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Timestamp: 2018-11-18 19:07:48+00:00

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Suspensión judicial y reclamo
Mientras que la justicia de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar parcialmente al reclamo presentado por los titulares de medios vecinales de comunicación social porteños (gráficos, radiales e informáticos) respecto de la pauta oficial del Gobierno local, más de medio centenar de integrantes del sector se realizaron una conferencia de prensa frente a la nueva sede del Ejecutivo, reclamando por apercibimientos arbitrarios que afectaron a 39 programas de radio. Por Gerardo Codina
Buenos Aires, 17 de agosto de 2018. El juez Guillermo Scheibler, titular del juzgado nº 13 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por un colectivo de titulares de medios vecinales porteños y ordenó la suspensión de los efectos de la resolución 813/18 dictada por la Subsecretaría de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por la que se estableció un nuevo modo de establecer el valor de la pauta oficial para estos medios, hasta tanto se dicte sentencia definitiva y firme. Todo ello en el marco de la causa "Serres, Luis Alberto y otros contra GCBA sobre Amparo – Otro" – Exp. 1899/2018-0.
Luego de la decisión de la Sala I de la Cámara de Apelaciones, los amparistas, en su calidad de titulares inscriptos en el Registro de Medios Vecinales de Comunicación Social, pidieron que se declarara "la nulidad e inconstitucionalidad de la resolución 813/2018 dictada por la Subsecretaría de Comunicación Social y de toda normativa y actos que derivaren de ella, por entender que atenta contra lo dispuesto en la ley 2587, la 2176, el decreto N° 333/09, el artículo 32 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y el principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos".
Respecto al reclamo de los actores sobre "la aplicación de la resolución 813/2018 cuestionada, implica una reducción de la pauta institucional de los medios vecinales en un 17%" y que "esta reducción afecta la labor de los medios vecinales y su sustentabilidad ya que el ingreso que perciben por la pauta oficial es esencial para su existencia", el juez expresó que "parecería surgir de los propios considerandos de la resolución cuestionada que la variación en la forma de cálculo ha obedecido a los aumentos de la página 7 del diario Clarín y que perseguiría un fin de Â´equilibrio financieroÂ´".
"Para ello adopta un sistema o método de cálculo distinto al previsto a tal fin en la ley 2587, en virtud del cual el valor de referencia no sería ya mensual sino semestral y teniendo en consideración el mejor descuento sobre el precio compulsado que hayan ofrecido los proveedores", agregó.
Sin embargo, Scheibler precisó que "dicha modificación se habría realizado a priori, sin respetar el principio de legalidad ni de jerarquía normativa ya que la modificación del sistema expresamente reglado por el legislador en la ley 2587 se habría introducido mediante la resolución cuestionada".
"A esta altura no puede soslayarse que como un modo de cristalizar el mandato que emerge del artículo 32 de la Constitución de la Ciudad, la ley 2587 conforma un régimen de fomento para determinados medios de comunicación, aquellos de carácter gratuito y escala vecinal. En este sentido, resultaría relevante detenerse en el hecho que tal como surge de sus propios considerandos, la resolución impugnada pretendería aplicar en tal ámbito un sistema instaurado para regular situaciones distintas con otro tipo de medios de comunicación (resolución 197-SECM-16)", concluyó.
Reclamo por apercibimientos
Un considerable número de integrantes del Registro de Medios Vecinales se presentó el miércoles al mediodía frente al edificio del Ejecutivo comunal, para reclamar por los apercibimientos arbitrarios recibidos por 39 programas de radio en las semanas previas, argumentando ausencia de "contenido propio" y de "información del área de influencia". Los programas son emitidos en su totalidad por las FM Gráfica, FM La Retaguardia, FM Frecuencia Zero y FM La Tribu, por lo que sus integrantes lo entendieron como una muestra de discriminación ideológica y reclamaron contra el torpe intento de censura.
En adhesión al reclamo se hizo presente el legislador Roberto Santiago, en representación del Bloque Peronista, integrantes del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), de la CTEP de Capital Federal y de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte, además de dirigentes sociales y políticos como Itaí Hagman.
Comunicado de las radios afectadas
En el trascurso de la conferencia de prensa, hablaron Fernando Tebele de La Retaguardia, Lucas Molinari de Radio Gráfica, Javier Daruich de Frecuencia Zero e integrante de la Federación de Radios Comunitarias de la República Argentina y Maxi Diomedi de FM La Tribu. Los afectados leyeron el siguiente comunicado:
"Basta de Persecusión del Gobierno de la Ciudad a las Radios Comunitarias
EXIGIMOS EL CESE DE LA PERSECUCIÓN POLÍTICA Y EL AJUSTE EN EL REGISTRO DE MEDIOS VECINALES."
También se leyeron entre otras, la declaración que al respecto emitió la Cooperativa de Medios Vecinales EBC. Su texto es el siguiente:
"Censura encubierta. Amenaza a los medios vecinales
Este significativo logro democratizador de la vida social está en riesgo. Desde principios de año la actual gestión procura limitar el libre accionar de los medios vecinales. Primero, cambiando arbitrariamente el criterio de actualización de la pauta publicitaria oficial, en un contexto de elevadísima inflación, llevando a una inédita rebaja de la misma, que coloca a muchas producciones al borde de la imposibilidad. Luego, recurriendo a mecanismos burocráticos de observación de los contenidos publicados que, en una primera fase, afectó a algunos medios electrónicos y ahora masivamente a producciones radiales. Con excusas de apariencia legal se pretende dejar fuera del Registro a decenas de voces críticas al oficialismo.
Reclamamos el cese inmediato de estas acciones y alertamos a todos los ciudadanos sobre sus consecuencias. La libertad de todos está en peligro."

References: resolución 
 resolución 
 artículo 32
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