Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/decreto-2147-de-1991?documento=legcol&contexto=legcol_759920413e73f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-22 16:09:15+00:00

Document:
﻿ DECRETO 2147 DE 1991
DECRETO 2147 DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 1991
CONTENIDO:PLAN DE EXPANSIÓN PORTUARIA, REGLAMENTADOS SISTEMA TARIFARIO E INVERSIONES
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:937, OCTUBRE 30 DE 1991, PG. 857
DIARIO OFICIAL N°:40045
VIGENCIA:DEROGADO POR EL DECRETO 2688 DE 1993 ARTÍCULO 15 DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE
“Por el cual se expide el plan de expansión portuaria y se reglamenta el artículo 2º de la Ley 1ª de 1991”.
(Nota: Derogado por el Decreto 2688 de 1993 artículo 15 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte).
en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 189 numeral 11 de la Constitución Política y en especial, el artículo 2º de la Ley 1ª de 1991, y
a) Que el Ministerio de Obras Públicas y Transporte presentó al Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, el proyecto de plan de expansión portuaria para los próximos dos años, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 2º de la Ley 1ª de 1991;
b) Que el Conpes en su sesión del 4 de septiembre de 1991, consideró el plan en mención, contenido en el documento DNP-2550- UINF-MOPT y le impartió la correspondiente aprobación;
c) Que de conformidad con el artículo 2º de la Ley 1ª de 1991, corresponde al Gobierno Nacional expedir, por decreto reglamentario de esa ley, el plan de expansión portuaria presentado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte y aprobado por el Conpes,
ART. 1º—Expídese para los próximos dos años, contados a partir de la vigencia del presente decreto, el plan de expansión portuaria presentado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte al Conpes, contenido en el documento DNP-2550-UINF- MOPT, que fuera considerado y aprobado por el mencionado consejo el día 4 de septiembre de 1991.
ART. 2º—Como consecuencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el plan de expansión portuaria se hace obligatorio de la manera prevista en los artículos siguientes;
ART. 3º—Zonas portuarias generales. Son zonas portuarias generales aquellas aptas para la localización de puertos de carga general, contenedores y graneles sólidos (excepto carbón) que requieran grandes áreas de manejo y almacenamiento próximas al muelle.
ART. 4º—La construcción de los puertos de que trata el artículo 3º del presente decreto se autorizará únicamente en las siguientes regiones:
— Bahía de Cartagena.
— Río Magdalena desde su desembocadura en Bocas de Ceniza hasta 27 km aguas arriba.
— Bahía de Buenaventura.
— Bahía de Santa Marta.
— Bahía de Tumaco.
— Golfo de Urabá.
ART. 5º—Zonas portuarias para la exportación de carbón. En las zonas portuarias para la exportación del carbón el manejo de la carga podrá hacerse en instalaciones apartadas de las costas, utilizando bandas transportadoras entre la plataforma de atraque y los sitios de almacenamiento.
ART. 6º—La construcción de nuevos puertos para el manejo de carbón se autorizará únicamente en las siguientes regiones:
— Zona portuaria de bahía de Buenaventura.
— Bahía Portete.
— Desembocadura del río Cañas, Guajira.
— Margen occidental de Bocas de Ceniza, Atlántico.
— Municipio de Ciénaga entre la quebrada del Doctor y el río Córdoba, Magdalena.
— Zona portuaria de Barranquilla sobre el río Magdalena.
ART. 7º—Los permisos y concesiones para la construcción y operación de puertos concedidos con anterioridad a la expedición de la Ley 1ª, en zonas distintas a las que se autorizan en el presente decreto, serán respetados hasta su expiración. Salvo que se presenten estudios ambientales y técnicos debidamente sustentados, no se autorizarán ampliaciones, prórrogas o cambios en las condiciones en que fueron otorgados.
ART. 8º—Zonas portuarias para hidrocarburos. Son aquellas habilitadas para el establecimiento de puertos destinados al manejo de hidrocarburos.
Los puertos existentes para el manejo de estos productos, tales como las instalaciones de Coveñas, Pozos Colorados y Turbo deberán ser registrados ante la Superintendencia General de Puertos dentro de los dos (2) meses siguientes a la publicación del presente decreto.
ART. 9º—Con la utilización de ductos subterráneos, los puertos a que hace referencia el artículo anterior, podrán establecerse en cualquier región, previa autorización de las autoridades pertinentes.
ART. 10.—Las inversiones durante el período de vigencia del presente plan de expansión portuaria deberán orientarse preferentemente hacia la modernización del manejo de carga y la rehabilitación de la infraestructura existente.
ART. 11.—La Nación no hará inversiones en infraestructura portuaria nueva, pero apoyará su desarrollo por parte del sector privado para inducir mejoras tecnológicas y operativas. La construcción y modernización de las instalaciones correrá a cargo de las sociedades portuarias o de quienes tengan las autorizaciones o permisos previstos en los artículos 27 numeral 27.10 y 39 de la Ley 1ª de 1991.
ART. 12.—La Nación y Colpuertos no realizarán inversiones en puertos, distintas de las previstas en el presente artículo:
a) Para la conclusión de las obras incluidas en el plan de rehabilitación portuaria, por valor aproximado de veinticinco millones trescientos mil dólares ($ 25.300.000) de los Estados Unidos de América;
b) Para la construcción de un dique direccional en la zona portuaria de Barranquilla por valor aproximado de veintidós millones setecientos mil dólares ($ 22.700.000) de los Estados Unidos de América;
c) La Empresa Puertos de Colombia sólo adelantará las inversiones autorizadas hasta la fecha de publicación del presente decreto, en la zona portuaria de Buenaventura, y
d) Las obras de dragado y mantenimiento de los canales de acceso serán adelantadas por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Mientras se adelanta su proceso de liquidación, autorízase a la Empresa Puertos de Colombia para realizar obras de dragado y mantenimiento hasta por un valor aproximado de 2.7 millones de dólares de Estados Unidos de América en 1991 y 4.8 millones de dólares de Estados Unidos de América en 1992.
ART. 13.—Las autoridades competentes apoyarán y estimularán en especial las siguientes inversiones privadas:
a) En actividades portuarias que conduzcan a modernizar el manejo de la carga y a reducir los costos de transporte.
Con este propósito, a partir de 1992 se establecerán líneas de crédito para la financiación de equipos y de iniciativa privada;
b) En el desarrollo de puertos tecnificados con equipo especializado para el manejo de contenedores en la zona portuaria de Cartagena, y
c) En el desarrollo de las instalaciones para el manejo de las exportaciones de carbón durante la presente década.
ART. 14.—Quienes presten servicios portuarios tales como cargue, descargue, manejo, pilotaje, remolque y almacenamiento, podrán señalar libremente las tarifas por estos servicios.
ART. 15.—Las sociedades que operan puertos de servicio privado podrán fijar libremente sus tarifas, con sujeción a lo previsto en el artículo 19 de la Ley 1ª de 1991.
ART. 16.—La Superintendencia General de Puertos establecerá las fórmulas generales a las cuales deberán sujetarse las sociedades portuarias que operen puertos de servicio público para fijar sus tarifas por el uso de la infraestructura.
ART. 17.—La estructura tarifaria reconocerá los costos marginales de los diferentes servicios, evitando distorsiones sobre el costo real de los insumos. No podrán incluirse en las tarifas costos que no sean típicos de la operación portuaria.
ART. 18.—La metodología para establecer las fórmulas mediante las cuales se autorizarán las tarifas por el uso de la infraestructura es la siguiente:
1. Se determinarán los servicios de infraestructura cuyas tarifas deben ser autorizadas por la Superintendencia General de Puertos según el tipo de instalaciones. Con base en esta definición se diseñará la estructura tarifaria.
2. Se definirán luego los costos típicos, fijos y variables, de una sociedad portuaria, incluyendo inversión, administración y mantenimiento. Se diseñará un mecanismo que distribuya la participación de los diferentes costos entre los servicios de infraestructura que preste la sociedad.
3. Se determinará la información que se utilizará como base de cada fórmula.
4. Se establecerán los mecanismos para obtener información mediante la cual se determinarán los indicadores de rentabilidad de las inversiones.
5. Con base en estadísticas del tráfico marítimo, se determinará la relación entre el tamaño de las naves, los costos de mantenimiento y los niveles de congestión.
6. Se diseñarán mecanismos para estimular la utilización de naves que permitan economías de escala y una mayor utilización de la infraestructura.
PAR.—Con base en esta metodología y siguiendo los anteriores principios, la Superintendencia General de Puertos elaborará las fórmulas generales para el señalamiento de las tarifas por el uso de la infraestructura, por parte de las sociedades portuarias que presten servicio público, las cuales entrarán a regir a más tardar el 1º de febrero de 1992. Hasta tanto no se elaboren las anteriores fórmulas generales, se continuará utilizando el régimen tarifario de la Empresa Puertos de Colombia para el uso de sus instalaciones.
ART. 19.—Los concesionarios deberán pagar una contraprestación para la explotación de playas y terrenos de bajamar. El valor de la contraprestación se destinará en un 80% a la Nación y en un 20% al municipio donde estén localizados los puertos y será recaudado por la Superintendencia General de Puertos.
(Nota: Derogado por el Decreto 2688 de 1993 artículo 15 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte)
b) Premio a la eficiencia, con el cual se busca favorecer el mejor uso de las zonas con características aptas para la construcción de puertos, y
ART. 22.—El monto total que pagará el concesionario es el valor presente de la anualidad equivalente (C), descontada al 12% por un período igual al tiempo de la concesión.
C = 0.14 * (Vr - Ie) + Sa
C: Anualidad equivalente
Vr: Valor del recurso
Ie: Inversión en equipo
Sa: Costo de vigilancia ambiental
PAR. 1º—El valor del recurso (Vr) se calculará con base en una aproximación al valor de las obras básicas necesarias para acondicionar, artificialmente, el lugar que se da en concesión. Este valor esta dado por el costo de adecuar el acceso y las áreas de maniobra, y por el costo de las escolleras de protección.
PAR. 3º—El costo de vigilancia ambiental (Sa) es aquél en que incurra el Estado para vigilar el cumplimiento de las normas sobre el manejo ambiental de la zona entregada en concesión.
ART. 25.—La superintendencia podrá reducir el monto de la contraprestación para puertos de servicio público localizados en zonas portuarias generales, sin alterar el 20% correspondiente a la parte destinada a los municipios, en consideración de las inversiones que realicen para mejorar la eficiencia en el manejo de la carga.
PAR.—La Superintendencia General de Puertos antes de señalar las contraprestaciones específicas expedirá por medio de resolución, previa aprobación del Conpes, los procedimientos para establecer estas reducciones. La disminución total no podrá ser superior al 50% del pago a que tenga derecho la Nación.
ART. 26.—La Superintendencia General de Puertos expedirá tablas con los datos del valor de la contraprestación, incluyendo la vigilancia ambiental correspondiente a cada zona portuaria habilitada en el plan de expansión. La contraprestación que se fije a cualquier concesión se determinará de acuerdo con dichas tablas y las reducciones o variaciones a que haya lugar según se dispone en este decreto.
ART. 27.—El plan de expansión portuaria regirá al menos por dos años contados a partir de la publicación del presente decreto y hasta que el Conpes apruebe el próximo plan de expansión.

References: ARTÍCULO 15
 artículo 2
 artículo 15
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 19
 artículo 15