Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-II/2011/as201112177.htm
Timestamp: 2020-04-10 02:58:47+00:00

Document:
201106-Sala Penal Segunda-2-177
Auto Supremo Nº 177 Sucre, 24 de junio de 2011
Expediente: Santa Cruz 35/2006
Partes: Manuel Jesús Gutiérrez Parra C/ Cristina Viviana Seiwald de Núñez y otros.
Delito: Estafa, alzamiento de bienes o falencia civil.
VISTOS: los recursos de casación interpuestos por los procesados Cristina Viviana Seiwald de Núñez (fojas 4051 a 4055), Isaac Faustino Núñez Hurtado (fojas 4057 a 4060), Roberto Isaac Núñez Méndez (fojas 4061 a 4063) y por el querellante Manuel Jesús Gutiérrez Parra (fojas 4071 a 4077), todos impugnando el Auto de Vista de 19 de enero de 2006 (fojas 4046 a 4049), pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz en el proceso seguido por el Ministerio Público y el mencionado querellante Manuel Jesús Gutiérrez Parra contra Roberto Isaac Núñez Méndez, Cristina Viviana Seiwald de Núñez, Isaac Faustino Núñez Hurtado y Carlos Alberto Núñez Méndez por comisión de los delitos de estafa, alzamiento de bienes o falencia civil.
CONSIDERANDO: que Manuel Jesús Gutiérrez Parra prestó cien mil dólares a Roberto Isaac Núñez Méndez bajo garantía solidaria de Cristina Viviana Seiwald de Núñez e Isaac Faustino Núñez Hurtado y en especial con las propiedades "Mata" y "El Alcornocal" por un plazo de ciento ochenta días. Sin embargo, Roberto Isaac Núñez Méndez, Cristina Viviana Seiwald de Núñez e Isaac Faustino Núñez Hurtado transfirieron las indicadas propiedades al Banco Ganadero, a familiares y a terceros en los treinta primeros días de haber contraído la deuda.
Que el Juez Cuarto de Partido en lo Penal de la ciudad de Santa Cruz, el 23 de julio de 2003, declaró rebelde a Roberto Isaac Núñez Méndez, y el 5 de noviembre de 2004 pronunció sentencia que declaró: 1) a Roberto Isaac Núñez Méndez autor de los delitos de estafa y alzamiento de bienes o falencia civil, conforme a los artículos 335 y 344 del Código Penal, condenándole a cinco años de reclusión, en la penitenciaría de Palmasola; 2) a Cristina Viviana Seiwald de Núñez, Isaac Faustino Núñez Hurtado y Carlos Alberto Núñez Méndez, autores del delito de alzamiento de bienes o falencia civil, de acuerdo al artículo 344 del citado Código, condenándoles a tres años de presidio a cumplir en el penal de Palmasola, absolviéndoseles del delito de estafa, por insuficiencia probatoria; y, 3) el pago de costas, daños y demás disposiciones accesorias, que constan en obrados de fojas 3855 a 3859. Contra la mencionada sentencia se presentaron recursos de apelación, respecto a los cuales mediante Auto de Vista de 19 de enero de 2006, la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, confirmó dicha sentencia en su integridad.
CONSIDERANDO: que en obrados cursan los recursos de casación de los recurrentes, aduciendo los siguientes agravios:
I. Cristina Viviana Seiwald de Núñez extrañó la falta de motivación e incumplimiento del artículo 242 del Código de Procedimiento Penal de 1972, pues el Auto de Vista impugnado no describe cuales son los elementos probatorios conducentes a confirmar sentencia, omitiendo pronunciarse sobre los agravios apelados. Manifestó que hubo incorrecta valoración de prueba, en contravención a los artículos 135 y 144 del Código de Procedimiento Penal de 1972, y vulneración del artículo 13 del Código Penal, porque su conducta no fue dolosa, por tanto irreprochable penalmente y sostuvo que debió extinguir la acción conforme a la Sentencia Constitucional Nº 0101/2004 y al artículo 44 de la Ley del Tribunal Constitucional, al no ocasionar dilación alguna. Por lo expuesto, al amparo de los artículos 298, 301 y 307 numeral 3) del Código de Procedimiento Penal de 1972, pidió que se le absuelva.
II. Isaac Faustino Núñez Hurtado indicó que su condena por el delito tipificado en el artículo 344 del Código Penal se basó en una correcta valoración de la prueba. Manifestó que él nunca oculto sus bienes y no existió dolo en su accionar pues los dispuso para pagar las acreencias de su hijo en orden de prelación, incluyendo las acreencias al querellante. Sostuvo que el Auto de Vista, al carecer de motivación, transgredió el artículo 85 del Código de Procedimiento Penal. Por lo anterior, al amparo de los artículos 298 numerales 1), 2) y 3), 299 numeral 1), 301, 303 y 304 del Código de Procedimiento Penal, pide que se case el Auto de Vista y se le absuelva.
III. Roberto Isaac Núñez Méndez a través de defensor de oficio, indicó que el Auto de Vista es carente de fundamentación, limitado a las aseveraciones del querellante, sin observar que las Diligencias Policiales no fueron ratificadas. Indicó errónea interpretación de ley sustantiva por infracción directa de los artículos del Código Penal que tipifican las conductas de estafa y falencia civil pues los documentos incriminatorios no fueron simulados y la transferencia de bienes fue para cumplir obligación hipotecaria anterior al préstamo, debiendo tramitarse la litis en la vía civil. Afirmó que para la calificación de falencia civil previamente debió iniciarse proceso concursal. Acusó infracción directa y violación de la ley sustantiva, de los artículos 135 y 296, con relación al artículo 286, 287 y 288 del Código de Procedimiento Penal de 1972. Pidió que se case o se anulen obrados hasta el vicio más antiguo, conforme al artículo 307 numeral 3) de dicho Código.
IV. Manuel Jesús Gutiérrez Parra expresó que, conforme al artículo 297 numeral 7) del Código de Procedimiento Penal de 1972, se debe anular el Auto de Vista por ser insuficiente e incompleto, porque contiene infracción de normas sustantivas, pues él probó que Cristina Viviana Seiwald de Núñez e Isaac Faustino Núñez Hurtado son autores de la estafa al inducirle en error mediante diversos actos y ocultando su quiebra económica. Señalo que fue manifiesta la complicidad de Carlos Alberto Núñez Méndez en la estafa al prestarse a simulación de ventas. Por ello, denunció incorrecta aplicación de los artículos 20, 23, 38 y 45, 335 y 344 del Código Penal, sostuvo que las penas impuestas no son acordes al comportamiento anterior y posterior de los procesados y no tomaron en cuenta el concurso real de delitos. Solicitó la nulidad del Auto de Vista o en su caso su casación, con nuevo fallo que condene a los coprocesados como autores de los delitos tipificados en los artículos 335 y 344 del Código Penal, y que, por el concurso real, se les condene a siete años de presidio, al resarcimiento por responsabilidad civil y al pago de costas.
CONSIDERANDO: que en revisión, se llego a las siguientes conclusiones:
I. Cristina Viviana Seiwald de Núñez. Respecto a su recurso, cabe señalar que una abundante exposición no implica una debida fundamentación. Es importante que los elementos constitutivos de los motivos por los cuales se arriba a una determinación, se encuentren insertos en la resolución sin necesidad de que tal motivación sea abundante. Es decir, de la lectura del Auto de Vista se establece que el mismo es claro y conciso respecto de las pretensiones de los recurrentes y la respuesta a las mismas, pues emitió su pronunciamiento de acuerdo a los elementos probatorios que cursan en obrados conforme a las reglas del Código de Procedimiento Penal de 1972.
En ese orden, al referirse a la prueba aportada por los sujetos procesales que no fue objetada durante el Plenario, se realizó una compulsa de todos esos elementos tanto de cargo como de descargo, evacuándose una resolución enmarcada en los artículos 135, 242 y 85 del Código de Procedimiento Penal de 1972 conforme a las reglas de la sana crítica y el prudente arbitrio. La causa se abrió por los delitos de estafa y alzamiento de bienes o falencia civil. A la recurrente se la condenó por haber circunscrito su conducta al tipo inmerso en el artículo 344 del Código Penal (alzamiento de bienes) el cual es descrito como alzarse con sus bienes u ocultarlos en detrimento de sus acreedores. En el caso de autos, la recurrente transfirió sus bienes. Así lo estableció el Juez del Plenario, en base a la prueba acopiada en la causa, pues ella dentro de los treinta días de haber contraído deuda con el querellante, efectuó tales transferencias. Eso se probó en juicio a través de las certificaciones de la Oficina de Derechos Reales, y se adecua al tipo de alzamiento de bienes. Se demostró, conforme a prueba, que muchos de esos bienes fueron a parar a manos de parientes y/o amistades de la recurrente, quien, junto a su esposo, se declaró insolvente días antes del préstamo de dinero. Sin embargo, no hizo conocer tal extremo. Este elemento da cuenta del dolo de la recurrente para la comisión del delito por el cual fue hallada culpable. Las posturas doctrinales de diversos tratadistas no constituyen norma aplicable por carecer de fuerza vinculante, pudiendo el juzgador apartarse de esos lineamientos amparado en la verdad probada en juicio sometida a contradicción de las partes en litigio. Resultó no ser evidente la necesidad de que previamente se convoque por la vía civil a concurso de acreedores. Al caso de autos debe aplicarse principalmente el imperio normativo establecido en el artículo 180 del Código de Procedimiento Penal de 1972, por el cual, en el ámbito penal, no resulta consecuente la resolución civil, pues no se planteó una cuestión prejudicial a tiempo de iniciado el Sumario Penal.
En cuanto al argumento de doble juzgamiento, al ser condenada penalmente y también procesada civilmente, se puntualiza que las causas sustanciadas en materia penal son disímiles a las incoadas en el área civil por contener basamentos legales diferentes, objetivos divergentes y consecuencias también diferentes, porque en la vía penal se procesan hechos que configuran delitos cuya sanción en su mayoría es la de privación de libertad al hallado culpable. En determinadas circunstancias un mismo acto puede originar diversas acciones, pero ello no implica un doble juzgamiento, pues para ello deben concurrir los requisitos indispensables de identidad de partes, objeto y de materia. Resultan en consecuencia, infundadas las pretensiones de la recurrente.
II. Isaac Faustino Núñez Hurtado. Respecto a los motivos expuestos en su recurso, los Juzgadores a su turno, efectuaron una correcta adecuación de los hechos al tipo penal atribuido. El recurrente afirmó que es comerciante; que no ocultó sus bienes; que no existió dolo en su accionar, y que estuvo sometido a doble juzgamiento. Empero, durante el proceso penal se probó su actividad de productor de caña de azúcar y no de comerciante según la prueba no enervada por el recurrente. La prueba aportada por él al proceso no fue suficiente para desvirtuar la de los acusadores, que causaron plena convicción en el Juzgador, quien tuvo conocimiento directo durante el Plenario de todos los elementos de convicción presentados tanto para probar como para desvirtuar los hechos acusados por la Fiscalía y por el querellante. En lo concerniente al doble juzgamiento, es aplicable el criterio expuesto respecto al caso anterior.
Una escueta redacción, no implica que son deficientes o inmotivadas las resoluciones de grado en tanto los fallos contengan los requisitos normativos esenciales y sean de comprensión de todos los sujetos procesales sin dar lugar a confusión u oscuridad. En el caso de autos, la sentencia es suficientemente motivada, clara y explicativa de los motivos por los que se condenó y absolvió al recurrente. El Auto de Vista, al margen de ser complementario, también expresa las circunstancias por las cuales el Tribunal "Ad quem" no consideró como suficientes las pretensiones de los apelantes para cambiar o anular sentencia. Esa resolución de segunda instancia se enmarca en lo dispuesto por el artículo 290 del Código de Procedimiento Penal de 1972. Consiguientemente, se evidencia que los argumentos del recurrente carecen de asidero válido respecto de la trasgresión a normas sustantivas y adjetivas en el Auto de Vista impugnado.
III. Roberto Isaac Núñez Méndez señaló que el Auto de Vista carece de fundamentación pues se limitó a las afirmaciones del querellante y no revisó la prueba. En tal sentido, precedentemente se han expuesto los motivos, por los cuales se considera que los fallos a su turno, tuvieron motivación adecuada en cumplimiento de las normas establecidas a ese efecto. La valoración probatoria se encuentra intrínsecamente relacionada a la contradicción e inmediación del Plenario. El Tribunal de Alzada, si bien debe de oficio verificar el respeto a derechos y garantías de las partes, debe constreñir su resolución a los motivos de la apelación. En el caso de autos, el Defensor de Oficio estuvo presente en las audiencias del debate, y no observó la resolución que admitió la prueba después extrañada. Tampoco agotó los medios que le franquea la norma para que esa admisión probatoria sea revertida, resultando impertinente pretender que en recurso de casación sean subsanadas sus omisiones.
En ese orden, respecto a la infracción de norma sustantiva, al margen de lo expuesto precedentemente, cabe señalar que la prueba producida en el Plenario causó convicción en el juzgador respecto a que Roberto Isaac Núñez Méndez, habiéndose declarado insolvente e hipotecado sus bienes a entidad bancaria, además de conocer de los procesos penales seguidos en su contra por la asociación de cañeros, indujo en error al querellante para que le entregue dineros cuya devolución supuestamente se encontraba ampliamente garantizada con propiedades inmuebles y muebles, cuando en los hechos ya estaba siendo ejecutado y se había declarado arruinado. Además, después de recibir los dineros de la víctima, transfirió todos sus bienes al Banco Ganadero, a su parentela y a terceros. Se probó, en base a elementos de convicción producidos en juicio, que los predios "Mata" y "El Alcornocal" ya se habían hipotecado al Banco Ganadero cuatro años antes de la oferta de garantía que se hizo de los mismos al querellante. En ese elemento justamente radica el dolo del recurrente, pues ofertó algo que ya no está al alcance de su facultad de disposición sino sometido a deuda bancaria que, para el tiempo del crédito adquirido del querellante, ya se encontraba en fase de ejecución, configurándose el engaño del cual se valió para la obtención de dineros. Consiguientemente, las pretensiones del recurrente resultan carentes de basamento, deviniendo en infundadas.
IV. Manuel Jesús Gutiérrez Parra, querellante, solicitó que se anule el Auto de Vista por ser deficiente e incompleto. Sobre el particular ya se ha aclarado precedentemente que se considera ese fallo como suficientemente motivado. En ese orden se juzgan los hechos denunciados y se condena de acuerdo a la suficiencia evidenciable, que debe causar plena convicción en el Juez, en sentido de ser esos hechos ciertos. En el caso de autos, las testifícales, documentales y otras le otorgaron al Juzgador convicción en sentido de haber Cristina Viviana Seiwald de Núñez e Isaac Faustino Núñez Hurtado adecuado su conducta y accionar al tipo penal inserto en el artículo 344 del Código Penal, resultando insuficiente la misma para motivar condena por el delito enmarcado en el artículo 335 de dicho Código. En consecuencia, el Tribunal de Alzada, en uso de sus facultades de prudente arbitrio, desestimó las pretensiones del querellante. En cuanto a las demás motivaciones de recurso, los criterios de este Tribunal se establecieron en los puntos precedentes, no correspondiendo mayor abundamiento. Respecto al pago de costas y resarcimiento civil, se aclara que la sentencia sancionó a los procesados al pago de daños y perjuicios en ejecución de sentencia.
POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de sus atribuciones y conforme al artículo 307 numeral 2) del Código de Procedimiento Penal de 1972, de acuerdo con el requerimiento fiscal de fojas 4083 a 4086, declara INFUNDADOS los recursos incoados por Cristina Viviana Seiwald de Núñez, Isaac Faustino Núñez Hurtado, Roberto Isaac Núñez Méndez y Manuel Jesús Gutiérrez Parra, impugnando el Auto de Vista de 19 de enero de 2006 pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz en el proceso seguido por el Ministerio Público y el querellante Manuel Jesús Gutiérrez Parra contra Roberto Isaac Núñez Méndez, Cristina Viviana Seiwald de Núñez, Isaac Faustino Núñez Hurtado y Carlos Alberto Núñez Méndez por comisión de los delitos de estafa, alzamiento de bienes o falencia civil.

References: artículo 344
 artículo 242
 artículo 13
 artículo 44
 artículo 344
 artículo 85
 artículo 286
 artículo 307
 artículo 297
 resolución 
 resolución 
 artículo 344
 artículo 180
 resolución 
 resolución 
 artículo 290
 resolución 
 resolución 
 artículo 344
 artículo 335
 artículo 307