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Timestamp: 2019-09-23 00:41:54+00:00

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STC 53/1999, 12 de Abril de 1999 - Jurisprudencia - VLEX 15354692
STC 53/1999, 12 de Abril de 1999
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 600/1995
1. La llamada incongruencia omisiva sólo tiene relevancia constitucional cuando, por dejar imprejuzgada la pretensión oportunamente planteada, el órgano judicial no tutela los derechos e intereses legítimos sometidos a su jurisdicción, provocando una denegación de justicia (SSTC 53/1991 y 57/1997). Denegación que se comprueba examinando si existe entre el fallo judicial y las pretensiones de las partes, nunca verificando empleados por el juzgador para fundar su fallo (STC 118/1989). 2. La Sentencia impugnada se pronunció sobre la pretensión que habían deducido los funcionarios recurrentes, desechando que se les pudiera dejar de integrar en el nuevo cuerpo militar, incluso si con ello se perjudicaban las posibilidades de ascenso que brindaba la legislación anterior. La Sentencia razonó ese juicio en términos más o menos amplios y más o menos convincentes, pero que, al no carecer de razonabilidad y responder a las pretensiones deducidas por los recurrentes, no niegan la tutela judicial prescrita por el art. 24.1 C.E. Dicho precepto no garantiza el derecho a una respuesta pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones de las partes, de manera que si el ajuste es sustancial y se resuelven las pretensiones, no existe denegación de justicia (SSTC 29/1987 y 91/1995). 3. En términos generales, no puede ser olvidado que la doctrina constitucional rechaza la comparación directa entre cuerpos de funcionarios o, más en general, entre estructuras que, en cuanto tales y prescindiendo de su substrato sociológico real, son creación del Derecho (SSTC 7/1984, fundamento jurídico 2.o y 68/1989, fundamento jurídico 2.o). Y ese rechazo es aún más fuerte si la comparación intenta establecerse entre la configuración jurídica que se encontraba vigente en distintos momentos temporales, pues el art. 14 C.E. establece la interdicción de la desigualdad injustificada o arbitraria, no de la desigualdad causada por la sucesión temporal de normas de contenido distinto, adoptadas por el legislador en ejercicio de su libertad de configuración normativa dentro del marco de la Constitución; ni tampoco proscribe dicho precepto los perjuicios ocasionados por los cambios legislativos (SSTC 121/1983, 148/1986, y 99/1987).
En el recurso de amparo núm. 600/95, interpuesto por don Jesús V. C. y don César G. G. representados por la Procuradora de los Tribunales doña María Esperanza Alvaro Mateo y asistidos por el Letrado don Pedro Cuenca Jurado, contra la Sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Octava) de 29 de noviembre de 1994 (autos núm. 2.702/91 y 2.703/91), que desestimó su recurso judicial contra el General Director de Gestión de Personal del MAPER, por la desestimación presunta de su solicitud de no quedar integrados en la escala básica del cuerpo de especialistas del Ejército de Tierra, y seguir perteneciendo a su cuerpo de procedencia, es decir, al cuerpo auxiliar de especialistas.
1. Por escrito presentado en el Registro general de este Tribunal el 31 de marzo de 1995, don Jesús V. C. y don César G. G. representados por la Procuradora doña Esperanza Alvaro Mateo y asistidos por el Abogado don Pedro Cuenca Jurado, interpusieron recurso de amparo contra la Sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Octava) de 29 de noviembre de 1994 (autos núm. 2.702/91 y 2.703/91), que desestimó su recurso judicial, interpuesto contra la Resolución del General Director de gestión de personal del MAPER, por la desestimación presunta de su solicitud de no quedar integrados en la escala básica del cuerpo de especialistas del Ejército de Tierra, y seguir perteneciendo a su cuerpo de procedencia, es decir, al cuerpo auxiliar de especialistas.
b) El cuerpo auxiliar de especialistas del Ejército fue creado por Ley 39/1977, de 8 de junio, que en su art. 2 establece que «El cuerpo auxiliar de especialistas, tendrá además de los empleos de suboficial, con los que ahora cuenta, los de teniente, capitán y comandante, auxiliar especialista», constituyéndose un cuerpo único: cuerpo auxiliar de especialistas.
La Ley 39/1977 derogó lo dispuesto en la disposición final tercera de la Ley 13/1974, de organización de la escala básica de suboficiales y especial de oficiales superiores y oficiales, que declaraba, a extinguir, determinadas escalas del Ejército de Tierra, toda vez que aquella Ley organiza un cuerpo nuevo.
La Ley 17/1989, en su disposición adicional sexta , núm. 1 a), integra en la nueva escala básica parte del cuerpo auxiliar de especialistas, en concreto a los suboficiales. En cuanto a los oficiales de este mismo cuerpo, en el apartado 3 a) de la misma disposición adicional se establece que continuarán en la misma situación.
e) Los recurrentes reunían todos los requisitos exigidos para acceder al empleo de oficial por haber superado las pruebas de aptitud preceptivas, declarado así por Resolución del Jefe del Estado Mayor del Ejército 562/4070/1990 («Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» núm. 51). Solicitaron ante dicha autoridad no ser integrados en la escala básica de suboficiales especialistas del Ejército de Tierra, tanto por entender que se les estaba lesionando en sus intereses legítimos, como que eran objeto de discriminación en relación con los demás componentes del cuerpo auxiliar de especialistas, que se hallaban en idénticas condiciones, excepto que unos son unos días más antiguos que otros.
f) Siendo desestimada, presuntamente, su petición, interpusieron recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que lo desestimó mediante la Sentencia impugnada. La Sentencia de 29 de noviembre de 1994 razona que uno de los objetivos de la Ley 17/1989 era racionalizar la estructura de cuerpos y escalas para adaptarla a las necesidades de las Fuerzas Armadas. Y la integración, llevada a cabo por el Real Decreto 1.637/1990, no viola derecho adquirido alguno, con independencia de la posible frustración de expectativas, dada la situación estatutaria propia de los funcionarios públicos (STC 125/1989).
Por otra parte, se dice que el fallo constituye una quiebra del principio de igualdad. La Sentencia no corrige el trato discriminatorio dado a los actores, que pierden toda posibilidad de ascenso a pesar de tener reconocida su aptitud para el acceso al empleo de oficial, mientras que el Real Decreto 1.928/1991 permite a los oficiales del antiguo cuerpo auxiliar de especialistas alcanzar el empleo de comandante. La desestimación de su recurso contencioso administrativo no corrige ese trato desigual (STC 103/1990), y contradice la doctrina del propio órgano judicial, que en Sentencias de 13 y 14 de abril de 1992 estimó los recursos interpuestos por varios compañeros en igual situación.
4. La Sección Tercera, por providencia de 4 de mayo de 1995, requirió en virtud del art. 50.5 LOTC la aportación de las Sentencias mencionadas, lo que fue efectuado el siguiente 19 de mayo.
Por providencia de 29 de mayo de 1995, la Sección solicitó copia de diversa documentación del procedimiento administrativo. Una vez recibida, el siguiente día 12 de junio acordó admitir a trámite la demanda de amparo, por providencia de 24 de julio de 1995.
El Abogado del Estado compareció, mediante escrito registrado el 31 de julio. Por providencia de 16 de octubre de 1995, la Sección Cuarta dio vista a las actuaciones remitidas para alegaciones.
5. La parte recurrente se ratificó en todas y cada una de las alegaciones expresadas en su demanda, especialmente en la que se refiere a la vulneración del principio de igualdad ante la Ley, mediante escrito presentado en el registro el 14 de noviembre de 1995.
El Abogado del Estado se opuso a la demanda mediante escrito registrado el 13 de noviembre, alegando, en primer lugar, que no existe ningún vicio de incongruencia en la Sentencia impugnada y, aun en el caso de poder apreciarse, carecería de relevancia constitucional. La desestimación de la alegación de discriminación es implícita, lo que es admitido por la doctrina del Tribunal (SSTC 32, 88 y 137/1992): la cuestión fundamental planteada en el recurso consistía en derechos adquiridos por los demandantes, que apenas aludieron someramente a una posible discriminación. Por lo que la desestimación de la pretensión principal llevaba aneja la de la alegación vinculada a aquélla. Tampoco hay vulneración del art. 14, porque no cabe comparar unas escalas y procedencias administrativas con otras, que son estructuras creadas por el Derecho, por definición de orígenes y características diferentes (SSTC 7/1984 y 68/1989). Los propios recurrentes admiten que existían diferencias previas con la escala y situación a la que pretenden equipararse, al reconocer que en la suya no se prestaban los muy importantes servicios económicos y de armas; siendo igualmente manifiesta la total y completa diversidad de los distintos cuerpos y escalas cuya equiparación se postula. El agravio de los recurrentes radica en la pérdida de expectativas de ascenso, que como razona acertadamente la resolución judicial no suponen en absoluto derechos adquiridos, y se encuentran ligadas a las potestades de autoorganización de la Administración. En este tipo de materias, por tanto, la alegación de discriminaciones tiene que apoyarse en datos de manifiesta arbitrariedad, que en este caso no se han producido.
6. El Fiscal presentó informe el 14 de noviembre de 1995 en favor del otorgamiento del amparo. Los tres aspectos del amparo se encuentran íntimamente ligados entre sí: la falta de motivación se debe a la no resolución de uno de los puntos del debate, y el principio de igualdad resulta ser el contenido material de dicha cuestión, por lo que en realidad el objeto del recurso de amparo se reduce a dilucidar si ha existido o no incongruencia omisiva con quiebra del art. 24.1 C.E.
7. Por providencia de fecha 8 de abril de 1999, se acordó señalar para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 12 del mismo mes y año.
3. Para apreciar si la Sentencia contencioso-administrativa respetó o no el derecho fundamental a la tutela judicial, que debe ser simultáneamente efectiva y sin indefensión por imperativo del art. 24.1 C.E., es preciso comprobar, en primer lugar, si en el momento procesal oportuno fue realmente suscitado algún elemento esencial de la pretensión, cuyo conocimiento y decisión por el Tribunal fuese trascendente para el fallo y no tuviese respuesta en la Sentencia; y, fundamentalmente, si la ausencia de contestación por parte del órgano judicial ha generado indefensión (SSTC 20/1982, fundamento jurídico 1.; 56/1996, fundamento jurídico 4. y 85/1996, fundamento jurídico 3.) o ha dejado sin resolver las pretensiones cruzadas entre las partes (SSTC 14/1984, fundamento jurídico 2|; 200/1987, fundamentos jurídicos 3. y 6., y 101/1998, fundamento jurídico 3.).
No hay que olvidar que el art. 24.1 C.E. no ha constitucionalizado el art. 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (SSTC 98/1986, fundamento jurídico 2., y 57/1997, fundamento jurídico 5.). La congruencia es una categoría legal y doctrinal cuyos contornos no corresponde determinar a este Tribunal. Nuestra función se limita a garantizar que la tutela que prestan los Juzgados y Tribunales cumple el mínimo establecido por el art. 24 de la Constitución (SSTC 15/1987, fundamento jurídico 3.; 311/1994, fundamento jurídico 2., y 144/1996, fundamento jurídico 4.). Por lo tanto, la incongruencia es un quebrantamiento de forma del proceso que sólo conlleva la vulneración del art. 24.1 C.E. si provoca la indefensión de alguno de los justiciables o deja sin resolver el fondo del litigio (STC 191/1995, fundamento jurídico 3.).
La llamada incongruencia omisiva sólo tiene, pues, relevancia constitucional cuando, por dejar imprejuzgada la pretensión oportunamente planteada, el órgano judicial no tutela los derechos e intereses legítimos sometidos a su jurisdicción, provocando una denegación de justicia (SSTC 53/1991, fundamento jurídico 2., y 57/1997, fundamento jurídico 5.). Denegación que se comprueba examinando si existe «un desajuste externo» entre el fallo judicial y las pretensiones de las partes, nunca verificando «la lógica de los argumentos» empleados por el juzgador para fundar su fallo (STC 118/1989, fundamento jurídico 3.).
En conclusión: la Sentencia impugnada se pronunció sobre la pretensión que habían deducido los funcionarios recurrentes, desechando que se les pudiera dejar de integrar en el nuevo cuerpo militar, incluso si con ello se perjudicaban las posibilidades de ascenso que brindaba la legislación anterior. La Sentencia razonó ese juicio en términos más o menos amplios y más o menos convincentes, pero que, al no carecer de razonabilidad y responder a las pretensiones deducidas por los recurrentes, no niegan la tutela judicial prescrita por el art. 24.1 C.E. Dicho precepto no garantiza el derecho a una respuesta pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones de las partes, de manera que si el ajuste es sustancial y se resuelven las pretensiones, no existe denegación de justicia (SSTC 29/1987, fundamento jurídico 3. y 91/1995, fundamento jurídico 4.).
5. Tampoco son convincentes las alegaciones de desigual aplicación de la Ley que se vierten para pedir la anulación de la Sentencia impugnada. En términos generales, no puede ser olvidado que la doctrina constitucional rechaza la comparación directa entre cuerpos de funcionarios o, más en general, entre estructuras que, en cuanto tales y prescindiendo de su substrato sociológico real, son creación del Derecho (SSTC 7/1984, fundamento jurídico 2. y 68/1989, fundamento jurídico 2.). Y ese rechazo es aún más fuerte si la comparación intenta establecerse entre la configuración jurídica que se encontraba vigente en distintos momentos temporales, pues el art. 14 C.E. establece la interdicción de la desigualdad injustificada o arbitraria, no de la desigualdad causada por la sucesión temporal de normas de contenido distinto, adoptadas por el legislador en ejercicio de su libertad de configuración normativa dentro del marco de la Constitución; ni tampoco proscribe dicho precepto los perjuicios ocasionados por los cambios legislativos (SSTC 121/1983, fundamento jurídico 4., 148/1986, fundamento jurídico 7., y 99/1987, fundamento jurídico 6.).
En cualquier caso, el argumento de los solicitantes de amparo carece de sustento. Las Sentencias que la Sección había dictado con anterioridad, en contenciosos promovidos por otros funcionarios militares igualmente afectados por la reorganización de los especialistas del Ejército, no son contradictorias con la impugnada. Basta con advertir que en ninguno de los fallos aportados con la demanda de amparo se declaró el derecho de los litigantes a no ser integrados en los nuevos cuerpos y escalas creados por la Ley de 1989, tal y como pretendían los demandantes de amparo y rechazó la Sentencia impugnada. Por consiguiente, falta la premisa esencial para analizar si se produjo vulneración del art. 14 C.E.: no consta que el Tribunal haya modificado el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, lo que priva de sentido a cualquier indagación ulterior acerca del carácter arbitrario o injustificado del cambio de criterio (SSTC 49/1982, fundamento jurídico 2.; 121/1991, fundamento jurídico 4., y 39/1998, fundamento jurídico 4.).
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