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Timestamp: 2019-10-18 23:53:10+00:00

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﻿ SENTENCIA T-693 DE SEPTIEMBRE 6 DE 2007
SENTENCIA T-693 DE 06 DE SEPTIEMBRE DE 2007
CONTENIDO:PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LOS INTERNOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS. EL INPEC SÍ PUEDE SER DEMANDADO MEDIANTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR CAUSA DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN CABEZA DE LOS CONTRATISTAS PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y UTENCILIOS NECESARIOS PARA LOS INTERNOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL, RÉGIMEN PENITENCIARIO, DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA, DERECHOS FUNDAMENTALES DEL INTERNO, DEBER DE ATENCIÓN EN SALUD EN ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
Sentencia T-693 de septiembre 6 de 2007
Sentencia T-693 de 2007
Ref.: expediente T-1614236
El ciudadano Wilmar Antonio Zapata Vargas y 147 internos más de la Torre Nº 3 del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar instauraron una acción de tutela contra el director del mismo, bajo la consideración de que esta autoridad administrativa está vulnerando su derecho a la dignidad y el principio de igualdad.
1. Los actores son internos de la Torre Nº 3 del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar. Instauran la acción de tutela de la referencia con base en los siguientes hechos:
“Bastante lamentable la situación que estamos viviendo los internos de la Torre Nº 3 de llegar a tal que tener que recibir los alimentos diarios en tarros de gaseosa, bolsas plásticas y menaje totalmente deteriorados y llenos de microorganismos que a la postre nos están afectando en nuestra salud. Lo anterior debido a que hace aproximadamente 2 años no nos entregan la dotación completa de menaje (plato – vaso – cuchara) por parte de la institución, como lo ordena el artículo 67 de la Ley 65 de 1993.
“También es importante resaltar que la compañía encargada de la alimentación nuestra tiene la obligación de dotarnos de menaje cada año y a la vez el director del establecimiento como jefe de gobierno está en la obligación de hacer cumplir el artículo 36 de la Ley 65 de 1993.
“Es de tener en cuenta que el menaje que tenemos en reciclable, por lo que es necesario reemplazarlo por tardar cada año”.
Solicitan que se le ordene al director del establecimiento “dar cumplimiento a los artículos 36, 5º y 67 de la Ley 65 de 1993 y nos haga entrega inmediatamente y lo sigan haciendo cada año de nuestro menaje completo (plato- cuchara- vaso) para recibir nuestro alimentos diarios dignamente.
2. El Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar —EPCAMSVAL— respondió la demanda de tutela en los siguientes términos:
“De entrada queremos dejar sentado que el Inpec tiene un contrato Nº 1352 de 2005, el cual se encuentra vigente con la empresa Héctor Daniel Santiago Murcia, para el suministro de alimentación y enseres para el recibo de la misma. Esto en el parágrafo primero de las cláusulas contractuales; por lo que denunciamos el pleito, habida cuenta de no ser viable al Inpec la situación de marras (…). Esta empresa está administrada en la ciudad de Valledupar por el señor Pedro Fuentes, quien puede ser ubicado en este centro penitenciario. No obstante, el EPCAMSVAL se dirigió hasta el mencionado ciudadano, quien no respondió al llamado. Esto, mientras se llevan a cabo las acciones ejecutivas a que el caso diere lugar.
“Concomitante, se hace forzoso colegir que la presente acción constitucional es ilegítima por activa. Basta una leve mirada a los preceptos constitucionales y legales y se puede colegir que de acuerdo a los precisos parámetros del Decreto 2591 de 1991 —que reglamentó la acción de tutela— la acción de tutela fue concebida y estructurada jurídicamente por el legislador colombiano como un mecanismo individual, personal, para que los coasociados reclamen ante la rama judicial la vulneración o puesta en peligro de un derecho fundamental constitucional. Y no como puede verse: la presente acción constitucional la impetraron muchos internos encabezados por Wilmar Antonio Zapata Vargas; siendo que para esas acciones están previstas las acciones populares o de grupo previstas en el artículo 87 de la Constitución Política, por lo que la presente acción de tutela es ilegítima por activa.”.
Por lo tanto, solicita que se deniegue la petición de tutela “por carecer de fundamento constitucional y legal, por ilegitimidad por activa; por carencia de objeto, por no estar legalmente trasladada la pretensión principal a la empresa Héctor Daniel Santiago Murcia”.
Fundamenta su decisión de la siguiente manera: “(...) en el expediente se demostró (...) que la entidad contra la cual se dirigió la acción no es la entidad obligada a prestar los servicios de alimentación a los internos, ya que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec, celebró el contrato de suministro de alimentación 1352 de 2005, con la empresa Héctor Daniel Santiago Murcia, persona esta que es la encargada del suministro de alimentos, lo que nos deja entrever la falta de legitimación en causa pasiva del director del establecimiento penitenciario y carcelario, por no estar obligada dicha entidad a prestar los servicios que se les reclama, por lo que la tutela no podía prosperar contra esta última, ya que si la entidad encargada de la prestación de los alimentos es la empresa Héctor Daniel Santiago Murcia, entidad que es contratista, es evidente en este caso, la falta de legitimación en causa pasiva, en virtud a que quien debe prestar los servicios de salud al accionante es esta última y no aquella, por lo tanto no puede hablarse de violación de derecho fundamental alguno por dicha entidad, por lo que la acción de tutela debe negarse.”
4. La Defensoría del Pueblo remitió al proceso copia del contrato 1317 de 2007, suscrito entre el Inpec y la empresa Huerta de Oriente Ltda., el 30 de marzo de 2007, “para el suministro de alimentación de la población de internos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar correspondiente a la Regional Norte por valor de tres mil ciento diecisiete millones novecientos mil pesos (3.117.900.000) M/Cte.”
“4) Víveres y preparación. El costo de los víveres, la preparación de los alimentos será totalmente por cuenta por cuenta y riesgo del contratista. Parágrafo primero. utensilios: el contratista se compromete a suministrar los utensilios básicos para el suministro y consumo de los alimentos del interno en material plástico. Parágrafo segundo. Menaje. conforme a la addenda 1, la primera entrega deberá realizarse dentro de los dos meses [siguientes] al inicio del contrato; la segunda deberá realizarse al término del primer año de la primera entrega. Los recipiente para consumir la alimentación serán una fiambrera con compartimientos adecuados, vaso y cuchara, o en su defecto: plato hondo, plato pando, vaso y cuchara. Todo lo anterior en material plástico y color uniforme…”
5. La Defensoría del Pueblo también remitió el informe presentado por la asesora de la Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, Carmen Lozano Quintero, acerca de una visita de inspección practicada por esa institución, el día 16 de agosto de 2007, al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar. En el informe se plantea que el objeto de la visita consistía “en monitorear el cumplimiento del contrato 1317 de 2007, celebrado entre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec y la Huerta de Oriente Ltda., para el suministro de alimentación de la población de internos del establecimiento penitenciario de Valledupar, correspondiente a la regional norte, con respecto a la entrega de los utensilios para la alimentación de los internos.”
“Es importante dejar constancia que al hacer las visitas a los patios encontramos que la mayoría de los internos solo disponen del utensilio con los tres compartimientos para el recibo de las comidas, y el vaso para el jugo, pero no cuentan con el recipiente para sopa, esta es servida en uno de los compartimientos del plato grande o plato del seco, ocasionando la mezcla con los demás alimentos de los restantes compartimientos. (Esta es una queja permanente de los internos, por ello solicitan la entrega del recipiente para la sopa). Además, en el patio de Mujeres se encontró a las siguientes internas: María Villamil, Yury Catherine Peña, Juliana González y Yaneris Mancilla, quienes manifestaron haber llegado hace aproximadamente tres (3) meses y no habérseles suministrado el respectivo menaje, por lo cual reciben su alimentación en platos destruidos y prestados por las demás internas. (Esta situación fue puesta en conocimiento de la Ingeniera de Alimentos doctora Fabiola Arango Moreno, quien manifestó desconocer la situación y que de manera inmediata se adelantarán las diligencias tendientes a resolver el problema). De esta manera se está incumpliendo el contrato de alimentación que establece el suministro de los utensilios en material plástico dentro de los dos primeros meses al inicio del contrato, que comenzó a ejecutarse el 30 de marzo de 2007, ya que solo les fue entregado el plato de los tres compartimientos (fiambrera) y el vaso, faltando el plato de la sopa, situación que conlleva a una desagradable apariencia produciendo alteraciones del apetito.” (negrillas originales)
“• Los compañeros desadaptados se orinan en las fiambreras
“• Los untan de excrementos humanos
“• Son utilizadas para afeitarse
“• Hay compañeros con TBC (tuberculosis)
“• No llenan los requisitos de higiene exigidos en el momento de entregarlos con los alimentos para consumirse.
“• Los gramajes en los distintos alimentos, especialmente en los proteicos.
“• En el suministro adecuado de las dietas, según las distintas patologías.
“• Que se verifique la calidad de la alimentación antes y después de servida.
“• Los portaviandas no llenaban los requisitos de higiene exigidos en el momento de entregarlos con los alimentos para consumirse.
“• Que algunos internos desadaptados enjuagaban las máquinas de afeitar dentro de ellos, se defecaban y arrojaban esputos en su interior. Favor no olvidar el interno mal intencionado, perjuicioso con T.B.C.
“• La destrucción masiva de ellos generó caos como en algunas torres, esto por no generalizar todas (internos desadaptados pululan en su especie), nos llevaron a comer en bolsas plásticas.
“• Con el afán desmesurado de la entrega de los portacomidas se represaban a la salida del rancho en espera de su lleno total para luego proceder a su entrega; alimentos estos que llegaban fríos y, en ocasiones, en grado de descomposición, y su último destino era la caneca de los desperdicios.
“• Si en alguna oportunidad llegaba un portaviandas algo deteriorado este era partido y destruido en su totalidad, creando malestar a los rancheros en su entrega.
“— Evitar que esta orden impartida por la División Salud de la Dirección General del Inpec Bogotá siga su curso, por las razones aquí expuestas.
“- La decisión impartida de la D.S. es obsoleta y generará desórdenes e inconformismo en la comunidad interna.
“Nos causa admiración y nos generamos un sinfín de preguntas tales como: ¿Dónde está el bastimento y las verduras? Brillan a todas luces por su ausencia en nuestros alimentos. Esto sin hablar del gramaje.
“Sugerimos que en lo posible, para un futuro, la División Salud, Control Único y otra dependencias de la Dirección General del Inpec Bogotá, e incluyendo a la dirección y administración actual, no tomen decisiones desmesuradas, pues estas generan malestar e inconformismo por parte de la población interna reclusa.
La Sala de Revisión no comparte esta posición. Para establecer la procedencia de la acción de tutela en casos como el presente lo determinante no es establecer el número de presuntos afectados por una situación determinada, de tal manera que si se trata de un conjunto amplio de personas ya no pueda tener lugar la acción de tutela. En situaciones como la actual, lo fundamental para decidir si la acción de tutela es procedente es determinar si los demandantes – uno, algunos o muchos – pueden alegar una vulneración directa e inmediata de sus derechos fundamentales. Sobre esta materia se expresó en la Sentencia T-268 de 2000 (1) :
“(…) la Corte debe señalar que el criterio para diferenciar unas acciones de otras, —las populares de las de tutela—, no es en modo alguno la pluralidad de sujetos (2) que intervienen en una y otra, teniendo en cuenta que la multiplicidad de personas, por sí misma, no identifica necesariamente un sujeto colectivo (3) . En efecto, sería absurdo que de ser violados los derechos fundamentales de varias personas, la tutela no fuera procedente y que únicamente lo fuera, si el menoscabo se circunscribiera a una sola de ellas (4) . En ese orden de ideas, esta corporación ha reconocido, que la tutela puede ser procedente para asegurar la protección de los derechos fundamentales de una multiplicidad de personas sin que ello implique acceder a las fronteras de las acciones populares (5) , en razón de que, "si bien se considera un sujeto múltiple, no se valora como un sujeto indeterminado, al cual potencialmente se refiere el artículo 88 de la Carta” (6) .
‘Sea lo primero advertir que en algunos eventos la acción o la omisión de un particular, así como la de la autoridad pública, puede afectar a un número plural de personas, todas ellas identificadas o identificables, en cuyo caso no se puede predicar una situación de "interés colectivo" que amerite la protección jurídica mediante la figura de las acciones populares de que trata el artículo 88 superior, sino que se trata de una circunstancia que puede protegerse o remediarse mediante instrumentos especiales como lo son las acciones consagradas en la legislación colombiana, o la acción de tutela en los términos definidos por el artículo 86 de la Carta Política. (7) (...)
‘Las anteriores consideraciones llevan a la Sala a concluir que no es posible afirmar que los instrumentos jurídicos para el amparo del interés colectivo —como es el caso de las acciones populares o acciones de clase— resulten aplicables por el simple hecho de que se afecte a un número plural de personas, o porque se trate de derechos enumerados en el artículo 88 de la Carta Política o en alguna otra disposición constitucional o legal’.
El Inpec sí puede ser demandado mediante la acción de tutela por causa del incumplimiento de las obligaciones en cabeza de los contratistas.
El argumento expuesto por el director del centro de reclusión y por el juez de tutela no es de recibo. Es cierto que en los contratos de suministro de alimentación que suscribe el Inpec (8) se contempla una cláusula en la cual se acuerda que el contratista se obliga a entregarle a cada recluso los utensilios necesarios para comer. Pero el hecho de que el Inpec haya contratado con una empresa particular la provisión de los alimentos y de los utensilios para comer no lo releva de su deber de velar por el cumplimiento de las obligaciones que recaen en el contratista, e incluso de brindar directamente este servicio en el caso de que el contratista incumpla definitivamente sus obligaciones.
La violación de los derechos fundamentales de los internos en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar.
7. En sus sentencias referidas a la población reclusa, la Corte ha expresado repetidamente que si bien algunos derechos de los internos pueden ser suspendidos o limitados, otros deben ser garantizados en forma íntegra. Entre estos últimos se han señalado los derechos a la vida, a la integridad personal, la dignidad, la igualdad, la libertad religiosa, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la salud, al debido proceso y el derecho de petición. (9)
Pero, además, esta situación constituye una vulneración del derecho de los reclusos a ser tratados en una forma acorde con la dignidad humana, tal como lo exigen la Constitución, el mismo Código Penitenciario y Carcelario y los tratados internacionales de derechos humanos. (10) Sin duda alguna, en los tiempos actuales, el tener que comer cotidianamente en la forma descrita comporta un trato inhumano y degradante. (11)
En el informe se resalta también que la ingeniera de alimentos que trabaja para la empresa Huertas de Oriente mostró los utensilios que debían ser repartidos a los internos, a saber: “un plato grande con tres compartimientos (fiambrera) para el arroz, la ensalada y la carne; una taza con tapa para la sopa y un vaso mediano para el jugo, todo en material plástico” (12) . Esto indica que el compromiso asumido por la empresa habría sido modificado, por cuanto la cláusula segunda del contrato de suministro de alimentos, referida a las obligaciones del contratista, se menciona que los recipientes para consumir la alimentación serán “una fiambrera con compartimientos adecuados, vaso y cuchara, o en su defecto: plato hondo, plato pando, vaso y cuchara. Todo lo anterior en material plástico y color uniforme…”.
Es decir, de acuerdo con lo expresado por la ingeniera de alimentos, se habría convenido que también se entregara a cada uno de los reclusos un recipiente para la sopa. Sin embargo, en el mismo informe la defensoría relata que la gran mayoría de los reclusos no disponían de ese utensilio para servir la sopa, razón por la cual esta era servida en el mismo plato grande. En el reporte se anota que esta situación generaba quejas permanentes de parte de los internos.
Por su parte, los reclusos agrupados en el Comité de Derechos Humanos del centro de reclusión se oponen a esta medida, por cuanto afirman que algunos internos hacen un mal uso de las fiambreras (se orinan en ellas, las utilizan para afeitarse, las untan de excrementos o escupen en ellas). También manifiestan que este procedimiento tiene como consecuencia que la comida llegue muchas veces fría al interno —cuando no descompuesta—, y que, además, no garantiza que los platos se encuentren en las condiciones higiénicas necesarias. Por eso, solicitan que se permita que cada interno tenga sus propios utensilios de comer, de manera que cada uno los pueda limpiar adecuadamente y sienta que puede comer con las garantías higiénicas necesarias. Manifiestan que una medida similar ya había sido aplicada en el pasado y que el resultado de ella fue una destrucción masiva de los enseres de comer, lo que condujo a que muchos tuvieran que comer en bolsas plásticas.
1. REVOCAR la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar, el 19 de febrero de 2007, que denegó la tutela impetrada por Wilmar Antonio Zapata Vargas y otros contra el Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar. En su lugar, se CONCEDERÁ la tutela invocada.
2. ORDENARLE al director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar que tome las medidas a su alcance para garantizar que, en un plazo no mayor de quince (15) días a partir de la notificación de esta sentencia, la empresa contratista encargada del suministro de la alimentación cumpla con su obligación de entregarle a los reclusos todos los utensilios convenidos, y disponga lo necesario para que los internos que vayan llegando a la cárcel reciban también esos utensilios.
3. ORDENARLE al director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar que adopte las medidas requeridas para que se fumigue y se eliminen los olores del área alrededor del rancho dentro de los 15 días siguientes a la notificación de esta sentencia.
4. ORDENARLE al Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar que envíe a la Sala de Revisión un informe sobre los resultados de las medidas comentadas en los numerales dos y tres de esta parte resolutiva. Copia del informe deberá ser remitida a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo.
5. ORDENARLE al director del Inpec y el director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar que adopte un plan de acción, con su respectivo cronograma, para lograr que se brinde agua durante las veinticuatro (24) horas del día a los internos de ese centro de reclusión. El problema de la escasez de agua deberá haberse solucionado dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta sentencia. El Inpec remitirá informes bimestrales a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación sobre los resultados, hasta que se haya solucionado definitivamente el problema de la escasez de agua.
6. Invitar a la Defensoría del Pueblo Seccional Valledupar a la realización de controles periódicos acerca del cumplimiento del menú, de lo cual informará a la Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria.
7. ORDENARLE al director del Inpec y al director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar que abran un espacio de diálogo con los reclusos, representados en los Comités de Derechos Humanos, con el objeto de determinar si es recomendable – y viable - exigir que todos los utensilios para comer sean devueltos al rancho, con los riesgos que ello implica, según manifiestan los reclusos. Para el diálogo se contará con la mediación de la Defensoría del Pueblo. Sobre el resultado del mismo se informará a la Sala de Revisión dentro del mes siguiente a la notificación de esta sentencia.
8. ORDENARLE a la Secretaría General que envíe copia de esta sentencia a la Procuraduría General de la Nación, para lo de su competencia.
9. Para garantizar la efectividad de la acción de tutela, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar notificará esta sentencia dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de la comunicación a la que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
10. Líbrese por la Secretaría General las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
(2) Cfr. Sagüés Néstor Pedro. Acción de Amparo. Editorial Astrea. Buenos Aires 1991.
(3) Corte Constitucional. Sentencia T-379/95. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(5) Corte Constitucional. Sentencia T-523/94. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(7) Sentencia T-028 de 1994, Sala Novena Corte Constitucional, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(8) El artículo 67 del Código Penitenciario y Carcelario dispone que “El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario tendrá a su cargo la alimentación de los internos y la dotación de elementos y equipos de: trabajo, sanidad, didácticos, deportivos, de recreación y vestuario para condenados y todos los recursos materiales necesarios para la correcta marcha de los establecimientos de reclusión (…). A su vez, el Artículo 68 establece cómo debe brindarse la alimentación, para lo cual dispone que ella puede prestarse a través de contratistas: “ART. 68.—Políticas y planes de provisión alimentaria. La Dirección General del Inpec fijará las políticas y planes de provisión alimentaria que podrá ser por administración directa o por contratos con particulares. Los alimentos deben ser de tal calidad y cantidad que aseguren la suficiente y balanceada nutrición de los reclusos. La alimentación será suministrada en buenas condiciones de higiene y presentación. Los internos comerán sentados en mesas decentemente dispuestas. La prescripción médica, la naturaleza del trabajo, el clima y hasta donde sea posible, las convicciones del interno, se tendrán en cuenta para casos especiales de alimentación.”
(9) Entre las últimas providencias de esta Corporación referidas a los derechos de los reclusos que aquí se analizan se encuentran las sentencias T-317 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-1084 de 2005 Alfredo Beltrán Sierra; T-848 de 2005 Manuel José Cepeda Espinosa; T-792 de 2005 Clara Inés Vargas Hernández; T-684 de 2005 Marco Gerardo Monroy Cabra; T-690 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis, y T-1030 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(10) El artículo 1º de la Constitución dispone que el Estado colombiano se funda en el respeto de la dignidad humana. Luego, el artículo 12 prohíbe “los tratos crueles, inhumanos o degradantes.” En concordancia con estas norma constitucionales, el artículo 5º del código establece que “[e]n los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral.”
A su vez, el artículo 7º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíbe los tratos crueles e inhumanos, al mismo tiempo que el numeral 1º del artículo 10 establece: “10. 1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano….” Esta norma ha sido interpretada por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a través de la Observación General Nº 21, aprobada en 1992 y referida al trato humano de las personas privadas de libertad, en la cual se expresó: “3. El párrafo 1º del artículo 10 impone a los Estados Partes una obligación positiva a favor de las personas especialmente vulnerables por su condición de personas privadas de libertad y complementa la prohibición de la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes prevista en el artículo 7º del Pacto. En consecuencia (…) debe garantizarse el respeto de la dignidad de estas personas en las misma condiciones aplicables a las personas libres. Las personas privadas de libertad gozan de todos los derechos enunciados en el Pacto, sin perjuicio de las restricciones inevitables en condiciones de reclusión. // 4. Tratar a toda persona privada de libertad con humanidad y respeto de su dignidad es una norma fundamental de aplicación universal. Por ello, tal norma, como mínimo, no puede depender de los recursos materiales disponibles en el Estado Parte (…). // 5. Se invita a los Estados Partes a indicar en sus informes si aplican las normas pertinentes de la Naciones Unidas relativas al tratamiento de los detenidos, es decir, las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (1957), el Conjunto de Principios para la Protección de las Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión (1988), el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (1978) y los Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (1982).”
También el artículo 5º de la Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe los tratos indignos e inhumanos:
(11) Al respecto dice la regla 20 de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977) lo siguiente:
(12) Fotos de los utensilios que debían ser entregados a los reclusos reposan en el expediente, en el informe enviado por la funcionaria de la Defensoría del Pueblo.

References: artículo 67
 artículo 36
 artículo 87
 artículo 88
 artículo 88
 artículo 86
 artículo 88
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 67
 Artículo 68
 artículo 1
 artículo 12
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 7
 artículo 5