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Timestamp: 2017-08-18 12:38:45+00:00

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Csto. Compartida sin entendimiento - custodiapaternas jimdo page!
SECCIÓN Duodécima ROLLO Nº 903/2011-R
JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 4 ARENYS DE MAR
DIVORCIO CONTENCIOSO ( ART.770- 773 LEC NÚM. 1141/2009
S E N T E N C I A Nº 466/12
VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Duodécima de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Divorcio contencioso ( art.770- 773 Lec , número 1141/2009 seguidos por el Juzgado Primera Instancia 4 Arenys de Mar, a instancia de Dª. Regina , representada por la procuradora Dª. Mª JOSE BLANCHAR GARCIA y dirigida por la letrada Dª. SANDRA ESQUENA FERNÁNDEZ, contra D. Darío , representado por el procurador D. CARLOS MONTERO REITER y dirigido por la letrada Dª. GEMA MASET TORRENT; los cuales penden ante esta Superioridad en virtud de los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la Sentencia dictada en los mismos el día 25 de julio de 2010 y contra el Auto Aclaratorio de fecha 24 de enero de 2011, por el Juez del expresado Juzgado . Habiendo tenido la debida intervención el Ministerio Fiscal.
PRIMERO.-La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: Se estima parcialmente la demanda interpuesta por DOÑA DOÑA Regina contra DON Darío , en el sentido de decretar la disolución del vínculo matrimonial por causa de divorcio, en los términos que siguen:
- En cuanto a la atribución del uso del domicilio conyugal, sito en la CALLE000 , nº NUM000 , NUM001 , se atribuye a la esposa, la cual residirá con las dos hijas menores.
La madre deberá comunicar cualquier cambio de domicilio, teléfono y demás
circunstancias que puedan impedir o dificultar la relación paterno filial, permitiendo la comunicación telefónica de las hijas con su padre todos los días, teniendo igual obligación el padre a favor de la madre cuando las menores estén en su compañía.
- La primera mitad de las vacaciones de Navidad y Semana Santa de los años impares y la segunda mitad de los años pares. En Navidad se computará el primer período desde el último día de clase hasta el 30 de diciembre a las 20:00 horas y el segundo desde el 30 de diciembre a las 20:00 horas hasta el día de inicio de las clases. En Semana Santa se computará el primer período desde el día de finalización de las clases hasta el miércoles a a las 20:00 horas y el segundo desde el miércoles a las 20 :00 horas hasta el dia de inicio de las clases.
- En relación a la pensión de alimentos a favor de las hijas menores, irá cargo de DON Darío , el cual deberá abonar la cantidad mensual de 300.- euros por cada una de las menores, atendiendo a las necesidades de las mismas.
- En relación a la hipoteca que recae sobre el domicilio familiar, deberá ser satisfecha por ambos progenitores por mitad, al igual que las cuotas de IBI, los gastos de
mantenimiento extraordinario del mismo y el seguro de éste.
Siendo la parte dispositiva del Auto Aclaratorio la siguiente: "Complemento/Subsano la sentencia advertido en sentencia de 25/07/2010 , en los siguientes términos: El párrafo relativo a la pensión de alimentos quedará: "En relación a la pensión de alimentos a favor de las hijas menores, irá a cargo de DON Darío , el cual deberá abonar la cantidad mensual de 300 euros por cada una de las menores, más la contribución a los gastos extraordinarios que generen las mismas por mitad (no contemplándose como tales los gastos mensuales que han quedado probado generan las actividades extraescolares de las menores así como la ortodoncia de Melisa, al haber sido contemplados como gastos ordinarios comprendidos en la pensión de alimentos), dentro de los cinco primeros días de cada mes. Esta cantidad será actualizada anualmente para ajustarse a las variaciones del IPC que publique el INE. En cuanto a la valoración del hecho nuevo instado por la parte demandada no ha lugar a lo solicitado por cuanto la sentencia fue dictada en fecha 25/07/2010 y el escrito se presentó posteriormente, motivo por el cual no pudo recoger el contenido del escrito de 27/07/2010. A pesar de ello, el artículo 286 de la LEC que invoca la demandada en su escrito de 27/07/2010, el momento para alegar hechos nuevos ha de ser ANTERIOR A COMENZAR A TRANSCURRIR EL PLAZO PARA DICTAR SENTENCIA."
SEGUNDO.-Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte ambas partes mediante su escrito motivado, dándose traslado a la contraria se opuso en tiempo y forma; elevándose las actuaciones a esta Audiencia Provincial. Habiéndose solicitado y practicado prueba en esta alzada, con el resultado que obra en el rollo.
TERCERO.-Se señaló para votación y fallo el día 20 de junio de 2012.
PRIMERO .- En este proceso se ha enjuiciado el divorcio de los litigantes y las medidas reguladoras de los efectos que fueron establecidas provisionalmente por Auto de 22.10.2010 y se han reformado, ahora como medidas definitivas, tal como han quedado transcritas en el encabezamiento.
SEGUNDO .- Aun cuando la sentencia de primera instancia guarda silencio al respecto, se debe consignar que los cónyuges ostentan ambos la nacionalidad argentina y contrajeron matrimonio en Buenos Aires el 6 de febrero de 1998. Tienen fijada su residencia en España (Cataluña) desde el 2002. La mayor de las hijas nació en Argentina y la menor ya en España. En consecuencia el régimen económico matrimonial aplicable es el de gananciales de la ley argentina, pero la ley aplicable al divorcio y efectos del mismo es la española (en cuanto al estado civil), y la catalana en cuanto a las prestaciones económicas y régimen de parentalidad, en virtud de lo que establecen los artículos 9.1 y 2 , y 107 del Código Civil español, que se remite a la ley nacional común, que es el Código Civil de la República Argentina, en cuyos artículos 162 y 164 establece como ley aplicable la del domicilio efectivo (o último domicilio) del matrimonio.
TERCERO .- La pretensión esencial, por cuanto condiciona el resto de los pronunciamientos sobre medidas, debe quedar focalizada en la determinación de si el interés de las hijas menores es el de que sus padres compartan el ejercicio de las funciones parentales o de que se mantengan atribuidas tales funciones únicamente a la madre, con un régimen de visitas y estancias amplio para el padre. Para ello se debe resaltar, ya desde el inicio, que no pueden identificarse los deseos, las verbalizaciones de intenciones o las peticiones expresas de los niños con lo que resulta su mejor interés que, en caso de desacuerdo de sus progenitores, debe ser definido por los tribunales después de tener en cuenta todas las opiniones de los interesados, de los expertos y peritos y, obviamente, de conocer la opinión de los menores.
De lo actuado, y tras el contraste entre los argumentos de las partes y el resultado de las pruebas practicadas, este tribunal aprecia que no existe una real discrepancia sobre los hechos, y que son las consecuencias jurídicas de los mismos las que han de ser examinadas. Existen en los autos abundantes elementos probatorios practicados durante la tramitación del proceso en la primera instancia, así como en los extensos
interrogatorios de las partes, incluyendo un informe pericial de singular relevancia, que permiten tener una imagen precisa de las circunstancias que concurren. La conclusión que se alcanzan es que los progenitores ya están, en la práctica, ejerciendo la custodia conjunta desde hace años, y que lo que se debate en el pleito no es más que la terminología con la que le denomina. La sentencia de divorcio que se recurre, aun cuando atribuye nominativamente la custodia a la madre, ya establece estancias en fines de semana alternos para el padre desde el viernes a la salida del colegio hasta el lunes por la mañana, más una tarde a la semana con pernoctas, dos días intersemanales en la franja horaria del medio día, y la mitad de los festivos y de las vacaciones.
A) Se razona que el régimen de guarda y custodia compartida exige un perfecto entendimiento entre ambos progenitores. Como ha puesto de relieve la doctrina tal afirmación equivaldría a dejar al arbitrio de uno de los progenitores la efectividad de un derecho que corresponde al menor y del que se podría ver privado sin justa causa. La jurisprudencia del TSJ de Catalunya en su Sentencia de 16.6.2011 establece que únicamente en casos de grave conflictividad es desaconsejado el sistema (también en SSTSJ Catalunya nº 29/2008 y nº 24/2009 ). En el caso de autos lo que se destaca por la parte demandada es que no se llevan bien ni hay comunicación entre ellos, pero por el contrario el informe de la psicóloga señora Esmeralda expresa que tanto el actor como la demandada valoran positivamente la actitud del otro respecto a las hijas.
TERCERO .- La decisión de estimar el recurso y establecer el ejercicio conjunto de la
custodia implica la necesidad de que las responsabilidades sean distribuidas entre los progenitores. En este aspecto la organización de los espacios de convivencia de las dos hijas, el seguimiento de su proceso escolar y de las necesidades médico sanitarias, deben ser consensuadas por el padre y la madre de las menores en lo que debe ser una planificación responsable de la parentalidad. También deben acordar el resto de los capítulos que engloba la prestación alimenticia.
El carácter voluntario de la mediación determina que la obligación de seguir un proceso de tal naturaleza no puede ser impuesto por el tribunal, por lo que el alcance de lo acordado al respecto se sitúa en el nivel de recomendación que ha señalado la doctrina ( SAP Barcelona de 21.2.2008, sección 18ª), y se ha reiterado por el RDL 5/2012 de mediación en el ámbito civil y mercantil. El mandato legal de mantener una actitud colaboradora para garantizar la mejor relación posible de las hijas con el otro progenitor, tras la ruptura, ha sido establecido como criterio esencial para determinar la custodia por el artículo 233.11.c) del Código Civil de Catalunya. En consecuencia debe recomendarse a ambos la prevalencia de los acuerdos negociados.
En consecuencia, y vistas las circunstancias que concurren, descontando los gastos de manutención, que cada uno de los progenitores ha de atenderlos cuando tengan a las hijas en su compañía, se cuantifican las necesidades de las menores en la cifra de 900 mensuales (gastos de educación, vestido y sanidad). Por lo tanto y, en lo sucesivo, para
las necesidades de habitación el padre aporta la repercusión económica que representa la cesión del uso de la vivienda a la esposa, y ésta habrá de atender los gastos ordinarios del uso y la mitad de los de derivados del derecho de propiedad. Para el resto de los gastos generales de educación, vestido y sanidad ambos han de contribuir en distinta proporción (2/3 el padre y el otro 1/3 la madre), mediante ingresos (de 300 la madre y 600 el padre) en una cuenta común que deberá ser administrada por la madre por cuanto debe darse continuidad al sistema que ha venido establecido hasta ahora y desde la separación, con rendimiento de cuentas anual al demandante. En cuanto a los gastos extraordinarios (imprevisibles, necesarios y no periódicos) serán satisfechos en la misma proporción, y los de naturaleza extraescolar que puedan ser concertados en lo sucesivo en beneficio de los menores, necesitarán ser consensuados expresamente, o contar con la autorización judicial dirimente.
CUARTO .- El último de los puntos de controversia se refiere a la pensión compensatoria. La resolución de primera instancia la ha fijado en 800 mensuales y por el periodo de un año. La actora solicita que se incremente hasta los 1.200 y se elimine el plazo, es decir, se reconozca con carácter indefinido, mientras que el demandado solicita su entera supresión.
Por lo que se refiere a la cuantía de la prestación es razonable fijarla en la cifra de 500 mensuales pues en el caso de autos ha quedado acreditado que los litigantes disponen de posibilidades de generación de rentas y de patrimonio propio (entre otras, la vivienda familiar). El marido tiene un trabajo con ingresos regulares superiores a los 4.000 , pero ha de procurar su propia subsistencia, ha de pagar la renta del alquiler de la vivienda que ocupa, ha de hacer frente al pago de la mitad de la cuota del crédito hipotecario de la vivienda familiar, ha de aportar 600 mensuales para los gastos alimenticios de las hijas que administra la madre y, aun cuando disfrutaba de un buen nivel de vida y dispone de algunos emolumentos en especie, como es el caso del vehículo que utiliza, la separación le ha significado económicamente una reducción considerable del nivel de vida que mantenía durante la convivencia con la actora. Por su parte la esposa, como ya se ha dicho, dispone de título universitario, de máster de especialización y de experiencia laboral, cuenta con un modesto patrimonio heredado, y de la mitad del domicilio familiar. Disfruta del derecho de uso temporal sobre la referida vivienda común.
QUINTO .- La estimación del recurso determina que no proceda la imposición de las costas de la alzada a ninguna de las partes, en aplicación de lo que establece el artículo 398, en relación con el 394 de la LEC .
Que estimando parcialmente los recursos de apelación interpuestos por las representaciones de DOÑA Regina y DON Darío , partes actora y demandada respectivamente, contra la sentencia de 25.7.2010 y auto aclaratorio de 24.1.2011 del Juzgado de Primera Instancia nº CUATRO de ARENYS DE MAR , dictada en los autos de divorcio nº 1.141/2009, en el que ha intervenido el MINISTERIO FISCAL, debemos REVOCAR y REVOCANOS PARCIALMENTE dicha resolución, en cuanto a los siguientes extremos: a) se deja sin efecto la atribución de la custodia exclusiva a la madre, y se establece un régimen de ejercicio conjunto de las responsabilidades parentales, incluida la guarda y custodia de las hijas menores MELISA y ANAHÍ, cuyo desarrollo particular y pormenorizado deberá ser pactado por los litigantes; no obstante lo anterior los hijos continuarán empadronados a los efectos administrativos en el domicilio materno; b) se acuerda que ambos progenitores se sometan y sigan un proceso de mediación familiar para alcanzar los acuerdos pertinentes respecto al ejercicio compartido de la custodia y para la resolución de las diferencias que puedan surgir en el desarrollo de las responsabilidades compartidas; c) de forma subsidiaria a los acuerdos
que puedan ser concertados los menores residirán durante el curso escolar todos los lunes y martes con la madre, y todos los miércoles y jueves con el padre, alternándose los fines de semana (desde el viernes hasta el lunes a la entrada al colegio) con cada progenitor; las vacaciones escolares se dividirán en dos periodos similares, correspondiendo al padre los años pares en el primer periodo y el segundo a la madre, y a la inversa en los años impares; en estos periodos ambos progenitores facilitarán las comunicaciones y relaciones con el otro progenitor de forma amplia y flexible; d) respecto a las necesidades de los menores, ambos progenitores deberán decidir de forma consensuada la planificación del desarrollo de las obligaciones parentales como el régimen educativo, las festividades y eventos religiosos y familiares, los viajes al extranjero y demás de interés para los hijos; e) en cuanto a los gastos de los menores, los de manutención (alimentación en sentido estricto y habitación)serán soportados por cada progenitor cuando los tenga en su compañía, y el resto (vestido, educación y sanidad), se atenderán entre los dos, en una proporción de un 1/3 % la madre y un 2/3 % el padre; a tal efecto ambos ingresarán en los cinco primeros días de cada mes la cantidad que acuerden y que, provisionalmente, en tanto pactan el montante de las necesidades, será la cantidad de 600 el padre y 300 la madre; ésta administrará los gastos y rendirá cuentas anuales al actor; las anteriores medidas entrarán en vigor el primero de septiembre de 2012 y las cantidades referidas se deberán actualizar anualmente con el IPC del ejercicio anterior; f) los gastos extraordinarios serán soportados por los dos progenitores en la misma proporción señalada anteriormente, y los de carácter extraescolar en la proporción en la se pacten o en la que se decida, subsidiariamente, en la decisión judicial dirimente que se adopte en ejecución de sentencia; g)se mantiene atribuido el uso de la vivienda que fue familiar a la madre hasta la mayoría de edad de las hijas, sin perjuicio de las prórrogas que procedan; se mantiene el reconocimiento a la actora a percibir del actor prestación compensatoria por el plazo de cuatro años desde la fecha de la sentencia de primera instancia; se modifica la cuantía de la prestación que, para los tres años que restan, será de 500 mensuales. Sin especial pronunciamiento respecto de las costas de la alzada.
Contra esta sentencia cabe recurso de casación en los supuestos del número 3º del artículo 477.2 LEC . También cabe recurso extraordinario por infracción procesal cumulativamente ( D.F.16ª, 1.3ª LEC ). El/los recursos debe/n ser interpuesto/s ante esta Sección en el plazo de veinte días.

References: artículo 286
 artículo 233
 resolución 
 artículo 398
 resolución 
 artículo 477