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Timestamp: 2017-10-18 21:20:52+00:00

Document:
Ley 14/1983, de 14 de julio, reguladora del proceso de integración en la red de centros docentes públicos de diversas escuelas privadas
Publicado en DOGC núm. 346 de 20 de Julio de 1983
Vigencia desde 09 de Agosto de 1983. Revisión vigente desde 09 de Agosto de 1983
L 11/1991 de 10 May. CA Cataluña (acceso a la función pública docente del personal docente de centros que, en virtud de la L 14/1983, se han integrado en la red de centros públicos dependientes de la Generalidad)
Ley [CATALUÑA] 14/1983, 14 julio, derogada por la Disposición Derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 11/1991, de 10 de mayo, reguladora del acceso a la función pública docente del personal docente de los centros que, en virtud de la Ley 14/1983, de 14 de julio, del Parlamento de Cataluña, se han integrado en la Red de Centros Públicos dependientes de la Generalidad de Cataluña («D.O.G.C.» 22 mayo) el 23 de mayo de 1991.
El déficit de escuelas públicas existente en Cataluña, muy superior en porcentaje al del resto del estado, favoreció en su momento la creación de un elevado numero de centros docentes privados de todos los niveles, que con su labor han cubierto esta insuficiencia global.
Muchos de estos centros docentes privados han llevado a cabo una meritoria labor de catalanización y de renovación pedagógica y, por otro lado, han manifestado un deseo de convertirse en escuela publica.
Entre estos centros docentes es necesario mencionar, por su especial configuración y trayectoria, los pertenecientes al "Colegio de Escolares para la Escuela Pública Catalana" (CEPCPC), que, al igual que otros de reconocido prestigio, actuaron con carácter supletorio ante la insuficiencia de escuela pública catalana. El Parlamento de Cataluña adopto la resolución 66/I, por la que se instaba al Consejo Ejecutivo a elaborar y presentar, en un plazo de tres meses, un proyecto de ley que permitiera realizar en condiciones satisfactorias la integración en la red de escuelas públicas de Cataluña de las escuelas de reconocida tradición pedagógica.
La presente Ley, reguladora de este proceso de integración, postula en este sentido un régimen de convenios singulares entre el Departamento de Enseñanza, los Ayuntamientos y las propias escuelas interesadas capaz de ofrecer un tratamiento singular y especifico a cada uno de los centros docentes que posibilite el libre acuerdo entre las partes interesadas, en un marco básico de exigencias legales.
Se estructura así un procedimiento ágil y realista que, sin olvidar las garantías necesariamente exigibles en favor de la administración educativa ni las prerrogativas que le corresponden en relación con la valoración de las solicitudes de integración, la programación de necesidades y la planificación en general, permita a los centros docentes interesados, en un amplio marco, la defensa de sus aspectos singulares, pedagógicos y de cualquier otro tipo, trascendentes a los efectos del convenio.
La Generalidad de Cataluña, por medio de su Departamento de Enseñanza, podrá integrar en la red de centros docentes públicos, de acuerdo con la forma y el procedimiento establecidos en esta Ley, los centros docentes privados de Educación Preescolar y de EGB existentes actualmente de reconocida labor de catalanización y de renovación pedagógica que, cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley, manifiesten la voluntad de integrarse en ella.
1. La incorporación de un centro docente privado a la red de centros docentes públicos se llevara a cabo siguiendo dos fases consistentes en:
a) El acuerdo y el compromiso de integración entre el Departamento de Enseñanza, el Ayuntamiento y el centro docente interesado (con el acuerdo previo, en este mismo sentido, del profesorado y los padres de los alumnos).
b) La adquisición de la titularidad del centro docente por parte del Departamento de Enseñanza y la creación de aquel como centro docente público por decreto.
2. La integración, de acuerdo con la planificación que se establecerá, se podrá producir en cualquier momento. El plazo de integración no podrá ser superior a cinco años.
1. Previa convocatoria del Departamento de Enseñanza, los centros docentes privados interesados en integrarse en la red de centros docentes públicos deberán presentar al Departamento la solicitud correspondiente, conjuntamente con la documentación que reglamentariamente se especificara. En cualquier caso esta documentación deberá hacer referencia a:
a) La situación jurídica del solar y del inmueble en el que se instala el centro docente.
b) La situación física del inmueble y de todas sus instalaciones.
c) La situación económica del centro docente.
d) La memoria de las actividades docentes del centro, con especial mención de las actividades que este haya llevado a cabo en favor de la renovación pedagógica y de la difusión y la enseñanza del catalán y en catalán.
e) El numero de alumnos escolarizados según los cursos.
f) La lista nominal del personal docente y no docente afecto al centro, la situación laboral que tiene en el y el estado de las cargas sociales.
g) La titulación de los miembros docentes del centro y el historial de su dedicación pedagógica.
2. El centro docente que quiera integrarse en la red de escuelas públicas debe reunir las condiciones legales establecidas por la normativa vigente sobre la escuela privada y prever la posible forma de adaptación a las condiciones de la escuela publica.
El Departamento de Enseñanza, a la vista de las solicitudes y la documentación aportada por los centros docentes, deberá elaborar, previo acuerdo de los Ayuntamientos afectados, una relación de los centros que deben integrarse, el orden de prelación entre estos centros y el calendario de integración, de acuerdo con la planificación y la programación de necesidades de puestos escolares de cada municipio o comarca, considerando las circunstancias especificas de los centros y atendiendo al interés social y a las disponibilidades y previsiones presupuestarias.
El compromiso de integración de un centro docente en la red de centros docentes públicos se materializara en un convenio individualizado, que será aprobado por decreto del Consejo Ejecutivo. Serán partes firmantes del mismo el Departamento de Enseñanza, el Ayuntamiento del termino municipal en el que radica el centro y el titular del centro, el cual deberá contar previamente con el acuerdo del profesorado y de los padres de los alumnos. Cada convenio individualizado podrá incluir todas las clausulas que se consideren convenientes. En cualquier caso el convenio deberá hacer referencia a:
a) Las posibles cargas y gravámenes del solar y del inmueble y las deudas de la gestión del centro docente y la forma de cancelarlas o pagarlas, estableciendo las correspondientes garantías.
b) Las formas y los términos de la adquisición del local en el que la escuela esta instalada, con especificación expresa del precio de adquisición del solar y del inmueble referido al momento del pago, o de la continuidad del arrendamiento del local, o de la instalación de la escuela en otro inmueble público o privado, siempre a cargo de la Administración correspondiente de acuerdo con lo que rige para los centros docentes públicos.
c) La fecha de integración del centro docente.
d) Los sistemas de indemnización por los posibles despidos del profesorado y del personal no docente del centro que no se pueda acoger a lo que dispone esta Ley.
e) La posible concesión de créditos adicionales al centro docente mientras no se haya producido la total homologación de su plantilla con las que existen en los centros docentes públicos.
f) El programa de adaptación del centro y los mecanismos necesarios para adaptar el profesorado y los módulos a la normativa de los centros docentes públicos.
g) Los posibles acuerdos en relación con los gastos de mantenimiento de los centros docentes.
h) Las clausulas resolutorias del convenio.
1. La firma de convenio comportara para las partes, con carácter general, las siguientes obligaciones:
a) La Administración garantizara la gratuidad de la enseñanza.
b) La Administración formalizara contrato administrativo a profesores del centro docente en un numero homologable al de los centros docentes públicos.
c) El centro docente se incorporara a la normativa del Departamento de Enseñanza sobre escuela pública en materia de alumnado, matricula y creación y funcionamiento de los órganos colegiados.
d) Las vacantes de profesorado que se produzcan serán cubiertas por el Departamento de Enseñanza, de acuerdo con su propia normativa.
e) El profesorado, en el plazo máximo de cinco años a partir de la firma de convenio, deberá participar en las convocatorias de acceso al cuerpo de funcionarios según las normas establecidas por la Administración a este fin. Los profesores que accedan al cuerpo de funcionarios antes de la creación del centro como centro docente público continuarán en su puesto en la situación administrativa que legalmente les corresponda.
f) Los centros mantendrán su plantilla tal como estaba estructurada al inicio del curso 1981/1982 y adaptarse progresivamente a la plantilla de los centros docentes públicos.
g) Los Ayuntamientos asumirán con respecto a estos centros docentes responsabilidades y competencias similares a las que tienen en relación con los centros docentes públicos.
2. Durante el tiempo comprendido entre la firma de convenio y la creación del centro como centro docente público, el centro se considerara en régimen de convenio.
Superada satisfactoriamente la fase previa a la integración según las clausulas generales y particulares del convenio, la Generalidad adquirirá el edificio y las instalaciones del centro docente libres de toda carga o gravamen, o, en su caso, se hará cargo del arrendamiento en los términos convenidos con el respectivo Ayuntamiento.
En caso de compra, el Ayuntamiento del municipio en el que radica el centro docente aportara la parte del precio correspondiente a la valoración del solar.
Cada centro docente, una vez cumplido lo que establece el artículo 7, será creado como centro docente público por decreto del Consejo Ejecutivo.
Una vez adquiridos el edificio y las instalaciones escolares, el Departamento de Enseñanza cederá su propiedad al Ayuntamiento, el cual asumirá, si no lo ha hecho en la fase de convenio, las obligaciones especificas que corresponden a las corporaciones locales respecto de los centros docentes públicos.
Los profesores que en el momento de la creación del centro como centro docente público pertenezcan al cuerpo de profesores de EGB y los que ingresen en el entre esta fecha y la final del plazo de cinco años establecido por el artículo 6.1.E) de la presente Ley, continuarán en el mismo con carácter definitivo, pero no adquirirán esta condición en la localidad.
1. Al personal docente del centro que en el plazo de cinco años no haya accedido al cuerpo de profesorado de EGB le será de aplicación la legislación vigente en materia de profesores interinos y contratados.
2. El resto del personal docente cuyas funciones correspondan a las enseñanzas enumeradas en el artículo 16 de la Ley General de Educación podrá ser contratado por el Departamento de Enseñanza de acuerdo con la titulación y el régimen jurídico que corresponda, según los términos en que estas enseñanzas se profesen en el resto de centros docentes públicos.
3. El Ayuntamiento integrara al personal no docente en los términos que sean acordados y en cualquier caso respetara las normas que estén establecidas para este personal en el resto de escuelas públicas de la localidad.
En los centros docentes en los que, además de los niveles educativos enunciados en el artículo 1, se realicen enseñanzas de otros niveles (FP y BUP) se podrá mantener la continuidad del proceso educativo acogiéndose a la condición de centro docente experimental dentro de la normativa legal existente.
El Departamento de Enseñanza, antes de transcurridos tres meses después de la publicación de la Ley, deberá realizar la convocatoria establecida en el artículo 3 para que los centros docentes privados interesados en integrarse en la red de centros docentes públicos presenten la solicitud.
Los préstamos que soliciten los Ayuntamientos para la adquisición de los solares destinados a los centros escolares afectados por esta Ley serán computables en créditos de regulación especial dentro del coeficiente de inversión obligatoria de las cajas de ahorros con sede social en Cataluña, de acuerdo con la normativa vigente.
En los presupuestos de la Generalidad se consignarán sucesivamente las partidas correspondientes para la aplicación de lo que dispone esta Ley.
Se autoriza al Consejo Ejecutivo para que dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Ley.

References: resolución 
 artículo 7
 artículo 6
 artículo 16
 artículo 1
 artículo 3