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Timestamp: 2016-02-11 11:47:51+00:00

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Christian Court Is
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Dimensiones conceptuales de la protección legal contra la discriminación*
i. Fuentes normativas y breve presentación de la prohibición de discriminación. ii. La definición del término “discriminación” y su posible alcance. iii. Carácter grupal de la discriminación y factores prohibidos. iv. Alcance de la protección antidiscriminatoria: público/privado. v. Medidas antidiscriminatorias y garantías. vi. El principio de protección igualitaria y la prohibición de discriminación en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. vii. Igualdad, prohibición de discriminación y derechos sociales.
Estas notas tienen la intención de sugerir algunos parámetros para considerar el alcance, las necesidades y los posibles efectos de la legislación y las políticas antidiscriminatorias que un Estado adopte para cumplir con la prohibición de discriminación, incluida, de forma general, tanto en constituciones como en tratados internacionales de derechos humanos. No tienen, por supuesto, pretensión alguna de exhaustividad, pero creo que brindan un panorama de cuestiones a tener en consideración cuando se asume la tarea de adoptar y llevar a la práctica medidas antidiscriminatorias. Analizaré también la aplicación de algunas de estas ideas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, ilustraré algunas aplicaciones jurisprudenciales de la prohibición de discriminación en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
* Fecha de recepción: 28 de octubre de 2009. Fecha de aceptación: 12 de mayo de 2010. ** Bachiller en Derecho y Abogado Universidad de Buenos Aires, Master en Derecho Universidad de Virginia, Profesor de Filosofía del Derecho, Universidad de Buenos Aires, Consultor de la Organización Panamericana/Organización Mundial de la Salud, de la unesco y de la División de Desarrollo Social de la Organización de las Naciones Unidas, Comisión Internacional de Juristas Ginebra.
Revista Derecho del Estado n.º 24, julio de 2010
Derechos sociales, discriminación, igualdad.
These notes have the intention to suggest some parameters to consider the scope, needs and potential effects of anti-discrimination legislation and policies that a State has taken to comply with the prohibition of discrimination, included, in general, in constitutions and international human rights treaties. There have not, of course, claiming to be exhaustive, but I think they provide an overview of issues to take into account when assuming the task of adopting and implementing anti-discrimination measures. Also discuss the implementation of some of these ideas by the Inter-American Court of Human Rights. Finally, case law will illustrate some applications of the ban on discrimination in economic, social and cultural rights.
Social rights, discrimination, equality.
I. FUENTES NORMATIVAS Y BREVE PRESENTACIóN DE LA PROHIBICIóN DE DISCRIMINACIóN
La prohibición de discriminación se encuentra incorporada tanto a constituciones como a tratados de derechos humanos. Podría decirse que la prohibición de discriminación es la norma común a la mayor parte de los tratados de derechos humanos, tanto del sistema universal como de sistemas regionales 1. Como veremos, la prohibición de discriminación refuerza la protección ofrecida por el denominado principio de igualdad –o de igual protección–, identificando factores sobre cuya base se requiere del Estado dos tipos de obligaciones. Por un lado, obligaciones negativas: no introducir distinciones normativas, o no adoptar o implementar las normas, de modo de menoscabar los derechos de grupos de personas identificados a través de esos factores2.
1 La Corte Interamericana considera, por ejemplo, que el principio de protección igualitaria y la prohibición de discriminación constituyen una norma de jus cogens, de carácter erga omnes. Cfr. Corte idh. Opinión Consultiva OC-18/03, “Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados”, del 17 de septiembre de 2003, párrs. 100-101. 2 En palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto. Esto se traduce, por ejemplo, en la prohibición de emitir leyes, en sentido amplio, de dictar disposiciones civiles, administrativas o de cualquier otro carácter, así como de favorecer actuaciones y prácticas de sus funcionarios, en aplicación o interpretación de la ley, que discriminen a determinado grupo de personas en
Christian Courtis. Dimensiones conceptuales de la protección legal..., pp. 105-141
Por otro lado, obligaciones positivas: adoptar medidas para eliminar los prejuicios y los obstáculos que impiden a esos grupos de personas disfrutar plenamente de sus derechos3. Esta breve noción permite introducir ya dos elementos: los factores sobre cuya base las distinciones perjudiciales están prohibidas –llamadas a veces factores prohibidos o categorías sospechosas–, y el objeto de aplicación del principio o alcance de la prohibición. En cuanto al primer elemento –el de los factores sobre cuya base se prohiben diferenciaciones perjudiciales–, las cláusulas antidiscriminatorias suelen incluir una lista de estos factores. Por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe distinciones “por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”4. Así, si bien el Estado está, en general, autorizado a efectuar distinciones de trato razonables, el control de esas distinciones se agrava cuando el Estado utiliza algunos de estos motivos para diferenciar. Una dimensión importante de esta noción es el de las comparaciones inter-grupales: se prohibe discriminar a ciertos grupos en relación con el trato que reciben otros grupos. Se dice entonces que la prohibición de discriminación es una norma de carácter relacional. Amén de las cláusulas antidiscriminatorias en tratados generales de derechos humanos, la existencia de factores sobre cuya base está prohibida la discriminación ha llevado a la adopción de instrumentos de derechos humanos específicos, dedicados a la protección de grupos sociales que, por distintos motivos, han requerido una protección reforzada que vaya más allá de la enunciación genérica de la prohibición de discriminación. Ejemplos de estos instrumentos son la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los derechos del niño, la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, la Convención para la protección de los trabajadores migrantes y sus familias, y la recientemente entrada en vigor Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entre los motivos que han justificado esta necesidad de
razón de su raza, género, color, u otras causales”. Cfr. Corte idh. Opinión Consultiva OC-18/03, “Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados”, cit., párr. 103. 3 En palabras de la Corte Interamericana: “Además, los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias”. Cfr. Corte idh. Opinión Consultiva OC-18/03, “Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados”, cit., párr. 104. 4 Cfr. Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1.1.
la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el grupo. fortuna. opiniones políticas u otras. que extienden la aplicación de la prohibición de discriminación a cualquier otra materia regulada por la ley6. o cuál es la extensión de ese derecho. De modo que estas cláusulas son aplicables también a derechos no incluidos expresamente en estos instrumentos. para invocar la prohibición de discriminación. la identificación de otro derecho específico reconocido por ese instrumento. y la generalizada ausencia de consideración de las particularidades del grupo al momento de adoptarse normas o políticas de alcance general. de cuáles son las condiciones para ser titular de un derecho. también para los particulares. Además de prohibir que el Estado discrimine en su accionar. en esos casos. Otros tratados de derechos humanos. art. origen nacional o social. Como puede verse de lo dicho hasta aquí. además de prohibir la discriminación con respecto a los derechos que esos instrumentos reconocen. es importante señalar que la prohibición de discriminación es una norma instrumental o adjetiva. 24. Esto significa que. color. pertenencia a una minoría nacional. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. las dificultades con las que se ha enfrentado el grupo para ejercer plenamente sus derechos. nacimiento o cualquier otra situación” (cursiva fuera del texto). se le imponen obligaciones positivas consistentes en erradicar las prácticas discriminatorias
5 Cfr. lengua. 14: “El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna. En cuanto al segundo elemento. religión. art. es decir. así. 26. se aplica a otras normas. 6 Cfr. art. bajo la denominación de “discriminación estructural o sistémica”– . Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. la prohibición de discriminación y la correlativa protección contra la discriminación implican un entramado de obligaciones para el Estado –y como veremos. como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Quien tiene facultades de regular o administrar no puede. incluyen cláusulas más generales. raza. Algunos tratados –como el Convenio Europeo de Derechos Humanos– restringen la aplicación de la prohibición de discriminación a los derechos establecidos en el propio instrumento5. especialmente por razones de sexo.108
protección específica se encuentran la experiencia pasada y/o persistente de discriminación –que abordaré más adelante. Dicho de otro modo: lo que está prohibido es diferenciar perjudicialmente respecto de algo.
. distinguir perjudicialmente sobre la base de los factores prohibidos de los que hablé en el párrafo anterior. el objeto de la prohibición de discriminación se circunscribe únicamente a los derechos listados en el respectivo instrumento –de modo que cualquier planteo de discriminación ante los órganos de control correspondientes requiere. Hay una diferencia importante en el alcance que distintos tratados de derechos humanos asignan a la prohibición de discriminación. Por ejemplo. cuando decide cómo se accede a un derecho o cuál será su extensión. el objeto de aplicación. Convención Americana sobre Derechos Humanos.
pp. hemos de acudir a algunas distinciones acuñadas en el derecho antidiscriminatorio de países desarrollados7 e incorporadas también a tratados internacionales de derechos humanos –tanto universales como regionales. n. o “invisible”). Derecho antidiscriminatorio y acción positiva a favor de las mujeres. 145 a 166. por ejemplo. cuando el factor prohibido es invocado explícitamente como motivo de distinción o exclusión –por ejemplo. mayo-agosto de 2001. Revista Vasca de Administración Pública. Fernando Rey Martínez.º 60. Madrid. Tratándose de un término con una carga emotiva importante. Dimensiones conceptuales de la protección legal. el efecto
7 Cfr. en varios países de nuestra región se ha registrado la tendencia –inspirada en alguna medida en el derecho estadounidense. 1997. “Problemas del Derecho antidiscriminatorio: subordinación versus discriminación y acción positiva versus igualdad de oportunidades”. cuando pese a que el factor de distinción explícitamente empleado es aparentemente “neutro”. cuando se establecen mayores requisitos para que las mujeres ejerzan una profesión. Para realizar esta tarea de clarificación. es decir. Madrid. A raíz de la complejidad de estas exigencias. LA DEFINICIóN DEL TéRMINO “DISCRIMINACIóN” Y SU POSIBLE
Un primer parámetro insoslayable de análisis está vinculado con la concepción o noción de “discriminación” que la ley y las políticas públicas correspondientes adopten para combatir la discriminación. a la luz de las exigencias establecidas en constituciones y pactos de derechos humanos en esta materia.
. pp. o cuando se establecen distinciones raciales para el ejercicio de un derecho. íd. Discriminación. y de modo indirecto –esto es. normativa o de jure se entiende aquella distinción basada en un factor prohibido que excluye. Civitas. baste con señalar que este tipo de discriminación puede manifestarse al menos de dos modos: directo. Por ahora. 1995.. que ha sido pionero en esta materia– de adopción de leyes y otras normas que desarrollan la prohibición de discriminación y la protección contra la discriminación. o cuando se prohíbe a las personas con discapacidad acceder a un cargo o empleo público–. una tarea de clarificación del alcance del término permitirá una mejor comprensión de los desafíos que implica la puesta en marcha de una política antidiscriminatoria.
II. Miguel Rodríguez Piñero y María Fernanda Fernández López.. McGraw-Hill. restringe o menoscaba el goce o el ejercicio de un derecho. En las secciones siguientes sugeriré algunos parámetros de análisis de esta legislación. El derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo. Igualdad y discriminación.Christian Courtis. Ya he introducido el significado del término “factor prohibido” –volveré sobre el tema más adelante. Así. Madrid.. una primera distinción relevante es la que media entre discriminación legal (o normativa. Por discriminación legal. 1986. 105-141
existentes en el ámbito público y también en el privado. María Ángeles Barrère Unzueta. Tecnos. o de jure) y la discriminación de hecho (o de facto..
sin que exista una justificación objetiva para emplearlo en relación con la cuestión decidida. restringir o menoscabar los derechos de los miembros de un grupo determinado: el factor puede operar consciente o inconscientemente. Si la obligación es una obligación de regular. Por ejemplo. de facto. Un ejemplo puede aclarar la discriminación normativa indirecta: supongamos que para postular a un puesto administrativo se exija una estatura de más de 1. y no sólo por acción.. tienen como resultado consistente la preferencia de varones sobre mujeres. establece explícitamente que la “denegación de ajustes razonables” constituye un caso de discriminación8. 2. por ejemplo. En el primer caso. en igualdad de condiciones. la omisión constituirá un ejemplo de discriminación en la aplicación. La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. acreditar la existencia de discriminación supone aportar datos empíricos que demuestren el sesgo “invisible” en la adopción de decisiones. La discriminación también puede manifestarse por omisión. goce o ejercicio.
8 Cfr. o de la autoridad que decide el otorgamiento de becas o el ingreso a una entidad pública. el efecto o resultado desproporcionadamente perjudicial que tiene ese criterio sobre un grupo o colectivo –prueba que requiere indicios de carácter empírico.º (“Definiciones”): “[.
. las decisiones de un empleador. es probable que el criterio de distinción elegido impacte desfavorablemente sobre las mujeres. además de lo injustificado del criterio de distinción utilizado. en el segundo caso es necesario acreditar. exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento. pero el resultado es finalmente el de la afectación o exclusión de los miembros de un grupo. art. En este caso. o correr 100 metros en menos de 15 segundos. “invisible” o “discriminación en la aplicación” se caracteriza por la ausencia de expresión de un criterio para excluir. en el segundo caso. o de miembros no indígenas sobre indígenas. la omisión constituirá un ejemplo de discriminación normativa. al igual que en el caso de la discriminación normativa indirecta.80 metros. o que tiene efecto diferencial sobre un grupo protegido por normas antidiscriminatorias. Si la obligación es una obligación de cumplir con una conducta impuesta normativamente.. es probable que lo haga sobre las personas con movilidad física restringida.110
o resultado de su empleo es el de excluir de manera desproporcionada a un grupo o colectivo. La diferenciación entre discriminación normativa directa e indirecta tiene consecuencias importantes en materia de prueba: mientras en el primer caso bastaría –para acreditar la discriminación– con probar que una distinción legal se basa sobre el empleo de un factor prohibido. Ello ocurre cuando existe una obligación positiva incumplida motivada por una distinción prohibida. La llamada discriminación de hecho.] Por ‘discriminación por motivos de discapacidad’ se entenderá cualquier distinción. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
10 La propia Corte Interamericana ha aludido a estas distinciones. que ofrecen un arsenal conceptual más riguroso para analizar situaciones de alegada discriminación10. distintos órganos y tribunales de derechos humanos han hecho uso de esas distinciones. párr. Todas estas disposiciones incluyen en la definición de “discriminación” tanto el “propósito” como el “efecto” perjudicial que tenga una diferenciación sobre los derechos del grupo protegido. en las que la afectación de un bien –como la integridad física. Corte idh. en relación con las medidas antidiscriminatorias. 1. agraviantes o portadoras de estereotipos negativos referidos a un grupo social y basadas sobre un factor prohibido. Dimensiones conceptuales de la protección legal. Cfr. La Corte Europea de Derechos Humanos ofrece ejemplos del empleo concreto de la distinción –así. Por último. caso de las niñas Yean y Bosico. El señalamiento de una situación de discriminación estructural se ha empleado como justificación de las medidas de acción afirmativa o positiva. art. 1853-2004. caso D. cultural. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 2004.2. sentencia del 8 de septiembre de 2005. la Convención Americana sobre Derechos Humanos–. uces. entre ellas. pueden existir prácticas especialmente vejatorias u ofensivas para un grupo social. párr.H. 170. Buenos Aires.
.Christian Courtis. Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad.. Otro de los sentidos clásicos del término “discriminación” se relaciona con las denominadas expresiones o afectaciones discriminatorias. consideró un caso de discriminación de facto contra la comunidad romaní. 1..). Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación Racial. Roberto Saba. ciertamente existe una tendencia a su inclusión en los tratados de orientación deliberadamente antidiscriminatoria9. Corte Europea de Derechos Humanos. 9 Cfr. 2. República Checa. pp. art. en Jorge Amaya (ed.. En sentido similar. 105-141
Aunque la diferenciación entre discriminación directa e indirecta y entre discriminación de jure y de facto no aparece en los textos de tratados de derechos humanos generales –entre ellos. Incluye todas las formas de discriminación. pp. algunas constituciones y tratados de derechos humanos. art. a. art. civil o de otro tipo.º. Visiones de la Constitución. de
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político.. López Alvarez. En términos casi idénticos. Cfr. Se trata más bien de la descripción de la magnitud del fenómeno de la discriminación tanto de jure como de facto contra grupos en particular. por ejemplo. y otros v. por ejemplo..1. De todos modos. 1. la dignidad o la propiedad– se ve agravada por el particular valor cultural o simbólico que representa para ese grupo o comunidad. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer. En la literatura contemporánea se habla también de discriminación estructural o sistémica11. 141: “La Corte considera que el principio de derecho imperativo de protección igualitaria y efectiva de la ley y no discriminación determina que los Estados […] deben abstenerse de producir regulaciones discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios en los diferentes grupos de una población al momento de ejercer sus derechos”. 479 a 514. económico. social.º. Se trata del empleo de expresiones injuriantes. la denegación de ajustes razonables” (la bastardilla es mía). ciertamente. Se trata. se refieren a la igualdad de oportunidades. 11 Cfr. de las que hablaremos después. y la legislación de diferentes países. sentencia del pleno del 13 de noviembre de 2007. “(Des)igualdad estructural”.
es útil subrayar un aspecto que ha caracterizado la evolución de las normas antidiscriminatorias. más allá de las intenciones declaradas13. Barcelona. o bien la “objetivización” de la intención o del propósito. etc. a raíz de la constatación de la existencia de grupos y sectores que. sentencia del 6 de julio de 2005. República Checa. pp. requerirá la elaboración de medidas. Corte Europea de Derechos Humanos. Owen Fiss. sino efecto de la reproducción social de prejuicios y estereotipos– esta concepción ha variado. 13 Sobre el punto. y María Vittoria Ballestrero. y otros v. Madrid. Madrid. En el pasado. n. la educación. el empleo. en la intención o el propósito de discriminar.
. La adopción de una noción amplia de discriminación.). por sobre la intención de discriminar. párr. cit.. pese a la declaración de igualdad formal. 157. y la creciente percepción de la existencia de fenómenos de discriminación que no son conscientes o voluntarios. Derechos y garantías. Alfonso Ruiz Miguel. Huelga señalar que el alcance y tipo de medidas antidiscriminatorias elegidas depende de la noción de discriminación que se adopte. 1999.
12 Para un análisis de estas nociones. técnicas y garantías adecuadas. Trotta. cfr. párrs. De allí la vinculación entre la existencia de discriminación y la ausencia de igualdad de oportunidades. entre las que se encuentran las denominadas “medidas de acción positiva o afirmativa”12. 73 a 96. y la correlativa necesidad de complementar medidas antidiscriminatorias con medidas de promoción de la igualdad de oportunidades. y hoy se pone énfasis en un tipo de análisis de la discriminación que privilegia los factores objetivos –entre ellos.H. 137 a 167. La ley del más débil. Ante este panorama. “La igualdad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional” y “La discriminación inversa y el caso Kalanke”. 1999. 1996. Gedisa. la dificultad de probar la intención. “Igualdad y diferencia”. cfr. el efecto o resultado discriminatorio. la concepción vigente ponía énfasis en los componentes subjetivos de la conducta de quien era acusado de discriminar –es decir. Luigi Ferrajoli. pp. Bulgaria. en Luigi Ferrajoli. en Roberto Gargarella (comp. “Acciones positivas: punto y aparte”. Derecho antidiscriminatorio y acción positiva en favor de las mujeres. Discriminación. que eviten que el fin protectorio sea frustrado por la ausencia de mecanismos idóneos para cumplir ese fin.112
nociones estrechamente vinculadas: la idea de igualdad de oportunidades surge por contraste con la idea de igualdad formal o identidad de trato. caso Nachova y otros v. que englobe todos los criterios señalados. 1997. “Grupos y la Cláusula de la igual protección”.º 19. caso D. la cultura. Por motivos diversos –entre ellos. todos en Doxa. Derecho y grupos desaventajados. 184 y 194. Civitas. María Ángeles Barrère Unzueta. cuando la noción de discriminación se vinculaba casi exclusivamente con las expresiones discriminatorias o injuriosas. son sistemáticamente excluidos del acceso a bienes sociales tales como la representación política.
Siglo del Hombre y Universidad de los Andes. Cátedra. b. entre productores de leche y productores de miel. El grupo se autoidentifica en alguna medida a través de ese factor. “Cultura. que tienen como efecto la exclusión de ese grupo del goce o ejercicio de derechos. y suponen las típicas dificultades relativas a la necesidad de englobar bajo un mismo criterio conceptual una multiplicidad de fenómenos de alcance diverso. Existe algún consenso. Existen versiones más fuertes de la nota b que requieren que el factor constituya un rasgo importante de identidad del grupo. Dimensiones conceptuales de la protección legal. Bogotá.. y carece de un referente empírico
14 Cfr. no se está haciendo referencia a cualquier tipo de distinción legal. cit. 136 a 167. Derecho…. Esta noción supone explorar y definir de modo más preciso la idea de grupo social de la que se habla. en Iustitia Interrupta. establece dos diferenciaciones interesantes. pp.
.. sin embargo. y c. agregado o agrupado. Nancy Fraser. una de las autoras más influyentes en esta materia. 15 Cfr. 1997. economía política y diferencia. 26 a 29. Sobre el libro de Iris Young: Justicia y la política de la diferencia”. el agrupado sólo se debe a una clasificación intelectual o legal. Madrid. y el consiguiente agravamiento de su exclusión o marginación social 14. un agrupado es el resultado del empleo de algún factor clasificatorio convencional. entre otros–. 258 a 262. pp. a efectos de otorgar un subsidio. en subrayar al menos las siguientes notas características: a. pero difícilmente refleja el sentido en el cual se habla de “discriminación” en tratados internacionales de derechos humanos o en normas constitucionales o legales. “Grupos y la cláusula de la igual protección”. pero ello puede acarrear dificultades para aplicar la noción a grupos sociales débilmente organizados. Mientras un grupo social se caracteriza por lazos de identificación identitaria y colectiva –tales como una historia. que sirven para visualizar con mayor claridad la noción de grupo a la que hacemos referencia 15.. Reflexiones críticas desde la posición “postsocialista”. Existe un factor común que vincula al grupo. CARáCTER GRUPAL DE LA DISCRIMINACIóN Y FACTORES PROHIBIDOS
Una segunda cuestión que requiere mayor profundización tiene que ver con la proyección grupal o colectiva del fenómeno de la discriminación. un grupo social se distingue de un mero conjunto. Por un lado. tradición o experiencia común.Christian Courtis. Cuando se habla de discriminación o de medidas antidiscriminatorias. Owen Fiss. En alguna medida puede decirse que mientras un grupo refleja una experiencia colectiva de carácter social. lenguaje. La justicia y la política de la diferencia. pp. Por ejemplo. pp. podría ser cuestionada a partir del principio de igualdad o tratamiento igualitario. Los intentos de definir la noción de grupo o grupo social relevante a efectos de la noción de discriminación han sido varios. pp. cit. 2000.. Discriminación. María Ángeles Barrère Unzueta. Iris Marion Young. Lo que caracteriza a la discriminación que estos cuerpos normativos pretenden atacar es la existencia de preconceptos o prejuicios contra un grupo social determinado. El grupo es identificado por quienes no son miembros del grupo a través de ese factor. Iris Marion Young. 105-141
III. la distinción legal. 77 a 85..
son útiles para entender el fenómeno de la discriminación: no se trata de cualquier forma arbitraria de menoscabo de un derecho. ya que confirma el prejuicio y estereotipo no sólo para la persona afectada. no exentas de dificultades teóricas. serían ejemplos de agrupados convencionales los propietarios de automóviles con matrícula terminada en número par. definidas bajo cierto parámetro –un ingreso menor a dos dólares por día. Las asociaciones se caracterizan por la adhesión voluntaria de sus miembros: así. la lengua y otros símbolos de pertenencia a una comunidad nacional. por ejemplo. caracterizadas –por definición– por elementos comunes aglutinantes –como la identidad étnica. si una mujer es rechazada por esa condición del ejercicio de un cargo público.114
colectivo. Así. lingüísticas o religiosas. denuncie y actúe contra la discriminación sea un grupo social con lazos y formas de organización ya establecidas. es identificado y considerado en tanto indígena. además del efecto individual sobre la persona perjudicada. que las personas que sufren de marginación pero no se autoidentifican a partir de un rasgo común. persona con discapacidad. Estas distinciones. pero la extensión tiene límites: es difícil emplear la noción de grupo social en el mismo sentido para una comunidad étnica o lingüística con cierto grado de organización. nacionales o lingüísticas. por ejemplo. Así. o la religión. independientemente de que alguien participe en un movimiento de reivindicación de los derechos indígenas. etc. homosexual. Por otro lado. sino sólo del menoscabo debido a la pertenencia de una o varias personas a un grupo social. miembro de una minoría nacional. pero esos efectos se relacionan con la pertenencia de la persona discriminada a un grupo social. a las personas adultas mayores. Desde el punto de vista empírico. En la pertenencia a grupos sociales. el factor voluntario es mucho más débil –en la medida en que parte de la definición de grupo supone la heteroidentificación por quienes no son miembros del grupo. etc. que para todas las personas que viven en la pobreza. Esto se debe a que la noción de grupo que subyace al modelo antidiscriminatorio incluido en constituciones y tratados de derechos humanos emplea como paradigma a las minorías étnicas. de una entidad de bien común. Young considera ejemplos de grupos sociales a las mujeres. a partir del intento de elaboración de factores comunes al grupo –como la “experiencia de género” o la “experiencia de discapacidad”–. por ejemplo. a las personas con discapacidad. a los miembros de minorías raciales. de una iglesia. etc. Young también diferencia entre grupos sociales y asociaciones. la discriminación afecta al grupo entero. de un partido político. los sujetos exentos del impuesto a las rentas. la discriminación puede tener efectos individuales. los usuarios de medios de transporte públicos. Así. religiosa o lingüística. nacionales. como la de mujer. sino para todo el resto de los miembros del género femenino. En términos de la discusión
. Por el contrario. Evidentemente. Se ha intentado extender esta noción a otras categorías –como el género y la discapacidad–. uno es socio de un club deportivo. es más factible que quien perciba. Lo mismo puede decirse de otras condiciones sociales.
posición económica.Christian Courtis. las minorías religiosas. Resulta algo más complejo extender esta visión a otros factores de la lista. enumerados en cláusulas o disposiciones legales antidiscriminatorias. la discapacidad o la orientación sexual. tales como la “posición económica” o el “nacimiento”. no han llevado a una identificación grupal colectiva. origen nacional o social. color. de todos modos. cit. nacimiento o cualquier otra condición social”. Desde el punto de vista jurídico. Luis Prieto Sanchís. 105-141
anterior. A partir de este marco conceptual es más sencillo explicar la existencia de algunos “factores sospechosos”. constituciones o leyes– identificó factores que.. resultan objetivamente en estereotipos o prácticas de exclusión –de modo que tal vez sea necesario emplear criterios de interpretación distintos en cada caso. Tal vez el desafío mayor de muchos de los países de nuestra región sea el de diseñar mecanismos para detectar y atacar la discriminación por razones de pobreza. que se refiere a los siguientes factores: “raza. pp. Un ejemplo de ello es la combinación de pobreza y mestizaje racial.. En estos casos. Como ya he dicho. sexo.. esta lectura grupal funciona mejor cuando el propio grupo se identifica colectivamente y existen prácticas identitarias comunes –como en el caso de los pueblos indígenas. 102 a 109. En el derecho constitucional comparado y en la jurisprudencia de tribunales internacionales de derechos humanos se han desarrollado técnicas tales como el escrutinio
16 Cfr.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Una forma de entender esta lista de factores es suponer que se trata de notas o rasgos que identifican grupos sociales susceptibles de sufrir prejuicios o estereotipos injustificados. la de “cualquier otra condición social”. sin embargo. lingüísticas y tal vez las nacionales o del género. parece más fácil pensar que el redactor del instrumento internacional –o de otras cláusulas similares de tratados. pp. que puede constituir una concepto flexible para captar otras distinciones sociales que tienen efectos discriminatorios –por ejemplo.. “categorías sospechosas” o “factores prohibidos”. Madrid. las personas que viven en la pobreza son identificadas por otros a través de esa condición –y en esto el criterio parece acercarse a la noción de “grupo” propuesta por Young– pero es arriesgado postular que constituyen su identidad a partir de ese rasgo y de las relaciones generadas a partir de él –y en esto. Los derechos sociales como derechos exigibles. que tienen el efecto de excluirlos del goce o el ejercicio de derechos. combinados generalmente con factores raciales que. Dimensiones conceptuales de la protección legal. Víctor Abramovich y Christian Courtis. el listado de “categorías o factores sospechosos” o “prohibidos” implica la necesidad de un control estricto del empleo de estos factores como base para hacer distinciones de jure o de facto16. Queda. pese a no responder a formas de organización e identificación grupal.
. “Igualdad y minorías”. Trotta. idioma. pp. 2002. 116 y 117. una categoría abierta. como la última parte del artículo 1. religión. “los pobres” como categoría se acercan más a la noción de “agrupado” que a la de “grupo”. opiniones políticas o de cualquier otra índole.
art. 21 Cfr. la Corte Interamericana también ha abordado esta cuestión en varias sentencias19. 18 Cfr.. República Checa. cit. Todas estas disposiciones señalan que la adopción de medidas especiales destinadas a acelerar la igualdad de hecho de los grupos protegidos por los respectivos i nstrumentos no se considerará discriminatoria. Rusia. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. al respecto. art. cit.4. como ejemplo proveniente de nuestra región. H. s) y t). señalar que es común que en situaciones de discriminación sistémica o estructural estos factores prohibidos se superpongan y se potencien. pp. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. considerandos 5 y 6. Esto suele denominarse “discriminación múltiple”. ya que tienen el propósito de equiparar o igualar las oportunidades de grupos sociales discriminados o postergados y que. y otros v.. Varios tratados de derechos humanos identifican expresamente estas situaciones. 1. 19 Cfr. Sentencia del 13 de diciembre de 2005. ALCANCE DE LA PROTECCIóN ANTIDISCRIMINATORIA: PúBLICO/PRIVADO
Otro de los temas cruciales relativos al alcance de la protección antidiscriminatoria se vincula con el tipo de relaciones a las que se aplicará dicha
17 Cfr. una vez identificado el empleo del factor o categoría prohibida o sospechosa. 20 Cfr. además.116
agravado o estricto de toda medida que emplee factores o categorías sospechosas o prohibidas –lo que implica que el Estado o quien emplee la categoría para distinguir justifique por qué empleó esa categoría. Esta idea es recogida expresamente por tratados internacionales de derechos humanos21. por ejemplo. Evelyn Patricia c/ Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ amparo. sección 6 de este trabajo. 176-177. Gottschau. y por qué era necesario acudir a ella y no a otra alternativa– o la inversión de la carga probatoria –es decir. “Grupos y la cláusula de la igual protección”. Como veremos. art.4. por ejemplo. Una última aclaración referida a este punto se relaciona con la denominada “asimetría” de las medidas de acción positivas o afirmativas 20: aunque estas medidas tengan –obviamente– en consideración factores prohibidos –de otra manera no podrían operar– no se las considera discriminatorias. q). Corte Europea de Derechos Humanos. 1. señalando necesidades de protección especial cuando coinciden varios factores de discriminación18. Sentencia del 8 de agosto de 2006. la presunción de invalidez de la medida y la necesidad de que el demandado sea quien la justifique. caso D. art. Párrafos Preambulares p).1. Reino Unido..
.. Cabe. párrs. Cabales y Balkandali v. caso Abdulaziz. Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. 5. párrs. Sentencia del 28 de mayo de 1985. son de carácter temporal.. 78. 56-58. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 4. Puede verse también. en principio. párr. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
IV. si pretende su pervivencia17. Corte Suprema de Justicia de Argentina. 137 a 167. Owen Fiss. caso Timishev v.2 b. r).
2005. entre otros. exentas del control de motivaciones o efectos.d) y 5. Lo interesante es que también en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos existe cierto giro hacia la imposición al Estado de obligaciones de regulación y protección contra la discriminación en las relaciones entre particulares. La eficacia de los derechos fundamentales entre particulares. 9. 27 y 30. Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad.1.
. quedaban libradas regularmente al principio de autonomía de la voluntad y. Universidad del Externado. 809 a 826. Homenaje a José Ricardo Membreño Jiménez. “La eficacia de los derechos humanos en las relaciones entre particulares”. en Baigún et al. La afirmación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. entre otros. Ingo Wolfgang Sarlet. varios tratados internacionales de derechos humanos imponen al Estado obligaciones positivas de erradicación de estereotipos y de remoción de prácticas discriminatorias en ámbitos tales como la vida familiar. Madrid. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. En general. por ejemplo. pp.).Christian Courtis. o a extenderla también al ámbito de las relaciones entre particulares22. Buenos Aires. pp. También publicado en Jaime Martínez Ventura (comp. “Igualdad y minorías”.. Luis Prieto Sanchís.1. pp. Así. cfr. 2005. Dimensiones conceptuales de la protección legal. 1997. 128 y 129. 23 Cfr. 2000. Bogotá. párr. Alexei Julio Estrada. pp. Maier. Christian Courtis. cit. 141 a 162. el mercado de trabajo. revestido de carácter imperativo. Mientras el primero es el ámbito tradicional del control de constitucionalidad y de legalidad de la actuación estatal. 105-141
protección. acarrea obligaciones erga omnes de protección que vinculan a todos los Estados y generan efectos con respecto a terceros. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. En este sentido –y más allá de los problemas de “penumbra” que pueda acarrear la distinción– la legislación y las políticas públicas en la materia deben decidir entre limitar su aplicación al ámbito de las relaciones entre individuos y poderes públicos. fespad. en Ingo Wolfgang Sarlet (org. 5. es decir –de acuerdo con la misma Corte– que rige también entre particulares24. Juan María Bilbao Ubillos.23. en el sentido de que la prohibición de discriminación tiene efecto erga omnes.. Porto Alegre. art. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.f). A Constituição concretizada. Construindo pontes com o público e o privado. parece orientarse en el mismo sentido. por ende. sobre la aplicabilidad de normas de derechos humanos en relaciones entre particulares. pp. los espacios comerciales privados abiertos al público en general. en general. Corte idh. art.. por ejemplo. La eficacia de los derechos fundamentales entre particulares. San Salvador. Justicia Penal y Derechos Humanos. 4. “Direitos Fundamentais e Direito Privado: algumas considerações em torno da vinculação dos particulares aos direitos fundamentais”. la construcción y el alquiler de viviendas. J. precisamente por pertenecer dicho principio al dominio del jus cogens. 110: “Los efectos del principio fundamental de la igualdad y no discriminación alcanzan a todos los Estados. 24 Cfr. 16.. 2000. Opinión Consultiva OC-18/03. el segundo implica penetrar en relaciones que. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 8.e).1.
22 Cfr. Estudios sobre justicia penal... Análisis de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional.1.. Editores del Puerto. art. 2. arts. cit. Livraria do Advogado. iii. 107 a 163. inclusive particulares” (cursiva fuera de texto). etc.). Homenaje al Profesor Julio B. la educación. al menos en el marco de la distinción común entre Estado y mercado. entre otros. 11 y 13.
significa una limitación considerable del principio de autonomía de la voluntad: ámbitos de interacción tan importantes como la contratación laboral. conceder empleo. pp. o la determinación de que “tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de la personas”. n. la prestación de servicios médicos y educativos por parte de individuos o empresas privadas. En este sentido. es necesario al menos abordar específicamente las siguientes cuestiones: a. Madrid.
. Trotta.º 38. MEDIDAS ANTIDISCRIMINATORIAS Y GARANTÍAS
Otro aspecto importante para considerar el alcance de la legislación antidiscriminatoria está relacionado con el tipo de mecanismos. “Derechos fundamentales”. en Revista Jueces para la Democracia. otorgar subsidios. y con la existencia de garantías para el caso de incumplimiento de las obligaciones que la ley establece por parte de los sujetos obligados25. la razonabilidad o justificabilidad de una distinción. Esto implica la sustitución de la completa identificación entre interés público e interés gubernamental. en Derechos y garantías. la oferta de productos y servicios. de las que es preciso tomar conciencia para poder implementarlas adecuadamente. 39 a 46. Afinar los criterios para determinar cuándo un acto u omisión es discriminatorio. 1999. como se dijo. quedan sujetos a la prohibición de discriminar y. julio de 2000. dispositivos y medidas que incorpora. Por ello. Madrid. también de los de no justificabilidad– de las distinciones y diferenciaciones
25 Cfr. y la limitación de la deferencia en la consideración de los criterios empleados por las autoridades públicas para ejercer facultades. Para ello es útil. etc. pp. la legislación antidiscriminatoria supone también un control estricto de la actividad de órganos y entidades gubernamentales de los tres poderes. que “tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. la utilización de espacios de propiedad privada pero de acceso público. 37 a 72 y “Garantías”. Por lo pronto. Luigi Ferrajoli.118
La extensión de la aplicación de normas antidiscriminatorias al ámbito de las relaciones entre sujetos privados tiene una importante serie de implicaciones. no basta con establecer una prohibición genérica de discriminar: muchos de los términos empleados por estas prohibiciones son a su vez susceptibles de interpretación –por ejemplo. contratar o tercerizar servicios. por ende. o que “atente contra la dignidad humana”. Por otro lado. para que una ley o una política pública en materia de prevención y eliminación de la discriminación y promoción de la igualdad de oportunidades sea efectiva. a la calificación de ilicitud de la conducta en caso de discriminación. y la especificación de los criterios de justificabilidad –y por ende. la identificación de casos paradigmáticos. La ley del más débil.
V. por ejemplo.
Diseñar acciones.. que la ofensa sea reparada y que se adopten medidas para impedir que el acto u omisión discriminatorio se repitan26... Convención Americana sobre Derechos Humanos. d. b. Dimensiones conceptuales de la protección legal. en su caso. lograr que el acto u omisión discriminatoria cese. Esto implica la identificación de ámbitos y prácticas discriminatorias y de obstáculos para la igualdad de oportunidades. Este nivel de incidencia ayuda a definir los alcances de la prohibición de discriminación.Christian Courtis. y recursos suficientes para hacerlas efectivas. que su responsable sea sancionado. de obligaciones de los particulares y la creación de incentivos legales o económicos para evitar o minimizar las posibilidades de discriminación. Aunque los mecanismos de garantía pueden adoptar formas distintas.1.º. el acceso a la justicia. cfr. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. de acciones y recursos jurisdicionales o cuasi-jurisdisccionales efectivos– para que. la aplicación de sanciones penales y administrativas a funcionarios o a particulares responsables. artículo 6. c. y la creación de las condiciones para concretar la igualdad de oportunidades. en caso de infracción de las prohibiciones o incumplimiento de las obligaciones por parte de las autoridades públicas o de los particulares responsables. la definición de facultades de autoridades públicas. tal vez la forma arquetípica sea la posibilidad de presentar una denuncia o entablar una demanda ante un tribunal de justicia. La situación de exclusión y postergación se traduce frecuentemente –aunque no únicamente– en la sub-representación del grupo en el acceso a bienes sociales tales como el empleo. medidas y dispositivos requieren un análisis contextualizado de ámbitos tales como el empleo. los servicios de salud o la educación. la eliminación de obstáculos debería traducirse también en un aumento de esa participación. 105-141
adoptadas por autoridades públicas y por particulares. las acciones de inconstitucionalidad. Estas acciones. Uno de los objetivos de la legislación antidiscriminatoria es la eliminación de obstáculos para el pleno disfrute de los derechos reconocidos por parte de grupos sociales que han sufrido de exclusión y postergación. las instituciones políticas. etc. El establecimiento de garantías –es decir. la educación. medidas y dispositivos para prevenir y combatir la discriminación y promover la igualdad de oportunidades. la prestación de servicios de salud. De modo que la evaluación de la legislación antidiscriminatoria –y la toma de decisiones sobre las necesidades de corrección o refuerzo de las medidas concretas adoptadas– requiere de
26 Al respecto. la previsión de mecanismos de denuncia y acción para las víctimas. hacer uso de un mecanismo de solución de controversias y.
. Pueden mencionarse como ejemplos de estas garantías de carácter jurisdiccional las acciones de amparo. artículo 25. el acceso a espacios públicos. pp. De ser exitosa. ser escuchado por una autoridad imparcial. el damnificado o el grupo social del que es parte pueda presentar una queja. las acciones de indemnización por daños y perjuicios.
Opinión Consultiva OC-18/03. La formulación extensa de esta prohibición de discriminación está incluida en el artículo 1. 100101. 82-96. Corte idh. y se refiere a los “derechos y libertades reconocidos por ella” 27. que –como hemos dicho ya– no es más que un caso de violación agravada del principio de igualdad. en aquellas en las que se hallan previsto medidas de acción afirmativa para superar la situación de desigualdad de hecho de un grupo determinado. Corte idh. párr. no se refiere exclusivamente a los derechos protegidos por la Convención. considerándola una norma de jus cogens.. Opinión Consultiva OC-18/03. a igual protección de la ley. párrs. párrs. Una alternativa para ello es el diseño y empleo de indicadores. Sin embargo. caso Yatama. “Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización”. que establece el principio de igualdad ante la ley. el artículo 24 de la Convención. EL PRINCIPIO DE PROTECCIóN IGUALITARIA Y LA PROHIBICIóN DE
DISCRIMINACIóN EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA
A. la Convención Americana sobre Derechos Humanos otorga un alcance amplio a la prohibición de discriminación. en aquellas áreas que la legislación considere prioritarias –por ejemplo. sin embargo ha avanzado un poco más en la cuestión 29. Corte idh. 29 Cfr. La Corte Interamericana de Derechos Humanos había sentado las bases de su interpretación del artículo 24 en su Opinión Consultiva OC-4/8428. En los últimos años. del 19 de enero de 1984. aunque de hecho no ha desarrollado aún una jurisprudencia completa y detallada sobre el tema. En consecuencia. tienen derecho.
27 Pueden consultarse otras consideraciones generales de la Corte sobre la prohibición de discriminación en Corte idh.
Esto hace plenamente aplicable a toda norma o práctica interna la prohibición de discriminación. la Corte ha ampliado también el marco de aplicación de la prohibición de discriminación. CONSIDERACIONES GENERALES
Como dije antes. 28 Cfr. Los mecanismos de monitoreo deben considerar además la participación de la sociedad civil y. en especial. Cfr. que permitan medir o estimar puntos de partida y resultados tomando en consideración lapsos temporales adecuados. Como ya he dicho. Sentencia del 23 de junio de 2005. “Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados”.
VI. sin discriminación. por ejemplo. de carácter erga omnes. Opinión Consultiva OC-4/84. sino que es aplicable a toda ley:
Todas las personas son iguales ante la ley. de las organizaciones que representan a los grupos que la legislación antidiscriminatoria pretende proteger.1 de la Convención.120
algún mecanismo de medición de sus resultados.
Opinión Consultiva OC-18/03.. no están en condiciones de ejercerla sin riesgo de su propio patrimonio […] No habrá. 82-110. Mal podría. del 28 de agosto de 2002.
. 166-168. discriminación si una distinción de tratamiento está orientada legítimamente. porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva. No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza […] Sin embargo. por sí misma. Dimensiones conceptuales de la protección legal. verse una discriminación por razón de edad o condición social en los casos en que la ley limita el ejercicio de la capacidad civil a quienes. “Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño”.. pues. por considerar superior a un determinado grupo. es decir. de la dignidad humana. a la inversa.Christian Courtis. cit.R. párrs. p. por ser menores o no gozar de salud mental. 105-141
La doctrina de la Corte al respecto aparece expresada en los siguientes párrafos:
La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona. Existen. ciertas desigualdades de hecho que legítimamente pueden traducirse en desigualdades de tratamiento jurídico. 34]. sin que tales situaciones contraríen la justicia. por lo mismo que la igualdad y la no discriminación se desprenden de la idea de unidad de dignidad y naturaleza de la persona es preciso concluir que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio.
185. caprichosos. pueden ser un vehículo para realizarla o para proteger a quienes aparezcan como jurídicamente débiles. si no conduce a situaciones contrarias a la justicia. cit. Ya la Corte Europea de Derechos Humanos basándose “en los principios que pueden deducirse de la práctica jurídica de un gran número de Estados democráticos” definió que sólo es discriminatoria una distinción cuando “carece de justificación objetiva y razonable” [Eur. o que. no pueden perseguir fines arbitrarios. 171 y 191. lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. Por el contrario. 44-49 y 55. Opinión Consultiva OC-17/02. siempre que esa distinción parta de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma. judgment of 23rd July 1968. a la razón o a la naturaleza de las cosas. 140-141. por ejemplo. Court H. párrs.. De ahí que no pueda afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo. por considerarlo inferior. 155. caso de las niñas Yean y Bosico. conduzca a tratarlo con privilegio. párrs.. vale decir.. los cuales no pueden apartarse de la justicia o de la razón. Case “relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium” (merits). pp.. en efecto. frente a la cual es incompatible toda situación que.
al menos pueden señalarse algunas aproximaciones generales. es también cierto que.
30 Corte idh. la doctrina y la jurisprudencia más recientes han desarrollado algunas consecuencias específicas en aquellos casos en los que se alega discriminación sobre la base de estos factores prohibidos –como la inversión de la carga probatoria. es posible apreciar circunstancias en que los imperativos del bien común puedan justificar un mayor o menor grado de distinciones que no se aparten de las consideraciones precedentes. la Corte considera que se discrimina contra los varones cuando una cláusula constitucional limita la adquisición de nacionalidad a la mujer extranjera que se case con costarricense –y no al varón extranjero que se case con costarricense. 66-67 y punto conclusivo 5.
despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana […] Si bien no puede desconocerse que las circunstancias de hecho pueden hacer más o menos difícil apreciar si se está o no en presencia de una situación como la descrita en el párrafo anterior. Como he señalado. el establecimiento de una presunción de invalidez de la distinción y la necesidad de justificación estricta de la medida. 55-58. y dos líneas de argumentos relevantes. En algunas decisiones posteriores. que los casos de simple violación del principio de igualdad.. cit.. La Corte afirma que la cláusula debe leerse como si dijera “persona extranjera” que se case. Aunque aún no se ha dictado una sentencia en la que el tribunal desarrolle una doctrina acabada sobre el alcance y consecuencias de la prohibición de discriminación. OC-4/84. Opinión Consultiva OC-4/84.1 de la Convención Americana –de modo que parece tratar del mismo modo la discriminación por motivo de alguno de esos factores.
A la luz de lo dicho antes. el problema de la aproximación de la Corte en esta opinión consultiva –que tiene ya más de 20 años– es que no deriva ninguna consecuencia específica de la lista de factores prohibidos establecidos por el artículo 1. párrs. Cfr. la Corte ha ofrecido algunos indicios de su interpretación acerca del alcance de la prohibición de discriminación. aunque se trataba de una Opinión Consultiva –en la que Costa Rica requirió a la Corte que se expidiera sobre la compatibilidad de una propuesta de reforma constitucional con la Convención Americana– la única constatación categórica de discriminación que hace el tribunal se refiere a la discriminación por razón de sexo contra los varones31. párrs. Se trata de valores que adquieren dimensiones concretas a la luz de la realidad en que están llamados a materializarse y que dejan un cierto margen de apreciación para la expresión que deben asumir en cada caso30. partiendo de la base de la esencial unidad de la dignidad del ser humano. cit. También es interesante señalar que. 31 En efecto.
º de febrero de 2006. Dimensiones conceptuales de la protección legal. En la actual etapa de la evolución del derecho internacional. el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens. El artículo 24 de la Convención Americana prohíbe la discriminación de derecho o de hecho. sino en lo que respecta a todas las leyes que apruebe el Estado y a su aplicación. 105-141
En cuanto a la aproximación general de la Corte. Notas a pie de página omitidas. Es decir. 186. los derechos reconocidos en dicho tratado. párr. los Estados tienen la obligación de no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias.. Por consiguiente. caso López Álvarez vs. 184-186. en el marco de su análisis de la alegada violación de algunos derechos establecidos en la Convención Americana. El principio de la protección igualitaria y efectiva de la ley y de la no discriminación constituye un dato sobresaliente en el sistema tutelar de los derechos humanos consagrado en muchos instrumentos internacionales y desarrollado por la doctrina y jurisprudencia internacionales. combatir las prácticas de este carácter y establecer normas y otras medidas que reconozcan y aseguren la efectiva igualdad ante la ley de todas las personas. respecto de la obligación de los Estados de respetar y garantizar. párrs. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permea todo el ordenamiento jurídico. Ese principio posee un carácter fundamental para la salvaguardia de los derechos humanos tanto en el derecho internacional como en el interno. Es discriminatoria una distinción que carezca de justificación objetiva y razonable. cit. Honduras.Christian Courtis. pp..
32 Corte idh. no se limita a reiterar lo dispuesto en el artículo 1. 185. sin discriminación. caso Yatama. la Corte ha abordado planteos de discriminación sobre factores prohibidos.
. 170. se trata de un principio de derecho imperativo. algunos párrafos del caso Yatama sirven para resumir la doctrina del tribunal:
184.1 de la misma.. no sólo en cuanto a los derechos consagrados en dicho tratado. LA OBLIGACIóN DE NO DISCRIMINAR
En algunos casos.. En sentido similar. Dos casos –y otra opinión consultiva– tratan la cuestión de las distinciones perjudiciales efectuadas sobre la base del origen étnico y nacional y la condición migratoria de las personas. eliminar las regulaciones de carácter discriminatorio. Sentencia del 1.
B. sino consagra un derecho que también acarrea obligaciones al Estado de respetar y garantizar el principio de igualdad y no discriminación en la salvaguardia de otros derechos y en toda la legislación interna que apruebe32.
se enmarca dentro de la condición vulnerable de la población haitiana y dominicana de ascendencia haitiana en la República Dominicana.124
En el caso de las niñas Yean y Bosico. cit. 34 Corte idh. de acuerdo al planteo. los Estados tienen la obligación de garantizar este principio fundamental a sus ciudadanos y a toda persona extranjera que se encuentre en su territorio. pudieran acudir al procedimiento de inscripción tardía en condiciones de igualdad y no discriminación y ejercer y gozar en plenitud su derecho a la nacionalidad dominicana. caso de las niñas Yean y Bosico. Al respecto la Corte afirma:
171. párr. En el caso. cit. por violación al principio de igual protección y a la prohibición de discriminación35– el análisis efectuado por
33 Corte idh. se había alegado que el Estado dominicano había discriminado a dos niñas de ascendencia haitiana y nacidas en la República Dominicana. 155: “La Corte considera necesario señalar que el deber de respetar y garantizar el principio de la igualdad ante la ley y no discriminación es independiente del estatus migratorio de una persona en un Estado. el Estado dejó de otorgar la nacionalidad a las niñas.. también párrs. 168. aunque la Corte no centra su análisis en el origen étnico/nacional como factor prohibido. La Corte afirmó expresamente que la prohibición de discriminación es aplicable al derecho a la nacionalidad. su nacionalidad.
Aunque el resultado final es el mismo –la Corte consideró. el motivo de la denegación de inscripción y documentación de las niñas era concretamente su ascendencia haitiana. sin discriminación alguna por su estancia regular o irregular. lo que constituyó una privación arbitraria de su nacionalidad. caso de las niñas Yean y Bosico. sino más bien en la condición migratoria en general33. 169-171 y 192. Sin embargo. como niñas dominicanas de ascendencia haitiana. 35 Cfr. Cfr. cit. 174: “La Corte encuentra que por razones discriminatorias y contrarias a la normativa interna pertinente. Este parece ser un reconocimiento por parte de la Corte de una situación de discriminación sistémica o estructural. género o cualquier otra causa”. violado el derecho a la nacionalidad (y también los derechos a la personalidad jurídica y al nombre). En consideración del deber del Estado de otorgar la nacionalidad a quienes nacieron en su territorio. la República Dominicana debió adoptar todas las medidas positivas necesarias para garantizar que Dilcia Yean y Violeta Bosico. entre otras cosas.. finalmente. a la cual pertenecen las presuntas víctimas”34. Corte idh.
. al obstaculizar su inscripción y documentación mediante interpretaciones arbitrarias de la legislación vigente y requisitos reglamentarios irrazonables. El factor prohibido alegado –sobre el cual se produjo abundante prueba en el caso– era el origen étnico/nacional de las niñas: concretamente. la Corte consideró la aplicación de la prohibición de discriminación en relación con el derecho a la nacionalidad. caso de las niñas Yean y Bosico. Es decir. la sentencia señala también que “el tratamiento discriminatorio impuesto por el Estado a las niñas Yean y Bosico.. raza. párr. aunque su análisis no se centra en la consideración directa del origen étnico/nacional como factor prohibido. párrs.
como miembro de la comunidad garífuna. En el caso. 173 y 174. precisamente porque garantiza la expresión. en violación de los artículos 20 y 24 de la Convención Americana. Los Estados deben tomar en consideración los datos que diferencian a los miembros de pueblos indígenas de la población en general.37
y las dejó apátridas por más de cuatro años y cuatro meses. distinguió perjudicándolas. En el presente caso. se les prohibió hablar en su idioma materno. 105-141
el tribunal es excesivamente complicado en relación con los hechos del caso. en perjuicio de las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico”. cfr. en relación con la prohibición de discriminación36. La Corte afirmó
171. 37 Cfr. la Corte consideró otra alegación de violación a la prohibición de discriminación contra una persona perteneciente a una minoría étnica –en este caso. 111-160. que decir –como parece hacerlo la Corte– que la violación se produjo por falta de adopción de medidas positivas.Christian Courtis.. Corte idh. 187. Era bastante más sencillo y adecuado decir que el Estado violó la prohibición de discriminación por su actuación. Opinión Consultiva OC-18/03. 36 Cfr. párr. Dimensiones conceptuales de la protección legal.. Las medidas positivas se justifican cuando la igualdad de trato es insuficiente para garantizar el goce y ejercicio del derecho –en este caso. 172. Corte idh. incluyendo a los trabajadores indocumentados. la comunidad garífuna.1 de este instrumento..
La Corte consideró violado el derecho a la libertad de expresión. en relación con el artículo 19 de la misma. pp. La lengua es uno de los más importantes elementos de identidad de un pueblo. Honduras. al adoptar regulaciones y al aplicarlas con la intención o el efecto de excluir a personas pertenecientes a una minoría étnica/nacional del goce de un derecho. difusión y transmisión de su cultura..
. aunque no dedicó mayor espacio para desarrollar el estándar aplicado. un miembro de una comunidad indígena/afrodescendiente. en su Opinión Consultiva OC-18/03. párrs. caso López Álvarez vs. y también en relación con el artículo 1. A la víctima.. Sobre la violación a los derechos a la personalidad jurídica y al nombre. el Estado trató peor a las niñas de ascendencia haitiana que a quienes no pertenecían a esa minoría –es decir. fue discriminatoria en perjuicio del señor Alfredo López álvarez. y que conforman la identidad cultural de aquéllos. y a toda la población garífuna detenida en un centro penitenciario. La Corte también efectuó importantes consideraciones sobre la aplicabilidad de la prohibición de discriminación en relación con la situación de trabajadores migratorios. bastaba con la igualdad de trato En el caso López Álvarez. cit. párrs. la restricción al ejercicio de la libertad de hablar garífuna aplicada a algunos reclusos del Centro Penal de Tela. cit.
por lo que el Estado no puede realizarlas. torturas y ejecución extrajudicial–. Corte idh. de los niños y jóvenes en situación de riesgo social. en especial párr. al analizar el conjunto de violaciones –detención ilegal. caso Servellón García y otros vs. es decir. también párrs. coartan indebidamente la libertad personal y transforman la detención preventiva en un mecanismo discriminatorio. 95. “niños y jóvenes afectados por la pobreza que estén socialmente marginados”. 39 Cfr. 42 Cfr. Honduras.1-79. caso Servellón García. en América Latina se identifica con frecuencia con ciertos rasgos étnicos o físicos –pero la Corte no llega tan lejos en su determinación. pobres. como delincuentes juveniles. decidido en noviembre de 2006. También aquí la Corte identificó una situación de discriminación sistémica o estructural43. 110: “El referido contexto estuvo marcado por la estigmatización de los jóvenes como supuestos causantes del aumento de la inseguridad pública en Honduras y por la identificación. Podría entenderse que la Corte señaló aquí una práctica de discriminación de facto o invisible.
. 40 Cfr. cit. 44 Remito. que. caso Servellón García. Pero la sentencia no extendió claramente el argumento a las dos víctimas que no son niños o adolescentes. sin empleos fijos o que padecen de otros problemas sociales”. en estado de vagancia. cit. Corte idh. cit. la Corte efectuó algunas consideraciones sobre la prohibición de discriminación para analizar la práctica de las razzias o detenciones masivas y programadas de personas sin causa legal39.126
En el caso Servellón García38. 43 Cfr. Corte idh. caso Servellón García. 110-112 y 116-117. varios párrafos de la sentencia permiten reconstruir esa identificación. La Corte señaló que “(l)as detenciones programadas y colectivas. parece evidente que. el factor de discriminación es la condición socioeconómica de las víctimas. Servellón García. 41 Cfr. a lo dicho antes respecto de la Opinión Consultiva OC-4/84. 94 y 95.. párrs. la Corte efectuó por primera vez en forma explícita –en ejercicio de su competencia contenciosa– algunas consideraciones relativas al género44. párrs. que son estigmatizados socialmente “como delincuentes” 42. Aunque la Corte no articuló claramente un factor prohibido en términos del artículo 1. hizo algunas observaciones que delimitan aún más al grupo vulnerable: se trata de niños en situación de riesgo social..4. en circunstancia alguna”40. Y a continuación.. más allá de la edad de las víctimas. Sentencia del 21 de septiembre de 2006.1 de la Convención Americana.. 101. Corte idh. la Corte señaló que las violaciones fueron aún más graves en los casos en los que las víctimas eran niños o adolescentes. Párrafos después. la Corte identificó la edad como factor prohibido agravante41. En el caso del Penal Castro y Castro. en un contexto en el que insistió más en el alcance de obligaciones negativas
38 Cfr. son contrarias a la presunción de inocencia. cit. De la lectura de los hechos alegados en la sentencia. Corte idh. Cfr. párr. como dije antes. 79. cit.. Es decir. sin embargo. párr. caso Servellón García. las que no se encuentran fundadas en la individualización de conductas punibles y que carecen del control judicial.
298. la Corte ha desarrollado la obligación estatal de adoptar medidas de protección especial. 105-141
específicas relativas a la situación de la mujer.
C. de trato diferenciado o de protección especial para los siguientes grupos. También ha efectuado algunas consideraciones en relación con las mujeres. que agravan el significado de la violación a un derecho establecido de forma genérica –en este caso. 290-293.. Corte idh. allí donde no baste con el trato idéntico. la Corte ha desarrollado la necesidad de acciones positivas. OBLIGACIONES POSITIVAS: MEDIDAS DE PROTECCIóN ESPECIAL Y CONSIDERACIóN DE LA DIVERSIDAD
En muchos otros casos. o de considerar las diferencias específicas de ciertos grupos para garantizar el pleno goce y ejercicio de sus derechos. En términos de lo dicho en secciones anteriores. los avances de la Corte en esta materia ofrecen una pauta concreta para identificar en qué consisten las acciones positivas que debe adoptar el Estado para asegurar que colectivos en situación de vulnerabilidad y sus miembros puedan gozar y ejercer plenamente sus derechos –de modo que no es difícil vincular estas interpretaciones de la Corte con las obligaciones positivas que surgen de la prohibición de discriminación y del principio de igual protección de la ley. el derecho a la integridad física y a la dignidad personal– cuando sus víctimas son mujeres. Poniendo lo dicho por el tribunal en el contexto de la prohibición de discriminación. que a obligaciones positivas o acciones positivas a adoptar. pp.Christian Courtis. de las mujeres embarazadas45. caso del Penal Miguel Castro y Castro. la Corte parece haber identificado tipos de afectaciones discriminatorias. párrs. Las consideraciones más extensas de la Corte se refieren a las obligaciones específicas del Estado en relación con el derecho a la integridad física y a la dignidad personal de las mujeres víctimas de torturas y vejaciones –y. En este sentido. con los factores sobre los cuales está prohibido discriminar de acuerdo con la Convención Americana y otros instrumentos relevantes. Sentencia del 25 de noviembre de 2006. 319 y 330-332. entre otros: poblaciones indígenas. podría decirse que la Corte señala que ciertas prácticas –como las prácticas de violencia sexual.
. y las que tienen como efecto poner en riesgo o generar angustia sobre el embarazo– son objeto de una prohibición reforzada. 306-313. 303. Dimensiones conceptuales de la protección legal. porque afectan especialmente la condición de la mujer.
45 Cfr. en especial.. Si bien en pocos casos este desarrollo es vinculado expresamente a la prohibición de discriminación. De manera que es posible comparar los grupos que la Corte ha considerado merecedores de especial protección. niños y adolescentes y personas con discapacidad..
se requiere del Estado un tratamiento diferente de las comunidades indígenas. la Corte señala la relación estrecha del cumplimiento de estas obligaciones positivas con la supervivencia de la comunidad. 89-159. caso Yakye Axa. párrs. en determinadas circunstancias. 218. 117-143. párrs. la Corte Interamericana ha desarrollado una jurisprudencia considerable acerca de la necesidad de que el Estado considere las particularidades culturales de las comunidades indígenas o tribales para garantizar el pleno goce y ejercicio de sus derechos. la Corte aplicó esta doctrina también a los derechos políticos. 89-92. 151 y 153. 137. en relación con el trato que reciben otros grupos sociales. caso Awas Tingni.. por ejemplo. 223-225 y 227. 131 y 133.
. con las correlativas obligaciones estatales de reconocimiento y titulación. caso de la Comunidad Moiwana. En una serie de casos. caso del Pueblo Saramaka. La Corte ha desarrollado esta doctrina especialmente en relación con el derecho de propiedad. en última instancia. sentencia del 28 de noviembre de 2007. 142-155. 135. párrs. sentencia del 15 de junio de 2005. párrs. Pero la Corte también ha desarrollado la idea de que las comunidades indígenas y tribales que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad –dadas las condiciones materiales de extrema pobreza en las que viven– requieren del Estado la adopción de medidas de protección especial. 134. subrayando la obligación del Estado de ajustar su legislación electoral para respetar las formas de organización política de las comunidades indígenas y tribales 47. 146. en especial párrs. 149. 207. la Corte ha considerado en varios casos que el derecho a la propiedad privada establecido en el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos debe entenderse. cit. 139 y 144. 147 y 154. Esto significa que. 86. sentencia del 29 de marzo de 2006. en especial párrs. 214. En el caso Yatama. Corte idh. 135. párrs. en especial párs. 131. especialmente párrs. La Corte ha justificado este tratamiento especial señalando la estrecha relación del territorio y de la preservación de los recursos naturales con la cosmovisión.. 202. como exigencia indispensable para el respeto de la identidad cultural y la supervivencia de esas comunidades. el Estado tiene la obligación de considerar la diversidad de los pueblos indígenas y tribales. 130. 125-135. sentencia del 31 de agosto de 2001. 123-156. la identidad y. caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa. analizando las situaciones bajo examen a la luz de los derechos a la vida y a la integridad
46 Cfr. la supervivencia de los pueblos y comunidades indígenas y tribales46. La Corte también ha avanzado sobre el derecho de las comunidades indígenas y tribales de participar en las decisiones y de obtener beneficios de la explotación de los recursos situados en sus territorios. En este sentido. como el derecho al reconocimiento de la titularidad colectiva de sus territorios ancestrales o tradicionales. De acuerdo con estas ideas. Así. 122-123. párrs. 148. Corte idh.128
En relación con la pertenencia a una comunidad indígena o tribal –que puede considerarse un caso especial de minoría étnica o nacional–. 47 Cfr. cuando se trata de pueblos o comunidades indígenas o tribales. caso Yatama. la ausencia de trato diferenciado podría constituir una violación a la Convención. y otorgarles un trato acorde con esa diversidad.
. no son admisibles enfoques restrictivos al derecho a la vida. En algunos de estos casos. la Corte resaltó las obligaciones positivas que emanan del derecho a la vida. sino también el derecho a que no se generen condiciones que le impidan o dificulten el acceso a una existencia digna.
En varios casos relacionados con poblaciones indígenas y tribales. con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la vida.. Este Tribunal ha sostenido que el derecho a la vida es fundamental en la Convención Americana. la Corte produce una síntesis de su doctrina al respecto:
161... y llegó a la conclusión de que la falta de provisión de servicios de salud. En el caso Yakye Axa. caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa. Corte idh. En razón de este carácter fundamental. Al no respetarse el derecho a la vida. 161 y 162. es la de generar las condiciones de vida mínimas compatibles con la dignidad de la persona humana y a no producir condiciones que la dificulten o impidan. 105-141
personal.. la Corte Interamericana sostuvo también que. párrs. las medidas que impidan su
48 Cfr. cit. párrs. Corte idh. los ancianos y las mujeres embarazadas50.. todos los demás derechos desaparecen. incluido el acceso al agua potable y a los servicios sanitarios. el Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas. cit. Dimensiones conceptuales de la protección legal. 162.
. En este sentido. párs. en especial cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo. 49 Cfr. las niñas. dado que la conexión de la comunidad indígena con su tierra tradicional reviste vital importancia espiritual. 161-162. 172 y 175. párrs. pp. cit. puesto que se extingue su titular.Christian Courtis. Una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de garante. caso Yakye Axa. caso Yakye Axa. 153-178. la Corte insiste en la necesidad de protección específica de ciertos grupos vulnerables dentro de esas comunidades –como los niños. En esencia. cultural y material. Corte idh. este derecho comprende no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente. 164-165 y 167. caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa. concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna. 50 Cfr. cit. Ibíd. y de condiciones que permitan satisfacer el derecho a la alimentación constituyen violaciones a los derechos a la vida y a la integridad física 49.. 177. el tribunal realiza consideraciones inspiradas en la noción de discriminación múltiple: además de las obligaciones de protección relacionadas con la situación de vulnerabilidad general de las comunidades indígenas que viven en situaciones de extrema pobreza. cuya atención se vuelve prioritaria48.. párrs. por cuanto de su salvaguarda depende la realización de los demás derechos. de servicios básicos mínimos. En el caso Moiwana. 159.
niños sometidos a la custodia estatal en una institución. 172 (niños de una comunidad indígena en situación de extrema carencia). 53 Corte idh. Creo que es posible decir que la jurisprudencia de la Corte en la materia ha sido especialmente sensible en aquellos casos en los que. caso de las niñas Yean y Bosico. 60. párr. 154-159 y 177 (niños de comunidad indígena en situación de extrema carencia). caso Bulacio. párr. párr. párrs. y 171. niñas y adolescentes. caso Instituto de Reeducación del Menor. 146. Esta doctrina podría relacionarse con la prohibición de discriminación por razones de edad –que. caso “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros).. las necesidades de protección especial han sido reforzadas por la condición particular de vulnerabilidad de las víctimas en cuestión: así. caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa. cit. cit. dada la coexistencia de reivindicaciones culturales insatisfechas de la comunidad indígena y la situación de extrema pobreza de la misma. y constituyen violaciones al artículo 5. 80-81. 191 y 196. 84 y 86-88. párrs. aunque no aparece como factor listado en el artículo 1. cit. cit. 147. párrs. párrs. 56. Opinión Consultiva OC-4/84. integrando el principio de protección igualitaria y la prohibición de discriminación con el mandato específico de protección de la niñez establecido en el artículo 19 de la Convención Americana53.. con el mandato de adopción de medidas específicas para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad en situación de exclusión social y marginación. 133-134. cit. caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). En relación con los niños. 172. niñas pertenecientes a una minoría étnico/nacional. párs. 177. caso de las niñas Yean y Bosico. 43-55. el tribunal identificó
51 Ver Corte idh. pero ha agregado que –dada su situación de vulnerabilidad– el Estado tiene obligaciones de protección especiales hacia los niños y adolescentes. podría interpretarse como comprendido en la fórmula genérica “cualquier otra condición social”. Corte idh. 162-164. párrs.130
contacto con la tierra ancestral afectan su identidad y la integridad de su cultura. 196 (niños sin hogar en situación de pobreza). párrs.. 52 Cfr. 160.1 de la Convención Americana 51.. En varios casos. caso Sawhoyamaxa. caso Comunidad Indígena Yakye Axa. 172 (niños privados de libertad). En estos casos convergen el mandato de respeto de la diversidad cultural. 159.1 de la Convención Americana. cit. caso Instituto de Reeducación del Menor. La Corte ha dicho que las distinciones por razones de edad son justificables. la Corte ha subrayado estas obligaciones para el Estado en casos de niños sin hogar y en situación de extrema pobreza. sentencia del 19 de noviembre de 1999. Se trata de otro ejemplo de empleo por parte de la Corte de la noción de discriminación mútliple. sentencia del 8 de julio de 2004. cit. párrs. párr. sentencia del 18 de septiembre de 2003. 160. 146.. Entre las medidas a adoptar. caso Yakye Axa. 172.. y niños indígenas en situación de extrema pobreza54. párrs. cit.
.. 54 Corte idh. 56. sentencia del 2 de septiembre de 2004. caso Hermanos Gómez Paquiyauri. En el mismo sentido. Opinión Consultiva OC-17/02. 133-134 (niñas de una minoría étnico/nacional). caso Moiwana. 101 y 102. 53-54. párrs. la Corte ha subrayado en diversos casos y en una opinión consultiva las necesidades de protección especial que tiene ese grupo52. 173 y 176. 124. párrs. ha detectado una situación de discriminación sistémica o estructural. 133-134. Opinión Consultiva OC-17-2002. párrs.
pp... toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial. educativo. alimentación y agua potable– y a la reinserción social de todo niño víctima de abandono o explotación. 1. párrs. caso Ximenes Lopes.. el tribunal extiende esa necesidad de protección especial a las personas con discapacidad en general. sino que es imperativa la adopción de medidas positivas..
. el desarrollo de instrumentos posteriores –tanto universales como regionales–55 ha hecho evidente que la discapacidad debe ser considerada otra condición social” a efectos de ese artículo. con cita de la Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. y para propiciar la plena integración de esas personas en la sociedad 57. 137 y 138. sentencia del 4 de julio de 2006. cit.Christian Courtis. las personas con discapacidad a menudo son objeto de discriminación a raíz de su condición. Aunque la discapacidad no está listada entre los factores prohibidos del art. reconociendo que
. salud.. 56 Corte idh.. párr. no basta con la mera abstención del Estado. En el caso Ximenes Lopes. y del derecho a un nivel de vida adecuado –incluyendo acceso a educación. En el mismo sentido.
. determinables en función de las particulares necesidades de protección del derecho. Dimensiones conceptuales de la protección legal. Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. laboral o de cualquier otra índole. 103. 105-141
aquellas necesarias para evitar que los niños sean lanzados a la miseria y que se vean privados de condiciones de vida digna y de la posibilidad de un pleno y armonioso desarrollo de su personalidad. la Corte abordó la cuestión de las obligaciones específicas del Estado en relación con las personas con discapacidad –en el caso.. de las personas con discapacidad psíquica en situación de internación involuntaria en una institución psiquiátrica.. caso Ximenes Lopes.. por lo que los Estados deben adoptar medidas de carácter legislativo. social. necesarias para que toda discriminación asociada con las discapacidades mentales sea eliminada. La Corte afirma que
. 57 Corte idh. por ejemplo.
En el caso. la asistencia especial a los niños privados de su medio familiar. en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos. párr. ya sea por su condición personal o por la situación específica en la que se encuentre 56.
55 Cfr.1 de la Convención Americana.. el aseguramiento de la supervivencia y el desarrollo del niño. 105.
párrs. PROHIBICIóN DE DISCRIMINACIóN Y DERECHOS SOCIALES
Ya he dicho que algunos tratados de derechos humanos hacen aplicable el principio de igual protección y la prohibición de discriminación no sólo a los derechos que reconoce el propio instrumento.132
El párrafo sugiere que el tribunal ha tenido también aquí en mente la noción de discriminación sistémica o estructural que sufren las personas con discapacidad. el asegurarles una prestación médica eficaz. la Corte también efectúa alguna consideración relacionada con obligaciones positivas del Estado en relación con el género. 59
Corte idh. los instrumentos sobre derechos económicos. 138-141. o los destinados a la protección de grupos sociales específicos. párrs. 134. IGUALDAD.º del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de desc (Protocolo de San Salvador). y el artículo 3. cit.
VII. 344 y 346. los tratados de orientación antidiscriminatoria. 130-132. Además de ello. Lo mismo puede decirse de gran parte de las constituciones de la región. sociales y culturales. sociales y culturales también incluyen el principio de igualdad y la prohibición de discriminación –ejemplos de ello son el artículo 2.
. a partir de la Convención para erradicar y sancionar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará)59. La Corte identifica una serie de obligaciones positivas en relación específica con la situación de las personas con discapacidades psíquicas: entre ellas. y la regulación y fiscalización de las instituciones –tanto públicas como privadas– que presten servicios de salud58..-136.. además de la obligación genérica de investigar y juzgar diligentemente las graves violaciones a los derechos humanos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. caso Ximenes Lopes. que justifica la necesidad de adopción de medidas positivas por parte del Estado. Corte idh. 128. la preferencia por los servicios menos restrictivos posibles. también hacen extensiva la aplicación del principio de igualdad y la prohibición de discriminación a
58 146. En el ya referido caso del Penal Castro y Castro. una obligación reforzada de investigar y juzgar diligentemente los hechos de violencia contra la mujer denunciados en el caso. caso del Penal Miguel Castro y Castro.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos. cit. El triunal considera que el Estado peruano tenía. 143Cfr. el establecimiento de salvaguardas específicas para aquellos tratamientos e intervenciones riesgosas o capaces de afectar la integridad física y la dignidad de la persona. Por otro lado. sino a todo otro derecho –y esto incluye a los derechos económicos. Sociales y Culturales. Buenos ejemplos de ello son el artículo 24 de la Convención Americana y el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
entre demandas de redistribución –vinculadas centralmente con el acceso a recursos– y demandas de reconocimiento –vinculadas centralmente con la plena aceptación de la diversidad de un grupo 61. Dimensiones conceptuales de la protección legal. Bogotá..
. La justicia y la política de la diferencia.º. artículo 5. sociales y culturales –en el marco respectivo de aplicación de cada uno de esos instrumentos60. y los derechos económicos. 1997. pp. y de discriminación sistémica o estructural. Paidós. en aquellas situaciones que hemos denominado de discriminación múltiple. 43 a 118.. Derechos de las minorías en una sociedad multicultural. Dada esta relación. y “Vida política y diferencia de grupo: una crítica al ideal de ciudadanía universal”. Madrid. Esquemáticamente. artículos 24-28. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. de jure o de facto. “Ciudadanía diferenciada y derechos de las minorías”. Para ello.. vivienda. sobre la base de factores prohibidos. artículos 23-24. alimentación. Siglo del Hombre y Universidad de los Andes. 1999. como salud. Desde el punto de vista de las obligaciones negativas que emanan del principio de protección igualitaria y de la prohibición de discriminación. pp. artículos 10-14. sociales y culturales. 105-141
los derechos económicos. 1996. pp. en la concesión e implementación de Derechos Económicos. en Javier de Lucas (dir. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial.Christian Courtis. De modo que las situaciones de carencia y pobreza extrema –es decir. Cfr. por ejemplo. 1. de insatisfacción de aquellas necesidades que constituyen el objeto de los derechos económicos. por ejemplo. emplearé la distinción ya hecha entre obligaciones negativas y obligaciones positivas que derivan del principio de protección igualitaria y de la prohibición de discriminación. Madrid. Perspectivas feministas en teoría política. la prioridad en la satisfacción de derechos económicos. 26-27 y 29-32. Desde el punto de vista de las obligaciones positivas que emanan del principio de protección igualitaria y de la prohibición de discriminación. conviene explorar algunos vínculos posibles entre las distintas manifestaciones del principio de igual protección y de la prohibición de discriminación. el Estado está obligado a no establecer o aplicar distinciones perjudiciales. Caps. 61 Sobre la distinción.º y 8. Sociales y Culturales.).. trabajo. dado que las reivindicaciones de diversos grupos sociales y las áreas de impacto de la discriminación sufrida por ellos no se reducen a un tipo único. Esta idea requiere de refinamiento. Parte de la teoría política contemporánea distingue. Iustitia interrupta. sociales y culturales puede ser vista como una de las medidas especiales destinadas a promover la igualdad de oportunidades y erradicar la discriminación contra grupos sociales en situación de vulnerabilidad y excluidos. Barcelona. Convención sobre los derechos del niño.e. De todas maneras. podría decirse lo siguiente.). en Carme Castells (comp. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 2000. puede verse Iris Marion Young. educación– suelen afectar mayoritariamente a grupos
60 Cfr. Cátedra. 999-126. Nancy Fraser. tambien María José Añón. Consejo General del Poder Judicial. Reflexiones críticas desde la posición “postsocialista”. Sociales y Culturales. las necesidades de redistribución y las necesidades de reconocimiento suelen coincidir –en especial.
Cuando el órgano juzgador considera que la distinción es discriminatoria o injustificada. además de los factores prohibidos tradicionales –como el origen étnico o el género–.1 de la Convención Americana– incluyen también la “posición económica” y. En muchos casos. con frecuencia. 9 de abril de 1987.134
sociales discriminados. puede señalarse que algunas listas de factores prohibidos –como la incluida en el artículo 1. relativos a la legislación holandesa sobre prestaciones por desempleo. como categoría abierta. por ejemplo– como factor sobre el cual está prohibido discriminar. pero varios de ellos –por ejemplo. la extensión del beneficio al grupo indebidamente excluido. hace ya más de veinte años. El Estado denunciado argumentó que el motivo de la
62 No hago mención aquí a casos de la Corte Interamericana. Instituto de Reeducación del Menor. el cruce entre prohibición de Discriminación y Derechos Económicos. Adicionalmente. Ximenes Lopes– son buenos ejemplos de tutela indirecta de derechos sociales a través de la prohibición de discriminación o de obligaciones de protección especial que pueden derivarse o vincularse con esa prohibición. Países Bajos. 63 Países Bajos y Broeks v.
En el plano internacional. tales como minorías étnicas. en los que se planteaba la existencia de discriminación por motivos de género. Países Bajos . caso Zwaan de Vries v. dos casos pioneros: Zwaan de Vries v. sociales y culturales62. Comunicación 172/1984. Sociales y Culturales requiere un análisis específico para cada factor prohibido. 9 de abril de 1987 y caso Broeks v. Comité de Derechos Humanos.
. cabe la posibilidad de articular la posición socioeconómica –la situación de pobreza. Comunicación 182/1984. y una particular atención para detectar casos de discriminación múltiple y discriminación sistémica o estructural. es si el factor de diferenciación utilizado por el Estado es un factor prohibido. “cualquier otra condición social”. De modo que. la mujer casada que solicitaba tales prestaciones tenía que comprobar que su salario había sido la principal fuente de ingreso de la familia. Países Bajos. cuando un derecho social ha sido otorgado a determinadas personas o grupos en una cierta medida. la cuestión en juego. el Comité de Derechos Humanos de la onu –órgano de aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos– decidió. o si la distinción hecha está justificada. requerimiento que no se aplicaba al solicitante varón casado o soltero y a la mujer soltera. En todo caso. el efecto de la decisión es. 63 Cfr. mujeres y personas con discapacidad. Lo que sigue son algunos ejemplos jurisprudenciales de cómo se ha empleado el principio de protección igualitaria y la prohibición de discriminación en materia de derechos económicos. tratados en la sección anterior. Yakye Axa. De acuerdo con la legislación impugnada. Sawhoyamaxa.
La relevancia del artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como posible vía hacia la justiciabilidad de los derechos económicos. 1975.. caso Zwaan de Vries. el Comité decidió que la distinción efectuada por la legislación era injustificada y que discriminaba contra la mujer. Dimensiones conceptuales de la protección legal. Delaware (Gebhart et al. por lo que al conceder el beneficio se partía de la presunción de que la mujer casada habitualmente no es el sostén de la familia. cuando esa legislación resulta sancionada en el ejercicio del poder soberano del Estado. Brown v. Board of Education65 –probablemente la decisión más famosa del derecho constitucional estadounidense. Board of Education and Black America’s Struggle for Equality. no contiene ninguna obligación respecto de las materias que deben ser reguladas por esa legislación. pp. Sin embargo.. Nueva York. el aspecto que más se resalta de esta serie de casos es la declaración de inconstitucionalidad de cualquier esquema de segregación racial. Richard Kluger. La Corte Suprema trató conjuntamente cuatro casos de segregación racial escolar. que involucraban a los estados de kansas (Brown v.. 347 US 483 (1954). Generalmente. Para un vívido recuento del caso. Simple Justice: The History of Brown v. et al. porque la Constitución de los Estados Unidos incluye el principio de igual protección pero no incorpora derechos sociales. v. 105-141
disposición no era discriminar a la mujer casada.
. 12. En tal sentido resulta útil recordar el planteo realizado por los demandantes en la serie de casos contra la segregación racial escolar identificados como Brown v.). aún en igualdad de condiciones materiales de los sistemas segregados.
En ambos casos.Christian Courtis. Comité de Derechos Humanos. dicha legislación debe 64 cumplir con el artículo 26 del Pacto .4. County School Board of Prince Edward County. sociales y culturales en el sistema de Naciones Unidas se evidencia en la siguiente afirmación del Comité de Derechos Humanos:
Aunque el artículo 26 requiere que la legislación prohíba la discriminación. cfr. Sin embargo. además de ese planteo general –que la Corte Suprema estadounidense aceptó– los peticionantes
64 Cfr. Board of Education). No requiere por ejemplo a ningún Estado sancionar legislación para proveer un seguro social. párr.. 65 Corte Suprema estadounidense. Elliott et al). sino más bien administrar adecuadamente los fondos públicos sin incurrir en gastos innecesarios. knopf. Virginia.
ORIGEN éTNICO/RACIAL
La apelación a juicios de igualdad de trato y la denuncia de discriminación para reclamar derechos sociales fue tradicionalmente utilizada por los movimientos de derechos civiles estadounidenses en sus estrategias de litigio –entre otras razones. v. v. cit. Board of Education of Topeka. Belton et al.) y Virginia (Davis et al. Carolina del Sur (Briggs et al.
la Corte Suprema estadounidense convalidó las decisiones de tribunales inferiores. Wright v. al. 1 (1971). 284 (1976). por ejemplo. los demandantes también construyeron los distintos casos a partir de una minuciosa comparación entre las condiciones en que se prestaba el servicio de educación en los diferentes establecimientos escolares. H. En el caso Brown y en los demás casos tratados conjuntamente por la Corte Suprema estadounidense. 451 (1972) y Hills v. tales como el derecho a la educación. Esta estrategia de comparación de las condiciones de prestación de un servicio de satisfacción de derechos sociales es replicable en supuestos en los cuales un grupo o sector social. A los niños se les había denegado el ingreso a esos establecimientos en virtud de leyes que permitían o exigían la segregación. Council of the City of Emporia. programas. Los demandantes reclamaban la admisión de menores de raza negra a las escuelas públicas de su comunidad sobre la base de la inconstitucionalidad de la segregación. la reasignación y capacitación del personal docente. a partir de un factor ilegítimo de discriminación: la raza.
. Ferguson: la doctrina denominada “separados pero iguales”. sufre una diferencia de trato ilegal o irrazonable. Swann v. refleja las enormes posibilidades de esta estrategia de litigio67.
66 Cfr. acogido por la Corte Suprema de Israel en el mes de octubre de 1998 y concluido a través de una solución amistosa entre el Estado y los peticionantes. al.S. que ordenaban medidas tales como la creación de nuevas escuelas. ee.C. En casos posteriores. El caso de la organización árabe Adalah. salarios de los maestros y otros factores tangibles. Corte Suprema de Israel. los demandantes alegaron que las escuelas públicas segregadas no son iguales.. 407 U.136
denunciaban también la disparidad material de las prestaciones. 402 U. que no pueden ser iguales y que por eso la comunidad de afroamericanos no era tratada con igualdad ante la ley. et. Mississippi.S.S. por ejemplo. (solución amistosa). 67 Cfr. kansas. sistema de calificaciones. 7115/97. dictadas de conformidad con el razonamiento de la misma Corte en el precedente Plessy v. 425 U. la modificación del sistema de transporte escolar. pues produce efectos nocivos a la población afectada. La segregación racial era un modo de vida legalmente consagrado en Estados tales como Alabama. El empleo de la cláusula de igual protección acompaña la historia de los planteamientos sobre segregación racial en materia de derechos sociales. justificadas por la necesidad de hacer efectiva la desegregación 66. Carolina del Sur y Virginia. o la población de un área geográfica determinada. En tal sentido se comparaban edificios. et. Ministry of Health. Gautreaux. Adalah. v. Charlotte-Mecklenburg Board of Education. Si bien la Corte entendió que cualquier segregación es en sí misma contraria a la Constitución. En el caso se cuestionaba a la luz de la Enmienda xiv (la llamada cláusula de igual protección) la política de segregación racial en las escuelas públicas en los estados del sur de Estados Unidos.
no hacían más que perpetuar la subordinación y vulnerabilidad de las mujeres que integraban estas comunidades. que requiere al Ministerio el suministro del servicio de salud preventiva dentro de una distancia razonable y un tiempo de transporte adecuado entre los centros de atención y los lugares de residencia. 105-141
En este caso estaba en juego el derecho a la salud de las madres y niños que integraban comunidades árabes beduinas que habitaban villas no reconocidas en la zona de Negev. y otros v. Aproximadamente el 50% de los niños de la comunidad árabe beduina que viven en esas villas son hospitalizados en el primer año de vida y más del 50% sufre de anemia y desnutrición. en la mayoría de los casos. pp. Los peticionantes fundaron la acción en la Legislación Nacional sobre Seguro de Salud de 1994. resultaban forzados a caminar largas horas en el desierto. República Checa. Ante el riesgo cierto de condena ante la Corte Suprema de Israel. El caso es un buen ejemplo del uso de la información estadística para realizar un juicio de comparación entre dos situaciones claramente mensurables: el acceso al servicio de atención médica materno-infantil de un colono judío y de un poblador de una villa árabe. más de cincuenta mil árabes beduinos habitaban esas villas. Dimensiones conceptuales de la protección legal. H. Según los peticionantes. alegaron que estas carencias de servicios públicos de atención médica en zonas cercanas al domicilio. Por el contrario. requiriendo el establecimiento de centros de atención materno infantiles para proveer atención médica preventiva en las diez villas más grandes de la comunidad árabe beduina en la región del Negev. debido a la falta de transporte público. Las mujeres y los niños. en iguales condiciones que a los colonos judíos. para recibir atención médica. sujeta a la misma autoridad sanitaria y sometida a la misma legislación.. Un tercer caso que puede ejemplificar la tutela de derechos sociales a través del principio de protección igualitaria y de la prohibición de discriminación es la decisión del pleno de la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso D. debían viajar hacia las clínicas más cercanas a sus hogares y.Christian Courtis. sumadas a las tradiciones sociales que impiden a las mujeres abandonar el hogar sin la compañía de un familiar del marido. pese a lo cual el Estado de Israel no había establecido ningún centro de atención médica materno-infantil. en una misma zona geográfica. El caso fue iniciado por la mencionada organización Adalah y otras dos organizaciones no gubernamentales. en las ciudades vecinas habitadas por residentes judíos existían clínicas de atención materno infantil. el Estado ofreció a los peticionantes garantizar el servicio de atención médica materno infantil para los habitantes de esa comunidad. en representación de ciento veintiún madres y niños de esas comunidades. Se trata de una sentencia sumamente
. Como argumento adicional vinculado a la igualdad... contra el Ministerio de Salud del Estado de Israel. De acuerdo a las estadísticas del propio Ministerio de Salud la tasa de mortalidad infantil en las villas árabes del Negev es la más alta de Israel (16 %) y la tasa de inmunización en los niños de esta comunidad es la más baja.
70 Cfr. 4 de marzo de 2004. H. destinados originariamente a niños con discapacidades cognitivas que no están en condiciones de asistir a escuelas regulares. En consecuencia. caso D. En el Estado demandado. además de prejuicios sociales. o bien de la noción de discriminación de facto. Khosa and others v Minister of Social Development and others.
En otros casos. Los demandantes en el caso eran un grupo de personas en situación de extrema pobreza. cit. Corte Europea de Derechos Humanos. 69 Cfr. Corte Europea de Derechos Humanos. la cifra asciende al 50. 18. El tribunal dio por probado que. 2004 (6) SA 505 (CC). Gaygusuz v. Francia. párr. un porcentaje desproporcionado de niños romaníes fuera enviado a los establecimientos de “educación especial”68. párr. Austria. Entre la población romaní. en los casos Gaygusuz72
68 El 56% de los niños en “escuelas especiales” del distrito eran romaníes.138
interesante. la Corte Constitucional de Sudáfrica decidió que la exclusión de los residentes extranjeros de los beneficios de la asistencia social –que la ley limitaba a los ciudadanos sudafricanos– era inconstitucional por violar la prohibición de discriminación71. Koua Poirrez v.8% de los niños son asignados a “escuelas especiales”. 207. República Checa. a raíz del empleo de estos exámenes. dado que constituye un importante ejemplo de aplicación de la noción de discriminación indirecta.
. H. y qué niños son enviados a establecimientos de “educación especial”. Cfr. y sostuvo que no tenían en cuenta las particularidades de la comunidad romaní69. la combinación de una serie de prácticas y factores –que incluyen. 46-52. párrs. en relación con el derecho a la educación. a partir de un examen de capacidad intelectual. se denunciaba el carácter discriminatorio de los efectos de la política educativa del Estado sobre la minoría romaní (roma o gitana. Pues bien. y otros v. caso D. Entre la población no romaní. la Corte Europea de Derechos Humanos decidió. de origen mozambicano. 71 Cfr. en el distrito de Ostrava. sentencia del 30 de septiembre de 2003. los niños romaníes recibieron una educación de calidad inferior y fueron aislados socialmente70. 46-50. los funcionarios educativos deciden qué niños permanecen en escuelas regulares. En el caso. párrs. el hecho de que la lengua materna de los niños romaníes es el romaní y no el checo– dieron como resultado que. Por ejemplo. En sentido similar.3%. Corte Constitucional de Sudáfrica. Corte Europea de Derechos Humanos.. mientras que sólo representaban el 2. se ha impugnado el empleo del origen nacional como factor de distinción para el acceso a derechos o beneficios sociales. sentencia del 16 de septiembre de 1996. de acuerdo con otras denominaciones empleadas).. y otros. la Corte consideró violada la prohibición de discriminación. sólo el 1. 72 Cfr. cit. La Corte consideró probable que los exámenes utilizados contuvieran sesgos. en el caso Khosa.26% del alumnado de las escuelas regulares. Corte Europea de Derechos Humanos.
respectivamente. que establece el principio de igual protección de la ley y la prohibición de discriminación. La sección 15 (1) de la Carta tiene dos propósitos diferentes pero relacionados: en primer lugar. Eldridge v. en relación con el derecho de propiedad. pp.
Un ejemplo proveniente de la Corte Suprema de Canadá. (4th) 577.L. el caso Eldridge v. Se trata de una importante sentencia. 105-141
y Koua Poirrez73. políticas y legales en nuestra sociedad”.. el parto de una mujer sorda embarazada. Los actores fundaron la acción en la Sección 15 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. la sección “expresa un compromiso –profundamente enraizado en nuestra cultura social. 74 Ídem. que la diferencia de tratamiento entre nacionales y extranjeros para acceder a beneficios de desempleo y a compensaciones por discapacidad. Vale la pena reproducir las consideraciones hechas por la Corte: a. en segundo lugar “instituye el deseo de rectificar y prevenir la discriminación contra grupos particulares que sufran desventajas sociales. al no asegurar la “igualdad de beneficios de la ley” para las personas con discapacidad.Christian Courtis. British Columbia (Attorney General). atendidos en un hospital público. La Corte Suprema canadiense sostuvo que la Provincia violó la sección 15 de la Carta. política y legal– con la igual valía y dignidad humana de todas las personas”. Los hechos bajo examen eran los siguientes: tres personas sordas demandan a la provincia canadiense de Columbia Británica porque.. b. que marca el rumbo interpretativo del alto tribunal canadiense en materia de derechos de las personas con discapacidad.R. y enumera entre los factores prohibidos la “discapacidad física o mental”. la legislación hospitalaria provincial discriminaba contra las personas sordas al no disponer de un servicio de intérpretes de señas en los casos en los que la efectiva comunicación constituye un componente inherente y necesario de la prestación del servicio médico. 151 D. Es necesario tener en cuenta “que es desafortunadamente cierto que la historia de las personas con discapacidades en el Canadá es en gran parte una historia de exclusión y marginación. 616 (1997). carecieron de intérprete y no lograron comunicarse plenamente con los médicos tratantes –uno de los casos involucra. por ejemplo.
. Las personas con discapacidades han sido demasiado frecuentemente excluidas de la fuerza de trabajo. Dimensiones conceptuales de la protección legal. era injustificada y violaba el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.. se les ha negado
73 Corte Suprema canadiense. British Columbia (Attorney General)74 ofrece un rico panorama de las obligaciones positivas que emanan del principio de igualdad y la prohibición de discriminación. De acuerdo con los demandantes.
Sentencia C-336/08 del 16 de abril de 2008. d. que todo individuo es ‘es igual ante y bajo la ley y tiene el derecho a la igual protección y a la igualdad de beneficios de la ley sin discriminación’ [. Ghaidan v.S. que el gobierno tiene la exigencia de adoptar medidas especiales para asegurar que los grupos desaventajados estén en condiciones de beneficiarse en igual medida de los servicios del gobierno”. relacionados con la exclusión de beneficios pensionales al conviviente supérstite del mismo sexo76. Stahl Associates Co. o el ejercicio de un derecho.
INGRESO/POSICIóN SOCIOECONóMICA
75 Cfr. La comunicación efectiva es una parte indispensable de los servicios médicos. 76 Cfr. Braschi v. “La Sección 15 (1) establece expresamente. caso X v. Corte de Apelaciones de Nueva York. Corte Constitucional de Colombia.140
el acceso a oportunidades de interacción social y progreso. la igualdad de trato suponga coartar o empeorar el acceso a un servicio o bien. Si aceptamos el concepto de discriminación por los efectos adversos.
Tribunales nacionales y órganos internacionales de derechos humanos también han considerado discriminatorias las distinciones efectuadas sobre la base de la orientación sexual. por oposición al tradicional concepto de igualdad formal o igualdad de trato. Colombia. cuando debido a las circunstancias que afectan a un grupo desaventajado. Comunicación 1361/2005. relativas a la protección contra el desalojo. y del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de la Corte Constitucional colombiana.
. se las ha sometido a un estereotipamiento injusto y se las ha relegado en instituciones”.] La cláusula no hace ninguna distinción entre leyes que imponen cargas desiguales y las que deniegan iguales beneficios. parece inevitable concluir. Ejemplos de ello son decisiones de la Corte de Apelaciones de Nueva York. Ello implica la necesidad de trato diferenciado. al menos mientras analizamos la Sección 15 (1)... 1989 (544 N. Cámara de los Lores del Reino Unido. 14 de mayo de 2007. Godin-Mendoza [2004] ukhl 30. la sentencia emplea en el análisis una noción sustantiva de igualdad. después de todo.2d 784).Y. La Provincia no satisface el mandato de la Sección 15 con la sola provisión a las personas sordas de servicios médicos estrictamente idénticos a los recibidos por las personas que pueden oír. c. y la Sección 15 coloca a la Provincia bajo la obligación de asegurar que las personas sordas puedan comunicarse con los operadores del sistema de salud de modo de recibir similar provecho de los servicios de salud de acuerdo con la ley provincial. la Cámara de los Lores del Reino Unido75. Comité de Derechos Humanos. que excluyan a parejas del mismo sexo de la protección social otorgada a parejas formadas por personas de diferente sexo.. Como puede apreciarse.
. El planteo está dirigido a obtener la declaración de inconstitucionalidad del plan de financiamiento estadual. State Board of Education. Secretary of the Executive Office of Education. Arkansas (Dupree v.. 1997). McWherter. kansas (Knowles v. Kelly. 1997).. Una extendida serie de casos planteados ante los tribunales judiciales estaduales de Estados Unidos. Bishop. 1994). 1993). 1990). 66 v. 105-141
Por último. o la correlativa obligación estatal de garantizar educación básica gratuita y de calidad. 30. Vermont (Brigham v. kentucky (Rose v. 1997).
77 La estrategia ha obtenido sentencias favorables. washington (Seattle School District No.Christian Courtis. Kirby. 1989). 1978). One v. además del principio de igualdad. 1997) y Carolina del Norte (Leandro v. el derecho a la educación. por ejemplo. Virginia Occidental (Pauley v. 1973 y Abbot v. las constituciones de la mayoría de los Estados incluyen. Governor. Texas (Edgewood Independent School District v. Idaho (Idaho School for Equal Educational Opportunity v. Council for Better Education. Alma School District No. 1985). El argumento central de una serie de casos –denominados equity cases–. 1983). ha cuestionado la constitucionalidad del financiamiento de la educación de los Estados a partir de una lectura integrada del principio de igual protección y el derecho a la educación. La estrategia ha sido exitosa en más de veinte Estados. cabe ilustrar una tendencia de litigio desarrollada en materia de educación en Estados Unidos. 1979). 1993). State. 1980). State. y a obligar a los Estados a financiar con recursos estaduales un mayor porcentaje de los gastos que conlleva el funcionamiento del sistema educativo. a los contribuyentes del distrito) para obtener niveles educativos similares a los de los distritos más ricos. Esta forma de financiamiento regresivo hace cargar a los distritos más pobres con un mayor esfuerzo presupuestario (trasladado. Meskill. Burke. es que la dependencia de gran parte del financiamiento del ciclo de educación obligatorio de impuestos de carácter local (municipal o distrital) importa una violación al principio de igual protección de la ley. 1993). One v. Arizona (Roosevelt Elementary School District No. en los siguientes estados: California (caso Serrano v. 1976). que no contiene derechos sociales. Cahill. A diferencia de la Constitución federal estadounidense. Tennessee (Tennessee Small School Systems v. Priest. en los que sentencias judiciales han ordenado a los poderes políticos reformular el financiamiento educativo de modo de compensar las diferencias de ingreso de los municipios 77. State. Idaho State Board of Education. Meskill. Nueva Hampshire (Claremont School District v.. wyoming (Washakie County School District No. Connecticut (Horton v. 1976). en la que se vincula el principio de igual protección de la ley con la posición socioeconómica en materia de derecho a la educación. Alabama (Ex parte School. Montana (Helena Elementary School District No. Nueva Jersey (Robinson v. Herschel. pp. Dimensiones conceptuales de la protección legal. Massachussetts (McDuffy v. 1996). State. 1 v. 1977 y Horton v. State. claro. dado que liga la calidad de la educación recibida por los niños y adolescentes a la riqueza del distrito escolar en donde vivan. 1989). Ohio (De Rolph v. 1989).

References: artículo 1
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