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Timestamp: 2019-05-21 15:22:58+00:00

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﻿ SENTENCIA C-1192 DE NOVIEMBRE 22 DE 2005
SENTENCIA C-1192 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2005
CONTENIDO:ACTIVIDAD TAURINA. SE DECLARAN EXEQUIBLES ALGUNAS EXPRESIONES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 22 DE LA LEY 916 DE 2004.
TEMAS ESPECÍFICOS:EVENTO TAURINO, REGLAMENTO DEL EVENTO TAURINO
Sentencia C-1192 de noviembre 22 de 2005
Sentencia C-1192 de 2005
Ref.: Expediente D-5809
Demandante: Angela Viviana Bohórquez Cruz.
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º, 2º, 22 y 80 parciales de la Ley 916 de 2004 “Por la cual se establece el reglamento nacional taurino”.
A continuación se transcribe el texto de los artículos acusados en negrilla y subrayados, conforme a su publicación en el Diario Oficial 45.744 del viernes 26 de noviembre de 2004:
“LEY 916 DE 2004
ART. 1º—El presente reglamento tiene por objeto la regulación de la preparación, organización y desarrollo de los espectáculos taurinos y de las actividades relacionadas con los mismos, en garantía de los derechos e intereses del público y de cuantos intervienen en aquellos. Los espectáculos taurinos son considerados como una expresión artística del ser humano.
ART. 2º—Lo previsto en el presente reglamento será de aplicación general en todo el territorio nacional.
ART. 22.—Todos los espectadores permanecerán sentados durante la lidia en sus correspondientes localidades. En los pasillos y escaleras únicamente podrán permanecer los agentes de la autoridad y los empleados de la empresa.
Los espectadores no podrán acceder a sus localidades ni abandonarlas durante la lidia de cada res.
Queda terminantemente prohibido el lanzamiento al ruedo de cualquier clase de objeto contundente que produzca daño o lesión personal. Los espectadores que incumplan esta prohibición durante la lidia serán expulsados de la plaza, sin perjuicio de la sanción a que hubiere lugar.
Los espectadores que perturben gravemente el desarrollo del espectáculo o causen molestias u ofensas a otros, ganaderos, actuantes, empresarios y espectadores en general, serán advertidos de su expulsión de la plaza que se llevará a cabo si persisten en su actitud, o se procederá a la misma si los hechos fuesen graves, sin perjuicio de la sanción a que, en cada caso, sean acreedores.
El espectador que durante la permanencia de una res en el ruedo se lance al mismo, será retirado de él por las cuadrillas y puesto a disposición de los miembros de las fuerzas de seguridad.
ART. 80.— Para fomento de la fiesta de toros, en atención a la tradición y vigencia cultural de la misma podrán crearse escuelas taurinas para la formación de nuevos profesionales taurinos y el apoyo y promoción de su actividad.
Durante las lecciones prácticas con reses habrá de actuar como director de lidia un matador profesional de toros y, mientras se impartan estas, los servicios de enfermería estarán presentes.
Las reses a lidiar durante las clases prácticas pueden ser machos hasta de dos (2) años o hembras sin limitación de edad.
La escuela deberá llevar un libro de alumnos debidamente diligenciado en el que se reflejarán las altas y bajas y demás circunstancias de cada uno exigiéndose en todo caso, la autorización paterna para los alumnos menores de edad.
La dirección de la escuela taurina exigirá a los alumnos la presentación trimestral de certificación del centro escolar donde realicen sus estudios, que acredite su asistencia regular. Las faltas reiteradas o la no presentación del certificado serán justa causa de baja de la escuela taurina”.
1. Conforme al artículo 241 ordinal 4º de la Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad de los preceptos normativos acusados previstos en los artículos 1º, 2º, 22 y 80 de la Ley 916 de 2004, ya que se trata de una disposición contenida en una ley de la República.
Inhibición por indebida formulación de cargos.
2. De manera reiterada esta corporación ha establecido que aun cuando la acción de inconstitucionalidad es pública e informal, los demandantes tienen unas cargas mínimas que deben cumplir para que se pueda adelantar el juicio de inexequibilidad. En este sentido, la Corte ha insistido en que dichos requisitos deben ser cumplidos tanto formal como materialmente, por lo cual es obligación del ciudadano formular un cargo concreto de naturaleza constitucional contra la disposición acusada (3) .
En este contexto, en Sentencia C-1052 de 2001 (4) , este tribunal señaló que las razones presentadas por los accionantes deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes, pues de no ser así, la decisión que adopte la Corte necesariamente debe ser inhibitoria (5) . En efecto, la falta de formulación de una demanda en debida forma, impide que esta corporación pueda confrontar la disposición acusada con el texto superior, ya que carece por completo de cualquier facultad oficiosa de revisión del ordenamiento jurídico. Precisamente, en Sentencia C-447 de 1997 (6) , se manifestó que: “(...) no corresponde a la Corte Constitucional revisar oficiosamente las leyes sino examinar aquellas que han sido demandadas por los ciudadanos, lo cual implica que el trámite de la acción pública solo puede adelantarse cuando efectivamente haya habido demanda, esto es, una acusación en debida forma de un ciudadano contra una norma legal (...)”.
3. Con todo, la naturaleza participativa de la acción pública de inconstitucionalidad (C.P., art. 40), exige que el derecho a demandar del ciudadano, no se someta a un excesivo formalismo del libelo de la demanda que haga inoperante su ejercicio y que, en mayor o menor medida, se convierta en un límite para la protección no solo de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos, sino también de la efectiva protección de un sistema jurídico jerarquizado.
Por ello esta corporación ha reconocido que en atención a esos pilares fundamentales de participación y de acceso público, en el ejercicio de la acción de control de constitucionalidad, no pueden interpretarse las demandas de inexequibilidad, en una forma tan rigurosa o sujeta a tal ritualismo, que les impida a los ciudadanos el ejercicio efectivo de su derecho de acceder a la administración de justicia y, en concreto, a la jurisdicción constitucional, como emanación del derecho de los ciudadanos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (C.P., art. 40-6) (7) .
En esta medida, surge como pilar de aplicación el denominado principio pro actione (8) , según el cual, siempre que del análisis de una demanda sea posible identificar el texto acusado (9) , el cargo formulado (10) o, al menos, exista una duda razonable sobre el alcance hermenéutico de la disposición acusada (11) o de la norma constitucional que sirve como parámetro de confrontación (12) ; es viable que esta corporación subsane los distintos defectos de las demandas que, en principio, hubieran llevado a un fallo inhibitorio y que detectados en la etapa de admisión hubieran dado lugar a su inadmisión o a su rechazo y, por ende, adelante el control de constitucionalidad, con el fin de hacer prevalecer el derecho sustancial sobre el formal, y de garantizar los derechos de acceso a la administración de justicia y de participación democrática. Pero, en especial, con el propósito esencial de mantener “la integridad y supremacía de la Constitución”, en los términos previstos en los artículos 241 y subsiguientes del texto superior.
4. Frente al cargo propuesto por la accionante contra el artículo 80 de la Ley 916 de 2004 (13) , esta corporación encuentra que el mismo no se ajusta a los requerimientos procesales previamente expuestos, por las razones que a continuación se exponen:
En primer lugar, dicha acusación incumple la carga de pertinencia de las demandas de inconstitucionalidad, conforme a la cual el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional, esto es, fundado en la apreciación del contenido de una o varias normas constitucionales que se exponen y se enfrentan al precepto legal demandado.
En el asunto sub examine, la acusación impetrada por la demandante parte de la confrontación del artículo 80 frente al contenido normativo de los artículos 1º, 2º y 6º de la Ley 84 de 1989, es decir, en lugar de verificar la existencia de una oposición entre la norma acusada y un texto constitucional, la accionante pretende la declaratoria de inexequibilidad de la misma a partir de la presentación de consideraciones puramente legales. En su criterio, la norma acusada debe ser retirada del ordenamiento jurídico, pues permite la organización de escuelas para enseñarles a los jóvenes a disfrutar y realizar espectáculos taurinos con la finalidad de “maltratar y asesinar animales”, cuando expresamente los artículos 1º, 2º y 6º de la citada Ley 84 de 1989 prohíben dichos comportamientos (14) .
Conforme a lo expuesto, la Corte no puede adelantar el juicio de inexequibilidad de la disposición acusada, ya que frente a ella no existe reparo alguno de tipo constitucional, por el contrario, el cargo se fundamenta en una comparación estrictamente legal, frente a la cual, en los términos previstos en el artículo 241 del texto superior, esta corporación carece de competencia. Así lo reconoció, por ejemplo, este tribunal en Sentencia C-013 de 2000 (15) , al resolver una demanda propuesta contra el artículo 49 de la Ley 100 de 1993, por contradecir —en opinión del accionante— lo dispuesto en otras disposiciones de la misma ley. Textualmente, esta corporación declaró:
“La circunstancia destacada en la parte final de la anterior cita ocurre en el presente caso, por cuanto la acusación del demandante no expone una contradicción sustentada entre el texto legal censurado y la Constitución, aun cuando en el escrito se citen varias normas constitucionales como transgredidas; más bien, se limita a fundamentar el cuestionamiento con deducciones que finalmente no involucran el ordenamiento superior sino el estatuto legal que contiene la norma puesta en tela de juicio, como lo es la Ley 100 de 1993.
Comoquiera que una decisión de exequibilidad o inexequibilidad de una disposición legal requiere, luego de un análisis claro y objetivo, que se deduzca de su propio texto una conformidad o una contradicción, respectivamente, con los preceptos superiores, esa interpretación del actor del estatuto normativo al cual pertenece y la controversia final que deduce, resulta irrelevante para el juicio de constitucionalidad (16) .
En este orden de ideas, la Corte deberá declararse inhibida para fallar de fondo en la parte resolutiva de esta providencia, en razón a la ineptitud sustantiva que ha presentado la demanda de la referencia, por ausencia del concepto de la violación constitucional” (17) .
En segundo término, la misma Ley 84 de 1989, en el artículo 7º, exceptúa a las corridas de toros y otros espectáculos taurinos de las prohibiciones previstas en los artículos 1º, 2º y 6º de la citada ley. En este orden de ideas, la accionante incumple de igual manera con la carga de certeza, pues la proposición normativa por ella invocada, no tiene un contenido normativo verificable a partir del examen sistemático del texto legal que le sirve de fundamento (18) .
Finalmente, la accionante pretende que se declare la inconstitucionalidad del artículo 80 de la Ley 916 de 2004, porque en su opinión, el Estado en lugar de destinar recursos para permitir la formación de jóvenes en actividades taurinas, debería dirigir su presupuesto para garantizar el acceso gratuito de los niños a la educación. Para este tribunal, como más adelante se demostrará, el cargo propuesto es vago, indeterminado y abstracto, y por lo mismo, contrario a la carga de especificidad que regula el control de admisibilidad de las demandas de inexequibilidad.
Al respecto, es preciso recordar que de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de esta corporación, mediante la citada carga se exige para la elaboración material de una demanda de inconstitucionalidad, la presentación por parte del demandante de por lo menos un cargo concreto contra la disposición acusada, que permita comprobar la existencia de una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley que se acusa y el texto constitucional que resulta vulnerado.
Esto significa que son ineptas las demandas que se limitan a expresar argumentos vagos e indeterminados en los que el demandante en realidad no está acusando la norma, ya sea (i) porque no se concretan los cargos en relación con las disposiciones superiores que le sirven de fundamento a la acusación, (ii) porque el precepto constitucional que se considera vulnerado no guarda relación de conexidad material con los cargos impetrados o (iii) porque simplemente el demandante no esgrime la violación específica de una norma constitucional, al limitarse a señalar textos constitucionales sin desarrollo alguno.
A manera de ejemplo, esta corporación en Sentencia C-389 de 2002 (19) , se inhibió para fallar una demanda formulada contra varias normas de la Ley 142 de 1994, ya que los accionantes incumplieron el deber de concretar su acusación, al omitir la obligación de sustentar en debida forma las razones por las cuales consideraban que las normas demandadas violaban la Carta Fundamental, y en concreto, varios de los artículos del texto superior por ellos invocados. Al respecto, la Corte determinó:
“Como puede observarse, los impugnantes solo indican que la ley trae nuevos criterios para definir las tarifas de servicios públicos domiciliarios, pero no dan las razones del por qué tales criterios desconocen la Constitución. Tampoco presentan un ataque concreto contra la norma pues fundamentan su pretensión de inconstitucionalidad en una apreciación subjetiva y personal sobre los criterios de eficiencia económica y suficiencia financiera, los que resultan descontextualizados del contenido total de la Ley 142 de 1994, olvidando estructurar un concepto de violación que permita desvirtuar de manera directa la presunción de constitucionalidad de que goza la norma en cuestión.
El simple señalamiento de manera abstracta y global de las normas superiores como vulneradas acompañadas de una simple afirmación de que estas han sido desconocidas no constituyen un ataque directo a las mismas. Por tanto y para que la actividad de esta corporación no se torne inocua los demandantes han debido indicar en forma clara, específica e inteligible las razones por las cuales la norma acusada es contraria al contenido material de los artículos constitucionales citados” (20) .
Retomando el citado precedente al caso en concreto, esta Corporación encuentra que la demanda formulada contra el artículo 80 de la Ley 916 de 2004, lejos de tener como fundamento una norma constitucional de contenido específico que se haya infringido, supone la mera afirmación de la demandante, consistente en suponer la existencia de una destinación equivocada de recursos públicos. Para la Corte es claro que dicha afirmación no es suficiente para autorizar el desenvolvimiento del juicio de inconstitucionalidad, pues la existencia del mismo se somete a la verificación de una oposición objetiva entre la norma legal acusada y el contenido normativo de una disposición constitucional, que en este preciso caso, la demandante omitió señalar, concretar, especificar y confrontar frente al texto legal demandado.
Desde esta perspectiva, esta corporación no puede proceder al análisis de constitucionalidad de la norma demandada, pues la acusación propuesta por la ciudadana, incumple las cargas de pertinencia, certeza y especificidad que se exigen en la formulación de las demandas de inconstitucionalidad. Por una parte, porque como se demostró, la acusación en términos reales es vaga e indeterminada; y por la otra, porque no se invoca por la accionante el desconocimiento de una norma constitucional, sino una disposición de rango legal, cuyo contenido normativo resulta manifiestamente contrario a la interpretación dada por la demandante a partir del análisis sistemático de sus mandatos.
Así las cosas, esta corporación se inhibirá de pronunciarse de fondo en relación con el artículo 80 demandado, con fundamento en las razones anteriormente expuestas.
5. En relación con el inciso 3º del artículo 22 de la Ley 916 de 2004, conforme al cual “los espectadores no podrán acceder a sus localidades ni abandonarlas durante la lidia de cada res”, la demandante no formula ningún cargo de inconstitucionalidad. En esta medida, la Corte carece de competencia para revisar oficiosamente su exequibilidad, teniendo en cuenta que en los términos previstos en el artículo 241-4 del texto superior, el control que por vía activa adelanta esta corporación, se somete a la formulación por parte de los ciudadanos de una demanda en debida forma, como lo reitera expresamente el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 (21) .
Por lo expuesto, este tribunal considera que ante la falta de formulación de un cargo de inconstitucionalidad contra la norma acusada, la decisión que debe proferirse por esta corporación necesariamente es inhibitoria, habida cuenta que el control de constitucionalidad supone la existencia de una demanda en forma, o lo que es lo mismo, la existencia de una acusación clara, específica, pertinente y suficiente contra una norma de rango legal.
6. Finalmente, si bien el momento ideal para pronunciarse sobre la inexistencia de cargos de inconstitucionalidad es la etapa en la que se decide sobre la admisibilidad de una demanda, por resultar más acorde con la expectativa legítima que tienen los ciudadanos de recibir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de las disposiciones demandadas (22) , esta decisión también puede adoptarse al momento de proferir un fallo, pues es en esta etapa procesal en la que la Corte analiza con mayor detenimiento y profundidad las acusaciones presentadas por los ciudadanos (23) , tal y como lo establece el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991 (24) .
De acuerdo con lo anterior, en la parte resolutiva del presente fallo este tribunal se inhibirá para pronunciase en relación con los artículos 22, inciso 3º, y 80 de la Ley 916 de 2004, por las consideraciones previamente expuestas.
7. A continuación, la Corte procederá a plantear los problemas jurídicos frente a las acusaciones que ameritan un pronunciamiento de fondo, al haberse cumplido tanto las exigencias formales como materiales que sirven de soporte al juicio de inexequibilidad, a saber: (i) El reconocimiento de los espectáculos taurinos como expresión artística del ser humano; (ii) La obligatoriedad del reglamento nacional taurino en todo el territorio nacional y; (iii) La obligación prevista para los niños menores de diez (10) años de ingresar en compañía de un adulto a los citados espectáculos.
8. Con fundamento en los argumentos esgrimidos en la demanda, en las distintas intervenciones y teniendo en cuenta el concepto de la vista fiscal, le corresponde a esta corporación resolver los siguientes problemas jurídicos:
• ¿Se desconoce el principio de la dignidad humana señalado en el artículo 1º de la Constitución Política, cuando el legislador en el artículo 1º de la Ley 916 de 2004, le otorga a los espectáculos taurinos la categoría de expresión artística del ser humano?
• ¿Se viola el deber del Estado de reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana (C.P., art. 7º), la libertad religiosa (C.P., arts. 18 y 19) y la libertad de escoger profesión u oficio (C.P., art. 26), en la medida en que el artículo 2º de la ley acusada, establece que el reglamento nacional taurino será de aplicación general en todo el territorio nacional?
• ¿Se vulneran los derechos fundamentales de los niños protegidos constitucionalmente en el artículo 44 superior, al establecer que los menores de diez (10) años deben ingresar a los espectáculos taurinos en compañía de un adulto?
9. Para resolver los citados interrogantes, la Sala Plena analizará por separado cada una de las disposiciones demandadas, empezando por aquellas cuyo estudio en términos constitucionales suponen una mayor complejidad. Desde esta perspectiva, se comenzará por (i) examinar la competencia que le asiste al legislador para definir las expresiones artísticas; a continuación se procederá (ii) con el estudio del ámbito de aplicación del reglamento nacional taurino; y finalmente, se concluirá (iii) con el análisis de constitucionalidad de la medida de protección prevista a favor de los niños, consistente en limitar su ingreso a dichos espectáculos acompañado de un adulto, cuando aquel es menor de diez (10) años de edad.
De la competencia del legislador para definir las expresiones artísticas (L. 916/2004, art. 1º) (25) .
10. Los artículos 7º, 8º, 70 y 71 de la Constitución Política disponen que la cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad, que el Estado reconoce y protege las riquezas culturales y la diversidad étnica y cultural de la Nación, al tiempo que debe promover por el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, garantizando la libertad en el desarrollo de las expresiones artísticas.
En términos constitucionales, como lo ha sostenido esta corporación (26) , la diversidad cultural de la Nación hace referencia a formas de vida y concepciones del mundo no totalmente coincidentes con las costumbres de la mayoría en aspectos, tales como, la raza, religión, lengua, arte, folclor y tradiciones artísticas. Los grupos humanos que por sus características culturales no se ajustan a las creencias, costumbres y parámetros sociales propios de la mayoría o difieren de los gustos y anhelos de esta, tienen derecho constitucional al reconocimiento de sus diferencias con fundamento en los principios de dignidad humana (Preámbulo y C.P., art. 1º), pluralismo (C.P., art. 1º) y protección de las minorías (C.P., arts. 1º y 7º), así como en los derechos fundamentales a la identidad personal y al libre desarrollo de la personalidad (C.P., art. 16).
11. En atención al reconocimiento de la citada diversidad y en aras de promover e impulsar el acceso a las tradiciones culturales y artísticas que identifican a los distintos sectores de la población, la Constitución Política en los artículos 70, 71 y 150 le asigna al legislador la atribución de señalar qué actividades son consideradas como expresión artística y cuáles de ellas —en concreto— merecen un reconocimiento especial del Estado (27) . En ejercicio de dicha potestad, y teniendo en cuenta la facultad que le asiste al propio legislador de regular la libertad de escoger profesión, arte u oficio (C.P., art. 26), es claro que a través de ley pueden establecerse no solo requisitos de formación académica para ejercer una determinada actividad artística y cultural, sino también exigirse títulos de idoneidad, en la medida en que el interés general y los riesgos sociales que involucran su desarrollo, lo hagan estrictamente necesario. Precisamente, en Sentencia C-606 de 1992 (28) , esta Corte manifestó:
“A diferencia de lo que puede inferirse del artículo 39 de la Carta de 1886, la Constitución Vigente señala que la ley podrá exigir títulos de idoneidad, no solo para el ejercicio de las profesiones, sino, para el ejercicio de los oficios. Igualmente, cualquier actividad que se clasifique como “profesional” y las ocupaciones, artes y oficios que exijan formación académica o impliquen riesgo social, pueden ser objeto de inspección y vigilancia. Solo las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica y que no impliquen riesgo social, son de libre ejercicio en el territorio nacional” (29) .
Ahora bien, no puede decirse que el legislador tiene absoluta libertad para determinar qué actividades corresponden a expresiones artísticas y culturales que deban ser reguladas, y establecer cualquier clase de requisitos o condiciones que permitan su ejercicio. Como ya lo ha señalado en otras ocasiones esta corporación (30) , el desenvolvimiento de dicha atribución se cimienta en un principio de razón suficiente, de manera que la definición que el legislador haga de una expresión artística y cultural, y las limitaciones que se impongan para su desarrollo, además de ser razonables y proporcionales, deben estar claramente encaminadas a la protección del interés general y a la reducción de los riesgos sociales en que se pueden incurrir con su práctica. En este orden de ideas, por ejemplo, en Sentencia C-505 de 2001 (31) , la Corte señaló:
“No obstante lo dicho, tal como en general sucede cuando se trata de la restricción de un derecho fundamental, la potestad reguladora del legislador para introducir exigencias, requisitos y limitaciones a las profesiones y los oficios no es absoluta, y en cambio debe estar cimentada en profundas razones de orden y seguridad sociales.
En este punto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido especialmente prolífica y ha tenido oportunidad de fijar los criterios a que la ley debe sujetarse para imponer las señaladas restricciones. Como regla general, la Corte ha dicho que “el legislador debe imponer los requisitos estrictamente necesarios para proteger el interés general, toda vez que el ejercicio de una profesión u oficio debe permitir el mayor ámbito de libertad posible, para que en su interior se pueda dar un desarrollo espontáneo de la personalidad, en congruencia con el principio de la dignidad humana”. En otras palabras, lo que la Corte espera del legislador es que este circunscriba su potestad de reglamentación, exclusivamente a aquellos aspectos que no sea posible dejar de regular, a efectos de que se protejan a un tiempo, tanto el interés general como el derecho subjetivo de quien desea poner en práctica sus conocimientos.
Así las cosas, no todas las actividades del quehacer humano que expresan una visión personal del mundo, que interpretan la realidad o la modifican a través de la imaginación, independientemente de que en su ejecución se acudan al auxilio de recursos plásticos, lingüísticos, corporales o sonoros, pueden considerarse por parte del legislador como expresiones artísticas y culturales del Estado. En efecto, es preciso recordar que conforme al preámbulo y a los artículos 1º, 2º, 4º y 13 de la Constitución Política, esta corporación ha reconocido que el criterio jurídico de razonabilidad —en tanto límite a la potestad de configuración normativas— implica la exclusión de toda decisión que este adopte y que resulte manifiestamente absurda, injustificada o insensata, vale decir, que se aparte por completo de los designios de la recta razón (32) , lo que ocurriría, por ejemplo, al pretenderse categorizar como expresiones artísticas y culturales del Estado, comportamientos humanos que única y exclusivamente manifiesten actos de violencia o de perversión (v. gr. la pornografía, el voyerismo y el sadismo), que además de considerarse lesivos de los valores fundamentales de la sociedad, desconocen principios y derechos fundamentales como los de la dignidad humana (C.P., art. 1º y 12) y la prohibición de tratos crueles (C.P., art. 12).
12. En el asunto sub judice fue el legislador quien en ejercicio de su atribución de configuración normativa definió a la actividad taurina como una “expresión artística”. Esta calificación satisface el criterio jurídico de razonabilidad, pues como manifestación de la diversidad y pluralismo de la sociedad, la tauromaquia, o en otra palabras, “el arte de lidiar toros” (33) , ha sido reconocida a lo largo de la historia como una expresión artística y cultural de los pueblos iberoamericanos. Lo anterior ha sido registrado de diferentes maneras por artistas del mundo como Goya, Mariano Benlliure, José Ortega y Gasset, Pablo Picasso, García Lorca, Ernest Hemingway, Orson Welles y Vicente Blasco Ibáñez; entre los colombianos podemos nombrar por ejemplo a Botero, Obregón y Méndez en el campo pictórico. Incluso su reconocimiento a influenciado en el ámbito de la cultura universal grandes operas como Carmen de Georges Bizet, zarzuelas, flamencos y pasodobles, y en nuestro contexto cultural se relaciona con otras expresiones folclóricas, artísticas, pictóricas y musicales que caracterizan las diferentes regiones de nuestro país, hecho que se puede constatar con diversos ritmos populares como los porros, el merengue y los bambucos, y piezas musicales como el 20 de enero y la Feria de Manizales.
Hoy en día a pesar de que la actividad taurina es reprobada por un sector de la población, y en especial, por las asociaciones defensoras de animales, no puede desconocerse que la misma históricamente ha sido reconocida como una expresión artística que manifiesta la diversidad cultural de un pueblo. Ello es así entendiendo por “arte” no solo la “virtud, disposición o habilidad para hacer algo” (34) , en este caso, dejando en el escenario un conjunto de técnicas que materializan la valentía del hombre frente a la osadía del animal; sino también la manifestación de una actuación humana “mediante la cual se expresa una visión personal o desinteresada que interpreta lo real o imaginario con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros” (35) , como sucede en el momento en que el torero a través de la lidia pone a consideración de los espectadores estampas que enaltecen atributos del hombre, como lo son, la valentía, el coraje, la paciencia y la tenacidad.
De otro lado, la tauromaquia también ha sido categorizada como un espectáculo, en el que las personas se regocijan de un arte y comparten momentos de diversión y esparcimiento. Aun cuando en su desarrollo se pone en peligro la integridad del diestro o torero, se infringe dolor y se sacrifica el toro, dichas manifestaciones no corresponden a actos de violencia, crueldad, salvajismo o barbarie, sino a demostraciones artísticas, y si se quiere teatrales, de las disyuntivas constantes a las que se enfrenta el quehacer humano: fuerza y razón, arrojo y cobardía, vida y muerte (36) .
13. Aunado a lo anterior, es claro que ambas manifestaciones de la tauromaquia como arte y espectáculo (37) , pertenecen inescindiblemente al concepto de cultura y, por lo mismo, pueden reconocerse por el legislador como expresiones artísticas y culturales del Estado y de quienes las practican. Esta corporación ha dicho que mediante la cultura se expresa el “conjunto de creaciones, instituciones y comportamientos colectivos de un grupo humano, (esto es), el sistema de valores que caracteriza a una colectividad” (38) . En ese conjunto se entienden comprendidos elementos como la lengua, las instituciones políticas, los recuerdos históricos, las creencias religiosas, las costumbres, el folclor, la mentalidad o psicología colectiva y las manifestaciones vivas de una tradición que surgen como consecuencia de los rasgos compartidos de una comunidad (39) .
En términos generales, se reconoce que los bienes culturales se dividen en dos grandes grupos, a saber: los bienes tangibles y los intangibles. Dentro de los primeros se encuentran, entre otros, la arquitectura, la orfebrería, la cerámica y el paisaje transformado por el hombre. En los segundos se agrupan las manifestaciones vivas de la tradición, el folclor, los rituales, las danzas, las costumbres, los hábitos y las fiestas populares (40) .
14. A juicio de esta corporación, las corridas de toros y en general los espectáculos taurinos, corresponden a una manifestación viva de la tradición espiritual e histórica de los pueblos iberoamericanos, como lo es Colombia, y por lo mismo, forma parte del patrimonio intangible de nuestra cultura, especialmente protegida por la Constitución (C.P., arts. 70 y 71), que como tal puede ser definida y regulada por el legislador (41) .
15. La Constitución Política y los tratados internacionales le imponen al Estado, y en concreto al legislador, la obligación de garantizar y divulgar el desarrollo libre de las distintas manifestaciones culturales de la comunidad, el goce de las artes y de las expresiones artísticas, sin ningún tipo de censura en cuanto a su contenido ideológico, a su forma de expresión y de realización, a menos que se traduzca en el desconocimiento de alguno de los derechos inalienables de las personas previstos en la Carta Política o en los tratados internacionales de derechos humanos, o que desconozcan el principio constitucional de razonabilidad, el cual —como ya se señaló— impide categorizar como expresión artística y cultural del Estado y de las personas que lo integran, comportamientos humanos que única y exclusivamente manifiesten actos de violencia o de perversión (v. gr. la pornografía, el sadismo o el voyerismo).
Así se reconoce, por ejemplo, en el artículo 70 del texto superior, cuando se sostiene que: “La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación”. De igual forma, en el artículo 71, al disponer que: “La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres”.
En el mismo orden de ideas, el artículo 27-1 de la Declaración universal de los derechos humanos determina: “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. El artículo 15-1 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (L. 74/68), consagra que: “Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a: a) Participar en la vida cultural”.
Finalmente, en nuestro ordenamiento interno, el artículo 4º de la Ley 397 de 1997, es categórico en disponer que: “En ningún caso el Estado ejercerá censura sobre la forma y el contenido ideológico y artístico de las realizaciones y proyectos culturales”. Partiendo, claro está, de lo previsto en el artículo 20 superior, que reconoce la libertad de expresión en todas y cada una de las actividades del quehacer humano y que impide la censura previa sobre las mismas (42) .
16. Por otra parte y contrario a lo expuesto por el demandante, la Corte considera que a través de la tauromaquia no se desconoce la prohibición del artículo 12 de la Constitución Política referente a la tortura y a las penas y tratos crueles, la cual es una garantía a la dignidad de la persona humana, a la vida y a la integridad personal. Al respecto, en sentencia C-587 de 1992 (43) , este tribunal manifestó:
“El Artículo 12 de la Constitución Nacional es incluso más amplio que los instrumentos internacionales suscritos por Colombia sobre el tema, pues como se dijo arriba, la Carta colombiana prohíbe la tortura incluso en los casos en que el torturador sea un particular. De ahí que el artículo 279 del Código Penal sea, en un todo, acorde con la Constitución.
La consagración constitucional del derecho a no ser torturado, busca, junto con las demás hipótesis consagradas en el mismo artículo 12, proteger el derecho a la integridad personal, cuya vulneración había sido tema de preocupación constante para las altas corporaciones judiciales, en particular para el Consejo de Estado”.
De esta perspectiva, el concepto de violencia y de tratos crueles que recoge el artículo 12 del texto superior, corresponde a una visión antropológica de la persona, conforme a la cual se entiende que existen actos violentos, cuando se realiza cualquier comportamiento en el que la persona humana es tratada como si no lo fuera. Por eso, cuando se afirma que alguien es violento, se hace con el propósito de demostrar su incapacidad para reconocer de sí mismo y de los demás su atributo como persona humana (44) .
En consecuencia, no le asiste razón a la demandante al afirmar que la norma acusada es contraria al artículo 12 de la Constitución, pues la lidia de un toro bravo no entraña en modo alguno un acto de violencia, en el que se le de a una persona un trato incompatible con su dignidad humana. Es indiscutible, por lo demás, que al reconocerse a la actividad taurina como un espectáculo, debe permitirse el derecho de las personas de acceder a dicha modalidad de recreación, en los términos previstos en el artículo 52 del texto superior.
17. En conclusión, la tauromaquia puede ser reconocida por el legislador como una expresión artística del ser humano, razón por la cual, la Corte encuentra que la acusación impetrada no está llamada a prosperar, y por ello, en la parte resolutiva de esta providencia, declarará la constitucionalidad de la expresión: “Los espectáculos taurinos son considerados como una expresión artística del ser humano”, por los cargos analizados. No sin antes dejar en claro que si bien en la actualidad la tauromaquia representa una manifestación cultural propia de nuestro patrimonio intangible, en un futuro, si dicha circunstancia cambia, el legislador puede optar por una regulación distinta, inclusive negándole al citado espectáculo su condición de expresión artística y cultural del Estado y de quienes la practican.
Del ámbito de aplicación del reglamento nacional taurino (L. 916/2004, art. 2º) (45) .
18. La accionante argumenta que el aparte acusado del artículo 2º de la Ley 916 de 2004, viola el artículo 7º superior, que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural, al hacer extensivo a todo el territorio nacional la legislación taurina. Señala de igual manera que por haberse permitido por el Congreso de la República la práctica de la tauromaquia, se lesionan creencias y costumbres religiosas de ciertos grupos sociales (C.P., art. 19) y se conculca, a su vez, el derecho a la paz (C.P., art. 22). Por último, considera que se desconoce el artículo 26 de la Carta Fundamental, ya que en su opinión, las actividades humanas que causan “choques y controversias sociales” no deberían ser objeto de reglamentación.
19. En primer término, cuando la norma demandada dispone que el reglamento taurino “será de aplicación general en todo el territorio nacional”, se limita a reiterar el mandato constitucional vigente en nuestro país desde hace más de cien años, conforme al cual en virtud del carácter unitario del Estado Colombiano (C.P., art. 1º), las normas que dicta el Congreso de la República tienen vocación de ser aplicadas en todo el territorio nacional sin excepción.
Así lo reconoce, a manera de ejemplo, el artículo 4º del Código Civil al señalar que: “La ley es una declaración de la voluntad soberana manifestada en la forma prevenida en la Constitución Nacional. El carácter general de la ley es mandar, prohibir, permitir o castigar”, y enseguida, el artículo 18 de la misma codificación, dispone: “La ley es obligatoria tanto a los nacionales como a los extranjeros residentes en Colombia”. Por su parte, el Código de Régimen Político y Municipal determina en el artículo 57: “Las leyes obligan a todos los habitantes del país, inclusive los extranjeros, sean domiciliados o transeúntes; salvo respecto de estos, los derechos concedidos por los tratados públicos”. Para esta corporación, es apenas lógico que una ley se aplique en todo el territorio nacional y para todas las personas que en él habitan, lo contrario, esto es, fraccionar su exigibilidad para determinadas regiones o para ciertas personas individual o conjuntamente consideradas, podría llegar a ser valorada como lesiva del principio constitucional y derecho fundamental a la igualdad previsto en los artículos 1º, 2º y 13 superior.
Además, la principal razón que motivó a que el reglamento taurino se aplicara en todo el territorio nacional, se debe a que en la mayor parte del país se práctica el toreo, a través de plazas permanentes o temporales, por lo cual se pretendía unificar en una gran estructura jurídica la reglamentación principal del espectáculo taurino, independientemente de que a través de actos de las autoridades locales se lleguen a reglamentar aspectos puntuales de las fiestas taurinas en cada una de nuestras regiones, obviamente dentro de los marcos establecidos por la ley. Dicho propósito está implícitamente recogido en la exposición de motivos de la Ley 916 de 2004, en estos términos:
“Los espectáculos taurinos tanto en su organización como en su celebración han sido objeto de reglamentación en Colombia, a través de acuerdos municipales, por ejemplo en Santafé de Bogotá se le daba aplicación al Acuerdo 88 de 1964, del Concejo del Distrito Especial de Bogotá, el cual fue derogado en gran parte por el Código Nacional de Policía que codifica una serie de normas que reglamentan el espectáculo taurino, así en cada municipio en donde existen plazas de toros el concejo municipal a través de acuerdos reglamenta el espectáculo taurino en concordancia con el Código Nacional de Policía” (46) .
20. En segundo lugar, en los artículos 150, 333 y 334 de la Constitución Política se reconoce la potestad que le asiste al Congreso de la República para regular y orientar la actividad económica y las relaciones de los particulares, con el objeto de mantener el orden público, lograr el progreso económico y el bienestar social, así como proteger el medio ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.
Para lograr el cumplimiento de las citadas finalidades, se permite al legislador que mediante leyes de contenido ordinario (47) , intervenga en las relaciones privadas, ya sea limitando el alcance de la libre iniciativa o, también, estableciendo requisitos o condiciones para proceder al ejercicio de determinado oficio o profesión (C.P., arts. 26 y 333).
Esta corporación en sentencias C-474 de 2003 (48) y C-668 de 2005 (49) , declaró que le corresponde al Estado como obligación constitucional, intervenir en la economía en aras de asegurar la conservación, protección y recuperación de los distintos bienes que hacen parten parte de nuestro patrimonio cultural y arqueológico. De igual manera, en sentencias C-661 de 2004 (50) y C-426 de 2005 (51) , señaló que es deber estatal promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos, adoptando para el efecto las medidas legislativas y administrativas que resulten pertinentes.
Textualmente, en Sentencia C-661 de 2004, la Corte manifestó:
“De conformidad con el artículo 2º de la Constitución Política, son fines esenciales del Estado, entre otros, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan, así como en la vida cultural de la Nación. Adicionalmente, el artículo 7º señala que el Estado reconoce la diversidad cultural de la Nación colombiana; mientras que el artículo 8º prescribe que el Estado tiene la obligación de proteger las riquezas culturales de la Nación.
En igual sentido, el artículo 44 de la Carta señala que, entre los derechos de los niños, están el derecho a la educación, a la cultura y a la recreación; al paso que el artículo 67 advierte cómo la educación es un derecho de la persona y un servicio público que pretende el acceso al conocimiento y a los valores culturales. En la misma norma, la Constitución encomienda al Estado la obligación de regular y ejercer la vigilancia de la educación, con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación de los educandos. En desarrollo de esta preceptiva, la Constitución privilegia también la identidad cultural de los grupos étnicos —C.P., art. 68—.
Por su parte, el artículo 70 constitucional es enfático al advertir que el Estado debe difundir los valores culturales de la Nación, por lo cual está en la obligación de promover y fomentar el acceso a la cultura en sus diversas manifestaciones, pues dicho acceso es garantía de conservación de la nacionalidad colombiana (...).
En el mismo contexto, el artículo 71 resalta la importancia del desarrollo cultural y de la protección a la expresión artística, así como promueve la necesidad de crear incentivos para el desarrollo de las manifestaciones culturales y artísticas, a favor de personas o instituciones que asuman la divulgación de tales valores (...).
De allí el énfasis de la Carta por obligar a las autoridades públicas a asumir un papel protagónico en la creación de medios de expresión artística que permitan a los colombianos identificarse como Nación a partir del reconocimiento de sus características culturales”.
En este contexto, para esta corporación resulta indiscutible que mediante la Ley 916 de 2004, se interviene en una actividad que por lo general se encontraba sometida al ejercicio de la libre iniciativa privada, con el propósito fundamental de adoptar un reglamento taurino destinado a preservar el carácter artístico de la fiesta brava.
Dicha intervención tiene como fundamento jurídico, por un parte, el cumplimiento del deber que le asiste al Estado de velar por la protección de los bienes culturales que identifican y sirven de fundamento a nuestra nacionalidad (C.P., arts. 7º, 8º, 70, 72, 333 y 334); y por la otra, satisfacer la obligación constitucional de garantizar la promoción y acceso en condiciones de igualdad a las distintas manifestaciones artísticas, culturales y recreativas que identifican la tradición histórico-cultural de nuestro pueblo (C.P., arts. 7º, 8º, 70 y 71).
Se pretende mediante el citado reglamento, establecer un régimen jurídico armónico y sistemático que inspirado en el mandato que la Constitución de 1991 le impone al Estado de proteger la cultura, regule los aspectos centrales de las fiestas taurinas a fin preservar su carácter artístico, previendo disposiciones que salvaguarden (i) los derechos de los aficionados a recibir el espectáculo en su integridad, (ii) las obligaciones básicas de las ganaderías, (iii) la idoneidad de los recintos destinados a la práctica de la lidia, (iv) las garantías mínimas fundamentales que se reconocen a los diestros o toreros en el ejercicio de su oficio; y principalmente (v) un conjunto de reglas para salvaguardar la integridad artística de la fiesta, preservar la pureza, sanidad y bravura del toro de lidia y evitar su maltrato.
Así ocurre también en el derecho comparado iberoamericano, por ejemplo en España desde el año de 1962 existen disposiciones de rango legal que regulan la actividad taurina, a pesar de la presencia de distintas opiniones que abogaban por su prohibición. En apoyo de lo anterior, hoy en día, la Ley 10 del 4 de abril de 1991 y el Decreto 145 de 1996, disponen las reglas básicas que se deben cumplir para presentar espectáculos taurinos, con el propósito fundamental de establecer los principios “a que han de atenerse los elementos fundamentales integrantes de la fiesta, constituidos por las plazas de toros, la protección de los matadores de toros y de novillos y las ganaderías de reses de lidia” (52) .
Determinados los soportes jurídicos y fácticos que sirven de fundamento a la competencia del legislador para establecer un reglamento taurino en todo el territorio nacional, este tribunal considera necesario precisar que, contrario a lo sostenido por la accionante, entre más “choques o controversias sociales” genere una actividad privada, mayor debe ser el interés del Estado de adoptar un conjunto mínimo de reglas que sirvan de canales de comunicación entre los sectores de la población que se encuentran en conflicto, pues solo así se garantiza uno de los fines esenciales del Estado, previsto en el artículo 2º superior, consistente en asegurar la convivencia pacífica de todas las personas.
En consecuencia, no le asiste razón a la accionante cuando solicita la declaratoria de inconstitucionalidad de la disposición acusada, pues mediante la Ley 916 de 2004, se pretendió, por una parte, intervenir en las relaciones privadas con la finalidad de preservar el carácter artístico de la fiesta brava, a través de la adopción de medidas de protección a favor de los intervinientes en la actividad taurina y del público asistente a este espectáculo; y por la otra, se estableció un canal de comunicación que sirve de instrumento para lograr la convivencia pacífica entre los seguidores de la cultura taurina y los sectores de la población que se oponen a esta expresión artística.
21. En tercer lugar, para la Corte tampoco está llamado a prosperar el cargo, según la cual no es posible regular la actividad taurina en atención a que su práctica no es compartida por determinados grupos sociales o sea contraria a ciertas convicciones, creencias religiosas o culturales, pues en relación con esta acusación resultan plenamente aplicables las consideraciones anteriormente expuestas en esta providencia, que demuestran que la tensión entre quienes abogan por dicha práctica y quienes pretenden su abolición, no son suficientes para declarar la inconstitucionalidad de las normas que disciplinan los espectáculos taurinos, ya que los mismos ante todo son una manifestación de la riqueza y diversidad cultural de nuestra Nación, que en virtud del reconocimiento del legislador como una expresión artística y cultural, no es susceptible de censura (C.P., arts. 7º, 8º, 20, 52, 70, 71 y 72).
Finalmente, es erróneo afirmar, que la regulación de la actividad taurina supone su imposición obligatoria a todos los colombianos. De la lectura cuidadosa del articulado de la Ley 916 de 2004 no se deriva dicha obligación, por el contrario lo que resulta de la misma, es que las personas que acuden a estas expresiones artísticas, lo hacen de forma autónoma, en ejercicio de su derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad (C.P., art. 16).
22. Conforme a esta argumentación, la Corte considera que las acusaciones propuestas no están llamadas a prosperar, y en su lugar, procederá a declarar en la parte resolutiva de esta providencia la exequibilidad de la expresión acusada, por los cargos anteriormente analizados.
Del espectáculo taurino y de la asistencia de los menores de edad (L. 916/2004, art. 22).
23. Según lo ha sostenido esta corporación (53) , cuando el artículo 44 fundamental establece que “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”, está consagrando una limitación al principio democrático de adopción de las leyes, en el sentido de someter a las mayorías políticas coyunturales a un poder real y efectivo a favor de los menores, con el fin de preservar su desarrollo armónico e integral y que, en virtud de su carácter prioritario, puede ser ejercido por cualquier persona en su defensa, a través de las acciones constitucionales.
Se trata de reconocer que si bien el legislador puede limitar o regular un derecho fundamental en ejercicio de su potestad de configuración normativa, cuando dichas actuaciones tengan la potencialidad de afectar el desarrollo normal de los derechos fundamentales de los niños, tales como, los derechos a la vida, la integridad física, la salud, la educación, la cultura y la recreación; es su deber proceder con una cautela especialísima, en atención a la obligación positiva que la Constitución le impone al Estado, de asistir y proteger al niño en su desarrollo armónico e integral y en el ejercicio pleno de sus derechos.
En efecto, el Estado lejos de asumir una actitud pasiva, insensible o indiferente frente a la protección de los niños, en las que sus derechos fundamentales se dispongan como meras prestaciones de contenido simbólico y programáticas; debe adoptar una posición activa orientada a la promoción y efectiva realización de sus derechos. De ahí que el legislador al momento de regular cualquier institución o figura jurídica que de alguna manera afecte el alcance de dichos derechos o implique una regulación completa o integral de sus facultades o de sus mecanismos de defensa, debe ser excesivamente celoso no solo con las limitaciones que puedan hacer nugatorio sus alcances y efectos, sino también con las atribuciones que excluyan la protección especial ordenada por la Constitución y, en ese orden de ideas, incumplan la obligación positiva que se le impone al Estado por el constituyente (C.P., art. 44).
24. En este orden de ideas, esta corporación en Sentencia C-507 de 2004 (54) reconoció que la Constitución Política de 1991 introdujo un cambio sustancial en la concepción que se tenía en el ordenamiento jurídico sobre los niños, pues de ser sujetos incapaces con derechos restringidos, pasaron “a ser concebidos como personas libres y autónomas (...) que de acuerdo a su edad y a su madurez pueden decidir sobre su propia vida y asumir responsabilidades”. Así ocurre, entre otras, en aquellos casos en que el menor se enfrenta a problemas de definición o asignación de sexo, en los cuales esta corporación ha avalado el consentimiento asistido de los padres para proceder a una operación invasiva, siempre que el mismo sea coadyuvado por la expresa voluntad del menor, quien por ejemplo, “entre los 6 y 7 años goza de un cierto grado de discernimiento y de madurez que le permite consentir en una operación de tal magnitud” (55) .
Conforme a lo anterior, este tribunal ha sostenido que la razón principal que habilita la restricción de los derechos de los niños y la imposición de límites de capacidad para su ejercicio, ya no es, como lo era antes, la supuesta condición de debilidad o vulnerabilidad en que se encuentran los menores, sino, por el contrario, el reconocimiento de la obligación estatal de adoptar medidas para hacer efectivo el derecho subjetivo a recibir protección previsto constitucionalmente a su favor (C.P., art. 44). En Sentencia C-507 de 2004, la Corte sobre el tema manifestó:
“El mandato de protección a los menores no es tan solo una garantía objetiva sino la expresión de un derecho subjetivo fundamental a recibir protección. Este derecho a la protección es correlativo al deber del Estado de adoptar normas jurídicas que protejan al menor, habida cuenta de su vulnerabilidad, de sus condiciones reales de vida a medida que evoluciona la sociedad y su entorno inmediato, y de su exposición a soportar las consecuencias de las decisiones que adopten los mayores sin considerar el interés superior del menor.
Constitucionalmente, el legislador tiene la obligación de adecuar las normas existentes, de forma tal que (a) no desconozcan o violen los derechos fundamentales de los niños y (b) no dejen de contener las medidas adecuadas de protección que sean indispensables para garantizar su desarrollo libre, armónico e integral. Además, el legislador debe incluir aquellas otras normas que sean necesarias para asegurar el goce efectivo de todos los derechos reconocidos tanto en la Constitución como en los convenios y tratados a los que se ha hecho referencia”.
Precisamente, la Convención sobre los derechos del niño, en los artículos 19 y 20, es inequívoca en determinar que, son los Estados partes los llamados a establecer medidas de protección no solo en el campo legislativo, sino también en el administrativo, económico y social a favor de los niños. Lo anterior, por cuanto la condición de debilidad manifiesta en que se encuentran (C.P., art. 13), dado su estado de formación y crecimiento, no les permite discernir sobre las consecuencias de sus actos y, en especial, en relación con los efectos que su comportamiento puede acarrear para sí y para los sociedad. Dichas disposiciones determinan que:
ART. 20.—(1) Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado” (56) .
En idéntico sentido, el artículo 24-1 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos (L. 74/68), dispone que:
“ART. 24-1.—Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado”.
El artículo 19 de la Convención americana sobre derechos humanos, siguiendo la misma formula de lo anteriores instrumentos internacionales, señala:
“ART. 19.—Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.
25. Sin embargo, no es aceptable que se les imponga a los menores cualquier tipo de medida de “asistencia” o “protección”. A juicio de esta corporación, la propia Carta Fundamental establece la finalidad que con ellas se debe buscar, a saber, “garantizar a los niños (i) su desarrollo armónico e integral y (ii) el ejercicio pleno de sus derechos. El desarrollo de un menor es integral cuando se da en las diversas dimensiones de la persona (intelectual, afectiva, deportiva, social, cultural). El desarrollo de un menor es armónico cuando no se privilegia desproporcionadamente alguno de los diferentes aspectos de la formación del menor, ni cuando se excluye o minimiza en exceso alguno de ellos” (57) .
Desde esta perspectiva, el Estado puede asumir medidas de protección de carácter fáctico o de naturaleza normativa. Dentro de las primeras se encuentran aquellas acciones que suponen la organización, movilización y disposición de recursos humanos y materiales para impedir la afectación de un derecho, como por ejemplo, la adopción de medidas de policía para proteger la integridad de un niño que es objeto de maltrato infantil. En las segundas se sitúan las reglas de capacidad y las normas que regulan las edades a partir de las cuales se pueden realizar ciertas actividades o acceder a determinados eventos o lugares públicos, v. gr. la posibilidad de trabajar en labores especiales (58) o de ingresar a salas de juegos electrónicos (59) .
Finalmente, esta corporación en sentencias C-507 de 2004 (60) y C-534 de 2005 (61) , determinó que el legislador goza de un amplio margen de configuración normativa para establecer las edades a partir de las cuales se puede limitar la capacidad de los menores para realizar determinado tipo de acto, participar en alguna actividad cultural o recreativa, o ingresar a un lugar público, siempre que las mismas sean conducentes para alcanzar los fines específicos de protección que se pretenden lograr mediante su señalamiento. Al respecto, este tribunal textualmente declaró:
“(...) aunque el legislador dispone de un margen de apreciación de las circunstancias y de configuración en el diseño de las normas de protección de los menores, los medios que escoja deben ser efectivamente conducentes para alcanzar los fines específicos de protección y no puede omitir las medidas que aseguren unos mínimos de protección (...) Por tanto, cuando el juez constitucional estudia si uno de los grupos está más protegido que otros, no puede desconocer o sustituir la apreciación del legislador, ni imponer niveles máximos o ideales de protección. En este caso el control constitucional se circunscribe a establecer (i) si el legislador no ha respetado los mínimos de protección constitucionalmente ordenados, (ii) si la desprotección de un grupo excede los márgenes constitucionalmente admisibles, o (iii) si la menor protección relativa de un grupo obedecen a una discriminación, lo cual estaría constitucionalmente prohibido” (62) .
26. La disposición acusada establece precisamente una medida de protección a favor de los niños menores de diez (10) años de edad, consistente en la imposibilidad de asistir a un espectáculo taurino, cuando no se está acompañado de un adulto. En opinión de la accionante, dicha disposición desconoce el artículo 44 del texto superior, puesto que en la práctica taurina se presentan acciones violentas, que pueden generar hacia el futuro graves consecuencias de orden psicológico en los menores de edad.
Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en esta providencia, para esta corporación el cargo no está llamado a prosperar, pues la citada disposición en lugar de desconocer el artículo 44 superior, pretende garantizar los derechos fundamentales de los niños a la cultura, recreación y educación, en los términos que a continuación se exponen:
(i) En primer lugar, en cuanto a la cultura porque al constituir la práctica taurina una manifestación de la riqueza y diversidad cultural de nuestro pueblo (C.P., arts. 7º y 8º), le permite al menor experimentar vivencias que lo enriquecen personalmente, por ejemplo, al identificar virtudes humanas como la valentía y la fortaleza. De acuerdo con la Constitución Política el acceso a la cultura se convierte en uno de los derechos fundamentales de los niños, en los términos previstos en el artículo 44 superior, conforme al cual: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social (...), el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión (...)” (63) .
Del mismo modo, este reconocimiento de la cultura como derecho fundamental de los niños se establece en los artículos 29-1 y 31-2 de la Convención sobre los derechos del niño, cuando, en el primero de ellos, se señala que: “ART. 29.—1. Los Estados partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a: (...) c.) Inculcar al niño respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya” (64) ; mientras que, en el artículo 31-2, se expresa: “2. Los Estados partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento”.
(ii) En segundo término, esta corporación en Sentencia C-005 de 1993 (65) , reconoció a la recreación como un derecho fundamental de los niños, y dispuso a su vez que todas las actividades que surgen como creación del hombre, destinadas a estimular el agrado y la satisfacción por las cosas que él hace y además por el mundo que lo rodea, deben ser garantizadas por el Estado, no solo en cuanto a la posibilidad de acceder a las mismas, sino principalmente frente al hecho de poder disfrutarlas. La Corte definió al citado derecho fundamental, en los siguientes términos:
“La recreación es considerada una necesidad fundamental del hombre que estimula su capacidad de ascenso puesto que lo lleva a encontrar agrado en lo que hace y lo rodea. En esta medida, puede afirmarse también, que la recreación constituye un derecho fundamental conexo con el libre desarrollo de la personalidad, con todas sus implicaciones y consecuencias (...) La recreación es una actividad inherente al ser humano y necesaria tanto para su desarrollo individual y social como para su evolución. Consiste, en un sentido etimológico, en volver a crear” (66) .
La tauromaquia al representar también un espectáculo cultural, en el que la persona puede disfrutar del arte y compartir en comunidad momentos de diversión, esparcimiento y entretenimiento, se convierte en una de las expresiones del derecho fundamental a la recreación de los niños como “actividad inherente al ser humano” (67) , que debe ser objeto de protección de acuerdo con lo previsto en el artículo 44 superior —previamente citado—, y lo dispuesto en el artículo 31-1 de la Convención sobre los derechos del niño, conforme al cual: “Los Estados partes reconocen el derecho del niño al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes”.
(iii) Finalmente, como lo ha reconocido esta corporación, mediante el derecho fundamental a la educación se busca el acceso al conocimiento y a los demás bienes y valores de la cultura, como actos inherentes a la naturaleza proyectiva de ser humano (C.P., art. 67) (68) . Así las cosas, al representar los espectáculos taurinos de acuerdo con la calificación realizada por el legislador, una manifestación de nuestra riqueza y diversidad cultural, como bien intangible que simboliza una de las múltiples tradiciones histórico-culturales de la Nación, debe preservarse la posibilidad de que los niños puedan aprender, conocer y juzgar dicho arte, para que sean ellos mismos quienes opten o no por su práctica.
Vale la pena resaltar la Observación General 1 del comité sobre los derechos del niño, a propósito de los fines de la educación:
“La educación no se puede limitar a una mera alfabetización o transmisión de conocimientos. La educación debe preparar al menor, por ejemplo, para que aprenda a tomar decisiones adecuadas y ponderadas”.
La tauromaquia como ocurre con la mayoría de las principales manifestaciones de la cultura, supone la herencia familiar y colectiva en su conocimiento, disfrute y conservación. Prohibir que los niños acudan con sus padres a un espectáculo taurino, significa en la práctica adoptar una medida tendiente a hacer desaparecer dicho espectáculo y negar su característica de tradición cultural de la Nación. No son los preceptos morales, ni las creencias religiosas de un grupo humano de la sociedad, por más respetables que ellas sean, los llamados a ponerle fin a un símbolo histórico-cultural de un pueblo, es la misma población que se entiende por ella representada la encargada con el tiempo de suprimirla, si así ella lo juzga pertinente.
27. Ahora bien, la imposibilidad de que los menores de diez (10) asistan por sí mismos a un espectáculo taurino, exigiéndose su acompañamiento por un adulto, no afecta en absoluto el núcleo esencial de los derechos fundamentales a la cultura, recreación y educación, pues claramente la norma acusada tiene una finalidad protectora que es perfectamente compatible no solo con la posibilidad de participar en dichas expresiones de diversión, cultura, conocimiento y entretenimiento, sino también, incluso con el deber del Estado, la familia y la sociedad de asistir y proteger al niño.
En efecto, la restricción prevista en la norma demandada, no debe ser mirada únicamente como una limitante de los derechos fundamentales a la cultura, recreación y educación —que indudablemente, lo es—, sino además, como una medida para proteger a los menores de los circunstancias o elementos de riesgo a que se pueden ver expuestos al ingresar a un espectáculo público, en aras de garantizar su desarrollo integral y armónico tal como lo dispone el citado artículo 44 constitucional.
Recuérdese que el legislador al momento de establecer medidas de protección que tengan la potencialidad de afectar el desarrollo normal de los derechos fundamentales de los niños, como ocurre —en este caso— con los derechos fundamentales a la cultura, recreación y educación, tiene en los adultos responsables y especialmente en los padres del menor, a los primeros llamados a cumplir con la “obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos” (C.P., art. 44), pues un elemento inherente a la institución familiar y a los deberes que de ella se predican, lo constituye el cuidado y la atención a los menores de edad (C.P., art. 44), como expresión constitucional de la progenitura responsable que surge de la relación filial (C.P., art. 42) (69) .
En esta medida, la disposición acusada igualmente se ajusta a la Constitución Política, pues como se acaba de señalar, es viable que el legislador establezca restricciones o medidas de protección encaminadas a defender los derechos de los niños, cuya razonabilidad se encuentra en el derecho constitucional y legal que les asiste a los padres, o en su lugar, al adulto responsable, de guiar la formación y educación de sus hijos y de los menores cuya guarda se les confíe. Así lo estableció esta corporación, por ejemplo, en Sentencia C-371 de 1994 (70) , al señalar que:
“Sin perjuicio de las funciones que en la materia asumen la sociedad y el Estado, la educación es —especialmente en sus primeras etapas— responsabilidad primordial de la familia, tal como lo reconoce el artículo 67 de la Constitución; en concreto, lo es de los padres y, a falta de ellos por cualquier causa, de aquellas personas a quienes, según la ley, se confíe el cuidado y la guarda de los menores (...).
Es claro que la tarea de educar comprende no solamente la instrucción, entendida como transmisión sistemática de conocimientos, sino que abarca, sobre todo, la formación de la persona, en sus aspectos físico, intelectual y moral, armónicamente integrados, con el fin de conducirla hacia los fines de su pleno desarrollo, para lo cual ha de seguirse un método previamente trazado por el educador; a este corresponde sacar a flote las condiciones y aptitudes del educando, moldeándolas y perfeccionándolas (...).
Los valores, que dan sentido y razón a la existencia y a la actividad de la persona, no germinan espontáneamente. Se requiere que los padres los inculquen y cultiven en sus hijos, que dirijan sus actuaciones hacia ellos y que estimulen de manera permanente todas aquellas prácticas tendientes a realizarlos (...).
Los padres tienen la función de forjar en los menores, mediante una sana pedagogía y la constante presencia de su autoridad, la conciencia de sus propias responsabilidades y de sus deberes. Una auténtica formación debe llevarlos a conocer la trascendencia de sus actos y de sus omisiones, así como las consecuencias que apareja el apartarse de la línea de conducta que, según los principios y reglas que se les han señalado, deben observar” (71) .
28. La suficiencia o no del límite de edad corresponde a una valoración autónoma del legislador, que como previamente se expuso, goza de un amplio margen de configuración en esta materia (72) . Sin que, en este caso, siguiendo lo anteriormente expuesto, encuentre la Corte a simple vista ineptitud en el señalamiento del mismo, o discriminación en su determinación. A este respecto, es preciso recordar que bien puede el Congreso de la República fijar límites distintos de edad para cada actividad o espectáculo público al cual pueden acceder los menores de edad, así por ejemplo, (a) un niño puede ingresar a trabajar en labores especiales a partir de los doce (12) años (73) , (b) sin importar su edad está habilitado para ser socio de una sociedad de capital (74) , (c) a partir de los catorce (14) años tiene plena capacidad para contraer matrimonio, previa autorización de sus padres o representante legal (75) , (d) se confiere plena validez a sus declaraciones procesales como testigo desde los doce (12) años (76) , (e) se encuentra habilitado para consentir en una operación invasiva para la definición o asignación de sexo a partir de los siete (7) años (77) , y finalmente, (f) puede ingresar a las salas de juegos electrónicos a partir de los catorce (14) años de edad (78) .
29. Conforme a lo anterior, el cargo formulado tampoco está llamado a prosperar, pues ni el señalamiento de la edad prevista como medida de protección resulta inconducente para tal fin, ni tampoco es viable prohibir in aeternum el ingreso de los menores de edad a los espectáculos taurinos, en desconocimiento de los derechos fundamentales de los niños a la educación, cultura y recreación.
1. Declarar EXEQUIBLE por los cargos estudiados, la expresión “Los espectáculos taurinos son considerados como una expresión artística del ser humano”, contenida en el artículo 1º de la Ley 916 de 2004.
2. Declarar EXEQUIBLE por los cargos estudiados, la expresión “será de aplicación general en todo el territorio nacional” contenida en el artículo 2º de la Ley 916 de 2004.
3. Declarar EXEQUIBLE por los cargos estudiados, la expresión “Los menores de diez (10) años de edad deberán ingresar en compañía de un adulto”, contenida en el artículo 22 de la Ley 916 de 2004.
4. Por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, declararse INHIBIDA en relación con los artículos 22, inciso 3º, y 80 de la Ley 906 de 2004.
(3) Al respecto, se pueden consultar las sentencias C-447 de 1997, C-509 de 1996, C-236 de 1997 y C-624 de 2003.
(5) Esta corporación de manera reiterada ha señalado que para que una demanda de inconstitucionalidad pueda ser objeto de admisión, es necesario que se cumplan con los siguientes requisitos, a saber: “la acusación debe ser suficientemente comprensible (clara) y recaer sobre una proposición jurídica real y existente, y no simplemente deducida por el actor o implícita (cierta). Además, el accionante tiene la carga de exponer las razones por las cuales el precepto legal demandado vulnera la Carta Fundamental (especificidad), con argumentos que sean de naturaleza constitucional, y no meramente legales ni puramente doctrinales (pertinencia). Finalmente, la acusación no solo ha de estar formulada de manera completa sino que debe ser capaz de suscitar en el juzgador una duda razonable sobre la exequibilidad de la disposición (suficiente)” (Sent. C-641/2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Tomado de las Sents. C-1052 y 1193/2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
(7) Así, por ejemplo, en Sentencia C-142 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), la Corte afirmó que: “(...) la interpretación de tales pautas (es decir, las cargas que se imponen a los accionantes para demandar), no puede tener por efecto anular el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, razón por la cual se ha de considerar con cierta ‘indulgencia’ al ciudadano inexperto en asuntos jurídicos (...)”.
(8) Sentencias C-898 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), C-520 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) y C-406 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), entre otras.
(9) Véase, entre otras, las sentencias C-063 de 1994, C-335 de 1994, C-622 de 1997 y C-142 de 2001.
(10) Véase, en relación con cargos confusos: las sentencias C-1065 de 2000, C-621 de 2001, C-992 de 2001 y C-155 de 2002; y en torno a cargos insuficientes: las sentencias C-016 de 1993 y C-157 de 2002.
(11) Véase, entre otras, la Sentencia C-641 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
(12) Véase, entre otras, las sentencias C-211 de 1992, C-540 de 2001 y C-226 de 2002.
(13) Al respecto, dispone la norma en cita: “ART. 80.—Para fomento de la fiesta de toros, en atención a la tradición y vigencia cultural de la misma podrán crearse escuelas taurinas para la formación de nuevos profesionales taurinos y el apoyo y promoción de su actividad.
Durante las lecciones prácticas con reses habrá de actuar como director de lidia un matador profesional de toros y, mientras se impartan estas, los servicios de enfermería estarán presente (...)”.
(14) Las citadas normas, en lo pertinente, disponen que: “ART. 1º—A partir de la promulgación de la presente Ley, los animales tendrán en todo el territorio nacional especial protección contra el sufrimiento y dolor, causados directa o indirectamente por el hombre (...). ART. 2º—Las disposiciones de la presente ley tienen por objeto: a) Prevenir y tratar el dolor y sufrimiento de los animales. b) Promover la salud y el bienestar de los animales, asegurándoles higiene, sanidad y condiciones apropiadas de existencia. c) Erradicar y sancionar el maltrato y los actos de crueldad para con los animales. d) Desarrollar programas educativos a través de medios de comunicación del Estado y de los establecimientos de educación oficiales y privados que promuevan el respecto y cuidado de los animales. e) Desarrollar medidas efectivas para la preservación de la fauna silvestre. ART. 6º—El que cause daño a un animal o realice cualquiera de las conductas consideradas como crueles para con los mismos por esta ley, será sancionado con pena prevista para cada caso. Se presumen hechos dañinos y actos de crueldad para con los animales los siguientes: a) Herir o lesionar a un animal por golpe, quemadura, cortada o punzada o con cualquier arma de fuego o de otra índole. b) Causar la muerte innecesaria o daño grave a un animal obrando por motivo abyecto o fútil (...) d) Causar la muerte inevitable o necesaria a un animal con procedimientos que originen sufrimiento o que prolonguen su agonía. Es muerte inevitable o necesaria la descrita en los artículos 11 y 12 del capítulo V de esta ley. e) Entrenar animales para que se acometan y hacer de las peleas así provocadas un espectáculo público o privado. f) Convertir en espectáculo público o privado, el maltrato, la tortura o la muerte de animales adiestrados o sin adiestrar. g) Usar animales vivos para entrenamiento o para probar o incrementar la agresividad o pericia de otros animales”.
(16) Véase, Sentencia C-587 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(17) Resaltado por fuera del texto original.
(18) Precisamente, el citado artículo 7º de la Ley 84 de 1989, determina que: “ART. 7º—Quedan exceptuados de lo expuesto en el inciso 1º y en los literales a), d), e), f) y g) del artículo anterior, el rodeo, coleo, las corridas de toros, las novilladas, corralejas, becerradas así, como las riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos espectáculos”.
(21) En estos términos, el artículo 241-4 de la Constitución Política, dispone que: “A la Corte constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: (...) 4. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación” (resaltado por de fuera del texto legal). Por su parte, el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, determina: “Las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán: (...) 3. Las razones por las cuales dichos textos se estiman violados”.
(22) Véase, en este sentido, sentencias C-447 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-898 de 2001 y C-1052 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
(23) En este mismo sentido se pronunció la Corte en Sentencia C-362 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis). Al respecto dijo: “Dentro del marco propio del análisis inicial en el juicio de constitucionalidad, en el auto respectivo se admitió la demanda, por encontrarse en ella la expresión del juicio relativo a la pretendida violación de los artículos 4º, 9º, 30, 93, y 214 de la Constitución Política. No obstante, del estudio más detallado de los argumentos esgrimidos por el demandante, como corresponde a la presente etapa procesal, puede deducirse que los cargos que se plantean aparentemente contra la norma atacada no lo son realmente contra ella.” Y agregó posteriormente: “Así las cosas, al efectuar el análisis de fondo que corresponde a esta oportunidad procesal, se ha de concluir en la ausencia de cargos que se refieran directamente al artículo 5º del Código de Procedimiento Penal atacado, y en consecuencia, la demanda por este concepto debe considerarse inepta”.
(24) Al respecto, la citada norma dispone que: “ART. 6º—Repartida la demanda, el magistrado sustanciador proveerá sobre su admisibilidad dentro de los diez días siguientes. // Cuando la demanda no cumpla alguno de los requisitos previstos en el artículo segundo, se le concederán tres días al demandante para que proceda a corregirla señalándole con precisión los requisitos incumplidos. Si no lo hiciere en dicho plazo se rechazará. Contra el auto de rechazo, procederá el recurso de súplica ante la Corte. // El magistrado sustanciador tampoco admitirá la demanda cuando considere que esta no incluye las normas que deberían ser demandadas para que el fallo en si mismo no sea inocuo, y ordenará cumplir el trámite previsto en el inciso segundo de este artículo. La Corte se pronunciará de fondo sobre todas las normas demandadas y podrá señalar en la sentencia las que, a su juicio, conforman unidad normativa con aquellas otras que declara inconstitucionales. // Se rechazarán las demandas que recaigan sobre normas amparadas por una sentencia que hubiera hecho tránsito a cosa juzgada o respecto de las cuales sea manifiestamente incompetente. No obstante estas decisiones también podrán adoptarse en la sentencia” (resaltado por fuera del texto original).
(25) Se subraya y resalta el aparte normativo acusado: “El presente reglamento tiene por objeto la regulación de la preparación, organización y desarrollo de los espectáculos taurinos y de las actividades relacionadas con los mismos, en garantía de los derechos e intereses del público y de cuantos interviniente en aquellos. Los espectáculos taurinos son considerados como una expresión artística del ser humano”.
(26) Véase, Sentencia T-605 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(27) Lo anterior no significa que las únicas expresiones artísticas y culturales sean aquellas objeto de categorización y reconocimiento por el Estado a través del legislador, pues es la misma sociedad, representada en sus artistas, literatos, compositores, maestros, artesanos, músicos, etc., quienes a lo largo de la historia pueden crear distintas manifestaciones culturales, frente a cuyo tratamiento estatal puede el legislador optar en el futuro.
(29) En el mismo orden de ideas, en Sentencia C-226 de 1994 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), este tribunal sostuvo: “De la lectura de la disposición anterior se deduce una cierta diferenciación entre las profesiones y las ocupaciones, artes y oficios; en las primeras la regla general es la inspección y vigilancia por parte de las autoridades competentes, y en las segundas, en cambio, en principio opera el libre ejercicio. Lo expuesto se fundamenta en que el constituyente supone que las profesiones van ligadas a una necesaria cuota de escolaridad, la cual se presentaría como garantía de aptitud para realizar la labor profesional. De esa manera se reduce el riesgo social que puede implicar para la sociedad el ejercicio de una actividad profesional. En cambio, el constituyente entiende que las ocupaciones, artes y oficios, por lo general, no requieren formación académica y no comportan un riesgo social. Así, se presenta la necesidad de controlar el ejercicio de las profesiones y la posibilidad del libre ejercicio de las ocupaciones, artes y oficios. Sin embargo, la propia Carta Fundamental establece la posibilidad de reglamentación, inspección y vigilancia sobre aquellas ocupaciones no profesionales que exijan formación académica o que, a pesar de no necesitar la mencionada formación, impliquen un riesgo social”.
(30) Véase, al respecto, las sentencias C-606 de 1992, C-031 de 1999, C-505 de 2001 y C-038 de 2003.
(32) Véase, Sentencia C-205 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(33) Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima primera edición. Madrid. 1992. Pág. 1948.
(34) Ibídem. Pág. 202.
(35) Ibídem. Pág. 202.
(36) En relación con lo expuesto, el Procurador General de la Nación en el concepto remitido a esta corporación define a la tauromaquia como: “un espectáculo en donde el hombre arriesga su vida y desata pasiones en el ritual del arte y la muerte, ha formado parte de la cultura universal, siendo base importantísima de otras manifestaciones culturales como la literatura, la pintura, la escultura, la música, el cine, etc.” (Revista Credencial. Historia. Bogotá-Colombia. Edición Nº 62 de 1995).
(37) Fundamento 11 de esta providencia.
(38) Sentencia T-652 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(39) De igual manera, el artículo 1º de la Ley 397 de 1997, define a la cultura como “el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias”.
(40) En nuestra legislación, a manera de ejemplo, el artículo 4º de la Ley 397 de 1997 dispone: “El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico y las manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura popular. // Las disposiciones de la presente ley y de su futura reglamentación serán aplicadas a los bienes y categorías de bienes que siendo parte del patrimonio cultural de la Nación pertenecientes a las épocas prehispánicas, de la Colonia, la Independencia, la República y la contemporánea, sean declarados como bienes de interés cultural, conforme a los criterios de valoración que para tal efecto determine el Ministerio de Cultura”.
(41) Frente a la tradición taurina en Colombia se pueden consultar: De Cossio. José María. La historia del toreo en Colombia. Los toros. Tratado técnico e histórico. Espasa-Calpe. Madrid. 1981. Cordobés Moure, José María. Reminiscencias-Santafé y Bogotá. Revista Credencial. Historia. Bogotá. Colombia. Edición 62. Febrero de 1995.
(42) En Sentencia T-787 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), se definió a la libertad de expresión como: “la garantía fundamental por virtud de la cual se permiten divulgar los propios pensamientos, opiniones, ideas, conceptos y creencias de hechos o situaciones reales o imaginarias, ya sea en actos sociales, académicos, culturales, o políticos, o en medios masivos de comunicación social, o en fin, a través de obras artísticas o literarias (...) Según lo reconoce la doctrina, aunque las libertades de expresión y de información sirven para comunicar datos entre las personas, su principal diferencia radica en que mientras la libertad de información tan solo pretende ‘informar’, es decir, ‘enterar o dar noticias sobre un determinado suceso’; la libertad de expresión, por su parte, involucra todo tipo de declaración que tenga por objeto difundir un pensamiento, idea, opinión, etc.”.
(43) M.P. Ciro Angarita Barón.
(44) Sobre la materia se puede consultar a: Sellés, Juan Fernando. La persona humana. Parte I. Introducción e historia. Antropología Filosófica. Universidad de la Sabana. Bogotá, 1998.
(45) Se subraya y resalta la expresión acusada: “Lo previsto en el presente reglamento será de aplicación general en todo el territorio nacional”.
(46) Gaceta del Congreso 5004 del 1º de octubre de 2001.
(47) Véase, al respecto, Sentencia C-560 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(50) M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(52) Véase, exposición de motivos de la Ley 10 de 1991. La misma finalidad se expuso en los antecedentes normativos del reglamento de espectáculos taurinos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
(53) Sentencia SU-225 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
(55) Véase, Sentencia T-1025 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(56) Es importante recordar que las citadas disposiciones fue reconocidas como parte integrante del bloque de constitucionalidad en sentencias C-325 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) y C-170 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
(57) Sentencia C-507 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(58) Véase, al respecto, la Sentencia C-170 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(59) Véase, al respecto, la Sentencia C-005 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón.
(61) M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(62) Sentencia C-534 de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(63) Resaltado por fuera del texto original.
(65) M.P. Ciro Angarita Barón.
(66) Resaltado por fuera del texto original.
(68) Véase, entre otras, las sentencias T-002 de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón) y T-295 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
(69) Véase, al respecto, Sentencia T-494 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(71) En el mismo sentido se pueden consultar, entre otras, las siguientes sentencias: C-742 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) y C-997 de 2004 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
(72) Véase, sentencias C-507 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) y C-534 de 2005 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
(73) Véase: artículo 238 del Decreto 2737 de 1989 y Sentencia C-170 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
(74) Artículo 103 del Código de Comercio.
(75) Código Civil, artículos 116, 117, 118, 120 y 140, numerales 2º y 3º. De igual forma, Sentencia C-507 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(76) Código de Procedimiento Civil, artículo 215.
(77) Sentencia T-1025 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(78) Artículo 322 del Decreto 2737 de 1989.

References: artículo 241
 artículo 80
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 artículo 241
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 artículo 80
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