recibido por la nueva conducción de CARPA trasladando la preocupación e invitando a la misma a que investigue y se informe sobre las consecuencias de la contaminación y el uso del agua por la empresa Barrick. El sector agrícola será posiblemente el más perjudicado.
Por otro lado, en asamblea de delegados de la AMP del pasado 14 de junio, se elaboró y aprobó un documento que será bajado a todas las instituciones educativas, invitando a docentes a trabajar el tema en las aulas, aprovechando la instancia de la Feria de las Ciencias y los contenidos estipulados en los Diseños Curriculares Provinciales. El gremio asumió los costos de la impresión de una cartilla informativa que se distribuirá en las escuelas para motivar a la investigación y el ejercicio al derecho a la información.
El jueves 22 se proyectará el documental “Acecho a la ilusión” de un realizador catamarqueño en la EPET 1 de Chilecito, que demuestra el impacto ambiental y social negativo en Catamarca por el proyecto Bajo la Alumbrera y la complicidad de gobernantes inescrupulosos que responden a intereses económicos personales y de las multinacionales.
El mismo día, y en horas de la tarde, se recibirá en Famatina la visita de vecinos de Belén que compartirán su negativa experiencia con la macro minería y sus consecuencias.
Se está trabajando para la realización de un foro en los primeros días de julio con la participación de expertos nacionales sobre el tema. Se realizara tanto en Famatina como en Chilecito y tendrá como fin informar a la comunidad de ambos departamentos desmitificando los supuestos beneficios que tendrán los pueblos y, demostrar el flagelo minero de las transnacionales constituyéndose en un atropello a las soberanías locales saqueando los recursos y contaminando su suelo, aire y agua.
La comunidad internacional ve con preocupación cómo se saquea uno de los recursos más escasos y finitos como lo es el agua dulce. La minería a cielo abierto usa millones de litros de agua en la lixiviación secando cuencas, napas y destruyendo los glaciares, verdaderas reservas de agua en el mundo. En los pueblos donde ya se han desarrollado emprendimientos mineros, sólo hay más pobreza, zonas desérticas, enfermedades y muerte de sus pobladores, tal es el caso de Belén, Andalgalá, Santa María, etc. etc.
No existe la ‘minería responsible’ en macrominería en nuestro país como lo expresa el gobernador Maza y el Sr. Nonino, esto lo demuestran los múltiples ‘accidentes’ que, como el que se produjo el pasado 12 de junio en el mineraloducto de Bajo la Alumbrera que contaminara el río Vil Vil y el agua de consumo humano en Catamarca. Estos ‘accidentes’ ya son comunes en nuestro país, el vecino país de Chile y otros latinoamericanos que hoy viven las consecuencias irreparables de la contaminación.
También es un mito la generación de puestos de trabajo, se crean puestos de baja calidad y alto riesgo con baja paga para los nuestros. Los que se llenan los bolsillos son los extranjeros y algunos gobernantes socios del saqueo. Luego de 10 años aproximadamente, a nosotros nos quedará la pobreza, contaminación y enfermedades. Invitamos a la comunidad a investigar, informarse y ser críticos ante el discurso oficial que pretende vendernos, una vez más, espejitos de colores.
En nuestra Provincia ya saquearon el agua, regalaron la caja de jubilaciones, destruyeron el APOS, etc., con la promesa de que vamos a estar mejor, ¿Ud. está mejor? Ahora vienen por lo único que nos queda, LA VIDA. ¿Vamos a dejarlos? Sólo tenemos un único reaseguro, la movilización y la participación ciudadana, de Ud. depende”.
AUTOCONVOCADOS DE FAMATINA (M.C.D.)
ARGENTINA. Justicia investiga delito ambiental
El Fiscal General Federal citó un informe técnico elaborado por Gendarmería respecto a la calidad de las aguas del canal DP2, en Catamarca. Se detectaron altos contenidos de cobre y cromo sólidos disueltos totales y sulfatos, todas consideradas sustancias altamente tóxicas, cuando superan los límites establecidos por ley. Insisten en que Minera Alumbrera contamina
“Un delito instantáneo” , según el fiscal Antonio Gustavo Gómez, en la causa contra Minera Alumbrera, “estamos ante un delito instantáneo”. El instructor explicó que “el delito de contaminar por parte de Minera la Alumbrera ha sido cometido en el momento de verter sus efluentes industriales sin tratar en el canal DP2, aún cuando el daño ambiental causado persista en el tiempo en sus efectos. Por más que nuevas pericias sobre la calidad del agua del Canal arrojaran todos los parámetros dentro de los límites permisibles, la firma imputada no podría oponer esto en su defensa. El cumplimiento posterior de la ley -si así lo fuera- no borra el delito cometido”, precisó. Además, destacó que en la fecha de los análisis realizados por Gendarmería y varias reparticiones provinciales, en mayo de 2001 y enero de 2003, respectivamente, “el delito de contaminación ya estaba consumado; sin perjuicio de que con posterioridad se hayan seguido cometiendo acciones de contaminación”.
El fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones, Antonio Gustavo Gómez, reiteró un pedido para que el Presidente de la firma sea procesado por la presunta contaminación del canal derivador DP2, que vuelca sus aguas en el Río Salí. Revocan un fallo de Felipe Terán.
Tras la ruptura del mineraloducto que une a la mina de Bajo la Alumbrera (Catamarca) con la planta de transferencia de Cevil Pozo, ubicada en Tucumán, el pasado fin de semana, un nuevo dolor de cabeza se presenta para los directivos de la firma Minera Alumbrera.
El fiscal Federal ante la Cámara de Apelaciones de nuestra provincia, Antonio Gustavo Gómez, insistió con un pedido ante ese Tribunal para que el presidente de la empresa de capitales extranjeros, Julián Patricio Rooney, sea procesado por el delito de contaminación. En su resolución, fechada el pasado 1 de junio, Gómez solicitó que se revoque un fallo del suspendido juez federal de Segunda Instancia, Felipe Terán, mediante el cual había dispuesto la falta de mérito en las imputaciones contra Rooney. A su vez, el jefe de los fiscales federales rechazó un informe de la Dirección de Recursos Energéticos y de Minería, del cual se basó Terán para emitir su sentencia.
La causa mencionada se inició en abril de 1999, a partir de una denuncia realizada por el entonces investigador del Instituto Miguel Lillo, Juan González, quien acusó a las autoridades de Minera Alumbrera de contaminar con efluentes tóxicos provenientes de su mina al canal derivador DP2, también conocido como "Canal Grande". El mismo está ubicado en la localidad de Ranchillos y desemboca en el Río Salí.
El informe elaborado por las autoridades provinciales, el cual fue terminantemente rechazado por Gómez, afirma, entre otras cosas, que: "Este canal (DP2) no tiene relación hidrológica con ningún río o curso fluvial. Fue diseñado y construido para que se viertan en él los efluentes y conducirlos lejos de las fuentes". Al respecto, el Fiscal General Federal observó que tal aseveración "es parcializada en su intención y errónea en su contenido. En primer lugar, porque se intenta justificar el vertido de efluentes en el canal DP2, afirmando sin base científica ni histórica, su falta de relación hidrológica con otro río. En otras palabras, es como decir que se lo puede contaminar porque es un rincón alejado de la naturaleza, sin relación alguna con el medio", agregó.
Además, señaló que "la pretensión del informe de considerar al canal como un estanco separado de la naturaleza, sin relación alguna con el medio que lo rodea y negar su existencia, que es en sí una coexistencia junto a los otros seres vivos en un ecosistema, es negar la realidad". En este sentido, Gómez aclaró que "el canal DP2 desemboca en el Río Salí, curso que, a su vez, vuelca sus aguas en el Dique Frontal de Santiago del Estero. Por otra parte -agregó- el Canal provee de agua para animales y cultivos, y hasta para el consumo humano, de acuerdo a un informe pericial realizado por la Dirección de Policía Científica”.
Por otro lado, el funcionario rechazó las afirmaciones de Terán de que otras industrias, como la papelera, mataderos, ingenios azucareros y citrícolas también vierten sus efluentes líquidos en el canal DP2.
"En todo caso -opinó Gómez- lo correcto sería decir que todas las empresas mencionadas vierten efluentes industriales no tratados, por lo cual en su conjunto contribuyen a que la contaminación reinante en el lugar sea más elevada y a que su efecto se multiplique, tanto para terminar con la vida animal y vegetal de la zona".Esclarecedores informes
En lo que respecta a la contaminación en sí del "Canal Grande", en su pedido ante la Cámara, el Fiscal General Federal citó un informe técnico elaborado por Gendarmería respecto a la calidad de las aguas del canal DP2. En el mismo, se advierte que se detectaron altos contenidos de cobre y cromo sólidos disueltos totales y sulfatos, todas consideradas sustancias altamente tóxicas, cuando superan los límites establecidos por ley. Asimismo, destacó que un estudio efectuado por las direcciones provinciales de Medio Ambiente, Provincial del Agua, Irrigación, Recursos Naturales y Saneamiento Ambiental del SIPROSA, conjuntamente con la Unidad de Gestión Ambiental Nacional, llegó a la siguiente conclusión: "El vuelco de efluentes en el canal DP2 produjo una alteración al medio en el lecho del mismo, con formación de ácido sulfhídrico por la existencia de tiosulfatos y sulfatos en ambiente reductor, con proliferación de algas en el mismo".
ARI DEBATE EDUCACIÓN SEXUAL
La educación sexual en veremos
A pesar del visto bueno que ofrece el ministro de Educación porteño, Alberto Sileoni, nada parece cambiar. Las posiciones antagónicas prevalecen en la Legislatura y hacen que la Ciudad de Buenos Aires se quede en el tiempo. Todas las posiciones acecrca de ste controvertido tema en la política porteña
Si uno dice estas palabras en la Legislatura porteña: embarazo adolescente, SIDA, aborto, sexo seguro, mortalidad materno-infantil, abuso sexual, pornografía, prostitución, forro, camisinha, preservativo, condom, como usted lo quiera llamar; más de uno estaría del color de un tomate, se taparía los oídos o expulsaría a quien las pronuncie de la casa de las leyes -que muchas veces se olvida que debe hacer leyes para todos.
La discusión por impartir o no educación sexual en los colegios de la Capital no es nueva, y la frase queda como anillo al dedo porque la verdad, la discusión es de otros tiempos. ¿Qué tiene de malo informar, conocer, saber, tener los ojos y los oídos abiertos al mundo?. Bueno, para algunos parece que tiene todo de malo.
Su proyecto era antagónico del presentado por los legisladores de Juntos por Buenos Aires, Santiago de Estrada y Jorge Enríquez, quienes no quieren saber nada con la obligatoriedad. Hoy se suma a la discusión la tercera fuerza de la Legislatura, el Ari -que hasta el momento sólo se pronunciaba respecto de los proyectos ajenos, pero no proponía alternativas-, a través de un proyecto encabezado por la diputadaLiliana Parada.
Es vox populi que Fernando Melillo y Juan Manuel Velasco apoyaron la iniciativa, pero por pronunciamientos respecto del proyecto de Suppa podría especularse que otros componentes de esa fuerza como: Facundo Di Filippo, Alejandro Rabinovich, y María Eugenia Estenssoro -aunque pasible de correcciones- también ven el despacho con buenos ojos.
Aunque la intención sea mediar, a primera vista podría decirse que el proyecto de Parada está mucho más cerca del kirchnerista que del de la dupla macrista. Y si uno se
permitiera soñar sobre la posibilidad de que el tema se trate con intenciones de ser sancionado, podría especularse que es más probable que se arribe a un proyecto consensuado entre las diputadas Suppa-Parada y que de una vez por todas la Ley de Educación Sexual sea sancionada, pero sólo si uno se permite soñar.
La discusión “ideológica” a estas alturas se centra en dos puntos -inflexibles desde todas las partes-: obligatoriedad en colegios públicos y privados y edad de los educandos.
Aunque la discusión de la Ley de Educación pasa por la Legislatura, la opinión del Poder Ejecutivo es fundamental no sólo para la promulgación de la norma sino también para su correcta implementación, por lo cual, la opinión que faltaba era la del ministro de Educación, Alberto Sileoni. Hay quienes recordaron que a la ex ministra de Educación, Roxana Perazza había que sacarle con un sacacorcho una opinión sobre la Ley, pero ahora quienes la promueven cuentan con la complicidad del nuevo ministro quien expresó la necesidad de la Ley en la Ciudad y sobre que los chicos reciban esa materia “desde sexto o séptimo grado”.
Además, sin quedarse corto, metió la cuchara en la Gran Casa: “sería importante que legisladores puedan sancionar cuanto antes esa ley”. Aunque ante los medios tanto Suppa como el titular de la Comisión de Educación de la Legislatura,
Marcos Peña (Compromiso para el Cambio), consideraron que “está lejos, todavía” el logro de un proyecto consensuado que deje atrás la batalla ideológica sobre el tema, se sabe que el cepecista anda por los despachos con puntos en los que quienes apoyan el proyecto de De Estrada-Enríquez estarían dispuestos a ceder.
Ya con la cuchara en el tarro Sileoni propuso públicamente que los distintos bloques se pongan de acuerdo en los grandes temas y luego, por medio de una resolución del Ministerio, “se bajen los contenidos para consensuarlos con los padres”.
Además, defendió la facultad del Estado para disponer que la educación sexual sea obligatoria en todas las escuelas, tal como lo plantea el proyecto de la diputada Ana María Suppa, al que él calificó como “muy sensato”.
APORTAR AL DEBATE
Aprendió a leer y escribir en una escuela católica, pero no se pone colorada al hablar de prostitución, trata de blancas, pederastas o aborto. Se jacta de haber sido una alumna rebelde, pero aplicada. Y se ilusiona con su participación en las discusiones legislativas. Es Liliana Parada, la diputada del Ari que se animó a ponerle firma a un proyecto de su partido sobre la Ley de Educación Sexual, aunque le reconoce el copyright a la representante provincial del Ari, Marta Mafei.
-¿Es un proyecto mediador?
-Si lo miramos desde el punto de vista de la autoridad de aplicación, sí. No dejamos toda la autoridad en el Estado
ni toda la autoridad en la Familia. En ese sentido, los dos proyectos existentes son totalmente extremos.
-¿Cuáles son los puntos que no va a transar de su proyecto?
-La obligatoriedad en escuelas públicas y privadas y las edades de los educandos (del nivel inicial al medio, incluyendo la educación especial, de adultos, artística, institutos de formación docente), a los efectos de salvaguardar la salud psicofísica de las personas.
-¿Qué nivel de apoyo tiene dentro de su bloque?
-Muy amplio, de hecho, Juan Manuel Velasco y Fernando Melillo hicieron aportes.
-¿Enrique Olivera lo apoya?
-En el Ari, privilegiamos la libertad de conciencia. En el bloque macrista tampoco hay apoyo 100% al proyecto de Enríquez-De Estrada.
-¿En qué nivel están las conversaciones para poder llegar a un proyecto consensuado y que consiga aprobación en el recinto?
-Hemos conversado y seguimos conversando con Ana Suppa), creo que llegaremos a buen puerto, no son proyectos tan lejanos. En los grandes ejes, son muy similares.
-¿Pero entonces qué aporta el suyo?
-Creemos en una autoridad de aplicación compartida y en la creación de Educador Sexual. No debe ser ni la maestra, ni la catequista, la que imparta la clase. Debe ser alguien preparado para tal fin. Y en todo caso, que la catequista aporte lo que considere que debe aportar.
-¿Porqué decidió meterse en la discusión?
-Porque está probado que no se es libre en las decisiones si uno está desinformado. El método de prevención es la información y la formación, es la escuela, donde la población
de más riesgo, pasa la mayor parte de su tiempo. La educación como herramienta para prevenir, informar, formar, educar.
CATAMARCA CONTAMINACIÓN?
Evalúan contaminación por fisura de mineraloducto
Legisladores de todo el arco político local se encontraban ayer en el departamento catamarqueño de Andalgalá, con el objeto de conocer la situación del mineraloducto de esa región que se fisuró hace 10 días y se desprendió material líquido presuntamente contaminante.
l mineraloducto, que transporta el concentrado de oro y cobre desde la Empresa Minera Alumbrera que explota el Yacimiento Bajo la Alumbrera, podría ser "levantado", anticiparon algunos legisladores. La comitiva, integrada por los senadores Victor Luna (FCyS), Daniel Saadi y Dalmacio Mera (PJ), los miembros de la Comisión de Minería de la cámara alta, Silvina Tello, Carlos Albarracín, y Jesús Albarracin, se encuentran reunidos con los Vecinos Autoconvocados, el intendente municipal José Perea, el Juez Penal Rodolfo Ceccenaro y autoridades de la Empresa Minera Alumbrera. Los integrantes de la comitiva se trasladarán hasta la zona de Villa Vil, donde el sábado 10 de junio último, como consecuencia de la rotura del mineraloducto, se produjo el derrame del concentrado provocando alarma en toda la población. La población se alarmó ante el potencial riesgo de contaminación de las napas subterráneas y cursos de agua que abastecen comunidades adyacentes. Saadi y Mera dijeron a Télam en que "se analiza la posibilidad de solicitar a Minera Alumbrera levantar el mineraloducto, por las continuas ruturas con impacto ambiental por el derrame de minerales concentrados y las graves consecuencias que produce en la gente". "La idea es que la empresa multinacional agilice la reactivación del ferrocarril porque es la mejor forma de evitar estas continuas contaminaciones a cielo abierto", dijeron los senadores. Por su parte el Juez Electoral y de Minas Raúl Cerda, reconoció hoy que "hubo impacto ambiental por la rotura del mineraloducto, con el concentrado a cielo abierto" y agregó que "se están haciendo estudios y análisis del derrame del concetrado de los mineales oro y cobre". Los pobladores del oeste catamarqueño denunciaron que el pasado sábado 10 se produjo la rotura del mineraloducto en el paraje El Carrizal, departamento Andalgalá, y consecuentemente hubo pérdida de material líquido presuntamente contaminante, con un fuerte impacto ambiental.
ARI JORGE Bosque: “El municipio de Echeverría es una gran oficina de prensa”
El concejal de ARI-Unidad Comunal aseguró que la Municipalidad se excedió en casi 100 mil pesos del presupuesto previsto para el área de Prensa en el 2005, de casi 1.200.000 pesos. También sostuvo que es un gasto destinado a la propaganda de Groppi y a silenciar otras redes de comunicación local.
El Concejal de Ari-Unidad Comunal, Jorge Bosque, aseguró que el área de Prensa de la Municipalidad excedió sus gastos en alrededor de 100 mil pesos sobre el presupuesto previsto originalmente para el año 2005, que era de casi 1,2 millones de pesos, al tiempo que aseguró la falta de cualquier "criterio democrático" en la distribución de la pauta oficial a la que calificó de "propaganda" dispuesta para silenciar a otras redes de comunicación que no integran la de la difusión de acciones del oficialismo.
“No hay un criterio democrático en la distribución de todo esto, está orientado exclusivamente a tener una propaganda oficial y silenciar el resto porque ponen todo en red, un mismo programa de radio sale en cuatro emisoras a la vez y son cuatro las radios que reciben pautas”, afirmó Bosque.
Parte de esta información y del cuestionamiento a esos gastos están contenidos en el dictamen de minoría que presentó el edil para oponerse a la rendición de cuentas de la comuna correspondientes al 2005, que trató y aprobó el Concejo Deliberante por mayoría la semana pasada. En ese sentido, Bosque precisó que "son 50 mil pesos que destinan por año en pautas radiales repetidas entre cuatro emisoras, 59 mil pesos el total anual de televisión y 46 mil pesos en gráfica, por un lado, y por el otro destinan 143 mil pesos al Boletín Oficial”.
Por otra parte, añadió que se suman a estas cifras "15 mil en publicidad aérea, 17 mil en vía pública y 25 mil pesos en publicaciones de Ley”.
“Durante 10 años se sostuvo el crédito del intendente Alberto Groppi en función de una campaña publicitaria, porque esto no es acceso a la información si no publicidad pura, lisa y llana, utilizando los recursos de la Municipalidad en beneficio de la imagen de Groppi y de su señora esposa” aseveró.
Según el concejal, esos rubros suman más de 350 mil pesos destinados en forma exclusiva a las acciones de prensa, mientras que en la edición de dos boletines municipales que se distribuyen por mes y “llegan a 100 mil ejemplares por tirada, distribuidos casa por casa" de gastaría alrededor de "14.000 pesos mensuales".
Detalló sobre ese aspecto que "además de los casi cuatro puntos del presupuesto municipal que insumen esos gastos, hay que sumarle otros seis
correspondientes tanto a “la logística de distribución de los boletines oficiales como a pagar los sueldos del personal municipal que se encarga de las tareas de producción ya que tienen una verdadera superestructura entre pasantes, empleados y planta permanente y transitoria ”.
"Son un ejército de gente, cinco fotógrafos, editores de video, programadores y la propia gente de la Municipalidad realiza las tareas de producción de los programas y también los móviles de exteriores, es una vergüenza" señaló.
ARI DIPUTADO PABLO FAILDE
Ciudad de pobres con balizas
Ser pobre es denigrante, en Argentina y en cualquier parte ¡pero si además te colocan un cartel luminoso, bueno, ni hablar. La idea suena bien y preventiva pero no es menos cierto que los consagra e ilumina en su papel mendicante
Los cartoneros o -en su versión blanqueada- recuperadores urbanos de residuos, como se los denomina en la Ciudad de Buenos Aires, ya se cuentan por casi una decena de
mil, incluyendo tanto a los que residen en la Capital Federal como a quienes llegan desde el conurbano. De ellos, casi el 50% son menores de edad.
A través de ley 992, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creó, en diciembre de 2002, el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales. ¿Qué significó esto?, que miles de cartoneros pasaron a llamarse Recuperadores Urbanos, tuvieron una credencial para poder levantar la basura, el Gobierno les dio una
ropita y unos guantes. La propaganda decía "trabajo digno", ni marginal ni peligroso, ni insalubre.¡Ja!
Ahora, a más de tres años de estar instrumentada, y luego de varias peticiones de informes y vueltas atrás en ciertas medidas como el registro de menores-, una propuesta legislativa a cargo del diputado Pablo Failde (ARI) pide al Poder Ejecutivo porteño que "adopte las medidas necesarias para garantizar de forma inmediata la continuidad del registro de recuperadores urbanos" y que "al momento de la inscripción haga efectiva la entrega de ropa de trabajo, guantes, pecheras y elementos reflectantes para su colocación en los carros destinados a la recolección".
Según el diputado, "al momento de ser absorbido por el programa Buenos Aires Recicla el grado de ejecución de dicho registro muestra un muy bajo porcentaje tanto de credenciales definitivas entregadas como de elementos de seguridad provistos. El BAR establece la formalización de la recuperación de materiales reciclables y el primer paso es la completa realización del registro de los trabajadores dedicados a esta actividad, por esta razón solicitamos que sin más demora el Poder Ejecutivo disponga los medios necesarios para la concreción de esta etapa".
"Por otra parte, es también urgente que mientras la recuperación se lleve adelante en forma manual y cargando el material en carros se haga inmediata entrega de elementos de seguridad para los trabajadores. En el caso de sus vehículos la colocación de material reflectante es imprescindible para garantizar su seguridad tanto como la de los conductores de automóviles ya que la actividad alcanza su pico en horas de la noche y el desplazamiento por la calzada", aseguró Failde.
Si bien la propuesta de "iluminar los vehículos" puede ser bienintencionada -nadie discute eso- genera cierto rechazo por parte de los cartoneros: "Sólo se piensa en cómo hacernos pasar desapercibidos, en como incorporarnos a la buena vista urbana, es como esos árboles que se plantan alrededor de las autopistas para no ver las villas que las rodean. Ninguna acción de los diputados o de los gobernantes tiende disminuir la cantidad de gente que trabajamos en las calles, nadie logró disminuir al ejército de pobres que recorremos la Ciudad", aseguró Pedro, "recuperador urbano".
A costa de ese trabajo, realizado en condiciones sumamente peligrosas, se generan numerosos beneficios ambientales y económicos para las áreas urbanas donde ellos desempeñan su actividad: reducen la cantidad de residuos enterrados, y ahorran energía y recursos naturales. En la Ciudad, los cartoneros recuperan más de 15% de los residuos generados por los vecinos, lo que significa un ahorro para la administración local superior a los 40.000 pesos por día.
El PRU se crea a partir de la Ley 992/03. Esta ley habilita la recuperación de materiales reciclables en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e incorpora a los Recuperadores Urbanos al Sistema de Higiene Urbana. Desde mayo del 2003 el PRU desarrolla, planifica y promociona una política socio-económica y ambiental dirigida especialmente a la actividad de los Recuperadores Urbanos, que transitan cada día los barrios porteños realizando una tarea fundamental: la recolección y separación de materiales reciclables que se desechan en los hogares y los comercios.
Esta no es, sin embargo, la única tarea del PRU. En el marco de la ley previamente mencionada se concibe una Gestión Integral de los Residuos Sólidos de la Ciudad, es decir, promover la separación en origen de los residuos, dejar sin efecto, como disposición final, el entierro indiscriminado de los mismos en los rellenos sanitarios y llevar adelante una campaña de educación comunitaria y de capacitación, con los vecinos y los recuperadores.
La labor cotidiana de los más de 9000 recuperadores urbanos inscriptos en el PRU contribuye a que esta situación se revierta. Entre cartón y papel, metales, nylon y plásticos, ellos recuperan un total de 900 toneladas semanales y esto resulta clave para el ahorro de recursos de la Ciudad, ya que se paga por el entierro de la basura que generan los vecinos. Por lo que cuanto más material recuperemos menos se gasta en el entierro, más ahorra el Estado y más empleos se generan en la cadena de la recolección y la recuperación.
Cuando los chicos andan en la calle
En abril de 2004, la Legislatura porteña prohibió al Gobierno de la Ciudad permitir que los menos de 18 años tuvieran credencial como Recolectores Urbanos, ya que entendían, "se legitima el Trabajo Infantil". Sin embargo, la medida no evitó que los casi 5.000 menores que recorren diariamente las calles de Ciudad por la noche, lo dejen de hacer. Los menores recolectores informales de basura en la Ciudad de Buenos Aires cumplen tareas absolutamente insalubres, que consisten en revolver bolsas de basura a su riesgo
y costo. Las tareas se realizan en horario nocturno, a partir de las 20 horas, pues a esa hora (entre las 20 y las 21 hs.) los vecinos cumplen con su obligación de sacar las bolsas de residuos.
Se violan de esta manera las dos condiciones que prohiben absolutamente el trabajo de menores en nuestro sistema legal: trabajo insalubre y en horario nocturno. La violación a los derechos humanos de estos adolescentes se estaría consumando por la violencia a la que están expuestos de noche en las calles -cuando sin protección alguna buscan en la basura algo para vender- y se perfecciona con la explotación a la que los someten las personas que -lucrando con el riesgo en su salud que afrontaron- les compran lo que consiguieron.
ARI JORGE MAIER
Irregularidades. Aún no se conoce el cierre del Presupuesto 2005
Dado el hecho de que a ya transcurridos cinco meses y medio de 2006 y que aún no se han dado a conocer las precisiones respecto de cómo fue el cierre del Presupuesto 2005 en la Municipalidad de Paraná, Jorge Maier, concejal paranaense por la Concertación Entrerriana (CE – ARI), elevó un Pedido de Informe a Juan Carlos Albornoz, presidente del Concejo Deliberante de esta localidad.
El documento gira en torno al problema que genera esta falta de información ya que el Concejo Deliberante no ha recibido ninguna ejecución presupuestaria correspondiente al año en curso, siendo que el Departamento Ejecutivo, en pocos meses más, tendrá que remitir el Presupuesto correspondiente al año 2007. Maier sostiene que "es insólito que a esta altura del año no se haya remitido todavía las ejecuciones presupuestarias correspondientes a los meses de agosto, septiembre y diciembre del 2005".
Entre los argumentos esgrimidos por el concejal, se destaca el párrafo en el que alega que "el acceso a la información es indispensable para poder ejercer nuestra función de contralor. Más aún, en lo que tiene que ver a la ejecución del Presupuesto, es imprescindible para analizar cualquier propuesta del Departamento Ejecutivo, contar con la información mínima indispensable de cómo se gastó lo autorizado y qué dinero ha ingresado a la Municipalidad".
La realidad indica que en reiteradas ocasiones, desde la CE se han realizado Pedidos de Informe respecto a esta situación y en ningún momento se les ha contestado. "Es evidente la intención del Departamento Ejecutivo de no sociabilizar la información y de no cumplir con la Ley 3001 en su Artículo 113º inciso 3º, que se establece la obligación de remitir al Honorable Concejo Deliberante mensualmente un balance de tesorería e incurriendo así en el no cumplimiento de los deberes de funcionario público. Es notorio que el atraso corresponde al cierre del año, en donde esta administración ha mantenido un déficit sumamente importante, llegando a niveles preocupantes", denuncia Maier.
Se concluye el pedido de informe advirtiendo que "la otra alternativa es presentarse en la Justicia pidiendo que, a través de la misma, esta situación se regularice. Nos resistimos a pensar que en más de 20 años de democracia un concejal de Paraná, tenga que recurrir a estamentos judiciales para que el Ejecutivo Municipal remita la información que corresponde al HCD. Esto es un retroceso en los valores democráticos y en la construcción de una sociedad más participativa. Es por ello que, le insistimos a través de este mecanismo que tiene el Concejo Deliberante, se informe las razones por las cuales no se envían las ejecuciones presupuestarias y se normalice la remisión de las mismas, además, es interés de este Bloque saber si se ha cumplido con lo normado en la Ley 3001, en lo que respecta de la remisión del balance de recursos e inversión anual al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos".
CONCIENTIZAR SOBRE ATENCIÓN A LESBIANAS EN SALUD
La diputada provincial Dra. Alicia Gutiérrez en apoyo a la Campaña Nacionaldenominada “Cambiemos las preguntas” por una atención digna de las lesbianasy mujeres bisexuales en los sistemas de salud, ha presentado un proyecto deDeclaración a la Cámara de Diputados, en concordancia con la ONG Espacio deArticulación Lésbica, donde se expresa que:
La Campaña “Cambiemos las preguntas”, intenta concientizar acerca de la atención que reciben las lesbianas y mujeres bisexuales en los sistemas desalud, específicamente en el ámbito de la consulta ginecológica, poniendo demanifiesto la vulneración de los derechos a una atención digna y al respetopor una identidad sexual, promoviendo la sensibilización y la reflexiónsobre el tema para posibilitar la modificación de las prácticas en saludviolatorias de los derechos humanos y erradicar las prácticas y actitudesdiscriminatorias fuertemente naturalizadas por parte de los integrantes delos sistemas de salud.
Una transformación del protocolo de atención ginecológica, quecontemple la inclusión de las diversas identidades sexuales, generando unclima de confianza para poder expresar libremente la identidad sexual y lademanda de salud sea atendida correctamente.
· Un trato no sexista ni lesbofóbico en los servicios de salud.
La realización de relevamientos, estudios y/o investigacionessobre la salud de lesbianas y mujeres bisexuales, con el fin de producirconocimientos sobre el tema que mejoren el acceso a los servicios de salud,contemplando la participación de las propias lesbianas u organizacionesvinculadas a la especialidad.
El acceso a los servicios de fertilización asistida sindiscriminación alguna.
La modificación del protocolo de donación de sangre, que excluyatoda consideración discriminatoria en lo concerniente a identidad sexual,prácticas sexuales, nacionalidad.
Capacitación de los profesionales de la salud acerca de lasmedidas de protección posibles para evitar el contagio de infecciones detransmisión sexual en las relaciones entre mujeres.
Una educación sexual sin discriminación que contemple lasdistintas sexualidades.
El referente provincial de la fuerza que lidera Elisa Carrió comparó al gobernador bonaerense con el ex presidente Menem. Dijo que “utiliza el mismo mecanismo con esa intención de adaptar la ley a su medida”.
El diputado nacional del ARI, Carlos Raimundi, comparó al gobernador Felipe Solá con el ex presidente Carlos Menem, al decir que “se está mimetizando” con el riojano al reclamar una reinterpretación de la Constitución provincial que le permita volver a postularse para el cargo.
“En esa intención, Solá es como Menem, es una réplica, un calco. Se ve que siete años de secretario de Estado de Menem lo mimetizaron”, ironizó el legislador y juzgó que el gobernador bonaerense “utiliza el mismo mecanismo, la misma inescrupulosidad con esa intención de adaptar la ley a su medida”.
En cuanto a la posible candidatura del ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, destacó que no cambia la estrategia presidencial del ARI, porque responde a “los mismo códigos políticos” que las fuerzas tradicionales, ya que está rodeado por “duhaldistas residuales y un aparato radical vetusto”.
ARI Diputada Marta Maffei acusó a Solá de “manipular” el texto constitucional
ARI | La diputada nacional del ARI, Marta Maffei, criticó la intentona reeleccionista del gobernador Felipe Solá, comentada por allegados al mandatario, ante una posible interpretación de la Constitución de la provincia de Buenos Aires.
“El gobernador bonaerense quiere manipular el texto constitucional. Intenta dar una vuelta de tuerca en eltema de la futura fórmula para buscar un camino que habilite se reelección” aseguró la legisladora bonaerense.
“Solá dice que va a dilucidar más adelante lo que va a hacer respecto a este tema, cuando en realidad lo único que debe hacer es respetar la Constitución de
la provincia y no buscar artimañas de los viejos políticos que van una y otra vez reformando o reinterpretando los textos constitucionales para perpetuarse en el poder”, sentenció Marta Maffei.
ARI Unidad de Información Financiera – Promoción y regulación del microcrédito destinado a grupos de escasos recursos
Intervenciones de nuestros Diputados
Sr. Pérez ( A.).- Señor presidente: como bien señalara el señor diputado Villaverde, un proyecto muy similar al que está en debate fue tratado el año pasado en esta misma Cámara y creo resultó aprobado por unanimidad.
En aquella oportunidad incluíamos un artículo por el que se transfería al Ministerio de Defensa la Dirección de Fabricaciones Militares. Es decir que se reiteraba la fórmula actual por la que se excluye la Dirección de Fabricaciones Militares respecto de la ley que la sometía a privatización. Efectivamente, el señor diputado Cornejo hizo referencia a que en el año 1996 todas las fábricas de esa Dirección quedaron sujetas a privatización.
Actualmente existen cuatro empresas que, a los fines del proceso de privatización, fueron transferidas al Ministerio de Economía y se mantuvieron dentro de su órbita. Queda claro que se las transfirió al solo efecto de poder ser privatizadas; pero ahora, al excluirlas de la ley de privatización, manifestamos nuestra voluntad de que se mantengan en la esfera pública.
Se trata de empresas que, a partir de los últimos años, realmente han iniciado un proceso de recuperación importante mejorando sus índices de competitividad; están exportando y han aumentado su oferta de producción no sólo para el mercado interno sino también para el externo.
El ámbito natural y original de tales empresas siempre fue el Ministerio de Defensa. Ahora, curiosamente, el dictamen en tratamiento –que prácticamente es una reproducción del que consideráramos el año anterior‑ excluye el artículo por el que transfería la Dirección de Fabricaciones Militares a su ámbito natural, es decir el Ministerio de Defensa.
Por lo expuesto, solicito la inclusión del siguiente artículo: “Transfiérense al Ministerio de Defensa las facultades asignadas a la Dirección de Fabricaciones Militares por los artículos 27 y 34 de la ley 12.709 y sus modificatorias.”
De esta manera, repito, transferimos todas las empresas de la Dirección de Fabricaciones Militares al Ministerio de Defensa, que es su ámbito natural. Se trata de un elemento aclaratorio, porque existen muchas versiones acerca de que estas empresas de la Dirección de Fabricaciones Militares serían convertidas en sociedades anónimas o resultarían transferidas al Ministerio de Planificación, al estilo de lo que se hizo con AYSA, ENARSA y ARSAT.
En razón de que estamos eliminando la posibilidad de que nuevamente sean privatizadas y creemos en la voluntad expresada por el señor diputado Villaverde en el sentido de que esta norma tiende a promover la procuración y la provisión de medios para la defensa, entiendo que el artículo que he propuesto debe ser incorporado al proyecto para que la Dirección de Fabricaciones Militares sea devuelta a su ámbito natural, es decir, el Ministerio de Defensa.
Sra. Rodríguez.- Señora presidenta: nosotros vamos a presentar una propuesta alternativa pero además, como lo hemos hecho en su momento cuando tratamos la anterior reforma a la ley de lavado, queremos advertir que se está avanzando en modificaciones de extrema gravedad en la materia.
En verdad dijimos que esto iba a suceder. Porque señalamos que estamos dándole enormes atribuciones a un organismo que después van a querer modificar. Es decir, están poniendo el carro delante del caballo.
Primero vienen con el hecho de darle mayor poder y después vendrán con que quieren cambiar su composición. Efectivamente, meses después aquí estamos con un organismo con mayor poder, donde ahora vamos a dar aún más poder a una sola persona.
En realidad acá hay cuestiones tanto de conveniencia técnica como cuestiones políticas importantes por las cuales nos oponemos a la iniciativa del Poder Ejecutivo.
La actual integración de la UIF combina políticos o representantes del cuerpo político con expertos, con técnicos. Tienen una combinación entre técnicos y políticos que da especialización para detectar operaciones de lavado.
Al eliminar los concursos de oposición y antecedentes y hacer que simplemente sea una única persona designada por el Poder Ejecutivo nacional lo cierto es que se resta y se pierde en especialización, como sería tener un órgano plural con expertos, que cuenten con las mejores condiciones y los mejores requisitos. Como contrapartida se le da un poder extremo a una sola persona, que además es designada por el Poder Ejecutivo.
Ya sabemos que una de las fuentes del lavado de dinero –así como el narcotráfico, la prostitución, la trata de personas‑ son los hechos de corrupción. Entonces estamos dándole la capacidad de designar al controlado diciendo que este señor y solamente este señor, que no ha de pasar por ningún concurso de oposición y antecedentes, será el que tenga que controlar al controlado.
Es cierto que va a haber un Consejo Asesor. Pero en dicho Consejo Asesor cuatro de los siete representantes van a ser designados por ministerios o, en algún caso, por alguna secretaría.
Estaba pensando ‑vuelvo a lo que fue la reforma anterior‑ que por un lado le restamos eficacia para controlar hechos de corrupción pero, por otro, le otorgamos a esta unidad un poder ‑a mi entender inconstitucional‑ por el cual se levantan el secreto bursátil, el secreto financiero y el secreto comercial. Pero no hacemos lo que sí deberíamos hacer, que es levantar el secreto fiscal, cuando esto es lo que permitiría mejorar la detección de operaciones de lavado de dinero.
Con la capacidad de reunir esta información, porque levantamos los secretos, vamos a tener una especie de central de inteligencia en manos de una sola persona que va a conocer, sin haber acudido nunca a un juez de la Nación, los secretos de los ciudadanos de origen fiscal, financiero o bursátil. Esto, repito, en manos de una sola persona elegida solamente por el Poder Ejecutivo y sin que un juez de la Nación haya intervenido nunca. Me van a decir: “Sí, con un procedimiento igual al del decreto 222”. Nosotros salvamos el procedimiento del decreto 222 cuando se aplicó en relación con los ministros de la Corte.
También reconocemos las críticas que han hecho las ONGs ‑aclaro que en esto no voy en desmedro de ninguno de los ministros de la Corte elegidos mediante este procedimiendo‑, en el sentido de que muchas veces se hicieron observaciones y después no fueron recogidas por el procedimiento. Es cierto que hay un déficit en el funcionamiento del decreto 222, pero insisto en que me enorgullecen los nuevos ministros de la Corte que tengamos.
Pensemos lo que sucede en la AFIP. Seamos honestos. En realidad, cuando se trató la reforma en esta Cámara, más de uno de nosotros queríamos levantar el secreto fiscal. En esa oportunidad vino el administrador general de la AFIP, se sentó sobre el secreto fiscal y no lo levantamos. Esto era una persona sentada arriba de un secreto, y ahora vamos a tener una persona sentada sobre todos los demás secretos.
Pero si como todo eso fuera poco, esta Unidad de Información Financiera tiene otras atribuciones importantísimas, como por ejemplo la de imponer multas. En este sentido, tiene la capacidad de imponer multas que van de una a diez veces el monto de la operación sospechosa. De manera que si hay una operación sospechosa de un millón de dólares, ese señor, con semejante poder, puede poner multas por 10 millones de dólares. Imagínense la caja de recaudación que esto podría implicar; va a recaudar más que unos cuantos órganos de recaudación.
En realidad, lo que hemos hecho hasta ahora fue un “como si”. Cuando reformamos la ley anterior era sólo hacer un “como si” ante el GAFI. Es cierto que hay legislación comparada donde existen organismos unipersonales; pero reconozcamos que este país es muy particular. No es lo mismo este país que cualquiera de los que se ha mencionado y que tienen esa legislación. El nuestro es un país donde los hechos de corrupción han sido muchos, donde la impunidad ha sido mucha, donde la corrupción policial ha sido mucha, donde los mecanismos de control no funcionan y donde los organismos de control tienen déficit.
Entonces, no se puede extrapolar lo que sucede en cualquier país y decir que hay organismos que funcionan bien en otro lugar. Me parece que en esto tenemos que ser un poco más serios y reconocer que en nuestro país se dan cuestiones que son más difíciles de contemplar.
Es cierto que actualmente no funciona la UIF, pero esto ocurre porque el Poder Ejecutivo la vació. El Poder Ejecutivo sacó a algunos de sus integrantes, quizás con buen criterio, pero después no llamó a concurso para cubrir las vacantes. Entonces, si queda un solo miembro, es obvio que la UIF no va a funcionar. Asimismo, si no se le da presupuesto, tampoco va a funcionar. La propia UIF dice que si no se levanta el secreto fiscal no puede avanzar. Entonces, si no se lo levantan, no va a funcionar.
Pero esto no es un problema de órgano colegiado sino de que no hubo voluntad política para avanzar en esta materia.
Otra de las cosas que se dijo sobre ese consejo asesor es que más allá de que sea obligatorio consultarlo, no es vinculante su definición.
Además, si se cambia la forma de remoción de los miembros –antes estaba garantizada por un tribunal independiente y ahora el que los nombra los saca‑, obviamente hay una merma en la independencia.
Antes había un procedimiento especial de remoción para los que integraban el cuerpo colegiado, que estaba a cargo de tres ex magistrados y surgía explícitamente de la ley. Ahora se los saca de la misma manera en que se los pone.
Por lo tanto, estos señores que tendrán que dictaminar saben que lo que digan no es vinculante y también saben que están expuestos a ser removidos si lo que dicen no le gusta a quien los designó. Este no es un buen criterio para garantizar la independencia de quienes tienen que controlar.
En mérito a la brevedad diré que hemos hecho una propuesta que mantiene la composición en un número reducido de cinco miembros –no volvemos a la de once‑, pero deben ser personas expertas y para ello aumentamos los requisitos para poder ser integrante de la UIF. Establecemos concursos abiertos de oposición y antecedentes en los que cualquiera pueda participar y con un jurado que represente a distintos organismos y que también tenga garantía de independencia e imparcialidad.
Seguimos todas las recomendaciones internacionales, no sólo las del GAFI sino también de las entidades de fiscalización, que tienen que ver con la independencia de los organismos de control.
Asimismo, proponemos levantar el secreto fiscal. Insistimos en que poco puede avanzar la UIF en su tarea si no levantamos el secreto fiscal. Una vez que levantemos el secreto fiscal se podrá pedir con fundamento al juez el levantamiento de otros secretos.
También damos al Ministerio Público la posibilidad ‑que se negó en el otro dictamen‑ de hacer investigaciones preliminares.
Por supuesto, volvemos a la situación originaria en la que de ninguna manera se pueden avasallar garantías constitucionales equivalentes a la correspondencia sin la autorización judicial.
Insistimos en que este avance, combinado con la reforma anterior, es de extrema gravedad. Este Congreso nuevamente está otorgando poderes excesivos a una sola persona, que va a tener la posibilidad de disponer de información sobre cualquier ciudadano o ciudadana de la Nación sin la intervención de un juez. Estaremos ante una central de información paralela que ni nosotros sabremos qué hará.
Sr. Gorbacz.- Señor presidente: en primer lugar, debo expresar el acuerdo de nuestro bloque con la política y filosofía contenida en la propuesta sobre los microcréditos y el apoyo a los microemprendimientos. Entendemos que la promoción del microcrédito es una forma adecuada de distribución del ingreso, que responde a la propuesta central de nuestro partido.
Sin embargo, el hecho de que estemos de acuerdo con la política de los microcréditos no significa necesariamente que vayamos a apoyar el proyecto en análisis. Tenemos objeciones sobre la metodología con la que se propuso discutir esta iniciativa. Este expediente ingresó a la Comisión de Acción Social y Salud Pública de un momento para el otro, sin que tengamos la posibilidad de hacer un análisis previo, y recibió dictamen a pesar de que los diputados, incluso los que firmaron el dictamen, no habíamos tenido posibilidad de leer el proyecto. Recuerdo que se hizo presente uno de los autores de esta iniciativa, quien muy amablemente se puso a disposición de la comisión para responder a las inquietudes que le plantearan sus integrantes. Pero lo cierto es que resulta difícil plantear alguna inquietud cuando ni siquiera se tuvo la posibilidad de leer el proyecto.
Tampoco se ha respetado, como suele suceder, el artículo 113 del reglamento, que establece un plazo determinado para que los legisladores presenten sus observaciones.
Lo que se votó en la comisión fue el título. Pero nosotros entendemos que cuando se vota un proyecto de ley nos estamos expidiendo sobre el contenido y no sobre el título. En este país sabemos que las peores prácticas se han puesto en marcha bajo el paraguas de las mejores causas. Digo esto porque este tema se vincula con la causa de la distribución del ingreso, que nosotros sostenemos y apoyamos.
La forma en la que se trató este proyecto generó algunos errores, como por ejemplo los que tienen que ver con la redacción del dictamen, que recibimos en nuestras bancas recién hace escasos minutos. Además, dio lugar a ciertas oscuridades, que no pueden formar parte de ningún proyecto que persiga un fin tan noble.
Más allá de la metodología también tenemos que plantear algunas objeciones sobre al texto en análisis, que de no ser tenidas en cuenta nos obligarán a votar en forma negativa a pesar de que estamos a favor de los microcréditos.
Aquí se habló del Programa de Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Socioproductivo, de la FONCAP, que es un programa que está vigente y que persigue los mismos objetivos de este proyecto. De modo que no se entiende por qué generar otro programa para cumplir los mismos objetivos. Si aquel programa no está funcionando correctamente, debiera hacérselo funcionar bien o darle de baja, y si funciona bien habrá que fortalecerlo.
No se entiende por qué se prevén dos programas con el mismo objetivo. Si en todo caso hay una explicación tampoco aparece claro cuál sería la relación entre un programa y otro.
Incluso este programa de la FONCAP tiene un registro llamado Registro Unico de Instituciones de Financiamiento a la Microempresa y al Pequeño Productor, que tiene el mismo objetivo, casi calcado, que el registro que crea este proyecto de ley. Quiere decir que van a haber dos registros que tienen el mismo sentido y que apuntan a las mismas instituciones.
En segundo lugar –creo que ésta es la objeción fundamental‑, no hay un criterio claro de selección de las instituciones de microcrédito que pudieran ser beneficiadas con este proyecto.
Sabemos –no somos ignorantes‑ que existen valiosas instituciones que están trabajando muy bien en materia de otorgamiento de microcréditos, pero nada garantiza que estos cien millones de pesos -tal como está este proyecto de ley y tal como fue tratado hasta ahora, sin voluntad de cambiar ningún aspecto‑ vayan a parar efectivamente a manos de esas instituciones que sabemos que están funcionando bien y no de otras que funcionen mal, tengan otros objetivos o se creen especialmente para tomar dinero del Estado, en lugar de ir a manos de quienes más lo necesitan.
Tampoco hay un criterio de selección sobre cuáles van a ser los microemprendimientos beneficiados. No hay establecido un cupo -como planteó el señor diputado Lozano en la reunión conjunta de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda- que determine cuánto debiera ir para el funcionamiento de las instituciones y cuánto tendría que ir –lo que debiera ser la porción más importante‑ al destinatario final, es decir, a los microemprendedores.
Tampoco se aceptó incluir una cláusula clara de distribución federal de los fondos con lo cual, como se ha dicho, sospechamos que esto pueda agotarse solamente en Capital y el conurbano.
No se aceptó la propuesta del señor diputado Lozano para que quede absolutamente claro que todas las asociaciones y fundaciones que puedan recibir este subsidio del Estado deban ser sin fines de lucro, con lo cual pensamos que las consecuencias posibles de la ley no serán el fortalecimiento de los microemprendimientos, que es el sentido final, sino el apoyo exclusivo a un sector geográfico del país, con el consiguiente agotamiento de los fondos.
Otra posibilidad es que empiecen a pulular instituciones de microcrédito que no tengan objetivos genuinos y que además pongan en tela de juicio a aquellas instituciones que queremos salvaguardar, y a las que felicitamos y acompañamos en su tarea.
Otra cosa probable a nuestro juicio es el uso clientelar de estos fondos, precisamente por la falta de controles. Para dar un ejemplo, el programa de microcréditos de Brasil, que se llama Banco Popular de Brasil, otorgó en el año 2003 microcréditos por seis millones de dólares, y gastó para ese mismo período once millones de dólares en publicidad. Esto podría pasar también con este proyecto.
Aunque coincidiendo con el espíritu de este proyecto, en la medida en que no ha sido posible introducir las modificaciones que proponemos, lamentablemente vamos a tener que votar negativamente. Creemos que en lugar de ser un proyecto de fortalecimiento de los microemprendimientos, terminará siendo un proyecto de fortalecimiento del clientelismo, y sabemos que el clientelismo es una práctica política que lejos de generar trabajo lo destruye. (Aplausos.)
ARI DIPUTADO OLIVERA
La Constitución porteña no se cumple cabalmente
A 10 años, la autonomía de la ciudad es todavía una asignatura pendiente
La Nación no transfirió el control de la seguridad pública, el tránsito, el juego, el puerto y los servicios
A casi diez años de la sanción de la Constitución porteña, el basamento legal sobre el cual debía construirse la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, los vecinos de la Capital todavía se ven obligados a recurrir en ocasiones al gobierno y a la justicia nacionales para solucionar problemas barriales cuando, en gran medida, podrían hacerlo en la comuna y el tribunal descentralizados, a no más de 15 cuadras de su casa.
Sucede que la puesta en práctica del mandato doblemente constitucional -que aparece en la Carta Magna nacional y en el estatuto local- de dotar a la Capital de autonomía plena permanece, a pesar del transcurso del tiempo, a medio camino.
Ni las autoridades nacionales ni las porteñas instrumentaron, desde el 1° de octubre de 1996 hasta ahora, la totalidad de los mecanismos y acciones establecidos para que Buenos Aires fuera completamente independiente en su gobierno y administración.
Tal vez, lo esencial de esta deuda sea -según coinciden abogados constitucionalistas, legisladores porteños y ex estatuyentes consultados por LA NACION- el perjuicio causado a la vida cotidiana de la gente como consecuencia de la nebulosa jurídica.
Si la Nación hubiera terminado de traspasar la Justicia a la ciudad y le hubiera transferido la policía, los bomberos, la administración del puerto, los terrenos del Onabe junto a las vías del ferrocarril, el control del transporte, del tránsito y del juego, y si las autoridades porteñas hubieran conformado las comunas, sería más fácil solucionar los problemas de los vecinos y mejoraría la calidad de vida en la Capital.
Los vecinos de Núñez, afectados por una serie de violaciones en terrenos nacionales aledaños al ferrocarril, hubieran reclamado a la junta comunal (asentada en el barrio) que desmalezara y colocara luminarias, y no hubiera sido necesaria la intervención del ministro del Interior, Aníbal Fernández, para pedir un refuerzo policial en el lugar. Esta cuestión la hubiera podido resolver el hoy ministro de Gobierno porteño.
Todo el operativo de atención posterior a la tragedia de Cromagnon hubiera estado en manos de la ciudad, con su policía y sus bomberos, además de su sistema médico. Por lo tanto, el gobierno porteño hubiera sido responsable exclusivo de lo actuado y sólo habría quedado discutir si la asistencia brindada había sido buena o mala.
Para combatir la publicidad expuesta junto a las vías del ferrocarril Belgrano, que balconea sobre la avenida Lugones con sus efectos indeseables sobre la atención de los automovilistas, la ciudad podría obligar a bajar los carteles sin exponerse a que los empresarios planteen un conflicto jurisdiccional ante la Justicia.
Si la autonomía fuera plena, también podría resolver el gobierno porteño el destino del casino flotante sin que los explotadores pudieran plantear un conflicto de jurisdicción ante la Justicia, y podría intervenir cuando una huelga de los trabajadores de subtes paraliza a Buenos Aires, si tuviese la potestad de controlar el servicio.
Lo cierto es que, según los entendidos, la codicia del gobierno nacional por retener el poder y el beneficio económico que implica el manejo de la policía, el juego y el puerto impediría la expresión total de la autonomía durante varios años más.
Respecto de la justicia porteña, sólo hay tribunales contravencionales, de faltas y contencioso-administrativos y tributarios. Fueron transferidas parcialmente competencias penales y resta traspasar los fueros laboral, civil, comercial, de la seguridad social, criminal y correccional.
El hoy legislador porteño por ARI Enrique Olivera -que estrenó la autonomía como vice en la primera fórmula elegida por la ciudadanía para gobernar la Capital- consideró: "La autonomía debía ser plena para 2001. Pero la Nación no quiso perder competencias y los políticos porteños no se resignan a que, comunas mediante, ninguna corporación pueda ya controlar toda la ciudad".
Opinó: "Cualquier jefe de gobierno porteño trabaja con una mano atada si no puede controlar la calle, que es lo que sucede: no maneja ni a la policía ni a los bomberos, ni fiscaliza el tránsito y el transporte".
El constitucionalista Daniel Sabsay calificó la situación jurídica de la ciudad como "una gran nebulosa" que favorece los conflictos judiciales. "Si la autonomía fuera absoluta, los vecinos tendrían mayor capacidad de control porque estarían más cerca de quienes deciden. Ahora, en algunos aspectos, la Capital está en condición inferior a algunos municipios con carta orgánica, régimen electoral propio y control de los servicios", explicó.
ARI DIPUTADA MARCELA RODRIGUEZ
Una ley busca evitar otro caso Patti
Pondrá más límites a la presentación de candidatos
Un mes después de la polémica votación que impidió la asunción como diputado del ex comisario y líder del Paufe, Luis Patti, el oficialismo de la Cámara baja avanza a paso veloz para cerrarles definitivamente la posibilidad de competir por cargos electivos nacionales a candidatos sospechados de haber cometido violaciones de los derechos humanos.
unto a iniciativas como las que reglamentan el financiamiento partidario, las que promueven el voto electrónico y normas que amplían el cupo femenino -en las cuales hay, en principio, una postura favorable en la mayoría de los bloques- el oficialismo piensa impulsar un proyecto de la diputada Marcela Rodríguez (ARI-Buenos Aires), que modifica el artículo 33 de la ley 23.298 de partidos políticos y que impide taxativamente presentarse como candidatos a cargos electivos nacionales (presidente y vice, diputado o senador nacional) y partidarios a "personas contra las que existan pruebas suficientes de participación en violaciones graves de los derechos humanos que puedan implicar crímenes de lesa humanidad".
La relación entre este proyecto y el caso Patti es directa. Durante el debate legislativo sobre la exclusión del ex intendente de Escobar, desde el radicalismo y el interbloque Propuesta Federal de Mauricio Macri se insistió en que Patti no había sido impugnado en la justicia electoral durante los meses previos a la elección y que Patti no tenía condenas penales en su contra.
La iniciativa, impulsada por Rodríguez y firmada por Urtubey y Patricia Fadel (FV-Mendoza) establece por primera vez en la legislación la posibilidad de impedir el acceso a cargos públicos o partidarios a ciudadanos involucrados en probadas violaciones a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.
Según Rodríguez, el propósito no es "intervenir efectuando un control de calidad de quienes pueden ser elegidos por voto popular ni evaluar modelos de virtud personal, sino explicitar en la ley esta inhabilidad moral, que contraría el derecho de gentes y numerosos tratados internacionales". Mientras la diputada Rodríguez afirma que la aprobación de este proyecto pondrá al país en línea con distintas convenciones internacionales de derechos humanos.
Hubo quejas sobre los servicios que brinda el IPAUSS en el resto del país
Boleto estudiantil aéreo:
El diputado Gorbacz presentó su proyecto ante un grupo de padres
El diputado Leonardo Gorbacz (ARI) se reunió con un grupo de padres de estudiantes universitarios fueguinos que le plantearon las diferentes dificultades que atraviesan los chicos que estudian fuera de la provincia.
Gorbacz presentó su proyecto de ley sobre la creación del boleto estudiantil aéreo que debería beneficiar con tarifa diferencial a los estudiantes de universidades o establecimientos terciarios, públicos o privados, que realicen sus estudios a más de 1.500 kilómetros de su domicilio, dentro del territorio nacional. También hubo duros cuestionamientos acerca del servicio brindado por el IPAUSS.
El diputado Leonardo Gorbacz (ARI) se reunió con un grupo de padres de estudiantes universitarios fueguinos que le plantearon las diferentes dificultades que atraviesan los chicos que estudian fuera de la provincia. Gorbacz presentó su proyecto de ley sobre la creación del boleto estudiantil aéreo que debería beneficiar con tarifa diferencial a los estudiantes de universidades o establecimientos terciarios, públicos o privados, que realicen sus estudios a más de 1.500 kilómetros de su domicilio, dentro del territorio nacional. También hubo duros cuestionamientos acerca del servicio brindado por el IPAUSS.
Los padres plantearon muchas de las dificultades que atraviesan los chicos que estudian fuera de la provincia, entre ellas, los altos costos de los alquileres, la dificultad de ofrecer las garantías que piden las inmobiliarias, la falta de contención de los estudiantes que no tienen familiares en la ciudad en la que estudian y problemas en la atención de las obras sociales.
Además, el parlamentario interiorizó a los padres acerca del proyecto de ley, realizado en conjunto con la diputada Fabiana Ríos, sobre la creación del boleto estudiantil aéreo.
La iniciativa, que fue presentada la semana pasada en la Cámara de Diputados, prevé la creación del boleto estudiantil aéreo con el objeto de beneficiar con tarifa diferencial a los estudiantes de universidades o establecimientos terciarios, públicos o privados, que realicen sus estudios a más de 1.500 kilómetros de su domicilio, dentro del territorio nacional.
El funcionario expresó que "nuestro criterio es que el Estado Nacional también debe hacerse cargo de la inequitativa distribución de la oferta universitaria y terciaria en el territorio nacional. Las universidades se sostienen con dinero de todos los argentinos, pero fundamentalmente son aprovechadas por los que viven en los grandes centros urbanos".
"No puede ser que se considere que los estudiantes están de paso en la provincia donde nacieron, donde está su familia, y de donde se tuvieron que ir temporalmente para estudiar carreras que aquí no se dictan", comentó.
Y agregó: "enviamos una nota a la Presidente del IPAUSS, Stella Maris Strata, y a cada uno de los directivos, pidiendo una solución urgente para este tema".

References: artículo 26
 artículo 26
 Artículo 75
 resolución 
 Artículo 113
 artículo 113
in fine
 artículo 33