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Timestamp: 2020-01-24 02:43:31+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 160, de 29/04/2010
Año 2010 IX Legislatura Núm. 160
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA TERESA CUNILLERA I MESTRES, VICEPRESIDENTA PRIMERA
Sesión plenaria núm. 151
celebrada el jueves, 29 de abril de 2010
- Real Decreto-Ley 3/2010, de 26 de marzo, por el que se modifica la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de régimen del personal del cuerpo de la Guardia Civil. (B.O.E. núm. 75, de 27 de marzo de 2010). (Número de expediente 130/000026.) ... (Página 7)
- Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 52-1, de 27 de noviembre de 2009. (Número de expediente 121/000052.) ... (Página 12)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República Plurinacional de Bolivia sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y oficiales o de servicio, hecho en Madrid el 15 de septiembre de 2009.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 250, de 9 de febrero de 2010. (Número de expediente 110/000160.) ... (Página 25)
- Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hecho en Nueva York el 10 de diciembre de 2008.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 251, de 9 de febrero de 2010. (Número de expediente 110/000161.) ... (Página 25)
- Enmienda al artículo 16 del Acuerdo Marco entre la República Federal de Alemania, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, relativo a las medidas encaminadas a facilitar la reestructuración y funcionamiento de la industria europea de defensa, hecho en Londres el 8 de octubre de 2008. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 252, de 9 de febrero de 2010. (Número de expediente 110/000162.) ... (Página 25)
- Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y medidas de protección de los niños, hecho en La Haya el 19 de octubre de 1996, así como declaraciones y reserva. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 253, de 9 de febrero de 2010. (Número de expediente 110/000163.) ... (Página 26)
- Protocolo número 14 bis al Convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, por el que se modifica el sistema de control del Convenio, hecho en Estrasburgo el 27 de mayo de 2009 y declaración. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 254, de 9 de febrero de 2010. (Número de expediente 110/000164.) ... (Página 26)
- Acuerdo de seguridad entre la República Francesa, la República Italiana, la República Portuguesa y el Reino de España para la protección de la información clasificada de Eurofor, hecho en Roma el 11 de octubre de 2007. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 255, de 9 de febrero de 2010. (Número de expediente 110/000165.) ... (Página 26)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República Checa para el intercambio y la protección mutua de la información clasificada, hecho en Madrid el 8 de octubre de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 256, de 9 de febrero de 2010. (Número de expediente 110/000166.) ... (Página 26)
- Convenio entre el Reino de España y los Emiratos Árabes Unidos sobre la asistencia judicial mutua en materia penal, hecho en Madrid el 24 de noviembre de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 257, de 9 de febrero de 2010. (Número de expediente 110/000167.) ... (Página 26)
- Convenio de extradición entre el Reino de España y los Emiratos Árabes Unidos, hecho en Madrid el 24 de noviembre de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 258, de 9 de febrero de 2010. (Número de expediente 110/000168.) ... (Página 26)
- Convenio entre el Reino de España y los Emiratos Árabes Unidos relativo al traslado de personas condenadas, hecho en Madrid el 24 de noviembre de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 259, de 9 de febrero de 2010. (Número de expediente 110/000169.) ... (Página 26)
- Convenio de asistencia administrativa mutua en materia fiscal, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1988, así como declaración que España desea formular en el momento de su ratificación. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 260, de 9 de febrero de 2010. (Número de expediente 110/000170.) ... (Página 26)
- Protocolo adicional complementario del Convenio entre los estados parte en el Tratado del Atlántico Norte y los otros Estados participantes en la Asociación para la Paz, relativo al Estatuto de sus Fuerzas, hecho en Bruselas el 19 de diciembre de 1997. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 261, de 9 de febrero de 2010. (Número de expediente 110/000171.) ... (Página 26)
- Convenio Europeo en materia de adopción de menores (revisado), hecho en Estrasburgo el 27 de noviembre de 2008 y declaración. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 262, de 9 de febrero de 2010. (Número de expediente 110/000172.) ... (Página 26)
- Acuerdo de seguridad entre el Reino de España y el Gran Ducado de Luxemburgo relativo al intercambio y la protección recíproca de información clasificada, hecho en Luxemburgo el 12 de noviembre de 2009.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 263, de 9 de febrero de 2010. (Número de expediente 110/000173.) ... (Página 26)
- Convenio entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su protocolo, hecho en Madrid el 9 de octubre de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 264, de 9 de febrero de 2010. (Número de expediente 110/000174.) ... (Página 26)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República Francesa sobre la selección, puesta en marcha y financiación de dos proyectos de autopistas del mar entre España y Francia en la fachada Atlántica-La Mancha-Mar del Norte, hecho en Madrid el 28 de abril y 10 de noviembre de 2009. "BOCG.
Sección Cortes Generales", serie A, número 269, de 26 de febrero de 2010.
(Número de expediente 110/000175.) ... (Página 26)
- Enmiendas a los anexos II y III del Convenio para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico del Nordeste, relativos al almacenamiento de flujos de dióxido de carbono en estructuras geológicas (Ospar), hecho en Ostende (Bélgica) el 29 de junio de 2007. "BOCG.
Sección Cortes Generales", serie A, número 270, de 26 de febrero de 2010.
(Número de expediente 110/000176.) ... (Página 26)
- Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República del Ecuador, hecho en Madrid el 4 de diciembre de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 271, de 26 de febrero de 2010. (Número de expediente 110/000177.) ... (Página 27)
- Acuerdo de sede entre el Reino de España y la Agencia Comunitaria de Control de Pesca, hecho en Madrid el 19 de julio de 2008. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 274, de 12 de marzo de 2010. (Número de expediente 110/000178.) ... (Página 27)
- Acuerdo marco entre el Reino de España y el Reino Hachemita de Jordania sobre cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear, hecho en Amman el 20 de enero de 2010. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 275, de 12 de marzo de 2010. (Número de expediente 110/000179.) ... (Página 27)
- Convenio relativo a la expedición de certificados de nacionalidad (número 28 de la CIEC), hecho en Lisboa el 14 de septiembre de 1999 y declaraciones al mismo. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 277, de 26 de marzo de 2010. (Número de expediente 110/000180.) ...
- Convenio relativo al reconocimiento de las resoluciones por las que se constata un cambio de sexo, hecho en Viena el 12 de septiembre de 2000 y declaraciones al mismo. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 278, de 26 de marzo de 2010. (Número de expediente 110/000181.) ....
- Convenio relativo al reconocimiento de uniones de hecho inscritas, hecho en Múnich el 5 de septiembre de 2007 y declaraciones al mismo. "BOCG.
Sección Cortes Generales", serie A, número 279, de 26 de marzo de 2010.
(Número de expediente 110/000182.) ... (Página 27)
- Convenio de Sede entre España y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para el establecimiento de una oficina de representación de la OIM en España, hecho en Madrid el 14 de julio de 2008. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 280, de 26 de marzo de 2010. (Número de expediente 110/000183.) ... (Página 27)
- Acuerdo marco entre el Reino de España y la Organización Internacional para las Migraciones, hecho en Madrid el 17 de diciembre de 2009. "BOCG.
Sección Cortes Generales", serie A, número 282, de 26 de marzo de 2010.
(Número de expediente 110/000185.) ... (Página 27)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República del Senegal sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Madrid el 16 de diciembre de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 286, de 9 de abril de 2010. (Número de expediente 110/000187.) ... (Página 27)
Votación de conjunto ... (Página 30)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 7)
Real Decreto-ley 3/2010, de 26 de marzo, por el que se modifica la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil ... (Página 7)
El señor ministro del interior (Pérez Rubalcaba), presenta a la Cámara el Real Decreto-ley 3/2010, de 26 de marzo.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y los señores Cosidó Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y González Serna, del Grupo Parlamentario Socialista.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 12)
Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal ... (Página 12)
En defensa de las enmiendas que se mantienen vivas para su defensa en el Pleno intervienen las señoras Barkos Berruezo, Díez González y el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Ridao i Martín y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Trillo-Figueroa Martínez-Conde, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 3/2010, de 26 de marzo, por el que se modifica la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil, se aprueba por 191 votos a favor, uno en contra y 140 abstenciones.
- Acuerdo entre el Reino de España y la República Plurinacional de Bolivia sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y oficiales o de servicio, hecho en Madrid el 15 de septiembre de 2009 ...
- Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hecho en Nueva York el 10 de diciembre de 2008 ...
- Enmienda al artículo 16 del Acuerdo Marco entre la República Federal de Alemania, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, relativo a las medidas encaminadas a facilitar la reestructuración y funcionamiento de la industria europea de defensa, hecho en Londres el 8 de octubre de 2008 ... (Página 25)
- Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y medidas de protección de los niños, hecho en La Haya el 19 de octubre de 1996, así como Declaraciones y Reserva ... (Página 26)
- Protocolo número 14 bis al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, por el que se modifica el sistema de control del Convenio, hecho en Estrasburgo el 27 de mayo de 2009 y Declaración ... (Página 26)
- Acuerdo de Seguridad entre la República Francesa, la República Italiana, la República Portuguesa y el Reino de España para la protección de la información clasificada de Eurofor, hecho en Roma el 11 de octubre de 2007 ... (Página 26)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República Checa para el intercambio y la protección mutua de la información clasificada, hecho en Madrid el 8 de octubre de 2009 ... (Página 26)
- Convenio entre el Reino de España y los Emiratos Árabes Unidos sobre la asistencia judicial mutua en materia penal, hecho en Madrid el 24 de noviembre de 2009 ... (Página 26)
- Convenio de extradición entre el Reino de España y los Emiratos Árabes Unidos, hecho en Madrid el 24 de noviembre de 2009 ... (Página 26)
- Convenio entre el Reino de España y los Emiratos Árabes Unidos relativo al traslado de personas condenadas, hecho en Madrid el 24 de noviembre de 2009 ... (Página 26)
- Convenio de asistencia administrativa mutua en materia fiscal, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1988, así como Declaración que España desea formular en el momento de su ratificación ... (Página 26)
- Protocolo adicional complementario del Convenio entre los estados parte en el Tratado del Atlántico Norte y los otros Estados participantes en la Asociación para la Paz, relativo al Estatuto de sus Fuerzas, hecho en Bruselas el 19 de diciembre de 1997 ... (Página 26)
- Convenio europeo en materia de adopción de menores (revisado), hecho en Estrasburgo el 27 de noviembre de 2008 y Declaración ... (Página 26)
- Acuerdo de seguridad entre el Reino de España y el Gran Ducado de Luxemburgo relativo al intercambio y la protección recíproca de información clasificada, hecho en Luxemburgo el 12 de noviembre de 2009 ... (Página 26)
- Convenio entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su Protocolo, hecho en Madrid el 9 de octubre de 2009 ... (Página 26)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República Francesa sobre la selección, puesta en marcha y financiación de dos proyectos de autopistas del mar entre España y Francia en la fachada atlántica-La Mancha-Mar del Norte, hecho en Madrid el 28 de abril y 10 de noviembre de 2009 ...
- Enmiendas a los anexos II y III del Convenio para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico del Nordeste, relativos al almacenamiento de flujos de dióxido de carbono en estructuras geológicas (Ospar), hecho en Ostende (Bélgica) el 29 de junio de 2007 ... (Página 26)
- Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República del Ecuador, hecho en Madrid el 4 de diciembre de 2009 ... (Página 27)
- Acuerdo de sede entre el Reino de España y la Agencia Comunitaria de Control de Pesca, hecho en Madrid el 19 de julio de 2008 ... (Página 27)
- Acuerdo marco entre el Reino de España y el Reino Hachemita de Jordania sobre cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear, hecho en Amman el 20 de enero de 2010 ... (Página 27)
- Convenio relativo a la expedición de certificados de nacionalidad (número 28 de la CIEC), hecho en Lisboa el 14 de septiembre de 1999 y declaraciones al mismo ... (Página 27)
- Convenio relativo al reconocimiento de las resoluciones por las que se constata un cambio de sexo, hecho en Viena el 12 de septiembre de 2000 y declaraciones al mismo ... (Página 27)
- Convenio relativo al reconocimiento de uniones de hecho inscritas, hecho en Múnich el 5 de septiembre de 2007 y declaraciones al mismo ... (Página 27)
- Convenio de sede entre España y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para el establecimiento de una oficina de representación de la OIM en España, hecho en Madrid el 14 de julio de 2008 ... (Página 27)
- Acuerdo marco entre el Reino de España y la Organización Internacional para las Migraciones, hecho en Madrid el 17 de diciembre de 2009 ...
- Acuerdo entre el Reino de España y la República del Senegal sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Madrid el 16 de diciembre de 2009 ... (Página 27)
Sometidos a votación los dictámenes de la Comisión de Asuntos exteriores sobre convenios internacionales, se aprueban por asentimiento.
Se someten a votación las enmiendas al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 180 votos a favor, siete en contra y 146 abstenciones.
Se levanta la sesión a las once y veinticinco minutos de la mañana.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señorías, se reanuda la sesión.
Quiero recordarles que la sesión plenaria de hoy incluye el debate y aprobación del dictamen relativo al proyecto de ley orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que requiere una votación final sobre el conjunto. Dicha votación final, de conformidad con el artículo 131.2 del Reglamento, debe ser anunciada con antelación por la Presidencia. Por ello, en cumplimiento de esta disposición, les anuncio que las votaciones no tendrán lugar antes de las diez y media.
- REAL DECRETO-LEY 3/2010, DE 26 DE MARZO, POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 42/1999, DE 25 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN DEL PERSONAL DEL CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL. (Número de expediente 130/000026.)
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos al orden del día. En primer lugar, convalidación o derogación de reales decretos-leyes, en concreto del Real Decreto-Ley 3/2010, de 26 de marzo, por el que se modifica la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de régimen del personal del cuerpo de la Guardia Civil. Para la defensa y explicación de este real decreto tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Señora presidenta, señoras y señores diputados, comparezco en este Pleno para presentar el Real Decreto-Ley 3/2010, de 26 de marzo, por el que se modifica la Ley de régimen del personal de la Guardia Civil, y lógicamente para solicitar su convalidación en esta Cámara.
El objetivo de este decreto-ley no es otro que permitir a los miembros de las escalas de suboficiales, de cabos y de guardias que voluntariamente lo decidan pasar a la situación de reserva a los 60 años, en lugar de a los 58, que es la regla general prevista actualmente en su normativa. No es, señorías, la primera vez en nuestra historia reciente que se modifica la edad de pase a la reserva de los miembros de la Guardia Civil.
Efectivamente así lo hicimos en el año 1999 -en este aspecto se viene a modificar con el decreto-ley la Ley de régimen del personal a la que me refería al comienzo-, y se hizo porque se consideró en aquel momento oportuno ampliar de los 56 a los 58 años la edad de reserva. La medida condujo a unos resultados satisfactorios, tanto en términos individuales como para el conjunto de la Guardia Civil. Algo parecido podría apuntarse de una decisión similar mucho más reciente que tomó también esta Cámara para los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, en concreto en la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008. Esta medida, que afectaba al pase a la segunda actividad de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, ha sido beneficiosa tanto para los casi mil policías que decidieron retrasar su pase a la segunda actividad como para el cuerpo, que se ha podido beneficiar de dos años más del trabajo de quienes tienen una experiencia acreditada al servicio del conjunto de los ciudadanos.
Señorías, los cambios demográficos y sociales que nuestra sociedad ha experimentado en los últimos años, con un incremento considerable no solo de la esperanza de vida, sino fundamentalmente de las condiciones psicofísicas de las personas que alcanzan una determinada edad, hacen que este tipo de cambios en la edad de jubilación o de pase a la reserva, en este caso, se estén introduciendo en muchos sectores de nuestra actividad económica y de nuestros servicios. A los 58 años la inmensa mayoría de los guardias civiles se encuentran en condiciones óptimas para seguir trabajando, y lógicamente acumulan una experiencia de la que no es razonable ni sensato prescindir. Todo ello teniendo en cuenta que la Guardia Civil es un cuerpo complejo, con muchas unidades distintas, todas ellas necesarias, y cuyas necesidades de personal también son razonablemente muy diferentes. La medida que se contempla en este decreto-ley al que me vengo refiriendo va dirigida a las escalas de suboficiales, de cabos y de guardias, y por supuesto tiene carácter voluntario. Es así plenamente respetuosa con los derechos adquiridos por los miembros de la Guardia Civil, y ha sido entendido de tal forma por las asociaciones de los integrantes de este cuerpo.
En resumen, señorías, creemos que el decreto-ley que presentamos en esta Cámara es bueno para los guardias civiles individualmente y bueno para la Guardia Civil en su conjunto. Supone un mejor aprovechamiento de nuestros recursos humanos, tanto desde el punto de vista funcional como desde el punto de vista económico, y va a redundar en una mejora de la eficacia de nuestra Guardia Civil -ya de por sí muy alta-. Por esta razón esperamos que con ella mejore también la seguridad del conjunto de nuestros conciudadanos.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Ningún grupo parlamentario ha solicitado turno en contra de la convalidación de este real decreto, por lo que pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Díez.
Intervengo brevemente, desde el escaño, para reconfirmar mi apoyo a esta medida que se va a someter a votación. Anuncio mi voto a favor de la misma.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señora Díez.
Señor ministro, señorías, mi grupo parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya votará favorablemente este real decreto que se nos propone hoy, que modifica la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de régimen del personal de la Guardia
Civil para que el pase a situación de reserva se retrase dos años. No tenemos inconveniente en esta medida, creemos que puede ser adecuada, ahora bien, tenemos algunas matizaciones que hacer, no vaya a ser que a través de los argumentos de estos reales decretos tan obvios pasen otros argumentos menos obvios. En concreto me refiero a lo que tiene que ver con la esperanza de vida y las aptitudes psicofísicas, que me resulta muy estimulante, sobre todo porque remite a otras cosas como, por ejemplo, al debate que estamos teniendo en estos momentos en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo sobre la edad de jubilación. En ese sentido me felicito de que esta propuesta sea voluntaria; que al final sobre las aptitudes psicofísicas no influyan únicamente la edad cronológica, sino también las situaciones que pasa cada uno desde el punto de vista personal. En todo caso se trata de reducir esa denominada esperanza de vida como expectativa de vida. No es que nuestros padres y abuelos hayan vivido diez años menos de media que nosotros, sino que en la esperanza de vida influye, por ejemplo -y esto tiene que ver con su ministerio-, que no muera un joven en la carretera. Eso es lo que influye en la esperanza de vida fundamentalmente: que no se pierda la vida de un joven que tiene una expectativa de vida de cuarenta o cincuenta años. Quería aclarar esta cuestión.
Pero no se trata únicamente de una cuestión académica, sino que tiene que ver con la propuesta que hoy se nos hace aquí. A nadie se le escapa que esta propuesta tiene que ver también con el ajuste del empleo público; tiene que ver con una propuesta que ha puesto en marcha el Gobierno frente a la crisis económica; y frente a la crisis económica y el incremento grave del desempleo en nuestro país, especialmente entre los jóvenes -40 por ciento de desempleo juvenil-, lo que propone el Gobierno y lo que es el dogma liberal generalizado es que lo que hay que hacer es recortar empleo público. En nuestra opinión no debe ni puede ser así, porque entonces lo que hace el sector público es añadir desempleo al ya generado en el marco del sector privado. Estableciendo una relación entre esta iniciativa y la situación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado esta no servirá para equilibrar el ajuste del empleo público, y el alargamiento en la edad de pase a la reserva de los guardias civiles no va a paliar el efecto de la no incorporación de nuevos jóvenes durante este año o durante los próximos años a la Guardia Civil. Esto hay que tenerlo en cuenta. Además estas personas a las que se les propone una flexibilización en la situación de reserva difícilmente van a actuar en determinados puestos operativos, donde sí actuarían personas recién incorporadas a la Guardia Civil, y eso en nuestra opinión también hay que tenerlo en cuenta, y por ello hay que relativizar este tipo de medidas.
Por otra parte quiero recordar al ministro que hay otras medidas pendientes que esperamos del Gobierno. Esta medida nos ha sorprendido; no sabíamos que estuviera prevista. Creo que tampoco lo sabían muchos sectores de la Guardia Civil, salvo el consejo donde parece ser que se había tratado y que ha contado con el consenso de todos. Pero hay otros temas importantes a los que me he referido y de los que querría hacer una referencia final. En primer lugar, en opinión de mi grupo queda la cuestión fundamental del empleo público. Estamos convencidos de que no estamos acertando al utilizar como medida básica de recorte del gasto público la reducción drástica del empleo público, incluso más allá de los compromisos adquiridos por el Gobierno con los sindicatos, que por ejemplo preservaban claramente el empleo público en determinados puestos estratégicos, entre los cuales estaban la sanidad, la educación o la seguridad. En segundo lugar, está pendiente la jornada laboral de la Guardia Civil. Esto es algo de lo que hemos hablado en diversas ocasiones, y que creemos que es muy importante para avanzar en las condiciones de vida de la Guardia Civil, y que no puede seguir siendo el hecho diferencial de la Guardia Civil en relación con otros sectores de la seguridad en nuestro país. Está pendiente también la nueva ley de personal para el cuerpo de la Guardia Civil. Lo que estamos haciendo en estos momentos es trasladar miméticamente la Ley de carrera militar de las Fuerzas Armadas al colectivo de la Guardia Civil. Esto es contradictorio con la decisión reciente de dejar únicamente el carácter militar de la Guardia Civil para las acciones militares, y mantener su carácter de policía civil en general. Si es así, su carrera no puede ser militar, tiene que ser una carrera civil, y tiene que haber una ley de personal de acuerdo con el cumplimiento del mandato legislativo derivado de la disposición final séptima de la Ley de la carrera militar que mandataba esta orientación y que ha sido incumplida por el Gobierno.
Es necesario igualmente regular el catálogo de puestos de trabajo en la Guardia Civil, así como las denominadas misiones militares de la Guardia Civil en el exterior. Creemos que estos aspectos son de interés para la Guardia Civil y para la seguridad, probablemente más para la seguridad que para la decisión que hoy vamos a tomar, pero queríamos hacer algunas matizaciones a este respecto, ya que si bien es una decisión voluntaria, una decisión que puede tener efectos positivos, en nuestra opinión no logra sanar los efectos negativos del ajuste, y en particular de la restricción del empleo público. Creemos que ahí el Gobierno y el dogma liberal se quiebran y lo único que hacen es, con una escasa influencia sobre el déficit público, cargar la mayor parte del ajuste sobre el empleo. En nuestra opinión el empleo ya está bastante mal, y sobre todo el empleo juvenil, que en estos momentos dobla el conjunto del desempleo en nuestro país.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor ministro, su facundia nos ha convencido, y nosotros no tenemos ninguna matización que hacer. Nos parece correcta y pertinente la norma porque ya, señor ministro, hemos desistido de tener una respuesta satisfactoria y no vamos a seguir preguntándole sobre esta paradoja de que un cuerpo que se denomina la Guardia Civil siga teniendo carácter militar. Como llevo preguntándoselo veinte años y todavía no he obtenido una respuesta satisfactoria, definitivamente voy a desistir de comprender esta peculiar paradoja de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En cuanto al contenido de la norma, está bien. Primero, porque está consensuada con los destinatarios, por su voluntariedad, y porque al margen de las previsiones actuariales sobre el envejecimiento estamos de acuerdo en que con 60 años, ante unas perspectivas demográficas en que las expectativas de vida se han prolongado, la capacidad de las personas evidentemente aconseja la realización de determinadas actividades, que son las que realizarán estos guardias civiles de las dos escalas: cabos y guardias, y suboficiales. No hay nada que objetar por nuestra parte, y por lo tanto votaremos favorablemente a la convalidación del real decreto, señora presidenta, y no en su caso -si es objeto de petición- a su tramitación como proyecto de ley.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.
Señor ministro, señorías, quiero manifestar sin mayor preámbulo que Convergència i Unió va a votar también favorablemente a la convalidación de este real decreto-ley. Vamos a hacerlo, en primer lugar, porque se trata de una medida que llega a la Cámara sin mayor polémica, que goza al parecer de amplio consenso en los sectores afectados, que da incluso respuesta a la demanda de componentes de la propia institución que próximamente debían pasar a la situación de reserva, y porque se trata en definitiva -lo han señalado aquí tanto el señor ministro como quienes me han precedido en el uso de la palabra- de una medida voluntaria, es decir, que respeta los derechos que en este ámbito pudieran haberse adquirido de acuerdo con la normativa vigente. Vamos a dar nuestro apoyo desde la convicción de que la nueva situación -este pase a la reserva a los 60 años- no va a suponer o no debiera suponer merma alguna en las condiciones que se requieren para la óptima prestación del servicio, puesto que es un hecho notorio -y así se señala en la parte justificativa del real decreto-ley- que las condiciones psicofísicas de las personas van siendo cada vez mejores durante más tiempo, lo que facilita una mayor prolongación de la vida laboral efectiva, aunque en este caso pudiera ser que se tuviera que hacer una redistribución a los empleos adecuados. Esta medida va a permitir aprovechar el conocimiento y experiencia acumulados, optimizando el empleo de recursos humanos y el aumento del número de efectivos destinados a velar por la seguridad de la ciudadanía, siempre y cuando que por otra parte se siga manteniendo una oferta pública de empleo suficiente en este ámbito concreto de la seguridad.
Expuesta nuestra posición y expresado el apoyo de CiU a la iniciativa que estamos viendo, no quisiera dejar pasar la ocasión de tener aquí al ministro para traer a colación ante ustedes dos aspectos que, relacionados con la edad y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, producen situaciones que se viven por los afectados como una discriminación, y sobre las que reiteradamente se nos reclama una solución, que serían las siguientes. Una primera se refiere al límite de edad de acceso a las oposiciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Insistentemente se dirigen a nosotros ciudadanas y ciudadanos que nos solicitan que suprimamos o que por lo menos modifiquemos al alza los bajos límites de edad hoy vigentes para acceder a las pruebas de selección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Las razones para fundamentar esta petición tienen precisamente mucho que ver con la propia justificación del real decreto-ley que estamos hoy convalidando, en el sentido de que si para prorrogar, aunque sea voluntariamente, la edad de pase a la reserva en el cuerpo de la Guardia Civil se alude al considerable incremento de la esperanza de vida y al mantenimiento durante largo tiempo de las buenas condiciones psicofísicas de las personas, debería -nos dicen- considerarse igualmente razonable el límite de edad que hoy existe para acceder a las pruebas de selección en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y que se cifra en 20, 23 ó 27 años, según el cuerpo y la escala a la que se aspire, y que debiera suprimirse o revisarse al alza, puesto que siguen sosteniendo que la idoneidad de las condiciones para garantizar la eficacia en las funciones de seguridad no debiera basarse en el impedimento de acceso a las pruebas únicamente por la edad, y más por una edad tan corta, sino en la superación de las correspondientes pruebas psicofísicas y médicas, que lógicamente irían en muy buena parte ligadas a la edad, pero no necesaria ni únicamente a ella. Quiero señalar como buen precedente en esta dirección el de ayer en el Parlament de Catalunya, donde se aprobó una iniciativa de mi grupo parlamentario, una proposición de ley de Convergència i Unió que elimina el límite de edad máxima de 35 años para el acceso a la categoría de bombero, en cumplimiento de la Directiva 2000/78 del Consejo, de 27 de noviembre del año 2000, por la que se establece un marco general de igualdad de trato en la ocupación.
La segunda de las situaciones discriminatorias me han oído referirla muchas veces, como es la necesidad de equiparar la edad y las condiciones de financiación de
la jubilación de todas las policías integrales autonómicas. Hasta hace poco los Mossos d'Esquadra, la Policía Foral de Navarra y la Ertzaintza, que están sujetos al régimen general de la Seguridad Social, para poder percibir la totalidad del importe de la pensión tenían que esperar a los 65 años, ya que de lo contrario se les aplica un coeficiente corrector que supone que perciben un 8 por ciento menos del importe de la pensión por cada año adelantado. Señor ministro, señorías, 65 años son 5 años más de los que hoy aprobamos para que pase a reserva voluntaria la Guardia Civil, voluntaria, porque la previsión general es hacerlo a los 58 años.
No obstante esta situación general ha cambiado ya para la Ertzaintza que, a través de un pacto político realizado por medio del Grupo Nacionalista Vasco y plasmado en los Presupuestos Generales del Estado del año 2010, ha conseguido que sea el Estado el que financie las prejubilaciones a los 60 años, de manera que los policías que se jubilen a esta edad perciban el cien por cien del importe de la pensión. Pues bien, esta nueva situación de la Ertzaintza, que ha sido una reivindicación histórica de los sindicatos de las tres policías, reivindicación consistente en que se equipararan sus condiciones de jubilación a las de la Policía Nacional, y que es lo que ahora precisamente ha conseguido la Ertzaintza, entendemos que debe extenderse a los Mossos d'Esquadra y a la Policía Foral de Navarra para superar la discriminación que ahora se produce entre las policías integrales autonómicas, en el bien entendido -porque consideramos que debemos hacer esta petición desde la responsabilidad- de que en el caso de los Mossos d'Esquadra esto no es un compromiso de gasto, porque la pirámide de edad de los mossos está todavía alejada de la edad de jubilación. No se trata por tanto de un compromiso de gasto, sino del reconocimiento de un derecho. Por ello -y aquí finalizo mi intervención- solicito una vez más al Gobierno que cumpla por fin los reiterados mandatos de esta Cámara que se han ido aprobando en este sentido desde el año 2002 -ya con el Gobierno del Partido Popular, que tampoco se cumplió-, y el último y muy reciente el pasado martes 27 de abril, en la Comisión de Interior. Termino reiterando nuestro apoyo a la convalidación del real decreto.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pigem.
Señor ministro, señorías, quizá la brevedad con la que se ha expresado hoy el ministro del Interior nos ha ocultado cuál es la razón principal por la que el Gobierno trae a la Cámara la convalidación de este real decreto. La razón principal viene en la memoria justificativa del real decreto, y dice que la actual coyuntura económica obliga a reducir, en comparación con años anteriores, las ofertas de empleo público para nuevos ingresos en el cuerpo de la Guardia Civil, lo que provocará una reducción en su plantilla de efectivos. Esto lo dice el ministerio: provocará una reducción en su plantilla de efectivos. A fin de minimizar los efectos que esta situación pudiera causar en la seguridad ciudadana, se hace necesario adoptar lo antes posible medidas que contribuyan a disminuir las repercusiones cuantitativas que se derivan en los recursos humanos de la institución, a lo que sin duda contribuirá este proyecto.
Por tanto la razón principal de este real decreto es tratar de construir una coartada política que justifique la práctica eliminación de la oferta de empleo público este año para la Guardia Civil.
Mi grupo no va a apoyar este real decreto, porque no queremos ser cómplices de una grave irresponsabilidad, como nos parece la ridícula, cicatera y mísera oferta de empleo público que el Gobierno ha aprobado este año para la Guardia Civil y para el Cuerpo Nacional de Policía. En segundo lugar, no lo vamos a hacer tampoco porque este real decreto no va a evitar la pérdida de efectivos, como reconoce la propia memoria justificativa. En tercer lugar, tampoco lo vamos a hacer porque este real decreto sí va a afectar, y negativamente, a las expectativas de ascenso de muchos suboficiales de la Guardia Civil. Por último, no lo vamos a apoyar porque este real decreto es una prueba evidente de que el Gobierno no tiene ninguna voluntad de traer a la Cámara una ley de personal de la Guardia Civil, a la que no solamente está comprometido políticamente, sino que está obligado por la propia Ley de carrera militar.
Le decía ayer al señor ministro -y no fui desmentido en ese extremo- que la oferta de empleo público de este año para la Guardia Civil y para el Cuerpo Nacional de Policía es la más baja de las últimas dos décadas, de los últimos veinte años. Para que se hagan una idea de la dimensión del desastre que esta oferta de empleo público va a producir en el cuerpo de la Guardia Civil y en el Cuerpo Nacional de Policía les diré que, siendo los Mossos d'Esquadra una policía diez veces inferior al conjunto de Guardia Civil más Policía, su oferta de empleo público para este año es dos veces la del conjunto de la Guardia Civil y la Policía; que un cuerpo como la Ertzaintza, que es una décima parte del Cuerpo Nacional de Policía, va a tener cien plazas más de convocatoria que las que va a tener el Cuerpo Nacional de Policía, y que solo la Policía local de Madrid va a tener una oferta de empleo público superior al conjunto de la Guardia Civil. Por tanto, les insisto, la única justificación que tiene este real decreto es intentar correr una cortina de humo sobre este desastre, y tratar de justificar que no pasa nada, porque se va a aumentar la edad, lo cual es falso. Ayer en esta Cámara no solo mintió el presidente del Gobierno, también lo hizo el ministro de Interior cuando afirmó taxativamente que no habría reducción de efectivos con esta oferta de empleo público. No hace falta ser químico para saber que matemáticamente es
imposible que no haya reducción de efectivos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con esta oferta de empleo público.
Para la Guardia Civil se han convocado 154 plazas en la escala básica. La pérdida de las condiciones de servicio: por retiro, por pase a la reserva, por pérdida de condiciones psicofísicas en la Guardia Civil, va a superar -porque la ha superado año a año- los 2.000 efectivos; 154 frente a 2.000. Y la propia memoria del real decreto que hoy nos dan dice que en la mejor de las hipótesis, es decir, en el supuesto de que voluntariamente todos los guardias civiles que cumplieran 58 años decidieran prolongan su actividad en el servicio, eso afectaría a 238. Se ponga como se ponga, señor ministro de Interior, va a haber una pérdida de efectivos en la Guardia Civil de al menos 1.500 guardias civiles el próximo año; y eso en el supuesto de que todos los guardias civiles voluntariamente decidieran continuar. Pero les quiero dar también dos datos: de los más de 8.000 guardias civiles que hay hoy en la reserva solamente 2.000 han optado por ocupar puestos de trabajo para continuar su servicio; eso significa un 25 por ciento. Por tanto, también mirando al futuro las expectativas que nos abre este real decreto son muy limitadas; creo que pensar que este real decreto va a solucionar el problema de efectivos en la Guardia Civil es tanto como pensar que la ley de economía sostenible va a sacar a España de la crisis económica.
El real decreto va a tener además un efecto pernicioso en los suboficiales, porque como se aumenta la edad, pero se mantienen las plantillas, significa que vamos a genera un tapón, que el Gobierno y esta Cámara con su convalidación van a generar un tapón de al menos dos años en las expectativas de ascenso de muchos suboficiales. Y la experiencia enseña que cuando se tocan las expectativas de la carrera profesional, cuando afectamos a personas tenemos que ser muy prudentes y muy cuidadosos. Por tanto mi grupo, además de abstenerse en esta convalidación, va a pedir -y solicito el apoyo del resto de los grupos- que al menos esta ley se tramite a través de un proyecto de ley que permita introducir mejoras que eviten estos perjuicios que claramente se van a producir a un colectivo, el de los mandos intermedios, que ya les digo que probablemente sea el más esencial para un funcionamiento eficaz de la Guardia Civil, y lo lógico sería además que esta modificación viniese regulada en la Ley de la Guardia Civil, que es la que el Gobierno se ha comprometido a traer a esta Cámara, y no en esta pequeña chapucilla que en estos momentos se nos plantea con este real decreto. Lo que tenemos que hacer es pedirle al Gobierno que traiga la ley y que en ese contexto del diseño general de la carrera profesional de la Guardia Civil contemplemos el tema de las edades, en el que también digo que mi grupo no tiene una posición cerrada, que estamos dispuestos a estudiarlo y que no tenemos una posición frontal en contra -adelanto- de la posibilidad de esta cuestión.
Termino con una última reflexión, y es que la limitación de la edad para la prestación del servicio en los cuerpos de seguridad no es algo caprichoso, ni es en absoluto cuestión de dar un privilegio a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El trabajo de la policía es un trabajo especialmente duro, es estar en la calle las veinticuatro horas del día, es estar en la calle a veces en condiciones difíciles, a veces en situaciones de mucha tensión, a veces enfrentándose a delincuentes que son cada vez más peligrosos. Por tanto coincido con la apreciación del ministro de que con 60 años uno afortunadamente está en disposición de seguir realizando un trabajo, pero no cualquier trabajo.
Es más inteligente mantener el modelo actual de dotar al catálogo de puestos de trabajo de puestos específicos para el personal en reserva, para el personal en segunda actividad, que un aumento generalizado en cualquier puesto de trabajo de la edad de pase a la reserva de los guardias civiles. En todo caso, aumentemos o no la edad de pase a la reserva, convalidemos o no este real decreto -y por lo que he escuchado es evidente que lo vamos a convalidar, que esta Cámara lo va a convalidar-, este real decreto lo que no va a evitar es una situación muy difícil que se está viviendo ya, pero que se va a vivir con más intensidad en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con una merma muy importante del número de efectivos, que va a impedir además el cumplimiento de compromisos que tiene contraídos el Gobierno, como por ejemplo la introducción de los índices correctores en la jornada de servicio de los guardias civiles, que va a dejar sin plaza a más de 300 alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, que por primera vez en su historia no van a tener opción a ingresar en la Guardia Civil, que va a tener un impacto económico brutal en ciudades como Ávila o Baeza, a cuyas economías locales se les va a poner en una situación especialmente difícil, en la ya general dificultad de la crisis económica, y por encima de todo esta ausencia de oferta de empleo público va a provocar un deterioro muy importante de la seguridad pública, cosa que este real decreto por desgracia no va a evitar.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cosidó.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor González Serna.
Señor ministro, señorías, como se ha dicho, el real decreto que estamos estudiando permite que los guardias civiles -los miembros de las escalas de suboficiales, cabos y guardias- tengan la opción de continuar en activo hasta los 60 años. Posibilita, por tanto, que puedan retrasar dos años, de forma absolutamente voluntaria, el pase forzoso a la situación de reserva, lo que a juicio de este grupo parlamentario es una medida razonable, acertada y, sobre todo, útil. La vamos a apoyar por tres razones fundamentales. La primera es porque, desde la perspectiva individual, ofrece
un derecho más a los guardias civiles. Es un derecho demandado por los propios agentes y que, más allá de su contenido económico en términos de retribuciones, ofrece la posibilidad de que los guardias sigan vinculados a una profesión y a una actividad por la que sienten una profunda vocación y que se encuentran capacitados para seguir desempeñando. La segunda razón por la que vamos a apoyar este real decreto es porque se trata de una medida positiva para la propia institución y para el objetivo de la seguridad ciudadana. El real decreto, señorías, es un instrumento que permite retener voluntariamente en la plantilla a profesionales que disponen de una amplia y valiosa experiencia, a profesionales de la seguridad ciudadana que conocen muy bien su trabajo y que acumulan mucha capacitación y conocimiento, por lo que este real decreto-ley permite rentabilizar la experiencia y el saber hacer. La tercera razón por la que vamos a apoyar esta norma es porque va a servir para dar estabilidad a la plantilla, máxime en un momento en el que la oferta de empleo público no puede seguir creciendo con el mismo vigor ni con la misma intensidad con que lo ha venido haciendo hasta ahora, por razones incontestables de austeridad presupuestaria.
Permítanme que ponga de relieve, frente a las críticas que hemos podido escuchar esta mañana, que aumentar las plantillas ha sido uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de España desde 2004. En solo cuatro ofertas de empleo -entre 2005 y 2008- se han creado más de 40.000 nuevas plazas, que ha posibilitado que hoy haya más de 30.000 agentes más en la calle que hace solo seis años. Es decir, en una sola legislatura hemos sido capaces de hacer un esfuerzo mucho mayor que el que se hizo anteriormente con el Gobierno del Partido Popular en ocho años. Por tanto, más oferta de empleo en cuatro años que en los ocho años de Gobierno del Partido Popular y, en consecuencia, muchos más efectivos -31.000 efectivos más- en las calles de guardias civiles y miembros del Cuerpo Nacional de Policía. En consecuencia, y volviendo a la letra del real decreto, es importante esta norma porque va a evitar el pase a la reserva de un número considerable de guardias civiles y con ello se compensará en buena medida el descenso de la oferta y se contribuirá, como decía, a mantener la plantilla.
Además, señorías, quiero subrayar -ya lo ha dicho el señor ministro anteriormente- que se trata de una medida que no es novedosa. La propia Ley 42/1999 en el momento de su aprobación ya articuló la ampliación voluntaria del pase a reserva, entonces de los 56 a los 58 años. Por tanto, ya se experimentó hace una década por el Gobierno del Partido Popular esta medida, y no se entiende muy bien, no se entiende nada bien, cómo lo que era bueno y necesario hace unos años, cuando gobernaba el Partido Popular, ahora no lo sea tanto y no vaya a ser apoyado. También -quiero subrayarlo, señorías- es una iniciativa con un contenido muy similar a la que se viene aplicando en el Cuerpo Nacional de la Policía, donde más del 87 por ciento de los agentes en esa situación optan por prorrogar su permanencia en activo.
En conclusión, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, este es, como dije al principio de mi intervención, un real decreto razonable; un real decreto que es útil para los guardias civiles, que es útil para la propia institución, para la propia Guardia Civil y que, en consecuencia, sirve a la política de seguridad ciudadana del Gobierno y sirve al objetivo de seguir trabajando para hacer de nuestro país un lugar más seguro.
Acabo ya, y quiero hacerlo haciendo referencia a alguna cuestión que he escuchado en las intervenciones de algunos de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Señor Cosidó, quiero dirigirme a usted porque ustedes, el Grupo Popular, no pueden dar lecciones sobre políticas de seguridad y no pueden venir a esta Cámara a dar lecciones -y mucho menos en relación con plantillas y efectivos-, porque fueron ustedes, fue el Gobierno del Partido Popular precisamente el que esquilmó las plantillas de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía en sus ocho años de Gobierno. (Aplausos.) Ha sido el único periodo en la historia democrática de este país en el que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han visto mermadas, han visto mermados notablemente sus efectivos.
Con esta medida y con las decisiones que está tomando el Gobierno del Partido Socialista no va a ocurrir ni mucho menos, señor Cosidó, nada de lo que usted ha presagiado en su apocalíptica intervención y no va a ocurrir, desde luego, lo que ustedes hicieron, que fue sacar a los policías y vaciar las comisarías y los cuarteles de la Guardia Civil.
Usted, señor Cosidó, puede subir a esta tribuna tantas veces como quiera a darse golpes de pecho hablando de las plantillas de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, pero tengo que decirle, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, que a ustedes el pasado les pesa como una losa y que, digan ustedes lo que digan, no tienen ninguna credibilidad a la hora de hablar de plantillas y de efectivos, porque sus ocho años supusieron merma de efectivos, porque sus ocho años, señorías, supusieron disminución de recursos y porque sus ochos años, en materia de seguridad ciudadana, lo que trajeron a nuestro país fue más delitos y, especialmente -sé que a usted no le gusta que se lo recuerde-, en los años en los que fue ministro del Interior el señor Rajoy; años en los que la máxima del Gobierno del Partido Popular no era otra que quien quiera seguridad que se la pague.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor González Serna.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL. (Número de expediente 121/000052.)
La señora VICEPRESIDENTA: El punto VII del orden del día, dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, no tiene solicitada intervención por parte de ningún grupo, por lo que en el momento de proceder a la votación se hará también con estos convenios.
A continuación, pasamos a los dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
En defensa de las enmiendas que se mantienen vivas para el Pleno tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, la señora Barkos y, a continuación, la señora Díez.
Intervendré muy brevemente para fijar posición, aunque hubiéramos preferido sinceramente que hubiera sido para defender las enmiendas ya presentadas en su día por Nafarroa-Bai y relativas al capítulo conocido como el top manta. Cierto es que en la forma aparecen hoy como transadas, pero no en el espíritu, por lo que anuncio que votaremos a favor de las que el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds mantiene vivas en este sentido junto con otras presentadas.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señora Barkos.
Ahora sí, tiene la palabra la señora Díez.
Ministro, señorías, quiero defender en esta intervención las enmiendas que mantenemos vivas para el Pleno, que agruparía en tres grupos: supresión de la asimetría penal derivada de la aplicación de la Ley de Violencia de Género; endurecimiento de las penas aplicadas para la corrupción política y endurecimiento de las penas de enaltecimiento del terrorismo.
Empezaré por explicar el bloque de enmiendas que tiene como objetivo suprimir la asimetría penal que se introdujo en el Código Penal a partir de la aprobación de la Ley 1/2004, que se sostiene en la enmienda número 398, que es en la que proponemos que se añada una nueva circunstancia 9ª al artículo 22 del actual Código Penal, que quedaría redactada de la siguiente manera: 9.ª Ejecutar el hecho por motivos machistas, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.
La ley orgánica que antes he citado en su artículo 1 establece que esta ley tiene como objetivo actuar contra la violencia como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Sin embargo, este elemento finalista -actuar por motivos machistas- no se llegó a incorporar finalmente en los preceptos del Código Penal. Esta falta de identidad entre el tipo penal y el propósito declarado por la ley que lo introduce genera una duda razonable acerca de cuál sea la conducta tipificada por el legislador, duda que por sí misma es incompatible con el principio de legalidad penal que se deriva del artículo 25.1 de la Constitución y contrario con el derecho de presunción de inocencia de nuestra Carta fundamental, artículo 24.2.
Sé que el Tribunal Constitucional se pronunció favorablemente sobre el contenido de la Ley de Violencia de Género, pero las consecuencias de la misma son profundamente injustas, por muy constitucional que la ley sea, y creo que el hecho de que se condenen de forma diferente los actos violentos según sean cometidos por un hombre o una mujer es algo profundamente injusto -insisto-, aunque sea constitucional; aunque sea legal es una injusticia que en algún momento deberemos abordar. También sé que no es políticamente correcto este discurso que estoy haciendo, pero -insisto-, el que sea incómodo no significa que no tengamos que poner sobre la mesa lo que creemos que es injusto, porque en cualquier momento habremos de abordar esta cuestión.
El segundo bloque de enmiendas que quiero defender pretenden agravar la condena por delitos de corrupción política, introduciendo en nuestro Código Penal medidas preventivas y punitivas acordes con la gravedad de la peor de las corrupciones que puede sufrir cualquier sociedad democrática. La enmienda número 421 propone introducir un nuevo apartado en el artículo 286, que tiene como objetivo que a las empresas privadas que presten servicios públicos les sea de aplicación el nuevo delito de corrupción privada. Las empresas privadas que presten servicios públicos han de quedar sometidas al delito de corrupción privada y no a la disciplina de cohecho, tal y como recomienda, por cierto, el dictamen del Consejo de Estado, que se incorpora en la exposición de motivos pero no en el texto articulado. La enmienda número 422 propone un nuevo apartado también al artículo 286 bis, que dice textualmente -permítanme que se la lea-: Las personas que ostentasen algún cargo directivo en un partido político, que en provecho propio o de un tercero admitiera por sí o por persona interpuesta dádiva, regalo, beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año, y de inhabilitación absoluta de uno a tres años. Para rechazar esta enmienda, el portavoz del Grupo Socialista nos acusó de sembrar desconfianza entre los ciudadanos respecto de los dirigentes de los partidos políticos. No puedo aceptar ese argumento. ¿Acaso el hecho de que el Código Penal regule el delito de cohecho significa que pensamos que todos los funcionarios son corruptos? No, significa lo contrario, que a los corruptos hay que sacarlos de la función pública. Señorías, el artículo 6 de la Constitución considera los partidos políticos como un instrumento fundamental para
la participación política, y en palabras del Tribunal Constitucional en sentencia del año 1985 se dice que no es ni muchos menos obra del azar que nuestros constituyentes hayan situado este párrafo en el artículo primero del texto fundamental. Creo, señorías, que prevenir y perseguir la corrupción política nos obliga a exigir una mayor responsabilidad a los dirigentes de los partidos políticos, que no puede estar lejos de la representación y de la responsabilidad que otorga a los mismos la Constitución. Por último, en este grupo de enmiendas que tiene que ver con la lucha contra la corrupción figura la enmienda número 436, en la que se propone que se pueda separar cautelarmente a los cargos públicos acusados de graves delitos de corrupción. Frente a la alegación del Grupo Parlamentario Socialista de que esta redacción vulnera el artículo 23.2 de la Constitución, hay sentencias del año 1994 que dicen lo contrario. Y también quiero decir aquí que el portavoz socialista -y en este caso también el portavoz popular- para rechazar esta enmienda...
La señora VICEPRESIDENTA: Señora Díez, por favor.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino.
...me dieron en Comisión un argumento que dice lo siguiente: No podemos dejar en manos de unos mil jueces de instrucción que hay en toda España decisiones que puedan afectar a la composición de los órganos colegiados; o sea -ministro, escuche esto-, que pueden modificar las mayorías.
La señora VICEPRESIDENTA: Señora Díez, ha acabado su tiempo.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: ¿Quiere esto decir que para ustedes la mayoría de los jueces son sospechosos de prevaricación, de no cumplir la ley, que decidirán suspender cautelarmente a alcaldes y concejales imputados por graves delitos de corrupción movidos por cálculos políticos? Es una peligrosa reflexión, porque además la sustitución se podría hacer con el siguiente de la lista como se está previendo, por cierto, para las mujeres embarazadas.
Finalizo -lo siento, presidenta, y le agradezco su generosidad-, hay una última enmienda que tiene que ver con el delito de terrorismo que es la número 438, que va sustituida en este momento por una transaccional -también es la última transaccional- realizada con el Grupo Parlamentario Popular y para la que pediré también el voto a favor.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señora Díez.
Por el mismo grupo tiene también la palabra el señor Jorquera.
Señor ministro, señorías, el BNG mantiene vivas para debate y votación en Pleno veintidós enmiendas. La mayoría de ellas tiene como objetivo corregir, desde nuestro punto de vista, el exceso de rigor punitivo existente en el Código Penal español, ya objetivamente uno de los más duros de Europa, frente a imágenes que no se corresponden con la realidad que se pretenden fijar en la sociedad.
Como señalamos en el debate fruto de la enmienda a la totalidad que presentamos en su momento, en el Estado español se da la paradoja de que existiendo uno de los índices de criminalidad más bajos de la Unión Europea, en cambio, existe uno de los porcentajes más elevados de población penitenciaria. Desde nuestro punto de vista, cualquier reforma del Código Penal no puede abordarse sin tener en cuenta el impacto que esta reforma va a tener en la Administración de Justicia y en el sistema penitenciario. Pero, sobre todo, la aplicación del sistema penal nunca puede desviarse del principal fin, que debe ser contribuir a la reeducación y resocialización de la persona privada de libertad. Por esta razón, pretendemos reforzar el fin resocializador que debe tener el Código Penal tanto desde la perspectiva de la calificación de las penas como de la ampliación de los supuestos de acceso a la sustitución de las penas privativas de libertad por trabajos en beneficio de la comunidad o proponiendo la supresión de las medidas contempladas en la reforma que endurecen las condiciones de acceso al tercer grado o que agravan la pena de localización permanente. Con estos mismos objetivos hemos propuesto también mejorar y ampliar la catalogación de las circunstancias atenuantes extendiéndolas a las actuaciones postdelictivas y una regulación menos gravosa de la catalogación de las penas privativas de derechos.
Nuestra enmienda número 90 propone la supresión de dos reglas para la determinación de circunstancias agravantes, que han ocasionado en la práctica la imposición de penas muy graves para delitos menores, generando situaciones muy injustas y contrarias al principio de proporcionalidad en las penas. La enmienda número 91 pretende la eliminación de la auténtica cadena perpetua encubierta que se estableció con la reforma del Código Penal, aprobada en el año 2003, y que permite la imposición de penas de hasta 40 años. En la enmienda número 92 proponemos que la valoración de las condiciones de acceso a los beneficios penitenciarios, en el caso de la comisión de varios delitos, incluya el análisis de las condiciones personales del reo y permita la intervención del ministerio fiscal y de Instituciones Penitenciarias para dotar de mayores elementos de juicio al tribunal o juez sancionador. En el mismo sentido proponemos, en la enmienda número 95, la utilización de los mismos criterios en el caso de acceso a la libertad condicional. En las enmiendas números 93 y 94 se propone la ampliación de la posibilidad de suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, siendo aplicables a las
que no sean superiores a 5 años atendiendo a los informes sociales del condenado. En otras enmiendas, como las números 77, 78, 79 y 80, defendemos la supresión de las medidas accesorias de libertad vigilada que, desde nuestro punto de vista, ofrecen dudas de constitucionalidad al configurarse como un instrumento de control posterior a la excarcelación con dificultades evidentes para que pueda ser conciliada con el régimen del tercer grado penitenciario o con la libertad condicional.
Finalmente, resumiendo -teniendo en cuenta lo constreñido del tiempo-, respecto a las enmiendas que mantenemos vivas, en las números 83 y 84 proponemos la despenalización de la eutanasia activa, una cuestión defendida por amplios sectores de nuestra sociedad y que obedece a razones elementales de respeto a la dignidad humana. El BNG, como hemos expresado en el debate de totalidad, difiere de un derecho penal basado exclusivamente en aspectos punitivos y retributivos. Apostamos por un derecho penal basado en la satisfacción a las víctimas mediante una justicia restaurativa, la mejora de la eficacia real de la Administración de justicia, la creación de una cultura del derecho penal mínimo en la que el derecho penal sea el último recurso, la apuesta por el fin reeducativo y reinsertador de las penas privativas de libertad, la creación de instrumentos de justicia social, también para la prevención de los delitos, y apostamos por la humanización de la vida en las cárceles. Estas razones fueron las que motivaron en su momento que presentáramos una enmienda de devolución a este proyecto de Código Penal.
Observamos avances, como ya habíamos observado en su momento cuando este texto era un anteproyecto con respecto al proyecto; observamos avances en el trabajo en Comisión, que por supuesto vamos a tener en cuenta y nos sentimos satisfechos por ello. En cualquier caso, no se dan las condiciones, porque los elementos centrales de discrepancia siguen vivos, para que podamos dar un apoyo a la totalidad del texto.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene, en primer lugar, la palabra el señor Ridao.
Señorías, a fuer de ser sinceros, debo empezar admitiendo que entre el proyecto de ley orgánica que entró en esta Cámara y el dictamen de la Comisión de Justicia que estamos hoy debatiendo pueden vislumbrarse notables e incluso satisfactorias diferencias, a pesar de que nuestro grupo mantiene ciento veinte enmiendas que doy por reproducidas por cuestiones de tiempo. Y no es tanto porque se haya reducido el programa expansivo del ius puniendi que acompañaba inicialmente al proyecto, y desgraciadamente a todas las reformas operadas desde 2003, lo cual ha sido por nuestra parte un empeño totalmente estéril, sino porque se ha compensado y equilibrado un proyecto que concentraba toda la insidia del aparato coercitivo del Estado en determinados tipos delictivos, concretamente en los delitos contra la propiedad o de terrorismo, a pesar de su notable descenso, mientras paradójicamente el proyecto incorporaba un garantismo y, por tanto, una impunidad absoluta para algunos delitos de tipo económico, de cuello blanco e incluso delitos vinculados a la corrupción pública y privada. En otras palabras, el proyecto era un programa audaz de mano dura para determinados delitos y, por tanto, era duro frente al débil y débil frente al fuerte, con lo que no solo era una reforma, en nuestra opinión, de corte francamente autoritario, sino que incluso rezumaba un cierto clasismo en la búsqueda de respuestas jurídico penales espoleadas por determinados estados de opinión por el miedo, al calor de algunos trágicos y recientes sucesos. Esta era y es todavía, señorías, una reforma que hace seguidismo de una corriente de supuesta conciencia o alarma social frente a determinados delitos que desprende lo que algunos juristas han venido a llamar un cierto populismo punitivo. No hemos conseguido revertir totalmente la tendencia de este proyecto, ni de reformas anteriores, en el sentido de proponer un Código Penal más moderno vinculado a los objetivos básicamente de prevención del delito, de resocialización de los infractores y de reparación de las víctimas, en lugar de un derecho penal, de un Código Penal en funciones de identificarse básicamente con la satisfacción de la venganza privada.
En dos palabras, la reforma adolece, en nuestra opinión, de una visión global, coherente y finalista de una política criminal moderna y desaprovecha la oportunidad para hacer pedagogía social y política.
Señorías, nuestro Código Penal continúa todavía hoy favoreciendo la exclusión antes que la resocialización, el castigo que la prevención, lo cual, paradójicamente, es mucho más costoso -diría que incluso antieconómico-, porque a más derecho penal, a más penas y más duras, mayor colapso judicial y mayor hacinamiento en las cárceles. Señorías, tengan en cuenta que tenemos todavía la tasa más alta de reclusos por habitante de toda la Unión Europea.
Es evidente -lo he dicho al principio- que ha habido cambios, y quiero expresar mi satisfacción y ponerlo en valor, porque esta es la principal contribución de Esquerra Republicana a este dictamen del Código Penal reformado, a través de la aceptación y transacción de treinta enmiendas que acaban con aquel garantismo penal para los ilícitos vinculados a la corrupción pública y privada. Nuestra es la mejora del cohecho propio e impropio, del tráfico de influencias, de los delitos contra el medio ambiente y, también, de los delitos urbanísticos contra las administraciones públicas y del blanqueo de capitales. Por eso, entre otras cosas, votaremos a favor de este dictamen, aunque hay cosas no muy bien resueltas. Por ejemplo, se comete un cierto alarde de frivolidad
legislativa con la regulación de la multirreincidencia de las faltas de hurto. Saben ustedes que esta es una respuesta que incorpora finalmente el proyecto al amparo de una problemática muy específica, diría que muy barcelonesa, donde hay hasta treinta contumaces destinatarios de esta respuesta que hoy incorpora el Código Penal. Se nos dice que los carteristas van a ir a la cárcel el fin de semana, se reintroduce el arresto de fin de semana, la cama caliente, que ya desapareció en 2003 por inaplicable, además de que el juez, discrecionalmente, va a poder sustituir el arresto domiciliario por otro carcelario. Finalmente, incluso se van a anudar distintas infracciones, faltas, sin tiempo determinado, aunque no hayan sido enjuiciadas, lo cual, en nuestra opinión, constituye una solución dudosa, desde el punto de vista del Estado de derecho, e ineficaz por inoperante. Esto lo hemos intentado mejorar con el compromiso y el acuerdo por parte del Ministerio de Justicia de poner en marcha y de forma inmediata antes del verano un registro, a través de un convenio con la Generalitat y también a través de incorporar en el futuro proyecto de ley de demarcación y planta judicial la justicia municipal y de proximidad.
Hay otros aspectos que nos disgustan, aunque también debo reconocer que se han mejorado. Por ejemplo, la medida de libertad vigilada se acota al supuesto de delitos más graves, pero continúa haciéndose un juicio ex ante de una medida de seguridad poscondena, lo que nos parece una medida regresiva y nada resocializadora. Nos disgusta también la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo. Nos parece un precepto introducido por razones de oportunidad política, sin fundamento jurídico alguno. La imprescriptibilidad, como ustedes saben, solo se predica en el derecho comparado de algunos delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o de genocidio. Y, finalmente, es verdad que no habrá cadena perpetua revisable, como pretendía la derecha de esta Cámara, particularmente el Grupo Popular, pero, aunque no sea explícito hoy en nuestro Código Penal, ya existe. Hemos intentado evitar -debo decir que sin éxito- a través de nuestras enmiendas que la actual correlación de penas, junto al cumplimiento sucesivo de las mismas, suponga una auténtica cadena perpetua encubierta como en la actualidad, porque entendemos que todo ser humano privado de libertad debe albergar la esperanza de alcanzar la libertad y también de resocializarse, lo cual este Código Penal no va a evitar. En cualquier caso, señor ministro, señorías, nuestro grupo, particularmente Esquerra, valora satisfactoriamente las mejoras que incorpora finalmente este dictamen. No es la reforma que deseábamos, pero el texto sale muy mejorado, y esto va a merecer nuestro voto favorable.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ridao.
Señorías, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds no va a votar favorablemente esta reforma del Código Penal. Nos vamos a abstener, en primer lugar, porque es una oportunidad perdida para el cambio en nuestro modelo penal, un modelo penal excesivo, un modelo penal punitivo al máximo y, por otra parte, no vamos a votar en contra porque al menos esta reforma no significa una involución o el continuismo del modelo penal al que me he referido con anterioridad. Este modelo penal fracasado ha provocado que nuestro país, donde el nivel de criminalidad es de los más bajos de Europa, sea el país con mayor tasa de encarcelamientos, de penados, de Europa. Y al igual que nos produce pavor, nos produce temor el asesinato de una niña, nos sentimos inquietos cuando los juzgados y condenados por un asesinato múltiple mueren todos en la cárcel. Algo pasa, señorías; algo pasa porque eso demuestra que, si bien no tenemos aprobada la cadena perpetua ni la pena de muerte, en nuestras cárceles, además de cumplir la pena, se corren graves riesgos. Eso, señorías, debemos tenerlo en cuenta en cualquier reforma del Código Penal. En ese sentido, valoramos que a lo largo de la tramitación se hayan producido cambios favorables. Hemos regulado mejor, con enmiendas nuestras y de otros grupos, la corrupción política. Este Código Penal puede ser recordado precisamente por eso, por abordar de manera clara la lucha penal contra la corrupción política, aunque no basta, seguramente tan importante como esto son las medidas preventivas y educativas que puedan tomar los partidos y las instituciones pero nos parece un avance significativo. De la misma manera, hay una mayor sensibilidad en el Código Penal con los delitos contra el medio ambiente, con los delitos que tienen que ver con la ordenación del territorio y con delitos de especial sensibilidad que, en nuestra opinión, se tratan mejor, aunque no totalmente bien, como es el caso de los manteros, lo que demuestra que nuestro Código Penal sigue siendo muy duro con los débiles y un poco más duro con los fuertes pero no lo suficiente.
También nos preocupan elementos del Código Penal que han sido pactados con otros grupos parlamentarios. Reconocemos que hay una determinada relación de fuerzas en la Cámara, pero lo que tiene que ver con extranjeros, con multirreincidencia en relación con el hurto o con la imprescriptibilidad, nos preocupa porque de alguna manera va en el sentido del fracasado Código Penal, que transforma pocos delitos en grandes penas y en un número muy amplio de encarcelados en nuestro país.
Por tanto, creemos que esta es una oportunidad perdida; hemos perdido la oportunidad de darle la vuelta, como a un calcetín, al Código Penal transformando lo que es vindicativo en reinserción, mediación, en Código Penal mínimo. Eso no lo hemos hecho; da la impresión de que no hemos encontrado esa oportunidad. Probablemente no fuera el marco más favorable la situación de
hoy ni la crisis económica, ni la alarma mediática y su reflejo en el Congreso de los Diputados, pero lamentamos la renuncia al cambio del Código Penal y que nos quedemos únicamente en unas modificaciones -alguna relevante- que no cumplen nuestras expectativas. Mantenemos una actitud de abstención a la espera de que ese cambio pueda tener lugar porque, en nuestra opinión, un Estado social y democrático de derecho requiere otro Código Penal que pensamos que es posible, y no solo posible sino necesario.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Llamazares.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, señor ministro, le saludo con la amistad de siempre, a pesar de las reflexiones que voy a realizar a continuación.
Sé que vamos a ser casi el único grupo parlamentario que va a votar que no a este proyecto de ley, soledad por cierto que no nos preocupa; es más, señora presidenta, le diría que casi nos honra porque nos acompaña una parte importante, la más relevante seguramente, de la doctrina científica. Y hablando de la doctrina científica, señor ministro, me va a permitir que lea un artículo que publicó un importante catedrático catalán de derecho penal, el señor Queralt, justo antes de ayer, hace dos días. El título resulta muy adecuado para calificar el acto legislativo que estamos perpetrando en este momento: La frivolidad como método legislativo. Mejor calificación no se puede utilizar, propia de un hombre lúcido, un catedrático de derecho penal como el señor Queralt. Comienza afirmando que ya José María Aznar -se refiere a una contextualización histórica-, encaramado al peor populismo, prometió barrer a los delincuentes de las calles, como si estos fueran basura, modificando el Código Penal en el año 2003, estableciendo que la comisión de cuatro faltas de hurto se convertiría o transmutaría automáticamente en delito.
Ahora damos una vuelta de tuerca a esta reforma de 23 de septiembre de 2003 y establecemos que solo tres faltas se transmutan o transfiguran automáticamente en delito. Comenta el señor Queralt con precisión y lucidez que esto se hace en virtud de invocaciones un tanto deletéreas, difícilmente mensurables, en virtud de una intensa campaña que no sé quién ha articulado -quiero creer que ustedes no han contribuido a la configuración de esta campaña- anunciando y enunciando la enésima ola de insoportable inseguridad ciudadana. Esto es lo que podríamos calificar de frivolidad a la hora de atender la configuración de la norma penal: la creación de un estado de opinión propicio previamente, aludiendo a insoportables olas de inseguridad ciudadana que los datos oficiales, como bien ha sido indicado por algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, no avalan en absoluto en términos de estadísticas de la Fiscalía General del Estado ni de estadísticas del Consejo General del Poder Judicial ni de las propias estadísticas que trimestralmente nos presenta el ministro del Interior en relación con la evolución de la criminalidad en el Estado español. Continúa diciendo el señor Queralt que se obvia la realidad, se obvia algo que nos corresponde a nosotros asumir como una función del legislador, que es la función de pedagogía política que a la hora de articular sobre todo las normas penales tenemos que asumir los legisladores como una función indisociable al ejercicio de nuestra función. Y si se realiza -termina diciendo el señor Queralt, después de un largo exordio- el juicio de faltas -tal y como se ha introducido en el precepto sobre la multirreincidencia que ustedes han pactado con Convergència i Unió- en este aquelarre del no derecho -una definición que no sé hasta qué punto puede resultar exagerada, pero a mí sí me parece una extravagancia la regulación de la multirreincidencia tal y como ha quedado configurada en el dictamen de la Comisión-. Estamos ante dos alternativas: ante una situación insuperable e insoportable o, la que él considera más adecuada y más fácilmente mensurable, que estamos introduciendo, utilizando el Código Penal para resolver una problemática que hace referencia fundamentalmente a la ciudad de Barcelona -estoy reproduciendo sus palabras textuales- y que puede afectar exclusivamente a no más de treinta contumaces delincuentes o comitentes de faltas.
Esto es lo que está caracterizando la vocación expansiva del ius puniendi del Estado desde hace mucho tiempo, hasta el punto de que el señor Queralt, en otro artículo en el que ya no me voy a regodear porque es más duro todavía, hace referencia a las incorporaciones o innovaciones que se hacen en relación con la regulación de los delitos de corrupción política. Esto sería una reflexión de monja ursulina al lado de las reflexiones del señor Queralt con respecto a la regulación de los delitos de corrupción política, pero ya le digo, señor ministro, que tampoco me quiero recrear en los aspectos más críticos, llamativos o refutables del Código Penal. Termina concluyendo -y no solo el señor Queralt sino otros catedráticos importantes como Díez Ripollés, los catedráticos de la escuela del profesor Beristain, Xabier Etxebarría y otros a los que he podido leer- que nos encontramos con esto, con una vocación expansiva, ilimitada, recurrente del ius puniendi del Estado para resolver problemas sociales, muchas veces de escasa entidad y que no requieren el uso de la norma penal fundamental, del corolario negativo de la Constitución -esto es, el Código Penal fundamentalmente- para su resolución. Estamos llegando a lo que en el frontispicio del Código de Hammurabi, ya de forma profética hace 4.000 años, se comentaba. La causa de la justicia -así empieza el Código de Hammurabi- requiere que prevalezca mediante el exterminio y la destrucción de lo malvado y lo perverso. Las palabras exterminio y destrucción pueden resultar en este momento semánticamente llamativas, pero en el fondo, ontológicamente,
estas son las operaciones que se acometen, reformas sistemáticas del Código Penal.
Señor ministro, el Código Penal del año 1995 ha sufrido ya veintiséis reformas, la que estamos en este momento acometiendo es la vigésimo sexta, me imagino que esto será para cumplir este principio ontológico que se preconiza de la norma penal, que es su estabilidad. No sé si usted, señor ministro, o el señor Villarrubia, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, o los demás tienen alguna reflexión que hacer sobre la anomalía, la atrofia jurídico-normativa que supone reformar una norma penal, un Código Penal aprobado en el año 1995 y con vocación de perdurabilidad en veintiséis ocasiones, que han provocado la siguiente atrofia, ya de naturaleza penitenciaria en este caso, señor ministro.
Desde el año 1980 al año 2009 se ha cuadruplicado en el Estado español la población penitenciaria. Hemos pasado de 18.000 reclusos a 80.000. Es difícil pensar que algo patológico no está ocurriendo en nuestro ordenamiento punitivo y en el funcionamiento de la Administración de Justicia cuando un país de poco más de 40 millones de habitantes convive con 80.000 personas privadas de libertad por la comisión o pretendida comisión de delitos. Desde el año 1990 el incremento de la población penitenciaria ha sido de un 133 por ciento, a pesar de la reducción de los índices de delincuencia glosados siempre en las comparecencias del Ministerio del Interior -me estoy refiriendo a datos oficiales-, y en este momento nuestras ratios en términos comparativos con la Unión Europea es la siguiente. En el Estado español hay 164 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes y la media de la Unión Europea es de 63 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes. Pero todavía podemos seguir batiendo récords en este ámbito, señor ministro, mediante la incorporación de la multirreincidencia y esta peculiar figura de la localización, que no consiste en otra cosa más que en ubicar a los reincidentes en aquellas camas calientes que abandonan los presos que dejan los centros penitenciarios por permisos de fin de semana, con lo cual, ya podemos batir récords para ubicarnos en el Guiness en materia de reclusión; lo que llaman eufemísticamente localización. Claro, semánticamente la expresión es correcta, localizados están, evidentemente están en prisión, están en una celda, están en una cama caliente abandonada por un preso que ha dejado esa celda y que luego la va a recuperar, porque es su lugar de estancia mientras dure su cumplimiento de privación de libertad. Pero bueno, yo no me jactaría, señor ministro, y se lo digo honestamente, de batir récords de estas características, porque la pretendida benevolencia preconizada por algunos de nuestro derecho punitivo es un mito. Ya el Código Penal del año 1995 era el más duro de Europa y se ha endurecido en veintiséis ocasiones. Las veintiséis reformas que se han introducido en el Código Penal han sido vueltas de tuerca incorporando nuevas figuras delictivas, nuevos injustos penales, y agravando la duración y el contenido de las penas.
Nos incorporan ahora asuntos manifiestamente ilegales o antijurídicos, como el tema de la imprescriptibilidad de un delito ordinario. La imprescriptibilidad no puede vincularse a los delitos ordinarios. Mire, el instituto de la imprescriptibilidad -no se lo tengo que explicar a usted, que es un prestigioso profesor de derecho constitucional- dimana de derechos constitucionales, dimana de un principio de seguridad jurídica elemental y de aliviar a los ciudadanos del peso que supone la ilimitación temporal de la reacción punitiva del Estado contra ellos. No se puede establecer una excepción, además de carácter único, no afectando a otro tipo de figuras delictivas diferentes, porque se están vulnerando entre otras cosas declaraciones e instrumentos de derecho internacional público, que son los únicos que pueden declarar la imprescriptibilidad de delitos. Me estoy refiriendo a la Declaración Universal de Imprescriptibilidad del año 1968 de Naciones Unidas, al artículo 29 del Estatuto de la Corte Penal Internacional y al...
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Olabarría, por favor.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Voy acabando, señora presidenta.
En relación con las medidas de seguridad, estas se imponen como medida accesoria en el momento de imponer la pena principal. ¿Me puede usted o alguien explicar, por favor, cómo puede presumirse que este delincuente que va a ser sujeto a una medida de privación de libertad, a una medida de seguridad limitativa de sus derechos, una vez cumplida su pena de privación sea una persona no reinsertable por la naturaleza del delito cometido? Nadie lo puede determinar en ese momento, hace falta atender a los diagnósticos que en el ámbito de la jurisdicción de vigilancia penitenciaria se tienen que producir o de la propia Administración penitenciaria. No se puede presumir que por la comisión de determinados delitos esa persona o ese delincuente no sea resocializable y después de cumplir hasta 40 años de privación real de libertad todavía va a seguir afecto por medidas limitativas de su libertad de carácter inespecífico, lo cual provoca un grave problema de seguridad jurídica.
En materia de extranjería, y con esto acabo...
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Olabarría, usted ve que ha sobrepasado su tiempo con exceso.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, acabo.
En materia de extranjería ustedes han realizado una regulación absolutamente desarmónica con la Ley de Extranjería recientemente aprobada por esta Cámara, sobre todo vulnera el principio de non bis in idem en el caso de aquellos presos extranjeros que han ingresado en prisión y no cumplen la totalidad de su condena por la razón que fuera.
Una vez que abandonan el centro
penitenciario son objeto de expulsión. A estos se les somete a la aplicación de una doble pena. Se está incumpliendo principio paradigmático del derecho punitivo que es el principio de non bis in idem.
En cuanto a los manteros -y esta es mi última expresión-, señor ministro, hemos acometido una reforma en la cual es peor el remedio que la enfermedad.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Olabarría, por favor, se lo pido. Usted ha visto que ha excedido su tiempo como nunca en el pasado. Por favor, se lo ruego, acabe ya.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya le he dicho que voy a acabar ya.
La señora VICEPRESIDENTA: Sí, va acabando pero no acaba.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Es peor el remedio que la enfermedad porque las personas y los manteros que no puedan pagar sus multas para evitar la excarcelación van a ser, si no las pueden pagar, expulsados del país. Esa es una consecuencia punitiva peor que la prevista originariamente en el Código Penal.
Muchas gracias, señora presidenta, y perdone por la falta de síntesis.
La señora VICEPRESIDENTA: Le perdono, pero reconozca que ha excedido su tiempo en exceso.
A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora presidenta, señor ministro de Justicia, señoras y señores diputados, hoy se va a aprobar en el Congreso de los Diputados una reforma parcial pero importante del Código Penal. Es una reforma que ha sido parcialmente pactada con Convergència i Unió en algunos aspectos que el proyecto inicial no resolvía de manera adecuada, y ahora no podemos hacer triunfalismo pero sí destacar que se ha avanzado en la línea de las enmiendas que Convergència i Unió proponía.
Me referiré al primer gran aspecto que condicionaba el voto de Convergència i Unió a este proyecto de ley: la reincidencia. Convergència i Unió ha propuesto, y el Gobierno ha aceptado, que se cree un registro de faltas. Esta ha sido una iniciativa de Convergència i Unió, pedida y defendida por Xavier Trias en la ciudad de Barcelona, y que finalmente se incluye de manera específica en una disposición adicional de este Código Penal. Esto no estaba en el proyecto y ahora va a estar. Vamos a tener algo tan elemental, tan de sentido común como un registro a nivel de todo el Estado para poder comprobar en cada momento el historial de faltas que esa persona que vamos a juzgar ha realizado. Sabremos su historial y podremos apreciar si esa conducta es reiterada o no. Esto no estaba, Convergència i Unió ha pedido que estuviera y finalmente está en el proyecto de ley. Alguien ha dicho que esto va a ser para la ciudad de Barcelona. ¡En ningún caso! Va a ser un registro de ámbito estatal porque ¿de qué serviría si se detiene a una persona que ha cometido un hurto en la ciudad de Barcelona no saber también que ha cometido hurtos en Cádiz, en Huelva o en Galicia? Por tanto, es un registro que va a tener que contar con las comunidades autónomas pero que va a intentar dar solución, dar un mejor instrumento para atajar ese fenómeno de la reincidencia, ese fenómeno de la reiteración delictiva, ese fenómeno que nos lleva a que tengamos personas que han cometido 437 hurtos en un año en la ciudad de Barcelona. Alguien puede preguntarse: ¿cómo puede pasarnos esto? ¡Más de un hurto por día! Por ejemplo, el Diari de Tarragona exponía cómo una persona que estaba robando en el interior de un coche en la playa de la Savinosa, en Tarragona, había sido detenido ochenta y cuatro veces anteriormente. Ante esa sensación de impunidad, la ciudadanía se sentía insegura y debíamos buscar soluciones. Lo hemos intentado y hemos pactado medidas. Ya adelanto que estas medidas no son una varita mágica, que no porque modifiquemos el Código Penal de golpe y porrazo se va a cambiar el asunto de la reiteración delictiva, pero pueden ayudar a dar más instrumentos a los fiscales, a los jueces y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; pueden ser una ayuda, un plus, que dé mayores instrumentos de lucha contra esa pequeña delincuencia pero delincuencia muy conocida por gran parte de la ciudadanía. Esa sensación de inseguridad que muchas personas tienen viene dada, señor ministro, no le quepa ninguna duda, por esa reiteración, por esos 400 hurtos cometidos en un año por una misma persona. Por tanto, vamos a intentar darle una solución a través del registro -indispensable; medida de Convergència i Unió-, a través de la posibilidad de internamiento en prisión -limitada, es cierto-, a través de esos ingresos en prisión los sábados, domingos y días festivos. Nos hubiera gustado una solución distinta, pero esta es la que ha podido ser de acuerdo con lo pactado por el Gobierno, de acuerdo con la propia realidad de nuestras cárceles, de nuestra realidad penitenciaria y esperamos que sea útil. Por lo menos, nadie podrá decir ahora que no son posibles penas de prisión para esas reiteradas conductas de personas que día tras día están cometiendo esa pequeña falta, que al ser pequeña nunca constituía delito. Al final, esa reiteración va a tener esa posible consideración. Además del hecho de que tres faltas no juzgadas son delito, cosa que tiene una difícil aplicación práctica, porque los juicios rápidos lo que provocan es que las faltas sean ya juzgadas. Con esta otra medida que hemos acordado vamos a poder realizar una solución mucho más efectiva que la que hoy tenemos. Esperemos que dé resultado.
También nos alegraría mucho a Convergència i Unión que diera resultado la nueva tipificación que damos a los grupos criminales. Aquí es donde más bandas organizadas actúan de toda Europa. Los índices son clarísimos,
aquí los grupos criminales tenían mucho más impunidad que en otros países de la Unión Europea. Vamos a darle una solución distinta. Damos un tratamiento distinto a los grupos criminales y, por tanto, esperamos que esto tenga también un reflejo, un reflejo importante. Conocemos muy bien todos esos grupos, dos o tres personas que están conchabadas para robar la una cartera a un ciudadano, y uno le distrae y otro le mete la mano en el bolso. Ese grupo organizado para cometer faltas va a tener también, gracias a las enmiendas de Convergència i Unió, una respuesta penal distinta. Esto también puede ser importante desde el punto de vista de buscar medidas que intenten dar soluciones distintas a la reiteración delictiva.
Temas puntuales pero importantes. Hemos cambiado la respuesta ante los delitos que cometen las personas jurídicas. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene una gran sensibilidad desde siempre por la realidad empresarial que crea riqueza en el país y ese cierre de empresas que se producía como consecuencia lógica de algunas conductas delictivas no va a ser así tras la reforma de la Comisión y de la ponencia. Hemos conseguido que el cierre de empresas no sea la medida que acompaña necesariamente esa consideración penal de actitudes de personas jurídicas y hemos modificado también la prescripción de los delitos contra la Hacienda pública. No nos parecía correcto que fueran diez años la prescripción de los delitos contra la Hacienda pública, cuando la obligación contable de las empresas y de los ciudadanos de guardar la documentación es de cuatro años ante la Administración tributaria y de cinco años en cuanto a responsabilidad penal. Por eso pasarla a los diez nos parecía que era obligar a una custodia de documentos que para nada entendíamos adecuada y que incluso podría dificultar el propio tráfico mercantil a nivel de la Unión Europa. También aquí se ha rectificado y queremos valorar este aspecto.
Se han modificado los aspectos relativos al top manta. Aquí Convergència i Unió ya adelantó el voto contrario a esas enmiendas de Izquierda Unida-Esquerra Republicana-Iniciativa per Catalunya Verds que pretenden alejar totalmente del Código Penal el top manta; nosotros no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo en buscar una no respuesta penal ante esa conducta del top manta, no lo estamos. Es verdad que se ha buscado un acuerdo a través de las enmiendas que se han acordado en ponencia pero a nosotros también nos preocupa de manera seria la piratería que hay detrás del top manta, nos preocupa la lesión a los derechos de propiedad intelectual y nos preocupa muy mucho el daño que ese top manta realiza a nuestros comerciantes, comerciantes que pagan sus impuestos, comerciantes que están sujetos a una vigilancia, a un control de calidad de sus productos y realmente la piratería, ligada en ocasiones al top manta, puede conllevar un grave perjuicio para nuestro sector del comercio, y ese es uno de los aspectos que queremos repasar conjuntamente con el Gobierno en el Senado, para ver si somos capaces de buscar no ya evidentemente la solución de Izquierda Unida de sacarlo del Código Penal, sino una redacción que también proteja a nuestros comerciantes y a nuestros autores, que realizan una producción que después se ve alterada.
Hemos avanzado también, señora presidenta, señorías, en otros aspectos, aspectos relativos, por ejemplo, a esas personas que deslucen bienes muebles, que pintan los vagones de un tren. Esto no estaba en el Código Penal como falta, ahora va a estar; ya no se trata solo de deslucir una pared, es deslucir un bien mueble, hemos visto algunos vagones de alta velocidad totalmente deslucidos. Esto tiene un coste para la sociedad y también va a tener un reflejo en el nuevo Código Penal.
Hemos intentado recoger aspectos en los delitos del maltrato de animales sacando algún adverbio que era totalmente injustificado, entendiendo también esos trabajos en beneficio de la comunidad pero también lo que son cursos de concienciación. En ese ámbito hemos avanzado, y hemos avanzado, señora presidenta, señorías, en todos los aspectos relativos a la protección de las víctimas.
Quiero referirme a una modificación de la Ley orgánica de protección del derecho al honor...
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Jané, con brevedad, por favor.
El señor JANÉ I GUASCH: Termino ya, señora presidenta.
Va a ser una intromisión al honor que alguien divulgue datos falsos sobre los hechos delictivos cuando ello suponga un menoscabo a la dignidad de las víctimas. Entendemos que esto también es importante, como lo son otros aspectos que hemos introducido, como por ejemplo penas de prisión para la ocupación violenta con agresividad a las personas de bienes inmuebles; esos ocupas violentos debían tener una respuesta penal distinta, más severa, y al final se ha conseguido.
Señora presidenta, señorías, termino ya. Nos queda una enmienda que intenta...
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Jané, es que no tiene tiempo. Con brevedad por favor.
El señor JANÉ I GUASCH: ... defender a nuestros concejales cuando en ocasiones se encuentran en medio de una actuación delictiva contra el medio ambiente. Si se escuchara antes a su ayuntamiento quizá sería distinta la respuesta penal y se ven imputados con la consecuencia política que para sus corporaciones locales tiene. Por tanto, hay una enmienda que queda viva en este aspecto y si de común acuerdo en el Senado podemos mejorar trámites de este Código Penal nuestro grupo está dispuesto a hacerlo porque nos preocupa. La pena nunca es la varita mágica ni la solución a todos los problemas pero ante la alarma social esta Cámara nunca puede hacer oídos sordos de lo que la sociedad nos pide.
Gracias, señora presidenta, señorías. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Trillo-Figueroa.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha trabajado desde julio del año 2008 en la reforma del Código Penal junto al Gobierno, principalmente junto al Grupo Parlamentario Socialista que le sustenta, y creemos haber contribuido a no pocos aspectos que han perfeccionado y mejorado el Código de 1995. Nuestra preocupación fundamental era un sistema de penas insuficiente, incompleto, incoherente, poco creíble -pretendíamos y pretendemos hacerlo más eficaz, más exigente y más creíble- y la protección de algunos valores jurídico-constitucionales, sociales y constitucionales que estaban especialmente descuidados. Algunos han quedado efectivamente protegidos. Sin embargo, señorías, desde que en este mismo Pleno dimos luz verde a la totalidad de ese proyecto y nos implicamos en su perfeccionamiento, la situación no ha ido a mejor; antes al contrario. Por eso no vamos a obturar la salida del proyecto de la Cámara, pero no vamos a apoyarla; es decir, nos vamos a abstener, porque no podemos hacernos corresponsables de este resultado.
Señorías, un código penal, un código de cualquier naturaleza -no necesito recordarlo con extensión porque lo saben perfectamente los legisladores- es un conjunto normativo racional que debe tener concreción, comprensibilidad y estabilidad. Esto es, es lo más opuesto a su constante revisión, a la improvisación y mucho más a la chapuza. Por tanto, si se actúa con constante revisión -y esta efectivamente es la vigésimo sexta o vigésimo séptima reforma en quince años del Código Penal-, nos encontramos con mayor incoherencia, mayor confusión y mayor ineficacia.
Eso es exactamente lo que nos tememos que va a ocurrir con el proyecto que comenzamos pactando y que no podemos apoyar finalmente. No solo no ha mejorado, es que pensamos que se ha perjudicado irremisiblemente con alianzas políticas coyunturales que hoy se han manifestado aquí y que ponen también de manifiesto que las mejoras o lo que se pretendía que fuera un endurecimiento de penas han sido estrictamente cosméticas -de ahí el cambio de los apoyos de sus aliados por la izquierda- o sencillamente, más que cosméticas, mágicas si no ridículas, como las pactadas con Convergència i Unió, para la multirreincidencia por faltas que atienden especialmente a los problemas de inseguridad de Cataluña y, en concreto, de la ciudad de Barcelona.
Nosotros, señorías, hemos trabajado por un código que atendiera la necesidad de protección de valores sociales y constitucionales no suficientemente protegidos, los menores y también los delitos contra la libertad sexual. Algunas cosas hemos incorporado y estamos satisfechos de ello. Hemos intentado que se recogieran nuevas formas de delincuencia; cabalmente, la que en relación con los delitos sexuales se realiza por Internet, como el delito de child grooming -les daré a las taquígrafas, excelentes profesionales siempre, el término exacto-, y también y muy especialmente las nuevas formas de delincuencia de grupos criminales que son, no solo reincidentes, sino reiterantes o multirreincidentes. En fin, hemos procurado que el sistema de penas tuviera eficacia, que fuera un sistema serio, creíble y que tuviera un cumplimiento efectivo.
A la hora de hacer balance, que es esta, tengo que decir, señorías, que hay demasiados huecos, demasiadas sombras y demasiadas inquietudes para darles nuestro apoyo. Mis compañeros en la ponencia y en la Comisión, que han hecho un trabajo que quiero agradecer en nombre del grupo parlamentario ante el Pleno, han señalado en Comisión -en primer lugar, respecto a los delitos sexuales, la señora Montserrat Montserrat- que en efecto hemos conseguido que se incorpore al código la tipificación expresa de quien atentara contra la indemnidad sexual de un menor de 13 años y de un incapaz. Hemos conseguido que se recoja el ya citado child grooming, consistente en acciones deliberadamente emprendidas por un adulto con el objetivo de ganarse la amistad de un menor al crearse una conexión emocional con el mismo, con el fin de disminuir las inhibiciones y poder abusar sexualmente de él. Sin embargo, la aceptación por el Grupo Socialista de este nuevo tipo penal ha sido incompleta. Se fija esa minoría de edad en los 13 años. ¿Por qué no hasta la minoría de edad legal, que es a los 18 años? Tampoco se ha conseguido que se eleve el límite inferior en la pena que corresponde al atentado contra menores de edad y, consecuentemente, no ha sido suficiente la reforma que deseábamos.
El señor Ferrer Roselló llevó en ponencia y en Comisión los delitos contra la propiedad y señalaba que, en relación con los atentados al patrimonio de los comerciantes, efectivamente hay nuevas formas que son ya claramente típicas, que debiéramos abstraer en la contemplación penal y en la sanción de tales conductas; son los famosos alunizajes y butrones o los robos fuera del horario comercial. No ha querido reconocerse esa realidad, como tampoco los robos de cosechas y ganados o el saqueo de los mismos para proceder a su reventa. Esto podrá parecer algo lejano a la sociedad de nuestros días, pero no lo es, señorías, porque, si el hurto está en un límite de 400 euros, nos encontramos con que, por ejemplo, 1.500 kilos de naranjas valencianas son 400 euros y por tanto cualquier disposición sobre una cosecha entera inferior a exactamente 1.500 kilos no encuentra encaje típico alguno en el Código Penal y no hay quien proteja ese terrible atentado contra la propiedad de nuestros agricultores. También en los atracos en vivienda habitada. Hasta ahora, señoras y señores diputados, los delincuentes buscaban una mayor facilidad en la comisión de los delitos contra la propiedad en las viviendas esperando a que los propietarios salieran de las mismas; ahora sabemos que es exactamente al contrario, esperan
a que estén y muestran en la ejecución de los hechos una extremada violencia y extremada agresividad, normalmente vinculadas a bandas internacionales que han encontrado en nuestro territorio, precisamente por las insuficiencias de nuestro sistema penal, su campo de cultivo.
Pues tampoco ha querido elevarse la pena, también se nos ha negado una contemplación efectiva de esa tremendamente preocupante realidad social, que no es ningún invento ni de la derecha ni del Partido Popular, como se ha dicho en alguna intervención; ni siquiera es algo que se contemple en el proyecto del código del ministro, es algo que queda fuera de la preocupación del legislador mayoritario.
La señora Álvarez de Toledo ha defendido en ponencia y en Comisión los delitos de terrorismo y, en general, aquellos que atentan contra el derecho de gentes, los delitos contra la humanidad y contra el derecho internacional. No hemos encontrado -y bien lamentable que es- en este punto recepción para el aumento de las penas en los delitos en terrorismo. Por supuesto que no se ha acogido la prisión perpetua revisable, pero tampoco, como recordaba la señora Álvarez de Toledo, se ha querido acoger la prescripción más allá de la muerte, ni de los actos terroristas que tengan como resultado secuestro, ni de los que tengan como resultado lesiones graves, cuando sí iba contemplado en el proyecto, y no hemos conseguido que el Gobierno nos explique a qué se debe este negativo cambio de actitud ante la imprescriptibilidad de determinado tipo de delitos. Tampoco se ha aceptado ampliar suficientemente los sujetos que han de recibir la financiación de los actos terroristas. Es verdad que hemos conseguido ampliar algo su tipificación, y nos alegramos de haber conseguido esta protección positiva, pero ha sido insuficiente.
Por supuesto, ni en colaboración con la señora Díez, hemos conseguido que se mejore el enaltecimiento del terrorismo y se incluya dentro de él a quienes se dedican, cumpliendo con sus deberes constitucionales o legales, a no permitir o en modo alguno impedir que se pongan placas, se realicen homenajes, etcétera, en corporaciones locales o provinciales.
Además de este balance, señora presidenta, señoras y señores diputados, nosotros no podemos aprobar y dar nuestro apoyo a un código en el que no hemos conseguido disminuir la complejidad del sistema de penas, no hemos conseguido aumentar la eficacia de las penas privativas de libertad y no hemos dado ninguna respuesta a todo el problema de la reincidencia, la reiteración y la multirreincidencia. Me explico brevemente. Hemos dicho en muchas ocasiones que en nuestro código, a diferencia del austriaco o del alemán, no hay dos penas principales, hay treinta. Pues bien, lejos de disminuir esa complejidad, ahora la aumentamos. Hemos recogido la localización permanente hasta seis meses y una inédita stupor mundi; una vez más estamos innovando localización permanente con arresto de fin de semana en prisión. Sinceramente, esperpéntico. (Rumores.) No hemos conseguido aumentar la eficacia de las penas privativas de libertad, ciertamente que no, no se ha admitido; nos lo temíamos. En cuanto a la pena de prisión perpetua revisable, ya sabe toda la Cámara -y al que no haya estado atento tengo la obligación de recordárselo- que hay dieciséis países de la Unión Europea que tienen la prisión perpetua revisable como pena capital de las privativas de libertad, y solo España y Portugal no la tienen. Por tanto, no vengan con memeces de inconstitucionalidad, porque no es verdad. Sencillamente es que tienen otra visión del sistema de penas privativas de libertad, que ha quedado patente esta mañana en sus alianzas, con Esquerra Republicana principalmente.
No se cumplen, en efecto, las penas; no se cumplen. El Partido Popular pudo modificar en el año 2003 el cumplimiento de las penas que se impongan a los terroristas y a los que participen en actos criminales a través de organizaciones de este carácter, pero las demás, señorías, no se cumplen. El artículo 36.2 señala que el cumplimiento efectivo afecta a aquellos delitos que tengan señalada pena de más de 5 años de privación de libertad. Pues bien, se ha corregido a menos, se deja discrecionalidad al juez y, en consecuencia, no se cumplen las penas de más de 5 años y menos aún las de menos de 5 años. Se juega con el tercer grado y se juega con la libertad condicional. En España, la intuición de la sociedad de que el sistema es ineficaz es cierta, estamos faltando a la verdad a los ciudadanos y los ciudadanos, que no se dejan engañar, intuyen que tenemos un sistema ineficaz y, por eso, en las encuestas se revela una cierta sensación de impunidad. No hay ninguna pena, vuelvo a decirlo, que tenga 30 o 40 años, como se dedica permanentemente a decir, faltando a la verdad, el señor Ridao. No es verdad, ninguna. Hay penas por acumulación de varios delitos, en el artículo 76 del Código Penal, y el que pueda demostrar lo contrario que lo haga aquí, porque sencillamente es falso.
No hay ninguna pena de esas características, salvo, claro está, que se hayan cometido varios delitos de asesinato, de terrorismo, etcétera; pero entonces no se está señalando la pena a un delito, se está señalando y acumulando la pena al autor de varios delitos.
No se ha resuelto finalmente, antes al contrario, la reincidencia, que no se toca como agravante genérica del artículo 22; la reiteración, que ya se sacó del código y no se ha querido volver a introducir y nosotros lo habíamos solicitado; y lo de la multirreincidencia es para los anales del derecho penal. Eso sí, antes de pararme en la crítica, diré que se ha conseguido recoger el registro de faltas, petición impenitente del Grupo Popular durante años y que ha necesitado el apoyo de Convergència i Unió, y parece que se ha enterado ya el señor Trías, creo que ha dicho usted, para que por fin se recoja. Rectificar es de sabios; bienvenido sea al registro de faltas, por cierto, con mayor técnica. Hablen, como les dije el otro día, no de faltas condenadas, porque no lo están, hablen de imputados y hablen también, si es posible, de un registro de penados.
¿Por qué no resuelven la solución encontrada, alumbrada, entre Convergència i Unió, en
ese nuevo cambio estratégico de posicionamiento para otros menesteres que ha terminado influyendo sobre el Código Penal? Porque sencillamente no abarca los delitos a los que se refería el señor Xuclà, sin duda con imprecisión. Las diligencias por delito de hurto en Cataluña fueron 141.583 en el año 2008, según la memoria de la fiscal; ninguna de ellas está alcanzada por la solución de Convergència i Unió más el PSOE, porque no alcanza los delitos. En cuanto a las faltas, se han registrado 80.000 faltas de hurto solo en la ciudad de Barcelona. Tampoco está claro cuál es la delimitación entre la multirreincidencia, como dicen ellos, y la falta de hurto, en la que, como se ha dicho, ahora queda para los que cometan más de tres faltas de hurto con una pena superior a la que les señalan ustedes.
Sin duda, lo más chusco es lo de la pena -iba a decir arresto domiciliario, no- de localización permanente en establecimiento penitenciario los fines de semana. Extraordinario. La señora Álvarez de Toledo tuvo una ingeniosa frase: Antes se decía que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra; a partir de ahora diremos que entran por una puerta los sábados en la prisión y salen por la misma los domingos. Efectivamente será así, es como si se dijera: prohibido robar los fines de semana, que no el resto de la semana. ¿Pero será presentable semejante cosa? ¿Qué reinserción se puede sostener cuando, por el sistema de cama caliente, quienes cometan falta por pequeños hurtos van a convivir con los más graves delincuentes, que ni siquiera tienen derecho a permiso de fin de semana? ¿Será serio vender esta solución, especialmente a aquellos más agobiados, que son los barceloneses y, en general, los catalanes? No, claro que no tiene una varita mágica, lo que tienen es mucha magia, mucho truco y, si me lo permiten, también mucha cara. Nada, no solucionan nada. (Rumores.-Aplausos.)
En definitiva, señora presidenta, el código, en su última andadura por el Congreso, ha sido un parcheo; aumentará la inseguridad, les guste o no, está más lejano de Europa -ya les digo, somos el único país, junto con Portugal, que no tiene una pena privativa de libertad de carácter capital-, está lejano de la conciencia social -y ustedes lo saben- y además está cada vez más lejano, de verdad, de un posible acuerdo con nosotros. Y lo sentimos, lo sentimos. Quizás, señor ministro, usted al final ha sido víctima de aquellos miembros de su grupo y de su partido que consideran, como Dorado Montero, como Concepción Arenal o como el propio Jiménez de Asúa, que el derecho penal del futuro -decía Jiménez de Asúa en los años treinta-, el querido, es el derecho protector de los delincuentes. Eso es lo que decía ese gran profesor Jiménez de Asúa.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Trillo-Figueroa, por favor.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Me temo, señor ministro, que en ese punto, también en algunos otros, ustedes están en los años treinta del siglo pasado.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señora presidenta, señor ministro de Justicia, señorías, en el debate de las enmiendas de totalidad del pasado 11 de marzo, manifestamos que había margen, posibilidad de entendimiento y voluntad para mejorar el proyecto de ley durante la tramitación parlamentaria. Se ha trabajado mucho y bien y hoy tenemos un texto mejor que el que teníamos gracias al esfuerzo conjunto del Gobierno, especialmente del Ministerio de Justicia, y de la totalidad de los grupos parlamentarios. Quiero felicitar por el intenso trabajo realizado a todos los ponentes y en especial a mis compañeros del Grupo Parlamentario Socialista doña Carmen Juanes, don Álex Sáez y don Manuel de la Rocha, por su esfuerzo, dedicación y buen hacer. También quiero felicitar a las letradas de la Comisión doña Piedad García-Escudero y doña Isabel Revuelta, que han hecho posible el encaje de un trabajo un tanto complejo. Y finalmente también felicito a la letrada del Grupo Parlamentario Socialista, doña Victoria Domínguez, y al presidente de la Comisión, don Álvaro Cuesta, por su valiosa colaboración.
Señorías, desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos cumplido. Hemos trabajado duro, con lealtad, con buena fe -que algunos pueden haber confundido con ingenuidad política, en absoluto, con buena fe-, buscando el mayor consenso dentro de temas complejos y con sensibilidades muy distintas. Hemos transaccionado cerca de un centenar de enmiendas con todos los grupos parlamentarios y hemos negociado, sin límite, hasta el último momento. En el esfuerzo realizado, señorías, se incluyen los acuerdos existentes con el Partido Popular que ya se recogían en el proyecto de ley y que incluían el voto favorable del Partido Popular al conjunto del texto. Además de esos aspectos, hemos asumido bastantes más propuestas del Partido Popular, algunas de ellas un poco duras de aceptar para mi grupo parlamentario, y sin embargo lo hemos hecho. Si, pese a todo ello, hoy no votan a favor del texto, como parece, deberán explicarlo.
Señores del PP, una vez más ustedes demuestran que no son de fiar. No son en absoluto de fiar. (Aplausos.) Los asuntos no aceptados al Partido Popular, la prisión permanente revisable a la que nos hemos opuesto por su carácter oportunista y preconstitucional, la imprescriptibilidad de más delitos, la ampliación de la libertad vigilada a más supuestos, el aumento de la represión con carácter general y algún otro, eran conocidos de antemano, señorías, y debían formar parte de la discrepancia conocida y pactada entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Es bueno que se sepa. La única parte importante modificada es el
incremento de las medidas de la lucha contra la corrupción pública y privada, con la que parece no estar de acuerdo el Partido Popular. Quizá sería bueno que explicaran por qué les resulta tan fácil ser tan fuertes con los débiles y tan débiles con los delincuentes de cuello blanco (Aplausos.), a los que ya beneficiaron, señorías, a los que ya protegieron, a esos delincuentes de cuello blanco, en la reforma de 2003 que llevaron a efecto, tan solo el Partido Popular, con una ponencia de diez minutos, sin debate, sin diálogo, sin discusión, sin trabajo, sin una llamada telefónica a ningún grupo de la Cámara. Esa es la diferencia en actuar del Partido Popular y el Partido Socialista, trabajando durante meses, con buena fe y con lealtad, para mejorar el Código Penal.
Es verdad, señorías, que en esta reforma hemos endurecido el Código Penal en tres grandes temas: los delitos contra el terrorismo, con la imprescriptibilidad para el supuesto en que se produzca el resultado muerte; sí, señor Olabarría, sabemos que llegamos al límite de donde podíamos llegar en términos constitucionales y, fruto del pacto, se ha incluido esta cuestión y no hemos aceptado incluir más delitos, como pretendía el Partido Popular. Los delitos sexuales más graves y en especial los producidos contra los menores. Y, finalmente, los delitos de cuello blanco, la lucha contra la corrupción; de verdad y por primera vez en este país, en el Código Penal de la democracia, que ahora sí lo es, en la lucha contra la corrupción. Y lo va a ser en 2010; no en 1995, y mucho menos en 2003, cuando lo actualizó el Partido Popular. Señorías, el proyecto así lo recogía y el texto de hoy ha incorporado, para mejorar la lucha contra la corrupción pública y privada, muchas aportaciones de casi todos los grupos pero especialmente -lo tengo que reconocer, señor Ridao- de Esquerra Republicana de Catalunya, a la que hemos aceptado casi un centenar de enmiendas hechas en esta dirección; entusiasmadamente, el Partido Socialista, con alguna más que hubiéramos querido y que en aras del consenso no hemos podido llevar a cabo, ha incrementado las penas y mejorado la regulación de los tipos en delitos como el fraude de inversores, el blanqueo de capitales, los delitos urbanísticos, incluida la prevaricación, donde la disyuntiva prisión o multa se convierte en prisión y multa en todo caso a la autoridad o funcionario que prevarique.
Se acabó el cuento de que estos delincuentes no vayan a la cárcel y que, cuando se les pilla escasamente, pudieran salir con una multa. Los delitos medioambientales, el delito de cohecho, el de tráfico de influencias, la contratación ilegal, la negociación prohibida de funcionario y autoridad, etcétera. Sí, señor Ridao, lo reconozco expresamente, no porque me lo pida, sino porque es verdad, que su aportación ha sido importante en esta área. Quizás esto no le ha gustado al Partido Popular y eso le ha llevado a reconsiderar su comprometido voto con la reforma, con una absoluta y total deslealtad en la forma y en el fondo, impropio de lo que debe ser la práctica de la noble actividad política. Señores del Partido Popular, una vez más de forma grave ustedes han demostrado que no son de fiar y que solo tienen como obsesión conseguir el poder sea como sea. España no se merece una oposición como ustedes. (Protestas.-Aplausos.)
Conviene recordar, señorías, que el Código Penal no es el código moral, sino el código de convivencia con respeto a los valores constitucionales.
También conviene recordar que tenemos un código penal de los más duros de la Unión Europea, que España es el cuarto país por la cola en cuanto al número de delitos en la Unión y que, sin embargo, estamos a la cabeza en cuanto a población penitenciaria. Claro que sí, don Emilio, es verdad, algo falla en el sistema. Por eso, el proyecto desarrolla medidas que pretenden humanizar nuestro derecho penal y facilitar el cumplimiento de los mandatos constitucionales de rehabilitación y reinserción del delincuente. Entre estas medidas cabe señalar la nueva posibilidad de sustitución de penas de 3 meses y un día a 6 meses por la localización permanente -artículo 88 del Código Penal-. Haremos que delincuentes con penas menos graves no masifiquen, como algunos pretenden, los centros penitenciarios españoles. Claro que sí, señor Trillo. Cuando, excepcionalmente, un pequeño delincuente entre el sábado y salga el domingo, ¿qué quiere usted, que esté todos los días de la semana por un hurto de 20 euros? Eso es el Partido Popular, no es la sensibilidad de los socialistas. No, y no va a ocurrir, señor Trillo.
Cabe señalar también la nueva regulación del periodo de seguridad; la ampliación de la regulación de los trabajos en beneficio de la comunidad; la nueva regulación del conocido como top manta, buscando la proporcionalidad y evitando la criminalización de la pobreza que existía; la nueva regulación del tipo básico del delito de drogas para supuestos de escasa entidad, siguiendo las recomendaciones del propio Tribunal Supremo, etcétera. Señorías, también hemos dado respuesta, dentro de lo posible, a la demanda de actuar frente a la multirreincidencia en pequeños hurtos, con cuatro medidas concretas; una, la reducción del número de faltas necesario para que la comisión habitual de estas faltas contra la propiedad, que no otras, se considere delito pasando de cuatro a tres en un año; la creación de un registro de faltas; la modificación de los artículos 37 y 623 del Código Penal para permitir el cumplimiento de la localización permanente en centro penitenciario durante los sábados, domingos y días festivos, en el caso de faltas reiteradas contra la propiedad, solo en estos casos, con carácter extraordinario y cuando el juez así lo interese, podrá ser. No se van a llenar las cárceles con pequeños delincuentes. No, ni es la voluntad ni será la realidad. Y, finalmente, la regulación del grupo criminal que se constituye con la finalidad de cometer faltas contra la propiedad. Hemos llegado a la mejor solución posible, dejando claro que esto trata de paliar y ayudar a resolver este problema, pero que no es el Código Penal el que tiene que resolver estos problemas de convivencia, sino otro tipo de medidas, preventivas, sociales, de policía, aunque algunos se empeñen en declarar lo contrario.
Respecto a las enmiendas que obran en poder de la Presidencia y del conjunto de los grupos, hay una
enmienda de corrección técnica que deriva de las enmiendas aprobadas en la Comisión celebrada el pasado día 21 de abril, que lógicamente afectan a la exposición de motivos y que solicitamos que sean incorporadas en este trámite. En cuanto al resto de enmiendas, doy por reproducidos los argumentos que constan en el amplísimo debate de Comisión para justificar el rechazo a las enmiendas que quedan vivas y que no podemos aprobar en este Pleno, ya que reflejan posiciones que no gozan del consenso suficiente para haberlas podido considerar de otra forma.
Para concluir, reitero el agradecimiento a todos por un trabajo bien hecho y la convicción de que este Código Penal que hoy aprobamos inicialmente se parece más al que nuestros ciudadanos se merecen que el que hoy tenemos vigente y que trae bastante causa de la reforma del Partido Popular de 2003. Gracias a todos y, en especial, a quienes con su voto lo van a hacer posible.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Villarrubia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Caamaño Domínguez): Sin ánimo de reabrir debate alguno. Tan solo quiero agradecer a los grupos parlamentarios y a esta Cámara el intenso y serio trabajo realizado en torno al proyecto de ley del Código Penal, especialmente a aquellos grupos parlamentarios que lo van a apoyar con su voto, a Esquerra Republicana, Convergència i Unió, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro. También a los ponentes que han trabajado intensamente en la Comisión, cómo no al Grupo Parlamentario Socialista y, si me lo permiten también, de manera muy especial a los portavoces socialistas en la Comisión de Justicia.
Muchas gracias a todos por su trabajo; muy amables. (Aplausos.)
Como saben SS.SS., al inicio de la sesión hemos declarado que íbamos a empezar las votaciones no antes de las diez y media. Estamos en tiempo previsto, por tanto, iniciaremos las votaciones en dos minutos. (Pausa.)
Iniciamos las votaciones. Por favor, cierren todas las puertas del hemiciclo. (Aplausos.-Rumores)
- REAL DECRETO-LEY 3 /2010, DE 26 DE MARZO, POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 42/1999, DE 25 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN DEL PERSONAL DEL CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL. (Número de expediente 130/000026.)
La señora VICEPRESIDENTA: Empezamos con la convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Convalidación o derogación del Real Decreto-Ley 3/2010, de 26 de marzo, por el que se modifica la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 191; en contra, uno; abstenciones, 140.
La señora VICEPRESIDENTA: (El señor Sánchez i Llibre hace su entrada en el hemiciclo.) Queda convalidado el real decreto-ley. (Rumores.-Protestas.)
Señor Sánchez i Llibre, las puertas están cerradas porque había iniciado la votación, por tanto, es imposible entrar en este momento en la sala.
(Fuertes rumores y protestas.)
Un momento, un momento, un momento, señorías, tenemos tiempo para enfadarnos en más cosas. Todavía no se había proclamado el resultado, lo estaba proclamando la Presidencia. Cuando esté proclamado el resultado y se vaya a iniciar una nueva votación podrá entrar el señor Sánchez i Llibre, pero un poco de respeto a las formas. (Rumores.)
Señor Sánchez i Llibre, puede entrar en este momento. (Aplausos.)
¿Algún grupo desea que el real decreto sea tramitado como proyecto de ley? (Denegaciones.) Ningún grupo desea su tramitación como proyecto de ley.
(Número de expediente 110/000160.)
(Número de expediente 110/000161.)
- ENMIENDA AL ARTÍCULO 16 DEL ACUERDO MARCO ENTRE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA, LA REPÚBLICA ITALIANA, EL REINO DE SUECIA Y EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, RELATIVO A LAS MEDIDAS
ENCAMINADAS A FACILITAR LA REESTRUCTURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA INDUSTRIA EUROPEA DE DEFENSA, HECHO EN LONDRES EL 8 DE OCTUBRE DE 2008.
(Número de expediente 110/000162.)
- CONVENIO DE LA HAYA DE 19 DE OCTUBRE DE 1996, RELATIVO A LA COMPETENCIA, LA LEY APLICABLE, EL RECONOCIMIENTO, LA EJECUCIÓN Y LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PARENTAL Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, HECHO EN LA HAYA EL 19 DE OCTUBRE DE 1996, ASÍ COMO DECLARACIONES Y RESERVA. (Número de expediente 110/000163.)
- PROTOCOLO NÚMERO 14 BIS AL CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES, POR EL QUE SE MODIFICA EL SISTEMA DE CONTROL DEL CONVENIO, HECHO EN ESTRASBURGO EL 27 DE MAYO DE 2009 Y DECLARACIÓN. (Número de expediente 110/000164.)
- ACUERDO DE SEGURIDAD ENTRE LA REPÚBLICA FRANCESA, LA REPÚBLICA ITALIANA, LA REPÚBLICA PORTUGUESA Y EL REINO DE ESPAÑA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA DE EUROFOR, HECHO EN ROMA EL 11 DE OCTUBRE DE 2007. (Número de expediente 110/000165.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA CHECA PARA EL INTERCAMBIO Y LA PROTECCIÓN MUTUA DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 8 DE OCTUBRE DE 2009. (Número de expediente 110/000166.)
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS SOBRE LA ASISTENCIA JUDICIAL MUTUA EN MATERIA PENAL, HECHO EN MADRID EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2009. (Número de expediente 110/000167.)
- CONVENIO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, HECHO EN MADRID EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2009. (Número de expediente 110/000168.)
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS RELATIVO AL TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS, HECHO EN MADRID EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2009. (Número de expediente 110/000169.)
- CONVENIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA FISCAL, HECHO EN ESTRASBURGO EL 25 DE ENERO DE 1988, ASÍ COMO DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR EN EL MOMENTO DE SU RATIFICACIÓN. (Número de expediente 110/000170.)
- PROTOCOLO ADICIONAL COMPLEMENTARIO DEL CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS PARTE EN EL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE Y LOS OTROS ESTADOS PARTICIPANTES EN LA ASOCIACIÓN PARA LA PAZ, RELATIVO AL ESTATUTO DE SUS FUERZAS, HECHO EN BRUSELAS EL 19 DE DICIEMBRE DE 1997. (Número de expediente 110/000171.)
- CONVENIO EUROPEO EN MATERIA DE ADOPCIÓN DE MENORES (REVISADO), HECHO EN ESTRASBURGO EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 Y DECLARACIÓN. (Número de expediente 110/000172.)
(Número de expediente 110/000173.)
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO Y SU PROTOCOLO, HECHO EN MADRID EL 9 DE OCTUBRE DE 2009. (Número de expediente 110/000174.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FRANCESA SOBRE LA SELECCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y FINANCIACIÓN DE DOS PROYECTOS DE AUTOPISTAS DEL MAR ENTRE ESPAÑA Y FRANCIA EN LA FACHADA ATLÁNTICA-LA MANCHA-MAR DEL NORTE, HECHO EN MADRID EL 28 DE ABRIL Y 10 DE NOVIEMBRE DE 2009. (Número de expediente 110/000175.)
- ENMIENDAS A LOS ANEXOS II Y III DEL CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MARINO DEL ATLÁNTICO DEL NORDESTE, RELATIVOS AL ALMACENAMIENTO
DE FLUJOS DE DIÓXIDO DE CARBONO EN ESTRUCTURAS GEOLÓGICAS (OSPAR), HECHO EN OSTENDE (BÉLGICA) EL 29 DE JUNIO DE 2007. (Número de expediente 110/000176.)
- CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, HECHO EN MADRID EL 4 DE DICIEMBRE DE 2009. (Número de expediente 110/000177.)
- ACUERDO DE SEDE ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA AGENCIA COMUNITARIA DE CONTROL DE PESCA, HECHO EN MADRID EL 19 DE JULIO DE 2008. (Número de expediente 110/000178.)
- ACUERDO MARCO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO HACHEMITA DE JORDANIA SOBRE COOPERACIÓN EN LOS USOS PACÍFICOS DE LA ENERGÍA NUCLEAR, HECHO EN AMMAN EL 20 DE ENERO DE 2010. (Número de expediente 110/000179.)
- CONVENIO RELATIVO A LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD (NÚMERO 28 DE LA CIEC), HECHO EN LISBOA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1999 Y DECLARACIONES AL MISMO. (Número de expediente 110/000180.)
- CONVENIO RELATIVO AL RECONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES POR LAS QUE SE CONSTATA UN CAMBIO DE SEXO, HECHO EN VIENA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2000 Y DECLARACIONES AL MISMO. (Número de expediente 110/000181.)
- CONVENIO RELATIVO AL RECONOCIMIENTO DE UNIONES DE HECHO INSCRITAS, HECHO EN MÚNICH EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2007 Y DECLARACIONES AL MISMO. (Número de expediente 110/000182.)
- CONVENIO DE SEDE ENTRE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM) PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA OIM EN ESPAÑA, HECHO EN MADRID EL 14 DE JULIO DE 2008. (Número de expediente 110/000183.)
- ACUERDO MARCO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES, HECHO EN MADRID EL 17 DE DICIEMBRE DE 2009. (Número de expediente 110/000185.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DEL SENEGAL SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, HECHO EN MADRID EL 16 DE DICIEMBRE DE 2009. (Número de expediente 110/000187.)
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos al punto VII, dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, en los cuales ningún grupo ha expresado su disposición a intervenir. Por tanto, se somete a votación conjunta y por asentimiento de la Cámara la aprobación de la globalidad de los citados dictámenes reproducidos en el orden del día. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, quedan aprobados los referidos dictámenes, en concreto, los de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales números de expediente 110/160 a 110/183, 110/185 y 110/187.
La señora VICEPRESIDENTA: A continuación pasamos a la votación del proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
En primer lugar, las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, señora Díez González; enmienda 400.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 143; en contra, 190.
Votación de la enmienda 427.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, siete; en contra, 181; abstenciones, 145.
Pasamos a votar la enmienda 428.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, uno; en contra, 330; abstenciones, dos.
Votación del resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. (El señor Jorquera Caselas pide la palabra.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, uno; en contra, 327; abstenciones, cuatro.
La señora VICEPRESIDENTA: Dígame, señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Sin pretender en absoluto decirle como debe ordenar la votación...
La señora VICEPRESIDENTA: Hará bien.
El señor JORQUERA CASELAS: ... ha dicho usted, el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. Tienen un contenido distinto las de la señora Díez que las del BNG. Le pido que aclare ese aspecto.
La señora VICEPRESIDENTA: Sí, señor Jorquera. Ahora votaremos las suyas.
Quedan rechazadas el resto de las enmiendas de la señora Díez del Grupo Parlamentario Mixto.
Pasamos a votar en bloque las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, señor Jorquera.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 15; en contra, 308; abstenciones diez.
La señora VICEPRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Jorquera.
A continuación, pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y, en primer lugar, las enmiendas números 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 a 33, 37 a 40, 42 a 56, 59 a 61, 63 y 65 a 71.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 14; en contra, 318; abstenciones, una.
A continuación, votamos las enmiendas 211 a 217.
Votamos, a continuación, la enmienda 227.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, ocho; en contra, 318; abstenciones, siete.
Pasamos, a continuación, a las enmiendas 228 a 230.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333: a favor, 14; en contra, 317; abstenciones, dos.
Pasamos a votar la enmienda 233.
Pasamos, a continuación, a las enmiendas 234 y 235.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, ocho; en contra, 317; abstenciones, siete.
Pasamos, a continuación, a votar la enmienda 257.
A continuación votamos las enmiendas 268, 270 a 276, 278 a 280, 282 y 285 a 287.
A continuación votamos las enmiendas 293 y 323.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 147; en contra, 179; abstenciones, siete.
A continuación pasamos a votar el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 14; en contra 317; abstenciones, dos.
A continuación se votan las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). En primer lugar, las enmiendas 121, 136, 137 y 138.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 26; en contra, 307.
A continuación votamos las enmiendas 122 y 140.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 161; en contra, 169; abstenciones, tres.
Votamos la enmienda 131.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 159; en contra, 171; abstenciones, dos.
La señora VICEPRESIDENTA Queda rechazada.
Votamos las enmiendas 99 y 130.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 25; en contra, 308.
Votamos ahora el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 25; en contra, 307, abstenciones, una.
Queda una enmienda viva del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Votamos esa enmienda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 23; en contra, 310.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, votamos las enmiendas 347, 375 y 394.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 143; en contra, 189; abstenciones, una.
Pasamos a votar el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 142; en contra, 190; abstenciones, una.
Pasamos a votar las enmiendas transaccionales. En primer lugar, la primera enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular al artículo 133.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 141; en contra, 191; abstenciones, una.
Pasamos ahora a votación la 9.ª enmienda transaccional del Grupo Popular, a la enmienda 438 de la señora Díez González, al artículo 578.
Votamos el resto de enmiendas transaccionales.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 145; en contra, 186; abstenciones, una.
Votación del dictamen, junto con la corrección técnica que se ha distribuido a los grupos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 182; en contra, siete; abstenciones, 144.
La señora VICEPRESIDENTA: Al tener el proyecto de ley carácter orgánico, pasamos a la votación de conjunto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 180; en contra, siete; abstenciones, 146.
La señora VICEPRESIDENTA: Al haber alcanzado el número de votos requeridos por su carácter orgánico, queda aprobado el proyecto de ley, por el que se modifica la Ley Orgánica del Código Penal. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie.)

References: artículo 16
 artículo 16
 artículo 131
 real decreto 
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 artículo 22
 artículo 1
 artículo 25
 artículo 24
 artículo 286
 artículo 286
 artículo 6
 artículo 23
 artículo 29
 artículo 36
 artículo 76
 artículo 22
 real decreto 
 ARTÍCULO 16
 artículo 133
 artículo 578