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Timestamp: 2018-07-21 20:49:21+00:00

Document:
No sujeción al IVA de los servicios prestados por abogados y procuradores en el ámbito de la Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita – CDD
No sujeción al IVA de los servicios prestados por abogados y procuradores en el ámbito de la Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita
Autor José Antonio F. Pérez- Campoamor
Fecha 24 octubre, 2017
Consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (DGT) de 30 de junio de 2017, número V1706-17.
Los servicios de asistencia jurídica gratuita se han incluido entre las operaciones no sujetas al IVA (artículo 7.10º de la Ley 37/1992), hasta que la aplicación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sentencia de 28 de julio de 2016, asunto C-543/14) determinó que la DGT procediera al cambio de criterio en consulta vinculante V0179-17 de 25 de enero de 2017. Estos servicios pasaban a considerarse sujetos y no exentos del IVA, siendo aplicable el tipo impositivo general del 21 por ciento.
No obstante lo anterior, la nueva regulación de la asistencia jurídica gratuita otorgada por la Ley 2/2017, de modificación de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, ha traído consigo que la DGT considere de nuevo, tal como ha expresado en su Consulta vinculante de 30 de junio de 2017, número V1706-17, que los servicios prestados por abogados y procuradores en el marco de esta Ley 1/1996, no estarán sujetos al IVA desde el 1 de enero de 2017.
En efecto, la citada Consulta vinculante V1706-17, que ya se encuentra publicada en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública, se pronuncia sobre la sujeción o no al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los servicios prestados por una abogado ejerciente adscrito al servicio de asistencia jurídica gratuita al amparo de lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (BOE de 12 de enero).
Pues bien, partiendo del artículo 7.10º de la Ley 37/1992, del IVA, que incluye entre las operaciones no sujetas a este impuesto a:
“Las prestaciones de servicios a título gratuito a que se refiere el artículo 12, número 3º de esta Ley que sean obligatorias para el sujeto pasivo en virtud de normas jurídicas o convenios colectivos, incluso los servicios telegráficos y telefónicos prestados en régimen de franquicia”.
En consecuencia, los servicios objetos de consulta no estarán sujetos al IVA cuando sean obligatorios para su prestador y se realicen a título gratuito, entendido que se cumple este último requisito cuando el consultante no perciba cantidad alguna como contraprestación de sus servicios profesionales.
En este sentido, la doctrina de la DGT estaba recogida en la contestación a la consulta vinculante de 25 de enero de 2017, número V0179-17, donde se concluyó lo siguiente:
“4.- En consecuencia, la aplicación de la jurisprudencia del Tribunal al supuesto planteado determina que esta Dirección General de Tributos deba proceder a cambiar el criterio mantenido hasta ahora respecto de la tributación de los servicios prestados por abogados y procuradores a los beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita al amparo de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, puesto que tales servicios se encuentran sujetos y no exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido, siendo aplicable el tipo impositivo general del 21 por ciento.
En consecuencia, considerando que los servicios de asistencia jurídica prestados por los abogados o procuradores a los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita son retribuidos no por dicho destinatario sino por un tercero, en este caso la Administración Pública competente, se llega a la conclusión del carácter oneroso de tales servicios, formando parte la base imponible de dicha prestación la retribución que perciban con cargo a fondos públicos por su intervención en el correspondiente procedimiento judicial.”
No obstante lo anterior, la Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (BOE de 22 de junio), ha modificado, con efectos desde 1 de enero de 2017, la referida Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica. La nueva regulación de la asistencia jurídica gratuita se fundamenta en dos principios fundamentales: su carácter obligatorio para los profesionales, abogados y procuradores, que deban realizar la prestación para dar cumplimiento al mandato contenido en el artículo 119 de la Constitución, así como que esta prestación será realizada a título gratuito por los referidos profesionales.
Así, el carácter obligatorio del servicio profesional queda definido en la nueva redacción del artículo 1 de la Ley 1/1996, al disponer que “el servicio de asistencia jurídica gratuita será obligatorio en los términos previstos en esta ley. Los Colegios profesionales podrán organizar el servicio y dispensar al colegiado cuando existan razones que lo justifiquen.”.
Por su parte, el carácter gratuito de la operación para los profesionales obligados a su prestación queda reflejado en el artículo 22 de la Ley 1/1996 cuando establece que “los profesionales que presten el servicio obligatorio de justicia gratuita, tendrán derecho a una compensación que tendrá carácter indemnizatorio.”
Asimismo, el artículo 30 de la Ley 1/1996 señala, en relación con el carácter indemnizatorio de la compensación que puedan percibir los abogados y procuradores, que:
“El importe de la indemnización se aplicará fundamentalmente a compensar las actuaciones profesionales previstas en los apartados 1 a 3 del artículo 6 de esta ley, cuando tengan por destinatarios a quienes hayan obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.”
En este sentido debe tenerse en cuenta que, aunque el artículo 78.Uno de la Ley 37/1992 del IVA establece que “la base imponible del Impuesto estará constituida por el importe total de la contraprestación de las operaciones sujetas al mismo procedente del destinatario o de terceras personas”, el número 1º del apartado Tres del propio artículo 78 de la Ley del Impuesto dispone que no se incluirán en la base imponible:
“1º. Las cantidades percibidas por razón de indemnizaciones, distintas de las contempladas en el apartado anterior que, por su naturaleza y función, no constituyan contraprestación o compensación de las entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al Impuesto. (…).”
Por lo que respecta a la tributación de las indemnizaciones en el IVA, resultan de interés los criterios fijados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sus Sentencias de 29 de febrero de 1996, asunto C-215/94, y de 18 de diciembre de 1997, asunto C-384/95.
En la Sentencia de 29 de febrero de 1996, asunto C-215/94 (Sentencia Mohr), el Tribunal de Justicia se pronunció sobre la cuestión de si, a efectos de la Sexta Directiva, constituye una prestación de servicios el compromiso de abandonar la producción lechera que asume un agricultor en el marco de un Reglamento comunitario que establece una indemnización por el abandono definitivo de la producción lechera. El Tribunal de Justicia respondió negativamente a esta cuestión, al declarar que el IVA es un impuesto general sobre el consumo de bienes y servicios y que, en un caso como el que se le había sometido, no se daba ningún consumo en el sentido del sistema comunitario del IVA. Consideró el Tribunal de Justicia que, al indemnizar a los agricultores que se comprometen a abandonar su producción lechera, la Comunidad no adquiere bienes ni servicios en provecho propio, sino que actúa en el interés general de promover el adecuado funcionamiento del mercado lechero comunitario. En estas circunstancias, el compromiso del agricultor de abandonar la producción lechera no ofrece a la Comunidad ni a las autoridades nacionales competentes ninguna ventaja que pueda permitir considerarlas consumidores de un servicio y no constituye, por consiguiente, una prestación de servicios en el sentido del apartado 1 del artículo 6 de la Sexta Directiva.
En la Sentencia de 18 de diciembre de 1997, asunto C-384/95 (Sentencia Landboden), el Tribunal de Justicia señaló que, en contra de determinadas interpretaciones del citado razonamiento seguido por el Tribunal en la Sentencia Mohr, “tal razonamiento no excluye que un pago realizado por una autoridad pública en interés general pueda constituir la contrapartida de una prestación de servicios a efectos de la Sexta Directiva y tampoco supone que el concepto de prestación de servicios dependa del destino que dé al servicio el que paga por él. Únicamente debe tenerse en cuenta, para quedar sujeto al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, la naturaleza del compromiso asumido y este compromiso debe suponer un consumo” (punto 20 de la Sentencia).
Del sistema de asistencia jurídica gratuita, establecido por la nueva regulación de la Ley 1/1996, resulta que los abogados y procuradores que vayan a realizar sus prestaciones de servicios profesionales recibirán determinadas cantidades de los Colegios profesionales cuya finalidad es compensar con carácter indemnizatorio su actuación en el marco de la obligación contenida en la propia Ley 1/1996.
De todo lo dicho, la DGT concluye que estas cantidades no constituyen, por tanto, la contraprestación de operación alguna sujeta al IVA, declarando que, desde el 1 de enero de 2017, fecha de efectos de la nueva regulación del sistema de asistencia jurídica gratuita, los servicios presados por abogados y procuradores en el marco de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, no estarán sujetos al IVA.
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Tag:Asistencia jurídica gratuita, IVA, Ley 1/1996
José Antonio F. Pérez- Campoamor
Inspector de Hacienda del Estado y Director Académico del Máster en Asesoría Fiscal y Práctica Profesional Online de CDD Business School
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References: artículo 7
 artículo 12
 artículo 119
 artículo 1
 artículo 22
 artículo 30
 artículo 6
 artículo 78
 artículo 78
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