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Timestamp: 2019-11-21 10:20:15+00:00

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El agente encubierto en la LeCrim – Anna Almécija Casanova
El agente encubierto en la LeCrim
“Ante la creciente peligrosidad que genera la actuación de organizaciones criminales, las técnicas policiales tradicionales devienen obsoletas, anacrónicas o insuficientes por lo que se emplean otros recursos e instrumentos novedosos, tales como la infiltración policial, el agente encubierto o policía infiltrado, la figura del arrepentido, el delator, el denunciante anónimo, el confidente, en aras a una eficaz prevención y represión del crimen organizado. A esas técnicas cabe añadir el uso policial de las redes sociales explorando y explotando la ingente información procedente de las mismas gestionando el caudal informativo emanado de las comunidades virtuales y que pueda tener un interés policial, así como la denominada prueba pericial de inteligencia policial” (SAP, Barcelona, 9-7-2013)
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, realizada por la Ley 13/2015, de 5 de octubre, realiza una modificación del artículo 262 bis de dicho texto legal, precepto que regula la figura del “agente encubierto” (incorporado a nuestro ordenamiento jurídico por la Ley Orgánica 5/1999, de 13 de enero)
En investigaciones que afectan a actividades propias de la delincuencia organizada, el Juez de Instrucción competente o el Ministerio Fiscal dando cuenta inmediata al Juez, pueden autorizar a funcionarios de la Policía Judicial, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación, a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los mismos.
La resolución por la que se acuerde debe consignar el nombre verdadero del agente y la identidad supuesta con la que actuará en el caso concreto. La resolución será reservada y deberá conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad.
Los funcionarios de la Policía Judicial que hayan actuado en una investigación con identidad falsa la podrán mantener cuando testifiquen en el proceso que pudiera derivarse de los hechos en que hubieran intervenido y siempre que así se acuerde mediante resolución judicial motivada.
De forma expresa la Ley de Enjuiciamiento Criminal indica que ningún funcionario de la Policía puede ser obligado a actuar como agente encubierto.
Cuando las actuaciones de investigación puedan afectar a los derechos fundamentales, el agente encubierto debe solicitar del órgano judicial competente las autorizaciones que, al respecto, establezca la Constitución y la Ley, así como cumplir las demás previsiones legales aplicables.
Se considera como delincuencia organizada la asociación de tres o más personas para realizar, de forma permanente o reiterada, conductas que tengan como fin cometer alguno o algunos de los delitos siguientes:
b) Delito de secuestro de personas previsto en
los artículos 164 a 166 del Código Penal.
El agente encubierto está exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una provocación al delito.
El juez de instrucción podrá autorizar a funcionarios de la Policía Judicial para actuar bajo identidad supuesta en comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación con el fin de esclarecer alguno de los delitos que se han enumerado “o cualquier delito de los previstos en el artículo 588 ter a”, que a su vez, remite al 579.1 para concretar que se refiere a:
Como novedad, tras la última reforma, se regula la figura del agente encubierto informático, quien, con autorización específica para ello, podrá intercambiar o enviar por sí mismo archivos ilícitos por razón de su contenido y analizar los resultados de los algoritmos aplicados para la identificación de dichos archivos ilícitos.
Además, se añade un séptimo apartado al 262 bis, en el que se indica que en el curso de una investigación llevada a cabo mediante agente encubierto, el juez competente puede autorizar la obtención de imágenes y la grabación de las conversaciones que puedan mantenerse en los encuentros previstos entre el agente y el investigado, aun cuando se desarrollen en el interior de un domicilio.
penal, seguridad pública
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El portal de una finca no constituye “domicilio”
La radicalización yihadista puede fundamentar la expulsión del extranjero regular, aún habiéndose archivado el procedimiento penal

References: artículo 262
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 588