Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920302.html
Timestamp: 2019-11-19 08:42:36+00:00

Document:
as201920302
Auto Supremo: 302/2019-RI
Expediente: LP-48-19-A
Partes: María Estefa Tantani de Condori, en sucesión procesal por Juan Condori Flores y Paula Condori Tantani por sí y en representación de María Ines, Mauricio Alvaro, David Antonio, Rene Cornelio y Ramiro Primo Condori Tantani c/ Cecilio Velarde, Gregorio Mamani Vallejos y Bethsa Catari Colque.
Proceso: Nulidad de escritura pública, cancelación de partida, mejor derecho, reivindicación, daños y perjuicios.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 539 a 542 vta., interpuesto por Bethsa Catari Colque, contra el Auto Interlocutorio N° 96/2019 de 13 de febrero, cursante de fs. 532 a 533 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de nulidad de escritura pública, cancelación de partida, mejor derecho, reivindicación, daños y perjuicios, seguido por María Estefa Tantani de Condori, en sucesión procesal por Juan Condori Flores y Paula Condori Tantani por sí y en representación de María Ines, Mauricio Alvaro, David Antonio, Rene Cornelio y Ramiro Primo Condori Tantani contra Cecilio Velarde, Gregorio Mamani Vallejos y Bethsa Catari Colque; el Auto de concesión de fs. 420, todo lo inherente; y:
En base a la demanda cursante de fs. 257 a 263 de obrados, ratificada de fs. 268 a 270 vta., subsanada a fs. 280, 284 y 286 por María Estefa Tantani de Condori quien inició proceso ordinario de nulidad de escritura pública, cancelación de partida, mejor derecho, reivindicación, daños y perjuicios; acción que fue dirigida contra Cecilio Velarde, Gregorio Mamani Vallejos y Bethsa Catari Colque, quienes una vez citados, mediante memorial cursante de fs. 297 y vta., Cecilio Velarde contestó negativamente a la demanda; respecto a Gregorio Mamani Vallejos fue citado mediante edictos, ante su incomparecencia por decreto de fecha 31 de enero de 2014 cursante a fs. 362 vta., se le designó defensor de oficio al Dr. Nelson Laura Tapia, quien mediante memorial cursante a fs. 365 y vta. se apersono al proceso y contestó negativamente a la demanda; por último Bethsa Catari Colque mediante memorial cursante de fs. 293 a 294 vta., presentó incidentes; desarrollándose de esta manera la causa hasta dictarse Sentencia Nº 120/2016 de fecha 15 de abril, cursante de fs. 449 a 455 vta., donde el Juez Público Civil y Comercial 4º de la ciudad del El Alto, declaró IMPROBADA la demanda de en cuanto a: I. La nulidad de Escritura Pública N° 716/1999 de fecha 19 de abril, documentos protocolizados, documentos privados y recibos de recepción de sumas de dinero otorgado por Bethsa Catari Colque. II. la acción de mejor derecho propietario. III. La acción de reivindicación y IV. La demanda de resarcimiento de daños y perjuicios, daño emergente y lucro cesante por desposesión. Así como IMPROBADA la cancelación de asientos en Derechos Reales. Con costas.
Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Juan Condori Flores y Paula Condori Tantani mediante memorial cursante de fs. 459 a 461; la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista N° 443/2017 de fecha 27 de octubre, cursante de fs. 488 a 493 de obrados, REVOCANDO EN PARTE la Sentencia Nº 120/2016 de fecha 15 de abril y en su mérito declaró I. PROBADA la demanda de nulidad de Escritura Pública N° 716/1999 de 19 de abril suscrito por Cecilio Velarde y Gregorio Mamani Vallejos con Bethsa Catari Colque, así como de los documentos protocolizados con dicha escritura, debiendo por Derechos Reales de la ciudad de El Alto, procederse a la cancelación de la partida emergente de la misma con N° 01492892 (actual matricula N° 2014010169870). II. PROBADA la demanda de reivindicación sobre los lotes de Terreno Nº 7 y Nº 9 ubicados en el manzano “R” de la urb. Sajama, con 480 m2, registrado bajo la partida N° 01248250, actual matricula Nº 2014010008106, debiendo los poseedores demandados devolver el bien a favor de los actores en el plazo de 30 días de ejecutoriada la resolución. III. CONFIRMA en cuanto a la decisión de declarar IMPROBADA el mejor derecho propietario y también en cuanto al pago de daños y perjuicios ya que no fueron fundamentados en el recurso. Sin costas.
Fallo de segunda instancia con el que se notificó a Bethsa Catari Colque en fecha 03 de diciembre de 2018 conforme diligencia de notificación cursante a fs. 494 de obrados, a cuyo efecto mediante memorial cursante de fs. 510 a 512 planteó incidente de nulidad de obrados por indefensión, motivo por el cual la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emitió el Auto Interlocutorio N° 96/2019 de fecha 13 de febrero en el que cual declara IMPROBADO el incidente de nulidad.
Auto interlocutorio que es recurrido en casación por Bethsa Catari Colque según memorial cursante de fs. 539 a 542 vta., recurso que es objeto de análisis en cuanto a su admisibilidad.
Dentro de los fundamentos de su recurso de casación acusa:
Que la diligencia de notificación con el Auto de Vista N° 443/2017 de 27 de octubre cursante a fs. 494 de obrados, vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso previstos en el art. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado, pues no se protegió los derechos constitucionales de la recurrente, al no ser notificada con el Auto de Vista señalado.
Que la notificación practicada en fecha 03 de diciembre de 2018 con el Auto de Vista N° 443/2017 vulneró el derecho a la defensa, que implica impugnar este fallo, toda vez que al haber sido realizada la notificación en fecha 03 de diciembre de 2018, venció el plazo para presentar el recurso de casación, aspecto que no hubiese ocurrido, dado que la recurrente acudía a la sala a preguntar sobre el proceso, empero los funcionarios de dicha sala señalaban que aún no salió de despacho.
Que el Tribunal de alzada no dictó el Auto de Vista el 27 de octubre de 2017, sino lo emitió de forma posterior al 28 de noviembre de 2018, consignándolo con fecha anterior para evitar responsabilidades.
Que el Tribunal de segunda instancia vulneró el art. 218.II del Código Procesal Civil modificando sustancialmente la sentencia que no puede ser impugnada por haber vencido el plazo, a consecuencia de una desfavorable notificación de 03 de enero de 2018.
Alega que el Tribunal de alzada vulneró el derecho a la información previsto en el art. 21 núm. 6 de la Constitución Política del Estado, pues por más de un año y un mes se le negó el acceso a la información, ocasionándole total indefensión por lo que se vio impedida de impugnar el Auto de Vista.
Por lo expuesto solicita se anule el Auto N° 96/2019 de fecha 13 de febrero, y ordene una nueva notificación con el Auto de Vista Nº 443/2017 de 27 de octubre.
Los co-demandantes Juan Condori Flores y Paula Condori Tantani mediante memorial cursante de fs. 550 a 552 de obrados, contestaron al recurso de casación interpuesto por Bethsa Catari Colque, arguyendo que:
El Auto de Vista emerge a consecuencia del incidente de nulidad interpuesto mediante memorial de fs. 510 a 512 de obrados por lo que dicho Auto de Vista no constituye un auto definitivo, sino un auto interlocutorio simple, en consecuencia el recurso de casación no procede contra un Auto de Vista que resuelve un incidente que concierne a una cuestión accesoria al proceso, conforme lo establecido en los Autos Supremos N° 79/2016 y Nº 384/2015, dado que no existe de forma expresa el tratamiento de un incidente que pueda ser recurrido en casación máxime si el auto interlocutorio no corta procedimiento ulterior.
Refieren que el Auto de Vista recurrido al resolver una cuestión accesoria al proceso, no versa sobre el fondo de la causa, dado que lo que se pretende reparar con el recurso de casación son los agravios sufridos con la sentencia, no con un incidente, consecuentemente el Auto de Vista cursante de fs. 532 a 533 no es recurrible de casación.
Alegan que del recurso de casación cursante de fs. 539 a 542 de obrados advierte que el mismo no fundamenta la impugnación conforme al modo y estructura del acto impugnado, limitándose a expresar la voluntad de impugnar.
Manifiestan que la diligencia cursante a fs. 494 cumple con lo previsto por el art. 267 del Código Procesal Civil, habiéndose realizado la diligencia de forma correcta y conforme a ley.
Señalan que para la procedencia del recurso de nulidad se debe fundamentar la concurrencia de los presupuestos de legalidad, trascendencia, finalidad del acto y no convalidación que rigen las nulidades, presupuestos que en ningún momento han sido fundamentados por la recurrente y además al tenor de lo expuesto en la Resolución Nº 96/2019 no concurren en el caso concreto.
III.1. De los límites del principio de impugnación y de las resoluciones que pueden ser objeto del recurso de casación bajo la óptica del Código Procesal Civil.
Este Tribunal a través de diferentes Autos Supremos entre ellos el AS Nº 751/2017 de 18 de julio, en cuanto a las resoluciones que admiten recurso de casación ha consolidado la línea jurisprudencial en sentido que: “Sobre el tema en cuestión, preliminarmente corresponde señalar que, si bien el principio de impugnación se configura, como principio regulador para los recursos consagrados por las leyes procesales con la finalidad de corregir, modificar, revocar o anular los actos y resoluciones judiciales que ocasionen agravios a alguna de las partes, por principio constitucional todo acto jurisdiccional es impugnable, sin embargo no es menos evidente, que ese derecho no es absoluto para todos los procesos e instancias, debido a que este se encuentra limitado, por la misma Ley, ya sea, por el tipo de proceso o por la clase de Resolución tomando en cuenta la trascendencia de la decisión, sin que ello implique afectar el derecho de las partes, sino de la búsqueda de una mayor celeridad en las causas que se tramitan.
Sobre el tema el art. 250.I del Código Procesal Civil señala: “I.- Las resoluciones judiciales son impugnables salvo, disposición expresa en contrario” norma que otorga un criterio generalizado para el tema de recursos, orientando en sentido de que las resoluciones judiciales son impugnables, salvo que la norma lo prohíba en contrario, ahora en consonancia con lo referido, en cuanto al recurso de casación el art. 270.I del Código Procesal Civil es claro al establecer: “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados en procesos ordinarios y en los casos expresamente señalados por Ley”, la norma en cuestión en cuanto al recurso de casación establece de forma explícita su procedencia para dos casos, 1.- Contra Autos de Vista dictados en procesos ordinarios y 2.- En los casos expresamente establecidos por ley.
Resultando únicamente ambiguo en su literalidad el primer caso, correspondiendo en consecuencia su interpretación por parte de este Máximo Tribunal de Justicia, el mismo que debe ser desde y conforme un enfoque Constitucional, es decir de acuerdo a principios y valores que rigen al nuevo modelo Constitucional, como ser los principios pro homine y pro actione, entendiéndose por el primero de ellos conforme al criterio expuesto por la Profesora Argentina Mónica Pinto como: "... un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria". También dentro del análisis del principio pro homine, no se podría dejar de lado al criterio denominado pro actione, que es una manifestación del principio pro homine en el ámbito procesal, en virtud del cual, la interpretación de una disposición legal, debe hacerse en el sentido que sea lo más accesible posible a un adecuado y recíproco sistema garantista, en el cual prevalezca más la Justicia que cualquier formalismo extremo que obstaculice u obstruya una tutela constitucional efectiva.
Partiendo de dicho argumento, se debe entender que cuando el Legislador ha establecido la procedencia del recurso de casación contra Autos de Vista dictados en procesos ordinarios, su intencionalidad ha sido, que este Máximo Tribunal de Justicia uniforme Jurisprudencia de acuerdo a las atribuciones establecidas en el art. 42 núm. 3) de la Ley Nº 025, en aquellos casos de trascendencia a nivel Nacional, entonces bajo esa directriz, el recurso de casación únicamente procederá contra Autos de Vista que resolvieren un Auto definitivo, Autos de Vista que resolvieren Sentencias y en los casos expresamente establecidos por Ley, siendo viable únicamente dentro de un proceso ordinario y no así para otros casos.
Y a los efectos de tener un entendimiento certero se debe aclarar que se entiende por Auto de definitivo, sobre la definición de este tipo de Resolución la SC 0092/2010-R ha orientado: “La distinción entre autos interlocutorios simples o propiamente dichos y autos interlocutorios definitivos (Canedo, Couture), radica principalmente en que “los últimos difieren de los primeros en que, teniendo la forma interlocutoria, cortan todo procedimiento ulterior del juicio, haciendo imposible, de hecho y de derecho, la prosecución del proceso. Causan estado, como se dice en el estilo forense, tal cual las sentencias” y conforme orienta el art. 211 de la Ley 439 -son aquellos que ponen fin al proceso-, de lo que se puede inferir que el Auto definitivo es aquella Resolución que corta todo procedimiento ulterior, impidiendo la prosecución de la causa y haciendo que el juzgador pierda competencia, concluyendo que para una Resolución como ser auto interlocutorio sea catalogado como definitivo, debe contener uno de esos presupuestos, entonces se deberá analizar la naturaleza de la Resolución.
Expuesta la doctrina legal aplicable al presente caso, corresponde realizar un análisis de los actuados procesales a efecto de poder determinar la procedencia del presente recurso de casación.
En ese entendido, de la revisión de obrados se tiene que una vez emitido el Auto de Vista N° 443/2017 de fecha 27 de octubre, que resolvió el recurso de apelación formulado contra la Sentencia Nº 120/2016 de 15 de abril de 2016, Bethsa Catari Colque fue notificada en fecha 03 de diciembre de 2018 conforme se evidencia de la diligencia cursante a fs. 494 de obrados a cuyo efecto mediante memorial cursante de fs. 510 a 512 presentó incidente de nulidad contra la diligencia de notificación, en consecuencia la sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de justicia de La Paz emitió el Auto Interlocutorio N° 96/2019 de fecha 13 de febrero que declaró improbado el incidente de nulidad planteado contra el cual se interpuso recurso de casación.
De lo expuesto se puede advertir que la resolución que da origen al presente recurso de casación es un auto interlocutorio emitido por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que declaró improbado el incidente de nulidad planteado por la codemandada ahora recurrente, resolución que por su naturaleza no admite recurso de casación, conforme al entendimiento expresado en el punto III.1 de la doctrina aplicable al caso, señala que conforme a la jurisprudencia emitida por este Tribunal Supremo de Justicia el recurso de casación únicamente procederá en tres casos 1. Contra Autos de Vista dictados en procesos ordinarios; 2. En los casos expresamente establecidos por ley, y 3. Auto de Vista que anulare todo lo obrado.
En ese contexto se puede advertir que la resolución que otorga legitimación para recurrir en casación a la recurrente, es el incidente de nulidad que fue rechazado mediante Auto Interlocutorio N° 96/2019 de 13 de febrero, empero dicha resolución al resolver un incidente, no admite casación por no ser catalogada como una resolución definitiva, máxime si dicha determinación no ha sido acogida por cuanto no repercute efecto alguno en el proceso, motivo por el cual no corresponde ingresar al análisis de los argumentos expuestos en su recurso de casación, al no enmarcarse la resolución que da pie a su recurso, a uno de los parámetros de procedencia establecida en el art. 270 del Código Procesal Civil, bajo la óptica que esa resolución no tiene carácter definitivo, por no cortar procedimiento ulterior.
Por cuanto siendo evidente que el recurso de casación interpuesto no cumple con los requisitos plasmados en el art. 271 y 274 de la Ley Nº 439 corresponde dictar resolución conforme determina el art. 220.I núm. 3) de la citada ley.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por el artículo 42.I núm. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de fecha 24 de junio de 2010 y en aplicación del art. 220.I núm. 3) del Código Procesal Civil declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de fs. 539 a 542 vta., interpuesto por Bethsa Catari Colque, contra el Auto Interlocutorio N° 96/2019 de 13 de febrero, cursante de fs. 532 a 533 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

References: Resolución 
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 artículo 42