Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831597.html
Timestamp: 2019-11-20 04:52:43+00:00

Document:
as201831597
Auto Supremo Nº 597
Expediente : 306/2017-A
Demandante : Héctor Pérez Zurita
Demandado : Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos
Materia : Tributaria
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 93 a 96, interpuesto por Héctor Pérez Zurita, contra el Auto de Vista N° 041/2016 de 28 de septiembre (fs. 82 a 85), pronunciado por la Sala Primera Social y Administrativa, Contenciosa y Contencioso Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de la ciudad de
Cochabamba; dentro del proceso Contencioso Tributario, que sigue Héctor Pérez Zurita contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); la respuesta al mencionado recurso de fs. 99 a 105; el Auto de 27 de junio de 2017 cursante a fs. 100 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; el Auto Supremo Nº 306-A, por el que se admitió el recurso (fs. 116 y vta.), los antecedentes del proceso; y:
Promovida la acción y tramitado el proceso Contencioso Tributario, el Juez Primero de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de Cochabamba, emitió la Sentencia Nº 11/2014 de 2 de mayo (fs. 45 a 50), por la que declaró improbada la demanda incoada por Héctor Pérez Zurita, titular de “Joyerías Venecia”, en consecuencia se declara firme, subsistente y exigible la Resolución Sancionatoria Nº 18-0243-12 de 31 de julio de 2012, que sancionó al contribuyente Héctor Pérez Zurita con la clausura por el tiempo de 6 (seis) días corridos del establecimiento ubicado actualmente en la calle 25 de mayo Nº 151, edificio San francisco, Piso: Pb Zona/Barrio: Central; debiendo darse estricto cumplimiento.
Dicha Sentencia fue recurrida en apelación por Héctor Pérez Zurita (fs. 55 a 58), la respuesta al mencionado recurso (fs. 60 a 66 vta.), mereciendo el Auto de Vista N° 041/2016 de 28 de septiembre (fs. 82 a 85), por el cual la Sala Primera Social y Administrativa, Contenciosa y Contencioso Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, confirmó la Sentencia apelada.
I.1.3. Auto Supremo
El Auto de Vista citado, ameritó que Héctor Pérez Zurita interponga el recurso de casación en el fondo, conforme los fundamentos del escrito de fs. 93 a 96 de obrados, por lo que, luego de su remisión ante este Tribunal, mediante Auto Supremo Nº 306-A de 21 de julio de 2017 (fs. 116 y vta.), se declaró admisible; por consiguiente, se pasa a considerar y resolver:
II.- RECURSO DE CASACIÓN, RESPUESTA Y ADMISIÓN
II.1. Argumentos del recurso de casación:
1) Denuncia falta de verificación del hecho que originó la denuncia e indica que el certificado de calidad N° 01205 como prueba de la supuesta inexistencia de emisión de factura no demuestra que se haya efectuado la transacción o compraventa porque ni el denunciante, ni tampoco la Administración Tributaria exhibieron el anillo centillo con esmeralda Rubí, safíro con diamantes 1,50 ptos. c/u. Del mismo modo, asevera insistentemente que la transacción no se ha realizado en su joyería y que correspondía al denunciante como a la Administración Tributaria investigar la comisión del ilícito, conforme sus amplias facultades.
2) Solicita que el Tribunal de casación cuestione si existe el anillo para establecer si se aplica el art. 4.a) de la Ley N° 843 porque no existió el deber formal de emitir factura y de acuerdo al aforismo “in dubio pro reo” (en la duda a favor del reo) y el principio de inocencia establecida en el art. 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE), se le debe favorecer al contribuyente, toda vez que existe duda en la existencia de la compraventa y por ende sobre el deber de facturar.
3) Manifiesta que en el Formulario de Denuncia-FORM 9000 el lugar del ilícito no es su domicilio fiscal, sino corresponde a otro, ubicado en calle 25 de mayo N° 236, entre Bolívar y Sucre y la sanción de 6 días fue en el domicilio fiscal en calle 25 de mayo Nº 151, edificio San Francisco, Piso; PB Zona/Barrio: Central, demostrando que para el Tribunal Departamental resulta irrelevante su domicilio fiscal, por lo que se demuestra que no se ha investigado la realidad material para establecer si se realizó o no en su domicilio; en consecuencia, la Resolución Sancionatoria N° 18-00243-12 de 31 de julio de 2012 es anulable conforme establecen los arts. 36.II de la Ley N° 2341-Procedimiento Administrativo (LPA) y 55 del Decreto Supremo (DS) N° 27113, con reposición hasta el vicio más antiguo; esto es, hasta el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25-04121-12, inclusive, a fin que la Administración Tributaria emita una nueva Resolución, cumpliendo los requisitos del DS N° 27310, Resolución Normativa de Directorio (RND) 10-0037-07 y el art. 28 de la LPA.
4) Finaliza señalando que, el plazo probatorio fue inconstitucional porque sustenta que el plazo probatorio de diez días para proceder con el descargo es reducido; consecuentemente, constituye un caso de desigualdad irracional entre los contribuyentes sometidos a “sumario de oficio”, frente a aquellos que se encuentran procesados con “sumario denuncia”, circunstancia que lesiona la garantía del debido proceso en su componente esencial del derecho a la defensa, por cuanto no asegura el acceso efectivo a los plazos probatorios que prevé la ley en igualdad de condiciones.
Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, dicte Auto Supremo disponiendo la revocatoria total del Auto de Vista N° 041/2016 de 28 de septiembre, de la Sentencia N° 11/2014 de 2 de mayo y declaren probada la demanda en todas sus partes y disponer la nulidad de todo lo obrado, incluso de la Resolución Sancionatoria N° 25-04121-12 de 31 de julio, hasta que el SIN mediante nuevo Auto Inicial de Sumario Contravencional, identifique al contribuyente, pruebe la existencia del ilícito tributario y sancione con la clausura del establecimiento respectivo.
II.2. Contestación al recurso:
El mencionado recurso de casación, generó que la parte demandada responda al mismo señalando:
1) Previa descripción de los arts. 47 de la LPA, 76 y 81 del Código Tributario boliviano (CTb); señala que, Héctor Pérez Zurita desde el inicio del procedimiento sancionador (denuncia particular) y posteriormente una vez notificado con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25-01121-12, tuvo la oportunidad de presentar prueba que desvirtué la denuncia de René Arteaga Pabón, quien afirmó haber efectuado la compra de un anillo centillo con esmeralda Rubí, safíro con diamantes de 1.50ptos c/u; sin embargo; no lo hizo en la etapa administrativa, ni en la judicial.
2) Señala también que, junto a la denuncia que cursa a fs. 3 de antecedentes administrativos, cursa como prueba fehaciente el “Certificado a la Calidad N° 1205 en original, emitido por la Joyería Venecia”, donde se advierten los siguientes datos: domicilio central en la calle 25 de mayo N° S-0151 y domicilio de la sucursal 1 la calle 25 de mayo N° 0236 entre Bolívar y Sucre, consignando dos números de teléfono de propiedad del contribuyente, evidenciándose que se trata de una operación de compra de un anillo por un valor de Bs.2.700.- que fue efectuado el 22 de octubre de 2011; además de consignar el sello del establecimiento, está firmada por el gerente propietario Héctor Pérez Zurita; por lo que, el “Certificado a la Calidad” original, se constituye como prueba fehaciente de los hechos ocurridos; es decir, que se realizó la transacción de compra venta de un anillo y no se emitió la factura correspondiente, y solo se entregó el certificado como garantía de calidad que todo establecimiento dedicado a la actividad de fabricación de joyas y artículos conexos entrega a los clientes al momento que se hace efectiva la transacción comercial.
Continúa indicando que el presente certificado se encuentra en calidad de original y que claramente identifican la transacción, consigna la firma del propietario o contribuyente de la joyería Venencia, firma y rubrica que coinciden con el estampado en la diligencia de notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional y el requerimiento de 10 de marzo de 2012, de fs. 17 vta., y fs. 5; respectivamente, de antecedentes administrativos, por lo que, sus argumentos se encuentran sin sustento legal; máxime si es obligación del recurrente desvirtuar lo aseverado por la Administración Tributaria conforme el art. 76 del CTb.
3) Respecto al domicilio donde se verificó la contravención tributaria, previa transcripción de los arts. 37 y 38 del CTb; señala que, el denunciante René Ortega Pabón, en fecha 22 de octubre de 2011 compró un anillo por un valor de Bs.2.700.-, transacción comercial, por la cual el contribuyente no emitió la factura respectiva, lo que ocasionó que en fecha 19 de enero de 2012, el comprador formule denuncia contra el contribuyente Héctor Pérez Zurita, señalando como lugar de la contravención la calle 25 de mayo N° S-0236 entre Bolívar y Sucre, por lo que la Administración Tributaria en cumplimiento de sus facultades, procedió con la verificación de la denuncia y del hecho material y ante dicho proceso de verificación, se comprobó fehacientemente que el contribuyente cometió una contravención, sancionándose con la clausura de su establecimiento según las disposiciones tributarias citadas y ante la omisión de nota fiscal o factura que acredite el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como sujeto pasivo dentro del régimen general.
Continúa indicando que no existen elementos para solicitar la nulidad o anulabilidad en el proceso, más aún si se considera que la nulidad solo opera en los supuestos establecidos en los arts. 36.II de la LPA y 55 del DS N° 27113, los cuales no acontecieron en el presente caso, advirtiéndose que el argumento del recurrente al solicitar la nulidad de la Resolución Sancionatoria N° 18-00243-12 de 31 de julio de 2012 no tiene ningún fundamento de orden legal y no existe transgresión a los principios fundamentales del derecho a la defensa y del debido proceso.
En cuanto a la inobservancia al principio de verdad material; previa transcripción de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nos. 1414/2013-R de 16 de agosto y 0713/2010-R de 26 de julio referidas a la verdad material; señala que, es evidente que la Administración Tributaria en el procedimiento sancionador iniciado por una denuncia, aplicó la verdad material de los hechos, toda vez que, comprobó que se realizó una transacción de compra-venta de un anillo, por el cual no se emitió la factura correspondiente, verdad material que nunca fue desvirtuada por el demandante, como podrán advertir en el expediente.
4) Respecto a la vulneración a los derechos constitucionales y particularmente a la defensa dentro el procedimiento sancionador; previa transcripción del art. 168.IV del CTb, señala que en el presente caso, se trata de una denuncia efectuada en la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN contra el contribuyente Héctor Pérez Zurita por la no emisión de la factura por una transacción comercial, verificados los documentos contables presentados por el contribuyente, se constató fehacientemente que durante el periodo de octubre de la gestión 2011, no se encuentra registrada ninguna operación comercial con relación a la venta de un anillo por un valor de Bs.2.700.- y menos aún, se procedió a la emisión de la factura correspondiente; consecuentemente, se identificó la conducta del contribuyente como contraventora a las disposiciones tributarias y que conlleva una sanción de clausura, por lo tanto, la Administración Tributaria el 15 de junio de 2012, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25-04121-12, que concedió al contribuyente el plazo de diez días hábiles a partir de su notificación con el presente Auto para presentar descargos por escrito u ofrecer pruebas que hagan a su derecho, por tanto, no se contravino el Código Tributario vigente.
Concluyó solicitando al Tribunal Supremo de Justicia, que declare improcedente y/o infundado el recurso de casación interpuesto por Héctor Pérez Zurita, conforme establece el art. 220.I del Código Procesal Civil (CPC-2013).
II.3. Admisión:
Mediante Auto Supremo Nº 306-A de 21 de julio de 2017 cursante a fs. 116 y vta., la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia resolvió admitir el recurso de casación de fs. 93 a 96.
III.1 FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación en el fondo de fs. 93 a 96, para su Resolución corresponde realizar las siguientes consideraciones:
La normativa tributaria define la existencia de dos sujetos de la relación jurídica tributaria, por una parte el Sujeto Activo en cual se constituye el Estado, con facultades de recaudación, control, verificación, valoración, y otras, ejercidas por la Administración Tributaria (AT) Nacional, Departamental y Municipal, dispuestas por el art. 21 del CTb, y de otra parte se tiene al Sujeto Pasivo en que se constituye el contribuyente o sustituto del mismo, respecto del cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria, y que está obligado a cumplir las obligaciones tributarias establecidas por la normativa de la materia, todo conforme los arts. 22 y 23 del CTb.
Así comprendida la relación jurídica tributaria, debemos referirnos a la Ley Nº 843, que regula el concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), estableciendo el art. 3 de la normativa referida - para el IVA -, que dice: “Son sujetos pasivos del impuesto quienes: a) En forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles…() Adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto, serán objeto del gravamen todas las ventas de bienes muebles relacionadas con la actividad determinante de la condición de sujeto pasivo, cualquiera fuere el carácter, la naturaleza o el uso de dichos bienes”; asimismo, el art. 4 de la misma norma señala que el hecho imponible se perfecciona: a) en el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente y el art. 2 del DS N° 2824 de 14 de julio de 2005 establece: “Una vez perfeccionado el hecho imponible, conforme lo establece el Artículo 4 de la Ley N° 843 (Texto ordenado vigente). La factura, nota fiscal o documento equivalente deber ser extendida obligatoriamente” (sic).
Continuando con la normativa tributaria, mediante el art. 160 del CTb, se establece que son contravenciones tributarias: “(…) 2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente…”; asimismo, el citado Código, a tiempo de regular la contravención tributaria de no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, refiere en su art. 164.I, que: “el que en virtud de lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, sin perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda tributaria”; por su parte, el parágrafo II del mismo artículo, refiere: “La sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) días atendiendo el grado de reincidencia del contraventor. La primera contravención será penada con el mínimo de la sanción y por cada reincidencia será agravada en el doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior” (sic) (las negrillas son añadidas).
En ese sentido, el Adjetivo Tributario, establece en el capítulo III, el procedimiento para sancionar las Contravenciones Tributarias y el art. 168 referido al “sumario contravencional”, en su parágrafo IV señala: En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando el procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la mitad”.
Es importante aquí referir que la potestad sancionadora del Estado, tanto penal como administrativa sancionadora, hoy se encuentra limitada por los principios valores, derechos y garantías previstos en la CPE y en los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos, de manera que la parte axiológica y dogmática de la norma fundamental tiene un peso decisivo al momento de interpretar y/o aplicar la norma, tanto por la aplicación directa de los derechos como porque se constituyen en fundamento y límites de las diferentes funciones del poder público; entonces, las autoridades administrativas o jurisdiccionales a tiempo de interpretar y/o aplicar la Ley, están en el deber de respetar el sustento axiológico y dogmático de la CPE, en especial los derechos y garantías de las personas que se constituyen en el fundamento y límite del poder sancionador del Estado.
Que, uno de esos derechos y garantías es el debido proceso consagrado en el art. 115.II de la CPE, que señala: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; por lo que, supone que toda sanción debe ser impuesta previo proceso, en el que se respeten todos los derechos inherentes a la garantía del debido proceso, entre los cuales se encuentra el derecho a la defensa, que implica a su vez, entre otros elementos, la notificación legal con el hecho que se le imputa al afectado, y con todas las actuaciones y resoluciones posteriores, la contradicción y presentación de pruebas tendentes a desvirtuar la acusación, la asistencia de un defensor, el derecho pro actione o a la impugnación; asimismo, el derecho a la defensa, se relaciona directamente con los derechos a la igualdad de las partes ante la Ley y ante su juzgador, al juez natural y a la seguridad, de manera que la sanción debe ser el resultado de la comprobación, conforme a derecho, del hecho ilícito que se atribuye al sancionado; por lo que no cabe duda que el proceso tributario en cuestión debe estar revestido de las garantías procesales consagradas en la CPE (las negrillas son añadidas).
En base a los argumentos de la parte recurrente, se pasa a resolver su recurso de casación en el fondo de fs. 93 a 96, de acuerdo a las siguientes consideraciones:
Previamente resulta preciso señalar que, de acuerdo a los reclamos debidamente identificados y enumerados del recurso de casación interpuesto; se evidencia que, los agravios 1 y 2 se relacionan entre sí, puesto que, se refieren a que no se demostró la compra-venta del anillo para que exista la obligación de emitir factura y que existiría duda sobre la existencia de dicha venta; por lo que, se resolverán de manera conjunta dichos reclamos, sin que ello amerite una vulneración al principio de congruencia, falta de motivación o fundamentación del presente fallo, resolviéndolos de la siguiente manera:
A los reclamos de los numerales 1) y 2) de su recurso de casación; cabe señalar que, de una revisión de los antecedentes del proceso, se evidencia que existe un Certificado de Calidad Nº 1205 de fecha 22 de octubre de 2011 emitido por “Joyerías Venecia” de fs. “3.1” (sic) del Anexo 1 de antecedentes administrativos, que acredita que dicha empresa vendió al señor Arteaga un anillo centillo con esmeralda rubí, safíro con diamantes 1,50 ptos c/u por un precio total de Bs.2.700.- (Dos mil setecientos 00/100 Bolivianos), con domicilio central en calle 25 de Mayo Nº S-01514 y domicilio de la Sucursal 1 en calle 25 de Mayo Nº 0236 entre Bolívar y Sucre, señalando dos números telefónicos como referencias de la Joyería, los cuales pertenecen al contribuyente, además de registrar el sello del establecimiento y firma del gerente propietario (ver fs. “3.1” del Anexo 1); por lo que, mediante el Certificado de Calidad descrito, se evidencia que existió la venta del anillo a René Arteaga Pabón y por consiguiente no existe duda alguna de la referida compra-venta acreditada como erradamente manifiesta el recurrente.
En ese sentido y ante la falta de emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente, que era de carácter obligatorio tal emisión conforme los descritos arts. 4.a) de la Ley Nº 843 y 2 del DS N° 2824 de 14 de julio de 2005, dio lugar a que el afectado, como comprador realice la denuncia respectiva el 19 de enero de 2012 mediante Formulario de Denuncias Nº 003/2012, señalando incluso el lugar donde se realizó la venta de la transacción del referido anillo y adjuntó el Certificado de Calidad Nº 1205 de 22 de octubre de 2011, que expresa las características específicas del anillo que se vendió. Lo anteriormente expuesto, constituyó la Contravención Tributaria establecida en los ya descritos arts. 160 y 164 del CTb y 10 de la RND Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007 en contra del propietario de la Joyería.
Ante la notificación con el Requerimiento (F-4003) Nº 00109438 de 16 de abril de 2012 cursante a fs. 5 del Anexo 1 de antecedentes administrativos, se requirió documentación al contribuyente correspondiente al periodo de octubre de la gestión 2011 (periodo de la venta del anillo), consistente en: Declaraciones Juradas al IVA, Declaraciones Juradas al IT, Libro de Ventas-IVA, Notas Fiscales de respaldo al débito fiscal IVA (copias) y cualquier otra documentación que se requiera durante el proceso de verificación, constatándose que el contribuyente presentó la citada documentación requerida conforme consta en el Acta de Recepción de fs. 6 del Anexo 1; sin embargo, del cruce de información realizada por la Administración Tributaria conforme sus amplias facultades establecidas en el art. 100 del CTb, se evidenció que en la documentación presentada por el contribuyente Héctor Pérez Zurita, con NIT 82811001, no existe nota fiscal o factura alguna emitida en el periodo de octubre/2011 que corresponda a la venta de un anillo centillo con esmeralda Rubí, Safíro con diamantes de 1.50 ptos, por un monto total de Bs.2.700.- (Dos mil setecientos 00/100 Bolivianos) a nombre del denunciante Sr. René Arteaga Pabón con CI 2213565 LP; por consiguiente, claramente se evidencia también la falta de emisión de la factura correspondiente al haberse perfeccionado el hecho imponible con la entrega del bien, efectuándose la transferencia de dominio; es decir, la entrega del referido anillo conforme acredita el Certificado de Calidad Nº 01205 de fs. “3.1” del Anexo 1 de antecedentes administrativos.
Por lo expuesto, la Administración Tributaria previa emisión del Auto Inicial de sumario Contravencional Nº 25-04121-12, que puso en conocimiento del contribuyente Héctor Pérez Zurita que su Contravención Tributaria originó el inicio del Sumario Contravencional por la no emisión de la factura correspondiente, en cumplimiento de los arts. 160 y 164 del CTb, 10 y 17 de la RND Nº 10-0037-07 de (ver fs. 17 del Anexo 1) y dentro del plazo establecido, el sujeto pasivo no desvirtuó el Auto Inicial de Sumario Contravencional de referencia, ni demostró la inexistencia de la contravención tributaria conforme era su obligación de acuerdo el art. 76 del CTb; al contrario, del Acta de recepción de documentación ante el SIN, como ya se explicó, se acreditó que no existió factura alguna emitida por el ahora; por lo que, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-00243-12 de 31 de julio de 2012, que sancionó al contribuyente Héctor Pérez Zurita con NIT 828110011, con la clausura por el tiempo de 6 (seis) días corridos del establecimiento ubicado actualmente en la calle 25 de Mayo Nº 151, edificio San francisco, Piso: Pb Zona/Barrio: Central (ver fs. 27 del Anexo 1).
En el marco de todo lo expuesto precedentemente y habiendo quedado demostrado fehacientemente que existió: la compra-venta del anillo descrito y la falta de emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente en el presente caso, conforme exigía expresamente la Ley al sujeto pasivo; no resultan evidentes los reclamos sobre la duda en la venta afirmada por la parte recurrente y tampoco la aplicación del principio de inocencia como erradamente solicita el contribuyente en los numerales 1) y 2) de su recurso de casación conforme a los fundamentos expuestos.
Respecto al numeral 3) de su recurso de casación, referido a que el domicilio fiscal era otro y en consecuencia, sería nula la Resolución Sancionatoria; cabe señalar que, la normativa boliviana es clara respecto al domicilio tributario, en los arts. 37 y 38 del CTb; señalando que las personas naturales y jurídicas deben fijar, para los efectos tributarios, su domicilio dentro del territorio nacional, preferentemente en el lugar de su actividad comercial o productiva; y en caso que la persona natural no tuviera domicilio señalado o teniéndolo señalado, éste fuera inexistente, a todos los efectos tributarios se presume que el domicilio en el país de las personas naturales es: 1. El lugar de su residencia habitual o su vivienda permanente; 2. El lugar donde desarrolle su actividad principal, en caso de no conocerse la residencia o existir dificultad para determinada; y 3. El lugar donde ocurra el hecho generador, en caso de no existir domicilio en los términos de los numerales precedentes.
En ese sentido y de los datos del proceso, se evidencia que ante la compra del anillo y la falta de emisión de la factura, el comprador realizó la denuncia respectiva ante el SIN conforme el Formulario de Denuncia Nº 003/2012 de fs. 2 del Anexo 1, evidenciándose como lugar de la contravención o delito: la calle 25 de mayo Nº S-0236 entre Bolívar y Sucre, domicilio en el cual se encuentra una Sucursal de la Joyería Venecia; sin embargo, no se encontraba tal dirección registrada en el Padrón de Contribuyentes; por lo que, dentro del proceso de verificación, la Administración Tributaria de acuerdo a sus amplias facultades establecidas en el art. 100 del CTb, fijó como domicilio aquel que se encuentra registrado como principal en el Sistema Integrado de Recaudo para la Administración Tributaria (SIRAT); el cual es el ubicado en la calle 25 de mayo Nº S-151, edificio San Francisco: PB Zona central y que concuerda con el domicilio fiscal establecido en el Certificado a la Calidad Nº 1205 de fs. “3.1” del Anexo 1 de antecedentes administrativos, por lo que, de una revisión de los datos del proceso, se advierte que no refleja en obrados que se hubiese operado el cambio de domicilio tributario por otro diferente al que se encontraba registrado en el SIRAT; consecuentemente, no correspondía al SIN Cochabamba clausurar el domicilio fiscal que señala la parte recurrente en su recurso, ni el de su residencia habitual o permanente puesto que el art. 70.3 del CTb establece como obligación tributaria del sujeto pasivo: “Fijar domicilio y comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se considerará subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo” (sic); por consiguiente, ordenó la clausura del domicilio que se encontraba registrado por el propio contribuyente en el sistema SIRAT de la entidad tributaria y correctamente lo consideró el SIN cómo subsistente porque así lo establece la propia Ley descrita, por lo que, no procede la nulidad de la Resolución Sancionatoria emitida por la Administración Tributaria como erradamente alega la parte recurrente en el numeral 3) de su recurso (las negrillas son añadidas).
Por último, respecto al numeral 4) de su recurso de casación, referido a la vulneración al debido proceso en su componente esencial del derecho a la defensa porque el plazo probatorio establecido fuere inconstitucional; cabe señalar que, de acuerdo a la normativa descrita en el acápite “Doctrina aplicable al caso”, se describió la normativa referida al procedimiento que se debe aplicar para las Contravenciones Tributarias; es así que, el art. 168 del CTb, parágrafo IV establece que “En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando el procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la mitad” (sic), por lo que, se advierte que es la propia ley que, de manera expresa autoriza a la Administración Tributaria reducir el plazo a la mitad; es decir, a 10 días cuando se traten de casos de “denuncias” de Contravenciones Tributarias, aspectos que acontecieron en el presente caso conforme se evidencia del Formulario de Denuncias Nº 003/2012 de 19 de enero realizado por el comprador del anillo, el Sr. René Arteaga Pabón, por lo que no resulta evidente el reclamo de la parte recurrente en este aspecto (ver fs. 2 del Anexo 1); más aún si consideramos que, para que una disposición sea considerada inconstitucional, se debe tener presente que el art. 14 del Código Procesal Constitucional (CPCo)-Ley Nº 254 de 5 de julio de 2012, dispone: “La sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma del ordenamiento jurídico, no dará lugar a la revisión de sentencias que tengan la calidad de cosa juzgada, ni a la revisión de los actos realizados con la norma cuando se presumía constitucional” (Textual), concordado con el art. 4 del mismo cuerpo legal que establece la presunción de constitucionalidad de toda norma de los Órganos del Estado en todos sus niveles, en tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional no declare su inconstitucionalidad.
Asimismo, en el sistema jurídico boliviano se reconoce y protege la presunción de constitucionalidad en nuestras normas; es decir, de toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles, hasta tanto que, el Guardián de la Constitución resuelva y declare de manera expresa su inconstitucionalidad, conforme lo establece expresamente también el art. 5 de la Ley Nº 027 del 06 de julio de 2010-Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP); por lo que, no existió vulneración alguna al debido proceso en su componente derecho a la defensa por la aplicación del plazo probatorio de 10 días porque el art. 168.IV del CTb expresamente lo permite, el cual es constitucional hasta que se emita su inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional Plurinacional conforme el art. 101 de la LTCP.
Por lo expuesto y al imponerse la sanción de clausura de 6 días del establecimiento del contribuyente conforme lo establece la Ley, fue previo proceso de verificación, en el que se respetaron todos los derechos inherentes a la garantía del debido proceso, entre los cuales se encuentra el derecho a la defensa del contribuyente Héctor Pérez Zurita, que implicó a su vez, entre otros elementos, la notificación legal con el hecho que se le imputaba al afectado, y con todas las actuaciones y resoluciones posteriores; por lo que no resulta cierto el agravio de vulneración al debido proceso en su componente esencial del derecho a la defensa como erradamente alega el recurrente en su recurso de casación (las negrillas son añadidas).
Que, por todo lo anteriormente expuesto y en el marco legal descrito; se concluye que, el Tribunal de Alzada no incurrió en errónea aplicación de normas acusadas de infracción, al confirmar la Sentencia de primera instancia, por lo que corresponde aplicar el art. 220.II del CPC-2013, con la facultad permisiva de los arts. 214 y 297 de la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992, Procedimiento Contencioso Tributario, vigente en virtud de la Sentencia Constitucional Nº 76/2004 de 16 de julio de 2004 y 74.2 del CTb.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la Constitución Política del Estado y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 93 a 96, interpuesto por Héctor Pérez Zurita, contra el Auto de Vista N° 041/2016 de 28 de septiembre (fs. 82 a 85), pronunciado por la Sala Primera Social y Administrativa, Contenciosa y Contencioso Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de la ciudad de Cochabamba; dentro del proceso Contencioso Tributario.
Con costas y costos conforme los arts. 221 y 223.V.2 del CPC-2013.

References: Resolución 
in dubio
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 4
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución