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Timestamp: 2018-10-21 19:26:32+00:00

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﻿ Sentencia 32868 de marzo 10 de 2010
SENTENCIA 32868 DE 10 DE MARZO DE 2010
CONTENIDO:PROCEDIMIENTO PARA VALORAR TESTIMONIOS EN CASOS POR CONDUCTAS SEXUALES CONTRA MENORES DE EDAD. LAS INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS PERMITEN INFERIR QUE CUANDO EL MENOR ES VÍCTIMA DE ATROPELLOS SEXUALES SU DICHO ADQUIERE UNA ESPECIAL CONFIABILIDAD, E INCLUSO ESTOS HALLAZGOS SON VALEDEROS PARA NIÑOS DE EDAD PREESCOLAR, DESDE LOS DOS AÑOS DE EDAD
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCESO CARNAL EN MENOR DE CATORCE AÑOS, DELITO CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL, MENOR DE EDAD VÍCTIMA DE DELITO, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, TESTIMONIO
Sentencia 32868 de marzo 10 de 2010
Proceso 32868
Frente a ello, es necesario precisar el carácter especial de la intervención del Ministerio Público dentro del proceso penal de tendencia acusatoria establecido mediante la Ley 906 de 2004, definido en principio como un sistema adversarial o de partes, en el que se ha de ser especialmente cuidadoso para evitar que los otros sujetos intervinientes en el trámite —Ministerio Público y apoderado de las víctimas— desequilibren esa estructura.
Por ello se afirma que el Ministerio Público no puede libremente y sin ostentar la condición de actor, deprecar la casación de la sentencia por razones diversas a las esgrimidas por el recurrente en su demanda. Tal facultad le otorgaría un mecanismo adicional de impugnación al Ministerio Público, por encima de los otros intervinientes, en desequilibrio del proceso(2).
Dentro del principio adversarial que caracteriza al sistema acusatorio vigente en Colombia, la intervención del Ministerio Público cuando es sujeto no recurrente, está limitada a los términos señalados por la demanda, y por ello resulta extraño que este especial interviniente señale motivos de casación o nulidad diferentes a los advertidos por el casacionista.
La intervención del Ministerio Público en el marco de los proceso de la Ley 600 de 2000, era obligatoria y con amplias facultades de analizar el proceso, no solo en los aspectos delimitados por la demanda de casación, sino a todos aquellos tópicos que considerase pertinente. Por el contrario, en calidad de interviniente dentro de los procesos que se adelantan bajo el sistema de la Ley 906 de 2004, cuando el Ministerio Público no es el demandante en casación, su intervención es similar a la de cualquier otro sujeto no recurrente, es decir, se convoca a la audiencia de sustentación del recurso, a la que puede bien asistir o no, y en desarrollo de la misma podrá optar por intervenir o no —dado que ello no es obligatorio, a diferencia del trámite consagrado por la Ley 600 de 2000, en el cual se exigía su previo pronunciamiento—, que en el evento de darse podrá apoyar o no los planteamientos de la demanda, pero sin introducir nuevos puntos de debate que riñen con la técnica del recurso de casación y con el carácter adversarial del sistema acusatorio.
Para ese efecto, precisamente el artículo 184 ibidem, en su inciso final, establece:
Precisamente, la razón de ser de la formulación de imputación, en su sentido más prístino, es que la Fiscalía dé a conocer al imputado, que se le registra autor o partícipe de unos hechos concretos, y que a renglón seguido se adelantará la investigación encaminada a determinar no solo la verificación de esa inicial información, sino la específica vinculación delictiva que esos hechos aparejan.
En este orden de ideas, la nulidad cuya declaratoria depreca el delegado de la Procuraduría, se reconozca por la Corte oficiosamente, ni siquiera se configura.
“En correlación con que la jurisdicción juzga sobre asuntos de otros, la primera exigencia respecto del juez es la que este no puede ser, al mismo tiempo, parte en el conflicto que se somete a su decisión. La llamada imparcialidad, el que juzga no puede ser parte, es una exigencia elemental que hace más a la noción de jurisdicción que a la de proceso, aunque este implique siempre también la existencia de dos partes parciales enfrentadas entre sí que acuden a un tercero imparcial, esto es, que no es parte, y que es el titular de la potestad jurisdiccional. Por lo mismo la imparcialidad es algo objetivo que atiende, más que a la imparcialidad y al ánimo del juez, a la misma esencia de la función jurisdiccional, al reparto de funciones en la actuación de la misma. En el drama que es el proceso no se pueden representar por una misma persona el papel de juez y el papel de parte. Es que si el juez fuera también parte no implicaría principalmente negar la imparcialidad, sino desconocer la esencia misma de lo que es la actuación del derecho objetivo por la jurisdicción en un caso concreto”(3).
La Corte se pronunció sobre la necesidad de un juez imparcial, que no asuma la actividad probatoria como propia y de esa manera desquicie el esquema del proceso acusatorio(4). Para el efecto, se funda en el pronunciamiento que hiciese a su vez la Corte Constitucional:
“15. La doctrina procesal considera que la garantía de la imparcialidad, constituye no solo un principio constitucional, sino también un derecho fundamental conexo con el derecho al debido proceso. Ello porque en un Estado social de derecho, la imparcialidad se convierte en la forma objetiva y neutral de obediencia al ordenamiento jurídico. En efecto, el derecho de los ciudadanos a ser juzgados conforme al derecho, es decir, libre e independiente de cualquier circunstancia que pueda constituir una vía de hecho (C.P., arts. 29 y 230), exige de forma correlativa el deber de imparcialidad de los jueces (C.P., arts. 209 y 230), ya que solamente aquel que juzga en derecho o en acatamiento pleno del ordenamiento jurídico, puede llegar a considerarse un juez en un Estado social de derecho.
“A partir de las citadas consideraciones, la doctrina procesal ha concluido que la imparcialidad requiere de la presencia de dos elementos. Un criterio subjetivo y otro objetivo. El componente subjetivo, alude al estado mental del juez, es decir, a la ausencia de cualquier preferencia, afecto o animadversión con las partes del proceso, sus representantes o apoderados. El elemento objetivo, por su parte, se refiere al vínculo que puede existir entre el juez y las partes o entre aquel y el asunto objeto de controversia —de forma tal — que se altere la confianza en su decisión, ya sea por la demostración de un marcado interés o por su previo conocimiento del asunto en conflicto que impida una visión neutral de la litis.
“En consecuencia, la garantía de la imparcialidad se convierte no solo en un elemento esencial para preservar el derecho al debido proceso, sino también en una herramienta idónea para salvaguardar la confianza en el Estado de derecho, a través de decisiones que gocen de credibilidad social y legitimidad democrática”(5).
“ART. 361.—Prohibición de pruebas de oficio. En ningún caso el juez podrá decretar la práctica de pruebas de oficio”.
“En consecuencia, en materia probatoria, y en particular en lo atinente al testimonio, la regla es que el juez debe mantenerse equidistante y ecuánime frente al desarrollo de la declaración, en actitud atenta para captar lo expuesto por el testigo y las singularidades a que se refiere el artículo 404 de la Ley 906 de 2004(6), interviniendo solo para controlar la legalidad y lealtad de las preguntas, así como la claridad y precisión de las respuestas, asistiéndole la facultad de hacer preguntas, una vez agotados los interrogatorios de las partes, orientadas a perfeccionar o complementar el núcleo fáctico introducido por aquellas a través de los respectivos interrogantes formulados al testigo, es decir, que si las partes no construyen esa base que el juez, si la observa deficiente, puede completar, no le corresponde a este a su libre arbitrio y sin restricciones confeccionar su propio caudal fáctico.
“La literalidad e interpretación que corresponde a la citada norma no deja espacio distinto al de concluir que con la misma se restringe entonces igualmente la posibilidad de intervención del juez en la prueba testimonial practicada a instancia de alguna de las partes, para preservar el principio de imparcialidad y el carácter adversarial del sistema,...”(7)
Por ello, la normatividad le impide, de un lado, practicar pruebas de oficio, y del otro, solo interrogar a los testigos presentados por las partes, para, conforme lo estipula el artículo 397 de la Ley 906 de 2004 “conseguir que el testigo responda la pregunta que le han formulado o que lo haga de manera clara y precisa…” o “…hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso”.
Estima la Corte, una vez escuchados atentamente los registros de la intervención del juez de conocimiento en curso de la práctica probatoria y, específicamente, al desarrollar la tarea de interrogar a los testigos, que si bien, puede asumirse, el suyo, un comportamiento asaz activo, ello por sí mismo no comporta el vicio denunciado por la casacionista, pues, es claro que en desarrollo del pertinaz cuestionamiento practicado por él, no desbordó el tópico que fuera materia de consulta por la parte interesada en la declaración, al extremo de significarle suplantándola o asumiendo una teoría del caso propia, de manera particular, cuando confrontó a las testigos Mónica Patricia Bejarano Velandia(8) y Luz Cristina Jiménez.
Pregunta el juez a la declarante Mónica Patricia Bejarano, a partir del minuto 09:14 del C.D. Nº 3:
“doctora Mónica, en sus conclusiones refiere que hay indicadores de abuso sexual, ¿Por qué no nos menciona cuáles son? ¿Que en la niña usted observó indicadores de abuso sexual y los reitera en los dos eventos? “...”
¿Pero esos indicadores es por la información que le dan marginal a la entrevista? “...”
¿Pero usted no lo pudo deducir de la sola entrevista?”...”
¿A propósito de eso, usted a que se refiere cuando dice que el relato es elaborado? “...”
¿Según esa información usted pudo determinar qué fue lo que le tocaron a la niña? “...”
¿Usted pudo determinar cuándo ocurrió eso en el relato de la niña? “...”
¿Cómo ocurrió? “...”
¿Pero cuando la niña dice que le introdujeron un palo, ¿Usted puede establece que fue lo que le introdujeron? “...”
¿Dice usted que se ciñó al protocolo? “...”
¿En uno de los videos del 16 de abril usted llega al relato a preguntarle que fue lo que le tocaron, el resto del protocolo no se tuvo en cuenta en esa oportunidad? “...”
¿Por qué razón se desestimó totalmente cuando la niña le contó a usted que la persona que la había tocado usted la conocía? “...”
¿No, pero no había posibilidad que fuera una persona que la niña supiera que usted conoce? “...”
¿La pregunta es: usted porque desestimó esa posibilidad?”...”
¿No, pero no en ese momento, sino cuando a la niña usted le pregunta que hace Juan y una serie de preguntas, y luego le dice la niña que usted conoce a Juan; porque usted no cree esa parte? “...”
¿No a Juan, ella le está diciendo que a la persona que le había hecho los tocamientos? “...”
¿No a Juan, ella no se estaba refiriendo a Juan, ella dice la persona que me tocó usted la conoce; usted porque no le hace más preguntas en ese sentido? “...”
¿En el protocolo que usted maneja resulta importante y trascendente alternativas de hipótesis de investigación? “...”
¿Sin embargo usted no se ciño al protocolo? ”...”
¿Usted siempre entendió que era Juan y ninguna otra persona?”...”
¿Sabe usted cuál Juan era? “...”
¿Aquí en esta investigación se averigua por unos tocamientos y un exceso ocurridos en determinadas circunstancias, por cuestiones procesales y eminentemente instrumentales se está averiguando por otra cuerda y en otro lado otro tipo de tocamientos, ¿Usted podría decir a cuáles de esos tocamientos se refiere la niña? “...”
¿Usted le preguntó a la niña y lo dijo que le preguntó qué era lo que le había hecho en la casa? (aquí el juez interrumpe la respuesta de la testigo para complementar la pregunta) ¿Por qué usted tenía algún conocimiento de que él le había hecho algo en la casa? “...”
—Sí, pero no que la había tocado en la casa. ¿Usted sabía que la había tocado? “...”
¿Entonces porqué la pregunta a la niña de que tocamientos te hizo Juan en la casa de él? “...”
¿Eso es una presunción suya? (la testigo responde que sí, que es una presunción suya a lo cual el juez agrega) “Bien”
— Usted al inicio del interrogatorio, cuando la fiscalía le preguntó, llamó la atención sobre un hecho que le resultaba trascendente, que decía que aun que no podía tener efectos forenses, dijo usted, que si era importante tener en cuenta, y era la agresión que había ejercido la niña. ¿En el video se nota que es usted la que le ordena, y no que le sugiere, que le pegue, eso está dentro del protocolo? ¿Lo del muñeco? “...”
¿Y por qué lo hizo usted? ¿Por qué le ordenó que le pegara? “...”
¿O sea que esta no era una evaluación forense, sino clínica? “...”
¿Usted ha tratado a la niña desde el punto de vista clínico? “...”
Refiere usted que la niña, al preguntarle la fiscalía sobre la coherencia y el grado de credibilidad, dice que la niña contó con demasiados detalles ¿Qué fue lo que contó con demasiados detalles? “...”
Cuando usted cuestiona a la niña de los tocamientos con el pipi, dice usted, ¿Qué partes el pipi tocaron tu cuerpo?, ella menciona varias partes, menciona los pies, los ojos, las orejas, las cejas, ¿Qué percepción desde el punto de vista científico y que interpretación, si pude darse, a ese tipo de comentarios? “...”
¿La niña le refirió a usted algo, o pudo determinar usted a través de esa entrevista, algún tipo de tocamientos o abuso sexual en el automotor? “...”
El juez desarrolla el interrogatorio de Luz Cristina Jiménez Roldán, que se registra en el C.D. dos del 5 de agosto de 2007, a partir del minuto 30:25, así:
¿Precise cual fue el motivo de la valoración, que se buscaba en esa niña? “...”
Pero lo que quiero precisar es. ¿Es una valoración clínica? ¿Es un test de verdad? ¿Es una valoración para determinar la verosimilitud de su dicho? ¿Qué tipo de valoración es o que se buscaba? ¿Únicamente da respuesta a esas preguntas? “...”
¿Qué se hace a través de una entrevista semi estructurada? ”...”
usted ha indicado que la niña tiene, hace un relato claro de los hechos. ¿Esa manifestación surge del relato que hace ella o es un examen que hace usted sobre él? “...”
¿Cuando la defensa le pregunta que donde, si se puede precisar en donde ocurrieron los hechos, usted indica algunos sitios a partir de la manifestación que le dice la niña, que usted refiere ahí? “...”
¿Usted asume esos hechos como ciertos? “...”
¿Pero de la evaluación que usted hace se puede concluir dónde ocurrieron los hechos? “...”
¿Y eso enfrentado a la afirmación que usted dice que es clara en el relato cómo se explica? “...”
¿Usted está asumiendo que es la cama de ella? “...”
¿Refirió haber sido abusada en otro sitio como un vehículo automotor? “...”
¿De lo dicho por la niña, del examen que usted hace, puede determinar qué fue lo que ocurrió? “...”
Ha dicho usted, ha explicado, que la forma de interpretar esas manifestaciones de la niña en cuanto a que el papá mató a Juan, pues corresponden a la necesidad de ella de buscar un súper héroe, dice usted. Pero en el relato de la niña, cómo hace usted para descontextualizarlo, para hacer una abstracción, para decir que es cierto lo de la chimenea, el cierto lo de la cama, pero lo otro si es producto de una necesidad? “...”
¿Usted descartó la posibilidad de que eso hubiese existido? “...”
¿Qué hubiese una agresión física por parte del papá hacia Juan? “...”
¿Exploró sobre eso, si existió? “...”
¿Pero surge de una conclusión que usted hace bajo el entendido de que no es cierto? ¿Pues usted no sabe si lo mató o no? “...”
¿Por eso es que usted dice que no es cierto? “...”
¿Alguna aproximación a la época en la que ocurrieron los hechos, usted pudo deducir? “...”
¿Esa aproximación es por la información que le dieron? “...”
¿No que se haya deducido de alguna circunstancia? “...”
No se discute la relevancia que comporta la prueba en cita, para efectos de soportar la teoría del caso de la fiscalía, como quiera que con la profesional en fonoaudiología se pretendía corroborar las circunstancias temporo espaciales de ocurrencia de los hechos y las fechas en las cuales la niña A.L.R.F. asistió únicamente acompañada del procesado a las citas de terapia, así como el estado de ánimo en el cual concurría la infante a las sesiones y su duración.
Ahora, aunque de alguna manera el principio de concentración podría afectarse, conforme lo argumentado por el juez para negar lo solicitado, ese posible daño se reporta inane dado que ya la audiencia de juicio oral se venía adelantando, como mínimo, en dos sesiones, una el 5 de junio y otra el 5 de agosto de 2008, y no se planteaba una interrupción tan larga que pusiese en riesgo la comprensión integral del asunto sometido a juicio.
“Conforme a lo expuesto, dado que no fueron establecidos en juicio por parte del delegado de la Fiscalía, datos concretos, concernientes a las fechas en que fue atendida la menor por la doctora Aixa Materon en su consultorio por los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2006, a donde fuera trasladada A. L. (el juez cita el nombre de la niña) por el aquí acusado, es de señalar que al remitirse a la información suministrada en testimonio tanto por el señor Julio rebolledo y Ana María Figueroa, padres de la pequeña, los mismos también resultan imprecisos”(9) .
Por lo demás, si del funcionario judicial se exige actuar bajo criterios de ponderación(10), el necesario balanceo entre lo buscado allegar con la prueba y la posibilidad de prolongar un poco más el debate del juicio, necesariamente debía conducir a evaluar como objeto de mejor protección lo primero.
Desde luego que dentro de las facultades de dirección del proceso que competen al juez, propugnando por su celeridad, debe ser él, en cada caso concreto, quien determine si esa solicitud de extender el juicio o esperar a que concurra alguno de los testigos, afecta o no de manera relevante el trámite de la audiencia o los derechos de las otras partes, para lo cual está en el deber de verificar no solo la justeza del pedimento y las razones que impidieron la presencia oportuna del testigo o presentación del documento a tiempo, sino el efecto concreto que sobre las resultas del juicio ese elemento o prueba puede tener.
Esto, entonces, se dijo(11):
iv) Motivación sofística, aparente o falsa, cuando no está respaldada en la verdad probada en el proceso”.
Parece que la casacionista de forma indeterminada se refiere a las circunstancias relacionadas en los numerales dos y cuatro de la jurisprudencia, pues, advierte, de un lado, que el tribunal de manera precaria aborda las pruebas y los argumentos consignados en la apelación, para referirse solo a unos de los tantos apartados dignos de respuesta, y del otro, parte de hechos ajenos a los que constituyen objeto del proceso.
De otro lado, el ad quem asumió el examen de la crítica hecha por la representación de la víctima a la imparcialidad del juez, señalando que, en su criterio, esa participación activa demuestra acuciosidad del funcionario, en el “cometido de establecer con objetividad la verdad y la justicia”, de conformidad con lo establecido en el artículo 5º de la Ley 906 de 2004.
El fallo atacado, debe destacarse, frente al sentido último de lo pedido por la Fiscalía y la representación de las víctimas, corrobora lo dicho por la primera instancia en torno de la ausencia de prueba que determine las circunstancias del hecho en su descripción modal y temporo espacial, advirtiendo que la víctima no define esos aspectos, los padres de esta fungen como testigos de referencia y lo dicho por las peritos es discutible “no solo por la evidente inducción de las respuestas, sino porque de todos modos deber (sic) analizadas en conjunto con el restante acopio y en especial con las iniciales aseveraciones surtidas por la niña durante la audiencia del 5 de junio de 2008 (C.D. minutos 15 y siguientes), en donde, sin ninguna insinuación o inducción no reporta la realización de ningún comportamiento de índole sexual por parte de Juan Gabriel Peña, lo que frustra cualquier crédito en el aserto que posibilite una condenación en su contra”.
Agrega el fallo que a pesar de aludirse a algún tipo de sangrado en la menor: “igualmente al cotejar el examen sexológico forense (fl. 335), la inadvertencia de alguna lesión en la zona ni vestigio de maniobra genital permite también concluir en la no demostración o incertidumbre sobre violentos tocamientos que dieron lugar al endilgado acceso o evidenciaran un acto sexual en los términos de la ley penal”.
Si se tiene claro que la primera y la segunda instancias forman una unidad indisoluble en los aspectos en los cuales no se controvierten e indiscutible como se halla que el fallo del ad quem, confirmó íntegramente lo decidido por el a quo, la crítica que se hace a la insuficiencia en la argumentación debe considerar esta circunstancia y además, que la competencia de quien resuelve la impugnación está limitada a los argumentos consignados por las partes inconformes.
Ahora, si lo que se controvierte es el fundamento de lo decidido, el análisis probatorio realizado, la omisión en el examen de pruebas trascendentes o la lectura parcial de estas, el mecanismo adecuado de casación no pasa por advertir falta de motivación o indebida fundamentación, sino que se hace preciso demostrar los consecuentes errores de hecho, sea por falso juicio de existencia, falso juicio de identidad o inadecuado raciocinio.
Cuarto cargo subsidiario
En particular, impera señalar que lo referido por la víctima ante las sicólogas y la médico forense, ingresa directamente como elemento de juicio menesteroso de considerar, pues, en tanto fundamento de la experticia, hace parte integral de la misma, como claramente lo dejó sentado la Sala en oportunidad anterior(12):
“Así lo explica Chiesa(13), en su Tratado de derecho probatorio mencionando los casos concretos conocidos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico:
“En Reyes Acevedo se había dicho que “el perito médico no puede basar su opinión en informes y conclusiones de otras personas desconocidas por el jurado y no sostenidas por la prueba, o en informes de otros médicos, o récords de hospital, o en récords de la oficina del fiscal o en reseñas del juicio publicadas por la prensa, que no han sido admitidos en evidencia”. Como se admite en Rivera Robles, esto ya no es sostenible bajo la Regla 56. Esta permite el testimonio pericial basado en la información obtenida antes del juicio o vista si es el tipo de información en la que generalmente descansaría el perito en el ejercicio de su profesión. Que sea prueba de referencia es inadmisible para excluir la opinión pericial por estar fundada en base impermisible”.
“Lo que es imprescindible y no admite excepciones es la garantía de los principios de igualdad de armas y contradicción. En los casos anteriores, el informe técnico científico debe integrarse al proceso de descubrimiento probatorio, admitirse como evidencia con destino a la futura prueba pericial y debe ser real y efectivamente conocido por la contraparte, para que pueda diseñar una estrategia, si fuese de su interés. Y, por supuesto, la prueba pericial ha de tener lugar en el juicio oral, donde las partes pueden intervenir en el interrogatorio cruzado, sin más limitaciones que las derivadas de la constitución y la ley”(14) .
6.3. Con sustento en lo anterior, la afirmación del ad quem en el sentido de que la prueba de referencia mediante la cual se acreditó la ocurrencia de los hechos constitutivos de las conductas punibles y la autoría de esta en cabeza del procesado, no cuenta con otros elementos de conocimiento que la respalden carece de fundamento legal, pues en el caso concreto la declaración obtenida en el juicio oral del perito psiquiatra constituye prueba técnica pericial, a la que el artículo 405 de la Ley 906 de 2004 ordena aplicar en lo que corresponda las reglas del testimonio, y como tal se debe apreciar(15).
El perito Oscar Armando Díaz Beltrán(16), fue enfático en que la técnica de la entrevista espontánea semiestructurada mediante la cual auscultó a la víctima, le permitió percibir coherencia en su narrativa, tanto en el relato expuesto ante él, como en el contenido en la denuncia, la cual le fue suministrada previamente a efectos de rendir el informe preliminar, el cual, dicho sea de paso, fue descubierto oportunamente a la defensa. Además, el forense precisó que de acuerdo con su experiencia de más de veinticuatro años tratando casos de abuso sexual, podía opinar que los niños no son capaces de sustentar una mentira en temas sexuales, y que en el caso analizado “Las vivencias que ha tenido la menor en los hechos que se investigan, afectan psicológicamente su desarrollo personal (personalidad)”, existiendo correspondencia clínica entre los sentimientos expresados por ella al momento de recapitular los sucesos, motivo por el que recomendó someterla a ayuda psicoterapéutica.
Esto anotó recientemente la Corte(17).
“La petición probatoria del representante de la sociedad fue despachada desfavorablemente por el juez de conocimiento, quien, apoyado en la protesta de uno de los padres, consideró que llevar al juicio a los niños, quienes contaban con solo 4 años de edad, sería traumático para ellos y conduciría a revictimizarlos. Dicha decisión, que fue notificada en estrados y contra la cual procedían los recursos ordinarios, no fue objeto de impugnación por ninguno de los intervinientes en la audiencia (incluidos el Ministerio Público solicitante y la defensa) quedando, por consiguiente, en firme en el acto(18).
Lo propio ocurrió en el debate oral, cuando fueron introducidas, como se señaló, como evidencias Nº 5 y 6 de la Fiscalía, por conducto del funcionario de policía judicial José Fernando Galindo Sanmiguel.
“Audiencia en los procesos penales. En las audiencias en las que se investiguen y juzguen delitos cuya víctima sea una persona menor de dieciocho (18) años, no se podrá exponer a la víctima frente a su agresor. Para el efecto se utilizará cualquier medio tecnológico y se verificará que el niño, niña o adolescente se encuentre acompañado de un profesional especializado que adecue el interrogatorio y contrainterrogatorio a un lenguaje comprensible a su edad. Si el juez lo considera conveniente en ellas solo podrán estar los sujetos procesales, la autoridad judicial, el defensor de familia, los organismos de control y el personal científico que deba apoyar al niño, niña o adolescente”.
En concreto, esto sostuvo la Corte en la providencia del 30 de marzo de 2006 (rad. 24.468)(19):
“1.8 Ahora bien, que el testigo directo pueda comparecer, no solo implica que esté en posibilidad de asistir físicamente al juicio oral, o a través de un medio electrónico —tele video conferencia—; sino que, lo realmente importante es que pueda acudir con uso y goce de sus facultades físico mentales, pues si no está en tales condiciones, quizá no sea idóneo como testigo y entonces será factible apoyarse en la prueba indirecta para que otros relaten lo que aquel expresó.
1.9 Un caso especial lo constituyen los niños y niñas víctimas de delitos sexuales o de otras formas degradantes de violencia, cuya versión sea necesaria en desarrollo de un juicio oral. El juez decidirá, con argumentación razonable, si practica su testimonio en la audiencia pública, si lo recauda fuera de la sala de audiencias (L.906/2004, art. 383); o si prescinde de su declaración directa, en protección de sus derechos fundamentales, que prevalecen en los términos del artículo 44 de la Constitución Política, y en lugar de su testimonio directo autoriza testimonios de referencia u otra prueba de la misma índole.
Es esa una evaluación bastante elemental que elude penetrar a fondo en las distintas aristas problemáticas que encierra lo dicho por la menor, desconociendo, de paso, que la verdad solo puede hallarse a través de la verificación contextualizada de todo lo que dijo ella, no solo en curso de esa diligencia final, sino ante las profesionales que la entrevistaron, y lo confiado a sus padres y la encargada de su cuidado en la vivienda familiar.
Solo a partir de un análisis adecuado de sus varias manifestaciones, todas ellas fragmentarias, verificando el contexto de lo dicho, es posible delimitar cómo ocurrieron los hechos.
Entonces, cuando el tribunal advierte, sin referencia expresa a todo lo recogido probatoriamente, que la menor no alcanza a brindar en la audiencia de juicio oral una exposición que permita advertir al procesado ejecutando algún tipo de acto libidinoso, o sostiene que ello no puede ser suplido con lo revelado por las sicólogas encargadas de entrevistarla, por considerar que fueron inducidas las respuestas, no solo obvia referir la razón de sus dichos, sino que adelanta un examen simple y descontextualizado de la prueba, desconociendo esas características particulares que gobiernan el caso concreto.
“Paralelamente a que conforme al acervo válidamente recaudado no se obtiene ese grado de conocimiento que razonable y razonadamente justifique una condena, tampoco puede entenderse logrado ese propósito con fundamento en las expresiones ofrecidas con la intervención de las sicólogas y especialistas, no solo por virtud de la evidente inducción de las respuestas, sino porque de todos modos deben ser analizadas en conjunto con el restante acopio y en especial con las iniciales aseveraciones surtidas por la niña durante la audiencia del 5 de junio de 2008 (C.D., minutos 15 y siguientes), en donde, sin ninguna insinuación o inducción no reporta la realización de ningún comportamiento de índole sexual por parte de Juan Gabriel Peña, lo que frustra cualquier crédito en el aserto que posibilite una condenación en su contra”.
En tanto, el tribunal asevera que el procesado, cuando más “golpeaba a la niña, o que aquel era una persona “mala”, que peleó con el padre de la niña, pero en modo alguno se aproxima con ese grado de conocimiento más allá de toda duda para el juzgador, en finiquitar o concretar una acción libidinosa ejecutada en su cuerpo que de alguna forma permita entender siquiera estructurada la figura típica contra la libertad sexual atribuida”.
“Ana Luna allá donde tú vives en la Calera, tu conociste a un señor que se llama Juan CONTESTO(20) . Si que era malo y me clavó un clavo en el pipí y me salió sangre y me tocó ir a la clínica y me dolió y me puse a llorar y me fui y ya me mejoré”.
b) “Examen médico sexológico practicado por la perito Martha Cecilia Agudelo Yepes. Falso raciocinio, la habérsele conferido un mérito persuasivo que en realidad no tiene, desconociendo así las reglas de la ciencia y de la técnica”.
“En caso de penetración digital por esfínter anal se presenta examen físico, dependiendo del evento y examen realizado. La persona implicada es retirada de la empresa el 4 de noviembre y el examen se hizo el 16 de noviembre; ha pasado al menos diez días. Una niña de tres y medio año, puede ser penetrada por un dedo sin dejar cambios o dejando cambios discretos en la mucosa, con pequeño sangrado, heridas que cicatrizan máximo en cinco días, en el evento que hubiera pasado, permite que pasado los días el examen sea normal(21).
“Pero ante la pregunta de posibilidad de dedo por ano, un dedo y si se introduce la punta, un dedo puede ser introducido por el ano de un niño de tres a cuatro años, si se introduce la punta no más, puede no producir lesiones o producirlas, como mencioné hace un rato, pequeñas lesiones, heridas superficiales cuyas manifestaciones pueden ser sangrado y obviamente dolor, pero como es zona de excelente reparación, estas heridas pequeñas reparan en pocos días, 3 a 5 días como máximo, de modo que si el examen se realiza más allá de ese lapso es un examen que se ve normal, no deja huellas, luego en este caso al no dejar huellas en el evento de que en información posterior la niña hubiera referido que sucedió penetración anal por dedo, ya el examen no nos permitiría decir si sí o si no, sino que habría que tomar en cuenta la versión de la niña en la cual un dato sería además del dolor, un pequeño sangrado cuya huella no se vería por la razón que expliqué, el tiempo rápido de cicatrización”.
“Ahora bien, respecto de la alusión que se hace dentro del proceso a la producción de “sangrado”, igualmente al cotejar el examen sexológico forense (fl. 335), la inadvertencia de alguna lesión en la zona ni vestigio de maniobra genital permite también concluir en la no demostración o incertidumbre sobre violentos tocamientos que dieran lugar al endilgado acceso o evidenciaran un acto sexual en los términos de la ley penal”.
Acorde con lo anotado, una correcta intelección de la naturaleza y alcances de lo dicho por la perito forense, conforme reglas básicas de lo que científicamente encierra la experticia, desvirtúa por completo la conclusión del fallador de segundo grado, haciendo evidente, por contera, el yerro de apreciación probatoria —falso raciocinio—, postulado por la casacionista.
“... a la circunstancia ya advertida de que la menor en su declaración vertida en el juicio oral, no mencionó hecho criminal alguno incluido dentro del rodante debemos agregar contrario a lo predicado por la fiscalía que las declaraciones rendidas por las sicólogas Mónica Patricia Bejarano, Luz Cristina Jiménez y Clemencia Ramírez, tampoco son reveladoras de los hechos. Aquí debemos nuevamente precisar que no estamos negando la posible existencia de los hechos de abuso, pues las profesionales de la sicología sobre tal aspecto si (sic) son contestes al advertir, en la menor rasgos o signos de abuso sexual. Lo que se reitera es que no precisan la supuesta agresión dentro del automotor que son el objeto de nuestro pronunciamiento, y sin perjuicio de las resultas del otro proceso que se le adelanta al encartado por hechos al parecer ocurridos en el municipio de la Calera.
Al margen de lo anotado, se debe resaltar la poca confiabilidad del dicho de la profesional Mónica Patricia Bejarano, quien en su declaración hizo manifestaciones frente a las revelaciones que supuestamente le hizo la niña en lo que tiene que ver con el posible acceso y actos sexuales ocurridos en el carro, que luego se pudo observar no tenían respaldo que se les quiso dar, en desarrollo del juicio se observó el video que recoge la entrevista o valoración que la terapeuta le hizo a la niña, en donde se muestra un interrogatorio plagado de preguntas sugestivas y totalmente inductivas, en donde se evidenció un afán inusitado para que la niña hiciera señalamientos al encartado, hecho que no puede pasar desapercibido a la hora de valorar el testimonio de la perito y que le resta confiabilidad a su experticio”.
Pero, independientemente de las falencias que adolece este dictamen, ninguna mención se hace a los sucesos investigados, llamando la atención el hecho que al indagar sobre lo sucedido en el carro ninguna alusión hace la menor, lo que pone de presente, una vez más, la ausencia de prueba para hacer el juicio de reproche penal que conduzca a la condena demandada”.
“Paralelamente a que conforme al acervo válidamente recaudado no se obtiene ese grado de conocimiento que razonable y razonadamente justifique una condena, tampoco puede entenderse logrado ese propósito con fundamento en las expresiones ofrecidas con la intervención de las sicólogas y especialistas, no solo por virtud de la evidente inducción de sus respuestas, sino porque de todos modos deber (sic) ser analizadas en conjunto con el restante acopio y en especial con las iniciales aseveraciones surtidas por la niña durante la audiencia del 5 de junio de 2008...”
Empero, la primera instancia, aunque sin mayores precisiones, estimó que del bagaje de esas experticias se extractaba inconcuso el vejamen sexual padecido por la menor, no obstante lo cual resultaban insuficientes para responsabilizar al procesado, dado que no precisaban cuándo o dónde se ejecutaron las conductas punibles y claro se tiene que lo tramitado en Bogotá corresponde únicamente a los actos salaces que pudieron sucederse cuando el acusado transportaba hacia esta ciudad a la infante para recibir tratamiento fonoaudiológico.
En concreto, Monica Bejarano Velandia, refirió desempeñarse como sicóloga, con maestría y doctora en terapia de familia y niños. Ha escrito varias obras con auspicio de la Universidad San Buenaventura; pertenece al grupo de investigación; realizó una investigación para Colciencia con niños abusados y maltratados, luego se encargó del proyecto ambientes seguros, para los niños y sus familias, financiado por la Universidad de Granada, y del proyecto para validación de protocolo de entrevista forense y clínica, financiado por FIU, Universidad Internacional de la Florida; además, ha publicado varias de estas investigaciones en revista de la Universidad San Buenaventura y para Colciencias(22).
Es, así mismo, la representante legal y directora de la Asociación Creemos en Ti, donde se atiende terapéuticamente a niños y niñas abusados sexualmente; allí se efectúan valoraciones, para la fiscalía, de los niños y niñas abusados sexualmente, con financiación de Bienestar Familiar, Fiu, y el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, tanto para tratamiento y valoración, como en aras de servir de intérprete de los niños en los juicios(23).
“En esas entrevistas, se utiliza un protocolo que valoramos, que validamos con la Universidad San Buenaventura, con el grupo de investigación, es un protocolo, en donde primero busca, hacer un proceso de empatía con el niño o niña, empezamos con el genograma, como para que el niño cuente, quienes son las personas de su familia, si su papá su mamá, las personas que están involucradas en su familia, luego, generalmente entramos a hacer un mapa de camas, dependiendo la edad, por ejemplo en el caso de Ana Luna, fue muy difícil, por su edad, porque era cuando la niña tenía tres años, era muy difícil, trabajar con la niña y mantenerla concentrada, precisamente cuando son tan pequeñitos, hay que cambiarles de actividad rápidamente. Por ejemplo pasar a casa de muñecos, a los muñecos anatómicos y figuras humanas, para que pueda tener la atención. En el caso de Ana Luna, uno como psicólogo, tiene que respetar espacios de los niños, hay momentos en que se pone a jugar, y uno tiene que dejarla que juego, y luego volver a traerla, para que el niño pueda mantener la atención en lo que se le está preguntando o hablando con ellos.
Básicamente, agrega, se lastiman las áreas emocional y comportamental; se presenta desorganización interna y desestructuración del yo; además de ello, hay alta confusión del niño, de sus emociones y de la expresión de las mismas; confunden la rabia con la tristeza; esto se puede ver manifestado en cuadros ansiosos o depresivos, o en los dos; una forma de estrés postraumático asociada con los abusos sexuales.
Para la Sala, es necesario puntualizarlo, las críticas de las instancias ningún alcance poseen, no solo en atención a que se muestran aisladas y sin sustento, sino porque desconocen flagrantemente la condición de la víctima, menor de tres años, y las dificultades que encierra conocer de su propia boca lo ocurrido.
En este último sentido, para clarificar a las instancias el punto, cabe traer a colación lo dicho por la Sala(24):
“Es más, como se precisa en la anterior providencia, la exclusión del mérito que ofrece el testimonio del menor desatiende estudios elaborados por la sicología experimental y forense, por lo que se puede concluir que una tal postura contraviene las reglas de la sana crítica, en cuanto el juicio del funcionario debe mostrarse acorde con los postulados científicos. Estudios recientes realizados por profesionales de esas áreas, indican que no es cierto que el menor, a pesar de sus limitaciones, no tiene la capacidad de ofrecer un relato objetivo de unos hechos y muy especialmente cuando lo hace como víctima de abusos sexuales(25).
Precisamente, el nivel de estudios, experiencia y profesionalismo de las expertas, ampliamente referenciado con su curriculum, a más de la directa vinculación con este tipo de delitos en menores, faculta advertir no solo que ellas conocen el protocolo establecido para cribar la verdad en lo dicho por los infantes, sino la aptitud para dirigir la entrevista de manera adecuada a fin de evitar falsas acusaciones.
Junto con ello, el registro de la primera entrevista realizada con la menor(26), evidencia patente que en un comienzo la experta solo hizo preguntas generales para determinar la ubicación espacial de la víctima y su conocimiento de cuestiones rutinarias. Ya luego, sin mencionar nombres o advertir determinado tipo de comportamientos, solo interrogó a la menor: “Alguna vez alguien ha tocado tus partes privadas”, a ello respondió la infante que sí y luego señaló, cuando se le preguntó quién era esa persona: “Juan... me tocó la parte de las tetas locas”.
También anotó la menor, afirma la sicóloga, que “Juan le ponía un palito”, metiéndoselo en el cuerpo, con lo cual le causaba mucho dolor, pero no le es posible determinar con qué elemento se produjo esa penetración(27).
Por su parte, la doctora Clemencia Ramírez expone cómo la víctima le relató que había una persona, “Juan”, que le hacía duro con los dedos en la colita, y que además de eso le tocaba los senos y le daba besos (la menor hizo en el consultorio el ademán del beso):
“Ana Luna mencionó que Juan estaba en su casa, y Juan trabajaba en su casa. Ella no mencionó a otra persona distinta a Juan como abusador de ella”.
“El relato de Ana Luna no pudo ser inducido por un tercero. La niña ha sido consistente con los relatos en distintos momentos, tanto en la evaluación como en la terapia, la niña ha sido consistente, como digo, en narrar su experiencia y no es posible que una persona externa, le haya dicho esto, porque en estos casos, el relato se hubiera vuelto inconsistente, lo que ella siempre ha sido consistente en el hecho como tal, y a medida que va recordando o que va incorporando elementos dentro de su proceso, va recordando otras cosas que puede ir incorporando, el relato siempre es el mismo y es consistente(28).
“La niña presenta comportamiento sexualizado, o sea que no corresponde a la edad de la niña, este comportamiento tiene que ver con lenguaje sexualizado, o con auto estimulación sexual y con posturas físicas también. Me explico. El niño que es víctima de abuso sexual, empieza un proceso de auto estimulación exagerada, además de esto, posturas como actuando sexualmente, ella lo hizo en dos oportunidades en mi terapia, se frotaba contra los muebles, por ejemplo en la auto estimulación y empezaba a actuar como si fuera una persona mayor, de manera muy seductora, y empezaba a besar la pared, actuando en la forma como se puede estar dando un beso, una persona adulta(29).
El punto central de la discusión psicológica, que llamó la atención, por un lado el afecto de la menor, que está ansiosa, es impulsiva, sin embargo cuando la entrevista se inicia, ella va adquiriendo tranquilidad y puede expresarse de una manera adecuada y colaborar con la entrevista. Llama la atención, que la menor identifica a la persona que ella vive como agresor, como Juan siempre lo ha hecho y que eso está respaldado, acompañado de un adecuado respaldo afectivo, la menor siente aversión por esta persona, ansiedad cuando narra lo que le hizo la persona, es clara en decir que eso le ha causado tristeza, a pesar de ser una niña de corta edad, relaciona la persona que lo agredió con lo que en ella ocasionó a nivel emocional, la agresión que dice haber sufrido(30).
Respecto a la protección a que hace alusión la niña por parte de su padre, tiene como interpretación, que las fantasías de los niños, no está mostrando que los niños están inventando, están mostrando la realidad emocional del niño. En este caso hace descripción que puede ser fantasiosa, lo que se ve detrás es una realidad emocional, la niña se está sintiendo vulnerada por alguien y necesita crear un super héroe para que la proteja del daño que le hicieron.
En cuanto informaciones recibidas de la madre, le menciona algunas síntomas que tiene la niña que coincide con el periodo que estuvo cerca de la persona agresora, que tiene que ver con pesadillas, dificultades digestivas, estreñimiento, retrocesos en el habla, empezó a presentar tartamudeo eso requirió tratamiento, en la noche se despertaba sobresaltada, hubo retrocesos en control de esfínteres, eso llama la atención porque se relaciona con trauma, en los estudios que se han hecho es claro, presentaba insomnio, la mamá cuenta que la niña se quedaba como ida mirando hacia el techo en algunas ocasiones, cuando la niña contó lo sucedido estuvo deprimida irascible, lloraba con facilidad, ha tenido problemas de masturbación compulsiva, algunas conductas sexualizados con respecto a los niños que tiene a su alrededor(31).
Tan amplia exposición de lo dicho por las varias profesionales encargadas de evaluar o tratar a la infante, permite verificar inconcuso que, en efecto, sí fue ella objeto vejámenes sexuales que se prolongaron en el tiempo, y su exposición es veraz cuando determina no solo la persona que ejecutó esas conductas, Juan Gabriel Peña Mejía —a quien llama “Juan” y lo refiere trabajando al servicio de la familia-, sino el tipo de maniobras padecidas —besos, tocamientos impúdicos y penetración por vía anal—, en todo coincidentes con los delitos por los cuales se llamó a juicio al procesado.
d) “Declaraciones de Gloria Trinidad perilla y Alexandra Valencia. Falso juicio de existencia por omisión probatoria”.
Recuerda que en el mes de octubre: “... ella (la menor, aclara la Sala) empezó que la iba a llevar a la terapia, ella empezó a llorar y a llorar y que no que ella nos e iba que tonto, qué miedo, qué miedo Juan y que se subía al carro y le daba al carro y eso fue cuando la señora Ana María se fue con él...”
Por su parte, Yeny Alexandra García Silva, quien laboró dos años y medio como secretaria en la empresa de propiedad de los padres de la afectada, advierte que Juan Gabriel Peña Mejía, se empleó en calidad de conductor de la familia (a la vez de la empresa): “hasta noviembre siete del 2006”(32).
Además, que la víctima sí se mostró atemorizada por la posibilidad de quedar a solas con el procesado y evitó al máximo que este la llevara a las terapias en referencia.
Ya al comienzo del cargo se dejó sentada la condición especial que reviste lo dicho por el infante cuando este es víctima de delitos sexuales y cómo, incluso, si su testimonio en el juicio resulta contraproducente o dañoso, debe acudirse, para la verificación de lo ocurrido, a lo expuesto por él en otros ámbitos, particularmente, en las entrevistas surtidas previamente.
También se tiene determinado que lo dicho por el menor a los peritos, se introduce directamente por estos con su dictamen, sin que pueda estimarse prueba de referencia.
Así mismo, en segundo término, que la limitación probatoria de la prueba de referencia, dentro de la que ha denominado la Corte tarifa legal negativa, conduce únicamente a prohibir que la condena se fundamente exclusivamente en este tipo de medio(33).
Y, en efecto, si se mira lo dicho por los padres de la menor, con ello, por sí solo, no está sustentándose que esta fue vejada, ni mucho menos que lo acontecido vino consecuencia de lo ejecutado por el acusado, en tanto, como en precedencia se ha dilucidado ampliamente, lo declarado directamente por la menor permite llegar a esas conclusiones, aunque, desde luego, lo percibido directamente por los progenitores de la víctima, corrobora esas conclusiones.
— Efectivamente su hija, de manera inusual, en una ocasión entró en pánico cuando el procesado iba a conducirla a la terapia: “la niña se atacó a llorar, a patalear y gritaba insistentemente “Juan me da miedo””(34) .
— Describe también la madre de la menor una circunstancia bastante particular que referencia la aversión actual de la menor por abordar el vehículo familiar. A pregunta de cuál fue el automotor usado para transportar a su hija a las terapias, señaló:
“La llevaba en un Mazda 626 y también en otra camioneta que luego compramos, una Ford, como una Wagon vieja, como las que usan como los diplomáticos, de esas viejas para transportar gente. Incluso (...) es la hora que así el carro esté parado, ella está dormida dentro del carro, yo lo paro para abrir el garaje o para llegar a algún sitio y le tiene pavor a quedarse sola dentro del carro; ese carro quedó, pues, que... no el Mazda, el 626, ese, no quería subirse más en ese carro”.
— De igual manera, se establece clara relación entre el traslado a las terapias de fonoaudiología y un evidente retroceso en el proceso de desarrollo de la infante, cuando su padre manifiesta:
“... ya venía progresando en la terapia. Habíamos tenido una mejoría notoria y ese día llegó a la casa que no podía pronunciar palabra, le pregunté la doctora, nadie me podía dar una explicación. Hoy en día es bastante claro para mí lo que sucedía en esas idas a Bogotá con Juan Gabriel Peña Mejía, a las terapias”.
“... ella hablaba del carro y hablaba de la casa de Juan, pero habló del carro tanto que en una de esas idas a la fonoaudióloga tuvo un retroceso supremamente grande e incluso yo bajé a hablar con Aixa, porque, pues, nos pareció muy raro que estaba adelantando su tartamudeo y de pronto hizo como un retroceso...”.
Por entero creíble asoma, de esta forma, lo dicho por el padre de la menor acerca de lo confiado por ella una vez se supo lo ocurrido:
“... de hechos sucedidos en el carro, que Juan la sentaba en las piernas, que le decía que si quería manejar y le tocaba todo, es horrible que le metan los dedos por la cola y le saquen sangre, es horrible que le peguen puños en la barriga y en el tórax, que le pasen la lengua por todo el cuerpo incluyendo sus genitales, también es horrible que una niña de tres años, se refiera a esa persona como inmunda , asquerosa, horrible, todo lo que ha dicho es horroroso”.
No cabe duda, para la Sala, que el acusado cometió los delitos de acceso carnal y acto sexual abusivo con incapacidad de resistir, pues, no solo se realizaron tocamientos libidinosos, sino que por la zona anal de la menor se introdujo un cuerpo duro. Ello, aprovechando la corta edad de la víctima, tres años, circunstancia que por sí sola (dada la imposibilidad física y síquica de resistir) facultaba impune el mancillamiento, sin necesidad de recurrir a otros medios.
En consecuencia, la Corte casará la sentencia recurrida y actuando como tribunal de instancia proferirá la que habrá de reemplazarla, siendo esta de carácter condenatorio en contra de Juan Gabriel Peña Mejía, propósito para el cual se regirá por la normatividad vigente para la fecha de la comisión del reato, esto es, los artículos 210 y 211 —numerales 2º y 4º— de la Ley 599 de 2000, en concordancia con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.
Ahora bien, conforme se reseñó en la acusación, se procede por la conducta punible de acceso carnal o actos sexuales abusivos con incapaz de resistir, definida y sancionada en el Código Penal (L. 599/2000), libro segundo, título IV (delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales), capítulo segundo, artículo 210, incisos 1º y 2º, con penas de cuatro (4) a ocho (8) años, y de tres (3) a cinco (5) años de prisión, respectivamente, que se aumentarán de una tercera parte a la mitad, por concurrir las circunstancias de agravación de los numerales 2º y 4º del artículo 211 Ibidem, y a su vez estas proporciones se incrementarán de una tercera parte a la mitad, por virtud del artículo 14 de la Ley 890 de 2004.
Las causales de agravación imputadas, corresponden, en su orden, a que el responsable “tenga cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza” y a que la conducta se realizó “sobre persona menor de doce (12) años”.
La primera de las agravantes específicas, en el caso concreto, deriva de que en razón a su condición de conductor de la familia por bastante tiempo, el procesado recibió plena confianza de los padres de la menor y de esta misma, al punto de permitirle llevarla, pese a su corta edad, sin otra compañía hasta la ciudad de Bogotá, circunstancia que, no cabe duda, facilitó la consumación de los delitos examinados.
Teniendo en cuenta las reglas del concurso, en los términos del artículo 31 del Código Penal, es claro que para efectos de la dosificación de la pena, debe delimitarse cada una de ellas, con el fin de establecer cuál es la más grave.
32m 20d
65m 10d
85m 10d a 118 meses
118m a 150m 20d y de 150m 20d a 183m 10d
183m 10d a 216 meses
Ahora bien, como al momento de la acusación no fueron deducidas circunstancias de mayor punibilidad y por el contrario, concurre la ausencia de antecedentes penales del procesado como circunstancia de menor punibilidad —artículo 55, numeral 1º, C.P.—, es obvio que la Sala debe ubicarse en el cuarto mínimo. Empero, dentro del mismo se apartara de la pena menor, ya que debe mirarse la mayor gravedad del hecho, que se desprende de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon su comisión, y del daño real causado, que en este evento se traduce en el demostrado retroceso en la capacidad de habla de la menor víctima, las dificultades de aprendizaje y concentración, y las manifestaciones de sexualidad desbordada; todo ello documentado en el proceso por la profesional encargada de atender sus males.
Junto con lo anotado, tampoco puede soslayar la judicatura, cómo la agravación específica del delito operó por doble vía (nums. 2º y 4º), circunstancia que desde luego hace más reprochable la conducta y amerita condigna sanción.
Ahora, procede dosificar la sanción para el ilícito de acto sexual abusivo con incapaz de resistir, cuyo ámbito punitivo, según el inciso 2º del citado artículo 210 de la Ley 599 de 2000 está fijado entre tres (3) y cinco (5) años de prisión, los cuales, deberán ser aumentados de una tercera parte a la mitad, en virtud de las agravantes del artículo 211 Ibidem.
17m 22d
35m 14d
64 m a 81m 22d
81m 22 d a 99m 14d y de 99m 14d a 117m 6d
117m 6d a 135 meses
Ahora bien, reitérese que como al momento de la acusación no fueron deducidas circunstancias de mayor punibilidad y por el contrario, concurre la ausencia de antecedentes penales del procesado como circunstancia de menor punibilidad —artículo 55, numeral 1º, C.P.—, es obvio que la Sala debe ubicarse en el cuarto mínimo y dentro de él, acudiendo a las mismas razones que se esbozaron para establecer la pena aplicable para el delito de acceso carnal abusivo, se apartara de la sanción menor.
Lo anterior quiere significar que en definitiva, el acusado Juan Gabriel Peña Mejía purgará pena principal privativa de la libertad de ciento ochenta y seis (186) meses, es decir, de quince (15) años y seis (6) meses de prisión, lo cual hará en el establecimiento de reclusión que determine el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec.
De otro lado, el quantum de la pena privativa de libertad finalmente determinada, no viabiliza en favor del sentenciado la suspensión condicional de la ejecución de la condena consagrada en el artículo 63 del Código Penal de 2000, por cuanto la pena de prisión impuesta excede de tres años, ni tampoco la prisión domiciliaria prevista en el artículo 38 ibidem, dado el incumplimiento de la exigencia objetiva, comoquiera que la pena de prisión prevista en la ley para el delito de acceso carnal o actos sexuales abusivos con incapaz de resistir supera los cinco años, razón por la cual deberá purgarla en el establecimiento que asigne el Inpec, como se anunció con antelación.
“incidente de reparación integral en los procesos en que las niñas y los niños adolescentes son víctimas. En los procesos penales en que se juzgue un adulto por un delito en el cual sea víctima un niño, niña o adolescente, el incidente de reparación integral de perjuicios se iniciará de oficio si los padres, representantes legales o el defensor de familia no lo hubieren solicitado dentro de los treinta días siguientes a la ejecutoria de la sentencia”.
Ello significa, dado que contra este fallo de casación no se facultan recursos, que una vez notificado el mismo y dentro de los 30 días siguientes, podrán los padres de la víctima solicitar el inicio del incidente de reparación integral ante el juzgado de primera instancia.
1. CASAR la sentencia de fecha y contenido reseñados en la parte motiva.
2. CONDENAR al procesado Juan Gabriel Peña Mejía, en calidad de autor penalmente responsable de los delitos de acceso carnal y acto sexual abusivo con incapaz de resistir, agravados, a la pena principal de ciento ochenta y seis (186) meses de prisión.
3. Se fija en el mismo lapso la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
4. NEGAR al condenado los subrogados de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y prisión domiciliaria. Expídase de inmediato orden de captura en su contra.
(2) Frente a la intervención del Ministerio Publico por fuera de las facultades de las partes, ver auto del 15/07/2009 radicado 30920.
(3) Auto de 8 de noviembre de 2007, radicación 28648, citando a Montero Aroca, Juan, “Sobre la imparcialidad del juez y la incompatibilidad de funciones procesales”, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1999, pp. 186-188. Citado en sentencia de febrero 4 de 2009 radicado 29.415.
(4) Sentencia de febrero 4 de 2009, radicado 29.415.
(5) Sentencia C-095 de 2003.
(6) “Para apreciar el testimonio, el juez tendrá en cuenta los principios técnico científicos sobre la percepción y la memoria y, especialmente, lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, los procesos de rememoración, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad.”
(7) Ibídem Sentencia 29.415.
(8) Record 10:54 a 27:03.
(9) Ídem folio 6.
(10) Artículo 27 de la Ley 906 de 2004.
(11) Sentencia del 13 de octubre de 2004, radicado 20.944.
(12) Sentencia Del 17 de septiembre de 2008, radicado 29609.
(13) Chiesa, op. cit. Tomo I, pág. 522.
(14) Cfr. Sentencia de 21 de febrero de 2007, radicación 25920.
(15) Artículo 404, Ley 906 de 2004. “Apreciación del testimonio: “Para apreciar el testimonio, el juez tendrá en cuenta los principios técnico científicos sobre la percepción y la memoria y, especialmente, lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, los procesos de rememoración, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad”.
(16) Carpeta Nº 3, folios 301 a 303 y C.D. anexo entre los folios 311 y 312, minuto 01:29:00 a 02:50:13.
(17) Sentencia del 19 de agosto de 2009, radicado 31950.
(18) Ib., Record 36:00.
(19) Lo cual fue reiterado en el auto del 7 de julio de 2008, radicado 29.866, y en el fallo del 17 de septiembre del mismo año, radicado 29.609, entre otros.
(20) Record 14.52 minutos.
(21) Record 94.40 minutos.
(22) Record 5.28 minutos.
(23) Record 6.02 minutos.
(24) Sentencia del 26 de enero de 2006, radicado 23706.
(25) “La credibilidad del testimonio infantil ante supuestos de abuso sexual: indicadores psico sociales”, tesis doctoral presentada por Josep Ramón Juárez López, ante la Universidad de Girona, Italia, año 2004.
(26) Folio 289.
(27) Record 38.46 minutos.
(28) Record 39.30 minutos.
(29) Record 43.55 minutos.
(30) Record 14. 22 minutos.
(31) Record 20.23 minutos.
(32) Récord 58:27.
(33) Reza el inciso segundo del artículo 381 de la Ley 906 de 2004: “La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia”.
(34) Récord 41:48.

References: artículo 184
 artículo 404
 artículo 397
 artículo 5
 artículo 405
 artículo 44
 artículo 14
 artículo 210
 artículo 211
 artículo 14
 artículo 31
 artículo 210
 artículo 211
 artículo 63
 artículo 38
 Artículo 27
 Artículo 404
 artículo 381