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Timestamp: 2019-12-15 02:28:46+00:00

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﻿ AUTO 2012-00496/47257 DE JUNIO 4 DE 2015
AUTO 2012-00496 DE 04 DE JUNIO DE 2015
CONTENIDO:RÉGIMEN JURÍDICO DE FINAGRO. LA LEY 16 DE 1990 CONSTITUYÓ EL SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO AGROPECUARIO Y CREÓ FINAGRO. LOS ACTOS QUE REALICE ESTA ENTIDAD EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, SON DE CONOCIMIENTO DE LA JUSTICIA ORDINARIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:FINAGRO, ADMINISTRACIÓN DE FINAGRO, PATRIMONIO DE FINAGRO, RÉGIMEN PATRIMONIAL DE FINAGRO, FUNCIONES DE FINAGRO, FUNCIONES REGULATORIAS DE FINAGRO
Auto 2012-00496/47257 de junio 4 de 2015
Rad.: 68001-23-31-000-2012-00496-01(47257)
Actor: Inversiones Pérez Taborda y Compañía Limitada y otros
Demandado: Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario - Finagro
Bogotá D.C., cuatro de junio de dos mil quince.
Procede el despacho a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el Auto de 16 de noviembre de 2012 proferido por el Tribunal Administrativo del Santander, Subsección de Descongestión, Sala de Asuntos Residuales, mediante el cual rechazó la demanda.
El 23 de mayo de 2012(1) la sociedad Inversiones Pérez Taborda y Compañía Limitada Pérez Taborda Ltda., instauró acción de reparación directa en contra el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario —Finagro—, (en adelante Finagro) con el fin que se le declare administrativamente responsable y se condene al pago de los perjuicios irrogados a los demandantes, “con ocasión y por causa de la ejecución de decisiones lesivas de los derechos de mis representados, decisiones que adoptó dentro de un procedimiento investigativo y de control bajo el radicado 201015479 adelantado a espaldas de aquellos y que nunca les notificó, de modo que no les permitió en manera alguna el ejercicio del derecho de defensa y contradicción”.
Como fundamentos de la demanda se expusieron, básicamente, los siguientes (se transcriben como aparecen en la demanda):
“SEGUNDO: A mediados del año 2008, IPT concitó a veintiocho (28) habitantes de los contornos de las fincas de su propiedad, algunos de ellos vinculados de antaño al trabajo en esas tierras, a participar de un proyecto de producción agrícola que denominó proyecto pequeños aparceros, que sería desarrollado con base en dos predios rurales de su propiedad denominados ‘El Potrero’ y ‘Tasajeras’, localizados en la región de Llano de Palmas en jurisdicción del municipio de Rionegro (Santander del Sur) (…)
TERCERO: El proyecto, al que se vincularon estas veintiocho (28) personas, se estructuró bajo los siguientes lineamientos:
3.2. IPT dio en arrendamiento a cada uno de las veintiocho (28) personas vinculadas al proyecto, por una vigencia de cuatro (4) años, una parcela de cuatro hectáreas, para un total de veintiocho (28) parcelas loteadas dentro de los predios de mayor extensión de propiedad de IPT, denominado ‘El Potrero’ y ‘Tasajeras’, localizados en la región de Llano de Palmas en jurisdicción del municipio de Rionegro (Santander del Sur), recibiendo de cada uno de ellos, en contraprestación, un canon anual de arrendamiento en cuantía de doscientos mil pesos ($ 200.000) anuales por hectárea, para un total de ochocientos mil pesos ($ 800.000) m/cte. anuales por parcela.
3.5.2. Comoquiera que para el desarrollo del proyecto se hacía necesario dotar a las parcelas de un sistema eficiente de riego, con aplicación de recursos que no estaba en capacidad de asumir cada arrendatario, pero que tampoco estaba al alcance de las posibilidades financieras de IPT, esta sociedad, como planificadora y operadora del proyecto, lo estructuró financieramente con apalancamiento de crédito de fomento y aplicación de dos (2) instrumentos de la política de fomento del Estado: De una parte, con aplicación del incentivo ICR, y de otro, con aplicación de la garantía FAG, y gestionó ante la banca comercial autorizada un crédito línea Finagro con esos beneficios derivados de la política de fomento del Estado.
3.5.3.2. Comoquiera que toda solicitud de crédito debe ser estudiada por los intermediarios financieros de acuerdo con los requisitos y normas generales para el otorgamiento de crédito fijados por la Superintendencia Financiera y en sus reglamentos internos de crédito, y con la normatividad especifica establecida por Finagro en el manual de servicios o en las circulares reglamentarias respectivas, el BBVA, previa comprobación de las condiciones legales y reglamentarias de acceso al crédito, impartió el 14 de enero de 2009 aprobación a las operaciones de crédito solicitadas por cada uno de los veintiocho (28) integrantes del proyecto relacionados en el cuerpo principal del ordinal 2º de este recuento fáctico, bajo condiciones que vincularon a Invesiones Pérez Taborda y Compañía Limitada Pérez Taborda Ltda. como garante de cada uno de los créditos, por lo que su representante legal hubo de suscribir el pagaré 332-9600059385 por un valor equivalente a la sumatoria de los veintiocho (28) créditos aprobados, y hubo de constituir hipoteca de primer grado sobre el predio rural de propiedad de la sociedad denominada Finca El Potrero, ubicado en la Vereda Campo Amor, municipio de Rionegro, Santander del Sur (…).
3.5.4. IPT diseñó, elaboró e instaló el sistema de riego necesario para que cubriera las necesidades de las cuatro hectáreas que tomó en arrendamiento cada uno de los aparceros, aportando el cincuenta por ciento (50%) de sus costos, y aplicando, para sufragar el cincuenta por ciento (50%) restante, recursos procedentes del desembolso que hizo el BBVA de los créditos individuales otorgados a los aparceros.
SEXTO: El BBVA como intermediario financiero autorizado ante Finagro, debía hacer seguimiento a la efectiva inversión de los recursos del crédito por él desembolsados en las actividades constitutivas del objeto del proyecto, pues dicha inversión constituía un presupuesto necesario para la gestión de la elegibilidad del crédito ante esa entidad a fin de la obtención del pago del ICR. Por tanto, el BBVA realizó visita el día 31 de julio de 2009 a las veintiocho parcelas y constató que la inversión se encontraba plenamente realizada, situación que hizo constar en sendas actas que remitió a Finagro en las que hizo registro de anotaciones con las que dio plena fe, no sólo de la recepción de las facturas y contratos y demás soportes de la inversión, sino también, del conocimiento y aprobación que impartió BBVA a la modalidad que recibió finalmente el sistema de riego.
SÉPTIMO: Agotada la instancia de registro en espera con relación a los veintiocho créditos otorgados por el BBVA, y ejecutados como estaban, en su totalidad, las inversiones objeto del incentivo, ésta entidad presentó, dentro de los 180 días calendario posteriores a la fecha de redescuento del crédito, como correspondía según el manual de servicios de Finagro, la solicitud de elegibilidad para los mismo ante la Dirección de Incentivos de Finagro.
NOVENO: En los primeros días del mes de septiembre de 2010 el BBVA comunicó a IPT que Finagro había adelantado una investigación y que como resultado de la misma, había dejado sin efectos la inscripción del proyecto en el registro en espera para trámite de elegibilidad para el otorgamiento del ICR, y había decretado la pérdida de validez y el no pago de la garantía FAG de manera que IPT debía responder al BBVA por la sociedad la totalidad del crédito inicialmente desembolsado por esa entidad. Simultáneamente corrió entre lo aparceros, vinculados al proyecto el rumor de que la razón por la que se había tomado esa decisión radicaba en que Finagro había develado que el proyecto era fraudulento y que finalmente sólo generaría beneficio para IPT.
UNDECIMO: De esta manera, tanto IPT como los 28 aparceros han sido afectados por la ejecución de unas decisiones adoptadas a sus espaldas por Finagro en ejercicio de las funciones administrativas de administración de los instrumentos y programas de fomento agropecuario denominados ICR Y FAG, que nunca [se] les notificó y cuyos fundamentos no pudieron rebatir en ejercicio del derecho fundamental de audiencia y defensa, pues ni la sociedad, ni los aparceros partícipes del proyecto fueron vinculados, informados o cuando menos oídos en la actuación. Tan solo el banco BBVA tuvo oportunidad de recurrir las decisiones de Finagro, sin éxito aunque, al parecer, defendió la legalidad, veracidad y bondades del proyecto”.
Providencia apelada.
Mediante Auto de 16 de noviembre de 2012(2), el Tribunal Administrativo del Santander, Subsección de Descongestión, Sala de Asuntos Residuales rechazó la demanda por caducidad de la acción con fundamento en lo siguiente:
“Al dar lectura al libelo de la demanda, junto con sus anexos, se encuentra que los actores pretende que sea declarado administrativamente responsable el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario - Finagro, por los daños y perjuicios ocasionados por las decisiones adoptadas en el curso del procedimiento investigativo y de control de radicado 201015479, y se ordene el pago de las indemnizaciones correspondientes.
Para la Sala, el origen del daño señalado proviene del acto administrativo proferido por Finagro el día 24 de mayo de 2010, por el cual se resolvió dejar sin efecto la inscripción de los actores en el proyecto agropecuario ICR, se decretó la perdida de validez y no pago de la garantía FAG a estos y cargo al Banco BBVA Colombia con el pago del 100% del rubro de equipos y sistemas de riego de las operaciones vinculadas al proyecto agropecuario de los demandantes, el cual fue recurrido por el Banco BBVA y cuya apelación fue resuelta en acto sin número de 30 de agosto de 2010; decisión que fue puesta en conocimiento de los actores mediante respuesta a derecho de petición del 10 de junio de 2011, actos que, conforme al libelo de la demanda, fueron expedidos ‘de espaldas’ a la parte actora pues no fueron notificados y no se permitió la defensa de éstos al no haber sido vinculados o informados en el procedimiento adelantado por Finagro.
Como quiera que los actores afirman la existencia de un daño por parte de la administración con la decisión del retiro de éstos en el programa de fomento agropecuario ICR sin que se hubieran hecho parte del proceso administrativo, o hubieran sido notificados de las decisiones tomadas, y que dicha decisión fue tomada a través de un acto administrativo, éstos tenían la posibilidad de demandar la ilegalidad del mismo y solicitar, en consecuencia, la indemnización de los perjuicios ocasionados por la decisión a través de la acción de nulidad y restablecimiento.
Así pues, se encuentra que los actores tuvieron conocimiento de los actos administrativos antes mencionados el 10 de junio de 2011, más aún, en ejercicio del principio de favorabilidad, tomando como fecha, en que por conducta concluyente, fue conocido los actos por parte de la parte actora el 29 de julio de 2011, a todas luces al momento de la presentación de la demanda, el 23 de mayo de la presente anualidad, ya había operado el fenómeno de caducidad de la acción.
Respecto de la suspensión de términos de caducidad por la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante el procurado judicial delegado para asuntos administrativos, como requisito de procedibilidad para la acción, encuentra la Sala que ésta fue realizada ante la Procuraduría 158 Judicial II delegada para asuntos administrativos de Bucaramanga el 18 de abril de 2012, no tendría los efectos dispuestos en el artículo 3º del Decreto 1716 de 2009, ya que a la fecha de presentada la solicitud de conciliación (01 de marzo de 2012) el término de caducidad ya había operado”.
Inconforme con la anterior decisión, la parte actora interpuso oportunamente recurso de apelación(3), argumentando que “en la demanda se solicita la declaración de responsabilidad y las condenas por causa de la ejecución de una decisión administrativa y no por causa de la decisión misma, por cuanto dicha ejecución configuró una vía de hecho”. Por otra parte, manifestó que en el asunto objeto de estudio no se puede considerar la notificación por conducta concluyente dado que para que ésta aplique es necesario que el acto administrativo no haya sido ejecutado, situación que si se dio en el presente caso.
El trámite del recurso.
El recurso fue admitido a través de Auto de 5 de julio de 2013, en el que se ordenó ponerlo a disposición de la parte contraria y notificar al Ministerio Público, providencia que quedó en firme el 16 de los mismos mes y año y respecto de la cual se guardó silencio.
Previo a pronunciarse respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el Auto de 16 de noviembre de 2012 proferido por el Tribunal Administrativo del Santander, Subsección de Descongestión, Sala de Asuntos Residuales, por medio del cual se rechazó la demanda por caducidad de la acción, estima el despacho pertinente realizar algunas consideraciones acerca de la aplicación en este asunto de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, mediante la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, normativa que en su artículo 308 señaló que dicho estatuto comenzaría a regir a partir del 2 de julio de 2012, motivo por el cual a todos los procesos y demandas iniciados con posterioridad a su entrada en vigencia se les aplicará dicha legislación, mientras que los procesos iniciados con anterioridad a dicha fecha, se regirán por la legislación anterior -el Decreto 01 de 1984-. Así las cosas, se tiene que, en el presente asunto, la demanda se presentó el 23 de mayo de 2012, por lo cual le resulta aplicable el Código Contencioso Administrativo.
La caducidad de la acción impetrada.
Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como un término dentro del cual, las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio, so pena de ya no poder hacerlo más.
En cuanto al sentido y alcance de la figura, esta corporación se ha pronunciado de la manera que sigue:
“En la caducidad deben concurrir dos supuestos: el transcurso del tiempo y el no ejercicio de la acción. Dicho término está edificado sobre la conveniencia de señalar un plazo objetivo, invariable, para que quien considere ser titular de un derecho opte por accionar o no.Es por lo anterior que no puede ser materia de convención antes de que se cumpla, ni después de transcurrido puede renunciarse. La facultad potestativa de accionar comienza con el plazo prefijado por la ley y nada obsta para que se ejerza desde el primer día, pero fenece definitivamente al caducar o terminar el plazo, improrrogable. El fenómeno de la caducidad de las acciones judiciales opera de pleno derecho, contiene plazos fatales no susceptibles de interrupción ni de suspensión”(4) (negrillas fuera del texto).
Así pues, no cabe duda que el término de caducidad resulta ser un plazo improrrogable y, por ello, ajeno por completo al arbitrio o voluntad de quien esté interesado en demandar o de cualquier consideración personal o subjetiva.
No obstante lo anterior, existe un evento en el cual, de acuerdo con lo previsto en las leyes 446 de 1998 y 640 de 2001, el término de caducidad de la acción admite suspensión y es aquel que ocurre cuando se presenta una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho. Sobra aclarar que esta salvedad tiene lugar porque expresamente así lo ha dispuesto la ley, lo cual deja incólume el carácter objetivo e invariable de la figura.
Ahora bien, el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, consagra los supuestos bajo los cuales resulta procedente demandar en ejercicio de la acción de reparación directa, en los siguientes términos:
“ART. 86.—La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa.
Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de la otra entidad pública.”
Por su parte el artículo 136 ibídem, sobre el término para intentar la mencionada acción, dispone lo siguiente:
“ART. 136.—Caducidad de las acciones. La demanda deberá ser presentada:
En el presente asunto se tiene que Inversiones Pérez Taborda y Compañía Limitada Pérez Taborda Ltda., planificó y coordinó el proyecto denominado “pequeños aparceros” para la siembra de maracuyá y ají jalapeño en los predios rurales “El Potrero” y “Tasajeras”, para esto convocó a 28 habitantes aledaños a los lotes y les arrendó 28 hectáreas para desarrollar el plan.
La sociedad Inversiones Pérez Taborda y Compañía Limitada Pérez Taborda Ltda., como operador del proyecto y buscando dotar las parcelas de un sistema de riego eficiente, gestionó, para cada uno de los asociados, un crédito de línea Finagro con incentivo a la capitalización rural (ICR) y un respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) ante la banca comercial autorizada (BBVA), para lo cual la sociedad se vinculó como garante de cada uno de los créditos con el pagaré Nº 332-9600059385 y constituyó hipoteca de primer grado sobre el predio “El Potrero”.
La entidad financiera procedió a estudiar las solicitudes de crédito, de conformidad con sus reglamentos internos, los requisitos, las normas fijadas por la Superintendencia Financiera y la normatividad específica establecida por Finagro en su manual de servicios y, al considerar que cumplían con los requisitos establecidos, el 14 de enero de 2009, procedió a aprobar los créditos solicitados.
Posteriormente, la entidad bancaria procedió a verificar que los dineros desembolsados hubieran sido efectivamente invertidos en los sistemas de riego y, una vez comprobó que así lo fue, el 31 de junio de 2009 presentó solicitud de redescuento de los créditos ante Finagro.
En septiembre de 2010 la entidad bancaria le informó a la sociedad demandante que Finagro, luego de una investigación, había determinado que no era elegible para recibir el beneficio del incentivo ICR(5) y por consiguiente el pago de la garantía FAG(6), por lo que la sociedad Inversiones Pérez Taborda y Compañía Limitada Pérez Taborda Ltda., debía responderle por el monto total de los dineros prestados.
La parte demandante alega que durante la investigación realizada por Finagro se les violó el derecho de defensa y contradicción, comoquiera que nunca fueron parte del proceso que dicha entidad realizó con participación del intermediario bancario BBVA, mediante el cual determinó que no podían ser beneficiarios del incentivo ICR y el pago de la garantía FAG.
Régimen jurídico de Finagro.
Así las cosas, para resolver el presente asunto, encuentra el despacho necesario hacer referencia al régimen jurídico aplicable a Finagro, para así determinar si la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer del presente asunto.
La Ley 16 de 1990 constituyó el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario y creó Finagro, en su artículo 8 determinó el objeto de éste en los siguientes términos:
“ART. 8º—OBJETIVO. El objetivo de Finagro será la financiación de las actividades de producción en sus distintas fases y/o comercialización del sector agropecuario, a través del redescuento de las operaciones que hagan las entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Crédito Agropecuario u otras instituciones bancarias o financieras debidamente autorizadas por la Superintendencia Bancaria, o mediante la celebración de contratos de fiducia con tales instituciones” (subrayas y negrillas fuera del texto).
Por su parte el Decreto 892 de 1995, mediante el cual se reformaron los estatutos de Finagro estableció que es “una sociedad de economía mixta del orden nacional, del tipo de las sociedades anónimas, organizado como establecimiento de crédito, vinculado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa” y en cuanto a su objeto determinó:
“ART. 5º—OBJETO SOCIAL. El objetivo principal de Finagro será la financiación de las actividades de producción en sus distintas fases y/o comercialización del sector agropecuario, a través del redescuento global o individual de las operaciones que hagan las entidades pertenecientes al sistema nacional de crédito agropecuario u otras instituciones bancarias, financieras, fiduciarias y cooperativas debidamente autorizadas por la Superintendencia Bancaria, o mediante la celebración de convenios con tales instituciones, en los cuales se podrá pactar que el riesgo sea compartido entre Finagro y la entidad que accede al redescuento. Como organismo financiero y de redescuento, Finagro podrá realizar, en desarrollo de su objeto social y por expresa disposición legal, en los términos de las respectivas disposiciones o de las normas que la reglamenten, modifiquen, adicionen o deroguen, las siguientes operaciones y funciones:
7. Administrar el Fondo Agropecuario de Garantías creado por la Ley 21 de 1985.
9. Otorgar el Incentivo a la Capitalización Rural a través de los intermediarios financieros instituciones fiduciarias o cooperativas” (subrayas y negrillas fuera del texto).
Por último, en su artículo 7 ibídem determinó el régimen jurídico aplicable a las decisiones proferidas por Finagro en los siguientes términos:
“ART. 7º—RÉGIMEN. Los actos que realice el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario en desarrollo de su objeto social, estarán sujetos a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria, conforme a las normas de competencia respectiva. Aquellos que efectúe en cumplimiento de las funciones administrativas que le confíe la ley, serán actos administrativos y estarán sometidos a la jurisdicción contencioso-administrativa” (negrillas y subraya fuera del texto)
Ahora bien, en el numeral 4.11. del título I del capítulo IV del Manual de Servicios de Finagro se define al Incentivo de Capitalización Rural (ICR) como “un beneficio económico que se otorga a una persona natural o jurídica que en forma individual o colectiva, ejecute un proyecto de inversión nueva, con la finalidad de mejorar la competitividad y sostenibilidad de la producción agropecuaria y de reducir sus riesgos de manera duradera, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente título y sujeto a la disponibilidad de recursos presupuestales y de tesorería del programa”, a su vez, explica que este incentivo “consiste en un abono que, con los recursos apropiados por el Gobierno Nacional para el programa, realiza Finagro a través del intermediario financiero a favor del beneficiario, y se realiza con base en la disponibilidad de los recursos, administrados por Finagro”.
Asimismo, en el numeral 3.1.1. del título I del capítulo III del mismo manual, establece que el objeto del Fondo Agropecuario de Garantías es “servir como fondo especializado para garantizar los créditos y microcréditos en condiciones Finagro que se otorguen a personas naturales o jurídicas, dirigidos a financiar proyectos del sector agropecuario y rural. Los intermediarios financieros deberán evaluar el riesgo crediticio de los créditos que vayan a ser garantizados por el FAG”.
De lo anterior se concluye que Finagro fundamenta su decisión de otorgar los créditos ICR y la garantía FAG a partir de la actividad realizada por los intermediarios financieros, comoquiera que son éstos los responsables de revisar el cumplimiento de las normas del programa por parte de los beneficiarios y, es a través de estos agentes que los particulares van a recibir los beneficios otorgados por Finagro.
En el capítulo VII del manual de servicios, Finagro establece los mecanismos de seguimiento y control de los créditos otorgados, al igual que un procedimiento de investigación y control para así poder realizar una efectiva vigilancia de sus inversiones y velar por el cumplimiento de las normas que rigen los beneficios económicos. El mencionado capítulo de igual manera establece quiénes son las partes dentro del proceso de control, y lo hace en los siguientes términos:
“7.2.3. SUJETOS DEL PROCEDIMIENTO INVESTIGATIVO Y DE CONTROL son sujetos del procedimiento, el Intermediario Financiero y Finagro según las instancias. No obstante, es obligación del intermediario financiero comunicar oportunamente al beneficiario del crédito o incentivo de la iniciación del procedimiento, para que presente ante el Intermediario las explicaciones y pruebas que éste hará valer ante Finagro”.
De todo lo consignado anteriormente es dable concluir que tanto el beneficio económico del incentivo a la capitalización (ICR), como la función del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) de garantizar los créditos solicitados para financiar proyectos del sector agropecuario o rural, son instrumentos diseñados para desarrollar el objeto social del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, el cual consiste en financiar las actividades de producción y comercialización de dicho sector, por ello, todas las actuaciones que realicen en relación con los mencionados instrumentos se regirán por la justicia ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 892 de 1995.
En el presente asunto se tiene que los hechos en los cuales se fundamenta el libelo introductorio hace referencia a los créditos otorgados a la sociedad Inversiones Pérez Taborda y Compañía Limitada Pérez Taborda Ltda., por la entidad financiera BBVA, para la financiación de un sistema de riego instalado con el fin de desarrollar el proyecto “pequeños aparceros” y los daños que le había ocasionado el proceso de control e investigación realizado por Finagro, mediante el cual concluyó que esa sociedad no era elegible para los beneficios de incentivo y garantía otorgados por la entidad.
Con el fin de ilustrar o dar claridad al asunto, el despacho considera pertinente advertir que existen dos relaciones diferentes en el presente asunto: la primera de ellas es la existente entre la sociedad Inversiones Pérez Taborda y Compañía Limitada Pérez Taborda Ltda. con la entidad financiera BBVA, al ser ésta la que desembolsó los créditos con el beneficio del incentivo de ICR con garantía FAG a los asociados al proyecto agrario, al considerar que cumplían con todos los requisitos señalados por Finagro para ser elegibles como beneficiarios; la segunda es la que existe entre el intermediario financiero y Finagro, en la cual existen mecanismos de seguimiento y control de los créditos otorgados, en donde —se reitera— el beneficiario sólo puede intervenir mediante las pruebas que remita al proceso a través de su intermediario financiero, de conformidad con lo establecido por el capítulo VII del manual de servicios de la entidad demandada.
En este orden de ideas encuentra el despacho que, en el presente asunto la demanda y sus pretensiones están relacionadas con el proceso de control y seguimiento que Finagro realizó respecto de los créditos y beneficios otorgados por el intermediario financiero BBVA a la sociedad Inversiones Pérez Taborda y Compañía Limitada Pérez Taborda Ltda., asunto que es el núcleo central del objeto social de la entidad demandada, el cual, se insiste, consiste en financiar los proyectos agropecuarios, a partir de una serie de mecanismos económicos a través de entidades pertenecientes al sistema nacional de crédito agropecuario o entidades bancarias, razón por la cual es dable concluir que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no es competente para conocer del presente asunto, comoquiera que la Ley determina que los actos que realice Finagro en desarrollo de su objeto social, serán de conocimiento de la justicia ordinaria, de ahí que se advierta la configuración de una nulidad procesal insaneable por falta de jurisdicción, la cual deberá ser declarada.
De las nulidades procesales.
Las nulidades procesales de que pueden adolecer los procesos que se adelantan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, únicamente pueden ser, por expresa disposición del artículo 165 del Código Contencioso Administrativo, aquellas previstas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, adicionadas por la causal constitucional, consagrada en el inciso final del artículo 29 Constitucional en cuanto se trate de pruebas obtenidas con violación del debido proceso, circunstancia que se configura cuando el recaudo de la prueba se realiza con total desconocimiento de las formalidades esenciales para la práctica de las pruebas y, en particular, con desconocimiento del derecho de contradicción.
Se trata, pues, de un régimen integrado por causales taxativas de nulidad procesal. En este sentido, la Sala Plena de esta corporación(7) ha sostenido que:
“Las nulidades procesales se encuentran establecidas, de forma taxativa, en el artículo 140 del CPC, lo anterior, como quiera que es al legislador a quien corresponde determinar y precisar de manera estricta, los supuestos fácticos y jurídicos que de acaecer, pueden generar la anulación del trámite procesal.
Ahora bien, en cuanto concierne al contenido y alcance del concepto de nulidad procesal, debe advertirse que la misma tiene como finalidad brindar un correctivo a ciertos vicios —saneables o insaneables— que se generan por el desconocimiento de presupuestos legales establecidos para la tramitación de determinado proceso.(8)
(…) no es viable que las partes o sujetos procesales, formulen nulidades sin apoyo normativo estricto y preciso, lo contrario supone, indefectiblemente, desestimar la respectiva petición, como quiera que las nulidades procesales, en los términos anteriormente expuestos, deben interpretarse de forma estricta y restrictiva”.
Ahora bien, en cuanto a saber cuáles de tales causales de nulidad son insaneables, ha de indicarse que el Código de Procedimiento Civil establece que lo son las señaladas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 140 ibídem, esto es: a) La falta de jurisdicción; b) La falta de competencia funcional; c) El desconocimiento de providencia ejecutoriada proveniente del superior, la reanudación de un proceso legalmente concluido o la pretermisión íntegra de la respectiva instancia y, d) La tramitación de la demanda por proceso diferente al que corresponde, comoquiera que —todas ellas— afectan la validez de las actuaciones procesales.
Las demás causales de nulidad procesal corresponden a las que se encuentran consagradas entre los numerales 5 y 9 del mencionado artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, que son subsanables, cuestión que debe tenerse por cumplida cuando la parte afectada no la hubiere alegado en la respectiva oportunidad procesal; dichas causales se encuentran sometidas a precisas y determinadas etapas procesales cuyo vencimiento determina su preclusión, a lo cual debe agregarse que su saneamiento supone la convalidación de la actuación lo cual puede darse bien por manifestación expresa de la parte afectada o bien por consentimiento tácito, como el que corresponde a la realización de actuaciones posteriores sin alegación de la nulidad correspondiente(9).
En el caso concreto, se tiene que la parte actora solicitó le sean reparados los perjuicios generados con ocasión de la investigación realizada por Finagro para determinar si la sociedad demandante era elegible para los benéficos de incentivo y garantía otorgados por ésta, proceso en el cual sólo intervino el intermediario bancario BBVA y en el que se concluyó que no era elegible, sin que la ahora demandante hubiera tenido la oportunidad de participar en la actuación, por lo cual concluyó que se le violó el derecho a la defensa y a la contradicción.
Como se estableció anteriormente, en el presente asunto se encuentra que la demanda y sus pretensiones hacen referencia a lo decidido en el procesos de control y seguimiento que Finagro realizó para determinar si la sociedad demandante era elegible o no para que le fueran otorgados los beneficios que dicha entidad entrega, materia que es de ámbito exclusivo al desarrollo del objeto social de la entidad demandada, asunto que es competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria, como así lo señala el artículo 7 del Decreto 892 de 1995(10).
Así las cosas, el despacho declarará la nulidad de todo lo actuado desde el Auto de 16 de noviembre de 2012 pues tal actuación se halla afectada por falta de jurisdicción y, por ello, procederá a remitir el presente asunto a la jurisdicción competente, lo que se hará en cumplimiento de lo señalado en el inciso 3º del artículo 143 del Código Contencioso Administrativo.
1. DECLARAR la nulidad de todo lo actuado desde el Auto de 16 de noviembre de 2012 inclusive, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Santander, Subsección de Descongestión, Sala de Asuntos Residuales rechazó la demanda por caducidad de la acción.
2. En consecuencia de lo anterior, por secretaría REMITIR el expediente a la oficina de apoyo judicial de Bucaramanga.
3. COMUNICAR esta decisión al Tribunal Administrativo de Santander, Subsección de Descongestión, Sala de Asuntos Residuales y, allegar copia de la misma.
Magistrado: Hernan Andrade Rincón.
(1) Fls. 477-496 c. 1.
(2) Fls. 498-501 c. 1.
(3) Fls. 502-503 c. ppal.
(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 20 de febrero de 2008, Exp. (16207), M.P. Miryam Guerrero de Escobar.
(5) Beneficio económico que se otorga a una persona natural o jurídica para que ejecute un proyecto nuevo, que busque mejorar la competitividad en la producción agropecuaria.
(6) El Fondo Agropecuario de Garantías garantiza los créditos otorgados a personas naturales o jurídicas para proyectos del sector agropecuario o rural.
(7) Auto de junio 26 de 2007, Exp. PI 1308.
(8) En estricto sentido, la nulidad procesal es una enfermedad propia y exclusiva de los actos del juez. Cuando las partes ejecutan actos procesales sin las formalidades de tiempo, modo o lugar que la ley prescribe, sus efectos jurídicos quedan total o parcialmente eliminados, según la gravedad y clase del defecto, pero entonces técnicamente estaremos en presencia de un caso de ineficacia, de inocuidad o de inexistencia procesal del acto, pero no de nulidad.” DEVIS Echandía, Hernando “Teoría General del Proceso”, Ed. Universidad, Buenos Aires, pág. 532.
(9) Al respecto consultar sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 30 de julio de 2008, Exp. 31.280, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(10) “ART. 7º— Régimen. Los actos que realice el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario en desarrollo de su objeto social, estarán sujetos a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria, conforme a las normas de competencia respectiva. Aquellos que efectúe en cumplimiento de las funciones administrativas que le confíe la ley, serán actos administrativos y estarán sometidos a la jurisdicción contencioso-administrativa.

References: artículo 3
 artículo 308
 artículo 86
 artículo 136
 artículo 8
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 165
 artículo 140
 artículo 29
 artículo 140
 artículo 140
 artículo 140
 artículo 7
 artículo 143