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Timestamp: 2017-10-18 21:57:50+00:00

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Academia de Ciencias Penales de Panamá | Page 3
Con mucha expectativa entra en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, aprobado mediante Ley No. 63 de 2008, en las provincias de Coclé y Veraguas, así como también se aplicará a los procesos que sean de competencia de la Corte Suprema de Justicia, en Pleno y en Sala Penal, como Tribunal de única instancia y de la Asamblea Nacional.
La fórmula utilizada por el legislador para la aplicación del Código, ha sido la implementación progresiva, disponiéndose un plazo de cuatro años para alcanzar todo el territorio nacional, no obstante, a fin de minimizar las consecuencias de contar con dos legislaciones procesales, una nueva y garantista y otra que ha sido objeto de constantes críticas, se dispuso la entrada en vigencia, en todos los procesos penales, de las normas relacionadas con: garantías, principios y reglas; procedimientos alternos de solución del conflicto penal; medidas cautelares; así como medidas de protección a víctimas, testigos y colaboradores.
No obstante, la Ley No.66 de 1º de septiembre de 2011 modificó el artículo 557 del Código Procesal Penal, excluyendo de la aplicación temporal las disposiciones contenidas en el segundo párrafo del artículo 12 y en el último párrafo del artículo 237, las cuales entrarán en vigencia el 2 de septiembre de 2014.
Las disposiciones excluidas guardan relación con el límite de la detención provisional. Veamos:
Segundo párrafo del artículo 12:
“La detención provisional está sometida a un límite temporal razonable para evitar que se convierta en una pena anticipada. La detención provisional no puede exceder de un año, excepto en los supuestos señalados en este Código.”
Último párrafo de artículo 237:
“La detención provisional no será mayor de un año, salvo el supuesto previsto en el artículo 504 de este Código.”
La norma tal y como está redactada, a nuestro juicio, tiene el inconveniente de establecer la entrada en vigencia de las normas “en todos los procesos penales”, sin distinguir si son los casos que se llevan adelante al amparo del Código Judicial o si son los casos que se investigarán y enjuiciarán conforme al Código Procesal Penal, por lo que , al establecerse el 2 de septiembre de 2014, como fecha especial de entrada en vigencia de las disposiciones antes citadas, pareciera que ni siquiera en los lugares en los que se deba aplicar la nueva legislación podrá limitarse la detención provisional al término establecido.
No obstante, consideramos que la principal preocupación al darse la modificación del Código Procesal Penal, era evitar la revisión de las actuales detenciones preventivas, por lo que habrá que esperar los distintos pronunciamientos judiciales relacionados con el tema.
En tiempos en los que se ha planteado la posibilidad de discutir formalmente la instalación de la pena de muerte, figura prohibida por la Constitución Política de Panamá; en que distintos sectores propugnan porque se considere la fijación de la prisión perpetua como una opción de sanción; cuando se han realizado reformas al Código Penal que llevan hasta los 50 años las penas máximas por concurso de delitos; cuando se ha disminuido la edad de imputabilidad en la jurisdicción penal de adolescentes y paradójicamente el país se encuentra en el umbral de la implementación del sistema acusatorio, resulta propicio exponer algunas reflexiones en torno a un anhelo: la modernización de la justicia penal.
Modernizar la forma mediante la cual se aplica el Derecho Penal conlleva algo más que un simple cambio de sistema procesal y trasciende la sustitución de una ley por otra. Constituye el avance hacia una manera distinta de hacer las cosas, de ver y de tratar a las personas que, ya sea como víctimas o como victimarios, resultan relacionados con un presunto delito. Se trata de un cambio de paradigmas que debe llevar no solo a los operadores de justicia, sino a todos los integrantes de la administración pública y a la ciudadanía en general a comprender que, aún cuando se haya cometido un delito, el imputado tiene derechos fundamentales compatibles con la naturaleza del ser humano. Al mismo tiempo, la víctima, merece ser atendida, escuchada, orientada y protegida.
En Latinoamérica esa modernización ha estado vinculada a la implementación del sistema acusatorio, el cual ha producido resultados positivos, tales como: agilidad de los procedimientos, mayor respeto a la dignidad humana, crecimiento profesional y actualización jurídica de las personas vinculadas al sistema de justicia penal, ya sean policías, fiscales, jueces o autoridades de ejecución de sanciones.
Las investigaciones se desarrollan de forma más sistemática, pues se ha redescubierto el método científico para aplicarlo al diseño de estrategias de persecución criminal, a la planificación de las diligencias que desarrolla la fiscalía en conjunto con la policía judicial para determinar si un hecho constituye o no delito.
Los actos orales o audiencias deben ser verdaderos debates en los que se exija argumentación, razonamiento y contundencia en los planteamientos, más allá de los escritos que puedan presentar las partes, de una vista fiscal o de una oposición a ésta.
La referida modernización apuesta por el profesionalismo y el crecimiento intelectual, por el mayor respeto a las garantías y los derechos humanos de todos los intervinientes, por la celeridad y eficacia de las investigaciones, en fin, por un mejor sistema de justicia penal.
Colaboración de: Delia De Castro
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La fase de investigación, es decir, aquella en la que se realizan averiguaciones para determinar si se dio el presunto delito y cuál fue, así como se procura identificar a sus autores o partícipes, con miras a llevarlos a responder ante el Juez o los Jueces que decidirán la causa, conforme se establece para el nuevo sistema, estará a cargo del Fiscal, quien la dirigirá. En esta labor será auxiliado por los organismos de policía judicial, quienes contribuirán a plantear estrategias, a superar la cultura del expediente actual, que ya no será la base de una decisión final, condenatoria o absolutoria, pues no tenderá fuerza probatoria.
El nuevo enfoque de la investigación, viene cargado de oralidad, al permitirse que determinadas actuaciones del Fiscal (las que se considere violan garantías fundamentales o ponen fin a la actuación de alguna de las partes) podrán ser examinadas de manera temprana, en audiencia ante el Juez de Garantías, quien las convalidará o anulará.
El cambio fundamental que debe darse en este aspecto, es pasar del ritualismo y la improvisación a la planificación. Es superar la lógica de la tramitación y recopilación de información, de manera desordenada y sin claro sentido, en beneficio de la lógica de investigar de forma metodológica.
Planificar la investigación permite que estas tengan un desarrollo más ordenado y sistemático, dándole a esta primera fase del procedimiento un rumbo cierto, a efectos de facilitar la obtención de resultados más precisos. Así, se recaban elementos de convicción estrictamente relacionados con el delito en particular y por ende, la prueba que luego se produce es más útil y pertinente al caso concreto.
Bajo este modelo, se tiene como punto de partida la adecuación del hecho denunciado, querellado o conocido por las autoridades de oficio, a un tipo penal específico, de forma que se puedan probar luego cada uno de sus componentes (sujeto activo, pasivo, verbo rector, objeto material, elementos descriptivos, subjetivos, normativos, etc., así como las agravantes y atenuantes). Toda esta información contribuirá luego a fundamentar la teoría del caso.
Al planificar la investigación también se potencia la coordinación interinstitucional entre el Ministerio Público y la Policía Judicial, se trabaja en equipo, de forma que todos puedan aportar sus conocimientos y experiencias en materia de persecución criminal, con miras al juicio oral, que se constituye en el escenario central de debate, en la nueva fase relevante del procedimiento penal.
﻿Colaboración de: Delia De Castro
La Víctima frente al Sistema Penal
Durante gran parte de la historia de la humanidad, se consideró que el proceso penal era exclusivo para la persona que había cometido delito; por ende, el Estado se ocupaba de investigarla, juzgarla y sancionarla por atentar contra la conviviencia pacífica y el orden social, dejando de lado los derechos e intereses de la víctima.
Ya en la década de los setenta, se empezó a considerar que las víctimas deberían dejar de ser “actores de reparto” y pasar a formar parte de los “protagonistas de la trama procesal”.
Esto dio lugar a que se dictara la Declaración de Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (1985), que estableció que víctimas son las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. El concepto incluye además a los familiares o personas que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.
Ahora bien, así como existen distintos tipos de víctimas, son diferentes los grados de riesgo y las necesidades de protección que éstas tienen.
Por un lado, nos encontramos con aquel riesgo que guarda relación con el solo hecho de ser víctima de un delito, sobre todo si se trata de aquellos que tienen connotaciones violentas (lesiones, violencia doméstica, violación sexual) o son considerados como graves (trata sexual y tráfico de personas, explotación sexual comercial en términos generales), caso en el cual de forma usual ese riesgo va a estar relacionado a la cercanía con el agresor y la posibilidad de volver a ser víctima del delito.
El segundo tipo de riesgo deriva de la intervención de la víctima en el proceso penal, en un contexto donde la validez de la prueba dependerá en su exposición en el juicio oral, por lo que puede ser intimidada o amenazada para que no rinda aquel testimonio que podría contribuir a la condena de su agresor o agresores.
Ambos riesgos resultan mucho más fáciles de enfrentar si la víctima cuenta con información suficiente respecto de las implicaciones del acto por el cual ha sido afectada, cuáles son sus derechos en el proceso (incluidas las salidas alternativas y otros mecanismos de reparación) y cómo puede materializarlos.
Filed under Procesal Penal
El Principio de Objetividad en la Investigación Penal
En el sistema acusatorio, la fase de investigación se encuentra bajo la dirección exclusiva del Fiscal, a quien le corresponde promover la persecución penal, mediante el acopio de elementos convicción, ajustados a los protocolos de actuación propios de las técnicas o ciencias forenses necesarias para tal finalidad, según el artículo 276 del Código Procesal Penal, no obstante, las limitaciones a los derechos fundamentales estarán controladas por el Juez de Garantía.
El artículo 24 del Código Procesal Penal establece que el Fiscal tiene el deber de realizar una investigación objetiva, siendo obligatorio investigar lo desfavorable y lo favorable a los intereses del imputado y demás intervinientes en el proceso, siempre garantizando el respeto a los derechos fundamentales del investigado.
Sobre este punto, debe quedar claro que el principio de objetividad que rige las actuaciones del Ministerio Público, supone un deber de lealtad para con el investigado y su defensa, por lo que no podrá ocultar ningún elemento que favorezca a sus intereses y deberá poner siempre a su disposición todo cuanto haya recabado, aunado a que supone analizar si realmente se encuentra frente a un caso que deba ser llevado a juicio oral o no.
Con respecto a dicho principio de objetividad, el Centro de Estudios de Justicia para las Américas (CEJA), considera que entre los desafíos que enfrenta el Ministerio Público en el nuevo sistema, resalta el cambio de paradigma entre una posición de neutralidad frente a una posición estratégica, y resaltan lo siguiente:
“En el paradigma tradicional la interpretación del llamado principio de objetividad, que suele estar consagrado en la mayoría de nuestros países, se tiende a vincular con la idea de imparcialidad que es propia de los jueces. En el contexto del nuevo paradigma, en cambio, este principio se vincula mucho más a estándares de profesionialismo, buena fe, lealtad y al derecho que la defensa tiene de aprovecharse de la actividad investigativa del Estado. Es decir, no se trata que el fiscal no pueda adoptar posiciones estratégicas, sino que en la ejecución de ellas se compromete de acuerdo con estándares mínimos que permitan que el imputado pueda utilizar la información que el propio Estado produce en su favor o evitar que en ese posicionamiento estratégico el fiscal afecte reglas básicas de juego justo en contra del imputado.” (Desafíos del Ministerio Público Fiscal en América Latina. Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), Santiago, s/a, p.64)
Ahora bien, el Fiscal siempre tendrá como norte la preparación de un caso con miras a un juicio oral, y sobre esa base fijará las estrategias de investigación, sin que ello signifique que pueda ocultar información a la defensa, en tanto que, el defensor también podrá realizar una investigación paralela que, eventualmente, le permita desvirtuar la acusación que pesa sobre su representado, teniendo la posibilidad de utilizar los elementos acopiados por el Ministerio Público.

References: artículo 557
 artículo 12
 artículo 237
 artículo 12
 artículo 237
 artículo 504
 artículo 276
 artículo 24