Source: http://hidroensc.com.ar/incorte66.html
Timestamp: 2017-07-21 08:36:56+00:00

Document:
Solicita Conexidad Impropia entre las causas B 67491, I 71848 e I 71614
Francisco Javier de AMORRORTU, por mi propio derecho y mis propias obligaciones, constituyendo domicilio legal en calle 48, N° 877, 3er piso, Ofic. 308 Casillero 1544 de La Plata, conjuntamente con mi letrado patrocinante Ignacio Sancho ARABEHETY, CALP T 40 F 240, Leg. Prev. 45779/0, IVA Responsable Inscripto, “DE AMORRORTU FRANCISCO JAVIER C/ AUTORIDAD DEL AGUA S/ INCONST de la RES 57/99 (Secr. de Asuntos Municipales), LETRA I-71848 a V.E. me presento y con respeto digo:
El objeto de esta solicitud en esta causa 71848 es fundar su conexidad impropia con las causas B 67491 e I 71614; en razón de que compartiendo Los Sauces, la Lomada del Pilar y Ayres Norte o Sol de Matheu, en una misma temporalidad, inmediata juntura, reconocen contagiados los mismos vicios y déficits técnicos, legales, administrativos; compartiendo todos ellos, carencia de proceso ambiental alguno; resaltando sus comunes vicios que nacen de su matriz hidrológica tan desaparecida como extendida en aprecios técnico legales ajenos a toda la axiología que desde hace 52 y 33 años cabe ser cumplida; y probando así la extendida red de funcionarios incompetentes que dejaron pasar o asumieron arbitrios que no les cabían. La Lomada del Pilar supera a todos en materia de violación de los procedimientos administrativos, y ello en tal medida, que es difícil encontrar otro igual a excepción de EIDICO que a todos supera con holgura en mentiras descaradas.
Por cierto, todo lo que quedó tapado debajo de esta resolución 57/99 de la entonces Secretaría de Asuntos Municipales e Institucionales referida a la Convalidación Técnica Final de La Lomada del Pilar, es de superlativa inconstitucionalidad fáctica, axiológica y esencial en materias tales como hidrología, cesiones, restricciones, rellenos sobre la franja de conservación, demarcaciones de ribera de creciente máxima y cotas de arranque de obra permanente inexistentes y hasta calles perimetrales robadas a las intenciones de sus donadores.
Por ello es inevitable que de tantos vicios muchos se descubran contagiados:
A . en la ausencia de las cesiones obligadas por art 59 de la ley 8912; B . en la ausencia de respetos a las restricciones mínimas de 100 m que les apunta el art 5º del dec 11368/61, regl de la ley 6253; C . en la ausencia de demarcaciones de línea de ribera de creciente máxima con recurrencia mínima a 100 años, C1 . que con ella se alcanzaría a determinar, tanto la franja de cesiones del art 59, ley 8912; C2 . como la cota de arranque de obra permanente que como responsabilidad primaria exige el art 5º, dec 1136861 a los municipios; D1 . en la viciosa ocupación de la franja de conservación con rellenos; D2 . cuando no con obra permanente como es el caso de Los Sauces y La Lomada, que también aparece proyectada en Ayres Norte; violando la ley 6253 y una docena de artículos del Código Civil: 2340 inc 3º, 2572, 2577, 2579, 2642, 2634, 2638, 2639, 2644, 2648, 2651 y 2653, que entre otras faltas apuntan a las indebidas transferencias de aguas en crecidas a sus vecinos. En adición de vicios contagiados, los tres barrios comparten la plena ausencia del Proceso Ambiental y las resoluciones hidráulicas vienen consagradas con los mismos reconocimientos que surgen del fs 226 del exp 2436-3970/04, confesando la AdA las carencias de información hidrológica para estas áreas. De tan graves carencias, antecedentes ya se habían en 1999 desprendido de la confesión en el cálculo hidrológico del barrio Los Sauces de un error de al menos 8 veces, aceptado tanto en el exp 2400-1904/96, como en el 2406-3876/06.
Inevitable resulta considerar el contagio de estas enfermedades, que de tan graves carencias también se desprendieron años después las mentiras descaradas de Indalecio Oroquieta negando la entidad de los estudios de hidrología de las cuencas del Pinazo y del Burgueño con el más alto nivel de resolución por entonces conocido, que les habían sido un año antes regaladas. Comparables pobrezas en comportamientoya en materia administrativa quedaron reflejadas en esta C.Doc N° 30. 706.325 5 AR enviada al Viceministro de Gobierno a cargo de la más alta responsabilidad en esta Sec. de Asuntos municipales e institucionales.Dr. Arturo Pángaro, Del Viso 25/11/99. Denuncio violación de procedimientos administrativos; denuncio necedad por parte del Intendente de Pilar y del secretario de Obras y Servicios Públicos en las consideraciones legales que le caben al exp. 5941/99 de la firma Pinazo S.A. para su barrio cerrado La Lomada del Pilar. Denuncio total violación del art 59 de la ley 10128/83 por el que esta parcela III Rural 8a deberá ceder gratis al Fisco provincial gran parte de su superficie. Denuncio falta de fijación línea de ribera de creciente máxima, según exige el art. 18 de la ley 12257/98. Denuncio falta de intervención en esta tramitación de la Dirección de Catastro municipal. Adjunto por Fax copia denuncia Agr. Gómez. Denuncio falta de respuesta concreta a los expedientes municipales 2776 del 16/4/99 y 190/99 del H Concejo Deliberante, por el que 60 vecinos solicitan no se haga lugar a la desafectación de parte del Boulevard Ohm, solicitada por Pinazo S.A. en su exp. 2476/99. Ver plano Geodesia 48-157-78. Denuncio todo posible canje, pues las calles con servidumbre activa y obligada no se pueden canjear. No es arbitrio municipal. Ver estas denuncias por cartas Doc. del 21/9/99; N° 227.068.052 1 AR y del 22/9/99 N° 24.768.807 5 AR, fotocopiadas en el exp. 2207/2886/99. Denuncio faltas similares respecto del art. 59 ley 10128/83 en los trámites delos barrios cerrados Los Pilares de CIBRA S. A.; Los Sauces de Manfein S.A. y Ayres del Pilar de Sol del Viso S.A. Denuncio falta de cesión de calles perimetrales y áreas de ribera de los arroyos Pinazo y Burgueño. Francisco J. de Amorrortu
De los pasivos ambientales pendientes de cesión y remediación
1 . Las obligadas cesiones gratuitas al Fisco de todas las áreas ribereñas anegables que ordena el art 59 de la ley 8912¸ convalidado por el Art. 4° de la Disposición 984/00 del MOSPBA y refrendado por el Decreto 37/03 del Gobernador Solá (Bol. Ofic. 24.900). Que luego también lo fue por art 3º de la Res 086/09 del Municipio de Pilar. Recuerdo que esta parcela de la Lomada del Pilar conoció el 31/5/80 anegamientos en más del 60% de la totalidad de sus predios, con una cota de anegamientos máxima en 2,85 m.
También recuerdo que advirtiendo las laxitudes municipales y provinciales en materia hidrológica para fundar los primeros sus responsabilidades en la determinación de la cota de arranque permanente; y los segundos la determinación de la línea de creciente máxima que permitiera fundar las obligadas cesiones del art 59, ley 8912; hube en el año 1998 de acercar al municipio de Pilar el presupuesto de EVARSA, la principal consultora hidráulica de la Argentina para realizar el estudio de hidrología de la cuenca del arroyo Pinazo que reconoce a La Lomada y a los Sauces como ribereños. Ese presupuesto era entonces de US$4.800.-
Ese mismo estudio, pero ampliado para considerar también la cuenca del arroyo Burgueño, con la adición de 24 cartografías incorporando altimetrías, bandas de anegamiento, transferencias entre cuencas y corridas de caudales, fue regalado por este que suscribe en la causa B67491 tras ser aprobada su participación en las audiencias celebradas en SCJPBA. Este trabajo, realizado por el hidrólogo y meteorólogo Daniel Berger, recomendado por el Dr Casanova titular de EVARSA, con cartografías de la geógrafa Ana Bagnis plagadas de información hidrológica, con testimonios vecinales que permitieron en tres oportunidades ajustar las variables de la modelación y así resultar con la más alta resolución, -que recién en el 2010 nos alcanza el INA en el estudio de la cuenca del arroyo Pergamino una tarea comparable-, fue costeado, reitero, por este que suscribe y regalado a la provincia. Sin embargo, todo sigue, ya no igual, sino bastante peor. Y de eso tratan las 2 docenas de causas de hidrología urbana que se reconocen en esta Excma. SCJPBA de mi autoría. Ver todas esas causas por
2 . Las devoluciones pendientes de niveles en las riberas que por el art 101 de los dec 1359/79 y 1549/83, reglamentarios ley 8912 prohibiendo saneamientos en áreas anegables, nunca debieron haber permitido aplicar rellenos. De hecho, esto es lo que ERGutiérrez reclama al Fiscal de Estado y a la SCJPBA en la causa B 67491. Él mismo considera el pequeñísimo relleno de su vecino el barrio Los Sauces, una falta, y demanda por ella. Aunque de hecho, nunca decidió si estar dentro oafuera de la causa porque bien conoce lo que expreso.
En ambos planos surge el reconocimiento de los 100 mts mínimos inexcusable que marca el art 4º del dec 11368/61, Regl. de la ley 6253/60. Sin embargo, el “hasta tanto se eztablesca su naturaleza jurídica”, quedó en aguas de borraja. Del art 59 de la ley 8912 mejor ni hablar. Aprecio recordar que la firmante del plano de 1998 es la Agr Gabriela Figueras, esposa del Arg Sergio Rodoni, el más pícaro y embarullador tramitador de la región pilarense del cual tengo varios capítulos para dedicar sobre sus andanzas en Catastro territorial, en particular en el área de la jefatura del régimen de propiedad horizontal. En el Apéndice 15 de los EVS Los expedientes del Valle de Santiago, presentado en la SCJPBA en oportunidad de legitimar mi participación en la causa B 67491, le he dedicado unas páginas. Lo mismo he hecho en las causas 71615, 71616, 71619 y 71808 en SCJPBA. Incorregible personaje.
Sigo con pasivos ambientales pendientes que esta Res 57/99 ignoró:
7 . Establecimiento del camino de acceso a las riberas que ordena el art 174 de la ley 12257
Cuentas pendientes a las que esta demanda de inconstitucionalidad de la Res 57/99 viene a solicitar ajuste de cesiones pendientes, que por pertenecer al dominio público del Estado y tratarse de bienes difusos de la Comunidad, no le caben prescripciones, ni dudas sobre la primacía del interés general sobre el particular. Sin olvidar los reconocimientos de restricciones y devolución de riberas a sus niveles originales, ensanches de calles perimetrales, determinación de cotas de arranque de obra permanente; para lo cual, de oportuno provecho resultarán los estudios de crecidas modelados por el hidrólogo Daniel Berger, los testimonios vecinales y las imágenes fotográficas que hasta reconocen haber sido tapa y contratapa a todo color, del cuerpo central del diario La Nación de fecha 18 de Abril del año 2002 en una simple lluvia de recurrencia de tan sólo 10 años. Recordemos que la hidrología urbana arranca de recurrencias mínimas de 100 a 500 años.
La imagen de la sede social de La Lomada toda rodeada de agua impresa a un tercio de página fue premio merecido a la advertencia que había hecho a su arquitecto, de que ese lugar era funesto. Y así les fue. Ubicado a 30 m de la ribera, amén de cargar con el agua, ahora les toca cargar con las cesiones y con las restricciones. Una vez entrados en la etapa de demarcar las líneas de ribera de creciente máxima como marca el art 59 de la ley 8912 apuntando a hidrología urbana –recordemos que el art 18 de la ley 12257 apunta a hidrología rural-, ofrezco y solicito formalmente, tal como lo vine reiterando durante años, mi participación en el control de esas demarcaciones, por haber sido el que más he bregado en estos precisos temas durante 16 años sin interrupción. Aclaración a la doctrina de lo particular y lo general
4 años paseando por tribunales, justificando legitimaciones y competencias para lograr este resultado que recuerda la falta de integridad, desde el primero al último, de todos los rituales y las lógicas cartesianas. Imposible con estos criterios dar cumplimiento a estos presupuestos mínimos.
g) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo; k) Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental. art 4º, ley 21675
Principio de responsabilidad: El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan. ARTICULO 5 - Los distintos niveles de gobierno integrarán en todas sus decisiones y actividades, previsiones de carácter ambiental, tendientes a asegurar el cumplimiento de los principios enunciados en la presente ley. ARTICULO 6 - Se entiende por presupuesto mínimo, establecido en el artículo 41 de la C.N., a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido, debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable. ARTICULO 11 - Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución. ARTICULO 19 - Toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de alcance general. Decir que la incidencia, en tanto fue dictada para una situación particular y concreta, y cuyos efectos jurídicos sólo alcanzan de modo directo e individual a la interesada, es de tan extremo, primario, ciego reduccionismo discursivo lógico cartesiano, que espanta no se advierta el fenomenal alcance general que degeneró esta Resolución 227/08 de la Mun. de Pilar.
En 33 años nada al respecto hicieron; pero en unos pocos años, merced a la falta completa de percepción de criterios específicos, plantaron bandera dispuestos a acabar con todo; incluído con el orden constitucional como lo propone el proyecto A-9 presentado en Septiembre del 2011 en Legislatura, con correlatos idénticos reflejados en la nueva ley 14343, (ver causa 71857), pretendiendo en 9300 caracteres regular la identificación de pasivos ambientales, para con este anticipo licuador de faltas instrumentar el traspaso al ejecutivo del poder judicial y policial en materias ambientales.
Ni la Dirección Provincial de Ordenamiento territorial y Uso del Suelo, ni la Secretaría de Política Ambiental por aquel entonces y hoy OPDS, han elaborado; ni la Fiscalía, ni la Asesoría Gral de Gobierno han urgido en estos 50 años de la 6254 y 33 de la 8912 y sus reglamentarias, Indicador Ambiental Crítico (IAC), o Básico (IAB) alguno; para desde ellos ver constituídas las “normas específicas” que caben a la planicie intermareal y a sus brazos interdeltarios hasta la cota 7,5 m. que fueran alcanzados por la última ingresión marina hace aprox 3.500 años, dejando suelos con arcillas hidromórficas verdosas superficiales, casi tan impermeables como las del acuicludo Querandinense que se descubre en la cota de 5 m., y cargando éstas su peso en los coeficientes de absorción y escurrimiento.
Por ello descubren estas causas motivos reiterados en uno y otro municipio, en uno y otro emprendimiento, dándose de bruces con estos agujeros negros de criterio, que con abuso de competencias ligadas o sin derecho a arbitrio alguno, desaciertan interpretación e incumplen sus respetos. No preguntemos cómo fueron demarcadas las áreas de La Lomada del Pilar y mucho menos las del barrio Los Sauces, porque la respuesta es obvia. Pero al menos saquemos partido de estas conexidades impropias para recordar que ambas demarcaciones están enterradas en el mismo lodazal de inconstitucionalidades técnicas, legales y administrativas que siguieron a las consagradas en esta Convalidación Técnica Final por Resolución 57/99, cuyos y correlatos en la “calidad” de las resoluciones hidráulicas son fácilmente imaginables.
Todos los bañados de las riberas de La Lomada del Pilar que incluso excedían con creces los límites de la franja de conservación ley 6253 fueron devorados y tapados con 500.000 m3 de rellenos. Para fundar obra permanente (ladrillos), de la franja de conservación sólo respetaron 30 de los 100 m.
De la eliminación de las baterías convectivas que aportan merced a costas blandas y bordes lábiles sus energías a la sangría mayor, recién nos enteramos cuando vemos en qué estado de agonía llegan las aguas del Escobar al Zanjón Villanueva, bien llamado a escribir una página de terror en la historia de los sarcófagos “hidráulicos” de nuestra lunática ciencia hidráulica en estas pampas chatas y nuestra famélica DIPSyOH errante en sus catecismos.
Por cierto, este empresario, funcionario, ingeniero, a pesar de su inteligencia, no guarda la menor sospecha de cómo su acción particular destruye un sistema de energías convectivas internas naturales positivas de alcance general.
Por otra parte, y a pesar de su inteligencia, la ausencia de determinación de la cota de arranque de obra permanente -irresponsabilidad municipal reiterada en los 3 barrios-, determinó que el despistado estatuto interno prohibiera a los propietarios fundar esa cota por arriba de los 40 cm de la cota del terreno.
Bastó que un par de anegamientos del barrio obligaran a indemnizar a algunos que tras ello partieron, para que ese estatuto prohibiera construir por debajo de los 60 cm de la cota del terreno.
La improvisación campeaba a tal punto que aún recuerdo aquella 2ª audiencia en el salón de verano de la SCJPBA en que el Director Coroli de la DIPSyOH propuso en público negociar la altura de los terraplenes de La Lomada y de Los Sauces. Tan necio como ignorar los perjuicios que ambos barrios causaban a los barrios de aguas arriba o a los laterales como el club Lagartos.
En este marco de improvisaciones cerrando los ojos a todas las aberraciones hidrológicas, sin determinación de líneas de ribera de creciente máxima, sin cesiones, restricciones, sin determinación de cotas de arranque de obra permanente y sin planos aprobados de subdivisión, unificación y mensura, fue firmada la Convalidación Técnica Final de la Lomada. No resulta sencillo en este mare magnum saber por dónde empezar a demandar. Optamos por este camino de inconstitucionalidades, porque pareciera remitirnos a transitar un camino y alcanzar un ámbito algo más esencial que a poco advertimos pleno de conexidades, que muestran que tantas causas similares, ni son casualidad, ni ocultan la personalidad de sus diversos actores.
Así la consagración de estas prepotencias -del coadyuvante de la causa B 67491 que volaba en jet a Olivos-, fue denunciar a su vecino de Los Sauces por depositar 5.000 m3 de rellenos sobre la franja de conservación, cuando él ya había depositado 250.000 m3, que en los años que siguieron se dio en dos oportunidades a duplicar, siendo que su denuncia ya estaba corriendo.
Tal vez lo único que hoy lograríamos cambiar con estas demandas de inconstitucionalidad, sea dar estímulos a algo en sus conciencias; tales como su propuesta de una fundación “Amemos a Pilar”. Estas demandas siguiendo sus pasos durante 16 años, tal vez sean un llamado recordatorio de la nobleza que no dudo de sus ancestros.
No imagino muy frecuentes tantas conclusiones en antigüedad, calidad y número, para fundar las conexidades de estas demandas de inconstitucionalidad de sus tramitaciones, ya sea en etapas intermedias, como de convalidación final tras haber atropellado sin dudar un instante, con los Procesos administrativos y los Procesos ambientales. Saltando vallas de tal manera que muchos de sus pasos de gestión nunca quedaron registrados en la mesa de entradas. A cambio quedaban registrados mis reclamos formales de atención por interminables violaciones a los procesos administrativos. A sus picardías debo mis perseverancias y no pocos aprendizajes de estas materias que hoy hacen sentir cómo, lo general y lo particular se dan la mano.
Porque con estos ejemplos particulares no sólo se construye y se corrige lo general, sino que se prueba que la responsabilidad es siempre individual; y en lo ambiental, siempre de alcance general.
La Lomada presentó sus EIA al Secretario Garat un año después de obtener su Convalidación Técnica Final. Por ende, no conoció en tiempo oportuno llamado a audiencia pública, ni presentó esos EIA a comunidad alguna. Nunca tuve acceso a esos EIA, que nunca respetaron la disposición del ANEXO II de la ley 11723 que ordena evaluar y gestionar la Declaratoria de Impacto Ambiental por vía provincial. Por tanto, su Proceso Ambiental es casi igual a cero.
El soporte hidrológico que expresa sus servicios acercando datos para la demarcación de línea de ribera de creciente máxima (art 59), fundante ineludible de las obligadas cesiones, cuando no reinó por ausencia, fue aprobado en medio de arbitrios técnico-legales imposibles y tan frágil de sinceridad como su carácter precario y revocable; con adicional soporte de mentiras, presiones y ninguneos acreditados en decenas de advertencias y en denuncias penales como las que cargó este empresario-funcionario en la causa 64205/00 en la UFI 9 de SI, que no es necesario recordar cómo terminó archivada tras una cena de gala en el Sheraton con mi hijo y el Fiscal de Cámara invitados a su mesa.
Las modalidades para exhibir estos atropellos sin duda difieren en los perfiles humanos, pero todos concurrieron a estos mismos juegos, plasmando sus mayores debilidades, sus trascendencias fácticas, axiológicas y esenciales, en el ocultamiento de las fragilidades del suelo. Que hoy vemos multiplicadas en conexidades impropias en decenas de causas y en centenares de documentos a lo largo de 16 años y más de 26.000 folios de presentaciones administrativas, legislativas y judiciales para estas mismas áreas geológicas de planicie intermareal y sus correspondientes brazos interdeltarios; en prieta localización y temporalidad, como es el caso de estos tres barrios a los que apuntan estas tres causas: B 67491, I 71614 e I 71848 en SCJPBA.
A mi Querida Musa Estela Livingston por el cuidado y ánimo de esta pluma.
2.- Oportunamente, haga lugar a lo solicitado y decrete la inconstitucionalidad de la Resolución 57/99 de la entonces Secretaría de Asuntos Municipales e Institucionales referida a la Convalidación Técnica Final del barrio La Lomada del Pilar,

References: resolución 
 resolución 
 artículo 41
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