Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2019/04/01/un-blog-injuriante-buscador-de-internet-debe-suprimir-los-comentarios-sobre-la-vida-privada-e-intima-de-los-actores-en-el-blog-denunciado/
Timestamp: 2020-02-21 19:04:24+00:00

Document:
Un blog injuriante: Buscador de internet debe suprimir los comentarios sobre la vida privada e íntima de los actores en el blog denunciado – AL DÍA | ARGENTINA
Partes: C. N. L. y otros c/ WordPress s/ amparo ley 16.986
Cita: MJ-JU-M-117156-AR | MJJ117156 | MJJ117156
Procedencia de la medida cautelar a fin de que la demandada -intermediaria de contenidos en internet- suprima los comentarios en el blog denunciado que contengan alusión específica a la vida privada e íntima de los actores.
1.-Debe revocarse la sentencia recurrida y, en consecuencia, acoger parcialmente a la medida cautelar, requiriendo a una de las codemandadas -intermediaria de contenidos en internet cuya actividad se centra en prestar la infraestructura necesaria para la creación de blogs- la supresión de los comentarios en el blog denunciado que contengan alusión específica a la vida privada e íntima de los actores, exponiendo de forma discriminatoria la orientación sexual, la vida afectiva y sus hábitos personales; además de sus domicilios y perfiles en redes sociales (del voto de los Dres. Calitri y Alvarez – mayoría).
2.-Debe desestimarse parcialmente la cautelar solicitada, pues ordenar al buscador de internet que realice la desindexación del enlace que redirige al blog y a la codemandada que bloqueé el sitio importaría una afectación a los derechos de libertad de expresión, a los derechos del consumidor y al acceso a la información (del voto de los Dres. Calitri y Alvarez – mayoría).
3.-Aún no se ha acreditado que los dichos e información vertidas en la publicación sean falsas o contengan una intencionalidad difamatoria y tampoco se hace referencia alguna a los actores, a sus vidas privadas o sus datos personales; además, como una crítica al servicio que la empresa denunciada brinda, las expresiones vertidas cuentan con la protección constitucional que los consumidores poseen por medio del art. 42 de la CN., sumado a la normativa que resguarda a la libertad de expresión como un derecho fundamental de los Estados democráticos e inherente a toda persona que los habite (del voto de los Dres. Calitri y Alvarez – mayoría).
4.-Los buscadores, a diferencia de los sitios webs de información primaria o de primer grado, en los que se alude en forma directa a la realidad (ya sea a través de la manifestación de opiniones, la información de hechos y noticias, la expresión de manifestaciones artísticas, etc.), se encuentran dentro de las páginas de información secundaria o de segundo grado, las cuales permiten conocer a sus usuarios los sitios en los que podrían encontrar una información específica1 , a través de la introducción de palabras o frases claves – keywords – (del voto de los Dres. Calitri y Alvarez – mayoría)
5.-La pretensión de aplicar un factor de atribución de responsabilidad objetiva a los buscadores es de una llamativa insustancialidad y la libertad de expresión sería mellada de admitirse esta responsabilidad, ello siempre y cuando el buscador no haya tomado efectivo conocimiento de la ilicitud de ese contenido y si tal conocimiento no fue seguido de un actuar diligente (del voto de los Dres. Calitri y Alvarez – mayoría)
6.-Cabe confirmar el rechazo de la cautelar incoada, al no vislumbrarse el peligro en la demora que implique su concesión, ya que corresponde a una solicitud en una demanda iniciada hace un año atrás y acompañada por elementos de los cuales no surge demostrado fehacientemente cuál es el grado de perturbación ocasionado o que le ocasionaría la falta de tutela anticipada, más allá del contenido que señala de la publicación web (del voto del Dr. Lemos Arias – disidencia).
La Plata, 12 de diciembre de 2018.
Este expediente Nº 78569/2018, caratulado: “C., N. L. y Otros c/WORDPRESS s/AMPARO LEY 16.986”, procedente del Juzgado Federal de Quilmes. Y CONSIDERANDO QUE: EL JUEZ LEMOS ARIAS DIJO:
I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación deducido por la parte actora, a fs. 81/86vta., contra la resolución del juez de primera instancia, de fs. 77/79vta., que denegó la medida cautelar solicitada, al entender que no se encuentran demostrados los presupuestos requeridos para su admisibilidad.
II.1 La decisión apelada fue dictada en el marco de un amparo iniciado por N. C., K. M. , N. C. , F. V. y E. C. contra los buscadores “Google Argentina S.R.L.”, “Mozilla Firefox”, “Zafari”, “Opera” y “WordPress.com”, propietario del sitio web donde se difunde la publicación objeto del proceso. La demanda incluye la pretensión de una medida innovativa por medio de la cual se ordene el bloqueo del sitio de internet: https://estafadietrichdiazamericancardeluxecars.wordpresss.com/2014/04/19/estafa-deamerican-cars-deluxe-cars-
on-plan-nacional-ford-renault-dietrich-f-o-diaz/, conforme el art. 38 inc. 4º de la ley 25.326. Expresan los actores que la publicación señalada se difunde a través de los buscadores vigentes y contiene información injuriante, falsa y calumniante contra las empresas, integrantes y empleados de las personas jurídicas “Deluxecar S.A.” y “Grupo Famg S.A.”. Han sido emitidos en blogs, los cuales carecen de sujetos responsables y difaman a través de los canales web, como forma de difusión masiva. Consideran que el blog es ilegal y arbitrario y contiene agresiones que son prueba del delito civil por las descalificaciones y discriminaciones que posee, lesionándose los derechos de propiedad, dignidad, reputación y actividad lícita, que debe ser suprimido por los buscadores demandados.Destacan que las frases y los conceptos debieron ser revisados y censurados por “Google”, a través de la supresión de los links, por cuanto han permitido actos de “competencia desleal”. Dicen también que para la procedencia del hábeas data han concretado el reclamo previo que exige la ley 25.326 ante “Google”, que contestó que no iban a tomar medidas respecto del enlace.
II. Los agravios de los apelantes se circunscriben al rechazo de la pretensión cautelar, precisando que la decisión de primera instancia no puede ser considerada una derivación razonada del derecho vigente en orden a las circunstancias acreditadas en la causa. En tal sentido, argumenta en torno a los presupuestos de admisibilidad de las medidas, la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora. Al respecto, sostiene que con su lectura se encuentra acreditado el delito continuado (civil y penal), que es grave, público, de difusión masiva, agraviante, injuriante, descalificante que, además, implica la urgencia de su supresión.
III. Ahora bien, recordemos que la procedencia de este tipo de medidas requiere verificar la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora, tal como lo determina el art.230 del CPCC. Y que lo que se intenta proteger “. No es, pues, el peligro genérico de daño jurídico., sino que es, específicamente, el peligro del ulterior daño marginal que podría derivar del retardo de la providencia definitiva.” (Calamandrei, Piero “Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares”, ps.42/43). Sentado lo expuesto, corresponde destacar que las medidas cautelares no exigen el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede el marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (Fallos:315:2956; 316:2855 y 2860; 317:243 y 581; 318:30 y 532 ; 323:1877 y 324:2042 ).
Por otro lado, los recaudos para la procedencia genérica de las medidas precautorias previstos por el artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se hallan de tal modo relacionados que a mayor verosimilitud del derecho cabe no ser tan exigentes en la gravedad e inminencia del daño, y viceversa, cuando existe el riesgo de un daño de extrema gravedad e irreparable, el rigor acerca del fumus se puede atenuar. Dentro de aquéllas, la innovativa es una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, habida cuenta de que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia al apreciar los recaudos que hacen a su admisibilidad (Fallos: 325:2347; E. 366. XXXVIII. “Energía Mendoza S.E. c/ AFIP- DGI y Ots. s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad” , fallo del 30/09/03). IV. Señalados estos presupuestos para la procedencia de las medidas cautelares, el análisis de este asunto debe comenzar con la verificación del derecho de los amparistas, respecto del cual solicitan su resguardo. Con relación a ello, es oportuno recordar que la cuestión que se plantea involucra, en principio, dos intereses esenciales que necesariamente deben ponderarse. Por un lado, el derecho de la sociedad a estar informada y a expresar y conocer todo tipo de información, opiniones e ideas a través de un medio de gran difusión como internet (con sus efectos positivos y negativos). Por el otro, el derecho de los actores que podría resultar afectado por el uso que se hace del referido medio de acuerdo con las concretas circunstancias de cada caso. También ha de tenerse en cuenta que ninguno de los derechos reconocidos en la Constitución Nacional es absoluto.En cada caso concreto, deben ponderarse los derechos involucrados para dictar una decisión ajustada a esas pautas y con el grado de provisoriedad del tipo de medida pretendido. En este contexto, corresponde tener presente que la previsión legal contenida en la ley 25.326, impone una mayor rigurosidad al requisito de verosimilitud en el derecho invocado, en atención a que el bloqueo del sitio de internet, lo priva de su potencialidad informativa (conf. Peyrano, Guillermo F., Régimen legal de los datos personales y hábeas data, Editorial Depalma, 2002, comentario al art. 38 de la ley 25.326, cita online: Abeledo Perrot n°: 8004/003458). Con esta perspectiva, no encuentro justificado conceder la medida precautoria teniendo como único respaldo lo aportado por la actora. Tampoco vislumbro el peligro en la demora que implique su concesión, teniendo presente que corresponde a una solicitud en una demanda iniciada hace un año atrás y acompañada por elementos de los cuales no surge demostrado fehacientemente cuál es el grado de perturbación ocasionado o que le ocasionaría la falta de tutela anticipada, más allá del contenido que señala de la publicación web (v. Fallos 321:695). Admitirla, con las constancias actuales, importaría restringir la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas, derecho de libre expresión, garantizado por la Constitución Nacional y por la ley 26.032. Sobre la base de lo expuesto, la medida cautelar requerida importa en este estado del proceso una restricción injustificada de la libertad de expresión, es decir, no guarda proporcionalidad con la finalidad que persigue (Corte Suprema, doctrina de la causa “Rodríguez, María Belén”, Considerandos 27 y 28). Tal prudencia se justifica, además, en virtud del carácter innovativo de la medida requerida, la cual importa un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa (Corte Suprema, Fallos: 316:1883, 318:2431, 319:1069, 321:695, 325:2347 y 331:466). V.Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo confirmar la decisión apelada y, en consecuencia, denegar la medida cautelar solicitada. Así lo voto.
LA JUEZA CALITRI Y EL JUEZ ÁLVAREZ DIJERON:
I. La resolución de primera instancia denegó la medida cautelar solicitada; para así decidir el a quo sostuvo que la verosimilitud del derecho invocado por los actores no se exhibe con el grado de apariencia que se requiere en el terreno cautelar (fs. 77/79).
II. La parte actora interpuso recurso de apelación, de forma conjunta con su expresión de agravios, a fs. 81/87.
En síntesis, sus embates se centran en sostener que la decisión es injusta y no es susceptible de ser considerada una derivación razonada del derecho vigente en orden con las circunstancias acreditadas en el proceso. En ese sentido, la recurrente entiende que se ha acreditado el delito continuado (civil y penal), grave, público, de difusión masiva, agraviante, injuriante, con frases soeces y descalificantes.
III. Las actuaciones se iniciaron con la acción de amparo interpuesta por N. L. C., K. L. M. , N. S. C. , F. A. V. y L. E. C. contra Google Argentina S.R.L., Mozilla Firefox, Zafari, Opera y WordPress.com; solicitando que se dicte un decreto precautorio innovativo (arts. 197, 198,232 del CPCC), con la finalidad de que se ordene a “WordPress” y a los buscadores vigentes el bloqueo del sitio web https://estafadietrichdiazamericancardeluxecars.wordpress.com/2014/04/19/estafa-deamerican-cars-deluxe-cars-c
n-plan-nacional-ford-renault-dietrich-f-o-diaz/. En dicha presentación, los actores expresan que el blog contiene información injuriante, ideológicamente falsa, calumniante contra las empresas y contra los integrantes y empleados de las personas jurídicas Deluxecar S.A. y Grupo Framg S.A., fundando su derecho en las reglas de los artículos 17, 18, 19 y 43 de la Constitución Nacional, el art. 20 inciso 2 de la Constitución Provincial, en el reconocimiento al derecho el olvido en la Unión Europea y el art. 38 de la ley 25.326.
IV.En primer término es menester poner en resalto que, en cuanto a las medidas solicitadas, la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora son los presupuestos necesarios p ara su procedencia; con respecto al primero se ha resuelto, en reiteradas ocasiones, que no es necesario el grado de certeza propio de la sentencia, basta un grado menor, resultando suficiente la comprobación de la apariencia del derecho invocado, circunscribiéndose a las acotadas constancias con las que se puede contar en el inicio de una causa. Al respecto, también se ha señalado que la naturaleza de las medidas precautorias no exige a los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo su verosimilitud, y que el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender a aquello que no exceda el marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (cfr. Corte Suprema de Justicia, Fallos: 306:260; esta Sala, causa 39.380/95 del 19/3/96 y otras). Con relación al requisito referido al peligro en la demora, se debe tener en cuenta que este recaudo de admisibilidad se refiere a la necesidad de disipar un temor de daño inminente -acreditado prima facie- o presunto (cfr. Fassi-Yáñez, Código Procesal comentado, t. 1, pág. 48). Así también, es necesario remarcar que en autos se ha solicitado una medida cautelar innovativa, la cual requiere para su procedencia, además de los presupuestos mencionados, la posibilidad que se genere un daño irreparable.
V. Sentado ello, en el caso que se plantea se involucran derechos de índole constitucional como la libertad de expresión y el derecho a la intimidad.En cuanto al primero de éstos, no es ocioso hacer hincapié en que, por medio de la Ley 26.032, la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión. Asimismo, el art. 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado con jerarquía constitucional, dispone que el derecho a la libertad de expresión no pueda estar sujeto a previas censuras, sino a responsabilidades ulteriores. Como así también que toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente, sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Además, en lo que hace al caso de autos, la Corte Suprema ha resuelto, en la causa “Sujarchuk, Ariel Bernardo” del 01/08/13, que la actividad desplegada a través de un blog se encuentra amparada por la garantía constitucional de la libertad de expresión (conf. arts. 14 y 32 de la Constitución; art. 13.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; art. 1° de la ley 26.032).
En relación al derecho a la privacidad e intimidad, la Corte Suprema ha explicado que éstos se fundamentan en el artículo 19 de la Constitución Nacional y que éste, en relación directa con la libertad individual, protege jurídicamente los ámbitos de autonomía individual constituidos por los sentimientos, hábitos y costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las creencias religiosas, la salud mental y física, y, en suma, las acciones, hechos o actos que, teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad, están reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación por los extraños significa un peligro real o potencial para la intimidad.En rigor, el derecho a la privacidad comprende no sólo la esfera doméstica, el círculo familiar, de amistad, sino otros aspectos de la personalidad espiritual o física de las personas tales como la integridad corporal o la imagen (Fallos: 306:1892). En esta línea, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 12 que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Además, este ámbito de protección a la vida privada, que no puede ser traspasado arbitrariamente, se encuentra amparado en otros diversos instrumentos: art. 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos; art. 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y art. 5 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En lo que hace a nuestro derecho interno, el artículo 1770 del C.C. y C. brinda protección a la esfera íntima de las personas, disponiendo que “. el que arbitrariamente se entromete en la vida ajena y publica retratos, difunde correspondencia, mortifica a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturba de cualquier modo su intimidad, debe ser obligado a cesar en tales actividades.”. Sobre este artículo se sostiene que reglamenta el mandato constitucional del artículo 19 y, por ello, la intromisión a la esfera de privacidad de otra persona mediante algunas de las acciones enumeradas – a modo ejemplificativo- es complementario al artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (conf. Jorge H. Alterini, Código Civil y Comercial Comentado, Tomo VIII, art. 1170, pág 442, La Ley, año 2016). También se ha definido al derecho a la intimidad como aquel que le permite al individuo preservar, mediante acciones legales, su intimidad, es decir, la parte no comunicable de su existencia (conf. Goldenberg Isidoro H., “La tutela de la vida privada ¨, LL 1976-A- 576).
VI. 1.Ahora bien, con el objetivo de posibilitar la resolución de la cuestión traída a esta Alzada es necesario, en primer lugar, realizar una distinción entre los sujetos contra los cuales la parte actora pretende la medida cautelar y, luego, ponderar el contenido del blog a la luz de los derechos constitucionales expuestos en el apartado anterior. En este orden de ideas, Google se encuentra, más allá de su modelo de negocio publicitario y otras actividades que lleva a cabo, dentro de los denominados proveedores de servicios de búsqueda en Internet. Los buscadores, a diferencia de los sitios webs de información primaria o de primer grado, en los que se alude en forma directa a la realidad (ya sea a través de la manifestación de opiniones, la información de hechos y noticias, la expresión de manifestaciones artísticas, etc.), se encuentran dentro de las páginas de información secundaria o de segundo grado, las cuales permiten conocer a sus usuarios los sitios en los que podrían encontrar una información específica1 , a través de la introducción de palabras o frases claves -“keywords”-. Este proceso de relacionar palabras claves con resultados, expresados mediante enlaces a sitios webs, imágenes o vídeos, es conocido como indexar. La Corte Suprema ha establecida lineamientos en cuanto a la responsabilidad e importancia, en la sociedad de la información, que tiene la actividad llevada a cabo por Google. Así, en el caso “Rodríguez, María Belén c/ Google Inc. y otro s/ daños y perjuicios”, el voto de la mayoría sostuvo que la pretensión de aplicar un factor de atribución de responsabilidad objetiva a los buscadores es de una llamativa insustancialidad y que la libertad de expresión sería mellada de admitirse esta responsabilidad que -por definiciónprescinde de toda idea de culpa y, consiguientemente, de juico de reproche a aquél a quien se endilga responsabilidad. Sin embargo, concordaron que hay casos en que el buscador puede llegar a responder por un contenido que le es ajeno:cuando haya tomado efectivo conocimiento de la ilicitud de ese contenido, si tal conocimiento no fue seguido de un actuar diligente. Por consiguiente, a los efectos del entendimiento del concepto de “efectivo conocimiento”, el Tribunal expresó que cabe preguntarse si es suficiente que el damnificado curse una notificación privada al buscador o si, por el contrario, es exigible la comunicación de una autoridad competente. En ausencia de una regulación legal específica, sostuvieron que es conveniente sentar una regla que distinga nítidamente los casos en que el daño es manifiesto y grosero, a diferencia de otros en que es opinable, dudoso o exige un esclarecimiento. En este marco, indicaron que son manifiestas las ilicitudes respecto de contenidos dañosos, la pornografía infantil, datos que faciliten la comisión de delitos, que instruyan acerca de éstos, que pongan en peligro la vida o la integridad física de alguna o muchas personas, que hagan apología del genocidio, del racismo o de otra discriminación con manifiesta perversidad o incitación a la violencia, que desbaraten o adviertan acerca de investigaciones judiciales en curso y que deban quedar secretas, como también los que importen lesiones contumeliosas al honor, montajes de imágenes notoriamente falsos o que, en forma clara e indiscutible, importen violaciones graves a la privacidad exhibiendo imágenes de actos que por su naturaleza deben ser incuestionablemente privados, aunque no sean necesariamente de contenido sexual. Asimismo, señalaron que la naturaleza ilícita -civil o penal- de estos contenidos es palmaria y resulta directamente de consultar la página señalada en una comunicación fehaciente del damnificado o, según el caso, de cualquier persona, sin requerir ninguna otra valoración ni esclarecimiento. Por otra parte, en los casos en que el contenido dañoso que importe eventuales lesiones al honor o de otra naturaleza, pero que exijan un esclarecimiento que deba debatirse o precisarse en sede judicial o administrativa para su efectiva determinación, la Corte entendió que no puede exigirse al buscador que supla la función de la autoridad competente ni menos aún la de los jueces.Por tales razones, en estos casos corresponde exigir la notificación judicial o administrativa competente, no bastando la simple comunicación del particular que se considere perjudicado y menos la de cualquier persona interesada. Sobre lo desarrollado, cabe señalar que la par te actora acompañó en forma impresa, en su escrito inicial, la solicitud de reclamo enviada a Google y su consecuente respuesta, en la cual comunican que no tomaran medidas en relación el enlace que conduce el blog cuestionado (fs. 2/3). Finalmente, dentro de este apartado, resulta menester realizar una distinción entre Google y aquellos que la parte actora señala como “buscadores”, es decir: Mozilla Firefox, Zafari, y Opera. Estos últimos, a diferencia de Google, no entran en la categoría de buscadores, no indexan resultados; sino que son navegadores o exploradores webs, es decir aplicaciones que permiten interpretar e interactuar con la información contenida en la web, por lo tanto, no es idóneo o eficaz, en los términos de lo solicitado por los actores, decretar una medida cautelar que necesite un accionar de éstos. 2. En cuanto a WordPress.com, éste es uno de los denominados sistemas de gestión, proveedores o intermediarios de contenidos en internet y su actividad se centran en prestar la infraestructura necesaria para la creación de blogs -como en el caso de autos- o sitios webs. En relación a la responsabilidad por los contenidos alojados en los sitios gestionados por estos proveedores o intermediarios, en nuestro país continúa siendo debate doctrinario y jurisprudencial, aunque luego del fallo de la CSJN en “Rodríguez, María Belén”, postura que fue ratificada posteriormente en “Gimbutas, Carolina Valeria cl Google Inc. s/ daños y perjuicios” (sentencia del 12/09/2017), pareciera prevalecer, por analogía, una responsabilidad de atribución subjetiva hacía quienes ofrecen estos servicios, es decir que nace con posterioridad al efectivo conocimiento.En este orden de ideas, en el plano internacional, la ley española 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, establece que los prestadores de servicios de intermediación no tienen obligación de supervisar los contenidos que alojan, transmiten o clasifican, pero sí deben colaborar con las autoridades competentes cuando se les requiera para interrumpir la prestación de un servicio relacionado con Internet o para retirar un contenido de la red (art. 11). Por otra parte, la Communications Decency Act de Estados Unidos, decreta en su sección 230 (c)2 que los proveedores de servicios de internet no deben ser tratados como editores o autores de los contenidos proporcionados por otros. Esta normativa establece una protección legal tanto a quienes ofrecen sus servicios para alojar blogs, en relación al contenido de éstos, como a los “blogueros” en relación a los comentarios que otras personas realicen en el blog; sin embargo, esto no priva que los intermediarios deban ofrecer colaboración cuando son requeridos por una autoridad competente, así también lo reconoce WordPress en sus pautas legales
3. Expuesto lo anterior, resta considerar, en orden a la medida requerida por los actores, el contenido del blog cuestionado; para ello es necesario distinguir entre, por un lado, el contenido de la publicación realizada por el autor del blog y, por otro, los comentarios elaborados en esa publicación por otros usuarios. En cuanto al contenido de la publicación, ésta se reduce a exponer críticas a la empresa llamada “Deluxe Cars / American Cars”, alertando que estaría realizando una estafa a sus clientes. Ahora bien, en el presente estado de las actuaciones aún no se ha acreditado que los dichos e información vertidas en la publicación sean falsas o contengan una intencionalidad difamatoria; tampoco se hace referencia alguna a los actores, a sus vidas privadas o sus datos personales. Además, como una crítica al servicio que esta empresa brinda, las expresiones vertidas cuentan con la protección constitucional que los consumidores poseen por medio del art.42 de la Constitución Nacional, sumado a la normativa, desarrollada anteriormente, que resguarda a la libertad de expresión como un derecho fundamental de los Estados democráticos e inherente a toda persona que los habite; máxime cuando su ejercicio, como en el caso de autos, contiene información que puede ser de interés público. Al evaluar la proporcionalidad de una restricción a la libertad de expresión en internet, se debe ponderar el impacto que dicha restricción podría tener en la capacidad de internet para garantizar y promover la libertad de expresión respecto de los beneficios que la restricción reportaría para la protección de otros intereses.
Por ello, a la luz de lo expuesto y teniendo en cuenta el estado procesal prematuro, conceder la medida cautelar, en orden a que Google realicé la desindexación del enlace que redirige al blog y a que WordPress bloqueé el sitio, importaría una afectación a los derechos de libertad de expresión, a los derechos del consumidor y al acceso a la información.
4. Diferente solución, adelantamos, corresponde para algunos de los comentarios que se encuentran en el blog apuntado. De la lectura de éstos se puede identificar varios comentarios que hacen alusión a la vida íntima y privada de los actores, exponiendo, de forma discriminatoria, la orientación sexual, la vida afectiva y sus hábitos personales; además de sus domicilios y perfiles en redes sociales. Esta situación constituye un caso de conflicto entre derechos de rango constitucional -el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la intimidad-, los cuales deben ser interpretados armónicamente, con el objetivo que unos no excluyan a otros.En esta exégesis no debe escapar al análisis que el diseño de los blogs permite que los comentarios puedan ser realizados de forma anónima; en relación a ello se ha sostenido que teniendo en cuenta que la vulneración del derecho a la libertad de expresión requiere de una persona interesada en ejercer el derecho y además su exteriorización, aparece como razonable, en tanto y en cuanto no sea identificado el autor o alguien pretenda ejercer el derecho en cuestión, que los Tribunales protejan a título cautelar el derecho reclamado por los actores. Ello, sin que implique hacer una valoración respecto al bien jurídico que debería prevalecer sobre el otro, -o su eventual intento de compatibilizarlos-, limitación propia del estado liminar del proceso y sin perjuicio, vale reiterar, de lo que se resuelva en la definitiva (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal – Sala II, “S. C. F. y ot. C/ Google Inc. S/ Acción Preventiva de Daños”, causa n° 7736/2016, sentencia de diciembre de 2017).
Lo expuesto no quiere decir que se debe menoscabar la posibilidad del anonimato como un ejercicio válido de la libertad de expresión, derecho que hace a la construcción de una sociedad más democrática y que debe protegerse en todas sus formas de exteriorización, tanto individual como colectivamente; sin embargo, es una situación que debe ponderarse al momento de compatibilizar derechos en conflictos, considerando las circunstancias que hacen a cada caso. En este marco de ideas, la posibilidad y el derecho de cada persona a controlar la información personal que hace a su individualidad constituye el ejercicio efectivo del derecho a la privacidad y a la identidad personal, sobre todo cuando dicha información no es, en apariencia, de interés público.Si bien es cierto que las actuaciones fueron iniciadas a fines de 2017 y, por lo tanto, podría interpretarse que no existe peligro en la demora en aras de conceder una medida cautelar; también lo es que, al momento de escribir estas líneas, se puede corroborar que el blog sigue activo y hay comentarios de reciente data con el tenor aludido. Para considerar la procedencia de una medida cautelar, se deben valorar de forma equilibrada los antecedentes del caso, así como las normas y principios jurídicos en juego, y resolver las tensiones entre ellos mediante una ponderación adecuada que logre obtener una realización lo más completa posible de las reglas y principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en que estos son valorados por el ordenamiento jurídico (CSJN, “Bunge Argentina S.A. c/ Chaco, Provincia del s/ Acción Declarativa de Certeza” , Fallos: 340:757). En efecto, por las consideraciones expuestas en los apartados que anteceden, proponemos hacer lugar parcialmente a la medida cautelar, requiriendo a WordPress la supresión de los comentarios, en el blog señalado, que contengan alusión específica a la vida privada e íntima de los actores, hasta la fecha en que sea notificada, encomendando a la instancia de grado la notificación. Así lo votamos. Por ello, SE RESUELVE: Hacer lugar parcialmente a la medida cautelar, requiriendo a WordPress la supresión de los comentarios, en el blog señalado, que contengan alusión específica a la vida privada e íntima de los actores, hasta la fecha en que sea notificada, encomendando a la instancia de grado la notificación.
Roberto Agustín Lemos Arias (en disidencia)
Tag: DERECHO A LA INTIMIDAD, INTERNET, LIBERTAD DE EXPRESIÓN, MEDIDAS CAUTELARES
Previous: Previous post: Precio irrisorio: Nulidad de una compraventa inmobiliaria ante la evidente desproporción entre el valor real de la propiedad y lo pagado
Next: Next post: Convenio entre Microjuris Argentina y Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Junín

References: resolución 
 artículo 230
 resolución 
 artículo 19
 artículo 12
 artículo 1770
 artículo 19
 artículo 12
 resolución