Source: https://international.vlex.com/vid/vs-peru-428299418
Timestamp: 2020-07-09 08:11:20+00:00

Document:
Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 3 de Marzo de 2005. Caso Huilca Tecse Vs. Perú. Serie C No. 121 - Jurisprudencia - VLEX 428299418
Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 3 de Marzo de 2005. Caso Huilca Tecse Vs. Perú. Serie C No. 121
Caso: Huilca Tecse Vs. Perú
Caso Huilca Tecse Vs. Perú
Sentencia de 3 de marzo de 2005
En el caso H.T.,
de conformidad con los artículos 29, 31, 53.2, 55, 56, 57 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”)[1], y con el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”), dicta la presente Sentencia.
El 12 de marzo de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte Interamericana una demanda contra el Estado del Perú (en adelante “el Estado”, “el Estado peruano” o “Perú”), la cual se originó en la denuncia No. 11.768, recibida en la Secretaría de la Comisión el 4 de junio de 1997.
La Comisión presentó la demanda con base en el artículo 61 de la Convención Americana, con el fin de que la Corte decidiera si el Perú violó el artículo 4 (Derecho a la Vida) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio del señor P.C.H.T.[2] (en adelante “P.H.T.” o “la presunta víctima”), así como los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la señora M.F.G., pareja de la presunta víctima, y de sus hijos, P.H.H.G., Flor de M.H.G., K.T.H.G., J.C.H.F. e I.I.H.F., así como de J.C.E.F.[3], este último hijastro de la presunta víctima e hijo de la señora M.F.G.. Finalmente, como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado que adoptara una serie de medidas de reparación pecuniarias y no pecuniarias, así como el pago de las costas y gastos generados en la tramitación del caso ante la jurisdicción interna y ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
Dicha demanda se refiere a la supuesta ejecución extrajudicial de un líder sindical peruano, el señor P.H.T., ocurrida el 18 de diciembre de 1992. Al momento de los hechos, la presunta víctima se desempeñaba como S. General de la Confederación General de Trabajadores del Perú (en adelante “CGTP”). La Comisión señaló que dicha ejecución fue llevada a cabo presuntamente por miembros del “[g]rupo C., un escuadrón de eliminación vinculado al Servicio de Inteligencia del Ejército del Perú”. Además, la demanda también se refirió a la presunta falta de una investigación completa, imparcial y efectiva de los hechos.
La Corte es competente para conocer del presente caso, en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la Convención Americana, ya que el Perú es Estado Parte de la Convención desde el 28 de julio de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981.
El 4 de junio de 1997 la Comisión Interamericana recibió una petición presentada por la señora M.F.G. y el señor A.P.V. (en adelante “los peticionarios”) en contra del Perú, por la supuesta ejecución del señor P.H.T., realizada por un grupo de personas presuntamente adscritas al Ejército, así como por la posterior falta de una investigación efectiva para establecer los hechos y sancionar a los responsables. El 3 de julio de 1997 la Comisión transmitió la denuncia al Estado.
El 25 de septiembre de 1998 la Comisión adoptó el Informe de Admisibilidad No. 55/98, el cual fue transmitido al Estado y a los peticionarios el 11 de enero de 1999.
El 1 de septiembre de 2003 la señora M.F.G. informó a la Comisión que ya no sería representada por el señor A.P.V. y designó a la Comisión de Derechos Humanos del Perú (en adelante “COMISEDH”, “los representantes de la presunta víctima y sus familiares” o “los representantes”) “como co peticionaria” en el presente caso y designó como “nuev[a] abogad[a] patrocinante” a la señora R.U.J..
El 23 de octubre de 2003, tras analizar las posiciones de las partes, la Comisión aprobó el Informe de Fondo No. 93/03, mediante el cual recomendó al Estado:
Realizar una investigación completa, imparcial, efectiva e inmediata, de los hechos con el objeto de establecer responsabilidades por el asesinato del señor P.H.T., a efectos de identificar a las personas que participaron en el mismo en los diferentes niveles de decisión y ejecución, se les adelante un proceso rodeado de las debidas garantías y se les aplique las debidas sanciones.
Realizar una investigación completa, imparcial y efectiva de las personas que intervinieron en las fallidas investigaciones y procesos adelantados con anterioridad por el homicidio de[l señor] P.H.T., para determinar la responsabilidad por la falta de resultados y la impunidad de tal hecho.
Reparar adecuadamente a la señora M.F. viuda de[l señor P.H. [Tecse] y a sus hijos, incluyendo tanto el aspecto moral como el material, por las violaciones de sus derechos humanos.
Adoptar las medidas de prevención para evitar que en el futuro vuelvan [a] ocurrir hechos como este y adoptar las [medidas] necesarias para preservar la memoria de[l señor] P.H.T..
El 12 de diciembre de 2003 la Comisión transmitió dicho Informe al Estado y le otorgó un plazo de dos meses para que informara sobre las medidas adoptadas para cumplir las recomendaciones ahí formuladas. Ese mismo día la Comisión comunicó a los peticionarios que había emitido el Informe No. 93/03 y que lo había transmitido al Estado. A su vez, les solicitó información, de conformidad con el artículo 43.3 de su Reglamento.
El 13 de febrero de 2004 el Estado presentó su contestación al Informe de Fondo emitido por la Comisión, cuyo original fue recibido por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión el 17 de febrero de 2004. En dicha nota, el Perú remitió el Informe No. 17-2004-JUS/CNDH-SE de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos, relacionado con las recomendaciones que la Comisión planteó en el Informe No. 93/03 (supra párr. 8). El Estado manifestó que había impulsado investigaciones y diligencias desde los órganos jurisdiccionales competentes, encontrándose procesados y bajo detención presuntos miembros de Sendero Luminoso, quienes habrían participado en el asesinato del señor P.H.T.. Asimismo, el Estado informó que la reparación para la señora M.F.G., sus hijos e hijastros, “ser[ía] determinada una vez se estable[ciera] la responsabilidad de los autores de la muerte del señor P.H.T.; y] en esa misma instancia se determinar[ía] la reparación material”. Además, el Perú se comprometió a adoptar medidas de prevención para evitar que hechos similares ocurrieran en el futuro, y en ese sentido señaló que “el Consejo Nacional de Derechos Humanos ha[bía] solicitado al S. General del Ministerio de Trabajo[…] que[,] en atención a lo recomendado por la C[omisión Interamericana], en todos los eventos relacionados a los trabajadores se real[zara] la figura de[l señor] P.H.T., a fin de que se perenni[zara] su brillante trayectoria como dirigente sindical”.
El 20 de febrero de 2004 los peticionarios proporcionaron a la Comisión la información solicitada de conformidad con el artículo 43.3 de su Reglamento (supra párr. 9), y manifestaron su interés en que el caso fuera sometido ante el Tribunal.
Ante la falta de cumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado, la Comisión decidió someter el presente caso ante la Corte Interamericana.
El 12 de marzo de 2004 la Comisión Interamericana presentó la demanda ante la Corte (supra párr. 1). Los anexos de la demanda fueron recibidos el 19 de marzo de 2004.
La Comisión designó como delegados a los señores F.G.T. y S.C., y como asesores legales a los señores P.E.D., A.D., M.C.R. y L.C.. Asimismo, de conformidad con el artículo 33 del Reglamento, la Comisión indicó el nombre y la dirección de la presunta víctima y de sus familiares e informó que éstos estarían representados por COMISEDH.
El 7 de mayo de 2004 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), previo examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), la notificó al Estado junto con sus anexos y le informó sobre los plazos para contestarla y designar su representación en el proceso.
El 12 de mayo de 2004, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.1.d) y e) del Reglamento, la Secretaría notificó la demanda a los señores M.F.G. y A.P.V., así como a la organización COMISEDH, en su condición de denunciantes originales y de representante de la presunta víctima y sus familiares, respectivamente, y les informó que contaban con un plazo improrrogable de dos meses para presentar el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”).
El 28 de mayo de 2004 COMISEDH informó al Tribunal que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “CEJIL” por sus siglas en inglés, “los representantes de la presunta víctima y sus familiares” o “los representantes”) actuaría como “copeticionario, junto con [dicha] institución”, en el presente caso.
El 4 de junio de 2004 el Estado designó al señor G.J.S. Lozada como agente titular del caso. Posteriormente, el 7 de junio de 2004 el Perú remitió al Tribunal la Resolución Suprema No. 183-2004-RE, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 4 de junio de 2004, mediante la cual se había efectuado dicho nombramiento.
El 14 de julio de 2004 los representantes presentaron su escrito de solicitudes y argumentos. En adición a los derechos reclamados en la demanda (supra párr. 13), los representantes argumentaron la...

References: artículo 63
 artículo 61
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 43
 artículo 43
 artículo 33
 artículo 35
 Resolución