Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2000/06/registro-oficial-12-de-junio-del-2000
Timestamp: 2020-07-13 01:48:15+00:00

Document:
Registro Oficial. 12 de JUNIO del 2000
Lunes 12 de Junio del 2000
21-476 Proyecto de Ley de Juntas Parroquiales
21-477 Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley\n de Centros Agrícolas y Cámaras de Agricultura
21-478 Proyecto de Ley de Juntas Parroquiales\n Rurales
21-479 Proyecto de Ley Reformatoria de la Ley\n de Aviación Civil, del Código Aeronáutico\n y de la Ley Especial de Descentralización del Estado y\n Participación Social
21-480 Proyecto de Ley de indemnización\n a los miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo que\n sufran discapacidad en cumplimiento de sus funciones profesionales\n y de indemnización a sus familiares en caso de muerte
465 Créase la Comisión\n Negociadora de la Deuda Externa, la misma que estará conformada\n por un Presidente los miembros que serán nombrados por\n el Presidente de la República
005/O0 Refórmase el numeral 10 de las\n normas generales de la normativa tarifaria para los puertos comerciales\n del Estado
031/2000 Apruébase el tarifario de fletes\n para el transporte de vehículos con o sin carga en la\n gabarras, que operan desde el embarcadero de Bahia de Caráquez\n y San Vicente o viceversa
O32/2000 Expídese el Reglamento Interno\n para la adquisición de bienes muebles, ejecución\n de obras y prestación de servicios de las autoridades\n portuarias de GuayaquiI, Manta, Puerto Bolívar y Esmeraldas
138-2000 Dolores Alicia Sotomayor Jaime en contra\n del Ab. Leonidas Litardo Plaza
140-2000 Carlos Alberto Guerra Contreras en contra\n de José Ignacio Piedrahita Crespo
142-2000 Ab. Concepción Narváez \n Tamayo en contra de Nelson John Narváez Tamayo
l44-2000 Aída Azucena Samaniego\n Montero en contra de José Muñoz Valverde y otra
145-2000 Germán Trajano Pavón Puente\n en contra de la Asociación Agropecuaria Julio Andrade
146-2000 COFIEC S.A. en contra de Dr. Héctor \n W. Zurita Martínez
147-2000 Mariana de Jesús Chimbo \n Armijos en contra de Alonso Obando Tapia Veintimilla
148-2000 José Joaquín Soria\n comina en contra de Segundo Maisanche
149-2000 Luis Manuel Garzón Ponce en contra\n de José Alfredo Singaña Mazapanta
151-2000 María Carmen Morales Curicama\n en contra de José Gabriel Plaza Puma
152-2000 César Rodrigo Bustos Cunalata\n en contra de Salomón Erazo y otros
153-2000\n Gonzalo\n Puebla Torres en contra de Gustavo Puebla Torres y otros
154-2000 Juan Manuel Alba Machángara\n en contra de Carlos Alba Noquez
155-2000 Juan Antonio Tibanlombo Toapanta\n en contra de Walter Alejandro Ibarra y otro
158-2000 Gloria Delgado de Zapata en contra de\n Ruht Arias de Garrido
007.\n ICMG.2000 Cantón\n Guaranda: De ocupación de la via pública
Cantón\n Santa Ana: Reformatoria a la Ordenanza\n que reglamenta el uso del servicio de alcantarillado sanitario
Cantón\n Santa Ana:\n Reformatoria a la Ordenanza para la determinación, control\n y recaudación del Impuesto a los espectáculos públicos
Cantón\n Santa Ana:\n Reformatoria a la Ordenanza que reglamente la determinación,\n administración y recaudación de la tasa por servicios\n técnicos y administrativos
Cantón\n Santa Ana:\n Que regula\n la admin\n \n
NOMBRE: "DE JUNTAS PARROQUIALES"
CODIGO: 21 - 476.
AUSPICIO: H. SUSANA GONZALEZ DE VEGA.
INGRESO: 31 - 05 - 2000.
COMISION: DE GESTION PUBLICA UNIVERSALIZACION DE LA SEGURIDAD\n SOCIAL.
FECHA DE ENVIO A COMISION: 05 - 06 - 2000.
La Constitución Política de la República\n en su artículo 235 expresa: "En cada parroquia rural\n habrá una Junta Parroquial de elección popular.\n Su integración y atribuciones se determinarán en\n la ley. Su Presidente será el principal personero y tendrá\n las responsabilidades y competencias que la ley señale".
Es deber primordial del Estado impulsar el desarrollo armónico\n del país, fortaleciendo la participación ciudadanía\n en la toma de decisiones como agentes de su propio desarrollo\n y autogestión.
Para que exista una verdadera descentralización y un\n desarrollo armónico del territorio nacional, es imperante\n estimular a los sectores marginales, distribuyendo equitativamente\n los recursos y servicios de acuerdo a las necesidades reales\n existentes a través de una entrega de responsabilidades\n en los aspectos financieros y administrativos.
NOMBRE: "REFORMATORIA A LA LEY\n DE CENTROS AGRICOLAS Y CAMARAS DE AGRICULTURA".
CODIGO: 21 - 477.
AUSPICIO: H. JHON ARGUDO PESANTES.
INGRESO: 31-05-2000
FECHA DE ENVIO A COMISION: 05 - 06 - 2000
La Ley de Centros Agrícolas y Cámaras de Agricultura\n posibilite que una Cámara Provincial pueda obtener su\n autonomía administrativa y económica, coadyuvando\n de esta manera a que la producción agropecuaria esté\n de acuerdo a las realidades de la región.
Se vuelve imperioso que la Cámara de Agricultura del\n Cañar (Séptima Zona), forme parte del proceso de\n descentralización que permita utilizar sus recursos en\n la propia región y por ende en los centros agrícolas\n cantonales.
Es necesario para la actividad productiva y economía\n de la provincia del Cañar, encontrar una necesaria autonomía\n y descentralización que coadyuven a buscar su consolidación\n y progreso creando la Cámara de Agricultura de la Séptima\n Zona.
NOMBRE: "DE JUNTAS PARROQUIALES\n RURALES"
CODIGO: 21 - 478.
AUSPICIO: H. NINA PACARI VEGA
INGRESO: 01-06-2000
COMISION: DE GESTION PUBLICA Y UNIVERSALIZACIÓN DE\n LA SEGURIDAD SOCIAL
El artículo 228 de la constitución Política\n de la República establece que el gobierno seccional autónomo,\n en la parroquia, lo ejercerá la Junta Parroquial.
El proceso de descentralización y desconcentración\n del Estado, concebido por la Ley Fundamental, demanda acciones\n encaminadas al fortalecimiento de los gobiernos seccionales autónomos;\n la promoción de la participación de la comunidad\n en las decisiones que atañen a su localidad; el fortalecimiento\n de los valores culturales; el impulso al desarrollo integral\n de las áreas rurales del país; la promoción\n del manejo integral de las áreas rurales del país,\n de los recursos naturales y el medio ambiente de poblaciones\n rurales.
De acuerdo al artículo 231 de la Constitución\n Política los gobiernos seccionales autónomos generarán\n sus propios recursos financieros y participarán de las\n rentas del Estado de conformidad con los principios de solidaridad\n y equidad.
NOMBRE: "REFORMATORIA. DE LA LEY\n DE AVIACION CIVIL, DEL CODIGO AERONAUTICO Y DE LA LEY ESPECIAL\n DE DESCENTRALIZACIÖN DEL ESTADO Y PARTICIPACION SOCIAL".
CODIGO: 21 - 479.
INGRESO: 01 - 06 - 2000.
COMISION: DE DESCENTRALIZACION, DESCONCENTRACION Y REGIMEN\n SECCIONAL.
FECHA DE ENVIO A COMISION: 05 ­ 06 200
La comisión de los nuevos aeropuertos de Quito y Guayaquil,\n creada mediante Ley No. 53, publicada en el Registro Oficial\n No. 319 de 21 de noviembre de 1989, y demás decisiones\n adoptadas desde entonces para hacer realidad la construcción\n de estas obras, no han conducido a la consecución de los\n objetivos deseados.
Los municipios de Quito y Guayaquil han manifestado su deseo\n de asumir la responsabilidad de promover la construcción\n de los aeropuertos de sus respectivas ciudades y el Gobierno\n Nacional también ha expresado su predisposición\n para que sean construidos a través do la iniciativa de\n los citados municipios.
Son evidentes las limitaciones de los actuales aeropuertos\n para proporcionar servicios que estén en concordancia\n con las necesidades de los usuarios y del desarrollo del país.
NOMBRE: "DE INDEMNIZACION A LOS\n MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS EN SERVICIO ACTIVO QUE SUFRAN\n DISCAPACIDAD EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PROFESIONALES Y\n DE INDEMNIZACION A SUS FAMILIARES EN CASO DE MUERTE'.
CODIGO: 21 - 480.
AUSPICIO: H. JULIO NOBOA NARVAEZ.
COMISION: DEL NIÑO, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA.
El Congreso Nacional con fecha 31 de mayo del 2000 aprobó\n la "Ley de indemnización a los policías y\n miembros uniformados de la Comisión de Tránsito\n del Guayas, que resultaren con alguna discapacidad en cumplimiento\n de sus funciones específicas y de indemnización\n a sus familiares en caso de muerte".
Es obligación del Congreso Nacional dar un trato igualitario\n a los miembros de las instituciones que conforman los diferentes\n estamentos sociales de nuestra sociedad, de conformidad con lo\n establecido en los artículos 23 y 47 de la Carta Magna.
Los militares o dependientes de los miembros de las Fuerzas\n Armadas en servicio activo, cualquiera sea su grado o jerarquía,\n incluidos /as en actos de servicios profesionales, deben temer\n el sustento económico que les permita mantener una vida\n digna.
N°\n 465
Que la organización y funcionamiento de la economía\n responden a los principios de eficiencia, solidaridad, sustentabilidad\n y calidad conforme lo dispone el Art. 242 de la Constitución\n Política de la República del Ecuador;
Que para dar cumplimiento efectivo a estos principios el país\n ha adoptado un nuevo modelo económico, a fin de asegurar\n a los habitantes una existencia digna e iguales derechos y oportunidades\n para acceder al trabajo, a los bienes y servicios, y a la propiedad\n de los medios de producción;
Que es necesario conformar una comisión negociadora\n de la deuda externa, encargada de buscar soluciones al problema\n de endeudamiento del Gobierno del Ecuador, y,
En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral\n 3 del artículo 171 de la Constitución Política\n de la República,
Art. 1.- Créase la Comisión Negociadora de la\n Deuda Externa, la misma que estará conformada por un Presidente\n y los miembros que serán nombrados por el Presidente de\n la República.
Art. 2. - La Comisión tendrá la facultad en\n coordinación directa con el Ministerio de Economía\n y Finanzas de renegociar la deuda externa ecuatoriana, y fijar\n las condiciones mínimas de pago con gobiernos, proveedores\n y otras instituciones, cuyos acuerdos se concretarán a\n través de los organismos gubernamentales pertinentes.
Con este propósito, se confiere amplias atribuciones\n al Presidente de la Comisión para representarla en las\n negociaciones que se lleven a cabo, de conformidad con las políticas\n adoptadas por el Presidente de la República.
Art. 3.- Facúltase a la comisión para que negocie\n los acuerdos preliminares referentes al proceso de refinanciamiento\n de la deuda externa previos a la suscripción de los convenios\n definitivos con los organismos gubernamentales competentes, una\n vez cumplidas las formalidades de ley.
Art. 4.- La Comisión podrá conformar un equipo\n técnico de respaldo para el cumplimiento de sus funciones.
No. 005/2000
EL CONSEJO NACIONAL DE LA MARINA MERCANTE\n Y PUERTOS
Que es necesario aclarar el texto del numeral 10 de las normas\n generales de la normativa tarifaria para los puertos comerciales\n del Estado, expedida mediante la Resolución No. 015/98\n del 24 de septiembre de 1998, publicada en el Registro Oficial\n No. 43 del 8 de octubre del mismo año, a efectos de evitar\n malas interpretaciones por parte de los usuarios con respecto\n al beneficio de la autoliquidación de sus facturas;
Que la Dirección General de la Marina Mercante y del\n Litoral, mediante el oficio No. DIGMER ­ DPL - 1685 - 0 del\n 10 de mayo del 2000, ha emitido informe favorable para la reforma\n de la antes indicada disposición de la normativa tarifaria\n para los puertos comerciales del Estado; y,
En uso de la facultad contemplada en el Art. 4, literal a)\n de la Ley General de Puertos,
Art. 1. - Reformar el numeral 10 de las normas generales de\n la normativa tarifaría para los puertos comerciales del\n Estado, el mismo que dirá:
"10) El usuario que se acogiere a la autoliquidación\n de las tarifas generales, tendrá derecho a. una bonificación\n del 5% del valor de la factura emitida por la Autoridad Portuaria,\n siempre que, el monto cancelado difiera en menos un 5% de la\n que resulte en la facturación de la Autoridad Portuaria\n y que la autoliquidación y pago se realicen hasta el memento\n del atraque de la nave al primer muelle de la jurisdicción\n de la Autoridad Portuaria.".
Art 2.- La Dirección General de la Marina Mercante\n y del Litoral será la encargada de velar por el cumplimiento\n de la presente resolución, la misma que entrará\n en vigencia a partir de la fecha de su publicación en\n el Registro Oficial.
Dada en Guayaquil, en la sala de sesiones de la Dirección\n General de la Marina Mercante y del Litoral a los diecinueve\n días del mes de mayo del año dos mil.
f.) Hugo Unda Aguirre, Almirante, Ministro de Defensa Nacional,\n Presidente del Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos.
f.) Ab. Publio Farfan Vélez, Secretario Abogado del\n Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos.
N°\n 031/2000
Que es necesario actualizar las tarifas vigentes para el servicio\n de las gabarras que operan entre Babia de Caráquez y San\n Vicente, aprobadas mediante Resolución No. 705/99 de octubre\n 21 de 1999, publicada en el Registro Oficial No. 321 de 18 de\n noviembre de 1999, debido a las variaciones económicas\n del país, como consecuencia de las disposiciones contenidas\n en la nueva Ley de Transformación Económica del\n país; y,
Art. 1°.- Aprobar el siguiente tarifario de fletes para\n el transporte de vehículos con o sin carga en las gabarras,\n que operan desde el embarcadero de Bahía de Caráquez\n y San Vicente o viceversa:
No ITEMS Tarifas/sucres
\n /U. S. D
01 VEHICULOS MENORES
\n Triciclos, motonetas, motocicletas
\n tricars, cuadrones, cabalgaduras. 12.000/0.48
02 VEHICULOS LIVIANOS
\n Automóviles, camionetas hasta 2 toneladas
\n jeeps. 50.000/2.00
03 VEHICULOS SEMIPESADOS
\n Camionetas, más de 2 ton. furgonetas Blazer
\n 4x4. 70.000/2.80
04 VEHICULOS PESADOS
\n Camiones, busetas 400, 500 y 600, tanqueros,
\n buses, cabezales sin plataforma, volquetes hasta 8 m3.
\n tractores agrícolas. 120.000/4.80
05 VEHICULOS EXTRAPESADOS
\n Volquetas de más de 9 m3., silos, mulas,
\n tractores de carga, palas mecánicas, equipo caminero.\n ... 160.000/.6.40
06 VEHICULOS SUPER PESADOS
\n Cabezales con plataforma, trailers 200.000 / 8.00
Art. 2°.- Las personas que usen las gabarras como medio\n de transporte cancelarán 1.000 sucres o 0.04 U. S. D.
Art 3°.- El transporte de maquinaria pesada para trabajos\n en camaroneras ubicadas dentro del estuario tendrá un\n valor de 13'000.000 de sucres o 520,00 U. S. D.
Art. 4°.- El personal que trabaja a bordo de estas naves\n deberán usar obligatoriamente uniforme durante la jornada\n de servicio.
Art. 5°.- El transportista o armador colocará en\n lugar visible para el usuario, el texto completo de esta resolución.
Art. 6°. - El Capitán de Puerto de Bahía\n de Caráquez será el encargado de controlar el cumplimiento\n de esta resolución.
Art. 7°.- Esta resolución entrará en vigencia\n a partir del lunes cinco de junio del 2000, sin perjuicio de\n su publicación en el Registro Oficial.
Art. 8°.- Derógase la Resolución No. 705/99\n del 21 de octubre de 1999.
Dada en Guayaquil, en la Dirección General de la Marina\n Mercante y del Litoral, a los veinte y nueve días del\n mes de mayo del año dos mil.
f) Gonzalo Vega Valdiviezo, Contralmirante Director General
N°\n 032/2000
Que, mediante Resolución 317/92 del 17 de diciembre\n de 1992, esta Dirección General expidió el "Reglamento\n para la Constitución del Comité de Concurso Privado\n de Precios para la Adquisición de Bienes, Ejecución\n de Obras y Prestación de Servicios para las Autoridades\n Portuarias de Guayaquil, Manta, Puerto Bolívar y Esmeraldas";
Que, de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo\n inciso del artículo 4 de la Ley de Contratación\n Publica, sustituido por el artículo 62 de la Ley para\n la Transformación Económica del Ecuador, expedida\n mediante Ley No. 2000 - 4 del 29 de febrero del 2000 y promulgada\n en el Suplemento del Registro Oficial No. 34 del 13 de marzo\n del mismo año, la adquisición de bienes muebles,\n la ejecución de obras, y la prestación de servicios\n no regulados por la Ley de Consultoría, cuya cuantía\n sea inferior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente\n 0,00002 por el monto del presupuesto inicial del Estado correspondiente\n ejercicio económico, no se sujetará a los procedimientos\n precontractuales previstos en la Ley de Contratación Publica,\n pero para celebrar los contratos respectivos se observarán\n las normas reglamentarias pertinentes que para el efecto dictará\n cada uno de los organismos contratantes;
Que, el artículo 59 de la Ley Orgánica de Administración\n Financiera y Control, prescribe que cada entidad del sector público,\n deben existir funcionarios ordenadores de gastos y de pagos;
Que, la Séptima Disposición General de la Ley\n para la Transformación Económica Ecuador, en su\n numeral 1.3 dispone que "...Los precios de los contratos\n que se celebren a de partir de la vigencia de la presente Ley\n deberán ser expresados en dólares estadounidenses...;
Que, por efecto de las reformas citadas, y con la finalidad\n de mantener el espíritu de aplicación del reglamento\n antes referido, es necesario expedir un nuevo cuerpo reglamentario\n en armonía con el marco jurídico actual; y,
En uso de la facultad que le confiere el artículo Sto.,\n literal b) de la Ley General de Puertos,
Expedir el siguiente "REGLAMENTO INTERNO PARA LA ADQUISICION\n DE BIENES MUEBLES, EJECUCION DE OBRAS Y PRESTACION DE SERVICIOS\n DE LAS AUTORIDADES PORTUARIAS DE GUAYAQUIL, MANTA, PUERTO BOLIVAR\n Y ESMERALDAS".
ARTÍCULO 1°.- DEL ÁMBITO DE APLICACION Y\n LA CUANTIA. - El presente reglamento rige para las adquisiciones\n de bienes muebles, ejecución de obras y prestaciones de\n servicios no regulados por la Ley de Consultoría, cuya\n cuantía sea inferior al valor que resulte de multiplicar\n el coeficiente 0,00002 por el monto del presupuesto inicial del\n Estado del correspondiente ejercicio económico y superior\n a los diez mil dólares americanos (US$ 10.000,00).
ARTÍCULO 2°.- DE LA PROHIBICION DE SUBDIVIDIR CONTRATOS.-\n Prohíbese terminantemente la segregación o fraccionamiento\n de las adquisiciones de bienes muebles, suministros y repuestos;\n ejecución de obras o prestaciones de servicios, a efectos\n de evadir el límite establecido en el artículo\n anterior para la aplicación de este reglamento. El o los\n funcionarios que permitieren la segregación de los contratos,\n serán acreedores a las sanciones establecidas en el Art.\n 69 de la Ley de Contratación Publica.
ARTÍCULO 3°.- REGISTRO DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES.\n - Los Departamentos de Ingeniería y Administrativo de\n la Autoridad Portuaria, mantendrán debidamente actualizado\n el registro de contratistas y proveedores, cuya calificación\n le corresponde al Comité conformado para el efecto.
ARTÍCULO 4°.- DE LA INTEGRACION DEL COMITÉ\n DE CONCURSOS. - Autoridad Portuaria contará con un Comité\n de Concursos, integrado por los siguientes miembros:
a) El Gerente o su delegado, quien lo presidirá;
b) El Jefe del Departamento Financiero o su delegado; y,
c) El Jefe del Departamento que origina la contratación\n o su delegado; si la misma se refiere al Departamento Financiero,\n el Presidente del Comité dispondrá la concurrencia\n de otro Jefe Departamental.
El Asesor Jurídico de la entidad o su delegado, actuará\n como Secretario del Comité, con voz informativa pero sin\n voto.
ARTÍCULO 5° DE LA ASESORÏA.- Cada miembro\n del Comité individualmente, de considerarlo necesario,\n podrá contar con el Asesoramiento de un técnico\n de la entidad en el asunto de la contratación, el mismo\n que intervendrá en las sesiones con voz informativa pero\n sin voto.
ARTÍCULO 6°.- DE LAS COMISIONES DE ASESORIA.- El\n Presidente del Comité de Concursos, podrá conformar\n Comisiones Técnicas de Asesoría, en las que puede\n participar el personal técnico de la entidad. Cuando la\n Autoridad Portuaria no contare entre su personal con los técnicos\n requeridos o por convenir a los intereses institucionales, el\n Gerente General podrá solicitar a la Dirección\n General de la Marina Mercante y del Litoral, la nominación\n del o los técnicos necesarios para el asunto de que se\n está tratando, obligándose a pagarle una dieta\n igual a la que perciben los miembros del Comité por cada\n sesión en la que participen, además de los correspondientes\n viáticos, cuando el llamado implique el desplazamiento\n del técnico fuera de su habitual lugar de trabajo, además\n de los correspondientes gastos de movilización.
ARTÍCULO 7°. - DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE\n DEL COMITE. - Son obligaciones del Presidente del Comité\n de Concursos, las siguientes:
a) Presidir y dirigir las sesiones;
b) Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en el presente\n reglamento y demás normas legales que fueren menester,
c) Convocar por escrito a los miembros del Comité a\n sesiones por lo menos con un día hábil de anticipación\n al fijado para la misma, incluyendo el orden del día y\n los documentos relacionados con los asuntos a tratarse;
d) Establecer el orden del día;
e) Suscribir con el Secretario las convocatorias y notificaciones\n que fueren del caso;
f) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones emanadas del Comité;
g) Dirigir y suscribir la correspondencia;
h) Informar al Directorio de la entidad de las resoluciones\n adoptadas por el Comité de Concursos; e,
i) Las demás obligaciones que se encuentran determinadas\n en la presente resolución.
ARTÍCULO 8°.- DE LAS OBLIGACIONES DEL SECRETARIO.\n - Son obligaciones del Secretario del Comité de Concursos,\n las siguientes:
a) Llevar el Libro de Actas de las sesiones del Comité;
b) Mantener el archivo de los documentos del Comité\n debidamente resguardados y garantizada su reserva;
c) Elaborar el orden del día y los documentos pertinentes\n para la sesión del Comité y someterlos a la consideración\n del Presidente;
d) Receptar y conferir recibos inventariados de la propuesta\n presentadas al Comité;
e) Realizar las notificaciones de calificación de firmas\n y las demás que fueren necesarias de conformidad con la\n ley;
f) Efectuar las diligencias encomendadas por el Comité;
g) Aplicar los Procedimientos que garanticen absoluta reserva\n sobre los documentos, datos e información del Comité;\n y,
h) Mantener actualizado el kárdex y el registro de\n resoluciones.
ARTÍCULO 9°. - DE LAS OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS.\n - Son obligaciones de los miembros del Comité de Concursos,\n las siguientes:
a) Concurrir puntualmente a las sesiones a las que sean convocados;
b) Participar con voz y voto en las deliberaciones del Comité;
c) Mantener absoluta reserva sobre los documentos y asuntos\n que esté conociendo el Comité;
d) Responder por todos los actos y resoluciones que con violación\n a las leyes y reglamentos que hubieren sido adoptados por el\n Comité con su voto y que perjudiquen a los intereses de\n la Autoridad Portuaria;
e) Cumplir las comisiones y demás actividades que le\n fueren encomendadas por el Presidente del Comité; y,
f) Las demás que le asigne el Presidente del Comité.
ARTÍCULO 10°.- DEL QUORUM.- El quórum para\n las sesiones del Comité de Concursos, estará dado\n por la asistencia de todos sus miembros, y, sus decisiones se\n tomarán por simple mayoría. El voto de cada uno\n de los miembros será obligatorio, debiendo pronunciarse\n en sentido afirmativo o negativo en forma razonada.
ARTÍCULO 11°.- DE LA INHABILIDAD DE LOS HABITANTES\n DEL COMITE. - Prohíbese a los miembros del Comité\n y al Secretario, intervenir en los casos en que los que participen\n como interesados u oferentes, sus parientes dentro del cuarto\n grado de consanguinidad o segundo de afinidad; en tales circunstancias,\n quienes se encuentren incursos en la prohibición antes\n indicada, darán inmediato aviso al Presidente del Comité,\n para que disponga la actuación de su correspondiente delegado.
ARTÍCULO 12°. - DE LAS ATRIBUCIONES DEL COMITE.\n - Son atribuciones del Comité de Concursos, las siguientes:
1. Estudiar y aprobar los documentos precontractuales que\n se requieren en este concurso, los cuales deben ser elaborados\n bajo la responsabilidad que origina la contratación;
2. Convocar a precalificación de firmas;
3. Aclarar e interpretar el contenido de las bases y demás\n documentos;
4. Solicitar a los oferentes los documentos aclaratorios que\n estime necesarios;
5. Calificar a los proponentes,
6. Resolver sobre las propuestas, previo conocimiento de los\n informes, y,
7. Declarar desierto el Comité de Concursos y ordenar\n su reapertura o su archivo, según los casos.
ARTÍCULO 13°. - DEL PLAN DE ADQUISICIONES. Las\n adquisiciones de bienes, ejecución de obras o prestación\n de servicios se fundamentarán en el Plan Anual de Adquisiciones\n y en el presupuesto aprobado de la entidad. Para el caso de la\n ejecución de obras o prestación de servicios, el\n proceso precontractual se iniciará necesariamente en el\n Departamento Técnico con la presentación de los\n estudios, diseños, incluidos los planos y cálculos,\n especificaciones generales y técnicas. Para el caso de\n las adquisiciones de bienes, el proceso precontractual se iniciará\n en cualquiera de los departamentos de la entidad con el requerimiento\n correspondiente, al que le deberá adjuntar el justificativo\n que demuestre su real necesidad. Este requerimiento deberá\n ser aprobado por el Jefe del Departamento Administrativo.
ARTÍCULO 14°. DE LA PROGRAMACION DE LAS ADQUISICIONES.\n - Para la mejor realización de los procedimientos precontractuales\n de las adquisiciones de bienes, ejecución de obras y la\n prestación de servicios, se programarán para períodos\n mínimos de tres meses, para lo cual el Dpto. Administrativo\n de Autoridad Portuaria, efectuará una recopilación\n de los requerimientos de cada área, los mismos que necesariamente\n deben constar en el Plan Anual de Adquisiciones vigente, estableciendo\n las prioridades institucionales que fueren del caso, luego de\n lo cual, debidamente depurados, serán entregados al Gerente\n para que convoque al Comité de Concursos.
ARTÍCULO 15°. - DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA\n Y DE CAJA. - Previa la Convocatoria del Comité de Concursos,\n deberá contarse con la certificación del Dpto.\n Financiero, en la que acredite la existencia de recursos financieros\n suficientes y la disponibilidad presupuestaria, de conformidad\n con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Orgánica\n de Administración Financiera y Control.
ARTÍCULO 16. - DE LOS BIENES NACIONALES. - Cuando la\n ejecución de la obra requiera la incorporación\n directa de bienes importados, o tratándose de adquisición\n de bienes, se establecerá el mínimo de los bienes\n de origen nacional que deben constar en la propuesta, de acuerdo\n con el dictamen de aplicación de la desagregación\n tecnológica emitido por la Comisión Ecuatoriana\n de Bienes de Capital.
ARTÍCULO 17°.- DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES.-\n De conformidad con la planificación establecida y considerando\n la naturaleza, objeto y presupuesto referencial de la obra a\n ejecutarse, del bien a adquirirse o del servicio a prestarse;\n se procederá a iniciar el siguiente trámite, para\n lo cual la entidad deberá preparar los siguientes documentos\n precontractuales:
b) Modelo de carta de presentación y compromiso;
c) Modelo de formulario de propuesta;
d) Instrucciones a los oferentes;
e) Proyecto de Contrato;
f) Especificaciones generales y técnicas;
g) Planos;
h) Valor estimado, que incluirá el presupuesto referencial\n de la contratación;
i) Plazo estimado de ejecución del contrato; y,
j) Principios y criterios para la valorización de ofertas.
ARTÍCULO 18°.- DE LA OBSERVANCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS.-\n Durante la realización del Comité de Concursos\n se observará el siguiente procedimiento:
a) La entidad preparará los documentos precontractuales\n exigidos en el artículo 17 de la presente resolución;
b) El oferente presentará su propuesta en un solo sobre\n que contenga los documentos señalados en el literal anterior,
c) El término para la presentación de la oferta\n no será inferior a diez días ni mayor a dieciocho,\n contados desde la fecha de la invitación;
d) La convocatoria se realizará por la prensa o por\n invitación escrita, y obligatoriamente será dirigida\n a las cámaras y colegios profesionales afines con el objeto\n del contrato. Esta invitación contendrá el objeto\n del concurso y los datos fundamentales que permitan definir claramente\n su alcance;
e) Recibidas las propuestas en sobres cerrados, se procederá\n a su apertura, en presencia de los interesados, si desearen concurrir;\n el Presidente del Comité de Concursos dispondrá\n que uno de los miembros y el Secretario rubriquen todos los documentos;
f) Dentro de cinco días de abierta las propuesta, se\n adjudicará el contrato a la oferta más conveniente\n a los intereses institucionales;
g) Para la suscripción del contrato, el adjudicatario\n presentará la garantía de fiel cumplimiento;
h) El contrato se celebrará dentro del término\n de diez días de adjudicado; e,
i) En esta contratación no serán necesarios\n los informes previos a la invitación y a la suscripción\n del contrato, salvo lo dispuesto en leyes especiales.
ARTÍCULO 19°.- DEL ANTICIPO. - Si por efecto de\n la forma de pago establecida en el contrato, la Autoridad Portuaria\n debiere otorgar anticipos de cualquier naturaleza, sea en dinero,\n giros a la vista u otra forma de pago, el mismo no deberá\n exceder al cincuenta por ciento del valor del contrato y, en\n cuanto a las formas de las respectivas garantías, se sujetará\n a lo previsto en el artículo 20 del presente reglamento.\n Las cartas de crédito no se consideran anticipos si su\n pago está condicionado a la entrega recepción de\n los bienes u otra materia del contrato.
El contratista deberá rendir las garantías por\n el valor reajustado del anticipo, si hubiere tal reajuste.
ARTÍCULO 20°.- DE LAS GARANTIAS. - En las contrataciones\n sujetas al presente reglamento, el Comité de Concursos\n sólo aceptará garantías bancarias o póliza\n de seguro.
ARTÍCULO 21°. - DE LAS DIETAS PARA LOS INTEGRANTES\n DEL COMITE. - Los miembros del Comité de Concursos, incluido\n el Secretario, por cada sesión en la que actúen,\n percibirán una dieta equivalente a dos salarios mínimos\n vitales generales vigentes, hasta el limite establecido en las\n Disposiciones Generales del Presupuesto General del Estado.
ARTÍCULO 22°.- NORMAS COMPLEMENTARIAS. - En todo\n cuanto no se encuentre previsto en el presente Reglamento de\n Concursos, se aplicarán las disposiciones constantes en\n la Ley de Contratación Pública, su reglamento,\n Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional, Ley\n Orgánica de Administración Financiera y Control\n y, Reglamento General de Bienes del Sector Público.
ARTÍCULO 23.- La presente resolución estará\n en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de\n su publicación en el Registro Oficial.
Dada en la Dirección General de la Marina Mercante\n y del Litoral, a los veintinueve días del mes de mayo\n del dos mil.
f) Gonzalo Vega Valdiviezo, Contralmirante, Director General\n de la Marina Mercante.
N°\n 138 - 2000
ACTORA: Dolores Sotomayor.
\n DEMANDADO: Ab. Leonidas Litardo Plaza.
Quito, 26 de abril del 2000; las 16h25.
VISTOS: Se encuentra en la Sala, por recurso de casación,\n este juicio verbal sumario, que sigue por relaciones locativas\n Dolores Alicia Sotomayor Jaime, pos sus propios derechos y por\n los que representa de sus hermanos: Benigno y María Eugenia\n Sotomayor Jaime, en contra del Ab. Léonidas Litardo Plaza,\n quien ha interpuesto recurso de casación (fs. 60 a 69\n vta, de segundo grado), que le ha sido admitido a trámite\n (fs. 3 de este cuaderno). El casacionista objeta la legalidad\n de la sentencia de mayoría dictada por la Cuarta Sala\n de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil (fs. 46 a 49 vta,\n de segunda instancia), que es confirmatoria de la decisión\n expedida por el Juez Décimo Séptimo de lo CIVIL\n de Santa Elena, que declara con lugar la demanda y ordena la\n desocupación del local arrendado materia de litigio. El\n recurrente, señala en su escrito de casación, la\n violación del Art. 88 del Código de Procedimiento\n CIVIL, al haber sido aplicado indebidamente; falta de aplicación\n del Art. 45 de la Ley de Inquilinato; de los Arts,: 71 N°\n 8, 72 N° 1, 73, 853 y 277 del Código de Procedimiento\n CIVIL, normas todas, que dice "no han sido aplicadas";\n y, de falta de aplicación de la resolución obligatoria\n de la Corte Suprema de Justicia publicada en el R.O. N° 458\n del 14 de junio de 1990. Adicionalmente, señala que sus\n cargos los sustente en las causales 1ra., 2da., 3ra. y 4ta. del\n Art. 3 de la Ley de Casación. Se ha agotado la sustanciación\n en este nivel y dado el cumplimiento por la actora con lo dispuesto\n en providencia de calificación en que sostiene la legalidad\n del fallo impugnado, corresponde resolver, al hacerlo, se considera:\n PRIMERO. - El proceso tiene como fundamento fáctico la\n falta de pago de las pensiones locativas de los meses de febrero,\n marzo, abril, mayo y junio de 1997. fundamentando la acción\n Dolores Sotomayor en el Art. 28 numeral 1° de la Ley de Inquilinato.\n La norma antes invocada debe ser observada conjuntamente para\n su aplicación con la resolución obligatoria de\n la Corte Suprema de Justicia publicada en el Registro Oficial\n N° 458 de 14 de junio de 1990, en vigencia, que tiene carácter\n generalmente obligatorio al tenor del Art, 15 de la Ley Orgánica\n de la Función Judicial. En la especie, se discuten dos\n posiciones: la del recurrente demandado, que sostiene: la citación\n con la demanda se ha efectivizado el 22 de agosto de 1997, conforme\n se desprende de la razón actuarial suscrita por Rocío\n Melgar Saltos. Secretaria P. P. N. N. del cantón Salinas\n (fs. 15 del primer grado). En tanto, que la accionaste alega\n que se produjo al momento de la excusa del Juez Litardo, al conocer\n la demanda presentada en el Juzgado de lo CIVIL de Salinas, en\n donde era titular, el 23 de junio de 1997 (fs. 4 de primer grado).\n Consecuentemente, la consignación hecha por las mensualidades\n adeudadas se ha efectuado el 10 de julio de 1997 (fs. 34 de primer\n grado), esto es, antes de haberse citado con la demanda al hoy\n recurrente, o extemporáneamente por estimar que se produjo\n la citación al excusarse. El fallo de mayoría acepte\n que la actuación procesal de 23 de junio de 1997, en que\n el demandado - a la fecha Juez Décimo Sexto de lo CIVIL\n de Salinas - al presentar la excusa legal para conocer la demanda\n planteada, debe ser entendida conforme al Art. 88 del Código\n de Procedimiento CIVIL, y en tal virtud "fue citado a la\n fecha de presentación de la excusa" (sic). Mas tal\n razonamiento, no es aceptable, por lo siguiente: 1.1. La citación,\n según definición del Art. 77 del Código\n de Procedimiento CIVIL, es "el acto por el cual se hace\n saber al demandado el contenido de la demanda o del acto preparatorio\n y de las providencias recaídas en esos escritos".\n La notificación, la entiende como el acto de poner en\n conocimiento de las partes litigantes, con las formalidades previstas,\n el contenido de escritos o pedimentos y las resoluciones o providencias\n judiciales. En todo caso, se entienden efectuadas por el competente\n funcionario, que le da carácter oficial, debiendo cumplir\n las formalidades legales. Víctor Manuel Peñaherrera\n en su obra Lecciones de Derecho Práctico CIVIL y Penal,\n Ed. Universitaria, Quito 1960 Pág. 323, al respecto comenta:\n "Síguese por tanto, que etimológicamente,\n la notificación es género y la citación\n y el emplazamiento, especies; la primera significa hacer saber\n judicialmente; la segunda, hacer saber, con llamamiento para\n realizar un acto; y la tercera, hacer saber, con llamamiento\n y fijación de plazo para el cumplimiento de un deber.\n Por manera que en todo emplazamiento hay citación, y en\n toda citación, notificación; pero no en toda notificación\n hay citación o emplazamiento.", unido a lo señalado\n por la Enciclopedia Jurídica Omeba que dice: "Notificación\n es el acto jurídico mediante el cual se comunica de una\n manera auténtica a una persona determinada o a un grupo\n de personas la resolución judicial o administrativa de\n una autoridad, con todas las formalidades preceptuadas por la\n ley"; y que el Diccionario Enciclopédico de Derecho\n Usual de Guillermo Cabanellas, al remitirse a la citación\n señala: "es la diligencia por la cual se hace saber\n a una persona el llamamiento hecho de orden del Juez, para que\n comparezca en juicio a estar a derecho.". Los conceptos\n doctrinarios transcritos permiten desprender que notificación\n y citación son actos procesales que deben ser catalogados\n entre los actos de comunicación, pero revisten diferencias\n sobre efectos, formalidades y básicamente respecto a las\n consecuencias que éstos generan. 1.2. La excusa presentada\n por el demandado, que ha sido aceptada por el Juez de primer\n grado, constituye actuación legal y conforme a derecho,\n consecuencia del cumplimiento de un deber del juzgador que trae\n los Arts. 871 N° 4 y 894 del Código de Procedimiento\n CIVIL, ya que de no hacerlo, ésto constituiría\n causal de recusación, por cuanto el juzgador tiene interés\n personal en la causa, no siendo éste el caso, debe entenderse\n que el señalamiento de domicilio que ha hecho, corresponde\n a la excusa en razón del cargo que detenta y no a la demanda\n que en su contra se ha entablado, puesto ya que constituye una\n actuación independiente; tanto más que el auto\n de calificación de la demanda, ha sido expedido una vez\n evacuado el conflicto previo de competencia. 1.3. La calificación\n de la demanda, efectivamente inicia el trámite del juicio\n y surge la relación procesal del accionante, ya que el\n Juez puede, de ser el caso, aceptarla o abstenerse de tramitarla,\n y con la citación del demandado, se constituye su relación\n procesal. En la especie, se concluye que el Tribunal da Alzada,\n ha realizado una aplicación indebida del Art. 88 del Código\n de Procedimiento CIVIL, debido a que la excusa indicada no es\n una manifestación de conocimiento y voluntad de la parte\n procesal demandada y ni siquiera a ese momento se presentaba\n la providencia de calificación. 1.4. El Art. 88 del Código\n de Procedimiento CIVIL, busca la economía procesal, puesto\n que no quiere la repetición de actos procesales que conoce\n la parte procesal, que ya se han practicado dentro del trámite\n iniciado en un proceso. En el caso, para entenderse por citado,\n debe conocer la demanda y la providencia de calificación.\n SEGUNDO. - La imputación de falta de aplicación\n del Art. 72, N° 1 del Código de Procedimiento CIVIL,\n por ausencia de poder de Alicia Sotomayor por los derechos de\n sus hermanos: Benigno y María Eugenia Sotomayor Jaime,\n carece de veracidad, ya que si bien, se presenta que ha sido\n agregado a los autos sin petición de la accionante, que\n no lo acompañó a la demanda, ciertamente fue protocolizado\n el 26 de febrero de 1997, haciendo referencia el mismo al Juez\n a quo en la providencia inicial (fs. 8 de primer grado). TERCERO.\n - Referente a la falta de aplicación del Art. 45 de la\n Ley de Inquilinato, se observa que a fs. 46, se encuentra la\n certificación de la inscripción y fijación\n del canon de arrendamiento señalado por la I. Municipalidad\n de Salinas; en la especie, el Juez de primer nivel debió\n al calificar la demanda solicitar se encuentren incorporados,\n ya que la disposición de la norma últimamente indicada\n es clara y señala la obligación del Juez de no\n admitir a trámite la demanda, disposición imperativa\n de estricto cumplimiento por parte del juzgador, que ha sido\n omitida, que se comprueba se ha realizado el 23 de septiembre\n de 1997, esto es después de la presentación de\n la demanda y calificación de la misma, efectuada el 20\n de agosto del mismo año. Sin embargo, tal violación\n de dicha norma procedimental, de acuerdo a la causal 2da. del\n Art. 3 de la Ley de Casación, en que se apoya el casacionista,\n no configura motivo de anulación del fallo cuestionado,\n en vista que no ha provocado nulidad insanable, ni ha producido\n indefensión, ni ha influido en la decisión de la\n causa; tanto más, que, la falta de inscripción\n origina multe para el arrendador infractor en armonía\n

References: artículo 235
 artículo 228
 artículo 231
 artículo 171
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 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 4
 artículo 62
 artículo 59

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