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Resolución JUS/880/2009, de 24 de marzo, por la que, habiendo comprobado previamente su adecuación a la legalidad, se inscribe en el Registro de Colegios Profesionales de la Generalidad de Cataluña la Normativa de la Abogacía Catalana (Vigente hasta el 19 de Febrero de 2011).
Publicado en DOGC núm. 5354 de 06 de Abril de 2009
Vigencia desde 26 de Abril de 2009. Esta revisión vigente desde 26 de Abril de 2009 hasta 19 de Febrero de 2011.
Normativa de la Abogacía Catalana
Ámbito de actuación de los abogados
Principios de libertad, independencia y libre competencia
Incapacidad para ejercer la abogacía
Incompatibilidad para ejercer la abogacía
Resolución de las solicitudes de incorporación
Defensa de asuntos propios
CAPÍTULO III. Las relaciones entre los abogados y los clientes
Libertad e independencia del abogado
Información entre abogado y cliente
Derecho del abogado de aceptar o rechazar el encargo
CAPÍTULO IV. Las relaciones entre los abogados y la Administración de justicia
Obligaciones del abogado hacia la Administración de justicia
Principios de libertad e independencia
Las relaciones de los colegios profesionales y de los consejos de colegios profesionales con la Administración de justicia
CAPÍTULO V. Las relaciones entre abogados
Obligaciones del abogado hacia los otros abogados
Reclamaciones derivadas del ejercicio de la profesión
CAPÍTULO VI. El secreto profesional
Naturaleza de derecho y deber
Ámbito objetivo, subjetivo y temporal
CAPÍTULO VII. La publicidad
Utilización de logotipos y/o eslóganes institucionales
CAPÍTULO VIII. Los honorarios
Derecho del abogado y de las sociedades profesionales de abogados a los honorarios
Libertad en la fijación de honorarios
Pacto en función del resultado
Competencias colegiales en materia de honorarios
CAPÍTULO IX. Sociedades profesionales
Ejercicio individual y colectivo
Libertad de constitución y de elección de forma societaria
Inscripción en el Registro colegial
CAPÍTULO X. Sustitución y venia
Derecho del cliente a cambiar de abogado
Obligaciones del nuevo abogado
Obligaciones del antiguo abogado
Concesión de la venia por parte del colegio
Efectos de la concesión de la venia
CAPÍTULO XI. La formación
Etapas en la formación del abogado
Competencias de los colegios
CAPÍTULO XII. La responsabilidad disciplinaria
Potestad disciplinaria de los colegios y del Consejo
Órganos competentes para el ejercicio de la potestad disciplinaria
Infracciones profesionales muy graves
Infracciones profesionales graves
Infracciones profesionales leves
Infracciones colegiales
Infracciones colegiales muy graves
Infracciones colegiales graves
Infracciones colegiales leves
Expulsión colegial
La responsabilidad disciplinaria y deontológica de las sociedades profesionales
Sanciones por responsabilidad disciplinaria de las sociedades profesionales
Causas de extinción de la responsabilidad disciplinaria
Rehabilitación por caducidad de la anotación
Ámbito de aplicación del procedimiento disciplinario
Concurrencia de sanciones e independencia de los procedimientos
Derechos de los colegiados en el procedimiento disciplinario
Los acuerdos de iniciación del procedimiento y de archivo de las actuaciones
Reconocimiento de la responsabilidad por parte del infractor
Prórroga de los plazos, suspensión de la tramitación y caducidad del procedimiento
Publicidad y efectos de las sanciones disciplinarias
El Pleno del Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña aprobó la Normativa de la Abogacía Catalana en sesiones de 1 de febrero de 2008 y 2 de marzo de 2009.
La Normativa de la Abogacía Catalana sustituye el Código de la Abogacía Catalana aprobado, bajo la vigencia de la Ley 13/1982, de 17 de diciembre, de colegios profesionales, por el Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña en sesiones 1 de marzo y 22 de noviembre de 2001 y 14 de junio de 2002 y declarado adecuado a la legalidad por Resolución JUS/2588/2002, de 10 de septiembre (DOGC núm. 3723, de 19.9.2002), que fue anulado por las sentencias de 16 y 25 de noviembre de 2005 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
La sentencia de 16 de noviembre de 2005 fundamentó su decisión en la falta de habilitación legal del Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña para aprobar normas reguladoras del ejercicio profesional de acuerdo con la Ley 13/1982, de 17 de diciembre. Esta sentencia ha sido confirmada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 2009.
Vistos el Estatuto de autonomía de Cataluña, aprobado por la Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de autonomía; la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales; la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña;
Considerando que el marco legal actual en materia de colegios profesionales en Cataluña otorga potestad normativa a los consejos de colegios profesionales y los habilita expresa y suficientemente para elaborar las normas relativas al ejercicio profesional y al régimen disciplinario comunes a la profesión;
Considerando que el contenido de la Normativa de la Abogacía Catalana se adecua a la legalidad;
Considerando que de acuerdo con el artículo 46.3 de la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de las profesiones tituladas y de los colegios profesionales, la Normativa de la Abogacía Catalana aprobada por el Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña se tiene que enviar al departamento de la Generalidad con competencias en materia de colegios profesionales, para su calificación de legalidad, inscripción en el Registro de Colegios Profesionales y publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya;
De acuerdo con lo que disponen los artículos 79 y 80 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalitat de Catalunya;
1 Declarar la adecuación a la legalidad de la Normativa de la Abogacía Catalana y disponer su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de la Generalidad de Cataluña.
2 Disponer que el texto de la Normativa de la Abogacía Catalana se publique en el DOGC, como anexo de esta Resolución.
El artículo 125.1 del Estatuto de autonomía de Cataluña, aprobado por Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio, establece que la Generalidad de Cataluña tiene competencia exclusiva en materia de colegios profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 36 y 139 de la Constitución. El Parlamento de Cataluña aprobó la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de las profesiones tituladas y de los colegios profesionales, de aplicación en todos los colegios que desarrollen su actuación en el territorio de Cataluña, así como en sus consejos de Cataluña, en el marco del artículo 36 de la Constitución, y de la Ley estatal 2/1974, de 12 de febrero, de colegios profesionales, en sus aspectos básicos y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional recaída en la materia.
En este sentido el artículo 60.1 b) en relación al 61 de la citada Ley catalana, habilita al Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña a elaborar las normas relativas al ejercicio profesional y al régimen disciplinario comunes a la profesión.
El presente cuerpo normativo tiene como punto de partida, en primer lugar, que la regulación del ejercicio de la profesión de abogado, tal como ha declarado el Tribunal Constitucional en las más recientes sentencias, tiene que tener en cuenta fundamentalmente la correcta prestación de la profesión con respecto a los justiciables, haciendo realidad los derechos de defensa de los ciudadanos así como la tutela judicial efectiva. Desde este punto de vista se supera la visión meramente corporativista de las normas que regulan el ejercicio de la profesión de abogado poniendo el acento siempre en la mejor prestación del servicio hacia la sociedad. De esta manera, y siguiendo las recomendaciones del Consejo de Colegios de Abogados de la Unión Europea se introduce la regulación de la formación continuada obligatoria como mecanismo para asegurar la constante competencia de los abogados, actualizando sus conocimientos jurídicos en una sociedad donde continuamente se suceden cambios legislativos y jurisprudenciales.
En segundo lugar, esta norma se fundamenta en los principios de independencia y de libertad colegiales: libertad, que, como valor constitucional se predica con respecto al ejercicio de la profesión; independencia en relación con los poderes públicos garantizando la no injerencia de las administraciones en el ejercicio de los derechos de defensa.
En tercer lugar, las normas relativas al ejercicio profesional y al régimen disciplinario comunes a la profesión de la abogacía parten de la firme voluntad de atribuir a los colegios profesionales la aplicación de la presente normativa ya que no podemos olvidar que de acuerdo con nuestro texto constitucional, son los colegios como corporaciones de derecho público la pieza básica del sistema y de los que depende hacer real y efectivo el correcto ejercicio de nuestra profesión.
En cuarto lugar, dado que un buen número de disposiciones de estas normas relativas al ejercicio profesional y al régimen disciplinario comunes a la profesión de la abogacía delimitan, en algún caso restringiendo, el libre ejercicio de la profesión de abogado, se ha respetado siempre y en todo caso el principio de legalidad y la necesaria reserva de ley que tiene que presidir las cuestiones abordadas, en aplicación de los artículos 1.1, 9.1, 17, 24, 25, 36 y 53.1 de la Constitución española.
De esta manera se ha tenido en cuenta como base jurídica, tanto el artículo 36 de la Constitución como el ya citado artículo 125 del Estatuto de autonomía de Cataluña, la Ley catalana 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y colegios profesionales, teniendo en cuenta los aspectos básicos de la Ley estatal 2/1974, de 12 de febrero, de colegios profesionales, y sus sucesivas modificaciones. En la misma línea, no podemos olvidar la reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley 34/2006, de 31 de octubre, de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales la cual tiene como objeto el establecimiento de las condiciones generales para la obtención del título profesional de abogado, como exigencia derivada de los artículos 17.3 y 24 de la Constitución Española, en tanto en cuanto son colaboradores en el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, con la finalidad de poder garantizar el acceso a los ciudadanos a un asesoramiento, defensa jurídica y representación técnica de calidad. Y de manera muy significativa, el punto 20 del Pacto de Estado sobre la Justicia del año 2001 establece la necesidad de crear «fórmulas homologadas con los países miembros de la Unión Europea con el fin de poder garantizar la preparación para el ejercicio de la profesión».
En consecuencia, y en cumplimiento de los artículos 60.1 b) y 61 de la Ley catalana de colegios profesionales, es deseo de este Consejo establecer la normativa básica y fundamental que tiene que regir en el ejercicio de la profesión de la abogacía en Cataluña, mediante la publicación de las normas relativas al ejercicio profesional y al régimen disciplinario comunes a la profesión de la abogacía con la finalidad de adaptarse a la nueva realidad legislativa que deriva, además de las normas citadas del Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores; el Real decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley general de la seguridad social; Real decreto 1331/2006, de 17 de noviembre, de regulación de la relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales y colectivos; Ley 34/2006, de 31 de octubre de 2006, de acceso a las profesiones de abogado y de procurador de los tribunales; Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales; Real decreto legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de seguros privados; la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita y de la Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y colegios profesionales; Directiva 98/5/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de 16 de febrero de 1998, que está destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un estado miembro diferente de aquél donde se haya obtenido el título profesional en el ámbito de la Unión Europea.
Las presentes normas relativas al ejercicio profesional y al régimen disciplinario comunes a la profesión de la abogacía, por lo tanto, han anclado sus previsiones, siempre y en todo caso, en diversas normas con rango de ley haciendo únicamente las debidas concreciones y especificaciones propias de normas reglamentarias.
Por eso, las presentes normas relativas al ejercicio profesional y al régimen disciplinario comunes a la profesión de la abogacía, se estructuran en 12 capítulos, 99 artículos, una disposición derogatoria, dos disposiciones transitorias, dos disposiciones adicionales y una disposición final.
Así, el capítulo primero (artículos 1 a 8) establece las disposiciones de carácter general que regulan el ejercicio de la abogacía dentro del territorio de la comunidad autónoma de Cataluña, su ámbito de aplicación y de actuación.
En el capítulo segundo (artículos 9 a 18) se regula el acceso a la abogacía de conformidad con la Ley estatal 34/2006, de 31 de octubre, de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, así como las incapacidades e incompatibilidades en su ejercicio. De esta manera, se mantiene el principio de colegiación única que facilita la movilidad profesional del abogado al permitir el libre ejercicio en todo el ámbito del territorio catalán y del Estado.
Sin embargo, la nueva regulación pone un especial cuidado en el respeto al derecho comunitario y se adecua mediante la introducción de la figura de «el abogado comunitario» con el fin de poder garantizar los principios de libre circulación de personas y libre prestación de servicios dentro del ámbito de la Unión Europea.
El capítulo tercero (artículos 19 a 24) regula en base a los principios de libertad e independencia la libre elección del abogado por parte del cliente garantizando la adecuada defensa de los intereses del justiciable ante los tribunales.
De la misma manera, el capítulo cuarto (artículos 25 a 27) regula las relaciones entre los abogados y la Administración de justicia, enumerando las obligaciones del abogado hacia esta Administración, los principios de libertad e independencia y las relaciones entre el Consejo y la Administración de justicia.
Otro aspecto considerado en la presente normativa relativa al ejercicio profesional y al régimen disciplinario comunes a la profesión de abogado, son las relaciones de los colegios de abogados de Cataluña y el Consejo de los Colegios de Abogados de Cataluña con la Administración de la Generalidad y más concretamente con la Administración de justicia.
El capítulo quinto (artículos 28 a 30) establece la regulación de las relaciones entre abogados, basándose en el principio de libre competencia. Este capítulo especifica las obligaciones del abogado hacia los otros abogados y las reclamaciones derivadas del ejercicio de la profesión.
En el capítulo sexto (artículos 31 a 34) se refuerzan los deberes deontológicos y éticos de los abogados y el secreto profesional, secreto éste último que sólo se puede levantar por razones debidamente fundamentadas y justificadas.
El capítulo séptimo (artículos 35 a 37) relativo a la publicidad objetiva aplica el principio de libertad en este ámbito.
En relación a los honorarios, el capítulo octavo (artículos 38 a 45) se refiere a que éstos tienen que ser de carácter orientativo, lo cual permite una mayor competencia y mejor prestación de los servicios ofertados, concretando los principios que derivan de la Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y colegios profesionales.
Además, estas normas prevén en el capítulo noveno (artículos 46 a 49) el ejercicio colectivo de la profesión mediante la constitución de sociedades profesionales de abogados, teniendo en cuenta los principios que rigen la ley de sociedades profesionales. En sintonía con la citada norma, se mantiene el Registro colegial así como la obligación de inscripción por parte de las sociedades profesionales de abogados en el Registro mencionado.
El capítulo décimo (artículos 50 a 54) regula las obligaciones que tienen que cumplir los abogados, a los efectos de la concesión de la venia, así como los casos en que ésta tenga que ser concedida por parte de los diferentes colegios de abogados.
El capítulo undécimo (artículos 55 a 59) hace referencia a la formación profesional del abogado, diferenciándose, a este efecto, dos etapas: la formación continuada y la formación especializada. En este sentido, la regulación de la formación de los abogados en la presente normativa relativa al ejercicio profesional y al régimen disciplinario comunes a la profesión es de carácter continuista con la línea proyectada por la recientemente publicada Ley 34/2006, de 31 de octubre, de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales.
Por último, el capítulo duodécimo (artículos 60 a 99) regula la responsabilidad disciplinaria de los abogados. El mismo adecua el régimen tanto a la Ley de colegios profesionales como a la abundante jurisprudencia recaída en aplicación de los artículos 24 y 25 de la Constitución. De esta manera se atribuye a los colegios profesionales una serie de potestades en materia sancionadora con la finalidad de velar por el correcto ejercicio de la profesión, respetando en todo caso los principios constitucionales en la materia, que son garantía de una correcta aplicación de la normativa vigente.
Estas normas relativas al ejercicio profesional y al régimen disciplinario comunes a la profesión de la abogacía finalizan con una disposición derogatoria, dos disposiciones transitorias, dos disposiciones adicionales, y una disposición final.
Normativa aplicable 1. El ejercicio de la abogacía en Cataluña se regirá por las presentes normas relativas al ejercicio profesional y al régimen disciplinario comunes a la profesión de la abogacía, sin perjuicio de la aplicación, cuando corresponda, de la normativa autonómica catalana, de la normativa estatal y de la normativa comunitaria.
2. La organización del Consejo de los Colegios de Abogados de Cataluña y de cada uno de estos colegios se regirá, respectivamente, por la normativa del Consejo y por la normativa del colegio correspondiente, sin perjuicio de la aplicación, cuando corresponda, de la normativa autonómica catalana, de la normativa estatal y de la normativa comunitaria.
Ámbito de aplicación Las presentes normas relativas al ejercicio profesional y al régimen disciplinario comunes a la profesión de la abogacía se aplicarán a los colegiados incorporados, como ejercientes o como no ejercientes, en cualquiera de los colegios de abogados catalanes.
Los colegiados incorporados en colegios de abogados de fuera de Cataluña quedarán sujetos a las presentes normas de actuación, la deontología y el régimen disciplinario profesional y colegial en sus actuaciones profesionales en Cataluña.
Ámbito de actuación de los abogados Los abogados están habilitados para ejercer en exclusiva las actividades profesionales de dirección y defensa de las partes en todo tipo de procesos, como también el asesoramiento y el consejo jurídicos, de acuerdo con la normativa vigente y las prohibiciones y limitaciones legales que se prevean en cada momento.
Principios de libertad, independencia y libre competencia 1. Los abogados ejercen su actividad con libertad e independencia, sirviendo el interés de los destinatarios y de la sociedad, de acuerdo con la capacidad y la habilidad que determina la buena práctica profesional y cumpliendo las normas deontológicas correspondientes, con referencia al ámbito estrictamente profesional, independientemente de los derechos y deberes propios de la relación jurídica en virtud de la cual se ejerce la abogacía.
2. Sólo podrán utilizar la denominación de abogado aquéllos que se hayan incorporado al colegio de abogados correspondiente en calidad de ejercientes.
Lengua propia y lenguas oficiales 1. El catalán es la lengua propia de los colegios de abogados de Cataluña y del Consejo de los Colegios de Abogados de Cataluña y, por lo tanto, es la lengua de uso normal y preferente. Además, el catalán es la lengua oficial de estas corporaciones, como también lo es el castellano.
2. Los colegios y el Consejo impulsarán la normalización del uso del catalán en todas las profesiones jurídicas y en la Administración de justicia de Cataluña. En concreto, estas corporaciones promoverán la edición en catalán de formularios, de normativa y de programas de gestión de despachos y de cualquier otro material relacionado con las profesiones jurídicas.
3. Los abogados que presten los servicios de asistencia jurídica gratuita, de turno de oficio y orientación jurídica tendrán que poder atender y actuar en la lengua que escoja al usuario de aquellos servicios de entre las dos lenguas oficiales de Cataluña.
Previsión social 1. Los abogados, de acuerdo con la normativa aplicable, tendrán que estar adscritos al menos a uno de los dos regímenes de previsión social siguientes: el régimen asegurador mutualista colegial o el correspondiente régimen público de la seguridad social.
2. El régimen asegurador mutualista alternativo en la seguridad social está integrado por las dos mutualidades siguientes: la Mutua de Previsión Social de los Abogados de Cataluña y la Mutualidad General de la Abogacía Española.
3. Los colegios de abogados catalanes y el Consejo de los Colegios de Abogados de Cataluña tendrán que desarrollar las siguientes funciones en materia de previsión social:
a) Velar para que en todo momento esté garantizado el derecho del abogado a optar libremente por cualquiera de los regímenes de previsión social, sin que en ningún caso sea exigible la afiliación a las dos mutualidades.
b) Velar por la realización de obra social a favor de los abogados, sin perjuicio de la autonomía de cada colegio para articular sistemas propios de ayudas a sus abogados, que en todo caso tendrán que regirse por criterios de solidaridad, no discriminación y transparencia.
c) Fomentar la suscripción de coberturas de previsión social con carácter complementario al régimen de previsión en el que conste adscrito el abogado de acuerdo con el apartado 1.
Asistencia jurídica gratuita y turno de oficio 1. La asistencia jurídica gratuita es un servicio público destinado a garantizar la tutela judicial efectiva a todos los ciudadanos que acrediten insuficiencia de recursos para litigar. La prestación de este servicio corresponde a los abogados y procuradores, y su gestión, en los colegios. La Administración, como responsable última del recto funcionamiento del servicio de asistencia jurídica gratuita, subvencionará en su totalidad la gestión de los servicios de asistencia jurídica gratuita de acuerdo con parámetros homogéneos para todos los colegios de abogados, y en función del número de expedientes de AJG tramitados garantizando una retribución digna, suficiente y en términos razonables a los abogados, teniendo en cuenta los criterios colegiales sobre honorarios. Los abogados que presten el servicio de asistencia jurídica gratuita recibirán una formación continuada específica, bajo la homologación del Consejo de los Colegios de Abogados de Cataluña la cual se ajustará a los requisitos de calidad pactados entre el Consejo y el Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña.
2. El turno de oficio es un servicio público establecido para garantizar la asistencia y la defensa de las personas que soliciten abogado de oficio o no nombren ninguno cuando sea preceptiva su intervención, y consiste en la designación de oficio de un abogado. La prestación de este servicio corresponde a los abogados, y su gestión, a los colegios. El abogado designado de oficio informará a los interesados de su deber de pagar sus honorarios, en el supuesto de que no se les reconozca el derecho de asistencia jurídica gratuita. Además, el abogado informará al cliente de la distinción entre ambas figuras y de la posibilidad o no de solicitar la asistencia jurídica gratuita, teniendo en cuenta la capacidad económica en cada caso concreto.
3. Los colegios de abogados catalanes y el Consejo de los Colegios de Abogados de Cataluña realizarán todos los esfuerzos posibles y establecerán los controles y los seguimientos apropiados para mantener y mejorar la calidad en la prestación y en la gestión de los servicios de asistencia jurídica gratuita y de turno de oficio. Estas entidades tendrán la potestad de unificar su regulación corporativa y negociar la financiación por la Administración. La garantía de la calidad y la eficacia de estos derechos ante los ciudadanos pertenecen al núcleo esencial de las funciones públicas que desempeñan los colegios de abogados, cuya responsabilidad última es de la Administración de la Generalidad.
4. Los asuntos del turno de oficio tendrán que estar dirigidos personalmente por el abogado designado.
Nuevas tecnologías 1. Los colegios de abogados catalanes y el Consejo de los Colegios de Abogados de Cataluña promoverán la correcta utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación por parte de los abogados.
2. Los colegios o, en su caso, el Consejo, podrán asumir, de acuerdo con la normativa vigente, las facultades de certificar digitalmente y emitir los correspondientes certificados identificadores de los abogados, en coordinación con la Administración pública, garantizando la confidencialidad y la identidad en sus comunicaciones con los otros abogados o con terceros y con la Administración pública, y establecerán sistemas para garantizar la seguridad de sus comunicaciones telemáticas.
Obligatoriedad de la colegiación 1. Para acceder al ejercicio de la abogacía, es requisito indispensable estar en posesión del título profesional de abogado, en los términos previstos en la Ley estatal de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, y colegiarse en el correspondiente colegio profesional.
2. La incorporación en un solo colegio, que será el del domicilio profesional único o principal del abogado, será suficiente para poder ejercer en todo el territorio catalán, sin perjuicio de los requisitos que el Consejo pueda establecer en materia de comunicaciones fuera del ámbito territorial de colegiación.
3. Los colegios remitirán anualmente a todos los juzgados y tribunales de su ámbito territorial, como también a los centros penitenciarios y de detención, la lista de los abogados en ejercicio incorporados en su colegio, lista que se actualizará periódicamente con las altas y bajas.
4. Los abogados tendrán que consignar en todas sus actuaciones el número de colegiado o, en su caso, cuando actúen fuera de su ámbito territorial de colegiación, el número de registro de la comunicación.
5. Los abogados que hayan obtenido el título en cualquiera de los otros estados miembros de la Unión Europea u otros estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, tienen derecho a ejercer la profesión de la abogacía en Cataluña de forma permanente y con su título profesional de origen, de acuerdo con las normas y disposiciones recogidas en la normativa vigente.
En cualquier caso, constituye requisito indispensable la inscripción previa en el colegio de abogados correspondiente al domicilio profesional único o principal en el territorio español.
Requisitos de la colegiación 1. Para la incorporación en ejercicio a un colegio de abogados de Cataluña se tendrán que acreditar las condiciones siguientes:
a) Tener la nacionalidad de alguno de los estados miembros de la Unión Europea, siempre que se cumplan los requisitos exigidos a estos efectos por la normativa vigente, salvo lo que dispongan los tratados o convenios internacionales o dispensa legal.
b) Estar en posesión del título profesional habilitante para el ejercicio de la abogacía en España, o en cualquiera de los estados miembros de la Unión Europea, en los términos establecidos por la legislación vigente o de los títulos de extranjeros que, conforme a las normas vigentes hayan sido homologados previamente por los ministerios de Justicia y de Educación y Ciencia.
d) No estar incurso en causa de incompatibilidad para ejercer la abogacía.
e) No estar inhabilitado por sentencia firme para ejercer la abogacía.
g) Formalizar la adscripción al régimen de previsión social legalmente exigido.
2. Para la incorporación como no ejerciente a un colegio de abogados de Cataluña se tendrán que acreditar las mismas condiciones que figuran en el apartado anterior a excepción del establecido en la letra g).
3. En caso de reincorporación de un antiguo colegiado que por cualquier motivo hubiera perdido la condición de tal, se tendrán que acreditar las condiciones descritas en el apartado 1 en el momento de la reincorporación.
Incapacidad para ejercer la abogacía 1. Son circunstancias determinantes de la incapacidad para ejercer la profesión de abogado:
a) Las sanciones disciplinarias firmes que comporten la inhabilitación profesional o la expulsión del colegio de abogados correspondiente.
c) La inhabilitación o suspensión para ejercer la abogacía en virtud de resolución judicial firme, durante el cumplimiento de la condena.
2. Las incapacidades desaparecerán cuando cesen las circunstancias que las hayan motivado o se haya extinguido la responsabilidad disciplinaria.
Incompatibilidad para ejercer la abogacía 1. El ejercicio de la abogacía es incompatible:
a) Con las funciones y los cargos públicos del Estado y de cualquiera de las administraciones públicas, sean estatales, autonómicas, locales o institucionales, cuando su normativa reguladora establezca expresamente esta incompatibilidad.
b) Con el ejercicio de las profesiones en relación en las cuales la legislación establezca expresamente esta incompatibilidad.
2. El abogado a quien afecte alguna de las causas de incompatibilidad tendrá que comunicarlo al colegio y cesar inmediatamente la situación de incompatibilidad.
Resolución de las solicitudes de incorporación 1. La Junta de Gobierno del colegio, dentro del plazo máximo de dos meses, tendrá que tomar y comunicar el acuerdo de incorporación, o bien su denegación. Se entenderá admitida la solicitud en caso de que transcurra este plazo sin que recaiga resolución.
2. El decano o persona delegada por él podrá, en casos de urgencia, acordar la incorporación con carácter provisional, sin perjuicio de someterlo a la junta con posterioridad.
Defensa de asuntos propios 1. Podrán actuar como abogados sin necesidad de estar incorporados en un colegio de abogados los licenciados en derecho que lo soliciten con la única finalidad de llevar la defensa en procedimientos sobre asuntos propios, del cónyuge o de los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o el segundo de afinidad.
2. La autorización será concedida en cada caso concreto por el decano, o miembro de la junta en que delegue, siempre que los solicitantes cumplan los requisitos de colegiación, excepto los referidos al pago de las cuotas colegiales y a la adscripción en el régimen de previsión social. En su actuación, los licenciados en derecho autorizados estarán sujetos a la responsabilidad civil y disciplinaria de los abogados.
3. Esta autorización supone la concesión al interesado de todos los derechos y las obligaciones de los abogados, excepto el de satisfacer las cuotas colegiales, pero sólo en relación al asunto en cuestión.
Pérdida de la condición de colegiado 1. La condición de colegiado se perderá por las causas siguientes:
b) Declaración judicial de incapacidad.
c) Expulsión como consecuencia del cumplimiento de una sanción disciplinaria firme que la comporte.
e) Baja forzosa por incumplimiento de la obligación de pago de las cuotas ordinarias o extraordinarias.
2. La pérdida de la condición de colegiado no liberará del cumplimiento de las obligaciones vencidas, las cuales se podrán exigir a los interesados o a sus herederos.
3. En relación a la baja forzosa por incumplimiento de las obligaciones económicas, su efectividad estará condicionada a la previa instrucción de un expediente sumario, que comportará un requerimiento escrito al afectado para que, dentro del plazo que se fije, se ponga al corriente de los descubiertos. Pasado el plazo sin cumplimiento, se tomará el acuerdo de baja, que tendrá que notificarse de manera expresa al interesado. El abogado podrá rehabilitar sus derechos pagando la deuda, los intereses al tipo legal y la cantidad que corresponda satisfacer en concepto de reincorporación.
4. La pérdida de la condición de colegiado por las causas del apartado 1 se tendrá que comunicar al Consejo de los Colegios de Abogados de Cataluña.
Inhabilitación del ejercicio profesional 1. La inhabilitación para el ejercicio profesional no comprende la pérdida de la condición de colegiado, sino que la persona afectada continuará perteneciendo al colegio, en condición de no ejerciente, con la limitación de derechos que la causa o el acuerdo de inhabilitación hayan producido.
2. La inhabilitación se tendrá que comunicar al Consejo de los Colegios de Abogados de Cataluña.
Comunicación de domicilio para notificaciones 1. Los abogados tendrán que comunicar al colegio correspondiente su domicilio para notificaciones a todos los efectos colegiales.
2. Asimismo, cualquier cambio de domicilio, para que produzca estos efectos, tendrá que ser comunicado expresamente.
Seguro de responsabilidad profesional 1. Los abogados tienen el deber de cubrir mediante un seguro los riesgos de responsabilidad en que puedan incurrir a causa del ejercicio de su profesión, que será adecuada en relación a la naturaleza y al alcance del riesgo. No obstante lo expuesto, los abogados que actúen exclusivamente al servicio de una administración pública no tienen que cumplir el requisito del seguro por responsabilidad. Este seguro tampoco es obligatorio en caso de que la actividad profesional se ejerza exclusivamente por cuenta de otros que ya tenga asegurada la cobertura por los riesgos de la actividad que comprenden el ejercicio de la profesión.
2. Los colegios tendrán que contratar un seguro colectivo de responsabilidad profesional que cubra en una cantidad mínima los riesgos que asumen los abogados incorporados al respectivo colegio, sin perjuicio que éstos puedan individualmente ampliar la cobertura de este seguro colectivo mediante la contratación de un seguro individual complementario.
3. Las sociedades profesionales tendrán que contratar un seguro que cubra la responsabilidad en la que éstas puedan incurrir en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan su objeto.
Capítulo IIILas relaciones entre los abogados y los clientes
Libertad e independencia del abogado 1. La independencia tiene que orientar en todo momento la actuación del abogado y, por lo tanto, éste tendrá que rechazar cualquier encargo que pueda comprometerla. Además, tendrá que informar al cliente de las situaciones personales, familiares, económicas o de amistad que lo vinculen con la parte contraria y que puedan afectar a su actuación.
2. El abogado tiene plena libertad para decidir los medios de defensa que hay que utilizar siempre que hayan sido obtenidos legítimamente.
3. El abogado no podrá renunciar a derechos o no asumir obligaciones en nombre del cliente sin su autorización expresa.
4. El abogado que mantenga una relación permanente con el cliente, sea o no de naturaleza laboral, disfruta de los mismos derechos y obligaciones que el resto de abogados, y su actuación se rige igualmente por los principios de libertad e independencia.
Información entre abogado y cliente 1. El cliente tiene derecho a ser informado por el abogado de las circunstancias siguientes:
a) La colegiación del mismo abogado y el número de colegiado.
b) Los posibles resultados de su actuación, sin prometer ninguno que no dependa exclusivamente de esta actuación.
e) y aquéllas otras que, a petición del cliente, estén legalmente previstas
2. Al mismo tiempo, el abogado tiene derecho a reclamar al cliente toda la información que resulte relevante para la óptima consecución del encargo. El abogado tendrá que mantener la confidencialidad de la información que el cliente le suministra.
3. En ningún caso el abogado podrá retener información o documentación del cliente.
Derecho del abogado de aceptar o rechazar el encargo 1. El abogado tiene derecho a aceptar libremente un encargo con las limitaciones establecidas para los casos de conflicto de intereses. Mientras no renuncie al encargo llevará a cabo la defensa de los intereses del cliente en su integridad.
2. El abogado tiene también el derecho a rehusar libremente un encargo, sin tener que expresar las causas, sin perjuicio de lo que establezca el régimen de la asistencia jurídica gratuita y del turno de oficio.
3. Asimismo, el abogado también tiene derecho a renunciar, en cualquier momento, a un encargo que esté llevando a cabo, sin perjuicio de lo que establezca el régimen de la asistencia jurídica gratuita y del turno de oficio. En este caso, el abogado tendrá que procurar la protección integral de los intereses de su cliente. A estos efectos, adoptará las medidas siguientes:
a) Comunicará la renuncia al cliente por cualquier medio que permita la constancia de su recepción, a fin de que éste pueda procurarse a un nuevo abogado. Cuando eso no sea posible, podrá comunicarlo al colegio acreditando el intento de comunicación.
b) Ejecutará todos los actos necesarios para evitar la pérdida de derechos.
c) Comunicará la renuncia al órgano correspondiente de la Administración de justicia si hay un pleito pendiente.
d) Facilitará información completa al cliente y al nuevo abogado sobre la situación del encargo, como también de las actuaciones que hay que abordar en un plazo breve.
4. Una vez el abogado haya comunicado la renuncia al cliente, y, en su caso, al juzgado, y de forma potestativa en el colegio, quedará liberado de toda responsabilidad derivada de actuaciones posteriores.
Conflicto de intereses 1. El abogado no podrá nunca defender simultáneamente dos partes que tengan interés contrapuesto o cuando exista riesgo actual o potencial grave de conflicto de intereses entre estos clientes, de infracción del secreto profesional o de peligro para la independencia profesional.
2. El abogado no aceptará encargos que impliquen actuaciones contra quien haya sido cliente suyo cuando puedan originar un conflicto de intereses. Excepcionalmente, podrá aceptarlos cuando, en razón del tiempo transcurrido o por el tipo de asunto, no sea posible hacer un uso indebido de la información adquirida en la ejecución del antiguo encargo.
3. El abogado no aceptará encargarse de un asunto cuando la parte contraria u otro abogado le haya realizado una consulta referida al asunto mencionado en virtud de la cual haya adquirido una información que afecte su deber de secreto profesional.
4. Las prohibiciones anteriores se extienden también a los socios y los colaboradores del abogado afectado.
5. No obstante, el abogado podrá actuar en interés de todas las partes en la preparación y la redacción de documentos de naturaleza contractual, si bien en este caso estará obligado a mantener una estricta neutralidad.
Hoja de encargo 1. Es recomendable la utilización de hojas de encargo en los cuales se incorpore el contenido del encargo de la manera más explícita posible, junto con la previsión de los trámites que habrá que cumplir, la duración aproximada, los honorarios y gastos previsibles, además de la manera y el tiempo pactado para su pago, como también de eventual devengo de intereses por estos conceptos.
2. En la hoja de encargo las partes se podrán someter al arbitraje del colegio de abogados correspondiente para resolver las cuestiones que se deriven.
3. Los colegios promoverán la utilización de las hojas de encargo, facilitando un modelo a los colegiados.
Relaciones del abogado con la parte contraria 1. El abogado sólo se podrá relacionar con la parte contraria a través de su abogado. En consecuencia, el abogado no podrá entrar en contacto con la parte contraria sin autorización o intervención de su abogado.
2. Si la parte contraria no dispone de abogado, se observará la máxima prudencia con los tratos que se mantengan y, en cualquier caso, se le recomendará que se procure un abogado.
Capítulo IVLas relaciones entre los abogados y la Administración de justicia
Obligaciones del abogado hacia la Administración de justicia En sus relaciones con la Administración de justicia, el abogado tendrá que cumplir las obligaciones siguientes:
b) Observar especial diligencia en el cumplimiento de los horarios establecidos para los señalamientos y las diligencias judiciales.
c) Guardar el debido respeto a todas las personas que participan en la Administración de justicia, como también pedir a sus clientes el respeto y el trato correcto con ellas.
e) Abstenerse de no hacer ninguna señal ostensible, aprobando o desaprobando la actuación de los intervinientes, en las vistas y en las otras actuaciones judiciales.
f) Si no puede contribuir por cualquier circunstancia a una diligencia judicial, o decide no asistir, tendrá que comunicarlo con la debida antelación al órgano judicial y al abogado contrario para evitar esperas innecesarias, sin perjuicio de la posibilidad de designar a otro abogado para que lo sustituya. Tendrá que proceder de la misma manera cuando le conste la inasistencia de sus clientes.
Principios de libertad e independencia 1. El abogado tiene derecho a la plena libertad de defensa y a la máxima independencia.
2. Si el abogado considera que el órgano judicial coarta su libertad e independencia lo tendrá que hacer constar delante del mismo órgano judicial y enterará a la Junta de Gobierno del colegio correspondiente.
Las relaciones de los colegios profesionales y de los consejos de colegios profesionales con la Administración de justicia Las relaciones de los colegios profesionales y los consejos de colegios profesionales con la Administración de justicia se rigen por los principios de coordinación y cooperación.
Capítulo VLas relaciones entre abogados
Principio de libre competencia El ejercicio profesional de los abogados se realizará en régimen de libre competencia.
Obligaciones del abogado hacia los otros abogados En las relaciones con otros abogados, el abogado tendrá que cumplir las obligaciones siguientes:
a) Recibir con la máxima celeridad posible al abogado que lo visite en su despacho.En caso de falta de acuerdo sobre el lugar de reunión, el abogado colegiado más reciente se desplazará al despacho del abogado colegiado más antiguo.
b) Atender con la máxima celeridad posible las comunicaciones escritas o telefónicas de otros abogados.
c) Mantener el más absoluto respeto por el abogado de la parte contraria, evitando cualquier alusión personal, tanto en los escritos judiciales y en los informes orales ante los tribunales como en las comunicaciones escritas y orales con su cliente.
d) No pedir la declaración judicial del abogado de la parte contraria.
e) No registrar ni reproducir las conversaciones o las reuniones mantenidas con otros abogados sin su consentimiento. Este consentimiento no incluye la autorización para la divulgación del contenido de la grabación.
f) No revelar, divulgar, ni utilizar en un juicio o fuera de él, la información confidencial recibida de otro abogado, sea cual sea el medio utilizado, y sin perjuicio de los hechos notorios, que quedan exceptuados de esta limitación.
g) No facilitar información falsa ni atribuirse facultades de decisión diversas de las conferidas por el cliente.
h) Comunicar el cese o la interrupción de las negociaciones extrajudiciales antes de presentar una reclamación judicial.
Reclamaciones derivadas del ejercicio de la profesión 1. El abogado tendrá que procurar resolver extrajudicialmente las reclamaciones de honorarios, propias y de otros compañeros, agotando todas las posibilidades de un arreglo extrajudicial satisfactorio. Si no lo consigue, lo podrá someter al arbitraje o la mediación del colegio de abogados correspondiente.
Los honorarios no se pueden impugnar con la sola finalidad de retrasar la solución definitiva del asunto.
2. Los abogados que, en nombre propio o del cliente, pretendan interponer una acción de responsabilidad civil o penal contra otro abogado, tendrán que comunicarlo previamente a la junta de gobierno si la acción deriva del ejercicio de la profesión.
3. Es recomendable la mediación colegial en todas las acciones de cariz profesional entre abogados.
Capítulo VIEl secreto profesional
2. En razón del secreto profesional se limita el uso de la información reservada recibida del cliente a las necesidades de su defensa y se excluye revelarla, excepto en los casos de levantamiento.
3. Se considera información reservada la recibida del cliente en el ejercicio de la profesión en cualquiera de sus modalidades, que por su naturaleza éste tenga un interés jurídicamente atendible a excluirla del conocimiento de terceros.
4. El deber de secreto y confidencialidad se extiende a las comunicaciones y la información recibida del abogado contrario y de su cliente sobre hechos y noticias que a aquéllos interese excluir del conocimiento de terceros.
5. El abogado no puede ser obligado a declarar sobre hechos o noticias que conozca en razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional.
Ámbito objetivo, subjetivo y temporal 1. El secreto profesional ampara la información recibida del cliente y de la contraparte con independencia del medio o el soporte utilizado.
2. El secreto profesional se extiende a los abogados colaboradores, y sujeta también al personal dependiente.
3. El secreto profesional persiste después de haber cesado la relación contractual del abogado con el cliente.
Levantamiento 1. El secreto profesional se podrá levantar en los supuestos siguientes:
a) Cuando el mantenimiento del secreto pueda causar una lesión notoriamente injusta y grave al abogado o a un tercero.
b) Cuando el abogado sea autorizado de manera expresa por el titular del ámbito de información reservada.
c) En los expedientes disciplinarios colegiales y de impugnación de honorarios.
2. En todos los supuestos, el abogado interesado en el levantamiento del secreto lo tendrá que solicitar a la junta de gobierno o al miembro de la junta en el cual ésta delegue, la cual lo autorizará si se cumplen los requisitos establecidos en este artículo, atendiendo los intereses en conflicto.
Amparo colegial 1. El colegio velará por el cumplimiento del derecho y el deber de secreto y protegerá sus colegiados cuando este cumplimiento pueda estar amenazado, e intervenga en cualquier situación de perturbación, de oficio o a instancia de los interesados.
2. En las actuaciones policiales o judiciales que afecten un abogado o sociedad profesional de abogados, el decano, o quien lo represente, a petición de aquéllos, tendrá que asistir a las diligencias, con el fin de velar por la salvaguarda del secreto profesional.
Capítulo VIILa publicidad
Licitud de la publicidad 1. La publicidad de los abogados y de las sociedades profesionales de abogados se regirá por la legislación general sobre publicidad, defensa de la libre competencia, y por las normas deontológicas de la Abogacía.
2. La publicidad de los abogados y de las sociedades profesionales de abogados es lícita, excepto en los casos en que esté expresamente prohibida. La publicidad tendrá que ser objetiva, veraz y digna, tanto por su contenido como por los medios utilizados.
Publicidad ilícita 1. Son actos de publicidad ilícita porque vulneran las normas contenidas en la Ley de competencia desleal y en la Ley general de publicidad:
a) La publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y los derechos reconocidos en la Constitución.
2. Son actos de publicidad ilícita porque vulneran las normas de deontología de la profesión:
a) La publicidad que signifique la violación del deber de secreto profesional.
b) La publicidad que incorpore la promesa al cliente de obtener un determinado resultado cuando éste no dependa exclusivamente de la actuación del abogado.
c) La publicidad que haga mención de clientes o asuntos profesionales sin la autorización escrita del cliente.
d) La publicidad directamente dirigida a las víctimas de accidentes o catástrofes y a sus familiares, en los supuestos en los cuales la libertad de elección de los afectados está condicionada por el hecho de encontrarse bajo el impacto y los efectos de un infortunio, así como la dirigida a personas implicadas en procesos judiciales o de naturaleza análoga.
e) Y, en general, la publicidad contraria a las normas deontológicas de la profesión.
Utilización de logotipos y/o eslóganes institucionales 1. Con la autorización previa de la junta de gobierno, los abogados y las sociedades profesionales de abogados podrán utilizar en su publicidad los logotipos y/o eslóganes institucionales que su colegio tenga adoptados al respeto.
2. En ningún caso se podrán utilizar los símbolos o emblemas corporativos oficiales.
Capítulo VIIILos honorarios
Derecho del abogado y de las sociedades profesionales de abogados a los honorarios El abogado y las sociedades profesionales de abogados tienen derecho a percibir unos honorarios en contraprestación a sus servicios y a reintegrarse de los gastos generados a causa de su actuación profesional.
Libertad en la fijación de honorarios 1. Los honorarios serán los que libremente pacten el abogado o sociedad profesional y el cliente.
2. Los abogados y las sociedades profesionales de abogados podrán formalizar por escrito el pacto sobre honorarios. Las partes podrán someter al arbitraje del colegio de abogados correspondiente los conflictos que puedan surgir en esta materia, sin perjuicio de los derechos de intervención que se puedan establecer por este servicio.
3. Los colegios tendrán que fomentar la formalización por escrito de estos pactos.
Pacto en función del resultado Se permite pactar con el cliente honorarios basados en el resultado del asunto, incluso con el establecimiento de un tanto por ciento de este resultado, siempre que el cliente asuma todos los gastos del asunto.
A partir de: 19 febrero 2011 Artículo 40 del Anexo redactada por la Res [CATALUÑA] JUS/409/2011, 8 febrero, de modificación de la Normativa de la Abogacía Catalana («D.O.G.C.» 18 febrero).
Presupuesto 1. Es recomendable que el abogado o la sociedad profesional entregue al cliente un presupuesto por escrito. Existe la obligación de entregarlo cuando el cliente lo solicite.
2. El presupuesto tendrá que incluir la previsión aproximada del importe de los honorarios y de los gastos necesarios para realizar la actuación profesional, destacando su carácter meramente orientador y aproximativo. En caso de que no se pueda realizar una previsión aproximada de estos importes, se informará de los criterios que se utilizarán para calcularlos.
Provisión de fondos Antes de realizar su actuación profesional o durante su realización el abogado o sociedad profesional podrá solicitar al cliente unas o más provisiones de fondos a cuenta de los honorarios y los gastos necesarios para llevar a cabo la actuación mencionada.
Minuta 1. Para hacer efectiva su remuneración, el abogado o sociedad profesional tendrá que entregar una minuta al cliente, la cual tendrá que cumplir los requisitos legales y fiscales correspondientes, y tendrá que expresar detalladamente los conceptos determinados de los honorarios y la relación de los gastos.
2. Las partes podrán acordar la satisfacción parcial de los honorarios, expidiendo la minuta correspondiente, sin perjuicio de la liquidación final.
3. El abogado o sociedad profesional podrá emitir una minuta proforma, mediante la cual notificará de antemano al cliente sus honorarios, sin exigir todavía el pago.
Competencias colegiales en materia de honorarios 1. Los colegios de abogados, para el desarrollo de sus funciones y competencias, resolver los conflictos que se sometan a su arbitraje, emitir los informes y dictámenes previstos en la legislación procesal y también a los efectos que el cliente pueda estar informado sobre las consecuencias económicas de una posible condena en costas, podrán recomendar unas pautas orientadoras que sirvan de fundamento para fijar el importe de los honorarios.
2. En la aprobación de las pautas orientadoras de honorarios los colegios y el Consejo tendrán que tener en cuenta principalmente los criterios siguientes:
a) La cuantía económica del asunto.
d) La intensidad de la dedicación.
e) La urgencia y la especialización exigidas.
f) El interés y la trascendencia personal o patrimonial del asunto.
g) La mejor utilidad que la intervención profesional pueda reportar al cliente.
3. El Consejo impulsará la unificación de las pautas orientadoras de honorarios y su interpretación para toda Cataluña.
4. Cada colegio tiene la competencia para dictar resoluciones interpretativas sobre cualquier aspecto de los honorarios y para resolver todas las cuestiones que se puedan suscitar sobre éstos.
5. Los colegios establecerán derechos de intervención por la emisión de informes, dictámenes y por el ejercicio de las competencias establecidas en el presente capítulo.
Tasación de costas 1. En caso de ganar un pleito con condena en costas, el abogado o sociedad profesional tendrá que comunicar la minuta al abogado contrario antes de pedir la tasación de costas al juzgado, con el fin de intentar obtener el cobro extrajudicial.
2. La expresa imposición de las costas procesales no exime al litigante favorecido por la condena en costas de la obligación de pagar los honorarios a su abogado.
3. De acuerdo con el artículo 44.1, el Consejo de los Colegios de Abogados y los colegios de abogados podrán establecer unas pautas que sirvan de fundamento para fijar los honorarios profesionales cuando la minuta del abogado se tenga que incluir en una tasación de costas.
4. En la aprobación de las mencionadas pautas, los colegios y el Consejo tendrán que tener en cuenta, principalmente, los criterios establecidos en el apartado segundo del artículo 44.
Capítulo IXSociedades profesionales
Ejercicio individual y colectivo 1. Los abogados podrán ejercer la abogacía de manera individual, sea por cuenta propia o por cuenta ajena, o de manera colectiva, mediante la constitución de sociedades profesionales de abogados.
2. Las sociedades profesionales aquí reguladas son aquéllas que tienen por objeto el ejercicio de la abogacía, bien exclusivamente, bien junto con el ejercicio de otra profesión que no sea legalmente incompatible, y se regirán por las normas especiales contenidas en el presente capítulo, por la regulación colegial de desarrollo de estas normas y, de forma supletoria, por la regulación general de las sociedades profesionales y la de la forma societaria adoptada.
3. Los socios podrán incluir en el contrato social todos los pactos que consideren convenientes, siempre que no se opongan a la normativa aplicable.
Libertad de constitución y de elección de forma societaria 1. Los abogados podrán ejercer la abogacía colectivamente asociándose entre ellos o con otros profesionales mediante la constitución de sociedades profesionales de abogados, con los límites y las condiciones establecidos en la normativa aplicable en materia de sociedades profesionales.
2. Las sociedades profesionales de abogados podrán adoptar cualquiera de las formas societarias admitidas en derecho, incluidas las sociedades mercantiles.
3. El contrato de sociedad profesional tendrá que formalizarse en escritura pública.
Inscripción en el Registro colegial 1. Los colegios de abogados de Cataluña crearán sus respectivos registros de sociedades profesionales de abogados.
2. Las sociedades profesionales de abogados se tendrán que inscribir necesariamente en el Registro del colegio correspondiente en razón del domicilio social, sin perjuicio de su inscripción, en el registro mercantil.
3. En la inscripción colegial se harán constar las menciones exigidas por la normativa vigente para la inscripción de la forma societaria de que se trate y, en todo caso:
a) La identificación de los socios otorgantes de la escritura pública, así como la identificación de las personas encargadas inicialmente de la administración y representación; expresando en cada supuesto la condición o no de socio profesional.
b) En su caso, el colegio profesional al que pertenecen los socios y su número de colegiado, mediante certificación colegial acreditativa de los datos identificativos, así como de la habilitación actual para el ejercicio de la profesión.
c) Fecha y referencia identificativa de la escritura pública de constitución y notario autorizante; y duración de la sociedad si se hubiera constituido por tiempo determinado.
d) La actividad o actividades profesionales que constituyan el objeto social, denominación o razón social y domicilio de la sociedad.
e) Certificación registral acreditativa de la previa inscripción de la sociedad profesional en el registro mercantil.
4. A efectos de publicidad, los colegios de abogados remitirán periódicamente al Ministerio de Justicia, a la Comunidad Autónoma y al Consejo de Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña, las inscripciones practicadas en sus correspondientes registros de sociedades profesionales.
Desarrollo de la actividad profesional y responsabilidad disciplinaria 1. La sociedad profesional y los profesionales que actúan ejercerán la actividad profesional que constituye el objeto social de conformidad con el régimen deontológico y disciplinario propio de la actividad profesional.
Las causas de incompatibilidad o de inhabilitación para el ejercicio de la profesión que afecten a cualquiera de los socios serán extensivas a la sociedad y al resto de socios profesionales, excepto la exclusión del socio inhabilitado o incompatible en los términos legalmente establecidos.
2. En ningún caso será obstáculo el ejercicio de la actividad profesional a través de la sociedad para la efectiva aplicación a los profesionales, socios o no, del régimen disciplinario que corresponde.
Sin perjuicio de la responsabilidad personal del profesional actuante, la sociedad profesional también podrá ser sancionada de acuerdo con el régimen disciplinario del capítulo XII.
3. La sociedad profesional y su contratante pueden acordar que, antes del inicio de la prestación profesional, la sociedad profesional ponga a disposición del contratante, al menos, los siguientes datos identificativos del profesional o profesionales que tengan que prestar los servicios: nombre y apellidos, título profesional, colegio profesional al cual pertenece y expresión de si es socio de la sociedad profesional o no.
Capítulo XSustitución y venia
2. El ejercicio de este derecho no se podrá someter a ninguna condición.
Obligaciones del nuevo abogado El nuevo abogado o sociedad profesional tendrá que cumplir las obligaciones siguientes:
a) Comunicar al antiguo abogado, por escrito y de manera que permita la constancia de la recepción de la comunicación, la decisión del cliente de cambiar de abogado y solicitarle la venia, adjuntando el documento que acredite que el cliente le ha encomendado el encargo.
b) Informar al cliente del derecho del antiguo abogado o sociedad profesional de cobrar los honorarios, sin perjuicio de una eventual discrepancia sobre éstos.
Obligaciones del antiguo abogado Una vez recibida la comunicación del nuevo abogado o sociedad profesional, el antiguo tendrá que cumplir las obligaciones siguientes:
a) Comunicar al nuevo abogado la concesión de la venia, por escrito y de manera que permita la constancia de la recepción de la comunicación.
b) Informar al nuevo abogado, con la máxima celeridad posible, de todos los datos relevantes para el asesoramiento jurídico del cliente.
c) Entregar al nuevo abogado toda la documentación relativa al caso, aunque puede mantener copia de los documentos que le entregue. El antiguo abogado no podrá retener en ningún caso la documentación del cliente.
Concesión de la venia por parte del colegio 1. En caso de que el antiguo abogado no conceda la venia al nuevo abogado dentro de un plazo de 48 horas, éste último podrá solicitar la concesión a la junta de gobierno. El nuevo abogado se dirigirá al colegio por escrito, acreditando haber solicitado previamente la venia al antiguo abogado y el encargo.
2. En aquellos supuestos en que la urgencia, debidamente acreditada, lo aconseje, corresponderá al decano/a, vicedecano/a o miembro de la junta de gobierno en quien deleguen, la concesión de la venia.
Efectos de la concesión de la venia 1. EI cambio de abogado se producirá desde el momento en que el nuevo abogado reciba la comunicación de concesión de la venia por parte del antiguo abogado o del colegio.
2. La recepción de la comunicación mencionada legitimará la actuación del nuevo abogado y liberará al antiguo de toda responsabilidad derivada de hechos posteriores.
3. En caso de discrepancia entre el antiguo abogado o sociedad profesional y el cliente con respecto a los honorarios profesionales, los afectados podrán someter estas discrepancias a informe del colegio de abogados correspondiente, que las resolverá en un procedimiento que garantice la intervención de todos los interesados.
Capítulo XILa formación
Etapas en la formación del abogado La formación del abogado comprende las siguientes etapas: la universitaria, la de capacitación profesional, la continuada y la de especialización. La de capacitación profesional es tutelada por las universidades y los colegios de abogados en los términos establecidos por la legislación vigente. La formación continuada y la de especialización serán tuteladas por los colegios de abogados y por el Consejo.
Formación continuada 1. Los abogados tienen el derecho y el deber de seguir una formación continua.
2. Los colegios de abogados tienen que organizar de manera permanente actividades formativas de actualización profesional de los colegiados y expedir certificaciones acreditativas de la participación de los asistentes en estas actividades, conjuntamente, en su caso, con las universidades que hayan participado.
Especialización profesional 1. El abogado podrá acceder al reconocimiento de una especialización profesional bien por acreditación de méritos o mediante la superación de cursos de especialización también homologados por el Consejo en los cuales habrá que acreditar experiencia profesional.
2. La especialización podrá suponer un mérito, pero no una habilitación específica para el ejercicio.
Competencias del Consejo En la formación de los abogados, corresponderá al Consejo desarrollar las funciones siguientes:
a) Dictar las normas de homologación de las escuelas de práctica jurídica que tengan alguna de las sedes, o subsedes, en Cataluña, así como de las prácticas que se hacen, como también homologarlas.
b) Establecer las condiciones para acreditar la formación continuada.
c) Determinar los parámetros de las actividades formativas de especialización que impartan los colegios de abogados y otros organismos, instituciones, entidades o personas, públicas o privadas, homologarlas, reconocer la especialidad profesional del abogado, y expedir la acreditación final.
d) Promover, facilitar, organizar y, en su caso, financiar actividades de formación profesional continuada y de especialización.
Competencias de los colegios En la formación de los abogados, corresponderá a los colegios de abogados desarrollar las funciones siguientes:
a) Fomentar, crear, organizar y mantener escuelas de práctica jurídica, así como concertar convenios con universidades en los términos previstos en la Ley de acceso a las profesiones de abogado y procurador y en su reglamento.
b) Promover, facilitar, organizar y, en su caso, financiar actividades de formación profesional continuada y de especialización.
c) Homologar, según las condiciones que fije el Consejo, las actividades de formación continuada que, dentro de su demarcación territorial, impartan para abogados otros organismos, instituciones, entidades o personas, públicas o privadas.
d) Acreditar la participación de los abogados en la formación continuada.
e) Promover la formación deontológica de sus colegiados.
Capítulo XIILa responsabilidad disciplinaria
Responsabilidad disciplinaria de los abogados 1. Los abogados y las sociedades profesionales de abogados tienen el derecho y el deber de actuar según las normas y las técnicas propias del conocimiento de la profesión, tomando en consideración las experiencias propias de la abogacía.
2. El abogado y la sociedad profesional de abogados están sujetos a la responsabilidad disciplinaria derivada del incumplimiento de la normativa deontológica, con independencia de la eventual responsabilidad civil, disciplinaria procesal o penal en que puedan incurrir, sin perjuicio de estar a las proscripciones de doble sanción cuando concurra identidad de hecho, sujeto y fundamento.
3. La responsabilidad disciplinaria de los abogados y las sociedades profesionales de abogados se exige mediante el procedimiento disciplinario correspondiente y en función de las infracciones y las sanciones tipificadas en la Ley del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales con las especificidades previstas en esta normativa reguladora del ejercicio profesional y del régimen disciplinario comunes a la profesión de la abogacía y el resto de normativa aplicable.
Potestad disciplinaria de los colegios y del Consejo 1. La potestad disciplinaria de los colegios de abogados catalanes y del Consejo de los Colegios de Abogados de Cataluña se ajustará a aquello que dispone esta norma, las vigentes leyes de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales, y de acuerdo con los artículos 24 y 25 de la Constitución.
2. Las sanciones disciplinarias corporativas se harán constar en todo caso en el expediente personal del colegiado o de la sociedad profesional de abogados.
Órganos competentes para el ejercicio de la potestad disciplinaria 1. Son órganos competentes para el ejercicio de la potestad disciplinaria:
a) La junta de gobierno del colegio de abogados en cuyo ámbito se haya realizado la actuación o, en el caso de que no haya habido comunicación de la actuación, la junta de gobierno del colegio donde el abogado esté incorporado o la sociedad profesional de abogados inscrita.
b) El Consejo de los Colegios de Abogados de Cataluña, cuando la persona afectada tenga un cargo de gobierno en el colegio.
c) El Consejo de los Colegios de Abogados de Cataluña, cuando la persona afectada tenga un cargo de gobierno en el Consejo, pero en este caso el afectado por el procedimiento disciplinario no podrá tomar parte de las deliberaciones y votaciones.
2. A estos órganos corresponde en cualquier caso la iniciación y la resolución final decisoria del procedimiento disciplinario.
3. Para la tramitación del procedimiento disciplinario y la propuesta de resolución, los órganos competentes para el inicio del procedimiento nombrarán un instructor y un secretario. La competencia para hacer este nombramiento puede ser atribuida con carácter permanente a otro órgano colegial que podrá ser la comisión de deontología o de régimen disciplinario.
4. Se adoptarán todas las medidas necesarias para separar las fases de instrucción y de resolución del procedimiento disciplinario. Con esta finalidad, en caso de que el instructor o el secretario sean miembros de la junta de gobierno o del consejo, no podrán participar en las deliberaciones ni en las votaciones de resolución del expediente.
Infracciones profesionales Son infracciones profesionales las que afectan al ejercicio de la profesión en lo que se refiera a la relación del abogado con el cliente, la Administración de justicia y otros abogados.
1. El ejercicio de la profesión sin tener el título profesional habilitante.
2. La condena por delitos dolosos, en cualquier grado de participación, que se cometan en el ejercicio de la profesión.
3. El ejercicio de la profesión que vulnere una resolución administrativa o judicial firme de inhabilitación profesional, de declaración de incompatibilidad administrativa o profesional, o una disposición legal en que se establezca la prohibición de ejercer.
4. La vulneración del deber de secreto profesional, salvo los casos en que éste sea levantado, cuando se derive un perjuicio grave al titular del interés lesionado.
1. La vulneración de las normas esenciales del ejercicio y la deontología profesionales siguientes:
a) Incumplir el respeto a la confidencialidad de los tratos entre abogados y de los documentos en cualquier soporte que haya generado su relación.
b) La aportación de comunicaciones entre letrados a un procedimiento judicial, sin autorización del otro letrado y/o de la junta de gobierno.
c) Pedir la citación de un abogado como testigo, sin su consentimiento y/o sin la comunicación previa a la junta de gobierno, en razón de su actuación profesional.
d) Aceptar encargos profesionales contra quien haya sido cliente suyo, fuera de los supuestos excepcionales previstos en el artículo 22.2 del presente Código.
e) La realización de un acto de publicidad ilícita, cuando éste tenga una particular trascendencia por su difusión o por el perjuicio ocasionado.
f) La incomparecencia injustificada a juicio o a cualquier otra diligencia judicial, siempre que conste la debida citación y que esta situación haya producido un perjuicio relevante al cliente, a un compañero, o al resto de ciudadanos y de operadores jurídicos implicados.
b) Causar indefensión al cliente.
c) La actuación negligente o mala praxis profesional en la dirección del asunto encomendado.
f) Retener documentación entregada por el cliente.
g) No hacer la correspondiente liquidación de honorarios profesionales cuando proceda.
i) En las negociaciones con otros compañeros, facilitarles información falsa o atribuirse facultades de decisión diversas a las conferidas por el cliente.
j) Cualquier otra infracción de un deber tipificado en esta normativa y en los Estatutos de los colegios y del Consejo cuando afecte a los aspectos esenciales de la relación entre abogados y clientes y entre abogados.
3. El incumplimiento de la obligación colegial de comunicar los supuestos de intrusismo profesional de los que se tenga conocimiento.
4. La participación, el favorecimiento, la colaboración o la connivencia en actos de intrusismo profesional y en su encubrimiento.
6. El incumplimiento del deber de prestación obligatoria que sea legalmente establecido, salvo la acreditación de causa justificada que haga imposible la prestación del servicio, después de haber sido requerida debidamente.
7. Los actos que tengan la consideración de competencia desleal de acuerdo con lo que establezcan las leyes, incluida la captación desleal de clientes.
8. Las actuaciones profesionales que vulneren los principios constitucionales e internacionales de igualdad y de no discriminación.
1. La vulneración de cualquier norma que regule la actividad profesional, siempre que no constituya una infracción grave o muy grave. Se considera vulneración leve de las normas esenciales del ejercicio y la deontología profesionales:
a) Las infracciones previstas en los artículos anteriores siempre que sea leve la lesión o el perjuicio producido.
b) La falta de comunicación de una actuación fuera del ámbito territorial de colegiación, cuando ésta sea obligatoria.
c) La valoración publicitaria sobre la calidad del propio servicio con mención de clientes o asuntos sin autorización de los interesados.
d) No notificar al colegio el cambio de domicilio u otros datos o circunstancias relevantes para el ejercicio de la profesión.
f) Al conceder la venia, no suministrar al nuevo abogado toda la información relevante y la documentación que haya sido aportada por el cliente para la defensa de sus intereses.
g) La ofensa o desconsideración hacia un/a compañero/a.
h) Entrar en contacto con la parte contraria sin autorización o intervención de su abogado.
i) Abusar de la circunstancia de ser el único abogado interviniente.
j) Aconsejar al contrario sin que esté asesorado por un abogado, a menos que se haya mantenido una estricta objetividad.
k) La desconsideración hacia la parte contraria.
l) Permitir la utilización de su nombre o firma a otros profesionales no abogados en asuntos que no le hayan sido confiados directamente.
m) Al causar baja en el ejercicio de la profesión, no notificar esta circunstancia a los órganos judiciales o administrativos en los cuales el abogado dirija un procedimiento.
n) No notificar previamente a la junta de gobierno la interposición de una acción civil o penal contra otro abogado por causas derivadas del ejercicio de la profesión.
o) No atender las comunicaciones de un compañero.
q) La desconsideración hacia los órganos judiciales.
r) La realización de un acto de publicidad ilícita cuando este acto no tenga una particular trascendencia motivada por la difusión o por otras circunstancias. No obstante, vista la escasa trascendencia de la infracción, la junta de gobierno podrá no sancionarla cuando el abogado haya cesado inmediatamente en su realización tan pronto haya recibido el requerimiento de cese por parte de la Comisión de Publicidad o del órgano colegial competente.
s) Cualquier otra infracción leve de un deber tipificado en estas normas y en los Estatutos de los colegios y del Consejo cuando afecte a los aspectos esenciales de la relación entre abogados y clientes y entre abogados.
a) Prometer resultados que no dependan exclusivamente de la actuación profesional.
b) La desatención o desconsideración hacia el cliente. No informar al cliente cuando éste lo pida sobre las actuaciones realizadas y sobre los resultados que se vayan alcanzando.
c) No informar al cliente cuando éste lo pida sobre el coste y el resultado previsible de su actuación profesional.
Infracciones colegiales Son infracciones colegiales las que afectan a la relación del abogado con el colegio profesional y con otros abogados en el ámbito del funcionamiento orgánico del colegio.
c) La realización de actos que impidan o alteren gravemente el funcionamiento normal del colegio profesional o de sus órganos.
2. También es infracción colegial muy grave el falseamiento, por cualquier medio, de los datos de las justificaciones de las actuaciones de la justicia gratuita.
a) La ofensa o la desconsideración graves hacia otros profesionales colegiados o hacia los miembros de los órganos de gobierno del colegio y/o el consejo de colegios.
c) Constituir una sociedad profesional de abogados que incumpla lo establecido en el capítulo IX de la presente norma y en la legislación vigente en materia de sociedades profesionales.
a) La ofensa o la desconsideración leves hacia otros profesionales colegiados o hacia los miembros del órganos de gobierno del colegio y/o el consejo de colegios.
b) No solicitar la inscripción de cualquier alta o baja referida a los abogados que colaboren para la sociedad profesional de abogados.
a) Inhabilitación profesional durante un tiempo superior a un año y no superior a cinco añoso
a) Inhabilitación profesional durante un tiempo no superior a un añoo
a) Amonestación, consistente en apercibimiento por escritoo
a) Como sanción complementaría también se puede imponer la obligación de hacer actividades de formación profesional o deontológica si la infracción se ha producido a causa del incumplimiento de deberes que afecten al ejercicio o la deontología profesionales.
b) Si el infractor ha obtenido una ganancia económica, se puede añadir a la sanción que establece este artículo una cuantía adicional hasta el importe del provecho que haya obtenido el profesional.
5. Las infracciones colegiales muy graves pueden ser objeto de expulsión, únicamente en caso de reiteración en la comisión de las infracciones muy graves de incumplimiento de obligaciones establecidas por las leyes, por los estatutos o por otras normas colegiales y de incumplimiento de acuerdos o decisiones adoptados por órganos del colegio profesional sobre materias que se especifiquen estatutariamente, o de multa de hasta 5.000 euros.
6. Las infracciones colegiales graves pueden ser objeto de amonestación o multa hasta 1.000 euros.
7. Las infracciones colegiales leves serán objeto de amonestación, consistente en apercibimiento por escrito.
Expulsión colegial 1. La sanción de expulsión sólo es ejecutiva si la resolución que la impone es firme en vía administrativa.
2. Siempre se tiene que tener en cuenta el derecho de la persona sancionada de solicitar la rehabilitación en el plazo de tres años a contar de la efectividad de la sanción.
Inhabilitación profesional 1. La sanción de inhabilitación impide el ejercicio profesional durante el tiempo por el que haya sido impuesta.
2. El órgano que tiene potestad para imponer la sanción tiene que comunicar su decisión en los términos previstos en el artículo 99 de esta Normativa.
3. La inhabilitación profesional es efectiva a partir del momento en que la resolución que la decide es firme en vía administrativa. En caso de que concurran en una misma persona diversas resoluciones de inhabilitación sucesivas, el plazo establecido en cada una se empieza a contar a partir del cumplimiento definitivo de la anterior.
Graduación de las sanciones En la imposición de las sanciones se tendrá que guardar la debida proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada. Se considerarán especialmente los criterios siguientes para la graduación de las sanciones a aplicar:
b) La reincidencia por comisión en el plazo de un año de otra o más infracciones de la misma naturaleza profesional o colegial cuando así haya sido declarado por resolución firme.
c) Haber procedido antes de conocer que el expediente disciplinario se dirige contra ella a confesar la infracción al órgano competente.
d) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento de la tramitación del expediente, que serían nuevas y decisivas para declarar su responsabilidad.
e) Haber reparado el daño ocasionado a resultas de la infracción o disminuido sus efectos en cualquier momento de la tramitación del expediente y con anterioridad a la propuesta de sanción que efectúe el instructor.
f) En las sociedades profesionales, haber establecido, antes de la imposición de la sanción, medidas eficaces para prevenir y descubrir las infracciones que en un futuro se puedan cometer con los medios o bajo su cobertura.
Concurso Cuando un mismo hecho sea susceptible de ser subsumido conforme dos o más infracciones, se sancionará atendiendo los principios de especialidad, subsidiariedad y consunción cuando una sola infracción sea capaz de contemplar por sí misma la totalidad del desvalor de acción y resultado.
La responsabilidad disciplinaria y deontológica de las sociedades profesionales 1. Las sociedades profesionales serán disciplinariamente responsables de las infracciones cometidas previstas en esta norma, por cuenta y en provecho de las mismas, por las personas físicas que tengan en ellas un poder de dirección fundamentado en la atribución de su representación, bien para tomar decisiones en su nombre, bien para controlar el funcionamiento de la sociedad.
En los mismos supuestos, las sociedades profesionales serán también disciplinariamente responsables de las infracciones cometidas en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quien, estando sometido a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, ha podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre él el debido control.
2. La responsabilidad disciplinaria de las sociedades profesionales no excluirá la de las personas físicas a que se refiere el apartado anterior, ni la de éstas excluirá la responsabilidad disciplinaria de aquéllas, que se podrán sustanciar en un solo procedimiento. Cuando como consecuencia de los mismos hechos se impusiera a ambas sanción de multa, el órgano sancionador modulará las respectivas cuantías, de manera que la suma resultante no sea desproporcionada en relación con la gravedad de aquéllos.
3. La concurrencia en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubieran hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de circunstancias excluyentes de la culpabilidad, no excluirá ni modificará la responsabilidad disciplinaria de las sociedades profesionales, sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 75.
Sanciones por responsabilidad disciplinaria de las sociedades profesionales 1. Las infracciones disciplinarias, profesionales o colegiales, atribuibles a las sociedades profesionales serán objeto de las siguientes sanciones:
a) Las infracciones disciplinarias muy graves, sanción de multa de 5.001 a 50.000 euros.
b) Las infracciones disciplinarias graves, sanción de multa de 1.001 euros a 5.000 euros.
c) Las infracciones disciplinarias leves, sanción de multa no superior a 1.000 euros.
2. Si la sociedad profesional responsable de la infracción ha obtenido una ganancia económica, se podrá añadir una sanción adicional hasta el importe del provecho obtenido.
Ejecutividad 1. Las resoluciones sancionadoras sólo son ejecutivas si son firmes en vía administrativa.
Causas de extinción de la responsabilidad disciplinaria 1. La responsabilidad disciplinaria se extingue:
b) Por la defunción.
2. Si durante la tramitación del procedimiento disciplinario se produce la causa prevista en las letras b) y c) del apartado anterior se dictará resolución declarando extinguida la responsabilidad y archivando las actuaciones.
3. La baja en el Colegio no extingue la responsabilidad disciplinaria contraída durante el periodo de alta, aunque determina la imposibilidad de ejecutar la sanción que se acuerde, salvo los supuestos de sanción económica que podrá ser ejecutada con independencia de la situación del sancionado. En el primero de los casos se concluirá el procedimiento disciplinario mediante la resolución que sea procedente y en el caso de sanción la ejecución quedará en suspenso hasta el momento en que el colegiado cause alta nuevamente en el Colegio.
Prescripción 1. Los plazos de prescripción de las infracciones disciplinarias serán de tres años con respecto a las muy graves, de dos años con respecto a las graves y de un año con respecto a las leves. Estos plazos empiezan a contar desde que la infracción se ha cometido. En caso de que se trate de infracciones continuadas el plazo se inicia cuando han finalizado todas las acciones u omisiones que infrinjan el mismo precepto administrativo u otros de parecidos, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando una ocasión idéntica. En los casos de infracción continuada, permanente, así como en las infracciones que exijan habitualidad, estos plazos se computarán, respectivamente, desde el día en que se realizó la última infracción, desde que se eliminó la situación ilícita o desde que cesó la conducta.
2. Los plazos de prescripción de las sanciones disciplinarias serán de tres años con respecto a las impuestas por infracciones muy graves, de dos años con respecto a las impuestas por infracciones graves y de un año con respecto a las impuestas por infracciones leves. Estos plazos empiezan a contar desde el día siguiente a aquel en que se convierta en firme la resolución que las impone.
3. Los plazos de prescripción se interrumpen:
a) Por cualquier actuación colegial realizada con conocimiento formal del afectado conducente a la iniciación, la tramitación o la resolución del procedimiento disciplinario, considerando como parte integrante del mismo, a los efectos de interrupción de la prescripción, el inicio de información reservada o diligencias informativas.
b) Por cualquier actuación colegial, realizada con conocimiento formal del sancionado, dirigida a ejecutar la sanción disciplinaria. No tendrán carácter interruptor la notificación de las actuaciones colegiales que no tengan por finalidad impulsar el procedimiento conducente a la ejecución de la sanción disciplinaria.
c) Por la interposición por parte del afectado o del sancionado de reclamaciones o recursos de cualquier clase.
d) Por la suspensión de la tramitación del procedimiento porque se está tramitando un proceso penal por los mismos hechos o por otros hechos racionalmente imposibles de separar de los sancionables de acuerdo con esta Normativa.
4. El plazo de prescripción de las infracciones se vuelve a iniciar si el expediente sancionador ha sido detenido durante un mes por una causa no imputable al presunto infractor.
5. El plazo de prescripción de las sanciones se vuelve a iniciar si el procedimiento de ejecución resta parado durante más de seis meses por una causa no imputable a la persona infractora.
Rehabilitación por caducidad de la anotación 1. La anotación de las sanciones en el expediente personal del colegiado o de la sociedad profesional caducará al año si ha sido por falta leve; a los dos años si ha sido por falta grave; y a los tres años si ha sido por falta muy grave. Estos plazos se computarán desde el día siguiente a aquel en que se haya cumplido definitivamente la sanción de suspensión en el ejercicio profesional, se haya notificado con plena validez la sanción de amonestación, o se haya satisfecho íntegramente el importe de las sanciones económicas.
2. La rehabilitación se practicará de oficio, sin perjuicio de que la interese el propio colegiado.
3. La Junta de Gobierno enviará al Consejo General de la Abogacía y al Consejo de los Colegios de Abogados de Cataluña la resolución dictada en el procedimiento de rehabilitación.
Ámbito de aplicación del procedimiento disciplinario Este procedimiento es aplicable a las actuaciones que realizan los colegios de abogados catalanes y el Consejo de los Colegios de Abogados de Cataluña en la exigencia de las responsabilidades disciplinarias de los colegiados o de los abogados que actúan en su ámbito territorial de colegiación, así como de las sociedades profesionales de abogados, en el caso de infracciones de sus deberes profesionales o colegiales.
Concurrencia de sanciones e independencia de los procedimientos 1. No podrán ser objeto de sanción los hechos que hayan sido sancionados penalmente o de forma disciplinaria, en aquellos casos que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.
2. El órgano competente resolverá la no exigibilidad de responsabilidad disciplinaria en cualquier momento de la instrucción del procedimiento en que quede acreditada la firmeza de una sanción penal o disciplinaria sobre los mismos hechos, siempre que concurra, además, identidad de sujeto y de fundamento.
3. Cuando está tramitándose un proceso penal por los mismos hechos o por otros hechos racionalmente imposibles de separar de los sancionables de acuerdo con esta Normativa, será suspendida la tramitación del procedimiento disciplinario con suspensión de los cómputos de prescripción. La reanudación del procedimiento disciplinario quedará aplazada hasta que se incorpore al expediente colegial la decisión jurisdiccional firme.
4. Una vez iniciado el procedimiento, en cualquier momento en que el instructor aprecie que la presunta infracción puede constituir delito o falta, informará inmediatamente al órgano que haya ordenado la incoación del procedimiento a fin de que este órgano decida sobre la comunicación de los hechos al ministerio fiscal y resuelva suspender el procedimiento hasta que la autoridad judicial se pronuncie en firme.
5. Reanudada la tramitación del procedimiento disciplinario en cualquiera de los supuestos mencionados, la resolución sancionadora que se dicte tendrá que respetar la apreciación de los hechos contenida en la resolución judicial mencionada, siempre que la resolución sea sancionadora.
Medidas cautelares 1. Durante la tramitación del expediente sancionador por infracciones profesionales, el órgano competente para incoar el expediente disciplinario podrá adoptar las medidas cautelares que sean imprescindibles para asegurar la eficacia de la resolución final que pueda recaer. La adopción de estas medidas requiere un acuerdo motivado y la audiencia previa de la persona afectada.
Estas medidas se pueden acordar en la resolución que incoe el procedimiento o durante su tramitación.
a) En el caso de faltas muy graves, la suspensión del ejercicio profesional por un periodo de seis meses prorrogables por tres más si los hechos revisten una especial trascendencia o se puede derivar un perjuicio para los intereses colegiales, del cliente, de la persona que ha presentado la queja, o resultar perjudicada la investigación de los hechos.
b) En el caso de infracciones graves, la suspensión del ejercicio profesional por un periodo no superior a tres meses.
3. El tiempo que el afectado ha estado sujeto a la medida provisional de suspensión de funciones será, en todo caso, computable a los efectos de cumplimiento o de este tipo de sanción.
4. No se puede acordar la medida de suspensión provisional en el ejercicio de la profesión para su propia defensa cuando el colegiado sea parte en un proceso.
Tramitación del procedimiento El procedimiento disciplinario se impulsará de oficio en todos sus trámites, los cuales respetarán los principios establecidos en la Constitución Española, en la Ley del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales, así como los de estas normas y, en aquello no previsto, en la ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Notificaciones 1. Las notificaciones se efectuarán, y desplegarán toda su eficacia, en el domicilio profesional y, subsidiariamente, en el de residencia que el colegiado haya comunicado al Colegio, ajustándose a lo que establecen esta Normativa y en todo caso a las leyes de procedimiento administrativo vigentes.
2. Las notificaciones se podrán realizar a través de medios telemáticos, informáticos, electrónicos, u otros, siempre que los destinatarios hayan dado expresamente su consentimiento y sea posible registrar su recepción.
Derechos de los colegiados en el procedimiento disciplinario Los abogados y sociedades profesionales sometidos a un procedimiento disciplinario tendrán los derechos siguientes:
a) A ser informado de los hechos que se les imputan, de las infracciones que estos hechos pueden constituir y de las sanciones que comportan, y también de la identidad del instructor, del órgano competente para resolver y de la norma que atribuye esta competencia.
b) Al acceso al expediente administrativo en cualquier momento del procedimiento, a conocer el estado de su tramitación y a obtener copias de los documentos contenidos en éste en los términos previstos por la legislación vigente.
c) A abstenerse de declarar en el procedimiento seguido en contra suya, a formular alegaciones, a proponer las pruebas que considere adecuadas para su defensa y a utilizar todos los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico que sean procedentes.
d) A la presunción de inocencia y, por lo tanto, mientras no recaiga resolución sujeta, a no ser considerado culpable; a que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprobada, que la carga de la prueba corresponda a quien acusa y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, tenga que traducirse en un pronunciamiento absolutorio.
e) A actuar asistidos de técnico o asesor cuando lo consideren conveniente en la defensa de sus intereses.
f) A obtener una resolución motivada del procedimiento que incluirá una valoración de las pruebas practicadas, y especialmente de aquéllas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, la fijación de los hechos, la infracción o las infracciones que se hayan cometido y la sanción o las sanciones que se le imponen, o bien la declaración de no existencia de infracción o de responsabilidad.
Formas de iniciación del procedimiento 1. El procedimiento se iniciará de oficio, como consecuencia de la propia iniciativa del órgano colegial competente o de queja.
2. Antes de la apertura del expediente disciplinario el órgano competente para iniciar el procedimiento podrá acordar la realización de unas diligencias o actuaciones previas con la finalidad de determinar si concurren circunstancias que justifiquen esta iniciación.
3. Si los hechos afectan a un miembro de la Junta de Gobierno de un Colegio o del Consejo de los Colegios de Abogados de Cataluña, se dará traslado del expediente de forma inmediata al Consejo.
De las quejas 1. A efectos de lo que dispone esta normativa se considera queja el acto por el cual cualquier persona pone en conocimiento de un órgano colegial la existencia de un determinado hecho que pudiera constituir infracción disciplinaria de un colegiado.
2. La queja tendrá que expresar la identidad de la persona o las personas que la presentan, el relato de los hechos que pudieran constituir infracción y la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables. Igualmente, tiene que incluir la firma de la persona que la formula o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio. No se considerarán queja en ningún caso los escritos anónimos.
3. Para dar curso a una queja, hará falta que la persona o las personas que la presentan se ratifiquen ante el órgano competente para la iniciación o la resolución del procedimiento. En caso de residentes fuera del territorio del Colegio, se admitirá la ratificación efectuada en el Colegio correspondiente para el territorio de su residencia.
No hará falta ratificación de los escritos de queja cuando sean interpuestos por otro abogado, por los órganos judiciales o por la administración pública, o cualquier otro organismo que disponga de fedatario.
Los acuerdos de iniciación del procedimiento y de archivo de las actuaciones 1. A la vista de la propuesta formulada por la persona o el órgano que ha realizado las actuaciones o diligencias previas, la junta de gobierno o el pleno del Consejo, en su caso, decidirá la apertura del expediente disciplinario o bien el archivo de las actuaciones. Esta competencia no podrá ser objeto de delegación.
2. La resolución de archivo de las actuaciones se notificará a las personas que han presentado la queja y a los interesados a los efectos oportunos.
3. La resolución de iniciación del procedimiento se notificará a los interesados junto con el nombramiento de instructor y secretario.
El instructor, dando fe al secretario, ordenará la práctica de todas las actuaciones adecuadas para determinar y comprobar los hechos, así como de todas las pruebas que puedan conducir a su aclaración y a la determinación de las responsabilidades susceptibles de sanción disciplinaria.
En el plazo de un mes desde la apertura del expediente disciplinario y a la vista de las actuaciones practicadas, el instructor formulará el pliego de cargos con el siguiente contenido:
a) La identificación de los presuntos responsables.
b) La exposición de los hechos imputados al expedientado, con la suficiente diferenciación de las conductas y de las imputaciones específicas a cada uno si son más de uno.
c) La infracción o infracciones que los hechos imputados puedan constituir, con indicación de la normativa infringida, así como las sanciones que estas conductas puedan suponer.
d) El órgano competente para la resolución del procedimiento.Los expedientados podrán formular alegaciones en el plazo de diez días, a contar del día siguiente al de notificación del pliego de cargos, así como solicitar la práctica de las pruebas que estimen oportunas.
A solicitud de las partes, o a iniciativa propia, el instructor podrá acordar la apertura de un periodo de prueba, por un plazo no superior a un mes, a fin de que puedan proponerse y practicarse cuantas considere pertinentes.
El instructor del expediente disciplinario solamente podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados, mediante resolución motivada, cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, que su relación con los hechos no puedan alterar la resolución final a favor del presunto responsable. Esta resolución se podrá recurrir cuando determine la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzca indefensión. En los otros casos la oposición se tiene que manifestar mediante la oportuna alegación por parte del afectado para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento y en el recurso que se pueda interponer contra la resolución.
Se notificará al inculpado con bastante antelación el lugar, la fecha y la hora para la práctica de las pruebas que tenga que realizar el mismo instructor, con la finalidad de que pueda intervenir.
El instructor, en el plazo de un mes desde la expiración del periodo de práctica de la prueba, formulará propuesta de resolución, que tendrá que contemplar los mismos requisitos que el pliego de cargos, además de la especifica propuesta de sanción o sanciones a imponer, o bien, del archivo del expediente.
La propuesta de resolución se notificará al expedientado, para que en el plazo improrrogable de diez días, a la vista del expediente, pueda alegar ante el instructor todo aquello que considere conveniente para su defensa.
Elevación del expediente al órgano competente para resolverlo.
Una vez cumplidos los trámites anteriores, el instructor dará traslado de su propuesta y del expediente original al órgano competente con el fin de resolver.
Antes de dictar la resolución, el órgano competente podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el expediente. Si a la vista de las mismas se altera la tipificación de la infracción o de la sanción propuesta por el instructor se dará un nuevo trámite de audiencia por un periodo de diez días previo a la resolución.
Pondrán fin al expediente disciplinario la resolución por la cual se impone la sanción o se acuerda el sobreseimiento, como también la declaración de caducidad. También producirá la terminación del expediente disciplinario la imposibilidad de continuarlo por causas sobrevenidas.
La resolución del procedimiento tendrá que ser motivada y resolverá todas las cuestiones planteadas por los interesados y las que se deriven del expediente; valorará las pruebas practicadas; no podrá aceptar hechos diferentes de los examinados en fase de instrucción, con independencia de su diferente valoración jurídica, ni introducir nuevos tipos de infracciones diferentes de los contenidos en la propuesta de resolución con excepción de lo previsto en el apartado 5 de este artículo. Asimismo expresará los recursos que sean procedentes, así como todos los requisitos que prevé el artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Reconocimiento de la responsabilidad por parte del infractor Si el expedientado reconoce voluntariamente su responsabilidad respecto de los hechos, el instructor elevará el expediente al órgano competente para resolver, sin perjuicio de que pueda continuar su tramitación si hay indicios razonables de fraude o de encubrimiento de otras personas.
Prórroga de los plazos, suspensión de la tramitación y caducidad del procedimiento 1. El instructor del expediente disciplinario podrá acordar, a iniciativa de los interesados o de oficio, la ampliación del plazo para efectuar la propuesta de resolución, que no podrá superar la mitad de lo previsto para el propio procedimiento.
2. El expediente disciplinario se tendrá que suspender en su tramitación desde el momento en que el instructor tenga noticia de que por los mismos hechos se están tramitando diligencias en el orden penal. La suspensión se mantendrá hasta que se incorpore al expediente la resolución de carácter firme que ponga fin al procedimiento penal.
3. El expediente disciplinario caducará por el transcurso de seis meses a contar desde la fecha de inicio de éste sin que se haya dictado y notificado resolución por parte del órgano competente para resolver. En estos casos, la resolución que dicte el mencionado órgano tiene que declarar la caducidad y ordenar el archivo de las actuaciones.
Sin embargo, la caducidad del expediente sancionador no extingue la responsabilidad disciplinaria de aquellas infracciones todavía no prescritas, pudiendo iniciarse un nuevo procedimiento sancionador.
En caso de que el procedimiento se haya paralizado por causa imputable al inculpado, se interrumpe el cómputo del plazo para emitir y notificar la resolución, mientras no desaparezcan las causas que motivaron esta paralización.
Procedimiento abreviado 1. En el caso de existencia de elementos de juicio que permitan calificar la infracción como leve, se podrán seguir los trámites del procedimiento abreviado para instruir el expediente sancionador.
2. Una vez dictado el acuerdo de iniciación, el instructor, a la vista de las actuaciones practicadas, formulará la propuesta de resolución.
La propuesta de resolución, donde se tienen que exponer los hechos imputados, las infracciones que éstos puedan constituir, las sanciones de aplicación, el órgano competente para resolver y la normativa que le otorga la competencia, se notificará a los interesados junto con el acuerdo de iniciación y la indicación de que se trata de un procedimiento abreviado, a fin de que en un plazo de diez días puedan proponer pruebas y alegar aquello que consideren conveniente para la defensa de sus derechos e intereses.
Transcurrido el plazo anterior y después de la eventual práctica de la prueba, el instructor, sin ningún otro trámite, elevará el expediente al órgano competente para resolver.
En todo caso, el órgano competente podrá proponer o acordar que se siga el procedimiento ordinario.
3. El procedimiento abreviado se resolverá y se notificará en el plazo de un mes desde su iniciación.
Recursos 1. Las resoluciones dictadas por la junta de gobierno de los colegios de abogados en materia disciplinaria ponen fin a la vía administrativa y podrán ser objeto de recurso contencioso-administrativo ante los órganos de este orden jurisdiccional en los plazos y condiciones exigidas por la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa.
No obstante, podrán ser objeto de recurso potestativo de reposición ante el órgano que lo ha dictado. El recurso se podrá interponer en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto administrativo y no podrá interponerse junto con el recurso contencioso-administrativo. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
2. El mismo régimen de recursos se aplica a los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. La oposición al resto de actos de trámite la tendrán que alegar los interesados, para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.
3. La misma regulación será de aplicación a los acuerdos dictados por el Consejo de Colegios en el ejercicio de sus funciones.
Audiencia de las personas interesadas 1. Para la resolución de los recursos se podrán tener en cuenta todos los hechos y alegaciones contenidos en el expediente.
2. Cuando la resolución del recurso pueda suponer una resolución más desfavorable al quejado, por el hecho de que el acuerdo objeto de la impugnación sea el de archivo de las diligencias o expediente, se le pondrá de manifiesto a fin de que, en un plazo no superior a diez días, formule las alegaciones y presente los documentos y los justificantes que consideren procedentes.
3. La resolución, en todo o en parte, o desestimará las pretensiones formuladas en el recurso o declarará su inadmisión. En todo caso, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por el recurrente.
Ejecución de las sanciones disciplinarias 1. Será competente para la ejecución de las sanciones impuestas de acuerdo con el presente régimen disciplinario el órgano de gobierno del colegio de abogados donde el letrado esté colegiado o la sociedad profesional inscrita, con independencia del colegio que haya sido competente para la instrucción y resolución del expediente disciplinario en razón de haberse cometido el hecho en su territorio. En el supuesto de que el abogado esté colegiado en más de una corporación y ninguna sea la que ha dictado la resolución a ejecutar, será competente aquélla en la que conste una mayor antigüedad.
2. El Consejo de Colegios será el órgano competente para la ejecución de las sanciones impuestas en el ejercicio de sus funciones.
3. Las sanciones impuestas sólo son ejecutivas cuando hayan ganado firmeza en vía administrativa, es decir, o bien cuando no se ha presentado recurso en el plazo dado o cuando ha sido expresamente desestimado el recurso administrativo.
Publicidad y efectos de las sanciones disciplinarias 1. Las sanciones disciplinarias que impliquen inhabilitación profesional tendrán efecto en el ámbito de todos los colegios de abogados del Estado español, y con esta finalidad tendrán que ser comunicadas al Consejo General de la Abogacía para que dé traslado a los otros colegios y a los órganos judiciales.
2. Se garantiza la publicidad de las sanciones en los términos que la legislación de aplicación prevé.
1. Quedan derogados la Recopilación de Usos y Costumbres de la Abogacía Catalana de 1985, el Reglamento de procedimiento disciplinario catalán de 1994, y, en general, cualquier otra norma relativa al ejercicio de la abogacía aprobada por el Consejo que se oponga a lo que establece la presente normativa relativa al ejercicio profesional y al régimen disciplinario comunes a la profesión.
Recull Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya 12 Nov. 1985 CA Catalunya (d’Usos i Costums) Anuncio Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Catalunya 1 Jun. 1994 CA Cataluña (Regl. del procedimiento disciplinario que se aprobó por la asamblea de Decanos del Estado) 2. Mantiene su vigencia el Reglamento para la homologación de las prácticas de iniciación a la profesión de abogado y de las escuelas de práctica jurídica, aprobado por el Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña el 16 de diciembre de 2004 y publicado en el DOGC núm. 4310, de 27 de enero de 2005.
Los expedientes iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Normativa se continuarán rigiendo por la normativa vigente en aquel momento, siempre y cuando no les sea más favorable la presente.
Hasta la entrada en vigor de la Ley estatal de acceso a las profesiones de abogado y procurador, la exigencia de estar en posesión del título profesional de abogado prevista para acceder al ejercicio de la abogacía en el artículo 9.1 de la presente Normativa, se entenderá referida al título universitario de licenciado en derecho o al título de grado que lo sustituya, así como a los títulos extranjeros que, conforme a las normas vigentes, sean homologados a éste.
Los colegios de abogados catalanes adaptarán su normativa a lo que establece el presente texto en el plazo de seis meses a contar desde su entrada en vigor.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de este texto, el Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña tiene que aprobar los reglamentos que regulen los requisitos mínimos de la formación continuada, tanto la general como la específica para la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita, así como las especialidades a las que hace referencia el artículo 57.
Esta normativa reguladora del ejercicio profesional y del régimen disciplinario comunes a la profesión entrará en vigor al cabo de veinte días de haber sido publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 46
 artículo 125
 artículo 36
 artículo 60
 artículo 36
 artículo 125
 Real decreto 
 Real decreto 
 Real decreto 
 Real decreto 
 resolución 

Resolución 
 Artículo 40
 artículo 44
 artículo 44
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 22
 resolución 
 artículo 99
 resolución 
 resolución 
 artículo 75
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 89
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 9
 artículo 57