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Timestamp: 2018-08-18 19:56:01+00:00

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Sesión ordinaria de la H. Cámara de Senadores, celebrada el martes 28 de noviembre de 2017
Publicado: Martes, 28 Noviembre 2017 17:32
CELEBRADA EL MARTES 28 DE NOVIEMBRE DE 2017.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (11:56) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 75 ciudadanos Senadores y Senadoras.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se abre la sesión del martes 28 de noviembre, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Secretaría.
Una, de la Comisión de Fomento Económico, con la que remite su Informe de Actividades correspondientes al Segundo Año de Ejercicio de la actual legislatura.
Y una, de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite su Informe Legislativo y de Gestión, correspondiente al Primero y Segundo Años y a los meses de septiembre y octubre del Tercer Año de la LXIII Legislatura.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con similar de la Secretaría de Economía, en alcance al recibido el 31 de octubre pasado, por el que se comunica una fe de erratas al “Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre la tercera y cuarta rondas de negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México”, en el apartado correspondiente a la cuarta ronda de negociación en lo referente al numeral 10 de comercio transfronterizos de servicios.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Remítase dicha información a las Comisiones de Relaciones Exteriores, América del Norte; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibieron oficios del Banco de México, con los que remite el informe en el que se realiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre julio-septiembre de 2017, así como la ejecución de la política monetaria y en general las actividades del Banco de México durante dicho período, en el contexto de la situación económica nacional e internacional.
Y el informe anual sobre el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, correspondientes al período julio de 2016 a junio del 2017.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Remítase dicha documentación a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibieron diecisiete oficios de diversas dependencias con respuestas a acuerdos promovidos por Senadores y aprobados por la Comisión Permanente y por la Cámara de Senadores.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibió de la Cámara de Diputados un proyecto de decreto por el que se reforman, accionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, Segunda.
Los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos un acuerdo para normar la sesión solemne en agradecimiento del apoyo y solidaridad de la Comunidad Internacional, ante los sismos acontecidos en México en el mes de septiembre del presente año.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Doy lectura a los puntos resolutivos del acuerdo.
Primero.- El martes 5 de diciembre del 2017, a las 11:00 horas, el Senado de la República realizará sesión solemne, en agradecimiento del apoyo y solidaridad de la Comunidad Internacional, ante los sismos acontecidos en México en el mes de septiembre de 2017.
Segundo.- A la sesión solemne se invitará al Secretario de Relaciones Exteriores de México y al Presidente de la Cámara de Diputados, y se les asignará un escaño en el presídium.
Tercero.- La sesión solemne se realizará conforme al formato que a continuación se indica.
a). Mensaje del Presidente de la Mesa Directiva, Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo.
b). Develación de la placa en reconocimiento del apoyo y solidaridad de la Comunidad Internacional, ante los sismos acontecidos en México en el mes de septiembre de 2017.
Cuarto.- En esa sesión solemne, únicamente tendrá lugar la intervención señalada en el texto del presente acuerdo.
Quinto.- En reconocimiento a la alta envestidura de los visitantes, la Presidencia de la Mesa Directiva designará las Comisiones de Ceremonial a que se refiere el artículo 289 del Reglamento del Senado de la República.
Sexto.- Se instruye a las Secretarías Generales a hacer las gestiones necesarias y cumplir con las tareas de logística que requiera el recinto de la Cámara de Senadores para la organización y durante el desarrollo de la sesión solemne.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 28 de noviembre del 2017. Firman los integrantes de la Mesa Directiva.
Está discusión el acuerdo.
Al no haber oradores, consulte. . .
Perdón, sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna.
La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Desde luego que nadie podría estar en desacuerdo de hacer una sesión solemne, para agradecer toda la ayuda y el apoyo internacional que las personas damnificadas, las familias damnificadas por los sismos, hayan recibido.
Aquí el asunto es que no lo han recibido y que yo estoy recorriendo las zonas, viendo a los damnificados y me consta que no hay apoyo a los damnificados.
Entonces, primero hay que hacer un informe, a quién se les destinaron esos apoyos para poder hacer una sesión solemne.
Me parece que la a sesión solemne, a la cual no me opongo, debería de ir complementada con un informe puntual del destino de las ayudas que México recibió, hacia dónde se canalizaron; porque los cientos de damnificados que yo he visto, ninguno ha recibido tales apoyos.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, por sus comentarios, señora Senadora.
Desde luego que la Mesa Directiva estará atenta a esta inquietud por usted expresada y solicitaremos información al respecto.
Al no haber más oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo presentado.
Aprobado el acuerdo para normar la sesión solemne que se realizará el 5 de diciembre próximo. En agradecimiento del apoyo y solidaridad de la Comunidad Internacional ante los sismos acontecidos en México, en el mes de septiembre del año en curso.
Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19 y 73 constitucionales, en materia de feminicidios.
En uso de la voz la Senadora Lucero Saldaña Pérez.
Esta iniciativa, con proyecto de decreto para reformar artículos de la Constitución, el 19 y el 73, de nuestra Constitución Política, que toca temas tan trascendentales como los que estamos viviendo.
La indignación y el descontento social se han hecho presentes desde los acontecimientos de las primeras manifestaciones de violencia que vivimos en contra de las mujeres en los años noventa. Sin embargo, recientemente estas voces de protesta se han hecho escuchar en todo el país, debido a los altos índices de feminicidios a nivel nacional, específicamente aquellos acontecidos en estados donde hay más población y también de donde soy originaria, del estado de Puebla.
Es imprescindible a impostergable que esos feminicidios se contemplen como delitos graves, para que así el juez determine prisión preventiva oficiosa, a fin de que los presuntos responsables no evadan la justicia, no haya impunidad y así ese conteo de feminicidios que se viene realizando tanto por la sociedad civil, como por las propias autoridades, que nos dicen que de las organizaciones civiles, desde el 2012 a la fecha, tan sólo en el estado de Puebla se han registrado 324 casos, de los cuales se ha sancionado a una persona por el delito de homicidio, por parte del Poder Judicial del estado de Puebla.
Esta iniciativa encuentra sustento en el artículo 19 constitucional, cuyo texto establece que amerita prisión preventiva oficiosa, entre otros, el delito de homicidio doloso.
La diferencia para el caso del feminicidio radica en que el sujeto que priva de la vida a las mujeres, es sólo por el hecho de su calidad de ser mujeres, el haber nacido mujeres es un motivo para ser asesinadas, mientras que el homicidio doloso se da por diversos motivos en contra de cualquier persona.
Se puede considerar que el feminicidio puede ser igual o aún más grave y más cruel que el homicidio doloso, toda vez que el primero se funda en la violencia de género e indirectamente menoscaba los derechos humanos de las mujeres en todo nuestro conjunto.
Por tal motivo, es claro que si el homicidio doloso está dentro del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, también lo debería estar por mayoría de razón el feminicidio.
Reconocer que ha habido esfuerzos gubernamentales en todos los niveles de gobierno. Se han hecho muchos esfuerzos, tenemos un marco legal que habla de igualdad, de no violencia, de no discriminación, se han implementado política nacional para la igualdad con perspectiva de género.
Ha habido jurisprudencia de la Corte para pedir que todas las investigaciones que tienen que ver con violencia contra las mujeres tengan perspectiva de género y esto es un gran logro de las luchas de la sociedad civil y también de nosotras al servicio de la política.
En materia de igualdad se ha avanzado, pero todavía tenemos la vía de reconstruir todas las iniquidades, los prejuicios, los estereotipos, y no ha sido suficiente mitigar, ni erradicar dicha violencia. En cambio estas estadísticas y la opinión pública dan constancia de que la violencia ha aumentado y se ha agravado significativamente, respecto a años anteriores. Una acción tiene que verse reflejada en esta medida.
En este tenor es inevitable señalar que para el pleno goce y ejercicio de los derechos de las mujeres en México es necesario implementar acciones excepcionales para la prevención, sanción y erradicación de la violencia feminicida, como son la imposición de la prisión preventiva oficiosa a los presuntos responsables, así como un mecanismo de excepción en el que la Procuraduría General de la República pueda investigar estas conductas.
En este orden de ideas, y a pesar de que cada entidad federativa cuenta con su propia Fiscalía o Procuraduría para la investigación y persecución de los delitos, dichos organismos cuentan con escasa, a veces nula capacitación para actuar en estos delitos contra las mujeres.
La perspectiva de género es importante en la capacitación, en la implementación, en el juicio y sobre todo también en la reparación del daño.
Por lo anterior se propone un mecanismo de excepción para que esta Procuraduría General de la Republica pueda investigar y perseguir los feminicidios con la finalidad de garantizar los derechos al debido proceso, el acceso a la justicia, el conocimiento a la verdad histórica, la reparación integral del daño, entre otros beneficios que las leyes nacionales, las normas y los tratados internacionales nos acogen.
Dicho mecanismo de excepción se sustenta en el principio de subsidiariedad, el cual consiste en que la Federación tiene la posibilidad de atraer los asuntos que en un principio le correspondan a las entidades federativas.
Vemos que podemos seguir haciendo muchas reformas, ojalá esta reforma se dé en este marco de 16 días de activismo por los derechos humanos, y que podamos seguir avanzando como país en dar muestras de que en México hay el interés de tener un Estado de derecho y un respeto a la legalidad, por las mujeres, por la vida y la integridad de las mujeres que sea de beneficio para México.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Saldaña.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera.
Sonido en el escaño de la Senadora Calderón.
La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Dese su escaño) Gracias, Presidente.
Pedirle a la Senadora Lucero Saldaña si me permite sumarme a su iniciativa, además de que tenemos que hacer muchas más cosas, pero si me permite sumarme a su iniciativa.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por supuesto que la Senadora es anuente.
En el mismo sentido Senadora Rocha. Y la Senadora Cuéllar.
Servicios Parlamentarios, sírvase tomar nota de las y los Senadores.
En el mismo sentido Senador Sánchez.
La Senadora Pilar Ortega.
Sírvase tomar nota, Servicios Parlamentarios, de los Senadores que han manifestado su interés de suscribir la iniciativa en comento.
Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman.
Sonido en el escaño del Senador Lavalle.
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: (Desde su escaño) Para ver si nos permiten también adherirnos a punto que acaba de presentarse, al Senador Vega…
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Con gusto.
Habíamos solicitado ya a Servicios Parlamentarios tomara nota de todos los Senadores que expresaron esa misma intención. Desde luego que es de subrayar el interés del Senador Lavalle y el Senador Larios, el Senador Neyra y Vega Casillas en el mismo sentido.
En uso de la voz la Senadora Sonia Rocha, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de procedimientos quirúrgicos.
En uso de la tribuna la Senadora Rocha.
La Senadora Sonia Rocha Acosta: Con su venia señor Presidente.
Con el permiso de las Senadoras y Senadores.
La presente iniciativa se funda en la inquietud y la necesidad de actuar en el marco normativo que regula el ejercicio y las actividades profesionales en el campo de la medicina.
Estamos conscientes de los esfuerzos que se han realizado en la presente Legislatura y en otras para intentar regular los procesos quirúrgicos, pero se estima que los mismos no han sido efectivos para definir y establecer de manera clara y adecuada las limitaciones de esta rama de la ciencia médica.
Esta necesidad obedece a proteger a las personas sanas que recurran a las técnicas y productos utilizados en cirugías estéticas que quieren ir un poco más allá y deciden realizarse cambios en su cuerpo recurriendo a procedimientos médico-quirúrgicos y que no son de alta especializad y, sobre todo, para evitar que personas que no cuenten con los conocimientos médicos-quirúrgicos, pericia y ética profesional puedan realizar actos y aplican productos técnicos relacionados con este tipo de cirugías.
El hecho de no contar con normas que regulen de manera correcta la cirugía estética genera, sin duda, un riesgo para la salud de las personas que estando sanas recurren a dichas técnicas para mejorar una apariencia física.
Ante esto, la presente iniciativa, al abordar esta disciplina médica, propone regular de manera debida la práctica de la cirugía estética, toda vez que el artículo 272 Bis 1, de la Ley General de Salud, no define a la cirugía plástica y reconstructiva, ni a la cirugía estética, siendo que son actos quirúrgicos que se realizan tanto en una como en la otra no son los mismos y sus objetivos y efectos son muy distintos.
Por información generada por la Dirección General de Profesionales, dependientes de la Secretaría de Educación Pública y por la Secretaría de Salud, se ha podido saber que en México no existe registrada la especialidad de cirugía estética, ya no existe residencias médicas ni prácticas de dichos actos quirúrgicos en instituciones públicas de salud, haciendo énfasis en que la población que recurre a estos procedimientos son personas sanas que sólo quieren modificar su apariencia mediante el uso técnico de técnicas quirúrgicas con objetivos meramente estéticos o cosméticos.
Ante el aumento y a la amplia demanda que las cirugías estéticas que hoy vivimos que tiene actualmente entre las y los mexicanos, es que consideramos necesario reformar la Ley General de Salud en aras de proteger a las personas sanas que se quieren sujetar a dichos procedimientos estéticos en nuestro país.
Sabemos que la cirugía plástica y reconstructiva atiende de manera integral a pacientes enfermos con lesiones congénitas o adquiridas craneofaciales y de mano, deformidades como labio y paladar hendido a través de procedimientos de microcirugías en la construcción de extremidades, reimplantes, reconstrucción mamario, secundario por supuesto al cáncer de mama, quemaduras y uso de injertos de éstas y otras lesiones.
Desde su origen la cirugía plástica y reconstructiva se ha enfocado en atender traumas, accidentes o enfermedades que se presentan en el cuerpo humano en México, sólo existen registradas y reconstruidas la especialidad de cirugía plástica y reconstructiva, la cual se realiza en las instituciones públicas debido a que el objetivo de dichas instituciones es la prevención y rehabilitación de patologías y no de atención de procedimientos voluntarios con fines de belleza o de estética.
La cirugía estética o cosmética se fue desarrollando de manera paralela a la cirugía plástica y reconstructiva, teniendo un cambio de intervención mucho más limitado y con una clara diversidad de enfoque, ya que sus procedimientos sólo se centran en mejoras de apariencia de las personas, teniendo como características que se encuentra sana, en buenas condiciones de salud física y psicológica, no así por lo que hace a la cirugía plástica o reconstructiva, que tiene un objeto muy diferente como lo es el corregir, aminorar o resolver traumas de accidentes o defectos desde el nacimiento.
Las diferencias se evidencian también en los procedimientos quirúrgicos efectuados en la cirugía estética o cosmética que se llevan a cabo intervenciones tales como mamoplastía de aumento, pexia mamaria, reducción mamaria, lipoescultura y lipoinjerto, lipectomía, ritidectomía facial, mastopexia, aumento de glúteo y pantorrilla, blefaroplastía, riditectomía y trasplante capilar, reducción de mejillas, otoplastía, lobuloplastia, quiloplastia, así como lo referente a las intervenciones en cirugía plástica y reconstructiva que contempla intervenciones para reducir quemaduras, defectos congénitos, cirugía de mano, cirugía de extremidad inferior, microcirugía y cirugía craneofacial.
Hoy en día se requiere que tengamos especialistas en esta materia y que no dejemos en manos de gente que se dice estar preparada y que ha estudiado, y que tiene incluso experiencia y pericia en el tema estético, y que sin duda se pone en riesgo la salud de todos los mexicanos, debemos tener médicos preparados que por ello esta iniciativa define los procedimientos quirúrgicos con la reforma a esta Ley General de Salud en sus artículos 81, 272 Bis, 272 Bis 1, 272 Bis 2, y de la Ley General de Salud, todo por el beneficio de nuestros hombres y mujeres mexicanas que de una u otra manera quieren cambiar su apariencia sin que tengan una deformidad, sino más bien por cambiar su apariencia física.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Rocha Acosta.
Enseguida corresponde el uso de la tribuna al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario…
Sonido en el escaño de la Senadora Díaz Lizama.
La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: (Desde su escaño) Solamente para preguntarle a la Senadora Sonia, si me puedo adherir a su iniciativa.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: La Senadora Martha en el mismo sentido.
La Senadora Laura Rojas.
Solicito a Servicios Parlamentarios tomar nota de los Senadores que expresen su intención de suscribir la iniciativa presentada por la Senadora Rocha Acosta.
Corresponde el uso de la tribuna al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 constitucional, en materia de delitos contra defensores de derechos humanos.
En uso de la voz, el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas.
El 20 de noviembre nos dimos cuenta del precio que pagan quienes luchan por la libertad de expresión y los derechos fundamentales.
En uno de los cruceros más transitados de la ciudad de La Paz, Baja California Sur, fue acribillado Silvestre de la Toba Camacho, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de aquella entidad.
Junto con el ombudsman también perdió la vida su hijo, y su esposa quedó gravemente herida al grado que no pudo estar presente en la inhumación del cuerpo.
El asesinato del licenciado de la Toba no sólo es indicativo de una escalada en la violencia extrema que recorre al país, el homicidio es también revelador de una mutación en la funcionalidad de las personas defensoras de derechos humanos como víctimas de delitos de alto impacto.
Aunado a la línea de agresiones con motivo de su activismo, ahora las personas de derechos humanos, defensoras de los derechos, son seleccionadas como víctimas por el carácter emblemático que ostentan.
Al privar de la vida a una persona defensora de los derechos humanos, quienes concibe, preparan y planean desde las sombras el ataque, buscan crear zozobra en la sociedad y menguar la de por sí debilitada confianza en las instituciones.
Lo digo porque es común denominador en Baja California Sur, y lo conozco, lo conocí, el licenciado de la Toba era un hombre de bien, sin vínculo alguno fuera del contexto de su trabajo, un hombre correcto, un hombre prudente.
Como Presidente de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones en contra de Periodistas y Medios de Comunicación, que soy, fui testigo de la amabilidad bonhomía y apertura de Silvestre de la Toba, pues, hace algunos meses celebramos con la institución que presidía un Convenio de Difusión y Protección de los Derechos de las y los Periodistas de Baja California Sur.
Entre los periodistas y las personas defensoras de derechos humanos, existe una razón de identidad jurídica. Más que entre las personas, se trata de la función que realizan, ambas, la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos son pilares de una auténtica democracia.
El Estado de derecho y la cultura de los derechos humanos no se entienden sin los periodistas y sin los activistas de los derechos humanos.
No es gratuito que en una condición de violencia extrema generalizada los primeros en caer víctimas de la delincuencia y de servidores públicos que los acompañen sean precisamente periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.
Por ello, al encontrarse prácticamente la misma situación de riesgo en este crudo entorno social, considero que deben recibir la misma protección por parte de las leyes de la República.
De ahí que me permito proponer se incluya en el precepto constitucional relativo a los delitos de los que conocen las autoridades federales el caso de las personas defensoras de los derechos humanos.
De aprobarse esta iniciativa, quedarían protegidos por igual los periodistas y las personas defensoras de los derechos humanos en razón de que afrontan los mismos peligros.
De acuerdo con la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Red TDT, en México han sido asesinadas 106 personas defensoras de estos derechos, y 83 han sido víctimas de desaparición forzada.
En reciente rueda de prensa que congregó a los titulares de las 33 comisiones públicas de derechos humanos, supimos que casi una decena de Ombudsman se encuentra bajo amenaza.
Hagamos a un lado las vicisitudes y repercusiones del proceso que se vive en este país, proceso electoral, y aprobemos cuanto antes esta iniciativa.
Brindemos a las personas defensoras de los derechos humanos la protección que merecen por su activismo y con ello aseguremos la viabilidad de nuestra incipiente democracia.
El proyecto de decreto que propongo, reitero, es a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos, para quedar como sigue:
“Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común cuando estos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta”.
Y se agrega: “O delitos contra personas defensoras de los derechos humanos”.
En espera de contar con su apoyo para esta reforma, quedo atentamente a sus órdenes.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Blásquez.
La Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño) Presidente.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Sonido en el escaño de la Senadora Beristain.
La Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño) Muchas gracias, Presidente.
Bueno, felicitar al Senador Blásquez, y pedirle ¿si me permite sumarme a su iniciativa?
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Senador Blásquez.
El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Claro que sí.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias.
Por favor, Servicios Parlamentarios, tomar nota de la intención de la Senadora Beristain, de suscribir la iniciativa.
Se concede ahora el uso de la tribuna al Senador Luis Sánchez Jiménez, para presentar a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, un proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Gubernamental.
En uso de la tribuna el Senador Sánchez Jiménez.
El Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Presidente.
En la reforma constitucional del año 2007, en materia política, se reformó la Constitución en su artículo 134, en el párrafo octavo, para tratar de normar la comunicación gubernamental. Diez años después faltamos a ese compromiso.
Pero en el año 2014 hicimos una nueva reforma y nos dimos un nuevo plazo, que concluía al 30 de abril de aquel año 2014, y también se faltó a ese compromiso.
La iniciativa que el Partido de la Revolución Democrática, su fracción parlamentaria y algunas Senadoras del PAN, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, presentamos hoy, es una respuesta a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordena al Congreso de la Unión a reglamentar ese párrafo octavo del artículo 134 constitucional.
No es la primera vez que estas dos bancadas presentan una iniciativa en esta materia, y nuestro compromiso con la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos se ha materializado en propuestas legislativas que datan, al menos, del año 2012.
Sin embargo, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados se ha frenado cualquier intento de regular el uso de recursos públicos en materia de comunicación gubernamental, como más de media docena de iniciativas en la materia lo atestiguan.
Ahora, a partir de la resolución de la Suprema Corte de Justicia, al amparo promovido por la Organización “Campaña Global por la Libertad de Expresión”, artículo 19, se obliga al Poder Legislativo a hacer su trabajo y obligación constitucional y a retomar el rumbo en la promulgación de una Ley General de Comunicación Gubernamental, una Ley General que obligue a los gobiernos federal de los estados y de los municipios.
Garantizar la libertad de expresión y de opinión de la pluralidad de las voces del país, así como la formación de un espacio desde el que se pueda juzgar libremente las acciones del gobierno, son un fundamento irreemplazable para la supervivencia de cualquier régimen político.
En México ponemos en riesgo la viabilidad del mismo, sí de facto los servidores públicos pueden disponer de los recursos de los ciudadanos y ciudadanas para la promoción de sus carreras políticas.
El recurrente uso de dinero público para el pago de propaganda personalizada implica un doble golpe a las instituciones.
Primero.- Significa la inversión de recursos en áreas cuyo beneficio es nulo para el bienestar de la población, algo especialmente alarmante, sí, paralelamente es acompañado de recortes en salud y educación, como la actual administración del Presidente de la República, ha hecho.
Segundo.- Porque la disposición de una opaca bolsa de recursos para comunicación deriva en el establecimiento de reglas informales entre los medios de comunicación que aplican la autocensura para no perder los ingresos por publicidad pagada por el gobierno.
De esta manera se lastima la libertad de expresión, así como la posibilidad de disponer de un catálogo variado de fuentes de información necesario para la toma de decisiones en la esfera pública, pero también se lastima el derecho a la información objetiva a que tiene derecho la ciudadanía.
En este sentido, las Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hace y se basa en estándares interamericanos y en experiencias comparadas para dar, entre otras, las siguientes conclusiones:
1.- Los estados deben adoptar leyes especiales, claras y precisas para regular la pauta de comunicación en cada uno de los niveles de gobierno.
2.- Los avisos oficiales deben incluir información de interés público y no deben utilizarse con fines electorales o partidarios.
3.- La publicación estatal nunca debe ser asignada por los estados para premiar a castigar los contenidos editoriales e informativos de los medios.
4.- Los recursos publicitarios deben asignarse según criterios preestablecidos, claros, transparentes y objetivos que deberían de evaluar distintos factores, tales como el perfil del público al que va destinada la campaña, los precios, la circulación o audiencia del medio respectivo.
5.- Es necesaria una adecuada planificación de la pauta que permita el control público.
6.- Los estados deben publicar periódicamente toda la información relevante sobre la pauta oficial y garantizar, ante cada requerimiento por parte del público en general, el fácil acceso a la información.
7.- Se deben establecer mecanismos de control externo por un órgano autónomo que permitan un monitoreo exhaustivo de la asignación de publicidad oficial.
8.- Los estados deberían establecer políticas y destinar recursos para promover la diversidad y el pluralismo de medios a través de mecanismos de ayudas indirectas o subsidios explícitos y neutros diferenciados de los gastos de publicidad oficial.
Estos son criterios que, la iniciativa que hoy presentamos algunas y algunos Senadores del PAN y la fracción parlamentaria del PRD, se propone atender plenamente.
La urgencia de regular el gasto en comunicación gubernamental en todos los niveles resulta de que en los cuatro primeros años de la administración de Peña Nieto se han erogado más de 36 mil 261 millones de pesos en materia de publicidad oficial, además anualmente hay sobreejercicios en la materia, que entre el 2013 y el 2016 alcanzaron a ser 71.86 % más de lo aprobado por la Cámara de Diputados.
El monto sobreejercido equivale a más de 15 mil millones de pesos adicionales en un período donde han existido recortes al presupuesto en sectores como salud, desarrollo social y medio ambiente.
Esto sucedió pese a que para los ejercicios fiscales de 2013, 2014, 2015 y 2016 se habían estipulado que no podrían realizarse ampliaciones o traspasos de recurso de otros conceptos de gasto.
Esta situación se recrea en las entidades y municipios de la Federación inhibiendo el fortalecimiento de los pesos y contrapesos propios de una democracia.
A raíz de esto presentamos una Ley General de Comunicación Gubernamental, cuyos objetivos son:
1.- Establecer los principios y procedimientos relativos a uso de cualquier forma de comunicación gubernamental.
2.- Establecer los principios y obligaciones que rige la actuación de los servidores públicos en materia de comunicación gubernamental.
3.- Establecer los criterios que rigen los contenidos de esa comunicación gubernamental.
4.- Establecer los criterios generales para la programación, ejercicio y evaluación de los recursos públicos destinados al gasto en comunicación gubernamental de los entes públicos de los tres órdenes de gobierno.
5.- Establecer mecanismos de transparencia para el ejercicio de los recursos públicos presupuestales dirigidos al rubro de comunicación gubernamental, así como todo uso de recursos públicos que tengan como objeto producir cualquier forma de comunicación gubernamental por parte de los entes públicos de los tres órdenes de gobierno.
6.- Establecer criterios para el uso de los tiempos de Estado y los tiempos fiscales en radio y televisión entre los entes públicos que determina esta ley; y
7.- Establecer un régimen de sanciones aplicables por el incumplimiento de las disposiciones legales en la materia.
Tuvo que intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, en un fallo histórico, se urgiera al Legislativo estipulando, además de los plazos ya caducados, uno más para que el Legislativo cumpla con su obligación de legislar y hacer la ley en esta materia para establecer el marco de actuación de los gobiernos y entes públicos en materia de comunicación.
Por lo expuesto presentamos la Ley General de Comunicación Gubernamental, que ponemos a su consideración.
Hago entrega de firmas de legisladores, de Senadoras y Senadores del Partido Acción Nacional que acompañan también esta iniciativa.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Sánchez Jiménez.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Radio Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, Primera.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la carrera de Comunicación de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados por el Senador Jorge Aréchiga Ávila, quienes asisten con el objetivo de observar y conocer cómo se conduce una sesión del Senado de la República.
Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, para presentar a nombre propio y de la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de decreto que modifica el artículo 444 del Código Civil Federal, en materia de la patria potestad.
En uso de la voz la Senadora Hernández Lecona.
La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias, Presidente.
A nombre de la Senadora Verónica Martínez y a nombre propio, someto a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción III del artículo 444 del Código Civil Federal, referente a la relevancia que debe tener en nuestro sistema jurídico y judicial el interés superior de los menores.
Hoy nuevamente paso a esta tribuna con el fin de fortalecer este vínculo más importante que debe ser el de padres e hijos, y no obstante la ley, aunque tiene varias obligaciones que deben tener, vemos que en la práctica, pues tenemos que las y los legisladores ver formas más enérgicas de que esto se lleve a cabo.
Sin embargo, creo que esto debe de ser un derecho humano y una atención a nuestros hijos, niños, niñas y adolescentes que deben de nacer de mutuo propio, por ética, por moral, por amor, y no porque lo esté obligando la ley.
Los padres de los menores de edad son quienes, en el ejercicio de la patria potestad que les asiste, deriva de la afiliación que los une, tienen obligaciones alimentarias y de crianza, pues la patria potestad no debe comprenderse como un derecho de los padres, sino como un derecho de las y los hijos, cuyo alcance para ambas partes es mucho más amplio.
Los padres están obligados a cumplir con una función que le es encomendada en beneficio de los hijos y que es protectora y formativa, relativa a la crianza y a la educación que incluso otorga a aquellos la facultad correctiva a la conducta del menor, potestad que es limitada, pues los progenitores para usar legítimamente esta facultad debe usar medios correctivos adecuados que no atenten contra la integridad de los menores.
En tanto los hijos deben ser efectivamente cuidados y procurados por sus padres para lograr una formación integral, siendo ésta así porque la institución de la patria potestad parte de la premisa lógica que los menores ante su inacabado desarrollo físico y mental no pueden cuidarse por sí mismos y necesitan educación, cuidado y protección de sus padres para poder subsistir.
Esto es instruir al niño en su camino para que de adulto no se aparte.
Lo anterior se encuentra expresamente previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 24, primer párrafo, que establece: “que los niños tienen derecho a que se proteja su condición de menores”.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 19, establece que los niños tienen derecho a las medidas de protección, que en su condición de menor requiera por parte de su familia, la sociedad y el Estado, así también en la Convención de los Derechos del Niño establece la garantía de protección y cuidado que deben tener los menores.
En nuestra sociedad cada vez más es más común ver casos que se sabe del abandono de menores.
Y que es el abandono de un menor por parte de alguno de ambos padres que radica en el incumplimiento de las obligaciones de crianza para con sus hijos.
El hecho de que un progenitor haya incumplido con sus obligaciones de crianza más básica para con sus menores hijos, es decir, que los haya dejado en abandono e indefensión es elemental para acreditar dos de las causales previstas en el artículo 444 del Código Civil Federal para la pérdida de la patria potestad, previstas también en la fracciones III y IV.
En tanto, la fracción III es relativa a la pérdida de la patria potestad por el abandono de los deberes de los padres para con los hijos.
La fracción IV se limita a referir que dicha pérdida procede porque cualquiera de los progenitores abandone a los menores, no obstante y dada la ambigüedad a la referencia de dejar abandonados por más de seis meses a sus hijos.
En la práctica cotidiana judicial en materia familiar los jueces siempre bajo el amparo de preponderar el interés superior del menor establecen que no basta con indicar y brindar elementos de prueba derivados que lleven a acreditar el abandono, sino que pidan acreditar que ese abandono de alguno de los progenitores comprometió de alguna manera la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.
Y es precisamente ahí donde radica el gran obstáculo con el que se topan madres o padres que no sólo fueron también abandonados por su pareja sentimental, sino que queda a cargo completamente de sus hijos, sin el apoyo moral ni económico, sino, los dejan a la deriva, los dejan solos y a su suerte.
Eso es algo que no podemos soslayar y tenemos que ser más enérgicos con la ley, con la procuración de justicia, con el sistema aprobatorio también.
Tendríamos que probar la complejidad de acreditar esa facultad y el interés superior del menor, únicamente en su interpretación de que los niños convivan con ambos padres.
Esto representa un problema a considerar en nuestra sociedad, pues, cuántos padres y madres irresponsables no han dejado a sus menores a lo mejor, al cargo de familiares; pero, en cualquier momento y en cualquier forma es algo que nos debe preocupar y ocupar porque es la niñez de México.
No queda duda que lo anterior implica en la mayoría de los casos la forma negativa y el desarrollo psicosocial y emocional de los niños, niñas y adolescentes, ya que no sólo no conocen al progenitor que los abandonó, sino que por decisión de un Juez Familiar que no contempló el escenario completo, ahora están obligados a convivir y recibir visitas de quienes los abandonó, y no hizo más que demostrar el total desprecio a sus deberes morales de crianza.
Con esto se pretende reformar el artículo 444, la patria potestad se pierde por resolución judicial en la fracción III, es la reforma, cuando los padres tengan costumbres depravadas, malos tratamientos, abandono de sus deberes hacía con los menores.
Por interés superior del menor, y por el fortalecimiento a la familia, muchas gracias por esta iniciativa.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Hernández Lecona.
El Senador Víctor Hermosillo y Celada (Desde su escaño): Si me permiten adherirme a su propuesta, la Senadora.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Senadora Hernández Lecona…
Y comprendo que hay diversos Senadores que están solicitando el uso de la voz, y supongo que es con el mismo propósito, Senadora Calderón, Senador Larios.
Por favor, Servicios Parlamentarios, tomar nota de los Senadores que han solicitado suscribir la iniciativa presentada por la Senadora Hernández Lecona.
Ahora tiene el uso de la palabra el Senador Héctor Larios Córdova, para presentar a nombre propio y del Senador Ricardo Urzúa Rivera, un proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en materia de difusión de transmisión de acciones y partes sociales.
El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, Senador Vicepresidente.
La iniciativa que presentamos el Senador Ricardo Urzúa y un servidor, reforma a la Ley de Sociedades Mercantiles tratando de darle, no tratando, sino dándole seguimiento al único compromiso que nos falta de cumplir del grupo de acción financiera contra el blanqueo de capitales GAFI.
GAFI es una asociación internacional que se fundó en 1990, y estableció 40 lineamientos de los países para que pudieran competirse con eficacia el blanqueo de capitales.
México tiene pendiente éste, y se refiere a la transparencia de las sociedades mercantiles, particularmente de las sociedades anónimas y de las sociedades de responsabilidad limitada.
Todas estas sociedades tienen la obligación de llevar un libro de accionistas, como son anónimas las sociedades, las acciones pueden transitar de una persona a la otra.
Lo importante es cuando existe un beneficiario o un accionista de control, beneficiario es el único que recibe los remanentes de una sociedad o el accionista de control. Tiene que aparecer en el libro, solamente ellos saben en posesión de la sociedad.
Lo que propone esta reforma es modificar los artículos 70 y 124 de la Ley de Sociedades Mercantiles, para que cuando exista un nuevo accionista de control se inscriba en el portal electrónico de sociedades mercantiles de la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía está obligada a guardar la reserva de los nombres, la hoja de sociedad anónima, pero puedan intercambiarse entre autoridades, de esta manera se evite lo que sucede muchísimo, por ejemplo, en obra pública, que las sociedades cambian de accionista de control, y cuando han cometido los actos delictuosos, quienes aparecen como accionistas, pues a lo mejor son personas que ni siquiera están enteradas que son titulares de acciones de esa sociedad.
Y, entonces, tiene importancia esta iniciativa para que México sea más eficaz en el combate al blanqueo de capitales, al lavado de dinero, y esta es una iniciativa que en ese sentido pues reditúa beneficios a la sociedad.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias Senador Larios.
Enseguida tiene el uso de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, en materia de protección de derechos humanos.
El Senador Benjamín Robles Montoya: Gracias, Senador Presidente.
De verdad que esta no es una propuesta menor, sabemos que la violencia contra las mujeres es una de las más grandes pandemias que afectan hoy en día a nuestra sociedad.
Y ésta se expresa de diversas formas, dependiendo del contexto. Sin embargo, creo que hay rasgos comunes que permiten caracterizarla como un fenómeno universal que representa una clara manifestación de la discriminación de la situación de desigualdad y de las relaciones abusivas de poder de los hombres sobre las mujeres.
Quizás y hago una acotación, la presencia aquí afuera de 45 istmeñas, paisanas del Istmo de Tehuantepec que se han visto afectadas por los sismos, y una falta de retención, es un ejemplo adicional de ello.
Pero, regreso al propósito fundamental de mi presencia en la tribuna.
Y me quiero referir a lo que la antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos lo señala, y creo que lo señala muy claro, cuando dice, que cuando una mujer se convirtió en la reproductora de la progénesis, su trabajo fue confinado a satisfacer solamente las necesidades básicas de los demás, pero que con el establecimiento de la familia se depositó también en ellas las tareas domésticas y de cuidado, sin ninguna retribución, sin ninguna retribución.
Pero por ello, es que venimos aquí a reiterar que esta situación ha colocado a la mujer pues en un estado de su alternancia con respecto a los varones de la familia, es decir, primero su padre y luego su esposo.
Y eso, creo que todos estamos de acuerdo en corregirlo con mayor celeridad, porque tan arraigado está hoy en día este concepto, en el diario colectivo que el propio sociólogo Roberto Castro Pérez, señala que la violencia simbólica de las mujeres es el nivel de violencia en el que existe la cooperación también inconsciente de las propias mujeres, pues a lo largo de la historia ellas mismas comenzaron a manifestar que importante era el hombre, pues las estructuras simbólicas están también, hay que reconocerlo, reiteradamente arraigadas a través de siglos de acondicionamiento, es decir, lo que tenemos que combatir es que las mujeres, algunas, todavía cooperan voluntariamente, aunque inconscientemente con su propia dominación.
Y aquí, entonces, la necesidad de adoptar medidas urgentes, medidas urgentes que entre otros aspectos nos permitan visibilizar la discriminación directa, pero también la indirecta, tanto de mujeres como de niñas, en ese ámbito público, como en el privado y que se establezcan y se arraigue ese concepto de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y que se probaban entonces acciones afirmativas para acelerar este ritmo hacia la igualdad, que es lo que todos deseamos.
Por eso, la iniciativa que hoy vengo a presentar muestra una serie de medidas que buscan tomar en consideración que por un lado las y los legisladores tenemos la responsabilidad de generar normas, sin tomar en cuenta los roles, las capacidades y responsabilidades socialmente determinadas para hombres y mujeres, ya que son éstos, los que propician las desigualdades de género existentes en nuestra sociedad.
Y, por otro lado, tenemos la obligación de reconocer que estas diferencias implican desventajas jurídicas, es decir, las leyes, los reglamentos que se aplican, sí tienen un impacto diferenciado entre hombres o en mujeres.
Y ejemplo de ello es la discriminación de las mujeres a través de la lengua, ya que este es el reflejo mismo de los valores, del propio pensamiento y de la sociedad que la crea y que también la utiliza.
Nada de lo que decimos compañeras y compañeros, nada de lo que decimos en cada momento de nuestra vida es neutro, todas las palabras tienen una lectura de género.
Y así, la lengua no sólo refleja que también se transmite y se refuerza los estereotipos o los roles considerados para hombres y mujeres en una sociedad, lo que consienten y lo que consiente, pero además perpetúa la discriminación y, sobre todo, la violencia hacia las mujeres.
También quiero decir que la desvalorización de la mujer en el lenguaje es la que en el inconsciente colectivo se suma a muchas formas que contribuyen a reforzar esa desigualdad que hay que combatir, y en el peor de los casos a justificar la violencia ejercida hacia las mujeres, con lo que el hecho de que un instrumento para la defensa de los derechos político-electorales de las personas, en su propia denominación invoca la igualdad, pues hará, así pensamos algunos que en el corto y en el mediano plazo, las mujeres y los hombres nos estaremos acostumbrando al hecho de que efectivamente somos iguales ante la ley.
Le he de solicitar, señor Presidente, que para mayor ilustración de mis compañeras y compañeros, dado que este es un tema importante, me obsequie el que la iniciativa que hoy presento se integre totalmente en el Diario de los Debates y, por supuesto, estaremos participando en las comisiones hacia las que se envíe esta iniciativa para seguir discutiendo este importante tema.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Robles Montoya, desde luego que su solicitud es cabalmente atendida.
La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Reconocer el esfuerzo del Senador Benjamín Robles, por trabajar y atender a esta solicitud de que nos involucremos todos, y pedirle, si me acepta sumarme a su propuesta.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: ¿Senador Robles?
En el mismo sentido don Víctor Hermosillo.
Solicito a Servicios Parlamentarios recojan las firmas de los Senadores que sí lo han solicitado.
La Senadora Lorena Cuéllar, en el mismo sentido.
Gracias, Senador Robles Montoya.
En otro apartado de nuestra agenda, tenemos ahora dictámenes para primera lectura.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Tenemos los siguientes dictámenes para primera lectura.
Tres de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, que contienen proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 12 y 19 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
El proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
El proyecto de decreto por el que se declara el día 27 de abril de cada año, como el “Día Nacional de la Prevención de Quemaduras en Niñas, Niños y Adolescentes”.
Asimismo, tenemos dos dictámenes de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, con los siguientes proyectos de decreto.
El que se reforma el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social y el que reforma y adiciona el artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social.
También tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Compañeras y compañeros Senadores: Por acuerdo de la Mesa Directiva se modificó el orden de prelación de la discusión de dictámenes, e iniciaremos con la segunda lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Defensa Nacional con proyecto de decreto por el que se aprueba el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares.
En tal virtud, se concede el uso de la palabra a la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, para presentar el dictamen, a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.
En uso de la voz la Senadora Rojas Hernández.
Vengo a esta tribuna a presentar el dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; Relaciones Exteriores; y Defensa Nacional por el que se aprueba el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, adoptado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 7 de julio de 2017.
Aún antes de la creación de la ONU, pero mucho más a partir de ésta, la Comunidad Internacional ha desarrollado un andamiaje jurídico para regular el uso de las armas, de acuerdo a principios humanitarios. Así en 1899 fueron prohibidas las balas que se expanden dentro del cuerpo humano.
En 1907 las armas envenenadas también fueron proscritas, y en 1925 los gases asfixiantes, venenosos y las armas bacteriológicas igualmente se prohibieron.
Después, la Carta de las Naciones Unidas estableció como tarea del Consejo de Seguridad el promover el establecimiento y mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, con la menor desviación posible de los recursos humanos y económicos del mundo hacia los armamentos.
Además, la primera resolución de la Asamblea General de esta Organización tuvo como objetivo el eliminar las armas atómicas y las demás armas de destrucción masiva.
Poco después de la crisis de los misiles de Cuba, el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares y el Tratado de Proliferación Nuclear entraron en vigor, le siguieron el Tratado de los Misiles Antibalísticos y el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, entre otros.
Mucho más recientemente se adoptó el Tratado sobre el Comercio de Armas. Sin embargo, a pesar de que otras armas de destrucción masiva están prohibidas en el Derecho Internacional desde hace décadas, y del conocimiento sobre el terrible impacto humanitario y medio ambiental de las armas nucleares, y no obstante la obligación que los países poseedores tienen bajo el Tratado de no Proliferación Nuclear, cuyo artículo 6 establece que cada parte del Tratado se compromete a celebrar negociaciones de buena fe sobre medidas eficaces relativas al cese de la carrera de armamentos nucleares en fecha cercana, así como sobre el desarme nuclear y sobre un Tratado de Desarme General y Completo, bajo estricto y eficaz control internacional, el desarme nuclear no ha sido posible.
Además, si bien los principales países poseedores no se han hecho de más armas, sí las están actualizando y modernizando.
A esto hay que aunar la falta de regulación de material fisionable, que ha incrementado el número de países nuclearmente capaces y el abierto desafío de Corea del Norte, al hacerse de armas y mostrar su poderío nuclear.
Las tensiones entre países poseedores están creciendo, y el contexto geopolítico actual ha sido descrito por el Secretario General de la ONU, António Guterres, como una compleja red que interconecta nuevos y viejos conflictos que han generado graves violaciones al Derecho Internacional y Humanitario y a los Derechos humanos y que han forzado a millones de personas a huir de sus hogares.
Siguiendo a Guterres, el mundo está agobiado por tensiones internacionales y conflictos regionales.
Es en este contexto en el que el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares fue aprobado por una mayoría de 122 países, más de dos terceras partes de los miembros de las Naciones Unidas. Pero es este mismo escenario el que da pie a las voces que afirman que hoy menos que nunca es un buen momento para deshacerse de las armas nucleares, porque les atribuyen ser la base de la seguridad internacional. Sin embargo, muchos también han develado lo que en palabras del Papa Francisco es una falsa sensación de seguridad.
Abro comillas: “La paz y la estabilidad internacional no pueden basarse en la amenaza de la mutua destrucción o de la total aniquilación, o en el simple mantenimiento del balance de poder. La paz debe ser construida sobre la justicia; sobre el desarrollo humano integral; sobre el respeto a los derechos humanos; sobre la protección de la creación; sobre la participación de todos en la vida pública; sobre la confianza entre los pueblos; sobre el acceso a la educación y a la salud; sobre el diálogo y la solidaridad”. Cierro comillas.
Y es que, ¿cómo el mundo puede ser realmente un lugar seguro, con la existencia de más de 17 mil cabezas nucleares que pueden ser detonadas, incluso por accidente? Éste es sentido común, y la conciencia del inconmensurable poder de destrucción de estas armas, fue lo que animó a todos los que incansablemente trabajaron por la adopción del Tratado, sociedad civil, iglesias, organismos internacionales y los Estados, entre los cuales México sobresalió, tomando en plena congruencia con nuestra tradición diplomática, el liderazgo.
Es justo reconocer los esfuerzos de la Cancillería mexicana en este tema. Primero como impulsor y anfitrión de una de las conferencias sobre el impacto humanitario de las armas nucleares, que generaron una mayor sensibilización sobre la amenaza nuclear, y luego como decididos promotores del instrumento internacional.
De manera particular quiero reconocer el trabajo del Embajador Jorge Lomónaco, quien es un reconocido artífice del Tratado.
El Senado Mexicano también fue parte de este esfuerzo. En 2014, 83 Senadores y Senadoras de todos los grupos parlamentarios firmamos el exhorto Parlamentario Global para la Prohibición de las Armas Nucleares, organizado por AICAN, la organización que en breve recibirá el Premio Nobel de la Paz, precisamente por sus esfuerzos en este campo.
Además, varios de nosotros durante los últimos cinco años hemos aprovechado foros, como la Unión Interparlamentaria y la Organización Parlamentarios por la no Proliferación Nuclear y el Desarme, para impulsar esta agenda.
Ahora nuevamente les pido su compromiso con esta causa, votando a favor de este dictamen, a fin de contribuir a la pronta entrada en vigor del Tratado, la cual requiere al menos 50 ratificaciones, y continuando nuestros esfuerzos en todos los foros de diplomacia parlamentaria en los que participamos, para promover la importancia de este instrumento, así como su ratificación y su universalización.
De ratificarse el Tratado el día de hoy, seremos el cuarto país en el mundo en hacerlo, después de Guyana, la Santa Sede y Tailandia.
De esta manera, aportaremos también a la consolidación del liderazgo de México en este ámbito.
Desde el punto de vista jurídico, el Tratado complementa y apoya los objetivos de no proliferación y desarme del TNP, y llena un vacío en el Derecho Internacional, gracias a la prohibición expresa de su uso y amenaza de su uso sin admisión de reservas.
El instrumento da cuenta de que las consecuencias catastróficas de las armas nucleares trascienden las fronteras nacionales, de sus efectos para la supervivencia de la humanidad misma y hacia el medio ambiente, el desarrollo, la economía, la seguridad alimentaria y la salud de las generaciones presentes y futuras, además reconoce al desarme nuclear como un bien público, en tanto que sirve a intereses de la seguridad nacional y colectiva.
El Tratado establece la prohibición expresa de desarrollar, probar, reducir, manufacturar, adquirir, poseer o almacenar armas nucleares y/o artefactos explosivos nucleares.
Prohíbe también la transferencia directa o indirecta de estas armas o artefactos, la amenaza de uso, la asistencia, el alentar cualquier actividad de este tipo y el permitir la instalación y el despliegue de armas nucleares en su territorio o en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control.
También presenta un camino con miras a la eliminación total de las armas nucleares, ya que señala que los estados partes están obligados a cumplir con la conversión irreversible de las instalaciones alguna vez contempladas para este fin.
Finalmente, un aspecto importante es que obliga a proveer asistencia integral a las personas afectadas por los ataques o pruebas nucleares que contemple cuestiones de género, médicas, de rehabilitación, psicológicas, sociales, económicas.
Asimismo, los Estados deberán adoptar medidas para resarcir el daño ambiental provocado por este tipo de pruebas.
Hace apenas unos años la prohibición de las armas nucleares era un sueño de muchos y la obsesión de unos cuantos que parecía inalcanzable, hoy es una realidad y quizá el único tributo digno para las víctimas de los ataques en Hiroshima y Nagasaki.
La Comunidad Internacional, comprometida con el desarme nuclear, hoy puede estar más orgullosa de haber creado una nueva norma internacional que es la mayor contribución en décadas para que las armas nucleares no sean usadas de nuevo bajo ninguna circunstancia y para alcanzar la aspiración de un mundo realmente seguro.
Los invito nuevamente a votar a favor de este dictamen y a seguir contribuyendo a los esfuerzos por la paz.
Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Fernando Torres Graciano, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Defensa Nacional.
En uso de la voz, el Senador Torres Graciano.
El Senador Fernando Torres Graciano: Gracias, Presidente.
El dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Defensa Nacional, que estamos poniendo el día de hoy a consideración de este Pleno, ratifica el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, firmado por el Ejecutivo Federal en la sede de la Organización de las Naciones Unidas el pasado 7 de julio de este año.
De ratificar este instrumento internacional México estaría reafirmando su compromiso y lucha asumida a lo largo de toda su historia sobre la no proliferación, posesión o utilización de armas de destrucción masiva.
Nuestro país ha sido un importante referente por la postura en su política exterior a favor de un mundo libre de armas nucleares, como ejemplo de ello se puede citar el Premio Nobel de la Paz, que recibiera en 1982 Alfonso García Robles, Embajador emérito de México, quien presidió las negociaciones del Tratado de Tlatelolco de 1964 a 1967.
Y en efecto, es de digno reconocimiento y orgullo el que México fuera el principal promotor del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, también conocido como el Tratado de Tlatelolco, que prohíbe el desarrollo, adquisición, ensayo y emplazamiento de armas nucleares en América Latina y el Caribe.
México también forma parte del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, instrumento que ha cumplido un papel central en la política internacional de no proliferación de armamento nuclear en los cinco continentes del mundo.
Este Tratado, a nuestra consideración, logró frenar la carrera armamentista con armas nucleares que se vislumbraba tras las bombas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki, y que significaron el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945.
Cuando el Tratado entró en vigor en el año de 1970, los dos países de mayor potencial nuclear Estados Unidos y la Unión Soviética. Hoy Rusia contaba con 23 mil y 11 mil 700 cabezas nucleares, respectivamente, cantidad que Estados Unidos mantuvo relativamente igual hasta 1986, en contraposición a la Unión Soviética que las aumentó dramáticamente en una cantidad de alrededor de 40 mil cabezas de armas nucleares.
Pero afortunadamente y a partir de ese año, y hasta el día de hoy, se ha dado una reducción importante, así es que hoy Estados Unidos y Rusia cuentan solamente con 4 mil 480 y 4 mil 300 cabezas nucleares, respectivamente.
Los países del Reino Unido, Francia y China, que históricamente han sido considerados también como potencias nucleares, han seguido su política de mantener armas de esta naturaleza, política a la que desgraciadamente se sumaron otros países como Israel, India, Pakistán, y muy recientemente Corea del Norte, que en los últimos años ha mantenido una actividad preocupante a nivel internacional.
No son pocos los países que como México se esfuerzan por alentar la solución de los conflictos por la vía diplomática del diálogo civilizado entre iguales, la comunidad mundial es consciente de los muchos problemas que aún faltan por resolver: la pobreza y el hambre como temas principales a resolver, por lo que es necesario eliminar cualquier fuente que tenga el potencial de agravar los problemas que aquejan a las sociedades y poner en riesgo los logros ya alcanzados.
El uso deliberado o accidental de armas nucleares no sólo traería como consecuencias humanitarias y ambientales irreversibles a nivel regional y a nivel mundial. De ahí la importancia de seguir trabajando por conseguir un desarme nuclear total, sobre todo en aquellos países que preservan y alientan estas armas de destrucción masiva.
El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares enfatiza en su preámbulo que cualquier uso de armas nucleares sería contrario a las normas del derecho internacional aplicables en los conflictos armados, por lo que reconoce que una prohibición jurídicamente vinculante de las armas nucleares constituye una contribución importante para el logro y el mantenimiento de un mundo libre de armas nucleares, incluida la eliminación irreversible, verificable y transparente de estas armas nucleares.
Este nuevo Tratado es la reafirmación de México en su compromiso por el uso no bélico del conocimiento nuclear, mensaje que cobrará fuerza a medida que se vayan sumando otros países y que se espera pueda permear en aquellos países que aún mantienen su postura de armamento nuclear y que no han estado de acuerdo desde un inicio con este Tratado.
Tengo la seguridad de que el voto a favor que hagamos por parte de este Pleno a favor de este instrumento jurídico, de este Tratado internacional, no solamente es un voto a favor de un dictamen más, es un voto a favor de la paz en el mundo.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Fernando Torres Graciano.
Está a discusión el anterior dictamen.
Se concede el uso de la palabra a la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro del dictamen.
En uso de la voz la Senadora Guerra Castillo.
Hago uso de la tribuna para hablar a favor del presente dictamen, toda vez que recordamos, claro aunque muchos de nosotros no hayamos nacido en esa terrible fecha cuando el estallido de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki en 1945.
Algunos de aquí sí ¿eh? Algunos de aquí sí estarían muy jóvenes, pero marcaron esos sucesos, marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad, lo cual incidió en el espíritu de la Carta, como ya lo dijo mi compañera y amiga Laura Rojas, incidió a la Carta de las Naciones Unidas que vela por preservar la paz y la seguridad internacional por encima de cualquier interés individual.
México, en congruencia con su vocación pacifista y con esa vocación no nuclear heredada de las cicatrices de su historia, ha mantenido un firme compromiso con los propósitos y los principios de esta Carta de la ONU, apegándose al derecho internacional siempre y cuyas directrices han influenciado su política exterior, en especial en materia de desarme.
Con la suscripción de esto, el 14 de febrero de 1967, del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina, y a raíz de lo que podemos recordar que era la crisis de los misiles en Cuba y en el Caribe, mejor conocido como el Tratado de Tlatelolco, México fue pionero de impulsar este tipo de política internacional a través de este gran Tratado con una gran convocatoria, haciendo firme la vocación de la no nuclearización de la América Latina.
Esto le trajo hasta 1982, como ya también aquí se dijo, el Premio, vamos a decir, a Alfonso García Robles, el canciller de ese entonces, un gran Embajador que siempre estipuló que la parte nuclear o la nuclearización es una amenaza para el futuro de la humanidad, esto le valió el Premio Nobel al distinguido canciller.
En ese contexto, México ha favorecido todas las medidas tendientes a garantizar la seguridad de las naciones. Prueba de esto está, por ejemplo, aquí en el Senado de la República, que los distintos foros, a los cuales pertenecemos, que son muchos, por ejemplo, la Unión Interparlamentaria Internacional, la UIP, hay una mesa permanente de discusión de las armas nucleares, de la erradicación de las mismas, de la regularización de las mismas.
También en otros foros que tenemos, tanto en Asia como en Europa, igualmente es un tema recurrente, el que a pesar de que algunos países siguen manteniendo esa tradición de nuclearizar, no sólo sus arsenales de armas, sino también su, vamos a decir, su fuente de energía, como es el caso de Francia, que la mayoría de su energía proviene de la fuerza nuclear.
Ahora sí, en pleno siglo XXI, nueve naciones, como ya lo dije: Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia, China, Israel, India, Pakistán y Corea del Norte, concentran el armamento nuclear global, cuyo gasto oscila en 1.6 billones de dólares al año.
Asimismo, no participaron en la articulación del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, que aquí ya se hizo referencia.
Esto fue aprobado, como ustedes saben, por la ONU, el 7 de julio del año en curso, y seguramente por razones estratégicas y por así convenir a sus intereses, ni siquiera participaron en el debate.
La Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares, el ICAN en inglés, es una organización de la sociedad civil a la que pertenecen organismos de 101 países, que ha sido, por supuesto, recién galardonada con el Premio Nobel de la Paz, y esta busca generar una nueva conciencia mundial ante la coyuntura actual para buscar erradicar, vamos a decir, la proliferación de este tipo de armas.
Este Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, especialmente se caracteriza por los siguientes, por ejemplo, fue aprobado por 122 países, en julio pasado, es el primer Acuerdo contra las Armas Nucleares Multilateral y legalmente vinculante en 20 años, y esto es muy importante, la vinculación, en una situación de este tipo, porque siempre debates van, debates vienen; cartas de intención, declaraciones, pero no se había hecho vinculante. Y ahora, a partir de ahora, de este julio pasado, sí es, y esto ya marca un mito en la historia reciente.
También prohibir completamente el desarrollo, almacenamiento, trasparencia o la amenaza del uso de armas nucleares. Esto es muy importante, obligar a los estados a resarcir los daños a las víctimas de ataques o pruebas nucleares, que es algo inédito. Sí, es decir, el resarcimiento al daño a terceros.
Monitorear constantemente sus alcances para su aplicación de manera eficaz y por complementar la arquitectura legal del desarme.
La novedad del instrumento es que no sólo suman las voluntades de los Estados, sino las acciones de las organizaciones de la sociedad civil, que es una tendencia ya mundial, sobre todo en los temas, no sólo nacionales, sino internacionales también, y en distintos planos en la parte local, en la parte regional y, por supuesto, como ya lo dije en la internacional.
Esto, con el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, el TPAN, México reafirma inequívocamente su política exterior en favor del desarme.
Nosotros ya tenemos una tradición, la vamos a seguir refrendando, sea como sea, en el tiempo que sea, así México se mantendrá incólume ante esta problemática mundial.
Esto también concuerda con el objetivo 16, de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que es el de promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas del que se deriva el concepto de paz sostenible. Este concepto es muy importante, hoy por hoy ya está presente en todos los discursos de los trabajadores de la ONU, así como de todos los que trabajamos en materia de evaluación y seguimiento de política exterior.
Este paradigma promueve la prevención de conflictos y la garantía de alcanzar la paz mediante el desarrollo humano.
El Estado mexicano asume con ahínco su responsabilidad, compañeras y compañeros, en la creación de nuevos horizontes hacia la paz. De ahí que se promueva el Sistema Multilateral y redoble esfuerzos en todos los foros internacionales en aras de hacer del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares una realidad.
¡Todos, compañeras y compañeros, todos y todas contra las armas nucleares!
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Guerra Castillo.
Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Raúl Morón Orozco.
En uso de la tribuna el Senador Morón Orozco.
El Senadora Raúl Morón Orozco: Gracias, Presidente.
Hace 72 años, los Estados Unidos perpetraron uno de los más horrendos crímenes de guerra en contra de la humanidad, haciendo explotar dos bombas nucleares sobre poblaciones civiles japonesas, desencadenando el terror de una permanente amenaza de holocausto que marcó toda la política internacional hasta nuestros días.
Este crimen de guerra contra la humanidad inició también una siniestra cascada de pruebas nucleares y la proliferación de la industria nuclear, cínicamente autodenominada “Átomos para la Paz”.
Las consecuencias de esta locura de los países poderosos afectan directamente a la salud humana y a toda la vida en el planeta que, de no poner un alto, amenazan también con repetirse, como en 1945 o hasta con peores consecuencias.
Las víctimas y las familias, las generaciones siguientes de Hiroshima y Nagasaki siguen padeciendo los efectos del ataque nuclear de los Estados Unidos, en 1945.
Si bien los planes para desarrollar energía nuclear con fines pacíficos forman parte de las atribuciones soberanas de cada Estado, la comunidad internacional ha acordado, desde los años 70s, del siglo pasado, que las armas nucleares no debían proliferar, estableciendo un régimen internacional muy peculiar en el que se prohíbe desarrollar este tipo de armamento y se establece un régimen de inspecciones internacionales en caso de sospecha.
Adoptado el Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares, más conocido como TNP, en 1968, este fue ratificado por casi todos los Estados del planeta.
Es de notar que no son parte de este tratado India, quien detonó por primera vez un arma nuclear en 1974; Israel y Pakistán, quien la detonó oficialmente en 1998, pese a existir sospechas de haber procedido ensayos de forma secreta mucho antes.
Tanto India como Pakistán y Corea del Norte han reconocido oficialmente poseer armas nucleares.
Con relación a los Estados que sí son parte, en el año 2003, Corea del Norte optó por denunciar el TNP, y anunció tener arsenal nuclear en el 2006, país que actualmente amenaza e incluso ha intentado utilizarlo, como todos lo hemos presenciado a través de las noticias recientes.
En los últimos años, el aumento significativo de ojivas nucleares en Estados Unidos y Rusia, seguidos por China, ha replanteado el tema de la No Proliferación. Estos tres países destinan programas cada vez más costosos para reforzar sus programas.
Cito: El punto de inflexión llegó en 2014, cuando el gobierno austriaco tras organizar la Tercera Conferencia sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, se comprometió a: (Comillas) “Identificar y promover medidas efectivas para cubrir el vacío legal para la prohibición y eliminación de armas nucleares”. (Cierro las comillas).
Con ello, Austria metió el dedo en la llaga, señaló el defecto de base del Tratado de No Proliferación, ya que legalmente no prohíbe la posesión de armas nucleares por parte del P5.
Un año después, la denominada promesa austriaca fue asumida por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.
Derivado de lo anterior se emite el Tratado Universal sobre Prohibición de Armas Nucleares, adoptado el viernes, 7 de julio de 2017, en la Ciudad de Nueva York, el cual consta en total de 20 artículo negociados entre 129 Estados que participaron en su elaboración, entre los que se encuentra México; aprobado por el voto a favor de 122 países; el rechazo de un Estado y la abstención de otro.
Con este acto es clara la victoria diplomática de Naciones Unidas con la que reafirma la férrea voluntad de gran parte de la comunidad internacional de terminar con armas de exterminio de este alcance y que lejos de contribuir a un mundo más seguro, como rezan sus promotores, han contribuido a la situación de convulsión que lo azota desde varios decenios.
El Acuerdo refleja la preocupación de la comunidad internacional por las catastróficas consecuencias humanitarias que traería el empleo de las armas nucleares y reconoce, por tanto, la necesidad de eliminarlas.
El Tratado cuenta, además, con espacios para que se incorporen al mismo los países poseedores de los letales artefactos, los únicos de exterminio en masa sobre los cuales no existía una conexión para prohibirlos.
El Tratado se abrió a la firma el 20 se septiembre y entrará en vigor cuando lo ratifiquen 50 Estados.
Por tal motivo y en cumplimiento a la facultad que este Senado tiene en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 76, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Defensa Nacional, aprueban la celebración del citado Tratado, y sus integrantes los invitamos, compañeras y compañeros Senadores, Senadoras, a emitir su voto a favor del dictamen de la presente.
Con esto México debe reafirmar su voluntad de abrir paso a una nueva era de la política internacional multilateral y a un pacifismo activo que puede enfrentar las amenazas de dos posibles catástrofes que se ciernen, como la Espada de Damocles, sobre los seres humanos que habitamos este planeta.
La amenaza de una guerra nuclear, hoy activada por los gobiernos de Estados Unidos y Corea del Norte, y el desastre ambiental.
La seguridad de los seres humanos debe ser lo primero y no una absurda carrera armamentista que hoy regresa como una pesadilla.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Morón.
Está solicitando el uso de la voz la Senadora Marcela Guerra.
La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Es simple y sencillamente que cometí una omisión toda vez que sí necesitamos, y creo yo, el de después de la ronda que amerita este importante tema, el de poder hacer un minuto de silencio por la muerte de la señora ex canciller Rosario Green.
Una académica, política, diplomática que trajo muchas cosas hacia México, cosas positivas, por lo cual yo considero importante que este Senado de la República le otorguemos un minuto de silencio y/o un minuto de aplausos.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Senadora, con gusto será atendida su solicitud.
Le solicito respetuosamente me permita terminar con el trámite procesal de los oradores registrados.
Al término de los oradores y antes de abrir la votación, con mucho gusto se obsequia su solicitud.
La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Muchas gracias.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Corresponde ahora el uso de la voz al Senador Celestino Cesáreo Guzmán, del Partido de la Revolución Democrática.
El Senador Celestino Cesáreo Guzmán: Con su permiso, Presidente.
Las armas nucleares son las más peligrosas de la tierra, sólo una puede destruir una ciudad entera, además de potencialmente matar a millones de personas y poner en peligro tanto al medio ambiente como a la vida de las generaciones futuras, ya que sus efectos a largo plazo resultan devastadores. Únicamente su mera existencia ya supone un riesgo muy alto.
Aunque las armas nucleares sólo se han utilizado dos veces en la guerra, en los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki en 1945, en la actualidad aún quedan, al parecer, aproximadamente 26 mil, y hasta la fecha se han llevado a cabo más de dos mil ensayos nucleares.
El desarme es la mejor opción para protegernos de tales peligros, no obstante alcanzar este objetivo ha sido un reto muy difícil.
Desde su fundación, las Naciones Unidas han perseguido la eliminación de este tipo de armas.
En su primera resolución, 1946, la Asamblea General estableció una comisión para tratar, entre otros, los problemas derivados del descubrimiento de la energía atómica.
La comisión debería considerar la formulación de medidas prácticas destinada a favorecer, entre otras cosas, el control de la energía atómica en la medida necesaria para asegurar su empleo sólo con fines pacíficos.
La resolución también decidió que la comisión tenía que presentar propuestas para la eliminación de los armamentos nacionales de las armas atómicas y todas las demás armas de gran potencia aplicables, ahora o en el futuro, a la destrucción en masa.
Desde entonces se han creado varios tratados multilaterales con el propósito de evitar la proliferación de armas nucleares y los ensayos, a la vez que fomentan el desarme nuclear.
Entre ellos destacan el Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares, el Tratado por el que se Prohíben los Ensayos de Armas Nucleares en la Atmósfera, en el Espacio Ultraterrestre y Debajo del Agua, conocido también como Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares y el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, que se firmó en 1996, pero que todavía no ha entrado en vigor.
Algunos tratados y acuerdos bilaterales y plurilaterales pretenden reducir eliminar ciertas categorías de armas nucleares, así como evitar la proliferación de las mismas y de sus sistemas vectores.
Sin embargo, el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, adoptado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 7 de julio del año 2017, constituye un acuerdo histórico que prohíbe las armas nucleares.
La resolución fue aprobada por consenso, con 122 votos a favor, el voto en contra de los Países Bajos y la abstención de Singapur.
El texto acordado por 129 países se negociaron el instrumento que indica que el Tratado cumbre la amplia gama de armas nucleares y actividades de ese tipo, prohíbe el desarrollo, las pruebas, producción, adquisición y posesión de arsenal o explosivos nucleares.
Las negociaciones que empezaron en marzo estuvieron a cargo de la conferencia para negociar un instrumento jurídicamente vinculante para prohibir esas armas y alcanzar su eventual eliminación total, convocada por la Asamblea General.
El Tratado se abriría a la firma a partir del 20 de septiembre del 2017, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y entrará en vigor 90 días después de que los 50 países lo ratifiquen.
No obstante, numerosos países no participaron en las negociaciones de ese Tratado, entre ellos los nueve con capacidad nuclear: Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, Corea del Norte, India, Pakistán e Israel.
El Tratado se encuentra a nuestra consideración, entre otros aspectos reconoce los imperativos éticos del desarme nuclear y la urgencia de lograr y mantener un mundo libre de armas nucleares, que es un bien público de primer orden sirviendo tanto a los intereses nacionales como colectivos de seguridad.
Por consiguiente, la adopción de este Tratado representa un punto de ruptura del status quo, el establecimiento del régimen de no proliferación y la promoción del desarme.
Por ello, para el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la participación de México en un nuevo régimen internacional, que prohíbe las armas nucleares, constituye una obligación ineludible y un acto de congruencia con la posición y las aportaciones históricas de nuestra diplomacia ha realizado en el proceso de construcción de un mundo libre de amenaza nuclear.
En este contexto adquiere una relevancia especial, lo que ha señalado Amnistía Internacional.
Este histórico tratado nos acerca un paso más a un mundo libre de los horrores de las armas nucleares, las más destructivas e indiscriminadas jamás creadas.
Todos los Estados deben respaldar plenamente este antídoto frente a las cínicas políticas de riesgo que entraña en el desarrollo el almacenamiento o el uso de armas nucleares.
La aprobación de este tratado en las Naciones Unidas demuestra que la mayoría de los Estados consideran que la prohibición mundial de las armas nucleares es la mejor opción para proteger al mundo de sus efectos catastróficos, y muestra una vez más una iniciativa firme, dirigida por la sociedad civil que puede inspirar un verdadero cambio.
Celebremos que México sea parte de los Estados que reitera su compromiso ineludible contra el uso de armas nucleares, y reiteramos con satisfacción nuestra aprobación a la adhesión de nuestro país a este importante e histórico instrumento internacional.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Cesáreo Guzmán.
Enseguida tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, para hablar en pro del dictamen.
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Gracias, Senador Presidente.
Pues sinceramente lamento la indiferencia y la ausencia de muchos compañeros Senadores y Senadoras al momento en que estamos discutiendo la ratificación de uno de los tratados más importantes que este Senado va a resolver a lo largo de las dos legislaturas, el Tratado sobre la Prohibición Definitiva de Armas Nucleares que viene a reforzar uno de los aspectos más importantes de la política exterior de nuestro país y que da continuidad a un instrumento internacional promovido por el gobierno mexicano, suscrito aquí en nuestro país, me refiero al Tratado de Tlatelolco que estableció en la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y El Caribe, y que buscan revertir una de las mayores amenazas que hay hoy para la humanidad.
No es un asunto del pasado, no es un asunto histórico el hecho de recordar a qué nivel de barbarie puede llegar la condición humana cuando se lanzaron en 1945 las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, aquel Little Boy y el Fat Man, que hoy parecen juguetes frente al poder destructivo que tienen las armas de destrucción masiva.
Yo por eso creo que es de suma importancia que aprobemos por unanimidad este Tratado, que busca eliminar de manera expresa el desarrollo, la producción, la manufactura, la adquisición o poseer o almacenar armas nucleares o artefactos nucleares explosivos, que busca prohibir la transferencia directa e indirecta de estas armas o artefactos, así como las amenazas que éstas representan y busca eliminar totalmente las armas nucleares, ya que señala que los Estados partes de estos 129 Estados que suscribió el Tratado, en la Organización de Naciones Unidas, están obligados a cumplir con la conversión irreversible de las instalaciones que alguna vez fueron contempladas para este fin.
Yo felicito el plan que se ha desarrollado tanto en la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, como por las distintas comisiones de Relaciones Exteriores, y espero que le demos la importancia que merece la ratificación de un tratado de esta naturaleza por el Senado de la República.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Alejandro Encinas.
Esta Mesa Directiva informa a esta soberanía que recibimos el texto de la participación de la Senadora Angélica Araujo Lara, mismo que será integrado al Diario de los Debates.
La Senadora hace entrega del texto, Senadora, gracias.
Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, invitados por la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, quienes asisten con el propósito de fortalecer su formación cívica y su cultura política.
Reciban la más cordial bienvenida al Senado de la República.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: ¿Falta algún Senador por emitir su voto?
Senador Cordero, a favor.
La Senadora Adriana Dávila, a favor.
Senadora Andrea García, a favor.
Senador Lozano, a favor.
Repito, nuevamente, ¿falta algún Senador por emitir su voto?
Senador Raúl Pozos, a favor.
Senador Miguel Ángel Chico, a favor.
Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se da a conocer que tenemos 78 votos en pro; cero en contra y cero abstenciones.
En consecuencia queda aprobado el decreto que contiene el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, adoptado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 7 de julio de 2017.
Remítase al Ejecutivo.
Solicito a Servicios Parlamentarios, sea registrado el voto en pro del Senador Francisco Búrquez.
Como es de su conocimiento, el pasado sábado 25, ocurrió el lamentable deceso de la ex canciller Rosario Green Macías.
La señora Rosario Green fue integrante de esta Asamblea en la LVII Legislatura y en la LX y LXI Legislatura.
Le correspondió el honor de ser la primera mujer titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y fue también Embajadora de México, en Argentina.
A propósito del deceso de la señora Rosario Green y atendiendo la propuesta de la Senadora Marcela Guerra Castillo, solicito respetuosamente a la Asamblea, guardar un minuto de silencio en memoria de la señora Green Macías.
Solicito a todas las Senadoras y a los Senadores, ponerse de pie para cumplir con el minuto de silencio.
Muchas gracias, sírvanse tomar asiento.
Enseguida tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se declara el día 10 de septiembre de cada año, como el “Día Nacional para la Prevención del Suicidio”.
Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de omitirse su lectura.
Quienes estén porque se omita favor de levantar la mano.
Informo a la Asamblea, que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones.
En uso de la voz el Senador Salvador López Brito.
El Senador Francisco Salvador López Brito: Muy buenas tardes.
Con el permiso de la Presidencia y también pedir su autorización para hacer una breve exposición de los nueve dictámenes que presentaremos en esta Asamblea el día de hoy.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Proceda usted, señor Senador.
El Senador Francisco Salvador López Brito: En primer lugar, desde luego nos referimos a esta propuesta de decreto, mediante el cual se establece el día 10 de septiembre de cada año como “Día Nacional para la Prevención del Suicidio”.
Es importante compartir con ustedes que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay 20 millones de intentos de suicidio al año y uno de cada 20 personas que intentan suicidarse lo logran.
Dicha tendencia se está agudizando, lamentablemente en la juventud, sin importar el grado de desarrollo económico del país.
Lo anterior equivale a una tasa de mortalidad de 16 suicidios por cada 100 mil personas en el mundo, o bien, una muerte por suicidio cada 40 segundos.
En los últimos 45 años la tasa aumentó el 60 %; el suicidio está entre las tres principales causas de muerte en personas de los 15 años a los 43 años de edad y es la segunda causa de muerte entre jóvenes que tienen entre 10 y 24 años de edad.
De acuerdo a la OMS, existen tres tipos de riesgo que vulneran la vida de jóvenes ya adolescentes: uno, la violencia, que es una causa importante de mortalidad; segundo, las lesiones involuntarias, que son unas de las principales causas de mortalidad y discapacidad entre los jóvenes y; tercero, problemas de salud mental, entre ellos, la depresión, que juegan un papel importante en relación a los índices de suicidio, la depresión, desde luego, la principal causa de morbilidad e inductora del suicidio entre los adolescentes.
Por eso es que consideramos importante esta propuesta.
Segundo, es un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto de dos iniciativas, por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud en materia de higiene de manos, que propone garantizar el funcionamiento de un sistema estandarizado, basado en la excelencia de la higiene de manos como acción indispensable de los profesionales de salud al realizar cualquier actividad en la atención médica, a fin de reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud y con ello la morbimortalidad y sus repercusiones económicas de este tipo, de padecimientos totalmente prevenibles y considerados como un problema de salud público.
La propuesta es una modificación a los artículos 27 y 133, adicionando un párrafo a la fracción II del artículo 27 y una fracción XIV al artículo 134 de La Ley General de Salud, en materia de higiene de manos.
El tercer dictamen es de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, es para declarar la segunda semana de junio de cada año, como la “Semana Nacional del Donante Voluntario de Sangre y sus Componentes”.
Esto, en consideración a que la donación de sangre es un procedimiento médico, por el cual una persona, un voluntario no remunerado económicamente, se le realiza la extracción de sangre, que luego se inyecta o se aplica mediante una transfusión a un paciente que la ocupa y se utiliza para elaborar medicamentos, fraccionando el componente total de sangre.
Dado que la sangre humana es una sustancia que a la fecha sigue sin poder sintetizarse, entonces es necesario la extracción de una persona.
En reconocimiento a los miles y miles de donantes voluntarios, y por el importante papel que cubren ante esta necesidad, es que se está pidiendo declarar esta segunda semana de junio, como “Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre”.
El cuarto dictamen es un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el primer sábado del mes de junio “Día Nacional del Glaucoma”.
El glaucoma constituye un grupo de afecciones oculares que pueden dañar el nervio óptico. Este nervio es el que envía las imágenes que vemos, hacia el cerebro. Con frecuencia el daño al nervio óptico es causado por un aumento en la presión intraocular y a esto desde luego es lo que deriva en la enfermedad conocida como glaucoma.
El glaucoma lo más lamentable es que puede ser, y es una de los principales motivos de causa de ceguera, cuando no es tratado, y sólo una mitad de los tres millones, por ejemplo a nivel de América del Norte, que se estima tiene glaucoma, son conscientes de esta condición.
Por lo tanto, consideramos de importancia como tema de salud públicas, el considerar este primer sábado del mes de junio, como “Día Nacional del Glaucoma”.
Quinto dictamen, es el dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 184 Bis de la Ley General de Salud, en materia de adicciones.
Desde luego que es muy importante el introducir dentro de la Ley General de Salud, el tema que es precisamente el de las adicciones para reforzar todos los programas en esta materia.
La adición es agregar, tratamiento, rehabilitación y control de las adicciones que regula la presente ley y la Ley General para el Control del Tabaco.
El sexto dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se declara el día 5 de abril de cada año como “Día Nacional Contra el Cáncer de Pulmón”, considerando que éste es uno de los cánceres de las neoplasias malignas que tienen una incidencia mayor en la población mexicana.
El tabaquismo es el factor de riesgo que por sí sólo provoca un mayor número de casos de cáncer de pulmón. Y a nivel mundial causa aproximadamente un 22 % de las muertes por cáncer, y un 71 % de las muertes por cáncer de pulmón.
El cáncer pulmonar es una enfermedad multifactorial, ya que coincide en varios estudios e investigaciones, que el tabaquismo representa el mayor riesgo para su origen.
Desde luego es importante considerar y reflexionar en el tema de esta neoplasia maligna, su gran incidencia en la población en México, y consideramos también de importancia el aprobar un día nacional en contra de esta enfermedad.
El siguiente dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto de dos iniciativas por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud en materia de VIH/Sida. La reforma es al artículo 157 Ter 1, 157 Ter 2, 157 Ter 3 de la Ley General de Salud, precisamente para incorporar un capítulo que con ello fortalecen todas las acciones y programas para la prevención y atención y control del VIH/Sida y otras infecciones de transmisión sexual.
En este dictamen, Presidente, estamos proponiendo una muy breve modificación, en términos por razones de técnica legislativa, y es cambiar en el artículo 157 Ter 1, y en el primer transitorio, las siglas ITS, por lo que es el nombre completo del término, es decir, Infecciones de Transmisión Sexual. Al ser una recomendación en materia de técnica legislativa, creemos conveniente el hacer esta modificación en este dictamen y se lo presento aquí.
El octavo y penúltimo dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos es en materia de reforma, es una adición al segundo párrafo del artículo 158 de la Ley General de Salud en materia de diabetes.
En esto el agregado, la adición es, al 158. “En caso de realizar actividades referentes a la diabetes, se deberá de considerar los diversos tipos de la enfermedad”. Para establecer las medidas que se determinen, en términos del artículo 159 de la ley, para considerar los diferentes tipos de diabetes, es decir, la tipo I, la tipo II y la diabetes gestacional.
El noveno dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos, es a una modificación a la fracción III del artículo 6 de la Ley General de Salud en materia de geriatría, donde se agrega la palabra, el concepto “adultos mayores” al artículo 6, que tiene como objetivo colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono, se agrega aquí: “adultos mayores desamparados y personas con discapacidad, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y en lo social”.
Les pido, compañeras y compañeros, su apoyo a estas propuestas de decreto, que todas ellas van a encaminadas a un objetivo común, el mejorar la prevención y la atención a las diferentes patologías que hemos estado presentando, y lograr con ello un mejor beneficio para la salud de las y los mexicanos.
Se agradece la intervención del Senador Francisco Salvador López Brito.
Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del presente dictamen.
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias, Presidente, con su permiso.
Este dictamen por el que se decreta el 10 de septiembre de cada año como el “Día Nacional para la Prevención del Suicidio”, que estamos por votar, es una de las acciones que desde hace algún tiempo he buscado promover para prevenir este lamentable problema de salud pública que aqueja a nuestro país, y particularmente a mi estado Campeche.
Y celebro que la Comisión de Salud lo esté dictaminando a favor, y los invito a todos a que nos sumemos al respaldo de este dictamen, porque tener un “Día Nacional para la Prevención del Suicidio”, haría que las y los mexicanos que se encuentran en una situación tan difícil, encuentren alternativas, se informen y sepan que sus problemas tienen solución.
La Organización Mundial de la Salud señala que entre los principales factores de riesgo de suicidio están asociados la depresión, el consumo de alcohol, la drogadicción y elementos de la vida diaria, como problemas económicos, familiares, laborales, entre cualquier otro.
La misma OMS reconoce que una proporción importante de las personas que cometen suicidio muere sin haber consultado a un profesional en salud mental, es decir, no buscó información o ayuda ante estas problemáticas, y en esto es en lo que directamente estamos coadyuvando al decretar un “Día Nacional de Prevención del Suicidio”, que se difunda la información, que se hable del tema y que se tomen medidas por parte de los gobiernos que se transformen en políticas públicas.
El suicidio es la segunda causa de muerte en el mundo, en promedio cada 40 segundo se suicida una persona, lo cual supone unas 800 mil personas al año, y por cada persona que consuma el suicidio, otras 20 lo intentan.
Si bien México figura entre los países con baja prevalencia de intentos o suicidios consumados, el incremento del fenómeno es significativo en los últimos 20 años, pasando de 2 mil 600 muertes por esta causa en 1994, a casi 5 mil en 2012.
Entre las cifras más recientes que presenta el Inegi se encuentran las siguientes.
Del año 2000 al 2014 la tasa de suicidios se elevó del 3.5 a 5.2 por cada cien mil habitantes.
El 80 % de los suicidios fueron consumados por hombres y el 20 % por mujeres.
Campeche, Aguascalientes, Chihuahua y Yucatán son las entidades que presentan la mayor tasa de suicidios por cada cien mil habitantes.
En México 40.2 % de los suicidios se trata de jóvenes, además, de 15 a 29 años.
Tan sólo en este grupo de edad la tasa alcanza 7.9 suicidios por cada cien mil habitantes.
En mayo de 2013, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó el primer plan de acción en salud mental de la OMS, en el cual se contempla la prevención del suicidio pretendiendo reducir la tasa en los países miembros en un 10 % para el año 2020.
Una de las consecuencias de hecho de esta adopción fue la designación por parte de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio del 10 de septiembre como cada año como el “Día Internacional para la Prevención del Suicidio”.
Por tanto, adoptar un día nacional para prevenir el suicidio en México nos permitirá establecer campañas de comunicación que ayuden directamente a las personas que son propensas al suicidio y que tal vez no lo saben, como ya se señalaba, la multifactoriedad de este fenómeno impide que con facilidad las personas identifiquen que tienen este problema.
De aprobarse este decreto durante la conmemoración de este día, cada año el gobierno federal y los gobiernos estatales presentarán informes y/o programas que nos ayuden a prevenir.
Una de las principales motivaciones que me llevaron a promover esta propuesta es la preocupación por la presencia de este fenómeno en mi estado, cuya problemática ha sido en años pasados denominada como epidemia y al día de hoy no se ejercen acciones necesarias que resuelvan sus causas.
Como ya se señaló, en Campeche a partir del 2012 se ha presentado un incremento alarmante de suicidios, pues se duplicó la tasa nacional con 9.5 personas que se suicidan por cada cien mil habitantes.
De tal suerte que es relevante que unamos esfuerzos y que la sociedad civil junto con las autoridades atendamos de mejor manera esta problemática, pues hasta ahora las acciones implementadas han estado destinadas a la atención de crisis y de intentos de suicidio, más no de lograr un diagnóstico global del fenómeno que nos brinde resultados puntuales sobre las cuales debamos trabajar como sociedad para revertir estas lamentables cifras.
Con este decreto contribuiremos significativamente con lo que está en nuestras manos para prevenir las muestras auto infringidas que el día de mañana puede ser alguna o alguno de nuestros seres queridos.
El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias, Senador Maury.
Se concede el uso de la palabra al Senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen.
El Senador Fernando Mayans Canabal: Compañeras y compañeros Senadores.
Me voy a permitir hablar de tres temas de salud: sobre el suicidio, higiene de manos, que fue una iniciativa que presenté ante esta soberanía, y el tema del VIH/Sida, que también tuve la oportunidad de presentarlo en esta soberanía.
Como son diversos temas en salud, me voy a permitir, a consideración del Presidente de la Mesa, conceda el tiempo para hablar sobre los tres temas.
Hablando del “Día Nacional para la Prevención del Suicidio”, el 10 de septiembre de cada año, el dictamen a nuestra consideración es un avance significativo para atender seriamente un problema que afecta principalmente al sector de los jóvenes, como lo es el suicidio.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se sabe que las personas tienden al suicidio por falta de fortaleza para afrontar situaciones estresantes en la vida, ya sea problemas financieros, rupturas amorosas o hasta enfermedades crónicas, o falta de oportunidades de trabajo, de ir a la escuela, de universidad.
Con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, 2013, se puede advertir que cada 24 horas se suicidan 16 jóvenes en el país, por lo que se señala que en las últimas tres décadas la tasa de suicidios se cuadruplicó al pasar de 2 por cada cien mil habitantes a 7.6.
El último estudio del Inegi de 2016, señala que son los jóvenes de entre 15 y 29 años de edad los más propensos al suicidio a nivel nacional.
A Tabasco, mi querida tierra, se le ubica en el octavo lugar con mayor incidencia entre esta población, Guanajuato, Chihuahua, Campeche, Aguascalientes, Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas le preceden.
De esta forma, mi estado Tabasco, cerró el año 2016 con 106 suicidios, mientras que en el año 2015 se registraron 123 casos; y en lo que va del 17, suman ya 25 lamentables casos.
La depresión, el desempleo, la economía y las cuestiones sentimentales se señalan como las principales causas.
El incremento de estas cifras exige construir una verdadera estrategia nacional que articule acciones para prevenir y atender los trastornos de salud mental, incluido el suicidio.
Para tal efecto, no hay que perder de vista las diversas orientaciones y actividades que se han recomendado realizar en años anteriores en programas de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud, con el objeto de mejorar y ampliar la atención de los trastorno mentales, neurológicos y por abuso de sustancias, así como para trabajar en aspectos que efectivamente son grandes desafíos a los que hoy hay que darle prioridad para resolver, tales como la atención a grupos vulnerables, los trastornos mentales en la niñez y adolescencia, el alcoholismo y otras adicciones, así como las diversas modalidades de violencia, todo ello obliga a que en un marco de acción y estrategia integral se impulse verdaderos planes de promoción de la salud mental y en prevención y atención no sólo del suicidio, sino en general de todo tipo de trastorno mental.
En su momento este Senado de la República aprobó sendos exhortos a la Secretaría de Salud para constituir el Observatorio Nacional del Suicidio y considerar la creación del Observatorio Nacional de Salud Mental como un mecanismo interdisciplinario para mejorar, por un lado, el conocimiento del suicidio, evaluación al impacto de las políticas públicas implementadas a nivel nacional y elaborar estrategias; y por el otro, a contribuir en todo el país al mejoramiento de los servicios de atención de los trastornos mentales y sus comportamientos.
Por su parte la Colegisladora consideró una reforma legal para crear este Observatorio de la Salud Mental como una instancia de la sociedad civil con participación de profesionistas de las ciencias médicas, investigadores multidisciplinarios, para proponer acciones y coadyuvar con el Consejo Nacional de Salud Mental.
Sin duda, estos son temas y pendientes que no se deben postergar en su análisis y discusión para hacer frente a estos problemas de salud mental y prevenir el suicidio, mucho menos ahora que como consecuencia de los sismos del 7 y 19 de septiembre pasado muchos mexicanos atraviesan por una situación que pudiera estar afectando su salud mental por la pérdida de sus seres queridos, de su patrimonio o bien de su empleo.
Por esta razón, es oportuno hacer un llamado a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que no sólo se fortalezcan las acciones que en conjunto se realizan con el gobierno de la Ciudad de México en el marco de la estrategia “Estoy Contigo” para atender los casos de personas que aún presentan ansiedad y depresión generada por esta catástrofe que todos padecimos; sino además para que se implementen en todos los estados afectados en los que miles de niños, mujeres y adultos mayores que se encuentran aún en situación de desastre y de afectación emocional requieren de atención psicológica y psiquiátrica.
Ante esta problemática de salud pública que refleja un incremento considerable del suicidio en jóvenes, respaldamos este dictamen para que se declare el 10 de septiembre de cada año como el “Día Nacional para la Prevención del Suicidio”, y se tomen las acciones necesarias y correctas para poder luchar con este terrible mal que puede acabar con nuestra juventud.
Asimismo, sí, el dictamen que la Comisión de Salud y Estudios Legislativos de esta Cámara alta, proponen su consideración que es de la mayor relevancia y de especial atención para la salud de las personas.
Lo es así, porque se incluye en la Ley General de Salud las disposiciones que promueven higiene de manos como una medida indispensable a la atención médica a través de la implementación de un programa estandarizado y las acciones de organización y evaluación para su aseguramiento.
Con estas medidas se hace frente, de manera proactiva, a las infecciones asociadas a la atención a la salud, que son aquellas que contrae el paciente durante su tratamiento en un hospital, y que dicho paciente no tenía, ni estaba incubando en el momento de su ingreso.
Estas infecciones representan el principal evento adverso en la atención médica, generan alta morbilidad y mortalidad, así mismo implican una afectación social y financiera importante para las instituciones de salud.
En México se calcula que se producen anualmente 450 mil casos de infección nosocomiales, término reconocido en la normatividad vigente, causante de 32 defunciones por cada cien mil habitantes.
A nivel hospitalario constituyen el principal evento adverso, entre el 5 y el 10 % de los pacientes hospitalizados en los países de ingresos altos, adquieren una o más de estas infecciones; mientras que en los países de ingresos bajos y medios, el riesgo de contraerlas es hasta 20 veces más alto.
El promedio del costo de los casos sin infección es de 35 mil 168 dólares, con un promedio de 4.4 días de estancia hospitalaria.
Mientras que para los casos con infecciones, es de 191 mil 872 dólares, y 19.7 días de estancia hospitalaria.
En países desarrollados, son múltiples las evidencias científicas que muestran el gran impacto que generan las infecciones intrahospitalarias.
En México son pocos los estudios que evalúan este aspecto. Sin embargo, se ha calculado que 450 mil casos de infecciones intrahospitalarias causan 32 muertes por cada 100 mil habitantes por año.
Una revisión realizada en instituciones de salud de la Secretaría, también del propio IMSS e ISSSTE, mostró una prevalencia general del 21 %, mientras que el costo por cada caso de infección está calculado entre 4 mil 200 a 8 mil 990 dólares.
Como se sabe, la vigilancia epidemiológica de estas infecciones en nuestro país están a cargo de la red hospitalaria de vigilancia epidemiológica, que en 2009 registró 37 mil 258 casos de infecciones intrahospitalarias, lo que implicó un gasto aproximado de 160 millones de dólares, que representaron casi el 2 %, el 2 % del presupuesto total asignado a la Secretaría de Salud, y el 96 % del rubro asignado para gastos de operación en unidades médicas.
En este mismo sentido, el informe de dicha red hospitalaria de 2014, y publicado en el 16, sobre los 388 unidades adscritas, de las cuales el 93 %, o sea, 361, hizo al menos una captura al año notificando 59 mil 699 casos de infecciones intrahospitalarias.
Considerando que para cubrir los gastos generados ante un caso de estas infecciones, los hospitales en México se ven obligados a utilizar los recursos que había sido asignado para otros fines. El mayor porcentaje del gasto es solventado por los propios pacientes, lamentablemente, principalmente para la adquisición de tratamientos, consultas de especialistas, estudios y procedimientos.
Aunque existen múltiples acciones para prevenir las infecciones, la más sencilla y de mayor impacto, señores, es la higiene de manos, por lo que es preponderante crear políticas públicas, que aseguren una práctica permanente por parte de los trabajadores de la salud, pacientes, familiares y visitantes.
En 2009, la OMS difundió la guía de aplicación de las estrategias multimodal para la mejora de la higiene de manos, la cual presenta un modelo clave para la aplicación de las estrategias conocidas como los “cinco momentos de higiene de mano”, que comprenden, entre otros elementos:
1.- La higiene de manos reduce las infecciones asociadas a la atención de la salud hasta en un 40 %.
La implementación de un programa estandarizado de higiene de mano, como sucede en países como la Argentina, Israel, Holanda, Austria y Taiwán.
La mejor experiencia ha sido el obtenido en Australia, donde el punto de partida fue con su legislación, ya que la obligatoriedad permitió dar resultados en menor tiempo con cambios sostenidos.
En general, con este dictamen se establece legalmente que la medida básica indispensable para evitar las enfermedades transmisibles es la higiene de mano, la cual deberá implementarse en todos los establecimientos médicos hospitalarios mediante un programa multimodal estandarizado y evaluado, dirigido a todo el personal del sector salud, que incluya prácticas de indicadores y será implementado por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades y evaluado por el Sistema Nacional de Vigilancia.
Por estas razones, compañeras y compañeros Senadores, que me he permitido señalar y pido su respaldo a este dictamen en favor de la salud del pueblo de México.
Y para ir concluyendo, voy a hablar sobre el dictamen con proyecto de decreto en donde se adiciona un Capítulo II Ter al título Octavo, llamado de la “prevención, atención y control del VIH/Sida”, y de otras infecciones de transmisión sexual.
Y con especial entusiasmo me permito apoyar este dictamen que se enmarca definitivamente en la protección de derechos humanos, particularmente en el de la salud de las personas, lo hago, porque desde el 2008, desde el 2008 estuve insistiendo en que se aprobara esta valiosa propuesta de modificaciones para prevenir y atender el VIH/Sida mediante el establecimiento en la ley de un programa específico.
Sabemos que en años recientes el programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, ONUSIDA, ha recomendado al mundo conseguir su visión compartida de cero nuevas infecciones, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el Sida. Sin embargo, las estadísticas no apremian a redoblar estos esfuerzos.
Tan sólo en 2015, en América Latina y el Caribe, 2 millones de personas vivían con el VIH, y se registraron aproximadamente 100 mil nuevas infecciones en la región.
En el caso de México, según datos recientes del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida, Censida, de la Secretaría de Salud, los estados con la mayor tasa de casos nuevos diagnosticados en 2016, tasa por cien mil habitantes son: Campeche, 22.1; Guerrero, 9.8; Morelos, 7.9, y Colima y Tlaxcala, con 7.7.
Las entidades federativas con más incidencia son: Campeche, 17.4; Yucatán, 13.7; Quintana Roo, 7.8; Tabasco, 7.6, y Oaxaca, 6.7.
En agosto del 2014, la OMS realizó una consulta a expertos acerca de las infecciones de transmisión sexual, incluida la infección por VIH, por lo que se establecieron metas mundiales relevantes que deberán alcanzarse a más tardar en el año 2030.
También se trazaron metas intermedias para el 2020, a efecto de que el 70 % de la población clave tenga acceso a una gama completa de servicios, incluidos los condones.
Se determinó de esta consulta de la OMS que la adopción de medidas eficaces para hacer frente a las infecciones de transmisión sexual ayudarán a alcanzar, entre otros objetivos, el de reducir la transmisión del VIH, a fin de fomentar la salud y el bienestar de los jóvenes.
En la Estrategia Mundial del Sector de la Salud contra las Infecciones de Transmisión Sexual, 2016-2021, también la OMS se estableció que: “la prevención integral funciona mejor que cuando existe una combinación estratégica de enfoque comportamentales, biomédicos y estructurales, que incluye la comprensión de esas infecciones y los métodos primarios de prevención, como los condones, y un énfasis en las personas más afectadas y más vulnerables a ellas, en especial los adolescentes.
En razón de que se tiene que seguir avanzando sobre este conjunto de políticas, el dictamen de manera acertada adiciona a la Ley General de Salud un Capítulo II Ter al Título Octavo llamado “De la prevención, atención y control del VIH/Sida y de otras infecciones de transmisión sexual”.
De manera que la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General tendrán a su cargo un programa para la prevención, atención y control del VIH/Sida y de otras infecciones de transmisión sexual, y lo ejecutará en coordinación con dependencias y entidades del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas.
Para la formulación del programa se escuchará la opinión y propuestas de organismos e instituciones públicas, privadas y sociales, cuya labor está orientada a la prevención, atención y control del VIH/Sida y enfermedades de transmisión sexual, a fin de impulsar el apoyo y participación en el desarrollo de estas acciones.
Dicho programa comprenderá, entre otras estrategias, la de prevenir su transmisión y control de la epidemia, del Sida, prevenir y controlar las infecciones de transmisión sexual, prestar servicios de atención integral, de calidad a las personas con VIH, fortalecer las acciones de promoción de la salud sexual, impulsar políticas para la disminución del estigma, discriminación, violaciones a derechos humanos, homofobia en poblaciones clave, y fortalecer la coparticipación multisectorial, social y ciudadana en la formación de políticas en VIH/Sida.
De prevención sexual se desarrollarán e impulsarán prioritariamente acciones permanentes de prevención para el uso adecuado y constante del condón.
Les recuerdo, es condón; preservativo es lo que preserva los alimentos, hay que llamarle por su nombre.
Para tal efecto, la Secretaría implementará los mecanismos adecuados de coordinación con el objeto de que por conducto de los sectores sociales y privados se brinde el acceso a condones, lubricantes, prueba de detección, educación sexual en la comunidad lésbico gay, mujeres y hombres trabajadoras del sexo comercial y sus clientes, privados de la libertad, población móvil indígena.
En los establecimientos en los que se expendan o suministren, oigan esto, o presten la atención a esto, compañeros Senadores, en los establecimientos en los que se expendan o suministres al público bebidas alcohólicas, los particulares deberán instalar, para su funcionamiento, máquinas expendedoras de condones.
Que no nos gane el alcohol a nuestros jóvenes, todo lugar que venga o expenda bebida alcohólica tendrá que tener una máquina de condones.
Y también, de manera precisa en el dictamen, se establece que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado de la Secretaría de Salud para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.
Las entidades federativas darán cumplimiento al presente decreto con cargo a sus respectivos presupuestos.
Asimismo, la Secretaría de Salud, con la participación que corresponda al Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida, realizará las adecuaciones al programa de prevención y atención vigente que estamos elevando a rango de ley.
Por todo ello, pido su apoyo a este dictamen que tendrá un impacto positivo en la lucha contra esta grave enfermedad, sin dejar de considerar que tenemos que seguir buscando estrategias para cumplir las metas de esa visión global y compartida.
De cero nuevas infecciones por VIH, cero nuevas infecciones por VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el Sida.
El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias, Senador Mayans.
Tiene el uso de la palabra el señor Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen.
Senador Adolfo Romero Lainas, Senador por el estado libre y soberano de Oaxaca.
Vengo a dar mi posicionamiento a favor del dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, del proyecto de decreto por el que se declara el día 10 de septiembre de cada año como el “Día Nacional para la Prevención del Suicidio”.
Esta iniciativa fue propuesta y suscrita por los Senadores Jorge Luis Lavalle, de Campeche, y el Senador Roberto Albores, de Chiapas.
Como sabemos, el suicidio es el acto de quitarse la vida independientemente de la geografía, la cultura, la etnia, la religión y posición socioeconómica.
Según informes de la Organización Mundial de la Salud, cerca de 800 mil personas se suicidan cada año a nivel mundial, además es la segunda causa principal de defunción entre las edades de 15 a 29 años de edad.
El 78 % de todos los suicidios se producen en países de ingresos bajos y medianos, las causas comunes de los suicidios son trastornos mentales asociados a la depresión, el desempleo, la falta de recursos, la violencia física o sexual, la desintegración familiar, el consumo de sustancias nocivas para la salud como el alcohol y las drogas.
En México, la Secretaría de Salud reporta que las principales causas de muerte son los homicidios, los accidentes viales y los suicidios, este último, en 2013, ocupó el tercer lugar con 5 mil 889; de los cuales 4 mil 810 fueron causados por hombres y mil 75 por mujeres.
En el caso específico del estado de Yucatán, de donde soy oriundo, de donde es oriunda también la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, de donde es oriunda también la Senadora Angélica Araujo Lara, el Senador Emilio Gamboa Patrón, se reporta que en 2016 fue el año en que hubo más suicidios porque se contabilizaron 220 suicidios, superando los 190 registrados en 2015, ubicando al estado dentro de los tres primeros lugares a nivel nacional de esta problemática.
Llama mucho la atención que Yucatán, siendo uno de los estados más seguros del país, haya más suicidios entre jóvenes yucatecos.
El sector, donde se nota un aumento en los suicidios, es el de los jóvenes por causa de crisis disciplinarias, humillación pública, amenazas de separación de noviazgo, divorcios y el consumo de alcohol y drogas.
Todo lo anterior refleja la urgencia de seguir trabajando para evitar el suicidio, dar capacitación para tratar problemas mentales, recibir atención psiquiátrica oportuna, ayudar al manejo de crisis, contar con doctores y enfermeras de primer nivel, generar un programa o plan estratégico para la prevención del suicidio, generar campañas que promuevan y sensibilicen a la comunidad, no sólo en conductas suicidas, sino en la salud mental en general.
Por las razones antes expuestas, mi voto será a favor de este dictamen, que establece el 10 de septiembre de cada año como el “Día Nacional para la Prevención del Suicidio”, a fin de concientizar a todos los mexicanos sobre el problema tan grave que tenemos en esta materia, y generar acciones coordinadas entre gobierno y sociedad para prevenir eficazmente el suicidio en México.
El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias, Senador Ávila Ruiz.
Agotada la discusión del dictamen, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.
Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes del Bachillerato SABES, plantel El Carrizal Grande, del municipio de Irapuato, Guanajuato, invitados por el señor Senador Gerardo Sánchez García.
El Senado de la República les da y les agradece la visita a este recinto legislativo, que es propiedad de la casa de los mexicanos.
Sean todos cordialmente bienvenidos, jóvenes.
Esta Presidencia da la cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la licenciatura en derecho de la Universidad Ateneo de Tlalnepantla, invitados por el Senador Ricardo Barroso Agramont, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo de esta Asamblea.
Sean cordialmente bienvenido, jóvenes.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema, se encontraron 81 votos a favor, cero en contra.
El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto el proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el día 10 de septiembre de cada año como el “Día Nacional para la Prevención del Suicidio”.
Recibimos de la Junta de Coordinación Política un acuerdo que da cumplimiento a la Base Quinta del Acuerdo por el que se emite la Convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales.
Solicito a la Secretaria dé cuenta de la parte resolutiva del Acuerdo recibido.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Doy lectura a la parte resolutiva del Acuerdo, señor Presidente.
Único.- Remítase a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores los expedientes correspondientes a los folios JCP/PSFEPAD, FEPADE/2017/00, al JCP/PS FEPADE/2017/021 de los candidatos a ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, los cuales fueron recibidos en este órgano de gobierno en el período señalado en la mencionada convocatoria.
El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Esta Asamblea ha quedado enterada. Remítase a la Comisión de Justicia copia del presente Acuerdo.
La Junta de Coordinación Política cumplirá con la remisión de los expedientes correspondientes de los candidatos a ocupar el cargo de Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales.
Les informo que la Mesa Directiva retiró de su primera lectura el dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que adiciona un Título Séptimo con un Capítulo Único y los artículos 145, 146 y 147 a la Orgánica del Congreso General, debido a que las fechas de reuniones de las comisiones se refieren a fechas del año 2016, y se entregó con firmas de Senadores que ya no las integran. El dictamen se devolverá a las comisiones para su adecuada elaboración.
Daremos cuenta ahora de las rectificaciones y ampliaciones de turno que autorizó la Mesa Directiva, en su reunión de esta mañana.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se homologó el turno a los siguientes proyectos de decreto:
El que se expide la Ley General de Propaganda Gubernamental, presentado el 7 de febrero de 2012.
El que expide la Ley General de Propaganda Gubernamental, deroga la fracción II del artículo 223 del Código Penal Federal y se reforma el artículo 228 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentado el 13 de noviembre de 2012.
El que expide la Ley Federal de Comunicación Gubernamental, presentado el 23 de noviembre pasado.
Los tres proyectos de decreto se turnan en las Comisiones Unidas de Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, Primera.
Asimismo, se amplió el turno a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Nacional de Procedimientos Penales, recibida el 8 de diciembre de 2016, para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.
Y se rectificó el turno a la minuta con el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, recibida el 24 de octubre del 2017, para quedar en las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Segunda.
El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Esta Presidencia ratifica los turnos que ha dado la Secretaría.
Los textos de las intervenciones del rubro de efemérides se integran al Diario de los Debates.
Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo jueves 30 de noviembre, a las 11:00 horas.
Se levantó la sesión a las 14:51 horas.

References: artículo 289
 artículo 19
 artículo 272
 artículo 73
 artículo 73
 artículo 134
 resolución 
 artículo 134
 resolución 
 artículo 19
 artículo 444
 artículo 444
 artículo 24
 artículo 19
 artículo 444
 artículo 444
 resolución 
 artículo 57
 artículo 40
 artículo 11
 resolución 
 artículo 6
 artículo 76
 resolución 
 resolución 
 artículo 27
 artículo 134
 artículo 184
 artículo 157
 artículo 157
 artículo 158
 artículo 159
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 58
 artículo 223
 artículo 228