Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015/as201531267.html
Timestamp: 2019-03-24 23:29:47+00:00

Document:
as201531267
Auto Supremo No 267
Expediente: 105/2015-S
Demandante: Benedicto Mamani Quispe
Demandada: Empresa Colchones MISI
VISTOS: Los recursos de casación en el fondo de fs. 297 a 301 vta. y 304 a 308 vta., interpuestos por Miguel Ángel Belmonte López en representación de la Empresa Unipersonal Colchones “MISI” y Benedicto Mamani Quispe respectivamente, contra el Auto de Vista No 105/2014 de 26 de septiembre (fs. 291 a 294.), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; dentro el proceso laboral sobre cobro de beneficios sociales y otros derechos laborales seguido por Benedicto Mamani Quispe contra la Empresa referida; las respuestas de fs. 304 a 308 vta. y 311 a 313 vta.; el Auto No 40/2015 de fs. 314 que concedió ambos recursos de casación; los antecedentes del proceso; y:
Tramitado el proceso laboral de referencia, la Juez Tercero de Partido del Trabajo y Seguridad Social de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, emitió la Sentencia Nº 131/2003 de 20 de diciembre, cursante de fs. 81 a 82, declarando improbada la demanda de fs. 1 a 4 de obrados, y no ha lugar a la excepción de prescripción, ordenando el archivo de obrados.
Interpuesto el recurso de apelación por el Sr. Benedicto Mamani Quispe de fs. 87 a 97 vta., mediante Auto de Vista Nº 105/2014 de 26 de septiembre (fs. 291 a 294) la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, luego de tres decisiones anulatorias dispuestas por los Autos Supremos No 225/2011 de 6 de julio, No 132/2012 de 11 de mayo y No 13/2014 de 4 de abril, revoca en parte la Sentencia Nº 131/2003 de 20 de diciembre, de fs. 81 a 82 y Auto Complementario de 16 de junio de 2004 (fs. 85), y deliberando en el fondo declara probada en parte la demanda, e improbada la excepción perentoria de prescripción, ordenando a la parte demandada el pago de los derechos laborales del actor en la suma de Bs.32.406.- conforme al detalle contenido en la parte decisoria.
Dicha resolución motivó los recursos de casación en el fondo interpuestos de fs. 297 a 301 vta. y 304 a 308 vta., por Miguel Ángel Belmonte López en representación de la empresa unipersonal de Colchones “MISI” y Benedicto Mamani Quispe respectivamente con los fundamentos allí contenidos.
El art. 252 del Código de Procedimiento Civil (CPC), faculta al Tribunal de casación anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público, disposición concordante con el art. 90 del CPC, cuando en razón de su revisión se inobservaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento por parte de los jueces o tribunales y fundamentalmente con el propósito de que las resoluciones dictadas sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de las mismas.
Que, en función de esta facultad, de la revisión de obrados, se evidencia que el Auto de Vista recurrido adolece de defectos que obligan al Tribunal Supremo a repararlos, partiendo de las siguientes consideraciones:
La apelación es un recurso ordinario a través del cual las actuaciones judiciales se remiten a un órgano superior con la posibilidad de practicar nuevas pruebas y revocarse la resolución dictada por el inferior, si fuere el caso. En otras palabras, la apelación es un recurso constitutivo de instancia, a través del cual el tribunal o juez superior puede pronunciarse sobre todas las cuestiones de hecho y derecho que han sido discutidas en el proceso, aunque en nuestra legislación el ámbito del tribunal o juez de apelación se reduce a la expresión de agravios y en relación a lo resuelto por el inferior. No obstante de ello, la resolución superior que decida la revocatoria parcial o total de la sentencia o resolución apelada, entre otros presupuestos debe observar los principios de exhaustividad, congruencia y pertinencia, resolviendo todos y cada uno de los puntos consignados como agravios en el recurso y en relación a todos los hechos alegados y debatidos en el proceso, así como el derecho aplicado; actividad jurisdiccional que se debe efectuar en función a la prueba contradictoriamente aportada por las partes y debidamente analizada, apreciada y valorada, tal como disponen los arts. 1286 del Código Civil (CC) y 397.I y II del CPC.
Esta necesidad de contenido del Auto de Vista, obliga a los tribunales y jueces de instancia, a estructurar su resolución en base a los parámetros establecidos en el art. 192 del CPC, es decir, la parte considerativa de la resolución, debe contener, la exposición sumaria del hecho o del derecho que litiga, el análisis y evaluación fundada de la prueba, y cita de las leyes en que funda. En otras palabras, el tribunal o juez de instancia debe reconstruir los hechos en base al examen de la prueba producida (fundamentación fáctica); y una vez esclarecidos los hechos, establecer cuál es la norma a ser aplicada a los mismos, interpretándola y explicando (fundamentando) la razón de su aplicación. De la parte considerativa del auto de vista deben surgir con claridad los motivos que ha tenido el tribunal o juez de instancia para formular su opinión, y en ella encontrarán las partes litigantes y el público en general los fundamentos de la decisión adoptada, para poder impugnarla (el perdidoso) o justificarla (el victorioso); por ello se considera la parte más importante del fallo.
Por otro lado, la parte resolutiva o dispositiva, que se constituye en la decisión del Juez o Tribunal acerca de los hechos sometidos a su solución y que fueron motivo de la apelación o revisión, debe estar en estricta relación de pertinencia y congruencia con la parte considerativa de la resolución, la cual podrá ser confirmatorio total, confirmatorio parcial, revocatorio total o parcial, anulatorio o repositorio de acuerdo a lo que establece el art. 237 del CPC. Por esta razón, las decisiones de los jueces de instancia, que constituyen actos de poder del Estado, deben estar debidamente sustentadas y reguladas por los principios procesales como el de congruencia, que puede ser definido como "Un principio normativo que se dirige a delimitar las facultades resolutorias del Órgano Jurisdiccional, respetando la identidad entre lo resuelto y lo controvertido, oportunamente por los litigantes, y en relación con los poderes atribuidos en cada caso al Órgano Jurisdiccional por el ordenamiento Jurídico" Estudios de Derecho Procesal Civil; Editorial San Marcos, Lima - Perú; edición 1997; Pag, 143.
En las sentencias constitutivas o autos de vista revocatorios que modifican una situación jurídica existente, constituyendo una nueva, el principio de congruencia cobra significativa trascendencia. La congruencia de las decisiones estatales se mide por el ajuste o adecuación entre la parte dispositiva y los términos en que el particular ha formulado su petición; sin embargo, la incongruencia también puede existir cuando hay un sentido contradictorio en la justificación de la decisión y la parte dispositiva de la misma, generando una completa modificación de los términos de la petición.
En el caso presente, de la revisión y análisis del auto de vista recurrido, se desprende con claridad que éste no se encuentra debidamente motivado, toda vez que, en la parte resolutiva se limita a declarar improbada la excepción perentoria de prescripción, sin ingresar a realizar la debida motivación o fundamentación de su decisión en función de la ley, estableciendo de manera específica por qué llegó a la conclusión de que la excepción perentoria planteada por la parte demandada debía ser declarada improbada, por el contrario, de forma incongruente con la decisión, en el segundo considerando (hoja 293 parte media) al referirse a la excepción perentoria de prescripción señala: “(…) en el caso de autos si bien el actor pretende el pago de los conceptos demandados de aguinaldos, primas, vacaciones, horas extras y otros a partir de la gestión 1986 a 2002, los mismos no corresponden, considerando que la desvinculación laboral se produjo en fecha 25 de febrero de 2002, es decir que los derechos pretendidos por el actor a partir de esa fecha han prescrito en el tiempo y no ser considerados en la resolución final (…)”, lo que implica la existencia de un sentido contradictorio e incongruente en la justificación de la decisión y la parte dispositiva de la misma, generando una completa modificación de los términos de la petición y una vulneración al debido proceso consagrado y protegido por los art. 115 y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE), arts. 190, 192.2) y 3), 236 del CPC y 202 Código Procesal del Trabajo (CPT).
Que una decisión de nulidad tiene cabida, cuando la sentencia o auto superior adolezca de vicios o defectos de forma o de construcción que la descalifiquen como acto jurisdiccional, evitando su desnaturalización mediante violación de sus reglas que son de orden público y aplicación obligatoria, de ahí que es necesario que el Tribunal de casación, con la facultad conferida por el art. 252 del CPC, reencause el procedimiento, resolviendo el recurso en la forma dispuesta por los arts. 254.4) y 7), 271.3) y 275 del CPC, así como el art. 17 de la Ley Órgano Judicial (LOJ), aplicables por mandato del art. 252 del CPT.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, ANULA el Auto de Vista No 105/2014 de 26 de septiembre, disponiendo que el Tribunal ad quem previo sorteo y sin espera de turno pronuncie otro dentro de los marcos de su competencia y el contenido del presente Auto Supremo.
Al no ser excusable, con multa por las constantes Nulidades en Bs.200.- (doscientos 00/100 bolivianos) para cada vocal que suscribió el Auto.
Cumpliendo lo previsto por el art. 17.IV de la LOJ, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

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