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Timestamp: 2017-04-26 21:44:24+00:00

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Informe de la Defensoría del Pueblo a favor de la Unión Civil
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INFORME DE ADJUNTÍA Nº 003-2014-DP/ADHPD
Opinión respecto del Proyecto de Ley Nº 2647/2013-CR, que establece la
unión civil no matrimonial para personas del mismo sexo. Situación de los
derechos fundamentales de la población LGBTI1 en el país.
El 12 de septiembre de 2013, el Congresista Carlos Bruce presentó ante el Congreso
de la República el Proyecto de Ley Nº 2647/2013-CR, que propone establecer la unión
civil no matrimonial entre personas del mismo sexo.
El 14 de enero de 2014, el congresista Juan Carlos Eguren Neuenschwander,
Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la
República, solicitó la opinión de nuestra institución sobre el citado proyecto legislativo.
La finalidad del Proyecto de Ley N° 2647/2013-CR es establecer los derechos y
deberes, de carácter patrimonial y no patrimonial, derivados de la unión voluntaria de
dos personas del mismo sexo. De esta forma, se plantea regular aspectos no
contemplados en la legislación nacional, como el derecho a tomar decisiones ante
situaciones de emergencia en la salud; la visita al compañero o compañera civil en un
hospital, centro médico o cualquier establecimiento de salud; acceso a la seguridad
social, a los alimentos, a recibir protección contra la violencia familiar y otros beneficios
de promoción social que pueda brindar el Estado.
Advirtiendo que el Estado peruano aún no ha adoptado medidas concretas frente a la
situación de los derechos fundamentales de la población LGBTI, el presente informe
constituye una invocación para que, desde el Estado —y también desde la sociedad—
nos comprometamos a seguir construyendo una nación más inclusiva.
Por ello, el presente informe plantea puntuales recomendaciones dirigidas a contribuir
con el Estado a garantizar los derechos fundamentales de este sector y al
cumplimiento de las obligaciones internacionales en esta materia.
En el presente informe utilizarem os la sigla LGBTI para referirnos a este grupo poblacional, siguiendo la nomenclatura
utilizada por la Relatoría sobre los derechos de las personas lesbianas, gaYs, bisexuales, trans e intersex de la
II. LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS LGBTI EN
En nuestro país, pese a tratarse de una población con alto grado de vulnerabilidad, no
existe un marco normativo ni políticas públicas a favor de la población LGBTI. Ello ha
sido reconocido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que en su último
informe periódico ha instado al Estado Peruano a «establecer clara y oficialmente que
no tolera ninguna forma de estigmatización social de la homosexualidad, la
bisexualidad o transexualidad, o la discriminación o la violencia contra personas por su
orientación sexual o identidad de género». Igualmente señala que nuestro país
«debería modificar su legislación con el fin de prohibir la discriminación por motivos de
orientación sexual e identidad de género». 2
La situación de discriminación también ha sido reconocida por el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de la ONU,3 refiriéndose al Perú, advirtiendo la
inexistencia de legislación específica en favor de la comunidad LGBTI, por lo que ha
señalado su especial preocupación ante la posibilidad de que estos sean víctimas de
actos de discriminación en el empleo, la vivienda, el acceso a la educación y la
atención de la salud.4
Frente a lo señalado por los mencionados organismos internacionales, en efecto, el
Estado peruano no cuenta con datos oficiales sobre la situación de la población
LGBTI. Incluso, en el último Censo Nacional de Población y Vivienda del 2013, se
generó una polémica porque en el protocolo de empadronamiento se indicaba que en
caso de encontrar una pareja homosexual, el empadronador debía «registrar a una
persona como jefe del hogar» y a la otra persona como «no pariente»,5 lo que
significa, en los hechos, invisibilizar esta realidad.
Las únicas fuentes de datos accesibles corresponden a las formuladas por
organizaciones civiles que promueven los derechos de esta población, entre ellos: el
Movimiento Homosexual de Lima (Mhol), la organización Demus—Estudio para la
defensa de los derechos de la mujer, el Centro de Promoción y Defensa de los
Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), Lesbiana Independientes, Feministas
y Socialistas —Lifts y el Observatorio de Derechos Humanos LGTBI y VIH/sida.6 Los
casos recogidos por este último dan cuenta que sus principales problemas se centran
Comité de Derechos Humanos. Observaciones finales del quinto informe periódico del Perú, adoptado por el Comité
en su sesión 107. 29 de abril de 2013. En:
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2013/10/PER%C3%9A-Observaciones-finales-Comit%C3%A9-de-DerechosHumanos-2013.pdf
Información tomada de: Informe Alternativo de la sociedad civil peruana sobre la aplicación del Pacto de Derechos
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/CCPR%20_CNDDHH_Peru107.pdf
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observaciones finales a los informes periódicos combinados
segundo a cuarto presentados por el Perú, respecto a la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, del 30 de mayo de 2012 (E/C.12/PER/CO/2-4).
http://peru21.pe/actualidad/inei-desata-polemica-no-incluir-parejas-hom osexuales-censo-2139784
http://www.observatorio-diversidad.org/
Atentados contra la integridad
Discriminación en el ámbito familiar
Insultos o burlas
Fuente: Observatorio de Derechos LGBT y VIH/SIDA
Elaboración: Defensoría del Pueblo
De otro lado, el Informe anual sobre derechos humanos de personas trans, lesbianas,
gays y bisexuales en el Perú 2012, «Sin igualdad no hay Justicia», elaborado por la
Red Peruana TLGB y el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y
Reproductivos (PROMSEX),7 citando un estudio del Instituto de Opinión Pública de la
Pontificia Universidad Católica del Perú, el 25.6% de la población general encuestada
refiere que «no le gustaría tener de vecinos a personas homosexuales», cifra solo por
debajo de «drogadictos», «personas con antecedentes penales» y «personas que
beben mucho».8 De igual modo, en materia de seguridad ciudadana, la «erradicación
de homosexuales» sigue siendo una meta de algunos gobiernos locales.9 Asimismo,
se percibe al serenazgo, a la Policía Nacional del Perú y a los centros educativos
públicos como las instituciones que muestran «nada de respeto y poco respeto» a la
población LGBTI.10
Asimismo, dicho informe recogió 7 casos de discriminación (la mayoría sustentado en
la identidad de género de las personas), 7 casos de asesinatos (4 contra trans y 3
contra gays) y 12 casos de afectaciones al derecho a la seguridad personal (8 contra
trans y 4 contra gays), consistentes en su mayoría en lesiones contra la integridad.
Cabe indicar que en el año 2011, de acuerdo a este informe, se cometieron 14
asesinatos y 17 afectaciones a la seguridad e integridad física de las personas LGBTI,
cuyo común denominador son los tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Centro de Prom oción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Informe Anual sobre derechos humanos
de personas trans, lesbianas, gays y bisexuales en el Perú 2012. Lima, mayo de 2013. 79 pp.
Op. cit. pág. 26
Op. cit. pág. 57.
Op. cit. pág. 58.
Por su parte, según el reporte del Mhol, 249 personas homosexuales fueron
asesinadas entre el 2006 y el 2010,11 mientras que la Coordinadora Nacional de
Derechos Humanos señala que en el 2013 se produjeron 48 asesinatos de personas
LGBTI.12
En igual sentido, los resultados de la Encuesta para medir la opinión de la población
peruana En relación con los derechos humanos, realizada por encargo del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, demuestra que la sociedad en su conjunto percibe
que las personas LGBTI se encuentran más expuestas a las amenazas y al maltrato,
tal como lo describen los siguientes cuadros: 13
Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Hum anos
Movimiento Hom osexual de Lima (Mhol). Informe sobre la situación de los derechos humanos LTGB 2006-2010.
Lima, abril de 2012. Citado en el Informe del Mhol sobre la República del Perú, XIII Ronda del Examen Periódico
Coordinadora Nacional de Derechos Hum anos. Informe Anual julio 2012-diciembre 2013. Versión preliminar. pág.
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Encuesta para medir la opinión de la población peruana con relación con
los derechos humanos, 2013.
Todos estos datos reflejan un alto nivel de estigmatización que dificulta gravemente el
ejercicio de los derechos de esta población y que requiere de una actuación especial
desde el Estado parar superarla.
Las organizaciones de protección de los derechos de las personas LGBTI también
denuncian que estos delitos, así como la intimidación, el acoso, la agresión física o
sexual (la que también se da intrafamiliarmente) suelen quedar impunes por falta de
investigación. Las víctimas, señalan, no suelen denunciar estos hechos por vergüenza,
desconfianza en la justicia e indocumentación.14
No obstante, el Estado peruano no cuenta con estudios ni datos oficiales sobre esta
situación que nos permitan conocerla y enfrentarla desde las políticas públicas. Según
Promsex,15 ni la Policía Nacional ni el Ministerio del Interior cuentan con herramientas
que les permitan identificar las vulneraciones hacia este sector de la población. Tan es
así que en el Sexto Informe de Cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades
entre Hombres y Mujeres, se señala que no existe data relacionada al número de
crímenes en razón de la orientación sexual de la víctima.16
Empero, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos es enfática en señalar que las personas LGBTI:
[…] se encuentran en particular riesgo de ser víctimas de violencia selectiva. Se ha
observado violencia homofóbica y transfóbica en todas las regiones. Este tipo de
violencia puede ser física (asesinatos, golpizas, secuestros, violación y abuso sexual)
o psicológica (amenazas, coerción y privación arbitraria de la libertad, entre otras).
Esos ataques constituyen una forma de violencia basada en el género motivada por el
deseo de castigar a quienes se considera que desafían las normas sobre género.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que, entre octubre de 2013
y enero de 2014, se cometieron al menos 58 asesinatos contra personas trans en
América.18 El organismo interamericano ha sostenido en anteriores oportunidades que:
[…] las cifras no reflejan necesariamente la complejidad del problema de la violencia
contra las personas LGTBI o aquellas percibidas como tales, ya que la falta de
información sigue constituyendo un desafío. Igualmente, los informes recibidos por la
CIDH no siempre indican las razones de estos crímenes y ataques. No obstante,
continúa preocupando a la CIDH el particular nivel de crueldad y ensañamiento que
se observa en la mayoría de esos ataques y asesinatos. Los informes recibidos por la
Comisión indican que los organismos del Estado encargados de la investigación de
esos delitos con frecuencia tienden a identificar a priori estos crímenes contra
personas LGTBI como «crímenes pasionales» o a hacer asunciones sesgadas con
Informe del Mhol sobre la República del Perú, XIII Ronda del Exam en Periódico Universal. Puntos 2.1, 2.2. y 2.3.
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Op. cit. pág. 60.
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En: «Informe sobre la situación de los derechos humanos LTGB
2006-2010.» Lima, abril de 2012. Citado en el Informe del Mhol sobre la República del Perú, XIII Ronda del Examen
Periódico Universal.
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. «Nacidos libres e iguales.
Orientación sexual e identidad de género en las norm as internacionales de derechos humanos».pág.
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/023.asp
base en el estilo de vida de las víctimas, responsabilizándolas por los ataques, todo lo
cual obstaculiza la efectiva investigación de los casos.
Por otro lado, según la Unesco:
[…] muy a menudo es en el patio de las escuelas en donde aquellos niños a quienes
otros consideran afeminados, o las jóvenes a las cuales se ve con apariencia varonil,
son víctimas de burlas, y en donde, también muy a menudo, sufren los primeros
golpes, solo y sencillamente por causa de una apariencia y de una conducta que no
se acomoda a lo que la generalidad entiende por identidad de género
heteronormativa».
Esta situación, como señala la Oficina del Alto Comisionado, genera depresión y otros
problemas de salud y contribuye al ausentismo escolar, obliga a los niños a abandonar
la escuela y, en casos extremos, a tentativas de suicidio o incluso al suicidio mismo.21
Sobre este particular, el documento de trabajo «Era como ir todos los días al
matadero: el bullying homofóbico en instituciones educativas públicas de Chile,
Guatemala y Perú», elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (Unesco), la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el Instituto
de Estudios en Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano, concluye que la experiencia
de bullying homofóbico se presenta con más frecuencia entre los no heterosexuales
(48% vs 13% de los heterosexuales), siendo los motivos más comunes que
sustentaban los insultos («maricón», «cabro», «chivo», entre otros), el ser delgado o
bajito, tranquilo o callado, no ser el típico macho, no pelear con los demás, entre
Los insultos relacionados a la sexualidad/masculinidad son más altos entre los no
heterosexuales (57%), generando en los primeros aislamiento (38%), depresión (33%
aprox.) e intento de suicidio (14%), siendo la fragilidad, timidez y sensibilidad
características asociadas como femeninas, pues no responden a los conceptos
tradicionales del género masculino y a la heteronormatividad. Finalmente, resulta
alarmante que los jóvenes no heterosexuales señalaron que frecuentemente, son los
propios profesores los que cometen estos actos.
Esta situación también ha sido advertida por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, que ha reconocido los problemas de acoso y discriminación que sufren los
niños, niñas y adolescentes como consecuencia de su orientación sexual e identidad
de género real o percibida en las escuelas, reforzando los estereotipos, el estigma y
sentimientos de vergüenza e inferioridad; exhortando a los Estados a adoptar medidas
necesarias para prevenir la discriminación contra las personas LGBTI en todas las
instituciones educativas, destacando el rol fundamental e importante que cumple la
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/079.asp
Op. cit. pág. 51.
Op. cit. pág. 52.
educación en derechos humanos para valorar la diversidad, combatir los prejuicios y
lograr un cambio cultural.22
III. LAS PERSONAS LGBTI SON CIUDADANOS Y CIUDADANAS CON IGUALES
DERECHOS Y LIBERTADES Y, COMO TALES, NO PUEDEN SER SUJETAS A
Actualmente, nuestro país se ubica en el puesto 113 de 138 países evaluados en torno
al reconocimiento y garantía de los derechos de esta población.23 Ello refleja que las
personas LGTBI sufren una situación compleja en la que son discriminados de modo
cotidiano y sobre dicha discriminación existe una aceptación social que no deberíamos
permitir que se siga manteniendo. Como lo ha señalado con claridad el Secretario
General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, la cultura y la tradición jamás pueden
ser utilizadas para negar derechos a nadie.24
Una de las bases de nuestra democracia y de nuestro sistema jurídico es el
reconocimiento de que todos los seres humanos son iguales ante la ley, sin que exista
ninguna distinción, privilegio o prerrogativa. En atención a ello, el Estado tiene la
obligación de asegurar que todos sus ciudadanos y ciudadanas disfruten de
condiciones de vida idénticas, atendiendo a su naturaleza de seres humanos con igual
Al respecto, es necesario precisar que la prohibición de discriminación es, en el
Derecho Internacional, una norma de Jus Cogens, (consecuencia lógica del principioderecho a la igualdad), lo que significa que es de obligatorio cumplimiento para todos
los Estados, sin admitir pacto en contrario, de conformidad con el artículo 53º de la
Convención de Viena del Derecho de los Tratados.
Así, tenemos que la Constitución Política señala expresamente que toda persona tiene
derecho a la igualdad ante la ley, por lo que nadie puede ser discriminado «por motivo
de origen, raza, sexo, idioma, opinión, condición económica o de cualquier otra
índole». Esta fórmula constitucional de carácter abierto incluye a la orientación sexual
e identidad de género, aunque no estén reconocidas de manera expresa en el texto
Este ha sido también el criterio del Tribunal Constitucional peruano, que en algunas
sentencias ha reconocido expresamente que las personas LGBTI no pueden ser
discriminadas en base a su orientación o identidad sexual. Así lo hizo en la STC N°
01575-2007-PHC/TC, al referirse al derecho de los internos a una visita íntima:
[…] este Tribunal estima que la permisión de la visita íntima no debe sujetarse a
ningún tipo de discriminación, ni siquiera aquellas que se fundamenten en la
orientación sexual de las personas privadas de su libertad. En estos casos la
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/092.asp
Ranking referido en el artículo “Enfrentando el dolor” de Jorge Bruce, publicado el 5 de agosto de 2013, en el diario
La República, teniendo como fuente la guía especializada “Spartacus”.
Discurso del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en la Conferencia sobre derechos Humanos,
orientación sexual e identidad de género, llevada a cabo en la ciudad de Oslo, Noruega, el 15 de abril de 2013.
autoridad penitenciaria, al momento de evaluar la solicitud de otorgamiento, deberá
exigir los mismos requisitos que prevé el Código de Ejecución penal y su Reglamento
para las parejas heterosexuales.
Igualmente, aunque a través de votos en mayoría, ha profundizado en ello, en la STC
N° 00926-2007-AA/TC, al evaluar una demanda de amparo interpuesta por un alumno
del 2° año de la Escuela Técnico Superior de PNP de Puente Piedra, que fue
sancionado disciplinariamente por un acto vinculado a su orientación sexual. Uno de
los magistrados, argumentando su voto de mayoría, señaló que:
[…] en el marco del Estado social y democrático de derecho, ningún ser humano
debe verse limitado en el libre desenvolvimiento de su personalidad e identidad
sexual. Es una obligación del Estado el proteger el ejercicio de este derecho así como
el de derogar o eliminar las medidas legales o administrativas que puedan verse
como una traba para su ejercicio, sin que esto implique un abuso del mismo. Esto
quiere decir que la identidad sexual se basa no sólo en elementos eminentemente
objetivos, sino que incluye factores subjetivos o psicológicos, en muchos casos, tanto
o más relevantes que los primeros.
El ejercicio de este derecho requiere proyectarse adecuadamente en todos los
ámbitos en los que eventualmente pueda manifestarse, mediante ciertas garantías
mínimas. Entre éstas se encuentran esencialmente la protección de la opción sexual
y guardar reserva en torno a la propia opción sexual.
El ser humano es libre de autodeterminarse y no es posible concebir que en función
de sus particulares opciones de comportamiento tenga que verse discriminado. Si una
persona cuyo sexo se encuentra perfectamente definido tiene derecho a una
identidad en todos los aspectos que tal categoría representa, no existe consideración
constitucionalmente válida para que quien opta por un comportamiento sexual
diferente, no le asista a plenitud tal derecho.
En la misma sentencia, al explicar su voto, otro magistrado señaló que:
[…] De forma complementaria, debo expresar que la condición homosexual de una
persona no significa ni puede ser visto como una disminución de su calidad moral,
profesional, mental o física. En este sentido, la opción sexual de una persona no
puede ser considerado como un menoscabo a la aptitud profesional para portar
armas, de someterse al régimen de orden y disciplina castrense o la de cumplir el
mandato constitucional de las Fuerzas Armadas.
Por lo tanto, la opción sexual de un individuo no puede ser un requisito o condición
para determinar su capacidad o aptitud profesional, incluyendo la actividad policial y
castrense. Sostener esto no solo es anacrónico sino atentarorio al principio de
Como el Tribunal Constitucional ya ha establecido en la STC Nº 02868-2004-AA/TC,
el carácter digno de la persona no se pierde por el hecho de que se haya cometido un
delito. Tampoco por ser homosexual o porque haya decidido por un modo de ser que
no sea de aceptación de la mayoría.
STC 0926-2007-PA/TC. Voto en mayoría del Magistrado Carlos Mesía Ramírez. Fundamentos jurídicos 57-59.
Como lo ha sostenido la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Planned
Parenthood of Southeastern v. Casey, «estos asuntos, relativos a las más íntimas y
personales decisiones que una persona puede hacer en su vida, decisiones centrales
para la autonomía y dignidad personal, son esenciales para la libertad [...]. En la
esencia de la libertad se encuentra el derecho a definir el propio concepto de la
existencia, el significado del universo y el misterio de la vida humana. La creencia
sobre estos asuntos o la definición de los atributos de la personalidad no pueden ser
formados bajo la compulsión del Estado.
Ahora bien, si no pueden ser formados bajo la compulsión del Estado, tampoco puede
considerarse ilícitos desde el punto de vista del Derecho, a no ser que con su
ejercicio se afecten bienes jurídicos. De ahí que cuando el Estado, a través de sus
órganos, sanciona a un servidor o funcionario por tener determinado tipo de
relaciones homosexuales, con independencia de la presencia de determinados
factores que puedan resultar lesivos a la moral o al orden público, se está asumiendo
que la opción y preferencia sexual de esa persona resulta ilegítima por antijurídica. Es
decir, se está condenando una opción o una preferencia cuya elección solo
corresponde adoptar al individuo, como ser libre y racional.26
En resumen podemos afirmar que la igualdad debe entenderse como un derecho a
título subjetivo y como un principio constitucional. Como derecho:
[…] permite que cualquier persona o sujeto titular de derechos se autodetermine de
forma igual o similar al resto de sus semejantes, sin que pueda verificarse como
admisible circunstancia discriminatoria insustentada, sea que esta se genere por
actos; sea que se genere por omisiones; sea que esta provenga del Estado o la
sociedad, sea que esta se genere por voluntad o decisión de los sujetos privados o
particulares. La igualdad así concebida busca proteger a todo ser humano contra el
trato desigual que se juzgue arbitrario por no tener sustento objetivo razonable,
racional, adecuado y proporcional»27.
Asimismo, desde una perspectiva formal-negativa trata de evitar la discriminación por
las características innatas o las posiciones asumidas por una persona (raza, sexo,
opinión, religión, idioma, etc.), en tanto que desde una óptica material-positiva busca:
garantizar que la condición personal distintiva con la que todo ser humano se ve
acompañado a lo largo de su vida no sea un obstáculo o impedimento para recibir
trato igual al de sus propios semejantes. En dicho contexto, el Estado y la sociedad
(incluso los particulares) adquieren un rol protagónico pues antes que abstenerse
(perspectiva meramente negativa), deben actuar promoviendo condiciones a favor de
los derechos (perspectiva positiva 28».
En buena cuenta, las diferencias no deben significar una barrera para el libre
desarrollo de su personalidad, pues, por el contrario, el Estado y la sociedad deben
contribuir de manera concreta mediante acciones y políticas públicas para lograr su
plena realización como persona con dignidad. Así:
STC 0926-2007-PA/TC. Voto en mayoría del Magistrado Ernesto Alvarez Miranda. Fundamentos jurídicos 8-10.
STC Nº 05680-2009-AA/TC, FJ. 8.
BIS, FJ. 9.
[…] toda conducta proveniente del Estado, de sus poderes públicos, del medio social
o de cualquier sujeto en particular, debe encontrarse exenta de comportamientos
discriminatorios o diferenciados a menos que estos últimos se encuentren
sustentados en razones debidamente justificadas. No se necesita, por tanto, que
dicha visión tenga que ser reclamada por alguien en particular a la luz de algún caso
concreto, sino que la misma debe ser una línea de raciocinio permanente o
inalterable, una obligación imperativa nacida para ser acatada o puesta en práctica en
toda circunstancia, por todos y principalmente por el Estado, en cuanto garante o
protector de las libertades y derecho. »
Ahora bien, a nivel legal, el Código Procesal Constitucional es la única norma de
alcance nacional que se refiere a la discriminación por orientación sexual,30 aunque no
hace referencia a la identidad de género.31
La falta de reconocimiento expreso de la orientación sexual e identidad de género
como una categoría prohibida de discriminación ha dado pie a diversas situaciones de
vulneración de derechos como, entre otras, la que en su oportunidad ocasionó la
dación del Decreto Legislativo Nº 1150, Ley de Régimen Disciplinario de la Policía
Nacional del Perú, el cual sancionaba con la expulsión a quien tuviera relaciones con
personas del mismo sexo. Esta norma fue posteriormente corregida al ser considerada
No obstante, existen ordenanzas regionales y locales que reconocen de manera
expresa la discriminación por orientación sexual o identidad de género, tales como:
Ordenanza Regional de Apurímac, Junín, Ucayali y Tacna, así como las ordenanzas
locales de Miraflores, Chaclacayo, Santiago de Surco, Pueblo Libre, San Juan de
Lurigancho, en Lima así como Alto Selva Alegre (Arequipa) y Catacaos (Piura), entre
En el ámbito internacional, el artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc) y el artículo 2.1 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (Pidcp) coinciden en señalar la obligación de los Estados
de respetar y garantizar a todas las personas que se encuentren en su territorio y bajo
su jurisdicción, los derechos reconocidos sin discriminación por raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social. En ese orden de ideas, en su
Observación General Nº 20, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
precisó que, dentro de la discriminación basada en «cualquier otra condición social» —
como lo regula el Pacto— está incluida la orientación sexual.
BIS, FJ. 10.
Cabe indicar que si bien hay algunas ordenanzas que incluyen a la orientación sexual como motivo proscrito de
discriminación, estas normas son de alcance local o regional.
Los Principios de Yogyakarta señalan que la orientación sexual’ se refiere a la capacidad de cada persona de sentir
una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo
género, o de más de un género, en tanto que ‘identidad de género’ se refiere a la vivencia interna e individual del
género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al
momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la
apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea
libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.
Asimismo, en junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos aprobó la resolución
A/HRC/RES/17/19, sobre orientación sexual e identidad de género, expresando su
preocupación por los actos de violencia y discriminación cometidos contra las
personas en razón de estas categorías. Igualmente, en un Informe elaborado por el
(A/HRC/19/41), se señaló que:
[…] la obligación de proteger a las personas de la discriminación por razón de la
orientación sexual comprende que las parejas de hecho homosexuales sean tratadas
de la misma manera y tengan derecho a las mismas prestaciones que las parejas
heterosexuales more uxorio».
En esa misma línea, los «Principios de Yogyakarta sobre la aplicación del Derecho
Internacional de Derechos Humanos a las Cuestiones de Orientación Sexual e
Identidad de Género»32 ratifican estándares legales internacionales que los Estados
deben cumplir,33 incorporando una serie de recomendaciones con la finalidad de
atender esta problemática. Así, por ejemplo, señala que los Estados deben adoptar:
[…] todas las medidas apropiadas a fin de garantizar el desarrollo adecuado de las
personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, según sean
necesarias para garantizarles a estos grupos o personas el goce o ejercicio de los
derechos humanos en igualdad de condiciones […]»
A nivel regional, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) ha emitido seis resoluciones34 manifestando, entre otras cosas, su
preocupación por los actos de violencia, violación a los derechos humanos y
discriminación en contra de las personas debido a su orientación sexual e identidad de
género, rechazando y condenando estas prácticas e invocando a los Estados a
investigar estos hechos en el marco del sistema de justicia así como a eliminar las
barreras que enfrentan las personas LGBTI en el ejercicio de sus derechos, mediante
la adopción de políticas públicas a favor de este colectivo.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que, tanto
la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, señaló que:
[…] los Estados deben ayudar al avance social, de lo contrario se corre el grave
riesgo de legitimar y consolidar distintas formas de discriminación violatorias de los
derechos humanos (…) la presunta falta de consenso al interior de algunos países
sobre el respecto pleno por los derechos de las minorías sexuales no puede ser
considerado como un argumento válido para negarles o restringirles sus derechos
humanos o para perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural que
estas minorías han sufrido.
Este documento fue elaborado por 29 expertos en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de
varios países, a petición de Louise Arbour, ex Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(2004-2008). Se presentó el 26 de marzo de 2007 en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las
Naciones Unidas en Ginebra y posteriormente fue ratificado por la Comisión Internacional de Juristas.
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_sp.htm
OEA AG/RES. 2435(XXXVIII-0/08), AG/RES. 2504 (XXXIX-O/09), AG/RES. 2600 (XL-O/10), AG/RES. 2653 (XLIO/11), AG/RES. 2721 (XLII-O/12) and AG/RES. 2807 (XLIII-O/13).
Debido a ello, concluye que ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno sea
por parte de autoridades estatales o por particulares, puede disminuir o restringir, de
modo alguno, los derechos de una persona.35
También es importante recordar que en el año 2008 la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó la «Declaración sobre derechos humanos, orientación sexual
e identidad de género», en la que se reafirma el principio de no discriminación hacia
Sobre esta base, los Estados asumen la obligación de adoptar, con arreglo a sus
procedimientos internos, las medidas oportunas para que tales derechos puedan ser
ejercidos de manera efectiva por todas las personas que se encuentran en su
IV. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS LGBTI SON
EXPRESIÓN DEL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD
El artículo 2.1º de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho «a
la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y, a su libre desarrollo y
bienestar [...]». Interpretando los alcances de esta disposición, el Tribunal
Constitucional ha considerado que:
[…] toda persona tiene derecho «a su libre desarrollo», pues si bien en este precepto
no se hace mención expresa al concreto ámbito que libremente el ser humano tiene
derecho a desarrollar, es justamente esa apertura la que permite razonablemente
sostener que se encuentra referido a la personalidad del individuo, es decir, a la
capacidad de desenvolverla con plena libertad para la construcción de un propio
sentido de vida material en ejercicio de su autonomía moral, mientras no afecte los
derechos fundamentales de otros seres humanos.
En el mismo sentido, ha reconocido que:
[…] el derecho al libre desarrollo garantiza una libertad general de actuación del ser
humano en relación con cada esfera de desarrollo de la personalidad. Es decir, de
parcelas de libertad natural en determinados ámbitos de la vida, cuyo ejercicio y
reconocimiento se vinculan con el concepto constitucional de persona como ser
espiritual, dotada de autonomía y dignidad, y en su condición de miembro de una
comunidad de seres libres […] En tal sentido, las conductas que se encuentran bajo
el ámbito de protección del derecho al libre desenvolvimiento “constituyen ámbitos de
libertad sustraídos a cualquier intervención estatal que no sean razonables ni
proporcionales para la salvaguarda y efectividad del sistema de valores que la misma
Constitución consagra.
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Sentencia del 24 de
Tribunal Constitucional. Expediente Nº 000032-2010-PI/TC, Fundamento Nº 22.
STC Nº 03901-2007-AA/TC, FF.JJ. 8-9.
Por su parte, y realizando una interpretación amplia del artículo 7° de la Convención
Americana,38 la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que:
[…] el derecho al libre desarrollo de la personalidad, incluye un concepto de libertad
en un sentido extenso como la capacidad de hacer y no hacer todo lo que esté
lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el derecho de toda persona de
organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus propias
opciones y convicciones. La libertad, definida así, es un derecho humano básico,
propio de los atributos de la persona, que se proyecta en toda la Convención
En palabras de la Corte Constitucional de Colombia, este derecho posibilita a las
personas el «optar por su plan de vida y desarrollar su personalidad conforme a sus
intereses, deseos y convicciones, siempre y cuando no afecte derechos de terceros, ni
vulnere el orden constitucional».39 También asegura, «la capacidad de las personas
para definir, en forma autónoma, las opciones vitales que habrán de guiar el curso de
su existencia»40.
En ejercicio del libre desarrollo de la personalidad cualquier persona puede expresar
su libre voluntad para convivir con otra, sin importar su orientación sexual o identidad
de género. Así lo ha expresado también la Suprema Corte de Justicia de la Nación de
México, al establecer que:
[…] de la dignidad humana […] deriva, entre otros, el libre desarrollo de la
personalidad, es decir, el derecho de todo individuo a elegir, en forma libre y
autónoma, cómo vivir su vida, lo que comprende, entre otras expresiones […] su libre
opción sexual. [L]a orientación sexual de una persona, como parte de su identidad
personal, [es] un elemento relevante en el proyecto de vida que tenga y que, como
cualquier persona, incluye el deseo de tener una vida en común con otra persona de
igual o distinto sexo.
En consecuencia, si el libre desarrollo de la personalidad permite a una persona optar
por un proyecto de vida, independientemente de la orientación o identidad sexual de la
persona, el ordenamiento jurídico no puede imponerle barreras que limiten su ejercicio
en base a dicha orientación o identidad. Es decir, que si bien no existen prohibiciones
expresas para que las parejas homosexuales puedan acceder a ciertos derechos o
prestaciones sociales, la omisión de normas y de políticas públicas a su favor
constituyen afectaciones a su plan de vida, que no tienen sustento constitucional y
que, por tanto, deben ser superadas desde el Estado.
Resulta ilustrativa de este tema la Sentencia N° C-075 de 2007, de la Corte
Constitucional de Colombia, que al exponer el derecho al libre desarrollo de la
personalidad, concluyó en que este no se restringía a la esfera individual de las
personas. Así, reconoció la existencia de una discriminación injustificada frente a las
Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 7: Derecho a la Libertad Personal: 1. Toda persona tiene
derecho a la libertad y a la seguridad personales.
Corte Constitucional, Sentencia C-309 de 1997.
Corte Constitucional, Sentencia SU-642 de 1998.
Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, Acción de inconstitucionalidad A.I. 2/2010, 16 de agosto de 2010,
párrafos. 263 y 264. Citado en Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. Sentencia de 24 de febrero de 2012, párr.
parejas del mismo sexo, pues mientras se les reconocía el derecho a determinar su
sexualidad, tal protección se limitaba solo al ámbito individual y, cuando decidían
conformar una unión con un proyecto de vida en común, de forma permanente y
estable, la defensa de sus derechos les era negada, en tanto no se les permitía
resolver legalmente los conflictos patrimoniales que se presentaban cuando cesaba su
vida en pareja.42
V. NECESIDAD DE ADOPCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECÍFICAS PARA
SUPERAR LA SITUACIÓN DE AFECTACIÓN A LOS DERECHOS DE LA
Teniendo en cuenta la compleja situación que afronta la población LGBTI en el país,
se hace necesario que, desde el Estado, se promuevan políticas públicas destinadas a
superar la misma. La implementación de estas políticas puede convertirse en una
herramienta efectiva para garantizar los derechos de las personas LGBTI y, sobretodo,
para reducir el estigma y la discriminación que suelen enfrentar y contribuir a incluirlas
en todos los ámbitos de la sociedad, en igualdad de condiciones. Esta es una
obligación que viene impuesta al Estado por la propia Constitución y por los tratados
internacionales de los que es parte.
Conviene destacar que las políticas públicas en esta materia deben comprender
acciones, planes y presupuestos de diferentes sectores y entidades públicas, que
deben actuar rompiendo el paradigma sectorial de la competencia por áreas. Así, por
ejemplo, resultará prioritario que el Estado coordine mecanismos que le permitan
contar con información oficial y fidedigna sobre la población LGBTI, hecho necesario
para establecer las prioridades a ser atendidas de forma urgente y aquellas que
pueden serlo progresivamente.
De otro lado, en su elaboración e implementación será imprescindible una amplia
participación y consulta de la población LGBTI. Esta apertura deberá ir más allá de lo
público estatal e incluir planes no solamente para adoptar su participación en sí, sino
además para que la política misma se convierta en un escenario de creación de redes
sociales autosostenibles y de fomento de organizaciones sociales democráticas.
La construcción de una política pública debe comprender al Estado en sus diferentes
niveles de gobierno —nacional, regional y local—, por lo que es imprescindible la
racionalización de esfuerzos, la armonización de planes, proyectos y recursos
tendientes al fortalecimiento de los derechos humanos.
En principio, constituyen ámbitos privilegiados para iniciar estas políticas, por un lado,
el Consejo Nacional de Derechos Humanos, a través de la incorporación de medidas
concretas en el Plan Nacional de Derechos Humanos, en tanto que otras medidas
deberían estar a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través
de su Viceministerio de Poblaciones Vulnerables, el cual puede formular estrategias
específicas a favor de la población LGBTI. Un tercer ámbito se encuentra en el
Cfr. QUINTERO VÉLEZ, Maribel. «El reconocimiento constitucional de la unión entre parejas del mismo sexo». En:
Revista Electrónica de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Antioquia, N° 4, Año 2. pág. 9.
Congreso de la República, que tiene una importante oportunidad para retomar la
discusión sobre la incorporación de crímenes de odio contra personas LGBTI, así
como aprobar otras normas que busquen garantizar la no discriminación contra ellas.
Los crímenes de odio hacen alusión a los actos delictivos cuya realización tiene como
base la animadversión e intolerancia hacia determinados grupos de personas, por
motivos como la raza, la orientación sexual, la discapacidad, entre otros. Es un delito
cometido con una motivación prejuiciosa y constituye como lo ha señalado la Comisión
Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal de México, la cara más brutal de
La gravedad de estas conductas ha originado que diversos países —como Estados
Unidos, España, Colombia, Argentina, Ecuador, entre otros— hayan contemplado
sanciones contra ellas o establecido circunstancias agravantes de la responsabilidad
penal fundamentadas en motivos de odio.
Precisamente, los delitos de odio difieren de los delitos ordinarios no solo en la
motivación del infractor, sino también en el impacto sobre la víctima. A diferencia de
las víctimas de muchos otros actos delictivos, las víctimas del odio se seleccionan
sobre la base de lo que ellas representan más que sobre lo que ellas son. El mensaje
que se transmite no solo alcanza a la víctima inmediata sino también a la comunidad
a la que pertenece la víctima. Estos delitos envían a las víctimas el mensaje de que no
son bienvenidas. También envían el mensaje a los miembros de la comunidad que
comparten esas características de que ellos no pertenecen a la sociedad, e igualmente
podrían ser un objetivo.43
Como lo ha señalado Zaffaroni, en estos delitos «el odio a la víctima está motivado por
el odio a un grupo de pertenencia, que está fundado en un prejuicio […] No se pena el
prejuicio, que es una mera actitud, sino la conducta que, además de lesionar el
correspondiente bien jurídico, resulta más reprochable por ser discriminatoria y por
implicar un mensaje para todos los que se ven afectados por el prejuicio».44 En el
caso concreto, este prejuicio va dirigido contra las personas LGBTI, históricamente
discriminadas, lo que las coloca en una situación de mayor y especial vulnerabilidad
que se agudiza por la debilidad del sistema de justicia en afrontar, investigar y
sancionar estos delitos que, como se ha mencionado previamente, suelen no ser
denunciados o calificados como delitos pasionales o asesinatos cometidos con gran
Por tal motivo, la mención expresa a los crímenes de odio en la legislación penal
contribuirá a visibilizar esta problemática y constituye un esfuerzo importante en la
lucha por la erradicación de la discriminación, al proporcionar al juzgador una
herramienta necesaria para la valoración de la conducta delictiva y la imposición de
una sanción acorde con el injusto del delito y la culpabilidad.
MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA DE ESPAÑA. “Leyes de delitos de odio. Una guía práctica”. Cuadernos
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3106526&orden=231045&info=link.
Los delitos de odio. Discurso del Ministro de la Corte Suprema de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni pronunciado en
el Teatro Alberdi. Disponible en http://www.lagaceta.com.ar/vernota.asp?id_seccion=120&id_nota=231632.
Finalmente, no hay que dejar de lado que también se deben atender otros problemas
referidos a los derechos a la identidad y a la salud por parte de las entidades
competentes. Es importante señalar que la Comisión Nacional contra la Discriminación
(Conacod), conformada por ocho ministerios45, tiene también una labor fundamental y
expresa en la promoción de medidas a favor de este colectivo en el marco de sus
funciones en materia de igualdad y no discriminación.
VI. OPINIÓN DEL PROYECTO DE LEY Nº 2647/2013-CR, QUE ESTABLECE LA
UNIÓN CIVIL NO MATRIMONIAL PARA PERSONAS DEL MISMO SEXO
Contenido de la propuesta legislativa
dos personas del mismo sexo, a quienes se denomina compañeros civiles. Es decir,
busca regular aspectos importantes no contemplados en la legislación nacional que
están vinculados con la propia dignidad de la persona y sus derechos fundamentales,
entre otros, el derecho a tomar decisiones ante situaciones de emergencia en la salud;
la visita al compañero o compañera civil en un hospital, centro médico o cualquier
establecimiento de salud; acceso a la seguridad social, a los alimentos, a recibir
protección contra la violencia familiar y otros beneficios de promoción social que pueda
brindar el Estado.
En atención a lo señalado, la iniciativa legislativa comprende cuatro aspectos: i) la
inscripción del registro de la unión civil no matrimonial ante el Registro Personal de los
Registros Civiles, ii) los derechos y deberes de los/as integrantes de la unión civil no
matrimonial, iii) los impedimentos para constituir una unión civil y iv) las causales de
disolución o nulidad de dicho vínculo, entre otros aspectos.
El reconocimiento de las uniones de parejas del mismo sexo en el Derecho
Diversos países cuentan con una legislación que reconoce las uniones de parejas del
mismo sexo, ya sea través del matrimonio o la figura de las uniones civiles no
matrimoniales. En otros casos, la vía para lograr este reconocimiento ha sido la
judicial, supuesto en el cual los tribunales, a través de su jurisprudencia, se han
pronunciado a favor de reconocer estos derechos.
Tratándose de las uniones civiles entre personas del mismo sexo, algunos países
acogen esta figura con el fin de dotar a estas personas de un marco jurídico de
Esta Comisión fue establecida mediante Decreto Supremo N° 015- 2013- JUS. Está conformada por los
ministerios de Justicia y Derechos Humanos, que la preside; Cultura, Mujer y Poblaciones Vulnerables,
Transporte y Comunicaciones, Educación, Salud y Relaciones Exteriores.
protección. Tales son los casos de Francia, Alemania, Finlandia, Luxemburgo, Reino
Unido, Andorra, República Checa, Suiza, Austria y Liechtenstein.
En el ámbito latinoamericano están los casos de Ecuador y Colombia. En Ecuador,
con la promulgación de la nueva Constitución Política en el año 2008, las uniones de
hecho entre parejas del mismo sexo adquirieron rango y reconocimiento constitucional,
otorgándoles los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias
matrimoniales, salvo el derecho a la adopción.46
En el caso colombiano, el reconocimiento de derechos a las parejas del mismo sexo
se ha dado por la vía judicial a través de la vasta jurisprudencia emitida por la Corte
Constitucional de dicho país, que ha ampliado los derechos de las parejas
heterosexuales a las conformadas por personas del mismo sexo, bajo el razonamiento
que la desprotección de estas últimas limita su capacidad de autodeterminación,
afecta derechos y su proyecto de vida.47
Asimismo, resulta ilustrativo de este tema, la Sentencia N° C-075 de 2007, de la Corte
Constitucional de Colombia, quien, desarrollando el derecho al libre desarrollo de la
personalidad, concluyó que este no se restringía a la esfera individual de las personas.
Así, reconoció la existencia de una discriminación injustificada frente a las parejas del
mismo sexo, pues mientras se les reconocía el derecho a determinar su sexualidad, tal
protección se limitaba solo al ámbito individual y, cuando decidían conformar una
unión con un proyecto de vida en común, de forma permanente y estable, la defensa
de sus derechos les era negada, en tanto no se les permitía resolver legalmente los
conflictos patrimoniales que se presentaban cuando cesaba su vida en pareja.48
En otros países coexisten diversas formas de uniones entre parejas del mismo y
diferente sexo, como en México D.F., donde existe el concubinato, la sociedad de
convivencia49 y el matrimonio. En todos los casos se garantizan el deber recíproco de
alimentación y la generación de derechos sucesorios.
En el caso de Uruguay, la Ley Nº 18.246 del año 2008 conceptualizaba la unión
concubinaria como aquella situación de hecho derivada de la comunidad de vida de
dos personas, sin importar su orientación sexual, identidad, orientación u opción
sexual, que mantienen una relación afectiva de índole sexual, exclusiva, singular,
estable y permanente, no unidas en matrimonio. A partir del 10 de abril de 2013, con la
entrada en vigor de la denominada ley del «Matrimonio igualitario», Uruguay se
convirtió en el duodécimo país del mundo en permitir el matrimonio entre personas del
Constitución Política del Ecuador. Artículo 68.- La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo
matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley,
generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. La adopción
corresponderá sólo a parejas de distinto sexo.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencias C-075/07, C-029/09, C-075/07, entre otras.
Según el artículo 2º de la Ley Convivencia para el Distrito Federal, del 16 de noviembre de 2006, “La sociedad de
convivencia es un acto jurídico bilateral que se constituye, cuando dos personas físicas de diferente o del mismo sexo,
mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar común con vocación de permanencia y de ayuda
mutua”.
mismo sexo, y el segundo en Latinoamérica después de Argentina que lo reconoció en
En el caso de Brasil, en el año 2011 el Supremo Tribunal Federal reconoció por
unanimidad la unión civil de parejas del mismo sexo, otorgándoles los derechos y
deberes que una familia posee.50 Empero, el reconocimiento de las uniones
homosexuales dependía de los jueces de cada Estado. Recién, el 15 de mayo del
2013, el Consejo Nacional de Justicia de Brasil estableció que la plena equiparación
entre el matrimonio heterosexual y el homosexual resultaba
reconocimiento para todos los Estados del país.
Finalmente, Argentina ha reconocido el matrimonio entre personas del mismo sexo
desde el 15 de julio de 2010. De esta forma, el país se convirtió en el primero de
América Latina en reconocer este derecho en todo su territorio nacional.
Situación de las parejas del mismo sexo en el Perú
En el Perú las parejas del mismo sexo no tienen un marco normativo para el ejercicio y
salvaguarda de sus derechos. Por ello, si deciden iniciar una relación, adquieren
bienes y, luego se produce la muerte de alguno o de alguna, la otra persona quedará
desprotegida al no tener la posibilidad de acceder al patrimonio de ambos, pues el
Código Civil establece un orden de prelación en materia sucesoria, el cual no ha
considerado a las parejas del mismo sexo.51
Estas parejas tampoco pueden contar con el seguro de salud ni ser inscritos como
beneficiarios de la seguridad social para el acceso a una pensión. Igualmente, en no
pocas oportunidades enfrentan dificultades para visitar a su compañero/a en
hospitales o clínicas, debido principalmente a la oposición de sus padres o familiares.
Cabe resaltar que si bien las parejas homosexuales pueden evitar algunos perjuicios
patrimoniales, si actúan con previsión y debido conocimiento legal sobre las normas
civiles vigentes, éstas no les permiten un marco de protección adecuado de sus
En el caso de la sucesión testamentaria, si el causante deja un testamento, este no
puede vulnerar los derechos de sus herederos forzosos. Por ello, su disposición se
encontrará limitada y la pareja sobreviviente solo podrá acceder al tercio de libre
disponibilidad. La desventaja en este caso es evidente, debido a que aún actuando
con previsión se verán perjudicados, ya que no podrán ser herederos de la persona
con la que han compartido su vida, tal como sucede con las parejas heterosexuales. El
testamento tampoco garantiza sus derechos hereditarios cuando hay oposiciones. Los
Supremo Tribunal Federal. Acción de Inconstitucionalidad 4.277 de 5 de mayo de 2011.
Según el artículo 816º del Código Civil respecto a los órdenes sucesorios, “Son herederos del primer orden, los hijos
y demás descendientes; del segundo orden, los padres y demás ascendientes; del tercer orden, el cónyuge o, en su
caso, el integrante sobreviviente de la unión de hecho; del cuarto, quinto y sexto órdenes, respectivamente, los
parientes colaterales del segundo, tercer y cuarto grado de consanguinidad.
herederos legítimos pueden impugnarlo con el pretexto de |que fueron redactados bajo
influencia indebida.
En relación al régimen de copropiedad de bienes, no está permitido pactar una
comunidad futura sobre bienes no concretos y aún no adquiridos. Por tanto, las
parejas homosexuales tendrían que pactar la copropiedad al momento de adquirir
cada bien o derecho. Un segundo límite es que este régimen requiere de la publicidad
registral, debido a que sus efectos son extensibles a terceros. Este elemento no es de
menor importancia debido a que los costos pueden constituir un límite insalvable para
las parejas de escasos recursos económicos.
Debe entenderse que la ausencia de una norma que regule la situación de las parejas
del mismo sexo provoca prácticas discriminatorias como las antes anotadas. Cabe
reiterar que la limitación o restricción a un derecho aparece cuando no se otorga el
mismo trato a las personas en situaciones idénticas, utilizando como justificación
criterios no aceptados por el derecho, como la orientación sexual.
Lo señalado, evidencia la necesidad de establecer un marco de protección de los
derechos de las parejas del mismo sexo, así como el reconocimiento jurídico por parte
del Estado de las uniones civiles conformadas por parejas homosexuales.
Cabe mencionar que hasta finales de la década de los ochenta ningún país otorgaba
derechos a las uniones entre personas del mismo sexo, empero actualmente casi
todas las democracias occidentales han elaborado algún instrumento legal que les
concede derechos.
Este desarrollo legislativo moderno se basa en el reconocimiento de una realidad
social que incluye, cada vez con menos resistencia social, este tipo de uniones. Pero
también a una comprensión amplia y garantista del concepto de familia. En efecto,
tanto jurisprudencia de los organismos internacionales de derechos humanos como
algunos nacionales han reconocido dentro del concepto legal de familia a las formadas
por personas del mismo sexo.
Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que «en la Convención
Americana no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho
menos se protege sólo un modelo “tradicional” de la misma.
Reitera que el concepto de vida familiar no está reducido únicamente al matrimonio y
debe abarcar otros lazos familiares de hecho donde las partes tienen vida en común
por fuera del matrimonio,52 por lo que las decisiones de la judicatura chilena si bien
sustentaban su decisión en el interés superior del niño, lo concreto es que ambas no
pudieron probar que la convivencia de la señora Atala con su pareja del mismo sexo,
afectara de manera negativa a sus hijas, configurándose un trato discriminatorio.
Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirmó que «la relación entre
los demandantes, una pareja del mismo sexo que cohabita y vive en una unión de
hecho estable, está comprendida en la noción de “vida familiar”, como lo estaría una
relación de pareja de sexos opuestos en la misma situación».53
En el país, el reconocimiento de los nuevos tipos de familia no ha sido ajeno a la
jurisprudencia. Así, tenemos que, en una demanda de amparo, el Tribunal
Constitucional peruano señaló que:
Desde una perspectiva constitucional, debe indicarse que la familia, al ser un instituto
natural, se encuentra inevitablemente a merced de los nuevos contextos sociales.
Así, cambios sociales y jurídicos tales como la inclusión social y laboral de la mujer, la
regulación del divorcio y su alto grado de incidencia, las grandes migraciones hacia
las ciudades, entre otros aspectos, han significado un cambio en la estructura de la
familia tradicional nuclear, conformada alrededor de la figura del pater familias.
Consecuencia de ello es que se hayan generado familias con estructuras distintas a
la tradicional, como son las surgidas de las uniones de hecho, las monopaternales o
las que en doctrina se han denominado familias reconstituidas.
De igual modo, indicó que «el texto constitucional no abona en definir el concepto. Es
claro entonces, que el texto constitucional no pretendió reconocer un modelo
específico de familia. Por consiguiente, el instituto de la familia no debe relacionarse
necesariamente con el matrimonio, como ocurría con el Código Civil de 1936».55
En esa misma línea, el Tribunal Constitucional español ha precisado que, en el marco
de una interpretación evolutiva, es necesario construir la noción de cultura jurídica, la
cual independientemente de una interpretación literal también se edifica sobre la base
del contexto socio-jurídico relevante, la doctrina, el derecho comparado, los tratados
internacionales, la jurisprudencia de los tribunales internacionales y las opiniones de
los órganos respectivos del sistema de Naciones Unidas.56
Fundamento constitucional de la propuesta legislativa
La propuesta legislativa sienta sus bases en la protección que merece, en primer
lugar, el principio de igualdad, pues busca superar la actual imposibilidad de que
personas del mismo sexo accedan a la protección legal que otorga el matrimonio o la
unión de hecho que se le reconoce a las parejas heterosexuales. Para mantener esta
situación no existe ninguna justificación constitucional.
En segundo lugar, encuentra sustento en la obligación que tiene el Estado de
garantizar el libre desarrollo de la personalidad de todos sus ciudadanos y ciudadanas,
así como de proveerle de todas las oportunidades para desarrollar el proyecto de vida
que, con libertad y dignidad, cada uno de nosotros decida llevar adelante, sin
restricciones injustificadas de ningún tipo.
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Schalk y Kopf v. Austria.
STC Nº 9332-2006-PA/TC.
STC Nº 06571-2006-AA/TC.
Sentencia 198/2012. Recurso de Inconstitucionalidad.
Por ejemplo, se ha utilizado como un argumento en contra que el reconocimiento legal
de la unión entre personas del mismo sexo atentaría contra los derechos de las
parejas heterosexuales establecidas o por establecerse. Esta aseveración se basa,
fundamentalmente, en convicciones morales y religiosas o en las costumbres y
tradiciones socialmente arraigadas. Sin embargo, tal como ha sostenido la ONU, el
reconocimiento de una misma dignidad tanto a las personas LGBTI como a las
personas heterosexuales resulta incuestionable bajo todo punto de vista.
En la práctica, la única consecuencia de permitir este tipo de uniones sería la creación
de una protección legal a las parejas homosexuales que actualmente, con o sin
amparo de la ley, viven en relaciones establecidas.
Al respecto, el Estado tiene el deber de remover de su legislación toda regulación que
en la práctica institucionalice un trato diferenciado sin la debida justificación, dado que
tal hecho trasgrede de forma abierta el principio de igualdad. Si la exclusión de todo un
grupo social se mantiene sin que se realicen esfuerzos para corregir tal situación, se
impacta en lo más profundo de nuestra estructura constitucional.
Actualmente, en nuestro país, las parejas del mismo sexo que deciden vivir juntas se
encuentran en una situación precaria y desigual. Esta es una realidad que no podemos
negar ni ocultar. Por ende, se requiere adoptar medidas que les permitan alcanzar
similares niveles de protección legal que las parejas heterosexuales, tanto en aspectos
vinculados con su propia dignidad como de índole patrimonial.
Así como lo hemos señalado, diversos organismos internacionales que realizan
seguimiento al cumplimiento de los Tratados de protección de derechos humanos,
como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité contra la
Tortura, el Comité de Derechos Humanos y el Examen Periódico Universal (EPU), han
mostrado su preocupación frente a la situación de violencia y discriminación contra las
personas Lesbianas, Gays, Transgénero y Bisexuales (LGBTI) en el Perú, y han
exhortado al Estado que adopte normas y políticas públicas para la protección de los
derechos de este grupo en condiciones de igualdad, contra toda discriminación u acto
La aprobación del proyecto de Ley constituiría un importante avance para
garantizar los derechos de las personas LGBTI.
La figura de la unión civil no matrimonial contemplada por el proyecto de ley
constituiría un importante avance en el respeto a los derechos de las personas LGBTI
y de las parejas del mismo sexo. Contribuirá de forma importante a garantizar sus
derechos, entre ellos, al libre desarrollo de su personalidad.
En efecto, el proyecto de ley pretende superar las afectaciones hacia este colectivo
que vive en pareja, otorgando la posibilidad de que estas accedan a determinados
derechos, principalmente de naturaleza patrimonial, en temas como derecho
sucesorio, sociedad de gananciales, asistencia alimentaria mutua, acceso a la salud y
la seguridad social, entre otros. Con ello se intenta brindar mayores garantías de
igualdad ante la ley, de modo que puedan ejercer en mayor grado su autonomía sin
que esto afecte en lo más mínimo a otras personas.
Sobre el particular, la Corte Constitucional de Colombia ha expresado que la falta de
reconocimiento jurídico de la realidad conformada por las parejas homosexuales, es
un atentado contra la dignidad de sus integrantes porque lesiona su autonomía y
capacidad de autodeterminación, al impedir que su decisión de conformar un proyecto
de vida en común produzca efectos jurídicos patrimoniales.57 Así, ha señalado que:
No hay razón que justifique someter a las parejas homosexuales a un régimen que
resulta incompatible con una opción vital a la que han accedido en ejercicio de su
derecho al libre desarrollo de la personalidad, ni resulta de recibo que la decisión
legislativa de establecer un régimen para regular la situación patrimonial entre
compañeros permanentes, sea indiferente ante los eventos de desprotección a los
que puede dar lugar tratándose de parejas homosexuales.
De igual forma, el Comité de Derechos Humanos consideró que el Estado Australiano
había violado el artículo 26° del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales
y Culturales al haber negado a una persona recibir una prestación de pensión debido a
su orientación sexual, toda vez que su pareja era del mismo sexo, supuesto no
previsto por la Ley sobre los derechos de los ex combatientes (VEA) del país
denunciado.59
En otro caso conocido por el Tribunal Constitucional esloveno, en el año 2009, se
determinó la incompatibilidad del artículo 22° de la Ley sobre el Registro de Uniones
del mismo sexo, referido a la herencia, con el párrafo 1) del artículo 14° de la
Constitución, que proscribe toda forma de discriminación, en la medida que la
legislación establecía diferencias esenciales e importantes entre el derecho sucesorio
aplicado a los cónyuges y compañeros del mismo sexo. A juicio del Colegiado, ambos
tipos de relaciones son sustancialmente similares y su tratamiento diferenciado no se
sustentaba en ninguna circunstancia objetiva e impersonal, sino en la orientación
sexual.60
En base a lo mencionado, corresponde a los ciudadanos y ciudadanas determinar los
derechos y obligaciones que desean asumir al formar una pareja, situación que en la
actualidad no es posible para un sector de la población, debido a las limitaciones del
marco legal existente. En este contexto es necesario que el Estado evalúe
permanentemente sus políticas públicas y su forma de relacionarse con la sociedad
para asegurar que todas las personas ejerzan y disfruten plenamente sus derechos.
De ahí que su rol reviste singular importancia, el mismo que exige la participación
decidida de todas sus autoridades para impulsar políticas institucionales que
garanticen y hagan efectivos la igualdad y no discriminación, eliminando criterios o
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-075/07.
CCPR/C/78/4/941/2000.
U-I-425/06-10.
barreras que de forma arbitraria generen exclusión o negación de derechos.61 En
particular, reconociendo iguales espacios de libertad, que permitan que las personas
homosexuales tengan un mayor control en su propio plan de vida, al igual que las
 Algunas sugerencias para fortalecer el contenido de la propuesta legislativa
A fin de fortalecer la propuesta, señalamos a continuación algunas sugerencias que
esperamos puedan ser atendidas por el Congreso de la República en el marco del
debate legislativo:
a. Se sugiere que se incorpore expresamente el procedimiento a seguir en caso
haya oposición a la inscripción de la unión civil no matrimonial.- El artículo 2º
de la propuesta establece que la unión civil no matrimonial será inscrita en el
registro civil transcurridos 15 días útiles desde la publicación del último aviso y en
tanto no haya oposición. No obstante, la propuesta no señala la autoridad o
procedimiento a seguir en caso se presenten oposiciones, lo cual debería ser
incorporado en su articulado, sin perjuicio de un mayor desarrollo en el reglamento
b. Se sugiere que se incorporen algunas reglas respecto a la sociedad de
gananciales.- El proyecto de ley establece que los integrantes de la unión civil no
matrimonial tienen derecho a formar una sociedad de gananciales, pero no se
especifican las reglas para su operatividad (tales como los bienes que conforman la
sociedad de gananciales, su administración, los supuestos para la finalización de la
sociedad de gananciales, entre otros). Si bien es cierto que estos aspectos pueden
ser desarrollados en el reglamento correspondiente, sugerimos evaluar la
posibilidad de hacer una remisión al Código Civil para su regulación.
c. Sobre los impedimentos para constituir una unión civil.- El proyecto contiene
un listado de impedimentos para la conformación de una unión civil no matrimonial
similares a los señalados en el Código Civil, salvo en lo referido a los
consanguíneos en línea colateral que según la propuesta deben ser hasta el
segundo grado. Al respecto, sería pertinente uniformizar las disposiciones del
Código Civil y el proyecto en cuanto a los impedimentos para conformar una unión
d. Sobre las causales para disolución de la unión civil.- Hay una aparente
duplicidad de las causales para la disolución de la unión civil señaladas en el
artículo 6º de la propuesta, ya que en ellas se hace mención en dos incisos distintos
al “mutuo acuerdo” y a la “separación convencional, después de transcurridos dos
años de la celebración de la unión civil no matrimonial”. Adicionalmente, sugerimos
que la propuesta pueda incorporar algunas causales para la disolución de la unión
civil, tales como el “uso habitual e injustificado de drogas o de sustancias que
puedan generar toxicomanía”, el “adulterio”, entre otras, con el fin de uniformizar, en
DEFENSORÍA DEL PUEBLO. “La Discriminación en el Perú. Problemática, normatividad y tareas pendientes”.
Documento de Trabajo N° 7, Lima 2007. Disponible en: www.defensoria.gob.pe
lo que sea pertinente, las mencionadas causales con las disposiciones del Código
Civil. Lo mismo, cabe señalar respecto a la causales de nulidad de la unión civil no
matrimonial señaladas en el artículo 8º del proyecto.
e. Sobre las modificaciones al Código Civil.- La propuesta plantea la modificación
del artículo 816º del Código Civil con la finalidad de asegurar el derecho sucesorio
de las parejas del mismo sexo. Sin perjuicio de ello, resulta conveniente la
modificación de algunas otras disposiciones del Código Civil, entre ellas los
artículos 724º, 725º y 727º que contemplan los porcentajes de libre disposición en
el ámbito de la sucesión testamentaria, entre otros.
1. Se recomienda al Congreso de la República la aprobación del Proyecto de Ley N°
2647-2013-CR, que propone la unión civil no matrimonial de personas del mismo
sexo. Asimismo, se sugiere evaluar las propuestas de modificaciones señaladas en
este informe, que buscan fortalecer la propuesta legislativa.
2. Se recomienda al Estado peruano y, en particular, al Consejo Nacional de Derechos
Humanos y al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la incorporación de
una política pública específica a favor de la población LGBTI, tanto en el Plan
Nacional de Derechos Humanos como desde el ámbito de la atención de
Se recomienda a la Comisión Nacional contra la Discriminación – Conacod,
promover la ratificación de tratados internacionales a favor de este colectivo, así
como impulsar propuestas en materia de igualdad y no discriminación, en el
marco de sus funciones.
4. Se recomienda al Congreso de la República discutir y aprobar la tipificación de
crímenes de odio contra la población LGBTI, así como adoptar medidas normativas
para combatir el acoso y el bullying homofóbico.
Se le exhorta, asimismo, a promover un debate que se fundamente en la obligación
del Estado de garantizar a la población LGBTI un trato igualitario y digno, tal como
lo exige la configuración democrática y social del Estado peruano.
Lima, 26 de marzo de 2014
GISELLA VIGNOLO HUAMANÍ
Adjunta para los Derechos Humanos
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References: artículo 53
 artículo 2
 artículo 2
 resolución

 artículo 2
 artículo 7
 Artículo 7
 Artículo 68
 artículo 2
 artículo 816
 artículo 26
 artículo 22
 artículo 14
 artículo 2

artículo 6
 artículo 8
 artículo 816