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Timestamp: 2017-12-12 10:25:57+00:00

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Sentencia T.C. 38/98, de 17 de febrero. Subsanación defectos. Reclamación previa - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.C. 38/98, de 17 de febrero
Nulidad de auto. Requerimiento para constituir correctamente la relación jurídico procesal. Principio "pro actione". Requerimiento de subsanación de defectos. Reclamación administrativa previa.
1. En este recurso de amparo habrá de comenzarse por determinar si vulneró el artículo 24.1 de la C.E., la decisión de archivo de las actuaciones decretada por la providencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de León, de 20 de septiembre de 1994 y confirmada por el Auto del mismo Juzgado, de 20 de octubre de 1994, al no haberse dado cumplimiento exacto al requerimiento judicial para constituir correctamente la relación jurídico-procesal, ya que, manteniendo la misma, la recurrente amplía la demanda frente a organismos contra los que no ha sido dirigida la reclamación previa.
La demanda de amparo también considera no ajustada a las exigencias derivadas del artículo 24.1 de la C.E. la providencia de 29 de julio de 1994, al carecer de motivación o fundamentación, si bien tal impugnación se formula con carácter subsidiario a la impugnación de la decisión judicial de archivo del procedimiento.
2. Constituye un criterio reiteradamente mantenido por la jurisprudencia constitucional el de que el derecho a la tutela judicial efectiva se satisface también con una respuesta de inadmisión, si bien ésta ha de estar fundada en una causa legal apreciada razonablemente por el órgano judicial. El control constitucional de las decisiones de inadmisión se realiza de forma especialmente intensa cuando aquéllas determinan la imposibilidad de obtener una primera respuesta judicial (SSTC 118/1987, 216/1989, 154/1992, 55/1995, 104/1997, 112/1997, entre otras). El principio "pro actione" opera en este caso sobre los requisitos establecidos legalmente para acceder al proceso, impidiendo que determinadas interpretaciones y aplicaciones de los mismos eliminen u obstaculicen desproporcionadamente el derecho a que un órgano judicial conozca y resuelva en Derecho sobre la pretensión a él sometida.
Dicho principio, como dijimos en la STC 88/1997 y hemos reiterado en las posteriores 150/1997 y 184/1997, «si bien no implica, a pesar de su ambigua denominación, la forzosa selección de la interpretación más favorable a la admisión de entre todas las posibles de las normas que la regulan» sí debe entenderse que impone «la interdicción de aquellas decisiones de inadmisión que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquellas causas preservan y los intereses que sacrifican».
En tal sentido cabe aplicar el artículo 81 de la L.P.L. según el cual el órgano judicial advertirá a la parte de los defectos, omisiones o imprecisiones en que haya incurrido el actor al redactar la demanda, a fin de que lo subsane dentro del plazo de cuatro días con apercibimiento de que, si no lo efectuase, se ordenará su archivo.
Y de ahí que la decisión de archivar el procedimiento si el demandante incumpliera el mandato judicial no viole el artículo 24.1 C.E. porque se basa en la concurrencia de una causa legalmente prevista para la inadmisión de la demanda, aunque la norma haya de ser aplicada con un criterio proporcionado y no formalista a fin de no impedir injustificadamente la obtención de una resolución de fondo.
Por otra parte, este Tribunal al examinar la exigencia del agotamiento de las vías de reclamación previa al acceso a la jurisdicción competente y, en particular, la prevenida en el artículo 69 de la Ley de Procedimiento Laboral, ha admitido su compatibilidad en principio con el artículo 24.1 de la C.E.; y ha tenido ocasión de declarar que esta dificultad en el acceso a la jurisdicción ordinaria, que en ningún caso lo impide, se justifica, especialmente, en razón de las especiales funciones y tareas que la Administración tiene encomendadas por el ordenamiento constitucional; siendo ratio de dicho presupuesto la de poner en conocimiento de la Administración el contenido y fundamento de la pretensión, dándole la oportunidad de resolver directamente el litigio, evitando así la vía judicial (SSTC 21/1986, 60/1989, 217/1991, 65/1993, 120/1993).
3. En el presente caso, el Juzgado de lo Social núm. 1 de León, requirió a la recurrente para que de conformidad con el artículo 81.1 de la L.P.L., constituyera correctamente la relación jurídico-procesal.
Al dar cumplimiento a un requerimiento de subsanación que no concretaba el defecto a subsanar, sino una vaga exigencia del correcto establecimiento de la relación procesal, la demandante procedió a ampliar su demanda frente al organismo que había denegado expresamente la reclamación previa. En efecto, esta reclamación se había formulado ante el INSS y resuelto por el mismo aunque el escrito se dirigiese a la Dirección Provincial del Ministerio de Trabajo (tal como en el membrete oficial figuraba) puesto que con el sello de entrada de aquel Instituto se registró y ante el mismo se tramitó y por él se decidió. Y al cumplir el requerimiento para subsanar el defecto (que por otra parte no especificaba cómo había de realizarse) procedió a ampliar la demanda incluyendo como demandados a la Tesorería General de la Seguridad Social y al propio Instituto Nacional de la Seguridad Social que, como antes decimos, había desestimado la reclamación previa. De suerte que el requerimiento de subsanación quedó cumplimentado en los términos que resultaban del propio requerimiento y de la realidad de la resolución contra la que se dirigía.
La finalidad perseguida por la reclamación administrativa había sido por tanto satisfecha, pues la Administración tuvo conocimiento cabal de la petición que rechazó y sólo una interpretación formalista y desproporcionada de este requisito procesal podía estimarlo incumplido. Las resoluciones impugnadas, al apreciar la falta de reclamación administrativa frente a los sujetos demandados aplican esta exigencia legal de manera no razonable y desproporcionada desde la perspectiva del principio "pro actione,"resultando así la decisión de archivo del procedimiento lesiva del derecho al proceso de la recurrente de amparo.
4. Las consideraciones que anteceden conducen a la estimación del amparo y, por ende, deviene superfluo examinar la alegación final de la recurrente sobre la vulneración de artículo 24.1 de la C.E., que habría producido por la providencia de 29 de julio de 1994, por carecer de motivación o fundamentación.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la nación Española, ha decidido otorgar el amparo solicitado, en consecuencia:
1.º Reconocer que se ha lesionado el derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva.
2.º Restablecerla en su derecho, y a tal fin, declarar la nulidad del Auto del Juzgado de lo Social núm. 1 de León, de 20 de octubre de 1994, reponiendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior al Auto anulado, para que el Juzgado de lo Social núm. 1 de León, prosiga el trámite ordinario de la demanda presentada.

References: artículo 24
 artículo 24
 artículo 81
 artículo 24
 resolución 
 artículo 69
 artículo 24
 artículo 81
 resolución 
 artículo 24