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Timestamp: 2019-10-21 12:35:44+00:00

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TRANSNOVA AVANZA SCV – Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.
En materia de transporte internacional, se ha optado, básicamente, por remitir a las
reglas contenidas en los Reglamentos (CE) n.o 1072/2009 y (CE) n.o 1073/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, ambos de 21 de octubre de 2009, por los que,
respectivamente, se establecen normas comunes de acceso al mercado del transporte
internacional de mercancías por carretera y al mercado internacional de los servicios de
autocares y autobuses, así como a las que, en su caso, resulten de aplicación de los
determinadas formas de transporte. Así, se adapta el régimen de gestión de los
transportes públicos regulares de viajeros de uso general por carretera y ferrocarril a las
reglas contenidas en el Reglamento (CE) n.o 1370/2007 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros
por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 1191/69 y
(CEE) n.o 1170/70 del Consejo. Se articulan y armonizan, además, las reglas específicas
propias de este régimen con la legislación general sobre contratos del sector público,
reforzando el carácter contractual de la relación entre el gestor del servicio y la
Administración titular de éste.
definitivo de la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor como una
modalidad concreta de transporte discrecional de viajeros en vehículos de turismo, a la
que, en consecuencia, le son de aplicación todas las reglas referidas a la actividad de
transporte y no las señaladas para las actividades meramente auxiliares y complementarias
del transporte, como sería el caso del arrendamiento de vehículos sin conductor, con el
que poco o nada tiene que ver.
Por fin, se redefinen las distintas actividades auxiliares y complementarias del
transporte de mercancías para adecuarlas a la realidad actual del mercado, incluyendo la
figura del operador logístico, anteriormente no prevista en la LOTT.
explotación de las actividades de transporte a riesgo y ventura del empresario, salvo que
se trate de servicios públicos de transporte de viajeros de titularidad de la Administración,
y se refuerza la capacidad de actuación de las Juntas Arbitrales del Transporte.
Se reducen las barreras operativas, liberalizando plenamente la intermediación en la
contratación de transportes de viajeros, sin perjuicio de la regulación de las agencias de
viajes en el ámbito turístico, y se flexibilizan los límites que separan la actuación de
transportistas y operadores de transporte en el mercado de transporte de mercancías.
modificación de la LOTT, tanto para las empresas que operan en el sector como para la
propia Administración. Así, se da una nueva dimensión al Registro de Empresas y
Actividades de Transporte que, unida a su coordinación con el Registro Mercantil,
permitirá avanzar rápidamente en la supresión de trámites formales y de exigencias
documentales para la obtención de los títulos que habilitan para la realización de las
actividades y profesiones del transporte.
Por su parte, la obligación de que las empresas cuenten con un equipamiento
informático mínimo también contribuirá notablemente a que pueda avanzarse hacia el
establecimiento, en el medio plazo, de una tramitación estrictamente telemática de
cualquier procedimiento ante los órganos de la Administración Pública competentes en
Artículo primero. Modificación de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
terrestres, urbanas o interurbanas, de carácter público y, asimismo, por las de
carácter privado cuando el transporte sea público.
realicen mediante vehículos que circulen por un camino de rodadura fijo que les
sirva de sustentación y de guiado.
3.o Las actividades auxiliares y complementarias del transporte,
considerándose como tales, a los efectos de esta ley, las desarrolladas por las
agencias de transportes, los transitarios, los operadores logísticos, los almacenistas-
distribuidores y las estaciones de transporte de viajeros y centros de transporte y
logística de mercancías por carretera o multimodales. Asimismo, tendrá esta
consideración el arrendamiento de vehículos de carretera sin conductor.»
Su aplicación a los demás transportes se efectuará en los términos previstos en
la disposición final segunda.»
1. Las empresas transportistas o de actividades auxiliares o complementarias
del transporte llevarán a cabo su actividad con plena autonomía económica,
gestionándola a su riesgo y ventura.
aplicarán las disposiciones de la Unión Europea en materia de servicios públicos
de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y, en su caso, lo dispuesto en la
legislación sobre contratos del sector público sobre régimen económico del contrato
titularidad de la Administración vendrá determinado en los correspondientes
2. La estructura de la tarifa de los transportes señalados en el punto anterior
se ajustará a las características del servicio de que en cada caso se trate, teniendo
en cuenta lo que al efecto se determina en esta ley y en las disposiciones de la
Unión Europea en materia de servicios públicos de transporte de viajeros por
ferrocarril y carretera, y, en su caso, en las normas reglamentarias dictadas para su
Las tarifas así establecidas, junto con las demás compensaciones, económicas
o de otra índole, a que, en su caso, tenga derecho el contratista, deberán cubrir la
totalidad de los costes de explotación del transporte en las condiciones señaladas
en el correspondiente contrato de gestión de servicio público y permitirán una
adecuada amortización de aquellos activos necesarios para su prestación y que
hayan de ser aportados por el contratista, así como, un razonable beneficio
empresarial, en circunstancias normales de productividad y organización. A tal
efecto, la Administración deberá desestimar la contratación de tales servicios con
quienes oferten prestarlos aplicando precios que no cumplan la referida condición.
La desestimación de una oferta no se hará sin permitir su justificación por parte del
licitador que la presentó.
3. La Administración podrá revisar individualizadamente el régimen tarifario
de un determinado contrato de gestión de servicio público, bien de oficio o a
instancia del contratista, cuando las partidas que integran su estructura de costes
hayan sufrido una variación que altere significativamente, al alza o a la baja, el
En la referida revisión se descontarán, en todo caso, aquellos costes cuya
cuantía dependa, en todo o en parte, de la gestión del contratista.»
Administración no podrá ser revisada hasta que el contratista que lo gestione haya
cumplido cuantas obligaciones le incumban hasta ese momento en orden a aportar
a la Administración aquellos datos estadísticos, documentos contables o informes
que resulten preceptivos conforme a lo que reglamentariamente se determine.
documentos aportados por el contratista, deberá rectificar, de oficio, cuantas
revisiones de la tarifa se hubiesen realizado partiendo de aquéllos, ajustándolas a
Lo dispuesto en este punto deberá entenderse sin perjuicio de la imposición de
las sanciones a que, en su caso, haya lugar.
7. A efectos de contabilidad, las empresas contratistas de servicios públicos
de transporte de viajeros de titularidad de la Administración, deberán tratar cada
uno de ellos como una actividad separada, gestionándola como una división
contable independiente y distinta de cualquier otra que realicen, esté o no
relacionada con el transporte de viajeros.
El resultado de la segregación realizada se plasmará, anualmente, en una
cuenta analítica de explotación verificada por un experto independiente.
mediante orden conjunta, las especificaciones que, en su caso, consideren
pertinentes para el exacto cumplimiento de lo dispuesto en este punto.»
De conformidad con lo que se dispone en la reglamentación de la Unión
Europea sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y
carretera, se consideran obligaciones de servicio público las exigencias
determinadas por la Administración a fin de garantizar los servicios públicos de
transporte de viajeros de interés general que un operador, si considerase
exclusivamente su propio interés comercial no asumiría o no asumiría en la misma
medida o en las misma condiciones sin retribución.
los transportes terrestres se regirá por lo dispuesto en esta ley y en la
reglamentación comunitaria anteriormente citada, así como en las normas
reglamentarias dictadas para la ejecución y desarrollo de tales disposiciones.»
1. En todo transporte público de viajeros, los daños que sufran éstos estarán
cubiertos por el seguro obligatorio de viajeros, en los términos que establezca la
legislación específica sobre la materia.
2. En los transportes en autobús y autocar, el transportista responderá de las
obligaciones establecidas frente a los viajeros, en los términos previstos en el
Reglamento (UE) n.o 181/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
febrero de 2011, sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar y por el
que se modifica el Reglamento (CE) n.o 2006/2004, en la medida en que éstas no
estén cubiertas íntegramente por el seguro obligatorio de viajeros, por el seguro de
responsabilidad civil de suscripción obligatoria previsto en el texto refundido de la
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, o por cualquier
3. El importe de los seguros previstos en este artículo, tendrá la consideración
de gasto de explotación, y será por tanto, repercutible en las correspondientes
1. Únicamente podrá contratar la realización de servicios de transporte
terrestre de mercancías en concepto de porteador, y emitir facturas en nombre
propio por su prestación, quien previamente sea titular de una licencia o autorización
que habilite para realizar transportes de esta clase o, en otro caso, de una
2. Como regla general, los servicios de transporte terrestre de viajeros podrán
ser contratados y facturados por todos aquellos que sean titulares de una licencia o
No obstante, la prestación de aquellas modalidades de transporte de viajeros
que tengan atribuido el carácter de servicio público de titularidad de la
Administración sólo podrá ser contratada en concepto de porteador por el
contratista a quien el órgano competente hubiese adjudicado su gestión o, en su
caso, por el ente, organismo o entidad que la Administración competente haya
creado para la gestión o coordinación de esa clase de servicios.
La intervención de agencias de viajes y otros intermediarios en la contratación
de cualesquiera modalidades de transporte de viajeros se regirá por la legislación
específica de turismo. Sin perjuicio de ello, las cooperativas de transportistas y
sociedades de comercialización podrán intermediar, en todo caso, en la contratación
de transportes discrecionales de viajeros que vayan a ser prestados por aquellos
de sus socios que sean titulares de autorización de transporte de viajeros.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los puntos anteriores, cuando se trate de
alguna modalidad de transporte cuya realización se encuentre legal o
reglamentariamente eximida de la obtención de una licencia o autorización de
transporte público, los servicios también podrán ser contratados y facturados por el
titular de la organización empresarial mediante la que materialmente se lleven a cabo.»
En el transporte de viajeros por carretera, la responsabilidad de los
transportistas por los daños o pérdidas que sufran los equipajes como consecuencia
de accidentes, salvo que expresamente se pacten unas cuantías o condiciones
más favorables para el viajero, estará limitada a 1.200 euros por pieza de equipaje,
en el caso de transportes incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE)
n.o 181/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011,
sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar y por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.o 2006/2004.
En cualquier otro supuesto, la responsabilidad por los daños o pérdidas que
sufran los equipajes estará limitada, salvo que expresamente se pacten unas
cuantías o condiciones más favorables para el viajero, a 450 euros por pieza.
A los efectos anteriormente señalados, se entenderá por equipaje, cualquier
objeto o conjunto de objetos que, a petición del viajero, acompañen a éste durante
el viaje a bordo de la bodega, la baca o remolque del mismo vehículo. Se entenderá
por encargo, cualquier objeto que la empresa transportista se obliga a transportar
por cuenta ajena a bordo del vehículo que realice el servicio de que se trate, cuando
dicho objeto no guarde relación directa con ninguno de los viajeros que ocupan
plaza en el mismo vehículo.
La vigilancia de los bultos de mano corresponderá al viajero al que acompañan y,
en consecuencia, serán de su cuenta los daños que éstos puedan sufrir mientras se
encuentren a bordo del vehículo, salvo que pruebe la responsabilidad de la empresa
transportista, en cuyo caso serán de aplicación las limitaciones anteriormente
previstas en relación con los equipajes. En todo caso, se considerará responsable a
la empresa transportista de la posible pérdida o deterioro de los bultos de mano
ocurrida en algún momento en que, con ocasión de una parada, todos los ocupantes
hubieran abandonado el vehículo sin que, inmediatamente después, el conductor
hubiera cerrado las puertas de acceso al mismo. A tal efecto, se entenderá por bulto
de mano, todo pequeño objeto destinado al abrigo, adorno o uso personal que un
viajero lleve consigo durante el viaje a bordo del habitáculo del vehículo.
En el transporte de viajeros por carretera, el transportista será responsable de
cuantos perjuicios a los viajeros puedan derivarse de su incumplimiento de las
obligaciones y formalidades prescritas por las leyes y reglamentos de las
Administraciones Públicas, así como de las actuaciones que, como consecuencia
de dicho incumplimiento pueda adoptar la Administración, en todo el curso del viaje
y a su llegada al punto de destino, salvo que pruebe que dicho incumplimiento ha
sido consecuencia de una actuación llevada a cabo sin su consentimiento por
alguno de los usuarios o viajeros.
La responsabilidad del transportista, en el caso del transporte de viajeros por
ferrocarril, se determinará de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE)
n.o 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007,
sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril.»
1. A los efectos de esta ley, se considera multimodal aquella operación de
transporte mediante la que se trasladan mercancías o viajeros utilizando de forma
simultánea o sucesiva más de un modo de transporte, siendo uno de ellos el
terrestre, con independencia del número de transportistas que intervengan en su
ejecución, siempre que dicha operación se encuentre planificada de forma completa
y coordinada por quien organizó el transporte, ya se trate del cargador, de un
transportista o de un operador de transporte.
facilitar la realización de transporte multimodal o a promover la comodalidad de los
«3. Los Servicios de Inspección de Transporte Terrestre pondrán especial
atención en la vigilancia de aquellas empresas que presenten una mayor frecuencia
infractora, de conformidad con lo que se señale en los planes a que se refiere el
punto anterior y a los criterios que, en su caso, se determinen por la Unión Europea.
En todo caso, los mencionados Servicios vigilarán especialmente el efectivo
cumplimiento de las condiciones que determinaron que una empresa se beneficiase
de la exención de responsabilidad contemplada en el artículo 138.4.»
asesoramiento, consulta y debate sectorial de la Administración en asuntos que
afecten al funcionamiento del sistema de transportes.
General del Estado a propuesta de las empresas de transporte por carretera, a
través del Comité Nacional del Transporte por Carretera; de las empresas de
transporte por ferrocarril, a través de sus asociaciones; de los trabajadores de las
empresas transportistas, a través de las centrales sindicales más representativas
en dicho sector; de los usuarios del transporte, a través del Consejo de
Consumidores y Usuarios, de las organizaciones representativas de las personas
con discapacidad y de las asociaciones de empresas usuarias del transporte de
mercancía, así como, en su caso, de las empresas de otros modos de transporte y
de otros sectores de actividad relacionados con el transporte.
atendiendo exclusivamente a su competencia profesional, así como a representantes
de la propia Administración especializados en materia de transporte terrestre.
3. Reglamentariamente se determinará la composición concreta del Consejo,
el órgano competente para el nombramiento de sus miembros, así como los
criterios y el procedimiento a través de los que los distintos sectores afectados
propondrán sus candidatos.
que, en su caso, hubiese propuesto su nombramiento, sino como expertos a título
individual. En consecuencia, no podrán ser representados en las deliberaciones del
Consejo sino por otros consejeros.
permanente o coyuntural, que lo asistan en la elaboración de los estudios previos a
la emisión de sus dictámenes. De estos grupos de trabajo podrán formar parte tanto
consejeros como personas que no lo sean, si bien sus conclusiones sólo se tendrán
en cuenta por la Administración cuando sean refrendadas por el pleno del Consejo.
procedimiento de elaboración de los Planes de Transporte y en todos aquellos
otros asuntos en que así se establezca reglamentariamente. El Consejo podrá,
además, proponer a la Administración las medidas que estime oportunas para
mejorar la coordinación y eficacia del sistema de transportes.»
Quince. El párrafo tercero del punto 1 del artículo 38 queda redactado en los
«Se presumirá que existe el referido acuerdo de sometimiento al arbitraje de
las Juntas siempre que la cuantía de la controversia no exceda de 15.000 euros y
ninguna de las partes intervinientes en el contrato hubiera manifestado
expresamente a la otra su voluntad en contra antes del momento en que se inicie o
debiera haberse iniciado la realización del transporte o actividad contratado.»
Dieciséis. Se añade un segundo párrafo al punto 3 del artículo 38 con la siguiente
«Reglamentariamente se establecerá un procedimiento simplificado a través
del que las Juntas Arbitrales del Transporte atenderán al depósito y, en su caso,
enajenación de mercancías en los supuestos en que así corresponda de
conformidad con lo dispuesto en la legislación reguladora del contrato de transporte
1. La realización de transporte público de viajeros y mercancías estará
supeditada a la posesión de una autorización que habilite para ello, expedida por el
órgano competente de la Administración General del Estado o, en su caso, por el
de aquella Comunidad Autónoma en que se domicilie dicha autorización, cuando
esta facultad le haya sido delegada por el Estado.
Como regla general, las autorizaciones de transporte público deberán
domiciliarse en el lugar en que su titular tenga su domicilio fiscal.
No obstante, la autorización podrá domiciliarse en un lugar distinto cuando su
titular justifique que su actividad principal no es la de transporte y que, como
consecuencia, tiene su domicilio fiscal allí donde realiza dicha actividad principal, si
bien cuenta con un establecimiento en el lugar en que pretende domiciliarla, en el
que centralizará su actividad de transporte y cumplirá las exigencias señaladas en
el apartado c) del artículo 43.1.
b) Transporte realizado en vehículos que lleven unidos de forma permanente
máquinas o instrumentos tales como los destinados a grupos electrógenos, grúas
de elevación, equipos de sondeo, etc., constituyendo dichas máquinas o instrumentos
el uso exclusivo del vehículo. Esta exención incluirá el transporte a bordo de tales
vehículos de aquellas piezas, herramientas u otros adminículos que resulten
necesarios para el correcto funcionamiento de la máquina o equipo o la adecuada
prestación de los servicios a que se encuentran destinados.
autorización a quienes realicen exclusivamente otras formas de transporte que
tengan una escasa incidencia en el mercado de transporte, en razón de la
naturaleza de la mercancía transportada, de las cortas distancias recorridas o de la
pequeña capacidad de carga de los vehículos en que se realicen.
3. La exención de la obligación de estar en posesión de autorización en los
casos señalados en el punto anterior no exime a quienes realicen los transportes
afectados del cumplimiento del resto de las exigencias contenidas en esta Ley y en
las normas dictadas para su desarrollo, en los términos en que les resulten de
aplicación, ni de obtener los permisos, licencias o habilitaciones que, en su caso,
procedan de conformidad con la legislación sobre seguridad, sanidad o tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial.»
1. El otorgamiento de la autorización de transporte público estará
condicionado a que la empresa solicitante acredite, de acuerdo con lo que
reglamentariamente se determine, el cumplimiento de los siguientes requisitos:
Europea o, en caso contrario, contar con las autorizaciones exigidas por la
legislación reguladora del régimen general de extranjería para la realización de la
actividad profesional de transportista en nombre propio.
b) Cuando no se trate de una persona física, tener personalidad jurídica
propia e independiente de la de aquellas personas que, en su caso, la integren.
En ningún supuesto podrán otorgarse autorizaciones de forma conjunta a más
de una persona ni a comunidades de bienes. Tampoco se otorgarán autorizaciones
a personas jurídicas sin ánimo de lucro.
Tratándose de personas jurídicas, la realización de transporte público debe
formar parte de su objeto social de forma expresa.
c) Contar con un domicilio situado en España en el que se conserven, a
disposición de los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre, los documentos
relativos a su gestión y funcionamiento que reglamentariamente se determinen.
d) Disponer de uno o más vehículos matriculados en España conforme a lo
que en cada caso resulte exigible de acuerdo con lo que reglamentariamente se
determine, atendiendo a razones de interés general, los cuales deberán cumplir las
condiciones que, en su caso, se establezcan, teniendo en cuenta principios de
proporcionalidad y no discriminación.
e) Disponer de dirección y firma electrónica, así como del equipo informático
necesario para documentar a distancia el contrato y otras formalidades mercantiles
f) Cumplir las obligaciones de carácter fiscal, laboral y social exigidas por la
g) Cumplir, en su caso, aquellas otras condiciones específicas necesarias
para la adecuada prestación de los servicios que reglamentariamente se
establezcan, atendiendo a principios de proporcionalidad y no discriminación, en
relación con la clase de transporte de que se trate en cada caso.
2. Además de las condiciones señaladas en el punto anterior, cuando la
autorización habilite para la realización de transporte público de viajeros en autobús
o de mercancías en vehículos o conjuntos de vehículos con capacidad de tracción
propia cuya masa máxima autorizada sea superior a 3,5 toneladas, deberán cumplir
los requisitos de establecimiento, honorabilidad, capacidad financiera y
competencia profesional exigidos por la reglamentación de la Unión Europea por la
que se establecen normas comunes relativas a las condiciones que han de
cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera, de
conformidad con lo que en dicha reglamentación se dispone y con lo que en esta
ley y en sus normas de desarrollo se señala para la ejecución de tales disposiciones.
solicitud del interesado, la Administración podría autorizar que una empresa
continúe funcionando, aunque transitoriamente incumpla alguna de las condiciones
señaladas en este punto, por un plazo que en ningún caso podrá ser superior a
seis meses.»
De conformidad con lo dispuesto en la reglamentación de la Unión Europea por
la que se establecen normas comunes relativas a las condiciones que han de
cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera, a fin de
cumplir el requisito de establecimiento a que se refiere el punto 2 del artículo 43,
una empresa deberá:
a) Tener un establecimiento situado en España con locales en los que se
conserven, a disposición de los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre,
los documentos principales de la empresa, en particular sus documentos contables,
los documentos de gestión del personal, los documentos con los datos relativos a
los tiempos de conducción y descanso de los conductores, así como cualesquiera
otros que resulten exigibles en aplicación de lo que se dispone en el apartado c)
del artículo 43.1.
b) Disponer de uno o más vehículos en los términos y condiciones que resulten
de aplicación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43.1, 54.2 y 55.
c) Disponer en los centros de explotación en que la empresa ejerza su
actividad en España del equipamiento administrativo y técnico y de las instalaciones
que resulten adecuados, conforme a lo que reglamentariamente se determine.»
cumplir el requisito de honorabilidad, ni la empresa ni su gestor de transporte
podrán haber sido condenados por la comisión de delitos o faltas penales ni
sancionados por la comisión de infracciones relacionadas con los ámbitos
terrestres que den lugar a la pérdida de este requisito, de conformidad con lo que
se dispone en esta ley y en la reglamentación de la Unión Europea.»
cumplir el requisito de capacidad financiera, la empresa deberá:
a) Ser capaz de hacer frente permanentemente a sus obligaciones
económicas a lo largo del ejercicio contable anual.
Deberá considerarse que incumplen esta condición quienes hayan sido
declarados insolventes en cualquier procedimiento. Asimismo, deberá considerarse
que la incumplen quienes hayan sido declarados en concurso, salvo que la
Administración competente sobre la autorización de transporte llegue al
convencimiento de que existen perspectivas realistas de saneamiento financiero en
En todo caso, el cumplimiento del requisito se restablecerá desde que la
empresa se encuentre protegida por la eficacia del convenio alcanzado en el
Por el contrario, no podrá considerarse en ningún caso que el requisito se
cumple desde que el procedimiento concursal entre en la fase de liquidación.
b) Disponer, al menos, de capital y reservas por un importe mínimo de 9.000
euros, cuando se utilice un solo vehículo, y de 5.000 euros más por cada vehículo
adicional utilizado.
No obstante, la Administración podrá aceptar o exigir que una empresa
demuestre su capacidad financiera mediante la garantía prestada por una entidad
financiera o de seguros, que se convertirá en garante solidario de dicha empresa
hasta las cuantías anteriormente señaladas, de conformidad con lo que
reglamentariamente se determine.»
cumplir el requisito de competencia profesional, la empresa deberá acreditar que
cuenta al menos con una persona física que ejerce las funciones de gestor de
transporte y que, a tal efecto, cumple las siguientes condiciones:
a) Dirigir efectiva y permanentemente las actividades de transporte de la
empresa, conforme a lo que reglamentariamente se determine.
b) Tener un vínculo real con la empresa, conforme a lo que reglamentariamente
c) Estar en posesión del certificado expedido por la Administración que
acredite su competencia profesional para el transporte por carretera de viajeros o
mercancías, según corresponda, de conformidad con lo que reglamentariamente
términos señalados en el artículo 45.»
1. El otorgamiento de las autorizaciones de transporte público tendrá carácter
reglado por lo que sólo podrá denegarse cuando no se cumplan los requisitos
exigidos para ello.
2. No obstante, y de conformidad con las normas comunitarias y demás
disposiciones que, en su caso, resulten de aplicación, cuando la oferta de transporte
público de viajeros en vehículos de turismo se encuentre sujeta a limitaciones
cuantitativas en el ámbito autonómico o local, podrán establecerse limitaciones
reglamentarias al otorgamiento tanto de nuevas autorizaciones habilitantes para la
realización de transporte interurbano en esa clase de vehículos como de las que
habilitan para el arrendamiento de vehículos con conductor.»
salvo a favor de los herederos forzosos o el cónyuge del anterior titular, en los
casos de muerte, jubilación o incapacidad física o legal de éste.
establecerse la transmisibilidad de las autorizaciones de transporte a favor de
personas distintas a los herederos forzosos o al cónyuge de su anterior titular en
supuestos en que el otorgamiento de aquéllas se encuentre sometido a limitaciones
por razón de la antigüedad de los vehículos a los que, en su caso, hayan de estar
temporales a las exigencias contenidas en el artículo 43, que permitan tener en
cuenta la situación transitoria de la empresa en los supuestos de transmisión de
1. Las autorizaciones de transporte se otorgarán sin plazo de duración
prefijado, si bien su validez podrá quedar condicionada a su visado periódico,
realizado de oficio, conforme a lo que reglamentariamente se determine.
Las autorizaciones que, resultando obligatorio, no hayan sido visadas dentro
del plazo establecido perderán automáticamente su validez, sin necesidad de una
Asimismo perderán su validez cuantas otras habilitaciones para el ejercicio de
la actividad del transporte se hubiesen obtenido bajo la condición de la vigencia de
2. Reglamentariamente podrán establecerse supuestos en los que quepa
rehabilitar las autorizaciones que hayan perdido su validez por no haber sido
visadas dentro del plazo establecido.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, no
será necesario el consentimiento del afectado para que el Registro de Empresas y
Actividades de Transporte pueda recabar de cualquier otro registro público la
información que resulte estrictamente necesaria para acreditar el cumplimiento de
los requisitos exigidos para el otorgamiento, visado o modificación de los títulos
que habilitan para el ejercicio de las actividades y profesiones reguladas en esta
ley o en las normas dictadas para su ejecución y desarrollo.
En aplicación de los principios contemplados en el artículo 4 de la Ley 30/1992,
Procedimiento Administrativo Común, la obtención de información conforme a lo
anteriormente señalado no devengará arancel alguno.»
suspenderá la autorización, comunicándoselo a su titular, hasta que éste subsane
Dicha suspensión alcanzará, además, a cuantas otras habilitaciones para el
ejercicio de la actividad de transporte se hubiesen obtenido bajo la condición de la
vigencia de la referida autorización.
Si el incumplimiento que dio lugar a la suspensión no ha sido subsanado con
anterioridad a la finalización del más próximo período de visado, la autorización
perderá su validez conforme a lo dispuesto en el artículo 51.
Cuando se trate de las autorizaciones a que hace referencia el punto 3 del
referido artículo 51, la suspensión se mantendrá indefinidamente en tanto que su
titular no acredite haber subsanado el incumplimiento de que se trate.
autorización sea contratista de la gestión de algún servicio público de transporte regular
de viajeros de uso general, la Administración incoará el pertinente procedimiento de
resolución del correspondiente contrato si aquél no acredita la subsanación del
incumplimiento en el plazo de tiempo que reglamentariamente se determine.
3. Lo dispuesto en los puntos anteriores de este artículo deberá entenderse
sin perjuicio de la imposición de las sanciones que correspondan por el
incumplimiento de los requisitos de que en cada caso se trate.»
a) La inscripción de las empresas y personas que obtengan alguno de los
títulos que habilitan para el ejercicio de las actividades y profesiones reguladas en
esta ley o en las normas dictadas para su desarrollo.
d) Las sanciones impuestas por la comisión de las infracciones tipificadas en
esta ley, así como aquellas otras anotaciones relativas a expedientes sancionadores
que se consideren relevantes reglamentariamente.
2. La inscripción en el Registro tendrá carácter obligatorio y se realizará de
oficio por la Administración.
5. Realizada una inscripción o anotación en el Registro, no podrá realizarse
otra de igual o anterior fecha que resulte opuesta o incompatible con aquélla.
a) Publicidad plena: todo ciudadano podrá conocer los títulos habilitantes en
vigor que posea cualquier otra persona física o jurídica en el momento de hacer su
consulta, así como la tarifa y aquella otra parte del contenido de los contratos de
gestión de servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general que
b) Publicidad restringida: las anotaciones relativas a un procedimiento
sancionador únicamente podrán ser conocidas por la persona o personas a que
estén referidas.
c) Publicidad ordinaria: el acceso a datos obrantes en el Registro no incluidos
en los apartados anteriores y que no pertenezcan a la intimidad de las personas
podrá ser ejercido, además de por el propio sujeto al que estén referidos, por
terceros que acrediten un interés legítimo.
El tratamiento del contenido de los asientos registrales a efectos de posibilitar
su publicidad directa deberá garantizar, al mismo tiempo, la imposibilidad de su
aplicación en virtud de los principios y reglas que, conforme a lo que se establece
en la legislación sobre régimen jurídico y procedimiento administrativo común de
las Administraciones públicas, informan las relaciones entre éstas y la coordinación
de competencias entre órganos administrativos. Asimismo, serán de aplicación en
la gestión y tratamiento de los datos registrales las exigencias derivadas de la
condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista
por carretera.»
contratación del transporte de que se trate en funciones de pura intermediación de
conformidad con lo dispuesto en esta ley o utilicen la colaboración de otros
transportistas en los supuestos regulados en los artículos 76 y 89.2.
2. A los efectos de lo dispuesto en el punto anterior, únicamente se considerará
que los vehículos con capacidad de tracción propia utilizados se hallan integrados
en la organización empresarial del porteador cuando disponga de ellos en
propiedad, arrendamiento financiero o arrendamiento ordinario, debiendo en este
último caso, cumplir las condiciones establecidas al efecto en esta ley y en las
normas dictadas para su desarrollo.
perjuicio de las reglas a que esté sometido su uso por razones de tráfico, circulación
condiciones básicas de accesibilidad para personas con discapacidad que
reglamentariamente resulten exigibles.
otorgamiento de las distintas autorizaciones y habilitaciones contempladas en esta
ley y en las normas dictadas para su ejecución y desarrollo y los titulares o solicitantes
de las mismas se llevarán a cabo utilizando únicamente medios electrónicos.
Las comunicaciones relativas a los procedimientos sancionadores que se
instruyan en ejecución de lo dispuesto en esta ley a los titulares de las
autorizaciones y habilitaciones que en la misma se contemplan se realizarán
también por medios electrónicos de forma exclusiva.
Lo dispuesto en los párrafos anteriores se entenderá sin perjuicio de los
supuestos en que la Administración actuante solicite expresamente la presentación
física de algún documento concreto, ni de aquellas notificaciones o comunicaciones
que se realicen en carretera por las fuerzas encargadas de la vigilancia del transporte.
dispuesto en este artículo deberán ajustarse a lo que reglamentariamente se
determine en atención a los criterios establecidos en la legislación sobre acceso
No obstante, cuando las comunicaciones a que hace referencia este artículo no
pudieran realizarse por medios electrónicos debido a causas técnicas, se llevarán a
cabo a través de cualquier otro procedimiento que resulte válido de conformidad
con lo dispuesto en la legislación general sobre procedimiento administrativo y
régimen jurídico de las Administraciones públicas.»
Treinta y uno. Se suprimen los puntos 2 y 3 del artículo 57, que quedan sin
En el ejercicio de su función de servir de cauce de participación del sector en el
ejercicio de las funciones públicas que le afecten, corresponderán al Comité
Nacional del Transporte por Carretera las siguientes competencias:
a) Participar, en representación de las empresas y asociaciones de transporte,
en el procedimiento de elaboración de cuantas disposiciones se dicten en materia
b) Participar, en representación de las empresas y asociaciones de transporte,
en el procedimiento de elaboración de todos aquellos programas o planes de
transporte que afecten al desarrollo del transporte por carretera o de alguna de sus
actividades auxiliares y complementarias.
c) Proponer a la Administración la adopción de aquellas actuaciones que
considere de interés general para el sector del transporte por carretera.
e) Realizar cuantas otras funciones le sean legal o reglamentariamente
atribuidas.»
Los transportes públicos regulares de viajeros de uso general tienen el carácter
de servicios públicos de titularidad de la Administración, pudiendo ser utilizados, sin
discriminación, por cualquier persona que lo desee en las condiciones establecidas
en esta ley y en las normas dictadas para su ejecución y desarrollo.
Como regla general, la prestación de los mencionados servicios se llevará a
cabo por la empresa a la que la Administración adjudique el correspondiente
contrato de gestión. No obstante, la Administración podrá optar por la gestión
directa de un servicio cuando estime que resulta más adecuado al interés general
en función de su naturaleza y características.
En lo no previsto en esta ley ni en la reglamentación de la Unión Europea
acerca de los servicios públicos de transporte de viajeros por carretera o en las
normas reglamentarias dictadas para la ejecución y desarrollo de tales
disposiciones, la gestión de los referidos transportes se regirá por las reglas
establecidas en la legislación general sobre contratación del sector público que
resulten de aplicación a los contratos de gestión de servicios públicos.»
1. Con objeto de garantizar la cohesión territorial, los contratos de gestión de
los servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general se adjudicarán
por la Administración con carácter exclusivo, no pudiendo otorgarse otros que cubran
tráficos coincidentes, salvo en los supuestos que reglamentariamente se exceptúen
por razones fundadas de interés general.
En consecuencia, los nuevos servicios que sean creados no podrán incluir
tráficos que ya se encuentren atendidos por otros preexistentes.
entidad de los núcleos de población que habría de atender y su proximidad
geográfica con los que ya vienen siendo atendidos por otro servicio no permitan
definir un tráfico significativamente distinto.
2. A los efectos señalados en el punto anterior, los tráficos constitutivos de
cada servicio vendrán determinados por la relación de localidades o núcleos de
población diferenciados entre los que se realiza el transporte, efectuando parada
los vehículos para tomar y dejar a los viajeros que se desplacen entre los mismos.
3. Antes de iniciar el procedimiento tendente a la adjudicación de un nuevo
contrato para la gestión de un servicio preexistente que incluyese tráficos
íntegramente comprendidos en el territorio de una comunidad autónoma, la
Administración General del Estado deberá solicitar el informe de aquélla acerca del
mantenimiento de los mencionados tráficos dentro de ese servicio o su posible
segregación como servicio independiente de competencia autonómica.
4. El contrato de gestión de cada servicio determinará su plazo de duración
necesarios para su prestación y predominantemente utilizados en ésta que hayan
de ser aportados por el contratista. En todo caso, de conformidad con lo dispuesto
en la legislación de la Unión Europea reguladora de la materia, la duración de los
contratos no podrá ser superior a diez años.
amortización de los mencionados activos, la duración del contrato podrá
prolongarse durante un plazo no superior a la mitad del periodo originalmente
establecido.»
1. Los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de
viajeros de uso general se adjudicarán mediante un procedimiento abierto en el
que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 74.2, todo empresario podrá
presentar una proposición. Los órganos de contratación darán a los licitadores un
tratamiento equitativo y no discriminatorio y ajustarán su actuación al principio de
anuales, previa justificación motivada de su pertinencia.
2. El pliego de condiciones que haya de regir el contrato, que tomará como
base el proyecto aprobado por la Administración de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 70, fijará las condiciones de prestación del servicio.
b) El itinerario o las infraestructuras por los que concretamente haya de
discurrir el servicio, cuando resulte pertinente.
c) El número de expediciones de transporte que, como mínimo, deberá
realizar el contratista.
d) Las prestaciones que, como mínimo, deberán recibir los viajeros además
de su transporte y el de sus equipajes.
e) Las condiciones mínimas de solvencia técnica, profesional y económica
que, en su caso, deberá cumplir el contratista a fin de que resulte garantizada la
adecuada prestación del servicio de que se trate de forma continuada.
f) El número mínimo de vehículos que el contratista deberá adscribir a la
g) La dotación mínima del personal que el contratista deberá adscribir a la
h) Cuando se trate de un servicio que ya venía prestándose, los empleados
del anterior contratista en cuya relación laboral deberá subrogarse el adjudicatario
para cubrir la dotación mínima señalada en el apartado anterior.
i) Las instalaciones fijas que, en su caso, haya de aportar el contratista para
k) El derecho del contratista a hacer propia, en su caso, la totalidad o una
parte de los ingresos derivados de la explotación del servicio.
l) Otras compensaciones a las que, en su caso, tenga derecho el contratista
por la prestación del servicio, indicando los parámetros sobre cuya base habrán de
m) El canon o participación que, en su caso, haya de satisfacer el contratista
a la Administración y los parámetros sobre cuya base habrá de calcularse, conforme
a criterios de proporcionalidad, sin que afecte significativamente a la estructura de
n) Las máquinas o herramientas o, en su caso, los medios electrónicos,
Administración el adecuado control de los ingresos generados por la explotación
ñ) El compromiso del contratista de someterse al arbitraje de las Juntas
Arbitrales del Transporte en relación con cualquier controversia con los usuarios
acerca de la prestación del servicio.
1. En la adjudicación del contrato únicamente podrán tenerse en cuenta
variantes o mejoras ofrecidas por los licitadores cuando tal posibilidad se hubiese
previsto expresamente en el pliego.
Los criterios señalados a tal efecto en el pliego deberán estar relacionados, en
todo caso, con el régimen económico y tarifario, la seguridad, la eficacia o la calidad
y frecuencia del servicio objeto del contrato y tendrán especialmente en cuenta
factores ambientales y la mejor integración con la red de servicios públicos de
transporte de viajeros que vertebran el territorio. En la determinación de los criterios
de adjudicación se dará preponderancia a aquéllos que puedan valorarse mediante
cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas
establecidas en el propio pliego.
2. El adjudicatario del contrato deberá ser, en todo caso, titular de la
autorización de transporte público de viajeros regulada en el artículo 42.
3. Cuando el objeto de un nuevo contrato sea la gestión de un servicio que ya
se venía prestando con anterioridad, se adjudicará al anterior contratista siempre
que éste hubiese cumplido satisfactoriamente el anterior contrato y que la
valoración atribuida a su oferta sea la misma que la mejor del resto de las
garanticen debidamente la continuidad del servicio o su prestación en las
condiciones precisas.»
1. El contrato de gestión del servicio público de que se trate recogerá las
condiciones establecidas en el pliego, con las precisiones o modificaciones
ofrecidas por el adjudicatario que hubiesen sido aceptadas por la Administración.
establecidas con carácter general en esta ley y en las normas dictadas para su
ejecución y desarrollo en relación con la realización de servicios públicos de
determinadas expediciones para el transporte de estudiantes o trabajadores hasta
y desde centros docentes o de trabajo de titularidad pública. En dicho supuesto, la
compensación que reciba el contratista de la Administración que reserve las plazas
no podrá ser nunca superior a la cuantía que resulte de la aplicación de la tarifa
ordinaria del servicio.
3. El contrato sólo podrá modificarse cuando así se haya previsto en el pliego
y se hayan detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que
No obstante, la Administración contratante, previa audiencia del contratista,
podrá modificar el contrato, a efectos de adecuar la prestación del servicio a los
cambios sobrevenidos en las circunstancias que se tuvieron en cuenta en el
momento de su adjudicación en relación con la demanda potencial de los servicios
o la necesidad de cubrir nuevos tráficos surgidos en las inmediaciones del servicio
que no se encuentren atendidos a través de otros contratos o que hayan dejado de
estarlo por la extinción del servicio que los venía atendiendo, de conformidad con lo
que reglamentariamente se determine. En este supuesto, el acuerdo de
modificación adoptado por el órgano contratante de la Administración pondrá fin a
la vía administrativa, será inmediatamente ejecutivo y su cumplimiento resultará
Muy especialmente, a los efectos previstos en este punto, la Administración
contratante valorará la conveniencia de modificar un servicio preexistente cuando,
con posterioridad a su inauguración, tenga lugar el establecimiento o cierre de
centros docentes, sanitarios o de otra índole generadores de una demanda
significativa de transporte.
Cuando la modificación del contrato afecte a su régimen financiero, la
Administración deberá restablecer el equilibrio económico de aquél, en beneficio
de la parte contratante que corresponda, de conformidad con lo previsto en la
legislación sobre contratos del sector público.
cuando un procedimiento tenga por objeto la adjudicación de un nuevo contrato
para la gestión de un servicio preexistente, el pliego de condiciones deberá imponer
al nuevo adjudicatario la obligación de subrogarse en la relación laboral con el
personal empleado por el anterior contratista en dicha prestación, en los términos
señalados en los apartados g) y h) del artículo 73.2.
En este supuesto, el órgano de contratación deberá facilitar a los licitadores, en
el propio pliego o en la documentación complementaria, la información sobre las
condiciones de los contratos del personal al que afecte la subrogación que resulte
necesaria para permitir la evaluación de los costes laborales que implicará tal
condición de empleadora del personal afectado estará obligada a proporcionar la
referida información al órgano de contratación, a requerimiento de éste.
A los efectos señalados en este punto, no podrá tenerse en cuenta otro
personal que el expresamente adscrito a la prestación del servicio en el contrato de
gestión del servicio público de que se trate, para cuya determinación se debieron
tomar como base el que inicialmente se incluía en el correspondiente pliego de
«1. Para hacer frente a intensificaciones de tráfico que no puedan ser
atendidas por los vehículos adscritos a la prestación del servicio podrán utilizarse
otros, ya sean propios del contratista, o cedidos, con o sin conductor, por otros
transportistas a través de cualquier fórmula jurídica válida.
artículo 42.»
resulte viable o procedente el establecimiento de un nuevo servicio con
independencia de los anteriormente existentes, la Administración podrá acordar la
concentración en un solo contrato de todos los derechos y obligaciones dimanantes
de diferentes contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de
viajeros de uso general preexistentes, de tal manera que los servicios contemplados
en éstos se presten desde ese momento de forma unificada.
La inclusión de un contrato en una concentración de tales características sólo
será posible a partir de que hayan transcurrido tres años de su plazo de vigencia y
dejará de serlo cuando falten menos de dos para su finalización.
2. La vigencia del contrato unificado se determinará, de conformidad con lo
que reglamentariamente se disponga, en función de los plazos de vigencia que
resten a los contratos objeto de concentración, teniendo en cuenta la entidad de los
tráficos a que se encontraban referidos.
que resulten necesarias para una más adecuada prestación de los servicios de
forma unificada.»
viajeros de uso general se extinguirán por cumplimiento o por resolución.
2. Los contratos se considerarán cumplidos y, en consecuencia, extinguidos
sin necesidad de resolución cuando transcurra su plazo de duración, ya sea el
inicialmente establecido o, en su caso, el resultante de su prórroga acordada
conforme a lo dispuesto en el artículo 72.4.
concluido el procedimiento tendente a la adjudicación de uno nuevo para la
prestación del mismo servicio, el anterior contratista deberá prolongar su gestión,
cuando así se lo requiera la Administración, en los términos y plazos previstos en el
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la
extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.
b) La declaración de concurso del contratista o la declaración de insolvencia
de éste en cualquier otro procedimiento.
incumplimiento que dio lugar a la suspensión en el plazo que reglamentariamente
con lo reglamentariamente establecido o, en su caso, con lo expresamente
señalado en el contrato, para iniciar la prestación del servicio tras la formalización
apartados m) o n) del artículo 73.2, o bien el incumplimiento reiterado, en los
términos en que reglamentariamente se determine, de las condiciones señaladas
en los apartados a) o j) del mismo precepto, así como el de cualquier otra condición
o requisito al que expresamente se haya atribuido esa consecuencia en el contrato.
i) El rescate del servicio por la Administración, cuando ésta acuerde
gestionarlo directamente por razones de interés general.
k) La imposibilidad de la explotación del servicio como consecuencia de
acuerdos adoptados por la Administración contratante con posterioridad al contrato.
regular de viajeros de uso general se acordará por el órgano de contratación, de
oficio o a instancia del contratista, mediante el procedimiento que resulte de
aplicación de acuerdo con la legislación sobre contratos del sector público.
2. La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de
concurso, la apertura de la fase de liquidación, darán siempre lugar a la resolución
La Administración podrá no instar la resolución del contrato en caso de
declaración de concurso del contratista cuando entienda que existen perspectivas
realistas de saneamiento financiero de éste en un plazo razonable, siempre que no
se haya abierto la fase de liquidación ni concurra la causa de resolución señalada
en el apartado c) del artículo 82.3.
3. Los supuestos previstos en los apartados c), d), e), i), j) y k) del punto 3 del
4. En los casos de muerte o incapacidad sobrevenida del contratista
individual, la Administración podrá acordar la continuación del contrato con sus
herederos o sucesores, siempre que éstos cumplan, o se comprometan a cumplir
en el plazo que reglamentariamente se determine, los requisitos exigidos al
contratista inicial.
5. El contratista que renuncie de forma unilateral a continuar prestando el
servicio deberá, no obstante, prolongar su gestión, cuando así se lo requiera la
Administración, hasta que haya concluido el procedimiento tendente a la
adjudicación de un nuevo contrato para la gestión del servicio, en los términos
previstos en el artículo 85.
6. Cuando se den los supuestos previstos en los apartados f) y g) del punto 3
del artículo anterior, la Administración podrá optar por no acordar la resolución del
contrato si en el expediente resulta acreditado que ello podría ser más perjudicial
para el interés general que su mantenimiento.
No obstante, la Administración deberá incoar en dichos supuestos, el
procedimiento tendente a la imposición de la sanción que en cada caso
corresponda, conforme a lo dispuesto en esta ley.
7. La resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no concurra
otra causa de resolución imputable al contratista y en el expediente resulte
acreditado que, desde el punto de vista del interés general, es innecesario o
inconveniente que se siga prestando el servicio.»
1. El acuerdo de resolución de los contratos de gestión de servicios públicos
de transporte regular de viajeros de uso general deberá pronunciarse expresamente
sobre la procedencia de la pérdida, devolución o cancelación de la fianza
constituida por el contratista.
2. En todo caso, cuando el contrato se resuelva por las causas previstas en
los apartados c), d), e), f) y g) del punto 3 del artículo 82 o por cualquier otra
imputable al contratista, la Administración se incautará de la fianza constituida por
éste, que deberá, además, indemnizar a aquélla por los daños y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada.
supuestos, el procedimiento tendente a la imposición de la sanción que en cada
caso corresponda conforme a lo dispuesto en esta ley.
3. Cuando la causa de la resolución del contrato sea la declaración de
concurso del contratista, sólo se acordará la pérdida de la fianza cuando el referido
concurso haya sido calificado como culpable.
4. Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de la
5. Cuando el contrato se resuelva por las causas previstas en los apartados i),
j) o k) del punto 3 del artículo 82, la Administración contratante indemnizará al
contratista por los daños y perjuicios que se le irroguen.
Para determinar la cuantía de la indemnización se tendrán en cuenta los
beneficios futuros que el contratista dejará de percibir, atendiendo a los resultados
de explotación que él hubiese declarado a la Administración en el último quinquenio
o en el período transcurrido desde el inicio de la prestación del servicio, cuando
fuese inferior.»
No obstante lo dispuesto en los artículos 72.4 y 73.1, en caso de interrupción
de un servicio público de transporte regular de viajeros de uso general o de riesgo
inminente de que dicha interrupción se produzca, la Administración podrá adoptar
una medida de emergencia en forma de adjudicación directa o de acuerdo formal
de prórroga de un contrato de gestión de servicio público o de exigencia de prestar
El acuerdo en este sentido del órgano contratante de la Administración pondrá
fin a la vía administrativa, será inmediatamente ejecutivo y su cumplimiento
resultará obligatorio para el contratista.
La duración del contrato que se adjudique o de la prórroga que se imponga en
el supuesto anteriormente previsto no podrá ser superior a dos años.»
1. Los transportes regulares de viajeros de uso especial únicamente podrán
prestarse cuando se cuente con una autorización especial que habilite para ello,
otorgada por la Administración.
El otorgamiento de dichas autorizaciones se llevará a cabo de conformidad a lo
que reglamentariamente se establezca y estará supeditado a que la empresa
transportista haya convenido previamente con los usuarios o sus representantes la
realización del transporte a través del oportuno contrato o precontrato.
La autorización sólo podrá ser otorgada a una persona, física o jurídica, que
previamente sea titular de la autorización de transporte público de viajeros regulada
en el artículo 42.
Las autorizaciones para la realización de transportes regulares de uso especial
se otorgarán por el plazo a que se refiera el contrato con los usuarios, sin perjuicio
de que la Administración pueda exigir su visado con una determina periodicidad a fin
de constatar el mantenimiento de las condiciones que justificaron su otorgamiento.
Cuando el transporte sea contratado por alguno de los entes, organismos y
entidades que forman parte del sector público, el contrato deberá atenerse, en
cuanto no se encuentre expresamente previsto en esta ley y en las normas dictadas
para su desarrollo, a las reglas contenidas en la legislación sobre contratos del
2. Los transportes a los que se refiere este artículo podrán realizarse, cuando
resulten insuficientes los vehículos propios, utilizando los de otros transportistas
que cuenten con la autorización de transporte público de viajeros regulada en el
artículo 42, de conformidad con lo que reglamentariamente se establezca.»
Las autorizaciones de transporte público habilitarán para realizar servicios en
todo el territorio nacional, sin limitación alguna por razón del origen o destino del
Quedan exceptuadas de lo anterior tanto las autorizaciones habilitantes para
realizar transporte interurbano de viajeros en vehículos de turismo como las que
habilitan para el arrendamiento de vehículos con conductor, que deberán respetar
las condiciones que, en su caso, se determinen reglamentariamente en relación
con el origen, destino o recorrido de los servicios.»
Cincuenta y tres. El punto 1 del artículo 94 queda redactado en los siguientes
público en relación con la prestación de servicios de carácter discrecional se regirá
por el principio de libertad de contratación.»
1. Durante la realización de transportes por carretera deberán respetarse los
límites legal o reglamentariamente establecidos con carácter general en relación
con la masa máxima de lo vehículos, así como los específicamente señalados para
el vehículo utilizado en su permiso de circulación y demás documentación en que
se ampare para circular.
2. Durante la realización de transportes por carretera deberán respetarse los
límites legal o reglamentariamente establecidos en relación con los tiempos de
conducción y descanso de los conductores que, en su caso, resulten de aplicación.»
2. Durante la realización de transportes de mercancías, únicamente podrán
ocupar el vehículo personas distintas a su conductor y tripulación cuando así lo
posibilite el correspondiente permiso de circulación y su transporte no dé lugar a
retribución alguna a favor del transportista.»
transportes de esta clase, en las condiciones señaladas en el artículo 54, como
para intermediar en su contratación.
No obstante, los titulares de dicha autorización únicamente podrán prestar
alguna de las formas de transporte regular de viajeros definidas en esta ley cuando
se cumplan las condiciones legal y reglamentariamente señaladas para ello.
2. En todo caso, la autorización habilita para transportar el equipaje de los
Asimismo, los vehículos amparados en una autorización de transporte de
viajeros podrán transportar, conforme a lo que reglamentariamente se determine,
objetos o encargos distintos de los equipajes de los viajeros, cuando su transporte
resulte compatible con las características del vehículo y no implique molestias o
3. Los transportes discrecionales de viajeros deberán ser contratados, como
regla general, por toda la capacidad del vehículo utilizado.
4. Fuera de los supuestos de colaboración previstos en esta ley, únicamente
modalidad de transporte de viajeros y su ejercicio estará condicionado a la
obtención de la correspondiente autorización, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 42 y 43.1 y lo que reglamentariamente se establezca con carácter
específico en relación con dicha modalidad de transporte.»
1. Son transportes privados complementarios los que llevan a cabo empresas
u otras entidades cuyo objeto no es transportar, como complemento necesario o
2. Los transportes privados complementarios deberán cumplir conjuntamente
a) Si se trata de transporte de mercancías, éstas deberán pertenecer a la
empresa o haber sido vendidas, compradas, dadas o tomadas en alquiler,
producidas, extraídas, transformadas o reparadas por ella, constituyendo dicha
venta, compra, alquiler, producción, extracción, transformación o reparación parte
integrante de la actividad económica principal de la empresa.
Si se trata de transporte de viajeros, los usuarios deben ser trabajadores
adscritos a uno de los centros de la empresa u otras personas que asistan a éstos,
b) El origen o el destino del transporte deberá ser uno de los lugares en que
la empresa desarrolle trabajos relacionados con su actividad principal.
c) Los vehículos utilizados deberán hallarse integrados en la organización de
la empresa en idénticos términos a los previstos en el artículo 54.2. En este caso,
también los remolques y semirremolques utilizados habrán de hallarse integrados
en la organización de la empresa a título de propiedad, arrendamiento financiero o
e) El transporte no podrá ser contratado ni facturado de forma independiente.
En su caso, su coste deberá incorporarse al precio final del producto o servicio que
constituya la actividad principal de la empresa antes de aplicar el Impuesto sobre el
1. La realización de transportes privados complementarios estará supeditada
competente de la Administración General del Estado o, en su caso, por el de
aquella comunidad autónoma en que se domicilie la autorización, cuando esta
facultad le haya sido delegada por el Estado.
Como regla general, las autorizaciones de transporte privado complementario
deberán domiciliarse en el lugar en que su titular tenga su domicilio fiscal.
No obstante, las autorizaciones podrán domiciliarse en un lugar distinto, cuando
su titular acredite que dispone en éste de unos locales o instalaciones en los que
realiza la parte de su actividad principal en relación con la que resulta preciso el
a) Transporte que presente idénticas características a las señaladas en el
artículo 42.2.
d) Transporte de viajeros en vehículos de turismo, salvo que se trate de
e) Transporte de mercancías en vehículos cuya masa máxima autorizada no
f) Transporte funerario, que podrá realizarse libremente en todo el territorio
nacional por prestadores de servicios funerarios, con independencia de su origen o
autorización a quienes realicen exclusivamente otras formas de transporte privado
que tengan una escasa influencia en el sistema, en razón de la naturaleza de la
3. La exención de la obligación de estar en posesión de autorización de
transporte en los casos señalados en este artículo no exime a quienes realicen los
transportes afectados del cumplimiento del resto de las exigencias contenidas en
esta ley y en las normas dictadas para su desarrollo, en los términos en que les
resulten de aplicación, ni de obtener los permisos, licencias o habilitaciones que,
en su caso, procedan de conformidad con la legislación sobre seguridad, sanidad o
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.»
«2. Serán de aplicación a las autorizaciones de transporte privado
complementario idénticas reglas a las señaladas en los artículos 51 y 52, en
relación, en este caso, con el cumplimiento de los requisitos señalados en el punto
anterior y en el artículo 102.»
La realización de servicios de transporte internacional que discurran
parcialmente por territorio español utilizando vehículos que no se hayan matriculado
en España se regirá por lo dispuesto en los convenios internacionales y las
disposiciones aprobadas por las organizaciones internacionales de las que España
forma parte que en cada caso resulten de aplicación.»
español utilizando vehículos que no estén matriculados en España únicamente
será posible en la medida en que se cumpla lo dispuesto acerca de los transportes
de cabotaje en la reglamentación de la Unión Europea sobre acceso al mercado de
transporte internacional de mercancías y al mercado internacional de los servicios
de autocares y autobuses, o bien se encuentre expresamente prevista en un
convenio internacional suscrito por España.»
Las empresas establecidas en España únicamente podrán optar a la obtención
de títulos habilitantes para realizar transporte internacional cuyo otorgamiento
corresponda al Estado español, incluida la licencia comunitaria, cuando
previamente sean titulares de la autorización de transporte regulada en esta ley
La realización de los tramos parciales de un transporte internacional que
discurran dentro de territorio español utilizando vehículos matriculados en España
deberá encontrarse amparada, en todo caso, por la autorización de transporte
regulada en esta ley que corresponda, sin perjuicio de la preceptiva obtención del
título que, en cada caso, habilite para la realización completa del transporte de que
A efectos de esta ley, tendrán la consideración de transportes turísticos los que
se realicen en el marco de la ejecución de un viaje combinado ofertado y contratado
de conformidad con lo que se encuentre establecido en la legislación sobre defensa
de los consumidores y usuarios en relación con esta clase de viajes.
Asimismo, tendrán la consideración de transporte turístico aquellos otros que,
sin tener una duración superior a las 24 horas y sin incluir una pernoctación, se
oferten a través de agencias de viajes, u otros intermediarios reconocidos por la
legislación específica de turismo, y se presten conjuntamente con otros servicios
complementarios de naturaleza turística, tales como los de manutención, guía
turístico o similar.»
viajeros por carretera de uso general, dicha oferta no podrá modificar las
condiciones de prestación del transporte señaladas en el contrato de gestión de
servicio público a cuyo amparo se realice.
En relación con los demás supuestos, podrá establecerse reglamentariamente
un régimen especial que armonice las reglas generales de aplicación al transporte
discrecional con las especiales características que presenta la prestación del
conjunto de servicios que integran un viaje combinado.»
1. Quienes pretendan intermediar en la contratación de transportes de
mercancías por carretera, ya sea en concepto de agencia de transporte, transitario,
almacenista-distribuidor, operador logístico o cualquier otro, deberán obtener una
autorización de operador de transporte.
conforme a lo que reglamentariamente se determine, resulten iguales o superiores
a los exigidos para la obtención de la autorización de operador de transporte.
c) Las cooperativas de transportistas y sociedades de comercialización, en
tanto que su intermediación se limite a la comercialización de los transportes
prestados por aquellos de sus socios que sean titulares de autorización de
condicionada a que se acredite el cumplimiento de análogos requisitos a los
exigidos para la de transporte público de mercancías, con las adaptaciones que
reglamentariamente se determinen en atención a la naturaleza de la actividad a
que esté referida.
transporte y las cooperativas y sociedades de comercialización a que hace
referencia el punto 1.»
especializadas en intermediar en la contratación de transportes de mercancías,
como organización auxiliar interpuesta entre los usuarios y los transportistas.
A los efectos de esta ley, se considera transitarios a las empresas especializadas
en organizar, por cuenta ajena, transportes internacionales de mercancías,
recibiendo mercancías como consignatarios o entregándolas a quienes hayan de
transportarlas y, en su caso, realizando las gestiones administrativas, fiscales,
aduaneras y logísticas inherentes a esa clase de transportes o intermediando en su
especializadas en organizar, gestionar y controlar, por cuenta ajena, las operaciones
de aprovisionamiento, transporte, almacenaje o distribución de mercancías que
precisan sus clientes en el desarrollo de su actividad empresarial.
A los efectos de esta ley, se considera almacenistas-distribuidores a las
empresas especializadas en actuar como depositarias de mercancías ajenas que,
además, se encarguen de distribuirlas o de gestionar su distribución, conforme a
las instrucciones recibidas del depositante.
tareas tales como consolidación o ruptura de cargas, gestión de existencias u otras
que resulten preparatorias o complementarias del transporte y distribución de las
1. Las estaciones de transporte de viajeros tienen por objeto concentrar las
salidas, llegadas y tránsitos a las poblaciones de los vehículos de transporte
público, prestando o facilitando el desarrollo de servicios preparatorios y
complementarios del transporte a usuarios y transportistas.
2. Los centros de transporte y logística de mercancías acogen en su recinto
un conjunto de servicios e instalaciones destinadas a facilitar el desarrollo de
actividades de transporte, logística y distribución de mercancías, integrándolo con
el de otras preparatorias o complementarias de aquéllas.
3. Las estaciones de transporte de viajeros y los centros de transporte y
logística de mercancías sólo alcanzarán dicha consideración cuando sean
gestionados por una única persona o entidad, pública o privada, y reúnan las
condiciones y requisitos establecidos reglamentariamente.
En ningún caso se atribuirá la consideración de estación o centro a terrenos o
instalaciones destinados únicamente a garaje o estacionamiento de vehículos.
Tampoco tendrán esta consideración los terrenos en que se ubiquen diversas
empresas transportistas o de actividades auxiliares y complementarias del
transporte o que realicen actividades anexas a las de éstas, por el solo hecho de
su proximidad, si las instalaciones, equipamientos y servicios comunes no son
objeto de una gestión unificada bajo la dirección de una única entidad.»
Setenta y cinco. El punto 2 del artículo 137 queda redactado en los siguientes
«2. Reglamentariamente podrán establecerse condiciones relacionadas con
la documentación acreditativa del arrendamiento de vehículos sin conductor, a
efectos de garantizar la existencia del contrato, su plazo de duración y otras
circunstancias que determinen la legitimidad del uso del vehículo por el
arrendatario.»
«4. No obstante lo dispuesto en los puntos 1 y 2 de este artículo, las personas
a que se hace referencia en ellos no responderán de las infracciones cometidas en
relación con los tiempos de conducción y descanso de los conductores o con la
manipulación, falseamiento, o uso indebido del tacógrafo, cuando acrediten que los
hechos que las determinaron constituían una falta muy grave de indisciplina o
desobediencia cometida por uno de sus conductores que dio lugar a que éste fuera
objeto de una de las sanciones que las disposiciones legales o el convenio colectivo
aplicable aparejan a esta clase de faltas, siempre que dicha sanción haya sido
declarada procedente mediante sentencia firme o no haya sido objeto de
reclamación judicial por parte del trabajador en el plazo previsto para ello.
No se tendrá en cuenta esta exención cuando la sanción disciplinaria al
conductor implicado no fuera más allá de la postergación o inhabilitación para
ascensos en la empresa.»
1. La realización de transportes públicos careciendo del título habilitante que,
en su caso, resulte preceptivo para su prestación de conformidad con lo dispuesto
Cuando la realización del transporte de que se trate requiriese disponer de más
de un título habilitante, resultará constitutiva de esta infracción la carencia de
cualquiera de ellos, aunque se disponga de los demás.
servicios de transporte sin ser previamente titular de autorización de transporte o
de operador de transporte.
En todo caso, incurrirán en esta infracción quienes, aún siendo integrantes de
una persona jurídica titular de una autorización de transporte o de operador de
transporte, contraten o facturen en nombre propio la prestación de servicios de
transporte a terceros o a la propia persona jurídica de la que formen parte sin ser
ellos mismos, a su vez, titulares de tal autorización.
3. El arrendamiento de un vehículo cuando vaya acompañado por la
prestación de servicios de conducción o cualquier otra forma de cesión del uso de
un vehículo cuyo titular preste servicios de conducción al cesionario.
Incurrirán en esta infracción tanto el arrendador o cedente como el arrendatario
o cesionario.
4. La cesión, expresa o tácita, de títulos habilitantes por parte de sus titulares
a favor de otras personas.
5. La organización o establecimiento de un transporte regular de viajeros de
uso general sin haber sido contratado por la Administración competente para
gestionar un servicio público de esas características, con independencia de que los
medios utilizados sean propios o ajenos.
6. La venta individualizada de las plazas de un transporte de viajeros, así
como la prestación o venta de servicios integrados en una serie de expediciones
que atiendan, de forma reiterada, tráficos preestablecidos, cuando no se posea
otra habilitación que la autorización de transporte regulada en el artículo 42.
sabiendas del carácter ilícito de su actuación, como a las que lo hubiesen utilizado
para encubrir la realización de transportes o actividades no autorizados.
8. El falseamiento de los documentos que hayan de ser aportados como
requisito para la obtención de cualquier título, certificación o documento que haya
de ser expedido por la Administración a favor del solicitante o de cualquiera de los
datos que deban constar en aquéllos.
control que la empresa se encuentre obligada a llevar o de los datos obrantes en
10. La manipulación del tacógrafo, del limitador de velocidad o de alguno de
sus elementos, así como la de otros instrumentos o medios de control que exista la
obligación de llevar instalados en el vehículo, con objeto de alterar su
funcionamiento o modificar sus mediciones.
En esta misma infracción incurrirán quienes instalen cualquier clase de
elementos mecánicos, electrónicos o de otra naturaleza con la misma finalidad,
aunque no se encuentren en funcionamiento en el momento de realizarse la
transportista que tenga instalado en su vehículo el aparato o instrumento
manipulado y, asimismo, a aquellas personas que lo hubiesen manipulado o
colaborado en su instalación o comercialización.
11. El falseamiento de las condiciones que determinaron que una empresa se
beneficiase de exención de responsabilidad contemplada en el artículo 138.4.
12. La negativa u obstrucción a la actuación de los Servicios de Inspección
del Transporte Terrestre o de las fuerzas encargadas de la vigilancia del transporte
que imposibiliten total o parcialmente el ejercicio de las funciones que legal o
empleados, auxiliares o dependientes nieguen o dificulten el acceso al personal de
los servicios de inspección a los locales o vehículos en que obligatoriamente deba
sobre tiempos de conducción y descanso de los conductores, se considerará
cometida una infracción distinta por cada vehículo o conductor del que no se aporte
la documentación solicitada o se aporte de tal forma que imposibilite su control.
13. La realización de transporte interior en España con vehículos matriculados
en el extranjero incumpliendo las condiciones que definen las operaciones de
cabotaje de conformidad con lo dispuesto en la reglamentación de la Unión
Europea por la que se establecen normas comunes de acceso al mercado del
transporte internacional de mercancías por carretera o por la que se establecen
normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares
y autobuses, aunque quien los realice sea titular de licencia comunitaria.
14. La interrupción de los servicios señalados en el contrato de gestión de un
15. La realización de transportes, carga o descarga de mercancías peligrosas
15.1 No informar sobre la inmovilización del vehículo a causa de accidente o
incidente grave, o no adoptar las medidas de seguridad y protección que
correspondan en tales supuestos, excepto en aquellos casos en que ello hubiera
15.3 Carecer del certificado de aprobación del vehículo expedido por el
reglamentariamente exigibles para el transporte al que va destinado, así como
llevar dicho certificado caducado o llevar uno distinto al exigido para la mercancía
15.4 Transportar mercancías a granel cuando ello no esté autorizado por la
15.5 Utilizar vehículos, depósitos o contenedores que carezcan de paneles,
placas o etiquetas de peligro o, en su caso, de cualquier otra señalización o marca
exigible, así como llevarlos ilegibles.
15.7 Utilizar vehículos o depósitos distintos a los prescritos en las normas que
15.8 No llevar a bordo del vehículo una carta de porte que cubra todas las
15.9 Transportar mercancías careciendo del permiso, autorización especial o
15.10 Incumplir la prohibición de fumar específicamente señalada en la
15.11 No identificar el transporte de mercancías peligrosas en el exterior del
15.12 Utilizar fuego o luces no protegidas, así como aparatos de alumbrado
15.13 Consignar de forma inadecuada en la carta de porte la mercancía
15.14 Incumplir las normas sobre el grado de llenado o sobre la limitación de
las cantidades a transportar por unidad de transporte.
15.15 Utilizar vehículos, depósitos o contenedores con paneles, placas,
etiquetas de peligro o cualquier otra señalización o marca exigible no adecuados a
la mercancía transportada.
15.17 Incumplir las prohibiciones de cargamento en común en un mismo
15.18 Utilizar envases o embalajes no autorizados por las normas que
resulten de aplicación para el transporte de la mercancía de que se trate.
homologados o que se encuentren gravemente deteriorados o presenten fugas o
que carezcan de alguno de los requisitos técnicos exigidos.
15.19 Transportar, cargar o descargar mercancías peligrosas cuando las
empresas involucradas en tales operaciones no tengan el preceptivo consejero de
seguridad o tengan uno que no se encuentre habilitado para actuar como tal en
relación con la materia o actividad de que se trate.
La responsabilidad por la comisión de las infracciones contempladas en este
punto corresponderá:
b) Al transportista y al cargador, por las infracciones tipificadas en los
apartados 15.2, 15.3, 15.4 y 15.5.
tipificadas en los apartados 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 y 15.11.
d) Al transportista, al cargador y al descargador, por la infracción tipificada en
el apartado 15.12.
e) Al cargador o expedidor, según el caso, por las infracciones tipificadas en
los apartados 15.13, 15.14, 15.15, 15.16, 15.17 y 15.18.
tipificada en el apartado 15.19.
A los efectos previstos en este punto y en los artículos 141.5 y 142.7, tendrá la
independencia de que sea ella misma o un tercero el destinatario de las mercancías
así expedidas. Se considerará cargador o descargador la persona física o jurídica
que efectúa o bajo cuya responsabilidad se realizan las operaciones de carga o
descarga de la mercancía peligrosa.
16. La realización de actividades de transporte público o la intermediación en
su contratación, incumpliendo alguno de los requisitos exigidos para la obtención y
aquellos supuestos en que el requisito incumplido sea el señalado en el apartado f)
En todo caso, incurrirán en esta infracción quienes no comuniquen al Registro
de Empresas y Actividades de Transporte el cambio de su domicilio o de la
ubicación de sus centros de explotación o de los locales de que deban disponer a
efectos del cumplimiento del requisito de establecimiento.
17. La contratación de servicios de transporte por parte de transportistas,
agencias de transporte, transitarios, almacenistas-distribuidores, operadores
logísticos o cualquier otro profesional del transporte con transportistas u operadores
de transporte no autorizados.
dedicada al transporte que contrate a alguna de las personas que la integran para
que realice un servicio de transporte, o abone las facturas que éstas le expidan por
tal concepto, cuando dichas personas no sean, a su vez, titulares de una
autorización de transporte o de operador de transporte.
18. La realización de transportes públicos o privados utilizando conductores
que carezcan del certificado de aptitud profesional o de la tarjeta de cualificación
(CAP) en vigor.
19. El incumplimiento de la obligación de suscribir el seguro exigido en el
artículo 21.1 o tenerlo suscrito con una cobertura insuficiente.
20. La carencia del tacógrafo, del limitador de velocidad o de alguno de sus
En esta misma infracción incurrirán quienes llevando instalado el tacógrafo no
lo utilicen o lleven instalado un tacógrafo no homologado.
21. La carencia significativa de hojas de registro o de datos registrados en el
tacógrafo o en las tarjetas de los conductores que exista obligación de conservar
en la sede de la empresa.
Se considerará incluida en esta infracción la conservación de registros sin
cumplir la estructura de campo o la extensión del fichero reglamentariamente
22. No llevar insertada en el tacógrafo la tarjeta de conductor o la hoja de
registro de los tiempos de conducción y descanso, cuando ello resulte exigible, o
hacerlo de forma incorrecta, así como utilizar una tarjeta de otro conductor, una hoja
de registro con nombre o apellido diferentes a los del conductor o llevar insertada
una tarjeta que no debería utilizarse por haberse expedido un duplicado posterior.
Se considerará, asimismo, constitutiva de esta infracción la falta de
consignación de datos en una hoja de registro o documento de impresión de los
tiempos de conducción y descanso, cuando las normas de la Unión Europea
reguladoras de la materia le atribuyan la consideración de infracción muy grave.
23. El exceso igual o superior al 25 por ciento sobre la masa máxima total o
igual o superior al 50 por ciento sobre la masa máxima por eje que tenga
Dichos porcentajes se reducirán al 20 y al 40 por ciento, respectivamente,
cuando la masa máxima que tenga autorizada el vehículo sea superior a 12
Cuando el vehículo se encuentre amparado por una autorización especial que
le permita circular con una masa superior a la que, de otro modo, le correspondería,
los señalados porcentajes deberán referirse a la masa máxima señalada en dicha
intermediario que hubiesen intervenido en el transporte o su contratación, salvo
que alguno de ellos pruebe que no le resulta imputable.
Cuando se exceda la masa máxima por eje, la responsabilidad corresponderá
a quien hubiera realizado la estiba de la mercancía a bordo del vehículo o bajo
cuyas instrucciones se hubiera realizado ésta.
cargador ni al expedidor por el exceso sobre la masa autorizada, salvo que se
pruebe que su actuación resultó determinante de aquél.
24. La utilización en el tacógrafo de hojas de registro o tarjetas de conductor
que se encuentren manchadas o estropeadas de tal manera que impidan la lectura
25. La utilización de una misma hoja de registro de los tiempos de conducción
y descanso por un período de tiempo superior al que corresponda, cuando haya
dado lugar a una superposición de registros que impida su lectura.
27. La prestación de servicios públicos de transporte regular de viajeros de
uso general cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
27.1 La falta de explotación del servicio por el propio contratista de la
27.2 El incumplimiento de los tráficos o del número mínimo de expediciones
establecidos en el contrato de gestión del servicio público de que se trate, cuando
no deba calificarse conforme a lo señalado en el punto 14 de este artículo.
27.3 Denegar la venta de billetes o el acceso al vehículo a quienes los
hubieran adquirido, salvo que se den circunstancias legal o reglamentariamente
establecidas que lo justifiquen.
Asimismo, se incurrirá en esta infracción si se impide a ciertas categorías de
usuarios, o a quienes pretendan acceder al servicio en determinadas localidades o
zonas geográficas, adquirir o reservar billetes por cualquiera de los procedimientos
utilizados por la empresa con carácter general, o reciben un trato discriminatorio
respecto al resto de los usuarios en relación con dicha adquisición o reserva.
27.4 La realización del servicio transbordando injustificadamente a los
usuarios durante el viaje.
27.5 El incumplimiento del régimen tarifario previsto en el contrato de gestión
27.6 El incumplimiento de las condiciones de accesibilidad a los vehículos
regular de viajeros por carretera de uso general o especialmente señalados en el
pliego de condiciones o el contrato del servicio de que se trate.
existe obligación de que los vehículos se encuentren adaptados para ello, siempre
que, en este último supuesto, dichas personas aporten los medios que les resulten
precisos para acceder y abandonar el vehículo e instalarse en una plaza ordinaria.
28. La realización de transportes públicos regulares de viajeros de uso especial
29. En los transportes de uso especial de escolares y de menores, la ausencia
de una persona mayor de edad idónea, distinta del conductor, que conozca el
funcionamiento de los mecanismos de seguridad del vehículo, encargada del
cuidado de los menores, cuando ello resulte obligatorio.
30. En los transportes de uso especial de escolares y de menores, la falta de
plaza o asiento para cada menor así como la inexistencia de plazas cercanas a las
puertas de servicio que sean necesarias para personas de movilidad reducida.
31. La contratación de servicios de transporte terrestre de mercancías por
parte de transportistas, agencias de transporte, transitarios, almacenistas
distribuidores, operadores logísticos o cualquier otro profesional del transporte
incumpliendo la obligación de hacerlo en nombre propio, así como la contratación
de servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general en concepto
de porteador por quien no se encuentre habilitado para ello.
32. La realización de transportes de mercancías o discrecionales de viajeros
33. El inadecuado funcionamiento imputable al transportista del tacógrafo, del
limitador de velocidad o de alguno de sus elementos, así como el de otros instrumentos
o medios de control que exista la obligación de llevar instalados en el vehículo, cuando
no deba calificarse conforme a lo señalado en el punto 10 de este artículo.
34. La utilización del tacógrafo sin haber realizado su calibrado o revisión
periódica en los plazos y forma establecidos, habiendo sido reparado en un taller
no autorizado o careciendo de los precintos o placas preceptivos.
35. La carencia a bordo del vehículo de las hojas de registro de los tiempos
de conducción y descanso ya utilizadas o de los documentos de impresión que
resulte obligatorio llevar, con independencia del tipo de tacógrafo, analógico o
digital, que se esté utilizando.
tarjeta del conductor, aunque se esté utilizando un tacógrafo analógico, cuando
resulte necesaria para apreciar las condiciones de conducción durante el período
anterior exigible.
36. El incumplimiento por un centro de alguna de las condiciones que le
fueron exigidas para obtener la autorización habilitante para impartir cursos
preceptivos para la obtención o mantenimiento de alguna de las cualificaciones
reguladas por las normas de ordenación del transporte.
37. El incumplimiento de la legislación aplicable en materia de tiempos de
37.1 El exceso igual o superior al 50 por ciento en los tiempos máximos de
37.2 El exceso igual o superior al 25 por ciento en los tiempos máximos de
37.3 El exceso superior a dos horas en los tiempos máximos de conducción
diaria, salvo que deba calificarse conforme a lo dispuesto en el apartado 37.1.
37.4 La conducción durante más de seis horas sin respetar las pausas
37.5 La disminución del descanso diario normal en más de dos horas y media
o del reducido o fraccionado en más de dos horas, incluso cuando se realice
conducción en equipo, salvo que deba calificarse conforme a lo dispuesto en el
apartado 37.1.
37.6 La disminución del descanso semanal normal en más de nueve horas o
del reducido en más de cuatro.
38. El transporte de objetos o encargos distintos de los equipajes de los
viajeros al amparo de una autorización de transporte público de viajeros,
incumpliendo las condiciones que resulten exigibles de conformidad con las normas
internas o internacionales que resulten de aplicación.»
máxima total o igual o superior al 30 e inferior al 50 por ciento sobre la masa
máxima por eje que tenga autorizadas el vehículo de que se trate.
Dichos porcentajes se reducirán, respectivamente, al 10 y el 20 por ciento
sobre la masa máxima total y al 25 y el 40 por ciento sobre la masa máxima por
eje, cuando la masa máxima que tenga autorizada el vehículo sea superior a 12
artículo 140.23.
establecidos, cuando no deba reputarse infracción muy grave de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 140.34.
transporte cuando no concurra alguno de los supuestos que, conforme a lo señalado
en el punto 12 del artículo 140, implicarían que se reputase infracción muy grave.
sobre tiempos de conducción y descanso de los conductores se considerará
cometida una infracción distinta por cada vehículo o conductor del que se aporte la
5.2 Incumplir lo dispuesto en las normas de aplicación o en las
correspondientes instrucciones escritas acerca del equipamiento del vehículo o de
los miembros de la tripulación.
5.3 Carecer de los extintores que resulten obligatorios en función del vehículo
o la carga transportada, o disponer de unos cuya correcta utilización no esté
5.4 Transportar viajeros en unidades que transporten mercancías peligrosas
fuera de los supuestos en que las normas reguladoras de esta clase de transportes
5.5 Transportar mercancías peligrosas en vehículos de viajeros en cantidades
5.6 Utilizar bultos o cisternas en el transporte que no estén correctamente
cerrados, incluso cuando estas últimas se encuentren vacías si no han sido
previamente limpiadas.
5.7 Transportar bultos de mercancía en un contenedor que no sea
5.8 Carecer del certificado de limpieza de la cisterna en los casos que sea
5.9 Incumplir las disposiciones sobre fechas de ensayo, inspección y plazos
de utilización de envases y embalajes o recipientes.
5.10 Transportar mercancías peligrosas en envases o embalajes deteriorados,
cuando no deba reputarse infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 18 del artículo 140.15.
5.11 No consignar en la carta de porte alguno de los datos que deben figurar
en ella o hacerlo inadecuadamente, cuando no deba reputarse infracción muy
grave de conformidad con lo dispuesto en los apartados 8 y 13 del artículo 140.15.
5.13 Incumplir la obligación de conectar a tierra los vehículos cisterna durante
5.14 No realizar en las plantas cargadoras o descargadoras las
comprobaciones que sean obligatorias antes, durante o después de la carga.
5.15 Incumplir los consejeros de seguridad las obligaciones que les atribuye
5.16 Incumplir la obligación de remitir a las autoridades competentes el
informe anual y los partes de accidentes.
5.17 Incumplir la obligación de conservar los informes anuales durante el
5.18 No proporcionar a los trabajadores que intervienen en el manejo de
a) Al transportista por las infracciones tipificadas en los apartados 5.1, 5.2,
5.3, 5.4 y 5.5.
b) Al transportista y al cargador por las infracciones tipificadas en los
apartados 5.6 y 5.7.
los apartados 5.11 y 5.12.
f) Al cargador o descargador por las infracciones tipificadas en los apartados
5.13 y 5.14.
h) A la empresa de quien dependan los trabajadores por la infracción tipificada
en el apartado 5.18.
6. La utilización de títulos habilitantes en condiciones distintas a las
establecidas con carácter general o señaladas específicamente en el propio título,
salvo que el incumplimiento de dichas condiciones ya estuviera tipificado de forma
expresa en esta ley.
7. La oferta de servicios de transporte sin disponer del título habilitante
exigible para realizarlos o para intermediar en su contratación, tanto si se realiza de
forma individual a un único destinatario o se hace pública para conocimiento
general a través de cualquier medio.
8. El arrendamiento de vehículos con conductor fuera de las oficinas o locales
que reglamentariamente se determinen, así como la búsqueda o recogida de
clientes que no hayan sido contratados previamente.
conductor que incumplan las limitaciones que definen la prestación habitual del servicio
en el territorio en que se encuentre domiciliada la autorización en que se amparan.
9. La realización de transportes públicos o privados utilizando para la
conductor de tercer país, careciendo de éste o incumpliendo alguna de las
condiciones que dieron lugar a su expedición.
10. La prestación de un servicio público de transporte regular de viajeros de
uso general incumpliendo alguna de las condiciones u obligaciones impuestas al
contratista en el correspondiente contrato de gestión, cuando no deba reputarse
infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en los puntos 14 ó 27 del
obligación de transporte gratuito del equipaje de los viajeros en los supuestos y
hasta el límite en que ello resulte obligatorio.
11. La utilización de hojas de registro de los tiempos de conducción y
descanso no homologadas o que resulten incompatibles con el tacógrafo utilizado.
12. La falta de consignación de datos en una hoja de registro o documento de
13. La carencia no significativa de hojas de registro, de documentos de
impresión o de datos registrados en el tacógrafo o en las tarjetas de los conductores
que exista obligación de conservar en la sede de la empresa a disposición de la
14. La realización de transportes privados careciendo de la autorización,
15. La venta de billetes para servicios no autorizados de transporte de
viajeros, salvo que deba reputarse infracción muy grave, de conformidad con los
puntos 5 ó 6 del artículo 140.
Asimismo, incurrirán en esta infracción los titulares de industrias o servicios
que, aún siendo ajenos al transporte, permitan que tales billetes se vendan en los
locales o establecimientos en que desarrollan su actividad.
16. La realización de transportes públicos interurbanos de viajeros en
vehículos de turismo cuando se de alguna de las siguientes circunstancias:
17. La carencia, falta de diligenciado o falta de datos esenciales de la
Administración o la demora injustificada en dicha comunicación, incumpliendo lo
que al efecto se determine reglamentariamente.
En idéntica infracción incurrirán aquellas empresas que carezcan del
documento en que preceptivamente hayan de formularse las reclamaciones de los
usuarios, que nieguen u obstaculicen su uso o que oculten su contenido o retrasen
injustificadamente su comunicación a los Servicios de Inspección del Transporte
Terrestre que en cada caso resulten competentes.
comprobados deban reputarse infracción muy grave de conformidad con lo
dispuesto en los puntos 12, 21, 22 ó 35 del artículo 140 o calificarse conforme a lo
señalado en los puntos 9 ó 10 de este artículo.
18. La salida de los vehículos dedicados al arrendamiento con conductor del
lugar en que habitualmente se encuentren guardados o estacionados sin llevar a
bordo la documentación exigible o llevándola incorrectamente cumplimentada.
19. La desatención por el destinatario de un transporte de mercancías del
20. La impartición de cursos que resulten preceptivos para la obtención o
20.1 Que los profesores no reúnan las condiciones de titulación o formación
específica exigidas para impartir la materia de que se trate.
20.3 Que el curso impartido no se ajuste a las características del que fue
20.4 Que no se haya puesto en conocimiento del órgano administrativo
20.5 Que no se haya puesto en conocimiento del órgano administrativo
21. La realización de transportes de productos alimenticios o mercancías
perecederas utilizando un vehículo que carezca del certificado de conformidad para
el transporte de mercancías perecederas o tenerlo caducado o falseado.
22. La contratación de servicios de transporte por parte de cargadores o
usuarios habituales con transportistas u operadores de transporte no autorizados,
cuando no deba reputarse muy grave de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 140.17.
23. La prestación de servicios de transporte de viajeros con vehículos que
incumplan las prescripciones técnicas sobre accesibilidad de personas con
movilidad reducida que, en cada caso, les resulten de aplicación, salvo que deba
reputarse infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo
24. El incumplimiento de la legislación aplicable en materia de tiempos de
conducción y descanso de los conductores en los siguientes supuestos, salvo que
deba reputarse infracción muy grave de conformidad con lo establecido en el punto 37
del artículo 140:
24.1 El exceso superior a sesenta horas en el tiempo máximo de conducción
24.2 El exceso superior a una hora en los tiempos máximos de conducción
24.3 La conducción durante más de cinco horas, aunque sin rebasar las seis,
sin respetar las pausas reglamentariamente exigidas.
24.4 La disminución del descanso diario normal, reducido o fraccionado en
24.5 La disminución del descanso semanal normal en más de tres horas o del
25. Cualquiera de las infracciones previstas en el artículo anterior, cuando por
su naturaleza, ocasión o circunstancia no deba ser calificada como muy grave,
debiendo justificarse la existencia de dichas circunstancias y motivarse la resolución
que se acredite que en el momento de realizarlos o contratarlos, se cumplían todos
los requisitos exigidos para su obtención y que ésta se ha solicitado dentro de los
15 días siguientes a la notificación del inicio del expediente sancionador.
2. El exceso superior al 5 e inferior al 15 por ciento sobre la masa máxima
total o superior al 20 e inferior al 30 por ciento sobre la masa máxima por eje que
tenga autorizadas el vehículo de que se trate.
manchadas o estropeadas cuando, no obstante, los datos registrados resulten
legibles; la utilización de hojas durante un período mayor a aquél para el que esté
previsto, cuando no haya supuesto la pérdida de datos, y la retirada no autorizada
de tales hojas cuando ello no afecte a los datos registrados.
papel en el que deben imprimirse las actividades de los conductores registradas
por el tacógrafo digital, cuando no deba reputarse infracción muy grave de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 140.22.
impresión de los tiempos de conducción y descanso, cuando las normas de la
Unión Europea reguladoras de la materia le atribuyan la consideración de infracción
6. El incumplimiento en los transportes interurbanos de viajeros contratados
por plaza con pago individual de la obligación de expedir los correspondientes
títulos de transporte a los usuarios o de las normas establecidas para su despacho
o devolución, o expedirlos incumpliendo cualquier otra condición exigible.
7. La realización de transporte de mercancías peligrosas cuando concurra
7.1 No llevar a bordo los documentos relativos al vehículo que resulten
conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 140.15.
7.2 Utilizar paneles, placas, etiquetas, marcas, letras, figuras o símbolos cuyo
7.3 No llevar a bordo del vehículo un documento de identificación con
7.5 Utilizar documentos de transporte o acompañamiento en los que no se
haya hecho constar toda la información obligatoria, cuando no deba reputarse
infracción grave o muy grave de conformidad con lo dispuesto en el apartado 11 del
artículo 141.5 y en los apartados 8 ó 13 del artículo 140.15.
7.6 No incluir en los informes anuales o en los partes de accidentes alguno de
7.7 No comunicar a los órganos competentes la identidad de los consejeros
de seguridad con que cuente la empresa y sus áreas de responsabilidad.
7.8 No conservar los informes anuales durante el plazo reglamentariamente
7.9 Remitir a las autoridades competentes el informe anual o los partes de
a) Al transportista por las infracciones tipificadas en los apartados 7.1, 7.2, 7.3
tipificadas en los apartados 7.6, 7.7, 7.8 y 7.9.
vehículo la documentación formal que acredite la posibilidad legal de prestarlos o
que resulte exigible para la determinación de la clase de transporte que se está
realizando, salvo que dicha infracción deba ser calificada como muy grave o grave
conforme a lo dispuesto en los artículos 140.1 y 141.14.
Se considerará incluido asimismo en esta infracción el incumplimiento de la
obligación de que dicha documentación se encuentre en lugar visible desde el
exterior del vehículo, en los casos en los que así se exija expresamente en las
disposiciones reguladoras de la modalidad de transporte de que se trate.
que reglamentariamente se determinen, salvo que deba reputarse infracción muy
grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140.3 ó 140.32.
10. La realización de transportes públicos regulares de viajeros de uso
especial incumpliendo alguno de los requisitos establecidos en la correspondiente
autorización sin atribuirle carácter esencial.
13. En el transporte de viajeros, la carencia de cambio de moneda metálica o
14. El incumplimiento por los usuarios de los transportes de viajeros de las
14.1 Impedir o forzar la apertura o cierre de las puertas de acceso a los
14.2 Manipular los mecanismos de apertura o cierre de las puertas de acceso
al vehículo o de cualquiera de sus compartimentos previstos para su accionamiento
14.3 Hacer uso sin causa justificada de cualquiera de los mecanismos de
14.4 Abandonar el vehículo o acceder a éste fuera de las paradas en su caso
14.5 Realizar, sin causa justificada, cualquier acto susceptible de distraer la
14.7 Viajar careciendo de un título de transporte suficiente para amparar la
14.8 Toda acción injustificada que pueda implicar deterioro o causar suciedad
en los vehículos o estaciones de transporte.
15. La impartición de cursos que resulten preceptivos para la obtención o
ordenación del transporte, sin haber puesto en conocimiento del órgano
administrativo competente, por los medios y en el plazo previstos para ello, la falta
de asistencia injustificada de un veinticinco por ciento o más de los alumnos
inscritos en el curso, salvo que deba reputarse infracción grave de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 141.20.
16. La realización de transporte de mercancías perecederas sin llevar en el
vehículo las marcas de identificación e indicaciones reglamentarias o llevándolas
en lugares distintos a los establecidos.
punto corresponderá al transportista o, en su caso, al titular del vehículo.
17. Todo exceso en los tiempos máximos de conducción, así como la
disminución de los períodos de descanso, salvo que deba reputarse infracción
grave o muy grave de conformidad con lo dispuesto en los artículos 141.24 ó
18. La falta de comunicación de cualquier dato o circunstancia que deba
figurar en el Registro de Empresas y Actividades de Transportes o que exista
obligación por otra causa de poner en conocimiento de la Administración, cuando
no deba reputarse infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 140.16.
19. Cualquiera de las infracciones previstas en el artículo anterior, cuando,
por su naturaleza, ocasión o circunstancias, no deba ser calificada como grave,
intencionalidad; con la naturaleza de los perjuicios causados, con especial atención
a los que afecten a las condiciones de competencia o a la seguridad; con la
magnitud del beneficio ilícitamente obtenido, y con la reincidencia o habitualidad en
la conducta infractora, conforme a las reglas y dentro de las horquillas siguientes:
a) Se sancionarán con multa de 100 a 200 euros las infracciones previstas en
los puntos 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del artículo 142.
b) Se sancionarán con multa de 201 a 300 euros las infracciones previstas en
los puntos 8, 9, 10, 11 y 12 del artículo 142.
c) Se sancionarán con multa de 301 a 400 euros las infracciones previstas en
los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 142.
d) Se sancionarán con multa de 401 a 600 euros las infracciones previstas en
los puntos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 del artículo 141.
e) Se sancionarán con multa de 601 a 800 euros las infracciones previstas en
los puntos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 y 16 del artículo 141.
f) Se sancionarán con multa de 801 a 1.000 euros las infracciones previstas
en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 141.
los puntos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 del artículo 140.
h) Se sancionará con multa de 2.001 a 4.000 euros las infracciones previstas
en los puntos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 del artículo 140.
i) Se sancionarán con multa de 4.001 a 6.000 euros las infracciones previstas
en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del artículo 140.
j) Se sancionarán con multa de 6.001 a 18.000 euros las infracciones
reseñadas en el apartado i) cuando el responsable de las mismas ya hubiera sido
sancionado, mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa, por la
comisión de cualquier otra infracción muy grave de las previstas en esta ley en los
k) Cuando fuera de aplicación lo previsto en los artículos 141.25 y 142.19, la
respectivamente, dentro de los límites establecidos en los apartados d), e) y f) y a),
independiente de la posible obligación de indemnizar los daños y perjuicios
3. Cuando sea detectada la comisión de la infracción prevista en el punto 16
del artículo 140, la Administración actuante lo comunicará al Registro de Empresas
y Actividades de Transporte para que realice la oportuna anotación y, de oficio, lo
comunique, a su vez, a la Administración competente sobre las autorizaciones
afectadas, a fin de que ésta proceda a su suspensión en los términos señalados en
a) Cuando sean detectadas durante su comisión en carretera infracciones
que deban ser denunciadas de acuerdo con lo previsto en los puntos 1, 10, 11, 12,
15.6, 15.7, 15.11, 15.18 ó 23 del artículo 140 ó en el punto 2 del artículo 141.
b) Cuando se detecte durante su comisión en carretera el incumplimiento de
los tiempos de conducción diaria o de los períodos obligatorios de pausa o
descanso diario, salvo que la infracción deba reputarse leve y la distancia que
todavía deba recorrer el vehículo para alcanzar su destino no sea superior a 30
c) Cuando sean detectadas en carretera conductas infractoras en las que
concurran circunstancias que puedan entrañar peligro para la seguridad, aún
cuando no concurra ninguno de los supuestos señalados anteriormente.
A los efectos previstos en este punto, los miembros de los Servicios de
Inspección del Transporte Terrestre o los agentes de las fuerzas encargadas de la
vigilancia del transporte actuantes habrán de retener la documentación del vehículo
y, en su caso, la de la mercancía, así como la correspondiente autorización, hasta
que se subsanen las causas que dieron lugar a la inmovilización, siendo, en todo
caso, responsabilidad del transportista la custodia del vehículo, su carga y
seguridad, el transportista vendrá obligado a trasladar el vehículo hasta el lugar
que designe la autoridad actuante. En caso de no hacerlo, tal medida podrá ser
adoptada por aquélla. Los gastos que pudieran originar las operaciones
anteriormente señaladas serán, en todo caso, por cuenta del transportista, quien
deberá abonarlos como requisito previo a la devolución del vehículo.
los supuestos anteriormente indicados, cuando concurran circunstancias bajo las
que esa medida entrañaría un mayor peligro para la seguridad, las cuales deberán
quedar documentadas expresamente en su denuncia.
5. La comisión de las infracciones señaladas en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 14, 15.6, 15.7, 15.11, 15.18, 16, 17, 18, 20, 23, 37.1 y 37.2 del artículo
140, darán lugar a la pérdida de la honorabilidad de la persona que, en su caso,
ocupe el puesto de gestor de transporte en la empresa infractora, durante un plazo
no superior a un año, salvo que el órgano competente acuerde lo contrario
mediante resolución motivada, por estimar que ello resultaría desproporcionado en
el caso concreto de que se trate.
infracción muy grave en los 365 días anteriores a aquél en que cometió la que
ahora se sanciona.
pérdida de honorabilidad, independiente aunque simultáneamente a la tramitación
del que se sustancie a la empresa por la comisión de la infracción de que se trate.
En su caso, no procederá acordar la pérdida de honorabilidad del gestor, cuando
éste pruebe que los hechos constitutivos de la infracción no le resultaban
imputables por razón de su cargo.
Cuando la infracción se hubiese cometido careciendo de autorización, la
pérdida de honorabilidad afectará a la persona física que, en nombre propio o en
representación de una persona jurídica, hubiese formalizado el contrato o emitido
la factura de que se trate.
gestor de transporte, el órgano que la adopte lo comunicará al Registro de
Empresas y Actividades de Transporte para que realice la oportuna anotación y, de
oficio, lo comunique, a su vez, a la Administración competente sobre las
autorizaciones afectadas, a fin de que ésta proceda a su suspensión, en los
términos señalados en el artículo 52.»
Ochenta y dos. Los puntos 2, 3 y 4 del artículo 146 quedan redactados en los
«2. El procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en esta ley
se ajustará a las normas específicas que en ella se establecen y a las que
reglamentariamente se señalen. En lo no previsto en dichas normas se estará a lo
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
reincidencia o habitualidad en la conducta infractora contemplados en este capítulo,
la tramitación de todo procedimiento sancionador por la comisión de las infracciones
tipificadas en esta ley deberá incluir expresamente la consulta al Registro de
Empresas y Actividades de Transporte que permita conocer si existen sanciones
previas que determinen dicha reincidencia o habitualidad.
Las notificaciones se efectuarán, conforme proceda, en la dirección electrónica
o postal del interesado que figure en el Registro de Empresas y Actividades de
sancionar las infracciones previstas en esta ley, comunicarán al Registro de
Empresas y Actividades de Transporte las sanciones que impongan, con objeto de
que se realice la pertinente anotación, en el plazo máximo de 30 días, contados
desde la resolución sancionadora que ponga fin a la vía administrativa.
En todos aquellos supuestos en que el interesado decida voluntariamente
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 30 días siguientes a la
notificación del expediente sancionador, la cuantía pecuniaria de la sanción
inicialmente propuesta se reducirá en un 30 por ciento.
4. Con independencia de lo establecido en el punto 2, en la imposición y
ejecución de sanciones por infracciones cometidas por personas que no acrediten
su residencia en territorio español serán de aplicación las reglas que a continuación
se establecen, junto con las que, en su caso, se señalen reglamentariamente de
forma expresa:
quedará inmovilizado hasta que la empresa denunciada no pague la sanción
señalada o bien deposite su importe o garantice su pago.
El depósito que, en su caso, realice el denunciado deberá constituirse en
metálico en euros o utilizando una tarjeta de crédito.
Cuando el denunciado no haga efectivo el depósito del importe de la sanción
en el momento de la denuncia, se le permitirá, no obstante, que señale una persona
o entidad que constituya caución suficiente del pago del importe total de la sanción
propuesta en la denuncia, conforme a lo que reglamentariamente se determine.
ministerial competente en materia de transportes del país en que resida para que le
dé traslado, considerándose así realizada definitivamente la notificación.
c) Cuando las sanciones impuestas mediante resolución que ponga fin a la
vía administrativa no sean satisfechas en período voluntario, se podrá proceder, si
el vehículo de que se trate hubiera quedado inmovilizado durante la tramitación del
establezca, quedando el dinero obtenido afecto al pago del importe de la sanción,
de los gastos originados por la inmovilización y la subasta, así como de los gastos
que pudieran haberse producido como consecuencia de la responsabilidad del
transportista por la custodia del vehículo, su carga y pertenencias. El sobrante, si lo
hubiere, quedará a disposición de la persona denunciada.»
Cuando la Administración haya de hacerse cargo de la custodia de un vehículo
inmovilizado por alguna de las causas previstas en esta ley, advertirá expresamente
a su titular, a través de la correspondiente notificación, de que si transcurren más
de dos meses sin que haya formulado alegación alguna, se podrá acordar su
traslado a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos para su posterior
destrucción y descontaminación.»
Ochenta y cuatro. Se añade una nueva disposición adicional décima, con el
Se faculta al Gobierno para modificar las cuantías señaladas en el apartado b)
del artículo 46, cuando ello resulte pertinente para acomodarlo a los cambios que,
en su caso, puedan introducirse en la reglamentación de la Unión Europea.
Asimismo, se faculta al Gobierno para incorporar a nuestro ordenamiento
jurídico, por vía reglamentaria, las nuevas infracciones y criterios sancionadores
que, en su caso, puedan ser establecidos en el futuro por la referida reglamentación
Cuando la Comisión Europea, en uso de las facultades que le atribuye el
artículo 6.2 b) del Reglamento (CE) n.o. 1071/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas comunes
transportista por carretera y por el que se deroga la Directiva 96/26/CE determine
nuevas infracciones cuya comisión reiterada dé lugar a la pérdida de la
honorabilidad de la empresa transportista, el Gobierno, en la medida en que la
norma comunitaria lo permita, podrá establecer criterios de proporcionalidad que
relacionen dicha reiteración con la dimensión de la empresa infractora.»
Ochenta y cinco. Se añade una nueva disposición adicional undécima, con el
1. No obstante lo dispuesto en los artículos 22, 43 y 102, los transportes
realizados por la Cruz Roja Española y otras entidades cuya actividad principal sea
la prestación de servicios de asistencia sanitaria con una finalidad humanitaria y
social de carácter general, se considerarán complemento necesario de ésta, y, en
consecuencia se conceptuarán como transporte privado complementario, en los
a) Transporte de personas cuya asistencia sanitaria realice la propia entidad
operaciones de rescate y salvamento, accidentes, catástrofes, calamidades
públicas, conflictos sociales, epidemias, riesgos o siniestros colectivos y sucesos
d) Transportes sanitarios derivados de urgencias o emergencias no
e) Transporte inmediato de los lesionados en accidentes de tráfico al
correspondiente centro hospitalario o asistencial.
g) Servicios de transporte sanitario que se desarrollen en un territorio en que
los medios de transporte público y oficial existentes resulten insuficientes para
atender las necesidades de esta clase de transporte en dicho territorio.
h) Servicios de transporte sanitario que se desarrollen en un territorio en que
el nivel de competencia sea insuficiente o inadecuado para garantizar la libre
elección de usuario, a juicio del órgano que ostente la competencia en materia de
sanidad en dicho territorio.
Los costes que la prestación de los mencionados transportes genere a las
entidades a que se refiere esta disposición, se considerarán incluidos en el conjunto
de los que éstas soportan como consecuencia de su actividad general de carácter
humanitario y social y, por tanto, la remuneración que, en su caso, puedan percibir
por dicha prestación se entenderá siempre referida a dicha actividad general, no
atribuyéndosele, en consecuencia, el carácter de percepción independiente a los
efectos previstos en el apartado e) del artículo 102.2.
2. La Cruz Roja Española y demás entidades benéficas, al objeto de acreditar
el cumplimiento de los requisitos contemplados en el apartado d) del citado
artículo 102.2, podrán sustituir la documentación relativa a la integración de los
conductores en su organización por la que acredite la relación desinteresada que
guardan con ellas los correspondientes conductores.»
Ochenta y seis. Se añade una nueva disposición adicional duodécima, con el
El transporte por carretera de vehículos accidentados o averiados que se lleve
a cabo en el marco de una operación de auxilio en carretera se regirá por lo
dispuesto en esta ley, sin perjuicio de lo que, en su caso, se establezca en la
legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial acerca
de las condiciones de realización de tales operaciones o de las características que
deban cumplir las empresas que las desarrollen o los vehículos y demás medios
que se hayan de utilizar.»
1. Los artículos 3, 4 y el punto 1 del artículo 12 constituyen legislación básica,
dictada al amparo del artículo 149.1.13.a de la Constitución, que atribuye al Estado
la competencia sobre las bases y coordinación de la planificación general de la
2. El artículo 14 constituye legislación básica dictada al amparo del artículo
149.1.4.a y 16.a de la Constitución, que atribuyen al Estado, respectivamente, la
competencia sobre la Defensa y las bases y coordinación general de la sanidad.
3. El artículo 22 y los párrafos segundo y tercero del punto 3 del artículo 119
se dictan al amparo del artículo 149.1.6.a de la Constitución, que atribuye al Estado
la competencia sobre la legislación mercantil.
4. Los artículos 29, 30 y el último párrafo del artículo 31, en cuanto se refiere
este último a la colaboración en la homologación de los planes territoriales,
constituyen legislación básica dictada al amparo del artículo 149.1.4.a de la
Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre la Defensa.
5. Los puntos 2 y 3 del artículo 32 se dictan al amparo del artículo 149.1.29.a
de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre la seguridad
6. Los artículos 37 y 38 se dictan al amparo del artículo 149.1.6.a de la
Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre la legislación procesal.
7. Los párrafos primero y tercero del artículo 55; los puntos 10, 11, 15, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35 y 37 del artículo 140; los puntos 2, 5, 11, 12, 13 y 24
del artículo 141, y los puntos 2, 3, 4, 7 y 17 del artículo 142 se dictan al amparo del
artículo 149.1.21.a de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia en
materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.
8. El artículo 71, el punto 1 del artículo 72, el punto 1 del artículo 73 y los
artículos 75 y 85, constituyen legislación básica dictada al amparo del artículo
149.1.18.a de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia para dictar la
legislación básica sobre contratos administrativos.
9. El punto 2 del artículo 94 constituye legislación básica al amparo de lo
dispuesto en el artículo 149.1.1.a de la Constitución, que atribuye al Estado la
competencia para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos constitucionales.
10. Las restantes disposiciones de esta ley se dictan al amparo de lo
dispuesto en el artículo 149.1.21.a de la Constitución, que atribuye al Estado la
competencia sobre ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el
territorio de más de una comunidad autónoma.»
Se modifica el artículo 78 y se añade una disposición adicional decimotercera a la
1. Se crea la tasa de seguridad aérea que se regirá por esta ley y por las
demás fuentes normativas que para las tasas se establecen en la Ley 8/1989, de
13 de abril de Tasas y Precios Públicos.
2. Constituye el hecho imponible de la tasa de seguridad aérea la realización
por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de actividades y la prestación
de servicios de supervisión e inspección en materia de seguridad aérea.
3. Estarán obligados al pago de la tasa, en su condición de sujetos pasivos
contribuyentes, los pasajeros de salida que embarquen en los aeropuertos
españoles, independientemente de las etapas posteriores intermedias que pueda
realizar el vuelo y el destino del mismo. A estos efectos, tendrán la consideración
de pasajeros aquellas personas que sean transportadas en calidad de viajeros
como consecuencia de un contrato de transporte o de arrendamiento. Serán
sujetos pasivos sustitutos, el particular, Administraciones, organismos o compañía
aérea transportista, con quien el pasajero hubiera contratado el transporte o
4. La tasa no se aplicará al transporte de viajeros en aeronaves de Estado
españolas o al servicio de las Comunidades Autónomas y otras Entidades Locales,
siempre y cuando realicen servicios públicos no comerciales, o en aeronaves de
Estado extranjeras, en el caso de que los Estados a que pertenezcan concedan
análoga exención a las aeronaves de Estado españolas.
5. La tasa no se exigirá al transporte de viajeros cuando éstos hubiesen
adquirido el título de transporte en fecha anterior a la entrada en vigor de dicha
tasa, con independencia de la fecha en que se realice dicho transporte.
6. La tasa se devengará en el momento del embarque del pasajero y se
liquidará por el sujeto pasivo sustituto al gestor aeroportuario con antelación a la
salida de la aeronave que transporte al pasajero, o, cuando así se acuerde por el
gestor aeroportuario con la aprobación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea,
dentro de los primeros diez días de cada mes con referencia a los devengos
producidos en el mes anterior.
7. Las cantidades percibidas por el gestor aeroportuario por esta tasa serán
ingresadas por éste mensualmente, y siempre dentro de los quince primeros días
naturales, mediante transferencia directa a la Agencia Estatal de Seguridad
La cantidad a transferir cada mes (M) será la suma de todos los importes de los
derechos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea efectivamente cobrados por el
gestor aeroportuario durante el mes anterior (M-1). Dicha cantidad incluirá tanto los
importes facturados y percibidos por el gestor aeroportuario correspondientes a las
tasas devengadas en el mes inmediato anterior (M-1), como los importes
correspondientes a lo efectivamente cobrado en dicho mes por la facturación
correspondiente a meses anteriores que no se hubiera satisfecho en el mes de
devengo, incluyendo, en su caso, la parte proporcional de los posibles intereses
por demora en el pago.
Junto a la liquidación mensual correspondiente, el gestor aeroportuario
remitirá a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea una certificación en la que se
desglose la cantidad ingresada por el sujeto obligado al pago y por fecha de
devengo de la tasa, así como el número de pasajeros embarcados en el mes
9. Se aplicará a la cuantía de esta tasa las reducciones previstas en el
artículo 78.2 para la prestación patrimonial pública de seguridad aeroportuaria
devengada en los aeropuertos de las Islas Canarias, Illes Balears, Ceuta y Melilla.
10. La gestión y cobro de la tasa corresponde a la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, con la colaboración del gestor aeroportuario en los términos
establecidos en el apartado 7.
11. El importe íntegro de lo recaudado por esta tasa formará parte del
presupuesto de ingresos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.»
Ministros, a propuesta del Ministro de Fomento y previo informe de la Comisión Delegada
La revisión o modificación de dichas obligaciones únicamente requerirá el Acuerdo
del Consejo de Ministros y el informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Todas las referencias al Registro General de Transportistas y de Empresas de
Actividades Auxiliares y Complementarias del Transporte contenidas en la legislación
actualmente vigente deberán entenderse hechas al Registro de Empresas y Actividades
Los términos «concesión de transporte regular de viajeros» y «título concesional»
deberán considerarse sustituidos en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres y en las normas reglamentarias dictadas para su ejecución y
desarrollo por el término «contrato de gestión de servicio público de transporte regular de
viajeros de uso general».
En el mismo sentido, el término «concesionario» se sustituirá por el de «contratista
del servicio público».
Los términos «autorización habilitante para el transporte discrecional», «autorización
de transporte público discrecional» y «autorización de transporte discrecional», deberán
considerarse sustituidos por el término «autorización de transporte público».
competencia profesional para el ejercicio de las distintas actividades de transporte y
auxiliares y complementarias de éste en virtud de las diferentes disposiciones que hasta
esa fecha vinieron regulando esa materia, se asimilan al certificado de competencia
profesional conforme con el modelo aprobado por el Reglamento (CE) n.o 1071/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen
las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de
la profesión de transportistas por carretera y por el que se deroga la Directiva 96/26/CE.
Como consecuencia, se modificarán todas las anotaciones en la materia obrantes en
el Registro de Empresas y Actividades de Transporte, sustituyendo la denominación
«capacitación profesional para el ejercicio de (la actividad de que se trate)» por la
denominación «competencia profesional para el transporte de (mercancías o viajeros) por
Disposición adicional cuarta. Coordinación del Registro de Empresas y Actividades
de Transporte con otros Registros.
Ministerios de Justicia y de Fomento adoptarán las medidas necesarias para que el
Registro Mercantil y el Registro de Empresas y Actividades de Transporte estén
coordinados, de manera que se pueda obtener información recíproca relativa a la
denominación, domicilio y capital social de las empresas titulares de autorizaciones de
transporte o de operador de transporte, así como a la identidad de las personas que
ostentan su representación.
Ministerios del Interior y de Fomento adoptarán las medidas necesarias para que el
Registro de Empresas y Actividades de Transporte y los diferentes Registros de la
Dirección General de Tráfico estén coordinados, de manera que se pueda obtener
información recíproca en relación con sus contenidos.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2.a) de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, para la expedición de
En aplicación de los principios contemplados en el artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26
Las obligaciones registrales señaladas en el artículo 53 de la Ley 16/1987, de 30 de
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres serán también de aplicación a los
títulos y licencias habilitantes para la realización de transporte por ferrocarril, aunque ese
artículo se ubique dentro de su título II.
Disposición adicional sexta. Acción directa contra el cargador principal en los
supuestos de intermediación.
En los supuestos de intermediación en la contratación de transportes terrestres, el
transportista que efectivamente haya realizado el transporte tendrá acción directa por la
parte impagada, contra el cargador principal y todos los que, en su caso, le hayan
precedido en la cadena de subcontratación, en caso de impago del precio del transporte
por quien lo hubiese contratado, salvo en el supuesto previsto en el artículo 227.8 del
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Disposición transitoria primera. Servicios regulares de transporte de viajeros por
carretera de uso general con un bajo índice de utilización y servicios regulares
Las autorizaciones especiales otorgadas al amparo de los suprimidos artículos 87 y
88 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, para la
explotación de servicios públicos regulares de viajeros por carretera de uso general de
bajo índice de utilización y de servicios regulares temporales continuarán vigentes hasta
que expire el plazo por el que fueron otorgadas.
Desde la entrada en vigor de esta ley, la prestación de esa clase de servicios deberá
ser objeto de un contrato de gestión de servicio público ajustado al nuevo régimen de
aplicación a los servicios regulares de viajeros de uso general.
Disposición transitoria segunda. El Registro de Empresas y Actividades de
1. El Ministerio de Fomento deberá hacer efectiva la publicidad plena del Registro,
en los términos señalados en el apartado a) del punto 6 del artículo 53 de la Ley 16/1987,
de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en un plazo no superior a un
año, contado desde la fecha de entrada en vigor de esta ley.
2. Una vez cumplidas las previsiones contenidas en el punto anterior de esta
disposición en materia de publicidad registral, podrá suprimirse, reglamentariamente, la
exigencia de que alguna clase de autorizaciones de transporte, o la totalidad de éstas, se
documente formalmente en tarjetas de transporte, cuando ello no suponga detrimento del
adecuado control del cumplimiento de las reglas de ordenación del mercado.
Disposición transitoria tercera. Equipamiento informático de las empresas y
electrónica y el equipamiento informático señalados en el apartado e) del artículo 43.1 de la
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres hasta que hayan
de realizar el más próximo visado de sus autorizaciones con posterioridad al año 2014.
La comunicación por medios electrónicos entre la Administración y los titulares de
autorizaciones, licencias y contratos, prevista en el artículo 56 de la mencionada ley, no
se aplicará hasta que, de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior, los sujetos
afectados estén obligados a disponer de firma y equipamiento informático.
Disposición transitoria cuarta. Realización de oficio del visado de las autorizaciones
reguladas en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
La realización del visado de las autorizaciones reguladas en la Ley 16/1987, de 30 de
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres comenzará a realizarse de oficio por la
Administración desde que todos los sujetos afectados estén obligados a disponer de
dirección y firma electrónica y del equipamiento informático de conformidad con lo
señalado en la disposición transitoria anterior.
1. Quedan derogados el Título VI (artículos 150 a 165) de la Ley 16/1987, de 30 de
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres; los artículos 52 y 53, el punto 3 del
artículo 73 y los Títulos VII y VIII del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres; el
Decreto de 7 de julio de 1936, por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de los
transportes terrestres; la Orden ministerial de 9 marzo de 1942, dictando con carácter
general las normas de aplicación del beneficio de la reducción de precio en favor de las
familias numerosas en los billetes de ferrocarriles; la Orden ministerial de 27 de febrero
de 1946, pases en los servicios públicos de transporte de viajeros; la Orden ministerial
de 3 de agosto de 1950, tarifas de facturación de equipajes y encargos en las estaciones
de autobuses; la Orden ministerial de 14 de abril de 1988, de sustitución de concesiones
de transporte regular de viajeros por carretera; la Orden ministerial de 3 de diciembre
de 1992, por la que se determinan las condiciones esenciales de las autorizaciones de
transporte público de mercancías y de agencias de transportes, a efectos de lo dispuesto
en el artículo 200, en relación con el 198 c) y 201.6 del Reglamento de Ordenación de los
Transportes Terrestres; la Orden ministerial de 20 de junio de 1995, por la que se modifican
los regímenes de suspensión y de rehabilitación de las autorizaciones de transporte por
carretera y de sus actividades auxiliares y complementarias; la Orden ministerial de 23 de
julio de 1997, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de cooperativas de transportistas y
sociedades de comercialización, y cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango al
de esta ley que se opongan a lo que en ella se dispone.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior, se declara expresamente vigente
la Orden de 2 de agosto de 2001 por la que se desarrolla el artículo 235 del Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de supresión y
Disposición final primera. El Reglamento de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
1. Se declara vigente el Reglamento de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de
septiembre, y las disposiciones dictadas para su ejecución, en lo que no se opongan a lo
dispuesto en esta ley ni en las disposiciones aprobadas por la Unión Europea que resulten
2. En el plazo de dos años, contados desde la entrada en vigor de esta ley, el
Gobierno adaptará el referido Reglamento a las modificaciones introducidas en el
contenido de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Las disposiciones de esta ley, mediante la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, se dictan al amparo de los siguientes
1. Las que modifican el artículo 22 y los párrafos segundo y tercero del punto 3 del
artículo 119, así como la disposición transitoria tercera, al amparo del artículo 149.1.6.a de
la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre la legislación mercantil.
2. La que modifica el artículo 38, al amparo del artículo 149.1.6.a de la Constitución,
que atribuye al Estado la competencia sobre la legislación procesal.
3. Las que modifican el artículo 71, el punto 1 del artículo 72, el punto 1 del artículo 73 y
los artículos 75 y 85, constituyen legislación básica dictada al amparo del artículo 149.1.18.a
de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia para dictar la legislación básica
4. Las que modifican los puntos 10, 11, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35 y 37
del artículo 140; los puntos 2, 5, 11, 12, 13 y 24 del artículo 141, y los puntos 2, 3, 4, 7 y 17
del artículo 142, al amparo del artículo 149.1.21.a de la Constitución, que atribuye al
Estado la competencia en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.
5. Las restantes disposiciones, al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.21.a
de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre ferrocarriles y transportes
terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma.
Disposición final tercera. Autorización para elaborar un texto refundido de la Ley de
Se autoriza al Gobierno para que, en el plazo de un año, contado desde la entrada en
vigor de esta ley, refunda en un solo texto la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres y las diversas modificaciones de ésta que se han ido
produciendo desde su entrada en vigor, regularizando, aclarando y armonizando los
preceptos refundidos entre sí.
1. Esta ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, el artículo segundo entrará
en vigor a los tres meses de su publicación en el «».

References: Real Decreto 
 artículo 138
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 43
 artículo 43
 artículo 43
 artículo 45
 artículo 43
 artículo 11
 artículo 4
 artículo 51
 artículo 51

resolución 
 artículo 57
 artículo 74
 artículo 70
 artículo 42
 artículo 73

artículo 42
 resolución 
 artículo 72
 artículo 73
 resolución

 resolución 
 resolución 
 artículo 82
 artículo 85
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 82
 resolución 
 resolución 
 artículo 82
 artículo 42

artículo 42
 artículo 94
 artículo 54
 artículo 54

artículo 42
 artículo 102
 artículo 137
 artículo 42
 artículo 138

artículo 21

artículo 140
 artículo 140
 artículo 140
 artículo 140
 artículo 140
 artículo 140
 artículo 140

artículo 140
 artículo
24
 artículo 140
 resolución

 artículo 140
 artículo 140

artículo 141
 artículo 140
 artículo 140
 artículo 141

artículo 140
 artículo 142
 artículo 142
 artículo 142
 artículo 141
 artículo 141
 artículo 141
 artículo 140
 artículo 140
 artículo 140
 resolución 
 artículo 140
 artículo 140
 artículo 141
 artículo
140
 resolución 
 artículo 52
 artículo 146
 resolución 
 resolución 
 artículo 46

artículo 6
 artículo 102

artículo 102
 artículo 12
 artículo 149
 artículo 14
 artículo
149
 artículo 22
 artículo 119
 artículo 149
 artículo 31
 artículo 149
 artículo 32
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 55
 artículo 140
 artículo 141
 artículo 142

artículo 149
 artículo 71
 artículo 72
 artículo 73
 artículo
149
 artículo 94
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 78

artículo 78
 artículo 11
 artículo 4
 artículo 53
 artículo 227
 Real Decreto

 artículo 53
 artículo 43
 artículo 56

artículo 73
 Real Decreto 
 artículo 200
 artículo 235
 Real Decreto 
 artículo 22

artículo 119
 artículo 149
 artículo 38
 artículo 149
 artículo 71
 artículo 72
 artículo 73
 artículo 149
 artículo 140
 artículo 141
 artículo 142
 artículo 149
 artículo 149