Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2015/as201510347.html
Timestamp: 2019-03-21 20:36:19+00:00

Document:
as201510347
AUTO SUPREMO Nº 347/2015-RRC
Por memorial presentado el 11 de octubre de 2013, cursante de fs. 1307 a 1321 vta., Marcelo Martin Miranda Gardeazabal, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 31/2013 de 5 de abril, de fs. 1129 a 1133, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Rembrandt Marden Birbuethg Contreras en representación legal de Brinks Bolivia S.A. contra Gustavo Ramiro Luna Flores, Alexander Marck Prado Sullcani, Erick Vaca Aguilar y el recurrente, por la presunta comisión del delito de Hurto Agravado, previsto y sancionado por el art. 326 incs. 1), 5) y 6), del Código Penal (CP).
En mérito a las acusaciones pública (fs. 21 a 29, subsanada a fs. 32 y vta.) y particular (fs. 193 a 199 vta.) y una vez desarrollada la audiencia de juicio oral, el Tribunal Quinto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció la Sentencia 020/2012 de 10 de agosto (fs. 969 a 996), declarando al imputado Marcelo Martín Miranda Gardeazabal, autor y culpable de la comisión del delito de Hurto Agravado, tipificado por el art. 326 incs. 1), 5) y 6) del CP, imponiéndole la pena de cinco años de reclusión, más el pago de costas en favor del Estado a calificarse en ejecución de Sentencia; finalmente, con relación a los imputados Alexander Marck Prado Sullcani y Erick Vaca Aguilar, los absolvió de culpa y pena del delito de Hurto Agravado en grado de Complicidad, tipificado por el referido artículo en relación al art. 23 de la citada Ley, por ser la prueba insuficiente.
Contra la referida Sentencia, el imputado Marcelo Martín Miranda Gardeazabal formuló recurso de apelación restringida (fs. 1019 a 1040), siendo resuelto por Auto de Vista 31/2013 de 5 de abril (fs. 1129 a 1133), dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que declaró admisible e improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.
Del memorial de casación de fs. 1307 a 1321 vta., y el Auto Supremo 082/2015-RA de 4 de febrero, se tiene como motivos a ser analizados:
El recurrente previa relación de antecedentes fácticos y procesales, que concluyeron con la Sentencia condenatoria con pena privativa de libertad de cinco años de reclusión en su contra, denuncia que, el Auto de Vista impugnado de manera lacónica y sin ninguna fundamentación alegó, que su persona no acreditó los derechos y garantías que se hubieren vulnerado o generado afectación al principio de continuidad e inmediación; empero, manifiesta el recurrente, que en su recurso de apelación señaló la vulneración de los arts. 330 y 334 del Código de Procedimiento Penal (CPP); además, de los siguientes artículos: i) 342 del referido Código, puesto que, el juez habría actuado de manera ultra petita incluyendo en el Auto de apertura de juicio el art. 23 del CP, incurriendo en actividad procesal defectuosa, dejándole en estado de indefensión; por cuanto, no supo si era juzgado como autor del delito o como cómplice, violándose la seguridad jurídica y el debido proceso; ii) 365 del CPP, puesto que no señaló cuando finalizaría su condena; iii) 370 inc. 2), pues afirma que la sentencia se basó en la declaración testifical de Vianca Mabel Peralta a quien le preguntaron si el imputado se encontraba en sala, respondió que no estaba, situación por la que arguye, que su persona no estaba individualizada; e, incs. 4) y 6) del CPP, ya que, en el desarrollo del juicio se señaló el uso de llaves y tarjetas que habrían servido para ingresar a la bóveda; empero alega, estas pruebas no fueron judicializadas menos presentadas; sin embargo, fueron base para la emisión de la Sentencia condenatoria, incurriendo en una incorrecta valoración de la prueba, vulnerando el principio de inocencia, colocándole en estado de indefensión, iv) 330 del CPP, pues se habría suspendido el desarrollo del juicio por más de tres años por inasistencia del Fiscal, Jueces ciudadanos y alguno de los imputados; y, v) 334 del CPP, señala, que se incumplió este principio pues las audiencias habrían sido fijadas con intervalo de diez días, incurriendo en retardación de justicia, aspectos que no fueron considerados por el Tribunal de alzada.
Por otra parte, denuncia el recurrente que el Auto de Vista impugnado incurrió en violación de los arts. 133 y 308 del CPP, puesto que, ante su reclamo referido al rechazo de las excepciones de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso y prescripción, alegó que no se encuentra la reserva de apelación, aspecto que no es evidente, porque en su apelación restringida hizo reserva de apelación cuando ya habría transcurrido tres años, nueve meses y diecisiete días, existiendo retardación de justicia atribuible al Ministerio Público, pidiendo nuevamente la extinción a los cinco años, ocho meses y ocho días; sin embargo, este aspecto no habría sido considerado por el Tribunal de Sentencia ni por el de Alzada, en vulneración al principio de que todas las resoluciones son impugnables conforme prevé el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE) y sus derechos establecidos en los arts. 115 de la referida norma y 8 del Pacto de San José de Costa Rica, negándole el derecho a una oportuna y debida defensa.
El recurrente solicita que una vez realizados los trámites de rigor, se deje sin efecto el Auto de Vista motivo del recurso, devolviéndose los actuados a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida.
Por Auto Supremo 082/2015-RA de 4 de febrero, este Tribunal declaró admisible por flexibilización el recurso interpuesto por Marcelo Martín Miranda Gardeazabal, para el análisis de fondo de los dos motivos identificados precedentemente.
Por Sentencia 020/2012 de 10 de agosto (fs. 969 a 996), el Tribunal Quinto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró al imputado Marcelo Martín Miranda Gardeazabal, autor y culpable de la comisión del delito de Hurto Agravado, previsto y sancionado por el art. 326 incs. 1), 5) y 6) del CP, imponiéndole la pena privativa de libertad de cinco años de reclusión, más el pago de costas en favor del Estado a calificarse en ejecución de Sentencia, al concluir la existencia de apoderamiento ilegitimo de cosa mueble, en circunstancias en que el recurrente no devolvió las llaves cuando le despidió la empresa Brink´s Bolivia y la clave para el ingreso a la bóveda la tenía uno de los coimputados, aprovechando entonces que los dueños del dinero depositados para servicio público en el cajero automático de la calle Sucre, estaban fuera de control, obrando con dolo sobre seguro, resultando autor el imputado para cometer el delito, sirviéndose probablemente de otras personas para perpetrar el hecho delictivo.
Contra la mencionada Sentencia, el imputado Marcelo Martín Miranda Gardeazabal, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 1019 a 1040); que en lo que respecta a los motivos a considerarse en casación, contiene los siguientes argumentos:
Denunció: i) Violación del art. 342 del CPP, por la actuación ultra petita del Juez al incluir en el Auto de apertura de juicio el art. 23 del CP, incurriendo en actividad procesal defectuosa además de dejarle en estado de indefensión; ii) Violación del art. 365 del CPP, por falta de señalamiento en la parte dispositiva de la sentencia de la fecha de finalización de la condena; iii) Violación del art. 370 incs. 2), 4) y 6) del CPP; iv) Vulneración del art. 330 del CPP; v) Vulneración del art. 334 del CPP, expresando que se incumplió este principio pues las audiencias fueron fijadas con intervalo mayor de diez días; y, vi) Apelación al rechazo de la excepción de extinción de la acción penal por prescripción y duración máxima del proceso.
La apelación restringida expuesta precedentemente fue resuelta por Auto de Vista 31/2013 de 5 de abril, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedente el recurso interpuesto, bajo los siguientes argumentos:
Respecto a la violación del art. 342 del CPP, en cuanto a la incorporación del art. 23 del CP en el Auto de apertura, el Tribunal de alzada señaló que se debe considerar el principio iura novit curia, el cual determina que el Juez es el único dotado de la facultad especifica de administrar justicia, aplicando e interpretando la norma para resolver los conflictos de los particulares; sin embargo, debe pronunciarse sobre el tema que las partes plantearon, sin transgredir, ignorar o modificar lo pedido, en virtud también de otro principio, que es el de congruencia procesal, este principio está referido a la concordancia existente entre el pedimento planteado por las partes y la decisión que de tal pedido desprende el juez, esto significa que el juez no puede modificar el petitorio ni los hechos planteados en la demanda; es decir, debe existir una adecuación “entre la pretensión u objeto del proceso y la decisión judicial” (sic). Indicó que la jurisprudencia se pronunció en los hechos de discriminación arbitraria en materia sindical cuando los Jueces tienen que efectuar una calificación jurídica de los hechos, al alegarse una discriminación arbitraria, se trata de un supuesto de “iura novit curia”, invocarla queda dentro de la facultad judicial en torno a la calificación jurídica de los hechos y su pertinente aplicación normativa, máxime si se tiene en cuenta que el Tribunal de Sentencia no puede cambiar el bien jurídico protegido. Refirió que no existió ninguna afectación a algún derecho o garantía constitucional como tampoco violación al art. 342 del CPP.
Sobre la violación del art. 365 del CPP, referida a la falta de previsión de la fecha en la que la condena debe finalizar, el Tribunal de apelación indicó que sentadas las bases constitucionales y jurisprudenciales que señalan el principio de prevalencia del derecho sustancial o material sobre el formal, consagrado en el art. 180.I de la CPE, como uno de los principios de la justicia ordinaria, de “verdad material”, aclaró que este principio es aplicado en todas las jurisdicciones, inclusive en la justicia constitucional. En consecuencia, refirió que el debido proceso en su triple dimensión; es decir, como principio, derecho y garantía, se encuentra íntimamente vinculado al derecho formal en resguardo o respeto del principio de igualdad en las partes, en la tramitación de un proceso justo en el que se protejan los derechos y garantías de las personas; sin embargo, de ninguna manera fue instituido para salvaguardar un ritualismo procesal, que como se señaló no es un fin en sí mismo, sino se lo instituyó para proteger la tutela efectiva de los derechos, entendiendo de esta forma más allá del ritualismo innecesario, se debe llegar al esclarecimiento de los hechos. Señaló que, siendo que en caso de autos no existe afectación a ningún derecho del recurrente, con la determinación asumida sobre la condena a ser aplicada, será la autoridad competente en este caso el Juez de Ejecución Penal quien determine el tiempo a ser cumplido.
Con relación a la presunta violación del art. 370 incs. 2), 4) y 6) del CPP, el Tribunal de alzada refirió que más que un reclamo de que el imputado no se encuentre suficientemente individualizado, es que la Sentencia se basó en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio o incorporados por su lectura en violación a las normas de este título; sin embargo, efectuada la precisión sobre los alcances de la apelación restringida y la doctrina legal aplicable establecida por el Tribunal Supremo de Justicia respecto de dicho recurso, expresó que los Tribunales de alzada al conocer este tipo de impugnaciones, se deben pronunciar sin revalorizar prueba a fin de no desconocer el principio de inmediación que constituye el único eje central en la producción probatoria reservada exclusivamente a los jueces o Tribunales de Sentencia. También refirió que se debe considerar que el recurrente realizó un reclamo sobre la valoración de atestación y prueba documental, sin determinar con precisión cuál debió ser la valoración correcta, que hubiera afectado a los principios de forma interior, pues no aclaró de forma específica cuál debió ser la valoración correcta que debió efectuar el Tribunal de Sentencia, no sólo tenía que adecuarse su conducta, sino realizar la referencia de la valoración que se pretendía con relación a la prueba erróneamente valorada, al no advertirse en el caso de análisis, que el Tribunal de instancia haya efectuado una valoración irrazonable apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad o hubiera ingresado en una conducta omisiva en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso. Indicó que al no darse los supuestos, la valoración efectuada por el Tribunal de Sentencia fue inobjetable dado que la compulsa de las pruebas que se aportó con el fin de obtener la determinación de la culpabilidad o absolución del recurrente es facultad exclusiva de dicho Tribunal; por lo tanto, no habiéndose realizado la referencia expresa sobre la afectación, incidencia en la resolución en términos claros o concretos, resultó insuficiente, para la viabilidad del recurso, la mera relación de hechos y un análisis aislado de términos legales que no fueron relacionados con el hecho objeto del juicio; porque sólo en la medida en que el recurrente hubiese expresado adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos, el Tribunal de alzada podía realizar la labor de contrastación, que ameritó el tema de revisión excepcional de la labor de la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de instancia.
Respecto de la inobservancia del principio de inmediación y continuidad contenido en los arts. 330 y 334 del CPP, el Tribunal de alzada conforme a la doctrina legal aplicable establecida en el Auto Supremo 40/2012, estableció que el recurrente no acreditó objetivamente los derechos y garantías constitucionales que se hubiesen vulnerado o que efectivamente se hubiese generado afectación al principio de continuidad e inmediación del juicio oral desarrollado, extremo ahora reclamado, más aún cuando las suspensiones realizadas fueron debidamente justificadas en las actas de juicio suspendidas, señalando el motivo de las mismas. No se acreditó que se generó defectos procedimentales y que los mismos provocaron indefensión material y además sea determinante para la decisión judicial adoptada en el proceso, concluyendo que los fundamentos expuestos por el apelante no fueron suficientes para determinar una afectación a los referidos principios.
Con relación al rechazo de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y prescripción, de la revisión del cuaderno de acusación, el Tribunal de apelación concluyó que no se encontraba la reserva de apelación que debió realizar el recurrente, conforme lo establecido el Tribunal Constitucional para considerar dicha apelación.
III. VERIFICACIÓN DE VULNERACIÓN A LA SEGURIDAD JURÍDICA Y A LOS PRINCIPIOS DE INOCENCIA E IMPUGNACIÓN
Este Tribunal admitió el presente recurso, abriendo su competencia a objeto de verificar la posible vulneración de los derechos constitucionales del imputado, ante la denuncia de la emisión del Auto de Vista impugnado, indebidamente fundamentado en cuanto a los motivos alegados en apelación restringida, rechazándose su recurso con el argumento de no haber acreditado objetivamente los derechos que se le hubiesen vulnerado, además de no haber realizado la reserva de apelación, correspondiendo resolver el fondo de la causa, previa referencia a la necesidad de motivar y fundamentar las resoluciones emitidas en la tramitación de toda causa penal.
III.1. Fundamentación y motivación de los fallos.
Es importante partir de lo establecido por el art. 180.I de la CPE, que entre los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece el debido proceso como principio que garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado, sobre todos los motivos alegados en cualquier recurso que la ley prevé, por lo mismo las autoridades que ejercen jurisdicción a nombre del Estado, deben manifestar por escrito los motivos de sus resoluciones, resguardando de esa manera tanto a los particulares como a la colectividad, de decisiones arbitrarias.
Orlando A. Rodríguez Ch, en su obra “Casación y Revisión Penal”, respecto a la fundamentación y motivación, refirió: “…constituye un sello de garantía a los usuarios de la administración de justicia, porque con ello se evita la arbitrariedad, el capricho, decisiones contrarias, errores de lógica jurídica, y el actuar irrazonado de los funcionarios judiciales”.
Ese entendimiento fue asumido por este Tribunal en varios Autos Supremos, como el Auto Supremo 218/2014 de 4 de junio, que refirió: “Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal estableció (…), entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i) Expresa por qué se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez a quo; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica”.
A lo señalado, debe agregarse que el Tribunal de apelación, no se encuentra exento de fundamentar las Resoluciones que emita, contrariamente, siendo el Tribunal contralor de la legalidad ordinaria y logicidad de la Sentencia, está constreñido a emitir resoluciones, cuya estructura lógico jurídica, permita apreciar y/o entender que el pronunciamiento emanado -que debe estar debidamente fundamentado y motivado- exprese, sobre la base del derecho objetivo, las razones por las cuales se asumió una determinación; lo contrario, infringe el art. 124 del CPP y con ello el debido proceso en sus vertientes de debida fundamentación y seguridad jurídica.
De la revisión de los antecedentes procesales, se establece que en el presente caso, el Tribunal de alzada en la emisión del Auto de Vista motivo del recurso de casación sujeto a análisis, cumplió con las premisas expuestas en el acápite anterior, pues se advierte que dio una respuesta puntual y precisa a cada uno de los motivos alegados en apelación restringida, pues concluyó que los cuestionamientos subidos en revisión, no se constituían en defectos absolutos que ameriten la decisión de disponer la nulidad, pues el recurrente no sentó las suficientes bases argumentativas que acrediten una verdadera vulneración de derechos y garantías constitucionales, cuando esta exigencia se explica, en el entendido de que el Tribunal tiene que saber cuál es la norma procesal, sustantiva o en el caso concreto qué derecho o garantía el imputado considera inobservada, erróneamente aplicada y/o vulnerada y fundamentalmente, cuál es la aplicación de la norma que pretende aquel que impugna de una sentencia (argumentación con la que el Tribunal de alzada no contó); sin embargo, y pese a ello se tiene que: i) Respecto de la denuncia de violación del art. 342 del CPP, el Tribunal de apelación asumió que no existió tal violación a la norma procesal penal, argumentando que en un proceso penal lo que se juzga son los hechos y no se estableció o por lo menos se acreditó por parte del recurrente, cuál el hecho cambiado o incluido por parte del Juez, pues la incorporación del art. 23 del CP, sólo fue a la consideración del grado de participación de los imputados; ii) En cuanto a la denuncia de violación del art. 365 del CPP, por falta de señalamiento en la parte dispositiva de la Sentencia de la fecha de finalización de la condena, asumió que el argumento carecía de sustento legal, pues no iba al fondo del asunto sino a un aspecto formal que bien pudo ser corregido o aclarado a través de una solicitud de aclaración, complementación y enmienda; iii) Sobre la denuncia de violación del art. 370 incs. 2), 4) y 6) del CPP, el Tribunal de alzada fue claro al expresar que para la consideración de este punto el recurrente debió ser preciso en cuanto a la argumentación de la presunta defectuosa valoración probatoria o ilegal incorporación de esta, pues sin esa base fáctica imposibilitaba a dicho Tribunal a realizar su labor encomendada por ley; iv) En relación a la denuncia de vulneración de los arts. 330 y 334 del CPP, estableció que más allá de los formalismos procesales debía primar la verdad material, siempre y cuando no se vulneren derechos y garantías constitucionales, que en el caso de autos no fueron acreditados por el recurrente.
En conclusión de lo referido, se puede establecer que en la legislación penal boliviana el derecho al recurso no es absoluto, pues su existencia primero y su ejercicio después, va a depender de la concurrencia de todos y cada uno de los presupuestos, requisitos o condiciones de procedibilidad del recurso; por lo tanto, el derecho a recurrir está supeditado y condicionado legalmente, o dicho de otro modo, el recurso de apelación restringida debe ser formulado tal y como prevé la norma procesal, requiriendo la diligencia del recurrente, a los fines de su pretensión jurídica, aspecto extrañado de forma correcta por el Tribunal de alzada, pues no podía de ninguna manera disponer una nulidad, sin tener claro que dicha decisión era emergente de una verdadera vulneración de derechos y garantías constitucionales, razón por la cual al verificarse que el Tribunal de apelación estableció de manera clara y precisa las razones por las cuales fue desestimando los argumentos expuestos por el recurrente en su apelación restringida, se tiene que la denuncia de pronunciamiento lacónico y sin fundamentación, no es evidente, teniendo en cuenta que tanto la jurisprudencia constitucional como la emitida por este Tribunal, ha sostenido de manera reiterada que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez o Tribunal sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión.
Respecto de la no consideración del Tribunal de alzada a su reclamo de rechazo de las excepciones de extinción de la acción penal, se advierte del contenido del recurso de apelación restringida formulado por el recurrente que en el acápite titulado: “HABIENDO HECHO RESERVA DE APELACIÓN, SOLICITA SE CONSIDERE EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR VENCIMIENTO DE PLAZO MAXIMO DE DURACIÓN DEL PROCESO”, no identifica de manera precisa que resolución recurre de apelación, sino de manera directa opone ante el Tribunal de alzada la citada excepción conforme se advierte de la pretensión expuesta en el memorial de apelación, específicamente a fs. 1029, cuando el recurrente expone lo siguiente: “Por el presente me permito interponer EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR VENCIMIENTO DEL PLAZO MÁXIMO DE DURACIÓN DEL PROCESO, por haber transcurrido hasta la fecha 5 AÑOS 8 MESES Y 1 DIA, solicitando a sus autoridades que una vez analizados y compulsados adecuadamente los antecedentes por ser de previo y especial pronunciamiento declaren probada la misma en consecuencia se ordene el archivo definitivo de obrados (sic); por otra parte, se constata que en forma posterior a la emisión del Auto de Vista recurrido, el recurrente Marcelo Martin Miranda Gardeazabal, de fs. 1198 a 1202, opuso excepción de prescripción de la acción penal, motivando incluso la emisión del Auto Supremo 312/2013 de 28 de noviembre de fs. 1339 a 1340, por el cual este Tribunal dispuso la devolución de antecedentes al Tribunal Quinto de Sentencia de La Paz a los fines de que proceda a la resolución de la citada excepción, siendo cumplida esta determinación por dicho Tribunal, que a través de la Resolución de 26 de septiembre de 2014 de fs. 1367 a 1368, declaró improbada la merituada excepción y siendo apelada conforme se advierte en la actuación de fs. 1372 a 1375 vta. fue confirmada mediante Auto de Vista 213/2014 de 21 de noviembre, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, como emergencia de la declaratoria de improcedencia de las cuestiones planteadas; de estos antecedentes, se tiene que el recurrente por un lado, no formuló concretamente una apelación respecto a la primera excepción y por otro lado, en forma posterior a la emisión del Auto de Vista motivo de casación, tuvo la oportunidad de acceder a una nueva interposición de la excepción de prescripción, habiendo sido reconocido su derecho a dicha acción de defensa; en consecuencia, resultaría inoportuno o innecesario analizar la respuesta del Tribunal de alzada a la consideración de este punto al momento de resolver el memorial de recurso de apelación restringida formulada por el recurrente, al no advertirse la vulneración de ningún derecho o garantía, menos la existencia de un defecto absoluto insubsanable.
Por los argumentos precedentes se concluye que las denuncias formuladas por el imputado no son evidentes, al no comprobarse una presunta vulneración de derechos y garantías constitucionales; en cuyo mérito, corresponde declarar infundado el recurso de casación planteado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Marcelo Miranda Gardeazabal.

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