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Timestamp: 2013-06-19 09:25:15+00:00

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Aplicación territorial de la ley
C�digo Civil Art. 1. Las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, domiciliados o transeúntes. Nota de V�lez al art. 1: "L. 15, T�t. 1, Part. 1� - L. 3 y ss,T�t. 2, Lib. 3, Nov. Rec. C�d. de N�poles, artículo 5".
Art. 2. Las leyes no son obligatorias sino después de su publicación y desde el día que determinen. Si no designan tiempo, serán obligatorias después de los ocho días siguientes al de su publicación oficial. (Art. sustit. por Ley 16.504).
Nota de V�lez al art. 2: "En la primera parte, conforme con todos los c�digos modernos y L. 12, T�t. 2, Lib. 3, Nov. Rec.- Zachariae, tomo I, p�gs. 24 y 25".
Art. 3. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales. A los contratos en curso de ejecución no son aplicables las nuevas leyes supletorias. (Art. sustit. por Ley 17.711).
Nota de V�lez al art. 3 original: "En los �ltimos tiempos, Merlin, Chabot, Meyer y varios jurisconsultos alemanes han combatido el principio de la no retroactividad de las leyes como incompatible con muchas de las relaciones de derecho. La fuerza de las consideraciones legales de estos jurisconsultos ha hecho decir a Freitas, en la nota que pone al primer art�culo de su Proyecto de C�d. Civil para el Brasil, que el estado de la ciencia sobre este asunto era bien poco satisfactorio. Pero Savigny, antes de ahora, se hizo cargo de contestar las equivocadas teor�as de los jurisconsultos citados, y consagr� a este objeto doscientas p�ginas del tomo VIII de su grande obra sobre el Derecho Romano. Explica perfectamente la materia; destruye todos los argumentos que se oponen al principio recibido y demuestra, sin dejar la menor duda, que en todas las relaciones de derecho: derecho de las personas, derecho de la familia, derecho de las cosas, derecho de las obligaciones, derecho de sucesi�n, etc., las leyes no pueden tener efecto retroactivo ni alterar los derechos adquiridos; y que esta doctrina, bien entendida, est� en plena conformidad con toda la legislaci�n civil y criminal, mientras que el principio contrario dejar�a insubsistentes y al arbitrio del legislador, todas las relaciones de derecho sobre que reposa la sociedad".
Art. 4. (Art. derogado por Ley 17.711).
Art. 5. (Art. derogado por Ley 17.711).
Art. 6. La capacidad o incapacidad de las personas domiciliadas en el territorio de la República, sean nacionales o extranjeras será juzgada por las leyes de este Código, aún cuando se trate de actos ejecutados o de bienes existentes en país extranjero.
Nota de V�lez al art. 6: "La �ltima parte del art�culo no se opone al principio de que los bienes son regidos por la ley del lugar en que est�n situados, pues en este art�culo s�lo se trata de la capacidad de las personas, y no del r�gimen de los bienes o de los derechos reales que los afectan".
Art. 7. La capacidad o incapacidad de las personas domiciliadas fuera del territorio de la República, será juzgada por las leyes de su respectivo domicilio, aun cuando se trate de actos ejecutados o de bienes existentes en la República.
Art. 8. Los actos, los contratos hechos y los derechos adquiridos fuera del lugar del domicilio de la persona, son regidos por las leyes del lugar en que se han verificado; pero no tendrán ejecución en la República, respecto de los bienes situados en el territorio, si no son conformes a las leyes del país, que reglan la capacidad, estado y condición de las personas.
Nota de V�lez a los arts. 6, 7 y 8: "Freitas, sobre los artículos 6, 7 y 8, que son de su proyecto del C�digo para el Brasil, dice: "El domicilio y no la nacionalidad determina el asiento jur�dico de las personas para saber qu� leyes civiles rigen su capacidad de derecho. Este es, en verdad, el pensamiento del C�d. Civil Franc�s y de los escritores franceses, cuando dicen que el estado y capacidad do las personas se reglan por las leyes de su nacionalidad, pues confunden la nacionalidad con el domicilio, identificando ideas esencialmente diversas. Esta confusi�n aparece en el derecho internacional privado de Foelix, quien tratando del estatuto personal, emplea corno sin�nimos las palabras nacionalidad y domicilio. En la p�gina 39 dice que: "los expresiones lugar del domicilio del individuo y territorio de la naci�n o patria, pueden ser empleadas indiferentemente"; y en efecto, �l lo hace as� confundi�ndolo todo. Mucho contribuye a esta confusi�n el artículo 9 del C�d. Franc�s, declarando no ser nacional el que hubiese nacido en Francia de un extranjero; y el art�culo 10, declarando ser nacional el hijo de franc�s nacido en pa�s extranjero. De esta manera, como el lugar del domicilio de origen no es el de nacimiento, sino el del domicilio del padre, resulta que la nacionalidad del C�d. Franc�s es lo mismo que el domicilio de origen. El error de tal suposici�n es evidente, porque el domicilio no es inmutable; su variaci�n no exige una mutaci�n de la nacionalidad; y por lo tanto, el lugar del domicilio de origen no nos ofrece fundamento para decidir una cuesti�n de nacionalidad. Esta objeci�n no tendr� peso alguno para aquellos que, como Demolombe, (tomo I, p�g. 448), sostuvieron, contra una realidad innegable, que, en la teor�a del C�digo Franc�s, no se puede tener domicilio en pa�s extranjero. Demangeat, en sus notas cr�ticas a Foelix, p�gina 57, dice: "Seg�n Foelix, no puede tenerse domicilio sino en el territorio de la naci�n de la cual el individuo es miembro." - "Susc�tase, entre tanto, la cuesti�n de saber cu�l ser� la ley personal del extranjero domiciliado en Francia, de que habla el artículo 13 del C�digo, que no ha dejado de pertenecer a su naci�n. Nosotros creemos que el domicilio prevalece sobre la nacionalidad."
Story, en su obra Conflict of Laws, consagra todo el largo cap�tulo 4° a discutir la cuesti�n de cu�les sean las leyes que deban regir la capacidad de la persona. Pone los textos de varios jurisconsultos que han tratado la materia, apoyado en los poderosos fundamentos que expone, en las decisiones de los tribunales de los Estados Unidos, y en la opini�n de los jurisconsultos franceses Pothier y Merlin (este �ltimo cambi� m�s tarde de opini�n), concluye que la ley local del domicilio de la persona es la que rige su capacidad legal. Savigny, que se ocup� extensamente de la cuesti�n y le consagr� el m�s profundo estudio, demuestra de la manera m�s incontestable que el domicilio determina el derecho territorial especial, al cual cada uno est� sujeto, como a su derecho personal (tomo VIII, cap. 1) (*)".
Comentario: (*) Véase "El Reenvío en el Derecho Internacional Privado" de Jaime Navarrete.
Art. 9. Las incapacidades contra las leyes de la naturaleza, como la esclavitud, o las que revistan el carácter de penales, son meramente territoriales.
Nota de V�lez al 9: "Story, Conflict of Laws, pag. 105".
Art. 10. Los bienes raíces situados en la República son exclusivamente regidos por las leyes del país, respecto a su calidad de tales, a los derechos de las partes, a la capacidad de adquirirlos, a los modos de transferirlos, y a las solemnidades que deben acompañar esos actos. El título, por lo tanto, a una propiedad raíz, sólo puede ser adquirido, transferido o perdido de conformidad con las leyes de la República.
Nota de V�lez al 10: "L. 15,Tít. 14, Part. 3ª - Story � 224. - Savigny dice respecto a esto lo siguiente: "El que quiere adquirir o ejercer un derecho sobre una cosa se transporta, con esta intenci�n, al lugar que ella ocupa; y por esta relaci�n del derecho especial se somete voluntariamente al derecho de la localidad. As� pues, cuando se dice que los derechos reales se juzgan seg�n el derecho del lugar donde la cosa se encuentra, lex rei sitae, se parte del mismo principio que cuando se aplica al estado de las personas la Lex domicilii. Este principio es la sumisi�n voluntaria (tomo VIII, � 366)". (*)
Comentario: (*) Savigny, a su vez, cita a Bethmann-Holweg, Versuche, p. 69-77 y Fragmenta Vaticana, § 326. Véase "La Competencia Jurisdiccional y Judicial en Roma" de Juan Ramón Robles Reyes, como los "Errores de Interpretación en la Teoría de la Competencia Territorial" en la "Revista de Derecho y Legislación" de Venezuela.
El Cód. de Chile, dice en su artículo 16: "Los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile. Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos otorgados válidamente en país extraño. Pero los efectos de los contratos otorgados en país extraño para cumplirse en Chile, se arreglarán a las leyes chilenas". El Código Civil Español, dice en su artículo 10: "La posesión, la propiedad y los demás derechos sobre bienes inmuebles, así como su publicidad, se regirán por la ley del lugar donde se hallen. La misma ley será aplicable a los bienes muebles". Art. 11. Los bienes muebles que tienen situación permanente y que se conservan sin intención de transportarlos, son regidos por las leyes del lugar en que están situados; pero los muebles que el propietario lleva siempre consigo, o que son de su uso personal, esté o no en su domicilio, como también los que se tienen para ser vendidos o transportados a otro lugar, son regidos por las leyes del domicilio del dueño.
Nota de V�lez al 11: "Las cosas muebles, sin asiento fijo, susceptibles de una circulaci�n r�pida, de f�cil deterioro, consumibles algunas veces al primer uso, consis�tiendo otras, en g�nero y no en especie, determin�ndose por cantidades abstractas, y pudiendo ser legalmente substituidas por otras homog�neas, que prestan las mismas funciones, como sucedo en el mutuo, y en el casi-usufructo usufructo, no pueden ser afectadas por los derechos reales, no participan del territorio en que ocasionalmente se encuentran, y en esas circunstancias peculiares a ellas, se funda el artículo y la especie. - Story, Conflict of Laws, § 362 hasta 376 y 380, y § 388 al fin. Respecto a la última parte trata extensamente la materia; pero de su misma doctrina se deduce que los muebles que tienen asiento fijo, como los muebles de una casa, de una biblioteca, etc., deben ser regidos por la ley del lugar en que se hallen. - Savigny sostiene perfectamente la doctrina del articulo (tomo VIII, � 366)". Cód. Proc. Nac. Art. 5°: "La competencia se determinará por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda y no por las defensas opuestas por el demandado. Con excepción de los casos de prórroga expresa o tácita, cuando procediere, y sin perjuicio de las reglas especiales contenidas en este Código y en otras leyes, será juez competente: 1) Cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, el del lugar donde esté situada la cosa litigiosa. Si éstas fuesen varias, o una sola pero situada en diferentes jurisdicciones judiciales, será el del lugar de cualquiera de ellas o de alguna de sus partes, siempre que allí tenga su domicilio el demandado. No concurriendo tal circunstancia, será el del lugar en que esté situada cualquiera de ellas, a elección del actor.
La misma regla regirá respecto de las acciones posesorias, interdictos, restricción y límites del dominio, medianería, declarativa de la prescripción adquisitiva, mensura y deslinde y división de condominio. 2) Cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes muebles, el del lugar en que se encuentren o el del domicilio del demandado, a elección del actor. Si la acción versare sobre bienes muebles e inmuebles conjuntamente, el del lugar donde estuvieran situados estos últimos....".
Art. 12. Las formas y solemnidades de los contratos y de todo instrumento público, son regidas por las leyes del país donde se hubieren otorgado.
Nota de Vélez al 12: "Cód. de Luisiana, articulo 10 - Cód. Francés, artículo 293 (sólo respecto a los testamentos) - Story Conflict of Laws, desde el § 260 - larga e importantísima discusión del artículo - L. 18, § 4,Tít. 20, Lib.10, Nov. Rec. - L. 2, Tít. 32, Lib. 6, Cód. Romano, y L. 6, Tít. 2, Lib. 21, Digesto".
Art. 13. La aplicación de las leyes extranjeras, en los casos en que este código la autoriza, nunca tendrá lugar sino a solicitud de parte interesada, a cuyo cargo será la prueba de la existencia de dichas leyes. Exceptúanse las leyes extranjeras que se hicieren obligatorias en la República por convenciones diplomáticas, o en virtud de ley especial.
Nota de Vélez al 13: "La ley extranjera es un hecho que debe probarse. La ley nacional es un derecho que simplemente se alega sin depender de la prueba". Art. 14. Las leyes extranjeras no serán aplicables:
1º Cuando su aplicación se oponga al derecho público (1) o criminal de la República (2), a la religión del Estado (3), a la tolerancia de cultos (4), o la moral y buenas costumbres;
2º Cuando su aplicación fuere incompatible con el espíritu de la legislación de este Código (5);
3º Cuando fueren de mero privilegio;
4º Cuando las leyes de este Código, en colisión con las leyes extranjeras, fuesen más favorables a la validez de los actos (6).
Nota de Vélez al 14: "(1) Como las leyes de Francia y de otros Estados de Europa que consideran los derechos civiles como únicamente propios a la calidad de nacional.
(2) Como las leyes de los países en que la bigamia es permitida, cuando en la República es un crimen.
(3) Leyes, por ejemplo, en odio al culto católico, o que permiten matrimonios que la Iglesia Católica condena.
(4) Como tantas leyes que fulminan incapacidades de derecho a los herejes apóstatas, etc., y que aún las declaran a los que no profesan la religión dominante, o como la ley francesa, que permite al menor (hijo de familia) abandonar la casa paterna para tomar servicio militar.
(5) Como la institución de la muerte civil que ha regido en Francia hasta el 31 de mayo de 1854, y que aún existe en Rusia.
(6) Aproveche al nacional o al extranjero, como en general lo declara el Cód. de Prusia. Esta misma idea aparece en los escritores franceses, pero sólo como un favor para los nacionales: legislación viciosa impregnada del jus quiritium, como dice Freitas. - Sobre esta materia, véase a Savigny, tomo VIII, § 365. Art. 15. Los jueces no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes.
Nota de Vélez al 15: "Ley 233, del Estilo. - Cód. Francés, artículo 4".
Art. 16. Si una cuestión civil no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de leyes análogas; y si aún la cuestión fuere dudosa, se resolverá por los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso.
Nota de Vélez al 16: "Conforme al artículo 7 del Cód. de Austria. - L. 13,Tít. 5, Lib. 22, Digesto. - L. 11,Tít. 5, Lib. 19, Digesto. L. 1,Tít. 33, Part. 7ª y regla 36, Tít. 34, Partida 7ª; pero las leyes 11, Tít. 22, y 15, Tít. 23, Partida 3ª, ordenan que no pudiendo el juez salir de la duda, de hecho o de derecho, remita la causa al Soberano para que lo decida". Usos y costumbres
Doctrina comercial Art. 17. Los usos y costumbres no pueden crear derechos sino cuando las leyes se refieran a ellos o en situaciones no regladas legalmente.(Art. sustit. por Ley 17.711)
Nota de Vélez al 17: "L.L.3 y 11,Tít.2,Lib.3, Nov. Rec. que derogaron las Leyes Romanas, y las 4 y 6, Tít. 2, Partida 1�. El Código Francés guarda silencio sobre este punto. El Cód. de Luisiana, (artículo 3) admite expresamente la costumbre".
Jurisprudencia Civil: "Aun cuando por aplicaci�n de la norma del art. 17 del C�digo Civil (texto seg�n Ley 17.711) los usos y costumbres pueden ser admitidos como medio de expresi�n del derecho secundum legem -en situaciones no regladas legalmente- ello es as� mientras no resulte del complejo de las relaciones implicadas en el caso que los coobligados no se sometieron a �stas a modo de reglas supletorias".
Código de Comercio - Título preliminar
I. En los casos que no estén especialmente regidos por este Código, se aplicarán las disposiciones del Código Civil. II. En las materias en que las convenciones particulares pueden derogar la ley, la naturaleza de los actos autoriza al juez a indagar si es de la esencia del acto referirse a la costumbre, para dar a los contratos y a los hechos el efecto que deben tener, según la voluntad presunta de las partes. III. Se prohíbe a los jueces expedir disposiciones generales o reglamentarias, debiendo limitarse siempre al caso especial de que conocen. IV. Sólo al Poder Legislativo compete interpretar la ley de modo que obligue a todos. Esta interpretación tendrá efecto desde la fecha de la ley interpretada; pero no podrá aplicarse a los casos ya definitivamente concluidos. V. Las costumbres mercantiles pueden servir de regla para determinar el sentido de las palabras o frases técnicas del comercio, y para interpretar los actos o convenciones mercantiles.
Art. 18. Los actos prohibidos por las leyes son de ningún valor si la ley no designa otro efecto para el caso de contravención.
Nota de Vélez al 18: "Es muy importante sobre este punto la L. 5, Tít. 14, Lib. 1 del Cód. Romano - Cód. de Chile, artículo 10. - Cód. de Luisiana, artículo 12. - Le Clercq, Droit Romain, tomo I, págs. 238 y 239. - Igual artículo fue propuesto al formarse el Cód. Francés y no fue admitido, quedando este punto sin resolverse. - Véase Zachariae, tomo I, pág. 46 - LL. 17 y 22, Tít. 1, y L. 1, Tít. 3, y 6ª y 7ª, Tít. 11, Lib. 10, Nov. Rec.".
Art. 19. La renuncia general de las leyes no produce efecto alguno; pero podrán renunciarse los derechos conferidos por ellas, con tal que sólo miren al interés individual y que no esté prohibida su renuncia.
Nota de Vélez al 19: "Cód. de Austria, artículo 937. - Cód. de Prusia, Part. 1ª, artículo 193. - Cód. de Chile, artículo 12 - Véase Zachariae, tomo I, pág. 44, § 34. Art. 20. La ignorancia de las leyes no sirve de excusa, si la excepción no está expresamente autorizada por la ley.
Nota de Vélez al 20: "L. 3,Tít. 14, Part. 5ª - Cód. de Luisiana, artículo 7. - Cód, de Austria, artículo 2 - Véase el proyecto de Goyena, artículo 2 (*) y Zachariae, § 26. - Las L. 21,Tít. 1, Part. 1ª, y L. 6, Tít. 14, Partida 3ª, copiaron las leyes Romanas sobre la ignorancia del derecho".
Comentario: (*) Goyena cita, además, el § 7, Bávaro, que dice: �La ignorancia de la ley no puede aprovechar sino en los casos especificados, � cuando ha habido imposibilidad de conocerla.�. Véase , al respecto, a de Saint-Joseph. Los 11 al 13 Prusianos permiten al juez admitir la excusa de ignorancia en los actos hasta entonces permitidos, si por otra parte no ha habido negligencia en el contraventor. Los otros C�digos modernos, incluso el Franc�s, callan sobre este punto, que tal vez consideren resuelto por su primer art�culo. �Regula est, juris quidem ignorantiam, cuique nocere, facti vero ignorantiam non nocere.� L. 9, Tít. 6, Lib. 22, del Digesto; pero, combinadas la 7 y 8, Tít. 6, Lib. 22 con la L. 10, Tít. 18, Lib. 1 del C�d. Romano, ha resultado una regla adoptada generalmente por los int�rpretes del Derecho Romano, la ignorancia del derecho perjudica para adquirir lucro, no para evitar el da�o. La regla era cierta en este sentido. Por ignorancia del derecho entregu� ya la cosa: no podr� repetirla: me obligu� � entregarla, pero todav�a la poseo; si se me pide, podr� defenderme y retenerla: ll�mase, pues, lucro recuperar lo ya dado � perdido; y evitar el da�o, la conservaci�n de lo que todav�a se posee. En los mismos t�tulos citados se ve que la ignorancia del derecho no perjudicaba en ninguno de los dos casos � los militares, menores de edad, r�sticos, ni a las mujeres. Todo lo expuesto pas� � las LL. 21, Tít. 1, Part. 1 y 6, Tít. 14, Part. 3; LL. 29 y 51, Tít. 14, Partida 5 y L. 20, Tít. 1, Part. 7. La L. 3, Tít. 1, Lib. 2, del Fuero Juzgo, dispone l� mismo que nuestro art�culo: mas parece hablar de delitos � leyes prohibitivas, inlicitum, insontem; fu� trasladada a la L. 4, Tít. 6, Lib. 1, del Fuero Real, que habla mas claramente da culpa y pena, es decir, delitos; y las dos pasaron en el mismo sentido a la L. 2, Tít. 2, Lib. 3, Nov. Rec.. Pero la citada L. 31, Tít. 14, Part. 5, comprende tambi�n lo civil y dice: �Tal escusanza non debe valer: ca tenemos que todos los de nuestro se�or�o deben saber estas leyes.� Art. 21. Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia estén interesados el orden público y las buenas costumbres.
Nota de Vélez al 21: "L. 28,Tít. 11, Part. 5ª - Cód. Francés, articulo 6 - De Nápoles, artículo 7 - Sardo, artículo 13 (*) - LL. 27 y 38,Tít. 2, Lib. 2, Digesto y L. 5,Tít. 14, Lib. 1, Cód. Romano (pag. 11 ó 147)".
Comentario: (*) Goyena cita bien, mientras que Vélez, por error, cita artículo 3 del Sardo.
Art. 22. Lo que no está dicho explícita o implícitamente en ningún artículo de este código, no puede tener fuerza de ley en derecho civil, aunque anteriormente una disposición semejante hubiera estado en vigor, sea por una ley general, sea por una ley especial.
Nota de Vélez al 22: "Código del Ducado de Baden, artículo 1, letra b".
Domicilio real Domicilio legal Domicilio especial Jurisprudencia Nacional
C�digo Civil Art. 89. El domicilio real de las personas, es el lugar donde tienen establecido el asiento principal de su residencia y de sus negocios. El domicilio de origen, es el lugar del domicilio del padre, en el d�a del nacimiento de los hijos. Nota de Vélez al 89: "Pothier, Introducci�n general a las costumbres de Orle�ns, cap. 1, � 1. art. 8�, C�d. Franc�s, artículo 102. C�d. Sardo, artículo 66". Art. 90. El domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no est� all� presente, y as�:
1�) Los funcionarios p�blicos, eclesi�sticos o seculares, tienen su domicilio en el lugar en que deben llenar sus funciones, no siendo �stas temporarias, peri�dicas, o de simple comisi�n; 2�) Los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que se hallen prestando aqu�l, si no manifestasen intenci�n en contrario, por alg�n establecimiento permanente, o asiento principal de sus negocios en otro lugar; 3�) El domicilio de las corporaciones, establecimientos y asociaciones autorizadas por las leyes o por el Gobierno, es el lugar donde est� situada su direcci�n o administraci�n, si en sus estatutos o en la autorizaci�n que se les dio, no tuviesen un domicilio se�alado; 4�) Las compa��as que tengan muchos establecimientos o sucursales tienen su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos, para s�lo la ejecuci�n de las obligaciones all� contra�das por los agentes locales de la sociedad;
5�) Los transe�ntes o las personas de ejercicio ambulante, como los que no tuviesen domicilio conocido, lo tienen en el lugar de su residencia actual;
6�) Los incapaces tienen el domicilio de sus representantes; 7�) El domicilio que ten�a el difunto determina el lugar en que se abre su sucesi�n;
8�) Los mayores de edad que sirven, o trabajan, o que est�n agregados en casa de otros, tienen el domicilio de la persona a quien sirven, o para quien trabajan, siempre que residan en la misma casa, o en habitaciones accesorias, con excepci�n de la mujer casada, que, como obrera dom�stica, habita otra casa que la de su marido;
9�) Derogado por la ley 23.515.
Nota de Vélez al 90: "Zachariae, � 88. 1� C�d. Franc�s, arts. 106 y 107.
4� Pothier, Ad. Pand., Lib. 50,Tít. 1, n° 3.
6� C�d. Franc�s, arts. 108 y 109; Sardo, artículo 71.
7� C�d. Franc�s, artículo 110. C�d. Sardo, artículo 74. 8� C�d. Sardo, artículo. 72. 9� L. 32,T�t. 2, Part. 3�. C�d. Franc�s, artículo 108 - Sardo, artículo 71.
Art. 91. La duraci�n del domicilio de derecho, depende de la existencia del hecho que lo motiva. Cesando �ste, el domicilio se determina por la residencia, con intenci�n de permanecer en el lugar en que se habite.
Art. 92. Para que la habitaci�n cause domicilio, la residencia debe ser habitual y no accidental, aunque no se tenga intenci�n de fijarse all� para siempre.
Art. 93. En el caso de habitaci�n alternativa en diferentes lugares, el domicilio es el lugar donde se tenga la familia, o el principal establecimiento.
Art. 94. Si una persona tiene establecida su familia en un lugar, y sus negocios en otro, el primero es el lugar de su domicilio.
Art. 95. La residencia involuntaria por destierro, prisi�n, etc�tera, no altera el domicilio anterior, si se conserva all� la familia, o se tiene el asiento principal de los negocios.
Art. 96. En el momento en que el domicilio en pa�s extranjero es abandonado, sin �nimo de volver a �l, la persona tiene el domicilio de su nacimiento.
Art. 97. El domicilio puede cambiarse de un lugar a otro. Esta facultad no puede ser coartada ni por contrato, ni por disposici�n de �ltima voluntad. El cambio de domicilio se verifica instant�neamente por el hecho de la traslaci�n de la residencia de un lugar a otro, con �nimo de permanecer en �l y tener all� su principal establecimiento.
Nota de Vélez al 97: "C�d. Franc�s, artículo 103; Sardo, artículo 66".
Art. 98. El �ltimo domicilio conocido de una persona es el que prevalece, cuando no es conocido el nuevo.
Art. 99. El domicilio se conserva por la sola intenci�n de no cambiarlo, o de no adoptar otro.
Art. 100. El domicilio de derecho y el domicilio real, determinan la competencia de las autoridades p�blicas, para el conocimiento de los derechos y cumplimiento de las obligaciones.
Art. 101. Las personas en sus contratos pueden elegir un domicilio especial para la ejecuci�n de sus obligaciones.
Art. 102. La elecci�n de un domicilio implica la extensi�n de la jurisdicci�n que no pertenec�a sino a los jueces del domicilio real de las personas
Nota de Vélez al 102: "L. 32,T�t. 2, Part. 3�. C�d. Franc�s, artículo 111; Sardo, artículo 75". Domicilio procesal C�digo Procesal Art. 40. Toda persona que litigue por su propio derecho o en representaci�n de tercero deber� constituir domicilio legal dentro del per�metro de la ciudad que sea asiento del respectivo juzgado o tribunal. Ese requisito se cumplir� en el primer escrito que presente, o audiencia a que concurra, si es �sta la primera diligencia en que interviene. En las mismas oportunidades deber� denunciarse el domicilio real de la persona representada. Se diligenciar�n en el domicilio legal todas las notificaciones por c�dula, que no deban serlo en el real. El domicilio contractual constituido en el de la parte contraria no es eficaz para las notificaciones que deben ser realizadas en el domicilio del constituyente. Art. 41. Si no se cumpliere con lo establecido en la primera parte del art�culo anterior, las sucesivas resoluciones se tendr�n por notificadas en la forma y oportunidad fijadas por el art�culo 133, salvo la notificaci�n de la audiencia para absolver posiciones y la sentencia. Si la parte no denunciare su domicilio real, o su cambio, las resoluciones que deban notificarse en dicho domicilio se cumplir�n en el lugar en que se hubiere constituido, y en defecto tambi�n de �ste, se observar� lo dispuesto en el primer p�rrafo.
Art. 42. Los domicilios a que se refieren los art�culos anteriores subsistir�n para los efectos legales hasta la terminaci�n del juicio o su archivo, mientras no se constituyan o denuncien otros. Cuando no existieren los edificios, quedaren deshabitados o desaparecieren, o se alterare o suprimiere su numeraci�n, y no se hubiese constituido o denunciado un nuevo domicilio, con el informe del notificador se observar� lo dispuesto en la primera o segunda parte del art�culo anterior, seg�n se trate, respectivamente, del domicilio legal o del real. Todo cambio de domicilio deber� notificarse por c�dula a la otra parte. Mientras esta diligencia no se hubiese cumplido, se tendr� por subsistente el anterior. Cambio de domicilio en Ciudad de Bs. As. Cambio de domicilio en Pcia. de Bs. As. Para efectuar el cambio de domicilio, en su Documento Nacional de Identidad, deber� dirigirse al Registro Civil correspondiente a su nuevo domicilio, munido de una boleta de servicio p�blico (gas, luz, tel�fono, aguas), impuesto o contrato de locaci�n, a su nombre y con su actual domicilio. All� se le confecciona una boleta prenumerada, a nombre del Registro Nacional de las Personas, de ocho pesos ($ 8,00), que se abona en el Banco de la Naci�n Argentina o de la Provincia de Buenos Aires. De no contar con ninguno de los comprobantes aludidos, deber� acudir a la Comisar�a de su barrio y solicitar un certificado de domicilio para luego presentarlo ante el Registro Civil respectivo. Cuando se trate de un menor de 8 a�os, no necesita concurrir al Registro, ya que el tr�mite lo deber� hacer el padre o la madre, o su representante legal. El menor, entre los 8 y 16 a�os, deber� concurrir juntamente con su padre, o madre, o representante legal. Si fuere mayor de 16 a�os el tr�mite ser� personal. cuestión alguna entre los sucesores de esas personas. Desistimiento del proceso C�digo Procesal Art. 304.- Desistimiento del proceso. En cualquier estado de la causa anterior a la sentencia, las partes, de com�n acuerdo, podr�n desistir del proceso manifest�ndolo por escrito ante el juez quien, sin m�s tr�mite, lo declarar� extinguido y ordenar� el archivo de las actuaciones.
Cuando el actor desistiere del proceso despu�s de notificada la demanda, deber� requerirse la conformidad del demandado, a quien se dar� traslado notific�ndosele personalmente o por c�dula, bajo apercibimiento de tenerlo por conforme en caso de silencio. Si mediare oposici�n, el desistimiento carecer� de eficacia y proseguir� el tr�mite de la causa. Desistimiento del derecho C�digo Procesal Art. 305.-Desistimiento del derecho.- En la misma oportunidad y forma a que se refiere el art�culo anterior, el actor podr� desistir del derecho en que fund� la acci�n. No se requerir� la conformidad del demandado, debiendo el juez limitarse a examinar si el acto procede por la naturaleza del derecho en litigio, y a dar por terminado el juicio en caso afirmativo. En lo sucesivo no podr� promoverse otro proceso por el mismo objeto y causa.
Art. 306.-Revocaci�n.- El desistimiento no se presume y podr� revocarse hasta tanto el juez se pronuncie, o surja del expediente la conformidad de la contraria. Allanamiento C�digo Procesal Art. 307.- Oportunidad y Efectos.
El demandado podr� allanarse a la demanda en cualquier estado de la causa anterior a la sentencia.
El juez dictara sentencia conforme a derecho pero si estuviere comprometido el orden p�blico, el allanamiento carecer� de efectos y continuara el proceso seg�n su estado.
Cuando el allanamiento fuere simult�neo con el cumplimiento de la prestaci�n reclamada, la resoluci�n que lo admita ser� dictada en la forma prescripta en el art. 161. Transacci�n Homologación
C�digo Procesal Art. 308.- Forma y Tr�mite.- Las partes podr�n hacer valer la transacci�n del derecho en litigio, con la presentaci�n del convenio o suscripci�n de acta ante el juez. Este se limitar� a examinar la concurrencia de los requisitos exigidos por la ley para la validez de la transacci�n, y la homologará o no. En �ste �ltimo caso, continuar�n los procedimientos del juicio.
Jurisprudencia: "Para que la Corte pueda v�lidamente homologar un convenio de car�cter transaccional, este debe reunir todos los requisitos que hacen a su propia existencia como contrato, emanar de las partes en juicio y tener una clara finalidad extintiva de los derechos que constituyen el concreto objeto litigioso (CS, Marzo 9 1976).
"La finalidad de la homologaci�n judicial de la transacci�n (art. 308, C�d. Procesal de Buenos Aires) es permitir el examen de la capacidad y personer�a de las partes, como as� tambi�n de la transigibilidad de los derechos en litigio". (CS, Agosto 28-1990, SKS, SA c. Municipalidad de Olavarr�a).
Conciliaci�n Conciliación y Transacción
C�digo Procesal Civil Art. 309.- Efectos.- Los acuerdos conciliatorios celebrados por las partes ante el juez y homologados por este, tendr�n autoridad de cosa juzgada.
Jurisprudencia: "La conciliaci�n no constituye una forma en si de arreglo sino de mera oportunidad de procedimiento para llegar a lo que en definitiva perfila las bases del "avenimiento amigable" por el que, bajo las figuras de la transacci�n o de cualquier otra extintiva, de manera total o parcial, los contendientes pongan fin a sus diferencias". (SC Buenos Aires, Marzo 16 1971).
Personas de existencia visible Derecho internacional C�digo Civil Art. 51. Todos los entes que presentasen signos caracter�sticos de humanidad, sin distinci�n de cualidades o accidentes, son personas de existencia visible.
Art. 52. Las personas de existencia visible son capaces de adquirir derechos o contraer obligaciones. Se reputan tales todos los que en este C�digo no est�n expresamente declarados incapaces.
Art. 53. Les son permitidos todos los actos y todos los derechos que no les fueren expresamente prohibidos, independientemente de su calidad de ciudadanos y de su capacidad pol�tica. Incapacidad absoluta El consentimiento informado Actuación notarial
Capacidad natural Art. 54. Tienen incapacidad absoluta:
1ro. Las personas por nacer;
2do. Los menores imp�beres;
3ro. Los dementes;
4to. Los sordomudos que no saben darse a entender por escrito; 5to. Derogado por la ley 17.711. Art. 55. Los menores adultos s�lo tienen capacidad para los actos que las leyes les autorizan otorgar.
Art. 56. Los incapaces pueden, sin embargo, adquirir derechos o contraer obligaciones por medio de los representantes necesarios que les da la ley. Representantes de los incapaces
Doctrina Nacional Art. 57. Son representantes de los incapaces:
1ro. De las personas por nacer, sus padres, y a falta o incapacidad de �stos, los curadores que se les nombre; 2do. De los menores no emancipados, sus padres o tutores; 3ro. De los dementes o sordomudos, los curadores que se les nombre. Art. 58. Este C�digo protege a los incapaces, pero s�lo para el efecto de suprimir los impedimentos de su incapacidad, d�ndoles la representaci�n que en �l se determina, y sin que se les conceda el beneficio de restituci�n, ni ning�n otro beneficio o privilegio.
Art. 59. A m�s de los representantes necesarios, los incapaces son promiscuamente representados por el Ministerio de Menores, que ser� parte leg�tima y esencial en todo asunto judicial o extrajudicial, de jurisdicci�n voluntaria o contenciosa, en que los incapaces demanden o sean demandados, o en que se trate de las personas o bienes de ellos, so pena de nulidad de todo acto y de todo juicio que hubiere lugar sin su participaci�n.
Art. 60. Derogado por la ley 17.711.
Art. 61. Cuando los intereses de los incapaces, en cualquier acto judicial o extrajudicial, estuvieren en oposici�n con los de sus representantes, dejar�n �stos de intervenir en tales actos, haci�ndolo en lugar de ellos, curadores especiales para el caso de que se tratare. Art. 62. La representaci�n de los incapaces es extensiva a todos los actos de la vida civil, que no fueren exceptuados en este C�digo. Las personas por nacer C�digo Civil Art. 63. Son personas por nacer las que no habiendo nacido est�n concebidas en el seno materno.
Art. 64. Tiene lugar la representaci�n de las personas por nacer, siempre que �stas hubieren de adquirir bienes por donaci�n o herencia.
Art. 65.-Se tendr� por reconocido el embarazo de la madre, por la simple declaraci�n de ella o del marido, o de otras partes interesadas.
Art. 66. Son partes interesadas para este fin:
1ro. Los parientes en general del no nacido, y todos aquellos a quienes los bienes hubieren de pertenecer si no sucediere el parto, o si el hijo no naciera vivo, o si antes del nacimiento se verificare que el hijo no fuera concebido en tiempo propio;
2do. Los acreedores de la herencia;
3ro. El Ministerio de Menores.
Art. 67. Las partes interesadas aunque teman suposici�n de parto, no pueden suscitar pleito alguno sobre la materia, salvo sin embargo el derecho que les compete para pedir las medidas policiales que sean necesarias. Tampoco podr�n suscitar pleito alguno sobre la filiaci�n del no nacido, debiendo quedar estas cuestiones reservadas para despu�s del nacimiento. Art. 68. Tampoco la mujer embarazada o reputada tal, podr� suscitar litigio para contestar su embarazo declarado por el marido o por las partes interesadas, y su negativa no impedir� la representaci�n determinada en este c�digo. Art. 69. Cesar� la representaci�n de las personas por nacer el d�a del parto, si el hijo nace con vida, y comenzar� entonces la de los menores, o antes del parto cuando hubiere terminado el mayor plazo de duraci�n del embarazo, seg�n las disposiciones de este c�digo. De la existencia de las personas antes del nacimiento Doctrina Nacional
C�digo Civil Art. 70. Desde la concepci�n en el seno materno comienza la existencia de las personas y antes de su nacimiento pueden adquirir algunos derechos, como si ya hubiesen nacido. Esos derechos quedan irrevocablemente adquiridos si los concebidos en el seno materno nacieren con vida, aunque fuera por instantes despu�s de estar separados de su madre.
Art. 71. Naciendo con vida no habr� distinci�n entre el nacimiento espont�neo y el que se obtuviese por operaci�n quir�rgica. Art. 72. Tampoco importar� que los nacidos con vida tengan imposibilidad de prolongarla, o que mueran despu�s de nacer o por nacer antes de tiempo. Art. 73. Rep�tase como cierto el nacimiento con vida, cuando las personas que asistieren al parto hubieren o�do la respiraci�n o la voz de los nacidos, o hubieren observado otros signos de vida. Art. 74. Si muriesen antes de estar completamente separados del seno materno, ser�n considerados como si no hubiesen existido. Art. 75. En caso de duda de si hubieran nacido o no con vida, se presume que nacieron vivos, incumbiendo la prueba al que alegare lo contrario. Art. 76. La �poca de la concepci�n de los que naciesen vivos, queda fijada en todo el espacio de tiempo comprendido entre el m�ximum y el m�nimum de la duraci�n del embarazo. Art. 77. El m�ximo de tiempo del embarazo se presume que es de trescientos d�as y el m�nimo de ciento ochenta d�as, excluyendo el d�a del nacimiento. Esta presunci�n admite prueba en contrario. (Art. sustituido por Ley 23.264) Art. 78. No tendr� jam�s lugar el reconocimiento judicial del embarazo, ni otras diligencias como dep�sito y guarda de la mujer embarazada, ni el reconocimiento del parto en el acto o despu�s de tener lugar, ni a requerimiento de la propia mujer antes o despu�s de la muerte del marido, ni a requerimiento de �ste o de partes interesadas. De las pruebas del nacimiento de las personas Doctrina Nacional
C�digo Civil Art. 79. El día del nacimiento, con las circunstancias del lugar, sexo, nombre, apellido, paternidad y maternidad, se probará en la forma siguiente: Art. 80. De los nacidos en la República, por certificados auténticos extraídos de los asientos de los registros públicos, que para tal fin deben crear las municipalidades, o por lo que conste de los libros de las parroquias, o por el modo que el Gobierno nacional en la Capital, y los gobiernos de provincia determinen en sus respectivos reglamentos. Art. 81. De los nacidos en alta mar, por copias auténticas de los actos que por ocasión de tales accidentes, deben hacer los escribanos de los buques de guerra y el capitán o maestre de los mercantes, en las formas que prescriba la respectiva legislación. Art. 82. De los nacionales nacidos en país extranjero, por certificados de los registros consulares, o por los instrumentos hechos en el lugar, según las respectivas leyes, legalizados por los agentes consulares o diplomáticos de la República. Art. 83. De los extranjeros en el país de su nacionalidad, o en otro país extranjero, por el modo del artículo anterior. Art. 84. De los hijos de los militares en campaña fuera de la República, o empleados en servicio del ejército, por certificados de los respectivos registros, como fuesen determinados en los reglamentos militares. Art. 85. No habiendo registros públicos, o por falta de asiento en ellos, o no estando los asientos en la debida forma, puede probarse el día del nacimiento, o por lo menos el mes o el año, por otros documentos o por otros medios de prueba. Art. 86. Estando en debida forma los certificados de los registros mencionados se presume la verdad de ellos, salvo sin embargo, a los interesados el derecho de impugnar en todo o en parte las declaraciones contenidas en esos documentos, o la identidad de la persona de que esos documentos tratasen. Art. 87. A falta absoluta de prueba de la edad, por cualquiera de los modos declarados, y cuando su determinación fuere indispensable se decidirá por la fisonomía, a juicio de facultativos, nombrados por el juez. Art. 88. Si nace más de un hijo vivo en un solo parto, los nacidos son considerados de igual edad y con iguales derechos para los casos de institución o sustitución a los hijos mayores. Nota de Vélez al 88: "Porque el tiempo, como se ha declarado, no se cuenta por horas".
Del fin de la existencia de las personas C�digo Civil Art. 103. Termina la existencia de las personas por la muerte natural de ellas. La muerte civil no tendrá lugar en ningún caso, ni por pena, ni por profesión en las comunidades religiosas. Nota de Vélez al 103: "Los votos solemnes en comunidades religiosas causan incapacidad para todos los efectos civiles. Desde ese momento, la sucesión de los religiosos es deferida según su testamento, o se da a los parientes que se encuentran en grado de sucederles. Pero esta posición de una persona viva no ha podido sostenerse sino con excepciones tan comunes, que todos los días vemos dejar sin efecto la ley que causó la muerte civil por la profesión religiosa. El religioso profeso que ha sido elevado al episcopado y queda secularizado, recobra por su promoción a esta dignidad la vida civil que había perdido por su profesión, y viene a ser capaz de todas las funciones públicas; puede adquirir bienes por toda clase de actos; tiene derecho a disponer por testamento de los que posee y ab-intestato transmite su sucesión a sus parientes.
También los religiosos, curas de las parroquias, como ha habido tantos ejemplos en la República, pueden adquirir bienes y disponer de ellos libremente.
Son también restituidos a la vida civil los religiosos que obtienen dispensa de sus votos, dispensas comunes y tan fáciles de obtener, como lo vemos diariamente. Causaba tantas dificultades en las familias esta aparición repentina del individuo a quien ya se había heredado o contándosele por muerto en la sucesión de los padres, que Francia no reconoció, como asegura Pothier, la facultad de esas dispensas ni aun en el Sumo Pontífice, y no eran por ellas restituidos a la vida civil los religiosos dispensados de sus votos. En la República no ha sido así, y ha dependido de un obispo, de un vicario apostólico, y aun de los vicarios capitulares, derogar las leyes y restituir la vida civil a los muertos civilmente por la profesión religiosa. Es mejor pues, que tales leyes no existan, cuando son tantos los medios de dejarlas sin efecto, causando cuestiones difíciles en las familias, tanto más cuanto que ni la muerte civil era efectiva. Mil veces los religiosos han sido miembros de los cuerpos legislativos, nacionales o provinciales, y en muchos pueblos lo son hasta hoy.
Así pues, si una sucesión es deferida a un religioso o religiosa, pueden éstos hacer una abdicación voluntaria de ella con más conocimiento que las que hacen de las sucesiones futuras al profesar. El religioso, por conservar la vida civil, no deja de ser miembro de una persona jurídica, su convento, sujeto en un todo a los estatutos que lo rijan.
Art.104. La muerte de las personas, ocurrida dentro de la República, en alta mar o en país extranjero, se prueba como el nacimiento en iguales casos. Art.105. La de los militares muertos en combate, respecto de los cuales no hubiese sido posible hacer asientos, por lo que conste en el Ministerio de Guerra. Art.106. La de los fallecidos en conventos, cuarteles, prisiones, fortalezas, hospitales o lazaretos, por lo que conste de los respectivos asientos, sin perjuicio de las pruebas generales. Art.107. La de los militares dentro de la República o en campaña, y la de los empleados en servicio del Ejército, por certificados de los respectivos registros de los hospitales o ambulancias. Art.108. A falta de los referidos documentos, las pruebas del fallecimiento de las personas podrán ser suplidas por otros en los cuales conste el fallecimiento, o por declaraciones de testigos que sobre él depongan.
En los casos en que el cadáver de una persona no fuese hallado, el juez podrá tener por comprobada la muerte y disponer la pertinente inscripción en el registro, siempre que la desaparición se hubiera producido en circunstancias tales que la muerte deba ser tenida como cierta. Igual regla se aplicará en los casos en que no fuese posible la identificación del cadáver. Art.109. Si dos o más personas hubiesen fallecido en un desastre común o en cualquier otra circunstancia, de modo que no se pueda saber cual de ellas falleció primero, se presume que fallecieron todas al mismo tiempo, sin que se pueda alegar transmisión alguna de derecho entre ellas. Nota de Vélez al 109: "Todos los códigos modernos, con excepción del de Chile, han creado presunciones de derecho sobre la prioridad de la muerte, cuando muchos mueren a un tiempo, derivándolas de la edad o del sexo. Para unos, primero deben haber muerto las mujeres que los varones; para otros, la edad de las personas parece que fijaba el orden del fallecimiento. Pero estas presunciones de derecho, que también se ven en las leyes de Partida, eran arbitrarias, y sin ningún fundamento positivo, y lo que es más, no había necesidad alguna de crear tales presunciones de derecho. ¿Qué interés social se presentaba para que necesariamente hubiera una transmisión de derechos entre personas que habían fallecido a un tiempo, o de quienes se ignoraba cuál hubiese muerto primero? Mejor es legislar el caso como el Código de Chile y como lo propone Freitas, estableciendo que han muerto todas en el mismo momento y que no ha habido entre ellas transmisión alguna de derechos. De esto no puede resultar cuestión alguna entre los sucesores de esas personas. Venta de cosa ajena Derecho Colombiano Derecho Mexicano
A) En el c�digo civil argentino, el art�culo 1329 sienta el principio de que las cosas ajenas no pueden venderse.
Es una soluci�n que parece impuesta por una l�gica elemental, pues, ¿cómo podr�a venderse algo que no pertenece al vendedor? sin embargo, a poco que se examine el problema, se advertir� que el principio no es tan razonable como parecer�a. Cuando una persona se obliga a vender algo que no le pertenece, es obvio que toma el compromiso de adquirirlo primero y luego enajenarlo al comprador. No hay raz�n para prohibir tal contrato.
El Derecho Romano admit�a como v�lida la venta de cosa ajena, soluci�n que imper� sin discusiones hasta la sanci�n del C�digo Napole�n.
La venta de cosa ajena es v�lida, no obstante lo dispuesto en el art�culo 1329, en los siguientes casos.
1) cuando se trata de cosas fungibles; el art�culo 1329 s�lo juega cuando se trata de cosas ciertas y determinadas, pues las que solo se designan por su g�nero no son susceptibles de determinaci�n sino en el momento de la entrega, de tal modo que es irrelevante la propiedad al firmarse el contrato.
2) cuando el comprador y vendedor contratan sobre la cosa que pertenece a un tercero, teniendo pleno conocimiento de tal circunstancia; pues siendo as�, el contrato debe interpretarse como un compromiso contra�do por el vendedor de procurar al comprador la cosa objeto del contrato.
3) cuando el contrato ha sido seguido de la entrega efectiva de la cosa al comprador siempre que la cosa no haya sido robada o perdida, en efecto, en tal caso entra a jugar la regla seg�n la cual la posesi�n de buena fe de una cosa mueble crea en favor del que la posee la presunci�n de tener la propiedad de ella y el poder de repeler cualquier acci�n de reivindicaci�n, si la cosa no hubiera sido robada o perdida.
4) cuando se trate de la venta hecha por el heredero aparente en favor de un comprador de buena fe.
B) En cambio, el art�culo 453 del el C�digo de Comercio Argentino, contempla espec�ficamente este supuesto: "la compraventa de cosa ajena es v�lida, el vendedor est� obligado a su entrega, o, en su defecto, a abonar da�os y perjuicios, siempre que el comprador ignorase que la cosa es ajena".
Si el comprador, al celebrar el contrato, sabe que la cosa es ajena, la compraventa ser� nula.
La promesa de venta de cosa ajena ser� v�lida. El vendedor estar� obligado a adquirirla y entregarla al comprador so pena de da�os y perjuicios.
A diferencia de lo que dispone el artículo 1329 del c�digo civil, la venta de cosa ajena es v�lida cuando se trata de un acto de comercio.
En el comercio es corriente la venta de cosas compradas por el vendedor, pero de las que aun no es due�o, pues no le han sido entregadas.
Para interpretar correctamente el precepto debe hacerse un distingo entre el contrato de compraventa y la entrega de la cosa vendida, que constituye su cumplimiento y opera la transferencia del dominio; as� como entre los derechos de las partes y los que corresponden al tercero due�o de la cosa. El art�culo se refiere al contrato. Tomando como base la situaci�n del comprador, reconoce validez a la operaci�n cuando �ste ignora que la cosa que adquiere es ajena; esto es, obra de buena fe. La buena o mala fe del vendedor es indiferente: su obligaci�n consiste en entregar al comprador la cosa vendida, adquiriendola del due�o, consiguiendo que �ste la entregue directamente al comprador o que ratifique la venta.
Cuando el comprador tiene conocimiento de que la cosa que adquiere es ajena, la compraventa necesariamente debe ser nula: no puede pactarse a sabiendas la transferencia del dominio de una cosa que no pertenece al vendedor.
La promesa de venta de cosa ajena que prev� el �ltimo apartado del art. 453 transcripto, contempla una situaci�n completamente distinta.
Ambas partes conocen aqu� la circunstancia (que la cosa es ajena) pero, lo que convienen no es la venta (con la consecuente entrega de la cosa) sino que, una de las partes asume el compromiso de efectuar m�s adelante la venta, para lo cual debe previamente adquirir la cosa. Del Diccionario Abeledo Perrot - "El Derecho" en CD.

References: artículo 5
 artículo 9
 artículo 13
 artículo 16
 artículo 10
 artículo 293
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 10
 artículo 12
 artículo 937
 artículo 193
 artículo 12
 artículo 7
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 7
 artículo 13
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 102
 artículo 66
 artículo 71
 artículo 110
 artículo 74
 artículo 108
 artículo 71
 artículo 103
 artículo 66
 artículo 111
 artículo 75
 artículo 1329