Source: http://elespiadigital.net/index.php/newsletter/newsletters-antiguos/303-la-reforma-constitucional-sobrevenida-al-final-de-la-ix-legislatura-evidencia-una-politica-nacional-incoherente-y-con-graves-derivas-de-incertidumbre
Timestamp: 2019-09-17 16:49:57+00:00

Document:
La reforma constitucional sobrevenida al final de la IX Legislatura, evidencia una política nacional incoherente y con graves derivas de incertidumbre
El control del déficit de las Administraciones Públicas se pudo instrumentar mediante ley orgánica e incluso ordinaria, sin necesidad de quemar una puesta al día de la Carta Magna más meditada y profunda
La reforma constitucional acordada por el Gobierno socialista y la entonces oposición mayoritaria del PP, mimetizó el modelo alemán, propio de un Estado Federal, señalando las “vías de agua” del actual Estado de las Autonomías
EDICIÓN (16/04/2012)
La monumental crisis económica arrastrada en la pasada legislatura, agravada por una incompetencia política general tan evidente como alarmante, no merece más comentarios descalificadores ni, mucho menos, sembrar con resbaladizas cáscaras de plátano el duro recorrido de quienes pretenden reconducirla. Si, como han creído PSOE y PP (Gobierno y Oposición en alternancia), el control del déficit estructural de las Administraciones Públicas, del que el primero de esos dos partidos es máximo responsable por activa y por pasiva, exigía una reforma sobrevenida de la Carta Magna, bienvenida sea. Y si esa coletilla constitucional satisfacía al “monstruo de los mercados”, como parece pensar Ángela Merkel, la canciller de Alemania convertida en factótum europea, mejor que mejor.
Lo importante en estos momentos de flagrante desconcierto global, político y económico, no es precisamente plantear disquisiciones sobre fondos y formas de la decisión tomada, que en sí misma tampoco sería la culpable del coma casi terminal que padece el “Estado del bienestar”, sino más bien su salvadora. Con la tormenta que está cayendo y el tsunami latente que todavía se intenta disolver sin mucho éxito, lo imperdonable sería seguir emulando políticamente a “Don Tancredo” (el personaje que se resguardaba de la furibunda embestida del toro bravo a base de inmovilismo) o cometer más equivocaciones de efectos irreversibles como las cometidas en la pasada legislatura.
Sin embargo, por pura educación y profilaxis política, sí que convendría matizar algunas opiniones vertidas en relación con la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, de 27 de septiembre de 2011, y destacar algunos acentos interesantes, inadvertidos por la miopía informativa del momento. La bronca política desatada por la iniciativa conjunta de los dos partidos mayoritarios, operación de consuno que paradójicamente todos sus críticos (CiU, IU, UPyD…) habían venido reclamando de forma insistente, da para mucho…
Para empezar, el “indignado” más llamativo al respecto fue el portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Durán i Lleida, quizás por la acreditada imagen que mantenía de político componedor y con cierto sentido de Estado, defensor de que “lo que es bueno para Cataluña también lo es para España”, aunque menos de su correspondencia inversa. La cuestión es que un político de su talla olvidara argumentar razonablemente su posición a favor o en contra de la reforma constitucional propuesta, supeditándola, en el fondo, al oportunismo de profundizar con ella, nada más y nada menos, que en la autodeterminación de los “països catalans”.
En su opinión, la reforma de la Constitución que pactaron PSOE y PP conlleva una “ruptura” del proceso constituyente y una agresión a CiU que vulnera el autogobierno de Cataluña. No obstante, parece que su profundo malestar se habría aplacado dejando que el control del gasto público del conjunto de las Administraciones Públicas fijado por el Congreso de los Diputados mediante una ley orgánica, que en cualquier caso habría de limitarlo a un 0,4 por 100 del PIB (con unos máximos para el propio Estado del 0,24 por 100 del producto interior bruto nacional y para cada Comunidad Autónoma del 0,4 por ciento de su propio producto interior bruto), lo establecieran las propias Comunidades Autónomas.
Es decir, con “más de lo mismo”. Pretendiendo, además, elevar el límite del déficit público pactado al 1,8 por 100 del PIB, afectándolo de forma conjunta al Estado y a las Comunidades Autónomas, y con un 0,4 por 100 adicional para los consistorios municipales, entendiendo que el peso del gasto lo soportan las Autonomías debido a las competencias transferidas… Es decir, propiciando más agujeros y vías de agua en el desmadre autonómico, envuelto, como siempre, en la falsa retórica del “sentido institucional” y en la permanente amenaza pan-catalanista del “choque de trenes”…
Por otra parte, a otros grupos políticos minoritarios (IU, ERC, PNV…) que no dejaron de rasgarse sus vestiduras democráticas por entender que la reforma constitucional no era meramente “técnica”, sino de serio calado y perjuicio social, exigiendo por tanto que se llevara a referéndum, habría que recordarles cuántas veces ellos mismos han permitido la conculcación de multitud de derechos constitucionales y principios democráticos en plena connivencia con los gobiernos de turno. Y en especial con sus apoyos a los gobiernos de Rodríguez Zapatero a cambio de más gollerías económicas en la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado durante las dos últimas legislaturas, generadores en última instancia de la lamentable situación que ahora padecemos.
¿Quiénes firmaron en diciembre de 2003 el impresentable y nefasto “Pacto del Tinell” del “todos contra el PP”…? ¿Quiénes aplaudieron las “llamadas inmigratorias” desorganizadas del Gobierno socialista que han saturado el mismo sistema asistencial que ahora tenemos prácticamente en quiebra…? ¿Quiénes han apoyado las reformas educativas del “título sin esfuerzo ni preparación”, creando toda una generación de inútiles profesionales, hoy por hoy irrecuperables para un sistema de producción competitivo…? ¿Quiénes se han manifestado mínimamente críticos con las mismas e innecesarias “operaciones de paz en escenarios de guerra abierta” decididas por el Gobierno socialista y que tan rabiosamente se echaron en cara al ex presidente Aznar…?
No se trata de echar leña al fuego de la exclusión política en momentos tan delicados, pero algunos inconformistas de ahora deberían saber que una cosa es predicar el constitucionalismo de ocasión y otra, muy distinta y previamente necesaria, el dar ejemplo sobre lo predicado, con la cuestión esencial de saber qué bagaje de credibilidad tiene o no tiene cada partido político para afrontar y consolidar el futuro de España. Concluida la segunda legislatura socialista de “barra libre”, ya no valen las insidias contra Aznar y ni siquiera los fantasmas de la “burbuja inmobiliaria”: la vida va muy deprisa y ocho años de mala praxis política dan de sí para indicar con claridad quiénes son los responsables de tener la economía española con la soga al cuello y quiénes apoyaron semejante fechoría, debiendo ser en consecuencia bien cautos y prudentes en sus declaraciones políticas…
Claro está que todo ello no impide ilustrar o advertir al PSOE y al PP sobre dos cuestiones vinculadas al procedimiento de reforma constitucional por el que optaron en la pasada legislatura.
La primera de ellas es que una mera ley orgánica, o incluso ordinaria, sólidamente pactada por los dos partidos mayoritarios, habría servido a los mismos efectos sin necesidad de pasar por la reforma constitucional. El precedente existe y no es otro que la antigua LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico), aprobada por las Cortes Españolas el 30 de julio de 1982 merced un pacto suscrito entre el PSOE y la UCD, que entre otras cosas pretendía realizar la transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas de forma progresiva, según la capacidad de cada una, hasta llegar a la equiparación de todas ellas.
Cierto es que el Gobierno Vasco, la Generalidad de Cataluña, CiU y el PNV contestaron la LOAPA mediante un recurso de inconstitucionalidad al considerar que los Estatutos, que son normas integrantes del bloque de constitucionalidad, no podían estar limitados por una ley estatal, y que el Tribunal Constitucional negó el carácter orgánico y armonizador de la ley, declarando inconstitucional 14 de los 38 artículos de la Ley (STC 76/1983). Sin embargo, el articulado declarado constitucional quedó incluido en la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico, desprovista de carácter armonizador u orgánico.
Además, también cabría preguntarse si otras leyes ordinarias u orgánicas vigentes en ámbito y materia similares al caso, son realmente legítimas y útiles: Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía (vigente hasta el 1 de enero de 2009); Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias; Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas…
Quizás, la vía de la reforma constitucional haya pretendido seguir la senda utilizada a los mismos efectos en Alemania, sin considerar la diferencia formal que existe entre aquel Estado Federal y nuestro Estado de las Autonomías. O tratar de evitar que el fondo de la cuestión (limitar el déficit de las Administraciones Públicas) se pudiera ver mediatizado, como la antigua LOAPA, por el Tribunal Constitucional, cosa que quedaría por ver.
La segunda cuestión a puntualizar se deriva de la anterior y no es otra que considerar la oportunidad de haber abierto el melón de la propia reforma constitucional, un proceso de necesidad latente incluso por causas ajenas a la contención del gasto de las Administraciones Públicas. Es decir, este apresurado y tal vez innecesario precedente, no ha hecho sino reavivar la polémica de una reforma más profunda de la Carta Magna, como ya vienen reclamando algunos especialistas en Derecho Político y Constitucional y buena parte de la opinión pública informada. Con todas las consecuencias implícitas sobre el modelo político vigente.
Aquí no vamos a profundizar en este peliagudo tema, pero a efectos de valorar el acierto o desacierto en el procedimiento de reforma constitucional pactado entre PSOE y PP al final de la IX Legislatura, y su oportunidad, baste una única referencia al artículo de opinión de Jorge de Esteban, catedrático de Derecho Constitucional, publicado en el diario “El Mundo” (27/08/2011) con el título “El desbloqueo de nuestra Constitución”.
Tras advertir que “la reciente reforma consensuada del artículo 135 de la Constitución podía ser un pequeño paso para nuestra maltrecha economía, pero un gran salto para la puesta al día de nuestro régimen constitucional”, Jorge de Esteban señalaba dos aspectos jurídico-políticos notorios de dicha modificación.
El primero es la mención que en el texto pactado se hace a la Unión Europea, a la que pertenecemos desde 1986, circunstancia ignorada por nuestra Constitución. Y el segundo es citar a las Comunidades Autónomas como un hecho adquirido, que hasta ahora aparecían en la Carta Magna sólo como una promesa de futuro.
Según Jorge de Esteban, la Constitución reconocía hasta ahora que podían existir Comunidades Autónomas, pero sin especificar cuántas ni cuáles son. Lo que, en su opinión, se desprende del artículo 135 modificado, es una consecuencia de enorme valor y trascendencia: el hecho de que todas las Comunidades en España son iguales, puesto que el tratamiento que este nuevo precepto establece a efectos de la estabilidad presupuestaria, es un requisito que iguala a todas ellas.
Y, en paralelo, señala que “sin embargo, este artículo [el 135 CE] no puede ser el único que se reforme, porque las deficiencias que se han puesto de manifiesto con la política llevada a cabo por el Gobierno socialista son necesariamente reparables y deben serlo lo antes posible”.
A continuación, el articulista detallaba una serie de precisiones y requisitos para llevar a cabo lo antes posible “otra reforma más profunda de la Constitución”. Así, el nuevo texto constitucional debería especificar que en España hay 17 Comunidades Autónomas y dos Ciudades con Estatuto de Autonomía, señalando el nombre de las mismas y las competencias que ejercen, dejando bien claro cuáles son las que el Estado se atribuye de forma irrevocable. También, según se afirma en el texto comentado, “habría que reformar el artículo 2, modificando el texto actual, cuando habla de ‘el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones’, sustituyendo este párrafo por las comunidades autónomas que integran la Nación española”.
Algunas de las cuestiones indicadas, y por supuesto la modificación del orden sucesorio de la Corona, a efectos de que pueda reinar el primogénito, sea varón o hembra, como la de otros artículos que de momento Jorge de Esteban no detallaba en su artículo, exigirían la aplicación del procedimiento agravado de reforma del artículo 168 CE. Ello implica que la reforma fuera aprobada por dos tercios de cada Cámara, nuevas elecciones generales, y aprobación respectivamente otra vez por las Cámaras elegidas, para después ser sometida al referéndum de la Nación…
De esta manera, precisaba Jorge de Esteban, “no sólo se lucharía contra el déficit económico, sino también contra el déficit democrático del que se quejan, con razón, las nuevas generaciones de españoles”.
Tras otras consideraciones políticas y de técnica jurídica, y abierto como decimos el melón de la reforma constitucional, se añaden la reforma del Senado, cambiando su representación provincial por la de las Comunidades Autónomas, y la del Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta que este alto organismo es el responsable de exigir su legalidad, en relación con lo que establece el citado artículo 135 reformado, y que, como se ha demostrado ya de forma reiterada, su politización impide el correcto funcionamiento del régimen constitucional español. A la vista de su propia y sucinta exposición, Jorge de Esteban concluye que “no sirve tapar una gotera únicamente, en un edificio en el que ya se han abierto otras muchas”.
En definitiva, y habiendo llegado con tanta rapidez PSOE y PP a un consenso político tan importante para el bien común como el del control del déficit de las Administraciones Públicas, nada tendría que impedir nuevos pactos de mayor necesidad y altura política en la presente legislatura, por encima del interés partidista y sin la excusa de tener que solventar de forma prioritaria los “rotos” de la crisis económica. Por ejemplo, creando una Comisión Mixta Congreso-Senado que estudie las propuestas pertinentes con sentido de Estado, rigor, distensión política y toda la urgencia y dedicación necesarias.
Ese sería el mejor camino para recuperar nuestra maltrecha democracia y abrir un horizonte de esperanza para el conjunto de la sociedad española y en particular para su juventud.
De hecho, estrellado contra el muro del irreversible desbarajuste en el gasto público, el teórico de la economía Cristóbal Montoro, que es al mismo tiempo ministro de Hacienda y de Administraciones Públicas, parece por fin decidido a “revisar, requilibrar y ordenar el Estado autonómico” (“El Mundo” 09/04/2012), considerando que “la crisis es una oportunidad para reformar y modernizar las estructuras, porque es una exigencia”. Es decir, para reformar en profundidad el Estado de las Autonomías, pese a quien pese. Quizás esa sea la última oportunidad que tienen el Gobierno y la Oposición para evitar la bancarrota nacional y lo que, en su caso, pudiera arrastrar.
Por otra parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, mucho más decidida a “agarrar el toro por los cuernos”, no ha dudado en lanzar una iniciativa política de verdadero peso para reconducir el Estado de las Autonomías. En una reunión que mantuvo el pasado 10 de abril con el presidente del Gobierno en la Moncloa, le instó oficialmente a que buscase un pacto de Estado con el PSOE para acometer una reforma profunda de las Administraciones Públicas, devolviendo competencias de las Comunidades Autónomas y cediendo a los ayuntamientos las de Transportes y Servicios Sociales, con el fin de ahorrar 48.000 millones de euros, según sus cálculos.
Además, Esperanza Aguirre transmitió al presidente del Gobierno que es “es vitalmente necesario adelgazar el Estado”. También le planteó que el erario público debe “dejar de sostener a todos los que pueden y deben sostenerse solos”, como los partidos políticos, las patronales o los sindicatos, así como las rentas altas.
Dos perfiles biográficos imprescindibles para analizar los sucesos golpistas del 23-F
Nuestra sección “Quién es quien” se amplía cada semana con nuevos personajes relevantes en el ámbito de la Defensa y la Seguridad.
En relación con los sucesos del 23-F, nuestra base de datos ya incorporaba los perfiles biográficos de sus principales protagonistas, aunque el análisis de aquella asonada y el intento de comprender su verdadera trama requieran un mayor esfuerzo informativo. Por ello, ahora publicamos las biografías de otros dos militares directamente implicados, aunque con consecuencias judiciales muy distintas, ya que en el Consejo de Guerra que juzgó la Causa 2/1981 uno fue condenado y el otro absuelto con todo tipo de pronunciamientos favorables.
Del primero, el comandante de Infantería diplomado en Estado Mayor Ricardo Pardo Zancada, entonces destinado en la División Acorazada “Brunete”, se conocían su especial admiración por la Corona y su lealtad personal al rey Juan Carlos, además de su vinculación al Opus Dei, como sucedía con el general Armada.
El segundo, José Luís Cortina, también comandante de Infantería diplomado en Estado Mayor, y a la sazón jefe de los servicios operativos del CESID, era el alter ego de su director técnico, el teniente coronel Javier Calderón, y compañero del Rey como miembros de la XIV Promoción de la Academia General Militar de Zaragoza.
Por otra parte, se incluyen un artículo de opinión del coronel Manuel Rey, en el que recoge los sabios consejos que el Conde de Marenches incluyó en su libro “Secretos de Estado” para utilidad de quienes fueran a dirigir un Servicio de Inteligencia, y otro de Fernando J. Muniesa, en el que analiza el llamativo “caso Urdangarin”, apuntando la posibilidad de que su proyección mediática y otras cuestiones conexas, encubran un “golpe de mano” contra la Corona.

References: artículo 135
 artículo 135
 artículo 135
 artículo 2
 artículo 168
 artículo 135