Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2007/A154-07.htm
Timestamp: 2017-11-23 03:51:46+00:00

Document:
A154-07
Auto 154/07
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 101 (parcial) de la ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”
Actor : Luís Enrique Giraldo Durán
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil siete (2007)
1. El ciudadano Luís Enrique Giraldo Durán, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad establecida por el artículo 241 numeral 4° de la Carta, en armonía con el artículo 40 numeral 6° de la misma, demandó la frase “En la sentencia condenatoria” contenida en el inciso segundo del artículo 101 de la Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
2. Admitida la demanda por auto de junio 4 de 2007, se dispuso enviarla al despacho del señor Procurador General de la Nación para que rinda el concepto de rigor.
3. En escrito recibido en la Secretaría de la Corte Constitucional el 20 de junio de 2007, los doctores Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación y Carlos Arturo Gómez Pavajeau, Viceprocurador General de la Nación, manifiestan a la corporación que se encuentran impedidos para actuar en este proceso, pues en ejercicio de sus funciones participaron “en la comisión redactora, el primero, y en la subcomisión redactora, el segundo, del proyecto de ley que dio origen al nuevo Código de Procedimiento Penal –Ley 906 de 2004-, de cuyo texto hace parte el precepto legal demandado”.
En consecuencia, solicitan a la Corte Constitucional que, aceptado el impedimento por ellos propuesto, se disponga que el Procurador General de la Nación, conforme a lo dispuesto por el artículo 7º numeral 33 del Decreto Ley 262 de 2000, designe al funcionario que debe rendir el concepto en este proceso.
1. Uno de los principios fundamentales del Derecho Procesal es el de la imparcialidad de los funcionarios judiciales, pues en un Estado Democrático los ciudadanos tienen derecho a acceder a la administración de justicia en igualdad de condiciones y con la confianza legítima en el actuar de las autoridades públicas, lo cual exige que quien por alguna circunstancia se encuentre en una situación que pueda alejarlo de la objetividad, la ecuanimidad y la estricta sujeción a la aplicación de la ley, deba separarse del conocimiento del proceso respectivo.
2. Si bien es verdad que en los procesos en que se debate la constitucionalidad e inconstitucionalidad de los actos sometidos al control de esta Corte no puede hablarse, en sentido estricto, de partes con pretensiones opuestas, porque lo que en ellos se persigue es la vigencia plena del ordenamiento jurídico establecido en la Carta Política, a estos procesos también les es naturalmente aplicable el principio de la imparcialidad de los funcionarios judiciales. Precisamente por ello, el Decreto 2067 de 1991 en los artículos 25 y 26 señala las causales de impedimento y recusación para los Magistrados de la Corte Constitucional, a saber, intervenir en la expedición de la norma acusada, haber sido miembro del Congreso durante la tramitación del proyecto, tener interés en la decisión, estar vinculado por matrimonio o unión permanente o por parentesco en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con el demandante, causales que son aplicables al Procurador General de la Nación para actuar en estos procesos.
3. En el caso que ahora ocupa la atención de la Corte, es claro que si los doctores Edgardo José Maya Villazón, como Procurador General de la Nación y Carlos Arturo Gómez Pavajeau, Viceprocurador General de la Nación, intervinieron en la comisión redactora, el primero, y en la subcomisión redactora, el segundo, del proyecto de ley que dio origen al nuevo Código de Procedimiento Penal –Ley 906 de 2004-, de cuyo texto hace parte el precepto legal demandado, se encuentran impedidos para conceptuar sobre la constitucionalidad del artículo 101 de esa ley, cuya inexequibilidad parcial se impetra declarar en este proceso.
4. Así las cosas, y por razones de economía y celeridad procesal, habrá entonces de aceptarse por la Corte los impedimentos a que se ha hecho referencia y, en consecuencia, corresponderá al Procurador General de la Nación, en ejercicio de la función que le asigna el artículo 7º del Decreto ley 262 de 2000, designar al funcionario para rendir el concepto correspondiente en el trámite de este proceso.
Tercero. ORDENAR que una vez sea levantada la suspensión de términos en el proceso de la referencia, la Secretaría General de esta corporación remita el expediente al señor Procurador General de la Nación, para que en ejercicio de la función que le asigna el artículo 7º del Decreto Ley 262 de 2000, designe al funcionario que deberá rendir el concepto, a quien le correrá el traslado por el resto del término.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO A-154 DE 2007 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
Referencia: D-6774
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 101 (parcial) de la ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.”
Con el debido respeto por las decisiones mayoritarias de esta Corporación, me permito salvar mi voto frente al presente Auto, reiterando para ello mi posición jurídica sostenida en repetidas oportunidades[1] en relación a que esta Corte carece de la competencia tanto constitucional como legal para resolver los impedimentos manifestados por el Procurador General de la Nación y el Viceprocurador para emitir el concepto sobre constitucionalidad, en este caso sobre el artículo 101 (parcial) de la ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.”, demandado en este proceso.
[1] Ver Salvamento de Voto al Auto A-159 del 2005 y Salvamento de Voto al Auto A-147 de 2006, entre otros.

References: artículo 101
 artículo 241
 artículo 40
 artículo 101
 artículo 7
 artículo 101
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 101
 artículo 101