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Timestamp: 2018-06-24 07:09:21+00:00

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educción por arrendamiento de vivienda habitual por menores de treinta y cinco años: justificados los requisitos materiales para la aplicación de la deducción, el incumplimiento de un requisito formal, como es estar en posesión de una copia del resguardo del depósito de la fianza, no puede considerarse relevante para denegar el derecho a aplicar la deducción. - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Deducción por arrendamiento de vivienda habitual por menores de treinta y cinco años: justificados los requisitos materiales para la aplicación de la deducción, el incumplimiento de un requisito formal, como es estar en posesión de una copia del resguardo del depósito de la fianza, no puede considerarse relevante para denegar el derecho a aplicar la deducción.
STSJ de Castilla y León/Burgos, de 30 mayo 2017.
Arrendamientos urbanos. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Tributos Estatales. Gestión tributaria.
Recurso contencioso-administrativo 175/2016
Ponente:Ilmo. Sr. D. VALENTIN JESUS VARONA GUTIERREZ
T.S.J. CASTILLA-LEON SALA CON/AD S-2
SENTENCIA : 00102/2017
Sentencia Nº: 102/2017
Fecha Sentencia : 30/05/2017
Recurso Nº : 175 / 2016
En la Ciudad de Burgos a treinta de mayo de dos mil diecisiete.
En el recurso contencioso administrativo número 175/2016 interpuesto por Doña Angelica representada por el Procurador Don Alejandro José Junco Petrement y defendida por el Letrado Don Santiago Herrero Antón, contra la resolución de del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, Sala de Burgos de 16 de septiembre de 2016 por la que se desestima la reclamación económico-administrativa seguida con el nº NUM000 contra el acuerdo de la Jefa de la Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación de Segovia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 31 de agosto de 2015 por el que se desestima el recurso de reposición con referencia NUM001 interpuesto contra el acuerdo del mismo órgano de 16 de julio de 2015 por el que se desestima la solicitud de 16 de abril de 2015, de rectificación de autoliquidación del Impuesto sobre la renta de las personas físicas del ejercicio 2013 presentada en su momento, solicitando la devolución de 450 euros; habiendo comparecido como parte demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado en virtud de la representación y defensa que por ley ostenta.
PRIMERO - Por la parte demandante se interpuso recurso contencioso administrativo ante esta Sala el día 2 de noviembre de 2016.
Admitido a trámite el recurso se dio al mismo la publicidad legal, se reclamó el expediente administrativo; recibido, se confirió traslado al recurrente para que formalizara la demanda, lo que efectuó en legal forma por medio de escrito de fecha 22 de diciembre de 2016 que en lo sustancial se da por reproducido y en el que terminaba suplicando se dicte sentencia por la que:
1) Se revoque y deje sin efecto la resolución de 16 de septiembre de 2.016 , del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León por la que se desestima la reclamación económico administrativa deducida contra el acuerdo que desestima el recurso de reposición deducido frente a acuerdo que desestima la solicitud de rectificación de la autoliquidación presentada por el concepto de impuesto sobre la renta de las personas físicas del ejercicio 2.013 en la que se solicitó una devolución por importe de 450 € n° registro AEAT : RGE NUM006 ).
2) Consecuencia de lo anterior, se acuerde reconocer a mi mandante el derecho a disfrutar de la deducción fiscal solicitada por importe de 650, 23 euros., de los que 200,23 € están percibidos, quedando un remanente a pagar a Doña Angelica de cuatrocientos cincuenta euros (450 €) y, por ello, se condene a la Agencia Tributaria a estar y pasar por tales pronunciamientos y, por lo tanto, se condene a tal administración al pago de tal cantidad a aquélla más los intereses de demora pertinentes. Con expresa imposición de costas a la demandada.
SEGUNDO - Se confirió traslado de la demanda por termino legal a la parte demandada que contestó a la demanda a medio de escrito de 1 de febrero de 2017 oponiéndose al recurso solicitando la desestimación del mismo en base a los fundamentos jurídicos que aduce.
TERCERO - Una vez dictado Decreto de fijación de cuantía, y habiéndose denegado el recibimiento del pleito a prueba, tras la presentación de conclusiones escritas, quedaron los autos conclusos para sentencia, y no pudiéndose dictar ésta en el plazo de diez días previsto en el art. 67.1 de la Ley 29/98 ( RCL 1998, 1741 ) , al existir recursos pendientes de señalamiento para Votación y Fallo con preferencia, y puesto que el art. 64.3 de la misma Ley , establece que tal señalamiento se ajustará al orden expresado en el apartado 1 del artículo anterior y existiendo en la Sala recursos conclusos de fecha anterior, y por tanto con preferencia para efectuar su señalamiento al de este recurso, quedaron los autos pendientes de señalamiento de día para Votación y Fallo, para cuando por orden de declaración de conclusos correspondiese, habiéndose señalado el día 25 de mayo de 2017 para votación y fallo, lo que se efectuó. Se han observado las prescripciones legales en la tramitación de este recurso.
Es objeto del presente recurso contencioso administrativo la resolución de del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, Sala de Burgos de 16 de septiembre de 2016 por la que se desestima la reclamación económico-administrativa seguida con el nº NUM000 contra el acuerdo de la Jefa de la Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación de Segovia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 31 de agosto de 2015 por el que se desestima el recurso de reposición con referencia NUM001 interpuesto contra el acuerdo del mismo órgano de 16 de julio de 2015 por el que se desestima la solicitud de 16 de abril de 2015, de rectificación de autoliquidación del Impuesto sobre la renta de las personas físicas del ejercicio 2013 presentada en su momento, solicitando la devolución de 450 euros.
Funda la recurrente sus pretensiones en que siendo menor de 35 años en el ejercicio 2013, en el que paso a residir con fecha 1 de abril de 2013 en la vivienda sita en Madrid, CALLE000 nº NUM002 - NUM003 ), en virtud de contrato de arrendamiento por el que pagó en el ejercicio 2013 2.250 euros, a razón de 250 euros mensuales por los 9 meses del ejercicio, por aplicación del art. 8 del Decreto Legislativo 1/2010 de 21 de octubre de 2010 ( LCM 2010, 336 y 355) del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Texto Refundido de Disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, tendría derecho a la práctica de la deducción prevista en dicho artículo, que no fue aplicada en su declaración del IRPF del ejercicio 2013, por lo que solicitó la rectificación de su autoliquidación y la devolución de la cantidad correspondiente que consideraba que era 450 euros.
Que denegada inicialmente la solicitud de rectificación por propuesta de resolución de 15 de junio de 2015 por no quedar acreditada la residencia en el domicilio de Madrid, y tras aportar documentación consistente en contrato de arrendamiento, justificantes de pago del alquiler, contratos de trabajo y certificado del arrendador, fue desestimada la solicitud de rectificación de la autoliquidación por resolución de 16 de julio de 2015 , por no haber cumplido con la obligación de comunicar el cambio de domicilio y por superar los 35 años. Y tras interponer recurso de reposición en agosto de 2015 fue desestimado por resolución de 31 de agosto de 2015 por no quedar acreditado que la fianza constituida en su momento fuera depositada en el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid, incumpliendo los requisitos previstos en el art. 18 del Decreto Legislativo 1/2010 de la Comunidad de Madrid . Interpuesta reclamación económico-administrativa la misma es desestimada por ajustarse las resoluciones recurridas a los requisitos exigidos por la normativa en el ejercicio 2013.
Alega en definitiva que no habiendo sido impugnada por la administración la documentación aportada como alegación a la propuesta de denegación inicial, conforme a los art. 34.1 , 2 y 16 de la Ley 58/2003 ( RCL 2003, 2945 ) General Tributaria no puede denegarse el derecho a la deducción por no haber acreditado el depósito de la fianza del alquiler, por no serle exigible aportar un documento que no tiene responsabilidad de tramitar al corresponder al arrendador dicho depósito, como de hecho reconoce el propio art, 18.4.c) al admitir que se acredite poseer copia de la denuncia presentada ante dicho organismo por no haberles entregado dicho justificante el arrendador, por lo que debe accederse a la rectificación de la autoliquidación y reconocerle el derecho a la devolución solicitada.
A dicho recurso y las pretensiones en él formuladas, se opone la Administración demandada partiendo de las previsiones del art. 10 de la LGT ( RCL 2003, 2945 ) sobre la vigencia temporal de las normas, lo que aplica a la redacción del art. 18.4.c) del Decreto legislativo 1/2010 de la Comunidad de Madrid que preveía en cuanto al requisito de depósito de la fianza constituida, que a tales efectos, el contribuyente deberá obtener una copia del resguardo de depósito de la fianza, sin que el recurrente acompañase a la solicitud de rectificación el cumplimiento de ese requisito, sin que la carga que ello supone haya sido declarada inconstitucional.
El análisis de las pretensiones de la recurrente exige partir de los hechos que quedan acreditados del expediente y así tenemos que con fecha 22 de abril de 2014 la recurrente presentó por Internet autoliquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas del ejercicio 2013, en el que se hace constar como Domicilio la CALLE001 NUM004 , NUM005 Segovia 40003, con un resultado a devolver de 200,23 €. Haciendo constar como Comunidad o Ciudad Autónoma de residencia la Comunidad Autónoma de Madrid.
Con fecha 16 de abril de 2015 la hoy actora solicitó rectificación de la autoliquidación y devolución de la cantidad resultante, por no haber aplicado, en su momento, la deducción por residencia en vivienda alquilada en Madrid desde el 1 de abril de 2013, siendo menor de 35 años.
El 15 de junio de 2015 la Jefa de la Dependencia de Gestión Tributaria, de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Segovia emitió propuesta de resolución con traslado para alegaciones en la que se hace constar: " Que el solicitante no presenta la documentación necesaria para la tramitación del expediente (contrato de arrendamiento de la vivienda que constituye su residencia habitual, justificante de los pagos realizados por el arrendamiento de la vivienda en el ejercicio 2013 y documentación acreditativa de que la vivienda arrendada constituye su residencia habitual en el ejercicio 2013) por lo que, en base a lo expuesto, no procede efectuar la rectificación solicitada ."
Con fecha 10 de julio de 2015 aunque calificándolo como recurso de reposición, la actora presentó alegaciones a la propuesta de resolución aportando documentación entre la que se encuentra un contrato de arrendamiento de habitación suscrito el 1 de abril de 2013, justificantes bancario del pago de las rentas y escrito firmado por el arrendador, Ceferino , de fecha 29 de junio de 2015, en el que se hacía constar el arrendamiento, los pagos, la efectiva ocupación de la vivienda, por la hoy actora, desde el contrato hasta el día de la fecha.
Con fecha 16 de Julio de 2015 la Jefa de la Dependencia de Gestión Tributaria, de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Segovia dicta resolución por la que haciendo constar por un lado que: " En este caso, según la base de datos de la Agencia Tributaria, se comprueba que la contribuyente tiene su domicilio en la CALLE001 , NUM004 Ptl. NUM004 - NUM005 de Segovia desde el 13 de mayo de 2010, sin que se haya modificado posteriormente por la interesada, por lo que las notificaciones se efectuarán en el domicilio que conste de la interesada, en este caso, Segovia". Y por otro que: " En este caso, la contribuyente aporta contrato de arrendamiento en el que consta que entrega 250 euros en concepto de fianza, con la obligación del arrendador de su depósito legal, sin que haya acreditado el depósito de la misma en el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid según se ha indicado en el apartado anterior" ( se refiere a la cita del art. 18 del Decreto Legislativo 1/2010 de la Comunidad de Madrid que exige que el arrendatario acredite que se ha constituido depósito de la fianza en el INVIMA). Tras citar, evidentemente por error preceptos sobre edad y requisitos exigibles en Castilla y León para el año 2007, acordaba desestimar la solicitud de rectificación.
Interpuesto recurso de reposición con fecha 28 de agosto de 2015 fue desestimado por resolución de 31 de agosto de 2015 en la que se hace constar: En este caso, la contribuyente aporta contrato de arrendamiento de 1 de abril de 2013 en el que consta que entrega 250 euros en concepto de fianza, con la obligación del arrendador de su depósito legal, sin que se haya acreditado el depósito de la misma en el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid al día de la fecha (Agosto de 2015)según se ha indicado en el apartado anterior, por tanto no se cumplirían los requisitos necesarios para aplicar la deducción autonómica por alquiler de vivienda, no procediendo la deducción indicada ."
Con fecha 16 de septiembre de 2015 la recurrente interpuso reclamación económico administrativa contra la resolución desestimatoria de la reposición acompañando a la misma copia de denuncia formulada con fecha 24 de agosto de 2015 ante el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid, contra el arrendador de la vivienda por no haberle entregado copia del depósito de la fianza constituido en legal forma.
Por resolución de 16 de septiembre de 2016 el Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León Sala de Burgos desestima la reclamación económico- administrativa seguida con el nº NUM000 , resolución que es objeto del presente recurso jurisdiccional.
Con su demanda el recurrente aporta nuevamente toda la documentación presentada en vía administrativa, contrato de arrendamiento, justificantes de pago de alquiler, contratos de trabajo, documento suscrito por el arrendador, denuncia ante el INVIMA y las declaraciones de la renta de los ejercicios 2014 y 2015, en las que ha aplicado la deducción y ha sido reconocida la misma, devolviéndose por la Administración las cantidades resultantes a devolver.
Con estas premisas fácticas podemos entrar a analizar las pretensiones de la recurrente, y para ello como pone de manifiesto el Abogado del Estado reiterando lo declarado por el TEAR en su resolución hemos de recordar que efectivamente el art. 10 de la LGT ( RCL 2003, 2945 ) 58/2003 establece: 1. Las normas tributarias entrarán en vigor a los veinte días naturales de su completa publicación en el boletín oficial que corresponda, si en ellas no se dispone otra cosa, y se aplicarán por plazo indefinido, salvo que se fije un plazo determinado.
Ello supone que estando ante una pretensión de rectificación de autoliquidación del IRPF del ejercicio 2013, hemos de estar a las previsiones legales vigentes en dicho ejercicio, y así tenemos que el art.8 del Decreto Legislativo 1/2010 de 21 de octubre de 2010 ( LCM 2010, 336 y 355) del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Texto Refundido de Disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, establece a propósito de la Deducción por arrendamiento de vivienda habitual por menores de treinta y cinco años: Los contribuyentes menores de treinta y cinco años podrán deducir el 20 por 100, con un máximo de 840 euros, de las cantidades que hayan satisfecho en el período impositivo por el arrendamiento de su vivienda habitual. Solo se tendrá derecho a la deducción cuando las cantidades abonadas por el arrendamiento de la vivienda habitual superen el 10 por 100 de la base imponible, entendiendo como tal la suma de la base imponible general y la del ahorro del contribuyente .
Norma que habría de completarse con las previsiones del art. 18 del mismo texto legal , en la redacción vigente para el ejercicio 2013, cuando sobre los Límites y requisitos formales aplicables a determinadas deducciones , dice: 1. Solo tendrán derecho a la aplicación de las deducciones establecidas en los artículos 4, 6, 7, 8 y 10 aquellos contribuyentes cuya base imponible, entendiendo como tal la suma de la base imponible general y la del ahorro, no sea superior a 25.620 euros en tributación individual o a 36.200 euros en tributación conjunta.
c) La deducción establecida en el artículo 8 requerirá la acreditación del depósito de la fianza correspondiente al alquiler en el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid formalizado por el arrendador, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre ( RCL 1994, 3272 ) , de Arrendamientos Urbanos, y en el Decreto 181/1996, de 5 de diciembre ( LCM 1996, 403 ) , por el que se regula el régimen de depósito de fianzas de arrendamientos en la Comunidad de Madrid. A tales efectos, el contribuyente deberá obtener una copia del resguardo de depósito de la fianza.
Pero no podemos perder de vista que la redacción de esta letra varia a partir de la Ley 4/2014 de 22 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, que en su art. 1 apartado Cuarto que establece: La letra c del apartado 4 del artículo 18 queda redactada como sigue :
c) Los contribuyentes que pretendan aplicar la deducción establecida en el artículo 8 deberán estar en posesión de una copia del resguardo del depósito de la fianza en el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid formalizado por el arrendador, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre , de Arrendamientos Urbanos, y en el Decreto 181/1996, de 5 de diciembre, por el que se regula el régimen de depósito de fianzas de arrendamientos en la Comunidad de Madrid,o bien poseer copia de la denuncia presentada ante dicho organismo por no haberles entregado dicho justificante el arrendador .
Esta variación, se justifica en el preámbulo de la ley, como una modificación de los requisitos formales para la aplicación de la deducción por arrendamiento de la vivienda habitual.
Con lo que se califica de formal el requisito, que no sustancial, como ha diferenciado la Jurisprudencia, de cara a la exigibilidad del cumplimento de la condición cuando queda acreditado que, el presupuesto que justifica el disfrute del beneficio fiscal, está acreditado.
Ello unido a que, como pone de manifiesto la recurrente, no puede hacerse depender el disfrute de un beneficio tributario, como es la deducción prevista en el art. 8 del Decreto Legislativo citado, del cumplimiento de una obligación legal por un tercero, que es lo que justifica la modificación de la norma para facilitar la efectividad del disfrute del beneficio fiscal. Y a que, a la vista de las declaraciones de los ejercicios 2014 y 2015, para los que la recurrente, en sus autoliquidaciones, se aplicó la misma deducción sin haber aportado la copia del resguardo de la disposición de la fianza, sin que se haya puesto reparo a la devolución solicitada, que consta abonada, y lo que es más importante, estando acreditados los hechos que determinan la deducción que se solicita, alquiler de la vivienda habitual por un menor de treinta y cinco años en la Comunidad de Madrid, está claro que efectivamente resultan justificados los requisitos materiales que justifican la aplicación de la deducción en la cuota sin que el incumplimiento de un requisito formal, como es estar en posesión de una copia del resguardo del depósito de la fianza, pueda considerarse relevante para el reconocimiento del derecho a aplicar la deducción pretendida que queda justificada al concurrir los presupuestos materiales que determinan el nacimiento del derecho a deducir como son la existencia de arrendamiento de la vivienda habitual de la recurrente.
Procede por ello estimar el recurso y reconocer el derecho de la recurrente a rectificar la autoliquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas del ejercicio 2013, reconociéndole el derecho a aplicar la deducción por alquiler de vivienda habitual prevista en el art. 8 del Decreto Legislativo 1/2010 del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid , y el derecho a la devolución de la cantidad solicitada 450 euros con los intereses legales correspondientes.
ÚLTIMO.- De conformidad con lo establecido en el art. 139.1 de la LJCA ( RCL 1998, 1741 ) , según redacción dada al mismo por la Ley 37/2011 ( RCL 2011, 1846 ) , se considera que concurren circunstancias que determinan que no proceda una especial imposición de las costas procesales a la Administración demandada, pese a la estimación del recurso, dada la concurrencia de los presupuestos establecidos en dicho precepto para realizar tal pronunciamiento.
Estimar el recurso contencioso administrativo nº 175/2016 interpuesto por Doña Angelica representada por el Procurador Don Alejandro José Junco Petrement y defendida por el Letrado Don Santiago Herrero Antón, contra la resolución de del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, Sala de Burgos de 16 de septiembre de 2016 por la que se desestima la reclamación económico- administrativa seguida con el nº NUM000 que se describe en el encabezamiento de la presente sentencia que se revoca por contraria a derecho junto con aquellas de las que trae causa, reconociendo en su lugar el derecho de la recurrente a rectificar la autoliquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas del ejercicio 2013, aplicando la deducción por alquiler de vivienda habitual prevista en el art. 8 del Decreto Legislativo 1/2010 del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid , y el derecho a la devolución de la cantidad solicitada, 450 euros, con los intereses legales correspondientes.
La presente sentencia es susceptible de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y/o ante la Sección de Casación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de conformidad con lo previsto en el art. 86.1 y 3 de la LJCA ( RCL 1998, 1741 ) , en su redacción dada por la LO 7/2015 de 21 de julio ( RCL 2015, 1128 ) y siempre y cuando el recurso, como señala el art. 88.2 y 3 de dicha Ley , presente interés casacional objetivo para la formación de Jurisprudencia; mencionado recurso de casación se preparará ante esta Sala en el plazo de los treinta días siguientes a la notificación de esta sentencia y en la forma señalada en el art. 89.2 de la LJCA .

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
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 artículo 8
 artículo 36
 artículo 18
 artículo 8
 artículo 36
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