Source: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2017/06/ue-subsidios-familiares-prestaciones-de.html
Timestamp: 2017-11-22 18:12:10+00:00

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EL BLOG DE EDUARDO ROJO: UE. Subsidios familiares. Prestaciones de Seguridad Social. Derecho de los nacionales de terceros países. Nota breve a la sentencia del TJUE de 21 de junio de 2017 (asunto C-449/2016).
1. Anoto con brevedad en esta entrada del blog la reciente sentencia dictada por la SalaSéptima del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 21 de junio (asunto C-449/16). La resolución judicial fue objeto de una nota de prensa de síntesis, por partedel gabinete de prensa e información del TJUE, titulada “Un nacional de un país no perteneciente a la UE, titular de un permiso único de trabajo en un Estado miembro, tiene por lo general derecho a las prestaciones de seguridad social previstas para los nacionales de ese Estado”.
El litigio del que ha conocido el TJUE encuentra su origen, en el ámbito judicial interno italiano, en la denegación por parte de las autoridades italianas (Ayuntamiento de Génova e Instituto Nacional de Previsión Social) del subsidio para familias nucleares con al menos tres hijos menores, recogido en la normativa italiana, que había solicitado una ciudadana nacional de un tercer Estado. Dicha ciudadana extranjera era titular de un permiso de residencia único por una duración superior a seis meses, sus tres hijos eran menores de edad (menos de 18 años), y los ingresos familiares eran inferiores al umbral establecido en la normativa de aplicación (Ley nº 448/1998, posteriormente modificada) para poder acceder al mismo.
2. Interpuesta demanda en sede judicial (Tribunal de Génova), con la argumentación de que la denegación era contraria a lo dispuesto en el art. 12 de la Directiva 2011/98,del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que seestablece un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autorizaa los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de unEstado miembro y por la que se establece un conjunto común de derechos para lostrabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro, fue desestimada por auto de 18 de agosto de 2015, con la argumentación que se recoge en el apartado 13 de la sentencia. Para el Tribunal, en primer lugar, las disposiciones del Reglamento también invocado por la ciudadana extranjera, núm.883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, sobre la coordinaciónde los Sistemas de Seguridad Social, “eran de naturaleza meramente programática”; en segundo término, se afirmaba que el Reglamento no incluía las pensiones alimenticias entre las prestaciones de seguridad social a cargo de la entidad administrativa competente en la materia; por fin, se argumentaba que no se había demostrado que quien accionaba “se encontrase legalmente en Italia desde hacía al menos cinco años”.
Interpuesto recurso de apelación, la Corte de apelación de Génova manifestó sus dudas sobre la compatibilidad de la normativa italiana aplicable con la del derecho de la UE, por no permitir la primera que un ciudadano de un tercer Estado miembro, titular de un permiso único, percibiera el subsidio o prestación familiar, que sí era reconocido a los nacionales italianos, algo que al parecer de la Corte pugnaba con el respeto al principio de igualdad expresamente plasmado en el art. 12 de la Directiva 2011/98 (“1. Los trabajadores de terceros países a los que se refiere el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), gozarán de igualdad de trato con los trabajadores nacionales en el Estado miembro en que residan en lo que se refiere a: …. e) ramas de la seguridad social, según lo definido en el Reglamento (CE) nº 883/2004…”).
A juicio de la Corte que planteará la cuestión prejudicial, la prestación familiar estaría incluida dentro del art. 3.1 j) del citado Reglamento (“…se aplicará a toda la legislación relativa a las ramas de seguridad social relacionadas con… j) las prestaciones familiares”), y además el Estado italiano no había hecho uso de la posibilidad de limitar la aplicación de dicho principio que está recogida en el art. 12.2 b) (“limitando los derechos conferidos en virtud del apartado 1, letra e), a los trabajadores de terceros países, pero sin restringir dichos derechos para los trabajadores de terceros países que tienen un empleo o que lo hayan tenido durante un período mínimo de seis meses y que estén registrados como desempleados. Además, los Estados miembros podrán decidir que el apartado 1, letra e) en lo que se refiere a las prestaciones familiares no se aplique a los nacionales de terceros países que hayan sido autorizados a trabajar en el territorio de un Estado miembro por un período no superior a seis meses, ni a los nacionales de terceros países que hayan sido admitidos para cursar estudios, ni a los nacionales de terceros países que autorizados a trabajar en virtud de un visado”), siendo así además que la situación jurídica de la ciudadana extranjera no se encontraría prevista en ninguno de los supuestos enunciados en ese apartado.
A partir de estas dudas, y del razonamiento expuesto, se elevaron, por resolución de 8 de julio de 2016, estas dos cuestiones prejudiciales:
“«1) Una prestación como la prevista en el artículo 65 de la Ley n.º 448/1998, denominada [SNF], ¿constituye una prestación familiar en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra j), del Reglamento (CE) n.º 883/2004?
2) En caso de respuesta afirmativa, ¿se opone el principio de igualdad de trato consagrado en el artículo 12, apartado 1, letra e), de la Directiva 2011/98/UE a una normativa como la italiana, en virtud de la cual un trabajador de un tercer país que sea titular de un “permiso único de trabajo” (de duración superior a seis meses) no puede percibir el citado [SNF], aunque conviva con tres o más hijos menores y obtenga unos ingresos inferiores a los límites legalmente establecidos?”.
3. Antes de abordar la resolución del caso, sin que hubiera conclusiones por parte del abogado general, el TJUE procede a repasar la normativa europea y estatal aplicable al supuesto.
En primer lugar, qué se entiende por “permiso de residencia de larga duración-CE”, regulado en el art. 2 g) de la Directiva 2003/109/CE del Consejo de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración”, y lo une con lo dispuesto en el art. 2 de la Directiva 2001/98, que define qué debe entenderse, a los efectos de aplicación de la Directiva, por “nacional de un tercer país”, “trabajador de un tercer país” y “permiso único”, con el art. 3 que regula su ámbito de aplicación (trabajadores de terceros países que “hayan sido admitidos en un Estado miembro con el fin de trabajar de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional”) , y con el referenciado art. 12 regulador del principio de igualdad y de las posibles limitaciones al mismo.
Respecto al Reglamento nº 883/2004, además de la mencionada aplicación a las prestaciones familiares, es importante reseñar que el art. 1 z) entiende por tales “todas las prestaciones en especie o en metálico destinadas a hacer frente a los gastos familiares, con exclusión de los anticipos de pensiones alimenticias y los subsidios especiales de natalidad y adopción mencionados en el anexo I”, previendo expresamente que no será de aplicación “ni a la asistencia social y médica ni a los regímenes de prestaciones en favor de las víctimas de guerra o de sus consecuencias”.
Respecto al derecho interno italiano, la normativa de referencia es la ya citada ley nº 448 de 23 de diciembre de 1998 posteriormente modificada, reguladora de “disposiciones en materia de finanzas públicas para la estabilización y el desarrollo”, que regula la concesión del subsidio familiar a quien cumpla los requisitos antes mencionados, habiéndose progresivamente ampliado su ámbito material de aplicación, desde los nacionales italianos a nacionales de otros Estados de la UE, nacionales de terceros países que gocen del estatuto de refugiado político o de la protección subsidiaria, a los titulares de un permiso de residencia de larga duración y a las familias de los nacionales de la UE. La progresiva ampliación se produjo en virtud de la normativa citada en el apartado 10 de la sentencia para adaptar la normativa italiana al marco europeo, de la misma forma que se haría poco después para incorporar la Directiva 2011/98.
4. Una vez examinado el marco normativo europeo e interno aplicable, el TJUE procederá a dar respuesta conjunta a las dos cuestiones prejudiciales planteadas, y lo primero que debe resolver es si la prestación del subsidio familiar objeto del litigio es una prestación de Seguridad Social y está comprendida dentro de las prestaciones familiares del Reglamento nº 88372004, o bien se trata, como argumentaba el tribunal de instancia, de una prestación de asistencia social que quedaría excluida de dicho ámbito de aplicación, tesis que compartía el gobierno italiano.

References: resolución 
 artículo 3
 resolución 
 artículo 65
 artículo 3
 artículo 12
 resolución