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Timestamp: 2019-10-21 09:55:51+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 156-9, de 29/09/2003
Núm. 156-9
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES del informe emitido por la Ponencia sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional (núm. expte.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
La Ponencia encargada de redactar el informe sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional (núm. expte.
121/000156), integrada por los Diputados don Gabriel Cisneros Laborda, don Andrés Ollero Tassara y don Julio Padilla Carballada (GP); don Javier Barrero López y don Diego López Garrido (GS); don Manuel José Silva i Sánchez (GC-CiU), don Luis Carlos Rejón Gieb (GIU), doña Margarita Uría Etxebarría (GV, EAJ-PNV), don Luis Mardones Sevilla (GCC) y doña Begoña Lasagabaster Olazábal (GMx), ha estudiado con detenimiento dicha iniciativa, así como las enmiendas presentadas, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento eleva a la Comisión el siguiente:
La Ponencia acuerda aceptar las enmiendas núms. 49 a 51 del G. P. Popular; las núms. 68, 87 y 101 del G. P. Socialista y las núms. 73 (coincidente con la núm. 49) y 76 del G. P. Catalán-CiU.
Todo ello implica distintas modificaciones en los artículos 5, 7, 17 y 24 y en las disposiciones adicional tercera y final primera del Proyecto de Ley, en los términos del texto que se acompaña como anexo.
Asimismo, la Ponencia propone seguir estudiando durante la fase de Comisión el resto de las enmiendas presentadas, y especialmente las transaccionales que se presentarán en relación con las enmiendas núms. 52 y 55 del G. P. Socialista y 75, 78 y 80 del G. P. Catalán-CiU.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2003.-Gabriel Cisneros Laborda, Andrés Ollero Tassara, Julio Padilla Carballada, Javier Barrero López, Diego López Garrido, Manuel José Silva i Sánchez, Luis Carlos Rejón Gieb, Margarita Uría Etxebarría, Luis Mardones Sevilla, Begoña Lasagabaster Olazábal.
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE COOPERACIÓN CON LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
En virtud de la autorización concedida por la Ley Orgánica 6/2000, de 4 de octubre ("Boletín Oficial del
Estado" de 5 de octubre de 2000), España ratificó, por instrumento de 19 de octubre de 2000 (depositado el 25 de octubre), el Estatuto de la Corte Penal Internacional adoptado en Roma el 17 de julio de 1998. Dicho Estatuto entró en vigor, conforme a lo dispuesto en su artículo 126, el 1 de julio de 2002.
La estructura de la presente Ley, comparable a la que se siguió en la Ley Orgánica 15/1994, de 1 de junio, para la cooperación con el Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de violaciones graves del Derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia, y en la Ley Orgánica 4/1998, de 1 de julio, para la cooperación con el Tribunal Internacional para Ruanda, parte del presupuesto del carácter autoejecutivo de numerosos preceptos del Estatuto de Roma, en condiciones de positividad que permiten su aplicación directa por los Tribunales, en aquellos sistemas como el español, en los que los Tratados pueden ser aplicados directamente cuando el contenido material de la norma internacional así lo permita.
En el ámbito de las fuentes, se contemplan lógicamente, además del propio Estatuto y de la presente Ley, las demás leyes españolas aplicables, en lo que no esté regulado expresamente por ella. Además, habrán de tenerse en cuenta los acuerdos que puedan celebrarse entre España y la Corte, así como, en aquello que sea pertinente, las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte, que habrán de ser objeto de publicación en el "Boletín Oficial del Estado".
Un elemento significativo de esta Ley es la entrega a la Corte de una persona reclamada por la misma, que resulta imprescindible, pues el Estatuto no permite dictar sentencias en rebeldía. Los preceptos del Estatuto y de las Reglas de Procedimiento y Prueba son muy minuciosos y concordantes con el derecho interno español, por lo que esta Ley sólo introduce los adecuados complementos. El aspecto más significativo se refiere al principio general que establece el Estatuto acerca de la obligatoriedad de decretar la prisión provisional, siendo excepción la libertad provisional, aunque no se establece un automatismo riguroso eliminando por completo la facultad de apreciación por el Juez interno, sino solamente que examine y valore las recomendaciones de la Corte, tal y como establece el artículo 59.4 del Estatuto. En orden a la entrega a la Corte, la característica principal es la limitación de los motivos de denegación de la solicitud, apartándose de los modelos clásicos en materia de extradición, ya que ni siquiera la existencia de cosa juzgada puede impedir la entrega, sin perjuicio de la valoración que, en su caso, pueda efectuar la Corte.
En el plano orgánico, se mantiene la competencia de la Audiencia Nacional para la cooperación pasiva concerniente a la entrega a la Corte, siendo competentes los restantes órganos judiciales, sea para la cooperación activa, sea para ciertos aspectos de la pasiva, como son las comisiones rogatorias, actos de notificación y otras formas de cooperación. En el orden político y administrativo, el Ministerio de Justicia es el órgano de relación con la Corte, sin perjuicio de tener que contar
con el criterio del Ministerio de Asuntos Exteriores en los asuntos de su competencia.
El objeto de la presente Ley Orgánica es regular las relaciones de cooperación entre el Estado español y la Corte Penal Internacional en el ejercicio de las funciones encomendadas a esta institución por el Estatuto de Roma de 17 de julio de 1998 y su normativa complementaria, mediante la atribución de competencia a los órganos estatales y el establecimiento de procedimientos internos adecuados, en lo no previsto en el Estatuto hecho en Roma el 17 de julio de 1998 -en lo sucesivo, el Estatuto- y sus normas complementarias en la medida en que éstas resulten pertinentes, en particular las Reglas de Procedimiento y Prueba, así como los acuerdos específicos de cooperación que España pueda celebrar con la Corte.
1. Corresponde exclusivamente al Gobierno, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta
conjunta del Ministro de Asuntos Exteriores y del Ministro de Justicia, decidir la presentación de la denuncia de una situación ante el Fiscal de la Corte, de conformidad con lo prevenido en los artículos 13, apartado a), y 14 del Estatuto, y en su caso, para instar de la Sala de Cuestiones Preliminares que el Fiscal reconsidere su decisión de no iniciar actuaciones, conforme al artículo 53.3.a) del Estatuto.
2. Cuando se presentare una denuncia o querella ante un órgano judicial o del Ministerio Fiscal o una solicitud en un Departamento ministerial, en relación con hechos sucedidos en otros Estados, cuyos presuntos autores no sean nacionales españoles y para cuyo enjuiciamiento pudiera ser competente la Corte, dichos órganos se abstendrán de todo procedimiento, limitándose a informar al denunciante, querellante o solicitante de la posibilidad de acudir directamente al Fiscal de la Corte, que podrá, en su caso, iniciar una investigación. En iguales circunstancias, los órganos judiciales y el Ministerio Fiscal se abstendrán de proceder de oficio.
1. Cuando fuere detenida una persona, en cumplimiento de una orden de la Corte de detención provisional o de detención y entrega, la autoridad que practicare
la detención lo comunicará inmediatamente al Ministerio de Justicia y al Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, debiendo ser puesta dicha persona a disposición del Juez Central de Instrucción sin demora y, en todo caso, dentro del plazo de setenta y dos horas siguientes a la detención.
2. El Juez Central de Instrucción oirá a la persona reclamada, asistida de letrado y, en su caso, de intérprete y al Ministerio Fiscal, dentro de las setenta y dos horas siguientes a su puesta a disposición judicial.
Después de verificar la identidad del detenido, el contenido de la orden de detención y las circunstancias previstas en el artículo 59.2 del Estatuto informará al detenido del contenido de la orden de detención y de su derecho a solicitar la libertad provisional.
3. Cuando la orden de detención de la Corte se refiera a una persona que se encuentra cumpliendo condena impuesta por los Tribunales españoles o por los de un tercer Estado desde el cual hubiere sido trasladada a España para su cumplimiento, la autoridad penitenciaria competente informará con antelación suficiente sobre la fecha de excarcelación al Juez Central de Instrucción y al Ministerio de Justicia, que procederá conforme a lo previsto en el artículo 15.5 de esta Ley.
1. Si el detenido solicitara, en la comparecencia prevista en el artículo anterior, su libertad provisional, el Juez Central de Instrucción acordará remitir dicha solicitud a la Corte, a través del Ministerio de Justicia, con indicación del plazo para recibir sus recomendaciones, que no será inferior a veinte días. En la misma resolución el Juez Central de Instrucción acordará la prisión provisional del detenido por el tiempo estrictamente necesario para recibir las recomendaciones de la Corte sobre dicha solicitud y hasta que se resuelva sobre la misma.
1. En la comparecencia regulada en el artículo 11 de la presente Ley se interrogará a la persona reclamada acerca de si consiente en su entrega y, si diere el consentimiento, el Juez Central de Instrucción dictará auto acordando la entrega a la Corte sin más trámites y sin que sea necesario que la Corte remita la documentación prevista en el artículo 91 del Estatuto.
2. El Juez Central de Instrucción remitirá urgentemente copia del auto al Ministerio de Justicia, que informará de inmediato a la Corte y solicitará indicaciones de ésta, en orden a la realización del traslado.
Una vez recibidas dichas instrucciones, las transmitirá al Juzgado Central de Instrucción y al Ministerio del Interior a los fines de la entrega.
1. No habiéndose accedido a la entrega simplificada, cuando hubiera sido detenida una persona en
cumplimiento de una orden de la Corte de detención y entrega o una vez recibida en el Juzgado Central de Instrucción la documentación prevista en el artículo 91.2 ó 3 del Estatuto, según los casos, se pondrá ésta de manifiesto en Secretaría y se convocará a una audiencia que tendrá lugar en el plazo máximo de diez días, con citación de la persona reclamada y su defensor y, en su caso, de un intérprete, así como del Ministerio Fiscal. A dicha audiencia podrá asistir e intervenir un delegado del Fiscal de la Corte.
2. El Juez Central de Instrucción se abstendrá de decidir sobre la entrega, elevando ambos procesos a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que resolverá de acuerdo con el Estatuto y, en su caso, de acuerdo con el Tratado que existiere con el Estado requirente. Cuando no existiere Tratado, se dará preferencia a la solicitud de la Corte.
1. Si, después de la entrega, la Corte pidiere autorización a España para proceder por una conducta anterior a la entrega, se trasladará la petición al Juzgado Central de Instrucción, o a la Sala de lo Penal en el caso previsto en el artículo 15 de esta Ley, que resolverán de
acuerdo con el criterio establecido en el apartado 2 del artículo 101 del Estatuto. Si a la solicitud de la Corte no se acompañare un acta en la que se contengan las observaciones de la persona entregada, el Ministerio de Justicia pedirá a la Corte que le sea transmitida y una vez recibida se remitirá al órgano judicial competente.
1. De conformidad con el acuerdo que eventualmente se celebre entre España y la Corte y con la disposición adicional única de la Ley Orgánica 6/2000, de 4 de octubre, por la que se autoriza la ratificación
por España del Estatuto de la Corte Penal Internacional, el Ministerio de Justicia, previas las consultas oportunas, comunicará a la Corte las condiciones en las que España estuviese dispuesta a aceptar el traslado de un condenado a pena privativa de libertad o las razones que impidiesen la aceptación de dicho traslado.
Las Reglas de Procedimiento y Prueba, así como sus enmiendas, se publicarán en el "Boletín Oficial del Estado".
2. Lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 7 de la presente Ley se entenderá sin perjuicio de lo establecido en las leyes reguladoras de la jurisdicción militar con respecto a la competencia de esta última en los casos de presencia permanente o temporal, fuera de territorio nacional, de fuerzas o unidades militares españolas, ni afectará tampoco al desempeño de la función jurisdiccional por los órganos judiciales militares que las acompañen.
Los preceptos contenidos en los artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (excepto su apartado 2), 15 y 21.3, la disposición adicional segunda y el apartado 2 de la disposición adicional tercera tienen carácter orgánico. Los restantes preceptos tienen carácter ordinario y han sido dictados en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 149.1. 3.ª, 5.ª y 6.ª de la Constitución.
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

References: artículo 97
 artículo 113
 artículo 126
 artículo 59
 artículo 53
 artículo 59
 artículo 15
 resolución 
 artículo 11
 artículo 91
 artículo 91
 artículo 15
 artículo 101
 artículo 7
 artículo 149