Source: http://www.franciscosantana.net/2014/12/consideraciones-acerca-del-principio-de.html
Timestamp: 2018-07-21 02:05:45+00:00

Document:
El apoderado judicial de la solicitante denunció que el procedimiento administrativo sancionatorio está fuera de los parámetros establecidos en el artículo 63 de la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, es decir, denuncia la violación de la garantía de reserva legal en materia sancionatoria, pero enfocada hacia la ausencia de un reglamento interno de procedimientos administrativos que discipline lo relativo a la exclusión de los asociados. También alega que la Sala Político Administrativa de este Alto Tribunal no tomó en consideración los escritos de informes y un “complemento” de ellos, presentados en el decurso del juicio de nulidad, los días 3 y 20 de marzo de 2013, y que, en virtud de ello, la sentencia sometida a revisión se encuentra viciada de incongruencia omisiva. Asimismo, sostuvo, en favor de la legalidad de la decisión adoptada por el entonces Ministro del Poder Popular para la Planificación y Finanzas –juzgada por la Sala Político Administrativa˗, que no se había verificado el vicio de falso supuesto de hecho del acto administrativo. Por último, denunció la trasgresión del principio non bis in idem, reconocido por el artículo 49.7 Constitucional, por cuanto, “… como se desprende de los autos que conforman el expediente administrativo de CAUNA, el primer procedimiento administrativo disciplinario que se le siguió a [su]representada, que consta en el Acta de Asamblea del 21 de julio de 2008, quedó sin efecto cuando SUDECA declaró improcedente la protocolización de esa Acta, mediante comunicación del 07-08-2009, Oficio SCA-OAL-2781, dirigida por el Superintendente (…) a los ciudadanos Néstor Castillo y Doris Martínez, porque no se ajustaba a las previsiones de de la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, por lo que ordenó la reincorporación de [su] representada a su cargo, con el goce de todos sus deberes, derechos y beneficios …”. (Destacado del texto citado).
Con relación a la primera de las denuncias, que atañe a la congruencia del fallo como juicio de correspondencia entre lo decidido y las pretensiones e incidencias surgidas en el decurso del proceso contencioso administrativo, en efecto la Sala observa que en la reseña procesal del caso, la Sala Político Administrativa señaló que se habían consignado dos escritos, el primero, el 5 de marzo de 2013 y se corresponde a los informes de la causa, por parte del apoderado judicial de la ciudadana Ysmari Josefina Morillo Romero y, el 20 de marzo de 2013, otro escrito denominado como “complemento de informes”. Sin embargo, pese a su mención expresa, el apoderado judicial de la solicitante de la revisión no acompañó copia certificada de los escritos recibidos ante la Sala Político Administrativa que revelara su contenido y las denuncias que, según afirma, realizó ante esa Sala, de tal forma que se le recuerda al apoderado judicial de la solicitante que constituye su carga procesal aportar copia certificada de las actuaciones judiciales que sustenten la veracidad de sus afirmaciones, aun más cuando se denuncia que el razonamiento judicial incurrió en omisión de pronunciamiento respecto de situaciones o argumentos que, según se afirme, hayan sido objeto de debate en la controversia primigenia y que se erigen en violaciones de tal magnitud que ignore o interprete erradamente la jurisprudencia de esta Sala Constitucional sobre normas y principios constitucionales o cuando exista una deliberada violación de preceptos de ese rango, lo cual entonces será objeto de análisis, siendo siempre discrecional el ejercicio de la potestad de revisión y dejando a salvo la facultad de la Sala de trasladar pruebas por razones de estricto orden público constitucional o de apreciar aquellos elementos documentales cuya existencia conozca en virtud de la labor jurisdiccional que desarrolle, como hecho notorio judicial. (Vid. Sentencia de esta Sala número 1.078 del 6 de agosto de 2014, caso: “Ezequiel Daniel Alviarez de la Iglesia”). En estos términos, la Sala descarta la denuncia antes descrita, y así se decide.
Consideraciones aparte merece la segunda de las denuncias efectuadas, así que, con el propósito de brindar una solución motivada al planeamiento, la Sala debe analizar lo referido a la ausencia de desarrollo reglamentario del procedimiento sancionatorio para la exclusión de asociados de alguna de las formas jurídicas consagradas en la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, toda vez que, mientras que el apoderado judicial de la solicitante alega sistemáticamente que hay una habilitación legislativa hacia un reglamento interno de procedimiento administrativo que debe ser producido en el seno de esas asociaciones civiles sin fines de lucro, que no existe en el caso bajo examen, la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia coincidió con la opinión del Ministerio Público en el sentido que, ante la ausencia del citado reglamento interno, es conforme a derecho la opinión plasmada en el Acta del 18 de julio de 2008, suscrita por el Presidente y Secretaria del Consejo de Vigilancia de la Caja de Ahorro de la Universidad Nacional Abierta (CAUNA) y el ciudadano Iván Yepez Delgado Abreu, en su carácter de representante de la Superintendencia de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares y, por tanto, se procedió a verificar el cumplimiento de algunas formalidades que garantizaron –en su criterio– el derecho a la defensa y al debido proceso de la asociada que fue excluida, de tal manera que, “… se cumplieron etapas fundamentales similares a las establecidas en el procedimiento administrativo ordinario previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; el cual se aplica en ausencia de un procedimiento especial”.
“… de acuerdo al principio de supremacía constitucional que como vemos, se encuentra vigente en nuestro ordenamiento jurídico, toda manifestación de autoridad del Poder Público debe seguir los imperativos o coordenadas trazadas en la norma normarum, como un efecto del principio de interpretación conforme a la Constitución y de la funcionalización del Estado a los valores que lo inspiran.
En fin, se trata de una suma de elementos no sujeta a numerus clausus, que busca en su interrelación obtener una actuación administrativa coherente con las necesidades públicas sin lesionar los intereses individuales debatidos, proporcionando las garantías que sean necesarias para la protección de los derechos fundamentales dentro de la relación procedimental”. (Cfr. Sentencia de esta Sala número 760 del 27 de abril de 2007, caso: “Félix Omar Flores Colmenares”).
A partir de las anteriores premisas, la Sala considera que la solución más acorde con el ordenamiento jurídico al problema de fondo no admitía relevar la investigación de hechos tipificados como infracciones o faltas administrativas por ausencia del reglamento interno de procedimientos administrativos, como así intenta convencer a esta Sala el apoderado judicial de la solicitante; ni significaba equiparar o asemejar los trámites efectuados en el seno de la Caja de Ahorros del Personal de la Universidad Nacional Abierta (CAUNA) a los contenidos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, como así juzgó la Sala Político Administrativa de este Alto Tribunal.
Tampoco hubo mención a cuál fue el lapso probatorio otorgado –que incluyera aquellas actividades de promoción, evacuación, control y contradicción de los medios probatorios empleados para sancionarlos– e incluso, si la decisión administrativa que resolvió la exclusión de los asociados, ciudadanos Gladulfo Forsith, Ysmary Morillo, Franca Bonaguro, Néstor Carrillo, Arelis Rivas, José Quintero, Ciro Puente y Harold Barreto, abarcó todos los aspectos surgidos en el decurso del procedimiento con relación a cada uno de los asociados sancionados, en virtud del principio de globalidad a la que alude el artículo 62 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, esto al menos desde la perspectiva del procedimiento administrativo ordinario disciplinado en los artículos 47 al 66 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Las asociaciones deberán dictar un Reglamento de procedimiento administrativo, en el que se señale y se garantice el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa del asociado. El inicio de un procedimiento administrativo deberá ser notificado debida y oportunamente al asociado e implicará la suspensión temporal del asociado por un lapso no superior a ciento veinte días continuos, prorrogable por una sola vez, en caso de ser necesario por treinta días continuos máximo”.
A los asociados sancionados con la exclusión de la asociación, sus obligaciones pendientes por préstamos podrán ser consideradas como de plazo vencido, y el Consejo de Administración en la notificación de la decisión deberá indicarle el plazo para hacerlas efectivas, vencido el cual podrá proceder a su ejecución en caso de incumplimiento”.
A la notificación de la decisión de exclusión al asociado el Consejo de Administración deberá convocar, en un lapso de quince días continuos, una Asamblea Extraordinaria para que, conocida la decisión motivada y la apelación del asociado, decida la ratificación o no de la exclusión del asociado. La decisión de la Asamblea es de obligatorio cumplimiento y contra ella sólo podrá
ejercerse las acciones ante el órgano judicial competente. Queda a salvo el derecho de apelación que podrá ser ejercido dentro del lapso de treinta días continuos a la decisión de la Asamblea ante la Superintendencia de Cajas de Ahorro por vicios de forma en el procedimiento disciplinario”.
Como consecuencia de los razonamientos que anteceden, esta Sala Constitucional juzga que el análisis judicial omitió consideraciones esenciales al debido procedimiento administrativo, infringiendo con ello las garantías formales contenidas en los numerales 1 y 3 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como los principios del derecho sancionatorio contenidos en la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, como normativa específica y en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en tanto marco normativo general que disciplina la actividad administrativa formal; de allí que, según lo dispuesto en el artículo 25.11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y conforme al supuesto contenido en la sentencia N° 353 del 30 de marzo de 2005, caso: “Alcido Pedro Ferreira y otros”, se declara ha lugar la solicitud de revisión presentada por el abogado Carlos Enrique Machado Lesman, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana Ysmari Josefina Morillo Romero de la sentencia número 00519 dictada el 8 de abril de 2014 y publicada el día 9 del mismo mes y año por la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, la cual se anula, y así se decide.
Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara HA LUGAR la solicitud de revisión presentada por el abogado Carlos Enrique Machado Lesman, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana Ysmari Josefina Morillo Romero, ya identificados, de la sentencia número 00519 dictada el 8 de abril de 2014 y publicada el día 9 del mismo mes y año por la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, la cual se ANULA.
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/noviembre/171833-1633-201114-2014-14-1019.HTML
Etiquetas: Cajas de Ahorro Potestad sancionatoria en materia administrativa Principio de legalidad Revision

References: artículo 63
 artículo 49
in fine
 artículo 62
 artículo 49
 artículo 25