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Orden de 27 de abril de 2001, por la que se regula la prestación de servicios entre la Comunidad Autónoma de Cantabria y las Entidades Locales en materia de recaudación de ingresos en vía ejecutiva (Vigente hasta el 25 de Junio de 2009).
Publicado en BOC núm. 94 de 17 de Mayo de 2001
Vigencia desde 18 de Mayo de 2001. Esta revisión vigente desde 18 de Mayo de 2001 hasta 25 de Junio de 2009
Artículo 3 Funciones de las Entidades Locales
Artículo 4 Funciones de la Recaudación del Gobierno de Cantabria
Artículo 7 Adjudicaciones de bienes a la Entidad Local
Artículo 8 Costas del procedimiento
Artículo 9 Coste del servicio en concepto de «Administración y Cobranza»
Artículo 10 Liquidaciones
BOC 19 Junio. Corrección de errores Orden Economía y Hacienda 27 Abr. 2001 CA Cantabria (regulación de la prestación de servicios entre la CA Cantabria y las entidades locales en materia de recaudación en vía ejecutiva)
Orden HAC/17/2009 de 15 Jun. CA Cantabria (modificación de la Orden 27 Abr. 2001, por la que se regula la prestación de servicios entre la Comunidad Autónoma de Cantabria y las entidades locales en materia de recaudación de ingresos en vía ejecutiva)
Párrafo segundo del artículo 1 redactado por el número 1 del artículo único de la O [CANTABRIA] HAC/17/2009, 15 junio, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 27 de abril de 2001, por la que se regula la prestación de servicios entre la Comunidad Autónoma de Cantabria y las entidades locales en materia de recaudación de ingresos en vía ejecutiva («B.O.C.» 24 junio). Letra F) del artículo 4 renombrada por el número 2 del artículo único de O [CANTABRIA] HAC/17/2009, 15 junio, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 27 de abril de 2001, por la que se regula la prestación de servicios entre la Comunidad Autónoma de Cantabria y las entidades locales en materia de recaudación de ingresos en vía ejecutiva («B.O.C.» 24 junio), su contenido literal se corresponde con el de la anterior letra G). Letra G) del artículo 4 renombrada por el número 2 del artículo único de O [CANTABRIA] HAC/17/2009, 15 junio, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 27 de abril de 2001, por la que se regula la prestación de servicios entre la Comunidad Autónoma de Cantabria y las entidades locales en materia de recaudación de ingresos en vía ejecutiva («B.O.C.» 24 junio), su contenido literal se corresponde con el de la anterior letra H). Letra H) del artículo 4 renombrada y redactada por los números 2 y 3 del artículo único de O [CANTABRIA] HAC/17/2009, 15 junio, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 27 de abril de 2001, por la que se regula la prestación de servicios entre la Comunidad Autónoma de Cantabria y las entidades locales en materia de recaudación de ingresos en vía ejecutiva («B.O.C.» 24 junio), su contenido se corresponde con el de la anterior letra I). Párrafo inicial del Artículo 6 introducido por el número 4 del artículo único de O [CANTABRIA] HAC/17/2009, 15 junio, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 27 de abril de 2001, por la que se regula la prestación de servicios entre la Comunidad Autónoma de Cantabria y las entidades locales en materia de recaudación de ingresos en vía ejecutiva («B.O.C.» 24 junio). Párrafo segundo del artículo 6 suprimido por el número 5 del artículo único de O [CANTABRIA] HAC/17/2009, 15 junio, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 27 de abril de 2001, por la que se regula la prestación de servicios entre la Comunidad Autónoma de Cantabria y las entidades locales en materia de recaudación de ingresos en vía ejecutiva («B.O.C.» 24 junio). Artículo 9 redactado por el número 6 del artículo único de la O [CANTABRIA] HAC/17/2009, 15 junio, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 27 de abril de 2001, por la que se regula la prestación de servicios entre la Comunidad Autónoma de Cantabria y las entidades locales en materia de recaudación de ingresos en vía ejecutiva («B.O.C.» 24 junio).
O [CANTABRIA] 27 abril 2001, rectificada por Corrección de errores («B.O.C.» 19 junio).
La Ley 7/1985 de 2 de abril de 1985 reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 106.3 establece: «Es competencia de las Entidades Locales, la gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones que puedan otorgar a favor de las Entidades Locales de ámbito superior o de las respectivas Comunidades Autónomas y de las formulas de colaboración con otras Entidades Locales, con las Comunidades Autónomas o con el Estado, de acuerdo con lo que establezca la Legislación del Estado». En el mismo sentido, el artículo 6.2.b) del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación dispone: «La gestión recaudatoria de estas Entidades está atribuida a las mismas y se llevará a cabo por otros entes territoriales a cuya demarcación pertenezcan, con los que se haya formalizado el correspondiente convenio o en los que se haya delegado esta facultad».
Por otra parte, la función recaudatoria de las Entidades Locales está limitada legalmente a su ámbito territorial, pudiendo encomendarse a la Comunidad Autónoma la recaudación en vía ejecutiva de los tributos propios y resto de recursos económicos de estas Entidades respecto a las actuaciones que deban realizarse fuera de dicho ámbito territorial del municipio de acuerdo con la normativa vigente al respecto, así, el artículo 8.3 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre de 1988 reguladora de las Haciendas Locales dice: «Las actuaciones en materia de inspección o recaudación ejecutiva que hayan de efectuarse fuera del territorio de la respectiva Entidad Local en relación con los tributos propios de ésta, serán practicadas por los órganos competentes de la correspondiente Comunidad Autónoma, cuando deban realizarse en el ámbito territorial de esta, y por los órganos competentes del Estado en otro caso, previa solicitud del presidente de la Corporación».
Con el fin de llevar a la práctica el mandato legal de gestión de la recaudación ejecutiva, tanto en el caso de que exista una delegación expresa como en el caso en que, no existiendo esta, la gestión recaudatoria deba efectuarse fuera del territorio de las Entidades Locales que así lo soliciten de la Comunidad Autónoma, será preciso establecer un cauce administrativo para la tramitación y realización efectiva de las peticiones que dichas Entidades efectúen.
No obstante, las solicitudes de prestación de servicios en materia de recaudación ejecutiva provenientes de Entidades Locales con las que no existan suscritos convenios de recaudación, o no se contemple en dichos convenios la recaudación de determinado recurso tributario o de otro tipo, constituyen una especialidad dentro del procedimiento de recaudación con dos aspectos relevantes; El primero de ellos es que la captura de datos por el sistema de gestión de ingresos de la Comunidad Autónoma, debe realizarse mediante la presentación por parte de las Entidades Locales de un modelo normalizado y el segundo, que la liquidación de los fondos recaudados a las Entidades Locales será semejante a la efectuada en el caso de la recaudación tributos locales gestionada por la Comunidad Autónoma a través de los convenios formalizados con aquellas Entidades Locales que lo han demandado.
Estas encomiendas se producirán de manera no periódica, pudiendo solicitarse únicamente la realización de un acto recaudatorio concreto o la substanciación de todo el procedimiento ejecutivo a partir del dictado de las providencias de apremio por el órgano competente de la Entidad Local.
Por tanto, la Comunidad Autónoma de Cantabria asumiría la gestión recaudatoria en vía ejecutiva de los tributos locales y otros recursos económicos de las Entidades Locales cuando así lo requiriesen éstas, bien por tratarse de recursos cuya gestión y/o recaudación no estuviese recogida expresamente en los convenios que pudieran haberse suscrito, bien por exceder la gestión recaudatoria o la realización de alguno de los actos recaudatorios que la integran del ámbito competencia de dichas Entidades.
No siendo operativo el establecimiento de convenios puntuales con las distintas Entidades Locales por cada solicitud de prestación del servicio de recaudación ejecutiva que se formule a la Comunidad Autónoma, deviene necesario unificar el procedimiento a seguir y establecer los términos y condiciones en que la prestación del servicio se ha de desarrollar mediante la elaboración de la norma correspondiente que regule todo el proceso, desde la solicitud mediante documentos de entrada que permitan el acceso al sistema de gestión de ingresos de la Comunidad Autónoma, hasta la liquidación y transferencia de las cantidades recaudadas en vía ejecutiva a las Entidades Locales.
En consecuencia, en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 34.e) de la Ley 2/1997, de 28 de abril, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y a propuesta de la Dirección General de Hacienda,
El Gobierno de Cantabria asumirá la gestión recaudatoria en vía ejecutiva que se le encomiende por las distintas Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria de los recursos económicos siguientes:
- Tributos propios
- Multas y Sanciones que constituyan recursos económicos de la Entidad Local.
- Otros recursos económicos.
Su ámbito de aplicación alcanza a los recursos económicos de las Entidades Locales que soliciten la prestación del servicio en materia de recaudación ejecutiva de aquellos y que no tengan suscrito convenio a tal efecto, o cuya gestión recaudatoria se refiera a recursos de dichas Entidades no incluidos en convenio formalizado con el Gobierno de Cantabria y/o cuya gestión recaudatoria en vía ejecutiva deba realizarse fuera del territorio de la Entidad solicitante. A partir de: 25 junio 2009 Párrafo segundo del artículo 1 redactado por el número 1 del artículo único de la O [CANTABRIA] HAC/17/2009, 15 junio, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 27 de abril de 2001, por la que se regula la prestación de servicios entre la Comunidad Autónoma de Cantabria y las entidades locales en materia de recaudación de ingresos en vía ejecutiva («B.O.C.» 24 junio).
La prestación del servicio de recaudación ejecutiva solicitado deberá ajustarse a los principios y preceptos establecidos en las siguientes disposiciones:
- Ley 1/1998, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes.
- Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
- Normativa aplicable en el ámbito de las Corporaciones Locales.
- La presente Orden.
Corresponderá, en todo caso, a las Entidades Locales solicitantes:
B) Dictar y emitir las providencias de apremio y resolver los recursos e incidencias relacionadas con las mismas, tales como las solicitudes de suspensión presentadas junto con los recursos o reclamaciones que se interpongan contra las providencias de apremio, comunicando tal incidencia al órgano recaudador de la Comunidad Autónoma e informando, en su caso, de las garantías aportadas.
C) Acordar la declaración de créditos incobrables a propuesta del órgano recaudador de la Comunidad Autónoma.
D) Liquidar los intereses de demora por los débitos recaudados en vía ejecutiva, sin perjuicio de lo establecido en los apartados b) c) y d) del artículo 109 del Reglamento General de Recaudación.
Corresponderá a los servicios de recaudación del Gobierno de Cantabria:
A) Las actuaciones del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva, establecidas en el Reglamento General de Recaudación no citadas en el apartado anterior.
B) Resolución de solicitudes de aplazamientos y fraccionamientos en período ejecutivo.
C) Resolución de solicitudes de suspensión correspondientes a actos administrativos de la Comunidad Autónoma impugnados en vía ejecutiva en las que sea competente el órgano recaudador de esta Comunidad, de acuerdo con lo dispuesto al respecto en el Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico Administrativas.
Cuando la interrupción por causa de la suspensión del procedimiento sea superior a los seis meses, la Comunidad Autónoma se descargará de la gestión recaudatoria de las correspondientes deudas en los casos en los que la resolución del recurso o reclamación sea competencia de la Entidad Local.
D) Resolver las reclamaciones previas a la interposición de las acciones civiles de tercerías que puedan promoverse en el procedimiento de apremio.
E) Conocer y resolver en vía administrativa los recursos interpuestos contra las actuaciones del procedimiento de recaudación en vía ejecutiva (excepto los que correspondan a la Entidad Local).
F) La defensa de los derechos de cobro relativos a los recursos objeto de la presente Orden que se hallen sujetos a proceso concursal. A estos efectos, la representación corresponderá a los órganos de la Comunidad Autónoma que tienen asignada dicha competencia sin perjuicio de que la Entidad Local recabe para si esta función.
Previamente a la suscripción de acuerdos o convenios que puedan afectar a los recursos objeto de esta Orden, la Comunidad Autónoma dará traslado de su contenido a la Entidad Local, entendiéndose la conformidad de esta si en los diez días siguientes no manifestara su oposición.
G) La adopción de medidas cautelares según lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley General Tributaria.
Letra F) del artículo 4 renombrada por el número 2 del artículo único de O [CANTABRIA] HAC/17/2009, 15 junio, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 27 de abril de 2001, por la que se regula la prestación de servicios entre la Comunidad Autónoma de Cantabria y las entidades locales en materia de recaudación de ingresos en vía ejecutiva («B.O.C.» 24 junio), su contenido literal se corresponde con el de la anterior letra G).
H) La ejecución de garantías conforme a lo establecido en el artículo 111 del Reglamento General de Recaudación.
Letra G) del artículo 4 renombrada por el número 2 del artículo único de O [CANTABRIA] HAC/17/2009, 15 junio, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 27 de abril de 2001, por la que se regula la prestación de servicios entre la Comunidad Autónoma de Cantabria y las entidades locales en materia de recaudación de ingresos en vía ejecutiva («B.O.C.» 24 junio), su contenido literal se corresponde con el de la anterior letra H).
I) La Comunidad Autónoma procederá a la devolución de ingresos indebidos consecuencia de incidencias en el proceso de recaudación en período ejecutivo, independientemente de que el acuerdo de devolución se hubiese adoptado por la Entidad Local en los casos de errores materiales de hecho o aritméticos ocurridos en los actos dictados por la Entidad Local en tanto en cuanto no haya concluido la gestión de la deuda por el órgano recaudador de la Comunidad Autónoma. Una vez finalizada la gestión y transferidos los fondos recaudados a la Entidad Local, esta será competente para efectuar la devolución de ingresos indebidos.
Las actuaciones realizadas por los interesados o documentos presentados por los mismos ante los órganos de ambas Administraciones serán admitidos por el órgano receptor y comunicados o remitidos al órgano competente.
Letra H) del artículo 4 renombrada y redactada por los números 2 y 3 del artículo único de O [CANTABRIA] HAC/17/2009, 15 junio, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 27 de abril de 2001, por la que se regula la prestación de servicios entre la Comunidad Autónoma de Cantabria y las entidades locales en materia de recaudación de ingresos en vía ejecutiva («B.O.C.» 24 junio), su contenido se corresponde con el de la anterior letra I).
1.- Las solicitudes de prestación del servicio de recaudación en vía ejecutiva serán formuladas por el Presidente de la Entidad o Corporación Local y se dirigirán a la Consejería de Economía y Hacienda.
Vencidos los plazos de ingreso en período voluntario sin haberse satisfecho las deudas, el órgano competente del Ayuntamiento dictará y emitirá las correspondientes providencias de apremio. La prestación del servicio de recaudación ejecutiva deberá formalizarse mediante la emisión de «cargos» de periodicidad (máxima) trimestral por concepto según modelo descrito en Anexo 1. Se emitirá un cargo por cada uno de los tributos o recursos en los que se asume la recaudación ejecutiva, comprendiendo las providencias de apremio correspondientes a las deudas apremiadas por cada concepto. A cada «cargo» remitido, se acompañarán los datos que se indican en el Anexo 2, pudiendo solicitarse la información adicional que para la gestión de cobro precise el órgano recaudador.
Igualmente, en el momento en que se produzca la informatización de los procedimientos de gestión recaudatoria en vía ejecutiva de la Consejería de Economía y Hacienda, y a requerimiento de dicha Consejería deberán remitirse los datos individuales de las providencias de apremio dictadas por los Ayuntamientos mediante soporte informático de acuerdo con las especificaciones técnicas que en su día se establezcan y que serían oportunamente comunicadas a aquellos, debiendo validarse esta información por el sistema informático de la Comunidad Autónoma.
2.- Para las órdenes de embargo, en aquellos casos en que el embargo no se inscriba en un Registro Público, (ya que los órganos locales de recaudación lo solicitarán directamente al Registro que corresponda en el supuesto de que se trate de bienes cuyo embargo si es inscribible) y/o enajenación de bienes o derechos concretos, remitidas por las Entidades Locales, además de los datos descritos anteriormente respecto a las providencias de apremio, se aportará la siguiente información:
a) Deberá hacerse constar por la Entidad Local que solicite la prestación de servicios, la inexistencia en su ámbito de competencia territorial de bienes embargables o su insuficiencia para satisfacer la deuda y haberse procedido con arreglo al orden de embargo establecido en el artículo 131 de la Ley General Tributaria.
b) Descripción exacta del bien o derecho a embargar o enajenar.
c) Datos registrales, en su caso, del bien o derecho a embargar o enajenar.
d) Certificado de cargas del bien o derecho a embargar o enajenar y saldo pendiente o situación de las deudas garantizadas con dichas cargas la fecha de solicitud de gestión a la Comunidad Autónoma.
Cuando se encomiende por las Entidades Locales al órgano de recaudación de la Comunidad Autónoma la realización de un acto de embargo sobre un bien o derecho determinado, la Entidad local, en aplicación del mencionado artículo 131 de la Ley General Tributaria, concordante con el artículo 112 del Reglamento General de Recaudación, deberá paralizar otras actuaciones de embargo que pudiesen contravenir lo dispuesto en dicho artículo respecto al orden de embargo a guardar en todo procedimiento administrativo de apremio.
Procediéndose de igual forma que en el caso anterior, se validarán los datos aportados y se aceptará el cargo o se remitirá a la Entidad Local para la corrección de los defectos detectados.
En los casos en que la totalidad del procedimiento ejecutivo haya de realizarse por la Comunidad Autónoma (a partir de la emisión de la providencia de apremio por el órgano competente de la Entidad Local) no se incluirán en los cargos enviados para su recaudación ejecutiva, aquellas deudas cuyas providencias de apremio hayan sido notificadas por la Entidad Local.
Párrafo inicial del Artículo 6 introducido por el número 4 del artículo único de O [CANTABRIA] HAC/17/2009, 15 junio, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 27 de abril de 2001, por la que se regula la prestación de servicios entre la Comunidad Autónoma de Cantabria y las entidades locales en materia de recaudación de ingresos en vía ejecutiva («B.O.C.» 24 junio).
El cobro de las deudas cuya recaudación en vía ejecutiva se encomiende a la Comunidad Autónoma sólo podrá realizarse por el órgano de recaudación de esta o por sus entidades colaboradoras según los medios o procedimientos establecidos en el Reglamento General de Recaudación.
En el supuesto de que el sujeto pasivo hiciese efectivo el pago de la deuda en la caja de la Entidad Local deberá remitirse por esta, al órgano recaudador de la Comunidad Autónoma, comunicación acreditativa del pago de forma inmediata y en un plazo no superior a cinco días, al objeto de suspender y finalizar las actuaciones que estuviesen en curso. En ningún caso se admitirían pagos parciales de la deuda en la caja de la Entidad Local, en tanto en cuanto se esté desarrollando por la Comunidad Autónoma la encomienda de recaudación solicitada por la Entidad Local. A partir de: 25 junio 2009 Párrafo segundo del artículo 6 suprimido por el número 5 del artículo único de O [CANTABRIA] HAC/17/2009, 15 junio, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 27 de abril de 2001, por la que se regula la prestación de servicios entre la Comunidad Autónoma de Cantabria y las entidades locales en materia de recaudación de ingresos en vía ejecutiva («B.O.C.» 24 junio).
1.- Si como consecuencia de la ejecución del procedimiento de apremio se llegase a la enajenación de bienes embargados, o el acto de recaudación ejecutiva solicitado por la Entidad Local se refiriese exclusivamente a la enajenación de bienes embargados, esta se llevará a efecto mediante subasta pública, concurso o adjudicación directa según se establece en el Reglamento General de Recaudación.
Para ser admitidas, las solicitudes de enajenación deberán cumplir los siguientes requisitos:
1.° Deberá hacerse constar la inexistencia en el territorio de la Entidad Local de bienes embargables o su insuficiencia para satisfacer la deuda y haberse guardado el orden requerido para el embargo en el artículo 131 de la LGT 230/1963.
2.° Deberá justificarse la notificación al deudor y demás interesados de que la enajenación se realizará a través del órgano competente de la Comunidad Autónoma.
3.° En el caso de que el deudor hubiese aportado a la Entidad Local los títulos de propiedad de los bienes a enajenar, deberán remitirse al órgano recaudador de la Comunidad Autónoma.
2.- Cuando en el procedimiento de adjudicación no se hubieren adjudicado los bienes embargados, podrá la Entidad Local adjudicarse dichos bienes en los términos regulados por dicho Reglamento, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
1.°- El órgano recaudador de la Comunidad Autónoma ofrecerá a la Entidad Local la adjudicación del bien o derecho, señalando si existen cargas o gravámenes preferentes al derecho de esta, el importe de los mismos y el valor en que han de ser adjudicados los bienes.
2.°- La Entidad Local deberá comunicar la resolución adoptada al órgano recaudador de la Comunidad Autónoma en plazo no superior a los tres meses.
3.°- A efectos de lo dispuesto en el artículo 31.2 de la Ley 1/1998, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, la Entidad Local comunicará a la Comunidad Autónoma si el acto de liquidación es firme. En todo caso, y previamente al acuerdo de enajenación, la Comunidad Autónoma podrá solicitar a la Entidad Local certificado sobre la firmeza de la liquidación, debiendo expedirse aquel en el plazo de quince días.
Tienen la consideración de «Costas del procedimiento», aquellos gastos que se originen durante la actuación recaudatoria, especificados en el Reglamento General de Recaudación.
Las costas en que se hubiera incurrido, que no puedan ser cobradas a los deudores, correrán a cargo de la Entidad Local, minorando el importe a transferir a la misma en la liquidación de los fondos recaudados.
La Entidad Local abonará al Gobierno de Cantabria, por el concepto de «administración y cobranza», tanto en el caso de encomienda del procedimiento ejecutivo íntegro como en el supuesto de realización de un determinado acto recaudatorio, el 50% del recargo recaudado en vía ejecutiva.
Cuando se encomiende la realización de un procedimiento de embargo concreto respecto a un bien o derecho del deudor, y el Ayuntamiento titular del derecho obtenga por otros medios el importe del débito perseguido, igualmente se devengará a favor del Gobierno de Cantabria el coste de servicio previsto en este artículo.
En el caso previsto en el apartado «F» del artículo 4 de la presente Orden, se repercutirán a la Entidad Local todos los gastos y costes derivados de la actuación de la Comunidad Autónoma aparte del coste del servicio en concepto de administración y cobranza a que se refiere este artículo.
Se establece un coste de servicio mínimo de 5.000 pesetas por expediente administrativo de apremio, independientemente del importe del débito cuya recaudación se encomiende.
Artículo 9 redactado por el número 6 del artículo único de la O [CANTABRIA] HAC/17/2009, 15 junio, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 27 de abril de 2001, por la que se regula la prestación de servicios entre la Comunidad Autónoma de Cantabria y las entidades locales en materia de recaudación de ingresos en vía ejecutiva («B.O.C.» 24 junio).
Los fondos recaudados en período ejecutivo se ingresarán en las cuentas restringidas del Gobierno de Cantabria remitiéndose anualmente un estado de liquidación en el que se especificarán las deudas cuya gestión de cobro esté concluida, procediéndose simultáneamente a la transferencia de los fondos recaudados a la cuenta que por la Entidad Local se designe al efecto, minorados por el coste del servicio, las costas devengadas (se acompañará justificante de las mismas) y las devoluciones de ingresos indebidos efectuadas por la Comunidad Autónoma.
En el caso de peticiones de realización de embargos y/o enajenación puntuales, y en el supuesto de que la recaudación obtenida fuese inferior a las costas producidas y estas no se hubiesen podido repercutir a los deudores, el órgano de recaudación de la Comunidad Autónoma practicará liquidación a la Entidad Local por el importe de las costas devengadas no recuperadas.

References: Artículo 3

Artículo 4

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 Artículo 6
 artículo 6
 Artículo 9
 artículo 106
 artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 8
 artículo 34
 artículo 1
 Real Decreto 
 artículo 109
 Resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 128
 artículo 4
 artículo 111
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 131
 artículo 131
 artículo 112
 Artículo 6
 artículo 6
 artículo 131
 resolución 
 artículo 31
 artículo 4

Artículo 9