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Faltas y Delitos en el Deporte - PDF
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Ignacio Valdéz Juárez
1 Faltas y Delitos en el Deporte Por Laura MORENO ALBA 1 SUMARIO Introducción. I.- Génesis histórico-legislativa de la actividad deportiva. II. La actividad deportiva frente a la injerencia del Derecho Penal. III.- Violencia deportiva endógena. IV.- Violencia deportiva exógena. V.- Dopaje. VI.- Fraude y corrupción en el deporte profesional. VII.- Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. VIII.- Delitos contra la Administración Pública. IX. Conclusiones. Anexos: I. Faltas de desobediencia y faltas de respeto a los agentes de la autoridad. II. Faltas y delitos de lesiones. III. Falta de desordenes públicos. IV. Faltas de injurias leves. V. Riñas tumultarias. VI. Delito de daños. VII. Delito de estafa. VIII. Delito de apropiación indebida. IX. Delitos societarios. X. Delitos contra la Administración Pública. INTRODUCCIÓN Para Aristóteles existen dos clases de virtudes que conforman el alma: la intelectual y la moral. Las virtudes intelectuales resultan de la enseñanza, las virtudes morales, de las costumbres. Aristóteles crecía que se debía hacer a los ciudadanos buenos, inculcándoles buenas costumbres, y consideraba que ello era potestad del legislador. Era él, quien mediante la ley debía hacer que los hombres ejecutaran actos justos y buenas acciones, siempre respetando el justo medio. Ustedes se imaginan a Aristóteles como espectador de algún evento deportivo? Deberían los aficionados y los deportistas reprimir sus ardores y su entusiasmo? Y si lo hicieran, se acabaría con la corrupción en el deporte, con el fraude deportivo, la violencia, las lesiones deportivas? Porque tal vez, la pasión deportiva desbordada e incontrolada sea el motivo de mayor peso para que hoy en día el derecho penal intervenga en la actividad deportiva. Pero el derecho penal no es de última ratio? dónde queda el principio de intervención 1 Abogada y Mediadora. Master en Derecho del Deporte por el ICAB2 mínima del derecho penal? el deporte no debía ser según la Constitución Española una actividad de ocio, encaminada a la protección de la salud pública? ha sido la explotación comercial de los acontecimientos deportivos la causa de que el derecho penal deba intervenir? o quizás, ha sido el miedo? ha sido el Estado, que tenía encomendada la correcta utilización del ocio el que ha querido ofrecer mayor seguridad ante todo tipo de riesgos, reales y abstractos, siguiendo las ideas de Uirich Beck en su libro La sociedad del riesgo (1986)? Desde antiguo los deportistas han simulado al Lazarillo de Tormes en cuanto a picaresca se refiere. Lamentablemente, la actuación ética, el fair play, no siempre se ha respetado. Se han llevado a cabo actuaciones deportivas contrarias a la ética, se han fingido lesiones para que el tiempo transcurriese a favor de algún equipo. Pero, qué acción u omisión hace que se pase de un comportamiento no ético a un comportamiento ilícito penalmente? Este trabajo no tiene mayor pretensión que realizar una aproximación a los delitos y faltas típicos penalmente en el ámbito del derecho del deporte, sin ánimo de ser exhaustivos ni de profundizar en los mismos. Sin duda, podría calificar este trabajo de reflexión. En muchos supuestos será el tiempo y la jurisprudencia los que irán aportando luz a muchos aspectos hoy por hoy problemáticos. I. GENESIS HISTÓRICO-LEGISLATIVA DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Los antecedentes histórico-legislativos sobre la regulación del deporte en España se sitúan en el siglo XIX y XX, encuadrándose en el contexto educativo. Con anterioridad a esta época no existían leyes, reglamentos ni normas en lo que respecta a la actividad física y deportiva. Es en 1927, durante la dictadura de Franco, cuando se implanta el Real Decreto de 1927 que regula las federaciones deportivas y se crea el Comité Olímpico Nacional. Pero en esta época, observamos la precaria intervención pública en el ámbito deportivo. Será durante el régimen franquista cuando el deporte se institucionalice y se dé una fuerte intervención pública cumpliendo una función estatal tutelar. En este contexto se crea en 1937 el Consejo Nacional de Deportes y se transforma en Comité Olímpico Español en No obstante, el 22 de febrero de 1941 mediante Decreto, se encomienda la dirección y fomento del Deporte a la Falange Española. Y es en este momento cuando el Deporte se empieza a politizar, mediante Orden de 7 de junio de 1945 que aprueba el estatuto orgánico de la Delegación Nacional de Deportes, compartiendo la función de dirección y fomento de la educación física y el deporte con otros organismos fuertemente politizados y vinculados directamente al Partido único del Movimiento. En esos momentos el deporte 23 estará totalmente excluido de la Administración Pública. Algunos expertos opinan que se pretendía marginar al Deporte del ordenamiento jurídico general. Otros consideran que no, que es en estos años en los cuales entra en vigor la Ley 77/1961, de 23 de diciembre sobre Educación Física, cuando se construye el camino para asentar una fuerte intervención pública en relación con el Deporte, no con las Federaciones Deportivas, que seguirán estando excluidas de dicha intervención pública hasta la Transición Democrática, cuando los organismos deportivos se sometan a las garantías del régimen jurídico administrativo, mediante la Ley de la Reforma Política de 4 de enero de Así llegamos hasta la regulación del deporte en la Constitución de 1978, donde se recoge el derecho al deporte en el artículo 43.3, relacionándolo con el ocio y la salud, e imponiendo el deber de fomento público del deporte. Consecuencia de ello, se promulgaron la ley 13/1980 de 31 de marzo, general de cultura física y deporte, y la vigente legislación estatal: la ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte. II. LA ACTIVIDAD DEPORTIVA FRENTE A LA INJERENCIA DEL DERECHO PENAL Era necesario judicializar el deporte? una actividad que a priori estaba encaminada a fomentar la educación sanitaria, la educación física y el ocio? Siguiendo la línea jurisprudencial de la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 1988, sí que era necesario, pues establece que la inclusión del fenómeno deportivo en el texto Constitucional no entraña únicamente un significado simbólico, pues origina unas consecuencias jurídicas; el poder constituyente al comprender la importancia del hecho deportivo en la sociedad moderna y recogerlo así en la norma suprema, ha manifestado su criterio de que el deporte, como las demás instituciones del país, debe empaparse de los principios sustanciales de la Constitución, lo cual ha tenido una importante repercusión dentro del ordenamiento jurídico deportivo; se trata de amparar una actividad de indudable utilidad pública, y que forma parte del conjunto de elementos que tienden no sólo ya a proporcionar medios materiales a los ciudadanos, sino a mejorar la calidad de su vida cotidiana. Parece entonces que esta cuestión queda resuelta. Pero qué es el deporte? A día de hoy, la doctrina tiene dificultades para definir el concepto de deporte en términos estrictamente jurídicos, y es que no toda actividad física desarrollada por el ser humano puede ser considerada como deporte. Uno de los requisitos sine quan non que debe revestir dicha actividad física es la de ser aceptada socialmente como deporte en el marco territorial en que se va a desarrollar. La exposición de motivos de la Ley 10/1990 de 15 de octubre, del Deporte, que desarrolla el mandato constitucional del artículo 43.3 CE, establece que el deporte se constituye como un elemento fundamental del sistema educativo y su práctica es importante en el mantenimiento de la salud y, por tanto, es un factor corrector de desequilibrios sociales que contribuye al desarrollo de la 34 igualdad entre los ciudadanos, crea hábitos favorecedores de la inserción social y, asimismo, su práctica en equipo fomenta la solidaridad. Todo esto conforma el deporte como elemento determinante de la calidad de vida y la utilización activa y participativa del tiempo de ocio en la sociedad contemporánea. Luego, queda patente la relación del deporte con los derechos a la educación (artículo 27 CE) y el derecho a la salud (artículo 43.3 CE). Hasta aquí parece que el concepto y la función del deporte están claros y bien asentados. En mi opinión, el problema surge a posteriori, cuando se descubren los beneficios o intereses económicos que se derivan del deporte, tal y como postula el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas desde 1974, en la sentencia Walrave, el ámbito del deporte entra dentro del derecho comunitario en la medida en que éste constituye una actividad económica. Igual criterio fue seguido en sentencias posteriores tales como las sentencias Bosman, Deliège y Lethonen. Y es entonces cuando el deporte es también una actividad a explotar económicamente y una industria del espectáculo. Y así se recoge en la exposición de motivos de la actual Ley del deporte, justificado por el gran número de espectadores que genera. Llegados a este punto, lo que debiéramos examinar es si cabe en el deporte la injerencia del derecho penal. Como dijimos anteriormente, no siempre se da el juego limpio ( fair play ) en el ámbito deportivo, pero lo que me planteo es si esas conductas dignas de reproche social, son conductas penalmente relevantes, o si por el contrario, dichas conductas deberían reconducirse hacía otras ramas del ordenamiento jurídico, e inclusive encauzarse hacía otras vías extrajudiciales de resolución de conflictos. Porque además, no debemos olvidar que por razones de su funcionamiento, el ordenamiento deportivo ha apostado por su autonomía. Así vemos, por ejemplo, en la Ley del deporte un régimen disciplinario propio y la opción de recurrir a la vía del arbitraje en caso de discrepancias. Y esta es la línea que sigue FIFA y las Federaciones Deportivas, excluyendo totalmente, a priori, la vía jurisdiccional ordinaria. Pero ello no debe sorprendernos, es normal que un deportista, en pleno auge de su carrera busque una solución rápida a sus controversias, y hoy por hoy, la vía para conseguirlo, no está en el ámbito de la jurisdicción ordinaria. Volviendo al núcleo de este trabajo, vamos a intentar ahora resolver la cuestión sobre si para los comportamientos antideportivos es idónea la intervención penal. Penalmente, establece el artículo 10 del Código penal que son delitos o faltas las acciones y omisiones (comportamientos humanos) dolosas o imprudentes (modalidades delictivas) penadas por la Ley (tipicidad). Por lo tanto, un hecho ilícito reúne los requisitos de lo que es antijurídico, contrario a Derecho o antinormativo, así lo establece el artículo 1 del Código penal cuando establece que no será castigada ninguna acción que no esté 45 prevista por ley anterior a su perpetración (principio de legalidad consagrado en el artículo 25.1 CE). Es decir, que ese comportamiento infringe una norma penal, lesionando o poniendo en peligro un bien jurídico, dolosa o imprudentemente, sin que exista norma permisiva que justifique tal actuación. Partiendo de estas premisas, vamos a continuar este trabajo examinando las conductas penales relevantes que en la actualidad se están dando en el deporte, y vamos a analizar si efectivamente, son hechos que debe dirimirse por la vía penal, o por el contrario estamos criminalizando todo tipo de conductas, aun cuando no deberían ser penalmente relevantes, por ser el derecho penal un derecho de última ratio. III. VIOLENCIA DEPORTIVA ENDÓGENA. El deporte es una actividad que implica, en la mayoría de sus vertientes, contacto físico. Tanto es así, que es asumido socialmente por los deportistas y por la afición el riesgo inherente asumido o aparejado con el deporte. Podríamos aventurar que el deportista asume esos riesgos y tácitamente da su consentimiento frente a posibles lesiones. Éste punto es muy discutido, dado que no parece tan claro el hecho de dar un consentimiento tácito frente a lesiones que se escapan del normal desarrollo de una actividad deportivas, o cuyo resultado final es desproporcionado en relación al riesgo asumido. Por un lado, podemos encontrar autores como Albin Eser 2 que se pronuncia contrariamente a esta tesis y alega que es un mandato constitucional que el Estado defienda a los ciudadanos de ataques antijurídicos recurriendo a la sanción penal, pues ello significaría no limitar el ámbito del deporte, chocando entonces la protección de los bienes jurídicos y la promoción del deporte. Por el contrario, encontramos opiniones contrarias a ésta, como las de Schild 3 y Javier Valls Prieto 4. El primero aboga por no castigar nunca las lesiones acontecidas por estar dentro del ámbito deportivo y ser un riesgo permitido, y el segundo defiende que las dolosas deben ser castigadas, pero las lesiones imprudentes, tanto graves como leves, no deben ser castigadas por entrar dentro del riesgo asumido en la actividad deportiva, y ser aceptado por la propia sociedad. Analizando los distintos puntos de vista en relación con nuestro ordenamiento jurídico penal, descartamos por completo la validez del consentimiento tácito a poder ser lesionado durante la ejecución de una actividad deportiva. Y esto es así, porque establece el artículo 155 del 2 Eser.A, Lesiones deportivas y Derecho Penal. En especial la responsabilidad del futbolista desde una perspectiva alemana, La ley, 1990, págs.1135 y ss. 3 Sobre la significación social del deporte y su relación antinómica frente a la moderna civilización, comp.child,w. Das strafrechtliche Problem des Sportverletzung (vorwiegend mi Futballkampfsport), en jura,1982,pp.464 y ss. 4 Valls, J., La intervención del Derecho penal en la actividad deportiva, Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología,6 Código penal que en los delitos de lesiones, si ha mediado el consentimiento válida, libre, espontánea y expresamente emitido del ofendido, se impondrá la pena inferior en uno o dos grados. No será válido el consentimiento otorgado por un menor de edad o un incapaz. Además, se puede considerar que en la práctica del deporte no hay propiamente un consentimiento, que no sería exonerante por sí solo (artículo 156 Cp), y la exención de responsabilidad ha de venir acomodada en la eximente del artículo 20 del Código penal, párrafo 7º ( el que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo ), aunque éste punto también podría ser discutible. Encuadrando en este contexto el delito de lesiones debemos partir de que es un delito de resultado, que produce menoscabo en la integridad corporal o en la salud física de la persona, y esto configura el bien jurídico protegido por tal acción típica. Dicho menoscabo en la salud física o psíquica de otro, debe requerir para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico (art párrafo 1º Cp). Si revisten menos gravedad se atenúa la pena (art Cp) Si la lesión precisa únicamente una primera asistencia constituye la falta del artículo Cp. El delito de lesiones puede cometerse por dolo directo, por dolo eventual, por imprudencia grave y por imprudencia profesional. El artículo 148 Cp contempla una agravación potestativa en atención al resultado causado o al riego producido, el artículo 149 Cp contempla una agravación obligatoria por la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro principal, y finalmente, el artículo 150 Cp contempla una agravación obligatoria por causación de pérdida o inutilidad de un órgano o miembro no principal o deformidad. La tesis mantenida por nuestra jurisprudencia, como podemos ver en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra de fecha 2 de mayo de 2002, apunta que Lo esencial es determinar, si existe "animus ledendi", que exceda, del "ardor" propio, de la disputa deportiva. El resultado lesivo, en la práctica deportiva, puede deberse, como bien se apunta en la resolución recurrida, a la propia naturaleza arriesgada de la misma actividad, -algunos deportes de montaña, arrojamientos controlados, deportes en los que priman la velocidad, etc...-; la "autolesión del deportista", y las "lesiones provocadas en relaciones de alteridad de disputa", pero en cualquier caso de carácter accidental, es decir, no provocadas por lo que convencionalmente en derecho penal se denomina "animus ledendid", es decir, la actuación consciente y voluntaria, dirigida, a menoscabar la integridad física del adversario, aunque la ocasión, para la agresión, venga propiciada genéricamente, por el propio entorno de la disputa deportiva y específicamente, por algún lance concreto de la misma. Es una tarea ardua y difícil discriminar, cuanto existe "in actu", es decir en el caso concreto, ese específico "ánimus ledendi", porque, en los deportes de competición, con enfrentamiento físico recíproco, su propia naturaleza, las exigencias de la competición, el desenvolvimiento de la disputa, siempre 67 va a concurrir, y "enmascara", la posible realidad, de la dinámica y consciente actuación agresiva. En atención a lo anteriormente examinado, podemos concluir, considerando que la violencia endógena es la que se produce durante la práctica del deporte entre los deportistas, es una extensión más de la propia dinámica de la actividad de riesgo asumido que se está realizando, es decir, del deporte. Luego, todas las acciones u omisiones imprudentes que ocurran durante el transcurso de dicha actividad, independientemente del resultado que ocasionen, deben dirimirse mediante la vía jurisdiccional deportiva, o en su caso por la vía civil si lo que se reclama es la responsabilidad civil, pero nunca mediante la vía penal. Sólo así se explica que otros sectores del Derecho, como el civil o el administrativo, puedan prever responsabilidad económica para quien cause resultados lesivos por una culpa levísima que no sería suficiente para la responsabilidad penal, o incluso para quien cause algún daño sin culpa en el ejercicio de ciertas actividades peligrosas que se permiten a cambio de correr con el deber de reparar económicamente el daño que produzcan (responsabilidad por riesgo). 5 En cuanto a las que la jurisprudencia atribuye al animus ledendid, según mi criterio, habrán de examinarse bajo el mismo prisma que se hace con las lesiones causadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esto es, atendiendo a la proporcionalidad, principio de oportunidad y congruencia. Y considero que ello debería ser así por el mero hecho de que un deportista al adquirir su licencia deportiva, está sujeto a un régimen federativo. Ello hace que dicho deportista, se distinga de los demás ciudadanos, y su conducta pueda ser sancionada disciplinariamente. Es más, dicho deportista, está obligado a guardar sus formas inclusive cuando no está inmerso en una competición. Todo ello, no excluye la intervención del derecho penal, pero sí debería limitarla, porque mediante el régimen disciplinario ya se va a castigar al deportista, luego sin caer en la cuenta de que se esté vulnerando el principio non bis in ídem, lo cierto es que el deportista, por el mero hecho de serlo, tendrá más consecuencias negativas (en relación con su carrera deportiva) que si los mismo hechos los comete una persona no deportista federada, y ello no equivale a una agravio comparativo, pero tampoco justifica un mayor reproche social. Supongo que esta teoría se ganaría la antipatía de muchos entendidos en la materia por carecer de una base sólida de fundamentación. Pero lo cierto es que comparando el delito de lesiones en dos sentencias, una referida a las causadas entre deportistas y las otras entre espectadores o simpatizantes de un equipo de fútbol, vemos que al deportista se le castiga con un año de prisión (Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona de 17 de febrero de 2009), y al espectador, condenado por un delito 5 Mir Puig, s., Significado y alcance de la imputación objetiva en el Derecho penal, Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología,8 de lesiones graves con la agravante de abuso de superioridad se le condena a un año y diez meses de prisión (Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 24 de junio de 2003). Luego, ésta es mi crítica y el fundamento de mi teoría: al deportista se le perjudica en su carrera profesional y para salvaguardar sus intereses propios y el interés general deportivos se le somete a un régimen disciplinario, y si a pesar de estos perjuicios se le enjuicia en la jurisdicción ordinaria penal, su pena no debería ser mayor que la de otra persona no federada deportivamente, quien no tiene mayor castigo que la sanción penal que se le impone. Otro motivo que sostiene mi planteamiento es el de la exclusión de la imputación objetiva por falta de creación de un determinado riesgo cuando no hay riesgo relevante, o bien el riesgo es permitido. La sociedad admite determinadas clases de actividad peligrosas que pueden ocasionar lesiones no deseables, y cuyos efectos denotan escasa gravedad, o se adecuan socialmente por el contexto en el que se producen. Éste es el caso del deporte. Concluyendo, únicamente me queda recordar que partimos de un Derecho penal que no debe extender la grave calificación de injusto penal en conductas que incluso una persona prudente y respetuosa con las normas legales no dejaría de realizar por una remota posibilidad de que resultasen levisas. El Derecho penal de un Estado democrático debe respetar las valoraciones sociales y no castigar conductas que socialmente se consideran lícitas o muy poco graves, o no debe asociar hechos levemente antijurídicos, como un empujón, a penas previstas para comportamientos mucho más graves. Y es que el ámbito del riesgo permitido se debe a una elección de política jurídica, no a los límites de la capacidad de previsión humana. 6 IV. VIOLENCIA DEPORTIVA EXÓGENA. En este apartado vamos a tratar la violencia exógena que es la que se produce fuera del ámbito estrictamente deportivo, pero a raíz de algún espectáculo deportivo por personas ajenas a los protagonistas de la competición, es decir, a los deportistas. Esto es, la violencia generada por espectadores, directivos, etc. Tal era la preocupación pública ante los acontecimientos generados en los espectáculos deportivos, que en el año 2007 entró en vigor la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, en adelante LCVD. Dicha ley pretende proteger bienes jurídicos tales como la convivencia, la paz y la tolerancia en los espectáculos. Posteriormente, en 2010, surge el Real Decreto 23/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. No vamos a hacer mayor referencia a ello, pues esta ley tiene carácter administrativo. Pero considero que su mera entrada 6 Mir Puig, s., Significado y alcance de la imputación objetiva en el Derecho penal, Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología,9 en vigor ya denota la existencia real de un problema grave relacionado con la actitud de los integrantes y espectadores del ámbito deportivo. Y de igual modo me parece relevante que ante ellos, se acuda a la jurisdicción contencioso administrativa y no a la penal. En el anexo de este trabajo expondré jurisprudencia penal española relacionada con hechos que se producen a raíz o como consecuencia de un evento deportivo. Me parece un modo esclarecedor de acercarnos a la realidad y entender mejor este trabajo. Ahora les invito a reflexionar sobre el siguiente punto: opinan que la violencia exógena en los eventos deportivos debe distinguirse de los supuestos normales de aplicación del Derecho penal?, o por el contrario, creen que el hecho de que ésta se produzca en el contexto deportivo justifica un menor injusto penal? Es posible considerar que las consecuencias lesivas producidas durante o después de la visualización de un evento deportivo pueden subsumirse dentro de la atenuante de arrebato? La línea jurisprudencial del Tribunal Supremo excluye el arrebato en los supuestos de simples reacciones coléricas y en los casos de simple acaloramiento o aturdimiento, por considerar que el fundamento de esta atenuante se encuentra en la disminución de la imputabilidad que se produce en un sujeto que se encuentra con la mente ofuscada por una pasión que en ese momento le afecta, de modo fugaz, cuando se trata del arrebato, producida por una causa o estímulo poderoso (STS de 26 de noviembre de 1997), y ha venido exigiendo la concurrencia de varios requisitos para apreciar esta circunstancia de atenuación: En primer lugar, que se aprecie la existencia de estímulos o causas suficientes, si no para justificar, sí para explicar en alguna medida la reacción del sujeto con lo que quedan excluidos los estímulos nimios ante los que cualquier persona media reaccionaría con normalidad. En segundo lugar ha de quedar acreditada la ofuscación de la conciencia o estado emotivo repentino o súbito que acompaña a la acción. En tercer lugar, debe existir una relación causal entre uno y otra, de manera que la conducta sea consecuencia de la trascendencia del estímulo. Y en cuarto lugar, ha de existir una cierta conexión temporal, pues el arrebato no podrá apreciarse si ha mediado un tiempo entre estímulo y reacción que prudencialmente permita estimar que se ha recuperado la frialdad de ánimo. (STS 6709/2002). Yo no sé qué opinarán ustedes, pero no podemos negar realidades tales como que los aficionados deportivos lloran, chillan, y se emocionan de un modo desproporcionado. Y tampoco me puedo aventurar a afirmar con rotundidad que estas emociones no las sientan las personas normales o prudentes porque las sufre gran parte de la población, y sino observen cuando se disputa un partido de fútbol entre el Real Madrid y el Barça. Con esto no estoy justificando que los aficionados puedan alegar alguna atenuante, pero sí que es cierto que en la sentencia del Tribunal Supremo 910 de fecha 24 de enero de 2000 se considera que no existió en este caso un delito de amenazas por entender que se debe realizar una ponderación en relación con las circunstancias temporales y espaciales concurrentes, y ponderar de igual modo el acaloramiento originado por una competición deportiva entre equipos. Por todo ello, dadas las circunstancias concurrentes en el momento en que se profirieron, al final de un partido de fútbol, en el que los ánimos de los espectadores se habían acalorado no cabe considerar que las palabras utilizadas efectuasen en la víctima intimidación alguna en su ánimo, ni le hicieron perder la tranquilidad y el sosiego, bajo el temor de que se le fuera a infringir un mal en un futuro más o menos próximo. De un análisis de las conductas tipificadas en el Código penal más relevantes en relación con la violencia deportiva exógena por su habitualidad encontramos que se atentan fundamentalmente en dicha conductas contra las personas y contra el patrimonio. Observamos que los bienes jurídicos a proteger son la integridad y salud física y psíquica de las personas, la dignidad de las personas y la dignidad funcional de las autoridades y funcionarios, el patrimonio ajeno, y el orden público. Pero también observamos, que salvo delitos con consecuencias materiales graves, todas estas conductas que se encuadran espacialmente y temporalmente en una disputa deportiva, se castigan mediante multa económica y con penas de localización permanente. Luego, en este punto me surgen dos preguntas: realmente tenemos que acudir a la jurisdicción penal o por el contrario sería mejor acudir a la vía civil y administrativa? Y cuándo se hace referencia al acaloramiento y desasosiego que se producen en las disputas deportivas, se incluyen aquí a todas las personas: policía, aficionados, deportistas? En relación a la primera cuestión, la primera reflexión que me hago es si no sería mejor acatar el problema de la violencia deportiva exógena mediante medidas sociales encaminadas a la concienciación de la ciudadanía sobre los valores primordiales que pretenden difundirse o generarse mediante la práctica del deporte, y con éste como medio de ocio y entretenimiento para el público en general. La segunda reflexión que me hago es si mediante la imposición de una multa pecuniaria o de una pena de localización conseguimos la finalidad prevista por el artículo 25 de la Constitución Española en relación con la finalidad de éstas. Esto es, si mediante la imposición de la pena conseguimos reeducar y resocializar al penado. Porque de no ser así, lo que me planteo es penalmente lo barato que sale agredir a una persona o a un agente de la autoridad, y lo gratificante que puede resultar ante tu grupo social, pues seguramente la persona que lleve a cabo estas acciones recabará mucho reconocimiento positivo por parte de su grupo (aquel con el que comparte la idea de que la violencia es un medio para expresarse). 1011 En este punto, podemos observar que las cuantías de las multas no son homogéneas y que las cantidades que se solicitan podrían calificarse de nimias. Aquí podríamos entrar en otra cuestión: si una persona tiene recursos económicos, la multa no causa ningún menoscabo en su patrimonio y puede desvirtuarse el concepto de pena castigo. Y si la persona es insolvente, como no la afrontará, a priori, se la castigará con un día de prisión por cada dos impagos. Con lo cual éste castigo es más perjudicial para los que no tienen recursos económicos. Al margen de esto, me preocupa otra cuestión, y es que para la ponderación de la cantidad con la que se suscribe la multa, no se tienen en cuanta todos los bienes patrimoniales de la persona condenada. Así la sentencia de la Audiencia Provincia de Pontevedra de fecha 26 de junio de 2006 se remite a la sentencia de 20 de noviembre de 2000, núm. 1800/2000, que considera correcta la imposición de una cuota diaria de mil pesetas, aún cuando no existiesen actuaciones específicas destinadas a determinar el patrimonio e ingresos del penado, porque se trata de una cifra muy próxima al mínimo legal e inferior al salario mínimo, lo que supone que el Tribunal sentenciador ha considerado igualmente mínimos los posibles ingresos del acusado, estimando correcto que ante la ausencia de datos que le permitieran concretar lo más posible la cuota correspondiente, se haya acudido a una individualización "prudencial" propia de las situaciones de insolvencia y muy alejada de los máximos que prevé el Código Penal tomando en consideración, aún cuando no se especifique en la sentencia la actividad a la que se dedicaba el acusado y sus circunstancias personales". En definitiva, para cuotas elevadas es absolutamente necesario que se contrasten datos más completos sobre la situación económica del acusado, pero para la imposición de cifras levemente superiores al mínimo,(como la cuota de 1000 pts. diarias impuesta en el caso actual), es suficiente con que, por la profesión o actividad a que se dedica el acusado o por sus circunstancias personales, se constate que no se encuentra en la situación de indigencia que es la que debe determinar la imposición del nivel mínimo absoluto de 200 pts." En este punto, podríamos plantearnos la imposición de otro tipo de sanciones con finalidades de prevención general tales como la prohibición de entrada a los espectáculos deportivos. Podemos observar que esta sanción se aplica en la STS 29/10/2009, en el caso Bada-Bing, en la cual se enjuicia una agresión racista en partido de fútbol, delitos de lesiones, amenazas, coacciones y desórdenes públicos con el agravante de racismo, y en la condena de uno de los imputados se establece la prohibición de acudir a eventos deportivos de la misma naturaleza por un periodo de UN AÑO superior a la pena privativa de libertad impuesta. En relación a la segunda cuestión, en este trabajo no se va a cuestionar el buen hacer y la profesionalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad, pero 11 Mostrar más
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 artículo 20
 artículo 148
 artículo 149
 artículo 150
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 RESOLUCIÓN 
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 ARTÍCULO 1
 artículo 60

Resolución 
 REAL DECRETO 
 artículo 149
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 Artículo 273
 Resolución 
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 Artículo 2
 Artículo 1
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 ARTÍCULO 17
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