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Timestamp: 2017-05-26 05:33:47+00:00

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Ley 22/2003 de 9 de Jul (Ley Concursal) - TÍTULO III. De los efectos de la declaración deconcurso | Iberley
Validez desde 01 de Enero de 2016 Fecha de entrada en vigor: 01/09/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado
TÍTULO III. De los efectos de la declaración deconcurso
1. En caso de concurso voluntario, el deudor conservará las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de éstas a la intervención de la administración concursal, mediante su autorización o conformidad. 2. En caso de concurso necesario, se suspenderá el ejercicio por el deudor de las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, siendo sustituido por la administración concursal. 3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez podrá acordar la suspensión en caso de concurso voluntario o la mera intervención cuando se trate de concurso necesario. En ambos casos, deberá motivarse el acuerdo señalando los riesgos que se pretendan evitar y las ventajas que se quieran obtener. 4. A solicitud de la administración concursal y oído el concursado, el juez, mediante auto, podrá acordar en cualquier momento el cambio de las situaciones de intervención o de suspensión de las facultades del deudor sobre su patrimonio. El cambio de las situaciones de intervención o de suspensión y la consiguiente modificación de las facultades de la administración concursal se someterá al régimen de publicidad de los artículos 23 y 24. 5. En caso de concurso de la herencia, corresponderá a la administración concursal el ejercicio de las facultades patrimoniales de administración y disposición sobre el caudal relicto, sin que pueda cambiarse esta situación. 6. La intervención y la suspensión se referirán a las facultades de administración y disposición sobre los bienes, derechos y obligaciones que hayan de integrarse en el concurso y, en su caso, a las que correspondan al deudor de la sociedad o comunidad conyugal. El deudor conservará la facultad de testar, sin perjuicio de los efectos del concurso sobre la herencia. 7. Los actos del deudor que infrinjan las limitaciones establecidas en este artículo sólo podrán ser anulados a instancia de la administración concursal y cuando ésta no los hubiese convalidado o confirmado. Cualquier acreedor y quien haya sido parte en la relación contractual afectada por la infracción podrá requerir de la administración concursal que se pronuncie acerca del ejercicio de la correspondiente acción o de la convalidación o confirmación del acto. La acción de anulación se tramitará, en su caso, por los cauces del incidente concursal y caducará, de haberse formulado el requerimiento, al cumplirse un mes desde la fecha de éste. En otro caso, caducará con el cumplimiento del convenio por el deudor o, en el supuesto de liquidación, con la finalización de ésta. Los referidos actos no podrán ser inscritos en registros públicos mientras no sean confirmados o convalidados, o se acredite la caducidad de la acción de anulación o su desestimación firme.
1. El deudor tiene el deber de comparecer personalmente ante el juzgado de lo mercantil y ante la administración concursal cuantas veces sea requerido y el de colaborar e informar en todo lo necesario o conveniente para el interés del concurso. Cuando el deudor sea persona jurídica, estos deberes incumbirán a sus administradores o liquidadores y a quienes hayan desempeñado estos cargos dentro de los dos años anteriores a la declaración del concurso. 2. Los deberes a que se refiere el apartado anterior alcanzarán también a los apoderados del deudor y a quienes lo hayan sido dentro del período señalado.
Artículo 43. Conservación y administración
1. En el ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre la masa activa, se atenderá a su conservación del modo más conveniente para los intereses del concurso. A tal fin, la administración concursal podrán solicitar del juzgado el auxilio que estimen necesario. 2. Hasta la aprobación judicial del convenio o la apertura de la liquidación, no se podrán enajenar o gravar los bienes y derechos que integran la masa activa sin autorización del juez. 3. (Suprimido) 4. En el caso de transmisión de unidades productivas de bienes o servicios pertenecientes al concursado se estará a lo dispuesto por los artículos 146 bis y 149. Artículo 44. Continuación del ejercicio de la actividad profesional o empresarial.
1. La declaración de concurso no interrumpirá la continuación de la actividad profesional o empresarial que viniera ejerciendo el deudor. 2. En caso de intervención, y con el fin de facilitar la continuación de la actividad profesional o empresarial del deudor, la administración concursal podrá determinar los actos u operaciones propios del giro o tráfico de aquella actividad que, por razón de su naturaleza o cuantía, quedan autorizados con carácter general. No obstante lo establecido en el apartado anterior, y sin perjuicio de las medidas cautelares que hubiera adoptado el juez al declarar el concurso, hasta la aceptación de la administración concursal el deudor podrá realizar los actos propios de su giro o tráfico que sean imprescindibles para la continuación de su actividad, siempre que se ajusten a las condiciones normales del mercado. 3. En caso de suspensión de las facultades de administración y disposición del deudor, corresponderá a la administración concursal adoptar las medidas necesarias para la continuación de la actividad profesional o empresarial. 4. Como excepción a lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez, a solicitud de la administración concursal y previa audiencia del deudor y de los representantes de los trabajadores de la empresa, podrá acordar mediante auto el cierre de la totalidad o de parte de las oficinas, establecimientos o explotaciones de que fuera titular el deudor, así como, cuando ejerciera una actividad empresarial, el cese o la suspensión, total o parcial, de ésta. Cuando las medidas supongan la extinción, suspensión o modificación colectivas de los contratos de trabajo, incluidos los traslados colectivos, el juez actuará conforme a lo establecido en el artículo 8.2.º y simultáneamente iniciará el expediente del artículo 64. La administración concursal en su solicitud deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 64.4.
1. El deudor pondrá a disposición de la administración concursal los libros de llevanza obligatoria y cualesquiera otros libros, documentos y registros relativos a los aspectos patrimoniales de su actividad profesional o empresarial. 2. A solicitud de la administración concursal, el juez acordará las medidas que estime necesarias para la efectividad de lo dispuesto en el apartado anterior.
1. En caso de intervención, subsistirá la obligación legal de los administradores de formular y de someter a auditoría las cuentas anuales, bajo la supervisión de la administración concursal. La administración concursal podrá autorizar a los administradores del deudor concursado que el cumplimiento de la obligación legal de formular las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anterior a la declaración judicial de concurso se retrase al mes siguiente a la presentación del inventario y de la lista de acreedores. La aprobación de las cuentas deberá realizarse en los tres meses siguientes al vencimiento de dicha prórroga. De ello se dará cuenta al juez del concurso y, si la persona jurídica estuviera obligada a depositar las cuentas anuales, al Registro Mercantil en que figurase inscrita. Efectuada esta comunicación, el retraso del depósito de las cuentas no producirá el cierre de la hoja registral, si se cumplen los plazos para el depósito desde el vencimiento del citado plazo prorrogado de aprobación de las cuentas. En cada uno de los documentos que integran las cuentas anuales se hará mención de la causa legítima del retraso. 2. A petición fundada de la administración concursal, el juez del concurso podrá acordar la revocación del nombramiento del auditor de cuentas de la persona jurídica deudora y el nombramiento de otro para la verificación de las cuentas anuales. 3. En caso de suspensión, subsistirá la obligación legal de formular y de someter a auditoría las cuentas anuales, correspondiendo tales facultades a la administración concursal.
1. El concursado persona natural que se encuentre en estado de necesidad tendrá derecho a percibir alimentos durante la tramitación del concurso, con cargo a la masa activa, siempre que en ella existan bienes bastantes para atender sus necesidades y las de su cónyuge, pareja de hecho inscrita cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 25.3 y descendientes bajo su potestad. Su cuantía y periodicidad serán, en caso de intervención, las que acuerde la administración concursal y, en caso de suspensión, las que autorice el juez, oídos el concursado y la administración concursal. En este último caso, el juez, con audiencia del concursado o de la administración concursal y previa solicitud de cualquiera de ellas, podrá modificar la cuantía y la periodicidad de los alimentos. 2. Las personas respecto de las cuales el concursado tuviere deber legal de alimentos, con excepción de su cónyuge, pareja de hecho inscrita cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 25.3 y descendientes bajo su potestad, sólo podrán obtenerlos con cargo a la masa si no pudieren percibirlos de otras personas legalmente obligadas a prestárselos y siempre que hubieran ejercido la acción de reclamación en el plazo de un año a contar desde el momento en que debió percibirse, previa autorización del juez del concurso, que resolverá sobre su procedencia y cuantía. La obligación de prestar alimentos impuestos al concursado por resolución judicial dictada con anterioridad a la declaración de concurso se satisfará con cargo a la masa activa en la cuantía fijada por el juez de concurso, teniendo en cuanto al exceso la consideración de crédito concursal ordinario.
1. Durante la tramitación del concurso, se mantendrán los órganos de la persona jurídica deudora, sin perjuicio de los efectos que sobre su funcionamiento produzca la intervención o la suspensión de sus facultades de administración y disposición. 2. La administración concursal tendrá derecho de asistencia y de voz en las sesiones de los órganos colegiados de la persona jurídica concursada. A estos efectos, deberá ser convocada en la misma forma y con la misma antelación que los integrantes del órgano que ha de reunirse. La constitución de junta o asamblea u otro órgano colegiado con el carácter de universal no será válida sin la concurrencia de la administración concursal. Los acuerdos de la junta o de la asamblea que puedan tener contenido patrimonial o relevancia directa para el concurso requerirán, para su eficacia, de la autorización o confirmación de la administración concursal. 3. Los administradores o liquidadores del deudor persona jurídica continuarán con la representación de la entidad dentro del concurso. En caso de suspensión, las facultades de administración y disposición propias del órgano de administración o liquidación pasarán a la administración concursal. En caso de intervención, tales facultades continuarán siendo ejercidas por los administradores o liquidadores, con la supervisión de la administración concursal, a quien corresponderá autorizar o confirmar los actos de administración y disposición. Los apoderamientos que pudieran existir al tiempo de la declaración de concurso quedarán afectados por la suspensión o intervención de las facultades patrimoniales. 4. Si el cargo de administrador de la persona jurídica fuera retribuido, el juez del concurso podrá acordar que deje de serlo o reducir el importe de la retribución, a la vista del contenido y la complejidad de las funciones de administración y del patrimonio de la concursada. 5. A solicitud de la administración concursal, el juez podrá atribuirle, siempre que se encuentren afectados los intereses patrimoniales de la persona jurídica concursada, el ejercicio de los derechos políticos que correspondan a ésta en otras entidades.
1. Durante la tramitación del concurso de la sociedad, corresponderá exclusivamente a la administración concursal el ejercicio de la acción contra el socio o socios personalmente responsables por las deudas de ésta anteriores a la declaración de concurso. 2. Durante la tramitación del concurso de la sociedad, corresponderá exclusivamente a la administración concursal la reclamación, en el momento y cuantía que estime conveniente, del desembolso de las aportaciones sociales que hubiesen sido diferidas, cualquiera que fuera el plazo fijado en la escritura o en los estatutos, y de las prestaciones accesorias pendientes de cumplimiento.
1. Desde la declaración de concurso de persona jurídica, el juez del concurso, de oficio o a solicitud razonada de la administración concursal, podrá acordar, como medida cautelar, el embargo de bienes y derechos de sus administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, apoderados generales y de quienes hubieran tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de aquella declaración, cuando de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que en la sentencia de calificación las personas a las que afecte el embargo sean condenadas a la cobertura del déficit resultante de la liquidación en los términos previstos en esta ley. El embargo se acordará por la cuantía que el juez estime y podrá ser sustituido, a solicitud del interesado, por aval de entidad de crédito. 2. De igual manera, durante la tramitación del concurso de la sociedad, el juez, de oficio o a solicitud razonada de la administración concursal, podrá ordenar el embargo de bienes y derechos del socio o socios personalmente responsables por las deudas de la sociedad anteriores a la declaración de concurso, en la cuantía que estime bastante, cuando de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que la masa activa sea insuficiente para satisfacer todas las deudas, pudiendo, a solicitud del interesado, acordarse la sustitución del embargo por aval de entidad de crédito. 3. Contra el auto que resuelva sobre la medida cautelar cabrá recurso de apelación.
1. Declarado el concurso, todos los acreedores del deudor, ordinarios o no, cualquiera que sea su nacionalidad y domicilio, quedarán de derecho integrados en la masa pasiva del concurso, sin más excepciones que las establecidas en las leyes. 2. En caso de concurso de persona casada en régimen de gananciales o cualquier otro de comunidad de bienes, se integrarán en la masa pasiva los créditos contra el cónyuge del concursado, que sean, además, créditos de responsabilidad de la sociedad o comunidad conyugal.
1. Los jueces del orden civil y del orden social ante quienes se interponga demanda de la que deba conocer el juez del concurso de conformidad con lo previsto en esta ley se abstendrán de conocer, previniendo a las partes que usen de su derecho ante el juez del concurso. De admitirse a trámite las demandas, se ordenará el archivo de todo lo actuado, careciendo de validez las actuaciones que se hayan practicado. 2. Los jueces de lo mercantil no admitirán a trámite las demandas que se presenten desde la declaración del concurso hasta su conclusión, en las que se ejerciten acciones de reclamación de obligaciones sociales contra los administradores de las sociedades de capital concursadas que hubieran incumplido los deberes impuestos en caso de concurrencia de causa de disolución. De admitirse, será de aplicación lo dispuesto en el último inciso del apartado anterior. 3. Los jueces de primera instancia no admitirán a trámite las demandas que se presenten desde la declaración del concurso hasta su conclusión, en las que se ejercite la acción que se reconoce a los que pusieren su trabajo y materiales en una obra ajustada alzadamente contra el dueño de la obra en los términos previstos en el artículo 1.597 del Código Civil. De admitirse, será de aplicación lo dispuesto en el último inciso del primer apartado de este artículo. 4. Los jueces o tribunales de los órdenes contenciosoadministrativo, social o penal ante los que se ejerciten, con posterioridad a la declaración del concurso, acciones que pudieran tener trascendencia para el patrimonio del deudor emplazarán a la administración concursal y la tendrán como parte en defensa de la masa, si se personase.
1. Los juicios declarativos en que el deudor sea parte y que se encuentren en tramitación al momento de la declaración de concurso continuarán sustanciándose ante el mismo tribunal que estuviere conociendo de ellos hasta la firmeza de la sentencia. Por excepción se acumularán de oficio al concurso, siempre que se encuentren en primera instancia y no haya finalizado el acto de juicio o la vista, todos los juicios por reclamación de daños y perjuicios a la persona jurídica concursada contra sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, y contra los auditores. Los juicios acumulados continuarán su tramitación ante el juez del concurso, por los trámites del procedimiento por el que viniera sustanciándose la reclamación, incluidos los recursos que procedan contra la sentencia.2. En caso de suspensión de las facultades de administración y disposición del deudor, la administración concursal, en el ámbito de sus competencias, sustituirá a éste en los procedimientos judiciales en trámite, a cuyo efecto el Secretario judicial le concederá, una vez personada, un plazo de cinco días para que se instruya en las actuaciones, pero necesitará la autorización del Juez del concurso para desistir, allanarse, total o parcialmente, y transigir litigios. De la solicitud presentada por la administración concursal dará el Secretario judicial traslado al deudor en todo caso y a aquellas partes personadas en el concurso que el Juez estime deban ser oídas respecto de su objeto. Las costas impuestas a consecuencia del allanamiento o del desistimiento autorizados tendrán la consideración de crédito concursal; en caso de transacción, se estará a lo pactado en materia de costas. No obstante, la sustitución no impedirá que el deudor mantenga su representación y defensa separada por medio de sus propios procurador y abogado, siempre que garantice, de forma suficiente ante el juez del concurso, que los gastos de su actuación procesal y, en su caso, la efectividad de la condena en costas no recaerán sobre la masa del concurso, sin que en ningún caso pueda realizar las actuaciones procesales que, conforme al párrafo anterior, corresponden a la administración concursal con autorización del juez. 3. En caso de intervención, el deudor conservará la capacidad para actuar en juicio, pero necesitará la autorización de la administración concursal, para desistir, allanarse, total o parcialmente, y transigir litigios cuando la materia litigiosa pueda afectar a su patrimonio. En cuanto a las costas, se estará a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado anterior.
1. Declarado el concurso y hasta su conclusión, quedarán en suspenso los procedimientos iniciados antes de la declaración de concurso en los que se hubieran ejercitado acciones de reclamación de obligaciones sociales contra los administradores de las sociedades de capital concursadas que hubieran incumplido los deberes impuestos en caso de concurrencia de causa de disolución. 2. Declarado el concurso y hasta su conclusión, quedarán en suspenso los procedimientos iniciados con anterioridad en los que se hubiera ejercitado la acción que se reconoce a los que pusieren su trabajo y materiales en una obra ajustada alzadamente contra el dueño de la obra en los términos previstos en el artículo 1.597 del Código Civil.»
1. La declaración de concurso, por sí sola, no afecta a los pactos de mediación ni a los convenios arbitrales suscritos por el concursado. Cuando el órgano jurisdiccional entendiera que dichos pactos o convenios pudieran suponer un perjuicio para la tramitación del concurso podrá acordar la suspensión de sus efectos, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales. 2. Los procedimientos arbitrales en tramitación al momento de la declaración de concurso se continuarán hasta la firmeza del laudo, siendo de aplicación las normas contenidas en los apartados 2 y 3delartículo anterior.
1. Las sentencias y los laudos firmes dictados antes o después de la declaración de concurso vinculan al juez de éste, el cual dará a las resoluciones pronunciadas el tratamiento concursal que corresponda. 2. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la acción que asiste a la administración concursal para impugnar los convenios y procedimientos arbitrales en caso de fraude.
1. En caso de suspensión de las facultades de administración y disposición del deudor, corresponderá a la administración concursal la legitimación para el ejercicio de las acciones de índole no personal. Para el ejercicio de las demás acciones comparecerá en juicio el propio deudor, quien precisará la conformidad de la administración concursal para interponer demandas o recursos, allanarse, transigir o desistir cuando la materia litigiosa pueda afectar a su patrimonio. 2. En caso de intervención, el deudor conservará la capacidad para actuar en juicio, pero necesitará la conformidad de la administración concursal para interponer demandas o recursos que puedan afectar a su patrimonio. Si la administración concursal estimara conveniente a los intereses del concurso la interposición de una demanda y el deudor se negara a formularla, el juez del concurso podrá autorizar a aquélla para interponerla. 3. El deudor podrá personarse y defenderse de forma separada en los juicios que la administración concursal haya promovido. Las costas que se impusieran al deudor que hubiera actuado de forma separada no tendrán la consideración de deudas de la masa. 4. Los acreedores que hayan instado por escrito a la administración concursal el ejercicio de una acción del concursado de carácter patrimonial, señalando las pretensiones concretas en que consista y su fundamentación jurídica, estarán legitimados para ejercitarla si ni el concursado, en su caso, ni la administración concursal lo hiciesen dentro de los dos meses siguientes al requerimiento. En ejercicio de esta acción subsidiaria, los acreedores litigarán a su costa en interés de la masa. En caso de que la demanda fuese total o parcialmente estimada, tendrán derecho a reembolsarse con cargo a la masa activa de los gastos y costas en que hubieran incurrido, hasta el límite de lo obtenido como consecuencia de la sentencia, una vez que ésta sea firme. Las acciones ejercitadas conforme al párrafo anterior se notificarán a la administración concursal.
1. Declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor. Hasta la aprobación del plan de liquidación, podrán continuarse aquellos procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado diligencia de embargo y las ejecuciones laborales en las que se hubieran embargado bienes del concursado, todo ello con anterioridad a la fecha de declaración del concurso, siempre que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.. 2. Las actuaciones que se hallaran en tramitación quedarán en suspenso desde la fecha de declaración de concurso, sin perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar a los respectivos créditos. 3. Cuando las actuaciones de ejecución hayan quedado en suspenso conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez, a petición de la administración concursal y previa audiencia de los acreedores afectados, podrá acordar el levantamiento y cancelación de los embargos trabados cuando el mantenimiento de los mismos dificultara gravemente la continuidad de la actividad profesional o empresarial del concursado. El levantamiento y cancelación no podrá acordarse respecto de los embargos administrativos. 4. Se exceptúa de las normas contenidas en los apartados anteriores lo establecido en esta ley para los acreedores con garantía real.
1. Los acreedores con garantía real sobre bienes del concursado que resulten necesarios para la continuidad de su actividad profesional o empresarial no podrán iniciar la ejecución o realización forzosa de la garantía hasta que se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho o trascurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido la apertura de la liquidación. En particular, no se considerarán necesarias para la continuación de la actividad las acciones o participaciones de sociedades destinadas en exclusiva a la tenencia de un activo y del pasivo necesario para su financiación, siempre que la ejecución de la garantía constituida sobre las mismas no suponga causa de resolución o modificación de las relaciones contractuales que permitan al concursado mantener la explotación del activo. Tampoco podrán ejercitarse durante ese tiempo: a) Las acciones tendentes a recuperar los bienes vendidos a plazos o financiados con reserva de dominio mediante contratos inscritos en el Registro de Bienes Muebles. b) Las acciones resolutorias de ventas de inmuebles por falta de pago del precio aplazado, aunque deriven de condiciones explícitas inscritas en el Registro de la Propiedad. c) Las acciones tendentes a recuperar los bienes cedidos en arrendamiento financiero mediante contratos inscritos en los Registros de la Propiedad o de Bienes Muebles o formalizados en documento que lleve aparejada ejecución. 2. Las actuaciones ya iniciadas en ejercicio de las acciones a que se refiere el apartado anterior se suspenderán, si no hubiesen sido suspendidas en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 bis, desde que la declaración del concurso, sea o no firme, conste en el correspondiente procedimiento, aunque ya estuvieran publicados los anuncios de subasta del bien o derecho. Sólo se alzará la suspensión de la ejecución y se ordenará que continúe cuando se incorpore al procedimiento testimonio de la resolución del juez del concurso que declare que los bienes o derechos no son necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. 3. Durante la paralización de las acciones o la suspensión de las actuaciones y cualquiera que sea el estado de tramitación del concurso, la administración concursal podrá ejercitar la opción prevista en el apartado 2 del artículo 155. 4. La declaración de concurso no afectará a la ejecución de la garantía cuando el concursado tenga la condición de tercer poseedor del bien objeto de ésta. 5. A los efectos de lo dispuesto en este artículo y en el anterior, corresponderá al juez del concurso determinar si un bien del concursado resulta necesario para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.
1. El ejercicio de acciones que se inicie o se reanude conforme a lo previsto en el artículo anterior durante la tramitación del concurso se someterá a la jurisdicción del juez de éste, quien a instancia de parte decidirá sobre su procedencia y, en su caso, acordará su tramitación en pieza separada, acomodando las actuaciones a las normas propias del procedimiento judicial o extrajudicial que corresponda. 2. Iniciadas o reanudadas las actuaciones, no podrán ser suspendidas por razón de vicisitudes propias del concurso. 3. Abierta la fase de liquidación, los acreedores que antes de la declaración de concurso no hubieran ejercitado estas acciones perderán el derecho de hacerlo en procedimiento separado. Las actuaciones que hubieran quedado suspendidas como consecuencia de la declaración de concurso se reanudarán, acumulándose al procedimiento de ejecución colectiva como pieza separada.
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 205, declarado el concurso, no procederá la compensación de los créditos y deudas del concursado, pero producirá sus efectos la compensación cuyos requisitos hubieran existido con anterioridad a la declaración, aunque la resolución judicial o acto administrativo que la declare se haya dictado con posterioridad a ella. En caso de controversia en cuanto a este extremo, ésta se resolverá a través de los cauces del incidente concursal.
1. Desde la declaración de concurso quedará suspendido el devengo de los intereses, legales o convencionales, salvo los correspondientes a los créditos con garantía real, que serán exigibles hasta donde alcance la respectiva garantía. Los créditos salariales que resulten reconocidos devengarán intereses conforme al interés legal del dinero fijado en la correspondiente Ley de Presupuestos. Los créditos derivados de los intereses tendrán la consideración de subordinados a los efectos de lo previsto en el artículo 92.3º. de esta ley. 2. No obstante, cuando en el concurso se llegue a una solución de convenio que no implique quita, podrá pactarse en él el cobro, total o parcial, de los intereses cuyo devengo hubiese resultado suspendido, calculados al tipo legal o al convencional si fuera menor. En caso de liquidación, si resultara remanente después del pago de la totalidad de los créditos concursales, se satisfarán los referidos intereses calculados al tipo convencional.
1. Declarado el concurso quedará suspendido el ejercicio del derecho de retención sobre bienes y derechos integrados en la masa activa. 2. Si en el momento de conclusión del concurso esos bienes o derechos no hubieran sido enajenados, deberán ser restituidos de inmediato al titular del derecho de retención cuyo crédito no haya sido íntegramente satisfecho. 3. Esta suspensión no afectará a las retenciones impuestas por la legislación administrativa, tributaria, laboral y de seguridad social.
1. Desde la declaración hasta la conclusión del concurso quedará interrumpida la prescripción de las acciones contra el deudor por los créditos anteriores a la declaración. 2. La interrupción de la prescripción no perjudicará a los deudores solidarios, así como tampoco a los fiadores y avalistas. 3. Desde la declaración hasta la conclusión del concurso quedará interrumpida la prescripción de las acciones contra socios y contra administradores, liquidadores y auditores de la persona jurídica deudora. También quedará interrumpida la prescripción de las acciones cuyo ejercicio quede suspendido en virtud de lo dispuesto en esta ley. 4. En el supuesto previsto en los apartados anteriores, el cómputo del plazo para la prescripción se iniciará nuevamente, en su caso, en el momento de la conclusión del concurso.
1. En los contratos celebrados por el deudor, cuando al momento de la declaración del concurso una de las partes hubiera cumplido íntegramente sus obligaciones y la otra tuviese pendiente el cumplimiento total o parcial de las recíprocas a su cargo, el crédito o la deuda que corresponda al deudor se incluirá, según proceda, en la masa activa o en la pasiva del concurso. 2. La declaración de concurso, por sí sola, no afectará a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte. Las prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la administración concursal, en caso de suspensión, o el concursado, en caso de intervención, podrán solicitar la resolución del contrato si lo estimaran conveniente al interés del concurso. El secretario judicial citará a comparecencia ante el juez al concursado, a la administración concursal y a la otra parte en el contrato y, de existir acuerdo en cuanto a la resolución y sus efectos, el juez dictará auto declarando resuelto el contrato de conformidad con lo acordado. En otro caso, las diferencias se sustanciarán por los trámites del incidente concursal y el juez decidirá acerca de la resolución, acordando, en su caso, las restituciones que procedan y la indemnización que haya de satisfacerse con cargo a la masa. Cuando se trate de la resolución de contratos de arrendamiento financiero, y a falta de acuerdo entre las partes, con la demanda incidental se acompañará tasación pericial independiente de los bienes cedidos que el juez podrá tener en cuenta al fijar la indemnización. 3. Se tendrán por no puestas las cláusulas que establezcan la facultad de resolución o la extinción del contrato por la sola causa de la declaración de concurso de cualquiera de las partes.
1. La declaración de concurso no afectará a la facultad de resolución de los contratos a que se refiere el apartado 2 del artículo precedente por incumplimiento posterior de cualquiera de las partes. Si se tratara de contratos de tracto sucesivo, la facultad de resolución podrá ejercitarse también cuando el incumplimiento hubiera sido anterior a la declaración de concurso. 2. La acción resolutoria se ejercitará ante el juez del concurso y se sustanciará por los trámites del incidente concursal. 3. Aunque exista causa de resolución, el juez, atendiendo al interés del concurso, podrá acordar el cumplimiento del contrato, siendo a cargo de la masa las prestaciones debidas o que deba realizar el concursado. 4. Acordada la resolución del contrato, quedarán extinguidas las obligaciones pendientes de vencimiento. En cuanto a las vencidas, se incluirá en el concurso el crédito que corresponda al acreedor que hubiera cumplido sus obligaciones contractuales, si el incumplimiento del concursado fuera anterior a la declaración de concurso; si fuera posterior, el crédito de la parte cumplidora se satisfará con cargo a la masa. En todo caso, el crédito comprenderá el resarcimiento de los daños y perjuicios que proceda.
1. Lo establecido en los artículos anteriores no afectará al ejercicio de la facultad de denuncia unilateral del contrato que proceda conforme a la ley. 2. Tampoco afectará a la aplicación de las leyes que dispongan o expresamente permitan pactar la extinción del contrato en los casos de situaciones concursales o de liquidación administrativa de alguna de las partes.
1. Los procedimientos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, de traslado colectivo, de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, una vez declarado el concurso, se tramitarán ante el juez del concurso por las reglas establecidas en el presente artículo. Si a la fecha de la declaración del concurso estuviere en tramitación un procedimiento de despido colectivo o de suspensión de contratos o reducción de jornada, la autoridad laboral remitirá lo actuado al juez del concurso. Dentro de los tres días siguientes al de recepción del expediente, el secretario judicial citará a comparecencia a los legitimados previstos en el apartado siguiente para exponer y justificar, en su caso, la procedencia de continuar con la tramitación de las medidas colectivas, conforme a lo previsto en este artículo. Las actuaciones practicadas en el procedimiento administrativo anterior hasta la fecha de la declaración de concurso conservarán su validez en el procedimiento que se tramite ante el juzgado. Si a la fecha de la declaración del concurso el empresario ya hubiera comunicado a la autoridad laboral la decisión adoptada al amparo de lo establecido en los artículos 51 o 47 del Estatuto de los Trabajadores o, en su caso, ya hubiera recaído resolución administrativa autorizando medidas de extinción, suspensión o reducción de jornada, corresponderá a la administración concursal la ejecución de tales medidas. En todo caso, la declaración de concurso ha de ser comunicada a la autoridad laboral a los efectos que procedan. 2. La administración concursal, el deudor o los trabajadores de la empresa concursada a través de sus representantes legales, podrán solicitar del juez del concurso la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y la extinción o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en que sea empleador el concursado. La representación de los trabajadores en la tramitación del procedimiento corresponderá a los sujetos indicados en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores, en el orden y condiciones señalados en el mismo. Transcurridos los plazos indicados en el referido artículo sin que los trabajadores hayan designado representantes, el juez podrá acordar la intervención de una comisión de un máximo de tres miembros, integrada por los sindicatos más representativos y los representativos del sector al que la empresa pertenezca. 3. La adopción de las medidas previstas en el apartado anterior sólo podrá solicitarse del juez del concurso una vez emitido por la administración concursal el informe a que se refiere el capítulo I del título IV de esta Ley, salvo que se estime que la demora en la aplicación de las medidas colectivas pretendidas puede comprometer gravemente la viabilidad futura de la empresa y del empleo o causar grave perjuicio a los trabajadores, en cuyo caso, y con acreditación de esta circunstancia, podrá realizarse la petición al juez en cualquier momento procesal desde la declaración de concurso. 4. La solicitud deberá exponer y justificar, en su caso, las causas motivadoras de las medidas colectivas pretendidas y los objetivos que se proponen alcanzar con éstas para asegurar, en su caso, la viabilidad futura de la empresa y del empleo, acompañando los documentos necesarios para su acreditación. La administración concursal podrá solicitar la colaboración del concursado o el auxilio del juzgado que estime necesario para su comprobación. 5. Recibida la solicitud, el juez convocará al concursado, a los representantes de los trabajadores y a la administración concursal a un período de consultas, cuya duración no será superior a treinta días naturales, o a quince, también naturales, en el supuesto de empresas que cuenten con menos de cincuenta trabajadores. En caso de intervención de las facultades de administración y disposición del deudor, el juez podrá autorizar la participación del concursado en el período de consultas. Los representantes de los trabajadores o la administración concursal podrán solicitar al juez la participación en el período de consultas de otras personas físicas o jurídicas que indiciariamente puedan constituir una unidad de empresa con la concursada. A estos efectos, podrán interesar el auxilio del juzgado que se estime necesario para su comprobación. Igualmente, para el caso de unidad empresarial, y a efectos de valorar la realidad económica del conjunto empresarial, se podrá reclamar la documentación económica consolidada o la relativa a otras empresas. Si la medida afecta a empresas de más de cincuenta trabajadores, deberá acompañarse a la solicitud un plan que contemple la incidencia de las medidas laborales propuestas en la viabilidad futura de la empresa y del empleo. En los casos en que la solicitud haya sido formulada por el empresario o por la administración concursal, la comunicación a los representantes legales de los trabajadores del inicio del período de consultas deberá incluir copia de la solicitud prevista en el apartado 4 de este artículo y de los documentos que en su caso se acompañen. El juez, a instancia de la administración concursal o de la representación de los trabajadores, podrá acordar en cualquier momento la sustitución del período de consultas por el procedimiento de mediación o arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la empresa, que deberá desarrollarse dentro del plazo máximo señalado para dicho período. 6. Durante el período de consultas, los representantes de los trabajadores y la administración concursal deberán negociar de buena fe para la consecución de un acuerdo. El acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los representantes legales de los trabajadores o, en su caso, de la mayoría de los miembros de la comisión representativa de los trabajadores siempre que, en ambos casos, representen a la mayoría de los trabajadores del centro o centros de trabajo afectados. El acuerdo suscrito por la administración concursal y los representantes de los trabajadores podrá ser acompañado con la solicitud, en cuyo caso, no será necesaria la apertura del período de consultas. En el acuerdo se recogerá la identidad de los trabajadores afectados y se fijarán las indemnizaciones, que se ajustarán a lo establecido en la legislación laboral, salvo que, ponderando los intereses afectados por el concurso, se pacten de forma expresa otras superiores. Al finalizar el plazo señalado o en el momento en que se consiga un acuerdo, la administración concursal y los representantes de los trabajadores comunicarán al juez del concurso el resultado del período de consultas. Recibida dicha comunicación, el secretario judicial recabará un informe de la autoridad laboral sobre las medidas propuestas o el acuerdo alcanzado, que deberá ser emitido en el plazo de quince días, pudiendo ésta oír a la administración concursal y a los representantes de los trabajadores antes de su emisión. Recibido el informe por el juez del concurso o transcurrido el plazo de emisión, seguirá el curso de las actuaciones. Si el informe es emitido fuera de plazo, podrá no obstante ser tenido en cuenta por el juez del concurso al adoptar la correspondiente resolución. 7. Cumplidos los trámites ordenados en los apartados anteriores, el juez resolverá en un plazo máximo de cinco días, mediante auto, sobre las medidas propuestas, aceptando, de existir, el acuerdo alcanzado, salvo que en la conclusión del mismo aprecie la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. En este caso, así como en el supuesto de no existir acuerdo, el juez determinará lo que proceda conforme a la legislación laboral. Si no hubiera sido alcanzado un acuerdo, el juez del concurso dará audiencia a quienes hubieran intervenido en el período de consultas, para lo cual, el secretario del juzgado les convocará a una comparecencia en la que podrán formular alegaciones y aportar prueba documental. El juez podrá sustituir esta comparecencia por un trámite escrito de alegaciones por tres días. El auto, en caso de acordarse la suspensión o extinción colectiva de los contratos de trabajo, surtirá efectos desde la fecha en que se dicte, salvo que en él se disponga otra fecha posterior, y producirá las mismas consecuencias que la decisión extintiva o suspensiva adoptada por el empresario al amparo de lo establecido en los artículos 51 o 47 del Estatuto de los Trabajadores o que, en su caso, la resolución administrativa de la autoridad laboral recaída en un expediente de regulación de empleo, a efectos del acceso de los trabajadores a la situación legal de desempleo. 8. Contra el auto a que se refiere el apartado anterior, la administración concursal, el concursado, los trabajadores a través de sus representantes y el Fondo de Garantía Salarial (en adelante FOGASA) podrán interponer recurso de suplicación, así como el resto de recursos previstos en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, que se tramitarán y resolverán ante los órganos jurisdiccionales del orden social, sin que ninguno de ellos tenga efectos suspensivos sobre la tramitación del concurso ni de los incidentes concursales. Las acciones que los trabajadores o el FOGASA puedan ejercer contra el auto en cuestiones que se refieran estrictamente a la relación jurídica individual, se sustanciarán por el procedimiento del incidente concursal en materia laboral. El plazo para interponer la demanda de incidente concursal es de un mes desde que el trabajador conoció o pudo conocer el auto del juez del concurso. La sentencia que recaiga será recurrible en suplicación. 9. En el supuesto de acordarse una modificación sustancial de carácter colectivo de las previstas en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, el derecho de rescisión de contrato con indemnización que, para tal supuesto, reconoce dicha norma legal, quedará en suspenso durante la tramitación del concurso y con el límite máximo de un año desde que se hubiere dictado el auto judicial que autorizó dicha modificación. La suspensión prevista en el párrafo anterior también será de aplicación cuando se acordare un traslado colectivo que suponga movilidad geográfica, siempre que el nuevo centro de trabajo se encuentre en la misma provincia que el centro de trabajo de origen y a menos de 60 kilómetros de éste, salvo que se acredite que el tiempo mínimo de desplazamiento, de ida y vuelta, supera el veinticinco por ciento de la duración de la jornada diaria de trabajo. Tanto en este caso como en los demás supuestos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, la improcedencia del ejercicio de la acción de rescisión derivada de la modificación colectiva de las condiciones de trabajo no podrá prolongarse por un período superior a doce meses, a contar desde la fecha en que se hubiere dictado el auto judicial que autorizó dicha modificación. 10. Las acciones resolutorias individuales interpuestas al amparo del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, motivadas por la situación económica o de insolvencia del concursado, tendrán la consideración de extinciones de carácter colectivo, desde que se acuerde la iniciación del procedimiento previsto en este artículo, para la extinción de los contratos. Acordada la iniciación del procedimiento previsto en este artículo, la totalidad de los procesos individuales seguidos frente a la concursada posteriores a la solicitud del concurso pendiente de resolución firme, se suspenderán hasta que adquiera firmeza el auto que ponga fin al procedimiento de extinción colectiva. La resolución que acuerde la suspensión se comunicará a la administración concursal a los efectos del reconocimiento como contingente del crédito que pueda resultar de la sentencia que en su día se dicte, una vez alzada la suspensión. Igualmente se comunicará a los tribunales ante los que estuvieren tramitando los procedimientos individuales. El auto que acuerde la extinción colectiva producirá efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales suspendidos. 11. En todo lo no previsto en este artículo se aplicará la legislación laboral y, especialmente, mantendrán los representantes de los trabajadores cuantas competencias les atribuye la misma.
1. Durante la tramitación del concurso, la administración concursal, por propia iniciativa o a instancia del deudor, podrá extinguir o suspender los contratos de éste con el personal de alta dirección. La decisión de la administración concursal podrá ser impugnada ante el juez del concurso a través del incidente concursal en materia laboral. La sentencia que recaiga será recurrible en suplicación. 2. En caso de suspensión del contrato, éste podrá extinguirse por voluntad del alto directivo, con preaviso de un mes, conservando el derecho a la indemnización en los términos del apartado siguiente. 3. En caso de extinción del contrato de trabajo, el juez del concurso podrá moderar la indemnización que corresponda al alto directivo, quedando en dicho supuesto sin efecto la que se hubiera pactado en el contrato, con el límite de la indemnización establecida en la legislación laboral para el despido colectivo. 4. La administración concursal podrá solicitar del juez que el pago de este crédito se aplace hasta que sea firme la sentencia de calificación.
1. Los efectos de la declaración de concurso sobre los contratos de carácter administrativo celebrados por el deudor con Administraciones públicas se regirán por lo establecido en su legislación especial. 2. Los efectos de la declaración de concurso sobre los contratos de carácter privado celebrados por el deudor con Administraciones públicas se regirán en cuanto a sus efectos y extinción, por lo establecido en esta Ley.
1. La administración concursal, por propia iniciativa o a instancia del concursado, podrá rehabilitar los contratos de préstamo y demás de crédito a favor de éste cuyo vencimiento anticipado por impago de cuotas de amortización o de intereses devengados se haya producido dentro de los tres meses precedentes a la declaración de concurso, siempre que, antes de que finalice el plazo para presentar la comunicación de créditos, notifique la rehabilitación al acreedor, satisfaga o consigne la totalidad de las cantidades debidas al momento de la rehabilitación y asuma los pagos futuros con cargo a la masa. 2. No procederá la rehabilitación cuando el acreedor se oponga y con anterioridad a la apertura del concurso, hubiese iniciado el ejercicio de las acciones en reclamación del pago contra el propio deudor, contra algún codeudor solidario o contra cualquier garante.
1. La administración concursal, por propia iniciativa o a instancia del concursado, podrá rehabilitar los contratos de adquisición de bienes muebles o inmuebles con contraprestación o precio aplazado cuya resolución se haya producido dentro de los tres meses precedentes a la declaración de concurso, siempre que, antes de que finalice el plazo para la comunicación de créditos, notifique la rehabilitación al transmitente, satisfaga o consigne la totalidad de las cantidades debidas en el momento de la rehabilitación y asuma los pagos futuros con cargo a la masa. El incumplimiento del contrato que hubiera sido rehabilitado conferirá al acreedor el derecho a resolverlo sin posibilidad de ulterior rehabilitación. 2. El transmitente podrá oponerse a la rehabilitación cuando, con anterioridad a la declaración de concurso, hubiese iniciado el ejercicio de las acciones de resolución del contrato o de restitución del bien transmitido, o cuando, con la misma antelación, hubiese recuperado la posesión material del bien por cauces legítimos y devuelto o consignado en lo procedente la contraprestación recibida o hubiese realizado actos dispositivos sobre el mismo en favor de tercero, lo que habrá de acreditar suficientemente si no constare a la administración concursal.
La administración concursal podrá enervar la acción de desahucio ejercitada contra el deudor con anterioridad a la declaración del concurso, así como rehabilitar la vigencia del contrato hasta el momento mismo de practicarse el efectivo lanzamiento. En tales casos, deberán pagarse con cargo a la masa todas las rentas y conceptos pendientes, así como las posibles costas procesales causadas hasta ese momento. No será de aplicación en estos casos la limitación que establece el último párrafo del artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
1. Declarado el concurso, serán rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración, aunque no hubiere existido intención fraudulenta. 2. El perjuicio patrimonial se presume, sin admitir prueba en contrario, cuando se trate de actos de disposición a título gratuito, salvo las liberalidades de uso, y de pagos u otros actos de extinción de obligaciones cuyo vencimiento fuere posterior a la declaración del concurso, excepto si contasen con garantía real, en cuyo caso se aplicará lo previsto en el apartado siguiente. 3. Salvo prueba en contrario, el perjuicio patrimonial se presume cuando se trate de los siguientes actos: 1.º Los dispositivos a título oneroso realizados a favor de alguna de las personas especialmente relacionadas con el concursado. 2.º La constitución de garantías reales a favor de obligaciones preexistentes o de las nuevas contraídas en sustitución de aquéllas. 3.º Los pagos u otros actos de extinción de obligaciones que contasen con garantía real y cuyo vencimiento fuere posterior a la declaración del concurso. 4. Cuando se trate de actos no comprendidos en los tres supuestos previstos en el apartado anterior, el perjuicio patrimonial deberá ser probado por quien ejercite la acción rescisoria. 5. En ningún caso podrán ser objeto de rescisión: 1.º Los actos ordinarios de la actividad profesional o empresarial del deudor realizados en condiciones normales. 2.º Los actos comprendidos en el ámbito de leyes especiales reguladoras de los sistemas de pagos y compensación y liquidación de valores e instrumentos derivados. 3.º Las garantías constituidas a favor de los créditos de Derecho Público y a favor del FOGASA en los acuerdos o convenios de recuperación previstos en su normativa específica. 6. El ejercicio de las acciones rescisorias no impedirá el de otras acciones de impugnación de actos del deudor que procedan conforme a Derecho, las cuales podrán ejercitarse ante el juez del concurso, conforme a las normas de legitimación y procedimiento que para aquéllas contiene el artículo 72. Artículo 71 bis. Régimen especial de determinados acuerdos de refinanciación.
1. No serán rescindibles los acuerdos de refinanciación alcanzados por el deudor, así como los negocios, actos y pagos, cualquiera que sea la naturaleza y la forma en que se hubieren realizado, y las garantías constituidas en ejecución de los mismos, cuando: a) En virtud de éstos se proceda, al menos, a la ampliación significativa del crédito disponible o a la modificación o extinción de sus obligaciones, bien mediante prórroga de su plazo de vencimiento o el establecimiento de otras contraídas en sustitución de aquéllas, siempre que respondan a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad profesional o empresarial en el corto y medio plazo; y b) Con anterioridad a la declaración del concurso: 1.º El acuerdo haya sido suscrito por acreedores cuyos créditos representen al menos tres quintos del pasivo del deudor en la fecha de adopción del acuerdo de refinanciación. A los efectos del cómputo de esa mayoría de pasivo se entenderá que, en los acuerdos sujetos a un régimen o pacto de sindicación, la totalidad de los acreedores sujetos a dicho acuerdo suscriben el acuerdo de refinanciación cuando voten a su favor los que representen al menos el 75 por ciento del pasivo afectado por el acuerdo de sindicación, salvo que las normas que regulan la sindicación establezcan una mayoría inferior, en cuyo caso será de aplicación esta última. En el caso de acuerdos de grupo, el porcentaje señalado se calculará tanto en base individual, en relación con todas y cada una de las sociedades afectadas, como en base consolidada, en relación con los créditos de cada grupo o subgrupo afectados y excluyendo en ambos casos del cómputo del pasivo los préstamos y créditos concedidos por sociedades del grupo. 2.º Se emita certificación del auditor de cuentas del deudor sobre la suficiencia del pasivo que se exige para adoptar el acuerdo. De no existir, será auditor el nombrado al efecto por el registrador mercantil del domicilio del deudor y, si éste fuera un grupo o subgrupo de sociedades, el de la sociedad dominante. 3.º El acuerdo haya sido formalizado en instrumento público al que se habrán unido todos los documentos que justifiquen su contenido y el cumplimiento de los requisitos anteriores. 2. Tampoco serán rescindibles aquellos actos que, realizados con anterioridad a la declaración de concurso, no puedan acogerse al apartado anterior pero cumplan todas las condiciones siguientes, ya sea de forma individual o conjuntamente con otros que se hayan realizado en ejecución del mismo acuerdo de refinanciación: a) Que incrementen la proporción de activo sobre pasivo previa. b) Que el activo corriente resultante sea superior o igual al pasivo corriente. c) Que el valor de las garantías resultantes a favor de los acreedores intervinientes no exceda de los nueve décimos del valor de la deuda pendiente a favor de los mismos, ni de la proporción de garantías sobre deuda pendiente que tuviesen con anterioridad al acuerdo. Se entiende por valor de las garantías el definido en el apartado 2 de la Disposición adicional cuarta. d) Que el tipo de interés aplicable a la deuda subsistente o resultante del acuerdo de refinanciación a favor del o de los acreedores intervinientes no exceda en más de un tercio al aplicable a la deuda previa. e) Que el acuerdo haya sido formalizado en instrumento público otorgado por todas las partes intervinientes en el mismo, y con constancia expresa de las razones que justifican, desde el punto de vista económico, los diversos actos y negocios realizados entre el deudor y los acreedores intervinientes, con especial mención de las condiciones previstas en las letras anteriores. Para verificar el cumplimiento de las condiciones a) y b) anteriores se tendrán en cuenta todas las consecuencias de índole patrimonial o financiera, incluidas las fiscales, las cláusulas de vencimiento anticipado, u otras similares, derivadas de los actos que se lleven a cabo, aun cuando se produzcan con respecto a acreedores no intervinientes. El cumplimiento de todas las condiciones anteriores deberá darse en el momento de la suscripción del instrumento público en el que se recojan los acuerdos. 3. Los acuerdos regulados en este artículo únicamente serán susceptibles de impugnación de conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo siguiente. 4. Tanto el deudor como los acreedores podrán solicitar el nombramiento de un experto independiente para que informe sobre el carácter razonable y realizable del plan de viabilidad, sobre la proporcionalidad de las garantías conforme a condiciones normales de mercado en el momento de la firma del acuerdo, así como las demás menciones que, en su caso, prevea la normativa aplicable. Cuando el informe contuviera reservas o limitaciones de cualquier clase, su importancia deberá ser expresamente evaluada por los firmantes del acuerdo. El nombramiento de un experto independiente corresponderá al registrador mercantil del domicilio del deudor. Si el acuerdo de refinanciación afectara a varias sociedades del mismo grupo, el informe podrá ser único y elaborado por un solo experto, designado por el registrador del domicilio de la sociedad dominante, si estuviera afectada por el acuerdo o, en su defecto, por el del domicilio de cualquiera de las sociedades del grupo. El nombramiento se hará entre profesionales que resulten idóneos para la función. Dichos expertos quedarán sometidos a las condiciones del artículo 28 y a las causas de incompatibilidad establecidas para los auditores en la legislación de auditoría de cuentas.
1. La legitimación activa para el ejercicio de las acciones rescisorias y demás de impugnación corresponderá a la administración concursal. Los acreedores que hayan instado por escrito de la administración concursal el ejercicio de alguna acción, señalando el acto concreto que se trate de rescindir o impugnar y el fundamento para ello, estarán legitimados para ejercitarla si la administración concursal no lo hiciere dentro de los dos meses siguientes al requerimiento. En este caso, en cuanto a los gastos y costas de los legitimados subsidiarios se aplicará la norma prevista en el apartado 4 del artículo 54. 2. Sólo la administración concursal estará legitimada para el ejercicio de la acción rescisoria y demás de impugnación que puedan plantearse contra los acuerdos de refinanciación del artículo 71 bis. La acción rescisoria solo podrá fundarse en el incumplimiento de las condiciones previstas en dicho artículo, correspondiendo a quien ejercite la acción la prueba de tal incumplimiento. Para el ejercicio de estas acciones no será de aplicación la legitimación subsidiaria prevista en el apartado anterior. 3. Las demandas de rescisión deberán dirigirse contra el deudor y contra quienes hayan sido parte en el acto impugnado. Si el bien que se pretenda reintegrar hubiera sido transmitido a un tercero, la demanda también deberá dirigirse contra éste cuando el actor pretenda desvirtuar la presunción de buena fe del adquirente o atacar la irreivindicabilidad de que goce o la protección derivada de la publicidad registral. 4. Las acciones rescisorias y demás de impugnación se tramitarán por el cauce del incidente concursal. Las demandas interpuestas por los legitimados subsidiarios se notificarán a la administración concursal. Artículo 73. Efectos de la rescisión.
1. La sentencia que estime la acción declarará la ineficacia del acto impugnado y condenará a la restitución de las prestaciones objeto de aquel, con sus frutos e intereses. 2. Si los bienes y derechos salidos del patrimonio del deudor no pudieran reintegrarse a la masa por pertenecer a tercero no demandado o que, conforme a la sentencia, hubiera procedido de buena fe o gozase de irreivindicabilidad o de protección registral, se condenará a quien hubiera sido parte en el acto rescindido a entregar el valor que tuvieran cuando salieron del patrimonio del deudor concursado, más el interés legal; si la sentencia apreciase mala fe en quien contrató con el concursado, se le condenará a indemnizar la totalidad de los daños y perjuicios causados a la masa activa. 3. El derecho a la prestación que resulte a favor de cualquiera de los demandados como consecuencia de la rescisión tendrá la consideración de crédito contra la masa, que habrá de satisfacerse simultáneamente a la reintegración de los bienes y derechos objeto del acto rescindido, salvo que la sentencia apreciare mala fe en el acreedor, en cuyo caso se considerará crédito concursal subordinado.
Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenacion, supervision y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.Fecha: 2016-01-01Tipo Norma: Boletín Oficial del EstadoArtículos:Artículo 233. Nombramiento de mediador concursal.D.A. 2ª. Régimen especial aplicable a entidades de crédito, empresas de servicios de inversión y entidades aseguradoras. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Regimen Juridico del Sector Publico.Fecha: 2015-10-22Tipo Norma: Boletín Oficial del EstadoArtículos:Artículo 90. Créditos con privilegioespecial. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Regimen Juridico del Sector Publico.Fecha: 2015-10-03Tipo Norma: Boletín Oficial del EstadoArtículos:Artículo 3. Legitimación.Artículo 34 ter. Régimen de la cuenta de garantía arancelaria.Artículo 34 quáter. Dotación de la cuenta de garantía arancelaria y obligaciones de comunicación. Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reduccion de la carga financiera y otras medidas de orden social.Fecha: 2015-07-30Tipo Norma: Boletín Oficial del EstadoArtículos:Artículo 34. Retribución.Artículo 34 bis. Apertura de la cuenta de garantía arancelaria.Artículo 34 ter. Régimen de la cuenta de garantía arancelaria.Artículo 34 quáter. Dotación de la cuenta de garantía arancelaria y obligaciones de comunicación.Artículo 92. Créditos subordinados.Artículo 176 bis. Especialidades de la conclusión por insuficiencia de masa activa.Artículo 178. Efectos de la conclusión del concurso.Artículo 178 bis. Beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho.Artículo 184. Representación y defensaArtículo 231. Presupuestos.Artículo 232. Solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos.Artículo 233. Nombramiento de mediador concursal.Artículo 234. Convocatoria a los acreedores.Artículo 235. Efectos de la iniciación del expediente.Artículo 236. Propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos.Artículo 238. El acuerdo extrajudicial de pagos.Artículo 238 bis. Extensión subjetiva.Artículo 239. Impugnación del acuerdo.Artículo 240. Efectos del acuerdo sobre los acreedores.Artículo 241. Cumplimiento e incumplimiento del acuerdo.Artículo 242. Especialidades del concurso consecutivo.Artículo 242 bis. Especialidades del acuerdo extrajudicial de pagos de personas naturales no empresarios.D.A. 2ª. Régimen especial aplicable a entidades de crédito, empresas de servicios de inversión y entidades aseguradoras.... Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperacion y resolucion de entidades de credito y empresas de servicios de inversion.Fecha: 2015-06-20Tipo Norma: Boletín Oficial del EstadoArtículos:D.A. 2ª. Régimen especial aplicable a entidades de crédito, empresas de servicios de inversión y entidades aseguradoras. Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal.Fecha: 2015-05-27Tipo Norma: Boletín Oficial del EstadoArtículos:Artículo 5 bis. Comunicación de negociaciones y efectos.Artículo 33. Funciones de la administración concursal.Artículo 43. Conservación y administraciónArtículo 64. Contratos de trabajo.Artículo 71. Acciones de reintegración.Artículo 71 bis. Régimen especial de determinados acuerdos de refinanciación.Artículo 75. Estructura del informe.Artículo 90. Créditos con privilegioespecial.Artículo 93. Personas especialmente relacionadas con elconcursado.Artículo 94. Estructura y contenido.Artículo 95. Publicidad del informe y de la documentación complementaria.Artículo 96. Impugnación del inventario y de lalista de acreedores.Artículo 100. Contenido de la propuesta deconvenio.Artículo 104. Plazo de presentación.Artículo 107. Informe de la administración concursal.Artículo 110. Mantenimiento o modificación de propuestas no aprobadas.Artículo 115. Tramitación de la propuesta.Artículo 116. Constitución de la junta.Artículo 121. Deliberación yvotación.Artículo 122. Acreedores sin derecho a voto.Artículo 123. Acreedores privilegiados.Artículo 124. Mayorías necesarias para la aceptación de propuestas de convenio.Artículo 133. Comienzo y alcance de la eficacia del convenioArtículo 134. Extensión subjetiva.Artículo 140. Incumplimiento.Artículo 146 bis. Especialidades de la transmisión de unidades productivas.Artículo 148. Plan de liquidación.Artículo 149. Reglas legales de liquidación.Artículo 152. Informes sobre la liquidación.Artículo 155. Pago de créditos con privilegioespecial.Artículo 164. Concurso culpable.Artículo 165. Presunciones de culpabilidad.Artículo 167. Formación de la sección sexta.Artículo 172. Sentencia de calificación.Artículo 191. Contenido.Artículo 191 ter. Especialidades del procedimiento abreviado en caso desolicitud de concurso con presentación de plan de liquidación.D.A. 2ª ter. Régimen especial aplicable a las situaciones de insolvencia de las empresas concesionarias de obras y servicios públicos, o contratistas de las administraciones públicas.D.A. 4ª. Homologación de los acuerdos de refinanciación.D.A. 4ª. Homologación de los acuerdos de refinanciación.... Solicitud de apertura de proyecto de mejoras de acondicionamiento de edificacion para instalacion de explotacion caprina, a emplazar en BustapenaFecha: 2015-04-29Tipo Norma: Boletín Oficial del Principado de AsturiasArtículos:D.A. 2ª. Régimen especial aplicable a entidades de crédito, empresas de servicios de inversión y entidades aseguradoras. Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiacion empresarial.Fecha: 2015-04-29Tipo Norma: Boletín Oficial del EstadoArtículos:D.A. 2ª. Régimen especial aplicable a entidades de crédito, empresas de servicios de inversión y entidades aseguradoras. Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reduccion de carga financiera y otras medidas de orden social.Fecha: 2015-03-01Tipo Norma: Boletín Oficial del EstadoArtículos:Artículo 92. Créditos subordinados.Artículo 93. Personas especialmente relacionadas con el concursado.Artículo 94. Estructura y contenido.Artículo 176 bis. Especialidades de la conclusión por insuficiencia de masa activa.Artículo 178. Efectos de la conclusión del concurso.Artículo 178 bis. Beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho.Artículo 231. Presupuestos.Artículo 232. Solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos.Artículo 233. Nombramiento de mediador concursal.Artículo 234. Convocatoria a los acreedores.Artículo 235. Efectos de la iniciación del expediente.Artículo 236. Propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos.Artículo 238. El acuerdo extrajudicial de pagos.Artículo 238 bis. Extensión subjetiva.Artículo 239. Impugnación del acuerdo.Artículo 240. Efectos del acuerdo sobre los acreedores.Artículo 241. Cumplimiento e incumplimiento del acuerdo.Artículo 242. Especialidades del concurso consecutivo.Artículo 242 bis. Especialidades del acuerdo extrajudicial de pagos de personas naturales no empresarios.... Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciacion y reestructuracion de deuda empresarial.Fecha: 2014-10-02Tipo Norma: Boletín Oficial del EstadoArtículos:Artículo 5 bis. Comunicación de negociaciones y efectos.Artículo 27. Condiciones subjetivas para el nombramientoArtículo 27 bis. Concursos de especial trascendencia a efectos de designación de la administración concursal.Artículo 28. Incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones.Artículo 30. Representación de las personas jurídicas administradores.Artículo 31. Auxiliares delegados.Artículo 32. Recusación.CAPÍTULO II. Funciones de los administradores concursalesArtículo 33. Funciones de la administración concursal.CAPÍTULO III. Estatuto jurídico de la administración concursalArtículo 34. Retribución.Artículo 37. Separación.Artículo 56. Paralización de ejecuciones de garantías reales y acciones de recuperación asimiladas.Artículo 71. Acciones de reintegración.Artículo 71 bis. Régimen especial de determinados acuerdos de refinanciación.Artículo 72. Legitimación y procedimiento.Artículo 84. Créditos concursales y créditos contra la masa.Artículo 91. Créditos con privilegio general.Artículo 92. Créditos subordinados.Artículo 93. Personas especialmente relacionadas con el concursado.Artículo 165. Presunciones de dolo o culpa grave.Artículo 172. Sentencia de calificación.Artículo 172 bis. Responsabilidad concursal.Artículo 198. Registro Público Concursal.D.A. 4ª. Homologación de los acuerdos de refinanciación.... Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal.Fecha: 2014-09-07Tipo Norma: Boletín Oficial del EstadoArtículos:Artículo 43. Conservación y administraciónArtículo 75. Estructura del informe.Artículo 90. Créditos con privilegio especial.Artículo 93. Personas especialmente relacionadas con el concursado.Artículo 94. Estructura y contenido.Artículo 100. Contenido de la propuesta de convenio.Artículo 121. Deliberación y votación.Artículo 122. Acreedores sin derecho a voto.Artículo 124. Mayorías necesarias para la aceptación de propuestas de convenio.Artículo 134. Extensión subjetiva.Artículo 140. Incumplimiento.Artículo 146 bis. Especialidades de la transmisión de unidades productivas.Artículo 148. Plan de liquidación.Artículo 149. Reglas legales supletorias.Artículo 155. Pago de créditos con privilegio especial.Artículo 167. Formación de la sección sexta.D.A. 2ª ter. Régimen especial aplicable a las situaciones de insolvencia de las empresas concesionarias de obras y servicios públicos, o contratistas de las administraciones públicas.... Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciacion y reestructuracion de deuda empresarial.Fecha: 2014-03-09Tipo Norma: Boletín Oficial del EstadoArtículos:Artículo 5 bis. Comunicación de negociaciones y efectos.Artículo 28. Incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones.Artículo 56. Paralización de ejecuciones de garantías reales y acciones de recuperación asimiladas.Artículo 71. Acciones de reintegración.Artículo 71 bis. Régimen especial de determinados acuerdos de refinanciación.Artículo 72. Legitimación y procedimiento.Artículo 84. Créditos concursales y créditos contra la masa.Artículo 91. Créditos con privilegio general.Artículo 92. Créditos subordinados.Artículo 93. Personas especialmente relacionadas con el concursado.Artículo 165. Presunciones de dolo o culpa grave.Artículo 172. Sentencia de calificación.Artículo 172 bis. Responsabilidad concursal.D.A. 4ª. Homologación de los acuerdos de refinanciación.... Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la proteccion de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden economico y social.Fecha: 2014-03-02Tipo Norma: Boletín Oficial del EstadoArtículos:Artículo 64. Contratos de trabajo. Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias.Fecha: 2013-12-29Tipo Norma: Boletín Oficial del EstadoArtículos:D.A. 2ª. Régimen especial aplicable a entidades de crédito, empresas de servicios de inversión y entidades aseguradoras.D.A. 4ª. Homologación de los acuerdos de refinanciación. Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacion.Fecha: 2013-10-18Tipo Norma: Boletín Oficial del EstadoArtículos:Artículo 3. Legitimación.Artículo 5 bis. Comunicación de negociaciones y efectos sobre el deber de solicitud de concurso.Artículo 15. Provisión sobre la solicitud de otro legitimado y acumulación de solicitudes.Artículo 71. Acciones de reintegración.Artículo 178. Efectos de la conclusión del concurso.Artículo 198. Registro Público Concursal.TÍTULO X. El acuerdo extrajudicial de pagosArtículo 231. Presupuestos.Artículo 232. Solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos.Artículo 233. Nombramiento de mediador concursal.Artículo 234. Convocatoria a los acreedores.Artículo 235. Efectos de la iniciación del expediente.Artículo 236. El plan de pagos.Artículo 237. La reunión de los acreedores.Artículo 238. El acuerdo extrajudicial de pagos.Artículo 239. Impugnación del acuerdo.Artículo 240. Efectos del acuerdo sobre los acreedores.Artículo 241. Cumplimiento e incumplimiento del acuerdo.Artículo 242. Especialidades del concurso consecutivo.D.A. 7ª. Tratamiento de créditos de derecho público en caso de acuerdo extrajudicial de pagos.D.A. 8ª. Remuneración de los mediadores concursales.... Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacion.Fecha: 2013-09-29Tipo Norma: Boletín Oficial del EstadoArtículos:Artículo 71 bis. Nombramiento del experto por el Registrador.D.A. 4ª. Homologación de los acuerdos de refinanciación. Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la proteccion de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden economico y social.Fecha: 2013-08-04Tipo Norma: Boletín Oficial del EstadoArtículos:Artículo 64. Contratos de trabajo. Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuracion y resolucion de entidades de credito.Fecha: 2012-11-15Tipo Norma: Boletín Oficial del EstadoArtículos:D.A. 2ª. Régimen especial aplicable a entidades de crédito, empresas de servicios de inversión y entidades aseguradoras. Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuracion y resolucion de entidades de credito.Fecha: 2012-08-31Tipo Norma: Boletín Oficial del EstadoArtículos:D.A. 2ª. Régimen especial aplicable a entidades de crédito, empresas de servicios de inversión y entidades aseguradoras. Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.Fecha: 2012-01-01Tipo Norma: Boletín Oficial del EstadoArtículos:EXPOSICIÓN DE MOTIVOSArtículo 3. Legitimación.Artículo 5. Deber de solicitar la declaración de concurso.Artículo 5 bis. Comunicación de negociaciones y efectos sobre el deber de solicitud de concurso.Artículo 6. Solicitud del deudor.Artículo 7. Solicitud del acreedor y de los demás legitimados.Artículo 8. Juez del concurso.Artículo 9. Extensión de la jurisdicción.Artículo 10. Competencia internacional y territorial.Artículo 13. Plazo para proveer.Artículo 14. Provisión sobre la solicitud del deudor.Artículo 15. Provisión sobre la solicitud de otro legitimado y acumulación de solicitudes.Artículo 16. Formación de la sección primera.Artículo 18. Allanamiento u oposición del deudor.Artículo 20. Resolución sobre la solicitud y recursos.Artículo 21. Auto de declaración de concursoArtículo 22. Concurso voluntario y concurso necesario.Artículo 23. Publicidad.Artículo 24. Publicidad registral.CAPÍTULO III. De los concursos conexos.Artículo 25. Declaración conjunta de concurso de varios deudores.Artículo 25 bis. Acumulación de concursos.Artículo 25 ter. Tramitación coordinada de los concursos.Artículo 26. Formación de la sección segunda.CAPÍTULO I. Del nombramiento de la administración concursalArtículo 27. Condiciones subjetivas para el nombramientoArtículo 27 bis. Concursos de especial trascendencia a efectos de designación de la administración concursal.Artículo 28. Incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones.Artículo 29. Aceptación.Artículo 30. Representación de las personas jurídicas administradores.Artículo 32. Auxiliares delegados.Artículo 33. Recusación.CAPÍTULO II. Estatuto jurídico de la administración concursalArtículo 34. Retribución.Artículo 35. Ejercicio del cargo.Artículo 36. Responsabilidad.Artículo 37. Separación.Artículo 38. Nuevo nombramiento.Artículo 39. Recursos.Artículo 40. Facultades patrimoniales del deudor.Artículo 43. Conservación y administraciónArtículo 44. Continuación del ejercicio de la actividad profesional o empresarial.Artículo 46. Cuentas anuales del deudor.Artículo 47. Derecho a alimentos.Artículo 48. Efectos de la declaración de concurso sobre los órganos de las personas jurídicas deudoras.Artículo 48 bis. Efectos de la declaración de concurso sobre las acciones contra los socios.Artículo 48 ter. Embargo de bienes.Artículo 48 quáter. Efectos de la declaración de concurso sobre las acciones contra los administradores de la sociedad deudora.Artículo 49. Integración de la masa pasiva.Artículo 50. Nuevos juicios declarativos.Artículo 51. Continuación y acumulación de juicios declarativos pendientes.Artículo 51 bis. Suspensión de juicios declarativos pendientes.Artículo 54. Ejercicio de acciones del concursado.Artículo 55. Ejecuciones y apremios.Artículo 56. Paralización de ejecuciones de garantías reales y acciones de recuperación asimiladas.Artículo 58. Prohibición de compensación.Artículo 59 bis. Suspensión del derecho de retención.Artículo 60. Interrupción de la prescripción.Artículo 61. Vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas.Artículo 64. Contratos de trabajo.Artículo 65. Contratos del personal de alta dirección.Artículo 71. Acciones de reintegración.Artículo 72. Legitimación y procedimiento.Artículo 74. Plazo de presentación.Artículo 75. Estructura del informe.Artículo 76. Principio de universalidad.Artículo 82. Formación del inventario.Artículo 83. Asesoramiento de expertosSECCIÓN 1ª. DE LA COMPOSICIÓN DE LA MASA PASIVAArtículo 84. Créditos concursales y créditos contra la masa.Artículo 85. Comunicación de créditos.Artículo 86. Reconocimiento de créditos.Artículo 87. Supuestos especiales de reconocimiento.Artículo 90. Créditos con privilegio especial.Artículo 91. Créditos con privilegio general.Artículo 92. Créditos subordinados.Artículo 93. Personas especialmente relacionadas con el concursado.Artículo 94. Estructura y contenido.Artículo 95. Publicidad del informe y de la documentación complementaria.Artículo 96. Impugnación del inventario y de la lista de acreedores.Artículo 96 bis. Comunicaciones posteriores de créditos.Artículo 97. Consecuencias de la falta de impugnación y modificaciones posteriores.Artículo 97 bis. Procedimiento de modificación de la lista de acreedores.Artículo 97 ter. Efectos de la modificación.Artículo 98. Resolución judicial.Artículo 100. Contenido de la propuesta de convenio.Artículo 101. Propuestas condicionadas.Artículo 102. Propuestas con contenidos alternativos.Artículo 115 bis. Tramitación escrita del convenio.Artículo 122. Acreedores sin derecho a voto.Artículo 124. Mayorías necesarias para la aceptación de propuestas de convenio.Artículo 128. Oposición a la aprobación del convenio.Artículo 129. Tramitación de la oposición.Artículo 131. Rechazo de oficio del convenio aceptado.Artículo 133. Comienzo y alcance de la eficacia del convenioArtículo 142. Apertura de la liquidación a solicitud del deudor, del acreedor o de la administración concursal.Artículo 142 bis. Liquidación anticipada.Artículo 143. Apertura de oficio de la liquidación.Artículo 144. Publicidad de la apertura de la liquidación.Artículo 145. Efectos sobre el concursado.Artículo 148. Plan de liquidación.Artículo 149. Reglas legales supletorias.Artículo 151. Prohibición de adquirir bienes y derechos de la masa activaArtículo 152. Informes sobre la liquidación.Artículo 153. Separación de la administración concursal por prolongación indebida de la liquidaciónArtículo 154. Pago de créditos contra la masa.Artículo 155. Pago de créditos con privilegio especial.Artículo 156. Pago de créditos con privilegio general.Artículo 157. Pago de créditos ordinarios.Artículo 163. Calificación del concurso.Artículo 164. Concurso culpable.Artículo 167. Formación de la sección sexta.Artículo 168. Personación y condición de parte.Artículo 172. Sentencia de calificación.Artículo 172 bis. Responsabilidad concursal.Artículo 176. Causas de conclusión.Artículo 176 bis. Especialidades de la conclusión por insuficiencia de masa activa.Artículo 178. Efectos de la conclusión del concurso.Artículo 179. Reapertura del concurso.Artículo 181. Rendición de cuentas.TÍTULO VIII. De las normas procesales generales, del procedimiento abreviado y del sistema de recursosArtículo 183. Secciones.Artículo 184. Representación y defensaArtículo 188. Autorizaciones judiciales.Artículo 190. Ámbito de aplicación.Artículo 191. Contenido.Artículo 191 bis. Especialidades del procedimiento abreviado en caso de solicitud de concurso con presentación de propuesta de convenio.Artículo 191 ter. Especialidades del procedimiento abreviado en caso de solicitud de concurso con presentación de plan de liquidación.Artículo 191 quáter. Aplicación supletoria de las normas del procedimiento ordinario.Artículo 194. Demanda incidental y admisión a trámite.Artículo 197. Recursos procedentes y tramitación.Artículo 198. Registro Público Concursal.D.A. 2ª bis. Régimen especial aplicable a las situaciones de insolvencia de las sociedades deportivas.D.A. 4ª. Homologación de los acuerdos de refinanciación.D.A. 5ª. Escrituras públicas de formalización de acuerdos de refinanciación.D.A. 6ª. Grupo de sociedades.D.F. 2 ª . Reforma del Código de Comercio.D.F. 3ª. Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.D.F. 11ª. Reforma de la Ley General Tributaria.D.F. 11ª bis. Reforma de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.D.F. 11ª ter. Modificación de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.D.F. 14ª. Reforma del Estatuto de los Trabajadores.D.F. 16ª. Reforma de la Ley General de la Seguridad Social.D.F. 30ª. Reforma de la Ley de Navegación Aérea.... Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulacion del arbitraje institucional en la Administracion General del Estado.Fecha: 2011-06-10Tipo Norma: Boletín Oficial del EstadoArtículos:Artículo 8. Juez del concurso.Artículo 52. Procedimientos arbitrales. Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislacion procesal para la implantacion de la nueva Oficina judicial.Fecha: 2010-05-04Tipo Norma: Boletín Oficial del EstadoArtículos:Artículo 8. Juez del concurso.Artículo 13. Plazo para proveer.Artículo 18. Allanamiento u oposición del deudor.Artículo 19. Vista.Artículo 21. Auto de declaración de concurso.Artículo 23. Publicidad.Artículo 24. Publicidad registral.Artículo 29. Aceptación.Artículo 37. Separación.Artículo 51. Continuación y acumulación de juicios declarativos pendientes.Artículo 61. Vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas.Artículo 64. Contratos de trabajo.Artículo 96. Impugnación del inventario y de la lista de acreedores.Artículo 98. Resolución judicial.Artículo 99. Requisitos formales de la propuesta de convenio.Artículo 103. Adhesiones a la propuesta de convenio.Artículo 106. Admisión a trámite.Artículo 107. Informe de la administración concursal.Artículo 108. Adhesiones de acreedores.Artículo 109. Aprobación judicial del convenio.Artículo 111. Auto de apertura y convocatoria de la Junta de acreedores.Artículo 113. Presentación de la propuesta de convenio.Artículo 114. Admisión a trámite de la propuesta.Artículo 115. Tramitación de la propuesta.Artículo 115 bis. Tramitación escrita del convenio.Artículo 116. Constitución de la junta.Artículo 117. Deber de asistencia.Artículo 126. Acta de la junta.Artículo 128. Oposición a la aprobación del convenio.Artículo 129. Tramitación de la oposición.Artículo 139. Cumplimiento.Artículo 140. Incumplimiento.Artículo 142. Apertura de la liquidación a solicitud del deudor o de acreedor.Artículo 142 bis. Liquidación anticipada.Artículo 148. Plan de liquidación.Artículo 152. Informes sobre la liquidación.Artículo 169. Informe de la administración concursal y dictamen del Ministerio Fiscal.Artículo 170. Tramitación de la sección.Artículo 171. Oposición a la calificación.Artículo 176. Causas de conclusión del concurso.Artículo 178. Efectos de la conclusión del concurso.Artículo 184. Representación y defensa procesales. Emplazamiento y averiguación de domicilio del deudor.Artículo 185. Derecho al examen de los autos.Artículo 186. Sustanciación de oficio.Artículo 187. Extensión de facultades del juez del concurso.Artículo 194. Demanda incidental y admisión a trámite.Artículo 195. Incidente concursal en materia laboral.Artículo 197. Recursos procedentes y tramitación.D.F. 5ª. Derecho procesal supletorio.... Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecucion en la Union Europea de resoluciones judiciales de decomiso.Fecha: 2010-03-31Tipo Norma: Boletín Oficial del EstadoArtículos:Artículo 98. Resolución judicial. Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito.Fecha: 2009-06-28Tipo Norma: Boletín Oficial del EstadoArtículos:D.A. 2ª. Régimen especial aplicable a entidades de crédito, empresas de servicios de inversión y entidades aseguradoras. Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolucion de la situacion economica.Fecha: 2009-04-01Tipo Norma: Boletín Oficial del EstadoArtículos:Artículo 5. Deber de solicitar la declaración de concurso.Artículo 12. Declinatoria.Artículo 15. Provisión sobre la solicitud de otro legitimado y acumulación de solicitudes.Artículo 20. Resolución sobre la solicitud y recursos.Artículo 21. Auto de declaración de concurso.Artículo 22. Concurso voluntario y concurso necesario.Artículo 23. Publicidad.Artículo 24. Publicidad registral.Artículo 27. Condiciones subjetivas para el nombramiento de administradores concursales.Artículo 28. Incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones.Artículo 34. Retribución.Artículo 40. Facultades patrimoniales del deudor.Artículo 64. Contratos de trabajo.Artículo 71. Acciones de reintegración.Artículo 75. Estructura del informe.Artículo 83. Asesoramiento de expertos independientes.Artículo 87. Supuestos especiales de reconocimiento.Artículo 92. Créditos subordinados.Artículo 93. Personas especialmente relacionadas con el concursado.Artículo 95. Publicidad del informe y de la documentación complementaria.Artículo 96. Impugnación del inventario y de la lista de acreedores.Artículo 98. Resolución judicial.Artículo 100. Contenido de la propuesta de convenio.Artículo 105. Prohibiciones.Artículo 106. Admisión a trámite.Artículo 111. Auto de apertura y convocatoria de la Junta de acreedores.Artículo 115 bis. Tramitación escrita del convenio.Artículo 124. Mayorías necesarias para la aceptación de propuestas de convenio.Artículo 128. Oposición a la aprobación del convenio.Artículo 129. Tramitación de la oposición.Artículo 140. Incumplimiento.Artículo 142 bis. Liquidación anticipada.Artículo 143. Apertura de oficio de la liquidación.Artículo 168. Personación y condición de parte.Artículo 175. Especialidades de la tramitación.Artículo 184. Representación y defensa procesales. Emplazamiento y averiguación de domicilio del deudor.Artículo 188. Autorizaciones judiciales.Artículo 190. Ámbito de aplicación necesaria.Artículo 194. Demanda incidental y admisión a trámite.CAPÍTULO V. Registro Público ConcursalArtículo 198. Registro Público Concursal.D.A. 2ª. Régimen especial aplicable a entidades de crédito, empresas de servicios de inversión y entidades aseguradoras.D.A. 4ª. Acuerdos de refinanciación.... LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.Fecha: 2008-04-30Tipo Norma: Boletín Oficial del EstadoArtículos:D.A. 2ª. Régimen especial aplicable a entidades de crédito, empresas de servicios de inversión y entidades aseguradoras. LEY 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras.Fecha: 2005-12-25Tipo Norma: Boletín Oficial del EstadoArtículos:D.A. 2ª. Régimen especial aplicable a entidades de crédito, empresas de servicios de inversión y entidades aseguradoras. LEY 6/2005, de 22 de abril, sobre saneamiento y liquidacion de las entidades de credito.Fecha: 2005-04-24Tipo Norma: Boletín Oficial del EstadoArtículos:D.A. 2ª. Régimen especial aplicable a entidades de crédito, empresas de servicios de inversión y entidades aseguradoras. REAL DECRETO LEY 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratacion publica.Fecha: 2005-03-15Tipo Norma: Boletín Oficial del EstadoArtículos:D.A. 2ª. Régimen especial aplicable a entidades de crédito, empresas de servicios de inversión y entidades aseguradoras. REAL DECRETO LEGISLATIVO 7/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensacion de Seguros.Fecha: 2004-11-06Tipo Norma: Boletín Oficial del EstadoArtículos:D.F. 26ª. Reforma del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros. REAL DECRETO LEGISLATIVO 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenacion y supervision de los seguros privados.Fecha: 2004-11-06Tipo Norma: Boletín Oficial del EstadoArtículos:Disposición final vigésima séptima. Reforma de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. LEY 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica.Fecha: 2003-11-13Tipo Norma: Boletín Oficial del EstadoArtículos:D.A. 2ª. Régimen especial aplicable a entidades de crédito, empresas de servicios de inversión y entidades aseguradoras. Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.Fecha: 1970-01-30Tipo Norma: Boletín Oficial del EstadoArtículos:Artículo 3. Legitimación.Artículo 6. Solicitud del deudor.Artículo 7. Solicitud del acreedor y de los demás legitimados.Artículo 9. Extensión de la jurisdicción.Artículo 10. Competencia internacional y territorial.Artículo 14. Provisión sobre la solicitud del deudor.Artículo 16. Formación de la sección primera.Artículo 25. Acumulación de concursosArtículo 26. Formación de la sección segunda.CAPÍTULO I. Del nombramiento de los administradores concursalesArtículo 30. Representación de las personas jurídicas administradores.Artículo 32. Auxiliares delegados.CAPÍTULO II. Estatuto jurídico de los administradores concursalesArtículo 35. Ejercicio del cargo.Artículo 36. Responsabilidad.Artículo 38. Nuevo nombramiento.Artículo 39. Firmeza de las resoluciones.Artículo 44. Continuación del ejercicio de la actividad profesional o empresarial.Artículo 46. Cuentas anuales del deudor.Artículo 47. Derecho a alimentos.Artículo 48. Efectos sobre el deudor persona jurídica.Artículo 49. Integración de la masa pasiva.Artículo 50. Nuevos juicios declarativos.Artículo 55. Ejecuciones y apremios.Artículo 56. Paralización de ejecuciones de garantías reales.Artículo 58. Prohibición de compensación.Artículo 60. Interrupción de la prescripción.Artículo 65. Contratos del personal de alta dirección.Artículo 72. Legitimación y procedimiento.Artículo 74. Plazo de presentación.Artículo 76. Principio de universalidad.Artículo 82. Formación del inventario.SECCIÓN 1ª. DE LA COMPOSICIÓN DE LA MASA PASIVA Y FORMACIÓN DE LA SECCIÓN CUARTAArtículo 84. Créditos concursales y créditos contra la masa.Artículo 85. Comunicación de créditos.Artículo 86. Reconocimiento de créditos.Artículo 91. Créditos con privilegio general.Artículo 97. Consecuencias de la falta de impugnación.Artículo 101. Propuestas condicionadas.Artículo 102. Propuestas con contenidos alternativos.Artículo 131. Rechazo de oficio del convenio aceptado.Artículo 144. Publicidad de la apertura de la liquidación.Artículo 145. Efectos sobre el concursado.Artículo 156. Pago de créditos con privilegio general.Artículo 157. Pago de créditos ordinarios.Artículo 163. Calificación del concurso y formación de la sección sexta.Artículo 179. Reapertura del concurso.TÍTULO VIII. De las normas procesales generales y del sistema de recursosArtículo 183. Secciones.D.F. 2 ª . Reforma del Código de Comercio.D.F. 3ª. Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.D.F. 11ª. Reforma de la Ley General Tributaria.D.F. 14ª. Reforma del Estatuto de los Trabajadores.D.F. 16ª. Reforma de la Ley General de la Seguridad Social.D.F. 30ª. Reforma de la Ley de Navegación Aérea.... Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolucion de la situacion economica.Fecha: 1970-01-30Tipo Norma: Boletín Oficial del EstadoArtículos:Artículo 5. Deber de solicitar la declaración de concurso.Artículo 12. Declinatoria.Artículo 15. Provisión sobre la solicitud de otro legitimado y acumulación de solicitudes.Artículo 20. Resolución sobre la solicitud y recursos.Artículo 21. Auto de declaración de concurso.Artículo 22. Concurso voluntario y concurso necesario.Artículo 23. Publicidad.Artículo 24. Publicidad registral.Artículo 27. Condiciones subjetivas para el nombramiento de administradores concursales.Artículo 28. Incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones.Artículo 34. Retribución.Artículo 40. Facultades patrimoniales del deudor.Artículo 83. Asesoramiento de expertos independientes.Artículo 87. Supuestos especiales de reconocimiento.Artículo 92. Créditos subordinados.Artículo 98. Resolución judicial.Artículo 105. Prohibiciones.Artículo 106. Admisión a trámite.Artículo 111. Auto de apertura y convocatoria de la Junta de acreedores.Artículo 128. Oposición a la aprobación del convenio.Artículo 129. Tramitación de la oposición.Artículo 143. Apertura de oficio de la liquidación.Artículo 168. Personación de interesados.Artículo 175. Especialidades de la tramitación.Artículo 184. Representación y defensa procesales. Emplazamiento y averiguación de domicilio del deudor.Artículo 188. Autorizaciones judiciales.Artículo 190. Ámbito de aplicación.Artículo 194. Demanda incidental y admisión a trámite.CAPÍTULO V. Registro de Resoluciones ConcursalesArtículo 198. Registro público.... Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislacion procesal para la implantacion de la nueva Oficina judicial.Fecha: 1970-01-30Tipo Norma: Boletín Oficial del EstadoArtículos:Artículo 8. Juez del concurso.Artículo 13. Plazo para proveer.Artículo 18. Allanamiento u oposición del deudor.Artículo 19. Vista.Artículo 29. Aceptación.Artículo 37. Separación.Artículo 51. Continuación y acumulación de juicios declarativos pendientes.Artículo 61. Vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas.Artículo 99. Requisitos formales de la propuesta de convenio.Artículo 103. Adhesiones a la propuesta de convenio.Artículo 108. Adhesiones de acreedores.Artículo 109. Aprobación judicial del convenio.Artículo 113. Presentación de la propuesta de convenio.Artículo 114. Admisión a trámite de la propuesta.Artículo 117. Deber de asistencia.Artículo 126. Acta de la junta.Artículo 139. Cumplimiento.Artículo 142. Apertura de la liquidación a solicitud del deudor o de acreedor.Artículo 169. Informe de la administración concursal y dictamen del Ministerio Fiscal.Artículo 170. Tramitación de la sección.Artículo 171. Oposición a la calificación.Artículo 176. Causas de conclusión del concurso.Artículo 178. Efectos de la conclusión del concurso.Artículo 185. Derecho al examen de los autos.Artículo 186. Sustanciación de oficio.Artículo 187. Extensión de facultades del juez del concurso.Artículo 195. Incidente concursal en materia laboral.Artículo 197. Recursos procedentes y tramitación.D.F. 5ª. Derecho procesal supletorio.... Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulacion del arbitraje institucional en la Administracion General del Estado.Fecha: 1970-01-30Tipo Norma: Boletín Oficial del EstadoArtículos:Artículo 52. Procedimientos arbitrales. LEY 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras.Fecha: 1970-01-30Tipo Norma: Boletín Oficial del EstadoArtículos:D.A. 2ª. Régimen especial aplicable a entidades de crédito, empresas de servicios de inversión y entidades aseguradoras. REAL DECRETO LEGISLATIVO 7/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensacion de Seguros.Fecha: 1970-01-30Tipo Norma: Boletín Oficial del EstadoArtículos:D.F. 26ª. Reforma del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros. REAL DECRETO LEGISLATIVO 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenacion y supervision de los seguros privados.Fecha: 1970-01-30Tipo Norma: Boletín Oficial del EstadoArtículos:D.F. 27ª. Reforma de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. NORMA AFECTA A
Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.Fecha Publicación: 1999-07-17Entrada en Vigor: 2004-09-01Artículos:Artículo 73. Funciones de los liquidadores.D.A. 4ª Suspensión de pagos y quiebras.Artículo 41. Incompatibilidades, incapacidades y prohibiciones. LEY 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.Fecha Publicación: 2000-01-08Entrada en Vigor: 2004-09-01Artículos:Artículo 568. Suspensión en caso de situaciones concursales.Artículo 568. Suspensión en caso de situaciones concursales.Artículo 7. Comparecencia en juicio y representación.Artículo 17. Sucesión por transmisión del objeto litigioso.Artículo 98. Casos en que corresponde la acumulación de procesos singulares a un proceso universal.... Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.Fecha Publicación: 1995-04-11Entrada en Vigor: 2004-09-01Artículos:Artículo 2.Artículo 3.Artículo 4.Artículo 6.Artículo 188.Artículo 189.Artículo 235.Artículo 246.Artículo 274.D.A. 8ª.... Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.Fecha Publicación: 1994-06-29Entrada en Vigor: 2004-09-01Artículos:Artículo 22. Prelación de créditos.Artículo 24. Transacciones sobre derechos de la Seguridad Social.Artículo 208. Situación legal de desempleo. REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.Fecha Publicación: 1995-03-29Entrada en Vigor: 2004-09-01Artículos:Artículo 32. Garantías del salario.SECCIÓN 5.ª PROCEDIMIENTO CONCURSALArtículo 57 bis. Procedimiento concursal REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.Fecha Publicación: 1993-10-20Entrada en Vigor: 2004-09-01Artículos:Artículo 45.Artículo 46. REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.Fecha Publicación: 2000-06-21Entrada en Vigor: 2004-09-01Artículos:Artículo 112. Aplicación de las causas de resolución.Artículo 111. Causas de resolución.Artículo 20. Prohibiciones de contratar. LEY 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.Fecha Publicación: 1988-07-29Entrada en Vigor: 2004-09-01Artículos:Artículo 44 bisArticulo 58Articulo 67Articulo 73Artículo 76 bis ... Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato de seguro.Fecha Publicación: 1980-10-17Entrada en Vigor: 2004-09-01Artículos:Artículo treinta y siete. Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario.Fecha Publicación: 1981-04-15Entrada en Vigor: 2004-09-01Artículos:Artículo catorce. Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.Fecha Publicación: 1989-12-27Entrada en Vigor: 2004-09-01Artículos:Art. 262. Acuerdo social de disolución.Art. 260. Causas de disolución.Art. 281. Insolvencia de la sociedad en liquidación.Art. 124. Prohibiciones.... Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico.Fecha Publicación: 1991-04-30Entrada en Vigor: 2004-09-01Artículos:ARTICULO 18. DISOLUCION. Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca.Fecha Publicación: 1994-03-12Entrada en Vigor: 2004-09-01Artículos:Artículo 43. Requisitos de los miembros del Consejo de administración.Artículo 59. Causas de disolución. Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia.Fecha Publicación: 1992-05-29Entrada en Vigor: 2004-09-01Artículos:Artículo 26. Excepciones de las reglas anteriores. LEY 26/1984, DE 19 DE JULIO, GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS.Fecha Publicación: 1984-07-24Entrada en Vigor: 2004-09-01Artículos:Artículo trigésimo primero. Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegacion Aerea.Fecha Publicación: 1960-07-23Entrada en Vigor: 2004-09-01Artículos:Artículo ciento treinta y tres. Ley 19/1985, de 16 de julio, cambiaria y del cheque.Fecha Publicación: 1985-07-19Entrada en Vigor: 2004-09-01Artículos:Articulo cincuenta. Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.Fecha Publicación: 1996-04-22Entrada en Vigor: 2004-09-01Artículos:Artículo 54. Créditos por la cesión de derechos de explotación. Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.Fecha Publicación: 1995-03-24Entrada en Vigor: 2004-09-01Artículos:Artículo 124. Insolvencia de la sociedad en liquidación.Artículo 58. Nombramiento. Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia juridica gratuita.Fecha Publicación: 1996-01-12Entrada en Vigor: 2004-09-01Artículos:Artículo 2. Ambito personal de aplicación. LEY 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las Entidades de CapitalRiesgo y de sus sociedades gestoras.Fecha Publicación: 1999-01-06Entrada en Vigor: 2004-09-01Artículos:Artículo 8. Autorización previaArtículo 13. Revocación.Artículo 33. Sustitución de gestoras Real decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio.Fecha Publicación: 1885-10-16Entrada en Vigor: 2004-09-01Artículos:TÍTULO PRIMERO. De la suspensión de pagos y de la quiebra en general.Sección primera. De la suspensión de pagos, y de sus efectos.Art. 870.Art. 871.Art. 872.Art. 873.Sección segunda. Disposiciones generales sobre las quiebras.Art. 874.Art. 875.Art. 876.Art. 877.Art. 878.Art. 879.Art. 880.Art. 881.Art. 882.Art. 883.Art. 884.Art. 885.Sección tercera. De las clases de quiebras y de los cómplices en las mismas.Art. 886.Art. 887.Art. 888.Art. 889.Art. 890.Art. 891.Art. 892.Art. 893.Art. 894.Art. 895.Art. 896.Art. 897.Sección cuarta. Del convenio de los quebrados con sus acreedores.Art. 898.Art. 899.Art. 900.Art. 901.Art. 902.Art. 903.Art. 904.Art. 905.Art. 906.Art. 907.Sección quinta. De los derechos de los acreedores en caso de quiebra, y de su respectiva graduación.Art. 908.Art. 909.Art. 910.Art. 911.Art. 912.Art. 913.Art. 914.Art. 915.Art. 916.Art. 917.Art. 918.Art. 919.Sección sexta. De la rehabilitación del quebrado.Art. 920.Art. 921.Art. 922.Sección séptima. Disposiciones generales relativas a la quiebra de las sociedades mercantiles en general.Art. 923.Art. 924.Art. 925.Art. 926.Art. 927.Art. 928.Art. 929.Sección octava. De la suspensión de pagos y de las quiebras de las compañías y empresas de ferrocarriles y demás obras públicas.Art. 930.Art. 931.Art. 932.Art. 933.Art. 934.Art. 935.Art. 936.Art. 937.Art. 938.Art. 939.Art. 940.Art. 941.Art. 157.Art. 13.Art. 376.Art. 221.Art. 222.Art. 227.Art. 274.Art. 580.... LEY 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.Fecha Publicación: 2002-11-23Entrada en Vigor: 2004-09-01Artículos:Artículo 13. Cédulas territoriales. DECRETO de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria.Fecha Publicación: 1946-02-27Entrada en Vigor: 2004-09-01Artículos:Artículo 127º. Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento.Fecha Publicación: 1954-12-18Entrada en Vigor: 2004-09-01Artículos:Artículo 10Artículo 66 Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Codigo Civil.Fecha Publicación: 1889-07-25Entrada en Vigor: 2004-09-01Artículos:Artículo 1912Artículo 1913Artículo 1914Artículo 1915Artículo 1916Artículo 1917Artículo 1918Artículo 1919Artículo 1920Artículo 1924Artículo 1921... LEY 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.Fecha Publicación: 2000-01-08Entrada en Vigor: 2003-07-11Artículos:Artículo 463. Remisión de los autos.Artículo 472. Remisión de los autos.Artículo 482. Remisión de los autos. Negativa a expedir certificaciones. Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.Fecha Publicación: 1995-03-24Entrada en Vigor: 2003-06-02Artículos:Artículo 104. Causas de disolución.Artículo 105. Acuerdo de disolución.Artículo 128. Contratación del socio único con la sociedad unipersonal.
LEY 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Real decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio. LEY ORGÁNICA 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Codigo Civil. LEY 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero. Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral. Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdiccion social. REAL DECRETO 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil. Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciacion y reestructuracion de deuda empresarial. Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciacion y reestructuracion de deuda empresarial. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico. Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. LEY ORGÁNICA 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto publico y cancelacion de deudas con empresas y autonomos contraidas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitacion y de simplificacion administrativa. Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediacion en asuntos civiles y mercantiles. Ley 4/2014, de 1 de abril, Basica de las Camaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegacion. Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario. Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre Régimen de Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria y sobre Fondos de Titulización Hipotecaria. LEY 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislación española en materia de entidades de crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al sistema financiero. Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España. Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introduccion del euro. LEY 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las Entidades de CapitalRiesgo y de sus sociedades gestoras. LEY 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores. LEY 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social. LEY 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. REAL DECRETO LEGISLATIVO 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenacion y supervision de los seguros privados. REAL DECRETO LEGISLATIVO 7/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensacion de Seguros. REAL DECRETO LEY 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratacion publica. LEY 6/2005, de 22 de abril, sobre saneamiento y liquidacion de las entidades de credito. Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito. Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuracion y resolucion de entidades de credito. Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuracion y resolucion de entidades de credito. Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacion. LEY 10/1990, de 15 de octubre, del deporte. DECRETO de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria. Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal. Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Arancel de los Notarios. LEY 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas. Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia juridica gratuita. Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento. Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria LEY 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias. REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Ley 19/1985, de 16 de julio, cambiaria y del cheque. Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca. Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico. Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato de seguro. Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia. Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegacion Aerea. LEY 26/1984, DE 19 DE JULIO, GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS.

References: Artículo 43
 Artículo 44
 artículo 8
 artículo 64
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 artículo 25
 artículo 25
 resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 resolución 
 artículo 5
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 artículo 155
 artículo 205
 resolución 
 artículo 92
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 resolución 
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 artículo 41
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 artículo 50
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 artículo 22
 artículo 72
 Artículo 71
 artículo 28
 artículo 54
 artículo 71
 Artículo 73
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