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Ley 1/1987, de 31 de marzo, Electoral Valenciana, Versión 06/04/1987
BOE 96 de 22/04/1987
Redacción publicada el 06/04/1987
TÍTULO PRIMERO. Derecho de sufragio
CAPÍTULO PRIMERO. Derecho de sufragio activo
TÍTULO II. Sistema electoral
TÍTULO III. Convocatoria de elecciones
TÍTULO IV. Administración electoral
CAPÍTULO PRIMERO. Las Juntas Electorales
Sección segunda. Composición de la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana
Sección tercera. Competencias
Sección primera. Representantes de las candidaturas ante la Administración Electoral
Sección segunda. Apoderados
Sección tercera. Designación y funciones de los Interventores
TÍTULO V. Presentación y proclamación de candidatos
CAPÍTULO PRIMERO. Presentación de candidaturas
CAPÍTULO II. Proclamación de candidatos
TÍTULO VI. Campaña electoral
CAPÍTULO II. Distribución de espacios publicitarios en los medios de comunicación de titularidad pública
CAPÍTULO III. Papeletas y sobre electorales
CAPÍTULO IV. Proclamación de diputados electos
TÍTULO VII. Gastos y subvenciones electorales
CAPÍTULO PRIMERO. Los Administradores y los gastos electorales
CAPÍTULO II. Subvención pública de gastos electorales
CAPÍTULO III. Adjudicación de subvenciones y control de la contabilidad electoral
TÍTULO VIII. Infracciones y sanciones electorales
Versión 06/04/1987
Incluye la corrección de errores publicada en BOCV núm. 577, de 30 de abril. Ref. BOE-A-1987-12163.
La existencia periódica de elecciones libres es el fundamento legitimador del ejercicio del poder en una sociedad democrática. En el intervalo de unas y otras, la legitimidad se produce por medio del mecanismo de la representación política que ejercen los que han sido elegidos. La Constitución española de 1978 establece los principios básicos y normas electorales que inspiran el ordenamiento constitucional electoral, perfilándose éstos en la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, la participación de los ciudadanos mediante derecho activo y pasivo de sufragio, y el principio de legitimación originaria para los órganos de los poderes públicos como actores políticos sustantivos, por vía electoral en todos los niveles del poder político.
El ejercicio del derecho de autogobierno que la Constitución Española reconoce a toda nacionalidad quedó plasmado en el artículo 1.º del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, aprobado por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, como expresión de voluntad democrática del pueblo valenciano para lograr el reforzamiento de la democracia misma y garantizar la participación de todos los ciudadanos en la realización de sus fines.
Manifestación esencial de esta participación es precisamente el ejercicio del derecho de los valencianos a designar, por vía electoral a sus representantes en la institución básica de la que emanarán el resto de instituciones que integran el conjunto de la Generalitat: «Les Corts».
El que el proceso electoral a Cortes Valencianas se lleve a cabo en condiciones de libertad e igualdad, mediante el sufragio universal, directo y secreto, son principios esenciales, que esta Ley, en cumplimiento de los artículos 12 y 13 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, viene a garantizar. De esta forma el papel de una Ley Electoral Valenciana se convierte, pues, en decisivo para favorecer el acceso al ejercicio del poder de las fuerzas representantivas que existan en cada momento en la sociedad valenciana, garantizándose en última instancia la adopción de una alternativa política determinada por la voluntad de los ciudadanos.
Pero las elecciones a Cortes Valencianas se han necesariamente de encuadrar dentro de un régimen electoral general, que establece la Constitución Española, exigiendo en su artículo 81 su regulación por Ley Orgánica y previendo el artículo 152.1 que las elecciones a Diputados de las Asambleas legislativas de las Comuidades Autónomas se regularán y organizarán por sus Estatutos de Autonomía, aunque establéciéndose ciertamente unos principios a los que deberán ajustarse los referidos Estatutos: Sufragio universal, representación proporcional y garantía de la representación de las diversas zonas del territorio.
Las sentencias del Tribunal Constitucional de 18 de diciembre de 1981 y de 16 de mayo de 1983 delimitan el alcance de la expresión Régimen Electoral General, incluyendo las normas electorales válidas para la generalidad de las instancias representativas del Estado en su conjunto, y de las Entidades territoriales en que éste se organiza a tenor del artículo 137 de la Constitución Española, salvo las excepciones que se hallen establecidas en la misma Constitución o en los Estatutos.
En virtud de ello, es en desarrollo de la legislación electoral general y de las determinaciones electorales de nuestro Estatuto, en el ámbito en que debe moverse nuestra Ley Autonómica. La Ley Electoral Valenciana se encuentra así delimitada tanto por la existencia de un régimen electoral general de directa aplicación a las elecciones a Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, concretado en la disposiciones adicional primera, punto dos, de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, como por la exigencia de una serie de requisitos fijados por el propio Estatuto de Autonomía, entre los que hay que destacar la no consideración a efectos de obtención de escaños de las candidaturas que no alcancen un 5 por 100 de los votos emitidos en la Comunidad, un número total de Diputados no inferior a 75 ni superior a 100, con un mínimo de 20 Diputados por circunscripción, atendiendo a criterios de proporcionalidad respecto a la población, pero sin que el sistema resultante establezca una desproporción que exceda de la relación de uno a tres.
Dentro de estos límites, inspirada en criterios de austeridad, la Ley estima innecesario incrementar el número total de Diputados en las Cortes Valencianas, establecido transitoriamente para las primeras elecciones a dicha Cámara, sin que ello suponga en absoluto merma del sistema representativo.
Por otro lado se ha recogido en esta Ley, con aplicación a la regla D’Hondt, un sistema automático de cálculo para determinar el número de Diputados por circunscripción, de forma que sirva incluso con las modificaciones de población futuras y sea lo más proporcional a la población posible, con correctores de territorialidad, dentro de las limitaciones estatutarias.
El texto regula un régimen de inelegibilidades e incompatibilidades exigente, si bien adaptado a la realidad de las Cortes Valencianas, estableciendo en todo caso la incompatibilidad económica con el ejercicio de cualquier otro puesto de carácter público.
Se articula también la composición y régimen de funcionamiento de la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana, integrada por Magistrados del Tribunal Superior de Justicia valenciano y Catedráticos o Profesores titulares de Derecho de las Universidades valencianas. Se completa, pues, la administración electoral con la creación de la Junta Electoral de Comunidad Autónoma.
El sistema de atribución de escaños entre las distintas candidaturas de cada circunscripción se basa en criterios proporcionales, con la aplicación de la regla D’Hondt a listas cerradas de candidatos.
Finalmente, se regula un sistema de limitación y control de los gastos electorales, sometidos a la revisión de la Sindicatura de Cuentas, así como un sistema suficiente de subvenciones objetivas, que ayuda a las fuerzas políticas que hayan obtenido representación parlamentaria a financiar sus campañas electorales.
Con todo ello, esta Ley pretende configurar un marco estable para el ejercicio del derecho político básico en condiciones de total libertad, en el marco de la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valencianda y la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.
La presente Ley, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 12 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, tiene por objeto regular las elecciones a Diputados a las Cortes Valencianas.
Uno. Son electores los que poseyendo la condición política de valencianos o teniendo los derechos políticos de dicha condición, de acuerdo con el artículo 4 del Estatuto de Autonomía, sean mayores de edad y no carezcan del derecho de sufragio de conformidad con lo previsto en el Régimen Electoral General.
Dos. Para el ejercicio del derecho de sufragio es indispensable la inscripción en el Censo electoral vigente.
Son elegibles los ciudadanos que, poseyendo la condición de elector, de conformidad con el artículo anterior, no se encuentren incursos en alguna de las causas de inelegibilidad recogidas en las disposiciones comunes del Régimen Electoral General.
Son inelegibles también:
1. Los altos cargos de la Presidencia de la Generalitat, de las Consellerías y de los Organismos autónomos de ellas dependientes, nombrados por Decreto del Consell.
2. El Síndico de Agravios de la Comunidad Valenciana y sus adjuntos.
3. Los Síndicos de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana.
4. Los miembros del Consejo Valenciano de Cultura.
5. El Presidente, Vocales y Secretario de la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana.
6. Los Presidentes, Vocales y Secretarios de las Juntas electorales que comprende la Administración Electoral valenciana.
7. El Director general de Radio Televisión valenciana y los Directores de las Sociedades de este Ente público.
8. Los parlamentarios de las Asambleas legislativas de las otras Comunidades Autónomas.
9. Los miembros de los Consejos de Gobierno de las demás Comunidades Autónomas, así como los cargos públicos de libre designación de los citados Consejos nombrados por Decreto.
10. Los miembros del Consejo de Ministros y los altos cargos designados por Decreto del mismo.
11. Aquellos que ejerzan funciones o cargos conferidos y remunerados por un Estado extranjero.
No serán elegibles por las circunscripciones electorales comprendidas en todo o en parte en el ámbito territorial de su jurisdicción los Directores territoriales de las distintas Consellerías del Consell.
La calificación de las inelegibilidades se verificará el mismo día de la presentación de la candidatura, o en cualquier momento posterior hasta la celebración de las elecciones.
No obstante lo dispuesto en el artículo 3, los que aspiren a ser proclamados candidatos y no figuren incluidos en las listas del Censo Electoral vigente, podrán serlo, siempre que con la solicitud acrediten, de modo fehaciente, que reúnen todas las condiciones exigidas para ello.
Uno. Las causas de inelegibilidad de los Diputados lo son también de incompatibilidad.
Dos. Además de los comprendidos en el artículo 155.2 de la Ley Electoral General, serán incompatibles:
a) Los Diputados al Congreso.
b) Los Administradores, Directores generales, Gerentes y cargos equivalentes de Entes públicos y Empresas con participación pública mayoritaria, directa o indirectamente, de la Generalitat, cualquiera, que sea su forma.
c) Los miembros del Consejo de Administración del Ente público Radiotelevisión valenciana.
Tres. El examen y control de las incompatibilidades de los candidatos proclamados electos se llevará a efectos por las Cortes Valencianas a través del procedimiento establecido en su Reglamento.
Cuatro. El Diputado cesará en su condición de tal, si aceptase un cargo, función o situación constitutiva de incompatibilidad.
Uno. Los Diputados de las Cortes Valencianas, salvo los miembros del Consell y Presidentes de Corporaciones Locales, únicamente podrán formar parte de los órganos colegiados de dirección o Consejos de Administración de Organismos, Entes públicos o Empresas con participación pública mayoritaria, directa o indirectamente, de la Generalitat, cualquiera que sea su forma cuando su elección corresponda a las Cortes Valencianas, percibiendo en este caso sólo las dietas o indemnizaciones que les correspondan, y que se acomoden al régimen general previsto para la Administración Pública.
Dos. Ningún Diputado, salvo los exceptuados en el párrafo anterior, podrán pertenecer a más de dos órganos colegiados de dirección o Consejo de Administración a que se refiere este artículo.
Uno. Los Diputados a Cortes Valencianas no podrán percibir más de una retribución con cargo a los presupuestos de los órganos constitucionales, de la Generalitat, o de las Administraciones Públicas, sus Organismos autónomos, Entes públicos y Empresas con participación pública, directa o indirecta, mayoritaria, sin perjuicio de las dietas, indemnizaciones o asistencias que correspondan por la otra actividad en su caso llevada a cabo.
Dos. También son incompatibles las retribuciones como Diputado con la percepción de pensión por derechos pasivos o por cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio. El derecho al devengo por dichas pensiones se recuperará automáticamente desde el mismo momento de extinción de la condición de Diputado a las Cortes Valencianas.
El mandato de los Diputados de las Cortes Valencianas es compatible con el desempeño de actividades privadas, salvo los supuestos que a continuación se detallan:
a) Actividades de gestión, defensa, dirección o asesoramiento ante la Administración de la Generalitat, sus Entes u Organismos autónomos, de asuntos que hayan de resolverse por ellos, que afecten directamente a la realización de algún servicio público o que estén encaminados a la obtención de subvenciones o avales públicos. Se exeptúan aquellas actividades particulares que en ejercicio de un derecho reconocido realicen los directamente interesados, así como las subvenciones o avales cuya concesión se derive de la aplicación automática de lo dispuesto en una Ley o Reglamento de carácter general.
b) La actividad de contratista o fiador de obras, servicios y suministros públicos que se paguen con fondos de la Generalitat, o el desempeño de cargos que lleven anejas funciones de dirección, representación o asesoramiento en compañías o Empresas que se dediquen a dichas actividades.
c) La celebración con posterioridad a la fecha de su elección como Diputado de conciertos de prestación de servicios de asesoramiento o de cualquier otra índole, con titularidad individual o compartida, en favor de la Administración de la Generalitat.
d) La participación superior al 10 por 100 adquirida en todo o en parte con posterioridad a la fecha de su elección como Diputado, salvo que fuere por herencia, en Empresas o Sociedades que tengan conciertos de obras, servicios o suministros con Entidades del sector público de la Generalitat.

References: artículo 1
 artículo 81
 artículo 152
 artículo 137
 artículo 12
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 155