Source: http://www.argenpress.info/2013_11_14_archive.html
Timestamp: 2018-10-18 03:01:10+00:00

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ARGENPRESS.info - Prensa argentina para todo el mundo: 11/14/13
La explotación del gas de esquistos (shale gas): Una amenaza al medio ambiente
La extracción de gas natural de las formaciones geológicas denominadas esquistos gasíferos , el shale gas en inglés, o gas de esquistos, mediante fracturación hidráulica (FH) se convirtió en el proceso más frecuentemente utilizado en la actualidad por las empresas del sector. Estos esquistos son rocas sedimentarias porosas que contienen materia orgánica, principalmente metano. La idea básica del método consiste en provocar la ruptura de la roca para liberar el metano.
A pesar de la difusión del método, la industria del shale gas crea gravísimos problemas ambientales:
Este proceso genera contaminación del aire y el agua. El agua usada para el proceso de extracción de gas, la cual se requiere en cantidades enormes, queda contaminada, contiene productos químicos tóxicos, altos niveles de sal y elementos radioactivos naturales que se concentran en el proceso. La industria pretende que domina esta técnica, pero a menudo el revestimiento de los tubos de extracción de gas se fisura y el agua contaminada se filtra al terreno en las capas de las que se extrae el agua potable para millones de viviendas.
En la película “Gasland“ de Josh Fox (Estados Unidos) (1) se muestra cómo, entre otras calamidades, en las inmediaciones de un pozo de fracturación hidráulica (FH) o fracking, el agua que sale de la grifo de la cocina, en una casa vecina a uno de los pozos, se enciende con un fósforo, porque está mezclada con metano o con hidrocarburos que se inyectan en el proceso. Este film documenta cómo la industria destruye los recursos hídricos y contamina la atmósfera en Pennsylvania, donde la gente se enferma, el ganado se muere envenenado y las familias acaban dependiendo del aporte diario de agua potable en camiones tanque a cargo de las compañías.
El 18 de junio de 2011 llegó una comitiva a Montreal, en la provincia canadiense de Quebec, que había recorrido a pie 700 Km desde la ciudad de Rimouski, al norte de la provincia, para manifestar contra la explotación de gas de esquistos. Exigían que el gobierno de la provincia de Quebec prohiba la explotación del shale gas durante una generación (25 años). Eligieron aquel recorrido, que les llevó 33 días, para recorrer de una punta a la otra una formación geológica rica en estas reservas. (2)
Algunas preguntas y respuestas sobre FH
¿En qué consiste el método de FH?
Se perfora el terreno, en general en la dirección vertical, aunque puede ser también en diagonal, típicamente hasta entre 1000 y 3000 m de profundidad a través de sendas capas de arenisca y piedra caliza hasta llegar a la capa de esquistos, un tipo de rocas sedimentarias que contienen materia orgánica en forma de hidrocarburos, predominantemente metano.
A continuación millones de litros de agua son forzados a presión en la capa de esquistos, mezclados con arena u otro componente granular y productos químicos, en general tóxicos. La presión consigue romper el núcleo de roca, inundando sus poros con el agua y la arena, liberando burbujas de gas que suben a la superficie. A menudo se perfora dentro de la capa de esquistos a gran profundidad, también en la dirección horizontal, a lo largo inclusive de miles de metros, para aumentar la eficiencia en la producción de gas, lo que permite que el método sea competitivo en términos económicos.
Como se ve, la FH es un método complejo, y en consecuencia, caro. Como resultado tiene un bajo coeficiente de retorno energético, o ERoI (Energy Return on Investment). Este coeficiente se define como el cociente entre la energía que se obtiene y la que se invierte para obtenerla. En la FH hay que invertir mucha energía, obteniéndose poca energía neta.
Este procedimiento se inventó en los Estados Unidos a principios del siglo XX, y se aplica también en yacimientos carboníferos que contienen gas. Pero no había sido utilizado extensivamente en formaciones de esquistos hasta hace un par de décadas, por su alto costo. Solo con las recientes subas del precio del petróleo y el gas la FH se ha vuelto económicamente atractiva.
¿Cuánta agua se utiliza en el FH de un pozo?
Generalmente 4 a 30 millones de litros en cada procedimiento de extracción de gas. Un mismo pozo se puede procesar hasta 18 veces.
¿Qué fluidos se usan?
Cada FH requiere entre 80 e 300 toneladas de productos químicos. Hasta ahora la industria de gas natural no está obligada en América del Norte a declarar los productos que usa, pero los especialistas identificaron en particular compuestos orgánicos volátiles del grupo BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y xyleno) que son cancerígenos. Varios centenares de diferentes compuestos pueden llegar a utilizarse dentro del proceso, con objetivos técnicos diversos.
La industria se niega a detallar los productos que mezcla con el agua, bajo pretexto de que se trata de secreto industrial.
¿En qué forma sale el gas natural del pozo?
El gas asciende por la tubería por la que se extrae también el agua que se bombeó al pozo y hay que separarlo de la misma en la superficie, dejando agua residual como resultado. Sólo entre 10 y 50% del agua se recupera. El agua residual que vuelve a la superficie suele ser fuertemente tóxica y a menudo contiene elementos radioactivos naturales.
El agua se bombea a evaporadores que liberan continuamente los compuestos orgánicos volátiles (COV) a la atmósfera. El agua residual (sewage) se transporta en camiones tanque a instalaciones de tratamiento, las que muchas veces no tienen capacidad o equipos adecuados para tratarla, y acaban descargándola en ríos que proveen agua potable a la población. Hay estudios que muestran que las aguas residuales contienen radioactividad muchas veces superior a los límites máximos tolerados. (5) La mayoría de las plantas de tratamiento no controlan esta radioactividad.
Otros problemas con el FH
Un informe de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos (4) informa que en muchos pozos de exploración en Estados Unidos y Canada se producen pérdidas de gas. En Quebec, Canadá, se detectaron pérdidas significativas de gas en 19 de 31 pozos.
Por otro lado, cuando los COV emitidos a la atmósfera entran en contacto con los gases de los caños de escape de los motores diesel de camiones y generadores en las inmediaciones del pozo, se produce ozono en la atmósfera circundante. El ozono atmosférico, que a concentraciones mayores de 0.05 partes por millón tiene efectos dañinos sobre el sistema respiratorio, puede desplazarse hasta unos 400 Km. (4)
Para su posterior bombeo al pozo se almacena agua en estanques artificiales, cuya construcción a menudo implica la destrucción de bosques, y que pueden tener entre 1 y 12 hectáreas de extensión. (5)
También se detectó en muchos casos contaminación del aire por pérdidas de gas al ambiente. (6)
En Estados Unidos en 2009 había 493.000 pozos activos de gas natural (el doble que en 1990), y de ellos el 90% usan FH.
En por lo menos 5 estados (Colorado, Ohio, Pennsylvania,Texas y West Virginia) se encontró infiltración de gas en la capa de agua potable. Esto ha generado una serie de acciones judiciales contra las compañías. (7, 8)
Aproximadamente 44 millones de habitantes en Estados Unidos dependen, para la provisión de agua de uso domiciliar y agrícola, de acuíferos a poca profundidad. En Susquehanna, Pennsylvania, un grupo de residentes entablaron recientemente una acción contra una compañía de Texas que realizaba FH y perforación horizontal cerca de su propiedad, la que se encuentra sobre la formación de esquistos denominada Marcellus. Denunciaron que contaminantes y otros residuos industriales, incluyendo fluido de fracturación y productos químicos peligrosos, se filtraron al terreno como resultado del revestimiento (casing) deficiente en uno o más de los pozos.
FH y movimientos sísmicos
La mayoría de los estados en Estados Unidos exigen almacenar el agua residual en depósitos subterráneos profundos, por debajo de las capas de roca impermeable. Esta técnica, sin embargo, tiene otros efectos dañinos. En efecto, la inyección de las aguas residuales contaminadas en formaciones geológicas profundas produce en algunos casos movimientos sísmicos. Este efecto fué detectado por primera vez en Colorado en los años 60, cuando se inyectaron armas químicas, que se debían sacar de circulación, en un pozo de 4000 m de profundidad. El Servicio Geológico de los Estados Unidos informa que la operación produjo sacudidas de hasta el grado de 5,5 en la escala Richter, equivalente a un terremoto. En cuanto se estableció la vinculación de las sacudidas con la inyección de líquidos, hubo que interrumpir la operación.
A pesar de que el tema no se ha estudiado todavía a fondo, el Servicio Geológico de Oklahoma concluyó que podía haber relación causal entre operaciones de FH durante 2011 y temblores detectados, de grado 1 a 2,8 Richter, en las inmediaciones de los pozos (9). Recientes publicaciones en medios de España delatan la producción de movimientos sísmicos de grado de hasta 3.9 Richter como resultado de operaciones de FH y similares.(10)
Las mediciones de contaminación radioactiva en Estados Unidos verificaron que de 179 pozos con niveles de radiación altos, 116 contenían radio u otros átomos radioactivos, con emisión de hasta 100 veces el nivel límite estándar federal en el agua potable. En 15 pozos, la radiación llegaba a 1000 veces este límite.
La explotación del gas de esquistos por el método de fracturación hidráulica crea riesgos extremadamente serios para la calidad de la atmósfera y del agua potable, especialmente para la población en el medio rural. La evaluación de este método muestra que :
1- esta industria actúa en general con negligencia;
2- se producen pérdidas de gas a la atmósfera;
3- se contaminan las capas acuíferas;
4- requiere cantidades astronómicas de agua, la cual en su mayor parte no se recupera y cuyo sobrante queda contaminado, no sólo con productos químicos tóxicos y cancerígenos sino también con elementos radioactivos en concentraciones altísimas;
5- el método es comparativamente poco eficiente para la producción de energía.
1) ttp://www.gaslandthemovie.com/whats-fracking
2)La Presse, Montreal, jun. 17, 2011, pág. A14
3) http://cienciadefrontera.blogspot.com/2011/07/los-peligros-del-gas-de-esquisto.html
4) http://www.eia.gov/energy_in_brief/about_shale_gas.cfm
http://www.epa.gov/ogwdw000/uic/wells_hydrofrac.html http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_impact_of_the_oil_shale_industry
http://www.epa.gov/safewater/uic/wells_coalbedmethanestudy.html
5) “Ozone Impacts of Natural Gas Development in the Haynesville Shale”, Susan Kemball-Cook*, et al., Environ. Sci. Technol., 2010, 44 (24), pp 9357–9363
6) Kay Baxter, http://www.sbm-legal.com
7) The New York Times, marzo 1, 2011
8) Ian Urbina, New York Times marzo 2, 2011 y artículos anteriores sobre FH.
9) http://www.watershedsentinel.ca/content/does-gas-fracking-cause-earthquakes
10) http://www.publico.es/463822/un-geofisico-denuncia-la-relacion-directa-entre-el-fracking-y-el-aumento-de-actividad-sismica
http://es.euronews.com/2013/10/03/inyecciones-de-gas-terremotos-y-centrales-nucleares-el-thriller-que-desvela-a-/
Montreal, 10 de noviembre de 2013.
Chile en democracia. Libertad teórica y la seudo realidad
Chile ha tenido un año 2013 muy intenso políticamente. Son tres las elecciones que el país realiza este 17 de noviembre. Para la máxima magistratura, la presidencial, compiten nueve candidatos y candidatas (1). En el sistema bicameral se presentan 470 candidatos y candidatas para elegir 120 diputados y diputadas, en la elección senatorial 67 candidatos y candidatas para 20 puestos de senadores y senadoras.
Este año también se cumplieron 40 años del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, que continúa siendo el hito gravitante en la política nacional del cual la sociedad aún no se sacude. Por el contrario, mientras más se analiza más inadecuado se encuentra el camino recorrido en el diagnóstico del país.
La Fundación Salvador Allende localizada en Santiago de Chile, lleva un registro de las diversas actividades realizadas durante 2013 para conmemorar los 40 años del golpe militar que derrocó al gobierno de Allende. En Santiago solamente hubo más de 100 eventos entre foros, homenajes, conciertos, exhibiciones de arte, publicaciones de libros y escritos varios dando cuenta del sentir y la reflexión de lo que sucedió en el país desde ese golpe militar. La cantidad de material producido es impresionante sin contar la actividad de las regiones.
El Chile agrupado detrás de la sensibilidad más afectada por ese golpe, consagraba así un período de conmemoraciones resaltando un episodio que destruyó la vida de muchas personas y la institucionalidad democrática del país.
Al analizar a Chile y su evolución política post segunda guerra mundial desde una perspectiva internacional, se podría concluir de que en su trayectoria institucional el país no expresa una cultura democrática profunda. Hay voluntad y deseo, sin embargo no se encuentran las raíces de una democracia representativa amplia. El país siempre se manejó con castas de poder y clanes acomodados en los negocios y las estructuras del estado. Todavía hoy en este periodo de elecciones, este rasgo esencial del espíritu político del país quedó en evidencia por la encarnizada lucha y escasa solidaridad para acceder a las candidaturas.
Ese golpe de estado ocurre cuando apenas había transcurrido una década y media de democracia plena, lo que es un breve interludio frente a los 40 años de trauma post golpe que el país ha debido sobrellevar. Aunque hay un antecedente previo a la dictadura de Pinochet como dato inescapable y que revela la falta de vocación democrática. En septiembre de 1948 se instaura la Ley de Defensa de la Democracia con el propósito específico de prohibir la actividad comunista en el país. No hubo detenidos y desaparecidos en la proporción de la última dictadura, sin embargo se destruyeron familias, se aniquilaron procesos y dirigentes políticos de izquierda.
Con la derogación de esta ley en 1958, el país iniciaba un proceso de recuperación de la democracia aunque nunca plena. Desde 1948 hasta 2013, esos 15 años de democracia desde 1958 a 1973 resaltan como un hito. Es una conclusión generalizada en el país de que el fin de la dictadura en 1988 no significó la recuperación de la democracia que se conocía hasta el período mencionado, con todas las deficiencias y carencias que podría haber tenido.
Los 17 años de dictadura se prolongaron, primero abiertamente y después más subrepticiamente en una democracia permanentemente intervenida a través de un estado de excepción utilizando un instrumento constitucional generado por la dictadura. Se le llama todavía Constitución de 1980 y a pesar de las 10 reformas constitucionales llevadas a cabo hasta la fecha, continúa siendo el elemento que más dificulta la normalización democrática del país, hecho reconocido por una amplia gama de sectores políticos y no políticos en el país. Este proceso de controlada gradualidad que ha durado más de dos décadas, no ha permitido una verdadera reforma constitucional para dejar atrás las ataduras de la dictadura.
Es así que por este déficit de democracia, en Chile existe un gran deseo en las capas ilustradas, legítimo por cierto, por hablar de democracia y “densidad republicana”. Éste último término o frase corta que sirve de cliché, proviene de politólogos entusiasmados con el traslado de la utopía democrática de los países desarrollados o industrializados a los de menos desarrollo que aún rasgan vestiduras de ex -colonias, neo colonias, o sociedades en desarrollo de capitalismo tardío. Nombres para describir lo que hace tres o cuatro décadas se le llamaba simplemente tercer mundo o subdesarrollo.
Sin embargo esta encomiable voluntad por la ilustración teórica, al mismo tiempo ha servido para reencauzar la pseudo realidad en la que se basan los análisis. Durante los 25 años post dictadura, con una democracia no consolidada y aún en estado de regeneración de acuerdo a las plataformas de la mayoría de los candidatos en estas elecciones, el análisis más difundido acerca de los fenómenos políticos de las dos décadas post dictadura tienden a describir a un Chile en democracia. Esta popularidad es una señal de alerta o al menos de ambigüedad, porque no hay duda que el rechazo de la población, según las encuestas de los últimos dos años a la institucionalidad política, también denota el grado de desconfianza hacia los análisis y diagnósticos.
¿Qué realmente pasó? ¿En qué está Chile? ¿Hacia dónde va?... Hay dudas, y la única conclusión clara es el “Nunca Más” por el golpe de estado. Por coincidencia es el título de una hermosa composición del músico argentino Gato Barbieri grabada en 1973 cuatro meses antes del golpe.
Por ahora los acontecimientos políticos que provienen de Chile resultan atrayentes. Esta vez no es por la llegada al poder de Salvador Allende, por el golpe de Estado de 1973 o el arresto de Pinochet en 1998. Es la expectación generada por un triunfo de la candidata de la Nueva Mayoría, la Dra. Michelle Bachelet, probablemente en primera vuelta o con un margen de ventaja holgada por sobre el 40 por ciento.
Representando a una amplia coalición de centro – izquierda, la responsabilidad es inmensa porque el camino estará cargado de obstáculos. Habrá una oposición dura de los sectores más conservadores para hacer fracasar el proyecto. Chile a pesar de su natural insularidad tiene pulsos políticos que hacen reflexionar al resto de los países y así como a Allende se le dejó un poco solo internacionalmente por algunos sectores, Chile necesitará mucha ayuda en todos los frentes porque el experimento de una coalición amplia que incluya a demócrata cristianos e izquierdistas por muy deslavados que aparezcan en la actualidad, no se logra de la noche a la mañana.
1) Candidatas y candidatos
- Michelle Bachelet, con 47 % de adhesión (CEP); Socialista, representando la coalición Nueva Mayoría formada por el Partido Socialista, Partido por la Democracia, Movimiento Amplio Social, Partido Comunista, Izquierda Ciudadana, y Partido Demócrata Cristiano.
- Evelyn Matthei, con 14 % de adhesión (CEP); Unión Demócrata Independiente, representando a la Alianza, una coalición de derecha y centro-derecha formada por los partidos Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, y agrupaciones de simpatizantes de la dictadura militar.
- Marco Enríquez-Ominami, 7%, (CEP) representando al Partido Progresista; Marcel Claude, 3% representando al pacto Todos a la Moneda que incluye al Partido Humanista y a la Izquierda Unida; Roxana Miranda del Partido Igualdad; Alfredo Sfeir del Partido Ecologista Verde; Ricardo Israel del Partido Regionalista de los Independientes; Franco Parisi, 10% (CEP),Independiente; Tomás Jocelyn Holt, Independiente.
a) Porcentajes que aparecen de adhesión según encuesta de octubre del Centro de Estudios Públicos (CEP).
b) La encuesta de IPSOS de noviembre muestra un escenario diferente: Michelle Bachelet 35%; Evelyn Matthei 22%; Franco Parisi; 15% ; Marco Enríques Ominami 12 %; Marcel Claude 7%.
En la Argentina las semillas transgénicas se introdujeron a comienzos de los años ´90 generando importantes transformaciones del modelo agroalimentario. El fomento de las pruebas de campo se inició en el año 1991 y la soja se liberalizó para el consumo en 1996 mediante la resolución Nº 16 de SAGPyA (Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos). Estos cambios fueron acompañados con la eliminación de organismos estatales que brindaban ayuda financiera y técnica al sector y la creación en 1991 de instituciones que comenzaron a regular la biotecnología como la Comisión Nacional Asesora Bioseguridad Agropecuaria (CONABIA) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE), rápidamente disuelto y vuelto a instalar en el año 2002. De manera paralela y en consonancia con los cambios ocurridos en la producción agraria, las leyes que regulan la propiedad intelectual en semillas (Ley de semillas y Ley de patentes), fueron modificadas para la misma época.
Desde 2003 existen intentos por transformar nuevamente la Ley de Semillas, con la intención de brindarle mayor certidumbre a las empresas recortando derechos de los productores. El 2012 fue una año con varias novedades al respecto. Por un lado, la empresa Monsanto anunció que se instalará en la provincia de Córdoba para construir una de las plantas “más grandes de América latina” en la localidad de Malvinas, a 12 km de la capital cordobesa. Por otro lado, la misma empresa presentó junto al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, la nueva tecnología en soja Intacta RR2, que fue modificada genéticamente por Monsanto para lograr un cultivo que, como su antecesor, será resistente al glifosato (el más popular herbicida) y le agregará resistencia al ataque de insectos. Finalmente, en la misma conferencia, el ministro anunció que desde el gobierno nacional se está trabajando en una nueva Ley de Semillas para reforzar los derechos de propiedad intelectual de biotecnología agrícola.
Si bien no todos los actores involucrados en la temática participaron con la misma intensidad y legitimidad de la discusión, es importante destacar que ésta se insertó (por lo menos en parte) en el espacio público. Sin embargo, el eje del debate estuvo centrado casi exclusivamente sobre un solo elemento: el denominado uso propio de las semillas, pero solo en su articulación con el pago de regalías.
En este artículo me voy a centrar en analizar los antecedentes que llevaron a la discusión actual; al tiempo que indagar en algunos nudos problemáticos de lo que la propiedad intelectual en semillas implica, con el fin de echar luz a algunos temas que estuvieron ausentes en el debate.
2. La propiedad intelectual en semillas
Si bien el sistema internacional de propiedad intelectual data de fines del siglo XIX en la actualidad éste está adquiriendo nuevos significados (Zukerfeld, 2008). Esta tendencia se ha intensificado con la preponderancia que adquiere la biotecnología en los últimos años, donde los genes se presentan como mercancías que se insertan en el mercado (Rifkin, 1998; López Monja, Poth y Perelmuter, 2010).
En el caso específico de las semillas, hay dos formas de reconocer su propiedad intelectual: los derechos de obtentor (DOV)2 y las patentes de invención3. Originalmente, las diferencias entre éstas eran marcadas y no podían dejar de obviarse al momento de la elección entre una u otra4.
Hasta los años sesenta, los materiales vegetales utilizados para el mejoramiento genético eran de libre acceso. Este principio comenzó a resquebrajarse cuando la regulación en torno de la protección de derechos de obtentor en el nivel internacional se institucionalizó con el nacimiento de la UPOV (Unión para la Protección de variedades Vegetales)5. La versión 78 de UPOV contempla implícitamente el derecho de los agricultores. Esto implica que los agricultores, a excepción de su venta comercial, conservan el derecho a producir libremente sus semillas pudiendo utilizar el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo en su propia finca. Como contrapartida, el titular de una innovación no puede oponerse a que otro utilice su material para crear una nueva variedad ni puede exigirle el pago de regalías por esto. Es lo que se conoce como el uso propio de las semillas.
Hasta los años ochenta las patentes sobre organismos vivos no estaban permitidas. Sin embargo, el fallo Diamond-Chakrabarty de la Corte Suprema de Estados Unidos, que admitió una patente sobre una bacteria modificada capaz de separar los componentes de petróleo crudo, constituyendo una bisagra al delimitar lo que es patentable y lo que no. La decisión radicó en considerar a la bacteria en cuestión como una manufactura ya que su existencia se debía a una manipulación genética, en decir, a una invención del hombre (Pérez Miranda, 2002). De esta manera, se ha abierto un nuevo e inmenso campo para la propiedad intelectual desconocido anteriormente: la propiedad intelectual sobre formas de vida (Lander, 2006).
El alcance global de estas leyes es lo que les da a las empresas transnacionales un control económico extraordinario en los mercados, permitiendo recaudar derechos de uso de las nuevas tecnologías, a la vez que les permite imponer las condiciones para su acceso. Este es el motivo primordial por el cual las empresas vienen presionando para lograr una armonización internacional de la legislación de propiedad intelectual. Por un lado, y argumentando la insuficiencia del sistema de obtenciones vegetales para estimular las inversiones de alto riesgo y sosteniendo la necesidad de apropiación plena de procesos y productos, comienzan a ejercerse fuertes presiones para la modificación de UPOV en el camino de una mayor protección a la biotecnología. Finalmente, el acta se reformuló en 1991 recortando las excepciones del acta de 1978 que otorgaba algunos derechos a los nuevos fitomejoradores y a los agricultores.
Por otro lado, a partir de mediados de los años noventa, las transformaciones más profundas en relación a la propiedad intelectual comenzaron a realizarse a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Uno de los principales acuerdos introducidos en 1995, en el marco de la OMC, fue sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual que afectan al Comercio (ADPIC) que surgió como uno de los principales pilares de la Ronda de Uruguay. Procurando uniformar criterios de protección intelectual en el nivel mundial, ADPIC es el tratado multilateral más importante sobre la materia ya que es el único que cubre todo el espectro de protección de los derechos de propiedad intelectual. En relación con las patentes, el acuerdo representa una clara profundización en los intentos de apropiación ampliando el alcance de lo que se considera patentable.
3. ¿Qué pasa en la Argentina?
En la Argentina, los derechos de Propiedad Intelectual sobre las variedades vegetales se ejercen mediante los derechos de obtentor que están contemplados en la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas de 1973, cuya última modificación del reglamento data de 1991.
A diferencia de lo que ocurrió en la gran mayoría de los países latinoamericanos, en nuestro país fue posible proteger con derechos de propiedad intelectual las variedades vegetales muy tempranamente. Analicemos la forma en que se dio aquel proceso.
La Argentina se insertó desde sus inicios al capitalismo mundial sobre la base a sus tierras fértiles productoras de granos, cereales y ganadería por lo que la agricultura tuvo desde sus orígenes fuertes rasgos capitalistas fundamentalmente en la denominada región pampeana. (Flichman, 1977)6. Los cultivos agrícolas en esa región comenzaron en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras semillas que se utilizaron en el país provenían de importaciones hechas por los mismos agricultores inmigrantes, firmas privadas e instituciones oficiales sin mayor previsión técnica. Estas prácticas dieron lugar a la existencia de una gran variedad de semillas, integrada por poblaciones de diverso grado de heterogeneidad que se difundieron en distintas regiones sin ningún tipo o escasa intervención por parte de los gobiernos.
Con la contratación en 1912 del genetista inglés Guillermo Blackhouse, por parte del entonces ministro de Agricultura Dr. Adolfo Mujica comienza el proceso de mejoramiento varietal. Sin embargo, para ese entonces ningún marco legal regulaba esas actividades, normaba el comercio ni fijaba las pautas para la difusión o no de cultivares de acuerdo con su adaptación a las condiciones ecológicas o al comercio de granos en el país.
Esto cambió parcialmente en 1935 con la sanción de la Ley de Granos y Elevadores Nª 12.253 que a través de su capítulo de “Fomento a la Genética” proponía incentivar la adopción de semillas mejoradas y ordenar el mercado mediante un sistema de fiscalización de la producción y de la comercialización7.
Las nuevas relaciones de producción instauradas en América latina a partir de la Revolución verde8 tuvieron su momento de institucionalización en la Argentina en 1956 con la creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Sobre la base de las Estaciones Experimentales del Ministerio de Agricultura, este organismo fue creado por el Estado nacional a los fines de impulsar la creciente tecnificación del sistema de producción agraria (Giarraca y Teubal, 2008).
Hacia finales de la década de 1960, las autoridades del sector agrícola, los funcionarios de la agencia estatal responsable de la certificación de semillas, los expertos técnicos del INTA y las semilleras expresaron la necesidad de contar con una "moderna" legislación para el mercado de las semillas (Gutiérrez y Penna, 2004). El interés de las empresas extranjeras en el mercado de semillas autógamas9 fue parte de la motivación para el cambio, ya que éstas no proporcionan a los obtentores el mismo tipo de protección natural que los híbridos.
El secretario de Agricultura y Ganadería de aquel momento, el Ing. Walter Kugler creó en 1970 una Comisión de Estudio para que elaborara un Proyecto de Ley de Semillas y de protección a la Crianza Fitogenética y sus decretos reglamentarios10. La Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247 se promulgó finalmente en 1973. Su objeto según el artículo 1, es la promoción de una eficiente actividad de producción y comercialización de semillas para asegurar a los productores agrarios la identidad y calidad de la simiente que adquieren y proteger la propiedad de las creaciones fitogenéticas.
Según esta normativa, toda aquella semilla que se comercialice tiene que estar debidamente rotulada. Se establecen dos clases de semillas. Por un lado, las identificadas que son aquellas que deben estar rotuladas pero que no tienen propiedad privada y son de uso público. Por el otro, las fiscalizadas que, además se encuentran sometidas a control oficial durante las etapas de su ciclo de producción y son propiedad de quienes las registren como propias en el Registro Nacional de Cultivares (Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, Art.21). Se eliminó la semilla común que al no tener exigencia de rotulación, se consideraba que no brindaba suficientes garantía de calidad (Díaz Ronner, 2004).
Asimismo, y en relación al uso propio de las semillas, reconoce que “no lesiona el derecho de propiedad sobre un cultivar quien reserva y siembra semilla para su propio uso” (Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, Art.27) a la vez que declarara que, “(…) la propiedad sobre un cultivar no impide que otras personas puedan utilizarlo para la creación de un nuevo cultivar, el cual podrá ser inscripto a nombre de su creador sin el consentimiento del propietario de la creación fitogenéticas que se utilizó para obtenerlo, siempre y cuando esta última no deba ser utilizada en forma permanente para producir a nuevo” (Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, Art. 25).
Ahora bien, a pesar de la promulgación y reglamentación de la Ley de Semillas en la década de 1970, los derechos de propiedad intelectual sobre variedades de plantas tuvieron poco eco hasta finales de los años de 1980 (Brieva, Ceverio e Iriarte, 2008). Y ya entrada la década de los ´90, las compañías de semillas y algunos Estados del Norte (sobre todo Estados Unidos) comenzaron a ejercer presión para que el país se adecuara a los nuevos marcos internacionales de propiedad intelectual, y por tanto, modificara la legislación local.
A esto, hay que sumarle la consolidación del modelo agrario iniciado con la Revolución Verde que se dio durante los años ´90 con la entrada de las semillas transgénicas.
El decreto de desregulación económica (1991) influyó sobre la actividad agropecuaria, sobre los precios de su producción y los insumos necesarios. Fue en ese contexto que se dio la inserción de los OVGM en la Argentina, más concretamente, en la soja transgénica. El fomento de las pruebas de campo se inició en el año 1991 y la soja se liberalizó para el consumo en 1996 mediante la resolución Nº 16 de SAGPyA (Secretaria de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentos). Estos cambios fueron acompañados con la eliminación de organismos estatales que brindaban ayuda financiera y técnica al sector y la creación en 1991 de instituciones que comenzaron a regular la biotecnología como la Comisión Nacional Asesora Bioseguridad Agropecuaria (CONABIA) y el Instituto Nacional de semillas (INASE) rápidamente disuelto y vuelto a instalar en el año 2002.
En relación con la propiedad intelectual, se dieron una serie de reformas cuyas principales novedades fueron:
- El decreto 2.183 de 1991 que modificó el Reglamento de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas. En el mismo, se menciona como argumentos para su modificación ” (…) la necesidad de reorganizar y fortalecer las funciones de control vegetal de la producción agrícola nacional, en especial la destinada a mercados externos, obtener una mayor participación en el mercado internacional de semillas. Que, el nuevo decreto, debe adecuarse las reglamentaciones vigentes a los acuerdos y normas internacionales que aseguren un efectivo resguardo de la propiedad intelectual, para brindar seguridad jurídica necesaria para el incremento de las inversiones en el área de semillas. Que se incorpora la experiencia acumulada desde la entrada en vigencia de la ley en 1973, y de un vocabulario acorde con el avance tecnológico en la materia”.
- La Ley 24.376 de 1994 que ratificó el Convenio de la UPOV en su versión de 1978. - La Ley 24.481 de 1995 mediante la cual el Congreso Nacional aprobó la nueva ley de patentes de la Argentina (Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad). Esta fue una respuesta al hecho de tener que adaptar nuestro cuerpo legal a los requerimientos de ADPIC y permite las patentes sobre genes y microorganismos transgénicos.
- Resolución 35 de 1996 que fue promulgada por el INASE con el fin de especificar restricciones sobre el derecho de los productores rurales para guardar semillas. Sin embargo, la legalidad de algunas disposiciones de la presente norma fue cuestionada por las organizaciones de productores rurales y expertos en propiedad intelectual, debilitando así su aplicación.
Asimismo, desde 2003 se vienen suscitando una serie de iniciativas gubernamentales tendientes a la modificación de la legislación de semillas (Casella, 2005). Esto se visualiza en las tentativas de adherir a UPOV 91 para lo cual debería modificarse la Ley de semillas para ser adaptada al nuevo marco internacional. Si bien durante 2002, 2003 y 2007 se habían elaborados varios proyectos de ley, estos no habían prosperado.
En 2012 el ministro de Agricultura Norberto Yauhar dijo en un comunicado que el país ha decidido “avanzar con un proyecto de Ley de semillas, como corresponde en un país que aspira a ser líder en la producción de alimentos, y que busca proteger la propiedad intelectual en el proceso de desarrollo”. Se inició así un proceso de negociaciones en el marco de la CONASE (Comisión Nacional de Semillas) del que participaron miembros de organismos públicos (INTA, INASE, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca), del sector privado (ASA, Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores CASEM, AACREA, Asociación de Productores de Siembra Directa AAPRESID) y de las entidades de productores agrarios (FAA, SRA, Coninagro y CRA).
El nuevo texto tuvo desde el primer momento la opinión favorable de la industria semillera, de la AAPRESID y también de la AACREA, de la Sociedad Rural Argentina, de CRA y de Coninagro, aunque estas últimas con algunas objeciones. La Federación Agraria, en cambio, formuló su rechazo y se retiró de la mesa de negociaciones. Otros actores vinculados con las semillas, como las organizaciones campesinas e indígenas, o aquellas relacionadas con la denominada agricultura familiar no fueron consultados ni incorporados formalmente al debate11. Para fines de 2012, las negociaciones estaban estancadas.
Según se pudo consignar en algunas de la versiones del anteproyecto, al igual que la versión actualmente vigente, condensa en un mismo cuerpo legal todo lo referido con la producción, certificación y comercialización de semillas por un lado; y la protección de la propiedad intelectual en semillas por el otro. Una de las consecuencias más importantes que tendrá es el impacto directo en los derechos de los productores agrarios a guardar, conservar, intercambiar y reproducir sus propias semillas ya que la nueva legislación apunta a reglamentar y restringir el “uso propio” remarcando que solo podrán hacer uso de esta prerrogativa los denominados “agricultores exceptuados”, quienes deben estar debidamente inscriptos en el “Registro Nacional de Usuarios de Semillas”12.
4. Incidencias de la propiedad intelectual en las semillas
Durante 2012, como nunca antes, el debate en torno de la propiedad intelectual trascendió las instancias cerradas donde se venía discutiendo. El debate, sin embargo, estuvo centrado casi exclusivamente sobre un eje: el uso de las semillas y su relación con el pago de regalías.
En este apartado, analizaré cinco nudos problemáticos del debate que estuvieron ausentes o se dieron de forma parcializada.
4.1. Control de la alimentación: concentración y regalías
Las posibilidades abiertas por la biotecnología han favorecido la concentración de capitales en empresas transnacionales a través de los procesos de fusiones y adquisiciones, lo que se refuerza con el patentamiento, que es lo que eleva las barreras de entrada a un mercado que ya se encontraba altamente concentrado pero con alguna participación de pequeñas y medianas empresas semilleras. De esta manera, el patentamiento y concentración se transformaron en dos caras de un mismo proceso.
La propiedad intelectual (sobre todo las patentes, pero también los DOV) anuló progresivamente la posibilidad de que pequeñas y medianas empresas semilleras se mantuvieran en el mercado y son solamente las grandes empresas transnacionales las que acceden al mismo. Shiva (2003) sostiene que el número de sociedades independientes en el mundo que producen semillas se redujo drásticamente en los últimos decenios a causa de la extensión de la protección sobre variedades vegetales y por la disponibilidad de los tribunales estadounidenses de extender el patentamiento hacia seres vivos13. Los patentamientos son usados, de esta manera, como instrumentos para el control del mercado, impidiendo el ingreso de otras empresas y de la difusión del conocimiento.
Por otro lado, el patentamiento de las semillas implica el pago de regalías. Cabe destacar, que en el ejercicio del monopolio concedido por los derechos de propiedad intelectual, las empresas semilleras desarrollan una tendencia a explotar el mercado al cobrar precios más elevados14.
En el caso de la Soja RR, la semilla como el glifosato Roundup son producidos por Monsanto. Sin embargo, la empresa transnacional nunca la patentó ni la registró bajo derecho de obtentor, por lo que quedó en dominio público y se difundió masivamente (Correa, 2006). La ventaja para la empresa fue que ella vende también el herbicida (glifosato) al que la semilla de soja es resistente. En el año 2002, luego de que se le venciera la patente del glifosato, la empresa comenzó a ejercer intimidaciones a los productores por el supuesto uso ilegal de las semillas, amenazando con salir del mercado
argentino y cobran regalías en los puertos de destino de exportación de la soja de aquellos países donde sí tienen la patente (Teubal, 2006; Correa, 2006). El Estado argentino fue a juicio internacional con la empresa y en 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Unión Europea dictaminó a favor de la Argentina (Premici, 2010).
Asimismo, y contemporáneamente a los reclamos de Monsanto, la discusión sobre las regalías tomó varios tamices. Por un lado, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) presentó una propuesta de elaboración de una regalía global o Fondo Fiduciario de Compensación Tecnológica e Incentivo a la Producción de Semillas conformada por una tasa a la venta de cosecha destinada a compensar a los obtentores (Teubal, 2006). Por otro lado, desde la Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (ARPOV) se intentó legalizar el cobro permanente por el uso de las semillas mediante una modalidad de comercialización denominada regalía extendida.
Mediante la misma, se buscaba que la regalía propia del licenciamiento para la producción y comercialización de semillas, se extendiera también a las sucesivas siembras que el agricultor realice con semillas de su propia cosecha. Sin embrago, la poca fuerza con la que contó la propuesta hizo que no haya sido implementada (Casella, 2005).
4.2. Pérdida de autonomía de los productores respecto a sus propias semillas
Otra de las consecuencias de las transformaciones en las legislaciones que protegen las semillas, es el impacto directo en los derechos de los productores agrarios a guardar, conservar, intercambiar y reproducir sus propias semillas ya que existe una tendencia cada vez más acuciante a que ellos pierdan el control sobre el primer eslabón de la cadena alimentaria. Esta situación comenzó a vislumbrase con la introducción de las semillas híbridas al crear la obligación de tener que comprar la semilla año a año (para no correr el riesgo de obtener variedades de menor rendimiento) transformando a los agricultores en un mercado cautivo para las empresas. Esta situación se incrementó más tarde con la introducción de las semillas transgénicas llevando a que los productores ya no puedan reproducir tan fácilmente sus semillas y deban adquirir los insumos necesarios para la producción.
Desde que apareció la agricultura, el productor agropecuario se proveía a sí mismo de la semilla para el año siguiente. Sin embargo, la industria semillera durante mucho tiempo, cuestionó duramente la libre utilización por parte de los agricultores de las semillas reservadas de su cosecha para la nueva siembra. Para este sector, esta práctica viola sus derechos de propiedad intelectual sobre la variedad sembrada. Su búsqueda, estuvo orientada a impedir esa reutilización, o al menos limitarla lo más posible mediante el pago de regalías compensatorias por las bolsas de semillas propias reservadas. Muchas más críticas aún recibió el intercambio de semillas entre productores identificado por las empresas como la causante de un incontrolable mercado ilegal de semillas conocido vulgarmente como bolsa blanca15.
Lo que antes era aceptado casi sin cuestionamientos, comenzó a partir de comienzos de los años noventa a sufrir los embates de los intereses económicos que reclaman cada vez con mayor fuerza, por vía de los sistemas de propiedad intelectual y el endurecimiento de las leyes de semillas, una protección más amplia. De esta manera, varias actividades que forman parte de las diversas tradiciones de sistemas de semillas diversificadas, se tornan ilícitas si se aplican las estrictas normas de las nuevas leyes de semillas y las legislaciones de propiedad intelectual.
4.3. De la diversidad genética a la homogenización: los procesos de erosión genética La propiedad intelectual aplicada a las semillas tiene consecuencias importantes para la conservación de la biodiversidad y el cuidado del medioambiente, generando un proceso de erosión genética. Esta se da, por un lado, por las maneras en que afecta a la biodiversidad el hecho de implementar sistemas de producción uniformes y concentrados y, por el otro, por la pérdida de acceso a los recursos genéticos privatizados y su apropiación por parte de las empresas.
La propiedad intelectual fortalece los incentivos para el desarrollo comercial de plantas, desviando inevitablemente los esfuerzos hacia el desarrollo de variedades que tengan el máximo potencial mercantil. Esto implica que las empresas de semillas obtienen un mayor beneficio con variedades protegidas que con variedades tradicionales no protegidas, al tiempo que los cultivos sin demanda mercantil pero que son adaptables a características ambientales locales específicas o que son más apropiados a las necesidades de los pequeños agricultores, corren el riesgo de ser desechados y como su ventaja comparativa es menor, abandonados. De esta manera, se sustituyen paulatinamente variedades vegetales generadas ancestralmente por campesinos y comunidades indígenas que poseen una alta diversidad genética, por aquellas producidas por las de las empresas de manera industrial, en laboratorios y con un alto grado de uniformidad.
Por otro parte, los criterios mismos de los DOV conducen a la erosión genética ya que para la protección de una variedad se requiere que estas sean nuevas, distintas, uniformes y estables (Khor, 2003). Dado que solo se otorgan si la variedad es uniforme genéticamente, automáticamente se limitan los tipos de semillas que pueden comercializarse y quién puede comercializarlas.
En relación con el segundo elemento mencionado, podemos visualizar cómo la propiedad intelectual lleva a la apropiación del material genético por parte de empresas. Estas se apoyan en los conocimientos de las comunidades indígenas y campesinas para llevarlos a prueba a los laboratorios y concluir que se trata de un invento (Gutiérrez, 2002) generando un acto de biopiratería16. De esta manera, en los últimos años son muchas la semillas, plantas y conocimientos tradicionales asociados con ellos que han pasado a formar parte de invenciones protegidas legalmente por patentes u otros derechos de propiedad intelectual.
4.4. Consolidación del saber occidental y no reconocimiento de los conocimientos tradicionales
Con el nuevo paradigma científico, tecnológico, institucional y productivo instalado en la agricultura, el conocimiento se ha conformado en una mercancía de alto valor agregado plausible de ser apropiado y protegido. Bajo esta lógica, se asume que hay un solo tipo de conocimiento, aquel que puede ser protegido bajo la propiedad intelectual: el saber occidental y moderno. Esta cosmovisión pregona una concepción unilateral de dominio sobre la naturaleza por lo que asume que es posible la creación de nuevas formas de vida que pueden ser convertidas en mercancías.
Un tema importante a destacar, es la definición de innovación que subyace a todas las legislaciones que regulan el tema de la propiedad intelectual. En este sentido, se trata de una definición de la innovación donde lo que prevalece es la perspectiva industrial de innovadores profesionales con fines comerciales y donde no se aprecia la utilidad de una variedad vegetal desde la perspectiva de los agricultores (Shiva, 2001).
4.5. El avance sobre el patentamiento de la vida
Desde muchos sectores, se vienen haciendo llamados de atención acerca de los dilemas éticos que involucra el hecho de tratar al material vivo de la naturaleza como propiedad privada plausible de ser patentada y de tener dueño. A partir de la modalidad que fueron adquiriendo las patentes del área biotecnológica, el límite entre invención y descubrimiento se ha vuelto difuso. Esto lleva a que cobren fuerza las solicitudes tendientes a la apropiación de materia existente en la naturaleza produciendo un desplazamiento y ampliación en el significado mismo de lo que se entiende por propiedad intelectual y su ámbito de aplicación.
Tal como remarca Bartra (2001: 20-21), “Si en los siglos XVIII, XIX y XX un gran conflicto fue el destino de la renta capitalista de la tierra y de los bienes del subsuelo, a fines del siglo pasado y en el presente, la rebatinga es por la renta de vida. Y en todas las épocas los grandes perdedores son las comunidades campesinas e indígenas ya que, (…) si el monopolio sobre la tierra y sus cosechas dio lugar a rentas colosales generadas especulando con el hambre, la usurpación de la clave genética de la vida es una fuente aún más grande de poder económico, pues pone en manos privadas la alimentación, la salud y cerca de la mitad de los procesos productivos”.
5. Algunas reflexiones finales…
Desde el nacimiento de la agricultura hasta no hace mucho tiempo, los productores agrícolas obtenían su propia semilla y confiaban más en la propia que en cualquier otra. La selección y mejora estuvo siempre en las manos del agricultor, quien recurrentemente guardaba e intercambiaba con otros productores, distintas semillas para las siguientes estaciones. El proceso de manejo de la propia semilla por parte del agricultor comenzó a revertirse en muchas regiones, a comienzos del siglo XX con la llegada de las semillas híbridas y su consumación llegó luego de la Segunda Guerra Mundial con la Revolución Verde.
La aplicación de la biotecnología dio un paso más en este sentido en tanto constituye un factor central para la instauración de nuevas formas de indagación científicas regidas por la lógica del mercado y consolidadas por la figura de la propiedad intelectual que transforma a las semillas y sus conocimientos asociados, en productos con valor agregado, plausibles de ser protegidos y apropiados por parte de las empresas biotecnológicas transnacionales. La diferenciación entre descubrimiento e invención que había impedido que la vida pueda ser patentada, se ve desdibujada ante los avances de la ingeniería genética.
De esta manera, los derechos de propiedad intelectual han sido reforzados en todos los acuerdos y tratados internacionales. Argentina, como vimos, no es una excepción.
Las semillas transgénicas en ese país se introdujeron a comienzos de los años 90 generando importantes transformaciones del modelo agroalimentario. La producción y la comercialización de la soja transgénica, principal exponente de este proceso, se legalizó en 1996 y desde entonces su expansión ha sido vertiginosa. La ausencia de patentamiento de la semilla producida por la transnacional Monsanto, permitió que quedara bajo dominio público mientras un difuso marco normativo, que controla la producción, ventajas comerciales para importar tecnología y bajos precios para el glifosato, propiciaron un terreno fértil para que se disparara el boom sojero.
De manera paralela y en consonancia con los cambios ocurridos en la producción agraria, las leyes que regulan la propiedad intelectual en semillas (Ley de semillas y Ley de patentes), fueron modificadas para la misma época. Asimismo, desde 2003 existen intentos por transformar nuevamente la Ley de Semillas, con la intención de brindarle mayor certidumbre a las empresas recortando derechos de los productores. Durante 2012, esta discusión dio un salto importante cuando un anteproyecto elaborado desde el Ministerio de Economía comenzó ser a ser discutido en el marco de la CONASE (Comisión Nacional de Semillas).
Si bien los planes no salieron tan simples como pensaban y la ley aún no entró al congreso para su tratamiento, el tema tomó cierto estado público y permitió que entraran a la discusión (aunque de manera tangencial) actores que no lo habían hecho hasta aquel momento. El principal (y casi único) eje del debate en la mesa de negociaciones y en los medios masivos de comunicación, estuvo centrado en la discusión respecto del uso propio de las semillas por parte de los agricultores y su relación con el pago de regalías.
Sin embargo, hay varios elementos que no estuvieron en el debate “oficial”, pero si fueron introducidos por otros actores.
En primer lugar, aparece la situación de las semillas criollas y nativas, ya que la ley no hace una distinción respecto a la diferencia entre estas y las semillas mejoradas (tanto híbridas como transgénicas), y por ende todas entran dentro de las prerrogativas de legislación. Tal como recalcan desde la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, “(…) Las semillas criollas, nativas o locales en manos de los agricultores y agricultoras, que actualmente no están alcanzadas por las limitaciones del uso propio y pueden utilizarse libremente, pues no se encuentran protegidas por derechos de obtentor, también estarían en adelante más fuertemente incorporadas al régimen de propiedad y control. La actual ley, mucho más la propuesta de modificación – en concordancia con el objetivo de regular la producción y el comercio de cualquier semillas – prohíben su difusión (venta, canje, etc.) penalizando la libre circulación y el libre intercambio (CALISA, 2012).
Esto nos lleva al segundo elemento invisibilizado durante el debate, que es la política en torno a la fiscalización de las semillas y su relación con penalización. La nueva legislación se plantea avanzar más en torno a esto al plantear que alguien que use una semilla sin la autorización de quien detenta el derecho de propiedad intelectual puede ser penalizado hasta el grado de quedar excluido de la lista de inscripción como agricultor. De esta manera, sólo existe aquello que esté registrado o protegido con derecho de obtentor. No existe la posibilidad de, no sólo la comercialización, sino el intercambio de la semilla por fuera de ese circuito. Todo lo que no está registrado se vuelve ilegal. Y eso ilegaliza a parte de las semillas que forman parte de nuestra diversidad agrícola y a parte de los productores del país.
Finalmente, lo que no estuvo ni está en discusión es la necesariedad de la propiedad de las semillas. Asimismo, y ante la posibilidad de patentarla, se está transformando el sentido mismo del término semilla. Mediante la biotecnología y la inserción de OVGM, la propensión es a que no puedan reproducirse sino que, para iniciar un nuevo ciclo agrícolase deben comprar a los monopolios que las producen. Para las grandes empresas y para las legislaciones que las amparan, se trata de invenciones. Así, con la imposición de derechos de propiedad intelectual sobre semillas, la tendencia es a que los agricultores se transformen en simples arrendatarios del germoplasma que poseen las empresas biotecnológicas. Las semillas convertidas ya en mercancías, se constituyen en verdaderos productos de la industria al tiempo que se vuelve crucial el poder que otorgan sobre todo lo demás. Ya que controlar las semillas es controlar la reproducción de la vida.
1) Tamara Perelmuter es Licenciada en Ciencia Política. Mag. en Estudios Latinoamericanos. Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG) – FSOC – UBA.
2) Se trata del derecho que se le otorga a los agrónomos que produjeran variedades mejoradas de semillas agrícolas para explotar en exclusividad el material de reproducción de la variedad, pero no alcanza al producto obtenido (Díaz Ronner, 2004; Montesinos y Vicente, 2005).
3) Las patentes son un derecho exclusivo otorgado por el Estado a una invención, es decir, a un producto o procedimiento que aporta una nueva manera de hacer algo. En el caso específico de las semillas, la protección involucra al producto y las sucesivas generaciones del vegetal, extendiéndose la protección de la planta entera en las semillas patentadas. Esto a su vez, impide la utilización de la semilla en la nueva siembra por el agricultor sin el correspondiente pago de regalías. Vale aclarar que sólo pueden ser objeto de protección las invenciones, no así los descubrimientos (OMC, 1995; Perelmuter, 2012).
4) Sin embargo, la importante ofensiva de los últimos años por profundizar los derechos de propiedad intelectual en el ámbito de la biodiversidad está llevando a una confluencia por la inclusión, en el derecho de obtentor, de elementos propios de las patentes (Casella, 2005).
5) Se trata de un convenio multilateral establecido en 1961 con la firma de seis países europeos concediendo a los fitomejoradores un derecho de monopolio sobre una variedad concreta. Esta convención ha sido modificada en tres oportunidades: 1972, 1978 y 1991. (Biswajit, 2002).
6) Es importante señalar que si bien los espacios agrarios capitalizados ocuparon la mayor parte de la agricultura del país, existieron desde siempre territorios que se mantuvieron al margen del centro capitalista agrario: campesinos que practicaban prácticas trashumantes, comunidades indígenas, selvas, yungas, etc. (Giarraca, 2007).
7) A través de un sistema de certificación se evaluaban las variedades en pruebas oficiales y se las admitía o no para su difusión de acuerdo con su valor agrícola. Inspectores oficiales controlaban los semilleros, verificaban la capacidad técnica y la veracidad de los registros genealógicos; se fiscalizaba la producción y la comercialización de semillas, extendiéndose una estampilla oficial (rótulo) para adherir a las bolsas.
8) La Revolución Verde fue la implementación de nuevas relaciones de producción agrarias expandidas desde mediados de los años cincuenta en América Latina como correlato de las formas de producción fordistas desarrolladas en las fábricas (Brand, 2005) y en el camino de lograr disminuir los costos de producción y maximizar las ganancias. Esta situación significó un cambio cualitativo y cuantitativo en el uso de insumos externos, donde el agro comenzó a ser invadido por nuevas tecnologías de mecanización, agroquímicos, semillas mejoradas y renovadas técnicas de irrigación conformando el paquete tecnológico (Martins, 2000).
9) Las autógamas (para el caso argentino, sobre todo trigo y soja) son de polinización libre y por tanto, pueden volver a ser utilizadas de manera ininterrumpida sin ver alteradas sus cualidades genéticas, aun cuando se trate de semillas transgénicas.
10) La comisión estaba constituida por el mismo Secretario, funcionarios de la Dirección Nacional de Fiscalización y Comercialización, del INTA, de la Junta Nacional de Granos, representantes de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), de la Cámara Semillerista Argentina, de la Sociedad Rural Argentina (SRA), de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), de la Federación Agraria Argentina (FAA), de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) y de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA).
11) El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), junto con CLOC - Vía Campesina Argentina; GRAIN; Amigos de la Tierra y Acción por la Biodiversidad, se posicionaron públicamente en contra de la discutida Ley con un documento denominado “10 motivos para luchar contra el proyecto de ley que pretende privatizar las semillas en la Argentina”. http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Campanas_y_Acciones/!NO_a_la_privatizacion_de_las_semillas_en_Argentina!_Firma_la_Declaracion
12) Para un análisis más pormenorizado del anteproyecto de ley y del debate en torno a éste, ver: Perelmuter Tamara (2012), “Una de cal y muchas de arena: Monsanto en Argentina”; “¿Qué hay detrás de la nueva ley de semillas?”; “Las semillas en el centro de las disputas” y “La nueva ley de semillas no pasó de año”. Todos artículos publicados en www.marchar.org
13) Según los datos proporcionados por la organización ETC (2008), durante el año 2007, las 10 empresas más grandes controlaban el 66% del mercado de semillas patentadas, mientras que las tres principales: Monsanto, Du Pont y Syngenta, poseían el 47% del total del mismo con un valor de mercado estimado de 9000 millones de dólares. Datos más recientes, muestran que solamente Monsanto, DuPont y BASF acumulan el 66% de todas las patentes, tanto otorgadas como solicitadas en las oficinas de patentes del mundo entre 2008 y 2010, relacionadas con la resistencia a la crisis climática.
14) En algunos caso, a los agricultores se les exige hasta un 25% de la cosecha en pago por el empleo que hacen de las semillas a la vez que se les impone el uso del herbicida producido por la misma firma (Casella, 2005).
15) La bolsa blanca está compuesta por aquellas semillas que son comercializadas por fuera de los círculos considerados legales en tanto carecen de rótulos que garantizan su origen, calidad y variedad.
16) Se trata de un término novedoso acuñado por Pat Mooney en 1993. Según su propia definición, se trata de la “(…) utilización de los sistemas de propiedad intelectual para legitimar la propiedad y el control exclusivo de conocimientos y recursos biológicos sin reconocimiento, recompensa y protección de las contribuciones de las comunidades indígenas y campesinas, por lo que la bioprospección no se puede ver más que como biopiratería” (Mooney 1999).
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“Votos por aquí, votos por allá, la izquierda tiene razones que el corazón represor no entiende” (aforismo implicado)
EL SEMIÓLOGO - OTROS CÍRCULOS
Las Policías son empresas que proveen protección. Tienen un ordenamiento jurídico propio, con reglas propias, sin el cual no podríamos hablar de mafia. Uno de los aspectos que las caracterizan es la folclórica “recaudación”. En esta entrevista*, un funcionario de la Bonaerense describe su funcionamiento. “Todo tiene un precio”, afirma.
* Advertencia. Esta entrevista es ficción. Cualquier coincidencia con la realidad es fruto de la casualidad. Tal es así que para comprender algunos términos tuvimos que apelar al diccionario de los malvivientes. Ver aparte.
P: Vos tenés jerarquía de Comisario Inspector. Es el momento del año en que se deciden ascensos y retiros. Me dijiste que pediste el pase a retiro con 30 años de servicio. En un mes estarás liberado de la institución, o la institución de vos. Quiero me que cuentes algo de la famosa recaudación policial. ¿Es verdad o es un mito?
R: Pibe, no te hagas el gil. Sabés que lo que vos llamás la recaudación policial nació con la Policía misma. Es mensual, como la mayoría de los sueldos. La excepción son las fábricas, donde se paga por quincena porque unos sociólogos que no son mejores que nosotros detectaron que el día de cobro la producción aumenta porque los laburantes estaban más contentos.
La recaudación policial asciende piramidalmente: en la base están los destacamentos, subcomisarías y comisarías, y departamentales. De acuerdo a la categoría de la dependencia es el monto que debe tributar: la comisaría ubicada en el centro, por ejemplo, debe recaudar más; el destacamento caminero de una ruta importante también. Las dependencias tienen estipulado por el Estado Mayor Policial cuánto debe tributar. Cómo lo hacen es problema del comisario, pero ya sabría a qué atenerse cuando compró su destino. Porque los destinos, luego de cierta jerarquía, se compran. Como un gran bazar, todo tiene precio. Para que veas cómo funciona la cosa: si te metieron un cohetazo en acto de servicio, para que avance el expediente y te salga el pago tenés que ir pagando peaje en todas las estaciones por donde pasa el expediente. Si no, no avanza y cobrás el día del arquero. Fijate los pibes que protestan en la puerta del Ministerio de Seguridad. Es por eso, aunque no lo dicen. Todo tiene un precio, todo se paga.
P: Todo tiene precio…Volvamos a la recaudación, ¿cómo es el mecanismo?
R: Ya te dije… todos los meses, como las reglas de las mujeres. Una vez que la juntan, las dependencias retienen un 10% de lo recaudado para sí, y elevan el 90% de lo recaudado a las 33 Jefaturas Departamentales, las que a su vez repiten la operatoria: retienen un paco del 10% y mandan para arriba el 90% restante.
El 10% que queda en la dependencia se distribuye como sobresueldo según la jerarquía y las funciones. El taquero es el que se lleva más. El jefe de calle y el recaudador (a veces es el mismo tipo) junto al subcomisario o segundo le siguen en la cifra.
Cada dependencia tiene un “recaudador” cuyo trabajo se limita a eso: no trabaja de policía. Siempre se elige al poli de fosforera rápida. Es el ñapado del taquero. La gilada, lo habrás visto hace poco, puede discutir durante meses la cifra de efectivos (¿32.000, 42.000?) que yiran por la calle: cualquiera sea la cifra (nunca se sabrá la verdadera cantidad de efectivos) deberían restar los recaudadores que son más fáciles de calcular; no menos de 700, uno por dependencia. Obvio que tienen destino donde recaudan. Pongamos un ejemplo, el recaudador va a la comisaría donde tiene destino y viste uniforme, pero no la yuga caminando o patrullando. Tampoco laburan de detectives los recaudadores de Investigaciones: su única función es hacer la ronda de cobros. Anticipan por teléfono que van a pasar por la “cuota” en general, el día anterior al cobro.
La “gorra” cobra “protección”, que es el producto de la empresa policial. Por supuesto, además de la “cuota alimentaria”, hay que sumarle otros ingresos: los embetunados, los botines de guerra, la concesión de “zonas liberadas”… siempre hay nuevas fuentes donde currar.
P: ¿Todo es ganancia ?
R: Todo es ganancia aunque te repito, como en toda empresa, hay gastos e inversiones. No todos los ingresos netos van al bolsillo: a veces el Jefe invierte, en buchones, por ejemplo. Cuánto más relevante es el “dato” que trae el buche, más cobra.
Te cuento una anécdota: el que a mí me inició como “vigi” me mostró (te hablo de hace 30 años) cómo encanaban por tres días al mes al levantador de quiniela “para hacer estadística”. Lo separaban de otros engayolados, por supuesto. El comisario mostraba así un trofeo nominal y estadístico ante sus superiores que, por supuesto, conocían el mecanismo porque eran quiénes se lo habían enseñado. Por eso, tenés tantas posibilidades de encontrar un comisario que no sea chaludo como de cruzarte con el dinosaurio vivo de la Susana Giménez. Los días en que el quinielero estaba detenido estábamos de fiesta en la taquería: esos días entraban naifas, comida y alcohol. La fiesta duraba lo que duraba la detención del quinielero. Pero eso eran otros tiempos… aunque como te dije, la recaudación nació con la policía misma. Otros gastos fijos son la cuota de algunos jueces, fiscales, el sueldo de los abogados que tenemos fijos. Enseguida caen en la UFI cuando algún vigi se manda una cagada…. Hay gastos fijos que salen de la recaudación. Ya te lo dije, es una empresa.
P: ¿Con los años, de los Vucetich, Marsillach, Silva, Camps, Ricchieri, Arslanian, Rico, Cafiero, Álvarez a Granados… nada cambió?
R: Mirá, hoy la empresa policial La Bonaerense ha evolucionado para peor. Yo soy de la vieja escuela. Antes agarrabas un chorro, iba en cana unos años y si te lo encontrabas, estaba todo bien. Te decía “¿cómo anda jefe?”. La tenía clara: sabía en qué andaba y si perdía, se la bancaba. Luego vino la frula, la droga que pudrió todo, especialmente a nosotros. Y si traicionás a los narcos, te van a buscar a tu casa. Te tiro un ejemplo del cambio para peor: la Superintendencia de Investigaciones del tráfico de drogas ilícitas compra (no decomisa, compra) cargamentos de marihuana con dinero de la recaudación. Revende como cualquier transa un porcentaje y el resto lo hace aparecer en una operación de propaganda como un exitoso operativo antidrogas. Como en la perinola, “todos ganan”: el superintendente asciende y se llena el bolsillo, el Ministro y el Gobernador otro tanto, ya que el vértice de la pirámide está allí. El Gobernador se saca la foto con el ministro de seguridad caminando entre un adoquinado de paquetes de marihuana y anuncia “el decomiso record de drogas en el presente año del flagelo que nos azota”. ¿ Te gusta como título del diario?
En tanto, la burrallega siempre puntual de la mano del valijero como todos los meses: “burra” hacia arriba y “sobres” para los costados y hacia abajo.
R. Che pibe, no vayas a creer que los que se sientan en el vértice de la pirámide por estar ahí se pinchan el culo: al vesre. Es un sitio confortable, de dinero, minas y poder. Pueden usar la guita en beneficio propio o para financiar la campaña política que lo posicione como candidato a un cargo mayor, por ejemplo, Presidente de la Nación.
P. ¿Cómo juega la oferta y la demanda del delito en la recaudación ?
R. La oferta y la demanda… y, a veces meten la cola y provocan cambios de mercado con consecuencias en la manera de la recaudación policial pero no en el producto final. Hay fiscales que empezaron a apretar por un lado, como puede ser con el negocio de los prostíbulos (¡estos gringos de mierda, que meten en la vida de los otros países con el tema de la trata de blancas, o de personas, como le dicen ahora!). Te decía… Los fiscales suelen no tener la más mínima lleca. Cualquier oficial principal se los come en un pancho. Son unos giles del año cero. Pero lo poco que sí saben, es que la policía cobra en metálico y en especies la protección de los quilombos. Por eso recurren a otras polis (como la de Seguridad Aeroportuaria) para llevar adelante los procedimientos. Ante la intrusión de otras fuerzas en nuestro territorio la Bonaerense se ve obligada a dejar de vender protección a los canfinfles, quienes solían tributar a dos puntas: a la comisaría de la zona y a Delegación Departamental de Investigaciones. Los kecos quedan descubiertos pero nosotros tenemos que tributar el mismo monto mensual. Entonces compensamos la pérdida de la cuota de los cafishios aumentando la cuota a otros contribuyentes, por ejemplo, los narcotraficantes. Y los fiolos, a joderse.
P: ¿Cómo se distribuye en la comisaría ese 10% que queda para la dependencia?
R: Muy simple: la distribución es desigual. Primero yo, el taquero. Luego el recaudador. Quizás haya un plus para el mejor golpeador, no vaya a ser que lo compren los de otra unidad y se lo lleven: hay que tener la tropa contenta. Si no, no servís al Estado Policial. Esos son los famosos sobres.
P: ¿Cómo es eso de los adicionales?
R: Es la POLAD (Policía Adicional). El comerciante que contrata servicios adicionales en la comisaría de la zona porque hay inseguridad. Y le paga al comisario. El “vigi” hace 100 horas, pero el taquero le chafa 40 o 50, previo “engorde” de la cifra. No obstante, a veces el servicio es bueno: fijate acá en La Plata la cuadra de los arbolitos, 7 entre 46 y 47. Nunca un afano: tributan bien y se les brinda seguridad en serio. Yo en mi comisaría hacía un adicional trucho a un supermercado chino. Resulta que vino el chino a quejarse por que le habían afanado. Llamé al vigi que mandaba a hacer el adicional. El “vigi” se había encajetado con una mina de una agencia de quiniela que estaba a una cuadra del súper y se la pasaba allí todo el tiempo. Casi lo mato al tarado. Pero le repuse lo robado al súper.
P.¿Agarraste al chorro o pusiste de la cuota de la comisaría?
R. Ese es mi problema.
P. ¿La seguridad de los partidos de fútbol son adicionales?
R. En el fútbol o los recitales anuncian 1.000 efectivos para el operativo de seguridad. Firman el presente 1.000. Van 650. El resto, es caja. Y ni hablar del “Operativo Sol” en la Costa Atlántica, cuando llega el verano. Los jefes manejan las planillas y los morlacos: al que jode o se queja, le ponemos la morena en la cabeza y entiende.
P: Vamos… no me vas a decir que nunca un conflicto subió de tono…
R: Ya te dije, pibe. Como en toda empresa, hay conflictos. Los hay por minas, por el reparto de algún botín o por que el taquero se queda con una parte demasiado grande de los adicionales. Pero ya te dije cómo se resuelve. ¿ Por qué te creés que no permitimos sindicato policial? ¿Sos tan gil que te imaginás a los soldados de Los Zeta o de La Camorra napolitana sindicalizados? ¿Te imaginás a los sicarios de Pablo Escobar pidiendo seguro de vida o aumento de sueldo?
P: La última pregunta…
R: ¡Rajá, turrito, rajá!
Diccionario poliladri
PACO: rollo de billetes
TAQUERO: comisario. El término viene de la época de los compadritos. Como usaban tacos altos, los comisarios “para bajarles el copete” le serruchaban el taco. De ahí el término “taquero” por comisario y “taquería” por comisaría.
FOSFORERA RAPIDA: Inteligente.
ÑAPADO. Protegido del comisario.
EMBETUNADOS: los que coimean a la Policía.
CHALUDO: rico, adinerado.
BURRA: valija pequeña.
CANFINFLES. Cafishios, proxenetas.
KECO: prostíbulo, burdel, quilombo.

References: resolución 
 artículo 1
 resolución 
 Resolución 
Sui Generis
 Resolución 
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