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Timestamp: 2019-05-25 02:52:54+00:00

Document:
REPÚBLICA DE COLOMBIA Impugnación de Tutela 67237
A/. Tecnología Médica Ltda
Aprobado Acta No. 180
Bogotá, D.C., trece (13) de junio de dos mil trece (2013)
Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta contra el fallo del 19 de marzo de 2013 proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, por cuyo medio negó la acción de tutela impetrada por ADOLFO ENRIQUE GUELL SÁNCHEZ, representante legal de la empresa TECNOLOGÍA MÉDICA Ltda., en contra de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y Salud y de la Protección Social, Fiduprevisora S.A., Fiduagraria S.A. y el Empresa Social del Estado ‘José Prudencio Padilla en liquidación’, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, trabajo, dignidad humana e igualdad.
Fueron reseñados en el fallo de primera instancia así1:
“El accionante en su escrito manifestó que es el representante legal de la Empresa ‘Tecnología Médica Ltda.’, con NIT 800116118-1, ubicada en la calle 42 N° 41-56 oficina 204. Calidad con la cual participó de un proceso licitatorio, por lo que suscribió con la Empresa Social del Estado ‘José Prudencia Padilla’ contratos de suministros de elementos médicos, los cuales ejecutó cumplidamente, pero no le fueron cancelados.
Por medio del Decreto 2506 del 29 de julio de 2006, el Gobierno Nacional, ordenó la supresión y liquidación de la premencionada empresa. En razón de ello, se inició el correspondiente proceso liquidatorio, conforme al Decreto 254 de 2000 y el Decreto 2505 de 2006, donde se presentó oportunamente la reclamación de los créditos adeudados dentro de las fechas establecidas, es decir, entre el 18 de agosto y el 18 de septiembre de 2006.
Como consecuencia de dicha reclamación, la entidad que viene en mención, expidió a través de su liquidador FIDUAGRARIA S.A., la resolución ROA N° 003-07, del 4 de enero de 2007, en la cual se reconoce la Reclamación N° de Radicado 446, consistente en la acreencia a favor de la empresa ‘Tecnología Médica Ltda..’,por la suma de doscientos dieciocho millones quinientos veintisiete mil quinientos treinta y un pesos ($218.527.531.oo), como acreedor perteneciente a la quina clase, conforme a las reglas señaladas 2494 a 2511 del Código Civil.
Se interpuso Recurso de Reposición, contra la citada Resolución ROA N° 003-07, debido a que no se reconocieron todas las acreencias, el cual fue resuelto con la Resolución ROA 055-7 del 21 de febrero de 2007, por medio de la cual se reconoce el crédito adecuado en un monto total de trescientos veintitrés millones ciento noventa y dos mil seiscientos cuarenta y tres pesos ($323.192.643.oo), de esa cantidad, el día 25 de agosto de 2009, la entidad accionada abonó la suma de $44.920.090.05, restando un total adeudado de doscientos setenta y ocho millones doscientos setenta y dos mil quinientos cincuenta y dos pesos, con noventa y cinco centavos ($278.272.552.95).
El accionante expresó que ha sido diligente en la guarda de sus intereses en cuanto al proceso liquidatorio, logrando el reconocimiento de los créditos citados anteriormente, y el pago apenas parcial de lo adeudado, pero declaró que dicho proceso ha sido demorado en exceso, sin justificación, desnaturalizando así la esencia del proceso liquidatorio y el pago de acreedores, que debió surtirse en tan sólo un año y ya van cerca de 6.
El Sr. Guell Sánchez arguyó que la demora injustificada le ha ocasionado graves perjuicios económicos, a tal punto que ha llevado a la empresa ‘Tecnología Médica Ltda..’ a descapitalizarse y a sumirse en un mundo de deudas y con la DIAN. Habida cuenta de que no se ha podido recuperar de tal inversión, y ésta empresa es su única fuente de ingresos que tiene con su familia, lo cual ha generado a que pasen por múltiples necesidades personales y de salud.
El tutelante alegó que presenta serios quebrantos de salud, que es perseguido por sus acreedores judicial y extrajudicialmente, entre esos la DIAN, arguyó que vive de la caridad de sus familiares y amigos, que tiene los servicios públicos suspendidos, que tiene a su cargo 2 hijos menores de edad, su empresa descapitalizada y a su edad 52 años, dice le es muy difícil acceder al mercado laboral.
Expresó el actor que si bien ha acudido inicialmente al mecanismo legal contemplado para estos casos, y es la reclamación de créditos dentro del proceso liquidatorio de la ESE ‘José Prudencio Padilla en liquidación’, observa que este mecanismo ha sido lento y no ha dado una solución pronta y efectiva a su reclamación, por lo que alegó se le está causando un perjuicio irremediable.”
Por lo anterior solicitó “…se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, al trabajo, a la dignidad humana e igualdad material, y en consecuencia se ordene que en un término no mayor a 48 horas, se cancele la totalidad de los dineros adeudados por el reconocimiento en el proceso liquidatorio, que asciende a la suma de doscientos setenta y ocho millones doscientos setenta y dos quinientos cincuenta y dos pesos, con noventa y cinco centavos ($278.272.552.95)”
1. FIDUAGRARIA S.A., informó que:
1.1. Fungió como liquidadora durante el período comprendido entre el 29 de julio de 2006 y 30 de mayo de 2008, de conformidad con los Decretos 2505 de 2006, 2867, 4894 de 2007 y 900 de 2008 y perdió competencia para representar judicial y extrajudicialmente a la ESE, en tanto dejó de existir el 30 de mayo de 2008.
1.2. Celebró contrato de fiducia mercantil de administración, inversión y pagos No. 3-1-0373 el 30 de mayo de 2008 para la constitución y administración del patrimonio autónomo con la Fiduprevisora S.A., siendo ésta la encargada del pago de los pasivos y contingencias de la extinta ESE, para lo cual se le entregó con anterioridad al cierre liquidatorio la totalidad de los procesos judiciales iniciados.
1.3. Carece de legitimación en la causa por pasiva, pues no existe relación contractual con el accionante, máxime cuando no es cesionaria, ni subrogataria de las obligaciones adquiridas por la extinta entidad.
1.4. Cuenta el actor con el proceso ordinario para reclamar sus intereses y contraviene con su demanda el principio de la inmediatez.
2. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso a la petición de amparo, por cuanto:
2.1. No es sucesor procesal de la ESE y los actos administrativos emitidos por Fiduagraria no incorporan la voluntad de esa cartera.
2.2. El proceso de liquidación estuvo regulado por el Decreto 254 y la Ley 1105, por lo tanto las reclamaciones patrimoniales y económicas se integraron a los pasivos y contingencias de la ESE, exigibles judicialmente.
2.3. No intervino en dicho proceso, tan sólo en su calidad de administrador del Presupuesto General de la Nación y por disposición del Decreto 2709, situó recursos para que el Ministerio de la Protección Social saldara obligaciones laborales de la ESE.
2.4. Cuenta el accionante con otros mecanismos de defensa, razón por la cual se desconoce la naturaleza residual de la acción de tutela.
3. FIDUPREVISORA S.A, solicitó la improcedencia de la acción, al considerar que:
3.1. Su relación con la ESE se limitó a servir como fiduciario conforme con el contrato suscrito con Fiduagraria, por tal motivo su función se limita a la administración de los recursos y activos fideicomitidos a fin de realizar los pagos a que hubiera lugar hasta la concurrencia de los mismos.
3.2. El mecanismo constitucional no es procedente por cuanto no es el indicado para dirimir litigios civiles, comerciales o contenciosos.
3.3. Revisado el contrato de fiducia aparece la empresa del quejoso relacionada dentro del anexo 15 (relación acreedores reclamantes oportunos con créditos quirografarios reconocidos pendiente de pago y eventual pago de prorrata), para lo cual se impartieron unas instrucciones y conforme a éstas se abonó el 15% del valor total de las acreencias.
3.4. El pago está sujeto a la existencia de recursos y actualmente el patrimonio autónomo no cuenta con los necesarios para atender las obligaciones quirografarias, razón por la cual se debe esperar a que se trasladen más.
3.5. No existe nexo causal entre la mentada obligación y las condiciones de vida del actor y éste dejo transcurrir más de tres años desde el último pago para acudir al instrumento tutelar.
3.6. No ha vulnerado el derecho a la igualdad, ni el debido proceso, pues el quejoso ha recibido el mismo tratamiento que las demás empresas ubicadas en el anexo 15.
4. El Ministerio de Salud y Protección Social, por su parte, refirió:
4.1. La demora en el pago del crédito no ha sido injustificada, dado que el procedimiento de reconocimiento, graduación y calificación del mismo se ejecutó conforme con las normas que rigen los procesos de liquidación.
4.2. El hecho que la acreencia hubiera sido reconocida no trae como consecuencia necesaria su pago, pues es frecuente que los créditos sin preferencia no queden aprovisionados, siendo el del quejoso uno de quinta clase que no tiene ninguna de acuerdo con lo previsto en el art. 2509 del Código Civil.
4.3. Atendiendo la reserva del diez por ciento de la deuda existente, a los acreedores quirografarios se les pagó a prorrata el 15%.
4.4. No se niega que tales deudas se han pagado lentamente, pero dicha situación se debe a la inexistencia de recursos y en virtud a que el recaudo de dinero se supedita a la liberación de recursos respecto de provisiones realizadas en procesos en los cuales se dicte sentencia favorable a la extinta ESE.
4.5. No vulneró derecho fundamental alguno pues no es responsable del pago y adelantó el procedimiento conforme con las pautas legales aplicables; además la acción se presenta luego de tres años de haberse constituido el patrimonio autónomo de remanentes.
3. EL FALLO IMPUGNADO
La Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla en fallo del 19 de marzo del año en curso, negó la demanda de tutela, bajo las siguientes razones:
1. Con posterioridad a la liquidación de la ESE, se constituyó el PAR ESE José Prudencio Padilla, mediante contrato mercantil No. 3-1-0373, convenio que se ajusta a los lineamientos de igualdad y debido proceso que rigen los trámites concursales y post- concursales, al disponer que los pagos se realizaran a prorrata cuando existan reservas superiores al 10%.
2. No se probó la tardanza injustificada para el desembolso de los pagos.
3. No se quebrantó el principio de la igualdad, pues las normas de prelación de créditos se encaminan a garantizar el pago en atención a especiales circunstancias económicas de determinadas personas que contrataron con la entidad y, acceder a la pretensión del actor sería poner en riesgo las expectativas económicas de los demás acreedores quirografarios.
4. La reclamación del accionante es ajena a la naturaleza de la acción, en la medida que las controversias sobre el pago de origen contractual deben surtirse mediante las acciones ordinarias sean civiles o contencioso administrativas.
5. No todo menoscabo en el patrimonio de las personas tiene la potencialidad para degradar el estándar de vida de las personas por debajo de rangos dignos y tolerables, además el accionante se encuentra vinculado al régimen contributivo de salud y su evaluación de salud general fue bueno, lo cual desacredita los argumentos relacionados con la afectación del mínimo vital.
ADOLFO GUELL SÁNCHEZ impugnó el fallo, así:
1. Exigirle probar el aprovisionamiento de recursos o la demora injustificada, significa imponer un altísimo gravamen para acceder a la protección de sus derechos fundamentales.
2. Dentro de la categoría que como acreedor se le ubica, debe darse un tratamiento diferenciado porque su condición personal es distinta a los demás acreedores.
3. Dada la extinción de la entidad no es posible iniciar otros procesos judiciales, pues no ostenta capacidad para ser parte.
4. El pago de su crédito es el medio para garantizar los derechos fundamentales reclamados, dada sus precarias condiciones de vida ante la descapitalización de su compañía.
1. Es competente la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para resolver la impugnación interpuesta contra la sentencia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla conforme con lo dispuesto por el numeral 2° del Artículo 1° del Decreto 1382 de 2000.
2. Suficiente ha sido la divulgación frente al artículo 86 de la Constitución Política en cuanto establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial o existiendo, cuando la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio de carácter irremediable, el que de ninguna manera se avizora.
3. En el presente caso, la queja del actor radica en el no pago del saldo a favor de la empresa ‘Tecnología Médica Ltda.’, de la cual es su representante legal, luego de culminado el proceso de liquidación de la ESE ‘José Prudencio Padilla’ en el año 2008.
4. Al respecto, importante resulta destacar la jurisprudencia constitucional frente a la procedencia de la acción de tutela para exigir el pago de acreencias contractuales:
“Se ha establecido como regla general la improcedencia de tutela para el cobro de obligaciones dinerarias frente a entidades en liquidación. En efecto, “a los liquidadores no les es posible, por el solo hecho de mediar una solicitud, atender favorablemente las peticiones de trato excepcional invocadas por los acreedores, así estas se fundamenten en la discriminación generada por un trato igualitario, puesto que éstos operadores jurídicos deben aplicar el procedimiento liquidatorio previsto en la legislación, en el cual no se establece, porque no cabría hacerlo, el otorgamiento de privilegios distintos a los que en forma general y abstracta prevé el mismo ordenamiento”2. Sin embargo, lo anterior no ha sido óbice para que en casos extraordinarios en los cuales se ha probado claramente la conexidad que existe entre la protección del mínimo vital y el pago de tal deuda, procede la tutela.
Tal es el caso de los acreedores de entidades financieras que por pertenecer a la tercera edad, merecieron un trato diferencial por parte de las entidades financieras que estaban en liquidación, para que éstas devolvieran los ahorros de los accionantes3. No obstante, en estos casos se ha dejado claro que es necesario probar la relación entre la omisión de pago y la garantía del mínimo vital del accionante. Al respecto dijo la Corte:
“No obstante, teniendo en cuenta que son diversas las situaciones que representan un trato discriminatorio, la simple indiferencia, la conducta hostil, el trato displicente o la omisión de actos positivos que resulten útiles para atemperar o hacer desaparacer la diferencia, se ha considerado necesario que el juez verifique la conexidad entre la situación de discriminación a que se somete a una persona y el acto acusado de generarla, o la actitud omisiva que la esta haciendo posible4, como también que verifique la real situación en que se encuentra el accionante, puesto que, sin discutir la necesidad de que toda discriminación desaparezca, se presentan casos en los cuales, debido a que no se está frente a un perjuicio irremediable y en la legislación se encuentra previsto un procedimiento para remediar la desigualdad, la acción de tutela no es procedente.5” 6(subrayas ajenas al texto)
Del sólo hecho de pertenecer al grupo poblacional de la tercera edad, si bien el Estado, la sociedad y la familia deben concurrir para la protección de éste (art. 46 Constitución Política), no se deriva la vulneración del mínimo vital por el no pago de una deuda.” 7
Posición que ha extendido a procesos de reestructuración de entidades del orden nacional:
“Así, cuando se trata de exigir el pago de acreencias contractuales, la acción de tutela está sometida a un régimen de excepcionalidad; vale decir, sólo procede cuando se acredite que con ella puede evitarse la ocurrencia de un perjuicio irremediable. De hecho, cuando lo que se solicita por su conducto es el pago de una acreencia contractual de una entidad en proceso de reestructuración de pasivos, las causales de procedencia son aún más restrictivas (…)”8
4.1. En el asunto bajo análisis, el actor en su condición de representante de la empresa ‘Tecnología Médica Ltda.’ acudió al proceso liquidatorio en los términos de Decreto 2505 de 2006 y reclamó su crédito en las fechas establecidas, habiéndose reconocido a favor de la mentada sociedad una acreencia por valor de $323.192.643, de la cual se abonaron $44.920.090.05 el 25 de agosto de 2009, como acreedor quirografario y conforme con el capital residual.
Ello de acuerdo con el Decreto 2505 de 2006 (por el cual se suprime la Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla y se ordena su liquidación) y el Decreto-Ley 254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006 (por el cual se expiden normas para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional), que facultan al liquidador para gestionar y finiquitar tal proceso, previó reconocimiento de activos y pasivos de la entidad suprimida.
Y que a su turno, le permitió una vez culminado tal proceso la creación de un patrimonio autónomo con el que se atendiera las acreencias insolutas y contingentes y que para el caso nació con el contrato de fiducia mercantil No. 3-1-0373 del 30 de mayo de 2008 suscrito con Fiduprevisora S.A., que en su cláusula décima, parágrafo segundo, estableció las condiciones para abono y pago de las relacionadas en el mismo de acuerdo con la reserva efectuada para tal fin.
Situación que no se advierte irregular o contraria al debido proceso, pues precisamente consultó con las pautas fijadas para la extinción de la empresa social del Estado y que, dado el déficit de capital dejó deudas insolutas, entre otras, la referida por el libelista.
4.2. Sin que sea posible por vía de tutela modificarlas o entrar a terciar en un pago diferente al anunciado por el liquidador, pues precisamente, fue en dicho proceso donde se estableció el pasivo y activo de la entidad y la forma de sufragar el primero, se reitera, conforme con el orden de prelación de créditos establecido en la normatividad civil Colombiana.
4.3. No se observa además la vulneración o peligro inminente de los derechos fundamentales alegados por el demandante, entre ellos, el mínimo vital, salud o dignidad humana, como quiera que estos no son atribuibles a una persona jurídica9 y ha de tenerse presente, que la acreencia reclamada se originó a favor de la empresa ‘Tecnología Médica Ltda.’ y por no a título personal del quejoso, quien finalmente es su representante legal.
4.4. Tampoco se puede afirmar la violación al derecho a la igualdad, pues no se acreditó ni aparece evidencia alguna de un trato discriminatorio de la compañía frente a otras sociedades ubicadas en el mismo orden de pago, por el contrario, de acuerdo con lo informado por Fiduprevisora las acreencias fueron canceladas en un 15%.
5. Lamentable puede ser la situación de la empresa a la cual representa el demandante, empero no es la acción de tutela la vía para pretender la suma de dinero que reclama, más aún cuando dejo transcurrir más de cuatro años a partir de la liquidación de la ESE ‘José Prudencio Padilla así como desde el abono realizado a la deuda”, circunstancia que contraviene el principio de inmediatez que rige la acción tutelar.
5.1. A lo cual se suma, que no agotó los mecanismos de defensa judicial que tenía a su alcance, especialmente, ante la jurisdicción contenciosa administrativa, toda vez que de acuerdo con el artículo 6 del Decreto 2505, los actos del “Liquidador relativos a la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos y, en general, los que por su naturaleza constituyan ejercicio de funciones administrativas, son actos administrativos y serán objeto de control por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (…)”
6. Así las cosas, no resulta posible acceder al pedimento de amparo, pues no se verifican las condiciones para que el juez de tutela intervenga en un asunto ajeno a su competencia y sólo le resta, esperar a que se liberen recursos adicionales para que se continúe con el pago de los pasivos.
Las anteriores razones llevan a la Sala a confirmar la sentencia impugnada.
En razón de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, en Sala de Decisión de Tutela, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
Primero-. Confirmar el fallo objeto del recurso.
Segundo-. Notifíquese esta decisión en la forma prevista por el Decreto 2591 de 1.991.
Tercero.-. Remítase el asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
1 Fol. 290 cno. Tribunal
2 Ver sentencia T-510/00, M.P. Alvaro Tafur Galvis
3 Ver sentencias T-735/93, T-481/00 y T-1230/01
4 consultar entre otras T-125/94, T-326/96. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
5 Cfr.T-288/95.
6 Ver sentencia T-510/00, M.P. Alvaro Tafur Galvis (En esta ocasión se negó el amparo de tutela a una de los accionantes que reclamaba el pago de un CDT ante el Banco del Pacífico porque no existía prueba de la necesidad del pago de estos dineros para la garantía de su mínimo vital. El sólo hecho de que una persona pertenezca a la tercera edad no implica que el no pago de una acreencia vulnere su mínimo vital)
7 Corte Constitucional, Sentencia T-146 de 2002
8 Corte Constitucional, Sentencia T-071 de 2008
9 Véase Corte Constitucional, Sentencia T-071 de 2008

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 1
 artículo 86
 artículo 6