Source: https://boe.vlex.es/vid/infracciones-administrativas-cambios-15381012
Timestamp: 2019-05-23 07:20:25+00:00

Document:
REAL DECRETO 1392/1993, de 4 de agosto, por el que se regula el Procedimiento sancionador de las Infracciones administrativas en materia de Control de Cambios. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 15381012
Marginal: BOE-A-1993-20862
Disposiciones generales. - arts. 1 a 11
Las infracciones administrativas en materia de control de cambios se encuentran reguladas, junto con sus correspondientes sanciones, en la Ley 40/1979, de 10 de diciembre, sobre régimen jurídico de control de cambios. En esta Ley, así como en el Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre transacciones económicas con el exterior, que la desarrolla, se establecen además distintas disposiciones conexas: Organos competentes para imponer la sanción, relaciones con la jurisdicción penal, plazos de prescripción de infracciones y sanciones, posibilidad de adopción de medidas cautelares para asegurar la eficacia de una futura resolución sancionadora, normas para la ejecución de las resoluciones, así como los órganos competentes para la vigilancia y prevención de este tipo de infracciones. Sin embargo, para la tramitación de los procedimientos, ambas normas contienen una remisión al capítulo II del título VI de la Ley de Procedimiento Administrativo, que quedó derogado a la entrada en vigor de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Posteriormente se ha promulgado el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. Y esto determina la necesidad de adecuar el procedimiento sancionador de las infracciones de control de cambios a los principios recogidos en la nueva Ley y al citado Real Decreto, adecuación que se justifica en las peculiaridades de la materia sobre la que versa este procedimiento, expresadas particularmente en las disposiciones de la Ley 40/1979 y del Real Decreto 1816/1991, antes citadas.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, previa aprobación del Ministerio para las Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de agosto de 1993,
El acuerdo de iniciación se dictará de oficio bien por propia iniciativa del Director general de Transacciones Exteriores, bien como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.
Las peticiones razonadas de iniciación formuladas por cualquier órgano administrativo que haya tenido conocimiento de los hechos que pudieran constituir infracción de control de cambios especificarán la persona o personas presuntamente responsables, los hechos que pudieran constituir infracción administrativa, así como, de ser posible, la fecha, fechas o período de tiempo continuado en que los hechos se produjeron.
Las peticiones procedentes de los órganos competentes para la investigación y prevención de los delitos monetarios e infracciones administrativas de control de cambios de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 40/1979 se realizarán mediante la remisión de la documentación, del acta de investigación a que se refiere el artículo 16 del Real Decreto 1816/1991, así como del correspondiente informe.
La denuncia deberá expresar el nombre, apellidos y número de documento nacional de identidad o pasaporte de la persona o personas que la presentan, el relato de los hechos que pudieran constituir infracción y cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables.
La presentación de una petición razonada o denuncia no vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, si bien deberá comunicar a los autores de aquéllas los motivos por los que, en su caso, no proceda la iniciación del procedimiento.
El órgano competente para disponer la iniciación del procedimiento sancionador podrá, como fase previa, realizar una información para conocer los hechos presuntamente cometidos, sus circunstancias y cuantos datos se estimen necesarios o convenientes a los efectos del ejercicio de la potestad sancionadora.
La información se realizará por el órgano o unidad administrativa que designe el competente para iniciar el procedimiento sancionador.
En los procedimientos por infracciones de control de cambios cuya cuantía no supere los veinte millones de pesetas, el presunto responsable de la infracción podrá solicitar la interrupción del procedimiento ordinario en la forma y con los requisitos establecidos en el artículo 14 de la Ley 40/1979.
Constatada la concurrencia de las circunstancias a que se refiere el artículo citado, el instructor acordará la interrupcion del procedimiento y la elevación de la propuesta de resolución al órgano competente, según lo dispuesto en el apartado 2 de dicho artículo, lo que suspenderá el plazo de seis meses para dictar resolución. Dentro del plazo de treinta días desde la elevación de la propuesta de resolución, el órgano competente resolverá la imposición de la sanción correspondiente u ordenará la prosecución del procedimiento ordinario, lo que se comunicará al instructor, quien lo notificará inmediatamente a los interesados. El cómputo del plazo para dictar resolución se reanudará, bien en la fecha de dicha notificación, bien una vez transcurrido el plazo de treinta dias sin que haya recaído resolución o acordado la continuación del procedimiento ordinario.
DECRET 336/1998, de 15 de desembre, pel qual es regulen les meses locals d'ocupació.

References: Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 17
 artículo 16
 Real Decreto 
 artículo 14
 resolución 
 resolución 
 resolución