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Timestamp: 2019-05-23 00:51:45+00:00

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C-496 de 2015
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20030027082CC-SENTENCIAC496201505/08/2015CC-SENTENCIA_C_496__2015_05/08/2015300270802015Sentencia C-496/15 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL- Autenticidad de los elementos materiales probatorios y la evidencia física sometidos a cadena de custodia DEBER DE ASEGURAR ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS GARANTIZANDO LA CADENA DE CUSTODIA- No hay afectación por existir otros medios de autenticación de las pruebas AUTENTICIDAD DE ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FISICA NO SOMETIDOS A CADENA DE CUSTODIA- No vulnera el debido proceso probatorio AUTENTICIDAD DE ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FISICA NO SOMETIDOS A CADENA DE CUSTODIA- No vulnera el principio de justicia AUTENTICIDAD DE ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FISICA- Juez debe verificar el método a utilizar distinto a la cadena de custodia DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD- Requisitos/ DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD- Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PROCESAL- Alcance PROCEDIMIENTOS JUDICIALES Y FORMAS PROPIAS DE CADA JUICIO- Amplia potestad de configuración normativa LIBERTAD DE CONFIGURACION NORMATIVA DEL LEGISLADOR- Límites LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA- No es absoluta LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA- Principios de proporcionalidad y razonabilidad NORMAS PROCESALES- Legitimidad está dada en función de su proporcionalidad y razonabilidad LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PROBATORIA- Alcance LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PROBATORIA- Discrecionalidad /LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PROBATORIA- Límites LEGISLACION EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO Y PROBATORIA- Límites LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PROCESAL Y PROBATORIA- Amplia potestad discrecional DEBIDO PROCESO EN MATERIA PENAL- Alcance DEBIDO PROCESO- Concepto y finalidad DEBIDO PROCESO- Necesidad de racionalizar el ejercicio del poder público y privado DEBIDO PROCESO- Características DEBIDO PROCESO- Aplicación a todo tipo de actuaciones judiciales y administrativas DEBIDO PROCESO- Aplicación inmediata DEBIDO PROCESO- No puede suspenderse en estados de emergencia DEBIDO PROCESO- Se predica respecto de todas las partes e intervinientes y durante todas las etapas del proceso DERECHO AL DEBIDO PROCESO- No es absoluto DEBIDO PROCESO- Regulación depende del legislador por tratarse de un derecho de configuración legal DERECHO AL DEBIDO PROCESO- Consagración internacional DEBIDO PROCESO- Garantías esenciales DERECHO AL JUEZ NATURAL- Garantía del debido proceso JUEZ NATURAL- Principios de especialidad y predeterminación legal DERECHO AL JUEZ NATURAL- Definición previa de jueces competentes DERECHO AL JUEZ NATURAL- Doble garantía DERECHO A SER JUZGADO CON LA PLENITUD DE LAS FORMAS PROPIAS DE CADA JUICIO- Reglas mínimas DERECHO A LA DEFENSA- Concepto DERECHO A LA DEFENSA- Consagración constitucional e internacional DERECHO A LA DEFENSA- Se proyecta con mayor intensidad y adquiere mayor relevancia en el escenario del proceso penal desde el ámbito internacional DERECHO AL DEBIDO PROCESO- Implica la posibilidad de realizar una efectiva defensa judicial DERECHO A LA DEFENSA EN MATERIA PENAL- Modalidades /DERECHO A LA DEFENSA MATERIAL- Definición/ DERECHO A LA DEFENSA TECNICA- Definición DERECHO A LA DEFENSA TECNICA- Carácter intemporal DERECHO AL DEBIDO PROCESO PUBLICO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS- Garantía esencial del debido proceso DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA- Fidelidad al principio de celeridad y toma de decisiones eficaces DERECHO A QUE DECISIONES SE ADOPTEN EN UN TERMINO RAZONABLE SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS- Consagración internacional DERECHO AL PLAZO RAZONABLE- Criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para establecer la razonabilidad del plazo DERECHO AL DEBIDO PROCESO- Vulneración por la inobservancia de los términos judiciales DERECHO AL DEBIDO PROCESO- Imparcialidad del juez DEBIDO PROCESO PROBATORIO- Relación con el debido proceso DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA- Derecho a la prueba PRUEBAS- Importancia y práctica DEBIDO PROCESO PROBATORIO- Desconocimiento genera una vía de hecho DERECHO A LA PRUEBA- Anomalías que desconozcan de manera grave e ilegítima constituyen un defecto fáctico DEBIDO PROCESO PROBATORIO- Procedencia de la acción de tutela cuando se vulnera el derecho a la prueba ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES- Procedencia de vía de hecho por defecto fáctico en la actividad probatoria DEBIDO PROCESO PROBATORIO- Garantías mínimas DEBIDO PROCESO PROBATORIO- Derecho a presentar y solicitar pruebas/ DERECHO A PRESENTAR PRUEBAS- Carácter fundamental autónomo/ DEBIDO PROCESO PROBATORIO- Ambito internacional DEBIDO PROCESO PROBATORIO- Derecho a controvertir las pruebas que se presenten en contra DEBIDO PROCESO PROBATORIO- Derecho a la publicidad de la prueba/ DERECHO A LA PUBLICIDAD DE LA PRUEBA- Esencial para asegurar el derecho de contradicción DEBIDO PROCESO PROBATORIO- Derecho a la regularidad de la prueba PRUEBAS- Derecho a que se decreten y practiquen las necesarias para asegurar el principio de realización y efectividad de los derechos DEBIDO PROCESO PROBATORIO- Derecho a que juzgador evalúe las pruebas incorporadas al proceso/ VIA DE HECHO- Falta de apreciación y evaluación de las pruebas CADENA DE CUSTODIA- Alcance CADENA DE CUSTODIA- Concepto y naturaleza/ CADENA DE CUSTODIA- Finalidad CADENA DE CUSTODIA- Consagración constitucional y legal FISCALIA GENERAL DE LA NACION- Deber de asegurar elementos materiales probatorios garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción/ DEBER DE ASEGURAR ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS GARANTIZANDO LA CADENA DE CUSTODIA- Evita afectar el poder demostrativo de pruebas recaudadas que puedan acreditar la inocencia o culpabilidad de una persona /FISCALIA GENERAL DE LA NACION- No elimina ni limita deber de asegurar la cadena de custodia de elementos materiales probatorios recaudados Referencia: expediente D-10451 Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 2º del artículo 277 de la Ley 906 de 2004. Actor: Luz Amparo Vera López Magistrado Ponente: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB Bogotá D. C., cinco (5) de agosto de dos mil quince (2015). La Sala Plena de la Corte Constitucional , conformada por los magistrados María Victoria Calle Correa -quien la preside-, Myriam Ávila Roldán, Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes,
Luz Amparo Vera LópezCONSTITUCIONALIDADJorge Ignacio Pretelt ChaljunbDemanda de inconstitucionalidad contra el inciso 2º del artículo 277 de la Ley 906 de 2004. D-10451Identificadores20030091714true1177860original30091704Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 2º del artículo 277 de la Ley 906 de 2004.
DERECHO A LA DEFENSAEN MATERIA PENAL-Modalidades/DERECHO A LA DEFENSA MATERIAL-Definición/DERECHO A LA DEFENSA TECNICA-Definición
ARTÍCULO 277. AUTENTICIDAD.Los elementos materiales probatorios y la evidencia física son auténticos cuando han sido detectados, fijados, recogidos y embalados técnicamente, y sometidos a las reglas de cadena de custodia.
Violación del artículo 250 de la Constitución
Señala que la norma desconoce el numeral 3º del artículo 250 de la Constitución que establece que corresponde a la Fiscalía General de la Nación: “Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción”, pues permite que el investigador pueda utilizar otro método para autenticarlos. En este sentido, afirma que esta norma permite que la Fiscalía General de la Nación y los demás sujetos procesales puedan demostrar la autenticidad de elementos materiales probatorios y evidencia física, a través de medios distintos a la cadena de custodia, vulnerando directamente lo señalado en el artículo 250 de la Constitución.
Manifiesta que debido a la ambigüedad y falta de especificidad de la norma demandada, existe un margen amplio para que se genere la vulneración del artículo 250 de la Constitución Nacional, pues la disposición no establece si es la Fiscalía o la defensa, quienes por prerrogativa legal, tienen la facultad de no someter a cadena de custodia los elementos materiales probatorios y la evidencia física.
Violación del artículo 29 de la Constitución
Expresa que el inciso demandado vulnera el artículo 29 de la Constitución, pues permite que se presenten pruebas con violación del debido proceso, pues los elementos probatorios y la evidencia física no sometidos a cadena de custodia, contienen un valor persuasivo y probatorio insignificante.
En este sentido, afirman que la propia Corte Suprema de Justicia en sentencia del veintiuno (21) de febrero de dos mil siete (2007)[1] señaló que los principios de inmediación, publicidad y contradicción se ven afectados cuando se presentan elementos materiales probatorios o evidencia física con un testigo de acreditación sin haber cumplido la cadena de custodia, por lo cual contienen un valor “suasorio” y probatorio menguado.
Señalan que el artículo 277 de la Ley 906 viola la Constitución Política pues el Constituyente visó en la cadena de custodia un requisito de legalidad, pues constituye un elemento esencial del debido proceso que no es un simple método de investigación sin incidencia, sino que afecta el deber que impone un mandato constitucional contemplado en el numeral 3º del artículo 250 de la Constitución en materia de recolección de los elementos materiales probatorios y las evidencias físicas.
Expresa que el legislador otorgó a la cadena de custodia la calidad de elemento esencial del debido proceso, por lo tanto no es suficiente utilizar un testigo de autenticación o acreditación para establecer que los elementos probatorios son los mismos presentados si no se cuenta con una cadena de custodia. Al respecto agrega que en la Sentencia C – 540 de 2012, la Corte Constitucional ha señalado que la cadena de custodia es fundamental para preservar el debido proceso.
Violación del preámbulo de la Constitución
Aduce que existe una violación directa al Preámbulo de la Constitución Nacional, teniendo en cuenta que la norma transgrede el principio de justicia como valor dentro del ordenamiento jurídico, pues establece una excepción no contemplada en los valores y principios rectores del procedimiento penal, por lo tanto no debería incluirse como regla.
Señala que el numeral en mención se debe observar en concordancias en concordancia con las expresiones del Preámbulo Constitucional “asegurar a sus integrantes la justicia… y un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo”, el párrafo final del artículo 29 de la Constitución Política y el principio rector del procedimiento penal sobre la exclusión de las pruebas obtenidas con violación del debido proceso.
Señala que el inciso demandado no vulnera los preceptos constitucionales señalados por la accionante, pues no convalida la presentación en el proceso penal de pruebas de carácter ilícito, sino que simplemente establece las condiciones básicas por medio de las cuales los elementos materiales probatorios, que no han sido sometidos a cadena de custodia, puedan ser allegados al proceso demostrando su autenticidad.
Manifiesta que la cadena de custodia no es un fin en sí mismo dentro del proceso penal, sino que se trata de un mecanismo que tiene por objeto asegurar la autenticidad del material probatorio y la evidencia física allegada al proceso, y no tiende a garantizar la legalidad y licitud de los mismos.
Afirma que la norma tenía como finalidad constituir el presupuesto que cuando no se cumple en estricta forma los procedimientos y protocolos, establecidos de la cadena de custodia sobre los elementos materiales probatorios y evidencias físicas, quien los aporta tiene la carga de probar su veracidad.
Expresa que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha sido reiterativa en señalar la validez de la carga procesal en cabeza de la parte que presenta elementos probatorios y evidencia física, que no han sido sometidos a cadena de custodia. Esta obligación consiste en asumir la demostración de la autenticidad de tales elementos por medio de los diferentes procedimientos establecidos por la ley para ello.
Aduce que con base en la jurisprudencia del Tribunal de cierre en materia penal, se ha concluido que el hecho que no se cumpla con el procedimiento de cadena de custodia, o no se lleva a cabo en la forma correcta, no implica que por este solo motivo el elemento probatorio o la evidencia física se vea afectado de ilegalidad.
Respecto a la vulneración del artículo 250 de la Carta Política, señala que la obligación plasmada en el precepto constitucional, consistente en que la Fiscalía debe “asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción”, no contraría la validez del hecho que se permita el ingreso del material probatorio y evidencia física en el proceso penal de aquel que no hayan sido objeto de la cadena de custodia, con el fin que el juez competente realice su valoración siempre y cuando el aportante demuestre la autenticidad de la misma.
Considera que la demandante parte de un supuesto errado según el cual considera que la cadena de custodia es una forma de obtención de evidencia. Enfatiza en que el error consiste en que la accionante intentó equiparar las formas de obtención de la prueba, con los métodos de preservar la autenticidad de la misma.
Expresa que con base en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia la regla de exclusión es aplicada a los medios probatorios ilícitos o ilegales, no ante aquellos respecto de los que se discuta la cadena de custodia, acreditación o autenticidad, por lo tanto la demanda presentada resulta inconsistente.
Asegura que no puede llegarse a afirmar que exista un derecho fundamental de cadena de custodia ya que este es solo uno de los métodos otorgados por el legislador para salvaguardar la autenticidad de la evidencia más no su legalidad. Esta distinción tiene gran relevancia en la medida en que las fallas que ocurren en razón de la autenticidad de la prueba, no configura la nulidad de la misma o eventualmente del proceso.
Afirma que la norma acusada no permite que se alleguen al proceso pruebas ilícitas o ilegales. El precepto tiene como ultima finalidad dejar que las partes puedan llevar evidencia física y material probatorio, que aunque no hayan sido sometidos a cadena de custodia, sean auténticos.
Manifiesta que en varios pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación, se ha establecido que la cadena de custodia no es un fin en sí misma, sino uno de los mecanismos por medio del cual se asegura la autenticidad del material probatorio, lo cual no influye dentro de la legalidad o licitud de la misma.
Establece que existe una diferencia sustancial entre la autenticidad y la legalidad de la prueba. La primera se refiere a la existencia misma de la prueba y su veracidad, mientras que la segunda implica que la prueba se
Finalmente, asegura que la norma no contraría el artículo 250 de la Constitución, en cuanto al hecho de que el precepto constitucional otorgue la obligación a la Fiscalía General de la Nación de ser el garante del material probatorio por medio de la cadena de custodia, no implica que exista una riña con que la parte interesada lleve al juicio una prueba que no haya sometido a la cadena desde el principio, sin quitar la obligación de demostrar la autenticidad del material probatorio.
Ministerio de Defensa Nacional. Policía Nacional.
Realiza una línea jurisprudencial de los fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, respecto de la cadena de custodia. Por medio de este análisis, se pudo concluir que la Alta Corporación de cierre en materia penal, ha otorgado al juez de la causa, la facultad de pronunciarse respecto de la legalidad o ilegalidad de la prueba con base en el principio de inmediación.
Aduce que en virtud del principio de inmediación, debe declararse la constitucionalidad de la norma atacada, pues la Constitución y la Ley desde siempre han conferido la facultad al juez de decidir los casos que lleguen a su despacho, siempre y cuando garantice el cumplimiento de la ley. Considera que la norma acusada da lugar a que se efectué la libre apreciación del funcionario judicial, y como consecuencia, se materialice el principio de inmediación judicial.
Manifiesta que la defensa cuenta con otros mecanismos para garantizar la autenticidad del material probatorio o evidencia física allegada al proceso.
Afirma que la demanda no reúne los requisitos de especificidad y suficiencia, pues, a pesar que la accionante hubiese realizado un análisis legal de las normas que se ven transgredidas, no aduce de manera concreta la razón por la que se conforma la violación a los preceptos constitucionales.
Señala frente al cargo de vulneración de los artículos 29 y 250 de la Carta Política, la accionante realizó una trascripción de las causales y la forma de romper la cadena de custodia sin afectar el debido proceso. No obstante lo anterior, considera que esto guarda relación con la norma acusada, ya que esta última no tiene que ver con la cadena de custodia.
Finalmente asevera que la falta de especificidad y precisión en los argumentos, conlleva a que los mismos terminen siendo insuficientes para desvirtuar la constitucionalidad de la norma acusada.
Universidad Libre: Facultad de Derecho, Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional.
Afirman que la demanda no contiene argumentos jurídicos suficientes por medio de los cuales se pueda deducir el surgimiento de una vulneración a la Carta Política.
Señalan que no se cumple con el presupuesto de claridad en la presentación de la acción de constitucionalidad, en la medida en que el lector no puede seguir el hilo conductor de la demanda y la justificación de la misma.
Manifiestan que los argumentos esgrimidos dentro de la acción son vagos, indeterminados, indirectos y abstractos por lo tanto por medio de los mismos no se puede definir con claridad la manera como la disposición demandada vulnera la Constitución Política.
Consideran que la demanda no cuenta con los elementos de juicio necesarios para que se cause una duda razonable respecto de la inconstitucionalidad de la norma.
Igualmente, establecen que en los casos en que hay lugar a que proceda la cadena de custodia, son obligatorios los procedimientos propios de la misma y si estos no son cumplidos a cabalidad, terminaría siendo ineficaz. La norma se refiere a los casos en los cuales es imposible recaudar el material probatorio en el lugar de los hechos bajo la cadena de custodia, por lo que da la posibilidad a las partes de aportar otro material probatorio con la obligación de verificación de autenticidad, situación que protege el debido proceso y demás principios que deben regir el proceso penal.
Aducen que la norma es exequible en cuanto permite que el material probatorio que inicialmente no estuvo bajo la cadena de custodia, sea tenido en cuenta dentro de proceso penal si se prueba la autenticidad del mimo, obligación que se encuentra en cabeza de quien la aporta. Esta precisión no implica que aquellos elementos probatorios que deban ser sometidos a cadena de custodia, no cumplan con la totalidad de las previsiones determinadas para el caso concreto.
Realiza un análisis sobre la jurisprudencia emitida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia frente al tema de cadena de custodia. Al respecto concluyó que la jurisprudencia no ha sido estática ni pacífica, pues existen dos (2) grupos de sentencias: (i) las que consideran que las fallas en el proceso de cadena de custodia de evidencias físicas inciden en la valoración de la prueba y no en su legalidad, y (ii) las que estiman que las fallas contenidas en el proceso de cadena de custodia inciden en la legalidad misma de la prueba.
Considera que los fallos que guardan relación con la segunda teoría, tienen correspondencia con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que considera que adelantar procesos sin las debidas garantías, conlleva a la invalidez del proceso y de la sentencia emitida.
No obstante lo anterior, no todos los materiales probatorios y evidencias físicas son susceptibles de ser regidos bajo la cadena de custodia, e igualmente existen situaciones que no son previsibles. Estas situaciones conllevan a que la norma resulte siendo acertada, en la medida en que abre la posibilidad a que cualquiera de las partes, presente evidencia física y material probatorio diferente a las referidas en el inciso primero del art 277 de la Ley 906 de 2004. Todo lo anterior, previo al cumplimiento de la demostración de la legalidad y autenticidad de la prueba que se allega al proceso. El juez debe pronunciarse sobre la admisibilidad de la misma y posteriormente sobre su valor probatorio.
Señala que la cláusula de exclusión se refiere a que toda prueba que haya sido obtenida con violación al debido proceso debe ser excluida del proceso adelantado, por lo tanto si el legislador autorizara la obtención de material probatorio con el desconocimiento de los elementos del debido proceso, esta norma resultaría ampliamente inconstitucional.
Manifiesta que el respeto de la cadena de custodia es un mandato de carácter constitucional plasmado en el artículo 250 de la Carta Política para garantizar la autenticidad de medios probatorios con el fin de permitir la materialización del debido proceso. Igualmente la Constitución no la prescribe como una exigencia para todo tipo de pruebas, sino que se limita a los elementos materiales.
Afirma que no existe una definición exhaustiva del fenómeno referente a la cadena de custodia, por lo tanto, el legislador tiene un amplio margen de configuración para establecer que es un elemento material y cuáles son los componentes esenciales de la cadena de custodia. Igualmente, tiene la libertad para determinar las obligaciones exigibles a los sujetos procesales. Sin embargo, el legislador estableció unos lineamientos generales que deben ser entendidos como una obligación para garantizar la autenticidad y que además tienen su fuente en la Constitución Nacional.
Señala que la aplicación de la cadena de custodia no es uniforme en todos los casos, las particularidades de la estrategia investigativa de la Fiscalía General de la Nación determinarán los procedimientos a aplicar. En este mismo sentido, sería inconstitucional que se sustrajera a la Fiscalía General de la Nación la obligación de garantizar la cadena de custodia. También lo sería el hecho que el legislador hiciera nugatoria la cadena de custodia a través de una definición restringida de lo que es un elemento material probatorio.
Afirma que no obstante lo anterior, la demanda de inconstitucionalidad radica en que la accionante considera que la norma permite que algunos medios probatorios se incluyan dentro del juicio sin que se haya respetado la cadena de custodia, lo cual no tiene vocación de prosperidad ya que la misma Constitución no decreta que todo tipo de material probatorio se someta a la misma, ni la establece como obligación para todos los sujetos procesales.
Manifiesta que como la obtención de las pruebas en el proceso acusatorio solo se hace efectiva ante el juez, lo cual supone que resulta equivoco estimar que el rompimiento de la cadena de custodia o su inobservancia sea irrelevante para la obtención de las pruebas, como elemento del debido proceso.
Por otro lado, considera que el legislador no puede permitir el incumplimiento de la cadena de custodia, ni que el ente acusador utilice otros medios innominados o indeterminados de acreditación. Por lo tanto, la posición que se tiene es distante de la establecida por la Corte Suprema de Justicia, en la medida en que se cree que la disposición acusada permite que se introduzcan al juicio elementos probatorios sobre los cuales se debió respetar la cadena de custodia, pero no se hizo, acudiendo en este caso a otros medios de identificación. Esta disposición sustrae a la Fiscalía General de la Nación de su deber legal de salvaguardar la cadena de custodia, como elemento estructural del debido proceso para la obtención de la prueba en el juicio oral.
Sin embargo, el Ministerio Público medita que la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma resultaría vulneratoria de principios fundantes del proceso penal ya que de no existir la norma, las partes interesadas en practicar pruebas que no deban conservarse a través de la cadena de custodia, estarían exentas de demostrar su autenticidad.
Como consecuencia de lo anterior, el Ministerio Público considera que la Corporación debería emitir un fallo que precise que la norma demandada debe ser entendida como una garantía del debido proceso para la demostración de la autenticidad de aquellas pruebas que no se encuentren sometidas a la cadena de custodia, pero no puede ser concebida como una excepción en los eventos en donde si exista la obligación de aplicarla.
APTITUD DE LOS CARGOS FORMULADOS EN LA DEMANDA
3.2.2. Por otro lado, en la Sentencia C-1052 de 2001, esta Corporación señaló las características que debe reunir el concepto de violación formulado por el demandante, estableciendo que las razones presentadas por el actor deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentesysuficientes[3], requisitos cumplidos por los cargos formulados por la demandante:
LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN DEL LEGISLADOR EN MATERIA PROCESAL
La libertad de configuración en materia probatoria
EL ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO EN MATERIA PENAL
Debe aplicarse a todo tipo de actuaciones judiciales y administrativas.
Es de aplicación inmediata
No puede suspenderse en estados de emergencia
Se predica respecto de todas las partes e intervinientes y durante todas las etapas del proceso
El debido proceso no se predica solo respecto de los derechos de acusado sino de todos los intervinientes del proceso[53]. Adicionalmente, el este derecho es aplicable durante todas las etapas del proceso[4], si bien sus aplicación concreta puede variar en cada fase.
Su regulación depende del legislador
Los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagran el derecho al debido proceso legal al desarrollar los principios de igualdad, presunción de inocencia, legalidad, doble instancia e independencia e imparcialidad judicial.
La Convención Americana de Derechos Humanos, contempla en los artículos 8 y 25 el derecho al debido proceso legal en el sentido de establecer las garantías judiciales propias de este derecho y los principios de la protección judicial. Al igual que en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se consagran el derecho a ser oído, la presunción de inocencia, el principio de legalidad, y la independencia e imparcialidad judicial, y además el derecho de defensa, el derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior, el principio de non bis in ídem.
En virtud de lo anterior la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido el debido proceso como “el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial”[58]
En estos términos, la Corte dispuso que el debido proceso es aplicable a todos los procedimientos que signifiquen la toma de decisiones que afecten los derechos de las personas vinculadas al mismo, por lo que consideró que en virtud del mismo deben observarse determinadas garantías mínimas.[59]
Conforme a lo anterior, toda persona sujeta a un juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado deberá contar con la garantía de que dicho órgano sea imparcial y actúe conforme con el procedimiento legalmente previsto para el conocimiento y la resolución del caso que se le somete.[60]
En este sentido, diversas opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han referido a la importancia y el alcance del debido proceso, dentro de las cuales cabe destacar la OC-11 del 10 de agosto de 1990:
Concretamente en materia penal, se ha reconocido que en caso de la comisión de una conducta punible es deber del Estado realizar una investigación seria, imparcial sujeta a las exigencias del debido proceso para esclarecer los hechos.[61]
En este sentido, la CADH contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius puniendi del Estado y que pretenden asegurar que el imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias, dentro de las cuales se destacan las siguientes:
El derecho a ser oído por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad a la ley[62].
El derecho a un plazo razonable, es decir a que el proceso se tramite sin dilaciones injustificadas, respecto de lo cual es necesario analizar tres (3) elementos[63]: (i) la complejidad del asunto, (ii) la actividad procesal del interesado y (iii) la conducta de las autoridades nacionales. En relación con la conducta de las autoridades nacionales la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “(L)a investigación que deben emprender los Estados debe ser realizada con la debida diligencia, puesto que debe ser efectiva[64]. Esto implica que el órgano que investiga debe llevar a cabo, dentro de un plazo razonable todas aquellas diligencias que sean necesarias con el fin de intentar obtener resultado”[65]
El derecho a la presunción de inocencia[66], con diversas consecuencias como que la carga probatoria corresponde a quien acusa y no al acusado[67] y que nadie puede ser privado de su libertad personal sino por las causas, los casos o circunstancias expresamente tipificados en la ley y con sujeción a los procedimientos contemplados en la misma[68].
El derecho a la defensa, el cual implica una serie de garantías en el proceso penal dentro de las cuales se destacan las siguientes: (i) el derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor o interprete si no se habla el idioma, (ii) el derecho a ser informado de las acusaciones imputadas[69], (iii) la concesión del tiempo y los medios para la protección de la defensa[70], (iv) el derecho a defenderse o a ser asistido por un defensor[71] (v) el derecho a ser defendido por un defensor proporcionado por el Estado si no se tiene recursos para contratar un[72]o (vi) el derecho a contra interrogar a los testigos y a obtener la comparecencia de personas que puedan arrojar luz sobre los hechos[73], (vii) el derecho a no ser obligado a no declarar contra sí mismo ni a declararse culpable[74] y (viii) el derecho a impugnar el fallo condenatorio[75].
Así mismo también se han reconocido otros derechos como la prohibición de un doble enjuiciamiento por los mismos hechos (non bis in ídem)[76] y el derecho a la publicidad del proceso[77].
El derecho a ser juzgado con la plenitud de las formas propias de cada juicio implica el establecimiento de esas reglas mínimas procesales[82], entendidas como “(...) el conjunto de reglas señaladas en la ley que, según la naturaleza del juicio, determinan los procedimientos o trámites que deben surtirse ante las diversas instancias judiciales o administrativas.” [83]. De esta forma, dicho presupuesto se erige en garantía del principio de legalidad que gobierna el debido proceso, el cual “(...) se ajusta al principio de juridicidad propio del Estado de Derecho y excluye, por consiguiente, cualquier acción contra legem o praeter legem”[84].
Los defectos del análisis probatorio, la ausencia total del mismo y la falta de relación entre lo probado y lo decidido, vulneran de manera ostensible
el debido proceso y constituyen irregularidades de tal magnitud que representan vías de hecho[109].
Dentro del debido proceso probatorio no se incluye solamente el derecho a presentar o solicitar pruebas sino también a controvertir las pruebas que se presenten en su contra17], lo cual implica la posibilidad de participar en su práctica y refutarlas a través de los medios legales.
Este derecho implica que la prueba se realice observando las reglas del debido proceso, siendo nula de pleno derecho la obtenida con violación de éste[120]. En diversas sentencias esta Corporación, tanto en sede de tutela como de constitucionalidad, se ha pronunciado sobre la importancia de que las pruebas se practiquen de acuerdo a lo establecido por la ley, como una expresión más del derecho de defensa, de contradicción, del debido proceso y del acceso a la administración de justicia, de forma que “la vía de hecho por defecto procedimental se ha relacionado con el recaudo de medios probatorios en el proceso”[21].
El numeral tercero del artículo 250 de la Constitución consagra el deber de la Fiscalía General de la Nación de:“asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción”, en virtud de lo cual se le exige a la Fiscalía realizar todas las actuaciones necesarias para “custodiar la prueba necesaria, útil e idónea que considere que sea conveniente llevar ante el juez en el juicio”, tal como se señaló en el Proyecto del Acto Legislativo 03 de 2002.
El inciso demandada tampoco afecta el principio de justicia contemplado en el Preámbulo de la Constitución, pues por el contrario, permite que en casos en los cuales no se haya podido aplicar la cadena
de custodia puedan utilizarse otros métodos para poder llegar a la verdad y garantizar el derecho a la justicia, lo cual constituye igualmente un ejercicio de la libertad de configuración del legislador.
Declara exequible (inciso 2º ) Artículo 277 LEY_906_2004_31/08/2004

References: artículo 277
 artículo 277
 artículo 277

ARTÍCULO 277
 artículo 250
 artículo 250
 artículo 250
 artículo 250
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 277
 artículo 250
 artículo 29
 artículo 250
 artículo 250
 artículo 250
 artículo 14
 resolución 
 artículo 250
 Artículo 277