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Timestamp: 2018-06-24 22:15:22+00:00

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Ante posible indulto de Fujimori: los otros derechos y principios violados del sistema de justicia | Justicia Viva
Ante posible indulto de Fujimori: los otros derechos y principios violados del sistema de justicia
El sistema de justicia está en juego. Ése es uno de los aspectos que aun no se visibiliza debidamente ante un posible indulto ilegal y arbitrario a Alberto Fujimori Fujimori. Ilegal y arbitrario, en tanto que la condición de salud del sentenciado por crímenes de lesa humanidad no califica a indulto humanitario, razón por la que hace unos años se le negó.
En efecto, más allá de las diversas razones jurídicas por las que un indulto a Fujimori, ni general ni humanitario, no procede según nuestro ordenamiento; el presidente Kuczynski está a punto de violentar los derechos y principios centrales que sostienen a nuestro alicaído sistema de justicia.
Y eso, porque la libertad de un sentenciado que está cumpliendo su condena, sin que haya fundamento jurídico, quiebra los efectos de una sentencia que teniendo calidad de cosa juzgada desde hace ocho años (fue confirmada en diciembre del 2009), se encuentra actualmente en ejecución. Así, de suceder esa ilegal libertad, los derechos y principios que se estarían violentando del sistema de justicia son:
el principio de separación de poderes, ya que el poder ejecutivo está dejando sin efecto la ejecución de una sentencia del poder judicial;
el derecho de acceso a la justicia y tutela jurisdiccional de los familiares de las víctimas, toda vez que la posibilidad de acceder a una real y efectiva justicia se habría esfumado;
el derecho de igualdad, toda vez que los familiares de las víctimas quedarían a diferencia de otros casos y por razones políticas, con una sentencia que ya no es ejecutable;
el derecho de ejecución de las sentencias, parte del derecho de la tutela judicial efectiva;
la garantía de la cosa juzgada de las sentencias, ya que la resolución judicial que condenó a Fujimori a 25 años de prisión no ha sido inmutable y mas bien es cambiada por otro poder público; y
Por ello es urgente que el Presidente del Poder Judicial, el Dr. Duberlí Rodríguez, evalúe las acciones en defensa de los fueros del Poder Judicial y el derecho de la ejecución de las sentencias que serían vulnerados en el caso de un indulto ilegal y no fundado en una real situación de humanidad.
Son diversos los casos que la región viene identificando como violaciones a la independencia judicial y éste, sin duda, es una de ellas. Y por eso, los familiares de las víctimas quedarían habilitados para acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no solo para defender sus derechos a la justicia, sino también para la defensa de los fueros de uno de los poderes del Estado.
A continuación, lo que el Tribunal Constitucional peruano ha señalado como contenido de los derechos y principios que serían vulnerados.
El derecho de acceso a la justicia
“En la STC 2763-2002-AA/TC, este Tribunal señaló que el derecho de acceso a la justicia tiene base constitucional, puesto que se trata de un contenido implícito del derecho a la tutela jurisdiccional, este último reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución.
Como tal, garantiza que un particular tenga la posibilidad, real y efectiva de acudir al juez, como tercero imparcial e independiente, con el objeto de encargarle la determinación de sus derechos y obligaciones de orden laboral.” Sentencia Nº 02070-2003-AA, del 18 de febrero del 2005.
Derecho de ejecución de sentencias
“… Que el Tribunal Constitucional ha comprendido que el derecho a la ejecución de las resoluciones constituye una parte inseparable de la exigencia de efectividad de la tutela judicial. En efecto, en las Sentencias 0015-2001-AI/TC, 0016-2001-AI/TC y 004-2002-AI/TC, ha dejado establecido que “[e]l derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales no es sino una concreción específica de la exigencia de efectividad que garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional, y que no se agota allí, ya que, por su propio carácter, tiene una vis expansiva que se refleja en otros derechos constitucionales de orden procesal (…). El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales garantiza que lo decidido en una sentencia se cumpla, y que la parte que obtuvo un pronunciamiento de tutela, a través de la sentencia favorable, sea repuesta en su derecho y compensada, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido” [fundamento 11]. En esta misma línea de razonamiento se ha precisado en otra sentencia que “la tutela jurisdiccional que no es efectiva no es tutela”, reiterando la íntima vinculación entre tutela y ejecución al establecer que “el derecho al cumplimiento efectivo y, en sus propios términos, de aquello que ha sido decidido en el proceso, forma parte imprescindible del derecho a la tutela jurisdiccional a que se refiere el artículo 139.3 de la Constitución” (STC 4119-2005-AA/TC, fundamento 64).
(…) Que en efecto “la actuación de la autoridad jurisdiccional en la etapa de ejecución de sentencias constituye un elemento fundamental e imprescindible en el logro de una efectiva tutela jurisdiccional, siendo de especial relevancia para el interés público, dado que el Estado de derecho no puede existir cuando no es posible alcanzar la justicia a través de los órganos establecidos para tal fin. Para ello, la autoridad jurisdiccional deberá realizar todas aquellas acciones que tiendan a que los justiciables sean repuestos en sus derechos reaccionando frente a posteriores actuaciones o comportamientos que debiliten el contenido material de sus decisiones, pues sólo así se podrán satisfacer los derechos de quienes han vencido en juicio, sin obligarles a asumir la carga de nuevos procesos (STC 1042-2002-AA/TC).” Sentencia Nº 0246-2012-AA, del 18 de julio del 2012.
“La garantía de la cosa juzgada en la etapa de ejecución de sentencia
(…) El inciso 2) del artículo 139º de la Constitución reconoce el derecho de toda persona sometida a un proceso judicial a que no se deje sin efecto resoluciones que han adquirido la autoridad de cosa juzgada. En los términos de dicho precepto constitucional,
Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución (…)” [subrayado agregado].
(…) En reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha sostenido que “mediante el derecho a que se respete una resolución que ha adquirido la autoridad de cosa juzgada se garantiza el derecho de todo justiciable, en primer lugar, a que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas a través de medios impugnatorios, ya sea porque éstos han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo para impugnarla; y, en segundo lugar, a que el contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición, no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó”. [Exp. N.° 04587-2004-AA/TC fundamento N.° 38]
(…) En consecuencia, y ratificando lo establecido en la sentencia recaída en el Expediente Nº 00054-2004-AI/TC, la cosa juzgada proscribe que las autoridades distorsionen el contenido o realicen una interpretación parcializada de las resoluciones judiciales que hayan adquirido tal cualidad. Cualquier práctica en ese sentido debe ser sancionada ejemplarmente, debiendo comprenderse en la sanción no solo a la institución de la que emana la decisión, sino precisamente a quienes actúan en su representación.
(…) Sin embargo, el asunto no se agota en lo que hasta aquí se ha expuesto, pues la garantía constitucional de la cosa juzgada guarda directa relación con otro tema de capital importancia, referido a la actuación y/o ejecución de las sentencias constitucionales, la cual debe realizarse “en sus propios términos”, tal como lo dispone el primer párrafo del artículo 22º del Código Procesal Constitucional al establecer que,
(…) Al respecto, conviene precisar que “la ejecución ‘en sus propios términos’ de las sentencias funciona, además, como una garantía a favor de las partes procesales. En ese sentido, bien puede afirmarse que la ejecución sin alteración de los términos del fallo “es una garantía para las partes, tanto para el ejecutante como para el ejecutado, puesto que les impide reabrir el debate ya finalizado y clausurado por la firmeza, así como modificar el derecho reconocido por sentencia firme a su capricho, alterando las condiciones en que fue delimitado” (Cfr. Carballo Piñeiro, Laura: Ejecución de condenas de dar (tratamiento procesal adaptado a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil), Barcelona, Bosch, 2001, pp. 30).
(…) En suma, el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales en sus propios términos presupone una “identidad total entre lo ejecutado y lo establecido en la sentencia”, y en ese sentido, “constituye, junto al derecho del favorecido a exigir el cumplimiento total e inalterado, el del condenado a que no se desvirtúe, se amplíe o se sustituya por otro” (Cfr. Fernández-Pacheco Martínez, Ma. Teresa: La ejecución de las sentencias en sus propios términos y el cumplimiento equivalente, Madrid, Tecnos, 1995, pp. 26).” Sentencia Nº 01939-2011-AA, del 8 de noviembre del 2011.
“(…) Una de las garantías de la impartición de justicia consagrada por la Constitución es la inmutabilidad de la cosa juzgada. Al respecto, la Constitución, en su artículo 139º, inciso 2), establece que: “[N]inguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución”.
(…) El Tribunal al dotar de contenido a dicho atributo ha sostenido que “[M]ediante la garantía de la cosa juzgada se instituye el derecho de todo justiciable, en primer lugar, a que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas mediante nuevos medios impugnatorios, ya sea porque éstos han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo para impugnarla; y, en segundo lugar, a que el contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición, no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó” (Cfr. Exp. N.º 4587-2004-AA/TC, fundamento 38).” Sentencia Nº 00574-2011-AA, del 20 de mayo del 2011.
“El principio de la seguridad jurídica forma parte consubstancial del Estado Constitucional de Derecho. La predecibilidad de las conductas (en especial, las de los poderes públicos) frente a los supuestos previamente determinados por el Derecho, es la garantía que informa a todo el ordenamiento jurídico y que consolida la interdicción de la arbitrariedad. Tal como estableciera el Tribunal Constitucional español, la seguridad jurídica supone “la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en aplicación del Derecho” (STCE 36/1991, FJ 5). El principio in comento no sólo supone la absoluta pasividad de los poderes públicos, en tanto no se presenten los supuestos legales que les permitan incidir en la realidad jurídica de los ciudadanos, sino que exige de ellos la inmediata intervención ante las ilegales perturbaciones de las situaciones jurídicas, mediante la “predecible” reacción, sea para garantizar la permanencia del statu quo, porque así el Derecho lo tenía preestablecido, o, en su caso, para dar lugar a las debidas modificaciones, si tal fue el sentido de la previsión legal.” Sentencia Nº 00016-2002-AI, del 20 de abril del 2003.
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References: resolución 
 artículo 139
 artículo 139
 artículo 139
 resolución 
 artículo 22
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