Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43618648
Timestamp: 2020-05-26 20:55:34+00:00

Document:
Sentencia de Tutela nº 472/02 de Corte Constitucional, 18 de Junio de 2002 - Jurisprudencia - VLEX 43618648
Todo acto del patrono orientado a "sancionar" o a impedir el embarazo de la empleada, o a investigar si él existe para que de allí dependa el acceso, la permanencia, o la promoción de la mujer en el trabajo, se revela como ilegítimo e inconstitucional y, en los términos dichos, puede ser objeto de acción de tutela. Así, la exigencia de "pruebas de embarazo" por parte de una empresa, con el propósito de condicionar el ingreso o la estabilidad de la trabajadora en la nómina de la misma, es una conducta reprochable que implica vulneración del derecho a la intimidad de la empleada y de su familia y que lesiona también el libre desarrollo de su personalidad, afectando por contera el derecho al trabajo."
Acción de tutela instaurada por S.P.V.D. contra la empresa Extras S.A. sucursal Medellín.
Procedencia: Tribunal Superior de Medellín, S. de Familia.
en el proceso de revisión del fallo adoptado el once (11) de marzo de dos mil dos (2002), por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, S. de Familia, dentro de la acción de tutela instaurada por la señora S.P.V.D. contra la empresa Extras S.A. sucursal Medellín.
La S. de Selección No. 5 de la Corte Constitucional, por auto del nueve (9) de mayo del año en curso, eligió, para efectos de su revisión, el fallo de la referencia. El expediente llegó a la Corte Constitucional, por remisión que hizo la S. de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del decreto 2591 de 1991.
Para el mes de agosto de 2001, la E.P.S. Cruz Blanca le realizó a la actora prueba de embarazo y el resultado fue positivo (fl. 5), situación que de inmediato puso en conocimiento de la supervisora de personal de la empresa Extras S.A., señora A.P.. Pese a lo anterior, el 25 de noviembre de 2001, la empresa demandada dio por terminado su contrato de trabajo sin posibilidad de renovación.
Pretensiones y derechos presuntamente vulnerados.
Expone que el contrato no culminó por razón del embarazo sino por haber terminado la labor para la cual había sido contratada la actora, "ya que no tenía ningún sentido continuar con la relación laboral".
El 11 de marzo de 2002, el Tribunal Superior de Medellín S. de Familia, decidió confirmar el fallo de primera instancia, al considerar que no se observó afectación al mínimo vital de la actora y su hijo por nacer, debido a que como ella misma expresó, su esposo trabaja recibiendo un salario mínimo, circunstancia que permitía afrontar de manera conjunta, las necesidades básicas del hogar.
La S. de Revisión debe decidir si la presente acción de tutela es procedente para ordenar protección a la mujer en estado de embarazo y al hijo por nacer, en el caso de mujeres trabajadoras vinculadas a empresas que suministran a otras personal de labor para el desempeño de servicios temporales.
En principio se puede considerar la procedencia de otros medios de defensa judicial, para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización o el reintegro al cargo que se venía desempeñando. Sin embargo, la Corte ha considerado que de forma excepcional la acción de tutela puede resultar efectiva para la protección de los derechos fundamentales de la mujer trabajadora, con el fin de no dejar al vaivén su subsistencia y la de su hijo Respecto de las especiales condiciones que se deben estudiar para ver la procedibilidad de la acción de tutela, cuando es despedida una mujer trabajadora en estado de embarazo, se puede ver la sentencia T-1002/99 pág. 5.. De igual forma, se ha dicho que tiene protección constitucional en casos de despido injustificado o demostración de discriminación, tema que se ha denominado como "estabilidad laboral reforzada" Para obtener mayor información sobre la "estabilidad laboral reforzada" tenemos las sentencias T-470/97, T-174/99, T-362/99, T-764/00 y T-1456/00 entre otras..
De la misma manera, se tienen en cuenta las especiales circunstancias en que se encuentra la trabajadora al momento del despido, así lo ha entendido la Corte Constitucional en su jurisprudencia, al decir: a) que el despido se ocasione durante el período amparado por el `fuero de maternidad', esto es, que se produce en la época del embarazo o dentro de los tres meses siguientes al parto; b) que a la fecha del despido el empleador conocía o debía conocer la existencia del estado de gravidez, pues la trabajadora notificó su estado oportunamente y en las condiciones que establece la ley; c) que el despido sea una consecuencia del embarazo, por ende que el despido no está directamente relacionado con una causal objetiva y relevante que lo justifique.
En estas condiciones, como primera medida la S. observa que la señora S.P.V., dio a conocer su estado de embarazo a la supervisora de personal de la empresa Extras S.A. meses antes de darse por terminado el contrato de trabajo.
Por otra parte, si tenemos en cuenta tal como lo expresa la actora, que para renovar el contrato de trabajo, la empresa demandada exigía la prueba de embarazo, citaremos la sentencia T-1002/99 M.P.J.G.H.G., que dice:"..., todo acto del patrono orientado a "sancionar" o a impedir el embarazo de la empleada, o a investigar si él existe para que de allí dependa el acceso, la permanencia, o la promoción de la mujer en el trabajo, se revela como ilegítimo e inconstitucional y, en los términos dichos, puede ser objeto de acción de tutela.
Así, la exigencia de "pruebas de embarazo" por parte de una empresa, con el propósito de condicionar el ingreso o la estabilidad de la trabajadora en la nómina de la misma, es una conducta reprochable que implica vulneración del derecho a la intimidad de la empleada y de su familia y que lesiona también el libre desarrollo de su personalidad, afectando por contera el derecho al trabajo." (el subrayado es nuestro). En estas condiciones podemos concluir que la empresa demandada no renovó el contrato de trabajo, de la manera como se venía haciendo en oportunidades anteriores, debido al estado de gravidez en que se encontraba la actora para el momento de dar por terminada la relación laboral.
Por último, la S. hace referencia a la sentencia T-588/95 M.P.A.B.C., toda vez que si el desempeño fue satisfactorio dentro la labor para la cual se contrató, el trabajador puede tener cierto grado de confianza de mantener estable el vínculo laboral, aún más cuando en ocasiones anteriores, esa razón fue el motivo por el cual, el contrato de trabajo se renovó; al respecto dice la sentencia mencionada: "es obvio que el contrato a término fijo responde a la idea de la estabilidad en el empleo, porque aun cuando las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad determinan libremente, acorde con sus intereses, las condiciones de la durabilidad de la relación de trabajo, ésta puede prolongarse indefinidamente en el tiempo, más aún cuando se da la circunstancia de que subsiste la materia del trabajo y las causas que le dieron origen al contrato. En otros términos, mas que la fijación de un espacio de tiempo preciso en la duración inicial de la relación de trabajo, lo relevante es la expectativa cierta y fundada del trabajador de conservar el empleo en cuanto cumpla con sus obligaciones laborales y el interés del empleador, motivado en las necesidades de la empresa, de prolongar o mantener el contrato de trabajo".
Para el presente caso, la actora venía trabajando desde 1999 por medio de contrato de trabajo a termino fijo, renovado en varias oportunidades, incluso su labor fue reconocida mediante un "certificado de excelencia" otorgado por su buen desempeño. Bajo estas circunstancias y aunque la labor para la cual, la actora prestó sus servicios en la empresa Rica Rondo S.A., enviada allí por la empresa Extras S.A., ya había terminado, no considera la S. que ese hecho haya sido el motivo que originó el despido, ya que la labor de impulsadora se puede realizar en otra empresa con la que Extras S.A. mantenga contrato para la prestación de servicios temporales.
La S. entra analizar si las empresas temporales, se encuentran obligadas a proteger la maternidad, cuando la mujer trabajadora se encuentra vinculada a ellas para prestar sus servicios temporales en empresas señaladas por aquellas.
La Corte siempre ha protegido los derechos de los trabajadores, sin especificar el tipo de contrato que se tenga con el empleador, con el fin de garantizar la estabilidad laboral. Hay casos en los cuales, de igual manera debe existir protección constitucional, como en las empresas de servicios temporales, que según el artículo 71 de la Ley 50 de 1990 las define de la siguiente forma: "Es empresa de servicios temporales aquella que contrata la prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada por personas naturales, contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la cual tiene con respecto de éstas el carácter de empleador". Así, el trabajador presta servicio laboral a un tercero pero mantiene relación de subordinación con la empresa de servicios temporales, quien es su verdadero empleador.
En el caso que ahora ocupa la atención de la Corte, se observa por la S. que:
4.1. la actora S.P.V. fue vinculada a la empresa Extras S.A., que contrata la prestación de servicios con otras empresas, remitiendo para el efecto personal para desempeñar una determinada labor.
4.3. Es claro, entonces, que conforme al artículo 71 de la Ley 50 de 1990 la empresa de servicios temporales Extras S.A., tiene, con respecto a la actora "el carácter de empleador" y, en consecuencia, todas las obligaciones que de esa calidad jurídica se derivan.
4.5. Significa entonces lo anterior que la trabajadora S.P.V. debería encontrarse afiliada al régimen de seguridad social contributivo entre cuyas prestaciones se encuentra la debida y oportuna protección en caso de embarazo no solo para ella sino para el menor que esta por nacer, razón esta por la cual es claro que la acción de tutela ha de prosperar, pues una solución distinta llevaría a la conclusión inadmisible con forme a la jurisprudencia de esta Corte de desconocer la realidad que rige la relación laboral en este caso concreto a pretexto de que se culminó una relación laboral en otra empresa a la cual fue remitida la trabajadora por su directo empleador, es decir por la empresa Extras S.A..
Al respecto, ha de reiterarse por la Corte lo expresado en sentencia T- 207 de 19 de marzo de 2002, (expediente T-480.881, en la cual, en relación con el derecho a la Seguridad Social de mujer embarazada que prestó sus servicios en una empresa temporal, se dijo por la Corte: "En el caso en cuestión, de acuerdo con lo manifestado por la actora y no desvirtuado por el representante legal señor D.V.M., ella no fue afiliada a una entidad prestadora de salud, ni siquiera cuando notificó su embarazo. Al contrario, su afiliación fue condicionada a su rendimiento laboral. Este comportamiento, abiertamente contrario al Estado Social de Derecho, desconoce que, en virtud del artículo 48 de la Carta Política, la seguridad social es un servicio publico obligatorio y un derecho irrenunciable.
Al respecto la Corte en sentencia T-259 de 1997 MP. J.G.H.. En este caso un municipio no había afiliado a un empleado publico quien era atendido por un hospital de la caridad teniendo derecho a la seguridad social., analizando la obligación patronal de afiliación manifestó:
"Por conducto del sistema General de Seguridad Social en Salud, el Estado garantiza que todas las personas tendrán acceso a la atención de salud bien sea mediante el régimen contributivo a cargo de quienes están vinculados por contratos de trabajo, son servidores públicos, pensionados, y jubilados y trabajadores independientes con capacidad de pago, o bien en el régimen subsidiado, cuando se trata de personas de escasos recursos.
Esta Corporación ha señalado en múltiples oportunidades que el derecho a la seguridad social es fundamental cuando está íntimamente relacionado con un derecho como la vida y ha sido enfática en exigir a los empleadores el cumplimiento de su obligación de afiliar a sus trabajadores y pagar oportunamente los aportes que les corresponda."
Si bien nada se dice en el expediente sobre las demás prestaciones del sistema integral de seguridad social de la actora, esta S. ordenará, simultáneamente al reintegro laboral, su afiliación a las diversas entidades administradoras de seguridad social integral. Además, proveerá por el reembolso de la suma que la empleadora debió asumir cuando se le descontó de su sueldo los gastos de la atención médica del accidente de trabajo y de la atención del parto. Lo anterior, en desarrollo del precedente antes citado, en virtud del cual, al no afiliar un empleado a una EPS, la obligación debe asumirla directamente el empleador.
De otra parte, la Corte resalta que, dentro del expediente se encontraron los siguientes hechos que a continuación se señalan y que podrían dar lugar al fraude procesalArtículo 453 del Código Penal: "El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años, multa doscientos (200) a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.":
· El mismo señor D.V.M. es el gerente y representante legal de una empresa unipersonal que lleva su nombre, pero de la que no es propietario, y que emplea personal, para otra empresa de la que también es gerente y representante legal.
· Las propietarias de las empresas, señora G.P., de D.E.V.M.E.U., y S.G.S. y S.S., de APUESTAS CARRASCAL-GARCES y Cia. parecen estar vinculadas familiarmente.
· Además de estos hechos referidos a la existencia de una única realidad empresarial, la actuación inadecuada de las personas jurídicas dentro de este proceso, llevan a la Corte Constitucional a solicitar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que investigue el cumplimiento de la ley laboral entre estas empresas y a la Superintendencia de Sociedades, que investigue si la Empresa Unipersonal se utilizó en fraude a la ley o en perjuicio de terceros. P. del artículo 71 de la Ley 22 de 1995.: "-Cuando se utilice la empresa unipersonal en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, el titular de las cuotas de capital y los administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados."
En lo referente a la orden que debe ser impartida en el presente caso, esta S. constata que en la jurisprudencia, cuando se concede la tutela, la Corte, ha adoptado decisiones diversas. Por ejemplo,
Ordena el reintegro de la actora y el pago de los salarios correspondientes, sin solución de continuidad. (T-764-00 MP A.M.C.)
En este caso, dada la gravedad del desconocimiento de las obligaciones patronales referentes a la seguridad social, la estabilidad reforzada de la mujer embarazada y el pago oportuno de salarios y prestaciones, esta S. considera procedente no sólo proveer por el reintegro laboral sino que también dispondrá que se le resarza el perjuicio económico que sufrió por la conducta de las empresas en cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 del Código Sustantivo de Trabajo, subrogado por el 35 de la ley 50 de 1990 y las sentencias T- (T-874-99, MP. J.G.H.G.) (T-764-00 MP. A.M.C.."
4.6. Puestas así las cosas, habrá entonces de revocarse el fallo proferido el once de marzo de 2002 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín - S. de Familia y, en su lugar, se protegerán los derechos de la actora a la seguridad social y se impartirán las órdenes pertinentes.
Primero: REVOCAR el fallo proferido el once (11) de marzo de dos mil dos (2002), por el Tribunal Superior de Medellín S. de Familia, dentro de la acción de tutela instaurada por la señora S.P.V.D. contra la empresa Extras S.A. sucursal Medellín, por las razones expuestas en la parte motiva de este fallo.
Tercero: De la misma manera se ordena a la empresa Extras S.A. que en el término de 48 horas, si todavía no lo ha hecho, afilie al régimen de seguridad social a la actora S.P.V. para los fines pertinentes.

References: artículo 31
 artículo 71
 artículo 71
e contrario
 artículo 48
 resolución 
 artículo 71
 artículo 239