Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015/as201531566.html
Timestamp: 2019-03-20 19:31:45+00:00

Document:
A.S. 566-2015
Auto Supremo Nº 566
Expediente: 84/2011-A
Demandante: Policía Nacional de Bolivia
Demandados:José Luis Medina Claros y otro
VISTOS:El recurso de casación en la forma y en el fondo,interpuesto por Roger Marcelo Ugarte Calvo en representación de José Luís Medina Claros, que cursa de fs. 353 a 354, contra el Auto de Vista N°141/09 de 6 de junio (fs. 349 a 350), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro de la demanda coactivo fiscal, seguido por Emma Jacqueline Andia Fernández en representación de la Policía Nacional,contra José Luis Medina Claros y Héctor Macuaga Villavicencio; la respuesta de fs. 358 a 359; el Auto que concedió el recurso de fs. 360; los antecedentes del proceso; y:
Que, tramitado el proceso coactivo fiscal, la Juez Primero Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de La Paz, emitió Sentencia Nº 026/2008 de 14 de julio, cursante de fs. 325 a 328, por la que declaró improbada la demanda de fs. 235 a 236, en consecuencia dispuso: 1° Dejar sin efecto el auto interlocutorio N° 129/2003 de fs. 144 y Nota de Cargo N° 129/2003 de fs. 145., y 2°Se levanten las medidas precautorias adoptadas contra los coactivados a la ejecución de la Sentencia.
Este fallo motivó el recurso de apelación interpuesto por Emma Jacqueline Andia Fernández, representante legal de la Policía Nacional, (fs. 331 a 334 vta.), que fue resuelto mediante el Auto de Vista N° 141/09 de 6 de junio, Revocando la Sentencia N° 026/2008 y deliberando en el fondo declaró Probada la demanda, manteniendo firme el Auto interlocutorio N° 120/2003 y la Nota de Cargo N° 129/2003.
I.2.1. Recurso de casación
Bajo el rótulo de“QUEBRANTAMIENTO E INOBSERVANCIA DELAS NORMAS PROCESALES”(sic), el recurrente señala que dentro del proceso fiscal que se le sigue por la suma de $us.24.491.91.-, la A quo dictó la Sentencia Nº 026/2008 de 14 de julio, declarando improbada la demanda y dispuso dejar sin efecto el Auto Interlocutorio Nº 120/2003 y la Nota de Cargo Nº 129/2003, ordenando además se levanten las medidas precautorias adoptadas contra los coactivados.
Alega que el bien de las unidades de apoyo administrativo no se encuentran nominadas en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, a este efecto cita el art. 31 de la citada Ley; dice que la Resolución Suprema Nº 207643 de 7 de mayo de 1990, reconoce la personería Jurídica de la Asociación creada por Resolución del Comando de Policía Nº 206/89 de 15 de noviembre y no así por las esposas de las autoridades policiales, siendo que ésta actualmente se encuentra vigente, por lo que los coactivados se limitaron a cumplir con las disposiciones legales señaladas, sin vulnerar ninguna norma regulatoria.
Citando el contenido del art. 31 del Decreto Supremo (DS) Nº 21364 de 20 de agosto de 1986, afirmando que el Reglamento interno para uso y mantenimiento de vehículos y adquisición, distribución y uso de combustible, se asigna a la Asociación de Esposas de la Policía, es decir que esa dotación se halla perfectamente regulada por Ley, por lo que esa actuación se enmarcó dentro del marco de la Ley.
Continúa señalando que,“asimismo, se interpone el recurso de apelación contra la Sentencia Nº 026/2008, …con el siguiente fundamento, en la exposición de agravios se manifiesta que la demanda se encuentra amparada en el artículo 77 inc. h) de la Ley del sistema de Control Fiscal, por la entrega de vales de gasolina al personal de apoyo administrativo del Comando General”(sic). No tomando en cuenta así que en ningún momento existe apropiación ni disposición arbitraria de los recursos, ya que esos dineros (vales de gasolina) jamás ingresaron en el patrimonio de los coactivados, por ello no existe apropiación de estos dineros ni arbitrariedad en la disposición de recursos económicos como se establece en la demanda.
Señala que no se tomó en cuenta que cuando los coactivados prestaban sus funciones estaban regulados por la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Constitución Política del Estado (CPE), donde está legislado todos los beneficios a favor de los funcionarios policiales, existiendo en este punto errónea interpretación. Aduce que, todos estos elementos de hecho y derecho, demuestran “una violación flagrante a normas procesales y sustantivas, en el Auto de Vista…”(sic).
Con ese antecedente, solicita a la extinta Corte Suprema de Justicia resolver el recurso casando el Auto de Vista impugnado, y consecuentemente se confirme la Sentencia.
Sobre el principio de impugnación y los requisitos de procedencia del recurso de casación
El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; principio que asegura a los sujetos procesales el derecho de recurrir contra las resoluciones judiciales pronunciadas en la jurisdicción ordinaria, debiendo al momento de interponer los distintos recursos que prevé la norma, cumplir con los requisitos establecidos en los dispositivos procesales.
Respecto a los requisitos de procedencia del recurso de casación en materia coactivo fiscal, corresponde remitirnos al Código de Procedimiento Civil (CPC), que según disponen los arts. 214 y 297 de la Ley Nº 1340 es aplicable en el presente recurso.
Con ese preámbulo, es menester hacer referencia a lo dispuesto por el art. 253 del CPC, que precisa que, procede el recurso de casación en el fondo: 1) Cuando la Sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley; 2) Cuando contuviere disposiciones contradictorias, y 3) Cuando en la apreciación de las pruebas se hubieren incurrido en error de derecho o error de hecho. Estos numerales en forma expresa precisan los tres motivos por los que procede el recurso de casación denominado en el fondo, que tienen como objetivo verificar la existencia de errores de derecho, en las que hubieran incurrido los Tribunales de instancia al emitir sus resoluciones, por ello el recurrente está obligado a exponer los fundamentos fácticos y jurídicos en forma precisa con respecto a cada uno de los motivos invocados, obligación que no puede ser soslayado con la simple referencia de antecedentes o cita de normas legales.
Uno de los requisitos de procedencia del recurso de casación se encuentra establecido en el art. 258.2 del CPC, que impone al recurrente “…citar en términos claros, concretos y precisos…, la Ley o Leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso…”; carga procesal que es de cumplimiento obligatorio por parte del recurrente con la finalidad de abrir la competencia del Tribunal de casación; su inobservancia tiene como sanción la declaración de improcedencia del recurso conforme previene el art. 272.2) del CPC.
Siguiendo dicho lineamiento, mediante el Auto Supremo Nº 23 de 18 de febrero de 2013 se precisó que “El recurso de casación se equipara a una nueva demanda de puro derecho que debe contener los requisitos enumerados en el art. 258 del CPC, debiendo fundamentarse por separado de manera precisa y concreta las causas que motivan la casación ya sea en la forma, en el fondo o en ambos, no siendo suficiente la simple cita de disposiciones legales, sino demostrar conforme señala la Ley, en qué consiste la infracción que se acusa y es reclamada. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el recurso de casación en el fondo tiene por objetivo modificar el contenido de un auto definitivo, Sentencia o Auto de Vista, basado en que los jueces o tribunales de instancia a tiempo de emitir las referidas resoluciones hubiesen incurrido en "errores in judicando", aspectos que imperativamente deberán ser exteriorizados a través de los tres presupuestos contenidos en el art. 253 del CPC, vale decir cuando se acredite: ‘que la resolución objeto del recurso hubiera sido emitida en virtud a una errónea interpretación o aplicación indebida de una Ley’ o ‘cuando la referida resolución contuviere disposiciones contradictorias’, y finalmente cuando se demuestre ‘que en la valoración de las pruebas se hubiere cometido error de derecho o de hecho, aclarando que este último debe ser evidenciado por otros documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador’…”.
Teniendo presente los fundamentos jurídicos expuestos en el acápite que precede, se advierte que el recurso de casación formulado por el apoderado de José Luís Medina Claros, no cumple con los requisitos establecidos por el art. 258.2 del CPC, pues analizados los argumentos descritos en el memorial del recurso, se desprende que el recurrente desconociendo la naturaleza y finalidad que persigue el recurso de casación, se limitó a señalar que interpone recurso de casación tanto en la forma como en el fondo, sin intentar identificar o señalar alguno de los motivos de procedencia descritos en el art. 254 del CPC menos respecto al fondo precisar en cuál de los tres errores “in judicando” previstos por el art. 253 del CPC incurrió el Tribunal de Alzada, pues de la lectura del citado recurso, no es posible visualizar un motivo claro y concreto por el que se precise,en qué consiste la infracción o vulneración en la que hubiera incurrido el Tribunal de Alzada al pronunciar el Auto de Vista.
El recurrente en el acápite “QUEBRANTAMIENTO E INOBSERVANCIA DE LAS NORMAS PROCESALES”, limita su labor recursiva:primeroa citar el contenido del art. 31 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, sin realizar ninguna explicación posterior del porqué de dicha cita; segundo hace referencia a la Resolución Suprema Nº 207643 y a la Resolución del Comando de la Policía Nº 206/89, señalando que las mismas se encuentran vigentes y que cumplió las mismas; tercero se refiere al art. 31 del DS Nº 21364 de 20 de agosto de 1986, para aclarar que el uso de combustible asignada a la asociación de esposas de la Policía se halla perfectamente regulada; y finalmente resalta que como servidor público estaba regulado por la Ley Orgánica de la Policía Nacional Nº 153 de 9 de enero de 1962 y la CPE, concluyendo que existe errónea interpretación y que “estos elementos de hecho y derecho, demuestran violación flagrante a normas procesales y sustantivas, en el Auto de Vista”(sic); como se puede advertir de los argumentos que se detallaron, estos no pasan de ser comentarios carentes de respaldo fáctico y jurídico, pues no es posible identificar un razonamiento expuesto por el Ad quem sobre dichas temáticas que fueran contrarias a las normas citadas en el recurso. Por lo expuesto, queda evidenciado que el recurrente desconoce las características y naturaleza del recurso de casación, que al constituirse en una nueva demanda de puro derecho, exige que en su interposición se cumpla con los requisitos enumerados por el art. 258 del CPC, fundamentando de manera precisa y concreta las causas que dieron lugar a la interposición del recurso, no pudiendo conformarse con la simple citada de normas legales o la relación de hechos, sino demostrar en términos razonados y razonables, en qué consiste la infracción o vulneración en la que hubiera incurrido el Ad quem al pronunciar el Auto de Vista; el recurrente simplificó su labor a citar normas legales y señalar que no tuviera responsabilidad alguna, omitiendo identificar el presunto error o vulneración que contuviera el Auto de Vista.
La omisión advertida no puede ser suplida de oficio por este Tribunal Supremo de Justicia que se ve imposibilitado de abrir su competencia para la resolución del recurso planteado, por lo que corresponde aplicar lo advertido por los arts. 271.1 y 272.2 del CPC.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la CPE y art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara IMPROCEDENTEel recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Roger Marcelo Ugarte Calvo en representación de José Luis Medina Claros.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 77
 resolución 
 resolución 
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