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Timestamp: 2018-01-22 09:50:32+00:00

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Sentencia favorable. Tribunal Contencioso Administrativo ordena que la SUPERCOM se disculpe públicamente con EL COMERCIO. | Meythaler & Zambrano Abogados
Sentencia favorable. Tribunal Contencioso Administrativo ordena que la SUPERCOM se disculpe públicamente con EL COMERCIO.
La sentencia favorable a los intereses de El Comercio, obtenido con el patrocinio de nuestro Estudio Jurídico, revela la defensa del principio de imparcialidad que debe reinar en la actividad de la prensa libre y la reinserción en el Ecuador del principio por el cual los ciudadanos no podemos ser sometidos al chantaje de ser obligados a demostrar nuestra inocencia cuando existe de por medio una acusación pública de haber cometido una infracción. El sistema demanda que sea siempre la autoridad quien demuestre la culpabilidad del ciudadano acusado; no al revés, tal y como pasó en el procedimiento arbitrario mediante el cual la Superintendencia de la Información y Comunicación sancionó injustamente a nuestro cliente, diario El Comercio.
Nos llena de sano orgullo que nuestro argumento central en la defensa a El Comercio, que los ciudadanos no pueden ser sometidos a la coacción de demostrar su inocencia, haya sido materia de un excelente análisis y fallo por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito.
Recomendamos la lectura de este importante fallo por el impacto que tiene en la historia del periodismo libre del Ecuador.
Quito, 8 de enero del 2018
Dr. José Meythaler Baquero.
TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA
VISTOS: El grupo El Comercio C.A., por medio de su presidente ejecutivo y representante legal de la empresa formula recurso subjetivo o de plena jurisdicción impugnando el acto administrativo contenido en la resolución administrativa No. 21.2015.DNJRD-INPS de 12 de mayo de 2015 notificada el 14 de los mismos mes y año, por medio de la cual la Superintendencia de la Información y Comunicación, declara la responsabilidad del medio de comunicación social impreso Diario El Comercio por inobservar lo prescrito en el inciso segundo del artículo 23 de la Ley Orgánica de Comunicación, imponiéndole la medida administrativa establecida en el numeral 1 de dicha norma legal, ordenando que dentro del plazo de 72 horas, en la portada y en la página 2 de la sección “Actualidad”, difunda la rectificación a la que hay lugar, en las mismas características, dimensiones y en el mismo espacio en las que publicó la noticia del 05 de abril de 2015, esto es, portada 27,1 cm de ancho por 13,4 cm de alto; y, página 2, de la sección “Actualidad”; 42.5 cm de alto por 23 cm de ancho, para cuyo efecto la parte denunciante, remita de forma inmediata con copia a esta Superintendencia al citado medio de comunicación la carta o documento de rectificación relacionada con la información que contiene las deficiencias en la verificación, contrastación y precisión; resolución que además ordena que el director o directora de ese medio de comunicación, en el mismo plazo, presente por escrito una disculpa pública al Ministro de Electricidad y Energía Renovable y al Gerente General subrogante de Coca-Codo Sinclair EP, la que deberá remitirse con copia al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, a fin de que sea publicada en su página Web y, de igual manera publicarse en la primara interfaz de la página Web medio de comunicación por un plazo no menor a siete días consecutivos.
Afirma el actor que El Comercio en su edición del domingo 5 de abril de 2015 publicó en su página 1 el titular “USD 606 millones de ajuste en el Coca-Codo. El costo de la central hidroeléctrica pasó de USD 2245 millones a 2851 millones, en menos de cuatro años. Según la empresa Coca-Sinclair, se debe a tributos y obras de compensación social”; que, seguidamente se desarrolla la nota periodística, la cual tiene todos los respaldos documentales que garantizan su veracidad; que, sin embargo, el 8 de abril de 2015 el Ministro de Electricidad y Energía Renovable junto con el Gerente General subrogante de Coda Codo Sinclair EP, remitieron a la actora una comunicación ofensiva y acusatoria solicitando la rectificación de forma gratuita del contenido de esa publicación, conforme los artículos 10 numeral 4, literal b), 22 y 232 de la Ley Orgánica de Comunicación, pedido que no contenía los argumentos jurídicos, ni la información necesaria que lo sustente para proceder a la rectificación, considerando que es un medio de comunicación de circulación nacional, sin que ello implique incumplimiento alguno sino un sentido de responsabilidad periodística.
Que, El Comercio, el 10 de abril de 2015 respondió a dichas autoridades, expresando las fuentes de información usadas para la publicación y, la negativa a la rectificación requerida; que, a través de correo electrónico la Secretaría de Comunicación, sin firma de responsabilidad ni correo electrónico del remitente hace llegar una nueva solicitud para que se cumpla el “derecho a réplica” y se acoja el pedido de dichas autoridades, confundiendo los significados de derecho a la réplica y rectificación. Que mediante oficio No. MEER-DM-2015-0135-OF de 14 de abril de 2015 (sin contener los requisitos reglamentarios), el Ministro de Electricidad y Energía Renovable se dirige al Superintendente de la Información y Comunicación (SUPERCOM) pidiéndole el inicio de medidas administrativas y legales previstas en la Ley Orgánica de Comunicación, para la inmediata publicación del texto de rectificación efectuado por el solicitante, de forma gratuita y en el mismo espacio de la publicación aludida; que con esa base, con providencia de 16 de abril de 2015, se inicia el procedimiento sancionador No. 026-2015-INPS-DNJRD.
Que, según el Art. 14 del Reglamento para el Procedimiento de Infracciones el 5 de mayo de 2015, se efectuó la audiencia de sustanciación, en la cual El Comercio presentó las pruebas de descargo que demostraron que la información redactada en la nota de prensa ya señalada, fue verificada, contrastada y precisa; en tanto que la denunciante presentó copia simple de la comunicación de 14 de abril de 2015 suscrita por el señor Alberto Araujo, ingresada a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) el 15 de abril de 2015, que no fue considerada por la autoridad de control, así como copias certificadas de los impresos de twitters emitidos por la misma persona, periodista de El Comercio, en su cuenta personal, que fueron rechazados por la SUPERCOM por no tener relación con los hechos; sin que por tanto haya prueba válida que demuestre las alegaciones del denunciante.
Que, finalmente, el 14 de mayo de 2015 fue notificado con la resolución No. 21.2015.DNJRD-INPS de 12 de mayo de 2015 imponiendo la sanción ya descrita, acto administrativo que es materia de la impugnación en sede jurisdiccional de control de la legalidad; sanción que no considera las argumentos fácticos, pruebas de descargo y fundamentos legales que sirvieron de base para la publicación, sin aplicarse asimismo los principios legales y constitucionales que garantizan los derechos de la accionante. Pide que en sentencia se declare la ilegalidad del acto materia del recurso, en razón de: 1) La ausencia de infracción y cumplimiento de los establecido en la Ley Orgánica de Comunicación, conforme lo ordenado por los artículos 66 numeral 7 y 384 de la Constitución, que tiene concordancia con el artículo 23 de la mencionada Ley Orgánica; normas que garantizan el derecho de las personas afectadas por los medios de comunicación, a lograr las rectificaciones en condiciones de equidad, cuando las informaciones son falsas, sin pruebas o sustentos, erróneas o inexactas; sin que pueda exigirse la rectificación sin que exista la justificación documental e informativa que contraste el contenido de la publicación realizada, con pruebas que fundamenten la realidad.
Que en el caso, ni la solicitud enviada a la actora por los funcionarios públicos, ni los fundamentos y pruebas presentadas por ellos en la audiencia de sustanciación celebrada en la SUPERCOM, contrastaron o desmintieron la información que sirvió de base al periodista de El Comercio para la publicación de 5 de abril de 2015; sin que se hayan por ello, cumplido los precedentes fácticos para que se emita la sanción impugnada.
Que, el derecho a la rectificación opera cuando se ha difundido información sin la debida verificación, contrastación y precisión de la información de relevancia pública.
Que, sin embargo, la actora demostró y argumentó cada uno de los parámetros expresados en la nota periodística; así,
a) La nota señala que el costo de la central pasó de USD2245 millones a USD 2851 millones “debido al pago del IVA, impuestos y obras de compensación social según Coca Sinclair EP […] la mayor hidroeléctrica que se construye en el país tendrá un ajuste de precio de USD 606 millones respecto al costo anunciado inicialmente debido a obras de compensación social y pagos de impuestos según autoridades de gobierno, hasta hace dos semanas el Gobierno sostenía que el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair tendría un costo de USD 2245 millones, esa fue la cifra que indicó en su rendición de cuentas el Ministro de Electricidad Estaban Albornoz, en Cuenca, el pasado 12 de marzo según la presentación publicada en la web de la entidad; sin embargo nueve días después el Presidente de la República, Rafael Correa indicó en el enlace sabatino que la inversión total del proyecto llegaba a USD 2851 millones; es decir, con un incremento de USD 606 millones respecto del costo antes anunciado[…]”; expresa el actor que según el enlace ciudadano del sábado 21 de abril de 2015, realizado por el Presidente Rafael Correa mediante lámina, se indica que la inversión total del proyecto es de USD 2851 millones, lo cual tiene como fuente el Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos; lámina que también fue usada por el Presidente de la República el 12 de marzo de 2015 en el informe de rendición de cuentas del Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, la cual consta en la página web de la institución; es decir, con una diferencia de USD 606 millones; existiendo además correos electrónicos enviados por el Gerente de esa empresa pública, en los que se destaca que uno es el precio de construcción del proyecto, incluido fiscalización, y el precio expresado por el Presidente de la República es el costo total del proyecto;
b) Que la nota periodística señala que el Coca Codo Sinclair es proyecto emblemático gubernamental que además de su alta inversión en febrero de 2016, se convertirá en la central hidroeléctrica más grande del país, con una potencia de 1500 megavatios, un 50% más que Paute, representará el 26% de la capacidad instalada en la generación del país. Manifiesta la parte actora que como respaldo de estos hechos, la página web de la Agencia de Regulación y Control de la Electricidad, antes CONELEC, se señala que la potencia de la hidroeléctrica Paute Molino es de 1100 megavatios, potencia que es nominal; y, el CENACE, indicó el 23 de abril de 2015 que la potencia de Paute Molino, con diez turbinas en funcionamiento es de 934 megavatios, redondeando 1000 megavatios, 1500 a 1000, 50% de potencia adicional;
c) Continúa la nota periodística que aunque el proyecto tuvo una serie de estudios por parte del INECEL entre los años 80 y 90, no arrancó sino hasta 2009 cuando la empresa pública Coco Codo Sinclair firmó con la constructora China Sinohydro el contrato EPC-ingeniería Procura y Construcción, contrato que comprende el desarrollo de ingeniería, provisión de equipos y materiales, construcción de obras civiles, montaje de equipos y puesta en marcha de la central, por un costo total de 1979,7 millones de dólares, la cual tuvo un retardo de al menos un año por retardo en el financiamiento; que “en noviembre de 2001, el Ministro de Electricidad Esteban Albornoz, indicó en entrevista con este diario, que el costo del proyecto, incluida la fiscalización encabezada por la Comisión Federal de Electricidad CFE de México, alcanzaba los 2345 millones”; información, sostiene la actora, que tiene sustento en la grabación de la entrevista de 22 de noviembre de 2011, realizada en el despacho del Ministro de Electricidad y Energías Renovables;
d) La nota además señalaba, dice, que ese valor se mantuvo estable durante los últimos tres años, pero que hace dos semanas subió, cuando el Presidente habló de 2851 millones; que el diario ha buscado información sobre ese incremento con los ministerios de Electricidad y de Sectores Estratégicos, la constructora China Sinohydro y la empresa pública Coca Codo Sinclair y que solo esta última dio respuesta a través de su gerente subrogante, quien indicó que ambos valores son correctos; pero que el primero constituye el precio de la construcción del proyecto y el segundo, el costo total del mismo, sin que sea correcto afirmar que se ha producido un incremento del precio en USD 600 millones, ya que en el costo total, según ese funcionario, se incluyen valores de desarrollo territorial, compensación ambiental, impuestos, fiscalización, administración, indemnizaciones, compra de predios, imposición de servidumbres, modificación de recorridos del oleoducto, vías de acceso, licencias ambientales, sociabilización, entre otros. Información, dice el actor, que está respaldada con los correos electrónicos cruzados con el Gerente Subrogante de la Empresa Coca Codo Sinclair, entre el 24 de marzo y el 2 de abril 2015,
e) La trascripción de la nota dice que “en cuanto al costo de la fiscalización”, ya se incluye en el valor de USD 2245 millones, según el Ministro Albornoz, y que respecto de las obras de desarrollo territorial el documento de rendición de cuentas difundido el 17 de marzo en Lago Agrio, que consta en la web de la empresa Coca Sinclair, que ha invertido 20,8 millones entre el 2001 y el 2014; frente a lo cual, la accionante indica que ha presentado en la SUPERCOM, la captura de pantalla de la presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Ministro de Electricidad Esteban Albornoz de 12 de marzo de 2015, en donde consta la inversión total en un monto de USD 2245 millones;
f) La información periodística señala en este punto que, esto incluye programas de obras de educación, conservación ambiental, electrificación, infraestructura. Vialidad, salud, servicios básicos, saneamiento y desarrollo socio económico de los que se han beneficiado 50726 personas de la zona de influencia, que, sobre la modificación del trazo del oleoducto de crudos pesados OCP, para la construcción del Coca Codo, la obra alcanzó 12,5 millones, de acuerdo a la información que consta en la web del OCP; además de que la construcción de la vía más larga del proyecto, es decir, la vía de embalse compensador, está contemplada como obligación de Sinohydro; que respecto de los pagos de impuestos al contrato, se indica en su cláusula siete que Coca Sinclair pagará el IVA por las facturas correspondientes a servicios de Sinohydro y que las facturas que corresponden a reembolsos de costos y gastos incluidos en la ejecución del proyecto, están sujetas a tarifa cero de conformidad con la ley. Información que tiene como fuente principal el contrato entre el Estado y la constructora China Sonohydro el cual ha sido difundido por las instituciones públicas involucradas y, sobre la información de la empresa OCP la información se sustenta en la comunicación oficial que consta de la web de esa compañía;
g) Que la nota publicada en el Comercio señala que en cuanto a los otros impuestos se dice que Coca Codo Sinclair pagará el impuesto a la salida de divisas, pero que el impuesto a la renta, el impuesto predial municipal, patente municipal, el impuesto municipal del 1.5 por mil, además del ICE, entre otros debe pagar Sinohydro, que en el contrato se establece con claridad el tema de los impuestos pero que hay que considerar los cambios en materia tributaria que se han dado luego de la firma del contrato; información que, dice el actor, está sustentada en comunicaciones electrónicas enviadas al Ministro de Electricidad, a la Directora de Comunicación de ese Ministerio, Director de Comunicación del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, a los representantes de la constructora China Sinohydro, Héctor Espín y Myriam Baldeón, las cuales nunca fueron atendidas a la accionante; finalmente, el oficio No. SENPLADES-SZ2CN-2014-0290-OF de 21 de agosto de 2014 emitido por SENPLADES en la que se afirma que el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, presenta una nueva versión del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, en la cual se han modificado sus componentes y el presupuesto requerido, por los que, “la nueva versión de proyecto presenta un monto total de inversión de US$2.850.966.262,06”, lo que ratifica la información publicada.
Que la autoridad, al momento de resolver no consideró los elementos de descargo presentados por El Comercio y ni fundamentó su decisión de desecharlos, tomando en cuenta las pruebas que demostraban la ausencia de infracción, al haber presentado una información verificada, contrastada y precisa, que tiene base informativa documental; de modo que la sanción impuesta, carece de los elementos que hacen posible la descripción de los hechos que configuran esas conductas como infracción.
Que se ha violado su derecho al debido proceso prevenido en el artículo 76, numeral 7 literales a), b) y c); ya que la demandada no analizó criterios valoradores de la documentación aportada por la administrada, violando su derecho de defensa. Que no solo es necesario citar disposiciones normativas sino analizarlas con sustento en las pruebas aportadas, que esa es una garantía de motivación; y que, la resolución recurrida carece de la motivación exigida en el ordenamiento jurídico, configurándolo como un acto administrativo nulo de puro derecho.
Que se han generado violaciones al procedimiento administrativo sancionador pues el artículo 8 del Reglamento de Infracciones Administrativas de la Ley Orgánica de Comunicación, establece los requisitos que deben cumplir las denuncias o reclamos dirigidos a la SUPERCOM y que el oficio remitido por el Ministro de Electricidad y Energías Renovables, no hace una clara relación de los hechos, no señala domicilio, ni adjunta documentos que acrediten la comparecencia de la representación de Coca Codo Sinclair como empresa pública involucrada, por lo que en aplicación del artículo 11 del mismo Reglamento la denuncia no debió ser aceptada.
Que, subsidiariamente se considere la afectación que El Comercio ha sufrido por la imposición de una sanción contraria a la ley afectando su buena honra y reputación. Pide que en sentencia se declare la ilegalidad del acto administrativo impugnado, el cual es nulo de pleno derecho, dejándolo sin efecto el acto y la sanción impuesta.
Calificada la demanda y citados los accionados contestan: El Procurador General del Estado señalando domicilio para notificaciones que le correspondan. El Superintendente de la Información y Comunicación, en su calidad de representante legal de la entidad demandada. Comparece afirmando que:
El trámite administrativo se ha iniciado por denuncia presentada por el Ministro de Electricidad y Energía Renovable en contra del diario El Comercio por presunta infracción legal producida en la publicación de una noticia en la edición del 5 de abril de 2015 titulada “USD 606 millones de ajuste en el Coca Codo”, que, tramitado el expediente se produjo la audiencia de sustanciación en la cual “las partes ejercieron sus derechos de defensa y al debido proceso, indicando sus fundamentos de hecho y de derecho” y que, luego de haber “analizado las evidencias, documentos y pruebas presentadas por las partes en la mencionada audiencia”, expidió la resolución administrativa materia de la impugnación en el presente juicio; que las pruebas presentadas por la administrada interesada, luego del análisis respectivo se concluyó que la información publicada por el diario El Comercio era errónea, ya que se hizo constar que el proyecto Coca Codo Sinclair tiene un ajuste de 606 millones de dólares, cuando se evidencia que el valor de esa inversión es de 2245 millones ya que ese valor no incluye varios impuestos, existiendo “deficiencia en la información de interés público”, siendo evidente la falta, por parte del medio, a los principios de verificación, contrastación y precisión, “informando a sus lectores, que en el transcurso de dos semanas existió un incremento de USD 606 millones de dólares al costo del proyecto, cuando conforme se observa de los documentos en mención, no se había incluido el monto del IVA y otros impuestos al valor de 2.245 millones”; que, ese valor del contrato no fue incrementado, sino que el presupuesto del proyecto fue modificado, así como los plazos de ejecución, “en virtud de que dentro del mismo se consideran pagos de impuestos, desarrollo territorial, etc. El medio de comunicación ha confundido el valor de un contrato suscrito para la construcción de una obra, con el valor de un proyecto en su conjunto, que incluye además del contrato sus impuestos, costos de fiscalización, compensación ambiental y otros, lo cual evidentemente configura un valor superior si nos referimos al proyecto en su totalidad y no solo al contrato suscrito con la compañía SINOHYDRO CORPORATION”.
Que la tipicidad es un principio que implica la determinación de la conducta antijurídica en la que incurre la persona y por la cual se le impone la sanción y que previamente ha de estar prevista en la norma jurídica; que en el caso ello ocurre con lo previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Comunicación.
Que no se ha violado el debido proceso ya que la resolución recurrida analiza cada una de las pruebas aportadas en la audiencia de sustanciación; siendo que la resolución cumple con el requisito de motivación.
Que es improcedente el argumento de la actora en el sentido de que en el procedimiento administrativo se ha producido una falta de proporcionalidad al graduar la pena impuesta, por cuanto el artículo 23 numeral 1 de la Ley en cita, no provee la posibilidad de graduar la sanción.
Que la denuncia cumple con todos los requisitos, y que en cuanto el domicilio del denunciante se consideró el fijado en el membrete del “reclamo presentado por la parte accionante”, tanto más que la Constitución señala que no ha de sacrificarse la justicia por la omisión de formalidades.
Que la resolución no adolece de ninguno de los vicios acusados por la parte actora, la cual está debidamente motivada y, la sanción ha sido debidamente impuesta, con sustento en los hechos y en las normas jurídicas en las que la misma se sustenta. Formula como excepciones:
1) Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, por cuanto sus pretensiones no tienen sustento; 2) Falta de derecho del actor por cuanto son impertinentes y no proceden las pretensiones planteadas; c) Ilegalidad de la causa y objeto demandados por el actor; 4) Presunción de legalidad, legitimidad y ejecutoriedad del procedimiento administrativo No. 026-2015-I(NPS-DNJRD y sus actuaciones; así como del acto administrativo impugnado. Pide se rechace la infundada demanda. Concluida la estación probatoria la causa se encuentra en estado de expedir sentencia, para lo cual el Tribunal considera:
PRIMERO.- El Tribunal es competente para el conocimiento y resolución del presente asunto, conforme lo disponen los artículos 173 de la Constitución de la República; 1, 2 y 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 38 de la Ley de Modernización del Estado y 217 del Código Orgánico de la Función Judicial. La competencia se encuentra confirmada por el resorteo realizado.
SEGUNDO.- No se observa en la tramitación de la causa omisión de solemnidad o procedimiento alguno que pueda incidir en su decisión, por lo que, se declara la validez del proceso.
TERCERO.- Sin duda alguna por la misma pretensión de la parte actora, el presente es un recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción o subjetivo; el cual solo puede ser interpuesto dentro del término de noventa días contados a partir del siguiente al de la notificación con el acto administrativo del que se recurre, así lo establece el artículo 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; como así efectivamente ha ocurrido en la especie; por cuanto el acto materia del recurso ha sido expedido el 12 de mayo de 2015 y notificada el 14 de los mismos mes y año, en tanto que la demanda ha sido presentada el 6 de julio de 2015; es decir de modo oportuno.
CUARTO.- La negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la acción propuesto tiene como finalidad procesal trasladar la carga de la prueba a la parte actora, conforme ordena el artículo 133 del Código de Procedimiento Civil, norma supletoria según ordena el artículo 77 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; obligación que le corresponde al recurrente en los casos en que se propongan recursos impugnatorios de legalidad, como el presente, en los cuales es deber de la parte actora justificar los vicios que estima afectan la legalidad de los actos interpelados por esta vía de control jurisdiccional. Al respecto, Vicent Aguado I Cudola dice: “Se debe tener en cuenta que la carga de la prueba puede presentar singularidades en el ámbito del proceso contencioso administrativo respecto del proceso civil. En efecto, hace falta destacar la singular proyección del interés público sobre la carga de la prueba. Este interés público se concreta en la presunción de validez del acto administrativo, que establece la carga al ciudadano de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa en caso de disconformidad con la decisión que la administración haya adoptado” (“La Prueba en el Proceso Contencioso administrativo, biblio.jurídicas. unam.mx/libros /7/3282/48.pd).
QUINTO.- En cuanto a la alegada falta de derecho de la actora para demandar, debe señalarse que ese derecho le está consagrado ahora en el artículo 173 de la Constitución de la República de 2008; derecho que además se encuentra regulado en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 38 de la Ley de Modernización del Estado, consecuentemente, no ha lugar a esta excepción.
SEXTO.- La legitimidad y la ejecutoriedad de los actos administrativos, son presunciones que se subsumen del mismo pronunciamiento público; es pertinente por cuanto le permite a la Administración ejecutar sus propias decisiones; ello se infiere del principio de autotutela administrativa que además proviene de un principio superior que es el de legalidad, el cual obliga a las autoridades públicas y a sus funcionarios y agentes a ceñir sus actos estrictamente a las competencias que entrega la Constitución y la Ley; entendiéndose por ello “prima facie”, que tales decisiones cumplen ese principio y pueden ser ejecutadas por el poder coactivo público y a las cuales está, el particular al que dirigen, obligado a cumplirla. Tales presunciones, no obstante, tienen a su vez la característica de tener un alcance “ius tantum”; esto es, hasta que autoridad competente determine que esa resolución pública es contraria derecho, por lo que se extingue y debe ser sustituida por otra que decida el caso en estricta sujeción al ordenamiento jurídico. Lo dicho permite entender que no cabe en esta clase de asuntos formular una excepción que alegue esas presunciones, que van implícitas en el acto administrativo impugnado, las cuales deben ser destruidas en el proceso judicial; hacerlo del modo en que la Administración demandada ha formulado esta excepción equivale a destruir por ella misma la presunción de legalidad del acto administrativo que ha emitido y que es materia de la impugnación, lo que significaría que es la demandada la que debe probar procesalmente la legalidad de sus actuaciones, violentando el principio de autotutela; por tanto siendo como es impertinente esta excepción, se la desecha.
SÉPTIMO.- Se desestima asimismo la excepción de ilegalidad de la causa y objeto demandados por el actor, opuesta por la Superintendencia de la Información y Comunicación, por cuanto no señala sustento fáctico o jurídico en que la funde, sin que corresponda al Tribunal suplir la deficiencia argumental de tal oposición.
OCTAVO.- La resolución recurrida está signada con el No. 021-2015-DNJRD-INPS de 12 de mayo de 2015 expedida por el Superintendente de la Información y Comunicación a las 15h00 (p.4 a 34 de los autos), por la que esa autoridad: 1) Declara la responsabilidad del medio de comunicación social impreso (Grupo EL COMERCIO C.A.) EL COMERCIO, por inobservar lo previsto en el inciso segundo del artículo 23 de la Ley Orgánica de Comunicación, imponiéndole “la medida administrativa establecida en el numeral 1) de la citada norma legal; esto es, que: dentro del plazo de 72 horas, en la portada y en la página 2, de la sección “Actualidad”, difunda la rectificación a la que hay lugar, en las mismas características, dimensiones y en el mismo especio en las que publicó la noticia del 05 de abril de 2015, esto es: portada 27,1 cm de ancho por 13,4 cm de alto; y, página 2, de la sección “Actualidad”: 42.5 cm de alto por 23 cm de ancho, para cuyo efecto la parte denunciante, remita de forma inmediata con copia a esta Superintendencia al citado medio de comunicación la carta o documento de rectificación relacionada con la información que contiene las deficiencias en la verificación relacionada con la información que contiene las deficiencias en la verificación, contrastación y precisión”(sic); resolución que además ordena que el director o directora de ese medio de comunicación, en el mismo plazo, presente por escrito una disculpa pública al Ministro de Electricidad y Energía Renovable y al Gerente General subrogante de Coca-Codo Sinclair EP, la que deberá remitirse con copia al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, a fin de que sea publicada en su página web y, de igual manera publicarse en la primera interfaz de la página web del medio de comunicación por un plazo no menor a siete días consecutivos.
Señala en su parte expositiva la resolución recurrida que: el procedimiento administrativo se ha iniciado por denuncia presentada por el Ministro de Electricidad y Energía Renovable, en contra del diario El Comercio, la cual ha sido calificada y admitida a trámite, efectuándose la audiencia de sustanciación el 5 de mayo de 2015, en la que se ha dispuesto se “constate la presencia de las partes”, luego de lo cual se instaló la diligencia, en la cual el procurador judicial del medio denunciado afirmó, que en el caso no existe denuncia, sino un oficio remitido por el señalado Ministro de Estado, el cual ha sido calificado como denuncia; oficio en el que se señala la existencia de un incumplimiento y se pide se lo revise conforme lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Orgánica de Comunicación y 9 de su Reglamento, que, lo que en ella se señala es que dicho Ministro y el representante de la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair han remitido una comunicación al Grupo El Comercio pidiendo la publicación y rectificación de la información relativa al ajuste de 606 millones de dólares del Coca Codo, por haberse trasmitido un mensaje distorsionado a la ciudadanía, pero que no dice nada más; que el artículo 8 de ese Reglamento señala los requisitos que debe cumplir la denuncia para ser admitida a trámite y que en el caso la empresa pública Coca Codo Sinclair tiene la representación legal de su Gerente General y que los requisitos reglamentarios en el caso no se han cumplido ya que, entre otros aspectos no se adjuntaron las pruebas que disponga el peticionario, como tampoco han señalado domicilio o correo electrónico para notificaciones.
Que existe un pedido de rectificación del Ministerio de Energía y de la EP Coca Codo Sinclair, el cual pasa por un análisis interno que revisa la información de la que disponen, misma que está basada en documentación oficial, referida en esa intervención. Presentan varias pruebas que las enumeran en el acta. Se deja constancia en el acta además que se “le concedió la palabra al representante de la parte accionante”, quien comparece como procurador judicial del Ministro de Electricidad y Energía Renovable, quien hace un detalle de las razones por las que estiman distorsionadas las informaciones aparecidas en el diario El Comercio relativas a los costos del proyecto Coca Codo Sinclair. La resolución se sustenta, en lo fundamental, en las siguientes consideraciones:
Que la SUPERCOM es competente para el conocimiento y resolución del caso; en que la denuncia cumplió con los requisitos exigidos en el artículo 8 del Reglamento para el Procesamiento de Infracciones a la Ley Orgánica de Comunicación, entre ellos que se dio como domicilio físico del denunciante el que aparece en el membrete del reclamo presentado por “la parte accionante”; habiéndose observado las garantías del debido proceso y no se han omitido solemnidades. Se señala como hechos materia de la denuncia, que en el Diario El Comercio, en su publicación de 5 de abril de 2015, se hizo constar en la portada una nota titulada “USD 606 millones de ajuste en el Coca-Codo”, la misma que es desarrollada en la página 2, sección “Actualidad”, con el titular “El proyecto Coca-Codo tendrá un ajuste de USD 606 millones”, respecto del cual el Ministro de Electricidad y Energía Renovable presentó una solicitud de rectificación, la cual no fue publicada por el medio de comunicación, por lo que estima habría incurrido en la infracción del artículo 23 de la Ley Orgánica de Comunicación. En cuanto a los elementos probatorios dice la resolución impugnada que: de la señalada publicación, entregada en copia certificada por El Comercio y en original “por parte del accionante”, se desprende la información referida publicada por dicho medio de comunicación que da cuenta que “El costo de la Central Hidroeléctrica pasó de USD 2.245 millones a 2.851 millones, en menos de cuatro años..” y que, en el desarrollo de la noticia se afirma que dicho proyecto tendrá ese ajuste de USD 606 millones “respecto al costo anunciado inicialmente, debido a obras de compensación social y pagos de impuestos, según autoridades de Gobierno. Hasta hace dos semanas el Gobierno sostenía que el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair tendría un costo de USD 2.245 millones. Esa fue la cifra que indicó en su rendición de cuentas el ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, en Cuenca, el pasado 12 de marzo, según la presentación publicada en la web de la entidad. Sin embargo, nueve días después, el presidente de la República, Rafael Correa, indicó en el enlace sabatino que la inversión total del proyecto llegaba a USD 2.851 millones. Es decir, con un incremento de USD 606 millones respecto al costo antes anunciado (…) En noviembre del 2011 el ministro de Electricidad. Esteban Albornoz, indicó en entrevista con este Diario que el costo del proyecto, incluida la fiscalización (…), alcanzaba los USD 2.245 millones. Este valor se mantuvo estable durante los últimos tres años pero hace dos semanas subió cuando el Presidente habló de USD 2.851 millones”. Continúa la resolución afirmando que la defensa del medio de comunicación presentó como prueba a su favor: 1) Copia certificada de la captura de pantalla de la lámina en la que constan datos de, entre otros, el proyecto Coca-Codo Sinclair, cuyo costo de inversión se los establece en 2.851 millones de dólares, presentada en el enlace ciudadano del sábado 21 de marzo de 2015 por el presidente de la República; la grabación en DVD de ese enlace ciudadano en el que el presidente de la República indica esa lámina; copias certificadas del impreso del Informe de Rendición de Cuentas del Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, en el que consta que la inversión total del proyecto es de 2.245 millones de dólares; impreso certificado del informe de Rendición de Cuentas 2011 del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, en el que constan datos de los proyectos emblemáticos; y, el Oficio No. SENPLADES-SZ2CN-2014-0290-OF de 21 de agosto de 2014, suscrito por el Subsecretario Zonal 2 Centro Norte Tena, de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en el que se informa al Ministro de Electricidad y Energía Renovable, respecto a la Actualización del Dictamen de Prioridad del “Proyecto Hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair”. Respecto de loa cuales dice la resolución, “se desprende que, el medio de comunicación social denunciado, en la nota periodística de la referencia, estableció que dicho proyecto tiene un ajuste de 606 millones de dólares, por cuanto en el informe de rendición de cuentas del Ministerio aludido, efectuado el 12 de marzo de 2015, se informó que la inversión en el mismo es de 2.245 millones de dólares, mientras que, con fecha 21 de marzo de 2015 el presidente de la República en su enlace ciudadano presentó una lámina señalando que la inversión total del proyecto ascendía a 2.851 millones de dólares; sin embargo, dice, del contenido del impreso se señala que el mencionado proyecto que es el más ambicioso y emblemático de generación hidráulica del país, el costo es de 2.245 millones de dólares que incluyen obras civiles, equipamiento, electromécánica, fiscalización, administración y otros ( no incluye IVA e impuestos), evidenciándose que el contrato es de USD 2.245 millones que no incluye IVA e impuestos, “en tal virtud, existió deficiencia en la información de interés público, difundida por parte de Diario El Comercio, al aseverar que: “…nueve días después (de la fecha en la que el Ministerio de Electricidad informó que la cifra de inversión del proyecto, es de 2.245 millones), el presidente de la República (..), indicó en el enlace sabatino que la inversión total del proyecto legaba a USD 2.851 millones. Es decir, con un incremento de USD 606 millones respecto al costo antes anunciado…”; estimándose en la resolución que El Comercio ha informado a sus lectores que en el transcurso de dos semanas existió un incremento de USD 606 millones al costo del proyecto “cuando conforme se lo ha analizado, no se había incluido el monto del IVA y otros impuestos al valor de 2.245 millones; este hecho se evidencia aun más, de la parte pertinente del oficio No. SENPLADES-SZ2CN-2014-0290-OF de 21 de agosto de 2014, suscrito por el Subsecretario Zonal 2 Centro Norte Tena, de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo”, en el que informa al Ministro de Electricidad sobre la actualización del dictamen de prioridad del proyecto, en el cual se han “modificado sus componentes y el presupuesto requerido, por lo tanto, se ha considerado un incremento en los plazos de ejecución del proyecto. Por lo que la nueva versión del proyecto presenta un monto total de inversión de US$2.850.966.262,06”, informe que ha sido suscrito antes de la rendición de cuentas de dicho Ministro; habiéndose, por tanto determinado que existió deficiencia en la verificación, contrastación y precisión de la información, tanto más que el medio de comunicación contaba con elementos y documentos suficientes para observar los presupuestos establecidos en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Comunicación. Que, en cuanto a la defensa del medio de comunicación denunciado presentó como pruebas de descargo copias certificadas de correos electrónicos cursados con el Gerente Subrogante de la Empresa Pública Coca-Codo Sinclair, entre el 24 de marzo de 2015 y 2 de abril de 2015, en el que aparece el documento de 2 de abril de 2015 en el que contesta al periodista Rafael Araujo Piedra que no existió ningún incremento en el costo del proyecto, sino que la cifra señalada por el Ministro no incluía IVA y otros impuestos, es decir que el monto de USD2.245 millones asciende a USD 2.851 millones cuando se incluyen esos impuestos; comprobándose dice la resolución, que en la publicación se difundió información de relevancia pública inobservando los presupuestos de verificación, contrastación y precisión.
Que El Comercio presentó como prueba las capturas de pantalla de la página web de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad en la que consta que la potencia de la central es de 1100 megavatios, así como de la potencia máxima efectiva con la que operan las 10 turbinas de la Central Hidroeléctrica Paute Molino, del Centro del Control de Energía CENACE de 23 de abril de 2015, en la que consta que la potencia efectiva de la Central Paute no supera los 1000 megavatios, afirmando el Diario que, por ello se habla del 50% de diferencia entre Paute y Coca Codo Sinclair; siendo que las fechas de captura son posteriores a la fecha de publicación, que en todo caso como en la nota de prensa no se hace relación al tema no cabe ningún análisis. Que del CD en el que consta la entrevista realizada por el periodista Alberto Araujo al Ministro de Electricidad el 21 de noviembre de 2011 el Ministro afirmó que el costo total de la central hidroeléctrica Coda Codo Sinclair asciende a 2.245 millones de dólares, sin embargo ese valor no incluyó impuestos y otros valores; que también se ha presentado la réplica de ese Ministro difundida en radio Exa y Democracia el 2 de abril de 2015 y además consta en el enlace ciudadano de 11 de abril de 2015 en la que el Vicepresidente de la República se refiere al tema. Dice la resolución que, del análisis de esta grabación, si bien se refieren al tema, el accionante se encuentra ejerciendo su derecho a la réplica, solicitando en otro medio de comunicación; que del contenido de la entrevista se desprende que no existió tal ajuste o incremento como lo señaló el medio de comunicación.
Que el medio de comunicación contó con suficientes fuentes para emitir una información verificada, contrastada y precisa y, al no haber emitido una noticia con esos presupuestos aquella es deficiente; habiéndose constatado que Diario El Comercio incumplió lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Comunicación al inobservar los presupuestos del artículo 22 de esa Ley; en tal virtud los elementos presentados por ese medio de comunicación social “no constituyen pruebas de descargo en favor del mismo, y por ende se los rechaza por improcedente”. Que El Comercio presentó como prueba a su favor la copia certificada de la Tabla del Plan Anual de Inversiones (PAI) del Ministerio de Electricidad en el que consta como presupuesto programado del proyecto Coca Codo Sinclair, la suma de USD 2.850.966.262,06, documento que se encuentra en la página web de ese Ministerio; que al respecto, y como consta de los considerandos anteriores el medio de comunicación ha difundido información de interés público en cuyo contenido existió deficiencias, sin que ese documento constituya prueba de descargo a favor de ese rotativo y se lo rechaza por improcedente, lo propio ocurre con la copia certificada de la nota periodística de la edición de 22 de marzo de 2015 (página 3 sección Política del medio de comunicación “El Telégrafo”, bajo el titular “Cerca de 6 mil millones es la inversión del Estado en las mega obras hidroeléctricas”, en la que se hace referencia a que el costo de ese proyecto es de US$ 2.851 millones; prueba que se la desestima por considerar que esta no guarda relación con los hechos denunciados. Que así mismo se ha presentado la petición de rectificación de la información suscrita por el Ministro de Electricidad y el Gerente General subrogante de Coca Codo Sinclair en la que se explica que no existe el ajuste de 606 millones de dólares en el proyecto de marras; agregándose también la contestación que El Comercio a través de su Presidente Ejecutivo envía a dicho Ministro, carta en la que se señala que no se ha indicado la falla periodística de la nota, la misma que no contiene mala fe, falsedad o afán de causar daño, ya que ese texto contiene hechos basados en la información presentada por el Presidente de la República, correos enviados por el Gerente de Coca Codo Sinclair e información pública de los ministerios de Electricidad y Sectores Estratégicos. Dice la resolución que, en este sentido el artículo 23 mencionado determina que toda persona que se sienta afectada por información difundida sobre ellas, sus familiares o sobre los asuntos a su cargo, en las que exista deficiencias en la verificación, contrastación y precisión, puede solicitar la respectiva rectificación a los medios de comunicación social, quienes tienen la obligación de publicar dentro del plazo de 72 horas, contados a partir de presentado el reclamo, las rectificaciones a las que haya lugar. Para tal efecto el Reglamento General a dicha Ley, en su artículo 9 establece que para el caso de los medios impresos el derecho se ejerce remitiendo el contenido escrito de la rectificación, la cual ha de ser difundida en el mismo espacio en el que publicó los contenidos que motivaron el reclamo; que los medios no están sino obligados a publicar las correcciones de la pertinente información que contenga las inconsistencias sobre hechos y datos narrados, precisamente cuando no existe una adecuada verificación, contrastación y precisión, de modo que la rectificación ha de ser requerida exclusivamente respecto de la información deficiente, siendo que el medio no está obligado a publicar asuntos que no estén relacionados con los hechos más aun si ´podrían afectar derechos personalísimos como la honra, reputación y buen nombre de las personas.
Que existiendo, como se ha comprobado, deficiencias en la información El Comercio tenía la obligación de viabilizar el derecho de rectificación que asistía a los solicitantes, esto es, publicar dentro de las 72 horas contadas a partir de la presentación del reclamo, 9 de abril de 2015, la rectificación a la que hay lugar, con las mismas características y dimensiones y en el mismo espacio, sección u horario, conforme el segundo inciso del artículo 23 de la Ley Orgánica de Comunicación.
Que, el abogado “de la parte denunciante” presentó como prueba a su cargo copias certificadas de twiters emitidos “por el señor Araujo en su cuenta personal” y que, de la revisión de esos documentos no tienen relación con los hechos denunciados por lo que se los rechaza. Finaliza la resolución declarando la responsabilidad del medio de comunicación social impreso Diario El Comercio por inobservar lo prescrito en el inciso segundo del artículo 23 de la Ley Orgánica de Comunicación, imponiéndole la medida de administrativa establecida en el numeral 1 de dicha norma legal, ordenando que dentro del plazo de 72 horas, en la portada y en la página 2 de la sección “Actualidad”, difunda la rectificación a la que hay lugar, en las mismas características, dimensiones y en el mismo especio en las que publicó la noticia del 05 de abril de 2015, esto es, portada 27,1 cm de ancho por 13,4 cm de alto; y, página 2, de la sección “Actualidad”; 42.5 cm de alto por 23 cm de ancho, “para cuyo efecto la parte denunciante, remita de forma inmediata con copia a esta Superintendencia al citado medio de comunicación la carta o documento de rectificación relacionada con la información que contiene las deficiencias en la verificación relacionada con la información que contiene las deficiencias en la verificación, contrastación y precisión”(sic); resolución que además ordena que el director o directora de ese medio de comunicación, en el mismo plazo, presente por escrito una disculpa pública al Ministro de Electricidad y Energía Renovable y al Gerente General subrogante de Coca-Codo Sinclair EP, la que deberá remitirse con copia al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, a fin de que sea publicada en su página web y, de igual manera publicarse en la primara interfaz de la página web del medio de comunicación por un plazo no menor a siete días consecutivos; que el plazo de las 72 horas se contará a partir de recibida la carta o documento de rectificación de la parte accionante.
NOVENO.- Es necesario de manera preliminar señalar que existen claras diferencias entre procedimiento y proceso, las cuales son necesarias para efectos de establecer el alcance de las actividades que cumple la administración pública y los órganos jurisdiccionales. Al efecto, se recurre al Diccionario de Derecho Administrativo y Burocrático de Rafael I. Martínez Morales. (Oxford University Press. México. 2008. pág 339 y 340), quien señala que el: “Procedimiento administrativo [es la] serie coordinada de medidas tendientes a producir y ejecutar un acto administrativo.- En la doctrina española figura la siguiente definición de procedimiento administrativo: “El cauce legal que los órganos de la administración pública se ven obligados a seguir en la realización de sus funciones y dentro de su competencia respectiva, para producir los actos administrativos. López Nieto y Mallo”. Diferencia entre proceso y procedimiento. Si bien proceso y procedimiento pueden considerarse gramatical y etimológicamente como sinónimos, en derecho, y en especial en nuestra asignatura, se han establecido diferencias conceptuales de trascendencia. De esta suerte tenemos que por proceso se entiende a los actos realizados ante y por un órgano jurisdiccional para resolver una controversia entre partes calificadas; en tanto que como procedimiento se califica a la serie de pasos o medidas tendientes a la producción o ejecución de un acto jurídico. El proceso posee como característica fundamental “ser una secuencia de actos que tienen por fin decidir una controversia entre partes (litigio) por parte de una autoridad imparcial e independiente (juez) con fuerza de verdad legal (autoridad de cosa juzgada)” (Agustín Gordillo). En tanto que procedimiento propiamente dicho es aquel que fija preestablecidamente los cauces de los actos que contribuyen a un objeto final (Ramón Martín Mateo)”. En efecto, la institución del Derecho Administrativo denominado procedimiento, es atribuible únicamente a la Administración Pública, y está constituido por la secuencia de actividades debidamente articuladas, que se orientan a que emita sus decisiones y las ejecute; en tanto que el proceso le está encargado privativamente a los juzgados, tribunales o cortes; es decir a los órganos dotados de jurisdicción, encargados de juzgar y ejecutar lo juzgado. En este contexto, explica Jorge Zavala Egas, el procedimiento es propio de la Administración la cual es dependiente y jerarquizada, vertical y horizontalmente; en tanto, el proceso encargado a los órganos de la Función Judicial en el que los jueces son independientes y no jerarquizados. En este contexto, se pueden citar diferencias entre el procedimiento administrativo y el proceso administrativo. Así, el procedimiento, como se ha dicho, está a cargo de la Administración Pública a quien la Constitución o la Ley le ha dotado de competencias específicas para decidir sobre asuntos determinados, observando el debido proceso. A este tenor, es claro que en el procedimiento la Administración tiene la calidad de sujeto activo, ya que a su cargo se encuentra el impulso de los respectivos expedientes; así, si el procedimiento es sancionador es su deber demostrar la responsabilidad del administrado interesado, que ha sido llamado al procedimiento, formando una verdad material que demuestre fehacientemente que éste ha incurrido en una infracción legal que amerita la imposición de la sanción respectiva prefijada en la norma. Es decir que, deben existir los justificativos necesarios que le permitan a la administración destruir la presunción de inocencia que le está reconocida constitucionalmente al administrado; quien por esta misma razón es considerado como sujeto pasivo del procedimiento en el cual puede presentar información sobre la legalidad de sus actuaciones; a la larga, en el procedimiento administrativo la Administración como sujeto activo procesa la información que obtiene en la investigación que ella conduce y toma la decisión, generando una acción de subsunción entre los hechos que arroja la verdad material y las normas jurídicas que son pertinentes al caso, la cual se materializa en el acto administrativo que contiene la voluntad pública y que está llamado a cumplirse; de modo que el sujeto pasivo, por su propia condición está obligado, no ha probar su inocencia, sino a rendir cuenta de sus actuaciones y a cumplir la decisión judicial. El administrado, desde luego que tiene derecho a formular los recursos que franquea la Ley en la sede administrativa o, a ejercer su derecho impugnatorio en sede jurisdiccional cuando sus derechos han sido vulnerados en el acto administrativo emitido. Allí se encuentra otra de las diferencias, cuando se estima que el procedimiento está integrado por todas las actuaciones en sede administrativa, generadas antes de que se haya interpuesto un recurso o acción contencioso-administrativa, destinada al control de la legalidad de las actividades públicas; pues la interposición de este recurso en sede jurisdiccional da inicio a un proceso judicial. De lo dicho se infiere con claridad que en el procedimiento se encuentra un sujeto activo que es la Administración y un sujeto pasivo, que son los administrados interesados en el caso materia del procedimiento (que puede ser una o más personas naturales o jurídicas). En otras palabras, en el procedimiento no existen partes sino sujetos de este y, obviamente, la obligación competencial administrativa de velar por el cumplimiento de la norma jurídica, de carácter administrativo, que determina la existencia de un bien jurídico protegido; por tanto, en el procedimiento administrativo no puede hablarse de la existencia de una controversia entre “partes” que deba ser resuelta por un “tercero imparcial” que es la Administración; hacerlo, es desconocer la esencia del procedimiento administrativo, en el cual existe un bien jurídico protegido que es un derecho a ser tutelado por la Administración (sujeto activo) y, los administrados (sujetos pasivos) que concurren al procedimiento en ejercicio de sus derechos subjetivos y que buscan esa tutela. En tanto que el proceso judicial se caracteriza por cuanto, solo a los órganos que integran la Función Judicial, dotados de jurisdicción, les corresponde conocer los juicios que planteen las personas en contra del Estado o sus instituciones, o lo hagan entre particulares. El medio para esto es el denominado juicio que, de acuerdo a la definición que trae el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil “es la contienda legal sometida a la resolución de los jueces”; es aquí en donde se encuentra un tercero imparcial (juez), encargado de decidir la controversia entre dos partes contendientes, las que comparecen en igualdad de condiciones y derechos, con las mismas armas de defensa. En la especie, la resolución recurrida adolece de un grosero vicio de concepción del procedimiento, al estimar a los dos sujetos pasivos de aquél, como partes accionante y accionada o parte denunciante, y actuar la Administración como un tercero imparcial encargado de pronunciarse sobre “la controversia” entre tales partes, confundiendo los roles que los sujetos cumplen en el procedimiento. Este accionar de la Administración genera inseguridad jurídica, la cual es una obligación constitucional que debe ser brindada por aquélla a los administrados; más aun cuando se trata de un procedimiento sancionador.
DÉCIMO.- La resolución administrativa materia del presente juicio hace relación a las disposiciones de la Ley Orgánica de Comunicación, fundamentalmente a las contenidas en los artículos 22, 23 y 24 y 8 del Reglamento para el Procesamiento e Infracciones Administrativas de esa Ley; las cuales ordenan pertinentemente: Artículo 22: “Todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada. La verificación implica constatar que los hechos difundidos efectivamente hayan sucedido. La contrastación implica recoger y publicar, de forma equilibrada, las versiones de las personas involucradas en los hechos narrados, salvo que cualquiera de ellas se haya negado a proporcionar su versión, de lo cual se dejará constancia expresa en la nota periodística. La precisión implica recoger y publicar con exactitud los datos cuantitativos y cualitativos que se integran a la narración periodística de los hechos. Son datos cualitativos los nombres, parentesco, función, cargo, actividad o cualquier otro que establezca conexidad de las personas con los hechos narrados. Si no fuese posible verificar los datos cuantitativos o cualitativos, los primeros serán presentados como estimaciones y los segundos serán presentados como suposiciones. La contextualización implica poner en conocimiento de la audiencia los antecedentes sobre los hechos y las personas que forman parte de la narración periodística. Si las personas que son citadas como fuentes de información u opinión tienen un interés específico o vinculación de orden electoral, política, económica o de parentesco en relación a las personas o a los hechos que forman parte de la narración periodística, esto deberá mencionarse como dato de identificación de la fuente”. La norma hace relación al derecho de las personas a que la información de relevancia pública que reciben a través de los medios de comunicación tenga las características allí determinadas y definidas. Al respecto, Andrés Delgado, en su artículo principios del periodismo (http://delgado.ec/blog/2015/02/25/principios-del-periodismo/), enseña que: “..se debe procurar que lo significativo sea interesante y relevante. La eficacia de una obra periodística se mide por cuánto un trabajo compromete a su audiencia y la ilumina. Esto significa que los periodistas deben preguntar continuamente qué información tiene más valor para los ciudadanos y en qué forma”. Parece entonces que es un deber moral de los periodistas y de los medios de comunicación determinar cuál es la información de relevancia que requiere ser conocida por las personas (por su audiencia), quienes tienen el derecho a estar bien informadas y es por ello que la misma norma exige que la noticia, para que cumpla la finalidad pública, debe cumplir los principios de verificación, contrastación, precisión y contextualización; principios que según el autor en cita, “El periodismo no persigue la verdad en un sentido absoluto o filosófico, pero puede y debe perseguirla en un sentido práctico. Esta “verdad periodística” es un proceso que empieza con la disciplina profesional de ensamblar y verificar los hechos. Entonces los periodistas tratan de transmitir un relato justo y confiable de su significado, válido por ahora, objeto de una investigación más profunda. Los periodistas deben ser tan transparentes como sea posible acerca de sus fuentes y métodos para que las audiencias puedan investigar por cuenta propia la información. Incluso en un mundo de voces en expansión, la precisión es la base sobre la cual se construye todo lo demás contexto, interpretación, comentario, crítica, análisis y debate. La verdad, con el tiempo, emerge de este foro. Conforme los ciudadanos se encuentran con un flujo de datos cada vez mayor, tienen más necesidad no menos de fuentes identificables dedicadas a verificar esa información y ponerla en contexto”; recomendaciones que muestran precisamente como se desarrolla la relación entre quienes informan y quienes son informados; los primeros, que trasmiten la noticia, tienen obligaciones claras orientadas a que la información tenga rangos efectivos de objetividad; esto es, limiten en lo posible la subjetividad en la que puede incurrir su propia apreciación de las cosas; pues así como tienen esa obligación, las audiencias tienen el derecho a ser debidamente informadas, con la veracidad suficiente que les permita generar opiniones adecuadas a cada realidad de la noticia; es por ello que la información debe ser verificada como dice la norma, lo cual implica que el periodista debe constatar la existencia efectiva de los hechos, que los sucesos noticiosos acontecieron. Desde luego que los hechos materia de la información implican el involucramiento de personas que en ocasiones pueden tener versiones o criterios distintos de esos sucesos; de lo cual surge la necesidad de contrastar la noticia, recogiendo las opiniones, puntos de vista o juicios de valor que sobre los hechos tengan los involucrados, generando el equilibrio suficiente que permita que la información sea completa, es decir contenga el pronunciamiento de quienes estén involucrados en los hechos noticiosos, ya que el desequilibrio solo contribuiría a distorsionarlos y, consecuentemente, a que las audiencias accedan a información deficiente, inadecuada, inoportuna, deformadora de la realidad. El principio de precisión, implica un ejercicio de rigurosidad en la información, que permita identificar adecuadamente los hechos; es por ello que la norma exige que se debe “recoger y publicar con exactitud los datos cuantitativos y cualitativos que se integran a la narración periodística de los hechos”. El autor que se viene citando recomienda que: “Los medios de comunicación son los portadores comunes de la discusión pública, y esta responsabilidad constituye una base para nuestros privilegios especiales. Este debate sirve mejor a la sociedad cuando se informa de hechos más que de prejuicios y suposiciones. También debe tratar de representar en forma justa los distintos puntos de vista e intereses de la sociedad, y de colocarlos en su contexto en lugar de resaltar sólo los flecos conflictivos del debate. La exactitud y la veracidad requieren que, como autores de la discusión pública, no descuidemos los puntos de acuerdo común donde se produce la resolución de problemas”. Por último el principio de contextualización no es otra cosa que situar los hechos en los términos sociales, económicos, culturales en los que se han producido, señalando los antecedentes de los hechos, los cuales por ello se explican en la manera en la que han ocurrido. En la especie, el acto administrativo impugnado, de manera general, señala que el medio de comunicación denunciado, ahora actor, ha infraccionado el artículo 22 que se viene analizando ya que se ha determinado que en la nota periodística de 5 de abril de 2015 existió deficiencia en la verificación, contrastación y precisión de la información, tanto más que el medio de comunicación contaba con elementos y documentos suficientes para observar los presupuestos establecidos en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Comunicación; pues de las pruebas presentadas por el medio de comunicación, consistentes en copia certificada de la captura de pantalla de la lámina presentada por el Presidente de la República en el enlace sabatino de 21 de marzo de 2015 en la que consta que costo de inversión del proyecto Coca-Codo Sinclair alcanza los 2.851 millones de dólares; la grabación de ese enlace; Informe de Rendición de Cuentas del Ministerio de Electricidad y Energías Renovables y el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos; oficio No. SENPLADES-SZ2CN-2014-0290-OF de 21 de agosto de 2014, referente a la Actualización del Dictamen de Prioridad del “Proyecto Hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair en el que se establece que la nueva versión del proyecto presenta un monto total de inversión de US$2.850.966.262,06; afirmando la resolución que, en realidad el proyecto costó USD 2.245 sin que haya sido verdad el ajuste de 606 millones de dólares del proyecto; pues los 2.851 millones de dólares hacen relación a valores relativos a IVA y otros impuestos. Señala por tanto, que El Comercio contó con suficientes fuentes para emitir una información verificada, contrastada y precisa y, al no haber emitido una noticia con esos presupuestos, aquella es deficiente. La motivación, conforme dispone el artículo 76, numeral 7, letra l) de la Constitución, es una obligación derivada del derecho al debido proceso, norma que establece que “no habrá motivación si en la resolución no me enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos”; disposición que concuerda con el artículo 31 de la Ley de Modernización del Estado que dice: “Todos los actos emanados de los órganos del Estado, deberán ser motivados. La motivación debe indicar los presupuestos de hecho y las razones jurídicas que han determinado la decisión del órgano, en relación con los resultados del procedimiento previo”. Tales disposiciones jurídicas determinan en primer lugar que, para que la Administración Pública pueda exteriorizar su voluntad pública deba hacerlo usando la forma de resolución la que además, debe estar debidamente motivada; esto es, en ella tiene que explicarse adecuadamente los antecedentes fácticos que están constituidos con los hechos que generaron el movimiento administrativo; mismos que una vez procesados en el correspondiente procedimiento administrativo han de proporcionar la verdad material de ese procedimiento; situación que permite aplicar las normas o principios jurídicos que son pertinentes a esos hechos; debiendo, conforme ordena la disposición, explicarse las razones por las que esas normas son pertinentes; es decir encajan sin dubitaciones, en los hechos ya determinados. Este razonamiento, debidamente explicado constituye la motivación; pues solo cuando ella es debida, trae como consecuencia la aplicación de los efectos jurídicos determinados en la ley y que se relacionan con el caso. La falta de motivación o indebida motivación (que equivale a ausencia de motivación), de suyo vicia la validez del acto administrativo; pues sin duda este requisito que pertenece al ser esencial de la decisión pública no puede ser omitido por la Autoridad Pública. Al respecto, el tratadista argentino Agustín Gordillo en su libro (Derecho Administrativo Tomo III) dice: “La motivación es una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la emanación, o sea los motivos o presupuestos del acto; constituye por lo tanto la fundamentación fáctica y jurídica con la que la administración entiende sostener la legitimidad y oportunidad de la decisión tomada y es el punto de partida para el juzgamiento de esa legitimidad.- En todos los casos debe destacarse que la necesidad de motivación no se satisface con arbitrarias expresiones tales como “por razones de mejor servicio”, “por ser conveniente y necesario a los superiores intereses del Estado”, “En virtud de las atribuciones que le confiere claramente la ley, etc. En cada caso será indispensable explicar claramente cuáles son los hechos que se considera probados, cuál es la prueba que se invoca, que valoración recibe, qué relación existe entre tales hechos y lo que el acto dispone, qué normas concretas son las que se aplican al caso (no bastando según quedó dicho, la genérica invocación de una Ley), y por qué se las aplica, etc. Esto demuestra que la motivación no es un problema de forma sino de fondo, y que su presencia u omisión no se puede juzgar desde un punto de vista formal pues hace al contenido del acto y a la razonabilidad de la decisión. Ellos, desde luego, la hacen más imprescindible aún. La falta de motivación implica no solo vicio de forma sino también y principalmente vicio, arbitrariedad que como tal determina normalmente la nulidad del acto”. La motivación en suma, es la exposición de razones que debe relatar el administrador público para tomar una decisión. Es la explicación que hace sobre el caso materia del acto administrativo. En ella debe analizarse los fundamentos fácticos, es decir el hecho que genera la emisión del acto administrativo, haciendo la vinculación jurídica con la norma positiva aplicable al caso, lo cual le permite asumir un juicio de valor y una resolución sobre el tema (..) La motivación, es igualmente un requisito que afecta a la sustancia del acto administrativo, por ello su ausencia o defectuosa expresión genera la nulidad de la resolución. Es más el defecto en la motivación equivale a inexistencia de ella. El administrado tiene derecho que la administración le explique las razones por las cuales toma la decisión que afecta sus intereses o derechos. De ahí precisamente que el administrado tiene la capacidad de oponerse a la decisión pública, en función de los argumentos jurídicos y más justificativos de los que disponga para destruir la presunción de legalidad del acto administrativo. De suerte que la ausencia o el defecto motivacional no permite al administrado que replique la arbitrariedad potencial en la que puede incurrir la administración, pues obviamente desconoce las razones que orientaron a la administración a tomar la decisión, coartándose el derecho de defensa del afectado. De otra parte, la falta o defectuosa motivación impide, a los órganos tutelares de la legalidad de las decisiones públicas, sea en sede administrativa o jurisdiccional, conocer las razones en las que se sustentó la expedición del acto administrativo, restringiendo un mejor pronunciamiento judicial. Al respecto Héctor Jorge Escola en su “Tratado General de Procedimiento Administrativo”, al referirse a la motivación dice: “Nada obsta a que la administración declare esas causas o motivos y explique la finalidad del acto que dicta. Por el contrario, la obligación de motivar los actos administrativos, impone el examen de esas causas y finalidades y asegurar así, al menos formalmente, que ese examen se efectúe, excluyendo o al menos disminuyendo la posibilidad de actos dictados en forma apresurada, sin basamento legal, o sin el análisis de las situaciones y factores que deben precederlos”; igualmente manifiesta: “Por lo demás y esto es muy importante la motivación de los actos administrativos permite de un modo más adecuado su valoración, tanto por los administrados, como por los órganos jurisdiccionales (judiciales o administrativos) que deban pronunciarse sobre su validez o invalidez, ya que estos pueden partir así de supuestos ciertos, respecto de los motivos que tuvo la administración para dictar el acto impugnado”. En la especie, la resolución administrativa materia del recurso, señala simplemente que El Comercio contó con suficientes fuentes para emitir una información verificada, contrastada y precisa y, al no haber emitido una noticia con esos presupuestos, aquella es deficiente, por lo que la Administración estimó que se vulneraron tales principios contenidos en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Comunicación; sin embargo, no explica cuáles son las razones por las que considera que la noticia publicada por dicho medio de comunicación adolece de estos defectos, ni detalla o refiere por qué aprecia que la información allí relatada no ha sido verificada, contrastada y precisa; pues no se hace relación a cuáles son los hechos noticiosos que no han sucedido; ni tampoco se menciona qué versiones de los involucrados han sido omitida o cuál es el desequilibrio informativo que distorsiona las versiones recogidas; como tampoco razona cuáles son las inexactitudes o imprecisiones cuantitativas o cualitativas de los hechos que narra la noticia. El ejercicio de motivar es una acción de orden objetivo, encaminada a garantizar el derecho de los administrados a informarse de manera clara cuáles son las razones que determinan la decisión administrativa; no es por tanto una actividad subjetiva o abstracta que haga presuponer esos motivos. En el presente caso el Tribunal ha podido verificar los documentos procesales, especialmente los referidos en la resolución, de los cuales puede extraer sustancialmente que el valor total al que asciende el proyecto Hidroeléctrico Coda-Codo Sinclair asciende a la suma aproximada de US$ 2.851 millones; según incluso lo ha informado el Presidente de la República con base en los datos del Ministerio de Coordinador de los Sectores Estratégicos; adicionalmente, la nota periodística señala claramente que el gerente subrogante de la Empresa Pública Coca-Sinclair informó en el sentido de que los dos valores son correctos pues los $2.245 millones es el costo de la construcción de la central; en tanto que los $ 2.851 millones, corresponden al costo total del proyecto en el cual se incluyen valores de desarrollo territorial, compensación ambiental, impuestos, fiscalización, administración, indemnizaciones, compra de predios, imposición de servidumbres, modificación de recorridos del oleoducto, vías de acceso, licencias ambientales, sociabilización, entre otros. Información que está respaldada con los correos electrónicos cruzados con el Gerente Subrogante de la Empresa Coca Codo Sinclair, entre el 24 de marzo y el 2 de abril 2015, según ha señalado el actor. Es pertinente señalar que el costo total de la obra debe ser estimado en función de todas las erogaciones económicas que el Estado debe hacer para realizar el proyecto, lo que incluye: estudios, construcción, equipamiento, puesta en funcionamiento, administración, fiscalización, indemnizaciones, expropiaciones, construcción de vías y todo aquello que resulta técnica y jurídicamente necesario para la conclusión efectiva de esa inversión pública; de modo que la diferencia entre un precio y otro solo es un ajuste puesto que ello permite conformar adecuadamente las cuentas de cada uno de los asuntos que integran un todo y, el todo en el caso es el valor que el Estado debe invertir en la conclusión debida del proyecto. Por consiguiente, a juicio del Tribunal esta información se encuentra debidamente respaldada en documentos que fueron puestos en conocimiento de la Administración, la cual los consideró de manera subjetiva en unos casos y en otros simplemente los desestimó sin motivación alguna. De ello se infiere además que las cifras relatadas en la nota periodística son precisas, corresponden a la verdad material estructurada en el procedimiento administrativo; información que en conjunto ha sido contrastada con las fuentes referidas en la noticia.
UNDÉCIMO.- Reconoce la resolución, que los denunciantes: Ministro de Electricidad y el Gerente General subrogante de Coca Codo Sinclair, presentaron ante el medio de comunicación denunciado una petición de rectificación de la información publicada, en la que afirman la inexistencia del ajuste de 606 millones de dólares en el proyecto de marras y que se ha agregado también la contestación que El Comercio, a través de su Presidente Ejecutivo, envía a tales solicitantes, carta en la que se señala que no se ha indicado la falla periodística de la nota, la misma que no contiene mala fe, falsedad o afán de causar daño, ya que ese texto contiene hechos basados en la información presentada por el Presidente de la República, correos enviados por el Gerente de Coca Codo Sinclair e información pública de los ministerios de Electricidad y Sectores Estratégicos. Al respecto, la resolución expresa que, el artículo 23 de la Ley Orgánica de Comunicación determina que toda persona que se sienta afectada por información difundida sobre ellas, sus familiares o sobre los asuntos a su cargo, en las que exista deficiencias en la verificación, contrastación y precisión, puede solicitar la respectiva rectificación a los medios de comunicación social, quienes tienen la obligación de publicar dentro del plazo de 72 horas, contados a partir de presentado el reclamo, las rectificaciones a las que haya lugar. Para tal efecto el Reglamento General a dicha Ley, en su artículo 9 establece que para el caso de los medios impresos el derecho se ejerce remitiendo el contenido escrito de la rectificación, la cual ha de ser difundida en el mismo espacio en el que publicó los contenidos que motivaron el reclamo; que los medios no están sino obligados a publicar las correcciones de la pertinente información que contenga las inconsistencias sobre hechos y datos narrados, precisamente cuando no existe una adecuada verificación, contrastación y precisión, de modo que la rectificación ha de ser requerida exclusivamente respecto de la información deficiente, siendo que el medio no está obligado a publicar asuntos que no estén relacionados con los hechos más aun si podrían afectar derechos personalísimos como la honra, reputación y buen nombre de las personas. Sobre este aspecto, concluye la resolución que existiendo, como se ha comprobado, deficiencias en la información El Comercio tenía la obligación de viabilizar el derecho de rectificación que asistía a los solicitantes, esto es, publicar dentro de las 72 horas contadas a partir de la presentación del reclamo, 9 de abril de 2015, la rectificación a la que hay lugar, con las mismas características y dimensiones y en el mismo espacio, sección u horario, conforme el segundo inciso del artículo 23 de la Ley Orgánica de Comunicación. Tal disposición pertinentemente señala que: “Todas las personas tienen derecho a que los medios de comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre ellas, sus familiares o sobre los asuntos a su cargo cuando existan deficiencias en la verificación, contrastación y precisión de la información de relevancia pública de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de esta Ley”. Estableciendo en su segundo inciso que los medios de comunicación tienen la obligación jurídica de publicar de forma gratuita, con las mismas características, dimensiones y en el mismo espacio, sección u horario; las rectificaciones a las que haya lugar”; norma legal que reconoce derechos y obligaciones recíprocas, por un lado el derecho de las personas a lograr la rectificación de aquellas informaciones publicadas en los medios de comunicación, que se refieran a ellas, sus familiares o que refieran asuntos a su cargo cuando existan deficiencias en la verificación, contrastación y precisión de la información de relevancia pública; mas, es claro también que la norma contempla la obligación del medio de comunicación de hacer la rectificación; pero estimando asimismo la existencia del derecho del medio de efectuar las “rectificaciones a las que haya lugar”. Todo lo cual significa que esa actividad no es automática, ya que el medio debe asimismo verificar la pertinencia de la rectificación, pudiendo incluso negarse a efectuarla y es en ese caso que puede dirigirse a la SUPERCOM para que investigue y procese objetivamente el caso para determinar si existe violación al ejercicio de ese derecho; tanto es así que la propia Administración reconoce que la rectificación ha de hacerse solo respecto de la información deficiente, siendo que el medio no está obligado a publicar asuntos que no estén relacionados con tales hechos.
Es decir, el medio tiene la obligación objetiva de establecer si el pedido de rectificación se encuentra justificado, si de tal reclamo aparecen elementos que permitan concluir la existencia de la deficiencia informativa. En el caso, es claro para el Tribunal, que la accionante cumplió con su derecho de negarse a publicar la rectificación requerida, por considerar que no existía deficiencia en la información. Sin embargo, la resolución en torno a este aspecto señala que los medios no están sino obligados a publicar las correcciones de la pertinente información que contenga las inconsistencias sobre hechos y datos narrados cuando no existe una adecuada verificación, contrastación y precisión; lo cual resulta incoherente pues por un lado se establece que presentado el pedido de rectificación el medio no está sino obligado a publicar las correcciones; y por otro lado, reconoce que aquellas rectificaciones solo han de referirse a los hechos en los que se detecte esa deficiencia informativa; incoherencia que es uno de los vicios que afectan la motivación de los actos administrativos; más todavía si en el caso, la resolución en estudio se limita a señalar que en el caso se ha comprobado deficiencias en la información publicada por El Comercio y que por tanto este medio, tenía la obligación de viabilizar el derecho de rectificación que asistía a los solicitantes.
DUODÉCIMO.- De lo dicho se aprecia con claridad que en el caso no existió causal alguna para imponer la sanción al medio de comunicación, de la forma en que se lo ha hecho; vicio que afecta la validez del acto administrativo recurrido, el cual se agrava por cuanto la resolución recurrida, como se ha señalado en los considerandos anteriores, adolece del vicio de indebida motivación; pues en las consideraciones que expone prima una concepción profundamente subjetiva que desdice de la actividad encargada a la entidad emisora del acto administrativo, que por sus atribuciones de control, distribuidas en sus competencias de fiscalización y supervisión, tiene la obligación jurídica de generar objetividad en sus decisiones, en guarda de la seguridad jurídica, esto es del constante sometimiento al orden constitucional, legal y convencional. El vicio que afecta la motivación, determina que se haya forzado la aplicación de una norma jurídica a una verdad material distinta, resultante del procedimiento administrativo; es decir, a la emisión de un acto administrativo contrario a derecho, en los términos prevenidos en la norma constitucional citada.
Sin que sea menester consideración adicional, el Tribunal, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, aceptando la demanda presentada por el grupo El Comercio C.A., por medio de su presidente ejecutivo y representante legal, en contra del Superintendente de la Información y Comunicación y del Procurador General del Estado, declara la nulidad de la resolución administrativa No. 21.2015.DNJRD-INPS de 12 de mayo de 2015, notificada a la parte actora el 14 de mayo de 2015, dejándose sin efecto la sanción impuesta a la parte actora. La Superintendencia de la Información y Comunicación, en el término de quince días deberá publicar, a su costa, una disculpa pública al Diario El Comercio; publicación que deberá efectuarse en la primera página de ese medio de comunicación; la cual, junto con la copia de la sentencia deberá ser remitida al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, para que se publique en su página Web y, en la primera interfaz de la página Web del medio de comunicación El Comercio, por un plazo no menor a siete días consecutivos. Tanto el contenido de esta sentencia como la disculpa pública ha de ser publicada en la página Web de la Superintendencia de la Información y Comunicación por un periodo no menor a treinta días consecutivos, dentro de los siguientes cinco días a que el fallo se encuentre ejecutoriado. El Superintendente de la Información y Comunicación, deberá justificar documentalmente el cumplimiento de esta sentencia ante este Tribunal, para los fines pertinentes. Sin costas. NOTIFIQUESE.
f: SECAIRA DURANGO PATRICIO ADOLFO, JUEZ DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO; JIMENEZ HURTADO VERONICA ANABEL, JUEZA DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO; MARTINEZ LEDESMA TATIANA ELIZABETH, JUEZA DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

References: resolución 
 artículo 23
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 artículo 76
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 artículo 8
 artículo 11
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 artículo 57
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 Artículo 22
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 artículo 23
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