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Timestamp: 2020-07-15 10:29:45+00:00

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Sentencia de Tutela nº 239/08 de Corte Constitucional, 6 de Marzo de 2008 - Jurisprudencia - VLEX 43476636
Derecho a la seguridad social, al minimo vital y a la vida digna de persona de la tercera edad a quien la entidad niega el reconocimiento de la pension de vejez, aduciendo para ello, la mora del empleador frente al pago de los aportes correspondientes a la seguridad social. Solicita le sea reconocida la pension de vejez. Procedencia excepcional de la accion de tutela para ordenar el reconocimiento de pensiones. Procedencia de la accion de tutela en el caso concreto. Mora patronal en el traslado de cotizacion en pension. Frente al caso bajo examen, como se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional, son las entidades administradoras de pensiones quienes cuentan con los mecanismos juridicos establecidos en la ley para recaudar los dineros de los afiliados correspondientes a los aportes en pension, cuando se presente una mora por parte del empleador en el traslado de los dineros que recaudo, y asi ejercer el respectivo cobro, bien sea por el procedimiento ejecutivo u ordinario. En ese sentido, estas entidades no pueden alegar la propia negligencia como excusa para no reconocer un derecho que, para el caso concreto, resulta fundamental. Concedida
Sentencia citada en: 91 sentencias, 2 artículos doctrinales
Sentencia T-239/08
Referencia: expediente T-1.739.475
Peticionario: J.G.R.P.
Bogotá, D.C., seis (6) de marzo de dos mil ocho (2008)
La S. Sexta de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados H.A.S.P., N.P.P. y M.G.M.C., quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha pronunciado la siguiente
J.G.R.P. promovió acción de tutela contra el Instituto de Seguros Sociales (Seccional Valle), con el fin de solicitar la protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital en conexidad con la vida, con fundamento en los siguientes,
Expresa el señor J.G.R.P. que tiene 71 años, y que es una persona sola y en muy malas condiciones de salud.
Agrega que laboró desde el 8 de julio de 1976 al 31 de diciembre de 1994, para un total de 812 semanas cotizadas. Aduce pertenecer al régimen de transición, en la medida que cumple los requisitos exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al haber tenido 57 años al momento de la vigencia efectiva de la norma.
El 30 junio de 2005 solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez al Instituto de Seguros Sociales, entidad que por medio de la Resolución No. 019177 del 25 de noviembre de 2005, notificada el 27 de enero de 2006, se le negó el derecho, porque sólo contó con 300 semanas de cotización, de las cuales ninguna se efectuó durante los últimos 20 años contados a partir del cumplimiento de los 60 años.
En ejercicio de los recursos correspondientes a la vía gubernativa, indica que interpuso reposición y en subsidio de apelación el 6 de febrero de 2006.
Afirma que el Instituto de Seguros Sociales en la Resolución No. 14317 de 2006 le expresa que los aportes hechos al sistema de seguridad social en pensiones por Rest Toy San Ltda. correspondientes al periodo comprendido entre el 2 de febrero de 1980 hasta el 31 de diciembre de 1994, no le tuvo en cuenta, por presentar mora con la demandada. Agrega que la mora de la empresa se le aplicó en su contra cuando aquella constituye una omisión del Instituto de Seguros Sociales por no ejercer los mecanismos con que cuenta para hacer exigibles los dineros que adeuda el empleador.
Señala que ingresó al sistema del Instituto de Seguros Sociales con la afiliación No. 040807370 con los siguientes empleadores:
-Aportante 04018202952, razón social M.M.C.L.. desde julio 8 de 1976 hasta el 4 de marzo de 1977.
-Aportante 04018402337, razón social Rest Toy San Ltda. desde el 2 de febrero de 1980 hasta el 31 de diciembre de 1994.
-Aportante 04322400729, razón social R.J.A. desde el 20 de abril de 1989 hasta el 15 de mayo de 1990.
-Aportante 04322400729, razón social R.J.A. desde el 26 de julio 1990 hasta el 15 de junio de 1991.
- Aportante 04322400729, razón social Campo de V. Esperanza desde el 12 de abril de 1993 hasta el 1 de marzo de 1994.
- Aportante 04322400729, razón social Campo de V. Esperanza desde el 10 de marzo de 1994 hasta el 31 de diciembre de 1994.
Considera que los anteriores periodos laborales dan un total de 7.024 días que son 1.003 semanas y netos son 5.687 días para un total de 812 semanas cotizadas de conformidad a la historia laboral expedida por el Instituto de Seguros Sociales.
Por último, expresa que como trabajador cumplió con sus obligaciones laborales, y se le descontó mes a mes los aportes correspondientes. Por esta razón, quien no cumplió fue el empleador por no trasladar los dineros al Instituto de Seguros Sociales que a su vez era responsable de realizar el cobro coactivo al empleador y no el trabajador quien presume que si se están haciendo los respectivos pagos a la seguridad social en pensión.
Con fundamento en los anteriores hechos, J.G.R.P. solicita la protección del derecho fundamental al mínimo vital en conexidad con la vida y seguridad social, por ser un sujeto de especial protección, pues pertenece a la tercera edad. En consecuencia solicita, se ordene al Instituto de Seguros Sociales Seccional Valle del Cauca reconozca y cancele la pensión de vejez a que tiene derecho por cumplir los requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993.
Copia de la resolución No. 019177 de 2005 por medio de la cual se resuelve la solicitud de Prestaciones Económicas en el sistema general de pensiones, régimen solidario de prima media con prestación definida del señor J.G.R.P., en la cual se niega la pensión de vejez porque de acuerdo a la certificación de semanas cotizadas, en el sistema figuran un total de 300 semanas de las cuales ninguna corresponde a los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima requerida.
Copia de la resolución No. 14317 de 2006 por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición y se confirma la Resolución No. 019177 de 2005, que a su vez niega el reconocimiento de la pensión de vejez del Señor J.G.R.P. por las siguientes razones:
''Que para resolver el recurso formulado se solicitó la certificación de la historia laboral al Departamento Seccional de Historia Laboral y Nómina de Pensionados, el cual a través del Grupo de Investigación de Periodos Aportados ( GIPA), realizó la investigación respectiva expidiendo una nueva Historia Laboral en donde se reflejan todos los patronales mencionados por el Sr J.G.R.P..''
''Que respecto al patronal Rest Toy San Ltda., los aportes realizados al Sistema General de Pensiones, correspondientes al periodo comprendido del 02 de febrero de 1980 al 31 de diciembre de 1994, no pueden ser tenidos en cuenta puesto que presenta mora con el Instituto, encontrándose a paz y salvo sólo hasta el mes de noviembre de 1979, situación que le quita el derecho a que el Instituto le pueda conceder la Pensión de Vejez solicitada, siendo preciso resaltar que la mora del empleador en el pago de los aportes a que está obligado, es una conducta sancionable de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 12 del decreto 2665 de 1998, Manual de Sanciones y Cobranzas, donde se revela al Seguro Social del pago de las prestaciones económico-asistenciales, siendo del cargo del empleador moros asumirlas en la misma forma y cuantía que lo hubiere hecho esta Entidad de no haber existido tal circunstancia.''
Copia de la Resolución No. 91631 del 2006, por medio de la cual se resuelve el recurso de apelación del accionante. El Gerente Seccional del Instituto de Seguros Sociales del Valle del Cauca confirma en todas sus partes la Resolución No. 019177 del 25 de noviembre de 2005 con fundamento en :
''Que para resolver el Recurso de Apelación se revisa nuevamente la historia laboral, la cual es expedida por la Gerencia Nacional de Historia Laboral, a través del Departamento de Historia Laboral Seccional, en el que se refleja que el asegurado ha estado afiliado al Seguro Social para pensiones en forma interrumpida con diferentes empresas, desde el 8 de julio de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1994 en la historia tradicional acumulando 226.42 semanas y por el sistema de autoliquidación de aportes mensuales con el empleador Esperanza Campo de V. cotizó del 1 de enero de 1995 al 6 de febrero, del 15 de mayo al 24 de junio, del 24 de agosto hasta el 18 de noviembre de 1996 acumulando 74 semanas para un total de 300 semanas validamente cotizadas por el asegurado en toda la vida laboral.''
''Que es pertinente aclararle al peticionario que se encuentra dentro del Régimen de Transición, pero que para acceder a la pensión es necesario habar cotizado las 500 semanas con el ISS en la forma antes indicada, o 100 semanas en cualquier tiempo, conforme con lo estipulado en el artículo 12 del decreto 758 de 1990.''
''Que es pertinente aclararle al asegurado que la empresa Rest Toy San Ltda., no efectuó los aportes correspondientes a pensión, y presenta mora en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 1979 hasta el 31 de diciembre de 1994, razón por la cual el periodo laborado con este patronal no es computable para efectos de la pensión reclamada.''
Copia de la historia laboral del señor J.G.R.P. expedida el 7 de enero de 2005 por la Vicepresidencia de Pensiones del Instituto de Seguros Sociales, de la que se desprenden los siguientes datos:
Pruebas aportadas por el señor J.G.R.P..
- ''Clínica de la Visión del Valle Ltda.
Diagnostico: Cirugía de cataratas
Medicó tratante oftalmólogo A.C.F..''
- ''Servicio médico Preventivo
Aparato respiratorio: H. en ambos cuerpos pulmonares
Diagnostico y concepto
Reg.08-001174''
Copia de la historia laboral.
La S. Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas por los artículos 86 y 241, numeral 9° de la Constitución Política, y los artículos 31 al 36 del Decreto 2591 de 1991, es competente para revisar la sentencia proferida el 4 de julio de 2007 por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cali.
La S. se ocupará de analizar si el Instituto de Seguros Sociales (Seccional Valle) vulneró los derechos fundamentales a la vida digna y al mínimo vital del señor J.G.R.P., al negarle el reconocimiento de la pensión de vejez por existir mora del empleador en el pago de los aportes correspondientes a la seguridad social.
Con el fin de dar solución al problema jurídico, esta S. empezará por estudiar la procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener el pago de prestaciones sociales, y el tema referente a la mora del empleador en el traslado de los aportes en pensiones, para luego determinar si en el presente caso y con fundamento en las pruebas que obran en el proceso, se cumplen las condiciones señaladas por la jurisprudencia.
Procedencia excepcional de la acción de tutela para ordenar el reconocimiento de pensiones. Reiteración de jurisprudencia
Recientemente la Sentencia T-043 de 2007 M.P.J.C.T. reiteró las tres condiciones concurrentes que deben darse en cada caso para que proceda la acción:
''a. que la negativa al reconocimiento de la pensión de invalidez, jubilación o vejez se origine en actos que en razón a su contradicción con preceptos superiores puedan, prima facie, desvirtuar la presunción de legalidad que recae sobre las actuaciones de la administración pública;
que esa negativa de reconocimiento de la prestación vulnere o amenace un derecho fundamental;
que la acción de tutela resulte necesaria para evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.''
De acuerdo con lo anterior, el reconocimiento de la pensión puede adquirir una connotación de derecho fundamental cuando por conexidad ponga en peligro otros derechos de naturaleza fundamental, entre ellos la vida, el mínimo vital, la dignidad humana de las personas de la tercera edad. Bajo esa premisa, cuando se niegue el reconocimiento de una pensión y dicha condición involucre directamente a personas de la tercera edad -las cuales por su condición se consideran sujetos de especial protección- deberá considerarse la procedencia de la acción de tutela.
Ahora bien, si de la evaluación que se haga del caso se deduce que la acción es procedente, la misma podrá otorgarse de manera transitoria o definitiva. Será lo primero si la situación genera un perjuicio irremediable, siempre que se cumplan los presupuestos de inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad de la acción, decisión que tiene efectos temporales Sentencia T-1291 de 2005 y Sentencia T- 668 de 2007. Y procederá cómo mecanismo definitivo si se acredita que el procedimiento jurídico correspondiente para dirimir las controversia resulta ineficaz al ''no goza(r) de la celeridad e inmediatez para la protección de los derechos fundamentales con la urgencia requerida'' Ibidem.
De ese modo, cuando la controversia jurídica verse sobre la legalidad del acto que niega el reconocimiento de una pensión de vejez, se deben valorar los elementos que determinan o definen el caso, respecto a las condiciones de la persona, su edad, su capacidad económica y estado de salud, es decir todo aquello que permita deducir que el procedimiento ordinario no resultaría idóneo para obtener la protección de sus derechos. Así lo afirmó la Sentencia T-668 de 2007 M.P.C.I.V.H.:
''En síntesis, la acción de tutela no procede para ordenar el reconocimiento o la reliquidación de pensiones, a menos que el conflicto planteado involucre personas de la tercera edad y se logre acreditar la afectación de garantías fundamentales que no puedan ser protegidas oportunamente a través de los medios de defensa previstos para el efecto, de manera tal que se entienda que éstos han perdido toda su eficacia material y jurídica. En dichos eventos, le corresponde al juez constitucional evaluar, valorar y ponderar la situación fáctica puesta a su conocimiento y todos los factores relevantes del caso, para efectos de establecer la necesidad de brindar una protección urgente e inmediata de los derechos conculcados, e igualmente, de determinar con la mayor precisión el grado o nivel de protección que se debe brindar.''
En esa misma línea argumentativa, la Sentencia T-1013 de 2007 M.P.M.G.M.C. expresó:
''Así las cosas, es razonable deducir que someter a un litigio laboral, con las demoras y complejidades propias de los procesos ordinarios, a una persona cuya edad dificulta el acceso a la vida laboral y que sus ingresos son precarios para el sostenimiento personal y el de su familia, resulta desproporcionadamente gravoso porque le ocasiona perjuicios para el desenvolvimiento inmediato de su vida personal y familiar y se le disminuye su calidad de vida. Por esta razón, la Corte ha concedido en múltiples oportunidades la tutela del derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, en forma definitiva, o transitoria, de personas cuyo derecho a la vida en condiciones dignas y al mínimo vital resultan afectados por la omisión atribuible a las entidades demandadas.''
Conforme a las consideraciones expuestas, la acción de tutela procederá para solicitar el reconocimiento de una pensión de vejez siempre que la negativa implique conexidad con un derecho de naturaleza fundamental y esté de por medio la protección efectiva de los sujetos de especial protección. Los efectos de la protección podrán ser transitorios o definitivos, subordinados a las reglas que rigen el perjuicio irremediable o si se acredita que la procedimiento jurídico correspondiente resulta ineficaz por las condiciones específicas de cada caso.
En los casos en los cuales el solicitante o afectado sea de la tercera edad, Sentencia T-580 de 2005. ''Este Tribunal ha sostenido que la procedencia excepcional de la acción de tutela en los casos de reconocimiento de pensiones, adquieren cierto grado de justificación cuando sus titulares son personas de la tercera edad, ya que se trata de sujetos que por su condición económica, física o mental se encuentran en situación de debilidad manifiesta, lo que permite otorgarles un tratamiento especial y diferencial más digno y proteccionista que el reconocido a los demás miembros de la comunidad. Para la Corte, la tardanza o demora en la definición de los conflictos relativos al reconocimiento y reliquidación de la pensión a través de los mecanismos ordinarios de defensa, sin duda puede llegar a afectar los derechos de las personas de la tercera edad al mínimo vital, a la salud, e incluso a su propia subsistencia, lo que en principio justificaría el desplazamiento excepcional del medio ordinario y la intervención plena del juez constitucional, precisamente, por ser la acción de tutela un procedimiento judicial preferente, breve y sumario de protección de los derechos fundamentales''. el juicio de procedibilidad de la acción de tutela debe ser riguroso, en tanto que debe someter a análisis las circunstancias apremiantes de la protección, más no debe ser tan estricto, pues la condición de pertenecer a la tercera edad implica, por sí misma, el incremento de la vulnerabilidad del individuo. En tal sentido la Corte dijo T- 668 de 2007 M.P.C.I.V.H.. En el mismo sentido puede consultarse la sentencia T- 456 de 2004 M.P.J.A.R. y la T-789 de 2003 M.P.M.J.C.E.:
''...en ciertos casos el análisis de la procedibilidad de la acción en comento deberá ser llevado a cabo por los funcionarios judiciales competentes con un criterio más amplio, cuando quien la interponga tenga el carácter de sujeto de especial protección constitucional -esto es, cuando quiera que la acción de tutela sea presentada por niños, mujeres cabeza de familia, discapacitados, ancianos, miembros de grupos minoritarios o personas en situación de pobreza extrema. En estos eventos, la caracterización de perjuicio irremediable se debe efectuar con una óptica, si bien no menos rigurosa, sí menos estricta, para así materializar, en el campo de la acción de tutela, la particular atención y protección que el Constituyente otorgó a estas personas, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad''.
3.1 Procedencia de la acción de tutela en el caso del señor J.G.R.P.
De acuerdo a las consideraciones hechas, la S. empezará por establecer si en el caso objeto de revisión procede la acción de tutela para el reconocimiento del derecho de pensión de vejez
El señor J.G.R.P. tiene 71 años de edad y solicitó la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital en conexidad con la vida, por cuanto el Instituto de Seguros Sociales (Seccional Valle) negó el reconocimiento del derecho de pensión de vejez por encontrar mora en el pago de los aportes del empleador Rest Toy San Ltda. desde 1980 hasta 1994.
Que el señor J.G.R.P. nació el 12 de julio de 1936, lo que permite deducir que en la actualidad tiene 71 años. En consecuencia es un sujeto de especial protección por pertenecer a la tercera edad, tal y como lo indica la jurisprudencia de esta Corporación al decir:
''Si una persona sobrepasa el índice de promedio de vida de los colombianos (se estima en 71 años), y ella considera que se le ha dado un trato discriminatorio en el reajuste pensional y por tal motivo ha reclamado ante juez competente, pero se estima razonablemente que el solicitante ya no existiría para el momento que se produjera la decisión judicial, debido a su edad avanzada, unido esto al alto volumen de procesos que razonablemente producen demora en la decisión, pese al comportamiento diligente del juzgador, entonces, ese anciano no tiene otro medio distinto al de la tutela para que, provisionalmente, mientras se decide el fondo del asunto por el juez natural, se ordene el respeto a su derecho. Por supuesto que el Juez de Tutela debe hacer un equilibrado análisis en cada caso concreto, no olvidando que en el momento de transición institucional que vive el país, es posible una demora en las decisiones judiciales. O sea, no se puede adoptar una solución mecánica para todos los casos sino que debe analizarse individualmente a cada uno de ellos.'' Ver sentencias T-456/94 , T-529/05 y recientemente reiterada en la Sentencia T- 149 de 2007 M.P.J.A.R. entre otras.
Que el accionante, además de tener una edad considerable, sufre de cataratas y padece de hiperventilación en ambos pulmones. Así lo indica la historia clínica en los siguientes términos:
''Servicio médico Preventivo
Que manifestó ser una persona de escasos recursos para satisfacer sus necesidades básicas, que tiene que pagar arriendo y no tiene ninguna persona que lo acompañe y vea por él.
Así las cosas, teniendo en cuenta las condiciones de salud, edad y económicas del accionante, es evidente la situación de riesgo o peligro de sufrir un perjuicio irremediable. En efecto, si se analizan en conjunto las circunstancias del señor J.G.R.P., resultaría ineficaz someter el caso al proceso ordinario, en la medida que aquel sería inoportuno para garantizar los derechos fundamentales a la vida digna y mínimo vital, puesto que se probó en debida forma la ausencia de medios económicos, estar enfermó y tener una edad avanzada, indicios que de acuerdo a la sana critica permiten deducir que no podría subsistir de manera digna el tiempo que tarde un litigio ordinario. R. en que el demandante tendría que soportar la duración del proceso ordinario sin contar con un medio de subsistencia, pues lo que sería objeto de demanda es, precisamente, su pensión.
Por lo anterior, la S. encuentra procedente conceder la tutela como mecanismo definitivo, dadas las condiciones de enfermedad, pobreza y edad del accionante, como consecuencia de evidenciarse una conexidad entre el derecho de pensión de vejez y los derechos fundamentales a la vida digna de una persona de la tercera edad y mínimo vital.
Ahora bien, verificado el elemento de la procedencia de la acción, la S. procederá a estudiar si la mora del empleador en el pago de los aportes en pensión constituye un argumento jurídicamente válido para negar el reconocimiento de una pensión de vejez de conformidad a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En últimas, la S. pasa a determinar si existe vulneración de los derechos del demandante.
Mora patronal en el traslado de cotización en pensión. Reiteración de jurisprudencia.
Al respecto, la Sentencia T-668 de 2007 M.P.C.I.V.H. expresó:
''En efecto, cuando un trabajador arriba a una edad que le impide continuar activo económicamente y, a su vez, concurre el número de aportes al sistema previstos por la ley, resulta necesario que se prodigue la prestación económica imprescindible para la adquisición de los bienes materiales que garanticen la digna subsistencia y, con ello, el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales.''
De esa forma, el mencionado sistema requiere para su aplicación y sostenimiento, de la participación activa de tres elementos: trabajador, empleador y entidad administradora de pensiones.
''Artículo 13 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características:
La afiliación es obligatoria para todos los trabajadores dependientes e independientes;
Artículo 17 OBLIGATORIEDAD DE LAS COTIZACIONES. Durante la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación de servicios, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados, los empleadores y contratistas con base en el salario o ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen.
Artículo 22. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR. El empleador será responsable del pago de su aporte y del aporte de los trabajadores a su servicio. Para tal efecto, descontará del salario de cada afiliado, al momento de su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias que expresamente haya autorizado por escrito el afiliado, y trasladará estas sumas a la entidad elegida por el trabajador, junto con las correspondientes a su aporte, dentro de los plazos que para el efecto determine el Gobierno.
El empleador responderá por la totalidad del aporte aun en el evento de que no hubiere efectuado el descuento al trabajador
Artículo 24. ACCIONES DE COBRO. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo''
En la Sentencia C-177 de 1998 este tribunal desarrolló la teoría de la ''relación tripartita''. Esta tesis deja en claro que en los eventos en los cuales el empleador no traslade los aportes a la entidad de seguridad social, es ella la responsable de hacer de cobro de esos dineros, mediante los mecanismos jurídicos establecidos en la Ley. En la medida que el sistema de pensiones se concreta bajo los principios de eficacia y solidaridad.
''A su vez, el trabajador no está efectuando un pago al patrono sino al sistema, por lo cual bien hubiera podido la ley prever que el empleado cotizara directamente a la EAP. Son estrictamente razones de eficiencia las que justifican la facultad patronal de retención, lo cual significa que los dineros descontados representan contribuciones parafiscales, que son propiedad del sistema y no del patrono.''
''Es pues necesario separar jurídicamente el vínculo entre el patrono y la EAP y la relación entre la EAP y el trabajador. Por ende, en esta primera hipótesis, la Corte concluye que exigir el traslado efectivo de las cotizaciones para que se puedan reconocer las semanas o tiempos laborados por el trabajador constituye un requisito innecesariamente gravoso para el empleado, pues la propia ley confiere instrumentos para que la entidad administradora de pensiones pueda exigir la transferencia de los dineros, mientras que el trabajador carece de esos mecanismos''
Por tanto, y al ser dineros que son del sistema, la ley dota a las entidades administradoras del régimen de pensiones de herramientas jurídicamente idóneas para perseguir las obligaciones que presenten mora en el traslado de los aportes del régimen de seguridad en pensiones. Entre ellas se encuentran las consagradas en los artículos 23 y 24 de la ley 100 de 1993 Sobre el particular los artículos 23 y 24 de la ley 100 de 1993 disponen lo siguiente: ''ARTICULO 23. Sanción Moratoria. Los aportes que no se consignen dentro de los plazos señalados para el efecto, generarán un interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el impuesto sobre la renta y complementarios. Estos intereses se abonarán en el fondo de reparto correspondiente o en las cuentas individuales de ahorro pensional de los respectivos afiliados, según sea el caso. Los ordenadores del gasto de las entidades del sector público que sin justa causa no dispongan la consignación oportuna de los aportes, incurrirán en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente. En todas las entidades del sector público será obligatorio incluir en el presupuesto las partidas necesarias para el pago del aporte patronal a la Seguridad Social, como requisito para la presentación, trámite y estudio por parte de la autoridad correspondiente''.
ARTÏCULO 24 estipula: ''Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo''. que explican de forma general los temas afines con la sanción por mora y la obligación de cobro contra el empleador.
Sumado a lo anterior el artículo 2 del Decreto 2633 de 1994 consigna el procedimiento correspondiente para constituir al empleador en mora y poder iniciar el respectivo proceso ejecutivo y el artículo 5 del mismo decreto las reglas para efectuar el proceso ordinario:
''ARTICULO 2o. DEL PROCEDIMIENTO PARA CONSTITUIR EN MORA AL EMPLEADOR. Vencidos los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas por parte de los empleadores, la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al empleador moroso lo requerirá, si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el empleador no se ha pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la cual prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.''
ARTICULO 5o. DEL COBRO POR VIA ORDINARIA. En desarrollo del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, las demás entidades administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida del sector privado y del régimen de ahorro individual con solidaridad adelantarán su correspondiente acción de cobro ante la jurisdicción ordinaria, informando a la Superintendencia Bancaria con la periodicidad que ésta disponga, con carácter general, sobre los empleadores morosos en la consignación oportuna de los aportes, así como la estimulación de sus cuantías e interés moratorio, con sujeción a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones concordasteis.
Vencidos los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas por parte de los empleadores, la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al empleador moroso lo requerirá. Si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el empleador no se ha pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la cual prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.
Sobre la base del funcionamiento adecuado de la relación tripartita que garantiza el reconocimiento de las prestaciones de la seguridad social, esta Corporación Sentencia SU-430 de 1998 M.P.V.N.M.. ha sido enfática en sostener que la entidad administradora de pensiones no puede negar a un trabajador la pensión a que tiene derecho con el argumento de que el empleador no ha realizado el pago de los aportes, ''pues al trabajador se le descuentan estas sumas directamente de su salario mensual, y no resulta justo que deba soportar tan grave perjuicio por una falta completamente ajena a su voluntad, imputable directamente a su empleador y por la cual aquel debe responder... De lo expuesto, es claro, entonces, que la ley atribuye claramente a las entidades administradoras de pensiones la función de exigir al patrono la cancelación de los aportes pensionales, para solventar las situaciones en mora y para imponer las sanciones a que haya lugar, no siendo posible a aquellas alegar a su favor su propia negligencia en la implementación de esa atribución'' Posición reiterada por la Sentencia T-284 de 2007 M.P.M.J.C.E. y Sentencia T1013 de 2007 M.P.M.G.M.C. .
En la Sentencia T- 668 de 2007 M.P.C.I.V.H. al analizar la mora del empleador en el traslado de los aportes en pensiones, se puntualizó que ''es claro, entonces, que la ley atribuye claramente a las entidades administradoras de pensiones la función de exigir al patrono la cancelación de los aportes pensionales, para solventar las situaciones en mora y para imponer las sanciones a que haya lugar, no siendo posible a aquellas alegar a su favor su propia negligencia en la implementación de esa atribución. También ha precisado la Corporación que, estando la entidad administradora facultada para efectuar el cobro de lo que por concepto de aportes le adeuda el empleador y no habiéndolo hecho, una vez aceptado el pago en forma extemporánea se entenderá como efectivo y, por tanto, se traducirá en tiempo de cotización.''
Sobre ese mismo tema la Sentencia T- 284 de 2007 M.P.M.J.C.E.. indicó: ''De lo expuesto, es claro, entonces, que la ley atribuye claramente a las entidades administradoras de pensiones la función de exigir al patrono la cancelación de los aportes pensionales, para solventar las situaciones en mora y para imponer las sanciones a que haya lugar, no siendo posible a aquellas alegar a su favor su propia negligencia en la implementación de esa atribución.''
En conclusión, la jurisprudencia de la Corte Constitucional es reiterativa en considerar que los argumentos de entidades administradoras de pensiones son impropios y contrarios a la Constitución Política (artículo 13 y 46), cuando pretenden trasladar esa responsabilidad que les confiere la Ley a la parte mas débil en la relación tripartita, que es el trabajador. Sentencia C- 177 de 1998 M.P.A.M.C. Por tanto la mora del empleador en pago de los aportes de pensiones no es valida como justificación legal para negar el reconocimiento de la pensión de vejez.
Sobre estas consideraciones, pasa la S. a estudiar el caso concreto.
5.1 La mora del empleador en el pago de los aportes en pensión
El señor J.G.R.P. tiene 71 años de edad y solicitó la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital en conexidad con la vida, por cuanto el Instituto de Seguros Sociales (Seccional Valle) negó el reconocimiento del derecho de pensión de vejez por encontrar mora en el pago de los apartes del empleador Rest Toy San Ltda. desde 1980 hasta 1994.
De conformidad a los documentos que anexó el actor, la S. encuentra:
Resolución No. 019177 del 25 de noviembre de 2005 que señala expresamente lo siguiente:
Historia laboral del señor J.G.R.P. expedida el 7 de enero de 2005 por la Vicepresidencia de Pensiones del Instituto de Seguros Sociales, de la que se desprenden los siguientes datos:
Ahora veamos, el señor J.G.R.P. tiene en la actualidad 71 años de edad, es decir que cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993 tenía 57 años, y para el 31 de diciembre de 1994 tenía mas de 500 semanas de cotización.
De esa forma, no se puede alegar la propia negligencia como excusa para no reconocer un derecho, que para el caso concreto y las características que presenta, resulta del tipo fundamental, pues existe una conexidad entre el derecho a la pensión y la afectación al mínimo vital del señor J.G.R.P. quien cuenta 71 años, carece de recursos económicos para subsistir y padece una hiperventilación pulmonar.
''DECRETO 758 DE 1990 (MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL). Por el cual se aprueba el acuerdo numero 049 de febrero 1 de 1990 emanado del consejo nacional de seguros sociales obligatorios.
''ARTÍCULO 12. REQUISITOS DE LA PENSION POR VEJEZ. Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:
''a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y,
''b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.''
En esas condiciones, la S. encuentra que la Resolución No.019177 del 25 de noviembre de 2005 expedida por el Instituto de Seguros Sociales (Seccional Valle) la cual negó el reconocimiento de la pensión de vejez por presentar mora el empleador RETS TOY SAN LTDA. en el pago de los aportes, desconoció las normas legales y la jurisprudencia de esta Corporación, en el sentido que la Ley es clara en obligar a las entidades administradoras de pensiones a realizar el recaudo de las cotizaciones, puesto que el trabajador es la parte débil de la ''relación tripartita''. Así, el acto que se expidió vulneró el derecho fundamental a la vida digna y al mínimo vital, al omitir todas las semanas laboradas y cotizadas por el señor J.G.R.P..
Por todo lo anterior, se dejarán sin efecto las resoluciones No.019177 del 25 de noviembre de 2005, la No. 14317 de 9 de agosto de 2006 y la No. 91631 del 9 octubre de 2006. En consecuencia se ordenará al Instituto de Seguros Sociales (Seccional Valle) expedir nuevamente el acto administrativo que decida sobre el reconocimiento de la pensión de vejez, teniendo en cuenta la totalidad de los meses que no figuran como pagados por causa de la mora patronal de la empresa REST TOY SAN LTDA.
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 4 de julio de 2007, proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cali, en cuanto negó la tutela de los derechos fundamentales del señor J.G.R.P.. En su lugar, CONCEDER la tutela de los derechos al mínimo vital y a la seguridad social en conexidad con el derecho a la vida digna del accionante, en los términos de esta sentencia.
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTO las resoluciones No. 019177 del 25 de noviembre de 2005, No. 14317 de 9 de agosto de 2006 y la No. 91631 del 9 octubre de 2006. En consecuencia ORDENAR al Instituto de Seguros Sociales (Seccional Valle) que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia vuelva a expedir el acto administrativo mediante el cual deberá resolver la solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez del señor J.G.R.P. incluyendo dentro del cómputo de tiempo cotizado, la totalidad de las semanas que no figuran como pagados por causa de la mora patronal de la empresa REST TOY SAN LTDA.
Providencia nº 11001110200020150022401 de Consejo Superior de la Judicatura - Sala Disciplinaria de 18 de Marzo de 2015
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 15826 de 25 de Marzo de 2003

References: artículo 36
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 12
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 12

Artículo 17

Artículo 22

Artículo 24
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 23
 artículo 24

Resolución 
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