Source: http://www.legaltoday.com/informacion-juridica/jurisprudencia/civil/sentencia-tribunal-supremo-num-20392010-366-06-06-2013
Timestamp: 2017-05-27 06:05:09+00:00

Document:
Sentencia Tribunal Supremo num. 2039/2010 366 06-06-2013
27 de mayo de 2017 | 08:05
Portada > Información Jurídica > Jurisprudencia > Civil El Supremo anula la venta de una instalación fotovoltaica con publicidad "engañosa y falsa".
Marginal: PROV\2013\223446
Recurso de casación núm. 2039/2010
Nulidad del contrato de compraventa de participación en planta fotovoltaica por existencia de error vicio motivado por información precontractual errónea y equivocada que sirvió para conformar la voluntad de la parte compradora.
SENTENCIA En la Villa de Madrid, a seis de Junio de dos mil trece.
indicados al margen, ha visto el recurso de casación interpuesto por PARQUES
SOLARES DE NAVARRA SL, representada ante esta Sala por el procurador D. Carlos
Hermida Santos, contra la sentencia núm. 91/2010, de 7 de junio de 2010,
dictada por la Audiencia Provincial de Navarra, Sección Primera, en el recurso
de apelación núm. 25/2010 , dimanante de las actuaciones de juicio ordinario
núm. 699/2009, seguidas ante el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Pamplona.
Ha sido parte recurrida SANA DE INVERSIONES S.A., representada por la
procuradora Dª Alicia Martínes Villoslada. ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO .- El procurador Don Francisco Javier Echauri Ozcoidi, en
representación de SANA DE INVERSIONES S.A., formuló demanda de juicio
ordinario, mediante escrito de 31 de marzo de 2009, que tuvo entrada en el
registro de los Juzgados de Primera instancia de Pamplona el 3 de abril de
2009, contra PARQUES SOLARES DE NAVARRA S.L., cuyo suplico dice textualmente: «[ ...], se sirva tener por formulada la presente demanda de Juicio
Ordinario en nombre de SANA DE INVERSIONES S.A. frente a PARQUES SOLARES DE
NAVARRA S.A., y previos los trámites legales oportunos: audiencia previa, vista
y prueba, dicte sentencia por la que, con imposición de costas a la parte
demandada declare:
1) La nulidad de contrato de compraventa de "participación en planta
fotovoltaica de energía eléctrica" firmado entre las partes el 23 de mayo
de 2006, por haber existido error sobre el contrato que vició el consentimiento
2) Subsidiariamente, lo declare resuelto por incumplimiento de Parques
Solares de Navarra, S.L.
Con todos los pronunciamientos inherentes a esas declaraciones, en uno y
otro caso, en concreto: la declaración de la obligación de las partes de a)
reintegrarse las prestaciones recibidas, de manera que, Parques Solares de
Navarra deberá reintegrar a Sana de Inversiones S.A. el precio, 480,000.-€ mas
su IVA correspondiente, b) mas los intereses legales de lo pagado desde las
fechas en que se realizaron los pagos hasta la total reintegración, c) mientras
que SANA DE INVERSIONES; deberá reintegrar a Parques Solares de Navarra, S.L.
las cantidades percibidas en concepto de "compensación" por las bajas
producciones de los años 2007 y 2008, es decir los 1.000 € recibidos en Marzo
de 2008 y 10.422, 08€ recibidos en Enero de 2009 con intereses legales, d)
subrogándose Parques Solares de Navarra SL en los contratos de venta de energía
concertados por SANA DE INVERSIONES, S.A. con Iberdrola en fecha 2 de abril de
2007 para las torres 39 y 40, de manera que SANA DE INVERSIONES, S.A. deberá
abonar además a Parques Solares de Navarra las cantidades percibidas por las
facturaciones realizadas a Iberdrola en virtud de esos contratos desde el
inicio, hasta que se dicte sentencia (con intereses legales).
3) Subsidiariamente, para el caso de que no se declare nulo ni resuelto
el contrato, se condene a Parques Solares de Navarra, S.L., a compensar a SANA
DE INVERSIONES, S.A. en el sobreprecio aplicado al contrato, teniendo en cuenta
la diferencia entre productividad ofertada y la real, para que restablezca el
equilibrio de las prestaciones entre las partes, conforme al informe del Perito
. Iván más intereses legales devengados desde la realización de los pagos hasta
el reintegro.» SEGUNDO La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia núm.
4 de Pamplona y fue registrada con el núm 699/2009 . Una vez admitida ésta a
trámite, se procedió al emplazamiento de las partes demandadas. TERCERO Mediante escrito de 20 de mayo de 2009, presentado el 22 de
mayo del mismo año, el procurador D. Carlos Hermida Santos, en representación
de la mercantil PARQUES SOLARES DE NAVARRA, S.L., contestó a la demanda, cuyo
suplico decía textualmente: «[...] acuerde dictar sentencia por la que se
desestime íntegramente la demanda formulada por la parte actora y desestimando
íntegramente la demanda, y todo ello con expresa condena en costas la parte
actora>>
CUARTO Tras seguirse los trámites correspondientes, el Juzgado de
Primera Instancia nº 4 de Pamplona, dictó sentencia el 18 de septiembre de 2009
, con la siguiente parte dispositiva: «Que debo desestimar y desestimo
íntegramente la demanda interpuesta por la representación de Sana de
Inversiones S.A. contra Parques Solares de Navarra S.L condenando en costas al
actor.»
QUINTO La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación
por el procurador D. Francisco Javier Echauri Ozcoidi, en representación de
Sana de Inversiones, S.A. Por el procurador Don Carlos Hermida Santos, en representación de Parques
Solares de Navarra se impugnó el recurso de apelación.
SEXTO La resolución de este recurso correspondió a la Sección Primera
de la Audiencia Provincial de Navarra, que lo tramitó con el rollo núm 25/2010
y, tras seguir los correspondientes trámites, dictó sentencia, cuya parte
dispositiva dispone: «FALLAMOS: Que estimando el recurso de apelación
interpuesto por la demandante "Sana de Inversiones, S.A.", contra la
sentencia dictada por le Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Pamplona/Iruña en
el Juicio Ordinario nº 699/2009, debemos revocar y revocamos la misma dejándola
sin efecto, y dictamos la presente por la que:
" Estimando íntegramente la demanda interpuesta por
"SANA DE INVERSIONES S.A." contra la demandada, "PARQUES SOLARES
DE NAVARRA, S.L.", debemos declarar y declaramos la nulidad del
contrato de compraventa de participación en placa fotovoltaica de energía
eléctrica firmado entre la indicada actora como compradora y la demandada como
vendedora de fecha 23 de mayo de 2006, debiendo reintegrarse las prestaciones
recibidas, de manera que "PARQUES SOLARES DE NAVARRA S.L." deberá
reintegrar a "SANA INVERSIONES S.A." el precio que ésta abonó de
480.000 € más el IVA abonado, así como los intereses legales de dinero desde la
fecha en que se realizasen los pagos hasta su reintegro, debiendo "SANA
INVERSIONES NAVARRA S.A." devolver la participación recibida en la planta
así como las cantidades recibidas en concepto de compensación por la baja
producción de los años 2007 y 2008, es decir 1.000 € recibidos en Marzo de 2008
y 10.422, 08 € en enero de 2009, con los intereses legales desde su recepción a
la devolución, debiendo quedar subrogada la demandada "PARQUES SOLARES DE
NAVARRA, S.L." en los contratos de venta de energía eléctrica concertados
por "SANA INVERSIONES NAVARRA S.A." con Iberdrola en fecha 2 de abril
de 2007 para las torres 39 y 40 debiendo "SANA INVERSIONES NAVARRA
S.A." ABONAR A "PARQUES SOLARES DE NAVARRA S.L." las cantidades
percibidas por las facturaciones realizadas por Iberdrola, desde su inicio
hasta que se ejecute la subrogación indicada con los intereses legales
oportunos. La parte demandada deberá abonar las costas causadas en la primera
No procede hacer expresa imposición de las costas causadas en esta
segunda instancia. »
Con fecha 14 de julio de 2010, la Sección Primera de la Audiencia Provincial
de Navarra dictó Auto de Aclaración de la Sentencia de 7 de junio de 2010 ,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: <<No ha lugar a
la aclaración interesada por la representación procesal de la parte
apelada-impugnante, "PARQUES SOLARES DE NAVARRA, S.L." de lasentencia
dictada por esta sala de 7 de junio de 2010>>
Interposición y tramitación de recurso de casación
SEPTIMO D. Carlos Hermida Santos, procurador de los tribunales y de
PARQUES SOLARES DE NAVARRA, S.A., interpuso recurso de casación al amparo del
art. 481RCL 2000\34 de la LEC ( RCL 2000\34 , 962 y RCL 2001, 1892) que se
fundamentó en: Único.- Infracción de las normas aplicables para resolver las cuestiones
objeto del proceso, por infracción de los artículos 1261 , 1265 , 1266 y 1300,
todos ellos del Código Civil ( LEG 1889\27
) OCTAVO La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Pamplona,
tuvo por interpuesto por parte de PARQUES SOLARES DE NAVARRA, S.L., el recurso
de casación, ordenando la remisión de las actuaciones a la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo y emplazando a las partes ante la misma. Recibidas las actuaciones en esta Sala y personada ante la misma la
recurrente, por medio de su representante, se dictó Auto de 13 de septiembre de
2011 mediante el cual la Sala, al concurrir los presupuestos y requisitos
exigidos en el ordinal 2º del art. 477.2RCL 2000\34
de la LEC ( RCL 2000\34 , 962 y RCL
2001, 1892) 2000 , acordó lo siguiente: «1º) ADMITIR EL RECURSO DE CASACION interpuesto por la representación
procesal de "PARQUES SOLARES DE NAVARRA, S.L.", con laSentencia
dictada, en fecha 7 de junio de 2010, por la Audiencia Provincial de Navarra
(Sección Primera), en el rollo nº 25/2010, dimanante del juicio ordinario nº
699/2009 del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Pamplona.
2º) De conformidad y a los fines dispuestos en elart. 485RCL 2000\34LEC 2000 , entréguese copia del
escrito de interposición del recurso de casación formalizado, con sus
documentos adjuntos, a la parte recurrida personada ante esta Sala para que
formalice su oposición por escrito en el plazo de VEINTE DIAS, durante lo
cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría»
DÉCIMO.- Por escrito de18 de octubre de 2011, la procuradora Doña
Alicia Martínez Villoslada, en representación de la recurrida, SANA DE INVERSIONES
S.A., presentó escrito de oposición al recurso de casación interpuesto,
quedando el presente recurso de casación pendiente de vista o votación y fallo.
DÉCIMO QUINTO Mediante providencia de 5 de marzo de 2013, se nombró
ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver el recurso sin
celebración de vista, señalándose para votación y fallo el día 10 de abril
de 2013 , en que ha tenido lugar. Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Sebastian Sastre Papiol,
PRIMERO Antecedentes de la demanda. Primera instancia 1.- Se ejercita por la demandante, SANA INVERSIONES S.A. (también la
actora o SANA) tres acciones: una acción de nulidad del contrato de
compraventa de participación en planta fotovoltaica de energía eléctrica,
firmado en calidad de compradora el 23 de mayo de 2006 con PARQUES SOLARES DE
NAVARRA, S.L. (también la demandada o PSN), en calidad de vendedora, al
considerar que existió error sobre el objeto del contrato que vició el
consentimiento de la demandante; con carácter subsidiario , otra acción
para que se declare que existió incumplimiento y declare resuelto el contrato,
con todos los pronunciamientos inherentes a esas declaraciones (en el
antecedente de hecho primero se ha reproducido textualmente el suplico en sus
epígrafes 1, 2 y 3); y subsidiariamente también , para el caso
que no se declarara nulo ni resuelto el contrato, ejercita la acción quanti
minoris solicitando se condene a la demandada a compensar a la actora en el
sobreprecio aplicado al contrato, teniendo en cuenta la diferencia entre la
productividad ofertada y la real. Según se relata en la demanda, la vendedora, PSN, a través de diversas
entidades bancarias y mediante publicidad aparecida en prensa, atrajo a
inversores particulares para desarrollar " una planta de generación
fotovoltaica para producción de energía eléctrica ", en un terreno
propiedad de la demandada. La participación en el Proyecto se ofrecía como una
inversión, "un producto financiero". La inversión era sobre 5
Kw: 48.000 € más IVA; la productividad: 11.500 Kw/año por 0.4404 € =
5.064 € anuales y la rentabilidad anual: 5.064 /48.000= 10,55 %. La inversión en este "producto financiero" se lo ofreció Barclays
mediante un folleto que contenía información publicitaria del Parque Solares
cuyo contenido se describe en el hecho 3º de la demanda, así como las ventajas
del sistema GUASCOR que producen hasta un 30 % más de energía que los sistemas
fotovoltaicos convencionales, pues el sistema utilizado es el de concentración
, de mayor rendimiento porque disponen de equipos de orientación de los paneles
perpendiculares al sol para mejor aprovechamiento de los rayos solares, frente
a los sistemas convencionales que no disponen de esta aplicación. La actora mantuvo una reunión con otros inversores en la que el
representante de PSN dio una oferta más detalladas sobre las características
del Sistema Integrado Fotovoltaico de Alta Concentración (SIFAC) que consiste
en una torre formada por una columna sobre la que se apoya: " una viga
horizontal que soporta 5 megamódulos de 13,5 x 3,5 m cada uno... Cada torre
lleva unos mecanismos de orientación y seguimiento que permite orientar la
torre en función de la posición del sol... Este sistema permite orientar la
torre al sol con una gran precisión ". Junto con la oferta existían
unas ventajas fiscales y unas facilidades de financiación, por lo que la actora
decidió, el 23 de mayo de 2006 firmar un contrato con PSN denominado
"Contrato de compraventa de una participación en placa fotovoltaica de
energía eléctrica", de la que la demandada era promotora de la planta en
terrenos de su propiedad apropiados para tal fin, lo que supuso vender a
la demandante "una participación de 50 KW en la planta formada por un
conjunto de 80 megamódulos de 25 KW que comparten la misma infraestructura de
la potencia total instalada de 2.000 KW (Villafranca I). Se adjuntaron al
contrato, Anexos (hasta 8), sobre distintas condiciones técnicas de la
instalación, y modelos de recepción provisional y definitiva, y cesión temporal
del terreno donde se emplazan todos los equipos por 40 años, a partir de la
recepción definitiva de la instalación. Afirma la actora que el contrato que firmó, al igual que el resto de
inversores, está integrado por " Condiciones generales de la
contratación ", con cláusulas desproporcionadas, citando como ejemplo,
la penalidad del cobro de unos intereses en caso de retraso en el pago de las
facturas (correspondientes al precio) y no así en caso de retraso de la puesta
en marcha de la planta ni de pérdida de la producción ofertada, respecto de lo
que se le eximía de responsabilidad. La energía eléctrica que generaba la
planta se vendía toda a IBERDROLA, con la que los inversionistas firmaban
directamente. Lo que sucedió después, tras la firma del contrato, según la actora fué: (i)
la puesta en marcha de la planta, prevista para el mes de mayo de 2007, no se
corrigió hasta el mes de septiembre de 2007, por lo que se perdió la producción
de mayo a agosto, inclusives, los mejores meses del año; (ii) las facturas de
producción fueron muy inferiores, casi en un 90 %, a las estimaciones de las
ofertas de PSN (que no resultaban del contrato, sino estimaciones que
resultaban de la oferta y publicidad ofrecida a los inversionistas); (iii) en el
"Boletín Informativo" de la demandada, de 31 de octubre de 2007, se
informa que el retraso fue debido a las dificultades que conlleva la puesta en
marcha de unas instalaciones novedosas y siempre que resultara un buen año
de producción solar (característica no advertida hasta ahora, según la
actora); (iv) el sistema de control para orientar los paneles al sol requería
un proceso muy laborioso pues deben orientarse en la perpendicular del
sol para obtener un máximo rendimiento; (v) que el mejor sistema fotovoltaico
del mercado debía producir un 30 % más que los sistemas convencionales, ha
resultado ser mucho peor, por lo que se ofrece compensarle, primero, mediante
retrasar la Recepción Provisional del 25/06/07 al 25/12/07 para computar el
plazo de 40 años a partir de la Recepción Definitiva, segundo, por el retraso
de mayo a setiembre de 2007 de la puesta en funcionamiento, se les abona a los
inversores con 100 € por cada 5 Kw adquiridos (en el caso de la actora, 1000€)
cuando debía haber facturado 37.840 € y realmente se facturó 4.167,81 €; (vi),
según Boletín Informativo de septiembre de 2008 de la demandada, se señala que
los meses de julio y agosto han sido " normales y conforme a lo
esperado ", (cuando según cálculos que ofrece la actora en el mes de julio
fue inferior en un 48,16 % a la estimada y la de Agosto en un 52,97 %), pero
como se comprometieron a un Plan de Mejora, para que la rentabilidad de su
instalación en 2008 alcanzase por lo menos un 9 %, se le hizo un abono de
10.422,08 €, cuando, según cálculos de la actora, en el 2008, debía haber
ingresado 50.640 € en lugar de los 21.539,21 € efectivamente obtenidos. Por último, alega que, según sus estimaciones, la producción de julio de
2008 fue inferior en un 48'16 % a la estiamda y la de Agosto en un 52,97 %.
Contrariamente las instalaciones convencionales en Villafranca II, junto a las
que son objeto de contrato, tienen una productividad muy superiores.
Tras fracasar el intento de que se inspeccionaran las instalaciones por
Expertos del Instituto de Energía Solar de la Universidad Politéctnica de
Madrid, el 23 de enero de 2009 resolvió el contrato firmado el 23 de mayo de
Concluye destacando la aportación de dos informes (doc. 23 y 24) cuyos
resultados se apartan sustancialmente de las estimaciones ofrecidas en la
Por ello solicita una sentencia en los términos que han sido reproducidos en
el Antecente Primero.
2. Contesta la demanda, Parques Solares de Navarra, destacando la
personalidad y formación profesional del Administrador único de Sana de
Inversiones S.A. que, a su vez, dice, fué administrador-apoderado de NAIZ,
S.A., cuyo objeto social es la producción de energía y la compra de placas
solares, y con más de 20 años como apoderado. Es también, dice, entre otros
cargos que cita, administrador único de Sociedad Anónima Navarra de
Asesoramiento Fiscal, cuyo objeto es el asesoramiento fiscal, etc. Por ello,
señala la demandada, el Sr. Abel conoce el negocio de la energía solar y es
abogado. Atendida su formación, conocimiento y preparación, deduce que tenía
pleno conocimiento de la tecnología empleada y sabía lo que adquiría (hecho
tercero, párrafo tercero del escrito de contestación) Destaca que, como cualquier otro promotor, la publicidad recoge
"estimaciones" de producción, que se establecen sobre la base a
determinadas circunstancias, especialmente climatológicas.
Pero, y lo que es más relevante para la defensa de PSN que mantendrá a lo
largo del proceso, alega en el hecho CUARTO de su escrito de contestación:
" Por tanto mi representada mediante la formalización y consumación de
un contrato de compraventa, vende a la actora mediante el pago de un precio [ ]
adquiere una maquinaria a mi representaday esta se compromete al suministro,
montaje y puesta en servicio de la planta, estableciéndose unos plazos de
entrega y causas de extensión del plazo de entrega, determinándose que ello
pudiera ser por el retraso en la obtención de permisos, licencias,
modificaciones del proyecto, fuerza mayor, etc. (punto dos del contrato -Doc 6)
y estableciéndose igualmente el precio y la forma de pago y demás
circunstancias que se contienen en el citado documento" . Este es el
objeto, concluye, y no la producción ni la rentabilidad de la inversión. Justifica el retraso de la instalación de la Planta por causa de fuerza
mayor (expropiación de Red Eléctrica de parte de la finca, retraso de Iberdrola
en la instalación de contadores, etc.), y argumenta que lo compensó, pagando un
coste financiero de aproximadamente un 6'3 %, por lo que cabe decir que la
demandada se excedió de aquello que acordó con la actora.
Por otra parte reconoce que las torres de energía no son una ciencia exacta,
que al menos requiere doce meses de adaptación, según las condiciones
climatológicas del primer año, que no fueron las mejores. Según informes
aportados, la producción se está estabilizando en torno al 70 y 80 por ciento
de la producción prevista, y la posibilidad de que se alcancen los valores
estimados mediante la realización de ciertas modificaciones.
En suma, considera la demandada que la actora adquirió de forma muy
consciente unas torres-placas que generan energía mediante un sistema de
concentración, y que, de entre diversas promociones en Navarra y el resto de
España, la actora eligió la concentración por ser algo novedoso y
atractivo para cualquier persona conocedora de la energía solar " de
forma y manera que la rentabilidad sería un elemento importante, pero no la
esencial ... " (del hecho quinto del escrito de contestación, párrafo
séptimo). Tras contrastar y rechazar los informes presentados por la actora en
relación a los aportados por PSN, solicita la desestimación íntegra de la
3. La Sentencia de 1ª instancia nº 4 de Pamplona de 18 de septiembre
de 2009 desestima íntegramente la demanda. Considera la instancia, tras una
descripción de los documentos acompañados con la demanda y valorar las pruebas
practicadas, que la falta de productividad de la instalación de la planta no es
esencial y no afectaría al objeto del contrato, sino a las expectativas que la
actora pretendía obtener; que el error es inexcusable atendida la experiencia
que se presume en la actora en el campo de las inversiones, todo lo cual le
lleva a considera que no existe error por parte de la actora, ni en el objeto
ni en las condiciones que principalmente hubieran dado lugar a su celebración. Rechaza igualmente la pretensión subsidiaria, de resolución por
incumplimiento y, tras ponderar la prueba documental aportada por las partes
considera que no se está en lo que la doctrina y jurisprudencia entiende un liud
pro allio , pues lo vendido es lo que consta en el contrato como objeto del
mismo, y no haber alcanzado las estimaciones no es motivo para estimar un
incumplimiento grave, como tampoco lo es el retraso en la puesta en
funcionamiento, por lo que tampoco considera que debe compensarse el pretendido
sobreprecio aplicado, pues la productividad no era objeto del contrato. Segunda instancia . 4. La actora, en su recurso de apelación, insiste en su argumento
esencial, según el cual la inversión efectuada como producto financiero lo
único que interesó es la producción y consecuentemente la rentabilidad, pues la
potencia, si no está relacionada con lo anterior, es un extremo ajeno al
interés del inversor. La publicidad para atraer a los inversores fue engañosa,
como lo confirma la reunión que tuvo con el director de Barclays y los
representantes de la demandada antes de la firma del contrato, cuyo objeto no
fue otro que el de la rentabilidad; pero, además, adujo que la tecnología de la
" concentración " no resultó ser una tecnología convencional
"mejorada", sino distinta, en fase experimental ; que la
demandada, para obviar la información precontractual sobre producción y
rentabilidad, tuvo que ofrecer unos contratos en los que, redactados
unilateralmente, no hicieron referencia alguna a la producción, sino tan sólo a
la potencia de la instalación ; que la vida útil de tal instalación puede
no llegar a los 10 años , según declaración de los propios peritos de
parte; que los informes periciales acerca de la producción son estimaciones que
no se han cumplido; y, tras un análisis pormenorizado de toda la prueba
practicada (alegaciones 13 ª a la 18 ª, inclusive ambas), y de un análisis de
los razonamientos y jurisprudencia citada en la sentencia apelada, reitera que
concurren circunstancias suficientes para apreciar vicio en el consentimiento
sobre el objeto del contrato, por la publicidad engañosa y falsa, suplicando se
dicte sentencia estimando la demanda e imponiendo las costas a la demandada. 5. La demandada, PARQUES SOLARES DE NAVARRA, en su escrito de
impugnación al recurso de contrario insiste en que el representante de la
compradora, Don. Abel , era persona conocedora del mundo financiero,
inmobiliario, fiscal y reconocido en el ámbito local; apoya la jurisprudencia
invocada por la Sentencia ahora apelada, el carácter excepcional del error en
el consentimiento, pues lo que considera error por la actora no es sino
circunstancial, no esencial, (las estimaciones sobre la producción) y que, en
ningún caso, hubo error excusable atendida la personalidad del representante de
la actora. Por este motivo, también niega que pueda darse la resolución del
contrato pretendida por la demandante, pues éste adquirió lo que se expresó
como objeto del mismo, por un determinado precio, con las garantías de potencia
y precio de venta, recepción provisional y recepción definitiva, y aceptó las
causas de resolución previstas, y no se interesó la actora introducir en el
contrato mejoras o previsiones, como han hecho otros inversores, según dice. A
partir de la alegación Cuarta de su escrito valora la prueba practicada, para
concluir que no ha habido ni error ni incumplimiento por su parte, por lo que
solicita la íntegra desestimación del recurso de apelación con imposición de
costas. 6. Por otrosí, la demandada, PSN, impugna la sentencia con el único
propósito, de acuerdo con el art. 461RCL 2000\34LEC
( RCL 2000\34 , 962 y RCL 2001, 1892) y
jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que recoge
sentencias del Tribunal Supremo, de que se examine la excepción de prescripción
de la petición subsidiaria de la actora, que consistía en que se compensara a
ésta en el sobreprecio aplicado al contrato, teniendo en cuenta la diferencia
entre la productividad ofertada y la real, pues como se trataba de un contrato
de compraventa, en aplicación del art. 1490 Cc , la prescripción para el ejercicio
de la acción es de seis meses, entendiendo que no procede porque el art. 219RCL 2000\34LEC veda cualquier sentencia con
reserva de liquidación. Dando traslado de esta concreta impugnación a la parte actora contesta que
la " actio quanti minoris ", regulada también por al Ley 35
del Fuero Navarro, prescribe al año a contar a partir de "la entrega de la
cosa vendida" ( art. 1490 Cc ) y puesto que está pendiente la Recepción
Definitiva, como se reconoció por la propia demandada, todavía no corre el
plazo de prescripción. Si se considerase que debe contarse desde la Recepción
Provisional, ésta tuvo lugar el 25 de diciembre de 2007, por lo que, conforme a
la Ley 35 del Fuero navarro, el 6 de noviembre de 2008 la actora, a través de
su representación jurídica, notificaron por burofax a PSN la resolución del
contrato, por lo que se interrumpió la prescripción, y en marzo de 2009
interpusieron la demanda anunciada. Y en cuanto a la determinación cuantitativa
de la compensación señala que el informe del Perito Iván (ampliado en el acto
de la vista) estima que la indemnización debería ascender: a) 260.565,71 €; ó
b) 233.938,28 € con los datos de producción correspondientes a la última
anualidad, cuando las mejores se suponen acometidas y no haya error de lectura
de los contadores, o c) 175.404,52 € conforme al máximo de producción que el
informe CENER estima que se puede dar en el mejor de los casos. 7. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, Sección
primera, en el rollo de apelación 25/2010 , dicta sentencia nº 91/2010 el 7 de
junio de 2010 , cuyo fallo ha sido reproducido textualmente en el Antecedente
de Hecho Sexto, estimando íntegramente la demanda en su pretensión principal,
esto es, declarando la nulidad del contrato, con todas las consecuencias
jurídicas y económicas que se derivan de tal declaración, imponiendo las costas
de la primera instancia a la demandada y no imponiendo a ninguna de las partes
las derivadas de la segunda instancia. A. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra razona su fallo
en las siguientes argumentaciones jurídicas: " CUARTO.- El recurso de
apelación interpuesto por la parte actora en su pretensión sustancial, y con
ello la demanda, dirigida a obtener la declaración de nulidad del contrato de
compraventa suscrito entre las partes de "una participación de 50 Kw en la
planta solar" promovida por la demandada-vendedora, debe ser estimada por
concurrir error en el consentimiento prestado, derivado de la información
facilitada por la parte demandada-vendedora.
Se sustenta por la parte actora que el error determinante de la nulidad
del contrato de compraventa que se interesa, tiene lugar porque se le ofertó un
producto que tenía como soporte el mejor sistema de producción de energía solar
del mercado con unas expectativas de producción de energía muy altas, cuando la
realidad es que el sistema está en fase de desarrollo y ni con las mejores
expectativas se va a alcanzar la producción informada. Así la alta rentabilidad
ofertada se fundamenta en una tecnología ofrecida (Guascor) que producía un
rendimiento superior al 30 % de la tecnología convencional, cuando en realidad
está produciendo un 50 % inferior al previsto, incluso inferior al rendimiento
de la tecnología convencional.
[...] Para esta Sala, en discrepancia con lo sustentado por la Juzgadora
"a quo", el contrato de compraventa de una participación de 50 Kw en
la planta solar promovida por la demandada, no puede ser examinado al margen
del conjunto de información facilitada por la parte vendedora de la planta,
sobre la producción de la energía que la misma puede ser susceptible de
generar. Es verdad que el objeto del contrato de compraventa de la planta recae
sobre un equipo fotovoltaico con una garantía de potencia de 25 KW, que se
suministra, se monta y se pone en servicio para la parte compradora, pero que
las placas solares adquiridas reúnan esas características de potencia pactadas,
no determina per se que, conocidas estas características y cumplidas las misma,
que no pueda apreciarse la concurrencia del error en el consentimiento
denunciado, si la producción de la misma es sustancialmente distinta de la
ofertada ". B. Sobre la información suministrada y publicitada por la demandada
antes de celebrar el contrato, la Sentencia de la Audiencia Provincial señala:
" QUINTO.- [...] aunque se indique en el propio documento informativo
que todo ello "no tiene validez contractual y que refleja únicamente los
criterios de negociar una transacción", necesariamente esta información
debe ser valorada tanto en lo que afecta a la finalidad pretendida en el
contrato, como a la propia información facilitada para obtener el
consentimiento, máxime cuando esta información es completada por la propia
demandada-vendedora con un "análisis económico fiscal", que lleva a
catalogar la misma como una inversión, se calculan los costes, y se evalúa la
rentabilidad de la misma, y para ello se tiene en cuenta la producción anual
que se fundamenta en datos del G. de Navarra en 11.500 Kw, afirmándose la
recuperación del capital invertido con esa producción estimada en cuatro años,
y una rentabilidad anual de 13,19 €.
Este conjunto de información previa unido al hecho de que la venta no
recae sólo sobre una determinada placa, sino que el objeto del contrato de
compraventa, teniendo por base el suministro de las placas de concentración, se
vende como una "participación en planta fotovoltaica de energía
eléctrica", necesariamente habrá de concluirse que no es ajeno al contrato
de compraventa, los datos que fueron reflejados inicialmente (aunque no se
trasladaran al contrato propiamente), sobre la producción de energía eléctrica
de las placas fotovoltaicas de concentración, pues la finalidad del suministro
de las placas era su integración en una placa fotovoltaica, sin perjuicio de la
asunción por el comprador a partir del momento de la adquisición de los riesgos
propios de la producción, como productor de energía, no quedando afectada ésta
porque se tome en consideración en la relación contractual la estimada
producción de energía de la participación vendida.
[...] Ahora bien, lo que se suscita en el supuesto de autos, no es si el
beneficio esperado no se ha obtenido por causas propias del riesgo asumido,
sino si generada y publicitada una expectativa de producción, que sirvió para
conformar la voluntad de la parte compradora, la misma, no siendo adecuada,
llevó a generar un error esencial que determine la nulidad del consentimiento y
con él del contrato.
C. Tras un examen pormenorizado de la prueba practicada, que analiza
en el propio Fundamento de Derecho Quinto, sobre el que más tarde se insistirá,
concluye, en relación a la información precontractual, que: " estos
hechos ponen de manifiesto que la información facilitada sobre la producción
estimada de energía eléctrica por las placas de concentración de la planta que
se adquirió así como las características relativas a la consolidación o
desarrollo del sistema fotovoltaico de concentración, no se sustentaban en
Si esa producción estimada fue considerada como elemento sustancial, que
lo es, para determinar la compra de la participación en la planta fotovoltaica,
pues de ella dependía la rentabilidad de la inversión, y esa propia
rentabilidad ha sido considerada por la propia vendedora para ofertar la compra
de participación, necesariamente deberá concluirse que concurrió un error en el
consentimiento sobre un elemento esencial del contrato, pues la parte actora
compró en base a unos datos sobre rendimiento estimados, que no es que por el
riesgo propio de toda inversión ínsita en la producción de energía no se hayan
cumplido, sino que ni eran reales, ni se pueden cumplir de una manera más o
menos sustancial o aproximada".
D. De lo que colige que hubo error en el consentimiento que lo
invalida: " SEXTO.- En esta tesitura no puede sino concluirse en la
concurrencia de un error en el consentimiento, que invalida el mismo,
haciéndolo nulo de conformidad con lo dispuesto en la Ley 19 pº 2º de la
Compilación y en los Arts. 1.265 y 1.266 del C.Civil , pues el
mismo se prestó en base a una información sobre la producción estimada de las
placas concentradas que se integraban en la participación adquirida,
suministrada por la demandada, y a la que se supeditaba la rentabilidad de la
inversión que se ofertaba, que no era real, ni siquiera en ese ámbito de
estimación, y que no se ha conseguido ni se va a poder conseguir, incidiendo
ello en una condición esencial del objeto del contrato que de haberse conocido
hubiera dado motivo a no celebrarlo, si tenemos en cuenta que por esa menor
producción tan sustancial , queda afectada la rentabilidad y la recuperación de
la inversión se dilata desde el plazo de cuatro años que se indicaba en base a
una producción estimada (sin fundamento), hasta casi los 21 años que se recogen
en el informe pericial del Sr. Iván en atención a la producción real obtenida
en le periodo comprendido entre septiembre de 2007 a febrero de 2009 (e incluso
hasta la producción obtenida en las fechas inmediatas a la celebración del
juicio). En consecuencia de conformidad con lo dispuesto en la Ley 19 pº 2 de la
Compilación y el Art. 1.300 del C. Civil por la nulidad de
consentimiento por error procede anular el contrato de compraventa suscrito
entre las partes de fecha de 2006 (S. 13-2-2007, nº 133/2007), "...
consentimiento prestado...estaba viciado de error, lo que determinaba la
anulabilidad del negocio celebrado).
Esta anulación encuentra amparo en la jurisprudencia, pues el error recae
como ya hemos indicado en una condición esencial del objeto del contrato,
derivado de la propia conducta de la parte demandada sobre las características,
esenciales, de producción de la participación vendida, que no obedecían a la
Pues bien en el supuesto de autos es evidente que al recaer el error,
derivado de la indebida información, sobre la producción estimada de las
plantas, en relación con la real, no derivada de los riesgos propios de la
producción, sino de la deficiente o inadecuada información, y siendo ésta una
condición esencial del objeto adquirido, en cuanto al mismo, incluso la propia
parte demandada fundamentaba la rentabilidad de la inversión, siendo éste y no
otro el motivo de la celebración del contrato, deberá concluirse como se recoge
en laSTS de 17 de julio de 2006que el error es invalidante del
consentimiento pues es sustancial al recaer "sobre las condiciones de la
cosa que principalmente hubieran dado motivo a la celebración del contrato, o,
en otros términos, que la cosa carezca de alguna de las condiciones que se le
atribuyen, y precisamente de la que de manera primordial y básica motivó al
celebración del negocio atendida la finalidad de éste".
8. PARQUES SOLARES DE NAVARRA, S.A. solicitó aclaración de sentencia
en el sentido de que, como se condena a la íntegra y recíproca restitución de
prestaciones a las partes, la actora, SANA DE INVERSIONES, S.A. se dedujo
determinadas cantidades, es decir, el Gobierno de Navarra le reintegró 98.095 €
y 5.162 € en los años 2006 y 2007 respectivamente por inversiones como
consecuencia de la compra, es decir, recuperó 103.217 € por lo que el coste de
la inversión inicial (480.000 €) se redujo en 376.783 €, y ésta, en definitiva,
es la cantidad que entiende debe devolver a la actora con más sus intereses, de
lo contrario se produciría un enriquecimiento injusto. A tal pretensión se opone la actora invocando el art. 214RCL 2000\34LEC , que señala la " invariabilidad
de las resoluciones judiciales ", pero alega, además, que ni el
Gobierno de Navarra le ha reintegrado ni SANA DE INVERSIONES se ha deducido
tales cantidades. Lo que hizo el Gobierno de Navarra (Resolución de 14 de
noviembre de 2007) fue autorizar a la actora la aplicación de una deducción por
inversiones de tales cantidades en el Impuesto de Sociedades de los años 2006 y
2007, como " importe global máximo de deducción ". Y la deducción
no es subvención como pretende la demandada, ya que su efectividad depende de
que el proyecto, junto con los demás rendimientos del recurrente, genere
beneficios suficientes; lo que realmente ocurrió es que en el Impuesto de
Sociedades correspondiente a 2006 nada se pudo deducir; en el 2007: 31.054,09 €
y en el 2008 sólo la cantidad de 16.126,43 €, de acuerdo con los documentos que
acompañó en su escrito de oposición al recurso de aclaración. Por Auto aclaratorio nº 91/2010 de 14 de julio de 2010, la Sala no dió lugar
a la aclaración interesada, porque la pretensión deducida " no
constituyó objeto del litigio a contemplar como uno de los efectos derivados de
la anulación del contrato ". SEGUNDO Enunciado y fundamentos del único motivo del recurso . Contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, al amparo del
art. 481RCL 2000\34LEC ( RCL 2000\34 , 962 y RCL 2001, 1892) se interpone
por PARQUES SOLARES DE NAVARRA, S.A. recurso de casación, que formula en los
siguientes términos: " UNICO.- Infracción de las normas aplicables para
resolver las cuestiones objeto del proceso. Infracción de los artículos
1261 , 1265 , 1266 y 1300 todos ellos del Código Civil ( LEG 1889\27 ) ".
El desarrollo del recurso se inicia con una valoración comparativa de la
prueba practicada entre la sentencia de primera instancia, que destaca como
" correctísima, acertada y minuciosa" , y la dictada por la
Audiencia Provincial que, según la recurrente, "no ha dedicado ni una
sola línea a considerar ni valorar la prueba practicada por esta representación
" lo que, vulnera su derecho de defensa. Alegato que esta Sala debe
rechazar. Basta la lectura del Fundamento de Derecho Quinto " in
extenso ", para darse cuenta de que los razonamientos jurídicos que
allí se expresan, encuentran su acomodo a la prueba practicada, debidamente
valorada, comenzando por la información precontractual facilitada a la actora
(inicio del Fundamento de Derecho Quinto), contrastándola con los déficits de
producción sobre la estimada, comentando el Informe CENER, así como los datos
de GUASCOR FOTÓN (titular de la licencia de las placas) muy por debajo de las
estimaciones precontractuales y, sobre todo, señalar las omisiones y
referencias no ajustadas a la realidad sobre la tecnología de concentración fotovoltaica,
errores estos últimos que la propia recurrente reconoce en su recurso. Otro razonamiento sobre el que asienta el recurso versa sobre las cualidades
personales del representante de la actora, Don. Abel . Sobre las alegaciones
acerca de la personalidad del representante del actor trata la recurrente de
basar uno de los requisitos sobre los que negar la existencia de error en el
consentimiento: es inexcusable el error cuando pudo ser evitado empleando una
diligencia media o regular, y Don. Abel , según se dice, aparte de ser abogado
o licenciado en derecho, ostentaba cargos de administrador en distintas
sociedades (hasta 7). Además, según señala, ninguna modificación propuso, ni
tampoco exigió garantía para proteger sus intereses, como hicieron otros
compradores, lo que supone, por parte de la actora, una falta de diligencia. Alega también que la información precontractual y la publicidad no se
incorporaron al contrato, que es lo que precisamente sirvió de base para
apreciar error en el consentimiento de la Sentencia recurrida (Fundamento de
Derecho Quinto).
Discrepa de la interpretación del contrato que realiza la sentencia de
apelación, pues el documento dice con claridad cuál es el objeto, el precio, el
plazo, y figura una Recepción provisional de las instalaciones, por lo que
nunca afectaría a la sustancia de la cosa ni al objeto del contrato, y sólo a
condiciones no relevantes , como la falta de productividad, que nunca
pudo determinar la nulidad del contrato; lo que quiso la compradora, dice, fue
adquirir una máquina cuya funcionalidad conocía, y ninguna otra referencia
había acerca de sus cualidades esenciales. Tras discrepar, pues, de la valoración de la prueba, y comentar aquélla que
más le conviene a la recurrente para fundamentar el recurso, invoca
jurisprudencia de esta Sala, y concluye que no se dan los requisitos legales y
jurisprudenciales para que pueda apreciarse error en el consentimiento.
TERCERO Cuestiones Preliminares Antes de entrar en el fondo del motivo conviene hacer determinadas
precisiones respecto de ciertas alegaciones de la recurrente que reitera a lo
largo del recurso. Son las que se han puesto de manifiesto en el Fundamento de
Derecho anterior que conviene disipar.
La primera es la referida a la distinta consideración que le merecen las
sentencias de instancia sobre la valoración de la prueba. Como señalan las SSTS
de 3 de julio 2006 , 22 de enero 2008 y 14 de enero 2009 , " la
resolución recurrida es la de la apelación sin que quepa fundamentar su
impugnación a través de un juicio comparativo con la de la primera instancia,
por lo que las únicas apreciaciones, cuando son disconformes, son las de la
Sentencia de la Audiencia", y, desde otro punto de vista, conviene
recordar que no corresponde en el recurso de casación revisar las pruebas
( SSTS 27 de mayo 2007 , 15 abril 2008 y 18 de noviembre 2011 ) y menos no
habiéndose formulado recurso extraordinario de infracción procesal ( SSTS
30 de junio y 26 noviembre 2009 ). Lo que sí permite el recurso de casación es
"revisar la valoración jurídica hecha en la instancia del supuesto
fáctico", ( SSTS 295/2004, de 29 de marzo , 695/2010, de 12 de noviembre (
RJ 2010\7587 ) , 683/2012, de 21 de
noviembre , entre otras muchas). En segundo lugar, la recurrente se esfuerza en invocar una prueba, mejor una
alegación, que dice no ha tenido en cuenta la sentencia recurrida. PSN, con el
propósito de acreditar la falta de diligencia de la actora (error inexcusable),
atendida la personalidad y formación del representante de la compradora,
destaca que éste no " solicitó de mi representada ninguna garantía
contractual que no defraudara en el futuro sus intereses ... ", pues,
según alega se " acreditó ante el Juzgado de instancia (doc. 11 al 16)
que numerosos compradores en las negociaciones previas a la adquisición de las
torres fotovoltaicas, pactaron diversas condiciones que estimaban necesarias
para sus intereses como futuros productores de energía" (pág. 12 del
recurso). Pues bien, ni la Sentencia de Primera Instancia recoge este
razonamiento argumentativo, ni la sentencia recurida hace mencion de tal
alegación, lo que no puede desconocer la recurrente. Tales documentos fueron
impugnados y no reconocidos por la actora , como así consta en la Audiencia
Previa, " porque desconocemos si son reales ", por lo que se
solicitó su ratificación por los otorgantes, prueba a la que renunció
la demandada. Y para acreditar que no hubo error invalidante en la
contratación, revisa y valora unos determinados elementos probatorios y omite
otros según su conveniencia, lo que le está vedado en sede casacional, como
recuerda la STS 629/2010 de 28 de octubre ( RJ
2010\7613 ) : " dado su carácter extraordinario [no permite]
una nueva valoración conjunta de la prueba que interese al recurrente, como
tampoco dar prevalencia a determinados elementos probatorios sobre otros que el
Tribunal sentenciador haya considerado más relevantes o convincentes (SSTS
30 septiembre 2009, 30 octubre 22009 , 15 enero 2010 y 16
abril 2010 , entre otras muchas)".
Cuestión distinta es que el motivo de casación permita que examinemos y
razonemos, a la vista de la valoración de la prueba practicada en la instancia,
si se ha producido error, si el error es esencial y excusable, y que hubiera
determinado causalmente la celebración del contrato.
CUARTO Valoración jurídica de la información precontractual En primer término conviene examinar, como cuestión preliminar, la oferta del
contrato, la información relevante contenida en dicha oferta, y si tal
información pudiera inducir a error en el momento de la celebración del
contrato suscrito entre las partes contendientes el 26 de mayo de 2006, pues
está claro que, no sólo en los escritos del actor y la demandada aparece
focalizado el ataque y defensa en materia de información precontractual, para
ejercitar y oponerse a las pretensiones de cada una de ellas, sino que las
sentencias de instancias valoran la misma con distinto signo.
Ante todo debemos diferenciar lo que supone una mera comunicación publicitaria
dirigida a una generalidad de personas al objeto de difundir el producto, de lo
que es una oferta de contrato que, aunque dirigida al público, contiene
elementos del contrato proyectado: la primera, como señala la doctrina,
constituyen simplemente meras informaciones, invitaciones o incitaciones que
pueden provocar el ánimo de contratar de quienes la reciben, en tanto que la
oferta del contrato supone una publicidad con documentación que suele descansar
en cualidades, características y condiciones más técnicas, económicas o de
otras presuposiciones que buscan obtener el interés y subsiguiente
consentimiento a la oferta del proponente. Mientras la primera puede ser
considerada como una etapa previa a la apertura de tratos o negociaciones o a
la formulación de ofertas de contrato, la segunda supone el inicio de tratos o
negociaciones. Como con acierto se ha señalado, si la comunicación publicitaria
no traspasa el umbral de las invitaciones a realizar ofertas, su significado
queda muy reducido y, por lo general, sustituido por las declaraciones de
voluntad contractual. Indudablemente el documento es un medio de prueba de la
existencia de un contrato que se presupone alcanzado con anterioridad (ad
probationem).
Las consecuencias jurídicas son importantes, entre las que aquí interesa, la
de que el documento-contrato, además de demostrar las declaraciones de voluntad
en él contenidas, puede y debe concurrir con los demás medios de prueba que
pueden alterar, modificar, o matizar lo que del documento resulte. Y más
concretamente, a la vista de la frustración del contrato alegado por la actora
y negado por la demandada, determinar a quién y cómo debe distribuirse el
riesgo ocasionado por la defectuosa información facilitada precontractualmente.
Como señala la STS de 10 de septiembre de 1996 : " La teoría de los
vicios de la voluntad en los contratos, surge en el principio incuestionable
que establece a dicha voluntad libremente emitida como base del contrato, y no
es que los referidos vicios supongan una inexistencia de tal voluntad, sino que
la misma adolece de un defecto. Y, concretando más, si ese defecto proviene
de una equivocada información acerca de aquello sobre lo que se contrata y
sobre la cualidades del objeto contractual, surge, entonces, el vicio de la
voluntad denominado error " . Como veremos seguidamente, en el presente supuesto, la información
precontractual estaba tan íntimamente conexionada con el objeto del contrato,
en relación a sus condiciones esenciales, que motivaron a la actora a prestar
El error-vicio, como señala la doctrina es aquel que influye en la
determinación interna del contratante de manera que le induce a tomar una
decisión que, en otro caso, no hubiera tomado.
La sentencia recurrida precisa con acierto las precedentes consideraciones,
al indicar que la información precontractual, facilitada para obtener el
consentimiento, debe ser valorada, máxime cuando esta información se cataloga
como una inversión, se evalúa la rentabilidad de la misma y, para ello se tiene
en cuenta la producción anual sobre la base de datos, según se dice, del
Gobierno de Navarra, en 11.500 Kw, y se afirma la recuperación del capital
invertido en cuatro años y una rentabildiad anual del 13,19 %. Nada de ello
sucede. Aunque tales características no se reflejen en el contrato, no cabe la
menor duda de la conexión de tal información con el objeto del mismo, como
participación en planta fotovoltaica, para la producción de energía. De otra
parte, no tendría sentido una inversión que no se dirigiera a obtener la
producción y la rentabilidad como las anunciadas. Pero el fracaso en el
beneficio no es debido por causas propias del riesgo asumido, sino por una
información inadecuada y equivocada.
Han sido necesarias estas consideraciones previas para decidir, en el
presente caso la naturaleza jurídica del error contractual, excusable o no, si
alcanza al objeto o a condiciones esenciales del mismo que hubieran dado motivo
a celebrarlo, en los términos previstos en el art. 1266 Cc , pues tratándose de
un remedio excepcional como causa de invalidación del contrato, será necesario
también contemplar el posible error a la luz de una jurisprudencia, casuística
y analítica, pues se trata de un análisis cuya contemplación debe verificarse,
caso por caso, y evitar excesivas generalizaciones. De ahí la importancia de la
llamada " questio facti " o " juicio de hecho
" al que lleguen los órganos jurisdiccionales que conozcan de la
instancia. QUINTO Los requisitos del error contractual y su proyección al
litigio. 1. Comenzaremos analizando la primera cuestión que exige el art. 1266
Cc para que pueda apreciarse el error invalidante del consentimiento: que el
error recaiga sobre " la sustancia de la cosa que fuere objeto del
contrato o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen
dado motivo a celebrarlo ". ( SSTS 434/1997, de 21 de mayo ( RJ 1997\4235 ) , 695/2010, de 12 de noviembre ( RJ 2010\7587 ) , 683/2012, de 21 de noviembre de
2012 , entre otras). La recurrente en casación entiende que la actora no probó que su voluntad
era contratar producción y rentabilidad, sino la compra de una máquina de
producción de energía solar por el sistema de concentración, que la actora
eligió como "algo novedoso y atractivo para cualquier personada
conocedora de la energía solar " (pág. 11 de la contestación). En primer lugar, ante tal alegación -la fundamental-, reconoce la propia
recurrente que, efectivamente, la producción resultante fue distinta a la
anunciada en la publicidad, " inferior a lo esperado en los primeros
años ", como consecuencia de la dificultad en la instalación, " motivo
por el cual y en virtud de la demora procedió a indemnizar a todos sus clientes
" y que los datos ofrecidos al cliente sobre producción del Gobierno de
Navarra reconoce que no descansaban en ningún certificado del mismo sino de un
informe de un organismo dependiente (pág. 19 del recurso). Sin embargo, ha
quedado acreditado en la instancia que, atendidos los menores ingresos
obtenidos de las "máquinas" de producción de energía
(pág. 12, última línea) la demandada decide indemnizar a los adquirentes, y
para ello efectúa un cálculo basado en la " producción estimada
periodo Mayo-Diciembre 2007 (por cada Kw) 8.600 KW (pág. 8 del escrito de
contestación), para, a continuación señalar que en " cuanto a la producción
, si bien ésta dependerá de la climatología, y por tanto y en función de ello,
se obtendrá una rentabilidad ..." (último párrafo, pág. 10 de
la contestación). Por tanto, producción/rentabilidad no sólo no son
ajenos al contrato, sino que la información precontractual iba dirigida
principal y directamente en este sentido, como bien destaca la Sentencia
recurrida en casación (Fundamento de Derecho Quinto, párrafo primero, segundo,
cuarto y quinto), cuando se informa errónea y equivocadamente que el
sistema fotovoltaico de concentración, como " tecnología líder en
términos de cantidad de energía solar transformada", con un rendimiento
superior al de los sistemas convencionales, que " permite obtener
hasta un 30 % más de energía " que estas últimas y, dada su ubicación
geográfica, " generaran una media anual de 11.500 Kw/hora/año de
energía eléctrica ". Nada de ello es cierto. También ha quedado acreditado en la instancia que la " información
facilitada por la vendedora sobre producción anual estimada de 11.500
Kw/hora/año, es superior a la propia estimación dada por el titular de la
licencia de las placas concentradas (GAUSCOR FOTÓN) de 9.122 Kw/hora/año, sin
causa alguna que lo justifique" ; del informe de CENER, frente a la
afirmación de que el sistema de concentración tiene una experiencia acumulada
que avala su fiabilidad, resulta que tal tecnología de concentración
fotovoltaica " está en las etapas iniciales de su desarrollo "
y " tiene como servidumbre la absorción únicamente de la radiación
directa ", y cuyo mantenimiento , en expresión gráfica del hijo
del Administrador de la empresa vendedora, exige tener "tres ojos más que
dos" y cuya " duración estimada en 40 años acaso no alcance los 10
años ", y la alegación sobre la influencia de la climatología
como excusa del bajo rendimiento" fue sólo del 1 %, de acuerdo con
las conclusiones periciales, pese a lo cual la producción de las placas
convencionales ha sido muy superior a las de concentración. Como se comprenderá producción y rentabilidad están inseparablemente unidos
a la compra o mejor, a la participación en una planta fotovoltaica de energía
eléctrica como objeto del contrato. No son condiciones secundarias sino
esenciales, hasta el punto que, en su comercialización, se destacaba que la
inversión suponía prácticamente " cortar el cupón cada año ",
expresión igualmente relevante en orden a viciar el consentimiento sobre la
base de una información sobre producción estimada de energía eléctrica por el
sistema de concentración que no descansaban en datos reales ni fiables, lo que
indujo a una anómala formación de la voluntad de la compradora que vicia el
consentimiento prestado en la contratación, formado por una creencia inexacta (
SSTS 114/1985, de 18 de febrero , 295/1994, de 29 de marzo ( RJ 1994\2304 ) , 756/1996, de 28 de septiembre ( RJ 1996\6820 ) , entre otras muchas). 2. Por último, conviene examinar si la personalidad, formación,
conocimientos y cualidades de la persona que ha contratado con la recurrente,
supone una " inexcusable falta de diligencia por parte del
comprador, que hace que el error no sea invalidante, como exige la
jurisprudencia unánimemente ( SSTS 756/1996, de 28 de setiembre , 726/2000, de
17 de julio , 315/2009, de 13 de mayo , entre otras). Señala la recurrente que
sobre esta materia la sentencia recurrida sorprendentemente " no
haya realizado ninguna sugerencia omitiendo la meritada Sentencia
cualquier mención a este respecto en relación, con no sólo con la cualidades
personales, sino la diligencia exigible en una persona como el actor
para haber obtenido una información más precisa y haberse asesorado toda vez
que existían numerosas ofertas de otros promotores de parques en la provincia
de Navarra..." (pág. 16 del recurso). No se comparte ésta opinión. El
Fundamento de Derecho Séptimo dice textualmente: " En el supuesto de
autos no puede estimarse, como defiende la demandada, que dada la actividad
negocial a que se dedica la parte actora, inversión, y conocimiento que el administrador
o legal representante de la actora pueda tener de las inversiones en energías,
determine que el error que pudo padecerse no pueda tener efectos invalidantes,
porque pudiera haber sido salvado empleando la diligencia media o regular a que
se refiere la jurisprudencia del Tribunal Supremo, antes indicada y a la que
también hace referencia laSTS DE 22-5-2006, nº 501/2006 ( RJ 2006\3280 ) , ("Como ya señaló lasentencia
de esta Sala de 4 de enero de 1982, con cita de las de 14 de junio 1943 ,
11 marzo 1964 , 8 junio 1968 y 7 abril 1976 , se trata de un
elemento que la jurisprudencia exige pese al silencio del Código Civil ( LEG 1889\27 ) y que está presente en el campo
del derecho foral (Ley 19, párrafo 2º, del Fuero Nuevo de Navarra ( RCL 1973\456 y RCL 1974, 1077) ), en virtud
del cual se niega al error la eficacia invalidante del contrato cuando pudo ser
salvado empleando una diligencia media o regular, para lo cual habrá que
atender a las circunstancias de toda índole e incluso a las personales (análogamente
a como lo hace el artículo 1.484, in fine, del Código Civilpara los
defectos de la cosa vendida), valorando las respectivas conductas según el
principio de la buena fe (artículo 1.258), pues si el adquirente tiene el deber
de informarse, al mismo principio de responsabilidad negocial le impone el
enajenante el deber de informar".
>>" Sin desconocer la actividad negocial de la parte
actora, y valorando las conductas de las partes desde los principios de la
buena fe, del deber del adquirente de informarse pero también del deber de
informar al vendedor, en el supuesto de autos, es evidente que no puede
exigirse dentro del principio de responsabilidad negocial que la parte
demandante hubiera contrastado todos los datos facilitados sobre producción estimada,
que aportaba la parte demandada en su información para la venta de
participación en la producción de energía, pues la misma en cuanto exige
desplegar una especial diligencia sería tanto como partir de una desconfianza
plena hacia la actividad negocial pretendida, lo que no puede ser estimado
". También ha quedado acreditado en la instancia que la demandante, su legal
representante, no era un experto en energía solar, por la mera circunstancia de
ser administrador o apoderado (sic) de Naif, cuando lo más cierto es que, según
certificación aportada en autos, consta que cesó su actividad de asesoramiento
financiero y jurídico en dicha compañía en el año 2000, y que fue, en 2007, que
se modificó el objeto social de la misma, ampliándolo a la compra de placas
solares y a la producción de energía.
Compartimos el juicio de la sentencia de la Audiencia Provincial, pues, no
puede exigirse al comprador una diligencia tendente a comprobar todos los datos
técnicos, económicos y financieros facilitados por el vendedor que suponga
partir de un escenario de desconfianza. El tráfico mercantil descansa en la
confianza negocial y en la buena fe. Cuando la información precontractual tiene
por objeto, aún inconscientemente, conseguir que la contraparte se forme una
opinión del objeto negocial distinto del manifestado contractualmente nos
hallamos ante una divergencia entre la voluntad declarada y la voluntad real,
lo que supone un vicio en el consentimiento, como elemento esencial del
contrato ( art. 1261 Cc ), y su consecuencia es la posibilidad de impugnarlo,
pretendiendo su anulabilidad, al tratarse de un error de los motivos ,
como señalaba la antigua STS de 23 de mayo de 1935 , que conlleva a una
apreciación errónea de los mismos que fueron determinantes para contratar. SEXTO Desestimación del recurso. Por lo expuesto, al resultar de lo actuado que SANA DE INVERSIONES, S.A.
sufrió un error invalidante en el consentimiento en el momento de suscribir el
contrato el 23 de mayo de 2006 con PARQUES SOLARES DE NAVARRA, S.L.,
error-vicio que recayó en las condiciones esenciales del objeto del contrato,
como consecuencia fundamentalmente por la información precontractual, errónea y
equivocada, facilitada por la demandada, es por lo que procede desestimar el
SEPTIMO Régimen de costas del recurso . Se imponen al recurrente las costas de su recurso en aplicación de los
artículos 394RCL 2000\34 y 398RCL 2000\34 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000\34 , 962 y RCL 2001, 1892) Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el
Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por
PARQUES SOLARES DE NAVARRA, S.L., contra la Sentencia nº 91/10 dictada el 7 de
junio de 2010 por la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Navarra, en el
Rollo de Apelación nº 25-/2010 , la que confirmamos íntegramente y en lo
menester ratificamos. Las costas del recurso quedan a cargo del recurrente.
Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con
devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
.- Fdo: D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Fdo: D. Ignacio Sancho Gargallo.-Fdo:
D. Sebastian Sastre Papiol.- FIRMADO Y RUBRICADO. PUBLICACIÓN.- Leída y
publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Sebastian Sastre Papiol,
Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo

References: resolución 
 resolución 
e contrario
 resolución 
 resolución 
 resolución 

resolución 
 artículo 1
in fine