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Timestamp: 2020-08-09 14:35:51+00:00

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Ley 157 del 3 de agosto de 2020
by Zared Tempro 0 Comments
Que establece medidas temporales de protección del empleo en las empresas afectadas por el COVID-19.
A continuación resaltamos los puntos principales:
La Ley aplica exclusivamente a las empresas que cerraron, total o parcialmente sus operaciones, desde el inicio del estado de emergencia nacional y a trabajadores cuyos contratos hayan sido suspendidos mediante autorización tácita o expresa del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, en este periodo.
Las suspensiones de los contratos de los trabajadores podrán ser prorrogadas, mes a mes, hasta el 31 de diciembre.
El empleador podrá reiniciar su actividad económica progresivamente y reintegrar de forma gradual a los trabajadores con contratos suspendidos.
Se prohíbe la contratación de nuevos trabajadores, en igual o similar posición a la de un trabajador suspendido. Solo se permitirá la contratación de nuevos trabajadores si las empresas requieren nuevos puestos de trabajo.
El reintegro gradual de trabajadores con contratos de trabajo suspendidos no podrá ser utilizado como medida de represalia o discriminación por razones sindicales, de raza, sexo, religión, salud, discapacidad o de cualquier otro tipo, en perjuicio de los trabajadores. El empleador al que se le compruebe ante las autoridades administrativas de trabajo que ha incurrido en esta prohibición será sancionado con multas que oscilan entre $500.00 a $1,000 por cada trabajador discriminado.
El empleador que ha reactivado sus operaciones podrá establecer turnos de trabajo distintos a los vigentes en la empresa, informando a los trabajadores de dichos cambios con 48 horas de anticipación.
Los trabajadores que no reciban la segunda partida del Décimo Tercer Mes, debido a la suspensión de sus contratos de trabajo, tendrán derecho a un bono cuyo monto será determinado por el Órgano Ejecutivo y pagado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Para terminaciones por mutuo acuerdo, el empleador entregará al trabajador una propuesta escrita a la cual deberá responder en dos días hábiles. En caso de que se firme el mutuo acuerdo sin que hayan transcurrido el plazo establecido, el trabajador podrá demandar la nulidad del acuerdo ante los juzgados seccionales de trabajo y solicitar su reintegro.
La terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento, despido o por decisión unilateral del empleador, dentro de los tres meses siguientes al reintegro del trabajador suspendido, obliga a la cancelación inmediata, en un solo pago, del total de las prestaciones a las que tiene derecho.
El cálculo de la prima de antigüedad e indemnización para los trabajadores a los que se les haya suspendido su contrato o para los trabajadores con jornada de trabajo reducida, se calculará con los salarios percibidos durante los seis meses anteriores o el último salario mensual, antes de la declaratoria del estado de emergencia nacional, según sea más favorable al trabajador.
Se suspende el cómputo del tiempo correspondiente al fuero de maternidad durante el periodo de suspensión de los efectos de los contratos de trabajo, cuando sea por causas de fuerza mayor, o incapacidad económica para la prosecución de las actividades. El tiempo restante del fuero se reactivará tan pronto se reintegre la trabajadora.
Para consultas sobre estas nuevas disposiciones, contáctenos a igranet@icazalaw.com.
Descargue la Ley 157
Resolución No. DM-198-2020 del 10 de julio de 2020
Que convierte en norma de carácter obligatorio acuerdos de la Mesa Tripartita de Diálogo para la Economía y el Desarrollo Laboral en materia de retorno gradual sanitario y laboral, y dicta otras disposiciones.
1. Constitución del Comité Especial de Salud e Higiene para la Prevención y Atención del COVID-19
Constituir el Comité Especial de Salud e Higiene para la Prevención y Atención del COVID-19, a más tardar en una semana desde la reapertura de las empresas. Las empresas tendrán una semana adicional para completar los registros en la plataforma de Panamá Digital de los protocolos y demás documentos requeridos.
2. Composición del Comité
En el Comité Especial de Salud e Higiene para la Prevención y Atención del COVID-19 participará al menos un representante de cada uno de los sindicatos existentes en la empresa. En los casos en que la cantidad de sindicatos, existentes en la empresa, supere la cantidad de puestos de representación de trabajadores en el Comité, se aumentará la cantidad de puestos en éste.
3. Constitución del Comité en Empresas que nunca cerraron
En las empresas que no hubieran paralizado sus actividades por haber sido consideradas como sector esencial, se deberá concretar la existencia del Comité o su registro, de inmediato, con el respectivo protocolo de bioseguridad completo.
4. Equidad de Género en Comité Especial de Salud e Higiene para la Prevención y Atención del COVID-19
El Comité Especial de Salud e Higiene para la Prevención y Atención del COVID-19 debe preservar la participación de las mujeres en dicho comité, en la representación de los trabajadores y del empleador.
5. Solución de Conflictos en el Comité de Salud
Los métodos para el tratamiento y la resolución de conflictos y el cumplimiento de los acuerdos, deben ser definidos por el mismo Comité, atendiendo la naturaleza de cada empresa.
6. Capacitación para uso de Equipos de Protección Personal
Las empresas son responsables de la capacitación de los trabajadores sobre el uso del equipo de protección personal. En caso de que sea necesario, la empresa podrá contactar a las entidades gubernamentales, para realizar dicha capacitación.
El Comité será el responsable de inculcar en los trabajadores, el lavado frecuente de manos como una práctica diaria, las veces que sea necesario.
8. Desinfección en Áreas de Uso no Frecuente
El Comité evaluará y determinará periódicamente cuáles son las áreas de la empresa de uso no frecuente y establecerá la cantidad de ocasiones necesarias de limpieza y desinfección, según se requiera.
9. Distanciamiento Físico
Se deben establecer horarios especiales y restricción del número de personas en cada empresa, de manera tal que se resguarde un distanciamiento físico de al menos dos metros. Cuando de manera excepcional no se pueda garantizar el distanciamiento físico de dos metros, se deben aplicar otros controles, mediante un análisis de procesos y análisis de riesgos, ajustándose a la jerarquía de controles, reforzando el uso de equipos de protección personal, capacitación y vigilancia, verificados por el Comité y sustentado en los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud.
10. Uso de Mascarillas
La mascarilla se utilizarán por la duración del turno laboral y el empleador debe proporcionarlas. Si es una mascarilla desechable, debe proporcionarse por lo menos una por turno a cada trabajador y debe haber otra disponible en caso de que esta se deteriore. Para tapabocas lavables de tela, debe proporcionarse a los trabajadores por lo menos dos. El empleador es responsable por la capacitación en la forma adecuada del uso y desecho de mascarillas.
11. Toma de temperatura y monitoreo de síntomas
La medición de la temperatura corporal se debe hacer en distintos filtrados y no en ubicaciones fijas, en cada empresa. De igual forma, se deben monitorear los síntomas de los trabajadores, clientes, y proveedores, a fin de aplicar los protocolos correspondientes en caso de que sea necesario.
12. Equipos de limpieza y desinfección
El Comité debe garantizar la constitución de equipos de limpieza o personas dentro de la empresa, para desinfectar las áreas más expuesta a COVID-19. Estos equipos pueden estar constituidos por personal de la empresa o por empresas contratadas, especializadas y debidamente registradas. Los trabajadores que conforman los equipos de limpieza deben estar debidamente capacitados por la empresa.
13. Término para realizar la inspección en las empresas
Se establece en dos meses el tiempo mínimo para que las autoridades del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el Ministerio de Salud o la Caja de Seguro Social, realicen la inspección de verificación de existencia de los Comités, protocolos y guías sanitarias en las empresas.
Para asistencia con el proceso de reapertura de su empresa, contáctenos a igranet@icazalaw.com.
Descargue la Resolución No. DM-198-2020 del 10 de JULIO de 2020
Estado de Urgencia o Estado de Emergencia
Por Carlos E. Villalobos Jaén – Asociado
La Constitución señala en el artículo 55 lo siguiente:
“ARTICULO 55. En caso de guerra exterior o de perturbación interna que amenace la paz y el orden público, se podrá declarar en estado de urgencia toda la República o parte de ella y suspender temporalmente, de modo parcial o total, los efectos de los artículos 21, 22, 23, 26, 27, 29, 37, 38 y 47 de la Constitución.
Al cesar la causa que haya motivado la declaratoria del estado de urgencia, el Órgano Legislativo, si estuviese reunido, o, si no lo estuviera, el Consejo de Gabinete levantará el estado de urgencia”.
La Resolución de Gabinete N°11 del 13 de marzo de 2020, titulada: “QUE DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES, en ella se, decreta el estado de “emergencia”, y luego sigue, señalando que “para permitir compras hasta de 50 millones de dólares…”etc.
URGENCIA, viene de urgir, de acuerdo con el D.R.A.E., y así lo define:
“URGIR.
tr. Pedir o exigir algo con urgencia o apremio. Los vecinos urgían la construcción de un parque.
tr. Conducir o empujar a alguien a una rápida actuación. El director la urgió a terminar el informe.
intr. Dicho de una cosa: Instar o precisar a su pronta ejecución o remedio.
intr. Dicho de la ley o de un precepto: Obligar con apremio.”
Por otro lado EMERGENCIA tiene la siguiente definición:
“Emergencia:
Der. del lat. emergens, -entis ’emergente’.
loc.adj. Que se lleva a cabo o sirve para salir de una situación de apuro o peligro.estado de emergencia”
El Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, señala que:
“URGENCIA: ES Necesidad apremiante, despacho inaplazable, obligación actual de cumplir una ley, orden o precepto.
EMERGENCIA: En correcto castellano, esta voz significa ocurrencia o accidente; y el hecho de brotar o salir del agua; sin embargo por anglicismo evidente, el vocablo ha adquirido acepción jurídica para el Derecho Político; y por eso se denomina a veces estado de emergencia a la situación de intranquilidad pública, que debe calificarse, según los casos , de estado de alarma o estado de sitio. También se habla de medidas de emergencia para referirse a las disposiciones provisionales en casos de necesidad, urgencia o excepción.
El concepto jurídico de EMERGENCIA, que da Cabanellas, se acerca mucho al supuesto de hecho que, de URGENCIA, dice el artículo 55 de la Constitución.
Pregunta. ¿El estado de “EMERGENCIA” decretado en la resolución de gabinete, es lo mismo que el estado de “URGENCIA” de que trata la Constitución? ¿O queda a cada quien interpretarlo a conveniencia?; especialmente el Organo Ejecutivo determinar, a su libre albedrío, que es “EMERGENCIA”.
El concepto de “EMERGENCIA”, que es utilizado solo una vez en la Constitución Nacional de la República de Panamá, sin establecer que implica dicho concepto, nos obliga a descubrir que definición le da la Ley; de otro modo debemos aplicar su definición natural (artículo 10 del Código Civil). Siendo el concepto técnico (artículo 11 del Código Civil), entre otros, el que da Cabanellas:
“EMERGENCIA: En correcto castellano, esta voz significa ocurrencia o accidente; y el hecho de brotar o salir del agua; sin embargo por anglicismo evidente, el vocablo ha adquirido acepción jurídica para el Derecho Político; y por eso se denomina a veces estado de emergencia a la situación de intranquilidad pública, que debe calificarse, según los casos, de estado de alarma o estado de sitio. También se habla de medidas de emergencia para referirse a las disposiciones provisionales en casos de necesidad, urgencia o excepción.
El artículo 10 del Código Civil señala lo siguiente:
“Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en estos casos su significado legal.”
La Constitución Nacional de Panamá, utiliza la palabra “EMERGENCIA”, en el siguiente artículo:
“ARTICULO 163. Es prohibido a la Asamblea Nacional:
8.Ordenar o autorizar otras partidas y programas no previstos en el Presupuesto General del Estado, salvo en casos de emergencia así declarados expresamente por el Órgano Ejecutivo.
Es decir a la Asamblea le está prohibido ordenar o autorizar partidas y programas distintos a los incluidos en el Presupuesto General, SALVO aquellos casos de “EMERGENCIA” declarados “EXPRESAMENTE” por el Organo Ejecutivo.
Luego entonces que debemos entender, ¿que esos gastos de “EMERGENCIA” declarados por el Órgano Ejecutivo, deben ser autorizados u ordenados por la Asamblea? Atendiendo la prohibición contenida en el artículo 163.
Por otro lado, ¿cuales son esos casos de “EMERGENCIA” que pueden ser declarados expresamente por el Órgano Ejecutivo? Expresamente, es lo expreso, claro patente y especificado (DRAE). Siendo ello así, y al estar sometido los servidores públicos al principio de solo poder hacer lo que les ordena la Ley; ¿donde aparecen detalladas “expresamente”, esos “CASOS DE EMERGENCIA” que la Constitución le permite declarar de tal forma al Órgano Ejecutivo? O ¿eso está a la libre discreción de dicho Órgano?.
De cualquier forma la Constitución Nacional de Panamá no establece ninguna definición respecto a que ha de entenderse como “CASOS DE EMERGENCIA”, según señala el artículo 163.
Respecto al concepto de “URGENCIA” la Constitución Nacional de la República de Panamá, lo utiliza 7 veces, entre ellas en el artículo 55 y en el siguiente artículo:
“ARTICULO 161. Son funciones administrativas de la Asamblea Nacional:
11. Aprobar, reformar o derogar el decreto de estado de urgencia y la suspensión de las garantías constitucionales, conforme a lo dispuesto en esta Constitución.”
Lo curioso es que el concepto “URGENCIA” si parece estar definido constitucionalmente, por lo menos en cuanto a establecer, en qué casos debe entenderse que existe “ESTADO DE URGENCIA”, al señalarlo así el artículo 55 de la Constitución cuando expresa que: “En caso de guerra exterior o de perturbación interna que amenace la paz y el orden público, se podrá declarar en estado de urgencia toda la República”.
Como indicamos antes, esta definición constitucional de “URGENCIA”, se acerca mucho al concepto doctrinal, que da el Diccionario de Derecho Usual de Cabanellas, de “EMERGENCIA”.
El Código Judicial utiliza en su articulado el concepto de “URGENCIA” no “EMERGENCIA”, y entre las normas que lo contienen está el artículo 1927, al referirse a la Expropiación en Casos de Urgencia, cuyo texto expreso es el siguiente:
“Artículo 1927. En los casos de guerra, de grave perturbación del orden público o de interés social urgente que exigen medidas rápidas de conformidad con el artículo 47 de la Constitución Política, se seguirán las reglas que se detallan en los siguientes artículos”.
El Código Judicial, toma de la Constitución la definición constitucional, que de “URGENCIA”, da el artículo 51 (antes 47) de la Constitución Nacional. El artículo contiene el siguiente texto:
“ARTICULO 51. En caso de guerra, de grave perturbación del orden público o de interés social urgente, que exijan medidas rápidas, el Ejecutivo puede decretar la expropiación u ocupación de la propiedad privada.
El Estado es siempre responsable por toda expropiación que así lleve a cabo el Ejecutivo y por los daños y perjuicios causados por la ocupación, y pagará su valor cuando haya cesado el motivo determinante de la expropiación u ocupación”.
En este caso, igualmente se habla de “interés social URGENTE” y no de interés social de EMERGENCIA”. Allí se equiparan lo urgente, con el caso de guerra, y el de grave perturbación del orden público. Según el artículo 51 las medidas de “URGENCIA” que puede tomar el ejecutivo son, la de decretar la expropiación u ocupación de la propiedad privada. Ninguna más.
Así lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, refiriéndose al concepto de “URGENCIA” y no de “EMERGENCIA”, esto en cuanto a los casos de expropiación exclusivamente:
“En el caso de la expropiación de urgencia o extraordinaria, como la propia palabra lo dice, la medida es adoptada urgente y unilateralmente por el Ejecutivo quien ocupa el bien de inmediato, invocando para ello motivos de guerra, grave perturbación del orden público o interés social urgente; sólo después de que ha cesado el motivo determinante de la expropiación, procede a indemnizar al titular del bien por los daños y perjuicios causados, en base al monto que determine el juez competente. Para ello debe cumplir con el trámite previsto en los artículos 1951 a 1955 del Código Judicial, es decir, promover el proceso ante el Juez competente, quien ordenará las pruebas que falten, procederá al avalúo del bien y luego resolverá -conforme al artículo 1952- “dentro de los dos días siguientes, sobre la expropiación, sin oir al demandado”. Es en éste último punto donde el proceso previsto en el Capítulo II del Título XVI, Parte II del Libro II del Código Judicial vulnera la Constitución.
El artículo 47 de nuestra Carta Fundamental señala claramente que es el Ejecutivo quien, con carácter de urgencia, decreta la expropiación del bien en caso de guerra, grave perturbación del orden público e interés social urgente y sólo después que hayan cesado dichos motivos, es decir, cuando haya desaparecido la urgencia, se hará responsable por los daños y perjuicios así causados. Ello significa que, cuando el Estado promueve ante el Juez el proceso, la urgencia ha desaparecido y no hay razón para que éste resuelva “dentro de los dos días siguientes” y mucho menos “sobre la expropiación,” que ya se ha decretado y verificado por el Ejecutivo. Peor aún, decide “sin oir al demandado”, negándole así la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y violándose el contradictorio sin razón alguna. (DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA EN SU PROPIO NOMBRE POR EL LICDO. DIENER VINDA, CONTRA LA FRASE “SIN OIR AL DEMANDADO” CONTENIDA EN EL ARTICULO 1952 DEL CODIGO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE DOS MIL (2000). CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.”
Veamos un concepto de emergencia dado en la Ley, específicamente la numero 120 del 19 de diciembre de 2019, que crea el Sistema Nacional de Emergencias, Nueve uno-uno (9-1-1) y modifica la Ley 44 de 2007, relativa a SUME y dicta otras disposiciones. El artículo 2 de dicha Ley establece lo siguiente:
Para efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán así:
Emergencia. Toda circunstancia que pueda comprometer la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, los bienes y el ambiente y que exija un auxilio inmediato de una de las instituciones que integran el sistema regido por la presente Ley o la coordinación conjunta de ellas”
Esta definición, como dice la norma, aplica a los efectos de dicha ley, la 120, y no otros supuestos consagrados en otras normativas, de cualquier forma hay que atenernos a la fórmula de interpretación establecida en los artículos 10, 11, 12 y 13 del Código Civil. Por lo que estimamos que esta definición es restrictiva al área que regula.
Valdría suponer que los casos de emergencia a los que se refiere el artículo 163 de la Constitución Nacional, ¿son a los que se refiere el artículo 2 de la Ley del “911”? En esos supuestos del “911” tampoco quedan enmarcados los presupuestos indicados en la Ley de Contratación Pública o ¿sí?
La Ley 22 de 2006 sobre Contratación Pública, establece en el artículo 79 lo siguiente:
“Artículo 79. Procedimiento especial de adquisiciones de emergencia. Cuando el Consejo de Gabinete DECLARE EMERGENCIA, las entidades estatales podrán contratar la adquisición de bienes, servicios u obras a través del procedimiento especial.
La resolución de gabinete que declare el ESTADO DE EMERGENCIA y autorice la contratación mediante el procedimiento especial de adquisiciones deberá indicar la suma total autorizada para contrataciones especiales y el periodo dentro del cual esas contrataciones podrán hacerse.
El procedimiento especial de adquisiciones de emergencia podrá utilizarse hasta alcanzar en conjunto la suma autorizada y dentro del plazo señalado.
En los CASOS DE EMERGENCIA en los que sea necesaria la adquisición de agua y alimentos destinados para el consumo inmediato, no se exigirá la presentación de fianza; sin embargo el contratista a través del contrato debe garantizar a la entidad contratante su obligación de responder por los vicios de los bienes adquiridos. Igualmente, el contrato deberá establecer que el pago del contratista se hará con posterioridad a la ejecución del objeto del contrato.
Si se requieran bienes que no pueden ser suministrados en el mercado local, las entidades quedan facultadas para adquirirlos a empresas o nacionales, aunque con la obligación de estas de registrarse a posteriori en el Registro de Proponente del Sistema electrónico de Contrataciones Públicas “Panamá Compra”.
Una vez concluido el término señalado en la resolución de gabinete que DECLARÓ LA EMERGENCIA, las entidades contratantes presentaran al Consejo de Gabinete un informe detallado de las concesiones realizadas. Dicho informe será publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “Panamá compra”, a más tardar a los cinco días hábiles siguientes a la presentación en el Consejo de Gabinete.
Si no se consumieron o utilizaron todos de los bienes adquiridos, los remanentes deberán ser puestos a disposición del Sistema Nacional de Protección Civil del Ministerio de Gobierno o de la Dirección de Asistencia Social del Ministerio de la Presidencia.
Las entidades deberán consultar el Catalogo Electrónico de Productos y Servicios antes de acogerse a este procedimiento especial y verificar si los productos o servicios requeridos para atender la emergencia están o no incluidos en dicho catálogo.”
Lo interesante de esta norma es que señala que, cuando el ejecutivo “DECLARE EMERGENCIA”, ¿pero cual emergencia? ¿De la que trata el artículo 163 de la Constitución Nacional, sin definir que es EMERGENCIA? Entonces solo bastaría que el Órgano Ejecutivo decretara o declarara “EMERGENCIA”, para proceder a establecer contrataciones “especiales” de cincuenta millones (US$ 50,000,000.00), ¿o más si se le antoja?
No me refiero a la facultad del ejecutivo de declarar “CASOS DE EMERGENCIA”, según parece permitirlo la Constitución, exclusivamente para lo dispuesto en el artículo 163 del ordinal 8, con la vigilancia de la Asamblea Nacional, me parece, sino a cuales supuestos debemos entender como “CASOS DE EMERGENCIA”, diferentes a los de “URGENCIA”, que la Constitución si establece en que supuestos debe darse.
De acuerdo al artículo 200 de la Constitución Política de la República de Panamá, compete al Consejo de Gabinete decretar el “Estado de Urgencia” no de “emergencia”. Así lo señala expresamente:
“ARTICULO 200. Son funciones del Consejo de Gabinete:
5. Decretar, bajo la responsabilidad colectiva de todos sus miembros, el estado de urgencia y la suspensión de las normas constitucionales pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de esta Constitución.”
Bien puede entonces el Consejo de Gabinete declarar el estado de “urgencia”, atendiendo lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución. Dicha norma no dice “emergencia”, concepto que si utiliza el 163 de la Carta Magna, de forma indefinida constitucionalmente.
No creo que “ESTADO DE EMERGENCIA” o “CASOS DE EMERGENCIA”, concepto cuya definición no se encuentra en la Constitución Nacional, ni está claramente definido en la Ley, pueda quedar al arbitrio del Organo Ejecutivo su determinación, pues desde su exclusivo punto de vista, todo puede ser una emergencia.
Traigo como referencia, como suma del anterior análisis, lo señalado por el Doctor Cesar Quintero en su Libro Derecho Constitucional (pag 585), refiriéndose al ordinal 8 del artículo 121 de la Constitución de 1946. Así se expresaba el Doctor Quintero:
“7. Ordinal 8° (Ordenar Obras Públicas)- El ordinal 8° del artículo 121 prohíbe a la Asamblea
“Ordenar y autorizar otras obras públicas que las decretadas en la Ley a que se refiere el ordinal 16 del artículo 118, salvo casos de emergencia así declarados expresamente por la Asamblea”.
El aludido ordinal 16 del artículo 118 es el que señalaba a la Asamblea la función de aprobar, con o sin modificaciones el proyecto de ley sobre obras públicas que le presente el Ejecutivo. Y el ordinal 5° del 144 dispone que el ejecutivo envíe a la Asamblea, dentro de los primeros diez días de sus sesiones, el plan de obras públicas, para el año fiscal siguiente.
Todo indica que según esta prohibición, la Asamblea no puede ordenar o autorizar obras públicas por su propia cuenta. Debe ceñirse al plan de obras públicas que cada año le presente el Ejecutivo.
La prohibición está bien inspirada y se justifica plenamente. La iniciativa en esta materia la tiene y debe tenerla el Ejecutivo. En el Estado moderno la construcción de cualquier obra pública debe obedecer a una planificación racional e integral. Y toda planificación de esta naturaleza se vendría abajo si los diputados pudieran proponer a su antojo y la Asamblea autorizar, la construcción de obras públicas sin orden ni concierto alguno.
Sin embargo la eficacia de esta prohibición queda muy disminuida con la salvedad que contienen. Basta así que la Asamblea declare que la construcción de una obra cualquiera es caso de “emergencia”, para que pueda ordenarla o autorizarla. De esta manera se desvirtúa y malogra el plan de obras públicas. El Diputado interesado en que se haga una capilla o un cuartel en un distrito que a él le conviene, solo tiene que conseguir- a cambio de reciprocidad- que sus colegas declaren caso de emergencia la correspondiente construcción. Si el término clave se entendiera e interpretara en un sentido estricto, la Asamblea es el Organo menos indicado para actuar ante los verdaderos casos de emergencia. Para hacer frente a estos el órgano más apto es el Ejecutivo. Y si las delegaciones de funciones a este tienen alguna justificación es precisamente debido a los llamados casos de emergencia.”
Leído lo expuesto por el Dr. Quintero, y si la crítica que él hace a la Asamblea para ese entonces (Edición del libro año 1967) es válida, no es posible permitirnos, para nuestros tiempos, sometidos a esta crisis institucional, dudar de que sea solo el Organo Ejecutivo, quien determine cuáles son los “CASOS DE EMERGENCIA”, concepto no definido en la Constitución Nacional.
Esto es un asunto de confiar o no en nuestras autoridades. Una cosa es querer hacer algo, y otra es si puedes y debes hacerlo.
Dice el artículo 18 de la Constitución Política de la República de Panamá:
“ARTICULO 18. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de la Ley. Los servidores públicos lo son por esas mismas causas y también por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de éstas”.
Es innegable que “urge” una solución para la “emergencia” del COVID, la pregunta es quien controla los gastos para la solución, ¿el Organo Ejecutivo exclusivamente, con la sola expresión de “EMERGENCIA”?
Derecho Laboral vs COVID-19: Firmas de Abogados ante la Nueva Normalidad
Desde que el Gobierno de Panamá declaró Estado de Emergencia Nacional para evitar la propagación del COVID-19, el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Salud, emitió una serie de Decretos Ejecutivos que a su vez derivaron en decisiones de índole laboral.
Las medidas sanitarias promulgadas mediante Decretos Ejecutivos causaron la restricción a la movilidad y cierre de todas las actividades comerciales con algunas excepciones, lo cual generó un impacto directo en la operación de las empresas y en las relaciones laborales. Debido a esto, el gobierno comenzó a promulgar una serie de Decretos Ejecutivos a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral para brindar flexibilidad a los empleadores con la intención de mantener las empresas a flote, pero sobre todo evitar terminaciones laborales colectivas.
Durante este conversatorio virtual, se describe cómo la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha incidido en las relaciones de trabajo en Panamá y cómo se visualiza la prestación de servicios jurídicos en el futuro.
Medidas sanitarias con impacto laboral directo
El dilema de los empleadores con respecto a los descuentos de salario
De la controversia en torno al cálculo y pago del décimo tercer mes
Perspectiva laboral para después del “Día D”
La prestación de servicios jurídicos: perspectiva de cara al futuro
Socio – Especialista en Derecho Laboral
Organizado por: La Comisión de enlace con firmas de abogados de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Santa María La Antigua.
Visualiza la grabación a continuación:
Que modifica y adiciona disposiciones al Decreto Ejecutivo No. 251 de 24 de marzo de 2020, que adopta medidas tributarias para aliviar el impacto económico producto del Estado de Emergencia Nacional.
Artículo 1. El artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 251 de 24 de marzo de 2020, queda así:
Artículo 1. Durante el término de vigencia del Estado de Emergencia Nacional decretado por el Gobierno de la República de Panamá, se concede un plazo de 120 días calendario contados a partir de la fecha de promulgación de la Ley 134 de 20 de marzo de 2020 para el pago de tributos que se causen o deban pagarse durante dicho período y que sean de competencia de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, sin que ello conlleve a la generación y pago de intereses, recargos y multas.
Dentro del concepto de tributos sujetos a los beneficios antes mencionados, quedan incluidos los impuestos nacionales directos e indirectos, las tasas, las contribuciones especiales y cualesquiera otras deudas de dinero, líquidas y exigibles, que en cualquier concepto una persona natural o jurídica, así como los bienes inmuebles deban pagar ante la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, con excepción de aquellos cuya obligación nace de la calidad de agentes de retención, los cuales se detallan a continuación:
1. Impuesto Sobre la Renta retenido a empleados
2. Impuesto Sobre la Renta retenido a no residentes
3. I.T.B.M.S. retenido a no residentes
4. l.T.B.M.S. retenido por el Estado
5. l.T.B.M.S. retenido por agentes de retención locales
Artículo 2. Se adiciona el articulo 1-A (transitorio) al Decreto Ejecutivo No. 251 de 24 de marzo de 2020, así:
Artículo 1-A (transitorio). Se concede un plazo hasta el 17 de julio de 2020, para el pago del Impuesto de Inmueble que retengan los bancos correspondientes al primer cuatrimestre del periodo fiscal 2020.
Artículo 3. El artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 251 de 24 de marzo de 2020, queda así:
Artículo 2. Se otorga un plazo definitivo para la presentación de las declaraciones juradas de rentas correspondientes al período fiscal 2019 de las personas naturales o jurídicas hasta el 17 de julio de 2020. La extensión del plazo de un mes, para presentar la declaración jurada de rentas establecida en el Parágrafo 5 del artículo 710 del Código Fiscal queda sin efecto por motivo de la extensión que se otorga en el presente artículo, como medida eventual, atendiendo la situación de Emergencia Nacional declarada.
Se autoriza a la presentación de todos los documentos originales y/o copias autenticadas como demás documentos que sirvan como pruebas o requisitos para trámites y solicitudes ante la Dirección General de Ingresos puedan ser presentados vía electrónica mediante los procedimientos que para este caso se establezcan por esta entidad.
Para efectos de lo que establece el artículo 133-E del Decreto Ejecutivo No. 170 de 1993, las solicitudes de no aplicación del numeral 2 del párrafo sexto del artículo 699 del Código Fiscal podrán presentar todos los documentos vía electrónica de acuerdo con el proceso establecido en el párrafo anterior.
Se extiende el plazo hasta el 30 de septiembre de 2020 para la presentación del Informe de Precio de Transferencia con respecto a las operaciones realizadas con partes relacionadas durante el período fiscal 2019, para aquellos contribuyentes que tengan periodos fiscales regulares.
Artículo 4. Se adiciona el articulo 3-A (transitorio) al Decreto Ejecutivo No. 251 de 24 de marzo de 2020, así:
Articulo 3-A (transitorio). Los contribuyentes que hayan presentado sus declaraciones juradas de rentas correspondientes al período fiscal 2019 y quieran acogerse al beneficio establecido en el artículo 3 del presente decreto, con respecto al impuesto estimado, podrán presentar una declaración rectificativa hasta el 17 de julio de 2020, sin costo alguno y sin perder la posibilidad de rectificar o ampliar la declaración jurada de rentas en los términos dispuestos en el parágrafo 4 del artículo 710 del Código Fiscal.
Artículo 5. Este Decreto Ejecutivo modifica los artículos 1 y 2 y adiciona los artículos 1-A (transitorio) y 3-A (transitorio) al Decreto Ejecutivo No.251 de 24 de marzo de 2020.
Encuentre el texto completo del Decreto Ejecutivo aqui.
Vea el listado completo de Normativas COVID-19 establecidas por el Gobierno de Panamá en el siguiente enlace:Normativas COVID-19.
Para consultas sobre estas medidas tributarias, contáctenos a igranet@icazalaw.com.
El concepto de “fuerza mayor” ha adquirido en estos tiempos de “COVID” cierta relevancia, viéndonos obligados a analizar, a propósito de la efectividad y ejecutabilidad de las obligaciones, su aplicación con las distintas relaciones contractuales existentes; para determinar de tal forma si ese hecho justifica la irresponsabilidad del deudor en el cumplimiento de la obligación.
Todos parecen estar de acuerdo, en que la aplicación de la figura de la “fuerza mayor” como causa adecuada para el incumplimiento de las obligaciones, debe ser contrastada con cada contrato de forma individual, por tener cada uno características distintas; distinciones que pueden guardar relación con las personas, el objeto de la obligación, condiciones y plazo fijados en cada una. Así también, evaluar si existe en los distintos contratos alguna cláusula que contenga la exclusión de la fuerza mayor o caso fortuito, como justificación del incumplimiento de la obligación.
Hacer un esfuerzo en abstracciones es difícil, hay que tratar de ser lo más pragmático posible, y hacer el contraste especifico con cada contrato, para poder anticipar posiciones respecto de cada cual.
Pongamos un ejemplo, los contratos de trabajo que han sido suspendidos. Dichos contratos, entiendo, fueron suspendidos utilizando como causa adecuada la “fuerza mayor”, hecho provocado por una disposición gubernamental (Decreto Ejecutivo N° 500 del 19 de marzo de 2020) que ordenó el cierre de algunas empresas. En estos casos para el empresario, constituye un hecho de fuerza mayor la orden de la autoridad, tal como lo prevé el artículo 34-D del Código Civil, siendo un hecho irresistible, tiene aplicación lo dispuesto en el ordinal 8 artículo 199 del Código de Trabajo, que es la suspensión de los contratos de trabajo. Para efectos de este opúsculo, damos por entendido, que se ha dado cumplimiento con lo previsto en los artículos 198 a 208 del Código de Trabajo para la suspensión.
Bueno, en lo laboral el hecho objetivo de “fuerza Mayor” aplica tanto para el empleador como para el empleado; para el trabajador quedar eximido de prestar el servicio convenido y para el empleador la de pagar los salarios de esos lapsos, como prevé el artículo 208 del Código de Trabajo.
Ahora, ¿qué ocurre con el empleador, que es el establecimiento comercial y empresa (persona jurídica o natural) cuyo cierre fue ordenado, respecto de sus obligaciones civiles y comerciales? ¿Sirve el mismo hecho de fuerza mayor, que sirvió para suspender los contratos laborales, para justificar su incumplimiento de las obligaciones civiles y comerciales?. Y para el trabajador, ¿sirve “la Fuerza mayor” que logro suspenderle el contrato de trabajo, para eximirse del pago de sus obligaciones comerciales y civiles?
Para la cuestión laboral, la fuerza mayor opera como un hecho objetivo aplicable a todos los casos, siempre sujeto a la normativa del Código de Trabajo.
En el caso de las obligaciones civiles y comerciales, estamos en el terreno de lo subjetivo, en tanto que el hecho de fuerza mayor o caso fortuito, debe ser contrastado con cada contrato, verificando, lo relativo al objeto, condiciones y plazos convenidos.
Así, por ejemplo, valdría examinar aquellas obligaciones de tracto único y las de tracto sucesivo. Las primeras constan en un solo acto, por ejemplo la compra venta. Yo te vendo un lápiz y tú me pagas el lápiz. Algunas preguntas surgen respecto de este tipo de obligaciones, a propósito de la alegación de fuerza mayor como eximente de responsabilidad:
Si la obligación se dispuso cumplirla el día tal, ya estando afectados por el acto de fuerza mayor provocado por el COVID, ¿en cuánto afectó el estado de fuerza mayor, el cumplimiento de la obligación para el día designado?
Si era relevante cumplir con la obligación para el día designado.
¿O valdría haberla cumplido posteriormente?
Por otro lado, que pasa en las obligaciones de tracto sucesivo, que son aquellas que exigen una actitud continuada del deudor, como por ejemplo en los contratos de préstamo pagaderos a plazo. En dichos contratos el deudor asume la responsabilidad de pagar una obligación en un plazo acordado, haciendo abonos mensuales según lo convenido. A propósito de la incidencia de la fuerza mayor en este tipo de obligaciones, vale considerar:
¿El evento de fuerza mayor afectó el cumplimento de la totalidad de la obligación o simplemente produjo el retraso en los abonos a la obligación según fueron pactados en él contrato?
Ese mismo evento de fuerza mayor que otorga al deudor la posibilidad de haberse retrasado, es el mismo que sirve para no hacer exigible la obligación anticipadamente, por la falta de abono oportuno.
Una vez levantado el estado de fuerza mayor, los efectos y ejecución de la obligación, en los términos que fue convenida quedan activados. Vuelve el deudor a responder con su patrimonio presente y futuro como lo prevé el artículo 1653 del Código Civil.
¿Qué pasa en el caso de que esta pausa económica, provocada por la “fuerza mayor”, haya producido la ruina de la empresa, tanto que no puedan hacerle frente a sus obligaciones? ¿Valdrá, la excepción de fuerza mayor para eximirse del pago de sus obligaciones convenidas a plazo y con término definido para su pago total?
La condición ruinosa de la empresa debe probarse, no es simplemente decir que la empresa fue afectada por la fuerza mayor, y que el cierre ha provocado el que no pueda pagar o cumplir sus obligaciones. El examen, caso por caso, será revisar los haberes del deudor, para luego determinar si puede o no responder con sus bienes presentes y futuros, según lo previsto en el artículo 1653 del Código Civil, respecto al pago de sus obligaciones.
Respecto al equilibrio contractual, y su afectación por el estado de fuerza mayor, sugiere avocarnos a la teoría de la imprevisión, o lo atinente al principio “Rebus sic stantibus”, en cuanto a la posibilidad de modificar algunas cláusulas con el fin de volver al balance prestacional perdido, matizando así, de alguna forma, el principio de Pacta sunt servanda (lo pactado obliga).
Es altamente sugerente, que deudor y acreedor en el contexto de sus específicos contratos, propendan a llegar a entendimientos buscando el equilibrio contractual que se haya perdido, por razón de la “fuerza mayor” provocada por el COVID, enfatizando el principio de buena fe contractual que debe regir todo tipo de contrato u obligación. De otro modo, la saturación de demandas en los Tribunales trastocará el sistema judicial que, antes del COVID, ya estaba malogrado.
Por Ayleen Quintero – Asociada
(Decreto Ejecutivo No. 145 de 01 de mayo de 2020)
Por motivo del Estado de Emergencia Nacional, se han dictado nuevas disposiciones relacionadas con los contratos de arrendamiento con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de ambas partes de la relación. A continuación, un breve resumen de estas disposiciones.
En atención a las nuevas disposiciones, se encuentran congelados, mientras dure el Estado de Emergencia, y hasta dos (2) meses posteriores al levantamiento de dicha medida, los cánones de arrendamientos (arrendamientos para uso habitacional, comercial, industrial, profesional y docente), así como todas las cláusulas contractuales que guarden relación con:
Incrementos por terminación unilateral del contrato.
Penalización por terminación unilateral del contrato.
Sobre los conflictos que puedan surgir entre el Arrendador y Arrendatario por motivo de los cánones dejados de pagar
El Arrendador y Arrendatario podrán llegar a un acuerdo mutuo sobre los conflictos que se originen entre éstos por motivo de los cánones dejados de pagar y deberán registrar dicho acuerdo ante la Dirección General de Arrendamientos. De ser este el caso, estos acuerdos tendrían una vigencia de dos (2) años de vigencia, contados a partir de la fecha en que se registre ante la Dirección General de Arrendamientos y se mantendrá vigente siempre y cuando el Arrendatario no incumpla con lo acordado.
Vencimiento y vigencia de los contratos de arrendamiento
Si el contrato de arrendamiento venciere durante el periodo de suspensión de las medidas de lanzamiento y desalojo, la vigencia del mismo se extenderá por el mismo periodo que el Decreto Ejecutivo que ha establecido estas nuevas disposiciones (Decreto Ejecutivo No. 145 de 1 de mayo de 2020), y se mantendrán las demás condiciones contractuales.
Actuaciones que darán origen a las respectivas sanciones
Que el Arrendatario se niegue a pagar los cánones a pesar de que ya hayan cesado los efectos de la declaratoria de estado de emergencia nacional.
Los arrendatarios que no hayan sido afectados en sus ingresos por los efectos por el Estado de Emergencia Nacional y pese a ello no cumplan con el pago de su canon.
Los Arrendadores que utilicen mecanismos de presión contra los arrendatarios para que desalojen el inmueble, tales como, la suspensión de suministro de servicios (gas, agua, electricidad, entre otros).
Suspensión de los procesos de lanzamiento y desalojo
Se suspenden todos los trámites de los procesos de lanzamiento y desalojo, sin distinción del canon de arrendamiento o de la finalidad del uso del inmueble, sea esta habitacional, comercial, industrial, profesional o docente mientras dure el Estado de Emergencia Nacional.
Normativas COVID-19: Medidas tomadas por la Superintendencia del Mercado de Valores
Por Magdalena E. Arias P. – Asociada
La Superintendencia del Mercado de Valores emitió el Acuerdo No. 03-2020 de 20 de marzo de 2020, el cual establece medidas especiales y temporales para el registro abreviado de las modificaciones de ciertos términos y condiciones de las ofertas públicas de valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores (también “SMV”), a saber:
(a) fecha de vencimiento de los valores, fechas y forma de pago de intereses o de capital, (b) tasa de interés,
(c) razones y/o condiciones financieras,
(d) fecha de redención de los valores, forma o causales para solicitar redención de los valores y otros pagos relacionados con la redención, y
(e) plazo para la declaratoria de incumplimiento para la subsanación de hechos que puedan constituir eventos de incumplimiento o causales de vencimiento anticipado (en ningún caso este plazo de subsanación podrá ser mayor a treinta (30) días calendarios).
Esta Acuerdo es aplicable a las modificaciones y condiciones de oferta pública de valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores, de aquellos emisores, que tengan obligaciones de pago que desembolsar o condiciones y/o razones financieras que cumplir desde la entrada en vigencia del Acuerdo (24 de marzo de 2020) hasta el 30 de septiembre de 2020.
Los emisores a quienes les aplique lo establecido en el Acuerdo, están exentos de presentar la solicitud formal de registro de modificación estipulada en el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de 2003.
Cabe recalcar que el Acuerdo No. 03-2020 no establece medidas especiales o abreviadas para la modificación de términos y condiciones de las ofertas públicas de valores, sino más bien, establece medidas especiales y temporales para el registro ante la SMV de las modificaciones de términos y condiciones de las ofertas públicas de valores arriba señaladas. Esto significa que, igualmente debe cumplirse con el procedimiento de aprobación para la modificación de términos y condiciones de las ofertas públicas de valores establecidas en el respectivo prospecto informativo, valor u otros documentos de la oferta. Cuando los documentos de la oferta pública cuya modificación se pretenda, no contemple porcentaje requerido para la autorización de modificaciones a los términos y condiciones de la emisión, se requerirá el 75% de las aceptaciones de todos los tenedores de dichos valores.

References: Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 55
 Resolución 
 artículo 55
 resolución 
 artículo 10
 artículo 163
 artículo 163
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 1927
 artículo 47
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 1952
 artículo 47
 artículo 2
 artículo 163
 artículo 2
 artículo 79
 resolución 
 resolución 
 artículo 163
 artículo 163
 artículo 200
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 121
 artículo 121
 artículo 118
 artículo 118
 artículo 18

Artículo 1
 artículo 1

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 1

Artículo 3
 artículo 2

Artículo 2
 artículo 710
 artículo 133
 artículo 699

Artículo 4
 artículo 3
 artículo 710

Artículo 5
 artículo 34
 artículo 199
 artículo 208
 artículo 1653
 artículo 1653