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Timestamp: 2017-07-22 14:46:56+00:00

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ARENA a través de Calderón Sol y Flores, arquitectos políticos de una corrupción potencial de $7,380 millones en caso Cel-Enel: FMLN la detiene | Carta Economica
El gobierno del Presidente Sánchez Cerén logró negociar con la empresa italiana y así el FMLN devolvió al pueblo salvadoreño el patrimonio nacional de la geotermia que de forma oscura y corrupta ejecutivos y políticos de ARENA habían usurpado. Foto: Fernando Marroquín.
Anteriormente se abordó el tema sobre la corrupción en el Sistema Financiero en el cual $3,338 millones de dólares fueron robados, en el marco de una aparente legalidad, al Estado salvadoreño durante el Gobierno del expresidente Alfredo Cristiani.
No obstante, la corrupción no se dio sólo en el periodo de Cristiani, sino que se extendió en todos los gobiernos de ARENA. Es así que presentamos el segundo caso más notorio de corrupción que sucedió en Cel-Enel, en el cual la burguesía oligárquica de El Salvador cometió un fraude por $4,237 millones en Enel y LaGeo que le pertenecen al pueblo salvadoreño. Esta corrupción tenía la proyección de llegar a los $7,830 millones, si el control de la geotermia se le hubiera dejado a la empresa Italiana por 30 años más. Dicho robo se inició durante el gobierno de Armando Calderón Sol en 1998 y se sustentó durante la administración de Francisco Flores.
El gobierno del Presidente Sánchez Cerén logró negociar con la empresa italiana y así el FMLN devolvió al pueblo salvadoreño el patrimonio nacional de la geotermia que de forma oscura y corrupta ejecutivos y políticos de ARENA habían usurpado. Esto se dio a partir de una negociación en la cual el Estado le pagó a la Empresa Italiana $287.6 millones de dólares, que le permitió al Estado recuperar el control total del capital accionario de la geotermia en el país. Estos recursos se pagaron con una titularización de los ingresos futuros de LaGeo, este costo podemos estimar sólo significará el 9% de los ingresos futuros $3,143 millones de dólares, que se proyecta recibirá la LaGeo en los próximos 30 años por la generación de energía, si es que se mantiene el nivel de generación actual, lo cual sin duda se incrementará dado que el país tiene un potencial geotérmico mayor al que se explota actualmente. Si bien con este acuerdo se llega a una resolución del componente comercial del caso, la parte penal se mantiene en vigor con la acusación de peculado (apropiación de fondos públicos) por más de 2000 millones de dólares a los involucrados, según la Fiscalía General de la República. La resolución de este componente penal supondría un precedente importante para la consecución de una administración pública, en la que se demostrará si la burguesía oligárquica del país tiene aún la capacidad de doblegar al sistema judicial bajo sus intereses.
Más allá de lo económico el Gobierno logró por un lado deshacer el hecho de inconstitucionalidad que significaba darle el control de la geotermia del país a una empresa transnacional y a la vez recuperó parte de la soberanía que se perdía al darle el control a una transnacional, componente importante de nuestros recursos del subsuelo.
La corrupción y defraudación a las arcas del Estado explica cómo los 160 multimillonarios de la burguesía oligárquica (según Reporte Mundial de Ultra Riqueza 2014) de este país se han enriquecido a costa de la precariedad del pueblo, nueve de éstos están siendo juzgados por peculado en dicho caso y queda pendiente su resolución, que se espera sea conforme a la justicia.
A continuación pueden leer en detalle cómo se dio este proceso de corrupción que estuvo a punto de hacer perder al Estado, es decir, al pueblo salvadoreño el control sobre uno de los pocos recursos energéticos del subsuelo que tiene el país.
Caso: Corrupción Cel-Enel
Institución: Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (Cel).
Caso: Enel-LaGeo
Involucrados: Jorge Simán Zablah, Presidente de La Geo, Guillermo Sol Bang, Presidente de CEL, y Miguel E. Lacayo, Ministro de Economía
Monto: $7,380,000,000.00
El monto de corrupción del caso Enel-Cel-LaGeo y la privatización encubierta de la geotermia que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (Cel) realizó desde julio de 1998 sigue sin ser contabilizado en su totalidad, sin embargo, en el presente apartado hemos tratado de identificar un monto parcial a partir de la información con la que se cuenta y la cual sirve de respaldo para demostrar a la población un hecho de robo que se llevó a cabo durante la administración del partido ARENA, la cual inició en 1998 con el gobierno de Armando Calderón Sol y se sustentó durante la administración de Francisco Flores.
Cuantificación de las irregularidades
Cuantificación de la corrupción del caso Enel- LaGeo en perjuicio del Estado[1]
Algunos de los detalles de cada uno de los casos identificados son[2]:
1. Desvaloraciones realizadas a los activos geotérmicos del Estado, este proceso dio inicio entre 1999 y 2002, con el deliberado propósito de reducir sensiblemente el precio de las acciones que tendría que pagar un socio extranjero de la sociedad local, privatizada y cargada de dos concesiones productivas.
Es conveniente tener presente que haber otorgado en concesión dos campos que ya estaban en producción, fue en sí el mayor evento de fraude al Estado, sencillamente porque eso no se hace en ninguna mente sana del mundo. Fue el Estado quien hizo todas las inversiones y sacrificios desde la exploración hasta la explotación, endeudándose para construir y poner en marcha las tres centrales de generación geotérmica que tiene el país (dos en Berlín, 1992 y 1999) de 10 y 56 MW (megavatios) respectivamente; y una – de 3 unidades sucesivas – en Ahuachapán (1975, 1976 y 1980) con una potencia total instalada de 95 MW.
Asimismo, es importante destacar dos hechos antecedentes:
a) La aparición de la Ley General de Electricidad y Telecomunicaciones en noviembre de 1996, hecha a la medida de las privatizaciones visualizadas por los funcionarios privatizadores; y
b) La sustitución de la gerencia estatal GEOCEL, autora del desarrollo geotérmico nacional, por la primera sociedad anónima GESAL S.A de C.V, creada por Cel el 31 de julio de 1998 a fin de recibir casi gratuitamente todos los activos y bienes públicos de dos concesiones de campos productores, que no requerían desarrollo sino la jugosa explotación comercial.
La desvaloración inicial realizada por Cel en noviembre de 1999, para transferir mediante un acta de su Junta Directiva, los activos que trasladó a la sociedad anónima GESAL S.A. de C.V., antes de ser objeto de otorgamiento de concesión de los proyectos en que se encontraban asignados dichos activos. Esta desvaloración inicial suma la cantidad de 990 millones de dólares y es el resultado de restar la valoración Cel por un equivalente a $280 millones estipulada en el “Acta de Transferencia de Activos (ATA)”.
2. La segunda desvaloración efectuada por GESAL S.A. de C.V. para fines de ser usada por el consorcio consultor Deutsche Bank (B) – Synex – Ernst & Jones para la valorización de GESAL como empresa en marcha y para la determinación del precio de las acciones en el acuerdo de accionistas (AA) de junio de 2002. El valor final indicado en una hoja de explicaciones del proceso por parte de GESAL en el año 2007, es el rango de $65 a $80 millones. Tomando el valor mayor de $80 millones, la segunda desvaloración es de $200 millonesy el total acumulado de las dos desvaloraciones es de $1,190 millones.
3. Ventas de Energía. Los ingresos económicos por la venta de energía geotermoeléctrica de Ahuachapán y Berlín, no percibidos por el Estado, se originan desde agosto de 1998 (privatización de GEOCEL por GESAL S.A. de C.V, con 1999 acciones de Cel, representada por su ex presidente ing. Guillermo Sol Bang, y una acción privada a nombre del distribuidor eléctrico de Ahuachapán CLESA,representado por el director de Cel Dr. Carlos Jacinto Chavarría). Estas condiciones, en que el Estado tiene una fracción accionaria fuertemente mayoritaria de Cel llegan hasta mayo de 2002.
La distribución de los ingresos por ventas de energía, cuyas cantidades y precios de venta se toman a partir de los datos estadísticos publicados por la Unidad de Transacciones (UT), y la SIGET, se hace bajo el supuesto de que tal crecimiento accionario de ENEL hubiese sido lineal hasta alcanzar el 36.2 % en 2007. A partir de ese año hasta 2013, se mantiene la proporción 36.2/63.8%. Los valores de fraude para el Estado ascienden a 490 millones de dólares solo por parte de Enel y 1,699 millones de dólares por parte de ambos. Esto se calcula de estas dos maneras debido a que en 2004 la Cel transfirió todas sus acciones estatales en LaGeo S.A. de C.V. a otra sociedad anónima subsidiaria suya, creada en enero de ese año, INVERSIONES ENERGÉTICAS S.A. de C.V. (INE).
El préstamo BID-838 no fue exclusivo para las obras de los campos geotérmicos, lo que introduce una pequeña dificultad para separar correctamente las cifras. De los estados financieros de Cel de los años 1997-2004 pudo conocerse que el monto total incluyendo la contrapartida del Préstamo #838 fue de 362 millones de dólares, la parte externa (dólares) era de 215 millones de dólares; pero la parte externa del financiamiento para los proyectos: 1er Desarrollo a Condensación Berlín (Central a condensación de 56 MW y perforación de 16 pozos) y Estabilización Ahuachapán (perforación de 10 pozos) era de $101 millones y $38 millones respectivamente; y alguna parte de la ingeniería y administración que en total era de $7.6 dólares. Aquí se asume un 50% de ese monto como ingeniería y administración de los dos proyectos geotérmicos, lo que en suma significa que el financiamiento total alcanzó unos 142.8 millones de dólares.
En otra parte se establece que el interés era variable y el vencimiento ocurriría en el año 2020, significa que el préstamo se dio nominalmente para 25 años iniciados en 1995. También se aclara en los estados financieros de 1999 que la Cel pagó a dicho préstamo 92.3 millones de dólares provenientes de la venta de las empresas térmicas, pero no se dice si ese abono fue para la parte geotérmica o para los otros componentes que sumaban aproximadamente esa cantidad. ¿Cuáles eran otros componentes? La interconexión eléctrica con Honduras ($21.6 millones), programa de conversión de energía ($3.1 millones), programas institucional y de capacitación ($141 millones), IDC por $9 millones, escalación, etc.
Por lo tanto el cambio de esquema de pago de financiamiento del que habla el ATA tiene para esta estimación tres opciones:
a) El préstamo por 142.8 millones de dólares geotérmicos lo continúa pagando GESAL/Enel bajo el contrato BID-838 hasta el final;
b) Cel hizo en 1999 un pago adicional de 92.3 millones de dólares a la parte geotérmica, en cuyo caso el préstamo total resulta cancelado en junio 2002; en ese caso los socios del AA ya no tenían deuda que pagar.
c) Enel/GESAL S.A. de C.V. compran la deuda por los remanentes a partir de junio 2002. Las condiciones de interés sin embargo, tendrían que ser afines (aunque sea unos dos puntos abajo) a la TIR que el consorcio asesor de la Deutsche Bank determinó buena para los accionistas y que fue 16%. Por lo tanto, las estimaciones del impacto del cargo adicional para el Estado Salvadoreño se toman como si se trata de una tasa de interés del 14%.
Ha sido fácil y suficientemente preciso hacer las corridas financieras básicas para estos tres casos y determinar el monto total de intereses y otras características que se pagarían en cada uno de ellos.
Para cualquiera de dichas opciones, el ATA dice que el Estado (Cel) aceptará un pago de 240 Millones de colones (equivalente a 27.55 millones de dólares), en las mismas condiciones del crédito BID-838; por lo que este valor sería el sustraendo de cualquier valor total del impacto del pago de la deuda en las opciones antes indicadas, para deducir por diferencia el monto del fraude para el Estado. Los resultados para los casos a, b y c fueron respectivamente de $206 millones, $32millones y $434 millones, seleccionándose este último como el más probable por diferentes razones.
Venta de 2 turbogeneradores bocapozo. LaGeo y Enel vendieron como si fueran propios, entre los años 2004-2006, dos turbogeneradores a contrapresión atmosférica de 5 MW cada uno, que comenzaron a operarse en Berlín en 1992. Estos equipos, propiedad del Estado, fueron adquiridos en los años de la guerra entre 1985-1989 mediante una cooperación bilateral muy favorable para El Salvador por parte del reino de Bélgica. El monto total estimado de ese par de turbogeneradores es de $16 millones; pero es probable que el monto final haya sido un poco mayor.
El daño en este caso no es solamente lo económico, sino que se despojó al país de contar con una centralita portátil que permitía generar energía a partir de un solo pozo que resultara productor en un área no desarrollada. San Vicente, donde hace poco se encontró finalmente un pozo de producción, podría haberse aprovechado en la generación con una o dos bocapozo dependiendo de su potencial. Fue un daño mayor al desarrollo geotérmico; pero solamente se ha contabilizado el valor de los equipos y los intereses de la parte préstamo (la mitad del total) que también fueron muy bajos.
Daños de pozos del Estado.En Berlín LaGeo y Enel no han perforado, como debían, pozos para reinyección del agua residual de la operación, pero situados alejados de la zona de producción o reservorio caliente comercial. En vez de invertir, con el riesgo minero que debe enfrentarse con mucho conocimiento y experiencia, se fueron a lo fácil pero destructivo del reservorio. Al inyectar agua residual en 4 de los 9 pozos reinyectores que se les proveyeron por el Estado en la contrata de concesión, y que están situados dentro de la zona de producción de vapor, lo que indudablemente han hecho es reducir la temperatura de los pozos inyectados e incluso de los cercanos dentro del radio de drenaje de cada uno; y además propiciar la deposición de sales, especialmente sílice y calcita, en las paredes de los pozos reduciendo su permeabilidad y capacidad.
¿Cuánto costó al Estado tener la disponibilidad de estos pozos en Berlín? Hay al menos tres conceptos de daño: a) La exploración que se hizo para ubicarlos; b) La perforación y construcción de los mismos, al costo de reposición que no es menor de $4.5 millones cada uno; y la reducción de la producción de vapor y de la respectiva generación eléctrica, debido al enfriamiento y consecuente reducción de la entalpía (contenido calórico total) del fluido.
No es difícil entender un método de valoración de este último concepto de daño, empleando una reducción obligada y correspondiente con la cantidad de pozos afectados, del 50% de GWh de la energía antes producible, valorados al precio promedio de los precios MRS ponderados en cada uno de los 15 años en que esta operación se ha estado realizando. El resultado de este daño suma $886 millones y realmente podría ser más, ya que no se está partiendo de un control directo con instrumentos de medición de las condiciones reales del interior de pozos y de la actual capacidad del yacimiento reinyectado.
7. La compra de concesiones de San Vicente y Chinameca. Ya se conoce por supuesto que es ilegal la posesión y aprovechamiento de concesiones compradas con dinero o no otorgadas por el Estado, en este caso ni siquiera otorgados por SIGET. Los dos entes que se tomaron estos dos campos, los compraron por 3.1 millones de dólares a Ormat de Israel, concesionario legal, a quien forzaron a salir del país obstaculizando su operación. En este apartado se valora en $11.7 millones el daño, puesto que se ha costeado esencialmente el valor de reposición de 5 pozos exploratorios profundos, 2 de ellos productivos, que ya existían en dichos campos, 3 en San Vicente y 2 en Chinameca y la exploración realizada por el Estado hasta la prefactibilidad.
El valor total acumulado de los perjuicios causados por el caso Enel-Cel LaGeo es de $3,028 millones por Enel y $4,237 millones por ambos. Por otra parte, si se continuara por un plazo de 30 años San Vicente y Chinameca, sólo en la energía generada causarían al Estado un impacto de $3,143 millones. Así el gran total del fraude al Estado está entre $6,171millones y $7,380 millones.
Aspectos no cuantificados:
a) Es un hecho que la privatización encubierta de la geotermia y el Acuerdo de Accionistas firmado por un funcionario público presidente de la Cel en contra de los intereses del Estado y de la sociedad salvadoreña, frenó totalmente el desarrollo geotérmico de nuevas áreas a nivel nacional. El daño económico por conceptos de esta naturaleza es difícil de establecer con objetividad y se ha optado por proporcionar un listado de los mismos.
b) Los costos del arbitraje impuesto por Enel en París. En realidad, aunque se ha dado a conocer como hecho la resolución de dicho tribunal, tal resolución no puede ser aceptada como vinculante para el Estado salvadoreño, ya que se trata de un litigio comercial entre dos socios. La Fiscalía ha anunciado por su parte la intención de abordar a dicho tribunal con relación a la invalidez del laudo.
c) Gastos jurídicos a nivel nacional. No se cuenta con datos sobre eventuales gastos de actividades jurídicas, que hayan sido sufragados por el Estado dentro del país.
d) Indemnización a Enel. Es previsible que un intento nacional por forzar la salida de Enel de los negocios con LaGeo S.A de C.V en El Salvador, podrá originar una petición o reclamo de indemnización millonaria. Sin embargo, a la luz de este trabajo es más bien el Estado salvadoreño quien está en posición de reclamar daños, en la magnitud que aquí se estiman.
e) Pagos por uso del vapor y de las áreas de concesión. No se cuantifican aquí por no haber sido establecidos en las leyes nacionales; sin embargo, es importante observar que en otros países los concesionarios deben pagar tasas al Estado, por el tamaño de área geotérmica concesionada y por el uso del recurso vapor geotérmico.
f) Es muy probable que, de hacerse las debidas mediciones en los pozos no conectados con las centrales o plantas de generación, se encontrarían daños o déficits de debido mantenimiento. En este caso no es posible incluir este tipo de aspectos por carecer de las investigaciones y datos pertinentes.
g) Similar que el numeral anterior, es muy probable que no exista el debido mantenimiento en los sistemas de acarreo y en las instalaciones de las centrales generadoras, que para el caso consisten de 4 plantas portátiles de 5 MW a contrapresión, 2 unidades a condensación de 28 MW cada una, dos unidades a condensación de 30 MW cada una y una unidad a condensación y doble flasheo de 35 MW. En informes de operación de estos concesionarios no se encuentra que se hayan practicado las debidas mediciones de la evolución de las variables de los reservorios utilizados, ni de los pozos en servicio; deficiencia que parece haber persistido en varios años consecutivos en ambos campos geotérmicos de Ahuachapán y Berlín, lo que no podrá cuantificarse como daño hasta la realización de mediciones por el Estado o por un perito geotérmico.
En el año 2013, el expresidente del Mauricio Funes denunció lo dañino del contrato aludiendo que se trataba de una privatización encubierta, una verdadera estafa y defraudación a la hacienda pública. En noviembre del mismo año la jueza séptimo de paz de San Salvador ordenó instrucción sin prisión para nueve de los implicados, quienes son exfuncionarios del gobierno del expresidente Francisco Flores los cuales se detallan a continuación:
El proceso judicial y las investigaciones contra los exfuncionarios se realizan por anomalías detectadas en la suscripción del contrato entre la Cel y la empresa italiana Enel Green Power.
En marzo del 2014, la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador le ordena al Juzgado Séptimo de Instrucción embargar los bienes y las cuentas bancarias a nueve de los acusados dentro de los cuales se encontraban varios funcionaros del gobierno del expredidente Francisco Flores por los posibles actos de corrupción en el contrato entre Cel y Enel.
En abril de este año la Fiscalía General de la República estableció el embargo preventivo de bienes y cuentas bancarias a los nueve exfuncionarios implicados en el delito de peculado por más de 2,000 millones de dólares, en la suscripción el contrato entre Cel y la empresa italiana Enel Green Power.
El embargo de más de 2 mil millones de dólares a los involucrados en el caso Cel-Enel por parte de la FGR es un hecho que no tiene precedentes y que representa la magnitud del daño que se le hizo al Estado salvadoreño en un intento por privatizar la energía geotérmica durante la administración del expresidente Francisco Flores.
El embargo ordenado por el Juzgado Séptimo de Instrucción se ejecuta nada más en las acciones que poseen los procesados en 28 empresas en las que tienen participación los implicados en el caso Cel-Enel procesados por el delito de corrupción de peculado.
Resolución del caso Cel-Enel
El pasado viernes 12 de diciembre el gobierno de El Salvador, con un contrato que desde sus inicios presentaba diversas anomalías y un claro proceso de corrupción, pagó a la empresa italiana Enel los 287.6 millones de dólares por la compra de sus acciones en LaGeo, así con este finiquito se pone punto final a un contrato plagado de muchas irregularidades desde que en el 2002 el gobierno de Francisco Flores decidió buscar un socio estratégico para la empresa de geotermia estatal mediante un procedimiento poco claro.
Ese proceso le permitió a la transnacional italiana Enel alzarse, con el 36% de una empresa pública que vale más de $1.100 millones, a cambio de una supuesta inversión de $120 millones. Con ese dinero, los italianos pretendían que el Estado les diera el 53 % de las acciones de LaGeo, la empresa estatal de geotermia.
El gobierno de Salvador Sánchez Cerén logró negociar con la empresa italiana y el FMLN devolvió al pueblo salvadoreño el patrimonio nacional de la geotermia que de forma oscura y corrupta ejecutivos y políticos de ARENA habían usurpado.
Cabe destacar que el acuerdo de 287.6 millones supone una fracción de los 7.5 mil millones de dólares que le habría costado al Estado mantener las condiciones de la concesión. Los fondos para pagar la compra de las acciones provienen de la titularización de los ingresos futuros de LaGeo. Cerca del 90% de estas emisiones fueron adquiridas por fondos de pensiones, con un rendimiento del 5.8%.
Si bien con este acuerdo se llega a una resolución del componente comercial del caso, la parte penal se mantiene en vigor con la acusación de peculado (apropiación de fondos públicos) a exfuncionarios involucrados. La resolución de este componente penal supondría un precedente importante para la consecución de una administración pública, en la que se demostrará si la oligarquía del país tiene aún la capacidad de doblegar al sistema judicial bajo sus intereses.
[1] Daños al Estado por la corrupción del caso ENEL- LAGEO S.A de C.V, Ing. Tomas Campos, Geotermista, actual Asesor Económico de la Asamblea Legislativa, ex superintendente de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET).

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