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Timestamp: 2018-06-19 18:36:25+00:00

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Equipo Nizkor - Sobreseimiento de la causa por denuncia acusando a la organización armada Montoneros de cometer crímenes contra la humanidad.
Sobreseimiento de la causa por denuncia acusando a la organización armada Montoneros de cometer crímenes contra la humanidad
Causa N° 40.201 ANN
s/ Sobreseimiento
Juzg. N° 1 - Sec. N° 2
///////////////////////////////nos Aires, de de 2007.
En ese orden, expresó que el Estatuto de Roma al referirse en su artículo 7mo. –crímenes de lesa humanidad- a una organización, como posible sujeto activo de esos delitos, estaba abarcando a la agrupación Montoneros, en tanto "organización armada que por motivos políticos y para promover una política, planificó y ejecutó, entre otros atroces, el artero y mortal ataque a la dependencia de la Policía Federal Argentina denunciado". Bregó por una tipificación de estos crímenes –con su corolario de imprescriptibilidad- que comprenda a los actos que de un modo masivo atenten gravemente contra la dignidad de la persona humana, sea que provengan de funcionarios del Estado, sea que se trate de agentes de una organización.
Finalmente, recordó que el Tribunal Internacional para la Ex Yugoslavia recientemente había entendido que los crímenes detallados en las Convenciones de Ginebra de 1949 "no son otra cosa que la codificación del derecho humanitario internacional, que no existe diferencia relevante entre un crimen de guerra y un delito de lesa humanidad" y que la "Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad" remitía a la definición del Estatuto para el Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, pero también a las que surgían de los Convenios de Ginebra de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra y del Protocolo Adicional del 12 de Agosto de 1949. A su criterio, tales instrumentos comprendían la punición de hechos como el investigado, al que consideró – "sin duda alguna"- cometido por "la mentada banda terrorista por motivos políticos y contra un grupo con identidad propia", caracterizando a la agrupación Montoneros como una organización de tipo militar, ayudada por gobiernos y organizaciones terroristas extranjeras.
Tras más de tres años de pesquisa, el representante del Ministerio Público Fiscal Dr. Jorge Álvarez Berlanda -quien estuvo a cargo de la investigación por la delegación efectuada desde un principio por la Dra. Servini de Cubría-, postuló a fs. 304/321 el sobreseimiento de José María Salgado y Rodolfo Walsh en los términos del artículo 336 inciso 1°> del C.P.P.N. acorde la manda del artículo 59 inciso 1° del Código Penal; y de Mario Eduardo Firmenich, Marcelo Kurlat, Horacio Verbitsky, Laura Silvia Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Norberto Habegger y Lila Victoria Pastoriza conforme las previsiones del artículo 336 inciso 1° del catálogo ritual en función de los artículos 2, 59 inc. 3°, 62 inc. 2° y 67 del Código Penal.
Para así decir, el Agente Fiscal calificó los hechos denunciados como configurativos del delito de estrago. Tras ello, se embarcó en la tarea de establecer si ese suceso podía ser catalogado como delito de lesa humanidad y, por tanto, convertirse en un crimen imprescriptible, para lo cual tomó como patrón de análisis dos recientes precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: los fallos "Lariz Iriondo" y "Arancibia Clavel".
La presentación de la querella es un tanto desordenada al exteriorizar los argumentos a partir de los cuales pretende demostrar que estamos ante "crímenes imprescriptibles". Pese a su primer aclaración, que parecería dar cuenta de un celoso apego a un juzgamiento en base a la normativa punitiva vigente al momento de la comisión del hecho, a posteriori se advierte la utilización indiscriminada de todo tipo de fuente –normativa doméstica, internacional, convencional, consuetudinaria, jurisprudencial, etc.- para abonar su tesis, sin reparar en su alcance -material o temporal- y olvidando en la estrictez y taxatividad propia del derecho penal.
Si bien el concepto reconoce antecedentes más antiguos (v. gr. Preámbulos de los Convenios de La Haya sobre las Leyes y Costumbres de las Guerras Terrestres de 1899 y 1907), en su moderna significación se acuñó por primera vez en la Carta del Tribunal Militar Internacional que funcionó en Nüremberg. El 8 de agosto de 1945 se concluyó el Acuerdo de Londres firmado por las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, mediante el cual se dispuso la creación de un Tribunal Militar Internacional para el enjuiciamiento de los criminales de guerra cuyos crímenes no tuvieren localización geográfica particular (art. 1). Estos principales criminales de guerra -major war criminals- debían ser juzgados según las disposiciones del Estatuto del Tribunal Militar Internacional, anexo al Acuerdo, que en su artículo 6° tipificó al delito de lesa humanidad en los siguientes términos: "asesinatos, exterminación, sometimiento a esclavitud, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil antes o durante la guerra persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos, en ejecución o en conexión con cualquier crimen de la jurisdicción del tribunal, sean o no una violación de la legislación interna del país donde hubieran sido realizados".
Después de la firma de la Carta de las Naciones Unidas (26 de junio de 1945), y en pleno desarrollo de los juicios de Nüremberg, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó, el 13 de febrero de 1946, la Resolución 3(I), sobre "Extradición y castigo de crímenes de guerra, contra la paz y contra la humanidad tal como figuran en el Estatuto del Tribunal Militar de Nüremberg del 8 de agosto de 1945", donde se insta a los Estados a tomar todas las medidas necesarias para detener a las personas acusadas de tales crímenes y enviarlas a los países donde los cometieron para que sean juzgadas. En la misma fecha en que se adoptó la resolución nro. 3, se creó el Comité de Codificación de Derecho Internacional establecido por la Asamblea General, para el tratamiento de la formulación de un Código Criminal Internacional conteniendo los principios recogidos en el Estatuto de Nüremberg y en sus sentencias (Res. 95 de la Asamblea General de la ONU del 11 de diciembre de 1946).
En el ámbito americano, en el año 1945, en la ciudad de Chapultepec, se realizó la Conferencia Americana sobre "Problemas de la Guerra y la Paz". En la resolución N° VI, denominada "crímenes de guerra", los países americanos expresaron su adhesión a las declaraciones de los gobiernos aliados " en el sentido de que los culpables, responsables y cómplices de tales crímenes sean juzgados y condenados". La Argentina adhirió al Acta Final de Chapultepec mediante Decreto N° 6945 del 27 de marzo de 1945, ratificado por ley N° 12.873.
El proceso de codificación de estos crímenes culminó con la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que entró en vigencia el 1 de julio de 2002. Se estableció la jurisdicción del Tribunal Internacional respecto de "los crímenes más graves de trascendencia internacional" (art. 1°), entre los que se enumeró al crimen de lesa humanidad (art. 7°). Dicha norma establece: "7.1.A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por 'crimen de lesa humanidad' cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier otro acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. 2. A los efectos del párrafo 1: a) Por "ataque contra una población civil" se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política"
En los autos "Simón", particularmente especificó el Máximo Tribunal que "la descripción jurídica de estos ilícitos contiene elementos comunes de los diversos tipos penales descriptos, y otros excepcionales que permiten calificarlos como "crímenes contra la humanidad" porque: 1- afectan a la persona como integrante de la "humanidad", contrariando a la concepción humana más elemental y compartida por todos los países civilizados; 2- son cometidos por un agente estatal en ejecución de una acción gubernamental, o por un grupo con capacidad de ejercer un dominio y ejecución análogos al estatal sobre un territorio determinado." (Voto del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti -consid. 13-).
En esa dirección, se dijo que: "El primer elemento pone de manifiesto que se agrede la vida y la dignidad de la persona, en cuanto a su pertenencia al género humano, afectando aquellos bienes que constituyen la base de la coexistencia social civilizada. Desde una dogmática jurídica más precisa, se puede decir que afectan derechos fundamentales de la persona, y que estos tienen esa característica porque son "fundantes" y "anteriores" al estado de derecho. Una sociedad civilizada es un acuerdo hipotético para superar el estado de agresión mutua (Hobbes, Thomas, "Leviatán. O la materia, forma y poder de una República, eclesiástica y civil", México, Fondo de Cultura Económica, 1994), pero nadie aceptaría celebrar ese contrato si no existen garantías de respeto de la autonomía y dignidad de la persona pues "aunque los hombres, al entrar en sociedad, renuncian a la igualdad, a la libertad y al poder ejecutivo que tenían en el estado de naturaleza, poniendo todo esto en manos de la sociedad misma para que el poder legislativo disponga de ello según lo requiera el bien de la sociedad, esa renuncia es hecha por cada uno con la exclusiva intención de preservarse a sí mismo y de preservar su libertad y su propiedad de una manera mejor, ya que no puede suponerse que criatura racional alguna cambie su situación con el deseo de ir a peor" (Locke, John, "Segundo Tratado sobre el Gobierno civil", capítulo 9, Madrid, Alianza, 1990). Tales derechos fundamentales son humanos, antes que estatales. Por ello, los derechos fundamentales no pueden ser suprimidos por el Estado Nacional y si no son respetados, tienen tutela transnacional. Este aspecto vincula a esta figura con el derecho internacional humanitario, puesto que ningún estado de derecho puede asentarse aceptando la posibilidad de la violación de las reglas básicas de la convivencia y admitiendo comportamientos que tornan a las personas irreconocibles como tales.-El segundo aspecto requiere que la acción no provenga de otro individuo aislado, sino de la acción concertada de un grupo estatal o de similares características que se propone la represión ilícita de otro grupo, mediante la desaparición física de quienes lo integran o la aplicación de tormentos. No se juzga la diferencia de ideas, o las distintas ideologías, sino la extrema desnaturalización de los principios básicos que dan origen a la organización republicana de gobierno. No se juzga el abuso o el exceso en la persecución de un objetivo loable, ya que es ilícito tanto el propósito de hacer desaparecer a miles de personas que piensan diferente, como los medios utilizados que consisten en la aniquilación física, la tortura y el secuestro configurando un "Terrorismo de Estado" que ninguna sociedad civilizada puede admitir. No se juzga una decisión de la sociedad adoptada democráticamente, sino una planificación secreta y medios clandestinos que sólo se conocen muchos años después de su aplicación. No se trata de juzgar la capacidad del Estado de reprimir los delitos o de preservarse a sí mismo frente a quienes pretenden desestabilizar las instituciones, sino de censurar con todo vigor los casos en que grupos que detentan el poder estatal actúan de modo ilícito, fuera del ordenamiento jurídico o cobijando esos actos con una ley que sólo tiene la apariencia de tal. Por ello, es característico de esos delitos el involucrar una acción organizada desde el Estado o una entidad con capacidad similar, lo que comprende la posibilidad del dictado de normas jurídicas que aseguran o pretenden asegurar la impunidad" (del voto del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti -consid. 13-).
Su origen –sobre esto no hay discusión- se relaciona con la dominación totalitaria y con los órganos del Estado, actuando por sí o través de individuos a ellos vinculados ("nace como respuesta a las manifestaciones más terribles del poder estatal pervertido e infractor de los derechos humanos más básicos" (del dictamen del Procurador en Derecho, René). Tanto la jurisprudencia del Tribunal de Nüremberg como la emergente de la aplicación de la Ley 10 del Consejo de Control Aliado, contemplan la actuación del Estado en contra de la población civil (v. Ambos, K y Wirth, S. El derecho actual sobre los crímenes contra la humanidad, en Temas de Derecho penal internacional y europeo, Marcial Pons, Madrid, 2006, p. 173).
Los hombres en la dominación totalitaria pasaron a ser enteramente superfluos, convertidos en un espécimen de la especie animal hombre. Se destruyó su dignidad –como la entendemos a partir de la modernidad- porque "el respeto por la dignidad humana implica el reconocimiento de mis semejantes o de las naciones semejantes a la mía, cómo subditos, como constructores de mundos o como codificadores de un mundo común" (Arendt, ob. cit., pág. 556).
Por eso, del mismo modo en que los crímenes de guerra deben guardar relación con las operaciones bélicas, los crímenes contra la humanidad son cometidos en el marco de una acción masiva o sistemática, dirigida, organizada o tolerada por el poder político de iure o de facto (Gil Gil, Alicia "Los crímenes contra la humanidad y el genocidio en el Estatuto de la Corte penal Internacional a la luz de " Los Elementos de los Crímenes" en La nueva Justicia Penal Supranacional,Tirant lo blanch, Valencia, 2002).
Por eso se señaló que "una de las características peculiares en la persecución de estos crímenes consiste en que, en diversas ocasiones, no es posible su represión efectiva ante la ausencia de un marco nacional de punición que ha quedado insertado en un proceso político en el cual las mismas personas que cometieron tales hechos impiden, de un modo u otro, la búsqueda de la verdad y el castigo de los responsables. La protección de tales derechos humanos –y el establecimiento de la Carta misma- supone la inexistencia de mecanismos suficientes para proteger los derechos de los habitantes de la comunidad universal" (Fallos 328:2056, voto del Dr. Juan Carlos Maqueda, consid. 55).
El ejemplo más claro de esa ausencia de protección es aquel en donde el propio Estado hostiga al individuo que, ante la imposibilidad de encontrar auxilio en el plano interno, se ve obligado a –no tiene más opción que- reclamar amparo a los otros Estados que componen el orden internacional. La hostilidad a nivel interno también es fundamento de la imprescriptibilidad de las acciones, desde que "los crímenes contra la humanidad son generalmente practicados por las mismas agencias del poder punitivo operando fuera del control del derecho penal, es decir, huyendo al control y a la contención jurídica" (Arancibia Clavel, consid. 23).
La misma premisa contiene el razonamiento del Dr. Lorenzetti en el voto más arriba reproducido cuando remarca que los crímenes contra la humanidad afectan "los bienes que constituyen la base de la coexistencia social civilizada" y desnaturalizan "los principios básicos que dan origen a la organización republicana de gobierno", violando derechos fundamentales que "no pueden ser suprimidos por el Estado Nacional" ni por "un grupo con capacidad de ejercer un dominio y ejecución análogos al estatal sobre un territorio determinado", pero que si lo son tienen tutela internacional. De allí las menciones a dos de los más grandes filósofos contractualistas, de cuya construcción teórica también es pertinente tomar la noción de ruptura del contrato social fundante de una dominación legítima, en las circunstancias en las que, o bien el soberano ya no puede brindar orden y protección (Hobbes), o bien el gobierno en lugar de preservar sus propiedades –vida, libertad, bienes- se vuelve tiránico (Locke).
El artículo 3, común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, contiene estándares y reglas vinculadas con los conflictos armados de carácter no internacional ("En caso de conflicto armado sin carácter internacional …").
Los Protocolos Adicionales de 1977, por su parte, recogen las nuevas formas de conflicto. Particularmente, el Protocolo II (instrumentos de ratificación del 21/4/1989), inspirado en la necesidad de garantizar una mejor protección a la víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, que desarrolla y completa el artículo 3 de los Convenios, es de aplicación "a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el artículo 1 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas…" y "no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos que no son conlfictos armados".
Como señala Werle "puede sostenerse que el derecho internacional humanitario y en particular el derecho internacional bélico intervienen sólo cuando un conflicto interno del Estado, en razón de la organización de las partes –que conlleva mayores fuerzas de combate y la posibilidad de dirigir a los combatientes- es comparable con un conflicto interestatal, independientemente de la participación de tropas estatales en el conflicto. Con ello se explica también la ya mencionada elevada intensidad que debe presentar un conflicto interno del Estado. Mientras en un conflicto interestatal, en el que se enfrentan normalmente dos ejércitos, existe ya ´con el primer disparo´ el peligro de una escalada de consecuencias imprevisibles, erupciones aisladas de violencia en conflictos internos de los Estados no son, en cambio, capaces de hacer peligrar la paz mundial" (Werle, ob. cit, pág. 454).
Dicho esto, es pertinente recordar que esta Cámara Federal, en la sentencia recaída en la conocida como causa 13 –también rememorada por la querella-, consideró probado como un dato relevante para construir el reproche hacia la actividad delictiva de los altos mandos de la última dictadura militar, que "durante el año 1975 las bandas subversivas fueron derrotadas en todas las acciones de envergadura emprendidas" y su capacidad operativa había sida drásticamente disminuida (cfr. La sentencia, imprenta H. C. N., Tomo I, pág. 76). También se declaró en esa ocasión que los grupos disidentes "no se habían adueñado de parte alguna del territorio nacional; no habían obtenido el reconocimiento de beligerancia interior o exterior; no resultaban desembozadamente apoyados por alguna potencia extranjera" (cfr. La sentencia, ob. Cit, Tomo II, pág. 744).
Sobre este basamento no es posible pasar por alto, tal como lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que "el concepto de terrorismo ha sido sumamente difuso y ampliamente discutido, al punto que ni siquiera se logró un consenso en el Estatuto de Roma, donde no fue posible lograr una definición, pese a la únanime condena", y que "tampoco en el sistema regional americano la Convención Interamericana contra el Terrorismo adoptada en Barbados el 3 de junio de 2002 (ratificada por ley 26.023) logró un consenso sobre su tipificación ni sobre su consideración como crimen de lesa humanidad". En base a ello, se concluyó que "mal puede considerarse la vigencia de un derecho internacional consuetudinario consagratorio de la tipicidad e imprescriptibilidad de delitos sobre cuya definición no se ha logrado acuerdo entre los estados hasta el presente" (Fallos 328: 1268, del voto de los Dres. Juan Carlos Maqueda y E. Raúl Zaffaroni).

References: artículo 7
 artículo 336
 artículo 59
 artículo 336
 artículo 6
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 1