Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-10-04_ES.html
Timestamp: 2019-08-21 11:24:38+00:00

Document:
Textos aprobados - Martes 4 de octubre de 2016
Martes 4 de octubre de 2016 - Estrasburgo Edición definitiva
Celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de París aprobado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ***
Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Giorgos Grammatikakis
Movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Grecia tras el seísmo que afectó a las Islas Jónicas en noviembre de 2015
Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud de Finlandia - EGF/2016/001 FI/Microsoft
Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud de Suecia – EGF/2016/002 SE/Ericsson
Asistencia jurídica gratuita a los sospechosos o acusados en procesos penales y a las personas buscadas por el procedimiento de la orden de detención europea ***I
Comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ***I
Acuerdo de Cooperación Estratégica entre China y Europol *
El futuro de las relaciones ACP-UE después de 2020
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Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de octubre de 2016, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de París aprobado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (12256/2016 – C8-0401/2016 – 2016/0184(NLE))
– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (12256/2016),
– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 192, apartado 1, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0401/2016),
– Visto el Acuerdo de París, aprobado en la 21.ª Conferencia de las Partes (COP 21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que tuvo lugar en París (Francia) en diciembre de 2015,
– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «El camino desde París: evaluar las consecuencias del Acuerdo de París y complementar la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de París adoptado en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático» (COM(2016)0110),
– Visto el plan de contribuciones nacionales de la Unión y sus Estados miembros, presentado el 6 de marzo de 2015 por Letonia y la Comisión Europea a la CMNUCC,
– Vista la recomendación de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0280/2016),
1. Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo de París;
2. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y a las Naciones Unidas.
Decisión del Parlamento Europeo, de 4 de octubre de 2016, sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Giorgos Grammatikakis (2016/2084(IMM))
P8_TA(2016)0364 A8-0279/2016
– Visto el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Giorgos Grammatikakis, transmitido por el fiscal adjunto del Tribunal Supremo de la República Helénica, con fecha de 1 de abril de 2016, en relación con el procedimiento propuesto por el fiscal de Rethymnon por un abuso de confianza en el ejercicio de sus funciones, cometido conjuntamente en Rethymnon, Creta, durante el período 2000-2002 (con la referencia ABM:AB05/1956) y comunicado al Pleno del 27 de abril de 2016,
– Visto que Giorgos Grammatikakis ha renunciado a su derecho a una audiencia de conformidad con el artículo 9, apartado 5, de su Reglamento,
– Vistos los artículos 8 y 9 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, así como el artículo 6, apartado 2, del Acta relativa a la elección de los Diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,
– Vistos el artículo 62 de la Constitución de Grecia, el artículo 54 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de Grecia y el artículo 83 del Reglamento del Parlamento griego,
– Vista la orden n.º 5181/18.11.2015 del fiscal del Tribunal de Apelación de Creta,
– Visto el informe de 7 de abril de 2015 sobre la comparecencia de Giorgos Grammatikakis, diputado al Parlamento Europeo, junto con sus alegaciones y los documentos justificativos,
– Vista la resolución n.º 104/2015 del Consejo de Apelaciones de Creta,
– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0279/2016),
A. Considerando que el fiscal adjunto del Tribunal Supremo de la República Helénica ha solicitado la suspensión de la inmunidad de Giorgos Grammatikakis, diputado al Parlamento Europeo, en relación con un procedimiento relativo a un supuesto delito;
B. Considerando que, en virtud del artículo 9 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea, los diputados al Parlamento Europeo gozan, en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su Estado miembro;
C. Considerando que, en virtud del artículo 62 de la Constitución de Grecia, durante la legislatura, los parlamentarios no podrán ser procesados, detenidos, encarcelados ni se podrá restringir su libertad de ningún otro modo sin la aprobación previa del Parlamento;
D. Considerando que las autoridades griegas se proponen procesar a Giorgos Grammatikakis junto a otras personas por no haber cumplido ciertas obligaciones legales;
E. Considerando que el procedimiento propuesto se refiere a un debate mantenido el 8 de marzo de 1996 sobre la posibilidad de contratar una nueva póliza colectiva de seguro privado, además de la póliza de seguro obligatoria, para todos los empleados de la Universidad de Creta y unos supuestos pagos ilegales hechos en desembolsos sucesivos durante el período 2000-2002;
F. Considerando que se ha seguido un procedimiento sobre el mismo asunto referido al período a partir de 2000 que ha concluido con la absolución de todos los acusados;
G. Considerando que el procedimiento propuesto no guarda manifiestamente relación alguna con la condición de diputado al Parlamento Europeo de Giorgos Grammatikakis, dado que se refiere a su puesto anterior como rector del Claustro de la Universidad de Creta;
H. Considerando que el procedimiento propuesto no se refiere a opiniones o votos emitidos en el ejercicio de las funciones del diputado al Parlamento Europeo de que se trata a efectos del artículo 8 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea;
I. Considerando que el procedimiento propuesto se ha ampliado para abarcar el período de 1996 a 2000 e incluir la última reunión del Claustro de la Universidad de Creta con Giorgos Grammatikakis como rector, en la que se trató el asunto pero no se tomó ninguna decisión; que no existen indicios de que la intención del procedimiento propuesto sea causar un perjuicio político al diputado al Parlamento Europeo en cuestión;
J. Considerando que el procedimiento propuesto ha sido archivado definitivamente en el caso de muchos acusados integrantes del Claustro de la Universidad de Creta y de la comisión ELKE debido al transcurso del período de prescripción de 15 años para los presuntos delitos, y que el Tribunal absolvió definitivamente a otros de todas las acusaciones en mayo de 2016;
K. Mostrando su sorpresa por el hecho de que se solicite la suspensión de la inmunidad unos veinte años después de los hechos y de que el sistema judicial griego no haya sido capaz de actuar contra Giorgos Grammatikakis durante este período y pretenda hacerlo ahora, cuando es diputado al Parlamento Europeo;
L. Considerando que un sistema judicial que actúa con lentitud nunca será realmente justo, porque las personas implicadas ya no son las mismas que hace veinte años; que una justicia digna de ese nombre debe hacerse a su debido tiempo;
1. Decide suspender la inmunidad de Giorgos Grammatikakis, a petición del propio interesado, con objeto de poner fin a este largo procedimiento judicial;
2. Encarga a su Presidente que transmita inmediatamente la presente Decisión y el informe de su comisión competente a las autoridades griegas y a Giorgos Grammatikakis.
(1) Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de mayo de 1964, Wagner/Fohrmann y Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 1986, Wybot/Faure y otros, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentencia del Tribunal General de 15 de octubre de 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2008, Marra/De Gregorio y Clemente, C200/07 y C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentencia del Tribunal General de 19 de marzo de 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2011, Patriciello, C163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sentencia del Tribunal General de 17 de enero de 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 y T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de octubre de 2016, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (COM(2016)0462 – C8-0283/2016 – 2016/2165(BUD))
– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0462 – C8-0283/2016),
– Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020(2), y en particular su artículo 10,
– Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera(3), y en particular su apartado 11,
– Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A8-0270/2016),
1. Aprueba la Decisión adjunta a la presente Resolución;
2. Encarga a su Presidente que firme esta Decisión, conjuntamente con el Presidente del Consejo, y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;
3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, incluido su anexo, al Consejo y a la Comisión.
relativa a la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Grecia
(No se reproduce el texto del presente anexo dado que coincide con el acto final, la Decisión (UE) 2016/1856.)
Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de octubre de 2016, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud de Finlandia - EGF/2016/001 FI/Microsoft) (COM(2016)0490 – C8-0348/2016 – 2016/2211(BUD))
– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0490 – C8-0348/2016),
– Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera(3) (AII de 2 de diciembre de 2013), y en particular su apartado 13,
– Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A8-0273/2016),
A. Considerando que, si bien, en términos generales, la globalización genera crecimiento económico, este también debería utilizarse para aliviar la situación de aquellos que sufren los efectos negativos de la globalización;
B. Considerando que la Unión ha establecido instrumentos legislativos y presupuestarios para prestar ayuda adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes en los patrones del comercio mundial o de la crisis económica y financiera mundial, así como para prestarles ayuda en su reincorporación al mercado laboral;
C. Considerando que la ayuda financiera de la Unión a los trabajadores despedidos debe ser dinámica y ponerse a su disposición de la manera más rápida y eficaz posible;
D. Considerando que Finlandia presentó la solicitud EGF/2016/001 FI/Microsoft de contribución financiera del FEAG con arreglo al criterio de intervención del artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento FEAG, en relación con 2 161 despidos en Microsoft Mobile Oy y en ocho de los proveedores y transformadores de productos de dicha empresa en Finlandia, que operan en la división 62 de la NACE Revisión 2 (Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática);
F. Considerando que el control financiero de las acciones subvencionadas por el FEAG es responsabilidad del Estado miembro afectado, como se estipula en el artículo 21, apartado 1, del Reglamento FEAG;
1. Está de acuerdo con la Comisión en que se cumplen las condiciones fijadas en el artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento FEAG y en que, por lo tanto, Finlandia tiene derecho a una contribución financiera de 5 364 000 EUR con arreglo a dicho Reglamento, lo que representa un 60 % del coste total de 8 940 000 EUR;
2. Observa que Finlandia presentó la solicitud de contribución financiera del FEAG el 11 de marzo de 2016 y que, tras la información adicional facilitada por Finlandia, la Comisión finalizó su evaluación el 29 de julio de 2016, respetando así el plazo de doce semanas desde la recepción de la solicitud completada, y llegó a la conclusión de que se cumplían las condiciones para recibir una contribución financiera del FEAG;
3. Toma nota de que la principal causa de los despidos en Microsoft es la disminución de la cuota de mercado de sus teléfonos con su sistema operativo Windows en más de un 50 % en 2009, hasta representar el 0,6 % en el segundo semestre de 2016;
4. Recuerda que la cuota correspondiente a la Unión en lo que se refiere al empleo del sector de las TIC a escala mundial ha disminuido en los últimos años, y que las TIC desempeñan un papel clave en la economía finlandesa, con un 6,7 % de trabajadores empleados en el sector de las TIC en 2014, el porcentaje más alto de todos los Estados miembros; considera que los despidos en Microsoft se inscriben en una tendencia que afecta a toda la industria electrónica finlandesa desde el declive de Nokia en su país de origen y en cuyo contexto se han presentado cuatro solicitudes anteriormente; concluye que estos hechos están directamente relacionados con cambios estructurales en los patrones del comercio internacional provocados por la globalización;
5. Recuerda que la industria del software se caracteriza por ser muy internacional y que la competencia en el sector alcanza niveles globales, lo que significa que todos los agentes del mercado pueden competir por los mismos clientes, y que la localización y el trasfondo cultural del personal revisten escasa importancia;
6. Reconoce que esta solicitud es la continuación de una serie de casos relacionados con el declive de Nokia en Finlandia y que se esperan otras dos solicitudes relativas a trabajadores despedidos en el sector de las TIC;
7. Observa que los despidos se concentran en las regiones de nivel NUTS 2 de Helsinki-Uusimaa (FI1B), Finlandia Meridional (FI1C) y Finlandia Occidental (FI197), y que afectan a trabajadores con competencias muy diferentes, el 89 % de ellos entre 30 y 54 años de edad; manifiesta su preocupación por la ya difícil situación laboral de la mano de obra altamente cualificada y formada cuyas perspectivas de empleo serían, en otro contexto, tradicionalmente buenas, en particular de las mujeres, que tienen mayores dificultades para encontrar empleo, teniendo en cuenta que representan prácticamente al 50 % de los beneficiarios;
8. Observa que, hasta la fecha, el sector de «Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática » ha sido objeto de dos solicitudes anteriores de movilización del FEAG, ambas basadas en el criterio de la globalización (EGF/2013/001 FI/Nokia y EGF/2015/005 FI/Computer Programming);
9. Destaca la importancia del sector de las TIC para el empleo en las regiones de Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi y Länsi-Suomi y la contribución que los trabajadores despedidos podrían ofrecer al sector si reciben el apoyo suficiente en forma de educación y formación complementarias y planes de emprendimiento;
10. Celebra que las autoridades finlandesas empezaran a prestar servicios personalizados a los trabajadores afectados el 11 de septiembre de 2015, con bastante antelación a la solicitud de ayuda del FEAG para el paquete coordinado propuesto, ya que estas acciones son susceptibles de recibir financiación del FEAG;
11. Celebra el elevado porcentaje (cerca del 80 %) del paquete coordinado utilizado para los servicios personalizados;
12. Señala que Finlandia tiene previstos seis tipos de medidas destinadas a los trabajadores despedidos cubiertos por esta solicitud: i) medidas de asesoramiento y otras medidas preparatorias; ii) servicios de empleo y empresa; iii) formación; iv) subsidio salarial; v) subvención de creación de empresas; y vi) asignaciones por gastos de viaje, alojamiento y mudanza; señala que se asignan fondos suficientes para el control y la presentación de informes;
13. Observa que el subsidio salarial mencionado en el apartado 12 será de entre el 30 y el 50 % de los costes salariales del trabajador y se concederá por un período de seis a veinticuatro meses; pide a los Estados miembros que presten suma atención cuando utilicen las subvenciones salariales, con el fin de garantizar que los trabajadores despedidos contratados gracias a estas subvenciones no están sustituyendo total o parcialmente un puesto anteriormente ocupado por otro empleado en la empresa en cuestión; se complace de que las autoridades finlandesas hayan dado garantías al respecto;
14. Señala que las medidas de apoyo a la renta ascienden a un 16,64 % del paquete global de medidas personalizadas, porcentaje muy inferior al límite del 35 % que establece el Reglamento del FEAG, y que estas acciones se supeditan a la participación activa de los beneficiarios en cuestión en la búsqueda de empleo o actividades de formación;
15. Pide a la Comisión que evalúe y proporcione información sobre el impacto de esas medidas de apoyo a la renta durante un periodo de varios años, para garantizar que están apoyando un empleo de calidad y que no se están utilizando para subvencionar contratos a corto plazo y de bajo coste;
16. Señala que el paquete coordinado de servicios personalizados ha sido elaborado en consulta con los representantes de los beneficiarios previstos y los interlocutores sociales, nacionales y regionales;
17. Recuerda la importancia que reviste la mejora de las perspectivas de empleo de todos los trabajadores; espera que la formación ofrecida se adapte tanto a las necesidades, capacidades y competencias de los trabajadores despedidos como al entorno empresarial real;
18. Observa que en el marco del caso Microsoft se cooperará también con el proyecto nacional de desarrollo del servicio EURES «Movilidad Laboral en Europa 2014-2020»; Toma nota de que se van a organizar a nivel regional eventos internacionales de contratación en cooperación con los servicios del FEAG y del EURES; se felicita de estas medidas y de que las autoridades finlandesas estén incentivando a los trabajadores despedidos para que se beneficien plenamente de su derecho a la libertad de circulación;
19. Observa que, en el marco del Fondo Social Europeo, se ha puesto en marcha un paquete de medidas nacionales denominado «Modelos entre la empresa que contrata y la empresa que despide»; observa que con este conjunto de medidas se obtendrán resultados que podrían ser útiles para la ejecución de los proyectos enmarcados en la presente solicitud de contribución del FEAG; se felicita de los esfuerzos realizados por las autoridades finlandesas para buscar sinergias con otras acciones financiadas con fondos nacionales o de la Unión;
20. Recuerda que, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento del FEAG, el diseño del paquete coordinado de servicios personalizados debe anticipar las futuras perspectivas del mercado laboral y las cualificaciones requeridas y debe ser compatible con el cambio hacia una economía que utilice eficientemente los recursos y sea sostenible;
21. Toma nota de que en anteriores casos del FEAG, los servicios cara a cara a los trabajadores despedidos resultaron ser sumamente útil;
22. Observa que las autoridades finlandesas han confirmado que las acciones propuestas no recibirán apoyo financiero de otros fondos o instrumentos financieros de la Unión, que se impedirá toda doble financiación y que esas acciones complementarán las acciones financiadas por los Fondos Estructurales; reitera a la Comisión su petición de que presente una evaluación comparativa anual de estos datos con el fin de garantizar que se respeten plenamente las normas en vigor y que no se produzca ninguna duplicación de servicios financiados por la Unión;
23. Celebra la garantía ofrecida por Finlandia de que la contribución financiera del FEAG no reemplazará las medidas que debe adoptar la propia empresa en virtud de la legislación nacional o de los convenios colectivos;
24. Celebra el procedimiento mejorado puesto en funcionamiento por la Comisión a raíz de la solicitud del Parlamento de agilizar la liberación de las subvenciones; observa la presión temporal que supone el nuevo calendario y su posible impacto sobre la eficacia de la instrucción de los casos;
25. Aprueba la Decisión adjunta a la presente Resolución;
26. Encarga a su Presidente que firme esta Decisión, conjuntamente con el Presidente del Consejo, y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;
27. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, incluido su anexo, al Consejo y a la Comisión.
sobre la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud EGF/2016/001 FI/Microsoft, presentada por Finlandia)
(No se reproduce el texto del presente anexo dado que coincide con el acto final, la Decisión (UE) 2016/1857.)
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Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de octubre de 2016, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud de Suecia – EGF/2016/002 SE/Ericsson) (COM(2016)0554 – C8-0355/2016 – 2016/2214(BUD))
– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0554 – C8-0355/2016),
– Vista la negociación tripartita prevista en el apartado 13 del AII de 2 de diciembre de 2013,
– Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A8-0272/2016),
B. Considerando que la ayuda financiera de la Unión a los trabajadores despedidos debe ser dinámica y ponerse a disposición de los mismos de la manera más rápida y eficaz posible, de conformidad con la Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión aprobada en la reunión de concertación celebrada el 17 de julio de 2008, y teniendo debidamente en cuenta el AI de 2 de diciembre de 2013 por lo que respecta a la adopción de las decisiones de movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG);
C. Considerando que la adopción del Reglamento del FEAG refleja el acuerdo alcanzado entre el Parlamento y el Consejo de reintroducir el criterio de movilización relativo a la crisis, fijar la contribución financiera de la Unión en un 60 % del coste total estimado de las medidas propuestas, aumentar la eficiencia en el tratamiento de las solicitudes de intervención del FEAG en la Comisión, agilizar los procedimientos de evaluación y aprobación por parte del Parlamento y el Consejo, ampliar el abanico de acciones y beneficiarios que pueden acogerse a las ayudas mediante la incorporación de los trabajadores autónomos y de los jóvenes y financiar incentivos para la creación de empresas propias;
D. Considerando que Suecia presentó la solicitud EGF/2016/002 SE/Ericsson relativa a una contribución financiera del FEAG a raíz de los despidos de trabajadores en el sector económico clasificado en la división 26 de la NACE Revisión 2 (Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos), especialmente en las regiones de nivel NUTS 2 de Estocolmo (SE11), Suecia Centro-Oriental (SE12), Suecia Meridional (SE22) y Suecia Occidental (SE23) y que se prevé que se beneficien de las medidas 918 de los 1 556 trabajadores despedidos que pueden optar a la contribución del FEAG;
E. Considerando que la solicitud se presentó con arreglo al criterio de intervención del artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento del FEAG, que requiere el despido o el cese de la actividad, respectivamente, durante un período de referencia de cuatro meses, de como mínimo 500 trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia de una empresa de un Estado miembro, incluido el despido de los asalariados o el cese de la actividad de los trabajadores por cuenta propia de sus proveedores o transformadores de los productos de dicha empresa;
F. Considerando que Ericsson, que se enfrenta simultáneamente a un estancamiento del crecimiento y a una competencia más dura de los productores asiáticos, ha ido reduciendo progresivamente la producción de equipos de telecomunicaciones en un proceso que comenzó hace dos décadas;
1. Conviene con la Comisión en que se cumplen los criterios establecidos en el artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento FEAG y en que, por tanto, Suecia tiene derecho a una contribución financiera de 3 957 918 EUR en virtud del citado Reglamento, lo que representa el 60 % del coste total de 6 596 531 EUR y ayudará a 918 beneficiarios previstos a volver al mercado de trabajo;
2. Observa que Suecia presentó la solicitud de contribución financiera del FEAG el 31 de marzo de 2016, y que a raíz de la información suplementaria facilitada por Suecia, la Comisión finalizó su evaluación el 5 de septiembre de 2016 y la notificó al Parlamento ese mismo día, respetando así el plazo de doce semanas desde la recepción de la solicitud completada;
3. Toma nota de que los sectores de la informática y las telecomunicaciones están dominados por fabricantes de Asia, que se ha convertido en destino de externalización; señala que Ericsson ha ido reduciendo progresivamente su personal en Suecia (de 21 178 trabajadores en 2005 a 17 858 en 2014), pero, al mismo tiempo, ha crecido drásticamente a nivel mundial (de 56 055 trabajadores en 2005 a 118 055 en 2014);
4. Subraya que las regiones afectadas deben afrontar la situación de un grupo relativamente grande de trabajadores maduros con un perfil similar que han sido despedidos al mismo tiempo, la mayoría de los cuales, en particular los de Kista, la localidad con el mayor número de despidos, no dispone de las capacidades solicitadas en el mercado de trabajo local;
5. Acoge con satisfacción la decisión de Suecia de concentrar la posible ayuda del FEAG en las plantas de Kista, Katrineholm y Kumla, que son las que afrontan los mayores retos, ofreciendo al mismo tiempo ayuda individualizada a los trabajadores despedidos de las otras plantas;
6. Recuerda la diversidad de los empleados, tanto manuales como no manuales, afectados por los despidos; manifiesta su preocupación por el hecho de que algunos trabajadores se enfrenten a un mercado laboral con una demanda bastante baja en las industrias manufactureras tradicionales; constata que existen oportunidades para estos trabajadores en el sector de los servicios público o privado, pero con importantes esfuerzos de reciclaje profesional;
7. Toma nota de la valoración del Arbetsförmedlingen (el servicio público de empleo de Suecia) de que hay oportunidades potenciales para los trabajadores manuales en el sector de los servicios público o privado, siempre y cuando se les ofrezca un importante reciclaje profesional;
8. Reconoce que los trabajadores no manuales afectados son en su mayoría ingenieros, algunos de los cuales están especializados en nichos específicos de Ericsson, pero acoge con satisfacción la confianza del Servicio Público de Empleo de Suecia en que un paquete personalizado de programas de formación y orientación permitirá que la mayoría de esos trabajadores despedidos encuentre nuevos puestos de trabajo de alta calidad;
9. Señala que los servicios personalizados que cofinancia el FEAG para los trabajadores despedidos incluyen: asesoramiento y orientación profesional; empleo protegido y asistido y medidas de rehabilitación; educación y formación; y asignaciones para la búsqueda de empleo; acoge con satisfacción la atención especial que se prestará a los participantes de 50 años o más en la oferta de motivación y planificación profesional;
10. Señala que las medidas de apoyo a la renta ascienden a un 33,92 % del paquete global de medidas personalizadas, porcentaje próximo al importe máximo del 35 % que establece el Reglamento del FEAG, y que estas acciones se supeditan a la participación activa de los beneficiarios en cuestión en la búsqueda de empleo o actividades de formación; considera que este porcentaje relativamente alto está justificado habida cuenta de la importante proporción de trabajadores maduros afectados y la oferta de ayuda individual a los participantes con dificultades de aprendizaje;
11. Observa que el paquete coordinado de servicios personalizados se ha elaborado en consulta con los beneficiarios previstos y sus representantes, así como con los agentes públicos locales, teniendo en cuenta que el 22 % de los trabajadores son mujeres y el 78 %, hombres;
12. Recuerda que, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento del FEAG, la elaboración del paquete coordinado de servicios personalizados financiado por el FEAG deberá anticipar las perspectivas futuras en el mercado laboral y las competencias exigidas y ser compatible con la transición hacia una economía que utilice eficientemente los recursos y que sea sostenible;
13. Recuerda la importancia que reviste la mejora de las perspectivas de empleo de todos los trabajadores mediante medidas de formación adaptadas y el reconocimiento de las capacidades y las competencias adquiridas a lo largo de la carrera profesional del trabajador; espera que la formación ofrecida en el paquete coordinado no se adapte solamente a las necesidades de los trabajadores despedidos, sino también al entorno empresarial real;
14. Acoge con satisfacción que las autoridades suecas aseguren que se hará un esfuerzo especial para eliminar las barreras de género tradicionales, motivando también a los beneficiarios masculinos a buscar trabajo en el sector de la asistencia sanitaria, así como la contribución que harán las medidas a la consecución de los dieciséis objetivos de calidad medioambiental del país.
15. Pide a la Comisión que indique con mayor precisión, en futuras propuestas, los sectores en los que los trabajadores probablemente puedan encontrar un empleo y si la formación ofertada se ajusta a las futuras perspectivas económicas y necesidades del mercado laboral en las regiones afectadas por los despidos;
16. Observa que las autoridades suecas han confirmado que las acciones propuestas no recibirán apoyo financiero de otros fondos o instrumentos financieros de la Unión, que se impedirá toda doble financiación y que esas acciones complementarán las acciones financiadas por los Fondos Estructurales; reitera su petición a la Comisión para que presente una evaluación comparativa de estos datos en sus informes anuales con el fin de garantizar que se respeten plenamente las normas en vigor y que no se produzca ninguna duplicación de servicios financiados por la Unión;
17. Señala que el sector de la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos ha sido objeto de otras catorce solicitudes de intervención del FEAG, once de ellas basadas en la globalización del comercio y tres en la crisis económica y financiera mundial;
18. Reitera que la ayuda del FEAG no debe sustituir a otras actuaciones que son responsabilidad de las empresas en virtud de la legislación nacional o de convenios colectivos, ni tampoco a las medidas de reestructuración de empresas o sectores;
19. Celebra el procedimiento mejorado introducido por la Comisión a raíz de la solicitud del Parlamento de agilizar la liberación de las subvenciones; observa las limitaciones de tiempo que supone el nuevo calendario y su posible impacto sobre la eficacia de la instrucción de los casos;
20. Pide a la Comisión que garantice el acceso público a los documentos relacionados con las intervenciones del FEAG;
21. Aprueba la Decisión adjunta a la presente Resolución;
22. Encarga a su Presidente que firme esta Decisión, conjuntamente con el Presidente del Consejo, y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;
23. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, incluido su anexo, al Consejo y a la Comisión.
relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud EGF/2016/002 SE/Ericsson, presentada por Suecia)
(No se reproduce el texto del presente anexo dado que coincide con el acto final, la Decisión (UE) 2016/1858.)
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Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de octubre de 2016, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la asistencia jurídica gratuita provisional a los sospechosos o acusados privados de libertad y a la asistencia jurídica gratuita en el procedimiento de la orden de detención europea (COM(2013)0824 – C7-0429/2013 – 2013/0409(COD))
– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0824),
– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 82, apartado 2, letra b), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7‑0429/2013),
– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 25 de marzo de 2014(1),
– Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 30 de junio de 2016, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
– Visto el artículos 59 de su Reglamento,
– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0165/2015),
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 4 de octubre de 2016 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2016/... del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en el procedimiento de la orden europea de detención
(Ya que se alcanzó un acuerdo entre el Parlamento y el Consejo, la posición del Parlamento corresponde al acto legislativo final, la Directiva (UE)2016/1919.)
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de octubre de 2016, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1236/2005 del Consejo sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD))
– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2014)0001),
– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7‑0014/2014),
– Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional y la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0267/2015),
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 4 de octubre de 2016 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2016/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1236/2005 del Consejo sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
(Ya que se alcanzó un acuerdo entre el Parlamento y el Consejo, la posición del Parlamento corresponde al acto legislativo final, el Reglamento (UE) 2016/2134).
(1) La presente Posición sustituye a las enmiendas aprobadas el 27 de octubre de 2015 (Textos Aprobados, P8_TA(2015)0368.
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Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de octubre de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo por la que se aprueba la celebración por parte de la Oficina Europea de Policía (Europol) del Acuerdo de Cooperación Estratégica entre el Ministerio de Seguridad Pública de la República Popular China y Europol (08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS))
P8_TA(2016)0370 A8-0265/2016
– Visto el proyecto del Consejo (08364/2016),
– Vistos el artículo 39, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, en su versión modificada por el Tratado de Ámsterdam, y el artículo 9 del Protocolo n.º 36 sobre las disposiciones transitorias, conforme a los cuales ha sido consultado por el Consejo (C8-0217/2016),
– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0265/2016),
4. Pide a la Comisión que, después de la entrada en vigor del nuevo Reglamento Europol(4), evalúe las disposiciones contenidas en el acuerdo de cooperación; pide a la Comisión que informe al Parlamento y al Consejo de los resultados de esta evaluación y que, en su caso, formule una recomendación en el sentido de que se proceda a autoriza la apertura de una renegociación internacional del acuerdo;
5. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo, a la Comisión y a Europol.
(4) Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo (DO L 135 de 24.5.2016, p. 53).
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Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de octubre de 2016, sobre el futuro de las relaciones ACP-UE después de 2020 (2016/2053(INI))
– Vistos el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 («Acuerdo de Cotonú»), y sus revisiones de 2005 y 2010(1),
– Vistos el Acuerdo de Georgetown de 1975 por el que se instituye el Grupo de Estados ACP, y su revisión de 1992(2),
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de octubre de 2003, relativa a la plena integración de la cooperación con los países ACP en el presupuesto de la UE (COM(2003)0590),
– Visto el Documento de consulta conjunto de la Comisión Europea y de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 6 de octubre de 2015, titulado «Hacia una nueva asociación entre la Unión Europea y los países de África, el Caribe y el Pacífico después de 2020» (JOIN(2015)0033),
– Vistas sus anteriores resoluciones sobre las relaciones ACP-UE, en particular la Resolución, de 11 de febrero de 2015, sobre los trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE(3), la Resolución, de 13 de junio de 2013(4), sobre la segunda modificación del Acuerdo de Cotonú de 23 de junio de 2000, la Resolución, de 5 de febrero de 2009, sobre el impacto de los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) sobre el desarrollo(5), y la Resolución, de 1 de abril de 2004, sobre la integración del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) en el presupuesto de la Unión Europea(6),
– Vistas las anteriores resoluciones de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y, en particular, la Resolución, de 9 de diciembre de 2015 sobre cuarenta años de asociación: evaluación de los resultados para el comercio y el desarrollo en los países ACP y perspectivas de unas relaciones duraderas entre los países ACP y la Unión Europea(7),
– Vistas sus Resoluciones anteriores sobre la coherencia de las políticas en favor del desarrollo (CPD),
– Vista la Declaración conjunta de 9 de diciembre de 2015 de los copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE sobre el futuro de las relaciones ACP-UE(8),
– Vista la estrategia global de la UE para la política exterior y de seguridad que se presentó al Consejo Europeo en su reunión de los días 28 y 29 de junio de 2016,
– Vista la comunicación conjunta de la Comisión Europea y la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 21 de marzo de 2012, titulada «Hacia una asociación renovada para el desarrollo UE-Pacífico»,
– Vista la comunicación conjunta de la Comisión Europea y la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 26 de junio de 2012, titulada «Estrategia conjunta de asociación UE-Caribe» (JOIN(2012)0018),
– Vista la Estrategia conjunta África-UE, adoptada por los jefes de Estado y de Gobierno de África y la Unión Europea en la Cumbre de Lisboa, el 9 de diciembre de 2007(9),
– Vista su Resolución, de 6 de octubre de 2015, sobre el papel de las autoridades locales de los países en desarrollo en la cooperación para el desarrollo(10),
– Vista la Declaración conjunta ACP-UE, de 20 de junio de 2014, sobre el programa para después de 2015(11),
– Vista la Declaración de Sipopo de la séptima Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno ACP, celebrada los días de 13 y 14 de diciembre de 2012, sobre el futuro del Grupo ACP en un mundo cambiante: retos y oportunidades(12),
– Vistas la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada los días 13 a 16 de julio de 2015, y la Agenda de Acción de Addis Abeba, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 27 de julio de 2015(13),
– Vistos la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible y el documento final aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 titulado «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible»(14),
– Vista la 41.ª sesión del Consejo Mixto ACP-UE, celebrada en Dakar (Senegal), los días 28 y 29 de abril de 2016,
– Vista la 8.ª Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los países ACP celebrada en Port Moresby, Papúa Nueva Guinea, los días 31 de mayo y 1 de junio de 2016, en la que se adoptó el Comunicado Waigani, sobre las perspectivas futuras del Grupo de Estados ACP, y la Declaración de Port Moresby, por la que se aceptaba el informe final del Grupo de Personalidades Eminentes sobre el futuro del Grupo ACP,
– Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión de Presupuestos (A8-0263/2016),
A. Considerando que la fuerza y el acervo del Acuerdo de Cotonú se basan en una serie de características únicas: es un documento jurídicamente vinculante, se han adherido a él un número de Estados sin precedentes, 79 + 28, tiene un amplio alcance a través de sus tres pilares de cooperación para el desarrollo, cooperación política y cooperación económica y comercial, cuenta con un marco institucional común y dispone de un gran presupuesto bajo la forma del Fondo Europeo de Desarrollo (FED);
B. Considerando que el objetivo general del Acuerdo de Cotonú, «reducir y, a largo plazo, erradicar la pobreza, de forma coherente con los objetivos del desarrollo sostenible y con la integración progresiva de los Estados ACP en la economía mundial» se establece de manera firme en su artículo 1; considerando que la asociación se basa en un conjunto de valores y principios básicos que incluyen el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la democracia basada en el Estado de Derecho y en la gobernanza transparente y con rendición de cuentas;
C. Considerando que más del 80 % de los países menos desarrollados del mundo pertenecen a regiones ACP, lo que confiere especial relevancia a la asociación ACP-UE;
D. Considerando los cambios que han tenido lugar en el panorama político y económico del grupo ACP y en la Unión desde la firma del Acuerdo de Cotonú;
E. Considerando que el futuro de las relaciones ACP-UE debe basarse en una nueva reflexión sobre el potencial y los obstáculos que le esperan a la cooperación ACP-UE;
F. Considerando que la fuerza numérica que representan los Estados miembros ACP y de la Unión no se ha plasmado suficientemente en una acción conjunta en los foros internacionales;
G. Considerando que la asociación ACP-UE ha desempeñado un importante papel en el avance hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM);
H. Considerando que, por otra parte, los resultados con respecto a los objetivos de erradicación de la pobreza e integración de los países ACP en la economía mundial no han sido suficientes hasta la fecha, teniendo en cuenta que la mitad de los Estados miembros ACP aún se encuentra entre los países menos desarrollados y que el conjunto de los Estados miembros ACP supone menos del 5 % del comercio mundial y alrededor del 2 % del PIB mundial;
I. Considerando que las relaciones comerciales constituyen el segundo pilar del Acuerdo de Cotonú, y los Acuerdos de Asociación Económica (AAE), sus instrumentos;
J. Considerando que los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) se definen en el artículo 36 del Acuerdo de Cotonú como instrumentos de desarrollo que «aspiran a promover la integración ordenada y paulatina de los Estados ACP en la economía mundial, especialmente mediante la utilización a fondo del potencial de la integración regional y el comercio Sur-Sur»; que la inclusión de los AAE en el Acuerdo de Cotonú promueve la coherencia de las políticas en favor del desarrollo;
K. Considerando que el Acuerdo de Cotonú toma nota de la creciente importancia de la integración regional en los países ACP y en la cooperación ACP-UE, así como su papel para fomentar la paz y la seguridad, promover el crecimiento y abordar los desafíos transfronterizos;
L. Considerando que el Acuerdo de Cotonú aborda los nuevos retos mundiales relacionados con el cambio climático, la migración, la paz y la seguridad (como la lucha contra el terrorismo, el extremismo y la delincuencia internacional), pero ha tenido escasos resultados concretos en esos ámbitos;
M. Considerando que las reuniones de las instituciones conjuntas ACP-UE y, en particular, del Consejo de Ministros conjunto ACP-UE, han ofrecido pocos resultados concretos y han tenido una asistencia reducida y de bajo nivel;
N. Considerando que la Unión financia aproximadamente el 50 % de los costes de la Secretaría ACP; que varios Estados miembros ACP no pagan sus contribuciones de socios;
O. Considerando que el diálogo político sobre los elementos esenciales contemplado en los artículos 8 y 96 del Acuerdo de Cotonú es un medio concreto y legal de defender los valores comunes de la asociación ACP-UE y fomentar la democracia y los derechos humanos, que son fundamentales para el desarrollo sostenible;
P. Considerando que existe una clara necesidad de garantizar que, en el nuevo acuerdo, se mantendrá la condicionalidad en relación con los derechos humanos y se refuerza el diálogo político;
Q. Considerando que, pese a reconocerse su importancia, la participación de los parlamentos nacionales, las autoridades locales, la sociedad civil y el sector privado en el diálogo político ha sido más bien limitada; que el papel del Grupo ACP como tal se ha limitado a los casos respecto de los cuales se invoca el artículo 96; que el diálogo político y particularmente el artículo 96 se han utilizado la mayor parte de las veces en una fase tardía de las crisis políticas y no de una forma preventiva;
R. Considerando que, pese al claro reconocimiento de la función de los parlamentos nacionales, las autoridades locales, la sociedad civil y el sector privado en el Acuerdo de Cotonú tras su revisión de 2010, su participación en las deliberaciones sobre las políticas y actividades ACP-UE ha sido limitada;
S. Considerando que las organizaciones de la sociedad civil se enfrentan cada vez más a legislaciones restrictivas y a otros obstáculos que limitan sus actividades y espacio;
T. Considerando que en las regiones ACP hay países y territorios de ultramar (PTU) asociados a la Unión, cuyas especiales relaciones con la Unión inducen a apartarse del enfoque tradicional de la ayuda al desarrollo para tener mejor en cuenta su pertenencia a la familia europea; que los PTU, aunque disponen de un estatuto particular, siguen beneficiándose del 11.º Fondo Europeo de Desarrollo (FED), al igual que los países ACP;
U. Considerando que el FED se financia a partir de contribuciones directas de los Estados miembros de la Unión y que no está sujeto a las normas presupuestarias normales de la Unión; considerando que el Parlamento no tiene competencias sobre el presupuesto del FED aparte de las de aprobación de las cuentas de los reembolsos ya realizados, ni derechos de control formales sobre la programación del FED;
V. Considerando que, con arreglo al 11.º FED, se han apartado alrededor de 900 millones de euros para el Fondo de Apoyo a la Paz para África y que alrededor de 1 400 millones de euros de la reserva del FED se utilizarán para el Fondo Fiduciario de la UE para África;
W. Considerando que la movilización de recursos nacionales en los países ACP y las remesas de fondos de las comunidades de la diáspora pueden constituir una fuente esencial de financiación del desarrollo;
X. Considerando que una integración del FED en el presupuesto permitiría el control democrático, aumentaría la visibilidad e incrementaría la transparencia en el uso de los fondos de desarrollo de la Unión; considerando que, por otra parte, el carácter plurianual de la programación del FED permite la previsibilidad de los recursos, y que la integración en el presupuesto podría provocar un descenso de los fondos de desarrollo para los países ACP en favor de otras prioridades políticas exteriores y que ello podría verse como un debilitamiento de la asociación privilegiada ACP-UE; considerando que la integración del FED en el presupuesto también podría poner en riesgo la financiación del Fondo de Apoyo a la Paz para África, y de otras iniciativas importantes, como el Fondo Fiduciario de la UE para África, a menos que se cree un instrumento específico para la financiación de gastos de seguridad en relación con la cooperación al desarrollo;
1. Afirma que la cooperación ACP-UE es un logro valioso y único que ha reforzado los vínculos entre los pueblos y los países ACP y los Estados miembros de la Unión y sus Parlamentos a lo largo de los últimos cuarenta años; subraya que —a la luz de la demostración por parte de los países ACP de su compromiso por emprender acciones conjuntas como grupo—, para incrementar la eficacia de la cooperación y adaptarla a los nuevos retos se ha de adoptar una nueva estructura que englobe dentro de un marco común las partes del acervo ACP-UE que son de carácter universal, como un compromiso en favor de los derechos humanos, la igualdad de género, el desarrollo humano, la buena gobernanza y la democracia, el objetivo del Estado de Derecho y el intercambio de buenas prácticas, aunque la principal labor ha de realizarse con arreglo al principio de subsidiariedad, es decir, debe llevarse a cabo dentro de acuerdos regionales adaptados a las necesidades regionales específicas y a los intereses mutuos existentes entre la Unión y la región de que se trate;
2. Hace hincapié en que tanto el marco común como los acuerdos regionales deben ser jurídicamente vinculantes; subraya que, con el fin de incrementar su eficacia, reducir los solapamientos y evitar los marcos políticos duplicados, los acuerdos regionales con los países de África, del Caribe y del Pacífico deben estar configurados de forma que en ellos se tengan en cuenta las organizaciones regionales y subregionales existentes, como, por ejemplo, la Unión Africana, las comunidades económicas regionales, las estrategias regionales o los acuerdos regionales como los Acuerdos de Asociación Económica (AAE), y además deben permitir la inclusión de otros países, como los países del norte de África, o la creación de agrupaciones con arreglo a intereses o necesidades específicos (por ejemplo, el grado de desarrollo, como en el caso de los países menos adelantados, o determinadas particularidades geográficas, como en el caso de los pequeños Estados insulares en desarrollo);
Objetivos, principios y condiciones de la cooperación
3. Pide que la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyan el núcleo de un nuevo acuerdo, y que se establezcan mecanismos sólidos de seguimiento para garantizar que la aplicación del Acuerdo suponga una contribución a los ODS y los promueva;
4. Pide un mecanismo paritario de seguimiento, rendición de cuentas y revisión ACP-UE para llevar un control periódico de la aplicación de los ODS en los Estados miembros, y que los representantes de los países ACP y la Unión no procedan únicamente de instancias gubernamentales centrales, sino también de los Parlamentos, las autoridades regionales y locales, la sociedad civil y las comunidades científicas, elaborándose anualmente conclusiones y recomendaciones para los procesos de revisión a escala nacional, regional y global y para el seguimiento;
5. Resalta, además, que las políticas basadas en el conocimiento (knowledge-based policies) deberían tenerse plenamente en cuenta en la programación, la adopción y la aplicación de las políticas públicas sectoriales previstas en el marco del futuro acuerdo;
6. Pide que la lucha contra la pobreza y las desigualdades y, a la larga, su erradicación y el fomento del desarrollo sostenible sean los principales objetivos de la cooperación ACP-UE; insiste, no obstante, en que un nuevo acuerdo debe ser fundamentalmente un proyecto político basado en el principio de apropiación y en el que se abandone claramente la mentalidad donante-receptor; considera que la cooperación debería llevarse a cabo en ámbitos de interés común en los que pueden esperarse beneficios mutuos, no solo en términos económicos sino también en lo que respecta a la paz y la seguridad, los derechos humanos y el Estado de Derecho, la buena gobernanza y la democracia, la migración, el medio ambiente, el cambio climático y otros ámbitos relacionados con la prosperidad de las poblaciones tanto de los países ACP como de la Unión;
7. Reitera su opinión de que la coherencia de las políticas en favor del desarrollo (CPD) es un elemento fundamental para la realización de la nueva agenda de desarrollo sostenible; considera que el carácter global del Acuerdo de Cotonú promueve la CPD y que, por consiguiente, este aspecto debería conservarse en un nuevo acuerdo; señala la necesidad de mantener disposiciones específicas sobre la CPD y de reforzar el diálogo sobre cuestiones conexas en el marco del nuevo acuerdo; recuerda su propuesta de designar coponentes de turno sobre la CPD en el marco de la Asamblea Parlamentaria Paritaria;
8. Cree que el respeto de los principios de eficacia de la ayuda internacionalmente acordados es esencial para conseguir la Agenda 2030 y considera que se debe incluir una referencia al respecto en un futuro acuerdo;
9. Pide que los elementos esenciales del Acuerdo de Cotonú sobre los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de Derecho sigan siendo los valores en los que se fundamente el nuevo acuerdo; pide que se añada la buena gobernanza como elemento esencial, respondiendo así al nuevo ODS 16 consagrado a la paz, la justicia y unas instituciones eficaces; reitera la importancia de la plena aplicación del artículo 9 del Acuerdo de Cotonú;
10. Hace hincapié en que el diálogo político es un elemento fundamental del Acuerdo de Cotonú y en que los artículos 8 y 96 constituyen un medio concreto y jurídico para defender los elementos esenciales de las relaciones ACP-UE, aunque no siempre se hayan utilizado eficazmente en el pasado; pide que el diálogo político siga siendo un pilar central y jurídico tanto en el marco general como en el nivel regional del nuevo acuerdo; pide que se recurra al diálogo político de forma más eficaz y sistemática y de manera preventiva a fin de impedir las crisis políticas;
11. Recuerda que el artículo 97 del Acuerdo de Cotonú prevé un procedimiento de consulta y la adopción de medidas adecuadas en caso de situaciones graves de corrupción; lamenta que hasta el momento solo se haya invocado en una ocasión; pide que en el futuro acuerdo de asociación entre la Unión y los países ACP se refuerce este procedimiento, a fin de hacerlo verdaderamente operativo;
12. Subraya, a este respecto, que el diálogo político es un fundamento valioso para la mejora de la situación de los pueblos de los países socios; lamenta el uso insuficiente de este instrumento y su escasa eficacia hasta ahora; pide, por tanto, que se mejore la supervisión de la situación de los derechos humanos y de los demás elementos esenciales y fundamentales del Acuerdo e insiste en que dicha supervisión sea inclusiva y participativa, así como que se lleven a cabo evaluaciones plurianuales o bienales e informes conjuntos sobre el respeto de estos elementos por todos los Estados miembros ACP-UE con la finalidad de señalar, denunciar y elogiar; pide que los resultados de estos informes se presenten en las reuniones generales ACP-UE y que sirvan como base para el diálogo político y se consulten en los exámenes nacionales, regionales y mundiales de seguimiento de la aplicación de los ODS;
13. Pide una mayor participación de los parlamentos nacionales y de las autoridades regionales y locales, tanto de los países ACP como de la Unión, en todas las fases de las políticas y actividades ACP-UE, desde la planificación y la programación hasta la ejecución, la evaluación y el seguimiento, sobre todo desde la perspectiva del principio de subsidiariedad;
14. Insta a todas las partes en el nuevo acuerdo a que se comprometan a reforzar la autonomía y las capacidades de los gobiernos locales y regionales, para que puedan desempeñar de forma eficaz sus misiones e intervenir como agentes significativos en el desarrollo de los países ACP;
15. Pide un mayor grado de participación en el diálogo político, la programación, la aplicación y el apoyo en relación con el refuerzo de capacidades por parte de la sociedad civil, especialmente para los grupos locales que se ven directamente afectados por las políticas; subraya, a este respecto, el peligro que supone la disminución del margen de actuación de la sociedad civil en algunos países, y también la necesidad de incluir a grupos como minorías, jóvenes y mujeres que son incapaces de organizarse para defender sus intereses o que, a pesar de representar un interés democrático legítimo, no son reconocidos por sus gobiernos.
16. Considera que el sector privado puede desempeñar un papel clave en el proceso de desarrollo y puede contribuir a su financiación, siempre y cuando al efectuar las inversiones se garantice el respeto de las personas, la propiedad o el uso tradicionales y el medio ambiente, con arreglo a los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas; pide, por lo tanto, apoyo a la inversión privada bajo los auspicios del Banco Europeo de Inversiones (BEI), siempre que esta inversión sea conforme con el Derecho internacional en materia de derechos humanos y las normas en materia de protección social y ambiental; subraya que en la nueva asociación debe otorgarse prioridad a los productores y agricultores a pequeña escala y a garantizar un entorno favorable para las microempresas, las pequeñas y medianas empresas; pide, además, que se escuche a los sectores privados locales y nacionales durante la elaboración de las políticas y en las fases de programación y ejecución;
Futuras instituciones ACP-UE
17. Pide que en las reuniones del Consejo Mixto ACP-UE se celebren debates políticos de actualidad y de urgencia, incluso sobre temas delicados, con el objetivo de adoptar conclusiones conjuntas sobre ellos; pide a los ministerios pertinentes de los Estados miembros de la UE y de los países ACP que velen por una mayor participación de los ministros en las reuniones a fin de dotarlas de la legitimidad política necesaria y conferir la necesaria visibilidad al principio de asociación;
18. Pide que el nuevo acuerdo de cooperación conste de una fuerte dimensión parlamentaria, a través de una asamblea parlamentaria paritaria (APP), que prevea un diálogo parlamentario democrático y global abierto, en particular sobre temas difíciles y sensibles, haga avanzar los proyectos políticos comunes (regionales) y les proporcione sustento democrático mediante la participación de múltiples partes interesadas, supervise la labor del ejecutivo y la cooperación para el desarrollo, promueva la democracia y los derechos humanos y, de este modo, haga una contribución significativa a una nueva asociación de cooperación en pie de igualdad; subraya la importancia que reviste la participación temprana de la APP en todos los debates pertinentes sobre la asociación ACP-UE posterior a 2020;
19. Cree firmemente que la APP debe garantizar, en sus debates, una representación y una participación democráticas adecuadas y proporcionales de todas las fuerzas políticas; pide, por tanto, que las delegaciones nacionales en la APP estén compuestas por representantes parlamentarios de todo el espectro político nacional, y que garanticen la presencia de la oposición;
20. Pide que la APP se adapte a la nueva estructura regional y que, por tanto, centre su trabajo en los foros regionales en cuestiones de importancia regional, en estrecha colaboración con los parlamentos nacionales y regionales y celebrando también periódicamente, aunque con menor frecuencia, reuniones conjuntas ACP-UE; pide que se incluyan reuniones temáticas y de actualidad con la sociedad civil, las autoridades locales y el sector privado en las sesiones de la APP, a fin de continuar desarrollando y ampliando los debates sobre temas vinculados al programa de la APP;
21. Pide a la Mesa de la APP que desarrolle una orientación más estratégica del programa de trabajo de la Asamblea; pide que los futuros informes de la comisión de la APP establezcan un vínculo claro con los diecisiete ODS, al objeto de permitir un seguimiento continuado de cada uno de estos objetivos; pide una armonización, en el foro global ACP-UE, de las resoluciones comunes sobre cuestiones urgentes de orden internacional, retrasos en relación con temas pertinentes para los ODS y violaciones de los derechos humanos, así como la armonización de las resoluciones en reuniones regionales o de otro tipo sobre temas de actualidad y cuestiones urgentes que tengan particular interés para una región o un grupo específico; recuerda a la AR/VP, en este contexto, la importancia política de la presencia del Consejo a nivel ministerial en las sesiones de la APP; pide que se invite a los copresidentes de la APP ACP-UE a las reuniones del Consejo Mixto con el fin de garantizar un flujo eficaz y recíproco de información y mejorar la cooperación institucional;
22. Pide que se realicen esfuerzos suplementarios para mejorar el control por la APP de la programación del desarrollo, teniendo en cuenta los principios de eficacia del desarrollo, y su seguimiento de dicho control; pide a la Comisión y a los gobiernos que promuevan la participación de los parlamentos nacionales, las autoridades locales y regionales, los actores de la sociedad civil, el sector privado y las comunidades de la diáspora en las diferentes fases de control de la programación del desarrollo, y que faciliten oportunamente y de forma transparente toda la información disponible a los parlamentos nacionales con el fin de ayudarles a ejercer su control democrático;
23. Considera que la asociación ACP-UE debe intentar involucrarse más con otros socios a escala mundial (como la Unión Africana o las Naciones Unidas) y otras potencias internacionales en la medida de lo posible, así como trabajar por una coordinación y cooperación mejores, sin duplicar trabajo o misiones, con el fin de abordar los desafíos de las guerras, los conflictos internos, la inseguridad, la fragilidad y la transición;
24. Está convencido de que la expiración simultánea del Acuerdo de Cotonú y del marco financiero plurianual (MFP) representa una oportunidad para decidir finalmente la integración del Fondo Europeo de Desarrollo en el presupuesto, con vistas a mejorar la eficiencia y la eficacia, la transparencia, el control democrático, la rendición de cuentas y la visibilidad y coherencia de la financiación de la unión al desarrollo; hace hincapié, no obstante, en que esta integración debe estar condicionada por i) una delimitación garantizada de los fondos de desarrollo para mantener el nivel a medida de financiación de los países en desarrollo, y ii) una solución permanente y separada para la financiación de la Unión de los gastos de seguridad vinculados a la cooperación para el desarrollo y coherente con la misma; destaca que, incluso si se produce la integración en el presupuesto, el FED debe incluir valores de referencia que sean conformes con la cooperación al desarrollo de la Unión; insta a las dos partes a que modernicen los instrumentos de financiación y a que promuevan el apoyo presupuestario general y sectorial en la medida de lo posible;
25. Señala que el presupuesto de la Unión ya prevé instrumentos dirigidos a socios concretos y que la inclusión del FED en el presupuesto puede planificarse de manera que refleje e impulse la relación privilegiada entre la Unión y los países ACP con el propósito de fomentar el desarrollo sostenible; pide a la Comisión que, antes de plantear las propuestas necesarias para el próximo MFP, presente una hoja de ruta en la que se aborden las cuestiones mencionadas;
26. Recuerda que las futuras relaciones ACP-UE deben ser de naturaleza política, por ejemplo, a través del desarrollo de proyectos políticos comunes en diferentes foros internacionales, y no basarse principalmente en el paradigma donante-receptor; subraya, por consiguiente, que los principios de la ayuda al desarrollo de la Unión deben aplicarse sobre una base de igualdad a todos los países en desarrollo, y que los países ACP más adelantados deben por lo tanto quedar excluidos de la ayuda al desarrollo de la Unión en las mismas condiciones que los países no ACP; considera que un mayor grado de autofinanciación por parte de los países ACP sería conforme con la ambición de la ACP de convertirse en un actor autónomo, y subraya, en este contexto, la importancia de reforzar, en el marco del nuevo acuerdo, las herramientas de creación de capacidades de los países ACP para que puedan financiar por sí mismos sectores vitales de la economía; pide a las partes que intensifiquen sus esfuerzos por mejorar la capacidad de los países ACP para movilizar los recursos nacionales, en particular mediante el refuerzo de los sistemas fiscales, la buena gestión de los recursos naturales, la industrialización y la transformación de las materias primas destinadas a los mercados locales, regionales e internacionales;
27. Subraya que el 11.º FED es la principal fuente de financiación para el Fondo de Apoyo a la Paz para África, pese a que cuando este se creó, en 2003, fue concebido como una solución provisional; pide la creación de un instrumento específico para la financiación de los gastos de seguridad vinculados a la cooperación al desarrollo;
28. Toma nota de la Comunicación de la Comisión, de 7 de junio de 2016, sobre la creación de un nuevo marco de asociación con terceros países en el contexto de la Agenda Europea de Migración; constata que la contribución del presupuesto de la Unión y del FED al paquete de 8 000 millones de euros se compone exclusivamente de ayudas que ya estaban previstas; pide que no se vea comprometida la ayuda al desarrollo para los beneficiarios y que se financien con nuevos créditos las iniciativas relacionadas con la migración;
29. Pide que, para todos los PTU, se cree un instrumento específico que responda a su estatuto especial y tenga en cuenta su pertenencia a la familia europea; pide que se entable una cooperación reforzada entre los países ACP y los PTU, para que puedan participar en el desarrollo inclusivo y sostenible de sus respectivas regiones y para integrar mejor a los PTU en su entorno regional;
La dimensión comercial: los Acuerdos de Asociación Económica (AAE)
30. Reitera que los AAE constituyen una base para la cooperación regional y que deben ser instrumentos de desarrollo e integración regional; destaca, por tanto, la pertinencia de que todos los AAE contengan disposiciones jurídicamente vinculantes sobre sostenibilidad (en materia de derechos humanos, normas sociales y ambientales) y destaca la importancia de crear sistemas de seguimiento eficaces que impliquen a una amplia gama de agentes de la sociedad civil a fin de identificar y prevenir las posibles repercusiones negativas debidas a la liberalización del comercio;
31. Pide que el acuerdo posterior a Cotonú sea un acuerdo marco en el que se establezcan requisitos mínimos vinculantes en relación con los AAE, con el fin de garantizar la continuidad de los vínculos existentes en el marco del actual Acuerdo de Cotonú entre los AAE y las disposiciones sobre sostenibilidad en materia de buena gobernanza, respeto de los derechos humanos, también entre las personas más vulnerables, y el respeto de las normas sociales y ambientales, y porque ello proporcionaría un marco para el desarrollo y la coherencia de las políticas; pide un control parlamentario conjunto y procedimientos de control sobre el impacto de la AAE así como mecanismos de control de la sociedad civil estructurados;
32. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo de la UE y a la Comisión Europea, al Consejo de Ministros ACP, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, así como a la Mesa de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE.
(3) DO C 310 de 25.8.2016, p. 19.
(4) DO C 65 de 19.2.2016, p. 257.
(5) DO C 67 E de 18.3.2010, p. 120.
(6) DO C 103 E de 29.4.2004, p. 833.
(10) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0336.
(13) Resolución A/RES/69/313 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
(14) Resolución A/RES/70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

References: Resolución 
 artículo 192
 artículo 218
 artículo 9
 artículo 6
 artículo 62
 artículo 54
 artículo 83
 resolución 
 artículo 9
 artículo 62
 artículo 8

Resolución 
 artículo 10

Resolución 
 artículo 4
 artículo 21
 artículo 4
 artículo 7

Resolución 
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 7

Resolución 
 artículo 294
 artículo 82
 artículo 294

Resolución 
 artículo 294
 artículo 207

Resolución 
 artículo 39
 artículo 9

Resolución 
 artículo 1
 artículo 36
 artículo 96
 artículo 96
 artículo 9
 artículo 97
 Resolución 
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