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Timestamp: 2019-07-24 06:38:21+00:00

Document:
CCyL: PNL/000008-01. BOCCL nº 13/9 del 1/9/2015
PNL/000008-01
CVE: BOCCL-09-000076
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a que en el marco de sus competencias elabore un proyecto de ley de prevención y lucha contra los incendios forestales, para su tramitación ante el Pleno.
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000008, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a que en el marco de sus competencias elabore un proyecto de ley de prevención y lucha contra los incendios forestales.
El Artículo 45 de la Constitución Española consagra el derecho de los españoles a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, encargando a los poderes públicos que velen por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Asimismo para aquellos que violen lo anterior, se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.
El artículo 148.8 de dicho texto constitucional indica que las Comunidades Autónomas podrán asumir las competencias en cuanto a montes y aprovechamientos forestales y el artículo 148.9, la gestión en materia de protección del medio ambiente.
De acuerdo con el artículo 71.1.8 de Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, la Comunidad de Castilla y León tiene la competencia de desarrollo normativo y ejecución en materia de "montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias, pastos y espacios naturales protegidos". Asimismo el artículo 71.1.16 indica las competencias de desarrollo normativo y ejecución en materia de "Protección civil, incluyendo en todo caso la regulación, planificación y ejecución de medidas relativas a las emergencias y la seguridad civil, así como la coordinación y formación de los servicios de protección civil, entre ellos los de prevención y extinción de incendios".
El artículo 43 de la Ley estatal 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, indica que corresponde a las Administraciones públicas competentes la responsabilidad de la organización de la defensa contra los incendios forestales. A tal fin, deberán adoptar, de modo coordinado, medidas conducentes a la prevención, detección y extinción de los incendios forestales, cualquiera que sea la titularidad de los montes.
No podemos olvidar que la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, en su artículo 86 contempla que "Corresponderá a la consejería competente en materia de montes, en coordinación con la Administración General del Estado, la organización de la defensa contra los incendios forestales, que incluirá la prevención, detección y extinción, así como la restauración de las áreas afectadas, todo ello sin perjuicio de las competencias de las entidades locales".
Los incendios forestales son una grave amenaza para uno de los mejores patrimonios de Castilla y León, como es su patrimonio natural. Podemos observar que año tras año en menor o mayor medida son cientos de hectáreas las que arden, bien por causas naturales o bien por la mano del hombre. La protección de este bien conlleva la protección de nuestro entorno, de la forma de vida de muchos de nuestros ciudadanos, de una fuente de empleo interesante en el medio rural, de la flora y la fauna y de los bienes de las personas que viven en este medio.
El territorio forestal en Castilla y León supone el 51 % de la superficie de la Comunidad Autónoma. Es pues uno de los principales y mejores patrimonios con los que contamos para el desarrollo de la misma. Los montes de la comunidad aportan innegables beneficios económicos, sociales, ecológicos o medioambientales a nuestra sociedad.
La estadística marca que la superficie arbolada quemada de la Comunidad Autónoma ha sufrido variación en los últimos años con cifras nefastas como las 15.400 Ha de 2012, las 9.765,10 de 2005 o las 1.087 Ha de 2014.
Es necesaria la aplicación de políticas activas de prevención y extinción de incendios forestales. Es preciso definir qué medidas se van a tomar, qué trabajos preventivos, la financiación y los medios con los que debemos de contar, tanto materiales como personales, es preciso también definir qué competencias y obligaciones tenemos todos los implicados.
Es de capital importancia la promulgación de una Ley que tenga como objeto la defensa de los montes o terrenos forestales frente a los incendios y proteger a las personas y a los bienes por ellos afectados, promoviendo la adopción de una política activa de prevención, la actuación coordinada de todas las Administraciones en materia de prevención y lucha contra los incendios forestales y la restauración de los terrenos incendiados, así como el entorno y medio natural afectado.
Ya desde el año 68 contábamos con una ley sobre Incendios Forestales, la 81/1968 de 5 de diciembre, y su Reglamento, aprobado por el Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, legislación esta que si bien cumplió una importante función se ha quedado desfasada ante el vertiginoso avance de las necesidades y legislación ambiental y desde luego necesidad de legislar sobre las competencias atribuidas por nuestro Estatuto de Autonomía.
Es preciso empezar por fijar el concepto de incendio forestal, delimitar las Zonas de Influencia Forestal, que permite adoptar medidas preventivas en un ámbito más amplio que el estrictamente forestal. Es necesario partir del principio de que la prevención y lucha contra los incendios forestales conciernen a todos, y de que el uso de los montes debe estar presidido por la necesidad de prevenir la iniciación o propagación de incendios forestales. Es necesario prever la regulación de los usos y actividades susceptibles de provocar incendios forestales, los planes y las herramientas.
También es preciso recoger previsiones en materia de protección civil.
Asimismo es justo reconocer con total claridad la labor importantísima en beneficio de los intereses autonómicos y de la sociedad en general, de los profesionales que se juegan día a día la vida en la extinción de los incendios forestales, desde los Técnicos, los Agentes Medioambientales, las cuadrillas de incendios, los maquinistas, pilotos, los bomberos, los vigilantes, etc., hasta los ciudadanos que colaboran desinteresadamente.
En definitiva, es importante darle a los incendios forestales y a los problemas que provocan un tratamiento diferenciado y exclusivo. Tenemos que hacer entender que los incendios y su prevención es una tarea que nos implica a todos, marcar las líneas y las competencias de cada una de las Administraciones (nacional, autonómica y local) de manera clara que no llamen a confusión y desorganización, de la misma manera sobre cuáles van a ser las obligaciones de todos los ciudadanos de manera individual.
Es necesario por otro lado establecer sanciones claras ante atropellos sobre el medio ambiente, que no den lugar a duda o a interpretación. Y cómo no, es también precisa una norma que hable de financiación, de con qué recursos se va a contar, para qué y cómo se van a distribuir.
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que en el marco de sus competencias elabore un proyecto de ley de prevención y lucha contra incendios forestales".
CVE="BOCCL-09-000076"
Tramitación de: PNL/000008-01
Tramitación de PNL/000008-01
Pags. 690-692
Tramitación: PNL/000008-01

References: Artículo 45
 artículo 148
 artículo 148
 artículo 71
 artículo 71
 artículo 43
 artículo 86