Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2009/as200921075.htm
Timestamp: 2020-04-04 17:22:43+00:00

Document:
200902-Sala Civil-1-075
AUTO SUPREMO Nº 75 Sucre, 27 de febrero de 2009.
DISTRITO: La Paz PROCESO: Ordinario-Mejor derecho y
PARTES: María Elena Arce de Muñoz c/ Hugo Alfonso del Granado Cosio y otra.
VISTOS: Los recursos de casación en el fondo y en la forma interpuestos a fs. 469-470 por Roberto Arce Grandchandth en representación de María Elena Arce de Muñoz y por Juan Ramos M. en representación Hugo Alfonso Del Granado Cosio y Susana Peñaranda de Del Granado a fs. 475-478, contra el auto de vista Nº 257/05 de 6 de mayo de 2005 cursante a fs. 465, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, en el proceso ordinario de mejor derecho, cancelación de partida de registro de derechos reales y posterior reivindicación, seguido por Roberto Arce Grandchandth en representación de María Elena Arce de Muñoz contra Hugo Alfonso Del Granado Cosio y Susana Peñaranda de Del Granado, las respuestas de fs. 478 vta., 482, los antecedentes del proceso, y;
CONSIDERANDO I: Que, el Juez 13º de Partido en Materia Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, emitió la sentencia Nº 125/2003 de 24 de abril de 2003 cursante a fs. 413-415, complementada en 30 de mayo de 2003 a fs. 416 vta., declarando improbada la demanda de fs. 48-51 y 56 y probada la acción reconvencional de fs. 61, 62, 94-101 en consecuencia: 1.- Se reconoce el derecho de propiedad de Hugo Alfonso Del Granado Cosio y Susana Peñaranda de Del Granado, de un lote de terreno y sus construcciones con una superficie de 230 mts2, ubicado en la calle Los Geranios de la Zona de la Florida. 2.- Subsistente la inscripción en Derechos Reales la partida computarizada Nº 013729222. 3.- El pago de daños y perjuicios serán determinados en ejecución de sentencia, sin costas por ser juicio doble.
Que, en grado de apelación deducida por el apoderado de la actora, mediante auto de vista Nº 257/05 de 6 de mayo de 2005 cursante a fs. 465, la Sala Civil Segunda del Distrito Judicial de La Paz, revoca parcialmente la sentencia y deliberando en el fondo, declara también improbada la reconvención de fs. 61-62 y 94-101, sin costas en cumplimiento del inc. 3) del art. 237 del Cód. Pdto. Civ.
Que, contra la mencionada resolución de vista, ambas partes del proceso interponen recurso de casación en la forma y en el fondo, expresando en síntesis, por su orden, lo siguiente:
1.- En el recurso de fs. 469-470, Roberto Arce Grandchanth, amparado en el art. 253 incs. 1) y 3) del Cód. Pdto. Civ., interpone recurso de casación en el fondo, acusando:
a.- Que la revocación parcial de la sentencia declarando improbada también la reconvención es absolutamente adecuada y pertinente a los antecedentes del proceso, y por otra, que la sentencia debió ser revocada íntegramente y no parcialmente declarando probada la acción principal e improbadas las reconvenciones, por los elementos que dice no fueron valorados adecuadamente en el auto de vista y que "determinan que ha existido violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley en base a una valoración y apreciación errónea de las pruebas con referencia a la aplicación de la norma y por último, por no haberse pronunciado sobre las pretensiones deducidas".
Extremos que dice demostrar a través de la cursante a fs. 367 correspondiente al plano de la familia Barragán, vendedores de los demandados, que no incluye el área en litigio, que supuestamente ha sido objeto de usucapión en un proceso irregular del que no existe ningún antecedente legal; que al parecer el auto de vista pretende señalar que teniendo ambas partes título de propiedad idóneos "formalmente" no puede definirse el mejor derecho de ninguna de las partes, habiéndose cumplido en los mismos con las solemnidades legales y el registro pertinente para su validez; que justamente el objeto de la presente causa es la definición de a cual de los dos corresponde la propiedad, quedando de su parte demostrado que la propiedad fue de sus padres que transfirieron una parte a su mandante.
Que, con referencia al art. 1453 del Cód. Civ., manifiesta que debe declararse la validez del reclamo de reivindicación, lo que no se ha considerado y aplicado debidamente en una mala aplicación y valoración de la prueba aportada en el recurso de apelación.
Continúa señalando, que lo mismo ocurre con la figura del mejor derecho impetrado de acuerdo "al tenor de la demanda al amparo de los arts. 75, 86, 105 y 1458 del Código Civil (fs. 48 vta.)" es decir "referida a la acción negatoria", trascribe asimismo el texto del art. 1455, indicando que es justamente lo que se ha solicitado y sobre lo que versa la presente causa y la aportación de la prueba, reclama que en ningún momento se ha hecho referencia al art. 1455 del Cód. Civ., en que se basa el fallo para rechazar la pretensión del mejor derecho, norma legal que por su naturaleza no puede ser aplicada al presente caso de oficio, primero: "porque la demanda en ningún momento se ha referido a la declaratoria de mejor derecho o preferencia entre adquirentes de un mismo propietario (que no es el presente caso)" sino que debía "circunscribirse analizar la validez de la fundamentación y argumentación, más la relación de la prueba aportada con referencia a la norma y la figura específica en la que se ampara la demanda, es decir, el art. 1458 del Cód. Civ.", además de otros invocados que para nada son siquiera invocados en el fallo.
Concluye indicando que la fundamentación del fallo en los arts. 1287, 1289 y 1538 del Cód. Civ., en los que se ampara el Tribunal ad quem para señalar que los títulos de ambas partes son válidos, tampoco pueden aplicarse en la presente causa porque "lo que se demanda es el análisis de la validez y legalidad de dichos actos. Es decir, el análisis histórico de su procedencia no el mero pronunciamiento formal de que porque existen ya son válidos", con tales expresiones insiste en que existe interpretación y aplicación errónea de las normas citadas con relación al objeto y la naturaleza del proceso y que asimismo en la valoración de la prueba se ha incurrido en error de derecho como consecuencia de la aplicación indebida de normas y su interpretación superficial.
b.- Como casación en la forma que ampara en el art. 254 inc. 4) del Cód. Pdto. Civ., reclama la nulidad del proceso por no haberse tramitado la excepción previa de oscuridad, imprecisión y contradicción que opusiera a fs. 68 con relación a la demanda reconvencional de Susana Peñaranda de Del Granado, hecho que vulnera su derecho a la defensa consagrado en el art. 16 de la C.P.E., habiéndose dictado el auto de calificación del proceso sin estar precluidas etapas procesales previas, lo que constituye un vicio de nulidad insubsanable, y por último, reclama que no se declaró la ejecutoria de la resolución de fs. 145 que resuelve las excepciones previas de la codemandada.
Concluye, solicitando al Tribunal Supremo, proceda "a casar los recursos y determinar la nulidad de obrados hasta el vicio señalado por constituir de orden público".
2.- En el recurso de fs. 475-478 el apoderado de los demandados y reconvencionistas esposos Del Granado-Peñaranda, acusan:
a.- Invocando el amparo del art. 253 inc. 1) del Cód. Pdto. Civ., en el fondo expresa, que el auto de vista recurrido resolvió de manera arbitraria e ilegal al revocar parcialmente la sentencia declarando improbada la reconvención, en razón de que la demandante no es propietaria del lote de terreno objeto del litigio, perteneciendo a sus mandantes conforme acreditaron con los testimonios de propiedad inscritos en DD.RR., tarjeta de propiedad, pago de impuestos, catastro urbano y otros, con los que demostraron su mejor derecho; que el juicio no versa sobre la propiedad de la Media Luna (E.P. Nº 35/1953), que no es de propiedad de la actora, tampoco sobre el lote Nº 6 saliente en la E.P. Nº 100/92 (7.400 mts2) de propiedad de la demandante, que se encuentra dentro de la propiedad de la Media Luna, distinta a la ubicación del terreno de 230 mts2 de su propiedad ubicado en la zona de la Florida calle los Geranios, cuyas colindancias no coinciden con el lote Nº 6 saliente en la E.P. Nº 100/92, encontrándose por consiguiente en otro lugar totalmente delimitado al este, oeste, norte y sud. Cuestión principal a la que agrega una relación de la prueba documental, confesoria, testifical, inspección ocular producidas en el proceso.
b.- Como casación en la forma se ampara en el art. 254 inc. 4) del Cód. Pdto. Civ., reitera que la demandante no es propietaria del terreno objeto del litigio sino de otra propiedad con superficie y colindancias diferentes, por lo que el Tribunal ad quem, al revocar la demanda reconvencional ha otorgado más de lo pedido por la demandante; que el auto de vista es contradictorio en sus partes porque en los puntos a), b), c), d), e) y f) demuestra objetivamente que la demandante María Elena Arce de Muñoz es propietaria de un lote de terreno totalmente diferente al lote de terreno de 230 mts2 registrado en DD.RR., del que sus mandantes son los únicos y legítimos propietarios, señalando al efecto en el inc. e) del punto II.- "...merecen la fe probatoria que les asignan los arts. 1287, 1289 y 1538" sin embargo declara improbada su reconvención; por último afirma que no se ha pronunciado sobre los daños y perjuicios que se encuentran en la sentencia.
CONSIDERANDO II: Que, así planteados ambos recursos, ingresando a su análisis en relación a los datos del proceso, se tiene:
1.- Que, conforme la amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo, el recurso de casación es una nueva demanda de puro derecho que debe contener los requisitos enumerados en el art. 258-2) del Cód. Pdto. Civ., sea que se planteen en la forma, en el fondo o en ambos efectos a la vez, procediendo el recurso de casación en la forma, cuando la resolución recurrida haya sido dictada violando formas esenciales del proceso y, a su vez, el recurso de casación en el fondo, cuando el juez o tribunal de apelación ha emitido una sentencia o auto de vista violando, interpretando erróneamente o aplicando indebidamente la ley, así como, cuando ha incurrido en error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba, conforme establecen los arts. 250, 253 y 254 del Cód. Pdto. Civ., es decir, en la forma, por errores in procedendo que dan lugar a la nulidad del proceso y en el fondo, por errores in judicando, que motivan la invalidación de la resolución dictada con infracción de la ley sustantiva, no siendo suficiente, en ambos casos, la simple cita de disposiciones legales, sino fundamentar en qué consiste la infracción y precisar cuál la correcta aplicación de la norma cuya infracción se acusa.
2.- I.- Así expuesto el marco conceptual del recurso extraordinario de casación, corresponde dejar establecido que si bien el apoderado Roberto Arce Grandchandth, dice amparar la casación en el fondo en las causales previstas en los incs. 1) y 3) del art. 253 del Cód. Pdto. Civ., sin embargo en la exposición de los argumentos que vierte en el recurso, en lo que hace a la primera causal invocada (art. 253-1), omite precisar cual la violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley en que hubiera incurrido el Tribunal ad quem a tiempo de resolver el fondo de la causa, dando aplicación al art. 1545 del Cód. Civ., limitándose a manifestar que el fallo es adecuado y pertinente en cuanto declara improbada la reconvención, afirmando que los demandados no han podido demostrar la validez legal del título que ostentan con relación al inmueble objeto del litigio; extremo que no es evidente, por cuanto, en la resolución de grado se deja expresa constancia que a fs. 80-82 cursa la E.P. Nº 744/96 de 4 de octubre de 1996, que acredita que Hugo Del Granado y Susana Peñaranda de Del granado son propietarios el lote de terreno y sus construcciones con una extensión de 230 mts2, ubicado en la Zona la Florida calle los Geranios Nº 3 adquirido de su anterior propietario Jaime Buitrago Gutiérrez que obtuvo por usucapión de la propiedad de la familia Barragán, hecho fundamental del que parte y en que se sustenta la lógica del fallo recurrido, por cuanto:
a.- Verificado en el proceso y admitido por el recurrente que el derecho propietario de su mandante María Elena Arce de Muñóz deviene por venta que le realizaron sus padres de una parte de su propiedad (la Media Luna) y que el derecho propietario de los demandados deviene por venta que les efectuara Jaime Buitrago que a su vez obtuvo por Usucapión de una fracción de la propiedad de la Familia Barragán, y siendo legítimos los títulos que ostentan con todo el valor probatorio que les asignan los arts. 1287, 1289 y 1538 del Cód. Civ. y 399 de su procedimiento, queda claro que no corresponde la declaratoria de mejor derecho en favor de ninguno de ellos sobre el inmueble objeto de la litis, porque su derecho no deviene del mismo propietario, que por actos distintos hubiera trasferido el mismo bien a dos personas distintas, de tal manera que se priorice a quién hubiera inscrito primero el título, como señala la previsión del art. 1545 del Cód. Civ. en que se sustenta.
b.- Consiguientemente, tampoco cabe disponer a favor de la demandante, la reivindicación de una cosa que no ha demostrado con exactitud que este ilegalmente detentada por los demandados, en aplicación del art. 1453 del Cód. Civ., como pretende el recurrente, olvidando por otra parte, que su demanda no incluye la acción negatoria en la que extemporáneamente dice ajustarse su pretensión, reclamando la aplicación del art. 1455 del mismo compilado civil, lo que no corresponde. Aclarándose igualmente que en la presente acción no se demanda la nulidad de la venta efectuada por Jaime Buitrago a los demandados ni versa sobre la validez o supuesta fraudulencia del trámite de usucapión del que derivó su derecho.
c.- Con relación a la segunda causal de fondo invocada (art. 253-3), el recurrente omite igualmente precisar cuál el error de hecho o de derecho en la valoración de la prueba, principalmente en la que describe como sustento de las resoluciones de instancia, como exige la causal invocada para la procedencia del recurso, toda vez que la valoración de la prueba es facultad privativa de los jueces de grado siendo incensurable en casación conforme la disposición del art. 1286 del Cód. Civ. y 397 de su procedimiento.
2.- II.- En lo que concierne a la casación en la forma, corresponde señalar que en materia de nulidades procesales rigen ciertos principios que deben ser estrictamente observados por los órganos jurisdiccionales, a saber: el principio de especificidad, previsto por el art. 251-1) del Código de Procedimiento Civil, en virtud del cual, toda nulidad debe estar expresamente determinada en la ley y que obliga al juzgador a realizar un manejo cuidadoso del proceso y aplicarlo únicamente a los casos en que sea estrictamente indispensable y así lo haya determinado la ley. El principio de trascendencia debe también observarse y que establece que no hay nulidad de forma, si la alteración procesal no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio, se impone para enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación del proceso y restrinja las garantías a que tienen derecho los litigantes. Responde a la máxima "no hay nulidad sin perjuicio", es decir, que no puede hacerse valer la nulidad cuando la parte no ha sufrido un gravamen con la infracción. Asimismo el principio de convalidación, en virtud del cual toda nulidad no observada oportunamente se convalida por el consentimiento, operándose la ejecutoriedad del acto, lo que significa, que frente a la necesidad de obtener actos procesales válidos y no nulos, se halla la necesidad de obtener actos procesales firmes, sobre los cuales pueda consolidarse el derecho, como lo afirma el tratadista Eduardo Couture (Fundamentos de Derecho Procesal Civil, Pág. 391). A. S. N° 4 de 7 de enero de 2003 Sala Civil).
Por otra parte, conforme a la previsión del art. 288 inc. 3) del Cód. Pdto. Civ., que dispone que en el recurso de nulidad no será permitido presentar nuevos documentos ni alegar nuevas causas de nulidad por contravenciones que no se hubieren reclamado en los tribunales inferiores. De ahí se infiere que la nulidad invocada por el recurrente resulta extemporánea porque no reclamó oportunamente ante el juez a quo, la resolución que extraña en oportunidad del recurso, compareciendo al desarrollo del proceso sin que dicha omisión le hubiera causado indefensión o afectado el debido proceso y consiguientemente su derecho a la defensa, por lo que resulta inatendible.
3.- Que, en lo que concierne al recurso de casación en el fondo interpuesto a fs. 475-478, apoderado de los demandados reconvencionistas Hugo Del Granado y Susana Peñaranda de Del Granado, no obstante que la causal invocada del art. 253-1) no se sustenta con la relación de la prueba aportada en el proceso que realiza el recurrente, son aplicables en lo pertinente, los fundamentos expuestos en el punto 2.-I.- que precede del presente auto, toda vez que está demostrado que el derecho propietario que asiste a los contendientes no deviene de un mismo propietario siendo distinto y separado el antecedente dominial que ostentan cada uno de ellos, ajustándose en tal sentido la resolución del Tribunal ad quem a los datos del proceso, declarando en consecuencia improbadas tanto la acción principal como la reconvencional.
En cuanto hace al recurso de casación en la forma cuya formulación es incompleta, por cuanto, omite un petitorio claro que exprese el derecho de los recurrentes, replicando los principios que rigen en materia procesal, cabe dejar establecido que en la lógica del fallo recurrido, que declara improbadas tanto la demanda principal como la reconvencional, no es evidente que se hubiere concedido más de lo pedido a la parte actora en prejuicio de la parte demandada y al no ser cierta tal desigualdad tampoco cabe reconocer daño y perjuicio alguno a favor de los reconvencionistas como equivocada e incongruentemente se reclama en el recurso, quedando por consiguiente sin configurar la causal invocada del art. 254-4) del Cód. Pdto. Civ.
4.-Finalmente, cabe señalar que las resoluciones de grado resuelven el fondo de la causa con la pertinencia y congruencia que exige el arts. 190 del Cód. Pdto. Civ., en lógica correspondencia con lo demandado, sin que los recurrentes hubieran enervado los fundamentos y las disposiciones legales en que se sustentan quedando firmes por no ser evidentes las infracciones acusadas.
Consiguientemente, corresponde resolver ambos recursos dando aplicación a los arts. 271-2) y 273 del Cód. Pdto. Civ.
POR TANTO: La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en aplicación del art. 58 numeral 1 de la L.O.J., declara INFUNDADOS los recursos interpuestos por Roberto Arce Grandchandth en representación de María Elena Arce de Muñoz de fs. 469-470 y por Juan Ramos M. en representación Hugo Alfonso Del Granado Cosio y Susana Peñaranda de Del Granado de fs. 475-478. Sin costas por ser ambas partes recurrentes.
Proveído : Sucre, 27 de febrero de 2009.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución