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Timestamp: 2019-03-26 14:28:58+00:00

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Resolución de TEAC, 00/2010/2005, 17-05-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/2010/2005 de 17 de Mayo de 2006
Núm. Resolución: 00/2010/2005
Fue correcto el acuerdo de adopción de medidas cautelares en relación con el expediente abierto a los herederos de un obligado tributario al que se estaban realizando actuaciones de investigación y comprobación, pues en el momento en que se tomaron existían indicios racionales de que de no ser adoptadas se vería frustrado o gravemente dificultado el cobro de la deuda, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto. En cuanto a la alegación de que las medidas cautelares fueron referidas a unas cuentas de las que era titular la interesada y se habían traspasado fondos del sujeto pasivo, teniendo en cuenta que la interesada era cónyuge, cabía presumir que era una posible obligada, sobre todo porque en el momento de la adopción de medidas cautelares no había declaración judicial de herederos. Respecto a la alegación de que los bienes embargados cautelarmente tienen como titular a la reclamante, que no es heredera, hay que tener en cuenta que se habían traspasado fondos del sujeto pasivo y existían indicios racionales de que de no ser adoptadas dichas medidas se vería frustrado o gravemente dificultado el cobro de la deuda del obligado tributario y que el mero transcurso del tiempo en que haya de efectuarse una actuación puede conllevar la imposibilidad de su cumplimiento final.
En la Villa de Madrid, a 17 de mayo de 2006 en el recurso de alzada que pende ante este Tribunal Central, interpuesto por D.ª C, con domicilio en ..., contra la resolución de 24 de febrero de 2005 del Tribunal Económico Administrativo Regional (T.E.A.R.) de ..., por la que se desestima la reclamación interpuesta contra desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto contra las medidas cautelares adoptadas en relación con el expediente abierto a Herederos de D. A.
PRIMERO: El Delegado Especial de la Agencia Tributaria de ... dictó el 27 de noviembre de 2002 acuerdo de adopción de medidas cautelares para asegurar el cobro de las deudas con clave de liquidación ..., por importes de 65.621,75 €, 113.985,72 € y 178.027,10 € respectivamente, a nombre de Herederos de D. A. Las medidas cautelares consisten en el embargo de tres cuentas, una de ellas de depósito de valores, a nombre de ... (..., S. A.). Los bienes embargados cautelarmente tienen como titular a la interesada. En el acuerdo se indica, entre otros extremos, que en junio de 2001 se produce el traspaso de los saldos de las cuentas del obligado tributario al que se estaban realizando las actuaciones de investigación y comprobación, D. A, a las cuentas de la sociedad ... que después han sido objeto de embargo. El traspaso de saldos los realiza D. B, hijo del obligado tributario y de la interesada, que a su vez figura como autorizado en una de las cuentas embargadas cautelarmente. Fallecido D. A el ... de 2001, que no había otorgado testamento, sus hijos se niegan a recibir la notificación de la continuación de las actuaciones inspectoras, alegando desconocer su condición de herederos. Con fecha 13 de septiembre de 2002 se incoan actas A02 a nombre de Herederos de D. A y D.ª C (heredera). La interesada interpuso recurso de reposición contra el acuerdo de adopción de medidas cautelares, del que no consta la resolución.
SEGUNDO: La Dependencia de Recaudación dirigió escrito a la interesada con fecha 13 de diciembre de 2002, en el que le indica que "Dado que en fecha 12 de diciembre de 2002, se ha acordado la suspensión según el artículo 75 del Real Decreto 391/1996 de 1 de marzo, de las liquidaciones: ... y ... contenidas en el acuerdo de adopción de medidas cautelares anteriormente citado, se ha procedido por esta Dependencia de Recaudación URR 9, en fecha de hoy al levantamiento de la diligencia de embargo cautelar y provisional sobre la cuenta número ...".
TERCERO: Contra la desestimación presunta del recurso de reposición, la interesada interpone reclamación económico-administrativa ... ante el Tribunal Económico Administrativo Regional (T.E.A.R.) de ..., en la que resumidamente alega que no se pueden dirigir contra ella las actuaciones inspectoras iniciadas contra su marido debido a que no es su heredera. Añade que no se han cumplido los requisitos y garantías para la apertura de un procedimiento inspector, y que en todo caso el procedimiento caducó desde el momento en que falleció su marido, al suspenderse con causa justa el expediente de inspección. Entiende que el embargo es manifiestamente ilegal porque se ha dictado sin base alguna debido a que las deudas tributarias originarias están impugnadas en vía económico-administrativa, habiéndose garantizado totalmente en tiempo y forma el importe reclamado, siendo la suspensión automática desde 5 de diciembre de 2002, es decir, dentro del plazo voluntario de pago. Considera que el embargo es nulo, al no existir providencia de apremio, no cumpliéndose tampoco los requisitos del artículo 128 de la Ley General Tributaria, es decir no hay indicio racional de ver frustrado el cobro, ni existe proporcionalidad alguna, ni ha habido vaciamiento patrimonial.
CUARTO: El Tribunal Regional desestimó la reclamación en resolución de 24 de febrero de 2005, en la que argumenta, resumidamente, que el fundamento de la adopción de las medidas cautelares se encuentra en el hecho de que el mero transcurso del tiempo en que haya de efectuarse una actuación puede conllevar la imposibilidad de su cumplimiento final, por lo que está regulada en el artículo 128 de la Ley General Tributaria. En cuanto a quiénes pueden ser sujetos pasivos de las medidas cautelares, pueden serlo todos los "responsables del pago", entendiendo por tales los enunciados en el artículo 10 del Reglamento General de Recaudación, en relación con el artículo 30 y siguientes de la Ley General Tributaria. El acuerdo adoptado reúne todos los presupuestos para su validez. Por un lado la reclamante es en el momento en que se dicta el acuerdo un posible obligado al pago, por el hecho de ser cónyuge del deudor fallecido, y por otro lado existían unas deudas incoadas a nombre del deudor fallecido y una serie de operaciones de vaciamiento patrimonial que pueden perjudicar los derechos de la Hacienda Pública y obstaculizar la labor inspectora, lo que supone la existencia de indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro se verá frustrado o gravemente dificultado. Todo ello sin perjuicio de que en ejecución del citado acuerdo se practicó diligencia de embargo cautelar y provisional de la cuenta ... que fue objeto de levantamiento en virtud del acuerdo de suspensión por aportación de garantías. En cuanto a lo alegado relativo a incumplimientos en el procedimiento inspector, cabe decir que no es el momento procesal oportuno, debiendo hacer valer dichas cuestiones al impugnar, en su caso las liquidaciones que se deriven de las actas de inspección.
QUINTO: Disconforme la interesada con la resolución anterior, notificada el día 17 de mayo de 2005, interpone el presente recurso de alzada mediante escrito del día 30 siguiente, en el que solicita que se anule y deje sin efecto tanto la resolución impugnada como todas las actuaciones realizadas contra su persona con motivo del fallecimiento de su esposo, para lo cual alega, reitera lo ya manifestado ante el Tribunal Regional, añadiendo que éste no se pronuncia sobre el objeto principal de la reclamación, esto es, que no es heredera del deudor, siendo el acuerdo de 11 de noviembre de 2002 la primera noticia de que se estaba dirigiendo una actuación tributaria contra ella, lo cual produce indefensión; que el embargo cautelar ha sido levantado y dejado sin efecto hace más de dos años por la Agencia Tributaria, con lo que se demuestra la improcedencia del mismo, con lo que el Tribunal Regional confirma un acuerdo que la propia Agencia hace tiempo que ha anulado; que el Tribunal Regional dice que debe formular sus alegaciones respectos de incumplimientos del procedimiento inspector en la impugnación del propio procedimiento, pero las liquidaciones nunca le han sido notificadas; en su momento no se impugnó sólo el procedimiento recaudatorio y dentro de él el embargo cautelar, sino todo el procedimiento anterior o la ausencia de él, cuestión sobre la que el Tribunal Regional evita pronunciarse; el acuerdo del Tribunal Regional asume como hechos probados hechos falsos y aplica normas inexistentes: el acta A02 de 7 de mayo de 2001 fue anulada y el acta de regularización no pudo firmarse porque el interesado había fallecido. Después y como consecuencia del fallecimiento de sujeto pasivo, el Inspector actuante declaró a su esposa e hijos herederos; que el traspaso de saldos que se produjo tres meses antes del fallecimiento del sujeto pasivo no son ilegales; que el propio acuerdo del Tribunal Regional reconoce que se levantó el embargo cautelar por la aportación de garantías, con lo que no se comprende cómo luego se confirma ese embargo, silenciándose que hay bienes más que suficientes a nombre del fallecido, por lo que hablar de vaciamiento patrimonial es un abuso.
PRIMERO: Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión a trámite del recurso, en la que la cuestión planteada consiste en determinar si procede la anulación de las medidas cautelares adoptadas.
SEGUNDO: A lo expuesto por el Tribunal Regional, que se suscribe en su totalidad, han de añadirse las siguientes consideraciones, para dar respuesta a las cuestiones planteadas por la interesada en su recurso. Cuando se enjuician medidas cautelares, lo que debe tenerse en cuenta es si en el momento en que se tomaron cumplían las normas que las regulan; por lo tanto de lo que se trata en el presente caso es de determinar si existían los indicios racionales de que de no ser adoptadas se vería frustrado o gravemente dificultado el cobro de la deuda. Así, dado que no se había producido colaboración alguna en el procedimiento inspector por parte del sujeto pasivo, que hubo los traspasos de saldos a que se ha hecho referencia, y que una vez fallecido el sujeto pasivo, sus previsibles herederos tampoco facilitaron la labor inspectora, es claro que se cumple el presupuesto legal del artículo 128 de la Ley General Tributaria. A ello no obsta ni que el sujeto pasivo fallecido fuera propietario de otros bienes, ni que el procedimiento inspector se viera interrumpido como consecuencia del fallecimiento, ni que con posterioridad se hayan realizado otras actuaciones como consecuencia de la continuación del procedimiento inspector, porque precisamente se trata tan sólo de medidas cautelares que pueden levantarse de oficio o prorrogarse en el plazo de un mes, o bien convertirse en definitivas en el marco de tal procedimiento tributario, todas esas opciones precisamente como consecuencia de las nuevas actuaciones que en el momento de su adopción no se habían realizado. Por otra parte, la sustitución del embargo preventivo por un aval bancario no significa que aquél fuera inadecuado; la justificación del aval es precisamente la existencia del embargo, al que sustituye como garantía de pago. Ha de añadirse que además del acta A02 de 7 de mayo de 2001, posteriormente se levantó otro acta A02 nº ... de 13 de septiembre de 2002 a nombre de Herederos de D. A. y de D.ª C (heredera), acta que se cita tanto en la resolución impugnada del Tribunal Regional como en el acuerdo de adopción de medidas cautelares.
TERCERO: En cuanto a la alegación de la interesada no es heredera de D. A, es necesario recordar que las medidas adoptadas fueron cautelares con carácter provisional, de unas cuentas de las que es titular la interesada a las que se habían traspasado fondos del sujeto pasivo, y que la interesada era cónyuge de éste, por lo que tal y como indica el Tribunal Regional en su resolución impugnada cabe presumir que es una posible obligada, sobre todo teniendo en cuenta que en el momento de realizar las alegaciones, y por tanto tampoco en el de la adopción de medidas cautelares, no había declaración judicial de herederos, según afirma la propia interesada.
CUARTO: La interesada alega asimismo indefensión, porque el acuerdo de 11 de noviembre es la primera noticia de la actuación tributaria contra ella. La actuación tributaria que se seguía no era contra ella, sino contra su esposo, y la adopción y notificación de las medidas cautelares lo son en la medida en que se dan los presupuestos previstos en la Ley y que ya se han explicado, y respecto de aquellos bienes que precisamente son procedentes del sujeto pasivo. No se ha infringido por tanto norma alguna, y no se ha incurrido en indefensión porque ésta, en sentido propio, viene producida por aquellas actuaciones que imposibilitan o dificultan que el interesado acuda a los Tribunales de Justicia en defensa de sus derechos o intereses, lo que no puede decirse que se haya producido con ninguna actuación administrativa. Finalmente y en cuanto a las alegaciones y la impugnación del procedimiento inspector, debe hacerse contra los actos que lo constituyen, esto es las actas y liquidaciones, a partir del momento en que se notifiquen y dentro del plazo establecido, pero no a través de un acuerdo de adopción de medidas cautelares, como se pretende.
ESTE TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, como resolución del presente recurso, ACUERDA: Desestimarlo, confirmando los actos impugnados.
Sentencia Administrativo Nº 876/2015, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 5, Rec 374/2013, 22-07-2015
Orden: Administrativo Fecha: 22/07/2015 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Ornosa Fernandez, Maria Rosario Num. Sentencia: 876/2015 Num. Recurso: 374/2013
Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 27/2018, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 5, Rec 354/2016, 24-01-2018
Orden: Administrativo Fecha: 24/01/2018 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: álvarez Theurer, Carmen Num. Sentencia: 27/2018 Num. Recurso: 354/2016
Sentencia Administrativo Nº 1309/2015, TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 631/2012, 16-12-2015
Orden: Administrativo Fecha: 16/12/2015 Tribunal: Tsj Cataluña Ponente: Foncillas Sopena, Ramon Num. Sentencia: 1309/2015 Num. Recurso: 631/2012
Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 525/2017, TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 3570/2015, 27-03-2017
Orden: Administrativo Fecha: 27/03/2017 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Diaz Delgado, Jose Num. Sentencia: 525/2017 Num. Recurso: 3570/2015
Orden: Administrativo Fecha: 27/06/2017 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Ornosa Fernandez, Maria Rosario Num. Sentencia: 651/2017 Num. Recurso: 1257/2015
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 19/10/2000 Núm. Resolución: 00/544/1999

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 75
 Real Decreto 
 artículo 128
 resolución 
 artículo 128
 artículo 10
 artículo 30
 resolución 
 resolución 
 artículo 128
 resolución 
 resolución 
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