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Timestamp: 2018-11-14 11:47:04+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 326/16 de Corte Constitucional, 22 de Junio de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 647352217
Actor: ANGELICA LOZANO CORREA Y OTROS
Demandado: LEY 1765 DE 2015
Expediente: D-10959
JUSTICIA PENAL MILITAR. FUNCIONES FISCALES PENALES MILITARES. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 30 (parcial), 111, 112 (parcial) 113, 114, 115 (parcial), 117, 118, 119 y 120 de la Ley 1765 de 2015, por la cual se reestructura la Justicia Penal Militar y Policial, se establecen requisitos para el desempeño de sus cargos, se implementa su Fiscalía General Penal Militar y Policial, se organiza su cuerpo técnico de investigación, se señalan disposiciones sobre competencia para el tránsito al sistema penal acusatorio y para garantizar su plena operatividad en la Jurisdicción Especializada y se dictan otras disposiciones. Los actores consideran que los preceptos objeto de censura, a través de los cuales se prevé la posible aplicación del principio de oportunidad en el ámbito de la justicia penal militar y se desarrolla su alcance, causales, requisitos y procedimientos aplicables, implican una directa vulneración del artículo 250 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 03 de 2002. La Corte concluyó que el principio de oportunidad, que excepcionalmente autoriza en los casos previstos en la ley no proseguir con la acción penal, no es aplicable a las investigaciones de competencia de la jurisdicción penal militar, por disposición expresa del artículo 250 Superior. Se declara la INEXEQUIBILIDAD de las normas acusadas.
Demandante: A.L.C. y otros
En ejercicio de la acción pública establecida en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, los ciudadanos A.L.C., C.G.N.T. e I.D.M.C. presentaron ante este tribunal demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 30 (parcial), 111, 112 (parcial), 113, 114, 115 (parcial), 117, 118, 119 y 120 de la Ley 1765 de 2015, “Por la cual se reestructura la Justicia Penal Militar y Policial, se establecen requisitos para el desempeño de sus cargos, se implementa su Fiscalía General Penal Militar y Policial, se organiza su cuerpo técnico de investigación, se señalan disposiciones sobre competencia para el tránsito al sistema penal acusatorio y para garantizar su plena operatividad en la Jurisdicción Especializada y se dictan otras disposiciones.”
Posteriormente, por auto del nueve (9) de octubre de 2015, se resolvió admitir esta acción, únicamente respecto de Angélica Lozano Correa e I.D.M.C., pues la primera de ellos acreditó su calidad de ciudadana mediante la presentación personal dentro del tiempo señalado, y rechazarla en lo atinente a C.G.N.T., quien no cumplió tal diligencia. De igual manera, se solicitaron al Congreso de la República algunas pruebas sobre el trámite de esta ley, se dispuso la fijación en lista de esta demanda, y se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor, diligencias estas que se cumplieron luego de recibidas las pruebas solicitadas.
Por último, también se invitó a la Academia Colombiana de Jurisprudencia por conducto de su Presidente, al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –DEJUSTICIA-, a la Comisión Colombiana de Juristas -CCJ- y al Instituto Colombiano de Derecho Procesal -ICDP-, así como a los decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades de Antioquia, M., Externado de Colombia, del Atlántico, UIS, San Buenaventura, Andes, Libre, Gran Colombia, EAFIT, del Rosario, P.J., del Sinú, P.B., Santo Tomas, S.A., del Valle y Autónoma de Bucaramanga –UNAB-, para que intervinieran dentro del proceso, con la finalidad de rendir concepto sobre la constitucionalidad de las disposiciones demandada.
PARÁGRAFO 1º. La aplicación del principio de oportunidad en los casos de delitos sancionados con pena privativa de la libertad cuyo límite máximo exceda de seis (6) años de prisión, será proferida por el F. General Penal Militar y Policial o por quien él delegue de manera especial para tal efecto.
ARTÍCULO 120. REGLAMENTACIÓN. El F. General Penal Militar y Policial deberá expedir el reglamento, en el que se determine de manera general el procedimiento interno para asegurar que la aplicación del principio de oportunidad cumpla con sus finalidades y se ajuste a la Constitución y a la ley.”
S.G.A., en su calidad de Directora Administrativa de la Corporación Colectivo de Abogados J.A.R., D.R.V.D., Director y representante del Centro de Estudios J.G. y A.Y.P., coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, solicitaron a esta corporación declarar inexequibles las disposiciones acusadas.
C.A.S.G., Director de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa, solicitó a la Corte declarar exequibles las disposiciones demandadas, por estimar que se ajustan al ordenamiento superior y que es errónea la interpretación según la cual el Acto Legislativo 03 de 2002 reservó la titularidad de aplicación del principio de oportunidad a la Fiscalía General de la Nación, así como la premisa de que tal situación no podría ser modificada por vía de ley ordinaria.
Gustavo Gallón Giraldo, Director de la Comisión Colombiana de Juristas, y los abogados M.G.V. y V.S.F., miembros de la misma organización, solicitaron a la Corte declarar la inexequibilidad de las normas acusadas, al considerar que si bien en este caso el Congreso ejerció la competencia otorgada por el artículo 150 de la Carta, lo hizo desconociendo de manera evidente el mismo texto superior, y los compromisos adquiridos por el Estado colombiano a nivel internacional. De otra parte, solicitaron que en caso de no ser acogidos estos argumentos, se preste especial atención al parágrafo 2º del artículo 114, pues al establecer las conductas por las cuales no es posible la aplicación del principio de oportunidad, el legislador resolvió no incluir las graves violaciones de derechos humanos, lo cual, considera, configura una omisión legislativa relativa.
Los intervinientes señalaron que la aplicación del principio de oportunidad por parte de la Fiscalía Penal Militar y de Policía se materializa a través de una decisión jurisdiccional que hace tránsito a cosa juzgada, que sería dictada por un funcionario que carece de la suficiente independencia e imparcialidad, pues, como se ha reconocido internacionalmente, existe dentro de las Fuerzas Militares una articulación de dependencia funcional y material, que impide la efectiva vigencia de esos principios. De otra parte, indicaron que, conforme a la Ley 1765 de 2015 aquí parcialmente acusada, es el P. de la República, u otros altos oficiales en el interior de la misma Rama Ejecutiva, quien elige a los fiscales encargados de investigar los casos de competencia de la jurisdicción penal militar, quienes, además, no tienen autonomía en el manejo de sus recursos y su estructura administrativa, todo lo cual les impide funcionar de forma verdaderamente independiente. En la misma línea, indicaron que es también la Rama Ejecutiva la encargada de diseñar e implementar lo relacionado con su sistema de carrera y ascensos, lo que aumenta la probabilidad de estímulos indebidos y/o presiones de diverso tipo que afectarían el trabajo de sus fiscales, todo lo cual genera un grave compromiso de los principios de imparcialidad e independencia en el ejercicio de la actividad judicial.
Este entendimiento ha sido constante en la jurisprudencia de esta Corte desde la expedición del Acto Legislativo 03 de 2002. Poco tiempo después, en la ya citada sentencia C-591 de 2005 (M.P.C.I.V.H., la Sala sostuvo en relación con este tema que “Una interpretación sistemática del artículo 221 constitucional con la expresión ‘Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio’, del primer inciso del Acto Legislativo 03 de 2002 conduce a afirmar que la jurisdicción penal ordinaria es incompetente para conocer de aquellos delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo, y que a su vez, en la justicia penal militar, si bien deben respetarse los principios generales consagrados en la Constitución en relación con el debido proceso y las garantías judiciales, no resultan igualmente aplicables los principios enunciados en el primer inciso del artículo 250 constitucional, referidos de manera particular al sistema procesal penal con tendencia acusatoria.”
Por último, es sin duda, desde la perspectiva de la víctima directa, que el principio de oportunidad plantea sus más delicados interrogantes. Quien de manera personal ha sido el sujeto pasivo de la acción criminal que es objeto de investigación, es quien, en la mayoría de los casos, podrá, comprensiblemente, experimentar mayor frustración y rechazo, como resultado de una medida de este tipo. Más aún, como es sabido, la Constitución y varios tratados relevantes del bloque de constitucionalidad, garantizan sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, en relación con los hechos delictivos que le hubieren afectado[16], razón por la cual, la aplicación del principio de oportunidad solo resulta constitucionalmente posible, en cuanto sean adecuadamente resguardados tales derechos e intereses de la víctima. De hecho, la normativa que desarrolla este principio, a la que más atrás se hizo referencia, es usualmente cuidadosa de estos criterios, y podría ser declarada inexequible si no los observa adecuadamente[17]. Adicionalmente, la plena reparación de la víctima es, en algunos casos, el hecho que da lugar a la aplicación del principio de oportunidad, y en todos ellos, una de las condiciones que puede exigir el F. a cargo, para acceder a la suspensión del procedimiento a prueba.
En los años posteriores a la expedición y aplicación de esas leyes, este tribunal ha tenido ocasión de ahondar en las características y la justificación constitucional de ese instituto, a través de varios importantes pronunciamientos, el primero de ellos, la sentencia C-673 de 2005 (M.P.C.I.V.H., en la cual la Corte avanzó sus primeros conceptos al respecto. Entre los subsiguientes se destacan también los fallos C-979 de 2005 (M.P.J.C.T., C-209 de 2007 (M.P.M.J.C.E., C-936 de 2010 (M.P.L.E.V.S.) y C-387 de 2014 (M.P.J.I.P.P.).
Ahora bien, la normativa constitucional que respalda la existencia del fuero penal militar ha sido objeto de algunos cambios y adiciones después de 1991, los cuales, sin embargo, no han afectado su esencia, sintetizada, como antes se dijo, en la parte inicial de su artículo 221, que reprodujo, en lo pertinente, el contenido del artículo 170 del anterior texto constitucional. En 1995, el Acto Legislativo 02 de ese año añadió una regla en lo relacionado con la composición de tales Cortes o Tribunales militares. En 2012, el Acto Legislativo 02 de entonces introdujo extensas y trascendentales adiciones a esta materia constitucional, pero estas reformas no perduran, en cuanto fueron pronto declaradas inexequibles por vicios de trámite, mediante sentencia C-740 de 2013 (M.P.N.P.P.). Finalmente, el Acto Legislativo 01 de 2015 adicionó dos incisos al texto resultante de la reforma de 1995, particularmente para establecer una regla atinente a los casos en que se investiguen conductas que guarden relación con un conflicto armado o con un enfrentamiento que reúna las condiciones objetivas del Derecho Internacional Humanitario, consistente en que en estos casos se aplicarán las normas y principios de éste (DIH).
De otra parte, en su momento, la Corte Suprema de Justicia, y desde 1991 la Corte Constitucional, han analizado con frecuencia, y a profundidad, los elementos definitorios del fuero penal militar y de las instituciones que lo conforman. A este respecto se destacan, de manera especial, decisiones como las sentencias C-358 de 1997 (M.P.E.C.M., C-878 de 2000 (M.P.A.B.S., C-407 de 2003 (M.P.J.A.R., C-737 de 2006 (M.P.R.E.G., C-533 de 2008 (M.P.C.I.V.H., C-373 de 2011 (M.P.N.P.P.) y más recientemente, el fallo C-084 de 2016 (M.P.L.E.V.S., que resolvió sobre una demanda por presunta sustitución de la Constitución, dirigida contra el más reciente Acto Legislativo 01 de 2015, al que atrás se hizo referencia.
Otra prevención frecuente dentro de este ámbito, es que si bien los funcionarios de la justicia penal militar ciertamente administran justicia, según lo reconoce el artículo 116 superior, lo cierto es que no pertenecen a la Rama Judicial, sino, por el contrario, a la Rama Ejecutiva, hecho que se reafirma al tener en cuenta la ubicación constitucional del artículo 221, y simultáneamente, la ausencia de disposiciones sobre el tema a lo largo del T.V. del texto constitucional, con la única salvedad de la ya comentada, excepción contenida en el artículo 250.
G.S.O.D.J.I.P. CHALJUB
[4] F. 131 cuaderno principal, tomado de las Sentencia C-185 de 2002 y C-373 de 2011.
[5] En este sentido citó la sentencia C-387 de 2014 (M.P.J.I.P.P.).
[6] Como muestra de esa línea jurisprudencial citó, entre otras, las sentencias C-1262 de 2001 (M.P.A.B.S.) y C-361 de 2001 (M.P.M.G.M.C..
[17] Sobre ese tema ver particularmente las sentencias C-095 de 2007 (M.P.M.G.M.C. y C-209 de 2007 (M.P.M.J.C.E.).
[22] Cfr. en este sentido, entre otras, las sentencias C-407 de 2003 (M.P.J.A.R., C-361 de 2001 y C-1002 de 2005 (en ambas M.P.M.G.M.C., C-737 de 2006 (M. P.R.E.G.) y C-373 de 2011 (M.P.N.P.P.).
[24] Sobre los cuales se pronunció la Corte en la sentencia C-878 de 2000 (M.P.A.B.S.).
[25] Sobre estos últimos se pronunció la Corte en la sentencia C-533 de 2008 (M.P.C.I.V.H..
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº 69822 de 29 de Abril de 2015
Sentencia nº 23001-23-31-000-2006-00699-02 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Tercera, de 31 de Mayo de 2016
Sentencia nº 11001-03-15-000-2016-00907-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Cuarta, de 16 de Noviembre de 2016
Sentencia nº 11001-03-24-000-2010-00267-00 de Consejo de Estado - Sección Primera, de 14 de Abril de 2016

References: artículo 250
 artículo 250

ARTÍCULO 120
 artículo 150
 artículo 114
 artículo 221
 artículo 250
 artículo 221
 artículo 170
 artículo 116
 artículo 221
 artículo 250