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PRECEDENTE JUDICIAL EN MATERIA PENAL VII - laseguridaddemocraticaencolombia2002-2010.over-blog.es
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30 enero 2013 3 30 /01 /enero /2013 20:47
PRECEDENTE JUDICIAL EN MATERIA PENAL VII
Democracia: nacida a fines del VIII AC hasta el V AC.
La lucha política, se generó entre esta y la oligarquía: Atenas vs Esparta, esta última cuna de la igualdad.
Reiteran que testimonios de menores víctimas de abuso sexual no son infalibles
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia reiteró que los testimonios de los menores víctimas de abuso sexual no son infalibles, por ende, sus relatos deben valorarse en conjunto con el material probatorio restante. De esa forma, el juzgador debe examinar tales afirmaciones de acuerdo con la sana crítica, pues no siempre deben ser rechazadas o creérseles indefectiblemente.
Corte Suprema de Justicia, Sentencia 40455, 25/9/2013
Juez competente para resolver apelación de sentencia que define incidente de reparación de perjuicios en el proceso penal
El numeral 1º de la Ley 906 del 2004 señala que las salas penales de los tribunales superiores de distrito judicial conocen los recursos de apelación contra los autos y sentencias que en primera instancia profieren los jueces del circuito y de las sentencias proferidas por los municipales del mismo distrito. En este sentido, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó que el tribunal superior es el ente competente para resolver el recurso de apelación contra la decisión que resuelve el trámite incidental de reparación de perjuicios.
Corte Suprema de Justicia, Auto 41950, 14/8/2013
No basta que el condenado en Colombia sea investigado en el extranjero para afirmar infracción de cosa juzgada
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia señaló que “no basta que el condenado en Colombia haya sido investigado o simplemente sometido a una actuación judicial en el extranjero para afirmar la eventual infracción de la cosa juzgada”.
Corte Suprema de Justicia, Sentencia 41301, 5/8/2013
El tráfico de migrantes es un delito de mera conducta.
El delito de tráfico de migrantes es de mera conducta y no requiere la producción del daño, es decir, que el sujeto traficado traspase las fronteras nacionales sin el cumplimiento de los requisitos legales, reiteró la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Así mismo, el alto tribunal indicó que dicho ilícito es de peligro abstracto, porque anticipa la barrera de protección de los bienes jurídicos tutelados, la autonomía personal y soberanía estatal.
Corte Suprema de Justicia, Sentencia 41627, 28/8/2013
La sentencia absolutoria prevalece sobre la prescripción.
El alto tribunal recordó que si la prescripción opera después de la decisión de segunda instancia se debe decretar cesación de procedimiento directamente; pero cuando ocurre antes la potestad sancionadora del Estado decae y el fallo carece de validez. Según la Sala Penal, si surge una situación favorable para el procesado, la absolución se impone sobre la prescripción, siempre que la responsabilidad del acusado no se debata en sede de casación
Corte Suprema de Justicia, Sentencia 40587, 21/8/2013
Protección Penal del Patrimonio Cultural Sumergido
Se ha creado el título de delitos contra el patrimonio cultural sumergido, el cual castiga las conductas de explorar, intervenir, aprovechar económicamente, o de destruir (parcial o totalmente) bienes pertenecientes al patrimonio cultural sumergido.
Congreso de Colombia, Ley 1675, 30/7/2013
Incurre en el delito de simulación de investidura o cargo quien ejerce ilegalmente la actividad de avaluador
Se ha equiparado al delito de simulación de investidura o cargo el ejercicio ilegal de la actividad de avaluador, es decir el ejercicio de esta actividad sin cumplir con los requisitos descritos en esta misma ley.
Congreso de la República, Ley 1673, 19/7/2013
Inhabilidad de funciones públicas en la Constitución Nacional y en el Código Penal.
Ha señalado la Corte Suprema que la pena de inhabilidad de funciones públicas que trae la Constitución Nacional (artículo 122) es de carácter intemporal, mientras que la consignada en el Código Penal es de carácter temporal.
Corte Suprema de Justicia, Sentencia 36511, 19/6/2013
Retractación del testigo no siempre desvirtúa lo afirmado inicialmente
Ha señalado la Corte que la retractación de afirmaciones no desvirtúa, per se, lo afirmado anteriormente. La anulación de lo señalado con anterioridad debe basarse en un análisis de todo el cuerpo probatorio en conjunto.
Corte Suprema de Justicia, Sentencia 36102, 26/6/2013
Obtención de muestras corporales debe contar con autorización judicial previa
Ha señalado la alta corporación que la obtención de pruebas íntimas requiere de autorización judicial previa, toda vez que involucra una afectación considerable a los derechos fundamentales, por lo que es necesaria la intervención judicial previa.
Corte Suprema de Justicia, Auto 37130, 3/7/2013
Período del Fiscal General de la Nación es personal y no institucional
Señala el Consejo de Estado, con base en la jurisprudencia constitucional, que el período del Fiscal General es de cuatro (4) años contados a partir de su posesión. Esto, toda vez que la Corte Constitucional señaló que quien asume ese puesto, en el escenario de ausencia absoluta, no lo hará para la terminación del período, previsión contemplada en el artículo 29 de la Ley 270 de 2996, que fue declarado parcialmente inexequible por la sentencia C-37 de 1996.
Consejo de Estado, Sentencia 11001-03-28-000-2012-00027-00, 16/4/2013
Gobierno promulga el acto legislativo de justicia transicional
El Gobierno promulgó el Acto Legislativo 01 del 2012, por medio del cual se introducen elementos de justicia transicional en la Constitución Política para facilitar la terminación del conflicto armado. La reforma autoriza tramitar una ley que defina un tratamiento jurídico diferenciado para los grupos al margen de la ley que negocien la paz y también para los agentes del Estado. También se ordena crear una comisión de la verdad que, además de esclarecer hechos del conflicto, formule recomendaciones sobre los criterios de selección para la investigación judicial. Igualmente, el Fiscal General de la Nación podrá fijar los criterios de priorización para el ejercicio de la acción penal. Así mismo, mediante ley se definirán las conductas conexas al delito político, para permitirles a los desmovilizados participar en política. Luego de que el Gobierno presente al Congreso el primer proyecto de ley reglamentario de esta reforma constitucional, el Congreso tendrá cuatro años para proferir todas las normas que considere necesarias.
Congreso de la República, Acto Legislativo 1, 31/7/2012
Sancionan reforma a la Ley de Justicia y Paz
Los desmovilizados antes de la entrada en vigencia de la reforma a la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 del 2005), sancionada ayer, tienen hasta el 31 de diciembre de este año para postularse a sus beneficios. Así lo establece la Ley 1592, que además define que los nuevos desmovilizados tendrán un año para solicitar su postulación. La reforma busca agilizar los procesos que se adelantan bajo este esquema. Por ejemplo, transforma el incidente de reparación integral en un incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas con la conducta criminal, el cual no podrá extenderse por más de 20 días hábiles. Finalmente, se unifica el sistema que venía funcionando a través del incidente de reparación integral con el sistema de reparación administrativa que se consagró en la Ley de Víctimas (Ley 1448 del 2011).
Congreso de la República, Ley 1592, 3/12/2012
Rebaja de penas por aceptación de cargos sí puede aplicarse en procesos de la Ley 600 del 2000 contra congresistas
Aunque el régimen procesal penal de los congresistas es la Ley 600 del 2000 y no se les aplica el incremento de penas señalado en el artículo 14 de la Ley 890 del 2004, si deciden aceptar los cargos para que se les dicte sentencia anticipada, necesariamente se hacen merecedores a que se considere la rebaja de pena más amplia prevista en el artículo 351 de la Ley 906 del 2004, por principio de favorabilidad, señaló la Corte Suprema. El pronunciamiento lo hizo la Sala Penal al declarar penalmente responsable al excongresista Germán Olano como autor de los delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, sobre los cuales aceptó cargos. La Corte lo condenó a 100 meses de prisión y a pagar más de $ 600 millones de multa
Corte Suprema de Justicia, Sentencia 37322, 27/9/2012
Reiteran aplicación de teoría de autoría mediata en aparatos organizados de poder en conflicto interno
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó que la teoría aplicable en materia transicional en el conflicto armado interno es la de la autoría mediata en aparatos organizados de poder. En su opinión, el reproche social de la organización ilegal permite garantizar la prevención general como función de la pena, el derecho a la no repetición y el desmantelamiento del grupo, al poder conocer quiénes conforman la cúpula, los mandos medios y a los miembros rasos de la organización ilegal. Por otra parte, advirtió que el delito de terrorismo no se puede confundir con el de homicidio con fines terroristas, pues este último se configura cuando se vulnera la vida y otros bienes jurídicos como la seguridad y tranquilidad pública. Finalmente, reiteró que el lanzamiento de granadas de fragmentación o la utilización de otra arma de guerra de uso privativo de la fuerza pública no tipifica el punible de empleo de sustancias u objetos peligrosos, porque su consumación se causa con el uso de residuos peligrosos, radiactivos o nucleares (M. P. Luis Guillermo Salazar).
Corte Suprema de Justicia, Sentencia 38250, 26/9/2012
Comisión de delitos económicos no permite la representación legal de entidades financieras
Las personas que hayan cometido los delitos contra el patrimonio económico, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, así como quienes se encuentren en las demás situaciones fácticas descritas en las normas precitadas, no podrán hacer parte de la administración (el ejercicio de la representación legal se inscribe en ésta) de instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera ni participar en procesos de constitución, reorganización y adquisición de sus acciones.
Superintendencia Financiera de Colombia, Concepto 2013068020-002, 13/9/2013
Dialogar con grupos armados sin autorización del Gobierno viola la ley penal
La Corte Suprema de Justicia determinó que quien se haya reunido con organizaciones armadas ilegales sin autorización del Gobierno incurre en una violación a la ley penal, aunque su argumento sea que el encuentro tuvo por propósito último la paz. La Sala Penal precisó que si el artículo 5º de la Ley 782 del 2002 determina que no viola la ley penal quien participa en encuentros con actores del conflicto autorizados por el Ejecutivo, se debe concluir que hacerlo sin autorización le da un matiz de ilicitud a la actuación.
Corte Suprema de Justicia, Sentencia 27267, 24/7/2013
Variación de la imputación jurídica
La imputación jurídica en el acto de vinculación del procesado no impide su variación posterior, pues la calificación dependerá de diversos factores, como la prueba sobreviniente o una mejor comprensión de los hechos. Así lo reiteró la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al señalar que lo importante es que, desde la indagatoria, al procesado se le haya atribuido el núcleo esencial de los hechos del juzgamiento y la condena.
Corte Suprema de Justicia, Sentencia 36411, 5/9/2013
Requisitos para validez de una grabación hecha por un particular sin orden judicial
Una grabación hecha por un particular sin orden judicial tendrá validez en un proceso penal si se realiza directamente por la víctima o con su aquiescencia, si capta el momento de la comisión del delito y si su finalidad es preconstituir prueba del mismo.
Corte Suprema de Justicia, Auto 41790, 11/9/2013
Variación de la calificación provisional es posible:
Cuando se presenta una prueba sobreviniente, la cual cambie la realidad del proceso.
O cuando se advierta que la calificación inicial de la conducta imputada por el ente acusador, no corresponde a la realidad fáctica demostrada, y este error en la imputación no requiere prueba sobreviniente. Para lo anterior debe mirarse el artículo 404 de la 600/00, o que sea menos gravoso y ojo respetando el núcleo de la imputación fáctica.
CSJ, Sala Penal, auto 34282, sep. 2/2013. M.P Fernando Alberto Castro.
La caducidad de la acción reparación directa, no opera frente a delitos de lesa humanidad.
Cuando se demanda la responsabilidad estatal por daños antijurídicos, derivados de crímenes de lesa humanidad, los principios de: ius cogens y el de integración normativa, son los llamados a aplicarse, lo cual se traduce en la misma imprescriptibilidad de la acción penal. CE SECCION TERCERA, AUTO 25000232600020120053701 (45092), SEP. 17/2013 C.P JAIME SANTOFIMIO.
Los postulados no pueden aceptar responsabilidad por escrito.
La pena alternativa opera cuando los hechos denunciados por el mismo en su versión libre, los confiesa y acepta su responsabilidad, como requisito apremiante para continuar en el proceso de justicia y paz.
CSJ, Sala Penal, auto 40252, agosto 14/2013. M.P Luis Guillermo Salazar.
Voltare “es mejor absolver a un culpable que condenar a un inocente”
El periodismo ha volcado su atención sobre las decisiones emitidas por la judicatura, por si una persona debe privársele o no de su libertad; las posturas son la penal y la otra la administrativa, la primera el encarcelamiento preventivo es una medida que debe atender la proporcionalidad, la razón, y necesidad excepcional, así como la de ser útil, de cara a los efectos del proceso penal; los segundos tienen la libertad como valor y como derecho fundamental de los estados de Derecho y la detención durante el proceso es una institución de riesgo para la concreción de un daño antijurídico imputable a los funcionarios judiciales.
El artículo 414 del CPP de 1991, permitía imputar la responsabilidad al estado por privación injusta, cuando se limitaba la libertad a una persona a título de preventiva y esta resultaba posteriormente exonerada por sentencia absolutoria; posteriormente la ley estatutaria de la administración de justicia, diseño como institución compleja la privación injusta de la libertad y ello es merecedora de reparación.
La libertad un tema modular desde el ámbito constitucional, el error judicial o la falla del servicio a una doctrina dominante del daño especial que constituye un concepto de lo justo a partir de un resultado final del proceso penal.
El C.E platea en este momento lo de daño especial.
La privación de la libertad no debe ser una carga que todas las personas deban soportar por igual, se debe atender al proceso y a la necesidad, el querer perseguir el delito no debe imponer a los ciudadanos cargas desproporcionadas.
2009: 2974 capturas fueron ilegales, igual al 7% de controles de legalidad por parte de los jueces de controles de garantía y año tras año se incrementa esta cifra.
Honorarios del abogado:
Ley 1123/07.
Los honorarios deben ser fijados justificadamente, en atención al servicio prestado, normas al respecto, mercado (oferta demanda y prestigio).
Ministerio Público, está vetado para solicitar la imposición de una medida de aseguramiento.
Es una competencia de la fiscalía general de la Nación y en subsidio a la víctima, si se le da esta facultad al Min. Publico, se altera la estructura del SPOA y el ppio de la igualdad en armas, pues la defensa de la legalidad no es significante de remplazar la parte que compone la Fiscalía.
CN. Sent. T 293, mayo 21/13 M.P. María Victoria Calle.
Se suspende autorizaciones de forma indeterminada para interceptar.
El artículo 4 del decreto 1704 de 2012, autorizaba a organismos diferentes a la Fiscalía, acceder a datos obtenidos mediante la interceptación de comunicaciones, legalmente autorizadas, el haber autorizado la interceptación a otras autoridades indefinidas una facultad de la Fiscalía, para llevar a cabo esto, constituye exceso en la potestad reglamentaria; la ley 1453/11 el fiscal ordena la interceptación y las demás autoridades competentes serán las encargadas de la operación técnica, así como, el procesamiento de esos datos obtenidos; la información personal a los proveedores de redes y servicios no forma parte de la operación técnica contemplada en la ley 1453/11. Estas circunstancias revelan déficit de protección al derecho fundamental a la intimidad.
CE, sección primera auto 110010324000250130001800 (20130018) julio 31/2013. C.P. Guillermo Varga Ayala.
Omitir prueba intrascendente, no vulnera la investigación integral.
El análisis a las pruebas es desde la conducencia, pertinencia, utilidad y licitud, el derecho a la prueba no es simplemente de aplicación absoluta, permanente y automática.
CSJ, Sala Penal, Sent. 32244, julio 24/13
Rebaja de pena por reparación integral procede en delito de extorsión.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia reiteró que la disminución de pena por reparación integral de la víctima sí procede en los delitos de extorsión y conexos, a pesar de la prohibición contenida en el artículo 26 de la Ley 1121 del 2006. En su opinión, desconocer esa rebaja viola los derechos del procesado y las víctimas y el principio de proporcionalidad de la pena. Igualmente, la corporación advirtió que aquella disposición impide reducir la pena frente a tales punibles, aunque el autor se haya allanado a los cargos. No obstante, la Sentencia 33254 afirmó que, en ese evento, no debe aplicarse el incremento punitivo de la Ley 890 del 2004.
Corte Suprema de Justicia, Auto 39201, 24/7/2013
Configuración de la acción a propio riesgo
La configuración de la acción a propio riesgo o autopuesta en peligro dolosa exige que el sujeto activo no tenga posición de garante con respecto al pasivo y que este conozca y pueda controlar el riesgo. A juicio de la corporación, solo ante el cumplimiento de esos factores la realización del tipo penal no le es atribuible al procesado, teniendo en cuenta que la víctima participó libremente en la situación peligrosa susceptible de producir el resultado.
Corte Suprema de Justicia, Auto 41411, 10/7/2013
Procuraduría no puede solicitar medidas de aseguramiento
La Procuraduría no está facultada para solicitar medidas de aseguramiento en el proceso penal, ni siquiera cuando la víctima lo haga. de conformidad con el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal (modificado por el artículo 59 de la Ley 1453 del 2011), la solicitud de medida de aseguramiento la adelanta la Fiscalía. Incluso, la víctima puede hacerlo, cuando quien acusa no lo considera pertinente, en cuyo caso el juez debe valorar los motivos del fiscal para no solicitar la privación de la libertad del imputado. Así las cosas, la imposición de la medida por solicitud de la Procuraduría, como un requerimiento más gravoso al efectuado por el organismo investigador, constituiría una acusación adicional a la del fiscal del caso. A juicio de la Corte, ello rompe el equilibrio de armas en contra del indiciado, quien tendría que enfrentarse a dos acusadores. La facultad del Ministerio Público, en estos casos, se limita a presentar argumentos sobre la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida solicitada por la parte acusadora.
Corte Constitucional, Sentencia T-293, 21/5/2013
Validez del testigo de oídas en el marco de la Ley 600 de 2000.
Ha señalado la Corte Suprema los requisitos para poder tener en cuenta el testimonio de oídas en la valoración probatoria, dentro del marco del Código de Procedimiento Penal de 2000.
Corte Suprema de Justicia, Sentencia 40702, 10/7/2013
El Juez de ejecución de penas no puede redosificar penas.
Ha señalado la Alta Corporación que el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad tiene como función la verificación del cumplimiento de la pena y le está vedado hacer cambios el quantum punitivo definido por el juez de conocimiento.
Corte Suprema de Justicia, Sentencia 38005, 3/7/2013
Ejecutivo aprobó acuerdo para la ejecución de las penas con la Corte Penal Internacional.
La ley 1662 de 2013, reglamenta el acuerdo del 17 de mayo de 2011, entre Colombia y la Corte Penal Internacional, respecto a la imposición de penas sin derecho a libertad impuestas por el organismo internacional.
El Estado Colombiano puede recibir en sus centros penitenciarios condenados por la Corte, y deberá garantizar su seguridad, integridad y protección adecuada y respetando los estándares internacionales del soft law (son normas y principios generales de derecho internacional, no reglas, no son vinculantes a diferencia de hard law) relacionados con el trato a los reclusos y el régimen penitenciario interno, sin que lo anterior implique que se pueda una modificación de la pena por parte de Colombia.
Las condiciones de cumplimiento de la pena está a cargo del Comité de la Cruz Roja Internacional.
Los gastos de traslados de la Corte a Colombia y viceversa los sufraga la CPI y los de manutención y entre otros, dentro del territorio colombiano, será del Estado.
La protección especial del derecho penal es predicable a los miembros de cualquier sindicato.
El artículo 3 de la ley 1309 del 2009 y el 1, 2, 3, 4 de la ley 1426 de 2010, las anteriores agravan las penas de los delitos: desaparición forzada, homicidio, secuestro, secuestro extorsivo y amenazas, cuando se cometan en contar de un miembro de una organización sindical legalmente reconocida y además se extiende el termino de la prescripción de la acción penal.
CN Sent. C 472 de julio 23 de 2013. M.P Mauricio González.
Injuria: no exige que la imputación deshonrosa indique hechos concretos.
El tipo penal no exige que el sujeto activo exprese en publico que alguien hizo algo en concreto, sino que le atribuya una forma de pensar, personalidad o valores contrarios a los imperantes dentro de la sociedad. La imputación de este delito debe estar enmarcada al igual que para cualquier otro en el principio de legalidad y en la condición de ultima ratio del derecho pernal.
CSJ, Sala Penal, Sent. 38909, julio 10 de 2013, MMPP. Enrique Malo y María del Rosario González.
Desplazados por Bacrim deben estar en el registro de víctimas.
Son víctimas de desplazamiento por accionar de las bandas criminales, así no estén en situación de conflicto, ampliando el concepto de la ley 1448/2011, esta es la orden de la Corte a la dirección de la unidad para la atención y reparación integral de las víctimas.
CN. Auto 119, Sent. T 025 de 2004, junio 24/13 M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
Son víctimas, todas aquellas personas afectadas en sus >DDHH o por infracciones al DIH, que sean sometidas a desplazamiento forzado por el accionar de la bandas criminales. CN Sent. C 280/2013 MP. Nilson Pinilla.
Reforma al artículo 113 de la ley 599/00
En lo relativo a los daños con deformidades físicas, cuando el daño es causado con ácido u otras que dañen el tejido humano, la pena aumenta a 72-126 de prisión.
Ley 1639/13
Tratamiento a datos personales.
La recolección de datos personales debe estar limitada a los pertinentes, adecuados y necesarios para lograr la finalidad, sin la utilización de medios engañosos o fraudulentos.
Se debe mediar autorización del t6itular en cualquier forma, excepto la del silencio, que sean inequívocas de la aceptación.
En principio el tratamiento de información de niños y adolescentes está prohibido, salvo que los datos sean públicos o la necesidad obedezca a un interés superior y sin la vulneración de los derechos fundamentales.
Por último, la opinión del menos debe ser tenida en cuenta en razón a su madurez intelectual, autonomía y entendimiento. D. 1311/2013
Reglas para entrevistar a menores.
En la protección del interés superior y evitar revictimizacion dentro del proceso penal.
Los menores víctimas de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, incluso los cometidos en el marco del conflicto armado interno, trata de personas y otros.
La entrevista debe adelantarse por personal experto de CTI, con revisión del cuestionario por parte del defensor de familia, el menor puede estar acompañado por su representante legal. Si el defensor de familia no puede estar presente, se debe garantizar la comparecencia de un entrevistador especializado.
En protección a la dignidad del menor, solo si es estrictamente necesario se accederá a este elemento material probatorio. En indagación solo se podrá entrevistar por una sola vez, y una segunda sustentando la necesidad de la misma.
L. 1652/2013.
La suspensión en el pago de la pensión depende de la terminación de la investigación administrativa.
La conducta unilateral de suspensión vulnera el mínimo vital, el debido proceso y la seguridad social, salvo que el procesado exprese su aquiescencia.
CN. Sent. T 512 de julio 6/2012. M.P Humberto Sierra Porto.
Determinador es responsable, así no exista relación directa con el ejecutor.
No es necesaria la relación directa entre quien manda, sugiere o imparte orden y el que ejecuta.
CSJ Sala Penal, sentencia 33118, mayo 15/13
Violencia contra la mujer no es delito menor.
La discriminación y violencia contra la mujer verdaderamente vulnera el bien jurídicamente tutelado, dado que permea: relaciones laborales, afectivas, orbita publica, integridad física, moral y deja en la mayoría de casos secuelas morales y psicológicas en la victima y la familia.
CSJ, Sala Penal, Sent. 38103, abril 30 de 2013. M.P Luis Guillermo Salazar.
Sustitución de la detención preventiva en justicia y paz.
Esta sustitución es probando que la persona permaneció al menos 8 años en prisión, tomados con posterioridad a su desmovilización, por la comisión de delitos relacionados por la pertenencia al grupo armado ilegal; además, probar su participación en trabajos de resocialización ofrecidas por el centro penitenciario, la contribución de la verdad y la entrega de bienes para la reparación de las víctimas, por último, no haber cometidos punibles con posterioridad al sometimiento (dolo).
La información debe ser allegada por intermedio de su abogado.
Ver 975/05, articulo 19 de la ley 1592 de 2012 y 318 de la 906/04.
Lo anterior mediante solicitud de audiencia ante magistrado con función de garantías, para sustitución de medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario por una no privativa de la libertad.
CSJ, Sala Penal, auto 40508 de febrero 14/13 MP. Julio Enrique Socha Salamanca
Las víctimas de las bacrim lo son del conflicto armado colombiano.
En el marco de la ley de víctimas y restitución de tierras, las víctimas de las bacrim, respecto a DDHH y DIH, por desplazamiento forzado, deben ser consideradas como beneficiarias.
Así mismo, los reinsertados que delinquen de nuevo o las afectaciones sufridas por hechos delictivos graves de las personas como voladuras de puentes, represas, entre otros: son víctimas.
Ver artículo 60 de la ley 1448 de 2011 y los demás beneficios concedidos a las víctimas en la ley 387 de 1997, los cuales no pueden ser excluidos.
Corresponde al estado la carga de la prueba sobre si los destinatarios tienen o no recursos para la educación y otros.
CN Sent. C 280 de mayo 15 de 2013. M.P Nilson Pinilla P.
Los alcaldes no pueden multar a quien los irrespete o falten al respecto.
La ley 1551/12, la cual modernizo el régimen municipal, se estudió por la CN, en las sentencias C105, 107 del 6 de marzo/13, analizando los artículos 18, 29 y 35, que le permitía a los alcaldes imponer multas en estos casos, pero considera la corte que esto viola la seguridad jurídica.
La procuraduría puede hacer oposición por violación a derechos fundamentales.
El ministerio público no es un interviniente especial, es autónomo y con todas las facultades de las partes, su actuar debe ser activo.
CSJ, Sala Penal Sent. 39892, feb 6/13 José Luis Barceló.
Los peritajes pueden ser desestimados por el Juez.
La prueba pericial debe ser valorada bajo los parámetros de la sana crítica, la lógica y de manera racional, no de una manera incondicional, dado que merece tener el mismo tratamiento de los demás medios probatorios.
A tener en cuenta: fundamentación del perito, idoneidad, experiencia, cadena de custodia, entre otros.
La inimputabilidad se decreta por el juez no por los peritos.
CSJ, Sala Penal Sent. 39559, marzo 6/13, MP Julio Enrique Socha.
La persona capturada debe presentarse inmediatamente ante el Juez penal Municipal con función de control de garantías.
El término de las 36 horas es un límite, no debe entenderse que puede esperarse hasta el agotamiento del mismo. Art. 306/ L 906/04; CSJ, Sala Penal Sent. 37992 marzo 6/13 M.P José Luis Barcelo.
El reconocimiento en fila de personas (…) se debe complementar con el testimonio.
Si se incumplen los requisitos legales para la validez de esta prueba, la eficacia jurídica continua, no es una prueba autónoma, es una prueba derivada del testimonio y por ello complementaria al mismo.
CSJ, Sala Penal Sent. 33799, marzo 13/13 MP. José Leónidas Bustos.
Nuevas reglas para entrevistas forenses a menores de edad, víctimas de conducta punible sexual.
La participación de un menor dentro del proceso penal debe ir más allá de lo simbólico, se le debe ofrecer toda la información de la que se disponga, pero en términos que el entienda; el defensor de familia al entrevistar debe aparear el articulo 33 con el 44 de la constitución, bajo la tutela del principio de pro infans.
Interés superior en la tutela de los menores y en aras de no ejercer una re victimización. CN Sent. T 117, marzo 7/13. M.P Alexei Julio Estrada.
La CS de Justicia, llamo la atención a la Fiscalía para que las diligencias se adelanten con eficiencia, diligencia y profundidad.
CSJ, Sala Penal, sent. 38773 de feb. 27/13 M.P María del Rosario González.
Los reconocimientos fotográficos, en fila de personas o en video, pueden incorporarse al juicio mediante el sujeto que señalo o el funcionario que lo práctico.
Los reconocimientos fotográficos, en fila de personas o en video, pueden incorporarse al juicio mediante el sujeto que señalo o el funcionario que lo práctico, teniendo en cuenta que en cada caso tendrá unas implicaciones jurídicas diferentes; siendo: Si la persona que practica el reconocimiento rinde testimonio ante el juez la prueba deja de ser de mera referencia y se convierte en directa, pero si lo hace el funcionario que lo practico la prueba sigue siendo de referencia.
En cada caso el juez determinara el grado de apreciación en cada caso, atendiendo a las reglas de cada medio de convicción.
Lo anterior es una excepción establecida por la 906/04.
Se amplían beneficios en sueldos de las víctimas por desaparición forzada.
Las parejas homosexuales deben ser incluidas en la lista de beneficiarios para recibir los sueldos y demás de las víctimas de desaparición forzosa, además, de los hijos en situación de discapacidad, sin importar edad y los que dependen económicamente hasta los 25 años a razón de estudio. Adición al artículo 7 de la ley 1531 de 2012, la cual regula la acción de declaración de ausencia por este flagelo.
CN sentencia C 120 marzo 13/13 M.P. Nilson Pinilla
Se sanciona ley de violencia escolar L. 1620/13.
Además se incluye el ciberacoso, uso de las tecnologías para maltratar psicológicamente, entre otros.
El derecho penal no es la única vía para proteger a las víctimas de trata de personas.
Lastimosamente el trabajo forzado y la servidumbre domestica de las mujeres en minoría de edad no son tutelados como una modalidad delictual de la trata de personas y la discriminación y violencia de genero.
Según la CN esas conductas son violatorias de los derechos humanos y por ello la víctima no puede depender de un proceso penal para ser reconocida.
CN T 1078/12
Daños ambientales por fumigaciones a cultivos ilícitos deben ser reparados por el Estado.
El estamento debe investigar primero si el cultivo es lícito o ilícito.
C.E Sección 3ra 180012331000 C.P Stella Conto Díaz
Victimas de grave vulneración a sus DDHH, tienen derecho a ser reparadas complementariamente.
La indemnización por vía administrativa por los daños causados por graves violaciones a los DDHH o de lesa humanidad atribuibles a los agentes del estamento, no se hacen bajo contrato de transacción; es por ello que las victimas pueden demandar y recibir pago de perjuicios por vía judicial, descontándose lo recibido por vía administrativa.
CN. Sent. C 099/feb.27-13, M.P. María Victoria Calle Correa.
Retractarse del allanamiento es posible.
Se debe probar que la aceptación de cargos no fue libre y voluntaria y o se vulneraron derechos fundamentales; esto según la reforma al artículo 293 cpp. Por el artículo 69 de la 1453/11, que permite retractación del allanamiento hasta la audiencia que imparte legalidad al mismo. Según la norma 69 el allanado solo necesitaba desconocer lo pactado; sin embargo, la Corte en esta sentencia exige argumentar.
CSJ. Sala Penal, Sent. 39707, feb. 13/13 M.P. María del Rosario González.
La calificación a la víctima como interviniente especial, no influye en los derechos procesales.
La victima posee las mismas oportunidades que el procesado y la fiscalía, su investidura es activa en su actuar procesal (art. 132 CPP) todo ello para poder hablar de restablecimiento de derechos: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
La calidad de víctima no depende del bien jurídicamente tutelado, depende del daño real.
CSJ, sala penal, auto 39815, feb.18/13. MP. Julio Enrique Socha.
Aceptación de cargos bajo la justicia transicional, implica renuncia a la prescripción de la acción penal.
En un llamado a los fiscales de justicia y paz para que apliquen criterios de priorización, dado que la justicia transicional aspira dar respuesta a las violaciones sistemáticas y generalizadas de de3rechos humanos, así como los delitos cometidos por el accionar criminal por los grupos al margen de la ley. Es así, que la aceptación de los cargos y el acogimiento a esta justicia implica aceptación tácita a la prescripción penal, hasta que allá sentencia definitiva al respecto, así los delitos posean o no características de crimines internacionales. CSJ, sala Penal, Sent. 37048, dic.6/12 MP. Javier Zapata Ortiz.
Según se desprende del artículo 28 y 30 de la Constitución Política Nacional, el derecho a la libertad es un derecho fundamental, no obstante, no es un derecho absoluto y tiende a ser relativizado, subjetivizado, ya sea de forma legal o ilegal o mediante vías de hecho, para ello: la legislación, la jurisprudencia y la doctrina nacional y foránea, consagran figuras para su restablecimiento, tales como: el hábeas corpus; el cual, es el medio tradicional por excelencia para su protección.
Sin embargo, la naturaleza ius fundamental del derecho que sé que se examina, pone en evidencia que el hábeas corpus es una garantía fundamental, no solo del derecho a libertad, sino que, igualmente lo es de otros derechos fundamentales de la persona privada de la libertad, tales como el derecho a la vida y la integridad personal.
Es así, que paralelamente existe otra forma de hábeas corpus, el cual es denominado: Habeas Corpus preventivo (denominado también hábeas corpus correctivo), que se deriva de la circunstancia de que, cuando se recurre al hábeas corpus como mecanismo de control de la legalidad de las detenciones, se está protegiendo también el derecho a la vida y a la integridad personal de los seres humanos, resultando en la tutela de los derechos fundamentales que resultan igualmente expuestos en las situaciones de abuso del jurisdiccional o político, enrostrando un positivismo Kelseniano propio de los sistemas jurídico penales de la preguerra, desconociendo las garantías fundamentales y atropellando los derechos humanos.
De hecho, la libertad personal ocupa un lugar muy importante en la normativa interna y foránea, es por ello, que el hábeas corpus se orienta en principio a tutelar esta garantía fundamental, dado que es evidente que con frecuencia la privación de la libertad se convierte en un medio para atentar contra otros derechos fundamentales de las personas; Por lo tanto, el cometido esencial del hábeas corpus no puede restringirse únicamente a la protección del derecho a la libertad, sino que ha de dársele una proyección más amplia en cuanto verdaderamente abarca la garantía de todo el conjunto de derechos humanos de aquellos que se encuentren privados de su libertad que por esta circunstancia se encuentran en latente y permanente amenaza frente a su vida e integridad personal.
En tal medida, el ámbito de protección del hábeas corpus, no solo se limita a cubrir el derecho a la libertad, sino también, se expande para cubrir los otros derechos fundamentales íntimamente relacionados con éste, y que le dan soporte a la vida misma, a la dignidad de las personas y a sus familias.
La protección integral del hábeas corpus, es un derecho que no sólo protege la libertad física de las personas sino también es un medio para proteger la integridad física y la vida de las mismas, pues la experiencia histórica ha demostrado que en las dictaduras la privación de la libertad es el primer paso para luego torturar y desaparecer a aquellas personas que no gozan de la simpatía del régimen de turno. Se concluye que el Habeas corpus se convierte así, en el instrumento máximo de garantía de la libertad individual cuando ésta ha sido limitada por cualquier autoridad, en forma arbitraria, ilegal o injusta, como también de otros derechos entre los que se destacan la vida y la integridad física[1]
Para ir concluyendo, el habeas corpus para poder cumplir con su objeto de verificación judicial de la legalidad de la privación de la libertad, exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente bajo cuya disposición queda la persona afectada. En este sentido es esencial la función que cumple el habeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, (…) en realidad ha demostrado una y otra vez que el derecho a la vida y a la integridad personal son amenazados cuando el habeas corpus es parcial o totalmente suspendido.[2]
Para terminar, el hábeas corpus no solo garantiza el derecho a la libertad personal sino que permite controlar además, la dignidad de las personas, y por la vida e integridad personal de las mismas, como es el caso que nos ataña del interno Jair Alberto Aguirre Marulanda.
Es de resaltar en estas últimas líneas de este ítem, que esta figura igualmente de estar consagrada en nuestra legislación interna, partiendo de la Constitución en el artículo 30 como derecho fundamental, en la Ley 1095 del año 2006; además ha sido reconocido en varios instrumentos internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y lo previsto en el artículo 27-2 de la Convención americana de derechos humanos. Legislación antes citada no tenida en cuenta, para preservar la vida y la integridad física de una persona y ser condenada subsidiaria y tácitamente a una pena de muerte, proscrita por nuestro Estado y de obligatorio cumplimiento: legal, profesional y moral, por cada uno de los jueces de la república.
[1] Corte Constitucional. Sentencia C-620 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentaría.
[2] Corte Interamericana en la opinión consultiva OC-08/87 (enero 30), serie A, No. 8, párrafo 35, 37-40 y 42
VIA de HECHO.
La "vías de hecho" implican una decisión judicial contraria a la Constitución y a la Ley, que desconoce la obligación del Juez de pronunciarse de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y según las pruebas aportadas al mismo. Los servidores públicos y específicamente los funcionarios judiciales, no pueden interpretar y aplicar las normas en forma arbitraria, pues ello implica abandonar el ámbito de la legalidad y pasar a formar parte de actuaciones de hecho contrarias al Estado Social y Constitucional de derecho, que pueden ser amparadas a través de la acción de tutela.
No toda irregularidad procesal genera una vía de hecho, más aún cuando quien se dice afectado tiene la posibilidad de acudir a los mecanismos ordinarios establecidos para solicitar la protección de sus derechos; pues no puede olvidarse que la acción de tutela tiene un carácter subsidiario, es decir, que sólo es procedente a falta de otros mecanismos de defensa judicial.
La vía de hecho constituye un abuso de poder, un comportamiento que se encuentra desvinculado de fundamento normativo alguno, un acto que traduce la negación de la naturaleza reglada de todo ejercicio del poder constituido.
La vía de hecho desconoce que en un Estado constitucional, a excepción del constituyente originario, todos los poderes son limitados y que esos límites vienen impuestos por la Carta Política y por la ley pues éstos desarrollan valores, principios y derechos que circunscriben los ámbitos del poder y que determinan los espacios correlativos de ejercicio de los derechos fundamentales.
Recomendados: Sentencia T-533/01
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/857/1/Vias%20de%20hecho.pdf
La terminación del vínculo contractual no extingue la obligación de guardar el secreto profesional.
Superindustria, Cpto. 12212614, enero 9/13
Facultad de acción de revisión frente a DDHH.
Según el artículo 220 de la ley 600/00, establecía que después de proferirse sentencia condenatoria, aparecieran nuevos argumentos facticos, EMP, EF o ILR, pruebas; no conocidas dentro del anterior proceso o inimputabilidad. Igualmente la sentencia C 004 de 2003, concluye que la revisión es viable por sentencia absolutoria, preclusión, cesación del procedimiento, por vulneración a los DDHH o al DIH.
Y que taxativamente la encontramos en el artículo 192 de la ley 906/04.
CSJ, Sala Penal, auto 28476 de oct. 31/12, M.P Javier Zapata.
La Registraría debe resolver las inconsistencias en la identificación de los colombianos.
CN. Sent. T 1000 del 2012.
No es jurídicamente viable alegar el carácter de posición o cargo que ostenta el sujeto activo en los delitos sexuales, cuando le voy a imputar también incesto.
CSJ. Sala penal, Sent. 33657 de oct. 31/12 MP Luis Guillermo Salazar.
Divulgación de antecedentes penales.
En virtud del buen nombre y habeas date, se vulneran cuando se inserten los antecedentes penales de una persona en un texto de divulgación general, a terceros sin intereses en la causa.
La ley 1581/12: dispone que los datos personales, salvo información pública, no pueden estar en internet u otros medios de comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable.
CN. Sentencia T 995/ nov.23/12 M.P. María Victoria Calle
Conflicto de competencias en justicia y paz
En caso de que surja un conflicto de competencias dentro del procedimiento de un postulado, en los términos de la ley de justicia y paz, para garantizar el debido proceso y la plenitud de las formas, se debe acudir a la ley 6600/00, que es quien la regula.
CSJ, sala Penal auto 40048, oct. 17/12 M.P. María del Rosario González
Ley de salud mental/ ley 1616/2013
La salud mental es un derecho fundamental y prioritario de interés general; su garantía debe ser maximizada en casos donde el sujeto sea un niño o niña, adolecentes.
La norma recae sobre el MINISTERIO DE JUSTICIA EL INPEC Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.
Las personas deben tener un trato humanitario, digno, basado en información clara, oportuna, veraz y completa, sobre su diagnóstico y psicoeducación individual y familiar.
El responsable de la vigilancia en su aplicación será el CONSEJO NACIONAL DE LA SALUD MENTAL. Art. 10, ley 1566/12.

References: artículo 29
 artículo 14
 artículo 351
 artículo 5
 artículo 404
 artículo 414
 artículo 4
 artículo 26
 artículo 306
 artículo 59
 artículo 3
 artículo 113
 artículo 60
 artículo 7
 artículo 293
 artículo 69
 artículo 28
 artículo 30
 artículo 27
 artículo 220
 artículo 192