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Timestamp: 2014-03-08 10:19:52+00:00

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Penal. Cosa juzgada constitucional, procesamiento indebido, celeridad, rechazo in límine de la recusación - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0038/2012
Sucre, 26 de marzo de 2012
Expediente: 00013-2012-01-AL
En revisión la Resolución 01/12 de 6 de enero de 2012 pronunciada dentro de la acción de libertad, interpuesta por Luis Andrés Ritter Zamora en representación sin mandato de Eduardo Tussel Vega contra William Tórrez Tordoya y Edgar Carrasco Sequeiros, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Mediante memorial de 3 de enero de 2012, cursante de fs. 22 a 26, el accionante expresa los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
El accionante refiere, que su representado fue detenido ilegalmente e imputado de manera injusta por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, imponiéndosele medidas sustitutivas a su detención preventiva, en virtud a la duda razonable y el principio de ubicuidad, dado que no era posible que hubiere podido cometer el precitado delito, porque en ese entonces se encontraba detenido.
Decisión contra la cual, en la misma audiencia, el Ministerio Público presentó recurso de apelación, remitiéndose actuados ante la Sala Penal Primera a efectos de su resolución, instancia en la que, sin notificarle previamente se llevó a cabo la audiencia donde se le revocaron las medidas sustitutivas en aplicación del art. 234.6 del Código de Procedimiento Penal (CPP); impidiéndole defenderse.
Como consecuencia de lo indicado, la citada Sala, advertida de su error, anuló la audiencia celebrada y señaló un nuevo verificativo a una “velocidad impresionante” (sic), lo que motivó que de su parte, planteara recusación contra los miembros del Tribunal de alzada, habida cuenta que éstos ya habían emitido criterio respecto a su situación procesal en la primera audiencia, y no obstante ello, se le rechazó el recurso interpuesto, volviendo a revocarle su libertad, esta vez, en aplicación de los arts. 234.6 y 235.1 y 2 del CPP, pese a que conforme a la jurisprudencia constitucional, existe impedimento inmediato de realizar actos procesales en casos de recusación.
Señala como lesionados los derechos de su representado a la libertad, al debido proceso, a la “seguridad jurídica” y a la defensa, citando al efecto los arts. 9, 13, 22, 23, 115, 116, 117, 119, 120 y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y 7.6 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
Solicita que se conceda la tutela, pidiendo taxativamente lo siguiente: “se anule el auto de vista donde se me revocan mis medidas sustitutivas y sea juzgado por autoridad imparcial” (sic).
En audiencia pública celebrada el 6 de enero de 2012, conforme consta en el acta cursante de fs. 94 a 95, se produjeron los siguientes actuados:
El abogado representante del accionante ratificó los términos de su demanda, y los amplió señalando lo siguiente: i) El Tribunal de apelación anuló la primera audiencia así como la revocatoria de las medidas sustitutivas impuestas al representado del accionante, en cumplimiento a un fallo emitido dentro de una acción de libertad, por falta de notificación al afectado; ii) El fallo del Tribunal de alzada debió circunscribirse a lo preceptuado por el art. 398 del CPP; limitándose a resolver únicamente los aspectos cuestionados en la apelación; iii) Los codemandados actuaron ultra petita; es decir, más allá de lo pedido, porque revocaron la libertad del coimputado Eduardo Tussel Vega, aplicando los arts. 234.6 y 235.1 y 2, todos del CPP, cuando el único aspecto apelado por el Ministerio Público fue el primero de los citados; y, iv) Instalaron la audiencia y revocaron las medidas sustitutivas impuestas, estableciendo detención preventiva al apelante, pese a estar recusados.
Los demandados William Tórrez Tordoya y Edgar Carrasco Sequeiros, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz no presentaron informe escrito y tampoco asistieron a la audiencia señalada.
Concluida la audiencia, el Juez Quinto de Sentencia constituido en Juez de garantías, pronunció la Resolución 01/12 de 6 de enero de 2012, cursante de fs. 95 vta. a 97, por la que denegó la tutela reclamada, bajo el argumento que el representado del accionante presentó dos acciones de libertad contra las mismas autoridades, reclamando las mismas pretensiones y utilizando los similares supuestos fácticos, por lo que concurre identidad de sujeto, objeto y causa.
Del atento análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establecen las siguientes conclusiones:
II.1.Dentro del proceso penal seguido por Ministerio Público contra el representado del accionante y otros, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, en atención a las apelaciones incidentales planteadas tanto por la parte acusadora como por los imputados, mediante decreto de 12 de diciembre de 2011, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, señaló audiencia a efectos de la consideración del recurso de alzada para el 14 del indicado mes y año a horas 15:30 (fs. 2).
II.2.El día y hora señalados se celebró la audiencia fijada, actuado en el cual, el Tribunal de apelación, entre otras cosas, resolvió revocar la Resolución del Juez inferior, disponiendo la aplicación de la detención preventiva para el representado del accionante, a ser cumplida en el penal de Palmasola (fs. 4 a 10); emitiéndose el correspondiente mandamiento de detención en la misma fecha (fs. 11).
II.3.Del informe de 16 de ese mismo mes y año emitido por el Secretario de Cámara de la Sala Penal Primera, se evidencia que Eduardo Tussel Vega no fue notificado con el decreto de 12 de diciembre de 2011 de señalamiento de audiencia (fs. 12). En virtud a lo cual, el Tribunal de apelación, por Auto de 17 del mencionado mes y año, anuló las diligencias de notificación, así como el acta de audiencia de apelación de medidas cautelares y el mandamiento de detención preventiva, señalando nueva audiencia para el 19 de diciembre a horas 16:00 (fs. 12 a 13).
II.4.Mediante memorial presentado el mismo 16 de diciembre de 2011 a horas 17:31, se constata que Eduardo Tussel Vega interpuso una primera acción de libertad contra los ahora demandados, por la falta de notificación detallada en la Conclusión anterior (fs. 15 a 18 vta.).
II.5.A horas 10:53 del 19 de diciembre de 2011, Eduardo Tussel Vega planteó recusación contra el Tribunal de alzada, por “…interés manifiesto…” (sic), al haber expresado su opinión sobre el proceso en la primera audiencia celebrada (fs. 20 a 21).
II.6. La Sala Penal Primera, constituida en Tribunal de apelación, en audiencia pública celebrada el 19 de diciembre de 2011, rechazó in límine la recusación interpuesta en su contra en aplicación del art. 321.2 del CPP, y a continuación, previo a escuchar a las partes procesales, dispusieron la detención preventiva de Eduardo Tussel Vega por concurrir requisitos establecidos en el art. 233.1 y 2 del CPP con relación a los arts. 235.1 y 2 y 234.6 del mismo cuerpo legal (fs. 38 a 51).
En la presente petición de tutela, con carácter previo, es imperante establecer el objeto y la causa de la presente acción de libertad, en ese orden, se tiene que el objeto de la petición es el resguardo a los derechos a la libertad, seguridad jurídica, al debido proceso y a la defensa; asimismo, la causa de la petición, versa sobre dos actos concretos denunciados como lesivos a los derechos antes citados: a) La celebración de la audiencia de consideración de los recursos de alzada interpuestos tanto por el Ministerio Público como por los imputados y la revocación de medidas sustitutivas impuestas, sin previa notificación al ahora accionante; y b) La realización de una segunda audiencia y la revocación de su libertad, a pesar de estar sancionada con nulidad todos los actos efectuados después de la presentación de una recusación.
En mérito al objeto y causa de la presente acción de tutela, la argumentación jurídica a ser desarrollada, abordará los siguientes tópicos específicos: i) La activación paralela de acciones de libertad con identidad de objeto, sujeto y causa; y ii) El rechazo in límine de recusaciones en materia penal a la luz del debido proceso.
En consecuencia, en revisión de la Resolución dictada por el Juez de garantías y en mérito a los tópicos antes descritos, corresponde analizar las denuncias realizadas mediante la presente acción de libertad, tarea que será desarrollada infra.
III.1. La prohibición de activación ulterior de acciones de libertad con identidad de objeto, sujetos y causa
Prima facie, a la luz de la presente problemática, debe señalarse que el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la Constitución Política del Estado aprobada por Referendo Constitucional el año 2009, adoptó un sistema plural de control de constitucionalidad, reconociendo un ámbito específico de control tutelar destinado a la defensa pronta y oportuna de derechos fundamentales, en ese contexto, la acción de libertad disciplinada en el artículo 125 de la CPE, es un mecanismo de defensa eficaz e idóneo para la tutela de los derechos a la vida, a la libertad física o de locomoción; asimismo, constituye un mecanismo de defensa frente a procesamientos indebidos y persecuciones ilegales vinculados con el derecho a la libertad.
En el orden de ideas desarrollado, es menester señalar que las decisiones resueltas en revisión en ejercicio del control tutelar de constitucionalidad, adquieren la calidad de cosa juzgada material.
La cosa juzgada en materia constitucional asegura que merced a la identidad de objeto, sujetos y causa, la decisión no pueda ser modificada ni alterada de manera ulterior; en ese contexto, para evitar duplicidad de fallos y por ende para prevenir el peligro de alteración de fallos con calidad de cosa juzgada, en resguardo de una eficaz seguridad y certeza jurídica, existe una prohibición de activación ulterior de mecanismos de tutela con identidad de objeto, sujeto y causa.
En el marco de lo expuesto, por la naturaleza jurídica y derechos tutelados a través de la acción de libertad, en mérito a su característica de eficaz y oportuno mecanismo de defensa de derechos, y a través de la SC 1347/2003-R de 16 de septiembre, reiterada en la SC 0101/2010-R de 10 de mayo, entre otras, se estableció la prohibición de activar mecanismos ulteriores de defensa cuando concurra una identidad de objeto, sujetos y causa; asimismo, a partir de este entendimiento jurisprudencial aplicado de manera uniforme, se señaló también, la posibilidad de activar un ulterior mecanismo de defensa, solamente cuando en una petición de tutela anterior, el juez o tribunal de garantías por un presupuesto formal, no hubiere ingresado al análisis de fondo de la problemática, en este caso, la nueva acción estará destinada a lograr el análisis de fondo de la problemática, siempre y cuando el peticionante de tutela, subsane los aspectos formales que evitaron que el mecanismo de defensa anteriormente planteado hubiere ingresado al análisis de fondo de la causa.
Ahora bien, en el marco del nuevo diseño constitucional y de acuerdo a la ingeniería propia de la acción de libertad y a la naturaleza del control tutelar plural de constitucionalidad, debe establecerse que el contenido de la línea jurisprudencial precedentemente citada es razonable y compatible con el nuevo modelo constitucional por lo que debe ser asumida por este nuevo Tribunal Constitucional Plurinacional.
En esta perspectiva, es necesario señalar que al ser la acción de libertad un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la vida, libertad física o de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares y considerando que esta garantía jurisdiccional es de tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, sumariedad, informalismo, generalidad e inmediación; inequívocamente debe establecerse que una vez interpuesta la acción de libertad, no puede activarse ulteriormente este mismo mecanismo, porque de lo contrario se generaría una disfunción procesal contraria a la seguridad y certeza jurídica.
III.1.1. Análisis del primer acto denunciado como lesivo a los derechos del accionante
Del contenido del memorial de acción de libertad, se establece que el primer acto denunciado como lesivo a los derechos a la libertad, seguridad jurídica, al debido proceso y a la defensa, versa sobre la celebración de la audiencia de consideración de los recursos de alzada interpuestos tanto por el Ministerio Público como por los imputados y la revocación de medidas sustitutivas impuestas, sin previa notificación al ahora accionante. En ese contexto, de la compulsa de antecedentes, se establece que mediante memorial presentado el mismo 16 de diciembre de 2011 a horas 17:31, se constata que Eduardo Tussel Vega, interpuso una primera acción de libertad a través de la cual, textualmente denuncia lo siguiente: “El M.P en audiencia apela, se remiten actuados a la Corte Superior de Distrito, en su Sala Penal Primera y los vocales recurridos sin notificarme llevan a cabo la audiencia de apelación y me revocan mis medidas sustitutivas sin siquiera permitirme defender” (sic) (fs. 15 a 18 vta.).
Del contenido de la primera acción de libertad interpuesta en fecha 16 de diciembre de 2011, se establece lo siguiente: a) El objeto de la petición fue la tutela al derecho a la libertad, al debido proceso y a la defensa; b) La causa de la petición de tutela fue la supuesta omisión de notificación al accionante con el señalamiento de día y hora para la audiencia de medidas cautelares; c) Los sujetos procesales intervinientes en esta primera acción son: i) como accionante: Eduardo Tussel Vega; y ii) como autoridades demandadas: William Tórrez Tordoya y Edgar Carrasco Sequeiros, en calidad de Vocales de la Sala Penal Primera. Asimismo, del contenido de la presente acción de libertad, se evidencia que el objeto de petición de tutela, es el mismo que el de la primera acción interpuesta; asimismo, se tiene que el primer acto denunciado como lesivo en esta acción de libertad, es el mismo que el denunciado en una anterior acción de libertad. De la misma forma, se evidencia que las autoridades demandadas son las mismas en ambas acciones tutelares.
Por lo expuesto y de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1, en resguardo de la seguridad y certeza jurídica, es evidente que no puede activarse de manera paralela mecanismos de control tutelar, por tanto, al existir identidad de objeto, sujetos y causa entre la acción de libertad presentada por el ahora accionante en fecha 16 de diciembre de 2011 y el primer acto denunciado como lesivo a través de la presente acción de libertad, en cuanto a esta primera denuncia, no puede ingresarse a un análisis de fondo de la problemática, por estar pendiente en revisión la decisión referente a la primera acción tutelar activada.
III.2. Las reglas de la recusación en materia penal, a la luz del procesamiento indebido
Considerando que el segundo acto denunciado como lesivo se refiere a un supuesto vinculado con las reglas de una recusación, en este estado de cosas, corresponde realizar el siguiente análisis:
En primera instancia, no podría abordarse la presente problemática sin analizar con carácter previo la naturaleza jurídica de la acción de libertad, en tal sentido, a la luz del sistema interamericano de protección de derechos humanos, cuya normativa, decisiones, opiniones consultivas u otros lineamientos son vinculantes para el Estado Plurinacional de Bolivia -tal como lo entendió la SC 0110/2010-R de 10 de mayo-, debe establecerse que la piedra angular que estructura este sistema interamericano de protección de derechos humanos, está constituida por la Convención Americana de Derechos Humanos, instrumento que por su naturaleza y en el marco del mandato inserto en el art. 410 de la CPE, forma parte del bloque de constitucionalidad del Estado Plurinacional de Bolivia; bajo esta perspectiva, el art. 25.1 de esta normativa, señala que “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”, disposición que de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), constituye “…uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención”.
En ese contexto, el art. 125 de la CPE, disciplina la acción de libertad señalando lo siguiente: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cesa la persecución indebida y se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”, diseño que es perfectamente compatible con la definición que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado para este mecanismo, instancia que ha catalogado a esta institución como una herramienta indispensable y de gran polivalencia al ser “el medio idóneo tanto para garantizar la libertad, controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, e impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para proteger al individuo contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
En el orden de ideas expuesto, corresponde desarrollar la primera nota fundamental que configura el “contenido esencial” de esta garantía, es decir su naturaleza procesal, bajo esta perspectiva, se establece que su esencia procesal, está estructurada al amparo de los principios de sumariedad, celeridad, inmediación e informalismo y eficacia, postulados que pueden ser inferidos del texto del art. 125 de la CPE y que garantizan una tutela judicial efectiva y un acceso a la justicia constitucional, asegurando en definitiva el cumplimiento por parte del Estado Plurinacional de Bolivia, del mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).
Ahora bien, el segundo pilar que estructura el “contenido esencial” de esta garantía, está configurado por sus presupuestos de activación, que a la luz de la ingeniería del art. 125 de la CPE, son cuatro: a) Los atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación del derecho a la libertad; c) Cualquier acto u omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Cualquier acto o omisión que implique persecución indebida. En mérito a lo expuesto, ciñéndonos estrictamente al objeto y la causa de la presente problemática, es objetivo de la presente sentencia, abordar con carácter previo, la temática del procesamiento indebido, tarea que será desarrollada infra.
En efecto, para entender la dogmática del procesamiento indebido, es imperante determinar con claridad la génesis constitucional del debido proceso como garantía constitucional, bajo este aspecto, debe señalarse que la Convención Americana de Derechos Humanos, en su art. 8 disciplina las garantías judiciales propias de un procesamiento adjetivo enmarcado a derecho, en ese contexto, los arts. 115, 116, 117, 119, 120 y 121 de la CPE, regula las reglas de un debido proceso; bajo estos parámetros -en una interpretación acorde a la Constitución y los Tratados internacionales referentes a Derechos Humanos-, debe señalarse que todo Estado Social y Democrático de Derecho, como es el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, a través del órgano competente y como emergencia de la decisión fundada de un juez imparcial e independiente, está facultado a establecer sanciones a toda persona previo cumplimiento de presupuestos procesales o adjetivos establecidos por ley, en igualdad procesal, al amparo de un amplio derecho a la defensa tanto técnica como material, en el marco de los principios de contradicción y celeridad procesal; asimismo, en virtud a las reglas del debido proceso, se debe garantizar el derecho a la impugnación, al desarrollo de todos los presupuestos y las etapas procesales en estricta observancia de todas las garantías reconocidas por la Ley Fundamental, Tratados Internacionales y leyes vigentes.
En este estado de cosas y una vez definido el debido proceso en materia penal, corresponde ahora, establecer los mecanismos vigentes para su protección, conocidos en teoría de los Derechos Humanos como garantías procesales eficaces para la tutela del debido proceso, en ese contexto, cabe señalar que en la economía procesal-constitucional boliviana, se encuentra reconocida expresamente disciplinada la acción de libertad como mecanismo idóneo para tutelar el procesamiento indebido.
En efecto, siguiendo un diagnóstico jurisprudencial, se tiene que la jurisprudencia de este Tribunal, en la SC 1865/2004-R de 1 de septiembre, la cual, como núcleo esencial de la argumentación jurídica vinculante desarrollada, contempla tres aspectos esenciales a saber: a) La protección a las reglas del debido proceso a través del entonces denominado recurso de habeas corpus, cuando estas están directamente vinculadas a la libertad; b) El agotamiento previo de mecanismos de defensa para la protección de las reglas del debido proceso; y, c) La tutela de manera excepcional de las reglas del debido proceso directamente vinculadas a la libertad, en caso de encontrarse el afectado en absoluto estado de indefensión, aspecto que impida el agotamiento de las vías idóneas de impugnación. Así, este entendimiento señaló “Conforme al orden constitucional y la jurisprudencia glosada, el procesamiento ilegal al que hace referencia la norma fundamental del país en su art. 18 de la CPE, no es comprensivo de la garantía del debido proceso, pues ésta encuentra protección en el art. 19 de la CPE, sino de aquel procesamiento ilegal, es decir sin respaldo alguno en el ordenamiento jurídico, que opera como causa para la privación de la libertad. Esto con la finalidad de evitar que a través de un procedimiento arbitrario, se imponga una sanción o condena penal. (…) De lo dicho se concluye que en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad” (lo resaltado es nuestro).
Similar entendimiento, fue asumido por la SC 0619/2005 de 7 de junio, a través de la cual se señaló lo siguiente:“a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) El acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) Debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”. Dichos entendimientos, además, en el orden del nuevo régimen constitucional vigente, fueron asumidos de manera uniforme por las SSCC 0012/2010-R, 0014/2010-R, 0015/2010-R y 0034/2010-R entre otras.
Por su parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0037/2012 de 26 de marzo en su ratio decidendi y merced a una interpretación progresiva del presupuesto del procesamiento indebido, señaló lo siguiente: “…tratándose de medidas cautelares de carácter personal, no es posible exigir la concurrencia del absoluto estado de indefensión como requisito para activar la acción de libertad, habida cuenta que, conforme lo establecieron las propias Sentencias Constitucionales citadas (SSCC 0008/2010-R y 0080/2010-R), el actor debe agotar los mecanismos de impugnación intraprocesales previo a la activación de la acción de libertad. Un razonamiento contrario implicaría exigirle al accionante una situación jurídica materialmente imposible, porque desde ya, el agotamiento de los medios de reclamación idóneos, obliga a su participación activa en el proceso. Situación diferente, es aquella en la que, al imputado se lo colocó en un estado absoluto de indefensión, lo que le impidió activar los mecanismos intraprocesales referidos, circunstancia última en la que, la acción de libertad se activará de manera directa”.
Por lo expresado precedentemente, se colige que el supuesto de procesamiento indebido disciplinado en el art. 125 de la Constitución Política del Estado, tratándose de medidas cautelares de carácter personal, puede ser tutelado a través de la acción de libertad, en los casos en los que se afecte las reglas y elementos del debido proceso, siempre y cuando se cumpla con dos aspectos esenciales: a) La directa vinculación con la libertad del elemento del debido proceso denunciado como afectado; y b) El agotamiento de los mecanismos internos de cuestionamiento a decisiones jurisdiccionales.
Ahora bien, en el marco de las reglas del debido proceso, corresponde determinar los presupuestos para recusaciones establecidos en las normas adjetivas vigentes. En ese contexto, es pertinente establecer que los presupuestos procesales de las recusaciones en procesos penales, forman parte de las reglas de un debido proceso y su vulneración, deberá ser tutelada a través de la acción de libertad, siempre y cuando el acto lesivo se hubiere cometido como emergencia de la imposición de una medida cautelar de carácter personal que esté directamente vinculado con la libertad y se hubieran agotado todos los mecanismos intraprocesales de defensa establecidos en la normativa imperante.
En este orden, debe señalarse que el Código de Procedimiento Penal, en el marco de las reglas de un debido proceso, disciplina el trámite de recusación, señalando taxativamente en su artículo 320 lo siguiente: “La recusación se presentará ante el juez o tribunal que conozca el proceso, mediante escrito fundamentado, ofreciendo prueba y acompañando la documentación correspondiente”.
Asimismo, mediante Ley 007 de 18 de mayo de 2010, denominada “Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal”, en su artículo primero, se establece las reformas parciales al Código de Procedimiento Penal, entre las cuales se encuentra la modificación al artículo 321 del mencionado Código, estableciendo esta ley para las excusas y recusaciones el siguiente contenido textual: “Producida la excusa o promovida la recusación, el juez no podrá realizar en el proceso ningún acto, bajo sanción de nulidad. Aceptada la excusa o la recusación, la separación del juez será definitiva aunque posteriormente desaparezcan las causales que las determinaron”. Luego de este supuesto, de manera textual señala esta disposición: “Las excusas y recusaciones deberán ser rechazadas in límine cuando: 1. No sea causal sobreviniente; 2. Sea manifiestamente improcedente; 3. Se presente sin prueba en los casos que sea necesario; o 4. Habiendo sido rechazada sea reiterada en los mismos términos” (resaltado nos corresponde).
Ahora bien, para el establecimiento de las reglas de un debido proceso en relación al tópico de recusaciones, es imperante interpretar a la luz de pautas exegéticas, teleológicas y sistémicas, la disposición legal antes señalada, en ese orden, a diferencia del anterior régimen adjetivo aplicable en materia de recusaciones, esta nueva disposición, de acuerdo al tenor literal, introduce un aspecto adicional, es decir el rechazo in límine de recusaciones, disciplinando específicamente los requisitos para este fin.
En ese orden, en una interpretación literal del art. 321 de la Ley 007, acorde con pautas teleológicas y sistémicas, se tiene que la prohibición de conocimiento de ulteriores actos procesales una vez promovida la recusación, es un presupuesto aplicable para las recusaciones formuladas en el marco del art. 320 del CPP; empero, considerando que el rechazo in límine no contempla las causales del art. 320 del CPP, sino por el contrario, sus presupuestos son distintos, del tenor literal del art. 321, se establece que no existe una regulación normativa expresa del procedimiento de rechazo in límine de recusaciones formuladas en procesos penales, razón por la cual, de acuerdo a pautas objetivas de interpretación, a la luz del debido proceso, deberán interpretarse los postulados a seguirse.
En el contexto señalado, siguiendo un criterio teleológico de interpretación, se tiene que el primer supuesto del art. 321 del CPP en el marco de las causales reguladas por el art. 320 del mismo cuerpo adjetivo, cuando establece la prohibición de realización de actos procesales ulteriores bajo sanción de nulidad, tiene una finalidad concreta, que es asegurar el principio de imparcialidad como elemento del debido proceso. Ahora bien, la finalidad de establecer un rechazo in límine cuando se presenten los supuestos regulados en la última parte del artículo 321 del CPP, los cuales por su naturaleza no se encuentran contemplados en el artículo 320, de acuerdo a una pauta teleológica y sistémica, tiene la finalidad de evitar dilaciones procesales indebidas y asegura así la consagración del principio de celeridad como presupuesto de un debido proceso penal.
En base al razonamiento antes esbozado, considerando que la teleología de un rechazo in límine de recusaciones es el resguardo del principio de celeridad y por ende del plazo razonable de juzgamiento, toda vez que su finalidad es evitar dilaciones procesales indebidas, no sería coherente con esta interpretación teleológica, atribuirle a este supuesto los mismos presupuestos disciplinados para la tramitación de recusaciones enmarcadas en las causales plasmadas en el art. 320 del CPP, por cuanto, a la luz de esta interpretación teleológica, es razonable señalar que en este supuesto (rechazo in límine), los jueces o tribunales ordinarios, precisamente para asegurar esa celeridad procesal, en caso de enmarcarse la recusación a una causal de rechazo in límine, deberán establecer de manera previa y motivada este rechazo, luego de lo cual, a diferencia del primer supuesto disciplinado en el art. 321 de la Ley 007, deberán continuar de manera inmediata con el conocimiento y resolución de la causa, aspecto que de ninguna manera vicia de nulidad los actos procesales ulteriores.
III.2.1. Análisis del segundo acto denunciado como lesivo a los derechos del accionante
Del contenido de la acción de libertad, se establece que el accionante, como segundo acto lesivo a sus derechos, denuncia la realización de una segunda audiencia y la revocación de su libertad, a pesar de estar sancionada con nulidad todos los actos efectuados después de la presentación de una recusación.
Antes de ingresar al análisis de la problemática, es necesario establecer que los dos actos denunciados como lesivos a través de la presente acción de libertad, tienen naturaleza autónoma e independiente, razón por la cual, si bien en cuanto al primer acto denunciado como lesivo no puede ingresarse al análisis de fondo de la problemática por existir identidad de objeto, sujetos y causa; no es menos cierto que al ser el segundo acto denunciado como lesivo diferente y autónomo al primero, su análisis merece un análisis particular que será desarrollado infra.
En el marco de lo señalado, en la especie, de la compulsa de antecedentes se evidencia lo siguiente: i) A horas 10:53 del 19 de diciembre de 2011, Eduardo Tussel Vega planteó recusación contra el Tribunal de alzada, por “…interés manifiesto…” (sic), al haber expresado su opinión sobre el proceso en la primera audiencia celebrada (fs. 20 a 21); y, ii) Los Vocales de la Sala Penal Primera, autoridades ahora demandadas, en audiencia pública celebrada el 19 de diciembre de 2011, rechazaron in límine la recusación interpuesta en su contra por el accionante, en aplicación del art. 321.2 del CPP, luego de lo cual, dispusieron la detención preventiva de Eduardo Tussel Vega por concurrir requisitos establecidos en el art. 233.1 y 2 del CPP con relación a los arts. 235.1 y 2 y 234.6 del mismo cuerpo legal (fs. 38 a 51).
En mérito a lo señalado, se establece que esta denuncia de procesamiento indebido relacionado con recusaciones, debe ser analizada a través de la acción de libertad, puesto que al haberse revocado por las autoridades demandadas las medidas sustitutivas y al determinarse la detención preventiva del accionante, los actos denunciados como lesivos están directamente vinculados con la libertad, asimismo, en la especie, debe ingresarse al análisis de fondo de la problemática, puesto que no existe mecanismo intra-procesal de defensa pendiente de activación.
De acuerdo a lo afirmado, es evidente que el análisis de fondo de la problemática, debe enmarcarse a las consideraciones de orden jurídico-constitucional desarrolladas en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente sentencia, por tanto, al estar la problemática relacionada con un rechazo in límine de recusación, tal como ya se explicó, las autoridades frente a causales enmarcadas en la segunda parte del art. 321 de la Ley 007; es decir, los supuestos de rechazo in límine de recusaciones, una vez dispuesto el rechazo in límine, deben continuar de manera inmediata con el conocimiento y resolución de la causa, procedimiento aplicado en la especie tal como lo evidencia las documentales detalladas supra, razón por la cual, se colige que en el caso concreto, no existió vulneración a presupuestos del debido proceso y por tanto, no existió procesamiento indebido.
Por los fundamentos expuestos, se concluye que el Juez de garantías al haber denegado la acción de libertad, evaluó correctamente los datos del proceso y las normas aplicables al mismo
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, y de conformidad con el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve:
1º APROBAR, la Resolución 01/12 de 6 de enero de 2012, cursante de fs. 95 vta. a 97, pronunciada por el Juez Quinto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
2º Al establecer una interpretación del régimen de recusaciones en el nuevo orden constitucional, se instruye a Secretaría General, proceder a su difusión.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 125
 artículo 320
 artículo 321
 artículo 321
 artículo 320
 resolución 
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