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Timestamp: 2020-07-10 04:29:53+00:00

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Prescripcion de La Accion y Pl | Estatuto de limitaciones | Ley procesal
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Legislacion de Transito. Tarea 6.doc
Prescripción de la acción y plazo razonable del proceso penal
por SANTIAGO ZURZOLO SUÁREZ 11 de 2011 www.saij.jus.gov.ar Id SAIJ: DACF110058
Uno de los paradigmas del Estado Constitucional de Derecho es el respeto por la dignidad de la persona humana, que aunque no de forma muy notoria, se extiende a todo el sistema en el plano del deber ser(1).
Las tentativas de realización material progresiva de este paradigma se evidencian en el marco del sistema penal, fundamentalmente, a través de las garantías, que si bien resultan medios para la concreción de los derechos, también suponen un límite infranqueable para el ejercicio del poder por parte del Estado.
Ahora bien, debemos reconocer que el sistema infraconstitucional argentino no guarda simetría con el constitucional puesto que, para la elaboración de nuestra Carta Fundacional, los constituyentes tuvieron en cuenta el molde norteamericano, en tanto para el sistema legal derivado, los legisladores se inspiraron en el sistema continental-europeo.
Esta circunstancia, en principio, aparecería como un argumento plausible para justificar la escasa realización o respeto de estas limitaciones al poder estatal. Sin embargo, en la actualidad, casi la totalidad de las garantías constitucionales que rigen el procedimiento penal fueron receptadas por la comunidad internacional en distintos instrumentos internacionales de derechos humanos, razón por la que resulta al menos curioso que, en nuestro sistema normativo, determinadas garantías no tengan el grado de realización que deberían.
Esto es lo que sucede, a nuestro juicio, con la garantía de todo imputado a ser juzgado en un plazo razonable(2) o sin dilaciones indebidas(3), que en nuestro medio tiene jerarquía constitucional con motivo de la reforma operada sobre nuestra norma fundamental en el año 1994.
No obstante, el reconocimiento de ese límite temporal a la potestad persecutoria estatal tuvo reconocimiento en nuestra cultura jurídica y jurisprudencial desde finales de los años sesenta.
En efecto, las primeras consideraciones en torno a la necesidad de que el proceso penal deba concluir en el tiempo más breve posible pueden encontrarse en los precedentes "Motta"(4) y "Virgilio"(5), dictados por la Cámara del Crimen de la Capital Federal en el año 1966 y, posteriormente, en el leading case "Mattei"(6), dictado por la CSJN en 1967, a partir del que se le comenzó a dar tratamiento como derivación directa del derecho de defensa.
Empero, el derecho a un juicio rápido o de duración razonable había tenido, para ese tiempo, recepción a escala internacional en algunos de los instrumentos internacionales de derechos humanos adoptados tanto por el sistema interamericano(7) como el europeo(8).
En los años subsiguientes (desde finales de la década de los años sesenta hasta nuestros días), este dispositivo
limitador mereció tratamiento por parte de la CoEDH, el TEDH(9), la CoIDH(10) y la CIDH(11), quienes intentaron dotarlo de contenido estableciendo diversos parámetros para su verificación, aunque llegando a la conclusión de que no podía establecerse un plazo general y abstracto, dejando su determinación a la valoración judicial, previo al análisis de la complejidad del caso, conducta del inculpado y debida diligencia de las autoridades judiciales.
Paralelamente, la CSJN siguiendo la línea jurisprudencial inaugurada con el precedente "Mattei", continuó aplicándolo(12) (hasta el presente), constituyendo un hito en este proceso de reconocimiento de la garantía el fallo Mozatti, donde el máximo tribunal consideró que el instituto de la prescripción era el dispositivo legal que permitía la materialización del derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
Con este norte, el presente trabajo tiene por objetivo determinar si el instituto de la prescripción de la acción penal es el dispositivo legal que permite la realización material de la garantía aludida.
Para ello, analizaremos sus posibles fundamentos, alcances e implicancias y cómo juegan a ese respecto las causas interruptivas de su término (a las que se someterá a un test de constitucionalidad), adelantando que, a nuestro juicio, la prescripción no resulta adecuada a ese fin, por cuanto no alcanza el standard exigido por el texto constitucional y los instrumentos internacionales de derechos humanos.
II. Aproximación preliminar a la cuestión.
El instituto de la prescripción de la acción penal constituye, sin lugar a dudas, una limitación al poder punitivo estatal por el transcurso del tiempo.
Se trata de una valla de contención a la potestad persecutoria estatal que responde a la necesidad de evitar la posibilidad de que la autoridad avasalle las esferas de libertad de los particulares sine die.
Ello se debe a que el estado constitucional y democrático de derecho halla su fundamento en la imposición de límites a la autoridad, plasmados en los textos constitucionales. Estos límites toman la forma de deberes de abstención(13) frente al ejercicio de derechos y libertades por parte de los particulares, aún cuando tanto uno como otro (los deberes de abstención y el ejercicio de derechos y libertades) no son absolutos, en atención a que se encuentran sometidos a la razonable reglamentación igualitaria de su ejercicio, por vía legal y en el marco de las respectivas competencias legisferantes constitucionalmente asignadas (arg. arts. 1, 5, 14, 16, 18, 19, 28 y 33 CN), para restringir el ejercicio de unos (los derechos) en determinadas circunstancias y consecuentemente hacer ceder los deberes de abstención impuestos y habilitar el accionar estatal.
Esto implica necesariamente que los derechos, garantías y libertades tienen una diversa amplitud de ejercicio según su naturaleza, estableciendo un margen más estricto para el ejercicio de algunos, con la consecuente mengua del deber de abstención impuesto a la autoridad, y una mayor amplitud para otros, en virtud de los que la intervención estatal se encontrará habilitada con mayores obstáculos.
Es evidente que las garantías constituyen un límite cierto y concreto al poder punitivo, consagrado en las normas fundantes de los Estados constitucionales y democráticos de Derecho modernos y que la contracara de ellos es la eficacia en el accionar de los agentes estatales. Cuando la eficacia prevalece por sobre las garantías se trastocan los principios aludidos y el Estado se transforma en absoluto, habilitando la intromisión desmedida en la vida de los particulares, haciendo intolerable e imposible la coexistencia.
Sobre la base de lo expuesto, puede afirmarse que el instituto de la prescripción de la acción penal implica la consagración en el ámbito legal del deber del estado de abstenerse de continuar, o bien, de iniciar la persecución penal de un individuo, luego de transcurrido un determinado período de tiempo.
Tal conclusión tiene base legal en el art. 62 CP, pues el transcurso del tiempo es el requisito objetivo esencial requerido por nuestro derecho para considerar extinguida la acción penal.
Sin embargo, corresponde en este punto desentrañar por qué esa es la razón de ser de la cancelación de la potestad
persecutoria estatal. Para ello, analizaremos los posibles fundamentos del instituto de la prescripción.
III. Fundamentos Para comenzar, cabe poner de resalto que ésta forma de cancelación del poder punitivo es desde antaño una de las más debatidas en la doctrina, por cuanto se le han asignado los más dispares fundamentos.
En este sentido, se ha sostenido que la prescripción halla su razón de ser en el mero transcurso del tiempo pues se pierde la justicia de la pena(14); en la destrucción por el paso del tiempo de los efectos morales del delito en la sociedad, pues se extingue la alarma que produce su comisión y la correlativa exigencia de la sociedad de que se lo reprima (teoría del recuerdo borrado del hecho)(15); la presunción de corrección del delincuente (teoría correccionalista)(16); la desaparición de las pruebas del delito o la imposibilidad de reunirlas después de pasado cierto tiempo (teoría de la prueba).
Modernamente, Zaffaroni considera que el fundamento de toda prescripción reside en la irracionalidad concreta de la pena, impuesta o conminada, porque el transcurso del tiempo pone en evidencia una mayor crisis de racionalidad(17).
Para ello, parte de la idea de que toda intervención penal supone la existencia de un conflicto que aunque pasado sigue siendo vivenciado por quienes se vieron involucrados. Cuando el evento deja de ser vivenciado se produce la suspensión del conflicto (nunca la solución, pues el sistema penal no provee soluciones sino que propone una forma distinta de suspensión) por el transcurso del tiempo, razón por la que pretender, mediante la punición, suspender un conflicto que se encuentra suspendido sería irracional.
En otro orden de ideas, Pastor(18) considera que el fundamento de la prescripción es operar como estímulo y a la vez como sanción en los operadores de la agencia judicial por el retardo en la ejecución de sus funciones o deberes, pues de otro modo podrían prolongar indefinidamente el proceso sin costo alguno. Así, el instituto en tratamiento sería, por una parte, el dispositivo realizador del derecho fundamental de toda persona de ser juzgado en un plazo razonable; y por otro, el estímulo para la intervención y actuación oportuna y efectiva del sistema, compelidos por la imposibilidad de obtener la aplicación del derecho material, luego de transcurrido el límite temporal impuesto por la norma fondal.
Por nuestra parte, entendemos que la ratio essendi de la prescripción radica en la necesaria limitación a la potestad estatal de persecución basada en el ideario constitucional de reforzamiento del estado de derecho y la democracia, que como a todo poder constituido (poder judicial, en el caso) u órgano extra poder (Ministerio Público) corresponde, en tanto manifestaciones orgánicas del poder, con el objeto de no trastocar el papel que el constitucionalismo clásico de finales del siglo XVIII le asignó al Estado como medio para la realización de los derechos y la satisfacción de las necesidades de los particulares.
Ello así, pues debe reconocerse que la forma en que el estado puede garantizar la coexistencia pacífica de la población es la cancelación, después de determinado tiempo, de su capacidad represiva, pues a falta de limitación temporal, el estado se transformaría en absoluto (como se dijera al comenzar la exposición), volviéndose un arma antojadiza sin límite en perjuicio de un grupo determinado de personas: las imputadas.
La prescripción, pues, no es otra cosa que una limitación propia de la particular dinámica y racionalidad que es constitucionalmente exigida a los actos de gobierno en todo sistema democrático y republicano (art. 1 CN), que tiene asidero no sólo constitucional, sino también histórico, pues el pensamiento liberal y revolucionario del siglo XVIII tuvo su génesis en el afán de imponer límites a la autoridad.
Además, esta concepción aparece como más satisfactoria que las enunciadas en los párrafos precedentes, en tanto no se encuentra sometida a avatares legislativos o dogmáticos, pues, como puede observarse, los fundamentos brindados por la doctrina se encuentran indisolublemente ligados a interpretaciones del instituto a partir de las diversas modificaciones introducidas a su régimen legal o bien, a las concepciones que se tengan de la pena y del proceso, presentándose entonces como con fundamento variable.
Asimismo, los fundamentos más modernos propuestos por Zaffaroni y Pastor tampoco resultan convincentes. En el
primer caso, porque no explica cual sería la solución para el caso en que no se vivenciara el evento como un conflicto o hubiera dejado de vivenciarse como tal, en un tiempo considerablemente anterior a que operara la prescripción. Seguiría siendo irracional y arbitrario el tiempo subsistente entre el momento en que dejara de vivenciarse el conflicto y aquél previsto como limite legal a la persecución, sin brindar una razón plausible, en el marco de esa concepción, de por qué correspondería establecer un parámetro temporal rígido y no sometido a como lo vivencie y elabore el sujeto pasivo (lo que evidentemente sería arbitrario, pues en este caso también cabría preguntarse que sucedería en el caso de que lo vivencie toda su vida -en, por ejemplo, un abuso sexual, o la familia del sujeto pasivo en un homicidio- ¿debería ser imprescriptible?).
En el segundo caso, porque resulta harto dudoso que la prescripción pueda ser el dispositivo realizador del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, teniendo en cuenta, especialmente, que los tiempos estipulados para su concreción son extensos y variables, teniendo en consideración las causas interruptivas legalmente contempladas que alongan considerablemente los tiempos del proceso.
Por lo demás, sobre la base del fundamento que proponemos, aparece con mayor racionalidad la excepción al principio de prescriptibilidad de las acciones en los casos de delitos de lesa humanidad, pues resulta claro que el límite temporal a la potestad persecutoria no opera cuando por imperativo constitucional el Estado se ve compelido a perseguir agentes estatales que, valiéndose de su aparato de poder, cometieron delitos a escala masiva; es decir, no pueden beneficiarse de las limitaciones impuestas al estado, quienes se valieron de él y su aparato de poder organizado, para operar sin límite.
Otra de las cuestiones más debatidas en la doctrina es su naturaleza jurídica.
En este sentido, se ha discutido si el dispositivo legal en análisis es de naturaleza material, procesal o mixta.
Quienes sostienen que su naturaleza es sustantiva(19), consideran que la prescripción extinguiría la potestad represiva del estado en sí misma y que ello es cuestión de naturaleza material que debe ser regulada por el poder legisferante federal en el marco de la competencia asignada por la CN para sancionar el derecho común.
Por otra parte, quienes sostienen su naturaleza procesal, consideran que esto es así en tanto impide la prosecución de los procesos, su manifestación lo es a través del sobreseimiento y por que la dificultad probatoria derivada del transcurso del tiempo, son cuestiones procesales.
Finalmente, quienes asignan a la prescripción una naturaleza jurídica mixta, entienden que aunque su esencia es de índole material, produce efectos procesales, o bien, que teniendo naturaleza procesal elimina la punibilidad del delito.
En nuestra opinión, el instituto en tratamiento es de naturaleza procesal.
Ello se debe a que regula el límite temporal máximo en el que la pretensión punitiva puede ser ejercida, mas ello no implica que la potestad persecutoria se extingue sino que se encuentra obstaculizada; la pretensión sigue latente pero se encuentra impedida de materialización por el transcurso del tiempo.
Cuando el art. 59 CP hace alusión a que "la acción penal se extinguirá", no está expresando que lo hace la potestad persecutoria sino el medio que posibilita su ejercicio: la acción; es decir que, este instituto, responde al hasta cuándo podrá ser ejercida, que tiene naturaleza procedimental. A ello se agrega que se materializa a través del sobreseimiento que es un dispositivo netamente formal.
Podría contraargumentarse, frente a esta postura, que si se tratara de un dispositivo procesal, el instituto habría sido legislado vulnerando las competencias legislativas constitucionalmente establecidas. Sin embargo, estimamos que la razón de su inclusión en un cuerpo de derecho común se debió a la necesidad de establecer un standard para garantizar un mínimo de igualdad a todos los habitantes de la nación, debiendo cada provincia legislar sobre el punto, tomando el parámetro impuesto por el legislador federal como límite máximo, reduciendo los plazos en que los obstáculos a la
perseguibilidad operan, pero nunca excediendo el impuesto por el poder legisferante federal, para de ese modo y en el marco de la competencia local, reglamentar la garantía de juzgamiento en un plazo razonable.
V. Dinámica histórica de la prescripción de la acción penal en la Argentina.
En lo que respecta a los antecedentes históricos nacionales, el Proyecto Tejedor(20) no preveía causas de suspensión e interrupción de la acción (art. 192), línea que no fue acogida por el proyecto de 1886 que en su art. 92 establecía la interrupción del plazo de la prescripción de la acción por la comisión de otro delito y en el art. 93 por todo acto directo de procedimiento contra la persona del delincuente, postura que fue seguida por el art. 103 del proyecto de 1891 y el art. 108 del proyecto de Villegas, Ugarriza y García.
El proyecto de 1903 siguió el sistema de los arts. 102 y 103 del proyecto de 1891, en tanto que el proyecto de 1906 volvió al sistema del proyecto Tejedor, en cuanto no preveía la interrupción por la comisión de otro delito (aunque exigía la "buena conducta" del imputado) ni por actos de procedimento, criterio que fue seguido por el proyecto de 1917.
Contrariamente, el proyecto de 1937 de Coll y Gómez establecía en su art. 108 la suspensión de la prescripción por cuestiones previas y prejudiciales, y en el art. 109 la interrupción del plazo por la comisión de otro delito y por la secuela de juicio.
El proyecto de Peco de 1941 no admitía la interrupción de la prescripción por actos procesales; el proyecto de 1951 (De Benedetti) suspendía la prescripción por no más de dos años en caso de que mediase desafuero o cuestiones prejudiciales y la interrumpía por la comisión de otro delito (arts. 125 y 126); y el proyecto de 1953 (Levene-Maldonado-Laplaza) establecía la suspensión por actos procesales y concedía efecto interruptivo sólo a la sentencia (arts. 128 y 129).
Por su parte, el proyecto de 1960 (Soler) estableció la suspensión de la prescripción cuando en virtud de una disposición legal la acción no pudiese ser promovida, y la interrupción por la comisión de otro delito (arts. 103 y 104), rechazando la suspensión e interrupción por actos procesales, en la línea de los proyectos de Peco y De Benedetti. El mismo criterio fue seguido por el anteproyecto de 1973 (arts, 105 y 106).
Finalmente, el proyecto de 1974-75 implicó un retroceso en la materia.
En lo que respecta a los avatares legislativos a los que se vio sometido el instituto de la prescripción de la acción penal, en el sistema originario del CP de 1921 según Ley 11.179, el plazo de la prescripción corría sin que existieran causas que lo suspendieran o interrumpieran, siguiendo de ese modo al Proyecto Tejedor que preveía plazos corridos sin causas suspensivas ni interruptivas.
Esto rigió por dos años, hasta que la Ley 11.221 llamada fe de erratas, agregó como segundo párrafo que la prescripción se interrumpe si, antes de vencido el plazo, el reo comete otro delito.
En 1949, la Ley 13.569 agregó las cuestiones previas y prejudiciales como causas suspensivas y como causa de interrupción la secuela de juicio, siguiendo de ese modo el proyecto de Coll y Gómez de 1937.
La Ley 16.648 de 1964 estableció una nueva causa de suspensión vinculada a la permanencia en el cargo de funcionarios públicos imputados de los delitos contemplados en los arts. 256 a 272; la ley 17.567 de 1968 incorporó el enriquecimiento ilícito entre los delitos que habilitaban la suspensión de la prescripción cuando el imputado fuere un funcionario público que permaneciera en el cargo, lo que fue derogado por la ley 20.509 de 1973, restablecido por la ley 21.338 de 1976 y confirmado por la ley 23.077 de 1984, que incorporó la suspensión en los casos de los arts. 226 y 227 bis CP, hasta el restablecimiento del orden constitucional.
La ley 25.188 de 1999 modificó el segundo párrafo del art. 67 CP eliminando la limitación allí establecida y ampliando la suspensión a cualquier delito que sea cometido en ejercicio de la función pública y para todos los partícipes, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público.
Finalmente, la ley 25.990 de 2005 modificó el cuarto y el quinto párrafo del art. 67, eliminando la problemática secuela de juicio como causa interruptiva y estableciendo taxativamente los actos de procedimiento que interrumpen el plazo de la prescripción de la acción penal y agregando en el último párrafo, que corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito.
VI. Causas de suspensión del plazo de prescripción de la acción penal.
El art. 67 CP contempla supuestos de suspensión y de interrupción del plazo de la prescripción de la acción penal.
La suspensión implica que el tiempo transcurrido desde el momento de comisión del delito se computa hasta el acaecimiento de la causa suspensiva y se reanuda desaparecida ella, sin que el lapso temporal computable
desaparezca(21).
El CP prevé como causas suspensivas a aquéllos delitos para cuyo juzgamiento sea necesaria la resolución de cuestiones previas o prejudiciales; los casos de delitos cometidos en ejercicio de la función pública, respecto de todos los partícipes, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público; y en el caso de los delitos de los arts. 226 y 227 bis CP, hasta el restablecimiento del orden constitucional; a lo que debe agregarse la concesión de la suspensión del juicio a prueba, en tanto prevé que durante el plazo de prueba del imputado la prescripción se suspende ( art. 76 ter. CP).
VII. Causas de interrupción del plazo de la prescripción de la acción penal La interrupción del plazo de la prescripción, supone el no computo de los tiempos transcurridos desde el momento de la comisión del delito hasta el acaecimiento de la causa interruptiva, razón por la los plazos de la prescripción empiezan a correr nuevamente en forma íntegra desde el momento de ocurrencia del hecho interruptivo(22).
El sistema de las causas interruptivas del curso de la prescripción establecido en el CP presenta, a nuestro juicio, algunas incongruencias con el texto constitucional, razón por la que las analizaremos una por una, encargándonos a su vez, de realizar un estudio según el texto de la norma del art. 67 CP anterior y posterior a la sanción de la ley 25.990.
1. La comisión de otro delito.
Para que opere esta causa interruptiva, resulta necesario que se trate, en primer lugar, de un hecho posterior a aquél que motiva el proceso que va a interrumpir(23).
Cómo el término de la prescripción comienza a contarse atendiendo a las reglas de la legislación civil, es decir, desde la medianoche del día en que se cometió el delito, o si este fuera continuo, en que cesó de cometerse (art. 63 CP), el nuevo delito debe tener lugar después de ello, pues antes no hay plazo interrumpible(24).
En segundo lugar, debe tratarse de un delito en el sentido técnico de la palabra, es decir, una acción, típica, antijurídica y culpable(25). Sin embargo, se requiere además la no concurrencia de causas que cancelen la respuesta punitiva, pues se exige que medie una sentencia condenatoria firme(26) y la presencia de éstas se manifiesta en el sobreseimiento.
Esta afirmación es una derivación lógica del estado de inocencia de que goza todo imputado, pues para afirmar la ocurrencia de un ilícito resulta necesario el dictado de una sentencia que, como corolario de un proceso tramitado en legal forma, destruya ese estado definitivamente.
Ahora bien, aún cuando esta interpretación parezca, al menos en principio, adecuarse a los preceptos establecidos en nuestra norma fundamental, a nuestro juicio, la cláusula aparece inconstitucional.
Nótese, que desde antiguo se entendió que el fundamento de la prescripción no estribaba sólo en el transcurso del tiempo sino también en la conducta del "delincuente" y su presunción de corrección o enmienda a partir de la condición negativa de no haber cometido otro delito.
Esta conclusión puede extraerse, sin esfuerzo, de los propios antecedentes del dispositivo legal y de los comentarios que de él ha hecho, hasta el momento, la doctrina y la jurisprudencia.
En efecto, el dispositivo, aunque con otra redacción, tuvo su génesis en el código de 1886, pasando de ahí al proyecto de 1891 que extremó la exigencia al establecer que la acción penal prescribía por la "buena conducta" del imputado, en
los términos de sus arts. 98 y 99, sistema que fue explicado en su Exposición de Motivos del siguiente modo: "En cuanto
a la prescripción, hemos creído que ella no debe operarse por el solo transcurso del tiempo, pues él no garante
suficientemente a la sociedad el arrepentimiento del culpable. Ya el Código actual [se refiere al código de 1886], en su
art. 92, hace de la enmienda del delincuente una condición de la prescripción al establecer que ésta queda sin efecto si, antes de vencido el término, comete el reo otro delito de la misma especie o que merezca igual o menor pena. Más justo
y más preciso, el art. 134 del Código español declara interrumpida la prescripción por la comisión de cualquier nuevo
delito. Hemos generalizado esta regla, de acuerdo con la opinión de criminalistas distinguidos, consignando en los arts. 98 y 99 del Proyecto, que la acción penal y la pena se prescriben por la buena conducta del imputado, durante el tiempo fijado por la ley, y agregando, en el 102, que si, antes de vencido el término, comete el reo otro delito de cualquier naturaleza que fuere, la prescripción de la acción penal o de la pena queda sin efecto"(27).
El recaudo se radicalizó en el proyecto de 1906 que si bien no establecía la interrupción de la prescripción por la comisión de otro delito, tal como se explicitara al analizar la dinámica histórica del instituto, estableció que la "buena conducta" del imputado era requisito para la procedencia de la cancelación de la potestad persecutoria estatal. Así, se extrajo la exigencia de que la "buena conducta" se manifestara en la no comisión de otro delito dejando librada la valoración de dicha circunstancia no sólo a parámetros jurídicos sino también morales(28). Resulta clarificadora al respecto, la Exposición de Motivos de este Proyecto en cuanto señala que la regla de la buena conducta establecida "es algo más que no cometer delitos(29)".
Nuestra afirmación queda corroborada, si se tiene presente que la ley 11.221 de fe de erratas tomó la formula de la Ley de reformas 4189 de 1903 que modificaba el art. 92 del Código de 1886, pero teniendo en cuenta las sucesivas modificaciones introducidas en los proyectos de 1891 y 1906, que no se trasladaron al proyecto de 1917, sobre la base del que se sancionó el Código de 1921.
En el orden doctrinario, Moyano Gacitúa(30) afirmaba que la "buena conducta" o "buenas costumbres del criminal" se define, en el código de 1886 y en el proyecto de 1891, según la regla de la no comisión de otro delito; criterio seguido por Soler(31) en cuanto sostenía que el fundamento de la prescripción reposaba en un doble motivo: "el transcurso del tiempo y la conducta observada por el sujeto"; y Núñez(32), quien expresaba sobre el punto que "el Código consultaba así, al lado del criterio objetivo de la inoperancia del castigo en virtud del olvido del delito y sus consecuencias morales, el criterio subjetivo de la alarma social frente al individuo que no se muestra corregido y actualiza su anterior delincuencia".
Finalmente, la jurisprudencia buscó el fundamento del instituto en ideas similares, al punto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación llegó a sostener en uno de sus fallos que entre los principios que informan el sistema de la extinción de las acciones penales por prescripción pueden hallarse "el olvido de la sociedad y la reforma del acusado"(33).
Ahora bien, según puede observarse, ésta causal interruptiva del plazo prescriptivo encubre un derecho penal de autor, pues, se cancelará o no la posibilidad de materialización de la pretensión según la conducción de la vida del imputado.
Ello, definitivamente, vulnera el art. 19 constitucional en cuanto da la pauta de que sólo las acciones de los hombres quedarán sometidas a la autoridad de los magistrados, en tanto se prolongan los plazos de un proceso por el hecho de que el individuo haya cometido un nuevo delito con posterioridad.
De este modo, se le otorga carácter comunicativo a un pronunciamiento condenatorio, valorándolo en otro proceso en detrimento del imputado pues opera como presupuesto para alongar la pretensión punitiva y, consecuentemente, los tiempos del proceso.
El mensaje es indudablemente claro: un imputado que haya cometido diferentes delitos, en distintos momentos y que se
ventilen en procesos diversos, verá prolongado indefinidamente el tiempo de aquél en que se investigue el primero de los ilícitos cometidos, si los demás alcanzan el dictado de una sentencia condenatoria firme antes de agotados los plazos prescriptivos de aquél, no porque haya cometido un delito (el que es objeto de conocimiento en el, proceso en trámite)
sino por ser reiterante (y poner en evidencia una conducción de la vida opuesta a la que requiere el fundamento del instituto).
La causa interruptiva en trato, además, no tiene una razón plausible, que permita, a nuestro juicio, concluir lo contrario. No observamos que otro fundamento podría tener la posibilidad de alongar los procesos sobre la base de la reiteración delictiva, cuando, como se dijo, se coincide en que la razón de ser se encuentra relacionada con la personalidad del imputado.
En definitiva, el supuesto pierde toda legitimidad constitucional al indagar sobre sus fundamentos y observar que la consecuencia que prevé (interrupción del plazo prescriptivo), aparece como derivación de la personalidad, el carácter o la peligrosidad del imputado.
2. La interrupción de la prescripción por actos del procedimiento.
La interrupción del plazo de la prescripción por actos de procedimiento ha sido, desde antaño, objetada por parte de la doctrina, que ve en ella un dispositivo que da paso a la arbitrariedad por parte de los operadores de las agencias judiciales.
Así, se ha sostenido que la interrupción de la prescripción por actos procesales tiene filiación autoritaria(34) y es un instituto anticientífico(35), pues tiende a la imprescriptibilidad(36), en tanto deja al arbitrio de un hombre el que la acción penal prescriba o no contra quien le parezca.
Ello motivó que en el transcurso del siglo XIX Carrara sostuviera que "el sistema que interrumpe la prescripción de la acción penal por actos de procedimiento, no encuentra asidero en ningún principio jurídico; introduce en la justicia práctica la tiranía más abominable de la arbitrariedad, y conduce a las consecuencias más absurdas"(37), pues, en su
opinión "
hasta que exista un gota de tinta en nuestro tintero, podremos siempre impedir gozar de la prescripción al
imputado que sea objeto de nuestra especial antipatía, aún cuando el mismo Dios le concediese la vida de un
una manera de poner a cubierto la incuria, la dejadez o la simple inactividad de los funcionarios, poniéndolas sobre la
posición que también fue
y que en nuestro medio, Soler considerara que "los sistemas de interrupción por actos procesales son
"(38)
cabeza del reo, como ocurre con al infortunada interrupción por la secuela del juicio defendida por Molinario(40).
"(39);
En nuestra opinión, la interrupción del plazo prescriptivo por actos del procedimiento atenta contra el fundamento de la prescripción como instituto, pues contraría la limitación temporal al poder persecutorio estatal tornándola difusa.
Por esta razón, las líneas que siguen están destinadas al análisis crítico de los sistemas interruptivos por actos de procedimiento con anterioridad y posterioridad a la sanción de la ley 25.990.
3. Sistema anterior a la ley 25.990 Secuela de juicio.
El concepto de secuela de juicio fue uno de los más criticados y debatidos en la dogmática nacional en atención a su oscuridad.
Por esta razón, desde su inclusión en el CP por medio de la ley 13.569, fue considerada "infeliz" y "oscura", al punto que el propio Eusebio Gómez no pudo dar un concepto técnico preciso al vocablo, remitiéndose al sentido que se le daba en el lenguaje forense.
Su vaguedad y ambigüedad generó opiniones que bregaron por su inconstitucionalidad pues era contrario al principio de legalidad en tanto violaba el mandato de máxima taxatividad y el derecho al debido proceso constitucional(41).
Sin embargo, la mayoría de la doctrina intentó interpretar el concepto a fin de darle alcance, dividiéndose las opiniones entre quienes sostenían que cualquier acto de procedimiento constituía secuela de juicio (tesis amplísima)(42); que sólo los actos importantes que implicaban un vinculación concreta con el imputado y que resultan requisito ineludible de
validez de los sobrevinientes lo era (tesis amplía)(43); sólo los actos del debate tenían virtualidad interruptiva (tesis restrictiva)(44); y, quienes entendían que sólo la sentencia condenatoria era secuela de juicio (tesis ultra restrictiva)(45).
Los partidarios de la primera hacían hincapié en que Gómez, quien fue uno de los redactores del proyecto del que se extrajo la fórmula, definió el concepto como causa en movimiento(46). Los segundos, consideraron que sólo podían tener virtualidad interruptiva aquéllos actos del procedimiento que dan vida activa y firme al proceso, siendo el primer acto con esas características la citación del imputado a prestar declaración indagatoria. Por su parte, quienes se volcaron por la interpretación restrictiva del concepto, entendieron que la palabra juicio aludía al debate y que sólo los actos necesarios para que él pudiera llevarse a cabo constituían secuela de juicio. Finalmente, la postura que restringía al máximo los actos procesales con virtualidad interruptiva que podían ser incluidos dentro del concepto, entendieron que semánticamente juicio era el debate y secuela era lo que quedaba de él, por lo que el único acto procesal que revestía esas características era la sentencia.
Desde nuestro punto de vista, ninguna de las opiniones anteriores aparece como satisfactoria, aunque la tesis ultra restrictiva es la que más se acerca al contenido semántico del concepto.
En efecto, es cierto que según el Diccionario de la Real Academia Española, secuela quiere decir consecuencia o resulta de algo(47), es decir, lo que queda después de algo. Sin embargo, entendemos que la interpretación de la palabra juicio aparece como desacertada.
Es cierto que en la actualidad, el juicio, según los códigos de procedimiento, es el debate y que, como se ha sostenido, deriva de judicare, que significa juzgar(48). Pero también es cierto que a la época en que tuvo lugar la inclusión de la fórmula en nuestro CP, se denominaba juicio, en el lenguaje forense, a todo el proceso, tal como puede deducirse de la propia letra del primer párrafo art. 67 CP según ley 13.569, cuando prevé como causa suspensiva a las cuestiones prejudiciales.
A ello debe sumarse que no todos los códigos de procedimientos del país tenían las mismas formas de enjuiciamiento,
siendo que al momento de la sanción del texto de la norma en análisis, algunas provincias tenían previsto el debate y otras no, y que incluso hasta hace muy poco tiempo algunas provincias no tenían establecida la oralidad sino que aún se regían por procedimientos enteramente escritos.
Ahora bien, el interprete debe despejar de los conceptos interpretados todos los avatares del lenguaje forense con el objeto de dotar del contenido semántico más puro a las locuciones utilizadas por el legislador y tener presente que todas las conceptualizaciones de la voz juicio son igualmente válidas, y de hecho, podrían considerarse como mutaciones del mismo vocablo, en virtud de las modificaciones de los sistemas de enjuiciamiento en nuestro medio.
En esta faena, sólo queda como posibilidad interpretar históricamente la palabra juicio y dotarla del contenido semántico corriente que tiene.
Así se observa, que según el Diccionario de la Real Academia Española, juicio en una de sus acepciones significa opinión, parecer o dictamen(49) y que si bien es correcto que deriva de judicare, que significa juzgar, no se juzga en el debate, sino que en él se producen los elementos que servirán a lo que semánticamente es el juicio: la sentencia.
El juicio es justamente el razonamiento y las argumentaciones que se expresan en la sentencia.
Así, semánticamente, la secuela de juicio es lo que queda después de la sentencia, que, como es obvio, si es absolutoria aparece como irrelevante, pues el dispositivo cumple una función de garantía respecto del imputado. Entonces, lo que queda después de la sentencia, que puede afectar al imputado, es la ejecución de la condena.
Esta télesis del vocablo juicio además encuentra fundamento en el texto del art. 18 CN en cuanto establece el juicio (por cierto condenatorio) como exigencia previa a la imposición de una pena(50), circunstancia que no se modifica por su forma de ejecución.
Se dirá, frente a esta postura, que profundizando en el significado del término juicio, visto como institución jurídico
cultural, advertiremos que la Constitución refiere un tipo de proceso en especial, que debió ser establecido por el legislador nacional por mandato supremo, es decir, el "juicio por jurados" (art. 75 inc. 12 "in fine" y 118 CN), pues cuando el constituyente habla de juicio, lo hace respecto del único procedimiento que permite este tipo de enjuiciamiento, o sea, el juicio contradictorio, oral y público(51), agregando que, doctrinariamente, bajo el mismo concepto han sido incluidas tanto la operación intelectual que llamamos sentencia (es decir, obligación del fallo condenatorio previo a la imposición de pena; art. 18 CN), como el procedimiento por el cual se llega a dicha decisión(52).
Asimismo, se reforzará esta idea arguyendo que el "juicio", desde la perspectiva constitucional, parece acotado al debate, mientras que el concepto de "proceso" puede incluir todas las diligencias anteriores y posteriores, aún las impugnaciones del imputado, de conformidad con la estructura que los Códigos adjetivos deben tener, atendiendo a la incorporación de los tratados internacionales al texto constitucional (arts. 8, CADH; 14, PIDCyP; en función del 75 inc. 22. CN), pues ello no solo surge del ámbito constitucional en tanto el CP, que bien podría tener independencia conceptual por la especificidad de la materia y la obligación de interpretar estrictamente sus términos, también colabora en fijar la extensión del término en trato, en atención a que la ley 24.316, modificatoria del art. 64 C.P., escinde a la "instrucción" del "juicio" (primer párrafo del su texto), sin que pueda afirmarse que otras definiciones ambiguas del Código de fondo, en donde se esgrime la palabra juicio como sinónimo de causa o procedimiento para referir a la totalidad de las diligencias del enjuiciamiento penal, puedan ser argumentos que soslayen el hecho de que el legislador nacional ha definido al término "juicio" por fuera de la etapa sumarial, pues aquello que el legislador diferencia específicamente en el título dedicado a la extinción de acciones (Título X, C.P.), no puede la jurisdicción unificar pretorianamente bajo un mismo concepto, tomando normas ajenas al instituto en cuestión, de modo de tornarlo difuso(53).
Sin embargo, estimamos que aún cuando lo explicitado es sostenido por respetable doctrina y jurisprudencia, no satisface la interpretación que impone el texto de la norma en análisis, pues: (a) la formulación del vocablo no tuvo su génesis en una derivación del art. 118 CN, tal como surge del estudio de los antecedentes legislativos del dispositivo(54), al punto que su creador no pudo darle alcance técnico preciso, reconociendo que el vocablo no fue utilizado con anterioridad por ningún proyectista, no tuvo más uso previo que un tratado bilateral con el Perú en 1874 y no tiene más tradición que la de una simple jerga(55); (b) el juicio por jurados es al día de hoy un deber del poder legisferante federal no saldado y una garantía del justiciable no materializada, razón por la que no ayuda en demasía a la labor del intérprete; (c) el juicio al que se refiere el art. 118 CN no difiere de aquél contemplado en el 18 de la norma fundamental, en tanto no debe confundirse el rito en el que se producen los elementos que servirán de base al juicio (debate) con el juicio mismo (sentencia), como se dijera, máxime cuando la única participación del jurado en el marco del debate es el dictado de la sentencia (juicio) no teniendo otra incidencia; ese y no otro es el alcance del "juicio" por "jurados": son miembros del pueblo (en los sistemas "puros") o miembros del pueblo junto a jueces técnicos (en los sistemas "escabinos") que dictan la sentencia, con lo que, en definitiva, se arriba a la misma conclusión: el juicio es la sentencia; (d) la diferenciación entre "instrucción" y "juicio" es una creación del legislador derivada de las actuales formas de enjuiciamiento en nuestro medio, mas soslaya la genealogía del vocablo asignándole alcance diverso al que tenía al tiempo de su inclusión en el CP; (e) ni la ley ni el intérprete pueden asignar a una locución un significado distinto de aquél que se deriva de la naturaleza del lenguaje; y (f) la interpretación que proponemos es preferible en tanto aparece como más reductora de punibilidad.
No se nos escapa que como posible crítica podría argüirse que si la "secuela de juicio" es la ejecución de la condena por ser ello "lo que queda después de la sentencia", no tendría razón de ser como acto interruptivo del plazo prescriptivo, pues para llegar a ella se requeriría una sentencia firme y de este modo se encontraría agotada la pretensión punitiva, o bien, la acción podría encontrarse prescripta con anterioridad.
Sin embargo, aún cuando es cierto que con la existencia de sentencia firme se encuentra agotado, en principio, el contenido de la acción penal o que de darse el alcance semántico que proponemos a la locución "secuela de juicio" la acción podría prescribirse con anterioridad al acto que se reputa interruptivo, la crítica sería aparente, pues lo cierto es que (a) el intérprete, por imperativo constitucional, no puede dar a las fórmulas legales un alcance diverso del que semánticamente tienen en atención a que, su misión es develar el sentido de las palabras de la ley y no salvar las incongruencias del legislador. Si el poder legisferante pensó una cosa pero legisló otra, el dogmático debe estar a la letra de la ley por estricto respeto al principio de máxima taxatividad legal e interpretativa; (b) la sentencia condenatoria firme agota parcialmente la pretensión punitiva estatal, pues también forma parte de esa pretensión la ejecución de la condena, al punto que el Ministerio Público Fiscal también interviene en la etapa de ejecución; y (c) a tal punto se mantiene subsistente la pretensión punitiva estatal con posterioridad al dictado de la sentencia condenatoria no firme, que frente al fallo absolutorio del tribunal revisor de la sentencia condenatoria de primera instancia, el Ministerio Público Fiscal tiene posibilidad recursiva.
En definitiva, a nuestro juicio, en el sistema anterior a la sanción de la ley 25.990, sólo la ejecución de la condena tiene efecto interruptivo del plazo de la prescripción según el texto de la norma.
4. Sistema de la ley 25.990 La sanción de la ley 25.990 apareció como una solución superadora de los conflictos interpretativos que se derivaban de la vieja secuela de juicio, implicando además, una reforma reforzadora del mandato de máxima taxatividad derivado del principio constitucional de legalidad(56).
De este modo, actos procesales que en el pasado eran considerados como con efecto interruptivo por interpretación extensiva de la fórmula derogada, fueron establecidos de manera taxativa como interruptores del plazo de la prescripción de la acción penal.
Sin embargo, el nuevo régimen ha recibido fuertes críticas desde distintos sectores de la doctrina, pues se ha objetado la no previsión de otros actos procesales con carácter interruptivo mientras, desde otra postura, se le ha criticado haber establecido demasiadas causales de interrupción afectando directamente la prescripción.
Desde nuestro punto de vista, algunas de las causales establecidas presentan serios problemas de constitucionalidad que iremos desarrollando a medida que vayamos tratando cada una de ellas, sin perjuicio de hacerse un análisis global del sistema vigente.
4.1. Críticas.
4.1.1. La no previsión de otros actos interruptivos.
Quienes se muestran críticos al régimen prescriptivo vigente desde esta perspectiva, sostienen que la ley fijó un catálogo de actos de procedimiento con virtualidad interruptiva muy acotado, excluyendo la rebeldía y la extradición, que son circunstancias en las que tiene incidencia directa el propio sujeto y que motivan la respuesta del Estado por ser la muestra, por excelencia, de la contumacia del imputado ante la actuación de la justicia(57).
A ello se agregó que implicaría una violación al principio de igualdad en aquéllos casos de pluralidad de intervinientes en
que se mantuviera a derecho uno de los co-procesados y el otro fugara, pues para ambos el plazo de prescripción sería
el mismo, sin que la rebeldía del contumaz lo interrumpa(58).
De otra parte, se critica que la ley 25.990 no hace referencia a la actividad procesal que debe desplegarse en los procesos por delitos de acción privada, que difiere sustancialmente de aquéllos que se llevan adelante por delitos de acción pública, lo que dejará libradas las causales establecidas a diversas interpretaciones(59).
4.1.2. El favorecimiento de la impunidad.
Quienes critican el sistema establecido por la ley 25.990 desde este punto de vista, consideran que el nuevo régimen, en tanto establece taxativamente las causas que interrumpen el plazo de la prescripción, opera, como ley más benigna en relación con la redacción anterior del art. 67 CP(60).
En este sentido, entienden que se producirá la prescripción de un gran número de causas.
Justo es poner de manifiesto, que, en general, quienes lleguen a esta conclusión es porque se muestran partidarios de
una interpretación amplia o amplísima del vocablo "secuela de juicio", pues sólo partiendo de tal premisa puede afirmarse
la mayor benignidad del régimen prescriptivo actual(61).
4.1.3. La extensión sin límites de la prescripción.
Por último, existe parte de la doctrina que considera que se han incorporado demasiados actos interruptivos, extendiéndose en demasía el término de la prescripción.
Para estos, la nueva redacción del art. 67 CP implica el abandono total de la línea liberal original del código de 1921 y se
enrola, definitivamente, a un sistema autoritario de cuño bonapartista, que implica la renuncia del legislador a poner términos racionales al plazo de la prescripción para así reglamentar de algún modo el plazo razonable del proceso, exigido por normativa internacional, derogando prácticamente la prescripción consagrando la virtual imprescriptibilidad de las acciones(62).
4.1.4. Nuestro punto de vista.
Por razones metodológicas, analizaremos, en primer lugar, una por una las causales previstas por el nuevo régimen, para luego formular una crítica global del sistema.
(a) Primer llamado para recibir declaración indagatoria.
La norma prevé como primera causal de interrupción del plazo de la prescripción al "primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria".
El llamado debe ser entendido como la orden que se dispone para convocar a una persona a prestar declaración indagatoria, que puede ser dispuesta por decreto o auto según la normativa procesal de aplicación.
En este sentido, no posee aptitud interruptiva la declaración misma(63) ni sus ampliaciones, así como los llamados a prestar declaración dispuestos con posterioridad. Tampoco lo tiene la declaración espontánea del incuso.
Parte de la doctrina entiende que el sólo llamado, sin necesidad de notificación al imputado(64), tiene efecto interruptivo,
en tanto otros sostienen que para dar virtualidad al llamado resulta requisito ineludible la citación o notificación(65).
De nuestra parte, entendemos que la segunda posición es la correcta pues, de otro modo, la virtualidad interruptiva quedaría librada a la discrecionalidad y arbitrariedad de quien tenga la potestad de realizarla.
En lo que atañe a la constitucionalidad del supuesto, entendemos que corresponde inclinarnos por la negativa.
A nuestro juicio, el llamado a prestar declaración indagatoria tiene por fin brindar la posibilidad concreta de que el
imputado ejerza su defensa material. En este sentido, conferir virtualidad interruptiva al supuesto, implicaría trastocar el fundamento tanto de la declaración como de su llamado, tornando un momento del proceso establecido como garantía para quien resulta penalmente perseguido en un dispositivo destinado a prolongar los términos de su persecución.
El supuesto aparecería así, vulnerando el mandato de razonabilidad (art. 28 CN) de las leyes pues desnaturalizaría el
(b) Requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio.
Este supuesto hace referencia a la requisitoria de elevación a juicio. Sólo ella, en principio, tendría efecto interruptivo, mas no el decreto por el que el magistrado a cargo del control de la imputación corre traslado a la defensa.
Desde nuestra perspectiva entendemos que esta interpretación dejaría librado al arbitrio del titular de la acción la posibilidad de interrumpir el plazo prescriptivo, aún cuando el requerimiento formulado fuera fallido y, consecuentemente, aparecería violando el mandato de racionalidad de los actos de gobierno y de razonabilidad de las leyes (arts. 1 y 28 CN ).
En este sentido, estimamos que la posición correcta y más respetuosa de las garantías del imputado es la de otorgar virtualidad interruptiva al requerimiento de elevación a juicio exitoso, pues de ese modo se garantiza el control de la imputación por parte del órgano jurisdiccional liberándolo de cualquier viso de arbitrariedad.
Ello así, en tanto, en nuestra opinión, la parte acusatoria se limita a requerir y su actuación no gravita en el proceso hasta que la jurisdicción incorpora su actuación, pues para que tenga entidad impulsoria debe traducirse en actividad
jurisdiccional(66).
Particular problema se presenta respecto a los procesos atinentes a delitos de acción privada, pues en ella, el acto procesal en tratamiento no se encuentra contemplado.
Alguna jurisprudencia entendió que en este tipo de procesos, la interposición de la querella se asimila al requerimiento de elevación a juicio, otorgándole virtualidad interruptiva(67).
A nuestro juicio, ello no resulta constitucionalmente admisible en tanto supone una interpretación analógica vedada en el derecho penal, pues de ese modo se ampliaría, en contra de lo establecido en la norma, un límite de perseguibilidad que, en principio, operaría como garantía del imputado. De este modo, la querella queda excluida del catálogo de actos interruptores de la prescripción (art. 18 CN).
Con estos alcances, estimamos que el supuesto aparece como con legitimidad constitucional pues, parafraseando la inveterada jurisprudencia de la CSJN, la declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma trascendencia y es la 'última ratio' en materia de interpretación legal, en razón de que toda vez que un precepto legal admita una interpretación plausible conforme con la ley fundamental corresponderá su adopción como correcta hermenéutica y, consecuentemente, deberá respetarse su validez.
(c) El auto de citación a juicio.
En este supuesto, el legislador optó por incluir dentro del catálogo de causas interruptivas, un acto procesal emanado exclusivamente del órgano decisor, sin que existiera previa excitación de la jurisdicción de la parte acusadora.
Esto presenta serios problemas de constitucionalidad, si se tiene presente que el fundamento de las causas interruptivas, según pacífica doctrina, es el de actos que supongan el ejercicio de la acción penal, esto es, que impliquen una impulsión real y eficaz del proceso en contra del imputado, de manera que tengan contenido materialmente acusatorio.
Desde esta perspectiva, la causa aparece como carente de legitimidad constitucional por violación funcional, pues sólo al Ministerio Público Fiscal corresponde promover la actuación de la justicia según el texto del art. 120 CN, correspondiendo al Poder Judicial el conocimiento y decisión de las causas (art.116 CN).
De este modo, queda a las claras que, constitucionalmente, no resulta admisible el establecimiento de causas interruptivas que tengan origen en la actividad del órgano decisor.
Sólo la actividad del órgano encargado de la acusación puede tener virtualidad interruptiva, siempre sometida a la condición de que resulte exitosa después del control que de ella corresponda efectuar a la agencia judicial, tal como sucede con el requerimiento de apertura o elevación a juicio.
En definitiva, una vez más, la actividad del poder legisferante aparece vulnerando los derechos, garantías y competencias establecidas por nuestra norma fundamental, resultando imposible formular una interpretación constitucionalmente plausible, razón por la que se deberá declarar inconstitucional el supuesto bajo estudio.
(d) La sentencia condenatoria.
En lo que respecta a la sentencia condenatoria firme, nos remitimos a las consideraciones vertidas en torno al concepto de secuela de juicio, pues su consecuencia lógica y necesaria es la ejecución de la condena.
Distinto sucede, a nuestro juicio, con la sentencia condenatoria no firme.
En efecto, desde nuestro punto de vista, la sola sentencia condenatoria sin entidad de cosa juzgada no puede erigirse en causa interruptiva, por cuanto desnaturalizaría la garantía del imputado a requerir la revisión del fallo condenatorio, pues no debe olvidarse que todo acto materialmente persecutorio realizado por el Ministerio Público Fiscal debe ser exitoso para gravitar en el proceso y esa calidad no se adquiere sólo con el dictado del fallo sino con su firmeza.
De ese modo, se erigiría al ejercicio racional de la defensa, que incluye la posibilidad recursiva, en circunstancia que operaría como acto contrafáctico, pues estaría en igual condición quien hiciera ejercicio del derecho al recurso que quien no, olvidando que hasta la firmeza del fallo se mantiene el estado jurídico de inocente, interpretando en perjuicio del imputado una situación a habilita el ejercicio del derecho al recurso.
De otra parte, debe ponderarse especialmente que recién con la ejecución de la condena se agota una parte de la pretensión punitiva, pues a ella sigue interesando la etapa de ejecución en su totalidad.
En conclusión, la previsión de la sentencia condenatoria no firme como causa interruptiva del plazo de la prescripción de la acción penal aparece vulnerando el principio de razonabilidad, pues desnaturaliza los derechos del justiciable.
4.2. Análisis constitucional global del sistema de la ley 25.990.
Analizadas una por una las causales de interrupción del plazo de la prescripción de la acción penal establecidas por la ley 25.990 y habiendo concluido en la legitimidad constitucional de dos de sus supuestos en forma aislada, corresponde someter a test de constitucionalidad al sistema en su totalidad.
Desde esta perspectiva, puede observarse en primera medida que el sistema se muestra violatorio del derecho de todo imputado a ser juzgado en un plazo razonable, teniendo en consideración que la importante cantidad de causas interruptivas(68) torna difuso el plazo prescriptivo(69).
Piénsese, a guisa de ejemplo, en el caso del imputado sometido a proceso por un hurto simple cuya pena máxima alcanza lo dos años de prisión, que es llamado a prestar declaración indagatoria al año, once meses y veintinueve días; luego de transcurrido igual período es requerida la elevación de la causa a juicio; es citado a juicio pasado tiempo similar y, finalmente, se le dicta sentencia condenatoria con posterioridad al paso de idéntico plazo temporal.
Ese proceso, por delito leve y de simple investigación se habría alongado por casi diez años, por los avatares propios del mundo forense, sin haber logrado una resolución desincriminatoria con anterioridad, en atención a que, como consecuencia de la sucesión de actos procesales con entidad interruptiva, el delito no se encontraría prescripto.
No hace falta abrevar en argumentaciones de ningún tipo para advertir que el tiempo insumido en la tramitación del proceso ha dejado de ser razonable, sin disponer de ningún tipo de dispositivo legal que permita saldar su situación de sometimiento a proceso con anterioridad, en atención a que, en ese sentido, sólo puede echar mano al instituto de la prescripción de la acción penal pero ella no ha operado.
De este modo, puede observarse, en primer lugar, el reparo constitucional que merece el sistema de la prescripción actual: vulnera de manera flagrante la garantía del imputado a ser juzgado en un plazo razonable.
En un segundo orden argumental, podemos predicar sin hesitación, que el sistema instaurado por la ley 25.990 atenta contra el principio de progresividad en la realización de los derechos humanos consagrado en el art. 75 inc. 23 CN como deber del poder legisferante y derivado de los arts. 1, 28, 31 y 33 CN.
En efecto, si tenemos en consideración que el instituto de la prescripción aparece reglamentando espacios de libertad de los particulares en tanto obstaculiza la posibilidad de persecución penal y que la interpretación que formulamos en torno al derogado sistema de la secuela de juicio resulta más reductora de punibilidad que el sistema prescriptivo establecido por la ley 25.990, el régimen actual resulta reductor de esos ámbitos de libertad y, consecuentemente, un retroceso en materia de realización material de derechos del imputado.
Es insoslayable que la faz positiva de la impunidad por prescripción es la garantización de un ámbito más amplio de
libertad y el sistema prescriptivo actual, en atención a que prevé más actos procesales con carácter interruptivo, impide o
al menos dificulta la prescripción, implicando una regresión al respecto.
De este modo, los actos procesales que tienen carácter interruptivo del plazo de la prescripción de la acción penal consagrados por la ley 25.990, desde una visión global, importan la violación de los arts. 1, 28, 31, 33 y 75 inc. 23 CN.
VIII. ¿Es el instituto de la prescripción el dispositivo legal realizador del derecho de todo imputado a ser juzgado en un plazo razonable? Después de haber analizado los fundamentos, implicancias y alcances del instituto de la prescripción y teniendo en consideración su régimen legal, la respuesta que se impone a este interrogante es la negativa.
Es evidente, a nuestro juicio, que los diversos sistemas vigentes de la prescripción, en virtud de las distintas causas interruptivas que preveían y prevén, alongaban y prolongan los tiempos del proceso en perjuicio del imputado, tornando prácticamente difusa a la prescripción, al punto de prácticamente derogarla.
Ahora bien, podría responderse a esta afirmación, que ello se debe pura y exclusivamente por la previsión de actos interruptivos de naturaleza procesal o no.
Sin embargo, estimamos que el fundamento no es plausible.
Imaginemos por un momento, que nuestro CP establece un sistema de prescripción de la acción penal sin causas suspensivas ni interruptivas.
Se observará que, aún de ser así, los plazos establecidos para que opere la prescripción de la acción penal son extremadamente largos. Recuérdese que el tiempo mínimo de prescripción de la acción para delitos reprimidos con pena prisionizante temporal parte de los dos años y alcanza un máximo de doce, extendiéndose a quince para las penas perpetuas (art. 62 incs. 1 y 2 CP).
A ello se agrega, que el catálogo de plazos legalmente previstos es oscilante, en atención al baremo punitivo con que se
encuentre conminada la prohibición en que se encuadra legalmente al suceso sometido a pesquisa.
Todo ello, pone en evidencia que, de ningún modo, el tiempo de la prescripción puede ser considerado ni asimilado al plazo razonable a que hace referencia la garantía que supuestamente el instituto materializa; máxime, si se tiene presente que aún el tiempo mínimo de prescripción (para las penas prisionizantes pues se reduce a uno cuando se trate de penas de inhabilitación temporal, conforme el inc. 4 del art. 62 CP) que es de dos años, aparece como irrazonable si no dejamos fuera de consideración que esa previsión rige para delitos cuyos parámetros de punición los hace de escasa entidad y, en la generalidad de los casos son de simple investigación.
Piénsese nada más en la irracionalidad que supondría la investigación de un homicidio simple, cuyo plazo prescriptivo alcanza doce años sin causas interruptivas y puede quintuplicarse de existir éstas: se trataría de una acción penal prácticamente imprescriptible; sin perder de vista el ejemplo brindado en los parágrafos anteriores, en los que un hurto, con el sistema prescriptivo actual, podría mantener vigente la acción penal durante casi diez años.
En definitiva, entendemos que queda demostrado con meridiana claridad que el instituto de la prescripción jamás puede ser considerado el dispositivo legal realizador del derecho de todo imputado a ser juzgado en un plazo razonable.
A modo de colofón y habiendo analizado los pormenores del instituto de la prescripción de la acción penal, dentro de los
límites que impone el acotado marco de un estudio de las características de este trabajo, entendemos que el dispositivo
legal en tratamiento no resulta apto para garantizar, con los alcances exigidos por los estándares establecidos por la
normativa internacional y constitucional, el derecho de todo imputado a ser juzgado en un plazo razonable y que ello fue suficientemente corroborado con el desarrollo argumental antecedente, verificando, en definitiva, la hipótesis planteada en la introducción.
Ello se debe a los extensos plazos previstos por el CP para que opere la extinción de la posibilidad de persecución, a los que se suma la dilación que se produce de ellos, como consecuencia del sistema de interrupción establecido que prolonga en demasía sus términos, permitiendo que, incluso, el tiempo en que se mantiene subsistente la pretensión punitiva se quintuplique.
Por esta razón, más allá de que, a nuestro juicio, el instituto desarrollado a lo largo del presente tenga naturaleza procesal y que su inclusión en un cuerpo normativo de derecho común responda a la necesidad de establecer un plazo máximo de perseguibilidad para garantizar un standard mínimo de igualdad, la determinación del plazo razonable del proceso, de evidente naturaleza procesal, corresponde a las provincias en el marco de las facultades constitucionalmente consagradas y no delegadas en el gobierno federal.
En virtud de ello, debe considerarse que se trata de una garantía del imputado aún no saldada y que, por manda constitucional, los gobiernos locales deben establecer a la brevedad. NOTAS AL PIE:
(*) Trabajo presentado en el marco del curso de posgrado "Garantías Constitucionales y Proceso Penal" dictado por el Dr. Mariano Hernán Borinsky.
(**) Abogado (UBA). Alumno de la Carrera de Especialización en Derecho Penal en el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ayudante de la materia Teoría del Delito y Sistema de la Pena dictada por el Dr. Alejandro Alagia en la cátedra del Dr. Eugenio R. Zaffaroni en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Auxiliar Letrado (Prosecretario Letrado) de la Sala Primera de la Excma. Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro.
(1) Con esta frase muy utilizada en el campo de la filosofía, nos referimos a la ley, dado que aunque tiene realización material, ésta es parcial (por no decir ínfima).
(2) Art. 7.5 y 8.1 CADH y 9.3 PIDCyP.
(3) Art. 14.3.c PIDCyP y XXV DADyDH.
(4) ED, t.18, p. 41 (1966).
(5) Causa No. 6568-5, resuelta el 15 de abril de 1966.
(6) CSJN Fallos 272:189.
(7)Art. XXV DADyDH (1948); Art. 9.3 y 14.3.c PIDCyP (diciembre de 1966, con anterioridad a "Mattei" -1967- de la CSJN pero con posterioridad a "Motta" y "Virgilio" -abril de 1966- de la CCC) (8) Art. 6.1 del Convenio Europeo sobre Salvaguarda de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales (CESDHyLF) (1950).
(9) "Wenhoff" (27/06/1968); "Stogmüller" (10/11/1969); "Ringeisen" (16/07/1971); "Neumeister", "Pretto", etc.
(10) "Giménez" (Informe 12/96), "Bronstein"(Informe 2/97) y "Garcés Valladares" (Informe del 13/04/1999).
(11) "Genie Lacayo" (29/01/1997), "Suárez Rosero" (12/11/1997), "Paniagua Morales y otros" (08/03/1998).
(12) "Pileckas" (297:486), "Aguilar" (298:50), "Klosowsky" (298:312) (1977); "Oñate" (300:226), "Mozzatti" (300:1102)
(1978); "García" (305:1701), "Bartra Rojas" (1983); "Casiraghi" (306:1705) (1984); "Bolo" (307:1030) (1985); "Frades" (272:188) (1989); "Barra" (300:1102)(2004); "Baliarda" (301:197) y "Podestá" (2006).
(13) Sobre esta idea, vid. Ferrajoli, Luigi; Derecho y razón. Teoría del garantismo penal.; traducción de Perfecto Andrés Ibáñez, Alfonso Ruiz Miguel, Juan Carlos Bayón Mohino, Juan Terradillos Basoco y Rocío Cantarero Bandrés; Trotta, Madrid, 2006, p. 864 y sgtes.
(14) Mendoza Troconis, José Rafael; Algunas cuestiones referentes a la prescripción penal; Caracas, 1971.
(15) Núñez, Ricardo C.; Tratado de Derecho Penal; Tomo II, 2da Edición 2da Reimpresión, Lerner, Córdoba, 1987, p. 168; Carrara, Francesco; "Opuscoli di diritto criminale", tomo II, Pratto, 1885, p. 85-86.
(16) Soler, Sebastián; Derecho Penal Argentino; 9na Reimpresión total, Tea, Buenos Aires, p. 451.
(17) Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro; Derecho Penal. Parte General; 2da edición, Ediar, Buenos Aires, 2002, p. 882.
(18) Pastor, Daniel R.; Prescripción de la persecución y Código Procesal Penal; Editores Del Puerto, Buenos Aires, 1993, p. 46.
(19) Núñez, Ricardo C.; op. cit., p. 173; Vera Barros, Oscar N.; La prescripción en el código penal y leyes especiales; Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1960, cap. I, 3, letras d y e.
(20) Proyecto de Código Penal, p. 216.
(21) Núñez, Ricardo C.; op. cit., II, p. 185.
(22) Ibídem, p. 185.
(23) Ídem, p. 186.
(24) Ídem, p. 186.
(25) Ídem, 186; Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro; op. cit., p. 904.
(26) Ibídem, p. 904.
(27) Proyecto, 1ª ed., ps. 105 y 106.
(28) Núñez, op. cit., II, p. 170, nota 172.
(29) Proyecto de 1906, Exposición de Motivos, p. 359; Núñez, op. cit., II, p. 170, nota 172.
(30) Curso de ciencia criminal y derecho penal argentino; Lajouane, Buenos Aires, 1899, ps. 405 y 406.
(31) Op. cit., II, p. 451.
(32) Op. cit., II, p. 171.
(33) CSJN Fallos 184:417.
(34) Zaffaroni, Eugenio Raúl; La "secuela de juicio" es la sentencia en De las penas. Homenaje al Profesor Isidroro De Benedetti; Depalma, Bs. As., 1991, ps. 569-570 (35) Pastor, Daniel; Prescripción de la persecución y Código Procesal Penal, Editores del Puerto, Bs. As., 1993, pág. 127.
(36)Baclini, Jorge C.; Interrupción de la prescripción penal por actos de procedimiento; en www.iusmisiones.gov.ar/resoluciones/files/10180620075141.pdf, pág. 4; del mismo, Prescripción Penal; 2ª edición ampliada, Edit. Juris, Rosario, 2007.
(37) Carrara, Francesco; Programa de Derecho Criminal; Tomo I, traducción de José J. Ortega Torres y Jorge Guerrero, Temis, Bogotá, 1972, pág. 382 y nota 580.
(38) Aut. Cit.; "Prescrizione penale. Iinterruzione" publicado en "Opuscoli di diritto criminale", tomo II, Pratto, 1885, pág.
(39) Proyecto de Código Penal del Doctor Sebastián Soler y sus antecedentes, p. 147.
(40) Molinario, Alfredo J.; Interrupción de la prescripción de la acción penal, en "Revista de Psiquiatría y Criminología", V, Buenos Aires, 1940, p.392 y sgtes.
(41) Binder, Alberto M.; Prescripción de la acción penal: el indescifrable enigma de la secuela de juicio, en "Doctrina Penal", 1990, p. 275 y ss. (42) Bartoloni Ferro; El sobreseimiento provisional y las reformas penales; La Ley T. 62 p. 990; Gómez, Eusebio; Revista de Derecho Penal, 1949, núm. 4, p. 301; CCC, La Ley t. 74 p. 34.
(43) Soler, Sebastián; op. cit., II, p. 457.
(44) Núñez, Ricardo C.; op. cit., II, ps. 191 y 192; en igual sentido, CAyGP de San Isidro, Sala II, causa 60.516, "Romero, Aníbal Salvador", voto del Dr. Gustavo Adrián Herbel.
(45) Zaffaroni, Eugenio Raúl; La "secuela de juicio" es la sentencia en De las penas. Homenaje al Profesor Isidroro De Benedetti; Depalma, Bs. As., 1991; Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro; op. cit., p. 905; Balcarce, Fabián; ¿Qué significa la secuela de juicio?, en "Ley, Razón y Justicia", No 1, Neuquén, 1999, p. 179.
(46) Gómez, Eusebio; op. cit.
(47) www.drae.com/secuela.
(48) Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro; op. cit., p. 905.
(49) www.drae.com/juicio (50) Maier, Julio B.J.; Derecho Procesal Penal - I Fundamentos; Bs. As., Editores Del Puerto, 1999, pp. 478 y ss., y 488 y ss.
(51) Binder, Alberto M.; Introducción al Derecho Procesal Penal, Bs. As., Ad-Hoc, 2002, p. 115 y ss.; voto del Dr. Gustavo Adrián Herbel, loc. Cit.
(52) Maier, Julio B. J.; op. cit., I, p. 478 y ss., y 488 y ss.; voto del Dr. Gustavo Adrián Herbel, loc. Cit.
(53) Voto del Dr. Herbel, loc. Cit.
(54) Recuérdese que los diferentes proyectos omitían la consideración de actos de procedimiento como causas de interrupción del plazo de la prescripción, establecían concretamente que actos tenían esa virtualidad o indicaban que se trataba de actos de procedimiento dirigidos contra la persona del delincuente.
(55) Mote acuñado por Luis Jiménez de Asúa, repetido por Vera Barros, reconocido por el propio Gómez y relevado por Zaffaroni.
(56) Pessoa, Nelson R.; Algunas reflexiones con motivo de la ley 25.990; en J.A. 2005-I-852.
(57) Crippa García, Otto; La reforma del artículo 67 del Código Penal. Zeus, boletín, año XXXII, 14/03/05, No 7642, To. 97, p. 3; Barcesat, Eduardo S.; Examen crítico de la ley 25.990; en L.L., Sup. Penal, 2005 (febrero); Cevallos, Zenón Alejandro; Prescripción. Un tema de moda; febrero de 2005, elDial.com DC556.
(58) Grünberg, Adrián Federico; Prescripción de la acción penal. Una secuela de 56 años; en elDial.com DC54D.
(59) Álvarez, Carlos Adolfo; La hasta hoy denominada "secuela de juicio" y la ley 25.990; L.L. No. 2, marzo de 2005, Antecedentes Parlamentarios.
(60) Baclini, Jorge C.; op. cit.
(61) Almeyra, Miguel A.; ¿Una ley más benigna? A propósito de la reciente reforma a la interrupción de la prescripción de la acción penal; L.L. No. 2, marzo de 2005, Antecedentes Parlamentarios, p. 276.
(62) Pessoa, Nelson R.; op. cit.; Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro; Manual de Derecho Penal. Parte General; Ediar, Buenos Aires, 2005, p. 692.
(63) CCC, sala IV, c. 26.627, "C., D.A.", rta. 23/06/2005.
(64) Baclini, Jorge; op. cit.
(65) Hairabedián, Maximiliano; La interrupción de la prescripción durante la instrucción y la aplicación retroactiva de la ley 25.990; L.L., Sup. Penal, 2005, noviembre, p. 15.; Martínez, Marcela; Sobre la reforma al artículo 67 del Código Penal, en "Revista de Derecho Penal y Procesal Penal", No. 8, Lexis Nexis, abril de 2005.
(66) Laje Anaya- Gavier; Notas al Código Penal argentino - Parte General, Lerner, Córdoba, 1996, T I°, p. 378.
(67) CCC, sala VII, c. 25.436 "L. J.E.", c. 25.091 "A.P.,.M.E." y c. 25.556 "E. A.J." rtas. 03/03/2005; sala VI, c. 25385 "A. de A., C.", rta. 06/06/2005.
(68) De la misma idea, Finkelstein Nappi, Juan Lucas; Algunas reflexiones acerca de la reciente ley 25.990 de reforma al Código Penal, en elDial.com.
(69) Zaffaroni, Eugenio; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro; op. cit
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