Source: https://fernandogarciasais.wordpress.com/2014/07/
Timestamp: 2017-07-20 18:28:05+00:00

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julio 2014 – FERNANDO GARCÍA SAIS Notario Público 210 Mazatlán, sinaloa, México
Mes: julio 2014	4 años de acciones colectivas en México	julio 28, 2014 por Fernando García Sais, Notario Público 210 de Sinaloa, Licenciado en Derecho por el ITAM, posted in Uncategorized	Hoy, 29 de julio de 2014, los mexicanos podemos utilizar una gran herramienta de acceso colectivo a la justicia para tutelar nuestros derechos como consumidores y al medio ambiente.
En esta fecha, pero de 2010, se adicionó un párrafo (el tercero) al artículo 17 constitucional, que dice:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5153572&fecha=29/07/2010
El origen de dicho texto constitucional se identifica con los esfuerzos de un grupo de académicos (“dirigidos por el Maestro Alberto Benítez Tiburcio, el Doctor Eduardo Ferrer Macgregor y el Doctor Fernando García Sais”, dice la exposición de motivos. Agrego el esfuerzo de Pepe Roldán Xopa, Antonio Gidi y Jean Claude Tron Petite) mexicanos interesados por mejorar las condiciones de acceso a la justicia por sus repercusiones sobre el bienestar de la población.
El entonces Senador de la República, Jesús Murillo Karam, del grupo parlamentario del PRI, fue quien patrocinó los recursos legislativos. Es interesante, para contrastar con la reforma que posteriormente se hizo a leyes y códigos federales, leer la exposición de motivos.
El link a la exposición de motivos es http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2008/02/asun_2410647_20080207_1202394980.pdf
Hoy, a cuatro años de distancia, podemos afirmar que México dio un paso firme y en la dirección correcta. La reforma instrumental (al Código Federal de Procedimientos Civiles, de 30 de agosto de 2011) debe ser objeto de análisis y debate en la academia, entre los verdaderos expertos, escuchando la voz de los pocos litigantes que han invertido en explorar el funcionamiento en los tribunales, algunas veces avanzando y en otras sobresaliendo la anacrónica formación judicial en el Poder Judicial de la Federación. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5206904&fecha=30/08/2011
La Suprema Corte de Justicia de la Nación y, particularmente, el Consejo de la Judicatura y el Instituto de la Judicatura (Escuela Judicial), han hecho algunos esfuerzos importantes para abatir los rezagos al interior del PJF. Sin embargo, aún queda mucho camino qué recorrer. Los jueces de distrito y los magistrados de los unitarios aún necesitan entender cabalmente el nuevo sistema de acceso colectivo a la justicia.
Paralelamente la Instituciones Educativas Superiores deben, urgentemente, adecuar sus programas de estudio para, no sólo entrenar en lo adjetivo del sistema de las acciones colectivas, sino para que los futuros abogados estén familiarizados con los conceptos sustantivos en materia de relaciones de consumo, competencia económica, daños y medio ambiente.
Las asociaciones civiles no han demostrado ser tan útiles ni profesionales en estos temas. La razón de ello es evidente: no ha habido en el sistema educativo entrenamiento suficiente. Quienes filantrópicamente han recorrido la travesía de organizarse para proteger los intereses de los consumidores, lo han hecho sorprendentemente sobre la ausencia de conocimiento jurídico (más con el corazón).
Poder Judicial, Universidad y Asociaciones Civiles deben formar un circulo virtuoso que impulse que los derechos tutelados con las acciones colectivas se respeten.
Deja un comentario	La definición de usuario final en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión	julio 21, 2014 por Fernando García Sais, Notario Público 210 de Sinaloa, Licenciado en Derecho por el ITAM, posted in Uncategorized	La protección al consumidor como política de Estado tiene su origen en el reconocimiento de que los mercados no funcionan de manera eficiente. La protección al consumidor no es un asunto de justicia social, individual o colectiva, sino un tema de eficiencia del mercado.
En el artículo 1º de la LFTyR se establece, entre otras cosas, que tiene por objeto regular los “derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia”. Conforme a ello, lo más correcto –desde el punto de vista de diseño normativo— es que la ley defina lo que debe entenderse por usuario, al ser éste un concepto fundamental que constituye uno de los ámbitos personales de aplicación de la LFTyR.
El término “usuario” debe ser definido legalmente, sobre todo cuando estamos en presencia de leyes con contenido económico. No definirlo, o no hacerlo de manera adecuada, implica correr riesgos innecesarios que complicarían el trabajo, de por sí complejo, de interpretación y aplicación de las normas tanto en sede administrativa como en sede judicial.
Económicamente, el concepto de usuario es una especie del correlativo de consumidor. En México, el consumidor está definido en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Ahí se establece en su artículo 2, fracción I, que los consumidores son los “destinarios finales”. Por ello se habla de “consumidores finales”.
Ese rasgo, el de ser consumidor final, no es baladí. Es de la mayor importancia para el adecuado funcionamiento de esa porción del Derecho Económico contenido en la LFPC y, ahora, en diversas leyes como la de competencia económica y la de telecomunicaciones. En un escenario ideal, perfecto, las leyes referidas deberían definir de manera idéntica al consumidor para evitar inconsistencias normativas que conduzcan, en el peor de los casos a la inaplicación eficiente de las normas de tutela del consumidor, que ahora se empiezan a dispersar en diversos ordenamientos.
El usuario en la ley de telecom
En el artículo 3, fracción LXXI, se define al “usuario final” como la persona física o moral que utiliza un servicio de telecomunicaciones como destinatario final.
Con esta definición se abona a la claridad de que el sistema general de tutela al consumidor se centra y debe centrarse en la adquisición de bienes y servicios para destinarlos al consumo privado (familiar o doméstico), ajeno a cualquier actividad profesional, comercial o mercantil.
La definición de “destinatario final”
Ni la LFPC ni la LFTyR nos dicen qué debe entenderse por “destinatario final”. Lo dan por sentado. Y, evidentemente, al ser un concepto económico, los microeconomistas lo entienden perfectamente. Lamentablemente, los abogados entrenados exclusivamente a trabajar con códigos y leyes, encuentran dificultades (serias) para entender el concepto.
En el ámbito de la contratación, y en materia de telecomunicaciones, puede haber dos tipos de contratantes de los servicios (ya sea de telecomunicaciones o de radiodifusión). Quienes contratan y utilizan el servicio para satisfacer necesidades personales (o familiares) y quienes lo hacen para coadyuvar con el ejercicio de actividades profesionales o comerciales. En esta segunda hipótesis, no se está en presencia de un usuario final, que goce de los derechos de los usuarios finales (ni de los consumidores), por realizar actividades que caen fuera de la propia definición de usuario. Solamente quienes destinan el servicio para usos privados gozan de los derechos de los usuarios finales (y de los consumidores).
Así, por ejemplo, si alguno de nosotros somos usuarios de un teléfono celular, para determinar si nos corresponden los derechos de los usuarios finales es necesario hacer el test de la relación de consumo (vid. García Sais, Fernando. El test de la relación de consumo. Revista Mundo del Abogado, marzo de 2014, México. http://elmundodelabogado.com/2014/el-test-de-la-relacion-de-consumo/)
Según la Ley Federal de Protección al Consumidor (artículo 19) la política de protección al consumidor constituye uno de los instrumentos sociales y económicos del Estado para favorecer y promover los intereses y los derechos de los consumidores, mediante la adopción de las medidas que procuren el mejor funcionamiento de los mercados y el crecimiento económico del país.
La Ley Federal de Protección al Consumidor restringe su aplicación a quienes como consumidores tengan el carácter de destinatario final (y desde 2004 a los “consumidores intermedios”). Destinatario final se relaciona con el mercado. De esta forma, es consumidor (o usuario) final si el bien o servicio se adquiere para extraerlo del mercado. Si se adquiere para reintroducirlo, de cualquier manera, al mercado, no habrá consumidor (o usuario) final.
Como se ve, la nota de ajenidad del mercado es esencial. Lo definitivo para calificar jurídicamente al consumidor o usuario no lo es la mera adquisición o el acto de adquirir sino el de, con motivo en dicha adquisición, constituirse en un destinatario final.
El consumidor (usuario) final es un sujeto que actúa en el mercado frente a un empresario (o el Estado actuando como tal).
Para que haya relación de consumo es indispensable que primero se verifique la existencia de un consumidor y de un proveedor. No hay acto de consumo sin ambos sujetos.
Para determinar la existencia de un proveedor debemos utilizar los siguientes métodos. Los he denominado el test de la relación de consumo (en el orden que se quiera):
a) Analizar la naturaleza jurídica de las partes que intervienen en un acto que pretende calificarse como de consumo.
Con base en la primera parte del test, cabe afirmar que de la misma manera como la legislación civil es aplicable para resolver las controversias entre las personas de Derecho civil y la legislación mercantil, para las controversias entre comerciantes, cuando para una de las partes el acto tenga naturaleza mercantil y para la otra civil, estaremos en presencia de un acto mixto. Para los supuestos remanentes, es decir, cuando el cocontratante del empresario sea un consumidor (final), se surte la Ley Federal de Protección al Consumidor y cobran vigencia todos los derechos sustantivos y procesales previstos en dicha legislación del consumidor. Parece ser un criterio residual, pero no lo es. Podemos empezar el ejercicio intelectual a partir de la última hipótesis sin problema alguno.
b) Analizar los alcances económicos del acto en cuestión.
(i) Para el proveedor.
Complementariamente, a efecto de resolver el problema de la determinación del carácter de proveedor, es crucial determinar los alcances económicos del acto concreto.
La característica primordial del comerciante-empresario es la actividad económica que realiza. En términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, salvado dicho carácter, no deberían exigirse mayores requisitos, siempre que se esté frente a un consumidor final (y no así frente a un empresario). Quedan fuera, pues, de la Ley Federal de Protección al Consumidor las relaciones entre empresarios (B2B) y las relaciones entre particulares (C2C). Estas dos jamás podrán ser relaciones de consumo, por tratarse de relaciones empresariales y relaciones civiles, respectivamente.
Por ejemplo, las fundaciones y las instituciones de asistencia privada pueden desarrollar actividades económicas. Si en esas actividades se adquieren y se reparten beneficios (es decir, existe especulación comercial en la medida en que la finalidad de sus actos es la obtención de un lucro) entre quienes suscribieron el contrato social, me parece evidente la existencia de un ánimo de lucro (aún sin ser comerciante).
(ii) Para el consumidor o usuario final.
Podemos empezar a dilucidar en torno a los efectos de la adquisición/contratación para el consumidor-usuario investigando si el costo que le representa lo repercute fiscalmente en un régimen empresarial o profesional. Si es así, quedaría descartada la aparición del destino final, por ser incompatibles entre sí. La otra manera de discriminar es averiguar respecto de los motivos que tuvo el consumidor al contratar (el boleto de avión fue comprado para ir de vacaciones o para asistir a una junta de negocios, el celular se adquirió para comunicarse con la familia o para tratar asuntos de la oficina).
En atención al principio de unicidad del acto, un mismo contrato no podría calificarse como empresarial y como de consumo al mismo tiempo. El problema reside en los llamados consumos mixtos en los que el consumidor destina parte del bien o servicio para satisfacer necesidades personales y profesionales. Y lamentablemente las leyes vigentes no resuelven el problema satisfactoriamente para el “usuario mixto”, por lo que no debe ser considerado consumidor final.
La Ley Federal de Protección al Consumidor restringe su aplicación a quienes como consumidores tengan el carácter de destinatario final (y desde 2004 a los “consumidores intermedios”).
Como dije, ser destinatario final está relacionado con la extracción del bien y servicio del mercado. Si ese bien y servicio, de cualquier manera, genera valor para el mercado, no debería catalogarse a la relación que le dio nacimiento como de consumo. De esta forma, es consumidor (o usuario) final si el bien o servicio se adquiere para extraerlo del mercado. Si se adquiere para reintroducirlo, de cualquier manera, al mercado, no habrá consumidor (o usuario) final.
Con el test de la relación de consumo, las alternativas interpretativas que postulo generan mayor seguridad y certidumbre jurídica para los operadores económicos, para los consumidores y, por supuesto, para los operadores jurídicos (autoridades administrativas y jurisdiccionales).
Si centramos el análisis en la naturaleza jurídica de la persona, física o moral, y el efecto económico que produce con su acto, todo se soluciona.
Deja un comentario	Se derogan todas las disposiciones que se opongan…	julio 9, 2014julio 9, 2014 por Fernando García Sais, Notario Público 210 de Sinaloa, Licenciado en Derecho por el ITAM, posted in Uncategorized	Con esa sentencia nuestros congresistas pretenden que los ciudadanos y operadores jurídicos determinen cuál es el derecho vigente en México.
La fórmula es plenamente válida. Quienes estudiamos Derecho, aprendimos que la expulsión de una norma del ordenamiento jurídico se logra con su derogación (abrogación cuando pierde vigencia todo un cuerpo normativo).
Dicho mecanismo de purificación del Derecho, está reconocido en el Código Civil Federal y en todos los códigos civiles en los Estados de la República. Artículo 9o.- La ley sólo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior.
La derogación puede ser de dos maneras: expresa y tácita. La expresa es cuando en la ley se señala (generalmente en sus transitorios) que leyes o artículos de éstas dejarán de tener vigencia cuando la nueva norma entre en vigor (previendo, desde luego las regulación de las situaciones creadas bajo la cobertura de la ley o artículo que perderá vigencia). Este tipo de derogación supone que el legislador, preocupado por la calidad de su norma y por generar certeza jurídica, analizó de manera detallada qué porciones del sistema jurídico dejarían de tener fuerza y, de la misma manera detallada, declaró con precisión qué artículos serán expulsados con el inicio de vigencia de la nueva ley.
En relación con este sistema de derogación expresa, cabría preguntarse de si es posible que derivado de una defectuosa detección por parte del legislador, si otras normas podrían quedar invalidadas por ser incompatibles (parcial o totalmente) con la nueva ley. La otra posibilidad derogatoria se manifiesta de manera tácita, cuando el legislador no señala de manera puntual qué normas perderán vigencia y queda en manos de los destinatarios de las normas, operadores jurídicos, juristas y demás interesados en el juego normativo, determinar cuál es el derecho vigente. Esta tarea, en algunos casos, requiere de un buen entrenamiento ajeno al ciudadano destinatario de las normas. La derogación tácita de normas también es usada por el legislador con la fórmula que intitula este artículo “quedan derogadas todas las que se opongan…” Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación este tipo de derogación no es tácito sino una “derogación expresa indeterminada”, en tanto ordena la derogación de ciertas disposiciones pero sin especificar cuáles son. (Vid, in fine).
El evidente problema que el sistema de derogación tácita (o expresa indeterminada) plantea es la indefinición por parte del legislador de cuál es el derecho vivo en un lugar y momento determinado, con los múltiples problemas interpretativos que la determinación plantea.
Junto a dicha indefinición, el conjunto de nuestras leyes y normas van acumulando preceptos que con motivos de la derogación tácita no fueron ni han sido removidos del texto de dichos cuerpos normativos. Es un tema de estética jurídica con repercusiones en la certeza jurídica. La SCJN en el precedente transcrito (infra) dice que en el caso de la derogación expresa indeterminada (a lo que yo llamo “tácita”) tales “normas gozan de la presunción de vigencia y validez constitucional”.
Ojalá que alguna legislatura, alguien con visión de interés público, comience por limpiar al ordenamiento jurídico y, paralelamente, se apruebe como indispensable la derogación expresa de normas y se prohíba la derogación tácita. Con ello, se incrementará la calidad de nuestro Derecho en beneficio de todos.
Época: Décima Época Registro: 2005881 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: P. V/2014 (10a.) Página: 224
El citado precepto establece que se derogan todas las disposiciones que contravengan al decreto mencionado, lo que evidencia la existencia de una cláusula de derogación expresa indeterminada, en tanto ordena la derogación de ciertas disposiciones pero sin especificar cuáles son. Así, frente a la norma constitucional que deroga todas las disposiciones que se le opongan, el legislador ordinario debe ejercer sus facultades para modificar o derogar todos los ordenamientos que considere contravengan el numeral fundamental y, en tanto no lo haga, tales normas gozan de la presunción de vigencia y validez constitucional. Ahora bien, ante una real o supuesta omisión del legislador ordinario en derogar una norma que se considera contraviene los derechos humanos que, a partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 reconocen la Constitución y los tratados internacionales de la materia, es necesario el estudio de constitucionalidad de normas por autoridad jurisdiccional competente, pues ello supone el contraste entre la norma cuestionada y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Amparo en revisión 447/2012. Televisora del Valle de México, S.A.P.I. de C.V. 14 de octubre de 2013. Mayoría de ocho votos en relación con el sentido; votó en contra: José Ramón Cossío Díaz; mayoría de seis votos en relación con las consideraciones de los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, con salvedades, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, con salvedades, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza; votaron en contra de las consideraciones: Margarita Beatriz Luna Ramos y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ausentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y José Fernando Franco González Salas. Ponente: José Fernando Franco González Salas. En su ausencia hizo suyo el asunto: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Juan Pablo Gómez Fierro.
Amparo en revisión 509/2012. Televisión Azteca, S.A. de C.V. 14 de octubre de 2013. Mayoría de ocho votos en relación con el sentido; votó en contra: José Ramón Cossío Díaz; mayoría de seis votos en relación con las consideraciones de los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, con salvedades, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, con salvedades, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza; votaron en contra de las consideraciones: Margarita Beatriz Luna Ramos y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ausentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y José Fernando Franco González Salas. Ponente: José Fernando Franco González Salas. En su ausencia hizo suyo el asunto: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Juan Pablo Gómez Fierro.
El Tribunal Pleno, el veintisiete de febrero en curso, aprobó, con el número V/2014 (10a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de febrero de dos mil catorce.
Deja un comentario	Responsabilidad por productos defectuosos e inseguridad del consumidor	julio 8, 2014 por Fernando García Sais, Notario Público 210 de Sinaloa, Licenciado en Derecho por el ITAM, posted in Uncategorized	Hablar de seguridad del producto implica, forzosamente, el tema de la responsabilidad por productos defectuosos. En México no existe ninguna ley, norma o regulación que desarrolle, integral y sistemáticamente, los conceptos mínimos indispensables para poder sentar las b que sustenten que en México hay una regulación en favor de la seguridad de los productos. Dicho escenario es más bien lo inverso: la inseguridad para todos.
Existen tres normas que nos sirven de guía (y de evidencia): el Código Civil Federal, en la parte de la responsabilidad civil; la Ley Federal de Protección al Consumidor, incipientemente, al referirse a productos peligrosos (que es otra categoría distinta a la de producto defectuoso); y la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, en la parte relacionada con los recalls (y de ahí derivan las previsiones de seguridad e información de las normas oficiales mexicanas).
Otros países serios que se han tomado en serio la prevención de daños al consumidor por los defectos en los productos puestos en circulación en el mercado así como la indemnización por los daños causados, cuentan con leyes muy avanzadas y criterios jurisdiccionales sólidos que, por sí mismos, constituyen verdaderas guías para los industriales y empresarios. Es el caso de los miembros de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá.
Con motivo del caso de la colza, accidente ocurrido en España antes de 1984, miles de consumidores perdieron la vida al consumir un aceite de uso industrial que era vendido en los mercados públicos (tianguis) y que por un indebido proceso de purificación fue causante de los daños. Antes de esa fecha, los españoles no tenían siquiera una ley del consumidor. Hoy cuentan con una ley en la materia bastante avanzada y con una ley de responsabilidad por productos defectuosos efectiva y eficiente.
Nosotros, en México, adolecemos de un sistema jurídico pobre y de mala calidad, en general. Y particularmente para el tema de la responsabilidad por productos defectuosos, no hay nada que pueda calificarse como una regulación seria y útil.
Hoy por hoy, los eventuales reclamos de consumidores finales tendrían que prevalerse de la institución de la responsabilidad civil subjetiva, con los problemas y altos costos que significa tener que acreditar la culpa del vendedor, fabricante, distribuidor, importador (y cualquiera que haya figurado en la cadena producción-distribución). Al no haber reglas especiales en la ley del consumidor, tanto los consumidores finales como los consumidores no finales (cualquier otro contratante) tendrían que sujetarse a dicha responsabilidad civil subjetiva.
La jurisprudencia norteamericana, desde los inicios de los precedentes por product liability, se decantó porque la responsabilidad objetiva es la mejor vía para estos reclamos, al objetivizar dos cosas: el daño y la responsabilidad. En México, por la dicción de la responsabilidad objetiva en el CCF es imposible aplicarla a casos de responsabilidad por productos.
En EUA y en Europa, se revierte la carga probatoria para que sea quien diseño, fabricó o comercializó el producto, quien acredite que el diseño no fue defectuoso, que el proceso productivo no tuvo desviaciones y que la información existente en el producto no era inadecuada. Junto a ello, los tribunales aplican diversos tests como auxiliares en el descubrimiento de fallas, en cualquiera de los tres tipos de defectos (diseño, fabricación o información).
Es evidente que la legislación mexicana no se ha adecuado a las necesidades impuestas por el tráfico mercantil. Los consumidores están expuestos a daños en todos los productos que se comercializan y tienen la carga de asumirlos o litigarlos con un marco jurídico que en nada ayuda. Recordemos que la tutela del consumidor parte de la idea de facilitar, en beneficio del buen funcionamiento del mercado, el acceso a la justicia.
Un sistema jurídico que permite, tolera y se reúsa a imputar las consecuencias dañosas a quien las generó, no puede ser de un Estado de Derecho.
Deja un comentario	¿Y las acciones colectivas para el Instituto Federal de Telecomunicaciones?	julio 4, 2014 por Fernando García Sais, Notario Público 210 de Sinaloa, Licenciado en Derecho por el ITAM, posted in Uncategorized	Con base en la reforma constitucional que creo al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y le otorgó atribuciones en materia de competencia económica –que derivan de la Ley Federal de Competencia Económica— para los sectores de la radiodifusión y telecomunicaciones, es el IFT quien debería poder ejercitar las acciones colectivas en materia de daños derivados de concentraciones indebidas o prácticas monopólicas que dañen a los consumidores finales (usuarios finales).
Para ello, será indispensable que al aprobarse la ley federal en la materia, que hoy se discute en el Senado, se hagan las adecuaciones correspondientes al Código Federal de Procedimientos Civiles (para preveer que el IFT tiene legitimación procesal activa) y en la ley federal mencionada para darle al órgano constitucional autónomo la facultad en materia de acciones colectivas en materia de competencia (para el sector de radiodifusión y telecomunicaciones).
De no ser así, habría una lamentable laguna en perjuicio de los intereses colectivos de millones de usuarios finales, lo que sería regresivo y atentatorio de los derechos fundamentales y humanos. Además, distorsionaría las reglas del mercado al preverse que la Comisión Federal de Competencia Económica si goza de legitimación ad procesum. Ello violenta gravemente los derechos de los usuarios y trastoca el buen funcionamiento de los mercados.
En la hipótesis de que el IFT sea violentado por la ley federal, éste cuenta con legitimación para presentar una controversia constitucional para pelear por la defensa de los usuarios –hoy tan desprotegidos—. De nada servirá la autonomía constitucional tan cacareada si no cuenta con herramientas útiles, modernas y eficaces para combatir con eficiencia a quien daña al consumidor.
Deja un comentario	Derechos difusos, confusos (Reforma, 3 de julio de 2014)	julio 3, 2014diciembre 10, 2014 por Fernando García Sais, Notario Público 210 de Sinaloa, Licenciado en Derecho por el ITAM, posted in Artículos Periódico Reforma	Tras la entrada en vigor de las reformas de 2011, las acciones colectivas -tramitadas ante los juzgados de distrito del Poder Judicial de la Federación— han sido tan escasas que en el Semanario Judicial de la Federación (SJF) apenas obraban tres registros de tesis aisladas, con temas relevantes como la trascendencia de la etapa de certificación, el deber de registro ante el Consejo de la Judicatura por parte de las asociaciones civiles y las guías de interpretación que imponen a los jueces la necesidad de abstenerse de adoptar modelos hermenéuticos tradicionales –empleados para los procedimientos individuales.
En los tres casos, las tesis se produjeron en el juicio de amparo directo 28/2013, atraído por la Suprema Corte de Justicia y resuelto por unanimidad. Fue ponente el ministro Cossío Díaz. Junto a las violaciones reclamadas al Tribunal Unitario que confirmó el desechamiento que un Juzgado decretó, subyacía una demanda colectiva (patrocinada pro bono por el Bufete Álvarez y Asociados) integrada por un grupo de treinta usuarios del servicio público de transporte urbano de pasajeros (en Mazatlán, Sinaloa) en contra de la Alianza de Transportadores y Camioneros de Servicios Urbanos y Suburbanos, Dicha acción individual homogénea es de la mayor trascendencia por su impacto en el bienestar social: ante las diversas fallas en la prestación del servicio de transporte público (falta de higiene, sobrecupo, dejadas y subidas fuera de las paradas autorizadas, violación a los límites de velocidad y de los horarios de salida y llegada, entre otros) los jueces pueden obligar a los prestadores de servicios a cumplir con sus deberes. Otros asuntos demuestran lo complejo que resulta aplicar el nuevo marco jurídico. En el caso de las acciones colectivas difusas hay dos nuevos y lamentables precedentes en el SJF. Y es que la Primera Sala de la SCJN –por mayoría de 3 a 2 votos de los señores ministros, votaron en contra Cossío y Pardo— al resolver el amparo directo 34/2013, en el que una colectividad de siete personas (integrantes del despacho referido) demandó a la Junta Municipal de Alcantarillado de Mazatlán “por la contaminación con aguas negras crudas (sin tratar) que arroja al mar”, concluyó que tratándose de la tutela de derechos difusos –de una colectividad indeterminada, en la que sus miembros no comparten con el demandado (el sujeto dañoso) un vínculo jurídico (como el medioambiente)— se requieren al menos treinta integrantes en la colectividad afectada. ¿De eso se trató la reforma para “facilitar” el acceso a la justicia?
Ante la desafección del legislador, que nos dio un marco jurídico deficiente, y del intérprete auténtico, se necesitan abogados caritativos que inviertan recursos en mover el aparato de impartición de justicia en beneficio colectivo. Aquella colusión pronostica que ante la promoción de acciones colectivas de interés público –como por ejemplo los daños ocasionados a millones de consumidores por la falta de funcionamiento adecuado de la línea 12 del metro— los jueces tropezarán en los anacrónicos credos del individualismo procesal, continuarán dogmatizando y evitarán reconocer derechos humanos, obviando la reforma en dicha materia de 2010.
Urge una revisión de las normas y de la actuación de los juzgadores. La Constitución tiene como finalidad generar bienestar social. Sus intérpretes deben maximizar los derechos. Los juzgadores deben darse cuenta que sus resoluciones, sobre todo entratándose de derechos difusos, los alcanzan también a ellos mismos. En el tema ambiental, todos somos vecinos. Parecería que algunos de los ministros son poco sensibles ante los daños que, más allá de Pino Suárez 2, puedan entorpecer el derecho humano a gozar de un medio ambiente sano. Ojalá se enmiende el error en futuras reflexiones en la SCJN y que la configuración del Pleno de la SCJN reúna perfiles más innovadores y adecuados para la consecución de las finalidades constitucionales. Ello si y sólo si queremos que en México se mejoren las condiciones de bienestar social. Si no, no.
Etiquetado consumidores, derechos colectivos, derechos difusos, medio ambiente, SCJNDeja un comentario	Entrevista a El Mundo del Abogado (Septiembre de 2012)	julio 2, 2014octubre 19, 2014 por Fernando García Sais, Notario Público 210 de Sinaloa, Licenciado en Derecho por el ITAM, posted in Revista El Mundo del Abogado	Fernando García Sais
1 septiembre 2012 Autor: elmundodelabogado Sección: Entrevista, Galería de imagenes
¿Cuál ha sido tu experiencia académica en relación con esta materia? Tuve la fortuna de estudiar Derecho con un método que privilegia el estudio pluridisciplinario y que lo ve como un factor de cambio social. La economía, la contabilidad y la filosofía aportan grandes herramientas para entender la evolución jurídica y social. Profundicé durante el doctorado en Derecho patrimonial en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ahí tuve la oportunidad de aprender y reflexionar en torno al movimiento europeo y norteamericano (principalmente estadounidense) de protección al consumidor. Traté de volverme un experto en el tema, para contribuir eficazmente a lograr una transformación de este campo en México.
¿A qué se debe que en México no se haya atendido de esa manera el sistema de los consumidores? En 2006 regresé a las aulas del ITAM, invitado por José Roldán Xopa, a impartir Derecho de los consumidores y responsabilidad por productos, una materia de la maestría de Derecho Administrativo y de la regulación, con un temario diseñado para comprender la importancia de la tutela del consumidor en el sistema económico. Con muy buenos estudiantes, la clase fue todo un éxito. La repetimos tres años, hasta que por cuestiones de residencia (me mudé a Mazatlán) me fue imposible seguir impartiéndola.
Deja un comentario	Recensión a Jurisprudencia del Consumidor, por Xavier Ginebra Serrabou (Mundo del Abogado, junio de 2012)	julio 2, 2014octubre 19, 2014 por Fernando García Sais, Notario Público 210 de Sinaloa, Licenciado en Derecho por el ITAM, posted in Revista El Mundo del Abogado	Jurisprudencia del consumidor
4 junio 2012 Autor: elmundodelabogado Sección: Libros
Deja un comentario	Servicios financieros, acciones colectivas y competencia (El Mundo del Abogado, julio de 2014)	julio 2, 2014octubre 19, 2014 por Fernando García Sais, Notario Público 210 de Sinaloa, Licenciado en Derecho por el ITAM, posted in Revista El Mundo del Abogado	Uno de los grandes efectos de las acciones colectivas es el poder disuasorio de conductas empresariales abusivas que afectan tanto a los consumidores como a los competidores. Sin embargo, con un modelo normativo tan defectuoso como el nuestro, dichos procesos colectivos distan mucho de ser útiles, afirma el autor.
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 artículo 2
 artículo 3
 Artículo 9
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