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Timestamp: 2018-11-12 20:44:00+00:00

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Tarifazo suspendido en Santa Fe
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17 mayo, 2018 Notas
Sentencia no firme
El pasado 14 de mayo, el Juzgado de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de San Cristóbal, Santa Fe dispuso la suspensión del pago de la tarifa eléctrica del segundo bimestre de 2018 para los usuarios residentes en la localidad que hayan tenido un aumento mayor al 75% en relación al mismo período del año anterior o al bimestre anterior del presente año.
La resolución es por el término de 30 días desde la fecha en que adquiera firmeza la resolución. Dentro de ese plazo, la Empresa Provincial de Energía deberá proponer a los afectados planes de pago de la referida facturación publicados en la página web de la distribuidora del servicio, como así también en la sede administrativa de la empresa en la ciudad.
A la luz de los principios establecidos por la Constitución Nacional, y por ser un servicio de prestación indispensable, el fallo indica que más allá de los fundamentos esgrimidos por la empresa en relación a la legalidad y necesidad del aumento de la tarifa por la compleja situación de la energía eléctrica, su uso debe ser accesible y no excesivamente oneroso o de muy difícil alcance.
estos autos caratulados “G., S. M. y otros c/ EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA s/ ACCIÓN LEY 10000” Expte. N° 151 Año 2018, de trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia de Distrito N° 10 en lo Civil, Comercial y Laboral de San Cristóbal, de los que;
RESULTA: en fecha 12.04.2018 los Sres. S. M. G., R. A. B. y N. A. M., con patrocinio letrado, como usuarios del servicio de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE) promovieron acción preventiva colectiva contra Empresa Provincial de la Energía, a los fines de la suspensión del cobro de las facturas de energía eléctrica del bimestre período 2/ 2018 a favor de todos los usuarios comerciales y residenciales de la ciudad de San Cristóbal, por el término de cuatro meses. Seguidamente efectuaron dos propuestas respecto al modo de abonar el referido bimestre, la primera: cada usuario abonará el monto que resulte mayor entre el monto que le haya sido facturado el mismo bimestre al reclamado pero al año anterior (2017) con más el 20 % de aumento. La segunda: el monto que le haya sido facturado el bimestre inmediatamente anterior al reclamado con más el 20 % de aumento.
Se refirieron a la legitimación activa, expresaron que la misma surge como consecuencia de la grave situación en que ha colocado la demandada a usuarios y consumidores, al tener que afrontar, tanto comerciantes como residentes de la ciudad de San Cristóbal, el pago de facturas exorbitantes, desproporcionadas del servicio de energía eléctrica, colocándolos en situación de perjuicio irreparable y de peligro inminente, debido a que la falta de su pago conlleva el corte del servicio. Recalcaron que se trata de un servicio esencial comprendido dentro de los que conforman los Derechos Humanos. Citaron jurisprudencia.
Identificaron dentro del grupo afectado a todos los usuarios y consumidores comerciales y residenciales, domiciliados dentro de la jurisdicción de la ciudad de San Cristóbal, que utilicen el servicio de energía eléctrica prestado por la E.P.E. y, que como contraprestación de dicho servicio, le hayan remitido facturas de pago correspondiente al bimestre 2/18 con por lo menos un 75 % de aumento con respecto al mismo bimestre del año anterior, o directamente, con por lo menos ese porcentaje de aumento en relación al bimestre anterior del corriente año. Estimaron la existencia de una pluralidad relevante de individuos afectados por la conducta de la demandada y solicitaron se ordene a la misma brindar información al respecto.
Resaltaron los requisitos de procedencia de la acción colectiva, citaron los fallos Halabi, Padec del Tribunal Superior, manifestando que la causa fáctica común se encuentra determinada por la presencia de un daño causado por la prestación de un servicio público, afectando a quienes son usuarios del mismo. Respecto de la pretensión enfocada en los efectos comunes, dijeron que la única pretensión de la presente acción es la suspensión de la obligación de pago por el término de cuatro meses y que en caso de redeterminación de la tarifa mediante acciones judiciales o gestiones institucionales se podrá requerir la acción de daños y perjuicios individual o colectiva que corresponda.
Se refirieron a la existencia de derechos individuales homogéneos con un fuerte interés estatal en su protección, expresaron que la presente acción procura ser un mecanismo legal eficiente y expansivo, para la defensa de aquellos sujetos que están siendo afectados por el aumento de la tarifa del servicio eléctrico, y permitir prevenir la producción o el agravamiento del daño. Por último dijeron que el ejercicio individual no aparece plenamente justificado, que se trata de un caso de lesiones homogéneas, que en la mayoría de los casos no justifica una demanda individual por cada afectado, que algunos comercios fuertes y con mayores recursos podrían iniciarlas. Que la mayoría de los comercios de esta ciudad, como pymes y usuarios residenciales no tendrían posibilidad de peticionar ante las autoridades y defender sus derechos; que negar el derecho a instar una acción de carácter colectivo que prevenga daños sería denegar el acceso a la justicia a los afectados. Citaron jurisprudencia.
A continuación relataron los hechos, que la E.P.E. ha efectuado un desmedido e irrazonable aumento de la tarifa del servicio de electricidad, que se vio reflejado en las boletas de pago que dicha empresa remitió a los usuarios por el período 2/18. Que dichas boletas llevan un aumento de más del 75 % respecto del mismo bimestre del año anterior e incluso con más del 75 % de la última boleta de este mismo año. Que estas tienen como vencimiento de la primer cuota los días 06.04.2018 y 10.04.2018 y como último vencimiento el día 16.04.2018 o 20.04.2018.
Que la situación planteada implica la imposibilidad de abonar, o tener que recurrir a créditos para afrontar el pago del servicio, y que en los próximos períodos se verían imposibilitados de continuar con el uso del mismo, sumando la deuda de un crédito. En casos de comercios, algunos emprendimientos familiares, tendrían que despedir empleados o cerrarlos, que ello causaría una crisis local en la ciudad debido a que no hay fuentes de trabajo.
Describieron la importancia del servicio de electricidad, imprescindible para la vida humana, debiendo garantizarse sus condiciones de regularidad y continuidad, resaltaron que de mantener una tarifa tan onerosa, sin haber participado los usuarios de la formación de ese precio, generaría una arbitrariedad originada en la decisión asumida por la E.P.E. de elevar el valor del kWh sin informar previamente a los usuarios y sin medir sus consecuencias.
Que la resolución del aumento de la tarifa no fue informada fehacientemente para que los usuarios tuvieran la posibilidad de controlar el consumo y no excederse, en contravención a la ley de Defensa del Consumidor.
Precisaron el objeto de la pretensión. Ofrecieron pruebas. Requirieron la intervención del Centro Comercial de San Cristóbal en el carácter de Amicus Curiae. Hicieron reservas y solicitaron que en su oportunidad se haga lugar a la demanda con costas.
Dictado el primer decreto de trámite en fecha 13.04.2018 a fs. 66, se procedió a reencausar la acción conforme al procedimiento establecido en la Ley 10000, se corrió traslado a la demandada para que informe sobre los hechos que fundan y motivan su actitud y en su caso, remita los antecedentes y/o actuaciones que avalaran su proceder, pudiendo ofrecer pruebas.
A fs. 67/68 los actores solicitaron la aplicación de cautelar innovativa automática según art. 8 Ley 10000 y que conforme a ella se suspenda el pago de la boleta del servicio de electricidad correspondiente al período 2/2018, con recargo previsto para los días 16 y 20 de abril del corriente año, a favor de toda la clase afectada, lo que fue proveído a fs. 69.
A fs. 138/140 la parte actora dedujo recurso de revocatoria contra el proveído de fecha 17.04.2018, que niega la intervención del Centro Comercial de San Cristóbal en carácter de Amicus Curiae.
Expusieron que el Centro Comercial, institución que actúa a través de su Presidente, la Sra. S. G., no es actor en el presente proceso, que no ha impulsado la acción procesal. Que en tal carácter ha solicitado la intervención como Amigo del Tribunal. Que en la demanda presentada comparecieron los Sres. S. M. G., R. B. y N. M. como usuarios comerciales y usuarios residenciales, por derecho propio, en representación de sus comercios y con patrocinio letrado. En el capítulo VIII) Amicus Curiae se expuso que el Centro Comercial de San Cristóbal, representado por S. G. en carácter de presidente suscribió la demanda como Amigo del Tribunal, su comparecencia solo fue en ese carácter y no en otro. Dieron sus fundamentos para la intervención en tal carácter. Citaron jurisprudencia. Hicieron reserva de recurso de nulidad y planteo constitucional.
A fs. 144/308 la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe, por apoderados legales, compareció y contestó el traslado corrido. En cuanto a la cautelar peticionada por la parte actora expusieron que tanto su planteamiento como su decisorio son violatorios del derecho de defensa, que se limitaría a la suspensión del acto impugnado, pero que no se comprende el término por su generalidad e indefinición y que tampoco se precisa su alcance temporal, sus eventuales beneficiarios, ni la forma de llevarlo a cabo. Destacaron que hay un menoscabo al derecho de defensa el verse obligados a responder una confusa demanda que terminó reencauzándose en una Acción Ley 10000.
Manifestaron que no existe acto administrativo impugnado en forma expresa y de manera indubitable por la actora, que lo único que se invoca es una mera disconformidad con la facturación emitida del segundo bimestre (2/18), lo que no constituye una violación del orden administrativo local, y que por el contrario se ajustó estrictamente a derecho. Citaron doctrina.
Que por vía deductiva o hipotética consideraron que el acto impugnado podría ser la Resolución E.P.E. N° 523 de fecha 06.12.2017 relacionada a la adecuación del cuadro tarifario por variaciones del precio estacional que fija CAMMESA; o la Resolución E.P.E. N° 051 de fecha 31.01.2018 de adecuación del cuadro tarifario por aumento de los valores de compra de energía operados por la Secretaría de Energía de la Nación y ante la necesidad de mantener el equilibrio del Presupuesto Anual de Recursos y Erogaciones, o ambas.
Aclararon que la Audiencia Pública por incremento de tarifas por aumento del Valor Agregado de Distribución (VAD) fue convocada por la Secretaría de Energía de Santa Fe por Resolución N° 167/17 y de conformidad con lo establecido por el artículo 3 inciso 2 del Decreto P.E. N° 3209/2016. Manifestaron también que cualquier planteo resultaría extemporáneo.
Que el Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe N° 3209 excepciona el mecanismo de la audiencia pública cuando se trata del traslado del costo mayorista de la energía. Que no se configuran los presupuestos que tornarían procedente el recurso contencioso administrativo sumario de la Ley 10000.
Efectuaron una reseña de la normativa vigente, la provincia de Santa Fe en uso de sus prerrogativas constitucionales y legales, procuró la prestación del servicio público de electricidad en todo el ámbito de su territorio por conducto de la Empresa Provincial de la Energía, se trata de un cometido público de titularidad provincial que es cumplido por dicha empresa. Para dicho objetivo la Ley 10014 le atribuyó las potestades necesarias o inherentes a esa titularidad del servicio (generar, transportar, distribuir, comprar y vender energía, prestar el servicio público de electricidad), siendo también su competencia el sistema de facturación.
Dijeron que el principal y único ingreso de la E.P.E. está constituido por el producido de los servicios que presta, la provisión de energía eléctrica a sus clientes o usuarios en casi todo el territorio de la provincia, retribuida a través del pago de la tarifa. Esos montos se destinan a la compra de energía, a la explotación, erogaciones, impuestos y mantenimiento del servicio, que todo ello debe evaluarse a los fines de la fijación de la tarifa y de no hacerlo le resultaría imposible a la E.P.E. afrontar su cometido.
Aclararon que la E.P.E. como empresa provincial estatal no genera ganancias, no reparte dividendos, ni hay trasferencias a rentas generales si no que la utilidad que se obtiene es asignada a los objetivos fijados por ley.
Destacaron la competencia de la E.P.E. para disponer el reajuste de tarifas por cambio en el costo de sus componentes. Que por las razones expuestas no corresponde la intervención del PE. Lo diferenciaron de los incrementos por quita de subsidios en la compra de energía en el MEM, fijados exclusivamente por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Energía y Minería de la Nación.
Que no se está en presencia de ninguna decisión, acto u omisión de la Empresa Provincial de la Energía que haya violado disposiciones de orden administrativo local, intereses simples o difusos, o el derecho de información, que hubo profusa comunicación en el caso. Citaron jurisprudencia.
Que no puede argüirse que la accionada haya actuado con ilegalidad, irrazonabilidad o arbitrariedad. Que la intervención judicial resultaría la violación al principio de división de poderes y sistema republicano de gobierno. Que el marco normativo que rige el debate se encuentra estructurado por atribuciones constitucionales y legales, y que en el mismo se llevaron a cabo los incrementos de tarifas por aumento del Valor Agregado de Distribución, lo que fue instrumentado y debidamente justificado en actuaciones administrativas válidas que no fueron atacadas ni impugnadas, como tampoco lo fue la convocatoria a la audiencia, ni su desarrollo, ni tampoco su resultado.
Destacaron que la fijación del costo obedeció a una decisión federal y no provincial, que la E.P.E. en su carácter de distribuidora de energía compra en el mercado eléctrico mayorista (MEM) y se limita a trasladar aquella decisión a su cuadro tarifario. La quita de subsidios y la recomposición del cuadro tarifario con notables incrementos fue una decisión del gobierno nacional para reducir el déficit fiscal. Que la forma no gradual implementada para la quita de subsidios y sin estar acompañado de otras medidas para mitigar el impacto también fue decisión del gobierno nacional.
Dijeron que el incremento de precios de compra de energía en el MEM acumulado a febrero de 2018, de acuerdo a la última resolución SEE 1091/17 fue del 63 % con respecto al precio de compra vigente en el mes de marzo de 2017, en tanto el ajuste acumulado desde el inicio de la quita de subsidios en febrero de 2016 alcanza un valor máximo del 2768 % para los usuarios residenciales con consumo menores a 1000 kWh/bim (informe Mercado Eléctrico AME 027/2018). Que el aumento no puede ser absorbido por la E.P.E. ni en general por ninguna otra distribuidora, debiendo trasladarlo a los usuarios.
Consideraron que el procedimiento en cual se dio el reajuste de tarifas se ajusta a derecho, intervinieron los estamentos técnicos pertinentes, la Gerencia de Asuntos Jurídicos, el Directorio, se llevó a cabo la Audiencia Pública como lo requiere el Decreto 3209, respetándose el derecho a la información, y siguiéndose las pautas establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo CEPIS. Citaron jurisprudencia y normativa.
Manifestaron que no se trata de una revisión tarifaria integral o el armado de un nuevo cuadro tarifario si no de un traslado del precio de compra de energía sobre el cuadro tarifario vigente. Que la E.P.E. dio cumplimiento al llamado y realización de audiencia pública en caso de incrementos de sus componentes, estando eximida de convocarla cuando los mismos obedecen al traslado de los precios estacionales que fija CAMMESA. Que todo planteo sobre las consecuencias del incremento tarifario por quita de subsidios del estado nacional debió formalizarse en otro ámbito, ante otro fuero y teniendo como demandados a otros sujetos pasivos.
Que el Poder Ejecutivo Provincial ha llevado a cabo múltiples gestiones ante la Nación por la difícil situación de las medianas empresas comercios y Pymes, por la decisión del gobierno nacional.
Argumentaron que el desconocimiento sobre el tema tarifario condujo a la actora a obviar esas cuestiones sin medir el modo en que se produjeron los aumentos. Que ninguno de los accionantes concurrió a las audiencias públicas para tomar la intervención. El Directorio de la E.P.E. y su cuerpo gerencial concurrieron informaron, aclararon y fijaron posición. Destacaron también las publicaciones en el Boletín Oficial conforme a derecho.
Que no se cumple el presupuesto de la acción, la violación a disposiciones de orden administrativo local, que no surge una sola probanza que indique que la E.P.E. no haya actuado con estricto apego a la legalidad, y por lo tanto la acción deviene improcedente. Citaron jurisprudencia.
Detallaron las resoluciones administrativas que motivaron el dictado de las Resoluciones N° 523 de fecha 06/12/2017 y N° 051 de fecha 31/01/2018. Expusieron que ambas fueron publicadas en el Boletín oficial.
Explicaron que la tarea principal de la E.P.E. es la compra de energía eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista y en altos niveles de tensión, que esta energía se trasporta, se transforma, se reduce el nivel de tensión primero de alta a media y de esta a baja, a través de sus redes de distribución primaria y secundaria se entrega a los clientes o usuarios. Que también existen clientes a los que se abastece en valores más altos de tensión.
Que son más de un millón de clientes los que tiene la E.P.E. que se abastece a más de doscientos noventa localidades en toda la Provincia y que sus redes tanto de Alta Tensión, Media Tensión, como Baja Tensión superan los cincuenta mil kilómetros de líneas. Que el mantenimiento, operación, ampliación y modernización de esas instalaciones hace necesario disponer de importantes recursos materiales, deben afrontarse gastos en personal; compra de energía; materiales para mantenimiento de líneas y redes eléctricas, para las estaciones transformadoras y centros de distribución, movilidades, combustibles, lubricantes y repuestos para esas movilidades, ropa de trabajo y elementos de seguridad para sus trabajadores; materiales y repuestos para generación de líneas y redes eléctricas; servicio de distribución de facturas; lectura o toma de estado de los medidores; servicio de reparación y mantenimiento de estaciones transformadoras y centros de distribución, la adquisición de materiales de alto costo como Transformadores, sistema de comunicaciones, medios de trasporte, equipos para informática, obras, tanto en alta como media y baja tensión y muchos más.
Que de alterarse su régimen tarifario la E.P.E. deberá comenzar a optar entre qué obras no comenzar, qué licitaciones caerán, deberán elegir si poner combustible a su flota de rodados y maquinaria pesada y pagar alquileres o comprar la ropa ignífuga que garantizará la vida de sus trabajadores, o seguir con las obras de mantenimiento de sus redes en toda la provincia a costo de dejar de pagar impuestos. Se afectará el programa Luz y Agua Segura para la inclusión social, destinado a regularizar la provisión de energía eléctrica en los barrios en situación de vulnerabilidad social de las ciudades de Santa Fe y Rosario en los cuales se presenta un alto porcentaje de conexiones irregulares, o dejar de aplicar la categoría de tarifas sociales, destacando que en el cuadro tarifario de la E.P.E. fue el único en el país durante años.
Aclararon que los ingresos de la E.P.E. provienen en su totalidad del producido de la venta de energía eléctrica a sus usuarios salvo un monto minoritario destinado exclusivamente a la compra de energía para abastecer a sectores sociales más vulnerables que está a cargo del Gobierno Provincial.
Manifestaron que los actores no demuestran la inminencia de un daño concreto a sus derechos, derivados del incremento tarifario, sino que se limita a mencionar una situación de perjuicio irreparable, suponiendo que la falta de pago de la factura del segundo bimestre conllevará el corte del servicio. Citaron jurisprudencia.
Que los actores no poseen legitimación activa para iniciar la presente acción, los mismos comparecen por derecho propio, resultando improcedente la pretensión de representar a la totalidad de los usuarios de San Cristóbal. Que debieron demostrar y acreditar la afectación de los derechos de interés grupal.
Desconocieron la figura jurídica que reviste el Centro Comercial San Cristóbal, que lo único que lo relacionaría con la causa sería la doble condición de la Sra. G. como actora por derecho propio y como Presidente del mismo. Que una asociación comercial no cuenta con facultades para defender derechos difusos de los usuarios y consumidores, debe estar inscripta como tal en los registros respectivos.
Resaltaron la falta de legitimación pasiva, consideraron que todo cuestionamiento respecto a las consecuencias de incrementos tarifarios por quita de subsidios decididos por el gobierno nacional no podría tener a la E.P.E. como sujeto pasivo de la acción.
Expresaron que el precio de energía mayorista que compran todas las distribuidoras del país fue fijado de manera unilateral por el Gobierno Nacional. Que a fines de noviembre de 2015 la E.P.E., antes de la quita de subsidios, abonaba una factura mensual de $ 100.000.000 y que la factura en la actualidad asciende a $ 1.100.000.000.
Resaltaron la falta de uso de vías de impugnación especiales, la extemporaneidad y caducidad de la acción por haber dejado la parte actora trascurrir el tiempo de aplicación de las resoluciones administrativas plenamente válidas y eficaces para solicitar una medida cautelar.
Que es de público conocimiento la divulgación y difusión por medios nacionales, provinciales o locales acerca de las repercusiones derivadas de la quita de subsidios y la consiguiente suba de las tarifas de energía eléctrica dispuestas por el gobierno nacional. Que los medios provinciales y locales lo reflejaron. Citaron doctrina.
Dijeron que el aumento ordenado por Resolución N° 523 y el incremento decidido luego de llevarse a cabo la audiencia pública fueron publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe. Citaron jurisprudencia.
Se Refirieron a los informes acompañados, elaborados por los estamentos técnicos de la demandada; Gerencia de Infraestructura, Gerencia de Explotación y Gerencia de Administración. Citaron doctrina.
Expresaron que de mantenerse la cautelar se produciría un daño sustancial a un cometido público y además el daño producido sería indubitablemente mayor que el derivado de la no suspensión del acto. Citaron jurisprudencia.
Resaltaron que se configuran los supuestos de hecho de las dos excepciones previstas por el art. 8 de la Ley 10000, lo que motivaría el mantenimiento del cuadro tarifario sin modificación en su aplicación, montos, vencimiento, etc. ya que los incrementos previstos reconocen como causas el mantenimiento de la normal prestación del servicio de distribución de energía. Reiteraron que de mantenerse la cautelar se produciría gravísimos perjuicios prestacionales. Citaron jurisprudencia.
Destacaron las actividades llevadas a cabo por el Gobernador y la Secretaria de Energía con el Gobierno Nacional sin obtener respuesta. Que el Gobernador a través del Ministerio de la Producción y de la Secretaría de Estado de Energía instruyó a la E.P.E. la instrumentación de planes de financiación y la aplicación de bajos intereses que serían aplicables a quienes tengan necesidad.
Que también fue considerada la situación de los tamberos, arroceros, clubes, comerciales e industriales pequeñas demandas.
Ofrecieron pruebas. Hicieron reservas y solicitaron el rechazo de la cautelar y de la acción de fondo, con costas.
Mediante decreto de fecha 24/04/2018, se resolvió la revocatoria deducida por la actora respecto de la figura de amicus curiae.
Corrida vista al Sr. Fiscal dictaminó a fs 310/317, luego de referirse a las facultades de la EPE, y a su condición de persona pública, hizo un análisis del procedimiento administrativo utilizado para arribar al aumento de tarifas, concluyó que en el caso se presentaron vulneraciones a los intereses económicos de usuarios y consumidores que consagra el art. 42 de la CN, se refirió a la falta de información adecuada y condiciones de trato equitativo y digno. Hizo una descripción del impacto del aumento tarifario en los usuarios, su afectación, citó normas de la Constitución Nacional y Provincial. También citó la jurisprudencia de la CSJN, CEPIS, que consagra el principio de razonabilidad progresividad y proporcionalidad de las tarifas. Sostuvo que se produjo una violación al estándar consagrado en favor de los usuarios por el art. 42 de la CN. Consideró que las decisiones en materia de tarifas han afectado los intereses difusos en el sentido planteado en la demanda y que la demanda de los actores resulta procedente.
Agotado el trámite dispuesto por la Ley 10000 quedaron los presentes en estado de ser resueltos (art. 11 Ley 10000), y;
CONSIDERANDO: en primer lugar y previo al tratamiento de las cuestiones de fondo esgrimidas por las partes, se impone analizar la legitimación de aquellas para intervenir en el proceso y el procedimiento utilizado para el ejercicio de la pretensión, cuestiones observadas por la demandada al contestar el traslado ordenado en autos.
la Corte Suprema de la Nación dio el punta pié inicial en “Halabi”, alertando sobre la ausencia de una legislación “… que determine cuándo se da una pluralidad relevante de individuos que permita ejercer dichas acciones, cómo se define la clase homogénea, si la legitimación corresponde exclusivamente a un integrante de la clase o también a organismos públicos o asociaciones, cómo tramitan estos procesos, cuáles son sus los efectos expansivos de la sentencia a dictar y como se hacen efectivos” (considerado 12 3er párrafo).
Los promotores invocaron la vulneración de derechos divisibles que provienen de una única fuente causal, el aumento de la tarifa de electricidad en un 75 % con respecto al mismo bimestre del año anterior o al bimestre anterior de este año, más precisamente, el modo en que los usuarios afectados deben afrontar el pago de la cuota correspondiente al segundo bimestre de 2018.
Más allá de la tesitura seguida por la Corte de la Nación en el fallo Halabi acerca de la distinción de los derechos de incidencia colectiva (difusos de objeto indivisibles o individuales homogéneos, extrapatrimoniales o patrimoniales), no toda vulneración de derechos divisibles es pasible de ser llevada a la justicia en forma colectiva, sino sólo aquellas que provienen de una fuente causal unívoca o que comparten los fundamentos jurídicos sustanciales, predominan aspectos comunes sobre los individuales, resultando útil el enjuiciamiento colectivo del caso (Leandro Giannini, La tutela Colectiva de Derechos individuales Homogéneos en la Argentina, en Revista de Derecho Procesal , 2013-1 Proyecto del Código Civil y Comercial, Aspectos Procesales, Rubinzal Culzoni Editores, pag 264).
El planteo en autos concierne a derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, por lo que cabe trasladar la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Padec c/ Swiss Medical S.A. s/ Nulidad de cláusulas contractuales” del 21.08.2013;”Unión de Usuarios y Consumidores c/ Telefónica Comunicaciones Personales S.A.”, del 06.03.2014 (publicado en diario L. L. del 06.05.2014), resultando esclarecedor el voto del Ministro de la Corte Federal, Dr Lorenzetti, en la causa “Ministerio de Salud y/o Gobernación” (considerando 11,CSJN 329: 4741. L. L., 2006-F, 422).
En efecto, en el caso puntual el cuestionamiento se sintetiza en el modo de pago de la tarifa de servicio de energía eléctrica del segundo bimestre del presente año; de manera que existiría un hecho único que sería susceptible de ocasionar una lesión al derecho de una pluralidad de sujetos, centralizándose la pretensión en los “efectos comunes” de la clase de sujetos afectados. “Hay una homogeneidad fáctica y normativa que lleva al legislador a considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño…” (del Voto del Dr. Ricardo Lorenzetti).
En cuanto al procedimiento otorgado a los presentes, el art. 43 de la Constitución Nacional reconoce a toda persona un poder de acción en defensa de derechos difusos. En este sentido, la Corte Federal en el caso “PADEC” advirtió que el propio texto constitucional (art. 43 CN) autoriza el ejercicio de acciones apropiadas para la defensa de intereses colectivos con prescindencia de las figuras expresamente diseñadas en él o en las normas procesales vigentes. (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 21/08/2013, PADEC c. SWISS MEDICAL S.A; L. L. 23/09/2013, considerando 14).
Por su parte, la provincia de Santa fe, en virtud de la potestad de dictar leyes en materia de procedimientos (art. 5 y 123 de la CN), consagró una acción para hacer operativos los intereses difusos al dictar la Ley 10000.
En nuestra provincia la Ley 10000 recoge la preocupación creciente del constitucionalismo contemporáneo que es la de afirmar la eficacia de los derechos y libertades esenciales. Su art 1 legitima a los “habitantes de la Provincia”, integrándose esta norma con el art. 5 que refiere a las personas jurídicas y a las asociaciones específicamente constituida. Se trata de una herramienta procesal que facilita el acceso a la justicia cuando se encuentran en juego intereses generales, término definido por nuestro Tribunal Superior provincial, como intereses de todos los sujetos que forman parte de la colectividad o de una parte de ella, cuyo objeto está constituido por bienes de importancia colectiva que no son susceptibles de apropiación exclusiva (Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Federación de Cooperadoras Escolares -Dpto Rosario v. Provincia de Santa Fe, 19/09/1991, JA. 1991-IV-294; C.C y C Santa Fe, sala 3era, 26/04/2001).
La citada legislación es amplia, tratándose de intereses difusos, la pretensión puede ser promovida por cualquier persona, física o jurídica, cuando algún valor social -la salud pública, los servicios públicos, la protección al medio ambiente, el derecho al consumidor- genere un interés simple o difuso en los integrantes de la comunidad, el régimen tuitivo regulado por la Ley 10000 resulta un proceso útil para franquear el conflicto.-
De no reconocer legitimación procesal a los actores se produciría una clara vulneración del acceso a la justicia. Si se tiene en cuenta los montos de las boletas para el pago de la luz correspondientes al período indicado en la demanda, no aparece justificado que cada uno de los posibles afectados promueva su propia acción. Las sumas involucradas permite deducir el costo que le insumiría a cada usuario accionar en forma particular, el mismo resultaría mayor a los beneficios derivados de un eventual pronunciamiento favorable.
Una interpretación contraria provocaría una alteración a los derechos de tutela efectiva y a las normas que consagran el derecho a la jurisdicción, como el art. 18 de la Constitución Nacional, art. 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; art. 25 del Pacto de San José de Costa Rica; arts. 7, 13 y 17 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe; así también alteraría los lineamientos dados en el art. 43 de la Constitución Nacional.
Por lo expuestos atendiendo a los intereses difusos en juego y el alcance de nuestra legislación provincial, cabe otorgarle legitimación procesal a los actores para accionar.
En cuanto a quien puede ser demandado la norma prescribe que la acción procede, esencialmente contra las autoridades administrativas provinciales, municipales y comunales. Las entidades o personas privadas que ejecutan obras públicas o prestan servicios públicos si bien no son alcanzadas directamente, la tutela de los intereses difusos se proyecta sobre ellas, porque su accionar provoca la actuación de las autoridades que deben controlarlos.(CAPELLA, José Luis, Intereses Difusos Ley 10000, Grafica Esfinge, 1995, pag 59).
En el caso particular, la Empresa Provincial de la Energía, conforme la normativa que regula su creación, es considerada”… una persona pública estatal…” (art. 2 de la Ley 10014), como se expuso en la contestación de la demanda “… la Provincia de Santa Fe organiza la prestación del servicio público de electricidad por medio de la denominada Empresa Provincial de la Energía.” (fs 291 vto), con facultades de “… promover la investigación y desarrollo de las posibles fuentes de energía,…, procurando el abastecimiento de las necesidades energéticas mediante el uso socialmente racional de los recursos, brindando un servicio que a partir de una planificación adecuada y coordinada, garantice seguridad, calidad, continuidad y economía;…” (art. 4 de la Ley 10014).
Para lo cual cuenta con diversas funciones y atribuciones, entre ellas, la de “… Establecer los estudios tarifarios, en correspondencia presupuestaria, a los requerimientos empresarios y a la característica social de los servicios que presta” (art. 5 inc g Ley 10014); “….Proponer al Poder Ejecutivo para su aprobación la política de precios y las tarifas a aplicar en los servicios a su cargo… “(art. 6 inc q Ley 10014); establecer el sistema de facturación y la forma en que deben ser pagadas las cuentas de suministro de la energía (art. 24).
Por lo expuesto, atendiendo al objeto de la presente demanda -suspensión y readecuación del pago de la factura del servicio, cuota 2/2018-, se concluye que dicho ente se encuentra alcanzado por la presente acción.
Es oportuno tratar el planteo de extemporaneidad y la omisión de la actora de utilizar las vías de impugnación -reclamo administrativo previo- respecto de la acción deducida, alegada en la contestación de la demanda. La accionada se refirió al plazo de caducidad de quince días desde la fecha en que el tema tarifario fue publicado y fundó su posición en los arts. 2 y 3 de la Ley 10000.
La exigencia del reclamo administrativo previo tuvo por finalidad evitar conflictos jurisdiccionales procurando que los juzgados no se vean sobrecargados con litigios innecesarios y en el ámbito provincial fue consagrado por el art. 1 de la Ley 7234, régimen que contempla la “reclamación previa administrativa”, cuando se trata de derechos o intereses individuales, diferenciados.
En el presente caso, se ha aplicado el procedimiento de la Ley 10000 para la defensa de los derechos de incidencia colectiva, régimen especial respecto del que dispone la Ley 7234 y sus reformas 9040 y 12036.
Como surge de las constancias acompañadas al contestar la demanda, el incremento por quita de subsidios y la incidencia de los aumentos en las tarifas dictado por Resolución N° 523, fue objeto de publicación edictal desde el día 18/12/2017; también los medios periodísticos provinciales y locales reflejaron la situación. Expuso la demandada que la divulgación de los temas referidos se instaló en la sociedad a partir de diciembre de 2015 y enero de 2016 y que el incremento ordenado luego de llevarse a cabo la audiencia pública también fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe de fecha 05/02/2018 (Res 051).
Ahora bien, de lo pretendido en autos se infiere que el hecho que provocó la lesión invocada por los actores se produjo al tomar conocimiento de la incidencia del aumento de las tarifas en las facturas de cada usuario. Es decir, con la manifestación de las consecuencias o de que los actos publicados fueron ejecutados.
Así se ha sostenido que “Mientras persistan las consecuencias no habría consolidación del acto considerado ilegítimo y estaríamos ante un caso similar al de delito continuado, o al de los daños permanentes, situaciones estas en las que el plazo queda diferido hasta la consolidación del hecho ilícito. En tal supuesto el actor popular tendrá derecho a impugnar la decisión, el acto o la omisión durante todo el tiempo en que continúen produciéndose sus consecuencias.” (José Luis Capella, Intereses Difusos Ley 10000, Grafica Esfinge, Rosario 1995, pag)
A lo que debe agregarse que en los presentes se ventilan intereses difusos que involucran derechos esenciales de las personas (servicio de energía eléctrica), por lo que no resultaría procedente ceñir la vigencia de los plazos.
Tanto la doctrina como la jurisprudencia han considerado que ni la exigencia del art. 2 de la Ley 10000, ni el art. 1 de la Ley 7234 son aplicables en materia de intereses difusos. Exigir el cumplimiento de plazos cuando lo que está en juego son intereses difusos resulta una contradicción insuperable, hasta tanto en sede administrativa no se reconozca a los particulares legitimación activa para impugnar o reclamar sobre la base de intereses colectivos, generales o difusos. (Cam Civ y Com de Rosario, Sala 2, 05/03/1999 Anamía Héctor c/ MUNICIPALIDAD DE GRANADERO BAIGORRIA” (Julio Chiappini, Luciano Juárez, María Maenza; COMENTARIOS A LA LEY 10000 SANTAFESINA DE PROTECCIÓN DE INTERESES DIFUSOS, Editorial Fas, Rosario, pag 89; José Luis Capella, Intereses Difusos Ley 10000, Grafica Esfinge, Rosario 1995, pag 116).
Por último, si se tiene en cuenta la posición adoptada por la demandada en el proceso, el acto que los promotores consideran lesivo ha quedado ratificado con el responde de la demanda, por lo que resultaría innecesario retrotraer la situación a una etapa extrajudicial; “… lo que solo tendría por objeto el mero cumplimiento de una formalidad” (C.C y C Rosario, sala 2, 30/12/1994 GARCÍA c/ Municipalidad de Rosario).
Con los fundamentos dados se concluye que no resultan admisibles en este proceso la exigencia del trámite administrativo previo como la defensa de caducidad opuesto por la demandada.
La parte demandada, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 7 de la Ley 10000, contestó la demanda efectuando un informe circunstanciado con los antecedentes de las medidas adoptadas y sus fundamentos, suministrando las probanzas de su accionar.
En virtud de lo dispuesto por los arts 21, 25 y 55 de la Constitución Provincial y art. 72 inc 5 de la Constitución Nacional, en el marco de la atribuciones no delegadas al Estado Federal mediante la Ley provincial 10014 se crea la Empresa Provincial de Santa Fe como persona jurídica pública estatal, como ya se expresó, el art 4 señala la finalidad primordial del ente descripto.
Entre las facultades que la EPE posee para lograr sus objetivos, se enumera la de asesorar al Poder Ejecutivo de la Provincia, realizar estudios tarifarios (art. 5 inc g y h), establecer el sistema de facturación y la forma en que deben ser abonadas las cuentas por el suministro de energía (art. 24 Ley 10014). Siendo el principal recurso para llevar a cabo su cometido el producido de los servicios que presta (art. 37 de la Ley 10014).
En cuanto a la competencia para reajustar la tarifa, se discriminan dos situaciones, la EPE está facultada a “Proponer al Poder Ejecutivo para su aprobación la política de precios y las tarifas a aplicar en los servicios a su cargo.”; y a proceder por sí sola, al reajuste de la tarifa en el caso de que “… se produzcan aumentos o disminución del costo de sus componentes…” (art. 6 inc q de la Ley 10014).
Otra causa de los incremento de tarifas ajena a la empresa, es la quita de subsidios en la compra de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista ordenada por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, lo que impactó en el precio de compra mayorista aumentando en un 63 % con respecto al precio de compra de marzo de 2017. Siendo el total del reajuste desde febrero de 2016 del 2768 %.
En el informe se hizo referencia a la necesidad de recomponer el marco tarifario por la variación del precio por incrementos de costos operativos, -costos de producción, explotación, mantenimiento del servicio, inversión en obras-
Como consecuencia del proceso relatado la EPE dictó dos resoluciones, la primera N° 523 de fecha 6 de diciembre de 2017 relacionada con la primer causal, adecuación del cuadro tarifario por los nuevos precios de referencia de potencia, precios estabilizados de la energía y del transporte, establecidos por el Mercado Eléctrico Mayorista y que se trasladan al precio de compra de la energía que debe afrontar la EPE, lo que implica el reajuste de tarifas por cambio en el costo de sus componentes, encontrándose autorizada la empresa a modificar las tarifas sin necesidad del procedimiento con audiencia pública (según las facultades otorgadas en el art. 6 inc q de la Ley 10014).
Que por esa razón, los reajustes de tarifas por el traslado de las modificaciones en los precios que fija CAMMESA, se exceptuó de la convocatoria a audiencia pública. La citada resolución fue publicada en el Boletín oficial en fecha 18/12/2017, como surge también del informe actuarial obrante a fs. 319/326.
Así mismo y en razón de la readecuación del cuadro tarifario solicitado por la EPE, la Secretaría de Estado de Energía de la Provincia convocó a audiencia pública conforme Resolución N° 167/2017, para el día 22/12/2017, cumpliéndose los pasos legales previstos por el Decreto ley 3209/2006. La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial a partir del 6/12/2017.
Seguidamente la Secretaría de Estado de la Energía dictó la resolución N°201 de fecha 29/12/2017 que dispone la procedencia de la modificación de las tarifas con los alcances propuestos, requiriendo en el artículo 2) a la EPE, la readecuación del cuadro tarifario a los fines de aplicar la gratuidad del Servicio destinado a usuarios electrodependientes; posibilitar a los usuarios abonar las facturas en dos cuotas y brindar información al usuario sobre la composición de los costos y la posibilidad de administrar mejor su consumo .
El citado procedimiento concluyó con el dictado de la resolución N° 051 de la EPE de fecha 31/01/2018, que aprueba la modificación del cuadro tarifario con vigencia a partir del 01 de febrero de 2018 por las dos variantes, el aumento del costo de la energía y la necesidad de equilibrar el presupuesto de recursos y erogaciones, habiéndose publicado la citada resolución en el boletín oficial como surge del informe actuarial obrante a fs. 319/326.
En vista a las circunstancias anteriormente descriptas, se colige que la Empresa Provincial de la Energía cumplió con todos los pasos legales para la readecuación de la tarifa.
Ahora bien, los diversos informes formulados durante el proceso administrativo plasman la necesidad del aumento tarifario debido a la nueva política del Gobierno Nacional -la quita de subsidios-, la incidencia de los nuevos costos de la energía en el servicio, hecho que se visualiza en las facturas mensuales de CAMMESA (fs 232 y sigs); como así también cuestiones esencialmente técnicas vinculadas con la organización del servicio de electricidad (ejecución de obras para mejorar el servicio y atender el crecimiento del consumo, mantenimiento de infraestructura eléctrica, planes de inversión de adquisición de bienes y servicios, gastos de personal, etc); y causas económicas (el desequilibrio entre los ingresos y las necesidades de erogaciones corrientes y de capital y el fuerte impacto que ello puede provocar en la prestación del servicio de electricidad), más precisamente la necesidad de contar con los recursos necesarios para el logro de sus objetivos empresariales, como el de alcanzar una calidad de servicio de acuerdo a los estándares exigidos por la sociedad. Cada informe pone de manifiesto la necesidad de trasladar el aumento de la energía y la quita de subsidios a las tarifas (fs. 213).
Como lo dictamina el Sr. Fiscal, si bien la EPE ha cumplido con todos los pasos legales, con el aumento ordenado no se ha tenido en cuenta suficientemente los derechos de consumidores y usuarios consagrados por la Constitución Nacional en su art. 42.
En el juicio de ponderación de los intereses que se ventilan en el proceso, de la demandada en la prestación de un adecuado servicio público como la electricidad, y de los usuarios que son los beneficiarios y deben afrontar el pago de ese servicio; debe puntualizarse que la electricidad es una prestación indispensable para garantizar una satisfactoria calidad de vida, así lo expresa el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional; punto 8.a y 8.b).
Por otro lado, se encuentra involucrado el derecho a comerciar, a ejercer toda industria lícita y a trabajar, entre otros derechos fundamentales (arts. 14, 14 bis, y 75, inc. 22, Constitución Nacional). El acceso al servicio de electricidad es imprescindible para la continuidad de la actividad económica de comerciantes, pequeñas y medianas empresas, las cuales depende en gran medida la conservación de las fuentes de trabajo.
Con lo cual, es claro que el servicio de energía eléctrica no puede convertirse en un bien de acceso restringido. Este derecho básico y fundamental, debe ser valorado per se, siendo innecesaria la demostración del perjuicio que la medida puede acarrear para el usuario, como lo expuso la demandada.
Ahora bien en todo régimen de prestación de un servicio público, es atribución del Estado fijar y controlar la evolución de las tarifas (CSJN Fallo: 322: 3008), la prestación regular del servicio y la protección del usuario. Ese “poder- deber” del Estado no se encuentra afectado por la concesión a particulares de un servicio público (CSJN Fallos: 184:306; 322:3008, 262:555 “Establecimiento Liniers S.A. c. EN Ley 26095, Ministerio de Planificación Resol; 11/06/2013.-
En este marco resulta un factor esencial para alcanzar legitimidad de la medida que adopta el Estado, la participación y el derecho de información de los usuarios y consumidores, establecido por el art. 42 de la Constitución Nacional, elemento nivelador de las relaciones de consumo que posibilita el ejercicio de los restantes derechos, formando parte de la función del Estado promover el bienestar general, debiendo informar adecuadamente a los usuarios y consumidores sobre los servicios esenciales que presta y proteger sus intereses económicos.
La adecuada información de los nuevos cuadros tarifarios, como así también de las bonificaciones, planes de pago e incentivo de ahorro, hubiera permitido a los consumidores ubicarse en una condición más ventajosa. Es sabido que cuanto más eficiente, objetiva y verás sea la información, mayor seguridad y libertad le brinda al usuario a la hora de decidir el modo de usar el servicio y menos posibilidades existiría de interpretaciones divergentes.
Desde otro ángulo debe resaltarse que del análisis detenido de las facturas que integraron la demanda se observan incrementos importantes en el consumo de energía, que pudo deberse al periodo estacional liquidado.
El Poder Ejecutivo Provincial a través de sus funcionarios, como el Sr. Gobernador y la Secretaria de Estado de Energía, se han expedido sobre el desmesurado aumento de los costos de la energía mayorista y el impacto que tiene al trasladarlo a la sociedad con el aumento de tarifas. Especialmente el Sr Gobernador anunció medidas para el financiamiento y planes de pago de las tarifas, reducción de tasas por mora, para sectores industriales comerciales, remarcando la razonabilidad, suficiencia y coherencia que debían poseer las mismas (“Lifschitz anunció medidas para hacer frente a los aumentos de tarifas” elecodesunchales.com.ar WWW.santafe.gob.ar/noticias//noticias 261102; el litoral. com/index php/id, Santa Fe: “habrá fuertes incrementos en la luz en apenas tres meses” www.lanacion.com.ar;).-
Por todo ello y si bien resultan atendibles las razones técnicas y económicas consideradas por los distintos órganos administrativos de la EPE y del Poder Ejecutivo provincial -Secretaría de Energía- en el proceso de evaluación del aumento tarifario, por tratarse de un incremento importante del servicio de energía eléctrica, tanto los órganos del poder como los entes públicos no estatales están obligados a respetar el principio de razonabilidad de las medidas que dicten, la oportunidad y conveniencia para la sociedad y el bienestar general.
Como ya se expresó, la potestad de fijar la tarifa o aprobarla que le atañe al poder administrador, corresponde distinguirla del ejercicio de control jurisdiccional de razonabilidad de tales decisiones y su conformidad con los derechos fundamentales reconocidos por la Ley Suprema de la Nación.
En virtud de los arts. 28 y 33 de la CN, cabe a los tribunales el control y razonabilidad de las medidas adoptadas en los supuestos en que los usuarios y consumidores se vean afectados en sus derechos constitucionales y específicamente en los que consagra la Ley 24240 y sus modificatorias. Le compete valorar si existió una adecuada relación entre fines y medios, si los medios no resultan desproporcionados con el fin perseguido por el órgano administrador
La Corte Suprema de Justicia de la Nación reiteradamente ha dicho que el control jurisdiccional de razonabilidad y proporcionalidad de las tarifas dispuestas y su conformidad con los derechos fundamentales reconocidos por la Ley Suprema de la Nación, le corresponde a los jueces y ello no significa la facultad de instituir la ley misma (Fallos: 308:1848; 317:1505), o de suplir en la decisión e implementación de la política energética al Poder Ejecutivo Nacional, siendo entonces la misión más delicada de la justicia la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que le incumben a los otros poderes (Fallos: 308:2268; 311:2553; 316:2732, 322:3008)
Los informes técnicos analizados evidencian claramente que los incrementos tarifarios resultan necesarios e ineludibles, cuestión que no fue objeto de reclamo por los propios actores, quienes circunscribieron su pretensión en el modo de pago de la tarifa.
El examen de costos y beneficios debe complementarse con el impacto del incremento en los precios que deben abonar los usuarios, ello en razón del derecho a sus intereses económico (art. 42 de la CN) y en este aspecto se estima, como ya lo expuso el Poder Ejecutivo, que si bien el incremento de las tarifas fue el medio adecuado para lograr el fin perseguido por el órgano administrador -mejora y eficiencia en el servicio de energía eléctrica para la comunidad-, no se han valorado otros intereses que justifica su tutela por sobre el interés que motiva la actuación de la administración.
En resumen, no se trata de atacar o impugnar el acto de la administración, fijación de tarifas por aumento del costo de sus componentes o quita de subsidios, lo que resulta decisivo en el caso analizado es la lesión a los valores de la comunidad en particular a los intereses económicos de usuarios y consumidores.
En materia de servicios públicos, no es admisible desvincular el “costo global de la prestación” de la “capacidad de pago de los usuarios”, pues así como es lógico suponer que el monto de las tarifas se calcula en función del financiamiento del servicio, también lo es deducir que un cálculo tarifario desmesurado o irrazonable que deba ser solventado únicamente por los usuarios generará altos niveles de incobrabilidad… (Dr.Rosatti en autos: Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c. Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo, Corte Suprema de Justicia de la Nación(CS), fecha 18/08/2016.
En el control de proporcionalidad de la medida no le compete al juez ejercer la potestad tarifaria ni determinar criterios de oportunidad o planes de pago de las mismas como lo pretenden los actores, es el ente administrador del servicio quien debe fijar medios alternativos de pago que restrinjan en menor medida los derechos involucrados, asegurando de esa manera el acceso y el uso de los servicios públicos esenciales a los ciudadanos.
Es el turno de examinar la medida cautelar dispuesta por el art. 8 de la ley 10.000, que fue objeto de revocatoria por la demandada. La norma legal citada describe una cautela legal a cargo de la autoridad demandada que no requiere para su operatividad un pronunciamiento específico del juez, opera automáticamente “ministerio legis” y por lo tanto, no es necesario cumplir los presupuestos de admisibilidad de toda medida cautelar (fumus bonis juris, periculum in mora, irreparabilidad del perjuicio) y ello es así, por que el procedimiento analizado ha sido concebido como una acción popular cuyo objetivo es alentar la participación de la comunidad el control y legalidad de un acto de la administración y la defensa de los bienes colectivos, por esos objetivos el legislador ha querido remover las exigencias y presupuestos que obstaculizarían la traba.
El citado dispositivo legal consagra dos tipos de cautela, de no innovar (mantener la situación existente) o de innovar (suspender los efectos del acto impugnado), ello dependerá de las circunstancias del caso.
Como lo expuso la demandada, el decreto de fecha 15/04/2018 solo se limitó a señalar la suspensión del acto impugnado sin precisar el alcance y las modalidades de la cautela; sin embargo, valorando la pretensión esgrimida (suspensión del cobro de las facturas de energía eléctrica correspondientes al bimestre período 2/2018, de los usuarios comerciales y residentes de la ciudad de San Cristóbal cuyo incremento sea mayor al 75 % que el bimestre período del año anterior -2017- o del bimestre período facturado inmediatamente anterior a la facturación cuestionada), como así también la finalidad de la ley y las consecuencias que puede derivar para el interés difuso afectado, queda claro que la medida cautelar alcanzaba a la suspensión en el pago del citado período y sus correspondientes consecuencias, intereses y cortes de servicios.
Con los informes producidos por la EPE, sus fundamentos, en cuanto a que el acto impugnado le causaría un daño sustancial a su cometido público, ponderando los intereses públicos allí puestos de manifiesto con el interés colectivo invocado por los actores como justificación para la suspensión de la medida; se considera que si bien el acto administrativo -aumento de tarifas- ha sido emitido conforme al ordenamiento jurídico y según las facultades otorgadas al órgano administrativo por el legislador; de no abonarse las facturas con los aumentos dispuesto, los usuarios serían sancionados con la interrupción y desconexión del servicio por la falta de pago del suministro.
Así también resulta relevante destacar la importancia vital que el servicio de suministro eléctrico para los usuarios en general (artículo 42 y concordantes de la Constitución Nacional). Por lo expuesto corresponde rechazar la revocatoria deducida respecto a la medida que dispone el art. 8 de la Ley 10000.
Más allá de los fundamentos esgrimidos por la demandada en orden a la legalidad y la necesidad del aumento de la tarifa que refieren a la compleja situación de la energía eléctrica y los mayores recursos, refiriéndose la cuestión bajo examen a derechos de consumidores y usuarios a la luz de los principios establecidos por la Constitución Nacional y siendo el servicio de energía una prestación indispensable, su uso debe ser accesible y no excesivamente oneroso o de muy difícil alcance.
Por todo ello, estimo que el recurso promovido debe prosperar, por lo que corresponde disponer la suspensión del pago de la tarifa del 2do bimestre de 2018 para los usuarios residentes de la ciudad de San Cristóbal, que hayan tenido en dicho período un aumento mayor al 75 % en relación al mismo bimestre del año anterior o al bimestre anterior de este año, por el término de treinta (30) días desde la fecha en que adquiera firmeza la presente resolución, plazo en el cual la Empresa Provincial de la Energía deberá proponer a los afectados planes para el pago de la referida facturación, publicándolos en la página web de la distribuidora del servicio, como así también en la sede administrativa de la Empresa en la ciudad de San Cristóbal a los fines de su adecuada información. Vencido el término fijado se levantará automáticamente la suspensión ordenada según el art. 8 Ley 10000.
Las costas del proceso serán impuestas a la demandada, en virtud del principio de vencimiento objetivo dispuesto por el art. 251 del C.PC y C, por remisión del art. 14 de la Ley 10000.
Por todo lo expuesto, disposiciones legales y jurisprudenciales citadas, es que;
1) Declarar procedente el reclamo de los actores. Disponer la suspensión del pago de la tarifa del 2do bimestre de 2018 para los usuarios residentes den San Cristóbal que hayan tenido en dicho período un aumento mayor al 75 % en relación al mismo bimestre del año anterior o al bimestre anterior de este año, por el término de treinta días desde la fecha en que adquiera firmeza la presente resolución, plazo en el cual la Empresa Provincial de la Energía deberá proponer a los afectados planes para el pago de la referida facturación, publicándolos en la página web de la distribuidora del servicio, como así también en la sede administrativa de la empresa en la ciudad de San Cristóbal a los fines de su adecuada información. Vencido el término fijado se levantará automáticamente la suspensión de pago ordenada en los términos del art. 8 de la Ley 10000.
2) las costas se imponen a la demandada por resultar vencido, a cuyos efectos se difiere la regulación de los honorarios profesionales.
Insértese el original, agréguese copia, hágase saber y oportunamente archívese.
Balazos a sede judicial

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