Source: https://supremo.vlex.es/vid/551913502
Timestamp: 2019-08-25 04:09:52+00:00

Document:
STS 832/2014, 12 de Diciembre de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 551913502
Número de Resolución: 832/2014
En el recurso de casación por quebrantamiento de forma, e infracción de Ley que ante Nos pende, interpuesto por Filomena , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, Sección Segunda, que condenó a la acusada como autora penalmente responsable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación y Fallo, bajo la Presidencia del Primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre, siendo también parte el Ministerio Fiscal y como parte recurrida Inocencio , Marina y Viajes Drago, SA., representados por los Procuradores Sres. Sánchez Nieto y Auberson Quintana-Lacaci respectivamente, y dicha recurrente representada por la Procuradora Sra. González González.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas, incoó Procedimiento Abreviado con el número 45 de 2009, contra Filomena , y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, cuya Sección Segunda, con fecha 27 de marzo de 2014, dictó sentencia , que contiene los siguientes:
HECHOS PROBADOS: Son hechos probados, y así se declara expresamente, que la acusada Filomena , mayor de edad, nacida el NUM000 de 1978, sin antecedentes penales, aprovechando sus contactos con los miembros de la Comunidad Coreana en la isla de Gran Canaria así como con algunos empleados de la agencia Viajes Drago, de Las Palmas de Gran Canaria, vino interesando de la misma la emisión de billetes de avión para terceras personas, miembros de la comunidad coreana en la Isla de Gran Canaria, con destino a Corea billetes que ella recibía y que entregaba al viajero que le abonaba el precio del mismo en efectivo procediendo ella a su vez a satisfacer su importe a Viajes Drago.
Aprovechando tal circunstancia la acusada, sin el conocimiento de la agencia de viajes ni su consentimiento, pasó a quedarse para ella con una parte del importe del los billetes que le era entregado en efectivo por los viajeros algo que no fue detectado por la agencia de viajes dado que iba pagando ,a través del procedimiento de crédito antes descrito, parte de las facturas que se iban generando de manera que la agencia de viajes, al ir recibiendo, aunque fuese con algo de retraso, parte del valor de los billetes de avión emitidos continuó atendiendo sus peticiones dada la relación comercial que habían venido manteniendo durante meses y el volumen de negocio que generaba con la comunidad coreana en la isla; esta forma de actuar continuó hasta que ya en el mes de junio de 2008, y dado el volumen tan elevado de billetes de avión que manejaba, a la acusada ya no le bastaba con lo que percibía por los nuevos billetes de avión que vendía para cubrir la parte del precio de los que ya se le habían entregado con anterioridad, y que se había quedado para ella, generándose así una deuda tan importante que por Viajes Drago S.A. le fue reclamado, para poder continuar facilitándole los billetes que solicitaba, el abono de lo adeudado momento en el que Filomena , consciente de que no podía hacer frente a la reclamación, y con la intención de continuar recibiendo nuevos billetes de avión con destino a miembros de la comunidad coreana, entregó a la agencia de viajes una serie de cheques y pagarés, que pertenecían a terceras personas no clientes de la agencia, que no habían adquirido billete de avión alguno y que no habían autorizado los mismos, efectos cambiarios estos que habían sido rellenados y firmados por ella misma, todo ello para aparentar una solvencia de la que carecía y con lo cual consiguió que Viajes Drago S.A., desconocedora de las referidas circunstancias, en la creencia de que de esta forma recibiría el precio de los billetes ya entregados, continuara emitiendo los billetes que Filomena seguía solicitando hasta que los efectos cambiarios referidos comenzaron a resultar devueltos momento en el que, tras hablar con ella la administradora de la agencia, admitió no disponer del dinero necesario para hacer frente a la deuda acumulada.
En concreto la acusada entregó a Viajes Drago los siguientes efectos:
-Cinco pagarés del BBVA emitidos contra la cuenta NUM001 , cuyo titular era Aureliano , y que había sido cancelada en el año 2004, por importe de 5.000 euros, en el caso de los dos fechados el 9 y 10 de julio de 2008, de 10.228,63 euros, en el caso del fechado el 13 de julio y por un total de 24.715,32 euros y de 27.418,99 en el de los dos fechados el 14 de julio de 2008 en todos los cuales imitó la firma del legitimo titular de la cuenta.
- Dos pagarés emitidos contra la cuenta corriente domiciliada en Banco de Santander número NUM002 , de la que era titular Aureliano , por importe de 7.248,48 euros, en el caso del fechado el 10 de julio de 2008 y de 7.578,25 euros, en el fechado el 11 de julio de 2008, todos ellos impagados por falta de fondos y que tampoco fueron elaborados por su titular sino por la acusada.
- Un cheque de la entidad Caja del Mediterráneo, emitido contra la cuenta corriente NUM003 , con fecha 19 de julio de 2008, por importe de 3.197,69 euros, y un pagaré por importe de 15.896,95 euros, emitido el 11 de julio de 2008, contra la misma cuenta, que nuevamente resultaron impagados por falta de fondos y en los que imitó la firma del titular Aureliano que no consta que tuviese conocimiento de tales circunstancias ni del uso que la acusada daba a las mencionadas cambiales.
-Un pagaré por importe de 2.782,33 euros con cargo a la cuenta NUM004 , domiciliada en Banco Popular y de la que es titular la mercantil Amadas Trading S.A. que igualmente resultó impagado.
El importe total de los billetes recibidos por la acusada y no abonado asciende a 69.798,66 euros.
No se ha demostrado la forma en la que la acusada se haya hecho con los cheques y pagarés citados, emitidos contra cuentas de Aureliano .
Tampoco se ha demostrado que Inocencio , empleado Viajes Drago, aprovechando la ausencia por maternidad de Marina , llegase a acuerdos de colaboración comercial con la acusada diferentes a los que ya mantenía con dicha mercantil
FALLO: QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS a Filomena , ya circunstanciada, como autora penalmente responsable de un delito CONTINUADO DE ESTAFA EN CONCURSO MEDIAL CON UN DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL, ya definidos, en grado de consumación, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de PRISIÓN DE CUATRO AÑOS Y NUEVE MESES, que lleva aparejada la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y MULTA DE DIEZ MESES Y QUINCE DÍAS, con una cuota diaria de cuatro euros, y responsabilidad personal subsidiaria, en caso de impago, de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, CON UN LÍMITE MÁXIMO DE TRES MESES, al abono de dos terceras partes de las costas procesales, incluidas las de las acusaciones particulares, y a que indemnice a Viajes Drago S.A. con la cantidad de 69.798,66 euros que devengará los intereses del art. 576.1 de la LEC desde la fecha de esta resolución hasta su completo pago.
QUE DEBEMOS ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a Inocencio de las pretensiones de indemnización en su contra formuladas por la acusación particular que representaba a Marina y a Viajes Drago S.A. imponiéndole a ésta el abono de las costas causadas por dicha pretensión.
Se ratifica el auto de insolvencia dictado por el instructor.
Es de abono a la condenada el tiempo que hubiese estado privada de libertad por esta causa a los efectos de la ejecución de la pena
Tercero.- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de Ley, por Filomena que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
PRIMERO.- AL AMPARO DEL ARTICULO 849.1 LECR POR APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTICULO 248 , 2501.5 E INAPLICACIÓN DEL ARTICULO 66.1.2 CP EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 21.6 CP .
SEGUNDO.- AL AMPARO DEL ARTICULO 849.2 LECR POR ERROR EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA
TERCERO.- AL AMPARO DEL ARTICULO 852 LECR POR VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.
Quinto.- Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto no estimó necesaria la celebración de vista oral para su resolución y solicitó la inadmisión y subsidiariamente la desestimación de los motivos segundo y tercero y apoya parcialmente el primer motivo por las razones expuestas en su informe; la Sala admitió el mismo quedando conclusos los autos para señalamiento de Fallo cuando por turno correspondiera.
Sexto.- Hecho el señalamiento se celebró la deliberación prevenida el día veintisiete de noviembre de dos mil catorce.
PRI,MERO: El motivo primero por infracción de Ley, precepto penal ( art. 849.1 LECrim .) se articula en diversos submotivos:
Inexistencia de precepto penal de estafa: 1) no utilización de engaño previo, y 2) no existencia de dolo o ánimo de lucro.
inexistencia de la agravante de abuso de confianza.
inexistencia del subtipo agravado del art. 250.1.5
inexistencia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.
infracción precepto penal por aplicación Código Penal no vigente.
Respecto a la inexistencia del delito de estafa tipificado en los arts. 248, 249 y 250.1.5, destaca el motivo la inexistencia del engaño previo, la recurrente actuaba, debido a sus contactos con la Comunidad coreana, como intermediaria entre la agencia "Viajes Drago" y los clientes coreanos para la adquisición de billetes, simplemente poniendo en contacto a ambas partes. Pero la recurrente jamás emitió los diferentes billetes de avión ni tampoco está acreditado que cobrara por dichas gestiones, simplemente era la persona encargada de conseguir a la agencia de viaje, potenciales clientes de nacionalidad coreana, pero era la agencia de viajes la única responsable tanto de la emisión de los billetes de avión como del cobro de los mismos.
Se insiste en que no existió ningún engaño pero porque la recurrente no ideó ninguna actuación tendente a esa equivoco y ni siquiera seria procedente, pues la actividad de Filomena empieza en Mayo 2008, mientras que los billetes no abonados son de junio y julio 2008, existiendo, por tanto, un mes de diferencia entre la presencia de la acusada como persona que presentaría a clientes coreanos y los billetes supuestamente emitidos y no cobrados debidamente.
Y por último hace hincapié en la falta de control o de autotutela de la víctima, que no pensó en la más mínima garantía para evitar la futura insolvencia, máxime cuando cada quince días debía justificar sus billetes a STA.
Argumentación de la recurrente que no debe ser asumida.
La vía casacional del art. 849.1 LECrim , obliga a respetar el relato de hechos probados de la sentencia recurrida, pues en estos casos solo se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre los hechos predeterminados, que han de ser los fijados al efecto por el Tribunal de instancia, salvo que hayan sido corregidos previamente por estimación de algún motivo fundado en el art. 849.2 LECrim . error en la apreciación de la prueba, o en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, art. 852 LECrim , y art. 5.4 LOPJ .
En efecto, como se dice en la STS. 121/2008 de 26.2 , el recurso de casación cuando se articula por la vía del art. 849.1 LECrim , ha de partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de la prueba. Se trata de un motivo de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el Tribunal sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos por infracción de Ley se guarde el mas absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de la juridicidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado.
Por ello, con harta reiteración en la practica procesal, al hacer uso del recurso de casación basado en el art. 849.1 LECrim . se manifiesta el vicio o corruptela de no respetar el recurrente los hechos probados, proclamados por la convicción psicológica de la Sala de instancia, al interpretar soberanía y jurisdiccionalmente las pruebas. Mas que modificándolos radicalmente en su integridad, alterando su contenido parcialmente, condicionan o desvían su recto sentido con hermenéutica subjetiva e interesada, o interpolando frases, alterando, modificando, sumando o restando a la narración fáctica extremos que no contiene para expresar intenciones inexistentes o deducir consecuencias que tratan de desvirtuar la premisa mayor o fundamental de la resolución que ha de calificarse técnicamente en su tipicidad o atipicidad y que necesita de la indudable sumisión de las partes.
Efectuada esta precisión previa, hemos declarado con reiteración ( SSTS. 483/2012 de 7.6 , 987/2011 de 5.10 , 909/2009 de 23.9 , 564/2007 de 25.6 , 229/2007 de 22.3 , entre otras, que el engaño típico en el delito de estafa es aquél que genera un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien jurídico tutelado y concretamente el idóneo o adecuado para provocar el error determinante de la injusta disminución del patrimonio ajeno. La doctrina de esta Sala (Sentencia 17 de noviembre de 1999 y Sentencia de 26 de junio de 2000, núm. 634/2000 , entre otras) considera como engaño "bastante" a los efectos de estimar concurrente el elemento esencial de la estafa, aquél que es suficiente y proporcional para la efectiva consumación del fin propuesto, debiendo tener la suficiente entidad para que en la convivencia social actué como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, valorándose dicha idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto engañado y de las demás circunstancias concurrentes en el caso concreto. La maniobra defraudatoria ha de revestir apariencia de realidad y seriedad suficiente para engañar a personas de mediana perspicacia y diligencia, complementándose la idoneidad abstracta con la suficiencia en el específico supuesto contemplado.
En definitiva, ordinariamente, en la estafa, el engaño es antecedente a la celebración del contrato, y el sujeto activo del delito conoce de antemano que no podrá cumplir con su prestación, y simulando lo contrario, origina un error en la contraparte, que cumple con su prestación, lo que produce el desplazamiento patrimonial que consuma el delito. La modalidad fraudulenta atribuida es la de los denominados «negocios jurídicos criminalizados», en los que el señuelo o superchería que utiliza el defraudador es el propio contrato, con apariencia de regularidad, a través del cual y previamente el estafador piensa aprovecharse económicamente del cumplimiento del otro y de su propio incumplimiento ( STS 684/2004, de 25 de mayo ).
Pero bien mirado, como precisa la STS. 121/2013 de 25.1 , el antecedente en el delito de estafa no es propiamente el engaño inmediatamente anterior al contrato, sino previo al error que produce el desplazamiento patrimonial. Ello podría tener alguna significación en los contratos de tracto único, con inmediata entrega de contraprestaciones recíprocas, pero de modo alguno en los contratos de tracto sucesivo, siempre que el engaño pueda ser puesto en escena en el transcurso de tal relación contractual, exigiendo a la parte contraria el cumplimiento de la suya, bajo cualquier ardid que constituya tal modalidad comisiva, integrante de engaño bastante.
En muchos casos, la inicial normalidad en el cumplimiento de sus obligaciones, genera una expectativa de seriedad en las relaciones comerciales de la misma que constituye el engaño determinante de las transmisiones patrimoniales efectuadas a su favor por una de las partes, finalmente perjudica a la contraria como consecuencia del ardid desplegado ( STS 688/2003, de 9 de mayo ).
Hemos repetido en nuestra STS 324/2008, de 30 de mayo , que el engaño surge cuando el autor simula un propósito serio de contratar, pero, en realidad, solo pretende aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones a que se obliga la otra parte, ocultando a ésta su decidida intención de incumplir sus propias observaciones contractuales para instrumentalizarlas al servicio de un ilícito afán de lucro propio, desplegando unas actuaciones que desde que se conciben y planifican prescinden de toda idea de cumplimiento de contraprestaciones previamente asumidas con regularidad negocial. Se trata de la defraudación de una expectativa contractual, otras veces denominada negocio jurídico criminalizado. Por consiguiente, cuando ello ocurre, y se incurre en delito, no puede hablarse de resolución contractual, actos de intimación, requerimientos de pago, etc. porque nos encontramos ante un actuar no solamente ilícito, sino delictivo, en donde no tienen cabida tales resortes contractuales, propios de una relación obligacional, regulada en las leyes civiles.
- La aplicación de la doctrina expuesta al supuesto de autos conduce a concluir que no se ha producido la infracción de los preceptos penales denunciada.
Aprovechando tal circunstancia la acusada, sin el conocimiento de la agencia de viajes ni su consentimiento, pasó a quedarse para ella con una parte del importe del los billetes que le era entregado en efectivo por los viajeros algo que no fue detectado por la agencia de viajes dado que iba pagando ,a través del procedimiento de crédito antes descrito, parte de las facturas que se iban generando de manera que la agencia de viajes, al ir recibiendo, aunque fuese con algo de retraso, parte del valor de los billetes de avión emitidos continuó atendiendo sus peticiones dada la relación comercial que habían venido manteniendo durante meses y el volumen de negocio que generaba con la comunidad coreana en la isla; esta forma de actuar continuó hasta que ya en el mes de junio de 2008, y dado el volumen tan elevado de billetes de avión que manejaba, a la acusada ya no le bastaba con lo que percibía por los nuevos billetes de avión que vendía para cubrir la parte del precio de los que ya se le habían entregado con anterioridad, y que se había quedado para ella, generándose así una deuda tan importante que por Viajes Drago S.A. le fue reclamado, para poder continuar facilitándole los billetes que solicitaba, el abono de lo adeudado momento en el que Filomena , consciente de que no podía hacer frente a la reclamación, y con la intención de continuar recibiendo nuevos billetes de avión con destino a miembros de la comunidad coreana, entregó a la agencia de viajes una serie de cheques y pagarés, que pertenecían a terceras personas no clientes de la agencia, que no habían adquirido billete de avión alguno y que no habían autorizado los mismos, efectos cambiados estos que habían sido rellenados y firmados por ella misma, todo ello para aparentar una solvencia de la que carecía y con lo cual consiguió que Viajes Drago S.A., desconocedora de las referidas circunstancias, en la creencia de que de esta forma recibiría el precio de los billetes ya entregados, continuara emitiendo los billetes que Filomena seguía solicitando hasta que los efectos cambiarlos referidos comenzaron a resultar devueltos momento en el que, tras hablar con ella la administradora de la agencia, admitió no disponer del dinero necesario para hacer frente a la deuda acumulada.
- En lo que concierne a la negligencia de la agencia de viajes, debemos recordar, SSTS. 228/2014 de 26.3 , 42/2014 de 5.2 , 539/2013 de 27.6 , el calificativo de "bastante" que se predica en el precepto del engaño ha sido objeto tradicionalmente de gran discusión doctrinal, y en este sentido se ha considerado, de un lado, que tal elemento ha de interpretarse en términos muy estrictos entendiéndose que el engañador ha de representar una verdadera " mise en scene " capaz de provocar error a las personas más " avispadas " , mientras que, de otro, se parte de un concepto más laxo entendiéndose que el engañado puede ser el ciudadano medio, con conocimientos normales, de inteligencia y cuidado también normal, e incluso puede entenderse bastante cuando el estafador ha elegido a sus víctimas debido precisamente a su endeble personalidad y cultura ( STS. 1243/2000 de 11.7 ).
- Y en cuanto a la inexistencia del dolo o ánimo de lucro vuelve a insistir la recurrente en que jamas se ha apropiado de dinero alguno, sin que ninguno de los clientes coreanos haya sido llamado a declarar, y en que no hubo engaño precedente y previo que implicaría el ilícito penal.
El tipo subjetivo del delito de estafa requiere, además del ánimo de lucro, el llamado dolo defraudatorio consistente en el conocimiento por parte del autor de que se está engañando a otro, al producir en el mismo un engaño a través del escenario construido, de manera que determine el acto de disposición. La existencia de tal elemento, a causa de su naturaleza, es necesario obtenerla a través de una inferencia que basándose en datos de hecho acreditados, generalmente en la propia mecánica de los hechos, conduzca naturalmente a esa conclusión ( STS. 527/2004 de 26.4 ).
Respecto a la inexistencia de abuso de confianza al tratarse de una mera labor de comercialización o intermediación entre la agencia de viajes y los futuros potenciales clientes coreanos, sin que la amistad que pudiera tener la acusada con alguna de las empleadas de la agencia implique "per se" una situación de confianza que pudiera transgredirse mediante su abuso.
Ciertamente la agravación prevista en el art. 250.1.7ª CP . en cuanto se refiere a que el autor del delito cometa abuso de las relaciones personales que existan entre él y la víctima o se aproveche de su credibilidad empresarial o profesional, puede apreciarse con más claridad en los supuestos de estafa, en los que existe una maquinación engañosa previa al desplazamiento patrimonial en la que puede ser utilizada la facilidad que supone el abuso o aprovechamiento de aquellas circunstancias, que en los de apropiación indebida, en los que la recepción de la cosa o dinero se produce siempre en atención a una relación de confianza previa que el autor del delito quebranta posteriormente con su acción de apoderamiento ( STS núm. 2232/2001, de 22 de noviembre ).
Como estableció la STS núm. 1864/1999, de 3 de enero de 2000 , el número 7º del artículo 250 recoge dos especificaciones de un genérico abuso de confianza, caracterizadas por la naturaleza de la fuente que provoca la confianza quebrantada: de una parte la «credibilidad empresarial o profesional», del sujeto activo, que de este modo se aprovecha precisamente de la confianza que a la víctima produce su aparente capacidad y buen hacer como profesional o como empresario; y de otra parte el abuso de las «relaciones personales existentes» entre ambos. Agravación especifica del delito de estafa una figura que no participa plenamente de la anterior agravante de abuso de confianza, consistente en el "abuso de relaciones personales existentes entre la víctima y el defraudador o el aprovechamiento por éste de su credibilidad empresarial o profesional", caracterizadas ambas por la especial naturaleza de la fuente que provoca la confianza que se quebranta en la estafa.
La STS. 1218/2001 de 20.6 , precisa que la agravación especifica de abuso de relaciones personales junto al aprovechamiento de una credibilidad empresarial o profesional aparecen caracterizadas "por la especial naturaleza de la fuente que provoca la confianza", lo que supone que la aplicación de la agravación debe derivarse de una relación distinta de la que por si misma representa la relación jurídica que integra la conducta engañosa. Es decir, el presupuesto de la agravación responde a una confianza anterior y distinta de la que se crea con la conducta típica del delito de apropiación o estafa ( ssTS. 28.5.2002 , 5.4.2002 , 4.2.2003 , 5.11.2003 ).
En igual sentido la STS. 785/2005 de 14.6 , recuerda que hemos dicho ( STS 383/2004, de 24 de marzo ), que en cuanto a la apreciación del subtipo agravado previsto en el artículo 250.1.7 CP , abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, ha señalado la Jurisprudencia de esta Sala (ver STS núm. 890/03 ) que tal como señalan las Sentencias de 28 abril de 2000 y la 626/2002 , de 11 de abril, la aplicación del subtipo agravado por el abuso de relaciones personales del núm. 7 del artículo 250 del Código Penal queda reservada para aquellos supuestos en los que además de quebrantar una confianza genérica, subyacente en todo hecho típico de esta naturaleza, se realice la acción típica desde una situación de mayor confianza o de mayor credibilidad que caracteriza determinadas relaciones previas y ajenas a la relación subyacente, en definitiva un plus que hace de mayor gravedad el quebrantamiento de confianza implícito en delitos de este tipo, pues en caso contrario, tal quebrantamiento se encuentra ordinariamente inserto en todo comportamiento delictivo calificable como estafa ( Sentencias 2549/2001, de 4 de enero de 2002 , y 1753/2000, de 8 de noviembre ).
Inexistencia del subtipo agravado de la defraudación y de los delitos de falsificación de documentos (art. 250 y arts. 390.1.1 y 3).
Entiende el recurrente que no existe el tipo agravado del art. 250.5 CP , por haberse superado el importe de 50.000 E.
En primer lugar porque -como se desarrollará en otro motivo- no existe cuantificación concreta de la supuesta cantidad defraudada y en segundo lugar, no se tiene en cuenta los otros parámetros que establece el art. 260.1.6 y que considera que no solo es la cantidad defraudada, sino también otros criterios establecidos por la jurisprudencia.
Y por último entiende, como más adelante se desarrollará, tampoco se ha acreditado que la recurrente era quien haya cometido el delito de falsificación de documentos mercantiles, dado que en ningún momento se ha acreditado la autoría de sus firmas.
Queja de la recurrente que no resulta asumible.
Es cierto que cuando los hechos se cometieron estaba en vigor el art. 250.1.6 anterior a la reforma de la LO. 5/2010 , pero la jurisprudencia de esta Sala, SSTS. 368/2007 de 9.5 , 1276/2006 de 20.12 , 1169/2006 de 30.11 , recordaba como el Código Penal vigente en aquel momento contemplaba en dicho precepto, la aplicación del subtipo antiguo art. 529.7 CP. 1973 , desapareciendo la posibilidad de la apreciación como muy cualificada, y articulando la antigua agravante que era de naturaleza estrictamente objetiva, introduciendo ahora, de alguna manera, elementos subjetivos, sobre la referencia a tres parámetros: a) valor de la defraudación, b) entidad del perjuicio y c) situación económica de la víctima.
Pero aunque sea manifiesta la diferencia entre la forma gramatical con que ha sido legalmente expresado el tipo agravado del hurto y el de la estafa, las SSTS. 173/2000 , 2381/2001 , 696/2002 y 180/2004 , consideran lógico entender que el segundo debe ser interpretado a la luz del primero.
Efectuada esta precisión previa, en relación al criterio del valor de la defraudación o entidad del perjuicio, la jurisprudencia de esta Sala al interpretar la actual agravación se guió en un primer momento por el criterio cuantitativo sostenido en relación al CP. 1973 para el subtipo agravado de la estafa del art. 529.7 , 2.000.000 ptas. para el tipo agravado, y 6.000.000 para la estimación del tipo muy cualificado -acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 16.4.91-, aplicando la primera cantidad y en tal sentido se pueden citar las SS. 12.2.2000 , 22.2.2001 , 2.3.2001 , 14.2.2002 , pero no de una manera uniforme, porque también se contabilizan otras que llegan a los 4.000.000 ptas. como cifra a partir de la que seria operativa la agravante actualmente, y en tal sentido se pueden citar las de 21.3.2000, 15.6.2001 y auto 6.5.2004.
Sin embargo en este momento se puede decir que se está consolidando el criterio de operar con la cifra de 6.000.000 ptas. -36.060,73 E- como a partir de la cual se aplicaría la agravante de especial gravedad a que se refiere el art. 250.1.6.
Valga de ejemplo por todas, la STS. 33/2004 de 27.1 , en la que claramente establece a este respecto:" repetimos nos hallamos ante una sola agravación específica definida por revestir el hecho " especial gravedad " y para conocer si en el caso existe "tal especial gravedad", el Legislador nos impone tres criterios, (en realidad son dos como acabamos de decir).
Desde luego si la cantidad defraudada es por sí sola importante nadie puede dudar de que nos encontramos ante un hecho de "especial gravedad". Una referencia para determinar esta cantidad podía ser la de seis millones de pesetas (treinta y seis mil euros) que vinimos considerando como cifra para estimar como muy cualificada la paralela agravación establecida en el nº 7º del art. 529 CP 1973 a partir de una reunión plenaria de esta sala de 26.4.91, que estableció la de dos millones para apreciarla como simple ( SS. de 16.9.91 , 25.3.92 y 23.12.92 ).
Abona el criterio el propio tiempo transcurrido desde el Pleno no Jurisdiccional antes comentado --1991--, y por evidentes razones en relación a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, ocurrido en los últimos quince años lo que debe tener su efecto en el principio de proporcionalidad de la pena ( STS . 356/2005 de 21.3 ). Son exponentes de este criterio las SSTS. 8.2.2002 , 5.12.2002 , 12.2.2003 , y las muy recientes de 1169/2006 de 30.11 , 634/2006 de 14.6 , y 681/2005 de 1.6 que precisa que "cualquier cantidad superior a 6.000.000 ptas. obliga a la aplicación de la agravante de especial gravedad.
En el caso presente, la cantidad total defraudada asciende a 69.798,66 euros, por lo que aún aplicando el parámetro "valor de la defraudación", referido al actual art. 250.1.5, tras la reforma 5/2010, y que implicase, en virtud de la retroactividad de la Ley favorable, que en ningún caso podría apreciarse en el valor de la defraudación no fuese superior a 50.000 Euros, la concurrencia del subtipo agravado debe ser mantenida.
Respecto a la existencia de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.
Como hemos dicho en SSTS. 714/2014 de 12.11 , 526/2013 de 25.6 , 37/2013 de 30.1 , 60/2012 de 8.2 , 1376/2011 de 19.12 , la reforma introducida por LO. 5/2010 de 22.6 , ya en vigor, ha añadido una nueva circunstancia en el art. 21 CP , que es la de "dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuibles al propio inculpado y que ya no guarde proporción con la complejidad de la causa".
En el caso presente es cierto que la primera denuncia es de 22.7.2008 y la sentencia ha sido dictada el 27.3.2014 , es decir 5 años y 8 meses más tarde, pero la sentencia de instancia, fundamento jurídico sexto, analiza la posible concurrencia de la atenuante referida y la rechaza destacando como tras dictarse el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, el 31.3.2009, se acordó a instancia de las acusaciones, la practica de diligencias complementarias -posibilidad contemplada en el art. 780.2 LECrim , consistentes en la declaración de Inocencio , cuya responsabilidad solidaria solicitó, por lo que era relevante que fuera oído previamente en el proceso. Del mismo modo dio lugar a la declaración como imputado de Sung Woon, quien ha aclarado la relación de Amadas Trading con uno de los efectos cambiarlos entregados a Viaje Drago por la acusada , en ese período de tiempo se aportaron unos cheques originales de Banco Santander y de la CAM y se recabó información sobre movimientos y saldos de las cuentas contra las que estaban emitidos los cheques y pagarés falsificados por la acusada. No nos parecen actuaciones del todo innecesarias ni que debieran diferirse al plenario. Antes al contrario las estimamos importantes para aclarar los hechos ( es más determinaron alguna decisión importante como el sobreseimiento parcial en relación con alguna persona imputada en la misma) y además, en conjunto, y estando ante la comisión de un delito de estafa y de un delito de falsedad documental, en el que además se ha hecho preciso analizar la relación que con la acusada han podido tener diversas personas que, de una forma u otra, se han visto conectadas con los hechos, por la entrega de pagarés y cheques cuyos titulares no los habían firmado o bien, en el caso de Sung Woong, por la entrega de cheques con finalidad distinta de la que pretendía Filomena , habiendo tenido que practicarse prueba pericia] y recabar información de diversas entidades bancarias, la duración global del proceso no nos parece excesiva ni merecedora de la atenuación que se nos reclama.
Y en cuanto a la infracción precepto penal por aplicación del Código Penal no vigente.
) Como hemos precisado en STS. 1175/2009 de 16.11 , la implantación del subtipo de estafa agravada en el C. Penal de 1995 por perpetrarse la defraudación mediante el uso de cheque, pone de relieve que el legislador ha querido acentuar la punición penal para tutelar los efectos mercantiles reseñados en el art. 250.1.3º del C. Penal (cheques, pagarés y letras de cambio), en los casos en que la estafa se lleva a cabo valiéndose de esos documentos. Por consiguiente, el mismo legislador que prescindió de castigar el cheque en descubierto como delito independiente por considerar que la tutela de la norma penal no ha de extenderse a la protección del cheque como figura autónoma del tráfico mercantil, sí consideró en cambio que debía protegerlo penalmente de forma especial en los supuestos en que es utilizado como medio engañoso para ejecutar el delito de estafa.
Con el fin de zanjar la cuestión concursal planteada, el Pleno no jurisdiccional de esta Sala celebrado el 8 de marzo de 2002 acogió el criterio del concurso de los delitos de falsedad en documento mercantil y de estafa agravada del art. 250.1.3º del C. Penal . Los argumentos para ello se expusieron en los fundamentos de las sentencias dictadas a partir ese Pleno ( SSTS 2250/2002, de 13-3 ; 832/2002, de 13-5 ; 1035/2002, de 3-6 ; 1475/2002, de 20-9 ; 1623/2002, de 8-10 ; 752/2003, de 22-5 ; 916/2003, 24-6 ; y 1430/2003, 29-10 ):
) De no estimarse la aplicación conjunta de ambas figuras delictivas, entendiéndose ya computada o consumida en la estafa la utilización del cheque falso ( art. 8.3 C. Penal ), se dispensaría el mismo tratamiento penológico al que falsifica un cheque para cometer estafa que a quien lo utiliza para el mismo fin sin falsificarlo previamente. Con lo cual, se olvida que lo que refuerza la antijuricidad de la acción descrita en el citado art. 250.1.3º del C. Penal es el ataque a la seguridad del trafico mercantil, bien jurídico distinto -se dice en algunas de las sentencias citadas- al que tutela el tipo falsario, que protege también la fe publica y la función social de los documentos. La conducta falsaria no puede por tanto quedar absorbida por el delito de estafa, pues la sanción de ésta no cubriría todo el desvalor de la conducta realizada al dejar sin sanción la falsificación previa, que conforme a lo dispuesto por el art. 392 C. Penal no requiere para su punición el perjuicio de tercero ni el animo de causárselo por tratarse el cheque de un documento mercantil y no de un documento privado.
Esta doctrina del concurso medial de delitos se ha visto después refrendada en las resoluciones que se han ido dictando en años posteriores ( SSTS 1556/2004, de 30-12 ; 591/2006, de 29-5 ; 180/2007, de 6-3 ; 1067/2007, de 17-12 ; 822/2008, de 4-12 ; y 236/2009, de 17-3 ).
La pretensión del recurrente de que el delito de falsedad en documento mercantil quede absorbido por el delito de estafa agravada del art. 250.1.3º del C. Penal , opción que en su momento ocupó el centro del debate y tuvo incluso algunos visos de que prosperara, actualmente no puede, pues, acogerse al haberse impuesto la línea jurisprudencial propicia al concurso de delitos y no al concurso de normas.
En el mismo sentido la STS. 1016/2010 de 24.11 , insistió en que el delito de falsedad en documento mercantil, art. 392 y 390, a diferencia de la falsedad en documento privado, constituye un delito autónomo, respecto a la estafa correlativa, en concurso ideal regulado y penado en el art. 77 CP .
) No obstante lo anterior la modificación producida por la LO 5/2010 en relación al tipo agravado del art. 250.1.3 º- cuando se realizan mediante cheque, pagaré, letras de cambio en blanco o negocio cambiario ficticio-estafa cualificada que contemplaba todas las posibilidades de uso perverso o ilícito del medio de pago, tanto si se engañaba a través de la apariencia de solvencia emitiendo el cheque sin cobertura como si la mecánica fraudulenta se instrumentalizaba mediante la falsificación del título valor doblegando la voluntad del perjudicado para incluirle al desplazamiento patrimonial perpetrado ( STS 1235/2001 de 20-6 ; 16/2004; de 12- 1; 246/2005, de 25-2; 452/2011, de 31-5; 987/2011, de 5-10) y que ha sido suprimido por la reforma referida, dados los problemas interpretados que planteaba en la praxis al poder confundirse con alguna modalidad de falsedad documental y ser, a su vez, instrumento y materialización del engaño y no algo que se someta al ardid defraudatorio, por lo que la valoración separada era innecesaria. Por ello en virtud del principio de aplicación retroactiva de la Ley penal favorable al acusado, art. 2 CP , debe inaplicarse tal agravación y subsumirse los hechos en el estaba básica del art. 248 CP .
) Llegado a este punto debemos examinar el error denunciado por el Ministerio Fiscal en su apoyo parcial al motivo en cuanto a la pena, por entender que existe un error en la "argumentación" y otro "en la imposición", se dice que se condena por un delito continuado de estafa, art. 250.1.5, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil , art. 392, se comparan las penas que podrían imponerse penando por separado o conjuntamente ambos delitos, como preceptúa el art. 77 CP , pero al decir que en la estafa la pena mínima, de penarse por separado, seria "tres años y seis meses prisión y nueve meses multa" pues al ser un delito continuado la pena debía imponerse en su mitad superior, incurre en error.
En efecto como hemos dicho en SSTS. 196/2014 de 19.3 , 239/2010 de 24.3 , la compatibilidad entre el delito continuado y la figura agravada del art. 250.1.6, la jurisprudencia de esta Sala (SS. 1236/2003 de 27.6 , 605/2005 de 11.5 , 900/2006 de 27.9 , 918/2007 de 20.11 , 8/2008 de 24.1 ), tiene declarado que el delito continuado no excluye la agravante de los hechos que individualmente componen la continuidad delictiva. Es decir que si en uno de los hechos concurre una circunstancia agravante, como es la del art. 250.1.6 CP . ésta debe ser considerada como agravante de todo el delito continuado, aunque en otros hechos no haya concurrido la agravante. Ello quiere decir que en estos casos no existe vulneración del principio non bis in idem.
En definitiva, el delito continuado se debe sancionar con la mitad superior a la pena que puede llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado con independencia de la clase de delito de que se trate. Cuando se trata de delitos patrimoniales la pena básica que debe ser incrementada con arreglo al art. 74.1 no se determina en atención a la infracción más grave, sino al perjuicio total causado. Y finalmente la regla contenida en el art. 74.1 solo queda sin efecto cuando su aplicación fuera contraria a la prohibición de doble valoración, es decir a aquellos casos en los que la pena ya ha sido incrementada en atención al perjuicio total causado ( STS. 987/2011 de 5.10 ).
El motivo segundo por error en la valoración de la prueba ( art. 849.2 LECrim .).
Cuestiona en primer lugar la valoración de la prueba del informe pericial consistente en la pericial caligráfica obrante en autos, señalando que dicha prueba es nula de pleno derecho al no respetarse las garantías suficientes para asegurar la tutela judicial efectiva.
Argumenta que la conclusión que llega el informe pericial (folios 200-204) es que "existe imposibilidad de dar cumplimiento a lo solicitado, siendo no posible dictaminar sobre la autoría de las firmas obrantes en los tres documentos bancarios reseñados como debitados", en consecuencia considera que estamos ante un supuesto de inexistencia de informe pericial y por tanto, no puede existir delito o falsificación de documentos.
Queja de la recurrente infundada.
Debemos recordar, según doctrina reiterada de esta Sala, por todas SSTS. 42/2014 de 5.2 , 95/2012 de 23.2 , el ámbito de aplicación del motivo de casación previsto en el art. 849.2 LECrim . se circunscribe al error cometido por el Tribunal sentenciador al establecer los datos fácticos que se recogen en la declaración de hechos probados, incluyendo en la narración histórica elementos fácticos no acaecidos, omitiendo otros de la misma naturaleza que si hubieran tenido lugar o describiendo sucesos de manera diferente a como realmente se produjeron.
En todo caso, el error a que atiende este motivo de casación se predica sobre aspectos o extremos de naturaleza fáctica, nunca respecto a los pronunciamientos de orden jurídico que son la materia propia del motivo que por "error iuris" se contempla en el primer apartado del precepto procesal, ( art. 849.1 LECrim .).
Y en cuanto a la prueba pericial, como destaca la doctrina, es una prueba de apreciación discrecional o libre y no legal o tasada, por lo que, desde el punto de vista normativo, la ley precisa que "el Tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica" ( art. 348 de la LEC ), lo cual, en último término, significa que la valoración de los dictámenes periciales es libre para el Tribunal, como, con carácter general, se establece en el art. 741 de la LECrim . para toda la actividad probatoria ("el Tribunal, apreciando según su conciencia, las pruebas practicadas en el juicio, las razones expuestas por la acusación y la defensa y lo manifestado por los mismos procesados, dictará sentencia"), sin que pueda olvidarse, ello no obstante, la interdicción constitucional de la arbitrariedad de los poderes públicos ( art. 9.3 C.E .). El Tribunal es, por tanto, libre a la hora de valorar los dictámenes periciales; únicamente está limitado por las reglas de la sana crítica -que no se hallan recogidas en precepto alguno, pero que, en definitiva, están constituidas por las exigencias de la lógica, los conocimientos científicos, las máximas de la experiencia y, en último término, el sentido común- las cuáles, lógicamente, le imponen la necesidad de tomar en consideración, entre otros extremos, la dificultad de la materia sobre la que verse el dictamen, la preparación técnica de los peritos, su especialización, el origen de la elección del perito, su buena fe, las características técnicas del dictamen, la firmeza de los principios y leyes científicas aplicados, los antecedentes del informe (reconocimientos, períodos de observación, pruebas técnicas realizadas, número y calidad de los dictámenes obrantes en los autos, concordancia o disconformidad entre ellos, resultado de la valoración de las otras pruebas practicadas, las propias observaciones del Tribunal, etc.); debiendo éste, finalmente, exponer en su sentencia las razones que le han impulsado a aceptar o no las conclusiones de la pericia ( STS. 1102/2007 de 21.12 .
La pericial es una prueba de carácter personal donde el principio de inmediación procesal, particularmente cuando esta prueba se practica en el juicio oral, tiene una relevancia que no aparece en la documental. Si en definitiva, la interdicción de la arbitrariedad constituye el fundamento último de esta norma de la LECrim. art. 849.2 , en esta clase de prueba dado su carácter personal, ha de tener mayor importancia la explicación que al efecto nos ofrezca el Tribunal de instancia sobre su apreciación de lo escuchado en juicio (SSTS. 275/2004 de 5.3, 768/2004 de 18.6 , 275/2004 de 5.2).
Las pruebas periciales no son auténticos documentos, sino pruebas personales consistentes en la emisión de informes sobre cuestiones técnicas, de mayor o menor complejidad, emitidos por personas con especiales conocimientos en la materia, sean o no titulados oficiales. Como tales pruebas quedan sujetas a la valoración conjunta de todo el material probatorio conforme a lo previsto en el artículo 741 de la LECrim ., y además cuando, como es habitual, los peritos comparecen en el juicio oral, el Tribunal dispone de las ventajas de la inmediación para completar el contenido básico del dictamen con las precisiones que hagan los peritos ante las preguntas y repreguntas que las partes les dirijan ( artículo 724 de la LECrim ). Y es doctrina reiterada que lo que depende de la inmediación no puede ser revisado en el recurso de casación ( STS. 936/2006 de 10.11 ).
Pues bien el propio desarrollo del motivo se desprende que ninguno de estos casos coincide con el presente en el que la recurrente lo que cuestiona es la validez del propio dictamen pericial, no siendo ésta la vía casacional adecuada para ello, máxime cuando la Sala sí valora la conclusión de aquel informe pericial (folios 203 y 204), debidamente ratificado en juicio, en el sentido de que no puede establecer que la acusada haya sido la persona que rellenó y firmó los cheques y pagarés, pero, por un lado, descarta que lo haya sido por su titular por tanto, son necesariamente falsos y, además la única persona que se podía beneficiar de su emisión a favor de Viajes Drago, era ella misma que fue quien los entregó, por lo que concluye que solo la acusada podía ser la autora de la falsedad mencionada.
Razonamiento correcto la falsedad documental no es un delito de propia mano con el que únicamente sea autor quien ejecuto la acción física y personalmente la alteración del documento sino que deben reputarse autores todos aquellos a quiénes les sea imputable jurídica y objetivamente la mutación resultante de la verdad que se ha decidido introducir en el documento ( SSTS. 79/2002 de 24.1 , 163/2004 de 16.3 , 57/2006 de 27.1 , 919/2007 de 20.11 , 469/2008 de 9.7 , 84/2010 de 18.2 ).
Así se ha declarado reiteradamente que en el delito de falsificación documental se puede distinguir una autoría intelectual y una material. Aquella se integra por el reconocimiento de falsedad hecha por un tercero y en la utilización del documento a sabiendas de su falsedad. Autor material seria el que de hecho lleva a cabo la falsificación, por lo demás es claro que en relación a este delito cabe la inducción y la cooperación necesaria ( SSTS. 448/2006 de 7.4 , 552/2006 de 16.5 ).
Por tanto para ser considerado responsable de un delito de falsedad no es necesario intervenir de modo directo en la confección del documento falso, sino que basta con hacer elaborar a otro el documento falso, o aprovecharse del documento falsificado por otro, si además, esto previamente estaba pactado y respondía a un reparto de papeles en el conjunto de la actividad desplegada, atrae también hacia sí la responsabilidad penal por el delito de falsedad. Y no es óbice para que se pueda reputar a una persona como autora del delito de falsedad que no haya quedado probado quien hubiera realizado personal o materialmente las manipulaciones. Lo decisivo es que el acusado haya tenido el dominio funcional del hecho SSTS. 2522/2001 de 24.1.2002 , 1102/2995 de 5 , 10 , 116/2008 de 21.2 ).
En segundo lugar y en el mismo motivo, art. 849.2 LECrim , denuncia error en la determinación de la responsabilidad civil. Inexistencia de bases de cuantificación , pues no se ha acreditado su cuantificado fehacientemente en la Sala, existiendo una falta de diligencia de las acusaciones, por lo que no seria exigible dicha responsabilidad civil, que debió limitarse a billetes vendidos y no liquidados.
La declaración que la sentencia haga acerca de la responsabilidad civil ha de obedecer al mismo rigor de motivación y concreción que el resto del contenido de aquella exigencia que supone básicamente dos cosas: Una, que la sentencia motive los elementos, las bases, en razón a las que se fijan las cuantías de los daños y las indemnizaciones.
Queda a salvo la discrecionalidad de los jueces y tribunales para fijarlas, para tal discreción será controlada por la exigencia de motivación y por la precisión de los elementos de referencia en que se apoya el razonamiento. Hay que explicar por qué, en razón de que, se concede tal reparación o la cuantía de la indemnización. En segundo lugar, tras notorias vacilaciones de la jurisprudencia, a jueces y tribunales corresponde la facultad de fijar la forma de reparación y la cuantía de la indemnización, bien en la misma resolución, bien en fase de ejecución, indicándose las bases de aquellas ( STS. 416/2006 de 23.5 ).
Respecto al "quantum", en las SSTS. 105/2005 de 26.1 , 131/2007 de 16.2 , 957/2007 de 28.11 y 396/2008 de 1.7 , 833/2009 de 28.7 , la indemnización de daños y perjuicios derivados de un ilícito penal doloso, que realice el Tribunal de instancia, fijando el alcance material del quantum de las responsabilidades civiles, por tratarse de un criterio valorativo soberano, más que objetivo o reglado, atendiendo a las circunstancias personales, necesidades generadas y daños y perjuicios realmente causados, daño emergente y lucro cesante, no puede, por regla general, ser sometida a la censura de la casación, por ser una cuestión totalmente autónoma y de discrecional facultad del órgano sentenciador, como ha venido a señalar la jurisprudencia de esta Sala que únicamente permite el control en el supuesto que se ponga en discusión las bases o diferentes conceptos en que se apoya la fijación de la cifra respectiva, o lo que es igual, el supuesto de precisar o si existe razón o causa bastante para indemnizar, pero no el alcance cuantitativo del concepto por el que se indemniza.
Ahora bien, - como ya hemos indicado- la necesidad de motivar las resoluciones judiciales, art. 120 CE , puesta de relieve por el Tribunal Constitucional respecto de la responsabilidad civil ex delicto (SSTC. 78/86 de 13.6 y 11.2.97) y por esta Sala (SS. 22.7.92 , 19.12.93 , 28.4.95 , 12.5.2000 ) impone a los Jueces y Tribunales la exigencia de razonar la fijación de las cuantías indemnizatorias que reconozcan en sentencias precisando, cuando ello sea posible, las bases en que se fundamenten (extremo revisable en casación).
La jurisprudencia ha fijado la posibilidad de revisar en casación la cuantía de la indemnización, como algo excepcional que se puede llevar a cabo únicamente, respecto de las bases en la que se asienta y en supuestos de irrazonable desproporción de la cuantía fijada, especialmente cuando las razones en que se apoya su determinación no ofrecen la consistencia fáctica y jurídica necesaria y adolecer de desajustes apreciables a tenor de una racionalidad media.
Situación que no es la contemplada en el caso sometido a nuestra revisión casacional en el que la Sala de instancia motiva convincentemente la fijación de la cuantía indemnizatoria, razonando como, lo lógico sería considerar como perjuicio total el importe de los pagarés y cheques entregados a viajes Drago pues es evidente que su importe no ha sido cobrado por la citada mercantil Sin embargo de [as declaraciones prestadas por la acusada en el juicio, y a la vista de las fechas de los efectos, no podemos descartar que algunos de ellos no fuese sino el medio de cubrir los impagos derivados del hecho de que los primeros pagarés no fuesen atendidos a su vencimiento con lo que nos surgen serias dudas en relación con si el total de éstos es equivalente al total de la deuda. Por ello hemos optado por atender a las facturas aportadas en su momento al tiempo de interponer la denuncia, cuyo importe asciende a 69.798,66 euros, s.e.u.o involuntarios, que resultan coherentes con el número de clientes que la propia Filomena dijo que había gestionado, más de doscientos, y cuyo pago no ha quedado acreditado en ningún caso, pues las aportadas por la defensa, al margen de demostrar que las de la acusación son idénticas, y , por tanto, tienen la misma legitimidad y origen, no se corresponden con las mismas operaciones de venta de billetes. En todo caso lo que no resulta posible es acoger la pretensión de la acusación particular de que se haga una especie de cálculo aproximado en base a unos criterios, número de clientes, 208, por 800 euros, cuando que ninguna de las dos cifras tienen fundamento cierto en prueba alguna verificada en el juicio oral sobre todo si tenemos en cuenta que lo que también ha quedado claro es que parte de esos billetes si que fueron satisfechos en su totalidad.
El motivo tercero por infracción de precepto constitucional, art. 852 LECrim , plantea diversas vulneraciones, algunas de ellas como las articuladas bajo las letras A) vulneración de tutela judicial efectiva, aplicación del CP. menos favorable; y D) vulneración de tutela judicial efectiva y al derecho a un proceso con garantías. Dilaciones indebidas, ya han sido analizadas en los motivos por infracción de Ley, remitiéndonos a lo ya argumentado para evitar innecesarias repeticiones.
) En la letra B) denuncia la vulneración de tutela judicial efectiva, inadmisión de prueba solicitada debidamente e insta la nulidad de la providencia de 19.1.2009, por infracción del art. 141 LECrim , dado que dirigió un informe pericial caligráfico sobre el testigo Aureliano , cuando debió adoptar la forma de auto.
Impugnación que devine improsperable.
Para que alcance relevancia constitucional la utilización de la forma de "providencia" en vez de la de "auto" es preciso que en defecto de forma determine la merma, la limitación o la privación real o material del derecho de defensa del demandante ( SSTC. 4.10.2004 , 14.2.2002 , 96/98 ), es decir que intentado el recurso procedente contra los autos se le hubiera denegado, lo que no ocurrió en el caso presente en que aquella providencia no fue objeto de recurso alguno, por lo que no es factible acudir per saltum a la casación.
) Así la letra C) Vulneración de tutela judicial efectiva. Prueba nula del informe pericial que no adoptan las garantías en relación a la prueba pericial caligráfica al no haberse respetado las garantías del procesado en la formación del cuerpo de escritura al no haber sido la recurrente informada de sus derechos, entre ellos que dicha prueba era voluntaria.
Como hemos señalado en STS. 1171/2011 de 9.11 , según el art. 391 LECrim , el Juez puede ordenar (mejor sería decir, pedir) al procesado que escriba a su presencia algunas palabras o frases con el fin de poder luego practicar una pericial o dictamen caligráfico, lo que es muy importante en diversos delitos, principalmente falsedades. Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 17.3 y 24.2 el acusado puede negarse a hacer ese cuerpo de escritura y ante esa negativa el Juez no puede hacer nada, sino intentar valerse de otras pruebas y hacer constar esa negativa ... así en STS 2026/2004 de 14.10 se señala que "el derecho a no declarar contra sí mismo y el principio nemo tenetur se ipsum accusare constituyen derechos reconocidos en el art. 24.2 CE . Estos derechos no se refieren solo a las declaraciones autoinculpatorias, se refieren también a la inexistencia de obligación alguna del acusado de proporcionar ninguna clase de elementos a la acusación que pudieran servir para los fines de ésta. Por esta razón, no existe obligación del inculpado de proporcionar ningún cuerpo de escritura que pueda servir para la práctica de una pericia caligráfica".
) En la letra E) Presunción de inocencia.
Considera infringido el art. 24.2 CE , al tomar como única prueba de cargo la existencia de falta de pago de los billetes de avión insuficiente para configurar tanto el delito de estafa como el de falsificación documental.
1) El examen de la cuestión planteada requiere traer a colación, aun sucintamente, la reiterada doctrina de este Tribunal en cuanto al alcance en casación de la invocación a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia.
2) En el caso presente la sentencia de instancia -fundamento jurídico segundo- detalla la prueba tenida en cuenta para conformar el relato fáctico, constituida no solo por ese impago de los billetes, sino fundamentalmente por las declaraciones de la propia acusada en fase de instrucción que son coherentes con el resto de las pruebas y en las que admitió haber recibido hasta 208 billetes de avión emitidos por Viajes Drago que ella solicitó para miembros de la comunidad coreana de la isla de los cuales no abonó su importe, afirmando en su primera declaración en instrucción (folio 54) que se había apropiado de la suma adeudada, y del mismo modo admitió haber entregado, como medio para hacer frente a dichos pagos, efectos cambiarios emitidos contra cuentas de las que no era titular y que en los mismos imitó ella la firma del titular o los rellenó.
Posibilidad de valorar las declaraciones sumariales por la Sala, admitida por la jurisprudencia de esta Sala -vid STS. 354/2014 de 9.5 -. En efecto, es necesario recordar que ciertamente constituye garantía esencial del derecho de defensa el que las pruebas se practiquen en el plenario, bajo el juego ineludible de los principios de publicidad, concentración, inmediación y contradicción, pero ello no impide -como tiene esta Sala declarado, SSTS. 450/2007 de 30.5 , 304/2008 de 5.6 , 1238/2009 de 11.12 - que el Tribunal de Instancia puede otorgar prevalencia para fundar su convicción a la prueba practicada en la fase de instrucción sobre la practicada en el plenario, caso de discordancia entre ambas, siempre que aquella se halla practicado judicialmente con las debidas garantías y se halla sometido a efectiva contradicción en el acto del juicio oral. Concretamente en el caso de testimonios contradictorios previstos en el artículo 714 de la L.E.Criminal , la doctrina constitucional y de esta Sala (S.T.C. 137/88 , S.T.S. 14-4-89 , 22-1-90 , 14-2-91 o 1 de diciembre de 1.995, sentencia nº 1207/95 ), admite que el Tribunal pondere la mayor o menor verosimilitud de las versiones contrapuestas, contrastándolas con los datos deducidos de otras pruebas practicadas y con la credibilidad de las razones expuestas para justificar las contradicciones, correspondiendo al Tribunal de Instancia dicha valoración, conforme a lo dispuesto en el artículo 741 de la L.E.Criminal .
En el caso presente la Sala de instancia en las declaraciones de la acusada en fase de instrucción debidamente introducidas ene. plenario, al ser preguntada por sus contradicciones, las considera corroboradas por las testificales de Aureliano , titular de la cuenta que negó en todo momento haber autorizado a la acusada para rellenar o firmar los efectos cambiarios, obrantes folios 80, 94, 194 a 199, 257, y 260 y negó cualquier relación con Viajes Drago, y por la pericial caligráfica de la policía nacional (203 a 204), ratificada en el plenario por su autor, que dictaminó que las firmas examinadas eran falsas por carecer de cualquier analogía con la de su titular, y han sido también coherentes, en gran medida con las declaraciones de Inocencio , empleado en esas fechas de Viajes Drago, en el sentido de que la acusada, por las buenas relaciones que venia manteniendo con el personal de la agencia de viajes y a su historial de compra de billetes para los miembros de la comunidad coreana, sin problema alguno para su pago, empezó a recibir de la agencia billetes de avión que no abonaba en ese momento y liquidaba con posterioridad y que cuando acumuló una deuda importante le requirieron su abono, lo que realizó mediante la entrega de diversos efectos, cheques y pagares, lo que genero en la agencia la creencia de que iba a hacer frente a la deuda, logrando así que continuara la emisión de billetes, hasta que comenzaron a ser devueltos por los Bancos.
Siendo así no cabe sino ratificar las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de instancia, ya que se basó en prueba suficiente, válidamente obtenida y practicada, ajustándose el juicio de inferencia realizado a tal fin por el tribunal de instancia a las reglas de la lógica y a los principios de la experiencia, y a los parámetros de racionalidad y modificación exigibles, quedando extramuros de la competencia de esta Sala censurar el criterio de dicho Tribunal sustituyéndole mediante otra valoración alternativa del significado de los elementos de prueba disponibles, por lo que no se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia de la hoy recurrente quien en su argumentación critica la fuerza de convicción de las pruebas de apoyo en sus exclusivas manifestaciones exculpatorias en el plenario, olvidando que el problema no es que no haya mas pruebas de cargo, o incluso que existan pruebas de descargo que la Sala no haya creído, sino determinar si las pruebas de cargo en las que se ha apoyado la Sala de instancia para condenar son suficientes y han sido racional y lógicamente valoradas.
Y en este caso no puede considerarse que la valoración de la Sala haya sido manifiestamente errónea. Por el contrario ha contado con suficiente prueba de carácter incriminatorio con aptitud para enervar la presunción de inocencia. Convicción de la Sala lógica y racional y conforme a las máximas de experiencia común, y que conlleva la desestimación del motivo, por cuanto -como recuerda la STS. 849/2013 de 12.11 - "el hecho de que la Sala de instancia dé valor preferente a aquellas pruebas incriminatorias frente a la versión que pretende sostener la recurrente, no implica, en modo alguno, vulneración del derecho a la presunción de inocencia, antes al contrario, es fiel expresión del significado de la valoración probatoria que integra el ejercicio de la función jurisdiccional, y se olvida que el respeto al derecho constitucional que se dice violado no se mide, desde luego, por el grado de aceptación por el órgano decisorio de las manifestaciones de descargo de la recurrente en el juicio oral".
Estimándose parcialmente el motivo las costas se declaran de oficio.
Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación parcialmente, interpuesto por Filomena , contra sentencia de 27 de marzo de 2014, dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección Segunda , y en su virtud CASAMOS y ANULAMOS referida sentencia, dictando nueva sentencia, con declaración oficio costas.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. Candido Conde-Pumpido Touron D. Jose Ramon Soriano Soriano D. Miguel Colmenero Menendez de Luarca D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre D. Andres Palomo Del Arco
En la causa que en su día fue tramitada por la Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección Segunda, de fecha 27 de marzo de 2014 , en causa seguida contra Filomena , mayor de edad, nacida el NUM000 .1978 en Corea, hija de Adolfo y de Matilde , con NIE NUM005 , sin antecedentes penales, en libertad por esta causa; se ha dictado sentencia que ha sido CASADA Y ANULADA PARCIALMENTE por la pronunciada en el día de hoy, por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo , integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre, hace constar los siguientes:
Tal como se ha razonado en el fundamento jurídico quinto, encontrándonos ante un concurso medial, deben compararse las penas que corresponderían al delito de estafa del art. 250 CP , y la falsedad documental continuada, art. 392 CP , teniendo en cuenta que en relación al primero ninguna de las defraudaciones supera los 50.000 euros.
Siendo así las penas mínimas para cada uno de los delitos serían entre 1 año y 9 meses prisión y 9 meses multa delito de falsedad continuada, y 1 año prisión y 6 meses multa, por la estafa agravada, cuya suma seria inferior al limite minino a imponer de sancionar el delito más grave -estafa- en su mitad superior, 3 años y 6 meses prisión y 9 meses multa.
Manteniendo el resto de los pronunciamientos de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección Segunda de 27 marzo de 2014 , debemos condenar y condenamos a Filomena como autora de un delito continuado de estafa en concurso medial con un delito continuado de falsedad documental, sin concurrencia de circunstancias modificativas a las penas de 1 año prisión y 6 meses multa con la accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante la condena por el primer delito, y 1 año y 9 meses prisión y 9 meses multa con igual inhabilitación durante el tiempo de la condena.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 250
 artículo 250
 artículo 250
 artículo 741
 artículo 724
 artículo 714
 artículo 741