Source: http://bazica.org/corte-interamericana-de-derechos-humanos-v11.html
Timestamp: 2017-12-13 22:24:06+00:00

Document:
Las Resoluciones del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “este Tribunal”) de 30 de junio de 1998, 20 de diciembre de 2002, 26 de septiembre de 2003 y 11 de noviembre de 2008, y las Resoluciones de la Corte de 29 de agosto de 1998, 5 de septiembre de 2001, 21 de febrero y 20 de noviembre de 2003, 11 de marzo de 2005 y 27 de enero de 2009. En esta última resolución la Corte resolvió, entre otros:
Requerir al Estado que mantenga las medidas provisionales ordenadas en la Resolución de 11 de marzo de 2005.
Solicitar, de conformidad con lo expuesto en los párrafos considerativos 56 y 57, que el Estado presente, en un plazo de cuatro meses a partir de la notificación de la […] Resolución, información sobre la implementación de las medidas provisionales y una evaluación sobre la situación de extrema gravedad y urgencia con relación a cada uno de los beneficiarios de las medidas provisionales.
Solicitar, de conformidad con lo expuesto en el párrafo considerativo 59 de [la] Resolución, que los representantes y el Estado presenten información que permita afirmar o desvirtuar que la falta de investigación sitúa a los beneficiarios de las medidas provisionales en circunstancias de extrema gravedad y urgencia de evitar daños irreparables para la vida e integridad personal.
Solicitar a la Comisión Interamericana que presente observaciones a los informes del Estado y de los representantes mencionados en los puntos resolutivos quinto y sexto […] en el plazo de cuatro semanas, contado a partir de la recepción de dicho informe.
2. Los escritos presentados por la República de Guatemala (en adelante también “el Estado” o “Guatemala”) de 16 de febrero, 9 de junio y 18 de septiembre de 2009; 27 de abril y 8 de septiembre de 2010; 14 de enero, 3 de mayo y 7 de octubre de 2011; 10 de febrero y 26 de junio de 2012; 9 de enero y 9 de mayo de 2013; 19 de diciembre de 2014, y 26 de abril y 11 de agosto de 2016, mediante los cuales presentó información relacionada con medidas provisionales.
Los escritos presentados por los representantes de los beneficiarios de las medidas provisionales (en adelante también “los representantes”) de 3 de abril, 9 de junio, 4 de agosto y 30 de octubre de 2009; 11 de junio y 20 de octubre de 2010; 16 de febrero, 15 de abril y 18 de noviembre de 2011; 27 de marzo y 7 de agosto de 2012; 20 de febrero y 21 de junio de 2013; 27 de mayo y 8 de septiembre de 2015; 1 y 15 de abril, 2 de junio de 2016, y 11 de agosto de 2016, mediante los cuales remitieron sus observaciones a los informes del Estado.
Los escritos presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) de 23 de abril y 14 de julio de 2009; 19 de enero y 30 de julio de 2010; 17 de mayo y 21 de diciembre de 2011; 11 de abril y 20 de agosto de 2012; 3 de abril y 26 de julio de 2013; 4 de agosto de 2015, y 7 de junio de 2016, mediante los cuales remitió sus observaciones a la información brindada por el Estado.
Guatemala es Estado parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “la Convención Americana” o “la Convención”) desde el 25 de mayo de 1978 y reconoció la competencia de la Corte el 9 de marzo de 1987.
En su última Resolución emitida el 27 de enero de 2009 (supra Visto 1), la Corte analizó la información disponible entre los años 2005 y 2008 y requirió que las presentes medidas se mantuvieran con el mismo alcance dado en la Resolución de 11 de marzo 2005.
La Corte estima oportuno reiterar que el mantenimiento de las medidas de protección exige una evaluación más rigurosa de la Corte en cuanto a la persistencia de la situación que dio origen a las mismas. Además, este Tribunal insiste en que la carga probatoria y argumentativa de los beneficiarios y de la Comisión aumentará conforme transcurre el tiempo y no se presenten nuevas amenazas1. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte realizará un análisis sobre la situación de los beneficiarios de las presentes medidas provisionales, de acuerdo a la información presentada por el Estado, y las observaciones de los representantes y la Comisión.
De acuerdo con las Resoluciones de la Corte dictadas entre 1998 y 2009 (supra Visto 1), el Estado está obligado a adoptar las medidas de protección que sean necesarias para preservar la vida e integridad de Santiago Cabrera López, Alfonso Cabrera Viagres, María Victoria López, Blanca Cabrera, Carmenlinda Cabrera, Teresa Aguilar Cabrera, Olga Maldonado, Carlos Alfonso Cabrera, José León Bámaca Hernández, Egidia Gebia Bámaca Velásquez, Josefina Bámaca Velásquez, Alberta Velásquez, Rudy López Velásquez y demás miembros de la familia Bámaca Velásquez que residan permanentemente en Guatemala, Emerita Mendoza, Wendy Pérez Álvarez, Sulni Madeli Pérez Álvarez, José Oswaldo Pérez Álvarez, Jacobo Álvarez, José Pioquinto Álvarez, Alez Javier Álvarez, Germán Aníbal de la Roca Mendoza, Kevin Otoniel de la Roca Mendoza, Blanca Noelia Meléndez, Aron Álvarez Mendoza y su familia y demás miembros de la familia del señor Otoniel de la Roca Mendoza que residan permanentemente en Guatemala2.
Respecto a Santiago Cabrera López y sus familiares
El Estado efectuó señalamientos en cuanto a la implementación, durante 2009 y con posterioridad, de las medidas provisionales en beneficio de Santiago Cabrera López (en adelante también “el señor Cabrera”) y sus familiares. En lo que resulta actual, señaló:
el 26 de abril de 2016, que el 24 de enero de 2015 se hizo una visita al domicilio del señor Cabrera, con la finalidad de realizar una entrevista para determinar el grado de riesgo de los beneficiarios (infra Considerando 6), y que el 28 de marzo de 2016 el señor Cabrera reportó que el agente que le prestaba seguridad iba a jubilarse, por lo que el Estado manifestó que se encontraba gestionando la implementación de un “esquema de seguridad adecuado al nivel de riesgo del beneficiario”, y
el 12 de agosto de 2016, que luego de realizar el análisis de riesgo al señor Cabrera y familia, “se implementó un esquema de seguridad personal a través de 2 agentes [policiales]”.
Por su parte, en referencia a la implementación de las medidas, los representantes, en lo que tiene relevancia actual, señalaron:
el 2 de junio de 2016, que el 24 de enero de 2015 se había llevado a cabo una entrevista (supra Considerando 5) realizada por agentes del Estado sin “coordinación previa” y “sin que los funcionarios […] conocieran el motivo [de] las medidas y los detalles de su implementación”; además, que el estudio de análisis de riesgo no había sido trasladado a los beneficiarios ni a los representantes, por lo que no podían “valorar la idoneidad de los métodos” del mismo. Por otra parte, expresaron que el 8 de abril de 2016 se habían reemplazado los dos agentes de la PNC que brindaban seguridad al señor Cabrera, tanto en su domicilio particular como en su lugar de trabajo, por lo que él informó que “se en[contraba] satisfecho con la labor de ambos agentes […], confirmando que recientemente no ha sido víctima de [al]gún atentado, amenaza o agresión”, y
El 11 de agosto de 2016, que reiteraban que el Estado estaba implementando las medidas acordadas para reducir el riesgo del señor Santiago Cabrera, las cuales consistían en la protección personal anteriormente descrita.
Respecto a la implementación de las medidas, en lo pertinente en forma actual, la Comisión señaló:
a) el 4 de agosto de 2015, en referencia a los análisis de riesgo de los beneficiarios, que enfatizaba “la importancia de que el Estado presente el respaldo probatorio sobre tal información” y que el Estado “no precisa[ba] de qué manera […] se enc[ontraba] implementando las medidas”, y
b) el 7 de junio de 2016, que resultaba de “importancia de que los representantes present[aran] información actualizada sobre la situación en que se enc[ontraban] los beneficiarios”. Sobre los análisis de riesgo informados por el Estado, consideró que “no c[ontaba] con información sobre la metodología utilizada”. Reiteró que “los resultados de los análisis de riesgo en sí mismos y sin mayor explicación o respaldo probatorio no son suficientes para determinar que las personas beneficiarias […] no están en una situación de riesgo”. Asimismo, expresó que “el informe estatal no precisa de qué manera el Estado se encuentra implementando las medidas provisionales respecto de la totalidad de los beneficiarios”.
En relación con la situación del señor Santiago Cabrera López y su familia, el Estado informó:
los días 7 de enero de 2011 y 9 de enero de 2013, que el señor Cabrera declaró que “hasta el momento, no había[n] ocurrido sucesos que les pusieran en riesgo” y que no habían “existido hechos intimidatorios en su contra”;
el 19 de diciembre de 2014, que había realizado entrevistas a miembros de la familia del señor Cabrera, específicamente a María Victoria López Cabrera, Pedro Alfonso Cabrera Viagres y Olga Maldonado Domingo, quiénes respondieron negativamente al ser cuestionados sobre la existencia de “hechos concretos que supu[sieran] una situación de riesgo” y que solamente había habido un incidente de intento de robo que había sido evitado por un agente de la PNC, quién brindaba seguridad al señor Cabrera;
el 26 de abril de 2016, que a la luz del estudio de riesgo realizado el 24 de enero de 2015 (supra Considerando 5), se había concluido que se encontraban en un nivel de riesgo “medio” debido a que se continuaba investigando la desaparición del señor Bámaca, por lo que ofreció llevar a cabo las “gestiones pertinentes” para “dar continuidad a las medidas de protección personal a favor del señor Santiago Cabrera López”, y
el 12 de agosto de 2016, que el señor Cabrera y su familia presentaban un “riesgo medio”, de conformidad al análisis de riesgo realizado (supra Considerando 5).
Por su parte, los representantes, en sus observaciones de 8 de septiembre de 2015, indicaron que el 2 de septiembre de 2015 un desconocido visitó el lugar de trabajo del señor Cabrera. Esta persona, de acuerdo al señor Cabrera, era ex militar y afirmó que había sido guerrillero, lo cual fue desacreditado por el señor Cabrera después de que le hiciera al desconocido una serie de preguntas sobre la historia de la guerrilla que fueron respondidas erróneamente. Además, éste manifestó que se estaba preparando para una “nueva guerra” y que solicitaba la ayuda del beneficiario para hacer propaganda y sacar al gobierno actual. A raíz de ello, los representantes expresaron su preocupación por esta situación “sospechos[a]”, sumada a la falta de seguridad y protección del señor Cabrera. En sus observaciones de 2 de junio de 2016, señalaron que el señor Cabrera confirmaba que “recientemente”, con posterioridad a la reinstalación de la seguridad a su favor, “no ha[bía] sido víctima de ningún atentado, amenaza o agresión”.
En referencia a todos los beneficiarios de las medidas, la Comisión manifestó el 14 de julio de 2009, que la protección de dichas personas debía “extremarse” y que la “reactivación de la investigación” los ponía en “una situación de alto riesgo”. El 17 de mayo de 2011 expresó que el Estado “ha[bía] reconocido sostenidamente la existencia de una situación de vulnerabilidad que genera temor en los beneficiarios” y que “exist[ía] una continuidad del riesgo para” éstos.
La Corte nota que los representantes informaron sobre un incidente sufrido por el señor Cabrera el 2 de septiembre de 2015, en el cual una persona desconocida y “sospechosa”, que se decía haber sido guerrillero (de manera aparentemente falsa), fue a su centro de trabajo y le realizó diversas manifestaciones y preguntas relacionadas con la guerrilla.
Por otra parte, la Corte advierte y valora que el mismo Estado determinó el nivel de riesgo del señor Cabrera y su familia como “medio”, y se ofreció a continuar brindando las medidas de protección a su favor.
Aunado a lo anterior, este Tribunal considera que el incidente sufrido por el señor Cabrera podría relacionarse con las circunstancias que dieron origen al otorgamiento de las presentes medidas. En consecuencia, la Corte estima que la situación del referido beneficiario aún se enmarca en los supuestos del artículo 63.2 de la Convención, por lo que es procedente que se mantenga la vigencia de las medidas provisionales a favor del señor Santiago Cabrera López y sus familiares.
De igual manera, la Corte estima necesario para evaluar oportunamente el mantenimiento de las medidas provisionales a favor de dichas personas, que el Estado en su próximo informe se refiera en forma detallada y completa, sobre la situación actual de del señor Santiago Cabrera López y sus familiares y las medidas de protección que hubiera adoptado o adopte. Igualmente, la Corte solicita a los representantes y a la Comisión que, en sus próximas observaciones, se refieran de forma precisa a cada uno de los beneficiarios, respecto de la situación actual de extrema gravedad y urgencia referida a la posibilidad de daños irreparables en perjuicio de cada uno de ellos, en relación con el motivo por el cual fueron adoptadas las presentes medidas, y en su caso, fundamenten las razones para continuar manteniéndolas vigentes a favor de Santiago Cabrera López, y sus familiares: Alfonso Cabrera Viagres, María Victoria López, Blanca Cabrera, Carmenlinda Cabrera, Teresa Aguilar Cabrera, Olga Maldonado, Carlos Alfonso Cabrera. Este Tribunal advierte que información y observaciones de la misma índole relativa a todas las personas beneficiarias (infra, punto Resolutivo 3) deberá ser presentada por el Estado, los representantes y la Comisión a fin de evaluar oportunamente el mantenimiento de las medidas provisionales.
Respecto a la familia Bámaca3
El Estado presentó información sobre la implementación de las medidas provisionales en relación con las personas beneficiarias pertenecientes a la familia Bámaca. Entre dicha información, hizo las siguientes referencias que resultan pertinentes de modo actual:
el 19 de diciembre de 2014 indicó que el 24 de septiembre de 2013 se había realizado un estudio de riesgo a la familia Bámaca, particularmente a Alberta Velásquez, Luis Federico López Godínez y a Oscar Rolando López Velásquez, donde se confirmó que contaban con seguridad perimetral en sus domicilios las 24 horas del día. Dicho estudio, que no fue acompañado por el Estado, concluyó un nivel de riesgo “bajo”, y
el 26 de abril de 2016 manifestó que el 25 de enero de 2015 se había realizado una visita al domicilio de la señora Egidia Gebia Bámaca Velásquez y al de José León Bámaca Hernández. Si bien no presentó el informe de riesgo realizado, el Estado expresó que los agentes concluyeron que la señora Egidia Bámaca se encontraba en un nivel de riesgo “bajo”, y la consiguiente falta de necesidad de un esquema de seguridad. Sumado a ello, el Estado destacó que ese mismo día, se acudió al domicilio de Josefina Bámaca Velásquez, quien dijo que no “atendería a los analistas” y “tampoco hablaría de su situación con ellos”, por lo que el Estado manifestó desconocer la situación de la señora Josefina Bámaca. En el informe de la misma fecha, Guatemala indicó que el 23 de enero de 2015 se realizó una visita al domicilio de Alberta Velásquez y Rudy López, quienes contaban con medidas de seguridad perimetral “las veinticuatro horas del día”, para llevar a cabo un estudio de riesgo, que determinó su nivel de riesgo como “bajo”.
Por su parte los representantes hicieron observaciones, siendo las siguientes relevantes en cuanto al estado actual de la implementación de las medidas provisionales:
el 27 de mayo de 2015 señalaron que la señora Egidia Bámaca informó que “las medidas de protección acordadas continu[aban] implementándose de forma muy irregular y deficiente” y que la seguridad perimetral se “brindó una sola vez”, sin tener contacto, a la fecha indicada, con agentes de la COPREDEH. En cuanto a la señora Josefina Bámaca, que ella señaló que la PNC había “estado proporcionando seguridad perimetral en su casa, al menos cada 15 días” y que se encontraba “satisfecha” con dicho esquema de seguridad, aunque también recalcó que tenía “más de un año que la COPREDEH no se ha[bía] comunicado con ella”. Asimismo, que el señor Amín López había manifestado que no tenía “certeza sobre la efectiva implementación de la [seguridad]”. En cuanto al estudio de riesgo realizado por el Estado, los representantes consideraron que este se había “realizado hac[ía] casi dos años, por lo que las conclusiones o resultados […] est[aban] plenamente desactualizados”. Consideraron que el Estado “continu[aba] siendo omiso en la obligación determinada por la Corte […] relativa a remitir una evaluación sobre la situación de extrema gravedad y urgencia con relación a cada uno de los beneficiarios […] analizando la […] situación de riesgo de cada beneficiario”, y
el 2 de junio de 2016 expresaron que Luis Federico López, Silvia, Augusto y Luis, todos de apellido Álvarez, así como Mónica Obregón López, todos familiares de Efraín Bámaca, residían en el mismo domicilio. Expresaron que dichas personas tenían “interés en que el Estado retom[ara] contacto con ellas, a efectos de que se subsa[naran] las irregularidades […] de las medidas de protección”. Adicionalmente, manifestaron que Marvin Roberto Nolasco Bámaca, hijo de Egidia Bámaca, había informado que los patrullajes perimetrales no se habían estado implementando desde hacía aproximadamente tres años, por lo que ellos habían adoptado “medidas comunitarias” por su cuenta. Igualmente, señalaron que Marvin Roberto Nolasco Bámaca destacó que hacía ocho meses que no tenían protección perimetral. También manifestaron que la señora Josefina Bámaca no había atendido a los agentes estatales el 25 de enero de 2015 debido a “miedo y desconfianza” y destacaron que el Estado no había hecho nada por retomar dicha visita. Asimismo, recalcaron que en relación con la señora Alberta Velásquez y su hijo, Rudy López, el Estado no presentó los estudios de riesgo a los que hizo referencia en su informe de 26 de abril de 2016. Adujeron que Amín López había manifestado que no tenía “certeza sobre la efectiva implementación de la seguridad perimetral en su domicilio”, ya que había una estación policial a 500 metros del mismo, lo cual le impedía identificar si dichas patrullas eran parte de sus medidas de protección.
La Comisión, por su parte, en cuanto a aspectos específicos relacionados con la implementación de las medidas provisionales respecto de personas beneficiarias pertenecientes a la familia Bámaca, no hizo señalamientos puntuales atinentes al estado actual4.
En referencia a la situación de los beneficiarios, el Estado informó:
el 20 de febrero de 2012, que “en cuanto a las situaciones denunciadas por Oscar Rolando López, el Ministerio Público informó que para determinar al responsable de las llamadas que recibió, se solicitó autorización judicial para lograr el desplegado de llamadas entrantes y salientes del número que poseía el señor López[; a]ctualmente se encuentra en investigación”;
el 10 de mayo de 2013, que “las acciones estatales ha[bían] sido efectivas, eficaces y útiles para contrarrestar los elementos de extrema gravedad y urgencia, por lo que [los beneficiarios] ya no se encuentran en situación de “riesgo latente”, y que los familiares de Efraín Bámaca Velázquez no habían indicado durante el tiempo de vigencia de las medidas provisionales, situaciones o circunstancias que hagan suponer una situación de extrema gravedad y urgencia, con temor a un daño irreparable;
el 19 de diciembre de 2014, que durante el estudio realizado el 24 de septiembre de 2013 a Alberta Velásquez, Luis Federico López Godínez y Oscar Rolando López Velásquez, que la familia Bámaca Velásquez “no había tenido ningún inconveniente o situación que compromet[iera] su seguridad”. La señora Velásquez manifestó a los agentes estatales que no había recibido ningún tipo de amenaza y que “viv[ía] con tranquilidad” y el señor López Godínez expresó a los agentes estatales que, desde que tenía seguridad, no había recibido ningún tipo de amenaza más que una llamada que recibió el 14 de abril de 2011 donde le dijeron que “tenían localizada a su familia y a él”; sin embargo, declaró a los agentes que no había sido víctima de atentados ni de algún hecho de trascendencia que pusiera en riesgo su vida;
el 26 de abril de 2016, que en los estudios de riesgo realizados respectivamente los días 23 y 25 de enero de 2015 (supra Considerando 15), la señora Alberta Velásquez, quien dijo que “actuaría en nombre propio y en representación de su hijo, Rudy López”, manifestó que en “los últimos 12 meses no ha[bía] sido objeto de [al]gún tipo de amenaza que [pusiera] en riesgo su vida y la de su hijo”; y que la señora Egidia Gebia Bámaca Velásquez expresó a los agentes estatales que la visitaron que ni ella ni alguno de los miembros de su familia había sido víctima de ninguna amenaza, en los últimos 12 meses, que pusiera en riesgo su vida o integridad física.
19. El 16 de febrero de 2011 los representantes señalaron que había ocurrido un incidente en perjuicio del señor Rudy López en octubre de 2010, cuando “una bala entró a su casa”. Asimismo, el 15 de abril de 2011, los representantes indicaron que Amín López había notado que “varios vehículos sospechosos se ha[bían] acercado y permanecido en las cercanías de su residencia” y que el 14 de abril de 2009 Oscar Rolando López recibió una llamada telefónica en la que le dijeron que “por algo que sucedió en el pasado” iban a “matar a él y a su familia”.
El 26 de julio de 2013 la Comisión señaló que la situación de riesgo de los beneficiarios se veía reforzada por el nulo avance de las investigaciones y refirió de manera genérica la existencia de “otros hechos graves que habrían sufrido las beneficiarias” sin especificar los mismos.
La Corte nota dificultades en la implementación de las medidas a favor de estos beneficiarios, sin embargo considera que de la información presentada ante este Tribunal, se desprende que ni el Estado ni los representantes han aportado información sobre hechos, agresiones, amenazas u hostigamientos contra ellos sucedidos desde después de 2010. Es decir, la Corte no tiene información que indique hechos que denotaran un riesgo en perjuicio de estos beneficiarios, en un período próximo a los seis años.
Además, el Tribunal estima que a pesar de que el Estado no acompañó los estudios de riesgo realizados a los miembros de la familia Bámaca Velásquez, indicó que los mismos determinaron su nivel de riesgo como “bajo”, y los representantes no desvirtuaron esta información al no presentar nuevos hechos, agresiones, amenazas u hostigamientos contra estos beneficiarios.
La Corte reitera que la falta de amenazas no necesariamente implica que no haya riesgo para una persona5. Sin embargo, en cuanto a estos beneficiarios y de acuerdo con la información proporcionada, la Corte encuentra que su situación ya no cumple con los requisitos contenidos en el artículo 63.2 de la Convención Americana, por lo que estima pertinente levantar las medidas provisionales a favor de Egidia Gebia Bámaca Velásquez, Josefina Bámaca Velásquez, Alberta Velásquez, Rudy López, Luis Federico López Godínez, Amín López y Oscar Rolando López y sus familiares.
C. Respecto al señor Otoniel de la Roca y su familia6
En lo referente a la implementación de las medidas provisionales, en lo que es relevante, el Estado informó:
el 10 de febrero de 2012, que la familia de la Roca contaba con seguridad perimetral y números telefónicos de sede policial más cercana;
el 26 de abril de 2016, que el 21 de enero de 2015, se realizó un estudio de riesgo a la familia de Otoniel de la Roca, y que de acuerdo al mismo, que no fue presentado a la Corte, la señora Lilian Amparo de la Roca Meléndez le había informado a los agentes estatales que Otoniel de la Roca y Noelia Meléndez, sus padres, así como sus hermanos Aníbal y Kevin de la Roca, residían en Estados Unidos de América;
el mismo 26 de abril de 2016, que el 22 de enero de 2015 se realizó una visita al domicilio de los beneficiarios José Pioquinto y Alex Javier, ambos de apellidos Álvarez Nájera, con la finalidad de realizar un estudio de riesgo, que no fue presentado a la Corte, y que los beneficiarios nombrados informaron que Linda, Jacobo y Óscar Álvarez Nájera se encontraban residiendo en Estados Unidos de América, que Aracely Álvarez Nájera residía en El Salvador y que sus sobrinos, Wendy, Sulni Madeli y José Oswaldo Pérez Álvarez se encontraban viviendo en Estados Unidos de América. El Estado solicitó que la Corte tomara “las medidas que consider[ara] pertinentes” debido a la “imposibilidad material del Estado de implementar medidas de seguridad” con respecto a los beneficiarios que se residen fuera de Guatemala7.
Los representantes indicaron, entre otros señalamientos:
el 27 de mayo de 2015, que la señora Blanca Noelia Meléndez informaba que había “constatado que los patrullajes perimetrales no se cumpl[ían] en absoluto”;
el 2 de junio de 2016, que se contactaron con Lilian Amparo de la Roca Meléndez, hija de Blanca Noelia, quien manifestó que no sabían si había seguridad perimetral en su domicilio, que compartía con su madre, pues las patrullas no se identificaban. Además, destacó que hacía más de un año que la COPREDEH no las contactaba. Asimismo, confirmaron que Wendy, Sulni Madeli, José Oswaldo todos de apellido Pérez Álvarez, así como Linda, Jacobo y Óscar, de apellido Álvarez, y el señor Otoniel de la Roca y sus hijos German Aníbal y Kevin Otoniel, se encontraban fuera de Guatemala. También informaron que según el señor Otoniel de la Roca, dichas personas habían salido “debido al riesgo al que se expondrían al regresar a su país” y que la señora Blanca Noelia Meléndez permanecía en Guatemala.
En sus observaciones de 23 de abril de 2009, la Comisión indicó que valoraba la “disposición de coordinar la implementación de las medidas” con los beneficiarios, sin embargo, consideró que “estas no se ha[bían] implementado con cabalidad”. La Comisión hizo referencia a los beneficiarios de forma general (supra nota a pie de página 4).
En cuanto a la situación de dichos beneficiarios, el Estado informó, entre otros:
el 18 de septiembre de 2009, que el 13 de julio de 2009 Germán Aníbal de la Roca había reportado que ocho meses antes, había sido embestido por un vehículo, y
el 26 de abril de 2016, que durante el estudio de riesgo realizado a Alex Javier y José Pioquinto, ambos expresaron que no habían sido víctimas de amenazas en los últimos 12 meses, por lo que el estudio concluyó su nivel de riesgo como “bajo”. Asimismo, que el 21 de enero de 2015 agentes estatales se presentaron en la vivienda del señor Germán Aníbal de la Roca, para realizar una entrevista a él y sus familiares, necesaria para el análisis de riesgo, y que fueron atendidos por su hermana y su hija, quienes indicaron que sus padres y hermanos se encontraban en los Estados Unidos de América
Al respecto, los representantes, señalaron, entre otros:
el 11 de junio de 2010, que Kevin de la Roca Meléndez y Germán Aníbal de la Roca habían salido de Guatemala de manera temporal, “para garantizar su seguridad”;
el 16 de febrero de 2011, que ese mismo año, “[la señora Meléndez] fue atacada un mes antes por unos jóvenes quienes le lanzaron cohetes, quemándola gravemente en los pies”;
el 27 de marzo de 2012, que desde que el señor Otoniel de la Roca declaró ante la Corte Interamericana, ejecutaron a cinco de sus familiares, en tanto que la investigación de los hechos que generaron las medidas deben ser investigadas y el Estado no avanzó en ello, por lo que la situación de gravedad y urgencia persistía8, y
el 2 de junio de 2016, que no pudieron contactarse con José Pioquinto y Alex Javier, ambos de apellido Álvarez, por lo que no tenían información para realizar observaciones sobre ambos. Agregaron que no se “contaba con el respaldo” sobre los análisis de riesgo realizados por el Estado el 22 de enero de 2015 (supra Considerando 24).
La Comisión no presentó observaciones concretas sobre estos beneficiarios, sino que se manifestó en términos generales (supra Considerando 26).
La Corte, en cuanto a José Pioquinto y Alex Javier, ambos de apellidos Álvarez Nájera, nota que el Estado indicó en su informe de 26 de abril de 2016 que ellos expresaron en el año 2015 que no habían sido víctimas de amenazas en los 12 meses previos al estudio de riesgo realizado por el Estado. Los representantes hicieron notar que el Estado no presentó dicho estudio, pero no han aportaron información sobre nuevos hechos, agresiones, amenazas u hostigamientos contra estos beneficiarios, ya que en sus observaciones de 2 de junio de 2016, señalaron no tener contacto con ellos.
En lo que respecta a la señora Blanca Noelia Meléndez, de la información presentada ante la Corte, se desprende que ni el Estado ni los representantes han aportado información sobre nuevos hechos, agresiones, amenazas u hostigamientos contra ella con posterioridad a enero de 2011. Es decir, este Tribunal no tiene información que indique hechos que denotaran un riesgo en perjuicio de esta beneficiaria, en un período mayor a cinco años y medio.
La Corte reitera que la falta de amenazas no necesariamente implica que ya no exista un riesgo para una persona (supra Considerando 23). No obstante, sobre estos beneficiarios y de acuerdo con la información proporcionada, este Tribunal considera razonable presumir que su situación ya no se enmarca dentro de los presupuestos señalados por el artículo 63.2 de la Convención, por lo que estima pertinente levantar las medidas provisionales a favor de Blanca Noelia Meléndez, José Pioquinto Álvarez Nájera y Alex Javier Álvarez Nájera.
Por otra parte, esta Corte nota que de acuerdo a la información brindada por las partes, algunos de los beneficiarios se encuentran fuera de Guatemala, y que el Estado argumentó la “imposibilidad material” de cumplir con las medidas mencionadas para dichas personas. De acuerdo a lo señalado, en efecto, el señor Otoniel de la Roca y sus familiares han salido de Guatemala para su resguardo y seguridad, así como por el temor de regresar a Guatemala debido al riesgo que enfrentarían ante la posibilidad de nuevos hechos de agresiones, hostigamientos o amenazas. Dada la ausencia de algunos de los beneficiarios en Guatemala el Estado no tiene posibilidad de implementar las medidas en tanto que carece de jurisdicción fuera de su territorio9. Debido lo expuesto, este Tribunal considera pertinente el levantamiento de las medidas provisionales a favor de Germán Aníbal de la Roca Mendoza, Kevin Otoniel de la Roca Mendoza, Linda, Jacobo y Óscar Álvarez Nájera, Aracely Álvarez Nájera, Wendy, Sulni Madeli, José Oswaldo Pérez Álvarez y Otoniel de la Roca.
No obstante lo anterior, en el caso que el señor Otoniel de la Roca o alguno de sus familiares nombrados en el párrafo precedente regresen a Guatemala, e informaren, por si mismos o a través de los representantes, al Estado sobre su estadía o permanencia en el territorio guatemalteco, el Estado deberá adoptar las medidas que pudieren resultar necesarias para darles la debida protección. En tanto lo anterior no suceda, el Estado no está en la obligación de adoptar medidas a favor de las personas nombradas.
D. Respecto a Aron Álvarez y su familia
D.1. Sobre la implementación de las medidas provisionales
En cuanto a la implementación de las medidas provisionales respecto a Aron Álvarez y Morelia Lili Paz, el Estado informó otros:
el 21 de septiembre de 2009, que el señor Álvarez había manifestado que “no le prestaban ningún tipo de seguridad ni a él ni a su familia, en relación a su seguridad personal, [que] no contaba con tal seguridad ya que era una persona de escasos recursos económicos”;
el 7 de enero de 2011, que al realizarle un estudio de riesgo, se determinó que se requería un esquema de protección perimetral, y posterior al estudio, el señor Álvarez expuso “irregularidades en la seguridad[,]” por lo que el Estado había solicitado al “órgano responsable hacer efectiva la protección”;
el 12 de agosto de 2016, que el 3 de abril de ese año “analistas de la División de Protección a Personas y Seguridad de la Policía Nacional Civil, evaluaron la situación de riesgo del señor Arón Álvarez Mendoza y familia, determinándose que se encuentran en una situación de riesgo medio”. Agregó que “se implementó un esquema de seguridad perimetral con la modalidad de recorridos perimetrales periódicos, estacionándose [una] patrulla […] cerca de la residencia”, y “se proporcionaron números telefónicos a los que [ellos] pueden llamar en caso de emergencia”.
Al respecto, los representantes en sus observaciones adujeron:
el 27 de mayo de 2015, que el señor Aron Álvarez había manifestado que desde mayo de 2014, no había “observado los patrullajes policiales perimetrales cerca de su domicilio” y que además, “la última visita rutinaria de la PNC se [había] produ[cido] hac[ía] dos meses”;
el 1 de abril de 2016, que los “patrullajes domiciliares” tampoco se llevaron a cabo y que el señor Álvarez se separó temporalmente de su familia “para no exponerles a sufrir ningún daño”. Los representantes expresaron que el mismo día del envío del informe, se habían comunicado con las oficinas de la COPREDEH, quienes les informaron que estaban realizando las gestiones pertinentes para “resguardar la integridad” del beneficiario y su familia a la mayor brevedad posible. Sumado a lo anterior, reiteraron que los patrullajes policiales diarios cerca del domicilio del señor Álvarez, habían dejado de implementarse en mayo de 2014, y no se habían reanudado. Además, destacaron que la última visita rutinaria de la PNC se había dado en febrero de 2015. Solicitaron que la Corte requiriera al Estado para que adoptara las “acciones pertinentes para la inmediata y adecuada reinstalación e implementación de la protección”, y
el 11 de agosto de 2016, que pese a nuevos hechos contra el señor Álvarez y Morelia Lili Paz (infra Considerandos 41, 42 y 43), “no fue sino hasta el […] 16 de julio de [2016] que las personas beneficiarias comenzaron a observar durante algunas semanas que una patrulla policial pasa irregularmente por los alrededores de su domicilio”. Agregaron que el 24 de mayo de 2016 se dirigieron a las autoridades estales pertinentes para solicitar información sobre la reinstauración de los patrullajes en el domicilio de las personas beneficiarias, sin que obtuvieran respuesta (infra Considerando 42).
Por su parte, la Comisión no hizo señalamientos en concreto, sin embargo, reiteró lo indicado respecto a todos los beneficiarios (supra Considerando 26).
D.2. Sobre la situación anterior a 2016
En cuanto a la situación de riesgo de los beneficiarios, el Estado informó el 7 de enero de 2011, que el señor Álvarez no había denunciado las “supuestas amenazas” que había recibido (infra Considerando 39).
Los representantes señalaron:
el 30 de octubre de 2009, que el señor Aron Álvarez había recibido llamadas telefónicas con amenazas de muerte, las cuales habrían sido denunciadas el 21 de octubre de 2009 ante la COPREDEH. El señor Álvarez expresó su preocupación, ya que “miembros de su familia recibieron llamadas similares […] antes de ser asesinados”;
el 20 de octubre de 2010, que el señor Álvarez había informado que el 15 de octubre de 2010 “se encontraba caminando cuando un carro con varios hombres desconocidos y armados se detuvo a su altura[,] uno de ellos se bajó del vehículo y le amenazó de muerte verbalmente”, y
el 19 de septiembre de 2013, que el señor Álvarez observó en el mes de mayo de 2013 aproximadamente en 6 u 8 oportunidades una camioneta oscura con vidrios polarizados que se estacionaba a media cuadra de su casa y que permanecía por el término de media hora en el lugar, el beneficiario entendió eso como un acto de intimidación en su contra.
Por su parte, en su escrito de 26 de julio de 2013 la Comisión consideró que se seguían “denunciando hechos que pondrían en grave riesgo a las personas beneficiarias, […] como el intento de secuestro del señor Álvarez [y] las amenazas de muerte verbales y por vía telefónica”. La Comisión no realizó más observaciones concretas al respecto y se refirió a los beneficiarios en términos generales (supra Considerando 26).
D.3. Sobre hechos recientes y acciones relativas a los mismos
En sus observaciones de 1 de abril de 2016, los representantes señalaron que el 25 de marzo de 2016 el señor Álvarez se encontraba durmiendo en su casa cuando esta fue impactada por cuatro balas, sin herirlo. Una patrulla acudió al lugar, lo inspeccionó, retiró los cuatro proyectiles y le pidió al señor Álvarez que se presentara en las oficinas del Ministerio Público al día siguiente. Sin embargo, el señor Álvarez acudió en dos ocasiones al Ministerio Público sin que fuera atendido. Por ello, el 29 de marzo de 2016 el señor Álvarez visitó la COPREDEH para solicitar protección. En dicha oficina, le dijeron que se comenzaría a brindar protección policial perimetral en su domicilio familiar y que el 1 de abril de 2016, una patrulla lo acompañaría a desmontar su casa. No obstante, en la fecha convenida no se presentaron para escoltar al señor Álvarez, quien desmontó su casa sin protección.
El 2 de junio de 2016, los representantes manifestaron que se realizó una reunión el 3 de abril de 2016 entre la PNC, la COPREDEH y el señor Álvarez, y otra el 6 de abril de 2016, posterior a una llamada amenazante recibida por el señor Álvarez. Los representantes indicaron que el 24 de mayo de 2016 se habían contactado con la COPREDEH para solicitar información sobre los avances de la “reinstauración de los patrullajes en el domicilio familiar de l[o]s beneficiar[o]s”, no obstante, afirmaron que no habían recibido respuesta alguna. Además, manifestaron que el señor Álvarez les había reportado que el 5 de mayo de 2016 recibió una llamada de un desconocido, quién le dijo “no importa dónde andes, en el mar o dónde estés te toca, no te vas a escapar, te vamos a encontrar”, la cual no reportó por “falta de confianza” y de “voluntad política” del Estado.
El 15 de abril de 2016 los representantes presentaron observaciones adicionales a las de 1 de abril de 2016, en las cuales indicaron que la señora Morelia Lili Paz, pareja del señor Álvarez, les informó que el 10 de abril de 2016 se encontraba en el domicilio familiar con sus hijas y nietos cuando “a pocos metros del lugar, personas desconocidas realizaron entre 6 y 8 disparos”. Los representantes destacaron su “preocupación” debido a que este hecho se produjo “apenas dos semanas después del grave atentado en contra de la vida del señor Aron Álvarez” y que “este incidente tuvo lugar […] a un kilómetro de distancia del domicilio familiar”. Subrayaron que a pesar de distintas gestiones, la señora Paz manifestó que no se había implementado ninguna medida de protección a su favor y que ella y su familia se encontraban “desprotegidos ante cualquier ataque”. Reiteraron que desde mayo de 2014 se habían dejado de implementar los patrullajes policiales diarios, y que la última visita de la PNC se efectuó en febrero de 2015.
Además, los representantes expresaron que el 3 de abril de 2016, agentes de la PNC y la COPREDEH acudieron al domicilio del señor Álvarez y le preguntaron por el incidente ocurrido el 25 de marzo de 2016 (supra Considerando 41), tomaron fotografías y lo acompañaron a la “posta” policial de Palín, para manifestar la necesidad de patrullajes policiales perimetrales diariamente en el domicilio del señor Álvarez. Ese mismo día, lo contactó un agente policial y lo citó a una reunión con la COPREDEH, que se celebraría el 5 de abril de 2016. El señor Álvarez acudió a la reunión, donde le tomaron sus datos y le comentaron que tenían conocimiento del incidente ocurrido. Sin embargo, los patrullajes perimetrales no fueron implementados.
En cuanto a la señora Paz, los representantes indicaron haber realizado algunas gestiones para lograr la implementación de patrullajes para ella. No obstante, también señalaron que la señora Paz les había informado el 14 de abril de 2016, que seguían en “situación de absoluta indefensión”, por lo que los representantes volvieron a comunicarse con una agente de la COPREDEH. Dicha agente les informó que: i) “en la reunión con el beneficiario se acordó gestionar la implementación de un esquema de seguridad para su núcleo familiar”; ii) “un análisis de riesgo habría determinado que el señor Álvarez y su familia se encuentran en un nivel de [riesgo medio], debido a que aún se encuentra en curso la investigación por la desaparición forzada del señor Bámaca Velásquez […] y por el reciente ataque armado que sufrió el señor Álvarez”; iii) se recomendó implementar medidas de seguridad perimetral en la residencia familiar del señor Álvarez, y iv) que se encuentran a la espera de recibir “información actualizada […] sobre la implementación del esquema de seguridad”, por parte del Viceministro de Gobernación y de la Policía Nacional Civil.
Los representantes expresaron el 15 de abril de 2016 que “a más de tres semanas del ataque sufrido por el señor Álvarez […] no se ha comenzado a brindar protección alguna, […] además se ha producido un nuevo incidente de riesgo en las proximidades del domicilio familiar, estando ellos totalmente desprotegidos”. Mencionaron que el señor Álvarez se encontraba separado de su familia, por “motivos de seguridad”. Por ello, solicitaron a este Tribunal que “inste al Estado de Guatemala a que emprenda, a la mayor brevedad, todas las acciones necesarias para evitar que se produzca algún daño en la vida e integridad del señor Aron Álvarez Mendoza y su familia”. En su escrito de 11 de agosto de 2016 señalaron que es necesario que los patrullajes se implementen a diario, pues sólo se observa la existencia de un patrullaje irregular; reiterando que el 24 de mayo de 2016 las representantes solicitaron a la COPREDEH la reinstauración de los patrullajes, y precisando que la señora Morelia Lili Paz ha manifestado su deseo de “no salir de su domicilio salvo en casos de emergencia para evitar que ocurra algún menoscabo en su integridad personal en caso de concretarse un nuevo atentado en su contra”.
Por su parte, el Estado en su informe de 26 de abril de 2016 manifestó que a raíz del incidente sufrido por el señor Álvarez, este se había presentado ante la COPREDEH para denunciar los hechos. En dicha reunión se acordó que se “gestionaría la realización de un análisis de riesgo y la implementación de un esquema de seguridad”. De acuerdo al Estado, el 5 de abril de 2016, se llevó a cabo el análisis de riesgo, en el cual se concluyó su nivel de riesgo y el de su núcleo familiar como “medio”, en razón de que “aún se encuentra en curso la investigación por la desaparición forzada del señor Bámaca Velásquez y por el reciente ataque armado que sufrió el señor Álvarez”. A raíz de ello, se recomendó que se brindaran medidas de seguridad perimetral en el domicilio del núcleo familiar del señor Álvarez.
En el mismo informe, el Estado expresó que se llevó a cabo una reunión con el señor Álvarez el 6 de abril de 2016 para informarle de los resultados del estudio de riesgo. El Estado destacó que el señor Álvarez declaró que el 5 de abril de 2016 había recibido una llamada telefónica “en la que lo amenazaron de muerte”. El Estado ofreció “realizar las gestiones correspondientes con el fin de dar continuidad [… a la] seguridad perimetral a favor del señor Aron Álvarez Mendoza y su núcleo familiar”.
En cuanto a la Comisión, no realizó observaciones concretas respecto a la información aludida en los párrafos precedentes.
D.4. Consideraciones de la Corte
La Corte entiende que el 25 de marzo de 2016 la casa del señor Aron Álvarez fue impactada por proyectiles de bala y que dos semanas después la señora Morelia Lili Paz, pareja del señor Álvarez, escuchó a desconocidos hacer disparos cerca de su domicilio. Sumado a ello, la Corte nota que el señor Álvarez denunció que el 5 de mayo de 2016 recibió una llamada telefónica amenazante y manifestó que se encontraba separado de su familia por motivos de seguridad.
Este Tribunal valora las acciones emprendidas por el Estado en relación con dichos hechos, sin embargo, los representantes manifestaron el incumplimiento de algunas de ellas, como el acompañamiento al señor Álvarez a desmontar su casa, la falta de patrullajes perimetrales, y que a pesar de varias gestiones, se encontraban “totalmente desprotegidos”.
A la luz de los nuevos hechos informados, la Corte considera que de acuerdo a los mismos, a la fecha la situación reviste aún características de extrema gravedad y urgencia en relación con el riesgo de un daño irreparable, por lo que resulta necesario mantener vigentes las presentes medidas a favor del señor Aron Álvarez y su familia.

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 63
 artículo 63
 artículo 63