Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teac-00-4020-2004-28-09-2006-51391
Timestamp: 2018-08-14 14:21:19+00:00

Document:
Resolución de TEAC, 00/4020/2004, 28-09-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/4020/2004 de 28 de Septiembre de 2006
Núm. Resolución: 00/4020/2004
Se incrementan las bases imponibles del sujeto pasivo, obtenidas de su participación en una comunidad de bienes, cuya actividad principal consiste en el arrendamiento de locales de negocio, que a su vez han sido cedidos en régimen de arrendamiento financiero a la comunidad de bienes, como consecuencia de la comprobación de valores de dichos locales y concretamente de la distribución de su valor entre la parte imputable al solar y a la construcción, a efectos de determinar la parte deducible como gasto de las cuotas de arrendamiento financiero a cargo de la comunidad de bienes. En el caso concreto, en los ejercicios comprobados, los gastos son superiores a los procedentes, como consecuencia de distorsionar la proporción que sobre valor total de los locales arrendados, representan los elementos susceptibles de amortización. No se ha vulnerado en este caso el procedimiento legalmente establecido para efectuar las valoraciones, ni éstas carecen de motivación, ni ha prescrito el derecho a comprobar a efectos del IRPF, aunque si hubiera prescrito en relación con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Sin embargo, no resulta correcto el criterio inspector consistente en dar por totalmente recuperado el coste de los elementos amortizables en ejercicios previos a los comprobados, sino que ha de aplicarse a cada período impositivo la parte que deba tomarse como pertinente a los elementos amortizables. Procede la sanción, pues la distribución del valor de unos locales entre el suelo y la construcción resulta claramente desproporcionada, alejada de la realidad y prácticamente inversa a la que resulta del catastro, lo que supone haber dejado de ingresar la cuota que legalmente correspondía y no puede atribuirse a la dificultad de interpretación de las normas jurídicas, sino al menos a una negligencia o descuido.
En la villa de Madrid, a 28 de septiembre de 2006, este Tribunal Económico Administrativo Central, en Sala, ha visto la reclamación económico-administrativa, en segunda instancia, promovida por DON ..., con domicilio en ..., contra Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de ... de fecha 25 de mayo de 2004 recaída en reclamaciones acumuladas ... y ..., referente a liquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicios 1995, 1997 y 1998 y ejercicio 1996 así como a la respectiva sanción, por cuantías de 586.407,95, 258.468,84, 238.756,66 y 104.232,83 euros (97.570.074, 43.005.597, 39.725.766 y 17.342.883 pesetas, respectivamente).
PRIMERO: El 12-12-2000 la Inspección de la Delegación en ... de la Agencia Estatal de Administración Tributaria formalizó al interesado acta previa número A02-... por el concepto citado, ejercicios 1995, 1997 y 1998; en la misma fecha fue formalizada también el Acta A02 ...al reclamante y a su esposa, por el ejercicio 1996. En ellas se hizo constar la procedencia de incrementar las bases imponibles declaradas por el hoy reclamante y obtenidas por su participación en la comunidad de bienes "... y ..." en que participa en un 60 por 100) y cuya actividad principal consiste en el arrendamiento de locales de negocio, los cuales, a su vez, han sido cedidos en régimen de arrendamiento financiero a la citada comunidad; el motivo de los aumentos de base propuestos respondía a la comprobación de valores de dichos locales y concretamente a la distribución de su valor entre la parte imputable al solar y a la construcción, respectivamente, todo ello a efecto de determinar la parte, deducible como gasto, de las cuotas de arrendamiento financiero a cargo de la comunidad de bienes. El actuario hace constar que dicha distribución, según las escrituras de formalización de los contratos de arrendamiento financiero, difiere de la que, para cada local, resulta de la comprobación emanada de los Servicios de Valoración de la Agencia Tributaria, que es muy similar a los datos catastrales; de ello deriva, además, la consecuencia de que la parte de la cuota de arrendamiento financiero deducible como gasto ya fue computada en ejercicios anteriores a los comprobados, por lo que en éstos sólo cabe admitir como deducible la parte de carga financiera que incorporan las cuotas y no la de amortización o recuperación del coste. Así, en el Informe complementario se dice que "la controversia hace referencia al hecho de que el gasto computado como deducible en relación con la amortización, en el caso de los arrendamientos financieros regulados por la Disposición Adicional Séptima de la Ley 26/1988 de 29 de julio sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito (BOE de 30 de julio) es excesivo derivado del hecho que en dichos contratos de arrendamientos financieros, se fijaron a los efectos señalados en el número 6 de la mencionada Disposición Adicional una proporción del valor del terreno inferiores a los que corresponden en la realidad".
En virtud de todo ello, el actuario propone regularizar la situación de los contribuyentes mediante las correspondientes liquidaciones, comprensivas, en cada ejercicio, de cuota e intereses de demora. La total deuda tributaria asciende, para el Acta referente a los períodos 1995-1998 a 97.570.074 pesetas (586.407,95 €) y para la correspondiente a 1996, a 43.005.597 pesetas (258.468,84 €).
SEGUNDO: Una vez efectuadas alegaciones, el Inspector Jefe dictó, con fecha 9 de febrero de 2001, actos administrativos de liquidación tributaria en que se confirmaban las propuestas formuladas por el actuario. El 21 de febrero de 2001 se iniciaron los dos expedientes sancionadores correspondientes a las precedentes liquidaciones, por posible infracción tributaria grave; concluida su reglamentaria tramitación, y formuladas alegaciones, el Inspector Jefe dictó acuerdos por los que se imponía una sanción de 39.725.766 pesetas en relación con los ejercicios 1995,1997 y 1998 y de 17.342.883 pesetas (104.232,83 €) en relación con 1996.
TERCERO: Disconforme con estos actos administrativos, los impugnó el reclamante ante el Tribunal Regional de ..., por entender nulas las liquidaciones de cuota e intereses de demora por vicios procedimentales y defecto de motivación, así como por conculcar el principio de prescripción; en la reclamación contra las sanciones, argumentaba que éstas eran improcedentes, al tratarse de una discrepancia en cuanto a los valores del suelo y del vuelo con respecto a los tasados por la Delegación de la AEAT de ... Ambas reclamaciones, una vez acumuladas, fueron desestimadas por el Tribunal Regional en Resolución de 25 de mayo de 2004, cuya fecha de notificación no consta, al ser ilegible la que figura en el acuse de recibo del servicio de Correos que obra en el expediente.
CUARTO: Mediante escrito presentado el 14 de octubre de 2004, el interesado interpone recurso de alzada contra la expresada Resolución, que motiva en las alegaciones que, en resumen: 1) Ante todo, se opone a la valoración por razones que desdobla en dos capítulos: a) en primer lugar, por vicios en el procedimiento de comprobación determinantes de la nulidad de pleno Derecho, por prescindir del procedimiento legalmente establecido para efectuar la valoración; alega la reclamante que el Servicio de valoraciones se está refiriendo a unos módulos establecidos por el Colegio de Arquitectos de ... para el coste de ejecución de una construcción, a los que se aplica un coeficiente corrector según el tipo de construcción, alto o medio-alto, sin que esto sea un método de valoración de los legalmente previstos, porque la tasación pericial debe ajustarse a un dictamen particularizado, individualizado y porque los valores objetivizados o genéricos de los que se parte no han sido publicados para conocimiento de los administrados ni éstos han tenido posibilidad de impugnarlos, como sucede en las ponencias catastrales.- b) Ausencia de motivación en la valoración y anulabilidad de la comprobación de valores, con indefensión del contribuyente: en este apartado cita la reclamante la Sentencia del Tribunal Supremo de 29-12-1998 que, refiriéndose a la consolidada doctrina jurisprudencial en la materia, reitera que el acto administrativo de valoración de un inmueble debe ser motivado, expresando el modelo o criterios valorativos utilizados y los datos precisos para que el interesado pueda discrepar si lo considera conveniente, de manera que si no se cumplen estos requisitos, aquél se halla indefenso. A partir de ello, el reclamante dice que en el acto de valoración se parte de un valor de mercado al que se aplican unos módulos nada concretos ni individualizados del Colegio Oficial de Arquitectos, que fijan un coste de ejecución, no sabemos exactamente para qué año, ni si son módulos para todo ... y provincia o para el casco urbano céntrico, etcétera; el coeficiente que se aplica a dicho módulo es, según los casos, de 2,2 ó de 1,9, sin que se razone por qué a la calle ... se aplica el primero y a la de ... el 1,9, cuando en los expositivos referentes a localidad y entorno, descripción del inmueble y normativa urbanística el perito de la Administración no hace ningún distingo.- 3) El reclamante alega que se ha conculcado el principio de prescripción y expone una extensa argumentación (páginas 7 a 13 del escrito) que cabe resumir como sigue: La disposición adicional séptima de la Ley 26/1988 exige que las cuotas de arrendamiento financiero aparezcan en los contratos respectivos con diferenciación de la parte que corresponda a la recuperación del valor del bien por la entidad arrendadora y la carga financiera exigida por la misma; ambas tendrán consideración de gasto deducible para el arrendatario, salvo la parte de la segunda que corresponda a terrenos u otros bienes no amortizables, en cuyo caso ha de expresarse diferenciadamente en el contrato; pues bien, concluye el reclamante que estas condiciones se han cumplido, porque los contratos de arrendamiento financiero desglosan la proporción y valores de suelo y construcción y el sujeto pasivo ha utilizado dicho criterio de distribución. El alegante observa que la Ley no establece mecanismo de determinación alternativa de los citados valores, salvo los valores catastrales (artículo 1º 2 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades), por lo que cabe entender que tales valores han devenido firmes, transcurrido el plazo de comprobación administrativa del valor real de los bienes objeto del contrato de "leasing". Por otra parte, el citado artículo reglamentario admite que el sujeto pasivo siga un criterio distinto de distribución del precio de adquisición de las edificaciones, cuando pruebe que se fundamenta en el valor de mercado del suelo y de la construcción; de ahí deduce el interesado que debió ser la Inspección quien solicitara del contribuyente que probara el criterio seguido por éste, en lugar de ser ella -la Inspección- quien acudiera a una nueva valoración, no prevista por la norma y que proyecta sus consecuencias fiscales a ejercicios prescritos; en la citada Disposición Adicional séptima no hay base, según el reclamante, para imputar -como hace el actuario- las primeras cuotas a la recuperación de la parte referente al vuelo, dejando para las últimas la recuperación del suelo. En tercer lugar -dentro de este capítulo relativo a la prescripción o pretendido efecto de la liquidación impugnada sobre ejercicios anteriores a los comprobados- parte el reclamante de imputar a la Inspección y al Tribunal Regional una confusión conceptual, al equiparar "amortización" con "recuperación del coste"; a partir de la debida separación entre ambos, infiere que la repetida Disposición Adicional Séptima en materia de "leasing", no regula la dotación de cuotas de amortización con sus lógicos límites, sino la determinación de la deducibilidad del gasto de la cuota arrendaticia en el caso de bienes no amortizables, cuota arrendaticia que se devenga a lo largo de toda la vida del contrato y que tiene un carácter "estanco", es decir, no está ligada a una anterior o posterior.- 4) Improcedencia de las sanciones.
PRIMERO: Concurren en el presente expediente los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo que son presupuesto para la admisión a trámite de la presente Reclamación Económico-Administrativa, en la que se plantea, ante todo, determinar cuál es el régimen aplicable a las cuotas de arrendamiento financiero de edificaciones y, en función de ello, determinar si cabía a la Inspección revisar la distribución de dichas cuotas en la parte referente a la recuperación del coste del terreno y de la edificación a efectos de su deducibilidad como gasto.- En segundo lugar, en caso afirmativo, si la valoración administrativamente practicada adolece de los defectos que le atribuye el reclamante.- En tercer lugar, si se ha vulnerado el principio de la prescripción.- En cuarto lugar, y si procede, habrá de determinarse si las sanciones impuestas son conformes a Derecho.
SEGUNDO: La Ley 26/1988, de 9 de Julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito dedicó su Disposición Adicional Séptima a la Regulación de las operaciones de arrendamiento Financiero y de la misma conviene reproducir los párrafos siguientes:
"3. Las cuotas de arrendamiento financiero deberán aparecer expresadas en los respectivos contratos diferenciando la parte que corresponda a la recuperación del coste del bien por la entidad arrendadora, excluido el valor de la opción de compra, y la carga financiera exigida por la misma, todo ello sin perjuicio de la aplicación del gravamen indirecto que corresponda.
7. Las entidades arrendadoras deberán amortizar el coste de todos y cada uno de los bienes adquiridos para su arrendamiento financiero, deducido el valor consignado en cada contrato para el ejercicio de la opción de compra, en el plazo de vigencia estipulado para el respectivo contrato".
Se sigue de este precepto que lo deducible para el arrendatario es la carga financiera satisfecha a la entidad arrendadora y la parte de las cuotas referente a la recuperación del coste del bien cedido, en la proporción que corresponda a los elementos del mismo que sean amortizables. Dicho de otra forma, de cada cuota de arrendamiento financiero habrá que excluir, en el caso que nos ocupa, la parte de la misma inherente a la recuperación del valor del suelo por la entidad arrendadora, porque no es deducible para el contribuyente. Esta parte debe constar en el contrato de arrendamiento y así ocurre en el expediente examinado. Es evidente la trascendencia tributaria de la distribución de las cuotas de "leasing" a que nos referimos y de ahí que el precepto transcrito haya de entenderse sin perder de vista el ordenamiento general en materia de comprobación e investigación tributaria (artículos 109 y siguientes de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, aplicable a los ejercicios comprobados); en concreto, se ha de invocar el artículo 121: "La Administración tributaria no está obligada a ajustar las liquidaciones a los datos consignados en sus liquidaciones por los sujetos pasivos". Sería absurdo que la parte de la cuota de arrendamiento financiero que no es deducible como gasto, quedara al arbitrio de las partes del contrato, por mucho que, en cumplimiento del número 6 anteriormente reproducido, la hayan hecho figurar en el contrato. Que tal proporción quedara fuera de las posibilidades fiscalizadoras de la Administración tributaria sería incompatible con el ordenamiento jurídico en materia de liquidaciones tributarias, de comprobación e investigación y de ahí que hayamos de rechazar la tesis del interesado cuando pretende negar a la Inspección facultades para revisar la discutida proporción de la cuota de "leasing". Tal revisión es posible y compete en este caso a la Inspección, que puede hacer uso de los servicios de valoración de la Agencia Tributaria, como hizo en efecto, con el fin de regularizar la situación tributaria del sujeto pasivo. No se opone a esta conclusión el artículo 1 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades que el reclamante invoca, cuando preceptúa que si no se conoce el valor del suelo, se calculará prorrateando el precio de adquisición entre los valores catastrales de éste y de la construcción y que el sujeto pasivo podrá utilizar un criterio de distribución distinto cuando pruebe que se fundamenta en los respectivos valores de mercado: ambas posibilidades alternativas -valor catastral o criterio del sujeto pasivo- son compatibles con la comprobación administrativa de la realidad del valor del suelo y de la construcción que a la Administración corresponde, según acabamos de ver.
TERCERO: La facultad comprobadora de la Administración tiene relevancia, en el caso que nos ocupa, sobre el Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas de los ejercicios 1995 y siguientes, no prescritos y de ahí que no atente contra el principio de prescripción que el reclamante invoca. Cosa distinta es lo argumentado en cuanto a la incidencia que la valoración practicada pueda tener sobre el mismo IRPF, pero de ejercicios ya prescritos. La cuestión estriba en que, según la Inspección, antes de que comenzara el primero de los períodos comprobados ya habían sido satisfechas por el interesado cuotas de arrendamiento financiero en cuantía suficiente para que se produjera la recuperación, por el arrendador, de la totalidad del coste de los elementos amortizables (construcción). Más concretamente: siguiendo los valores fijados en los respectivos contratos, el interesado consideró unos porcentajes de valor de la construcción sobre el coste total de los respectivos locales, iguales al 85 por 100 (salvo en el local de la calle ..., en que es del 65,93 por 100); en cambio, la Inspección practica su liquidación según unos porcentajes que en ningún caso son superiores al 18,01 por 100. Como consecuencia de ello, la Inspección considera que con las cuotas deducidas y correspondientes a los ejercicios anteriores a 1995, el contribuyente ya ha cubierto con creces el valor de la construcción, amortizable, lo que impide que pueda admitirse como deducible la parte correspondiente a la construcción sobre las cuotas de los ejercicios comprobados. Ésta es una de las alegaciones del reclamante, que encuadra en las referentes a la pretendida vulneración del principio de prescripción. Con independencia de ello, hay que examinarla dentro de este primer conjunto de materias, referente al régimen aplicable a las cuotas de arrendamiento financiero y su deducibilidad como gasto. Pues bien, aquí hemos de dar la razón al contribuyente, porque su tesis en este punto es conforme a Derecho: si la Inspección considera que la proporción de los elementos amortizables sobre el coste total de los locales es, por ejemplo, del 15 por 100, esta valoración ha de aplicarse a todas y cada una de las cuotas satisfechas; carece de apoyo legal entender que, hasta 1 de enero de 1995, dicha proporción fue la aplicada por el reclamante (y por tanto muy superior a la aceptada por la Inspección) mientras que, desde esa fecha, prevalece la administrativamente fijada. Del régimen contenido en los párrafos anteriormente transcritos de la Disposición Adicional Séptima cabe inferir el carácter "estanco" que el interesado predica: en todas y cada una de las cuotas la proporción es la que haya de ser conforme a Derecho, sin que quepa atribuir al contribuyente opción alguna para, aún dentro de ciertos límites, como ocurre en las amortizaciones por depreciación, modificar a su arbitrio el importe deducible anualmente. Se sigue de lo dicho que no puede tomarse como conforme a Derecho el criterio inspector consistente en dar por totalmente recuperado el coste de los elementos amortizables en ejercicios previos a los ahora comprobados, sino que, por el contrario, ha de aplicarse a cada período impositivo la parte que deba tomarse como pertinente a los elementos amortizables.
CUARTO: La segunda cuestión planteada se refiere a los defectos, que el contribuyente cree ver, en el procedimiento de valoración encaminado a fijar qué parte del coste de los locales cedidos es imputable a elementos amortizables y qué otra corresponde al solar. Examinado el expediente, se ve en él (Anexo 10, páginas 167 y siguientes del expediente de gestión) que cada uno de los informes de valoración está firmado por el arquitecto de Hacienda de la Delegación Especial de ...; comienza por identificar el local respectivo y describir su localización (Ciudad de ..., distrito de ...) y descripción del inmueble, con expresión de su superficie. A continuación se expresa el respectivo valor en venta por metro cuadrado, valor que en todos los casos es muy próximo al fijado en la escritura de arrendamiento financiero firmada por la comunidad de bienes en que participa el contribuyente; el paso siguiente consiste en distribuir dicho precio entre cuatro componentes: valor del suelo, valor de la construcción, gastos de promoción y beneficio de la promoción. El primero de ellos es la incógnita de la ecuación planteada, consistente en la igualdad entre el precio y sus cuatro componentes y de ahí que el método utilizado sea el llamado "residual", puesto que el valor del suelo es el resultante de detraer, del valor total, el de los restantes elementos que lo integran; el valor de la construcción se determina en virtud de módulos del Colegio Oficial de Arquitectos de ... mediante la multiplicación de un importe básico (que varía, según los casos, entre 23.800 y 33.400 pesetas (143,04 y 200,74 €), por un coeficiente (2,2 para la construcción de tipo "alto" o bien 1,9 para el tipo "medio-alto"); al producto obtenido se añade un 37 por 100 en concepto de gastos generales del constructor, honorarios profesionales, licencias, tributos no recuperables y beneficio industrial del constructor. Los costes de promoción se estiman en el 20 por 100 de la suma de los dos conceptos anteriores (solar más construcción) y el beneficio de promoción en el 15 por 100 de la suma de los tres anteriores. Por diferencia obtienen los Servicios de Valoración unas proporciones del valor de la construcción que oscilan, según los casos, entre el 11,09 y el 18,01 por 100.
A la vista de lo anterior cabe deducir que los discutidos Informes de Valoración han sido suscritos por profesional competente para ello, que identifican los locales objeto de valoración y que contienen los elementos imprescindibles para que la valoración quede justificada; se identifica el origen de los módulos tomados en cuenta (el Colegio de Arquitectos de ...) y ello posibilita que el interesado conozca con todo detalle la fundamentación de la tasación practicada y argumente lo que considere oportuno si discrepa de ella. Es verdad que, como alega el reclamante, los Servicios de valoración aplican el coeficiente 2,2 en el caso de los locales de la calle de ... y ..., mientras aquél es de 1,9 en el situado en la calle de ..., sin que en el propio Informe se describan diferencias entre unos y otro que den razón de tal diferencia; pero ha de tenerse en cuenta que en este caso no se trata de valorar los inmuebles, sino de distribuir su valor total entre sus dos componentes básicos (suelo y construcción) y que precisamente el local situado en la calle de ... es el que recibe un valor total más bajo en relación con los restantes, tanto en el contrato de arrendamiento financiero como en el Informe de Valoración respectivo, lo que es congruente con la aplicación de un coeficiente menor. Por otra parte, el recurrente alega que no se sabe exactamente a qué año se refieren los módulos aplicados, ni si son módulos para todo ... y provincia o para el casco urbano céntrico, etcétera; cabe responder que todo ello puede determinarse sin más que consultar los citados módulos en el propio Colegio Oficial y es entonces cuando el interesado podría haber señalado, en caso de que existieran, incongruencias o inadecuaciones entre los módulos y las circunstancias de los locales en cuestión, pero no consta que tal cosa haya tenido lugar. Estamos, por tanto ante unos dictámenes o Informes de valoración individualizados para cada inmueble, porque en cada uno se describen suficientemente cada uno de ellos y se aplican los valores o módulos que se considera pertinentes a cada uno. El hecho de que, como dice el recurrente, no haya posibilidad de impugnar tales módulos "como sucede en las ponencias catastrales" no implica que el procedimiento de valoración sea irregular, como pretende: el artículo 52 de la Ley General Tributaria de 28-12-1963, establecía diversos medios de comprobación administrativa de los bienes, siendo uno de ellos los precios medios de mercado y otro el dictamen de peritos de la Administración, sin que exigiera que sus bases fueran objeto de aprobación mediante acto administrativo. Eso sí, cuando el contribuyente esté en desacuerdo con el resultado, podrá promover la tasación pericial contradictoria en los términos allí previstos, así como también reclamar contra la liquidación efectuada sobre la base de aquél.
Como resumen y conclusión de lo expuesto, cabe decir que no se ha vulnerado en este caso el procedimiento legalmente establecido para efectuar las valoraciones discutidas, ni están carecen de motivación. Cosa distinta es la posibilidad que asistía al contribuyente de promover la citada tasación contradictoria dentro de los términos legalmente previstos.
QUINTO: La tercera cuestión -si se ha vulnerado el principio de la prescripción- ha sido ya examinada en los Fundamentos de Derecho Segundo y Tercero; sólo falta añadir que el hecho de haber prescrito el derecho de la Administración para comprobar el valor de los inmuebles cedidos en arrendamiento financiero a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, no impide que la distribución del valor de los locales, relevante a efectos del IRPF, pueda comprobarse por la Administración Tributaria, ya que se trata de conceptos tributarios distintos. Procede ahora, por tanto, abordar el punto cuarto y último, referente a las sanciones. Debe observarse, ante todo, que en función de lo considerado en dichos Fundamentos, la sanción, en caso de ser procedente, habrá de girar sobre la cuota que resulte de lo allí concluido. Hecha esta salvedad, entramos en la cuestión que ahora nos ocupa y empezamos por observar que la conducta del interesado ha consistido en deducir de la cuota -para determinar los rendimientos empresariales obtenidos mediante la Comunidad de Bienes- unos gastos superiores a los que en Derecho procedían, como consecuencia de distorsionar la proporción que sobre el valor total de los locales arrendados, representan los elementos susceptibles de amortización. Como acertadamente señala el Tribunal Regional, en su Resolución recurrida, "estamos ante una distribución del valor de unos locales entre el suelo y la construcción claramente desproporcionada, alejada de la realidad y prácticamente inversa a la que resulta del catastro, desproporción que se pone de manifiesto por el gabinete Técnico y de Valoraciones de la Delegación en los informes emitidos y que obran en el expediente". La consecuencia de este proceder fue haber dejado de ingresar la cuota que legalmente correspondía y esta conducta no puede atribuirse a la dificultad de interpretación de las normas jurídicas, por oscuridad de éstas, sino, al menos, a una negligencia o descuido del contribuyente a la hora de formular sus declaraciones tributarias. Por tanto, ha de confirmarse la existencia de infracción tributaria grave.
EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, en SALA, en la reclamación económico-administrativa, en única instancia, interpuesta por DON ... contra Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de ... de fecha 25 de mayo de 2004 recaída en reclamaciones acumuladas ... y ..., referente a liquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicios 1995, 1997 y 1998 y ejercicio 1996, así como a la respectiva sanción, ACUERDA: 1º) Estimar en parte el recurso y, por tanto, anular la Resolución recurrida y las liquidaciones impugnadas.- 2º) Ordenar la práctica de nuevas liquidaciones de cuota e intereses de demora, de forma que la primera quede determinada según lo considerado en el Fundamento de Derecho Tercero de la presente Resolución.- 3º) Ordenar se practiquen nuevas liquidaciones de sanción, cuya base sea la resultante de lo dispuesto en el número anterior.
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 artículo 121
 artículo 1
 artículo 52
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