Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2018/as201810012.html
Timestamp: 2019-11-16 02:24:00+00:00

Document:
as201810012
AUTO SUPREMO Nº 012/2018-RA
Sucre, 01 de febrero de 2018
Expediente : La Paz 75/2017
Parte Acusadora : José Carlos Zariza Carpio y otra
Parte Imputada : Gregorio Quispe Huayhua y otros
Por memorial presentado el 8 de mayo del 2017, José Carlos Zariza Carpio, de fs. 1193 a 1204 y Teresa Jesús Torrez Torrez, de fs. 1242 a 1247, interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 45/2016 de 5 de diciembre de fs. 1142 a 1149, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por los recurrentes contra Gregorio Quispe Huayhua, Gregoria Mayta Poma, Clemente Mayta, Hilda Poma Pujro y Bernardo Cuentas Fernández, por la presunta comisión de los delitos de Despojo, Perturbación de Posesión y Daño Simple, previstos y sancionados por los arts. 351, 353 y 357 del Código Penal (CP), respectivamente.
Por Sentencia 130/2014 de 11 de agosto (fs. 940 a 944), la Juez Segundo de Partido y Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Gregorio Quispe Huayhua, Gregoria Mayta Poma, Clemente Mayta, Hilda Poma Pujro, absueltos de la comisión de los delitos de Despojo, Perturbación de Posesión y Daño Simple, previstos y sancionados por los arts. 353 y 358 del CP.
Contra la mencionada Sentencia, los querellantes Teresa Jesús Torrez Torrez (fs. 984 a 990), y José Carlos Zariza (fs. 991 a 1003 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 40/2015 de 17 de junio (fs. 1029 a 1032), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 308/2016-RRC de 21 de abril (fs. 1121 a 1132); en cuyo mérito, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 45/2016 de 05 de diciembre, que declaró improcedentes las cuestiones planteadas en el recurso, en cuya virtud confirmó la Sentencia apelada.
Por diligencia de 2 de mayo de 2017 (fs. 1150), los recurrentes fueron notificados con el referido Auto de Vista; y, el 8 del mismo mes y año, interpusieron los recursos de casación que son objeto del presente análisis de admisibilidad.
II.1. Del recurso de José Carlos Zariza Carpio.
Denuncia que el Tribunal de apelación, infringió la doctrina legal establecida en el Auto Supremo 308/2016-RRC de 21 de abril, dictada dentro del presente caso de autos, al dictar de manera directa el Auto de Vista 45/2016 de 5 de diciembre del 2015, sin darles la oportunidad de subsanar los defectos formales de sus recursos de apelación restringida, transgrediendo el art. 399 del Código de Procedimiento Penal (CPP), vulnerando lo dispuesto por el art. 420 de la norma adjetiva penal, al no cumplir la doctrina señalada, así como su derecho al debido proceso en su componente legalidad procesal, tutela judicial efectiva y principio de seguridad jurídica, tutelados por los arts. 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), incurriendo en defecto absoluto previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP.
Denuncia que el Auto de Vista impugnado, viola la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el principio de seguridad jurídica, por inobservancia de los arts. 124 y 398 del CPP, además de incumplir la doctrina legal establecida por el Auto Supremo 308/2016-RRC de 21 de abril, también sería contrario a lo establecido por los Autos Supremos 52 de 19 de marzo de 2012 y 8 de 26 de enero del 2007, que habrían establecido que los argumentos evasivos, confusos, arbitrarios o contradictorios, constituyen vicio de incongruencia omisiva, tal como acontece en el caso de autos, pues en la resolución impugnada en los numerales 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2 y 4.1 del apartado 4to del considerando IV, no existiría una respuesta clara y precisa de todos los agravios expuestos en su recurso, lo cual según el querellante vulneraría lo previsto por los arts. 124 y 398 del CPP, toda vez que el Tribunal de apelación no había resuelto las siguientes proposiciones jurídicas: 1) Los motivos primero, tercero, cuarto y sexto, de su recurso de apelación restringida, fundados en la supuesta existencia de los defectos de sentencia previstos por los incs. 3), 6) y 11) del art. 370 de la norma adjetiva penal e inobservancia y violación del art. 173 de la norma referida, y sobre los cuales el Tribunal de alzada en el punto 4.1. apartado 4to del considerando IV de la resolución impugnada, argumentó que son idénticos a los planteamientos esgrimidos por la querellante Teresa Jesús Torrez Torrez y en cuanto al defecto de sentencia previsto por el inc. 3) del art. 370 del CPP, el de mérito había efectuado un resumen de los hechos, tomando en cuenta la querella y acusación particular, en los que el apelante mencionó que los actos ilícitos ocurrieron el 20 de junio, 31 de octubre y 1 de noviembre, todos del 2010; por otro lado, en la misma querella y auto de apertura del proceso, se indicaría también el 6 de mayo, que en la exposición de motivos de derecho de la sentencia, se efectuó un contraste de la prueba y la subsunción de la conducta de los acusados en los tipos penales de Despojo, Perturbación de Posesión y Daño Simple, concluyendo que la conducta de los sindicados no encuadra a los referidos tipos penales, razonamiento de la Juez de mérito que sería claro y coherente con los datos y pruebas presentadas por las partes. La referida conclusión del Tribunal de apelación, a decir del recurrente sería genérica y carente de fundamentación, al no expresar las razones o evidencias específicas que sustenten y permitan derivarla, no respondería de forma precisa y fundamentada los motivos alegados en apelación, pues en la enunciación del hecho, no se determinaría si en la sentencia se enunció si el hecho objeto de juicio ocurrió el 20 de junio y la madrugada el 1 de noviembre del 2010. En cuanto, a los motivos tercero, cuarto y sexto, no existiría explicación y justificación que refiera si la sentencia carece o no de fundamentación fáctica, probatoria descriptiva, probatoria intelectiva y fundamentación jurídica, lo mismo ocurriría en cuanto a la inobservancia y violación del art. 173 del CPP, la defectuosa valoración probatoria y si se basa o no en hechos impertinentes o inobservancia de las reglas de congruencia entre la acusación y la sentencia, por lo que refiere que el Auto de Vista impugnado incurre en incongruencia omisiva; 2) En cuanto al segundo agravio planteado en el recurso de apelación restringida, por el cual argumentó que la sentencia inobservó y violó los arts. 124 y 360 inc. 3) del CPP, incurriendo en el defecto previsto por el inc. 5) del art. 370 de la norma adjetiva penal, porque carecería de fundamentación fáctica, probatoria y jurídica, defectos sobre los cuales el Tribunal de alzada en el Auto de Vista impugnado, en el punto 4.1.2 del apartado IV del considerando IV, habría argumentado que como querellantes, no demostraron ante la Juez de mérito , su pretensión punitiva, señalando las pruebas pertinentes para tomar convicción de los hechos y la responsabilidad de los acusados; argumento del Tribunal de alzada, que el recurrente considera genérico, inconsistente e infundado, al no tener respaldo con la identificación de los antecedentes del proceso, pruebas y hechos que fueron objeto de juicio, además de no pronunciarse de forma razonada, motivada y técnica, sobre si la Sentencia carece o no de fundamentación fáctica, descriptiva y valorativa, motivos que tendrían características propias que merecen dilucidarse de forma separada; 3) Respecto al séptimo motivo de su recurso de alzada, fundado en que el de mérito incurrió en errónea aplicación de la norma sustantiva, en cuanto, al tipo penal previsto por el art. 351 del CP; por cuanto, no obstante de establecer que el hoy recurrente es propietario del inmueble y que el mismo se encuentra ocupado por el imputado Gregorio Quispe, declaró absuelto al referido acusado; el de alzada, en el punto 4.1.2 apartado 4 del considerando IV del Auto de Vista, alegó que para la comisión del tipo penal de Despojo, debe existir el desplazamiento del sujeto pasivo o el impedimento para realizar actos propios de ocupación que vendría ejerciendo; aspecto que, el querellante no manifestaría, por lo que la actuación del Juez de mérito estaría de acuerdo a la norma procesal vigente, realizando una valoración lógica jurídica de acuerdo a la ley sustantiva vigente, por otro lado, a decir del Tribunal de alzada, la querellante señaló tres fechas distintas de manera genérica para los tres delitos acusados y en el punto 4.1.3 del mismo apartado del considerando referido, el Tribunal de apelación manifestaría que el delito de Perturbación de Posesión, previsto por el art. 353 del CP, tiene como verbo rector perturbar la quieta y pacífica posesión, por lo que también era condición sine qua non demostrar la pacífica posesión; empero, la prueba producida en juicio no hubiera sido idónea para demostrar ese hecho, al igual que para la demostración de la Perturbación de Posesión. En el punto 4.2 apartado 4.2 del considerando IV, el Tribunal de apelación, había reiterado los argumentos del punto 4.1.2 y en el punto 4.1 del considerando referido de la resolución impugnada, el de alzada alegaría que el pago de impuestos y servicios básicos del inmueble, no demuestran posesión sino simples actos de administración; argumentos de Tribunal de apelación, que a decir del recurrente, son infundados e impertinentes, al no responder al fondo del séptimo agravio, pues no explicaría las razones en las que sustenta sus afirmaciones, menos explicaría si existe o no aplicación errónea del art. 351 del CP, argumentos que además de ser confusos serían reiterativos y eludirían responder el agravio referido, constituyendo también una revaloración de las pruebas, como la inspección ocular, testificales y documentales, al establecer que el recurrente no estaba en posesión del inmueble motivo de la Litis, afirmaciones que serían falsas e ilegítimas; y, 4) Sobre el quinto y octavo motivo del recurso de apelación restringida, el primero fundado en la existencia del defecto de sentencia previsto por el inc. 6) del art. 370 del CPP, por basarse en hechos no acreditados, al afirmar que los títulos de propiedad de los querellantes estarían observados por supuesta falsedad, que el terreno en cuestión es pro-indiviso y que los imputados no transgredieron el derecho de propiedad de los querellantes; y, el octavo, basado en el supuesto de que la sentencia incurrió en defecto absoluto por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva, debido proceso y seguridad jurídica, tutelados por los arts. 180.II, 115.I y II, y 178.I de la CPE, por carecer de fundamentación fáctica, probatoria y jurídica, por falta de valoración completa e íntegra de toda la prueba de descargo, conculcando lo dispuesto por los arts. 124, 173, 360 y 370 del CP, agravios sobre los cuales no existiría resolución en el Auto de Vista impugnado. Los argumentos expuestos, evidenciarían que el Tribunal de apelación omitió y eludió arbitrariamente, pronunciarse sobre los “nueve” agravios planteados en su recurso de apelación restringida, incurriendo en el defecto absoluto previstos por el art. 169 inc. 3) del CPP, por quebrantar los arts. 124 y 398 de la norma adjetiva penal, por vulnerar su derecho a recurrir, tutela judicial efectiva y debido proceso y el principio de seguridad jurídica, tutelados por los arts. 180.II, 115.I y II, y 178.I de la CPE; asimismo, el Tribunal de alzada incidiría en falta de fundamentación y motivación que le permita conocer con certeza y objetividad cuales fueron las razones para desestimar las denuncias expuestas en su recurso de apelación restringida, tal como estableció éste Tribunal a través del Auto Supremo 308/2016 de 21 de abril del 2016, vulnerando la segunda parte del art. 420 del CPP.
Denuncia también que el Tribunal de apelación en el Auto de Vista impugnado en el punto 4.1.4 apartado IV del considerando IV, en cuanto al delito de Daño Simple, hizo cuestionamientos que advertirían que el de alzada observó que el recurso de apelación restringida adolece de defectos de forma en la fundamentación sobre el referido delito, por lo que a decir del recurrente correspondía que el Tribunal de apelación, aplique el art. 399 del CPP; empero, al no haberlo hecho, se contrapondría a lo dispuesto por los Autos Supremos 371/2013 de 23 de diciembre, 102/2004 de 1 de abril, 567/04 de 1 de octubre de 2004 y 59/2012 de 30 de marzo, al no haberle dado la oportunidad de subsanar los defectos formales, vulnerando el art. 399 del CPP, incurriendo en defecto absoluto previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP, por suprimir su derecho al debido proceso en su elemento de legalidad y tutela judicial efectiva, protegidos por el art. 115.I y II de la CPE, declarando el motivo referido, improcedente por defectos formales, dejándole en incertidumbre e inseguridad jurídica.
Argumenta que conforme la doctrina señalada por los Autos Supremos 200/2012-RRC de 24 de agosto y 226/2014 de 24 de junio, el Tribunal de apelación no tiene facultades para revalorar prueba; sin embargo, en el Auto de Vista impugnado, en el punto 4.1.3 del apartado 4to del considerando IV, el Tribunal de apelación refiriéndose al tipo penal de Perturbación de Posesión, incurrió en el referido defecto al señalar que las pruebas testificales y documentales, no fueron idóneos para demostrar el hecho y que en apelación, el querellante tampoco identificó la prueba idónea para demostrar la comisión del referido delito; en el punto 41.1 del mismo apartado, el Tribunal de alzada habría valorado su título de propiedad, documentos de pago de impuestos y servicios básicos, concluyendo que los mismos sólo demostrarían actos de administración, hechos que a decir del recurrente, demuestran la revaloración de la prueba consistente en la inspección ocular, pruebas testificales y documentales, para concluir que el querellante no tenía posesión sobre el inmueble y que por tanto los acusados no cometieron los delitos de Despojo y Perturbación de Posesión; vulnerando a decir del recurrente, su derecho al debido proceso tutelado por el art. 115.II de la CPE, e ingresando en el defecto absoluto previsto por el inc. 3) del art. 169 del CPP.
II.2. Del recurso de Teresa Jesús Torrez Torrez.
Denuncia que el Tribunal de apelación, no dio cumplimiento a la doctrina legal aplicable emitida por el Auto Supremo 308/2016-RRC de 21 de abril, dictado dentro del presente caso, que estableció que si la apelación restringida de Teresa Jesús Torrez Torrez y el querellante José Carlos Zariza, tienen falencias formales, tiene el deber de aplicar en favor de ambas partes, lo preceptuado por el art. 399 del CPP, en sujeción al principio de igualdad de las partes; sin embargo, el Tribunal de alzada apartándose de la referida doctrina e inobservando lo dispuesto por el segundo párrafo del art. 420 del CPP, había dictado la resolución ahora impugnada, sin otorgarle el plazo previsto por ley para subsanar los defectos formales de su apelación, vulnerando además de las normas adjetivas señaladas, su derecho al debido proceso en su componente de legalidad procesal, tutela judicial efectiva y quebrantó el principio de seguridad jurídica, tutelados por los arts. 115 y 180 de la CPE, incurriendo en defecto absoluto inconvalidable conforme lo previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP.
Transcribiendo parcialmente los Autos Supremos 52 de 19 de marzo del 2012 y 8 de 26 de enero del 2007 y refiriéndose a los motivos en los que fundó su recurso de apelación restringida, la recurrente señala que del análisis de las conclusiones establecidas por el Tribunal de alzada en el los numerales 3.1 al 3.6 del apartado 3ro del considerando IV del Auto de Vista impugnado, se advertiría que el mismo, expuso argumentos confusos e incoherentes, omitiendo y eludiendo, pronunciarse en forma clara y precisa sobre el fondo de los nueve agravios expuestos en su apelación, infringiendo la doctrina legal establecida por los precedentes transcritos parcialmente y vulnerando los arts. 124 y 398 del CPP e incurriendo en el defecto absoluto previsto por el art. 169 inc. 3) de la norma adjetiva penal, por vulnerar su derecho a recurrir, la tutela judicial efectiva y el debido proceso en su componente derecho a la fundamentación de las resoluciones, así como la seguridad jurídica, consagrados por los arts. 180.II, 115.I y II y 178.I de la CPE, al privarle de conocer los fundamentos razonables, claros, coherentes y suficientes del porque cada uno de los referidos agravios serían o no procedentes.
Haciendo remembranza de la ratio decidendi de los Autos Supremos 371/2013 de 23 de diciembre, 102 de 1 de abril del 2005 y citando los Autos Supremos 567/04 de 1 de octubre de 2004 y 59/2012 de 30 de marzo, refiere que el Auto de Vista impugnado, en el punto 3.1 del apartado 3ro del considerando IV, haciendo mención de los requisitos para la presentación del recurso de apelación restringida, argumentó que el recurso interpuesto por la recurrente, no sería claro ni específico; en el punto 3.4 de la resolución referida, el Tribunal de apelación, habría manifestado que la apelante a tiempo de alegar que el Juez de mérito no valoró de forma adecuada el numeral “121 del art. 370 del CPP” (sic), no señaló en que parte de la sentencia estaría la incongruencia con la acusación; y finalmente, en el punto 3.5 respecto a la denuncia de carencia de fundamentación y motivación, la recurrente no habría establecido cual es la fundamentación que realizó el Juez de mérito, limitándose a hacer mención a la Sentencia Constitucional 0436/2010 y 0936/06; argumentos del Tribunal de apelación que la recurrente observa señalando que no existiría en la resolución impugnada, un pronunciamiento sobre los agravios, pues con el argumento de la existencia de defectos de forma o falta de fundamentación en el recurso de apelación restringida, vulneraría el art. 399 del CPP y la doctrina establecida por los precedentes transcritos parcialmente y los citados, al no darle la oportunidad de subsanar esos defectos formales que extraña, ingresando en un defecto absoluto conforme lo previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP por suprimir su derecho al debido proceso en su elemento de legalidad y su derecho a la tutela judicial efectiva, protegidos por el art. 115.I y II de la CPE, por no otorgarle el derecho a subsanar su recurso de apelación restringida.
Ahora bien, un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.
En el caso de autos, se establece que el 2 de mayo del 2017, fueron notificados los querellantes con el Auto de Vista impugnado; y, el 8 del mismo mes y año, interpusieron recursos de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.
En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad, se establece que:
IV.1. Del recurso de casación interpuesto por José Carlos Zariza Carpio.
En el primer motivo de casación, el recurrente señala que el Tribunal de apelación no dio cumplimiento a la ratio decidendi del Auto Supremo 308/2016-RRC de 21 de abril, que fue dictado dentro del presente caso, impidiéndole subsanar los defectos formales de su apelación restringida, hecho que a decir del recurrente, transgrede el precedente dictado dentro del caso de autos, el art. 399, segundo párrafo del 420, todos del CPP y su derecho al debido proceso en su componente de legalidad procesal, tutela judicial efectiva y principio de seguridad jurídica, incurriendo en el defecto previsto por el inc. 3) del art. 169 de la norma adjetiva penal, argumentos claros y suficientes para ingresar a verificar si en la resolución impugnada, el Tribunal de apelación cumplió con la doctrina legal del precedente invocado y que había sido dictado dentro del presente caso; habiendo cumplido el recurrente con invocar el precedente contradictorio, señalando que la contradicción entre éste y la resolución impugnada, se halla en el hecho de no darle la oportunidad de subsanar los defectos formales de su recurso de apelación restringida, conforme lo previsto por el art. 399 del CPP, por lo que el motivo analizado deviene en admisible por cumplimiento de los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP.
En el segundo motivo de casación, el recurrente a tiempo de denunciar que el Tribunal de alzada incurrió en incongruencia omisiva, al exponer en los numerales 4.1, 4.1.1., 4.1.2, 4.1.3, 4.14 y 4.2 del apartado 4to del considerando IV de la resolución impugnada, argumentos genéricos y carentes de fundamentación que no responden de manera precisa y fundamentada a los motivos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo de su apelación restringida, fundados en la presunta existencia de los defectos de sentencia previstos por los incs. 1) –con relación al tipo penal previsto por el art. 351 del CP-, 3), 5), 6) y 11) del art. 370 y en la inobservancia y violación del art. 173, todos del CPP, así como la supuesta existencia de defectos absolutos, además de alegar la existencia del defecto absoluto previsto por el inc. 3) del art. 169 del CPP, porque el Tribunal de apelación habría quebrantado los arts. 124 y 398 del CPP y por vulneración del derecho a impugnar, la tutela judicial efectiva, debido proceso y principio de seguridad jurídica, el recurrente cumplió con la carga procesal de invocar como precedentes contradictorios los Autos Supremos 308/2016-RRC de 21 de abril, 52 de 19 de marzo del 2012 y 8 de 26 de enero del 2007, que establecerían que los argumentos evasivos, confusos, arbitrarios o contradictorios, constituyen vicio de incongruencia omisiva, tal como acontece en el caso de autos, habiendo vulnerado además el Tribunal de alzada, lo dispuesto por el segundo párrafo del art. 420 del CPP, con relación a los precedentes invocados, por lo que el motivo analizado deviene en admisible por cumplimiento de los requisitos de admisibilidad previstos por los arts. 416 y 417 del CPP.
En el tercer motivo de su recurso de casación, alega que el Tribunal de alzada en la resolución impugnada en el punto 4.1.4 del apartado IV del considerando IV, observó defectos formales en el planteamiento del motivo de apelación respecto al tipo penal de Daño Simple, declarando el motivo de apelación improcedente por falta de requisitos formales, sin darle la oportunidad de subsanar los mismos, conforme lo previsto por el art. 399 de la norma adjetiva penal, transgrediendo lo señalado por los Autos Supremos 371/2013 de 23 de diciembre y 102/2004 de 1 de abril, incurriendo además en el defecto absoluto previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP, al suprimir su derecho al debido proceso en su elemento de legalidad y tutela judicial efectiva; habiendo cumplido con la carga procesal de invocar precedentes contradictorios, precisando como contradicción entre éstos y el Auto de Vista impugnado, en la supuesta omisión de darle la oportunidad de subsanar los defectos formales de su recurso de apelación restringida, deviniendo en admisible el motivo en análisis por cumplimiento de los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 de la norma adjetiva penal.
En cuanto a los Autos Supremos 567/04 de 1 de octubre y 59/2012 de 30 de marzo, los mismos no serán considerados para la resolución de fondo, en virtud a que el recurrente se limitó a citarlos, sin cumplir con la carga argumentativa de señalar con precisión en qué consiste la contradicción respecto de éstos y la resolución impugnada.
En el cuarto motivo de casación, el recurrente acusó que el Tribunal de apelación revaloró prueba, identificando la misma y el acápite del Auto de Vista donde se encontraría el argumento que prueba la supuesta revaloración probatoria, motivo en el que el recurrente cumplió con la carga procesal de invocar como precedentes contradictorios los Autos Supremos 200/2012-RRC de 24 de agosto y 226/2014 de 24 de junio, que fueron transcritos parcialmente en la parte pertinente que hace a la problemática planteada, deviniendo el mismo en admisible por cumplimiento de los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP.
IV.2. Del recurso de casación de Teresa Jesús Torrez Torrez.
En el primer motivo de casación, a tiempo de alegar que el Tribunal de apelación declaró improcedente su recurso de apelación restringida, por falta de requisitos formales, sin darle la oportunidad de subsanar los mismos; invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 308/2016-RRC de 21 de abril, dictado dentro del presente caso de autos, señalando que la resolución impugnada es contraria a la resolución invocada, al no haber cumplido con la doctrina legal establecida, que obligaba al Tribunal de alzada a otorgarle el plazo previsto por el art. 399 del CPP, para subsanar el recurso de apelación restringida presentado; por lo que corresponde admitir el motivo analizado, ante el cumplimiento de los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP.
En el segundo motivo de casación, la recurrente a tiempo de denunciar que el Tribunal de apelación en los puntos 3.1 al 3.6 del considerando IV del Auto de Vista impugnado, expuso argumentos confusos e incoherentes a tiempo de pronunciarse sobre los nueve motivos de su recurso de apelación restringida –los cuales identifica en su recurso de casación-; además, de alegar la vulneración de los arts. 124 y 398 del CPP y la existencia del defecto absoluto previsto por el art. 169 inc. 3) de la norma adjetiva penal, por presunta infracción de su derecho a recurrir, tutela judicial efectiva y debido proceso, si bien invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 52 de 19 de marzo del 2012 y 8 de 26 de enero del 2007, transcribiendo parcialmente y resaltando que los mismos establecieron el deber de fundamentación; no cumplió con la suficiente carga argumentativa, para ingresar a verificar la existencia del supuesto agravio denunciado, pues de manera general alegó que el Auto de Vista expuso argumentos confusos e incoherentes, si bien identifica el acápite donde se encontrarían los referidos fundamentos, no precisa cuál es esa manifestación de alzada, que en su criterio es confuso e incoherente y porqué razón considera que incurre en el defecto observado; defecto que también impide a este Tribunal a admitir el motivo excepcionalmente, pues la insuficiente carga argumentativa, cae en el incumplimiento de la obligación de proveer los hechos generadores del supuesto defecto absoluto. Por lo que corresponde declarar inadmisible el motivo de casación analizado.
En el tercer motivo de casación, la recurrente denuncia que el Tribunal de apelación en el punto 3.4 y 3.5 del Auto de Vista impugnado, hizo observaciones de forma a su recurso de apelación restringida, empero no le dio la oportunidad de subsanar los mismos, transgrediendo lo dispuesto por los Autos Supremos 371/2013 de 23 de diciembre y 102 de 01 de abril del 2005, que habrían establecido la obligación del Tribunal de alzada de efectuar juicio de admisibilidad antes de resolver el fondo del recurso de apelación restringida y ante la eventualidad de incumplimiento en los requisitos formales, dar al recurrente la oportunidad de subsanar los mismos; por lo que corresponde admitir el motivo analizado, ante el cumplimiento de los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP.
Se deja establecido en el análisis de fondo, no se considerará los Autos Supremos 567/04 de 1 de octubre de 2004 y 59/2012 de 30 de marzo; toda vez, que los mismos fueron citados, sin precisar en qué consiste la supuesta contradicción entre la resolución impugnada y los precedentes referidos.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE los recursos de casación interpuestos por José Carlos Zariza Carpio y Teresa Jesús Torrez Torrez, con excepción del segundo motivo del recurso interpuesta por ésta última, de fs. 1193 a 1204 y 1242 a 1247; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.

References: resolución 
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