Source: https://notin.es/arresto-domiciliario-cetis-y-menores-no-acompanados-a-donde-nos-encaminamos/
Timestamp: 2019-09-21 23:29:21+00:00

Document:
“Arresto domiciliario” de personas sin hogar, CETIs y Menores no acompañados – ¿Hacia dónde nos encaminamos? – notin.es
“Arresto domiciliario” de personas sin hogar, CETIs y Menores no acompañados – ¿Hacia dónde nos encaminamos?
Debe de partida señalarse que la pena de “arresto domiciliario” como tal no existe. Sí en cambio la pena -leve- de “localización permanente” de un día a tres meses (art. 33.4 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal).
«Sin vivir en ninguna casa, no me pueden condenar a una localización permanente, lo veo ilógico total», afirma Miguel Ángel Moya. «Si quieren que cumpla la sentencia, que me paguen un hostal, que vale 12 euros la noche», dice este sevillano que lleva seis años en Galicia (lavozdegalicia.es)
Nuestra intención no es propiamente jurídica. Pretendemos concienciar sobre la situación de tantos y tantos desheredados de la tierra, principalmente migrantes, frente a los que los medios convencionales de reacción social no terminan de surtir efecto. Recuerdo hace ya tiempo a un padre marroquí, aparentemente bienintencionado, que preguntaba acerca de los requisitos que habría de reunir su hijo para poder ingresar en la “residencia” de … Se refería a un centro de internamiento de menores, esto es, a un centro de los previstos en el art. 54 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, para la ejecución de las medidas privativas de libertad. Y es que, por paradójico que parezca, puede resultar más provechoso a un menor acceder a un centro de internamiento que a otro de simple atención al menor. Pues distintas son las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio que durante su estancia (y también, de manera principal, una vez finalizada ésta) uno y otro le han de proporcionar.
Los centros de estancia temporal de inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla, que forman parte de la red pública de centros de migración (arts. 264 a 266 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social), están colapsados. También sus centros de atención a menores. Subsaharianos, sirios -que huyen de la guerra-, menores marroquíes no acompañados… Nadie parece encontrar solución eficaz a la inmigración ilegal. La legislación a este respecto es -por discrecional- insegura… o -para sorpresa de muchos- desconocida, lo que a efectos prácticos tanto monta. Resulta además que la insuficiencia de medios económicos -y en ocasiones, de ganas- es manifiesta: ¿qué habrían de suponer las ciento y pico plazas que el centro de menores de Melilla “oferta” frente a la demanda de miles de menores marroquíes no acompañados que las “solicitan”? Lo dicho, nadie tiene una idea clara de qué hacer.
Artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Menores no acompañados.
__ Los menores no acompañados extranjeros llenan a rebosar los centros de menores existentes en España, las escolleras y los contenedores para recogida de papel -sitios por ellos muy demandados para pasar la noche, una vez escapados de los centros, si es que en algún momento llegaron a acceder a uno-. Como dichos centros de menores no son sancionatorios -“de internamiento”, cfr. art. 7 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores-, sus reglamentos internos (vg. el Reglamento de organización y funcionamiento de los centros de atención a menores en el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria) no pueden impedirles campar a sus anchas, sembrando el temor y en ocasiones el vandalismo, por las calles del entorno (entre otras razones, porque no se les puede privar de asistencia al centro escolar ni en general retener -más aquí-.., salvo que un Juez de Menores le imponga a un menor una medida de “libertad vigilada” -cfr. art. 7.1.h de la Ley Orgánica 5/2000-). ¿Por qué será que ni ellos parecen mostrar interés ni agradecimiento por lo que se les brinda ni, de contrario, la sociedad española parece entender su desenfreno?
A un menor no acompañado se le puede repatriar (art. 192 y ss del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España), cuando “se considere que el interés superior del menor se satisface con la reagrupación con su familia o su puesta a disposición de los servicios de protección de su país de origen”. Cualquiera de las variables podría fallar: su familia o los servicios de protección de su país de origen podrían no colaborar en el expediente, puede que se desconozca -formalmente- su país de origen… No es ciencia ficción, es lo que cotidianamente ocurre.
Una vez haya quedado acreditada la imposibilidad de repatriación del menor, y en todo caso transcurridos nueve meses desde que el menor haya sido puesto a disposición de los servicios competentes de protección de menores, ha de procederse a otorgarle autorización de residencia (art. 196 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril). Muchos son los menores que no se integran en el lugar que a tal fin se les asigna, que desatienden horarios y desaprovechan la formación que se le ofrece. ¿Para qué, pensarán -tal vez con razón- la mayoría de ellos? ¿Acaso alguien o algo les puede garantizar que, al cumplir la mayoría de edad, conservarán su autorización de residencia?
La cuantía a acreditar como medios económicos para su sostenimiento (que se establece en una cantidad que represente mensualmente el 100% del IPREM), la existencia de una oferta o contrato de trabajo… son factores que entonces resultarán determinantes y que ciertamente pueden no depender totalmente de ellos (otros, en cambio, sí, cfra. art. 197 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril).
Los menores extranjeros no acompañados pierden la residencia con la mayoría de edad. Por eso, un poco antes cumplir los 18, muchos deciden escapar.
El artículo 7 del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, hecho “ad referendum” en Rabat el 6 de marzo de 2007, literalmente reza así: “La Parte Contratante española asumirá la financiación de las acciones de protección y de repatriación de los menores de edad no acompañados y colaborará en la cofinanciación de las acciones de prevención, en particular favoreciendo el desarrollo socioeconómico de las regiones de fuerte potencial migratorio“. Nada de reciprocidad. Entre ricos y pobres la relación necesariamente ha de ser asimétrica: no hay otra. Cosa distinta es la mala “inversión” de medios en dicho desarrollo socioeconómico, algo a lo que ciertamente suelen contribuir tanto la frecuente inoperancia del país de destino como la asimismo usual inadaptación del de origen.
__ Los centros de internamiento para extranjeros (CIE) tienen una finalidad preventiva y cautelar. Carecen por tanto de carácter penitenciario, estando orientados a garantizar la presencia del extranjero durante la sustanciación del expediente administrativo y la ejecución de la medida de expulsión, devolución o regreso (art. 1.3 del Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros).
Naturalmente, no todos los “ilegales” tienen por qué ingresar en ellos. Ni siquiera todos los que van a ser expulsados (arts. 57 y 62 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero). No cabrían: su ingreso solamente se podrá realizar en virtud de resolución de la autoridad judicial competente, en los supuestos y con los efectos previstos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y en el artículo 89.6 del Código Penal; sin que el período de internamiento pueda exceder en ningún caso de sesenta días (art. 21 del Real Decreto 162/2014).
Pase o no por un CIE, un extranjero en situación ilegal en España puede -en su caso- verse sometido a expulsión… incluso a un tercer país –distinto al de su nacionalidad– en los términos internacionalmente convenidos (un elenco de convenios marco en materia de cooperación aquí).
Art. 1 del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado en Madrid el 13 de febrero de 1992. Las autoridades fronterizas del Estado requerido readmitirán en su territorio, a petición formal de las autoridades fronterizas del Estado requirente, a los nacionales de países terceros que hubieren entrado ilegalmente en el territorio de este último procedente del de Estado requerido.
Art. 13.5.c del Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra, hecho en Cotonú el 23 de junio de 2000… ii) A petición de una Parte, se iniciarán negociaciones con los Estados ACP encaminadas a celebrar, de buena fe y de acuerdo con los principios correspondientes del Derecho internacional, acuerdos bilaterales que regulen las obligaciones específicas de readmisión y retorno de sus nacionales. Estos acuerdos incluirán también, si una de las Partes lo considerare necesario, disposiciones sobre la readmisión de nacionales de terceros países y apátridas.
Art. 9 del Acuerdo entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania en materia de inmigración, hecho en Madrid el 1 de julio de 2003. Readmisión de nacionales de un tercer Estado
1. a) Cada Parte Contratante readmitirá en su territorio, a solicitud de la otra Parte Contratante, al nacional de un tercer Estado que no cumpla o haya dejado de cumplir las condiciones de entrada o de permanencia aplicables en el territorio de la Parte Contratante requirente, siempre que se acredite que dicho nacional de un tercer Estado ha transitado efectivamente por el territorio de la Parte Contratante requerida.
b) Cada Parte Contratante readmitirá en su territorio, a solicitud de la otra Parte Contratante, al nacional de un tercer Estado que no cumpla o haya dejado de cumplir las condiciones de entrada o de permanencia aplicables en el territorio de la Parte Contratante requirente, siempre que se presuma que el nacional de un tercer Estado ha transitado por el territorio de la Parte Contratante requerida, previo acuerdo sobre su caso…
Los términos del acuerdo con Mauritania permiten entrever la dificultad de las negociaciones en esta materia,el submundo que encierran… ¡ y la importante presencia de la “contraprestación” económica a negociar en cada caso ! En efecto, rara vez será posible acreditar que el nacional del tercer Estado en cuestión transitó efectivamente por Mauritania.
__ Cuanto aquí venimos tratando sería susceptible de reenfocarse desde otra perspectiva bien distinta: Derechos Humanos, Derechos del Niño, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (Nueva York, 13 de diciembre de 2006 -más aquí-), Convenio de la Haya de 13 de enero de 2000 sobre Protección Internacional de los Adultos, ¿una convención sobre los derechos de las personas de mayor edad?… Dentro y fuera de nuestras fronteras a unos les va bien y a otros no tanto. Ocurre que en vez de tender hacia la convergencia, acaso las diferencias vayan en aumento, acrecentándose (más aquí). Mal asunto, para todos.
Retornemos al concreto objeto de este post. Los CETIs y los centros de internamiento para extranjeros, los centros de internamiento y los de atención de menores desbordados… y las cárceles saturadas (una situación que cuando menos a corto plazo -por razón de revisión de penas- ha de aliviar la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal)… Estamos tan acostumbrados al disparate, a “ir tirando”, que acaso hayamos perdido noción de la gravedad de lo que ya vivimos: la responsabilidad civil que el art. 61 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, impone podría eventualmente (caso de gravísimo daño causado por un menor tutelado en un centro de internamiento) llegar a ser inasumible para la entidad tutelante; no ya la residencia sino la adquisición en masa por los menores extranjeros no acompañados de la nacionalidad española, y la subsiguiente reagrupación de familiares (art. 53 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril), podría ser en breve una realidad (art. 22.2.c Cc). Y bien, ¿es esto lo queremos? ¿Entonces?
Un día un juez o tribunal dictará una sentencia “llamativa” sobre la cuestión, sentencia que a una agencia de noticias le parecerá noticiable; la cuestión saltará entonces a todos los medios y estallará la polémica social, el debate… hasta que una próxima noticia entierre a esta anterior. Siempre lo mismo. En vez de reaccionar frente a los acontecimientos, ¿qué tal si al menos intentásemos comandarlos? Más aquí:
* Suponiéndote un ilegal sin vuelta atrás -situación por lo demás muy frecuente-, ¿no lo intentarías todo, incluso “embarazar” a -y siendo posible casarte con- una española o español? Siendo mujer, ante la “discriminación” física -frente al varón- que la valla te supone, ¿no intentarías entrar por otros medios, aprovechar tu “ventaja comparativa”? Así, por razones de presente y futuro -nacer en territorio español nunca habría de perjudicar a tu hijo-, ¿no intentarías dar a luz en España?
* La solidaridad social -vista desde otro punto de vista, la “caridad” de los agnósticos- exige algo más que palabras y entrega de dinero sin control. Requiere de compromiso y transparencia. En el origen de los fondos y en su aplicación. En nuestro caso, entre otros, hacer posible -y real- la contratación en origen de gran cantidad de trabajadores africanos. Bien pensado, a todos habría de interesarnos: supondría un “buen negocio”, por la ampliación de mercados que acarrearía. Claro que para ello habría asimismo que aceptar una cierta tutela supraestatal. Convenida sí, pero tutela. La soberanía, como las fronteras o la propia democracia, ¿cuestión sólo de ricos?
Oscar M Prieto | 6 abril 2015
"Arresto domiciliario" de personas sin hogar, CETIs y Menores no acompañados - ¿Hacia dónde nos encaminamos?

References: Real Decreto 

Artículo 35
e contrario
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 7
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 89
 Real Decreto 
 Real Decreto