Source: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-055-12.htm
Timestamp: 2020-02-18 17:06:10+00:00

Document:
T-055-12
DERECHOS LITIGIOSOS DE CONTENIDO ECONOMICO-No procede la tutela para definirlos
REQUISITO DE INMEDIATEZ PARA EL PAGO DE ACREENCIAS LABORALES-Reiteración de jurisprudencia
Esta Corte ha evaluado casos en que trabajadores de ECOPETROL pidieron por vía de tutela el pago o incremento de salarios o prestaciones, concluyendo que un desproporcionadamente extenso interregno entre la ocurrencia de la supuesta vulneración y la reclamación, quebranta el principio de inmediatez
Independientemente de lo estatuido en el artículo 243 superior, cuyas implicaciones también han sido desarrolladas jurisprudencialmente, y siendo claro que las fallos dictados por la Corte Constitucional en una Sala de Revisión de Tutelas producen efectos inter partes, se ha precisado reiteradamente que la ratio decidendi de dichas sentencias tiene fuerza vinculante para las autoridades judiciales, ya que la Corte actúa como tribunal de unificación de jurisprudencia, debiendo asegurar la unidad interpretativa de la Constitución, pues ello repercute en la garantía del derecho de los asociados a la igualdad frente a la ley y a la seguridad jurídica; “en este sentido, la vinculación de los jueces a los precedentes constitucionales resulta especialmente relevante para la unidad y armonía del ordenamiento como conjunto, precisamente porque al ser las normas de la Carta de textura abierta, acoger la interpretación autorizada del Tribunal constituye una exigencia inevitable.” Mientras los efectos inter partes proyectan entre los involucrados en la acción la aplicación cabal de lo dispuesto en la parte resolutiva del fallo, la ratio decidendi constituye un precedente que, por regla general, ha de ser acatado por las autoridades y por la comunidad, para no contrariar la preceptiva superior
ACCION DE TUTELA CONTRA ECOPETROL-Revoca y declara improcedente acción de tutela, al constatarse que protección de derechos litigiosos de contenido económico no pueden ser amparados
Referencia: expediente T-3196343
Acción de tutela instaurada por Hernando Hernández Pardo, contra ECOPETROL S. A..
A. Hechos y relato efectuado en la demanda.
1. Mediante apoderado, Hernando Hernández Pardo afirmó que es pensionado de ECOPETROL, beneficiario de las convenciones colectivas de trabajo suscritas entre la petrolera y la Unión Sindical Obrera, en adelante USO, “para los años: 1997 a 1998, 1999 al 2000, 2001 al 2002, y del laudo arbitral de 2003, 2006 a 2009” (f. 76 cd. inicial).
2. Indicó el peticionario que en 1992, ECOPETROL presentó denuncias penales contra varios miembros de la USO, incluido él, por presuntas voladuras de oleoductos, especialmente el Caño Limón - Coveñas, habiendo sido sometido a “varias medidas de aseguramiento con detención privativa de la libertad” (f. 76 ib.) y suspendido de su cargo. Según indicó el actor, en el proceso penal surtido en su contra no fueron respetados sus derechos fundamentales.
§ Poder conferido al apoderado judicial por parte de Hernando Hernández Pardo (f. 1 cd. inicial).
§ Sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cúcuta, Sala Laboral, que se anexa como precedente (fs. 2 a 18 ib.).
§ Comunicación del Juzgado 28 Penal del Circuito de Bogotá al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, informando que “el señor Hernando Hernández fue absuelto de los cargos que por el punible de rebelión le fueron formulados” (fs. 19 y 20 ib.).
§ Sentencia absolutoria emitida por el Juzgado 28 Penal del Circuito, en marzo 23 de 2004 (fs. 21 a 54 ib.).
§ Providencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, de julio 10 de 2007, que declara desierto un recurso de apelación por haber sido sustentado extemporáneamente (fs. 55 a 60 ib.).
§ Sentencia de segunda instancia emitida por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, en julio 27 de 2010, que confirmó la decisión del Juzgado 5° Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso contra ECOPETROL para ajustar prestaciones teniendo en cuenta el pago de viáticos sindicales como presunto factor salarial, del señor Hernando Hernández Pardo, en el cual fue absuelta la empresa demandada (fs. 61 a 71 ib.).
§ Respuesta dada en octubre 19 de 2010 por ECOPETROL al peticionario, indicándole que “no fueron contemplados para efectos de cómputo de tiempo de servicio y así acceder a la pensión de jubilación…, las detenciones preventivas”, y estableció que el actor se acogió en audiencia especial de conciliación en junio 3 de 2004, a recibir la pensión vitalicia proporcional por valor de $2.994.533, acuerdo que hizo tránsito a cosa juzgada (f. 73 ib.).
§ Recorte de periódico (no se ve fecha ni el medio de donde se tomó f. 74 ib.).
2. Igualmente, se argumentó que en el presente caso existe cosa juzgada, debido a que “la legalidad de la actuación de ECOPETROL al respecto, ya fue analizada y decidida por el Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogotá, confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral…” (f. 99 ib.). Además, resaltó la existencia de un acta de conciliación de junio 3 de 2004, en la cual “se reconoció la relación laboral a término indefinido entre ECOPETROL y el señor HERNÁNDEZ desde el 2 de febrero de 1981, hasta el 4 de mayo de 2004, mediante la misma se le otorgó pensión especial de jubilación de carácter vitalicia por un valor de $2.994.533 a partir del 26 de mayo de 2004, la cual hizo tránsito a cosa juzgada” (f. 101 ib.).
3. También indicó que la acción de tutela, resulta improcedente, ya que existe otro medio de defensa judicial para obtener el pago de acreencias laborales; además, no se prueba la existencia de un perjuicio irremediable, pues el actor “se encuentra recibiendo de forma continua su mesada pensional”, por lo cual no se supera el requisito de subsidiariedad (f. 108 ib.).
Respecto al asunto de fondo, manifestó que si bien, por razón de la detención preventiva, se suspendió el contrato, éste debió restablecerse una vez se profirió la providencia absolutoria, en las mismas condiciones en que se encontraba, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 140 del CST.
El apoderado de ECOPETROL, mediante escrito presentado en julio 11 de 2011, impugnó la referida sentencia reafirmando los argumentos expuestos en el escrito de contestación, a los cuales añadió que “la reclamación que hizo el accionante ante el Juzgado Tercero Laboral constituye no solo una actuación malintencionada y provechosa por parte de éste, sino un evidente y flagrante abuso del derecho que no debe ser tolerado ni avalado por las autoridades judiciales” (fs. 204 y 205 ib.). Además, manifestó que se está afectando injustificadamente el patrimonio del Estado y de los colombianos.
Corresponde a esta Sala de Revisión determinar si ECOPETROL vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso, a la libre asociación y a la remuneración del accionante, al no cubrir los salarios y las prestaciones sociales por el tiempo en que estuvo suspendido por orden de la autoridad que adelantaba un proceso penal en su contra.
Para fallar, esta Sala encuentra primordial i) establecer la procedencia de la tutela para el pago de derechos laborales litigiosos, ii) evaluar el requisito de inmediatez, y iii) hacer referencia al carácter vinculante del precedente constitucional. Revisados estos aspectos, será decidido el caso concreto.
Tercera. Improcedencia general de la acción de tutela para definir derechos litigiosos. Reiteración de jurisprudencia[1].
3.2. En otras palabras, la subsidiaridad implica agotar previamente los medios de defensa legalmente disponibles al efecto[2], pues el amparo no puede desplazar los mecanismos específicos previstos en la correspondiente regulación común[3].
Como regla general, la solución de controversias laborales tiene como vía principal e idónea la jurisdicción laboral ordinaria, no debiendo ser debatidas ante la constitucional. Lo contrario, alteraría el ordenamiento jurídico establecido, contribuyendo de paso a la “paulatina sustitución de los mecanismos ordinarios de protección de derechos y de solución de controversias, autorizando un uso indiscriminado e irresponsable de la acción de tutela”[4], situación que debe ser evitada a partir de la constatación de los requisitos de procedencia de las acciones.
3.3. Acerca de las excepciones, se ha dicho que la idoneidad debe ser verificada por el juez atendiendo las circunstancias del caso y evaluando los siguientes elementos de juicio[5]: “(a) el tipo de acreencia laboral; (b) la edad del demandante – a fin de establecer si la persona puede esperar a que las vías judiciales ordinarias funcionen, su estado de salud –enfermedad grave o ausencia de ella –;(c) la existencia de personas a su cargo; (d) la existencia de otros medios de subsistencia. (e) La situación económica del demandante; (f) el monto de la acreencia reclamada; (g) la carga de la argumentación o de la prueba que sustenta la presunta afectación del derecho fundamental; (h) en particular del derecho al mínimo vital, a la vida o la dignidad humana, entre otras razones.”
Respecto de la ocurrencia de perjuicio irremediable, las características que según la Corte deben comprobarse son la inminencia, la urgencia, la gravedad y el carácter impostergable del amparo que se reclama en cada caso concreto.
3.4. Ahora bien, resolviendo el problema jurídico planteado entre ECOPETROL y empleados suyos que pedían el pago de acreencias laborales, los fallos T-746 de septiembre 22 de 2010, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-969 de noviembre 29 de 2010, M. P. Juan Carlos Henao Pérez; T-1033 de diciembre 14 de 2010, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-1048 de diciembre 15 de 2010 y T-290 de abril 14 de 2011, en las dos últimas M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, y T-784 de octubre 20 de 2011, M. P. Nilson Pinilla Pinilla, confluyeron en declarar la improcedencia de la tutela para dirimir este tipo de pretensiones.
En la precitada sentencia T-1033 de 2010 se explicó:
“Desde este punto de vista, no es suficiente pretextar la vulneración o amenaza de un derecho fundamental[6] para que se legitime automáticamente la procedencia de la acción constitucional, puesto que la tutela no puede utilizarse arbitrariamente, en especial si los derechos involucrados en la situación jurídica que se analiza, son objeto de debate legal y de contradicciones jurídicas relevantes entre las partes, ya que ello exige la definición y evaluación sobre las cláusulas contractuales o los acuerdos celebrados y la determinación del alcance de los derechos sustanciales contenidos en dichos instrumentos. Sobre este punto la Corte ha considerado adicionalmente que ‘el alcance del amparo constitucional no puede cobijar la definición de controversias jurídicas legalmente reguladas, como serían las atinentes al reconocimiento de los derechos que se deriven de una relación contractual, pues de un lado, estas controversias cuentan en el ordenamiento jurídico con los mecanismos de solución pertinentes y, del otro, su debate no es propiamente constitucional’[7].
4.2. A partir de la declaración de inexequibilidad del artículo 11 del Decreto 2591 de 1991[8], esta Corte tiene establecido que si bien puede ejercerse la acción de tutela en cualquier momento, ello no significa que el amparo proceda con completa independencia del transcurso del tiempo para presentar la petición. Concretamente, la tutela deviene improcedente cuando la demanda se interpone después de transcurrido un lapso irrazonablemente extenso, desde la fecha en que sucedieron los hechos y surgió la vulneración, o emergió el riesgo contra sus derechos fundamentales.
La jurisprudencia constitucional en reiteradas ocasiones se ha pronunciado respecto al término prudencial que debe existir entre el acaecer conculcador o la amenaza y la presentación de la acción de tutela, precisamente dirigida a subsanar o contrarrestar el quebrantamiento o peligro, que nadie ha de soportar impávidamente si en realidad es grave e inminente.
4.3. Esta corporación ha llamado la atención sobre el hecho de que, por disposición del artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela tenga por objeto procurar “la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” (no está en negrilla en el texto original).
Así las cosas, la Sala de Revisión no encuentra prueba alguna que permita indicar la diligencia de los accionantes a efectos de obtener la protección de sus derechos, pues sólo hasta el 2009 se decidieron a interponer la acción constitucional después de transcurrir más de 3 y 5 años respectivamente, desde la fecha en que la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre la legalidad del laudo arbitral y desde que se celebró la convención colectiva antes referida.
Es por todo esto que, esta Sala considera que la tutela no fue incoada dentro de un tiempo pertinente y prudencial, para que el objeto mismo de la acción de tutela no se desnaturalizara y dado que los accionantes incurrieron en un retraso bastante amplio para acudir a este mecanismo judicial extraordinario de defensa, su procedencia resulta inviable.”
Esta posición ha sido reiterada en la posterior solución de casos con supuestos fácticos análogos[9].
5.1. En reiteradas ocasiones[10], la Corte ha reconocido el carácter vinculante, obligatorio y de fuente de derecho que tienen sus sentencias, entendiéndose que el precedente constitucional, justificado en los principios de primacía de la Constitución, de igualdad, de confianza legítima y de debido proceso, entre otros, es indispensable como técnica judicial para mantener la coherencia de los sistemas jurídicos.
5.2. Independientemente de lo estatuido en el artículo 243 superior, cuyas implicaciones también han sido desarrolladas jurisprudencialmente[11], y siendo claro que las fallos dictados por la Corte Constitucional en una Sala de Revisión de Tutelas producen efectos inter partes, se ha precisado reiteradamente que la ratio decidendi de dichas sentencias tiene fuerza vinculante para las autoridades judiciales, ya que la Corte actúa como tribunal de unificación de jurisprudencia, debiendo asegurar la unidad interpretativa de la Constitución, pues ello repercute en la garantía del derecho de los asociados a la igualdad frente a la ley y a la seguridad jurídica; “en este sentido, la vinculación de los jueces a los precedentes constitucionales resulta especialmente relevante para la unidad y armonía del ordenamiento como conjunto, precisamente porque al ser las normas de la Carta de textura abierta, acoger la interpretación autorizada del Tribunal constituye una exigencia inevitable.”[12]
ii) Existe incertidumbre en torno a los derechos reclamados, en tanto la suspensión de la relación laboral a partir de la detención preventiva, que conllevó el no pago de salarios y sus consecuencia s sobre las prestaciones, que imposibilita colegir una real vulneración a un derecho fundamental real, que supone un debate probatorio y jurídico, reservado a la jurisdicción laboral ordinaria. Obsérvense a propósito lo indicado por la Fiscalía Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (f. 132 cd. inicial) y lo dispuesto en los artículos 51 y 53 del CST:
iv) Por último, no aparece razón alguna que permita inferir que el proceso ante la jurisdicción ordinaria carezca de idoneidad para atender las pretensiones del demandante, ni que se esté afectando el mínimo vital del pensionado, resultando claramente improcedente la vía estatuida en el artículo 86 superior, mucho menos cuando ésta solo es incoada el 10 de junio de 2011 (f. 94 ib.), fecha que al ser cotejada con las de la sentencia absolutoria (marzo 26 de 2004, f. 21 ib.) y del acta de conciliación (junio 3 de 2004, f. 129 ib.), conducen a la deducción adicional de la falta de inmediatez, cuyo análisis específico deviene francamente superfluo.
6.2. Es de observar, de otra parte, la incompetencia territorial que desde un principio expuso el apoderado de ECOPETROL para que el proceso no fuera conocido por el Juzgado 3° Laboral del Circuito de Cúcuta, despacho que incurrió en protuberante error, al igual que la respectiva Sala Laboral[13], al estimar imposible “desconocer la naturaleza jurídica de la entidad accionada, que la hace única a nivel país por su misma organización, y en ese sentido, válidamente se puede considerar que la vulneración como tal, se hace extensiva a todo el territorio nacional… y en tal sentido, atendiendo a que cada una de las sedes cumple prácticamente las mismas funciones en relación con su objeto social, hace posible que la jurisdicción donde se encuentren ubicadas sea de la misma forma competente para conocer de las acciones de tutela que se susciten” (f. 171 ib., sentencia de primera instancia).
Con tal argumentación, se desconoció lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (“Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud”) y la posición ampliamente reiterada por esta corporación en torno al debido entendimiento del factor territorial de competencia, ampliado solo a que “no necesariamente el lugar donde tenga su sede el ente que presuntamente ha violado derechos fundamentales, coincide con el sitio de ocurrencia de la vulneración[14]; y, que el conocimiento no siempre corresponde al juez con competencia donde se expidió un acto violatorio, sino al del sitio donde se produzcan sus efectos, es decir, del lugar donde se presentó, ocurrió o repercutió la vulneración que se busca contrarrestar[15]” (auto 214 de octubre 5 de 2011, M. P. Juan Carlos Henao), que en el caso bajo estudio ni remotamente apunta a la ciudad de Cúcuta.
También la Corte se ha pronunciado respecto de entidades que tienen múltiples sedes en todo el territorio nacional, aclarando que independientemente de esa condición, se debe aplicar lo estatuido en el citado artículo 37, pues “la competencia, para conocer sobre las tutelas contra la Caja Nacional de Previsión Social, la tienen los jueces del Circuito, pero para efectos de saber cuál juez del Circuito es el competente, es necesario atender lo dispuesto por el primer inciso del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, que señala: ‘Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos’ (Negrillas fuera de texto)” (auto 093 de mayo 17 de 2005, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto).
El delito de prevaricato por acción no se comete por una simple disconformidad que se presente entre una providencia, resolución, dictamen o concepto y la jurisprudencia proferida por las Altas Cortes, a menos que se trate de un fallo de control de constitucionalidad de las leyes o de la jurisprudencia sentada por aquéllas que comporte una infracción directa de preceptos constitucionales, legales o de un acto administrativo de carácter general.”
6.4. En consecuencia, descartándose el pronunciamiento de nulidad, en acatamiento de los principios de prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia propios de la acción de tutela, será revocado el fallo adoptado en agosto 2 de 2011 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, que confirmó el proferido en junio 24 del mismo año por el Juzgado 3° Laboral del Circuito de dicha ciudad, concediendo la tutela pedida contra ECOPETROL por el señor Hernando Hernández Pardo, mediante apoderado. En su lugar, será declarada improcedente la acción de tutela incoada.
Además, serán compulsadas copias del presente expediente T-3196343, incluida esta sentencia, con destino a la señora Fiscal General de la Nación, para que, si encuentra mérito, disponga las investigaciones que conduzcan a esclarecer si en este asunto pudiere existir la consumación de conductas punibles, por parte de los servidores judiciales respectivos y de quienes dolosamente hubieren determinado su comportamiento, o fueren coautores, cómplices o intervinientes.
Primero.- REVOCAR la sentencia de agosto 2 de 2011, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, que confirmó la dictada en junio 24 del mismo año por el Juzgado 3° Laboral del Circuito de dicha ciudad, que concedió el amparo pedido dentro de la acción de tutela incoada, mediante apoderado, por el señor Hernando Hernández Pardo contra ECOPETROL. En su lugar, se dispone DECLARAR IMPROCEDENTE dicha acción.
Segundo.- COMPULSAR COPIAS, por la Secretaría General de esta corporación, del expediente T-3196343, incluida esta sentencia, con destino a la señora Fiscal General de la Nación, para que, si encuentra mérito, disponga las investigaciones que conduzcan a esclarecer si en este asunto pudiere existir la consumación de conductas punibles.
[1] T-784 de octubre 20 de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[2] Cfr. entre otras, T-441 de mayo 29 de 2003, M. P. Eduardo Montealegre Lynett, y T-742 de septiembre 12 de 2002, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
[3] Cfr. SU-622 de junio 14 de 2001, M. P. Jaime Araújo Rentería.
[4] T-304 de abril 28 de 2009, M. P. Mauricio González Cuervo.
[5] Explicados en la sentencia T-1033 de diciembre 14 de 2010, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[6] “Sentencia T-1121 de 2003.”
[7] “Sentencia T-605 de 1995.”
[8] Cfr. C-543 de octubre 1° de 1992, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
[9] Cfr. T-279 de abril 19 y T-782 de septiembre 30, ambas de 2010 y M. P. Humberto Antonio Sierra Porto; y T-675 agosto 31 de 2010, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[10] Cfr. C-131 de abril 1° 1993, M. P. Alejandro Martínez Caballero; C-252 de febrero 28 de 2001, M. P. Carlos Gaviria Díaz; C-310 de abril 30 de 2002, M. P. Rodrigo Escobar Gil; C-335 de abril 18 de 2008, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, entre muchas otras.
[11] C-131 de 1993, ya citada: “-Tienen efecto erga omnes y no simplemente inter partes. - Por regla general obligan para todos los casos futuros y no sólo para el caso concreto. - Como todas las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, no se puede juzgar nuevamente por los mismos motivos sino que el fallo tiene certeza y seguridad jurídica. Sin embargo, a diferencia del resto de los fallos, la cosa juzgada constitucional tiene expreso y directo fundamento constitucional -art. 243 CP-. - Las sentencias de la Corte sobre temas de fondo o materiales, tanto de exequibilidad como de inexequibilidad, tienen una característica especial: no pueden ser nuevamente objeto de controversia. Ello porque la Corte debe confrontar de oficio la norma acusada con toda la Constitución, de conformidad con el artículo 241 superior, el cual le asigna la función de velar por la guarda de la integridad y supremacía de la Carta... - Todos los operadores jurídicos de la República quedan obligados por el efecto de la cosa juzgada material a las sentencias de la Corte Constitucional.”
[12] T-292 de abril 6 de 2006, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[13] Es de destacar que el Magistrado Antonio José Acevedo Gómez salvó voto, sustentando, sin ser atendido por sus colegas Félix María Galvis Ramírez (ponente) y Fernando Castañeda Cantillo, la falta de competencia y la improcedencia de la acción, que en esta sentencia reafirma la Corte Constitucional.
[14] Autos 125 de 2009, 095 de 2006 y 025 de 1997, entre muchos otros.

References: artículo 243
 artículo 140
 artículo 11
 artículo 86
 artículo 243
 artículo 86
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 1
 artículo 37
 artículo 241