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Timestamp: 2020-07-03 23:01:36+00:00

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Sentencia de Tutela nº 212/06 de Corte Constitucional, 17 de Marzo de 2006 - Jurisprudencia - VLEX 43624489
Sentencia de Tutela nº 212/06 de Corte Constitucional, 17 de Marzo de 2006
Derecho al debido proceso y al acceso a la administracion de justicia de personas vinculadas con organización dedicada al trafico de drogas ilicitas que fueron condenadas por el tribunal a pena de prision y multa. Los accionantes aducen que el tribunal valoro una prueba inconstitucional aplicando una norma inexequible y otra derogada; valoro informes policivos de inteligencia que la legislacion colombiana no les otorga entidad probatoria y valoro un hecho que no se contemplo en la resolucion de acusacion solicitan la tutela transitoria mientras se agota el tramite del recursos extraordinario de casacion. Tutela contra providencias judiciales. Improcedencia de la tutela en caso de existir un mecanismo ordinario de proteccion de los derechos fundamentales dentro del procedimiento penal. La improcedencia de la tutela se ha declarado no solo por existir la casacion como mecanismo de proteccion sino por la presencia de otros recursos dentro del proceso penal. Negada
Sentencia citada en: 3301 sentencias, 5 artículos doctrinales
Sentencia T-212/06
ACCION DE TUTELA-Improcedencia en caso de existir mecanismo ordinario de protección de derechos fundamentales al interior de proceso penal
RECURSO DE CASACION PENAL-Idoneidad para la protección de derechos fundamentales
RECURSO DE CASACION PENAL-Improcedencia de tutela por encontrarse pendiente de decisión
SALA DE CASACION PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Competencia originaria para ser juez constitucional en el caso concreto/ACCION DE TUTELA-Subsidiariedad
VIA DE HECHO POR DESCONOCER EL PRINCIPIO NO REFORMATIO IN PEJUS-Procedencia de tutela esta condicionada al agotamiento de vía ordinaria
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Procedencia para determinar presunta prescripción de la acción penal/ACCION DE REVISION-Procedencia para determinar presunta prescripción de la acción penal
Referencia: expediente T-1221264
Peticionarios: H.C.R., R.C.R. y H.C.G..
Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Penal.
Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil seis (2006).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados R.E.G., H.A.S.P. y M.G.M.C., quien actúa como ponente, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente:
Dentro del proceso de revisión del fallo de tutela proferido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, correspondiente al trámite de la acción de amparo constitucional impetrada por H.C.R., R.C.R. y H.C.G. contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Penal.
Demanda, fundamentos y pretensiones.
Los accionantes H.C.R., R.C.R. y H.C.G., actuando a través de apoderado judicial, interpusieron acción de tutela en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
1.1. Al respecto, se relataron los siguientes hechos:
El 30 de marzo de 1998 a través de un informe de inteligencia militar, la Armada Nacional puso en conocimiento del Director Regional de F.ías, los resultados de la Operación Remora II del 16 de octubre de 1996, dirigida a desarticular una presunta organización destinada al tráfico de drogas ilícitas. Dicho informe secreto identificado con el número 291032R vinculó, entre otras personas, a los accionantes H.C.G. y H.M.C.R.F. 9 del Cuaderno No. 2..
El 21 de abril de 1998, la F.ía General de la Nación, Unidad Especializada de Narcotráfico, avocó el conocimiento del asunto y ordenó la práctica de varias pruebas destinadas a determinar la participación de más de diez (10) personas en comportamientos relacionados con el tráfico de estupefacientes. Entre las pruebas ordenadas se encuentran: La copia de la tarjeta decadactilar, el reporte de entradas y salidas del país, el número y fecha de expedición del pasaportes, la Carta Rogatoria librada con destino a la República Dominicana para que se sirvan allegar copias auténticas de la actuación surtida contra los señores H.C. y M.V., y finalmente, el requerimiento de asistencia judicial a la República de Panamá. En ninguna de las mencionadas pruebas se solicitó información sobre los accionantes.
El día 22 de julio de 1998, la Armada Nacional puso en conocimiento del Director Regional de F.ías, a través de oficio radicado con el número 220922R, un acontecimiento presentado en aguas panameñas el 9 de julio de 1998, en el cual se detectó y siguió una lancha sin nombre, en la que se encontraron 1100 Kilos de cocaína junto a los papeles de identificación del señor R.C., a pesar de haber sido hundida por sus navegantes. En la citada operación no se capturó a ninguno de los tripulantes de la citada lancha.
Para el 27 de noviembre de 1998, con fundamento en el artículo 37 de la Ley 81 de 1993, la F.ía General de la Nación, recepcionó una declaración con reserva de identidad de testigo, con presencia del F.R. y del Representante del Ministerio Público, dejándose plasmada la huella digital del declarante Disponía la norma en cita: ''Reserva de la identidad del testigo. Cuando se trate de procesos de conocimiento de los jueces regionales y las circunstancias lo aconsejen, para seguridad de los testigos se autorizará que éstos coloquen la huella digital en su declaración en lugar de su firma. En estos casos el Ministerio Público certificará, junto con el fiscal que practique la diligencia, que dicha huella corresponde a la persona que declaró. En el texto del acta que se agregará al expediente, se omitirá la referencia al nombre de la persona y se dejará constancia del levantamiento de la identidad del testigo y del destino que se dé a la parte reservada del acta, en la que se señalará la identidad del declarante y todos los elementos que puedan servir para valorar la credibilidad del testimonio. La parte reservada del acta llevará la firma y huella digital del testigo así como las firmas del F. y el agente del Ministerio Público. // Excepcionalmente, la reserva podrá extenderse a apartes de la declaración que permitirían la identificación del testigo, para garantizar su protección con autorización del F. y del Ministerio Público, quienes deberán estar de acuerdo par que proceda esta medida.// El juez, el F. y el Ministerio Público conocerán la identidad del testigo y cualquier otra parte reservada del acta para la valoración de la prueba de conformidad con la sana critica. La reserva se mantendrá para los demás sujetos procesales pero se levantará antes si se descubren falsos testimonios, contracciones graves o propósitos fraudulentos, o cuando su seguridad del testigo esté garantizada por cambio legal de identidad o cualquier otra forma de incorporación al programa de protección de víctimas y testigos. // Las disposiciones precedentes se aplicarán en todo caso sin perjuicio de las reglas sobre confrontación de testimonios contenidas en tratados públicos de derechos humanos ratificados por Colombia, ni del derecho de contradicción de la prueba en el sumario y en el juicio que garantiza el artículo 29 de la Constitución Política. Protegiendo la identidad del testigo, el defensor tendrá derecho a que se practique diligencia de ampliación del testimonio y a contrainterrogar en ella al deponente''. La citada disposición fue declarada exequible mediante sentencia C-053 de 1993 (M.P.J.G.H.G.. . En este testimonio se vinculó a los accionantes H.C.R., H.C.G. y R.C.R., entre otras personas, por su presunta coordinación y utilización de embarcaciones para traficar con estupefacientes entre la República de Colombia y los Estados de México y Puerto Rico.
El 19 de marzo de 1999, se incorporó al expediente un informe de inteligencia realizado por la Unidad de Investigación Financiera y de la División de Estupefacientes de Panamá. En dicho documento, entre otros, (i) se relacionan los nombres de H.C.G. y H.C.R. por su supuesta participación en una organización destinada al tráfico de drogas ilícitas; (ii) se relata el acontecimiento de los documentos del señor R.C. que fueron encontrados junto a la lancha hundida y a los 1100 Kilos de cocaína en aguas territoriales de la República de Panamá; y finalmente, (iii) se pone en conocimiento el decomiso de unos paquetes de droga que estaban camuflados en electrodomésticos que serían enviados a España, los cuales según apreciación de inteligencia militar, iban a ser posiblemente recogidos por el conductor de la familia C. en ciudad de Panamá, señor V.A.C..
Igualmente, se allegaron al expediente los interrogatorios practicados a los señores H.C. y M.V. por las autoridades de policía de la República Dominicana, a partir de la Carta Rogatoria enviada por las autoridades judiciales de Colombia. En ellos no existe ninguna incriminación en relación con los accionantes en este proceso.
Para el 22 de marzo de 2000, se ordenó por la F.ía General de la Nación la vinculación de los señores M.V.L., H.F.C., A.C.H., R.C.G., R.C.R., H.C.G. y H.C.R. a la causa criminal por la presunta comisión de los delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir. Frente al citado señor R.C. se resolvió su situación jurídica con detención preventiva el día 15 de mayo de 2000; mientras que a través providencia del 19 del mismo mes y año, se declararon reos ausentes a los señores H.C.G. y H.C.R., por lo que se dispuso su detención inmediata.
El 18 de diciembre de 2000, la F.ía General de la Nación dictó resolución de acusación frente a todos los sindicados previamente mencionados. A juicio del Ministerio Público, frente a los señores H.C.G. y H.M.C.R., la citada decisión es procedente, ''por cuanto que la declaración con reserva así lo indica'' Folio 139 del Cuaderno No. 2.. Por su parte, en tratándose de R.C., la Vista F. señaló: ''también solicitó se profiera resolución de acusación en contra de R.C. como autor del hecho punible de narcotráfico agravado por los hechos acaecidos el 9 de julio de 1998'', en el que -como previamente se señaló- fueron hallados sus documentos de identificación junto a la lancha hundida y a los 1100 Kilos de cocaína incautada.
En el acápite 4.4.2. ''sobre los hechos y responsabilidad de R.C.R.'', la F.ía General de la Nación señaló dos (2) pruebas allegadas a la investigación para proferir la resolución de acusación en su contra, por una parte, el suceso acontecido el día 9 de julio de 1998, y por la otra, ''la declaración con reserva de identidad del testigo Clave 1''.
En el punto 4.4.3. ''Sobre los hechos y responsabilidad de A.C.H., R.C.G., H.M.C.R., H.F.C.H. y H.C.'', la F.ía General de la Nación se fundamentó exclusivamente en la declaración con reserva de identidad Clave 1, a fin de proferir la resolución de acusación.
Finalmente, en el numeral 4.4.5. al acogerse por la F.ía las alegaciones de los defensores de los sindicados, se determinó que en relación con el suceso del decomiso de unos paquetes de droga que estaban camuflados en electrodomésticos que iban a ser enviados a España, no existía mérito alguno para proferir una resolución de acusación en contra de los mismos Al respecto, en la citada providencia, se manifestó:
''Se acoge el concepto de los defensores y de los sindicados que alegaron en su favor en lo que respecta a la prueba allegada de Panamá, toda vez que como lo anotara el Ministerio Público no existe por el momento indicio grave que permita inferir su participación en esos hechos, esperando claro está que en la etapa del juicio el gobierno panameño envíe las pruebas y allí se pueda determinar la existencia de otros medios probatorios''.
La Unidad Nacional de F.ías Delegada ante los Tribunales Superiores de Distrito mediante providencia del diez (10) de abril de 2001, confirmó la decisión de primera instancia, en cuanto al mérito para proferir la resolución de acusación. La autoridad judicial encargada de resolver el recurso de impugnación, reiteró como pruebas para fundamentar la citada resolución de acusación, el hallazgo de los documentos de R.C. y la declaración con reserva de identidad del testigo Clave 1.
Luego de practicada la audiencia pública, el día 9 de agosto de 2002, el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Cartagena de Indias decidió absolver a los sindicados R.C.R., H.C.G. y H.C.R., con fundamento en las razones que a continuación se exponen:
- En cuanto a los informes que rindió la Armada Nacional, el juez de instancia considera que dado su carácter de ''informes de inteligencia'', los mismos carecen de valor probatorio al amparo del ordenamiento jurídico vigente. Así, señaló que:
''Los informes que rindió la Armada Nacional, entre tanto, tampoco alcanzan ninguna relevancia incriminatoria porque sus asertos están basados en informaciones recaudadas por terceros que jamás fueron ratificadas por ningún otro medio probatorio en el proceso. Ahora, negar el carácter de informes de inteligencia que tienen dichos protocolos no deja de ser ocioso, porque ningún miembro de la institución se acercó al proceso a dar testimonio de conocimiento alguno de tales hechos y, por consiguiente, son impersonales y, por la misma razón no tienen la naturaleza testimonial de la que quiso revestirlos la F.ía y en su condición de documentos no son idóneos en orden a demostrar lo que en ellos se reseña. Recuérdese que a instancia de este despacho se citó a declarar a un funcionario de dicho ente militar que impuesto del motivo de su deposición negó todo conocimiento al respecto. Adicionalmente, tampoco puede perderse de vista que si a dichos informes se concediera algún valor probatorio, sobre el puntual hecho de que en un bote en el cual habría sido incautado un alijo con droga en territorio marítimo panameño fueron encontrados los documentos de identidad de R.C., lo cierto es que ello conllevaría compromiso solamente respecto de este encartado, hecho que estimado conforme a las reglas de la sana crítica de la prueba, daría lugar a erigir un indicio contingente que, como sabemos, no tiene la virtualidad de conducir a ningún grado de certeza, por no corresponder a los principios de razón suficiente ni necesaria''.
- En relación con el testimonio con reserva de identidad, el juzgado considera que ante la declaratoria de inconstitucionalidad de dicha figura procesal, no puede reconocerle mérito probatorio alguno, sopena de contrariar el artículo 29 Superior. En sus propias palabras, manifestó:
''Finalmente, obra en el proceso un testimonio con reserva de identidad, que ciertamente, reseña conocimiento de que la familia CONEO, incluidos los aquí procesados, conformaban una banda de narcotraficantes. Esta pieza, por todos es sabido, no constituye en nuestro ordenamiento procesal penal medio legal de prueba y si en algún momento tuvo tal carácter actualmente se halla proscrito.; de una parte porque no está instituido como tal en la Ley 600 del año 2000 y, de otra porque no obstante la libertad probatoria que otorga este ordenamiento procesal, no habría lugar a otorgarle validez legal si en cuenta se tiene que la Corte Constitucional en sentencia C-392 del 6 de abril del año 2000 declaró la inexequibilidad del artículo 17 de la Ley 504 de 1999, mediante el cual se prolongaba la existencia de ese mecanismo procesal y al hacerlo fue prolija en sabias razones según las cuales ese mecanismo repudia casi todos los principios medulares del derecho de defensa. Entonces, son incuestionablemente válidas las criticas que al valor de dicho instrumento probatorio dado por la F.ía hicieron los tutores judiciales de los procesados en la vista pública''.
Así las cosas, el juez de instancia concluyó que: ''Ante tal cuadro de la realidad probatoria que emerge de este proceso, refulge incuestionable, como verdad jurídica, que en este proceso no está probada la materialidad ninguno de los comportamientos típicos que se enrostran a los acusados (...) si no se colma el primer presupuesto que para condenar demanda el artículo 232 del Estatuto Instrumental Penal, ocioso es ahondar en juicios alrededor de la responsabilidad, porque éstos sólo proceden frente a la eventual demostración del aspecto material de la conducta y, entonces, la única vía jurídica para poner fin a esta instancia es, inexorablemente, la absolución, de los acusados, como lo reclaman sus defensores (...)''.
Esta decisión fue impugnada por la F.ía Seccional de Cartagena, que a través de escrito de septiembre 20 del 2002, señaló que el testimonio dado bajo reserva de identidad conserva plena eficacia probatoria a partir de la declaratoria de exequibilidad del artículo 42 transitorio de la Ley 504 de 1999 Dispone la norma en cita: ''Artículo 42 Transitorio. En los procesos en los que se hubieren recibido testimonios con reserva de identidad, se mantendrá la reserva sobre la identidad del testigo y estas pruebas se someterán a los principios generales de valoración probatoria establecidas en el Código de Procedimiento Penal.
Salvo los casos de investigación penal o disciplinaria contra el funcionario correspondiente, se mantendrá su reserva de identidad a aquellos que actuaron en los procesos de competencia de los Jueces Regionales. No obstante, a partir del 1º de julio de 1999, estos procesos se tramitarán sin que el funcionario que avoque su conocimiento posea reserva de identidad''.. De suerte que con fundamento en el mismo y en los informes de la Armada Nacional, es posible condenar a los sindicados en la presente causa. En el escrito de apelación entre los argumentos esgrimidos se señalaron los siguientes:
''Acerca de las conclusiones anteriores disiente el despacho de lo resuelto por el Juzgado Especializado en especial en el somero análisis que se le hizo a la declaración bajo reserva de identidad y su valoración probatoria, ya que la Constitucional en la sentencia C-392 de 6 de abril de 2000, cuando dispuso que el artículo transitorio 42 de la Ley 504 de 1999 supero el examen de exequibilidad, tal precepto manifestó: `En los procesos en que se hubiere recibido testimonio con reserva de identidad, se mantendrá la reserva sobre la identidad del testigo y estas pruebas se someterán a los principios generales de valoración probatoria establecidos en el C. de P.P. (...) En el plenario obra testimonio bajo reserva de identidad donde sindican a los procesados por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir entre otros; testimonio este que no fue debidamente analizado por el Juez del fallo.
Sentencia nº 0253 de Consejo de Estado - Sección Cuarta, de 9 de Noviembre de 1992

References: artículo 37
 artículo 29
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 29
 artículo 17
 artículo 232
 artículo 42