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Timestamp: 2020-05-29 04:45:04+00:00

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Pacto sucesorio - Auñamendi Eusko Entziklopedia
El legislador prevé diversos mecanismos jurídicos de ordenación sucesoria. El propio causante puede diseñar el tránsito sucesorio de su patrimonio y, en defecto de dicha ordenación, será el legislador quien decida el destino de los derechos y obligaciones transmisibles del de cuius. A la primera se le denomina sucesión voluntaria, que tiene lugar cuando el diseño del tránsito hereditario lo efectúa el mismo causante recurriendo a los instrumentos que al efecto ofrece el legislador. Cuando dicha ordenación voluntaria no tiene lugar, se pone en marcha la sucesión legal, esto es, el conjunto de reglas legales que prefijan el destino sucesorio del patrimonio del causante. La ordenación sucesoria puede ser, asimismo, mixta; cuando una parte del diseño corresponde al causante y la otra al legislador.
El causante cuenta, pues, con diversos instrumentos legales para acometer la ordenación post mortem de su patrimonio: testamento (unipersonal o mancomunado), ordenación por comisario y pacto sucesorio. Este último tiene como objetivo el diseño pactado o acordado de la sucesión del causante. A diferencia del testamento, el pacto permite al de cuius, en vida de éste, ordenar su sucesión junto a sus sucesores, pactando con uno o varios de ellos el tránsito generacional de su patrimonio. El causante y el sucesor (o los sucesores) deciden, por tanto, mediante acuerdo, el destino post mortem de los bienes del de cuius, estableciendo en el mismo pacto, las cláusulas, reservas, condiciones y cargas que estimen convenientes. Mientras que el testamento es un mecanismo de ordenación sucesoria esencialmente revocable, el pacto sucesorio es un acuerdo bilateral: un contrato. Al menos dos voluntades se unen en el diseño sucesorio: la del causante y la del sucesor. Ambos acuerdan el tránsito hereditario de la masa patrimonial del causante (o de parte de ella), y, justamente, dicha bilateralidad es la que confiere a la ordenación efectuada mediante pacto un carácter, en principio, irrevocable. Los contratantes no podrán, en virtud del acuerdo alcanzado, alterar, arbitrariamente, lo estipulado en el pacto, ya que para ello será necesaria -salvo excepciones legales o paccionadas-, la concurrencia de ambas voluntades.
El pacto sucesorio ha experimentado un desarrollo similar en Euskal Herria, en otros ordenamientos civiles autonómicos y en diversas regulaciones europeas: los cónyuges que ostentan la titularidad de una explotación familiar, al llegar a una avanzada edad, se ven necesitados de ayuda y colaboración en los trabajos de la casa y optan por escoger, entre su descendencia, al hijo o hija que vaya a sucederles en el 'gobierno' del acervo familiar, sin que en dicha elección rija el principio de masculinidad ni primogenitura. Generalmente, es con ocasión del matrimonio del hijo elegido, cuando los padres y el matrimonio joven pactan sobre la ordenación de la explotación familiar, e instrumentan las capitulaciones matrimoniales para la plasmación de dicha ordenación: los padres atribuyen al hijo o hija la propiedad de la casa y de la explotación, reservándose para sí el usufructo de todo o parte de lo transferido [o la plena propiedad, recayendo, entonces, sobre el sucesor la obligación de mantener a los causantes], pudiendo establecer los efectos de dicha atribución patrimonial desde la firma del pacto o con eficacia diferida al momento de la muerte del titular. En la transmisión con eficacia diferida el heredero no adquiere derecho actual sobre los bienes en concreto, sino únicamente la seguridad que le proporciona el carácter 'irrevocable' de lo acordado; reforzado, en su caso, por el pacto de indisponibilidad sobre los bienes a falta de mutuo acuerdo. Por el contrario, en la institución de presente, además de los efectos generales de todo heredamiento, se transmite in actu la nuda (o plena) propiedad de todos los bienes. En cualquier caso, la ordenación pactada del tránsito sucesorio del acervo familiar, en vida del causante, posibilita la comunidad de vida entre los contratantes y, gracias a ésta, la progresiva y adecuada asunción, por parte del descendiente instituido, de la gestión y gobierno de la explotación. La mecánica expuesta se reproduce, generación tras generación; dibujándose una cadena en la transmisión íntegra e indivisa del patrimonio ancestral.
En efecto, la premisa que durante siglos ha guiado la funcionalidad del pacto sucesorio no es otra que la transmisión generacional íntegra e indivisa del patrimonio familiar, condición indispensable de supervivencia en sociedades rurales basadas en el auto-abastecimiento. Fundamentalmente, son dos los pilares que garantizan el éxito de la mencionada cadena de transmisión generacional: 1) De un lado, la regulación que los ordenamientos jurídicos que contemplan el pacto como instrumento de ordenación sucesoria recogen en torno a la sucesión forzosa; eliminando su carácter material (Navarra y Ayala), o, en su caso, tras prever porcentajes concretos de asignación individual o colectiva, posibilitando el sistema de sucesor único (Bizkaia y Gipuzkoa); 2) De otro lado, la seguridad que ofrece el contrato sucesorio al instituido, atendida la imposibilidad de alterar, arbitraria y unilateralmente, lo acordado en el mismo. Éste adquiere la preparación necesaria para asumir la dirección de la explotación familiar de manos de los instituyentes y en vida de éstos, para, así, tras su muerte, subrogarse en la posición que ocupaban sin que la producción de la casa deba interrumpirse, ya que el instituido sabe, desde la firma del contrato, que la gestión de la casa y el sostenimiento del grupo familiar recaerá en él.
Durante siglos, el pacto sucesorio ha sido, en muchos sistemas jurídicos, el instrumento jurídico más utilizado para diseñar el tránsito sucesorio del acervo familiar. En sociedades agrícolas o ganaderas, sustentadas por un sistema económico de mero auto-abastecimiento, la indivisibilidad del patrimonio familiar garantiza la supervivencia del grupo doméstico extenso que se asienta sobre aquél. El núcleo familiar se presenta, hasta bien entrado el siglo XX, como unidad de producción y consumo: la tierra y los elementos anejos a ésta constituyen, en esencia, la base económica del grupo doméstico que viven en ella. El caserío familiar se configura como el 'centro de operaciones' de la singular sociedad que gira en torno a él, entendiendo por tal a todo el complejo de la explotación agrícola, ganadera o artesanal destinada a procurar el sustento de los miembros de la unidad familiar que depende de ella. La integridad e indivisibilidad de la explotación familiar se convierte, así, en una imprescindible garantía para la supervivencia del grupo doméstico, permitiendo que la casa permanezca incólume ante la escalonada subrogación que se produce en la persona de su titular. Ese es, precisamente, el éxito atribuido al sistema de sucesor único, añorado por ordenamientos que han tratado de emularlo, de una u otra forma, ante la improductividad de un excesivo minifundismo acuciado por la rigidez jurídica en la distribución mortis causa del patrimonio del causante.
La enumeración de las características del pacto sucesorio como instrumento de ordenación sucesoria parte, pues, de su bilateralidad. Y de su naturaleza mortis causa, al tener como objeto el diseño del tránsito sucesorio del patrimonio del de cuius. Se trata, en definitiva, de un negocio jurídico dispositivo cuya validez demanda forma pública, pudiendo contener en su seno toda clase de cláusulas, reservas, condiciones y cargas que los contratantes estimen oportunas. En principio, lo pactado por las partes deviene irrevocable, si bien es cierto que los ordenamientos jurídicos que contemplan y regulan el contrato sucesorio como mecanismo de ordenación, recogen, asimismo, la posibilidad de que el causante pueda revocar la designación efectuada en supuestos concretos y tasados. Oportunidad que resulta coherente con la principal función de la sucesión contractual como mecanismo que articula la transmisión generacional del patrimonio familiar; toda vez que, incumpliendo el sucesor la obligaciones asumidas o resultando perjudicial la convivencia entre los contratantes, el de cuius debe poder modificar la decisión adoptada en pro de la supervivencia del grupo y de la casa.
Con todo, la doctrina opta por una clasificación trimembre en lo tocante a la tipología del contrato sucesorio: pactos institutivos, positivos o de suceder; pactos renunciativos o de no suceder y pactos dispositivos o sobre la herencia de un tercero.
Mediante el pacto de suceder, el causante compromete la sucesión de la totalidad o parte de su patrimonio con el sucesor, condicionando la adquisición de la misma a la supervivencia de éste respecto de aquél. Los contratantes pueden instituirse recíprocamente herederos e incluso instituir como tal a una tercera persona, sin perjuicio de que ésta previamente hubiera sido, o no, llamada a la herencia por cualquier otro título. La principal diferencia con el testamento radica en la bilateralidad de su génesis, que contrasta la esencial revocabilidad del instrumento testamentario con la 'irrevocabilidad' del paccionado.
El pacto de no suceder, por el contrario, es considerado como una renuncia contractual por parte del sucesor a los derechos que le pudieran corresponder en la sucesión, aún no abierta, de una persona viva. En este caso el disponente es el potencial sucesor, que renuncia a su expectativa para el momento en que la sucesión se defiera. Este tipo de pacto sucesorio es empleado, fundamentalmente, en los ordenamientos jurídicos que contemplan sistemas legitimarios de carácter material e individual sin articular la posibilidad de transmitir todo el patrimonio familiar a un solo sucesor, funcionando, a menudo, como antesala de pactos institutivos a favor del elegido que no renuncia a su expectativa sucesoria.
En el pacto dispositivo, son tres los protagonistas del esquema negocial: el causante, el sucesor que renuncia a su expectativa sucesoria en la herencia de aquél y el tercero que adquiere, generalmente a cambio de precio, lo renunciado por el sucesor. En cuanto a su estructura, este pacto resulta similar al renunciativo, toda vez que el de cuius consiente la renuncia del sucesor y la cesión de lo que a éste pudiera corresponderle en favor de un tercero.
Orígenes del pacto sucesorio
El pacto es el más antiguo mecanismo de ordenación sucesoria, habiéndose adelantado incluso a la aparición del testamento. Así lo revelan textos babilónicos cuneiformes del siglo VII antes de Cristo y textos provenientes del Derecho medo, asirio, griego y egipcio. La conocida máxima ambulatoria est enim voluntas defuncti usque ad vitae supremun exitum no se formula hasta la época clásica e, incluso con posterioridad a la enunciación del principio, en el Derecho romano hay claros atisbos de diseño sucesorio paccionado. Históricamente, la voluntad del individuo como fuente creadora de relaciones jurídicas no encuentra graves dificultades para hacerse hueco en la esfera de los actos inter vivos. No obtiene el mismo reconocimiento de eficacia cuando se proyecta hacia el futuro, de manera que sus efectos han de producirse sólo después de la muerte del que emite tal voluntad, cuando éste ya no existe. Por ello, y ante la carencia de instrumentos jurídicos específicos para dicha función, es comprensible que la voluntad mortis causa comience a plasmarse mediante instituciones consagradas, como la compraventa y la adopción, en las que cabe invocar la concurrencia entre las voluntades otorgantes. Progresivamente se va reconociendo la eficacia de la voluntad mortis causa unilateral, manifestada en un nuevo y funcional instrumento jurídico: el testamento, llamado a surtir sus efectos únicamente a partir de la muerte del testador. En vida de éste, la voluntad que, en su caso, se haya declarado, no alcanzará eficacia de ningún tipo. Bajo la máxima que proclama la ambulatoriedad de la voluntad testamentaria, el testador podrá variar su diseño sucesorio cuantas veces desee hasta el final de sus días. Este principio se protegerá celosamente, rechazándose, de plano, las figuras que provocan o exigen la inmutabilidad de la voluntad mortis causa, y, señaladamente, los pactos sucesorios.
Por el contrario, muy distinta es la evolución de los pactos sucesorios en los Derechos germánicos, pues siendo éstos esencialmente consuetudinarios, posibilitan que la sucesión paccionada sea admitida con carácter general en sus ordenamientos jurídicos. De esta forma queda dibujada una dualidad de regímenes respecto de la admisión de los pactos sucesorios: de una parte, el sistema latino, que veta la sucesión contractual aunque tolera los pactos otorgados por razón de matrimonio; y de la otra, el sistema germano, que admite ampliamente los pactos sobre la sucesión. Esta dualidad de sistemas perdura en nuestros días. Las legislaciones contemporáneas siguen direcciones diferentes respecto de la permisión y regulación en materia de sucesión contractual: mientras los sistemas de raíz germánica mantienen un criterio general permisivo, así en el Derecho alemán, suizo y austriaco, para los entroncados en la línea del Derecho romano es regla la prohibición, como ocurre en Italia, Francia, España y Portugal [aunque en los últimos años, reformas legales de calado permiten sugerir una aproximación hacia la flexibilidad del pacto como instrumento canalizador de la sucesión mortis causa de la empresa familiar: en Francia, la Ley 2006-278, de 23 de junio de 2006; y en Italia, la Ley de 14 de febrero de 2006].
El pacto sucesorio en el Código civil español de 1889
Como se ha apuntado con anterioridad, es notoria la diferencia existente entre la regulación contenida en el Código civil español de 1889 y los vigentes ordenamientos civiles autonómicos vascos, en torno a la sucesión contractual. El primero, salvo tasados y excepcionales supuestos, cierra la puerta al pacto como mecanismo de ordenación sucesoria de carácter voluntario, mientras que los segundos la admiten y regulan a tal efecto. Plasmemos dicho contraste.
El Código civil es contrario a la admisión de los contratos sucesorios, pues se halla inspirado en el propio criterio prohibitivo de los mismos, adoptado por el Derecho romano. Aunque anteriormente no faltaran concretas prohibiciones de los pactos dispositivos de la herencia de un tercero, hay que datar en el Código alfonsino, -que vierte al castellano las esencias romanas y canónicas-, la aversión del ordenamiento español frente a la sucesión por pacto, ex artículo 1.271.II. En lo relativo a la eventual admisibilidad, por parte de dicho precepto, de la partición inter vivos del artículo 1056, la mayoría de la doctrina apuesta por configurarla, no como un pacto sucesorio, sino como una partición sin las formalidades propias de los testamentos, y sin carácter contractual. La intervención de los herederos en la partición no conlleva su contractualización; será siempre un negocio jurídico unilateral del causante.
Adentrándonos en las razones de la regla general prohibitiva de los pactos sucesorios contenida en el Código civil y sus antecedentes inmediatos, una de las más alegadas ha sido precisamente el carácter irrevocable de los mismos, argumentando la conveniencia de que el causante conserve la libertad dispositiva mortis causa. Ha de tenerse en cuenta, no obstante, que aunque los pactos sucesorios pudiesen ser revocables, la regla del artículo 1271.II del Código civil no precisa el veto en función de la revocabilidad o no del pacto: se prohíbe, sin más matizaciones, el contrato sobre herencia futura en razón de la peculiaridad del objeto de los mismos. La regla general prohibitiva del artículo 1271.II del Código civil encuentra apoyo en otros preceptos del mismo cuerpo legal: el artículo 991, al exigir, para aceptar o repudiar la herencia, la certeza de la muerte de la persona a quien se haya de heredar; el artículo 816, estableciendo que toda renuncia o transacción sobre la legítima futura entre el que la debe y sus herederos forzosos es nula; el artículo 1674, que parece excluir la comunicación entre los socios de una sociedad universal, de los bienes que adquieran luego por herencia o legado y el propio artículo 658, que excluye la posibilidad de que la sucesión se defiera por pacto.
Como excepciones a esta regla prohibitiva de los pactos sucesorios, el Código civil reconoce la validez de varios contratos sobre la futura sucesión:
La mejora por contrato oneroso celebrado con un tercero o realizada en capitulaciones matrimoniales
La promesa de mejorar o no mejorar hecha en escritura pública de capitulaciones matrimoniales
La donación por razón de matrimonio de bienes futuros para caso de muerte
En estos tres tipos, el pacto tiene por objeto una herencia futura, pero el carácter de verdadero pacto o contrato sucesorio se da propiamente cuando la promesa de mejora o no mejorar, la mejora actual o de presente, y la donación entre cónyuges de bienes futuros, se otorgan en capitulaciones matrimoniales, así como también si la mejora tiene lugar en contrato oneroso celebrado con tercero, ya que entonces tales acuerdos devienen -por su bilateralidad- irrevocables, concurriendo la nota característica de los contratos.
La mejora es una disposición sucesoria esencialmente revocable, a tenor de la regulación contenida Código civil. Con razón se afirma hoy, por tanto, que la regla general de revocabilidad de la mejora recogida en el artículo 827 cuenta con dos excepciones: la mejora realizada mediante capitulaciones matrimoniales y la estipulada en contrato oneroso celebrado con un tercero. En ambos casos es la esencial irrevocabilidad del instrumento jurídico utilizado la que confiere dicha característica a la institución de la mejora. Dato que, unido al objeto del acuerdo -disposición mortis causa-, lo convierte en pacto sucesorio.
La promesa de mejorar o no mejorar contenida en el artículo 826 del Código civil, cuyo origen se remonta a la Ley XXII de las de Toro, basta que conste en capitulaciones matrimoniales para que devenga irrevocable, toda vez que, atendida la bilateralidad del instrumento utilizado para su plasmación, la disposición contraria a la promesa no produce efectos. Nuevamente, la irrevocabilidad del acuerdo que contiene una disposición sucesoria del causante es la que lo convierte en pacto sucesorio.
También se le confiere naturaleza de contrato sucesorio a la llamada donación de bienes futuros para caso de muerte, hecha por los consortes en capítulos matrimoniales y regulada en el artículo 1341 del Código civil. En lo relativo al objeto de estas donaciones, bienes futuros, y siguiendo a la línea doctrinal más extendida, cabe entender que el precepto se refiere a la posibilidad de donar tanto bienes futuros concretos y determinados, como la totalidad de ellos, o una cuota de los que resten a la muerte del donante. La jurisprudencia del Tribunal Supremo no ha cuestionado la calificación de contrato sucesorio respecto de estas donaciones: STS 20 de octubre de 1908, 6 de febrero de 1954, 27 de marzo de 1957 y 23 de junio de 1960.
La admisión y regulación del pacto sucesorio no es cuestión pacífica en la doctrina. Ya desde el Derecho romano, los juristas aducen, en apoyo a la prohibición de los pactos sucesorios, el votum mortis; es decir, que el heredero contractual fácilmente desearía la muerte del instituyente, a fin de heredar de éste lo antes posible, viéndose impulsado incluso a provocarla. La simpleza de este argumento se ha visto superado por la sencillez del que alude a que con mayor razón puede desear o hacer esto, quien, instituido heredero por razón de un testamento, puede verse destituido por la mera alteración en la voluntad del testador.
A pesar de sus múltiples detractores, desde su nacimiento se han esgrimido a favor de estos pactos argumentos muy importantes; tanto de respeto a la autonomía de la voluntad -reconocida a toda persona-, como, y principalmente, de orden económico y sociológico, resaltando su cooperación a la conservación generacional íntegra e indivisa del patrimonio familiar.
El pacto sucesorio en Euskal Herria: los Fueros
En territorio vasco, la admisión y regulación de la sucesión contractual no ofrece dudas. Es la foralidad de francos, concedida por reyes o señores a núcleos urbanos de Hego Euskal Herria, la que, confiriendo a partir del siglo XIII un estatuto privilegiado a las villas vascas, al objeto de repoblarlas, provoca que la Tierra Llana se dote de textos jurídicos que plasmen por escrito el Derecho consuetudinario de la tierra. Guiados por el propósito de mantener vivo el Derecho propio de la Tierra Llana, se promulgan, en Bizkaia, el Fuero Viejo de 1452, el Fuero de las Encartaciones de 1503 y el Fuero de Durango [de fecha desconocida]. Convive el "viejo" ordenamiento, aplicable a la Tierra Llana de la Bizkaia nuclear, junto al Fuero encartado y al durangués, hasta que en 1574 se produce la fusión de los tres enclaves territoriales en el seno del Fuero Nuevo de 1526. El Fuero de Ayala de 1373 y el Fuero General de Navarra de 1394 son, asimismo, exponentes de dicha foralidad vasca proclive a regular la sucesión paccionada como mecanismo de ordenación sucesoria. También los guipuzcoanos la emplearán en la práctica jurídica a tal efecto, pero no contarán con un texto foral como el resto de los territorios.
En el seno del Derecho pirenaico, nuestros textos forales ofrecen una coherente y cohesionada solución a la principal demanda de los vascos que viven sumergidos en un sistema económico de mero auto-abastecimiento: la indivisibilidad del patrimonio familiar, de la que depende, ciertamente, la supervivencia del grupo doméstico extenso que se asienta sobre aquél. El núcleo familiar se presenta, hasta bien entrado el siglo XX, como unidad de producción y consumo: la tierra y los elementos anejos a ésta constituyen, en esencia, la base económica del grupo doméstico que viven en ella. El caserío familiar se configura como el 'centro de operaciones' de la singular sociedad que gira en torno a él, entendiendo por tal a todo el complejo de la explotación agrícola, ganadera o artesanal destinada a procurar el sustento de los miembros de la unidad familiar que depende de ella. La integridad e indivisibilidad de la explotación familiar se convierte, así, en una imprescindible garantía para la supervivencia del grupo doméstico, permitiendo que la casa permanezca incólume ante la escalonada subrogación que se produce en la persona de su titular. La profunda imbricación de la moral cristiana en las relaciones personales y sociales de los infanzones a lo largo de los siglos promueve la configuración del matrimonio entre el hombre y la mujer como óptimo modelo familiar: proliferan las alianzas y los pactos inter-familiares que buscan la unión de dos casas a través del enlace de dos de sus miembros, ofreciendo una íntima conexión entre la propiedad, la familia y la sucesión.
Atendida la imperiosa necesidad de valerse de mecanismos jurídicos que procuren el traspaso sucesorio íntegro e indiviso de la casa y sus pertenecidos, permitiendo la gradual y progresiva cesión de la jefatura familiar en favor del instituido y su consorte, a la sombra del sistema de sucesor único, los ordenamientos forales vascos ofrecen al de cuius, frente al testamento unipersonal y al mancomunado, la posibilidad de "dar" y "donar", "todo lo suyo" a uno sólo de sus sucesores forzosos, en un claro ejercicio de la libertad distributiva que le es conferida (capítulos 104, 106, 112, 125 y 136 FV; leyes XI, XIII y XVII, título XX, FN). En el marco de un soporte negocial mortis causa de carácter unitario, y ante la falta de una categoría jurídica propia que la identifique, la sucesión contractual es canalizada mediante fórmulas donacionales que exceden, con creces, su significado literal: los "donatarios" reciben la calificación de "herederos" (capítulo 109 FV) o "succesores en vida" (ley II, título XXIII, FN); es la "herençia" del "donante" la que se constituye en objeto de transmisión (capítulo 115 FV; ley I, título XXIII, FN), cuya eficacia pende, además, de la no premoriencia del instituido sin dejar descendencia (capítulo 112 FV; ley XVII, título XX, FN). Si la naturaleza sucesoria de estas "donaciones" es puesta de relieve, con claridad, en numerosas disposiciones forales, idéntica afirmación ha de formularse en torno a su carácter contractual, evidenciado merced al empleo del término "contrato" (ley II, título XXIII FN), en alusión a los capítulos maritales que otorgan los contrayentes y sus respectivas familias. Es la confirmación del "casamiento" del "donatario" como único móvil expresamente confesado para la materialización de las referidas "donaciones" (capítulos 108, 136, 182 y 183 FV; leyes I, II y III, título XXIII FN), junto a la habitual modalización del nombramiento efectuado en favor del instituido a través de la carga de alimentar a los "donantes" que se desprenden en vida, aunque formalmente, de todo o parte de su patrimonio, el dato que viene a avalar la perspectiva sucesoria y contractual de estos soportes negociales.
A diferencia de los negocios sucesorios de última voluntad, las figuras donacionales que los textos forales vascos regulan, como canal jurídico de la ordenación paccionada del fenómeno sucesorio, se caracterizan por la vinculación que generan entre las respectivas voluntades de los otorgantes, vetando, al amparo de su 'irrevocabilidad', la posibilidad de que cualquiera de ellos ponga fin, arbitraria y unilateralmente, al acuerdo alcanzado. De ahí que los textos vascos se encarguen de precisar e individualizar aquellos supuestos excepcionales en los que el contrato sucesorio pierde, o puede perder, su eficacia. En el marco de la resolución contractual, todos los ordenamientos analizados apuestan por disolver, ipso iure, el vínculo generado entre los contratantes cuando el instituido fallece sin dejar descendencia (capítulo 112 FV; ley XVII, título XX FN), operándose la reversión, en favor de los instituyentes, de los bienes transmitidos a aquél en virtud del pacto. Junto a la hipótesis descrita, no obstante, los textos forales vizcaínos contemplan la posibilidad de que sea el instituyente el que revoque la designación sucesoria materializada en favor del instituido atendida su ingratitud (capítulo 115 FV; ley XXII, título XXXIV FN). El Fuero de 1526 impone al instituido, además, el cumplimiento forzoso de la carga de alimentos asumida merced al pacto, facultando al de cuius, ante la negativa del obligado, para revocar la designación y atribución sucesoria efectuada en su favor (ley VIII, título XVII FN).
A mediados del siglo XX, y a la luz de una reducida dosis de desarrollo normativo, una nítida tendencia minimizadora caracteriza, por el contrario, la parca regulación que los Proyectos de Apéndice de 1900 y 1928 y el texto compilado vizcaíno-alavés de 1959 brindan a la sucesión contractual. El legislador navarro confeccionará, por su parte, en 1973, el vigente Fuero Nuevo de Navarra, admitiendo y regulando la sucesión contractual en coherencia con sus precedentes normativos. Gipuzkoa continuará, asimismo, sin soporte legal alguno que plasme, por escrito, la constatada utilización de la sucesión paccionada como instrumento de ordenación sucesoria al servicio de la integridad e indivisibilidad generacional del patrimonio familiar. Este escenario normativo se altera, de manera significativa, con la promulgación de la Constitución Española de 1978 y merced a la letra de su artículo 149.1.8ª, permitiendo que el Parlamento Vasco apruebe, en 1992, la Ley de Derecho Civil Foral del País Vasco, reformada para Gipuzkoa, mediante la Ley de 16 de noviembre de 1999. El escenario jurídico-legal que, en la actualidad, acota la regulación de la sucesión contractual en Euskal Herria, se compone, por tanto, de dos textos: La LDCF de 1992 -pendiente de reforma- [para Bizkaia, Gipuzkoa y Ayala] y el Fuero Nuevo de Navarra de 1973.
El pacto sucesorio en los ordenamientos civiles autonómicos vascos
Entre los vigentes ordenamientos civiles vascos ha de hacerse una clara diferencia. El legislador navarro regula el pacto sucesorio en el Fuero Nuevo de Navarra, y para todos los que ostentan vecindad civil en dicho territorio. La normativa se disecciona en tres diversas regulaciones: 1) Donación propter nupcias (leyes 112-118 FNN); 2) Donación mortis causa de carácter irrevocable (ley 166 FNN); y 3) Pacto sucesorio (leyes 172-183 FNN). La LDCF de 1992, sin embargo -siendo fruto de proyectos privados elaborados por diversos juristas y atendida la poca ambición política y la falta de sintonía que mostraron las Comisiones territoriales en su tramitación-, renunciando a la vecindad civil vasca única, ofrece, en lo concerniente al pacto sucesorio, cuatro normativas diferenciadas: para los aforados a la Tierra Llana vizcaína (arts. 74-73); para los Ayaleses (art. 134), para los guipuzcoanos (aunque sólo para la transmisión del caserío, arts. 179-188); y para los no aforados a ninguno de los regimenes enunciados, la prohibición y las excepciones contenidas en el Código civil español de 1889. Son, no obstante, las regulaciones vizcaína y guipuzcoana las que, junto a la contenida en el Fuero Nuevo de Navarra, nos guíen en el análisis que contienen las siguientes páginas.
La formulación vizcaína, contenida en los artículos 27 y 74 LDCF [como botón de muestra, se reproduce la parte más jugosa del segundo de los preceptos enunciados: "Mediante capitulaciones matrimoniales, donación o pacto otorgado en escritura pública, se puede dispone la sucesión en bienes de los otorgantes..."], es la que se antoja más confusa y desatinada. De una parte, debido a la desafortunada expresión "sucesor [sucesión] en bienes"; que, lejos de indicar, como se ha pretendido, la proximidad de la regulación vizcaína a los sistemas sucesorios de corte germánico, -en los que prima una concepción patrimonialista de la herencia, haciéndola aparecer dividida en diversas masas patrimoniales-, induce a sostener que en la LDCF, desembarazada la norma, casi en absoluto, de la histórica perspectiva del tracto sucesorio predominante en los siglos XV y XVI en lo atinente a la transmisión mortis causa de los inmuebles familiares, el límite troncal y las limitaciones legitimarias no transmutan, per se, a la institución de heredero, al legado o a la sucesión intestada en un modo distinto de suceder. De otra parte, debido al especial reproche que merece la alusión diferenciada a las "capitulaciones matrimoniales" y a la "donación" respecto del pacto; toda vez que los capítulos maritales se configuran, únicamente, como soporte documental de la ordenación sucesoria efectuada en virtud del pacto, mientras que la "donación" es, en sí misma, un pacto sucesorio (art. 76 LDCF), bastando la mención a la categoría genérica. Una redacción más depurada ofrece el artículo 179 con relación al Fuero guipuzcoano; e, incluso, la ley 172 FNN que, a pesar de no describir el concepto de pacto sucesorio, refleja de forma clara su finalidad y tipología.
A falta de una definición legal de pacto sucesorio, puede concluirse que éste se ofrece como un instrumento bilateral de ordenación sucesoria, en cuya virtud las voluntades de las partes otorgantes quedan vinculadas entre sí y sometidas a lo acordado, sin que tal supeditación pueda ser alterada, arbitraria y unilateralmente, por una sola de las partes. La esencial bilateralidad del pacto queda reflejada en la letra de numerosos preceptos vascos (arts. 74, 77, 78, 82, 179, 180, 181, 182 y 188 LDCF; leyes 172, 177, 178, 179, 180 y 182 FNN). Bipolaridad que conserva el pacto, incluso, cuando son dos las personas que acuerdan designar sucesor a un tercero que no concurre a su otorgamiento; sin perjuicio del talante jurídico que ostenta el llamamiento sucesorio materializado en dicha hipótesis, participando, en realidad, de la naturaleza de la vocación testamentaria (ley 178 FNN).
Ciñéndonos al prototípico pacto afirmativo regulado por la Ley 3/1992 -aunque subrayando la posible adecuación del poco arraigado pacto renunciativo a la normativa de la LDCF (art. 4) y el expreso encaje de dicha modalidad en el ordenamiento navarro (ley 172 FNN)-, lo cierto es que aquel se contempla como el canal jurídico de una designación sucesoria materializada, a título universal o particular, en favor del instituido; sin perjuicio de que los otorgantes decidan o no anticipar la entrega de la asignación correspondiente al nombramiento del sucesor al momento de la celebración del contrato (artículos 77 y 78; 181 y 182 LDCF; leyes 177 y 179 FNN). Convenio, éste, apto para introducir, entre sus cláusulas, cualesquiera modalidades, reservas, sustituciones, cláusulas de reversión, cargas y obligaciones que las partes acuerden, en sintonía con lo dispuesto por otros ordenamientos civiles (art. 74 LDCF; ley 177.I FNN). Todas ellas no revocables, unilateral y arbitrariamente, por ninguno de los contratantes.
El supraconcepto de negocio jurídico, acuñado por los pandectistas alemanes en el siglo XIX, desde la perspectiva de englobar en su seno al contrato y al testamento, se configura, por la composición bipolar [sucesoria y contractual] del pacto sucesorio, como marco idóneo desde donde comenzar a situar su encaje dogmático:
Se ubica en el lado de los negocios jurídicos mortis causa porque, si bien el fallecimiento del causante y, con ello, la apertura de su sucesión, forma parte del supuesto de hecho del pacto -toda vez que el instituido no ostenta, hasta el deceso del instituyente, un pleno y definitivo derecho sobre lo atribuido por aquél, aunque le premuera (siempre que deje descendencia)-, las disposiciones contenidas en su corpus despliegan, siempre, sus efectos con cargo al caudal relicto, sin perjuicio de que se haya anticipado, al momento de la celebración del contrato, la entrega de la asignación sucesoria correspondiente al designado.
Se trata, además, de un negocio jurídico patrimonial, atendida la esencia y funcionalidad del pacto: diseñar y reglamentar las relaciones jurídicas que se desenvuelven en torno a la transmisión generacional de la explotación familiar, la mayoría de ellas de contenido económico; sin perjuicio de contener en su corpus disposiciones de índole extrapatrimonial. De entre esta suerte de negocios, no obstante, se apuesta por recalcar el carácter dispositivo del pacto, como parte integrante de un supuesto de hecho modificativo o transmisivo de un derecho preexistente que persigue la producción de un cambio jurídico en el seno de la esfera patrimonial del disponente, sin que los contratantes queden subsumidos en una relación meramente obligatoria. Un negocio de atribución patrimonial, en definitiva, atendida la prerrogativa concedida al instituido, como sucesor del causante, de adquirir, tras su deceso, la totalidad o parte de su patrimonio.
En lo atinente a la configuración del pacto con relación a las etapas del proceso sucesorio, y ante la inconveniencia de trasladar a la ordenación paccionada categorías dogmáticas elaboradas, solamente, para la sucesión testada y la intestada, ha de afirmarse que el pacto sucesorio abarca y unifica, en vida del de cuius, todo el proceso que tiene lugar tras su deceso cuando el diseño del fenómeno hereditario se ejecuta merced al testamento o a la ley; toda vez que las fases correspondientes a la designación, vocación, delación y aceptación hereditarias quedan reemplazadas, en virtud del contrato, por el consenso entre instituyente e instituido en torno a la designación y consiguiente atribución sucesoria con la que favorece el primero al segundo. En este contexto, si el derecho a suceder que el causante pone a disposición del instituido se configura como un mero reflejo o efecto de la capacidad de obrar que ostenta su titular, la prerrogativa obtenida por el instituido tras ejercitarlo positivamente se eleva a la categoría de titularidad preventiva, concretada en un derecho eventual; en cuya virtud la cualidad de sucesor que ostenta el designado no adquirirá plena firmeza, por su condición de interina, hasta el fallecimiento del de cuius.
Desde una perspectiva estática, carente de movimiento, y haciendo uso de la polaridad que yace entre el carácter esencial o accidental de los elementos que integran el corpus de todo negocio jurídico, se apuesta, a continuación, por deslindar los ingredientes que, necesariamente, han de conformar la columna vertebral del pacto de aquellos que, eventualmente, pueden individualizar su contenido.
Elementos esenciales del pacto
a) Sujetos. El estudio relativo a los protagonistas del contrato sucesorio, tanto en su modalidad positiva, como en la negativa y en la dispositiva, comienza poniendo de relieve el alcance negativo de la coexistencia de distintos ordenamientos jurídicos en la Comunidad Autónoma Vasca, toda vez que es la vecindad civil aforada la única que legitima al causante para recurrir al pacto sucesorio regulado en la LDCF como instrumento de ordenación sucesoria, con independencia de la vecindad civil que ostente el sucesor. Una vez reunido este primer requisito de legitimación jurídica, ha de precisarse que, a pesar del vacío legal existente en la Ley 3/1992, y de la inconveniencia de acudir, como norma supletoria, a un Código civil 'adverso' a la sucesión contractual (cfr. artículos 3.1 LDCF y 1.271.2 Cc), tanto el de cuius como el sucesor deben ostentar plena capacidad de obrar para poder otorgar, válidamente, un pacto sucesorio (ley 173.I FNN). Todo ello sin perjuicio del consentimiento que el causante deberá recabar de su cónyuge en la hipótesis de que los contratantes acuerden entregar "de presente" al instituido la titularidad de la asignación sucesoria que le corresponde en virtud del nombramiento materializado, cuando el patrimonio enajenado pertenezca a ambos consortes.
En contra de lo que se ha afirmado desde un sector de la doctrina vizcaína, la evitable ausencia de normativa respecto al otorgamiento del pacto sucesorio por representante en la legislación vasca, tampoco debe constituirse en argumento que justifique el rechazo a la concurrencia del nuntius como mero portador o emisor de la voluntad personalísima de los otorgantes (ley 173.II FNN).
Aunque las disposiciones que la LDCF destina a la regulación de la sucesión contractual no imponen la existencia de una relación de parentesco entre instituyentes e instituido, lo cierto es que la composición dual del régimen de sucesión forzosa implantado por el Fuero Civil de Bizkaia [troncalidad y legítima] obliga, bajo sanción de nulidad, a que los bienes raíces transmitidos en virtud del pacto recaigan, en todo caso, a manos del grupo de sucesores forzosos de grado preferente, además de la cuota legitimaria que, mutatis mutandi, le corresponde. No obstante, es la transmisión "de presente" de la asignación sucesoria correspondiente al instituido la que se presenta como punto de conexión entre las disposiciones sucesorias de carácter paccionado y la vulneración de los derechos de los parientes tronqueros, toda vez que en los supuestos de traspaso patrimonial diferido no es posible determinar, hasta la muerte del de cuius, si dicha trasgresión ha tenido lugar, a semejanza de lo que ocurre con la cuota legitimaria, atendido su carácter contingente y relativo.
Si el nombramiento recíproco de comisario llevado a cabo por los consortes o los miembros de una pareja de hecho puede contenerse en el corpus de un pacto sucesorio, ex artículos 33 LDCF, menos clara resulta la afirmación concerniente a la posibilidad de que el apoderado ejercite el poder que le ha sido conferido mediante aquel instrumento (ley 177.II FNN); toda vez que, en contra de lo aseverado por parte de la doctrina vizcaína y de la equívoca filosofía que subyace en la regulación de la Ley 3/1992 con relación a la representación post mortem del de cuius, la sucesión paccionada únicamente despliega, con todo el sentido, su aptitud como instrumento ordenador de la sucesión del causante cuando el consorte comisario recurre a ella para efectuar un diseño sucesorio que englobe ambos patrimonios: el suyo y el del cónyuge premuerto.
b) Contenido. Con relación al contenido que, en todo caso, debe integrar el corpus del pacto, ha de afirmarse, en lo atinente a su modalidad afirmativa, que, a salvo los supuestos en los que el instituido no concurre al otorgamiento del contrato, es el nombramiento sucesorio efectuado en favor del designado (o la promesa bilateral, por aceptada, de llevarlo a cabo en un futuro, ley 183 FNN), a título universal o particular, el que colma la referida cuota mínima de estipulación. Respecto del pacto renunciativo, a su vez, ha de apuntarse -en pro del interés que el de cuius puede tener en la obtención de una absoluta libertad para disponer mortis causa de su patrimonio, deshaciéndose del veto impuesto por el régimen de sucesión forzosa vigente en el Infanzonado vizcaíno [en Navarra y Ayala no resultaría necesario al carecer la legítima de carácter material, ni en Gipuzkoa, que se acepta el 'apartamiento' únicamente con relación a la transmisión del caserío]-, que, con relación a la legítima, todos los sucesores forzosos que pertenecen al grupo preferente deben abdicar de su parte en un derecho colectivo al quantum reservado, para evitar el llamamiento a favor del siguiente grupo de sucesores; mientras que en lo referente a la troncalidad, deviene imprescindible la renuncia de sus derechos por parte de todos y cada uno de los parientes tronqueros.
c) Forma. En el plano de la forma que ha de abrigar el pacto sucesorio para su válido otorgamiento, y a la sombra de la criticable, por confusa, equiparación que los artículos 27 y 74 LDCF llevan a cabo entre el negocio-ordenador del tránsito sucesorio del patrimonio del de cuius y el negocio-cauce que le sirve, en su caso, de soporte documental, ha de subrayarse, en sintonía con el resto de ordenamientos civiles que regulan el contrato sucesorio, que éste debe constar, ineludiblemente, en escritura pública, capitular o extracapitular (art. 179 LDCF; ley 174 FNN).
Elementos posibles del pacto
Entre los elementos posibles que, por su prescindibilidad, pueden individualizar, junto a los descritos en el apartado anterior, el corpus de un pacto sucesorio, han de apuntarse, las "modalidades, reservas, sustituciones, cláusulas de reversión, cargas y obligaciones" que los otorgantes acuerden (art. 74 LDCF; ley 177.I FNN). A efectos expositivos, no obstante, se opta por enmarcarlos en tres conocidas categorías, dada su apriorística accidentalidad: término, condición y modo.
a) Término. Aun siendo cierto que la inserción de un plazo que determine la eficacia de la designación sucesoria llevada a cabo en virtud del pacto ha sido manifiestamente infrecuente a la luz de los textos históricos estudiados, no existe, en la legislación vigente, razón alguna por la que haya de vetarse a los otorgantes de un pacto la posibilidad de conferir un comienzo y un final a los efectos que despliegan las estipulaciones contenidas en su corpus, cualquiera que sea la modalidad del contrato materializado. Sirva, como botón de muestra, una de las cláusulas que, habitualmente, ha venido integrando el contenido del pacto, vigente el Fuero de 1526, en cuya virtud el instituyente manifestaba su voluntad de designar sucesor a alguno de sus hijos y a la futura descendencia de éste; como si el causante quisiera asegurarse, en realidad, de que, a la muerte de su hijo [término incierto], fuese uno de sus nietos el que viniera a ocupar su puesto en la jefatura del patrimonio familiar.
b) Condición. La amplia formulación del artículo 74 LDCF, en sintonía con otras legislaciones civiles, ofrece, ex artículo 3.1 LDCF, al amparo de lo dispuesto por los artículos 790 y siguientes Cc [sucesión testamentaria] y de la remisión que el artículo 791 Cc efectúa en favor del artículo 1.113 Cc [obligaciones condicionales], la posibilidad de que los otorgantes inserten, voluntariamente, en el corpus del pacto, un evento incierto del que dependa, de una forma u otra, la eficacia de todo o parte de lo contenido en aquél. En el marco de las condiciones propias, concretamente, cabe mencionar la condición suspensiva y la resolutoria, atendido el "suculento" juego que proporcionan a los contratantes, tanto en la modalidad afirmativa del pacto como en la negativa.
En virtud de la condición suspensiva, a la sombra de un pacto afirmativo, el favorecido acepta, y, en consecuencia adquiere, desde el otorgamiento del pacto, la condición de sucesor contractual del de cuius, sin perjuicio de que la eficacia del derecho adquirido quede supeditada al cumplimiento del evento previsto. En lo que dura la fase de pendencia, el designado ostenta la facultad de ejercitar las acciones procedentes para la conservación de su derecho (artículo 1.121 Cc). Finalizada la fase de incertidumbre, si la condición se cumple se purifica el derecho del sucesor, sin perjuicio de seguir ostentando un carácter interino, hasta el deceso del causante; mientras que si no se verifica dicho cumplimiento, la designación deviene ineficaz, aunque transmisible a los descendientes en caso de premorir el instituido antes de la referida comprobación. En el marco de un pacto renunciativo, por el contrario, la convenida renuncia del sucesor forzoso a lo que por ley pudiera corresponderle en la sucesión del de cuius será válida desde que se otorga el pacto, aunque su eficacia quede subyugada al cumplimiento de un evento incierto. La renuncia seguirá en pie si la condición suspensiva se cumple y devendrá ineficaz si no se produce el evento incierto [al menos cuando la condición es potestativa], conservando el sucesor sus derechos en la sucesión del causante.
La LDCF sí se encarga, empero, de regular la posibilidad de que los otorgantes sometan a condición resolutoria la eficacia de la designación efectuada a favor del instituido en virtud del pacto afirmativo (artículos 80 y 186 LDCF). En efecto, los otorgantes acuerdan conceder, ab initio, plena eficacia a la designación llevada a cabo en favor del instituido: pendente condicione, el designado ostenta la cualidad de sucesor contractual, y, en su caso, la titularidad de los bienes trasmitidos de presente; por lo que, a diferencia de lo que ocurre con la condición suspensiva, será el instituyente el que pueda ejercitar actuaciones precautorias que se dirijan a evitar que su derecho se vea frustrado si ocurre el evento resolutorio. Una vez finalizada la fase de incertidumbre, si se verifica el suceso condicionante (condicio existit), el designado perderá, automáticamente y sin necesidad de nueva declaración de los otorgantes, todos los derechos adquiridos: la cualidad de sucesor contractual, y, en su caso, la titularidad de los bienes trasmitidos de presente. Por el contrario, si no se realiza el evento condicionante, se purificará la designación sucesoria efectuada a favor del instituido, sin perjuicio de que conservará su carácter de titularidad interina hasta que el deceso del de cuius le otorgue plena firmeza. Al igual que se dijera respecto de la condición suspensiva, si el instituido fallece sin haberse cumplido el evento resolutorio, trasmitirá, ex artículo 83.1 LDCF y ley 180 FNN, su derecho condicional a sus descendientes.
En cuanto al funcionamiento de la condición resolutoria en el pacto negativo, procede traer a colación, aunque en sentido inverso, lo expuesto en torno a la condición suspensiva. De ahí que, la inserción de un evento resolutorio provoque que, pendente condicione, la convenida renuncia del sucesor forzoso a los derechos que por ley pudieran corresponderle en la sucesión del causante sea, a priori, plenamente eficaz y el renunciante pierda, frente al de cuius, aquella cualidad. Una vez finalizada la fase de incertidumbre, el resultado variará dependiendo de si se ha verificado (condicio existit) o no (condicio deficit) la realización del suceso condicionante. En la primera de las hipótesis, la renuncia devendrá ineficaz y el sucesor forzoso recuperará, ipso iure, tal cualidad; en el segundo de los supuestos, sin embargo, se purificará la renuncia y el sucesor forzoso perderá, definitivamente, dicha condición.
c) Modo. La clara admisibilidad de la inserción de una cláusula modal en el corpus del pacto -en cuya virtud el instituyente efectúa, por un lado, una designación, a título universal o particular, a favor del sucesor, confiriéndole, en su caso, la titularidad de los bienes trasmitidos de presente a cuenta de la asignación que a aquél le corresponde; y, por otro, constriñe al favorecido, exigiéndole que utilice lo recibido de una manera concreta o que realice, a su vez, determinada prestación a favor del propio causante o de un tercero-, queda puesta de relieve, en consonancia con los ordenamientos forales de 1452 y 1526, a través del artículo 74 LDCF, merced a los vocablos "cargas" y "obligaciones". Aserto que corroboran, asimismo, los artículos 79 y 185 de la norma vasca, cuando disponen que los instituyentes podrá revocar la citada designación "...por incumplimiento grave de las cargas y condiciones establecidas". En este contexto debe integrarse, entre otras, la prototípica carga de prestar alimentos a los instituyentes, a cargo del instituido y su consorte (ley 115 6), 10) 11) y 12) FNN).
Desde una perspectiva dinámica, repleta de "movimiento", el estudio de los efectos del pacto se disecciona, a su vez, en dos espacios temporales más o menos distanciados entre sí: el que transcurre desde el otorgamiento del pacto hasta el deceso del instituyente y el que se abre tras dicho fallecimiento.
Eficacia del pacto en vida del causante
El estudio de esta fase conviene dividirlo, a su vez, en el marco del pacto afirmativo, con relación a la posición jurídica del causante y a la del sucesor.
a) Posición jurídica del causante. En un primer plano ha de mencionarse la capacidad del pacto, válidamente otorgado, para revocar las disposiciones testamentarias anteriores si el causante no expresa su voluntad en torno a la compatibilidad de ambos diseños (arts. 75 y 183 LDCF); excepción hecha del testamento mancomunado, cuando uno de los cónyuges fallece dentro del año siguiente a la fecha de su otorgamiento (arts. 52 y 177 LDCF), y de la donación mortis causa, atendida su condición de pacto sucesorio (arts. 76 y 180.2 LDCF; ley 166 FNN). De ahí que las disposiciones testamentarias posteriores al pacto únicamente sean válidas en tanto en cuanto lo permita la reserva de testar efectuada, en el corpus del pacto, a favor del instituyente, o, en su caso, el conjunto de bienes excluidos del diseño sucesorio contractual. A diferencia del ordenamiento catalán y balear, ha de subrayarse, no obstante, que, a tenor de la norma vasca, se procederá a abrir la sucesión intestada si el instituyente fallece sin hacer uso de dicha reserva. Con todo, si la preterición intencional de uno o varios sucesores forzosos ha de identificarse con el apartamiento, tanto en la línea recta como en la colateral (para éste último grupo de sucesores resulta indiferente la intencionalidad del causante), ex artículos 62.1.3º y 3; 54.3 y 57.2 LDCF), la preterición no intencional dará al omitido, al rigor del artículo 54.3º LDCF, el derecho a "reclamar una cuota igual a la del sucesor de igual grado menos favorecido"; por lo que aquélla no ostentará virtualidad suficiente para dejar sin efecto el pacto otorgado por el de cuius, atendida la equiparación de la cuota del erróneamente omitido a la de los apartados de la sucesión del ordenante en virtud del contrato consumado, en su condición de "sucesores menos favorecidos".
Si la capacidad dispositiva del de cuius, tras el otorgamiento del pacto, se ciñe, en lo que a las trasmisiones mortis causa se refiere, a la reserva de testar, expresamente acordada en el pacto en torno a una parte del patrimonio del causante; su autonomía dispositiva, en lo atinente a las enajenaciones inter vivos, queda relegada, en los pactos con "transmisión de presente", a la necesidad del consentimiento conjunto de instituyente e instituido (arts. 77 y 181 LDCF; ley 179 FNN), mientras que en los pactos con "transmisión diferida", el instituyente sólo podrá disponer de sus bienes a título oneroso (arts. 78 y 182 LDCF; ley 179 FNN), al objeto de evitar que el derecho adquirido por el designado pueda llegar a ser burlado.
b) Posición jurídica del sucesor. En sintonía con el modus operandi de los derechos condicionales -sin formular equiparación alguna al respecto-, el status jurídico del instituido se configura, desde el otorgamiento del pacto y hasta el fallecimiento del de cuius, como una titularidad preventiva, concretada en un derecho eventual, en cuya virtud, ostentando, ab initio, la condición de sucesor, será el deceso del instituyente el que le confiera plena firmeza; sin perjuicio del derecho de transmisión regulado en los artículos 83 y 186.2 (sensu contrario) LDCF (ley 180 FNN) para la hipótesis de que el instituido premuera al causante dejando descendencia. Al margen de las actuaciones protectoras, preventivas o reparadoras, que el instituido puede poner en marcha en defensa del derecho que incorpora a su patrimonio desde el otorgamiento del pacto, aquél sólo podrá recibir, en virtud de lo acordado, los bienes presentes del instituyente, sin perjuicio de que los otorgantes apuesten por la "actuación intermitente" del contrato.
c) Responsabilidad por deudas.
Con relación a la responsabilidad ante las deudas contraídas por las partes contratantes ha de efectuarse, nuevamente, una disección. Si se trata de un pacto con transmisión de presente, frente a las deudas contraídas por el instituyente con anterioridad a su otorgamiento responderá, en primer lugar, el deudor, con los bienes que no haya transmitido al sucesor o, en su caso, con los que él mismo se hubiera reservado a tal efecto; respondiendo, en segundo lugar, el instituido con los bienes recibidos en virtud del contrato, sin perjuicio del derecho de excusión que ostenta frente a los acreedores del causante. Si las deudas han sido contraídas por el instituido responderán ante ellas, obviamente, todos los bienes del deudor (incluidos los transmitidos por el causante en virtud del pacto), sin perjuicio de la preferencia que ostentan los acreedores del instituyente, a la hora de hacer efectivos sus créditos, respecto de los del instituido. Cuando se trata, por el contrario, de deudas contraídas con posterioridad al otorgamiento del pacto, por parte del instituyente, responderá éste con todos sus bienes presentes y futuros, mas no con los transmitidos al instituido en virtud del contrato (ley 115 1) FNN). Si la deuda ha sido contraída por el instituido, las asumirá éste con todo su haber, incluido, claro está, el recibido a través del pacto.
En el marco del pacto con transmisión diferida, a su vez, al tratarse de un contrato en cuya virtud el causante confiere al designado, solamente, la "condición de sucesor contractual" (artículos 78 LDCF), el instituyente conserva, hasta su fallecimiento, la propiedad de todos sus bienes. Por lo que, en vida del causante, serán éstos los que respondan de sus deudas; tanto de las contraídas con anterioridad al pacto como de las adquiridas tras su otorgamiento. De las contraídas por el instituido responderá, asimismo, el patrimonio privativo de éste; ya que no recibe, en virtud del pacto, bien alguno de manos del de cuius. Lo apuntado difiere, sin embargo, con el fallecimiento del causante, toda vez que, consolidada ya la condición de sucesor contractual del instituido, se hará cargo éste, conforme al régimen general aplicable, de las deudas contraídas por el de cuius, tanto de las anteriores al pacto como de las adquiridas con posterioridad a éste. Responsabilidad que podrá verse limitada, a su vez, con el recurso al beneficio de inventario que a todo heredero asiste, ex artículo 1.010 Cc.
Eficacia del pacto tras la muerte del causante
Sin perjuicio del oportuno deslinde que merece la sugerida proximidad, respecto del pacto, de algunos mecanismos contractuales que, evadiendo las normas dimanantes del Derecho sucesorio, pretenden lograr los mismos resultados que aquél; e incluso la de algunas fórmulas donacionales que, intentando generar una alternativa colateral a la prohibición recogida en el artículo 1.271.2 Cc, permiten albergar en su seno el diseño post mortem que sobre el objeto donado efectúa el donante, lo cierto es que el pacto, como negocio mortis causa, atribuye su derecho al instituido, en todo caso, con cargo al caudal relicto del de cuius. De ahí que, en buena lógica, el favorecido no tenga que aceptar la herencia tras el fallecimiento del causante, ni pueda, obviamente, repudiarla; a lo sumo, podrá el sucesor acogerse al beneficio de inventario sin que, en ningún caso, deba colacionar el instituido lo recibido en virtud del pacto a la partición hereditaria que, en su caso, se lleve a cabo tras la apertura de la sucesión del de cuius (artículo 1.035 Cc; artículos 62.3 y 65 LDCF). Este será, asimismo, el momento en el que se consoliden, definitivamente, las prerrogativas reconocidas por la Ley 3/1992 al cónyuge viudo del causante.
Ineficacia sobrevenida del pacto
Si lo expuesto en el apartado anterior toma como punto de partida un pacto sucesorio válido y plenamente eficaz, cuya trayectoria culmina con el fallecimiento del de cuius y la consiguiente apertura de su sucesión, lo cierto es que la norma vasca, en sintonía con sus precedentes normativos y con la regulación contenida en otros ordenamientos civiles, contempla la posibilidad de que el contrato devenga ineficaz, total o parcialmente, en vida del causante.
1. Modificación o resolución convencional del pacto. Al auspicio del principio de autonomía de la voluntad contenido en el artículo 1.255 Cc, y a la sombra, igualmente, de la prohibición recogida en el artículo 1.256 Cc en torno a la alteración unilateral y arbitraria de lo bilateralmente acordado, el tenor de los artículos 75.2 y 184 de la LDCF (ley 182.I FNN) permite conferir plena validez y eficacia a la modificación o extinción del pacto acordada -merced a un nuevo consenso plasmado, asimismo, en escritura pública-, por los contratantes o, en su defecto, de sus descendientes.
2. Disolución ex lege del pacto. La Ley 3/1992 destina cuatro preceptos -dos de ellos ubicados en el "Fuero Civil de Bizkaia" y otros dos en el "Fuero Civil de Gipuzkoa"-, para nombrar, una a una, las causas por las que la designación sucesoria puede "revocarse" o "resolverse": los artículos 79 y 80; 185 y 186, respectivamente.
La normativa navarra presenta una redacción más confusa.
a) Revocación. La finalidad esencialmente sucesoria del pacto, junto al papel desempeñado por éste con relación a la transmisión generacional del patrimonio familiar, permite que, en circunstancias excepcionales -estrechamente ligadas al "inadecuado" comportamiento del instituido respecto de la gestión encomendada-, el causante deshaga, unilateralmente, su elección, para rehacerla de nuevo en la persona de otro sucesor (leyes 118 y 182.III FNN). Las causas que, a tal efecto, enumeran los artículos 79 y 185 LDCF son las siguientes: "1. Por las causas pactadas. 2. Por incumplimiento grave de las cargas y condiciones establecidas [única causa mencionada por las leyes 115. 7) y 118 FNN). 3. Por haber incurrido el instituido en causa de indignidad o desheredación. 4. Por conducta del instituido que impida la norma convivencia familiar. 5. En los casos de nulidad matrimonial, separación o divorcio de los instituidos, cuando el pacto sucesorio se haya otorgado en atención a ese matrimonio". El causante habrá de instar, así, la correspondiente acción judicial para proceder a la destitución del instituido de la jefatura familiar adjudicada en virtud del pacto; facultad que recaerá en manos de sus herederos si él fallece (salvo cuando el de cuius no la ejercitó aun a sabiendas de que el designado estaba incurso en alguna de las causas enunciadas). La pérdida, por parte del instituido, de su condición de sucesor contractual lleva aparejada, a su vez, la reversión, a favor de los instituyentes (o de una tercera persona designada por éstos), de los bienes recibidos por aquél en virtud del pacto (artículo 83.2 LDCF).
b) Resolución. A diferencia del acto revocatorio, la resolución implica la pérdida, ope legis, de la condición de sucesor contractual por parte del instituido: efecto que los contratantes pueden decidir adjudicar, en el propio otorgamiento del pacto, a cualquier evento; o que el mismo legislador puede adjuntar a un concreto suceso. Los motivos enumerados por los artículos 80 y 186 de la norma vasca son dos: 1. El cumplimiento de la condición resolutoria a la que estaba sujeta la designación sucesoria; y 2. El fallecimiento del instituido sin que dejare descendencia (o, en su caso, si el causante privó a ésta del derecho de representación). Resuelta, de forma automática, el nombramiento sucesorio consignado en el contrato, se procederá también, salvo pacto en contrario, a la reversión de los bienes recibidos por el instituido en favor de los instituyentes (o de una tercera persona designada por éstos), recogida, asimismo, en las leyes 116.II y 182.II FNN.
c) Liquidación de la situación posesoria. El legislador vasco ofrece dos normas de ajuste, los artículos 81 y 187, de carácter dispositivo, destinadas a precisar que en las hipótesis de revocación y resolución mencionadas en los preceptos anteriores, cuando se trata de un pacto que haya implicado una transmisión patrimonial de presente, deberá abonarse, "en el plazo de un año, el valor actual de las mejoras e incorporaciones que hubiesen costeado los instituidos" (artículo 81 LDCF), o, en su caso, "el valor actual de las nuevas construcciones y mejoras que hubiese costeado el instituido" (artículo 184 LDCF). A falta de acuerdo entre las partes, la manifiesta insuficiencia con la que el legislador vasco aborda esta cuestión demanda, no obstante, acudir al Código civil en busca de referencias legales aplicables, tras el preceptivo acomodo (ex artículo 3.2 LDCF), a la regulación que la norma vasca ofrece en torno a la sucesión paccionada. En líneas generales, parece que, atendida la funcionalidad del pacto con relación a la trasmisión generacional del patrimonio familiar, la solución pasa por entender que el alcance de la citada reversión no debe extenderse a los frutos y provechos obtenidos por el instituido durante el periodo comprendido entre el otorgamiento del contrato y su ineficacia sobrevenida; corriendo éste, en consecuencia, con los gastos desembolsados en la gestión ordinaria de la explotación. El instituido cuenta, en virtud del artículo 453 Cc, con la facultad de retener el patrimonio recibido de manos del causante hasta que se le hayan abonado los gastos útiles (o mejoras) a las que hacen referencia los preceptos vascos.
La tarea de trazar una oportuna línea divisoria entre la configuración del pacto sucesorio como instrumento jurídico al servicio de la trasmisión íntegra e indivisa del patrimonio familiar en el marco socio-económico del Anciene Regime -heredada, en gran medida, por la LDCF-y la consideración de aquel contrato como dispositivo de traspaso generacional a la luz de la creciente preocupación europea, estatal y autonómica por la indivisión de la denominada empresa familiar, comienza su andadura con el análisis de una de las instituciones que, "proveniente" del espectro medieval, demanda, como el resto de sus acompañantes, una flexible adecuación respecto de la sociedad del siglo XXI: la comunidad de vida y trabajo en común creada, en virtud del pacto, entre instituyentes e instituidos.
A la sombra de un sistema económico de auto-abastecimiento en el que la casa o explotación familiar (agrícola, ganadera o artesanal) constituye el "centro de operaciones" de la familia compuesta que depende de su producción; y recurriendo, para su traspaso sucesorio generacional, al pacto celebrado en los capítulos maritales otorgados con motivo del matrimonio del sucesor elegido para continuar con la jefatura del haber ancestral, nace, frecuentemente, una asociación entre ambos matrimonios: instituyentes e instituidos, que conviven bajo el mismo "techo" y "mantel", en un claro intento de optimizar y equilibrar los recursos económicos disponibles en el caserío respecto de las necesidades de los miembros del grupo doméstico que sobre él se asienta.
Con independencia de la graduación jurídica de la fórmula que se inserta en los capítulos maritales a la hora de instaurar la mentada sociedad familiar con relación al nombramiento sucesorio efectuado en favor del instituido; y de la titularidad formal que éste adquiere sobre la explotación familiar en virtud del pacto y de la trasmisión patrimonial de presente que el contrato lleva aparejada, lo cierto es que el gobierno de la comunidad corresponde, conjuntamente y en un plano de igualdad, a ambas parejas, sin perjuicio de la autoridad física y moral que ostentan los "amos viejos". De ahí que el traspaso gradual y progresivo de las competencias que integran el señorío familiar se produzca, de instituyente a instituido, al amparo de una máxima: el disfrute de los bienes familiares y la asunción de los gastos que su gestión acarrea corresponde, íntegramente, a la comunidad familiar. La reserva del usufructo de la mitad de los bienes a favor de los instituyentes o, en su defecto, la carga que pesa sobre el instituido y su consorte de mantener a aquéllos hasta el final de sus días, se configura, por ello, como un oportuno mecanismo de garantía previsto en los capítulos, únicamente, para la hipótesis en que la asociación familiar se disuelva.
Disolución que, atendida la configuración jurídica de la comunidad familiar como una sociedad universal de ganancias carente de personalidad jurídica, y, considerada la amplia libertad que ostentan sus miembros para deslindar, en el propio acto constitutivo, lo que es privativo de lo que es común, ha tenido lugar, históricamente, por tres motivos: 1) No congeniar los caracteres de sus componentes; 2) Muerte de ambos instituyentes; y 3) Premoriencia del instituido sin dejar descendencia. El procedimiento de disolución, emprendido a instancia de parte, tiene, pues, como objetivo, el reparto "por mitades" (entre las dos parejas) del patrimonio social, para su futuro disfrute, por parte de los socios, de forma independiente; sin que, en principio, se ponga en tela de juicio la titularidad del instituido sobre el haber familiar, toda vez que la disolución de la sociedad no conlleva, necesariamente, la revocación o resolución del nombramiento sucesorio efectuado en virtud del pacto.
Los contornos de la comunidad de vida y trabajo en común descritos hasta el momento han de enmarcarse, obviamente, en el contexto de un Anciene Regime caracterizado por un sistema económico de mero auto-abastecimiento, en el que la conservación íntegra e indivisa de la explotación familiar se configura como condición sine qua non para la supervivencia de la familia extensa que vive y trabaja para ella. Al auspicio de un molde tradicional en lo atinente a las relaciones personales y familiares, y al auspicio de una fuerte imbricación de la moral cristiana en la configuración del organigrama social de las barriadas vascas, los capítulos maritales se erigen en la culminación de un concertado diseño que favorece el traspaso generacional del patrimonio familiar, encarnado en la figura del sucesor único. Coherente recorrido circular que permite vislumbrar un esquema socio-económico-jurídico cerrado, con pocas fisuras internas, al servicio de la supervivencia de un grupo familiar caracterizado por constituir, además, una cohesionada célula de producción y mano de obra colectiva.
El entramado descrito muda su piel, sin embargo, merced a los notables cambios que la Reforma y Contrarreforma provocan en las creencias y prácticas religiosas hasta entonces "dirigidas" por la Iglesia Católica, junto a la asunción de tal papel supervisor por el Estado tras los movimientos del Renacimiento e Ilustración. Se abre, así, el camino de transición hacia la "modernidad": la expansión de la burguesía urbana, la proletarización de la fuerza de trabajo y el espectacular crecimiento de las clases medias se constituyen, como ya se anotara, en rasgos característicos de la industrialización. Los movimientos migratorios del campo a la ciudad, el control de natalidad y la consiguiente disminución de sus índices, el acceso a la mujer a los estudios universitarios y, a su vez, al mercado de trabajo, la anhelada libertad a la hora de elegir consorte y la progresiva e intensa secularización de las relaciones sociales y personales, son, entre otros, algunos de los factores que imprimen fuertes mutaciones en las variables que configuraban, hasta entonces, los pilares del grupo familiar. La familia compuesta que habita el caserío se abre camino en dirección a una familia de tipo nuclear; la generación mayor pierde autoridad en lo tocante al matrimonio, al trabajo o a la residencia. El momento de la escisión familiar se ve condicionado, en consecuencia, por la accesibilidad al mercado laboral, factor del que comienzan a depender, a su vez, las tasas de nupcialidad y natalidad.
De ahí que, si bien nuestros ordenamientos civiles autonómicos sigan bebiendo, en buena medida, de la regulación que los textos forales medievales ofrecían en torno a la sucesión contractual, urge una profunda revisión sobre ésta y otras instituciones de honda raigambre y difuso futuro, en aras a acomodar nuestras legislaciones a las necesidades presentes y futuras de la sociedad vasca.
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