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Timestamp: 2018-02-20 12:42:15+00:00

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Ramona Suárez Pérez
1 RIVERO & GUSTAFSON ABOGADOS Septiembre 2011 Newsletter Mercantil. Contratos de crédito al consumo. Apoyo a los deudores hipotecarios, control del gasto público, cancelación de deuda con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, fomento empresarial, impulso de la rehabilitación y de simplifacación administrativa. Procesal... Reforma de la Ley de Arbitraje. Veto a la aplicación analógica de las normas reguladoras del matrimonio a las uniones de hecho para liquidar los bienes comunes. Laboral.. Regulación de empleo y actuación administrativa en materia de traslados colectivos. Medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes. Mercantil. Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo El próximo 25 de septiembre, entrará en vigor la Ley 16/2011 que tiene por objeto transponer la Directiva 2008/48/CE, así como derogar la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo. La Directiva impone una armonización total de la regulación del crédito al consumo, en todos los Estados miembros de la U.E. que no pueden mantener o introducir disposiciones nacionales distintas, si bien tal restricción no impide mantener o adoptar normas nacionales en caso de que no existan disposiciones armonizadas en la norma europea. Dicha armonización dota al mercado crediticio europeo de una mayor transparencia, permitiendo que las distintas ofertas puedan compararse y aumentando las posibilidades de los consumidores de acogerse al crédito al consumo transfronterizo. Esta Ley también conserva aquellas previsiones que ofrecen una mayor protección en el ámbito del crédito al consumo a pesar de que no vengan exigidas por la normativa comunitaria, como las de la derogada Ley 7/1995 relativas a la oferta vinculante, a la eficacia de los contratos vinculados a la obtención de un crédito, al cobro indebido y a la penalización por falta de forma y por omisión de cláusulas obligatorias en los contratos. Asimismo, mantiene la aplicación parcial de la Ley a los contratos de crédito cuyo importe total es superior a euros. Entre las principales novedades introducidas en la regulación del crédito al consumo se pueden destacar las siguientes: 1.- Ámbito de aplicación Se aplica a aquellos contratos en los que el prestamista concede o se compromete a conceder a un consumidor un crédito bajo la forma de pago aplazado, préstamo, apertura de crédito o cualquier medio equivalente de financiación, circunscribiendo la consideración de consumidores a las personas físicas que actúan en un ámbito ajeno a su actividad empresarial o profesional. Rivero & Gustafson Abogados. John R. Gustafson Departamento Procesal Sebastián Rivero Departamento Procesal Eliécer Pérez Simón Departamento Mercantil Ángela Toro Departamento Laboral Javier Zapata Departamento Fiscal Avda. de Burgos, 17-3º Madrid (Spain) Tel.: (34) Información de los consumidores Con la finalidad de mejorar la información de los consumidores, la Ley incide en las actuaciones previas a la contratación del crédito, regulando de forma detallada la información básica que ha de figurar en la publicidad, en las comunicaciones comerciales y en los anuncios de ofertas que se exhiban en los locales comerciales que ofrezcan un crédito o la intermediación para la celebración de un contrato de crédito. Asimismo, establece un listado con las características que ha de tener el crédito sobre las que el prestamista, y en su caso el intermediario de crédito, ha de informar al consumidor antes de asumir éste cualquier obligación en virtud de un contrato u oferta de crédito, información precontractual que deberá ser facilitada en un impreso normalizado en los términos establecidos. Por último, obliga a los prestamistas, y en su caso a los intermediarios, a prestar ayuda al consumidor en la toma de decisión sobre el contrato de crédito que, de entre los productos propuestos, responde mejor a sus necesidades y situación financiera. Esta asistencia se concreta en la obligación de explicar al consumidor de forma personalizada las características de los productos propuestos, así como la información precontractual correspondiente y de advertirle de los riesgos que derivarían en caso de impago o de endeudamiento excesivo, a fin de que éste pueda comprender las repercusiones del contrato de crédito en su situación económica. 1
2 3.- Evaluación de la solvencia del prestatario Reviste particular interés la introducción de esta obligación del prestamista con carácter previo a la celebración del contrato de crédito, para lo cual podrá servirse tanto de la información obtenida por sus propios medios como de la facilitada por el futuro prestatario, incluida la consulta de bases de datos. A pesar de que la realización de esta evaluación es obligatoria siempre, su alcance queda a criterio del prestamista en función de la relación comercial entre éste y su cliente. Para garantizar la libre competencia entre prestamistas, las condiciones de acceso a las bases de datos sobre la solvencia patrimonial de los consumidores han de ser iguales para todos los prestamistas establecidos en la Unión Europea. Esta mayor exigencia de información al consumidor sobre sus derechos y obligaciones se refleja en la regulación del contenido de los contratos, adaptándose la misma a la especificidad de los distintos tipos de contrato de crédito. 4.- Ejecución del contrato En la fase de ejecución del contrato, la Ley regula el derecho de las partes a poner fin a los contratos de duración indefinida, así como el derecho del consumidor al reembolso anticipado del crédito y la posición del prestatario ante la cesión de los derechos del prestamista derivados de un contrato de crédito. Asimismo, se introduce el derecho del consumidor a desistir del contrato de crédito, en cuya regulación se han seguido los criterios que rigen para el ejercicio de este derecho en la comercialización a distancia de servicios financieros. 5.- Cálculo de la Tasa Anual Equivalente La tasa anual equivalente correspondiente al crédito ha de ser calculada de idéntica forma en toda la Unión Europea. A su vez, la Ley habilita al Ministerio de Economía y Hacienda para establecer supuestos adicionales para el cálculo de la tasa anual equivalente y así facilitar el ajuste de estas previsiones a ulteriores modificaciones que la Comisión Europea acuerde en ejercicio de sus competencias. 6.- Régimen sancionador En cuanto al régimen sancionador, el incumplimiento por las entidades de crédito de las obligaciones impuestas por esta Ley se sanciona conforme a lo establecido en la normativa sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito. El incumplimiento por las demás personas físicas y jurídicas constituye una infracción en materia de protección de los consumidores y usuarios. 7.- Régimen de impugnaciones La Ley abre la vía de la reclamación extrajudicial para la resolución de los conflictos entre consumidores y prestamistas, así como con los intermediarios de crédito, e incorpora la regulación de las acciones de cesación frente a las conductas contrarias a las disposiciones en ella contenidas. Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deuda con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. El Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio, que entró en vigor el día 7 de julio de 2011, excepto en lo dispuesto en el artículo 21 en relación con la inspección técnica de edificios, que entrará en vigor el próximo 7 de julio de 2012, surge como respuesta de urgencia ante el desarrollo de la crisis financiera internacional y sus consecuencia en España. Los aspectos más significativos que recoge la citada norma son, de modo resumido, los siguientes: 1.- Se incluyen dos grupos de medidas que pretenden proteger a los deudores hipotecarios: 1.1- Se eleva el umbral de inembargabilidad cuando el precio obtenido por la venta de la vivienda habitual hipotecada en un procedimiento de ejecución hipotecaria sea insuficiente para cubrir el crédito garantizado. A partir de la entrada en vigor de este Real Decreto Ley, y exclusivamente para los deudores hipotecarios que han perdido su vivienda habitual, se eleva el mínimo hasta el 150% del SMI y un 30% adicional por cada familiar de su núcleo que no perciba ingresos superiores a dicho SMI. 2
3 1.2.- Se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación a la subasta de bienes inmuebles hipotecados estableciendo que la adjudicación nunca se realice por un precio inferior al 60% del valor de tasación del inmueble y reduciendo hasta el 20% el depósito exigido a los postores para participar en la subasta. 2.- Se modifica el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, 2/2007, de 28 de diciembre, limitando el gasto de la Administración General de Estado y sus organismos, y de las Entidades Locales que participan en la cesión de impuestos estatales a la tasa de crecimiento a medio plazo de referencia de la economía española, es decir, al crecimiento medio del PIB, en términos nominales, durante 9 años. 3.- Se establece una Línea de Crédito para la cancelación de deudas de las Entidades Locales con empresas y autónomos y se regula extensamente la concertación por Entidades Locales de operaciones de crédito para dar cumplimiento a sus obligaciones derivadas de suministros, realización de obras y prestación de servicios, en el marco de una línea financiera que instrumentará el Instituto de Crédito Oficial, previo acuerdo, que con carácter de urgencia ha de adoptar la Comisión Delegado del Gobierno de Asuntos Económicos. Por cada entidad local, incluyendo, en su caso, sus organismos autónomos y entidades dependientes que pertenezcan íntegramente a aquéllas, el importe susceptible de financiación ha de estar constituido por el principal de las obligaciones reconocidas, vencidas, líquidas y exigibles pendientes de pago y por el de las vencidas, líquidas y exigibles que quedaron pendientes de aplicar al presupuesto del ejercicio de 2010, o por la suma de ambos. Este importe, junto con los intereses estimados que la operación de crédito generaría, no podrá exceder el 25% del importe anual de las entregas a cuenta de la participación de la entidad local en tributos del Estado del año 2011, una vez descontados los reintegros correspondientes a las liquidaciones definitivas de aquella participación del ejercicio 2008 y anteriores. El plazo de cancelación de las operaciones de endeudamiento no podrá ser superior a tres años, ni concertarse con períodos de carencia, debiendo quedar cerrada el 31 de diciembre de 2014 la línea financiera que se ponga en marcha por el Instituto de Crédito Oficial. 4.- Se modifica la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, sobre la Renta de las Personas Físicas, para declarar exentas las ganancias patrimoniales obtenidas de la transmisión de acciones o participaciones derivada de inversiones de particulares en proyectos impulsados por emprendedores, siendo requisitos de la exención los siguientes: 4.1- La inversión debe efectuarse directamente por la persona física mediante la suscripción de acciones o participaciones en entidades de nueva o reciente creación que desarrollen una actividad económica La exención se aplicará a las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de acciones o participaciones cuyo valor de adquisición no exceda para el conjunto de entidades para las que invierta de Euros anuales, ni de Euros por entidad durante los tres años posteriores a su constitución y el tiempo de permanencia de los valores en su patrimonio del contribuyente sea superior a tres e inferior a diez años. 5.- Se establece la posibilidad de acceso por vía telemática, u otra, y por parte de cualquier interesado, a la certificación negativa de denominación expedida por el Registro Mercantil Central. 6.- Se regulan las medidas relativas a las actuaciones de rehabilitación (conservación, mejora y regeneración urbana) delimitando dichos conceptos, facultando a las Comunidades de Propietarios para participar en las actuaciones de rehabilitación y generalizando la inspección técnica de edificios, estableciendo su obligatoriedad y sus requisitos esenciales. 7.- Se ocupa de fortalecer la seguridad jurídica en el Sector Inmobiliario de la siguiente: 7.1- Establece la imposibilidad de concesión de facultades de extraordinaria relevancia e impacto sobre el territorio por medio del silencio positivo, y se requiere acto expreso de conformidad, aprobación o autorización administrativa que sea preceptivo según la legislación de ordenación territorial y urbanística para siguientes los actos de transformación, construcción, edificación y uso del suelo y el subsuelo. a) Movimientos de tierras, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros actos de división de fincas en cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de un proyecto de reparcelación. b) Las obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de nueva planta. c) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o permanentes. 3
4 d) La tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva que, por sus características, puedan afectar al paisaje. e) La primera ocupación de las edificaciones de nueva planta y de las casas a que se refiere la letra c) anterior. Por tanto, se entenderá la solicitud desestimada por silencio administrativo al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución expresa Se incorpora al Registro de la Propiedad la información que permita a los adquirientes de inmuebles conocer por anticipado la posible situación litigiosa en la que éstos se encuentren, incluyendo los expedientes que puedan suponer la imposición de multas o la futura demolición. Serán los Ayuntamientos los que deberán aportar dicha información a los Registros de la Propiedad Se precisan los requisitos de acceso al Registro de la Propiedad de las obras nuevas terminadas, impidiendo que puedan ser objeto de inscripción registral aquellas que, además de contar con la licencia de obra y la certificación técnica de que la obra se ajusta al proyecto, no posean la licencia de primera ocupación Se establece una nueva autorización administrativa para inscribir el régimen de propiedad horizontal de complejos inmobiliarios 7.5- Se permite el acceso al Registro de la Propiedad de los edificios fuera de ordenación, es decir, aquellos respecto de los que no procede adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que implique su demolición, por haber transcurrido los plazos de prescripción correspondiente. 8.- Con independencia de la modificación que se establece para el Texto Refundido de Ley del Suelo, se modifican los preceptos de múltiples leyes para adaptarlos a la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía sostenible, propiciando que en más de un centenar de procedimientos la Administración se vea ahora sometida a el régimen del silencio positivo y desaparezcan las menciones a licencias locales en los siguientes textos normativos: Real Decreto-Ley 4/2001, de 16 de febrero, de Régimen de intervención administrativa aplicable a la valorización energética de harinas de origen animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de animales, el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y control integrados de la contaminación, la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad medioambiental, la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del aire y protección de la atmósfera y la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio natural y de la biodiversidad. 9.- Para finalizar, es de destacar el Anexo I que incluye la Ley donde de manera esquemática se recogen todos los procedimientos en los que el silencio de la Administración pasa a ser positivo, citando la norma, precepto afectado y su correspondiente plazo de resolución. Procesal... Reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje Con el propósito de impulsar el arbitraje ha sido aprobada la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, tratando de obtener una formulación unitaria del arbitraje y de sus reglas sobre comunicaciones, notificaciones y plazos, el reconocimiento del arbitraje internacional, el aumento de la disponibilidad arbitral, así como de establecer un mayor apoyo de los órganos judiciales. Asimismo, la reforma también aclara mediante la inclusión de dos nuevos preceptos en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, las dudas existentes en relación con el arbitraje estatutario en las sociedades de capital. Con la modificación se reconoce la arbitrabilidad de los conflictos que en ellas se planteen, y en línea con la seguridad y trasparencia que guía la reforma con carácter general, se exige una mayoría legal reforzada para introducir en los estatutos sociales una cláusula de sumisión a arbitraje. Junto a ello también se establece que el sometimiento a arbitraje, de la impugnación de acuerdos societarios, requiere la administración y designación de los árbitros por una institución arbitral. En cuanto a la tramitación del procedimiento arbitral, se articula un nuevo sistema respecto al idioma del arbitraje, con el que se incrementan las garantías del procedimiento, al reconocerse la posibilidad de utilizar la lengua propia por las partes, por los testigos y peritos, y por cualesquiera terceras personas que intervengan en el procedimiento arbitral. 4
5 Adicionalmente, se modifica el artículo 722 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en el sentido de permitir solicitar medidas cautelares previas a quien acredite ser parte en un convenio arbitral con anterioridad a las actuaciones arbitrales, posibilitando con ello una mayor compatibilidad entre lo que se establece en materia de arbitraje y en dicha norma. Por otro lado, se abre el abanico de profesionales, con conocimientos jurídicos que pueden intervenir en el mismo, cuando se trata de un arbitraje de derecho, previendo, de forma expresa, que es posible la intervención de otro tipo de profesionales, no necesariamente pertenecientes a dicho campo del conocimiento para favorecer la libre competencia. Por último, ligada a la reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje se encuentra la reforma del artículo 52.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. La nueva redacción se adapta a las soluciones comunitarias en la materia y elimina la incoherencia existente hasta la fecha entre los dos apartados del artículo 52. Se pretende con ella mantener la vigencia del convenio arbitral siempre que se proyecte sobre meras acciones civiles que, pese a que pudieran llegar a tener trascendencia patrimonial sobre el deudor concursal, podrían haberse planteado con independencia de la declaración del concurso. Es el caso, entre otras, de las acciones relativas a la existencia, validez o cuantía de un crédito, las destinadas al cobro de deudas a favor del deudor, las acciones reivindicatorias de propiedad sobre bienes de un tercero en posesión del deudor concursal y los litigios relativos a planes de reorganización concluidos entre el deudor y sus acreedores antes de la declaración de apertura. No obstante lo anterior, se faculta al órgano jurisdiccional competente, para suspender de efectos los pactos o convenios arbitrales previamente suscritos, si entendiese que los mismos pueden suponer un perjuicio para la tramitación del concurso. Veto a la aplicación analógica de las normas reguladoras del matrimonio a las uniones de hecho para liquidar los bienes comunes tras el cese de la convivencia Son difíciles de concretar los motivos por los que cada vez son más las parejas que, unidas por una relación sentimental, deciden iniciar una vida en común sin formalizar u oficializar dicha situación, y sin determinar los pactos que van a regular ni el periodo de convivencia, ni las consecuencias económico patrimoniales del fin de la misma. Así, son muchas las parejas que tras mantener una relación sentimental durante años y fruto de la cual tienen hijos, adquieren inmuebles u otra clase de bienes, pero que nunca contraen matrimonio ni deciden inscribirse en ningún registro público a los efectos de regularizar su situación como pareja de hecho. Todo ello ha generado abundantes resoluciones judiciales de los Tribunales españoles, que ante la ausencia de un régimen legal al respecto y lejos de unificar la doctrina jurisprudencial, han venido aplicando diferentes criterios a la hora de resolver las cuestiones patrimoniales y económicas que se someten a su enjuiciamiento tras el cese de la vida en común de una pareja de hecho. Finalizada la relación sentimental, a la hora de repartir los bienes comunes de los convivientes, los Tribunales han tratado de buscar la solución más adecuada mediante el empleo de instituciones jurídicas afines, como la aplicación por analogía del régimen económico matrimonial, lo que no en pocas ocasiones ha tenido efectos contraproducentes al obviar la voluntad de la pareja de eludir las consecuencias del vínculo matrimonial al inicio de su relación sentimental. Sin embargo, en una pareja de hecho tras el cese de la convivencia el reparto de los bienes deberá hacerse teniendo en cuenta que sus integrantes no han querido contraer matrimonio, y menos aún constituir una sociedad de gananciales, lo que determina la imposibilidad de aplicar analógicamente la presunción de ganancialidad a las uniones de hecho cuando nos encontramos ante una copropiedad ordinaria. A partir de esta doctrina, nuestro Tribunal Supremo mediante la reciente Sentencia de 16 de junio de 2011 (Sala de lo Civil, Recurso 10/2008. Ponente: Encarnación Trías), confirma la imposibilidad de aplicar por analógica las normas del régimen económico matrimonial a las parejas de hecho, haciéndose eco de la también reciente decisión de la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo, de 10 de febrero de 2011, que en el asunto Korosidou Vs Grecia, en la que concluye que más allá de la duración o del carácter solidario de la relación, el elemento determinante es la existencia de un compromiso público, que conlleva un conjunto de derechos y de obligaciones de orden contractual. En definitiva, lo que tanto nuestro Tribunal Supremo, como la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo afirman es que en el momento de regular los efectos de la extinción, no puede existir analogía entre un matrimonio y una pareja de hecho cuando sus miembros libremente han decidido convivir juntos sin devenir cónyuges, ya que de lo contrario se estaría suplantando la voluntad de los miembros de la pareja de hecho con las importantes consecuencias que de todo orden esto puede suponer, y con ello además, descuidar el principio de seguridad jurídica que en todo ordenamiento jurídico coherente ha de imperar. 5
6 Laboral Real Decreto 801/2011 Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos La disposición final tercera, apartado 4 de la Ley 35/2010, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo encomendó al Gobierno, la aprobación, de un Real Decreto para la modificación del Real Decreto 43/1996. Este Real Decreto 801/2011 persigue cinco objetivos fundamentales: Reforzar la extinción colectiva de contratos de trabajo por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción canalizándola por el procedimiento de regulación de empleo. Proporcionar una mayor certeza y certidumbre a los trabajadores, empresarios y autoridades que intervienen en las extinciones o suspensiones colectivas de los contratos de trabajo y en las reducciones de jornada lo que debe contribuir a una tutela judicial efectiva. Agilizar la tramitación administrativa del procedimiento de regulación de empleo, conjugando adecuadamente la flexibilidad y adaptabilidad requeridas por las empresas y la seguridad demandadas por los trabajadores. Ofrecer un tratamiento más completo del plan de acompañamiento social en los expedientes de regulación de empleo. Incorporar la renovada regulación legal de la suspensión colectiva de los contratos de trabajo y de la reducción temporal de jornada a la normativa reglamentaria. El Reglamento que se aprueba mediante este Real Decreto se estructura en un título I, referido al procedimiento administrativo de regulación de empleo, que se divide a su vez en cinco capítulos y un título II, referido a la actuación administrativa en materia de traslados colectivos. Título I Capítulo I Se establecen los parámetros generales del procedimiento de regulación de empleo tales como: Se determinan los umbrales de trabajadores afectados, manteniendo lo que disponía el Decreto 43/1996, pero se establece que para el cómputo de la plantilla de la empresa, se incluirá la totalidad de trabajadores que presten servicio en el día que se inicie el procedimiento, cualquiera sea la modalidad contractual utilizada. Al mismo tiempo el nuevo artículo 1 establece que para el cómputo del número de extinciones se tendrán en cuenta todas aquellas producidas en el período de referencia por iniciativa del empresario en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del trabajador. Igualmente se define lo que se entiende como causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que dan lugar a la aplicación del procedimiento regulado en el presente reglamento. Se amplía respecto del Decreto anterior la autoridad laboral competente. Se incluye en su art. 3 y 4 los interesados y legitimados en el procedimiento, y los trabajadores a través de sus respectivos representantes legales. Capítulo II En el art. 5 se determina que será el empresario mediante solicitud dirigida a la autoridad laboral competente quien dará inicio al procedimiento. A su vez para otorgar seguridad jurídica, el nuevo acompañando a esta solicitud una memoria de las causas para acreditar los resultados o los cambios alegados y la razonabilidad de la decisión extintiva. A estos fines, el art. 8 prevé la documentación común a todos los procedimientos, posteriormente según cuál sea la causa que corresponda se remite a uno u otro artículo. Es decir, si el despido se funda en causas económicas deberá cumplimentar los requisitos del art. 6 y si el despido se funda en causas técnicas, organizativas o de producción deberá aportar los requisitos que estipula el art. 7. Por otra parte se amplia el concepto del plan de acompañamiento social, que deberán presentar aquellas empresas de cincuenta o más trabajadores. El empresario deberá aportar el plan de acompañamiento social junto con la documentación iniciadora de la regulación de empleo, como instrumento para favorecer le recolocación de los trabajadores y la mejora de su empleabilidad. Este plan tiene por finalidad evitar o disminuir las consecuencias para los trabajadores afectados así como establecer medidas efectivas para posibilitar la continuidad y viabilidad del proyecto empresarial. El plan se debe presentar al inicio del período de consultas con los representantes de los trabajadores y a la finalización de ese período el empresario comunicará a la autoridad laboral el resultado del mismo. 6
7 Se regula también en este capítulo el periodo de consultas, que no podrá tener una duración superior a 30 días naturales o de 15 días naturales en aquellas empresas de menos de 50 trabajadores. El empresario asimismo deberá comunicar a la finalización del periodo de consultas, en el plazo de 5 días, la solicitud final del despido colectivo que realiza, las condiciones del mismo, el resultado del periodo de consulta, y deberá acompañar el contenido definitivo del plan de acompañamiento social y las medidas a aplicar. En lo relativo al procedimiento, se prevé los informes que deberán recabarse, según los diferentes supuestos, otorgándole especial relevancia al informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Posteriormente se regula, en la fase de finalización del procedimiento según el resultado del periodo de consulta sea con o sin acuerdo, los plazos establecidos para que la autoridad laboral dicte resolución; los efectos de conseguirse el acuerdo, las consecuencias del acuerdo para la autoridad laboral, y el contenido de la resolución con una descripción de cuándo se efectuarán las extinciones de contratos y el plan de acompañamiento social. Capítulo III Relativo a la suspensión de contratos y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción procediendo de esta forma a la adaptación del Reglamento a lo establecido en la Ley 35/2010, de 17 de septiembre. Se incluye el régimen de suspensión de contrato por las causas anteriormente mencionadas, cuando el cese de la actividad que venía desarrollando el trabajador afecte a días completos, continuados o alternos durante al menos una jornada ordinaria de trabajo. También podrá reducirse la jornada laboral, por las mismas causas, considerando reducción la disminución temporal de entre un 10 y un 70 por ciento de la jornada de trabajo. Asimismo se incluyen reglas específicas en materia de procedimiento, período de consultas plan de acompañamiento social y finalización del procedimiento. Capítulo IV Se ocupa de la extinción y suspensión de las relaciones de trabajo o bien reducciones de jornada por causa de fuerza mayor. La fuerza mayor deberá ser constatada por la autoridad laboral. Este capítulo regula a su vez las cuestiones referidas al procedimiento, incluida la solicitud de informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Capítulo V Se refiere a la extinción de relaciones de trabajo por desaparición de la personalidad jurídica del contratante. Título II Relativo al procedimiento de actuación administrativa en materia de traslados colectivos, regulando lo preceptuado por el art del Estatuto de los Trabajadores, en virtud del cual la Autoridad Laboral decidido un traslado colectivo, podrá ordenar la ampliación del plazo de incorporación de los trabajadores a su nuevo puesto de trabajo y la consiguiente paralización del traslado por un período de tiempo no superior a seis meses. En el artículo se establece cuál será la autoridad competente según sea el caso, y regula, por último, cuestiones relativas al inicio, instrucción y resolución del procedimiento. Real Decreto - Ley 10/2011 de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes Los objetivos de esta reforma son los siguientes: Promover el empleo de los jóvenes, colectivo mayormente afectado por la crisis. Fomentar la estabilidad del empleo. Mantenimiento de los programas de recualificación profesional. El texto del Real Decreto-Ley consta de seis artículos incorporados en tres capítulos. Capítulo I Artículo 1. Contrato para la formación y el aprendizaje El apartado 2 del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, es modificado por el artículo 1 de este Real Decreto, el cual establece que se podrán celebrar contratos para la formación y el aprendizaje con jóvenes mayores de 16 y menores de 25 años que carezcan de la cualificación profesional necesaria para concertar un contrato en prácticas, ampliando así el límite máximo de edad que se encontraba en 21 años, el cual no operará cuando el contrato se concierte con personas con discapacidad. Hasta el 31 de diciembre de 2013, este tipo de contrato podrá ser concertado también con jóvenes mayores de 25 y menores de 30 años. 7
8 Asimismo, este artículo estipula que la duración mínima del contrato será de un año, cuando en la anterior redacción el mínimo era de 6 meses, y la máxima de 2 años, pudiendo prorrogarse 12 meses más, si así lo requiere el proceso formativo del trabajador. Transcurrido este plazo el trabajador no podrá volver a celebrar contratos bajo esta modalidad con la misma o distinta empresa. En la nueva redacción se estipula que la formación tiene que recibirse en la red de centros formativos de las Administraciones Públicas a que se refiere la Disposición Adicional quinta de la Ley Orgánica 5/2002. Los trabajadores bajo esta modalidad no podrán realizar horas extraordinarias, ni trabajos a turnos o nocturnos. La retribución se fijará en proporción al tiempo de trabajo efectivo y no podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional que corresponda según el trabajo efectivo realizado, que nunca podrá ser superior al 75% de la jornada máxima prevista en convenio o, en su caso, de la jornada máxima legal. Artículo 2. Reducciones de cuotas en los contratos para la formación y el aprendizaje Para apoyar la contratación a través de este nuevo contrato, el artículo 2 del Real Decreto-ley incluye también reducciones de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes para las contrataciones iniciales hasta el 31 de diciembre de 2013 para trabajadores desempleados mayores de 20 años e inscritos en la oficina de empleo con anterioridad al 16 de agosto de Estas reducciones serán del 100% si el contrato se realiza por empresas cuya plantilla sea inferior a 250 personas o del 75% cuando tenga una plantilla superior a ese número, siempre que suponga un incremento de la plantilla de la empresa. En el caso de que los contratos se transformen en indefinidos y esto conlleve un incremento de la plantilla, la empresa tendrá derecho a una reducción en la cuota empresarial a la seguridad social de /año, si el contratado es hombre, y 1800 /año en el caso de que sea mujer, durante 3 años. Capítulo II Artículo 3. Fondo de capitalización La Ley 35/2010 de Medidas Urgentes para la reforma del mercado de trabajo, preveía, en el plazo de 1 año, la aprobación de un proyecto de ley para la constitución de un Fondo de Capitalización para los trabajadores, sin incremento de las cotizaciones empresariales, mantenido a lo largo de su vida laboral, pudiendo el trabajador hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas a su favor en dicho Fondo en los supuestos de despido, movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación. De esta manera, la indemnización por despido a abonar por la empresa se vería reducida en un número de días por año equivalente al que se estipulara con la creación del Fondo. El artículo 3.1 del Real Decreto-ley pospone para el primer semestre del 2013 el desarrollo de un proceso de negociación con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas sobre la conveniencia de aprobar un proyecto de Ley por el que se regule la constitución del Fondo de capitalización. En esta negociación se pretende abordar también la vigencia de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 35/2010. Además, el artículo 3.2 modifica el apartado 2 de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 35/2010, por la que en los casos de extinción de contratos indefinidos por despidos colectivos, extinción por causas objetivas o extinción de contratos de empresas en concurso, una parte de la indemnización correspondiente al trabajador sería objeto de resarcimiento por el Fondo de Garantía Salarial a partir del 18 de julio de 2010, añadiendo que para los contratos celebrados a partir de 1 de enero de 2012 no será de aplicación este artículo para las extinciones por causas objetivas reconocidas por el empresario o declaradas judicialmente como improcedentes. Esta regulación se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2013, por lo que el Fondo de Garantía Salarial seguirá resarciendo a la empresa de una parte de la indemnización a abonar en determinados supuestos de despido. Artículo 4. Conversión de contratos temporales en contratos de fomento a la contratación indefinida Mediante este artículo se modifica la Disposición Adicional Primera de la Ley 12/2011, alterando las condiciones relativas a los plazos para la transformación de contratos temporales o de duración determinada en contratos de trabajo para el fomento de la contratación indefinida. Se establece que podrán acceder a este tipo de contratación quienes tuviesen contratos de trabajo de duración determinada o temporal, incluidos los formativos, que se hubiesen celebrado con anterioridad al 28 de agosto de 2011 y que pasen a contrato de fomento de la contratación indefinida con anterioridad al 31 de diciembre de 2011, así como quienes estén contratados temporalmente a partir del 28 de agosto de 2011 y estos contratos sean transformados en contratos de fomento de la contratación indefinida con anterioridad al 31 de diciembre de
9 Artículo 5. Suspensión temporal de la aplicación del artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores Por último, el artículo 5, prevé la suspensión, durante un plazo de dos años, de la regla que da lugar a la adquisición de la condición de trabajadores fijos por aquellos que en determinados plazos y condiciones encadenen contratos temporales. Esta regla fue establecida en 2006 durante un momento de expansión económica para favorecer la estabilidad en el empleo. La suspensión temporal de la regla relativa al encadenamiento de contratos temporales encuentra su justificación en evitar efectos indeseados de no renovación de contratos temporales y en favorecer el mantenimiento del empleo. Capítulo III Artículo 6. Prórroga del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo Por medio del artículo 6 del Real Decreto-Ley se prorroga por seis meses la aplicación de lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/2011, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, para mantener el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su prestación o subsidio por desempleo. Mediante esta reforma serán beneficiarias de la prórroga de este programa las personas inscritas en la Oficina de Empleo como desempleadas por extinción de su relación laboral que, dentro del periodo comprendido entre el día 16 de agosto de 2011 y el día 15 de febrero de 2012 agoten la prestación por desempleo y no tengan derecho a subsidios por desempleo o bien hayan agotado alguno de estos subsidios, incluidas las prórrogas. Por otro lado, el coste de la prórroga de la ayuda para la recualificación será atendido por el Servicio Público de Empleo Estatal. Disposiciones Dentro de las disposiciones del Real Decreto-ley merece mención la relativa a la integración en un único organismo del Servicio Público de Empleo Estatal y del Fondo de Garantía Salarial, previendo la adopción de las disposiciones precisas para la citada integración en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente Real Decreto-Ley. /*/*/*/*/*/*/ 9
10 Este boletín está diseñado para proporcionar un resumen de las materias que en el mismo se tratan. El presente documento no pretende ser un análisis exhaustivo de dichas materias ni sustituye el asesoramiento legal especializado. Si desea más información por favor contacte con nuestro despacho. 10

References: resolución 
 Real Decreto 
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 artículo 21
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 722
 artículo 52
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 Real Decreto 
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 Real Decreto 
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 artículo 1
 resolución 
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 Artículo 1
 artículo 11
 artículo 1
 Artículo 2
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 Artículo 3
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 Artículo 4
 Artículo 5
 artículo 15
 artículo 5
 Artículo 6
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 artículo 2