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Timestamp: 2019-07-20 01:20:18+00:00

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﻿ RESOLUCIÓN 1489 DE JUNIO 26 DE 2018
RESOLUCIÓN 1489 DE 26 DE JUNIO DE 2018
CONTENIDO:CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. REGLAMENTA ALGUNOS ASPECTOS DE LA “CONSULTA POPULAR ANTICORRUPCIÓN” QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 26 DE AGOSTO DE 2018.
TEMAS ESPECÍFICOS:ORGANIZACIÓN ELECTORAL, ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN, REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, INTERVINIENTES EN EL DERECHO ELECTORAL, VIGILANCIA DE LA CAMPAÑA POLÍTICA, CENSO ELECTORAL, CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, CLASES DE CONSULTA POPULAR, CONVOCATORIA A CONSULTA POPULAR, CONSULTA POPULAR NACIONAL, CALENDARIO ELECTORAL, CORRUPCIÓN, CLASES DE CORRUPCIÓN, MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, CORRUPCIÓN PÚBLICA, MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, ORGANISMOS PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
RESOLUCIÓN 1489 DE 2018
“Por la cual se reglamentan algunos aspectos de la “Consulta Popular Anticorrupción” que se llevará a cabo el 26 de agosto de 2018”.
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 265 de la Constitución Política, las leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015, y
Que a través de la Resolución 641 del 26 de enero de 2017, la Registraduría Nacional del Estado Civil declaró el cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales para inscribir la consulta popular denominada “Consulta Popular Anticorrupción” y su comité promotor.
Que mediante Resolución 835 del 24 de enero de 2018, la Registraduría Nacional del Estado Civil verificó el número de apoyos ciudadanos recolectados y certificó el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales “(...) para el apoyo de la propuesta del Mecanismo de Participación Democrática - Consulta Popular denominado ‘Consulta Popular Anticorrupción’ (...)”. En consecuencia, comunicó dicha Resolución al Senado de la República.
Que el 12 de junio de 2018, el Secretario General del Senado de la República de Colombia, certificó que el día 5 de junio del mismo año “(...) se aprobó en sesión plenaria la Proposición sobre la Conveniencia de la Convocatoria a la ‘Consulta Popular Anticorrupción’ (...)” con una votación aprobatoria de 86 votos.
Que el artículo 34 de Ley 1757 de 2015 dispuso que “el Gobierno, los partidos y movimientos políticos y las organizaciones sociales que deseen hacer campaña a favor, en contra o por la abstención de algún mecanismo de participación ciudadana deberán notificar su intención ante el Consejo Nacional Electoral en un término no superior a 15 días contados a partir de la fecha en la que se publique el decreto de convocatoria de que trata el artículo anterior”.
Que el 18 de junio de 2018 el Presidente de la República expidió el Decreto 1028 “por el cual se convoca a una consulta popular y se dictan otras disposiciones”, mediante el cual se convocó la votación de la “Consulta Popular Anticorrupción” para el domingo 26 de agosto de 2018.
Que el Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales, municipales y distritales tienen la facultad y el deber de promover, proteger, implementar, acompañar y garantizar las instancias de participación ciudadana de conformidad con lo establecido en la Ley 1757 de 2015.
Que el artículo 6º del Decreto 1028 de 2018, dispuso que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, y las administraciones departamentales, distritales y municipales, en ejercicio de las funciones contempladas en los artículos 86, 87, 88 y 89 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, podrán diseñar y promover estrategias y acciones pedagógicas frente a la participación en la consulta popular convocada por el Decreto, que permitan a la ciudadanía conocer y tener información sobre el trámite y contenido de esta iniciativa.
Que la “Consulta Popular Anticorrupción” convocada para el día 26 de agosto de 2018, de conformidad con el Decreto 1028 de 2018, es de carácter nacional.
Que los numerales 1, 6, 10 y 14 del artículo 265 de la Constitución Política de Colombia le otorgan al Consejo Nacional Electoral la función de vigilancia, control e inspección de la organización electoral, así como la de velar por el cumplimiento de las garantías en los procesos electorales, reglamentar el uso de medios de comunicación para partidos y movimientos políticos, y las demás que le confiera la ley.
Que el Consejo Nacional Electoral tiene la facultad de reglamentar la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, además de las atribuciones creadas por el legislador, entre ellas, las inherentes a las garantías de los mecanismos de participación ciudadana consagrados en la Constitución Política y en las leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015.
Que la Corte Constitucional con la finalidad de proteger la abstención activa estableció en la sentencia C-150 de 2015 como regla jurisprudencial, la prohibición de promover la participación mediante la creación de estímulos y beneficios al sufragante. Por lo tanto, no es viable jurídicamente conceder las prerrogativas establecidas en la Ley 403 de 1997 y 815 de 2003, toda vez que en la consulta popular anticorrupción podrá haber campañas por la opción del Sí, por la opción del No y por la abstención activa.
ART. 1º—De las campañas. En la “Consulta Popular Anticorrupción” habrá campañas por la opción del Sí, por la opción del No y por la abstención.
ART. 2º—Igualdad en las campañas. Las campañas que promuevan el voto por la opción del Sí, por la opción del No, o por la abstención tendrán iguales derechos, deberes, garantías, espacios y participación en los medios de comunicación del Estado o que utilicen el espectro electromagnético.
ART. 3º—Los comités de campañas. Los movimientos cívicos, ciudadanos, grupos significativos de ciudadanos, partidos políticos y otras colectividades, podrán conformar comités de campaña por la opción del Sí, por la opción de No, o por la abstención. Cada comité de campaña estará integrado por no menos de tres (3) personas ni más de nueve (9). Los comités de campaña designarán un representante, pero todos y cada uno de sus miembros responderán solidariamente ante la autoridad electoral por las acciones u omisiones del mismo.
ART. 4º—Inscripción de comités de campaña. Los comités que deseen hacer campaña por la opción del Sí, por la opción del No, o por la abstención, deberán comunicar su intención ante el Consejo Nacional Electoral, y cumplir los requisitos y parámetros establecidos en el siguiente artículo.
ART. 5º—Lugar de inscripción. Las inscripciones de los comités de campaña del orden nacional se realizarán ante el Consejo Nacional Electoral; los del orden departamental ante los Delegados Departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil; los del orden distrital, municipal y local ante los registradores distritales, municipales o auxiliares, según sea el caso.
Las inscripciones de los comités de campaña en el exterior se realizarán ante el consulado respectivo.
Una vez recibida la inscripción, el funcionario competente deberá remitir al Consejo Nacional Electoral la documentación, previo envío inmediato de la misma por correo electrónico.
a) Copia de la cédula de ciudadanía de cada uno de los miembros del comité de campaña;
b) Carta o comunicación en donde se manifiesta la opción que promoverá el comité de campaña (por la opción del Sí, por la opción del No o por la abstención);
c) Comunicación de designación del representante del comité de campaña con la respectiva aceptación, quien será el responsable de acreditar el manejo financiero del comité de campaña y presentar los informes previstos en el Título V de la Ley 130 de 1994, en la oportunidad y en las condiciones establecidas en la presente resolución;
d) Registro de los libros contables en el momento de la inscripción;
e) Cuando se trate de organizaciones con personería jurídica que se inscriban como comité de campaña, deberán presentar certificado de existencia y representación legal o cualquier otro documento equivalente que acredite esas condiciones;
f) Al momento de la inscripción del comité de campaña, se deberá entregar en medio magnético el logosímbolo que identificará el comité, en caso de que decida utilizarlo. El logo se someterá a lo preceptuado en el artículo 35 de la Ley 1475 de 2011.
Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica vigente ante el Consejo Nacional Electoral, solo podrán utilizar el logo que tienen registrado ante esta corporación.
PAR. 1º—Ningún ciudadano podrá a la vez pertenecer simultáneamente a un comité de campaña por la opción del Sí, a uno por la opción del No y a uno por la abstención.
PAR. 2º—Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica al momento de inscribirse solo deberán acreditar los literales b), c) y d) del presente artículo.
PAR. 3º—En desarrollo del principio de publicidad, una vez inscritos los comités de campaña por la opción del Sí, por la opción del No o por la abstención, el Consejo Nacional Electoral publicará el correspondiente listado en su página web.
De la financiación y sumas máximas a investir
ART. 7º—Régimen de financiación. El régimen de financiación será el señalado en la Ley 1475 de 2011, la Resolución 115 de 2018 y demás normas concordantes. En el presente mecanismo de participación ciudadana no habrá reposición de gastos de campaña ni reposición por votos obtenidos por cualquiera de las opciones.
ART. 8º—Monto máximo de financiación privada para los comités de campaña. Fíjese la suma máxima de dinero que podrán destinar cada una de las campañas por la opción del Sí, por la opción del No o por la abstención, en los siguientes valores:
a) Comités de campaña de orden nacional:
Hasta la suma de cuatro mil trescientos cuarenta y cinco millones seiscientos ochenta y cuatro mil ciento cincuenta y cuatro pesos moneda legal colombiana ($4.345.684.154);
b) Comités de campaña de orden departamental:
Hasta la suma de mil ciento cincuenta y ocho millones quinientos diecinueve mil cuarenta y cinco pesos moneda legal colombiana ($1.158.519.045);
c) Comités de campaña de orden municipal o distrital:
En el Distrito Capital de Bogotá hasta la suma de mil cuatrocientos cincuenta millones seiscientos veinticuatro mil doscientos setenta y cuatro pesos moneda legal colombiana ($1.450.624.274).
En las capitales de departamento hasta la suma de setecientos veinticuatro millones setenta y cuatro mil cuatrocientos tres pesos moneda legal colombiana ($724.074.403).
En los municipios con censo electoral igual o superior a diez mil (10.000) electores, sin que tenga la calidad de capital departamental, hasta la suma de doscientos ochenta y nueve millones seiscientos veintinueve mil setecientos sesenta y un pesos moneda legal colombiana ($289.629.761).
En los municipios con censo electoral inferior a diez mil (10.000) electores, hasta la suma de ciento cuarenta y cuatro millones ochocientos catorce mil ochocientos ochenta y un pesos moneda legal colombiana ($144.814.881);
Hasta la suma de ciento cuarenta y cuatro millones ochocientos catorce mil ochocientos ochenta y un pesos moneda legal colombiana ($144.814.881).
ART. 9º—Criterios para la rendición de cuentas. Para la rendición de cuentas se relacionarán todos los ingresos, gastos de campaña y los aportes en dinero que se reciban, así como el valor comercial de las donaciones en especie, los cuales deben ser reportados en el sistema de cuentas claras del Consejo Nacional Electoral y en los libros contables que deberán ser registrados por cada uno de los comités de campaña al momento de la inscripción.
PAR.—Los aportes o donaciones realizados a través de plataformas de pagos electrónicos y mensajes de texto, deberán estar debidamente identificados y sus titulares individualizados en los informes contables que deberán presentar ante el Consejo Nacional Electoral.
ART. 10.—De la divulgación de la consulta popular anticorrupción. La divulgación es la información objetiva e imparcial que el Gobierno Nacional, los gobiernos departamentales, municipales y distritales y la Registraduría Nacional del Estado Civil deben transmitir a los ciudadanos sobre el contenido y trámite de la Consulta Popular Anticorrupción, con el fin de permitir que la ciudadanía se ilustre sobre la materia.
La divulgación no puede incluir ningún tipo de elementos o notas sugestivas que induzcan a apoyar las opciones de campaña de la consulta anticorrupción, que confundan a la ciudadanía o que incluyan cargas valorativas o estratégicas que incidan en la intención de voto del ciudadano.
ART. 11.—Acceso a los medios de comunicación. Los medios de comunicación social del Estado o los que usen el espectro electromagnético garantizarán la libertad de acceso de los comités en igualdad de condiciones.
Los comités que deseen hacer campaña en la consulta popular anticorrupción por la opción del Sí, por la opción del No o por la abstención, podrán contratar propaganda en televisión, radio, prensa y otros medios de comunicación social, respetando en todo caso el monto máximo de gastos de campaña fijado por el Consejo Nacional Electoral.
ART. 12.—Pluralismo, equilibrio informativo e imparcialidad. Los concesionarios y operadores de televisión, radio, prensa u otros medios de comunicación social, durante la campaña de la Consulta Popular Anticorrupción, deberán garantizar el pluralismo, el equilibrio informativo y la imparcialidad, así como la veracidad en el manejo de la información sobre las campañas por la opción del Sí, por la opción del No o por la abstención.
Para estos efectos, remitirán un informe semanal al Consejo Nacional Electoral con los tiempos o espacios en que dichas emisiones o publicaciones se otorgaron al cubrimiento de las distintas campañas. El Consejo Nacional Electoral publicará dicha información y verificará el cumplimiento de lo aquí previsto.
Las campañas tendrán derecho a la rectificación en condiciones de equidad, cuando se presenten informaciones falsas, parcializadas, inexactas o imprecisas.
ART. 13.—Número máximo de cuñas y avisos de prensa. El número máximo de cuñas radiales, cuñas en televisión y avisos de prensa que puede contratar cada uno de los comités de campaña, será el siguiente:
a) En los municipios de sexta, quinta y cuarta categoría, hasta treinta (30) cuñas radiales diarias, cada una de hasta treinta (30) segundos;
b) En los municipios de tercera y segunda categoría, hasta cuarenta (40) cuñas radiales diarias, cada una de hasta treinta (30) segundos;
c) En los municipios de primera categoría, hasta (50) cuñas radiales diarias, cada una de hasta treinta (30) segundos.
b) En medios de cobertura regional, hasta ocho (8) cuñas diarias de hasta treinta (30) segundos cada una;
c) En medios de cobertura local, hasta cuatro (4) cuñas diarias de hasta treinta (30) segundos cada una.
b) En publicaciones físicas escritas de los demás niveles de circulación, hasta ocho (8) avisos del tamaño de hasta una página por cada edición;
PAR. 1º—Las cuñas diarias previstas en este artículo, podrán ser contratadas en una o varias emisoras o canales de cada circunscripción, sin exceder el total del número determinado.
PAR. 2º—Los contenidos que se publiquen o difundan por parte de los medios de comunicación con ocasión de las campañas por opción del Sí, por la opción del No o por la abstención serán responsabilidad de los respectivos comités de campañas, así como de las personas naturales y/o jurídicas que las contraten.
ART. 14.—Número máximo de vallas publicitarias. El número máximo de vallas publicitarias que pueden instalar los comités de campaña que promuevan la opción del Sí, por la opción del No o por la abstención, será el siguiente:
PAR.—Los alcaldes y registradores del estado civil, regularán la forma, características y condiciones para la fijación de vallas, pasacalles, carteles, afiches y demás elementos publicitarios que promuevan la opción del Sí, por la opción del No o por la abstención.
Para la concesión de permisos, los alcaldes deberán seguir los mismos principios de equilibrio y celeridad respecto de las solicitudes de las campañas por las diferentes opciones:
ART. 15.—Propaganda en internet. Durante la campaña, los comités por la opción del Sí, por la opción del No o por la abstención, podrán contratar y realizar publicidad en medios electrónicos de comunicación, portales y sitios destinados a la venta de publicidad, la cual deberá ser reportada como gasto por cada uno de los comités de campaña.
ART. 16.—Medidas de inspección, vigilancia y control. Los medios de comunicación social, las empresas de publicidad y comercializadoras de vallas, deberán informar al Consejo Nacional Electoral, dentro de los dos (2) primeros días hábiles de cada semana, el número de cuñas, vallas y avisos contratados durante la semana anterior a la del informe, por las campañas que promuevan la opción del Sí, por la opción del No o por la abstención, el cual deberá contener:
a) Identificación del medio de comunicación social con su nombre y NIT;
b) Nombre e identificación del contratante;
c) Número de piezas publicitarias contratadas;
d) Comité de campaña;
e) Tipo de propaganda;
f) Costo de la divulgación;
g) Fecha y horario de la publicación;
PAR. 1º—Los medios de comunicación y las empresas comercializadoras de vallas, certificarán el valor comercial de la emisión de cada cuña, aviso o fijación de las vallas publicitarias, indicando el valor por fracción de tiempo o franjas de emisión, y la existencia de descuentos por volumen, frecuencia de franjas de emisión o tarifas diferenciales de acuerdo a la ubicación de cada valla publicitaria, todo lo cual deberá ser reportado al Consejo Nacional Electoral a través del portal www.cnecuentasclaras.com.
ART. 17.—Medidas cautelares. El Consejo Nacional Electoral podrá tomar las siguientes medidas de oficio o a petición de parte:
a) Ordenar al medio de comunicación social correspondiente o a la empresa comercializadora de vallas, la suspensión o retiro inmediato de la propaganda de una campaña por la opción del Sí, por la opción del No o por la abstención, que sea utilizada para propósitos partidistas o de apoyo a candidaturas a cargos o corporaciones públicas de elección popular o con fines antidemocráticos, violencia o cualquier otra que busque desinformar al elector;
b) Ordenar la rectificación cuando a ello hubiera lugar.
ART. 18.—Comisión de monitoreo. Durante el periodo de las campañas, el Consejo Nacional Electoral conformará una comisión de monitoreo a la divulgación de la consulta popular anticorrupción y a la propaganda por la opción del Sí, por la opción del No o por la abstención. Esta comisión estará coordinada por el asesor de comunicaciones de esta corporación.
La comisión recibirá y revisará los contenidos de propaganda que remitan los medios de comunicación, conforme a los artículos 15 y 16 de este acto administrativo. Así mismo, emitirá un reporte semanal a la Sala Plena de la Corporación para que esta determine si la pieza de divulgación de la consulta popular anticorrupción o de propaganda por la opción del Sí, por la opción del No o por la abstención, se ajusta a los parámetros establecidos en la presente resolución.
ART. 19.—Espacios gratuitos en radio y televisión pública. Los espacios gratuitos en radio y televisión, se asignarán en igual proporción a la opción del Sí, a la opción del No o por la abstención. Lo asignado a cada opción se sorteará de acuerdo a la disponibilidad, entre los distintos comités de campaña registrados para cada opción ante la organización electoral.
ART. 20.—Espacios institucionales permanentes en televisión. Los partidos políticos con personería jurídica vigente podrán disponer de los espacios gratuitos que les hayan sido otorgados, para promover la opción del Sí, la opción del No o la abstención.
De las encuestas sobre la consulta popular anticorrupción
ART. 21.—De las encuestas. De conformidad con el artículo 20 de la Constitución Política, las encuestas que se realicen con ocasión de la consulta popular anticorrupción, deberán cumplir con los requisitos previstos en las resoluciones 23 de 1996 y 50 de 1997 proferidas por esta corporación. Adicionalmente, deberán observar las siguientes reglas:
a) La encuesta debe ser remitida por el medio de comunicación a través del cual se divulga la encuesta al Consejo Nacional Electoral al día siguiente de la fecha de .su publicación, acompañada de la información que permita establecer su trazabilidad. La ficha técnica debe especificar si la encuesta fue realizada por solicitud de alguno de los Comités por la opción del Sí, por la opción del No o por la abstención, o por un medio de comunicación. En la ficha técnica presentada por la firma encuestadora, se incluirá el nombre de un profesional en estadística que acredite la idoneidad de la misma;
b) El tamaño de la muestra deberá ser no menor a mil (1.000) encuestas;
c) Solo se podrán publicar y difundir encuestas hasta el martes anterior a la fecha de la votación de la consulta popular anticorrupción;
d) Las inconsistencias graves en los resultados de las encuestas darán lugar a una multa que oscilará entre veinticinco (25) a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes, según la gravedad de la falta, o la suspensión o prohibición del ejercicio de estas actividades.
El medio de comunicación que publicó la encuesta será corresponsable y, por consiguiente, se le aplicará la sanción pecuniaria en la misma cuantía y proporción;
e) Las encuestadoras deberán reportar al Consejo Nacional Electoral certificación del valor del contrato y pago del IVA del mismo en virtud del cual se efectuó la encuesta.
PAR.—La comisión técnica y de vigilancia de encuestas y sondeos de que trata el artículo 10 de la Resolución 23 de 1996 expedida por el Consejo Nacional Electoral, constituirá dentro de los tres (3) días siguientes a la expedición de esta resolución, un comité técnico de seguimiento a las encuestas, conformada por tres (3) profesionales expertos en estadística y encuestas, que presentará un informe semanal al Consejo Nacional Electoral.
ART. 22.—Testigos electorales y auditores de sistemas. Las campañas podrán postular testigos electorales que vigilen el proceso de votación y escrutinios de la consulta popular anticorrupción. Las campañas que se identifiquen con la misma opción deberán acordar la postulación de hasta un testigo en cada mesa y comisión escrutadora; de no ser así, la Registraduría Nacional del Estado Civil podrá asignarlos aleatoriamente, garantizando la representación igualitaria. Para tal efecto se utilizará la plataforma SIGTE, y la acreditación de los testigos se delega en los registradores distritales y municipales del estado civil.
PAR. 1º—Los comités de campañas presentarán ante el registrador del Estado Civil respectivo las listas con los nombres de los ciudadanos que desean acreditar como testigos electorales determinando el lugar donde ejercerán sus funciones, con la siguiente información:
4. Comité que representa.
Los testigos electorales pueden ser acreditados para actuar ante los jurados de votación y/o ante las comisiones escrutadoras. Para actuar ante las mesas de votación deberán adicionalmente indicar el puesto de votación y el número de la mesa o mesas. Para actuar ante las comisiones escrutadoras deberán relacionar la instancia ante la cual ejercerán su función. Los comités de campaña podrán presentar testigos electorales en cualquier parte del país, previa delegación.
PAR. 2º—Los comités de campaña, además de los testigos que designen para cada una de las mesas de votación que sean instaladas, puedan designar hasta tres (3) testigos electorales remanentes o adicionales por cada uno de los puestos de votación que funcionen durante la jornada electoral.
Estos testigos adicionales podrán permanecer dentro del recinto de votación, ingresar y salir del mismo, recolectar la información que les suministren los testigos principales, reemplazar de manera transitoria o definitiva a los testigos electorales asignados para cada una de las mesas, ya sea debido a que estos no asistan o deban retirarse de manera temporal o permanente de las mesas a las que hayan sido asignados, para lo cual contarán con la totalidad de las atribuciones que la ley da a la generalidad de testigos electorales.
Los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil en cada puesto de votación indicarán en qué sitio dentro del puesto de votación podrán estar estos testigos remanentes durante el tiempo que no estén reemplazando de manera temporal, transitoria o definitiva a los testigos electorales principales.
Para las votaciones en el exterior, los representantes de los comités de campaña podrán designar ante el Registrador Delegado en lo Electoral a las personas autorizadas para postular testigos electorales ante cada sede consular. El Registrador Delegado en lo Electoral informará tales designaciones a las sedes diplomáticas y consulares respectivas con el objeto que las embajadas y consulados tengan conocimiento oportuno de tal acto.
PAR. 3º—Los auditores de sistemas e informática debidamente acreditados ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, por los comités de campaña tendrán los siguientes derechos y garantías especiales:
a) Conocer el proceso de captura de datos, la contabilización y el manejo de la información relacionada con los resultados de las votaciones de los procesos electorales de que trata el presente acto administrativo;
b) Observar el proceso de captura del resultado de la votación de cada una de las mesas;
c) Observar el procesamiento y consolidación de los resultados consignados en las actas de los jurados de votación;
d) Actuar como testigos electorales técnicos en los términos indicados en los artículos 121 y 122 del Código Electoral;
e) Participar del registro y verificación de la información técnica del código fuente y ejecutables del software que utilice la Registraduría Nacional del Estado Civil;
f) Solicitar la entrega del log de auditoría que genere el software.
La Registraduría Nacional del Estado Civil, deberá entregar, sin restricción alguna, a los diferentes auditores de sistemas acreditados, al momento del cierre y finalización del escrutinio los logs de auditoría del software de escrutinio.
Los auditores de sistemas acreditados podrán inspeccionar y presenciar los diferentes procesos de sistematización de datos que utilice la Registraduría Nacional del Estado Civil para el cumplimiento de sus fines y que guarden estrecha relación con los resultados electorales. Esta función se realizará incluso durante cada etapa, siempre y cuando dicha actividad se esté desarrollando con recursos informáticos.
Para el cumplimiento de sus funciones, los Auditores de Sistemas tendrán en cuenta los instructivos que elabore la Gerencia de Informática de la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como las normas legales y reglamentarias sobre la materia.
ART. 23.—Jurados de votación. Para la consulta popular anticorrupción, podrán ser jurados de votación los ciudadanos postulados por los comités de campaña y los ciudadanos que hayan resultado escogidos junto aquellos en el sorteo que se desarrolle de conformidad con las disposiciones legales.
ART. 24.—Transporte terrestre. El Gobierno Nacional garantizará el normal funcionamiento del transporte público durante el certamen electoral de la Consulta Popular Anticorrupción, de conformidad con el artículo 52 de la ley 1475 de 2011.
ART. 25.—Utilización de logos de partidos y movimientos políticos. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que opten por inscribirse a la campaña de la Consulta Popular Anticorrupción, podrán utilizar en la propaganda por la opción del Sí, por la opción del No o por la abstención; el logo que tengan registrado en el Consejo Nacional Electoral, siempre y cuando no sea utilizado con fines políticos o electorales diferentes a los de la Consulta Popular Anticorrupción.
ART. 26.—Participación de los colombianos en el exterior. La votación de los colombianos en el exterior se efectuará en el respectivo Consulado de la circunscripción en que se encuentre inscrito el ciudadano.
De acuerdo con la naturaleza de la Consulta Popular Anticorrupción, que es de carácter nacional, la votación se adelantará durante una semana antes del día 26 de agosto de 2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la ley 1475 de 2011.
ART. 27.—Prohibición de estímulos al sufragante. Para la consulta popular anticorrupción no serán aplicables los beneficios consagrados en la Ley 403 de 1997 y 815 de 2003, por lo cual no se expedirá el certificado electoral.
ART. 28.—Censo electoral para la consulta popular anticorrupción. El censo electoral para la votación de la consulta popular anticorrupción será el que suministre la Registraduría Nacional del Estado Civil consolidado en los términos de ley.
No habrá período de inscripciones para las votaciones de la Consulta Popular Anticorrupción.
ART. 29.—Pedagogía de esta resolución. El Consejo Nacional Electoral, en desarrollo de los principios de igualdad, equidad, proporcionalidad e imparcialidad, hará la pedagogía de lo reglamentado en esta resolución y velará porque en la pedagogía se haga énfasis de lo indicado en el artículo 7º de esta resolución en el sentido de que la participación en la Consulta Popular Anticorrupción no da derecho a reposición de gastos de campaña o reposición por votos obtenidos por cualquiera de las opciones para ninguno de los comités de campaña.
ART. 30.—Calendario electoral. Para dar cumplimiento a lo estipulado en esta resolución, se tendrá en cuenta el calendario electoral de la Consulta Popular Anticorrupción fijado por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Dada en Bogotá, D.C., a 26 de junio de dos mil dieciocho.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 artículo 265
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 34
 artículo 6
 artículo 265
 artículo 35
 Resolución 
 artículo 20
 artículo 10
 Resolución 
 artículo 52
 artículo 51
 resolución 
 artículo 7
 resolución