Source: http://www.kirarompao.es/blog/14-derecho-de-extranjeria/39-expulsion-ciudadanos-extranjeros-situacion-irregular-inmigrantes-sin-papeles
Timestamp: 2019-05-22 13:23:53+00:00

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EXPULSIÓN DE CIUDADANOS EXTRANJEROS EN SITUACIÓN IRREGULAR O INMIGRANTES "SIN PAPELES"
Con motivo de la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 23 de abril de 2015, y su más que probable impacto en la legislación española en materia de expulsión de los comúnmente denominados inmigrantes "sin papeles", desde Kira Rompao Sánchez-Abogados hemos querido realizar una breve reflexión sobre el tema.
Permanecer de forma irregular en el territorio español está tipificado en nuestro Ordenamiento como una infracción administrativa grave (artículo 53.1, a) de la LOEX).
Por tanto, situaciones en las que el ciudadano extranjero no haya obtenido la prórroga de estancia, carezca de autorización de residencia o tenga caducada la misma más de tres meses –siempre que no se hubiera solicitado su renovación en el plazo reglamentariamente previsto-, constituyen una conducta infractora susceptible de ser sancionada en vía administrativa, nunca penal. No es un delito.
El artículo 57 de la Ley de Extranjería, dedicado a la expulsión del territorio nacional, establece en su apartado primero:
“Cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipificadas como muy graves, o conductas graves de las previstas en los apartados a), b), c), d) y f) del artículo 53.1 de esta Ley Orgánica, podrá aplicarse, en atención al principio de proporcionalidad, en lugar de la sanción de multa, la expulsión del territorio español, previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo y mediante la resolución motivada que valore los hechos que configuran la infracción.”
Así pues, según la Norma española los ciudadanos extranjeros “sin papeles” pueden ser sancionados de dos modos: bien por la imposición de una multa -de 501 a 10.000 euros-, bien mediante su expulsión con la consiguiente prohibición de entrada en el espacio Schengen durante un período de tiempo determinado. Ello opera de forma excluyente y no cumulativa, es decir, que la Administración debe optar por una u otra sanción, pero jamás sancionar simultáneamente con multa y expulsión en un mismo procedimiento.
En cuanto a los criterios que determinan cuando procede una u otra sanción, la clave la encontramos en el propio tenor literal del art. 57.1 LOEX. Recordemos que en el texto de dicho precepto el Legislador posibilita la expulsión, pero supeditándola, a su vez, a criterios de proporcionalidad.
Así lo ha declarado de forma reiterada nuestro Tribunal Supremo, desde sus Sentencias de 14 y 22 de diciembre de 2005.
El Alto Tribunal reconoce que del propio tenor literal de la citada disposición, se colige claramente la excepcionalidad de la sanción de expulsión del territorio nacional frente a la de multa, que se configura como principal en el sistema sancionador contemplado en la Ley y advierte que la adopción de dicha medida de corte punitivo requerirá, en cuanto más grave y secundaria, una motivación distinta, específica y/o complementaria a la simple permanencia irregular en España, pues, en caso contrario, se deberá de optar siempre por la imposición de una multa, por imperativo del principio de proporcionalidad.
La expulsión del territorio nacional, pues, se articula en la legislación española de extranjería como medida última y excepcional, frente a la normalidad de la sanción de multa, por su evidente mayor grado de gravosidad y perjudicialidad para el ciudadano extranjero.
Lo anterior se traduce en la práctica en que la pura y simple estancia irregular en España debe castigarse mediante la imposición de multa y no así con la expulsión, salvo que concurran elementos negativos que, debidamente motivados, determinen su procedencia.
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 23 de abril de 2015:
Ahora bien, probablemente el panorama normativo y jurisprudencial actual sea modificado, a raíz del reciente pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea -Sentencia de 23 de abril de 2015- y no para bien.
Por sorprendente que parezca, esta vez, la Jurisprudencia europea mantiene un criterio mucho más severo y restrictivo en materia de legislación de extranjería, al sostenido por los tribunales españoles y el Legislador patrio. Normalmente suele ser a la inversa.
El Órgano Judicial comunitario recuerda que la Directiva 2008/115 del CE establece unas normas y procedimientos comunes a todos los Estados miembros en materia de expulsión y repatriación y que el artículo 6 del Texto Legal prevé con carácter principal la obligación de aquéllos de dictar una decisión de retorno contra cualquier nacional de un tercer estado, que se encuentre en situación irregular en su territorio. Obligación que se ha de cumplir lo antes posible, pues debe tenerse muy presente que el fin último de la Norma europea es establecer una política eficaz de expulsión.
En atención a lo anterior, la Sentencia concluye que la legislación española no responde a las exigencias impuestas a los Estados miembros por el mentado artículo 6 de la Directiva. Las sanciones de multa y expulsión son excluyentes entre sí –no cabe imponerlas de forma simultánea- y la posibilidad de optar entre una u otra dependiendo de las circunstancias, además de no estar prevista en legislación comunitaria, no puede ser introducida por vía de los artículos 2 y 3 de la Directiva, dado que con ello se pone en riesgo la realización de los objetivos perseguidos por el Ordenamiento comunitario y, en consecuencia, puede privarlo de efecto útil al permitir que el retorno del ciudadano extranjero en situación irregular se demore.
Como el propio Tribunal europeo reconoce esta interpretación choca frontalmente con la sostenida por nuestro Tribunal Supremo, pues elimina de un plumazo el sistema sancionador previsto en el artículo 57.1 de la LOEX e implica un importante retroceso, al negar toda posibilidad de sancionar con multa en lugar de con la expulsión a las personas en situación de irregularidad administrativa. Falta por ver cuándo y cómo se transpondrá dicho criterio a nuestro Ordenamiento y cómo será acogido e interpretado por nuestros tribunales.
Si Usted desea ser asesorado sobre éste u otro extremo en materia de extranjería, no dude en ponerse en contacto con Kira Rompao Sánchez-Abogados, sin compromiso alguno.

References: artículo 57
 artículo 53
 resolución 
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 57