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Timestamp: 2017-12-16 05:19:00+00:00

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Sentencia T.S.J. Extremadura 470/2010 de 20 de septiembre. Despido. Relación laboral especial de alta dirección. Indemnización por extinción del contrato - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Extremadura 470/2010 de 20 de septiembre
Extinción del contrato de trabajo: Despido disciplinario. Relación laboral especial de alta dirección: Implica la disposición de funciones directivas en sectores específicos del tráfico empresarial. La condena que contiene la sentencia de instancia a una indemnización de 20 días por año de servicio con un máximo de doce mensualidades se ajusta plenamente a la naturaleza especial de la relación laboral. Desestimación.
NIG: 10148 44 4 2010 0300066
TIPO Y N.º DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0000371 /2010
JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEM: 0000086 /2010 del JDO. DE LO SOCIAL n.º: 003
Abogado/a: MARIA MARTIN CANDELEDA
Recurrido/s: TABACO DE CACERES,S.COOP.
Abogado/a: MANUEL MARIA MARTIN JIMENEZ
En el RECURSO SUPLICACION 371/2010, formalizado por la Sra. Letrada D.ª MARÍA MARTÍN CANDELEDA, en nombre y representación de D. Carlos Manuel, contra la sentencia número 122/10 dictada por el JUZGADO DE LO SOCIAL N. 3 de CACERES en el procedimiento DEMANDA 86 /2010, seguidos a instancia del mismo recurrente, frente a TABACO DE CACERES, S. COOP., parte representada por el Sr. Letrado D. MANUEL M.ª, MARTÍN JIMÉNEZ, sobre DESPIDO DISCIPLINARIO, siendo Magistrado-Ponente la Ilma Sra D.ª MANUELA ESLAVA RODRÍGUEZ.
Primero.-D. Carlos Manuel, presentó demanda contra TABACO DE CACERES, S. COOP., siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la sentencia número 122, de fecha dieciséis de Abril de dos mil diez
Segundo.-En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos expresamente declarados probados:"1.º-La parte actora de este procedimiento, D. Carlos Manuel ha venido prestando sus servicios como trabajador con la categoría profesional de "director administrativo" para la demandada TABACOS DE CACERES, SOCIEDAD COOPERATIVA desde el día 5-IV-1994 (mediante la firma de un contrato de trabajo temporal de fomento del empleo celebrado al amparo del Real Decreto 1984/84, después prorrogado por periodos de doce meses al menos en dos sucesivas ocasiones y percibiendo un último salario mensual (incluido el prorrateo de las pagas extraordinarias) de 4.221 Z93 euros. 2.º- Que la empresa demandada comunica a dicho trabajador mediante escrito de 2-XII-2009 su despido disciplinario (folio 8 de las actuaciones), éste con efectos desde el día 18-XII-2009. 3.º- A instancia del actor se celebró el día 8-I-2010 con la demandada y ante la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación acto de conciliación sobre despido, acto en el que la empresa "reconoce la improcedencia del despido al haber sido notificado con una defecto de forma y ofrece la readmisión y en este acto desea entregarle un cheque por la cantidades que se le adeudan en concepto de salario que asciende a un total de 4.981Z46 euros" y la parte actora en dicho acto no acepta tal ofrecimiento. 4.º- Entre la facultades otorgadas por el Presidente del Consejo Rector de la entidad demandada en escritura pública de 24 de agosto de 1994 a favor del actor Sr. Carlos Manuel. están las de "celebrar y otorgar contratos de suministros y compra de productos necesarios o convenientes para los socios de la cooperativa", "realizar operaciones comerciales relativas al tabaco de socios y asociados", "organizar y dirigir la contabilidad de la empresa", "comparecer ante los Tribunales y funcionarios" de cualquier orden jurisdiccional y "realizar mancomunadamente ante la banca privada las operaciones normales para el desenvolvimientos de la cooperativa". Antedicho poder fue revocado por el poderdante en escritura pública de 23 de diciembre de 2009. 5.º- El actor tiene reconocida firma en cuentas bancarias en entidades tales que Banco Caixa Geral y Caja de Badajoz y para otros productos como es un arrendamiento de una caja de seguridad en la entidad Caja de Extremadura). En la tarjeta de presentación, bajo el nombre y logotipo de la demandada aparecen el nombre y apellidos del actor y a renglón seguido, el término "gerente". 6.º- El actor precedió a "interponer demanda ad cautelam por despido" mediante escrito de demanda repartido a este Juzgado el día 24-II-2010 contra la citada Cooperativa y cuya admisión ha dado lugar a los autos número 150/2010; su juicio viene señalado para el día 4-V-2010. En tal demanda se indica que el actor fue objeto de despido en escrito de la demandada de 18-XII-2009 (antes referido y origen del presente procedimiento) y que fue nuevamente despedido en escrito de la citada cooperativa de 3-I-2010, éste con fecha de efectos del día 15 siguiente (así, sus "hechos" segundo y tercero). 7.º- El demandante no ha ostentado, en el año anterior al despido, la condición de delegado de personal, miembro del comité de empresa o delegado sindical."
Tercero.-En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva: "FALLO: Que estimando en parte la demanda deducida por D. Carlos Manuel contra la entidad TABACOS DE CÁCERES, SOCIEDAD COOPERATIVA, debo declarar y declaro improcedente el despido del Sr. Carlos Manuel. y debo condenar como condeno a ambas partes a estar y pasar por dicha declaración y a que dentro del término de los cinco días siguientes al de la última de las notificaciones de esta sentencia a las partes -y mediante escrito o comparecencia ante la Secretaría de este Juzgado-, muestren las partes su acuerdo bien sobre la readmisión del trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, bien sobre el pago de la empresa al trabajador de la indemnización de cuarenta y cuatro mil cuarenta y ocho euros con cuarenta y nueve céntimos."
Quinto.-Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en esta T.S.J. EXTREMADURA SALA SOCIAL en fecha 6-7-10.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta de Sala los siguientes,
Primero.-Contra la sentencia que, estimado en parte la demanda deducida por el trabajador, y tras calificar como especial la relación laboral, declara improcedente el despido del demandante y condena a las partes a que en el término de cinco días muestren su acuerdo bien sobre la readmisión bien sobre el pago de la empresa al trabajador de la indemnización de 44.048,49 €, recurre en suplicación el trabajador, quien discrepa de las consecuencias jurídicas de la calificación de la relación llevada a cabo por el juzgador de instancia y en el primer motivo del recurso, amparado en el art. 191 b) de la Ley de Procedimiento Laboral, interesa que en el hecho cuarto sea suprimida la expresión "entre las facultades otorgadas por..." y sea sustituida por "todas", aduciendo que el actor no tenía otras facultades distintas a las que se enumeran en dicho hecho, conforme a las escrituras públicas de 24 de agosto de 1994 y de 30 de abril de 2004 (documentos 5 y 6 de la prueba de la parte demandada, ambos sin foliar). Modificación a la que no hay inconveniente en acceder en cuanto el hecho cuarto transcribe las facultades descritas en las escrituras de apoderamiento invocadas, si bien no es necesario que sean sustituidas por el adjetivo "todas", bastando el artículo determinado "las", ya que en el hecho quinto se describen facultades que imposibilitan recurrir a dicho adjetivo.
Segundo.-En el siguiente motivo del recurso, y al amparo del apartado c) del art. 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, se denuncia la infracción de los arts. 2.1 a) y 1.1 del Estatuto de los Trabajadores y 1.2 del RD 1382/1985, alegando que las facultades o poderes que le fueron otorgados en forma alguna pueden considerarse inherentes a la titularidad de la empresa ni referidos a la íntegra actividad de la empresa ni a los aspectos trascendentales de sus objetivos ni suponen el margen de independencia y plena responsabilidad en el ejercicio de los mismos. Explica que el recurrente no dispone de facultad para contratar o despedir trabajadores, establecer la jornada, condiciones de trabajo y salario ni poderes disciplinarios. Tampoco puede ejercer decisiones fundamentales o estratégicas, disponer del patrimonio de la cooperativa fuera de las operaciones concretas especificadas en los poderes respecto a los productos de suministro o compra de productos y tabaco a los socios que, en absoluto, suponen operaciones de alta dirección, como tampoco la llevanza de libros. Concluye que no es decisivo en la naturaleza de la relación laboral el nombre que le atribuyan las partes, sino la realidad de las funciones desempeñadas, no siendo por ello indicativo que se le denominase "gerente", pues como se dice en el hecho probado primero su categoría era la de director administrativo.
Respecto a la relación especial de alta dirección hay que tener en cuenta la doctrina del Tribunal Supremo representada, entre otras, en Sentencia de 4 de junio de 1999 que, en interpretación de los artículos 1-1 del Estatuto de los Trabajadores y 1-2 del Real Decreto 1382/1985, ha declarado que:
"a) Uno de los elementos indiciarios de la relación especial de servicios de los empleados de alta dirección es que las facultades otorgadas "además de afectar a áreas funcionales de indiscutible importancia para la vida de la empresa, han de estar referidas normalmente a la íntegra actividad de la misma o a aspectos trascendentales de sus objetivos, con dimensión territorial plena o referida a zonas o centros de trabajo nucleares para dicha actividad". Ello es así porque este contrato especial de trabajo se define en el art. 1.2 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, de un lado por la inexistencia de subordinación en la prestación de servicios (autonomía y plena responsabilidad), y de otro lado por el ejercicio de los poderes que corresponden a decisiones estratégicas para el conjunto de la empresa y no para las distintas unidades jurídicas de la empresa y relativos a los objetivos generales de la misma) (STS/Social 24-1-1990, 2-1-1991y STS/IV 22-4-1997)".
b) Es exigencia para atribuir a una relación laboral el carácter especial que es propio de las de alta dirección y que explícitamente figura en el mencionado art. 1.2 Real Decreto 1382/1985, que la prestación de servicios haya de ejercitarse asumiendo, con autonomía y plena responsabilidad, poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa y relativa a los objetivos generales de la misma, y que "el alto cargo, en el desarrollo de sus funciones y ejercicio de sus facultades, ha de gozar, además, de autonomía, asumiendo la responsabilidad correspondiente; autonomía que sólo puede quedar limitada por las instrucciones impartidas por quien asume la titularidad de la empresa, por lo que, normalmente, habrá de entenderse excluido del ámbito de aplicación del referido Real Decreto y sometido a la legislación laboral común, aquellos que reciban tales instrucciones de órganos directivos, delegados de quien ostenta la titularidad de la empresa, pues los mandos intermedios, aunque ejerzan funciones directivas ordinarias, quedan sometidos al ordenamiento laboral común, ya que la calificación de alto cargo requiere la concurrencia de las circunstancias expuestas, en tanto que definitorios de tal condición, a tenor del repetidamente citado art. 2.º" (STS/Social 12-9-1990).
c) No cabe confundir el ejercicio de determinadas funciones directivas por algunos trabajadores -fenómeno de delegación de poder siempre presente en las organizaciones dotadas de cierta complejidad- con la alta dirección que delimita el art. 1.2 Real Decreto 1382/1985 en relación con el art. 2.1.a) ET, "en concepto legal, que, en la medida en que lleva la aplicación de un régimen jurídico especial en el que se limita de forma importante la protección que el ordenamiento otorga a los trabajadores, no puede ser objeto de una interpretación extensiva" (SSTS/Social 13-3-1990 y 11-6-1990).
d) Destacándose que "lo que caracteriza la relación laboral del personal de alta dirección es la participación en la toma de decisiones en actos fundamentales de gestión de la actividad empresarial" y que "para apreciar la existencia de trabajo de alta dirección se tienen que dar los siguientes presupuestos: el ejercicio de poderes inherentes a la titularidad de la empresa, el carácter general de esos poderes, que se han de referir al conjunto de la actividad de la misma, y la autonomía en su ejercicio, sólo subordinado al órgano rector de la sociedad. Y precisamente como consecuencia de estas consideraciones referentes a la delimitación del concepto de "alto cargo", es por lo que se ha proclamado que este especial concepto ha de ser de interpretación restrictiva y hay que entender, para precisarlo, al ejercicio de funciones de rectoría superior en el marco de la empresa " (SSTS/Social 24-1-1990 y 2-1-1991)"".
Doctrina que aplicada al supuesto que nos ocupa nos lleva a concluir que la relación habida entre las partes es la de una relación laboral especial o de alta dirección por cuanto del relato de hechos probados resulta que el demandante desarrollaba en la cooperativa demandada funciones de gestión y dirección empresarial, representando a la compañía, y facultades inherentes a la titularidad de la empresa. Como dice el juzgador de instancia, el recurrente ha actuado en el tráfico como un verdadero gerente, director general o cargo equivalente, como apoderado principal de la cooperativa, términos a los que alude la Ley 27/1999, de 16 de julio, de cooperativas, para referirse a la persona a la que el consejo rector podrá conferir apoderamientos, así como proceder a su revocación. También el art. 36.5 de la Ley 2/1998, de Cooperativas, de Extremadura, establece que el consejo rector de la cooperativa podrá otorgar apoderamientos en favor de cualquier persona.
En efecto, las facultades que se describen en el hecho cuarto, en los términos que constan en las escrituras públicas anteriormente citadas ("celebrar y otorgar contratos de suministros y compra de productos necesarios o convenientes para los socios de la cooperativa", "realizar operaciones comerciales relativas al tabaco de los socios y asociados", "organizar y dirigir la contabilidad de la empresa", "comparecer ante los tribunales y funcionarios" y "realizar mancomunadamente ante la banca privada las operaciones normales para el desenvolvimiento de la cooperativa"), exceden del mero ámbito administrativo conllevando una clara función decisoria en los distintos ámbitos económicos de la empresa.
En el hecho quinto se añade que el recurrente tiene reconocida firma en cuentas con distintas entidades bancarias y que ha suscrito documentos de diversa índole en nombre de la cooperativa demandada en las relaciones de ésta con otras empresas y con organismos públicos como la TGSS, la Aduana o la Junta de Extremadura. Es significativa asimismo que en la tarjeta de presentación, bajo el nombre y logotipo de la cooperativa figuren el nombre y apellidos del actor y a reglón seguido, el término "gerente".
Del mismo modo, de la documental obrante en autos, se desprende, como aduce la demandada, que el recurrente podía contratar y despedir trabajadores (folios 138 a 143), concertar contratos de producción y suministro de productos (folios 120 y ss), y que disfrutaba de poderes decisorios en el ámbito financiero (113 y ss).
A dicha calificación como relación laboral especial no afecta que la existencia de gerente en la sociedad cooperativa no modifique ni disminuya las competencias y facultades del consejo rector, ni excluya la responsabilidad de sus miembros frente a la sociedad cooperativa, frente a los socios y asociados y frente a terceros (como dispone el art. 39.3 de la Ley extremeña). Lo que interesa es la existencia de una efectiva atribución de facultades de dirección así como el poder empresarial de decisión, que en este caso, a la vista de los poderes conferidos al recurrente en los ámbitos comercial, financiero, de gestión de recursos humanos y de representación, no cabe duda de que concurre. La consideración de la empresa como estructura societaria tiene como consecuencia que por personal de alta dirección haya de entenderse no sólo a aquellos trabajadores que de hecho llevan la empresa sin sujeción alguna sino también a aquellos trabajadores que individual o colegiadamente no son el vértice de la estructura piramidal empresarial sino que existe una relación laboral de alta dirección cuando se asumen funciones directivas en sectores específicos del tráfico empresarial.
Todo ello, además, con un apoyo documental importante que hace innecesario que la Sala deba recurrir a lo declarado por el ex presidente de la cooperativa en el seno de las DP núm. 525/2010 que se tramitan en el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Plasencia, incoadas como consecuencia de la querella interpuesta por la demandada contra el recurrente y el ex presidente por la comisión de varios delitos, documentación admitida por esta Sala mediante Auto de 19 de julio 2010 al tratarse de documentos posteriores a la celebración del juicio en el procedimiento del que trae causa el presente procedimiento.
Tercero.-Desestimado el motivo anterior la misma suerte merece el formulados en tercer lugar donde se denuncia infracción de los artículos 11.2 del RD 1382/1985 y 56.2 del Estatuto de los Trabajadores, ya que la condena que contiene la sentencia de instancia a una indemnización de 20 días por año de servicio con un máximo de doce mensualidades se ajusta plenamente a la naturaleza especial de la relación laboral, conforme al art. 11.2 del mencionado RD.
Por lo expuesto, se desestima el recurso.
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D. Carlos Manuel, contra la sentencia número 122/10 dictada por el JUZGADO DE LO SOCIAL N. 3 de CACERES en el procedimiento DEMANDA 86 /2010, seguidos a instancia del mismo recurrente, frente a TABACO DE CACERES, S. COOP., sobre DESPIDO DISCIPLINARIO, y, en consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la sentencia de instancia.

References: Real Decreto 
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