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Timestamp: 2019-02-19 00:15:57+00:00

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Cuestiones sobre la competencia para la suspensión de procedimientos de ejecución hipotecaria a raíz de la sentencia del TJUE de 14 de marzo de 2013 - El Derecho
Cuestiones sobre la competencia para la suspensión de procedimientos de ejecución hipotecaria a raíz de la sentencia del TJUE de 14 de marzo de 2013
Foro 01-05-2013	Coordinador: Luis Antonio Soler Pascual
Pues bien, una de las primeras consecuencias de esta Sentencia ha sido la de la formulación de demandas de nulidad de condiciones generales con la correspondiente solicitud de medidas cautelares, de ordinario solicitadas inaudita parte, consistentes en la suspensión de procedimientos de ejecución hipotecaria judiciales y extrajudiciales.
Esto plantea un problema competencial relevante.
De un lado las demandas se formulan ante los Juzgados de lo Mercantil dado que, conforme al artículo 86 ter LOPJ -EDL 1985/8754-, tienen la competencia objetiva para conocer de las demandas sobre las condiciones generales. De otro, se solicita al Juez de lo Mercantil la suspensión de un procedimiento que se conoce ante un Juzgado de Primera Instancia o ante un notario respecto del que, en todo caso, no tiene competencia objetiva el Juez de lo Mercantil.
Consecuentemente. ¿Puede el Juez de lo Mercantil acordar dichas medidas?. De no ser así. ¿Se podría solicitar ante el Juzgado que conozca del procedimiento hipotecario la suspensión por prejudicialidad civil, artículo 43 LEC -EDL 2000/77463-?. ¿Y en el caso de que el procedimiento se estuviera tramitando notarialmente?.
Este foro ha sido publicado en el "Boletín Contratación Inmobiliaria", el 1 de mayo de 2013.
En mi opinión, el Juez de lo Mercantil puede acordar dichas medidas. Razones...
En mi opinión, el Juez de lo Mercantil puede acordar dichas medidas. Razones:
a) Es el único que tiene competencia objetiva en esta materia (art. 86 Ter LOPJ -EDL 1985/8754-) si, como parece, consideramos que dichas cláusulas son "condiciones generales de la contratación". No obstante, es discutible que no se pueda cuestionar alguna cláusula en concreto o asunto particular, sin pretensión de anular una cláusula con carácter general y para asuntos futuros, ante un juzgado de primera instancia.
b) La sentencia TJCE -EDJ 2013/21522 aboga por dispensar esa tutela jurisdiccional a partir del juicio declarativo ulterior y, necesariamente, para evitar situaciones irremediables, a través del proceso cautelar.
c) La LEC -EDL 2000/77463- permite la adopción de medidas innominadas, y concretamente las "... que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en la sentencia estimatoria que recayere en el juicio" (art. 727.11 LEC). Entiendo que tendrían cabida en el nº 7 de dicho precepto. Al socaire de este precepto, tengo entendido que en alguna capital, y para evitar cualquier confrontación con la competencia del juzgado de primera instancia que conoce el proceso de ejecución hipotecaria, se está recurriendo a ordenar a la parte ejecutante que, en un perentorio plazo, suspenda el proceso de ejecución con el apercibimiento de que, en otro caso, el juzgado lo acordará en su nombre.
Es evidente que la adopción de esta medida cautelar exige valorar todos los presupuestos sabidos, debiendo exigirse una fianza (no elevada, pues teóricamente, el ejecutado/demandante no tiene un dinero para pagar la cuota de amortización del préstamo) para evitar la prolongación de posesiones gratuitas sine die por parte de los ejecutados.
No obstante lo anterior, creo en el espíritu de lo reseñado en la citada sentencia del TJCE -EDJ 2013/21522 subyace la idea de que pueda suspenderse la ejecución hipotecaria si la parte ejecutada presenta demanda de juicio ordinario, bien ante el juzgado de lo mercantil (para tratar de anular con carácter general las condiciones generales del contrato), bien ante el Juzgado de primera instancia (cuando lo único que pretende es que se declare la abusividad concreta de alguna cláusula contractual del préstamo hipotecario ejecutado) siempre que se dicte la correspondiente medida cautelar.
En cualquier caso, habría que estar al estado concreto en que se encuentre el proceso de ejecución, ya que si en éste se ha dictado decreto de adjudicación, por ejemplo, no sería factible suspenderlo.
En cuanto a la prejudicialidad civil (art. 43 LEC -EDL 2000/77463-), sólo existiría ésta si el pleito de ejecución estuviera en trance de resolverse la oposición en él planteada y se hubiera presentado procedimiento declarativo pretendiendo la nulidad de las condiciones generales de la contratación pues, digamos, que se estaría ante una fase declarativa y la resolución que recayera en el proceso declarativo desplegaría el efecto positivo de la cosa juzgada sobre el proceso de ejecución. Si hubiera pasado dicha fase sería necesario para suspender la ejecución una medida cautelar que así lo dispusiera.
De todas formas hay que aclarar que todas estas conclusiones son de lege ferenda y tratando de hacer una interpretación compatible con la mencionada sentencia del TJCE, debiendo estar a lo que en un futuro inmediato vaya a legislarse modificando de ley (parece que se abrirá una "ventana" de un mes para que el ejecutado pueda alegar en el proceso de ejecución siempre que éste no esté finalizado la abusividad de las cláusulas del préstamo, de tal manera que si no lo hace precluirá la posibilidad de hacerlo después).
En el caso del proceso de ejecución notarial, la cuestión parece diferente pues no cabe equiparar al Notario con el juzgado de primera instancia, al no pertenecer el mismo al Poder Judicial y no estar rodeada su autoridad de las garantías de independencia e inamovilidad. En el caso, el mismo no deja de ser una Autoridad que ejerce funciones públicas y administrativas, las cuales, previa prestación de fianza, pueden ser suspendidas por la correspondiente orden judicial, a petición del demandante del juicio declarativo.
La cuestión plateada debe resolverse partiendo de la regulación que se reco...
La cuestión plateada debe resolverse partiendo de la regulación que se recoge en el artículo 86 ter de la ley orgánica del poder judicial -EDL 1985/8754-, que regula las competencias del juzgado de lo mercantil, la ley 7/1998 de 13 de abril sobre condiciones generales de la contratación -1998/43305-, y los artículos 695, 696, 697 y 698 de la ley de enjuiciamiento civil -EDL 2000/77463-.
Una primera consecuencia importante de la sentencia del tribunal de justicia de la Unión Europea, de 14 de marzo de 2013 -EDJ 2013/21522-, es que los preceptos citados de la ley de enjuiciamiento civil 695, 696, 697 y especialmente el artículo 698 -EDL 2000/77463-, deben ser interpretados a luz de dicha sentencia, en la medida que el derecho comunitario forma parte del derecho nacional, y la vinculación que las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tienen en todos los órganos judiciales de los países integrantes de la Unión Europea, en el sentido de que los tribunales nacionales deben aplicar su derecho interno de acuerdo con el derecho comunitario, conforme a la interpretación realizada por el Tribunal de Justicia, por lo tanto interpuesta una demanda en la que se solicite la nulidad de las condiciones generales de un contrato de préstamo con garantía hipotecaria, el órgano judicial deberá suspender la ejecución de la hipoteca, en tanto no se resuelva dicho proceso, sin que sea admisible limitar la suspensión de la ejecución a los casos taxativamente recogidos en dichos preceptos. Lo que debe llevar a una reforma legislativa del proceso de ejecución hipotecaria, a fin de permitir la oposición dentro del proceso de ejecución, de acuerdo con la doctrina sentada por la sentencia del tribunal de justicia de la Unión Europea, quedando sin efecto el apartado del artículo 698 de la ley de enjuiciamiento civil, que privaba de efectos suspensivos a cualquier otra reclamación del ejecutado distinta a las contempladas en los artículos 695 a 697 de la ley.
La siguiente cuestión a resolver, es determinar a qué órgano judicial le corresponde la competencia objetiva para conocer de las demandas, en las que se solicite la nulidad de determinadas condiciones generales incluidas en un contrato de préstamo hipotecario, y sobre el que ya se ha iniciado el proceso de ejecución.
El artículo 86 ter 2.d) LOPJ -EDL 1985/8754 atribuye a los juzgados de lo mercantil competencia objetiva para conocer de las acciones relativas a condiciones generales de la contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia, lo que debe llevar a resolver si siempre que se cuestione en un contrato con consumidores la validez o no de una condición general, la competencia debe entenderse atribuida a los juzgados de lo mercantil. Cuestión sobre la que existen resoluciones judiciales contradictorias.
El artículo 12 de la ley 7/1998 de 13 de abril -EDL 1998/43305-, recoge distintas acciones especiales respecto a las condiciones generales de contratación, como son:
1º) las acciones de cesación cuya finalidad es que se condene al demandado a eliminar de sus condiciones generales las que se reputen nulas y a abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo.
2º) las acciones de retractación cuya finalidad es que declare e imponga al demandado, sea o no el predisponente, el deber de retractarse de la recomendación que haya efectuado de utilizar las cláusulas de condiciones generales que se consideren nulas y de abstenerse de seguir recomendándolas en el futuro,
3º) las acciones declarativas cuya finalidad es declarar que una cláusula es una condición general del contrato de la contratación.
La cuestión debe resolverse de una interpretación conjunta del artículo 86 ter 2.d) de la LOPJ -EDL 1985/8754 y del artículo 12 de la ley 7/1998 -EDL 1998/43305-, entendiendo que solo se atribuye competencia a los juzgados de lo mercantil para conocer de las acciones específicamente reguladas en el artículo 12 de la ley 7/1998, cuando en un proceso ordinario se solicite la nulidad de alguna o algunas cláusulas, por ser contrarias no solo a la ley de condiciones generales de la contratación, sino también por ser contrarias a la ley general de defensa de consumidores y usuarios la competencia objetiva debe entenderse atribuida a los juzgados de primera instancia, y solo en aquellos casos en los que se ejercite una acción de las previstas en el artículo 12 de la ley 7/1998, acción de cesación, de retratación, o declarativa, la competencia objetiva será del juzgado de lo mercantil; la interpretación contraria llevaría a que en todos los procesos con consumidores y usuarios en los que se discuta la posible nulidad de una condición general se atribuiría su competencia a los juzgados de lo mercantil, interpretación contraria no solo a lo expuesto, sino al tenor literal, del artículo 86 ter, que al atribuir las competencias a los juzgados de lo mercantil lo hace con carácter exclusivo y excluyente, lo que no permite ampliar la competencia objetiva de los juzgados de lo mercantil a supuestos distintos a los recogidos en la ley.
Estas es la interpretación que se viene recogiendo entre otros en el auto de la Sección novena de la AP de Madrid de fecha 27-3-2008 recurso de apelación 50/2008 -EDJ 2008/53118-, AAP Las Palmas, sec. 5ª, A 18-5-2009, nº 97/2009 -EDL 2009/147073-.
Una vez resuelta la primera cuestión, entendiendo que la competencia objetiva corresponde a los juzgados de primera instancia, la segunda cuestión es cómo se articula procesalmente la suspensión del proceso de ejecución, debiendo distinguir si la ejecución hipotecaria se está llevando a cabo en vía judicial, o notarial.
Cuando se está tramitando el proceso de ejecución en vía judicial, la competencia para acordar la suspensión no es del juzgado de primera instancia ante el que se presente la demanda de juicio ordinario, sino del juzgado en el que se siga la ejecución hipotecaria, debiendo hacer dicha petición la parte ejecutada, acreditando la interposición de la demanda y su admisión a trámite.
Cuando la ejecución de la hipoteca se realice por vía notarial en principio no existe ningún inconveniente en que la suspensión se pueda acordar por el propio Notario, una vez que se acredite la interposición de la demanda y su admisión, o bien por resolución del juzgado que este conociendo del proceso ordinario en el que se plante la nulidad de alguna o algunas cláusulas del contrato.
Una cuestión importante, es cuál es el momento en que debe solicitarse la suspensión del proceso de ejecución hipotecaria, en principio desde que se interponga la demanda y se admita a trámite se podrá solicitar la suspensión del proceso de ejecución hipotecaria ya iniciado, en cuanto al plazo final, es decir hasta que momento del proceso de ejecución podrá solicitarse la suspensión, de forma análoga a lo establecido en el artículo 596 de la ley de enjuiciamiento civil, en cuanto al plazo final en el que se pude interponer la tercería de dominio, que no es otro que desde el momento en que en virtud de la ejecución y de acuerdo con la legislación civil se haya producido la trasmisión del dominio al acreedor o a un tercero.
Partiendo de que la competencia esté atribuida a los Juzgados de lo mercanti...
Partiendo de que la competencia esté atribuida a los Juzgados de lo mercantil, toda vez que por tratarse de condiciones generales de contratación, vía artículo 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial -EDL 1985/8754-, tienen atribuidas el conocimiento de los procesos con ellas relacionadas, no considero que en la situación actual, esto es antes de que el Gobierno se decida abordar la cuestión aprovechando alguna de las propuestas parlamentarias pendientes de aprobación, sea conveniente cuestionar por parte del juez que conoce del proceso de ejecución, la decisión cautelar del juez que conoce vía declarativa del proceso de nulidad de la ejecución.
A este respecto como recuerda el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su considerando 50 de la resolución de fecha 14 de marzo de 2013 -EDJ 2013/21522-, si bien la armonización de los mecanismos de ejecución forzosa, las modalidades de aplicación de los motivos de oposición admitidos en el marco de un procedimiento de ejecución hipotecaria, y de las facultades conferidas al juez que conozca del proceso declarativo competente para analizar su legitimidad, forman parte del ordenamiento jurídico interno de cada Estado, y deben de ser decididas por éste en virtud del principio de su autonomía procesal, la solución que se dé, no puede ser menos favorable que las que rigen situaciones similares de carácter interno (en el caso de protección de consumidores y usuarios) y de que no hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confieren a los consumidores el ordenamiento jurídico de la Unión.
Como quiera que las sentencias del Tribunal de Justicia son aplicables de modo inmediato, a mi juicio, y hasta en tanto no se apruebe una reforma procesal que armonice la oportuna protección en estos casos de consumidores y usuarios con los mecanismos procesales internos, por aplicación del criterio de efectividad, si se parte de la competencia de los Juzgados de lo mercantil para resolver el proceso declarativo con todos sus incidentes, no cabe cuestionar su eficacia dentro de los procesos de ejecución, respecto de los que actuaría como prejudicial, por ser un pronunciamiento basado en la especialidad de la materia de la que tienen conocimiento, so pena de nuevo de hacer excesivamente difícil el ejercicio de los derechos concedidos a consumidores y usuarios por la normativa europea.
Se plantea la cuestión relativa a la competencia de los Juzgados Mercantiles...
Se plantea la cuestión relativa a la competencia de los Juzgados Mercantiles para adoptar medidas cautelares en relación a procedimientos hipotecarios en los que se discute la condición de abusivas de alguna de las condiciones generales de la hipoteca, especialmente en relación a la posible suspensión de la ejecución hipotecaria. Las leyes españolas configuran una competencia diferente según el procedimiento, de tal manera que la ejecución hipotecaria es conocida por el Juzgado de Primera Instancia y la impugnación de las condiciones generales por el Juzgado de lo Mercantil. Pero una cosa es la competencia objetiva por razón de la materia y otra muy diferente es la adopción de medidas cautelares que no siempre está relacionada con la competencia objetiva sobre el fondo del asunto.
Las medidas cautelares tienen un fundamento concreto, esto es, evitar los perjuicios que puedan derivar de la continuación de un procedimiento o asegurar la posible ejecución de la sentencia que se dicte en el proceso en el que se solicitan, conforme se señala en el artículo 721.1 LEC -EDL 2000/77463-, por lo que se configuran como una medida de carácter instrumental al propio proceso. Ello implica que los efectos de dicho proceso pueden extenderse a otros procedimientos diferentes en relación a los cuales tenga relación el objeto del proceso cautelar y ello con independencia del orden jurisdiccional e incluso la propia competencia objetiva. En tal sentido el procedimiento que conoce el Juez de lo mercantil va a tener una incidencia directa sobre el proceso de ejecución hipotecaria, pues si se declara la nulidad de una o varias cláusulas de la hipoteca que se ejecuta, tal declaración afectará sin duda alguna a la ejecución hipotecaria, desde una reducción del importe de lo reclamado a la propia nulidad de la misma ejecución hipotecaria si las condiciones generales declaradas nulas no pueden ser integradas y afectan al conjunto del contrato de préstamo hipotecario. Carece de sentido, si el juez de lo mercantil puede declarar la propia nulidad de la ejecución hipotecaria se le niegue la posibilidad de acordar como medida cautelar la suspensión de dicha ejecución hipotecaria mientras se sustancia la impugnación de las condiciones generales, siempre que concurran los requisitos exigidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la adopción de las mismas, medida que podrá ser solicitada al amparo del artículo 727.11 LEC. Ello no implica que el juez de lo mercantil deba de acordar esta medida cautelar de forma generalizada, sino que será preciso que atienda al caso concreto que se le presente, atendiendo en especial al alcance de las condiciones generales cuya nulidad se pretenda y los posibles efectos que dicha declaración pudiera tener sobre la propia ejecución hipotecaria.
No obstante lo anterior, si se lleva a cabo una interpretación restrictiva del concepto de medidas cautelares y de la posibilidad de extender sus efectos a otros procesos diferentes de aquel en el que se adopta la misma, no cabe duda que la solución pasaría por la solicitud ante el Juzgado de Primera Instancia de la suspensión del curso del proceso por la existencia de prejudicialidad civil del artículo 43 LEC -EDL 2000/77463-, pues se darían los elementos básicos de dicha norma, bien entendido siempre que la misma deberá de ser interpretada en relación con la sentencia del TJCE de 14 de marzo de 2013 -EDJ 2013/21522-, de tal manera que no será posible entender que en un proceso de ejecución hipotecaria no sería posible suspender la misma por no darse las exigencias legalmente previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues no cabe duda que la citada sentencia ha ampliado notablemente el ámbito objetivo de la ejecución hipotecaria española, ampliando las causas de suspensión del proceso. Resulta evidente que no es posible la acumulación de autos, no sólo por ser procedimientos diferentes sino también por la diferente competencia objetiva, por lo que dada la directa incidencia que la declaración sobre la nulidad de las condiciones generales pueda tener sobre la ejecución hipotecaria es preciso esperar al fin de este proceso para poder continuar en sus justos términos con la ejecución iniciada. De cualquier manera, bien por una vía o por otra, que no necesariamente tienen porqué ser incompatibles entre sí, pudiendo optar el ejecutado por cualquiera de ellas, será posible acordar la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria.
Un juez de instancia no pude acordar medidas cautelares que se refieran a otr...
Un juez de instancia no pude acordar medidas cautelares que se refieran a otro procedimiento que se tramite en otro juzgado de igual categoría; cuando ello se entienda por la parte que es oportuno, se pedirá conforme al art. 43 LEC -EDL 2000/77463-, al juez que esté conociendo del procedimiento que se pretenda suspender, esto es, que se solicite ante el órgano judicial en el que se tramita el procedimiento de ejecución hipotecaria que se ha ejercitado la acción de nulidad del contrato constitutivo de la hipoteca, o al menos de alguna de sus cláusulas, acreditando ello, y será en ese órgano judicial donde se solicite la suspensión del procedimiento o ejecución. Por lo tanto, el juzgado de lo mercantil no es el competente para decidir sobre la suspensión del procedimiento ejecutivo hipotecario que se lleve en un juzgado de primera instancia, sino que será este último el que tendrá que decidir sobre esa suspensión.
Otra cuestión distinta es si esa ejecución hipotecaria se está llevando en una notaría de una forma extrajudicial, porque en ese caso el art. 43 LEC -EDL 2000/77463 no es de aplicación, y en la norma reguladora de la ejecución extrajudicial nada se dice al respecto, solo se recoge la posibilidad de suspensión por el notario cuando haya una causa criminal por falsedad de la escritura, art. 236 ñ del Reglamento hipotecario -EDL 1947/13-, y será el propio notario el que lo acuerde, aunque opino que ese acuerdo también puede adoptarlo el juez de instrucción en un procedimiento penal como medida cautelar, y aunque el delito que se persiga sea otro distinto, como puede ser un delito de estafa o alzamiento de bienes cometido por uno de los otorgantes de la hipoteca en cuya ejecución nos encontremos al socaire de lo dispuesto en el art. 13 LECrim -EDL 1882/1-. Sin embargo, lo que sí entiendo que puede ser oportuno, y puede adoptarse como una medida cautelar o provisional en vía civil por el juez de lo mercantil que esté conociendo de la nulidad, es la anotación de la demanda en la hoja registral correspondiente, y la comunicación a la notaría donde se lleve la ejecución extrajudicial para que se conozca por los posibles participantes en esa subasta que ese bien está afecto al resultado de esa acción civil ejercitada, art. 42 y 131 de la Ley Hipotecaria -EDL 1946/59- y 139 del Rto. Hipotecario -EDL 1947/13-.
Referida la cuestión planteada a la competencia para conocer de las demandas...
Referida la cuestión planteada a la competencia para conocer de las demandas planteadas en solicitud de declararse la nulidad de "clausulas abusivas" contenidas en una escritura de constitución de hipoteca, planteándose primeramente ante qué órgano judicial debe de presentarse la demanda conteniendo dicha pretensión, como punto de partida es de señalar que si bien el artículo 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial -EDL 1985/8754 establece en su número 2.d la competencia de los Juzgados de lo Mercantil para conocer de "las acciones relativas a las condiciones generales de la contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia", considero que dicha norma no es de aplicación a los supuestos contemplados en la cuestión pues por tales acciones relativas a las condiciones generales de la contratación en los casos previstos..... se está haciendo referencia a las acciones que la Ley sobre las Condiciones Generales de la Contratación -EDL 1998/43305 recoge en su artículo 12, es decir, acciones colectivas a ejercitar –únicamente por determinadas entidades o instituciones, con el resultado de recaer una sentencia con eficacia erga omnes.
Es decir, el caso planteado es distinto, tratándose de la solicitud de nulidad de una cláusula contractual por medio de las reglas generales reguladoras de la nulidad contractual.
En este sentido el auto del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona de 17.2.2005 o el auto de la Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 27 de marzo de 2008: "la competencia de dichos juzgados de lo mercantil solo vendrá determinada en los supuestos en los que se ejercite alguna de las acciones especiales que la ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, establece de forma especial en su artículo 12...".
Sentado lo anterior, la cuestión que se plantea es ¿ante que órgano judicial se peticiona la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria? .
Es de destacar que la suspensión de un procedimiento debe de peticionarse ante el propio órgano judicial que conoce del mismo, esto es, en el caso de la cuestión, la petición de suspensión de la ejecución hipotecaria debe de presentarse ante el Juzgado que conoce de la ejecución hipotecaria, no ante el órgano judicial que conoce de la demanda de nulidad de cláusulas abusivas en la escritura de constitución de la hipoteca.
Dicha petición, fundada en cuanto al fondo en lo resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (S. 14 de marzo de 2013 -EDJ 2013/21522-), debe de formularse ante el Juzgado que conoce de la ejecución hipotecaria en base a la existencia de una cuestión prejudicial civil: para resolver en la ejecución hipotecaria es preciso que previamente se haya resuelto la cuestión relativa a la nulidad de la clausula contractual por el tribunal que conoce de tal demanda de nulidad de las condiciones establecidas en la hipoteca.
Si se trata de ejecución notarial considero que el Notario deberá de suspender la ejecución extrajudicial de acreditársele la presentación y admisión de la demanda en solicitud de la nulidad de las cláusulas, debiendo de estar a lo que se resuelva en el mismo.
La contestación es afirmativa, en aplicación de nuestro sistema de fuentes ...
La contestación es afirmativa, en aplicación de nuestro sistema de fuentes de derecho y de la jerarquía normativa de las normas en conflicto. Hasta ahora erróneamente creímos muchos jueces españoles que la regla vigente nos impedía suspender cautelarmente una ejecución hipotecaria, para asegurar la efectividad de la decisión sobre si una cláusula es abusiva, ya que el art. 695 LEC -EDL 2000/77463 prohíbe expresamente al juez que conoce de la ejecución, apreciar causas de oposición distintas de las previstas en él, mientras que el 698 LEC -EDL 2000/77463 prevé que el conocimiento de otras reclamaciones o causas de oposición (por el juez que conoce de la ejecución o por otro) no produzca "nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento que se establece", sino sólo la retención de la cantidad obtenida en la ejecución para responder de los resarcimientos que puedan ser procedentes. Este limitación respetaba formalmente el contenido del derecho de propiedad del propietario del bien hipotecado, enajenado para pagar, pues desde un punto de vista teórico mantenía su posición patrimonial, ya que recibía a cambio del derecho de propiedad su justo precio, determinado con las garantías de un procedimiento de ejecución, sin embargo la realidad muestra que los precios obtenidos en los procedimientos de ejecución suelen ser inferiores a los de mercado y, además, no tienen en cuenta los valores de afección y otros similares sobre el bien hipotecado, de los que se dispone sin compensación en el procedimiento de la LEC.
El TJUE ha declarado contrario a la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores -EDL 1993/15910-, el precepto de la ley de enjuiciamiento civil que no permite que el juez, que conoce del proceso declarativo sobre el carácter abusivo de una cláusula, adopte como medida cautelar la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando sea necesario acordar tal medida para garantizar la plena eficacia de su decisión final.
Como consecuencia de esa decisión, teniendo en cuenta: que en nuestro sistema de fuentes del derecho, tiene rango superior la norma comunitaria: que carecen de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior y que es obligada la observancia de lo resuelto por el TJUE, los jueces con competencia para decidir sobre el carácter abusivo de una cláusula que afecta a los consumidores, son (art. 723 LEC -EDL 2000/77463-), también competentes para ordenar la suspensión como medida cautelar de la ejecución sobre el bien hipotecado, tanto del procedimiento de ejecución hipotecaria como de la ejecución ante notario.
Esto es así porque el TJUE atribuye al juez competencia para adoptar medidas cautelares, sin distinguir entre procesos de ejecución hipotecaria y ejecución extrajudicial de hipotecas ante notario, por tanto también se podrá adoptar una medida cautelar respecto de una ejecución extrajudicial.
Sin ninguna duda, siempre será competente para adoptar la medida, al menos el juez que conoce del pleito principal, cuya eficacia se asegura. De acuerdo con el artículo 86 ter. 2 de la LOPJ -EDL 1985/8754 los jueces de lo mercantil son competentes para conocer de las acciones sobre condiciones generales de la contratación, por lo que también lo son para adoptar las medidas cautelares de la pregunta, incluso las cautelarísimas, a instancia de parte (como todas las cautelares art. 721 LEC -EDL 2000/77463-), pero sin oír a la parte contraria.
Por último, en aplicación del artículo 43 de la LEC -EDL 2000/77463-, el juez que conozca del procedimiento hipotecario podrá también suspenderlo por prejudicialidad civil, pero sólo "a petición de ambas partes o de una de ellas, oída la contraria".
Como consecuencia de lo expuesto, el juez de lo mercantil que conoce de una acción sobre declaración como abusiva de una cláusula que afecta a los consumidores, en un contrato con garantía hipotecaria, es competente para ordenar la suspensión de la ejecución como medida cautelar, mientras que el juez que conoce del procedimiento hipotecario, también puede ordenar cautelarmente la suspensión por prejudicialidad civil, sólo a petición y oídas las partes, cuando ante el juez de lo mercantil penda el proceso sobre declaración de la cláusula como abusiva.
La cuestión suscitada tiene su trascendencia, porque, de suyo, fue planteada...
La cuestión suscitada tiene su trascendencia, porque, de suyo, fue planteada por un juez mercantil la cuestión prejudicial. Así, la importancia de la sentencia del TJUE se centra más que en el análisis de las razones que alega el juez de lo mercantil sobre el carácter abusivo, o no, de unas cláusulas de un contrato de préstamo hipotecario, en el aspecto procesal que lleva consigo que un juez de primera instancia o mercantil ante quien se postula en un declarativo la nulidad de las cláusulas de un contrato de préstamo hipotecario que esté imposibilitado de adoptar medidas afectantes a la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria, que es lo que, en definitiva, tiene trascendencia en la materia aquí tratada y lo que va a vincular a partir de esta sentencia de 14 de Marzo de 2013 a los jueces españoles -EDJ 2013/21522-.
Antes de la sentencia del TJUE el juez mercantil no podría adoptar medidas cautelares para referirse a un procedimiento de ejecución hipotecaria, tanto si es judicial como notarial. Incluso, el TJUE señala que en la documentación que ante el Tribunal se aporta consta que el sistema procesal español prohíbe al juez que conoce de un proceso declarativo vinculado al procedimiento de ejecución hipotecaria adoptar medidas cautelares que garanticen la plena eficacia de su decisión final, no sólo cuando aprecie el carácter abusivo, con arreglo al artículo 6 de la Directiva -EDL 1993/15910-, de una cláusula contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, sino también cuando compruebe que esa cláusula resulta contraria a las normas nacionales de orden público, lo que le corresponde a él verificar. Pero tras esta puede hacerlo cuando ante este se presente la demanda e instar del juez civil que tramita la ejecución la suspensión. Ahora bien, el propio TJUE reconoce que el juez nacional está obligado, en virtud de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a apreciar de oficio el carácter abusivo de todas las cláusulas contractuales comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva, incluso en el caso de que no se haya solicitado expresamente, tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello. Pero con la sentencia también se abre la puerta, incluso, está siendo objeto de modificación legal en la actualidad, a que el mismo juez que tramita la ejecución hipotecaria pueda admitir la suspensión de la misma por la alegación del motivo de oposición circunscrito a la nulidad de una cláusula abusiva, circunstancia que ahora, tras esta sentencia, se puede alegar ante el juez civil, lo que le permitirá a este, mientras se aprueba la reforma de la LEC -EDL 2000/77463 admitir la oposición. Recordemos que en la actualidad, con arreglo al artículo 698 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cualquier otra reclamación que el deudor pueda formular, incluso las que versen sobre nulidad del título o sobre el vencimiento, certeza, extinción o cuantía de la deuda, se ventilarán en el juicio que corresponda, (por ejemplo, esta ante el juez mercantil) sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento que se establece en el correspondiente capítulo de dicha Ley. Es decir, parece querer cuestionar el TJUE el "peregrinaje jurisdiccional" o mejor dicho de órganos judiciales que supone tener que acudir a otro juez para reclamar algo que está incluido en el debate del juez que conoce de la ejecución hipotecaria. Sin embargo, como hemos expuesto el juez mercantil ya podrá ahora acordar la suspensión cautelar y remitirse al juez civil, o también este admitir la oposición del deudor por la nulidad de la cláusula abusiva.

References: artículo 86
 artículo 43
 resolución 
de lege ferenda
 artículo 86
 artículo 698
 artículo 698
 artículo 86
 artículo 12
 artículo 86
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 86
 resolución 
 artículo 596
 artículo 86
 resolución 
 artículo 721
 artículo 727
 artículo 43
 artículo 86
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 86
 artículo 43
 artículo 6
 artículo 698