Source: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-178-06.htm
Timestamp: 2020-02-21 08:58:36+00:00

Document:
C-178-06
Como primer punto indican que se viola el principio de igualdad en la aplicación de la ley por cuanto “desconoce la LIBERTAD y la IGUALDAD como derechos inherentes y de derivaciones exclusiva de la DIGNIDAD HUMANA, donde expresamente “prohibe al legislador dar un trato distinto a las personas que se encuentran en un mismo supuesto de hecho””. Al respecto, transcribe el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para señalar que “En efecto, el “PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LA APLICACIÓN DE LA LEY” consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, establecido además como principio normativo de aplicación inmediata (Art. 85), que debe suponer la realización de un JUICIO DE IGUALDAD, que a su vez excluye y prohíbe: (1)Uso de determinados términos de comparación; (2)Prohibición a las autoridades de dispensar protección o trato diferente y discriminatorio; (3)Desconocer “la igualdad ante el ordenamiento jurídico y la igualdad ante la ley”” y transcribir nuevamente el inciso acusado.
Como segundo punto señalan que se infiere de la disposición constitucional violada que la libertad y la igualdad se derivan de la dignidad humana por lo que el Constituyente “consagró un “compromiso para garantizar a “todas las personas”, “la igualdad de oportunidades”, porque entre mayor sea la LIBERTAD y la IGUALDAD, más DIGNO será el hombre. Por ello, la Constitución “prohibe al legislador dar un trato distinto a las personas que se encuentran en un mismo supuesto de hecho”, crear DESIGUALDAD, como la consagrada en el inciso 3 del artículo 531 de la Ley 906 de 2004” y para el efecto transcribe y resalta algunos apartes de las sentencias C-606 de 1992 y T-491 de 1992.
A continuación, indican que resulta evidente el desconocimiento de la igualdad formal “porque esa IGUALDAD FORMAL consagrada expresamente en la CARTA POLITICA (ARTÍCULO 13), impone como consecuencias: 1) IGUALDAD COMO GENERALIZACION: (a)Igualdad ante situaciones iguales, (b)Igualdad frente a consecuencias jurídicas iguales; (c)Igualdad procesal; (d)Igual trámite procedimental para todos; Art. 2, 8, 30, 38, 42, 46, 91, y 95 (lo vemos desarrollado y designadas por la palabra “PERSONAS”) Art. 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 36, 49, 52, 54, 67, 69, 74, 79, 86, 87 Y 229 (designado por la locución “TODOS”); Art. 24, 35, 57, 70, 95 y 216; (designado por la palabra “LOS COLOMBIANOS”) Art. 12, 18, 29, y 33; (designada por la palabra “NADIE”) Art. 40, y 95 (designado por la expresión “CIUDADANO”). 2) IGUALDAD COMO EQUIPARACION (a)Igualdad de la mujer y el hombre; (b)Igualdad de derechos y deberes de las parejas Art. 42 y 43, es el fundamento de la seguridad jurídica. 3) IGUALDAD COMO DIFERENCIACION. Es la diferenciación entre distintos Art. 13, 2, 3. Art. 58, 95.9 y 362. Lo que permite inferir clara, concreta y expresamente, que la disposición acusada es susceptible de ser declarada inexequible, por “vulnerar y ser manifiestamente contraria u opuesta a la Constitución Política”, Porque desconoce “la igualdad ante el ordenamiento jurídicos y la igualdad ante la ley” (IGUALDAD FORMAL), toda vez que el principio de igualdad formal se identifica con el principio de LEGALIDAD y el principio de SEGURIDAD JURIDICA (Corte Constitucional, Sentencias C-565/1993; Sentencia C-530/1993). Proceden a transcribir y resaltar apartes de la Sentencia T-490 de 1992.
Luego señalan como punto número cuarto que resulta también evidente la vulneración de la igualdad ante el derecho “porque desde el punto de vista de la aplicación de la ley, se impone que esta sea aplicada de modo igual a todos aquellos que se encuentran en la misma situación contemplada por ella, sin que el operador jurídico pueda establecer diferencia alguna en razón de las personas como lo vemos contrariamente expresada en el artículo 531 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906/2004)”. Al efecto, transcribe los siguientes apartes de la Sentencia C-565 de 1993: “los medios los medios escogidos por el legislador no sólo deben guardar PROPORCIONALIDAD con los fines buscados por la norma, sino compartir su carácter de LEGITIMIDAD. Este principio busca que la medida NO SÓLO TENGA FUNDAMENTO LEGAL, sino que sea aplicada de tal manera que los INTERESES JURÍDICOS DE OTRAS PERSONAS O GRUPOS NO SE VEAN AFECTADOS, o que si ello sucede, lo sean en grado mínimo.”
Agregan que la norma acusada “vulnera el llamado “límite de los límites”, vale decir el “CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO”, por ello es evidente la VIOLACIÓN DEL CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO. Gracias a Dios la “Constitución es norma de norma y en todo caso de existir incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales” (ART. 4 C.N.), porque de no ser así, no solo sería la violación del PRINCIPIO DE IGUAL ANTE LA LEY (Art. 13, Art. 24 PACTO DE SAN JOSE (COSTA RICA), Ley 16 de 1972.), sino que, además se coloca en peligro el DEBIDO PROCESO (C.N. ART. 29)”. Al efecto, se procede a transcribir el artículo 29 de la Constitución y el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Como punto número quinto señalan que debe tenerse presente que la igualdad es un principio fundante del Estado social de derecho, que se erige en República unitaria y que tiene como fin el fortalecer la unidad de la Nación, donde no tiene cabida las desigualdades o discriminación que contiene el inciso acusado. Refieren a que no existe justificación objetiva y razonable que permita la desigualdad legal cuando el artículo 13 de la Carta desarrolla la igualdad como derecho y el Preámbulo la igualdad como principio fundante del Estado social vinculado como propósito del Estado, para concluir “si nuestra Carta Política desarrolla la IGUALDAD COMO DERECHO, no se justifica tal afectación a derechos fundamentales (Sentencia C-530/1993 y C-565/1993), mas aún cuando, no existe un VINCULO DE RACIONALIDAD Y PROPORCIONALIDAD, entre el tratamiento desigual, el supuesto de hecho y el fin que se persigue, cual es, el PROCESO DE DESCONGESTIÓN, DEPURACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROCESOS (Art. 531 Ley 906/2004)”. Proceden a transcribir y resaltar algunos apartes de la Sentencia C-565 de 1993.
Extraen también como consecuencia que desde el punto de vista de la igualdad formal “se evidencia una violación de las disposiciones constitucionales, porque la “finalidad y los efectos del tratamiento diferenciado” no está provisto de una JUSTIFICACIÓN OBJETIVA Y RAZONABLE, porque además no guardan un vínculo de RACIONALIDAD Y PROPORCIONALIDAD, porque no comparte un carácter de legitimidad, toda vez que no tiene FUNDAMENTO LEGAL que permita tal AFECTACIÓN”. Nuevamente proceden a transcribir y resaltar algunos apartes del Preámbulo de la Constitución para indicar que no está permitido que el legislador “establezca “distinciones o clasificaciones injustificadas de personas” o “categorías de delitos o delincuentes” que a la final son sometidos los procesados a un mismo PROCEDIMIENTO PENAL”.
En el punto siguiente anotan los ciudadanos que no tiene justificación legal la violación del principio de igualdad atendiendo lo que se dejó consignado en la exposición de motivos del proyecto de Acto Legislativo No. 237 de 2002-Cámara, publicado en la Gaceta No. 134 de 2002, en ejercicio de la función constituyente y de la potestad de diseñar la política criminal del Estado, de instituir un nuevo sistema de investigación, acusación y juzgamiento penal, como lo prevé los artículos 4 transitorio y 5. Añaden que “Un “nuevo sistema” donde “se ha concebido como solución eliminar de la FISCALIA LAS ACTUACIONES JUDICIALES DONDE SE COMPROMETAN DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS SINDICADOS, de manera que pueda dedicarse con toda su energía a investigar los delitos y acusar ante un juez a los posibles infractores de la ley penal” de tal manera que la finalidad de la implementación del “nuevo sistema” es la de GARANTIZAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS SINDICADOS, y no su desconocimiento”, para así transcribir y resaltar algunos apartes de la Sentencia C-873 de 2003.
Finalmente, los actores señalan “como CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN y prdicsar con “claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia” (SENTENCIA C-1123/04, Referencia: expediente D-5211, Demanda de inconstitucionalidad, Actor: EDGARDO JOSE HERNANDEZ MONTERO, Magistrado Ponente: Dr. JAIME CORDOBA TRIVIÑO), que la vulneración o violación que hace la norma demandada, del PRINCIPIO DE IGUALDAD, CARECE DE JUSTIFICACIÓN OBJETIVA Y RAZONABLE, ya que el criterio “personal” no puede ser tomado como pretexto para generar privilegios, también lo es que no resulta viable su consideración para introducir un TRATAMIENTO DISCRIMINATORIO a nivel procesal frente a iguales supuestos de hechos, por tanto podemos concluir que no existe una razón los suficientemente poderosa como para justificar ese TRATO DESIGUAL. (Sentencia C-445/98)”. Proceden a transcribir y resaltar apartes de la Sentencia C-445 de 1998.
Expone el señor Fiscal General de la Nación que la demanda no cumple con los requisitos de claridad, especificidad y suficiencia para que la Corte pueda proferir un fallo de fondo ya que “en ella puede leerse es la trascripción de sentencias, salvo en lo que al cargo del artículo 13 sobre derecho a la igualdad se refiere. Por ello, se solicita que respecto de las demás normas constitucionales invocadas se profiera una decisión inhibitoria por ausencia de concepto de violación”.
Luego de considerar que la norma demandada atiende una finalidad constitucionalmente legítima y que resulta proporcional concluye la interviniente que se está ante una excepción respecto de una serie de conductas que tienen una gran trascendencia social por afectar gravemente ciertos intereses de la sociedad y el Estado “y que, pese a la ineficiencia de la administración en perseguir a los sujetos activos de estos delitos, éstos no gozarán del beneficio de la prescripción de la acción penal debido a la naturaleza del delito mismo, la gravedad de la conducta y su trascendencia en la sociedad”.
Agrega que “el trato diferencial establecido en la disposición impugnada, además de encontrar sustento en una justificación objetiva y razonable cumple con el principio de racionalidad, pues existe adecuación de la medida adoptada a los fines perseguidos con ella ya que existe una conexión efectiva entre el tratamiento diferente dispuesto, las circunstancias específicas que lo motivaron y la finalidad buscada por el legislador. También se cumple con el requisito de la “relación de proporcionalidad”, toda vez que es resultado de un análisis previo entre los medios empleados y el fin de la medida adoptada…Así mismo, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con reiterados pronunciamientos …los derechos fundamentales no son absolutos…”.
Señala el interviniente que por la naturaleza, modalidad, bienes jurídicos afectados y en atención a las víctimas las hipótesis previstas en la norma acusada no se encuentran cubiertas por el beneficio de la prescripción extraordinaria por lo que no se está ante un trato discriminatorio sino diferenciado, atendiendo la política criminal del Estado y en desarrollo del ius puniendi.
Para el interviniente el inciso demandado no sólo es razonable y, por ende, respetuosa del contenido esencial del derecho fundamental a la igualdad, sino que además se encuentra inspirada en los principios constitucionales de equidad y eficiencia, “Ciertamente, el principio de equidad permite al legislador introducir, favor libertatis, un término ligeramente inferior de caducidad y prescripción para ciertas conductas punibles de menor entidad relativa, contribuyendo a que los delitos de mayor gravedad sean adecuadamente investigados y debidamente judicializados”.
A juicio del interviniente el examen de constitucionalidad del inciso demandado debe extenderse a todo el artículo, es decir, debe integrarse la unidad normativa en la medida que “no debe evaluarse la constitucionalidad de las excepciones sin antes determinar si las normas a las que se refieren se ajustan o no a las obligaciones del Estado en materia de administración de justicia. Si resulta inconstitucional reducir los términos de prescripción y caducidad o aplicar la prescripción respecto de ciertos procesos, con el argumento de la transición entre un régimen penal y otro, las excepciones a esa reducción no tienen fundamento. Asimismo, el resto del artículo que regula la materia debe ser examinado. De acuerdo con lo anterior, …en función de la obligación del Estado de administrar justicia, el artículo 531 debe ser declarado inconstitucional en su totalidad.”
Subsidiariamente, solicita a la Corte que el inciso acusado sea declarado exequible por cuanto “Como se indicó anteriormente en el punto 2.2, la declaratoria de inconstitucionalidad únicamente de dicho inciso traería efectos inconstitucionales, pues la prescripción se aplicaría respecto de las acciones por todos los delitos, independientemente de su gravedad. Teniendo en cuenta que el inciso 3 demandado busca exceptuar del régimen de transición aquellas conductas que el legislador consideró de mayor gravedad, mantener el inciso 3 demandado en el ordenamiento jurídico permitiría que, al menos, respecto de las conductas señaladas en dicha norma el Estado cumpliera con su deber de administrar justicia”.
En efecto, el Ministerio Público señala que los ciudadanos deben cumplir los requisitos mínimos fijados por el Legislador en la presentación de una acción de inconstitucionalidad, con la claridad y precisión necesaria que permita divisar y resolver un problema jurídico constitucional. Recuerda que conforme al numeral 3 del artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, debe exponerse las razones por las cuales se estima violadas determinadas disposiciones constitucionales, “es decir, el concepto de la violación, el cual, como lo ha venido precisando la Corte Constitucional, consiste en la exposición clara, cierta, específica, pertinente y suficiente de las razones por las cuales el actor considera que el contenido de la disposición constitucional es vulnerada por el precepto legal demandado (sentencia C-831-02).”
Luego de denotar el alcance de los requisitos de claridad, especificidad y suficiencia dado por la jurisprudencia constitucional, señala el Procurador General de la Nación que respecto de las demandas de inconstitucionalidad presentada por violación del derecho a la igualdad esta Corte ha señalado que no es suficiente la argumentación que se reduce a señalar que la norma demanda establece un trato discriminatorio ya que se debe señalar en forma concreta y clara “las consecuencias del tratamiento diferenciado establecido en la norma y las razones por las cuales estima que éste es injustificado y discriminatorio, y por tanto contradice a la Constitución. Es decir, cuando se propone un cargo por desconocimiento del principio de igualdad, es menester plantear los supuestos susceptibles de comparación, para determinar cuales son los que mereciendo trato igual, han recibido un trato divergente por voluntad del Legislador”.
A continuación, señala que en este caso se incumplieron estos requisitos por cuanto no se expuso el concepto de la violación que motive el debate jurídico constitucional de la norma acusada al no exponerse con suficiencia las razones por las cuales el texto demandado desconoce el artículo 13 de la Constitución. Agrega que no se observa argumentos ni razones de índole constitucional como tampoco se aprecia los supuestos fácticos o jurídicos a partir de los cuales se plantea el cargo por lo que no es posible identificar “cuál es la igualdad que reclama, cuál es el trato diferenciado que contempla la norma o con respecto a qué, y porqué ese trato diferenciado es injustificado o irrazonable y por tanto contrario a la Constitución. Los ciudadanos simplemente se limitan a plantear el cargo, más no desarrollan la argumentación que lo fundamenta y que daría lugar al debate constitucional”.
Concluye que resulta imposible realizar un estudio de fondo respecto de la norma parcialmente acusada, ni aún aplicando el principio pro actione ya que la sola formulación del cargo sin especificar el contenido normativo que produce efectos discriminatorios y las razones claras y concretas para calificarlo de irrazonable e injustificado, impiden al juez constitucional encontrar razones de índole constitucional para proceder al examen de constitucionalidad.
Esta carga mínima de argumentación que debe exponer el actor, resulta indispensable para la Corte por cuanto de no cumplirse podría llevar a un fallo inhibitorio por ineptitud sustancial de la demanda. No debe olvidarse que conforme al artículo 241 de la Constitución, no le corresponde a la Corte revisar oficiosamente las leyes sino examinar las que efectivamente hayan sido demandadas por los ciudadanos “lo cual implica que el trámite de la acción pública sólo puede adelantarse cuando efectivamente haya habido demanda, esto es, una acusación en debida forma de un ciudadano contra una norma legal.”[3] Es decir, implica también para los actores el deber de hacer un uso responsable de los mecanismos de participación ciudadana[4].
Ahora bien, de manera particular en cuanto al derecho a la igualdad, esta Corporación en Sentencia C-176 de 2004[6], consideró que dado que el concepto de igualdad es relacional y que por lo tanto el juicio de igualdad debe recaer sobre una pluralidad de elementos los cuales se denominan “términos de comparación”, resulta indispensable que la demanda de inconstitucionalidad señale con claridad los grupos involucrados objeto de comparación, el trato discriminatorio introducido por la disposición acusada y la razón por la cual se considera que no se justifica dicho tratamiento distinto. En efecto:
“… no es suficiente con sostener que las disposiciones objeto de controversia establecen un trato diferente frente a cierto grupo de personas y que ello es contrario al artículo 13 -tal y como lo pretenden las demandantes-. También es imprescindible que se expresen las razones por las cuales considera el acusador que la supuesta diferencia de trato resulta discriminatoria, sustentando tal discriminación con argumentos de constitucionalidad dirigidos a cuestionar el fundamento de la medida.
Esta última exigencia es necesaria si se tiene en cuenta que, de acuerdo con el criterio de interpretación fijado por este Tribunal, la realización de la igualdad no le impone al legislador la obligación de otorgar a todos los sujetos el mismo tratamiento jurídico, ya que no todos se encuentran bajo situaciones fácticas similares ni gozan de las mismas condiciones o prerrogativas personales e institucionales”.[7]
“…señalar con claridad los grupos involucrados, el trato introducido por las normas demandadas que genera la vulneración del derecho a la igualdad y qué justifica dar un tratamiento distinto al contenido en las normas acusadas.[8] (C-913 de 2004)
En este sentido la Corte acoge el planteamiento del Procurador General de la Nación, cuando expone que incluso aplicando el principio pro actione no se tiene presentada en debida forma la demanda, como se anota a continuación:
“…no es posible identificar cuál es la igualdad que reclama, cuál es el trato diferenciado que contempla la norma o con respecto a qué, y porqué ese trato diferenciado es injustificado o irrazonable y por tanto contrario a la Constitución. Los ciudadanos simplemente se limitan a plantear el cargo, más no desarrollan la argumentación que lo fundamenta y que daría lugar al debate constitucional.
…Ni aún aplicando el principio pro actione resultaría posible analizar la norma acusada, pues la sola formulación del cargo, sin especificar cuál es el contenido normativo que produce efectos discriminatorios y las razones claras y concretas para calificarlo como irrazonable e injustificado, no permiten al juez constitucional descubrir las razones de índole constitucional de quien ejerce esta acción pública. Así las cosas se solicitará a la Corte Constitucional inhibirse de dictar un pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de demanda.”
[2] Consúltese también las sentencias C-1031/02, C-332/03, C-1050 de 2004 y C-1082/05.
[4] El artículo 40, numeral 6, de la Constitución, señala: “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.”
[6] M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Consúltese también la sentencias C-913 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-1052 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-1115 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-1146 de 2004 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[7] C-1115 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[8] Entre otras sentencias, ver la C-673 de 2001 (MP: Manuel José Cepeda Espinosa).

References: artículo 1
 artículo 13
 artículo 531
 artículo 531
 artículo 29
 artículo 24
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 531
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 241
 artículo 13
 artículo 40