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Timestamp: 2019-02-17 10:15:21+00:00

Document:
LEY 14/2002, de 27 de junio, de las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación de Cataluña y del Consejo General de las Cámaras. - DOGC. Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (en castellano) - Legislación - VLEX 19310704
Capítulo V. - arts. 21 a 32
Capítulo VII. - arts. 33 a 41
Capítulo VIII. - arts. 42 a 46
Capítulo IX. - arts. 47 a 50
14/2002, de 27 de junio, de las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación de Cataluña y del Consejo General de las Cámaras.
La presente Ley regula, en el ámbito territorial de Cataluña, las cámaras oficiales de comercio e industria, que también se denominan de comercio, industria y navegación en los lugares donde tienen representación de intereses navieros marítimos y aéreos.
La presente Ley crea y regula el Consejo General de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Cataluña.
Las cámaras son corporaciones de derecho público y órganos consultivos de las administraciones públicas, con las cuales colaboran, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y para el ejercicio de las competencias y las funciones que tienen atribuidas legalmente. Su estructura y su funcionamiento interno deben ser democráticos.
Corresponde a las cámaras:
Las cámaras se rigen por lo que dispone la legislación vigente en materia de cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, por la presente Ley y sus normas de desarrollo y por lo que establecen los respectivos reglamentos de régimen interior, cuya aprobación debe ser propuesta por el pleno al órgano tutelar, que puede promover su modificación. En el reglamento de régimen interior debe constar la estructura del pleno, el número y la forma de elección de los miembros del comité ejecutivo, la regulación del uso de la lengua catalana y, en general, las normas de funcionamiento interno de las cámaras.
A las cámaras, en los supuestos de ejercicio de competencias propias que impliquen el uso de potestades públicas y en los de ejercicio de competencias delegadas por otros entes administrativos, les es aplicable, supletoriamente, la legislación sobre procedimiento y régimen jurídico de las administraciones públicas.
La contratación y el régimen patrimonial se rigen por el derecho privado. No obstante, en los supuestos de delegación de funciones públicas de las administraciones, el acuerdo de delegación puede fijar otro régimen diferente de contratación para el desarrollo de la función delegada siempre y cuando este régimen específico de contratación sea impuesto por el ordenamiento vigente.
El régimen patrimonial de las cámaras se rige por las normas de derecho privado.
En Cataluña debe haber, como mínimo, una cámara en cada una de las circunscripciones territoriales de Girona, Lleida y Tarragona, con sede en las ciudades mencionadas, y dos en la circunscripción territorial de Barcelona, una de las cuales con sede en la mencionada ciudad.
En cada circunscripción puede haber cámaras cuyo ámbito territorial cumpla las condiciones establecidas por la presente Ley y las que se determinen reglamentariamente.
El ámbito territorial de una cámara no puede comprender territorio de más de una circunscripción territorial.
Modificaciones del ámbito territorial
El Gobierno puede modificar el ámbito territorial de las cámaras, previo informe del Consejo General de las Cámaras y de las cámaras directamente afectadas, de acuerdo con las posibles alteraciones de la ordenación territorial de Cataluña y siempre que los intereses generales que las cámaras representan así lo exijan. Estas modificaciones deben hacerse respetando la ordenación comarcal vigente.
El acuerdo de modificación a que hace referencia el apartado 1 debe tener en cuenta el personal, los ingresos y los gastos y los activos y los pasivos de las cámaras afectadas, a fin de que éstas puedan continuar afrontando sus obligaciones.
El ámbito territorial de las cámaras también puede modificarse en los supuestos siguientes:
En los supuestos a que hace referencia el apartado 3, es preciso el informe previo del Consejo General de las Cámaras y que el ámbito territorial afectado respete la ordenación comarcal vigente.
En ningún caso puede presentarse más de una propuesta de modificación de un mismo ámbito territorial hasta que no se haya celebrado el siguiente proceso electoral general de las cámaras.
Creación de nuevas cámaras
Los expedientes de modificación territorial, fusión o integración cameral sólo pueden iniciarse dentro de los dos años siguientes a la convocatoria del último proceso electoral general de las cámaras.
La aprobación de una modificación territorial, fusión o integración cameral no es plenamente eficaz hasta a partir del siguiente proceso electoral general de las cámaras.
Debe establecerse por reglamento el régimen de modificación de los censos electorales y de los reglamentos de régimen interior, así como el régimen de funcionamiento de las cámaras afectadas durante el periodo que transcurra entre la autorización del Gobierno y el siguiente proceso electoral general de las cámaras.
Las cámaras resultantes de la fusión o la integración deben ser a todos los efectos sucesoras de las fusionadas o las integradas.
El Gobierno puede acordar la disolución de una cámara y su integración forzosa en una o más cámaras como medida excepcional para salvaguardar los intereses generales del comercio, la industria y la navegación que representa la cámara a disolver y los derechos de sus electores, en los supuestos y con las condiciones que establece este artículo.
La cámara que durante dos años sucesivos no pueda alcanzar, con recursos propios, la financiación de las funciones y los servicios que está obligada a llevar a cabo de acuerdo con el artículo 11.2 debe ser requerida por el órgano tutelar para que informe sobre su situación patrimonial y financiera y sobre la posibilidad de alcanzar la mencionada financiación en un período no superior a dos años.
A la vista del informe y de la propuesta que a este efecto formule el órgano tutelar, y con la audiencia previa del Consejo General de las Cámaras y de las otras cámaras que puedan resultar afectadas, el Gobierno puede disolver la cámara de que se trate si considera que ésta no puede alcanzar su financiación.
Si efectuadas dos elecciones consecutivas resulta imposible el funcionamiento del pleno de una cámara, ésta puede ser disuelta por el Gobierno, con la audiencia previa del Consejo General de las Cámaras y de las cámaras que puedan resultar afectadas.
El acuerdo de disolución debe determinar la integración de la cámara o las cámaras disueltas en una o más de las cámaras existentes. En el caso de integración en dos o más cámaras, el acuerdo de disolución debe fijar la distribución del personal y de los activos y de los pasivos de la cámara o cámaras disueltas entre aquéllas en las cuales se integran.
La cámara o las cámaras en que se integre la disuelta o las disueltas debe ser a todos los efectos sucesora de ésta o éstas en la forma que señale el acuerdo de disolución.
Capítulo III Artículos 11 a 14
Las cámaras tienen las funciones siguientes:
Tienen carácter obligatorio todas las funciones señaladas en el apartado 1, excepto las correspondientes a las letras k, p, t y u.
En el caso de funciones y servicios delegados, concedidos o encomendados por las administraciones públicas a las cámaras, deben establecerse los convenios pertinentes entre las cámaras afectadas y dichas administraciones públicas, en las cuales deben figurar el sistema de financiación y, si procede, las contraprestaciones adecuadas a las características de la ejecución de la prestación del servicio correspondiente.
Planes camerales
Las funciones atribuidas a las cámaras por el artículo 11.1.g que no son ninguna de las acciones de interés general en el fomento de la exportación que establece la Ley 3/1993 forman el Plan cameral de internacionalización de las empresas catalanas. Las funciones atribuidas a las cámaras por las letras h, i, j, m, n o y p del artículo 11.1 forman el Plan cameral de desarrollo empresarial. El Plan cameral de internacionalización y el de desarrollo empresarial deben ser presentados en el órgano tutelar para que los autorice. Debe establecerse reglamentariamente la manera de llevarlo a cabo.
Corresponde al Consejo General de las Cámaras la coordinación de las actuaciones y las propuestas de las cámaras relativas al Plan cameral de internacionalización de las empresas catalanas mencionado en el apartado 1. 3. La Sindicatura de Cuentas debe someter a fiscalización superior las liquidaciones de los presupuestos de las cámaras y del Consejo General de las Cámaras relativas al Plan cameral de internacionalización de las empresas catalanas y al Plan cameral de desarrollo empresarial.
Los planes camerales establecidos por el artículo 12.1 deben financiarse mediante el rendimiento de la exacción incluida en el recurso cameral permanente que recae sobre las cuotas del impuesto de sociedades, excluyendo las cantidades afectadas a las acciones de interés general reguladas por la Ley 3/1993, de acuerdo con lo que establece el artículo 45.3 de la presente Ley.
Los planes camerales deben financiarse mediante el rendimiento de la exacción incluida en el recurso cameral permanente que recae sobre las cuotas del impuesto de sociedades, de acuerdo con lo que establece el artículo 45.3.
Las cámaras catalanas, con el fin de mejorar la eficacia y la eficiencia en el desarrollo de las funciones que tienen encomendadas, pueden:
Con la autorización previa del órgano tutelar cuando comporte un compromiso financiero, económico o patrimonial, promover, crear, administrar y gestionar asociaciones, organismos, organizaciones, consorcios, instituciones, fundaciones, establecimientos, sociedades incluidas las de economía mixta y todo tipo de entidades públicas y privadas, relacionadas con sus finalidades y funciones, y participar en los mismos.
Con la obligación de dar cuenta de ello al órgano tutelar, crear, gestionar, administrar, promover y coorganizar, lonjas de contratación, bolsas de subcontratación, ferias, exposiciones y otros acontecimientos comerciales.
Cuando las actuaciones mencionadas en la letra b del apartado 1 supongan un compromiso financiero, económico o patrimonial, debe elaborarse, si procede, el presupuesto extraordinario correspondiente.
Relaciones entre cámaras y con otras instituciones
Para cumplir mejor sus finalidades, las cámaras pueden establecer convenios u otros instrumentos de colaboración entre ellas y con otras cámaras de fuera del territorio de Cataluña, de los cuales deben dar cuenta al órgano tutelar.
También pueden establecer convenios u otros instrumentos de colaboración con las administraciones públicas y con otros entes públicos o privados, de ámbito nacional o internacional.
Los convenios o los otros instrumentos de colaboración que se establezcan deben especificar los objetivos y, si procede, la forma orgánica, funcional y financiera prevista para alcanzarlos.
Cuando los convenios o las colaboraciones mencionados comporten un compromiso financiero, económico o patrimonial, debe elaborarse, si procede, el presupuesto extraordinario correspondiente.
Capítulo IV Artículos 15 a 20
Son electores de las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación las personas naturales y jurídicas, con independencia de su nacionalidad, que ejercen una actividad comercial, industrial o naviera en el territorio español, en los términos establecidos por el artículo 6 de la Ley del Estado 3/1993, y que tienen establecimientos, delegaciones o agencias en el ámbito territorial de la cámara respectiva, cuando por la actividad correspondiente estén sujetas al impuesto sobre actividades económicas o al impuesto que lo sustituya.
Los electores de las cámaras tienen derecho a elegir los órganos de gobierno de las cámaras y a ser elegidos en los mismos, en los términos establecidos por la presente Ley y su desarrollo reglamentario.
Los electores de las cámaras tienen la obligación de suministrar a la cámara los datos exigibles sobre la empresa y, si procede, sobre el sector de su actividad.
Los electores de un mismo ámbito territorial cameral constituyen el censo electoral de la cámara correspondiente y están clasificados en grupos y categorías y, si procede, subcategorías, de acuerdo con la importancia económica relativa de los diversos grupos económicos representados, en la forma que se determine reglamentariamente.
Los censos deben ser formados y revisados anualmente por el comité ejecutivo, tomando como referencia el 1 de enero, y expuestos al público, sin perjuicio de la previsión que el artículo 8.3 hace para los casos de modificación territorial, fusión o integración de las cámaras.
La estructura del censo en grupos, categorías y subcategorías debe revisarse y actualizarse cada cuatro años, previamente a las elecciones para la renovación de los órganos de gobierno, teniendo en cuenta las variables económicas sectoriales, de manera que se garantice la adecuada representación de todos los grupos, categorías y subcategorías en el pleno.
Tienen derecho electoral activo y pasivo las personas naturales o jurídicas inscritas en el último censo aprobado por la cámara respectiva, de acuerdo con su reglamento de régimen interior, siempre que cumplan los requisitos de edad y capacidad que prevé la legislación electoral vigente.
Para ser elegible como miembro del pleno por sufragio de los electores, deben cumplirse los requisitos siguientes:
Las empresas extranjeras de países que no pertenecen a la Unión Europea con establecimientos o sucursales en el Estado español pueden ser elegidas si cumplen los requisitos anteriores, de acuerdo con el principio de reciprocidad internacional.
Las personas naturales o jurídicas que tengan sucursales o agencias en circunscripciones correspondientes al ámbito territorial de varias cámaras tienen derecho electoral activo y pasivo en cada una de éstas. Se aplica la misma norma a las empresas que tienen el domicilio social en el ámbito territorial de una cámara pero desarrollan la actividad en otro o en otros.
Las personas naturales o jurídicas que ejerzan actividades correspondientes a diversos grupos, diversas categorías o, si procede, diversas subcategorías de un mismo grupo del censo de una cámara tienen derecho electoral activo y pasivo en cada uno de éstos. Sin embargo, en el caso de que salgan elegidas en más de un grupo, en diversas categorías de un mismo grupo o, si procede, en diversas subcategorías de una misma categoría, no pueden ocupar más de un puesto de miembro del pleno.
Apertura y convocatoria del proceso electoral
Una vez declarada la apertura del proceso electoral, las cámaras deben exponer los respectivos censos electorales al público de la forma y durante el tiempo que se determine reglamentariamente. Las reclamaciones que se presenten contra los censos electorales deben ser aceptadas o rehusadas por el comité ejecutivo de la cámara respectiva.
La convocatoria de elecciones en las cámaras corresponde al órgano tutelar y debe publicarse en el DOGC. Las cámaras deben dar difusión pública a la convocatoria en la forma que se establezca reglamentariamente.
En la convocatoria deben figurar:
Desde la convocatoria de las elecciones hasta la constitución de los órganos de gobierno nuevos, los órganos de gobierno salientes deben limitar sus actuaciones a la gestión, la administración y la representación ordinarias de la corporación, adoptando y ejecutando los acuerdos y llevando a cabo las actuaciones que hagan falta para el funcionamiento normal de las cámaras y para el cumplimiento de sus funciones.
Para la adopción de cualquier otro acuerdo debidamente justificado, en especial de los que pueden comprometer la actuación de los nuevos órganos de gobierno, hace falta la autorización previa del órgano tutelar.
Capítulo V Artículos 21 a 32
El pleno es el órgano supremo de gobierno y representación de la cámara. En él tienen representación todos los electores mediante los miembros siguientes:
a) Los vocales que, en número no superior a sesenta ni inferior a diez, sean elegidos mediante sufragio libre, igual, directo y secreto entre todos los electores de la cámara, los cuales deben distribuirse en grupos, categorías y, si procede, subcategorías, de manera que estén representados los intereses económicos generales y tengan adecuada presencia las diversas modalidades comerciales, industriales, de servicios y, si procede, navieras de los respectivos ámbitos territoriales, de acuerdo con la importancia económica relativa de los diversos grupos económicos.
b) Los vocales que, en número comprendido entre el diez y el quince por ciento de los señalados en la letra a, sean elegidos por los otros miembros del pleno a que se refiere dicha letra a entre personas de reconocido prestigio en la vida económica del ámbito territorial de la cámara, a propuesta de las organizaciones empresariales más representativas en el ámbito territorial de la correspondiente cámara que, siendo intersectoriales y territoriales al mismo tiempo, tengan la condición legal de más representativas. Con esta finalidad, las organizaciones mencionadas deben proponer una lista de candidatos que supere en un tercio el número de puestos a cubrir.
La condición de miembro del pleno es única e indelegable y su mandato es de cuatro años. Los miembros del pleno a los cuales hace referencia el artículo 22.1.a no pueden representar más de un grupo, categoría o, si procede, subcategoría del censo electoral. Ninguna persona física puede representar a más de un miembro del pleno en el ejercicio de su función.
El pleno se constituye dentro del mes siguiente a la fecha de las elecciones. El órgano tutelar, consultando previamente a las cámaras, debe fijar la fecha de la sesión constitutiva, la cual debe ser presidida por el titular del órgano tutelar o la persona en quien delegue.
El pleno queda constituido y toma acuerdos válidamente si concurren los quórum de asistencia y de votación que, para la primera o la segunda convocatoria, establece el artículo 23.2. 5. Si hay vocalías que no hayan sido cubiertas, deben declararse vacantes y debe iniciarse el procedimiento reglamentario establecido para cubrirlas. Respecto de las vocalías que hayan sido objeto de impugnación, debe esperarse a la resolución administrativa o judicial firme con el fin de llevar a cabo, si procede, la declaración y la provisión de la vacante correspondiente.
En caso de que resulte imposible la constitución o el funcionamiento del pleno de una cámara, debe procederse a una segunda elección de los miembros del pleno. Mientras no se constituya el nuevo pleno, la gestión de la cámara debe conferirse a una comisión gestora en la forma que se determine reglamentariamente.
El pleno de las cámaras puede nombrar vocales consultores, los cuales pueden asistir a las sesiones del pleno con voz pero sin voto. El número y las funciones de los vocales consultores deben establecerse en el reglamento de régimen interior de cada cámara. La vigencia máxima del nombramiento debe ser la misma que la del pleno que los haya nombrado.
El pleno de la cámara puede delegar el ejercicio de sus funciones en el presidente o presidenta o en el comité ejecutivo, en la forma que reglamentariamente se determine. En todo caso, la delegación de funciones es efectiva desde su adopción, es revocable en cualquier momento y no debe exceder la duración del mandato del pleno. Se extingue automáticamente en el momento de renovarse el pleno.
El pleno de la cámara debe reunirse, en sesión ordinaria, como mínimo, una vez cada trimestre y, en sesión extraordinaria, siempre que lo acuerde el comité ejecutivo o el presidente o presidenta, o cuando lo solicite el número de miembros del pleno que se determine en el reglamento de régimen interior respectivo.
En primera convocatoria, para poder celebrar válidamente las sesiones, es necesaria la asistencia, al menos, de dos terceras partes de sus componentes y los acuerdos deben adoptarse por mayoría simple de los asistentes. En segunda convocatoria, es necesaria la asistencia, al menos, de la mitad más uno de sus componentes y los acuerdos deben ser adoptados por dos terceras partes de los asistentes.
La asistencia a las sesiones del pleno es obligatoria.
El órgano tutelar debe estar convocado a todas las reuniones del pleno y puede intervenir en las deliberaciones con voz pero sin voto.
El comité ejecutivo es el órgano permanente de gestión, administración y propuesta de la cámara y se compone de un máximo de doce miembros. Está formado por el presidente o presidenta, de uno a tres vicepresidentes, el tesorero o tesorera y un máximo de siete vocales, elegidos por el pleno, de acuerdo con el reglamento de régimen interior de la cámara respectiva.
El comité ejecutivo debe reunirse en sesión ordinaria, como mínimo, una vez al mes, excepto en agosto, y en sesión extraordinaria siempre que lo acuerde el presidente o presidenta, o cuando lo solicite al menos un tercio de sus miembros.
Para poder celebrar válidamente las sesiones, deben asistir, al menos, la mitad más uno de los miembros del comité ejecutivo y los acuerdos deben adoptarse por mayoría de los asistentes.
El órgano tutelar debe ser convocado a todas las reuniones del comité ejecutivo y puede intervenir en las deliberaciones con voz pero sin voto.
El presidente o presidenta, elegido por el pleno de entre los vocales que prevé el artículo 22.1 en la forma que determine el reglamento de régimen interior de la cámara respectiva, ejerce la representación de la cámara y la presidencia de todos sus órganos colegiados, y es responsable de la ejecución de sus acuerdos. El presidente o presidenta es reelegible hasta un máximo de tres mandatos consecutivos.
Corresponden al presidente o presidenta de la cámara las funciones siguientes:
Los vicepresidentes, de acuerdo con su orden, deben sustituir al presidente o presidenta en todas sus funciones en los supuestos de ausencia, suspensión o vacante. Cuando por estas mismas causas falten el presidente o presidenta y los vicepresidentes, éstos deben ser sustituidos en la forma que determine el respectivo reglamento de régimen interior.
Las vacantes en el pleno pueden producirse por defunción, si el miembro es persona física; por extinción de la personalidad, si es persona jurídica; por dimisión o por renuncia, o por cualquiera de las causas que incapacitan para ejercer el cargo. El pleno debe declarar la vacante en la primera sesión que celebre después de que aquélla se haya producido.
El pleno debe acordar la pérdida de la condición de miembro de éste y la correspondiente declaración de vacante, en los casos siguientes:
Por falta de asistencia reiterada a las sesiones del pleno, en la forma que se determine reglamentariamente.
Cuando la vacante producida en el pleno tenga como consecuencia una vacante en el comité ejecutivo o la de la misma presidencia de la cámara, debe cubrirse primero la vacante del pleno. Una vez cubierta la vacante por el procedimiento que reglamentariamente se establezca, debe elegirse, si procede, el presidente o presidenta o el cargo del comité ejecutivo, en sesión del pleno convocada a este efecto.
Las personas jurídicas pueden sustituir a su representante legal en el pleno, pero, si la persona sustituida hubiera sido elegida para ejercer un cargo del comité ejecutivo, debe declararse la vacante correspondiente y debe proveerse reglamentariamente.
El pleno también debe declarar, si procede, las vacantes correspondientes a los supuestos del artículo 22.5.
Provisión de las vacantes del pleno y del comité ejecutivo
La declaración de la vacante por el pleno es el inicio del procedimiento para cubrirla, el cual debe llevarse a cabo en la forma que se determine reglamentariamente.
La persona física o jurídica elegida debe ocupar el cargo durante el tiempo que falte hasta el cumplimiento del mandato de la persona a quien suceda.
Cese del presidente o presidenta y de otros cargos del comité ejecutivo
Por renuncia que no implique la pérdida de la condición de vocal del pleno.
Por falta de asistencia reiterada a las sesiones del comité ejecutivo, en la forma que reglamentariamente se determine.
Por cese del presidente o presidenta o por disolución del comité ejecutivo acordados por el órgano tutelar de acuerdo con lo que dispone el artículo 49. Capítulo VI
Las cámaras deben tener un secretario o secretaria general, con voz pero sin voto, cuyo nombramiento corresponde al el pleno de la corporación, previa convocatoria pública cuyas bases debe aprobar el órgano tutelar. Tanto el acuerdo de nombramiento como el de cese deben ser adoptados de forma motivada por la mitad más uno de los miembros del pleno.
Sin perjuicio de las funciones que se determinen reglamentariamente, corresponde al secretario o secretaria general:
Velar, con independencia de criterio, por la legalidad de los acuerdos de los órganos de gobierno; hacer, cuando proceda, las advertencias pertinentes y dejar constancia de ello en las actas, los informes y los documentos correspondientes.
Redactar y firmar las actas de las sesiones de los órganos de gobierno colegiados y las que correspondan a actuaciones de carácter corporativo, y certificar, cuando haga falta, los acuerdos corporativos.
Ejercer las funciones ejecutivas a que hace referencia el artículo 31.3 cuando no hayan sido atribuidas a un director o directora gerente o a otro cargo de alta dirección.
En el supuesto de que el secretario o secretaria general no tenga la licenciatura en derecho, y para las funciones referidas en las letras a y b del apartado 2, las cámaras deben contar con el asesoramiento de un abogado o abogada en ejercicio.
Cargos de alta dirección
De conformidad con lo que se establece en la presente Ley y en las normas que la desarrollan, las cámaras, por acuerdo del pleno a propuesta del comité ejecutivo, pueden crear cargos de director o directora gerente u otros de alta dirección, con competencias específicas y determinadas, cuyas funciones son de carácter ejecutivo.
Los cargos de alta dirección son nombrados y cesados por el pleno a propuesta del comité ejecutivo.
Sin perjuicio de las funciones que se determinen reglamentariamente, a los cargos de alta dirección pueden atribuirse todas, alguna o algunas de las funciones siguientes:
La gestión de la ejecución de los acuerdos de la cámara y el ejercicio de otras funciones ejecutivas que les sean encomendadas por los órganos de gobierno.
La representación del presidente o presidenta cuando éste o ésta así lo determine y se trate de funciones de carácter meramente ejecutivo.
La dirección del personal y de los servicios de la cámara.
Todo el personal al servicio de las cámaras está sujeto al derecho laboral.
El reglamento del régimen interior de cada cámara debe establecer el procedimiento de contratación del personal y el correspondiente régimen de incompatibilidades.
Capítulo VII Artículos 33 a 41
Se crea el Consejo General de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Cataluña, como órgano consultivo y de colaboración con la Generalidad y con el resto de instituciones autonómicas.
El Consejo General de las Cámaras es una corporación de derecho público, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus finalidades. Está integrado por todas las cámaras de Cataluña.
El Consejo General de las Cámaras se rige por lo que disponen la presente Ley, sus normas de desarrollo y su reglamento de régimen interior, propuesto por su pleno y aprobado por el órgano tutelar, que puede promover su modificación.
Las disposiciones relativas a las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación de Cataluña se aplican con carácter subsidiario al Consejo General de las Cámaras, a sus órganos de gobierno y a su personal.
Es aplicable supletoriamente la legislación sobre procedimiento y régimen jurídico de las administraciones públicas, en los supuestos de ejercicio de funciones administrativas de carácter público y de ejercicio de competencias delegadas por otros entes administrativos.
Funciones del Consejo General de las Cámaras
Representar al conjunto de las cámaras de Cataluña ante las administraciones públicas, cuándo éste así lo acuerde.
Coordinar e impulsar las actuaciones comunes del conjunto de las cámaras.
Órganos de gobierno y organización del Consejo General de las Cámaras
El Pleno del Consejo General de las Cámaras: composición, constitución y funciones
El Pleno es el órgano supremo de gobierno y representación del Consejo General de las Cámaras y está compuesto por los presidentes de todas las cámaras catalanas y por un miembro del pleno de cada cámara designado al efecto por el pleno de la misma.
En caso de ausencia justificada, los miembros del Pleno pueden, mediante delegación por escrito, ser representados por otros representantes de la cámara a que pertenece el miembro delegante. La condición de miembro del pleno se pierde cuándo se pierde el cargo de presidente o presidenta o de miembro del pleno de la cámara respectiva, o cuando se sustituye al representante o la representante de la cámara correspondiente en el pleno del Consejo General de las Cámaras.
En caso de producirse la fusión o integración de dos o más cámaras, las cámaras afectadas mantienen su representación en el Consejo General de las Cámaras durante el resto del mandato en que se produzca, en la forma que se determine reglamentariamente.
El pleno del Consejo General de las Cámaras se constituye dentro de los dos meses siguientes al de la constitución de los plenos de las cámaras. El órgano tutelar debe determinar la fecha de la sesión constitutiva y debe presidirla.
En el acto de constitución del Pleno del Consejo General de las Cámaras se eligen, por votación nominal y secreta, el presidente o presidenta y los cargos del Comité Ejecutivo, en la forma que se establezca reglamentariamente. La persona elegida como presidente o presidenta lo es también del Pleno y del Comité Ejecutivo.
El Pleno del Consejo General de las Cámaras puede nombrar un máximo de seis vocales consultores escogidos de entre personas de reconocido prestigio en el ámbito económico, profesional o empresarial o que presidan entidades o asociaciones de estos tipos en Cataluña. Los vocales consultores pueden asistir a las sesiones del Pleno con voz pero sin voto. El reglamento de régimen interior debe establecer el número y las funciones de éstos. La vigencia máxima de su nombramiento debe ser la misma que la del pleno que los haya nombrado.
El Pleno del Consejo General de las Cámaras debe reunirse, en sesión ordinaria, como mínimo una vez cada semestre y, en sesión extraordinaria, siempre que lo acuerde el Comité Ejecutivo o el presidente o presidenta, o cuando lo solicite el número de miembros del Pleno que determine el reglamento de régimen interior.
Para poder celebrar válidamente las sesiones en primera convocatoria, es preciso que haya, al menos, presentes o representados, las dos terceras partes de sus miembros. En segunda convocatoria, es preciso que haya, al menos, presentes o representados, la mitad más uno de sus miembros.
Para tomar válidamente los acuerdos es preciso, como regla general, en primera convocatoria, el voto favorable de al menos la mayoría simple de los votos asistentes y, en segunda convocatoria, el voto favorable de la mayoría absoluta de los votos asistentes. Al efecto, cada cámara tiene un número de votos proporcional al número de electores, según se determine reglamentariamente, de manera que ninguna cámara debe tener menos de dos votos ni más del cuarenta por ciento de los votos totales.
A pesar de lo que prevé el apartado 3, para determinados tipos de acuerdos, son aplicables las siguientes reglas especiales:
En los acuerdos del Pleno que no se adopten por unanimidad y en los acuerdos relativos a propuestas, consultas o informes dirigidos a las administraciones públicas o a la opinión pública, el Consejo General de las Cámaras tiene la obligación de indicar los votos discrepantes y, si procede, su sentido y su contenido.
El órgano tutelar debe ser convocado a todas las reuniones del Pleno y puede intervenir en las deliberaciones con voz pero sin voto.
El Comité Ejecutivo del Consejo General de las Cámaras: composición, funciones y funcionamiento
El Comité Ejecutivo es el órgano de gestión, administración y propuesta del Consejo General de las Cámaras. Está integrado por el presidente o presidenta, un vicepresidente o vicepresidenta, el tesorero o tesorera y tres vocales, de acuerdo con lo que dispone el apartado 2, elegidos en la forma que determine el reglamento de régimen interior.
Ninguna cámara debe tener más de un cargo en el Comité Ejecutivo del Consejo General de las Cámaras. Debe garantizarse la presencia en este órgano de gobierno de un representante o una representante, como mínimo, de las cámaras pertenecientes a cada una de las circunscripciones territoriales establecidas por el artículo 3.1.
Las funciones del Comité Ejecutivo del Consejo General de las Cámaras son las siguientes:
El Comité Ejecutivo del Consejo General de las Cámaras debe reunirse en sesión ordinaria, como mínimo, una vez al trimestre, y en sesión extraordinaria siempre que lo acuerde el presidente o presidenta, o cuando lo solicite al menos un tercio de sus miembros.
Para poder celebrar válidamente las sesiones, el Comité Ejecutivo del Consejo General de las Cámaras debe estar constituido, al menos, por la mitad más uno de sus componentes y los acuerdos deben adoptarse por mayoría de los asistentes.
El órgano tutelar debe ser convocado a todas las reuniones del Comité Ejecutivo del Consejo General de las Cámaras y puede intervenir en las deliberaciones con voz pero sin voto.
El presidente o presidenta del Consejo General de las Cámaras: elección y funciones
El presidente o presidenta ejerce la representación del Consejo General de las Cámaras y la presidencia de sus órganos colegiados y es el responsable de la ejecución de sus acuerdos. El presidente o presidenta tiene las funciones que le asigna la presente Ley, sus normas de desarrollo y el reglamento de régimen interior.
El vicepresidente o vicepresidenta sustituye al presidente o presidenta en todas sus funciones en los supuestos de ausencia, suspensión o vacante. Cuando por las mismas causas falten el presidente o presidenta y el vicepresidente o vicepresidenta, éstos deben ser sustituidos en la forma que determine el reglamento de régimen interior.
Personal del Consejo General de las Cámaras
El Consejo General de las Cámaras debe tener un secretario o secretaria general, con voz pero sin voto, cuyo nombramiento corresponde al Pleno, previa convocatoria pública, cuyas bases debe aprobar el órgano tutelar. Tanto el acuerdo de nombramiento como el de cese deben adoptarse de forma motivada por la mayoría absoluta de la totalidad de los votos de las cámaras en el Pleno.
El Consejo General de las Cámaras puede tener un director o directora gerente, cuyas funciones son de carácter ejecutivo y cuyo nombramiento y cese corresponden al Pleno.
El Consejo General de las Cámaras debe tener también el personal necesario para su funcionamiento, el cual debe estar sujeto al régimen laboral.
A partir del día de las elecciones de las cámaras, quedan disueltos el Pleno y el Comité Ejecutivo del Consejo General de las Cámaras y debe constituirse una comisión rectora, integrada por el presidente o presidenta, el tesorero o tesorera y el miembro de más edad del Comité Ejecutivo, la cual debe velar por el patrimonio del Consejo General de las Cámaras y debe adoptar y llevar a cabo los acuerdos que sean necesarios para esta tarea y para la gestión y la administración ordinaria del Consejo General de las Cámaras, actuando como secretario o secretaria la persona que lo sea de este ente.
La comisión rectora debe disolverse al constituirse el nuevo pleno del Consejo General de las Cámaras después de las elecciones camerales y debe dar cuenta a éste de los asuntos que ha tratado y de las decisiones que ha adoptado.
Capítulo VIII Artículos 42 a 46
Financiación de las cámaras
Las cámaras tienen los recursos siguientes:
El rendimiento de los conceptos integrados en el recurso cameral permanente que regula la legislación vigente.
Los ingresos ordinarios y extraordinarios derivados de los servicios que presten y, en general, los obtenidos de sus actividades.
Las liquidaciones del recurso cameral permanente giradas sobre las cuotas tributarias del impuesto de actividades económicas deben notificarse colectivamente mediante edictos, los cuales deben publicarse en el DOGC, en el boletín oficial de la provincia que corresponda y en dos diarios de gran circulación en la circunscripción respectiva. Al efecto, las matrículas correspondientes a las bases sobre las cuales legalmente deba girarse el recurso permanente correspondiente a cada elector o electora deben ser objeto de exposición pública inicialmente durante un plazo no inferior a un mes. Contra éstas puede formularse la correspondiente reclamación ante el comité ejecutivo de la cámara respectiva en un plazo de quince días.
No obstante lo dispuesto por el apartado 2, las liquidaciones del recurso permanente deben notificarse individualmente a los nuevos electores de cada cámara, a aquéllos que lo pidan expresamente y siempre que la cámara lo considere conveniente o necesario.
Están obligadas al pago del recurso cameral permanente las personas físicas o jurídicas y las entidades a que hace referencia el artículo 33 de la Ley del Estado 230/1963, de 28 de diciembre, general tributaria, que, durante todo un ejercicio económico o durante una parte de éste, hayan llevado a término alguna de las actividades comerciales, industriales o navieras a que hace referencia el artículo 6 de la Ley del Estado 3/1993 y que, por este motivo, estén sujetas al impuesto de actividades económicas o al impuesto que lo sustituya. El devengo de las exacciones que constituyan el recurso cameral permanente y la interrupción de la prescripción coinciden con los del impuesto al cual se refieran.
Las cámaras están obligadas a exigir el recurso permanente que les corresponda tanto en período voluntario como por la vía de apremio. Al efecto, pueden ejercer la potestad recaudadora propia directamente y/o mediante la suscripción de convenios con las diputaciones provinciales, el Departamento de Economía y Finanzas, la Agencia Estatal de Administración Tributaria o cualquier otra entidad pública con potestad recaudadora.
Financiación del Consejo General de las Cámaras
Los ingresos permanentes del Consejo General de las Cámaras están constituidos por las aportaciones de las cámaras, en la cuantía que fija anualmente el Pleno del Consejo General de las Cámaras al aprobar los presupuestos. La aportación de cada cámara para gastos ordinarios o corrientes del Consejo General de las Cámaras no debe ser inferior al tres por ciento ni superior al seis por ciento del rendimiento líquido del recurso cameral permanente que resulte de la última liquidación presupuestaria aprobada, una vez deducidos los gastos de recaudación. Este porcentaje lo fija el Pleno del Consejo General de las Cámaras al aprobar los presupuestos y debe ser el mismo para todas las cámaras.
El Consejo General de las Cámaras también puede contar con recursos eventuales, como las aportaciones de las cámaras o de las administraciones públicas que deleguen o encomienden funciones o servicios al Consejo General de las Cámaras, los ingresos por servicios o provenientes del patrimonio propio, las donaciones, las adquisiciones por causa de muerte, las subvenciones o cualquier otro medio de obtención de recursos previsto por la legislación vigente.
Las cámaras y el Consejo General de las Cámaras deben elaborar, anualmente, presupuestos ordinarios de ingresos y gastos y, si procede, extraordinarios. Corresponde al órgano tutelar establecer las normas para la elaboración y la liquidación de dichos presupuestos.
Las cámaras y el Consejo General de las Cámaras deben formular cuentas anuales, las cuales deben ajustarse al Plan general de contabilidad para la empresa, con las adaptaciones que se establezcan reglamentariamente.
Las cámaras y el Consejo General de las Cámaras deben someter los presupuestos, ordinarios y extraordinarios, las liquidaciones y las cuentas anuales a la aprobación del órgano tutelar. Las cuentas anuales, antes de ser presentadas para la aprobación del órgano tutelar de la Administración de la Generalidad, deben someterse a un informe de auditoría externa, que debe ajustarse a lo establecido por la Ley del Estado 19/1988, de 12 de julio, de auditoría de cuentas. Esta auditoría debe incluir:
La opinión respecto del cumplimiento de los requisitos de autofinanciación y del cumplimiento de la afectación de los recursos previstos por la presente Ley.
La opinión sobre el grado de cumplimiento tanto de las recomendaciones incluidas en anteriores auditorías como de las indicaciones del órgano tutelar incluidas en resoluciones relativas a anteriores presentaciones de cuentas.
El órgano tutelar debe fiscalizar las liquidaciones de los presupuestos y las cuentas anuales, mediante el control de las auditorías externas mencionadas en el artículo 44.3, en la forma que se establecerá reglamentariamente. El órgano tutelar puede obtener, de los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría, la información que resulte necesaria para el ejercicio de sus competencias. Asimismo, el órgano tutelar puede encargar, excepcional y motivadamente, una auditoría externa relativa a una cámara concreta.
Las cámaras y el Consejo General de las Cámaras pueden adquirir toda clase de bienes y derechos bajo cualquier título por causa de muerte o inter vivos, sea oneroso o gratuito, enajenarlos o gravarlos. Para los actos de disposición de inmuebles y de valores mobiliarios, salvo las operaciones de tesorería, y para las operaciones de crédito por cuantía superior al diez por ciento de los ingresos netos por recurso cameral permanente del ejercicio que corresponda, las cámaras y el Consejo General de las Cámaras deben tener la autorización previa del órgano tutelar.
Las cámaras pueden otorgar subvenciones y acordar donaciones no previstas en los planes camerales cuando se trate de actividades relacionadas con las finalidades propias de éstas, siempre que, globalmente consideradas, cuando se haga a cargo de los ingresos provenientes del recurso cameral permanente, no excedan del diez por ciento de los ingresos netos por este recurso del ejercicio que corresponda, una vez restados los afectados a los planes camerales. El porcentaje anterior puede ser superado con la autorización expresa del órgano tutelar cuando una cámara lo solicite motivadamente.
La contratación de obras y servicios de las cámaras y del Consejo General de las Cámaras a favor de miembros del pleno o de personas que los representen sólo puede hacerse con sujeción a los principios de publicidad y concurrencia, excepto en los casos en que la naturaleza de la operación sea incompatible con estos principios.
Corresponde a la Sindicatura de Cuentas la fiscalización superior del destino de las cantidades percibidas como rendimientos del recurso cameral permanente.
Afectación de los rendimientos del recurso cameral permanente
Los ingresos de las cámaras procedentes del recurso cameral permanente están destinados al cumplimiento de las finalidades propias de éstas.
El tres por ciento, como mínimo, de la recaudación neta por recurso cameral permanente corresponde al Consejo General de las Cámaras.
El rendimiento de la exacción incluida en el recurso cameral permanente que recae sobre las cuotas del impuesto de sociedades está afectado a los planes camerales señalados en el artículo 12 de la manera siguiente:
Financiación a cargo del recurso cameral permanente
Los ingresos de las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación de Cataluña procedentes del recurso cameral permanente no deben superar el sesenta por ciento del total de ingresos de cada corporación. Al efecto, no se tienen en cuenta los recursos afectados por ley.
Cuando los ingresos procedentes del recurso cameral permanente superen el límite establecido por el apartado 1, el exceso debe destinarse a la constitución de una reserva especial, que debe materializarse en disponible a corto plazo. Los rendimientos de estos activos deben aplicarse a la mencionada reserva.
En ejercicios sucesivos puede disponerse de la reserva especial establecida por el apartado 2 para completar los ingresos procedentes del recurso cameral permanente hasta alcanzar el límite establecido por el apartado 1. 4. Sin perjuicio de lo que establece la legislación vigente, si en el ejercicio sexto a contar del fin del que dio lugar a la constitución de la reserva no ha podido aplicarse en la forma antes dicha, ésta y sus rendimientos deben aplicarse a alguna de las finalidades establecidas por el artículo 11, o, alternativamente, el saldo debe traspasarse a una reserva especial para gastos extraordinarios e imprevistos, cuyo funcionamiento debe establecerse reglamentariamente.
Capítulo IX Artículos 47 a 50
Ejerce la tutela sobre las cámaras y el Consejo General de las Cámaras el departamento de la Generalidad que tiene atribuidas las competencias en esta materia.
La función de tutela consiste en el control de la legalidad de las actuaciones de las cámaras y del Consejo General de las Cámaras, y comprende el ejercicio de las potestades administrativas de aprobación, fiscalización, resolución de recursos, creación, suspensión, disolución, fusión e integración de las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación de Cataluña, así como la suspensión y la disolución de los órganos de gobierno a que hace referencia la presente Ley.
Para llevar a cabo la tutela de las cámaras y el Consejo General de las Cámaras, el órgano tutelar puede solicitarles los antecedentes y la información necesaria sobre la actuación objeto de la tutela.
Las solicitudes o las propuestas de creación, disolución, fusión o integración de cámaras se consideran desestimadas transcurridos seis meses desde su entrada en el registro del órgano tutelar sin que se haya dictado resolución expresa.
Corresponde al órgano tutelar la aprobación de los reglamentos de régimen interior de las cámaras y del Consejo General de las Cámaras, así como sus modificaciones. Se consideran aprobados si, transcurridos tres meses desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano tutelar, éste no ha formulado objeciones en su contra. El órgano tutelar puede denegar expresamente la aprobación definitiva del reglamento o proponer su modificación parcial. En este caso, debe señalar el plazo, no inferior a dos meses, para un nuevo envío del reglamento o de su modificación, transcurrido el cual sin haber recibido la nueva propuesta se entiende que ha sido denegada la aprobación. Presentado el texto corregido dentro del plazo establecido, se considera aprobado cuando han transcurrido dos meses desde su presentación en el registro del órgano tutelar.
Las autorizaciones previstas por la presente Ley para el ejercicio de las acciones instrumentales a que se refiere el artículo 13 se consideran otorgadas transcurridos dos meses desde la presentación de la solicitud en el registro del órgano tutelar sin que éste haya formulado objeciones en su contra.
Transcurridos dos meses desde la presentación al órgano tutelar de los presupuestos ordinarios o extraordinarios, de las liquidaciones correspondientes o de las cuentas anuales sin que éste haya adoptado ninguna resolución, se consideran aprobados. Si al inicio de un ejercicio el órgano tutelar no hubiera aprobado el presupuesto que le corresponde, debe considerarse prorrogado el del ejercicio anterior hasta la aprobación del ejercicio correspondiente.
Las autorizaciones previstas en el artículo 44.5 y 44.6 se consideran otorgadas transcurridos dos meses desde la presentación de la solicitud al órgano tutelar sin que éste haya formulado objeciones en su contra.
En cualquier otro caso en que sea precisa la autorización previa del órgano tutelar, ésta se considera otorgada si, en el plazo de tres meses, el órgano tutelar no ha formulado objeciones en su contra.
El órgano tutelar puede suspender, con carácter excepcional, la actividad de los órganos de gobierno de las cámaras y del Consejo General de las Cámaras en el caso de producirse transgresiones del ordenamiento jurídico vigente que, por su gravedad o reiteración, hagan aconsejable esta medida, así como en los supuestos de imposibilidad manifiesta de funcionamiento normal.
El órgano tutelar, una vez sea conocedor de estas posibles transgresiones o de la imposibilidad de funcionamiento normal, debe abrir un expediente contradictorio, urgente y preferente para comprobar estos hechos y, una vez comprobados, debe requerir formalmente, si procede, a la cámara respectiva para que corrija su actuación inmediatamente.
En el caso de que, en el plazo que reglamentariamente se determine, continúe la situación que ha motivado el requerimiento, el órgano tutelar debe acordar la suspensión de los órganos de gobierno de que se trate por un plazo no superior a tres meses. En caso de suspensión del pleno o del comité ejecutivo, debe nombrarse una comisión que tenga a su cargo la gestión de los intereses de la cámara durante este período. La composición de la comisión gestora debe determinarse reglamentariamente.
Si, transcurrido el plazo de suspensión, subsisten las razones que la motivaron, debe procederse, en el plazo de un mes, a la disolución o el cese de los órganos de gobierno de la cámara afectados, previa audiencia del Consejo General de las Cámaras. El acuerdo de disolución debe contener la convocatoria de nuevas elecciones y la prórroga de la actuación de la comisión gestora hasta la constitución de los nuevos órganos de gobierno de la cámara.
Las resoluciones de las cámaras y del Consejo General de las Cámaras dictadas en ejercicio de las competencias propias de naturaleza pública administrativa y las que afecten al régimen electoral pueden recurrirse ante la jurisdicción contenciosa administrativa, previa presentación del recurso de alzada ante el órgano tutelar.
Contra los actos de las cámaras y el Consejo General de las Cámaras relativos a la liquidación, la gestión o la recaudación del recurso cameral permanente, puede presentarse reclamación económica administrativa ante los tribunales económicos administrativos, sin perjuicio de la presentación de otros recursos.
Las controversias derivadas de las actuaciones de las cámaras y el Consejo General de las Cámaras relativas a otros ámbitos y especialmente las de carácter laboral deben dirimirse ante los juzgados y los tribunales competentes.
Contra los actos del Gobierno y del órgano tutelar puede interponerse recurso contencioso administrativo.
a) Establecer o modificar la afectación de los rendimientos del recurso cameral permanente no reservados a las acciones de interés general del Plan cameral de promoción de las exportaciones que establece la Ley 3/1993. b) Elevar las partes alícuotas del recurso cameral permanente girado sobre las cuotas del impuesto de actividades económicas o sobre cualquier otro que lo sustituya por encima del tipo general y afectar la elevación total o parcialmente a funciones administrativas de carácter público de las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación de Cataluña.
-1.1 En el plazo de dos meses las cámaras deben notificar al órgano tutelar las personas designadas por los plenos respectivos como representantes de cada cámara en el Pleno del Consejo General de las Cámaras.
-2.1 En el plazo de seis meses, a contar de la entrada en vigor de la presente Ley, las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación de Cataluña deben adaptar los reglamentos de régimen interior al contenido de la presente Ley y deben someterlos a la aprobación del órgano tutelar.
-3 Sin perjuicio de lo que establece el capítulo II, las cámaras existentes actualmente en Cataluña continúan en el ejercicio de las funciones asignadas legalmente y con el actual ámbito territorial.
-4 Los órganos de gobierno de las cámaras continúan el ejercicio de sus funciones hasta la finalización del mandato.
-5 Al personal que, a la entrada en vigor de la presente Ley, esté al servicio de una cámara al amparo del Decreto del 13 de junio de 1936 y figure incluido en la plantilla a que se refiere el artículo 2 del Decreto mencionado, le será aplicable aquel régimen de personal.
-6 Las cámaras que tengan constituido el fondo de reserva procedente de la aplicación establecida por el artículo 47 del Reglamento general de las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, aprobado por el Decreto 1291/1974, de 2 de mayo, y modificado por los reales decretos 753/1978, de 27 de marzo, y 816/1990, de 22 de junio, deben proponer al órgano tutelar, para la preceptiva autorización, el traspaso de dicho fondo a la cuenta de remanentes acumulados de ejercicios anteriores, en un plazo de tres meses y previo acuerdo del pleno. Se entiende que se ha concedido la autorización una vez transcurridos seis meses sin que el órgano tutelar haya hecho observaciones a la propuesta presentada.
-7 Mientras el Gobierno no establezca otra cosa, a efectos de lo dispuesto por el artículo 37.3, el número de votos que corresponde a cada cámara en el Pleno del Consejo General de las Cámaras se determina por las reglas siguientes:
-1 Se deroga la Orden del 22 de abril de 1993, sobre la tutela de las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación de Cataluña, el artículo 38.2 del Decreto 37/1998, de 17 de febrero, sobre el régimen electoral de las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación de Cataluña, y cualquier otra disposición de rango igual o inferior que se oponga a la presente Ley.
-2 Se faculta al Gobierno y el consejero o consejera que tiene atribuidas las competencias en materia de cámaras oficiales de comercio, industria y navegación de Cataluña para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y la aplicación de la presente Ley.
-3 El Gobierno debe adoptar y debe promover las disposiciones necesarias para garantizar la participación de las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación en aquellos órganos administrativos u organismos públicos de composición plural que tengan por objeto tareas o funciones que afecten directamente a los intereses económicos generales.
Palacio de la Generalidad, 27 de junio de 2002
Consejero de Indústria, Comercio y Turismo
(02.176.066)
LLEI 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres.
DECRETO 97/1998, de 2 de junio, por el que se deroga el artículo 6 del Decreto de Declaración del Parque Natural de Urkiola.
Notificación de acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador a Emilio Anselmo Moreno Peinado
Decret 18/2007 de 16 de març, que modifica el Decret 77/1995, de 3 d'agost, pel qual es regula el funcionament del Consell de Comunitats Balears Assentades fora del Territori Balear.

References: artículo 11
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 22
 artículo 23
 resolución 
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 49
 artículo 31
 artículo 3
 artículo 33
 artículo 6
 artículo 44
 artículo 12
 artículo 11
 resolución 
 resolución 
 artículo 13
 artículo 44
 artículo 2
 artículo 47
 artículo 37
 artículo 38
 artículo 6