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Timestamp: 2019-05-22 02:00:03+00:00

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La DGA anuncia que todos los municipios del Pirineo dispondrán de depuración dentro de ocho años
diciembre 18, 2018 Ten! ZaragozaActualidadagua, contaminación, contratos, depuradoras, empresas, Gobierno de Aragón, indemnización, medio ambiente, Pirineos, Plan Depuración
El Gobierno de Aragón ha desbloqueado el Plan Integral de Depuración del Pirineo Aragonés, tras la resolución de los cuatro contratos de concesión. De este modo, el Ejecutivo asegura que va a cumplir con su compromiso “político y jurídico” de que todos los núcleos de población del Pirineo dispongan de sistemas de depuración en el año 2026. La DGA abonará cinco millones en indemnizaciones a las empresas adjudicatarias.
Así lo ha afirmado en rueda de prensa, tras el Consejo de Gobierno, el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, al indicar que se trata de atender “la obligación adquirida con el Estado, que declaró la depuración del Pirineo de interés general y encomendó su ejecución al Gobierno de Aragón”, por lo que este plan Pirineos es “un ejercicio de responsabilidad política y también jurídica”, además de que cumple también con la directiva marco del agua.
El Gobierno aragonés pone en marcha un programa de actuaciones directas, por valor de 74,3 millones de euros para las 19 depuradoras pendientes en localidades con más de mil habitantes equivalentes, a ejecutar entre 2019 y 2024.
Estas depuradoras se consideran prioritarias por su mayor tamaño y se abordarán por el Instituto Aragonés del Agua mediante contratos de obra con un año de pruebas de funcionamiento.
Los núcleos beneficiados son Ansó, Astún, Candanchú, Canfranc estación, Canfranc pueblo, Castiello de Jaca, Echo-Siresa, Villanúa, El Pueyo de Jaca-Escarrilla-Tramacastilla-Sandiniés-Panticosa, Piedrafita de Jaca, Sallent-Formigal, L’Aínsa, Boltaña, Broto-Oto, Torla, Fiscal, Bielsa, Cerler y Benasque-Anciles.
Asimismo, se establece un programa de convocatoria de subvenciones por valor de 46,3 millones de euros, entre 2019 y 2026, para financiar el cien por cien del coste del resto de las depuradoras previstas, lo que permite dar entrada a la iniciativa municipal y atender a sus preferencias en cuanto a prioridades, dimensionamiento y tipología, sin perjuicio de que el Gobierno de Aragón mantenga la responsabilidad asumida frente al Estado.
De acuerdo con el convenio, las instalaciones de pequeño tamaño son más de 250, ya que se incluye a todos los núcleos de población habitados. Las condiciones de la convocatoria garantizarán que las ayudas se asignen priorizando el tratamiento de los núcleos con mayor carga contaminante o cuyo tratamiento resulte prioritario por razón del punto de vertido.
La resolución de los contratos de concesión permite también que el Gobierno de Aragón obtenga la prioridad de los proyectos construidos redactados y los terrenos adquiridos por las concesionarias, lo que facilitará la ejecución de estos programas.
Las depuradoras del Pirineo fueron declaradas de interés general del Estado y encomendadas al Gobierno de Aragón mediante el convenio firmado en 2008 entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad.
Las actuaciones se planificaron en el marco del Plan Integral de Depuración del Pirineo Aragonés, cuyo desarrollo estaba previsto realizar mediante colaboración público privada a través de cuatro contratos de concesión de obra pública.
Los contratos se licitaron y adjudicaron durante los años 2009 y 2010, pero pronto empezaron a surgir todo tipo de dificultades para su desarrollo. Muestra del estado de parálisis en el que el Ejecutivo encontró el fallido Plan Pirineos es que en 2015, fecha en la que concluía el plan estatal en el que se enmarca, solo se habían construido y puesto en explotación veinte de las 297 instalaciones previstas.
Las instalaciones ejecutadas, en la zona P2 correspondiente al río Gállego, son la depuradora de Biescas (imagen superior) y 19 corresponden a pequeños núcleos integradas en el mismo nido o conjunto de instalaciones.
En el caso del río Gállego, según ha precisado Olona, la resolución del contrato es parcial y el concesionario seguirá ejecutando las veinte instalaciones y ha recordado que en junio de 2017 fue cuando el Ejecutivo autonómico acordó la resolución de los contratos de obra pública vinculados al fallido plan.
Cinco millones de indemnizaciones
Ese proceso de resolución concluyó en octubre de 2018 y supone la liberación de los vínculos jurídicos con las concesionarias y va a permitir abordar la depuración del Pirineo con nuevos instrumentos de actuación, según la DGA.
Joaquín Olona ha remarcado que esta decisión implica “un importante ahorro económico financiero y ha precisado que en el caso de las 250 instalaciones corresponden a “núcleos muy pequeños y serán instalaciones muy sencillas”, agregando que las prioritarias son las 19 depuradoras en grandes poblaciones del Pirineo.
Asimismo, ha precisado que la resolución de los contratos implica el pago de 5 millones de euros a las adjudicatarias por la propiedad de los terrenos y los proyectos redactados. Olona ha comentado que esa cifra era de 5,8 millones, pero “la Administración debe ser indemnizada en algún caso con 0,8 millones, por eso el pago previsto es de 5 millones”.
El consejero ha sostenido que, en todo caso, “se va a producir un ahorro económico financiero relevante”, una cantidad que no se ha cuantificado porque “hay que hacer demasiadas especulaciones al dejar la opción a los ayuntamientos de gestionar o no directamente estas instalaciones”.

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