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(BEV) Alejandro Torres Rivera| La lucha por la independencia de Puerto Rico: antecedentes históricos y vigencia – Archivo del Diario Vegabajeño de Puerto Rico Segunda Etapa de Diciembre 2012 a Octubre 2016
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Escrito por Alejandro Torres Rivera / MINH Domingo, 28 de Junio de 2015 17:48
Ponencia presentada el 22 de junio en el Ateneo de Cádiz, España, por Alejandro Torres Rivera, abogado, Presidente de la Comisión para el Estudio del Desarrollo Constitucional del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y miembro de la Comisión Ejecutiva del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano. El letrado fue invitado a Cádiz por el Colectivo Internacional Ojos para la Paz, organización con la cual colabora estrechamente.
Ponencia presentada en el Ateneo de Cádiz, titulada La lucha por la independencia de Puerto Rico: antecedentes históricos y vigencia
¨Aquellos entre los puertorriqueños que van más fondo en el porvenir, seguirán queriendo que Puerto Rico sea un estado confederado de las Antillas en un todo político y nacional, y esos puertorriqueños saben que ni hoy ni mañana ni nunca, mientras quede vislumbre de derecho en la vida norteamericana, estará para nosotros perdido el derecho a reclamar nuestra independencia, porque ni hoy ni mañana ni nunca dejará nuestra Patria de ser nuestra.¨
Eugenio María de Hostos (1900)
Buenas noches a los asistentes a este encuentro. Agradecemos enormemente la oportunidad que se nos brinda de dirigirnos a ustedes aquí, en el Ateneo de Cádiz, con el objetivo de presentarles una perspectiva histórica y actual de la situación colonial puertorriqueña, de nuestra lucha por la independencia nacional, de sus antecedentes históricos, su vigencia y sus perspectivas.
Agradecemos igualmente a la compañera Purificación de la Blanca, nuestra querida Puri, y al conjunto de compañeros y compañeras del Colectivo Ojos para la Paz, a quienes de manera expresa envío nuestro abrazo solidario y nuestro reconocimiento al trabajo de divulgación que a diario realizan en pro de la paz de los pueblos, el respeto a su soberanía y en contra de todo tipo de intervención e injerencia extranjera en los asuntos soberanos de cada Estado.
I. Antecedentes históricos previos al 1898:
Dentro del marco del llamado Encuentro de dos Mundos, precisamente partiendo desde estas costas, los españoles llegaron a Puerto Rico, entonces bautizada como ¨Isla de San Juan Bautista¨, el 19 de noviembre de 1493. El inicio del proceso de población y colonización de la Isla, no comenzó sino hasta el año 1508. Por su ubicación geográfica, colocada en medio de las principales rutas de navegación en el Caribe y hacia ¨tierra firme¨, Puerto Rico fue siempre considerado por España un importante bastión militar. Así también la consideraron otras potencias coloniales europeas como fueron Holanda e Inglaterra, que en más de una ocasión durante los primeros tres siglos de coloniaje, intentaron capturar la misma mediante ataques militares.
Con el paso de los siglos el desarrollo del capitalismo en los territorios coloniales de América y el proceso lento de formación de naciones en las colonias, colocaría sobre la mesa la contradicción entre las clases dominantes de las viejas naciones-estado europeas y las nuevas burguesías nacionales emergentes en las colonias que pujaban por el control político y económico en sus respectivas naciones.
A raíz de la invasión francesa a España en 1808 y la implantación en casi la totalidad del territorio español del reinado napoleónico a través de su hermano José Bonaparte, el gobierno en armas establecido aquí en Cádiz aprobó una Constitución liberal en 1812. En ella declara a Puerto Rico y Cuba ¨parte integrante y Provincia de la Nación Española¨. De acuerdo con Francisco Moscoso[1], a raíz de la invasión napoleónica a España en 1808, se desarrollaba dentro del territorio español peninsular lo que se ha conocido como ¨la Guerra de Independencia¨. Así, nos indica Moscoso:
“En el reducto bajo control patriótico en Cádiz se organizó una Junta Suprema asistida por unas Cortes (parlamento) para gobernar en nombre del rey ausente. Fue en ese contexto que el Gobierno se acordó de sus colonias y las invito a enviar diputados a las Cortes. España procuraba mantener intacto su imperio colonial y movilizar sus hombres y recursos en su defensa¨. Pero las colonias estaban maduras para otra cosa. Toda Hispanoamérica envió representantes a Cádiz con pliegos de demandas. El enviado de Puerto Rico, Ramón Power, en el conjunto de las llamadas “Instrucciones de 1809”, propone el equivalente de un ¨Programa Político¨ criollo, considerado como el ¨primer programa de carácter nacional puertorriqueño.”
Antonio Valero y María de las Mercedes Barbudo
Indica Moscoso que en todas las colonias se escogieron sus representantes dividiéndose en tres tendencias: la conservadora, que favorecía la dominación española; la reformista, que procuraba un mayor poder político para la élite criolla; y la revolucionaria, que era partidaria de la independencia. El levantamiento independentista en Venezuela en 1810 y más adelante, ante el fracaso de las gestiones de Ramón Power Giralt, enviado puertorriqueño a Cádiz, aviva en Puerto Rico el proceso de organización de un primer levantamiento independentista, el cual se planificó para las Navidades de 1811 en la municipalidad de San Germán. Durante la década de 1820 otros esfuerzos similares serían desarrollados, como el encabezado por María de las Mercedes Barbudo en el Suroeste de Puerto Rico (1823); o el plan desarrollado por el Mayor General Antonio Valero de Bernabé junto al ejército del Bolívar (1826); o los desarrollados por los hermanos Andrés, Juan y Lorenzo Vizcarrondo en 1838. Otros eventos que fortalecieron el reclamo nacional en Puerto Rico se producen como resultado de las transformaciones operadas en el país en el plano económico a raíz de la aprobación de la Cédula de Gracias de 1815; las manifestaciones de resistencia por parte de los esclavos entre 1795 y 1848 y la lucha contra el régimen de la libreta de jornaleros. Otras manifestaciones de afirmación nacional surgen con el desarrollo de una literatura puertorriqueña, como también otras manifestaciones del quehacer cultural. Todas ellas vinieron a definir la personalidad del pueblo puertorriqueño como uno diferenciado del español; todas ellas forman parte de los ingredientes, que al mezclarse, abonaron definitivamente a la formación de la nacionalidad puertorriqueña.Hacia 1866-67 se estructuró la “Junta Informativa de Madrid”[2]. Comisionados puertorriqueños fueron una vez más electos para representar al país. Como antes, una vez más se elaboraron sus peticiones a nombre de Puerto Rico para ser planteadas al Gobierno español.
En noviembre de 1867, desde Saint Thomas, el Padre de la Patria Ramón Emeterio Betances, lanzó su Proclama titulada Diez Mandamientos de los Hombres Libres, el cual recoge los aspectos básicos del reclamo independentista. En ella demandaba: 1) Abolición de la esclavitud; 2) Derecho a votar todos los impuestos; 3) Libertad de culto; 4) Libertad de palabra; 5) Libertad de imprenta; 6) Libertad de comercio; 7) Derecho de reunión; 8) Derecho de poseer armas; 9) Inviolabilidad del ciudadano; 10) Derecho de elegir nuestras autoridades.[3]
Si de acuerdo con Moscoso, en la Revolución Puertorriqueña de 1868: El Grito de Lares, Op. Cit, pág. 30, “[H]acia mediados del siglo 19 y antes del Grito de Lares, Puerto Rico vivió un renacer cultural y de afirmación puertorriqueña”, el cual se manifestó en la poesía y la literatura en general”, en el caso de Betances, nacido el 8 de abril de 1827, los efectos de esa ola literaria también se dejaron sentir en sus años de estudiante en Francia cuando escribió su novela Los Dos Indios[4]. Esta novela está basada en un tema indigenista, humano y sentimental, donde a raíz de la conquista y colonización de Puerto Rico, se aproximan en el amor una hija de españoles en su relación con un guerrero indígena que se resiste al vasallaje y esclavitud. A través de la narración en la novela, Betances utilizará episodios del momento de la conquista y colonización para denunciar las condiciones prevalecientes tres siglos después en su patria.[5]14 En este esfuerzo literario, valga mencionar también a manera de ejemplo, se encuentran las aportaciones de jóvenes como Alejandro Tapia y Rivera en 1852 con la publicación de La palma del cacique; de Eugenio María de Hostos con La Peregrinación de Bayoán en 1855; de Manuel Alonso con El Gíbaro en 1849; en el poema épico Agüeybaná el Bravo, de Daniel de Rivera en 1854; o sencillamente, en el esfuerzo de recopilación histórica de José Julián Acosta en la edición anotada la Historia de Puerto Rico del Siglo 18 de Abad y Lasierra en 1866. Otras expresiones en el arte podemos mencionarlas en la pintura de José Campeche; y en la poesía de María Bibiana Benítez, Alejandrina Benítez y José Gualberto Padilla. Desde 1866 el gobierno español estaba preocupado por el desarrollo de planes revolucionarios en Puerto Rico de parte de la Junta Republicana de Cuba y Puerto Rico, establecida en la ciudad de Nueva York.
El 7 de junio de 1867 se produjo un incidente provocado por militares inconformes relacionado con la paga recibida. El Gobernador Militar Marchesi vinculó esta protesta con la actividad independentista y los planes de algunas personas en Puerto Rico de procurar la anexión a Estados Unidos, como también con los intentos de Estados Unidos de comprarle a Dinamarca las islas de Saint Thomas, Saint Croix y Saint John y las actividades del Cónsul estadounidense en Puerto Rico.
A pesar de no guardar relación el incidente militar con la actividad independentista que venía desarrollándose, Marchesi aprovechó el evento para decretar el destierro hacia España de importantes patriotas como Segundo Ruiz Belvis, José de Celis Aguilera, Vicente María Quiñones, Carlos E. Lacroix, Rufino de Goenaga, Julián E. Blanco, Pedro G. Goyco, Calixto Romero y Ramón Emeterio Betances, prohibiéndoles el regreso a Puerto Rico. Betances y Ruiz Belvis optaron por irse a la fuga.[6]
El 27 de octubre de 1867 Segundo Ruiz Belvis partió hacia Chile a gestionar ayuda para la lucha revolucionaria en Puerto Rico. El propósito era, con la ayuda del masón chileno Benjamín Vicuña Mackenna, acercar medios materiales para la revolución en Puerto Rico. En circunstancias aún al presente sospechosas, a Segundo Ruiz Belvis le sorprenderá la muerte el 4 de noviembre de 1867 en Valparaíso.
El 6 de enero de 1868, estando Betances en Santo Domingo, junto con los dominicanos Ramón Mella y el sacerdote Fernando de Meriño, así como los puertorriqueños Carlos E. Lacroix y Mariano Ruiz Quiñones, hermano de Segundo Ruiz Belvis, se funda el Comité Revolucionario de Puerto Rico. También formaron parte del Comité José Francisco Basora y José de Celis Aguilera, quienes estaban en esos momentos en Nueva York. El 10 de enero de 1868 se aprobó la Constitución de la organización estableciendo en su primer artículo que el “Gobierno Revolucionario se ha constituido con el nombre de Comité Revolucionario de Puerto Rico”. Mediante su artículo 2, se establecía que el Comité “tiene por objeto la independencia de Puerto Rico, bajo la forma democrática republicana”. De acuerdo con Moscoso
“La estructura organizativa del Gobierno de la Revolución Puertorriqueña de 1868 concebida por su comandante en jefe, Dr. Ramón Emeterio Betances, comprendía en orden de mando: (a) el Comité Revolucionario de Puerto Rico; (b) las Juntas revolucionarias; (c) las Legaciones revolucionarias, o núcleos de apoyo en barrios u otras instancias particulares.”
La labor organizativa efectuada desde el exterior por Betances junto al trabajo de decenas de hombres y mujeres en el interior del país, permitieron que más de un millar de puertorriqueños se organizaran a través de sociedades secretas de los cuales cientos de ellos participarían directamente en lo que nuestra historia nacional identifica como el ¨Grito de Lares¨, ocurrido el 23 de septiembre de 1868. Del censo levantado por el Juez Nicasio Navascués en la investigación oficial de los sucesos que le fuera encargada por el gobierno colonial, establece en 551 el número de participantes capturados. Por su parte, Germán Delgado Pasapera, en su libro Puerto Rico: sus luchas emancipadoras, nos habla de 545 encausados, de los cuales solo 34 eran extranjeros.
La profesora Olga Jiménez de Wagenheim[7], da cuenta de 490 participantes de los cuales 39% eran jornaleros; 18% profesionales, empleados y funcionarios; el 15% labradores; el 10% esclavos; el 7% integrantes de la burguesía comercial, pulperos y artesanos, y el 4.5% de la clase hacendada. Desde el punto de vista de su composición social, los datos demuestran que los insurrectos incluían representantes de todos los sectores de clase de la sociedad puertorriqueña.
Desde el punto de vista geográfico, a base de los datos disponibles, las ramificaciones de la red conspirativa en diversas regiones de Puerto Rico hacen del Grito de Lares un movimiento con el potencial de ser un suceso de carácter nacional y no estrictamente local. De acuerdo con la historiadora Loida Figueroa Mercado[8], los revolucionarios capturados en el municipio de San Sebastián del Pepino, donde fue derrotado el levantamiento armado, procedían de 27 pueblos en la Isla. Las operaciones militares iniciadas en Lares no concluyeron sino hasta el 28 de octubre de 1868 cuando se capturó a Bernabé Pol. El día anterior los jefes revolucionarios de la región de Mayagüez, Francisco Arroyo y Juan Terreforte habían sido también capturados. Estudios más recientes[9] destacan no solo el papel de la mujer en el Grito de Lares, sino una cantidad mayor de participantes en el mismo.
Desde el punto de vista del desarrollo político del país, el impacto fue también de dimensiones nacionales. Concluida la etapa de represión y encarcelamientos, los sobrevivientes en las cárceles, donde fallecieron 79 prisioneros víctimas del tifus, fiebre amarilla y el llamado “vómito prieto”, fueron eventualmente objeto de una amnistía, otorgada el 25 de enero de 1869.
El proceso político que trajo como secuela el Grito de Lares forzó en Puerto Rico reformas que incluyeron la abolición del régimen de la libreta de jornaleros, la abolición de la esclavitud y ciertas aperturas políticas que eventualmente llevarían a la formación del Partido Autonomista en 1887, y en 1897, la concesión de la Carta Autonómica para Puerto Rico.
El Grito de Lares organizado por Betances representa como consenso nacional, el parto de la nacionalidad puertorriqueña. Aún hoy existe un caudal de información por salir a la luz sobre los sucesos del Grito de Lares tanto en España como en el Archivo Histórico de Puerto Rico.
El 25 de agosto de 1894 Betances, al referirse a los sucesos por él organizados, publicaría en el periódico Patria[10] su valoración histórica sobre el Grito de Lares:
¡Ah no se me haga recordar tanto dolores, esfuerzos tantos para que haya quien pretenda desconocer esa gran obra redentora. Pero ella fue la honra del pueblo, de todo el pueblo borinqueño; que todo el que fue conspirador y sufrió por la patria futura y por la libertad de hoy!
El fracaso militar del Grito de Lares llevó a la causa independentista puertorriqueña a concentrar su quehacer político y conspirativo en el adelanto de la causa de la independencia de Cuba. Desde el mismo momento del Grito de Yara el 10 de octubre de 1868 y a partir del inicio de la Guerra de los 10 Años, la sangre y sudor de cientos de luchadores independentistas regaría los campos de batalla cubanos. En este esfuerzo destacaría uno de los combatientes del Grito de Lares, el Mayor General Juan Rius Rivera, quien acompañó al final de la Guerra al General Antonio Maceo en la ¨Protesta de Baraguá¨ y pondría posteriormente, una vez más, bajo las órdenes de Maceo su espada a disposición de la causa de la Independencia en Cuba en la ¨guerra necesaria¨ por el Apóstol de la Independencia de Cuba, José Martí.
No es casual ni fortuito que en las Bases Constitutivos del Partido Revolucionario Cubano, José Martí dejara constancia de esta vinculación histórica de cubanos y puertorriqueños. Allí, en su Artículo 1, el documento consigna: “El Partido Revolucionario Cubano se constituye para lograr con los esfuerzos reunidos de todos los hombres de buena voluntad, la independencia absoluta de la Isla de Cuba, y fomentar y auxiliar la de Puerto Rico.”[11] Tampoco es casualidad que fuera precisamente en Nueva York, el lugar donde puertorriqueños y cubanos que luchaban por la independencia de ambas Antillas, fundaran el 22 de diciembre de 1895 la ¨Sección Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano¨.[12]
Esta vinculación de la lucha de las dos Antillas por su independencia se hermana simbólicamente en las banderas que desde entonces representan a ambos pueblos y que inmortalizara la poeta puertorriqueña Lola Rodríguez de Tió en sus versos: “Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, reciben flores y balas en el mismo corazón.”
La guerra Hispano-cubano-americana colocaría por rumbos distintos las dos alas del mismo pájaro. Como dice el cantautor cubano Pablo Milanés, Puerto Rico es el ala de aquel pájaro narrado en los versos de Lola que “cayó al mar…que no pudo volar.”
II. El cambio de soberanía de 1898:
El 10 de diciembre de 1898 se firma el Tratado de París, el cual puso fin a las hostilidades entre Estados Unidos y el Reino de España, conocidas como la Guerra Hispanoamericana, o más correctamente, la Guerra Hispano–Cubana–Americana. En ella España pierde sus posesiones en el Océano Atlántico, Cuba y Puerto Rico; y en el Océano Pacífico, las Islas del archipiélago de Filipinas y Guam. El proceso de ratificación del Tratado de Paris concluyó el 11 de abril de 1899, cuando el mismo fuera proclamado en Washington por los vencedores en la guerra, el gobierno de Estados Unidos de América.
Conforme a su artículo primero, el reino de España renunció ¨todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba¨. De acuerdo con lo dispuesto en su artículo segundo, ¨España cede a los Estados Unidos la Isla de Puerto Rico y las demás que ahora están bajo su soberanía en las Indias Occidentales, y la Isla de Guam en el Archipiélago de las Marianas o Ladrones.¨ Finalmente, en virtud de su artículo tercero, España cedió a Estados Unidos ¨el archipiélago conocido por las Islas Filipinas.¨
El Artículo noveno, párrafo segundo de dicho Tratado, dispuso que los ¨derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos se determinarán por el Congreso.¨
Previo al inicio de las hostilidades entre ambos, el 25 de noviembre de 1897, mediante Decreto de la Reina Regente en España María Cristina, y con la firma del Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta, se promulgó para las islas de Cuba y Puerto Rico la ¨Carta Autonómica¨. Esta fue publicada en la Gaceta Oficial durante los días 16, 17 y 18 de diciembre de 1897. En virtud de ésta, se dotó a Puerto Rico de un gobierno y administración propios, compuesto por un Parlamento Insular dividido en dos cámaras y un Gobernador General representante del Reino. El Parlamento Insular estaba compuesto por dos cámaras, una denominada Cámara de Representantes y la otra, denominada Consejo de Administración. Igualmente, la Carta Autonómica dispuso para la organización de los gobiernos municipales y sus competencias. De conformidad con su artículo 1, reconociendo la personalidad jurídica de Puerto Rico, España dispuso que el gobierno y la administración de la Isla de Puerto Rico se regiría, en adelante, con arreglo a las disposiciones contenidas en dicho documento.
El 25 de enero de 1898 el buque de guerra estadounidense USS Maine, contrario a las prácticas seguidas por los estados políticos para ese entonces, había fondeado sin aviso previo en la bahía de La Habana. En respuesta a esta acción, el gobierno español hizo lo propio, colocando un buque de guerra, el crucero Vizcaya, en la bahía de Nueva York. Estando anclado en bahía de La Habana el USS Maine, mientras la mayor parte de su oficialidad se encontraba en tierra disfrutando de un homenaje rendido en su honor por las autoridades españolas, el 15 de febrero el buque estadounidense sufrió en su interior una gran explosión que causó la muerte de 256 de sus efectivos y precipitó el estado de guerra entre los dos países.
Si bien se indica que la Guerra dio comienzo el 25 de abril de 1898, lo cierto es que ya desde el 20 de abril, Estados Unidos había dado un ¨ultimátum¨ demandando de España que abandonara la Isla de Cuba. Tal exigencia anticipaba el inicio de las hostilidades entre ambos países. Aunque comúnmente se ha afirmado que la Guerra se extiende a Puerto Rico con la Invasión efectuada el 25 de julio de 1898, la realidad es que las operaciones militares comienzan el día 12 de mayo, cuando la Escuadra Naval del Almirante Sampson abre fuego sobre la ciudad de San Juan. La flota naval estadounidense contaba con una capacidad de fuego compuesta por 164 cañones. Contra la Capital se efectuaron 1,362 disparos de artillería, que fueron repelidos por las pocas baterías de costa, las cuales totalizaban 28 piezas de artillería, ubicadas en los fuertes de El Morro y San Cristóbal desde donde efectuaron, en respuesta, 441 disparos.
Ya desde el 21 de abril de 1898 el General Manuel Macías Casado, Gobernador y Capitán General de Puerto Rico bajo la Carta Autonómica, había suspendido las garantías individuales conferidas por la Carta. Puerto Rico vivía un estado de guerra. Desde el 10 de mayo la Isla había sido sometida a un bloqueo naval. La invasión por tierra ocurrida, a partir del 25 de julio, así como las operaciones militares, se prolongaron hasta el día 13 de agosto, fecha en que se firmó el Protocolo de Armisticio entre España y Estados Unidos. El último contingente español en suelo puertorriqueño saldrá de Puerto Rico el día 23 de octubre de 1898.[13]
III. El debate en torno a ilegalidad del Tratado de París en su aplicación a Puerto Rico:
El 2 de agosto de 1898, en momentos en que en Nueva York se procedía con la disolución de la Sección Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano, Eugenio María de Hostos (independentista) junto con Julio Henna (anexionista) y Manuel Zeno Gandía (autonomista), fundan la Liga de Patriotas[14] en un esfuerzo supremo por salvar la patria de una anexión forzada. En un discurso presentado en Nueva York el día 1 de septiembre de 1898 Hostos indicaba:
¨En Estados Unidos no hay autoridad, ni fuerza, ni poder ni voluntad que sea capaz de imponer a un pueblo la vergüenza de una anexión llevada a cabo por la violencia de las armas, ni que urda contra la civilización más completa que hay actualmente entre los hombres, la ignominia de emplear la conquista para domeñar las almas.¨[15]
Desde el primer momento de su firma, patriotas puertorriqueños colocaron en entredicho la legalidad del Tratado de París sobre Puerto Rico. Entre los primeros en cuestionar tal legalidad se encontró Eugenio María de Hostos, quien decía que dicha Guerra, al no ser hecha por Puerto Rico, ni contra Puerto Rico, ni con el concurso de Puerto Rico, privaba a España de la facultad para disponer a su antojo de nosotros mediante la cesión de nuestro país y sus habitantes a Estados Unidos. Señalaba que España no podía ¨ceder a Puerto Rico como se cede una cosa ya que Puerto rico tenía personalidad propia¨.
Previo a la Guerra, Puerto Rico contaba y así lo reconocía la propia Carta Autonómica de 1897, de personalidad jurídica propia. Hostos insistía en que una cesión resultante de una conquista mediante la guerra, no solo era nula, sino además contraria a la tradición jurídica del pueblo de Estados Unidos. En consecuencia, urgía que Puerto Rico por iniciativa propia designara quiénes, en su nombre serían los delegados que a nombre del país, reclamaran de Estados Unidos el reconocimiento de su personalidad jurídica.
Para Hostos, lo negociado entre el Reino de España y Estados Unidos no podía obligar a Puerto Rico por ser ¨un tratado de paz hecho en París sin conocimiento ni aquiescencia de Puerto Rico¨. Para Hostos, el Tratado en sí mismo colocaba en entredicho la imposición de un gobierno militar sin consentimiento de los gobernados, lo que en su juicio era también contrario con las instituciones de gobierno de Estados Unidos. Señalaba que el gobierno de Estados Unidos estaba obligado a reconocer la personalidad jurídica de Puerto Rico y sobre la base de tal reconocimiento, permitirle al pueblo puertorriqueño expresar libremente su voluntad respecto a su destino político. Consideraba igualmente, que la imposición de un gobierno militar era abominable a la dignidad de los puertorriqueños, señalando de paso que ¨una anexión incondicional sería forzada: una anexión forzada, es una agresión criminal.¨
La tesis de Hostos denunciando la ilegalidad de la cesión de Puerto Rico, tomó un nuevo impulso en su discurso en 1900 cuando Estados Unidos, luego de un gobierno militar que duró dos años, impuso sobre Puerto Rico un gobierno civil en virtud de la Ley Foraker. Decía Hostos en aquel momento que dicha legislación no hacía otra cosa ¨que dar fuerza de ley y apariencias de procedimiento constitucional al hecho de la sujeción de Puerto Rico por la fuerza a los Estados Unidos.¨ [16]
Muerto Hostos en 1903, este mismo razonamiento fue elaborado y desarrollado por Enrique López Díaz[17] en su ensayo El liberalismo o razón cívica: actitud americana, situación puertorriqueña. López Díaz, a la vez que denuncia la ilegalidad y nulidad del Tratado de París, sostenía la tesis de que Puerto Rico es una ¨nación intervenida¨. Más adelante, José de Diego, siendo Presidente de la Cámara de Delegados constituida a raíz de la Ley Foraker, cuestionó una nueva ley orgánica aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 1917 que impuso la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, conocida como Ley Jones. De Diego propuso que para las elecciones de 1920 se realizara una consulta plebiscitaria en la cual los puertorriqueños optaran por un status donde escogiéramos entre la independencia y la integración como un estado dentro de la Unión. Para entonces, la independencia era la alternativa más favorecida por los puertorriqueños entre las tres opciones históricas en las cuales se debatía nuestro pueblo desde el siglo anterior. De Diego consideraba que ninguna de las dos leyes orgánicas aprobadas por el Congreso de Estados Unidos se habían inspirado en la voluntad del pueblo puertorriqueño.
El tema de la nulidad el Tratado de París fue una vez más retomado a partir de la década de 1920 por Pedro Albizu Campos[18]. Indicando que dicho Tratado no podía obligar a Puerto Rico, argumentando que España no tenía como tal la facultad para realizar tal cesión, ni Estados Unidos el derecho a exigir la entrega de Puerto Rico. Para Albizu Campos, ¨los puertorriqueños constituíamos una nacionalidad definida y reconocida por la misma España y por todo estado civilizado en el momento en que se celebró dicho tratado¨. Desde entonces, el tema de la ilegalidad del Tratado de París y el carácter interventor de la presencia de Estados Unidos en Puerto Rico, subyace y permea todo discurso independentista en Puerto Rico.
IV: La terrible década de 1930:
La década de 1930 marcó con sangre patriota la historia del desarrollo político puertorriqueño. Durante el quinquenio de 1932 a 1937 el gobierno de Estados Unidos estableció en Puerto Rico las bases materiales dirigidas a procurar la destrucción del ideal de independencia. La represión desatada por Estados Unidos perseguía evitar que el movimiento político nacionalista en reclamo de la independencia, de manera orgánica y masiva, se insertara en la lucha de las masas trabajadoras por alcanzar importantes reivindicaciones económicas y sociales. Un movimiento político con tal potencial de vinculación social, hubiera sido capaz de echar por la borda el marco de las relaciones políticas coloniales prevalecientes en Puerto Rico. Los antecedentes, sin embargo, debemos examinarlos a partir del surgimiento y desarrollo del Partido Nacionalista de Puerto Rico desde la década de 1920 y la figura de Don Pedro Albizu Campos.
Durante la conmemoración del natalicio de José de Diego el 16 de abril de 1925, mientras consumía su turno como orador quien fuera el primer presidente que tuvo el Partido Nacionalista, como era la tradición en los partidos políticos de la época, dirigía al inicio de su intervención su saludo a la bandera de Estados Unidos considerándola como la bandera que representa “la libertad y la primera república de América”[19]. Al corresponderle su turno en la tarima a Pedro Albizu Campos, entonces Vicepresidente de dicho partido, éste se negó a saludar la bandera de Estados Unidos. Por el contrario, al consumir su turno expresó que en Puerto Rico esa bandera representaba “la piratería y el pillaje”. Señaló, además, “que ese pabellón fue izado sobre las espaldas de los negros norteamericanos y sigue siendo sostenido por la esclavitud de esos mismos infelices y de los inmigrantes explotados de Europa y actualmente es símbolo luctuoso para la humanidad entera.”
En su discurso, rompiendo la tradición hasta entonces seguida por los oradores del Partido Nacionalista, Albizu Campos expresó que al nacionalismo le asiste el derecho de la revolución de ser necesaria. Se planteaban así dos visiones sobre el proceso político de lucha por la independencia; y dos visiones sobre la organización política necesaria para encausar la lucha de independencia hacia su objetivo final: la soberanía política. Se trata de un punto de ruptura histórico, definitorio, sobre lo que sería, en adelante, el accionar nacionalista en Puerto Rico.
Para entonces, los partidos políticos mantenían al país dividido en tribus, disputándose de tiempo en tiempo cómo administrar la colonia. De esta manera, los partidos políticos contribuían a mantener fragmentada la conciencia nacional de los puertorriqueños. La respuesta de Albizu Campos a ese divisionismo creado por los partidos políticos coloniales en Puerto Rico fue procurar la unidad de todos los puertorriqueños tras el llamado a éstos de que ¨el nacionalismo es la patria organizada al rescate de su soberanía¨.
Electo Albizu Campos Presidente del Partido Nacionalista, en la Asamblea General del Partido efectuada en el Ateneo el 13 de mayo de 1930, el tema de los trabajadores y sus luchas fue por primera vez abordado en el seno del nacionalismo con miras a incluirlo en su programa de lucha política. A tales efectos, en su mensaje indicó:
“Libremos al obrero inmediatamente del caudillaje del obrerismo desorientado de origen yanqui, que, bajo la sugestiva denominación de socialista, pero sin definición política alguna, y, por tanto, los más hábiles y eficaces defensores del coloniaje, lo han hecho portador de la bandera norteamericana, bajo cuya sombra impera este coloniaje que nos ha convertido en esclavos de las corporaciones y empresas norteamericanas.”[20]
A partir de dicho manifiesto, el Partido Nacionalista plantea, como primer punto en su programa económico, el siguiente propósito o aspiración:
“Organizará a los obreros para que puedan recabar de los intereses extranjeros o invasores la participación en las ganancias a que tienen derecho, asumiendo su dirección inmediata, poniendo hombres de talla, responsabilidad y patriotismo para dirigirlos.”[21]
Establecida la anterior premisa, la cuestión social toma un giro distinto en el seno del Partido Nacionalista de Puerto Rico procurando así vincular el desarrollo de la lucha por la independencia al desarrollo de la lucha por las conquistas de los trabajadores. Quedaría establecido en el Programa del Partido Nacionalista la formulación de una línea de trabajo en la cual ambas luchas, la política y la económica, se conciben vinculadas y entrelazadas como parte de una lucha común en la lucha de independencia. En los movimientos sociales más trascendentales de esa época en las cuales estaría involucrada la clase trabajadora y el pueblo en general, el nacionalismo estuvo presente asumiendo un rol de dirección en las mismas.
Las coordenadas estaban delimitadas. Para el nacionalismo, la vinculación de la reivindicación nacional de la independencia con una clase social como la clase trabajadora permitía cuestionar de manera más contundente el proyecto colonial e imperialista de Estados Unidos en Puerto Rico. Para el imperialismo también quedaba claro el peligro que representaba para sus intereses que ese reclamo político de libertad, soberanía e independencia pudiera fundirse en un programa común con los reclamos sociales y económicos de las clases trabajadoras en Puerto Rico.
En los primeros cinco años de la década de 1935, nuestro país vivió intensos momentos de luchas obreras que se manifestaron principalmente en la huelga de los transportistas públicos ante el incremento en el precio de la gasolina, las luchas en contra del aumento en el precio y la baja calidad de la harina que se importaba de Estados Unidos y en el movimiento de los trabajadores de la caña de azúcar por mejores salarios y condiciones de trabajo.
Dentro del contexto del desarrollo de una huelga general de los trabajadores de la caña de azúcar, ante la traición del liderato del Partido Socialista y la Federación Libre de Trabajadores al aliarse con la clase patronal y el gobierno, en 1934 los trabajadores convocaron a Albizu Campos a la dirección del proceso huelgario. Albizu Campos asumió así el liderato del proceso huelgario. Al comparecer a una tribuna pública en el pueblo de Guánica para dirigirse a los trabajadores, encontró el lugar desde donde se dirigiría a los trabajadores rodeado de policías, supervisados personalmente por el coronel estadounidense a cargo de la Policía de Puerto Rico, Francis E. Riggs. El propósito de la presencia policiaca era impedir que los trabajadores pudieran acercarse para escuchar su mensaje. En su discurso, Albizu lanzó una severa advertencia a la Policía indicando: “Si por las balas de la policía muere un obrero, morirá el gobernador Winship. Y si por las balas de la policía muere un trabajador, morirá Riggs”. Finalizó su mensaje indicando: “Si aquí suena un tiro, matamos al gobernador inmediatamente.”
Se indica que fue a partir de ese momento que se elaboraron por parte del gobierno de Estados Unidos los planes para enfrentar el llamado peligro nacionalista. Para ello diseñaron dos opciones o cursos de acción: sobornar al nacionalismo como organización y domesticarla; o destruirla como organización. Paralelo con este propósito y momento histórico, comienzan a llegar a Puerto Rico como resultado de unas recomendaciones económicas bajo la política del Nuevo Trato del Presidente Roosevelt, ciertos programas de beneficencia junto a transferencias económicas federales. Mientras se intensificaba la labor de sobornar a dirigentes independentistas dentro y fuera del Partido Nacionalista, el Jefe de la Policía Francis E. Riggs, con el aval del gobernador estadounidense en Puerto Rico Blanton Winship, formuló la consigna Guerra, guerra, guerra al nacionalismo.[22]
Las medidas del gobierno contra el nacionalismo no se hicieron esperar. El 23 de marzo de 1935 Albizu Campos había sido invitado por el movimiento estudiantil a dirigirse a ellos dentro de los predios de la Universidad de Puerto Rico. En las inmediaciones del campus universitario cinco nacionalistas fueron emboscados por la Policía de Puerto Rico, de los cuales cuatro resultaron asesinados quedando un quinto gravemente herido. Estos sucesos se conocen en nuestra historia como la ¨Masacre de Río Piedras¨. En el mensaje ofrecido por Albizu Campos al despedir el duelo de los mártires en el cementerio donde fueron enterrados sus cadáveres, luego de una fuerte denuncia al régimen colonial de Estados Unidos en Puerto Rico, éste convocó a los asistentes a que esos asesinatos no quedaran impunes. Indicó en su discurso que la historia de la libertad de la patria “se amasa con nuestra sangre y se amasa también con la sangre de los yanquis”. Albizu, declarando la guerra al gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico, tomó a los presentes el siguiente juramento:
“Juramos todos que el asesinato no perdurará en Puerto Rico”.[23]
A la Masacre de Río Piedras siguió un proceso de encarcelamientos sin fianza de nacionalistas, registros y allanamientos de sus residencias, así como otros abusos por parte de la Policía. En diciembre de ese mismo año se celebró una Asamblea del Partido Nacionalista donde Albizu Campos fue reelegido Presidente. La asamblea aprobó una Resolución promovida personalmente por Albizu donde se llamó “a desafiar al aparato represivo gubernamental¨. Allí también se aprobó la abstención electoral y se hizo un llamado por Albizu a ¨la confrontación defensiva” por parte del nacionalismo. Es entonces cuando Albizu hace el llamado a los nacionalistas a “armarse bien” y “no dejarse registrar en la calle”.
El 1ro. de enero de 1936 el Partido Nacionalista convocó al servicio militar a todos los nacionalistas mayores de 18 años “como una necesidad de defensa nacional inmediata”. Se declara formalmente por el Partido Nacionalista “el estado de guerra entre los Estados Unidos y Puerto Rico¨ y se demanda de dicho país ¨la desocupación inmediata de nuestro territorio o de lo contrario se apelaría a las armas”.
Desde una correlación de fuerzas muy desigual, el Partido Nacionalista concentra sus energías en llevar a cabo la guerra contra Estados Unidos en Puerto Rico haciendo valer la palabra empeñada. El 23 de febrero de 1936 un comando nacionalista compuesto por Hiram Rosado y Elías Beauchamp reivindica en San Juan los asesinatos perpetrados en la ¨Masacre de Río Piedras¨. En las calles es ajusticiado el coronel Riggs, autor intelectual de la Masacre de Río Piedras y Jefe de la Policía. Horas más tarde, encontrándose arrestados dentro del Cuartel de la Policía al cual fueron llevados los dos nacionalistas capturados que formaron parte del comando, fueron extrajudicialmente fusilados por la Policía. Poco antes de su fusilamiento, en momentos en que era arrestado, Elías Beauchamp le dijo a sus captores:
“Suéltenme, no se apuren. Que yo no voy a disparar contra mis hermanos puertorriqueños. Yo solo mato americanos. Al Coronel Riggs lo maté porque era un sinvergüenza y por el asesinato de Río Piedras.”[24]
En el pueblo de Utuado, ubicado en la zona montañosa del país, ese mismo día, otros dos nacionalistas morían en enfrentamientos con la Policía.
Durante el sepelio de los héroes nacionalistas fusilados en San Juan como resultado del ajusticiamiento del coronel Riggs, Albizu expresó lo siguiente:
“Señores: El valor más permanente en el hombre es el valor. El valor es la suprema virtud del hombre y se cultiva como se cultiva toda virtud y se puede perder como se pierde toda virtud. El valor en el individuo es su supremo bien. De nada vale al hombre estar lleno de sabiduría y de vitalidad física si le falta el valor. Ese es el supremo bien del individuo y de la nación. Porque el valor es el único que permite la transmutación del hombre para fines superiores. El valor es lo que permite al hombre pasearse firme y serenamente sobre las sombras de la muerte y cuando el hombre pasa tranquilamente sobre las sombras de la muerte, entonces es que el hombre entra en la inmortalidad.
El culto al heroísmo no es un culto romántico. El culto al heroísmo es el culto a la eternidad.”[25]
Más adelante, y ya al final de su alocución a los asistentes, Albizu retomando el tema del valor en el ser humano, indicó:
“Mientras hayan hombres libres y hombres de valor los asesinos no quedarán impunes. El régimen yanqui nos está haciendo un supremo bien. El yanqui quiere intimidarnos con el asesinato. Nos traen bandidos de Estados Unidos como maestros para enseñarnos inglés.
Podrán matar a Albizu Campos. Nada se resolverá. Podrán matar 10,000 nacionalistas. Surgirá un millón de puertorriqueños. La mejor manera y más rápida de hacer a la nación nacionalista en 24 horas es siguiendo esa secuela de asesinatos. El nacionalismo no atacará a mansalva sino cara al sol, cara a la eternidad.”
En abril de 1936 se iniciaron los procesos judiciales en la Corte de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico contra varios dirigentes del Partido Nacionalista, acusados por el gobierno federal, de conspirar para derrocar al Gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico; de incitar a la rebelión armada y reclutar soldados para tales fines. El 19 de julio, el jurado que entendía en el caso no pudo ponerse de acuerdo en un veredicto. Los puertorriqueños, que integraban el jurado, insistían en la no culpabilidad de los acusados, mientras que los norteamericanos que en él participaban insistían en la culpabilidad. Un nuevo grupo de jurados controlados por la Fiscalía Federal fue escogido para un nuevo juicio, el cual comenzó el 27 de julio. Con la participación de diez jurados estadounidenses de 12 que componían el panel, Albizu Campos y el liderato nacionalista fue encontrado culpable en los tres cargos imputados, entre ellos el delito de conspiración sediciosa. Fueron condenados a 10 años de prisión. Días más tarde, en los accesos hacia la entrada de la isleta de San Juan, otro comando nacionalista atentaría contra la vida del juez federal que intervino en el juicio.
Encontrándose encarcelado el liderato nacionalista en espera de una revisión de las sentencias por parte del Tribunal del Circuito de Apelaciones de Boston, se produjeron los sucesos del Domingo de Ramos de 1937, los cuales pasarían a conocerse en la historia de nuestro país como la ¨Masacre de Ponce¨. En un abuso de poder sin límites la Policía de Puerto Rico por instrucciones del gobierno colonial abrió fuego contra la manifestación, resultando muertas 19 ciudadanos y cerca de 200 heridos. Allí quedó sellada finalmente la ruta de la resistencia del pueblo puertorriqueño frente al colonialismo yanqui.
La política del Partido Nacionalista de llevar adelante la “guerra defensiva” contra Estados Unidos no encontró descanso. Cada golpe infligido por el Gobierno de Estados Unidos contra el independentismo, fue devuelto con acciones contundentes del nacionalismo, recordándole a Estados Unidos que en Puerto Rico se mantenía viva la lucha por la independencia, lucha ésta en la cual el nacionalismo estaba dispuesto a pagar el precio que fuera.
V. Se plantea una reformulación del modelo de dominación colonial:
A partir de 1937 las circunstancias en el mundo comenzaban a tomar otro giro ante el desarrollo del fascismo en Europa y Asia. El Gobierno de Estados Unidos avizoraba un nuevo conflicto mundial de grandes proporciones que irremediablementearrastraría a dicho país a otra confrontación militar. En Alemania, Italia y Japón se consolidaba una alianza bélica que no tardaría en involucrar al mundo en una nueva guerra a escala mundial. En el Caribe, Puerto Rico jugaba un papel central en el esquema defensivo de Estados Unidos y sus aliados.
Según expone en septiembre de 1939 Juan Antonio Corretjer Montes, Secretario General del Partido Nacionalista, encontrándose él y Albizu en prisión junto con el resto del liderato nacionalista, un puertorriqueño de nombre Pedro Capó Rodríguez, actuando por encomienda del Departamento de Estado de Estados Unidos, les visitó. Su propósito era ofrecerle al Partido Nacionalista y a Albizu Campos la gobernación de Puerto Rico a cambio de su renuncia a la violencia como método para alcanzar la independencia y el cese de la campaña anti americana desarrollada en Puerto Rico. Indica Corretjer Montes que Capó les indicó lo siguiente:
¨[Que] traía instrucciones de ‘su’ gobierno de reconocer que Estados Unidos estaba inevitablemente enfilado hacia una guerra, y reconocía lealmente que no podía enfrentarse a las responsabilidades de una guerra mundial sin la ‘solidaridad hemisférica’. Y que la tal ‘solidaridad hemisférica’ tenía un obstáculo en su camino: los errores ‘involuntarios’ cometidos por Estados Unidos en Puerto Rico. El peor de estos errores, decía él, era nuestro encarcelamiento. El gobierno, seguía diciendo, reconocía que no era aquella prisión nuestro sitio, sino Puerto Rico, en donde debíamos ocupar las posiciones de bien público que mejor que ningún otros puertorriqueños merecíamos. Y él tenía la autoridad de ‘su’ gobierno para asegurarnos que el gobierno estaba dispuesto a ponernos pronta, inmediatamente en Puerto Rico ‘sanos y salvos como entraron en Atlanta’. Además, el gobierno hacía solemne promesa de ‘garantizar unas elecciones libres’, para que el Partido Nacionalista ganara las elecciones de 1940, substituyendo al desacreditado General Winship con ‘una figura prestigiosa’ que devolviera al gobierno el prestigio ‘perdido’. Y se comprometía además el gobierno a extender a Puerto Rico ‘una autonomía tan amplia, como que equivaldría a una independencia sin bandera’… lo único que nosotros teníamos que hacer– nosotros pobres presos en tierra enemiga, a miles de millas de nuestra patria– lo único sería declarar que ‘la independencia no está en issue’ y pedir a nuestros amigos en América Latina que suspendieran la intensa campaña pro independencia de Puerto Rico que en aquellos tiempos agitaba todo el continente hispanoparlante.”[26]
Mientras estos acontecimientos se desarrollaban, Estados Unidos había echado a andar un proyecto alterno para eventualmente modificar su esquema de dominación colonial en Puerto Rico. Nos señala Jorge Rodríguez Beruff al respecto, lo siguiente:
“Para fines de los años treinta la Administración Roosevelt confrontaba una delicada situación política y social en Puerto Rico, en un momento en que la planificación estratégica le asignaba a esta posesión caribeña cada vez mayor importancia para los planes de defensa en la región del Caribe y para la protección del Canal de Panamá. El Caribe, Panamá y Suramérica se fueron convirtiendo en preocupaciones estratégico-militares casi obsesivas a medida que se deterioraba la situación internacional en Asia y en Europa. Es ese contexto, se percibía la situación política en Puerto Rico como altamente inestable, hasta explosiva, y como capaz de comprometer los planes estratégicos por su volatilidad.
En Washington, la política hacia Puerto Rico había estado marcada por las desavenencias entre los actores claves con perspectivas contradictorias. Ernest Gruering, el encargado de la oficina de territorios, había logrado imponerse momentáneamente a su superior jerárquico, el Secretario del Interior Harold Ickes, con el apoyo de Roosevelt. Gruering se había alineado fuertemente con el gobierno de ‘mano dura’ del General Blanton Winship y con la Coalición conformada por los partidos Socialista y Republicano, sobre todo después del asesinato del Coronel Francis Elisha Riggs.
Esta alianza, sin embargo, fue perdiendo credibilidad con respecto a su reclamo de poder garantizar la estabilidad política en el país. En 1938 resurgió dramáticamente la violencia nacionalista en el espectacular ataque a Winship y otros funcionarios en Ponce. El gobierno también enfrentó una militante huelga de los trabajadores de los muelles. No solo se había prácticamente ilegalizado el Partido Nacionalista, sino que también se había puesto en marcha una persecución contra el sector muñocista del Partido Liberal. Para completar el escenario político, en los partidos coaligados el faccionalismo cobraba fuerza.
Así, Winship y el líder colonialista Rafael Martínez Nadal, se fueron percibiendo crecientemente como interlocutores políticos inaceptables.”[27]
La inminencia de una guerra de grandes proporciones, la necesidad militar de Estados Unidos de asegurar su predominio en el Caribe, junto con la protección militar de las rutas marítimas y aéreas y el control de los accesos al Canal de Panamá, dibujarían la necesidad de recomponer su dominación colonial sobre Puerto Rico. La era de las “reformas” dentro del estado colonial de Puerto Rico había llegado. Las reformas incluirían el modelo de desarrollo económico, la estructuración del estado político colonial en el país, las transferencias de fondos federales masivos a la Isla; la militarización del país, el aislamiento del nacionalismo como expresión política y la desviación del sentimiento independentista hacia una forma de relación política, en términos similares a los propuestos a Albizu Campos y al liderato nacionalista mientras éstos cumplían sus sentencias en una prisión federal en Atlanta. Le correspondería a un nuevo partido político, el Partido Popular Democrático fundado por Luis Muñoz Marín, usufructuar en la década siguiente el potencial que tuvo la vinculación política del nacionalismo con un movimiento político reivindicativo de masas, propulsor de la soberanía y la justicia social.
En el año 1938 Luis Muñoz Marín fundó el Partido Popular Democrático. El mismo surge de una ruptura en el seno del Partido Liberal por parte de los sectores más radicales que allí impulsaban la independencia, junto con representantes del movimiento obrero que entonces, a diferencia del nacionalismo, participaban del proceso electoral. En las elecciones de 1940 Muñoz Marín se posiciona, al ser electo con el beneplácito del gobierno de Estados Unidos, a la cabeza del Senado de Puerto Rico. Desde allí logra reorientar la dirección de dicho partido para que eventualmente deje a un lado el discurso sobre la lucha por la independencia nacional y lo sustituya por otro de carácter populista, dirigido a atender en lo inmediato la realidad económica por la que atravesaba el país, posponiendo para otro momento la discusión en torno al reclamo de independencia. Es este esfuerzo, dentro del marco de la participación del gobierno de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, donde Puerto Rico pasó a ser la gran plataforma militar para el aseguramiento de los intereses de Estados Unidos e Inglaterra en el Caribe, el proceso de inversiones económicas y militarización de Puerto Rico se incrementó por parte del gobierno federal.
Para 1944 el Partido Popular Democrático hace incompatible la militancia independentista con los objetivos que dicho partido se traza. Mientras el independentismo convoca a un Congreso Pro Independencia y en 1947 se funda el Partido Independentista Puertorriqueño, a través del Partido Popular Democrático se desarrolla un proceso dirigido a la legitimación de un nuevo modelo de relación colonial con Estados Unidos que comienza con la designación por parte de Estados Unidos de un gobernador colonial puertorriqueño y más adelante, con la autorización de unas elecciones para que los puertorriqueños escogieran su gobernador. En 1950 el Congreso de Estados Unidos, estando ya como Gobernador de Puerto Rico Luis Muñoz Marín, el Congreso de Estados Unidos aprueba una ley autorizando a los puertorriqueños, si así éstos lo acuerdan, elaborar una constitución.
Los parámetros fueron dictados por el Congreso. Incluían que tal constitución no podría entrar en vigor, independientemente de lo que aprobara el pueblo de Puerto Rico si primero el Presidente de Estados Unidos no pasaba juicio sobre la misma autorizándola, y más adelante el Congreso de Estados Unidos haciendo lo propio. El resultado fue que la constitución no solo fue modificada por el Congreso de Estados Unidos luego de su aprobación en referéndum por los puertorriqueños, sino que en sus modificaciones el gobierno de Estados Unidos aseguró que mantendría no solo los mismos poderes que en virtud del Tratado de París le fueron reconocidos, sino también aquellas facultades que su propia Constitución le reservan al Congreso sobre sus territorios y posesiones.
El 30 de octubre de 1950, en repudio a la nueva estrategia imperialista, el Partido Nacionalista llama a la insurrección en Puerto Rico y se desata un levantamiento armado en varios pueblos y localidades del país. Para sofocar el mismo, se movilizaron miles de efectivos de la Guardia Nacional de Estados Unidos en Puerto Rico, con sus componentes de tierra y aire. Al menos dos pueblos fueron objeto de ataques aéreos por aviones de combate, mientras miles de puertorriqueños fueron encarcelados. El 1 de noviembre de 1950 un comando nacionalista atacó la Casa Blair, donde entonces residía el Presidente de Estados Unidos. La represión desatada contra el nacionalismo se extendió al independentismo en general, así como contra los militantes del Partido Comunista de Puerto Rico.
VI. Surgimiento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el debate sobre el caso colonial de Puerto Rico en las Naciones Unidas:
El 25 de julio de 1952 el pueblo puertorriqueño aprobó una Constitución para la nueva reformulación del modelo colonial en Puerto Rico, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Los cambios introducidos por el Congreso de Estados Unidos serían más adelante en las elecciones de noviembre de dicho año. Ante el nuevo escenario político, en 1953 el gobierno colonial de Puerto Rico junto con el gobierno de Estados Unidos se mueven a las Naciones Unidas para allí hacer la representación de que con dicha Constitución, el pueblo puertorriqueño había ejercido su derecho a la libre determinación. Para entonces, en medio de la llamada ¨Guerra Fría¨, Estados Unidos era señalado ante la comunidad internacional como un país que hablaba de ¨libertad¨ hacia otros, cuando mantenía en el Caribe colonias, la más importante de ellas, Puerto Rico. Aceptar la premisa de que Puerto Rico había ejercido su derecho a la libre determinación en el proceso que culmina en la Constitución de 1952, tenía como consecuencia que la Isla debería ser sacada de la lista de territorios coloniales elaborada por la ONU sobre los cuales las potencias administradoras tenían que rendir informes sobre el avance en dichos territorios para viabilizar el ejercicio de su libre determinación e independencia.
La Asamblea General de la ONU aprobó el día 27 de noviembre de 1953 mediante votación de 26 votos a favor, 11 votos en contra y 19 abstenciones su Resolución 748 (VIII). Concluyó la ONU que el acuerdo a que habían llegado los Estados Unidos de América y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ¨al constituir una asociación política que respeta la individualidad y la fisonomía cultural de Puerto Rico, mantiene los lazos espirituales entre Puerto Rico y América Latina y constituye un vínculo de solidaridad continental¨, Puerto Rico ¨ha alcanzado un nuevo status constitucional¨. Resuelve también que la asociación concertada había sido de ¨común acuerdo¨; que Puerto Rico ¨ha ejercido efectivamente su derecho de autodeterminación¨; que el pueblo puertorriqueño ha sido ¨investido de atributos de soberanía política¨ que le colocan en el plano de una ¨entidad política autónoma¨, por lo que, en consecuencia, cesa la obligación de Estados Unidos de rendir informes sobre Puerto Rico al amparo del Capítulo XI de la Carta de la ONU.
No obstante lo anterior, en el apartado noveno de la Resolución, se estableció por la Asamblea General de la ONU lo siguiente:
¨Expresa la seguridad de que, conforme al espíritu de la presente resolución, a los ideales expresados en la Carta de las Naciones Unidas, a las tradiciones del pueblo de los Estados Unidos de América y al adelanto alcanzado por el pueblo de Puerto Rico, se tomará debidamente en cuenta la voluntad de los pueblos de Puerto Rico y de los Estados Unidos de América tanto en el desarrollo de sus relaciones conforme al status jurídico actual, como en la eventualidad de que cualquiera de las partes en la asociación concertada de común acuerdo desee modificar los términos de esta asociación.¨
El 20 de marzo de 1953 el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Henry Cabot Lodge, de manera unilateral comunicó al Secretario General de las Naciones Unidas que su país, conforme a lo dispuesto en la Carta de la ONU, no continuaría enviando informes sobre Puerto Rico. Desde entonces, Estados Unidos no rinde ante la Asamblea General informe alguno a los fines de cómo Estados Unidos viabiliza el ejercicio del derecho del pueblo puertorriqueño a su libre determinación.
La respuesta a tal afrenta no se hizo esperar. El 1ro. de marzo de 1954, otro comando nacionalista atacaba a tiros el Congreso de Estados Unidos denunciando la condición colonial de Puerto Rico y provocando varios heridos entre los congresistas allí reunidos.
El 14 de diciembre de 1960, la Asamblea General de la ONU aprobó su Resolución 1514 (XV) donde declara, entre otros extremos de importancia, que la ¨sujeción de los pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una negación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales¨; todos ¨los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural¨; que en ¨los territorios en fideicomiso y no autónomos y en todos los demás territorios que no han logrado aún su independencia deberán tomarse inmediatamente medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos territorios, sin condiciones ni reservas, en conformidad con su voluntad y sus deseos libremente expresados, y sin distinción de raza, credo ni color, para permitirles gozar de una libertad y una independencia absolutas.¨ Esta Resolución es conocida como la Carta Magna de la Descolonización. Con ella se abriría el espacio necesario para reclamar de parte de las Naciones Unidas el ejercicio de su jurisdicción en la atención de la situación colonial de Puerto Rico.
Al día siguiente, 15 de diciembre de 1960, mediante la Resolución 1541 (XV), la Asamblea General de la ONU adoptó los principios que deben servir de guía a los fines de determinar si existe o no la obligación de transmitir información conforme al Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas.
En el Principio IV del Anejo de la Resolución se dispone que existe la obligación ¨de transmitir información respecto a un territorio que está separado geográficamente del país que lo administra y es distinto de éste en sus aspectos étnicos y culturales¨. Señala, además, que se pueden tomar en consideración otros elementos ¨de carácter administrativo, político, jurídico, económico o histórico¨ para determinar si existe algún grado de subordinación. Indica que un territorio no autónomo alcanza la ¨plenitud de gobierno propio¨ cuando pasa a ser un Estado soberano e independiente, cuando establece una libre asociación con un Estado independiente y cuando se integra a un Estado independiente.
En el caso del Principio VII relativo a la libre asociación, establece que la misma ¨debe ser el resultado de la libre y voluntaria elección de los pueblos…con conocimiento de causa y por procedimientos democráticos¨. Se debe respetar bajo dicha fórmula de asociación política ¨la individualidad y las características culturales del territorio y de sus pueblos, y reservar a los pueblos del territorio que se asocian a un Estado independiente, la libertad de modificar el estatuto de ese territorio mediante la expresión de su voluntad por medios democráticos y con arreglo a los procedimientos constitucionales.¨ Finalmente, en este caso, el territorio que se asocia, ¨determina su constitución interna sin ninguna injerencia exterior, de conformidad con los debidos procedimientos constitucionales y los deseos libremente expresados de su pueblo. Este derecho no excluirá la posibilidad de celebrar consultas que sean apropiadas o necesarias con arreglo a las condiciones de la libre asociación que se haya concertado.¨
La Resolución 1541 (XV) también establece los principios que deben estar presentes en los procesos de ¨integración¨ de un territorio con un Estado independiente. El Principio VIII, dispone que la integración ¨debe fundarse en el principio de completa igualdad entre los pueblos del territorio que hasta ese momento ha sido no autónomo y los del país independiente al cual se integra¨. Señala a tales efectos que los habitantes de ambos pueblos ¨deben tener sin distinción ni discriminación alguna, la misma condición y los mismos derechos de ciudadanía, así como las mismas garantías en lo que se refiere a sus derechos y libertades fundamentales¨. Termina indicando este Principio que ambos pueblos deben tener ¨los mismos derechos y las mismas posibilidades de representación y participación en los órganos ejecutivos, legislativos y judiciales del gobierno, en todos sus grados.¨
El Principio IX, por su parte, dispone que el ¨territorio que se integra debe haber alcanzado un estado avanzado de autonomía y poseer instituciones políticas libres, de modo que sus pueblos estén en condiciones de decidir, en forma responsable, con conocimiento de causa y por procedimientos democráticos¨; y que en efecto, tal decisión debe estar fundada en el ¨sufragio universal de los adultos.¨
El 16 de diciembre de 1966, mediante la Resolución 2200 (XXI), fue aprobado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual entró en vigor el 23 de marzo de 1976. Este Pacto fue ratificado por Estados Unidos en 1992. En su Parte I, Artículo 1, se consigna que todos ¨los pueblos tienen el derecho de libre determinación¨, por lo que en tal virtud, establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. Ese mismo artículo impone a los Estados signatarios—lo que es vinculante para Estados Unidos– la responsabilidad ¨de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso¨, proveyendo para su ejercicio a la libre determinación en conformidad con las disposiciones de la Carta de la ONU.
El 24 de octubre de 1970 la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2625 (XXV). Esta contiene la Declaración relativa a los principios de Derecho Internacional aplicables a las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados miembros en conformidad con la Carta de la ONU. En su Anejo, se relacionan los criterios aplicables al ¨principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos¨. Allí se reitera que ¨todos los pueblos tienen el derecho de determinar libremente, sin injerencia externa, su condición política y de proseguir su desarrollo económico, social y cultural, y todo Estado tiene el deber de respetar este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta.¨
En esta expresión se recoge casi textualmente el contenido de los párrafos 2 y 7 de la Resolución 1514 (XV) de 1960. La Resolución 2625 (XXV) reitera que ¨la dominación y explotación extranjeras constituye una violación del principio, así como una denegación de los derechos humanos fundamentales, y es contraria a la Carta de las Naciones Unidas¨. Estas expresiones figuran también contenidas en el párrafo declarativo número 1 de la referida Resolución 1514 (XV). En este sentido, la Resolución 2625 (XXV) no deroga, sino que por el contrario, incorpora en su texto el contenido de la Resolución 1514 (XV).
La Resolución 2625 (XXV) manifiesta que son ¨formas del ejercicio del derecho a la libre determinación, el ¨establecimiento de un Estado soberano e independiente, la libre asociación o integración con un Estado independiente o la adquisición del cualquier otra condición política libremente decidida por un pueblo.¨ (Énfasis suplido)
Desde el año 1973 el Comité Especial creado por las Naciones Unidas en 1962 al amparo de la referida Resolución 1514 (XV), mejor conocido como el ¨Comité de Descolonización de las Naciones Unidas¨ ha venido asumiendo jurisdicción sobre el caso colonial de Puerto Rico. Ya suman 34 las Resoluciones del Comité de Descolonización de la ONU donde reitera el derecho del pueblo puertorriqueño a la libre determinación e independencia y el reclamo al gobierno de Estados Unidos de viabilizar tal ejercicio. De una manera especial, desde la década de los setenta, el Comité ha prestado atención, entro otros reclamos, al tema de los prisioneros políticos puertorriqueños en cárceles de Estados Unidos urgiendo a este país a su excarcelación.
Sesenta años desde la aprobación por parte de la Asamblea General de la ONU de la Resolución 748 (VIII) son testigos de la continuidad del carácter colonial de la presencia de Estados Unidos en Puerto Rico.[28]
Durante la pasada consulta plebiscitaria de 2012 los puertorriqueños se expresaron en torno a su satisfacción con el estado de las actuales relaciones políticas con Estados Unidos. El 54% de los participantes en la consulta rechazaron el Estado Libre Asociado. En la consulta hubo una segunda pregunta sobre las preferencias estatus político futuro. En ella, la mayoría de los que votaron optaron por la estatidad, aunque si se suman los que votaron por otras opciones y sencillamente no votaron, la estadidad no es mayoría en Puerto Rico. Aún dentro del marco de la naturaleza no vinculante de la consulta y a pesar de no cumplir la misma con los parámetros del Derecho Internacional a la libre determinación reconocido mediante la propia Resolución 1514 (XV) de la ONU de 14 de diciembre de 1960, que establece que ¨en los territorios en fideicomiso y no autónomos y en todos los demás territorios que no han logrado aún su independencia deberán tomarse inmediatamente medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de estos territorios, sin condiciones ni reservas, en conformidad con su voluntad y sus derechos libremente expresados y sin distinciones de raza, credo ni color, para permitirles gozar de una libertad y una independencia absolutas¨, el pueblo puertorriqueño rechazó el estado actual de sus relaciones políticas con Estados Unidos. Ese rechazo nos impone un reto mayor como pueblo en echar a andar un proceso que rompa el inmovilismo.
Es el reclamo hoy de una gran parte del liderato político en Puerto Rico que se impone la necesidad de que la Asamblea General de las Naciones Unidas reexamine el caso colonial de Puerto Rico a la luz de los desarrollos en el plano del Derecho Internacional en materia de descolonización, particularmente aquellos con posterioridad a la aprobación de la Resolución 748 (VIII) de 1953, particularmente los que toman como referente las Resoluciones 1514 (XV) y 1541 (XV) de 1960; la Resolución 2625 (XXV) de 1970; y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual entró en vigor el 23 de marzo de 1976, ratificado por Estados Unidos en 1992.
VII. La crisis de un modelo de desarrollo:
Con el triunfo de la Revolución Cubana, la Guerra Fría se trasladó al escenario de la lucha por la independencia de Puerto Rico. Durante las primeras tres décadas de desarrollo del Estado Libre Asociado, Estados Unidos utilizó a Puerto Rico, entre otras cosas para anteponer frente a América Latina un modelo de desarrollo capitalista colonial que enfrentara los desarrollos de la Revolución Cubana y su influencia sobre las luchas de los pueblos de América Latina. Para la Unión Soviética, Puerto Rico fue la piedra en el zapato utilizada para la denuncia de Estados Unidos como potencia colonial en el Caribe.
De la misma manera que para los pueblos en lucha latinoamericanos, Cuba fue el faro o referente común a la posibilidad del desarrollo de una sociedad socialista en América Latina; Puerto Rico representó para Estados Unidos ese modelo alterno, colocándonos como la ¨vitrina de la democracia¨ frente a nuestros hermanos latinoamericanos. Con un modelo de industrialización por invitación, construido a partir de la existencia de mano de obra barata; de las exenciones contributivas; de la apertura para la exportación de los productos de Puerto Rico hacia Estados Unidos; del libre tránsito hacia dicho país que aseguraba a los puertorriqueños la ciudadanía estadounidense; de las llamadas ¨ayudas¨ o ¨transferencias de fondos federales¨ al país, fuimos por mucho tiempo la respuesta de Estados Unidos al mundo. Todo ello, sin embargo, se desarrolló dentro del marco de la represión del independentismo y la política seguida por las autoridades federales y puertorriqueñas dirigidas a la invisibilización de la lucha de independencia.
A partir de finales de la década de 1950, sin embargo, con el surgimiento de la Federación de Estudiantes Pro Independencia; del Movimiento Pro Independencia; de la participación electoral en el proceso político del Partido Independentista Puertorriqueño, que ya existía como expresión política en el país desde la década de 1940; así como de otras organizaciones que retomaron, una vez más la lucha armada como método de lucha en Puerto Rico, el independentismo comienza a rearticular sus luchas.
Las décadas de 1960, 1970 y 1980 fueron décadas importantes en el desarrollo de una concepción político-militar en la lucha de independencia y en la vinculación del socialismo con las luchas independentistas y del movimiento obrero. Surgieron organizaciones políticas clandestinas como los Comandos Armados de Liberación (CAL); el Movimiento Independentista Revolucionario Armado (MIRA); el Ejército Popular Boricua (Macheteros); las Fuerzas Armadas de Resistencia Popular (FARP); la Organización de Voluntarios por la Revolución Puertorriqueña (OVRP); el Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños Macheteros (PRTP-M); y en los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), por solo mencionar algunas de las más importantes.
Fueron años donde la lucha internacional por la descolonización de Puerto Rico tomó auge en el seno del Comité de Descolonización la Organización de las Naciones Unidas; y fueron también décadas donde en Estados Unidos, las comunidades puertorriqueñas se organizaron en la defensa de sus propios intereses nacionales, comunitarios y en el apoyo a la lucha independentista en Puerto Rico.
Las luchas contra la explotación minera por parte de las compañías multinacionales de Estados Unidos desarrollada en Puerto Rico a finales de la década de 1960; la resistencia al desarrollo de complejo petrolero en el país que comprometía nuestro ambiente isleño a comienzos de la década de 1970; la lucha contra el servicio militar obligatorio dentro del marco de la Guerra de Vietnam; la lucha contra la Marina de Guerra de Estados Unidos en las islas municipio de Culebra y Vieques; el fortalecimiento del movimiento obrero y sus organizaciones junto al desarrollo de la luchas sociales; la oposición a la presencia de bases militares de Estados Unidos en Puerto Rico; la solidaridad del pueblo puertorriqueño independentista con la Revolución Cubana y las luchas de liberación nacional en América Latina; la resistencia cultural del pueblo puertorriqueño ante los intentos de anexión política a Estados Unidos y la lucha contra el régimen colonial de Estados Unidos, todas ellas adquirieron importantes dimensiones en ese período.
En este proceso el pueblo puertorriqueño obtuvo importantes victorias. Se derrotó el proyecto minero y el establecimiento de un superpuerto petrolero; se libraron importantes batallas por la afirmación de nuestra nacionalidad y nuestra cultura frente a Estados Unidos; se logró el cierre de importantes instalaciones militares, incluyendo el cese de los ejercicios de la Marina de Guerra de Estados Unidos de Culebra y eventualmente, la salida de la Marina de Guerra de Vieques y el cierre de varios de sus polígonos de entrenamiento. Se han librado, además, importantes movilizaciones en las luchas contra la implantación del modelo neoliberal y la preservación del idioma español. Ha sido nuestra perseverancia, a pesar de no haber alcanzado hasta ahora la anhelada independencia y la justicia social a la cual aspiramos, el testimonio de un pueblo en lucha, con identidad caribeña y latinoamericana, que cada día manifiesta su voluntad de seguir siendo una nación con su propia identidad.
Puerto Rico hoy está más que nunca en una profunda crisis donde día a día se debate el colapso de nuestra economía. Durante la pasada década cientos de miles de profesionales han emigrado hacia Estados Unidos por falta de empleos; decenas de miles de puestos de trabajo calificados se han perdido al cerrar sus operaciones una gran cantidad de empresas de alta tecnología; los índices de deserción escolar (casi un 50% de los jóvenes en edad escolar) y desempleo (14.3% en el año 2013) han llegado a niveles tales que comparan con aquellos existentes hace medio siglo. Las drogas (se calcula existen 186 mil usuarios de drogas fuertes), la delincuencia generalizada (21 asesinatos por cada 100 mil habitantes), el crimen organizado y la incapacidad del Estado en brindar seguridad, educación pública de calidad y salud a sus ciudadanos, forma parte también de la realidad puertorriqueña.
Hoy Puerto Rico tiene una deuda pública muy superior a su PIB. La deuda privada, estimada en no menos de $50 mil millones, igualmente casi excede su PIB. Esta deuda privada que coloca a cada puertorriqueño al momento de nacer adeudando la suma de $17,000.00. La deuda pública consolidada, para un país de 3.5 millones de habitantes, alcanza la astronómica cifra de $167,846 millones. Esta deuda conlleva que cada uno de los puertorriqueños adeude a los organismos financieros internacionales en el mercado de bonos, la suma aproximada de $47,845.00. Mientras más crece la deuda privada y pública, los servicios a la población se reducen dadas las insuficiencias fiscales que tienen el país y su gobierno.
La vitrina de la democracia sencillamente se encuentra hecha añicos. Mientras se continúa hablando de las famosas ¨ayudas¨ del gobierno federal a Puerto Rico, los datos demuestran que todo es un mito dirigido a mantener la ideología de la dependencia. Los datos demuestran la falsedad del discurso colonial según el cual, sin Estados Unidos y sus transferencias monetarias los puertorriqueños, no podríamos desarrollarnos como país independiente.
¿Qué dicen los datos? Anualmente los puertorriqueños compramos directamente a Estados Unidos $22,600 millones en mercancías y bienes producidos en dicho país. Las empresas multinacionales de Estados Unidos en Puerto Rico, por su parte, obtienen en rendimientos de capital por sus inversiones, es decir, ganancias netas anuales, que ascienden a $34 mil millones de dólares. Si a lo anterior se suma el costo que nos imponen las leyes federales, obligándonos a que todos los productos provenientes desde Estados Unidos tengan que transportarse en barcos de matrícula estadounidense y que hayan sido construidos en Estados Unidos, tal exigencia representa un incremento adicional en el costo anual de dichos productos valorado en $1,500 millones de dólares, todo ello para un total anual de $58,100 millones de dólares.
En lo que concierne a las llamadas ¨transferencias monetarias federales a Puerto Rico¨, de un total anual estimado en $13,530.00, aproximadamente $8,902 millones son ¨transferencias devengadas¨; es decir, se trata de ¨aportaciones¨ por las que ya los puertorriqueños han cotizado o hemos pagado por servicios prestados a Estados Unidos, por lo que, en consecuencia, representan derechos ya adquiridos por nosotros. Entre estas transferencias se encuentran los pagos del Seguro Social, las pensiones a veteranos de sus fuerzas armadas y los pagos salariales a los empleados del Gobierno Federal que trabajan en Puerto Rico. El restante de estas asignaciones se divide en $2,704 millones en aportaciones del gobierno de Estados Unidos al gobierno de Puerto Rico; y $1,923 millones correspondientes a programas de asistencia social distribuidas directamente a individuos y familias, como es el caso del ¨Programa de Asistencia Nutricional¨ y los fondos dirigidos al Departamento de Educación u otros Departamentos del Gobierno de Puerto Rico.
Si se toma en consideración el presupuesto consolidado anual del Gobierno de Puerto Rico, el cual asciende a $28,114,745 millones, encontraremos que apenas alcanza para atender a su población dado los compromisos ya contraídos: el 23.43% se consume en nómina gubernamental; el 18.85% en subsidios corporativos y personales; 16.02% en el pago de la deuda pública; el 10.29% en compras de materiales; el 6.40% en compras de servicios; y el 4.24% en mejoras permanentes. El restante 19.75% se distribuye en facilidades y pagos por servicios públicos, donativos y subsidios, servicios profesionales, otros gastos operacionales, gastos de transportación, compras de equipo, aportaciones a entidades no gubernamentales, anuncios y pautas en los medios de comunicación, asignación para el pareo de fondos federales y el pago de la deuda de años anteriores.
Como indicamos antes, cada año decenas de miles de personas abandona el país hacia Estados Unidos en busca de empleo. En los últimos quince años han sido fundamentalmente los jóvenes y profesionales quienes emigran. Los precios de los productos de consumo incrementan día a día mientras las personas se estancan en sus niveles de ingreso; surgen menos oportunidades de empleo y la mayor parte de los que se crean no sustituyen los perdidos. Gran parte de los empleos que se crean son a jornada parcial o empleos precarios. La tasa de participación de la fuerza de trabajo se limita a un 40.1%, decrecimiento día a día el producto bruto real. El barco de la colonia hace agua y amenaza con hundirse en un contexto donde el capitán y su tripulación carece de los poderes políticos necesarios que le posibilite al menos, conducirlo a puerto seguro.
A pesar de este cuadro y las posibilidades de luchas sociales que posibilitaría, el país aún adolece de fuerzas políticas organizadas con un claro programa de unidad descolonizadora, que plantee una opción real de transformación radical de la sociedad. La ideología centenaria que se abroquela en la defensa del colonialismo, la dependencia y la falta de confianza en nuestras propias posibilidades como pueblo, continúa percolando casi todas nuestras conciencias, limitando nuestras capacidades para echar abajo el actual régimen de subordinación política y económica a Estados Unidos.
Se impone, pues, para el pueblo puertorriqueño, la imperiosa necesidad de acceder a esos poderes que desde 1898 conculca el Congreso de Estados Unidos y que mantienen nuestra subordinación colonial a dicho país. Es necesario que aquellos sectores que promovemos la descolonización y afirmamos la posibilidad de un nuevo modelo de desarrollo económico nacional que permita revertir el proceso de crisis social y económica que vive nuestro país, logremos romper el nudo gordiano que nos limita. Para ello la soberanía y la independencia, junto con un claro proyecto de justicia social hecho suyo por la inmensa mayoría de nuestro pueblo, es necesario. Por ello, es tarea inmediata e ineludible redirigir nuestros esfuerzos colectivos como pueblo en un proyecto político alterno.
VIII. El reclamo por la excarcelación del prisionero político puertorriqueño Oscar López Rivera:
No quiero terminar estas palabras sin traer ante su atención una petición muy especial. A lo largo de los 117 años de relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos, no ha habido una sola década en esa sin que haya habido prisioneros políticos puertorriqueños en prisiones de Puerto Rico, como también, en las prisiones del Imperio. Por más de un siglo, nuestros luchadores han sido objeto de encarcelamientos por todo tipo de acusaciones por violaciones a leyes impuestas por Estados Unidos, dirigidas a intentar frenar nuestras ansias de libertad política.
Solamente durante las pasadas tres décadas cientos de puertorriqueños(as) hemos sido arrestados, encarcelados y perseguidos por luchar contra el Imperio. En el caso particular de la lucha por la salida de la Marina de Guerra de Vieques, el cierre de sus polígonos de tiro y de la Estación Naval de Roosevelt Roads en la región Este de la Isla, más de setecientos desobedientes civiles cumplimos términos de cárcel como resultado de enfrentar en los polígonos de tiro de la Marina y terrenos ocupados por ésta, los ejercicios militares de Estados Unidos en la isla-municipio de Vieques.
En la década de los ochenta, por ejemplo, veintenas de hombres y mujeres fueron condenados a prisión en cárceles federales en Puerto Rico y Estados Unidos como resultado de la lucha anti colonial. A pesar de que al presente la inmensa mayoría de estos luchadores encarcelados en los años ochenta se encuentran ya en libertad, aún permanece encarcelado en Estados Unidos un prisionero político puertorriqueño acusado, del delito de sedición; es decir, conspirar para derrocar el gobierno de Estados Unidos. El pasado mes de mayo, ese prisionero, Oscar López Rivera, cumplió 34 años encarcelado en prisiones federales. Se trata del mismo delito por el cual en la década de 1930 fueran a prisión tantos nacionalistas y el mismo delito por el cual fue condenado en África del Sur, Nelson Mandela.
Oscar López Rivera es hijo de una trabajadora puertorriqueña que emigró a la ciudad de Chicago, Estados Unidos, en la década de 1950. Su juventud la vivió en el barrio puertorriqueño de dicha ciudad. Reclutado bajo la legislación que entonces imponía el Servicio Militar Obligatorio, fue enviado a pelear en la Guerra de Vietnam donde permaneció un año. Allí Oscar se distinguió por su valor en combate. Por ello fue condecorado con la ¨Estrella de Bronce¨. A su regreso a Chicago en 1967, Oscar se involucró en el movimiento de los derechos civiles entonces vigente en Estados Unidos; en las luchas por la protección de su comunidad; en el trabajo social voluntario; en las luchas y resistencia comunitaria contra el racismo; en la defensa de los derechos de las minorías nacionales; así como también, en la lucha organizada por la independencia de Puerto Rico. En Chicago contribuyó a la formación y desarrollo de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN).
Al momento de su captura en 1981, Oscar reclamó la condición de ¨prisionero de guerra¨. Como tal, invocó los Protocolos de la Convención de Ginebra que amparan a los combatientes en las luchas anti coloniales. Oscar no reconoció la jurisdicción de los tribunales de Estados Unidos para juzgarle. Como combatiente anticolonial requirió ser juzgado por un tribunal internacional o por un tribunal de un tercer país que no fuera parte en el conflicto entre Estados Unidos y Puerto Rico. Amparó su reclamo en la condición de Puerto Rico como país intervenido por Estados Unidos a raíz de la Guerra Hispano-cubano-americana de 1898 y la nulidad del Tratado de París sobre Puerto Rico.
Sin que se le acusara o probara delito alguno de sangre, al igual que ocurrió un año antes con otros de sus compañeros y compañeras que fueran capturados en Chicago y Nueva York, Oscar fue procesado por el delito de conspiración sediciosa, encontrado culpable y condenado a 55 años de prisión. Más tarde, ante una falsa acusación donde sus carceleros alegaron un intento de fuga, fue condenado a 15 años adicionales para un total de 70 años de prisión.
Cuando el presidente Clinton en 1999, luego de casi veinte años de prisión, conmutó las sentencias a la mayor parte de sus compañeros y compañeras, a Oscar se le ofreció ser puesto en libertad luego de cumplir un término adicional de diez años. A varios de sus compañeros no se les extendió oferta alguna para salir de prisión. En aquel momento Oscar optó por rechazar su oferta mientras algunos de sus compañeros a los cuales no se le ofreció la conmutación de sus sentencias permanecieran encarcelados. Oscar en alguna medida repitió lo que le llevó a ser condecorado años antes en Vietnam en medio de un fuego intenso, negándose a abandonar a sus compañeros. Éstos, sin embargo, salieron de prisión bajo supervisión hace ya cerca de cinco años. El gobierno de Estados Unidos, sin embargo, se ha negado a excarcelar a Oscar. Indican sus carceleros que la fecha para ¨considerar¨ su salida de prisión será el año 2025. Para entonces Oscar habrá cumplido 82 años de edad de los cuales habría extinguido 44 años de prisión.
Oscar es hoy el preso político latinoamericano que más años de prisión ha cumplido por luchar por la independencia de su patria. Oscar ha cumplido más años de prisión que aquellos que cumplió Mandela por el mismo delito[29]. Oscar es el prisionero político latinoamericano que más tiempo ha permanecido en prisión, y ciertamente puede decirse hoy, que es uno de los prisioneros políticos más antiguos del Hemisferio y del mundo. Oscar no merece estar un día más en prisión. Su delito ha sido por luchar por la independencia de su patria. ¡Queremos traerlo a casa ya! En manos del presidente de Estados Unidos está la facultad para así ordenarlo sencillamente conmutando su sentencia por el tiempo ya cumplido, o concediéndole un indulto. Por eso recabamos de ustedes su solidaridad en este reclamo.
IX. Conclusión:
La lucha de independencia que nos ha tocado librar, particularmente en los últimos 117 años, ha sido ardua, difícil y fuera de toda proporción. A diferencia de otros pueblos que han enfrentado la lucha anti colonial frente a imperios decadentes, a nosotros nos ha tocado librar esta lucha, siendo un país pequeño con una población muy reducida, contra el imperio más poderoso que ha conocido la historia. Contra nosotros, Estados Unidos ha ensayado todo procurando destruir nuestra identidad nacional. Aun así, no han logrado quebrar nuestro espíritu de lucha. A pesar de todo su poderío, nuestra nacionalidad sigue afirmándose en nosotros como parte de América Latina y el Caribe. Los puertorriqueños(as) seguimos soñando, amando, y expresándonos, tanto en el plano individual como colectivamente, en el idioma de nuestros padres y madres; seguimos afirmándonos en nosotros mismos como pueblo, incluyendo tanto aquellos que vivimos en la Isla como millones más que viven en la Diáspora estadounidense. Los puertorriqueños(as) mantenemos nuestras costumbres y nuestra personalidad como país, una personalidad de la cual nos sentimos orgullosos y orgullosas, donde el proyecto de absorción y asimilación ha fracasado.
Si bien los independentistas no hemos podido aún prevalecer en ese largo recorrido, iniciado por nuestros mayores desde 1795, tampoco hemos sido derrotados. Estamos convencidos(as) que más temprano que tarde, prevaleceremos.
La lucha por la independencia de Puerto Rico ha tenido que librarse dentro de muy difíciles y desiguales condiciones. Somos una nación pequeña, ocupada por la potencia imperial más potente de la historia. Nos dice Germán Delgado Pasapera en su libro Puerto Rico: sus luchas emancipadoras, Op. Cit., lo siguiente:
Estamos conscientes que la independencia de Puerto Rico tiene que ser obra de los puertorriqueños y puertorriqueñas y así será. Sin embargo, en la lucha por la independencia de los pueblos, siempre la solidaridad de otros pueblos ha sido una importante en el esfuerzo que nos toca librar a aquellos y aquellas que luchamos por ella. ¡Acompáñenos cada uno de ustedes en este esfuerzo! ¡Apoyemos el reclamo por la excarcelación de Oscar López Rivera! ¡Apoyemos el reclamo del pueblo puertorriqueño por ejercer su derecho a la libre determinación e independencia!
De nuestra parte, siempre estará el compromiso de perseverar, no claudicar y juntos vencer. Muchas gracias. ¡Viva Puerto Rico Libre!
[1] Moscoso Francisco, La Revolución Puertorriqueña de 1868: El Grito de Lares, Cuadernos de Cultura del Instituto de Cultura Puertorriqueña (2003).
[2] De acuerdo con Francisco Moscoso, Programa de la Revolución Puertorriqueña de 1868: Patria, Justicia, Libertad, publicado como capítulo 4 en su libro Clases, Revolución y Libertad: Estudios sobre el Grito de Lares (2006), los comisionados seleccionados fueron Manuel Zeno Gandía, Segundo Ruíz Belvis, José Julián Acosta y Francisco Mariano Quiñones. Estos tres últimos se pusieron de acuerdo y sometieron tres informes en los que reclamaron de España la abolición de la esclavitud con o sin indemnización; el fin del régimen de la libreta de jornaleros; propulsaron el desarrollo de la libertad de empresa y trabajo libre asalariado; libertad de comercio, pesca e industria marítima, remover los impedimentos al desarrollo agrícola, una reforma contributiva y una reforma en las tarifas aduaneras; el reconocimiento de derechos individuales; elecciones populares; y el fin de las facultades omnímodas de los gobernantes españoles.
[3] Haroldo Dilla y Emilio Godínez, Colección del Pensamiento de Nuestra América, Ramón Emeterio Betances, pág. 58, Casa de las Américas (1983).
[4] Betances, Ramón Emeterio, Los Dos Indios, Congreso Nacional Hostosiano (1998).
[5] Félix Ojeda Reyes, en su ensayo El Masón con fuego en la frente, el cual forma parte de su libro Peregrinos de la Libertad (1992), rescata del texto de Los Dos Indios el siguiente relato:
“Los españoles, recibidos al comienzo como amigos por los pueblos felices y hospitalarios de Borinquen, no habían tardado en dar rienda suelta a su locura furiosa de amasar oro. y al igual que en todas partes donde llegaron, no vieron en los indios nada más que esclavos cuya misión era enriquecerlos. Se vieron obligados entonces a sostener más de un asalto contra el valor y la indignación demasiado legítimas de los indígenas. Pero con más frecuencia celebraron la victoria que ellos debían a la superioridad de sus armas, a su fanatismo y a su codicia desenfrenada tanto como a la ignorancia de sus enemigos. Todos los días hacían nuevas conquistas y a cada paso arrojaban una tribu encadenada al fondo de las minas que despojaban ávidamente y que servían de tumba a aquellos insulares, amantes de la libertad. De tal manera llegaron a exterminar cerca de seiscientos mil indios en Borinquen solamente. ¡Tres siglos y medio de civilización no han sabido devolver a aquella Isla deliciosa la mitad de sus habitantes!”
[6] Pasapera Delgado, Germán, Puerto Rico: sus luchas emancipadoras (1984).
[7] Jiménez de Wagenheim, Olga: El Grito de Lares: sus hombres, sus causas, (1985).
[8] Figueroa Mercado, Loida: El Grito de Lares: Ángulos inadvertidos de un tema al parecer trillado, publicado en Siete Voces hacia el Grito de Lares (2000).
[9] Rosario Rivera, Raquel: Mariana Bracety una patriota que no claudicó (2014).
[10] Patria, Edición de 25 de agosto de 1894, Haroldo Dilla y Emilio Godínez, Colección del Pensamiento de Nuestra América, Ramón Emeterio Betances, Op. Cit. pág. 58.
[11] Martí, José, Obras Completas, Tomo I (1975)
[12] Pasapera Delgado, Germán, Op. Cit. Indica Delgado Pasapera que el 8 de diciembre de 1895 los exiliados puertorriqueños en la ciudad de Nueva York constituyeron un Directorio. Más adelante, en una segunda reunión efectuada el 17 de diciembre, se acordó celebrar una reunión en Chimney Corner Hall, en la Sexta Avenida y la Calle 25 el domingo 22 de diciembre de 1895. Allí se reunieron 59 puertorriqueños fundando ¨Guerra de Independencia Cuba y Puerto Rico, Sección Puerto Rico¨, la cual más adelante adoptaría el nombre oficial de ¨Sección Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano¨. En esa ocasión se adoptó, también como bandera, nuestro actual pabellón nacional.
[13] Rivero, Ángel: Crónica de la Guerra Hispanoamericana en Puerto Rico (1971)
[14] Auffant Vázquez, Vivian: La Liga de Patriotas (2012).
[15] De Hostos, Eugenio María: Obras Completas, Tomo V, Madre Isla (1969)
[16] De Hostos, Eugenio María: Mi opinión sobre la Ley Foraker, Obras Completas, Tomo V, Madre Isla (1969)
[17] López Díaz, Enrique: El liberalismo o razón cívica: actitud americana, situación puertorriqueña (1908).
[18] Albizu Campos, Pedro: Obras Escogidas, recopilación hecha por Benjamín Torres, Tomo I (1975).
[19] Albizu Campos, Pedro: Op. Cit. Tomo I, (1975).
[20] Albizu Campos, Pedro, Op. Cit., Tomo I, (1975).
[21] Albizu Campos, Pedro, Op. Cit., Tomo I, (1975).
[22] Denis, Nelson A.: War Against All Puerto Ricans (2015).
[23] Albizu Campos, Pedro, Op. Cit., Tomo II, (1981).
[24] Rosado Marisa, Pedro Albizu Campos: Las llamas de la aurora, un acercamiento a su biografía (1991)
[25] Albizu Campos, Pedro, Op. Cit., Tomo III, (1981).
[26] Corretjer, Juan Antonio: La lucha por la independencia de Puerto Rico, (1969).
[27] Beruff Rodríguez, Jorge: Las Memorias de Leahy: Los relatos del Almirante William D. Leahy sobre su gobernación de Puerto Rico (1939-1940), publicado en 2002.
[28] Torres Rivera, Alejandro: La Asamblea Constitucional de Estatus: alternativa para la revisión de las relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos (2014). El libro recoge el debate sobre las opciones de estatus político para Puerto Rico a lo largo del pasado siglo, sus propuestas procesales y sustantivas, y sus formulaciones al presente.
[29] Estados Unidos también mantiene en prisión, incluso por más años que los que ha cumplido Oscar, prisioneros políticos pertenecientes a su población originaria como es el caso de Leonard Pielper y prisioneros políticos del movimiento de lucha afroamericano de las Panteras Negras.

References: artículo 2
 Artículo 1
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 Artículo 73
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