Source: http://ww.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-576-06.htm
Timestamp: 2019-07-16 12:04:18+00:00

Document:
C-576-06
Sentencia C-576/06
CAMBIO DE JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL-Requisitos para que proceda
CAMBIO DE JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL-Subsanabilidad de vicio relativo a la omisión del anuncio previo de votación en trámite legislativo de ley aprobatoria de tratado internacional
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO-Línea jurisprudencial
En armonía con los criterios y particularidades mencionadas se debe entender que en materia de leyes que aprueban tratados o convenios internacionales, la condición esencial de subsanabilidad es que el Senado se haya pronunciado de tal forma que la Cámara donde por mandato constitucional ha de iniciarse el trámite de los proyectos de leyes aprobatorias de un tratado ha expresado de manera completa su voluntad. Así, una de las etapas estructurales del trámite, v.gr., la aprobación por el Senado, habrá concluido a plenitud sin vicio alguno.
CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGANICOS PERSISTENTES-Incumplimiento del requisito de anuncio previo de votación
En el presente caso, revisado el trámite legislativo surtido ante el Senado de la República, segundo debate, resulta absolutamente claro que en esa oportunidad no se dio cumplimiento a la exigencia constitucional prevista en el Acto Legislativo 01 de 2003, artículo 8. En efecto, durante la sesión ordinaria del Senado del día 23 de noviembre de 2004, según consta en el Acta 22 de 2004, se anunció la votación del proyecto de ley de la referencia para la siguiente sesión. Según el Acta No. 23 de la sesión ordinaria del Miércoles 24 de Noviembre de 2004, el citado proyecto de ley no fue debatido ni sometido a votación en dicha sesión, ni en ella se dio aviso tampoco sobre la votación del mismo proyecto en una sesión posterior. Así las cosas, la aprobación del proyecto en la sesión plenaria del Senado, no se llevó a cabo de conformidad con el mandato constitucional tantas veces aludido. Por lo tanto, se constata un vicio cuando la sesión no es determinada ni determinable en virtud del rompimiento de la cadena de anuncios.
CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGANICOS PERSISTENTES-Ocurrencia de vicio insubsanable en trámite legislativo
Referencia: expediente LAT-285
Revisión constitucional del “CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGANICOS PERSISTENTES´, hecho en Estocolmo a los veintidós (22) días del mes de mayo de dos mil uno (2001)” y la Ley 994 de 2005 aprobatoria del mismo.
en el proceso de revisión constitucional de la Ley 994 de 2005 por medio de la cual se aprueba el “CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGANICOS PERSISTENTES´, hecho en Estocolmo a los veintidós (22) días del mes de mayo de dos mil uno (2001).”
Con base en lo dispuesto en el artículo 241-10 de la Carta Política, mediante oficio radicado en la Secretaría General de esta corporación el 4 de Noviembre de 2005, el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República remitió copia autenticada de la Ley 994 de 2 de Noviembre de 2005 para efectos de su revisión constitucional.
El Magistrado Sustanciador, mediante auto del 30 de noviembre de 2005 avocó el conocimiento del proceso y dispuso la práctica de pruebas. Recibidas éstas, mediante auto de 30 de Enero de 2006 ordenó continuar el trámite del mismo y, en consecuencia, fijar en lista el proceso por el término de 10 días con el fin de permitir la intervención ciudadana, así como dar traslado al señor Procurador General de la Nación para el concepto correspondiente y comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la República y a los Ministros de Relaciones Exteriores y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
A continuación se transcribe el texto de la ley enviada para revisión, conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 46.082 del 04 de noviembre de 2005:
Por medio de la cual se aprueba el “Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes”, hecho en Estocolmo a los veintidós (22) días del mes de mayo de dos mil uno (2001).
Visto el texto del “Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes”, hecho en Estocolmo a los veintidós (22) días del mes de mayo de dos mil uno(2001).
«CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGANICOS PERSISTENTES
Teniendo en cuenta la Decisión 19/13C, del 7 de febrero de 1997, del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, de iniciar actividades internacionales para proteger la salud humana y el medio ambiente con medidas para reducir y/o eliminar las emisiones y descargas de contaminantes orgánicos persistentes,
Recordando las disposiciones pertinentes de los convenios internacionales pertinentes sobre el medio ambiente, especialmente el Convenio de Rótterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional y el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, incluidos los acuerdos regionales elaborados en el marco de su artículo 11,
Medidas para reducir o eliminar las liberaciones derivadas
de la producción y utilización intencionales
i)Su producción y utilización de los productos químicos enumerados en el anexo A con sujeción a las disposiciones que figuran en ese anexo; y
iii)A un Estado que no es parte en el presente Convenio, que haya otorgado una certificación anual a la parte exportadora. Esa certificación deberá especificar el uso previsto e incluirá una declaración de que, con respecto a ese producto químico, el Estado importador se compromete a:
b) Cumplir lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 6; y
c) Un producto químico incluido en el anexo A, respecto del cual han dejado de ser efectivas para cualquiera de las partes las exenciones específicas para la producción o utilización, no sea exportado por esa parte, salvo para su eliminación ambientalmente racional, según lo dispuesto en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 6;
3. Cada parte que disponga de uno o más sistemas de reglamentación y evaluación de nuevos plaguicidas o nuevos productos químicos industriales adoptará medidas para reglamentar, con el fin de prevenirlas, la producción y utilización de nuevos plaguicidas o nuevos productos y químicos industriales que, teniendo en consideración los criterios del párrafo 1 del anexo D, posean las características de contaminantes orgánicos persistentes.
6. Toda parte que tenga una excepción específica de acuerdo con el anexo A, o una finalidad aceptable de acuerdo con el anexo B, tomará las medidas apropiadas para velar por que cualquier producción o utilización correspondiente a esa exención o finalidad se realice de manera que evite o reduzca al mínimo la exposición humana y la liberación en el medio ambiente. En cuanto a las utilizaciones exentas o a las finalidades aceptables que incluyan la liberación intencional en el medioambiente en condiciones de utilización normal, tal liberación deberá ser la mínima necesaria, teniendo en cuenta las normas y directrices aplicables.
b) Una lista de las partes que gozan de una exención específica incluida en el anexo A o en el anexo B; y
6. Con anterioridad al examen de una inscripción en el Registro, la parte interesada presentará un informe ala Secretaría en el que justificará la necesidad de que esa exención siga registrada. La Secretaría distribuirá el informe a todas las Partes. El examen de una inscripción se llevará a cabo sobre la base de toda la información disponible. Con esos antecedentes, la conferencia de las partes podrá formular las recomendaciones que estime oportunas a la parte interesada.
8. Una Parte podrá, en cualquier momento, retirar del Registro la inscripción de una exención específica mediante notificación escrita a la Secretaría. El retiro tendrá efecto en la fecha que se especifique en la notación.
Medidas para reducir o eliminarlas liberaciones derivadas
de la producción no intencional
a) Elaborará en un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del presente Convenio para dicha parte, y aplicará ulteriormente, un plan de acción o cuando proceda, un plan de acción regional o subregional como parte del plan de aplicación especificado en el artículo 7, destinado a identificar, caracterizar y combatir las liberaciones de los productos químicos incluidos en el anexo C y a facilitar la aplicación de los apartados b) a e). En el plan de acción se incluirán los elementos siguientes:
d) Promover y, de conformidad con el calendario de aplicación de su plan de acción, requerir el empleo de las mejores técnicas disponibles con respecto a las nuevas fuentes dentro de las categorías de fuentes que según haya determinado una parte justifiquen dichas medidas con arreglo a su plan de acción, centrándose especialmente en un principio en las categorías de fuentes incluidas en la Parte II del anexo C. En cualquier caso, el requisito de utilización de las mejores técnicas disponibles con respecto a las nuevas fuentes de las categorías incluidas en la lista de la Parte II de ese anexo se adoptarán gradualmente lo antes posible, pero a más tardar cuatro años después de la entrada en vigor del Convenio para esa parte. Con respecto a las categorías identificadas, las partes promoverán la utilización de las mejores prácticas ambientales. Al aplicar las mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales, las partes deberán tener en cuenta las directrices generales sobre medidas de prevención y reducción de las liberaciones que figuran en dicho anexo y las directrices sobre mejores técnicas disponibles y mejores prácticas ambientales que se adopten por decisión de la Conferencia de la partes;
e) Promover, de conformidad con su plan de acción el empleo de las mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales:
i) Por “mejores técnicas disponibles” se entiende la etapa más eficaz y avanzada en el desarrollo de actividades y sus métodos de operación que indican la idoneidad práctica de técnicas específicas para proporcionar en principio la base de la limitación de las liberaciones destinada a evitar y, cuando no sea viable, reducir en general las liberaciones de los productos químicos incluidos en la Parte I del anexo C y sus efectos en el medio ambiente en su conjunto. A ese respecto:
a)Entrada en vigor del presente Convenio para la parte interesada; o
b) Entrada en vigor para la parte interesada de una enmienda del anexo C en virtud de la cual la fuente quede sometida a las disposiciones del presente Convenio exclusivamente en virtud de esa enmienda;
de existencias y desechos
1. Con el fin de garantizar que las existencias que consistan en productos químicos incluidos en el anexo A, o el anexo B, o que contengan esos productos químicos, así como los desechos, incluidos los productos y artículos cuando se conviertan en desechos, que consistan en un producto químico incluido en el anexo A, B o C que contengan dicho producto químico o estén contaminadas con él, se gestionen de manera que se proteja la salud humana y el medio ambiente, cada parte:
i) Las existencias que consistan en productos químicos incluidos en el anexo A o en el anexo B, o que contengan esos productos químicos; y
ii) Los productos y artículos en uso, así como los desechos que, consistan en un producto químico incluido en el anexo A, B o C, que contengan dicho producto químico o estén contaminados con él;
b) Determinará, en la medida de lo posible, las existencias que consistan en productos químicos incluidos en el anexo A o en el anexo B, o que contengan esos productos químicos, sobre la base de las estrategias a que se hace referencia en el apartado a);
c) Gestionará, cuando proceda, las existencias de manera segura, eficiente y ambientalmente racional. Las existencias de productos químicos incluidos en el anexo A o en el anexo B, cuando ya no se permita utilizarlas en virtud de una exención específica estipulada en el anexo A o una exención específica o finalidad aceptable estipulada en el anexo B, a excepción de las existencias cuya exportación esté autorizada de conformidad con el párrafo 2 del artículo 3, se consideran desechos y se gestionarán de acuerdo con el apartado d);
ii) Se eliminen de un modo tal que el contenido del contaminante orgánico persistente se destruya o se transforme en forma irreversible de manera que no presenten las características de contaminante orgánico persistente o, de no ser así, se eliminen en forma ambientalmente racional cuando la destrucción o la transformación irreversible no represente la opción preferible desde el punto de vista del medio ambiente o su contenido de contaminante orgánico persistente sea bajo, teniendo en cuenta las reglas, normas y directrices internacionales, incluidas las que puedan elaborarse de acuerdo con el párrafo 2, y los regímenes mundiales y regionales pertinentes que rigen la gestión de los desechos peligrosos;
e) Se esforzará por elaborar estrategias adecuadas para identificar los sitios contaminados con productos químicos incluidos en el anexo A, B, o C; y en caso de que se realice el saneamiento de estos sitios, ello deberá efectuarse de manera ambientalmente racional.
Inclusión de productos químicos en los anexos A, B, y C
1. Cualquiera de las partes podrá presentar a la secretaría una propuesta de inclusión de un producto químico en los anexos A, B, y/o C. Tal propuesta incluirá la información que se especifica en el anexo D. Al presentar una propuesta, una parte podrá recibir la asistencia de otras partes y/o de la secretaría.
a) Se han cumplido los criterios de selección, remitirá, a través de la secretaría la propuesta y la evaluación del Comité a todas la partes y observadores y los invitará a que presenten la información señalada en el anexo E; o
b) No se han cumplido los criterios de selección, lo comunicará a través de la secretaría, a todas las partes y observadores y remitirá la propuesta y la evaluación del Comité a todas las partes, con lo que se desestimará la propuesta.
8. Respecto de una propuesta que se desestime de conformidad con el apartado b) del párrafo 7, cualquier Parte, podrá pedir a la Conferencia de las Partes que considere la posibilidad de dar instrucciones al Comité a fin de que invite a la parte proponente y a otras partes a que presenten información complementaria dentro de un plazo no superior a un año. Transcurrido ese plazo y sobre la base de la información que se reciba, el Comité examinará de nuevo la propuesta de conformidad con el párrafo 6 con la prioridad que le asigne la Conferencia de las Partes. Si, tras aplicar este procedimiento, el Comité desestima nuevamente la propuesta, la parte podrá impugnar la decisión del Comité y la Conferencia de las Partes examinará la cuestión en su siguiente período de sesiones. La Conferencia de las Partes podrá decidir que se dé curso a la propuesta, sobre la base del perfil de riesgos preparado de conformidad con el anexo E y tomando en consideración la evaluación realizada por el Comité, así como toda información complementaria que proporcionen las Partes o los Observadores. Si la Conferencia de las Partes estima que la propuesta debe proseguir, el Comité procederá a preparar la evaluación de la gestión de riesgos.
9. Sobre la base de perfil de riesgos a que se hace referencia en el párrafo 6 y la evaluación de la gestión de riesgos mencionada en apartado a) del párrafo 7 o en el párrafo 8, el Comité recomendará a la Conferencia de las Partes si debe considerar la posibilidad de incluir el producto químico en los anexos A, B y/o C. La Conferencia de las Partes adoptará, a título preventivo, una decisión sobre la procedencia o no de incluir el producto químico en los anexos A, B y/o C, especificando las medidas de control conexas, teniendo debidamente en cuenta las recomendaciones del Comité, incluida cualquier incertidumbre científica.
2. Las Partes intercambiarán información a que se hace referencia en el párrafo 1 directamente o a través de la secretaría.
3. Cada Parte designará un centro nacional de coordinación para el intercambio de este tipo de información.
b) La comunicación al público de toda la información disponible sobre los contaminantes orgánicos persistentes, teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 9;
1. Las partes dentro de sus capacidades, alentarán y/o efectuarán a los niveles nacional e internacional las actividades de investigación, desarrollo, vigilancia y cooperación adecuadas respecto de los contaminantes orgánicos persistentes y, cuando proceda, respecto de sus alternativas y de los contaminantes orgánicos persistentes potenciales, incluidos los siguientes aspectos:
d) Efectuarán trabajos de investigación destinados a mitigar los efectos de los contaminantes orgánicos persistentes en salud reproductiva;
3. A este respecto, la asistencia técnica que presten las Partes que son países desarrollados y otras Partes, con arreglo a su capacidad, incluirá según proceda y en la forma convenida mutuamente, asistencia técnica para la creación de capacidad en relación con el cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente Convenio. La Conferencia de las Partes proveerá más orientación al respecto.
4. Las Partes, cuando corresponda, concertarán arreglos con el fin de prestar asistencia técnica y promover la transferencia de tecnologías a las Partes que son países en desarrollo y a las Partes con economías en transición en relación con la aplicación del presente Convenio. Estos arreglos incluirán centros regionales y subregionales para la creación de capacidad y la transferencia de tecnologías con miras a ayudar a las Partes que son países en desarrollo y a las partes con economías en transición a cumplir sus obligaciones emanadas del presente Convenio. La Conferencia de las Partes proveerá más información al respecto.
7. De conformidad con los objetivos del presente Convenio y con el párrafo 6, en su primera reunión la Conferencia de las Partes aprobará la orientación apropiada que habrá de darse con respecto al mecanismo y convendrá con la entidad o entidades participantes en el mecanismo financiero los arreglos necesarios para que dicha orientación surta su efecto. La orientación abarcará entre otras:
8. La Conferencia de las Partes examinará, a más tardar en su segunda reunión y en lo sucesivo con carácter periódico, la eficacia del mecanismo establecido con arreglo al presente artículo, su capacidad para hacerle frente al cambio de las necesidades de las Partes que son países en desarrollo y las Partes con economías en transición, los criterios y la orientación a que se hace referencia en el párrafo 7, el monto de la financiación y la eficacia del desempeño de las entidades institucionales a las que se encomiende la administración del mecanismo financiero. Sobre la base de ese examen, La Conferencia adoptará disposiciones apropiadas, de ser necesario, a fin de incrementar la eficacia del mecanismo, incluso por medio de recomendaciones y orientaciones con respecto a las medidas para garantizar una financiación suficiente y sostenible con miras a satisfacer las necesidades de las Partes.
1. Cada Parte informará a la Conferencia de las Partes sobre las medidas que haya adoptado para aplicar las disposiciones del presente Convenio y sobre la eficacia de esas medidas para el logro de objetivos del Convenio.
a) Datos estadísticos sobre las cantidades totales de su producción, importación y exportación de cada uno de los productos químicos incluidos en el anexo A o en el anexo B o una estimación razonable de dichos datos; y
b) En la medida de lo posible una lista de los Estados de los que haya importado cada una de dichas sustancias y de los Estados a los que haya exportado cada una de dichas sustancias.
2. Con el fin de facilitar dicha evaluación, la Conferencia de las Partes, en su primera reunión, iniciará los arreglos para dotarse de datos de vigilancia comparables sobre la presencia de los productos químicos incluidos en los anexos A, B y C, así como su transporte en el medio ambiente a escala regional y mundial. Esos arreglos:
b) Podrán complementarse, cuando sea necesario, teniendo en cuenta las diferencias entre las regiones y sus capacidades para realizar sus actividades de vigilancia; y
3. Las reuniones extraordinarias de la Conferencia de las Partes se celebrarán cuando la Conferencia lo estime necesario o cuando cualquiera de la Partes lo solicite por escrito, siempre que un tercio de las Partes, como mínimo, apoye esa solicitud.
a) Establecerá conforme a los requisitos estipulados en el párrafo 6, los órganos subsidiarios que considere necesarios para la aplicación del Convenio;
c) Examinará periódicamente toda información que se ponga a disposición de las Partes de conformidad con el artículo 15, incluido el estudio de la efectividad de lo dispuesto en el inciso iii) del apartado b) del párrafo 2 del artículo 3;
6. La Conferencia de las Partes, en su primera reunión, establecerá un órgano subsidiario, que se denominará Comité de Examen de los Contaminantes Orgánicos Persistentes, con el fin de que desempeñe las funciones asignadas a dicho Comité por el presente Convenio. A este respecto:
7. La Conferencia de las Partes, en su tercera reunión, evaluará la persistencia de la necesidad del procedimiento estipulado en el apartado b) del párrafo 2 del artículo 3, incluido el estudio de su efectividad.
8. Las Naciones Unidas, sus organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica, así como los estados que no sean partes en el Convenio, podrán estar representados por observadores en las reuniones de las Conferencias de las Partes. Todo órgano u organismo con competencia en las esferas que abarca el presente Convenio, ya sea nacional o internacional, gubernamental o no gubernamental, que haya comunicado a la Secretaría su deseo de estar representado en una reunión de las Conferencia de las Partes como observador podrá ser admitido, salvo que se oponga a ello por lo menos un tercio de las Partes presentes. La admisión y la participación de observadores se regirán por el reglamento aprobado por la conferencia de las Partes.
e) Concertar bajo la orientación general de la Conferencia de las Partes, los arreglos administrativos y contractuales necesarios para desempeñar con eficacia sus funciones; y
3. Las Partes harán todo lo posible por llegar a un acuerdo por consenso sobre cualquier propuesta de enmienda al presente Convenio. Una vez agotados todos los esfuerzos por lograr un consenso sin que se haya llegado a un acuerdo, la enmienda se aprobará, como último recurso por mayoría de tres cuartos de las Partes presentes y votantes.
5. La ratificación, aceptación o aprobación de una enmienda se notificará por escrito al Depositario. La enmienda que se apruebe con arreglo al párrafo 3 entrará en vigor para las Partes que la hayan aceptado el nonagésimo día contado a partir de la fecha de depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación por al menos tres cuartos de las Partes. De ahí en adelante la enmienda entrará en vigor para cualquier otra Parte el nonagésimo día contado a partir de la fecha en que la Parte haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la enmienda.
1. Los anexos del presente Convenio formarán parte integrante del mismo, y a menos que se disponga expresamente otra cosa, toda referencia al presente Convenio constituirá a la vez una referencia a cada uno de sus anexos.
3. El procedimiento que figura a continuación se aplicará respecto de la propuesta, la aprobación y a la entrada en vigor de anexos adicionales del presente Convenio;
4. La propuesta, la aprobación y la entrada en vigor de enmiendas a los anexos A, B o C estarán sujetas a los mismos procedimientos previstos para la propuesta, aprobación y entrada en vigor de los anexos adicionales del Convenio, con la salvedad que una enmienda al anexo A, B o C no entrará en vigor para una Parte que haya formulado una declaración con respecto a la enmienda de dichos anexos de acuerdo con el párrafo 4 del artículo 25; en ese caso cualquier enmienda de ese tipo entrará en vigor con respecto a dicha parte el nonagésimo día contado a partir de la fecha del depósito en poder del Depositario de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión con respecto a tal enmienda.
6. Si un anexo adicional o una enmienda a un anexo guarda relación con una enmienda al presente Convenio, el anexo adicional o la enmienda no entrará en vigor hasta que entre en vigor la enmienda del Convenio.
1. El presente Convenio estará sujeto a la ratificación, la aceptación o la aprobación de los Estados y de las organizaciones de integración económica regional a partir del día siguiente a la fecha en que expire el plazo para la firma del Convenio. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán en poder del Depositario.
3. En sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, las organizaciones de integración económica regional declaran los alcances de su competencia en relación con las materias regidas por el presente Convenio. Esas organizaciones también informarán al Depositario sobre cualquier modificación importante de su ámbito de competencia, y este, a su vez, informará de ello a las Partes.
Hecho en Estocolmo a los veintidós (22) días del mes de mayo de dos mil uno (2001).
a) Con respecto a la eliminación del uso de los bifenilos policlorados en equipos (por ejemplo transformadores, condensadores u otros receptáculos que contengan existencias de líquidos) a más tardar en 2025, con sujeción al examen que haga la Conferencia de las Partes, adoptar medidas de conformidad con las siguientes prioridades:
ii) Realizar esfuerzos decididos por identificar, etiquetar y retirar de uso todo equipo que contenga de más del 0.05% de bifenilos policlorados y volúmenes superiores a los 5 litros;
iii) Esforzarse por identificar y retirar de uso todo equipo que contenga más del 0.005% de bifenilos policlorados y volúmenes superiores a 0.05 litros;
c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 3, velar por que los equipos que contengan bifenilos policlorados descritos en el apartado a), no se exporten ni importen salvo para fines de gestión ambientalmente racional de desechos;
d) Excepto para las operaciones de mantenimiento o reparación, no permitir la recuperación para su reutilización en otros equipos que contengan líquidos con una concentración de bifenilos policlorados superior al 0.005%;
e) Realizar esfuerzos destinados a lograr una gestión ambientalmente racional de desechos de los líquidos que contengan bifenilos policlorados y de los equipos contaminados con bifenilos policlorados con un contenido de bifenilos policlorados superior al 0.005%, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 6, tan pronto como sea posible pero a más tardar en 2028, con sujeción al examen que haga la Conferencia de las Partes;
f) En lugar de lo señalado en la nota ii) de la Parte I del presente anexo, esforzarse por identificar otros artículos que contengan más de 0.005% de bifenilos policlorados (por ejemplo, revestimientos de cables, compuestos de sellado estanco y objetos pintados) y gestionarlos de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 6;
2. Cada Parte que produzca y/o utilice DDT restringirá esa producción y/o utilización para el control de los vectores de enfermedades de conformidad con las recomendaciones y directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre la utilización del DDT y cuando esa Parte no disponga de alternativas locales seguras, eficaces y asequibles.
3. En caso de que una Parte no incluida en el registro para el DDT determine que necesita DDT para luchar contra los vectores de enfermedades, esa Parte lo notificará a la Secretaría lo antes posible para que su nombre sea añadido inmediatamente al registro para el DDT. A la vez, notificará a la Organización Mundial de la Salud información sobre la cantidad utilizada, las condiciones de esa utilización y su importancia para la estrategia de gestión de enfermedades de esa Parte, en un formato que decidirá la Conferencia de las Partes en consulta con la Organización Mundial de la Salud.
a) A cada Parte que utilice DDT a que elabore y ejecute un plan de acción como parte del plan de aplicación estipulado en el artículo 7. En este plan de acción se incluirá:
ii) La aplicación de productos, métodos y estrategias alternativas adecuadas, incluidas estrategias de gestión de la resistencia, para garantizar la constante eficacia de dichas alternativas;
b) A las Partes a que, según su capacidad, promuevan la investigación y el desarrollo de productos químicos y no químicos, métodos y estrategias alternativos y seguros para las Partes usuarias de DDT, que tengan en cuenta las condiciones de esos países y tiendan al objetivo de disminuir la carga que representa la enfermedad para los seres humanos y la economía. Al examinar las alternativas o combinaciones de alternativas se atenderá principalmente a los riesgos para la salud humana y a las repercusiones ambientales de esas alternativas. Las alternativas viables al DDT deberán ser menos peligrosas para la salud humana y el medio ambiente, adecuadas para la lucha contra las enfermedades según las condiciones existentes en las distintas Partes y basadas en datos de vigilancia.
PRODUCCION NO INTENCIONAL
a) Incineradoras de desechos, incluidas las coincineradoras de desechos municipales peligrosos o médicos o de fango cloacal;
d) Los siguientes procesos técnicos de la industria metalúrgica:
iv) Producción secundaria de Zinc:
Pueden también producirse y liberarse en forma no intencionada dibenzoparadioxinas y dibenzo furanos policlorados, hexacolorobenceno, bifenilos policlorados a partir de las siguientes categorías de fuentes, en particular:
a) Por “bifenilos policlorados” se entienden compuestos aromáticos formados de tal manera que los átomos de hidrógeno en la molécula bifenilo (2 anillos bencénicos unidos entre sí por un enlace único carbono-carbono) pueden ser sustituidos por hasta diez átomos de cloro; y
b) Por “dibenzoparadioxinas” y “policloradas” y “dibenzofuranos policlorados”, que son compuestos triciclicos aromáticos constituidos por dos anillos bencénicos unidos entre sí, en el caso de las dibenzoparadioxinas por dos átomos de oxígeno, mientras que en los dibenzofuranos policlorados por un átomo de oxígeno y un enlace carbono-carbono y átomos de hidrógeno que pueden ser sustituidos por hasta ocho átomos de cloro.
2. En el presente anexo la toxicidad de los dibenzoparadioxinas y dibenzofuranos policlorados, se expresa utilizando el concepto de equivalencia tóxica, que mide la actividad tóxica relativa tipo dioxina de distintos congéneres de las dibenzoparadioxinas y los dibenzofuranos policlorados, bifenilos policlorados coplanares en comparación con la 2, 3, 7, 8-tetraclorodibenzoparadioxina. Los valores del factor tóxico equivalente que se utilizarán a efectos del presente Convenio serán coherentes con las normas internacionales aceptadas, en primer lugar con los valores de factor equivalentes tóxicos para mamíferos de la Organización Mundial de la Salud 1998 con respecto a las dibenzoparadioxinas y dibenzofuranos policlorados y bifenilos policlorados coplanares. Las concentraciones se expresan en equivalentes tóxicos.
Orientaciones generales sobre las mejores técnicas disponibles
y las mejores prácticas ambientales
El concepto de mejores técnicas disponibles no está dirigido a la prescripción de una técnica o tecnología específica, sino a tener en cuenta las características técnicas de la instalación de que se trate, su ubicación geográfica y las condiciones ambientales locales. Las técnicas de control apropiadas para reducir las liberaciones de los productos químicos incluidos en la Parte I son en general las mismas. Al determinar las mejores técnicas disponibles se debe prestar atención especial, en general o en casos concretos, a los factores que figuran a continuación teniendo en cuenta los costos y beneficios probables de una medida y las consideraciones de precaución y prevención:
viii) Procesos, instalaciones o métodos de funcionamiento comparables que se han ensayado con resultados satisfactorios a escala industrial.
ii) Tratamiento de residuos, aguas residuales, desechos y fangos cloacales mediante, por ejemplo, tratamiento térmico o volviéndolos inertes o mediante procesos químicos que le quiten la toxicidad;
i) Nombres, incluidos el o los nombres comerciales o los nombres comerciales y sus sinónimos, el número del registro del Chemical Abstracts Service (CAS), el nombre en la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC); y
El objetivo del examen es evaluar si es probable que un producto químico, como resultado de su transporte a larga distancia en el medio ambiente, pueda tener importantes efectos adversos en la salud humana y/o el medio ambiente de tal magnitud que justifiquen la adopción de medidas en el plano mundial. Para este fin, se elaborará un perfil de riesgos en el que se profundizará más detalladamente y se evaluará la información a que se hace referencia en el anexo D, que ha de incluir, en la medida de lo posible, información del siguiente tipo:
b) Evaluación del peligro para el punto terminal o los puntos terminales que sean motivo de preocupación, incluido un examen de las interacciones toxicológicas en la que intervenga más de un producto químico;
e) exposición en zonas locales y, en particular, como resultado de transporte a larga distancia en el medio ambiente, con inclusión de información sobre la disponibilidad biológica;
Debería realizarse una evaluación de las posibles medidas de control relativas a los productos químicos bajo examen para su incorporación en el presente Convenio, abarcando toda la gama de opciones, incluidos el manejo y la eliminación. Con ese fin, debería proporcionarse la información pertinente sobre las consideraciones socioeconómicas relacionadas con las posibles medidas de control para que la Conferencia de las Partes pueda adoptar una decisión. En esa información han de tenerse debidamente en cuenta las diferentes capacidades y condiciones de las Partes y ha de presentarse consideración a la lista indicativa de elementos que figura a continuación:
Bogotá, D. C., 21 de julio de 2003.
ARTÍCULO 1o. Apruébase el “Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes”, hecho en Estocolmo a los veintidós (22) días del mes de mayo de dos mil uno (2001).
ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes”, hecho en Estocolmo a los veintidós (22) días del mes de mayo de dos mil uno (2001), que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Mediante escrito presentado el 15 de Febrero de 2006, el ciudadano Fernando Gómez Mejía, obrando en representación del Ministerio del Interior y de Justicia, solicita a la Corte que declare exequible la Ley 994 de 2005, con los siguientes fundamentos:
En relación con el trámite de la ley en el Congreso de la República, analiza la iniciación del mismo en el Senado por iniciativa del Gobierno Nacional, las publicaciones y aprobación en los varios debates y la sanción por parte del Presidente de la República y concluye que se respetaron los plazos y trámites establecidos en la Constitución Política y en la Ley 5ª de 1992.
A continuación hace un resumen del contenido del convenio y afirma que éste respeta las normas constitucionales sobre las relaciones internacionales del Estado colombiano, en particular los Arts. 9º y 226, y recoge muchos de los postulados que sustentan el Estado Social de Derecho.
Por medio de escrito presentado el 13 de Febrero de 2006, la ciudadana Gaia Hernández Palacios, actuando en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita a la Corte que declare exequible la ley aprobatoria del referido convenio, por las siguientes razones:
Afirma que desde la década iniciada en 1960 surgió la preocupación internacional frente al incremento del uso de los contaminantes orgánicos persistentes (COP) en la industria y la agricultura y que actualmente existe evidencia científica del peligro que los mismos representan para el ser humano y la biodiversidad del mundo, siendo los seres vivos en etapa de formación los más vulnerables a sus efectos tóxicos, por transmisión de la madre en el embarazo y el período de lactancia.
Señala que los mencionados contaminantes son tóxicos, persistentes y generan bioacumulación, indica el contenido general del convenio y sostiene que los propósitos de éste son congruentes con los fines del Estado consagrados en el Art. 2º superior, con las normas constitucionales que propenden por la preservación del equilibrio ecológico y con el respeto de la soberanía nacional y el reconocimiento de los principios de Derecho Internacional aceptados por Colombia.
Mediante escrito radicado el 15 de Febrero de 2006, el ciudadano Gustavo Vargas Quintero, actuando en nombre del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, defiende la ley sometida a control de constitucionalidad, con base en la transcripción de la Exposición de Motivos del proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional al Congreso de la República, a lo cual añade que el sustento constitucional del convenio está contenido en los Arts. 8º y 79 de la Constitución Política, en concordancia con los cuales Colombia ha celebrado otros convenios internacionales para la protección del medio ambiente.
4. Intervención del ciudadano José Manuel Alvarez Zárate
Mediante escrito recibido el 15 de Febrero de 2006 el ciudadano José Manuel Alvarez Zárate, obrando en su propio nombre, solicita a la Corte que declare inconstitucionales los Arts. 3 (parcial), 17 y 27 (parcial) del convenio y, en subsidio, que interprete dichas normas en el sentido de que el ejecutivo debe ratificarlo con declaraciones interpretativas, con fundamento en los siguientes argumentos:
Manifiesta que los Nums. 3 y 4 del Art. 3 del convenio establecen unas obligaciones a cargo de Colombia en materia de reglamentación y evaluación para la producción y utilización de nuevos plaguicidas, las cuales no podían ser pactadas sin intervención de la Comunidad Andina de Naciones - CAN, a la que Colombia trasladó su competencia en materia de plaguicidas de acuerdo con la Decisión 436, por lo cual se violan los Arts. 121 y 122 de la Constitución que señalan que los funcionarios públicos sólo pueden ejercer las funciones que les atribuyen la Constitución y la ley.
Agrega que la Corte Constitucional ha reconocido que la cesión de competencias a la CAN por los países miembros no contraría la Constitución e indica que para modificar las normas de la CAN se requiere la expedición de una decisión conforme a los procedimientos previstos en los Arts. 25 y siguientes del Acuerdo de Cartagena.
Expresa que al establecer el Art. 17 del convenio que la Conferencia de las Partes elaborará y aprobará procedimientos y mecanismos institucionales para determinar el incumplimiento de las disposiciones del mismo convenio y el tratamiento que haya de darse a las partes que no hayan cumplido dichas disposiciones, vulnera la independencia nacional (Art. 2º C. Pol.), la soberanía nacional (Art. 9º C. Pol.) y las competencias del Congreso de la República (Art. 150, Num. 16, C. Pol.) y de la Corte Constitucional ( Art. 241, Num. 10, C. Pol.), en cuanto se trata de una regulación indirecta de la materia, en forma indeterminada, o de la incorporación de obligaciones por referencia, que no cumpliría las normas constitucionales sobre celebración, aprobación y revisión previa de los tratados internacionales.
Así mismo, sostiene que al disponer el Art. 27 del convenio que no se podrán formular reservas al mismo, quebranta las normas constitucionales antes indicadas, ya que las reservas habrán de hacerse en los tratados multilaterales en los casos en que la obligación no pueda cumplirse o sea contraria a la Constitución Política.
Por medio de Concepto No. 4054 radicado el 10 de Marzo de 2006, el Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, pide a la Corte que declare exequibles el convenio sometido a control de constitucionalidad y la ley aprobatoria del mismo, con la advertencia de que el Gobierno de Colombia formule las siguientes declaraciones interpretativas al ratificar dicho convenio:
i) Las Partes deberán cooperar con miras a adoptar cuanto antes un protocolo que establezca las normas y procedimientos apropiados para determinar el incumplimiento de las disposiciones del convenio y el tratamiento sancionatorio que haya de darse a las partes que no hayan cumplido dichas disposiciones, así como los procedimientos de arbitraje y conciliación.
ii) Las medidas complementarias que tome la Conferencia de las Partes para la consecución de los fines del convenio no deben modificarlo, salvo que la modificación del mismo sea sometida a la aprobación de las partes de acuerdo con las reglas del Derecho Internacional de los Tratados.
Fundamenta su solicitud en lo siguiente:
Después de examinar la suscripción del convenio y la tramitación de la ley aprobatoria del mismo concluye que se ciñen a los preceptos constitucionales.
En particular, en relación con el aviso de votación del proyecto de ley previsto en el Art. 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, que adicionó al Art. 160 de la Constitución, en lo referente al segundo debate en el Senado de la República, afirma que fue efectuado en la sesión plenaria del 23 de Noviembre de 2004 conforme al Acta No. 22, día en el cual se fijó como fecha de votación la de la siguiente sesión.
Señala que el proyecto de ley fue presentado para votación en la sesión plenaria del 24 de Noviembre de 2004 y fue aprobado en la sesión del 30 de Noviembre de 2004, conforme al Acta No. 24, y agrega que en esta forma se cumplió con el requisito de votación en la sesión que había sido anunciada previamente “en la medida en que en la misma sesión fueron presentados para ser votados, únicamente los proyectos que quedaron pendientes de tal trámite en la sesión precedente, y porque en dicha sesión se aprobó el Acta 23 que correspondía a la Sesión Plenaria anterior, donde ya se había anunciado el proyecto de ley de la referencia para ser votado en dicha sesión.
“Si bien es cierto que ningún proyecto de ley debe ser sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado, también lo es que en la sesión que previamente había sido anunciada, el Proyecto de Ley 086 de 2004, Senado, se presentó para ser votado sin que se hubiera efectuado la votación por otras prioridades en el trabajo legislativo y en la siguiente sesión se presentó dicho proyecto de ley, siendo votado afirmativamente”.
Posteriormente resume y analiza el contenido del convenio y expresa que el mismo se ajusta también a los mandatos constitucionales.
En particular, respecto de la impugnación de los Arts. 3, 17 y 27 del convenio por parte del ciudadano José Manuel Alvarez Zárate, manifiesta lo siguiente:
i) Acerca de la acusación contra el Art. 3, Nums. 3 y 4, del convenio, en el sentido de que se vulnera la competencia del Estado colombiano para pactar el desarrollo de los sistemas de reglamentación y evaluación de plaguicidas para prevenir las liberaciones de la producción y utilización intencionales de contaminantes orgánicos persistentes, por haber trasladado aquel dicha competencia a la Comunidad Andina de Naciones – CAN, que la ejerció mediante la Decisión 436, contentiva de la Norma Andina para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola, manifiesta que los problemas que se llegaren a presentar en relación con posibles incongruencias entre tratados internacionales, tanto vigentes como por suscribirse, se deben resolver a la luz de los mecanismos del Derecho Internacional, porque los instrumentos internacionales se celebran con base en la voluntad de cada Estado, derivada de su soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la conveniencia nacional, conforme a lo contemplado en los Arts. 9, 150, Num. 16, 189, Num. 2, y 226 superiores. Agrega que así lo interpretó la Corte Constitucional en la Sentencia C-246 de 1999 al estudiar el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes aprobado mediante la Ley 463 de 1998 y cita un aparte de aquella.
ii) En lo concerniente al cargo contra el Art. 17 del convenio, que establece que la Conferencia de las Partes elaborará y aprobará procedimientos y mecanismos institucionales para determinar el incumplimiento de las disposiciones del convenio y el tratamiento que haya de darse a las Partes que no hayan cumplido dichas disposiciones, sostiene que dicha disposición no se aviene al orden constitucional colombiano en materia de garantía del debido proceso, en la medida en que sólo define claramente cuál sería la autoridad internacional encargada de determinar el incumplimiento del convenio, es decir, la Conferencia de las Partes, pero los procedimientos para determinar el incumplimiento de las partes y el régimen sancionatorio a aplicar no se definen previamente en el convenio, sino que se asigna su determinación posterior a la misma Conferencia de las Partes. En consecuencia, considera que en relación con tal disposición el Gobierno Nacional debe formular una declaración interpretativa al ratificar el convenio, en el sentido indicado en su solicitud.
iii) Sobre la acusación contra el Art. 27 del convenio, que estatuye que no se podrán formular reservas al mismo, conceptúa que el Art. 19 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dispone que un Estado puede formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado, a menos que la reserva esté prohibida por el tratado. Añade que esto concuerda con lo previsto en el orden interno en relación con los proyectos de ley sobre tales instrumentos, en cuanto las propuestas de reserva sólo pueden ser formuladas a los tratados y convenios que prevean esa posibilidad o cuyo contenido así lo admita (Ley 5ª de 1992, Art. 217) y que así lo ha reconocido la Corte Constitucional.
Señala que, sin embargo, es posible formular declaraciones interpretativas a los tratados internacionales, siempre y cuando no estén prohibidas, como también lo ha reconocido la Corte Constitucional y que en el presente caso, por no expresar el convenio nada al respecto, es procedente su formulación por el Presidente de la República.
Por otra parte, respecto del Art. 18 del convenio, que establece que las partes resolverán cualquier controversia suscitada entre ellas en relación con la interpretación o aplicación del convenio mediante negociación u otros medios pacíficos de su propia elección y que los procedimientos sobre arbitraje y los relativos a la comisión de conciliación se incluirán en anexos que deberá aprobar la Conferencia de las Partes, expresa que de la asignación de estas funciones al citado órgano son predicables las mismas razones enunciadas respecto de la atribución de funciones al mismo en el Art. 17 del convenio, por lo cual el Gobierno Nacional debe formular una declaración interpretativa al ratificar el convenio, en el sentido indicado en su solicitud.
Así mismo, acerca del Art. 19 del convenio, que establece en su Num. 5 que la Conferencia de las Partes examinará y evaluará constantemente la aplicación del convenio y para ese efecto estudiará y tomará cualquier medida complementaria que se estime necesaria para la consecución de los fines del mismo, dictamina que entiende que lo complementario no es esencial y que para evitar que en ejercicio de dicha función se modifique aquel, el Gobierno Nacional debe formular una declaración interpretativa en el momento de la ratificación del convenio, en el sentido indicado en su solicitud[1].
2. Verificación del trámite legislativo seguido para la aprobación de la Ley 994 de 2005.
Se examinará por la Corte, si se cumplieron los requisitos exigidos en los artículo 241, numeral 10, 146, 154, 157, 160 y 165 de la Constitución Política; y, el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003.
El texto de la Ley 994 de 2005, en copia autenticada, fue enviado por el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República a la Corte Constitucional para su revisión el 4 de Noviembre de 2005, es decir, dentro de los seis (6) días siguientes a su sanción, señalados en el Art. 241, Num. 10, de la Constitución Política.
2.2 Negociación y celebración del Convenio.
La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que el deber constitucional de revisar los tratados internacionales, así como las leyes que los aprueben, incluye el examen de las facultades del Ejecutivo respecto de la negociación y firma del instrumento internacional respectivo. De conformidad con el Oficio OAJ. CAT No. 68083 radicado el 9 de Diciembre de 2005 y suscrito por el Coordinador Grupo Interno Trabajo de Tratados Oficina Asesora Jurídica (Fl. 156), el convenio en estudio fue firmado en representación del Gobierno Nacional el 23 de Mayo de 2001 por el entonces Embajador de Colombia ante el Gobierno de Suecia, señor Francisco Sanclemente Molina, a quien se le confirieron plenos poderes, de los cuales adjunta una copia.
2.3 Aprobación presidencial.
El Presidente de la República sancionó la Ley 994 de 2005 el 2 de Noviembre de 2005, dando cumplimiento a lo previsto en los Arts. 157 y 165 de la Constitución Política.
2.4 Trámite realizado en el Congreso de la República para la formación de la Ley 994 de 2005.
De conformidad con la documentación que obra en el expediente, el proyecto de Ley número 86/04 Senado 261/04 Cámara agotó el siguiente trámite en el Congreso de la República:
2.4.1. El proyecto correspondiente a la ley 994 de 2004 fue presentado el 23 de Agosto de 2004 en la Secretaría General del Senado de la República por el Gobierno Nacional, por intermedio de los Ministros de Relaciones Exteriores, de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el cual fue radicado con el número 86 de 2004 Senado, y en la misma fecha el Presidente de dicha corporación ordenó su reparto a la Comisión Segunda Constitucional y el envío de copia del mismo a la Imprenta Nacional con el fin de que fuera publicado en la Gaceta del Congreso (Fl. 71).
El texto del convenio, junto con su Exposición de Motivos, fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 471 de 26 de Agosto de 2004 (Ps. 1-17, Fls. 344-360), antes de darle curso en la comisión respectiva, cumpliendo así con los requisitos de iniciación del trámite en el Senado de la República y publicación previa a la iniciación del mismo en la comisión respectiva, establecido en el artículo 154 de la Constitución.
2.4.2. La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda fue presentada por los senadores Luis Alfredo Ramos Botero y Enrique Gómez Hurtado, la cual fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 634 de 21 de Octubre de 2004 (P. 12, Fl. 322), antes de la iniciación del primer debate (Art. 157 Ley 5ª de 1992).
2.4.3. El aviso de votación en primer debate fue efectuado en la sesión de la Comisión Segunda del Senado el 26 de Octubre de 2004, según consta en el Acta No. 17 publicada en la Gaceta del Congreso No. 540 de 2005, fijando como fecha de votación la de la siguiente sesión.
2.4.4. El proyecto de ley fue sometido a votación y aprobado en la sesión del 3 de Noviembre de 2004 de la Comisión Segunda del Senado, con un total de 11 votos, según consta en el Acta No. 18 publicada en la Gaceta del Congreso No. 541 de 2005, cumpliendo así el requisito establecido en el Art. 8º del Acto Legislativo 01 de 2003 sobre votación en sesión anunciada previamente y distinta de la del anuncio y la exigencia sobre quórum y mayoría (Arts. 145 y 146 C. Pol.), teniendo en cuenta que tal comisión está compuesta por 13 miembros.
2.4.5. La ponencia para segundo debate fue presentada por los senadores Luis Alfredo Ramos Botero y Enrique Gómez Hurtado, la cual fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 722 de 19 de Noviembre de 2004 (Ps. 19-20, Fl. 342) antes de la iniciación del debate (Arts. 157 y 185 Ley 5ª de 1992).
2.4.6. El aviso de votación en segundo debate fue efectuado en la sesión plenaria del Senado el 23 de Noviembre de 2004, según consta en el Acta No. 22 publicada en la Gaceta del Congreso No. 845 de 2004 (P. 9, Fl. 92), fijando como fecha de votación la de la siguiente sesión.
2.4.7. El proyecto de ley no fue sometido a votación en la sesión plenaria del Senado de la República del día 24 de Noviembre de 2004, que fue la siguiente a la del aviso, según consta en el Acta No. 23 publicada en la Gaceta del Congreso No. 846 de 2004, y en cambio fue sometido a votación y aprobado en la sesión del 30 de Noviembre de 2004, sin el aviso previo correspondiente, con un total de 86 votos, según consta en el Acta No. 24 publicada en la Gaceta del Congreso No. 847 de 2004 (P. 16, Fl. 135), cumpliendo el lapso no inferior a ocho (8) días que debe mediar entre el primero y el segundo debates (Art. 160 C. Pol.) y la exigencia sobre quórum y mayoría (Arts. 145 y 146 C. Pol.), teniendo en cuenta que dicha corporación está integrada por 102 miembros, y sin cumplir el requisito establecido en el Art. 8º del Acto Legislativo 01 de 2003 como se analizará más adelante.
2.4.8. La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda fue presentada por el representante Germán Velásquez Suárez, la cual fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 230 de 4 de Mayo de 2005 (Ps. 7-21, Fls. 216-230), antes de la iniciación del primer debate (Art. 157 Ley 5ª de 1992).
2.4.9. El aviso de votación en primer debate fue efectuado en la sesión de la Comisión Segunda el 15 de Junio de 2005, según consta en el Acta No. 44 de 2005, publicada en la Gaceta No. 735 de 2005, Ps. 10-11, señalando que la votación se haría en la sesión del 16 de Junio de 2005.
2.4.10. El proyecto fue sometido a votación y aprobado en la sesión de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes del 16 de Junio de 2005 con un total de 17 votos, según consta en el Acta No. 45 de 2005 publicada en la Gaceta del Congreso No. 735 de 2005 (Ps. 14-15) y en la certificación expedida por el Subsecretario de la Comisión (Fl. 205), cumpliendo así la exigencia de que entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra deberán transcurrir por lo menos quince (15) días (Art. 160 C. Pol.), el requisito establecido en el Art. 8º del Acto Legislativo 01 de 2003 sobre votación en sesión anunciada previamente y distinta de la del anuncio y la exigencia sobre quórum y mayoría (Arts. 145 y 146 C. Pol.), teniendo en cuenta que tal comisión está compuesta por 19 miembros.
2.4.11. La ponencia para segundo debate fue presentada por el Representante Germán Velásquez Suárez, la cual fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 480 de 3 de Agosto de 2005 (Ps. 1-16, Fls. 187-201), antes de la iniciación del debate (Arts. 157 y 185 Ley 5ª de 1992).
2.4.12. El aviso de votación en segundo debate fue efectuado en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes el 21 de Septiembre de 2005, según consta en el Acta 202 de 2005, de conformidad con la certificación expedida por el Secretario General de dicha corporación (Fls. 160-161), acta que no ha sido todavía publicada en la Gaceta del Congreso.
2.4.13. El proyecto de ley fue sometido a votación en la sesión plenaria del 27 de Septiembre de 2005 y aprobado con un total de 151 votos, según consta en el Acta No. 203 publicada en la Gaceta del Congreso No. 739 de 2005 (P. 26) y en la certificación expedida por el Secretario General de la Cámara de Representantes (Fl. 160), cumpliendo así el lapso no inferior a ocho (8) días que debe mediar entre el primero y el segundo debates (Art. 160 C. Pol.), el requisito establecido en el Art. 8º del Acto Legislativo 01 de 2003 sobre votación en sesión anunciada previamente y distinta de la del anuncio y la exigencia sobre quórum y mayoría (Arts. 145 y 146 C. Pol.), teniendo en cuenta que dicha corporación está compuesta por 166 miembros.
Igualmente, se respetó la prohibición de que un proyecto de ley sea considerado en más de dos legislaturas (Art. 162 C. Pol.).
2.4.14. Conclusión.
De la descripción del proceso de formación de la ley aprobatoria se constata que hubo un vicio en la plenaria del Senado consistente en haber votado el proyecto de ley sin que previamente se hubiere anunciado que en dicha sesión se realizaría la votación, como se desprende de lo dicho en el apartado 2.4.7.
3. Vicio de carácter insubsanable en el trámite legislativo de la Ley 994 de 2005 por medio de la cual se aprueba el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes
3.1. En el presente caso, revisado el trámite legislativo surtido ante el Senado de la República, segundo debate, resulta absolutamente claro que en esa oportunidad no se dio cumplimiento a la exigencia constitucional prevista en el Acto Legislativo 01 de 2003, artículo 8.
3.2. En efecto, durante la sesión ordinaria del Senado del día 23 de noviembre de 2004, según consta en el Acta 22 de 2004, se anunció la votación del proyecto de ley de la referencia para la siguiente sesión:
“(…) muy bien señor Secretario sírvase anunciar los proyectos que vamos a votar el día de mañana o pretendemos votar.
“Proyecto de ley número 86 de 2004 Senado, por medio del cual se aprueba el convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, hecho en Estocolmo a los 22 días del mes de mayo de 2001”.
“(…)” .[6] (las negrillas forman parte del texto original)
3.3. Según el Acta No. 23 de la sesión ordinaria del Miércoles 24 de Noviembre de 2004, el citado proyecto de ley no fue debatido ni sometido a votación en dicha sesión, ni en ella se dio aviso tampoco sobre la votación del mismo proyecto en una sesión posterior.[7]
3.4. Así las cosas, la aprobación del proyecto en la sesión plenaria del Senado, no se llevó a cabo de conformidad con el mandato constitucional tantas veces aludido. Por lo tanto, se constata un vicio cuando la sesión no es determinada ni determinable en virtud del rompimiento de la cadena de anuncios. Este vicio no es por naturaleza insubsanable, pero tampoco es siempre subsanable. Se trata de un vicio subsanable cuando ocurre después de haber concluido el segundo debate en el Senado porque solo entonces se habrá expresado de manera completa la voluntad del Senado, que es la Cámara donde por mandato constitucional ha de iniciarse el trámite de los proyectos de leyes aprobatorias de tratado. No obstante, la constatación de este vicio no genera de manera irremediable la inexequibilidad de la ley aprobatoria de un tratado. La Corte ha admitido que este vicio procedimental sea subsanado cuando se presenten ciertas condiciones. Sobre el punto existen varios autos ordenando la subsanación así como sentencias en las cuales no se ha considerado que se reúnen las condiciones para considerar que dicho vicio formal sea subsanable habida cuenta de las circunstancias del caso concreto.
3.5. El proyecto de ley fue sometido a votación y aprobado en la sesión ordinaria del Martes 30 de Noviembre de 2004, según consta en el Acta No. 24 de dicha sesión[8] y en la certificación expedida por el Secretario General del Senado de la República (Fl. 83).
3.6. En esta sentencia la Corte ha decidido analizar de nuevo el tema de la subsanabilidad de este vicio de forma cuando juzga una ley aprobatoria de un tratado. Como resultado de dicho análisis, ha concluido que es necesario introducir un cambio en su jurisprudencia por las razones que se exponen a continuación.
4. Cambio en la jurisprudencia en cuanto a la subsanabilidad de un vicio relativo a la omisión del anuncio previo a la votación de una ley que aprueba un tratado internacional.
4.1. De conformidad con la jurisprudencia de esta Corte,[9] para que un cambio jurisprudencial no se considere arbitrario, éste debe obedecer a razones poderosas que lleven no sólo a modificar la solución al problema jurídico concreto sino que prevalezcan sobre las consideraciones relativas al derecho a la igualdad y a la seguridad jurídica que invitarían a seguir el precedente.[10] Dentro de tales razones la Corte encuentra que, en este caso, se presenta la necesidad de unificar precedentes por coexistir, antes del presente fallo, dos líneas jurisprudenciales encontradas como se verá a continuación, lo cual iba en desmedro de la seguridad jurídica, por la incertidumbre sobre las reglas determinantes, y, además, tenía como resultado decisiones aparentemente encontrados, porque se le estaba dando un trato diverso a las decisiones de los congresistas sin que fuera clara la razón de las distinciones efectuadas al respecto.
4.2. Como ya se ha indicado en otras oportunidades, el artículo 160 de la Constitución fue adicionado por el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 3 de julio de 2003, así:
Este artículo ordena lo siguiente: (1) que la fecha de votación de los proyectos de ley sea previamente anunciada; (2) que el anuncio de tal votación se realice en sesión distinta a la de la sesión en que es sometido a su aprobación; y, (3) que la votación debe surtirse el día en que se anuncie.
De conformidad con la jurisprudencia de esta Corte, la finalidad del Acto Legislativo, es “permitir a los Congresistas saber con anterioridad cuáles proyectos de ley o informes de objeciones presidenciales serán sometidos a votación, suponiendo el conocimiento pleno de los mismos y evitando, por ende, que sean sorprendidos con votaciones intempestivas”[11].
La Corte ha establecido que esta disposición requiere para su cumplimiento que en una sesión anterior se anuncien los proyectos que serán discutidos y votados en una sesión posterior, siempre y cuando se convoque para su aprobación en una fecha futura prefijada y determinada, o por lo menos, determinable.[12] La exigencia constitucional apunta al efectivo conocimiento previo de los proyectos que serán objeto de decisión, por lo que, si por razones del desarrollo del debate legislativo, la votación de un proyecto no tiene lugar el día inicialmente fijado, no se incurre inexorablemente en una vulneración a la Carta Fundamental, si se hace clara y nuevamente el anuncio o si del contexto existen elementos que permitan determinar con claridad cuando se realizará la votación.[13]
4.3. La jurisprudencia de la Corte sobre el carácter subsanable o insubsanable del vicio que se deriva del desconocimiento del artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 en virtud del rompimiento de la cadena de anuncios no es clara ya que existen decisiones en diversos sentidos, veamos:
En la sentencia C-533 de 2004[14] se revisó la constitucionalidad del “proyecto de ley No. 230 de 2003, Cámara, 031 de 2002 Senado, por medio del cual se aprueba el “Tratado de Cooperación Judicial Mutua entre el gobierno de la República de El Salvador y el gobierno de la República de Colombia”. La Corte declaró que al dar cumplimiento al Artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, la Plenaria de la Cámara no precisó la fecha exacta en que dicho debate se llevaría a cabo, y el debate finalmente ocurrió 3 sesiones después de aquella en que se hizo el anuncio. El vicio detectado se entendió suplido en el curso del debate en razón a las circunstancias especificas del contexto en que se realizó finalmente la votación, y se declaró la exequibilidad de la norma. En esta oportunidad la falta de anuncio de la votación del proyecto de ley sucedió en la votación en la Plenaria de la Cámara de Representantes[15].
En la sentencia C-661 de 2004[16] se revisó la constitucionalidad de la Ley 867 de 2003, “por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación entre el gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Ecuador en la esfera de la actividad musical”. En dicha oportunidad la Corte constató que durante el trámite legislativo en la Plenaria del Senado se realizó el anuncio para la votación pero para la misma sesión, no para una sesión posterior. La votación del proyecto no pudo ser realizada durante esa sesión y se votó en la sesión posterior. En dicha sesión se anunció que se agotaría el orden del día de la sesión anterior. La Corte consideró que se había configurado un vicio en el procedimiento pero que había sido subsanado por el Congreso[17] dadas las especificidades del caso y declaró la exequibilidad de la norma.
En la sentencia C-780 de 2004[18] se revisó la constitucionalidad de la Ley 876 de 2004, “por medio de la cual se aprueba el Protocolo modificatorio a la ‘Convención de Extradición entre la República de Colombia y el Reino de España’, suscrita en Bogotá el 23 de julio de 1892, hecho en Madrid el dieciséis (16) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999)”. La Corte encontró que el anuncio para la votación del proyecto en el primer debate en la Cámara de Representantes no indicaba una fecha cierta y precisa ya que se dijo que el proyecto sería votado la próxima semana. Lo anterior constituyó para la Corte una irregularidad pero no un vicio en el procedimiento y la norma fue declarada exequible[19].
En la sentencia C-333 de 2005[20] se estudió la constitucionalidad de la Ley 898 de 2004, por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana contra el Terrorismo”. La Corte encontró que el anuncio para la votación del proyecto en la Plenaria del Senado se había realizado en la misma sesión en que fue efectivamente votado el proyecto. Lo anterior fue considerado como un vicio insubsanable por lo que la norma fue declarada inexequible[21].
En la sentencia C-400 de 2005[22] se revisó la constitucionalidad de la Ley 899 de 2004, “por medio de la cual se aprueba el Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado.” La Corte constató que se incurrió en un vicio de procedimiento en la votación del proyecto de ley en primer debate en la Comisión Segunda del Senado efectuada el día 11 de noviembre de 2003, al omitir el requisito establecido en el artículo 8º del Acto Legislativo No. 1 de 2003, el cual prescribe que ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella en que previamente se haya anunciado y que el anuncio debe hacerse en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación[23]. A juicio de la Corte, el haber omitido ese requisito constitucional en el primer debate en la Comisión Segunda del Senado afectó la validez de todo el trámite legislativo y en consecuencia, la Ley 899 de 2004 fue declarada inexequible[24].
Mediante Auto 088 de 2005[25] la Corte devolvió al Congreso el Proyecto de ley aprobatoria del convenio de cooperación técnica y científica entre Guatemala y Colombia al constatar que en la votación de la Plenaria del Senado se había anunciado y votado el proyecto[26]. Para la Corte se había configurado un vicio en procedimiento legislativo que era subsanable por lo que el proyecto fue devuelto al Congreso para que se realizara la votación adecuadamente y el proyecto continuara su trámite.[27]
Así mismo, la Corte, mediante Auto 089 de 2005[28]ordenó la devolución de la Ley 896 de 2004 “por medio de la cual se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia para la Recuperación de Bienes Culturales y otros específicos Robados, Importados o Exportados Ilícitamente” al haber encontrado que en la misma sesión de la Plenaria del Senado se había anunciado y votado el proyecto[29]. Como en el evento anterior la Corte consideró que el vicio en que se había incurrido era de carácter subsanable y por lo tanto fue devuelto al Congreso para que continuara su trámite[30].
En la sentencia C-930 de 2005[31] se revisó la constitucionalidad de la Ley 943 de 2005, por medio de la cual se aprueba el Convenio de reconocimiento y validez de títulos, diplomas y certificados acádemicos de estudios parciales de educación superior entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia. La Corte encontró que el anuncio efectuado para la votación del proyecto en la Plenaria del Senado era inexacto, ya que el presidente del Senado solo se había referido a la posibilidad de continuar con los asuntos que no habían sido agotados del orden del día, por lo que se configuraba un vicio en el trámite legislativo insubsanable que desencadenó la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma[32].
Mediante Auto 207 de 2005[33] la Corte devolvió al Congreso la Ley 944 de 2005 por medio de la cual se aprueba el Acuerdo sobre transporte aéreo transfronterizo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú. La Corte constató que no se había realizado el anuncio previo a la sesión de votación de la Plenaria del Senado por lo que se había incurrido en un vicio en el trámite legislativo[34] que la Corte, en esta oportunidad, estimó subsanable[35].
Finalmente, mediante sentencia C-241 de 2006[36] se estudió la constitucionalidad de la Ley 968 de 2005, por medio de la cual se aprueba el estatuto migratorio permanente entre Colombia y Ecuador. En esta sentencia se dio un pronunciamiento unánime de la Corte en cuanto a que se incumplía con el artículo 160 de la Constitución cuando se hacía un anuncio de votación de un proyecto de manera vaga. Como el vicio se presentó en la votación del proyecto en la Comisión Segunda del Senado, es decir durante el primer debate, éste era insubsanable[37], y por lo tanto la norma fue declarada inexequible.
4.4. De acuerdo al anterior recuento de las decisiones en las que se han detectado irregularidades y vicios en el trámite legislativo de las leyes que aprueban tratados o convenios internacionales en razón al incumplimiento del artículo 160 de la Constitución (Artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003) en cuanto al anuncio previo a las votaciones del proyecto en el Congreso, se desprende que existe unanimidad en la jurisprudencia en cuanto a establecer que el procedimiento legislativo previsto en el inciso final del artículo 160 C.P. obliga a que en las células legislativas sean anunciados, de manera cierta y determinada, o, al menos, determinable en razón del contexto en que se efectuó el anuncio, cuáles son los proyectos de ley que serán sometidos a votación en una sesión futura. Para la Corte, cada caso revisado ha presentado una especificidad por lo que a la luz de las características del trámite legislativo particular se ha analizado si, i) el vicio fue saneado por el propio Congreso, ii) si es subsanable una vez identificado por la Corte Constitucional al revisar la ley aprobatoria o iii) si es insubsanable y lo que procede es declarar inexequible la ley, en lugar de devolverla para que el Congreso tenga la oportunidad de subsanar el vicio[38]. Sin embargo, existe una discrepancia de posiciones en torno a las condiciones en las cuales este vicio es subsanable y, por lo tanto, se han proferido sentencias que parecen discrepar en cuanto a los efectos de la constatación de una transgresión de la anterior norma. Es decir, de las decisiones antes reseñadas se encuentra que en algunas ocasiones se ha determinado el vicio como subsanable y se ha decidido devolver la norma al Congreso para que se corrija y se continúe con el trámite legislativo y, otras veces, se ha caracterizado el vicio como insubsanable, lo que ha desencadenado la inexequibilidad de la norma revisada[39].
La Corte ha emitido decisiones en las que: i) se encuentra que el vicio ocurrió durante el primer debate en el Senado y se considera insubsanable[40]; ii) se encuentra que el vicio sucedió durante la votación en la Plenaria del Senado y se considera subsanable[41]; y iii) se encuentra que el vicio se presentó durante la votación en la Plenaria del Senado y se considera insubsanable[42]. Los otros pronunciamientos se refieren a irregularidades en la forma del anuncio mismo, en diversos momentos del trámite legislativo que no han sido consideradas como vicios en el procedimiento[43].
En aras del respeto al principio de seguridad jurídica y al haber constatado que existen sentencias divergentes, se hace necesario emitir un pronunciamiento que unifique la posición de la Corte y que defina con claridad bajo qué circunstancias específicas un vicio consistente en el desconocimiento de la cadena de anuncios durante el trámite legislativo de una ley que aprueba un tratado o convenio internacional se considera subsanable o insubsanable.
5. Para que la omisión del anuncio contemplado en el artículo 160 de la Constitución sea subsanable éste debe suceder después de que la Cámara por la cual se inicia el trámite de las leyes aprobatorias de tratados haya expresado su voluntad.
5.1. Como ya se ha dicho el requisito del anuncio previo de la votación deja de cumplirse, y se configura un vicio en el trámite legislativo, cuando se rompe la secuencia de anuncios, o sea, cuando la votación se lleva a cabo en una sesión posterior distinta a la que fue anunciada, esto es, contrario a lo dispuesto en el inciso final del artículo 160 C.P.
5.2. Este vicio no es por naturaleza insubsanable, pero tampoco es siempre subsanable. Deben reunirse ciertas condiciones para que sea subsanable. La posibilidad de subsanar un vicio durante el procedimiento legislativo responde al principio de instrumentalidad de las formas, que como la Corte ha dicho, implica “que la constatación de que ocurrió una irregularidad en el trámite de una ley, no conlleva inevitablemente que el juez constitucional deba siempre retirarla del ordenamiento. Es necesario que, previamente, el juez examine (i) si ese defecto es de suficiente entidad como para constituir un vicio susceptible de afectar la validez de la ley; (ii) en caso de que la irregularidad represente un vicio, debe la Corte estudiar si existió o no una convalidación del mencionado vicio durante el trámite mismo de la ley; (iii) si el vicio no fue convalidado, debe la Corte analizar si es posible devolver la ley al Congreso y al Presidente para que subsanen el defecto observado; y (iv) si no se presenta ninguna de las anteriores hipótesis, la Corte debe determinar si es posible que ella misma subsane, en su pronunciamiento, el vicio detectado, de conformidad con los lineamientos arriba trazados, y respetando siempre el principio de razonabilidad.”[44]
5.3. La posibilidad de que el incumplimiento del requisito contemplado en el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 en el trámite legislativo de las leyes que aprueban un tratado o convenio internacional –rompimiento de la cadena de anuncios previos a la votación del proyecto de ley- depende del contexto en el cual se produjo el vicio y de su incidencia en la formación de la voluntad del Congreso.
5.4. En lo que se refiere al trámite de leyes que aprueban tratados o convenios internacionales se debe recordar que estas leyes surten el mismo procedimiento que las leyes ordinarias[45] con la particularidad de que el proyecto de ley debe iniciar su trámite en el Senado y la competencia del Congreso de la República se limita a aprobar o improbar el tratado o convenio[46]. La Corte ha determinado como criterios relevantes para establecer la subsanibilidad de este vicio los siguientes: “(i) el cumplimiento de las etapas básicas y estructurales del proceso legislativo, establecidas en el artículo 157 de la Carta; (ii) el contexto dentro del cual se presentó el vicio; (iii) la garantía de los derechos de las minorías a lo largo del debate parlamentario y del principio democrático en la votación del proyecto de ley; (iv) el tipo de ley de que se trata y su evolución a lo largo del debate parlamentario.”[47] En armonía con los criterios y particularidades mencionadas se debe entender que en materia de leyes que aprueban tratados o convenios internacionales, la condición esencial de subsanabilidad es que el Senado se haya pronunciado de tal forma que la Cámara donde por mandato constitucional ha de iniciarse el trámite de los proyectos de leyes aprobatorias de un tratado ha expresado de manera completa su voluntad. Así, una de las etapas estructurales del trámite, v.gr., la aprobación por el Senado, habrá concluido a plenitud sin vicio alguno.
Además, cabe resaltar que la Corte ha proferido desde hace cerca de dos años varias sentencias advirtiendo sobre la importancia de cumplir este requisito, lo cual no ha impedido que el vicio se repita, con mayor frecuencia, precisamente en el Senado, es decir, en la cámara de origen del proyecto a la cual le compete decidir, en primer lugar, si aprueba o imprueba el tratado. Dicha decisión, en adelante, deberá ser la expresión de una voluntad formada sin vicios de procedimiento para que se entienda que se ha culminado una de las etapas estructurales del trámite de esta clase de leyes. En otras palabras, una falencia en el cumplimiento el requisito del anuncio previo establecido en el artículo 160 C.P. hasta la votación en la Plenaria del Senado se considera como un vicio en el trámite legislativo insubsanable que desencadenará la declaratoria de inexequibilidad de la ley aprobatoria de un tratado internacional. De otro lado, una falencia en el cumplimiento del mencionado requisito en un momento posterior a la votación en la Plenaria del Senado se considera un vicio subsanable que desencadenará la devolución de la ley aprobatoria de un tratado internacional al Congreso para que subsane el vicio y continúe su trámite desde el momento en que se produjo, cuando se reúnan las demás condiciones de subsanabilidad.
Pasa ahora la Corte a aplicar en el caso concreto este criterio.
En este caso el vicio (consistente en que no se anunció la sesión en la cual se votaría el proyecto debido al rompimiento de la cadena de anuncios) ocurrió en el segundo debate en el Senado, por lo cual la Corte no proferirá un auto devolviendo el proyecto de ley para su subsanación sino una sentencia de inexequibilidad.
Por estas razones, la Corte declarará inexequible la Ley 994 de 2005 “por medio de la cual se aprueba el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes”, hecho en Estocolmo a los veintidós días del mes de mayo de dos mil uno (2001), sin examinar el contenido de la misma, por ser innecesario.
DECLARAR INEXEQUIBLE la Ley 994 de 2005, por medio de la cual se aprueba el “CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGANICOS PERSISTENTES´, hecho en Estocolmo a los veintidós (22) días del mes de mayo de dos mil uno (2001)”.
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA A LA SENTENCIA C-576 DE 2006
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO-Incumplimiento como vicio de naturaleza insubsanable (Salvamento parcial de voto)
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de esta corporación, me permito salvar parcialmente mi voto en relación con la Sentencia C-576 de 2006, ya que, aunque comparto la decisión de inexequibilidad adoptada, no estoy de acuerdo con una parte de sus fundamentos, con base en lo siguiente:
La mayoría de Magistrados de la Sala considera:
1. Que el incumplimiento del requisito establecido en el Art. 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, que adicionó al Art. 160 de la Constitución, es en todo caso subsanable, lo que implica que de conformidad con lo dispuesto en el Parágrafo del Art. 241 ibidem el proyecto de ley deba ser enviado al Congreso de la República para su subsanación;
2. No obstante, señalan que si el vicio mencionado ha tenido lugar antes de que se complete el trámite del proyecto de ley en una de las cámaras, su envío para la subsanación no es procedente, porque sería necesario repetir todo el trámite de aquel y, en cambio, procede la declaración de inexequibilidad, que produce el mismo efecto. Por el contrario, si dicho vicio ha tenido lugar después de que se complete el trámite en una de las cámaras, el envío para la subsanación sí es procedente, porque no es necesario repetir todo el trámite del proyecto de ley y, por tanto, no procede la declaración de inexequibilidad.
La primera de estas razones no es admisible, por lo siguiente:
La figura de la subsanación de vicios de procedimiento en la formación del acto sujeto a control de constitucionalidad, contemplada en el Art. 241 de la Constitución Política y reiterada y desarrollada en el Art. 45 del Decreto 2067 de 1991, no es aplicable en el caso de incumplimiento del requisito señalado en el Art. 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, por las siguientes razones:
i) Sin lugar a discusión, el procedimiento aplicable a la formación de una ley aprobatoria de un tratado internacional es el propio de las leyes ordinarias, con dos particularidades señaladas en la Constitución: aquel debe iniciarse en el Senado de la República (Art. 154) y el Gobierno Nacional debe remitir la ley a la Corte Constitucional dentro de los seis (6) días siguientes a su sanción, para el control de constitucionalidad.
Por consiguiente, el requisito establecido en el Art. 8º del Acto Legislativo 01 de 2003 es aplicable también a las leyes aprobatorias de tratados, puesto que dicha norma no prevé excepción alguna. Por tanto, la omisión de aquel produce los mismos efectos que genera respecto de las leyes ordinarias.
ii) El mencionado requisito es de orden constitucional, y no de orden legal. Con tal carácter el mismo se suma a los requisitos establecidos en los Art. 157, 160 y complementarios de la Constitución que establecen la estructura del proceso legislativo.
iii) Según lo preceptuado en el Art. 149 superior, “toda reunión de miembros del Congreso que, con el propósito de ejercer funciones propias de la rama legislativa del poder público, se efectúe fuera de las condiciones constitucionales, carecerá de validez; a los actos que realice no podrá dárseles efecto alguno, y quienes participen en las deliberaciones, serán sancionados conforme a las leyes”. (se subraya)
iv) El Art. 8º del Acto Legislativo 01 de 2003 consagra en realidad una causal de incompetencia de la comisión o de la plenaria de la cámara, pues prohíbe someter a votación el proyecto de ley si no se ha determinado previamente en cuál sesión se votará. Así mismo, la incompetencia es la mayor causal de invalidez de un acto jurídico.
Por efecto de esta disposición, el citado vicio determina la falta de aprobación válida del proyecto de ley en la comisión o en la cámara respectiva, según el caso, y, por consiguiente, determina la violación manifiesta del Art. 157 de la Constitución, que señala en forma terminante la necesidad de dicha aprobación.
v) Lo anterior significa que si se incumple el referido requisito en cualquiera de los debates del proyecto de ley, el efecto claro e inexorable será la declaración de inexequibilidad de éste.
La segunda de dichas razones tampoco es admisible, por lo siguiente:
i) La declaración de exequibilidad o de inexequibilidad de una norma legal debe tener siempre fundamentos de orden jurídico constitucional, y no fundamentos de orden práctico.
ii) Ni el Art. 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, que establece el citado requisito, ni el Art. 241 de la Constitución, que confía a la Corte Constitucional la guarda de la integridad y supremacía de aquella, hacen la distinción planteada por la mayoría de la Sala, y dicha distinción no puede sustentarse tampoco en la doctrina constitucional.
[1] Lo presentado hasta el momento corresponde al proyecto de sentencia elaborado por el Magistrado Jaime Araujo Rentería.
[2] Corte Constitucional, Sentencia C-468 de 1997, MP: Alejandro Martínez Caballero. Esta doctrina ha sido ampliamente reiterada por esta Corporación. Ver entre muchas otras, las sentencias C-378 de 1996, MP: Hernando Herrera Vergara; C-682 de 1996, MP: Fabio Morón Díaz; C-400 de 1998, MP: Alejandro Martínez Caballero; C- 924 de 2000, MP: Carlos Gaviria Díaz.
[4] Según lo dispuesto en el artículo 204 del Reglamento del Congreso, los proyectos de ley aprobatorios de tratados internacionales se tramitan por el procedimiento legislativo ordinario o común, con las especificidades establecidas en la Carta (sobre la iniciación del trámite de la ley en el Senado de la República, artículo 154, CN) y en el reglamento sobre la posibilidad del presentar propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de reserva respecto de Tratados y Convenios Internacionales (art. 217de la Ley 5ª de 1992). En relación con esta posibilidad, en la Sentencia C-227 de 1993, MP: Jorge Arango Mejía, la Corte señaló que durante el trámite de un proyecto de ley que aprueba el tratado, pueden presentarse propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de reserva respecto de tratados y convenios Internacionales.
[5] El artículo 19 de la Convención de 1969 sobre derecho de los tratados dice: “Un Estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a menos: a) que la reserva esté prohibida por el tratado; b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trata (...)” En la práctica las soluciones convencionales son diversas: ciertos tratados prohíben cualquier tipo de reservas (como la Convención de Montego Bay de 1982 sobre el Derecho del Mar o las convenciones de Nueva York y Río de Janeiro sobre Diversidad Biológica y Cambios Climático); otros autorizan las reservas sobre ciertas disposiciones únicamente (por ejemplo el artículo 42 de la Convención sobre Refugiados de 1951) y algunos excluyen ciertas categorías de reservas (como el artículo 64 de la Convención Europea de Derechos Humanos que prohíbe las reservas de carácter vago.). De manera general, una reserva expresamente permitida por las cláusulas finales del tratado no requiere ser aprobada o aceptada por los demás Estados (Artículo 20 párrafo 1 de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986).
[6] Gaceta del Congreso No. 845 de 23 de Diciembre de 2004, P. 9 (Fl. 92).
[7] Gaceta del Congreso No. 846 de 23 de Diciembre de 2004.
[8] Gaceta del Congreso No. 847 de 23 de Diciembre de 2004, P. 16 (Fl. 135).
[9] Sentencia C-194 de 1995, MP: José Gregorio Hernández Galindo. Aclaración de Voto de Eduardo Cifuentes Muñoz, Alejandro Martínez Caballero y Vladimiro Naranjo Mesa. En la aclaración de voto los magistrados señalan que para justificar un cambio jurisprudencial (overruling) “es necesario que el tribunal aporte razones que sean de un peso y una fuerza tales que, en el caso concreto, ellas primen no sólo sobre los criterios que sirvieron de base a la decisión en el pasado sino, además, sobre las consideraciones de seguridad jurídica e igualdad que fundamentan el principio esencial del respeto del precedente en un Estado de derecho.”
[10] Corte Constitucional, Sentencia C-836/01, MP: Rodrigo Escobar Gil. (Aclaración de Voto de Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra, así como Salvamentos de Voto de Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández). En este fallo, la Corte examinó la constitucionalidad del artículo 4º de la ley 169 de 1.896, que regula la figura de la doctrina probable. Luego de analizar la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia como juez de casación, esta Corporación señaló tres razones que justificaban un cambio de jurisprudencia: 1) cuando había un cambio en la legislación y era necesario modificar la jurisprudencia para no contrariar la voluntad del legislador; 2) cuando se había producido un cambio sustancial en la situación social, política o económica de tal forma que la ponderación e interpretación del ordenamiento, tal como lo venía haciendo la Corte Suprema de Justicia, no resultara ya adecuado para responder a las exigencias sociales; y 3) cuando ese cambio fuera necesario para unificar y precisar la jurisprudencia sobre un determinado tema.
[11] Véase Auto 038 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y sentencia C-533 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[12] Corte Constitucional, Sentencia C-644 de 2004, MP: Rodrigo Escobar Gil, SV: Rodrigo Uprimny Yepes.
[13] Corte Constitucional, Sentencia C-533 de 2004, MP. Álvaro Tafur Galvis.
[14] Sentencia C-533 de 2004 MP: Álvaro Tafur Galvis SV: Jaime Araujo Rentería.
[15] Sentencia C-533 de 2004 MP: Álvaro Tafur Galvis SV Jaime Araujo Rentería. La Corte consideró que no se configuraba un vicio de procedimiento pues : “Para la Corte en el presente caso ha de entenderse cumplido el requisito señalado el inciso final del artículo 160 constitucional, en la medida en que, atendiendo la finalidad de la norma –a saber permitir a los Congresistas conocer previamente cuales proyectos serán sometidos a votación, sin que pueda sorprendérseles con votaciones intempestivas- y dadas las circunstancias que se presentaron en la sesión del 26 de agosto de 2003 donde fue necesario levantar la sesión por falta de quórum para decidir, el proyecto que culminó con la expedición de la Ley 840 de 2003 fue discutido y aprobado previo anuncio en sesión anterior de que sería discutido y votado en la siguiente sesión plenaria destinada a la votación de proyectos de ley, sesión plenaria que se realizó efectivamente el martes 2 de septiembre de 2003.” Además agregó: “Al respecto es pertinente recordar además que el artículo 80 de la Ley 5ª de 1992 señala que “Cuando en una sesión no se hubiere agotado el orden del día señalado para ella, en la siguiente continuará el mismo orden hasta su conclusión.” y que ello fue lo que precisamente sucedió en la sesión del 26 de agosto que debió levantarse por ausencia de quórum para decidir sobre los asuntos de dicho orden del día.”
[16] Sentencia C-661 de 2004 MP: Marco Gerardo Monroy Cabra. AC: Jaime Araujo Rentería.
[17] Sentencia C-661 de 2004 MP: Marco Gerardo Monroy Cabra. AC: Jaime Araujo Rentería. “Esta circunstancia, a juicio de la Corte, implica que los Senadores conocían que el proyecto pendiente iba a ser votado en la sesión del 30, como en efecto ocurrió.
Así las cosas, tendiendo en cuenta que el proyecto de la Ley de la referencia fue finalmente votado en sesión posterior a la cual se anunció -pese a que, en principio, esa no era la intención- esta Corte encuentra que el vicio detectado se subsanó y que el requisito constitucional exigido se cumplió a cabalidad.”
[18] Sentencia C-780 de 2004 MP: Jaime Córdoba Triviño. SV Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra.
[19] Sentencia C-780 de 2004 MP: Jaime Córdoba Triviño. SV Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra. “Se concluye entonces que aunque la situación presentada puede considerarse como irregular, en tanto -se repite- el anuncio de que trata el último inciso del artículo 160 de la Constitución debe ser claro y con fecha precisa, tal irregularidad no genera en este evento un vicio que conlleve a la inconstitucionalidad de la Ley aprobada”
[20] Sentencia C-333 de 2005 MP: Jaime Córdoba Triviño. SV: Manuel José Cepeda Espinosa; Marco Gerardo Monroy Cabra ; Rodrigo Escobar Gil y Álvaro Tafur Galvis. AV Humberto Sierra Porto.
[21] Sentencia C-333 de 2005 MP: Jaime Córdoba Triviño. SV: Manuel José Cepeda Espinosa; Marco Gerardo Monroy Cabra; Rodrigo Escobar Gil y Álvaro Tafur Galvis. AV Humberto Sierra Porto. “Si bien podría afirmarse que el vicio al que se ha aludido sería subsanable, al haberse respetado al menos las etapas estructurales del procedimiento legislativo, es decir, los requisitos señalados en el artículo 157 de la Carta, y por lo tanto viable la aplicación del parágrafo del artículo 241 Superior, para la Corte, esta interpretación resulta contraria a los principios que informan el proceso de formación de la ley.
Para la Corte es claro que la aplicación del parágrafo del artículo 241 de la Constitución no opera per se o de manera automática en todos los casos sino en aquellos en que la naturaleza del yerro permite realmente su subsanación, esto es, cuando se enfrentan vicios de procedimiento que no tienen una significación constitucional evidente.
En este sentido, no puede olvidarse que el requisito infringido en el presente caso fue impuesto por la norma fundamental del Estado que se erige en el marco supremo y último para determinar tanto la pertenencia al orden jurídico como la validez de cualquier norma, regla o decisión que formulen o profieran los órganos por ella instaurados.”
La sentencia presenta un salvamento de voto de los Magistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Marco Gerardo Monroy Cabra, Rodrigo Escobar Gil y Álvaro Tafur Galvis pues estos consideraban que dicho vicio si era subsanable.
[22] Sentencia C-400 de 2005 MP: Humberto Sierra Porto. SV: Manuel José Cepeda Espinosa; Marco Gerardo Monroy Cabra; Rodrigo Escobar Gil y Álvaro Tafur Galvis.
[23] Sentencia C-400 de 2005 MP: Humberto Sierra Porto. SV: Manuel José Cepeda Espinosa; Marco Gerardo Monroy Cabra; Rodrigo Escobar Gil y Álvaro Tafur Galvis. ““(…) encontramos que el anuncio, en primer debate en la Comisión del Senado, se hizo para la siguiente sesión el día 14 de octubre de 2003 y sólo hasta el 11 de noviembre de dicho año el proyecto de ley fue aprobado, tres semanas y seis días después de anunciarse (…) El anuncio, en segundo debate en la Plenaria del Senado, se hizo el 26 de noviembre de 2003, para lo que se utilizó la fórmula la próxima semana, expresión que no específica la sesión en la que se iba a llevar a cabo la correspondiente votación, en contradicción con lo dispuesto por el último inciso del artículo 160 constitucional, y los hechos consignados en el expediente, no demuestran ni dan a entender que los parlamentario tuviesen certeza con relación a la fecha de la votación.
“En este orden de ideas es claro, que el proyecto de ley se votó sin anuncios ciertos, respecto de las fechas en que se iban a llevar a cabo las respectivas votaciones, y que no consta en el expediente expresión o hecho alguno que permita inferir lo contrario. Que no obstante, se votó unánimemente en la Comisión del Senado y en la Comisión de la Cámara, la flagrante infracción del requisito constitucional señalado, no puede ser desconocida por la Corte, ya que además del conocimiento previo del texto, se dejó de cumplir otros propósitos y objetivos de la norma que no se limitan a éste, y que, en igual forma, tienden a la realización del principio de democracia participativa que orienta nuestra Carta Política, los cuales pudieron verse truncados ante la incertidumbre del momento en que se iba a realizar la votación.”
[24] El salvamento de voto estableció que el vicio de procedimiento observado por la Corte era subsanable y por tal motivo, lo que procedía en este caso, de conformidad con el parágrafo del artículo 241 de la Constitución, era devolver la ley al Senado de la República, para que se enmendara el defecto observado y se surtieran las demás etapas del procedimiento legislativo establecido por la Constitución Política.
[25] Auto 088 de 2005 MP: Álvaro Tafur Galvis. SV: Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra Jaime Córdoba Triviño, Clara Inés Vargas Hernández.
[26] Auto 088 de 2005 MP: Álvaro Tafur Galvis. SV: Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra Jaime Córdoba Triviño, Clara Inés Vargas Hernández. “Así las cosas ha de concluirse que en relación con la votación en la plenaria del Senado del proyecto de ley 108 de 2002 Senado, "Por medio de la cual se aprueba el “Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Colombia” se configuró el vicio de procedimiento a que se ha hecho referencia.
[27] Auto 088 de 2005 MP: Álvaro Tafur Galvis. SV: Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra Jaime Córdoba Triviño, Clara Inés Vargas Hernández.: “Ahora bien, la Corte considera que los criterios señalados en las decisiones a que se ha hecho referencia resultan aplicables en el presente caso (-instrumentalidad de las formas-), máxime cuando se trata de una ley aprobatoria de tratado que por su naturaleza y las características del control de constitucionalidad a que ellas se someten (art. 241-8) resulta imposible la ratificación del instrumento internacional respectivo hasta tanto no se declare la exequibilidad del mismo y de su Ley aprobatoria por parte de la Corte.
Así las cosas siendo claro para la Corte que en el presente caso se configura un vicio de trámite que por ser subsanable no conlleva la declaratoria de inexequibilidad del proyecto de ley que se examina, pues sin que se alteren los principios y reglas propios de la función legislativa y en especial los mandatos contenidos en la Constitución sobre la aprobación de los proyectos de ley, así como el principio de consecutividad, puede retrotraerse la actuación para enmendar la falla en el trámite en que se ha incurrido en el presente caso, procederá a ordenar que se rehaga el trámite del proyecto de ley por medio de la cual se aprueba el “Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Colombia”, hecho en la ciudad de Lima, el 23 de noviembre de 2001, a partir de la votación para segundo debate en el Senado de la República.
[28] Auto 089 de 2005 MP: Manuel José Cepeda Espinosa. SV: Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Córdoba Triviño, Clara Inés Vargas Hernández. AV: Jaime Araujo Rentería.
[29] Auto 089 de 2005 MP: Manuel José Cepeda Espinosa. SV: Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Córdoba Triviño, Clara Inés Vargas Hernández. AV: Jaime Araujo Rentería. “De acuerdo a lo anterior, se puede establecer que no existió un anuncio en sesión inicial sobre la determinación de la fecha momento en que se discutiría y se aprobaría el proyecto, pues si bien éste se había introducido en el orden del día del 2 de septiembre de 2003 cuando se decidió no continuar con la sesión no se hizo ningún tipo de referencia o anuncio explícito indicando que se llevaría a acabo la discusión y votación del proyecto en la sesión del 9 de septiembre de 2003.”
[30] Auto 089 de 2005 MP: Manuel José Cepeda Espinosa. SV: Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Córdoba Triviño, Clara Inés Vargas Hernández. AV: Jaime Araujo Rentería. “El vicio constatado en el presente proceso, como ya se dijo, es uno de aquellos que la Corte ha estimado subsanables sólo si se reúnen determinados requisitos respecto de la formación de la ley que esta juzgando.
Ahora bien, en el caso bajo estudio, es preciso considerar distintos factores relevantes para determinar si el vicio señalado – el incumplimiento del requisito establecido en el artículo 8 citado durante el segundo debate del proyecto de ley en la Plenaria del Senado – es subsanable o no lo es: (i) el cumplimiento de las etapas básicas y estructurales del proceso legislativo, establecidas en el artículo 157 de la Carta; (ii) el contexto dentro del cual se presentó el vicio; (iii) la garantía de los derechos de las minorías a lo largo del debate parlamentario y del principio democrático en la votación del proyecto de ley; (iv) el tipo de ley de que se trata y su evolución a lo largo del debate parlamentario.
En conclusión, el vicio en mención se constituye como la inadvertencia de un requisito constitucional que en consideración a las características globales del procedimiento legislativo que se surtió en este caso, es de carácter subsanable.”
[31] Sentencia C-930 de 2005 MP: Jaime Córdoba Triviño SV: Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Álvaro Tafur Galvis
[32] Sentencia C-930 de 2005 MP: Jaime Córdoba Triviño SV: Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Álvaro Tafur Galvis. “Por ende, la regla subyacente a las consideraciones de la Corte en la sentencia mencionada consiste en que el requisito del anuncio de la votación deja de cumplirse cuando se rompe la secuencia de citaciones y anuncios, evento en el cual la votación se lleva a cabo en una sesión distinta a la que fue anunciada, esto es, contrario a lo dispuesto en el inciso final del artículo 160 C.P.
En definitiva, para el presente caso se está ante un vicio de procedimiento, derivado del incumplimiento manifiesto del requisito previsto en el inciso final del artículo 160 C.P. Esta infracción, habida cuenta de su relevancia constitucional, el momento del trámite legislativo en que ocurrió y las particulares condiciones del caso, constituye una irregularidad de carácter insubsanable que genera la inexequibilidad de la Ley 943 de 2005.”
[33] Auto 207 de 2005 MP: Rodrigo Escobar Gil. SV Clara Inés Vargas Hernández, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Córdoba Triviño, Jaime Araujo Rentería.
[34] Auto 207 de 2005 MP: Rodrigo Escobar Gil. SV Clara Inés Vargas Hernández, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Córdoba Triviño, Jaime Araujo Rentería. “De los hechos anteriormente descritos, es evidente que la votación del proyecto tuvo lugar en una sesión distinta a aquella en que previamente se había anunciado. En efecto, el aviso para ser discutido y aprobado el proyecto de ley se hizo para la sesión del 17 de junio de 2004. No obstante, su aprobación se aplazó hasta la sesión del 18 del mismo mes y año, sin que previamente se hubiese reiterado dicho anuncio en la sesión correspondiente al 17 de junio”.
[35] Auto 207 de 2005 MP: Rodrigo Escobar Gil. SV Clara Inés Vargas Hernández, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Córdoba Triviño, Jaime Araujo Rentería. “En estos casos, los principios democrático y de instrumentalidad de las formas, conducen a sostener que el hecho de no reiterar un anuncio, cuando previamente éste se ha realizado, no puede consolidarse como un vicio insubsanable de procedimiento en la formación de ley, pues es claro que dicha omisión no compromete ni el diseño de la forma como el constituyente previó el desarrollo de la función legislativa, ni los pilares del sistema democrático, ni la obligaciones de publicidad, conocimiento y de debate previo de los proyectos de ley. De donde resulta que, una conclusión en sentido contrario, sacrificaría la primacía de lo sustancial sobre lo formal, imponiendo trabas claramente desproporcionadas a la producción democrática como expresión de la democracia representativa en el Estado Social de Derecho.
Así las cosas, la Corte procederá a reiterar lo expuesto en el Auto 089 de 2005, que concluyó que el vicio consistente en la ruptura de la secuencia temporal del aviso, por sí solo, es un vicio subsanable.”
[36] Sentencia C-241 de 2006 MP: Rodrigo Escobar Gil.
[37] Sentencia C-241 de 2006 MP: Rodrigo Escobar Gil. ““(…)la Corte considera preciso señalar que en el presente caso se sigue la jurisprudencia de la Corporación en la medida en que el vicio de la Ley en análisis se constituye por la indeterminabilidad de la finalidad del anuncio. En efecto, la expresión “que más tendríamos para el día de hoy o para mañana” contiene tanto una indeterminación temporal como una imprecisión y una vaguedad de tal entidad que se concluye que no se dio cumplimiento a lo previsto en el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003. La forma en que se citó a los parlamentarios en el primer anuncio no cumple la finalidad prevista en el Acto Legislativo 01 de 2003, artículo 8, sino que la desvirtúa. Por ende, se configura un defecto procedimental que conlleva la inconstitucionalidad de la ley aprobatoria del tratado objeto de revisión constitucional.
Para finalizar, la Corte debe analizar si el vicio que se presenta es o no subsanable. En virtud de que el vicio se presentó al inicio del trámite del proyecto de ley, siguiendo la jurisprudencia de esta Corporación (Auto A-089/05 fundamentado en lo determinado en las Sentencias C-737/01 y C-760/01), éste se torna insubsanable. Lo anterior, toda vez que sería casi equiparable devolver el proyecto para que fuera subsanado el vicio que retirar del ordenamiento la ley en estudio para que se le dé nuevo trámite en el Congreso.”
[38] La regla subyacente consiste en que el requisito del anuncio de la votación deja de cumplirse cuando se rompe la secuencia de citaciones y anuncios, evento en el cual la votación se lleva a cabo en una sesión distinta a la que fue anunciada, esto es, contrario a lo dispuesto en el inciso final del artículo 160 C.P.
[39] No obstante, de acuerdo a la sentencia C-241 de 2006 (MP: Rodrigo Escobar Gil) existe una posición sólida en cuanto a que si bien la omisión del anuncio previo establecido en el artículo 160 de la Constitución es en principio subsanable lo anterior no es posible si el vicio se presenta en el primero de los debates en el Senado.
[40] Sentencias C-400 de 2004 MP: Humberto Sierra Porto. SV: Manuel José Cepeda, Álvaro Tafur Galvis, Marco Gerardo Monroy Cabra, Rodrigo Escobar Gil; C-241 de 2006 MP: Rodrigo Escobar Gil.
[41] Auto 088 de 2005 MP: Álvaro Tafur Galvis SV: Clara Inés Vargas Hernández, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Araujo Rentería, Jaime Córdoba Triviño; Auto 089 de 2005 MP: Manuel José Cepeda Espinosa SV: Clara Inés Vargas Hernández, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Araujo Rentería, Jaime Córdoba Triviño; Auto 207 de 2005 MP: Rodrigo Escobar Gil. SV: Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Córdoba Triviño, Clara Inés Vargas Hernández.
[42] Sentencia C-333 de 2004 MP: Jaime Córdoba Triviño SV: Manuel José Cepeda Espinosa, Marco Gerardo Monroy Cabra, Rodrigo Escobar Gil y Álvaro Tafur Galvis; C-930 de 2005 MP: Jaime Córdoba Triviño. SV Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Álvaro Tafur Galvis.
[43] Sentencias C-533 de 2004 MP: Álvaro Tafur Galvis SV: Jaime Araujo Rentería (irregularidad en la votación de la Plenaria de la Cámara de Representantes); C-661 de 2004 MP: Marco Gerardo Monroy Cabra AV: Jaime Araujo Rentería (irregularidad en la votación de la Plenaria del Senado); C-780 de 2004 MP: Jaime Córdoba Triviño SV: Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra (irregularidad en el primer debate en la Cámara de Representantes).
[44] Sentencia C-737 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynnett. En el mismo sentido ver la Sentencia C- 872 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynnett A.V. de los Magistrados Alfredo Beltrán Sierra y Jaime Araujo Rentería. Los lineamientos trazados son: “El principio de la instrumentalidad de las formas procesales y la posibilidad de saneamiento de vicios en la formación de las leyes.
Así, en primer término, es claro que no toda vulneración de una regla sobre la formación de las leyes, contenida en la Constitución o en el respectivo Reglamento del Congreso, acarrea ineluctablemente la invalidez de la ley y su declaración de inconstitucionalidad. En efecto, en determinados casos, puede tratarse de una irregularidad irrelevante, en la medida en que no vulnera ningún principio ni valor constitucional, y en especial no llega a afectar el proceso de formación de la voluntad democrática en las cámaras, ni desconoce el contenido básico institucional diseñado por la Carta. En tales casos, esa irregularidad, en sentido estricto, no configura un verdadero vicio en la formación de la ley, tal y como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia nacionales y extranjeras. (….)
28. En segundo término, en otros eventos, puede ocurrir que el vicio exista, pero sea convalidado en el proceso mismo de formación de la ley, en la medida en que se haya cumplido el propósito que la regla de procedimiento pretendía proteger, o la irregularidad haya sido expresamente subsanada por una autoridad que tenía competencia para efectuar ese saneamiento. (…)
En tal contexto, si un vicio de procedimiento existió pero fue convalidado, es obvio que, en función de la prevalencia del derecho sustancial (CP art. 228), no tiene sentido que la Corte declare la inconstitucionalidad de la disposición acusada. 29. En tercer término, puede ocurrir que exista un vicio en la formación de la ley, y éste no haya sido convalidado, pero la Corte constate que el vicio puede ser subsanado durante la revisión de constitucionalidad de la ley. En tal evento, la Carta expresamente establece que el juez constitucional debe devolver la norma sujeta a control a la autoridad que lo profirió para que, de ser posible, ésta proceda a subsanarlo (CP art 241 par). En esos casos, mientras se surte ese trámite, la ley continúa vigente. Y efectivamente, en varias oportunidades, esta Corte ha devuelto al Congreso y al Gobierno, leyes sometidas a control para que un vicio de procedimiento fuera subsanado.
30. Finalmente, puede ocurrir que existan vicios en el proceso de formación de la ley, y que éstos no hayan sido convalidados en el trámite legislativo, pero pueden ser subsanados por la misma Corte Constitucional, al pronunciarse ésta sobre la norma en cuestión. Por ejemplo, cuando a una ley ordinaria se le ha impartido el trámite legislativo propio de una ley orgánica: en casos así, la Corte ha considerado que existe, efectivamente, un vicio, por cuanto, tal y como se expresó en la sentencia C-025/93, “el principio democrático obliga a interpretar restrictivamente los procedimientos especiales que aparejan mayorías calificadas y que, en cierta medida, petrifican el ordenamiento jurídico e impiden el desarrollo de un proceso político librado al predominio de la mayoría simple, que garantiza cabalmente su libertad y apertura”. En estas situaciones, la Corte cuenta con la posibilidad de subsanar directamente el vicio detectado, constatando que se trata materialmente de una ley de naturaleza ordinaria, y declarando su constitucionalidad bajo tal entendido(…)
32. Con todo, la Corte precisa que en cada una de las anteriores hipótesis, la posibilidad de saneamiento que otorga el ordenamiento jurídico se debe interpretar y ejercer en forma razonable; en otras palabras, no puede otorgarse a dicha facultad un alcance tan amplio, que acabe por desnaturalizar la noción misma de vicio del procedimiento legislativo. Para que se pueda hablar de un vicio saneable en el procedimiento de formación de la ley, es necesario que, cuando menos, se haya cumplido con las etapas estructurales de tal procedimiento, puesto que la omisión de éstas -por ejemplo, la pretermisión de los debates ante alguna de las Cámaras legislativas-, hace imposible hablar de un procedimiento legislativo como tal -y, en consecuencia, impide considerar la omisión respectiva como un vicio-. En efecto, en esos eventos no habría propiamente un vicio del procedimiento en la formación de la ley sino una ausencia o inexistencia de procedimiento, que no puede ser subsanada. Por lo mismo, es imposible catalogar como “saneamiento” lo que, en realidad, equivale a la repetición de toda una etapa del trámite legislativo, ya que de lo contrario, se terminaría por burlar los mismos fines sustantivos que el principio de instrumentalidad de las formas pretende preservar.”
[45] Ley 5 de 1992. Artículo 204. Los proyectos de ley orgánica, ley estatutaria, ley de presupuesto, ley sobre derechos humanos y ley sobre tratados internacionales se tramitarán por el procedimiento legislativo ordinario o común, con las especialidades establecidas en la Constitución y en el presente Reglamento.
[46] Constitución Política Artículo 150. ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: 16. Aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados.
[47] Criterios aplicados en Auto 089 de 2005 MP: Manuel José Cepeda Espinosa; Auto 207 de 2005 MP: Rodrigo Escobar Gil.

References: artículo 8
 artículo 241
 artículo 11
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 3
 artículo 9
 artículo 15
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 25
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 7

ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 241
 artículo 8
 artículo 154
 artículo 8
 artículo 160
 artículo 8
 artículo 8
 Artículo 8
 artículo 8
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 8
 artículo 157
 artículo 160
 artículo 204
 artículo 154
 artículo 19
 artículo 42
 artículo 64
 artículo 4
 artículo 160
 artículo 80
 artículo 160
 artículo 157
 artículo 241
 artículo 241
 artículo 160
 artículo 241
 artículo 8
 artículo 157
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 160
 artículo 160
 Artículo 204
 Artículo 150