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Timestamp: 2017-07-28 11:11:10+00:00

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Sentencia Civil Nº 270/2011, AP - Zaragoza, Sec. 2, Rec 117/2011, 10-05-2011 | Iberley
InicioJurisprudencia CivilAP - Zaragoza2011Sanchez Cano, Maria JesusDesestimaSentencia270/2011117/2011
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Num. Sentencia: 78/2013
Num. Recurso: 245/2012
Sentencia Civil Nº 323/2015, AP - Cantabria, Sec. 4, Rec 32/2015, 10-09-2015 Órden: Civil
Num. Recurso: 32/2015
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Num. Sentencia: 521/2012
Num. Recurso: 628/2011
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Garcia Encinar, Javier
Num. Recurso: 174/2013
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Sanchez Cano, Maria Jesus
Núm. Sentencia: 270/2011 Núm. Recurso: 117/2011
Núm. Cendoj: 50297370022011100181
Encabezamiento AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2 ZARAGOZA SENTENCIA: 00270/2011 SENTENCIA NÚMERO 270-011 EN NOMBRE DE S.M. EL REY Iltmos. Señores: Presidente :
D. JULIÁN CARLOS ARQUÉ BESCÓS Magistrados: Dª. MARÍA ELIA MATA ALBERT Dª MARIA JESUS SANCHEZ CANO En ZARAGOZA, a diez de mayo de dos mil once. VISTO en grado de apelación ante esta Sección Segunda, de la Audiencia Provincial de ZARAGOZA, los
Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 986/2010 , procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 18 de ZARAGOZA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 117/2011, en los que aparece como parte apelante,
Victoria , representada por el Procurador de los tribunales, Sra. MARINA SABADELL ARA, asistida por el Letrado D. SIMON LAHOZ BERNAD, y como parte apelada,
Raimundo , representado por el Procurador de los tribunales, Sra. EVA MARIA DELGADO LOPEZ, asistido por el Letrado D. JOSE LUIS BEL ARBUNIES, en cuyos autos en fecha 27-1-2011 recayó Sentencia.
Antecedentes PRIMERO.- Se aceptan los que figuran en la Sentencia apelada, cuya parte dispositiva dice: "FALLO: Declaro la obligación de doña
Victoria de otorgar escritura pública de disolución de comunidad y adjudicación del pleno dominio de la vivienda o piso
NUM000 NUM001 , tipo
NUM002 inscrito al tomo
NUM007 , libro
NUM008 de Utebo, folio
NUM003 , finca
NUM004 , antes
NUM005 , de la casa sita en las partidas de Malpica y Barrana, calles de
AVENIDA000 , hoy
NUM006 de Utebo, y en consecuencia, condeno a la demandada a elevar a escritura pública el contrato de fecha 10 de junio de 2.009 de disolución de la comunidad y adjudicación del pleno dominio de la finca descrita en el plazo de un mes contado desde la fecha de la firmeza de la sentencia, con expresa imposición a la demandada de las costas procesales causadas.".
SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia, la parte demandada presentó escrito de preparación del recurso de apelación, y dentro del término de emplazamiento, escrito de interposición de dicho recurso, del que se dio traslado a la parte contraria que presentó dentro del término de emplazamiento escrito de Oposición. Seguidamente se remitieron los autos a esta Sala para la resolución de la apelación.
TERCERO.- No habiéndose aportado nuevos documentos, ni propuesto prueba, ni considerándose necesaria la celebración de Vista, se señaló para deliberación y votación el día 3-05-2011.
Habiendo sido ponente en esta apelación la Iltma. Sra Magistrada Dª MARIA JESUS SANCHEZ CANO.
Fundamentos PRIMERO .- Por la Procuradora Sra. Sabadell Ara, en nombre y representación de Dª
Victoria , se interpuso recurso de apelación contra la
Sentencia de fecha 27 de enero de 2011 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº18 en el Juicio Ordinario nº986/10 , alegando como motivos de recurso error en la apreciación de la prueba y en la aplicación de la ley, entendiendo que la prueba pericial caligráfica se practicó de forma irregular, siendo, por tanto, a su juicio nula. De la misma manera, aduce la parte recurrente que el contrato es nulo de pleno derecho por vicio del consentimiento, argumentando que sólo la última hoja del contrato de fecha 10-06-09 está firmada por la Sra.
Victoria , sin que existan testigos que acrediten que aquella firmara la última hoja teniendo todo el contrato ante si y existiendo, además, irregularidad en cuanto al nº de hojas aportadas por la actora (2) en relación con las que vieron el demandante y su tía (4). Igualmente, la parte apelante fundamenta su impugnación, alegando la oscuridad del contrato que favorece a la parte actora que lo redactó.
Por todo ello, interesa que se dicte sentencia que, revocando la sentencia recurrida se absuelva a la parte demanda con imposición de las costas de ambas instancias a la contraparte. La Sentencia impugnada declara la obligación de la Sra.
NUM008 de Utebo, folio , finca
NUM005 de la casa sita en las partidas de Malpica y Barrana,
CALLE000 NUM006 de Utebo, y en consecuencia, condena a la demandada a elevar escritura pública el contrato de fecha 10 de junio de 2009 de disolución de comunidad y adjudicación del pleno dominio de la finca descrita en el plazo de un mes contado desde la fecha de la firmeza de la sentencia, con expresa imposición a la demanda de las costas procesales causadas.
SEGUNDO .- Respecto de la prueba pericial caligráfica, cuya nulidad alega la recurrente, en primer lugar hemos de recordar que dicha prueba ha sido admitida sin reticencias en los procedimientos judiciales, siempre que su práctica se ajuste a las reglas de la técnica grafológica que, como se ha dicho en reiteradas resoluciones el Tribunal Supremo, parte del análisis comparativo entre dos cuerpos de escritura considerando sus trazos, direcciones de los rasgos, inclinaciones de las letras y sobre todo la intensidad de la presión del objeto utilizado para imprimir las letras sobre el papel en el que se escribe. Del mismo modo, por la jurisprudencia se ha mantenido en numerosas ocasiones su desconfianza hacia las fotocopias como medio documental y su escasa o nula virtualidad para ser objeto de pericias caligráficas en atención a las condiciones técnicas de las reproducciones. Es decir, se considera que las pericias caligráficas son mucho más fiables cuando se realizan sobre los documentos originales, disminuyendo sus posibilidades de acierto cuando se actúa sobre un documento fotocopiado, en especial porque la intensidad de los trazos en las diversas zonas de su recorrido, no se puede apreciar en las fotocopias por no reflejar este aspecto tan importante para la precisión de la pericia.
Dicho esto y centrándonos en el supuesto sometido a la consideración de esta alzada, comprueba este Tribunal que la pericial caligráfica se ha realizado ajustándose a la más estricta técnica grafológica, sobre el análisis comparativo de dos firmas de la Sra.
Victoria que figuran en dos documentos originales aportados por el propio Juzgado de Primera Instancia nº18; la firma dubitada de la Sra.
Victoria que aparece en el documento original del contrato privado numerado como documento nº4, obrante en el procedimiento 0986/2010, con la firma indubitada de la Sra.
Victoria que se encuentra en otro documento original, cual es la Diligencia de Ordenación de la Sra. Secretario, Dª Carmen Carnicer, obrante en el mismo procedimiento.
Nada tiene que objetar, por tanto, este Tribunal en relación a como se ha practicado la prueba pericial caligráfica, en tanto que, como ya hemos dicho, lo esencial, según reiterada Jurisprudencia, es que la misma se realice de acuerdo con las reglas de la técnica grafológica, analizando comparativamente dos cuerpos de escritura, en este caso dos firmas de la Sra.
Victoria estampadas en sendos documentos aportados por el mismo Juzgado de Primera Instancia que admitió la pericial, a todo lo cual debe añadirse la mayor fiabilidad que supone que dichos documentos sean los originales.
Por lo demás, la conclusión a la que llega el informe pericial no puede ser más contundente, pues en el mismo consta que al referirse a la firma dubitada del documento numerado como Doc.nº4, el perito Sr.
Gustavo deja bien sentado que no cabe posibilidad de que se trate de una falsificación que haya realizado otra persona, sino que ambas firmas, la dubitada y la indubitada, que figura en la Diligencia de Ordenación, han sido realizadas por la misma persona, estando graficada por la demandada Sra.
Victoria , ahora recurrente.
En atención a lo expuesto, procede la desestimación del motivo alegado. TERCERO.- Por lo que respecta a la nulidad de pleno derecho del contrato por falta de consentimiento invocada por la parte apelante, en primer lugar, este Tribunal debe puntualizar que en el escrito del recurso dicha parte no alega el concreto vicio en el que basa su impugnación. En este sentido, la Sala ha de recordar que son vicios del consentimiento el error, el dolo, la violencia y la intimidación. Igualmente hemos de tener en cuenta que la clase de ineficacia predicada por el ordenamiento jurídico para los contratos afectados por algún vicio del consentimiento es la anulabilidad, de modo que solo pueden ser alegados por aquella falta que los sufrió.
Por otra parte, también hay que tomar en consideración que el error y el dolo, como vicios del consentimiento, tienen que hacerse valer por vía de acción, nunca de excepción. Por tanto, si los alega el demandado será preciso, para poder apreciarlos, que formule reconvención (
STS de 2 de noviembre de 2001 , con cita de otras siete anteriores de la
misma Sala sobre la necesidad de formular reconvención, y Sentencias de 30 de septiembre de 2002 20 de diciembre de 2002 y
16 de diciembre de 2005 ), lo que no acontece en el presente caso, donde de la contestación a la demanda y de lo argumentado en la vista oral, únicamente se deduce que la demandada alega la invalidez del contrato sobre la base de que solo aparece su firma en la última hoja, encontrándose las demás sin firmar, en base a una pretendida manipulación de las hojas del contrato.
A mayor abundamiento y partiendo de la doctrina jurisprudencial uniforme, la nulidad contractual sobre la base del vicio del consentimiento tiene carácter excepcional en aras de la seguridad jurídica y del fiel y exacto cumplimiento de lo pactado «pacta sunt servanda», y para que el vicio del consentimiento tenga trascendencia anulatoria queda condicionado a la concurrencia de los requisitos siguientes: "a) Que sea esencial e inexcusable, pues de no ser así habría que estar a la norma de que los efectos del error propio son imputables a quien los padece,
sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 1 de julio de 1915 ,
21 de octubre de 1932 y
26 de diciembre de 1944 ;
b) Que sea sustancial y derivado de actos desconocidos para el que se obliga (
Sentencias de 21 de octubre de 1932 ,
16 de diciembre de 1943 y
16 de diciembre de 1957 ),
c) Que no se haya podido evitar con una regular diligencia (
Sentencia de 12 de junio de 1982 );
y d) Que quede suficientemente acreditado en las actuaciones (
Sentencia de 26 de diciembre de 1994 )."
Sentadas las anteriores consideraciones, entiende la Sala que no ha quedado acreditado que el consentimiento prestado por la Sra.
Victoria no haya sido emitido de forma plenamente consciente o plenamente libre, sin que resulte relevante a estos efectos que la firma de la ahora recurrente solo aparezca estampada en la última hoja del contrato, dado que la existencia del resto de cláusulas del mismo puede desprenderse de la propia redacción del contrato. A este respecto, nótese como en la última hoja del mencionado contrato, inmediatamente antes de la firma de la Sra.
Victoria y de la conformidad, figuran las cláusulas Cuarta y Tercera, de donde la apelante bien pudo deducir la existencia de las estipulaciones Primera y Segunda, lo que pudo comprobar fácilmente con una mínima diligencia, simplemente con leer la otra cara de la hoja. Por consiguiente, a ella y solo a ella resulta imputable el pretendido vicio de consentimiento, máxime, si como es el caso, la parte demandada no ha conseguido acreditar que no estampara su firma después de haber leído el contrato y ni mucho menos que el contenido de dichas hojas se imprimiera con posterioridad a la firma. En este punto, tampoco hay que, olvidar que, de conformidad con lo previsto en el
art.217 LEC , la carga de la prueba de la existencia de un vicio del consentimiento compete a quien la alega, sin que en el supuesto enjuiciado se hayan aportado a autos los elementos de juicio sobre los que se hubiera podido sustentar su alegación.
Por último, respecto a una pretendida oscuridad del contrato que, a juicio de la parte apelante, favorece al demandante, que lo redactó, entiende la Sala que, tal y como establece la resolución impugnada, está muy claro cuál es el negocio jurídico firmado por las partes, limitándose la primera hoja del contrato a la identificación y descripción del bien y de la carga hipotecaria, mientras que la segunda determina la disolución de la comunidad y la atribución del bien y de la consiguiente carga hipotecaria que grava la vivienda al actor, de tal forma que la demandada a la vez que renuncia al piso, resulta liberada del abono del préstamo hipotecario en relación con el actor, sin que las partes puedan exigirse nada más por tales conceptos, salvo por lo que se refiere al embargo del inmueble por deudas de la Sra.
Victoria con anterioridad a la elevación a escritura pública de la disolución y adjudicación del piso.
Aquí, resulta necesario subrayar que la fuente primaria de la reglamentación contractual es la voluntad de los contratantes, que se obligan, en primer lugar, a cumplir lo expresamente pactado
(art.1258 Cc ). A estos efectos, el Código Civil reconoce a las partes contratantes una amplia libertad para pactar lo que tengan por conveniente, con los únicos límites que los derivados de la
ley, la moral y el orden público (art.1255 ). Luego, partiendo del principio de autonomía de la voluntad privada, siendo notorio el negocio jurídico concluido por las dos partes contratantes y constando la aceptación y conformidad de la demandada con cuanto se estipula en el contrato, considera la Sala que en el supuesto enjuiciado no ha quedado acreditado que la validez y el cumplimiento del contrato se haya dejado al arbitrio de uno de los contratantes, en este caso, el demandante.
Todo lo cual, ha de llevar a la desestimación del motivo alegado. CUARTO .- Habiéndose desestimado íntegramente el presente recurso de apelación, procede la confirmación de la Sentencia apelada.
art. 398 en relación con el 394 LEC , procede la imposición a la parte recurrente de las costas causadas en esta alzada.
. Fallo Que desestimando íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Dª
Victoria , contra la
Sentencia de fecha 27 de enero de 2011 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº18 en el Juicio Ordinario nº986/10 , confirmamos dicha resolución en todos sus pronunciamientos, e imponemos a la parte recurrente las costas originadas en esta alzada por su recurso.
MODO DE IMPUGNACION.- Contra la anterior Sentencia cabe interponer Recursos por Infracción Procesal y/o Casación ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, y para el caso de que se considera infringida norma de Derecho Civil Aragonés, ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que se prepararán en el plazo de cinco días ante este Tribunal, debiendo el recurrente al presentar el escrito de preparación acreditar haber efectuado un depósito de 50 euros para cada recurso en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección (nº 4899) en la Sucursal 8005 de Banesto, en la calle Torrenueva, 3 de esta Ciudad, debiendo indicar en el recuadro Concepto en que se realiza: 04-Civil-Extraordinario por infracción procesal y 06 Civil-Casación, y sin cuya constitución no serán admitidos a trámite. Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, juntamente con testimonio de la presente, para su conocimiento y cumplimiento, debiendo acusar recibo. Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá testimonio al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACION. - Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia, por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente, estando celebrando audiencia pública, esta Sala Segunda, en el mismo día de su fecha, doy fe.
Imprimir el documento Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil.

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