Source: https://prl.ceoe.es/informacion/prl-en-el-mundo/republica-dominicana/
Timestamp: 2018-12-17 06:34:19+00:00

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República Dominicana – Prevención de Riesgos Laborales – CEOE
En los últimos años, República Dominicana ha experimentado un fuerte desarrollo en cuanto a la regulación de los derechos y obligaciones atribuibles a empresarios y trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Hasta el año 2006, la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su trabajo venía principalmente regida por el Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial, norma que fue promulgada el 30 de diciembre de 1966. Debido al desarrollo tecnológico experimentado en las últimas décadas en el país y a los cambios asociados en los procesos de trabajo, esta norma acabó quedando obsoleta. La consecuencia de ello fue que la mayoría de las empresas que implementaban programas de prevención en la República Dominicana utilizaban como referencia normativas internacionales, en especial la legislación estadounidense en materia de seguridad y salud laboral.
Esta realidad cambió en el año 2006 con la promulgación del Decreto Nº 522-06, del 17 de octubre de 2006, por el que se aprobó el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, que supone dispone de un notable desarrollo en cuanto a las obligaciones que conciernen a la protección de la seguridad y salud de la población trabajadora. Aun así, existen algunos riesgos específicos que siguen sin contar con una regulación nacional y que por lo tanto deben observarse normas y estándares reconocidos internacionalmente.
Se listan seguidamente las principales normas por las que se regula, de forma exclusiva o en parte, la seguridad y salud laboral en República Dominicana:
• Decreto nº 522-06, del 17 de octubre de 2006, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo: Tal y como se ha comentado anteriormente, supone la principal norma jurídica del país por la que se regula la protección en el trabajo. Cabe decir, no obstante, que se trata de una norma bastante escueta, estableciendo derechos y obligaciones generales que posteriormente son desarrollados por otras normas con menor rango de Ley.
• Resolución nº 04/2007, del 30 de enero de 2007, por la que se establecen las Condiciones Generales y Particulares de Seguridad y Salud en el Trabajo: Existen dos normas en República Dominicana que desarrollan el contenido del Decreto nº 522-06, del 17 de octubre de 2006, y la principal de ellas es esta. Es la norma nacional que más disposiciones establece en materia de SST. Entre otros aspectos, regula los requisitos aplicables a:
o Condiciones de seguridad y salud en el lugar de trabajo.
o Condiciones de seguridad para la utilización de las maquinarias y herramientas de trabajo.
o Riesgos físicos, químicos y biológicos en el lugar de trabajo.
o Señalización de seguridad en el lugar de trabajo.
o Equipos de Protección Individual en el lugar de trabajo.
o Comités Mixtos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
o Requisitos del Programa de Seguridad y Salud en el lugar de trabajo.
o Criterios para la selección y colocación de trabajadores.
o Obras de construcción e ingeniería civil.
• Resolución 07-2007, de 2007, relativo al registro y certificación de los Proveedores de Servicios en Seguridad y Salud: Establece los requisitos que deberán cumplir los profesionales de seguridad y salud ocupacional para poder desempeñar su profesión dentro del territorio nacional.
• Ley nº 16-92, que aprueba el Código de Trabajo de la República Dominicana: Constituye el principal texto por el que se regulan los derechos y obligaciones atribuidos a empresario y trabajadores en materia de empleo. Si bien no dispone de ninguna sección específica en materia de seguridad y salud laboral, sí que establece obligaciones en cuanto a la protección especial que deberán brindarse a determinados colectivos de trabajadores, como es el caso de los menores y las mujeres embarazadas.
• Resolución nº 02-93, por la que se definen los trabajos considerados como peligrosos e insalubres.
Otras normas que disponen algunas referencias concretas en materia de seguridad y salud laboral:
• Ley nº 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social y especifica la responsabilidad de la Secretaria de Estado del Trabajo en el establecimiento de la Política Nacional de Prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
• Reglamento sobre el Seguro de Riesgos Laborales como norma complementaria a la Ley nº 87-01.
• Ley General de Salud nº 42-01, del 8 de marzo de 2001 que tiene por objeto la regulación de todas las acciones que permitan al Estado hacer efectivo el derecho a la salud de la población, reconocido en la Constitución Política de República Dominicana.
En República Dominicana, las dos principales normas por las que se regula la protección de la seguridad y salud de los trabajadores son:
• Decreto nº 522-06, del 17 de octubre de 2006, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Resolución nº 04/2007, del 30 de enero de 2007, por la que se establecen las Condiciones Generales y Particulares de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El ámbito de aplicación de ambas normas no varía, viniendo éste definido en el artículo 1 del Decreto nº 522-06 (Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo). En él se dispone que dicha norma sea de aplicación a todas las ramas de actividades laborales que sean ejecutadas en el ámbito del país, dentro de los límites previstos por el Principio III del Código de Trabajo de la República Dominicana.
En cuanto a los límites a los que hace referencia el Principio III del Código de Trabajo de la República Dominicana, son los siguientes:
• Funcionarios y empleados públicos (no entran dentro de esta categoría aquellos trabajadores que prestan servicios en empresas del Estado y en sus organismos oficiales autónomos de carácter industrial, comercial, financiero o de transporte).
• Miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
En definitiva, el ámbito de aplicación de las principales normas del país en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo aplican a todos los centros de trabajo del país, exceptuando los dos colectivos citados anteriormente.
Existen en República Dominicana diversos organismos públicos cuya actividad está directa o indirectamente relacionada con la seguridad y salud en el trabajo. Se desarrollan a continuación los más relevantes:
• Ministerio de Trabajo: Es la más alta autoridad por ley en materia de administración del trabajo asalariado. Entre las funciones atribuidas a este organismo, está la de armonizar aquellos aspectos en materia laboral que pudieran verse afectados como consecuencia de los procesos de integración económica. También asume una función conciliadora y de resolución de conflictos entre las organizaciones de empresarios y trabajadores del país.
• Secretaría de Estado del Trabajo: Es el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y encargado de diseñar la Política Nacional en materia de SST, presidir el Consejo Nacional de Seguridad Social y el Consejo Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (CONSSO). Se encarga también de velar por el efectivo cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo y otra normativa específica en la materia.
• Dirección de Higiene y Seguridad Industrial: Es la principal estructura encargada de la aplicación de la regulación en materia de seguridad y salud ocupacional en el país. Se trata de un órgano técnico dependiente de la Secretaría de Estado de Trabajo que tiene por finalidad prevenir y controlar los riesgos de accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. Sus principales funciones son:
o Realizar evaluaciones de riesgos y mediciones para comprobar la toxicidad de sustancias, métodos o equipos de trabajo utilizado en los procesos productivos.
o Investigar las causas y factores determinantes de los accidentes de trabajo, de las enfermedades profesionales u ocupacionales y el impacto de los factores de riesgo en la salud de los trabajadores, proponiendo las medidas preventivas procedentes.
o Promover y desarrollar programas de investigación sobre métodos y técnicas de seguridad y salud en el trabajo.
o Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.
o Elaborar guías y manuales sobre riesgos laborales que sirvan de instrumento para planificar las políticas de prevención en los lugares de trabajo.
o Coordinar con la Dirección de Coordinación del Sistema de Inspección (DCSI), la realización de visitas a las empresas, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.
o Asesorar a las empresas que lo soliciten, en relación con la normativa existente, en todo aquello relacionado con la higiene y seguridad en el trabajo.
o Promover y dar seguimiento a las empresas, para la creación de Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo o para la designación de un coordinador en aquéllas donde el número de trabajadores no requiera la creación de un comité.
o Colaborar con las instituciones que tengan incidencia en las empresas u organizaciones en la definición y el establecimiento de normas que tiendan a asegurar la seguridad y la salud de los trabajadores.
o Promocionar, educar y capacitar sobre prevención de los riesgos laborales y sus efectos en la salud.
• Consejo Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (CONSSO): Órgano consultivo y asesor de la Secretaría de Estado de Trabajo en materia de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Se trata de un organismo compuesto de forma tripartita, aglutinando representantes del Estado, de los empresarios y de los trabajadores de la República. Entre sus funciones destacan las siguientes:
o Sugerir a la Secretaría de Estado de Trabajo programas y planes sectoriales con la finalidad de mantener en el país el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores y trabajadoras.
o Fomentar e incentivar la prevención de todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo, la organización del trabajo y los factores de riesgo presentes en el medio laboral.
o Promover la protección del trabajador y de la trabajadora contra los riesgos resultantes por la presencia de agentes nocivos a la salud en los lugares donde desempeñan sus actividades laborales.
o Promover los reglamentos y las normativas necesarios para garantizar en todos los lugares de trabajo condiciones óptimas de salud y seguridad.
o Fomentar la preparación de directrices técnicas, manuales, estándares para la selección de dispositivos de seguridad y de equipos de protección personal de los trabajadores para las diferentes actividades laborales.
o Fomentar e incentivar la educación a todos los niveles sobre la seguridad y salud ocupacional.
En República Dominicana, la norma por la que se establece la definición legal de los principales términos en relación a la seguridad y salud en el trabajo es el Decreto nº 522-06, del 17 de octubre de 2006, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El artículo 2 de este Reglamento dispone las definiciones siguientes:
• Accidente de Trabajo: Es un acontecimiento no deseado, que causa daños a las personas, daños a la propiedad e interrupciones en el proceso productivo.
• Acción preventiva: Es toda acción necesaria para eliminar o evitar las situaciones laborales que supongan una amenaza a la salud de los trabajadores o de terceros, teniendo como finalidad propiciar un ambiente laboral sano y seguro.
• Actividad laboral: Es aquélla que abarca todas las ramas de la actividad productiva y de servicios en las que hay implicados trabajadores y empleadores.
• Alteración de la salud derivada del trabajo: Son las enfermedades o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo realizado por cuenta ajena.
• Asesorías: Son las orientaciones o consejos que son ofrecidos para el cumplimiento de las normas relativas a la seguridad y salud en el trabajo; así como sobre buenas prácticas para preservar las mismas.
• Condición de trabajo: Cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador.
• Condiciones Peligrosas: Es la exposición al riesgo.
• Contaminación del aire: Es aquella que comprende el aire contaminado por sustancias que, cualquiera que sea su estado físico, sean nocivas para la salud o entrañen cualquier tipo de peligro.
• Empleador: Es la persona física o jurídica a quien es prestado el servicio, en virtud de un contrato de trabajo.
• Enfermedad ocupacional o profesional: Es la contraída por un trabajador como consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena, y que es provocada por los factores y las condiciones existentes en su oficio u ocupación.
• Evaluación de riesgos: Es el estudio cualitativo y cuantitativo de los factores de riesgo presentes en los lugares de trabajo.
• Espacio Confinado: Es cualquier área que no está diseñada para ser ocupada continuamente por personas, con accesos y ventilación limitados y susceptible a peligros de inundación de agua, gases o particular sólidas…o que contenga una atmósfera potencialmente conocida peligrosa; un material con potencial de peligro de atrapamiento para la persona que entre; una configuración que implique el riesgo de atrapamiento o asfixia por tener internamente paredes convergentes o un piso con inclinación hacia abajo y que termine en sección transversal más pequeña; o que contenga cualquier otro peligro serio.
• Lugar de Trabajo: Abarca todos los sitios donde los trabajadores deben permanecer o donde tienen que acudir por razón de su trabajo, bajo el control directo o indirecto del empleador.
• Empresa: Se entiende como tal la unidad económica de producción o de distribución de bienes y servicios.
• Máquinas: Se consideran como tales todos los equipos movidos por una fuerza no humana.
• Prevención: Son las actividades orientadas a eliminar o controlar los riesgos para evitar accidentes y/o enfermedades profesionales.
• Proveedor de Servicio de Seguridad y Salud: Es la persona física o jurídica, nacional o extranjera, debidamente certificada por la Secretaría de Estado de Trabajo, dedicada a capacitar, realizar evaluaciones de riesgos y a ofrecer asesoría en el ámbito de la seguridad y la salud laboral.
• Registro Nacional de Proveedores de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es el registro que a nivel nacional lleva la Secretaría de Estado de Trabajo de los Proveedores de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo, certificados para la prestación de sus servicios en la República Dominicana.
• Riesgo laboral grave e inminente: Es toda condición que resulte racionalmente predecible, que se materialice en un futuro inmediato y que pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.
• Riesgo Laboral: Es una condición con el potencial suficiente para generar accidentes y/o enfermedades ocupacionales o profesionales.
• Salud (en relación con el trabajo): No solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, sino también los elementos físicos y mentales que afectan a la salud y están directamente relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
• Trabajador: Es toda persona física que presta un servicio material o intelectual, en virtud de un contrato de trabajo.
• Valor Umbral Limite: Es un valor límite, recomendado para aproximadamente 600 compuestos químicos, sustancias químicas, agentes físicos e índices biológicos de exposición.
• Ventear: Diluir o arrastrar una sustancia (gas, vapor, partícula, etc.) de un equipo o área determinada, haciéndolo pasar a través del sistema un flujo de vapor, aire o agua.
• Vía de Exposición: Es la vía de entrada del contaminante al organismo. Puede ser inhalatoria, oral, dérmica, parenteral u otras.
Las obligaciones generales legalmente exigidas a la figura del empresario en materia de seguridad y salud ocupacional vienen dispuestas en el artículo 6 y siguientes del Decreto nº 522-06, del 17 de octubre de 2006, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Tal y como dispone el artículo 6 de la norma, el empresario ostenta la responsabilidad general de proteger a sus trabajadores frente a los riesgos laborales a los que puedan estar expuestos. Este deber de protección deberá darse en todos los aspectos relacionados con el trabajo, adoptando a tales efectos cuantas medidas sean necesarias.
También se establece la obligación del empresario de atender a las obligaciones contenidas en otras normas y regulaciones específicas en materia de seguridad y salud (desarrolladas a lo largo de los apartados que componen la presente guía) y del Código de Trabajo.
Además, se dispone en el mismo artículo el deber del empresario de registrar los datos relativos a los accidentes de trabajo, así como incidentes que comporten daños materiales con motivo del ejercicio de la actividad de la empresa.
Por otra parte, el artículo 7 del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo establece una serie de obligaciones específicas que contribuyen al cumplimiento del deber general de protección al que hace referencia el artículo anterior de la norma, siendo éstas:
• Evitar los riesgos en su origen.
• Planificar la prevención, en un conjunto coherente que integre la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
• Controlar los riesgos que no se puedan evitar desde el punto vista técnico.
• Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con el objetivo de atenuar el trabajo monótono y repetitivo y reducir los efectos negativos sobre la salud.
• Tomar en cuenta la evolución tecnológica en relación a la prevención de riesgos laborales.
• Sustituir lo peligroso por lo que implique el menor riesgo posible o ningún riesgo para el trabajador.
• Dar las debidas instrucciones a los trabajadores en relación a la prevención.
• Proporcionar, sin ningún coste para el trabajador, los equipos de protección individual adecuados.
• Adoptar las medidas de prevención, apropiadas a las características de las diferentes ramas de actividad económica y de los diferentes tipos de trabajo.
• Tomar las medidas necesarias, en lo que atañe a la duración del trabajo y a los periodos de descanso, para que no causen daño a la seguridad y a la salud de los trabajadores; así como tomar las medidas razonables y factibles con miras a eliminar toda fatiga física o mental excesivas.
• Cuando se haya producido un daño a la salud de los trabajadores, realizar una investigación al respecto, a fin de detectar las causas que van originado dicho daño.
• Prever la disponibilidad de un servicio de medicina en el trabajo, dentro de la empresa o mediante acuerdos con un organismo exterior.
• Garantizar a los trabajadores a su cargo la vigilancia periódica de su estado de salud, en función de los riesgos inherentes al trabajo.
• Tomar medidas de control ante cualquier riesgo que haya sido identificado.
La regulación de los derechos y obligaciones atribuidos a la figura del trabajador por parte de la normativa dominicana en la materia viene específicamente dispuesta en los artículos 4 y 5 del Decreto nº 522-06, del 17 de octubre de 2006, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Derechos de los trabajadores (art. 4, Decreto Nº 522-06)
• Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
• Los trabajadores tienen derecho a participar en el diseño, adopción y cumplimiento de las acciones preventivas. Dicha participación incluye la consulta acerca de la evaluación de riesgos y de la consiguiente planificación y organización de la acción preventiva, así como el acceso a la documentación correspondiente.
• El trabajador tiene derecho a interrumpir su actividad laboral cuando la misma entrañe un riesgo grave e inminente para su vida o salud.
Obligaciones (art. 5, Decreto Nº 522-06)
• Cumplir con las directrices y normas de prevención establecidas por el empleador, sin perjuicio de las demás obligaciones previstas por las disposiciones legales que rigen la materia.
• Dar cumplimiento a las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su seguridad y salud y la de otras personas que puedan resultar afectadas por su actividad profesional o bien a causa de sus actos y omisiones, de conformidad con su capacitación y las instrucciones dispuestas por el empleador.
• Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte u otros medios con los que desarrollen su actividad.
• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste y el uso ordinario de los mismos.
• Utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes y mantenerlos en buen estado de funcionamiento.
• Informar de inmediato a su superior jerárquico directo sobre cualquier situación susceptible de entrañar un peligro inminente para su vida o salud.
• Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente, con el fin de garantizar la seguridad y la salud en el trabajo.
• Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras y que no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.
• Velar, dentro de los límites razonables, por su propia seguridad y por la de las otras personas a quienes puedan afectar sus actos u omisiones en el trabajo.
• Observar los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo.
En República Dominicana, una de las principales responsabilidades atribuidas al empresario consiste en evaluar los riesgos profesionales a los que está expuesto el conjunto de trabajadores a su cargo. La regulación de este deber viene establecida en algunas disposiciones contenidas en el Decreto nº 522-06, del 17 de octubre de 2006, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Tal y como establece el artículo 6 de la norma, los empresarios tienen la obligación de proteger a los trabajadores frente a los riesgos laborales. En cumplimiento de este deber general, deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio, en todos los aspectos relacionados con el trabajo, a través de la adopción de todas las medidas preventivas necesarias.
A efectos de aplicar unas medidas preventivas adecuadas, se hace indispensable realizar un análisis de los riesgos profesionales presentes en cada uno de los puestos de trabajo, así como los derivados de las condiciones materiales del centro de trabajo.
Por otra parte, tal y como se dispone en el artículo 4.2, los trabajadores tienen derecho a participar en el diseño, la adopción y el cumplimiento de las acciones preventivas. Dicha participación incluye la consulta acerca de la evaluación de riesgos y de la consiguiente planificación y organización de la acción preventiva, así como el acceso a la documentación correspondiente.
Dicho esto, la norma también establece en su artículo 8.2 la obligación atribuida al empresario de volver a realizar una evaluación de riesgos cuando se produzca alguna modificación sustancial en las condiciones de trabajo. En concreto, cada vez que se introduzcan nuevos productos, maquinarias o métodos de trabajo, el empleador deberá remitir a la Secretaría de Estado de Trabajo los cambios introducidos en el programa de seguridad y salud en el trabajo y la correspondiente solicitud de evaluación de los riesgos, con respecto a los mismos. Asimismo, el empleador deberá velar por la aplicación de las acciones preventivas correspondientes a dichos cambios e informar y capacitar a los trabajadores en lo que concierne a las consecuencias de estos nuevos productos, maquinarias o métodos de trabajo.
Para la definición de medidas y acciones preventivas, el empresario deberá tener en cuenta los principios siguientes:
1. Evitar los riesgos en su origen.
2. Planificar la prevención, en un conjunto coherente que integre la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
3. Controlar los riesgos que no se puedan evitar desde el punto vista técnico.
4. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con el objetivo de atenuar el trabajo monótono y repetitivo y reducir los efectos negativos sobre la salud.
5. Tener en cuenta la evolución tecnológica en relación a la prevención.
6. Sustituir lo peligroso por lo que implique el menor riesgo posible o ningún riesgo para el trabajador.
7. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
8. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores en relación a la prevención.
9. Proporcionar, sin ningún coste para el trabajador, los equipos de protección individual adecuados.
10. Adoptar las medidas de prevención, apropiadas a las características de las diferentes ramas de actividad económica y de los diferentes tipos de trabajo.
11. Tomar las medidas necesarias, en lo que atañe a la duración del trabajo y a los periodos de descanso, para que no causen daño a la seguridad y a la salud de los trabajadores; así como tomar las medidas razonables y factibles con miras a eliminar toda fatiga física o mental excesivas.
12. Implementar las medidas preventivas de lugar establecidas en este Reglamento, cuando se haya producido un daño a la salud de los trabajadores, para lo cual el empleador realizara una investigación al respecto, a fin de detectar las causas que van originado dicho daño.
13. Prever la disponibilidad de un servicio de medicina en el trabajo, dentro de la empresa o mediante acuerdos con un organismo exterior.
14. La empresa garantizará a los trabajadores a su servicio, la vigilancia periódica de su estado de salud, en función de los riesgos inherentes al trabajo. Dicha periodicidad nunca excederá de un año. Los reconocimientos médicos y cualquier actividad de vigilancia de la salud, en el lugar de trabajo, deben ser realizados por médicos que tengan la especialidad o master en salud ocupacional o bajo la supervisión de éstos.
15. La empresa tiene el deber ético y moral, así como la obligación legal, de tomar medidas de control ante cualquier riesgo que haya sido identificado, independientemente que esté o no contenido en el presente Reglamento.
En República Dominicana, la regulación concerniente a la planificación de la actividad preventiva viene dispuesta de forma general en el artículo 8 del Decreto nº 522-06, del 17 de octubre de 2006, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por otra parte, los elementos que deberán componer el contenido de estos Programas vienen legalmente definidos en el Punto Séptimo del Título I de la Resolución nº 04/2007, del 30 de enero de 2007, por la que se establecen las Condiciones Generales y Particulares de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Tal y como dispone el punto 1 del artículo 8 de la norma, todo empresario es responsable de disponer de un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (lo equivalente a la planificación de la actividad preventiva en nuestro país).
Las actuaciones en materia preventiva que el empleador deba implementar como consecuencia de la evaluación, tendrán que integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma. Además, su contenido deberá ser modificado siempre que se aprecie una inadecuación de éste con los riesgos respecto a los cuales pretende brindar protección.
Todos los empresarios que inicien una actividad o negocio en el país, dispondrán de 3 meses desde la fecha de apertura del negocio para hacer llegar a la Secretaría de Estado de Trabajo su Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En cuanto a los elementos que deberán figurar dentro del contenido de todo Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, éstos son:
1. Análisis de Accidentes e Incidentes.
2. Comunicaciones personales.
3. Contratación de personal y colocación (puestos de trabajo).
4. Controles médicos del estado de salud.
5. Controles de compras.
6. Controles de ingeniería realizados.
7. Sesiones de formación realizadas al personal.
8. Equipos de Protección Individual entregados.
9. Visitas internas de inspección planeadas.
10. Investigación de accidentes e incidentes.
11. Liderazgos y Administración.
12. Observaciones de tareas.
13. Medios técnicos y humanos para la gestión de emergencias.
14. Procedimientos y análisis de tareas.
15. Actividades de promoción general en materia preventiva.
16. Reglas internas de la organización.
17. Actas de reuniones de grupo.
18. Seguridad fuera del trabajo.
19. Sistema de evaluación del programa.
Estos Reglamentos deberán ser actualizados y remitidos cada 3 años a la Secretaría de Estado de Trabajo, institución encargada de comprobar y aprobar su contenido previamente a la implementación del mismo. Podrá además exigir los cambios que considere oportunos y que deberán aplicarse a los Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Dicho esto, y si bien se establece un periodo máximo de 3 meses para la revisión de estos Programas, siempre que se introduzcan nuevos productos, maquinarias o métodos de trabajo, el empresario deberá remitir a la Secretaría de Estado de Trabajo los cambios introducidos en el programa de seguridad y salud en el trabajo y la correspondiente evaluación de los riesgos, con respecto a los mismos. Además, el empresario deberá informar y capacitar a los trabajadores en lo que concierne a las consecuencias de estos nuevos productos, maquinarias o métodos de trabajo para su salud y seguridad.
El empresario deberá incluir también en su Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo los riesgos específicos existentes en el lugar de trabajo para los trabajadores menores de 18 años, debiendo controlar los mismos a efectos de que la seguridad y salud del trabajador menor no se vea afectada en modo alguno.
Por último, el artículo 14.1 del mismo Reglamento dispone la condición de que estos Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo solo podrán ser confeccionados por parte de proveedores de servicios de seguridad y salud en el trabajo (en España, SPAs) debidamente certificados por la Secretaría de Estado de Trabajo.
Tal y como establece el artículo 14 del Decreto nº 522-06, del 17 de octubre de 2006, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, los Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo tan solo podrán ser elaborados por proveedores de servicios de seguridad y salud ocupacional que cuenten con la certificación de la Secretaría de Estado de Trabajo, de acuerdo al procedimiento de registro y certificación establecido en la normativa específica.
La regulación específica a la que hace referencia el párrafo anterior la constituye la Resolución nº 07, del año 2007, relativa al registro y certificación de los Proveedores de Servicios en Seguridad y Salud. Tal y como dispone esta Resolución, las personas inscritas en el Registro Nacional de Proveedores de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo serán responsables ante el Ministerio de Trabajo de los servicios prestados bajo tal calidad. En este sentido, se establecen dos obligaciones principales atribuidas a estos profesionales de la seguridad y salud ocupacional, siendo éstas:
• Los Proveedores de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo deberán utilizar los mejores métodos y técnicas existentes, así como las medidas de mitigación y control más efectivos, para garantizar el mayor grado de protección de los trabajadores.
• Los Proveedores de servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo que realicen mediciones de agentes físicos y sustancias químicas deberán presentar la documentación que avale que los aparatos de medición utilizados por el técnico son mantenidos de forma regular y que han pasado las calibraciones oportunas, de acuerdo a la normativa.
Como se puede apreciar, el empresario está obligado a contar con una unidad organizativa a la que se encomiende la gestión de las actividades preventivas que deban desarrollarse. Ahora bien, la normativa dominicana en materia de seguridad y salud no establece requisitos en cuanto a la asunción interna de la organización de la prevención (en función del volumen de plantilla, de la tipología de riesgos existentes…). Simplemente, se dispone que deberán contar con los servicios de un profesional debidamente acreditado por la Secretaría de Estado de Trabajo, pudiendo el empresario optar por la contratación directa de este profesional o bien delegar la gestión en profesionales independientes o empresas especializadas, pero en todo caso cumpliendo con el requisito de certificación comentado anteriormente.
Sí que se ha identificado, no obstante, la obligación de incorporar en plantilla a un médico del trabajo cuando en el local se empleen a más de 100 trabajadores (ver apartado 15 de la presente guía).
En República Dominicana, no existe la obligación de disponer de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo que las auditorías que se realicen en este sentido dependen de la potestad del empresario.
Ahora bien, el Decreto nº 522-06, del 17 de octubre de 2006, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece la obligación de auditar y revisar el contenido de los Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo que haya implementado con anterioridad.
Dichos programas deberán ser actualizados y remitidos cada tres 3 años a la Secretaría de Estado de Trabajo, los cuales estarán sujetos a la comprobación y aprobación de dicha institución. Esta institución está habilitada a requerir los cambios que estime oportunos, debiendo el empresario acatar los mismos.
En República Dominicana, la formación en prevención de riesgos laborales es una de las obligaciones generales en materia de seguridad y salud en el trabajo, asignadas legalmente a la figura del empresario.
De forma general, su regulación viene dispuesta en el artículo 7 del Decreto nº 522-06, del 17 de octubre de 2006, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. En él se establece que todo empresario deberá dar las debidas instrucciones a los trabajadores en relación a la prevención de riesgos laborales.
Posteriormente y de forma más desarrollada, el artículo 9 del mismo Decreto establece otras obligaciones en cuanto a la formación e información de los trabajadores en seguridad y salud laboral. A lo largo de su contenido, se especifican aquellas materias sobre las cuales los trabajadores deberán ser debidamente formados e informados, en concreto:
• Sobre el contenido de la política adoptada por la empresa en relación a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, cuyo contenido deberá ser transmitido a todos los trabajadores de la empresa a la cual aplique.
• Sobre las instrucciones proporcionadas por el fabricante, importadores y distribuidores de equipos de trabajo, maquinaria, productos, materias primas y herramientas, a efectos de proteger a los trabajadores que con ellos operen.
• Sobre los riesgos existentes en su puesto de trabajo y sobre las medidas correctivas que se tienen que aplicar para eliminarlos o controlarlos. La capacitación a los trabajadores deberá ser acorde con el puesto de trabajo y con las medidas preventivas generales.
• Dar formación en materia preventiva a los integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo que opere en la empresa, a fin de que sus miembros puedan desarrollar de forma solvente las funciones que legalmente tienen asignadas.
• Sobre el marco normativo en relación a la protección de la maquinaria, indicando de manera apropiada los peligros que entraña la utilización de la maquinaria y las precauciones que deberán adoptarse.
El empresario deberá mantener el registro documental de todas las sesiones de formación que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, se hayan impartido en el seno de su organización.
Como norma general, la formación preventiva deberá darse de forma previa al inicio de la actividad por parte del trabajador y de forma periódica posteriormente. Ahora bien, siempre que se introduzcan nuevos productos, maquinarias o métodos de trabajo, el empresario deberá formar a los trabajadores sobre los nuevos riesgos que pudieran entrañar estos cambios sustanciales en el proceso productivo.
En República Dominicana, el deber de información viene regulado de forma conjunta con la obligación del empresario de formar a sus trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, siendo también aplicable a este apartado lo dispuesto en el capítulo anterior. Las materias descritas por las cuales deberá el empresario instruir a sus trabajadores no difieren, puesto que el empresario deberá formar e informar a su vez sobre las mismas.
En República Dominicana, la participación y consulta es un derecho que ostentan los trabajadores y que viene reconocido en el artículo 4 del Decreto nº 522-06, del 17 de octubre de 2006, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Tal y como dispone dicho artículo, los trabajadores tienen derecho a participar en el diseño, adopción y cumplimiento de las acciones preventivas. Dicha participación incluye la consulta acerca de la evaluación de riesgos y de la consiguiente planificación y organización de la acción preventiva, así como el acceso a la documentación correspondiente.
En el país, los órganos de participación a través de los cuales se articula este derecho a la participación y consulta los constituyen los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo (también denominados indistintamente Comités Mixtos de Seguridad y Salud en el Trabajo). Su regulación específica viene dispuesta en la Parte Sexta del Título I de la Resolución nº 04/2007, del 30 de enero de 2007, por la que se establecen las Condiciones Generales y Particulares de Seguridad y Salud en el Trabajo.
A efectos de contribuir al efectivo cumplimiento de los Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo, toda empresa que disponga de un volumen de plantilla de 15 o más trabajadores deberá constituir un Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo. Aquellas que estén por encima de este rango, deberán contar a su vez con un coordinador de seguridad y salud en el trabajo, el cual desempeñará funciones similares a las de los comités.
El número de integrantes de cada bando representativo – empresario y trabajadores – dependerá del tamaño de la empresa. Sin embargo, deberán contar al menos con dos miembros representando al empresario (designación libre) y, por otra parte, otros dos integrantes en calidad de representantes de los trabajadores (electos a través de proceso electoral o informal por parte de la plantilla). Estos Comités también estarán integrados por un técnico de prevención de riesgos laborales, el cual ejercerá un rol de asesor y moderador en las reuniones.
En cuanto al régimen de reuniones que deberán seguir estos órganos internos de representación, deberán celebrarse reuniones periódicas por lo menos una vez al mes y enviar copia de las actas a la Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial de la Secretaría de Estado de Trabajo. Cualquier integrante del Comité podrá convocar reuniones de urgencia cuando lo considere necesario.
A lo largo de la Resolución se disponen una serie de funciones atribuidas a estos Comités, siendo éstas las que seguidamente se detallan:
• Fomentar la seguridad y salud en el lugar de trabajo.
• Participar en la supervisión de las condiciones del lugar de trabajo, en las inspecciones oficiales de las plantas, en las investigaciones de accidentes y en los programas de atención a la salud de los trabajadores.
• Promover e impartir formación en materia de seguridad y salud en el trabajo.
• Facilitar los acuerdos que permitan y garanticen el establecimiento y promoción de la política de seguridad y salud en el lugar de trabajo.
• Informar al empleador de todas las situaciones de peligro existentes en el lugar de trabajo que puedan afectar la seguridad y salud de los trabajadores.
• Responder y resolver con agilidad y de forma escrita las solicitudes y sugerencias formulados por parte de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.
• Fomentar y supervisar el cumplimiento en la empresa en cuanto a las obligaciones legales y reglamentarias relativas a la seguridad y salud en el trabajo.
• Participar en la planificación de todas las propuestas relacionadas con las condiciones laborales que influyan también en la seguridad y salud de los trabajadores.
• Informar acerca de las medidas planificadas o puestas en práctica en el lugar de trabajo, orientadas a preservar y fomentar la salud y seguridad en el trabajo.
• Motivar a los trabajadores con relación a la importancia de una efectiva seguridad y salud en el trabajo.
• Colaborar en la organización e implementación de los programas de formación en materia de seguridad y salud ocupacional.
Una de las obligaciones generales atribuidas a la figura del empresario en materia de seguridad y salud consiste en vigilar el estado de salud de los trabajadores a su cargo. La regulación de este deber viene incluida en el punto 14) del artículo 7 del Decreto nº 522-06, del 17 de octubre de 2006, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Tal y como dispone la norma, todo empresario está obligado a garantizar a los trabajadores a su cargo la vigilancia periódica de su estado de salud, en función de los riesgos inherentes al trabajo. La vigilancia de la salud se llevará a cabo principalmente a través de reconocimientos médicos iniciales y periódicos, no pudiendo éstos últimos presentar una periodicidad que exceda un año.
Los reconocimientos médicos y cualquier actividad de vigilancia de la salud, en el lugar de trabajo, deben ser realizados por médicos que tengan la especialidad o master en salud ocupacional o bajo la supervisión de éstos.
Además de estas obligaciones generales en materia de vigilancia del estado de salud de los empleados, a lo largo del contenido de la norma se establecen disposiciones adicionales en esta materia y que deberán tenerse en consideración cuando el trabajador esté expuestos a riesgos profesionales concretos. Es el caso, por ejemplo, de los trabajadores que operan de forma habitual con pantallas de visualización de datos, cuya regulación viene dispuesta en el Punto Segundo del Título II de la Resolución nº 04/2007, del 30 de enero de 2007, por la que se establecen las Condiciones Generales y Particulares de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el artículo 2.26 de dicha sección, se disponen requisitos específicos en cuanto a la vigilancia de la salud de estos trabajadores, que se resumen en lo siguiente:
• El empresario garantizará el derecho de los trabajadores a una vigilancia adecuada de su salud, teniendo en cuenta en particular los riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, el posible efecto añadido o combinado de los mismos, y la eventual patología que pudiera derivarse. Dicha vigilancia deberá ofrecerse a los trabajadores en las siguientes ocasiones:
o Antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización.
o Posteriormente, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico responsable.
o Cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo.
• Cuando los resultados de la vigilancia de la salud a que se refiere la presente Resolución lo hiciese necesario, los trabajadores tendrán derecho a un reconocimiento oftalmológico.
En República Dominicana, las obligaciones atribuidas a la figura del empresario en cuanto a la gestión de las situaciones de riesgo grave e inminente vienen dispuestas de manera general en el artículo 11 del Decreto nº 522-06, del 17 de octubre de 2006, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En aquellos casos en los que los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con motivo del desarrollo de su trabajo, el empresario estará obligado a llevar a cabo las siguientes medidas y acciones:
• Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse para la gestión de la situación de emergencias.
• Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo.
• Adoptar las medidas necesarias, a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan recibido información, formación y protección suficientes y adecuadas puedan acceder a las zonas de riesgo grave.
En ningún caso el empresario podrá exigir a sus trabajadores reanudar su actividad mientras persista la situación de riesgo grave e inminente, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad, solicitando la reentrada de forma exclusiva al personal que ostente un rol específico en situaciones de emergencia.
Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la decisión de abandonar el lugar de trabajo, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.
Por otra parte, los inspectores de trabajo, en caso de peligro inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, también están habilitados para ordenar la paralización de la actividad. La paralización de las actividades se comunicará el mismo día a la Dirección General de Trabajo; la que a su vez solicitará a la Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo, una evaluación técnica de las condiciones de seguridad y salud, para que, en función de la misma, emita las recomendaciones de lugar.
Por otra parte, el Punto Noveno de la Resolución nº 04/2007, del 30 de enero de 2007, por la que se establecen las Condiciones Generales y Particulares de Seguridad y Salud en el Trabajo establece disposiciones específicas en cuanto a la puesta en práctica de los primeros auxilios, siendo ésta una responsabilidad que ostenta el empresario.
Todo centro de trabajo deberá disponer de uno o varios botiquines de primeros auxilios, ubicados en lugares adecuados cercanos a los lugares de trabajo. Estos botiquines deberán disponer de existencias suficientes y adecuadas para poder brindar unos primeros auxilios eficaces a todo trabajador accidentado. Deberán estar adecuadamente señalizados, con una señal informativa en la que se pueda leer: “Primeros Auxilios”.
Por otra parte, todo centro de trabajo que ocupe a más de 100 trabajadores deberá disponer de una sala bien equipada y destinada al tratamiento de heridas leves, incorporando además áreas de descanso o reposo para el personal afectado por una dolencia grave. Estas salas de primeros auxilios deberán operar bajo la responsabilidad y control de una persona digna de confianza y calificada como médico del trabajo. Se encargará de proporcionar los primeros auxilios al personal del centro, debiendo estar siempre dispuesto a actuar rápidamente durante las horas de trabajo.
La normativa dominicana en materia de seguridad y salud exige al empresario el deber de coordinarse con aquellos otros empresarios que estén llevando a cabo una actividad en el mismo centro de trabajo.
La coordinación de actividades empresariales es un deber que se genera en aquellos casos en los que concurren en un mismo centro de trabajo dos o más empresas. Su regulación viene establecida de forma general en el artículo 10 del Decreto nº 522-06, del 17 de octubre de 2006, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Tal y como establece el mencionado artículo, cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, estas estarán en la obligación de aplicar la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Con tal fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios, en cuanto a la protección y la prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores.
Por su parte, el empleador propietario o arrendatario del lugar de trabajo (empresario titular) adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empleadores o contratistas que desarrollen actividades en el centro objeto de la concurrencia reciban la información y las instrucciones adecuadas en relación con los riesgos existentes en el mismo y con las medidas de protección y prevención correspondientes. Además, deberá informarles sobre los procedimientos y medidas que deberán ponerse en práctica en situaciones de emergencia.
Por otra parte, la Resolución nº 04/2007, del 30 de enero de 2007, por la que se establecen las Condiciones Generales y Particulares de Seguridad y Salud en el Trabajo, dispone en la Parte 3 del Título II la regulación en materia de seguridad y salud aplicable al sector de la construcción. A lo largo de su contenido se regulan algunos deberes atribuidos a los contratistas y subcontratistas, así como a los trabajadores autónomos:
• Los contratistas y subcontratistas respectivamente, facilitarán a sus trabajadores todos aquellos elementos de protección individual que resulten apropiados según los trabajos a realizar, cuidando de su conservación y reposición de forma que quede asegurada en todo momento la eficacia de los mismos.
• Los contratistas y subcontratistas, respectivamente, deberán adoptar todas las medidas preventivas necesarias para proteger a las personas que se encuentren en la obra o sus inmediaciones frente a todos los riesgos que pueden derivarse de la misma.
• Todo trabajador autónomo o por cuenta propia está en la obligación de cumplir con las normas y los programas de seguridad que haya propuesto el subcontratista, el contratista o el principal representante de la empresa, así como cumplir con el uso de los equipos de protección colectiva o individual cuando la tarea y el riesgo asociado así lo requieran.
En República Dominicana, las normas que regulan en el país la seguridad y salud laboral remiten al Libro Octavo del Código de Trabajo (Ley nº 16-92, promulgada el 29 de mayo de 1992) la definición de las sanciones correspondientes al incumplimiento de las obligaciones en materia de SST.
Tanto el empresario como los trabajadores responden penalmente frente a los incumplimientos que hubieran originado, tanto en el ámbito meramente laboral como en el específicamente relativo a la seguridad y salud en el trabajo. Las sanciones que pueden afrontar vienen establecidas en el artículo 720 de la norma, en función de si la infracción es considerada leve, grave o muy grave:
• Incumplimientos leves: Cuando se desconocen obligaciones meramente formales o documentales, que no incidan en la seguridad de la persona ni en las condiciones del trabajo. Las infracciones leves son sancionadas con una multa económica que puede ir de 1 a 3 salarios mensuales mínimos.
• Incumplimientos graves: Cuando se transgredan normas referentes a los salarios mínimos, a la protección del salario, al descanso semanal, a las horas extraordinarias o a todas aquellas relativas a la seguridad e higiene del trabajo, siempre que no pongan en peligro, ni hubiesen podido poner en peligro, la vida, la salud o la seguridad de los trabajadores. Las infracciones graves son sancionadas con una multa económica que puede ir de 3 a 6 salarios mensuales mínimos.
• Incumplimientos muy graves: Cuando se violen las normas sobre protección a la maternidad, edad mínima para el trabajo, protección de menores, empleo de extranjeros, inscripción y pago de las cuotas al Instituto Dominicano de Seguros Sociales, y todas aquellas relativas a la seguridad e higiene del trabajo, siempre que de la violación se derive peligro o riesgo de peligro para la vida, la salud o la seguridad de los trabajadores. Las infracciones muy graves son sancionadas con una multa económica que puede ir de 7 a 12 salarios mensuales mínimos.
En caso de reincidencia, la cuantía de las sanciones anteriormente descritas se verá incrementada en un 50% respecto a su valor original.
Cabe destacar que estas sanciones económicas pueden ser igualmente exigidas a empresarios como a trabajadores. El matiz, sin embrago, radica en que en el caso de las personas jurídicas, los administradores gerentes, representantes o directores de empresa podrán además ser sancionados con penas de cárcel, en función de lo dispuesto en el artículo 463 del Código Penal de la República Dominicana.
En República Dominicana, el empresario tiene la obligación de notificar a la autoridad laboral la materialización de los accidentes de trabajo que se hayan producido en el seno de su empresa. Este deber viene regulado en el Capítulo VI del Decreto nº 583, del año 2003, por el que se desarrollan las disposiciones relativas al seguro de riesgos laborales.
Tal y como dispone el artículo 36 del mencionado Decreto, siempre que se produzca un accidente de trabajo, el trabajador deberá informar al empresario de forma inmediata la ocurrencia del mismo. A su vez, el empresario deberá comunicar el accidente de trabajo a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).
A efectos de formalizar esta comunicación, el empresario dispone de un plazo de 72 horas hábiles (3 días laborables) desde el momento en el que tiene conocimiento de la existencia del accidente laboral, salvo impedimento de fuerza mayor que impida al empleador efectuar dicha comunicación dentro del plazo ordinario.
La omisión en cuanto a la obligación de notificar los accidentes de trabajo dentro del plazo de 3 días hábiles no podrá afectar en ningún caso el disfrute de los derechos que se deriven por parte del trabajador. Éste, además, podrá comunicar directamente a la ARL la materialización del accidente del cual fue víctima, siempre que se compruebe que su causa está directamente relacionada con el desarrollo de su actividad laboral.
Por otra parte, el Decreto nº 522-06, del 17 de octubre de 2006, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, dispone como una de las obligaciones atribuidas al empresario y que figuran en su artículo 7, investigar los accidentes de trabajo producidos en su empresa, para posteriormente implementar las medidas preventivas oportunas y destinadas a que dicho hecho no vuelva a repetirse.
En República Dominicana, la normativa nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo establece la obligación del empresario de tener en consideración la especial vulnerabilidad que presentan los trabajadores menores de 8 años, a efectos de diseñar e implementar su Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. La regulación de este deber viene dispuesta en el artículo 8.4 del Decreto nº 522-06, del 17 de octubre de 2006, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Además de esta responsabilidad general de protección en relación al trabajador menor, el Código de Trabajo de la República Dominicana, aprobado por la Ley 16-92, del 29 de mayo de 1992, regula en el Título II de su Libro Cuarto otros aspectos relativos al empleo y protección del menor en el trabajo.
Tal y como dispone el artículo 246 del código de Trabajo, los menores de 16 años no podrán ser empleados en horario nocturno, entendido éste como el rango comprendido entre las 20:00h y las 06:00h. La excepción la constituyen los trabajadores que operen en un negocio familiar regentado por los padres del menor. Por otro lado, la jornada de trabajo de los menores de 16 años no puede exceder, en ninguna circunstancia, de seis horas diarias.
Todo menor de 16 años que pretenda realizar labores en empresas de cualquier clase, acreditará su aptitud física para desempeñar el cargo de que se trate con una certificación médica expedida gratuitamente por un facultativo que preste servicios al Estado, al Distrito Nacional o a un municipio. Ningún empresario podrá contar con los servicios de un menor de esta edad sin haber comprobado previamente que está debidamente capacitado físicamente para el desarrollo de las tareas propias del puesto de trabajo que ocupará.
A lo largo de las disposiciones finales del Título II del Libro Cuarto del código de trabajo, se establecen otras prohibiciones y/o limitaciones en cuanto al empleo de menores en determinados tipos de trabajos: trabajos ambulantes, conciertos y festivales, distribución y venta de bebidas alcohólicas y, en especial, en toda aquella actividad laboral en condiciones peligrosas o insalubres.
21º. Trabajadores temporales
La normativa de República Dominicana en materia de seguridad y salud en el no establece disposiciones que apliquen de forma concreta al colectivo de trabajadores temporales, por lo que sus derechos y obligaciones en dicha materia son los mismos que ostentan los trabajadores en general.
Tampoco se han identificado requisitos en cuanto a la protección adicional que deberán brindar los empresarios frente a este tipo de empleados, dada su especial vulnerabilidad.
En República Dominicana, la regulación en cuanto a la protección especial atribuible a la mujer embarazada frente a los riesgos derivados de su trabajo viene dispuesta en el Título I del Libro Cuarto del Código de Trabajo, aprobado por la Ley 16-92, del 29 de mayo de 1992.
Tal y como dispone el artículo 234 de la norma, ningún empresario podrá exigir la realización por parte de una trabajadora embarazada de labores que requieran un esfuerzo físico incompatible con su estado.
Si como consecuencia del embarazo o del parto, el trabajo que desempeña la trabajadora es perjudicial para su salud o la del niño y así se acredita mediante un certificado expedido por un médico del trabajo, el empresario quedará obligado a facilitar a la trabajadora un nuevo puesto de trabajo acorde con su embarazo. Cuando este cambio de puesto no fuera razonablemente posible, la trabajadora ostenta el derecho al disfrute de una licencia no remunerada, sin perjuicio del descanso obligatorio reconocido por el mismo código de Trabajo.
En cuanto al descanso obligatorio mencionado en el párrafo anterior, la trabajadora en estado de embarazo tendrá derecho a un descanso obligatorio durante las 6 semanas que precedan a la fecha probable del parto y las seis semanas posteriores al alumbramiento.
Cuando la trabajadora no haga uso de la totalidad del descanso prenatal, el tiempo no utilizado se acumula al período del descanso post-natal. En ningún caso, la suma del descanso prenatal y postnatal podrá ser inferior a las 12 semanas.
Durante el periodo de lactancia, la trabajadora tendrá derecho a tres descansos remunerados durante su jornada, de veinte minutos cada uno, como mínimo, con el objeto de amamantar al recién nacido.
Durante la duración del estado de embarazo y lactancia, la trabajadora tiene protegido el derecho de mantenimiento del empleo, no pudiendo ser extinguida la relación laboral entre ella y la empresa en la que preste su trabajo.
La Resolución nº 04/2007, del 30 de enero de 2007, por la que se establecen las Condiciones Generales y Particulares de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece en su Parte Octava del Título I algunas disposiciones generales en cuanto a la colocación de los trabajadores contratados por parte de las empresas.
Tal y como dispone la norma, para la selección de los trabajadores y su colocación dentro de la estructura de la organización, el empresario deberá tener en cuenta los siguientes principios generales:
• Antes de destinar a trabajadores sin experiencia o a trabajadores analfabetos a un trabajo determinado, se les deberán explicar los peligros que puede entrañar ese trabajo, cómo deberán efectuar el mismo en condiciones de absoluta seguridad y enseñarles de forma práctica a utilizar sin riesgos las máquinas, equipos de trabajo y herramientas propios de su puesto de trabajo.
• Los trabajadores deberán ser asignados trabajos para los cuales estén mejor calificados por su formación, sus aptitudes, su experiencia y su capacidad física o mental. No se deberá destinar a ningún trabajador a labores para las cuales no posea la capacidad física o mental adecuada.
• A los trabajadores que ostenten una discapacidad física o mental, o bien que sufran habitualmente desfallecimientos momentáneos, no se les deberá emplear en trabajos que entrañen un riesgo particular para ellos o bien constituir un serio peligro para otros.
No se han encontrado referencias explícitas en cuanto a la necesidad de tener en especial consideración este colectivo de trabajadores a la hora de evaluar los riesgos y formular las correspondientes medidas preventivas. Ahora bien, si atendemos a la obligación general de protección de la seguridad y salud de los trabajadores atribuida a la figura del empresario y contenida en el artículo 6 del Decreto nº 522-06 (Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo), cabría la consideración de tal obligación como implícita.
Dentro de la legislación dominicana en materia de seguridad y salud laboral, las menciones y disposiciones relativas a la protección de los trabajadores autónomos frente a los riesgos en el trabajo son escasas.
El Decreto nº 522-06, del 17 de octubre de 2006, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (principal norma del país por la que se regula la seguridad y salud laboral) no establece disposiciones concretas aplicables a los trabajadores autónomos.
Ahora bien, la Resolución nº 04/2007, del 30 de enero de 2007, por la que se establecen las Condiciones Generales y Particulares de Seguridad y Salud en el Trabajo, dispone en su Capítulo aplicable al sector de la construcción una serie de obligaciones atribuidas a la figura del trabajador autónomo.
En concreto, se establece que todo trabajador autónomo o por cuenta propia está en la obligación de cumplir con las normas y los programas de seguridad y salud formulados por la empresa subcontratista, contratista o el principal representante de la empresa. Además, deberá cumplir con las imposiciones impuestas por éstos en cuanto al uso de los equipos de protección colectiva e individual, de acorde a los riesgos propios de su puesto de trabajo.
Por otra parte, la nº 42-01, Ley General de Salud, del 8 de marzo de 2001, dispone en su artículo 83 que la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) es el organismo responsable de asegurar el acceso de los trabajadores independientes (trabajadores autónomos) a la información y educación sobre las medidas preventivas asociadas a su puesto de trabajo. En este sentido, este organismo deberá brindar a este colectivo de trabajadores toda la información relativa a la protección de su salud, así como la de terceros.
En República Dominicana, las condiciones generales que deberán cumplir los locales e instalaciones de trabajo, a efectos de proteger la seguridad y salud de los trabajadores, vienen reguladas en el Punto Primero del Título I de la Resolución nº 04/2007, del 30 de enero de 2007, por la que se establecen las Condiciones Generales y Particulares de Seguridad y Salud en el Trabajo I.
A lo largo de esta sección, la norma dispone medidas generales y específicas (en función de determinados riesgos profesionales existentes). Se incorporan a continuación los principales:
• Realizar todas las acciones pertinentes al objeto de que los lugares de trabajo permanezcan higiénicos y en buen estado.
• Las dimensiones de los locales deberán permitir que los trabajadores realicen sus labores en condiciones ergonómicas adecuadas, sin riesgos para su seguridad y salud.
• Asegurar que las operaciones de limpieza no constituyan por sí mismas una fuente de riesgo para los trabajadores que las efectúen o para terceros.
• Vigilar que los suelos de los lugares de trabajo, así como los pasillos de tránsito y las salidas se mantengan libres de obstáculos que impidan un fácil y seguro desplazamiento de los trabajadores, tanto en las tareas normales como en situaciones de emergencia. Los pasillos deberán estar delimitados por líneas amarillas pintadas en el piso.
• Mantener suficiente y adecuada ventilación por medios naturales o artificiales, que proporcionen a los lugares de trabajo aire puro o purificado y que contribuya a proporcionar condiciones ambientales confortables, sin causar molestias que perjudiquen la salud del trabajador. Cuando se utilicen aparatos de ventilación artificial, el empresario deberá verificar que la limpieza de dichos aparatos sea efectuada siguiendo las instrucciones del fabricante. El sistema de ventilación estará diseñado de forma que se garantice aire fresco y limpio a razón de 30 a 50 metros cúbicos por hora y por trabajador.
• Los edificios y locales de los lugares de trabajo, así como los elementos instalados en los mismos, deberán poseer la estructura y solidez apropiadas a su tipo de utilización.
Además de estas obligaciones generales, también se establecen requisitos específicos aplicables a determinados elementos estructurales de los edificios, destacando los siguientes:
• Suelos: Deberán ser fijos, estables y no resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes peligrosas.
• Aberturas o desniveles: Se protegerán mediante barandillas u otros sistemas de seguridad equivalentes, que podrán tener partes móviles cuando sea necesario disponer de acceso a la superficie en la que se sitúa la abertura.
• Barandillas: Deberán ser de material rígido, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las mismas, así como la caída de objetos sobre personas.
• Vías de circulación (interiores y exteriores): Se utilizarán conforme a lo previsto, de forma fácil y con total seguridad para los peatones o vehículos que circulen por ellas.
• Muelles y rampas de carga: Para su disposición, deberán tenerse en cuenta el tipo de cargas que vayan a ser transportadas. La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 1 metro y 90 cm., respectivamente.
Esta sección de la norma también establece los requisitos en cuanto a medidas mínimas y disposición con los que deberán contar puertas, portones, rampas, escaleras y plataformas (artículos 1.34 y 1.35, respectivamente).
En República Dominicana, los requisitos mínimos que deberán cumplir los lugares de trabajo vienen legalmente dispuestos en el Punto Primero del Título I de la Resolución nº 04/2007, del 30 de enero de 2007, por la que se establecen las Condiciones Generales y Particulares de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Dentro de este punto, se establecen algunas disposiciones que aplican de forma específica a determinados lugares de trabajo que tienen por objeto garantizar unos niveles adecuados de higiene entre el personal de la empresa.
Tal y como dispone el punto 1.19 de la norma, todo centro de trabajo deberá disponer cerca de los lugares de trabajo, de vestuarios, lavamanos, inodoros y duchas. Los inodoros dispondrán de descarga de agua y papel higiénico. En los inodoros utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados para evitar el contagio de enfermedades transmitidas por patógenos en sangre. Las cabinas de los baños estarán provistas de una puerta con cierre interior.
El número mínimo de inodoros, lavamanos y duchas se corresponderá con las relaciones siguientes:
• Hasta 100 trabajadores: se dispondrá de 1 inodoro, lavamanos y ducha por cada 20 trabajadores.
• Más de 100 trabajadores: Se dispondrá de un inodoro y una ducha más por cada 25 trabajadores adicionales; y de un lavamanos por cada 30 trabajadores adicionales.
• Cuando la empresa supere los 250 trabajadores: De un inodoro por cada 30 trabajadores adicionales.
En los servicios higiénicos para hombres, se podrá reemplazar el 50% de los inodoros por urinarios individuales o colectivos y, en este último caso, la equivalencia será de 60 centímetros de longitud por urinario.
Por otra parte, todos los vestuarios, locales de aseo e inodoros deberán estar separados en función del sexo, o deberá preverse una utilización por separado de los mismos. Ninguno de estos elementos podrá ser utilizado de forma habitual para un uso distinto para el que están destinados.
Las instalaciones sanitarias deberán ser mantenidas en condiciones de limpieza y funcionamiento satisfactorias.
Al igual que ocurre con los requisitos aplicables a los locales de trabajo y a los lugares de trabajo en ellos existentes, la regulación en cuanto a las instalaciones destinadas a la protección de los trabajadores frente al riesgo de incendio vienen establecidas de forma general en el Punto Primero del Título I de la Resolución nº 04/2007, del 30 de enero de 2007, por la que se establecen las Condiciones Generales y Particulares de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Tal y como dispone el punto 1.36 del Punto Primero de la norma, las vías y salidas de evacuación deberán permanecer libres de obstáculos y desembocar lo más directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad. En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en condiciones de máxima seguridad.
El número, distribución y las dimensiones de las vías y salidas de evacuación dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, así como del número máximo de personas que puedan estar presentes en el centro de trabajo. Por otra parte, las vías y salidas específicas de evacuación y las puertas situadas en los recorridos de dichas vías deberán estar señalizadas de manera adecuada y duradera.
Las puertas de emergencia deberán abrirse en el sentido de la evacuación y no deberán tener dispositivos que impidan su apertura. Están prohibidas las puertas de emergencia tipo corredera o giratoria.
En cuanto a los equipos de lucha contra incendio, los lugares de trabajo deberán estar equipados con dispositivos para combatir el fuego. Estos equipos deberán adecuarse al tipo de riesgo existente en el área y, si fuera necesario, deberán ir acompañados de detectores contra incendios y sistemas de alarma.
En República Dominicana, las obligaciones atribuidas al empresario en cuanto a la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las instalaciones eléctricas vienen dispuestas de forma general en el Punto Primero del Título I de la Resolución nº 04/2007, del 30 de enero de 2007, por la que se establecen las Condiciones Generales y Particulares de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Tal y como dispone el artículo 1.41.1 de dicha sección, las instalaciones eléctrica no deberán entrañar el riesgo de incendio o explosión.
En adición a este requisito, deberán disponerse los equipos de protección necesarios para brindar una efectiva protección a los trabajadores frente a los riesgos de contacto eléctrico, tanto directos como indirectos. La instalación eléctrica y los dispositivos de protección anteriormente citados deberán tener en cuenta la cantidad de corriente (amperaje), los factores externos condicionantes y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación, las cuales deberán haber sido formadas específicamente para poder operar estos equipos en condiciones de seguridad.
Además de estas normas aplicables a las instalaciones eléctricas en general, la norma dispone en su regulación específica aplicable al sector de la construcción (Título II, Punto Tercero) otros requisitos adicionales en relación a las instalaciones eléctricas.
A tales efectos, todos los equipos e instalaciones eléctricos deberán ser construidos, instalados y conservados por una persona competente, siendo utilizados de forma que se prevenga todo peligro.
Antes de iniciar obras de construcción, y posteriormente durante la fase de ejecución, deberán tomarse medidas destinadas a verificar que la existencia de cables o aparatos eléctricos bajo tensión en las obras, o encima o por debajo de ellas, y prevenir todo riesgo que su existencia pudiera entrañar para los trabajadores.
En instalaciones que habitualmente están en tensión, se adoptarán las siguientes medidas:
• Alejar las partes activas de la instalación a distancia suficiente de las personas para evitar contactos fortuitos.
• Asegurar una separación según el nivel de voltaje, en relación con las distancias mínimas que deberán respetarse y que vienen reflejadas en la tabla dispuesta en la norma.
Por otra parte, la protección contra los riesgos de contacto con equipos e instalaciones que puedan quedar accidentalmente en tensión, se efectuará utilizando las siguientes medidas:
• Separación de los circuitos de utilización de las fuentes de energía por medio de transformadores o grupos convertidores, manteniendo aislados de tierra todos los conductores del circuito de utilización, incluido el neutro.
• Inaccesibilidad simultánea de elementos conductores y masas.
• Doble aislamiento de equipos y máquinas eléctricas.
• Puesta a tierra de los equipos asociada a dispositivos de corte por intensidad o tensión de defecto.
• Puesta a neutro de las masas asociadas a dispositivos de corte por intensidad de defecto.
• Evitar el contacto con agua, vapores inflamables, combustibles y explosivos.
• Utilizar el equipo de protección individual adecuado al nivel de voltaje o tensión a manejar.
En República Dominicana, la regulación específica en cuanto a la protección de la seguridad y salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de espacios confinados viene definida en el Punto Primero del Título II de la Resolución nº 04/2007, del 30 de enero de 2007, por la que se establecen las Condiciones Generales y Particulares de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Este punto del Título II establece las normas de seguridad que deberán respetarse en minas, canteras, subterráneos, perforaciones, fosos, sótanos y silos, siendo la aplicación de las mismas una responsabilidad atribuida a la figura del empresario.
En este tipo de espacios de trabajo, el empresario deberá evaluar y adoptar las medidas de prevención necesarias para proteger la seguridad y salud de los trabajadores, previamente al inicio de los trabajos.
Además, de forma previa a la entrada de los trabajadores en espacios confinados que impliquen el riesgo de intoxicación o desvanecimiento por asfixia, tales como fosos de estiércol líquido, fosos de ensilaje, cubas de fermentación para vino u otros, el empresario deberá velar por la efectiva aplicación de las siguientes medidas:
• Ventilar el lugar por cualquier procedimiento eficaz.
• Comprobar que la atmósfera existente dentro del espacio confinado cuenta con una proporción de oxígeno superior al 16 %.
• Verificar la ausencia en el ambiente de sustancias que puedan afectar la salud del trabajador.
• El trabajador que penetre en el espacio confinado deberá llevar puesto un cinturón de seguridad que le permita ser izado a un lugar seguro por parte de los miembros de rescate.
• Cuando así lo requiera la evaluación previamente realizada del espacio confinado, el empresario deberá proporcionar a los trabajadores que vayan a acceder, los equipos de protección respiratoria necesarios para su protección.
En los casos en los que el espacio confinado implique el riesgo de explosión, como por ejemplo en los fosos de estiércol líquido, deberán implementarse medidas orientadas a evitar cualquier foco de ignición dentro del espacio confinado o en sus inmediaciones. Se incluye dentro de estas medias la prohibición expresa de fumar.
Además de estas obligaciones, el empresario deviene responsable de la elaboración de un procedimiento de trabajo para la entrada en espacios confinados. El objetivo de este procedimiento es que los trabajos a realizar en lugares o áreas confinadas se lleven a cabo con el menor riesgo posible para la seguridad y salud de los empleados que vayan a acceder a ellos. Esta obligación se extiende también a los supuestos en los que el empresario se haga valer de trabajadores de una contrata.
En todo espacio confinado deberán utilizarse como norma general los siguientes equipos de protección individual: gafas, botas, equipo de línea de aire, arnés de seguridad, casco de protección craneal o cualquier otro equipo recomendado por el supervisor de seguridad.
Por último, en aquellos espacios confinados en los que exista el riesgo de caída en altura (caída superior a 2 metros) deberán instalarse barandillas de 90 cm de altura con rodapiés y protección intermedia.
La normativa dominicana en materia de seguridad y salud en el trabajo tan solo establece una referencia en cuanto a atmósferas explosivas, viniendo ésta dispuesta en el Punto Segundo del título I de la Resolución nº 04/2007, del 30 de enero de 2007, por la que se establecen las Condiciones Generales y Particulares de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En el artículo 2.36 de dicha sección se dispone que en ambientes especiales, tales como locales mojados o de alta conductividad, locales con alto riesgo de incendio, atmósferas explosivas o ambientes corrosivos, no se podrán emplear equipos o máquinas que puedan suponer un peligro para la seguridad y salud de los trabajadores en dicho entorno.
Este vacío, en cuanto a la regulación de la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de atmósferas explosivas, hace que las empresas del país que trabajen con lugares de trabajo de este tipo deban recurrir a normas internacionales (NFPA, ANSI…) para implementar medidas destinadas a proteger a su plantilla laboralmente expuesta.
En República Dominicana, los requisitos aplicables a los equipos de trabajo y que tienen por objeto la protección de la seguridad y salud de los trabajadores vienen regulados en la Parte Segunda del Título I de la Resolución nº 04/2007, del 30 de enero de 2007 (Condiciones Generales y Particulares de Seguridad y Salud en el Trabajo).
Esta sección de la norma establece una larga lista de disposiciones, algunas de ellas de aplicación general a todos los equipos de trabajo y otras que aplican tan solo a máquinas específicas. Estas últimas han sido incorporadas en el apartado siguiente de la presente guía (32: Máquinas específicas).
Equipos de trabajo, reglas generales
• Toda maquinaria deberá ser adecuada para prevenir el riesgo de explosión, tanto del equipo de trabajo como de las sustancias producidas, utilizadas o almacenadas por éste.
• En los casos en que exista riesgo de estallido o de rotura de elementos de la maquinaria que pueda afectar la seguridad o la salud de los trabajadores, deberán adoptarse las medidas de protección adecuadas.
• La maquinaria que entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones deberá estar provista de dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos.
• La maquinaria que entrañe riesgos derivados de la emanación de gases, vapores, líquidos o por emisión de polvo o polución, deberá estar provista de un sistema de captación o extracción localizada, cercano a la fuente emisoras del gas, vapor…etc.
• La maquinaria cuya utilización requiera que los trabajadores se sitúen sobre la misma, deberá disponer de los medios adecuados para garantizar que el acceso y permanencia en dicha maquinaria no constituye un riesgo para su seguridad y salud. En particular, cuando exista riesgo de caída de altura de más de 2 metros, deberá disponer de barandillas rígidas de una altura mínima de 90 centímetros o de cualquier otro sistema que proporcione una protección equivalente.
Cuando los elementos móviles de las máquinas puedan entrañar riesgos de accidentes por contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas o que detengan las maniobras peligrosas antes del acceso a dichas zonas.
Estos resguardos a los que hace referencia la norma deberán cumplir con los requisitos siguientes:
• Serán de fabricación sólida y resistente.
• No ocasionarán riesgos suplementarios.
• Incluirán mecanismos que impidan su anulación o puesta fuera de servicio con facilidad.
• Deberán estar situados a suficiente distancia de las zonas peligrosas.
• No deberán limitar más de lo imprescindible o necesario la observación del ciclo de trabajo.
• Deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación o la sustitución de las herramientas y para los trabajos de mantenimiento, limitando el acceso únicamente al sector en el que deba realizarse el trabajo sin desmontar, de ser posible, el resguardo o el dispositivo de protección. Si por razones de mantenimiento se retira el resguardo debe exigirse su colocación nuevamente antes de poner la maquinaria en movimiento.
En cuanto a las máquinas que generen el riesgo de ruido o vibraciones, deberán disponer de las protecciones o dispositivos adecuados para controlar la generación y propagación de estos agentes físicos.
Tal y como dispone el artículo 2.26, ninguna máquina podrá ser activada o utilizada sin los elementos de protección previstos para la realización de la operación de la que se trate. Su uso deberá ser acorde a las instrucciones proporcionadas por el fabricante.
Ningún trabajador deberá utilizar un equipo de trabajo o máquina sin que estén colocados en su lugar los dispositivos de protección adecuados. Asimismo, ningún empresario o supervisor podrá requerir a un trabajador utilizar una máquina si ésta no cuenta con los dispositivos de protección necesarios.
Se atribuye al trabajador el deber de velar porque no se utilicen en el lugar de trabajo las máquinas que tengan alguna parte peligrosa, incluyendo los órganos de trabajo (puntos de operación) desprovistos de mecanismos adecuados de protección. Ningún trabajador deberá inutilizar los dispositivos de protección provistos en la maquinaria que utiliza.
Antes de utilizar una maquinaria se comprobará que sus dispositivos de protección y condiciones de uso son los adecuados y que su conexión o puesta en marcha no representa ningún peligro para los trabajadores. Las maquinarias de trabajo dejarán de utilizarse si se producen deterioros, averías u otras circunstancias que comprometan su funcionamiento.
Mantenimiento, reparación y otras operaciones
El montaje y desmontaje de la maquinaria deberá realizarse de manera segura, especialmente mediante el cumplimiento de las instrucciones del fabricante.
Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de la maquinaria que puedan suponer un peligro para la seguridad y salud de los trabajadores, se realizarán tras haber detenido o desconectado la maquinaria, haber comprobado la existencia de energías residuales y haber tomado las medidas necesarias para evitar su puesta en marcha o conexión accidental mientras está efectuándose la operación. Cuando la detención o desconexión no sea posible, se adoptarán las medidas necesarias para que estas operaciones se realicen de forma segura o fuera de las zonas peligrosas.
Además de los requisitos establecidos para los equipos de trabajo en general desarrollados en el apartado anterior, la misma Parte Segunda del Título I de la Resolución nº 04/2007, del 30 de enero de 2007 (Condiciones Generales y Particulares de Seguridad y Salud en el Trabajo) dispone a lo largo de su contenido disposiciones que aplican a equipos de trabajo concretos y que han sido incluidos en el presente apartado:
Máquinas de elevación de personas
Todos los equipos utilizados para la elevación de personas deberán estar acondicionados y equipados para evitar los riesgos de vuelco, mediante la implementación de medidas tales como:
• La instalación de una cabina para el conductor.
• Una estructura que impida el vuelco de la maquinaria.
• Una estructura que garantice que, en caso de vuelco, quede espacio suficiente para el trabajador o los trabajadores, entre el suelo y determinadas partes de dicha maquinaria, que impida que puedan quedar atrapados por ésta.
• Una estructura que evite el riesgo de caída de los trabajadores transportados.
Conducción de máquinas de trabajo automotoras
La conducción de máquinas de trabajo automotoras estará reservada a los trabajadores que hayan recibido una formación específica para la conducción segura de estos equipos.
En los centros en los que sean conducidos equipos automotores como, por ejemplo, carretillas elevadoras automotoras, deberán establecerse a lo largo del local una serie de normas de circulación que los trabajadores deberán respetar (tanto conductores como peatones). Deberán además señalizarse las vías de circulación de los equipos y aquellas destinadas para el peatón.
Las maquinarias de trabajo móviles dotadas de un motor de combustión, no deberán emplearse en zonas de trabajo, salvo si se garantiza en las mismas una cantidad suficiente de aire que no suponga riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. En ningún caso se permitirá el uso de maquinarias con combustión interna en lugares cerrados.
La elevación de trabajadores en maquinarias móviles sólo estará permitida mediante maquinarias de trabajo y accesorios previstos a tales efectos, de lo contrario estará estrictamente prohibido.
Las calderas de vapor y sus accesorios deberán tener resistencia suficiente a las presiones internas a que sean sometidas. En toda caldera se señalizará el año de fabricación y la presión máxima permitida, que será la establecida por el fabricante.
El empresario que emplee calderas en su centro de trabajo deviene responsable de llevar un registro de las revisiones y reparaciones que se vayan practicando sobre estos equipos. Las calderas se revisarán, como mínimo, una vez al año y cuando las circunstancias lo exijan.
Por otro lado, las calderas situadas en establecimientos industriales estarán instaladas en locales resistentes al fuego y separadas no menos de 3 metros del lugar de trabajo más cercano. Cuando en la empresa se fabriquen, empleen o desprendan materias inflamables, los lugares de trabajo estarán completamente separados de las salas donde estén situadas las calderas. Las calderas de gas tendrán ventilación suficiente, a fin de evitar la acumulación de gas.
En cuanto a los elementos mínimos que deberá incorporar toda caldera, ésta deberá contar con válvulas de seguridad, de cierre, grifos para determinar el nivel de agua, manómetros y demás accesorios necesarios a la seguridad de operación de las mismas. Asimismo, tendrán un equipo adecuado de desagüe y no deberán instalarse en espacios cerrados.
En República Dominicana, las obligaciones del empresario en cuanto a la puesta a disposición de su platilla de los equipos de protección individual necesarios para su protección vienen establecidas principalmente en el Punto Quinto del Título I de la Resolución nº 04/2007, del 30 de enero de 2007, por la que se establecen las Condiciones Generales y Particulares de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En este sentido, el empleador está obligado a:
1. Evaluar los lugares de trabajo, con el fin de determinar aquellos en los que deba recurrirse a la protección individual y precisar, para cada uno de estos lugares, el riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo o equipos de protección individual que deberán utilizarse.
2. Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección individual que deban utilizar, reponiéndolos cuando resulte necesario.
3. Velar porque la utilización, almacenamiento, mantenimiento, limpieza, desinfección (cuando aplique) y reparación de los equipos de protección individual se efectúan de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el fabricante.
El equipo de protección individual debe ser el último recurso a utilizar dentro de la jerarquía de control de riesgos. Los equipos de protección individual deberán proporcionar una protección eficaz frente a los riesgos para los que están diseñados, sin suponer por sí mismos un agravante del riesgo o implicar la aparición de otros riesgos adicionales. En este sentido, todo equipo de protección individual deberá estar diseñado de forma que:
• Responda a las condiciones existentes en el lugar de trabajo.
• Tenga en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas del trabajador.
• Facilidad de adaptación al usuario, tras los ajustes necesarios.
Por otra parte, cuando existan varios riesgos que comporten la necesidad de que el trabajador deba utilizar de forma simultánea más de un equipo, éstos deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos correspondientes.
Los equipos de protección individual estarán destinados, en principio, a un uso individual. Si las circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por parte de varias personas, se adoptarán las medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios.
No se han encontrado referencias normativas en cuanto a la protección de la seguridad y salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la manipulación manual de cargas.
La normativa de República Dominica en materia de seguridad y salud en el trabajo dispone una extensa regulación en cuanto a la protección de los trabajadores que operan con pantallas de visualización de datos (PVDs). Los requisitos aplicables al uso y disposición de estos equipos viene establecida en el Punto Segundo del Título II de la Resolución nº 04/2007, del 30 de enero de 2007, por la que se establecen las Condiciones Generales y Particulares de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Las obligaciones generales atribuidas al empresario en esta materia consisten en lo siguiente:
• Adoptar las medidas necesarias para que la utilización por los trabajadores de PVDs no suponga riesgos para su seguridad o salud, o bien reducirlos al máximo.
• Evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos. Esta evaluación se realizará tomando en consideración las características propias del puesto de trabajo y las exigencias de la tarea (duración, grado de atención exigido, complejidad…etc.).
Cuando la evaluación ponga de manifiesto que la utilización por los trabajadores de estos equipos puede suponer un riesgo para su seguridad o salud, el empresario adoptará las medidas técnicas u organizativas necesarias para eliminar o reducir el riesgo al mínimo posible. En este sentido, la norma incide especialmente en cuanto a las medidas organizativas destinadas a reducir el tiempo de exposición.
Por otro lado, el empresario garantizará el derecho de los trabajadores a una vigilancia adecuada de su salud, teniendo en cuenta en particular los riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, el posible efecto añadido o combinado de los mismos y otras patologías asociadas al uso de estos equipos. La vigilancia de la salud deberá darse antes del inicio de los trabajos y posteriormente de forma periódica, siguiendo los plazos que establezca el médico del trabajo, en función de los resultados de la evaluación de riesgos.
El empleador proporcionará gratuitamente a los trabajadores los dispositivos correctores especiales para la protección de la vista cuando los resultados de la vigilancia de la salud demuestran su necesidad y no puedan utilizarse dispositivos correctores de otro tipo.
Por otra parte, el empresario deberá garantizar que los trabajadores reciban una formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos que incluyan pantallas de visualización, así como sobre las medidas de prevención y protección oportunas. Asimismo, deberá informar a los trabajadores sobre los aspectos relacionados con la seguridad y la salud aplicables a su puesto de trabajo, así como de las medidas preventivas asociadas a cada uno de los riesgos a los que está expuesto.
En República Dominicana, las obligaciones concernientes a la gestión de la prevención frente a los riesgos derivados de agentes químicos vienen detalladas en la Parte 2 del Punto Tercero del Título I de la Resolución nº 04/2007, del 30 de enero de 2007, por la que se establecen las Condiciones Generales y Particulares de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cuando una empresa utiliza dentro de su proceso productivo agentes químicos capaces de provocar efectos adversos en los trabajadores, el empleador deberá evaluar el nivel de exposición con el fin de comprobar si se superan los límites permitidos.
En el caso en que una medición representativa de concentraciones de sustancias químicas existentes en el lugar de trabajo demuestre que han sido sobrepasados los valores que se establecen como límites permisibles, el empleador deberá iniciar de inmediato las acciones necesarias para controlar el riesgo en su origen.
En tanto se adoptan dichas medidas, el empresario proporcionará y velará por la utilización por parte de sus trabajadores de los equipos de protección individual oportunos. En cualquier caso, el empleador será responsable de evitar que los trabajadores realicen su trabajo en condiciones de riesgo para su salud.
El mismo Reglamento establece en su punto 3.2.4 una Tabla Indicativa de los Valores Límite atribuidos a la concentración ambiental en el aire de más de un centenar de contaminantes químicos, calculados en relación a un periodo de referencia de la jornada de trabajo de 8 horas. Estos valores son anualmente actualizados por la Conferencia Americana Gubernamental de Higiene Industrial.
En República Dominicana, los requisitos en cuanto a la protección de la seguridad y salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de los agentes físicos vienen regulados a lo largo del contenido de la Resolución nº 04/2007, del 30 de enero de 2007, por la que se establecen las Condiciones Generales y Particulares de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Su regulación viene estipulada en el punto 1.9 del Título I de la norma. Todos los lugares de trabajo utilizados por parte de la plantilla deberán estar iluminados de manera apropiada y, dentro de lo posible, con iluminación natural. Si ésta por sí sola no fuera suficiente para garantizar unas condiciones de visibilidad adecuadas, deberá ser complementada con iluminación artificial.
Por otra parte, en aquellas zonas de trabajo donde se requieran niveles de iluminación específicos, se utilizará preferentemente la iluminación artificial general, complementada a su vez, con una iluminación natural.
Los niveles mínimos de iluminación en los lugares de trabajo serán los establecidos en la siguiente tabla:
Zona de trabajo Nivel de iluminación mínimo (lux)
Ascensores 200
Locales de servicio – lavandería 300
Carpintería-sierra 300
Materiales-carga, transporte 200
Construcción de edificios en general 100
Montaje (poca exigencia visual) 300
Capas metálicas, prensas, cizallas 100
Montaje (exigencia visual media) 1000
Depósitos activos 200
Depósitos inactivos 50
Oficinas, zonas generales 1000
Pasillos, en general 200
Pruebas sobre equipos eléctricos 1000
Operaciones de pintura con pulverización o inmersión 500
Garajes (zonas de reparación) 1000
Garajes (zonas de tráfico) 200
Plataformas de carga 200
Salas de dibujo (alta precisión) 2100
Inspección (alta exigencia visual) 2100
Inspección (exigencia visual media) 500
Operaciones de soldadura en general 500
Tiendas de maquinaria 1.000
La exigencia lumínica de estas zonas de trabajo podrá incrementarse en un 100% cuando se produzca una de estas circunstancias:
• En las áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes.
• En las zonas donde se efectúen tareas, cuando un error de apreciación visual pueda suponer un peligro para el trabajador o para terceros o cuando el contraste de luminancias o de color entre el objeto a visualizar y el fondo sobre el que se encuentra sea muy débil.
Su regulación viene dispuesta en la Parte 3 del Título I de la Resolución nº 04/2007.
El empresario deberá medir y evaluar la exposición de los trabajadores al ruido con el objeto de determinar si se superan los límites o niveles fijados en la norma y aplicar, de ser necesario, las medidas preventivas correspondientes.
La evaluación de la exposición de los trabajadores al ruido se realizará en base a la medición de los niveles de presión sonora que se generen fruto de la actividad. Las mediciones del ruido deberán ser representativas de las condiciones de exposición al mismo y deberán permitir la determinación del nivel diario equivalente y del nivel pico. Quedan exceptuados de la evaluación de medición aquellos supuestos en los que se aprecie directamente que, en un puesto de trabajo, el nivel diario equivalente o el nivel de pico son manifiestamente inferiores a 80 dB y 140 dB.
En los puestos de trabajo en los que el nivel diario equivalente o el nivel pico superen los 80 dB o 140 dB, respectivamente, se analizarán los motivos por los que se superan tales límites y se desarrollará un programa de medidas técnicas destinado a disminuir la generación o la propagación del ruido, pudiendo contener también medidas organizativas encaminadas a reducir la exposición de los trabajadores al ruido. Se deberá informar a los miembros del Comité de Seguridad y Salud previamente a la implementación de estos programas.
En aquellos lugares de trabajo en los que no resulte razonablemente posible reducir dichos niveles, deberán adoptarse las medidas preventivas siguientes:
• Controles Médicos periódicos (anuales) de la función auditiva de los trabajadores.
• Entregar protectores auditivos al conjunto de la plantilla expuesta, cuyo uso será obligatorio, cuando el nivel continuo de ruido para un periodo de referencia de 8 horas sea superior a 80 dB (A).
• Siempre que el riesgo lo justifique y sea técnicamente posible, los lugares de trabajo con exposición a ruido serán delimitados y objeto de una restricción de acceso.
Toda empresa que vaya a instalar maquinarias que, por la naturaleza de los procesos de fabricación, produzcan grandes vibraciones deberá comunicarlo a la Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial de la Secretaría de Estado de Trabajo.
Este organismo se encargará de informar y asesorar al empleador sobre las medidas técnicas y organizativas que deberá poner en práctica a efectos de minimizar los efectos negativos sobre la seguridad y salud que puedan generarse de la fuerza vibratoria de los equipos.
Asimismo, siempre que se lleve a cabo una modificación o reparación de los mencionados equipos, el empresario deberá reportar tal hecho a la Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial.
En cuanto a la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición a agentes biológicos, su regulación viene escasamente desarrollada en la Parte 3 del Punto Tercero de la Resolución nº 04/2007, del 30 de enero de 2007, por la que se establecen las Condiciones Generales y Particulares de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Su contenido dispone las obligaciones de carácter general a las que deberá atenerse el empresario en caso de que se identifiquen en el lugar de trabajo riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos en el lugar de trabajo. En estos casos, el primer paso para la gestión preventiva de estos riesgos será implementar medidas técnicas orientadas a eliminar dichos riesgos.
Aun así, cuando esto no fuera posible y existieran riesgos biológicos que no se pueden evitar, el empresario deberá proceder a evaluar la magnitud de los mismos, determinando la naturaleza, el grado y duración de la exposición de los trabajadores. En función de los resultados obtenidos en la evaluación de riesgos, deberán adoptarse las medidas técnicas y organizativas de control pertinentes, a efectos de minimizar los efectos negativos que pueda suponer para los trabajadores la exposición a agentes biológicos.
Por otra parte, siempre que se produzca en algún miembro de la plantilla una infección o enfermedad que se sospeche que sea consecuencia de una exposición a agentes biológicos, el empresario deberá velar por la elaboración de una nueva evaluación de dicho riesgos, a efectos de detectar posibles riesgos no identificados previamente.
Ahora bien, dentro del apartado relativo a la gestión preventiva de los agentes químicos en general, encontramos disposiciones que hacen referencia explícita al amianto, viniendo reguladas en el punto 3.2.8 de la Parte 3 del Título II de la Resolución. En este apartado se establecen los valores límites de exposición laboral al amianto, siendo éstos:
• Crisolito: 0,60 fibras por centímetro cúbico.
• Resto de variedades del amianto: 0,30 fibras por centímetro cúbico. Se incluyen dentro de esta categoría las mezclas que contengan crisolito.
La norma también dispone una serie de prohibiciones en cuanto al uso del amianto. Queda prohibida la utilización de cualquier variedad de amianto por medio de proyección, especialmente por atomización, así como toda actividad que implique la incorporación de materiales de aislamiento o de insonorización de baja densidad (inferior a 1 g/cm³) que contengan amianto. También se prohíbe la utilización de la variedad crocidolita o amianto azul.
En República Dominicana, los aspectos concernientes a la gestión de la protección de la seguridad y salud de los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes vienen estipulados en la Parte 4 del Punto Tercero de la Resolución nº 04/2007, del 30 de enero de 2007, por la que se establecen las Condiciones Generales y Particulares de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Se consideras trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes:
1. Aquellas personas que, por las condiciones en que se realiza el trabajo, puedan recibir una dosis efectiva superior a 6 Msv. por año o una dosis equivalente superior a 3/10 de los límites de dosis equivalente para el cristalino, la piel y las extremidades. En estos casos, es obligatorio el uso de dosímetros individuales que midan la dosis externa representativa de la totalidad del organismo y, en caso de riesgo de contaminación parcial o no homogénea, dosímetros adecuados a las partes potencialmente afectadas.
2. Aquellas personas que por las condiciones en que realizan el trabajo sea muy improbable que reciban dosis superiores a las señaladas en el párrafo anterior, estarán exentas del uso de dosímetros personales, siempre y cuando se disponga en el lugar de trabajo de dosimetría de área. En todo caso las dosis recibidas deberán ser inferiores a los límites establecidos.
En cuanto a los valores límites de exposición, la norma dispone los siguientes:
• 100 Msv. durante un período de 5 años oficiales consecutivos, sujeto a una dosis efectiva máxima de 50 Msv. en cualquier año.
• Límite de dosis equivalente para el cristalino: 150 Msv. por año.
• Límite de dosis equivalente para la piel: 500 Msv. por año. Dicho límite se aplicará a la dosis promediada sobre cualquier superficie de 1 centímetro cuadrado, con independencia de la zona expuesta.
• Límite de dosis equivalente para las manos, antebrazos, pies y tobillos: 500 Msv. por año.
Otras obligaciones atribuidas a la figura del empresario en relación a la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de radiaciones ionizantes:
• En aquellos lugares de trabajo en los que exista exposición de los trabajadores a radiaciones ionizantes, se deberá utilizar la simbología establecida de señalización que indique la existencia de riesgo de radiación y se deberá proporcionar a los trabajadores toda la información necesaria a este respecto.
• Las mujeres en período de lactancia o embarazo no pueden desempeñar trabajos que supongan un riesgo de contaminación.
• Toda persona que vaya a ser destinada a un lugar de trabajo con riesgo de exposición debe ser sometida a un examen de salud previo al inicio del trabajo.
No se han encontrado referencias concretas a la gestión preventiva frente a riesgos tales como la manipulación manual de cargas, movimientos repetitivos, posturas forzadas y otros riesgos propios de la especialidad de la ergonomía laboral.
Si bien existen a lo largo de la normativa dominicana en materia de seguridad y salud referencias puntuales relativas a la adaptación de los puestos de trabajo a las características personales del trabajador, estas carecen de un desarrollo notable. La única excepción la encontramos en la regulación aplicable a oficinas (Resolución nº 04/2007, Título II, Parte Segunda), en el que se disponen los requisitos para la configuración de los puestos de trabajo dotados de pantallas de visualización de datos (ver apartado 35 de la guía).
Por otra parte, la Parte Primera del Título I de esa misma norma dispone el requisito general aplicable a todos los locales de trabajo de contar con unas dimensiones que permitan a los trabajadores realizar sus tareas en condiciones ergonómicas adecuadas, sin riesgos para su seguridad y salud.
También se han identificado en la normativa aplicable al sector de la construcción (Parte Tercera del Título II de la Resolución nº 04/2007) disposiciones que hacen referencia a la necesidad de que los vehículos, maquinaria, equipos de trabajo herramientas manuales…estén debidamente diseñados de acuerdo con los principios de la ergonomía.
La legislación dominicana en materia de seguridad y salud prácticamente no establece disposiciones por las que se regule la protección de los trabajadores frente a los riesgos psicosociales.
Las únicas referencias identificadas en la normativa las encontramos en la Resolución nº 04/2007, Título II, Parte Segunda), en el que se regula la protección de los trabajadores en el ámbito de oficinas. Esta regulación incide especialmente en el diseño de los puestos de trabajo y las medidas preventivas frente a los riesgos derivados del uso de pantallas de visualización de datos. Ahora bien, también contempla algunos artículos que hacen referencia a la gestión preventiva de la carga mental.
En este sentido, se dispone que todo empresario debe evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos. Además, el empresario garantizará el derecho de los trabajadores a una vigilancia adecuada de su estado de salud, en la cual se tendrán en consideración los riesgos anteriormente citados.
Según la información detallada en la base de datos de Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, aquellos ciudadanos extranjeros que decidan entrar en la República Dominicana no tienen la obligación de vacunarse frente a ninguna enfermedad.
Dicho esto, y atendiendo a algunas de las principales enfermedades prevalentes en el país, se recomienda que el ciudadano extranjero que vaya a acceder a territorio dominicano se vacune frente a las siguientes enfermedades:
Estas vacunaciones pueden ser administradas en cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional presentes en cada una de las provincias de nuestro país.
Desde el año 2006, España y Republica Dominicana tienen suscrito un Convenio Bilateral en materia de Seguridad Social. Ello implica que el trabajador español que vaya a ser desplazado al país puede seguir sujeto el régimen español de Seguridad Social y tener derecho a recibir las prestaciones contributivas que figuran dentro del ámbito de aplicación del Convenio, siendo éstas:
• Prestaciones por incapacidad temporal en los casos de enfermedad común y accidente no laboral.
• Prestaciones por maternidad y riesgo durante el embarazo.
• Prestaciones de incapacidad permanente, jubilación y muerte y supervivencia.
• Prestaciones familiares por hijo a cargo.
• Prestaciones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional.
Las personas a las que aplica el Convenio Bilateral, y por lo tanto tienen derecho a las prestaciones anteriormente comentadas, son los trabajadores nacionales de un país que vayan a prestar una actividad laboral en el otro Estado y miembros de su unidad familiar. También aplica a ciudadanos refugiados o apátridas.
A efectos de solicitar la inclusión en el Convenio Bilateral de Seguridad Social acordado entre ambos países, el sujeto interesado deberá acudir a la Administración de la Seguridad Social más cercana y entregar debidamente cumplimentados los formularios:
• Formulario TA-300: “Solicitud de información sobre la legislación de Seguridad Social aplicable”.
• Formulario E/REP.DOM.: “Certificado de legislación aplicable” (deberán entregarse tres copias).
La duración de la vigencia ordinaria del Convenio es de 3 años, si bien se contempla la posibilidad de prórroga.
Cabe decir, no obstante, que si bien el trabajador desplazado tendrá derecho a las prestaciones contributivas anteriormente citadas, el acuerdo suscrito entre ambos países no incorpora como prestación la asistencia sanitaria en el país de destino. Ello comporta la necesidad de contratar un seguro médico de viaje que dé cobertura al trabajador desplazado y le proporcione el derecho a acceder al sistema de sanidad del país.
En este sentido, se debe tener en consideración la situación del sistema sanitario en República Dominicana. Mientras que los hospitales y clínicas públicos del país gozan, por lo general, de unas condiciones deficientes; los centros privados presentan un servicio adecuado y de calidad, tanto a nivel técnico como en cuanto a la capacitación de sus profesionales sanitarios., Los tratamientos que se brindan en las instituciones privadas de República Dominicana son costosos, por lo que deberá incluirse dentro del paquete de cobertura del servicio médico de viaje el derecho a la asistencia médica privada y el posterior reembolso de los costes devengados.
Cabe destacar también que es frecuente en países en vías de desarrollo que se solicite en los centros privados del país el pago del tratamiento previamente a recibirlo, por lo que conviene informar al trabajador desplazado sobre la importancia de llevar dinero en efectivo. En estos casos, la aseguradora reembolsa posteriormente los costes derivados del tratamiento asistencial.
Por último, en el caso de aquellas personas que requieran de la administración habitual de un medicamento, se recomienda que el trabajador desplazado lleve consigo existencias suficientes para toda la duración de la estancia. Alguna medicación es difícil de encontrar en el país y existe un mercado negro de medicamentos que ofrecen productos adulterados.
Atendiendo al Global Peace Index de 2015, República Dominicana ocupa el puesto 146 (respecto a un total de 162 países) en cuanto al nivel de seguridad ciudadana. Dentro de los indicadores utilizados para definir el grado de seguridad, el más representativo es sin duda el número de homicidios cometidos en el país, principal fuente de preocupación entre los ciudadanos encuestados del país.
Esta valoración del nivel de seguridad ciudadana coincide con las conclusiones obtenidas en un informe elaborado en 2013 por la consultora dominicana Gallup y que situaba al país como el quinto país más inseguro de Latinoamericana, por debajo de Venezuela, Bolivia, Perú y Paraguay.
Aun así, tal y como se apunta desde la base de datos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España (MAEC), la capital Santo Domingo puede considerarse relativamente segura, siempre y cuando se sigan medidas de prudencia básica como:
• Evitar circular por la calle de noche, tanto a pie como en coche. De hacerlo, deberá ir acompañado, a poder ser por un ciudadano local.
• No hacer ostentación de bienes valiosos (reloj, teléfono móvil…etc.).
• No utilizar servicios de transporte que no estén claramente identificados.
• En caso de requerir del servicio de un taxi, reservar uno de confianza o bien vinculado al hotel en el que se aloje.
• Extremar las precauciones cuando vaya a extraer efectivo de un cajero automático.
• En caso de ser víctima de una situación de robo, siga las instrucciones del asaltante y no oponga resistencia.
Esta última recomendación es especialmente importante, puesto que en República Dominicana la posesión y porte de armas está altamente extendido en la sociedad y la incidencia de los homicidios en el país – especialmente en zonas marginales – es considerable.
Tal y como se dispone en la base de datos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España (MAEC), República Dominicana presenta unas condiciones higiénicas y sanitarias deficientes que pueden incidir negativamente en la salud de aquellas personas que vayan a ser desplazadas al país.
En este sentido, se recomienda especialmente mantener unos altos niveles de higiene, especialmente en cuanto a la ingesta de agua y comida. Se deberá evitar siempre el consumo de agua u otras bebidas no embotelladas. Esta medida se extiende también a bebidas embotelladas que vengan acompañadas de cubos de hielo que no se sepa de qué tipo de agua proceden. En cuanto a la ingesta de comida, se recomienda evitar consumir frutas, verduras y otros alimentos adquiridos en mercados ambulantes. En el caso concreto de la fruta y verdura, se recomienda lavarla con agua hervida antes de ser consumida.
El seguimiento de estas medidas higiénicas básicas contribuye en buen grado a evitar la contracción de enfermedades diarreicas y otras que pudieran derivarse del mal estado de la comida y el agua. Sin embargo, existe en República Dominicana el riesgo de contraer otro tipo de enfermedades que son prevalentes en el país y que se resumen a continuación:
• Chikungunya: Esta afección, cuya fase aguda dura entre 3 y 7 días, se transmite por la picadura de los mosquitos “Aedes aegypti” y “Aedes albopictis”, y sus síntomas más frecuentes son fiebre alta y dolor articular. Aun así, el virus no es por lo general letal y los casos incidentes en el país se han reducido drásticamente en los últimos años.
• Dengue: Últimamente, el país atraviesa una epidemia de dengue que afecta principalmente a las zonas norte y centro del país, además de la capital y otras zonas, si bien menor en medida. Al igual que ocurre con el Chikungunya, esta enfermedad es transmitida a través de la picadura de un mosquito.
• Malaria: Existe riesgo de paludismo, exclusivamente por P. falciparum, durante todo el año, con especial probabilidad en las provincias occidentales de Dajabón, Elias, Pina y San Juan. En otras áreas del país, el riesgo de transmisión es bajo o insignificante. No hay datos de resistencia de P. falciparum a ningún antipalúdico.
• Esquistosomiasis: Se adquiere por contacto con agua dulce que contiene larvas que penetran en la piel. La transmisión de esta enfermedad se produce al nadar, lavar, vadear… en aguas dulces contaminadas. Como medida preventiva principal ante esta enfermedad: evitar el contacto directo con agua dulce potencialmente contaminada. En caso de exposición accidental, se recomienda secar enérgicamente la piel.
Según un estudio analítico denominado “Atlas de Exposición Económica a Riesgos Naturales”, elaborado por la firma británica Maplecroft, República Dominicana se encuentra dentro de los 10 países más vulnerables económicamente en cuanto a la exposición a los desastres naturales que azotan el país.
Esta realidad se debe no solo a la incidencia de riesgos naturales que se materializan año tras año en el país, sino también a la vulnerabilidad estructural de los edificios de la capital, Santo Domingo. Además, la tipología y agresividad de los fenómenos meteorológicos que se producen en el país comporta también considerables pérdidas humanas.
Se resumen a continuación los riesgos naturales más importantes que se materializan de forma periódica en el país:
• Huracanes: Se dan especialmente durante la temporada de lluvias, la cual abarca los meses de junio hasta noviembre, si bien pueden producirse también a lo largo del año. Normalmente, los huracanes suelen formarse en el mar y, en caso de llegar al país, se dispone de varios días para prepararse ante el fenómeno. En este sentido, se recomienda mantenerse permanente informado sobre las previsiones meteorológicas.
• Tormentas tropicales: Al igual que ocurre con los huracanes, las tormentas tropicales y lluvias torrenciales se materializan principalmente durante la época de junio a noviembre. Curiosamente, más de la mitad de fenómenos de este tipo registrados en los últimos 50 años se concentran en regiones urbanas importantes del país como el Distrito Nacional, Cibao Central (Puerto Plata, Santiago de los Caballeros, Concepción de la Vega) y Cibao Oriental (Cotuí, Nagua y San Francisco de Macorís).
• Incendios: La mayoría de estos fenómenos suelen darse también en las zonas urbanas del país, especialmente en viviendas y locales. Las principales razones por las que se producen estos incendios son el deficiente estado de las instalaciones eléctricas y de gas en los edificios, si bien muchos también son provocados intencionadamente.
• Terremotos: La posición de la isla dominicana, justo en el borde de interacción entre la placa tectónica de Norteamérica y la placa tectónica del Caribe, hace que el país (especialmente la región septentrional) sea considerada como de alto riesgo sísmico. El terremoto más importante de la historia reciente del país se produjo en 1946, con una magnitud de 8.1 puntos en la escala Richter, siendo uno de los mayores movimientos sísmicos registrados en el mundo en el siglo XX.
En caso de emergencia ante cualquiera de estos fenómenos naturales u otros que pudieran producirse, puede acudir al número de teléfono de emergencia consular del Consulado General de España en Santo Domingo: (1) 8096973035.
Según el “Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial” elaborado en 2013 por la Organización Mundial de la Salud, República Dominicana es el segundo país de los 182 pertenecientes a las Naciones Unidas con más muertes de tránsito por cada 100 mil habitantes, con una tasa de 41,7 fallecimientos. En números absolutos, cada año se producen en el país aproximadamente 24.000 fallecimientos ocasionados por accidentes de tráfico.
Los principales motivos por los cuales se dan estas cifras son dos. Por un lado, el estado de las vías de circulación existentes en el país, especialmente en cuanto a las carreteras secundarias y vías de circulación presentes en las zonas rurales. Por otra parte, la práctica agresiva de la conducción generalizada en la sociedad dominicana. Por lo general, no se respetan las señales de tráfico, no se hace uso de los intermitentes y se producen paradas frecuentes e inesperadas en vías de circulación rápida.
Por todo ello, todo ciudadano que vaya a ser asignado al país, ya sea por un desplazamiento temporal o expatriación de larga duración, deberá extremar las precauciones durante la conducción. También se recomienda evitar conducir en horario nocturno, ya que no siempre las carreteras disponen de un sistema de iluminado adecuado o simplemente carecen de él. También es habitual encontrarse con animales sueltos en medio de la vía.
Por otra parte, aquellos ciudadanos españoles cuyo permiso de conducción caduque mientras se encuentran en República Dominicana pueden optar por canjear su permiso de conducción por uno dominicano. Los requisitos que le serán exigidos por parte de la Dirección General de Tráfico para la obtención del nuevo permiso son los siguientes:
• Solicitud en impreso oficial, que se facilita en las Jefaturas de Tráfico y en la página Web de la DGT (www.dgt.es).
o Documento Nacional de Identidad o Pasaporte: original en vigor.
o Autorización de residencia o documento de identidad de su país o pasaporte, junto con el Certificado de Inscripción en el Registro Central de Extranjeros para extranjeros comunitarios: original en vigor.
o Autorización de Residencia para extranjeros no comunitarios: original en vigor. Tarjeta de residencia en vigor.
• Acudir a un centro de reconocimiento de conductores para la emisión del informe de aptitud psicofísica, que se enviará telemáticamente a la Jefatura Provincial de Tráfico.
• Permiso de conducción: original en vigor y fotocopia.
• Fotografía actualizada: una original de 32 x 26 mm. Cuando se trate de solicitantes que por su religión lleven el cabello cubierto, se admitirán las fotografías con velo, siendo la única limitación para su admisión, que el óvalo del rostro aparezca totalmente descubierto desde el nacimiento del pelo hasta el mentón, de forma que no impida o dificulte la identificación de la persona.
• Declaración por escrito de no hallarse privado por resolución judicial del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, ni sometido a intervención o suspensión del que se posea.
• Declaración por escrito de no ser titular de otro permiso o licencia de conducción, ya sea expedido en España o en otro país comunitario, de igual clase que el solicitado.
En el caso de la República Dominicana, no se exige la realización de ninguna prueba para canjear los permisos A1, A y B. Para el canje de los permisos C1, C, C+E, D1 y D sí que será necesario, no obstante, superar una prueba teórica específica y un examen de circulación.
De acuerdo con la información brindada en la CIA World Factbook, la composición étnica de la población de República Dominicana es eminentemente mestiza, abarcando aproximadamente el 7% de la población del país. Esta mezcla étnica es fruto de la realidad histórica del país, habitado desde el siglo VI por taínos y posteriormente ocupado en 1492 por la cultura hispana.
Actualmente, el idioma oficial del país es el español, si bien en el habla común son empleados numerosos neologismos y extranjerismos provenientes de la cultura africana y, en especial, de Estados Unidos, fruto de la presión cultural estadounidense que ha existido en República Dominicana en la historia reciente. También se habla, aunque en mucha menor medida, el Creole haitiano, debido a la influencia de la inmigración de Haití al país vecino.
También es practicado en buena medida el inglés, debido a la descendencia de los esclavos estadounidenses liberados que llegaron al país en el siglo XIX y, por otra parte, por la considerable influencia que ejerce Estados Unidos en el país, tanto a nivel cultural como económico.
En cuanto a la religión, República Dominicana ha reconocido tradicionalmente la libertad religiosa de sus habitantes. Aproximadamente el 65% de los ciudadanos dominicanos profesan el catolicismo, seguido del evangelismo. El porcentaje de población que no sigue ninguna religión se sitúa alrededor del 10%. Cabe destacar también el judaísmo como religión que ha ido ganando adeptos en el país, a raíz de la colonia de judíos que escaparon del régimen nazi y fundaron la ciudad de Sosúa.
Pese a esta diversidad religiosa, es la religión cristiana católica la que más influencia ejerce en la sociedad dominicana, aspecto éste que se puede apreciar también en el calendario de festividades nacionales del país. El calendario de días festivos para el año 2016 es el siguiente:
• 5 de enero: Día de los Santos Reyes.
• 21 de enero: Día de Nuestra Señora de la Altagracia.
• 25 de enero: Día de Duarte.
• 27 de febrero: Día de la Independencia.
• 25 de marzo: Viernes Santo.
• 26 de mayo: Corpus Cristi.
• 16 de agosto: Día de la Restauración.
• 24 de setiembre: Día de las Mercedes.
• 6 de noviembre: Día de la Constitución.
Tal y como se dispone en la base de datos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España (MAEC), el ciudadano español que decida acceder al territorio nacional de República Dominicana no ostenta la necesidad de llevar consigo ningún tipo de visado. Ahora bien, deberá ser portador de la siguiente documentación:
Dirección de la residencia en la que se alojará de forma temporal.
Prueba de solvencia económica para cubrir los gastos durante la duración de la estancia.
Además, deberá disponer de una Tarjeta de Turista, la cual es proporcionada por las autoridades dominicanas de migración una vez se llega al puesto fronterizo de República Dominicana. Su coste es de 10$ (se recomienda abonar el importe en esta divisa). La duración máxima por la cual el ciudadano español turista puede permanecer en el país es de 60 días.
Ahora bien, si el objeto del viaje a República dominicana es realizar negocios o bien desempeñar una actividad laboral en el país, el ciudadano español deberá disponer de un visado para que pueda ingresar en el país y efectuar tales actividades en territorio dominicano.
Las visas de negocios son expedidas para viajes de negocios, profesionales o con fines comerciales. Se otorga por sesenta (60) días, pudiendo ser renovada automáticamente a solicitud del interesado dentro del término de los 60 días de vigencia. En el caso de que la persona necesite viajar al país con mayor frecuencia para realizar negocios, puede solicitar una visa de negocios con entradas múltiples válida por un año, no pudiendo permanecer en el país más de dos meses consecutivos.
Se detallan seguidamente los requisitos para la obtención de los dos tipos de visados de negocios:
Visado de negocios simple
Carta de solicitud de visa, dirigida al cónsul, suscrita por la empresa o institución a la que pertenezca el beneficiario, contentiva de nombre del beneficiario, nacionalidad, lugar de residencia, actividad a la cual se dedica, medios económicos con los que cuenta y propósito de viaje al país. Este documento deberá ser cursado por la empresa o institución a la que pertenezca el beneficiario en hoja timbrada y sellada.
Una fotografía tamaño 4×5 centímetros, de frente y con fondo blanco.
Visado de negocios para entradas múltiples
Visado de negocios con Fines Laborales
Las visas de negocios con fines laborales se otorgan a aquellas personas que por la naturaleza de su ocupación permanezcan durante un año en el país, sin obligatoriamente tener que salir al exterior. Generalmente se otorgan a personas que cumplan contratos por tiempo determinado en empresas públicas o privadas establecidas en el país, pudiendo ser renovadas por igual período de tiempo, mientras dure la vigencia del contrato en cada caso. Los requisitos para su obtención son los siguientes:
Formulario de Visa debidamente completado a máquina o en letra legible. Disponible en la sede de las oficinas consulares o en el portal de servicios consulares (www.consuladord.com) para ser llenado en online.
Propuesta de Trabajo, en la cual indique posición a ocupar, sueldo base más beneficios adicionales.(no es necesario estar registrada ante el ministerio de trabajo).
Carta de solicitud de visa dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores por el solicitante o su representante legal, que contenga nombre y nacionalidad del beneficiario, lugar de residencia y actividad a la cual se dedicará en el país.

References: Resolución 
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 artículo 1
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 artículo 2
 artículo 6
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 artículo 7
 artículo 6
 artículo 4
 artículo 8
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 artículo 14
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 artículo 7
 artículo 9
 artículo 4
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 artículo 11
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 artículo 10
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 artículo 720
 artículo 463
 artículo 36
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 246
 artículo 234
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 artículo 6
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 artículo 83
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