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Timestamp: 2017-06-25 12:00:40+00:00

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GUZMAN & DURAN | Asesores Jurídicos : marzo 2014
Empresa desarrolladora deberá pagar $400.000 a dos inversionistas tras denuncia Fallo fue dado por la Comisión Nacional del Consumidor
Dos inversionistas demandaron a las compañías: Riverside Developers S.A, Desarrollos Naturales de Costa Rica S.A. y el Banco Improsa S.A. en
su calidad de fiduciario dentro del contrato de fideicomiso de garantía
y administración One Jacó BCIE-Lafise-dos mil siete, por incumplimiento
de contrato y ganaron la acción judicial interpuesta ante la Comisión Nacional del Consumidor (CNC), por lo que, deberán pagarles los $400.000
que desembolsaron.
Los inversionistas recuperarán $400.000 que invirtieron. CRH.
La denuncia fue interpuesta por Oller Abogados, en representación de David R. Lucius y Thomas A. Ross y ahora los desarrolladores del proyecto residencial abandonado One Jacó Resort deberán cancelar a los dos de sus inversionistas el monto que pagaron por concepto de uno de los apartamentos.
El voto 1824-13 fue dado a conocer por la Comisión Nacional del Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), sin embargo, la directora de esa agrupación, Cinthya Zapata, manifestó que no se referiría a este tema hasta averiguar si todas las partes han sido
El abogado y socio de la firma Oller Abogados, Ricardo Vargas, mencionó que ellos arrancaron con el proceso desde hace tres años, entendiendo que había muchas personas dañadas y quienes habían invertido
en Costa Rica merecían una respuesta.
Los inversionistas Lucius y Ross entraron en contacto con los desarrolladores de One Jacó Resort desde 2006. Tras dos años de comunicación entre ambas partes, se presentaron una serie de irregularidades, como por ejemplo, plazos de entrega fallidos, cambios significativos en el diseño del proyecto, publicidad engañosa, aumentos en el precio del amueblado y defectos en la decoración y los muebles ofrecidos.
tatiana.gutierrez@crhoy.com
Lego denuncia a sociedad anónima de Costa Rica que usaba ese nombre
/ 04 MAR 2014, 09:49 AM La sociedad cumplió los requirimientos debidos cuando se inscribió ante el Registro y la entidad no le indicó que hubiera algún problema con el nombre Lego es una marca registrada en Costa Rica desde 1970.
La sociedad anónima Multiservicios
Lego PZ tiene un impedimento para realizar cualquier tipo de gestión luego de que la marca internacional Lego ganara una demanda en su contra.
La resolución número RPJ-049-2013 del Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional
ordenó la inmovilización administrativa de esta sociedad por el uso indebido, en su razón social, de la denominación de la marca registrada Lego. Hay otras sociedades anónimas que se encuentran en revisión por llevar dentro de su razón social la misma marca y se espera el pronunciamiento de la entidad en los próximos días,
informó Oller Abogados, firma representante de Lego en Costa Rica.
Lego argumentó que no es correcto que esta sociedad se valiera del posicionamiento de la marca para crear su propia imagen. "Lego,
conocida mundialmente por la fabricación y distribución de juguetes, solicitó este control en Costa Rica con el objetivo de proteger su marca. Como sus representantes, iniciamos un proceso de verificación que
determinó que varias sociedades contenían dentro de su razón social la denominación 'Lego' –que es una marca registrada y mundialmente conocida-. Esto infringe varios artículos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el Código de Comercio", detalló Gabriela Miranda, abogada de la firma encargada. Sin embargo, los apoderados de la firma denunciada, Juan León Campos y Julio González Fallas, indicaron al Registro que la palabra Lego se debe al inicio de los dos apellidos (León y González) y
que para evitar confusiones, agregaron las iniciales PZ. Indicaron que tampoco se dedican a comercializar juguetes o algún producto relacionado
con la marca internacional. La sociedad cumplió los requirimientos debidos cuando se inscribió ante el Registro y en ese momento la entidad no le indicó que hubiera algún problema con el nombre.
Miranda comentó que, en su artículo 29, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos
especifica que una denominación social no puede incluir una marca que esté previamente inscrita en el Registro de Propiedad Intelectual, con el fin de no causar confusiones o prestarse para ellas. Esto aplica, incluso, cuando la sociedad anónima no se dedique al mismo giro comercial que el de la marca registrada, o que la marca se mencione sin "malas intenciones" dentro de la sociedad.
L a marca Lego, en sus diversas formas, está registrada en Costa Rica desde 1970.
La sociedad inmovilizada y las otras son de constitución más reciente y, tras el control cruzado entre registros, se determinó que utilizan la
palabra "Lego" en sus nombres de forma predominante, lo cual lleva a confusión.
"Con este fallo, podemos esperar procesos y
resultados parecidos en el futuro. Es recomendable, entonces, que las personas se cercioren de que sus denominaciones sociales no contengan una marca registrada. Asimismo, los titulares de marcas registradas deben velar porque sus marcas no incluyan los de alguna denominación social previamente registrada. Todo lo anterior requiere acompañamiento de asesores legales especializados para llevar las investigaciones a buen término", concluyó Miranda.
La experiencia del arbitraje en Costa Rica: mitos y realidades I.
Primeras experiencias del arbitraje en Costa Rica
En los últimos años, nuestro
país ha experimentado una marcada tendencia de someter a la discusión de
árbitros la resolución de disputas y controversias que surgen de la ejecución
de un contrato o bien las diferencias resultantes en asuntos de responsabilidad
civil. Aunque el costo de
resolver controversias mediante un arbitraje de Derecho es considerablemente
alto, las cláusulas arbitrales abundan hoy en día en los contratos mercantiles
que desarrollan muchos colegas. No obstante, no siempre las partes están en
capacidad real de asumir el costo económico que implica poner en conocimiento
de sus diferencias a un tribunal arbitral. Esta es una primera y necesaria
consideración en relación al tema.
Naturalmente es un tema
que genera posiciones divididas pues, en un país de altísima litigiosidad como
el nuestro, existen voces que legitiman la participación de un ente privado en
la resolución de tales diferencias y controversias y otras que, en las
antípodas de aquella postura, rechazan la posibilidad de delegar a un tribunal
privado (unipersonal o colegiado) la decisión final de temas relevantes para
particulares, empresas y entidades públicas. Atizado por la grave
mora judicial y el extenso paquete de artilugios procesales y jurídicos que
permiten demorar el correcto avance de los procesos judiciales en Costa Rica,
el instituto del arbitraje resultó una especie de alternativa para el comercio
y empresariado regional tendiente a agilizar la resolución de las disputas que
se derivan de las relaciones entre los diferentes agentes que intervienen en
las actividades económicas y mercantiles.
Coexistencia de los centros de resolución de disputas y los Tribunales
Naturalmente el Poder
Judicial no debería renunciar a su obligación de tramitar en sus despachos las
disputas de mayor peso técnico, económico y social; sin embargo, la frustración
de algunos empresarios ante la dilación exagerada en la tramitación de procesos
judiciales que se traducen en consecuencias económicas para sus negocios, se
han convertido en el caldo de cultivo para el florecimiento de los centros de
resolución de disputas privados.
algunas voces se inflamaron durante las rondas de negociación del CAFTA en
contra del instituto del arbitraje, aduciendo la incursión de una mano ajena a
la institucionalidad de los países que pretendía controlar la resolución de controversias
que involucraran a transnacionales o entidades de carácter y capital internacional.
Las voces opositoras manifestaron que podrían verse favorecidos los intereses
de las grandes compañías extranjeras frente a los intereses del Estado o sus
ciudadanos. Afortunadamente, en el
ejercicio jurídico de mi profesión he topado con diferentes centros de arbitraje,
así como árbitros y jueces íntegros, que no me hacen dudar de sus motivaciones
éticas y morales. Por lo que desconozco, y de cierta manera rechazo, los
argumentos que esbozan algunos colegas o partes vencidas en procesos arbitrales
que sugieren actuaciones indebidas de los árbitros y los centros arbitrales o
bien la intromisión de matices de corte político en la toma de decisiones. Entendiendo
que existe un amplio margen por mejorar, podemos asegurar que el Poder Judicial
costarricense es de alto nivel y aún guarda una notable independencia de los
demás poderes de la República.
país en materia de arbitrajes aún es corta y se encuentra en una fase temprana.
Sin embargo, ya existen algunos centros autorizados que pretenden
especializarse en áreas sumamente técnicas como responsabilidad médica,
constructiva, propiedad intelectual, tecnología o temas de seguros, entre
otros. Tanto los centros de arbitraje como el Colegio de Abogados deben realizar
esfuerzos para incorporar y recomendar profesionales de altísima calificación
ética y profesional en la integración de los equipos de trabajo y los
tribunales propiamente.
Hay que agregar además
que, en algunas ocasiones, los Jueces del Poder Judicial no están en
condiciones profesionales de resolver asuntos que revisten una complejidad
técnica superior, por lo que las sedes arbitrales podrían aprovechar las
destrezas profesionales de sus árbitros y el equipo multidisciplinario para atender
disputas que revisten condiciones técnicas considerablemente altas.
En conclusión debo
agregar que deben erradicarse los mitos y las vinculaciones políticas en torno
a los laudos arbitrales y quienes ejercen la capacidad de decisión. Este debe
ser uno de los ejes centrales del Colegio de Abogados y los centros
especializados. Sin embargo, el aumento de las disputas que se someten al
conocimiento de centros privados de conciliación y arbitraje, debe servir de
llamada de atención a la judicatura para que reflexione sobre la capacidad de
sus jueces, equipo de trabajo y la capacidad de respuesta ante las nuevas
realidades económicas y jurídicas del país. Sacar del conocimiento de los
jueces de la República las disputas que se derivan del ejercicio del comercio y
la empresa, implica un desconocimiento a las capacidades técnicas del Poder Judicial.
y que puede servir de analogía a nuestro caso fue el incremento de la educación
y centros de salud privados en los últimos años. Desafortunadamente las
respuestas de las instituciones encargadas de administrar la salud y educación
no estuvieron a la altura de las exigencias de la realidad nacional, lo que a
la postre significó la desacreditación de la atención rápida de la Caja
Costarricense del Seguro Social (especialmente en consulta externa y cirugías
menores) y el desprestigio académico de los centros educativos en primaria y
secundaria. A la postre, a pesar de ser rebajados de los impuestos de los
costarricenses los rubros correspondientes a salud y educación, muchas personas
eligieron incurrir en gastos extraordinarios para obtener educación y salud de buena
calidad y sin dilaciones exageradas. El Poder Judicial no debería
convertirse en un nuevo caso de incapacidad institucional y mirar con alivio
cómo los centros privados de resolución de disputas le ayudan a reducir la
carga de trabajo. Los centros de resolución de disputas privados deberían
convertirse en mecanismos altamente sofisticados, de integridad ética y moral
de muy alto nivel y llamados a atender algunas de las situaciones más complejas
de la realidad económica del país, pero de ninguna manera en constituirse en un
maquilador de laudos por asuntos que el Poder Judicial debería dar una respuesta
integral de forma ágil.
dos aspectos que necesariamente deben conocer las partes interesadas en participar
de un arbitraje. El proceso podría verse afectado en su tramitación y el tiempo
de resolución pues con la demanda arbitral, es bastante común que alguna de las
partes interponga la excepción de incompetencia y se deba solicitar a un Juez que
resuelva sobre la legalidad de la cláusula y la competencia del centro de
arbitraje para conocer la causa. Aunque la jurisprudencia ha sido abundante, al
día de hoy esta práctica continúa formando parte del elenco de artimañas
procesales para demorar el correcto avance de un proceso arbitral.
frecuente que con la emisión del laudo la parte vencida interponga recurso de
nulidad ante la Sala Primera –independientemente de que los motivos sean
válidos o no- lo que hará demorar los efectos del laudo durante varios meses
La Nación, 24 de febrero de 2014
Todas las sociedades -indica la resolución propuesta- está obligada a presentar una declaración de accionistas con una periodicidad trimestral, presentando una primera declaración para efectos de conformar un registro de accionistas de Costa Rica entre el 20 y el 28 de febrero del presente año. Es decir, esta primera declaración tiene una suerte de censo nacional de accionistas. Hasta no contar con el formato de la declaración a presentar, es un tema indefinido las consecuencias que tienen, por ejemplo, la concentración accionaria mediante sociedades extranjeras que
funjan como tenedoras accionarias y si al efecto en dichas acciones se va a requerir, como se hace ya en el sistema financiero, el tratar de llegar al y controlador último, a nivel de persona física.
Aun así, consecuencias que sí son previsiblemente derivadas de la puesta en marcha de una norma de este calibre es la vinculación local a efectos de precios de transferencia e identificación de grupos o conglomerados financieros, a fin de detectar mediante la inteligencia de
datos en sistemas de correlación informática los obligados a sustentar sus transacciones locales con relacionadas jurídicas, así como con personas que surjan como controladores comunes de sociedades que entre sí tengan operaciones para efectuar la valoración de precios de transferencia introducida en el sistema tributario mediante el decreto 37.898-H. Quedan por ver detalles en la declaración respecto de hasta qué nivel de detalle de últimos beneficiarios se tratará de llegar. En derecho comparado y analizando las tendencias de inserción en las normas de transparencia fiscal internacional que se están acogiendo a nivel de la OCDE, implicaría llegar a nivel de estos beneficiarios últimos, a fin que se puedan generar bolsas de opacidad por limitación de la información en las sociedades extranjeras que dejen
el rastro de la persona jurídica intramuros costarricenses. Lo que es claro, es que las empresas activas o inactivas a nivel nacional, las meras tenedoras de bienes, empresas de manejo de cuentas corrientes, sin actividad económica aparente, incluyendo sociedades extranjeras que se hayan inscrito para la apertura de sucursales en el país, están obligadas a esta declaración. Publicado por
Seguridad Jurídica Regional. Parte I. Bien
Empresa desarrolladora deberá pagar $400.000 a dos...
Lego denuncia a sociedad anónima de Costa Rica que...
La experiencia del arbitraje en Costa Rica: mitos ...

References: resolución 
 artículo 29
 resolución 
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