Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/T-850-10.htm
Timestamp: 2017-10-20 19:47:10+00:00

Document:
T-850-10
Sentencia T-850/10
ACCION DE TUTELA CONTRA UNIVERSIDAD DISTRITAL-Caso en que se vulneró el debido proceso y derecho a la educación por negativa de asignación de jurados para sustentar trabajo de grado y exclusión del programa de maestría
DERECHO A LA EDUCACION-Fundamental de aplicación inmediata
AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Facultad para expedir reglamentos con amplio margen de autodeterminación, limitada por el respeto de los derechos fundamentales y la garantía al debido proceso
PRINCIPIO DE LA BUENA FE, CONFIANZA LEGITIMA Y RESPETO DEL ACTO PROPIO-Reiteración de jurisprudencia
DEBIDO PROCESO Y DERECHO A LA EDUCACION-Vulneración al debido proceso y derecho a la educación por desconocimiento de los principios de respeto al acto propio, la buena fe y la confianza legítima
ACCION DE TUTELA CONTRA UNIVERSIDAD DISTRITAL-Orden de incluir en la maestría al demandante, y permitirle que su trabajo de grado o investigación se someta a sustentación y evaluación por parte de los jurados calificadores
Referencia: expediente T-2.704.030
Acción de tutela instaurada por Oscar Alfredo Fajardo Ortega contra la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
El pasado veintidós (22) de enero de dos mil diez (2010) el ciudadano Oscar Alfredo Fajardo Ortega interpuso acción de tutela ante el Juez Civil Municipal de reparto solicitando el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, buena fe y al respeto de los actos propios, los cuales, en su opinión, han sido vulnerado por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
1.- Señala que en el segundo semestre de 2003, inició en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas sus estudios de postgrado en el proyecto curricular de “Maestría en Teleinformática”, periodo durante el cual cursó y aprobó las asignaturas de carácter nivelatorio y en el primer periodo académico del 2004 cursó y aprobó las materias del primer semestre de la Maestría.
2.- Explica el accionante que en razón a que la Universidad propuso la creación de una nueva Maestría con dos énfasis, el primero en “Teleinformática” y el segundo en “Sistemas de Información”, previa su solicitud, para el segundo semestre de 2004, el Consejo de Maestría le aprobó el cambio a la “Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones” con énfasis en Sistemas de Información.
3.- Sostiene el peticionario que ha sido estudiante regular de la institución y se ha mantenido “activo” desde el año 2003 al tramitar semestre tras semestre su vinculación mediante el pago de los derechos correspondientes, pese al reinicio de actividades en el año 2004 derivado del cambio de énfasis y a que durante los años 2007 y 2008, no tomó cátedra alguna pero adelantó labores propias del trabajo de investigación.
4.- El petente afirma que en julio de 2008 solicitó al Consejo de Maestría, autorización para cursar la materia “defensa de tesis” en el segundo semestre de ese año. Mediante Acta No.087 del 30 de julio de 2008, el Consejo de Maestría le concedió plazo hasta diciembre de 2008 para sustentar y para inscribir la materia “debe traer el aval del Director con un 80% de avance”.
5.- Manifiesta que no obstante los esfuerzos que realizó, no fue posible para esa época satisfacer la condición impuesta, lo cual sólo pudo cumplir a finales del año 2008, cuando por comunicación del 1° de diciembre de ese año, el Doctor Nelson Pérez, su director de tesis, solicitó ampliación del plazo para la terminación, presentación y sustentación de su trabajo de grado, que fue concedida según Acta del Consejo de Maestría No.097 del 17 de diciembre de 2008, en el que se le concedió “plazo para sustentar hasta junio de 2009”.
6.- Por lo anterior, indica que durante el periodo comprendido entre enero y junio de 2009, cursó y aprobó la asignatura “defensa de tesis” y el 1° de diciembre de 2009, solicitó al Consejo de Maestría, con el aval y autorización del director de tesis, la asignación de jurados para presentar y sustentar su trabajo de grado. Sostiene que, previamente, mediante Acta No.110 del 9 de septiembre de 2009 el Consejo de Maestría le aprobó la expedición del recibo de pago para el periodo 2009-3 por haber terminado materias, el cual canceló oportunamente y en su totalidad.
7.- Mediante Acta del Consejo de Maestría No.117 del 3 de diciembre de 2009, le fue negada la solicitud para la asignación de jurados, por no cumplir los tiempos para la terminación de la Maestría establecidos en el reglamento (Acuerdos 001 de 1994 y 001 de 2009) y la prórroga concedida en sesión de 17 de diciembre de 2008, según Acta 097 de 2008, razón por la que se encuentra en “causal de exclusión”.
8.- Precisa el actor que, es inconsistente la aprobación que hizo el Consejo en el Acta 097 de 2008 de dar plazo hasta junio de 2009 para la sustentación del trabajo de grado, puesto que para su realización es pre-requisito cursar y aprobar la materia “defensa de tesis”, la que cursó y aprobó durante el primer semestre de 2009, siendo apenas lógico que en el semestre siguiente solicitara la autorización para la asignación de jurados y sustentación de la tesis.
9.- Considera vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, puesto que la Universidad fundamenta su negativa en lo dispuesto por los artículos 32 y 33 del Acuerdo 001 de 2009, que derogó el Acuerdo 001 de 1994. Alega que este último, debe ser aplicado según el principio de favorabilidad por ser la norma vigente a su ingreso en el año 2003 y la que demarcó la Maestría que cursó.
10. Aunado a lo anterior, afirma que es inexplicable que por un lado, le hayan aprobado la expedición del recibo de pago para el periodo 2009-3 por haber terminado materias y por otro lado, se le haya negado la asignación de jurados, pues con ello le genera un grave perjuicio personal, familiar y laboral al desconocer y modificar a su antojo las decisiones del Consejo de Maestría antecesor.
11.- Estima que no ha sido notificado por parte de la Universidad de la exclusión, ni tampoco se le ha concedido derecho a interponer recurso alguno contra sus decisiones. Por el contrario, considera que siempre mantuvo su condición de “estudiante activo” al efectuar los pagos exigidos que ahora pretenden desconocerle, con lo cual estima que la Institución incurre en un enriquecimiento injustificado, en tanto que si no tenía derecho a sustentar la tesis, tampoco se le ha debido conminar a cancelar el valor por dichos conceptos.
12.- Encuentra que con la actuación irregular del Consejo de Maestría se le ha causado un perjuicio irremediable al igual que a su familia que depende económicamente de sus ingresos, puesto que al impedirle graduarse como magíster, le resta oportunidad para mejorar sus condiciones laborales y avanzar a un nivel superior como profesional, mejorar su calidad de vida y la de su familia.
13.- Con fundamento en los hechos narrados, el ciudadano Oscar Alfredo Fajardo Ortega solicitó, además de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al principio de la buena fe que considera vulnerados por parte de la demandada, que se le autorice la presentación y sustentación de la tesis para optar por el título de Magister en Ciencias de la Información y las Comunicaciones.
14.- La parte accionada por medio de escrito del 1 de febrero de 2010 firmado por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, respondió la acción de tutela de la referencia para lo cual solicitó denegar el recurso de amparo, aceptando algunos de los hechos y negando otros.
15.- Señaló en relación con los hechos y derechos invocados en la demanda, que el estudiante incumplió con el plazo para terminar la Maestría y con el otorgado en la prórroga aprobada por el Consejo, en tanto que tan sólo solicitó la asignación de jurados para sustentar la tesis individual el 1° de diciembre de 2009 y tenía que hacerlo durante el mes de junio de 2009, lo que generó el incumplimiento del cronograma diseñado para optar por su título.
16.- En segundo lugar afirmó que no es cierto que el hecho de no cursar la asignatura “defensa de tesis” le impidiera cumplir el plazo que le fue concedido por el Consejo de Maestría para sustentar la tesis, pues esa asignatura está diseñada para guiar al estudiante en la presentación exitosa de la tesis. No encuentra justificación para no haber tomado la asignatura, salvo el desinterés del mismo estudiante.
17.- En tercer lugar indicó que no ha existido vulneración del derecho fundamental al debido proceso, puesto que según lo dispuesto en los Acuerdos 001 de 1994 y 001 de 2009, que le son aplicables, el estudiante ha incurrido en causal de exclusión por superar el tiempo máximo para optar por el título de Maestría. Explica que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Acuerdo 001 de 1994 que señalan como causal de exclusión, no terminar el plan curricular en el tiempo previsto en el artículo 10 del mismo Acuerdo, es decir, en un tiempo no mayor al doble del mínimo de periodos académicos estipulados para el estudiante de tiempo completo, el término máximo de duración para optar por el título de Maestría es de 10 semestres o 5 años.
18.- En cuarto lugar, añadió que si bien es cierto que se le expidió recibo de pago al estudiante para el periodo 2009-III, con lo cual reconoce el error de la Universidad de no informarle en ese momento su estado de exclusión, ello no implica que se deba desconocer el reglamento y convalidar su incumplimiento.
19.- En quinto lugar reconoce que el estudiante no fue notificado oportunamente de su exclusión, pero afirma que por conducta concluyente fue informado de su situación a través del coordinador de la Maestría Henry Alberto Diosa, quien le explicó lo decidido.
20.- Por último, considera que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para la protección del derecho que considera vulnerado, pues antes ha debido someterlo a consideración de las autoridades académicas competentes para solucionar este tipo de debates, como son el Consejo de Facultad en primera instancia, el Consejo Académico en segunda instancia y el Consejo Superior en tercera instancia.
21.- El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación, vinculado al trámite de la presente acción de tutela por el Juez de primera instancia, dio respuesta al requerimiento para solicitar su desvinculación, por no encontrar vulneración de los derechos fundamentales alegados.
22.- Explicó que en ejercicio de la autonomía universitaria reconocida por la constitución y la ley a las instituciones de educación superior, las universidades determinan el régimen académico de cada programa y los requisitos y tiempos exigidos para optar por el grado correspondiente, para lo cual deben asegurar la protección de derechos fundamentales como el del debido proceso que le permita ejercer el derecho de defensa y de contradicción. Por tanto, las relaciones del tutelante con la Universidad accionada, se rigen por lo establecido en el contrato educativo suscrito entre ambas partes y las demás disposiciones existentes emanadas del órgano competente.
23.- Afirma que el Ministerio que representa, en ejercicio de su función de inspección y vigilancia, tiene delimitados sus campos de acción y en materia académica son los entes universitarios los llamados a resolver las situaciones que se generen en desarrollo de la facultad que tienen de darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, así como de desarrollar sus programas académicos y otorgar los títulos correspondientes.
24.- El Juzgado Treinta y Dos Civil Municipal de Bogotá, denegó por improcedente el amparo solicitado al considerar la existencia de un medio de defensa judicial que aún no ha sido ejercido por el afectado, por no haber interpuesto los recursos de reposición y de apelación contra los actos expedido por la Universidad que son objeto de reparo, los cuales además están sujetos al control por parte del Consejo de la Facultad y del Consejo Académico.
25.- El accionante interpuso recurso de apelación contra la decisión proferida por el Juzgado Treinta y Dos Civil Municipal de Bogotá con el objetivo de que se revoque la decisión de primera instancia y en su lugar se le concedan sus pretensiones (fl.105 Cd.Ppal.).
26.- Estima que el Ad-quo no tuvo en cuenta que el oficio del 19 de enero de 2010 (fl.89 Cd. Ppal.), mediante el cual se le comunicó la negativa a su petición de asignar jurados y le impuso la sanción de excluirlo de la Maestría, no contiene en parte alguna la información de los recursos legales que proceden, el tiempo para interponerlos, ni tampoco la autoridad ante quien se deben interponer, contraviniendo lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo y sus derechos de defensa y de contradicción que por tal causa y no por su actitud pasiva como lo afirmó el juez, no pudo ejercer ante las instancias universitarias. Por ello, sostiene que la única alternativa que le queda es la del mecanismo tutelar.
27.- Por otra parte, considera que el Juez ha debido indagar sobre el reglamento aplicable a su caso, puesto que la Universidad anuncia la aplicación de dos normas, sin tener en cuenta que la del año 2009 derogó el Acuerdo 001 de 1994.
28.- Adicionalmente estima que, independientemente de la norma que se le aplique, está dentro del término para sustentar la tesis que solicitó, si se tiene en cuenta que su vinculación efectiva a la Maestría tuvo lugar a partir del segundo semestre de 2004 y no en el segundo semestre de 2003, puesto que en ese periodo y en el primer semestre de 2004 cursó la Maestría de Teleinformática de la cual se retiró. Así entonces, tendría plazo para presentar la sustentación del trabajo de investigación “hasta el segundo semestre de 2009 inclusive, periodo en el cual, se cumplirían los 10 semestres que corresponden al doble del término establecido por la norma” (fl.110 Cd. Ppal).
29.- Manifiesta que existe una vulneración del derecho al debido proceso, a sus derechos adquiridos y al principio de favorabilidad por parte de la Universidad al aplicar lo dispuesto en el Acuerdo 001 de 2009, desconociendo el Parágrafo 1, del artículo 19 del Acuerdo 001 de 1994, que estipula que los trabajo de grado de especializaciones o maestrías deberán presentarse a más tardar dos años después de concluidas las demás prescripciones del currículo correspondiente. Por tanto tendría hasta 2 años más, que se contarían a partir del mes de junio de 2009 para presentar su trabajo de grado, toda vez que para esa fecha fue cuando efectivamente terminó con las materias del currículo de la Maestría.
30.- Afirma que el Consejo de Maestría vulneró también sus derechos fundamentales al haber modificado el reglamento a su antojo e imponer como requisito para cursar la asignatura “defensa de tesis”, el tener el aval del Director con un 80% de avance según consta en el Acta 087 del 30 de julio de 2008, pues con tal exigencia, se le impidió cursar dicha asignatura en el segundo semestre de 2008 y culminar en ese mismo año la totalidad de las materias establecidas en el plan de estudios.
31.- Sostiene que jamás fue notificado en forma personal y legal por el Consejo de Maestría de su condición de exclusión, de lo cual tuvo conocimiento el domingo 20 de diciembre de 2009 a través de la dirección electrónica de la universidad, es decir dos días después de publicada el acta, lo que tuvo lugar el 18 de diciembre de 2009. Considera que no es posible dar aplicación a la figura de la notificación por conducta concluyente, además de que no se encuentra norma alguna que contemple la publicación de los actos administrativos expedidos por la Universidad por Internet, como forma de notificación personal.
32.- Considera que la aceptación por parte de la Universidad de la existencia de un error al expedir el recibo de pago para el periodo 2009-III, no repara en su criterio el perjuicio causado y por el contrario vulnera su derecho al debido proceso administrativo.
33.- Por último, solicita se revoque la decisión de primera instancia y se tutele su derecho fundamental al debido proceso, se declare la nulidad del Acta No.117 del 3 de diciembre de 2009 y se ordene el reconocimiento de sus derechos como estudiante regular de la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones y por tanto se reactive su matrícula y se asignen los jurados para llevar a cabo la sustentación de la investigación encaminada a optar por el título de magíster.
34.- El Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Bogotá, confirmó la sentencia proferida por el ad quo al considerar que la conducta asumida por la Universidad al haberlo excluido de la Maestría no se observa arbitraria, puesto que el actor se encuentra incurso en la causal de exclusión prevista en el artículo 10 del Acuerdo 001 de 1994 que contiene el reglamento, al no haber terminado el plan curricular en el tiempo allí previsto, exigencia que el estudiante conocía desde su ingreso y que la universidad adoptó amparada en el ejercicio legítimo de la autonomía universitaria.
La Constitución Política de 1991 ha reconocido este derecho en el artículo 67[8], en el cual se establece que todas las personas son titulares del mismo, y en el artículo 44 de la Constitución en el cual hace referencia a los niños y las niñas como sus titulares específicos[9].
Además, el derecho a la educación es reconocido por varios tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia -que hacen parte del bloque de constitucionalidad al tenor del artículo 93 de la Carta de 1991- como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (artículo 13[10]), el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –en adelante Pacto de San Salvador- (artículo 13[11]) y la Convención sobre los Derechos del Niño[12] (artículo 28[13]).
Así, en ocasiones afirmó que el derecho a la educación era fundamental al menos en el caso de los niños y las niñas debido al tenor literal del artículo 44 de la Constitución que prescribe “son derechos fundamentales de los niños: (…) la educación”[15]. En otras señaló que, con independencia del titular, el derecho a la educación era fundamental “por la estrecha vinculación existente entre la educación y los valores del conocimiento, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad de oportunidades y el acceso a la cultura, entre otros”[16], lo cual no se traducía automáticamente en su exigibilidad judicial inmediata mediante la acción de tutela pues “no es uno de los enumerados en el artículo 85 de la Carta como derecho de aplicación inmediata, esto es, aquéllos que no requieren de desarrollo legal o de realización material progresiva para poder exigirse su efectividad”[17].
También, como lo hizo para la generalidad de los llamados derechos de segunda generación, admitió que el derecho a la educación, aunque no era fundamental, podía ser amparado por vía de tutela cuando se lograba demostrar un nexo inescindible entre éste derecho de orden prestacional y un derecho fundamental, lo que se denominó “tesis de la conexidad”[18].
No obstante, desde hace algunos años, esta Corporación, en concordancia con los valores y principios establecidos en nuestra Constitución y las normas internacionales sobre derechos humanos, ha sostenido que la educación es un derecho fundamental de aplicación inmediata por su importancia en el texto constitucional de 1991 o para el goce de otros derechos[19].
Como se verá enseguida, el artículo 69 de la Constitución consagra una garantía adicional para la educación superior, consistente en la autonomía universitaria, la cual “encuentra fundamento en la necesidad de que el acceso a la formación académica de las personas tenga lugar dentro de un clima libre de interferencias del poder público tanto en el campo netamente académico como en la orientación ideológica, o en el manejo administrativo o financiero del ente educativo”[20]
Este precepto ha sido entendido por la jurisprudencia de esta Corporación como “la capacidad de autodeterminación otorgada a las instituciones de educación superior para cumplir con la misión y objetivos que les son propios[21]”, es decir, como “una garantía que permite a los entes de educación superior darse su propia normatividad, estructura y concepción ideológica, con el fin de lograr un desarrollo autónomo e independiente de la comunidad educativa, sin la injerencia del poder político”[22].
En esta definición se destacan las dos “vertientes” que integran la figura en estudio, “[d]e un lado, la dirección ideológica del centro educativo, lo cual determina su particularidad y su especial condición filosófica en la sociedad pluralista y participativa. Para ello la universidad cuenta con la potestad de señalar los planes de estudio y los métodos y sistemas de investigación. Y, de otro lado, la potestad para dotarse de su propia organización interna, lo cual se concreta en las normas de funcionamiento y de gestión administrativa, en el sistema de elaboración y aprobación de su presupuesto, la administración de sus bienes, la selección y formación de sus docentes”[23].
Así concebida, se ha reconocido que del derecho a la autonomía universitaria derivan ciertas posibilidades concretas de actuación en cabeza de los establecimientos educativos, dentro de las cuales se cuentan: (i) darse y modificar sus estatutos; (ii) potestad sancionatoria cuando se demuestra el incumplimiento de estas disposiciones; (iii) establecer los mecanismos que faciliten la elección, designación y períodos de sus directivos y administradores (iv) desarrollar sus planes de estudio y sus programas académicos, formativos, docentes, científicos y culturales; (v) seleccionar a sus profesores y admitir a sus alumnos; (vi) asumir la elaboración y aprobación de sus presupuestos y (vii) administrar sus propios bienes y recursos[24].
La jurisprudencia de la Corte se ha pronunciando sobre los reglamentos universitarios y ha señalado que éstos se pueden interpretar desde tres perspectivas[25]:
i) Desde el derecho a la educación como un derecho-deber, esta Corporación ha considerado que “el reglamento permite que el estudiante conozca cuáles son las opciones y alternativas que le permitirán definir su futuro, a la vez que señala cuáles son sus derechos concretos y sus garantías; y por otro lado, también determina cuáles son las exigencias que la universidad puede plantear y le señala cuáles son sus obligaciones, sus deberes y responsabilidades”[26].
ii) Desde la óptica del ejercicio del derecho a la autonomía universitaria donde el reglamento “comporta el conjunto de facultades y atribuciones de los establecimientos educativos y los límites a los que se encuentra sometido. Entre las libertades se cuenta la reconocida para definir los aspectos que atañen a sus propósitos filosóficos, ideológicos y académicos, así como a su estructura y organización interna. También se destaca la libertad para definir el contenido de los planes de estudio, los métodos y sistemas de investigación, los programas académicos y la intensidad horaria, los criterios y métodos de evaluación, el régimen disciplinario y los manuales de funciones. Igualmente, se le reconoce un amplio margen de autonomía al ente universitario para desarrollar los contenidos del reglamento y, especialmente, para aplicarlos e interpretarlos sin injerencias.”[27]
iii) Desde el punto de vista de su ubicación dentro del ordenamiento jurídico. Para esta Corporación los reglamentos estudiantiles una vez expedidos integran el ordenamiento jurídico, desarrollan los contenidos de las normas superiores (ley y Constitución) e integran el contrato de matrícula celebrado entre la universidad y el estudiante. [28]
No obstante, el derecho de las instituciones universitarias a adoptar su reglamento y fijar los procedimientos a los que se va a someter, no es absoluto sino que se encuentra limitado fundamentalmente por “el respeto por el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales, derivado de la obligación que el artículo 2° de la Carta le impone a las autoridades de la República para garantizar y propender por la efectividad de todos los derechos ciudadanos”[29] y específicamente por el derecho al debido proceso.
El derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Carta, se erige como “una serie de garantías con las cuales se busca sujetar a reglas mínimas sustantivas y procedimentales, el desarrollo de las actuaciones adelantadas por las autoridades en el ámbito judicial o administrativo, con el fin de proteger los derechos e intereses de las personas vinculadas”[30].
La Corte ha señalado que las instituciones de educación superior disponen de la facultad de imponer los correctivos que el mismo plantel haya previsto en sus reglamentos, cuando el estudiante no cumpla con las exigencias académicas, administrativas o disciplinarias, con el fin de garantizar la efectividad del proceso educativo, y el respeto por otros derechos fundamentales como el debido proceso y la educación.[31]
Así entonces, si bien la Corte ha reconocido que existe un derecho fundamental a la permanencia en el sistema educativo, tema de primordial importancia para este caso, también ha considerado que no se vulnera el derecho a la educación, cuando se incurre en causal de exclusión, bien por bajo rendimiento o por incumplimiento de los requisitos curriculares. En tales casos, la actuación que adelante la Institución educativa, que comprende la verificación de las estipulaciones reglamentarias, aún cuando “no está revestid[a] de las formalidades propias de un procedimiento disciplinario”[32], debe preservar en todo caso las garantías propias del debido proceso.
El principio de buena fe que se aplica a todas las relaciones jurídicas, sean públicas o privadas, “permite a las partes presumir la seriedad en los actos de los demás, dota de un determinado nivel de estabilidad al tránsito jurídico, y obliga a las autoridades a mantener un alto grado de coherencia en su proceder a través del tiempo.”[33]
Así entonces, bajo la aplicación del principio de la buena fe el administrado tendrá la seguridad de que la administración no va a exigirle más de lo que estrictamente sea necesario y además que no le va a imponer una prestación que sólo de forma extraordinaria podrá cumplir.[34]
Por su parte, ha dicho esta Corporación, que el principio de la confianza legítima constituye una proyección de la buena fe que debe gobernar la relación entre las autoridades y los particulares y permite conciliar, en ocasiones, el interés general y los derechos de las personas[35]. Esa confianza legítima se fundamenta en los principios de la buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, en la seguridad jurídica estipulada en los artículos 1º y 4 del Ordenamiento Superior y en el respeto al acto propio y adquiere una identidad propia en virtud de las especiales reglas que se imponen en la relación entre administración y administrado. [36]
De la misma forma, ha dicho la Corte que por respeto a la actuación propia, se entiende la imposibilidad para quien actúa y genera con ello una situación particular y concreta en la que el afectado de buena fe confía, de desconocer su propio acto y vulnerar con ello los principios de buena fe y de confianza legítima.[37]
"Un tema jurídico que tiene como sustento el principio de la buena fe es el del respeto al acto propio, en virtud del cual, las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe. Principio Constitucional, que sanciona como inadmisible toda pretensión lícita, pero objetivamente contradictoria, con respecto al propio comportamiento efectuado por el sujeto. Se trata de una limitación del ejercicio de derechos que, en otras circunstancias podrían ser ejercidos lícitamente; en cambio, en las circunstancias concretas del caso, dichos derechos no pueden ejercerse por ser contradictorias respecto de una anterior conducta, esto es lo que el ordenamiento jurídico no puede tolerar, porque el ejercicio contradictorio del derecho se traduce en una extralimitación del propio derecho”[38].
De ello se desprende que el respeto del acto propio comprende una limitación del ejercicio de los derechos consistente en la fidelidad de los individuos a las decisiones que toman, sin que puedan revocarlas por sí mismos, más aún cuando el acto posterior se funde en criterios irrazonables, desproporcionados o extemporáneos.[39]
El principio de respeto del acto propio resulta aplicable cuando (i) se ha proferido un acto que contenga una situación subjetiva concreta y verificable que conceda confianza a su beneficiario de la titularidad de una posición jurídica determinada, esto es, que la disposición sea eficaz y jurídicamente vinculante; (ii) la decisión sea revocada súbita y unilateralmente por su emisor sin que esté autorizado por el ordenamiento para ello y con base en parámetros irrazonables o desproporcionados y (iii) exista identidad entre el sujeto que emite la decisión y su beneficiario tanto en la actuación inicial como en la posterior que la modifica, a la vez que ambos actos regulen la misma situación jurídica subjetiva.[40]
7.3. Sea lo primero precisar que, de acuerdo con las afirmaciones realizadas por el actor en el escrito de demanda de tutela (fls.49 a 60 Cd. Ppal), las cuales fueron confirmadas por el centro docente en el escrito de respuesta a la acción (fls.66 a 72 Cd.Ppal), la situación académica del actor desde su vinculación a la Universidad, es de la siguiente forma: (i) ingresó a la Maestría en Teleinformática en el segundo semestre de 2003, periodo durante el cual cursó y aprobó el semestre de carácter nivelatorio y en el periodo académico de enero a junio de 2004, cursó y aprobó el primer semestre de esa Maestría; (ii) de acuerdo con lo informado por el Secretario General de la Universidad, en el segundo semestre de 2004, se vinculó como estudiante regular a la Maestría en Ciencias de la Información y las Telecomunicaciones, periodo en el cual adelantó nuevamente el curso de nivelación correspondiente a esa Maestría y posteriormente “continuó con los estudios reglamentarios de I semestre (periodo académico 2005-1); II semestre (periodo académico 2005-2); III semestre (periodo académico 2006-1) y IV semestre (periodo académico 2006-2); excepto la asignatura DEFENSA DE TESIS.”, (fl.194 Cd2); (ii) durante el año 2007 y parte del 2008, adelantó labores de investigación del trabajo de grado; (iii) en el segundo semestre de 2008 cumplió con el requerimiento impuesto por la Universidad consistente en “traer el aval del Director con un 80% de avance”, para inscribir la materia que le faltaba; (iv) durante el primer semestre de 2009, con autorización de la Universidad, cursó y aprobó la asignatura Defensa de Tesis; (v) el 1° de diciembre de 2009 presentó el trabajo individual de grado para revisión y solicitó la asignación de jurados para efectos de la sustentación; y (vi) en sesión del 3 de diciembre de 2009, el Consejo de Maestría, le niega la petición y lo declara en causal de exclusión con por no cumplir con los términos establecidos en los reglamentos.
7.4.1. Afirmó el accionante en el hecho segundo de la demanda que “en Julio de 2008, solicité mediante oficio dirigido al consejo de maestría, información sobre mi “Estado o situación académica” a fin de inscribir y cursar la materia de Tesis en el segundo semestre de ese mismo año” (fl.51 Cd.Ppal).
Mediante acta No.087 del 30 de julio de 2008, el Consejo de Maestría decidió:
Teniendo en cuneta (sic) que la última asignatura cursada fue en el periodo 2006-3, tiene plazo hasta diciembre de 2008 para sustentar. Para el presente periodo debe activarse como estudiante cancelando el valor del seguro y para inscribir Defensa de Tesis debe traer el aval del Director con un 80% de avance” (fl.8 Cd. Ppal).
7.4.2. Sostiene el actor en el hecho segundo de la demanda que “a finales del año 2008, cuando logré dar cumplimiento y satisfacer dicho requisito; razón por la que mi Director de Tesis, Dr. Nelson Pérez; en oficio de fecha 01 de diciembre de 2008 solicitó al Consejo ampliación del plazo para “la terminación, presentación y sustentación de mi trabajo de grado” (fl.52 Cd. Ppal).
Mediante Acta No. 097 del 17 de diciembre de 2008 el Consejo decidió:
El Consejo aprueba la solicitud y da como plazo para sustentar hasta junio de 2009” (fl.10 Cd. Ppal).
7.4.3. En el hecho séptimo afirma que “en el mes de septiembre de 2009, solicité al consejo de maestría, la expedición del recibo de pago para mantenerme como estudiante activo de la accionada y así adelantar las acciones pertinentes para la sustentación de mi trabajo de grado durante el segundo semestre de 2009 equivalente, en la Universidad, al periodo 2009-3” (fl.54 Cd. Ppal).
Mediante Acta No.110 del 9 de septiembre de 2009 el Consejo de Maestría aprobó:
El Consejo aprueba la solicitud teniendo en cuenta que ya terminó materias” (fl.41 Cd. Ppal).
7.4.4. Por último, de conformidad con lo afirmado en el hecho tercero de la demanda, el accionante solicitó asignación de jurados en los siguientes términos: “durante el periodo comprendido entre enero y junio de 2009 cursé y aprobé la asignatura DEFENSA DE TESIS y dado que por obvias razones debía presentar y sustentar mi trabajo de grado, previa autorización y/o aval del Director de Tesis, el primero (01) de diciembre de 2009 realicé la solicitud para la asignación de jurados” (fl.52 Cd. Ppal.).
Según Acta No.117 del 3 de diciembre de 2009, el Consejo de Maestría le negó la asignación de jurados:
“El estudiante solicita jurados para su proyecto “MODELO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA Y LA INTEGRACIÓN DE LA EDUCACION SUPERIOR CON EL APOYO DE LAS TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES”. Una vez revisada la hoja de vida del estudiante se encuentra que en sesión de Consejo de Carrera de 30 de julio de 2008, Acta 087-2008, se reactiva en la maestría para el periodo 2008-III. En Consejo de Carrera de 17 de diciembre de 2008, Acta 097 -2008, el estudiante solicita prorroga de su trabajo de grado, el consejo autoriza la solicitud dando plazo hasta junio de 2009 para su sustentación.
Una vez revisado el caso del estudiante el Consejo de Carrera niega la asignación de jurados por no cumplir los tiempos establecidos en el reglamento de postgrados, Art. 32 y 33 del Acuerdo 001 de 2009 y Art. 32 y 33 del Acuerdo 001 de 1994 del (sic) y la prórroga concedida en sesión de 17 de diciembre de 2008, Acta 097-2008. Por las razones anteriores, el estudiante cae en causal de exclusión” (fls. 83 y 84 Cd. Ppal).
ACUERDO 001/1994
ACUERDO 001/2009
Artículo 32.- El estudiante estará en exclusión por cualquiera de las siguientes razones:
- El promedio acumulado ponderado es de tres (3.0) o inferior
- No pasa la prueba académica.
- Cae en causal de prueba académica por segunda vez
- Si pierde una asignatura que esté repitiendo
- Si pierde más de dos asignaturas en todo el plan curricular
- Si no culmina el plan curricular en el tiempo previsto
ARTÍCULO 33°- Todas las demás disposiciones que contemple el Estatuto Estudiantil, Acuerdo 027 de 1993, y que no contemple el presente reglamento serán aplicadas a los estudiantes de posgrados. (Subrayado fuera del texto)
TITULO 10.
Artículo 32 Un estudiante de postgrado no podrá repetir más de una vez una materia y no podrá perder más de dos materias en todo el plan de estudios del programa de postgrados.
Artículo 33 El estudiante de postgrado entrará en causal de exclusión por cualquiera de las siguientes razones:
El promedio acumulado ponderado por créditos es inferior a tres cinco (3.5).
No supera la prueba académica
Cae en causal de prueba académica por segunda vez
Si pierde una asignatura que esté repitiendo
Si pierde más de dos asignaturas en todo el plan curricular
Si no culmina el programa del plan curricular en el tiempo previsto en este reglamento (subrayado fuera del texto)
7.6. Acuerdo 001 de 1994
“Artículo 10° En el currículo de cada programa se señalará dentro de los límites establecidos, cuántos créditos equivalen a una carga académica normal para un estudiante de tiempo completo, en un periodo académico. (…). Todo plan curricular de postgrado deberá determinarse (sic) en un periodo no mayor al doble del mínimo de períodos académicos estipulados para el estudiante de tiempo completo.” [41]
A su vez, el artículo 4° estipula lo siguiente en relación con el mínimo de periodos académicos de duración para los programas de magíster:
“Artículo 4°. (…)
2. Programas de Magíster, que comprenden cursos teóricos, prácticos, seminarios y otras actividades académicas, alguna experiencia de tipo docente y trabajo de grado encaminado a la formación de investigadores. Estos programas exigen del estudiante de una dedicación equivalente a por lo menos tres periodos académicos de tiempo completo.” (Resaltado fuera del texto)
En relación con los periodos académicos, el artículo 5° dispone:
“Artículo 5°. Para los programas de Magíster y Doctorado los períodos ordinarios tendrán una duración mínima de dieciséis (16) semanas incluido el tiempo para exámenes de todo tipo. Estos periodos ordinarios se estipularán en el periodo académico anual que fije el Consejo Académico.”
Así entonces, una primera interpretación permitiría afirmar que de conformidad con lo estipulado en los artículos 10 y 4 del reglamento, el plan curricular del programa de Magíster debe terminar en 6 periodos, que corresponde al doble del mínimo de periodos académicos que son 3 y además, que esos 6 periodos se traducen en 3 años, si se tiene en cuenta que cada periodo académico dura mínimo de 16 semanas (art. 5), que equivalen a un semestre académico.
Sin embargo, esta interpretación se aleja de la realidad si se tiene en cuenta que, verificada la página Web de la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones de la Universidad[42], su duración es de 5 semestres de 16 semanas cada uno, de los cuales el primero es de nivelación y no forma parte del plan de estudios formal.
Una segunda interpretación determinaría que de conformidad con el artículo 10° del Acuerdo 001 de 1994, el plan curricular de posgrado deberá acabarse en un tiempo no mayor de 8 semestres, es decir 4 años, que equivalen al doble de 4 semestres de duración (2 años), que es el mínimo de periodos académicos estipulados para la Maestría. No obstante lo anterior, esta interpretación deja de lado el tiempo previsto en el Acuerdo para presentar el trabajo de grado.
“Artículo 17° En los programas conducentes a título de Magíster se exigirá para el grado, la elaboración y sustentación de un Trabajo de Grado, (…).
“Artículo 19° Los proyectos de trabajo de grado deberán ser sometidos a consideración del Consejo de Postgrado antes del vencimiento de los períodos académicos correspondientes al plan de estudios del programa respectivo.
Parágrafo 1. Los trabajos de grado de Especialización o Maestría deberán presentarse a más tardar dos (2) años después de concluidas las demás prescripciones del currículo correspondiente. (…).
Parágrafo 2. Cuando un estudiante no presente su trabajo de grado en el tiempo estipulado, el Consejo de Postgrado podrá prorrogar por máximo un año (1) el período de presentación previa su justificación (…)”
De conformidad con lo anterior y previo a cualquier análisis, es necesario precisar los términos plan de estudios (mencionado en el art. 19) y plan curricular (mencionados en los artículos 10 y 32), los cuales han sido definidos en el Acuerdo 004 de 1996 o estatuto académico de la Universidad en los siguientes términos:
El mínimo de periodos académicos que es de 4 semestres (2 años) según el plan de estudios, más 2 años después de concluidas las materias del plan para presentar el trabajo de grado (ar. 19), que puede prorrogarse por 1 año más, lo que arroja un total de 5 años, que correspondería al mínimo de periodos académicos estipulados para el estudiante de tiempo completo, el cual de conformidad con lo previsto en el artículo 10° del Acuerdo, equivale a 10 años en total, es decir, el doble del mínimo de periodos académicos.
“ARTICULO 11. El estudiante tendrá un (1) año de plazo después de concluido su plan de estudios para presentar el respectivo informe de investigación y someterlo a sustentación y evaluación. Si el estudiante no lo presenta en este término, se le podrá conceder una prórroga de un (1) año más previa justificación firmada por el director del proyecto de investigación.
PARÁGRAFO 1: Si cumplido el año de prórroga el estudiante no ha presentado en (sic) informe final, el estudiante deberá tomar dos asignaturas del programa de maestría como actualización y tendrá un año más para presentar el informe y someterlo a sustentación y evaluación.
ARTICULO 12. El plazo máximo para concluir el plan de estudios con la sustentación y evaluación de la tesis será de 6 años a partir de la iniciación del plan de estudios”.
- En la respuesta a la acción de tutela, afirma el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica:
“el Acuerdo 01 de 1994 en sus artículos 32 y 33 a (sic) establecido la causal de exclusión por no terminar el plan curricular en el tiempo previsto en el artículo 10 del mismo acuerdo, es decir, en un tiempo no mayor al doble del mínimo de periodos académicos estipulados para el estudiante de tiempo completo, lo que quiere decir, que en tratándose de maestrías el término de duración mínimo en periodos académicos es de 5 semestres, y el doble de este término serán otros 5 semestres, lo que infiere que el término máximo de duración para optar por el título de maestría serán 10 semestres o 5 años, término que excedió el estudiante durante su permanencia en los estudios de maestría” (fl.69 Cd. Ppal.) Subrayas del texto original.
- En la “FICHA TECNICA” elaborada por el Secretario General de la Universidad, el 12 de mayo de 2010 al revisar el caso del estudiante, se afirma:
“para el desarrollo de los estudios posgraduales y el tiempo máximo para la presentación y sustentación del trabajo individual de grado con posterioridad a la culminación de la totalidad de las asignaturas del plan de estudios, basta con remitirse al Artículo 10° del Acuerdo 001 del 12 de julio de 1994 donde se determina que no podrá ser un tiempo mayor al doble del mínimo de periodos académicos estipulados para estudiantes de tiempo completo, lo que quiere decir que: Tratándose de Maestrías el término de duración máximo de periodos académicos es de cinco (5) semestres y el doble del término son otros cinco (5) semestres, es decir el tiempo para cursar asignaturas propias de la malla curricular de la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones: ES DE CINCO (5) AÑOS, contados a partir de la fecha en que FUE ACEPTADO Y REGISTRADA la matrícula de la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones, esto es, a partir del segundo semestre del año 2004.
LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD concluye al tenor de lo previsto en el Artículo 19 del Acuerdo 001 del 12 de julio de 1994 que la temporalidad máxima de permanencia en la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones se amplia para el caso concreto a OCHO (8) AÑOS, si se tiene en cuenta la prórroga de un (1) año más previa su justificación” (fls.199 y 200 Cd. 2). Resaltado del texto original
En el mismo concepto destacó que la temporalidad de 6 años para terminar la Maestría establecida en el Acuerdo 001 de 2002, contradice el plazo de 8 años consagrado en el Acuerdo 001 de 1994 y por tanto, hasta que: “no se corrija este YERRO el estudiante en pleno derecho podrá acogerse a los OCHO (8) AÑOS, los mismos que establece y define el Acuerdo 001 del 12 de julio de 1994.” (fl.201 Cd.2). Resaltado del texto original.
- En comunicación de fecha junio 28 de 2010, el Presidente del Consejo Curricular de Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones le informa a la Decana de la Facultad de Ingeniería, que el tiempo máximo de permanencia para culminar el plan curricular de la Maestría es de 6 años y no de 5 años como inicialmente lo habían sostenido:
“Sin embargo es procedente anotar que revisada la reglamentación existente y validar (sic) la aplicabilidad del Acuerdo 001 de 2002 a estudiantes de postgrado, se estableció que el tiempo máximo de permanencia para culminar el plan curricular de este programa son seis (6) años y no cinco (5) como se había conceptuado inicialmente; situación que no cambia el estado del estudiante en cuanto a su exclusión.” (fl.108 Cd. 2)
- Por último se tiene, que esta situación fue evidenciada por la Oficina Asesora de Control Interno de la Universidad, que en el informe final de auditoría a la Maestría en Ciencias de la Información y las Telecomunicaciones, presentado en el mes de agosto de 2010, en el cual entre otros asuntos, revisó el caso del accionante, concluyó lo siguiente:
“Una vez analizados los dos artículos [arts. 10 y 19 del Acuerdo 001 de 1994] en conjunto se lograría deducir que el total del término para concluir los estudios y presentar el trabajo de grado puede llegar incluso a ser 7 años repartidos de la siguiente forma: 4 años para terminar las materias que constituyen el Plan de estudios y 2 años para presentar el trabajo de grado prorrogable incluso por un año más cuanto exista la justificación para ello…” (fl.31 Cd.2).
Y más adelante concluyó parcialmente, “No hay normatividad uniforme institucional, si no por el contrario hay una gama de normas para regular lo referente al término para finalizar la Maestría, lo cual genera una inseguridad jurídica para la Universidad…” (fls.46 y 47 Cd.2).
7.7. Acuerdo 001 de 2009
“Artículo 11. Plazo para terminación de estudios: El plazo máximo para la culminación de estudios de postgrado, como estudiante activo, independiente de las sanciones por reglamento o retiros que se dispongan en el presente acuerdo, será: (…)
b. Maestrías: 5 años. (…)
Parágrafo: El plazo máximo de permanencia para terminación y titulación de un estudiante en un programa de postgrado, incluyendo la elaboración de los trabajos de grado o tesis y las reservas de cupo, no podrá ser superior al establecido en el presente artículo.”
De otra parte el artículo 5°, define el programa de Maestría de la siguiente forma:
“Artículo 5. Los estudios de postgrado en la Facultad de Ingeniería Universidad Distrital se clasifican así: (…)
Los requisitos para grado se regirán mediante Acuerdo de Consejo de facultad, específico para requisitos de grado de Estudiantes de Maestría. (…)”
7.8.1. La reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, advierte que a los reglamentos académicos de las universidades, de manera general se les aplica el principio de la irretroactividad de la ley[43], según el cual las normas empiezan a regir “a partir de su expedición y promulgación, lo cual es garantía para la protección de las situaciones jurídicas que han quedado consolidadas bajo la vigencia de una determinada normatividad. Por consiguiente, las instituciones universitarias no pueden dictar reglamentos con efectos retroactivos o aplicar las normas contenidas en nuevos reglamentos a situaciones que han quedado definidas o consolidadas bajo un régimen normativo anterior. Si de hecho lo hacen, violan los arts. 58 y 83 de la Constitución que consagran el respeto por los derechos adquiridos, el principio de la buena fe, y la confianza legítima o debida, íntimamente vinculada a éste, cuyo contenido y alcance ha sido precisado varias veces por la Corte”[44].
Así entonces, la ley sólo entra a regir a partir de su puesta en vigencia, cobijando en adelante y por entero los fenómenos que se subsuman en sus supuestos jurídicos, refrendándose así el principio según el cual los hechos y actos deben regirse por la ley vigente al momento de su ocurrencia, lo que significa que la nueva ley respeta las situaciones jurídicas consolidadas bajo el imperio de la anterior. Sin embargo, cuando se trata de situaciones jurídicas en curso, que no han generado situaciones consolidadas, ni derechos adquiridos en el momento de entrar en vigencia la nueva ley, ésta que es de aplicación inmediata, entra a regular dicha situación en el estado en que se encuentre, sin perjuicio de que se respete lo ya surtido bajo la ley antigua.[45]
“La aplicación o efecto general inmediato de la ley es la proyección de sus disposiciones jurídicas que están en curso al momento de su entrada en vigencia. El efecto general inmediato de la nueva ley no desconoce la Constitución, pues por consistir en su aplicación a situaciones jurídicas que aún no se han consolidado, no tiene el alcance de desconocer derechos adquiridos.”
Artículo 34. El presente reglamento rige para los estudiantes que ingresen a los programas de postgrado a partir de la aprobación del presente acuerdo y para los estudiantes en período de nivelación.
Artículo 35. El artículo 33 es aplicable de manera transitoria a partir de la fecha para estudiantes que ingresaron a primer semestre y demás del plan de estudios formal de todos los programas de postgrado de la Universidad.
- El 30 de julio de 2008 (acta 087) le dio plazo hasta diciembre de 2008 para sustentar, imponiéndole como condición: (i) activarse como estudiante; y (ii) “traer el aval del Director con un 80% de avance” para inscribir la materia que le faltaba.
- El 17 de diciembre de 2008 (acta 097) le autorizó “prórroga para radicar trabajo final de grado”, otorgándole plazo “para sustentar hasta junio de 2009”.
En virtud de las distintas interpretaciones que admite lo dispuesto en el Acuerdo 001 de 1994 como se explicó, la Sala se acogerá, tan sólo para efectos del presente análisis, a lo expuesto por el Secretario General de la Universidad en el concepto del 12 de mayo de 2010 (fls. 195 a 204 Cd.2), por ser la posición institucional que más favorece la situación particular del actor, según la cual el plazo para culminar el plan curricular es de 8 años, si se tiene en cuenta que para cursar la malla curricular el plazo es de 5 años, que corresponde a 5 semestres, incluido el nivelatorio (término de duración máximo de periodos académicos), más otros 5 semestres (doble del término), de conformidad con lo previsto en el artículo 10, más 2 años para presentar el trabajo de grado después de concluidas todas las materias, el cual se puede prorrogar por un (1) año más, previa justificación en los términos del artículo 19 del reglamento.
Ahora bien, la Sala evidencia también que además de imponer límites fuera de los términos que el reglamento otorgaba, del contenido de las autorizaciones para sustentar y para inscribir la materia que le hacía falta y de la prórroga para “radicar trabajo final de grado”, aunado al hecho de haberle expedido el recibo de pago de los derechos de matrícula, el estudiante podía inferir válidamente que contaba con el plazo suficiente para cumplir con los pasos inherentes a la obtención del grado (elaboración, aprobación, designación de jurados y sustentación del trabajo de grado) que por disposición del artículo 19, se cumplen después de terminadas las materias del plan curricular y que además constituyen una exigencia para el grado, de conformidad con el artículo 17 del Acuerdo, cuando dispone que “En los programas conducente a título de Magister se exigirá para el grado, la elaboración y sustentación del Trabajo de Grado (…).
Por tanto, no es acertada la decisión de la Institución al haber impuesto como condición para otorgar la prórroga, ver la materia pendiente y sustentar el trabajo de grado limitándolo hasta junio de 2009, pues desconoció que la materia “defensa de tesis” forma parte del plan curricular y tiene como objetivo, entre otros, “preparar al estudiante en la presentación y exposición de resultados de investigación ante la comunidad académica y científica” y además “Proporcionar al estudiante los mecanismos facilitadores en su proceso de grado”[46], pero no constituye la etapa para presentar el trabajo de grado.
Adicionalmente, la Sala estima que tal decisión ha debido ser adoptada al vencimiento del plazo y no en diciembre de 2009, por cuanto las actuaciones desplegadas con anterioridad a la exclusión, tales como indicar que estaba autorizado para sustentar el trabajo de grado - lo que según el reglamento se produce después de terminadas las materias - y expedir recibo de pago, convalidaron el vencimiento del plazo alegado y por tanto, corresponde a la Universidad asumir las consecuencias de su propio error, en lugar de transferirlas al estudiante quien había generado una expectativa justificada de contar con el tiempo necesario para la presentación y sustentación del trabajo de grado, que después desconoció abrupta y unilateralmente lesionando la seguridad jurídica y afectando por ende los derechos fundamentales del accionado y los principios de la buena fe, la confianza legítima y el respeto al acto propio.
Primero.- REVOCAR los fallos proferidos por el Juzgado Treinta y Dos Civil Municipal de Bogotá, en primera instancia y el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Bogotá en segunda instancia y en su lugar CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales a la educación y el debido proceso del accionante.
Segundo.- ORDENAR a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas disponer lo necesario para incluir en la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones al señor Oscar Alfredo Fajardo Ortega, y consecuencialmente permitirle que su trabajo de grado o investigación se someta a sustentación y evaluación por parte de los jurados calificadores y de las instancias que corresponda y además que acredite los demás requisitos para el grado, dentro de los tiempos establecidos en los Acuerdos 001 de 1994 y 001 de 2002.
Tercero.- EXHORTAR al Universidad Distrital Francisco José de Caldas para que en el ejercicio constitucional de la autonomía universitaria y en desarrollo de la facultad que le asiste para interpretar las directivas estatutarias, fije una posición clara que permita identificar el tiempo previsto para terminar la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones y en general los programas de posgrado.
[20] Sentencia T-492 de 1992
[21] Sentencia T- 310 de 1999
[22] Sentencia T-513 de 1997
[25] Sentencia T-886 de 2009.
[26] Sentencias T-634 de 2003.
[27] Sentencia T-933 de 2005.
[28] Sentencia T-634 de 2003.
[30] Sentencia T-416 de 1998.
[31] Sentencia T-925 de 2002.
[32] Sentencia T-756 de 2007.
[33] Sentencia T-180 A de 2010.
[34] Sentencia T-089 de 2007.
[35] Ver entre otras sentencias T-693 de 2004, T-617 de 1995, T-438 de 1996, T-396 de 1997, T398 de 1998 y SU-250 de 1998.
[36] Ver Sentencia T-295 de 1999.
[37] Sentencias T-544 de 2003 y T-079 de 2004.
[38] Sentencia T-295 de 1999.
[39] Sentencia T-475 de 1992.
[40] Sentencia T-295 de 1999.
[41] El artículo 9° del Acuerdo estipula que: “Un estudiante de tiempo completo será aquel que en un período académico curse nueve (9) créditos o más.”
[42] http://gemini.udistrital.edu.co.
[43] Por el fenómeno de retroactividad se entiende la aplicación de la norma posterior a una situación fáctica anterior, el cual sólo tiene ocurrencia en aquellas situaciones expresamente establecidas por el legislador o en aquellas en que se de aplicación al principio de favorabilidad. Por su parte, se entiende por ultractividad, la producción de efectos de una norma derogada a unas situaciones fácticas que deben regirse por la ley vigente al momento de la iniciación.
[44] Ver entre otras las sentencias T-098 de 1999, T-674 de 2000, T-870 de 2000, T-1288 de 2000 y 886 de 2009.
[45] Sentencia C-619 de 2001.
[46] Ver página Web de la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones, http://gemini.udistrital.edu.co/comunidad/dependencias/mcic/documento/pensum/Cuarto%20Semestre/Defensa%20de%20Tesis.pdf.

References: artículo 10
 artículo 19
 artículo 10
 artículo 67
 artículo 44
 artículo 93
 artículo 44
 artículo 85
 artículo 69
 artículo 2
 artículo 29
 artículo 83

Artículo 32

ARTÍCULO 33

Artículo 32

Artículo 33
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 Artículo 10
 Artículo 19
 artículo 5

Artículo 34

Artículo 35
 artículo 33
 artículo 10
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 17
 artículo 9