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Secretario: francisco octavio escudero contreras
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5123/2014.
PONENTE: MINISTRA OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE
GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIO: FRANCISCO OCTAVIO ESCUDERO CONTRERAS.
México, Distrito Federal. Acuerdo Plenario de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día tres de junio de dos mil quince.
V I S T O S. Y
PRIMERO. Por escrito presentado el cinco de junio de dos mil catorce, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, **********, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por el acto que a continuación se indican1.
Juez Quincuagésimo Primero Penal del Distrito Federal.
Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
La sentencia de once de abril de dos mil catorce, emitida en el toca penal **********.
SEGUNDO. El quejoso señaló como garantías violadas, las contenidas en los artículos 1º, 14, 16, 17, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del caso, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes.
TERCERO. Por proveído de seis de junio de dos mil catorce, el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal ordenó formar y registrar el expediente bajo el número **********, en el cual, al advertir que el acto reclamado era una sentencia definitiva, se estimó legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías, y ordenó su remisión al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en Turno, para que resuelva lo conducente2.
CUARTO. Por proveído de dieciséis de junio de dos mil catorce, el Titular del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, aceptó la competencia planteada por cuánto hacía al acto consistente en la sentencia reclamada de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, e igualmente con respecto al Juez Quincuagésimo Primero Penal del Distrito Federal, la cual tendría el carácter de ejecutora para efectos del amparo3.
Una vez recibido el informe con justificación, así como las constancias requeridas para integrar el expediente respectivo, por auto de veinticuatro de junio de dos mil catorce4, el Tribunal Colegiado del conocimiento admitió la demanda de garantías, únicamente por cuanto hacía al acto reclamado de la Tercera Sala Penal, desechándola por notoriamente improcedente, por cuanto hacía a los actos de ejecución atribuidos al Juez Quincuagésimo Primero Penal, ambas del Distrito Federal; y seguidos los correspondientes trámites de ley, en sesión del dos de octubre de dos mil catorce, dictó la sentencia respectiva, en el sentido de negar el amparo al quejoso5.
QUINTO. Inconforme con la anterior resolución, por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, el diecisiete de octubre de dos mil catorce, el quejoso interpuso recurso de revisión6, el cual, por oficio número 1282/14-BE, de veinte de octubre de dos mil catorce7, se remitió junto con los autos relativos a la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la substanciación del recurso hecho valer.
SEXTO. Por proveído de veintinueve de octubre de dos mil catorce, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el recurso de revisión, con reserva del estudio de importancia y trascendencia que en el momento procesal oportuno se realice; ordenó formar el toca de amparo directo en revisión 5123/2014; turnarlo para su estudio, a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, al estar relacionado con el amparo directo en revisión 5122/2014; notificar al Procurador General de la República por conducto del Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Alto Tribunal; así como remitir el asunto a la Primera Sala por corresponder la materia del mismo a la especialidad de ésta8.
SÉPTIMO. Por proveído de tres de diciembre de dos mil catorce, el Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibidos los autos y se avocó al conocimiento del asunto y ordenó su envío a la Ponencia de la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas para la elaboración del proyecto correspondiente9.
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión de conformidad con los artículos 107 fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II y 83, de la Ley de Amparo en vigor; y, 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los puntos primero y tercero del Acuerdo General 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal el trece de mayo de dos mil trece y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno del mismo mes y año, ya que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia pronunciada en un amparo directo penal por un Tribunal Colegiado de Circuito y su resolución no requiere la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO. Oportunidad. El recurso de revisión fue interpuesto en tiempo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, al precisarse de las constancias existentes que la sentencia recurrida fue dictada el dos de octubre de dos mil catorce, y notificada al ahora recurrente de forma personal el viernes diez de octubre de dos mil catorce10, misma que surtió efectos el día hábil siguiente, que fue el lunes trece de octubre de dos mil catorce.
En consecuencia, el término de diez días señalado en el artículo de mérito, transcurrió a partir del martes catorce de octubre de dos mil catorce al lunes veintisiete del mismo mes y año, excluyéndose los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de octubre de dos mil catorce, por ser sábados y domingos, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En esas condiciones, al haber sido presentado el recurso de revisión el veinte de octubre de dos mil catorce, según se desprende del sello fechador que consta a fojas tres del toca de revisión, debe estimarse que fue interpuesto oportunamente.
TERCERO. Procedencia. Como una cuestión previa, conviene destacar que el recurso de revisión, en el juicio de amparo directo, se encuentra regulado en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal, 81, fracción II y 83, de la Ley de Amparo; 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los puntos primero y tercero del Acuerdo General 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal el trece de mayo de dos mil trece y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, disposiciones que son del tenor siguiente:
“Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
IX.- En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras…”
“Artículo 81. Procede el recurso de revisión:
La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras…”
“Artículo 83. Es competente la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del recurso de revisión contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional, cuando habiéndose impugnado normas generales por estimarlas inconstitucionales, o cuando en la sentencia se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución y subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.”
“Artículo 21.- Corresponde conocer a las Salas:
III.- Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito: a) Cuando habiéndose impugnado la constitucionalidad de un reglamento federal expedido por el Presidente de la República, o de reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el Jefe del Distrito Federal, o en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en estas materias, se haya decidido o se omita decidir sobre la misma inconstitucionalidad o interpretación constitucional.”
Los referidos puntos del Acuerdo Plenario 5/2013, a la letra dicen:
“PRIMERO. Las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercerán la competencia que les otorga el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la manera siguiente:
La Segunda Sala conocerá de las materias administrativa y del trabajo.”
“TERCERO. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el Punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Tribunales Colegiados de Circuito.”
De la lectura de los preceptos transcritos, se desprende que las resoluciones en juicios de amparo directo, que emitan los Tribunales Colegiados de Circuito, no admiten ningún recurso.
Sin embargo, se establecen excepciones, a saber:
a) Cuando subsista en el recurso de revisión el problema de constitucionalidad de leyes.
b) Cuando en la sentencia impugnada se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
c) Cuando el Tribunal Colegiado de Circuito, omita pronunciarse en cualquiera de las materias precisadas en los anteriores incisos, no obstante de que en los conceptos de violación se planteó la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución.
d) Que el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia.
Como puede observarse, el recurso de revisión, en tratándose del juicio de amparo directo, se constituye como un medio de impugnación que únicamente será procedente en los casos señalados con antelación; es decir, de manera excepcional.
En tal virtud, la procedencia del recurso de revisión en el juicio de amparo directo requiere, en principio, que en la demanda de amparo se hubiere impugnado la constitucionalidad de una ley, de un tratado internacional o de un reglamento, o se hubiere planteado en los conceptos de violación la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que al dictar la sentencia el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente haya decidido sobre la constitucionalidad de la ley, tratado internacional o reglamento impugnado; o bien, establecido la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal u omitido el estudio y decisión de estas cuestiones, y que sea de importancia y trascendencia el planteamiento cuestionado.
Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias que a continuación se transcriben:
Tesis: 2a./J. 3/96
“REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, REQUISITOS DE SU PROCEDENCIA. La interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX de la Constitución Federal; 83, fracción V de la Ley de Amparo; 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, permite determinar que para la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones pronunciadas en amparo directo por los Tribunales Colegiados de Circuito, se requiere que en la demanda de amparo se hubiere impugnado la constitucionalidad de una ley, de un tratado internacional o de un reglamento, o se hubiere planteado en los conceptos de violación la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que al dictar sentencia el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, haya decidido sobre la constitucionalidad de la ley, tratado internacional o reglamento impugnado; o bien, establecido la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, u omitido el estudio y decisión de estas cuestiones.”
Tomo: 81, septiembre de 1994
Tesis: 4a./J. 39/94
“REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO CONTRA SENTENCIAS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, PROCEDENCIA DEL RECURSO DE. Para que proceda el recurso de revisión contra las resoluciones pronunciadas en amparo directo por los Tribunales Colegiados de Circuito, se requiere que en ellos se decida sobre la constitucionalidad de una ley, de un tratado internacional o de un reglamento, o bien que se establezca la interpretación directa de un precepto de la constitución. La finalidad que se persigue al establecer la procedencia del recurso de revisión en las hipótesis señaladas, consiste en que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien, como intérprete definitivo de la Ley Fundamental, en última instancia determine si una norma secundaria se ajusta o no al texto de aquélla, o bien, fije el alcance y sentido jurídico de determinada disposición de rango constitucional.”
Los referidos puntos del Acuerdo Plenario 5/1999, a la letra dicen:
“PRIMERO.-Procedencia. --- I. El recurso de revisión es procedente contra las sentencias que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, si se reúnen los supuestos siguientes: --- a) Si en ella se decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento -federal o local-, o se establece la interpretación directa de un precepto constitucional; o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones acabadas de mencionar, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo. --- b) Si el problema de constitucionalidad referido en el subinciso anterior, entraña la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva...”
De la lectura de los preceptos transcritos, se aprecia que las resoluciones en juicios de amparo directo, que emitan los Tribunales Colegiados de Circuito, no admiten ningún recurso.
Cuando subsista en el recurso de revisión el problema de constitucionalidad de leyes.
Una vez precisado lo anterior, debe señalarse que el recurso de mérito sí cumple con los requisitos antes aludidos, en virtud de que de la lectura de las consideraciones del Tribunal Colegiado, se aprecia que en el fallo se decidió acerca de la constitucionalidad de los artículos 128 y 138 del Código Penal para el Distrito Federal, lo que hace procedente este recurso de revisión.
CUARTO. En sus conceptos de violación, el quejoso adujo, en lo conducente, lo siguiente:
Que el acto reclamado viola los derechos fundamentales del quejoso previstos en los artículos 1, 14, 16, 17, 20 y 133 de la Constitución Federal, que consagran las garantías de legalidad y seguridad jurídica, ya que lo detuvieron sin presentar orden de aprehensión y todo el tiempo estuvo incomunicado ya que no lo dejaron hablar por teléfono, sin estar asistido de abogado defensor o persona de su confianza.
Que la autoridad responsable inaplicó las reglas de valoración, ya que a los testigos de cargo no les constan los hechos, por lo que carecen del valor probatorio a que alude el artículo 255 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, al ser testigos de oídas; máxime, que se manipularon las imputaciones en su contra.
Que la autoridad responsable acreditó agravantes que no tienen sustento en la Constitución y tratados internacionales.
Es una violación constitucional y de derechos humanos, al imponer pena pecuniaria, por el concepto de agravados en virtud de que no está contemplado en la Constitución y en los Tratados Internacionales a los que México está adscrito, y es un abuso de la autoridad local imponer penas excesivas adicionales al delito, convirtiendo (sic) que es una forma de disfrazar el artículo 23 constitucional y convirtiéndose en una pena excesiva e inconstitucional.

References: resolución 
 artículo 86
 artículo 19
 artículo 103
 artículo 21
 artículo 255
 artículo 23