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Timestamp: 2018-08-16 09:38:41+00:00

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﻿ SENTENCIA C-214 DE MARZO 21 DE 2007
SENTENCIA C-214 DE 21 DE MARZO DE 2007
CONTENIDO:ZONAS FRANCAS. SE DECLARAN INEXEQUIBLES LAS EXPRESIONES "LA LEY 178 DE 1959" CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 1004 DE 2005.
TEMAS ESPECÍFICOS:ZONA FRANCA, ADUANA, OPERACIONES ENTRE ZONAS FRANCAS
Sentencia C-214 de marzo 21 de 2007
Sentencia C-214 de 2007
Ref.: Proceso D-6488
Demanda de inconstitucionalidad contra las expresiones “la Ley 178 de 1959” que hacen parte del artículo 13 de la Ley 1004 de 2005, “por la cual se modifican un régimen especial para estimular la inversión y se dictan otras disposiciones”.
Bogotá, D.C., veintiuno de marzo del año dos mil siete.
A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada de conformidad con su publicación en el Diario Oficial 46.138 del sábado 31 de diciembre de 2005 se subraya y resalta lo demandado.
“LEY 1004 DE 2005
por la cual se modifican un régimen especial para estimular la inversión y se dictan otras disposiciones
“n) A partir del 1º de enero de 2007, a los giros al exterior por parte de los usuarios de zonas francas”.
“PAR. 3º—Únicamente tendrán derecho al tratamiento previsto en el numeral 1º del presente artículo, los arrendatarios que presenten a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al gravable, activos totales hasta por el límite definido para la mediana empresa en el artículo 2º de la Ley 905 de 2004. Quienes no cumplan con estos requisitos, deberán someter los contratos de leasing al tratamiento previsto en el numeral 22 del presente artículo”.
ART. 13.—La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación salvo lo dispuesto en los artículos 5º, 9º, y 10, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias en especial la Ley 178 de 1959 , la Ley 109 de 1985, el artículo 6º de la Ley 7 de 1991, el inciso primero del numeral 1 del literal A del artículo 16 de la Ley 677 de 2001 y el artículo 45 de la Ley 768 de 2002.
A partir del año gravable 2007, derógase el artículo 212 del estatuto tributario”.
Para el demandante las expresiones “la Ley 178 de 1959” que hacen parte del artículo 13 de la Ley 1004 de 2005, “por la cual se modifican un régimen especial para estimular la inversión y se dictan otras disposiciones” relativo a las derogatorias efectuadas por la misma, vulnera el artículo 158 de la Constitución pues no guardan relación con el núcleo temático de la Ley 1004 de 2005, cual es exclusivamente en su criterio modificar un régimen especial, —el de las zonas francas—. Afirma igualmente que la derogatoria atacada no se corresponde con el título de la ley por lo que igualmente se vulnera el artículo 169 superior.
El interviniente en representación del Ministerio de Hacienda defiende la constitucionalidad de las expresiones acusadas. Explica que no asiste razón al actor cuando afirma que la derogatoria de un impuesto no puede integrarse dentro de una ley que regula la existencia de zonas francas pues en tal tipo de figura económica juega un papel protagónico el tema de los tributos y en este sentido “al regular el asunto de zonas francas se debe hablar de los impuestos que pueden terminar afectando el desarrollo de los distintos agentes que interactúan al interior de dichas zonas francas”.
Por su parte el señor Procurador solicita igualmente la declaratoria de inexequibilidad de las expresiones acusadas pues considera que no existe ningún tipo de relación entre el eje temático de la Ley 1004 de 2005 relativo a la regulación de un régimen especial —el de las zonas francas— para estimular la inversión y una ley que establece un impuesto en el Departamento del Cauca.
Corresponde a la Corte en consecuencia establecer si las expresiones acusadas vulneran o no los artículos 158 y 169 superiores y específicamente si respecto de las mismas puede establecerse algún tipo de relación con el, o los, núcleos temáticos de la Ley 1004 de 2005 de la que hacen parte, así como si existe una relación entre el título de la misma ley y la materia regulada por las expresiones acusadas.
3.1. La pertinencia del examen constitucional de disposiciones derogatorias.
De acuerdo con reiterada jurisprudencia de esta corporación (1) no cabe duda de la pertinencia del control constitucional de disposiciones derogatorias, así como de los efectos que comporta una eventual declaratoria de inexequibilidad de las mismas.
Al respecto cabe recordar que la Corte en la Sentencia C-055 de 1996 (2) al desestimar una intervención ciudadana que solicitaba a la Corte inhibirse de conocer de una demanda dirigida contra una disposición derogatoria (3) , rechazó los argumentos del interviniente, pues consideró que las disposiciones derogatorias tenían un contenido propio, cual era eliminar la vigencia de una disposición específica, y que en esa medida modificaban el ordenamiento.
“En efecto, ¿cuál es la función y el contenido normativo de una norma derogatoria? Como bien lo señala Hans Kelsen, una disposición de este tipo tiene como función “dejar sin efecto la validez, es decir, el deber ser, de otra norma, aniquilando su existencia” (Hans Kelsen, Ulrich Klug. Normas jurídicas y análisis lógico. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1988, pág. 71). Esto significa que el efecto de una norma derogatoria es negar el deber ser de otra norma, esto es, expulsarla del ordenamiento. Por consiguiente, a pesar de que la norma derogatoria agote su objeto una vez promulgada, los efectos de su contenido normativo subsisten, pues la expulsión de las normas derogadas se mantiene en el tiempo, siempre y cuando, obviamente, que la norma derogatoria se ajuste al ordenamiento constitucional.
No es pues cierto que una norma derogatoria cese de producir efectos una vez promulgada ya que ella, al eliminar otras disposiciones, ha producido una transformación del orden normativo. Por eso, como dicen Alchourrón y Bulygin, “el acto de derogar provoca un cambio del sistema: después de la derogación tenemos un nuevo sistema, distinto del anterior (aun cuando ambos pertenezcan a la misma secuencia, es decir, al mismo orden jurídico)” (Carlos Alchourrón. Eugenio Bulygin. Análisis lógico y derecho. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1991, pág. 401)”.
Posteriormente la Corte, en la Sentencia C-226 de 2002 (4) al tiempo que recordó que la Constitución confiere al Congreso la posibilidad de interpretar, derogar y modificar la legislación existente (C.P., art. 150, ord. 1º) (5) y que no hay duda de la amplia potestad que tiene el legislador en este campo puso de presente que la misma no es absoluta y que en su ejercicio el legislador se encuentra vinculado a la Constitución, que es norma de normas (C.P., art. 4º), y por consiguiente, al derogar una disposición, debe respetar los preceptos constitucionales.
“(L)a potestad derogatoria del Congreso, que es amplia y dinámica, no es absoluta, puesto que nuestro ordenamiento no establece el principio de soberanía parlamentaria, como si lo han hecho otros países, como Inglaterra. El legislador se encuentra entonces vinculado a la Constitución, que es norma de normas (C.P., art. 4º), y por consiguiente, al derogar una disposición, debe respetar los preceptos constitucionales.
“En ese orden de ideas, si el Congreso, al ejercer su potestad derogatoria, se encuentra vinculado a los principios y mandatos constitucionales, entonces es claro que las disposiciones derogatorias contenidas en las leyes se encuentran sometidas al control ejercido por esta Corte Constitucional, cuando sean demandadas por un ciudadano (C.P., art. 241). Y es obvio que esas cláusulas derogatorias deben ser controladas ya que ellas tienen un efecto normativo preciso, que es restar vigencia a la norma derogada, y por ello modifican materialmente el ordenamiento jurídico” (6) .
Ahora bien, la Corte ha señalado que procede un control constitucional de las disposiciones derogatorias, no sólo por cuanto el Congreso, al ejercer esa potestad, debe acatar los mandatos constitucionales, sino además porque la declaración de inexequibilidad de un cláusula derogatoria tiene un efecto preciso, que consiste, de darse determinados presupuestos, en reincorporar al ordenamiento aquellos contenidos normativos que habían sido derogados (7) .
Al respecto, la Corte ha señalado que ello es posible siempre que la disposición cuya vigencia se restablece no sea contraria a la Constitución (8) y que ello se requiera para asegurar la supremacía del texto fundamental (9) .
En desarrollo de esa doctrina (10) , esta Corte no sólo ha analizado por ejemplo si determinadas disposiciones derogatorias desconocían o no el principio de unidad de materia, o los principios de identidad y consecutividad (11) , o si para su derogatoria se reunieron los mismos presupuestos formales que para su expedición (12) , sino que ha declarado la inexequibilidad de algunas de ellas (13) .
Así por ejemplo, la Sentencia C-659 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz, declaró la inconstitucionalidad parcial del artículo 3º de la Ley 54 de 1983, por violar el artículo 158 de la Carta sobre unidad de materia, ya que concluyó que no existía ninguna relación directa, causal o conexa, entre las normas derogadas, y la materia general de la Ley 54 de 1983 (14) .
En similar sentido la Corte en la Sentencia C-706 de 2005 (15) declaró la inexequibilidad de las expresiones “el artículo 443” contenidas en el artículo 69 de la Ley 863 de 2003 “Por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas” por considerar que se habían vulnerado con la derogatoria que con ella se efectuaba los principios de identidad y consecutividad que rigen el trámite legislativo.
Ahora bien, específicamente en relación con el respeto del referido principio de unidad de materia cabe hacer las siguientes consideraciones:
3.2. El contenido y alcance de la Ley 178 de 1959 que fue objeto de derogatoria por el artículo 13 de la Ley 1004 de 2005.
Resulta pertinente recordar que la Ley 178 de 1959 “por la cual se provee a la financiación de las Centrales Eléctricas del Cauca, “Cedelca”, y se dictan otras disposiciones” que fue objeto de derogatoria por el artículo 13 de la Ley 1004 de 2005 tenía por objeto establecer un impuesto sobre las propiedades inmuebles en el Departamento del Cauca, equivalente al 2 por 1.000 anual, sobre el monto de los avalúos catastrales.
El articulado de dicha ley de acuerdo con el Diario Oficial 30140 era el siguiente:
“ART. 1º—Establécese un impuesto nacional sobre las propiedades inmuebles en el Departamento del Cauca, equivalente al 2 por 1.000 anual, sobre el monto de los avalúos catastrales.
ART. 2º—Destínase el producto de este impuesto a la suscripción y pago de acciones por los Municipios que lo recauden en Centrales Eléctricas del Cauca, “Cedelca”.
ART. 3º—Tal impuesto será recaudado, mantenido en cuenta separada y entregado por los tesoreros municipales a las Centrales Eléctricas del Cauca, “Cedelca”.
ART. 4º—Los tesoreros municipales cobrarán y recaudarán este impuesto, al mismo tiempo que el impuesto predial, en forma conjunta e inseparable y dentro de los plazos señalados por los municipios para el pago del impuesto predial.
PAR.—El no pago oportuno de este impuesto causará a favor de los municipios respectivos, intereses moratorios a la misma rata que se causen por mora en el pago del impuesto predial, y no tendrán destinación diferente de la del impuesto que los cause.
ART. 5º—En caso de mora en el pago del impuesto que se establece por esta ley, los tesoreros municipales lo harán efectivo, conjuntamente con el impuesto predial municipal, por me dio de la jurisdicción coactiva que con este fin se les atribuye en la plenitud de sus facultades y prerrogativas.
ART. 6º—Los tesoreros municipales se abstendrán de expedir certificados de paz y salvo, por toda clase de impuestos, a los contribuyentes que estén en mora de pagar el impuesto predial establecido por esta ley.
ART. 7º—Los tesoreros municipales que ''no cumplan las obligaciones establecidas en los artículos anteriores incurrirán, en cada caso, en multas hasta de quinientos pesos ($ 500), a favor del tesoro municipal, que serán aplicadas por la Contraloría Departamental del Cauca''.
ART. 8º—Por insinuación y por proyectos presentados por Centrales Eléctricas del Cauca, con la aprobación del Instituto de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico, el Gobierno Nacional decretará la reglamentación necesaria para recaudar este impuesto, atender a su custodia y entrega oportuna, así como para establecer métodos adecuados de control, sin perjuicio de las facultades reglamentarias y fiscalizadoras que corresponden a la Contraloría General de la República.
ART. 9º—Exonérase de este impuesto a las propiedades inmuebles situadas en los municipios de Guapi, Timbiquí, López y Santa Rosa de Caquetá, lo mismo que a las propiedades inmuebles cuyo. valor catastral no exceda de cinco mil pesos ($ 5.000.00).
ART. 10.—Los recaudos hechos, entregados a “Cedelca” por los tesoreros municipales se considerarán como aportes municipales a esta sociedad, la cual anualmente expedirá los títulos'' correspondientes de acciones a favor de los municipios, equivalentes al valor entregado por los tesoreros.
ART. 11.—Centrales Eléctricas I del Cauca, “Cedelca”, tendrá acceso a los libros de catastro municipales, a fin de indagar sobre el monto de los avalúos y el nombre de los propietarios.
ART. 12.—Los municipios no podrán exonerar a ninguna persona, natural o jurídica, del pago de este impuesto, salvo las excepciones que se establecen en el artículo 9º.
ART. 13.—Limítase la vigencia de la presente ley al tiempo exclusivamente necesario para recaudar el total de la suma que requiera la ejecución de las obras de electrificación proyectadas por las Empresas Eléctricas del Cauca, y que comprenden la interconexión de todas las centrales actualmente existentes en aquel departamento, la terminación de la planta de Silvia y la construcción o montaje de las nuevas plantas de río Palo y la Cabrera.
ART. 14.—Esta ley regirá desde su sanción”.
No sobra precisar que frente a los planteamientos hechos por el interviniente de la Academia de Jurisprudencia y el señor Procurador sobre la eventual violación por la Ley 178 de 1959 de los artículos 317 y 359 superiores la Corte se pronunció en la Sentencia C-545 de 1993 donde declaró la exequibilidad de la misma frente a los cargos analizados en dicha sentencia, dentro de los cuales analizo precisamente la eventual violación por la ley de los referidos artículos.
“c) La destinación del impuesto creado por la Ley 178 de 1959.
Según el artículo 2º de la Ley 178 de 1959, el producto del impuesto a que ella se refiere, se destina a “la suscripción y pago de acciones por los municipios que lo recauden en Centrales Eléctricas del Cauca, “Cedelca”.
Como el objeto social de “Cedelca” es el establecimiento del servicio de energía eléctrica, en especial en el departamento del Cauca, la ley cumple dos cometidos: el primero, dotar de un servicio público primario a la población, y mejorar su prestación; el segundo, fortalecer patrimonialmente a los municipios mediante la suscripción de acciones en la sociedad. Y dar, además, a los municipios la posibilidad de participar en el gobierno de la misma sociedad.
Tampoco se opone al artículo 359 que prohíbe las rentas nacionales de destinación específica, porque el impuesto establecido por la Ley 178 no es una renta nacional, sino una renta de los municipios del Cauca, exceptuando aquellos mencionados en el artículo 9º. Hay que tener en cuenta que el producto del gravamen se entrega a los municipios en acciones de Cedelca. Por esto, es una impropiedad de la ley hablar de un impuesto nacional, como lo hace el artículo 1º.
En relación con las facultades de los tesoreros municipales para cobrar y recaudar el impuesto, vale la pena citar lo dicho en la Sentencia C-467 de 1993 de esta corporación:
“El artículo 11 de la Ley 44 de 1990, en lo acusado, autoriza a los tesoreros municipales para cobrar y recaudar el impuesto con destino a las corporaciones regionales simultáneamente con el impuesto predial unificado, en forma conjunta e inseparable, dentro de los plazos señalados por el municipio para el pago de dicho impuesto.
“Esta disposición no lesiona el ordenamiento supremo, pues simplemente se limita a consagrar una forma de cobro y recaudo de los impuestos antes citados, asignando tal función a los tesoreros municipales, quienes dentro de la organización municipal, son las personas encargadas de manejar los fondos pertenecientes al erario público del municipio, y obviamente allí se incluyen las sumas correspondientes a los impuestos.
“Adviértase cómo el precepto acusado no esta creando una sobretasa o impuesto adicional al predial, sino señalando el procedimiento para el cobro y recaudo de los gravámenes existentes, destinados al sostenimiento de las corporaciones autónomas regionales” (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
“Tampoco le asiste razón al demandante cuando se refiere a la violación del artículo 58 de la Carta, porque un impuesto que grave la propiedad raíz en nada altera la función social de la misma, que consiste en el deber que tienen los propietarios de contribuir con su ejercicio y provecho al bienestar social, para asegurar que se cumpla con la utilidad pública y el interés social definido por la ley. Además, es el mismo constituyente quien autoriza en el artículo 317 la imposición de gravámenes que la afectan...”.
Es claro, en conclusión, que el Congreso al dictar la Ley 178 de 1959, se limitó a crear un impuesto con destino a los municipios del Cauca y que tal impuesto cumple dos fines principales:
a) Contribuir a la prestación y al mejoramiento de un servicio público;
b) Fortalecer patrimonialmente a los municipios y darles participación en una sociedad de economía mixta encargada de la prestación de ese mismo servicio” (...).
Declárase EXEQUIBLE, en todas sus partes, la Ley 178 de 1959, únicamente en relación con los cargos analizados en la parte motiva de esta providencia”.
Cabe precisar igualmente que mediante la Ley 980 de 2005 “por la cual se modifica el artículo 13 de la Ley 178 de diciembre 30 de 1959” el Congreso de la República había modificado el artículo 13 de la Ley 178 de 1959 en el siguiente sentido:
“ART. 1º—Modifíquese el artículo 13 de la Ley 178 de 1959, cuyo texto quedará así:
“ART. 13.—La totalidad de los recursos recaudados y entregados por los tesoreros municipales a Centrales Eléctricas del Cauca, Cedelca S.A. ESP, producto del impuesto previsto en la Ley 178 de 1959, tendrán destinación específica, para lo cual serán invertidos por la Electrificadora en la ejecución de obras para el departamento del Cauca en plantas y equipos de generación, con sus respectivas líneas de conexión, así como en el conjunto de líneas y subestaciones con sus equipos asociados, que componen las redes de distribución y de interconexión, como también en las obras eléctricas y civiles que hagan parte de los planes de expansión que vaya aprobando la empresa, así como en el mantenimiento, conservación, rehabilitación y recuperación de plantas, subestaciones, redes, etc., y los equipos asociados a estas, como en la modernización tecnológica de todo su sistema técnico operativo. Todas estas obras deben cumplir con los principios y disposiciones establecidas en las leyes 142 y 143 de 1994, así como en las normas que las modifiquen y reglamenten”.
ART. 2º—Vigencia. Esta ley entra a regir a partir de su promulgación y deroga todas aquellas normas que le sean contrarias.
Ahora bien, respecto del alcance de la Ley 980 de 2005 “por la cual se modifica el artículo 13 de la Ley 178 de diciembre 30 de 1959” y la modificación que ella hizo del artículo 13 de la Ley 178 de 1959 corresponderá en su momento en caso de formularse una demanda por un ciudadano pronunciarse al respecto la Corte.
Para efectos de la presente sentencia —independientemente del debate planteado por el interviniente en representación de la Academia de Jurisprudencia sobre la vigencia de la Ley 178 de 1959 al momento de su derogatoria— es claro que la derogatoria efectuada por el artículo 13 de la Ley 1004 de 2005 se encuentra surtiendo efectos puesto que no cabe duda que el Congreso hizo una derogatoria expresa que retiró del ordenamiento jurídico dicho texto legislativo, y esa derogatoria es precisamente la que debe analizar la Corte frente al cargo formulado por el actor por el supuesto desconocimiento del principio de unidad de materia.
3.3. Los criterios señalados por la jurisprudencia constitucional en relación con el respeto por el legislador del principio de unidad de materia.
Al respecto cabe recordar que en relación con el principio de unidad de materia, la jurisprudencia reiterada de esta corporación (17) ha señalado que el fundamento de su exigencia en el artículo 158 superior (18) es el de un control de tecnificación del proceso legislativo, dirigido a evitar las incongruencias normativas que en forma subrepticia, inadvertida, inconsulta e incluso anónima aparecen en los proyectos de ley y que, por razón de esa imprevisión e incoherencia temática, no guardan ninguna relación con la materia desarrollada en el respectivo proyecto (19) .
La Corte ha señalado que la violación del principio de unidad de materia es un vicio de carácter material, puesto que el juicio que debe hacer el juez constitucional consiste esencialmente en examinar el contenido normativo de la disposición acusada, con el fin de verificar que éste guarde coherente relación con el estatuto legal del cual hace parte. Además, el referido vicio compromete la competencia del Congreso, puesto que, por disposición constitucional, a éste le está vedado expedir disposiciones o modificaciones que no estén ligadas a la materia del respectivo proyecto de ley. Así que, cuando se incurre en la señalada irregularidad, se debe concluir que el legislador ha rebasado su competencia (20) .
A partir del alcance del principio de unidad de materia así fijado, la Corte también ha precisado que, aún cuando dicho principio tiene un propósito definido, esto es, impedir las incongruencias normativas en la ley, el mismo no puede postularse y ponerse en práctica con un criterio rígido de interpretación restrictiva, de manera que sobrepase su verdadera finalidad o distraiga su objetivo, y termine por obstaculizar el trabajo legislativo haciéndolo del todo nugatorio (21) .
En ese sentido, ha advertido la jurisprudencia constitucional que la expresión “materia” debe entenderse desde una perspectiva “amplia, global, que permita comprender diversos temas cuyo límite, es la coherencia que la lógica y la técnica jurídica suponen para valorar el proceso de formación de la ley” (22) . Con base en tal apreciación, ha concluido igualmente que “solamente aquellos apartes, segmentos o proposiciones de una Ley respecto de los cuales, razonable y objetivamente, no sea posible establecer una relación de conexidad causal, teleológica, temática o sistémica con la materia dominante de la misma, deben rechazarse como inadmisibles si están incorporados en el proyecto o declararse inexequibles si integran el cuerpo de la ley” (23) .
Al respecto, expresó esta corporación en la Sentencia C-233 de 2003 (24) lo siguiente:
“Sobre este punto cabe recordar que, como acertadamente lo señala la representante de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, en reiterada jurisprudencia se ha sostenido que el principio de unidad de materia, no es un concepto rígido que pueda restringir de manera excesiva la tarea del legislador, sino que debe entenderse dentro de un objetivo razonable de garantizar que el debate democrático se realice de manera transparente, al mismo tiempo que tiende a facilitar la aplicación de las normas por parte de sus destinatarios, sin que puedan aparecer de manera sorpresiva e inconsulta, temas que no guardan ningún tipo de relación con las disposiciones objeto de regulación por el Congreso.
Sobre el particular ha señalado esta corporación la importancia de determinar el núcleo temático de la ley objeto de análisis y la conexidad de éste con las disposiciones atacadas (25) , para establecer si existe una relación causal, teleológica, temática o sistémica con la materia dominante de la misma” (26) .
“7.5.5. Ahora bien, para establecer si existe o no una conexión material es importante subrayar que la potestad de configuración del legislador contempla tanto la facultad de decidir el contenido específico de las normas, como la facultad de decidir como organizarlas y relacionarlas. El sistema jurídico no está compuesto por un conjunto de compartimientos estancos predeterminados que le imponen al Congreso la forma como debe ser concebido el derecho, que es funcionalmente cambiante para responder a las necesidades, prioridades, expectativas y aspiraciones de la sociedad. Los legisladores, bien sea por iniciativa propia o de alguno de aquellos funcionarios a los que la Constitución les concede iniciativa legislativa (C.P., art. 155), pueden reorganizar la normatividad de la manera como consideren conveniente y más acorde con los objetivos de política pública que lo guían, relacionando y uniendo materias que antes se trataban por aparte, o separando aquellos temas que tradicionalmente se consideraban inescindibles.
Así pues, el hecho de que usualmente temas como las pensiones hayan hecho parte de la legislación laboral o temas como la salud hayan sido regulados en leyes específicas independientes, en ningún caso constituyen una barrera al legislador para crear, por ejemplo, un código social en el que integre todas las normas que regulan la seguridad social. La estructura que el legislador quiera otorgarle al sistema normativo hace parte esencial de los debates de técnica legislativa que se surten en el seno del Congreso, con relación a cuál es la mejor forma de regular un tema, pues el cumplimiento y eficacia de una ley no sólo depende del contenido material de las normas que la componen, también obedece a la forma como estas hayan sido organizadas para que sean medios idóneos para lograr los fines de política pública que guían al legislador. En virtud del principio de unidad de materia no puede socavarse la potestad que tiene el legislador para crear y reinventar instrumentos normativos que sirven para organizar un sistema jurídico. Lo contrario implica aceptar que las facultades creadas y definidas por el constituyente, como la potestad de configuración del legislador, encuentran un límite en la tradición, que lo ataría al pasado, o en una teoría sobre el ordenamiento jurídico ideal, que no aparece por ninguna parte en la Constitución” (27) .
La Corte ha advertido igualmente que si bien no puede establecerse un control en extremo rígido, la Constitución no permite que el juez constitucional al realizar el examen correspondiente, flexibilice la interpretación a tal punto que quede el principio de unidad de materia desprovisto de contenido (28) . En este sentido el juez constitucional ha de tener en cuenta que “lo que impone el principio de unidad de materia es que exista un núcleo rector de los distintos contenidos de una ley y que entre ese núcleo temático y los otros diversos contenidos se presente una relación de conexidad determinada con un criterio objetivo y razonable” (29) .
Cabe recordar que la Corte ha formulado algunas precisiones en torno al entendimiento específico de dicho principio frente a leyes de convocatoria a un referendo (30) , o de carácter orgánico (31) , o frente a la ley del plan nacional de desarrollo (32) que implican un examen estricto. Así mismo cabe señalar que en materia de normas destinadas a fijar un “marco conceptual” (33) , o a regular de manera general un determinado sector —como el financiero (34) — ha puesto de presente la necesidad de asegurar que exista una verdadera relación entre el núcleo temático de la ley y los preceptos que la conforman.
Con base en los razonamientos anteriores, ha expresado esta corporación que para efectos de ejercer el control de constitucionalidad de las leyes por violación del principio de unidad de materia, es imprescindible que el juez constitucional entre a determinar “cual o cuales son los núcleos temáticos de una ley” (35) , ya que es este el mecanismo idóneo para definir si sus disposiciones están vinculadas objetiva y razonablemente a tales núcleos o si, las mismas —una o varias— conforman una especie de isla al interior del ordenamiento, de manera que pueda concluirse la inexistencia total de vínculo causal con las materias que han inspirado la regulación legal a la que pertenecen (36) .
La jurisprudencia ha señalado que para la determinación del núcleo temático de una ley que permita establecer la vulneración o no del principio de unidad de materia, “resultan valiosos elementos como contenido de la exposición de motivos en cuanto allí se exponen las razones por las cuales se promueve el ejercicio de la función legislativa y se determinan los espacios de las relaciones sociales que se pretenden interferir; el desarrollo y contenido de los debates surtidos en las comisiones y en las plenarias de las cámaras; las variaciones existentes entre los textos originales y los textos definitivos; la producción de efectos jurídicos de las distintas esferas de una misma materia; su inclusión o exclusión de la cobertura indicada en el título de la ley; etc. La valoración conjunta de todos esos elementos permite inferir si una norma constituye el desarrollo de la materia de la ley de que hace parte” (37) .
A partir de dichos elementos la Corte ha concluido que un determinado contenido normativo contraría dicho principio, solamente en los casos en que al revisarse dentro del contexto general del debate del proyecto y de la ley en referencia, se constate que el mismo constituye una especie de cuerpo extraño o de elemento totalmente ajeno “que invade sin explicación su contenido, es decir, el asunto específico de la regulación” (38) .
Para efectos de la presente sentencia resulta pertinente recordar que cuando se trata de analizar el respeto del principio de unidad de materia por normas de carácter derogatorio, el examen que corresponde hacer a la Corte no se circunscribe a la mecánica verificación de si los artículos respectivos estaban o no incluidos en el proyecto inicialmente presentado o si precisamente esos artículos fueron sometidos a los debates en las comisiones y en las plenarias de las cámaras, sino que lo que es preciso establecer es si esas derogatorias constituyen desarrollo de las unidades temáticas sobre las que versaron los debates (39) .
“Cuando se trata de analizar si la derogación expresa de normas legales vulnera o no dicho principio, la Corte debe en primer término determinar cuál es el contenido del precepto que es objeto de derogación, luego precisar cuál es el tema dominante regulado en la ley que consagra la derogatoria, y finalmente, deducir si entre el contenido genérico de la ley derogatoria y la norma derogada existe conexidad. Esta corporación en reciente sentencia (40) señaló al respecto que el análisis constitucional en estos casos “no se circunscribe a la mecánica verificación de si los artículos derogados estaban o no incluidos en el proyecto inicialmente presentado o si precisamente esos artículos fueron sometidos a los debates en las comisiones y en las plenarias de las Cámaras, pues es preciso establecer si esas derogatorias constituyen desarrollo de las unidades temáticas sobre las que versaron los debates”.
En el caso bajo examen se tiene, tal como se dejó anotado en el acápite anterior, que desde que se inició el trámite del proyecto de ley en el Congreso se debatió el tema del impuesto a los vehículos automotores, tocando entre otros puntos, lo relativo a la declaración, recaudo y pago del mismo, la distribución del recaudo, la deducción de impuestos pagados, la internación de vehículos y el impuesto de tales automotores, la autorización al Ministerio de Transporte para fijar los avalúos de los automotores, la base gravable para los vehículos que circulan por primera vez o son importados directamente por el usuario, propietario o poseedor. Entonces, si la norma derogada regulaba la calcomanía que debían portar los vehículos automotores para demostrar el pago del impuesto correspondiente, cómo afirmar válidamente que ello no guarda ninguna relación con el tema tributario consagrado en la ley parcialmente demandada, y más específicamente, con la declaración, recaudo y pago del impuesto de vehículos automotores” (41) .
3.4. El trámite legislativo dado al proyecto que culminó con la expedición de la Ley 1004 de 2005.
3.4.1. Según consta en la Gaceta del Congreso Nº 636 del 19 de Septiembre de 2005 donde se publicó el Proyecto de Ley 141 de 2005 Cámara “por la cual se modifican unos regímenes especiales y se elimina el impuesto de remesas para estimular la inversión” los señores Ministros de Comercio Industria y Turismo y de Hacienda y Crédito Público presentaron con ese título a consideración del Congreso un proyecto de ley que constaba de trece artículos, dividido en tres capítulos (capítulo I, zona franca; capítulo II Zonas Especiales de Desarrollo Económico Regional, Zeder; capítulo III vigencias y derogatorias).
“El proyecto de ley que se presenta a consideración del honorable Congreso de la República, dota al país de instrumentos de promoción empresarial que cumplen con dos objetivos fundamentales: de un lado, nos permite competir en la atracción de la inversión extranjera con los demás países de la región que han desarrollado eficaces zonas francas, mientras que desarrolla los compromisos internacionales adquiridos por Colombia ante la Organización Mundial del Comercio (43) .
Con estas razones, el proyecto de ley que se pone a consideración del honorable Congreso de la República desarrolla dos instrumentos, cada uno en dos capítulos diferentes. Esta exposición de motivos se ocupará de cada uno de ellos de manera separada. En primer lugar, las zonas francas y seguidamente las zonas especiales de desarrollo económico regional, Zeder”.
Con este proyecto de ley, compatible con las normas internacionales, Colombia responde a la necesidad de efectuar ajustes a la legislación existente para canalizar hacia nuestro territorio beneficios similares a los obtenidos en Centro América y el Caribe, a través de las zonas francas y las Zonas Especiales de Desarrollo Económico Regional, Zeder, y alcanzar mayores niveles de competitividad, disminución en la tasa de desempleo y aumento del PIB. Además, nuestro país queda con uno de los estatutos de zonas francas más modernos del hemisferio, con grandes posibilidades de impacto en la generación de empleo en los próximos años, a través de la atracción de nueva inversión y consolidación de la existente”.
3.4.2. Según consta en la Gaceta del Congreso Nº 840 del 29 de noviembre de 2005 la ponencia para primer debate al proyecto de Ley 141 de 2005 Cámara, 170 de 2005 Senado “por la cual se modifican unos regímenes especiales y se elimina el impuesto de remesas para estimular la inversión” fue presentada a consideración de las Comisiones Terceras Conjuntas de Senado y Cámara en virtud del mensaje de urgencia presentado por el gobierno.
Actuando en calidad de ponentes y dentro de los términos legales, nos permitimos rendir ponencia y texto propuesto para primer debate al Proyecto de Ley 141 de 2005 Cámara, 170 de 2005 Senado, por la cual se modifican unos regímenes especiales y se elimina el impuesto de remesas para estimular la inversión, bajo los siguientes parámetros:
A) Modificaciones al régimen de zonas francas.
B) Eliminación del impuesto de remesas.
C. Posibilidad de solicitar el IVA de los activos fijos como descontable.
D. Ajustes necesarios en el Proyecto de ley.
La política de atracción y generación de inversión en las zonas francas, debe estar orientada a propiciar el establecimiento de compañías nacionales y extranjeras de alto valor agregado, que aporten al país el conocimiento y el acceso a nuevas tecnologías. Para ello, el país debe ofrecer las condiciones de eficiencia y productividad que requieren los inversionistas, para ser competitivos internacionalmente. Por lo tanto:
1. Es importante mantener las reglas de juego y preservar la “estabilidad jurídica” a los usuarios industriales de servicios y operadores de zona franca ya que la normativa internacional no exige cambios en esta materia. En contrario, se genera un desequilibrio a quienes tienen un potencial alto de incremento de exportaciones como es el sector de servicios y por otra a quienes constituyen el motor de la inversión privada para la oferta de parques de zona franca altamente competitivos.
2. Incorporar en la definición de zona franca claramente, la “ficción de extraterritorialidad” de las zonas francas, al determinar que los bienes que allí ingresen serán objeto de un tratamiento especial en materia aduanera y de comercio exterior en particular que las mercancías no son objeto del cobro de impuestos a las importaciones ni a las exportaciones.
3. Revisar la “tasa de impuesto de renta” propuesta por el gobierno, que corresponda a la estructura de renta de regímenes similares en el continente y que a la vez favorezca al mayor número de empresas localizadas en zonas francas como son las pequeñas y medianas empresas, las cuales representan el 75% de las establecidas actualmente. Es importante considerar estudios ya realizados sobre el tema. En particular cabe remitirse a las estadísticas trabajadas en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público según las cuales las empresas de zonas francas venden a mercados externos el 67.8% de sus ventas, lo que significa que en la actualidad sólo tributan sobre el 32.2% de esas mismas ventas, al ser estas las que se tranzan en el mercado local. Con base en lo anterior se sustenta que una tarifa general del 15% para los usuarios industriales de zonas francas generaría un impacto similar a la tributación actual.
5. Regular de forma armónica y simple, tomando como base la naturaleza de los usuarios de zona franca, el “tratamiento en la aplicación del IVA” en las transacciones entre usuarios industriales de zona franca.
Por las anteriores consideraciones proponemos dese(sic) primer debate al Proyecto de Ley 141 de 2005 Cámara, 170 de 2005 Senado, “por la cual se modifican unos regímenes especiales y se elimina el impuesto de remesas para estimular la inversión”.
3.4.3. Según consta en la Gaceta del Congreso 890 del 12 de diciembre de 2005 el texto aprobado en primer debate fue del siguiente tenor:
ART. 1º—La zona franca es el área geográfica delimitada dentro del territorio nacional, en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios, o actividades comerciales, bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de comercio exterior. Las mercancías ingresadas en estas zonas se consideran fuera del territorio aduanero nacional para efectos de los impuestos a las importaciones y a las exportaciones.
“ART. 240-1.—Tarifa para usuarios industriales de zona franca. Fíjase a partir del 1º de enero de 2007, en un quince por ciento (15%) la tarifa única del impuesto sobre la renta gravable, de las personas jurídicas que sean usuarios industriales de zona franca. La aplicación de esta tarifa excluye la utilización de la deducción especial por inversión en activos fijos reales productivos prevista en el artículo 158-3 del estatuto tributario.
ART. 9º—Los usuarios operadores de las zonas francas, así como los usuarios industriales de servicios que hayan sido calificados como tales por la autoridad competente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, mantendrán la exención del impuesto sobre la renta y complementarios vigente a la misma fecha, sobre los ingresos que obtengan en desarrollo de las actividades que se les autorizó ejercer dentro de la respectiva zona, mientras la autorización correspondiente esté vigente”.
ART. 10.—La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación salvo lo dispuesto en el artículo 5º y 9º, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias contenidas en la Ley 109 de 1985, artículo 6º de la Ley 7ª de 1991 y 45 de la Ley 768 de 2002, y la Ley 178 de 1959.
A partir del 1º de enero de 2007 derógase el 212 del estatuto tributario.
3.4.4. Según consta en las Gacetas del Congreso Nº 890 del 12 de diciembre de 2005 —pág. 1-4— y 894 del 13 de diciembre de 2005 —pág 6-11— la ponencia para segundo debate presentada a consideración de las Plenarias del Senado de la República y la Cámara de Representantes contenía los siguientes apartes que resulta pertinente transcribir.
Ponencia para segundo debate al Proyecto de Ley 141 de 2005 Cámara, 170 de 2005 Senado
El Proyecto de Ley 141 de 2005 Cámara, 170 de 2005 Senado, por la cual se modifica un régimen especial para estimular la inversión y se dictan otras disposiciones, que se pone a consideración de las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado de la República, tiene como objetivo fundamental estimular la inversión en Colombia. Este propósito se cumple mediante la adecuación de un instrumento de promoción empresarial —las zonas francas— que nos permite competir en la atracción de la inversión extranjera, así como con la adopción de algunas normas específicas propuestas por el gobierno y por los honorables congresistas miembros de las Comisiones Terceras tanto de la honorable Cámara de Representantes como del honorable Senado de la República, durante el transcurso del primer debate, según se explicará más adelante.
Con esto en mente, el proyecto que se propone a las plenarias del honorable Senado de la República y de la honorable Cámara de Representantes, está dividido en tres capítulos. El primero de ellos se ocupa de las zonas francas, el segundo de las “otras disposiciones” y el tercero de las derogatorias.
2. Trámite legislativo.
El día 29 de noviembre de 2005 las comisiones terceras conjuntas de la honorable Cámara de Representantes y del honorable Senado de la República comenzaron la discusión del Proyecto de Ley 141 de 2005 Cámara, 170 de 2005 Senado, por la cual se modifican unos regímenes especiales y se elimina el impuesto de remesas para estimular la inversión”, en presencia de su autor, el doctor Alberto Carrasquilla Barrera, Ministro de Hacienda y Crédito Público.
El proyecto presentado por el gobierno fue publicado en la Gaceta del Congreso número 636 del 26 de septiembre del presente año y la ponencia discutida y aprobada fue publicada en la Gaceta del Congreso 840 de fecha 29 de noviembre de 2005.
Así mismo, en el transcurso del debate del proyecto, que se realizó en dos sesiones, varios congresistas hicieron exposiciones sobre sus puntos de vista relacionados con algunas normas particulares, que cada uno presentaría el día de la aprobación del proyecto, sobre la propuesta del Gobierno Nacional de reducir la tarifa del impuesto sobre la renta y sobre el proyecto de ley en general. Finalmente, al terminar la votación del proyecto de ley el día 1º de diciembre de 2005, se mencionaron y discutieron varios temas contenidos en proposiciones presentadas por diferentes Congresistas, que incluían la extensión del tratamiento tributario al leasing operativo para las pequeñas y medianas empresas, y algunas normas referidas al estatuto tributario relacionadas con asuntos puntuales y problemáticas específicas de algunos contribuyentes.
Así mismo, la ponencia incluyó la reducción del ámbito de aplicación del impuesto de remesas solamente para los usuarios de zonas francas, no como lo había propuesto el Gobierno Nacional, para todos los contribuyentes.
3. Propuestas presentadas por los congresistas en el primer debate que no son incluidas en la ponencia.
4. Propuestas de modificación al articulado aprobado en primer debate
a) Se elimina del artículo 1º la referencia a la normativa cambiaria, pues la misma es de competencia del Banco de la República, quien la ejerce autónomamente y no es competencia del Congreso de la República, por ley ordinaria, ordenar la adopción de una normatividad especial en materia cambiaria para ninguna persona;
b) Se aplica la tarifa del 15% de impuesto sobre la renta para todos los usuarios de zonas francas, menos los usuarios comerciales, con lo cual se elimina el artículo 9º aprobado por las comisiones, por considerar que una tarifa baja para todos los usuarios tiene menos riesgos desde el punto de vista constitucional, es más transparente y equitativa, que lo que traía el proyecto aprobado en primer debate, según el cual se mantenía el tratamiento para los viejos usuarios, los nuevos industriales quedaban con una tarifa del 15% y los nuevos operadores a la tarifa general. Con la propuesta incluida en esta ponencia todos los usuarios, nuevos y antiguos, quedan con una tarifa del 15% para el impuesto sobre la renta;
2. La reducción de la tarifa del impuesto sobre la renta para contribuyentes que realicen dentro del año gravable inversiones en bienes de capital nuevos junto con la correlativa eliminación del beneficio existente en el artículo 158-3 del estatuto tributario (arts. 9º y 10 del texto propuesto para segundo debate).
4. El Gobierno Nacional mediante carta dirigida a los ponentes por el señor Ministro de Hacienda, ha propuesto insistir en la propuesta de extender por dos años el tratamiento previsto en el artículo 485-2 del estatuto tributario para la importación de bienes de capital, que fue eliminado de la ponencia para primer debate durante la discusión del proyecto, pero que había sido incluido en el proyecto original, por las siguientes razones:
5. Se propone también la introducción de un artículo nuevo que corrige la derogatoria que hiciera el artículo 134 de la Ley 633 de 2000 del artículo 27 de la Ley 191 de 1995, (…).
Así mismo, se deroga el inciso 1º numeral 1 del literal a) del artículo 16 de la Ley 677 de 2001, pues esta norma contraría lo preceptuado por la OMC en relación con los subsidios que debe desmontar Colombia en cumplimiento de lo pactado en este foro multilateral, lo cual ha sido un objetivo fundamental de este proyecto desde su presentación por el Gobierno Nacional y a través de todos sus debates.
Por las anteriores consideraciones los ponentes abajo firmantes nos permitimos proponer a la Plenaria de la honorable Cámara de Representantes y del honorable Senado de la República dar segundo debate al Proyecto de Ley 141 de 2005 Cámara, 170 de 2005 Senado, de acuerdo al siguiente texto:
Texto propuesto para segundo debate en las plenarias de la honorable Cámara de Representantes y el honorable Senado de la Republica al Proyecto de Ley 141 de 2005 Cámara, 170 de 2005 Senado
ART. 15.—La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación salvo lo dispuesto en los artículos 5º, 9º y 10, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial la Ley 178 de 1959, la Ley 109 de 1985, el artículo 6º de la Ley 7ª de 1991, el inciso 1º del numeral 1 del literal a) del artículo 16 de la Ley 677 de 2001 y el artículo 45 de la Ley 768 de 2002.
A partir del año gravable 2007, deróganse los artículos 158-3 y 212 del estatuto tributario” (resaltado fuera de texto).
3.4.5. Según consta en la Gaceta del Congreso Nº 18 del 30 de enero de 2006 —págs. 31-45— donde se publicó el Acta Nº 34 de la Sesión Plenaria del día miércoles 14 de diciembre de 2005 el Senado de la República dio aprobación a la ponencia presentada a su consideración para segundo debate y al texto en ella propuesto con la sola exclusión de dos artículos nuevos (10 y 11) propuestos en ella y una modificación del artículo 15 (relativa a la exclusión de la derogatoria del artículo 158-3 del estatuto tributario).
Proyecto de Ley 170 de 2005 Senado, 141 de 2005 Cámara, por la cual se modifica un régimen especial para estimular la inversión y se dictan otras disposiciones.
¿Adopta la plenaria el artículo con la modificación propuesta? Y esta responde afirmativamente”.
“Proyecto de Ley 141 de 2005 Cámara, 170 de 2005 Senado, por la cual se modifican unos regímenes especiales y se elimina el impuesto de remesas para estimular la inversión.
Sin embargo en las Comisiones Económicas decidimos no votar la Minirreforma Tributaria, que básicamente consiste en disminuir la tarifa de renta para aquellas empresas que hagan reinversión de utilidades, no se votó en las Comisiones Económicas y a solicitud nuevamente del señor Ministro de Hacienda y de sus amigos, tiene en la ponencia para segundo debate en las Plenarias de Senado y Cámara, un regalo de navidad honorables Representantes, un regalo de navidad para los empresarios de Colombia, que ya le costó al fisco novecientos mil millones de pesos, un hermoso regalo, que ni siquiera han solicitado los empresarios, pero que el Ministro de Hacienda quiere que aprobemos a las carreras, acabándose la legislatura sin discutirlo, sin considerarlo, sin consultarlo, quiere que aquí disminuyamos la tarifa de renta porque se le ocurrió, se le ocurrió que no era importante una reforma tributaria Estructural, sino que era mejor una disminución de la tarifa de renta para los empresarios de Colombia, y ¿qué va a ocurrir?, que tanta emergencia va a terminar en un incremento de la base gravable del IVA, va a terminar en más productos con el IVA en otra Minirreforma Tributaria en el año 2006, para que junto con esta entren en vigencia en el 2007.
¿A usted señor Representante José Luis Arcila. Señor Ponente, usted tiene algo que decir, o de una vez sometemos a consideración de la Cámara la Ponencia?
Bueno, continúa la discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada, ¿aprueba la honorable Cámara de Representantes la Ponencia presentada?
Se somete a consideración de la honorable Cámara de Representantes la proposición para eliminar los artículos 10 y 11 de la propuesta de los ponentes, se abre la discusión, continúa, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada, ¿aprueba la honorable Cámara de Representantes la proposición?
¿Aprueba la honorable Cámara de Representantes la proposición?
¿Aprueba la honorable Cámara de Representantes la proposición de artículos nuevos?
¿Aprueba la honorable Cámara de Representantes el título del Proyecto?
Ha sido aprobado Presidente.”
3.4.7. Del anterior recuento de los elementos relevantes del trámite legislativo seguido por el proyecto que culminó con la expedición de la Ley 1004 de 2005, cabe resaltar los siguientes elementos:
i) El proyecto inicial presentado por los señores ministros de Comercio Industria y Turismo y de Hacienda y Crédito Público con el titulo “por la cual se modifican unos regímenes especiales y se elimina el impuesto de remesas para estimular la inversión” justificado en la exposición de motivos por la necesidad de competir en la atracción de la inversión extranjera con los demás países de la región que han desarrollado eficaces zonas francas, y en el desarrollo de compromisos internacionales adquiridos por Colombia ante la Organización Mundial del Comercio, aludía esencialmente al tema de las zonas francas y al tema de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico Regional, Zeder, sin que en dicho texto figurara la derogatoria de la Ley 178 de 1959.
ii) En la ponencia para primer debate a) se señaló que “El proyecto de ley contempla tres aspectos fundamentales: reestructuración de las zonas francas, eliminación del impuesto de remesas y posibilidad de solicitar el IVA de los activos fijos como descontable”, b) se excluyó el tema de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico Regional, Zeder c) para justificar algunas modificaciones al proyecto en dicha ponencia se afirmó que “Es importante que tanto el sector público como privado colombiano mejoren el ambiente de negocios para los inversionistas locales y extranjeros. Es importante tener en cuenta que el instrumento de las zonas francas debe ser parte de un paquete amplio de políticas dirigidas a mejorar la competitividad internacional de Colombia.; Para profundizar la competitividad de las zonas francas, debe ser prioridad del gobierno adoptar una visión de cluster en los desarrollos inmediatos del régimen franco. Lo anterior implica generar los incentivos necesarios para que las empresas que se localicen allí, estén relacionadas entre sí y se produzcan los reconocidos beneficios de la aglomeración. Esto induciría a la especialización de las zonas francas, sus operadores, y a las facilidades que éstos ofrecerían; apuntando a aprovechar los seis millones de metros cuadrados aún disponibles para la instalación de nuevas empresas; La política de atracción y generación de inversión en las zonas francas, debe estar orientada a propiciar el establecimiento de compañías nacionales y extranjeras de alto valor agregado, que aporten al país el conocimiento y el acceso a nuevas tecnologías. Para ello, el país debe ofrecer las condiciones de eficiencia y productividad que requieren los inversionistas, para ser competitivos internacionalmente. d) dentro del listado de modificaciones al proyecto en el numeral 9 igualmente se señaló que “9. En el artículo de derogatorias se incluye la derogatoria de la Ley 178 de 1959, porque esta ley se expidió con el propósito de gravar la propiedad inmueble con una tarifa de un 2 por mil en el impuesto predial. A la fecha las microcentrales están construidas y el gobierno Nacional a través del FAER y el Fazni han hecho importantes inversiones en infraestructura eléctrica. Este gravamen es por demás gravoso para los ciudadanos y el objeto de la ley se cumplió”.
iv) La ponencia puesta a consideración de las Comisiones Terceras Conjuntas fue aprobada casi en su integridad por dichas Comisiones, introduciendo solamente una modificación al artículo sobre las derogatorias —diferente a la incluida en la ponencia sobre la derogatoria de la Ley 178 de 1959 a que ya se hizo referencia— , con el ánimo —según afirman los ponentes para segundo debate— “de dejar la discusión para segundo debate de las propuestas específicas de los congresistas y del Gobierno Nacional no relativas al tema de las zonas francas, tal como lo manifestó el presidente de las comisiones conjuntas antes de la votación del proyecto”. Así mismo el título del proyecto que fue finalmente votado fue “por la cual se modifica un régimen especial para estimular la inversión y se dictan otras disposiciones”.
v) En la Ponencia para segundo debate sometida a consideración de las Plenarias se afirmó que “El Proyecto de Ley 141 de 2005 Cámara, 170 de 2005 Senado, por la cual se modifica un régimen especial para estimular la inversión y se dictan otras disposiciones, que se pone a consideración de las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado de la República, tiene como objetivo fundamental estimular la inversión en Colombia. Este propósito se cumple mediante la adecuación de un instrumento de promoción empresarial -las Zonas Francas- que nos permite competir en la atracción de la inversión extranjera, así como con la adopción de algunas normas específicas propuestas por el gobierno y por los honorables Congresistas miembros de las comisiones terceras tanto de la honorable Cámara de Representantes como del honorable Senado de la República, durante el transcurso del primer debate, según se explicará más adelante”.
Como se ha visto para el actor las expresiones “la Ley 178 de 1959” que hacen parte del artículo 13 de la Ley 1004 de 2005, “por la cual se modifican un régimen especial para estimular la inversión y se dictan otras disposiciones” relativo a las derogatorias efectuadas por la misma, vulnera el artículo 158 de la Constitución pues no guardan relación con el núcleo temático de la Ley 1004 de 2005, cual es en su criterio modificar un régimen especial, —el de las zonas francas—. Afirma igualmente que la derogatoria atacada no se corresponde con el título de la Ley por lo que igualmente se vulnera el artículo 169 superior.
Es decir que en relación con el texto acusado no puede considerarse que se haya sorprendido a los Parlamentarios con una disposición inconsulta que aparece en último momento, sin ser objeto de todas las votaciones (C.P., art. 157) y sin ningún tipo de explicación ni discusión. Así resulta relevante reiterar que ante la inquietud de uno de los Honorables Representantes en el debate en Plenaria sobre el alcance de dicha derogatoria se recordó que la explicación de la misma figuraba en la ponencia para primer debate en la que dentro del listado de modificaciones al proyecto del gobierno se señaló que “9. En el artículo de derogatorias se incluye la derogatoria de la Ley 178 de 1959, porque esta ley se expidió con el propósito de gravar la propiedad inmueble con una tarifa de un 2 por mil en el impuesto predial. A la fecha las microcentrales están construidas y el gobierno Nacional a través del FAER y el Fazni han hecho importantes inversiones en infraestructura eléctrica. Este gravamen es por demás gravoso para los ciudadanos y el objeto de la ley se cumplió”.
Empero, dado que como ya se señaló en esta providencia al recordar los criterios establecidos por la Corte en materia de respeto del principio de unidad de materia por las disposiciones derogatorias, no basta comprobar que una disposición de este tipo haya sido objeto de discusión y de votación en las Comisiones y en las Plenarias de las Cámaras sino que lo que es preciso establecer es si esas derogatorias constituyen desarrollo de las unidades temáticas sobre las que versaron los debates (44) procede la Corte a efectuar dicho análisis para establecer concretamente si en este caso las disposiciones acusadas se enmarcan dentro del, o de los, núcleos temáticos, que puedan identificarse para la ley o si constituyen una especie de cuerpo extraño un elemento totalmente ajeno “que invade sin explicación su contenido, es decir, el asunto específico de la regulación” (45) .
Al respecto la Corte constata que el núcleo temático del proyecto de ley que fue objeto de los debates y que culminó con la expedición de la Ley 1004 de 2005 “por la cual se modifican un régimen especial para estimular la inversión y se dictan otras disposiciones” efectivamente debe entenderse configurado por la modificación del régimen especial de las zonas francas para estimular la inversión. Así se desprende no solamente de la exposición de motivos suscrita por los señores Ministros de Comercio Exterior Industria y Turismo y de Hacienda y Crédito Público, de las ponencias para primer y segundo debate —donde si bien se realizaron ajustes y adiciones al proyecto ellos tuvieron siempre como eje el tema de las zonas francas—, de los debates en Comisiones, de los debates en las plenarias de Cámara y Senado, y de propio título de la Ley 1004 de 2005 “por la cual se modifican un régimen especial para estimular la inversión y se dictan otras disposiciones”.
En ese orden de ideas es claro para la Corte que efectivamente asiste razón al actor, a la casi totalidad de los intervinientes y al señor Procurador, cuando afirman que ninguna relación puede entenderse establecida entre la modificación de un régimen especial como el de las zonas francas y la derogatoria de un impuesto establecido en la Ley 178 de 1959 “por la cual se provee a la financiación de las Centrales Eléctricas del Cauca, “Cedelca”, y se dictan otras disposiciones” que tenía por objeto establecer un gravamen sobre las propiedades inmuebles en el Departamento del Cauca, equivalente al 2 por 1.000 anual, sobre el monto de los avalúos catastrales.
Cabe señalar frente a lo expresado por el interviniente en representación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público —en el sentido que no puede afirmarse que el tema de la derogatoria de un impuesto como el establecido por la ley no puede integrarse dentro de un texto que regula la existencia de zonas francas pues en tal tipo de figura económica juega un papel protagónico el tema de los tributos y en este sentido “al regular el asunto de zonas francas se debe hablar de los impuestos que pueden terminar afectando el desarrollo de los distintos agentes que interactúan al interior de dichas zonas francas”—, que dichos argumentos no son de recibo pues basta constatar que dentro del listado de zonas francas existentes en el país ninguna se encuentra ubicada en el departamento del Cauca y en este sentido la argumentación planteada sobre la eventual incidencia de la carga tributaria en esa zona del país carece totalmente de fundamento.
Ahora bien, si en gracia discusión, atendiendo algunos de los elementos de los debates, pudiera entenderse que el núcleo temático de la Ley 1004 de 2005 está configurado por una temática más amplia y que el proyecto de ley en realidad tuvo una estructura multitemática —consistente en la reforma del régimen de zonas francas y de algunas disposiciones tributarias encaminadas a estimular la inversión en el territorio nacional—, tampoco encuentra la Corte que aún así entendido el ámbito temático de la Ley 1004 de 2005 el Congreso haya respetado el principio de unidad de materia establecido en el artículo 158 de la Constitución con la derogatoria acusada.
En este sentido debe hacer la Corte énfasis en que si bien i) la unidad de materia “no significa simplicidad temática”, de tal suerte que se entienda que en un proyecto de ley el legislador sólo pueda referirse a un único tema ii) que con el fin de respetar el amplio margen de configuración política reconocido al Congreso para hacer las leyes y para diseñar las políticas públicas la expresión “materia” debe interpretarse desde una perspectiva “amplia, global, iii) que la relación con los núcleos temáticos “no tiene que ser directa ni estrecha y “puede manifestarse de diferentes formas: Bien sea que exista entre ellas una relación temática (conexidad material), o que compartan una misma causa u origen (conexidad causal), o en las finalidades que persigue el legislador con su creación (conexidad teleológica), o que razones de técnica legislativa hagan conveniente incluir en una ley determinada regulación.” i) e incluso que “el principio de unidad de materia “no impone que la ley se ocupe únicamente de núcleos temáticos pues también puede desarrollar temas conexos”, es claro que esos diversos contenidos temáticos o esos temas conexos, “deben relacionarse entre sí y éstos a su vez con la materia de la ley” y la conexidad ha de advertirse “con un criterio objetivo y razonable” (resalta la corporación).
Ahora bien en el presente caso la Corte constata que la derogatoria de la Ley 178 de 1959 “por la cual se provee a la financiación de las Centrales Eléctricas del Cauca, “Cedelca”, y se dictan otras disposiciones” —que tenía por objeto, como se ha visto, establecer un impuesto sobre las propiedades inmuebles en el Departamento del Cauca, equivalente al 2 por 1.000 anual, sobre el monto de los avalúos catastrales—, difícilmente puede entenderse relacionada con una estrategia de reforma del régimen de zonas francas y de algunas disposiciones tributarias encaminadas a estimular la inversión en el territorio nacional. Estrategia motivada como se señaló por la necesidad de hacer más competitivas las zonas francas y por el cumplimiento de compromisos adquiridos por Colombia en el marco de la OMC —dentro de los cuales, por lo demás, no figura la modificación de la tributación en relación con el departamento del Cauca. Evidentemente la relación que pudiera establecerse es en extremo lejana como para poder entender respetado en este caso el principio de unidad de materia.
Téngase en cuenta que si bien no puede establecerse un control en extremo rígido de dicho principio, la Constitución no permite que el juez constitucional al realizar el examen correspondiente, flexibilice la interpretación a tal punto que quede el principio de unidad de materia desprovisto de contenido.
Ahora bien, debe señalarse además que la simple mención en el título de la Ley a que con la misma “se dictan otras disposiciones” no puede entenderse tampoco que satisfaga el mandato superior contenido en el artículo 158 de la Constitución. No sobra recordar que precisamente el referido artículo superior fue introducido con el objeto de evitar que con la simple mención “a otras disposiciones” los proyectos no guardaran ninguna unidad de materia.
Al respecto ha señalado la corporación:
“En relación con el principio de unidad de materia legislativa, consagrado en el artículo 158 de la Constitución, la Corte ha sentado una jurisprudencia que explica que lo que quiso el constituyente al consagrarlo, fue buscar una tecnificación del proceso legislativo, a fin de que la discusión de las leyes se lleve a cabo abordando ordenadamente los distintos asuntos propios del quehacer del Congreso. Adicionalmente, las diferentes disposiciones contenidas en el cuerpo de una ley, deben guardar coherencia y resultar de cierta manera relacionadas entre sí, de tal modo que quienes estén llamados a cumplirlas puedan consultarlas acudiendo a su clasificación por el tema al que se refieren, bajo el entendido de que normas aisladas no se encontrarán recogidas dentro de leyes que regulan otros tópicos ajenos a su contenido particular. Es por ello, que la Constitución da también importancia a la congruencia entre el título de las leyes y su contenido, asunto al cual se refiere el artículo 169 superior.”
“Sobre el principio de unidad de materia legislativa plasmado en los artículos 169 y 158 de la C.P. la Corte Constitucional se ha pronunciado en diferentes oportunidades, destacando que el propósito que subyace a su consagración en el texto de la Carta es el de lograr la racionalización y tecnificación del proceso legislativo, en forma tal que la discusión y la aprobación del articulado que se somete a la consideración del Congreso de la República se ordene alrededor de un “eje central”, en relación con el cual todas las partes de un proyecto de ley han de guardar necesaria coherencia y armonía.”
— “La corporación ha destacado que el principio de unidad de materia propende por la racionalización y la tecnificación de todo el proceso normativo y “contribuye a darle un eje central a los diferentes debates que la iniciativa suscita en el órgano legislativo. Luego de su expedición, el cumplimiento de la norma, diseñada bajo este elemental dictado de coherencia interna, facilita su cumplimiento, la identificación de sus destinatarios potenciales y la precisión de los comportamientos prescritos...”, todo lo cual redunda en la cabal observancia de la seguridad jurídica tan cara a los postulados del Estado Social de Derecho.
(…) Solamente aquellos apartes, segmentos o proposiciones de una ley respecto de los cuales, razonable y objetivamente, no sea posible establecer una relación de conexidad causal, teleológica, temática o sistemática con la materia dominante de la misma, deben rechazarse como inadmisibles si están incorporados en el proyecto o declararse inexequibles si integran el cuerpo de la ley”.
Dicho principio exige entonces que efectivamente exista un núcleo rector de los distintos contenidos de una Ley y que entre ese núcleo temático y los otros diversos contenidos se presente una relación de conexidad determinada con un criterio objetivo y razonable.
Ahora bien dado que, como se ha demostrado en el presente caso, aún dando un entendimiento amplio al núcleo temático de la Ley 1004 de 2005, dicha relación no se configura, ha de concluirse que el cargo formulado está llamado a prosperar y en este sentido se declarará la inexequibilidad de las expresiones “la Ley 178 de 1959” contenidas en el artículo 13 de la Ley 1004 de 2005, “por la cual se modifican un régimen especial para estimular la inversión y se dictan otras disposiciones” y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.
Declarar INEXEQUIBLES, las expresiones “la Ley 178 de 1959” contenidas en el artículo 13 de la Ley 1004 de 2005, “por la cual se modifican un régimen especial para estimular la inversión y se dictan otras disposiciones”.
(1) Ver entre otras las sentencias C-145/94 M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-055 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-478/98 M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-501/2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño S.V. Jaime Araújo Rentería S.P.V. Rodrigo Escobar Gil, C-618/2001, M.P. Jaime Araújo Rentería A.V. Jaime Araújo Rentería, C-950/2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño, S.V. Manuel José Cepeda Espinosa, Eduardo Montealegre Lynett, C-1190/2001, M.P. Jaime Araújo Rentería A.V. Jaime Araújo Rentería, C-226/2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis A.V. Manuel José Cepeda Espinosa, Eduardo Montealegre Lynett, C-427/2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández S.V. Jaime Araújo Rentería, C-357/2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa A.V. Jaime Araújo Rentería, C-840 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, C-432/2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil A.V. Jaime Araújo Rentería, C-464/2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra A.V. Jaime Araújo Rentería, C-706/2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis S.V. Humberto Sierra Porto A.V. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño. C-421/2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis S.V. Rodrigo Escobar Gil.
(3) El ciudadano argumentaba que el control constitucional sobre un artículo que se limitaba a derogar otros artículos era inocuo, porque en realidad esas disposiciones habían agotado su papel, al expulsar del ordenamiento a las disposiciones derogadas, por lo que, en sentido estricto debía concluirse que las cláusulas derogatorias carecían de un contenido normativo propio.
(4) M.P. Álvaro Tafur Galvis A.V. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett.
(5) Ver, entre muchas otras, las sentencias C-055 de 1996, C-443 de 1997 y C-478 de 1998.
(6) Ver Sentencia C-226/2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis A.V. Manuel José Cepeda Espinosa, Eduardo Montealegre Lynett. En el mismo sentido ver la Sentencia C-706/2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis S.V. Humberto Sierra Porto A.V. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño.
(7) En ese sentido ver, entre otras las sentencias C-357/2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-432/2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil S.V. Jaime Araújo Rentería.
(8) La Corte ha precisado que no “revive ipso iure la normatividad anterior cuando ésta es claramente contraria, en términos de tipo de ley que debe desarrollar la materia, a los preceptos constitucionales. En Sentencia C-700/99 la Corte, en ocasión del establecimiento del efecto de sus sentencias, señaló que la inexequibilidad de las normas demandadas que sería declarada en el fallo no revivía las disposiciones anteriores. Consideró la Corte que “Aceptarlo así implicaría admitir que, contra lo expuesto en este Fallo, siguieron rigiendo en la materia objeto de regulación por ley marco unas disposiciones dictadas por el Presidente de la República con base en facultades extraordinarias-lo cual está prohibido por el artículo 150, numeral 10, de la Constitución-o, peor todavía, decretos autónomos preconstitucionales, que hoy ya no pueden fijar las reglas aplicables al asunto del que se trata. Tales decretos habían sido retirados del ordenamiento jurídico por Decreto 1730 de 1991, expedido el 4 de junio de ese año, antes de que principiara la vigencia de la actual Constitución Política.” Auto 126/2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(9) Ver entre muchas otras la Sentencia C-501 de 2001 M.P. Jaime Córdoba Triviño S.V. Jaime Araújo Rentería S.P.V. Rodrigo Escobar Gil.
(10) Ver entre otras las sentencias C-618/2001, M.P. Jaime Araújo Rentería A.V. Jaime Araújo Rentería, C-950/2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño, S.V. Manuel José Cepeda Espinosa, Eduardo Montealegre Lynett, C-1190/2001, M.P. Jaime Araújo Rentería A.V. Jaime Araújo Rentería, C-226 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis A.V. Manuel José Cepeda Espinosa, Eduardo Montealegre Lynett, C-427/2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández S.V. Jaime Araújo Rentería, C-357/2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa A.V. Jaime Araújo Rentería, C-840/2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, C-432/2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil A.V. Jaime Araújo Rentería, C-464/2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra A.V. Jaime Araújo Rentería, C-706/2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis S.V. Humberto Sierra Porto A.V. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y C-421/2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis S.V. Rodrigo Escobar Gil-
(11) Ver entre otras las sentencias C-305/2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(12) Ver entre otras las sentencias C-778/2001, M.P. Jaime Araújo Rentería, C-149/2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(13) Ver entre otras las sentencias C-659 de 2000 M.P. Fabio Morón Díaz, C-1190/2001, M.P. Jaime Araújo Rentería C-840/2003, y C-670/2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, C-706/2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis S.V. Humberto Sierra Porto A.V. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño.
(14) Ver igualmente la Sentencia C-055 de 1996, que estudió si la derogación de ciertas normas relacionadas con la Caja Agraria guardaban una conexidad temática razonable con el tema dominante de la Ley 48 de 1990, que contenía la cláusula derogatoria. En e mismo sentido ver entre otras las sentencias C-840/2003, y C-670/2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(16) M.P. Jorge Arango Mejía.
(17) Ver entre otras las sentencias C-586/2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis A.V. Jaime Araújo Rentería, Manuel José Cepeda espinosa, C-992/2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil S.V. Marco Gerardo Monroy Cabra, C-1190/2001, M.P. Jaime Araújo Rentería, C-618/2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa S.V. Jaime Araújo Rentería Alfredo Beltrán Sierra, C-460/2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra S.V. Manuel José Cepeda Espinosa, Eduardo Montelegre Lynnet, Marco Gerardo Monroy Cabra, C-042 06, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, C-124/2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-188/2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil, C-506/2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(18) ART. 158.—Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. El Presidente de la respectiva comisión rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la misma comisión. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas.
(19) Ver en este sentido entre otras las sentencias C-796/2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil, C-795 de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yépes, C-786/2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, C-501 de 2001 M.P. Jaime Córdoba Triviño, C-460/2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra
(20) Ver Sentencia C-501/2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño S.V. Jaime Araújo Rentería S.P.V. Rodrigo Escobar Gil.
(21) Ver Sentencia C-796 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil. S.V. Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Clara Inés Vargas Hernández, Álvaro Tafur Galvis.
(22) Sentencia C-523 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(23) Sentencia C-025 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(25) Sentencia C-501 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(26) Sentencia C-233 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(27) Sentencia C-618 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(28) Ver entre otras la Sentencia C-460/2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
(29) Sentencia C-501/01, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(30) Ver Sentencia C- 551/2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(31) Ver entre otras la Sentencia C-460/2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
(32) Ver entre otras la Sentencia C-460/2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra donde se señaló en efecto que “(E)l principio de unidad de materia es más riguroso en la ley del plan y que por ende el control constitucional de un cargo por violación de este principio en esta ley es más estricto que el contemplado para las demás leyes, por cuanto la ley del plan no puede ser utilizada sino para sus propósitos constitucionales específicos, y no para llenar los vacíos e inconsistencias que presenten leyes anteriores. Por ello esta corporación ha señalado que para no violar la regla de unidad de materia, las disposiciones instrumentales deben guardar una relación o conexión directa con los objetivos y programas del Plan Nacional de Desarrollo. Y es que si no fuera así, bastaría que esa ley enunciara genéricamente un objetivo general, como puede ser incrementar la eficiencia del sistema judicial, para que dicha ley pudiera alterar todo el estatuto penal y todas las regulaciones procesales, con el argumento de que el plan pretende incrementar la eficiencia judicial. las disposiciones instrumentales contenidas en la ley del plan deben guardar una relación directa e inmediata con los objetivos y programas del plan, pues de no ser así, estarían desconociendo el principio de unidad de materia y el contenido constitucional propio de esa ley. Con esos criterios, entra la Corte a examinar concretamente la disposición acusada.” Sentencia C-573/2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes. Ene. mismo sentido ver la Sentencia C-795/2004, del mismo magistrado.
(33) Por ejemplo la Ley 454 de 1998 “por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria, se transforma el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones.” A que aludió la Sentencia C-779/2001, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(34) Ver por ejemplo la Sentencia C-065 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa en la que se examinaron cargos por supuesta violación del principio de unidad de materia en relación con la Ley 510 de 1999 “Por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema financiero y asegurador, el mercado público de valores, la Superintendencia Bancaria y de Valores y se conceden unas facultades” en la que se señaló lo siguiente: “De esta manera, debe recalcarse, si la ley a la que pertenecen los preceptos impugnados tiene un claro propósito por reestructurar la conformación del mercado de valores, no resulta extraño que se expidan normas que hacen referencia a algunos de los intermediarios del mismo ampliando su participación en otras ramas de la actividad económica (i.e. el mercado cambiario), pues al hacerlo el legislador no sólo ejerce sus funciones constitucionales sino que regula materias funcional y sustancialmente ligadas que dependen de una normatividad que se interconecta necesariamente y debe responder a orientaciones uniformes. Por esta vía, se descubre una conexión sustancial y teleológica entre las normas que son objeto de la demanda y las materias reguladas por la ley de la que hacen parte”.
(35) Sentencia C-245 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(36) Ver al respecto entre otras las Sentencia C-245 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño y C-188/2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(37) Sentencia C-501 de 2001 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(38) Sentencia C-178 de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(39) Ver, entre otras las sentencias C-950/2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño, C-1190/2001, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(40) Sentencia C-950 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(41) Sentencia C-1190 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería. A.V. Jaime Araújo Rentería. Ver en el mismo sentido las sentencias C-706 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis S.V. Humberto Sierra Porto A.V. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, C-421 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis S.V. Rodrigo Escobar Gil.
(42) Entre los países competidores de Colombia en el contexto internacional por la Inversión extranjera, es importante tener en cuenta que los países centroamericanos y del Caribe cuentan con autorización de la OMC para mantener la exención del impuesto de renta sobre exportaciones durante un mayor periodo que Colombia, por su grado relativo de desarrollo.
(43) “En particular los relacionados con las subvenciones atadas al cumplimiento de metas de exportación, las cuales son catalogadas como prohibidas por el Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias, tal como se explica en el capítulo “Compromisos en el Marco de la OMC” de esta exposición de motivos.” En dicho capítulo se señala “Compromisos en el marco de la OMC En este punto es importante realizar una consideración sobre la situación actual de Colombia frente a sus compromisos en la Organización Mundial del Comercio, OMC, relacionados con los instrumentos descritos.
Mediante la Ley 170 de diciembre 15 de 1994, el honorable Congreso de la República aprobó el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, OMC, dentro de la cual, con el fin de lograr un comercio equitativo, los 144 países miembros acordaron desmontar gradualmente las subvenciones a las exportaciones de productos industriales. Colombia gozó de un período de gracia de ocho años a partir de la entrada en vigor del Tratado de la OMC, para el desmonte de estos subsidios, el cual expiró en 2003.
Teniendo en cuenta estas restricciones de la institucionalidad internacional del Comercio Exterior de Colombia, el Gobierno Nacional propone mediante este proyecto de ley, redefinir la finalidad de las zonas francas y de las zonas especiales económicas de exportación, de manera que no se ponga al país en situación de incumplimiento frente a sus socios comerciales internacionales, pero asegurando que se pueda contar con estos instrumentos para la creación de empleo, la captación de nuevas inversiones de capital y la promoción de la competitividad de las regiones donde se establezcan, con base en un tratamiento tributario especial en materia de impuestos sobre la renta y valor agregado”.
(44) Sentencia C-1190 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería. A.V. Jaime Araújo Rentería. Ver en el mismo sentido las sentencias C-706 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis S.V. Humberto Sierra Porto A.V. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, C-421 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis S.V. Rodrigo Escobar Gil.
(45) Sentencia C-178 de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

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