Source: https://e-justice.europa.eu/content_access_to_justice_in_environmental_matters-300-at-lv.do?clang=es&mtContentRequested=1
Timestamp: 2020-07-11 02:58:56+00:00

Document:
Acceso a la justicia en materia de medio ambiente - Austria
La Constitución federal austriaca no consagra un derecho subjetivo a limpios, sanos, favorables, etc.).
Austria se adhiere plenamente al objetivo general de protección del medio ambiente. Desde 1984 esta confesión consagrados en la Ley constitucional federal (Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) para una protección eficaz del medio ambiente (B-VG über den umfassenden Umweltschutz), pero no establece un derecho fundamental a la protección del medio ambiente. La Ley Constitucional Federal de Austria no nucleares (B-VG über ein atomfreies Österreich) se refiere a la prohibición de la producción de energía nuclear en Austria. La Ley constitucional federal regula el reparto de competencias entre el Estado Federal, las regiones y autoridades locales en el ámbito de la protección del medio ambiente.
De acuerdo con la Ley Constitucional Federal austriaca (B-VG) la protección del medio ambiente es una cuestión transectorial que se reparte entre el Gobierno Federal y los Estados federados. Así, la legislación federal (por ejemplo, la Ley de gestión de residuos, código de sector 1994, evaluación de impacto ambiental Act 2000, Ley del agua, la Ley forestal provincial) junto a la legislación (por ejemplo, actos relativos a la protección de la naturaleza o Ley de construcción) para regular la protección del medio ambiente.
El Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) con rango constitucional en Austria declara el derecho a un juicio justo para todas las personas en lo relativo a sus derechos y obligaciones de carácter civil, así como los procedimientos penales (Art. 6 de la CEDH). Toda persona tiene derecho a acceder a la justicia — plasmado por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley. Los procedimientos deben llevarse a cabo en público y oralmente. La prestación además incorpora el derecho a una duración razonable del procedimiento. Art. 13 del CEDH garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva.
Para los ciudadanos austriacos no es posible invocar un derecho a un medio ambiente directamente en un procedimiento administrativo o judicial. Ni la Constitución ni el Convenio Europeo de Derechos Humanos o la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea consagran el derecho fundamental.
Las partes pueden invocar directamente los acuerdos internacionales si tienen el estatuto de Derecho constitucional o su contenido y si está suficientemente determinado (Art. 18 Ley Constitucional Federal). Si los órganos competentes (Parlamento, Gobierno federal, el Presidente federal) decidir adoptar un acuerdo internacional mediante actos aparte, reglamentos, etc. no es posible invocación directa (art. 50, apdo. 2, punto 4, Ley constitucional federal).
El Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (Convenio de Aarhus) fue ratificado sin precisar a adoptar el acuerdo mediante actos aparte, reglamentos, etc. En dicho marco jurídico. Si el contenido de sus disposiciones era suficientemente determinado sería posible invocación directa.
Austria aplica el principio de separación de poderes ejecutivos y judiciales. Por eso, tiene que distinguirse
a.) el poder judicial civil y penal, y
b) el poder judicial administrativo.
En materia civil y penal cuatro tipos distintos de los tribunales (enumerados que van del nivel inferior al nivel judicial más alto):
Actuar como órganos jurisdiccionales de primera instancia en los asuntos más importantes
También actúan como tribunales de apelación en relación con los tribunales de distrito
Cuatro tribunales de apelación
Actúan como tribunales de apelación solemnemente ante los tribunales de distrito
Tribunal Supremo en asuntos civiles y penales
Los tribunales civiles y penales no tienen competencia para revisar las decisiones o resoluciones emitidas por las autoridades administrativas.
Básicamente en materia administrativa, no existe tal sistema judicial. Solo algunas de las decisiones adoptadas por los órganos administrativos pueden recurrirse ante los tribunales administrativos independientes en los Estados federados, tribunales administrativos independientes (en lo sucesivo, «UVS»). En caso de que se hayan agotado todas las vías administrativas de reclamación extraordinaria para un órgano jurisdiccional de última instancia (Tribunal Administrativo (Verwaltungsgerichtshof) es la única posibilidad de acceder a un tribunal en materia administrativa. El Tribunal Constitucional (Verfassungsgerichtshof) es competente para el control judicial de la legalidad de las decisiones administrativas o resoluciones administrativas, reglamentarias y la constitucionalidad de las leyes. Por ejemplo, en caso de violación de los derechos fundamentales por parte de los poderes públicos, el Tribunal Constitucional es competente.
Organismos administrativos generales decidir federal de asuntos medioambientales (por ejemplo, ministros, gobernadores regionales especiales de la CE) y las autoridades administrativas para decidir estas cuestiones. La citada revisión independiente a los tribunales administrativos funcionen como organismos federales o regionales del medio ambiente en determinados casos y actúan como órganos de apelación en los procedimientos sancionadores en materia de medio ambiente. Una autoridad independiente en materia de medio ambiente pueden invocarse exclusivamente en las evaluaciones del impacto ambiental, el Senado ambiental independiente (unabhängiger Umweltsenat — EE.UU.) funciona como órgano de apelación.
En general, «forum shopping» (elección de un órgano jurisdiccional competente por una parte en el procedimiento) no es posible en Austria, uno tiene que presentar el caso ante la administración competente) o generales (por ejemplo, tribunal, del nivel adecuado y en el lugar adecuado (ciudad). De todas formas, en algunos procesos civiles posibilidad existe la posibilidad de que las Partes decidirán de común acuerdo qué tribunal es competente cuando se recurre a los tribunales.
El recurso de casación se describe como un desafío de formal, muy a menudo las decisiones jurídicas gubernamentales (por ejemplo, las resoluciones). Utiliza un recurso ordinario contra las resoluciones que aún no son jurídicamente vinculantes (es decir, el plazo de interposición del recurso no finalizó). Los diferentes tipos de recursos ordinarios existentes en el marco jurídico austriaco, ya que hay
(Berufung),
Rekurs y
Vías de recurso extraordinarias tienen por objeto impugnar decisiones jurídicamente vinculantes. La Ley determina en qué condiciones especiales, entre ellas una solución extraordinaria pueden aplicarse.
El tribunal administrativo puede desestimar por infundado el recurso, devuelva la resolución o llevar a cabo un examen del contenido (SEC. 42, apartado 1, de la ley del tribunal administrativo — Verwaltungsgerichtshofgesetz — VwGG). Esto puede hacerse si el asunto examinado pueda ser objeto de decisión y si es mejor considerar los factores simplicidad, aptitud para el uso y el ahorro de gastos (art. 42, apdo. 3 bis) de la ley del tribunal administrativo que la decisión sea adoptada por el Tribunal administrativo. En el caso de una detención preventiva la autoridad administrativa está pues obligada por el dictamen del Tribunal.
Principalmente, la mayoría de los asuntos medioambientales se someten a los procedimientos administrativos, sin embargo, algunas cuestiones medioambientales se decidirán en jurisdicción civil como penal.
En los procedimientos penales, toda persona tiene derecho a denunciar ante el fiscal los actos criminales (por ejemplo, la desviación de poder por parte de determinadas autoridades). Pueden participar como testigo en el procedimiento pero no tienen autoridad para decidir si un caso se presenta ante un tribunal. Solamente el fiscal y el acusado pueden recurrir la decisión del Tribunal.
Derecho civil austriaca, basta con unas disposiciones en materia de medio ambiente. Control de inmisión concede SEC. 364 y 364 bis del Código Civil austriaco (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch; en lo sucesivo, «ABGB»). Se reconoce capacidad procesal a las «vecinos de los vecinos» — se define como toda persona que viva en una zona afectada por una inmisión o instalación. Tienen derecho a una indemnización y una orden permanente. En caso de que la explotación de la instalación está cubierta por una autorización administrativa, el vecino ha de soportar las inmisiones producidas por la instalación (a pesar de que tiene derecho a una indemnización). Solo en el caso en que la inmisión producida por la instalación autorizada, ponga en peligro la vida o la salud de los vecinos se pueden introducir más limitaciones fijados.
Con carácter principal, el acceso a la justicia deba garantizarse a todas las personas cuyos derechos subjetivos que han sido vulnerados por la acción de los Estados. Es un derecho subjetivo garantizado por estas normas, concebidos para defender y proteger así los intereses individuales, entre otros. En este contexto un papel especial está dedicada a los derechos fundamentales cuyo único propósito es proteger los intereses de los particulares contra la acción del Estado.
De acuerdo con la citada reglamentación, una persona posee capacidad procesal en los procedimientos administrativos en relación con las cuestiones medioambientales únicamente si está directamente afectada, por lo que un «derecho subjetivo» ha de verse afectados y la Ley tiene derecho a conceder determinadas partes de una forma que alguien puede empezar o participar en los procedimientos administrativos.
Con carácter principal, los tribunales están vinculados por el contenido de las peticiones presentadas por las partes en el procedimiento — concepto no actúen por iniciativa propia.
La información ambiental debe ser proporcionada por órganos administrativos y otras instituciones con responsabilidades medioambientales. Si estos organismos negarse a facilitar información medioambiental o facilitarla indebidamente o incorrectamente solicitante de la información o la persona directamente afectada por la denegación de información o abusivos, pueden exigir la adopción de una decisión negativa formal (SEC. 8 — Ley de información medioambiental (Umweltinformationsgesetz, UIG) Posteriormente, el demandante tiene derecho a interponer recurso de apelación contra las decisiones negativas emitidos oficialmente con el tribunal administrativo independiente. Tras ello, el solicitante puede recurrir (bescheidbeschwerde) ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal administrativo.
La negativa o insuficiente cumplimiento de la solicitud de información debe justificarse (SEC. 5 UIG) y el solicitante de la información debe ser informado sobre las posibilidades de recurso previstas en el SEC. 8 Ley de información medioambiental (UIG).
Las normas de procedimiento aplicables son, básicamente, las solicitudes de información sobre el medio ambiente fijada por la Ley de información medioambiental (UIG). En todas las cuestiones no reguladas por el presente acto, las disposiciones procesales de la Ley General de Procedimiento Administrativo (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz — AVG) tienen que aplicarse.
Con ocasión de la adopción de la decisión formal la Ley general de procedimiento administrativo ha de aplicarse una filial en caso de que disposiciones sectoriales para el asunto de que se trate no facilitan normas procesales especiales (SEC. 8/2 UIG).
Con arreglo a la Ley general de procedimiento administrativo de los requisitos formales de un recurso son los siguientes:
Básicamente redactadas en lengua alemana
plazo de dos semanas a partir del pronunciamiento de la Decisión negativa formal
El recurso deberá interponerse ante el órgano administrativo que dictó la decisión negativa
Obligatoria en los procedimientos administrativos no están dispuestas a participar. Pero los recursos ante el tribunal administrativo o el Tribunal Constitucional, tienen que ser presentado por un abogado autorizado, en el sentido de asesoramiento obligatorio (s). 24, apartado 2, de la ley del tribunal administrativo y SEC. 17 El apartado 2 Ley del Tribunal Constitucional — Verfassungsgerichtshofgesetz — vfgg).
Los tribunales no tienen acceso a la información cuya accesibilidad es objeto de controversia. El Tribunal de Primera Instancia basa su decisión sobre la base de los elementos de los que se discute, equilibrando así las razones a favor y en contra de la demandante y la Autoridad.
Si el tribunal administrativo independiente considere el recurso de casación justifica la decisión de denegación de la información está controlado. La autoridad está vinculada por la resolución del Tribunal, y de las interpretaciones y la obligación de comunicar la información.
La información medioambiental que regula el régimen de derecho público (öffentliches Recht) consta de una ley federal de información medioambiental (bundes-umweltinformationsgesetz UIG) y nueve regionales — Información medioambiental — actos (landes-umweltinformationsgesetze l-uigs), que abarca las solicitudes de información medioambiental dentro de las competencias legislativas de los nueve Estados federados de Austria (es decir, protección de la naturaleza).
Hay que señalar que Austria no haya un único acto legislativo de Derecho del medio ambiente ni una autoridad competente responsable de los procedimientos relativos a la legislación sobre medio ambiente. Disposiciones sobre protección medioambiental pueden encontrarse en varios actos jurídicos en el ámbito del Derecho civil (en particular los llamados medioambientales), Derecho privado y Derecho penal — en la mayoría de los casos, el Derecho administrativo (p. ej., la gestión del agua — Acto — wasserrechtsgesetz wrg, la Ley de gestión de residuos (Abfallwirtschaftsgesetz _awg, el comercio y la industria — Acto — Gewerbeordnung GewO, etc.). La parte más importante de la normativa nacional en materia de protección del medio ambiente en el ámbito del Derecho administrativo. El Derecho administrativo austriaco forma parte del Derecho público (öffentliches Recht) que preside las relaciones entre particulares (ciudadanos y empresas) y el Estado. Hay que subrayar que la República de Austria es un Estado federal. Esto significa que la legislación y la ejecución de las leyes están repartidas entre el Gobierno Federal y los nueve Estados federados («Länder»), con arreglo a sus respectivas competencias afectados. La Ley constitucional federal austriaca (B-VG) regula los poderes legislativo y ejecutivo de las competencias atribuidas al Gobierno Federal y a los Länder, por otra. A menos que la legislación sectorial contiene disposiciones especiales sobre el procedimiento administrativo, la Ley General de Procedimiento Administrativo (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz — AVG) se aplica a la ejecución de dicha legislación.
Los procedimientos de Derecho civil y Derecho administrativo son independientes. Ambos sistemas funcionan de forma independiente. No obstante, la protección jurídica completa y apoyarse mutuamente. En el ámbito medioambiental, el derecho privado austriaco; en lo sucesivo, «ABGB (Código Civil) establece un conjunto de normas generales y particulares. En general, cualquier persona que tenga o temor a verse en peligro por la contaminación tiene derecho a entablar una acción legal contra el contaminador y a ejercer una acción de cesación. En particular, los artículos 364 y siguientes del Código Civil austriaco (en lo sucesivo, «ABGB») vecinos para dar la posibilidad de presentar una reclamación relativa a la defensa frente a inmisiones procedentes de fincas adyacentes inadmisible. Además vecinos tienen derecho a prohibir las inmisiones superior a un determinado umbral. En este contexto, directa o indirecta, incidan inmisiones procedentes de una propiedad a otra (por ejemplo, aguas residuales, olores, ruido, luz y radiación) se considerarán como las pérdidas por deterioro del valor.
Junto al concepto general de derechos de los vecinos en el Código Civil y en la posibilidad de presentar una reclamación sobre esta base, vecinos y habida cuenta de sus derechos como partes en el procedimiento son a menudo de manera explícita en el entorno administrativo distintas leyes (por ejemplo: La Ley de la EIA (Ley de gestión de residuos), código industrial.
Las decisiones administrativas adoptadas en primera instancia pueden recurrirse directamente ante un tribunal. Sin embargo, en algunos casos un recurso ante los tribunales administrativos independientes (tribunales administrativos independientes) instalados en segunda instancia, está legalmente prevista.
Es preciso agotar los recursos administrativos antes de que las partes puedan impugnar una decisión ante el tribunal administrativo o el Tribunal Constitucional mediante la presentación de una reclamación (recursos extraordinarios).
El Tribunal Administrativo no es solo un Tribunal cassational — tiene derecho a revisar la legalidad sustantiva como procesal de las decisiones administrativas y devolver los respectivos asuntos, así como a la autoridad que haya adoptado la decisión podrá efectuar un nuevo procedimiento y adoptar una decisión adaptada, pero el Tribunal administrativo es asimismo competente para pronunciarse sobre la fundamentación de estos casos (SEC. 42 apartado 1 y 3 bis de la ley del tribunal administrativo).
Un importante instrumento jurídico que cubre una amplia gama de actividades relevantes para el medio ambiente es la Ley de evaluación del impacto ambiental — EIA — acto (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz UVP-G 2000). Que establece sus propias normas de procedimiento relativas a las repercusiones sobre el medio ambiente de los proyectos públicos y privados que deban ser objeto de una evaluación de impacto ambiental (EIA).
Todas las partes del procedimiento EIA tienen derecho a interponer un recurso contra la decisión final de la EIA. Además del solicitante las siguientes personas pueden ser parte en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental (EIA): acto Sec.19
El Defensor del Pueblo para el medio ambiente
El organismo de planificación de la gestión del agua
Partes establecidas por las correspondientes disposiciones administrativas
La autorización final de la EIA pueden ser revisados por el Senado ambiental independiente (unabhängiger Umweltsenat) en segunda instancia (SEC. EIA Act 40), que será competente para revisar la resolución en primera instancia en cada dirección, y por último por el Tribunal constitucional o administrativo. El Tribunal constitucional o administrativa solo puede controlar la EIA las autorizaciones concedidas por el Ministro Federal de Transportes, Innovación y Tecnología. Los recursos contra las decisiones de la EIA deben presentarse en el plazo de cuatro semanas. La decisión del Senado independiente en materia de medio ambiente pueden ser tanto cassatory o modificación. El recurso tiene efecto suspensivo (SEC. Ley general de procedimiento administrativo de 64). Pruebas serán adoptadas por el propio Tribunal de práctica de la prueba (urgencia). Por tanto, puede llevarse a cabo una audiencia en caso de que el Senado considere necesario medioambiental independiente o una parte en el procedimiento así lo exija. Básicamente, las vistas orales deben tener lugar en el marco de inclusión de la población.
Con las últimas modificaciones de la Ley de la EIA en 2012, un medio jurídico adicional se ha establecido para las organizaciones medioambientales que ahora tienen derecho a presentar una solicitud de revisión de la decisión de comprobación previa para determinar si hay que llevar a cabo una EIA en un determinado proyecto o no.
Por lo que se refiere a las decisiones de selección de proyectos de carreteras federales y líneas ferroviarias de alta velocidad expedido por el Ministro Federal de Transportes, Innovación y Tecnología medioambiental independiente, el Senado no actúe como órgano de apelación. Una reclamación contra esta decisión podrá interponerse ante el tribunal administrativo por el solicitante, la autoridad que cooperaron, el Defensor del Pueblo para el medio ambiente y el municipio afectado.
La denuncia ante el Tribunal Administrativo deberá presentarse por escrito por un abogado en el plazo de seis semanas a partir de la decisión definitiva. No tener efectos suspensivos, pero el Tribunal de Justicia puede concederlas siempre que no existan intereses públicos contrapuestos y si es necesario para evitar una desventaja desproporcionada para el demandante. La decisión del tribunal administrativo puede ser cassatory o una decisión basada en el fondo del caso (SEC. 42 apartado 1 y 3 bis de la ley del tribunal administrativo).
Como norma general, dictan medidas cautelares en los procedimientos de medio ambiente austriaco — también en los procedimientos de la EIA. El actual procedimiento de apelación autorización o inhibir el inicio del proyecto.
Las excepciones son los procedimientos de EIA respecto a la red nacional de carreteras y líneas de alta velocidad ferroviaria — al Ministro Federal de Transportes, Innovación y Tecnología es competente en primera instancia, el órgano de apelación es el tribunal administrativo, y ante los tribunales administrativos, no se conceda un efecto suspensivo. El proyecto se inició debido a un procedimiento ante el tribunal administrativo. Esto no es aplicable si el Tribunal administrativo reconoce expresamente el efecto suspensivo del procedimiento de recurso.
Por lo que se refiere a las actividades industriales en el marco de prevención y control integrados de la contaminación, las fases de recurso diferentes son posibles en los procedimientos de PCIC:
Si la instalación cumple las condiciones para la realización de una EIA un recurso podrá interponerse ante el Senado medioambiental independiente en segunda instancia.
La autorización final de PCIC — Autorizaciones — no sujetos a la EIA pueden ser revisados por el tribunal administrativo independiente, que debe clasificarse similar a la calidad ambiental independiente desde el punto de vista organizativo del Senado.
Además, el Tribunal constitucional o administrativo puede abordarse mediante recursos extraordinarios.
En principio, las permisos IPPC, han de estar a disposición del público, que debe tener la posibilidad de expresar su opinión antes de que la autoridad administrativa admite la licencia industrial.
Algunas organizaciones nacionales o internacionales en materia de medio ambiente ficticio legitimadas en el transcurso de procedimientos de concesión de licencias IPPC (SEC. 356b Código de Industria y Comercio (Gewerbeordnung)
El tribunal administrativo independiente y el Senado medioambientales independientes tienen derecho a revisar la legalidad procesal y sustantiva de las decisiones PCIC y verificar los cálculos y las conclusiones esenciales y técnicas, así como la documentación sobre la PCIC.
Las decisiones relativas a la PCIC adoptadas en permanente:
De preservar los derechos de las partes en los procedimientos PCIC y en otros procedimientos de apelación vecinos a las instalaciones previstas requieren básicamente formular sus objeciones contra el proyecto como muy tarde en la audiencia oral, impedir de otro modo sus derechos. Sin perjuicio de sus objeciones han de ser una vulneración de su derecho subjetivo.
La parte derechos de defensa del medio ambiente se oponen a las organizaciones si no plantean objeciones por escrito en un plazo de seis semanas a partir de la publicación de la solicitud.
Básicamente el inicio de un procedimiento de recurso impide el inicio del proyecto autorizado en primer lugar (efecto suspensivo del recurso).
Sin embargo, en el curso de los procedimientos de autorización PCIC el organismo administrativo está bajo determinadas circunstancias (si la sesión, que tendrá una duración prolongada y previsible de una autorización está facultada para dictar una licencia de explotación antes de la entrada en vigor de la autorización definitiva (SEC. 354 Código de Industria y Comercio). En el presente procedimiento de casación preautorización finaliza con la adopción de la Decisión sobre el recurso.
Cuando el Tribunal de Justicia anula una autorización administrativa la instalación PCIC, IPPC puede explotar, como máximo, un año después de la decisión del Tribunal Administrativo (SEC. 359c Código de Industria y Comercio). Esto no es aplicable si el Tribunal administrativo concede al efecto suspensivo en el procedimiento de recurso.
En Austria, un régimen de responsabilidad civil y ambiental general no existe hasta la fecha. Además de las ya mencionadas
una inmisión) neighbourly control y responsabilidad (SEC. 364 y 364 bis del Código Civil) alegó en la jurisdicción civil, también
b) la responsabilidad por acto ilícito civil (artículos 1293 y siguientes del Código Civil) alegó en los tribunales civiles,
c) las leyes medioambientales específicas (por ejemplo, gestión del agua) Act, Ley Forestal alegó en tribunales civiles deben mencionarse aquí.
Con arreglo a las normas sobre responsabilidad civil, la obligación de pagar daños y perjuicios pide culpabilidad por parte del contaminador. El acto u omisión debe ser ilegal y sí causal con respecto a los daños producidos. La alegación en tales procedimientos naturales y en la restitución o, si esto no fuera posible, la indemnización de los daños producidos.
La responsabilidad de control de inmisión cualificable — no se reclama el vecino tenga derecho a una orden permanente e indemnización — SEC establece una excepción. 364 bis del Código Civil austriaco, dado que no se proporciona una orden de reparación si la perturbación es el resultado de unas instalaciones aprobadas por la autoridad administrativa. En tal caso, el vecino ha de tolerar el impacto (a pesar de que tiene derecho a una indemnización)
Las disposiciones en materia de responsabilidad en los que las normas medioambientales son específicos y por lo tanto aplicarse preferiblemente en relación con el régimen de responsabilidad civil. En dicha letra c) se prevé una responsabilidad objetiva con independencia de la culpabilidad y transfiere la carga de la prueba a favor de la demandante en el procedimiento.
De conformidad con la responsabilidad de los órganos del Estado austriaco, las demandas contra organismos estatales ilegal y culposa de las acciones de sus órganos en sus funciones podrán presentarse ante el Tribunal regional competente (responsabilidad de los organismos públicos»). En materia de medio ambiente, por ejemplo, el suministro de información medioambiental ilícito culposo podrían enumerarse aquí.
La parte perjudicada puede reclamar el reembolso de los daños causados (SEC. 1 GAH).
Por otra parte, si el Estado no aplicar adecuadamente la legislación de la UE es posible reclamar la responsabilidad del Estado ante el Tribunal regional competente. Si el legislador austriaco responsable de los «daños» causados, por ejemplo, por retrasos en la aplicación de la legislación comunitaria), el recurso debe presentarse ante el Tribunal Constitucional.
El régimen de responsabilidad ambiental regulada por el Derecho público consta de una ley federal de responsabilidad ambiental (b-uhg) y nueve leyes sobre responsabilidad medioambiental regional (l-uhg).
De conformidad con la leyes sobre responsabilidad medioambiental de la autoridad administrativa responsable a nivel local del distrito (Bezirksverwaltungsbehörde) son competentes para decidir en los asuntos de responsabilidad ambiental.
Dicha denuncia (SEC. 11 — Ley sobre responsabilidad medioambiental — - bundes-umwelthaftungsgesetz b-uhg) podrán ser presentadas por personas físicas o jurídicas cuyos derechos hayan sido infringidas por el producido daños ambientales o por las organizaciones de defensa del medio ambiente y al Defensor del Pueblo para el medio ambiente. Dichas personas pueden dirigir una solicitud por escrito sobre las medidas de saneamiento a las autoridades de distrito. El denunciante pudiera probar sus alegaciones facilitando pruebas o información respectivos de responsabilidad ambiental (Ley Sec.11/3).
Medio ambiente fijando la denuncia o de presentar una declaración en el plazo de dos semanas después del anuncio del daño ambiental por la autoridad las personas mencionadas en el SEC. 11 (1) Ley federal de responsabilidad ambiental, además de la capacidad procesal en el gestor administrativo — procedimiento de saneamiento.
Distrito administrativo de las decisiones adoptadas por la Autoridad en aplicación de la Ley de responsabilidad ambiental puede ser impugnado ante el tribunal administrativo independiente local correspondiente por las partes (por ejemplo, las decisiones que la autoridad administrativa del distrito priva del derecho a presentar una reclamación.
El tribunal administrativo independiente está facultado para controlar la legalidad procedimental y material de las decisiones en materia de responsabilidad ambiental. Si este organismo hace que las decisiones de modificación puede llevar a cabo un procedimiento de taking-evidence está autorizada a comprobar y materiales, constataciones técnicas, etc.
El Tribunal constitucional y administrativa si se puede acceder a los derechos subjetivos de la recurrente han sido vulnerados por la decisión del tribunal administrativo independiente. Ministro Federal de Agricultura, Montes, Medio Ambiente y Recursos Hídricos tiene derecho a presentar una denuncia oficial ante el Tribunal administrativo en cuanto a procedimientos de recuperación de los costes se refiere.
El Defensor del Pueblo para el medio ambiente y organizaciones medioambientales no tienen acceso a los tribunales administrativos en los asuntos de responsabilidad ambiental.
Proceso para acudir a los tribunales para hacer valer la responsabilidad ambiental:
La persona debe haber sido parte, sus derechos subjetivos se han visto afectados) en el procedimiento con la autoridad administrativa del distrito.
La fase escrita del recurso administrativo en el panel de revisión debe ser presentada al órgano de primera instancia.
El recurso debe interponerse en un plazo de dos semanas tras la sentencia dictada en primera instancia ha sido promulgado legislativamente.
Las razones para ello se han de explicar y aclarar las acciones necesarias. Además, la decisión contra la que ha interpuesto recurso debe ser nombrado.
El tribunal administrativo puede accederse mediante recursos extraordinarios.
La denuncia debe enviarse a
La denuncia debe presentarse en el plazo de seis semanas a partir de la fecha de adopción de la última decisión
La denuncia debe presentarse por un abogado autorizado
La misión general es el control de los defensores del pueblo de las actuaciones de los órganos administrativos.
El Ombudsman puede actuar por iniciativa propia o como consecuencia de una reclamación presentada por una persona afectada de manera subjetiva de mala administración:
El Defensor del Pueblo podrá presentar una recomendación al órgano de administración.
El Defensor del Pueblo presenta un informe anual al Parlamento sobre sus actividades.
El Defensor del Pueblo está legitimado para impugnar la reglamentación administrativa presentar una queja ante el Tribunal Constitucional (Art. 139 y Art. 148 sexies Derecho constitucional).
El Defensor del Pueblo para el medio ambiente tiene derecho a personarse en los procedimientos administrativos pertinentes desde el punto de vista del ACTA — especialmente los procedimientos en la conservación del medio ambiente. Además, las partes tienen derechos sobre los procedimientos EIA o la gestión de residuos.
Su tarea consiste en reivindicar el cumplimiento de objetivos medioambientales. Son formalmente una parte oficial al procedimiento (formalpartei).
Como partes en los citados procedimientos medioambientales son competentes para impugnar las decisiones administrativas.
Básicamente no tienen derecho a presentar denuncias ante los tribunales administrativos, ya que no base su condición de un derecho subjetivo. En algunos casos han sido legalmente un derecho a presentar reclamaciones (por ejemplo, en los procedimientos de la EIA, los procedimientos de gestión de residuos)
No tienen derecho a acceder a los tribunales administrativos en los procedimientos de responsabilidad ambiental.
Que posean la condición formal de una parte que no tiene competencias para presentar denuncias ante el Tribunal Constitucional.
La fiscalía es responsable del enjuiciamiento en los procesos penales. Que lidere la investigación en dicho procedimiento. Está vinculado a las instrucciones de su órgano administrativo de control. Estas competencias no variar dentro de los procedimientos penales en materia de medio ambiente.
Ni el Código penal austriaco ni la sanción administrativa Código (Verwaltungsstrafgesetz) prevén la acusación penal particular en materia ambiental. No obstante, toda persona que sospeche que se han cometido algún delito penal tendrá derecho a informar de ello a los respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Los organismos administrativos son bajo la dirección y supervisión de los órganos administrativo supremo y vinculados a sus instrucciones. El Tribunal administrativo superior de control judicial ejecuta. En determinados casos, el Ministro federal competente tiene derecho a presentar una reclamación (amtsbeschwerde) ante el Tribunal administrativo contra una decisión administrativa supuestamente ilegal. El Ombudsman puede haber un contacto y es competente para actuar sobre las acciones u omisiones administrativas inadecuadas.
Además, el régimen de responsabilidad del Estado y Oficial (OE V/2) respecto de las demandas contra organismos estatales ilegal y culposa de las actuaciones de sus órganos.
El fiscal sobre cuestiones de corrupción es competente en materia de corrupción oficial.
La necesidad de demostrar un interés legítimo previsto por la ley
Si la parte derechos no impide actuar a tiempo
La necesidad de demostrar un interés legítimo que esté garantizada por la ley.
Parte sus derechos si no se oponía a los derechos en el procedimiento administrativo (en primera instancia)
Denuncia ante el Tribunal constitucional y administrativo
Las ONG gozan de capacidad procesal si se cumplen ciertas condiciones
acreditación previstos por la ley.
(por ejemplo, en los procedimientos de EIA)
La capacidad procesal a través de la representación de los intereses públicos.
Capacidad procesal en el caso de que sus derechos no se oponía a las partes en el curso del procedimiento administrativo (en primera instancia)
No tienen derecho a presentar una denuncia ante el Tribunal constitucional o administrativo (EIA) salvo en determinados casos
Municipio anfitrión y otros municipios afectados
Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales y de los intereses públicos (como derecho subjetivo)
Los municipios acogedores u otros municipios afectados tienen derecho a presentar una denuncia ante el Tribunal administrativo
Grupos de ciudadanos deben cumplir determinadas normas —
(número de personas, residencia, etc.)
Capacidad procesal en los procedimientos ante el Tribunal constitucional y administrativa garantiza que estos grupos puedan demostrar un derecho subjetivo.
Proyectos con referencia internacional
Estado fueron ONG extranjera tenga su domicilio social deberá haber sido notificadas por Austria sobre el proyecto.
El proyecto y sus efectos potenciales deben estar incluidos en el ámbito de actividad de las ONG.
(PC. Estatuto de ONG austríaca)
Posibles partes interesadas derechos en su país de origen
PC. En la parte inferior, una de las siguientes siglas: Estatuto de ONG austriaca
Defensor del Pueblo para el medio ambiente
Actúa en interés del cumplimiento formal de la legislación medioambiental (parte)
No exclusión de los derechos de las partes
Tiene derecho a presentar una denuncia ante el Tribunal administrativo
(1) Las ONG medioambientales poseen capacidad procesal en los procedimientos de EIA, PCIC únicamente un procedimiento de autorización y la rehabilitación medioambiental umweltsanierungsverfahren (procedimiento). En los procedimientos de EIA tienen derecho a acceder a los tribunales administrativos. En los procedimientos de examen de la EIA y, en el caso de que la autoridad ha decidido que el proyecto no deberá someterse a una evaluación de impacto ambiental, una organización medioambiental reconocidos legalmente tiene derecho a presentar la solicitud de revisión del cumplimiento de las obligaciones medioambientales de EIA con el Senado.
(2) Grupos de ciudadanos tienen capacidad procesal exclusiva en los procedimientos de EIA — nueva legislación sectorial no prevé ninguna parte derechos de grupos de ciudadanos.
(3) Marco jurídico austriaco no prevé la posibilidad de una actio popularis.
(4) El Defensor del Pueblo general posee capacidad procesal en el proceso de consideración de disposiciones administrativas con el Tribunal Constitucional (Art. 139 y Art. 148 sexies Derecho constitucional).
(5) Se reconoce capacidad procesal al Defensor del Pueblo para el medio ambiente
Conservación de la naturaleza Los procedimientos regulados por leyes regionales (Landesgesetze) y
en determinados procedimientos regulados por la Bundesgesetz (ley federal) — procedimientos de EIA, el procedimiento con arreglo a la Ley de gestión de residuos o de saneamiento ambiental
Estas gozan de capacidad procesal ante los tribunales administrativos en los procedimientos de la EIA y los problemas de gestión de residuos.
(6) Los fiscales tienen capacidad procesal en privado, penal o administrativa del procedimiento sancionador si ha sido proporcionado por las leyes sustantivas.
(7) La gestión del agua planificador tenga legitimación en los procedimientos de la EIA. Protege los intereses de la gestión del agua (parte formal). Derechos no puede oponerse a su partido y tiene derecho a presentar una denuncia ante el tribunal administrativo.
Básicamente, EIA y PCIC son excepcionales, como mínimo, las normas relativas a la capacidad procesal de las ONG. La Ley general de procedimiento administrativo contiene la regla general relativa a la legitimación. La parte derechos están vinculados a intereses legítimos en relación con el asunto en cuestión. Los mencionados intereses legítimos o derechos subjetivos que figuran en las legislaciones sectoriales. En materia de medio ambiente, fundamentalmente, en las «vecinos» tienen capacidad procesal, pero el concepto de «vecino» se interpreta de forma distinta en las legislaciones respectivas.
El abogado actúa como asesor jurídico en cuestiones jurídicas, a tal efecto, proporcionar asesoría jurídica y representar a sus clientes en procedimientos judiciales o administrativos. La representación por abogado es posible en cualquier procedimiento ante un órgano jurisdiccional o administrativo. En el marco de un proceso penal, el abogado actúe como defensor. En los procedimientos civiles ante los tribunales regionales y el Tribunal Supremo, la representación por abogado es obligatoria.
La asistencia de un abogado no es obligatoria en los procedimientos administrativos medioambientales — la Ley general de procedimiento administrativo establece únicamente la posibilidad de Legal Representation (Representación), determinan libremente.
En un procedimiento ante el Tribunal constitucional y administrativa con un asesor jurídico es obligatoria en todos los asuntos.
La Asociación de Abogados de Austria ofrece información sobre abogados colegiados por región y sector de actividad [2].#_ftn2
En Austria los abogados suelen especializarse en determinados ámbitos jurídicos, como los abogados y los bufetes jurídicos y medioambientales que existen en todo el país.
Las partes en los procedimientos administrativos puede iniciar una visita in situ por el juez, puede presentar dictámenes de expertos o exigir la designación de un experto interno. Y también pueden realizar registros o testimonios de carácter público o privado.
La libre apreciación de las pruebas (freie beweiswürdigung) es el principio fundamental en los procedimientos de prueba. La autoridad u órgano jurisdiccional tiene que examinar por propia persuasión si un hecho debe considerarse teniendo en cuenta o no. La autoridad u órgano jurisdiccional que haya de aplicar las leyes empíricas globalmente considerado (facilitada por las ciencias naturales o la psicología, etc.). Principalmente, para cada tipo de dichas pruebas debe ser tratado de la misma forma; todo depende de su contenido convincente.
La única excepción es la prueba de que el registro civil, construir una prueba completa de la exactitud de su contenido.
Las partes pueden aportar nuevas pruebas en primera instancia los procedimientos administrativos, así como los procedimientos en segunda instancia. Tienen derecho a facilitar información sobre todos los aspectos pertinentes del asunto, y tienen derecho a solicitar la presentación de pruebas (SEC. 43/4 de la Ley general de procedimiento administrativo). El Órgano tiene derecho a desestimar la solicitud si se evalúa su relevancia para el caso.
La norma básica de procedimiento (pruebas en procedimientos administrativos y medioambientales en general) se manifiesta en los Estados miembros obligación de encontrar todos los hechos pertinentes en un caso determinado (Offizialmaxime). Por lo que el Órgano está obligado a realizar pruebas de procedimientos de oficio. Esta regla debe aplicarse también por las instancias judiciales independientes que actúen como órganos «court-like» en los procedimientos administrativos.
Los procedimientos de prueba ante los órganos jurisdiccionales ordinarios civiles se rigen por el principio de devolución (dispositionsgrundsatz). Esto significa que, básicamente, es que las Partes inicien un proceso que permita su parada o modifican el objeto del procedimiento que inició.
La utilización de dictámenes de expertos está admitida si ello es absolutamente necesario dentro del procedimiento:
Este es el caso si la legislación prevé un dictamen pericial, o
Si la resolución de cuestiones decision-relevant dependa de conocimientos especializados de la Autoridad no han
Si es necesario un dictamen pericial para la solución del litigio, pues la autoridad tiene ante todo acceso a expertos oficiales (que, al contrario que con los expertos privados son nombrados de por vida por parte de las autoridades administrativas).
El dictamen de los peritos no es vinculante para las autoridades debido al principio de libre apreciación de las pruebas. La autoridad puede controlar el dictamen sobre la exactitud, resolución e integridad. Si la autoridad no está convencida de la calidad del dictamen, un segundo dictamen pericial debe ser solicitadas.
El recurso ante el tribunal administrativo independiente tiene efecto suspensivo, mientras que la denuncia ante el Tribunal administrativo básicamente no tienen efecto suspensivo, salvo que el efecto suspensivo se reconoció explícitamente.
El efecto suspensivo del recurso, si se excluye la ejecución inmediata de la decisión administrativa
satisfaga los intereses de una de las partes del procedimiento, o
satisfaga los intereses públicos debido a peligros inminentes (SEC. 64 El apartado 2 Ley general de procedimiento administrativo). Sin embargo, la presencia de interés público no es el único caso en que la existencia de un peligro inminente se tenga en cuenta.
La Autoridad debe realizar una ponderación de los intereses (interés del recurrente a protección jurídica frente a otros intereses públicos o privados), con el fin de adoptar una decisión sobre la exclusión del efecto suspensivo.
Procedimientos en primera instancia básicamente el proyecto previsto no es obligatorio que se realicen hasta que se conceda la autorización.
Gracias a la garantía del efecto suspensivo de los recursos en los procedimientos administrativos (SEC. Ley general de procedimiento administrativo de 64) se ofrece una protección jurídica en el tiempo. Por otro lado, si en procedimientos judiciales (también en este caso un procedimiento en los tribunales administrativos independientes) el Derecho comunitario podría aplicarse indebidamente, la exclusión del efecto suspensivo de un recurso de casación no está permitida. El Tribunal de la Función Pública debe tomar medidas provisionales si resultara necesaria, aun cuando el Derecho nacional no prevé medidas cautelares o provisionales.
Además medida cautelar está garantizada contra actos u omisiones en el control civil de inmisión, es decir, cuando se haya presentado una solicitud de omisión y la pretensión debe ser objeto de indemnización. Aparte de ello, el solicitante tiene derecho a presentar una demanda de la trasgresión — en el curso de un procedimiento de control de una inmisión — que se caracteriza por su muy corta duración de los procedimientos.
Acción de la infracción:
Las reclamaciones deberán presentarse en un plazo de 30 días desde la aparición del de la infracción.
En el transcurso de la vista, únicamente el hecho de poder y el acceso no autorizado (por ejemplo, interferencias) se examinará.
La decisión final contiene una prohibición y, posiblemente, la salvaguardia de mando o medidas son ordenadas.
La decisión podrá ejecutarse antes de que sea válida.
Procedimientos de control en materia de inmisión en el vecino permanente tiene derecho a la indemnización. Requisito para solicitar la imposición de medidas cautelares inmisiones que superen el nivel local habitual y dificultar la utilización de la propiedad del vecino sustancialmente.
SEC establece una excepción. 364 bis del Código Civil austriaco, dado que no se proporciona una orden de reparación si la perturbación es el resultado de unas instalaciones aprobadas por la autoridad administrativa. En tal caso, el vecino ha de tolerar el impacto (a pesar de que tiene derecho a una indemnización). Condición previa para alguien que desee recurrir a SEC. 364a Código civil es que el país vecino ha sido parte en el procedimiento administrativo precedente sobre la licencia de explotación de la planta o instalación.
Medida cautelar solo se expedirá a solicitud del interesado. Responsable de presentar previamente un requerimiento judicial del órgano jurisdiccional en el procedimiento principal. Condición de medida cautelar, la condición de que la sustancia o el objeto del procedimiento de garantía en concepto de daños y perjuicios se vean en peligro y sean prestados. La solicitud de una medida cautelar se dirige a medida preservar la situación real por lo que no tendrá lugar el deterioro.
En los procedimientos sobre medidas cautelares que un extremo por una sentencia (orden conminatoria permanente — unterlassungsurteil) el recurso debe interponerse ante el tribunal regional.
En el procedimiento de medidas cautelares preliminares dos vías de recurso, sin efecto suspensivo — existen:
La antinomia (Widerspruch)
El recurso (Rekurs)
La entrada sin autorización en Derecho procesal civil es establecer procedimientos que han de aplicarse. El recurso de casación puede presentarse dentro del plazo de cuatro semanas ante el tribunal regional. No es posible interponer recurso alguno (tercera instancia).
La orden conminatoria permanente podría ser impugnado (recurso de casación) ante el Tribunal regional competente.
Para los procedimientos administrativos existe una categoría de costes para cada propuesta. El catálogo es bastante completa. Las categorías de costes que figuran en la ordenanza fiscal (bundesverwaltungsabgabenverordnung Oficial austriaco). El presente Reglamento establece las categorías de costes medioambientales pertinentes, por ejemplo:
Las autorizaciones de agua
Asuntos industriales y comerciales
Los asuntos relativos a las calderas de vapor
Asuntos ferroviarios
Además de las disposiciones de la Ley de tasas públicas (Gebührengesetz) se aplican a escritos y actuaciones oficiales realizadas por organismos administrativos y el Reglamento sobre comisiones (kommissionsgebührenverordnung 2007) se aplica a los actos establecidos por un órgano administrativo fuera de su Oficina.
Las tasas judiciales correspondientes a los procedimientos civiles en función del valor de los litigios (la Ley de tasas judiciales austríacas gerichtsgebührengesetz — GGG) establece las tasas — aquí algunos ejemplos:
Valor de los litigios
Tasa judicial en los procedimientos de recurso
Sec. 32 Ley de tasas judiciales austríacas (ggg)
La tasa por interponer un recurso ante el Senado medioambiental independiente es de 14,30 EUR.
La tasa por interponer un recurso ante el tribunal administrativo independiente es
a) 14,30 EUR en relación con los gastos administrativos y asuntos medioambientales,
b) 20 % de la sanción impuesta en un procedimiento de sanción administrativo.
La tasa por la presentación de un recurso ante el Tribunal administrativo es de 240,00 EUR.
La tasa por la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional es de 240,00 EUR
Los honorarios de los expertos estarán sujetos a grandes fluctuaciones, dependiendo de cada caso concreto:
Los honorarios de expertos para la evaluación de los grandes proyectos en diferentes campos (por ejemplo, un proyecto con una amplitud de 10 acres o infraestructuras de transporte de al menos 10 km de longitud) sin recibir la investigación in situ puede calcularse como sigue:
20.000 — 50.000 — (para proyectos de transporte)
10.000 Otros — 40.000 (para los grandes proyectos)
Plantas, animales y hábitats:
25.000 — 50.000 — (para proyectos de transporte)
10.000 — 30.000 — (para el resto de grandes proyectos)
Honorarios de abogados básicamente siempre depende de la duración y complejidad de los procedimientos correspondientes. Por lo que las estimaciones siguientes se refieren a casos particulares y, por consiguiente, no pueden generalizarse:
primera instancia) un procedimiento de EIA:
Los honorarios de los abogados que componen una declaración y a participar en la audiencia oral han sido 2.500, —
Ambiental independiente de segunda instancia ante el Senado:
Para interponer el recurso de apelación, una nueva comunicación escrita y en dos declaraciones por escrito — 4,130 EUR —
b) un procedimiento en primera instancia eia nacional de autopistas:
Para impugnar un Reglamento — 5,400 EUR —
Procedimiento ante el Tribunal Administrativo:
Para presentar una reclamación contra la decisión adoptada en segunda instancia — 5,000 EUR —
Los costes de medidas provisionales en los procedimientos civiles, la tasa se calcule con arreglo a las disposiciones de la Ley de tasas austriacas. La tasa depende de la cuantía en litigio:
La Ley austríaca sobre la ejecución requiere una garantía en concepto de daños y perjuicios en procedimiento de medidas provisionales. 390 Exekutionsordnung (EO)
Garantía en concepto de daños y perjuicios está obligado, en determinadas circunstancias, a un procedimiento de sanción administrativo al sospechoso.
De los procedimientos administrativos, incluidos los procedimientos de la EIA y el procedimiento de apelación ante el Senado independiente en materia de medio ambiente), la Ley general de procedimiento administrativo contiene disposiciones sobre qué costes correrán a cargo de quién. Básicamente, cada parte ha de cargar con sus propias costas (por ejemplo, para la obtención de dictámenes de expertos). Los desembolsos en efectivo de la Autoridad (que son los gastos de un procedimiento específico que ir más allá de la habitual de los gastos administrativos de la autoridad — por ejemplo, tasas por los dictámenes periciales no oficiales) correrán a cargo del solicitante.
El Estado de sufragar los costes imperantes en procedimientos ante el Tribunal constitucional o administrativa, el llamado principio de «quien pierde, paga»: La parte perdedora debe soportar las costas de la parte ganadora.
Las solicitudes de información medioambiental están exentos de derechos de timbre y tasas y, por tanto, exentos de cargas (SEC. 16 — Ley de información medioambiental (Umweltinformationsgesetz, UIG SEC. 14 Tarifpost 6 Eingaben 5 (23) (Ley de tasas públicas Gebührengesetz)).
La asistencia jurídica gratuita está prevista por el Derecho procesal civil.
Procedimiento ante el Tribunal constitucional y administrativa:
Si alguien tiene bajos ingresos y está en una situación financiera precaria, es posible solicitar asistencia jurídica gratuita. Parte de la asistencia jurídica gratuita puedan ser así la exención temporal de los gastos procesales. La asistencia jurídica gratuita debe ser aplicado por la presentación de la reclamación, a más tardar.
Básicamente, la solicitud de asistencia jurídica gratuita en procedimientos administrativos no es posible:
Los procedimientos de EIA:
Para evitar que el Defensor del Pueblo para el medio ambiente no es capaz de participar en el procedimiento de EIA o iniciar debido a los elevados costes (por ejemplo, gastos de caja elevados — SEC. Ley general de procedimiento administrativo de 76) están expresamente exentos de la obligación de sustituir el gasto efectivo (SEC. La Ley de la EIA de 3).
En Austria, la «BIV — grün-alternativer Verein zur Unterstützung von bürgerinnen-initiativen alternativa verde» (Asociación para el apoyo de grupos de ciudadanos) apoya financieramente las iniciativas de los ciudadanos en los procedimientos medioambientales. http://www.gruene.at/index.php?id=69849
La ökobüro austriaco es la única ONG de medio ambiente y sociedad de organización de Derecho ambiental de interés público que ofrece asesoramiento jurídico en los asuntos medioambientales:
Medioambientales jurídicamente los abogados pueden asesorar a las personas, no ofrecen en cambio jurídico
representación en procedimientos medioambientales.
No existen condiciones para acceder al asesoramiento jurídico, los particulares pueden tener acceso las ONG y el Defensor del Pueblo y para el medio ambiente.
El Defensor del medio ambiente ofrece asesoramiento gratuito sobre la cuestión medioambiental, sino principalmente en calidad de institución respetando el cumplimiento de objetivos medioambientales en los procedimientos de medio ambiente.
Asistencia jurídica pro bono garantizado únicamente en los procedimientos civiles y penales (verfahrenshilfe), así como en un procedimiento ante el Tribunal constitucional y administrativo. Aparte de esto, en materia de medio ambiente, no se puede solicitar asistencia jurídica gratuita.
El Defensor del Pueblo para el medio ambiente se ocupa de los asuntos relacionados con el medio ambiente respetando el cumplimiento de la legislación ambiental en los procedimientos objetivos medioambientales.
Los órganos administrativos están obligados a decidir sobre las solicitudes y los recursos sin demoras innecesarias y deben emitir una decisión en un plazo máximo de seis meses después de la presentación de una solicitud o recurso (PC. Sec. Ley general de procedimiento administrativo de 73 y SEC... 27, apartado 1, de la ley del tribunal administrativo; El incumplimiento de la obligación de decidir pueden dar lugar a denuncias de acuerdo con la responsabilidad de los organismos públicos (Amtshaftungsgesetz — acta del GAH»). Aunque los plazos pueden regularse de manera diferente en las respectivas legislaciones sectoriales.
Si el órgano de administración no ha decidido aún, después de seis meses, las Partes en el procedimiento pueden presentar una solicitud (devolutionsantrag desconcentración) con el siguiente ejemplo autoridad. A continuación, esta autoridad tiene que dictar una decisión sin retrasos innecesarios y, a más tardar, al final del período de seis meses, una decisión.
Si una de las partes pide la máxima autoridad administrativa en el marco de procedimientos administrativos, en fase de apelación o en la descentralización de los procedimientos) y dicha autoridad no convierte la decisión en el tiempo la parte tiene derecho a presentar una denuncia por defecto (säumnisbeschwerde) ante el tribunal administrativo. El tribunal administrativo, se establece un plazo de 3 meses para retrasar la autoridad para adoptar una decisión. Una vez transcurrido este período, la toma de decisiones es más competencias a los tribunales administrativos.
Básicamente, los citados plazos para la validez del procedimiento administrativo común y dependiente (si las leyes sustantivas no difieren de la Ley general de procedimiento administrativo) en materia de medio ambiente:
En determinados procedimientos de EIA y modificar el principio general es el Órgano tiene que adoptar una decisión en el plazo de nueve meses (SEC. Ley 7/2, EIA).
El plazo para la realización de los procedimientos de la EIA sobre las carreteras y líneas ferroviarias de alta velocidad es de doce meses (SEC. Ley 24b/2, EIA).
Procedimientos de examen de la EIA que debe realizarse en un plazo de seis semanas (SEC. Ley 3/7 sobre EIA) — Línea férrea de alta velocidad y carretera nacional proyectos ocho semanas (SEC. Ley 24/5, EIA).
Las partes en los procedimientos de EIA están obligados a presentar sus recursos en un plazo de cuatro semanas a partir de la decisión administrativa adoptada.
Duración suele ser:
En 2011, la duración media de los procedimientos de EIA fue de alrededor de diecisiete meses.
Dentro de los procedimientos de EIA simplificado la duración media fue de algo menos de diez meses.
La duración media de los procedimientos de examen de las EIA es un poco más de cuatro meses.
La duración media de los procedimientos al Senado medioambiental independiente fue inferior a seis meses.
En los procedimientos civiles, en caso de que el Tribunal de Justicia no haga una decisión dentro de un plazo razonable (fristsetzungsantrag) — una solicitud puede presentarse con el retraso Court- este Tribunal dispone entonces de un plazo de cuatro semanas para dictar su sentencia o adoptar otra acción requerida por la demandante. Si el Tribunal de Justicia aún inactiva tras estos cuatro semanas, la solicitud sea transmitida a la instancia superior, que fija un nuevo plazo para que el Tribunal de Primera Instancia resuelva el recurso. Excepto estos medios dirigida a obligar a la entrega de las decisiones, no se contemplan sanciones contra los tribunales por adoptar decisiones retrasado.
Básicamente, el Órgano tiene que dictar una decisión sin retrasos innecesarios y, a más tardar, transcurridos seis meses después del inicio de dichos procedimientos (SEC. Ley general de procedimiento administrativo de 73). La descentralización en los procedimientos administrativos y la solicitud de denuncia ante los tribunales administrativos son los únicos plazos jurídicamente vinculantes y plazos están obligados a órganos administrativos.
El recurso solo puede interponerse una vez terminado el procedimiento de primera instancia están haciendo una decisión formal.
La ökobüro proporciona información sobre el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. La información material sobre la capacidad procesal y Derecho de recurso en los procedimientos administrativos, explicación de los derechos procesales de las partes, la condición y el contenido de los procedimientos de EIA y PCIC. Además, la información relativa a la responsabilidad medioambiental y a la información medioambiental determinados procedimientos, leyes medioambientales sectoriales sobre cómo presentar una iniciativa ciudadana europea, etc., es proporcionada. Además importantes vínculos de Derecho del medio ambiente y mantener los contactos con las instituciones pertinentes se ponen a su disposición en su sitio web:
Además, la Agencia federal alemana de medio ambiente proporciona información sobre el acceso a la justicia:
El Ministerio Federal de Agricultura, Montes, Medio Ambiente y Recursos hídricos proporciona información sobre la participación del público, la información medioambiental, evaluación de impacto ambiental y del Convenio de Aarhus en los sitios web siguientes:
Marco jurídico austriaco en materia civil y penal recurrir a la resolución alternativa de conflictos o modificados formas, pero principalmente en los procedimientos administrativos que no se aplique el presente instrumento.
Un sector en el cual la resolución alternativa de litigios (RAL) son accesibles son las evaluaciones de impacto ambiental (SEC. 16/2 UVP-G). La resolución alternativa de litigios puede utilizarse durante el procedimiento de EIA periódica — no es posible con el procedimiento de EIA simplificado.
La mediación se utilizó de hecho para la resolución de conflictos en Austria. An Empirical Investigation» [Política medioambiental en las experiencias prácticas sobre la mediación en Austria explicó que se utilicen procedimientos de mediación en materia de medio ambiente y que estos procedimientos pueden tener resultados muy productiva. http://www.oegut.at/de/
Como se ha mencionado anteriormente, la normativa austriaca de evaluación del impacto ambiental establece explícitamente una interrupción del procedimiento de EIA para una mediación previa petición del solicitante (SEC. 16/2 eia-act)
El principio de igualdad consagrado en la Constitución austriaca. Esto significa que el órgano legislativo podrían no discrimine a un ciudadano de otro B-VG (art. 7). Además, la Ley constitucional federal relativa a la prohibición de la discriminación racial (BVG betreffend das Verbot rassischer Diskriminierung) no permiten la discriminación entre los extranjeros. Cualquier distinción exclusivamente por razón de la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico está prohibida. Aun así los órganos administrativos están vinculados por el principio de igualdad.
Decisiones diferentes en casos similares solo se tolera en caso de que exista una justificación objetiva.
Los órganos de administración no están autorizadas a decidir de manera arbitraria
Se infringen el principio de igualdad si basan sus decisiones en una ley, que contradice la BVG sobre la discriminación racial
En los procedimientos judiciales el alemán es la lengua oficial. Si las partes del procedimiento ni por declaraciones que no hablen alemán, un traductor vaya a ser prestado. Por el Gobierno de traducción en los procedimientos judiciales, los traductores han abonado oficialmente — posibles y figuran en la lista. El coste de un traductor debe ser pagado por las respectivas Partes — y, en última instancia, a cargo de la parte perdedora, salvo que tenía derecho a asistencia jurídica gratuita).
En los procedimientos de EIA transfronterizos afectados los operadores extranjeros deben informarse de
Los posibles impactos ambientales transfronterizos
la naturaleza de las posibles decisiones que puedan tomarse dentro del procedimiento de EIA
El solicitante debe asegurarse de que se complete la documentación de la EIA. La autoridad competente está obligada a transmitir esta información a los operadores extranjeros.
Esta documentación de EIA debe incluir los siguientes datos:
Las alternativas razonables
Descripción de las condiciones ambientales en el lugar del proyecto
Enumeración de las medidas paliativas.
De conformidad con el Convenio sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo (Convenio de Espoo) la definición de «público» debe entenderse como «una o varias personas físicas o jurídicas y, de conformidad con el Derecho o la práctica nacional, sus asociaciones, organizaciones o grupos. (PC. Art. 1/x, Convenio de Espoo).»
Las ONG y los países vecinos del país afectado tienen capacidad procesal en los procedimientos de EIA austriaca, bajo determinadas condiciones que se aplican también a sus homólogos «austriacos».
Las ONG de los países afectados tienen capacidad procesal con arreglo al SEC. Ley 19/11 EIA si:
el Estado extranjero haya sido notificado a la actividad prevista
La parte de medio ambiente del Estado extranjero puede verse afectado por el impacto de la acción propuesta cuya protección se persigue por las ONG, y
Si la ONG podrían participar en un procedimiento de EIA si el proyecto se ejecutó en el Estado extranjero.
Además vecinos extranjeros y los municipios (que actúan como vecinos) se garantiza capacidad procesal con arreglo al SEC. 19/1/1 de la Ley de la EIA.
Las citadas partes disfrutarán de los mismos derechos que las ONG austriaca «¿o vecinos.
Los grupos de ciudadanos extranjeros no tienen capacidad legal de EIA transfronterizos ya que no cumplan los criterios establecidos para grupos de ciudadanos nacionales extranjeros — a saber, la inexistencia del derecho de sufragio activo en Austria.
No se concederá asistencia jurídica gratuita en procedimientos administrativos en Austria.
No existe ninguna posibilidad de elegir entre tribunales de diferentes países.

References: resolución 
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