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Timestamp: 2018-11-15 02:24:07+00:00

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﻿ Sentencia 38851 de julio 10 de 2013
SENTENCIA 38851 DE 17 DE ABRIL DE 2013
CONTENIDO:LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO ES PREDICABLE DE LOS MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES DEL ESTADO Y DE SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS, YA QUE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE ESTAS, INCLUIDA LA FORMA DE VINCULACIÓN DE SUS SERVIDORES, SERÁ DETERMINADO POR LA LEY.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVIDOR PÚBLICO, TRABAJADOR OFICIAL, EMPLEADO PÚBLICO, MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN PÚBLICA, CORPORACIÓN PÚBLICA, CORPORACIÓN PÚBLICA DE ELECCIÓN POPULAR
Sentencia 38851 de julio 10 de 2013
Rad.: 38851
EXTRACTOS: «XI. Consideraciones de la Corte
Para resolver la controversia relacionada con la pretensión que busca obtener la pensión de jubilación establecida en la Ley 33 de 1985, sobre la base de que el actor fue trabajador oficial durante más de veinte (20) años, el tribunal se fundamentó en un pronunciamiento suyo proferido con respaldo en el criterio jurisprudencial de la Corte expuesto en la sentencia del 10 de noviembre de 1998, Radicado 10876, en la que examinó el artículo 1º del Decreto 2822 de 1991, para concluir que como esta norma suprimió la parte de la disposición anterior (D. 80/76, art. 38), que disponía que a pesar de ser el Banco Central Hipotecario una sociedad de economía mixta, el régimen aplicable a sus trabajadores era el de las empresas industriales y comerciales del Estado agregando que a partir de la expedición de dicho texto legal la determinación de la naturaleza jurídica de un trabajador del banco pasaba forzosamente por dilucidar el aporte estatal en determinado momento en atención a lo que establecen los artículo 2º y 3º del Decreto Extraordinario 130 de 1976. Hechas esas precisiones, se puso en la tarea de establecer la composición del banco para el momento en que terminó el contrato de trabajo del actor, encontrando que “según el documento de folio 137 para el año 1997, la composición accionaría (sic) correspondía a capital privado en un 72.43%... siendo esto así el demandante al momento de su desvinculación tenía el carácter de trabajador asimilado en lo laboral a un particular”.
En los dos primeros cargos, el recurrente basa sus planteamientos básicamente en el quebranto del artículo 123 de la Constitución Política que califica como “servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios”. Explica que las sociedades de economía mixta y particularmente el banco demandado es una entidad descentralizada y por lo tanto, de acuerdo con el referido texto constitucional, quienes allí laboran tienen la calidad de servidores públicos, norma que debe aplicarse con preferencia de las disposiciones legales, como lo disponen los artículos 4º ibídem y 5º de la Ley 57 de 1887. Concluye en consecuencia, que el tribunal no podía concluir la calidad de trabajador particular del demandante, pues al ser clasificado el banco demandado como una sociedad de economía mixta, es obvio que encaja en la noción de entidad descentralizada, y por ende aquel tiene la condición de servidor público.
Es claro entonces que el recurrente no cuestiona, en principio, la composición accionaria del banco deducida por el tribunal y que supone una participación estatal inferior al 90%, sino que dice que a pesar de esa circunstancia, de todas formas el ad quem debió considerar, de acuerdo con el texto constitucional que el demandante tuvo la condición de servidor público y por ende el tiempo de servicios laborado durante ese lapso es viable tenerlo en cuenta para efectos de la pensión establecida en la Ley 33 de 1985.
Para la Sala, el artículo 123 de la Constitución Política no puede interpretarse desligado de los artículos 125 y 210 ejusdem, en cuanto el segundo de los preceptos citados, es decir el 125, siguiendo una larga tradición histórica, mantiene la misma clasificación de empleados oficiales que traía la legislación anterior al referirse a los empleados públicos (que pueden ser de carrera, de libre nombramiento y remoción y de elección popular) y los trabajadores oficiales. Incluso el propio artículo 123 de la Constitución Política se refiere a “los empleados y trabajadores del Estado”, con lo cual, entiende la Corte, consagró y reafirmó las categorías antes mencionadas, a las cuales simplemente agregó, como servidor público “los miembros de las corporaciones públicas” con lo cual quiso aludir, entre otros, a los miembros de las corporaciones administrativas de orden territorial (concejo municipal, por ejemplo), quienes no obstante aparecer clasificados como servidores públicos, no tienen la condición de “empleados públicos”, según la propia Carta lo establece en el artículo 312. Pero también debe tenerse en cuenta que según el artículo 210 de la Carta “La ley establecerá el régimen jurídico de las entidades descentralizadas y la responsabilidad de sus presidentes, directores y gerentes” lo que quiere decir que el régimen jurídico de tales entidades, incluida la forma de vinculación de sus servidores, pertenecen al resorte del legislador.
6.2.1 El artículo 210 de la Constitución Política autoriza al legislador para establecer el régimen jurídico de las entidades descentralizadas y la responsabilidad de sus presidentes, directores o gerentes. Como dentro de esta categoría se incluyen tanto las sociedades de economía mixta, como las empresas de servicios públicos, debe concluirse que su régimen jurídico es el señalado en la ley. Ahora bien, el señalamiento del tipo de vínculo que une a los trabajadores de las sociedades de economía mixta o de las empresas de servicios públicos con esta clase de entidades descentralizadas es un asunto que forma parte de la definición del régimen jurídico de las mismas, y que por lo tanto debe ser establecido por el legislador (negrillas no son del original).
Ahora bien, como se hizo ver ad supra, en ejercicio de esta facultad el legislador estableció en el artículo 97 de la Ley 489 de 1998 que “las sociedades de economía mixta son organismos autorizados por la ley, constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con aportes estatales y de capital privado, que desarrollan actividades de naturaleza industrial y comercial conforme a las reglas de derecho privado, salvo las excepciones que consagra la ley” (destaca la Corte). Y el Código de Comercio en su artículo 461 dispone que “son de economía mixta las sociedades comerciales que se constituyen con aportes estatales y de capital privado. Las sociedades de economía mixta se sujetan a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria, salvo disposición legal en contrario (destaca la Corte).
6.2.2. Ahora bien, utilizando un criterio orgánico, el artículo 123 de la Carta señala que “son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios” (negrilla de la Corte). A su turno, el artículo 125 ibídem establece que “los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley”. Con base en estas dos normas, la Corte ha hecho ver que la noción de “servidor público” es un género que comprende diferentes especies, cuales son los miembros de las corporaciones públicas, los empleados públicos y los trabajadores oficiales[64] (destacado no es del original). Estos últimos, como es sabido, no se vinculan a la administración mediante situación legal y reglamentaria, sino mediante contrato de trabajo, al contrario de lo que sucede con los empleados públicos. La jurisprudencia también ha hecho ver que la anterior clasificación emana de la Carta misma, pero que ello no obsta para que el legislador pueda establecer nuevas denominaciones, clases o grupos de servidores públicos diferentes de las mencionadas, para lo cual está revestido de facultades expresas en virtud de lo dispuesto por el numeral 23 del artículo 150 de la Constitución Política[65]. Así pues, en virtud de lo dispuesto por el artículo 123 superior, debe concluirse que los empleados y trabajadores de las entidades descentralizadas, entre ellos los de las sociedades de economía mixta y los las empresas de servicios públicos, son servidores públicos, categoría dentro de la cual el legislador puede señalar distintas categorías jurídicas.
[64] Sentencia C-299 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[65] Cfr. Ibídem”.
“Empleados públicos y trabajadores oficiales. Las personas que prestan sus servicios en los ministerios; departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos públicos son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales.
Nótese que allí nada se dijo en relación con las personas que prestaran sus servicios en las sociedades de economía mixta, situación que vino a ser corregida por el Decreto Reglamentario 1848 de 1969, más en todo caso para efectos del caso que es materia de análisis interesa resaltar que el artículo 8º del Decreto 1050 de 1968 definió las sociedades de economía mixta como “organismos constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con aportes estatales y de capital privado, creados por la ley o autorizados por esta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas del derecho privado, salvo las excepciones que consagre la ley” (destacado no es del original), norma que vino a ser complementada por el artículo 3º del Decreto 3130 de 1968, que dispuso:
De manera que si se parte del hecho de que el banco demandado tuvo a partir del 27 de diciembre de 1991, una participación estatal inferior al 90%, según lo dedujo el tribunal del documento de folios 306 y ss., aspecto que el recurrente ahora no controvierte, es claro que desde ese momento no puede considerársele como trabajador oficial y por ende el tiempo transcurrido a partir de ahí no se computa para los efectos del artículo 1º de la Ley 33 de 1985 el cual exige veinte años servidos como “empleado oficial”. En todo caso, si por amplitud se revisan las certificaciones de folios 240 a 246, se halla que en efecto desde 1991 a 1997 la participación de capital público en el banco fue inferior al 90%.
“En efecto, si bien es cierto que antes de la vigencia del Decreto 2822 de diciembre 18 de 1991 era indiferente entrar a determinar la composición accionaria del Banco Central Hipotecario, en virtud a que pese a ser una sociedad de economía mixta el régimen aplicable a sus trabajadores era el de las empresas industriales y comerciales del Estado por expreso mandato del artículo 38 del Decreto 80 de 1976 y 2.4.3.1.1. del Decreto 1730 de 1991, también lo es que con posteridad a la expedición del aludido Decreto 2822 de 1991 que en su artículo 1º suprimió la parte pertinente donde se disponía el sometimiento de la entidad bancaria demandada al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, ya se hace necesario dilucidar el aporte estatal en atención a lo que establecen los artículos 2º y 3º del Decreto Extraordinario 130 de 1976 (Rad. 10876 - nov. 10/98)’.
De igual modo, la circunstancia de que el Decreto 20 del 12 de enero de 2001 se haya referido al Banco Central Hipotecario como sociedad de economía mixta sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, de ninguna manera quiere decir que se produjera la transmutación de la calificación realizada en el Decreto 2822 de 1991, porque es obvio que, tratándose de entidades descentralizadas del orden nacional, la competencia para su creación y la definición de su naturaleza jurídica estaba y está radicada en el Congreso de la República, tanto en vigencia de la Constitución de 1886 como en la actual, que podía facultar pro tempore al Presidente de la República para que ejerciera esas facultades, y por ello precisamente el artículo 19 de la Ley 45 de 1990 hizo uso de tales facultades para que el citado mandatario determinara la fusión, absorción, escisión, transformación conversión, modificación de la naturaleza jurídica, liquidación y cesión de activos, pasivos y contratos de entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria con régimen de empresas industriales y comerciales del Estado o sujetas a este régimen. Y justamente, en desarrollo de esas facultades, fue expedido el Decreto-Ley 2822 de 1991 ya referido, o sea que el acto de cambio de naturaleza jurídica del Banco Central Hipotecario se hizo a través de acto idóneo constitucional y legalmente y por lo mismo su modificación posterior debía ser por medio de acto de la misma jerarquía, requisito que no alcanza el Decreto 020 de 2001, el cual, antes que pretender cambiar la naturaleza jurídica de esa entidad, más bien apuntó a ordenar su disolución y liquidación, de manera que la mención que allí se hace del banco no tiene la repercusión que aduce el recurrente” (Sent. Rad. 34582/2009)”.
Con base en lo anteriormente dicho, corresponde decir que es evidente que el tribunal no pudo incurrir en el error de no dar por demostrado que el actor tuvo la condición de trabajador oficial entre el 24 de mayo de 1973 y el 13 de marzo de 1996, como señala el recurrente en el que denomina cuarto cargo (que es en verdad el tercero), porque como ya se vio, durante los últimos años de 1991 a 1996 no ostentó esa calidad, por lo que no al completar 20 años de servicios como empleado oficial, no se hace acreedor a la pensión de la Ley 33 de 1985. Cabe agregar, para avanzar en los cuestionamientos fácticos que hacen los cargos, que el tribunal en ningún momento negó que el demandante fuera inicialmente un trabajador oficial y que hasta 1991 mantuvo esta condición, sin embargo, consideró que ese carácter no persistió hasta el final de la relación ya que esta mutó posteriormente, conclusiones en las que no se demuestra la ocurrencia de yerros fácticos o jurídicos, aunque interesa precisar que, contrario a lo que cree la censura, los vínculos jurídicos entre empleadores y trabajadores no se mantienen estáticos ni inmutables, pues si se producen circunstancias que los cambian, como aquí sucedió cuando se alteró la naturaleza del banco demandado, ellos se modifican automática e inexorablemente.
En cuanto a la excepción de cosa juzgada que el tribunal, al confirmar la sentencia del juzgado, declaró probada parcialmente, sostiene el impugnante que conforme al cuadro comparativo que presenta, no se reúnen las identidades que estatuye dicha figura jurídica.
El fallador de la alzada, en lo que respecta a las pretensiones de cesantía, intereses, reajuste de lo liquidado por despido, vacaciones, pago de conceptos cancelados a la universidad, perjuicios morales por el despido, indemnización por beneficios dejados de recibir de la caja de previsión del Banco Central Hipotecario y pago de los mayores perjuicios materiales por incumplimiento de sus compromisos comerciales, consideró inicialmente que “ninguna de ellas esta (sic) avalada en hechos que soporten las mismas en la demanda”, por lo que se inobservó el artículo 25 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en cuanto dispone que en la demanda inicial deben enunciarse los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones. Destaca que si bien el hecho séptimo señala que todos los factores de la liquidación final fueron irreales y ello se puede verificar en la inspección judicial, no indicó con claridad cuáles valores dejaron de tenerse en cuenta para la cesantía, cuáles fueron los conceptos pagados por la universidad, “en que (sic) consiste materiales mayores” (sic) y cuáles fueron los valores dejados de percibir por bonificaciones; por lo tanto, concluye “esa falta de claridad, de precisión dichas pretensiones ahora en estudio llevan al fracaso”.
Adicionalmente se refirió a la cosa juzgada, para lo cual mencionó los documentos de folios 93 a 98, a lo decidido en la sentencia del 8 de septiembre de 1998 por el Juzgado 7º Laboral del Circuito de Cali y a lo pretendido en el presente asunto, para precisar luego que en esa oportunidad se solicitó el reintegro y los salarios y en subsidio la indemnización convencional o legal por despido, la cesantía, sus intereses, las primas, las vacaciones y la pensión del artículo 94 reglamentario, todo debidamente indexado, resultando condena por la indemnización por despido y por la pensión reglamentaria, mientras que de las demás pretensiones se absolvió, decisión que apelada se resolvió el 7 de abril de 1999 y se complementó el 20 de los mismos mes y año. Concluyó, que como en el presente asunto se demandaba en subsidio salarios, cesantía, vacaciones, primas e indexación, “muchas” de las anteriores estarían sometidas a la prosperidad de la excepción de cosa juzgada, por lo cual confirmaba el fallo apelado.
De manera que fueron dos los sustentos del fallo impugnado, primero la falta de señalamiento de los hechos en que se fundan cada una de las pretensiones, en especial las referidas por el tribunal, y segundo la configuración de la cosa juzgada con respecto de “muchas” de las peticiones del segundo proceso.
Para controvertir el primer soporte, el recurrente señala como dejados de apreciar varios documentos que se anexaron con la demanda, que a su juicio muestran el sustento de cada una de las pretensiones, pero omite referirse a la demanda inicial, que es la única pieza procesal de la que el tribunal pudo haber extraído la anotada conclusión y de la que podría inferirse si se equivocó al considerar la imposibilidad de estudiar varias pretensiones de la demanda debido a la carencia de causa petendi, omisión que resulta suficiente para calificar al cargo de deficiente, pues deja en pie uno de los pilares básicos del fallo impugnado.
En todo caso, si se estudiara el ataque en lo referente a la cosa juzgada, se encontraría que la pieza procesal de folios 93 a 97 que señala la censura como examinada equivocadamente, corresponde a la sentencia del 8 de septiembre de 1998 proferida por el Juzgado 7º Laboral del Circuito de Cali, en la que se lee que se pretendió el reintegro al cargo y los salarios pertinentes con sus ajustes, y en subsidio la indemnización legal o convencional por despido, la cesantía, sus intereses, las primas, las vacaciones, la pensión del artículo 94 reglamentaria y los aportes al ISS por los riesgos de IVM, todo debidamente indexado; y las piezas restantes corresponden a los fallos proferidos por el Tribunal Superior de Cali y por esta corporación al desatar los recursos de apelación y casación, respectivamente.
Por consiguiente, en ningún desatino incurrió el fallador de la alzada al examinar tales probanzas, pues es evidente que el proceso ordinario inicial lo adelantó Sierra Carrillo contra el Banco Central Hipotecario, que son las mismas personas a que se refiere el presente asunto, lo que configura la identidad jurídica de partes.
Así mismo, en el primer proceso se pretendieron la cesantía, los intereses, las primas, las vacaciones, la indexación, la pensión reglamentaria y la indemnización por despido, mientras que en el presente asunto —segundo proceso—, aspira a la revisión de la mesada pensional a que se condenó en el primer proceso y el pago de cesantía, sus intereses, reajuste de vacaciones, los perjuicios morales, mayores perjuicios materiales, indemnización moratoria, la indexación, la bonificación de junio y el auxilio de estudios, lo que muestra la concurrencia de la identidad de objeto en cuanto a las peticiones por cesantía, intereses, primas, vacaciones e indexación, que concuerda con la inferencia del tribunal de que lo pretendido eran las prestaciones y conceptos laborales por la prestación de los servicios de Sierra Carrillo, “muchas” de las anteriores, en sentir del juez de la alzada, “estarían sometidas a la prosperidad de la excepción de cosa juzgada”.
Corresponde agregar que el recurrente entiende que no se produjo la cosa juzgada porque el juzgado y por consiguiente el ad quem no individualizaron las demás pretensiones de la demanda, sino que genéricamente absolvieron de las mismas, pero esto no es motivo que le dé razón porque la fórmula utilizada por los juzgadores de instancia, según lo señala el censor, supone implícitamente un pronunciamiento de fondo sobre las mismas. Tampoco está en lo cierto el recurrente, cuando plantea la no ocurrencia de la cosa juzgada con respecto de varias pretensiones de la primera demanda porque no hubo fundamentación ni estudio de las mismas por parte del juzgado, pero es claro que si ello ocurrió así, el demandante ha debido solicitar la adición de la sentencia o apelar de la misma en esos aspectos, pero no hizo una cosa ni la otra, pues si bien en la sentencia de segundo grado del primer proceso (fl. 426), se consignó inicialmente que “El único apelante fue el apoderado del Banco Central Hipotecario S.A., lo que significa que a la otra parte estuvo de acuerdo con lo decidido y en la forma en que esto se dio...” , posteriormente se dictó una sentencia complementaria de la que se desprende que sí hubo impugnación del actor, pero únicamente en lo relacionado con la condena en abstracto impuesta por el juzgado con respecto de la pensión, la cuantía de la indemnización por despido y no tener en cuenta como factor de salario unas bonificaciones que recibió —considerando el tribunal que este último punto, relacionado con las bonificaciones, fue hecho nuevo—, de donde podría colegirse que se conformó con las demás decisiones, lo que lleva a afirmar que se configuró la cosa juzgada frente a los demás cuestiones, como el tribunal lo señaló.
Ahora, frente a la compartibilidad de la pensión del artículo 94 reglamentario con la de vejez a cargo del ISS dice la censura que tal compartibilidad no es posible en razón a que la pensión del artículo 94 reglamentaria tiene el carácter de vitalicia y que como el actor fue despedido, la entidad que ocasionó tal medida debe soportar la carga de la prestación. Sin embargo, fuera de que el tribunal no se refirió a ese específico punto, conviene señalar que el mismo lo resolvió esta Sala de la Corte en varios pronunciamientos, entre ellos el 31622 del 3 de febrero de 2009, que define claramente la procedencia de la compartibilidad entre las dos pensiones referidas, con fundamento en el artículo 5º del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de 1985, junto con el artículo 18 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, de donde se colige que las pensiones extralegales concedidas con posterioridad al 17 de octubre de 1985, son compartibles con la de vejez a cargo del ISS. Por último, en dicha cláusula convencional no se dejó a salvo que la pensión no sería compartida con la que eventualmente le otorgara el ISS.
En cuanto a que el monto de la pensión debe ser del 99.222% del ingreso base, es hecho nuevo en el presente asunto, pues no se incluyó en la demanda inicial, ni en la contestación, ni la apelación, ni fue abordado por el ad quem.
Además, la aspiración de obtener un reajuste de la pensión concedida judicialmente en el proceso anterior, está afectada de cosa juzgada, por cuanto al haberse producido ya una decisión judicial en cuanto a su monto, la misma no sería susceptible de ser planteada de nuevo por la vía ordinaria, mucho menos si se tiene en cuenta que el demandante no recurrió en casación y dejó que tal asunto cobrara firmeza.
Las críticas relacionadas con las consideraciones del tribunal frente a la inspección judicial que para él resultó fallida, carecen de toda trascendencia e importancia frente a la cuestión debatida y por ende ninguna consideración se hará a ese respecto.
Se sigue de lo discurrido que el fallador de alzada no incurrió en los desatinos que le endilga la censura.
Lo anterior basta, para desestimar los cargos.
Costas en el recurso extraordinario a cargo del recurrente, dado que hubo réplica. En su liquidación, inclúyanse como agencias en derecho la suma de tres millones de pesos ($3.000.000).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 12 de septiembre de 2008, proferida por el Tribunal Superior de Cali (Sala de Descongestión), en el proceso ordinario que Ciro Alfonso Sierra Carrillo le promovió al Banco Central Hipotecario En Liquidación.

References: artículo 1
 artículo 2
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 312
 artículo 210
 artículo 210
 artículo 97
 artículo 461
 artículo 123
 artículo 125
 artículo 150
 artículo 123
 artículo 8
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 38
 artículo 1
 artículo 19
 artículo 25
 artículo 94
 artículo 94
 artículo 94
 artículo 94
 artículo 5
 artículo 18