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Timestamp: 2013-06-19 03:06:52+00:00

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� BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 115-1, de 01/12/2006����� BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES ����� CONGRESO DE LOS DIPUTADOS ����� VIII LEGISLATURA ����� Serie A: PROYECTOS DE LEY ����� 1 de diciembre de 2006 ����� Núm. 115-1 ����� PROYECTO DE LEY ����� 121/000115 Estatuto del trabajo autónomo. ����� La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo ����� que se indica respecto del asunto de referencia.����� (121) Proyecto de ley ����� 121/000115 ����� AUTOR: Gobierno.����� Proyecto de Ley del Estatuto del trabajo autónomo.����� Acuerdo: ����� Encomendar su aprobación con competencia legislativa plena, conforme al ����� artículo 148 del Reglamento, a la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales.����� Asimismo, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, ����� estableciendo plazo de enmiendas, por un período de quince días hábiles, ����� que finalizan el día 21 de diciembre de 2006.����� En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con ����� el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.����� Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2006.-P. D. El ����� Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.����� PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO ����� Exposición de motivos ����� El trabajo autónomo se ha venido configurando tradicionalmente dentro de ����� un marco de relaciones jurídicas propio del derecho privado, por lo que ����� las referencias normativas al mismo se hallan dispersas a lo largo de todo ����� el Ordenamiento Jurídico.����� En este sentido, la Constitución, sin hacer una referencia expresa al ����� trabajo por cuenta propia, recoge en algunos de sus preceptos derechos ����� aplicables a los trabajadores autónomos. Así, el artículo 38 de la ����� Constitución reconoce la libertad de empresa en el marco de una economía ����� de mercado; el artículo 35, en su apartado 1, reconoce para todos los ����� españoles el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre ����� elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a ����� una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su ����� familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de ����� sexo; el artículo 40, en su apartado 2, establece que los poderes públicos ����� fomentarán una política que garantice la formación y readaptación ����� profesionales, velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y ����� garantizarán el descanso necesario mediante la limitación de la jornada ����� laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros ����� adecuados; finalmente, el artículo 41 encomienda a los poderes públicos el ����� mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social para todos los ����� ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales ����� suficientes ante situaciones de necesidad.����� Página 2����� Estas referencias constitucionales no tienen por qué circunscribirse al ����� trabajo por cuenta ajena, pues la propia Constitución así lo determina ����� cuando se emplea el término "españoles" en el artículo 35 o el de ����� "ciudadanos" en el artículo 41, o cuando encomienda a los poderes públicos ����� la ejecución de determinadas políticas, artículo 40, sin precisar que sus ����� destinatarios deban ser exclusivamente los trabajadores por cuenta ajena. ����� Las referencias a la actividad por cuenta propia en nuestro Ordenamiento ����� Jurídico se encuentran dispersas, como ya se ha señalado. En el ámbito ����� social podemos destacar, en materia de Seguridad Social, normas como la ����� Ley General de la Seguridad Social, el Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, ����� que regula el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o ����� Autónomos y otras disposiciones de desarrollo, y en materia de prevención ����� de riesgos laborales hay que referirse a la Ley de Prevención de Riesgos ����� Laborales y al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se ����� establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de ����� construcción, así como otras disposiciones de desarrollo.����� La Unión Europea, por su parte, ha tratado el trabajo autónomo en ����� instrumentos normativos tales como la Directiva 86/613/CEE del Consejo, de ����� 11 de diciembre de 1986, relativa a la aplicación del principio de ����� igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad ����� autónoma, incluidas las actividades agrícolas, así como sobre la ����� protección de la maternidad, que da una definición de trabajador autónomo ����� en su artículo 2.a), o en la Recomendación del Consejo de 18 de febrero de ����� 2003 relativa a la mejora de la protección de la salud y la seguridad en ����� el trabajo de los trabajadores autónomos.����� El derecho comparado de los países de nuestro entorno no dispone de ����� ejemplos sobre una regulación del trabajo autónomo como tal. En los países ����� de la Unión Europea sucede lo mismo que en España: las referencias a la ����� figura del trabajador autónomo se encuentran dispersas por toda la ����� legislación social, especialmente la legislación de seguridad social y de ����� prevención de riesgos. En este sentido, cabe resaltar la importancia que ����� tiene el presente Proyecto de Ley, pues se trata del primer ejemplo de ����� regulación sistemática y unitaria del trabajo autónomo en la Unión ����� Europea, lo que sin duda constituye un hito en nuestro ordenamiento ����� jurídico.����� II ����� Desde el punto de vista económico y social no puede decirse que la figura ����� del trabajador autónomo actual coincida con la de hace algunas décadas. A ����� lo largo del siglo pasado el trabajo era, por definición, el dependiente y ����� asalariado, ajeno a los frutos y a los riesgos de cualquier actividad ����� emprendedora. Desde esa perspectiva, el autoempleo o trabajo autónomo ����� tenía un carácter circunscrito, en muchas ocasiones, a actividades de ����� escasa rentabilidad, de reducida dimensión y que no precisaban de una ����� fuerte inversión financiera, como por ejemplo la agricultura, la artesanía ����� o el pequeño comercio. En la actualidad la situación es diferente, pues el ����� trabajo autónomo prolifera en países de elevado nivel de renta, en ����� actividades de alto valor añadido, como consecuencia de los nuevos ����� desarrollos organizativos y la difusión de la informática y las ����� telecomunicaciones, y constituye una libre elección para muchas personas ����� que valoran su autodeterminación y su capacidad para no depender de nadie.����� Esta circunstancia ha dado lugar a que en los últimos años sean cada vez ����� más importantes y numerosas en el tráfico jurídico y en la realidad ����� social, junto a la figura de lo que podríamos denominar autónomo clásico, ����� titular de un establecimiento comercial, agricultor y profesionales ����� diversos, otras figuras tan heterogéneas, como los emprendedores, personas ����� que se encuentran en una fase inicial y de despegue de una actividad ����� económica o profesional, los autónomos económicamente dependientes, los ����� socios trabajadores de cooperativas y sociedades laborales o los ����� administradores de sociedades mercantiles que poseen el control efectivo ����� de las mismas.����� En la actualidad, a 30 de junio de 2006, el número de autónomos afiliados ����� a la Seguridad Social asciende a 3.315.707, distribuidos en el Régimen ����� Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en el Régimen ����� Especial Agrario y en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar. De ����� ellos, 2.213.636 corresponden a personas físicas que realizan actividades ����� profesionales en los distintos sectores económicos. ����� Partiendo de este último colectivo, es muy significativo señalar que ����� 1.755.703 autónomos no tienen asalariados y que del colectivo restante ����� 457.933, algo más de 330.000 sólo tienen uno o dos asalariados. Es decir, ����� el 94 por ciento de los autónomos que realizan una actividad profesional o ����� económica sin el marco jurídico de empresa no tienen asalariados o sólo ����� tienen uno o dos.����� Estamos en presencia de un amplio colectivo que realiza un trabajo ����� profesional arriesgando sus propios recursos económicos y aportando su ����� trabajo personal, y que en su mayoría lo hace sin la ayuda de ningún ����� asalariado. Se trata, en definitiva, de un colectivo que demanda un nivel ����� de protección social semejante al que tienen los trabajadores por cuenta ����� ajena.����� El Gobierno, sensible ante esta evolución del trabajo autónomo, ya se ����� comprometió en la Sesión de Investidura de su Presidente a aprobar durante ����� esta Legislatura un Estatuto de los Trabajadores Autónomos. Como ����� consecuencia de ello el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales acordó ����� constituir una Comisión de Expertos a la que encomendó una doble tarea: de ����� un lado, efectuar un diagnóstico y evaluación sobre la situación económica ����� del trabajo autónomo en España y, de otro, analizar el régimen jurídico y ����� de protección social de los trabajadores autónomos, elaborando al tiempo ����� una propuesta de Estatuto del Trabajador Autónomo. Los trabajos de la ����� Página 3����� Comisión culminaron con la entrega de un extenso y documentado Informe, ����� acompañado de una propuesta de Estatuto, en el mes de octubre de 2005.����� Paralelamente, la Disposición Adicional Sexagésima Novena de la Ley ����� 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el ����� año 2006 incorporaba el mandato al Gobierno de presentar al Congreso de ����� los Diputados, en el plazo de un año, un Proyecto de Ley de Estatuto del ����� Trabajador Autónomo en el que se defina el trabajo autónomo y se ����� contemplen los derechos y obligaciones de los trabajadores autónomos, su ����� nivel de protección social, las relaciones laborales y la política de ����� fomento del empleo autónomo, así como la figura del trabajador autónomo ����� dependiente. ����� Finalmente, mediante la Resolución número 15 del Debate sobre el Estado de ����� la Nación de 2006, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ����� presentar durante ese año el Proyecto de Ley del Estatuto del Trabajador ����� Autónomo, para avanzar en la equiparación, en los términos contemplados en ����� la Recomendación número 4 del Pacto de Toledo, del nivel de protección ����� social de los trabajadores autónomos con el de los trabajadores por cuenta ����� ajena.����� III ����� La presente Ley constituye el resultado del cumplimiento de los anteriores ����� mandatos. Para su elaboración se ha consultado a las organizaciones ����� sindicales y empresariales, así como a las asociaciones de trabajadores ����� autónomos. ����� La Ley consta de 29 artículos, encuadrados en cinco títulos, más cuatro ����� disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y cuatro ����� finales. ����� El Título I delimita el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley, ����� estableciendo la definición genérica de trabajador autónomo y añadiendo ����� los colectivos específicos incluidos y excluidos.����� El Título II regula el régimen profesional del trabajador autónomo en tres ����� capítulos. El Capítulo I establece las fuentes de dicho régimen ����� profesional dejando clara la naturaleza civil o mercantil de las ����� relaciones jurídicas establecidas entre el autónomo y la persona o entidad ����� con la que contrate. El apartado 2 del artículo 3 introduce los acuerdos ����� de interés profesional para los trabajadores autónomos económicamente ����� dependientes, novedad importante creada por la Ley.����� El Capítulo II se refiere al régimen profesional común para todos los ����� trabajadores autónomos y establece un catálogo de derechos y deberes, así ����� como las normas en materia de prevención de riesgos laborales, protección ����� de menores y las garantías económicas.����� El Capítulo III reconoce y regula la figura del trabajador autónomo ����� económicamente dependiente. Su regulación obedece a la necesidad de dar ����� cobertura legal a una realidad social: la existencia de un colectivo de ����� trabajadores autónomos que, no obstante su autonomía funcional, ����� desarrollan su actividad con una fuerte y casi exclusiva dependencia ����� económica del empresario o cliente que los contrata. La Ley contempla el ����� supuesto en que este empresario es su principal cliente y de él proviene, ����� al menos, el 75 por ciento de los ingresos del trabajador. Según los datos ����� suministrados por el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2004, ����� ascienden a 285.600 los empresarios sin asalariados que trabajan para una ����� única empresa o cliente. La cifra es importante, pero lo significativo es ����� que este colectivo se ha incrementado en un 33 por ciento desde el año ����� 2001.����� A la vista de la realidad anteriormente descrita, la introducción de la ����� figura del trabajador autónomo económicamente dependiente ha planteado la ����� necesidad de prevenir la posible utilización indebida de dicha figura, ����� dado que nos movemos en una frontera no siempre precisa entre la figura ����� del autónomo clásico, el autónomo económicamente dependiente y el ����� trabajador por cuenta ajena. ����� La intención del legislador es eliminar esas zonas fronterizas grises ����� entre las tres categorías. De ahí que el artículo 11, al definir el ����� trabajador autónomo económicamente dependiente sea muy restrictivo, ����� delimitando conforme a criterios objetivos los supuestos en que la ����� actividad se ejecuta fuera del ámbito de organización y dirección del ����� cliente que contrata al autónomo.����� El resto del Capítulo III establece una regulación garantista para el ����� trabajador autónomo económicamente dependiente, en virtud de esa situación ����� de dependencia económica, sin perjuicio de que opere como norma general en ����� las relaciones entre éste y su cliente el principio de autonomía de la ����� voluntad. En este sentido, el reconocimiento de los acuerdos de interés ����� profesional, en el artículo 13, al que se aludía en el Capítulo dedicado a ����� las fuentes, no supone trasladar la negociación colectiva a este ámbito, ����� sino simplemente reconocer la posibilidad de existencia de un acuerdo que ����� trascienda del mero contrato individual, pero con eficacia personal ����� limitada, pues sólo vincula a los firmantes del acuerdo. ����� El recurso a la Jurisdicción Social previsto en el artículo 17 se ����� justifica porque la configuración jurídica del trabajador autónomo ����� económicamente dependiente se ha diseñado teniendo en cuenta los criterios ����� que de forma reiterada ha venido estableciendo la Jurisprudencia de dicha ����� Jurisdicción. La Jurisprudencia ha definido una serie de criterios para ����� distinguir entre el trabajo por cuenta propia y el trabajo por cuenta ����� ajena. La dependencia económica que la Ley reconoce al trabajador autónomo ����� económicamente dependiente no debe llevar a equívoco: se trata de un ����� trabajador autónomo, y esa dependencia económica en ningún caso debe ����� implicar dependencia organizativa ni ajenidad. Las cuestiones litigiosas ����� propias del contrato civil o mercantil celebrado entre el autónomo ����� económicamente dependiente y su cliente van a estar estrechamente ligadas ����� a la propia naturaleza de la figura de aquél, de tal forma que las ����� pretensiones ligadas al contrato siempre van a juzgarse en conexión con el ����� hecho de si el trabajador autónomo es realmente económicamente dependiente ����� o no, según ����� Página 4����� cumpla o no con los requisitos establecidos en la Ley. Y esta ����� circunstancia, nuclear en todo litigio, ha de ser conocida por la ����� Jurisdicción Social.����� IV ����� El Título III regula los derechos colectivos de todos los trabajadores ����� autónomos, definiendo la representatividad de sus asociaciones conforme a ����� los criterios objetivos, establecidos en el artículo 21 y creando el ����� Consejo Estatal del Trabajo Autónomo como órgano consultivo del Gobierno ����� en materia socioeconómica y profesional referida al sector en el artículo ����� 22.����� El Título IV establece los principios generales en materia de protección ����� social, recogiendo las normas generales sobre afiliación, cotización y ����� acción protectora de la Seguridad Social de los trabajadores autónomos.����� Es de destacar que se reconoce la posibilidad de establecer reducciones o ����� bonificaciones en las bases de cotización o en las cuotas de la Seguridad ����� Social para determinados colectivos de trabajadores autónomos, en atención ����� a sus circunstancias personales o a las características profesionales de ����� la actividad ejercida. Se extiende a los trabajadores autónomos ����� económicamente dependientes la protección por las contingencias de ����� accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y se reconoce la ����� posibilidad de jubilación anticipada para aquellos trabajadores autónomos ����� que desarrollen una actividad tóxica, peligrosa o penosa, en las mismas ����� condiciones previstas para el Régimen General. Se trata de medidas que, ����� junto con las previstas en las disposiciones adicionales, tienden a ����� favorecer la convergencia del Régimen Especial de Trabajadores Por Cuenta ����� Propia o Autónomos con el Régimen General.����� Finalmente, el Título V está dedicado al fomento y promoción del trabajo ����� autónomo, estableciendo medidas dirigidas a promover la cultura ����� emprendedora, a reducir los costes en el inicio de la actividad, a ����� impulsar la formación profesional y a favorecer el trabajo autónomo ����� mediante una política fiscal adecuada. Se trata, pues, de las líneas ����� generales de lo que deben ser las políticas activas de fomento del ����� autoempleo, líneas que han de ser materializadas y desarrolladas en ����� función de la realidad socioeconómica.����� V ����� La disposición adicional primera se refiere a la reforma del Texto ����� Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral. Las modificaciones son las ����� estrictamente necesarias como consecuencia de la inclusión de las ����� controversias derivadas de los contratos de los trabajadores autónomos ����� económicamente dependientes en el ámbito de la Jurisdicción Social. En ����� coherencia con ello, también se establece la obligatoriedad de la ����� conciliación previa no sólo ante el servicio administrativo ����� correspondiente, sino también ante el órgano que eventualmente se haya ����� podido crear mediante acuerdo de interés profesional.����� La disposición adicional segunda supone el reconocimiento para que ciertos ����� colectivos o actividades gocen de peculiaridades en materia de cotización, ����� como complemento de las medidas de fomento del autoempleo. Se hace un ����� mandato concreto para establecer reducciones en la cotización de los ����� siguientes colectivos de trabajadores autónomos: los que ejercen una ����� actividad por cuenta propia junto con otra actividad por cuenta ajena, de ����� tal modo que la suma de ambas cotizaciones supera la base máxima, los ����� hijos de trabajadores autónomos menores de 30 años que inician una labor ����� en la actividad familiar y los trabajadores autónomos que se dediquen a la ����� venta ambulante o a la venta a domicilio.����� La disposición adicional tercera recoge la obligación de que en el futuro ����� todos los trabajadores autónomos que no lo hayan hecho tengan que optar ����� por la cobertura de la incapacidad temporal, medida que favorece la ����� convergencia con el Régimen General, así como la necesidad de llevar a ����� cabo un estudio sobre las profesiones o actividades con mayor ����� siniestralidad, en las que los colectivos de autónomos afectados deberán ����� cubrir las contingencias profesionales.����� La disposición adicional cuarta regula la prestación por cese de ����� actividad. Recoge el compromiso del Gobierno para que, siempre que estén ����� garantizados los principios de contributividad, solidaridad y ����� sostenibilidad financiera y ello responda a las necesidades y preferencias ����� de los trabajadores autónomos, proponga a las Cortes Generales la ����� regulación de un sistema específico de protección por cese de actividad ����� para los mismos, en función de sus características personales o de la ����� naturaleza de la actividad ejercida. ����� La disposición adicional quinta especifica que lo dispuesto en el apartado ����� 2 del artículo 23, en los artículos 24 a 26 y en el párrafo c), apartado 2 ����� del artículo 27, así como en las disposiciones adicionales segunda y ����� tercera y en la disposición final segunda de la presente Ley no serán de ����� aplicación a los trabajadores por cuenta propia o autónomos que, en los ����� términos establecidos en la disposición adicional decimoquinta de la Ley ����� 30/1995, de supervisión y ordenación de los seguros privados, hayan optado ����� u opten en el futuro por adscribirse a la Mutualidad de Previsión Social ����� que tenga constituida el Colegio Profesional al que pertenezcan y que ����� actúe como alternativa al Régimen Especial de la Seguridad Social de los ����� trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.����� Finalmente, la disposición adicional sexta establece la necesidad de ����� adecuación de la norma a las competencias autonómicas relativas a ����� representatividad y registro especial de las asociaciones profesionales de ����� trabajadores autónomos en el ámbito territorial autonómico.����� La disposición final primera establece el título competencial que habilita ����� al Estado a dictar esta Ley. En ����� Página 5����� concreto la Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo ����� 149.1.5.�, legislación sobre Administración de Justicia, 6.�, legislación ����� mercantil y procesal, 7.�, legislación laboral, 8.�, legislación civil y ����� 17.�, legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social.����� La disposición final segunda recoge el principio general del Pacto de ����� Toledo de lograr la equiparación en aportaciones, derechos y obligaciones ����� de los trabajadores autónomos con los trabajadores por cuenta ajena ����� incluidos en el Régimen General.����� La disposición final tercera habilita al Gobierno para dictar las ����� disposiciones reglamentarias de ejecución y desarrollo necesarias para la ����� aplicación de la Ley.����� La disposición final cuarta establece una "vacatio legis" de tres meses, ����� plazo que se considera adecuado para la entrada en vigor de la Ley. ����� TÍTULO I ����� Ámbito de aplicación subjetivo ����� Artículo 1. Supuestos incluidos.����� 1. La presente Ley será de aplicación a las personas físicas que realicen ����� de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito ����� de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o ����� profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por ����� cuenta ajena. ����� También será de aplicación esta Ley a los trabajos, realizados de forma ����� habitual, por familiares de las personas definidas en el párrafo anterior ����� que no tengan la condición de trabajadores por cuenta ajena, conforme a lo ����� establecido en el artículo 1.3.e) del texto refundido de la Ley del ����� Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo ����� 1/1995, de 24 de marzo.����� 2. Se declaran expresamente comprendidos en el ámbito de aplicación de ����� esta Ley, siempre que cumplan los requisitos a los que se refiere el ����� apartado anterior: ����� a) Los socios industriales de sociedades regulares colectivas y de ����� sociedades comanditarias. ����� b) Los comuneros de las comunidades de bienes y los socios de sociedades ����� civiles irregulares, salvo que su actividad se limite a la mera ����� administración de los bienes puestos en común.����� c) Quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el ����� desempeño del cargo de consejero o administrador, o presten otros ����� servicios para una sociedad mercantil capitalista, a título lucrativo y de ����� forma habitual, personal y directa, cuando posean el control efectivo, ����� directo o indirecto de aquélla, en los términos previstos en la ����� disposición adicional vigésima séptima del texto refundido de la Ley ����� General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo ����� 1/1994, de 20 de junio.����� d) Los trabajadores autónomos económicamente dependientes a los que se ����� refiere el Capítulo III del Título II de la presente Ley. ����� e) Cualquier otra persona que cumpla con los requisitos establecidos en el ����� artículo 1.1 de la presente Ley.����� 3. Las inclusiones a las que se refiere el apartado anterior se entenderán ����� sin perjuicio de la aplicación de sus respectivas normas específicas.����� 4. La presente Ley será de aplicación a los trabajadores autónomos ����� extranjeros que reúnan los requisitos previstos en la Ley Orgánica 4/2000, ����� de 11 de enero, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su ����� integración social.����� Artículo 2. Supuestos excluidos.����� Se entenderán expresamente excluidas del ámbito de aplicación de la ����� presente Ley, aquellas prestaciones de servicios que no cumplan con los ����� requisitos del artículo 1.1, y en especial: ����� a) Las relaciones de trabajo por cuenta ajena a que se refiere el artículo ����� 1.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ����� aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.����� b) La actividad que se limita pura y simplemente al mero desempeño del ����� cargo de consejero o miembro de los órganos de administración en las ����� empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, de conformidad con lo ����� establecido en el articulo 1.3.c) del texto refundido de la Ley del ����� Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo ����� 1/1995, de 24 de marzo.����� c) Las relaciones laborales de carácter especial a las que se refiere el ����� artículo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ����� aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo y ����� disposiciones complementarias.����� TÍTULO II ����� Régimen profesional del trabajador autónomo ����� CAPÍTULO I ����� Fuentes del régimen profesional ����� Artículo 3. Fuentes del régimen profesional.����� 1. El régimen profesional del trabajador autónomo se regirá por: ����� a) Las disposiciones contempladas en la presente Ley, en lo que no se ����� opongan a las legislaciones específicas aplicables a su actividad así como ����� al resto de las ����� Página 6����� normas legales y reglamentarias complementarias que sean de aplicación.����� b) La normativa común relativa a la contratación civil, mercantil o ����� administrativa reguladora de la correspondiente relación jurídica del ����� trabajador autónomo.����� c) Los pactos establecidos individualmente mediante contrato entre el ����� trabajador autónomo y el cliente para el que desarrolle su actividad ����� profesional. Se entenderán nulas y sin efectos las cláusulas establecidas ����� en el contrato individual contrarias a las disposiciones legales de ����� derecho necesario.����� d) Los usos y costumbres locales y profesionales.����� 2. Los acuerdos de interés profesional serán, asimismo, fuente del régimen ����� profesional de los trabajadores autónomos económicamente dependientes. ����� Toda cláusula del contrato individual de un trabajador autónomo ����� económicamente dependiente afiliado a un sindicato o asociado a una ����� organización de autónomos, será nula cuando contravenga lo dispuesto en un ����� acuerdo de interés profesional firmado por dicho sindicato o asociación ����� que le sea de aplicación a dicho trabajador por haber prestado su ����� consentimiento. ����� 3. En virtud de lo dispuesto en la disposición final primera del texto ����� refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real ����� Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, el trabajo realizado por ����� cuenta propia no estará sometido a la legislación laboral, excepto en ����� aquellos aspectos que por precepto legal se disponga expresamente.����� CAPÍTULO II ����� Régimen profesional común del trabajador autónomo ����� Artículo 4. Derechos profesionales.����� 1. Los trabajadores autónomos tienen derecho al ejercicio de los derechos ����� fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución ����� Española y en los tratados y acuerdos internacionales ratificados por ����� España sobre la materia.����� 2. El trabajador autónomo tiene los siguientes derechos básicos ����� individuales, con el contenido y alcance que para cada uno de ellos ����� disponga su normativa específica: ����� a) Derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio.����� b) Libertad de iniciativa económica y derecho a la libre competencia.����� c) Derecho de propiedad intelectual sobre sus obras o prestaciones ����� protegidas.����� 3. En el ejercicio de su actividad profesional, los trabajadores autónomos ����� tienen los siguientes derechos individuales: ����� a) A la igualdad ante la ley y a no ser discriminados, directa o ����� indirectamente, por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, ����� edad, estado civil, religión, convicciones, discapacidad, edad, ����� orientación sexual, lengua dentro del Estado español o cualquier otra ����� condición o circunstancia personal o social. ����� b) Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, ����� así como a una adecuada protección frente al acoso sexual y al acoso por ����� razón de sexo o por cualquier otra circunstancia o condición personal o ����� social.����� c) A la formación y readaptación profesionales.����� d) A su integridad física y a una protección adecuada de su seguridad y ����� salud en el trabajo.����� e) A la percepción puntual de la contraprestación económica convenida por ����� el ejercicio profesional de su actividad.����� f) A la conciliación de su actividad profesional con la vida personal y ����� familiar.����� g) A la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de ����� necesidad, de conformidad con la legislación de la Seguridad Social.����� h) Al ejercicio individual de las acciones derivadas de su actividad ����� profesional.����� i) A la tutela judicial efectiva de sus derechos profesionales, así como ����� al acceso a los medios extrajudiciales de solución de conflictos.����� j) Cualesquiera otros que se deriven de los contratos por ellos celebrados.����� Artículo 5. Deberes profesionales básicos.����� Son deberes profesionales básicos de los trabajadores autónomos los ����� siguientes: ����� a) Cumplir con las obligaciones derivadas de los contratos por ellos ����� celebrados, a tenor de los mismos, y con las consecuencias que, según su ����� naturaleza, sean conformes a la buena fe, a los usos y a la ley.����� b) Cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y salud laborales ����� que la ley les imponga.����� c) Afiliarse, comunicar las altas y bajas y cotizar al régimen de la ����� Seguridad Social en los términos previstos en la legislación ����� correspondiente.����� d) Cumplir con las obligaciones fiscales y tributarias establecidas ����� legalmente.����� e) Cumplir con cualesquiera otras obligaciones derivadas de la legislación ����� aplicable.����� Artículo 6. Derecho a la no discriminación y garantía de los derechos ����� fundamentales y libertades públicas.����� 1. Los poderes públicos deben garantizar la efectividad de los derechos ����� fundamentales y libertades públicas del trabajador autónomo.����� Página 7����� 2. Los poderes públicos y quienes contraten la actividad profesional de ����� los trabajadores autónomos quedan sometidos a la prohibición de ����� discriminación, tanto directa como indirecta, de dichos trabajadores. La ����� prohibición de discriminación afectará tanto a la libre iniciativa ����� económica y a la contratación, como a las condiciones del ejercicio ����� profesional.����� 3. Cualquier trabajador autónomo, las asociaciones que lo representen o ����� los sindicatos que consideren lesionados sus derechos fundamentales o la ����� concurrencia de un tratamiento discriminatorio podrán recabar la tutela ����� del derecho ante el orden jurisdiccional competente por razón de la ����� materia, mediante un procedimiento sumario y preferente. Si el órgano ����� judicial estimara probada la vulneración del derecho denunciado, declarará ����� la nulidad radical y el cese inmediato de la conducta y, cuando proceda, ����� la reposición de la situación al momento anterior a producirse, así como ����� la reparación de las consecuencias derivadas del acto.����� 4. Las cláusulas contractuales que vulneren el derecho a la no ����� discriminación o cualquier derecho fundamental serán nulas y se tendrán ����� por no puestas. El juez que declare la invalidez de dichas cláusulas ����� integrará el contrato con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1.258 del ����� Código Civil y, en su caso, determinará la indemnización correspondiente ����� por los perjuicios sufridos.����� 5. En relación con el derecho a la igualdad y no discriminación por razón ����� de sexo se estará a lo previsto en la normativa sobre igualdad entre ����� mujeres y hombres.����� Artículo 7. Forma y duración del contrato.����� 1. Los contratos que concierten los trabajadores autónomos de ejecución de ����� su actividad profesional podrán celebrarse por escrito o de palabra. Cada ����� una de las partes podrá exigir de la otra, en cualquier momento, la ����� formalización del contrato por escrito.����� 2. El contrato podrá celebrarse para la ejecución de una obra o serie de ����� ellas, o para la prestación de uno o más servicios y tendrá la duración ����� que las partes acuerden.����� Artículo 8. Prevención de riesgos laborales.����� 1. Las Administraciones Públicas competentes asumirán un papel activo en ����� relación con la prevención de riesgos laborales de los trabajadores ����� autónomos, por medio de actividades de promoción de la prevención, ����� asesoramiento técnico, vigilancia y control del cumplimiento por los ����� trabajadores autónomos de la normativa de prevención de riesgos laborales.����� 2. Las Administraciones Públicas competentes promoverán una formación en ����� prevención específica y adaptada a las peculiaridades de los trabajadores ����� autónomos. ����� 3. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades ����� trabajadores autónomos y trabajadores de otra u otras empresas, así como ����� cuando los trabajadores autónomos ejecuten su actividad profesional en los ����� locales o centros de trabajo de las empresas para las que presten ����� servicios, serán de aplicación para todos ellos los deberes de ����� cooperación, información e instrucción previstos en los apartados 1 y 2 ����� del artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de ����� Riesgos Laborales. ����� 4. Las empresas que contraten con trabajadores autónomos la realización de ����� obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas, y ����� que se desarrollen en sus propios centros de trabajo, deberán vigilar el ����� cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por estos ����� trabajadores.����� 5. Cuando los trabajadores autónomos deban operar con maquinaria, equipos, ����� productos, materias o útiles proporcionados por la empresa para la que ����� ejecutan su actividad profesional, pero no realicen esa actividad en el ����� centro de trabajo de tal empresa, ésta asumirá las obligaciones ����� consignadas en el último párrafo del artículo 41.1 de la Ley 31/1995, de 8 ����� de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.����� 6. En el caso de que las empresas incumplan las obligaciones previstas en ����� los apartados 3 a 5 del presente artículo, asumirán las obligaciones ����� indemnizatorias de los daños y perjuicios ocasionados, siempre y cuando ����� haya relación causal directa entre tales incumplimientos y los perjuicios ����� y daños causados.����� La responsabilidad del pago establecida en el párrafo anterior, que ����� recaerá directamente sobre el empresario infractor, lo será con ����� independencia de que el trabajador autónomo se haya acogido o no a las ����� prestaciones por contingencias profesionales.����� 7. El trabajador autónomo tendrá derecho a interrumpir su actividad y ����� abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que ����� dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o salud.����� 8. Las disposiciones contenidas en el presente artículo se aplicarán sin ����� perjuicio de las obligaciones legales establecidas para los trabajadores ����� autónomos con asalariados a su cargo en su condición de empresarios.����� Artículo 9. Protección de menores.����� 1. Los menores de dieciséis años no podrán ejecutar trabajo autónomo ni ����� actividad profesional, ni incluso para familiares.����� 2. En el caso de prestaciones de servicios en espectáculos públicos por ����� parte de los menores de dieciséis años, será obligatorio solicitar ����� autorización expresa y singularizada a la Autoridad laboral, que la ����� concederá siempre que no supongan peligro para su salud física o psíquica, ����� ni sean incompatibles con su formación escolar y humana. La autorización ����� deberá constar por escrito y para actos determinados.����� Página 8����� Artículo 10. Garantías económicas ����� 1. Los trabajadores autónomos tienen derecho a la percepción de la ����� contraprestación económica por la ejecución del contrato en el tiempo y la ����� forma convenidos y de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 ����� de diciembre, que establece medidas de lucha contra la morosidad en las ����� operaciones comerciales.����� 2. Cuando el trabajador autónomo ejecute su actividad profesional para un ����� contratista o subcontratista, tendrá acción contra el empresario ����� principal, hasta el importe de la deuda que éste adeude a aquél al tiempo ����� de la reclamación, salvo que se trate de construcciones, reparaciones o ����� servicios contratados en el seno del hogar familiar.����� 3. En materia de garantía del cobro de los créditos por el trabajo ����� personal del trabajador autónomo se estará a lo dispuesto en la normativa ����� civil y mercantil sobre privilegios y preferencias, así como en la Ley ����� 22/2003, de 9 de julio, Concursal, quedando en todo caso los trabajadores ����� autónomos económicamente dependientes sujetos a la situación de privilegio ����� general recogida en el artículo 91.3 de dicha ley.����� 4. El trabajador autónomo responderá de sus obligaciones con todos sus ����� bienes presentes y futuros, sin perjuicio de la inembargabilidad de los ����� bienes establecida en los artículos 605, 606 y 607 de la Ley 1/2000, de 7 ����� de enero, de Enjuiciamiento Civil.����� CAPÍTULO III ����� Régimen profesional del trabajador autónomo económicamente dependiente ����� Artículo 11. Concepto y ámbito subjetivo.����� 1. Los trabajadores autónomos económicamente dependientes a los que se ����� refiere el artículo 1.2.d) de la presente Ley son aquéllos que realizan ����� una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma ����� habitual, personal, directa y predominante para una persona física o ����� jurídica, denominada cliente, del que dependen económicamente por percibir ����� de él, al menos, el 75 por ciento de sus ingresos por rendimientos de ����� trabajo y de actividades económicas o profesionales.����� 2. Para el desempeño de la actividad económica o profesional como ����� trabajador autónomo económicamente dependiente, éste deberá reunir ����� simultáneamente las siguientes condiciones: ����� a) No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o ����� subcontratar parte o toda la actividad con terceros, tanto respecto de la ����� actividad contratada con el cliente del que depende económicamente como de ����� las actividades que pudiera contratar con otros clientes.����� b) No ejecutar su actividad de manera conjunta e indiferenciada con los ����� trabajadores que presten servicios bajo cualquier forma contractual por ����� cuenta del cliente.����� c) Disponer de infraestructura productiva y material propios, necesarios ����� para el ejercicio de la actividad e independientes de los de su cliente, ����� cuando en dicha actividad sean relevantes económicamente.����� d) Desarrollar su actividad bajo criterios organizativos propios, sin ����� perjuicio de las indicaciones técnicas de carácter general que pueda ����� recibir de su cliente.����� e) Percibir una contraprestación económica en función del resultado de su ����� actividad, de acuerdo con lo pactado con el cliente y asumiendo el riesgo ����� y ventura de aquélla.����� 3. Los titulares de establecimientos o locales comerciales e industriales ����� y de oficinas y despachos abiertos al público y los profesionales que ����� ejerzan su profesión conjuntamente con otros en régimen societario o bajo ����� cualquier otra forma jurídica admitida en derecho no tendrán en ningún ����� caso la consideración de trabajadores autónomos económicamente ����� dependientes.����� Artículo 12. Contrato.����� 1. El contrato para la realización de la actividad profesional del ����� trabajador autónomo económicamente dependiente celebrado entre éste y su ����� cliente deberá formalizarse siempre por escrito y deberá ser registrado en ����� la oficina pública correspondiente. Dicho registro no tendrá carácter ����� público.����� Reglamentariamente se regularán las características de dichos contratos y ����� del Registro en el que deberán inscribirse, así como las condiciones para ����� que los representantes legales de los trabajadores tengan acceso a la ����� información de los contratos que su empresa celebre con trabajadores ����� autónomos económicamente dependientes. De dicha información se excluirá, ����� en todo caso, el número del documento nacional de identidad, el domicilio, ����� el estado civil y cualquier otro dato que, de acuerdo con la Ley Orgánica ����� 1/1982, de 5 de mayo, pudiera afectar a la intimidad personal.����� 2. El trabajador autónomo deberá hacer constar expresamente en el contrato ����� su condición de dependiente económicamente respecto del cliente que le ����� contrate, así como las variaciones que se produjeran al respecto. La ����� condición de dependiente sólo se podrá ostentar respecto de un único ����� cliente.����� 3. En el supuesto de un trabajador autónomo que contratase con varios ����� clientes su actividad profesional o la prestación de sus servicios, cuando ����� se produjera una circunstancia sobrevenida, cuya consecuencia derivara en ����� el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 11, se ����� respetará íntegramente el contrato firmado entre ambas partes hasta la ����� extinción del mismo, salvo que éstas acordasen modificarlo ����� Página 9����� para actualizarlo a las nuevas condiciones que corresponden a un ����� trabajador autónomo económicamente dependiente.����� 4. Cuando en el contrato no se hubiera fijado una duración o un servicio ����� determinado, se presumirá, salvo prueba en contrario, que el contrato ha ����� sido pactado por tiempo indefinido.����� Artículo 13. Acuerdos de interés profesional.����� 1. Los acuerdos de interés profesional previstos en el apartado 2 del ����� artículo 3 de la presente Ley, concertados entre las asociaciones o ����� sindicatos que representen a los trabajadores autónomos económicamente ����� dependientes y las empresas para las que ejecuten su actividad podrán ����� establecer las condiciones de modo, tiempo y lugar de ejecución de dicha ����� actividad, así como otras condiciones generales de contratación. En todo ����� caso, los acuerdos de interés profesional observarán los límites del ����� artículo 1.1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la ����� Competencia, salvo que reúnan las condiciones previstas en el artículo 3.1 ����� de dicha Ley.����� 2. Los acuerdos de interés profesional deberán concertarse por escrito.����� 3. Se entenderán nulas y sin efectos las cláusulas de los acuerdos de ����� interés profesional contrarias a disposiciones legales de derecho ����� necesario.����� 4. Los acuerdos de interés profesional se pactarán al amparo de las ����� disposiciones del Código Civil. La eficacia personal de dichos acuerdos se ����� limitará a las partes firmantes y, en su caso, a los afiliados a las ����� asociaciones de autónomos o sindicatos firmantes que hayan prestado ����� expresamente su consentimiento para ello.����� Artículo 14. Jornada de la actividad profesional.����� 1. El trabajador autónomo económicamente dependiente tendrá derecho a una ����� interrupción de su actividad anual de 15 días hábiles, sin perjuicio de ����� que dicho régimen pueda ser mejorado mediante contrato entre las partes o ����� mediante acuerdos de interés profesional.����� 2. Mediante contrato individual o acuerdo de interés profesional se ����� determinará el régimen de descanso semanal y el correspondiente a los ����� festivos, la cuantía máxima de la jornada de actividad y, en el caso de ����� que la misma se compute por mes o año, su distribución semanal.����� 3. La realización de actividad por tiempo superior al pactado ����� contractualmente será voluntaria en todo caso, no pudiendo exceder del ����� incremento máximo establecido mediante acuerdo de interés profesional. En ����� ausencia de acuerdo de interés profesional, el incremento no podrá exceder ����� del 30 por ciento del tiempo ordinario de actividad individualmente ����� acordado.����� 4. El horario de actividad procurará adaptarse a los efectos de poder ����� conciliar la vida personal, familiar y profesional del trabajador autónomo ����� económicamente dependiente.����� Artículo 15. Extinción contractual.����� 1. La relación contractual entre las partes se extinguirá por alguna de ����� las siguientes circunstancias: ����� a) Mutuo acuerdo de las partes.����� b) Causas válidamente consignadas en el contrato, salvo que las mismas ����� constituyan abuso de derecho manifiesto.����� c) Muerte, jubilación o invalidez, incompatibles con la actividad ����� profesional, conforme a la correspondiente legislación de Seguridad Social.����� d) Desistimiento del trabajador autónomo económicamente dependiente, ����� debiendo en tal caso mediar el preaviso estipulado o conforme a los usos y ����� costumbres.����� e) Voluntad del trabajador autónomo económicamente dependiente, fundada en ����� un incumplimiento contractual grave de la contraparte.����� f) Voluntad del cliente por causa justificada, debiendo mediar el preaviso ����� estipulado o conforme a los usos y costumbres.����� g) Cualquier otra causa legalmente establecida.����� 2. Cuando la resolución contractual se produzca por la voluntad de una de ����� las partes fundada en un incumplimiento contractual de la otra, quien ����� resuelva el contrato tendrá derecho a percibir la correspondiente ����� indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.����� 3. Cuando la resolución del contrato se produzca por voluntad del cliente ����� sin causa justificada, el trabajador autónomo económicamente dependiente ����� tendrá derecho a percibir la indemnización prevista en el apartado ����� anterior.����� Si la resolución se produce por desistimiento del trabajador autónomo ����� económicamente dependiente, y sin perjuicio del preaviso previsto en el ����� párrafo d) del apartado 1 del presente artículo, el cliente podrá ser ����� indemnizado cuando dicho desistimiento le ocasione un perjuicio importante ����� que paralice o perturbe el normal desarrollo de su actividad.����� 4. Cuando la parte que tenga derecho a la indemnización sea el trabajador ����� autónomo económicamente dependiente, a los efectos de determinar su ����� cuantía se tomarán en consideración, entre otros factores, el tiempo ����� restante previsto de duración del contrato, la gravedad del incumplimiento ����� del cliente, las inversiones y gastos anticipados por el trabajador ����� autónomo económicamente dependiente vinculados a la ejecución de la ����� actividad profesional contratada y el plazo de preaviso otorgado por el ����� cliente sobre la fecha de extinción del contrato. ����� Página 10����� Artículo 16. Interrupciones justificadas de la actividad profesional.����� 1. Se considerarán causas debidamente justificadas de interrupción de la ����� actividad por parte del trabajador económicamente dependiente las fundadas ����� en: ����� a) Mutuo acuerdo de las partes.����� b) La necesidad de atender responsabilidades familiares urgentes, ����� sobrevenidas e imprevisibles.����� c) El riesgo grave e inminente para la vida o salud del trabajador ����� autónomo, según lo previsto en el apartado 7 del artículo 8 de la presente ����� Ley.����� d) Incapacidad temporal del trabajador.����� e) Fuerza mayor.����� 2. Mediante contrato o acuerdo de interés profesional podrán fijarse otras ����� causas de interrupción justificada de la actividad profesional.����� 3. Las causas de interrupción de la actividad previstas en los apartados ����� anteriores no podrán fundamentar la extinción contractual por voluntad del ����� cliente prevista en la letra f) del apartado 1 del artículo anterior, todo ����� ello sin perjuicio de otros efectos que para dichos supuestos puedan ����� acordar las partes. Si el cliente diera por extinguido el contrato, tal ����� circunstancia se consideraría como una falta de justificación a los ����� efectos de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo anterior.����� No obstante, cuando en los supuestos contemplados en las letras d) y e) ����� del apartado 1 la interrupción ocasione un perjuicio importante al cliente ����� que paralice o perturbe el normal desarrollo de su actividad, podrá ����� considerarse justificada la extinción del contrato, a efectos de lo ����� dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo anterior.����� Artículo 17. Competencia jurisdiccional.����� 1. Los órganos jurisdiccionales del orden social serán los competentes ����� para conocer las pretensiones derivadas del contrato celebrado entre un ����� trabajador autónomo económicamente dependiente y su cliente.����� 2. Los órganos jurisdiccionales del orden social serán también los ����� competentes para conocer de todas las cuestiones derivadas de la ����� aplicación e interpretación de los acuerdos de interés profesional, sin ����� perjuicio de lo dispuesto en la legislación de defensa de la competencia.����� Artículo 18. Procedimientos no jurisdiccionales de solución de conflictos.����� 1. Será requisito previo para la tramitación de acciones judiciales en ����� relación con el régimen profesional de los trabajadores autónomos ����� económicamente dependientes el intento de conciliación o mediación ante el ����� órgano administrativo que asuma estas funciones. No obstante, a tales ����� efectos, los acuerdos de interés profesional a los que se refiere el ����� artículo 13 de la presente Ley podrán instituir órganos específicos de ����� solución de conflictos.����� 2. Los procedimientos no jurisdiccionales de solución de conflictos ����� estarán basados en los principios de gratuidad, celeridad, agilidad y ����� efectividad.����� 3. Lo acordado en avenencia tendrá fuerza ejecutiva entre las partes ����� intervinientes, sin necesidad de ratificación ante el órgano judicial, ����� pudiendo llevarse a efecto por el trámite de ejecución de sentencias.����� 4. Las partes podrán igualmente someter sus discrepancias a arbitraje ����� voluntario. Se entenderán equiparados a las sentencias firmes los laudos ����� arbitrales igualmente firmes dictados al efecto. El procedimiento arbitral ����� se someterá a lo pactado entre las partes o al régimen que en su caso se ����� pueda establecer mediante acuerdo de interés profesional, entendiéndose ����� aplicable, en su defecto, la regulación contenida en la Ley 60/2003, de 23 ����� de diciembre, de Arbitraje, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación ����� de Transportes Terrestres o en cualquier otra normativa específica o ����� sectorial.����� TÍTULO III ����� Derechos colectivos del trabajador autónomo ����� Artículo 19. Derechos colectivos básicos.����� 1. Los trabajadores autónomos son titulares de los derechos a: ����� a) Afiliarse al sindicato o asociación empresarial de su elección, en los ����� términos establecidos en la legislación correspondiente.����� b) Afiliarse y fundar asociaciones profesionales específicas de ����� trabajadores autónomos sin autorización previa.����� c) Ejercer la actividad colectiva de defensa de sus intereses ����� profesionales.����� 2. Las asociaciones de trabajadores autónomos son titulares de los ����� derechos de carácter colectivo a: ����� a) Constituir federaciones, confederaciones o uniones, previo el ����� cumplimiento de los requisitos exigidos para la constitución de ����� asociaciones, con acuerdo expreso de sus órganos competentes. Asimismo, ����� podrán establecer los vínculos que consideren oportunos con organizaciones ����� sindicales y asociaciones empresariales.����� b) Concertar acuerdos de interés profesional para los trabajadores ����� autónomos económicamente dependientes afiliados en los términos previstos ����� en el artículo 13 de la presente Ley.����� c) Ejercer la defensa y tutela colectiva de los intereses profesionales de ����� los trabajadores autónomos.����� Página 11����� d) Participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de las ����� controversias colectivas de los trabajadores autónomos cuando esté ����� previsto en los acuerdos de interés profesional.����� 3. Las asociaciones representativas de trabajadores autónomos también ����� serán titulares de las facultades establecidas en el artículo 21.5 de la ����� presente Ley.����� 4. Sin perjuicio de las facultades que corresponden a los sindicatos en el ����� ejercicio del derecho a la libertad sindical, éstos gozarán, además, de ����� todos los derechos del apartado 2 de este artículo respecto de sus ����� trabajadores autónomos afiliados.����� Artículo 20. Derecho de asociación profesional de los trabajadores ����� autónomos.����� 1. Las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos se ����� constituirán y regirán por lo previsto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de ����� marzo, reguladora del Derecho de Asociación y sus normas de desarrollo, ����� con las especialidades previstas en la presente Ley.����� 2. Estas asociaciones, en cuya denominación y estatutos se hará referencia ����� a su especialidad subjetiva y de objetivos, tendrán por finalidad la ����� defensa de los intereses profesionales de los trabajadores autónomos y ����� funciones complementarias, pudiendo desarrollar cuantas actividades ����� lícitas vayan encaminadas a tal finalidad. En ningún caso podrán tener ����� ánimo de lucro. Las mismas gozarán de autonomía frente a las ����� Administraciones Públicas, así como frente a cualesquiera otros sujetos ����� públicos o privados.����� 3. Con independencia de lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica ����� 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, las ����� asociaciones profesionales de trabajadores autónomos deberán inscribirse y ����� depositar sus estatutos en el registro especial de la oficina pública ����� establecida al efecto en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o de ����� la correspondiente Comunidad Autónoma, en el que la asociación desarrolle ����� principalmente su actividad. Tal registro será específico y diferenciado ����� del de cualesquiera otras organizaciones sindicales, empresariales o de ����� otra naturaleza que puedan ser objeto de registro por esa oficina pública.����� 4. Estas asociaciones podrán ser declaradas de utilidad pública conforme a ����� lo previsto en los artículos 32 a 36 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de ����� marzo, reguladora del Derecho de Asociación.����� 5. Estas asociaciones profesionales sólo podrán ser suspendidas o ����� disueltas mediante resolución firme de la autoridad judicial fundada en ����� incumplimiento grave de las leyes.����� Artículo 21. Determinación de la representatividad de las asociaciones de ����� trabajadores autónomos.����� 1. Sin perjuicio de la representación que ostentan de sus afiliados y a ����� los efectos de lo previsto en este artículo y el siguiente, tendrán la ����� consideración de asociaciones profesionales representativas de los ����� trabajadores autónomos aquéllas que, inscritas en el registro especial ����� establecido al efecto, demuestren una suficiente implantación en el ámbito ����� territorial en el que actúen. Dicha implantación habrá de acreditarse a ����� través de criterios objetivos de los que pueda deducirse la ����� representatividad de la asociación, entre ellos el grado de afiliación de ����� trabajadores autónomos a la asociación, el número de asociaciones con las ����� que se hayan firmado convenios o acuerdos de representación o de otra ����� naturaleza, los recursos humanos y materiales, los acuerdos de interés ����� profesional en los que hayan participado, la presencia de sedes ����� permanentes en su ámbito de actuación y cualesquiera otros criterios de ����� naturaleza similar y de carácter objetivo. Los citados criterios se ����� desarrollarán mediante una norma reglamentaria.����� 2. La condición de asociación representativa en el ámbito estatal será ����� declarada por un Consejo formado por funcionarios de la Administración ����� General del Estado y por expertos de reconocido prestigio, imparciales e ����� independientes. Reglamentariamente se determinará la composición de dicho ����� Consejo, que en todo caso estará integrado por un número impar de ����� miembros, no superior a cinco, así como sus funciones y procedimiento de ����� funcionamiento. ����� 3. Las resoluciones dictadas por el Consejo a que se refiere el apartado ����� anterior serán directamente recurribles ante la Jurisdicción ����� Contencioso-Administrativa.����� 4. La capacidad representativa reconocida en este artículo a las ����� asociaciones de trabajadores autónomos se podrá ejercer en el ámbito de ����� actuación territorial de la correspondiente asociación.����� 5. Las asociaciones representativas de los trabajadores autónomos y las ����� organizaciones sindicales más representativas, de conformidad con los ����� artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad ����� Sindical, gozarán de una posición jurídica singular, que les otorga ����� capacidad jurídica para actuar en representación de los trabajadores ����� autónomos para: ����� a) Ostentar representación institucional ante las Administraciones ����� Públicas u otras entidades u organismos de carácter estatal o de Comunidad ����� Autónoma que la tengan prevista.����� b) Ser consultadas cuando las Administraciones Públicas diseñen las ����� políticas públicas que incidan sobre el trabajo autónomo.����� c) Gestionar programas públicos dirigidos a los trabajadores autónomos en ����� los términos previstos legalmente.����� d) Cualquier otra función que se establezca legal o reglamentariamente.����� Artículo 22. Consejo Estatal del Trabajo Autónomo.����� 1. El Consejo Estatal del Trabajo Autónomo se constituye, al amparo de lo ����� dispuesto en el artículo 42 ����� Página 12����� de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de ����� Asociación, como órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica ����� y profesional del trabajo autónomo.����� 2. Son funciones del Consejo: ����� a) Emitir su parecer con carácter facultativo sobre: ����� 1.� Los anteproyectos de Leyes o proyectos de Reales Decretos que incidan ����� sobre el trabajo autónomo.����� 2.� El diseño de las políticas públicas de carácter estatal en materia de ����� trabajo autónomo.����� 3.� Cualesquiera otros asuntos que se sometan a consulta del mismo por el ����� Gobierno de la Nación o sus miembros.����� b) Elaborar, a solicitud del Gobierno de la Nación o de sus miembros, o ����� por propia iniciativa, estudios o informes relacionados con el ámbito de ����� sus competencias.����� c) Elaborar su reglamento de funcionamiento interno.����� d) Cualesquiera otras competencias que le sean atribuidas legal o ����� reglamentariamente.����� 3. El Consejo Estatal del Trabajo Autónomo estará compuesto por ����� representantes de las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos ����� representativas cuyo ámbito de actuación sea intersectorial y estatal, por ����� las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y por ����� representantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades ����� Autónomas y de la asociación de Entidades Locales más representativa.����� 4. La Presidencia del Consejo corresponderá al Secretario General de ����� Empleo y, por delegación, al Director General de la Economía Social, del ����� Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo.����� 5. Los créditos necesarios para su funcionamiento se consignarán en los ����� presupuestos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.����� 6. Reglamentariamente se desarrollará la composición y régimen de ����� funcionamiento del Consejo.����� TÍTULO IV ����� Protección social del trabajador autónomo ����� Artículo 23. El derecho a la Seguridad Social.����� 1. De conformidad con el artículo 41 de la Constitución, las personas que ����� ejerzan una actividad profesional o económica por cuenta propia o autónoma ����� tendrán derecho al mantenimiento de un régimen público de Seguridad ����� Social, que les garantice la asistencia y las prestaciones sociales ����� suficientes ante situaciones de necesidad. Las prestaciones ����� complementarias serán libres.����� 2. La protección de los trabajadores por cuenta propia o autónomos se ����� instrumentará a través de un único régimen, que se denominará Régimen ����� Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o ����� Autónomos, sin perjuicio de que algunos colectivos específicos de ����� trabajadores autónomos, en razón de su pertenencia a un determinado sector ����� económico, estén encuadrados en otros regímenes de la Seguridad Social.����� Artículo 24. Afiliación a la Seguridad Social.����� La afiliación al sistema de la Seguridad Social es obligatoria para los ����� trabajadores autónomos o por cuenta propia, y única para su vida ����� profesional, sin perjuicio de las altas y bajas en los distintos regímenes ����� que integran el sistema de Seguridad Social, así como de las demás ����� variaciones que puedan producirse con posterioridad a la afiliación.����� Artículo 25. Cotización a la Seguridad Social.����� 1. La cotización es obligatoria en el Régimen Especial de Seguridad Social ����� de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en los términos ����� previstos en el artículo 15 del texto refundido de la Ley General de la ����� Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de ����� junio, y demás disposiciones de desarrollo.����� 2. La Ley podrá establecer bases de cotización diferenciadas para los ����� trabajadores autónomos económicamente dependientes.����� 3. La Ley podrá establecer reducciones o bonificaciones en las bases de ����� cotización o en las cuotas de Seguridad Social para determinados ����� colectivos de trabajadores autónomos en atención a sus características ����� personales o a las características profesionales de la actividad ejercida.����� Artículo 26. Acción protectora.����� 1. La acción protectora del Régimen Especial de Seguridad Social de los ����� Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en los términos y conforme a ����� las condiciones legalmente previstas, comprenderá, en todo caso: ����� a) La asistencia sanitaria en los casos de maternidad, enfermedad común o ����� profesional y accidentes, sean o no de trabajo.����� b) Las prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal, ����� riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad, riesgo durante la ����� lactancia, incapacidad permanente, jubilación, muerte y supervivencia y ����� familiares por hijo a cargo.����� Página 13����� 2. Las prestaciones de servicios sociales serán las establecidas ����� legalmente y en todo caso comprenderá las prestaciones en materia de ����� reeducación, de rehabilitación de personas con discapacidad, de asistencia ����� a la tercera edad y de recuperación profesional.����� 3. Los trabajadores autónomos económicamente dependientes deberán ����� incorporar obligatoriamente, dentro del ámbito de la acción protectora de ����� la Seguridad Social, la cobertura de la incapacidad temporal y de los ����� accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.����� 4. Los poderes públicos promoverán políticas que incentiven la continuidad ����� en el ejercicio de la profesión, trabajo o actividad económica de los ����� trabajadores por cuenta propia, una vez cumplida la edad ordinaria de ����� jubilación. No obstante, en atención a la naturaleza tóxica, peligrosa o ����� penosa de la actividad ejercida, y en los términos que reglamentariamente ����� se establezcan, los trabajadores autónomos afectados que reúnan las ����� condiciones establecidas para causar derecho a la pensión de jubilación, ����� con excepción de la relativa a la edad, podrán acceder a la jubilación ����� anticipada, en los mismos supuestos y colectivos para los que esté ����� establecido dicho derecho respecto de los trabajadores por cuenta ajena.����� TÍTULO V ����� Fomento y promoción del trabajo autónomo ����� Artículo 27. Política de fomento del trabajo autónomo.����� 1. Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, ����� adoptarán políticas de fomento del trabajo autónomo dirigidas al ����� establecimiento y desarrollo de iniciativas económicas y profesionales por ����� cuenta propia.����� 2. Estas políticas se materializarán, en particular, en medidas dirigidas ����� a: ����� a) Remover los obstáculos que impidan el inicio y desarrollo de una ����� actividad económica o profesional por cuenta propia.����� b) Facilitar y apoyar las diversas iniciativas de trabajo autónomo.����� c) Establecer exenciones, reducciones o bonificaciones en las cotizaciones ����� a la Seguridad Social.����� d) Promover el espíritu y la cultura emprendedora.����� e) Fomentar la formación y readaptación profesionales.����� f) Proporcionar la información y asesoramiento técnico necesario.����� g) Facilitar el acceso a los procesos de innovación tecnológica y ����� organizativa.����� h) Crear un entorno que fomente el desarrollo de las iniciativas ����� económicas y profesionales en el marco del trabajo autónomo.����� 3. La elaboración de esta política de fomento del trabajo autónomo tenderá ����� al logro de la efectividad de la igualdad de oportunidades entre mujeres y ����� hombres y prestará especial atención a los colectivos de personas ����� desfavorecidas o no suficientemente representadas, entre los cuales las ����� personas con discapacidad ocupan un lugar preferente.����� Artículo 28. Formación profesional y asesoramiento técnico.����� 1. El fomento del trabajo autónomo se dirigirá especialmente a integrar ����� dentro del sistema educativo y, en particular, del sistema de formación ����� profesional la promoción del trabajo autónomo, a propiciar la formación y ����� readaptación profesionales de los trabajadores autónomos, facilitando su ����� acceso a los programas de formación profesional, que se orientarán a la ����� mejora de su capacitación profesional y al desarrollo de su capacidad ����� gerencial.����� 2. El fomento del trabajo autónomo también atenderá las necesidades de ����� información y asesoramiento técnico para su creación, consolidación y ����� renovación, promoviendo, a estos efectos, las fórmulas de comunicación y ����� cooperación entre autónomos.����� Artículo 29. Apoyo financiero a las iniciativas económicas.����� 1. Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias y en ����� el marco de los compromisos asumidos en la Unión Europea, adoptarán ����� programas de ayuda financiera a las iniciativas económicas de las personas ����� emprendedoras.����� 2. La elaboración de estos programas atenderá a la necesidad de tutela de ����� los colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado de ����� trabajo, a la garantía de la viabilidad futura de los proyectos ����� beneficiarios, así como a la exigencia de evaluación de los efectos de las ����� ayudas económicas sobre los objetivos propuestos.����� 3. Los poderes públicos favorecerán mediante una política fiscal adecuada ����� la promoción del trabajo autónomo.����� Disposición adicional primera. Modificación del texto refundido de la Ley ����� de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de ����� 7 de abril.����� El texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real ����� Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, queda modificado como sigue: ����� Uno. La letra p) del artículo 2 queda redactada del modo siguiente: ����� "p) en relación con el régimen profesional, tanto en su vertiente ����� individual como colectiva, de los trabajadores ����� Página 14����� autónomos económicamente dependientes a los que se refiere la Ley del ����� Estatuto del Trabajador Autónomo." ����� Dos. Se introduce una nueva letra q) al artículo 2 con el contenido ����� siguiente: ����� "q) respecto de cualesquiera otras cuestiones que les sean atribuidas por ����� normas con rango de Ley." ����� Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 16 que queda redactado de la ����� siguiente manera: ����� "2. Tendrán capacidad procesal los trabajadores mayores de dieciséis años ����� y menores de dieciocho respecto de los derechos e intereses legítimos ����� derivados de sus contratos de trabajo y de la relación de Seguridad Social ����� cuando legalmente no precisen para la celebración de dichos contratos ����� autorización de sus padres, tutores o de la persona o institución que los ����� tenga a su cargo, o hubieran obtenido autorización para contratar de sus ����� padres, tutores o persona o institución que los tenga a su cargo conforme ����� a la legislación laboral o la legislación civil o mercantil ����� respectivamente. Igualmente tendrán capacidad procesal los trabajadores ����� autónomos económicamente dependientes mayores de dieciséis años." ����� Cuatro. Se añade un apartado 3 al artículo 17 que queda redactado de la ����� siguiente manera: ����� "3. Las organizaciones de trabajadores autónomos tendrán legitimación para ����� la defensa de los acuerdos de interés profesional por ellas firmados." ����� Cinco. Se da nueva redacción al artículo 63 que queda redactado de la ����� siguiente manera: ����� "Artículo 63. Será requisito previo para la tramitación del proceso el ����� intento de conciliación ante el servicio administrativo correspondiente o ����� ante el órgano que asuma estas funciones que podrá constituirse mediante ����� los acuerdos interprofesionales o los convenios colectivos a los que se ����� refiere el artículo 83 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los ����� Trabajadores, así como los acuerdos de interés profesional a los que se ����� refiere el artículo 13 de la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo." ����� Disposición adicional segunda. Reducciones y bonificaciones en las ����� cotizaciones.����� La Ley establecerá reducciones y bonificaciones en la cotización a la ����� Seguridad Social a favor de los siguientes colectivos de trabajadores ����� autónomos: ����� a) Quienes en función de otra actividad realizada coticen, sumando las ����� bases de cotización, por encima de la base máxima del Régimen General de ����� la Seguridad Social.����� b) Los hijos de los trabajadores autónomos menores de 30 años que inicien ����� una labor también como trabajadores autónomos en la actividad económica de ����� la que es titular el padre o la madre.����� c) Los trabajadores autónomos que se dediquen a la actividad de venta ����� ambulante o a la venta a domicilio.����� Disposición adicional tercera. Cobertura de la incapacidad temporal y de ����� las contingencias profesionales en el Régimen de la Seguridad Social de ����� los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomo.����� 1. A partir del día primero de enero del ejercicio siguiente a la entrada ����� en vigor de la presente Ley, los trabajadores por cuenta propia o ����� autónomos que no hayan optado por dar cobertura a las prestaciones de ����� incapacidad temporal, deberán llevarlo a cabo de forma obligatoria, ����� siempre que no tengan derecho a dicha prestación en razón de la actividad ����� realizada en otro Régimen de la Seguridad Social.����� De igual forma, la anterior fecha se tomará para la entrada en vigor de la ����� obligatoriedad de cotización establecida en el punto 3 del artículo 26 de ����� la presente Ley.����� 2. Por el Gobierno se determinarán aquellas actividades profesionales ����� desarrolladas por trabajadores autónomos que presentan un mayor riesgo de ����� siniestralidad, en las que será obligatoria la cobertura de las ����� contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la ����� Seguridad Social.����� Disposición adicional cuarta. Prestación por cese de actividad.����� El Gobierno, siempre que estén garantizados los principios de ����� contributividad, solidaridad y sostenibilidad financiera y ello responda a ����� las necesidades y preferencias de los trabajadores autónomos, propondrá a ����� las Cortes Generales la regulación de un sistema específico de protección ����� por cese de actividad para los mismos, en función de sus características ����� personales o de la naturaleza de la actividad ejercida.����� Disposición adicional quinta. Profesionales incorporados a Mutualidades de ����� Previsión social alternativas.����� Lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 23, en los artículos 24 a 26 y ����� en el párrafo c), apartado 2 del artículo 27, así como en las ����� disposiciones adicionales segunda y tercera y en la disposición final ����� segunda de la presente Ley no serán de aplicación a los trabajadores por ����� cuenta propia o autónomos que, en los términos establecidos en la ����� disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de supervisión y ����� ordenación de los ����� Página 15����� seguros privados, hayan optado u opten en el futuro por adscribirse a la ����� Mutualidad de Previsión Social que tenga constituida el Colegio ����� Profesional al que pertenezcan y que actúe como alternativa al Régimen ����� Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por Cuenta Propia o ����� Autónomos.����� Disposición adicional sexta. Comunidades Autónomas.����� A los efectos de lo previsto en el artículo 21.5 de esta Ley, las ����� Comunidades Autónomas determinarán la representatividad de las ����� asociaciones de trabajadores autónomos de acuerdo con los criterios a los ����� que se refiere el art. 21.1 de la misma y crearán, en su ámbito ����� territorial, el registro especial según lo dispuesto en el artículo 20.3 ����� de la presente Ley.����� Disposición transitoria única. Adaptación de estatutos y reconocimiento de ����� la personalidad jurídica de las asociaciones.����� Las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos constituidas en ����� aplicación de la legislación anterior y que gocen de personalidad jurídica ����� a la entrada en vigor de esta Ley, conservarán su reconocimiento a todos ����� los efectos, quedando automáticamente convalidadas.����� En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley ����� deberán proceder a adaptar sus estatutos a lo previsto en ella, así como a ����� inscribirse en el registro previsto en la oficina pública establecida al ����� efecto.����� Disposición derogatoria única. Derogación normativa.����� Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la presente Ley.����� Disposición final primera. Título competencial.����� La presente Ley se dicta al amparo de la competencia que corresponde al ����� Estado conforme al artículo 149.1.5.�, 6.�, 7.�, 8.� y 17.� de la ����� Constitución.����� Disposición final segunda. Desarrollo de derechos en materia de protección ����� social.����� Con carácter progresivo se llevarán a cabo las medidas necesarias para ����� que, de acuerdo con los principios que inspiran esta Ley, se logre la ����� convergencia en aportaciones y derechos de los trabajadores autónomos en ����� relación con los establecidos para los trabajadores por cuenta ajena ����� incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social. ����� Disposición final tercera. Habilitación al Gobierno.����� Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias ����� para la aplicación y desarrollo de la presente Ley en el ámbito de sus ����� competencias.����� Disposición final cuarta. Entrada en vigor.����� La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el ����� "Boletín Oficial del Estado". Otras noticias ADMINISTRATIVO PARA ASESOR�A. Ref. 26/2013

References: artículo 148
 artículo 97
 artículo 38
 artículo 35
 artículo 40
 artículo 41
 artículo 35
 artículo 41
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 artículo 11
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 Artículo 1
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