Source: http://nosfelicespocos.blogspot.com/2011/09/
Timestamp: 2018-06-24 18:29:46+00:00

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Nos, pocos... nos, felices pocos...: septiembre 2011
El «intruso» de la UGT que no sabía qué era un ERE
No sabía lo que era un ERE. Eso sí, sabía ser miembro de comité de empresa, administrador judicial de esa misma empresa, emprendedor que monta otro negociete con otro prejubilado -1800 euros al mes sin hacer nada son muy aburridos- y que ese negociete de muebles se dedique a dar cursos de formación (?), por lo que obtuvo la concesión por parte de nuestro amado Cortijo de unos 79.000 euros en subvenciónes bajo conceptos varios.
Eso si sabía hacerlo.
Les confieso que cuando en la crónica periodística aparece en un mismo texto sindicalista de UGT, ERE, formación y subvención, me palpo la cartera, porque tengo la incómoda sensación de que esa, la pago yo.
Por cierto, es reseñable los lazos que se establecen entre Historias de EREs e Historias de Subvenciones a Formación, que coinciden en este caso. Muy interesante.
1800 euros al mes tras hablar con el socialista que manda, una empresilla y 79.000 euros concedidos de subvención...¿Crisis?, ¿qué crisis?
Por ahí anda revoloteando el nombre de un parlamentario socialista que, parece ser, "negoció" el tema de los EREs. Desde la ignorancia me pregunto: ¿En estas historias que hay que negociar?
http://www.larazon.es/noticia/2358-el-intruso-de-la-ugt-que-no-sabia-que-era-un-ere
En 2010 y 2011 recibe 76.000 euros para impartir cursos de formación29 Septiembre 11 - - A. Muriel
Sevilla- Sigue la ronda de declaración de los imputados en la trama de los ERE y siguen las sorpresas. Rafael Rodríguez Fuentes, prejubilado irregularmente en la empresa Saldauto, aseguró ayer ante la titular del juzgado número 6 de Sevilla que instruye el caso, Mercedes Alaya, que «no sabe lo que es un ERE». Se da la circunstancia de que el imputado era miembro de la UGT, miembro del comité de empresa de Muebles Promi desde el año 2003 y administrador judicial de esta empresa. Le dijeron que «un ERE era cuando la empresa estaba en quiebra y se trataba de salvar a los trabajadores y se le concedía una ayuda a este fin a través de una póliza», declaró ayer en el juzgado, según la información a la que ha tenido acceso este periódico.
Rodríguez Fuentes fue despedido de Muebles Promi en 2005, tras lo que se le reconoció una indemnización por despido de 50.000 euros que dijo no cobrar y no reclamó porque «se sentía unido moralmente a la empresa». Dos años más tarde, en 2007, se puso en contacto con el ex director general del Empleo, Francisco Javier Guerrero, y, de común acuerdo con otro ex trabajador de Promi reclamaron formar parte de la nómina de prejubilados. Pero no fue incluido en su empresa, sino en otra, en Saldauto. Su póliza ascendía a 376.404 euros. Cobró 1.800 euros mensuales a partir de marzo de 2008. El último ingreso lo recibió el pasado mes de diciembre.
El imputado no ha perdido el tiempo. Tras el despido de Promi creó la empresa «Muebles Don Formón» junto con otro prejubilado. Mientras tanto hacía algunos «chapuces», «cuatro cosas que le ha hecho a la familia y a conocidos y que le han dado algo». Además, a través de Don Formón reconoció que ha impartido cursos de formación este año y el anterior, por los que ha recibido subvenciones que ascienden a 50.000 euros –pendiente de cobro– y 26.000 euros respectivamente. Por constituir la sociedad también recibieron los dos socios otra ayuda de 3.000 euros. El nexo entre la trama de los ERE y el fraude de las ayudas a la formación queda meridianamente claro tras su declaración.
Dijo no haber tenido contacto con el parlamentario socialista Ramón Díaz, pese a que éste negoció ayudas tanta para Promi como para Saldauto.
YA SON DOS LAS EMPRESAS QUE CONTRATARON A LA NIÑA DE VIERA QUE RECIBIERON DINERO PÚBLICO DEL FONDO DE REPTILES
Tengo la impresión de que la referencia en ética del PSOE es el PRI mexicano...Pablo Iglesias hace tiempo que fue olvidado.
Me he frotado los ojos de incredulidad. Uno tiene la sensación de dejá vu: Alto cargo de la Junta regala dinero público a empresa que contrata a su retoño.
Y en esta ocasión son DOS regalos. Lo de que haya trabajado también en la Diputación es algo que ni nos extraña a estas alturas. Es lo suyo.
También tiene su lógica que si lo hace el Presidente de la Junta de Andalucía, repita la misma fórmula el Consejero de la Junta. Hay que aprender siempre de los mayores.
La verdad, que el mundo es pequeñito, pequeñito: ¡Vaya coincidencia!, dos empresas que contratan a la hija de Viera reciben dinero PUBLICO del fondo de reptiles (esa especie de argent de poche para los cortijeros y sus asuntillos).
Y lo mejor, es que dentro de un ratito el mismo señor -uno en Cádiz, el otro en Sevilla- nos pedirá el voto. Tanto de lo mismo me escama.¿Acaso forma parte del programa electoral socialista el incluir dinero público de subvenciones a aquellos que inviertan en hijos de gerifaltes del Régimen?
Tras el ejemplo dado por Chaves y la Justicia respecto al caso Matsa y los diez millones de regalo a la empresa que contrató a la hija de donmanué, el Señor Viera, candidato en lugar preferente por las listas de Sevilla, puede estar bien tranquilo. No pasa nada, es todo legal. Los que tienen el privilegio de ostentar altos cargos en la Junta pueden llenarle los bolsillos a los empresarios que contratan a sus retoños con dinero público y no tienen porqué avergonzarse de nada. Es de malpensados aquellos que ven intenciones aviesas en la mezcla del bolsillo privado con el dinero público. ¿es que no os habeis enterado todavía?
Me pregunto hasta que nivel de la Junta se pueden llegar a dar estas situaciones de contrato-pa-mi-niño y subvencion-pal-que-contrata, para considerarlo en los balances como un gasto mas, un gasto necesario del que no podemos desprendernos, pues probablemente todo será legal y los afectados, el partido que los apoya y los que le votan encima se encararán con aquel ingenuo que les señale con el dedo diciéndole a la cara que este pasteleo será legal -y tribunales hay para decidirlo-, pero en absoluto es DECENTE.
¿Demasiado anticuada esa expresión para los socialistas de hoy en día?
Viera ayudó con el «fondo de reptiles» a otra empresa donde trabajó su hija
El IFA, presidido por él, dio 90.000 euros en 2003 a Sevilla Siglo XXI, donde Sonia Viera estuvo contratada 4 meses antes
Día 29/09/2011 - 07.16h
Las coincidencias se multiplican. Ya no es una sino dos las empresas a las que estuvo vinculada laboralmente Sonia Viera Rodríguez que resultaron beneficiadas con ayudas sociolaborales procedentes de la polémica partida 31L durante la etapa en que su padre, José Antonio Viera, estuvo al frente de la Consejería de Empleo (2000/2004).
El antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), cuyo consejo rector estaba presidido por él, concedió en marzo de 2003 una subvención de 90.000 euros a Sevilla Siglo XXI SA. Según ha podido saber ABC, la hija del exconsejero de la Junta estuvo trabajando para la empresa de la Diputación de Sevilla, gobernada por el PSOE, tan sólo cuatro meses antes de que el organismo que canalizaba las ayudas del «fondo de reptiles» aprobara librar los 90.000 euros para «el impulso de micropolígonos en pueblos», según un informe de la Secretaría General Técnica de Empleo. No obstante, otras fuentes de la Consejería aseguran que el dinero se empleó en realidad en financiar una feria organizada por la empresa pública.
Meses después, en julio de 2003 y enero de 2004, como informó ABC el pasado abril, el IFA, de nuevo con Viera como responsable máximo, destinó otros dos incentivos de 450.759 euros cada uno del polémico programa 31L a otra firma privada, Marco de Estudios y Proyección Siglo XXI SL, cuando Sonia Viera Rodríguez trabajaba en ella.
La primogénita del parlamentario andaluz, senador y secretario general del PSOE de Sevilla estuvo contratada para la sociedad de la Corporación provincial hasta el 1 de diciembre de 2002. Entre 1997 y 2002, la hija del secretario general del PSOE de Sevilla y candidato número dos al Congreso por esta provincia en las próximas elecciones generales encadenó hasta cuatro contratos eventuales con la sociedad pública, que la mantuvo en nómina durante más de tres años de manera discontinua.
Encadenó hasta cuatro contratos con la Diputación antes de la ayuda del IFA
Sevilla Siglo XXI no pasaría de ser una firma más de las que recibieron fondos para rescatar empresas en crisis y pagar prejubilaciones si no fuera por este detalle que cobra especial relevancia después de que el PP haya pedido esta semana a la juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE irregulares, que investigue la «trama Viera». Esta sociedad instrumental de la Diputación en julio de 2006 cambió su denominación por la de Prodetur SA tras la fusión de la primera con Turismo de la Provincia.
Viera no se pronuncia
ABC trató ayer de recabar la versión de José Antonio Viera sobre esta información, pero rehusó pronunciarse. Desde su equipo en el PSOE de Sevilla se remitieron a una rueda de prensa que planea ofrecer al final de esta semana para preguntarle, después de que el PP haya remitido a la juez Mercedes Alaya documentación sobre las ayudas «avaladas» por él cuando estaba al frente del IFA para empresas de la Sierra Norte y ayuntamientos gobernados por el PSOE.
La relación contractual de Sonia Viera Rodríguez con la empresa de la Diputación, enfocada a la promoción turística, arranca en septiembre de 1997, cuando firmó el primer contrato, que expiró en junio de 1998. Tras un parón que coincidió con los meses de verano, la sociedad volvió a contratarla hasta el 31 de diciembre de 1999. Tres días después de vencer su segundo contrato, en enero de 2000, reanudó su relación laboral con la firma, que se prolongó durante un año más. El cuarto y último contrato concluyó el 1 de diciembre de 2002. Cuatro meses después, el IFA acordó darle la subvención.
Con posterioridad, Sonia Viera se dio de alta como autónoma hasta que el 4 de abril de 2003 el exedil y exsecretario del PSOE en El Pedroso la «fichó» como relaciones públicas para su firma Marco de Estudios y Proyección Siglo XXI. Este municipio de la Sierra Norte de Sevilla, de 2.200 habitantes, se ha convertido a su pesar en el epicentro de la trama de los ERE falsos. Es el pueblo natal de uno de los principales actores que aparece en el caso, el director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, desde 1999 a 2008, y de muchos de los prejubilados que tenían relación con él y accedieron a una ayuda sociolaboral al ser incluidos en ERE, pagados por la Junta, de empresas donde nunca habían trabajado.
Viera auspició en enero de 2003 una modificación del reglamento del Instituto de Fomento de Andalucía que le permitió ocupar la presidencia del consejo. No obstante, el exconsejero de Empleo ha defendido que las polémicas ayudas excepcionales a empresas y ayuntamientos del PSOE no las firmaba ni autorizaba él, función que estaba delegada en Guerrero, quien declaró a El País que el dinero se gastó en «criaturas necesitadas de ayuda sociolaboral que están desempleadas».
Viera fue el encargado en 2001 de firmar un convenio con el IFA para que las subvenciones se tramitaran a través de este ente. La fórmula, que canalizó hasta 647 millones de euros, fue cuestionada por la Policía, que esgrimió que al convertir al IFA en pagador se evitaban los controles, como también puso de manifiesto la Intervención General de Hacienda entre 2005 y 2007. Viera afirmó en febrero que se hizo «para agilizar las ayudas y hacer más operativa la relación entre la Consejería y los trabajadores».
Medio año después, la Junta inicia el trámite de envío de las 480 actas a la juez
La Junta va a tener que enseñar "su tesorito"
La Junta insiste en hacerse la digna ante la guantá judicial respecto a las actas. Tras seis meses guardando su tesorito, se ha visto obligada a entregarselo a la Justicia.
Si leemos la sentencia, poco margen tenía para declarar nada secreto o reservado, pues eso debe justificarse debidamente ante el Juzgado cumpliendo ciertos requisitos formales, entre los que dudo que se encuentre el "tapar las vergüenzas al Cortijo". Dado que esta se la ha tenido que tragar enterita -cual pepino en manos de Clara Aguilera-, comienzan el run run cortijero sobre las posibles filtraciones que pueda haber de algo en esencia público como son las actas.
No es mas que humo para distraer que el último dique para contener la verdad de las actuaciones de la Junta ante la jueza Alaya ha caido.
Lo mismo le mandan las actas a la jueza en la caja fuerte sin la llave...ya conocemos lo bien que colabora la Junta con la justicia, ¿o no?.
http://www.larazon.es/noticia/6496-medio-ano-despues-la-junta-inicia-el-tramite-de-envio-de-las-480-actas-a-la-juez
Levanta el carácter reservado de la información para que «no falte ni una coma»
27 Septiembre 11 - - A. Muriel
Aquí Alaya y su trolley.
﻿Sevilla- Las 480 actas del Consejo de Gobierno de la última década que reclamó la juez que instruye la trama de los ERE, Mercedes Alaya, estarán «de inmediato» en dependencias judiales, según aseguró ayer la consejera de Presidencia, Mar Moreno. De esta forma, se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal Supremo, que hace justo una semana, el 20 de septiembre, declaró improcedente el requerimiento de inhibición planteado por el Ejecutivo de José Antonio Griñán y concluyó que «las actas de las reuniones del Consejo de Gobierno son públicas y no tienen carácter reservado en cuanto al contenido que le es propio».
El Consejo de Gobierno acordó en este sentido, además de la entrega de dichas actas –se espera que se puedan remitir con carácter inmediato», deslizó la titular de Presidencia– «levantar la reserva sobre aquellas partes que el Tribunal de Conflictos ha considerado impropia y que, por tanto, podríamos no remitir al juzgado, pero el Gobierno entiende que queremos enviar al cien por cien de las actas, que no falte ni una coma de las mismas».
Hay que recordar que la sentencia del Tribunal Supremo dejaba claro que el Gobierno andaluz no podía «negarse a expedir las certtificaciones y testimonios que sean solicitados por los tribunales», pero le otorgaba a la Junta la potestad de no aportar «documentación legalmente declarada o clasificada como de carácter reservado o secreto». En ese caso, la Junta tendría que hacer una «exposición razonada» al juzgado del carácter reservado de dicha documentación. En resumidas cuentas, el contenido propio de las actas y, por tanto público, se limita a «las circunstancias relativas al tiempo y lugar de su celebración, la relación de los asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados», tal y como señala el artículo 30 de la Ley 6/2006 del Gobierno de la Comunidad Autónoma. La titular de Presidencia matizó que el levantamiento reservado de las actas está «como es natural, dirigido a la investigación judicial», en un guiño preventivo ante posibles filtraciones.
Seis meses han transcurrido desde que el Consejo de Gobierno acordara –el pasado 29 de marzo– remitir un requerimiento de incompetencia a la juez, negándose a entregar las actas y ofreciendo como alternativa una certificación de los acuerdos o informes concretos tratados.
En este tiempo, el vaivén de las actas ha sido constante. A principios de abril fueron depositadas en un armario acorazado en los juzgados de la capital hispalense y en julio la Audiencia provincial de Sevilla –que también avaló el carácter público de las mismas– ordenó que volvieran a la tutela de la Junta.
¡PIM, POM, PELEA! :‘Guerra’ total ante el 20-N. Griñán paraliza la lista de Chaves por Cádiz
Cabañas no quiere asumir riesgos en el peligroso acto de cambiar una poltrona por otra
﻿ Que la colocadura de un colocao pueda peligrar es suficiente para montar el lío en Cádiz: El que es alcalde, no suelta el sillón hasta que no se asegure otro. Así de simple. Da igual lo que diga Rubalcaba, en cada parcela del Cortijo manda -de verdad- el que manda. Los organigramas para las infografías de los periódicos, que quedan muy monas.
Lo de las ideas y demás, dejémoslo para las crieturitas que les votan y para los que los llevan de un lado a otro en autobuses a los mítines, a modo de clá portátil, a cambio de un bocadillo, una banderita colorá y una gorrita del Partido.
‘Guerra’ total ante el 20-N: Griñán paraliza la lista de Chaves por Cádiz
Manuel Chaves (i), conversa con el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán (EFE).|
Antonio Castro. Sevilla.- 27/09/2011 (19:55h)
La ejecutiva regional del PSOE-A se ha negado a aprobar la lista electoral al Congreso de los Diputados por Cádiz, que encabeza Manuel Chaves, y exige que el tercero de la candidatura, González Cabaña, dimita como alcalde, como pretende Pérez Rubalcaba antes de elevar la propuesta a la ejecutiva federal. Las siete restantes candidaturas provinciales han sido aprobadas por unanimidad. Antes del encuentro, el sector crítico de Cádiz había elevado a la ejecutiva socialista andaluza su rechazo a Cabaña tras el escándalo que se produjo en la reunión de la ejecutiva provincial la semana pasada.
La reunión de la ejecutiva regional estuvo presidida por José Antonio Griñán. La razón expuesta por la secretaria de organización, Susana Díaz, fue el compromiso existente con el candidato Pérez Rubalcaba de que no figuren alcaldes en las candidaturas. Cabaña ya ha manifestado que está dispuesto a abandonar la alcaldía de Benalup si el federal se lo dice una vez que las candidaturas lleguen al máximo órgano, pero en todo caso lo haría después del 20-N.
La clave de la actitud de Cabaña está en que su lugar como tercero en la candidatura no le garantiza el escaño en una situación de debacle como la que se espera, ya que hay encuestas que apuntan a que en Cádiz el PSOE podría quedarse sólo con dos representantes en el Congreso.
Golpe en la línea de flotación chavista
La decisión del comité regional, presidido por Griñán, pone en una difícil situación a Manuel Chaves, que hasta ahora ha dejado hacer a Cabaña, uno de los hombres claves de su sector, ignorando la fuerte oposición de los críticos y amparando incluso la decisión de este alcalde, a su vez secretario provincial del PSOE de Cádiz, de imponerse frente a los deseos del propio Rubalcaba.
El rechazo a la lista liderada por Chaves es un duro golpe de Griñán a Cabaña, su máximo enemigo dentro de la guerra interna de los socialistas andaluces, y por extensión a Chaves, que utiliza a este alcalde como ariete contra el actual presidente de la Junta. Se da la circunstancia de que la campaña electoral de Cádiz la va a dirigir Luis Pizarro, ex consejero de la Junta, que abandonó el equipo de Griñán marcando un hito en el enfrentamiento de los chavistas con el actual presidente.
Las restantes candidaturas, incluida la que encabeza Rosa Aguilar por Córdoba han salido adelante sin ninguna oposición, aunque desde algunos círculos del PSOE se asegura que de la misma forma que a Cabaña se le exige que dimita como alcalde, habría que hacer lo propio con la presidenta de la Diputación de Huelva, Petronila Guerrero, que va en las listas de su provincia al Senado.
http://www.elconfidencial.com/espana/2011/09/27/guerra-total-ante-el-20n-grinan-paraliza-la-lista-de-chaves-por-cadiz-84978/
¿ADONDE HA IDO EL MILLÓN DE EUROS?: UGT niega que recibiese dinero de Empleo para ex trabajadores
Interesante el punto al que está llegando la cuestión. Por un lado Alaya, por otro lado los medios de comunicación y por otro lado el sindicato oficialista UGT. Entremedio, un milloncete de euros de dinero público. Agüilla para El Cortijo -porque no los pone de su pecunio, claro- pero un dineral para los que mantenemos con nuestro esfuerzo este tinglado.
Alaya es una persona seria, no hay duda. Yo, de ser el de la UGT, me aseguraría de que de verdad no me han regalado un milloncete por la cara...está claro que el fondo de reptiles tizna a quien se le acerca.
...lo mismo el millón se lo ha comido el Sobera. Todo es posible.
UGT niega que recibiese dinero de Empleo para ex trabajadores
La juez Alaya quiere conocer por qué una federación del sindicato recibió más de un millón de euros
Agencias / Jaén | Actualizado 27.09.2011 - 09:39
Manuel Pastrana, ayer.
El secretario general de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, aseguró ayer que la Federación Regional de Industrias Afines (FIA) no ha recibido dinero en ayudas de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Pastrana expuso durante una rueda de prensa en Jaén que la federación ejerció de tomador en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la Mina Herrería Insersa, en Huelva, pero que "nunca pasó por manos de la Federación de Industrias Afines de UGT ni un solo euro", ya que su papel fue el de asumir la responsabilidad si no pagaba la Junta.
El dirigente de UGT añadió que es algo que ha venido haciendo la Administración autonómica a través de dos cuentas bancarias, ingresando el dinero que el ERE preveía para los trabajadores. En este sentido, Pastrana insistió en que es "absolutamente falso" todo lo aparecido en los medios de comunicación la semana pasada, cuando se daba a conocer que la juez Mercedes Alaya había pedido a la Consejería de Empleo que informase sobre las ayudas de más de un millón de euros entregadas entre 2009 y 2010 a la Federación Regional de Industrias Afines de la UGT. Según Pastrana, este tipo de informaciones son, además de "mentira", un "ejemplo de agresión" a las organizaciones sindicales, dentro de una campaña para minar su credibilidad. El secretario general de UGT también se refirió a la situación económica y apuntó que España se enfrenta "a las consecuencias de un rescate de hecho" como el aplicado en Grecia, Irlanda y Portugal con una "involución en los derechos laborales y sociales", ante la que previó un "escenario de conflictividad" por parte de los sindicatos para defender esos intereses. Pastrana expuso que ese rescate pasaría por la eliminación, privatización y pérdida masiva de empleo en el ámbito de los servicios públicos.
¿LLEGARÁ VIERA AL 20N?: Viera «premió» a 42 empresas de la Sierra Norte con 35 millones de euros
Viera «premió» a 42 empresas de la Sierra Norte con 35 millones de euros
Los reptiles van a ser la tumba del Cortijo
El PP asegura que muchas de las ayudas del «fondo de reptiles» eran «falsas» y para otros fines
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ayer, en la sede regional de su partido en Sevilla
27 Septiembre 11 - Sevilla - F. Martí
La opacidad con la que se gestionó el «fondo de reptiles» hace que las sospechas sobre el uso final del dinero se multipliquen. No parece lógico que una comarca determinada (la Sierra Norte) de una de las ocho provincias andaluzas (Sevilla) acumule ayudas por más de 35 millones de euros en 42 sociedades durante los años (2000-2004) en los que José Antonio Viera ejerció como consejero de Empleo. Eso es lo que denunció el PP-A ayer, ampliando lo que ya hiciera el sábado.
El dinero provenía de la partida 31L destinada a ayudas sociolaborales. Lo gestionaba la Consejería de Empleo y los pagaba su ente instrumental, el IFA. El ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, natural de El Pedroso, municipio de la Sierra Norte, era el que gestionaba los convenios pero necesitaba de la aprobación del IFA, es decir, de su superior jerárquico. De ahí que el PP considere que el acta del consejo rector del IFA firmada por Viera de 30 de enero de 2004 –hecha pública el sábado– por el que se autorizaban varias de las 42 ayudas recopiladas durante la legislatura demuestra que el hoy secretario provincial del PSOE de Sevilla era el que decidía el destino final del dinero.Y ahí surgen varias incógnitas. El procedimiento elegido para su concesión no era público, no existían registros de solicitantes ni igualdad de oportunidades. Esta falta de control es lo que provocó la aparición de intrusos en los ERE. Pero es que además de financiar prejubilaciones, con el «fondo de reptiles» se pagaban ayudas a fondo perdido de manera arbitraria. Según el PP, muchas de estas cantidades eran «falsas»: no eran ayudas sociales. «Alguien se tuvo que llevar el dinero porque no fue a parar a los proyectos comprometidos», aseguró el secretario general del PP-A, Antonio Sanz.
Como ejemplos, 750.000 euros para un hipódromo en Los Palacios que nunca se construyó. Otra muestra: 360.000 euros destinados a una empresa catalana (OC Renting) que había tenido un «contrato fallido» para hacerse cargo del servicio de fotocopias en la Universidad de Huelva.
No había seguimiento del dinero otorgado ni controles para exigir su devolución si se detectaba un mal uso del mismo.El PP mantiene que no hay informes jurídicos que avalen estas operaciones, el argumento que hasta ahora ha esgrimido el ex consejero de Empleo. La única certeza es que la Intervención General advirtió en siete informes de que el procedimiento elegido no era el adecuado.
Sanz exigió su cese o dimisión inmediata y anunció que llevarán la «trama Viera» al Parlamento
¿DECRETAZO CON FECHA DE CADUCIDAD?: El hundimiento del PSOE andaluz será mayor en las autonómicas que el 20-N
¡Esto se ha hundido!, ¡quémenlo todo, con preferencia los post-it de los expedientes!
http://www.elconfidencial.com/espana/2011/09/25/el-hundimiento-del-psoe-andaluz-sera-mayor-en-las-autonomicas-que-el-20n-84758/
El hundimiento del PSOE andaluz será mayor en las autonómicas que el 20-N
Antonio Castro (Sevilla).- 25/09/2011 (06:00h)
Las estimaciones de voto que manejan tanto el PP como el PSOE en Andalucía indican que la estrategia de José Antonio Griñán de no hacer coincidir las elecciones autonómicas con las generales va a provocar una debacle mayor aún para los socialistas que si hubiera optado por lo contrario. La tendencia negativa es ascendente y lo será aún más tras el 20-N si el PP, como se espera, gana las elecciones generales dejando a los socialistas durante unos meses como náufragos en la isla de Andalucía.
De hecho, unos de los factores que afectan al acelerado hundimiento del PSOE andaluz en los últimos meses es, precisamente, la pérdida de ayuntamientos de capitales, grandes ciudades y diputaciones, y la imagen de los nuevos alcaldes decididos a romper con la cultura del despilfarro. En el PP de Arenas están convencidos de que, frente a aquella promesa de Griñán a su partido de que irían ganando terreno “mes a mes” -que le sirvió como pretexto ante Rubalcaba para no adelantar las elecciones andaluzas-, los alcaldes populares “se han encargado de que, mes a mes, el PSOE haya perdido espacio y la derrota vaya a ser aún mayor en marzo que en noviembre”.
Ahora admiten el ‘error’ de Griñán
Hasta ahora, según ha reconocido el propio Griñán, su decisión de mantener las elecciones andaluzas separadas sólo había despertado rechazo y crítica en algunos círculos de Ferraz, mientras que en Andalucía todos le apoyaban. Sin embargo, y de forma muy especial en las últimas semanas, es precisamente en Andalucía y sobre todo en círculos parlamentarios, donde hay serias dudas sobre la rentabilidad de la decisión del presidente.
Los datos que se manejan en el PSOE, comentados también en algunas asambleas locales en las que se han debatido las listas del Congreso, apuntan a que si el 20-N puede ser un desastre, las elecciones andaluzas de marzo pueden convertirse en el hundimiento definitivo. A partir de aquí los empujones por entrar en las listas se multiplican, pero van a ser mucho más graves cuando se empiecen a componer las candidaturas andaluzas.
Los argumentos que se barajan en algunos círculos del partido se refieren a la difícil situación de un Gobierno andaluz que tras el 20-N tendrá que mantenerse durante cinco meses sin dinero en la Junta, con importantes sectores sociales a la contra, el PP presionando desde la instituciones que controla, la oleada azul de Rajoy en todo el Estado, y el PSOE federal sumido en una grave crisis y sin capacidad para ayudar en Andalucía.
Los datos que se barajan en el PP también apuntan al mismo escenario. Javier Arenas ya dejó caer recientemente que el triunfo de su partido en las elecciones andaluzas de marzo va a ser aún mayor que el de noviembre. Esta afirmación de Arenas, que rompe con la promesa autoimpuesta de no echar las campanas al vuelo, evidencia la certeza de los populares de que ganarán unos comicios de los que nunca se han fiado por la capacidad de reacción y posibles maniobras de los socialistas andaluces.
En círculos del PP se pone de relieve sobre todo el nuevo escenario de los ayuntamientos y la influencia que se observa en el electorado. El principal ejemplo ha sido la celebración este fin de semana de las semifinales de la Copa Davis en Córdoba, donde ningún alto cargo del PSOE ha sido capaz de dejarse ver públicamente en el evento tras el “agravio” al que Griñán sometió al Ayuntamiento de José Antonio Nieto negándose a apoyar el acontecimiento deportivo.
El populismo popular frente a la ideología socialista
Para superar esta situación, Griñán y Rubalcaba apoyan su discurso en Andalucía en el dilema derecha-izquierda, aludiendo a los “recortes” que en Educación realizan las autonomías gobernadas por el PP, mientras que Rajoy y Arenas se envuelven en el populismo, un fenómeno muy socorrido en Andalucía, asistiendo a acontecimientos deportivos o apoyando a iconos locales como la Catedral de Jaén de cara a su nominación como Patrimonio de la Humanidad, es decir, una política de perfil ciudadano frente a la ideologización de la campaña socialista anclada en una Andalucía que ha superado en gran parte los perjuicios basados en la izquierda y derecha.
Las tendencias sobre voto de las que disponen tanto el PSOE como el PP han aumentado el nerviosismo en el Gobierno de la Junta, cuyos consejeros se despliegan cada día hacia todos los rincones de la comunidad con actos propios de campaña, mientras Griñán hace lo imposible por evitar el hundimiento anímico asegurando en las reuniones de partido que “vamos a ganar las elecciones generales y las autonómicas”.
Viera se escuda en los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/25/andalucia/1316939457.html
El secretario provincial del PSOE dice que todo llevaba aval jurídico
Descalifica las denuncias del PP de que actuó con favoritismo
Abogadollll, no deberia haber firmado esos papeles del Viera...
Lo considera todo fruto de que el PSOE sigue ganando en las urnas
Actualizado domingo 25/09/2011 10:30 horas
El secretario provincial del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, ha recordado al PP que en su etapa en el Gobierno andaluz "jamás" firmó ninguna resolución ni concesión "que no estuviera avalada por los servicios jurídicos de la Junta", en alusión a la denuncia realizada ayer por los populares.
El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, denunció ayer que Viera, durante su etapa de presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), firmó ayudas para ayuntamientos socialistas procedentes de la partida 31L, un mes y medio antes de la celebración de las elecciones generales y andaluzas de 2004.
En un comunicado, Viera ha lamentado la "actitud inquisitorial, calumniosa y desvergonzada del PP en Sevilla y Andalucía", una actitud que, a su juicio, responde a que la provincia de Sevilla "sigue dándole el respaldo mayoritario en todas las elecciones celebradas a los socialistas y como se les resiste Sevilla, intentan ganar con difamaciones los que no pueden en las urnas".
"Le vuelvo a reiterar al señor Sanz que en mi etapa en la Junta jamás firmé ninguna resolución ni concesión que no estuviera avalada por los servicios jurídicos de la Junta. Le recuerdo a los señores del PP que como consejero firmé resoluciones que proporcionaron ayudas a miles de empresas de Andalucía y creo que ahora se están viendo los resultados de aquella gestión", ha indicado Viera.
Según el dirigente socialista, con estas resoluciones se "pusieron las bases de proyectos muy importantes para la economía andaluza como el sector aeronáutico y también el mantenimiento de miles de puestos de trabajo".
Tras lamentar que el PP pretenda "ofender" su trayectoria y la de alcaldes socialistas, Viera ha acusado a este partido de querer "convertir el IFA, que ha sido una pieza clave del desarrollo económico de Andalucía, en un organismo carente de rigor administrativo con las declaraciones del señor Sanz, significa manchar de manera burda e irresponsable la trayectoria de muchos profesionales que han trabajado allí.
Asesorado por abogados
Según Viera, el dirigente del PP tiene "un desconocimiento absoluto" del funcionamiento del IFA porque el consejo rector en aquella época estaba compuesto por diferentes representantes, de PSOE y PA en aquellos años, sindicatos y empresarios "y siempre asesorado por los servicios jurídicos de la Junta por lo que cualquier decisión debía tener el visto bueno de los mismos".
"Que no le quepa la menor duda al señor Sanz de que voy a seguir defendiendo los intereses generales de Sevilla y se encontrarán en los tribunales en la medida de que encontremos con este tipo de declaraciones algún elemento que tenga carácter calumnioso contra mi persona", ha añadido Viera.
Igualmente, ha expresado su "más absoluta repulsa ante este reiterado intento de ligar la Sierra Norte con presuntas irregularidades", ya que en esta comarca "gracias a la labor de la Junta de Andalucía en el ámbito ganadero, agrícola, industrial, turístico y de mejora de las infraestructuras se ha fomentado la actividad económica".
El PP "jamás" se han interesado por la Sierra Norte, no han invertido un duro en ella y sólo se acuerdan para mancillar el buen nombre de esta comarca de la provincia, según Viera.
PON OTRA RONDA, QUE ESTA LA PAGO YO: Las declaraciones de dos imputados ponen de manifiesto que el ex director de Trabajo otorgaba ayudas a sus amigos o vecinos
Un pensionista se compró un piso con 400.000 euros que le «regaló» la Junta
Las declaraciones de dos imputados ponen de manifiesto que el ex director de Trabajo otorgaba las ayudas, además de a empresas en situación de crisis, a sus amigos o vecinos
Día 23/09/2011 - 07.44h
felipe gumzán
Rafael Ruiz, a la derecha, uno de los imputados que declaró ayer
Si algo pusieron de manifiesto las declaraciones de ayer ante la instructora del sumario de los ERE es el «modus operandi» que se empleaba con estas «ayudas» que, al parecer el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, concedía a sus amigos además de a empresas o colocar «intrusos». Dos de ellos declararon ante la juez Alaya imputados de tráfico de influencias, obtención ilegal de ayuda de la administración pública, malversación y prevaricación.
Primero tocó a Alejandro Millán Torres, vecino de Guerrero en El Pedroso y que, tras sufrir una cardiopatía que le dejó en situación de incapacidad permanente con minusvalía del 33, se quedó con una pensión de 545 euros. Como era vecino de Guerrero, le pidió a ayuda y éste se comprometió a gestionársela pidiéndole su documentación. El 30 de marzo de 2007, según la declaración, en el despacho de la Dirección General de Trabajo de Guerrero firmó la póliza de renta de supervivencia.
Millán recibió, «a sabiendas de que no tenía derecho», 455.508 euros, a razón de 1.803 euros desde el 30 de marzo de 2007 al 30 de abril de 2008. La parte de la prima que tuvo que abonar la Junta fue de 398.360 euros y todo «sin que existiera por parte del inculpado solicitud de ayuda ante la Consejería». Pero además de esa ayuda conseguida gracias a su amistad, siguió cobrando la pensión. El imputado ratificó su testimonio a la Policía admitiendo que, tras darle un infarto en 2005, Guerrero se enteró de su problema de salud y de que estaba «bastante depresivo». Entonces, el director general fue a su domicilio a interesarse por su situación. Le pidió la documentación que Millán recopiló en cuatro o cinco días y entregó a Guerrero en su despacho de la Junta.
Según Ruiz, tras quedarse en paro, Guerrero le ofreció otra ayuda de 153.439 euros
El pensionista, militante del PSOE desde los 90, «no se planteó la ilegalidad de la ayuda, pues se la estaba ofreciendo un alto cargo de la Junta». Recibió la llamada de la Consejería para firmar la póliza en marzo de 2007 y pensó que «se estaba haciendo justicia, ya que era la cantidad que cobraba de su empresa», dedicada a la electricidad y en la que trabajaba como oficial de primera, «metiendo hilos, cables y subiéndose a postes».Millán reconoció haber cobrado 272.612 euros aunque cree que el total de prestaciones que recibió no alcanza la suma de 455.508 euros por la que le preguntó la juez.
Pero ¿en qué invirtió el dinero?. Se compró una casa en El Pedroso de 120 metros, dos plantas y un patio que le costó 210.000 euros. Con el resto arregló su piso de Sevilla y lo metió en su cuenta. Después, se dio de alta como autónomo en octubre de 2007 y en 2008 constituyó una sociedad M. Intrabel, S.L. con su cuñado al 50 por ciento. Una empresa que, según declaró, ha tenido un volumen de negocios de entre 230.000 240.000 euros anuales. Millán dijo que la Junta nunca le ha requerido la devolución de la cantidad que ha percibido por la póliza. Pero la juez también le preguntó si el entonces director general le pidió que figurara como asegurado para otra póliza en la que los beneficiarios iban a ser FCC, S.A., CESPA. S.A. o Cristóbal Martínez. A ello contestó que no tenía ni idea de dicha póliza que conoció po r la Policía.
Por su parte Rafael Ruiz admitió que tras quedarse en paro, Guerrero le ofreció otra ayuda de 153.439 euros a razón de 1.200 o 1.300 euros mensuales. Una ayuda a la que, según la juez, «no tenía derecho alguno» y que también simultaneó con la prestación por desempleo de casi 1.000 euros. El imputado contó que acudió a las fiestas de El Pedroso y allí conoció a Guerrero, ya que «es muy hablador y charla con todo el mundo». Luego, según su relato, Guerrero le llamaba y coincidió con él en algunos eventos deportivos. Tras contarle que se había quedado en el paro, le dijo que había posibilidad de alguna ayuda y que le mandaría un señor de una aseguradora para ver si podían darle una prestación. El imputado, cuya hija, Cristina Ruiz, figuraba en las listas del PP a la Alcaldía de Córdoba en las elecciones municipales hasta renunciar, admitió que «de esa renta he ido comiendo aunque falta un poquito». A él tampoco le ha requerido la Junta de Andalucía el dinero.
Los beneficiados no han devuelto el dinero
Preguntas de la juez Alaya. La magistrada preguntó a los dos imputados si la Junta de Andalucía les ha pedido que devuelvan el dinero que recibieron de forma supuestamente fraudulenta. Sin embargo ambos lo negaron. Desde la Consejería de Empleo aseguran que se ha iniciado un proceso de reclamación de las cantidades, pero se desconoce si algún beneficiario ha devuelto ya estos fondos.
CIEN AÑOS DE HONRADEZ: El socialista Caler «pasaba» 43 euros de dieta por ir a descansar a su pueblo
El estilo de la derechona -la derechona sociata, claro- al desnudo: cobraba el complemento de 600 euros de "ayuda al alquiler", cobraba por irse a dormir a su casa 43 euros y cobraba otros 43 cuando volvía de dormir en su casa, cobraba esto por hacerlo en fin de semana, cobraba tambien por hacerlo en vacaciones, cobraba dietas y gastos de locomoción sin justificar...aparte cobraba 4500 euros de sueldo y tenía a su disposición el coche oficial, aunque cobraba por moverse. Cada vez que cumplía con su obligación de visitar -en coche oficial- algún pueblo de la provincia de Granada, cobraba 40 euros...menos mal que no era dado a las visitas.
No consta que el PSOE haya reprendido esta actuación, no. Debe ser que no les extraña y lo ven como de lo mas normal. Lo que si consta es la cantidad de furgonetas con "papeles personales" que sacaron de la Diputación de Granada para desaparecer de la vista de los nuevos gestores peperos, que pasaron a algún vertedero...
http://www.libertaddigital.com/nacional/2011-06-11/encuentran-facturas-que-implican-al-hijo-de-chaves-en-un-vertedero-1276426304/
Propongo que todos los que poseen contratos de mierda -gracias al PSOE, que no ha hecho nada por erradicarlos y los ha popularizado como nunca- y a los que se les exige "flexibilidad y movilidad geográfica" a cambio de contratos submileuristas por un rato, cobren al menos los 600 euros de "ayuda al alquiler" del que fue Presidente Socialista de la Diputación de Granada...es lo justo entre obreros, equiparar los conceptos salariales, ¿no?
¿O acaso solo somos compañeros para daros el voto?
http://www.abcdesevilla.es/20110922/andalucia/sevp-socialista-caler-pasaba-euros-20110922.html
El socialista Caler «pasaba» 43 euros de dieta por ir a descansar a su pueblo
J. LÓPEZ / GRANADA
El ex presidente de la Diputación de Granada, el socialista Antonio Martínez Caler, cobraba a esta institución 43 euros de dietas cada vez que se desplazaba a su localidad, el municipio de Caniles, incluso para descansar el fin de semana o para pasar sus vacaciones. Caler cobraba esta dieta a pesar de percibir un complemento fijo de 600 euros en concepto de ayuda al alquiler.
La vicepresidenta primera de la Diputación de Granada, Luisa María García Chamorro, calificó ayer a Caler como el «rey del abuso y de la caradura», y destacó que el dirigente socialista percibía una media de 306 euros al mes en concepto de dietas y gastos de locomoción «que en todos los casos no eran justificados».
Caler —que cobraba una nómina mensual de 4.500 euros, además de la citada ayuda de 600 euros para pagar el alquiler de su casa— tenía a su disposición un coche oficial, pero «cobraba por moverse. Cada vez que visitaba un pueblo de la provincia, lo cual era su obligación, nos costaba a todos los granadinos 40 euros. Afortunadamente, visitaba pocos municipios, porque si llega a seguir el ritmo de visitas que tiene el actual presidente de la Diputación, hubiera sido una ruina para la institución», ironizó García Chamorro.
García Chamorro resaltó que Caler pasaba gastos de locomoción «incluso por ir a su pueblo, Caniles, incluso los fines de semana, por lo que los fines de semana de asueto de Martínez Caler en su pueblo los teníamos que pagar los granadinos», señaló.
De este modo, aclara la vicepresidenta que los «descansos» del ex presidente en su pueblo «nos costaba 43 euros por trayecto. Lo llamativo es que el concepto con el que justificaba sus gastos de locomoción los fines de semana era Atención a Delegación y el convocante era la propia Diputación de Granada», explicó la vicepresidenta, quien detalló que la media de gastos de locomoción era de 200 euros mensuales.
Pero el «colmo del descaro», a juicio de García Chamorro, es que los gastos de locomoción a Caniles «se pasaban incluso estando de vacaciones», como consta en dos resoluciones de delegación de funciones de presidencia, con fecha 11 de marzo de 2010.
Pitadas a los Consejeros Diaz Trillo (Medio Ambiente) y Cruz Villalón (Obras Públicas y Vivienda)
La crónica ha sido copiada de la página amiga de los EE.PP. de Córdoba, a los que desde este humilde blog les enviamos las gracias, no solo por su persistencia, sino por la originalidad de las propuestas que últimamente se han sacado para hacer sonrojar al Cortijo. De hecho, en la actualidad, junto a los infatigables de Málaga con sus concentraciones, son las únicas referencia de pitadas "in situ".
Copio pego del siguiente enlace.
http://empleadospublicosjacordoba.blogspot.com/2011/09/pitadas-los-consejeros-diaz-trillo.html
Últimamente tenemos dobletes en Córdoba, pero aunque parezca mentira para nosotros es una satisfacción expresarles la indignación que sentimos, a las 11:05 de la mañana quedamos en la puerta del Palacio de Congresos y Exposiciones para recibir a uno de los Consejeros que mas le gusta escucharnos.
Siempre entra por la puerta principal y andando, llegó sobre las 11:35 y fue recibido como habitualmente lo hacemos en Córdoba. (Córdoba casa de guerrera gente y sabiduría clara fuente).
Por la tarde hemos tenido otra vez la visita de la Consejera de Obras Públicas y Vivienda (Cruz Villalón) que parece que no se fue satisfecha del último recibimiento.
Quedamos a las 16:45 de la tarde en la Estación de Autobuses de Córdoba donde se iba a realizar el acto, cuando llegó fue perseguida hasta las escaleras al grito de A LA ADMINISTRACIÓN POR OPOSICIÓN, el acto fue reventado en su totalidad, ya que al ser un sitio cerrado se escuchaban más nuestros gritos y bocinas que a los intervinientes.
Tenían pensado hacerse una fotografía en un autobús de línea pero tuvieron que desistir ya que nosotros aun nos encontrábamos en las dependencias (éxito total)
EL PAIS: Alaya pide a la Junta los 584 pagos con el fondo de los ERE
Somero, muy somero, el artículo de El País. Tiene, sin serlo, el tamaño de una reseña de agencia de última hora.
Me gusta disfrutar de los silencios del Cortijo, de sus demoras, incluso de sus exabruptos en artículos de opinión de periodistas amigos. Son el mejor indicador de cuando le hace daño algo. La lucha que llevamos desde hace un año está trufada de este tipo de acciones. ¿Recuerdan como intentaron disimular las manifestacines de decenas de miles contrael decreto?.
Pese a su pequeñez me quedo con varias referencias envenenadas que me hacen reflexionar:
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Alaya/pide/Junta/584/pagos/fondo/ERE/elpepuespand/20110922elpand_1/Tes
J. M.-A. - Sevilla - 22/09/2011
La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha pedido a la Junta que le envíe los expedientes de las 584 subvenciones que concedió la Consejería de Empleo a 284 empresas desde 2001. El Gobierno andaluz le había enviado 67 expedientes en los que halló irregularidades, pero ahora la magistrada le reclama en un auto todos los expedientes incluidos en "el desplegable" de la partida 31L, lo que conllevará un arduo trabajo de recopilación.(¿Pero no estaba desgañitaita nuestra jueza pidiendo los expedientes desde hace meses, cómo que "ahora"?, por otro lado, si hay expediente asociado a cada subvención, ¿porqué el trabajo arduo?. Se meten 584 expedientes en cajas y al Juzgado nº6...lo arduo es cuando hay que montar el expediente de los dineros regalados ahora.)
En su auto, la juez censura a la policía porque no investigó las empresas vinculadas a El Pedroso (Sevilla),epicentro de la trama de corrupción, (La verdad, que viendo lo que se cocía en la sierra Norte, llama la atención este punto.¿será la razón por la que se cambió la responsabilidad de la investigación a la Guardia Civil?) exige 14 expedientes de manera prioritaria. Entre ellos destacan el sindicato UGT (un millón), Minas de Riotinto (6,3 millones), tres bufetes de abogados y el grupo de empresas Matadero de Sierra Morena, vinculado al empresario y exconcejal del PSOE en El Pedroso, José Enrique Rosendo. Además, Alaya pide ayuda a la Agencia Tributaria para que sus expertos colaboren con la Guardia Civil. (A diferencia de lo que hace el diario El Mundo, no se refiere el artículo de forma explícita a que también Alaya pide información sobre la contratación con dinero del fondo a Manuel Olivencia, suegro de Arenas y, en su día -pese al disimulo cortijero-, Comisario de la Expo 92 en tiempos de Felipe González. Llama la atención porque El País, la Ser y sus palmeros tertulianos publicaron con letras gruesas y durante unos días rajaron despreocupadamente sobre esta relación de parentesco, como forma grotesca de encender el ventilador en el tema de los EREs. La respuesta asertiva del abogado Olivencia -con todo un bufete a su disposición- que los ponía firmes ante lo que empezaba a acercarse a la difamación, los dejó tan cortaos que hoy, que podrían de rondó hablar del tema, no se han atrevido)
La juez de los ERE investiga las ayudas de 'más de un millón de euros' a UGT
Eso se llama "Concertación Social", y lo demás es cuento...
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/21/andalucia/1316633225.html?a=99f3c6a6f440880dcff5e48b438478a0&t=1316636780&numero=
Actualizado miércoles 21/09/2011 21:27 horas
En su auto, la juez de instrucción 6 requiere directamente a la Junta para que, a la vista de la "cronología, importancia de las cantidades otorgadas y circunstancias de algunas empresas", informe sobre 40 expedientes nuevos.
Entre otros, la juez Mercedes Alaya pide a la Consejería de Empleo andaluza que informe sobre las ayudas de "más de un millón de euros" entregados entre 2009 y 2010 a la Federación Regional de Industrias Afines de la UGT, los 3.743.000 euros en ayudas a Cervezas Alhambra en 2003 y otros 559.000 en 2010, y otros 3.265.000 euros entregados a la Fábrica San Carlos.
Minas de Riotinto, La Jarosa Desarrollo Turístico de la Sierra Norte, Corral del Conde de Sierra Morena o Autologística de Andalucía son otras tantas empresas que serán investigadas.
En cuanto al bufete del catedrático sevillano Manuel Olivencia, cuya hija está casada con Javier Arenas, la juez requiere a la Junta para que remita copia de los contratos de servicios y facturas por asesoramiento, que en este caso ascendieron a 104.000 euros en marzo de 2002 y 15.000 euros en julio de ese año.
En este apartado, la juez incluye otras once facturas que no superaban los 15.000 euros cada una cobradas por Estudios Jurídicos Villasís de Sevilla y 14 facturas de Alpha Corporate.
Las peticiones de la juez se completan con las historias registrales de varias empresas de El Pedroso (Sevilla), localidad natal del exdirector general de Empleo imputado Francisco Javier Guerrero, donde han aparecido numerosos "intrusos" que estos días están declarando ante la juez como imputados.
En abril pasado, cuando trascendió la posible relación del bufete Olivencia con la investigación de los ERE, el PP acusó al PSOE de "no tener escrúpulos" al intentar comparar a un jurista de prestigio como Olivencia con los intrusos aparecidos en los ERE irregulares financiados por la Junta y con comisionistas "de poca monta".
En rueda de prensa, la portavoz parlamentaria del PP-A, Esperanza Oña, calificó entonces de "burda maniobra" la información de que la Junta abonó casi 120.000 euros al bufete Olivencia-Ballester.
en 7:18 Enlaces a esta entrada
SELECCION DE LAS MEJORES PERLAS Y TEXTO COMPLETO DE LA SENTENCIA QUE LE DA LA RAZÓN A ALAYA.
Para quien tenga interés, este enlace nos lleva a un pdf con la sentencia completita. Recomendable su lectura para mandar al paro a aquellos que hacen interpretaciones interesadas desde los mentideros del Cortijo. Es sano leer sin intermediarios las fuentes de las noticias.
http://estaticos.elmundo.es/documentos/2011/09/20/sentencia_ere.pdf
Y aquí la selección personal de los momentos de la sentencia que me dan mas placer leer, acompañado de los comentarios de un servidor que es, a todas luces, lego en la materia...:
"Por otra parte y tratándose del supuesto de aportación de
documentos a un proceso a requerimiento de los correspondientes órganos
jurisdiccionales, para que surja el conflicto no basta con la invocación del carácter
secreto, reservado o confidencial del documento sino que, en primer lugar, es
preciso que efectivamente se trate de documentos a los que la norma atribuya
dicho carácter y, en segundo lugar, es necesario hacer valer, por parte de la
Administración que rechaza la aportación solicitada, la titularidad de la
competencia para decidir respecto de dicha reserva o confidencialidad, pues,
como expresa con toda claridad la citada sentencia de este Tribunal de 5 de
marzo de 2007, “
atribuida una competencia. La competencia significa la atribución legal de una
potestad de decidir, con exclusión de cualquier otro órgano, administrativo o
judicial. Una cosa es que la Administración tenga conferidos por la Ley
determinados derechos o impuestos ciertos deberes, una cosa es ser titular de un derecho o de un deber y otra muy distinta que tenga atribuida una competencia para decidir sobre los mismos”." (No vale decir "chirrín chirrán mi casa está cerrá" cuando le conviene al primer cortijero que pasa. Por otro lado, nos señala que no es lo mismo la potestad para decidir sobre las cosas que la potestad para decidir la naturaleza de esa decisión sobre las cosas)
Se concluye de todo ello, que las actas de las reuniones del
Consejo de Gobierno son públicas y no tienen carácter reservado en cuanto al
contenido que les es propio y que se contempla en el art. 30.3 de la Ley 6/06, con
las precisiones que se acaban de hacer, y en ese sentido ninguna competencia
puede invocar con éxito el Consejo de Gobierno para “hacerlas públicas”, como
se pretende en el requerimiento de inhibición formulado a la titular del Juzgado de
Instrucción nº 6 de Sevilla, lo que determina la improcedencia de dicho
requerimiento y de la denegación de la remisión de las actas consecuencia del
Puede añadirse, para concluir este apartado, que nada tiene en
común la reserva a que se refiere el art. 31.1 de la citada Ley 6/2006, con la
regulación de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, que se
invoca por el Ministerio Fiscal y se refiere en otros escritos de las partes, Ley en
la que se posibilita la declaración de materias reservadas por el contenido y
alcance de los actos, documentos, informaciones o datos en cuanto “pueda dañar
o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado” (art. 2), determinando el
órgano competente para efectuar la calificación o proceder a cancelar la misma
(arts. 4 y 7), señalando los efectos de tal calificación (art. 8) y la necesidad de
que la calificación se lleve a cabo mediante acto formal con los requisitos que
reglamentariamente se determinen (art. 10). Por eso, faltando el presupuesto, no
resulta de aplicación a este caso lo argumentado en la citada sentencia de 14 de
diciembre de 1995. ( O sea, para declarar algo secreto o reservado hace falta haber seguido un procedimiento. Precisamente para evitar que esto se convierta en el c... de la Bernarda,-mas si cabe- , por lo que no valen post-it con la tinta fresca, tan socorridos en los expedientes cortijeros. Así que ojito con lo que declara la Junta reservado, en que lo fundamenta y como lo procedimenta, por no hablar de como en el siguiente párrafo el Supremo reflexiona sobre el alcance y la capacidad de determinar temas como secretos y reservados a un organismo mindundi -para estos asuntos- como es un gobierno autonómico.)
Queda por examinar, según se ha expuesto, el ejercicio
de las competencias que la Administración autonómica tiene en relación con los
supuestos en los que en las actas, excediéndose del contenido que les es propio
según el art. 30.3 de la Ley 6/2006, se deje constancia de documentos,
deliberaciones, opiniones o votos a los que se refiere el art. 31 de la misma. Tal
situación ha sido tomada en consideración por el legislador en las más recientes
normas procesales, caso de la Ley 29/1998, de 13 de julio de Jurisdicción
Contencioso Administrativa, en cuyo art. 48 se prevé la posibilidad de excluir del
expediente remitido por la Administración, mediante resolución motivada, los
documentos clasificados como secreto oficial y, también, la posterior Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria a los procesos
penales (art. 4), en cuyo art. 332, dispone que las dependencias públicas no
podrán negarse a expedir las certificaciones y testimonios que sean solicitados
por los tribunales, excepto cuando se trate de documentación legalmente
declarada o clasificada como de carácter reservado o secreto, en cuyo caso se
dirigirá al tribunal exposición razonada sobre dicho carácter.
Se deduce de ello que, si tal caso se diese, el Consejo de Gobierno,
tras una identificación del acta o actas correspondientes, tendría la posibilidad de
dirigir al Juzgado dicha exposición razonada denegatoria, pero bien entendido
que ello solo puede afectar a ese concreto y efectivo contenido reservado del
acta no al resto de la misma que no pierde su carácter público y que, en todo
caso, ha de plantearse de manera razonada en relación con el acta o actas
concretas en las que se aprecie ese contenido impropio de las mismas y afectado
por el carácter secreto o reservado. No es procedente, por lo tanto, la genérica
negativa a la remisión de las actas solicitadas por la sola afirmación, sin la
necesaria concreción, de que pueden contener documentos reservados o
aspectos secretos de las deliberaciones, opiniones o votos. De manera que
tampoco desde este punto de vista se justifica el requerimiento de inhibición
dirigido al Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla y la consiguiente denegación de
remisión de las actas solicitadas, sin perjuicio de que el Consejo de Gobierno
pueda excluir de dicha remisión, fundadamente, la parte del acta o actas que se
refieran a dichas materias reservadas.
La resolución de las discrepancias de las partes en
conflicto pasa por el examen de las siguientes cuestiones: en primer lugar, la
naturaleza de las actas como documento; en segundo lugar, el contenido
legalmente establecido sobre el que se proyecta el carácter de las actas y su
incidencia en las competencias invocadas por las partes; y, en tercer lugar, la
eventual inclusión en las actas de documentos reservados o materias secretas a
que se refiere el art. 31 de la referida Ley 6/2006 y el ejercicio de las
competencias que al efecto se reconocen al Consejo de Gobierno.
Pues bien, las actas en general constituyen un tipo de documento
con presencia en muy variados ámbitos jurídicos: notarial, judicial, administrativo,
por citar algunos, con diverso contenido, pero con una finalidad común, cual es,
dejar constancia de hechos, acuerdos o decisiones y ello, en general, con la
intervención de los correspondientes fedatarios, es decir, tienen por objeto
informar y dar a conocer lo sucedido de manera oficial y fehaciente,
configurándose así como documentos públicos, según resulta, entre otros, de los
números 1º, 2º y 5º del art. 317 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil. Por lo tanto, no es conforme a su naturaleza mantener o
defender el carácter reservado de las actas así configuradas.
Junto a esa finalidad, las actas, al dar cuenta de las circunstancias
en que se ha producido el hecho, acuerdo o decisión, cumplen otra función no
menos trascendente, cual es conocer su alcance y regularidad (actuación del
órgano competente, quorum, plazos, informes,...) a cuyo efecto es el legislador el
que, en cada caso, determina el contenido del acta de que se trata y con ello
aquellos aspectos de los que se deja constancia para su preciso y fiel
La regulación y alcance de las actas del Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Andalucía, no supone ninguna excepción sino que participa de
estas características, siendo levantadas por el correspondiente fedatario, en este
caso la Secretaría del Consejo de Gobierno (art. 34.2, Ley 6/2006) o la Secretaría
de Actas (art. 34.4), y precisando el legislador autonómico cual es su contenido
en el art. 30.3 de dicha Ley 6/2006, que no es otro que la constancia de las
circunstancias relativas al tiempo y lugar de su celebración, la relación de los
asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados, precepto de
idéntico contenido al art. 18.4 de la Ley estatal 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno. Es el legislador, que no desconoce la doble naturaleza de las
funciones del Consejo de Gobierno y tampoco el principio de publicidad que en
un Estado social y democrático de Derecho informa la actuación de los poderes
públicos –son indicativas al respecto las referencias constitucionales de los
artículos 9.3, 24.2 en relación con el 120.1, 80 y 105.b)- el que determina los
hechos y circunstancias de las que deben dejar constancia e informar tales actas,
lejos por lo tanto de otorgarles un carácter reservado que iría en contra de su
propia naturaleza y finalidad. (Las actas son lo que son y están para lo que están. Si uno quiere volver a la diplomacia secreta de finales del XIX y principios del XX, no hace actas. Que se lo pregunten a Bismarck)
Declaramos la improcedencia del requerimiento de inhibición y
subsiguiente conflicto de jurisdicción planteado por el Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Andalucía respecto del Juzgado de Instrucción nº 6 de
Sevilla, de conformidad y en los términos que se han expuesto en el cuerpo de
esta resolución.y...PUMBA, PUMBA, PUMBA, el Cortijo se derrumba! (esto último lo añadimos desde este blog)
Todo ello conduce, sin necesidad de examinar otras
alegaciones de las partes (pa qué mirar mas...) que no alteran la resolución de este procedimiento, a
declarar la improcedencia del requerimiento de inhibición y subsiguiente conflicto
de jurisdicción planteado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de Andalucía respecto del Juzgado de Instrucción nº6 de Sevilla, de conformidad
y en los términos que se han expuesto en los anteriores fundamentos de
Debe añadirse, para terminar, que la discrepancia con las
resoluciones del Juzgado dictadas en el ejercicio de sus competencias, debe
solventarse (como de hecho ha ocurrido) por vía de los recursos judiciales en el
ámbito que es propio, por tanto al margen del conflicto de jurisdicción. Por ello
carecen de virtualidad las alegaciones de la Junta de Andalucía sobre la
razonabilidad y proporcionalidad de la diligencia judicial adoptada, que además
ha sido confirmada judicialmente, por auto de la Audiencia Provincial de Sevilla
de 20 de junio de 2011. (Aquí un toque a la Junta para que no le vuelvan a molestar con lloriqueos distintos al estrictamente relacionado con el conflicto jurisdiccional)
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References: artículo 30
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