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Timestamp: 2019-08-21 21:00:06+00:00

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1_ El pentágono integrador de la pena
Leyes Sec Und Arias de El Salvador
La Toma de Posición de La Corte Suprema de La República Respecto a La Prisión Preventiva a Través de La Casación 626
Reg.: A y S t 245 p 275-286.
En la ciudad de Rosario, a los veintisiete das del mes de agosto del ao dos mil doce, se reunieron en acuerdo los seores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Daniel Anbal Erbetta, Rafael Francisco Gutirrez, M. Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia de la titular doctora M. Anglica Gastaldi, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "A., N. M. y otro -Robo calificado por uso de arma blanca- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. N 98, ao 2011). Se resolvi someter a decisin las siguientes cuestiones PRIMERA: es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, es procedente? TERCERA: en consecuencia, qu resolucin corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Erbetta, Gastaldi, Spuler, Gutirrez y Netri. A la primera cuestin, el seor Ministro doctor Erbetta dijo: 1. Por decisin del 29 de octubre de 2009, la Sala Tercera -integrada- de la Cmara de Apelacin en lo Penal de Rosario revoc lo resuelto por el Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Sentencia N 3 de esta ciudad -que haba absuelto a las imputadas- y conden a N. M. A. y a E. V. C. como coautoras penalmente responsables del delito de robo calificado por uso de arma blanca, imponindoles a ambas la pena de 5 aos de prisin, accesorias legales y costas (art. 166, inc. 2, prr. 1 del C.P.; arts. 402 y 168 del C.P.P.). 2. Contra dicha resolucin, el Defensor de E. V. C. interpone recurso de inconstitucionalidad (fs. 1/8v.). Al fundar la procedencia de la va intentada, afirma el impugnante que el fallo de Cmara que condena a las encartadas resulta arbitrario por distintas razones. De este modo, invoca en primer trmino la presencia de "arbitrariedad normativa por falta de motivacin suficiente", cuestionando que el Tribunal a quo haya justificado la contradiccin entre los dichos de la vctima y lo plasmado en el acta policial (en relacin al modo en que fueron detenidas las imputadas) mediante una hiptesis -diferencia entre personal policial que intervino en el procedimiento y que labr el acta- que no fue mencionada previamente en el proceso ni avalada por ninguna prueba. Se agravia asimismo el Defensor de que se haya asignado valor probatorio a la declaracin de la vctima y a su sindicacin de las detenidas como las coautoras del hecho, dado que "tal como ocurrieron los acontecimientos (...) no es de extraar que la declaracin de la Sra. V. sea consistente con la exhibicin ilegtima de las encartadas" (f. 4). Agrega el impugnante que la descripcin de la vestimenta que llevaban las imputadas no pudo ser confrontada con las fotografas por no ser stas de cuerpo entero y que, adems, si bien segn el testimonio brindado por la vctima "una de ellas (...) vesta remera roja con pantaln negro" y la otra "una musculosa color gris con pantaln blanco a rayas turquesa", personal policial consign que N. A. vesta "una remera de color roja, un pantaln gris y zapatillas blancas" y E. C. "una musculosa color gris, una bermuda color rosado con vivos azules y zapatillas blancas", existiendo por ende diferencias entre ambas versiones (fs. 4/v.). Concluye, en relacin a esta causal de arbitrariedad, que no se exteriorizaron las razones que llevaron al A quo a resolver la condena de las procesadas, habiendo quedado los motivos "en la esfera ntima del juzgador" (f. 5v.). A continuacin alega el compareciente la existencia de "arbitrariedad normativa por interpretacin inexacta", cuestionando que la Cmara haya convalidado el accionar policial a pesar de haberse incumplido las formas previstas en el artculo 190 V, inciso 7 del Cdigo Procesal Penal, por haberse realizado la requisa personal sin la presencia de los testigos necesarios para su validez y sin tampoco justificarse su ausencia a pesar de tratarse de un lugar, horario y poca del ao en el que circulan gran cantidad de rodados y peatones. En tercer trmino, invoca el recurrente la "arbitrariedad por ilogicidad" del fallo, por cuanto -manifiesta- si bien se reconoce all la existencia de contradicciones entre los dichos de la vctima y el acta de procedimiento policial, se asigna luego veracidad a ambos, desconocindose el axioma lgico de no contradiccin. Concluye que no se prob cul de las versiones es cierta, pudindose especular que la polica y la vctima mintieron o que tuvieron una apreciacin errnea de los hechos, entendiendo que en todo caso no se alcanz la certeza necesaria para el dictado de una condena (fs. 6v./7v.). En cuarto lugar, alega que incurri la sentencia de la Sala en arbitrariedad fctica por prescindir de pruebas vlidamente incorporadas y de hechos notorios, por basarse en probanzas inexistentes o no agregadas legalmente y por soslayar la falta de otras que no se produjeron (como el reconocimiento en rueda de personas y el examen mdico a la vctima). 3. El A quo, por auto 563 fecha 23 de diciembre de 2009, resuelve denegar la concesin del recurso de inconstitucionalidad (fs. 14/15v.). Tal denegacin motiva la presentacin directa del impugnante ante esta Corte, momento en el cual agrega que el fallo del A quo viola la garanta de doble conforme jurisdiccional (arts. 8.2.h C.A.D.H. y 14.5 P.I.D.C.P. en funcin del art. 75 inc. 22 C.N.), ya que ante la absolucin por el Juez de grado y la condena en Cmara, esta ltima sentencia carece de una instancia superior que posibilite el reexamen de su legalidad, solicitando a esta Corte que habilite la instancia declarando
inconstitucional cualquier limitacin al acceso del condenado al doble conforme. (fs. 33/43, expte. C.S.J. N 18/10). 4. Este Tribunal, en fecha 03.08.2010, como medida para mejor proveer, dispone la elevacin de los autos principales (f. 50, expte. C.S.J. N 18/10) y recibidos, vuelve la causa a estudio. 5. Mediante resolucin registrada en A. y S. T. 239, pgs. 81/83 esta Corte admite la queja por denegacin del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de E. V. C.. En el examen de admisibilidad que prescribe el artculo 11 de la ley 7055, estimo que corresponde ratificar tal conclusin, ello de conformidad con lo dictaminado por el seor Procurador General (fs. 18/20). Por ello, voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestin, la seora Presidenta doctora Gastaldi y los seores Ministros doctores Spuler, Gutirrez y Netri expresaron idntico fundamento al vertido por el seor Ministro doctor Erbetta y votaron en igual sentido. A la segunda cuestin, el seor Ministro doctor Erbetta dijo: 1. En primer trmino debe destacarse una circunstancia particular de la presente causa: la resolucin atacada, al revocar la absolucin pronunciada en baja instancia, constituye la primera sentencia de condena que se dicta en contra de la imputada impugnante E. V. C.. Siendo ello as, se impone dar andamiaje a la garanta consagrada en los artculos 8.2.h de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos -en funcin del artculo 75 inciso 22 de la Constitucin nacional-. De este modo, y de conformidad con el criterio adoptado por este Tribunal en casos como el de autos (A. y S. T. 229, pg. 352) para sentencias anteriores al dictado del fallo "Al" (A. y S. T. 234, pg. 378), cabe efectuar la revisin de la sentencia de condena a travs de los remedios contemplados en la ley 7055, pero interpretados stos con el alcance que surge del fallo "Casal" (Fallos:328:3399) del Mximo Tribunal de Justicia de la Nacin y "Herrera Ulloa" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 02.07.2004, por lo que se realizar un examen amplio e integral del pronunciamiento impugnado. 2. En esa tarea, el anlisis de las vicisitudes de la causa permite comprobar la existencia de un vicio en el procedimiento previo al dictado del fallo por parte de la Cmara y que determina su nulidad. En efecto, no existe constancia de que los Jueces de Alzada que revocaran la absolucin de E. V. C. y resolvieran condenarla -por considerarla coautora penalmente responsable de un hecho de robo calificado por uso de arma blanca- hayan tomado conocimiento directo y "de visu" de la imputada en algn momento del proceso, tal como prescribe el artculo 41, inciso 2 "in fine" del Cdigo Penal. Y tal como expusiera en mi voto en los autos "M., M. A. -Portacin ilegal de armas de guerra- sobre Recurso de Inconstitucionalidad" (Expte. C.S.J. N 106/2010) pronunciamiento de esta Corte recado en el da de la fecha, entiendo que el artculo 41 "in fine" del Cdigo Penal, al establecer que "... el juez deber tomar conocimiento directo y de visu del sujeto...", instaura una audiencia entre el magistrado y el encartado que, al garantizar un mnimo de contacto inmediato del procesado con los jueces que han de fallar, resulta de realizacin ineludible previo al dictado de un fallo condenatorio en un sistema de proceso penal escrito como el que fuera empleado en este caso. En consecuencia, en virtud de los fundamentos expuestos en el precedente referido, corresponde concluir en la descalificacin del fallo de Cmara, sin que sea bice para ello el hecho de que el agravio no haya sido planteado por la parte defensiva, al ser la aludida audiencia en casos como el presente imprescindible para garantizar al imputado el derecho a ser odo por la autoridad jurisdiccional -derecho reconocido por los arts. 14.1 del P.I.D.C.P. y 8.1 C.A.D.H., con jerarqua constitucional en funcin del art. 75 inc. 22 C.N.-, integrando la garanta del debido proceso y viciando su omisin de manera absoluta el procedimiento, justificndose la declaracin de oficio de la nulidad. 3. Finalmente, advirtindose que tampoco ha efectuado la Cmara la audiencia "de visu" de la coimputada N. M. A. previo a revocar su absolucin y condenarla tambin como coautora de robo calificado por uso de arma blanca, y considerando las particulares circunstancias del caso, corresponde extender los efectos del fallo a su respecto conforme lo prev el artculo 410 del Cdigo Procesal Penal. Como consecuencia de todo lo expuesto, voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestin, la seora Presidenta doctora Gastaldi dijo: 1. En casos como el presente -de primera sentencia condenatoria en Cmara- corresponde a esta Corte garantizar la amplitud de examen a los efectos de asegurar la garanta de doble instancia (art. 8.2.h, C.A.D.H.), atendiendo los compromisos asumidos por el Estado de respetar y adoptar las medidas necesarias para tornar efectivos los derechos y libertades que la Convencin Americana sobre Derechos Humanos reconoce (arts. 1 y 2 de la C.A.D.H.) en virtud de los artculos 75 inciso 22 y 31 de la Constitucional nacional. Desde tal perspectiva, deben analizarse ampliamente los reproches que deduzca la
defensa contra el pronunciamiento impugnado (cfr. precedentes "Herrera Ulloa" de la C.I.D.H., "Casal" y "Merlo" de la C.S.J.N.). 2. En este cometido, no agravindose el impugnante ni formulado cuestionamiento a la determinacin de la pena por prescindencia de la audiencia "de visu" en Cmara (art. 41, inc. 2, C.P.), no corresponde su tratamiento en exceso del marco recursivo sometido a examen. No advirtiendo -por otra parte- yerro o vicio absoluto que pudiera imponer la oficiosa anulacin de la sentencia condenatoria. Ello es as, por cuanto sabido es que los objetivos enunciados por el Proyecto de 1917, que modific el artculo 41 del Cdigo Penal introduciendo la audiencia "de visu" se plasm con la intencin prctica de evitar la delegacin de funciones en la determinacin de la pena, garantizando un mnimo de inmediacin para esa etapa. En este aspecto, resultan esclarecedoras las expresiones de la Comisin redactora cuando sealara haber tenido en cuenta que "entre nosotros es frecuente la delegacin de funciones, lo que da lugar que se condene a penas graves a un sujeto sin que el juez de Instruccin o de sentencia haya tenido la oportunidad de verlo porque se deja obrar a la polica, al secretario y a los empleados inferiores", creyndose oportuno exigir la accin directa y personal del magistrado. As en la ltima parte del artculo 41, se establece que el juez deber tomar conocimiento directo y "de visu", tanto "del sujeto", como "de la vctima" y "de las circunstancias, en la medida requerida para cada caso". Esta modificacin implic un giro significativo, permitiendo "identificar el germen de una etapa procesal cuyo objetivo especfico es individualizar la sancin", con el fin de que "exista un momento dentro del proceso cuya funcin exclusiva sea procesar en forma racional la multiplicidad de datos que pueden ser relevantes para resolver cul es la reaccin penal ms adecuada", y cuya comprobacin pueda resultar de peso desde el punto de vista de la prevencin especial (ver en tal sentido, "Cdigo Penal y normas complementarias. Anlisis doctrinal y jurisprudencial", direccin: David Baign y Eugenio Ral Zaffaroni, Artculos 40/41 a cargo de Ziffer, Patricia, pg. 94). Por tanto, entiendo que "el visu" resulta una exigencia particularmente impuesta a los magistrados para una adecuada determinacin de la pena, acorde con los cnones de individualizacin propios del artculo 41, que ms all de no considerarse taxativos, prescriben pautas de fundamentacin que no deben soslayarse. Es decir, "el visu" est previsto como necesario para una adecuada fundamentacin de la pena dentro de los marcos indicativos del mismo texto y para cuya determinacin no pueden escudarse los jueces en la mera discrecionalidad de su eleccin. Sealada la trascendencia de la cuestin, pero ms all de ello, suscitan interrogantes en orden a la declaracin de nulidad, de aquellos supuestos donde la pena se impone en la cuanta mnima y cuando no se invocan circunstancias que de haber sido comprobadas y atendidas hubieran llevado como resultado a la modificacin de la sancin impuesta, erosionando el lmite mnimo mismo de la escala penal. En este marco, entiendo que aun cuando corresponda remarcarse la exigencia funcional de la Judicatura de realizar la audiencia "de visu", ello no quita que su invalidacin exija un expreso cuestionamiento respecto de la pena impuesta, alegndose -en concreto- circunstancias de significacin que, de ser sopesadas y atendidas, incidan en la individualizacin de la pena. El criterio explicitado, a mi juicio, concuerda con precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin, en los cuales -aun mediando expreso agravio por falta de audiencia "de visu"- fueron desestimados por inadmisibles; as en fallos "Domnguez, Ramn s/ uso de documento de identidad falso" del 10.08.2010 -D. 535.XXXIX-, "Rolich, Walter Ariel s/ homicidio simple" del 18.10.2011 -R. 1257.XLII-, "Rurak, Martn Antonio y otro s/ instigador de robo calificado por uso de arma -Expte. 8/808- s/ queja por denegacin del recurso de inconstitucionalidad" del 30.08.2011. Como as tambin el criterio puede colegirse de las resoluciones "Argul" (Fallos:330:5212) en la cual -sin reenvo alguno- en voto disidente el seor Ministro doctor Zaffaroni hizo lugar al recurso, revoc el pronunciamiento y -sin audiencia "de visu"- conden por el mnimo legal y de "Tejerina" (Fallos:331:636) en el voto del seor Ministro doctor Maqueda en el que mensur la pena y sin "visu", aplic el mnimo previsto en la respectiva escala. Corresponde aclarar, sin embargo, que no caben descartar supuestos donde dicho dficit proyecte consecuencias anulatorias, tanto en aquellos casos en que la pena impuesta se evidencie como gravemente irrazonable (vide, "Maldonado", Fallos:328:4343), o se demuestre como carente de una adecuada fundamentacin. Con particular referencia al "sub lite", imponindose por la Alzada el mnimo de la escala penal a la justiciable (mayor de edad) y no agravindose la misma de la falta de audiencia "de visu" ni demostrado el perjuicio concreto que ello se hubiera irrogado, no comparto el criterio por la oficiosa anulacin no advirtiendo yerro o vicio absoluto. 3. En el cometido de examinar ampliamente (cfr. art. 8.2.h de la C.A.D.H.) entiendo que asiste razn al recurrente en cuanto se advierten contradicciones en las hiptesis fcticas que sustentaron el relato de la vctima y el acta de procedimiento respecto de la aprehensin de las justiciables (vide fs. 2, 7 y 42 de los autos principales) que no lograron superarse, resultando estas hiptesis fcticamente contradictorias. Que asimismo, se encuentra tambin desmerecida la
requisa personal y el secuestro del arma blanca efectuados sin la presencia de testigos (art. 190 V, inc. 7 del C.P.P.) no consignndose los motivos por los cuales se omitiera tal exigencia. Asimimo, no se advierte tampoco correspondencia entre la descripcin de las vestimentas sindicadas por la vctima como las que tenan las autoras del hecho, y las que lucieran A. y C. al momento de su detencin, salvo la remera roja de la primera. Tampoco se constataron las lesiones que afirmara haber padecido la vctima, ni se trajo a juicio a la persona que dijo le prest auxilio, a los efectos de apuntalar los dichos de la denunciante, que recuper su cartera en las inmediaciones sin que le faltare nada. El plexo probatorio descripto, sumado a la negativa ensayada por la justiciable en su defensa material, vislumbra la endeblez probatoria que el caso presenta, y en la que -oportunamente- se sustentara el "in dubio pro reo" del fallo absolutorio de primera instancia. Por las razones expuestas, considero que la sentencia condenatoria de la Alzada resulta carente de fundamentacin suficiente para superar el "in dubio pro reo" en el que se sustent la absolucin del Juez de Primera Instancia (en igual sentido, ver A. y S. T. 217, pgs. 31/40) conculcndose la garanta constitucional de presuncin de inocencia (art. 18 C.N., 8.2 C.A.D.H., art. 14.2 P.I.D.C.P. en virtud del art. 75 inc. 22 Constitucin nacional). Es consecuencia ineludible de lo expuesto, que el decisorio atacado debe ser anulado como acto jurisdiccional. Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestin, el seor Ministro doctor Spuler dijo: 1. Liminarmente, debe destacarse una circunstancia particular de la presente causa, constituida por el hecho de que la resolucin de la Cmara es revocatoria de una absolucin dictada en primera instancia y se erige como la sentencia de condena contra el imputado. Siendo ello as, se impone dar andamiaje a la garanta consagrada en los artculos 8, inciso 2, apartado h) de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, lo que -de conformidad con el criterio adoptado por este Tribunal en casos similares antes del dictado del fallo "Al" (A. y S. T. 234, pg. 378)- cabe efectuar a travs de los remedios contemplados en la ley 7055, interpretados stos -dada la especificidad del "sub iudice"- con el alcance que surge del precedente "Casal" (Fallos:328:3399) del mximo Tribunal de Justicia de la Nacin. En suma, corresponde a esta Corte -como "tribunal distinto y de superior jerarqua orgnica" al que emiti la condena ("Herrera Ulloa Vs. Costa Rica", del 02.07.2004 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos)- realizar un examen amplio del decisorio impugnado a fin de satisfacer el derecho constitucional a recurrir la sentencia condenatoria. 2. En esa tarea, el anlisis de las vicisitudes de la causa permite comprobar la existencia de un vicio en el procedimiento previo al dictado del fallo por parte de la Cmara y que determina su nulidad. En efecto, no existe constancia de que los Jueces que emitieron la condena -en este caso, quienes integraron la Cmara- hayan tomado conocimiento directo y "de visu" de la imputada en algn momento del proceso, tal como prescribe el artculo 41, inciso 2 "in fine" del Cdigo Penal. Esta norma establece que "el juez deber tomar conocimiento directo y de visu del sujeto", disposicin que tiende a asegurar un mnimo de inmediacin entre el juez y el justiciable, particularmente en sistemas de enjuiciamiento escritos -como los vigentes en el pas al tiempo de sancin del Cdigo Penal y que subsiste, en gran medida, en la Provincia-. En orden a ello, tal como expongo en mi voto en autos "M., M. A. -Portacin ilegal de arma de guerra- sobre Recurso de Inconstitucionalidad" (Expte. C.S.J. N 106/2010) pronunciamiento de esta Corte recado en el da de la fecha a cuyos fundamentos remito "in extenso", considero que un mnimo contacto directo e inmediato entre la imputada y el juez competente para dictar la condena resulta una exigencia que hace al debido proceso, al constituir un estndar mnimo que en el caso de no ser respetado, conduce a descalificar el pronunciamiento como acto jurisdiccional vlido. En el "sub examine", si bien es cierto que el Juez de Primera Instancia celebr la audiencia "de visu" (f. 111 de los principales), su pronunciamiento fue absolutorio y la apelacin del fallo por parte de la fiscala, habilit a la Cmara a pronunciarse por la condena o la absolucin, por lo que sta no poda obviar -en el ejercicio de la funcin jurisdiccional- tomar el conocimiento directo de la persona de la imputada antes de dictar la sentencia y determinar la pena, ni ignorar el derecho de aquella a conocer a los jueces que la podan condenar y a expresarse frente a ellos. 3. En orden a lo antes sealado, como sostengo en el precedente citado, el hecho de que el agravio no haya sido planteado por la parte defensiva, no impide decidir as en la medida que la audiencia "de visu" integra la garanta del debido proceso y su omisin vicia de manera absoluta el procedimiento, con lo cual la nulidad puede ser declarada de oficio por este Tribunal. 4. Por las razones expuestas, la respuesta jurisdiccional del A quo no puede ser vista como la necesaria derivacin razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias comprobadas de la causa, extremo que torna procedente su anulacin con sustento en el artculo 1, inciso 3 de la ley 7055. Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestin, el seor Ministro doctor Gutirrez adhiri a lo expuesto por el seor Ministro doctor Spuler y voto, en consecuencia, por la afirmativa. A la misma cuestin, el seor Ministro doctor Netri dijo: 1. En primer lugar, debe sealarse una circunstancia particular de la presente causa, constituida por el hecho de que la resolucin atacada revoc una absolucin pronunciada en primera instancia, con lo que constituye la primera sentencia de condena contra la imputada E. V. C.. Siendo ello as, se impone dar andamiaje a la garanta consagrada en los artculos 8, inciso 2, apartado h) de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos -en funcin del artculo 75 inciso 22 de la Constitucin nacional-, lo que -de conformidad con el criterio adoptado por este Tribunal en casos similares antes del dictado del fallo "Al" registrado en A. y T. 234, pg. 378- cabe efectuar a travs del remedio contemplado en la ley 7055 -interpretado ste, dada la particularidad de la causa a la que se hizo alusin, con el alcance que surge del precedente "Casal" (Fallos: 328:3399) del mximo Tribunal de Justicia de la Nacin- (cfr. A. y S. T. 229, pg. 352). En suma, esta Corte -como "tribunal distinto y de superior jerarqua orgnica" al que emiti la primer condena (ver caso "Herrera Ulloa Vs. Costa Rica", sentencia del 02.07.2004 de la Corte I.D.H.)- debe realizar un examen amplio del decisorio impugnado, en lo que ha sido motivo de agravio y en los trminos precisados en los fallos citados. 2. En esa tarea, se observa que el recurrente cuestiona la labor de la Alzada afirmando que es nula por apreciar los elementos arrimados al proceso de un modo arbitrario. Sin embargo, la lectura de la resolucin atacada permite comprobar que el A quo s suministr los fundamentos por los cuales consider que E. V. C. haba sido coautora de robo calificado por uso de arma (art. 166 inc. 2, prr. 1, del C.P.), ocurrido el 22 de febrero de 2007, siendo las 7,45 horas en perjuicio de J. del V. V., sealando prueba y exponiendo razones suficientes para justificar su conclusin. Vale recordar que la mencionada V. relat que mientras esperaba el colectivo en San Lorenzo y Colombres de la ciudad de Rosario fue abordada por "dos chicas", quienes con un cuchillo tipo "tramontina" le arrebataron su cartera de color negro conteniendo documentacin personal; que las atacantes salieron corriendo por calle Colombres hacia el cardinal sur; que las perdi de vista "por calle Santa Fe hacia el Oeste"; que minutos despus la polica las detuvo y aqulla las reconoci inmediatamente (fs. 7 y 42 de los autos principales). Sobre esta exposicin, la Cmara consider que la declarante "muestra un relato firme, preciso y coherente, que en modo alguno puede ni siquiera hipotticamente, tener intencionalidad o mendacidad para perjudicar a las encartadas, con las que no hay pauta o dato de conocimiento previo o intereses contrapuestos" (f. 163 de los autos principales). Una atenta lectura de las declaraciones citadas permite compartir dicha opinin. Ante este razonamiento, el impugnante desliza una serie de agravios que, sin embargo, no logran persuadir que la Sala, al reconstruir lo sucedido, haya soslayado la aplicacin de las reglas de la sana crtica o hubiera hecho una aplicacin incorrecta de sus principios. As, el recurrente sostiene la arbitrariedad del pronunciamiento de la Alzada poniendo de resalto la contradiccin entre lo consignado en el acta policial de procedimiento y lo expuesto por la vctima -ello en relacin al modo en que fueron detenidas las imputadas- y el presunto incumplimiento de los requisitos formales estatuidos en el artculo 190 V inciso 7 del Cdigo Procesal Penal para la instrumentacin de determinados actos llevados a cabo por la autoridad prevencional. Desde la ptica de la doctrina de la arbitrariedad, tambin ataca el pronunciamiento condenatorio por la ausencia de pruebas que debieron producirse (reconocimiento en rueda de personas y el examen mdico a la vctima). Ahora bien: cabe destacar que no se encuentra en discusin que la detencin de la imputada se produjo en las inmediaciones del lugar del hecho, en tiempo cercano al mismo y que la vctima reconoci a la encartada como autora. Si bien se aprecia una discrepancia -asumida por la Sala- en torno a la oportunidad en que V. sindic a las encartadas -segn su propia declaracin o segn el acta policial- lo cierto es que la Cmara consign que dicha diferencia demostraba precisamente que no haba "nada armado" en comn con la polica, porque en tal caso, no se hubiera dado esa distincin (f. 163 de los autos principales). En ese contexto -es decir con una slida declaracin de una testigo-, el impugnante no ataca con un mnimo sustento en las constancias de la causa la veracidad del secuestro encontrado, en particular, de un cuchillo "Tramontina" y el recupero de la cartera de color negro sustrada; circunstancias que hacen perder de decisividad a la ausencia de testigos en el acta de procedimiento respectiva (cfr. f. 2 de los autos principales). Todo ello hizo razonar a la Sala preguntndose: "Cmo es posible, si no es real y veraz el relato y la sindicacin de la Sra. V., que sta describa a unas personas que son encontradas a varias cuadras, cmo es que las descriptas estaban juntas como lo ha mencionado la vctma, cmo es que la Sra. V. saba o poda saber que una de ellas llevaba un cuchillo y cmo es posible
que la cartera haya llegado hasta ese lugar". La nica respuesta -continan los Sentenciantes- es que Cassieles particip en el hecho (cfr. f. 163v. de los autos principales). Represe en que el acta fue suscripta no slo por los empleados policiales que detuvieron a las imputadas sino tambin por la agente M. S. M., ajena inicialmente al procedimiento, y que, en definitiva, practic la requisa que deriv en el secuestro del cuchillo de mencin (cfr. fs. 2 y 43 de los autos principales). Tampoco alcanza a poner en crisis la conclusin condenatoria la endilgada contradiccin entre la descripcin de la vestimenta de las atacantes efectuada por la vctima y la expuesta por la preventora. As el recurrente pone de relieve que la respectiva acta de procedimiento se expuso que E. C. vesta con musculosa color gris y una bermuda color rosado con vivos azules y zapatillas blancas y que A. tena remera roja y pantaln gris, mientras que V. expres que una de sus atacantes tena puesta una musculosa color gris y pantaln blanco a rayas turquesa y la otra vesta remera roja (fs. 7 y 42 de los principales). En contraste con ello, el nico elemento de conviccin desincriminante que aparece estriba en la misma declaracin indagatoria de Cassiselles cuando sostuvo "que lo que dice la seora es mentira, que en la cartera yo tena 95 o 100 pesos, que estudio, estoy en tercer ao de nivel inicial y trabajo en el club Fisherton, que soy de buena familia, no tengo necesidad de robarle nada a nadie", descargo que no alcanza para poner en duda el contundente plexo probatorio antes referido y para hacer aplicable el principio del "in dubio pro reo" (f. 32 de los autos principales). En suma, el examen de la resolucin atacada a la luz de los agravios defensivos y el exhaustivo anlisis de las constancias obrantes en los autos principales -con el alcance exigido por el precedente "Casal" del Mximo Tribunal de la Nacin- no permite entrever un supuesto de irrazonabilidad de la decisin atacada por la va del recurso de inconstitucionalidad, ni conmover sus fundamentos normativos y, principalmente, sus antecedentes fcticos. 3. Por ltimo, las apreciaciones de los seores Ministros doctores Erbetta (punto 2), Spuler (punto 2) y las vertidas por la seora Presidenta doctora Gastaldi (punto 2), me conducen a reflexionar acerca de los alcances del artculo 41 del Cdigo Penal. All se establece la necesidad de tomar conocimiento "de visu" de la vctima y del sujeto en la medida requerida para cada caso. Esta disposicin se encuentra ubicada en el mbito de determinacin de la pena (remite al artculo 40 que alude a las penas divisibles). Se trata de un procedimiento previo y necesario a su individualizacin. La realizacin de este acto adquiere mayor relevancia en el sistema procesal penal escrito que rige en nuestra provincia -en gran parte todava vigente- si bien en trnsito hacia un modelo oral. Sobre esta norma la Corte federal ha establecido: "Que se trata de una regla claramente destinada a garantizar el derecho del condenado a ser odo antes de que se lo condene, as como a asegurar que una decisin de esta trascendencia no sea tomada por los tribunales sin un mnimo de inmediacin. Desde el punto de vista de la ley penal de fondo, una pena dictada sin escuchar lo que tiene que decir al respecto el condenado no puede considerarse bien determinada" (cons. 19, Fallos:328:4343, "Maldonado"). Ahora bien, ms all de que no puede existir una adecuada determinacin de la pena sin audiencia "de visu", considero que se trata de un acto procesal sujeto a los presupuestos tradicionales de nulidad. Vale decir, adems de resultar un apartamiento formal del rito previsto en la ley, debe observarse un perjuicio ocasionado y, a su vez, la acusacin tempornea del vicio de la parte interesada, pues, de otro modo, habr existido convalidacin de una actividad procesal irregular. Todo ello, conforme los artculos 161 y siguientes del ordenamiento procesal penal. Sobre el tpico, el Mximo Tribunal de la Nacin tiene dicho que en materia de nulidades procesales "prima un criterio de interpretacin restrictiva y slo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o inters legtimo y cause un perjuicio irreparable, sin admitirlas cuando no existe una finalidad prctica, que es razn ineludible de su procedencia" (Fallos:331:994). Considero que se impone el traslado de estos conceptos, comunes a la invalidacin de los actos procesales y que esta interpretacin -vinculando la audiencia referida a la determinacin de la pena- tiene asidero en precedentes del Mximo Tribunal de la Nacin sobre el alcance de la omisin de realizacin de la audiencia "de visu". En efecto, en el citado "Maldonado" se refera al cuestionamiento de la imposicin de una pena de prisin perpetua a un imputado que haba cometido el delito siendo menor. En esta lnea, tambin puede recordarse que en "Domnguez" (del 10.08.2010) se puso de relieve que para que la omisin de la diligencia resulte atendible, debe demostrar el perjuicio que irroga al imputado mayor de edad siendo que se le haba impuesto el mnimo de la escala penal prevista para la calificacin legal seleccionada (voto de los seores Ministros Lorenzetti y Fayt, cons. 5). Siendo ello as y habindose impuesto en el caso el mnimo de la pena prevista, entiendo que no aparecen configurados los presupuestos procesales para declarar de oficio la nulidad de la sentencia atacada por va del recurso de inconstitucionalidad ni tampoco advierto una
jurisprudencia constitucional consecuente que imponga nicamente esa solucin. En definitiva, voto, pues, por la negativa. A la tercera cuestin, el seor Ministro doctor Erbetta dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular el pronunciamiento impugnado. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponda para que juzgue nuevamente la causa conforme las pautas sentadas por esta Corte en la presente decisin. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055). As voto. A la misma cuestin, la seora Presidenta doctora Gastaldi y los seores Ministros doctores Spuler, Gutirrez y Netri dijeron que la resolucin que corresponda dictar era la propuesta por el seor Ministro doctor Erbetta y votaron en igual sentido. En mrito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVI: Declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular el pronunciamiento impugnado. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponda para que juzgue nuevamente la causa conforme las pautas sentadas por esta Corte en la presente decisin. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055). Registrarlo y hacerlo saber. Con lo que concluy el acto, firmando la seora Presidenta y los seores Ministros por ante m, doy fe. Fdo.: GASTALDI-ERBETTA-GUTIRREZ-NETRI-SPULER- Fernndez Riestra (Secretaria)
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