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Timestamp: 2020-04-07 03:20:53+00:00

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diariolaley - Documento Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sección Pleno, Sentencia 147/2018 de 15 Mar. 2018, Rec. 1211/2017
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Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sección Pleno, Sentencia 147/2018 de 15 Mar. 2018, Rec. 1211/2017
Nº de Sentencia: 147/2018
Diario La Ley, Nº 9178, Sección La Sentencia del día, 16 de Abril de 2018, Editorial Wolters Kluwer
LA LEY 10390/2018
ECLI: ES:TS:2018:848
PRÉSTAMO HIPOTECARIO. Nulidad por abusiva de la cláusula que atribuye al prestatario el pago de todos los gastos e impuestos. Consecuencias de la nulidad en cuanto al IAJD. Remisión a la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. El sujeto pasivo del impuesto es el prestatario que ha de abonar la cuota variable del impuesto en función de la cuantía del acto o negocio jurídico que se documenta. Respecto a la cuota fija por el timbre de los folios de papel exclusivo para uso notarial en los que se redactan la matriz y las copias autorizadas, habrá que distinguir entre el timbre de la matriz, cuyo pago corresponde al prestatario, y el de las copias autorizadas, en que habrá que considerar sujeto pasivo a quien las solicite.
El Juzgado de Primera Instancia estimó parcialmente la demanda y declaró la nulidad de las cláusulas impugnadas del préstamo hipotecario salvo lo relativo a la cláusula de gastos. La AP Asturias estimó en parte el recurso y declaró nula la citada cláusula con la excepción de las estipulaciones relativas a los tributos. El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de casación interpuesto por la demandante y casa en parte la sentencia recurrida estableciendo a quién corresponde el pago del impuesto de actos jurídicos documentados.
Esta sala ha visto , constituida en pleno, el recurso de casación interpuesto por D.ª Lidia, representada por la procuradora D.ª Ana Belén Pérez Martínez, bajo la dirección letrada de D. Celestino García Carreño, contra la sentencia núm. 32/2017, de 1 de febrero, dictada por la Sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Oviedo, en el recurso de apelación núm. 525/2015, dimanante de las actuaciones de juicio ordinario núm. 318/2016 del Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Avilés. Sobre condiciones generales de la contratación en contratos con consumidores. Ha sido parte recurrida Banco Sabadell S.A., representado por el procurador D. Miguel Torres Álvarez y bajo la dirección letrada de D. Antonio Reija Doval.
1.- La procuradora D.ª Nuria Arnaiz Llana, en nombre y representación de D.ª Lidia, interpuso demanda de juicio ordinario contra Banco Herrero S.A. (ahora Banco de Sabadell S.A.), en la que solicitaba se dictara sentencia por la que:
«a) Se declare, a todos los efectos procedentes en Derecho, la abusividad, falta de transparencia y por tanto, la nulidad radical de la siguiente estipulación, teniéndose por no puesta y extrañándola del contrato de préstamo con garantía hipotecaria, conforme a los razonamientos expuestos en el cuerpo de esta demanda
"Definición del Tipo de Interés Variable.- El tipo de interés nominal anual aplicable en cada uno de los semestres de la segunda fase del préstamo será igual a la suma del Tipo de Referencia y del Diferencial, redondeada, si es necesario, en la cifra más próxima múltiplo de ¼ (0,25) de punto, por exceso (...)Si por cualquier circunstancia no se publicara del Tipo de referencia en base al cual se calcula el tipo de interés principal se aplicará a este contrato ... (e)l tipo medio de los préstamos hipotecarios, a más de tres años, de Cajas de Ahorro... Dicho tipo más el diferencial convenido, se redondeará, en caso necesario, en la cifra más próxima múltiplo de ¼ (0,25) del punto por exceso".
»b) Se condene a la mercantil demandada al recálculo de las cuotas que debieron haberse satisfecho en el préstamo hipotecario sin aplicar la cláusula de redondeo al alza y a restituir a la demandante el importe de la diferencia entre la suma abonada aplicando la cláusula y la que resulte del recálculo, efectuando la devolución de su total importe mediante el abono en cuenta, sin el recálculo de amortizaciones mediante la aplicación de los importes abonados en cada momento en exceso, al pago del capital.
»e) Se condene a BANCO HERRERO S.A. (AHORA BANCO DE SABADELL S.A.) por aplicación del art 1303 del C.Civil (LA LEY 1/1889) a la devolución y/o la restitución de las cantidades que hubiera percibido o hayan sido abonadas por mis mandantes para los gastos de constitución del préstamo con garantía hipotecaria que se deriven de las estipulaciones citadas y cuyo pago correspondía a la demandada, como consecuencia de la aplicación de dichas estipulaciones que se declaren nulas, más el interés legal del dinero desde la fecha de la sentencia que se dicte en su caso.
»g) Se condene a BANCO HERRERO S.A. (AHORA BANCO DE SABADELL S.A.), por aplicación del art 1303 del C. Civil (LA LEY 1/1889), a la devolución y / o restitución de CIENTO SETENTA Y SIETE CON NOVENTA EUROS en concepto de intereses de demora aplicados por la entidad bancaria demandada sobre las cuotas periódicas del préstamo hipotecario impagadas.
2.- La demanda fue presentada el 22 de junio de 2016 y repartida al Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Avilés, fue registrada con el n.º 318/2016. Una vez admitida a trámite, se emplazó a la parte demandada.
3.- El procurador D. José Luis López González, en representación de Banco Sabadell S.A., contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba la desestimación de la demanda, con expresa imposición de costas a la parte actora.
4.- Tras seguirse los trámites correspondientes, el magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Avilés dictó sentencia, de fecha 31 de octubre de 2016, con la siguiente parte dispositiva:
«Que debo estimar parcialmente la demanda interpuesta por Dª LIDIA, frente a BANCO HERRERO S.A, por lo que:
4.- Se declara nula la cláusula relativa al interés de demora, teniéndose por no puesta y extrañándola del contrato de préstamo con garantía hipotecaria y se declare nulo y por tanto improcedente, el devengo de los intereses de demora aplicados por la entidad bancaria demandada sobre las cuotas periódicas del préstamo hipotecaria impagadas, en tanto en cuanto se fijaron superando dos puntos porcentuales sobre el interés remuneratorio estipulado en el contrato. Se devengará los intereses remuneratorios hasta el completo pago de la deuda en los términos de la sentencia del Ts de fecha 3 de junio de 2016.
5.- No ha lugar a costas».
1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de D.ª Lidia.
2.- La resolución de este recurso correspondió a la Sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Oviedo, que lo tramitó con el número de rollo 525/2016 y tras seguir los correspondientes trámites, dictó sentencia en fecha 1 de febrero de 2017, cuya parte dispositiva dice:
«Estimar en parte el recurso de apelación interpuesto por Doña Lidia contra la sentencia dictada en fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Avilés, en los autos de los que el presente rollo dimana, que se REVOCA en el único sentido de declarar nulo el pacto quinto del contrato de préstamo con garantía hipotecaria señalado en la demanda, con la excepción de las estipulaciones relativas a los tributos, debiendo indemnizar la demandada Banco Sabadell, S.A. a la demandante en 699,80 euros.
»Se confirma en lo demás dicha resolución.
1.- La procuradora D.ª Nuria Arnaiz Llana, en representación de D.ª Lidia, interpuso recurso de casación.
«Único.- Al amparo del ordinal 3º del art. 477.2 LEC (LA LEY 58/2000), por presentar interés casacional, se denuncia la infracción del artículo 89.3 letra c) del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LA LEY 11922/2007) y otras leyes complementarias (en adelante TRLGDCU), al vulnerar la sentencia recurrida, la doctrina recogida en la Sentencia del Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo núm. 705/2015 de 23 de diciembre del 2015, recurso 2658/2013 (LA LEY 204975/2015) que considera como abusiva la estipulación que impone al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario».
2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en la Sala y personadas las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó providencia fecha 11 de octubre de 2017, en la que se acordó dar tratamiento preferente al presente recurso, a la vista de la materia sobre la que versa y la litigiosidad que se está generando.
3.- El 29 de noviembre de 2017 se dictó auto, cuya parte dispositiva es como sigue:
«Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Dª Lidia contra la sentencia dictada, el día 1 de febrero de 2017 por la Audiencia Provincial de Oviedo (Sección 5ª), en el rollo de apelación nº 525/2016 (LA LEY 15527/2017), dimanante del juicio ordinario nº 318/2016 del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Avilés».
5.- Por providencia de 19 de enero de 2018 se nombró ponente al que lo es en este trámite, y se acordó resolver el recurso por el Pleno de la Sala, señalándose para votación y fallo el 28 de febrero de 2018, en que ha tenido lugar. No intervino el magistrado D. Eduardo Baena Ruiz, por tener concedida licencia.
1.- El 13 de junio de 2000, Dña. Lidia y Banco Herrero S.A. (actualmente, Banco de Sabadell S.A.) suscribieron una escritura pública de préstamo con garantía hipotecaria, por importe de 72.121,45 €, con la finalidad de financiar la adquisición de una vivienda.
3.- La Sra. Lidia interpuso una demanda de juicio ordinario contra el mencionado banco, en la que solicitó la declaración de nulidad de las mencionadas cláusulas y que se condenara a la entidad prestamista a la devolución de las cantidades indebidamente cobradas por su aplicación, con sus intereses legales.
1.- La Sra. Lidia interpuso un recurso de casación, basado en un único motivo, por el cauce del art. 477.2.3º LEC (LA LEY 58/2000), en el que denuncia la infracción del art. 89.3 c) del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LA LEY 11922/2007) y otras leyes complementarias (en adelante, TRLGCU). Cita como infringida la sentencia de esta sala 705/2015, de 23 de diciembre (LA LEY 204975/2015).
1.- Aunque en el recurso se cita como infringido el art. 89.3 c) TRLGCU (LA LEY 11922/2007), ha de tenerse en cuenta que en la fecha en que se firmó el contrato de préstamo con garantía hipotecaria no estaba todavía vigente dicho Texto Refundido, sino que regía la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LA LEY 1734/1984) (en adelante LGCU).
2.- No obstante, al tratarse de un texto refundido, el art. 89.3 c) no fue realmente una norma de nuevo cuño, sino que fue reflejo de la refundición o reajuste de una norma previa. Por ello, a estos efectos, en función de la fecha del contrato (13 de junio de 2000), deberemos tener en cuenta lo previsto en el art. 10 bis LGCU (LA LEY 1734/1984), en la redacción conferida por la Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/1988, de Condiciones Generales de la Contratación (LCGC (LA LEY 1490/1998)), que se remitía a la Disposición Adicional Primera de la propia LGCU (LA LEY 1734/1984), en la que se contenía un listado de cláusulas abusivas, entre las cuales, la 22 [«La imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación que por Ley imperativa corresponda al profesional. En particular, en la primera venta de viviendas, la estipulación de que el comprador ha de cargar con los gastos derivados de la preparación de la titulación que por su naturaleza correspondan al vendedor (obra nueva, propiedad horizontal, hipotecas para financiar su construcción o su división y cancelación)»], es equivalente al actual art. 89.3 c) TRLGCU (LA LEY 11922/2007).
3.- Por último, la sentencia 705/2015, de 23 de diciembre (LA LEY 204975/2015), que se invoca en el recurso, no se pronunció sobre el resultado concreto de la atribución de gastos (en sentido amplio, incluyendo impuestos) entre las partes de un contrato de préstamo hipotecario, sino que, en el control realizado en el marco de una acción colectiva en defensa de los intereses de consumidores y usuarios, declaró abusivo que se imputaran indiscriminadamente al consumidor todos los gastos e impuestos derivados de la operación.
Bien entendido que a quien corresponde primigeniamente la interpretación de las normas de carácter tributario o fiscal, conforme a los arts. 9.4 (LA LEY 1694/1985) y 58 LOPJ (LA LEY 1694/1985) y 1, 2 y 12 LJCA, en relación con el art. 37 LEC (LA LEY 58/2000), es a la jurisdicción contencioso-administrativa, y en su cúspide, a la Sala Tercera de este Tribunal Supremo. Como hemos dicho en relación con otros impuestos, por ejemplo el IVA, el conocimiento de las controversias entre particulares acerca del cumplimiento de obligaciones dimanantes de relaciones contractuales corresponde, en principio, al orden jurisdiccional civil, conforme al art. 9.1 LOPJ (LA LEY 1694/1985), pero cuando la controversia versa sobre la existencia o contenido de la obligación tributaria o sobre la determinación del sujeto que resulta obligado en virtud de la misma, su conocimiento corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa (sentencias 707/2006, de 29 de junio (LA LEY 70303/2006); 1150/2007, de 7 de noviembre (LA LEY 202384/2007); 343/2011, de 25 de mayo (LA LEY 72137/2011); y 328/2016, de 18 de mayo (LA LEY 52087/2016)).
4.- Asimismo, frente a alguna duda de constitucionalidad que se ha manifestado doctrinalmente, debemos traer a colación dos resoluciones del Tribunal Constitucional en las que se resuelven sendas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña respecto del art. 29 LITPAJD (LA LEY 3423/1993), en relación con los arts. 8.d) y 15.1 del mismo texto refundido, y con el 68 del Reglamento del Impuesto, por si pudieran ser contrarios a los arts. 14 (LA LEY 2500/1978), 31.1 (LA LEY 2500/1978) y 47 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978). Se trata de los autos 24/2005 de 18 de enero, (LA LEY 311340/2005) y 223/2005, de 24 de mayo. En la primera de tales resoluciones se dice:
Aunque se ha discutido sobre la legalidad de dicha norma reglamentaria, la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo a que antes hemos hecho referencia no ha apreciado defecto alguno de legalidad (por todas, sentencia de 20 de enero de 2004 (LA LEY 11595/2004)). Y como hemos visto, el Tribunal Constitucional también ha afirmado su constitucionalidad.
Respecto de la matriz, conforme al ya citado art. 68 del Reglamento y la interpretación que del mismo hace la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, corresponde el abono del impuesto al prestatario. Salvo en aquellos casos en que pudiera existir un pacto entre las partes sobre la distribución de los gastos notariales y registrales. Como el Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre (LA LEY 3053/1989), por el que se aprueba el Arancel de los Notarios, habla en general de interesados, pero no especifica si a estos efectos de redacción de la matriz el interesado es el prestatario o el prestamista, y el préstamo hipotecario es una realidad inescindible, en la que están interesados tanto el consumidor -por la obtención del préstamo-, como el prestamista -por la hipoteca-, es razonable distribuir por mitad el pago del impuesto (solución que, respecto de los gastos notariales y registrales, apunta la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 7 de abril de 2016 (LA LEY 29813/2016)).
1.º- Estimar en parte el recurso de casación interpuesto por Dña. Lidia contra la sentencia n.º 32/2017, de 1 de febrero, dictada por la Audiencia Provincial de Oviedo, Sección 5.ª, en el recurso de apelación núm. 525/2016 (LA LEY 15527/2017).
2º.- Casar en parte dicha sentencia en el sentido de establecer que:

References: resolución 
 artículo 89
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución