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Timestamp: 2019-01-16 18:15:40+00:00

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III. CONCLUSIÓN - Sentencia c-329/15 Bogotá D. C
Sentencia c-329/15 Bogotá D. C
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El ciudadano Diego Alejandro Pérez Parra, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad solicita que se declaren inexequibles las expresiones: “por los jueces administrativos” y “Los autos a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 relacionados anteriormente, serán apelables cuando sean proferidos por los tribunales administrativos en primera instancia”, contenidas en el artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por la vulnerar (i) el fin esencial del Estado de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (CP, 2), dado que no se garantiza el derecho de apelar ciertos autos que, cuando son proferidos por jueces administrativos, sí son apelables; y (ii) el derecho a recibir la misma protección y trato de las autoridades y a gozar de los mismos derechos (CP, 13), dado que algunas personas sí pueden apelar determinadas providencias judiciales, mientras que otras no pueden apelar las mismas providencias judiciales, cuando son dictadas por tribunales administrativos.
La aptitud sustancial de la demanda. En el auto admisorio de la demanda sólo se admitió el cargo relativo a la vulneración de los artículos 2 y 13 de la Constitución, ya que si bien se mencionó también como vulnerados los artículos 29 y 229 de la Constitución, sobre ellos no se desarrolló ningún concepto de la violación. La demanda parte de la base cierta de que las expresiones demandadas establecen una diferencia de trato respecto de la apelación de providencias judiciales, a partir de cuál sea la autoridad que las dicta. A partir de esta base argumenta que dicha diferencia de trato carece de justificación constitucional, pues asume que se basa en la cuantía, en el sentido de tratar peor a las personas cuyas pretensiones sean de una cuantía más alta, con lo cual satisface el mínimo argumentativo de especificidad. Aunque se centra en la diferencia de trato, lo que hace evidente la relación de la demanda con el derecho a la igualdad, esto no implica que la demanda incumpla el mínimo argumentativo de suficiencia, pues sus argumentos también pueden predicarse del fin esencial del Estado de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.
3. Problema jurídico-constitucional.
Las expresiones: “por los jueces administrativos” y “Los autos a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 relacionados anteriormente, serán apelables cuando sean proferidos por los tribunales administrativos en primera instancia”, contenidas en el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, que regulan el recurso de apelación de providencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y por los tribunales contencioso administrativos, ¿vulneran el fin esencial del Estado de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (art. 2 CP) y el derecho a la igualdad de trato (art. 13 CP), en razón de la diferencia que establecen respecto del recurso de apelación de autos?
3. Cargos: vulneración del fin esencial del Estado de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (art. 2 CP) y del derecho a la igualdad de trato (art. 13 CP).
Por razones metodológicas se hizo un análisis conjunto de los dos cargos planteados. En este análisis se estudió el margen de configuración del legislador en materia procesal, en especial en materia de recursos y de medios de defensa disponibles contra actos de las autoridades judiciales; la igualdad como valor, principio y derecho; el juicio integrado de igualdad, sus etapas de análisis y las modalidades del test de igualdad. A partir de estos parámetros, se descendió al caso concreto (i) para precisar que la enunciación del artículo 243 del CPACA no es taxativa, pues existen otras providencias que son apelables; (ii) para advertir la existencia de algunas antinomias en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en materia del recurso de apelación, y dejar en claro que el auto que rechaza de plano la liquidación de la condena es apelable y que tanto el auto que acepta como el que niega la intervención de un tercero, también son apelables; (iii) para señalar que los autos no apelables, cuando se trata de un tribunal administrativo, no son proferidos por la sala de decisión sino por el magistrado ponente; y (iv) para determinar cuál sería el recurso procedente frente a los referidos autos que no son apelables. Dentro de este contexto, conforme a la metodología del juicio integrado de igualdad, (i) se estableció el criterio de comparación y se analizó los factores de semejanza y de diferencia entre los dos supuestos comparables; (ii) se advirtió tanto en el plano fáctico como en el jurídico la existencia de una diferencia de trato; y (iii) se aplicó un test leve de igualdad, encontrando que tanto el fin como el medio son legítimos y que el medio es adecuado para lograr el fin. Además, se advirtió que de la circunstancia de que algunas providencias judiciales proferidas por el magistrado ponente no sean apelables, no se sigue que el Estado haya incumplido su deber de garantizar los derechos de las personas, dado que en esta materia tiene un amplio margen de configuración y que los hechos y de las circunstancias relacionadas con dichas providencias pueden ser puestos en conocimiento del Consejo de Estado en el trámite del recurso de apelación de la sentencia.
4. Razón de decisión.
Regular de distinta manera el recurso de apelación respecto de providencias judiciales que, dentro del conjunto de las providencias interlocutorias, no ponen fin a la actuación procesal ni tienen gran incidencia en ella, y que pueden considerarse en el trámite de la apelación de la sentencia o en el ámbito de otros mecanismos de protección de derechos, con fundamento en la autoridad que las profiere, con el fin de descongestionar al tribunal de cierre de una jurisdicción y, por tanto, garantizar un acceso a la justicia pronto y eficiente, constituye una diferencia de trato justificada en términos constitucionales.
Declarar EXEQUIBLES, por los cargos examinados, las expresiones: “por los jueces administrativos” y “Los autos a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 relacionados anteriormente, serán apelables cuando sean proferidos por los tribunales administrativos en primera instancia”, contenidas en el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
GABRIEL EDUARDOMENDOZA MARTELO
MIRIAM AVILA ROLDAN
A LA SENTENCIA C-329/15
Referencia: Expediente D-10483
Demanda de inconstitucionalidad contra las expresiones: “por los jueces administrativos” y “Los autos a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 relacionados anteriormente, serán apelables cuando sean proferidos por los tribunales administrativos en primera instancia”, contenidas en el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011.
Demandante: Diego Alejandro Pérez Parra
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, presento a continuación las razones que me conducen a aclarar mi voto en la decisión adoptada por la Sala Plena en sesión del 27 de mayo de 2015, que por votación mayoritaria profirió la sentencia C-329 de 2015 de la misma fecha.
La providencia en la que aclaro mi voto declaró exequibles las expresiones: “por los jueces administrativos” y “Los autos a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 relacionados anteriormente, serán apelables cuando sean proferidos por los tribunales administrativos en primera instancia”, contenidas en el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Las líneas argumentativas que sustentaron la sentencia de la referencia, gravitaron en torno a: i) el margen de configuración del Legislador en materia procesal; ii) el margen de configuración del Legislador para establecer recursos y medios de defensa disponibles contra los actos de las autoridades judiciales; iii) la igualdad como valor, principio y derecho; iv) juicio integrado de igualdad; y v) caso concreto.
Aunque comparto plenamente la decisión adoptada y los fundamentos de ella, en la parte motiva se consignó un aspecto con el que no estoy de acuerdo. En efecto, en la sentencia la Corte no se pronunció sobre los argumentos presentados por algunos de los intervinientes diferentes a los expuestos por el demandante. Por esta razón, me aparto de la concepción de control de constitucionalidad adoptada en la sentencia de la referencia, puesto que desconoció los argumentos manifestados por los intervinientes en el proceso, lo que ocasionó una restringida visión de la labor del juez constitucional como guardián e interprete autorizado de la Carta Política.
La unidad material de la Constitución
El control jurisdiccional de la constitucionalidad, ubica a los jueces como los defensores de la Constitución101. Ya lo advertía HAMILTON en los albures de la Constitución de Estados Unidos cuando manifestaba en “El Federalista” que:
“Una Constitución es de hecho una ley fundamental y así debe ser considerada por los jueces. A ellos pertenece, por lo tanto, determinar su significado, así como el de cualquier ley que provenga del legislativo. Y si ocurriere que entre las dos hay una discrepancia, deben preferir, como es natural, (…) la constitución a la ley ordinaria, la intención del pueblo a la intención de sus mandatarios.”102
La función de guardián de la Carta ejercida por la Corte Constitucional es guiada por el mismo Texto Superior que debe proteger, es decir, no tiene un fin en si mismo, sino que su objetivo es la eficacia de la Constitución en sentido material103. Así, la comprensión de la Constitución, según HESSE, parte de una perspectiva no formal sino material, en la que la “… Constitución es concebida como una unidad material”104
Esta concepción exige al intérprete autorizado de la Carta, cumplir su labor con estricto apego a la misma, en un ejercicio hermenéutico correcto a partir de la comprensión y entendimiento de la Constitución como unidad105. Así las cosas, el control material de constitucionalidad debe ser integral, lo que implica que la confrontación normativa y su correspondiente juicio de validez, debe asegurar la eficacia sistémica de la norma Superior y no limitarse a un control parcial de la Constitución, determinado por lo que rogadamente le presente la demanda que da inicio al proceso.
Las facultades de interpretación del juez de la constitucionalidad no se agotan en el contenido mismo de la demanda presentada por cualquier ciudadano; por el contrario, ese es el punto de partida para el ejercicio de su función de garante del orden constitucional que, se insiste, está condicionado a una comprensión de la Constitución como una unidad material y no fragmentaria.
El proceso de constitucionalidad desde una perspectiva socrática, participativa y deliberativa
El juicio de constitucionalidad adelantado por esta Corporación tiene como finalidad garantizar la eficacia material e integral de la Constitución. El proceso que se surte ante la Corte inicia con la demanda que puede presentar cualquier ciudadano, al considerar que el Texto Superior ha sido desconocido por una norma jurídica de inferior jerarquía.
Las cuestiones que se debaten en los juicios abstractos de constitucionalidad interesan a la comunidad en general, puesto que al activarse la jurisdicción se abre un escenario de debate sobre materias que importan a la sociedad y que pueden afectar la unidad política del Estado y el orden jurídico106.
Por esta razón, el proceso de control abstracto de constitucionalidad que se adelanta ante la Corte, permite la participación de cualquier ciudadano interesado en las materias que son de conocimiento de esta Corporación. De esta suerte “… el control judicial no garantiza a los individuos ningún tipo de resultado sustantivo. Pero les brinda la oportunidad concreta y efectiva de ser partícipes en las decisiones que se toman sobre sus derechos.”107
En ese orden de ideas, el proceso adelantado en esta Corporación tiene naturaleza participativa y deliberativa o en palabras de KUMM: “… el control judicial jugaría el rol de un interrogatorio de tipo socrático, en el cual el Estado debe dar argumentos que todos podrían razonablemente aceptar, y que- con frecuencia- permitiría descubrir ciertas patologías del sistema político, como las decisiones irreflexivas basadas sencillamente en la tradición, convenciones o simples preferencias, o aquellas basadas en concepciones del bien fuera de los límites de la razón pública.”108 (negrillas fuera de texto)
Si bien el juicio de constitucionalidad comienza a instancia de parte, sus etapas permiten la intervención de ciudadanos interesados en las materias objeto de control jurisdiccional, bajo un escenario de acceso a la justicia participativa y deliberativa y no restrictivamente rogada. La participación de los intervinientes en el proceso de constitucionalidad no es meramente formal, puesto que otorgan herramientas argumentativas valiosas al juez y amplían el margen de interpretación hacia una concepción de unidad material de la Carta.
La sentencia proferida por la Sala Plena de esta Corporación y de la que aclaro mi voto, no tuvo en cuenta lo manifestado por los intervinientes en el proceso, entre los que se encontraban entidades públicas, universidades, asociaciones civiles y ciudadanos, que mostraron su postura sobre la falta de aptitud de la demanda y sobre las posibles formas de la declaratoria de constitucionalidad de la norma cuestionada. En efecto, la Universidad de la Sabana cuestionó el concepto de violación expuesto en la demanda, en el sentido de que no se demostró que la distinción contenida en la norma fuera arbitraria. Por su parte, la Universidad de Caldas afirmó que el cargo formulado con base en el artículo 2º Superior, no reunía los requisitos mínimos de suficiencia. Estos argumentos no fueron considerados por la sentencia.
De otro lado, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, propuso a esta Corporación la declaratoria de exequibilidad condicionada de la norma acusada, con fundamento en que: “(…) la única interpretación admisible del artículo 243 es considerar que el legislador sustituyó el recurso de apelación por el recurso de súplica para los autos previstos en los numerales 5 al 9 de dicha norma.”, sin que la providencia proferida por la Corte realizara algún pronunciamiento al respecto.
Esta omisión implicó que la Corte: i) no realizó una interpretación integral del Texto Superior, eludiendo una concepción de unidad material de la Constitución; ii) desconoció el proceso de constitucionalidad como un escenario participativo y deliberativo material, en el que pueden intervenir todas las personas interesadas en la materia objeto de debate y que sus manifestaciones serán tenidas en cuenta por el juez constitucional, como expresión del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; y iii) consolidó un modelo de control constitucional restrictivo y rogado, que atenta contra la ontología de su labor como guardiana de la Carta.
1 Artículos 146 A –agregado por el artículo 61 de la Ley 1395 de 2010- y 181 del Código Contencioso Administrativo.
2 Sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, del 7 de diciembre de 2010, radicación 08001233100020090001902 (IJ).
3 El artículo 183 del C.C.A. disponía: “el recurso ordinario de súplica procederá en todas las instancias contra autos interlocutorios proferidos por el ponente; y el artículo 246 del CPACA dispone: “El recurso de súplica procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el Magistrado Ponente en el curso de la segunda o única instancia o durante el trámite de la apelación de un auto”:
4 Gaceta del Congreso 951 del 23 de noviembre de 2010.
5 Auto de Unificación de 25 de junio de 2014, Expediente 49.299.
6 Para este propósito sigue la Sentencia C-203 de 2011.
7 Para ilustrar este argumento, trae a cuento las Sentencias C-934 de 2006 y C-792 de 2014, en las cuales este tribunal estudió la constitucionalidad del juicio a los aforados por la Corte Suprema de Justicia.
8 Para ilustrar este argumento, se cita la Sentencia C-1104 de 2001, en la cual se precisa el alcance de este margen de configuración en materia de recursos dentro del proceso judicial.
9 Para soportar este argumento se emplea una excerta de la Sentencia C-454 de 2002.
10 Supra I, 3.7. y 3.8.
11 Supra I, 2.
12 Cfr. Sentencias C-680 de 1998, C-183 de 2007 y C-572 A de 2014.
13 Cfr. Sentencia C-562 de 1997.
14 Cfr. C-970 de 2000, C-157 y C-512 de 2013.
15 Cfr. Sentencia C-886 de 2004.
16 Cfr. Sentencias C-1512 de 2000 y C-012 de 2002.
17 Sentencia C-886 de 2004.
18 Artículo 228 de la Constitución.
19 Cfr. Sentencia C-728 de 2000.
20 Sentencia C-728 de 2000.
21 Sentencia C-111 de 2000.
22 Sentencia C-1270 de 2000.
23 Sentencia C-573 de 2003.
24 Sentencias C-345 de 1993, C-005 de 1996, C-742 de 1999, C-384 de 2000 y C-803 de 2000.
25 Cfr. Sentencia C-124 de 2011.
26 Cfr. Sentencias C-1104 de 2001, C-428 y C-973 de 2002, C-886 de 2004, C-1264 de 2005 y C-692 de 2008.
27 Supra II, 4.2.3.
28 Cfr. Artículos 29, 31 y 86.
29 Este contexto es el relevante para el caso sub examine, pues lo que se controvierte es la constitucionalidad de la norma que prevé la procedencia del recurso de apelación contra autos en el contexto del proceso contencioso administrativo. No obstante, conviene advertir que este tribunal también se ha ocupado de este asunto en otros contextos, como el de las funciones judiciales ejercidas por entes administrativos (Sentencia C-384 de 2000) y el del proceso administrativo (Sentencias C-742 de 1999, C-248 y C-401 de 2013).
30 Cfr. Sentencia C-005 de 1996.
31 Supra II, 4.2.2.
32 Sobre la diferencia entre valor, principio y derecho, ver las Sentencias T-406 de 1992, T-881 de 2002, C-818 de 2010 y C-250 de 2012.
33 Cfr. Sentencias C-862 de 2008, C-818 de 2010, C-250 de 2012, C-015, C-239, C-240 y C-811 de 2014.
34 Cfr. Sentencia C-862 de 2008.
35 Cfr. Sentencias C-818 de 2010 y C-250 de 2012.
36 Cfr. Sentencia C-093 de 2001.
37 Sentencia del 5 de agosto de 2008, párrafos 209 y 223.
38 Sentencia del 24 de agosto de 2010, párrafo 272.
39 Reiterada, entre otras, en la Sentencia del 6 de agosto de 2008 en el Caso Castañeda Gutman v. Estados Unidos Mexicanos, párrafo 211, y en la Sentencia del 28 de noviembre de 2012 en el Caso Artavia Murillo y otros (Fertilización in vitro) v. Costa Rica, párrafos 285, 438, 439, 440 y 441.
40 Sentencia del 24 de febrero de 2012, párrafo 79.
41 Cfr. Opinión Consultiva OC-4/84, supra nota 83, párr. 55.
42 Cfr. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr. 101 y Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek, supra nota 83, párr. 269.
43 La observación se ocupa de El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, y son relevantes los párrafos 7 y siguientes.
44 Párrafo 13.
45 Párrafo 14.
46 Sobre No discriminación, párrafos 7 y 8.
47 Comunicación 218 de 1986, párrafo 12.
48 Comunicación 406 de 1990, párrafo 7.3.
49 Comunicación 675 de 1995, párrafo 11.6.
50 Comunicación 819 de 1998, párrafos 10.2. y siguientes.
51 Comunicación 855 de 1999, párrafo 7.2.
52 Comunicación 919 de 2000, párrafos 6.7 y siguientes.
53 Cfr. Sentencias C-093 y C-673 de 2001 y C-862 de 2008.
54 Cfr. Sentencia C-093 de 2001.
55 Supra II, 4.1.

References: artículo 243
 artículo 243
 artículo 243
 artículo 243
 artículo 243
 artículo 243
 artículo 2
 artículo 243
 artículo 61
 artículo 183
 artículo 246
 Artículo 228