Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83914
Timestamp: 2019-12-10 20:21:18+00:00

Document:
Gaceta: LXIV/1PPO-18/83914
Propone una modificación al artículo 41 de la Constitución, donde se otorgue el 100% de financiamiento público de forma igualitaria a los partidos políticos, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y electorales; y con ello garantizar una igualdad real en el acceso a las prerrogativas para cada una de las fuerzas políticas.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se plantea: PROPUESTA PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD Y LA DEMOCRACIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LAS PRERROGATIVAS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, DONDE SE MODIFICA LA FÓRMULA DE TREINTA POR CIENTO IGUALITARIO Y SETENTA POR CIENTO DIFERENCIADO, CON EL OBJETIVO DE QUE LA FÓRMULA SEA PARA UNA DISTRIBUCIÓN CIEN POR CIENTO IGUALITARIA. Y CON ELLO PASAR DE LA DEMOCRACIA INEQUITATIVA A LA DEMOCRACIA IGUALITARIA.
A cargo del Senador Alejandro González Yáñez.
DE LA LXIV LEGISLATURA DE LA
El suscrito, ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁÑEZ, Senador de la Republica de la LXIV, Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 fracción I; 162 numeral 1; 163 numeral 1; 164 numerales 1, 2 y 5; 172 y demás disposiciones aplicables al Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa que contiene modificación al artículo 41 fracción II, inciso a; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en base en la siguiente:
El principio de equidad o de igualdad de oportunidades en las competiciones electorales es un principio característico de los sistemas democráticos contemporáneos en el que el acceso al poder se organiza a través de una disputa entre las diferentes fuerzas políticas para obtener el voto de los electores.
Es un principio clave que integra el Derecho Electoral propio de aquellos países que se definen como Estados democráticos de derecho y que se fundamentan en la idea de soberanía popular y en la sumisión de todos los poderes al imperio de la ley y de la Constitución.
Es un principio con una relevancia especial en el momento electoral, ya que procura asegurar que quienes concurran a él “estén situados en una línea de salida equiparable y sean tratados, a lo largo de la contienda electoral, de manera equitativa”.
“La igualdad de oportunidades en el acceso a las competencias electorales es un presupuesto y fundamento de las elecciones libres y justas impidiendo, por ejemplo, que algunos de los competidores electorales obtengan ventajas indebidas como consecuencia de las posibles situaciones de dominio (políticas, sociales o económicas) en las que pudieran encontrarse.”
En este tipo de igualdad de oportunidades pueden distinguirse también dos dimensiones: una negativa y otra positiva. La primera viene determinada por el establecimiento de una prohibición genérica a los competidores electorales de obtener una ventaja indebida sobre los demás en las contiendas electorales.
Prohibición que se proyecta en la elaboración de un conjunto de normas que introducen restricciones a la actuación de los competidores electorales, como puede ser el establecimiento de un tope o límite máximo de gastos electorales o la prohibición de contratar publicidad electoral de pago en televisión.
“La dimensión positiva viene determinada por un conjunto de normas que contiene un mandato dirigido a los poderes públicos para que los competidores electorales puedan acceder a una serie de prestaciones atendiendo a criterios equitativos y proporcionales.”
En la actualidad el derecho de los partidos políticos a recibir financiamiento público, atiende a las circunstancias propias de cada partido, esto es, su antigüedad y presencia en el electorado, así como el grado de representación en los órganos legislativos, por lo cual existe una situación diferenciada, y desigual, entre los institutos políticos, respecto del monto que por financiamiento total corresponde a los partidos políticos.
Atentando contra el principio de igualdad consagrado en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales que protegen los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, violentando el derecho de “tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.”
El artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos aclara que los Estados partes deben adoptar “las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades, lo que implica que los países del sistema interamericano deban adecuar su legislación interna, cuestión que ha sido refrendada por la Corte Inter Americana de Derechos Humanos.
El artículo 6 de la citada convención establece “Los Estados Partes se comprometen a formular y aplicar políticas que tengan por objetivo el trato equitativo y la generación de igualdad de oportunidades para todas las personas, de conformidad con el alcance de esta Convención”
Por ello se concluye que el principio de igualdad protegido por el derecho internacional y nuestra propia Constitución General, se configura como un valor superior del sistema jurídico-político Nacional; es precondición para el ejercicio pleno de los derechos de la ciudadanía, lo que implica que ha de servir de criterio básico para la interpretación y aplicación de las normas; de esa forma, resulta inadmisible crear desigualdades de tratamiento.
En ese contexto, se tiene el deber reforzado de hacer efectiva la participación política de todas las personas en igualdad real de oportunidades, evitando patrones socioculturales, prejuicios, estereotipos y prácticas consuetudinarias de cualquier otra índole; como la establecida en el artículo 41 fracción II inciso a) de la CPEUM que de entrada crea una desigualdad enorme en las contiendas electorales, entre los diferentes partidos políticos, “esta desigualdad social, jurídica, regional y cultural no puede sino deformar y hasta pervertir las reglas de la democracia representativa, fomentando políticas clientelistas en los partidos; políticas que en los hechos restringen y en ciertos casos cancelan la libertad política de muchos ciudadanos, que por su vulnerabilidad se ven forzados a ofrecer su lealtad (y su voto)” , porque los partidos de menor fuerza, la necesidad de crecer los hace realizar actos de sumisión hacia partidos fuertes.
El financiamiento de los partidos políticos es un tema fundamental para comprender el desarrollo y características de todo sistema político, así como los logros y fracasos respecto a la construcción de un régimen democrático.
“El horizonte de una reforma político-cultural indisolublemente ligada al funcionamiento efectivo de un Estado democrático de derecho y al despliegue de todas sus potencialidades; es, por supuesto, un horizonte necesariamente incluyente que reclama la participación concertada de los actores sociales y políticos comprometidos realmente con la democracia y con la cultura que es su basamento.”
La idea principal que se presenta a pesar de los avances legales respecto al régimen democrático en el País, en materia de financiamiento se puede observar que no ha existido interés ni voluntad real por parte de los líderes políticos para regular y limitar a los partidos en esta materia, ya que el tipo de financiamiento que opera actualmente ha sido la piedra angular sobre la cual descansa el sistema político mexicano, lo que reduce el ejercicio del derecho a ser electo a una reducida elite que puede financiar su campaña en una forma completamente desigual y desproporcional, lo que se traduce en una ventaja real para unos pocos.
De este modo el sistema mexicano que se ha caracterizado por ser excluyente y elitista, por que limita la competencia democrática entre los partidos políticos, pero sobre todo condicionan la independencia de los partidos de los grupos o elites económicas, dejando sin efecto uno de los objetivos principales del financiamiento público que es la independencia y fortaleza partidaria respecto de las fuerzas políticas.
“La democracia no es solo un conjunto de reglas sino un ideal y un proyecto de igualdad en derechos”
En el texto vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41 fracción II, inciso a, contempla la forma de distribución del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos políticos; el que se entrega anualmente, multiplicando el número total de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Del cual el 30% de la cantidad que resulte de la ecuación se distribuirá entre los partidos de forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo al porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.
Por lo cual esta distribución al ser diferenciada de cada fuerza política, violenta la igualdad de oportunidades para los partidos políticos, propiciando un proceso electoral inclinado, no equitativo y desigual; viciando de origen los procesos comiciales y atentando contra el principio de igualdad de oportunidades en las competiciones electorales.
“Cuestiones como la cantidad disponible para repartir, los criterios de distribución del financiamiento público, el formato para la entrega del dinero, el momento en que los fondos públicos están disponibles, entre otros, son determinantes en cuanto a los efectos del financiamiento público sobre la equidad del proceso. Así?, por ejemplo, si el criterio de distribución toma en cuenta el resultado electoral anterior, puede privilegiar a agrupaciones políticas que han perdido arraigo en la sociedad y perjudicar a los nuevos actores.”
Coincidimos con Delia M. Ferreira Rubio, en cuanto a que la asignación del financiamiento público contemplada en el artículo 41 fracción II, inciso a, de la Carta Magna, perjudica a los actores políticos en el desempeño de sus funciones, así como en la contienda electoral; al no haber una distribución igualitaria del recurso público.
La Iniciativa que hoy presento, tiene como objeto que en la Constitución General se plasme el principio de igualdad en la distribución del financiamiento público de los partidos políticos, para que todos ellos puedan alcanzar ese beneficio y no en el hecho de que, por circunstancias particulares, un partido pueda recibir más o menos recursos.
Lo anterior ya que la legislación y la autoridad electoral deben garantizar la igualdad entre los partidos políticos, porque es uno de los objetivos primordiales de la regulación sistemática que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales.
Con esta modificación garantizamos que todos los partidos políticos estén en una línea de salida igual, asegurando el trato igualitario y la igualdad de condiciones hacia los procesos electorales venideros.
Propongo pues una modificación al artículo 41 de la Constitución Federal, donde se otorgue el 100% de financiamiento público de forma igualitaria a los partidos políticos, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y electorales; con ello garantizaremos una igualdad real en el acceso a las prerrogativas para cada una de las fuerzas políticas, garantizando con ello el piso parejo en las contiendas electorales.
Demos un paso firme a la DEMOCRACIA IGUALITARIA, demos la oportunidad a todas las fuerzas políticas, para garantizar la igualdad de condiciones en los procesos de México; demos la oportunidad igualitaria de decisión al pueblo de optar por la mejor ideología y opción política que le convenga.
La ley y la autoridad electoral deben ser neutrales y vigilantes de que no existan, “ventajas indebidas” e “injustificadas” de un partido político, sobre otro contendiente; con esta proposición damos a cada partido su ventaja igualitaria para competir equitativamente.
La igualdad es una condición para que un proceso electoral se considere legítimo y a su vez, legitime el sistema democrático.
Si en verdad anhelamos la consolidación de un sistema político democrático e igualitario, necesitamos garantizar una verdadera igualdad en la distribución de las prerrogativas a los partidos políticos.
Esta propuesta queda a consideración de todas y todos ustedes, para que una vez que se lleve a cabo el proceso legislativo correspondiente, sea apoyada en pro y en beneficio de la democracia de nuestro México.
Es vox populi que además de la distribución desigualitaria de todos los recursos púbicos a los partidos políticos, algunos de ellos también se han financiado ilícitamente de dinero proveniente de la delincuencia y del crimen organizado, de dinero que indebidamente sustraen de la administración pública y de algunos empresarios corruptos que compran candidatos.
En estos tiempos de cambio verdadero y democrático, donde vamos a impulsar la Cuarta Transformación de la Republica encabezada por nuestro Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, es el momento propicio para construir también la democracia igualitaria en materia de prerrogativas a los partidos políticos.
Por lo anteriormente expuesto me permito someter a consideración la presente:
LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 71 FRACCIÓN II Y 72 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 8 FRACCIÓN I , 164 NUMERAL 1, 169 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO: SE MODIFICA EL ARTICULO 41 FRACCIÓN II INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; quedando como a continuación se expresa:
ARTICULO 41. …
El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijara? anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá? entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la eleccio?n de diputados inmediata anterior.
El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijara? anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El cien por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá? entre los partidos políticos en forma igualitaria.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a 2 de octubre de 2018.
portales.te.gob.mx/seminario/sites/...te.../Luis%20Delgado%20del%20Rincon.pdf, checado el dia 29 de septiembre de 2018, p. 4.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 25, https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx, checado el día 29 de septiembre de 2018.
Convención Americana sobre Derechos Humanos, articulo 6, https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm, checado el dia 29 de septiembre de 2018.
lazar Carreón, Luis, Democracia y discriminación, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, México, D.F., 2005, p 60.
Gutiérrez L., Roberto, Cultura política y discriminación, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación México, D.F., 2005, p38.
lazar Carreón, Luis, Democracia y discriminación, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, México, D.F., 2005, p 59
Ferreira Rubio, Delia M., Sobre la Equidad electoral: dos miradas, revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, No. 58, https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-instituto-interamericano-dh/article/view/8491/7588, p 14.

References: artículo 41
 artículo 41
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 41
 artículo 41
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 artículo 25