Source: https://derechoecuador.com/registro-oficial/2000/08/registro-oficial-25-de-agosto-del-2000-suplemento
Timestamp: 2020-08-15 18:53:10+00:00

Document:
Registro Oficial. 25 de AGOSTO del 2000 Suplemento
\n 150-2000-TP Dispónese que el H.\n Congreso Nacional sujetándose estrictamente al mandato\n constitucional, reinstale la sesión que fue suspendida\n el 1 de agosto del 2000
\n Cantón Cuyabeno: Que\n reglamenta la bonificación de cantonización a favor\n de los servidores municipales
\n Cantón Cuyabeno: Que\n oficializa el escudo, bandera e himno como símbolos patrios\n \n
No. 150\n - 2000 - TP
En el caso Nro. 762 - 2000 - RA,
ANTECEDENTES. - Los diputados Xavier Neira Menéndez,\n Pascual del Cioppo, Alfredo Serrano Valladares y demás\n diputados miembros del Bloque del Partido Social Cristiano, presentan\n ante el señor Juez Décimo de lo Penal de Pichincha\n acción de amparo constitucional en contra de las actuaciones\n de "varios diputados de diferentes bloques", a fin\n de que se adopten medidas urgentes para "impedir que se\n consume una de las más grandes violaciones a la Carta\n Fundamental que según señalan se produjo el 1 de\n agosto del año 2000, en la elección de dignidades\n del H. Congreso Nacional;
Señalan como fundamentos de hecho que, de acuerdo con\n el artículo 129 de la Constitución Política\n de la República y el artículo II de la Ley Orgánica\n de la Función Legislativa, el ingeniero Juan José\n Pons Arízaga convocó a sesión ordinaria\n del H. Congreso Nacional con el objeto de: 1. Conocer el informe\n de labores del período 1999 - 2000, y 2. Proceder a la\n elección de dignidades del H. Congreso Nacional para el\n período 2000 - 2003, pero una vez instalada la sesión,\n se apeló de la Presidencia del titular de la Función,\n por lo que bajo la Presidencia del Lic. Carlos Falquez, Primer\n Vicepresidente del Congreso, éste procedió a suspender\n la sesión. En aplicación del numeral 3 del artículo\n 15 del Reglamento Interno del H. Congreso Nacional, por no existir\n las garantías necesarias para continuar la sesión;
Agregan que de manera inesperada y sorpresiva, varios diputados\n de diferentes bloques, desconociendo el procedimiento determinado\n por la Constitución, Ley y Reglamento, instalaron una\n sesión inconstitucional e ilegal. en la que nombraron\n dignidades sin el más mínimo sustento jurídico,\n ya que la diputada Susana González, fue propuesta por\n la diputada del partido Roldocista, y no por el Bloque que obtuvo\n la Segunda Mayoría, es decir el Partido Social Cristiano,\n como lo disponen el artículo 129 de la Carta Política,\n Como violaciones legales citan las de los artículos 11\n y 12 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa,\n al no designar dos escrutadores en este proceso, condición\n sine qua non para la elección, y al imponer un secretario\n ad - hoc, no se respetó la norma del articulo 12 que señala\n que en este tipo de sesiones debe actuar provisionalmente en\n funciones prorrogadas el Secretario del período anterior;
Como violaciones constitucionales citan las de los artículos\n 3, numeral 6, 129 y 272 del texto constitucional, referentes,\n en su orden a que: 1) uno de los deberes primordiales del Estado\n consiste en "6. Garantizar la vigencia del sistema democrático\n y la administración pública libre de corrupción.",\n 2) que el candidato debe pertenecer al partido o movimiento que\n haya obtenido la segunda mayoría, y 3) que consagra la\n supremacía del texto constitucional, invalidando todos\n los actos que estuvieren en contradicción con éste;
Expresan que el daño grave que se estaría causando\n es el ocasionado a la institucionalidad misma del Estado;
Terminan solicitando:
"usted se servirá adoptar las medidas urgentes\n que usted al amparo de la Constitución y de las normas\n legales pertinentes considere oportunas a fin de garantizar la\n efectiva tutela jurídica de los derechos consagrados en\n la Constitución a favor nuestro".
De modo posterior presentan tres escritos, el 1 y 2 de agosto\n del 2000, a las 21h25, 10h40 y 11h40, respectivamente, en los\n que, en su orden expresan:
a) "Solicito la ampliación de mi petición\n original, a fin de que en base al mérito de lo expuesto,\n usted se sirva dejar sin efecto todo cuanto se ha actuado por\n parte de los diputados que inconstitucionalmente se autoconvocaron\n a sesión...".
b) "La citación. .. corresponderá hacerlo\n en la persona de los diputados: Nina Pacari Vega Conejo, Mireya\n Adoum, Susana González, José Cordero, Cecilia Calderón,\n Antonio Posso;. . .Por lo señalado reitero mi petición\n de... en primer lugar proceda usted de manera sumarísima,\n prevista en la acción de tutela o amparo y luego suspenda\n los efectos inconstitucionales de todo lo actuado y resuelto\n por la espúrea sesión fraguada la tarde del 1 de\n agosto del 2000".
c) "... por lo que una vez más, apelo a su autoridad\n a fin de que usted se sirva dejar sin efecto todo lo actuado\n en la sesión de la tarde de ayer 1 de agosto,...".
El día cuatro de agosto del año 2000, se celebra\n la audiencia pública prevista en el artículo 48\n de la Ley del Control Constitución, en la que por una\n parte comparecen:
a) La Dra. Susana González, quien por intermedio de\n su abogado en lo fundamental expresa:
1. Que la demanda correspondiente se ha hecho sin determinar\n la persona demandada, aunque después han precisado que\n son seis diputados, entre los cuales se encuentra ella; que,\n se los acusa de un supuesto acto o violación ilegítima\n que habría violado sus derechos consagrados en la Constitución\n Política de la República, por lo que piden "dejar\n sin efecto todo cuanto se ha actuado por parte de los diputados"..\n .entendiéndose por tales actuaciones... la designación\n de las dignidades y toda resolución tomada en dicha sesión".
2. Que de acuerdo con el artículo 119 toda autoridad\n u órgano puede actuar en base a las atribuciones expresas,\n por lo que el Juez que conoce el caso carece de competencia para\n conocer el recurso formulado, porque al tramitarlo viola la autonomía\n de que gozan todas las Funciones del Estado, entre ellas el H.\n Congreso Nacional, para los asuntos relativos a su organización\n y funcionamiento, todo recogido bajo el principio de separación\n de poderes. Lo cual no puede ser alterado por un recurso de amparo,\n que solo procede contra actos de una autoridad del Estado, mas\n no contra los de una Función del Estado.
3. Si existiesen violaciones constitucionales, ellas no afectan\n a los recurrentes y en el mejor de los casos afectarían\n al Congreso. Pero ello no podría ser materia de un recurso\n de amparo, sino de una demanda de inconstitucionalidad, cuyo\n conocimiento está atribuido al Tribunal Constitucional.
4. La elección de dignidades se denominan en la Doctrina\n Constitucional Decisiones Institucionales, las cuales no están\n sujetas al control por parte de otros órganos ajenos a\n la Función que los expide, ya que el control se realiza\n por parte de la misma Función. Cita a Marienhoff y explica\n que el acto institucional no incide directa o indirectamente\n en la esfera del administrado por lo que éste no puede\n demandar por su ilegailidad, por ello un Juez no puede dejar\n sin efecto una decisión afectada de la Función\n Legislativa.
5. Que en toda controversia, debe determinarse quién\n es el demandante y el demandado y en el caso no hay legitimación\n activa ni pasiva ya que no se puede saber quién es el\n titular de los derechos constitucionales supuestamente violados,\n no puede aceptarse que siete diputados tengan la legitimación\n activa de un congreso integrado por 123 diputados; así\n como tampoco puede entenderse por qué se señala\n como responsables a seis diputados, de los actos impugnados,\n ejecutados por más de setenta diputados. Precisa que han\n denunciado violaciones a la Constitución Política\n de la República, pero no a los derechos constitucionales\n de los recurrentes;
b) La Dra. Nina Pacari Vega por intermedio de su abogado,\n asimismo expresa que los demandantes no determinan ninguno de\n los derechos individuales o colectivos que supuestamente han\n sido violados, por tanto no existe acto u omisión ilegítimos.\n En el amparo existen dos partes, la afectada por la acción\n ilegítima, que no existe en el presente recurso, y la\n otra parte integrada por una abrumadora mayoría de legisladores,\n es toda una Función del Estado, cuyo personero es el representante\n legal, el Presidente del Congreso, en este caso la Dra. Susana\n González. Solícita se declare la maliciosidad de\n la acción propuesta y propugna la incompetencia del Juez,\n de acuerdo con el artículo 276 de la Constitución\n Política de la República;
c) El doctor José Cordero Acosta, por intermedio de\n su abogado señala que existe violación del procedimiento\n porque a la audiencia del amparo se le está dando el trámite\n previsto en la audiencia de los Juicios Verbal Sumarios, esto\n es que quienes han sufrido la impugnación mediante el\n amparo intervengan primero, sin que la autoridad pública\n contra quien se propone el amparo pueda defenderse adecuadamente.\n Agrega que el acto impugnado es en esencia un acto legislativo\n de carácter electoral, es decir, un acto eminentemente\n político no sujeto a ningún recurso de amparo,\n porque la consecuencia de la pérdida de las elecciones,\n es la pérdida del candidato. De ello se deduce que lo\n que en el fondo se está planteando es una demanda de inconstitucionalidad,\n para lo cual el Juez carece de competencia para conocerlo, se\n debió de inicio examinar sí habían los requisitos\n fundamentales que permiten plantear una acción de amparo.\n No hay legitimación activa, porque los comparecientes\n no son los perjudicados, ni los ofendidos con la decisión\n mayoritaria del H. Congreso Nacional, simplemente son los perdedores\n de un proceso electoral, más aún ellos mismo reconocen\n la legitimidad de la elección del doctor José Cordero,\n en aplicación del artículo 129 de la Constitución\n Política. Expresa que se ha citado el artículo\n 11 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa,\n de modo incompleto, porque en el inciso tercero de este artículo\n se dice textualmente que: "se considera miembros de un partido\n o movimiento a los diputados que ganaron las elecciones con el\n auspicio de éstos sin perjuicio de que puedan agruparse\n con otros fines.", es decir la norma es absolutamente clara,\n porque la primera y la segunda mayoría quedan definitivamente\n establecidas desde el momento mismo de la elección, independientemente\n de los cambios eventuales, desafiliaciones que puedan producirse\n luego de la elección, en el caso, la Democracia Popular\n y el Partido Social Cristiano, tanto más si en las listas\n pueden ser incluidos miembros que no son del partido;
d) El doctor Antonio Posso, comparece por medio de su abogado\n y manifiesta que de autos no aparece la justificación\n de la calidad de diputados que invocan los recurrentes, así\n como tampoco consta la existencia del acto impugnado porque no\n aparecen las actas de la sesión del H. Congreso Nacional.\n La demanda es contra un acto legislativo del H. Congreso Nacional\n y la parte procesal que debió ser citada son los 70 diputados\n del Congreso, en consecuencia debe anularse el trámite.\n El acto impugnado es un acto legislativo y no existe la gravedad\n ni el daño inminente previstos en el artículo 95\n del texto constitucional.
e) Por su parte las diputadas Cecilia Calderón de Castro\n y Mireya Adoum manifiestan que el acto demandado es un acto político\n reglamentario y no un acto administrativo, se ha impugnado la\n actuación de una Función del Estado y el recurso\n de amparo procede solo contra actos de autoridades públicas.\n No cabe que se haya aceptado escritos de ampliación a\n la acción de amparo originalmente propuesta. Según\n el artículo 48 de la Ley del Control Constitucional, el\n amparo solo puede proponerse por el perjudicado y el ofendido.\n Finalmente presenta fotocopia del Libro Auténtico de Legislación\n de la resolución adoptada por la mayoría del Congreso;
f) El economista Xavier Neira Menéndez, en lo principal\n expresa que la presencia de los cinco intervinientes, convalida\n toda actuación judicial. La elección de dignidades\n del Congreso está sujeta a normas constitucionales y legales\n que se debieron acatar. Considera que hay una similitud con la\n elección del Directorio del Banco Central, en que los\n candidatos son propuestos por el Presidente de la República,\n esto es el Congreso no es libre de elegir, solo puede nombrar\n de entre los miembros propuestos por el Presidente de la República.\n Se ha violado su derecho a ser electo de acuerdo con el artículo\n 129 de la Constitución Política de la República.\n Se ha nombrado a una persona ajena al Partido Social Cristiano,\n conforme lo demuestra con la certificación del Tribunal\n Supremo Electoral En la espúrea sesión actué\n como Secretario, un diputado alterno, pese a que la Ley Orgánica\n de la Función Legislativa dispone que se nombre un Secretario\n y un Prosecretario de fuera de su seno. Señala que se\n han violado "no solo.. mis derechos constitucionales al\n no permitir que mi nombre sea votado en una sesión legalmente\n instalada. Se han hollado también mis derechos civiles\n y mis derechos políticos.". Al respecto se refiere\n a la igualdad ante la ley y la no discriminación, cuando\n la Constitución Política de la República\n garantiza el derecho a elegir y ser elegido. Solícita\n que el Juez suspenda definitivamente lo actuado por un grupo\n de diputados el uno de agosto del 2000; y,
g) El diputado Pascual del Cioppo a su vez manifiesta que\n se ha violado el principio básico del Derecho Público\n que impone a toda autoridad que pueda ejercer solo las atribuciones\n determinadas en la Constitución Política de la\n República y en las leyes, y se trata de un grupo de legisladores\n que prefirieron privilegiar la violencia y el irrespeto y según\n nuestra Carta Fundamental no hay autoridad exenta de responsabilidad.\n Determinan los derechos constitucionales que supuestamente se\n habrán violado, esto es el derecho a elegir y ser elegidos.\n sin importar cuántos comparecen en la presente acción.
El señor Juez Décimo de lo Penal de Pichincha\n resuelve, el 6 de agosto del 2000, conceder la acción\n presentada y suspender los efectos de la elección de dignidades\n del H. Congreso Nacional, porque en lo fundamental considera\n que el acto de designación de dignidades del H. Congreso\n Nacional es un acto administrativo, entendiéndose por\n tal a todo aquel realizado en ejercicio de la función\n de administración y que tiene efectos jurídicos\n sin interesar el órgano que lo ejerce, además porque\n según la certificación del Tribunal Supremo Electoral,\n la diputada Susana González no pertenece al partido que\n obtuvo la segunda mayoría
Los demandados apelan de la decisión del juez.
Con los antecedentes expuestos, se realizan las siguientes
Que, de conformidad con el artículo 276, numeral 3\n de la Constitución Política, el Tribunal Constitucional\n es competente para conocer los casos de apelación previstos\n en la acción de amparo constitucional;
Que, no se ha omitido solemnidad sustancial que cause alguna\n nulidad en el presente caso;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo\n 2 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa,\n son órganos de administración: "El Consejo\n Administrativo de la Legislatura, la Presidencia, la Primera\n Vicepresidencia, la Segunda Vicepresidencia y la Secretaría\n General', y en concordancia con lo dispuesto en el artículo\n 68 ibídem "El H. Congreso Nacional manifiesta su\n voluntad mediante leyes, decretos, acuerdos y resoluciones".\n Es decir, que la voluntad del Congreso. en cumplimiento de sus\n facultades, se encuentra determinada por su propia Ley Orgánica,\n deduciéndose que con excepción, de lo señalado\n en la ley. respecto de que el Congreso se expresa mediante leyes,\n decretos, acuerdos y resoluciones, todos los demás actos\n y manifestaciones de voluntad de esa Función del Estado,\n constituyen actos administrativos;
Que, dentro de un aspecto dinámico, las Instituciones\n del Estado, de la que forma parte el H. Congreso Nacional, en\n el ejercicio de sus atribuciones, que deben apegarse a normas\n jurídicas para la realización de sus fines, se\n expresa a través de actos que, teniendo diferente connotación\n crean, modifican o suspenden calidades jurídicas de los\n administrados o como en el presente caso, de los sujetos que\n forman parte del ente legislativo. En el caso que nos ocupa,\n si bien es cierto que la designación de Presidente del\n Congreso tiene la concepción de erga omnes, no reviste\n la calidad de acto legislativo;
Que, el proceso eleccionario de Presidente del Congreso, es\n la secuencia de una serie de actos administrativos que concluyen\n con el nombramiento y posesión de esa dignidad; en consecuencia,\n es necesario conocer si el proceso de elección de Presidente\n como tal se ajustó a la norma jurídica. Al efecto\n se ha podido establecer que el H. Congreso Nacional sesionó\n conforme a lo que dispone el inciso segundo del artículo\n 12 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa,\n es decir bajo la presidencia del titular del período que\n concluía, actuando como Secretario provisional quien venía\n ejerciendo ese cargo en dicho período. Sin embargo, la\n dirección de la sesión fue apelada en los términos\n constantes en el artículo 16 del Reglamento Interno de\n la Función Legislativa, asumiendo la calidad de Presidente\n de la sesión, el Primer Vicepresidente quien obviamente\n actúa con los deberes, derechos y atribuciones inherentes\n a la calidad de Presidente, en la forma como lo establece el\n artículo 19 del Reglamento antes invocado. En estas circunstancias,\n el Presidente actuante suspendió la sesión, sin\n que exista constancia de que él haya delegado tal calidad\n a la Segunda Vicepresidencia, con lo cual, era el Presidente\n en funciones quien tenía la facultad privativa de dar\n por terminada la suspensión que había dispuesto.\n En consecuencia, el Presidente subrogante nunca perdió\n esa calidad y por ende la posterior instalación de la\n suspendida sesión fue ilegítima, en lo que a procedimiento\n se refiere;
Que, para la procedencia de la acción de amparo, es\n necesario que de manera unívoca concurran un acto de la\n administración pública que sea ilegítimo\n y que violente un derecho subjetivo protegido por la Constitución,\n lo cual acarree un daño grave e inminente en perjuicio\n del accionante;
Que, establecido que ha quedado que el acto administrativo,\n materia de la presente impugnación, es formalmente ilegítimo\n y acorde con el principio constitucional, de que no se sacrificará\n la justicia por la sola omisión de formalidad, corresponde\n analizar si éste violenta un subjetivo derecho constitucional.\n Al respecto. es necesario referirse a la afirmación que\n hace uno de los accionantes, el Diputado Xavier Neira cuando\n afirma que "Pero no solo se ha violado mis derechos constitucionales\n al no permitir ni siquiera que mi nombre sea votado en una sesión\n instalada. Se han hollado también mis derechos civiles\n y mis derechos políticos" y de autos no consta que\n el economista Neira haya sido postulado como candidato para terciar\n en la elección de Presidente del Congreso aunque éste\n en la audiencia pública afirme: "con orgullo recibí\n el apoyo unánime de mis colegas diputados que me propusieron\n como su candidato para dirigir los destinos del U. Congreso Nacional,\n con honor recibí el apoyo unánime del directorio\n de mi partido político que ratificó mi candidatura";
Que, el Diputado Neira es uno de los accionantes, y por ende\n ha de establecerse sí su competencia reúne las\n condiciones de legitimación activa, es decir, si respecto\n del acto administrativo que se impugna ésta ha violado\n en su perjuicio un derecho constitucional que la Carta Suprema\n lo proteja. Y del libelo de la acción como de su exposición\n en la audiencia pública, se concluye que efectivamente\n él no fue postulado, dentro de la correspondiente sesión,\n como candidato para optar por la Presidencia del H. Congreso\n Nacional; en consecuencia, no se ha violado, en su contra, el\n derecho subjetivo para ser elegido, ya que tal derecho nace en\n la práctica, en el momento en que su nombre ha sido propuesto\n como candidato. Mientras ello no ocurre, es un derecho latente\n que no ha sido ejercido;
Que, como se dijo en líneas anteriores, si uno de los\n elementos consustanciales del amparo constitucional se encuentra\n ausente, la acción es inadmisible. Empero de ello, y al\n tenor de lo que dispone el artículo 1 de la Ley del Control\n Constitucional, cuando manifiesta que: "El control constitucional\n tiene por objeto asegurar la eficacia de las normas constitucionales\n en especial de los derechos y garantías establecidos en\n favor de las personas, los cuales son plenamente aplicables e\n invocables ante cualquier juez, tribunal o autoridad pública",\n debe observarse lo dispuesto en la Constitución Política\n y la Ley Orgánica de la Función Legislativa; y,
Que, habiéndose negado en sesión del día\n de hoy 22 de agosto del 2000 los informes de la Tercera Sala,\n de mayoría - que inadmitía la acción de\n amparo - así como el de minoría - que concedía\n la acción de amparo - es obligación del Tribunal\n Constitucional dar una respuesta al problema sustancial que afronta\n el H. Congreso Nacional para asegurar y reafirmar la institucionalidad\n democrática del país.
Por las consideraciones expuestas en la presenta resolución,
1. En acatamiento a lo que señala el artículo\n 1 de la Ley del Control Constitucional disponer que el H. Congreso\n Nacional, sujetándose estrictamente al mandato constitucional,\n reinstale la sesión que fue suspendida el 1 de agosto\n del 2000.
2. Devolver el expediente al Juez de origen para los fines\n consiguientes.
3. Publicar en el Registro Oficial. - Notifíquese".
f) Dr. René de la Torre Alcívar, Presidente.
Razón: Siento por tal, que la resolución que\n antecede fue aprobada con cinco votos a favor correspondientes\n a los doctores Oswaldo Cevallos, Luis Chacón, Carlos Helou,\n Luis Mantilla y Jaime de Veintimilla y, cuatro votos en contra\n de los doctores Guillermo Castro, Marco Morales, Hernán\n Rivadeneira y René de la Torre, con el siguiente texto:\n "Nos ratificamos en los votos consignados para la parte\n resolutiva, de los informes de mayoría y minoría\n de la Tercera Sala del Tribunal Constitucional, tomando en cuenta\n que el informe de minoría, presentado por el doctor Oswaldo\n Cevallos Bueno fue negado por 6 votos en contra y 3 a favor;\n y, en virtud de que el texto alternativo presentado en esta sesión\n no se refiere en esencia a la demanda de amparo constitucional\n tramitada y por existir claras contradicciones e incongruencias\n entre la parte considerativa y la parte resolutiva", en\n sesión del día martes veintidós de agosto\n del año dos mil. - Lo certifico.
f.) Dr. Fausto Garcés Pástor, Secretario General.
Quito, a 23 de agosto del 2000.
VOTO SALVADO DE LOS DOCTORES, RENE DE\n LA TORRE ALCIVAR, MARCO MORALES TOBAR, HERNAN RIVADENEIRA JATIVA\n Y GUILLERMO CASTRO DAGER.
CASO N0 762 - 00 - RA
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - Quito, 22 de agosto del 2.000. -\n Las 17h30. -
Nos apartamos del criterio de la mayoría en base a\n las siguientes consideraciones:
1. - En cuanto a la legitimación activa, el Tribunal,\n en innúmeras oportunidades, ha expresado que en la acción\n de amparo, tal legitimación corresponde a "toda persona',\n término discutible - persona - , en el sentido de que\n si se trata del ser humano con todos los derechos y obligaciones\n que se le imputan, denominada también persona natural,\n o involucra además a las personas jurídicas. Es\n decir. que de modo general, la acción de amparo puede\n ser ejercitada por una persona natural o el representante legitimado\n de una colectividad, siendo que también puede aceptarse\n a trámite el amparo propuesto por una persona jurídica,\n siempre que de manera clara se demuestre que se estaría\n afectando mediante acto ilegítimo un derecho subjetivo\n de orden constitucional.
En razón de lo anotado no es aceptable que seis diputados\n tengan la representación del 'partido o movimiento' a\n los que se refiere el artículo 129 de la Carta Fundamental,\n como tampoco es que la legitimación pasiva, esto es la\n calidad de autoridad pública en el caso, tengan asimismo\n solo los diputados Nina Pacarí Vega Conejo, Mirella Adoum,\n Susana González, José Cordero, Cecilia Calderón,\n Antonio Posso, por las actuaciones de una mayoría parlamentaria\n del organismo público Congreso Nacional. Los diputados,\n particularmente, no pueden expedir un acto administrativo, ni\n prestan un servicio
\n público, ni su acción u omisión afecta un\n interés comunitario. El diputado economista Xavier Neira,\n en la audiencia de primera instancia, expresa que él es\n el único candidato por el Partido Social Cristiano y en\n consecuencia él es el perjudicado directo.
2. - Efectivamente, la elección de dignidades corresponde\n a la categoría de actos políticos o de gobierno,\n denominados también institucionales, que son de cumplimiento\n inmediato, ya que están ligados a la vigencia del Estado\n Social de Derecho.
En este sentido, los actos de una Función del Estado,\n del Congreso Nacional por ejemplo, son propios de su potestad\n y competencia exclusiva, los mismos que deben cumplirse de manera\n inmediata, como son los de la elección de sus dignatarios\n y no pueden ser susceptibles de recurso de amparo, pues ello\n conspira con el interés general del Estado Social de Derecho.\n Lo contrario generaría el caos.
3. - En cuanto a la gravedad del acto, los recurrentes se\n limitan a expresar que se causa "...un gravísimo\n daño a la institucionalidad misma del Estado... ",\n violando los derechos previstos en los artículos 3, numeral\n 6, 129 y 272 del texto constitucional, esto es, que uno de los\n deberes primordiales del Estado consiste en '6. Garantizar la\n vigencia del sistema democrático y la administración\n pública libre de corrupción. "; que el candidato\n debe pertenecer al partido o movimiento que haya obtenido la\n segunda mayoría y la norma que consagra la supremacía\n del texto constitucional, invalidando todos los actos que estuvieren\n en contradicción con éste. Solo en forma posterior\n y durante la realización de la audiencia invocan el derecho\n a elegir y ser elegidos. Sin embargo, no deja de llamar la atención\n cómo legisladores que renunciaron a la posibilidad de\n ser elegidos, para candidatizar a un solo diputado, reclamen\n ese derecho, por la vía de la acción de amparo.
4. - Del análisis de las normas invocadas por los propios\n accionantes se establece que necesariamente debe producirse una\n elección de entre los diputados de los partidos o movimientos\n que electoralmente hayan obtenido la segunda y la primera mayoría,\n es decir, que siempre debe producirse una elección, la\n cual como garantía de los principios de toda democracia\n debe efectuarse entre vahos diputados.
Al expedir el artículo 129 de la Constitución\n Política de la República, en realidad, lo que el\n constituyente buscó fue establecer un sistema de elección\n que fortalezca las fuerzas o tendencias mayoritarias en el Congreso\n Nacional, pero esto a su vez no significa que las directivas\n de los partidos o movimientos políticos ejerzan un control\n monopólico que viole el derecho a elegir de entre varios\n diputados de las tendencias mayoritarias.
5. - Si, como señala la demanda, existiesen aspectos\n de inconstitucionalidad, los mismos no podían plantearse\n mediante una acción de amparo que, además, no reúne\n los requisitos legales para su procedibilidad, tanto más\n si la propia demandada, diputada Susana González, a través\n de su abogado defensor, sostiene también que se trata\n de un caso de inconstitucionalidad.
6. La resolución de la mayoría del Pleno del\n Tribunal contiene una serie de contradicciones e incongruencias\n entre la parte considerativa y la parte resolutiva. Así\n por ejemplo, se refieren a que la instalación de la suspendida\n sesión fue legítima, sin embargo, en su resolución\n de manas plantean que se reinstale la sesión que fue suspendida.
Los cinco vocales de la mayoría circunstancial en vez\n de efectuar una fundamentación jurídica, en el\n último considerando de su resolución realizan una\n especie de proclama cívica o política, pues hablan\n de "dar una respuesta al problema sustancial que afronta\n el U. Congreso Nacional para asegurar y reafirmar la institucionalidad\n democrática del país", lo cual no está\n entre las atribuciones y competencias del Tribunal Constitucional.
7. - Del texto resolutivo de la mayoría no aparece\n una referencia al tema del amparo constitucional demandado, sino\n que, de manera extensiva y fuera de contexto, se dispone al Congreso\n Nacional la reinstalación de una sesión suspendida\n el primero de agosto del presente año, lo cual indudablemente\n no fue materia del amparo.
8. - Los señores vocales doctores Jaime de Veintimilla\n y Carlos Helou al votar por el informe de minoría de la\n Tercera Sala del Tribunal, suscrito por el Dr. Oswaldo Cevallos\n Bueno, lo hicieron en contra, esto es negando precisamente la\n posibilidad de que pueda reinstalarse la sesión suspendida\n el primero de agosto; no obstante, en la resolución que\n la adoptaron con tres vocales más, señalan exactamente\n lo contrario.
Por estas consideraciones, quienes suscribimos este voto salvado,\n nos ratificamos en los votos consignados para la parte resolutiva,\n de los informes de mayoría y minoría de la Tercera\n Sala del Tribunal Constitucional, tomando en cuenta que el informe\n de minoría, presentado por el doctor Oswaldo Cevallos\n Bueno fue negado por 6 votos en contra y 3 a favor; y, en virtud\n de que el texto alternativo presentado en esta sesión\n no se refiere en esencia a la demanda de amparo constitucional\n tramitada y por existir claras contradicciones e incongruencias\n entre la parte considerativa y la parte resolutiva.
1. Inadmitir la acción de amparo presentada por los\n diputados Xavier Neira Menéndez, Pascual del Cioppo, Alfredo\n Serrano Valladares y Carlos Falquez, miembros del Bloque del\n Partido Social Cristiano y revocar la resolución expedida\n por el Juez Décimo de lo Penal de Pichincha.
2. Dejar a salvo los derechos de las partes para ejercitar\n las acciones a que se creyeren asistidas.
3. Remitir lo actuado al Consejo Nacional de la Judicatura.
4. Devolver el expediente al Juez de origen para los fines\n legales consiguientes. - NOTIFÍQUESE-
f) Dr. René de la Torre Alcívar, Presidente\n del Tribunal Constitucional,
f) Dr. Marco Morales Tobar, Vicepresidente del Tribunal Constitucional.
f.) Dr. Hernán Rivadeneira Játiva, Presidente\n de la III Sala.
f) Dr. Guillermo Castro Dáger, Vocal.
Es fiel copia del original. - Quito, a 23 de agosto del 2000.
EL CONCEJO\n MUNICIPAL DEL CANTON CUYABENO
Que, es deber institucional reconocer la labor que en forma\n eficiente brindan a la institución los servidores Municipales;
Que, es necesario establecer beneficios económicos\n adicionales o compensatorios a los sueldos y más beneficios\n de la ley a que tienen derecho los servidores municipales;
Que, es facultad de la Municipalidad estimular a su personal\n en el cumplimiento cabal de sus deberes y obligaciones; y,
Que, en virtud de la autonomía administrativa y funcional\n de la que gozan los municipios conforme al principio constitucional\n consagrado en la Carta Magna de la República, Sección\n Tercera del Régimen Seccional Autónomo; y, la facultad\n estatuida en el Art. 17 de la Ley de Régimen Municipal,
LA SIGUIENTE ORDENANZA PARA EL REGLAMENTO QUE CREA LA BONIFICACION\n DE CANTONIZACION A FAVOR DE LOS SERVIDORES MUNICIPALES.
Art. 1. - Créase el Bono de Aniversario a favor de\n los funcionarios, empleados y obreros de la Ilustre Municipalidad\n de Cuyabeno.
Art. 2. - Este bono se fija en la suma de tres salarios mínimos\n vitales generales, a la fecha de pago.
Art. 3. - Este bono de carácter pecuniario se pagará\n hasta el primer día de cada año, en que se inicien\n las festividades por Aniversario de Cantonización.
Art. 4. - La Dirección Financiera hará constar\n anualmente dentro del presupuesto de gastos, la asignación\n correspondiente a fin de que se dé cumplimiento al pago\n de este bono.
Art. 5. - La presente ordenanza entrará en vigencia\n desde su aprobación por parte del Ilustre Concejo Cantonal\n de Cuyabeno, sin perjuicio de su publicación en el Registro\n Oficial,
Dado en la sala de sesiones del Concejo Municipal del Cantón\n Cuyabeno, el día viernes 28 de julio del dos mil.
f) Prof. Marisol Lombeida, Vicepresidenta del Concejo.
f.) Sra. Pilar Vinueza, Secretaria General (E).
CERTIFICA. - Que la presente Ordenanza para el reglamento\n que crea la bonificación por aniversario de cantonización\n a favor de los servidores municipales fue conocida y aprobada\n por el Concejo Municipal del cantón Cuyabeno en dos discusiones,\n realizadas en sesiones de los días veintiuno y veintiocho\n de julio del dos mil,
Tarapoa, a 31 de julio del 21>00.
De conformidad con lo dispuesto en los Arts. 127, 128, 129\n y 133 de la Ley de Régimen Municipal, sanciono la presente\n Ordenanza para el reglamento que crea la bonificación\n por aniversario de cantonización a favor de los servidores\n municipales y dispongo su envío al Registro Oficial, para\n su publicación en el mismo.
Tarapoa, a 31 de julio del 2000.
f) Vicente Aguilar Jaramillo, Alcalde del cantón Cuyabeno.
SECRETARIA DEL CONCEJO. - Tarapoa, a 31 de julio del 2000,\n sancionó, firmó y ordenó el envío\n al Registro Oficial, la Ordenanza para el reglamento que crea\n la bonificación por aniversario de cantonización\n a favor de los servidores municipales, para su aprobación,\n el señor Vicente Aguilar Jaramillo, Alcalde del cantón\n Cuyabeno, a los treinta y un días del mes de julio del\n año dos mil.
f) Sra. Pilar Vinueza, Secretaria General (E).
Es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas\n de sesiones del Concejo Municipal de Cuyabeno.
I. Municipio de Cuyabeno.
CERTIFICACION. - Certifico que es fiel copia del original\n que reposa en nuestros archivos, 31 - 07 - 2000.
Que, en el cantón Cuyabeno, provincia de Sucumbíos\n desde su creación, el ocho de agosto de mil novecientos\n noventa y ocho, no se han adoptado oficialmente sus símbolos\n patrios cantonales;
Que, el comité cantonizador del Cuyabeno luego de haber\n acogido los más diversos criterios de la ciudadanía,\n en razón de ser un sector ecológico y fundamentalmente\n turístico, aprobó el proyecto de Escudo y Bandera,\n en la sesión realizada el veinte y dos de agosto de mil\n novecientos noventa y ocho, en el que se entregaron sendos banderines\n recordatorios a las autoridades y ciudadanos presentes, habiendo\n sido este documento el mismo que fue remitido a la Comisión\n de Límites Internos de la República, junto con\n el estudio socio económico para la creación de\n nuestro cantón recibiendo la aprobación general;
Que, el Honorable Consejo Provincial de Sucumbíos,\n ordenó la elaboración de la letra y música\n de los himnos de varios cantones de la provincia, aprobando para\n nuestro cantón, el realizado por el señor Doctor\n Aulo Gelio Avila - Cartagena A.;
Que, es deber cívico y patriótico del Concejo\n Cantonal oficializar los símbolos patrios cantonales,\n a través de una ordenanza, para que sean difundidos en\n las instituciones públicas y privadas en el cantón\n y a toda la ciudadanía, especialmente en esta fecha de\n aniversario de cantonización; y.
LA PRESENTE ORDENANZA QUE OFICIALIZA EL ESCUDO, BANDERA E\n HIMNO COMO SIMBOLOS PATRIOS DEL CANTON CUYABENO.
Art. 1. - Oficializar el Escudo del cantón Cuyabeno,\n cuyo autor es el señor Tito Leonidas Guerrero Espinosa,\n y que fue aprobado por la ciudadanía a través del\n comité cantonizador, en la sesión pública\n del 22 de agosto de 1998.
Art. 2. - El Escudo del cantón Cuyabeno tiene las características\n que a continuación se describen:
a) El campo heráldico del Escudo, está constituido\n en forma de óvalo, cuya parte inferior descansa sobre\n un cocodrilo gigante que se encuentra en posición de reptar,\n como símbolo de fuerza, poder y superación, que\n emulará a sus habitantes a trabajar por un futuro mejor;
b) En la diestra circunvala un cuerno de la abundancia, que\n representa la producción agraria de la zona;
c) En el siniestro se encuentra un papagayo de vistosos colores,\n que esta posando sobre la rama de una orquídea, cuya mirada\n es altiva, símbolo de la riqueza y vida silvestre de la\n reserva de producción faunística del Cuyabeno;
d) En la parte inferior se observa un remanso de agua que\n representa la orografía del sector y la belleza de sus\n lagunas, en sus aguas flota una canoa de corte nativo en la que\n altivamente boga una Síona símbolo de la navegación\n fluvial;
e) Del medio cuartíl hacia arriba, un campo verdusco,\n símbolo de la inigualable natura, en cuyo centro nace\n una palmera que se mece al viento, símbolo de la pureza\n del ambiente;
En el lado siniestro medio superior esta una res vacuna, símbolo\n de la ganadería:
g) En lado diestro superior, se encuentra una torre, símbolo\n de la producción petrolera, cuya parte superior está\n derrumbándose, para indicar que sus habitantes tienen\n conciencia de que los recursos no renovables como el petróleo\n pronto se agotarán y que la única alternativa de\n supervivencia para el futuro del cantón, será el\n turismo y la producción agropecuaria;
h) En la parte superior del Escudo, se encuentra un nítido\n cielo azul, símbolo de la belleza con la que Dios bendijo\n esta zona, en el cual emerge un hermoso sol matutino símbolo\n de una nueva vida y de renovadas esperanzas para sus moradores;
i) Como minera y coronando el óvalo del Escudo, la\n cabeza de una bella imagen de mujer Siona, en cuyo peinado, se\n encaja una mata de arroz, cuyas ramas llenas de mieses, representa\n uno de los primeros productos agrarios de la zona; y,
j) En la parte superior, va la leyenda "ESCUDO DE CUYABENO\n y, en la parte inferior, el nombre de la Cabecera Cantonal y\n el año de la creación del cantón, "TARAPOA\n 1998".
Art. 3. - Oficializar la Bandera del cantón Cuyabeno,\n cuyo autor es el señor Tito Leonidas Guerrero Espinosa,\n y que fue aprobado por la ciudadanía a través del\n comité cantonizador, en la sesión pública\n del 22 de agosto de 1998.
Art. 4.- La Bandera del cantón Cuyabeno, tiene las\n siguientes características:
a) Está constituido por un lienzo de forma rectangular\n tipo cantón, es decir de cuatro cuartíles iguales,\n con los colores VERDE VIVO, AZUL CLARO Y AMARILLO;
b) En los cuartíles y de manera transversal, constarán\n tres estrellas de color blanco, que representan a las parroquias\n existentes, que son: TARAPOA, CUYABENO Y AGUAS NEGRAS;
c) El verde vivo, que ocupará el cuartíl diestro\n superior izquierdo y el siniestro inferior derecho, significa\n el follaje de la milenaria selva y la esperanza de un futuro\n mejor;
d) El azul claro va al lado siniestro superior, significa\n los ríos y las lagunas de la Reserva Cuyabeno; y,
e) El amarillo va en el cuartíl diestro izquierdo inferior,\n significa la riqueza y la prosperidad.
Art. 5. - Oficializar la Letra y Música del Himno del\n cantón Cuyabeno, el mismo que será cantado el coro\n y todas sus estrofas; en todo acto social, histórico y\n cultural del cantón, cuya letra y música corresponden\n al señor doctor Aulo Gelio Avila - Cartagena A.
Art. 6. - El Himno al cantón Cuyabeno está compuesto,\n de un coro y dos estrofas, el mismo que tiene la siguiente letra:
HIMNO AL CANTON CUYABANO
Se fascína nuestra alma al contemplarte,
\n Belleza natural sublime encanto,
\n Pues te hizo un edén, Dios con su manto,
\n Paraíso del inundo, ¡Admiración!
Cuyabeno en tu seno incomparable,
\n yace Augusta tu fauna y tu flora,
\n reserva natural... .¡Oh..... redentora!,
\n de un bello ecosistema sin igual,
\n conviven los caimanes y los loros,
\n los delfines, primates, la anaconda,
\n con tus palmas, tus ríos, que te rondan
\n en tus lagos con brisa angelical.
Tarapoa, Cuyabeno y Aguas Negras,
\n de los Sionas y Secoyas bello lar,
\n de Cofanes y Tetetes dulce hogar,
\n del turismo mundial tan especial.
\n Tus caucheros son signo de riqueza,
\n esclavitud y muerte fue aquel precio
\n que pagaste felón, con sumo aprecio
\n te levantas airosa y señorial.
Art. 7. - Esta ordenanza entrará en vigencia a partir\n de su aprobación por el Ilustre Concejo de Cuyabeno, y\n la sanción del Alcalde Municipal, sin perjuicio de su\n publicación en el Registro Oficial.
Dado en la sala de sesiones de la I. Municipalidad de Cuyabeno,\n a los veintiocho días del unes de julio del año\n dos mil.
f) Sra. Pilar Vinueza, Secretaria Genaral (E), I. Municipio\n de Cuyabeno.
CERTIFICADO DE DISCUSION. - La infrascrita Secretaría\n General (E) del Concejo de Cuyabeno, certifica que la presente\n ordenanza, fue discutida y aprobada por el Ilustre Concejo Municipal,\n en sesiones celebradas los días veintiuno y veintiocho\n de julio del año dos mil.
ALCALDIA MUNICIPAL - Tarapoa, a 31 de julio del año\n dos mil, a las 10h00. - De acuerdo a lo dispuesto por la Ley\n de Régimen Municipal vigente sanciono la presente ordenanza\n municipal, y dispongo su publicación.
CERTIFICO: Que el señor Vicente Aguilar Jaramillo,\n Alcalde de Cuyabeno sancionó y ordenó la publicación\n de la presente ordenanza municipal, a los treinta y un días\n del unes de julio del año dos mil.
I. Municipio de Cuyabeno, certifico que es fiel copia del\n original que reposa en nuestros archivos, 31 - 07 - 2000.
f) Secretaria General.\n \n

References: artículo 129
 artículo 129
 artículo 48
 resolución 
 artículo 119
 artículo 276
 artículo 129
 artículo 95
 artículo 48
 resolución 
 artículo 276
 artículo 16
 artículo 19
 artículo 1
 resolución 
 artículo 129
 artículo 129
 resolución 
 resolución 
 resolución 
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