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Timestamp: 2020-04-06 22:06:53+00:00

Document:
Decreto 33/2019, de 5 de febrero, por el que se regula el procedimiento y las condiciones para la prestación de los servicios de asistencia sanitaria podológica específica a personas con diabetes
Publicado en BOJA núm. 28 de 11 de Febrero de 2019
Artículo 2 Prestaciones sanitarias podológicas
Artículo 4 Consultas o centros sanitarios prestadores del servicio de asistencia sanitaria podológica específica
Artículo 5 Adhesión a la prestación de asistencia sanitaria podológica específica
Artículo 6 Requisitos para el ejercicio de asistencia sanitaria podológica específica
Artículo 7 Nuevo formulario de adhesión
Artículo 8 Causas de extinción de la prestación del servicio
CAPÍTULO II. Prestación de la asistencia sanitaria podológica específica
Artículo 9 Condiciones de la prestación de la asistencia sanitaria podológica específica
Artículo 10 Obligaciones de la persona titular de la consulta o centro sanitario en que se realice la prestación de la asistencia sanitaria podológica específica
Artículo 11 Remuneración por la asistencia sanitaria podológica específica prestada
Artículo 12 Abono del precio por la asistencia sanitaria podológica específica prestada
CAPÍTULO IV. Control, seguimiento e inspección
Artículo 13 Control, seguimiento e inspección
Artículo 18 Órganos competentes en el procedimiento sancionador
Disposición transitoria segunda Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente ante la Administración
El Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, tiene como objetivo garantizar la equidad y la accesibilidad a una adecuada atención sanitaria en el Sistema Nacional de Salud. En el apartado 6 del Anexo II, sobre cartera de servicios comunes de atención primaria, se especifican las atenciones y servicios específicos a personas enfermas crónicas que comprende, en general, la valoración del estado de salud y de factores de riesgo, los consejos sobre estilos de vida saludables, la detección de los problemas de salud y valoración de su estadio clínico, la captación de las personas para el seguimiento clínico adecuado a su situación, la atención y seguimiento de personas polimedicadas y con pluripatología, y la información y consejo sanitario sobre su enfermedad y los cuidados precisos a la persona, y en particular la atención sanitaria protocolizada de personas con problemas de salud crónicos y prevalentes como la diabetes mellitus.
En este sentido, la falta de concurrencia competitiva y de modificación del precio del servicio, hacen aconsejable, de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, articular un instrumento no contractual para la prestación de este servicio público.
En la actualidad, el artículo 11.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, excluye de su ámbito de aplicación la prestación de servicios sociales por entidades privadas, siempre que ésta se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos, a través, entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todas las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación. Asimismo, la disposición adicional cuadragésimo novena de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, autoriza a las Comunidades Autónomas para que, en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas, legislen articulando instrumentos no contractuales para la prestación de servicios públicos destinados a satisfacer necesidades de carácter social. En este contexto es interesante señalar que el espíritu de la referida Ley no se ciñe exclusivamente a prestaciones de carácter social, sino que ya en su Exposición de Motivos señala que los poderes públicos siguen teniendo libertad para prestar por sí mismos determinadas categorías de servicios, en concreto los servicios que se conocen como servicios a las personas, como ciertos servicios sociales, sanitarios, incluyendo los farmacéuticos, y educativos u organizar los mismos de manera que no sea necesario celebrar contratos públicos.
b) No incurrir en alguno de los supuestos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, ni de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos o normativa vigente en esta materia.
d) No incurrir en alguno de los supuestos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, ni de la Ley 3/2005, de 8 de abril, o normativa vigente en esta materia.
Las personas que hubieran presentado un formulario de adhesión, conforme al Anexo I, estarán obligadas a comunicar de inmediato cualquier cambio que se produzca en relación con el contenido del mismo, mediante la cumplimentación de un nuevo formulario de adhesión en el que se señale la casilla «modificación de adhesión inicial» del Anexo I.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 35 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en el artículo 25 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, en los artículos 103 a 106 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, y en el Capítulo III del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se identifican como infracciones sanitarias en la materia objeto del presente Decreto las siguientes:
El derecho y obligación de relacionarse electrónicamente ante la Administración se harán efectivos, conforme a lo dispuesto en la disposición final séptima en relación con la disposición transitoria cuarta de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

References: Artículo 2

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 18
 Real Decreto 
 artículo 11
 artículo 35
 artículo 25