Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/4832
Timestamp: 2020-06-01 20:33:50+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 57/2003
SENTENCIA 57/2003, de 24 de marzo
ECLI:ES:TC:2003:57
En el recurso de amparo núm. 6764-2000, promovido por doña María del Mar Fernández García de Rueda, representada por el Procurador de los Tribunales don César de Frías Benito y asistida por el Letrado don Pablo López Sánchez, contra la Sentencia de la Sección Vigésimotercera de la Audiencia Provincial de Madrid, de 15 de noviembre de 2000, que estimó parcialmente el recurso de apelación (rollo núm. 242-2000) interpuesto por la acusación particular contra la dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 20 de Madrid el 30 de junio de 2000, en el procedimiento abreviado núm. 6878/97 del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Madrid, seguido por la presunta comisión de delitos de falsedad, societario y administración desleal. Han sido partes en el proceso doña Gloria Villalba Fernández, representada por el Procurador de los Tribunales don José Luis Ferrer Recuero y asistida del Letrado don Jaume Pich i Macià, y el Ministerio Fiscal. Ha actuado como Ponente el Magistrado don Guillermo Jiménez Sánchez, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 23 de diciembre de 2000 el Procurador de los Tribunales don César de Frías Benito, en nombre y representación de doña María del Mar Fernández García de Rueda, interpuso recurso de amparo contra la resolución de la que se hace mérito en el encabezamiento de esta Sentencia.
a) Como consecuencia de querella presentada por doña Gloria Villalba Fernández contra doña María Clara Gómez Argüelles y doña María del Mar Fernández García de Rueda, administradoras de la sociedad mercantil CGM-93, S.L., por la presunta comisión de delitos societarios, falsedad documental y apropiación indebida, se incoaron las diligencias previas núm. 6878/97 por el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Madrid.
b) Terminada la instrucción, y remitida la causa al órgano de enjuiciamiento, el Juzgado de lo Penal núm. 20 de Madrid dictó Sentencia el 30 de junio de 2000 absolviendo a las querelladas de los delitos de los que habían sido acusadas.
c) Interpuesto recurso de apelación por la acusación particular, alegando indefensión por incongruencia omisiva y error en la valoración de la prueba, la Sección Vigésimotercera de la Audiencia Provincial de Madrid dictó Sentencia el 15 de noviembre de 2000, en la que estimó parcialmente el recurso y condenó a doña María Clara Gómez Argüelles y a doña María del Mar Fernández García de Rueda, como coautoras penalmente responsables de dos delitos de falsedad documental del art. 392, en relación con el art. 390.2, del Código penal, a las penas de seis meses de prisión y multa de seis meses con una cuota diaria de tres mil pesetas por cada uno de los delitos, manteniendo el resto de los pronunciamientos absolutorios de la Sentencia apelada.
3. En la demanda de amparo se denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en una doble vertiente. Por una parte, se dice, no resulta motivada suficientemente la imposición de penas que se establece en el fallo; y, por otra, al ser firme éste, se impide a la parte impugnar su legalidad.
4. Por providencia de 29 de octubre de 2001 la Sala Segunda acordó conocer del presente recurso de amparo y admitirlo a trámite. En aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC solicitó de los órganos judiciales la remisión de certificación o copia adverada de las actuaciones, interesando del Juzgado que emplazara a quienes hubieran sido parte en el procedimiento para que, si así lo deseasen, pudieran comparecer en el presente recurso de amparo.
5. Mediante escrito registrado el 28 de noviembre de 2001 el Procurador de los Tribunales don José Luis Ferrer Recuero, en nombre y representación de doña Gloria Villalba Fernández, solicitó ser tenido por comparecido y parte.
6. Por diligencia de ordenación de la Sala Segunda, de fecha 19 de diciembre de 2001, se acordó tener por personado y parte al Procurador Sr. Ferrer Recuero y dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio público, por un plazo común de veinte días, para que pudieran presentar las alegaciones que estimaran pertinentes, conforme determina el art. 52.1 LOTC.
7. El Procurador Sr. Ferrer Recuero envió sus alegaciones mediante escrito registrado el 16 de enero de 2002. En él señala el incumplimiento de los requisitos de admisibilidad del recurso de amparo al no haber agotado la recurrente la vía judicial previa, en concreto, al no haber hecho uso del incidente de nulidad de actuaciones previsto en el art. 240 LOPJ, por lo que la demanda debe ser inadmitida. Subsidiariamente interesa su desestimación al no existir vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, pues la Audiencia Provincial motiva suficientemente la concurrencia de dolo así como que los documentos entraron en el tráfico jurídico cuando fueron llevados a una Notaría para la certificación de firmas y presentados en el Registro Mercantil para su depósito.
8. El Fiscal ante el Tribunal Constitucional evacuó el trámite conferido en escrito registrado el 17 de enero de 2002. En él interesa la denegación del amparo, señalando que la parte imputa a la Sentencia de apelación ausencia de motivación tanto en cuanto a la concurrencia de dolo como en lo que se refiere a la no incorporación de los documentos al tráfico jurídico, y basta la mera lectura de la resolución cuestionada, en concreto de su fundamento de Derecho cuarto, para constatar que tal ausencia de fundamentación es inexistente.
9. Mediante escrito registrado el 22 de febrero de 2002 el Procurador Sr. de Frías Benito, en nombre de la recurrente, ratifica en todo el contenido del escrito en que formulaba la demanda de amparo.
10. Por providencia de 20 de marzo de 2003, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 24 del mismo mes y año.
1. La cuestión que se plantea en el presente recurso de amparo consiste en determinar si, como afirma la recurrente y niegan tanto el Ministerio Fiscal como la codemandada, en la Sentencia dictada por la Sección Vigésimotercera de la Audiencia Provincial de Madrid (rollo de apelación núm. 242-0000) se ha vulnerado el derecho de la demandante de amparo a obtener tutela judicial efectiva como circunstancia de resultar falta de motivación la indicada resolución judicial, circunstancia que habría causado la indefensión de la Sra. Fernández García de Rueda al no existir recurso alguno contra una sentencia firme.
2. Antes de comenzar el análisis de la queja planteada conviene despejar el óbice procesal puesto de manifiesto por la representación procesal de la Sra. Villalva Fernández, consistente en la falta de agotamiento de la vía judicial previa al amparo en tanto que, invocándose como una de las vulneraciones la del derecho a la tutela judicial efectiva por razón de la existencia de un defecto formal causante de indefensión en la Sentencia dictada en apelación, debió haberse promovido el incidente de nulidad de actuaciones contemplado en el art. 240.3 LOPJ. Extremo éste que, de confirmarse, determinaría la necesidad de un pronunciamiento desestimatorio de la demanda en este momento procesal, de acuerdo con lo establecido en los arts. 44.1 a) y 50.1 a) LOTC, pues los defectos insubsanables de que pudiera estar afectado el recurso de amparo no resultan subsanados porque haya sido inicialmente admitido a trámite (SSTC 50/1991, de 11 de marzo, FJ 3; 185/2000, de 10 de julio, FJ 3; 105/2001, de 23 de abril, FJ 2; 228/2001, de 26 de noviembre, FJ 2, 12/2002, de 28 de enero, FJ 3; 74/2002, de 8 de abril, FJ 2; 158/2002, de 16 de septiembre, FJ 2; y 178/2002, de 14 de octubre, FJ 4).
3. También hemos de descartar la presunta vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (no invocado por la actora en su demanda de amparo) por el hecho de que, habiendo sido condenada en apelación, la Sentencia es firme y se le impide impugnarla al no existir recurso alguno, salvo el de amparo. Pues, realmente, lo que constituye el núcleo central de la denuncia de la recurrente es la falta de motivación de la resolución judicial frente a la que pide amparo, y no el desconocimiento del derecho a la doble instancia penal.
4. Abordando ya el análisis de la queja relativa a la falta de fundamentación de la concurrencia del dolo, de la incorporación de los documentos al tráfico jurídico y de la pena impuesta, resulta oportuno recordar que la obligación de motivar las Sentencias, que el art. 120.3 CE impone a los órganos judiciales, se integra como una de las garantías protegidas en el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), entendida como el derecho a obtener una resolución razonablemente fundada en Derecho, que entronca de forma directa con el principio del Estado democrático de Derecho (art. 1 CE) y con una concepción de la legitimidad de la función jurisdiccional sustentada esencialmente en el carácter vinculante que para todo órgano jurisdiccional reviste la Ley (art. 117.1 y 3 CE; SSTC 55/1987, de 13 de mayo, FJ 1; 24/1990, de 15 de febrero, FJ 4; 22/1994, de 27 de enero, FJ 2). Esta garantía tiene como finalidad última la interdicción de la arbitrariedad, ya que mediante ella se introduce un factor de racionalidad en el ejercicio del poder que, paralelamente, potencia el valor de la seguridad jurídica y constituye un instrumento que tiende a garantizar la posibilidad de control de la resolución por los Tribunales superiores mediante los recursos que procedan, incluido el que compete a este Tribunal a través del recurso de amparo (SSTC 55/1987, de 13 de mayo, FJ 1; 22/1994, de 27 de enero, FJ 2; 184/1995, de 12 de diciembre, FJ 2; 47/1998, de 2 de marzo, FJ 5; 139/2000, de 29 de mayo, FJ 4; 221/2001, de 31 de octubre, FJ 6).
5. En el presente caso, tal y como señala el Ministerio Fiscal, basta la lectura del fundamento de Derecho cuarto de la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid para comprobar que allí se contiene una motivación suficiente sobre la concurrencia del elemento típico de incorporación al tráfico de los documentos y respecto de la apreciabilidad de dolo en la conducta falsaria de la actora y de la otra coencausada.
Desestimar el presente recurso de amparo promovido por doña María del Mar Fernández García de Rueda.
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 6764-2000
Promovido por doña María del Mar Fernández García de Rueda frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que en grado de apelación, la condenó por un delito de falsedad
Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): condena penal que razona el carácter delictivo de la certificación de actas de juntas mercantiles inexistentes, y las penas impuestas
La Sentencia recurrida contiene una motivación suficiente sobre la concurrencia del elemento típico de incorporación al tráfico de los documentos y respecto de la apreciabilidad de dolo en la conducta falsaria de la actora y de la otra coencausada [FJ 5].
Por lo que se refiere a la hipotética falta de motivación de las penas impuestas ha de significarse, ante todo, que la privativa de libertad, al haber sido acordada en el grado mínimo contemplado por la Ley, no precisa justificación o motivación especial alguna [FJ 5].
Doctrina sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de motivación de las sentencias (SSTC 55/1987, 6/2002) [FJ 4].
El contenido del recurso de amparo se delimita en cada caso en la demanda y no puede ser ampliado en escritos o momentos procesales ulteriores (SSTC 189/1987, 250/2000) [FJ 3].
La demandante de amparo no denuncia una incongruencia en sentido estricto, sino un defecto de fundamentación de la Sentencia condenatoria que no es evidente que sea causante de indefensión cuando se refiere a Sentencias firmes [ FJ 2].
Cuando existe un recurso susceptible de ser utilizado, y adecuado por su carácter y naturaleza para tutelar la libertad o derecho que se entiende vulnerado, tal recurso ha de agotarse antes de acudir a este Tribunal (SSTC 169/1999, 165/2002) [FJ 2].
Los defectos insubsanables de que pudiera estar afectado el recurso de amparo no resultan subsanados porque haya sido inicialmente admitido a trámite (SSTC 50/1991, 178/2002) [FJ 2].
Falsedad documentalFalsedad documental, f. 5
Condena penal y motivación del relato fácticoCondena penal y motivación del relato fáctico, f. 5

References: resolución 
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