Source: http://indigenas.bioetica.org/mono/inves58.htm
Timestamp: 2017-09-22 22:27:38+00:00

Document:
Proyecto de Ley Defensor Indígena
Cafiero, Mariano y Cardozo Pichioni, Alejandro
Trascripción del debate y comentarios
El intento de este trabajo no es efectuar un análisis abstracto sobre la situación actual de los pueblos indígenas pertenecientes a la República Argentina. Nuestra voluntad trata de cercenarse a una cuestión determinada dentro de la abundante problemática que conviven los indígenas con el Estado en el tiempo contemporáneo.
Al no hallarse vigente una jurisdicción especial que garantice a los indígenas el multiculturalismo necesario para no alterar sus respectivas costumbres, brotan limitadas opciones para remediar esta situación. En otras palabras, debido a la miopía estatal ante la necesidad de admitir a favor de los pueblos indígenas la aplicación de su derecho consuetudinario dentro de los asuntos que incuben a sus comunidades, esta ceguera genera un acotamiento en las posibilidades para poder hacer valer sus derechos.
Una de las posibilidades para utilizar las escasas herramientas que ofrece el monopolio estatal es el del proyecto de ley para instaurar un Defensor/a Indígena. Esta voluntad política intenta de garantizar la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas, sostenidos en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, respondiendo a los justificados reclamos de los pueblos indígenas.
Pero hay que tomar en consideración que el objeto que se analizará no tiene vigencia legislativa positiva. En consecuencia en caso de existir la voluntad política propicia para otorgarle vigencia a esta elaboración van a manifestarse, indubitablemente, mutaciones que en el contexto actual no son visibles. Entonces al analizar este trabajo es conveniente interpretarlo teniendo en cuenta lo susceptible que se enceuntra de sufrir modificaciones coyunturales, pero que preliminarmente no impliquen una alteración sustancial de dicho proyecto.
Nace la necesidad de analizar en forma minuciosa el respectivo proyecto de ley elaborado por el Senador Cafiero con la participación activa de diferentes actores sociales, incluyendo a senadores, asesores especializados en el tema, la defensora del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con la presencia vital de los diferentes representantes de los pueblos indígenas.
El fin de esta ley es progresar en la defensa de los derechos indígenas y en suplir la inacción por parte del Estado ante hechos donde se requiere sujetos especializados para poder actuar en forma eficaz en representación de los intereses de los pueblos indígenas.
También es utilizable como un puente en donde posibilite la conexión entre los pueblos indígenas y el estado, ya que la coyuntura actual expresa una discordancia abundante entre ambos sujetos. Esta elaboración legislativa tiende a remediar, parcialmente, la relación fragmentada y ardua de los respectivos pueblos y el Estado.
El intento es este trabajo, como se menciono anteriormente, es interpretar los artículos más resonantes, detectar las patologías legislativas e introducir nuestra opinión al respecto, y establecer determinadas hipótesis en relación a su futura aplicación y potenciales consecuencias.
Número de Proyecto: 1214/04
-Artículo 1°: Creación. Se crea en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Nación el Defensor/a Indígena, el que ejerce las funciones que establece la presente ley.
Este artículo del proyecto de ley nace de la necesidad de crear el respectivo órgano donde va a posibilitar la actuación del titular de dicha dependencia.
El proyecto original había quedado establecido la innovación de un órgano autónomo, es decir independiente al área actual del defensor del pueblo. Según la Sra. Güilipam, perteneciente a la coordinadora mapuche de Neuquen, indica que es necesario que esta figura sea autónoma, que tenga presupuesto propio y que sea una institución representativa de los pueblos indígenas de la República Argentina. También opina en la misma corriente el presidente de la Comisión de Juristas Indígenas en la República Argentina, el Sr. Frites, en el cual establece la utilidad de esa independencia concordante con la estructura jurídica reconocida por el Estado argentino a los pueblos indígenas.
La Dra. Pierini, Defensora del Pueblos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue la promotora en recomendar que sea un defensor adjunto especializado en las cuestiones y derechos contemplados en art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, en los tratados internacionales relativos a la protección de los pueblos indígenas. La defensora al analizar este proyecto, fundamentó su postura de imponer un adjunto al decir que “…La estructura del proyecto consiste en su intención en la puesta en marcha de lo que se denomina doctrinalmente como ombusmen sectorial. Esto es un ombusmen con competencia acotada a determinadas cuestiones. Tanto en el derecho comparado como en la doctrina internacional no hay obstáculos a la existencia simultanea de ombusmen generales y sectoriales…”.
Es interesante esta cuestión ya que nace el debate sobre la pluralidad cultural sostenido por el Estado argentino. La autonomía solicitada por los representantes de los pueblos indígenas tiene su sostén vertebral en la garantía de los pueblos en respetar su identidad, en consecuencia ostentando, debido a esto, las diferencias de identidad de los pueblos indígenas con la restante población argentina. De esta manera es refutable la consideración que los pueblos indígenas son una manifestación del pueblo por ende el defensor del pueblo es el que tiene que ejercer dicha función ante los reclamos provenientes de los indígenas.
No obviando la ardua, pero posible, aplicación practica, consideramos conveniente modificar al cargo de adjunto e implementar un espacio autónomo. Debido a que los pueblos indígenas tienen derechos especiales y específicos que obligan a brotar una estructura independiente para poder ejercer sus funciones en forma directa con los mencionados pueblos, sin óbices alguno producto de la burocracia y gobiernos de turno.
Pero nuestro fundamento no se acota simplemente ante cuestiones administrativas sino que como bien dijo el jurista Bidart Campos que “…No hemos de tener miedo al pluralismo normativo. La igualdad de oportunidades y de trato reclama que en muchas cuestiones se les depare a los pueblos indígenas…una legislación especial, distinta de la común y general…”.
-Artículo 2°: Objeto. El defensor/a Indígena tiene por objeto la promoción y protección de los Derechos de los pueblos y comunidades rurales y urbanas, sus organizaciones y sus integrante la prevención de su violación y la defensa activa ante su vulneración.
En esta parte de la potencial norma se establece el objeto del defensor, es decir circunscripto a fomentar y proteger los mencionados derechos, pero también a prevenir y defender cualquier alteración de esos derechos.
La discusión en este artículo no fue sobre el objeto, sino que se traslado a los sujetos que abarcaría dicho fin. Fue producto de la audiencia pública realizada por el senador Cafiero, autor del proyecto, y los respectivos representantes de los pueblos indígenas. La elaboración primitiva estipulaba la protección de los “ …pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes…”, pero los indígenas objetaron dicha mención indicando que no sólo están presentes en las zonas rurales del país sino que hay una gran población indígena que vive en espacios urbanos, en donde existen varias organizaciones indígenas, siendo esto la única forma jurídica de mantener su identidad y fomentar los derechos de los pueblos indígenas.
En consecuencia broto un consenso en donde se amplía el horizonte del objeto, negando la posibilidad de futuras ambigüedades producta de la forma genérica introducida originalmente. Por ende se especifica claramente los sujetos de derecho que pertenece a este ámbito de aplicación.
-Artículo 3°: Definición de pueblos indígenas. A efectos de esta ley se considera pueblo indígena al conjunto de familias que tengan conciencia de su identidad como indígenas, sean descendientes de pueblos que habitaron el territorio argentino en la época de la conquista o la colonización, mantengan total o parcialmente la cultura, organización social o valores de su tradición, hablen o hayan hablado una lengua autóctona y convivan en un hábitat común, en asentamientos nucleados o dispersos.
Surge la definición de los pueblos en cuestión, previo al análisis hay que tomar en consideración que todo tipo de definición implica acotar el ámbito de aplicación. Por consiguiente es vital no prescindir de elementos necesarios para facilitar la compresión del mismo e indicar sus limites.
La tipificación impuesta en esta elaboración no establece una definición universal de los pueblos indígenas, sino que indica los elementos que esta ley va a utilizar como criterio para poder verificar si dichos conjuntos de familias se hallan dentro de esas exigencias culturales.
Este artículo puede generar grandes confusiones en su futura aplicación, ya que al imponer términos alternativos verbigracia que “… mantengan total o parcialmente la cultura…” puede implicar interpretaciones diversas con consecuencias improductivas. No obstante la dificultad de introducir una definición consensuada por la mayoría de los pueblos indígenas, es dable establecer que es necesario elaborar una definición para poder detectar los posibles actores de este proyecto. Por el cual no coincidimos con la opinión de la ombudsman de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el cual plantea la prescindencia de este artículo debido a los dispuesto en el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT que tienen jerarquía superior.
-Artículo 4°: Forma de elección. El Defensor/a Indígena es elegido por el Congreso de la Nación de acuerdo con el siguiente procedimiento : a) Las Comisiones de Población y Desarrollo Humano del Senado de la Nación y de Población y Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, reunidos bajo la Presidencia del presidente del Senado, convocaran a concurso público de antecedentes por el término de 30 días para llenar el cargo; b) Se abrirá un registro público de interesados a ocupar el cargo, de acceso libre y gratuito, con difusión en los principales diarios de circulación nacional y provincial: c) Una vez cerrada la lista de interesados se abrirá un período de 15 días para la presentación de impugnaciones; d) Vencido dicho plazo, ambas comisiones en conjunto evaluarán los méritos de los candidatos, previa consideración de impugnaciones, formando una terna, todo ello dentro de los 15 días de vencido el término anterior. La decisión se adoptará por mayoría simple de los miembros presentes de ambas comisiones; e) Se difundirá la terna seleccionada por medio de los principales diarios de circulación nacional y provincial; f) Dentro de los 15 días siguientes a que las comisiones se hayan expedido, por mayoría simple cada una de las Cámaras del Congreso elegirán a uno de los integrantes de la terna como Defensor Indígena, siendo el Honorable Senado de la Nación la Cámara de origen.
Al estudiar el procedimiento de selección del Defensor/a Indígena nace la obviedad de asimilación al proceso estipulado para el Defensor del Pueblo de la Nación. El fin de este artículo es otorgar claridad y garantía de imparcialidad a dicha elección.
Esta parte, de la potencial norma, es la columna vertebral de los subsiguientes artículos, ya que es en este artículo donde brota el futuro representante de los pueblos indígenas, sin morigerar la importancia de las restantes partes de este proyecto.
Debido a esto en la audiencia pública se manifestaron varias objeciones que surgieron de los propios indígenas. La principal crítica fue la carencia de participación de los indígenas en el proceso de selección, independientemente de lo establecido en artículo ulterior. La posición de la mayoría de los pueblos indígenas, sin alterar la competencia de ambas Cámaras del Congreso de la Nación, es como primer paso pre-elección es que se tiene que realizar un debate amplio entre todos los pueblos mencionados. En el cual, producto de esa discusión de fondo, se instrumente los mecanismos de selección y elección, elevando a una instancia superior, es decir al Congreso de la Nación, la que finalmente concretice la designación final de la persona física que va a ocupar el cargo de Defensor/a Indígena de la Nación.
Coincidimos con la postura de los representantes porque, como se indico supra, este proyecto de ley trata sobre temas específicos y especiales que no abarcan la consideración e interés de la mayoría de la población de la República Argentina, es decir circunscribe su influencia a una minoría. En consecuencia todas las normas, para poder ser eficaces y aplicables, tienen que desarrollarse en consonancia con la cultura y realidad social del área en donde se va a aplicar. Siendo esta una norma específica es necesario omitir el procedimiento de elección introducido por el monocentrismo que ejerce en forma absoluta el Estado ante la creación de las normas jurídicas para este tipo de cargos, e innovar un método adecuado en el cual habilite la participación activa de los interesados.
Estas especies de normas generales oriundas del monopolio estatal de fuentes de derecho van continuar siendo propuestas en la medida en que, como bien indico Bidart Campos, “…el derecho a la diferencia en el multiculturalismo indígena deje de entender que los derechos, la identidad y la situación de sus comunidades no quedan respetados, asegurados y promovidos si les aplica la normativa uniforme que rige para el resto de la población…”.
- Artículo 5°: Observaciones. Los integrantes de las comunidades indígenas podrán presentar durante el proceso de evaluación de las Comisiones competentes, según lo establece el artículo 4 de la presente ley, observaciones sobre los candidatos para cubrir el cargo de Defensor/a Indígena. Dichas observaciones deberán ser debidamente evaluadas y consideradas para la selección de la terna de candidatos. Corresponde al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas acercar a las comunidades indígenas y sus representantes la información pertinente respecto a los candidatos a cubrir el puesto de Defensor, para que en el período de 30 días posteriores a la convocatoria a concurso público puedan remitir a las Comisiones las observaciones sobre los respectivos candidatos.
Este artículo esta vinculado con el anterior, pero en este nace la participación de los pueblos indígenas y sus respectivas comunidades. Es positivo la voluntad del legislador de otorgar una democratización proveniente de los intereses de los indígenas y no de los partidos políticos, posibilitando el acceso a explayar cualquier tipo de objeción ante determinado candidato o simplemente una observación.
Pero brotan dos críticas relacionado a este tema, primero sólo admite observaciones, en consecuencia no son vinculantes, generando en la práctica una simple formalidad que no produce influencia alguna.
La principal crítica es que, sin desmerecer esta facultad que implica una actuación mas dinámica por parte de dichas comunidades, no remedia lo expresado en las críticas del artículo precedente. Consecuentemente la concepción del problema surge del padecimiento de participación de los indígenas en la instancia primitiva de la elección.
-Artículo 6°: Duración del mandato. La duración del mandato del Defonsor/a Indígena es de cinco años, pudiendo ser reelegido.
No se observa un análisis profundo al respecto, ya que es razonable el tiempo estipulado. El fundamento de esta conclusión se sostiene por el hecho de que siendo este cargo “apolítico”, por ende no elegido por el pueblo, implica cumplir con los objetivos propuestos en el proyecto de ley en análisis. Evitando estar condicionado por las agencias políticas activadas en épocas electorales ya que el fin es impedir la coincidencia cronológica de los períodos electivos a cargos públicos con la elección del defensor en cuestión.
Independientemente de nuestra opinión hay sectores de los pueblos indígenas en que creen conveniente que el mandato sea de cuatro años, debido a la extenso tiempo que implica otorgarle cinco años de ejercicio y además siendo reelegible.
-Articulo 7°: Cualidades para ser elegido. Puede ser elegido Defensor/a Indígena toda persona que reúna las siguientes cualidades: a) Ser ciudadano argentino; b) Tener 30 años de edad como mínimo: c) Poseer título universitario; d) Tener una reputación de integridad, capacidad e imparcialidad; e) Comprobable versación en temas relacionados con los derechos indígenas, y contar con conocimientos sobre historia, cultura y cosmovisión indígena.
Este artículo no establece un tipo de profesión determinado sino que simplemente requiere un título profesional, inciso c), mutándose dentro un área de vaguedad interpretativa. Este punto fue muy debatido y objetado por los representantes de los pueblos indígenas, su crítica se situaba en el contexto social de los indígenas indicando que las dificultades no sólo económicas sino también culturales de estos integrantes producían obstáculos insoslayables a acceder a una universidad. Complementando esta última opinión se manifestó que el hecho de poseer un título universitario no garantiza una capacidad mayor a los no poseedores.
Interpretando el inciso e) es dable observar el carácter de norma especial que tiene esta elaboración, porque impone demostrar en forma fehaciente la especialización del potencial candidato en temas relacionados a los pueblos indígenas. El conocimiento tiene que ser supra-derechos de los pueblos indígenas ya que también tiene que saber sobre su “…sobre historia, cultura y cosmovisión…”.
Pero de este último análisis también se engreda otra crítica debido a la omisión en establecer en forma explícita que el cargo de defensor del pueblo indígena debe ser para alguien que es indígena. Esta postura es uniforme para todos los pueblos indígenas, y es razonable, no obstante ello no coincidimos. Al tener los indígenas una pluralidad de pueblos y, por consiguiente, comunidades, esto indica que dentro de esta minoría existen una gran variedad de culturales no asimilables entre sí. En consecuencia al estipular como requisito la obligación de ser indígena podría generar obstáculos en relación al cumplimiento de las funciones enunciadas.
Por el cual pensamos que es conveniente que sea la facultad de cualquier ciudadano que cumpla los requisitos mencionados en presentarse como candidato.
- Artículo 8°: Designación. Forma. La designación del Defensor/a Indígena se efectuará mediante resolución conjunta suscrita por los presidentes de las cámaras de Senadores y de Diputados, la que se publicará en el Boletín Oficial y en los Diarios de Sesiones de ambas Cámaras.
-Artículo 9: Funciones. Son funciones del Defensor/a Indígena las siguientes: a) Iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado o mero denunciante, cualquier investigación tendiente a determinar acciones u omisiones que configuren una violación a los derechos de las comunidades indígenas rurales y urbanas, sus organizaciones y sus integrantes reconocidos en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, las leyes y tratados internacionales que amparen estos derechos, procurando promover las medidas o los mecanismos que permitan eliminar o corregir dichas violaciones; b) Promover la recopilación de la información necesaria a efectos de evaluar el estado de situación y necesidades particulares de las comunidades indígenas; c) Formular advertencias, recordatorios de los deberes legales y funcionales, sugerencias para la adopción de nuevas medidas y emitir parecer sobre el fondo del asunto con recomendación, si fuere el caso a las autoridades competentes; d) Recomendar modificaciones a la legislación vigente; e) Colaborar con las autoridades en al elaboración de leyes o diseño de políticas públicas concernientes a las comunidades indígenas; f) Proponer la realización de campañas y promover el debate público de cuestiones que pueden afectar los derechos de los indígenas; j) Constituir un nexo entre los indígenas y las autoridades legislativas, ejecutiva y judiciales.
Este artículo es fundamental a que delimita las facultades del defensor de los pueblos inígenas. El primer inciso implica la amplia facultad del respectivo titular de este órgano en iniciar, discrecionalmente, una investigación vinculada a una alteración de los derechos de los pueblos indígenas. En este caso tiene capacidad de accionar, ya sea por un interés particular o interés difuso, por el cual obtiene una legitimación activa. Esto es importante, en relación a los problemas cotidianos de los indígenas, ya que permite a un miembro de una comunidad o una comunidad en su totalidad pueda recurrir al defensor y este, en consecuencia, acudir al juez pertinente para que aplique las sanciones necesarias. De este modo se instrumenta canales accesibles para la realización de denuncias relacionadas a cuestiones que incuben a los pueblos indígenas. Como fue mencionado supra no es necesario efectuar una denuncia para poder utilizar las herramientas otorgadas por esta ley, ya que puede actuar de oficio al tomar conocimiento sobre verbigracia una abuso de derecho sobre un desalojo de una comunidad en Jujuy.
El siguiente inciso contiene la función publicista del defensor vinculado a la situación de cada pueblo indígena, en base a determinados informes.
El inciso c) fue criticado por la mayoría de los representantes, porque según estos no tiene las facultades inherentes para poder valer vía fuerza legal las respectivas recomendaciones a las otras autoridades. En otras palabras es necesario que estas recomendaciones sean de carácter vinculantes, ya que por la experiencia de los indígenas indican que las sugerencias emitidas hasta el presente siempre fueron consumidas bajo el aspecto político de las mismas, quedando a criterio del funcionario público tomarlas en consideración o omitirlas.
Los incisos restantes se basan en la aplicación de métodos cooperativos, de este defensor, con los otros órganos judiciales, legislativos y ejecutivas, siempre en consonancia con la protección y fomentación de los derechos de los pueblos indígenas.
Vinculado a esta técnica de cooperación la Dra. Pierini surgiere que haya participación de la Comisión de Derechos Humanos ya que la tarea del Defensor/a Indígena está vinculada directamente a la promoción y protección de los Derechos Humanos.
- Artículo 10: Remuneración. El Defensor/a Indígena percibe la remuneración que establezca el Congreso de la Nación por resolución de los presidentes de ambas Cámaras.
Aunque esta parte no implique una análisis jurídico profundo si puede generar una discriminación económica, porque deja a disposición del Poder Legislativo establecer dicho monto. Por consiguiente para evitar cualquier acto que puede generar una diferencia remunerativa con respecto a otros funcionarios de igual jerarquía, es dable establecer determinados límites: que sea igual al que perciba el Defensor del Pueblo de la Nación o que no sea una diferencia abundante.
- Artículo 11: Incompatibilidades. La condición de Defensor/a Indígena es incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad pública o privada, con excepción de la docencia universitaria con dedicación simple, estándose vedada la actividad política partidaria.
La última consideración surge de una lógica indubitable ya que garantiza la igualdad en la defensa de los derechos de los indígenas. La única objeción planteada en la audiencia pública por parte de los indígenas es eliminar la palabra “universitaria” dejando simplemente “docencia”.
- Artículo 12: Incompatibilidades. Cese. Dentro de los diez días siguientes a su nombramiento y, antes de tomar posesión del cargo, el Defensor/a debe cesar en toda situación de incompatibilidad que pudiera afectarlo, presumiéndose, en caso contrario, que no acepte el nombramiento.
-Artículo 13: Cese. Causales. El Defensor/a Indígena cesa en sus funciones por alguna de las siguientes causas: a) Por renuncia; b) Por incapacidad sobreviviente; c) Por sentencia firme por delito doloso; d) Por mal desempeño en el cumplimiento de los deberes de su cargo; e) Por haber incurrido en la situación de incompatibilidad prevista por esta ley; f) Por haber perdido las condiciones necesarias para ser electo.
En la audiencia pública la mayoría de los representantes manifestaron la posibilidad de que las respectivas organizaciones o representantes de los pueblos indígenas efectúen una evaluación periódica del defensor, observando así la labor producido por el mismo.
-Artículo 14: Designación de nuevo titular. La designación del nuevo Defensor/a Indígena será por un nuevo período de cinco años y se realizará de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la presente ley dentro de los treinta días de producido el cese.
- Artículo 15: Suspensión en la función. Cuando se forme proceso criminal contra el Defensor, éste puede ser suspendido en sus funciones por el voto de cada una de las Cámaras del Congreso de la Nación, por mayoría simple, hasta que se dicte sobreseimiento definitivo a su favor.
- Artículo 16: Adjunto. El Defensor/a Indígena designará un adjunto que lo auxiliará en su tarea y lo reemplazará provisoriamente en los supuestos de cese por muerte, imposibilidad temporal o licencia ordinaria.
Existe una discusión acerca los mecanismos de nombramiento de este cargo, y concordamos con los representantes de los pueblos indígenas en establecer que se utilicen los mismos métodos aplicados para nombrar al titular. En consecuencia que no sea facultad del titular nombrar a su adjunto, ya que este último método puede implicar intenciones políticas implícitas obstruyendo la defensa legítima de los pueblos indígenas.
-Artículo17: Disposiciones aplicables a los adjuntos. A los adjuntos les son aplicables, en lo pertinente, los artículos 7, 11 y 12.
-Artículo 18: Remuneración del adjunto. La remuneración del adjunto será un 20% inferior a la que corresponde al Defensor/a Indígena.
-Artículo 19: Estructura interna. El defensor/a Indígena actuará en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Nación y contará con un plantel mínimo de personal profesional y de apoyo técnico/administrativo –remunerado- que colabore con las tareas propias del Defensor/a en forma permanente. Un 30% de dicho plantel debe ser indígena.
La doctora Alicia Pierini indica, que en caso de que este proyecto de ley se deba aprobar como Defensor Adjunto, este artículo simplemente de debe releer.
Sra. Arias.- “Si lo convertimos en autónomo queda sin efecto este articulo”
Recordando que nuestra postura es a favor del Defensor/a Indígena autónomo, es decir, que su actividad la realice fuera del ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Nación”, consideramos que este artículo debe quedar sin efecto, ya que nos indica que el Defensor/a Indígena debe actuar dependiendo de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
-Artículo 20: Equipo auxiliar interdisciplinario. La Defensoría podrá conformar un equipo auxiliar interdisciplinario integrado por representantes de organizaciones indígenas, organizaciones sociales que trabajan con comunidades indígenas en todo el país, trabajadores sociales, abogados, antropólogos y representantes de toda otra disciplina que se considere necesaria para el desarrollo eficaz de la tarea. Estos profesionales deben tener reconocida versación en el tema indígena y no recibirán remuneración por dicha tarea. El Defensor/a Indígena deberá hacer pública la nomina de integrantes y organizaciones del equipo auxiliar.
Nuevamente, la Doctora Pierini manifiesta, que en caso de que este proyecto de ley deba ser aprobado como Defensor adjunto, este artículo simplemente se debe releer.
Sra. Participante.- Si esto va a ser siempre así, que los asesores no van a tener remuneración por dicha tarea, se le puede dificultar a la gente que puede aportar algo que viva lejos y que no podría venir de otros lados para sostenerse en Buenos Aires.
Sr. Participante. -Pienso que tanto para el titular como para el adjunto –y también cuando tengan que convocar a los asesores y demás-, estando en el interior, en el presupuesto de la Defensoría del Pueblo Indígena habría que tomar en consideración todas estas situaciones. Porque los asesores y los peritos que se necesitan no van a venir siempre gratis. Tiene que estar reconocido ese viático por el presupuesto de la Defensoría.
Una de las sugerencias que se había hecho es que esa nómina de todas las organizaciones que colaboran con el defensor sea pública y que todas las comunidades sepan quiénes son.
Sra. Asesora. –Por un lado está la estructura interna que trabaja en forma permanente con el defensor. Y por el otro está el equipo de gente que puede ser consultado. Se está dando participación a todas las organizaciones que trabajan con el tema indígena no en forma permanente. Porque no están trabajando todos los días con el defensor. La idea es darle una participación a todas las organizaciones.
Sra. Participante. –En vez de “podrá conforma” tendría que decir “podrá consultar”, o algo así.
Sr. Participante. –Necesita peritos en el idioma de los pueblos indígenas, traductores.
Sr. Participante. –Creo que acá donde dice que podrá conformar un equipo auxiliar disciplinario, me parece que no es contradictorio con lo que se plantea porque un defensor del pueblo v a tener que recurrir a todo tipo de técnicos que puedan ser, realmente, auxiliares. Me parece que eso está bien
Lo que yo creo es que debe garantizarse, no solamente lo que va a cobrar el defensor del pueblo, la dieta o lo que sea, sino todo lo demás. Seguramente, que debe estar en alguna parte. Porque en el caso del defensor del pueblo de la Nación no cobra él sino que tiene toda una estructura. Tiene un presupuesto para el edificio, los viajes, etcétera. Esto creo que también lo va a tener el defensor del pueblo indígena.
Sra. Asesora. –Por supuesto. Y como va a tener un presupuesto, también va a tener asesores pagos. Esto es a los fines de que pueda consultar a todas las organizaciones. Pero equipo técnico va a tener, máxime si no es universitario.
Sra. Participante. –Mas allá de la estructura interna, del plantel estable, en el artículo 20 no sólo se habla de comunidades indígenas de todo el país sino trabajadores sociales, abogados, antropólogos y representantes de toda otra disciplina que se considere necesaria par el desarrollo... Eso necesita sí o sí recursos.
Sra. Asesora. –En el momento que lo necesite, va a tener los recursos para hacerlo porque tiene un presupuesto que va a ser autónomo y autárquico.
Sra. Participante. –Quisiera agregar que cuando sea profesional o técnico que sea indígena. Si agotamos eso y no hay, está bien. Esto lo digo porque hay profesionales universitarios indígenas.
Cuando toman un especialista en temas indígenas es un sociólogo, un antropólogo. Yo me voy a recibir de socióloga. Yo soy socióloga indígena porque son dos carreras que tengo, tengo dos conocimientos.
Le pido que lo ponga porque actualmente somos muy discriminados en los puestos de profesionales indígenas.
Sr. Participante. –Con el mayor de los respetos a la hermana Rosalía, quisiera decir que esta cuestión hay que tomarla con mucha cautela. En primer lugar, porque estamos ante problemas graves y porque hoy, las comisiones del mundo aborigen pasan por buscar los medios apropiados para poder acceder. Debemos abrirnos a todas las disciplinas.
No nos olvidemos que en 1994, uno de los principales jurista, el doctor Horacio Eliseo Maldonado, era un hombre blanco que trabajaba en este tema.
En este mismo sentido, creo que sería una limitación muy fuerte si nosotros nos limitamos.
Sra. Participante. –Actualmente en el INAI todos los técnicos son blancos.
Sr. Cafiero. –Voy a celebrar las palabras del compañero, porque en la Convención Constituyente había una representación de constituyentes de origen indígena.
Sr. Participante. –No hubo.
Sr. Cafiero. –Y las veces que han salido y la preocupación que nos tomamos por el tema no se debió a una condición aborigen.
Sra. Participante. –Siguiendo la línea que se está planteando, diré que el cuerpo técnico que tiene que asesorar o ser soporte del defensor indígena, tiene que reunir el perfil que nosotros establezcamos para que esté ahí, pero no tiene por qué ser una cuestión biológica. Estamos planteando la necesidad de una nueva relación, la construcción de una política intercultural y eso parte de ser nosotros, en primer lugar, los tolerantes ante la diversidad ideológica existente. Tiene que primar esa posición.
En el reciente debate se analizan diferentes puntos del artículo en cuestión.
El primero tema que se discute, es determinar si el equipo auxiliar interdisciplinario, debe ser remunerado o no. Recordemos, que el artículo 20, indica que no.
Encontramos que entre los participantes existen diferentes posturas, por un lado, uno dice que sí debe ser una tarea remunerada, otro solamente manifiesta que en el caso de que se necesite el aporte de un auxiliar que se encuentre en el interior, se le deberá facilitar el viático para que pueda trasladarse a Buenos Aires.
Nosotros entendemos que este equipo auxiliar interdisciplinario no debe ser remunerado, consideramos que su tarea se limitará a ser consultado, en un tema determinado, cuando el Defensor/a Indígena lo considere pertinente. Es decir, que este auxiliar, no realizará una actividad de forma permanente. Con respecto a este punto, recordamos, que el artículo 19 indica que el Defensor/a Indígena contará con un plantel mínimo de personal profesional y de apoyo técnico/administrativo, el cuál si será remunerado, ya que colaborará de forma permanente, en las tareas propias del Defensor/a.
Otro punto importante que se debatió es que si el personal profesional o técnico consultado debe ser indígena o no. Nuevamente encontramos una postura dividida entre los participantes, por un lado un participante manifiesta que este equipo debe ser formado por indígenas y en el caso que no halla, recién ahí se podrá convocar a un personal que no lo sea. Desde un punto de vista distinto, otro indígena manifiesta que deben abrirse a todas las disciplinas y que no deben olvidar los indígenas que el doctor Horacio Eliseo Maldonado, un reconocido jurista, era un hombre blanco que ha trabajado junto a comisiones del mundo aborigen.
En primer lugar consideramos que en lo posible deben ser consultados profesionales indígenas, nadie más que ellos están capacitados para asesorar sobre este tema. No obstante ello, entendemos que no existe ningún tipo de contradicción, de que este equipo de auxiliares este integrado por hombres blancos, ya que lo importante debe ser el conocimiento y la capacitación que tiene sobre el tema indígena, y no así, el origen Biológico.
-Artículo 21: Delegaciones Provinciales. Facúltese al Defensor/a Indígena a celebrar convenios con los poderes ejecutivos provinciales destinados a nombrar Defensores/as Indígenas Provinciales, que se regirán por lo establecido en la presente ley y gozarán de una remuneración similar a la percibida por el Defensor/a Indígena Nacional.
En la audiencia este Artículo se lee y aprueba entre los Participantes Indígenas.
Nosotros consideramos acertado, que el Defensor/a Indígena, tenga la facultad de celebrar convenios con los diferentes poderes ejecutivos provinciales, para que a través de ellos se nombre Defensores/as provinciales, ya que entendemos que de esta manera va a existir un contacto más cercano con los indígenas, y de esta forma, se acrecientan las posibilidades de poder conocer, de modo efectivo, las necesidades que padecen.
-Artículo 22: Contacto directo con los indígenas. El Defensor/a Indígena debe mantener un fluido contacto con las comunidades indígenas y sus integrantes a través de visitas a las comunidades. Debe proveer un servicio telefónico gratuito para recibir las inquietudes y reclamos de los indígenas respecto de temas de su competencia.
Nosotros también nos adherimos a este artículo. Consideramos acertado, como ya manifestamos en párrafos atrás, la relación estrecha que debe existir entre el Defensor/a y los indígenas. Este artículo refleja esta idea, al indicar que debe existir un contacto fluido entre ellos. También nos resulta de relevante importancia, que se brinde a los indígenas un servicio telefónico gratuito, para que puedan manifestarse y comunicar sus inquietudes al Defensor/a Indígena, ya que de esta manera, éste último, va a estar más capacitado para poder ejercer sus funciones de manera efectiva.
-Artículo 23 –Obligación de colaboración. Todos los organismos públicos, personas físicas o jurídicas públicas o privadas están obligadas a prestar colaboración, con carácter preferente al Defensor/a Indígena en sus investigaciones e inspecciones.
En la audiencia este Artículo se lee y aprueba entre los Participantes Indígenas
Consideramos que este artículo le otorga la facultad al Defensor/a Indígena, de pedir la colaboración necesaria, ya sea, a organismos públicos o a las distintas personas físicas o jurídicas que indica el artículo, en las investigaciones que lleva a cabo. Entendemos que a través de este artículo, la ley brinda al Defensor/a una herramienta importante, para que pueda ejercer de manera eficiente las tareas que tiene a cargo.
-Artículo 24: Facultades. En el cumplimiento de sus funciones el Defensor/a Indígena está facultado para: a) Requerir de los organismos públicos o personas privadas, informes detallados acerca de asuntos investigados, e incluso la remisión de actuaciones, expedientes, datos o elementos o copia autenticada de los mismos o parte de ellos, fijando plazos para el suministro y entrega de la información; b) Disponer la comparecencia a su oficina de funcionarios y empleados de dichos organismos, entidades o empresas públicas o privadas que se encuentren en condiciones de suministrar información sobre el caso investigado. C) Disponer la citación para prestar declaración y dar informes a los denunciantes y particulares en general. A los efectos del cumplimiento de la presente atribución el Defensor7a Indígena dispone el uso de la fuerza pública, debiéndose reglamentar los medios para hacer efectiva la comparecencia de los citados; d) Ordenar pericias.
En este caso, a diferencia del articulo anterior, donde se indica que los organismos públicos y las personas jurídicas o físicas deben colaborar con las investigaciones que lleva a cabo el Defensor/a Indígena, este artículo, también le otorga la facultad de exigir la información necesaria y de citar a los respectivos funcionarios y empleados para que suministren los datos, que considere necesarios para sus investigaciones. Para ejercer esta facultad, llegado el caso, el Defensor/a Indígena dispone del uso de la fuerza pública.
Consideramos acertada esta atribución, ya que por intermedio de este artículo, la ley brinda al Defensor/a, una nueva herramienta para ejercer de manera eficiente sus funciones.
-Artículo 25: Obstaculización Todo aquel que obstaculice la investigación del Defensor/a Indígena mediante la negativa del envío de informes requeridos o impida el acceso a expedientes o documentos necesaria para el curso de la investigación incurre en el delito de desobediencia que prevé el artículo 240 del Código Penal. El Defensor debe dar traslado de los antecedentes respectivos al Ministerio fiscal para el ejercicio de las acciones pertinentes.
Consideramos que este artículo intenta facilitar que el Defensor/a Indígena pueda ejercer sus facultades, ya que en el caso que este solicite información, aquel que se niegue a entregarla, incurrirá en el delito de desobediencia. Lo mismo ocurrirá con la persona que impida el acceso a expedientes o documentación necesaria para el curso de la investigación.
-Artículo 26: Recepción de denuncia. La denuncia del damnificado o de terceros, puede recibirse en cualquier día y hora, a cuyo efecto el servicio debe mantener un sistema de guardia permanente. Las denuncias no están sujetas a exigencias especiales, salvo la firma del denunciante. No se requiere patrocinio letrado y todas las actuaciones son absolutamente gratuitas. En caso de ser una denuncia oral, el funcionario que la recibe debe labrar acta de la misma. Tratándose de denuncia telefónica, el funcionario dispondrá de acuerdo a la urgencia y circunstancias del caso, la manera en que se procederá. En caso que el denunciante se exprese en un idioma propio de las comunidades indígenas, se requiere los servicios de un traductor para poder tomar la denuncia correspondiente.
Sr. Cafiero. –En lugar de “...se requiere los servicios de un traductor...”, tendría que ser “...se requerirá...”
Al analizar este artículo observamos que la principal finalidad de éste, es otorgar facilidades a las personas que realizan denuncias dentro de la competencia del Defensor/a Indígena, ya que posibilita que las mismas se realicen sin que se les exija ningún tipo de formalidades, solamente la firma. Tampoco se le exige al denunciante que actué bajo Patrocinio Letrado. Otra medida que indica el artículo en cuestión, la cual es de gran importancia para que los Indígenas puedan efectivamente realizar denuncias, es que si estos se expresan en un idioma propio de las comunidades, se debe requerir de un traductor para poder tomar la denuncia correspondiente
-Artículo 27: Derivación. Si la queja se formula contra actos, hechos u omisiones que no están bajo la competencia del Defensor/a Indígena, éste está facultado para derivar la queja a la autoridad competente informando tal circunstancia al interesado.
Sra. Arias. –En ese caso, cuando la persona no puede firmar, la denuncia se puede hacer con testigos.
Recordando que nuestra postura es a favor de la Autonomía del Defensor/a Indígena, en caso que este reciba denuncias que están fuera de su competencia, deberá dar traslado al Defensor oficial del Pueblo de la Nación. En necesario que exista entre ambos un canal adecuado de comunicación.
Consideramos conveniente que si la persona no pueda firmar, la misma se pueda realizar con testigos, ya que entendemos que existen indígenas que no saben firmar y sería injusto que esa situación les imposibilite realizar una denuncia.
-Artículo 28 : Procedimiento. Admitida la denuncia, el Defensor/a Indígena debe promover la investigación para el esclarecimiento de los supuestos de aquélla. En todos los casos debe dar cuenta de su contenido al organismo o entidad pertinente a fin de que por intermedio de autoridad responsable y en el plazo máximo de quince (15) días se remita informe escrito. Tal plazo puede ser ampliado cuando concurran circunstancias que lo aconsejen a juicio del Defensor. Respondida la requisitoria, si las razones alegadas por el informe fueren justificadas a criterio del Defensor, ésta dará por concluida la actuación comunicando al interesado la circunstancia.
-Artículo 29 :Hechos delictivos. Cuando el Defensor/a Indígena, en razón del ejercicio de sus funciones, tenga conocimiento de hechos presumiblemente delictivos de acción pública, los debe comunicar de inmediato al juez competente.
-Artículo 30 : Advertencias y recomendaciones. Procedimiento. Si formuladas las recomendaciones dentro de un plazo razonable no se produce una medida adecuada en dicho sentido, o no se informa al Defensor de las razones que lo impiden, éste incluirá tal asunto en su informe anual o especial al Congreso de la Nación con la mención de los nombres de las personas que hayan adoptado tal actitud.
-Artículo 31: Comunicación de la investigación. El Defensor/a Indígena debe comunicar al interesado el resultado de sus investigaciones.
Los recientes artículos citados, es decir, el art.28, art.29, art.30, art.31, se refieren a los paso a seguir una vez admitida la denuncia por el Defensor/a Indígena y las medidas que éste esta facultado a tomar.
Con respecto a estos cuatro artículos, en la audiencia, se manifiesta lo siguiente:
Sr. Participante. –Cuando hablamos de recomendaciones, en el artículo 30 proponemos que sean vinculantes.
Sr. Cafiero. –Ponga eso también como una aspiración.
Sr. Participante. –No solamente que se quede en el informe, sino que el Defensor pueda instar una acción ante el juez.
Sra. Arias. –Para eso, desde ya, cualquier defensor está facultado.
Nosotros consideramos, al igual que los participantes, que en el caso que el Defensor/a Indígena realice algún tipo de recomendaciones o advertencias y desde la otra parte no reciba ninguna respuesta o no se tome ninguna medida, su actividad no se debe limitar a incluir tal asunto en su informe anual o especial al Congreso de la Nación con la mención de los nombres de las personas que hayan adoptado tal actitud. Nuestra opinión es que el Defensor/a Indígena debe estar capacitado para poder tomar medidas vinculantes frente al organismo o entidad que se niegue a prestar un informe con respecto a la denuncia que en su contra se ha formulo, y que aún actuando de ésa manera, no tome ninguna medida para modificar la situación que fue la base de dicha acusación.
-Artículo 32: Informes. El Defensor debe dar cuenta anualmente al Congreso de la labor realizada en un informe que presentará a las Comisiones de Población y Desarrollo Humano del H. Senado de la Nación y de Población y Recursos Humanos de la H. Cámara de Diputados antes del 31 de mayo de cada año. Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen podrá presentar un informe especial. Los informes anuales y, en su caso los especiales, serán publicados en el boletín Oficial y en los Diarios de Sesiones de ambas Cámaras. Copia de los informes mencionados debe ser enviada al Poder Ejecutivo para su conocimiento.
Sr. Cafiero. –Acá hay que agregar que las poblaciones indígenas también para que reciban copia de estos informes.
Sra. Arias. –Y a todos: pueblos, comunidades urbanas, rurales y organizaciones. Ahí repetimos todo, igual que el artículo 2.
Consideramos, al igual que el Sr. Cafiero, que el informe que debe presentar el Defensor/a Indígena anualmente al Congreso también se extienda a las poblaciones indígenas. Esto es de suma importancia, ya que ellos, mas que nadie, tienen el derecho a conocer la actividad realizada por el Defensor/a Indígena, ya que de esta manera podrán saber en que situación se encuentran sus necesidades y reclamos que realizaron.
-Artículo 33: Contenido del informe. El Defensor/a Indígena en un informe anual da cuenta del número y tipo de denuncias presentadas, de aquellas que hubiesen sido rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y el resultado de las mismas. En el informe no constarán datos personales que permitan la pública identificación de los denunciantes. Asimismo, el Defensor dejará constancia en el informe de los problemas y necesidades de las comunidades indígenas, y en un anexo hará constar la rendición de cuentas del presupuesto de la institución en el período que corresponda.
Sr. Cafiero. –En este artículo, en lugar de “informe anual da cuenta...”, debe ser: “...dará cuenta...”.
Con respecto al contenido del informe, consideramos que a través de éste se podrá realizar un balance de la actividad realizada por el Defensor/a Indígena, ya que se podrá observar los tipos de denuncias realizadas y si prosperaron o no. En el mismo sentido, también deberá informar de los problemas y necesidades de las comunidades indígenas, de esta manera se podrá conocer, año tras año, si se han realizado las tareas pertinentes para que estas cuestiones indígenas sean solucionadas.
-Artículo 34: Presupuesto. De acuerdo a lo establecido por el artículo 38° de la ley 24156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, el presupuesto de la Defensoría Indígena será establecido mediante las transferencias de partidas que a tal efecto debe realizar la Jefatura de Gabinete de Ministros hasta tanto se establezca en el Presupuesto Nacional los recursos presupuestarios correspondientes.
Sra. Arias. –Al ser autónoma, esto deberá tener una asignación presupuestaria. Así que eso hay que modificarlo.
Como ya manifestamos a lo largo de esta análisis, nuestra postura es a favor del Defensor/a Indígena autónomo, es decir, que actúe fuera del ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Por este motivo, al igual que la Sra. Arias, entendemos que en caso que se legisle su autonomía, el presupuesto debe ser modificado.
La República Argentina no le incumbe una costumbre legislativa sobre los derechos de los pueblos indígenas; en otras palabras carece, por voluntad propia de las políticas de Estado y costumbres sociales, de un ordenamiento jurídico representativo de los pueblos en cuestión. Lo precedente se debe interpretar en términos genéricos ya que esta patología se agudiza aún más si cercenamos nuestro desarrollo al tema que nos reúne, el Defensor/a Indígena.
Debido a esto para poder concebir una ley sin antecedentes nacionales es necesario analizar el derecho aplicado en los otros países latinoamericanos, en donde se manifiestan variedades de legislaciones fructíferas vinculadas a los pueblos indígenas.
En este trabajo intentamos de ejercer una selección primaria de los Estados más progresistas, en términos legislativos, con respecto al Defensor/a Indígena.
El Defensor del Pueblo del Estado de Bolivia tiene en la ley 1818, que reglamenta el artículo proveniente de la respectiva constitución que establece este órgano autónomo, como parte de sus atribuciones la de proteger y accionar acorde a los intereses de los pueblos indígenas. Esto surge del art. 11 inc. 9 de dicha ley en donde dice que tiene que “Velar por el respeto de la naturaleza multiétnica y pluricultural del Estado boliviano y promover la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas y originarios del país”.
Independiente de no configura una legislación especial en estas cuestiones este artículo expresa la necesidad de un trato especifico a los pueblos indígenas. Impone al Defensor del Pueblo la obligación, aplicando la teoría del “ombusmen sectorial”, de realizar acciones dirigidas al goce efectivo de los derechos de este sector social.
Dentro de las competencias que le otorga la ley a la Defensoría del Pueblo de esta nación nace la del “Programa Especial de Comunidades Nativas”.
El Programa de Comunidades Nativas da prioridad a la atención a los problemas relacionados con los territorios y los recursos naturales, y al acceso a la justicia, educación y salud de las comunidades nativas. Asimismo, propone lineamientos estratégicos para la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas en el Perú. Realiza estudios, elabora documentos de trabajo e informes defensoriales.
Los objetivos del Programa de Comunidades Nativas son la promoción de la capacidad de interlocución de los indígenas ante el Estado y el respeto y protección de los derechos de los pueblos indígenas. Realiza una supervisión permanente a los funcionarios y servidores públicos que están a cargo de la problemática indígena en el país. Asimismo, colabora con las tareas de capacitación para funcionarios públicos y representantes de organizaciones indígenas.
En este ordenamiento no se delega funciones sectoriales, es decir de adjuntía, sino que se produce un programa con tareas tutelares y mediadoras entre el Estado y los pueblos indígenas.
El Estado de Venezuela aplica la teoría sectorialista de las defensorías del pueblo ya que existe “La Defensoría Especial con Competencia Nacional para los Pueblos Indígenas” que pertenece a la estructura del Defensor del Pueblo.
En el cual tiene como objetivo promover la defensa y vigilancia de los derechos y garantías constitucionales que asisten a los pueblos y comunidades indígenas del país, e igualmente, velar por el respeto de los derechos humanos que sobre la materia se encuentren establecidos en los tratados, convenios y acuerdos internacionales válidamente suscritos por la República, ejerciendo para ello las acciones que sean necesarias con el objeto de propiciar su real y efectiva protección.
En la Constitución de 1853, podemos encontrar el primer tratamiento de la cuestión indígena en la legislación argentina, en la cual sólo se hacía referencia a ellos en el sentido de “conservar el trato pacífico con los indios, promover la conversión de ellos al catolicismo y proveer a la seguridad de las fronteras”. Pero a partir de la reforma constitucional de 1994, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas ha tenido un importante avance, ya que fue incorporado como mandato constitucional. Marcando un cambio sustancial en las obligaciones del Estado frente a sus comunidades.
La Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 17 reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravamen o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan”.
Sin embargo, y a pesar de estos avances, consideramos que varios factores aún limitan el uso efectivo de estos derechos por parte de los indígenas. Por un lado, el desconocimiento de los mismos por la falta de información adecuada. Tampoco es menor las violaciones que sufren constantemente, las discriminaciones de las que son objeto por razón de idioma o pertenencia étnica, la falta de canales adecuados para muchas comunidades aisladas de los ámbitos más urbanizados. La falta de canales fácilmente accesibles para la realización de denuncias, agravan esta situación de indefensión de la población indígena.
Consideramos que la creación del Defensor/a Indígena, será una figura trascendental en la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas argentinos, ya que deberá ser la instancia que permita articular las demandas y exigencias de los pueblos indígenas con las instituciones del Estado, previendo un mejor desempeño de estas últimas con poblaciones que son generalmente objeto de prejuicios y estereotipos. Entendemos de relevante importancia la facultad asignada al Defensor/a Indígena de promover la defensa de los derechos de los pueblos indígenas argentinos.
Para ello el Defensor/a de los pueblos indígenas contará con las atribuciones para recibir denuncias e iniciar investigaciones para determinar violaciones a los derechos de los pueblos indígenas argentinos reconocidos en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y a otras leyes y tratados internacionales que los amparan. También contará con la facultad de recopilar, la información que consideré oportuna, para evaluar la situación en que se encuentran y las necesidades concretas de las comunidades indígenas. Entre sus funciones podemos indicar que podrá colaborar con las autoridades en la elaboración de leyes o diseño de políticas públicas concernientes a las comunidades indígenas. Consideramos entonces, que su creación será fundamental para la protección de los derechos de los pueblos indígenas, ya que será el nexo entre los indígenas y las autoridades legislativa, ejecutiva y judicial.

References: artículo 75
 Artículo 5
 artículo 4
 Artículo 8
 resolución 
 artículo 75
 Artículo 10
 resolución 
 Artículo 11
 Artículo 12
 artículo 4
 Artículo 15
 Artículo 16
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 19
 artículo 240
 artículo 30
 artículo 2
 artículo 38
 artículo 75
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