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Timestamp: 2017-12-11 09:16:19+00:00

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Harun al - Rashid: 10/01/2009 - 11/01/2009
Las brigadas Arrate y Camus
Junta de Gobierno con sede en Iquique
Episodios de la guerra civil de 1891 en Chile y sus repercusiones en el Perú
La conflagración que azotó Chile, entre enero de 1891 y septiembre del mismo, provocada por la sublevación de la Armada al mando del capitán Jorge Montt y el Congreso Nacional en contra del presidente José Manuel Balmaceda Fernández, cuyas causas las hemos expresado en John North, el Rey del Salitre (Ver), tuvo dramáticas consecuencias por la severidad y encono con que los contendientes la pelearon, procurándose un mutuo exterminio. Tres de estas consecuencias o implicancias fueron internacionales.
Los extremos de crueldad, por ambas partes, hicieron que dos brigadas constitucionalistas, la una con un efectivo algo mayor a quinientos hombres, de las tres armas, al mando del coronel Miguel Arrate, jefe político-militar de la provincia peruana de Tacna bajo ocupación, buscaran urgente socorro peruano cruzando la frontera de Sama, donde esta brigada se entregó. Desarmadas, las tropas chilenas fueron conducidas a la ciudad de Arequipa, allí quedaron internadas para ser devueltas a Chile finalizada la contienda, en octubre de 1891.
La otra, al mando del coronel Hermógenes Camus, jefe de los regimientos Buín, o primero de línea; Arica o cuarto de línea y los batallones Andes, Linares y Mulchén, bajo pena de exterminio después de la batalla de Pozo Almonte, se vio precisada también a salvar la vida internándose en las alturas del territorio boliviano por los salares de Uyuni y de allí ingresó en el argentino donde marchó, en franca violación territorial con sus armas y banderas, sin ser molestada por las estupefactas autoridades argentinas, desde Salta hasta San Juan y repasando la cordillera por San Francisco, antes de lo cual fue desarmada, pero el coronel Camus se negó a ser internado; continuó su larga pero ordenada marcha, llegó a Santiago y se puso nuevamente a disposición del presidente Balmaceda.
Posteriormente el gobierno de Buenos Aires levantó una ruidosa protesta que terminó con la promesa de Balmaceda que el regimiento de Hermógenes Camus ya no participaría de la contienda civil. Pero este esforzado refuerzo, pese a todo, llegó en hora menguada para la suerte del infortunado mandatario, quien poco después y como resultado de las batallas de Concón y Placilla, tomó asilo en la legación argentina de Santiago y después de escribir su célebre Testamento Político, puso fin a sus días con un disparo en la cabeza, el 19 de septiembre de 1891, fecha que finalizaba también su mandato constitucional.
Las violaciones territoriales de las fronteras del Perú, Bolivia y Argentina, resultan hechos notables, pero de alguna manera contemplados por el derecho internacional público, marcados por un estado imperioso de necesidad, dada la naturaleza de la pugna, las naciones de soslayo involucradas y las condiciones vertiginosas de los acontecimientos. Recrean también el sentimiento en boga por aquellos días.
Debido a la implicancia que tuvo con el Perú, la suerte de la brigada Arrate es la que historiamos de manera breve, no sin antes ilustrar sobre los motivos y algunos hechos de aquella guerra civil, en cierta forma corolario de la llamada Guerra del Pacífico, cuyo apropiado nombre debe ser Guerra del Salitre, revolución institucional que tanto daño causó a la nación vecina.
Antecedentes premonitorios de la contienda:
La calidad de nuevo rico que habría asumido Chile, inmediatamente de la captura del litoral boliviano de Antofagasta y consecuentemente la provincia litoral peruana de Tarapacá; el usufructo del salitre y las pingües ganancias por la venta del mineral, complemento básico para la fabricación de la pólvora y por aquellos tiempos muy demandado como eficaz abono para las empobrecidas tierras europeas, no necesariamente había enriquecido a Chile que empeñoso de poseer la riqueza de sus vecinos gastó en armas, derramó sangre propia y ajena y se apropió de un territorio en el norte con lo que hizo cambiar su propio mapa desde 1879, arrastrando un estado de permanente intranquilidad, pese a los tratados, que le impone la necesidad, hasta la fecha de esta crónica, de preservar aquellos territorios manteniendo tropas y equipos costosos.
Por entonces el gobierno del Perú lo ejercía el general Remigio Morales Bermúdez, quien había sucedido en el mando de la república al general Andrés A. Cáceres, el brillante soldado de la resistencia de la sierra. La nueva frontera con Chile, con arreglo a los ajustes, se ubicaba en el valle del río Sama, al norte de Tacna. El Perú se reconstituía paulatinamente, con serena firmeza.
Pero en Chile se confrontaba un estado de tensión política por el usufructo real del rico salitre llamado también oro blanco, que con la guerra y como consecuencia de ella habían pasado las oficinas salitreras altamente productivas a manos del hábil especulador inglés John North, apodado por ello el Rey del Salitre y que, por el contrario, para el novísimo y victorioso poseedor por conquista, mercantilmente hablando, le quedaban únicamente las empobrecidas, caducas o nada importantes usinas dejadas abandonadas por el magnate inglés.
(Ver sobre North)
Esta situación sumada a la generada por la gran corruptela que sembró North, dentro de las autoridades y los políticos, llegó al extremo asombroso que en aquellas provincias capturadas, allí donde ejercía poder comercial el intruso inglés como detentador soberano, se había establecido un coto de caza privado. No se objetaba esta anómala situación y el astuto británico sabía recompensar con largueza tamaña tolerancia.
Nada, absolutamente nada, se podía hacer sin su aquiescencia. Las autoridades políticas y administrativas debían contar con la venia del gerente señor Dawnson, y la santificación del imprescindible abogado de North, Julio Zagers, importantísimos apoderados del magnate, por entonces cómodo residente en su mansión de Avery Hill, Eltham, Kent, cerca a Londres.
Para colocar un nuevo jefe de aduana, un supervisor, o simple jefe de ferrocarriles; etc., etc, así lo ha reconocido la propia historiografía chilena, debían ser consultados estos apoderados. Un interesante caso donde se conjugan derechos reales, tenencia privada, soberanía nacional y moral pública.
Refiriéndose a Dawnson, insertamos la cruda expresión de los hechos, en glosa, de don Mario Barros van Buren, del servicio diplomático de Chile, tomada de su libro Historia Diplomática de Chile, que nos releva de mayores comentarios:
"Para mover un empleado público, para empedrar una calle, para decir un discurso, para dictar un reglamento de aduanas, había que consultarle. Los grandes magnates chilenos lo elevaron a su nivel sin la menor dificultad. North se siguió encumbrando por encima de esa aristocracia monetizada que tan humillada se le ofrecía. Su abogado en Santiago, don Julio Zagers, se convirtió en el árbitro de la política chilena. De su "carta blanca" salían los fondos para las elecciones, las coimas para los empleados difíciles, los regalos para los incorruptibles, los grandes bailes para la sociedad. Las listas de diputados y senadores solían pasar por sus manos, porque los partidarios requerían el "consejo y la colaboración" del gran hombre de la City. Los documentos han echado luz sobre la enorme corrupción que North sembró sobre una clase social que, cegada por el oro, torció una de las tradiciones más nobles de la historia chilena: Su austeridad. Si bien la profecía de don Manuel Montt de que el salitre pudriría las riquezas morales del pueblo chileno no se cumplió en toda su extensión, podemos decir que engendró a una capa social sobre la que descansaba, precisamente, la estabilidad institucional de un régimen y una tradición de mando."
Pero don José Manuel Balmaceda Fernández, miembro de la aristocracia del latifundio agrícola, había accedido al poder con las elecciones de 1886 y tenía muy claro y presente aquel poder que ejercía North en el norte salitrero que se toleraba por la corruptela que había sembrado el inglés que ponía en entredicho las viejas y sobrias virtudes nacionales y enfrentaba la eclosión de una riqueza ganada por la fuerza de las armas, pero de cuyo usufructo resultaba una nula actividad, por decir lo menos, en favor de la arcas fiscales chilenas. Se empeñó entonces con energía en una campaña para revertir de alguna forma esta situación dándole frente al estado anómalo de cosas, sin apartarse de su política liberal, pero teniendo presente el espíritu portaliano que lo embargaba.
La campaña que asumió Balmaceda para restaurar la dignidad nacional con ejecución de importantes obras de elevado gasto público, jamás emprendidas en Chile, su marcada y recíproca oposición con la mayoría parlamentaria, sumada a la fría y cortante entrevista que concedió al magnate North quien había viajado, exclusivamente, para tal efecto desde Inglaterra, termina enemistándolo con el Congreso Nacional, en cuyo seno el abogado Zagers ejercía importante dominio.
Se produjo entonces el hecho histórico –sospechosamente coincidente por supuesto- que al retiro de North, después de su fracasada entrevista para no regresar jamás, el jefe de la Armada, comandante Jorge Montt Álvarez, embarcara a los miembros del Parlamento, zarpara a Iquique y en ese antiguo puerto peruano formara cabeza del gobierno revolucionario contra el presidente en ejercicio constitucional. El comunicado revolucionario se expresó de esta manera:
Acta suscrita por la mayoría de ambas cámaras del Congreso Nacional
1. Que los numerosos delitos cometidos por las autoridades administrativas contra el poder electoral de la República, para falsear la espresión (sic) de la voluntad soberana del pueblo en las elecciones, han sido amparados y protejidos (sic) por el Presidente de la República y sus ministros, desoyendo las representaciones de la Comisión Conservadora y haciendo por lo tanto suya la responsabilidad de los funcionarios culpables, conforme al precepto contenido en el número 2.° del articulo 49 de la Constitución del Estado;
2. Que las policías de seguridad, confiadas al Presidente de la República para custodiar el orden y resguardar los derechos de los ciudadanos, han sido empleadas en organizar y dirijir (sic) turbas asalariadas del populacho, para promover los más vergonzosos y criminales atentados contra el orden público y para atropellar los más fundamentales derechos de los ciudadanos, llegando á ser dicha fuerza una constante amenaza para ellos y desapareciendo así el fin primordial del establecimiento de la autoridad; que el Presidente de la República y sus ministros se han hechos sordos á los gritos de la indignación pública y á las constantes reclamaciones del Congreso y la Comisión Conservadora por aquellos actos, que las autoridades han dejado impunes, asumiendo así su responsabilidad;
3. Que la única reparación de los últimos y dolorosos atentados contra la libertad de reunión ha sido la promulgación de la ordenanza de 20 de Diciembre último, que es una nueva y audaz violación de los derechos de reunión y petición, garantidos por el inciso 6.° del artículo 10.° y por el inciso 6.° del artículo 27 de la Constitución, incurriendo al mismo tiempo con ella el Presidente de la República y sus cómplices en una usurpación flagrante de una atribución esclusiva (sic) del Congreso, consignada en dicho inciso 6.° de artículo 27, y que es el único que puede dictar estas leyes escepcionales (sic) pero de duración transitoria, que no puede exceder de un año;
4.° Que el Presidente de la República ha violado constantemente la fe pública, oficial y solemnemente empeñada varias veces ante el Congreso, por medio de sus ministros;
5.° Que el mismo funcionario ha dilapidado los caudales públicos, disponiendo de ellos fuera de presupuestos, creando empleos y comisiones remuneradas, con fondos nacionales, sin intervención del Congreso, y usurpando así una atribución esclusiva (sic) del Poder Lijislativo (sic), consignada en el inciso 10.° de artículo 28 de la Constitución; 6.° Que el mismo funcionario ha desconocido y violado las atribuciones fiscalizadoras del Congreso y de la Comisión Conservadora, haciendo caso omiso de ellas y burlándolas en lo absoluto con abierta infracción del inciso 1.° del Art. 49 y demás artículos de la Constitución que constituyen al Congreso fiscal y juez de los altos funcionarios administrativos;
7.° Que por causa del desconocimiento de estas atribuciones, el Presidente de la República intentó, no mucho, cambiar la forma consagrada de nuestro Gobierno, manteniendo un gabinete censurado por las dos ramas del Congreso y á quien éste había negado las contribuciones y llegó hasta gobernar sin ellas, causando al fisco pérdidas injentes (sic) y á la Nación las perturbaciones más graves;
8.° Que clausurando el Congreso, porque se oponía con varonil firmeza á la invasión de los derechos más preciados del pueblo, faltaban á su palabra empeñada para sancionar leyes pendientes y necesarias para garantir aquellos derechos;
9.° Que sin hacer mención de muchas otras violaciones de las leyes y garantía individuales, el Presidente de la República ha llevado últimamente este sistema de desgobierno y de ruina legal y social hasta el punto de disponer de los caudales públicos y mantener la fuerza de mar y tierra, sin autorización alguna del Congreso, usurpando abierta y escandalosamente las atribuciones esclusivas (sic) del Poder Lejislativo (sic) de la Nación, único á quien confieren estas facultades los inciso 2.° y 3.° del art. 28 de la Constitución, los cuales establecen "que solo en virtud de una ley se puede: fijar anualmente los gastos de la administración pública y fijar igualmente en cada año las fuerzas de mar y tierra que han de mantenerse en tiempo de paz y de guerra";
10. Que todos estos actos han venido produciendo una alarma profunda en la sociedad, una completa desmoralización administrativa y una perturbación desastrosa en los negocios económicos, comprometiendo gravemente el honor de la Nación;
11.° Que todos estos actos y las declaraciones del Diario Oficial vienen comprobando de una manera evidente la maquinación fraguada y consumada por el Presidente de la República, contra las instituciones fundamentales del Estado; que estos actos revelan el plan proditorio (sic) de minar el edificio político levantado por los esfuerzos y sacrificios de varias jeneraciones (sic), para alzar sobre las ruinas de la soberanía del pueblo los caprichos de un señor absoluto; para desquiciar y anarquizar así una sociedad constituida, un pueblo sumiso y tranquilo, que solo reclama la paz y el orden legal, constituyen no un crimen cualquiera, sino el mayor de todos los crímenes que puede cometer un mandatario;
12.° Que poniéndose con estos atentados en abierta rebelión con el orden constitucional, el Presidente de la República ha incurrido en el crimen de alta traición contra el Estado, y queda fuera de la ley, que ha jurado solemnemente guardar y hacer guardar;
13.° Que si los majistrados (sic) violan abiertamente la majestad de las leyes, que constituyen la base necesaria del orden social, sus mandatos son nulos y de ningún valor, como espresamente (sic) lo establece el articulo 151 de la Constitución, y en tal caso no solamente existe el derecho, sino el deber de resistir, en defensa del orden público, deber que incumbe á todos los ciudadanos, y muy especialmente á los poderes constituidos;
14.° Que es atribución esclusiva del Congreso establecido en el inciso 4.° del artículo 27 y en el artículo 65 de la Constitución, declarar cuándo por enfermedad, ausencia ú otro motivo grave, y cuándo por muerte renuncia ú otro clase de imposibilidad absoluta el Presidente de la República no pudiese ejercer su cargo;
15.° Que los crímenes mencionados y de que se ha hecho reo el actual Presidente de la República no pueden constituir un motivo más grave, ni una imposibilidad mas indigna é incapaz de continuar en el ejercicio de su cargo.
En mérito de las consideraciones precedentes, nosotros, miembros del Senado y de la Cámara de Diputados de Chile, invocando al Supremo Juez del Universo en testimonio de la rectitud de nuestras intenciones con el objeto de restablecer el régimen constitucional, asegurar la tranquilidad interior, atender á la común defensa y afirmar los beneficios de libertad y las leyes en nombre y por la autoridad del pueblo que representamos, solemnemente declaramos:
1. Que el Presidente de la República, don José Manuel Balmaceda, está absolutamente imposibilitado para continuar en el ejercicio de su cargo, y en consecuencia que cesa en él desde este día.
2. Que están igualmente imposibilitados para reemplazarlo en su cargo sus Ministros del despacho y los Consejeros de Estado que han sido sus cómplices en los atentados contra orden constitucional.
Y en consecuencia designamos á don Jorge Montt para que coadyuve á la acción del Congreso, á fin de restablecer el imperio de la Constitución.
Santiago, Enero 1.° de 1891.
(Siguen las firmas de la mayoría del Congreso)
Se desata la contienda civil
Veteranos de la guerra contra el Perú, los mismos que llegaron a Lima y quienes por entonces ocupaban Tacna en la integridad de esa provincia, divididos en dos bandos irreconciliables: el uno del lado de los intereses del Congreso, el otro del lado de la Constitución, defendiendo al presidente, se habían de enfrentar con notable encono y destrucción. Para los primeros el comando estaba centrado en Iquique y para los rivales lo era Santiago. Cabe anotar que el Ejército, en su gran mayoría estuvo del lado del presidente y que menudearon traiciones y aquellas desgracias propias de las guerras intestinas apremiadas de rencor, ambición material y política de momento, conforme la coyuntura.
Por ambas partes se movieron recursos considerables y con ello se produjeron algunos incidentes internacionales con relación a la adquisición de material de guerra. Tal el caso de la compra subrepticia de armas en California, hecha con dinero revolucionario, sobre el cual el gobierno de Balmaceda dio aviso y como consecuencia del cual dos naves de guerra estadounidenses persiguieron al fugado vapor Itata que las portaba y que fue dramáticamente apresado precisamente cuando ingresaba a la bahía de Iquique donde se le abordó por marinería estadounidense, violentando también regulaciones internacionales. O los tres mil fusiles, transportados a bordo del buque chileno Maipo, denunciados por EEUU y que fueron decomisados por la aduana peruana, bajo cargo de contrabando de guerra, cuando llegaron de arribada al Callao.
Vapor Itata
El gobierno de Iquique en poder como estaba del primer puerto salitrero y las fuentes inagotables por la saca y venta del salitre, dispuso la recluta de gente de la pampa para reforzar o formar nuevos contingentes militares, adquirir armas, equipos y naves. Contaba con el grueso de la Armada y el glorioso monitor Huáscar estaba entre las naves amotinadas.
De otro lado, el gobierno legítimo, carente de flota dada las circunstancias, adquiere el mercante Imperial y lo improvisa como buque de guerra dotándole de cañones y demás equipo a la par que ordena la construcción en Europa de blindados y rápidas torpederas, además del material de guerra necesario.
Vienen luego las batallas de Iquique, Pisagua, Zapiga, Dolores, (en esta última había tenido lugar doce años atrás el inesperado desastre aliado de San Francisco) entonces, Arrate y sus tropas constitucionalistas quedan arrinconados en Tacna y en situación harto socorrida. No se sienten capaces de afrontar la pelea. Han quedado solos y aislados. La matanza innecesaria y los actos de repase y toda suerte de exceso, experimentados en la reciente guerra con el Perú, se repiten multiplicados. Pero la perdida de vidas en esta ocasión es numerosa.
Cruce de la frontera peruana
Es así, como decíamos, que aquel coronel chileno al mando de un efectivo de algo más de quinientos hombres hace su aparición por Sama, consigue luego de un precario descanso enrumbar a Mollendo, es decir dentro de territorio extranjero naturalmente hostil y se entrega a la autoridad militar peruana que desarma a la brigada.
Obtenido el internamiento, el efectivo chileno fue conducido a la ciudad de Arequipa donde se improvisó un campo de concentración en las inmediaciones al cuartel de Tingo, el bello y apacible distrito a las márgenes del Chili, internado de esta forma en atención a su especial condición bajo custodia y protección peruana.
El pueblo arequipeño, resentido y claramente molesto por la presencia en sus tierras de aquellos enemigos de la pasada guerra, mostró de alguna forma su indignación pero sin llegar a mayores.
Conviene recordar que en 1883, esto es ocho años antes, Arequipa había mantenido un fuerte contingente militar al mando del contralmirante Montero y esperaba ser movido contra el invasor que acababa de conseguir una apretada victoria contra las tropas de resistencia de Cáceres en Huamachuco; pero al revés de lo que ordena la razón y dispone la dignidad, con alegaciones y razones que la historia jamás aprobará Lizardo Montero las licenció quedando la orgullosa ciudad a merced del ejército chileno que entró, al mando del coronel José Velásquez [1], no sin sufrir algunos ataques aislados del pueblo arequipeño que de alguna forma se hizo fuerte, aunque sin mayores resultados que la conocida represión del fusilamiento por quinteo [2].
El gobierno revolucionario exigió diplomáticamente la entrega de Arrate, equipo y hombres, el Perú se negó.
Pero tampoco la suerte de este destacamento en tierras arequipeñas habría de serle del todo mala, pues el insuperable clima y la abundancia del hermoso y fértil valle no le fueron ajenos ni negados.
Con los acontecimientos revolucionarios cada vez triunfantes, era claro que se avecinaba la victoria y con ello el fin de la guerra civil y sus cuantiosos daños. El coronel Arrate, envió una nota con fecha 16 de septiembre al representante de Chile, explicando su angustiosa situación y solicitando pasajes para regresar con la división. El 22 le fue notificado por el prefecto Salvador Cavero, que el gobierno peruano había dispuesto el traslado de las tropas chilenas a Mollendo para repatriarlas.
En las primeras horas del 24 llegaron al puerto, entre oficiales, clases y soldados 522 hombres, además de 23 mujeres (cantineras) que acompañaban a la pequeña fuerza divisionaria, para embarcar en el vapor Limarí, rumbo a Valparaíso. Estas tropas que habían sido fieles a Balmaceda, a su arribo tuvieron que seguir los duros e inapelables dictados del vencedor.
Fin de la guerra civil y la suerte de las tropas, buques y equipos chilenos en el exterior
Es así que para fines de 1891, los restos de la fuerza armada balmacedista estaban en territorio peruano. El 2 de septiembre anclaron en el Callao, el transporte Imperial y la torpedera Condell, nave que en compañía de su gemela Lynch consiguió hundir con un torpedo y la considerable perdida material y humana, en el puerto de Calera, al blindado Blanco Encalada, una de las naves de la flota que libró combate con el solitario Huáscar en aguas de Angamos, el 8 de octubre de 1879.
Ambas naves quedaron a disposición del agente que debía nombrar el nuevo gobierno, Ángel Custodio Vicuña, ministro plenipotenciario en Lima, antes de dar por finalizada su misión, con el triunfo del movimiento revolucionario del Congreso.
En cuanto a las adquisiciones para procurar, de alguna forma, naves de guerra por parte de Balmaceda se consiguieron algunos blindados que fueron ansiosamente esperados por el gobierno durante ocho meses, pero dada la victoria revolucionaria continuaron éstos su navegación en aguas europeas.
El Presidente Pinto entró al puerto alemán de Kiel el 25 de agosto para embarcar el material de artillería que debía enviar la empresa Amstrong. El capitán Recaredo Amengual solicitó permiso para contratar operarios y embarcar provisiones, agua y carbón. La hostilidad del gobierno imperial fue manifiesta y las autoridades portuarias alemanas limitaron al mínimo la entrega de combustible y vituallas. El 17 de septiembre el crucero zarpó con destino a El Havre.
Por las circunstancias y los hechos analizados parecería que, históricamente, las potencias europeas estuvieron en favor de los revolucionarios y los EE. UU. de Norteamérica, del malogrado Balmaceda. Esto último es una apreciación personal.
[1] El coronel José Velásquez Bórquez. Culminada la guerra civil, dentro de la dura e implacable represalia dirigida contra los balmacedistas, de todo orden y género, se registra, entre muchos otros, el ajusticiamiento por sentencia del tribunal, que se hizo de este veterano, en su grado de general, sin ser oído ni representado, a quien se le recordaba por su desempeño en la campaña y toma de Arequipa, en octubre de 1883.
Aquí la suerte de algunos importantes veteranos de la pasada guerra contra el Perú:
El general Orozimbo Barbosa Puga, veterano de las jornadas de Tacna, Arica, Chorrillos y Miraflores; posteriormente, general balmacedista, ordenó la matanza de 84 jóvenes rebeldes, hijos y familiares de la mayoría de miembros de la clase conservadora o pelucona que produjo indignación tanto en revolucionarios como en los partidarios del gobierno; esa execrable acción se produjo en el fundo Lo Cañas, de propiedad de Carlos Walker Martínez. Dirigió el ejército en la batalla de Concón el 21 de agosto de 1891 y el 28 de agosto de 1891 la batalla de La Placilla. En esta última fue herido y viéndolo todo perdido trató de escapar, pero fue acorralado por un grupo de caballería en el camino a Valparaíso y bárbaramente asesinado. Su cadáver fue arrastrado por la turba por las calles de Santiago.
Personajes como el almirante Juan Williams Rebolledo, quien pese a su larga carrera naval no pudo poner fin a la campaña del Huáscar por lo que tuvo que renunciar al mando de la escuadra; o la del contralmirante Juan José de la Torre, comandante de la flota que capturó al célebre monitor peruano en Angamos, por entonces ambos en misiones oficiales en el exterior, al momento del zarpe de la escuadra revolucionaria, no fueron llamados al servicio.
El general Manuel Baquedano González, presente desde Tacna hasta la batalla por Lima donde fue general en jefe, admirado y respetado, fue convocado por Balmaceda, en hora fatal, para dimitir y le hizo la entrega del gobierno ya en franca bancarrota y con los revolucionarios a la puerta. Nada pudo hacer el vencedor de Chorrillos y Miraflores indeciso y tibio frente a una dura realidad en la que, a su vez, se vio compelido a entregar el gobierno a los miembros triunfantes de la revolución, para retirarse al olvido y la maledicencia.
En el lado vencedor, La Junta de Gobierno tenía como uno de sus principales jefes al general Estanislao del Canto y al coronel Adolfo Holley, veteranos de la guerra contra el Perú. El general prusiano Emil Körner, contratado por Balmaceda para reformar el ejército de Chile, se puso del lado de la revolución y participó en los grandes planes tácticos. Por sus servicios distinguidos sería condecorado por el Kaiser.
En la revolución de 1891, Inglaterra, la Rubia Albión, la misma que armó a quienes asaltaron Bolivia y Perú, había jugado un pérfido doble papel, uno de ellos el de la mitológica Némesis, la diosa griega de la venganza, al participar con su espíritu mercantil y decidida influencia en una guerra y una revolución que causaron severos daños a sus protagonistas.
Tropa revolucionaria
[2] Cada quinto hombre de una columna es pasado por las armas.
Masacre de La Placilla
1891, crónica de la guerra civil, por Jorge Núñez P.
http://books.google.com.pe/books?id=n71SIc6IZE8C&pg=PA42&lpg=PA42&dq=brigada+camus,+1891&source=bl&ots=grDfV4le7h&sig=XkqAEmFhQQRugzH9vMmoJs-SEK0&hl=es&ei=BYO_StqVC4HU8AbjtomiAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1#v=onepage&q=&f=false
Historia Diplomática de Chile, 1541-1938, Mario Barros van Buren. Ediciones Ariel. Esplugues de Llobregat. Barcelona, España, 1970
Fotos diversas de Internet
Publicadas por Luis Siabala Valer Hora 17:07:00 3 Comentarios
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