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Timestamp: 2019-11-19 03:30:15+00:00

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Desde su posesión, el 31 de julio de 2018, el Procurador General del Estado Íñigo Salvador Crespo ha alineado su gestión con la política de austeridad impulsada por el Gobierno actual. Como consecuencia, una de las directrices en la gestión de la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje ha sido la adopción de políticas concretas orientadas a reducir los gastos que genera el patrocinio internacional del Estado y sus instituciones en instancias internacionales o extranjeras, sin afectar la estrategia de defensa en cada juicio o arbitraje. Para ello, esta Dirección, de la mano del Procurador General del Estado, inició un proceso de renegociación de los contratos suscritos con las firmas jurídicas orientado a la optimización de los descuentos para lo que se han suscrito contratos modificatorios. Asimismo, se impulsó la participación del equipo jurídico de la Procuraduría General para mejorar la representación y defensa del Estado.
Principales acciones ejecutadas, para cumplir de forma eficaz y eficiente con la misión de esta Dirección.
Con el propósito de reducir el índice de conflictividad que enfrenta el Estado ecuatoriano y buscar soluciones negociadas a las controversias internacionales surgidas tanto con contratistas como con inversionistas, durante el último trimestre del año 2018 la Dirección lideró procesos de negociación que concluyeron con el retiro de sendas notificaciones de controversia y un arbitraje internacional.
En el ámbito del arbitraje nacional se continúa con la supervisión, patrocinio y defensa de los distintos casos iniciados en años anteriores y los promovidos en el presente año. Al presente los procesos tienen que ver principalmente con materias de competencia, telecomunicaciones, contratación pública, electricidad e hidrocarburos.
A nivel nacional en el año 2018 se registran noventa y un (91) procesos activos los que incluyen arbitrajes, acciones de nulidad de laudos arbitrales, acciones extraordinarias de protección y de ejecución de laudos arbitrales. Durante ese año se terminaron nueve (9) procesos, mismos que generaron un ahorro al Estado ecuatoriano de USD 477. 395, 66 dólares, respecto de la pretensión de los demandantes.
Otro ámbito importante del accionar está relacionado con el ejercicio de acciones judiciales y constitucionales, como las de nulidad de laudos arbitrales y extraordinarias de protección, mismas que se deducen para precautelar el pleno ejercicio de los derechos procesales que les asiste a las entidades defendidas, en caso de que fuesen necesarias por la existencia de causales de nulidad previstas en la ley de la materia, o por la vulneración de los derechos fundamentales consagrados en la Carta Constitucional.
En materia de capacitación, sus servidores han participado en eventos académicos en los que se han discutido temas de interés en materia arbitral.
1.1.1 Caso Murphy III
El caso se originó por la promulgación de la Ley 42 en el año 2006 que establecía un reparto de las ganancias extraordinarias obtenidas por los altos precios del petróleo, lo que en criterio de la compañía expropió su inversión y modificó unilateralmente el contrato suscrito para la operación del Bloque 16. Murphy reclamó una indemnización de aproximadamente USD 633 millones incluidos intereses calculados a 2014.
El 6 de mayo de 2016, el Tribunal Arbitral emitió un laudo parcial con el que condenó al Ecuador a un pago de tan solo el 3 por ciento de la cifra reclamada, es decir 19 millones de dólares más intereses y costas dando un valor total a pagar de US$31’487.569,09. El 10 de febrero de 2017, el Tribunal Arbitral emitió su laudo final en el que confirmó la decisión contenida en su laudo parcial de mayo de 2016 y rechazó la pretensión de Murphy respecto de una indemnización adicional por violación de la cláusula paraguas del Tratado Bilateral de Inversiones (TBI), por la que solicitaba una compensación de hasta USD 187 millones de dólares.
La Procuraduría General del Estado lideró el proceso de negociación relacionado con el pago del laudo que culminó el 26 de junio de 2018, con la firma de un Acta Transaccional. El último pago se efectuó el 15 de octubre de 2018. El caso está terminado.
1.1.2 Caso Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company c. República del Ecuador (Caso Chevron III)
El 23 de septiembre de 2009, Chevron y Texaco (en adelante Chevron) presentaron una demanda arbitral internacional por violación del TBI.
El Tribunal Arbitral emitió el 30 de agosto de 2018 su segundo Laudo Arbitral sobre la Fase II de Responsabilidad, con el que concluyó que el Ecuador incurrió en violación del TBI por denegación de justicia. En dicho Laudo el Tribunal dispuso al Ecuador el acatamiento de acciones encaminadas, entre otras medidas, a eliminar el estatus de ejecutoriado de la sentencia de Lago Agrio, dictada como consecuencia del juicio iniciado por los habitantes de la Amazonía en contra de Texaco, por sus casi 30 años de operaciones en el país.
El 10 de diciembre de 2018, la República del Ecuador presentó una acción de nulidad ante las cortes de La Haya, sede del arbitraje.
El Tribunal Arbitral ordenó la apertura de una tercera fase en el arbitraje en el que se discutiría la cuantificación del perjuicio reclamado por Chevron. Las partes se encuentran analizando posibles fechas para fijar un calendario procesal.
1.1.3 Caso Merck
El 02 de diciembre de 2011, Ecuador fue notificado con el inicio de un arbitraje bajo el Tratado Bilateral de Inversiones entre Estados Unidos y Ecuador, por la compañía Merck Sharp & Dohme (Inter American) Corporation, por una alegada violación del Tratado, por supuesta denegación de justicia, en referencia al juicio que por Daños y Perjuicios inició la compañía Nueva Industria Farmacéutica Asociada S.A. (NIFA S.A.), actualmente PROPHAR S.A., en contra de la compañía Merck Sharp & Dohme (Inter American) Corporation, es decir un juicio entre privados.
El Tribunal emitió el laudo parcial final, el 25 de enero de 2018, en el que estableció la responsabilidad internacional del Ecuador por denegación de justicia contra la empresa norteamericana Merck Sharp & Dohme I.A., en violación del principio de trato justo y equitativo establecido en el TBI suscrito entre Ecuador y Estados Unidos.
Mediante Orden Procesal No. 4, de 21 de febrero de 2018, posteriormente modificada, el Tribunal estableció el calendario para la presentación de escritos en la fase de daños. La primera ronda de memoriales se presentó el 21 de junio de 2018. El Ecuador alegó que Merck no ha probado, durante todo el arbitraje, que hasta el momento haya sufrido un daño atribuible directamente a la conducta del Estado, en los términos establecidos por el Tribunal Arbitral en el laudo parcial.
Merck inició un proceso de negociación con Prophar, después del cual llegaron a un acuerdo transaccional sobre el monto a pagar. La empresa norteamericana ha informado al Tribunal y a la República del Ecuador sobre los términos del acuerdo.
Actualmente las partes han concluido la fase de producción de documentos y esperan la decisión del Tribunal en relación a los documentos que deberán producirse. Posterior a ello, las partes deberán presentar una segunda ronda de escritos.
1.1.4 Caso OCP
Las empresas Oleoductos de Crudos Pesados S.A: y Oleoductos de Crudos Pesados Ltda. (en adelante OCP) presentaron una notificación de arbitraje el 16 de marzo de 2018 bajo las Reglas de Arbitraje CNUDMI, al amparo de los contratos de inversión y de autorización suscritos con el Estado ecuatoriano. En su reclamo OCP alega que el Servicio de Rentas Internas, mediante una reinterpretación de la ley, le ha privado de su derecho a deducir de su ingreso gravable los intereses pagados con respecto al préstamo subordinado provisto por OCP Ltd., de manera tal que, de acuerdo a la compañía, se impone sobre OCP una nueva carga tributaria que va más allá de los impuestos que ha retenido en la fuente y ha pagado conforme a la legislación vigente en el 2001.
El 19 de septiembre de 2018 se llevó a cabo la primera conferencia procesal con el Tribunal y el 11 de octubre se emitió la Orden Procesal No. 1, en la que, entre otras cosas, se estableció el calendario del arbitraje.
El 06 de diciembre de 2018, las partes llegaron a un acuerdo amistoso, fruto de lo cual el 21 de diciembre de 2018 se dio por terminado el procedimiento arbitral.
1.1.5 Caso Caribbean Financial International Corp vs. Ecudos
Caribbean Financial International Corp. (En adelante CIF) demandó a Ecuador S.A, una empresa en la cual el Estado ecuatoriano tiene participación indirecta, por una supuesta cesión y transferencia de acciones que CIF tenía en Ecuador S.A y la empresa Durches S.A. Dicha transferencia o compraventa de acciones se hizo a favor de la empresa Transainer S.A (empresa que fue absorbida por Ecuador S.A.)
El argumento de CFI es que el pago de dicha cesión, según la Cláusula Segunda del Contrato, debió realizarse en 10 años contados a partir de la suscripción del pagaré suscrito en la compraventa de acciones, considerando, además, la obligación del pago de intereses anuales del 12%. El contenido de dicho pagaré establecía que el no pago de los intereses, al vencimiento de la deuda, daría lugar a exigir el pago de la obligación por vía judicial ejecutiva ante los tribunales panameños. El Ecuador se ha opuesto a la validez del contrato y del pagaré.
El 18 de abril de 2018, el Juzgado Duodécimo de la República de Panamá dictó sentencia condenando a Ecuador S.A al pago de la deuda, costas e intereses por un total de USD 106.183.608,11 millones. La Procuraduría General del Estado presentó el 31 de mayo de 2018 un Recurso de Apelación contra dicha sentencia que fue admitido el 22 de noviembre de 2018.
1.1.6 Caso Ortega Trujillo
El Banco Central del Ecuador (BCE”), Interamerican Asset Management Fund (IAMF), el Banco Continental (BCO), el Banco Continental Overseas NV (BCO Curaçao), presentaron una demanda en el año 1996 en contra de Conticorp S.A., Leonidas Ortega Trujillo, Luis Alberto Ortega Trujillo y Jaime Ortega Trujillo, ante las cortes de Nassau, Bahamas, por la transferencia ilegal de una cartera de préstamos e interés, en perjuicio de IAMF, por más de 190 millones de dólares.
IAMF se estableció en 1995 en las Bahamas, como un fondo mutuo para albergar las inversiones realizadas por entes públicos y privados de Ecuador, en BCO Curazao y BCO Bahamas. El 30 de abril de 1995, IAMF pasó a ser propiedad de BCO Curazao.
El 23 de marzo de 2015, el Consejo Privado de la Reina de Inglaterra expidió una sentencia mediante la cual los demandados fueron condenados al pago de USD 191.953.517,50 más intereses por un total de USD 381.886.435 al 31 de marzo de 2015 y el valor diario de intereses es de USD $105.000 hasta el pago total.
Dentro del proceso de reconocimiento y ejecución de las sentencias del Consejo Privado, el 29 de julio de 2015, se presentó ante el Condado de Miami-Dade en la Florida, un pedido para registrar las sentencias del Consejo Privado. Desde el 20 de noviembre de 2015, la sentencia se encuentra registrada.
Una vez registrada se procedió a iniciar la etapa de “Discovery” con la finalidad de ubicar activos. De la información obtenida, se encontró evidencia sobre su vinculación con un terreno ubicado en Orlando, avaluado en más de USD 40 millones de dólares. Ésta propiedad pertenecía parcialmente a Luis Alberto y Jaime Ortega Trujillo.
El 5 de mayo de 2016, la Corte expidió una decisión en favor del Estado, por el monto de USD 4´292,500.00.
La decisión de la corte fue apelada. El 12 de septiembre de 2018, el Tercer Distrito confirmó la decisión del tribunal de primera instancia. Los demandados solicitaron la revocatoria del fallo, sin embargo, a finales de diciembre de 2018, decidieron no continuar con la revocatoria y accedieron a realizar el pago del monto principal de la sentencia (USD 4´292,500.00) más los intereses correspondientes. El valor depositado es de USD 4´885,768.90.
Casos relevantes en arbitraje nacional
1.1.7 Caso Otecel S.A. vs Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones –Arcotel- (CIAM 002-2015). Cuantía: USD 24’972.047,09
OTECEL S.A. demanda incumplimiento contractual de ARCOTEL al haber calculado el valor de devolución que debe hacer OTECEL S.A. por el cobro indebido de redondeo tarifario, a los usuarios en la prestación del servicio de telefonía móvil celular (STMC), en el período comprendido entre febrero de 1999 y julio de 2000, a una tasa de cambio supuestamente incorrecta.
El 03 de octubre de 2017 se dictó el laudo arbitral que acepta la demanda.
Toda vez que el Tribunal laudó sobre una materia que tuvo origen con anterioridad a la suscripción de la cláusula arbitral en la que OTECEL S.A. fundó su demanda arbitral y por tanto no le es aplicable; que la controversia no tuvo origen en una relación contractual, sino que es consecuencia de una resolución sancionatoria; que el laudo versa sobre la impugnación de un acto administrativo, materia no arbitrable; que el Tribunal concedió más de lo reclamado por la actora, al disponer la aplicación incorrecta de la tasa de interés que deberá satisfacer OTECEL; y, que el Tribunal no motivó su decisión para justificar la obligación de reintegrar a los usuarios lo indebidamente cobrado por efecto del redondeo tarifario, no nació dolarizada, la Procuraduría General del Estado interpuso una acción de nulidad del laudo.
El 2 de agosto de 2018, la Presidencia de la Corte Provincial de Pichincha aceptó la demanda y declaró la nulidad del laudo arbitral.
El 17 de septiembre de 2018, OTECEL S.A. interpuso acción extraordinaria de protección para ante la Corte Constitucional; y simultáneamente, el 20 de noviembre de 2018 solicitó la integración de un nuevo Tribunal Arbitral. Está decurriendo el término para la designación de árbitros.
1.1.8 Caso Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. Conecel vs Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Ciam 005-2016). Cuantía: USD 58’488.184,98
CONECEL demandó el reconocimiento y la declaratoria, por parte del Tribunal de cláusula de estabilidad jurídica en el Contrato de Concesión suscrito con ARCOTEL y, en virtud de la referida cláusula de estabilidad jurídica, la inaplicabilidad a dicho contrato del artículo 34 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que establece el pago por concentración de mercado para promover competencia. Como consecuencia, solicita también la devolución de los valores cobrados por ARCOTEL por este concepto y la orden de no cobrarlos en el futuro.
El 29 de agosto de 2018, en audiencia se notificó el laudo dictado por el Tribunal Arbitral, en el que, atendiendo los argumentos principales planteados por la PGE y ARCOTEL, se rechazó la mayoría de pretensiones de la demanda, aceptando únicamente aquella relativa a la existencia de la cláusula de estabilidad jurídica en el contrato de concesión, mas sin embargo determinó que el artículo 34 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones es una norma de competencia aplicable al contrato de concesión por lo que se rechazaron todas las pretensiones de CONECEL que, en definitiva eran las que fijaban la cuantía del arbitraje. El 27 de septiembre de 2018, CONECEL presentó una acción de nulidad de laudo arbitral.
1.1.9 Caso La Fabril S.A. y Manageneración vs Secretaria Nacional del Agua, Senagua. (Manta 002-009) Cuantía USD 50’000.000,00
La controversia entre las compañías LA FABRIL S.A. y MANAGENERACIÓN contra la actual Secretaría Nacional del Agua -SENAGUA-, (anterior Corporación Reguladora de los Recursos Hídricos de Manabí, CGRHM) inició con la demanda arbitral presentada por los primeros en el año 2009 ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Manta, alegando un supuesto incumplimiento de los tres contratos suscritos por la entonces CGRHM, cuyos objetos fueron la construcción, operación, mantenimiento y explotación de las Centrales de Generación Hidroeléctrica, las presas de bombeo y los trasvases de agua, así como la administración accionaria de MANAGENERACIÓN. El Tribunal Arbitral aceptó la demanda mediante laudo emitido en el año 2014.
Tanto la SENAGUA como la Procuraduría General del Estado presentaron acciones de nulidad contra dicho laudo, las que produjeron que la Presidencia de la Corte Provincial de Manabí, en noviembre de 2014, anule el proceso arbitral desde el auto de calificación de la demanda.
En septiembre de 2017 el proceso arbitral fue reactivado por las demandantes, lo que ha motivado que la Procuraduría General del Estado conjuntamente con SENAGUA comparezcan al proceso y contesten a las pretensiones de las compañías actoras.
El 19 de octubre de 2018 se llevó a efecto la audiencia de sustanciación en la que los árbitros, sin motivación suficiente, se declararon competentes y ordenaron la práctica de diligencias probatorias solicitadas por las partes.
El 4 y 5 de diciembre de 2018 la Procuraduría General del Estado y la SENAGUA interpusieron acción extraordinaria de protección en contra de la resolución contenida en el acta de audiencia de sustanciación, mediante la cual el Tribunal Arbitral se declaró competente, acción que fue remitida a la Corte Constitucional el 07 de diciembre de 2018, sin que se suspenda el arbitraje.
El proceso se encuentra en la fase de práctica de pruebas, siendo la última la realizada el 8 de noviembre de 2018, en la que se presentó la impugnación al informe pericial respecto de la inspección judicial realizada a las represas La Esperanza y Poza Honda.
1.1.10 Caso Tenaris Global Services S.A. Vs Petroamazonas EP (CAM-CCQ 071-18) Cuantía: USD 24’818.115,27
TENARIS GLOBAL SERVICES S.A demanda la declaratoria de improcedencia de las multas por el retraso en la entrega de bienes y por la falta de constitución del stock de seguridad, impuestas por PETROAMAZONAS EP dentro del Contrato No. C0353-PAM-EP-2015 para la PROVISIÓN DE TUBULARES CASING Y TUBING PREMIUM PARA TODOS LOS CAMPOS OPERADOS POR PETROAMAZONAS EP QUE REQUIEREN DE ESTE TIPO DE TUBERÍA (GRUPO C). Solicita además se disponga la liquidación del contrato y el reconocimiento a favor de la actora por USD 22’477.613,85 más intereses por la supuesta indebida imposición de las multas. La audiencia de sustanciación se realizó el 28 de diciembre de 2018 y se encuentra en etapa de evacuación de pruebas.
La Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje (“DNAIA”) atiende y genera los elementos necesarios para ejercer el patrocinio del Estado y de sus instituciones en jurisdicción internacional y en arbitrajes nacionales.
Sus actividades en el ámbito internacional están dirigidas a producir con la asistencia de estudios jurídicos internacionales, los distintos escritos relacionados con los litigios internacionales, tales como memoriales de demanda o contestación, correspondencia con el tribunal o la contraparte, así como comparecer a audiencias en los distintos foros.
Del mismo modo, en jurisdicción nacional, la DNAIA produce directamente cada uno de los escritos que deben ser presentados ante los tribunales arbitrales, y cuando el caso rebasa dicha fase ante las cortes correspondientes.
Adicionalmente, las labores de la DNAIA están avocadas a la supervisión de los procesos en los que es parte procesal una entidad del sector público con personería jurídica propia.
En cumplimiento del mandato constitucional y legal, la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje emite también las autorizaciones que el Procurador General del Estado efectúa en la contratación pública, cláusulas por las cuales las entidades del sector público se someten a arbitraje nacional. Esta misma autorización es necesaria para el caso del arbitraje internacional o para el sometimiento a ley extranjera.
Por otra parte, la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje brinda asesoramiento en materia arbitral, ya sea nacional o internacional, o en materias relacionadas con la DNAIA a las distintas entidades del sector público.
Finalmente, como parte de su gestión la Dirección es la encargada de elaborar el Plan Operativo Anual e informar sobre su ejecución.
Constitución de la República del Ecuador, artículo 190.
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Disposición General Quinta.
Ley Orgánica de Procuraduría General del Estado, artículo 11.
Ley de Arbitraje y Mediación, artículos 4, 41 y 42.
Instructivo para solicitar al Procurador General del Estado, autorización para el sometimiento a arbitraje nacional, internacional, ley y jurisdicción extranjeras, Resolución N° 122 de 7 de mayo de 2014.
Reglamento para la Contratación de Abogados o Estudios Jurídicos para el Patrocinio Internacional del Estado y su asesoramiento, Resolución N° 023 de 19 de junio de 2019.
Reglamento para la administración de contratos suscritos por la Procuraduría General del Estado para el patrocinio internacional del Estado ecuatoriano y sus organismos, Resolución N° 022 de 19 de junio de 2019.
https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI
International Chamber of Commerce, CCI
Corte Permanente de Arbitraje, CPA
https://pca-cpa.org/es/home/
Tribunal de Justicia de la CAN
https://www.tribunalandino.org.ec/

References: resolución 
 artículo 34
 artículo 34
 resolución 
 artículo 190
 artículo 11
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución