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Timestamp: 2018-02-24 03:11:50+00:00

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Revista Lex Forum 16 Noviembre 2012 by Manuel Antonio Lopez Garcia - issuu
NO. 16 AÑO 2
Improcedencia de la Suplencia de la queja en favor del ofendido o víctima del delito por la vía del control de Convencionalidad Pedro José ZORRILLA RICÁRDEZ
Rodulfo Brito Foucher, un tabasqueño de talla internacional Primera audiencia del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Tabasco ENTREGA LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO PREMIO MALINALLI 2012 AL JURISTA DIEGO VALADÉS RÍOS
Editorial LEGALIZACIÓN DE LA MARIGUANA El tema en políticas públicas sobre la legalización de drogas, lavado de dinero y en lo general el crimen organizado, es un tema que no debe eludirse, ya requiere la opinión historia, jurídica, económica, social, médica y cultural para poder atender este problema. En sentido estricto la droga es aquella sustancia mineral, vegetal o animal, que se emplea en la medicina, en la industria o en las bellas artes, es también la sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno, o simplemente es definida como un medicamento, encontrándose dentro de ese grupo la marihuana o mariguana como la identifica el Diccionario de la Real Academia Española. El caso particular de los Estados Unidos de América donde se está legalizando la mariguana está preocupando a México, si bien las leyes federales del país vecino consideran a la mariguana como una droga ilegal, ya son varios los estados que han decidido el uso legal de ésta, particularmente Colorado y Washington han hecho la diferencia al permitir su consumo ya no con fines terapéuticos sino “recreativos” la enmienda en Colorado establece la posesión legal de una onza (28.3 gramos) en adultos de más de 21 años, además los ciudadanos podrán crecer hasta con 6 plantas en casa y podrán realizar la venta legal si se hace el correspondiente pago de impuestos, es de hacer mención que un porcentaje de esos recursos se destinará a la educación. Con tales medidas se dará un golpe duro al sistema financiero del crimen organizado y se creará un sistema fiscal y de regulación por la producción y venta de la mariguana. En este mismo escenario se encuentra Uruguay, donde el estado está muy cerca de asumir el control y la regulación de actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución del cannabis o sus derivados. Así como ellos, existen ya muchos países que también han legalizado la mariguana. Lo anterior es un ejemplo más de que el derecho no puede ser permanente y que se va adaptando a las nuevas necesidades de la sociedad. Tema que por supuesto toca la sensibilidad de nuestro país donde el tráfico de drogas lo ha dañado tanto y es un referente obligado en la agenda política.
Noviembre 2012	Lic. Kristel Peralta García Directora General Lic. Luis Genaro Chavez Santana Coordinador de Edición Lic. Ana Gabriela Escobar Ruíz Coordinadora de redacción Lic. Gerardo Izquierdo Hernández Coordinador de información Lourdes León Lanestosa Arte y Diseño Editorial
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IMPROCEDENCIA DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DEL OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO POR LA VÍA DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD
12 PRESENTAN “CAFÉ ENTRE ABOGADOS” EN LA UNIVERSIDAD OLMECA
PRIMERA AUDIENCIA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TABASCO
ENTRA EN VIGOR EL REGISTRO NACIONAL DE AVISOS DE PODERES NOTARIALES (RENAP)
ENTREGA LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO PREMIO MALINALLI 2012
PRIMERAS JORNADAS INTERNACIONALES DE FIOLOSOFÍA DEL DERECHO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS-FACULTAD DE DERECHO
REUNIÓN DE TRABAJO DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE COLEGIOS DE ABOGADOS EN CULIACÁN, SINALOA, EN LOS PREPARATIVOS DEL XLI CONGRESO Y ASAMBLEA NACIONAL DE ABOGADOS
PORTADA: Doctor Diego Valadés, galardonado con el premio Malinalli 2012. ARTE: Lourdes León Lanestosa.
Rodulfo Brito Foucher,
SECCIONES. Suprema Corte de Justicia de la Nación10. En Síntesis20. En Redes21. Servicios Jurídicos y Notariales en México29.
IMPROCEDENCIA DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DEL OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO POR LA VÍA DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Crítica a la Tesis de jurisprudencia I.9o.P. J/1 (10a.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. l Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en ejercicio del control de convencionalidad1, al sustentar la tesis I.9o.P. J/1 (10a.)2, arribó a la conclusión de que es procedente suplir la deficiencia de la queja en favor del ofendido en los juicios de amparo en materia penal, inaplicando los artículos 76 bis y 192 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, relativa a la improcedencia de la suplencia de la queja deficiente en favor de la parte ofendida en los juicios del orden criminal. A esa conclusión llegó el órgano terminal en cita, con base en la interpretación de los artículos 1º y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; dispositivo 17 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto San José Costa Rica” y artículo II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Pedro José ZORRILLA RICÁRDEZ*
Como argumento principal, sostuvo el Tribunal Colegiado que de la intelección de los dispositivos referidos, se obtiene “que todas las personas son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de ésta”; dicho de otro modo, citaron el enunciado que consagra el “principio de igualdad y no discriminación”. Apoyándose en ese principio, tomaron como sujetos procesales en igualdad de circunstancias al acusado y a la víctima u ofendido del delito, para sostener que a ambos debe suplirse la deficiencia de la queja en los juicios de garantías. Es ahí, en esa interpretación del “principio de igualdad y no discriminación”, en donde consideramos radica lo desacertado del criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia que se analiza, como se explica a continuación. La cláusula de no discriminación es la forma jurídica adoptada por la mayoría de las Constituciones y leyes fundamentales de los diversos sistemas normativos; en todas ellas se percibe con gran claridad la influencia del
Maestro en Derecho Constitucional; Maestrante en Derechos Humanos y Democracia; Doctorando en Derecho; Secretario Proyectista del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito. 1. Para más sobre el criterio de la SCJN en cuanto al tema del control de convencionalidad en México, puede revisarse la ejecutoria de catorce de julio de dos mil once, emitida por el Pleno del Alto Tribunal, en el Expediente “varios” 912/2010, tramitado con motivo del cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “caso Radilla Pacheco”. 2. De rubro: “SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. OPERA CONFORME AL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO Y DE LAS TESIS 2a. CXXXVII/2002 Y 1a./J. 26/2003). Registro: 2000290. 3. Los criterios a que nos referimos son: 1a./J. 26/2003 y 1a./J. 27/2003. *
IMPROCEDENCIA DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DEL OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO POR LA VÍA DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD artículo 2º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos4. México no es la excepción, el diez de junio de dos mil once, se reformó el último párrafo del artículo 1º Constitucional, para adecuarlo al de la declaración indicada, quedando conformado de la siguiente manera:
sobre cómo, bajo qué criterios y quiénes deben ser los que impongan esas diferenciaciones, así como si deben o no ser valoradas.
1.	Indiferencia jurídica de las diferencias. 2.	Diferenciación jurídica de las diferencias. 3.	Homogeneización jurídica de las diferencias. 4.	Valoración jurídica de las diferencias.
En esa medida, es conveniente verter algunas precisiones teóricas sobre el “principio de igualdad y no discriminación”, con el objetivo de hacer patente lo inexacto de la conclusión a la que arribó el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al sustentar la tesis materia de este ejercicio reflexivo. La manera como el derecho ha concebido las “diferencias” entre los seres humanos, ha evolucionado desde la indiferencia normativa hasta la concepción actual en donde un trato desigual, sin justificación, no puede aceptarse sin ser considerado como un atentado contra la dignidad humana5; por ende, el principio en comento no acepta ser conceptualizado, explicado y entendido, sino a través de la ponderación de su desarrollo histórico progresivo. En ese sentido, Aristóteles fue uno de los primeros filósofos que buscaron, a través de sus disertaciones, justificar de manera razonada el trato diferenciado entre los seres humanos y es a él a quien se le atribuye la fórmula: “igualdad para los iguales, desigualdad para los desiguales6”. Este aforismo que data del siglo IV antes de Cristo, nos señala con agudeza el camino hacia la justicia7; sin embargo, generó una serie de cuestionamientos
Sobre esos tópicos, Luigi Ferrajoli propuso cuatro modelos para el estudio de las “diferencias”8:
Sin duda, de los modelos propuestos, el que más auge ha tomado es el inherente a la valoración jurídica de las diferencias o cuarto modelo, que reconoce la importancia de la diversidad, pero no sólo para evitar que las diferencias de hecho sean tomadas en cuenta como relevantes para discriminar, sino para considerar aquellos factores que basados en prejuicios hayan provocado desventajas sociales y, de esta forma, establecer privilegios justificados a favor de colectivos que por su situación de desventaja merecen recibir un trato específico y peculiar para conseguir una igualdad real9 o igualdad de oportunidades. Por su parte, Carlos de la Torre Martínez10, precisa que el derecho a no ser discriminado puede ser medido de acuerdo con criterios que derivan de la confección iusfundamental de cada Estado. Uno de esos criterios, para medir los alcances jurídicos de las cláusulas de no discriminación se relaciona con la integración de ciertos elementos jurídicos que tienen la virtud de proyectar el derecho a la no discriminación y a la consecución del principio sustancial o de oportunidades. Estos elementos son tres: 1.	El establecimiento de acciones positivas a favor de cierto grupo de personas que debido al contexto de
4. Que indica: “Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.” 5. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� SANTIAGO Juárez, Mario. “El principio de igualdad y no discriminación y la perspectiva de género”. Guía de Estudio. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Página 2. 6. ARISTÓTELES. “La política”. Libro Primero. Capitulo Primero. 7. Ídem. Página 14. 8. FERRAJOLI, Luigi. “Derechos y garantías”. Madrid 1999. Editorial Trotta. Páginas 74-46. 9. CARBONEL, Miguel. “Constitucionalismo, minorías y derechos”, Isonomía. No. 12, México 2000, paginas 107-109. 10. DE LA TORRE Martínez, Carlos. “El derecho fundamental a no ser discriminado: estructura y contenido jurídico” en: Memorias del Congreso Internacional de Derecho Constitucional, celebrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (2006).
IMPROCEDENCIA DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DEL OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO POR LA VÍA DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD voluntad del ser humano, pero que no deben ser reprochables jurídicamente sino, por el contrario, toleradas por la norma. Una vez precisado el concepto doctrinal de discriminación, debemos atender a la definición legal que en el sistema jurídico mexicano la encontramos en el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que estatuye:
discriminación y marginación en el que históricamente se encuentran carecen de las mismas oportunidades que el resto de la población para ejercer sus derechos. 2.	La integración de una obligación específica del Estado de promover condiciones para que la igualdad entre los ciudadanos sea real y efectiva. 3.	El mandato dirigido al Estado de proteger a los grupos más débiles o vulnerables de la sociedad. Ahora bien, la igualdad o la no discriminación representan la declaración positiva y negativa de un mismo principio11. Así, la prohibición de discriminación es una de las distintas manifestaciones que adopta el principio de igualdad en los modernos textos constitucionales. Se trata de normas que limitan la posibilidad de tratos diferenciados no razonables o desproporcionados entre las personas y que, además de dicha prohibición, suelen detallar algunos rasgos o características con base en los cuales está especialmente prohibido realizar diferenciaciones12. Ciertamente, se parte de dos aspectos muy concretos que prohíben discriminar de acuerdo con las situaciones en las que se encuentran las personas: a) con independencia de su voluntad y b) posiciones asumidas voluntariamente. Las involuntarias son las prohibiciones de discriminar por razón de raza, lugar de nacimiento, origen ético, sexo, o cualquier otra cuestión intrínseca de la persona que no provenga de su voluntad; en el segundo supuesto, se ubican las prohibiciones de discriminar por razón de preferencia sexual, opinión política o de credo, situaciones éstas en las que indefectiblemente interviene la
“Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones.” Por su parte, la definición jurisprudencial se observa inmersa en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 81/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nació, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, Octubre de 2004, página 99, que textualmente indica: “IGUALDAD. LÍMITES A ESTE PRINCIPIO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de manera que los poderes públicos han de tener en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Así, el principio de igualdad se configura como uno de los valores superiores del orden jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación, y si bien es cierto que el verdadero sentido de la igualdad es colocar a los particulares en condiciones de poder acceder a derechos reconocidos constitucionalmente, lo
11. F. BAYEFSKY, Anne. “El principio de igualdad o no discriminación en el Derecho Internacional”. Traducido al Castellano por el Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 12. CARBONELL, Miguel. “Los derechos fundamentales en México”. Editorial Porrúa. México 2011. Página 183. DERECHO.CULTURA.SOCIEDAD
IMPROCEDENCIA DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DEL OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO POR LA VÍA DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD que implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo, ya que si la propia Constitución protege la propiedad privada, la libertad económica y otros derechos patrimoniales, está aceptando implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas; es decir, el principio de igualdad no implica que todos los sujetos de la norma se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio (o privarse de un beneficio) desigual e injustificado. En estas condiciones, el valor superior que persigue este principio consiste en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propicien efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica.” Desde las diferentes perspectivas: doctrinal, legal y jurisprudencial que hemos revisado, podemos crear nuestro propio concepto de “discriminación” como sigue: “Tratamiento diferenciado a personas con base en situaciones propias y específicas que pueden ser por voluntad de la persona o sin ella, tales como el origen étnico, sexo, discapacidad, estado de gravidez, preferencia sexual, opinión política, nacionalidad, entre otras, que genera la privación de derechos o impide el reconocimiento de prerrogativas, pero sobre todo imposibilita el acceso a la igualdad real de oportunidades, lo que además no implica que todos los sujetos de la norma se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio o privarse de un beneficio, desigual e injustificado.” El concepto que construimos a partir de los diversos enfoques que hemos analizado, nos permite asentar las siguientes premisas de suma importancia: 1.	El principio de “igualdad o no discriminación” no es sinónimo de que existe homogeneidad en todos los seres humanos. 2.	Tiene como fin último el de asignar a todas las personas igualdad de oportunidades. 8
3.	Reconoce la existencia de desigualdades materiales en las sociedades globales. De ese modo, es claro que la norma no puede desconocer condiciones reales de desigualdad material que imperan en todas las sociedades, de ahí que el “principio de igualdad o no discriminación” parte de la idea de que la discriminación y desigualdad existen, siendo esta realidad su razón de ser, al buscar acortar la distancia entre los desiguales. Así las cosas, es apegado al “principio de igualdad” que se legisle y se creen normas que presten un trato diferente a las personas para dar más a quien menos tiene y menos a quien tiene más, para buscar la paridad entre las personas objeto del principio. De hecho, la propia Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, enumera las conductas que no deben considerarse discriminatorias pese a que se trate desigualmente a las personas, lo que se observa de su artículo 5 que, en lo conducente, indica: “Artículo 5.- No se considerarán conductas discriminatorias las siguientes: I. Las acciones legislativas, educativas o de políticas públicas positivas o compensatorias que sin afectar derechos de terceros establezcan tratos diferenciados con el objeto de promover la igualdad real de oportunidades; (…) VIII. En general, todas las que no tengan el propósito de anular o menoscabar los derechos, y libertades o la igualdad de oportunidades de las personas ni de atentar contra la dignidad humana.” Como se advierte con meridiana claridad, el legislador ordinario, tomó en consideración las premisas de las que hemos venido hablando para establecer como una medida no discriminatoria el confeccionar ordenamientos jurídicos que den un tratamiento diferenciado a las personas, cuando éste sea justificado y tenga el propósito de crear igualdad de oportunidades sin importar la desigualdad material que impere entre los sujetos destinatarios de la norma, con la única limitante de no menoscabar la dignidad humana. De esta manera, aun cuando el criterio para prestar un trato diferenciado a las personas de forma justificada
IMPROCEDENCIA DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DEL OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO POR LA VÍA DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD pareciera no tener mayor dificultad, existen circunstancias específicas que generan que ese discernimiento no sea tan sencillo. En esa virtud, es ilustrativo el esquema que plantea Francisco J. Laporta13, que descansa sobre cuatro ejes, que son: 1.	Principio de satisfacción de las necesidades: De acuerdo con este principio estaría justificado dar un tratamiento diferente a una persona que tiene una necesidad que satisfacer y no darle ese mismo tratamiento a quien no tenga esa necesidad. 2.	Principio de retribución de merecimientos: Estaría justificado un trato desigual a una persona que tenga un merecimiento, respecto a otra que no lo tenga. 3.	Principio de reconocimiento de actitudes: Sería apegado a derecho dar un trato diferenciado a una persona que tuviera ciertos rasgos o características, predominantemente innatas, respecto a otra que no las tuviera, tales como inteligencia, experiencia o salud. 4.	Principio de consideración de estatus: Sería legítimo dar un trato diferente a una persona que tenga un cierto estatus en relación con otra que no lo tenga. Con base en las anteriores posiciones y haciendo uso del principio de consideración de estatus, podemos arribar a la conclusión de que el ofendido o la víctima del delito, no se encuentra en un plano de igualdad en comparación con el sujeto que está siendo procesado, en virtud de que el segundo tiene en su contra todo un aparato de gobierno creado expresamente para investigarlo, detenerlo, procesarlo, sentenciarlo y ejecutar la eventual sanción, aunado al hecho de que, como tampoco se puede negar, existen prácticas desafortunadas por parte de algunas corporaciones que hacen muy complicada la defensa del acusado (tales como la tortura, sembrado de pruebas, desaparición de pruebas, falta de investigación real y otras que incluso han sido analizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos14), lo que sin duda revela el estado de vulnerabilidad en que se ubica al acusado, procesado o sentenciado y que no ocurre en relación con el ofendido o víctima del delito. En ese sentido, es indudable que no se puede afirmar válidamente que existe igualdad material en el “estatus” del ofendido y el reo, porque además existen
diferencias sustanciales en cuanto a la forma, términos y condiciones en los que ambos llevarán un proceso de orden penal, siendo la más significativa la atinente a que, en algunos casos, durante todo el proceso el acusado se encontrará privado de su libertad y el ofendido no, lo que de forma basta justifica la norma que no permite suplir la deficiencia de la queja a favor del ofendido y sí respecto del acusado, esto es, justifica la disposición contenida en el artículo 76 bis de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adoptar el criterio que sostiene el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, llevaría al absurdo, por ejemplo, de considerar que las partes que intervienen en un litigio de naturaleza laboral deben tener las mismas cargas procesales, sin importar la desigualdad real que existe entre el patrón y el trabajador, pues es evidente que no se encuentran en el mismo plano material igualitario. De modo que, en sentido opuesto a ello, para lograr el equilibrio sustancial, la ley impone menos cargas procesales a la parte obrera y más a la empleadora, lo que bajo ninguna circunstancia implica una violación al “principio de igualdad o no discriminación” y los derechos fundamentales que derivan de este, ya que el trato desigual indicado tiene soporte en la desigualdad real y material que se observa en una relación obrero-patronal. Para concluir, no fue correcta la interpretación del “principio de igualdad y no discriminación” que realizó el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en razón de que si bien los derechos humanos tienen la característica de ser universales, éstos de igual manera reconocen la existencia de desigualdades materiales y, como se explicó, tienen la objetivo de contribuir a la reducción de las brechas de desigualdad existentes entre los distintos grupos sociales, siendo esta la teleología del dispositivo 76 bis de la Ley de Amparo, de ahí que el criterio criticado vulnera ese propósito principal pues, en aras de buscar una “igualdad procesal”, se genera una desigualdad mayor sobre personas que ya se encuentran en situaciones dispares; es decir, produce como efecto de la aplicación de su desacertado criterio, la ruptura de la igualdad que el legislador consiguió al producir la norma que asigna un beneficio en el proceso a una de las partes que se encuentra dentro de un grupo social vulnerable.
13. Citado por Miguel Carbonell en: “Los derechos fundamentales en México”. Páginas 175-180. 14. Por ejemplo en el caso “Campo algodonero”, en el que se deja ver la ineficacia de la autoridad investigadora. DERECHO.CULTURA.SOCIEDAD
MENORES DE EDAD CON DERECHO A PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el Amparo Directo en Revisión 2479/2012, a propuesta del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en el que tema central fue determinar el contenido y alcances del derecho de los menores de edad a participar en los procedimientos judiciales que puedan afectar su esfera jurídica. Al respecto, la determinación es en el sentido de que los menores de edad tienen derecho de participar en los procedimientos en cuestión, lo cual significa brindarles una protección adicional que permita que su actuación dentro de éstos transcurra sin las desventajas que resultan inherentes a su especial condición. Razón por la cual, la Primera Sala determinó que fue correcta la resolución del Tribunal Colegiado que estimó que, de oficio, en el juicio de origen se debió estudiar la conveniencia de escuchar la opinión de la niña, cuyos derechos podían verse afectados por la forma en que se resolviera el juicio sobre su convivencia y posesión interina y, en calidad de consecuencia, que ordenó la reposición del procedimiento. En el caso, en un juicio de divorcio se decretó la pérdida de patria potestad. El padre, inconforme y después de interponer varios recursos, promovió amparo directo, mismo que concedió el Tribunal Colegiado. Por lo anterior, la progenitora de la menor, como tercero perjudicada, interpuso el presente recurso de revisión. Al confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo al quejoso, para efectos de que la Sala responsable emita una nueva sentencia, para que ordene al juez de primera instancia resolver la cuestión planteada atendiendo al derecho de la menor, los Ministros remarcaron la importancia de que el juzgador, en cada una de las medidas donde participen los menores dentro del procedimiento judicial, incluida, en el caso, la valoración de la voluntad de la menor de edad de participar en el juicio, tenga en cuenta el interés superior de la infancia. Agregaron que los procedimientos jurisdiccionales entablados para determinar el régimen de convivencia de los progenitores con sus hijos no representan únicamente un conflicto entre las pretensiones de ambos padres, en el cual solamente ellos resultarían ganadores o perdedores. Por el contrario, los procedimientos de esta naturaleza buscan tutelar los derechos de cada uno, pero respetando siempre y en todo momento el interés superior de los menores de edad involucrados.
Fuente: Suprema Corte de Justicia de la Nación (México).
PRESENTAN “CAFÉ ENTRE ABOGADOS” EN LA UNIVERSIDAD OLMECA La Barra Tabasqueña de Abogados, Colegio de Abogados, A.C., presentó ante el auditorio de la Universidad Olmeca, el ensayo “Café entre abogados” documento que contiene la recopilación de selectos temas de derecho y economía, escritos por importantes juristas que forma parte de la citada asociación.
Barra Tabasqueña de Abogados, Colegios de Abogados, A.C. l inicio de la presentación estuvo a cargo del Dr. Agenor González Valencia quien de forma épica y poética compartió el prólogo de la importante obra. Ante catedráticos y estudiantes de las licenciaturas en Derecho, Economía y Comunicación, el Presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, A.C. el Mtro. Ulises Chávez Vélez ponderó la importancia del respeto a la Ley y la Acción Legislativa, precisando que la creación de leyes debe atender a las necesidades sociales, mediante consensos donde la sociedad se involucre y participe, y se genere una cultura de la legalidad basada en el reconocimiento pleno al estado de derecho; asimismo dijo, que el aumento en las penas no es una medida eficaz para el abatimiento de la delincuencia. Por su parte el Doctor Raúl López Deantes al abordar temas de economía consideró que existen grandes monopolios que no permiten el desarrollo del país, uno de ellos es la apatía en lo jóvenes, por lo que los motivó a no apostar su futuro profesional a la administración pública, sino a la iniciativa privada, creando sus propias empresas. El Presidente de la Barra Tabasqueña de Abogados, A.C., el Lic. José Luis González Martínez ponderó en la creación de un código de ética para los abogados y la importancia de estar colegiados a una asociación, lo que le permite al abogado estar en constante actualización mediante cursos, diplomados y otras actividades. Hicieron también uso de la voz el Mtro. Babe Segura Córdova; el Licenciado Gonzalo Mario Martínez Gómez así como el Licenciado José Félix López López, es de hacer mención que el evento logró la atención de los asistentes quienes se vieron muy activos en la etapa de preguntas y respuestas. 12
ializado ic d ju o s a c r El prime la ometido en c , o b o r n u fue Juárez, Villa Benito asado el p Macuspana, re. 1 de octub
PRIMERA AUDIENCIA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TABASCO n una histórica primera audiencia del nuevo sistema penal de Tabasco, el juez de control de garantías, Juan Guillermo Álvarez Álvarez, dictó auto de vinculación a proceso a un sujeto de nombre Guadalupe N, como presunto responsable del delito de robo simple, en agravio de una mujer a quien sorprendió en el parque de la villa Benito Juárez y la despojó de su bolso. Al final de la audiencia, que tuvo una duración de una hora con 59 minutos, en la que tanto la afectada, Lucero N, y el presunto responsable tuvieron oportunidad de exponer sus argumentos, el juzgador determinó la existencia de indicios del ilícito, perpetrado de manera dolosa. Por ello, ordenó que el impu-
tado pague antes de tres días una garantía económica de mil pesos --para asegurar que semanalmente se presentará a firmar ante el juzgado, el cual será vigilado por la Secretaría de Seguridad Pública en el municipio. Y aunque estará sujeto a proceso en libertad, en caso de incumplimiento se librará orden de aprehensión en su contra, advirtió. Pese a que el agente del Ministerio Público, Juan Antonio Ross Balcázar, solicitó se decretara auto de vinculación a proceso por el delito de robo agravado, el defensor de oficio, Sergio de la Cruz Collado, planteó la falta de evidencia científica que asegurara que un cutter encontrado en la bolsa del pantalón del presunto agresor había sido el utilizado para amenazar a la joven que fue asaltada.
El defensor de oficio adujo que no existían pruebas periciales que indicaran huellas dactilares del ahora indiciado en el arma punzocortante, y aseguró que la víctima del robo no había demostrado la propiedad del bolso negro hurtado. La joven precisó al abogado De la Cruz Collado: “Dice que no hay denuncia que la bolsa sea mía. Pues le digo que en la bolsa hay una credencial de elector (a mi nombre), tarjetas telefónicas y tarjeta de banco, para saber que sí es mía”. Los hechos ocurrieron el pasado 1 de octubre, alrededor de las 12:05 horas en el parque central de la villa Benito Juárez, cuando el hoy indiciado, en estado de ebriedad arrebató un bolso negro DERECHO.CULTURA.SOCIEDAD
Asimismo, dio un plazo de 15 días para concluir la investigación y continuar el proceso, así como girar oficio a la Secretaría de Seguridad Pública para que vigile el cumplimiento de las medidas cautelares por parte del imputado.
a la denunciante, quien obtuvo la ayuda del policía Miguel Lustre Jiménez y éste le dio alcance tres cuadras adelante del parque, en la confluencia de las calles Ignacio Zaragoza y Leona Vicario. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público y consignado ante el juzgado de control de garantías este miércoles 3 de octubre a las 18:22 horas. Se respetan derechos humanos Luego de las formalidades para dar inicio a la audiencia y precisar que por respeto a las garantías individuales de víctima y acusado no se pueden dar a conocer su identidad y datos personales --so pena de ser sometido a un juicio por daño moral--, el juez Juan Guillermo Álvarez escuchó al agente del Ministerio Público y al defensor de oficio, quienes expusieron los motivos por los cuales debía decretarse legal o no, la detención y posterior retención del hoy imputado. Álvarez Álvarez explicó que de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, el presunto 14
agresor fue detenido en flagrancia, de acuerdo a lo que estipula el artículo 16 constitucional. El agente del Ministerio Público explicó que la afectada relató que el agresor “me amenazó con un exacto o cutter, pidiendo que le diera el bolso o ‘me llevaba la madre’”. En el bolso habían dos máquinas de escribir portátiles de la marca Phoenix, que con otras pertenencias suman un valor total de 570 pesos. Además, en la carpeta de investigación la fiscalía presentó la declaración de una persona llamada Francisca Morales, expendedora de aves de corral, quien fue testigo del momento de la persecución del procesado. El juez Álvarez Álvarez concluyó que las declaraciones del caso se realizaron dentro del plazo de 48 horas que otorga la ley al Ministerio Público para poner a disposición del juzgado al presunto agresor, y que no hay indicios de una declaración falsa de la afectada o el policía que efectuó la persecución y detención.
Como parte del expediente penal 01/2012, el juez Álvarez Álvarez escuchó a todas las partes intervinientes en el proceso y dio cumplimiento a lo relativo a tratados internacionales que protegen derechos humanos y las disposiciones legales de México en la materia, tanto de víctima como de indiciado, asimismo veló por que se cumplieran los principios de concentración, publicidad y oralidad del nuevo sistema de justicia penal que entró el vigor el pasado 28 de septiembre. Comentó que en la audiencia se respetó enteramente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de Costa Rica, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Organización de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y en vigor desde el 23 de marzo de 1976. La audiencia dio comienzo en punto de las 11 horas y concluyó a las 12:59 horas con 46 segundos. Estuvieron presentes aproximadamente cien personas, entre ellas, abogados de la localidad, magistrados penales y consejeros de la Judicatura, la directora de la Defensoría de Oficio, Vanessa Pintado Nazar y los subprocuradores de Justicia, Manasés Silván Olán y Nicolás Bautista Ovando, quienes ingresaron a la sala dos de juicios orales del centro de justicia de Macuspana, previa revisión de los miembros de la policía procesal.
El Rector José Manuel Piña Gutiérrez en su intervención en el evento Malinalli 2012.
a Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en un ejercicio de congruencia con el ideario del Benemérito de las Américas, impulsor de esa institución, el cual propugnó un irrestricto respeto a las libertades fundamentales, razón por la cual y en un acto de reconocimiento a todos aquellos hombres y mujeres que han contribuido a la pluralidad y tolerancia a lo largo de la historia de esa casa de estudio, se instituyó el Premio Nacional Malinalli, para la Promoción de las Artes, los Derechos Humanos y la Diversidad Cultural. Es el Premio Malinalli un homenaje que se realiza anualmente en el marco de los festejos del aniversario del alma máter y que representa la identidad y el sentido de pertenencia universitaria y la conmemoración de su origen. La estatuilla, de 36 cm de altura, está esculpida en bronce y acabado en color rojo mexicano. La figura recupera la escultórica femenina prehispánica. El penacho semicircular de dos caras evoca el encuentro 16
de las dos culturas y la nobleza del personaje. El eje transversal de la cabeza significa la unión de dos miradas y es una representación de la lengua como fruto del mestizaje. El penacho está presente como símbolo de la fertilidad y el nacimiento de una nueva cultura. La dinámica que exhibe el resto del cuerpo, es una alegoría de la permanente evolución de nuestro pueblo. Este año la UJAT designó al jurista, académico y estudioso de los derechos humanos Diego Valadés Rios, la artista tabasqueña Gloria Mestre, al académico José Sarukhán, biólogo e investigador; al poeta y escritor Dionicio Morales y el escritor y politólogo Federico Reyes Heroles, como ganadores del Premio Nacional Malinalli 2012. En el evento se contó con la presencia del rector de la UJAT José Manuel Piña Gutiérrez, el Secretario de Gobierno Rafael González Lastra así como el creador de la presea Enrique Carvajal González, escultor mexicano conocido mundialmente como Sebastián.
Gloria Mestre; José Sarukhán; Diego Valadés Rios, Federico Reyes Heroles y Dionicio Morales.
Entre los galardonados se encuentra el destacado jurista Diego Valadés. Rafael González Lastra, Secretario de Gobierno; José Manuel Piña Gutiérrez, Rector de la UJAT y los galadornados. DERECHO.CULTURA.SOCIEDAD
Mtro. Oscar Rebolledo Herrera en su participación en las “Primeras Jornadas Internacionales de Filosofía del Derecho de la UNAM”.
PRIMERAS JORNADAS INTERNACIONALES DE FIOLOSOFÍA DEL DERECHO UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS-FACULTAD DE DERECHO
os primeros inicios de la Filosofía del Derecho surgen en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el año de 1934, gracias a los profesores Eduardo García Maynez, Héctor Rodríguez y Antonio Carrillo Flores. Hecho que ha permitido en la docencia como en la investigación un importante crecimiento. En ese orden de ideas y para contribuir en el fortalecimiento de la filosofía el derecho, en el Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios de nuestro país, se llevaron a cabo las “Primeras Jornadas Internacionales de Filosofía del Derecho de la UNAM”, evento que fue presidido por el Doctor Héctor Fix Fierro, Director de ese importante Instituto. Posteriormente las actividades dieron inicio con la conferencia: La Filosofía del Derecho en México en el siglo XXI (Estado del Arte y perspectivas), a cargo del Doctor Enrique Cáceres Nieto. Es importante destacar que
en estos trabajos se contó con la participación del catedrático Tabasqueño Oscar Rebolledo Herrera, con la colaboración: “Una revisión de tres casos jurídicos en la perspectiva de la lógica deóntica y de la lógica del lenguaje”, así como los maestros Lawrence Flores Ayvar; Bernardo Gallegos y Hugo Sánchez López.
9931496165 O AL CORREO ELECTRÓNICO revista_lexforum@hotmail.com 18
omo parte de los trabajos previos para la realización del XLI Congreso y Asamblea Nacional de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, A.C., el M.D Ulises Chávez Vélez Presidente de la asociación, sostuvo una serie de reuniones con diversas autoridades de esa entidad. Acompañado por el Licenciado Carlos Roberto Valle Saracho, Presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, así como de directivos, se reunieron con el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Víctor Corrales Burgueño además de representantes del Congreso del Estado, encabezados por el Diputado Carlos Felton y Rosa Elena Millan Bueno, posteriormente el gremio de abogados se reunió con el Secretario General de Gobierno, con el Lic. Gerardo Vargas Landeros y con el Procurador de Justicia, Marco Antonio Higuéra Gómez así como el maestro Florentino Valenzuela, Director de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el motivo de esta serie de encuentros es para formar el comité organizador del Congreso Nacional de Abogados 2013 así como para dar a conocer algunas de las actividades que se realizarán y donde Mazatlán será la sede que albergará abogados, académicos así como estudiantes del Derecho.
Lic. Gerardo Vargas Landeros, Secretario General de Gobierno de Sinaloa con directivos de la FEMECA.
Víctor Corrales Burgueño Rector de la UAS; Ulises Chávez Vélez, Presidente de la FEMECA; Carlos Roberto Valle Saracho, Presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa y Directivos.
Con el líder del Congreso del Estado de Sinaloa
Con el Procurador General de Justicia. DERECHO.CULTURA.SOCIEDAD
En síntesis Notas relevantes en el derecho, cultura y sociedad
JOSÉ ÁNGEL CÓRDOVA VILLALOBOS, DOCTOR HONORIS CAUSA
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) otorgó el grado de Doctor Honoris Causa a José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Educación Pública (SEP) por su labor humanista y acciones en educación y salud, autoridades reconocieron su apoyo a los tabasqueños en materia de salud durante las pasadas inundaciones. Al hacer uso de la voz Córdova Villalobos dijo” emprendo mi labor con la convicción de que no habrá gigantes que no podamos derrotar para dar a los 35 millones de niños y jóvenes que hoy dan vida a nuestra escuelas, la educación de calidad que merecen y con la que puedan forjar un mejor futuro”. Agradeció el altísimo honor y distinción que la UJAT hizo a su persona.
URUGUAY APRUEBA LEY QUE LEGALIZA EL ABORTO
El Senado uruguayo aprobó controvertida ley que legaliza el aborto hasta la semana 12 de gestación por la sola decisión de la madre siempre y cuando se realice bajo la supervisión del estado. La norma uruguaya establece que la mujer deberá notificar al médico su voluntad de interrumpir el embarazo, el que la derivará a un equipo interdisciplinario para asesorarla sobre las implicancias del aborto. Contará con un plazo de cinco días de reflexión antes de optar por concretar la intervención. El Ministerio de Salud Pública uruguayo trabaja en la reglamentación de la ley, para lo cual prevé abrir el debate a las organizaciones sociales y ginecólogos que reclamaron ser escuchados. Los abortos que se realicen fuera de este procedimiento seguirán siendo ilegales y por tanto penalizados www.latercera.com
JUSTICIA ESPAÑOLA RECONOCE LA LEGALIDAD DEL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO
Siete años después de haberse aprobado en España la ley que reconoce la unión entre personas del mismo sexo, la justicia española decidió avalar la legalidad de la cita ley al resolver un recurso interpuesto por el Partido Popular, en el cual solicitaba limitar el concepto de matrimonio al enlace entre un hombre y una mujer. España fue uno de los primero países en el mundo en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, por lo cual, desde el 2005 en que fue aprobada la ley se han casado más de 22 000 parejas. eltiempo.com.ve 20
LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS ada año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibe un promedio de 600 quejas contra el sistema de procuración de justicia y seguridad pública, lo que sólo es una muestra, porque el mayor número de personas no presentan quejas y el mayor número de ciudadanos no denuncian, porque temen perder más tiempo y dinero sin que puedan ver un resultado eficaz, aseguró el ombudsman Jesús Manuel Argáez de los Santos. Al participar en el panel “La Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos”, celebrado al interior de la UJAT, el defensor del pueblo tabasqueño citó estudios del ombudsman nacional que revelan que en el país se cometen al año un millón y medio de delitos, de los cuales se denuncian cerca del diez por ciento -150 mil- y termina con condena alrededor del dos por ciento; es decir, en números cerrados quien comete un delito en México tiene el 98 por ciento de probabilidades de no ser sancionado. De tal modo, “los principales problemas que tenemos en la justicia es la impunidad y la corrupción”, subrayó Argáez de los Santos. Ante un nutrido auditorio formado por la comunidad universitaria, servidores públicos, líderes sociales y sociedad en general, el ombudsman tabasqueño aseguró que la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos será un fracaso si no se activa la investigación en el Ministerio Público, Talón de Aquiles del sistema penal. Sostuvo que en Tabasco se practica la tortura como método de investigación que con la reforma se debe erradicar, y por lo cual la CEDH tiene 30 quejas, de las cuales han derivado siete Recomendaciones.
Lo mas destacable sobre temas de derecho, cultura y sociedad comentado en las redes sociales
El panel, auspiciado por la CEDH, la UJAT y el Colegio de Abogados Tabasqueños, fue moderado por el profesor universitario Rubén Ponce de León Murillo y en el mismo también participaron los expertos Jorge Abdo Francis. Argáez de los Santos apuntó que en las últimas décadas se ha dado un movimiento latinoamericano y en Europa del Este de armonización de las Constituciones con los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; en algunos casos es respuesta a situaciones de grave deterioro estructural cruzado por largos y sangrientos conflictos armados y/o guerra fría. En el caso mexicano aún no se cuenta con una reforma integral en la materia, pero el pasado 10 de junio de 2011 se dio un avance decisivo, de manera que “no es una exageración afirmar que es la reforma constitucional más importante en el tema desde 1917”, señaló Argáez de los Santos. Explicó que aunque en teoría México reconoce desde entonces el carácter de ley suprema de los tratados internacionales, pesaba sobre ellos una suerte de xenofobia jurídica que se plasmó en resoluciones de la Corte, como –por ejemplo- la superioridad normativa de la Constitución frente al resto de las normas, incluyendo los tratados internacionales.
Lo más destacable sobre temas de derecho, cultura y sociedad comentado en las redes sociales Diego Valadés
En China el líder saliente Hu Jintao afirma que “nunca copiarán un sistema político occidental”. Todo indica que Xi es de igual opinión.
No estoy en contra del diálogo entre políticos, pero sí cuestiono espectáculos mediáticos que solamente legitiman a quienes no lo merecen.
En twitter hay distintos estilos de ocupar los 140 caracteres. Cada uno representa a su autor, para bien o para mal.
“El derecho es una actividad estrechamente vinculada a las actividades sociales, económicas y políticas del país”. Pedro Astudillo Ursúa.
Guerrero, Sinaloa y Nuevo León son las tres entidades con más ejecuciones. http://bit.ly/STj6Wd #Criminología
Culturizando ®
«La mayor gloria no es nunca caer, sino levantarse siempre» Nelson Mandela.
Indicó el ombudsman Argáez de los Santos que la trascendencia que tiene la reforma constitucional para la democracia en México es aún insospechable, “pero muchos esperamos que sea cada vez más contundente y profunda”. PRIVADA LAS PALMAS No. 101 ESQ. MATÍAS P. PIEDRA, FRACC. OROPEZA, C.P. 86030, VILLAHERMOSA, TABASCO. TELS. 315 35 45, 315 34 67 Y 01 800 000 23 34 CORREO ELECTRÓNICO comunicación@ cedhtabasco,org.mx DERECHO.CULTURA.SOCIEDAD
ENTRA EN VIGOR EL REGISTRO NACIONAL DE AVISOS DE PODERES NOTARIALES (RENAP) on el fin de dar mayor certeza y seguridad jurídica a las personas (físicas o morales) cuando otorgan, revocan, modifican o extinguen actos jurídicos mediante poderes notariales, en Tabasco se puso en marcha el Sistema de Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales (RENAP), que desde el año 2005 comenzó a diseñarse. Ante la presencia de Alfonso Sauza Flores, Director de Sistemas de Consulta y Formación Jurídica de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SEGOB y del Lic. Juan José Ambrosio Valdez, Subdirector del Registro Nacional de Avisos de Testamento; el Secretario de Gobierno, Rafael González Lastra manifestó que con el RENAP se pretende contar con una base de datos única a nivel nacional, que contenga la información de todos los poderes notariales que se generan en el país, para así evitar el mal uso que de éstos se hacen. El Secretario de Gobierno ponderó que la entrada en vigor del RENAP en el Estado de Tabasco forma parte de la modernización de las instituciones públicas, tal es el caso del Registro Civil y del Instituto Registral del Estado de Tabasco. 22
El RENAP opera a través de un programa informático con el que se realiza la captura, almacenamiento, custodia, consulta, modificación, revocación, verificación, validación, administración y transmisión de la información de los poderes notariales otorgados por personas físicas y morales. Reunidos en el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza (CIVE) de la UJAT, Edgar Castellanos Torres, Director del Archivo General de Notarías de Tabasco, detalló que los notarios harán uso del RENAP desde sus notarías ya que solo tendrán que capturar y enviar la información de los poderes otorgados ante su fe, explicando al Rector de la UJAT José Manuel Piña Gutiérrez y al Presidente del Colegio de Notarios Públicos, Miguel Cachón Álvarez, quienes también asistieron al evento. Es importante destacar que solo serán registrados aquellos poderes notariales de carácter civil, por lo que dicha información proporcionada por los fedatarios se remitirá simultáneamente a la oficina del Archivo General de Notarías de Tabasco y al Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales.
Rodulfo Brito Foucher, un tabasqueño de talla internacional
Todas las personas tienen algo en común: la muerte, sin embargo, después de la muerte, solo algunos hacen historia. Revista Lex Forum rinde un homenaje al jurista tabasqueño que no solo alcanzó el alto honor de ser rector de la máxima casa de estudios de nuestro país, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sino que transcendió más allá de las fronteras. Semblanza Curricular “Entonces, corrigiendo mis especulaciones teóricas de muchos años de estudiante y de profesor, me dije a mí mismo: sí es posible hacer una elección en México”. Don Rodulfo Brito Foucher nació en la ciudad de San Juan Bautista, estado de Tabasco, el 8 de noviembre de 1899. En el año de 1918 emigró a la Ciudad de México, donde realizó sus estudios profesionales en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Obtuvo el título de licenciado en Derecho en noviembre de 1923, con la tesis titulada Composición social y organización jurídica. Entre 1925 y 1926 cursó el primer año de Derecho Americano en The New York University. En 1927 comenzó a ejercer como docente en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, en sustitución del maestro Manuel Gómez Morin. Impartió
las materias de Teoría General del Estado e Historia de las Instituciones Civiles. En noviembre de 1932 el Consejo Universitario lo nombró director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia; cargó que abandonó en 1933, por conflictos de imposición en los programas académicos. En 1936 realizó estudios de Filosofía en la Universidad de Berlín. De 1938 a 1940 trabajó como investigador en el Archivo General de los Estados Unidos y en la Biblioteca del Congreso; con sede en la ciudad de Washington. Fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México entre 1942 y 1944. Durante su gestión se crearon los departamentos de Investigación Científica y Humanidades. Escribió constantemente para la publicación Tabasco Nuevo, y para el periódico El Día. Mantuvo
correspondencia con intelectuales, políticos e historiadores del México pos-revolucionario. Redactó un polémico documento titulado “Algunos datos que arrojan luz sobre la muerte del general de división Salvador Alvarado” (1964). Recibió el nombramiento de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Boston; la Universidad de Nuevo México; Universidad de León (Nicaragua); y la Universidad de Laval (Canadá). El maestro falleció el 15 de mayo de 1970, en la Ciudad de México. Tenía 70 años de edad. DERECHO.CULTURA.SOCIEDAD
DECÁLOGO DE RODULFO BRITO FOUCHER on Rodulfo Brito Foucher fue un hombre dedicado al estudio del derecho, distinguiéndose por la unidad de su pensamiento y por poseer un férreo sentido moral. Así, desde joven dedicó sus esfuerzos como activista en su natal Tabasco. La tarde del 13 de mayo de 1934, en la ciudad de San Luis Potosí; el maestro dirigió una conferencia al Honorable Undécimo Congreso Nacional de Estudiantes. Su discurso estuvo lleno de ímpetu y elocuencia; por lo cual se los presentamos a la manera de un decálogo. Es de advertir que las referencias manifestadas a una ideología en particular, deben ubicarse en el contexto histórico de nuestro país, aunque pensamos que no se hace una apología de ésta, sino de un valor superior, es decir, la congruencia entre el decir y hacer. Entonces, dejemos hablar a nuestro autor: 1. Es necesario ir despertando la conciencia del ciudadano libre en este país. 2. Nadie para mí es más respetable en estos tiempos que un católico que confiesa ser católico; nadie tan respetable para mí que un comunista que proclama ser comunista y vive como comunista, en esta época en que se persigue a los comunistas y a los católicos. 3. Al salir a la vida pública y al ir a luchar por cualquier doctrina social, deben llevar siempre por bandera una cosa, y esa cosa es la sinceridad, la honradez intelectual. 4. Si son marxistas y tienen el poder en la mano, entonces
o declaran que han dejado de ser marxistas o socializan valientemente la riqueza. 5. Cuando lean en la prensa que un individuo ha sido despojado de sus propiedades por hombres que también son propietarios, violando las leyes de la institución y de la propiedad, protesten; cuando vean que un hombre ha sido asaltado en su domicilio, ofendido en su honor, privado de su libertad, encarcelado y remitido injustamente por ideas políticas a las Islas Marías, protesten, no sean como las masas de los pueblos esclavos que no protestan sino cuando sufren ellos mismos, que tienen esa filosofía de decir: conmigo no se han metido nunca. 6. Pueblos libres son aquellos en que los ciudadanos sufren no solo por las persecuciones de las que ellos directamente son víctimas, sino por las persecuciones que sufren los demás.
ENTREGA DE GALARDONES “JUCHIMAN DE PLATA” EDICIÓN XXXV n una emotiva ceremonia celebrada en el auditorio de la Universidad del Valle de México, Campus Tabasco; se llevó a cabo la tradicional entrega de los galardones Juchiman de Plata 2012 Estos galardones se entregan a los personajes e instituciones que hayan destacado en las letras, artes, ciencia y tecnología, derechos humanos, ecología, filantropía y
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comunicación social, tanto en el ámbito Internacional, Nacional y local. En este año fueron galardonados a nivel nacional el artista plástico José Luis Cuevas, Ignacio Pichardo Pagaza, Fernando del Paso, Humberto Hernández Haddad entre otros.
A nivel internacional el galardón fue entregado al Doctor de origen Belga Luc Dendooven.
Las preseas a personajes de la localidad fueron entregadas al Doctor Agenor González Valencia, Dora María Pérez Vidal, al Instituto Tecnológico de Villahermosa, al Maestro Carlos Francisco Dagdug Cadenas, Ramón Morales Ross, Samuel Soto Giles, Salvador Manrique Priego, Juan Javier García Pineda y José Octavio Pardo Cadena, por su contribución en la comunicación, artes, Derechos humanos y la paz, ciencia, tecnología, periodismo respectivamente. “El premio Juchimán de Plata consta de una réplica en plata de 15 cm de altura de la escultura monumental de la civilización Olmeca del mismo nombre, montada sobre una base de madera y con una placa de oro, con el logotipo de la fundación grabado en altorrelieve. Allí aparecen, inscritas, las razones por las que se confiere el premio en cada caso. El premio Juchimán de Plata lo entrega cada año el Comité Directivo Permanente de la asociación civil”.
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Diario Oficial de la Federación c) La constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso, en los que de acuerdo con la legislación aplicable puedan actuar; d) El otorgamiento de contratos de mutuo mercantil o créditos mercantiles en los que de acuerdo con la legislación aplicable puedan actuar y en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero. Serán objeto de Aviso ante la Secretaría los actos u operaciones anteriores en términos de los incisos de este apartado. C. Por lo que se refiere a los servidores públicos a los que las leyes les confieran la facultad de dar fe pública en el ejercicio de sus atribuciones previstas en el artículo 3, fracción VII de esta Ley. XIII. La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, por un valor igual o superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando los montos de las donaciones sean por una cantidad igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal; XIV. La prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal, mediante autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para promover por cuenta ajena, el despacho de mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley Aduanera, de las siguientes mercancías: a) Vehículos terrestres, aéreos y marítimos, nuevos y usados, cualquiera que sea el valor de los bienes; b) Máquinas para juegos de apuesta y sorteos, nuevas y usadas, cualquiera que sea el valor de los bienes; c) Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago, cualquiera que sea el valor de los bienes; d) Joyas, relojes, Piedras Preciosas y Metales Preciosos, cuyo valor individual sea igual o superior al equivalente a cuatrocientas ochenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal; e) Obras de arte, cuyo valor individual sea igual o superior al equivalente a cuatro mil ochocientas quince veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal; f) Materiales de resistencia balística para la prestación de servicios de blindaje de vehículos, cualquiera que sea el valor de los bienes. Las actividades anteriores serán objeto de Aviso en todos los casos antes señalados, atendiendo lo establecido en el artículo 19 de la presente Ley; XV. La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles por un valor mensual superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación. Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades
anteriores, cuando el monto del acto u operación mensual sea igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a los señalados en las fracciones anteriores no darán lugar a obligación alguna. No obstante, si una persona realiza actos u operaciones por una suma acumulada en un periodo de seis meses que supere los montos establecidos en cada supuesto para la formulación de Avisos, podrá ser considerada como operación sujeta a la obligación de presentar los mismos para los efectos de esta Ley. La Secretaría podrá determinar mediante disposiciones de carácter general, los casos y condiciones en que las Actividades sujetas a supervisión no deban ser objeto de Aviso, siempre que hayan sido realizadas por conducto del sistema financiero. Artículo 18. Quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se refiere el artículo anterior tendrán las obligaciones siguientes: I. Identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las propias Actividades sujetas a supervisión y verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial, así como recabar copia de la documentación; II. Para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará al cliente o usuario la información sobre su actividad u ocupación, basándose entre otros, en los avisos de inscripción y actualización de actividades presentados para efectos del Registro Federal de Contribuyentes; III. Solicitar al cliente o usuario que participe en Actividades Vulnerables información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y, en su caso, exhiban documentación oficial que permita identificarlo, si ésta obrare en su poder; en caso contrario, declarará que no cuenta con ella; IV. Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación que sirva de soporte a la Actividad Vulnerable, así como la que identifique a sus clientes o usuarios. La información y documentación a que se refiere el párrafo anterior deberá conservarse de manera física o electrónica, por un plazo de cinco años contado a partir de la fecha de la realización de la Actividad Vulnerable, salvo que las leyes de la materia de las entidades federativas establezcan un plazo diferente; V. Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación en los términos de esta Ley, y VI. Presentar los Avisos en la Secretaría en los tiempos y bajo la forma prevista en esta Ley. Artículo 19. El Reglamento de la Ley establecerá medidas simplificadas para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo anterior, en función del nivel de riesgo de las Actividades Vulnerables y de quienes las realicen. Asimismo, el Reglamento deberá considerar como medio de cumplimiento alternativo de las obligaciones señaladas en los artículos anteriores, el cumplimiento, en tiempo y forma,
DECRETO por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. II PARTE que los particulares realicen de otras obligaciones a su cargo, establecidas en leyes especiales, que impliquen proporcionar la misma información materia de los Avisos establecidos por esta Ley; para ello la Secretaría tomará en consideración la información proporcionada en formatos, registros, sistemas y cualquier otro medio al que tenga acceso. Artículo 20. Las personas morales que realicen Actividades Vulnerables deberán designar ante la Secretaría a un representante encargado del cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ley, y mantener vigente dicha designación, cuya identidad deberá resguardarse en términos del artículo 38 de esta Ley. En tanto no haya un representante o la designación no esté actualizada, el cumplimiento de las obligaciones que esta Ley señala, corresponderá a los integrantes del órgano de administración o al administrador único de la persona moral. Las personas físicas tendrán que cumplir, en todos los casos, personal y directamente con las obligaciones que esta Ley establece, salvo en el supuesto previsto en la Sección Tercera del Capítulo III de esta Ley. Artículo 21. Los clientes o usuarios de quienes realicen Actividades Vulnerables les proporcionarán a éstos la información y documentación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones que esta Ley establece. Quienes realicen las Actividades Vulnerables deberán abstenerse, sin responsabilidad alguna, de llevar a cabo el acto u operación de que se trate, cuando sus clientes o usuarios se nieguen a proporcionarles la referida información o documentación a que se refiere el párrafo anterior. Artículo 22. La presentación ante la Secretaría de los Avisos, información y documentación a que se refiere esta Ley, por parte de quienes realicen las Actividades Vulnerables no implicará para éstos, transgresión alguna a las obligaciones de confidencialidad o secreto legal, profesional, fiscal, bancario, fiduciario o cualquier otro que prevean las leyes, ni podrá ser objeto de cláusula de confidencialidad en convenio, contrato o acto jurídico alguno. Sección Tercera Plazos y formas para la presentación de Avisos Artículo 23. Quienes realicen Actividades Vulnerables de las previstas en esta Sección presentarán ante la Secretaría los Avisos correspondientes, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente, según corresponda a aquel en que se hubiera llevado a cabo la operación que le diera origen y que sea objeto de Aviso. Artículo 24. La presentación de los Avisos se llevará a cabo a través de los medios electrónicos y en el formato oficial que establezca la Secretaría. Dichos Avisos contendrán respecto del acto u operación relacionados con la Actividad Vulnerable que se informe, lo siguiente: I. Datos generales de quien realice la Actividad Vulnerable; II. Datos generales del cliente, usuarios o del Beneficiario
Controlador, y la información sobre su actividad u ocupación de conformidad con el artículo 18 fracción II de esta Ley, y III. Descripción general de la Actividad Vulnerable sobre la cual se dé Aviso. A los notarios y corredores públicos se les tendrán por cumplidas las obligaciones de presentar los Avisos correspondientes mediante el sistema electrónico por el que informen o presenten las declaraciones y Avisos a que se refieren las disposiciones fiscales federales. Artículo 25. La Secretaría podrá requerir por escrito o durante las visitas de verificación, la documentación e información soporte de los Avisos que esté relacionada con los mismos. Avisos por Conducto de Entidades Colegiadas Artículo 26. Los sujetos que deban presentar Avisos conforme a lo previsto por la Sección Segunda de este Capítulo, podrán presentarlos por conducto de una Entidad Colegiada que deberá cumplir los requisitos que establezca esta Ley. Artículo 27. La Entidad Colegiada deberá cumplir con lo siguiente: I. Conformarse por quienes realicen tareas similares relacionadas con Actividades Vulnerables, conforme a la legislación aplicable de acuerdo al objeto de las personas morales que integran la entidad; II. Mantener actualizado el padrón de sus integrantes, que presenten por su conducto Avisos ante la Secretaría; III. Tener dentro de su objeto la presentación de los Avisos de sus integrantes; IV. Designar ante la Secretaría al órgano o, en su caso, representante encargado de la presentación de los Avisos y mantener vigente dicha designación. El representante deberá contar, por lo menos, con un poder general para actos de administración de la entidad y recibir anualmente capacitación para el cumplimiento de las obligaciones que establece esta Ley; V. Garantizar la confidencialidad en el manejo y uso de la información contenida en los Avisos de sus integrantes; VI. Garantizar la custodia, protección y resguardo de la información y documentación que le proporcionen sus integrantes para el cumplimiento de las obligaciones de éstos; VII. Contar con el mandato expreso de sus integrantes para presentar ante la Secretaría los Avisos de éstos; VIII. Contar con los sistemas informáticos que reúnan las características técnicas y de seguridad necesarias para presentar los Avisos de sus integrantes, y IX. Contar con un convenio vigente con la Secretaría que le permita expresamente presentar los Avisos a que se refiere la Sección Segunda de este Capítulo, en representación de sus integrantes. Las Entidades Colegiadas reconocidas por la Ley podrán, previo convenio con la Secretaría, establecer un órgano concentrador para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley. DERECHO.CULTURA.SOCIEDAD
El Reglamento regulará lo necesario para el establecimiento y funcionamiento de los órganos que se establezcan. Artículo 28. La Entidad Colegiada deberá cumplir con la presentación de los Avisos de sus integrantes dentro de los plazos y cumpliendo las formalidades que conforme a esta Ley le correspondan a éstos. Artículo 29. La Entidad Colegiada deberá cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de información y documentación relacionada con los Avisos que la Secretaría le formule por escrito o durante las visitas de verificación. Artículo 30. Los incumplimientos a las obligaciones a cargo de los integrantes por causas imputables a la Entidad Colegiada, serán responsabilidad de ésta. La Entidad Colegiada no será responsable cuando el incumplimiento de las obligaciones a cargo del integrante sea por causas imputables a éste. Sección Cuarta Artículo 31. La Entidad Colegiada deberá de informar con cuando menos treinta días de anticipación, a la Secretaría y a sus integrantes, la intención de extinción, disolución o liquidación de la misma, o bien de su intención de dejar de actuar como intermediario entre sus integrantes y la Secretaría. A partir de la extinción, disolución o liquidación, o bien de que deje de actuar como intermediario entre sus integrantes y la Secretaría, ésta ya no recibirá Avisos por conducto de la Entidad Colegiada de que se trate, por lo que sus integrantes deberán dar cumplimiento en forma individual y directa a las obligaciones que deriven de esta Ley. Previo a la liquidación, disolución o extinción de la Entidad Colegiada, o bien, a que deje de actuar como intermediario entre sus integrantes y la Secretaría, deberá devolver a sus integrantes la información y documentación que estos le hayan proporcionado para el cumplimiento de sus obligaciones. En aquellos casos en los que deje de tener vigencia el convenio celebrado con la Secretaría, la Entidad Colegiada deberá de proceder de conformidad con lo anteriormente señalado. Capítulo IV Del Uso de Efectivo y Metales Artículo 32. Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y, en general, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago, de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y Metales Preciosos, en los supuestos siguientes: I. Constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles por un valor igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación; II. Transmisiones de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación; III. Transmisiones de propiedad de relojes, joyería, Metales Preciosos y Piedras Preciosas, ya sea por pieza o por lote, y de obras de arte, por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación;
IV. Adquisición de boletos que permita participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos, así como la entrega o pago de premios por haber participado en dichos juegos con apuesta, concursos o sorteos por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientos diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación; V. Prestación de servicios de blindaje para cualquier vehículo de los referidos en la fracción II de este artículo o bien, para bienes inmuebles por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación; VI. Transmisión de dominio o constitución de derechos de cualquier naturaleza sobre los títulos representativos de partes sociales o acciones de personas morales por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación, o VII. Constitución de derechos personales de uso o goce de cualquiera de los bienes a que se refieren las fracciones I, II y V de este artículo, por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, mensuales al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación. Artículo 33. Los Fedatarios Públicos, en los instrumentos en los que hagan constar cualquiera de los actos u operaciones a que se refiere el artículo anterior, deberán identificar la forma en la que se paguen las obligaciones que de ellos deriven cuando las operaciones tengan un valor igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. En caso de que el valor de la operación sea inferior a la cantidad antes referida, o cuando el acto u operación haya sido total o parcialmente pagado con anterioridad a la firma del instrumento, bastará la declaración que bajo protesta de decir verdad hagan los clientes o usuarios. En los casos distintos de los señalados en el párrafo anterior, los demás actos u operaciones a que se refieren las fracciones II a VII del artículo anterior deberán formalizarse mediante la expedición de los certificados, facturas o garantías que correspondan, o de cualquier otro documento en el que conste la operación, y se verificarán previa identificación de quienes realicen el acto u operación, así como, en su caso, del Beneficiario Controlador. En dichos documentos se deberá especificar la forma de pago y anexar el comprobante respectivo. Capítulo V De las Visitas de Verificación Artículo 34. La Secretaría podrá comprobar, de oficio y en cualquier tiempo, el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley, mediante la práctica de visitas de verificación a quienes realicen las Actividades Vulnerables previstas en la Sección Segunda del Capítulo III de esta Ley, a las Entidades a que se refiere el artículo 26 de esta Ley o, en su caso, al órgano concentrador previsto en el penúltimo párrafo del artículo 27 de la misma. Las personas visitadas deberán proporcionar exclusivamente la información y documentación soporte con que cuenten que esté directamente relacionada con Actividades Vulnerables. Continuará...
Revista Lex Forum 16 Noviembre 2012
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 ARTÍCULO 76
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 artículo 1
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 76
 resolución 
 artículo 16
 artículo 3
in fine
 artículo 19
 Artículo 18
 Artículo 19
 Artículo 20
 artículo 38
 Artículo 21
 Artículo 22
 Artículo 23
 Artículo 24
 artículo 18
 Artículo 25
 Artículo 26
 Artículo 27
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 Artículo 31
 Artículo 32
 Artículo 33
 Artículo 34
 artículo 26
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