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Timestamp: 2019-04-23 04:35:45+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 48, de 11/11/2016
cve: BOCG-12-D-48
158/000014 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Cultura, para la elaboración de un Estatuto del Artista, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Acuerdo de la Comisión sometiendo su aprobación al Pleno ... (Página3)
158/000020 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Educación y Deporte, para el análisis y estudio de medidas que impulsen un Pacto Nacional por la Educación, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ... (Página4)
162/000219 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG-CETA) ... (Página7)
162/000220 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al cambio climático ... (Página10)
162/000221 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones ... (Página12)
162/000222 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la puesta en marcha del Fondo Estatal de Compensación a las víctimas del amianto ... (Página13)
162/000223 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a ampliar la exención en el IRPF a todas las ayudas de cualquier Administración Pública para actuaciones en materia de rehabilitación de viviendas ... (Página16)
162/000224 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a recuperar los niveles de financiación de las prestaciones para la Dependencia en la Comunidad Foral de Navarra y en el resto de las Comunidades Autónomas ... (Página17)
162/000225 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la elaboración de un nuevo mecanismo de financiación y aplicación del Bono Social ... (Página19)
292/000002 Convocatoria de 18 de octubre de 2016 de becas para la formación práctica en documentación, biblioteconomía y archivística. Convocatoria (corrección de errores)... (Página21)
Autor: Comisión de Cultura.
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado someter a la aprobación del Pleno la solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Cultura, para la elaboración de un Estatuto del Artista.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 37, de 24 de octubre de 2016.
La Comisión de Cultura, en su sesión del día 25 de octubre de 2016, tras debatir la solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Cultura, para la elaboración de un Estatuto del Artista, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, someter a la aprobación del Pleno la propuesta presentada por dicho Grupo Parlamentario, con las siguientes características:
- La comparecencia de miembros de las Administraciones Públicas ante la misma, así como de las autoridades, funcionarios públicos y la de todos los agentes del sector, asociaciones y organizaciones competentes en la materia, que permitan a la Subcomisión evaluar globalmente las posibles medidas a plantear en el informe final.
La Subcomisión deberá realizar el estudio global objeto de la misma, en un plazo máximo de un año desde su constitución. El mencionado estudio, una vez aprobado por la Comisión de Cultura junto con las conclusiones finales de los trabajos de la Subcomisión, se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2016.-La Presidenta de la Comisión de Cultura, Marta María Rivera de la Cruz.
158/000020
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Educación y Deporte.
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Educación y Deporte, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, advirtiendo que no cabe predeterminar en este
momento el conocimiento por el Pleno del informe final que se elabore, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Asimismo comunicar este acuerdo al Grupo Parlamentario solicitante.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, sobre el procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Subcomisiones, en el seno de las Comisiones de la Cámara, de fecha 26 de junio de 1996, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 27 de junio de 1996, tiene el honor de solicitar la creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Educación y Deporte, para el análisis y estudio de medidas que impulsen un Pacto Nacional por la Educación.
La educación es el principal motor del desarrollo de la sociedad, garante de la igualdad de oportunidades, de la modernización de nuestra economía y del progreso de los niveles de bienestar. Asimismo, la educación es el mecanismo fundamental de movilidad y promoción social y el vehículo principal de promoción de los valores de trabajo, esfuerzo y responsabilidad entre los más jóvenes.
Invertir en educación es la mejor actuación que una sociedad puede realizar ya que esta es la herramienta más eficaz para impulsar el desarrollo de nuestro país y garantizar el bienestar de las generaciones futuras.
Los españoles solicitan de las diferentes fuerzas políticas el acuerdo en materia educativa. Un modelo consensuado alejado de la confrontación política y con vocación de permanencia que, partiendo del marco establecido en el artículo 27 de la Constitución y respetando los importantes avances que ha logrado el sistema educativo español en las últimas décadas en cuanto a calidad, equidad y libertad, profundice en estos aspectos a partir de un amplio diagnóstico sobre aquello que sea mejorable, con el fin de que pueda atender eficazmente las necesidades de cada uno de los alumnos desde edades tempranas hasta la Universidad. Un Pacto Nacional por la Educación.
Asimismo analizar las medidas de éxito que han servido de guía para aquellos países que han mejorado de forma notable sus resultados en ámbitos ya presentes en nuestro sistema educativo: la implantación de una cultura de la transparencia y rendición de cuentas, el aprendizaje de idiomas y el uso eficaz de las nuevas tecnologías, la profundización en los nuevos modelos de Formación Profesional, la defensa del clima de convivencia en las aulas, la atención a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, una mayor autonomía de los centros y la defensa del ejercicio de la libertad de enseñanza en toda su amplitud.
Necesitamos una educación que prime la excelencia y garantice la igualdad de oportunidades, donde el profesor y el alumno sean el centro de las medidas a adoptar. Para ello es preciso explorar nuevos escenarios y no estancarnos en el pasado.
Los protagonistas del pacto no han de ser solo los poderes públicos sino también el conjunto de la comunidad educativa en definitiva, la sociedad española.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente solicitud de creación de una Subcomisión, dentro de la comisión de Educación y Deporte para el análisis y estudio de medidas que impulsen un Pacto Nacional por la Educación. Todo ello de acuerdo con las siguientes premisas:
1. Realizar un diagnóstico de nuestro sistema educativo y con los resultados del mismo proponer las medidas necesarias para mejorar la educación y alcanzar los objetivos educativos europeos recogidos en la Estrategia de Educación y Formación Europea 2020.
El mencionado diagnóstico y la propuesta de medidas necesarias deberá abordar también la educación superior, pues un Pacto Nacional por la Educación con vocación de estabilidad tendrá que prestar especial atención a las directrices contenidas en la Estrategia Española para la Educación Superior, alineada, entre otras, con la Agenda Educativa Europea 2020 y que tenga en cuenta a todos los actores implicados en la Educación Superior. En este sentido y como punto de arranque deben tenerse en cuenta los ocho objetivos contemplados en la proposición no de Ley, relativa a la aprobación de una Estrategia Española para la Educación Superior, que fue aprobada recientemente en el seno de la Comisión de Educación del Congreso por la mayoría de Grupos.
2. Emitir un informe y dar traslado del mismo al Gobierno con el fin de mejorar las políticas educativas de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 26 de junio de 1996, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 27 de junio de 1996, sobre procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Comisiones de la Cámara.
Para la realización del mencionado estudio la Subcomisión podrá recabar:
a. La información y documentación que precise de las Administraciones Públicas competentes.
b. Las comparecencias en la Subcomisión del presidente del Consejo Escolar del Estado, miembros de las diferentes Administraciones Públicas, expertos nacionales e internacionales, representantes de las diferentes academias, interlocutores sociales, responsables de las asociaciones educativas, sindicatos y entidades representativas de la comunidad escolar, asimismo cuantas personas y organizaciones resulten competentes en la materia.
c. La organización de reuniones de trabajo o visitas que sean necesarias para el correcto desarrollo de los trabajos de esta Subcomisión.
3. El mencionado informe, una vez aprobado por la Comisión de Educación y Deporte, junto con las conclusiones y recomendaciones finales de los trabajos de la Subcomisión, se remitirá al Pleno de la Cámara, para su debate y aprobación.
4. Una vez aprobado por el Pleno, este texto servirá de base para la realización de un Pacto Nacional por la Educación, que cuente con el acuerdo de las fuerzas políticas, de la comunidad educativa y de los colectivos sociales, con el objetivo de consensuar un modelo estable para la educación.
La Subcomisión deberá concluir su diagnóstico consensuado dentro de los seis meses posteriores a su constitución y elaborar a partir de este el Informe de medidas destinadas a la mejora de las políticas educativas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000219
Proposición no de Ley sobre el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG-CETA).
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, y entendiendo que la previsión de que el Gobierno informe ante la Cámara sobre determinados extremos relacionados con la negociación del Acuerdo de referencia, contenida en los puntos 1 a 3, se hará en todo caso por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG-CETA), para su debate en el Pleno del Congreso de los Diputados.
Una vez conocido el texto del Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG, CETA por sus siglas en inglés; en adelante, el Acuerdo) entre Canadá y la Unión Europea, del 26 de septiembre de 2014 (presentado en su nueva versión el 29 de febrero de 2016); y una vez hecha pública la intención de proceder y avanzar de manera inmediata en la firma y aplicación provisional del Acuerdo en el seno de las instituciones europeas (reuniones que se mantuvieron en octubre de 2016, en el seno de
las instituciones solo a tales efectos: 12 y 13 de octubre de las REPER, 17 de octubre del CAE y 20 y 21 de octubre del Consejo de la Unión Europea) entendemos que deviene de forma inextricable la necesidad de trasladar el debate con anterioridad y suficiente previsión al organismo competente para la prestación del consentimiento ante la negociación y firma de Tratados Internacionales (Capítulo Tercero del Título III de la Constitución Española de 1978).
El Congreso de los Diputados muestra su preocupación ante la total desatención a las recomendaciones recogidas en la resolución del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2015, del Parlamento Europeo a la Comisión Europea relativas a las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión [2014/2228(INI)], en la que constaba la necesidad de "velar por que el acuerdo garantice el pleno respeto de las normas de la UE en materia de derechos fundamentales a través de la inclusión de una cláusula de derechos humanos, que deberá ser jurídicamente vinculante y suspensiva, como un componente estándar de los acuerdos comerciales de la UE con terceros países". Estas recomendaciones no han sido respetadas por parte de la Comisión Europea.
El Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) es un acuerdo integral de carácter mixto que afecta y afectará tanto a competencias exclusivas de la Unión Europea como a competencias estatales y autonómicas, de modo que no se puede obviar ni tratar de eludir el debate parlamentario con anterioridad a procesos fundamentales como lo son la firma, la aplicación provisional (prevista en el Tratado) o la ulterior ratificación. A día de hoy, han sido tres los parlamentos autonómicos (Comunitat Valenciana, Catalunya y Extremadura) los que han instado al Gobierno en funciones a que se abstenga de autorizar la firma y aplicación del CETA. El Gobierno presidido por Mariano Rajoy, una vez más -y a pesar de su estatus en funciones- no ha dejado de presionar para lograr la ratificación del Acuerdo Comercial con Canadá -a sabiendas de que no contaba con el refrendo parlamentario y a sabiendas de no haber informado debidamente a las Cámaras, como recoge la Constitución- ni tampoco de abogar por una aplicación provisional del CETA "cuanto antes", sin que el Congreso de los Diputados se pronuncie ni se haya pronunciado al respecto.
El Congreso de los Diputados debe velar por que el comercio internacional sea respetuoso con el desarrollo humano y en particular por que cumpla con las normas y pactos internacionales sobre derechos humanos, laborales, sociales y normas medioambientales vinculantes, así como con la protección y promoción de la diversidad cultural y el rechazo a la inclusión en acuerdos internacionales de cualquier cláusula de arbitraje privado que menoscabe el respeto de las soberanías nacionales y regionales. El Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre Canadá y la Unión Europea en su versión actual todavía prevé un mecanismo de resolución de diferencias entre inversores y Estados (lSDS, por sus siglas en inglés, ahora llamado Tribunal ICS) y la posibilidad para inversores de recurrir a tribunales de arbitraje que amenazan la soberanía de los Estados y las competencias no solo de los parlamentos estatales y autonómicos, sino también de las instituciones de carácter local; lo que puede poner en peligro el derecho a regular y tomar medidas frente a las desigualdades sociales, la emergencia social de la población afectada por la crisis, los desequilibrios territoriales, el cambio climático o la crisis que sufre el mundo rural y muchas explotaciones agrarias. Tanto la Asociación Europea de Jueces y la asociación Jueces para la Democracia han señalado que la nueva propuesta de la Comisión Europea para la resolución de disputas entre inversor y Estado altera la arquitectura jurídica de la UE y debilita las facultades de los tribunales nacional en virtud de la legislación europea.
El Acuerdo omite asimismo el "principio de precaución", base del ordenamiento jurídico europeo, recogido en el artículo 191 del Tratado de la Unión Europea, sin atender a que su aplicación puede poner en peligro la salud humana o el medio ambiente. No cumple tampoco los preceptos recogidos en la Resolución del Parlamento Europeo del 14 de febrero de 2006, sobre la cláusula sobre derechos humanos y democracia en los acuerdos de la Unión Europea [2005/2057(INI)].
A pesar de que en la reciente reunión informal de Ministros de Comercio en Bratislava así como en las últimas reuniones del Comité de Política Comercial (TPC) del Consejo de la UE y en la reunión de COREPER II del 28 de septiembre, varios Estados miembros -tales como Eslovenia, Rumania, Bulgaria, Austria y Bélgica- señalaron que mantienen reservas políticas respecto a la firma del CETA; y a pesar de que hasta la última semana de octubre se encontraba paralizaba la firma del Acuerdo por las reservas que aún mantenía la región de Valonia (Bélgica); la reciente negociación entre el Estado belga y su región autónoma prevé el desbloqueo de la situación y la inminente firma
del Tratado en una Cumbre bilateral entre la Unión Europea y la República de Canadá, si bien previsiblemente no se celebraría como inicialmente se había calendarizado, el 31 de octubre de 2016.
El Consejo de Ministros español, en funciones, autorizó el día 14 de octubre de 2016 la firma de los Acuerdos Económico y Comercial Global, y de Asociación Estratégica entre Canadá y la Unión Europea y sus Estados miembros. No se mencionó en esta decisión la autorización de la aplicación provisional.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
1. Informar a la Cámara con urgencia sobre la declaración conjunta de ''aclaraciones'' (EU-Canada Joint ''Declaration of clarification'' on CETA) desarrollada entre la Comisión Europea y el Gobierno de Canadá.
2. Informar a la Cámara con urgencia sobre la negociación que España ha realizado respecto de los Anexos del CETA relativos a servicios y a Denominaciones de Origen y de los análisis de impacto realizados por el Gobierno respecto del resultado de esta negociación.
3. Justificar ante la Cámara la decisión adoptada por el Consejo de Ministros en funciones el día 14 de octubre sobre el CETA y sobre la Asociación Estratégica entre Canadá y la Unión Europea y sus Estados miembros. Informar a la Cámara de la relación entre este segundo acuerdo y el CETA, en particular respecto de las Denominaciones de Origen.
4. No autorizar -en el marco del Consejo de la Unión Europea- la firma del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA).
5. Solicitar el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la compatibilidad del Acuerdo Económico y Comercial Global con los Tratados Europeos sobre la base del artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para evitar que un acuerdo incompatible con los Tratados Europeos sea firmado, aplicado provisionalmente y concluido mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no haya dado lugar a esta opinión.
6. Rechazar la aplicación provisional del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA), y así proceder a llevar a cabo todos los procedimientos previstos por la Ley para la ratificación de Tratados Internacionales antes de decidir sobre la aplicación y la conclusión del Acuerdo.
7. Comprometerse a manifestar, en el seno del Consejo, que el Estado Español se reserva, en materia agrícola, el derecho de activar la cláusula de salvaguarda en caso de desequilibrio de mercado.
8. Comprometerse a consultar al conjunto de Comunidades Autónomas respecto de su posición sobre el CETA.
9. Comprometerse a que, en el caso de que entre en vigor la aplicación provisional del acuerdo, someterán todas las decisiones en el marco de los mecanismos de cooperación reguladora y en cuanto las mismas traten materias de competencia compartida con la UE al debate y aprobación en el Parlamento.
10. Solicitar de inmediato -en el caso de que se produzca la firma- el control previo de constitucionalidad de los tratados internacionales previsto en el artículo 95 de la Constitución Española ante el Tribunal Constitucional a efectos de comprobar que no existe contraposición entre el texto del CETA y la Constitución española. En esta situación el Gobierno se comprometería igualmente a no aceptar la aplicación provisional del acuerdo hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre dicha compatibilidad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2016.-Pablo Bustinduy Amador, Diputado.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000220
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al cambio climático, para su debate en Pleno.
España tiene por delante un reto muy significativo, derivado del paquete de medidas de energía y clima para 2020 y del Marco de la UE sobre energía y clima para 2030. Los objetivos a nivel europeo son:
- Para 2030, el marco establece un objetivo vinculante de reducción de las emisiones de la UE de al menos 40% en relación con los niveles de 1990.
- El marco establece asimismo un objetivo vinculante a escala europea para impulsar que las energías renovables representen al menos el 27% del consumo de energía de la UE en 2030.
- Basándose en la Directiva de eficiencia energética, el Consejo Europeo ha aprobado para 2030 un objetivo de ahorro energético indicativo del 27%.
Todo lo anterior muestra la íntima relación entre los objetivos de emisiones, ahorro energético e impulso a las renovables. Un planteamiento conjunto en materia de energía y clima hasta 2030, contribuye a garantizar la seguridad normativa que demandan los inversores y a coordinar los esfuerzos de los países de la UE.
España debe atender a los compromisos europeos antes citados y al mismo tiempo promover a nivel nacional un sector energético competitivo que permita crecer y crear empleo. Para ello es necesario:
- Promover precios competitivos y evitar desequilibrios financieros en los sistemas energéticos.
- Introducir nueva generación renovable en base a criterios de concurrencia competitiva (subastas) y neutralidad tecnológica.
- Aumentar el uso de energías renovables térmicas como solar térmica y biomasa, principalmente en edificación.
- Impulsar la eficiencia en sectores como el ferrocarril, desaladoras, edificación, iluminación, transporte, etc.
- Aumentar la eficiencia y el uso de combustibles alternativos en el transporte.
- Aumentar las interconexiones internacionales, como forma de abaratar precios e integrar más renovables.
Todo ello permitirá abordar con éxito el periodo de transición energética que tenemos por delante.
Por otra parte, el cambio climático es el mayor reto medioambiental al que nos enfrentamos. Tiene efectos sobre los derechos humanos, como el derecho a un medio ambiente sano o el derecho a la salud y plantea grandes desafíos económicos y sociales.
El 12 de diciembre de 2015, se aprobó en París, el primer acuerdo contra el calentamiento global, en el que 195 países junto a la Unión Europea (UE), a quien se considera un estado más, se comprometieron a minimizar los riesgos del cambio climático asumiendo compromisos sólidos.
Cada Estado prometió reducir sus emisiones contaminantes, fortalecer su respuesta a los efectos del fenómeno y actuar en el ámbito nacional e internacional, entendiendo que las necesidades domésticas se satisfacen mejor cuando se busca el bien común.
Este acuerdo global ambicioso y jurídicamente vinculante, que reemplazará a partir de 2020, al actual Protocolo de Kioto, compromete a todos los firmantes, en función de sus capacidades y circunstancias. Por primera vez recoge el compromiso mundial por mantener el aumento de las temperaturas por debajo de los 2 grados con respecto a los niveles preindustriales y perseguir los esfuerzos para limitar el aumento a 1,5 grados. También establece un marco de transparencia, y de seguimiento.
El principal instrumento sobre el que se construye el pacto son las llamadas "contribuciones nacionales". A los países desarrollados se les exige que reduzcan sus emisiones en función de sus capacidades económicas y tecnológicas.
Otro de los instrumentos clave es la creación de inventarios para poder hacer un buen seguimiento de los programas nacionales de reducción de emisiones. Se perfilan tres categorías: los desarrollados, que deberán dar completa información; los emergentes, que tendrán una menor exigencia; y los más pobres, que tendrán el nivel mínimo de obligaciones.
En cuanto a la financiación, los países industrializados, responsables históricos del problema, deberán ayudar financieramente a los países en desarrollo, y los emergentes podrán participar también de forma voluntaria. Los países en desarrollo recibirán un mínimo de 100.000 millones de dólares a partir de 2020, una cifra que sería revisada a más tardar en 2025. Todos los países se comprometieron, además, a controlar mutuamente sus planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, con revisiones quinquenales a partir de 2023.
En los últimos años España ha concedido la máxima importancia a la lucha contra el cambio climático, trabajando activamente en el desarrollo de una política medio ambiental que dé soluciones y respuestas a este problema donde la protección de nuestro entorno para las generaciones futuras se vea reforzada por la sostenibilidad económica de las actividades creadoras de empleo ligadas al mismo.
Como miembro de la Unión Europea, España ha asumido objetivos ambiciosos de reducción de emisiones y, por ello, en la X legislatura ha priorizado actuaciones de reducción de emisiones en el ámbito nacional, en torno a diferentes iniciativas: Proyectos Clima, Planes de Impulso al Medio Ambiente, Hoja de Ruta, Huella de Carbono, entre otras.
Esta política ha demostrado su eficacia, no solo para la reducción efectiva de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, sino también como instrumento para concienciar a la sociedad en la lucha frente al cambio climático.
España ha estado en primera línea en la lucha internacional contra el cambio climático: ha cumplido las obligaciones que establece el Protocolo de Kioto para el periodo 2008-2012 Y está en la senda de cumplimiento de los objetivos establecidos para 2020. El 22 de abril España suscribió el Acuerdo de París.
En la actualidad 180 países han firmado el Acuerdo y 27 han depositado sus instrumentos de ratificación. El Acuerdo entrará en vigor cuando este ratificado, al menos, por 55 Partes de la Convención que representen, como mínimo, un 55 % por ciento del total de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
El Acuerdo de París para la mitigación del cambio climático es un triunfo para los ciudadanos, para el planeta y para el multilateralismo. En el ámbito interno España necesita seguir adoptando acciones concretas que permitan dotar de coherencia a las actuaciones de todos los implicados en la transición a una economía baja en carbono que crezca y que cree empleo.
"El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de impulsar una Ley de Transición Energética y Cambio Climático que:
a) Recoja los compromisos adquiridos de España en materia de energía, cambio climático y descarbonización de la economía, en particular en reducción de emisiones, mejora de la eficiencia energética y participación de las energías renovables.
b) Establezca un marco institucional único que dote de agilidad y coherencia a todas las actuaciones, y promueva aquellas que tengan una mayor capacidad para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones, de participación de las renovables y de incremento de la eficiencia al menor coste de manera que la política energética y de lucha contra el cambio climático sea un vector que favorezca la actividad económica, la competitividad y la creación de empleo.
Asimismo, el Congreso de los Diputados manifiesta su firme compromiso de crear una Comisión Permanente de Cambio Climático en la Cámara Baja."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000221
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, para su debate en Pleno.
La política desarrollada por el Partido Popular durante sus años de gobierno viene poniendo en riesgo el equilibrio financiero de nuestro sistema público de pensiones, con sus consecuencias en la viabilidad y sostenibilidad del mismo, creando alarmas en la sociedad española respecto al futuro de las pensiones, tanto para quienes las están percibiendo en estos momentos, como para quienes esperan percibirlas en el futuro.
A su política de empleo, basada en un modelo de contratos precarios, de devaluación salarial y explotación laboral, con incidencia directa en las arcas de la seguridad social por lo que supone de minoración en las bases de cotización, se suma una política dirigida a recortar los derechos de los pensionistas y las expectativas de derecho de los futuros pensionistas, así como a deprimir los ingresos del sistema de Seguridad Social. Así es como debe interpretarse la congelación del salario mínimo o su política de incentivos para la creación de empleo, basada en reducciones, exenciones y tarifas planas, ineficientes para el objetivo perseguido, y cuyo coste es asumido íntegramente por la Seguridad Social, cuando debieran ser financiadas desde el Presupuesto del Estado. Decisiones adoptadas fuera del diálogo social y político en el seno del Pacto de Toledo y en contra de sus recomendaciones.
Esta situación ha provocado que, por primera vez en democracia, nuestro sistema público de pensiones haya presentado un déficit creciente durante toda la X Legislatura. Más de 17.000 millones en diciembre de 2015. Esta caída de ingresos ha provocado la detracción continua del Fondo de Reserva, el cual en la actualidad tiene una cuantía de 24.207 millones de euros, frente a los 66.815 millones de euros que se encontró el Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011. Cantidad a la que hay que añadir 8.621 millones de euros detraídos de los fondos constituidos por las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social que, además, deberán ser devueltos a esas entidades, teniendo en cuenta que los mismos no forman parte del superávit del sistema contributivo, a los efectos del Fondo de Reserva.
La perspectiva para 2016, no es más halagüeña. La diferencia entre los ingresos vinculados a prestaciones contributivas y los gastos por estas prestaciones en el primer semestre de 2016, arroja un déficit de 8.886 millones de euros, superior al del mismo período de 2015, que se situó en 7.865 millones de euros, 1.021 millones más de déficit. Esta insuficiencia de ingresos nos hace pronosticar que el déficit en 2016, puede llegar a superar los 18.000 millones de euros. La hucha de las pensiones, utilizada por el Gobierno del Partido Popular para abonar la paga extraordinaria de los pensionistas, en el próximo ejercicio se agotará.
Frente a lo que se pretende desde algunas instancias, hoy el problema financiero del sistema público de pensiones no deriva de un gasto excesivo, sino de unos ingresos insuficientes, insuficiencia agravada por la política del Gobierno del Partido Popular. Es la evolución del número de cotizantes, la menor cuantía de las bases de cotización y las "tarifas planas" y medidas similares, y su correspondencia con la recaudación de recursos la que arroja el déficit. No se trata pues de recortar los gastos que, aun siendo importantes, su mayor impacto relacionado con el baby boom todavía tardará en llegar, y para cuyo reto nos tenemos que preparar. Es más, hoy el gasto en pensiones por el incremento del número de pensionistas es muy moderado.
En la actualidad los problemas financieros del sistema de pensiones derivan de una caída de los ingresos provocada, como venimos señalando, del hecho de que el incremento del número de cotizantes, después de una severa reducción de empleo y su sustitución por contratos precarios, no se corresponde con el mismo incremento en las cuotas. Situación que se agrava día a día. De este modo, si en marzo de 2016 el número de cotizantes con respecto a marzo de 2015, arrojaba un incremento del 2,73%, la recaudación por cuotas se incrementó en un 1,94%, y si observamos los datos de agosto de 2016, en relación con los de agosto de 2015, veremos cómo frente a un incremento del número de cotizantes del 3,02%, la caída en la
recaudación es aún mayor: el 1,89%. Hecho que constata las consecuencias nefastas de la política de empleo seguida por el Gobierno del Partido Popular sobre las arcas de la Seguridad Social.
Esta situación urge a que se adopten de forma inmediata las medidas que permitan el reforzamiento financiero del sistema, presentadas y discutidas en el seno del Pacto de Toledo. Es necesario arbitrar nuevas fórmulas de financiación que, junto con las cuotas sociales, contribuyan a garantizar de forma solvente la viabilidad y sostenibilidad del mismo. Del modo como ya lo vienen haciendo los países de nuestro entorno, adelantándose a los desafíos futuros relacionados con el incremento de la esperanza de vida, tal y como se acordó por el Gobierno socialista y los interlocutores sociales en el Acuerdo social y económico de 2011 y se recogió en la Ley 27/2011, de 1 de agosto.
Todos los grupos políticos, juntos con los interlocutores sociales y expertos, deben ser convocados para reforzar la financiación de nuestro sistema público de pensiones, como expresión de pacto intergeneracional y pacto entre trabajadores activos y jubilados, y que constituye el pilar más sólido de nuestro Estado de Bienestar y fundamento de la cohesión social.
Es necesario refundar y afianzar nuestro compromiso con el sistema público de pensiones, en el seno del Pacto de Toledo, buscar las fórmulas que permitan restituir y garantizar su equilibrio financiero, estudiando nuevas fuentes de financiación desde la imposición general.
"El Congreso de los Diputados considera urgente que en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Pacto de Toledo, se alcance un acuerdo entre todos los grupos políticos, en un plazo máximo de cinco meses y con el respaldo de los interlocutores sociales, sobre las fuentes de financiación del sistema público de pensiones, de modo que el mismo cuente con una financiación adicional a la derivada de las cotizaciones sociales, conforme a las recomendaciones del Pacto de Toledo y con el fin de restituir su equilibrio financiero y garantizar su sostenibilidad y su viabilidad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2016.-María Mercè Perea i Conillas y Rafael Simancas Simancas, Diputados.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000222
Proposición no de Ley relativa a la puesta en marcha del Fondo Estatal de Compensación a las víctimas del amianto.
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, y entendiendo que las Comisiones a las que se alude en el apartado 4 se crearían, en su caso, por el cauce reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, al Grupo proponente y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su Portavoz Alexandra Fernández Gómez, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en Pleno, relativa a la puesta en marcha del Fondo Estatal de Compensación a las víctimas del amianto.
El amianto o asbesto es el principal cancerígeno laboral. Según la Organización Mundial de la Salud, todos los años fallecen en el mundo más de 100.000 personas por cáncer de pulmón, mesoteliomas (o cánceres de las membranas pulmonares) y asbestosis provocados por la exposición laboral a las fibras de amianto. La carga de enfermedad y muerte causada por la exposición al amianto seguirá aumentando en los próximos años incluso en países donde ha sido prohibido, dado el largo periodo de tiempo que transcurre entre la exposición y la aparición de estas enfermedades.
Según la Unión Europea, de aquí al año 2030, medio millón de personas morirán en Europa por cánceres ocasionados por exposiciones al amianto ocurridas en los años ochenta y noventa del siglo pasado. Europa ha sido el epicentro de esta epidemia mundial de cánceres profesionales. Las estadísticas de mortalidad de la OMS reflejan que en Europa se han producido el 56% de todos los fallecimientos por mesotelioma y el 41% de las muertes por asbestosis registradas en el mundo, a pesar de que en ella solo habita el 13% de la población mundial. Un doloroso legado consecuencia del consumo en nuestro continente de más del 55% de todo el asbesto comercializado a nivel mundial hasta la década de los ochenta del siglo pasado.
España no es una excepción. El consumo de amianto en nuestro país se intensificó en los años sesenta del siglo pasado hasta alcanzar su máximo a mediados de los setenta. Los cánceres de pleura, en su mayor parte mesoteliomas causados por el amianto, han crecido de forma ostensible a lo largo de las últimas décadas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), llega a afirmar en sus informes que "estamos ante una pandemia, ante un genocidio económico provocado por un mineral que todavía mata a más de cien mil personas en el mundo cada año".
La distribución geográfica de los fallecimientos muestra una clara asociación con la ubicación de las fábricas de amianto-cemento, de los astilleros y de las empresas dedicadas a la fabricación de frenos y embragues, y de material ferroviario, principales sectores en los que se produjeron las exposiciones al amianto.
La ciudad de Ferrol (A Coruña) por ejemplo, es el lugar de Europa con más casos registrados de personas afectadas por el amianto. Los astilleros de Ferrol, hoy en situación crítica por la falta de carga de trabajo derivada de la desidia de sus responsables políticos, han constituido un escenario de exposición al amianto durante décadas.
Miles de trabajadores se vieron expuestos a este material, una gran parte ya desde su adolescencia al ingresar, con catorce años, en la Escuela de Aprendices de la antigua Bazán y desarrollar sus oficios durante largos periodos laborales careciendo de la información referente a las consecuencias del contacto con el amianto y sin medidas protectoras o de seguridad. Información que fue ocultada conscientemente cuando ya se reconocía el efecto cancerígeno del amianto.
Además de los afectados por contacto directo con el amianto, el otro grupo de personas con más riesgo de contraer una enfermedad relacionada con el amianto, son las que han sufrido una exposición doméstica. Personas que no han tenido contacto laboral con el amianto, pero que sin embargo han estado expuestas a sus fibras en el ámbito del hogar. La exposición se producía al tener que llevar a lavar al domicilio particular ropa de trabajo y el calzado los trabajadores de la fábrica. Las fibras de amianto llegaban adheridas a los monos y dentro de los bolsillos, por lo que las mujeres debían sacudirlos antes de lavarlos. En ese momento es cuando miles de fibras, prácticamente cada día, se liberaron del tejido quedando en suspensión y siendo inhaladas por los miembros de la familia.
Ante esta situación, que es grave por la cantidad de gente afectada, sería necesaria la creación en España de un fondo de indemnización para las víctimas del amianto que debería financiar el Estado como responsable subsidiario, y las empresas que trabajaron con el amianto.
Las últimas estimaciones señalan que más de mil personas fallecerán en nuestro país por un mesotelioma pleural entre 2016 y 2020 Y que las defunciones por cánceres del amianto se prolongarán hasta el año 2040.
En España se ha realizado la adaptación a la normativa europea en relación con los riesgos de trabajos con amianto a través del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
No obstante, el daño causado por el amianto es tan intenso para miles de personas que nada puede reparar la agresión generada, pues se trata tanto de los terribles efectos patológicos físicos como del daño moral y del sufrimiento psicológico para las personas afectadas y sus familias derivado de una enfermedad con síntomas previsibles pero invisibles hasta el desenlace final.
Las víctimas del amianto en nuestro país lo son por partida doble. Además de perder su salud y fallecer por una causa evitable son víctimas de la falta de reconocimiento de nuestro sistema de seguridad social. Solo el 6,4% de los hombres y el 4,4% de las mujeres que fallecieron entre 2007 y 2011 en nuestro país por mesotelioma pleural atribuible a exposición laboral al amianto han sido reconocidos como enfermos profesionales por la Seguridad Social.
La tasa de infra-registro de los fallecidos por cáncer de bronquio y pulmón atribuibles a exposición laboral al amianto es aún mayor, el 98,8%. Que el reconocimiento se limite a menos de una de cada veinte víctimas de este tipo de cánceres tiene graves consecuencias. La primera y fundamental es la privación a las víctimas de sus derechos en términos de prestaciones y de reconocimiento social. La calidad ética de nuestra sociedad ha germinado sobre el reconocimiento ciudadano a colectivos vulnerables y víctimas de iniquidades como el terrorismo o la violencia de género.
Las víctimas del trabajo, de los cánceres laborales con el amianto a la cabeza, siguen enfrentándose al drama de la pérdida de su salud ante la indolencia de nuestra sociedad. El infra-reconocimiento implica también la transferencia de los costes económicos provocados por la enfermedad desde las empresas responsables de las exposiciones laborales a la ciudadanía general y a nuestros Servicios de Salud. Por último, el masivo infra-reconocimiento de las víctimas provoca una grave distorsión de las estadísticas de enfermos profesionales.
¿Adoptaría la ciudadanía una posición diferente respecto a este problema si las estadísticas oficiales de reconocidos por cánceres del amianto reflejaran los 700 fallecimientos que se producen anualmente en nuestro país por esta causa? La concienciación de la ciudadanía, lograda gracias a estadísticas oficiales que reflejan cifras cercanas al número real de afectados y que otorgan visibilidad social al problema, es uno de los factores que ha posibilitado en países de nuestro entorno enfrentar este problema sin agravar el dolor de las víctimas. El Programa de Vigilancia de la Salud de los trabajadores que han estado expuestos a amianto (PIVISTEA) se ha revelado como un instrumento clave para que aflore la carga de enfermedad provocada por el amianto. Potenciarlo y lograr que su cobertura se extienda a la totalidad de trabajadores que estuvieron expuestos, muchos de los cuales ya han abandonado el mercado laboral, es una responsabilidad del Gobierno.
Se trata de una medida imprescindible pero insuficiente para los afectados si el Instituto Nacional de la Seguridad Social continúa limitando el derecho de las víctimas a su reconocimiento económico y social.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente
1. Crear un Fondo Estatal de Indemnización a las víctimas del amianto, al igual que está establecido en países de nuestro entorno, con cargo a las entidades aseguradoras, empresas responsables y presupuestos del Estado a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
2. Mejorar los registros ya establecidos como el de empresas con riesgo de amianto (RERA):
- La relación completa de trabajadores expuestos para poder atenderlos.
- El registro de edificios públicos y privados con amianto, así como instalaciones de especial interés.
- Un registro nacional de mesoteliomas para trabajos epidemiológicos y de atención.
3. Dar acceso a la jubilación anticipada, mediante la aplicación de un coeficiente reductor de un año por cada tres de exposición, a todos aquellos trabajadores a partir de cincuenta años que hayan trabajado con amianto. Además, las víctimas de enfermedades profesionales graves causadas por el trabajo con este material (asbestosis, tumores, ...) deberán cesar su actividad de inmediato sea cual sea la duración de la exposición.
4. Aplicar medidas de protección a poblaciones no profesionalmente expuestas, pero si afectadas por "exposiciones pasivas."
- La creación de un programa de vigilancia epidemiológica de mesoteliomas con clasificación sistemática.
- La creación de un Fondo para la investigación de las patologías cancerígenas derivadas de la exposición al amianto.
- La creación de comisiones y otras vías parlamentarias para efectuar un diagnóstico de la situación en las diferentes Comunidades Autónomas y en el conjunto del Estado con objeto de elaborar las correspondientes propuestas jurídicas, políticas y económicas en relación con la situación de las personas afectadas por la exposición al amianto.
5. Proceder a las modificaciones necesarias de la legislación vigente de cara a posibilitar la ampliación del plazo de responsabilidad civil.
6. Elaborar y aplicar un programa a corto y largo plazo de desamiantado del país.
7. Aplicar con rigor el principio de precaución a otros materiales que vienen y que pueden tener características parecidas al amianto, especialmente los derivados de las nanotecnologías, o de fibras cerámicas refractarias de determinadas dimensiones, de carácter cancerígenas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2016.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para ampliar la exención en el IRPF a todas las ayudas de cualquier Administración Pública para actuaciones en materia de rehabilitación de viviendas, para su debate en el Pleno.
Para garantizar el derecho a una vivienda digna es preciso, entre otras actuaciones, invertir en políticas públicas destinadas a la rehabilitación. Es una forma de contribuir a reactivar de manera sostenible el sector inmobiliario y el empleo a él asociado, además de atender necesidades sociales en materia de habitabilidad.
La rehabilitación de viviendas debe orientarse a mejorar la calidad de la edificación y, en particular, de su eficiencia energética, de su accesibilidad universal, de su adecuación para la recogida de residuos y de su debida conservación. A tal fin se orienta, en materia de rehabilitación, el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 regulado en el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril.
Así, el fomento de la rehabilitación edificatoria de este plan tiene por objeto la financiación de la ejecución de obras y trabajos de mantenimiento e intervención en las instalaciones fijas y equipamiento propio, en los elementos y espacios privativos comunes, de los edificios de tipología residencial colectivas, que cumplen una serie de requisitos.
Con carácter general, las ayudas para estas actuaciones están sujetas y no exentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Se consideran un incremento del patrimonio del contribuyente y deben integrase en la base imponible del ahorro y tributar, a partir de 2016, entre el 19% y el 23%, según su cuantía.
No obstante lo anterior, el artículo 41 del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, establece la exención de las ganancias patrimoniales (ayudas o subvenciones) que se pongan de manifiesto en la rehabilitación de la vivienda habitual siempre que las obras en la misma cumplan cualquiera de las siguientes condiciones:
1. Que se trate de actuaciones subvencionadas en materia de rehabilitación de viviendas en los términos previstos en el mencionado Real Decreto 233/2013, de 5 de abril.
2. Que tengan por objeto principal la reconstrucción de la vivienda mediante la consolidación y el tratamiento de las estructuras, fachadas o cubiertas y otras análogas siempre que el coste global de las operaciones de rehabilitación exceda del 25 por ciento del precio de adquisición si se hubiese efectuado ésta durante los dos años inmediatamente anteriores al inicio de las obras de rehabilitación o, en otro caso, del valor de mercado que tuviera la vivienda en el momento de dicho inicio. A estos efectos, se descontará del precio de adquisición o del valor de mercado de la vivienda la parte proporcional correspondiente al suelo.
Es decir, que la subvención que reciba una persona física para rehabilitar su vivienda habitual estará exenta si está regulada en el Plan Estatal, pero no lo estará si, por ejemplo, es una administración local la que establece cualquier tipo de ayuda para actuaciones de ese tipo.
En ese último caso, el contribuyente deberá tributar por la subvención, perdiendo la ayuda buena parte de su finalidad: contribuir a financiar una necesidad social e incentivar la rehabilitación para hacer más habitables los edificios residenciales.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas oportunas para extender en el IRPF la exención de las ayudas para la rehabilitación de la vivienda habitual que cumpla con lo previsto en el Real Decreto 233/2013, a las actuaciones subvencionadas en materia de rehabilitación de viviendas que establezcan las entidades locales y las comunidades autónomas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2016.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Íñigo Alli Martínez y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento presenta la siguiente Proposición no de Ley para recuperar los niveles de financiación de las prestaciones para la Dependencia en la Comunidad Foral de Navarra y en el resto de las Comunidades Autónomas, para su debate en Pleno.
I. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia -conocida como "Ley de Dependencia"- regula en sus artículos 32 y 33 el
régimen de la financiación del Sistema para la Autonomía y Apoyo a la Dependencia [SAAD]. Al respecto, fundamentalmente establece que:
i) en primer lugar, la Administración General del Estado asumirá íntegramente la financiación del nivel mínimo de protección (art. 7). Serán los Presupuestos Generales del Estado los que fijarán anualmente la cantidad de recursos destinados a financiar dicho nivel mínimo;
ii) en segundo lugar, las Comunidades Autónomas aportarán al menos una cantidad igual a la prevista por la Administración General del Estado en el nivel de protección mínimo y acordado (art. 32.3);
iii) además, las Comunidades Autónomas financiarán los niveles de protección adicionales que, en función de sus recursos, hayan podido establecer para sus residentes;
iv) por último, los beneficiarios de las prestaciones de dependencia participarán en el coste de las mismas en función de sus recursos económicos, aunque ningún ciudadano podrá quedar desprotegido por no disponer de capacidad económica suficiente (artículo 33.4).
II. Partiendo de la expuesta previsión legal, en un primer momento se firmaron Acuerdos de Colaboración con cada Comunidad Autónoma. En concreto, con la Comunidad Foral de Navarra, atendiendo a su singularidad competencial, se firmó también un Acuerdo de Colaboración en la materia (publicado en el BOE de 27 de febrero de 2007).
Dicha previsión legal encontraba su desarrollo reglamentario con carácter general en el Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo, sobre nivel mínimo de protección del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia garantizado por la Administración General del Estado, posteriormente modificado por el Real Decreto 99/2009, de 6 de febrero, quedando a su vez sustituido por el Real Decreto 1050/2013, de 27 de diciembre, por el que se regula el nivel mínimo de protección estableció en la Ley 39/006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Asimismo, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en su reunión de 9 de mayo de 2007, acordaba el marco de cooperación interadministrativa y criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación del nivel acordado, siendo posteriormente aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministro (publicado en el BOE con fecha de 2 de junio de 2007).
De igual modo se actualizaron el citado marco de cooperación y criterios de reparto en los sucesivos años hasta el año 2010, en el que se acordó el marco de cooperación para los años 2010 a 2013 (publicados en el BOE con fechas de 16 de agosto de 2008, 5 de junio de 2009 y 21 de julio de 2010); no obstante, en 2011 se actualizaron las variables previstas en este marco de cooperación (publicado en el BOE 22/6/2011).
En desarrollo de este marco de cooperación, todas las Comunidades Autónomas de régimen común firmaron sucesivos convenios de colaboración con la Administración General del Estado. En el caso de la Comunidad Foral de Navarra, tanto el nivel mínimo como el acordado se financian mediante la minoración de la aportación de la Comunidad Foral de Navarra (Acuerdo de la Junta de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra de 7 de noviembre de 2007), de acuerdo a similares criterios.
III. Desde el año 2012, a raíz de la aprobación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y del fomento de la competitividad y de las sucesivas Leyes Generales de Presupuestos, se ha venido suspendiendo el nivel acordado. De este modo, solo existe, de hecho, el nivel mínimo y el nivel adicional que las Comunidades Autónomas asumen y costean a su cargo.
En ese sentido, en el último informe, de 20 de marzo de 2013, de fiscalización de la Cámara de Comptos sobre la gestión y el control de pagos de la "Ley de Dependencia" en Navarra recogía en su página 21 que el Estado aportaba un 9% el coste de financiación de las prestaciones de dependencia, un 22% el usuario mediante copago y un 69% la Comunidad Foral de Navarra a través de su Departamento de Políticas Sociales, destacando así la desigual corresponsabilidad del Estado en relación a la Comunidad Foral de Navarra en la financiación de las prestaciones a las personas con dependencia.
Igualmente cabe destacar que Navarra fue de las pocas Comunidades que cumplieron con el calendario previsto en la Ley 39/2006 y que mantuvo las cuantías y servicios de las prestaciones a la dependencia.
Por todo lo expuesto, se propone la presente
"La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Volver a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 39/2006 en apoyo a las personas con los diferentes grados de dependencia recogidos en dicha Ley.
2. Recuperar el nivel acordado de financiación derogado por el citado Real Decreto-ley 20/2012.
3. Conveniar con la Comunidad Foral de Navarra, y en su caso acordar con el resto de Comunidades, para lograr que la financiación por parte todas las Administraciones Públicas responsables sea equitativa, de acuerdo con el régimen previsto en los artículos 32 y 33 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2016.-Íñigo Jesús Alli Martínez y Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, Diputados.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a través de su Portavoz Alexandra Fernández Gómez y a iniciativa de la Diputada Yolanda Díaz Pérez, al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en Pleno relativa a la elaboración de un nuevo mecanismo de financiación y aplicación del Bono Social.
El Gobierno desarrolló el Bono Social y su financiación en el Real Decreto-ley 6/2009, modificado posteriormente por el Real Decreto 968/2014, después de una sentencia del Tribunal Supremo que modificaba los criterios de reparto de la financiación.
En un principio fue la congelación de la Tarifa de Último Recurso vigente en junio de 2009, y pretendía proteger a los hogares con menos posibilidades económicas. Pero con las modificaciones, actualmente consiste en un descuento del 25% sobre el recibo de la luz del que pueden beneficiarse algunas personas consumidoras.
Hay que señalar que este mecanismo fue aprobado para garantizar el derecho al suministro de personas consumidoras vulnerables establecido en la Directiva Europea 2009/72/CE de 13 de julio 2009 (y antes la 2003/54/CE).
Pero, desde el principio, los criterios que debían cumplir las personas beneficiarias siempre estuvieron en cuestión, ya que el bono social no se le otorga exactamente a las más necesitadas.
Según el Real Decreto 968/2014, "tienen derecho al bono social 105 suministros de 105 consumidores que, siendo personas físicas en su vivienda habitual, cumplan alguno de los requisitos siguientes:
4. Pensionistas con pensión mínima".
Uno de los principales problemas en la regulación formulada por el Estado español es que no se contemplan datos como el umbral de renta per cápita o las características del consumo, por lo que se pueden dar casos como que familias numerosas con rentas muy altas podrían tener derecho al Bono Social y una familia donde solo trabaje una persona con un salario de miseria no tendría ese derecho.
Además, en nuestro país, los detalles de la financiación o la definición de persona consumidora vulnerable no se han incluido en una Ley o en un Real Decreto-ley, y el hecho de dejarlo a una mera decisión administrativa representa una incertidumbre en una materia tan sensible como es el "bono social", y que puede eliminar, de un plumazo, este beneficio para cientos de miles de personas, lo que incrementa la desigualdad social.
Entre 2010 y 2012, estuvo en vigor un mecanismo de financiación, según el cual, el bono lo asumían solo las cinco grandes empresas del sector. Este fue recurrido por Iberdrola ante el Tribunal Supremo, que lo anuló por considerar que no estaba fundamentado y resultaba discriminatorio. La decisión obligó al Gobierno a cambiar el sistema y endosó el coste de esos años a las personas consumidoras.
Desde que se fijó el nuevo sistema de financiación en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, las empresas han recurrido todas las órdenes de pago anuales. Pero el recurso más importante, cuyo fallo acabamos de conocer, es el que las compañías del sector presentaron ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto de 21 de noviembre de 2014, que fijaba la metodología para calcular dicho reparto.
La sentencia, que se hizo pública este mes de octubre, anula el mecanismo de financiación del bono social de la tarifa eléctrica, al entender que va en contra de las normas comunitarias para el mercado interior de electricidad. La sentencia considera que el coste de este descuento se carga de forma discriminatoria a las compañías eléctricas que lo sufragan y que la Administración no ha justificado los criterios con que distribuye el coste de la subvención.
Este es un nuevo ejemplo de la deficiente gestión del Gobierno del Partido Popular, que ahora tiene que hacer frente al pago de una millonaria indemnización, que puede ascender a los 500 millones de euros, y que al igual que sucedió en el año 2012, el Gobierno pretenderá que sufraguen las propias personas usuarias una vez más.
Ante esta situación, consideramos que el Gobierno debe iniciar un nuevo mecanismo de financiación del hasta ahora denominado "bono social", un bono que debe estar a disposición de aquellos hogares que sean declarados como vulnerables y que dé acceso a suministros para cubrir sus necesidades básicas de suministro de electricidad y gas.
Además, la definición de "hogar vulnerable" y los diversos grados deben tomar como parámetro fundamental la renta del hogar y deben ser actualizados anualmente.
Y en relación a los descuentos sobre las facturas, estos deben ser también proporcionales en función de los baremos establecidos, con rebajas que puedan llegar al 100% de los importes de las facturas de los suministros de electricidad y gas en aquellos hogares con un grado máximo de vulnerabilidad.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a través de la diputada Yolanda Díaz Pérez presenta la siguiente
- Desarrollar una nueva regulación de la financiación del denominado "bono social" de acuerdo con los criterios establecidos en la Directiva 2009/72/CE de 13 de julio 2009, sin repercutir su coste en las personas usuarias.
- Incluir en el "bono social" la cobertura de suministro de electricidad y de gas.
- Desarrollar los conceptos de ''persona consumidora vulnerable" y ''hogar vulnerable" en la nueva normativa.
- Incluir como principales requisitos de acceso al bono social los de ''renta per cápita" y la de ''renta del hogar''.
- Establecer baremos de rebaja progresiva en la aplicación del ''bono social'' en función del grado de vulnerabilidad de los hogares."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2016.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
292/000002
Advertido error material en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 40, de 28 de octubre de 2016, página 21, base Primera.3, se subsana a continuación:
"3. Las becas serán indivisibles e improrrogables; además, serán incompatibles con cualquier otra beca concedida para el mismo periodo y con cualquier actividad laboral. También serán incompatibles con la percepción de prestaciones de desempleo."
"3. Las becas serán indivisibles; además, serán incompatibles con cualquier otra beca concedida para el mismo periodo y con cualquier actividad laboral. También serán incompatibles con la percepción de prestaciones de desempleo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2016.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 27
 Resolución 
 artículo 194
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 191
 Resolución 
 artículo 218
 artículo 95
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 194
 artículo 193
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 41
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 193
 Real Decreto 
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 Real Decreto 
 artículo 193
 Real Decreto 
 Real Decreto 
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