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Timestamp: 2019-10-19 07:29:58+00:00

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﻿ Sentencia T-678 de agosto 24 de 2012
SENTENCIA T-678 DE 24 DE AGOSTO DE 2012
CONTENIDO:MODIFICACIONES Y CORRECCIONES AL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS. DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y JURISPRUDENCIA SEÑALADA, CUALQUIER PERSONA PUEDE SOLICITAR POR UNA SOLA VEZ EL CAMBIO DE SU NOMBRE, QUE INCLUYE EL NOMBRE DE PILA Y LOS APELLIDOS, CON EL FIN DE FIJAR SU IDENTIDAD PERSONAL COMO MANIFESTACIÓN DE LOS DERECHOS AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y A EXPRESAR LA INDIVIDUALIDADPARA TAL FIN EL INTERESADO DEBE ACUDIR ANTE UN NOTARIO Y ELEVAR LA CORRESPONDIENTE ESCRITURA PÚBLICA EN DONDE SE CONSIGNA EL CAMBIO Y SE INSCRIBE EN EL CORRESPONDIENTE REGISTRO CIVILEL NOTARIO ENCARGADO DE ELEVAR LA ESCRITURA PÚBLICA QUE CONTIENE EL CAMBIO DE NOMBRE TIENE UNA FACULTAD CIRCUNSCRITA POR LA LEY DE DAR FE DE UN HECHO, SIN QUE PUEDA EXCEDER EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, ACTO NOTARIAL, ERROR EN EL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL, CORRECCIÓN DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL, EXPEDICIÓN DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL, CAMBIO DE NOMBRE
Sentencia T-678 de agosto 24 de 2012
Ref.: Expediente T-3424967
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados, María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Adriana María Guillén Arango (E), en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha proferido la siguiente
En el proceso de revisión del fallo proferido, en primera instancia, por el Tribunal Superior de Bogotá el veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012), dentro del proceso de tutela iniciado por Zaide Patricia Bustacara Bula, contra la Registraduría Nacional del Estado Civil(1). A continuación se presentan los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda, la contestación de las autoridades accionadas (o vinculadas) a este trámite y vinculada y las decisiones judiciales objeto de revisión.
1.1. La accionante nació el 31 de enero de 1981 y fue registrada el 26 de septiembre de 1991 con el nombre de Zaide Patricia Bula Gutiérrez, siendo sus padres biológicos el señor Óscar Alcides Bula Nieto y la señora Marina Gutiérrez Anguila, tal como figura en el registro civil de nacimiento Nº 50044529 expedido por la Registraduría de Malambo, Atlántico (en adelante se hará referencia a este registro civil como primer registro civil de nacimiento)(3).
1.2. El 8 de octubre de 1999 a la accionante le fue expedida la cédula de ciudadanía Nº 52.804.530 de Bogotá, D.C., con el nombre de Zaide Patricia Bula Gutiérrez(4).
1.3. El 16 de octubre de 2001 la accionante acudió a la Registraduría Auxiliar de Chapinero en Bogotá para cambiar los apellidos consignados en el registro civil de nacimiento original, ya que quería adoptar el apellido de su cuñado, Andrés Bustacara Blanco, y conservar su segundo apellido igual al de su hermana Liliana del Socorro Bula Gutiérrez, por lo que se le expidió el registro civil de nacimiento Nº 31271695 (en adelante se hará referencia a este registro civil como segundo registro civil de nacimiento) con el nombre de Zaide Patricia Bustacara Bula(5) y la respectiva cédula de ciudadanía con los apellidos mencionados.
1.4. En el año 2006 la Registraduría Nacional del Estado Civil le informó a la peticionaria que el registro civil de nacimiento expedido en la Registraduría Auxiliar de Chapinero en Bogotá no tenía validez porque el cambio de sus apellidos debió efectuarse en una notaría mediante escritura pública o por sentencia judicial, por lo que tenía que dirigirse a Malambo para solicitar la anulación de dicho registro.
1.5. La actora, acogiendo esas instrucciones, se dirigió a Malambo, y el 31 de agosto de 2006, la registraduría de dicho municipio procedió a expedirle un nuevo registro civil de nacimiento con el Nº 37648826 (en adelante se hará referencia a este registro civil como tercer registro civil de nacimiento), con los mismos apellidos del registro Nº 31271695, esto es, Bustacara Bula. Así mismo, la peticionaria señaló que los funcionarios de la Registraduría de Malambo le manifestaron que quedaba anulado el segundo registro civil de nacimiento expedido en Bogotá(6).
1.6. El 28 de octubre de 2008 la Registraduría Nacional del Estado Civil expidió la Resolución 7035 mediante la cual ordenó la anulación del tercer registro civil de nacimiento de Zaide Patricia Bustacara Bula expedido en Malambo el 31 de agosto de 2006.
1.7. La peticionaria afirma que en la actualidad su cédula de ciudadanía figura con los apellidos Bustacara Bula y para su expedición se tuvo como documento válido el tercer registro civil que había sido anulado mediante Resolución 7035 de 2008 de la Registraduría Nacional del Estado Civil(7).
1.9. El 8 de octubre de 2010 la Registraduría Nacional del Estado Civil negó la solicitud elevada por la actora, argumentando que la facultad de dicha entidad para cancelar registros civiles sólo podía ser usada cuando se comprobara que el hecho ya estaba registrado, y para el presente caso señaló: “analizadas las fotocopias de los registros civiles de nacimiento con seriales 31271695 y 50044529, no está debidamente demostrado que se trata del mismo hecho que fue registrado dos veces (ya que los datos biográficos difieren en los nombres y en la fecha y el lugar de nacimiento)”(8). En consecuencia, indicó que la actora debía acudir a un juez para que fuera este quien ordenara la cancelación del registro civil.
“No existiendo inconsistencias en los registros civiles de nacimiento visibles a folios 6 y 7 de la encuadernación, por considerar el despacho que se trata de documentos públicos autónomos e independientes que hacen referencia igualmente a personas totalmente distintas, deberá denegarse las pretensiones de la demanda para que Zaide Patricia Bustacara Bula si lo considera, inicie la acción correspondiente para aclarar su situación jurídica porque como se dijo precedentemente, no es la acción de nulidad o cancelación de registro la idónea para ello siendo el correcto a criterio del juzgado, la acción ordinaria de impugnación de maternidad y consecuente la vinculación (sic) de los progenitores en investigación de maternidad y de paternidad”(9).
Registros civiles de nacimiento Número Lugar y fecha de expedición Nombre registrado
Primer registro civil de nacimiento 50044529 Registraduría Municipal de Malambo. Septiembre 26 de 1991. Zaide Patricia Bula Gutiérrez
Segundo registro civil de nacimiento 31271695 Registraduría Auxiliar de Chapinero (Bogotá D.C.). Octubre 16 de 2001. Zaide Patricia Bustacara Bula
Tercer registro civil de nacimiento 37648826 (anulado mediante Res. 7035 de 2008 de la Registraduría Nacional del Estado Civil) Registraduría Municipal de Malambo. Agosto 31 de 2006. Zaide Patricia Bustacara Bula
Cédula de ciudadanía Número y fecha de expedición Registro en que se basa Nombre registrado
Primera cédula de ciudadanía 52.804.530 expedida el 8 de octubre de 1999 Primer registro civil de nacimiento Zaide Patricia Bula Gutiérrez
Segunda cédula de ciudadanía 52.804.530 expedida el 16 de octubre de 2001 Segundo registro civil de nacimiento Zaide Patricia Bustacara Bula
Tercera cédula de ciudadanía* 52.804.530 expedida en el año 2006 Primer registro civil de nacimiento Zaide Patricia Bula Gutiérrez
Cuarta cédula de ciudadanía** 52.804.530 expedida en el año 2010 debido al cambio de formato de las cédulas Primer y segundo registro civil de nacimiento Zaide Patricia Bustacara Bula
La entidad accionada agregó que dio respuesta material a la petición elevada por la actora, y aclaró que no podía acceder a su solicitud porque “existiendo dos registros civiles de nacimiento perfectamente válidos y en los cuales se consignó información diferente, la cancelación no puede ser ordenada por este despacho, haciéndose necesario que sea un juez de la República quien ordene lo pertinente dentro del proceso correspondiente”(10). Además, precisó que en la actualidad la cédula de ciudadanía de la actora, en la que figura con el nombre de Zaide Patricia Bustacara Bula, se encuentra vigente y no presenta “novedad” alguna.
2.2. Respuesta de la Registraduría Municipal de Malambo.
El juez de tutela de primera instancia vinculó al proceso de tutela a la Registraduría Municipal de Malambo, quien señaló que el primer registro civil de nacimiento, perteneciente a Zaide Patricia Bula Gutiérrez es válido, y aclaró que las inscripciones del estado civil, una vez autorizadas, solo pueden ser alteradas por una decisión judicial, de conformidad con lo prescrito por el artículo 89 del Decreto 1260 de 1970.
2.3. Respuesta del Juzgado Veintitrés de Familia de Bogotá.
El veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012), el Tribunal Superior de Bogotá - Sala Civil, negó el amparo solicitado por la accionante. Señaló la corporación que existen otros medios de defensa judicial, tal como lo indicó el Juzgado Veintitrés de Familia de Bogotá en el proceso de anulación de registro civil, por lo que la señora Bustacara Bula debe acudir a la jurisdicción ordinaria para que se diriman las controversias jurídicas planteadas en sede constitucional.
De acuerdo a lo narrado por la parte accionante en la tutela y por la entidad accionada en la contestación de la misma, la actora solicitó en el año 2001 el cambio de sus apellidos en su primer registro civil de nacimiento, “Bula Gutiérrez” por “Bustacara Bula”, por lo que la Registraduría Auxiliar de Chapinero procedió a expedir un segundo registro civil y la correspondiente cédula de ciudadanía con los nuevos apellidos.
Posteriormente, la citada autoridad le informó que el segundo registro civil de nacimiento no tenía validez porque el cambio de sus apellidos debió efectuarse en una notaría mediante escritura pública o por sentencia judicial, por lo que acudió a la Registraduría Municipal de Malambo (Atlántico), en donde procedieron a expedirle un tercer registro civil, que fue posteriormente anulado por la Registraduría Nacional del Estado Civil mediante Resolución 7035 de 2008.
De otra parte, aunque en íntima relación con lo expuesto, la autoridad demandada precisa que solo puede anular registros civiles si se comprueba que se trata de documentos que dan cuenta del mismo hecho, o por orden judicial. Sin embargo, la entidad cuenta con un medio técnico indispensable para determinar cuándo es precisa la intervención del juez o cuándo el asunto puede ser resuelto en sede administrativa, como es el cotejo de las huellas contenidas en cada documento.
3. Procedibilidad de la presente acción de tutela ante la existencia de otros medios judiciales de defensa.
3.2. En el mismo sentido, esta corporación ha señalado que la acción de tutela tiene un carácter residual y subsidiario, por lo que solo puede acudirse a este mecanismo ante la inexistencia, ineficacia o falta de idoneidad de otros medios de defensa judicial, o ante la posibilidad de que se configure de un perjuicio irremediable(11). En ese marco, la Corte ha establecido reiteradamente que cuando se utiliza la acción de tutela como mecanismo transitorio, su procedencia está condicionada a la amenaza de un perjuicio irremediable, el cual ha sido caracterizado por la Corte en los siguientes términos:
“[e]n primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable”(12).
3.5. Sin embargo, para ejercer adecuadamente un recurso judicial, es preciso que la sentencia cuya inconformidad se desea controvertir mediante esos mecanismos contenga una respuesta de fondo, así como los fundamentos jurídicos mínimos sobre los cuales se sostiene esa determinación, pues solo de esa forma puede el ciudadano requerir al superior jerárquico (o al mismo juez, cuando se trata del recurso de reposición), la modificación o revocatoria de la decisión inicialmente adoptada.
En ese sentido, debe recordarse que la adecuada motivación de los fallos es también un derecho fundamental comprendido dentro del ámbito de protección constitucional del derecho fundamental al debido proceso (C.P., art. 29), y al derecho al acceso a la administración de justicia (art. 228, Constitución Política) y al recurso judicial efectivo (art. 25, Convención americana sobre derechos humanos), y un presupuesto para el ejercicio del derecho de defensa y contradicción, pues solo cuando las decisiones judiciales explican de forma adecuada e integral el sustento de sus determinaciones, los ciudadanos pueden iniciar un proceso de discusión mediante los recursos judiciales.
Por supuesto, una motivación inadecuada puede ser, precisamente, el objeto del recurso, pero la ausencia absoluta de motivación puede traducirse también en un aspecto susceptible de discusión directa ante el juez constitucional, precisamente, en tanto obstruye la contradicción argumentativa frente al fallo judicial(13).
3.6. En este caso, la Sala estima que la respuesta del Juez 23 de Familia de Bogotá, consistente en negar las pretensiones de la actora considerando que el proceso idóneo para adelantar la controversia por ella planteada comportó una decisión inhibitoria implícita, y por lo tanto, un obstáculo al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva. El juez de instancia no solo omitió presentar consideración alguna sobre la eventual procedencia de la anulación del segundo registro civil de la accionante, sino que sostuvo que la accionante debía acudir a otro tipo de proceso (impugnación de maternidad o paternidad), cuyo objeto material difiere sustancialmente de lo pretendido por la actora quien, para decirlo en términos muy claros, no alberga duda alguna sobre su filiación.
En efecto, de conformidad con el artículo 213 y siguientes del Código Civil(14) que regulan la acción de impugnación de paternidad y maternidad, dicho recurso, tal como su nombre lo indica, tiene por objeto refutar el vínculo paterno o materno de una persona. En el presente caso la accionante solicita la anulación de su segundo registro civil de nacimiento y la corrección de sus apellidos en la cédula de ciudadanía, pero no busca impugnar la maternidad o paternidad de sus padres, tan solo que adecuen sus apellidos a los del primer registro civil de nacimiento.
En consecuencia, la Sala asumirá la definición del problema jurídico planteado, advirtiendo sin embargo, que en sede constitucional solo se analizarán los aspectos que involucren problemas de carácter iusfundamental, manteniéndose así abierta la vía ordinaria, en caso de que la peticionaria estime pertinente adelantar un proceso civil de impugnación de paternidad o maternidad; o un trámite de adopción.
4.1. El artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental al debido proceso, que ha sido desarrollado ampliamente por esta corporación. Esta garantía implica que las autoridades públicas deben ajustar sus decisiones y procedimientos a las reglas previstas en el ordenamiento jurídico a fin de garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos ante la administración, evitando la arbitrariedad o las dilaciones injustificadas en sus actuaciones. En Sentencia T-982 de 2004(15) esta Corte definió el derecho al debido proceso administrativo así:
“el debido proceso administrativo se ha definido como la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los administrados, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados en la ley. El debido proceso administrativo consagrado como derecho fundamental en el artículo 29 de la Constitución Política, se convierte en una manifestación del principio de legalidad, conforme al cual toda competencia ejercida por las autoridades públicas debe estar previamente señalada en la ley, como también las funciones que les corresponden y los trámites a seguir antes de adoptar una determinada decisión (C.P., arts. 4º y 122)”.
4.2. Con base en tales consideraciones, es posible constatar que el derecho al debido proceso administrativo se desprende del principio de legalidad, e implica que la administración debe ceñir estrictamente sus actuaciones a los procedimientos establecidos en la ley para garantizar los derechos de los administrados. En Sentencia T-455 de 2005(16), se estableció que del derecho al debido proceso administrativo lleva aparejado las siguientes garantías:
“i) la necesidad que la actuación administrativa se surta sin dilaciones injustificadas, ii) de conformidad con el procedimiento previamente definido en las normas, iii) ante la autoridad competente; iv) con pleno respeto de las formas propias de la actuación administrativa previstas en el ordenamiento jurídico; v) en acatamiento del principio de presunción de inocencia; vi)de garantía efectiva de los derechos a ser oídos, a disponer de todas las posibilidades de oposición y defensa en la actuación administrativa, a impugnar las decisiones que contra ellos se profieran, a presentar y a controvertir las pruebas y a solicitar la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso”.
5. La jurisprudencia constitucional relativa al nombre y su incidencia en los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la personalidad jurídica.
5.1. La Corte ha resaltado en varias oportunidades la importancia que tiene el nombre de las personas debido a su incidencia en derechos como el libre desarrollo de la personalidad(17) y la personalidad jurídica(18). Sobre su relación con el primero ha dicho:
[L]a expresión de la individualidad […] supone el derecho al reconocimiento de [la] particularidad [del individuo] y la exigencia de fijar su propia identidad ante sí y ante los demás. El derecho a la expresión de la individualidad es un bien inherente a la persona humana (C.P., art. 94), y se proyecta como parte integral del derecho al libre desarrollo de la personalidad (C.P., art. 16).
La fijación de la individualidad de la persona ante la sociedad, y ante el Estado, requiere de la conformidad de individuo con la identidad que proyecta, de suerte que siempre tendrá la facultad legítima de determinar la exteriorización de su modo de ser, de acuerdo con sus íntimas convicciones (C.P., art. 18)”(19).
5.2. Acerca de la incidencia del nombre en el derecho a la personalidad jurídica, ha establecido esta corporación que, el mencionado derecho, “[n]o se reduce únicamente a la capacidad de la persona a ingresar al tráfico jurídico y ser titular de derechos y obligaciones sino que comprende además, la posibilidad de que todo ser humano posea, por el simple hecho de existir e independientemente de su condición, determinados atributos que constituyen la esencia de su personalidad jurídica e individualidad como sujeto de derecho”(20).
5.3. La corporación ha entendido también que la importancia del nombre radica en la trascendental función jurídica que cumple el apellido de una persona, tanto para ella como para su familia y la sociedad. Al respecto, en Sentencia T-390 de 2005(21) señaló:
“El ser humano desde el mismo momento de su nacimiento tiene derecho a ser individualizado ante la familia y la sociedad. Precisamente por ello, su propia identidad incluye la asignación de un nombre de pila, y la determinación de sus apellidos, con los cuales se establece la familia de donde proviene o a la cual pertenece. Tanto aquel como estos, en conjunto constituyen el nombre. El nombre de pila lo individualiza frente a los miembros de su familia; los apellidos —patronímico— indican que pertenece a una familia determinada.
El apellido es el punto de confluencia del derecho de familia y el derecho de las personas, como lo afirma el profesor Jean Carbonnier(22). Este se determina teniendo en cuenta quienes son los progenitores, es decir revela una relación de parentesco que ordinariamente lo es de consanguinidad y excepcionalmente puede ser de carácter civil, mediante la institución de la adopción.
En ese orden de ideas, el Estado asume para sí la determinación del estado civil de las personas conforme a la ley (C.P., art. 42), y la regulación de la inscripción del mismo conforme se disponga por el legislador. Es decir, ni el estado civil de las personas, ni su registro, quedan sujetos a la simple voluntad de los particulares. No es concesión graciosa de nadie, sino que constituye un derecho, no una merced ni una dádiva. No es algo que se da y puede quitarse al arbitrio o capricho de alguien con respecto a otro, sino que siempre se encuentra regulado de manera estricta por la ley de tal suerte que su afectación solo puede llevarse a cabo por las precisas causales establecidas por el legislador y con la más estricta sujeción a los procedimientos señalados por él, pues no es un asunto de interés privado sino que ello interesa a toda la colectividad”.
6. La importancia del registro civil de nacimiento y de la cédula de ciudadanía en el ejercicio del derecho a la personalidad jurídica.
6.1. La Corte Constitucional ha destacado las características y funciones que cumplen tanto la cédula de ciudadanía como el registro civil de nacimiento. Sobre el primer documento ha dicho que sólo con este se acredita la personalidad de su titular en todos los actos jurídicos o situaciones donde se le exige la prueba de tal calidad(23). Además, debido a la aptitud legal con la cual cuenta la cédula para acreditar eficazmente la personalidad de su titular, es el documento que mejor garantiza, en el ámbito nacional, el reconocimiento de los atributos de la personalidad en ella consignados, por parte de las demás personas, y de las instituciones civiles y oficiales con las cuales se relacione directa o indirectamente la persona. En Sentencia C-511 de 1999(24) se indicó:
La ciudadanía es pues el presupuesto esencial para el ejercicio de los derechos políticos y estos, a su vez, se traducen en la facultad de los nacionales para elegir y ser elegidos, tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares, cabildos abiertos, revocatorias de mandatos, constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas, formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas, promover acciones de inconstitucionalidad en defensa de la integridad y supremacía de la Constitución y, en fin, desempeñar cargos públicos, etc. (C.P., arts. 40, 99, 103, 107, 241)”.
6.2. Así mismo, en relación con las funciones y características del registro civil de nacimiento, esta Corte estableció lo siguiente en Sentencia T-963 de 2001(25):
Igualmente, el Decreto 1260 de 1970 artículo 1º, señala que el estado civil de una persona es su situación juridica en la familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible. Por tanto, cada acto o hecho debe ser inscrito en el correspondiente registro”.
7. Contexto normativo que regula el registro civil de nacimiento.
7.1. De conformidad con el artículo 42 de la Constitución Política(26), el legislador debe regular lo relativo al estado civil de las personas. Así, según el Decreto-Ley 1260 de 1970, el nombre de una persona hace parte de su estado civil y solo pueden hacerse modificaciones al mismo de acuerdo a las formalidades señalas en la ley(27).
El título IX del Decreto-Ley 1260 de 1970 se encarga de regular lo concerniente a la forma y circunstancias en que pueden llevarse a cabo las modificaciones y correcciones al registro civil de las personas. Así entonces, se establece que las inscripciones en el estado civil solo pueden ser alteradas en virtud de una decisión judicial, o de conformidad con los procedimientos establecidos en el mencionado decreto(28) y solamente pueden solicitar la rectificación o corrección de un registro, las personas a las cuales se refiere este(29).
7.2. Ahora bien, en cuanto al cambio del nombre, el artículo 94 del Decreto-Ley 1260 de 1970(30) señala con claridad que las personas pueden cambiar su nombre por una sola vez mediante escritura pública, debiendo inscribirse dicha escritura en el correspondiente registro civil. Sobre este punto, en Sentencia T-594 de 1993(31), indicó esta corporación que el señalado artículo “faculta a toda persona para que disponga, únicamente por una vez, y mediante escritura pública, la modificación del registro civil, con el fin de fijar su identidad personal, como manifestación del derecho a expresar la individualidad”, y agregó:
“Por las razones expuestas, es viable jurídicamente que un varón se identifique con un nombre usualmente femenino, o viceversa […], o que […] se identifique con nombres neutros o con nombres de cosas. Todo lo anterior, con el propósito de que la persona fije, en aras del derecho al libre desarrollo de la personalidad, su identidad, de conformidad con su modo de ser, de su pensamiento y de su convicción ante la vida”.
8.1. En el presente caso la accionante solicita se ordene a la Registraduría Nacional del Estado Civil la cancelación del segundo registro civil de nacimiento y que, como consecuencia de esa decisión, se tenga como válido el primer registro y se expida una nueva cédula de ciudadanía en donde se corrijan sus apellidos. La peticionaria solicitó en el año 2001 el cambio de sus apellidos en su registro civil de nacimiento, por lo que la Registraduría Auxiliar de Chapinero procedió a expedir un segundo registro civil de nacimiento y la correspondiente cédula de ciudadanía con los nuevos apellidos, esto es, Bustacara Bula. Con posterioridad, la propia Registraduría Nacional del Estado Civil le informó a la actora que el segundo registro civil de nacimiento, mediante el cual se cambió sus apellidos, Bula Gutiérrez por Bustacara Bula, expedido por la Registraduría Auxiliar de Chapinero, no tenía validez porque el cambio de sus apellidos debió efectuarse en una notaría mediante escritura pública o por sentencia judicial, por lo que acudió a la Registraduría Municipal de Malambo (Atlántico), en donde procedieron a expedirle un tercer registro civil que fue anulado por la Registraduría Nacional del Estado Civil mediante Resolución 7035 de 2008.
En aquella oportunidad, la Registraduría Auxiliar de Chapinero procedió a expedirle un segundo registro civil de nacimiento en el cual consignó los nuevos apellidos de la peticionaria. Sin embargo, para la Corte es claro que el procedimiento adelantado por la Registraduría para cambiar los apellidos de la actora desconoció el trámite especial que para estos efectos consagra el artículo 94 del Decreto-Ley 1260 de 1970, norma según la cual el cambio de nombre debe adelantarse a través de escritura pública en una notaría. En efecto, la propia Registraduría al advertir esta irregularidad le informó a la peticionaria que el procedimiento adelantado por la Registraduría Auxiliar de Chapinero no había sido el adecuado.
8.4. Empero, a pesar de esta irregularidad, dicha entidad nunca anuló el segundo registro civil, tal como se colige del oficio del 8 de octubre de 2010 dirigido por la Registraduría a la peticionaria, mediante el cual negó la anulación del segundo registro civil, porque tanto este como el primero eran perfectamente válidos y no estaba demostrado que se tratara del mismo hecho registrado dos veces.
8.5. No obstante, como ya se indicó, la Registraduría ha expedido diversas cédulas de ciudadanía a la peticionaria con distinto nombre y el mismo número, hecho indiciario de la existencia de dos o más registros civiles que atañen a la misma persona; además, la Registraduría tenía la posibilidad de establecer si los dos registros de nacimiento en cuestión pertenecían a la misma persona, a través de la confrontación de las huellas plantares o dactilares que se consignan en el mismo(32), por lo que obligar a la accionante a iniciar un proceso de jurisdicción voluntaria ante los jueces de familia para solicitar la anulación del segundo registro civil constituyó una carga desproporcionada que la peticionaria no debía asumir, pues la entidad accionada estaba en la capacidad de establecer si los dos registros civiles de nacimiento pertenecían a una misma persona y se trataba del mismo hecho registrado dos veces, o si por el contrario hacían referencia a personas distintas.
En otros términos, la Registraduría afirma que solo puede anular un registro si se constata que existen dos documentos que aluden a un solo hecho y que, por el contrario, no está facultada para hacerlo cuando se trata de dos documentos válidos, evento en que solo procede la anulación, corrección o modificación por mandato judicial. Sin embargo, en virtud de la existencia de huellas plantares y dactilares en el documento, y en atención al hecho de que la entidad profirió un número plural de cédulas de ciudadanía con el mismo número y diversos nombres, indicaba la necesidad de que la entidad efectuara un análisis más detallado del asunto, antes de negar la anulación administrativa del segundo registro civil de la accionante.
8.6. Así entonces, a pesar de que la Registraduría sabía (o debía saber) que el segundo registro civil de nacimiento expedido por la Registraduría Auxiliar de Chapinero a la actora no era válido, no procedió a anularlo, tal como sí lo hizo con el tercer registro civil expedido por la Registraduría Municipal de Malambo.
8.7. Por lo tanto, esta Sala, fundamentándose en los derechos al debido proceso administrativo y a la personalidad jurídica, considera que no resulta acorde con el ordenamiento constitucional que los administrados tengan que soportar la actuación desordenada o ineficaz de la administración que traiga como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales originadas por causas que no le son imputables y que recaen en actuaciones indebidas de las autoridades administrativas(33). Así lo señaló esta Corte en Sentencia T-431 de 1994(34):
En el mismo sentido, en la Sentencia T-308 de 2012, la Corte estudió el caso de una persona a quien la Registraduría Nacional del Estado Civil había cancelado su cédula de ciudadanía por haber sido reportada como fallecida. Esta corporación concluyó que la peticionaria no debía soportar la carga de restablecer los atributos de la personalidad jurídica ante las fallas y deficiencias de la administración, quien aduciendo su fallecimiento había cancelado erróneamente su documento de identidad, y precisó:
8.8. Como una de las facetas del derecho al debido proceso administrativo consiste en que la actuación administrativa se surta de conformidad con el procedimiento previamente definido en las normas, y teniendo en cuenta la relevancia jurídica que tiene el registro civil, pues en él se definen todos los aspectos del estado civil de las personas, resulta imperioso que las autoridades públicas se ajusten a las formas establecidas en la ley para consignar o modificar datos de este documento, en el presente caso, el cambio de nombre, que como se dijo en párrafos anteriores, solo puede realizarlo el interesado por una sola vez mediante escritura pública que se inscribe en el correspondiente registro civil.
8.9. Podría, con todo, alegarse que la peticionaria es culpable de la situación que actualmente la aqueja y, por lo tanto, alegar la improcedencia material del amparo, con base en el principio según el cual nadie puede beneficiarse de su propia culpa, ni fundar demanda sobre esta. Esa conclusión partiría de que toda la confusión surgida en este trámite surgió cuando la actora, por una vía que no es la indicada por la ley sustancial (D. 1260/70) intentó cambiar su nombre, debido a su interés por identificarse con los apellidos de su cuñado y conservar su segundo apellido.
Esta consideración, aunque plausible, resulta inaceptable en el caso concreto, pues el error que en su momento cometió la peticionaria solo podría tener como consecuencia la ineficacia o incluso la nulidad absoluta o inexistencia de las actuaciones por las cuales intentó modificar su nombre en el año 2006. Pero esa actuación no justifica, en cambio, que una ciudadana colombiana no goce de un medio para asegurar que su identidad, presupuesto del ejercicio de diversos derechos, sea establecida de manera definitiva, bien sea por vía judicial o administrativa; no justifica tampoco las erráticas actuaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ni puede justificar que la actora se vea inmersa en trámites administrativos y judiciales que solo conducen a nuevos trámites y diligencias estériles, y no al goce efectivo de sus derechos constitucionales.
8.10. Por lo tanto, dado que la Registraduría Nacional del Estado Civil procedió a modificar el nombre de la peticionaria mediante un procedimiento irregular, pues se arrogó una facultad que no tiene, ya que solo los notarios pueden dar fe del cambio de nombre de una persona elevando la correspondiente escritura pública, el segundo registro civil de nacimiento de la actora expedido por la Registraduría Auxiliar de Chapinero carece de validez, por lo que se ordenará a la entidad accionada anular el mismo.
En consecuencia, se revocará la decisión de tutela de primera instancia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá —Sala Civil— el veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012), y en su lugar, se tutelarán los derechos fundamentales de la accionante a la personalidad jurídica y al debido proceso administrativo, por lo que se ordenará a la Registraduría Nacional del Estado Civil que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la presente sentencia, proceda a anular el registro civil de nacimiento Nº 31271695 expedido por la Registraduría Auxiliar de Chapinero, y en consecuencia, rectifique los apellidos consignados en la cédula de ciudadanía Nº 52.804.530 que pertenece a la accionante, para que en adelante figure con el nombre de Zaide Patricia Bula Gutiérrez.
1. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá —Sala Civil— el veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012), para en su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la personalidad jurídica y al debido proceso administrativo de la accionante.
2. ORDENAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil que en los diez (10) días siguientes a la notificación de la presente sentencia, proceda a anular el registro civil de nacimiento Nº 31271695 expedido por la Registraduría Auxiliar de Chapinero, y en consecuencia, rectifique los apellidos consignados en la cédula de ciudadanía Nº 52.804.530 que pertenece a la accionante, para que en adelante figure con el nombre de Zaide Patricia Bula Gutiérrez.
(1) El expediente de la referencia fue escogido para revisión por medio del auto de abril doce (12) de dos mil doce (2012) proferido por la Sala de Selección Número Cuatro.
(2) Nota de la Sala: en este aparte, los hechos son presentados siguiendo la narración de la accionante. La versión de los hechos, y los argumentos de las autoridades demandadas se encuentran en el acápite destinado a reseñar su intervención.
(3) Folio 3 del cuaderno principal. En adelante siempre que se haga mención a un folio se entenderá que hace parte del cuaderno principal, a menos que se diga expresamente lo contrario.
(6) Mediante auto del dieciséis (16) de julio de dos mil doce (2012) esta corporación requirió a la accionante para que informara por qué razón quería cambiar nuevamente su apellidos y obtener una nueva cédula de ciudadanía, y contrario a lo afirmado en la acción de tutela, señaló que la Registraduría Nacional del Estado Civil le había informado que el trámite realizado en la Registraduría Auxiliar de Chapinero no había sido adecuado y que “por lo tanto lo allí actuado quedaba derogado sin ninguna validez y que el registro civil de nacimiento que quedaba vigente era el que inicialmente registraron mis padres biológicos en el municipio de Malambo - Atlántico y cuyo original reposaba en los archivos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y con base al mismo procedieron a expedirme la respectiva cédula de ciudadanía con los apellidos originales (Bula Gutiérrez)”.
(7) En respuesta al auto del dieciséis (16) de julio de dos mil doce (2012) proferido por esta corporación, la peticionaria afirmó que la Registraduría Nacional del Estado Civil había anulado el registro civil expedido en la Registraduría Auxiliar de Chapinero, quedando vigente el original registro civil en donde figuraba con los apellidos de sus padres biológicos (Bula Gutiérrez), por lo que le expidieron la respectiva cédula de ciudadanía con estos apellidos, y agregó: “Así transcurrió el tiempo hasta el año dos mil nueve (2009), sin ningún tipo de inconveniente, año en el cual se ordenó el cambio de formato de la cédula de ciudadanía a toda la población colombiana, procedí a dirigirme a la Registraduría Auxiliar de Engativá en la cual tramité el cambio del nuevo formato de mi cédula de ciudadanía (Bula Gutiérrez). Al año siguiente dos mil diez (2010), consulté en la Registraduría Auxiliar de Engativá si ya se encontraba expedida mi nueva cédula de ciudadanía, me informaron que esta se encontraba en Malambo - Atlántico (lugar de nacimiento), debiendo reclamarla en la Registraduría de ese municipio. Viajé hasta esa localidad, procediendo a reclamarla encontrándome con la sorpresa que la cédula de ciudadanía nueva que había sido expedida era producto de una combinación de los dos registros civiles de nacimiento, el sistema de la Registraduría Nacional del Estado Civil automáticamente tomó del registro de Chapinero los apellidos y del registro de Malambo la fecha de nacimiento y el número de la cédula de ciudadanía”.
(10) Folio 37.
(11) Ver, por ejemplo, sentencias T-001 de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo); T-723 de 2010 y T-575 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez).
(12) Sentencia T-1316 de 2001 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes). En esta sentencia se estudia si es procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, teniendo en cuenta que el accionante había presentado una demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa, solicitando el incremento de su mesada pensional. En este caso la Corte resolvió confirmar los fallos de instancia, los cuales negaron la tutela del derecho, pues consideró que para el caso en concreto no se configuraba una situación irremediable. Esta sentencia reitera los argumentos planteados en la Sentencia T-225 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
(13) En la Sentencia T-134 de 2004 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, al analizar la sentencia proferida por un juez laboral dentro de un proceso ordinario en el cual se pretendía el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, constató que dicho juez no había realizado estudio alguno sobre el cumplimiento de los requisitos para la procedencia del reconocimiento y pago de la pensión, por lo que tuteló el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, pues no resolvió de manera completa los asuntos sometidos a su estudio, a fin de determinar la titularidad y ejercicio de los derechos objeto de litigio, tal como acontece en el presente caso. En esta oportunidad, la Corte precisó que este tipo de decisiones constituyen fallos inhibitorios implícitos que contrarían los postulados constitucionales. Al respecto explicó que se trata del “caso en el cual el juez profiere una decisión que en apariencia es de fondo, pero que realmente no soluciona el conflicto jurídico planteado y deja en suspenso la titularidad, el ejercicio o la efectividad de los derechos y prerrogativas que fundaban las pretensiones elevadas ante la jurisdicción”.
(14) Código Civil. Artículo 213. “El hijo concebido durante el matrimonio o durante la unión marital de hecho tiene por padres a los cónyuges o compañeros permanentes, salvo que se pruebe lo contrario en un proceso de investigación o de impugnación de paternidad”.
(17) Constitución Política. Artículo 16. “Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”.
(18) Constitución Política. Artículo 14. “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”.
(19) Sentencia T-594 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(20) Sentencia C-109 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(22) Carbonnier, Jean, Derecho Civil. Tomo I. Casa Editorial Bosch.
(23) Así lo señaló en la Sentencia C-511 de 1999 (M.P. Antonio Barrera Carbonell. S.V. Vladimiro Naranjo Mesa), al examinar la constitucionalidad de un costo que la ley les imponía a los ciudadanos que pretendieran “renovar” sus cédulas. La Corte consideró que dada la importancia de la cédula un gravamen de esa naturaleza resultaba inconstitucional.
(24) M.P. Antonio Barrera Carbonell. S.V. Vladimiro Naranjo Mesa.
(26) Constitución Política. Artículo 42. “(…) La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes”.
(27) Decreto-Ley 1260 de 1970. Artículo 3º. “Toda persona tiene derecho a su individualidad, y por consiguiente, al nombre que por ley le corresponde. El nombre comprende, el nombre, los apellidos, y en su caso, el seudónimo. No se admitirán cambios, agregaciones o rectificaciones del nombre, sino en las circunstancias y con las formalidades señaladas en la ley. El juez, en caso de homonimia, podrá tomar las medidas que estime pertinentes para evitar confusiones”.
(28) Decreto-Ley 1260 de 1970. Artículo 89. “Las inscripciones del estado civil, una vez autorizadas, solamente podrán ser alteradas en virtud de decisión judicial en firme, o por disposición de los interesados, en los casos, del modo y con las formalidades establecidas en este decreto”.
(29) Decreto-Ley 1260 de 1970. Artículo 90. “Solo podrán solicitar la rectificación o corrección de un registro o suscribir la respectiva escritura pública, las personas a las cuales se refiere este, por si o por medio de sus representantes legales o sus herederos”.
(30) Decreto-Ley 1260 de 1970. Artículo 94. “El propio inscrito podrá disponer, por una sola vez, mediante escritura pública, la modificación del registro, para sustituir, rectificar, corregir o adicionar su nombre, todo con el fin de fijar su identidad personal.
(32) Decreto 1260 de 1970. Artículo 52. “La inscripción del nacimiento se descompondrá en dos secciones: una genérica y otra específica. En aquella se consignarán solamente los nombres del inscrito, su sexo, el municipio y la fecha de su nacimiento, la oficina donde se inscribió y los números del folio y general de la oficina central.
Además, se inscribirán las huellas plantares del inscrito menor de siete años, y la de los dedos pulgares de la mano del inscrito mayor de dicha edad” (resaltado fuera del texto).
(33) Sentencia T-308 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 89
 Resolución 
 artículo 213
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 1
 artículo 42
 artículo 94
 Resolución 
 artículo 94
 Artículo 213
 Artículo 16
 Artículo 14
 Artículo 42
 Artículo 3
 Artículo 89
 Artículo 90
 Artículo 94
 Artículo 52