Source: http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Ruedas/_2012/cmrp20121011.htm
Timestamp: 2013-05-22 16:32:25+00:00

Document:
La Moncloa. Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y del ministro de Justicia, después de la reunión del Consejo de Ministros [Consejo de Ministros/Transcripción rueda de prensa]
Inicio > Consejo de Ministros > Transcripción rueda de prensa
Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y del ministro de Justicia, después de la reunión del Consejo de Ministros
Madrid, jueves, 11 de octubre de 2012
Vicepresidenta.- Muy buenos días a todos. Voy a informarles de algunos de los asuntos más importantes que se han adoptado en este Consejo de Ministros.
En cumplimiento del calendario previsto en la Estrategia de Política Económica del Gobierno y en algunas de las iniciativas ahí previstas, este Consejo ha avanzado en algunas reformas importantes, especialmente las que afectan al ámbito del Ministerio de Justicia, al ámbito judicial. Me acompaña hoy el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que explicará con detalle las tres reformas, las tres iniciativas, que hoy se han acordado en el Consejo de Ministros.
En primer lugar, da un paso más en este Consejo de Ministros la aprobación de las modificaciones al Código Penal. Como bien saben, hace unos quince días, en esta misma mesa, informamos de que el ministro de Justicia había elevado al Consejo de Ministros un dosier sobre la reforma del Código Penal. Allí se les informó de que esta revisión del Código Penal tenía como principal objeto atajar nuevas formas de delincuencia, dar un mejor tratamiento a la multirreincidencia y una respuesta penal más adecuada a delitos más graves; por ejemplo, la inclusión en el catálogo de penas de la prisión permanente revisable.
Hoy hará el Ministro especial hincapié en algunos de los asuntos novedosos que se han incluido en este Anteproyecto de Ley, que ahora se remitirá para ser informado al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial, y que afectan a cambios esenciales en materia de violencia sobre la mujer y que han contado con la participación activa del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad.
Por primera vez, se tipifica el delito del matrimonio forzado; se castigan los actos de hostigamiento, que, a veces, con el Código actual no podían ser penados porque no entraban en la categoría de amenazas o coacciones, y se penará también la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas obtenidas con consentimiento de la víctima, pero no estando autorizada su difusión. Además, se protegerán, no sólo el apoderamiento y la interceptación, sino la posibilidad de que la persona se los facilitara a otras que luego lo difundían sin su intervención.
Se trata, por tanto, de un capítulo novedoso en este Anteproyecto de Ley, todo relativo a la protección de la mujer y a la lucha por la igualdad de género, que consideramos fundamental en estos momentos en los que en España todavía nos queda un trecho por avanzar en esa protección de las mujeres como víctimas de determinados delitos.
En segundo lugar, el Ministro ha presentado un informe sobre el Estatuto de la Víctima del Delito. El Estatuto de la Víctima del Delito es un una de las leyes que tiene comprometidas este Gobierno. Este Estatuto nace como consecuencia de una propuesta de Directiva que se aprobó en el Parlamento Europeo hace menos de un mes, el pasado 12 de septiembre, y nos colocamos a la vanguardia de su trasposición en el Derecho español. Se va a recoger un amplio catálogo de derechos de las víctimas, procesales y extraprocesales, ampliando su concepto y mejorando su protección. Se trata de dar un trato más humano, con los mejores trámites posibles, mucho más personalizado, garantizando su información en todo momento en el proceso.
Por último, el Gobierno ha aprobado una reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que tiene por objeto, fundamentalmente, profesionalizar la carrera judicial y adaptarla a otros cambios que se habían producido en materia presupuestaria. Lo que se busca es ir sustituyendo lo que es el régimen de sustituciones, valga la redundancia, y modificándolo en el ámbito de justicia por una justicia más profesional.
El segundo de los elementos en los que hemos avanzado en este Consejo de Ministros es en la aprobación de un Anteproyecto de Ley que modifica la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. Ésta es una iniciativa obligada por la trasposición de Directivas comunitarias, pero hemos ido mucho más allá y es en ese plan que está llevando a cabo el Gobierno de simplificación de procedimientos administrativos, para eliminar trabas burocrática y, para lograr que las personas y que las empresas en sus relaciones con la Administración no tengan que superar tantos trámites, tantas dificultades, o tener pendiente durante muchos meses una actividad porque no tienen la debida autorización… En ese procedimiento de simplificación normativa se engarza también esta Ley.
Como saben, hemos tenido importantes avances en materia de eliminación de trabas burocráticas en las licencias de aperturas de pequeños establecimientos; también en otro ámbito medioambiental, que son las autorizaciones y concesiones ligadas a la Ley de Aguas, se han simplificado, o en el ámbito de las licencias de transporte, Ley que está pendiente de los oportunos informes antes de su aprobación por el Consejo de Ministros. Pues bien, también lo hacemos en esta Ley, que transpone una Directiva comunitaria pero que, como digo, va mucho más allá en la simplificación de procedimientos.
El objetivo de esta regulación, que afectará a aeia mil industrias --hasta ahora, conforme a la Ley vigente, eran 5.700 los espacios industriales sujetos a autorización en materia de contaminación y ahora serán 6.100--, es reducir las emisiones y ser mucho más garantista en la protección, en general, de esa contaminación, que ya no se limitará sólo a la atmósfera y al agua, sino también al suelo y al subsuelo, a las aguas subterráneas.
Lo importante es que se agiliza la tramitación de las autorizaciones ambientales integradas, que así se llaman. Tendrán que actualizarse las nuevas porque, como digo, hay nuevas empresas y hay nuevos establecimientos que tendrán que obtener esa autorización; pero se establece un procedimiento mucho más simplificado.
En segundo lugar, hasta ahora, cada ocho años, cada cierto tiempo, el titular tenía que renovar esta autorización ambiental integrada. Ahora no será necesario, sino que no habrá una vigencia determinada de la autorización y será el órgano medioambiental el que se preocupe de que está completamente actualizada y de que se está cumpliendo; es decir, no se somete a esos establecimientos a la revisión periódica.
Se limita mucho la duración del procedimiento para que le den a uno esta autorización ambiental integrada. Hasta ahora, la Ley marcaba un plazo legal de diez meses que llevaba a que el plazo medio de un procedimiento, desde que pedías para abrir el establecimiento hasta que te daban la autorización, fuera de dieciocho meses. Ahora, la duración legal y la efectiva será de nueve meses; es decir, se reducen a la mitad.
Y en materia de protección medioambiental, se estableces, y es muy importante, un nuevo sistema de valores límites de emisión, de manera que esos valores límites de emisión serán los que marquen en cada caso los límites de emisión asociados a las mejoras técnicas disponibles; es decir, que estará siempre actualizándose y podrá, por tanto, adecuarse a la evolución que técnicamente exista en cada caso, con lo que nos garantizamos que siempre la protección medioambiental sea la más adecuada.
En tercer lugar, a pesar de los esfuerzos de ahorro y de consolidación fiscal, saben ustedes que en el ejercicio presupuestario se determinó que dentro del sector público, dentro de la función pública, había colectivos importantes en los que se superaba la tasa de reposición del 10 por 100. Pues bien, hoy se han aprobado dos Reales Decretos con la Oferta de Empleo Público para la Guardia Civil y para la Policía Nacional para este año 2012.
En el caso de la Guardia Civil, para ingreso directo en la escala de Cabos y Guardias se autoriza la convocatoria de 126 plazas; se reserva la mitad, 63, a militares profesionales de tropa y marinería; y se reservan 25 plazas para los alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes. Las plazas reservadas que no se cubran se acumulan al cupo de las libres. Y en promoción interna se autoriza la convocatoria para el ingreso en los Centros Docentes de Formación de 330 plazas. A éstas hay que sumar las 65 plazas correspondientes a la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil, que fueron aprobadas por un Real Decreto del pasado 27 de abril.
En el caso del Cuerpo Nacional de Policía, por oposición libre se aprueban 50 plazas de la Escala Ejecutiva y 153 en la Escala Básica; y en promoción interna, 100 plazas en esa Escala Ejecutiva desde la categoría de Subinspector.
En la página web del Ministerio habrá un detalle mucho más completo de todas y cada una de estas oposiciones.
Finalmente, les informo de que el 31 de octubre de 2012 comparecerá el presidente del Gobierno para informar de los resultados del Consejo Europeo que tendrá lugar los días 18 y 19 de este mes. Esta fecha es la del 31 de octubre por cuanto el miércoles anterior, el 24, el inmediatamente posterior a la convocatoria, como saben ustedes, es el Debate de Presupuestos Generales del Estado, por lo que, puestos en contacto la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y los servicios de la Cámara, se ha buscado el día 31 de octubre para que se produzca esa comparecencia en el primer miércoles disponible --no afecto, por tanto, al debate presupuestario-- en que podía evacuarse esa comparecencia.
Voy a darle la palabra al ministro de Justicia para que explique los tres asuntos aprobados y que afectan a su Departamento.
Sr. Ruíz-Gallardon.- Siguiendo el orden en que ha hecho la enumeración la vicepresidenta del Gobierno, sí quería informarles, en primer lugar, de la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal. Siguiendo los trámites perceptivos, a partir de este momento tendrá que ser sometido a informe, tanto del Consejo de Estado, como del Consejo General del Poder Judicial, antes de que el Consejo de Ministros lo apruebe definitivamente e inicie su tramitación parlamentaria.
Tuve ocasión el pasado 14 de septiembre, y, además, los medios tuvieron la generosidad de recogerlo muy bien en sus informaciones, de informarles sobre el contenido de este Anteproyecto; razón por la cual, si a ustedes les parece bien, sin perjuicio de que después me ponga a su disposición para todo el contenido del mismo, solamente les voy a informar ahora de las modificaciones o adiciones que se han producido en relación con el informe que hice el pasado 14 de septiembre. Hay una de carácter técnico, pero que tiene importancia, que se refiere al comiso, que reformamos para mejorar la eficacia y la gestión de los activos intervenidos en los delitos, y que ha sido sugerida por el Ministerio del Interior, y la reforma más importante ha sido sugerida por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Tal y como recordaba la Vicepresidenta, la especial consideración por parte del Gobierno de la necesidad de garantizar la igualdad en nuestra sociedad y de atajar cualquier tipo de conductas que supongan violencia para la mujer es lo que ha llevado al Ministerio a solicitar la introducción de estos delitos, a los que nosotros les hemos dado lenguaje jurídico, pero que quiero decir aquí que han sido mérito en su iniciativa y en su formulación --fabulosamente acogidos, como no puede ser de otra forma, por parte del Ministerio de Justicia-- del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y muy especialmente de su titular, de la ministra Ana Mato.
De los delitos que se incluyen el primero es el acecho u hostigamiento. Con su introducción lo que hacemos es acabar con la desprotección que ocasionaban determinadas situaciones que no podían ser perseguidas a través de los tipos de amenazas y de coacciones. Se tipifican diversas conductas de acoso, que podrán ser penadas hasta con dos años de prisión, como, por ejemplo, el uso indebido de datos personales con el fin de que terceras personas se pongan en contacto con la víctima, o atentar contra su libertad o patrimonio, o el de persona próxima a ellos.
El segundo delito, y les puedo asegurar que si se tipifica esta conducta es porque hay supuestos de hecho que exigen este tipo de respuesta penal, es el de matrimonio forzado, a través del cual se condenará hasta con tres años de prisión a quienes, mediante violencia o intimidación grave, obliguen a otro a contraer matrimonio. Este tipo se considera, además, agravado cuando a esa situación se sume la exigencia de abandonar el territorio nacional o de no regresar a él.
El tercero de estos delitos, al que también hacía referencia la Vicepresidenta, es el que castiga hasta con un año de prisión la divulgación no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas. Es muy importante que la definición del tipo que hemos hecho no desaparece como consecuencia de que se hayan obtenido estas imágenes con el consetinmiento de la víctima; es decir, la penalización no es por haberlas obtenido de forma ilícita, sino por divulgarlas sin autorización. La mera divulgación, aunque ase hayan obtenido lícitamente, de este tipo de imágenes íntimas pasa a ser objeto de reproche penal en España.
Y el cuarto y último de los nuevos delitos castiga hasta con doce meses de multa la inutilización de los dispositivos electrónicos para el control del cumplimiento de penas y medidas de seguridad cautelares. Volvemos a pensar en las mujeres, muy especialmente en aquellas que han sido objeto de violencia, especialmente de violencia doméstica. En uno de los mecanismos técnicos de protección para garantizar el alejamiento de los agresores su vulneración, su inutilización, pasa a estar sancionada por el Código Penal.
En segundo lugar, dentro del capítulo de reformas, o en tercero si recordamos también que hice referencia al comiso, les quiero decir algo que, a juicio del Ministerio de Justicia y del Gobierno entero, es muy importante y es el cumplimiento que ha hecho el Gobierno de España del compromiso adquirido en materia de lucha contra el racismo, la xenofobia y el odio ideológico. Hemos traspuesto la Decisión-Marco del JAI, que aprobamos en su momento, que nos instaba a los Estados miembros de la Unión Europea a luchar contra esta clase de lacras, no solamente con políticas proactivas, sino también con políticas en el Código Penal; pero lo hemos hecho con mucha más ambición.
Modificamos el Código Penal cumpliendo plenamente la Decisión-Marco al tipificar la incitación al odio o a la violencia contra grupos determinados por raza, religión, ascendencia, origen nacional o étrico, incluyendo la divulgación de escritos o imágenes, y la apología; trivialización flagrante o negación de los crímenes de genocidio, contra la humanidad o de guerra como forma de incitación al odio o violencia, así como específicamente los referidos al Holocausto. Lo hacemos de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, que aceptaba la tipificación de este tipo de conductas siempre y cuando tuviesen como finalidad la incitación al odio o a la violencia. Así se recoge expresamente, siguiendo la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional.
Les puedo decir que, además, nosotros vamos más lejos, porque tipificamos las acciones que lesionen la dignidad de las personas mediante actos de humillación o de desprecio sobre alguno de estos grupos mencionados, e incluimos también ese odio ideológico como un motivo para la persecución de estas acciones.
Éstas son, como les digo, las adiciones: una técnica, la del comiso, y dos de hondo contenido, la que nos ha propuesto el Ministerio de Sanidad, la ministra Ana Mato, y la que hacemos como cumplimiento, no solamente de la Decisión- Marco de la Unión Europea, sino del compromiso que tiene el Gobierno de luchar contra cualquier tipo de xenofobia o de racismo.
Siguiendo el orden que nos indicaba la Vicepresidenta, quiero darles cuenta de que hemos presentado un informe, que es un primer informe, lo cual significa que a partir de este momento está en posesión de todos los Departamentos ministeriales, que tendrán que participar de una forma muy importante en su elaboración, antes de que el Ministerio de Justicia, recibidas todas las sugerencias que nos hagan los distintos Ministerios, lo convirtamos en Proyecto de Ley, en cuyo momento, naturalmente, les daremos cuenta, y es la elaboración del Estatuto de la Víctima.
Quiero recordar que el Estatuto de la Víctima es un compromiso electoral. Quiero recordar también que se ha aprobado una Directiva europea recientemente, concretamente el pasado 12 de septiembre, instándonos a los países miembros de la Unión a que aprobemos una legislación marco sobre las víctimas al margen de las legislaciones específicas que en estos momentos ya existen. Y quiero decirles, y se lo decimos con orgullo, que somos el primer Gobierno de Europa que damos cumplimiento a esta Directiva europea, anticipándonos a cualquier otro, como consecuencia de que es un asunto que teníamos comprometido en nuestro programa y que, además, creo que responde absolutamente a las demandas propias de la sociedad española.
El Estatuto de la Víctima nace con vocación de ser un catálogo de derechos, de derechos procesales y también de derechos extraprocesales de las víctimas. ¿De qué víctimas? De las víctimas de cualquier tipo de delito; por lo tanto, es aplicable a cualquier víctima, a diferencia de lo que ocurre en estos momentos en que existen legislaciones específicas que protegen a las víctimas, por ejemplo, del terrorismo; por ejemplo, de la violencia doméstica o, por ejemplo, de menores.
Lo que hacemos es un Estatuto que afecta a derechos de todas las víctimas. Aclaro que esta normativa no deroga las legislaciones de carácter específico, sino que, al contrario, las complementa y, en su caso, el Proyecto de Ley se remitirá a las legislaciones vigentes en toda aquella parte que es específica de este tipo de colectivos.
Nosotros lo que hacemos es una modificación del concepto general de dónde se agota el papel de la víctima en el proceso penal. Hasta la fecha, la víctima era considerada, fundamentalmente, como un elemento de prueba a los efectos de que el Estado pudiese ejercer el reproche penal sobre el delincuente y, a partir de ese momento, se producía, legal y de hecho, un abandono de la víctima; un olvido, me atrevo a decir; una ya no consideración de la víctima en el resto del procedimiento, desde la ejecución de las penas hasta cualquier otro que pueda afectar directamente.
Creemos que, de acuerdo con la Directiva europea, esto tiene que ser modificado.. Partimos del principio, y esto es importantísimo que se sepa, de que el reproche penal y la ejecución de las penas es, como no puede ser de otra forma, competencia exclusiva del Estado. Éste es un principio de Derecho Penal que no admite ningún tipo de quiebra. Es monopolio, si me permiten ustedes la expresión, del Estado, no solamente establecer el reproche penal en nombre de la sociedad, sino garantizar después su ejecución. Pero eso no solamente no impide, sino que se perfecciona, si conseguimos que la víctima siga estando presente en todo el proceso y que tenga garantizados unos derechos antes de que se llegue a dictar la propia sentencia.
Pensamos en los colectivos de víctimas con especial vulnerabilidad, por ejemplo, las víctimas del terrorismo, las víctimas de violencia contra la mujer, las víctimas de delitos contra la libertad sexual, la pornografía infantil o los supuestos de trata de seres humanos. Y lo que hacemos en estos casos, cuando existe, es una remisión a la legislación específica. Se reconocen derechos y, además, se articulan mecanismos para que sean verdaderamente efectivos. No es propio, además, de la labor del Ministerio un texto declarativo, sino que es un texto que introduce modificaciones efectivas para que las víctimas tengan todas las posibiliadades, no solamente de contribuir a la acción de la justicia, sino, además, de ser protegidas mientras el Estado cumple su obligación de castigar el delito cometido.
Naturalmente, esto requiere la máxima colaboración institucional con todas las Administraciones, con el Poder Judicial, con la propia Fiscalía y con el resto de los Ministerios, razón por la cual hoy lo que hemos presentado es este informe antes de elaborar el texto definitivo.
Pero sí me van a permitir que, de forma resumida, haga referencia a los dos tipos fundamentales de derechos que se reconocen a las víctimas en este Estatuto, que son los derechos extraprocesales y los derechos relacionados con la participación en el proceso.
Entre los derechos de las víctimas, independientes de su participación en el proceso, destaca, en primer lugar, un amplio derecho a la información que nace desde el mismo momento en que se comete el delito y, por lo tanto, en la forma de la interposición de las denuncias; información también sobre la existencia de servicios de mediación; sobre el derecho que tiene a la asistencia médica o a la asistencia psicológica; sobre el asesoramiento de carácter legal y de carácter económico, a efectos de indemnizaciones, al que la víctima va a tener derecho; y, en el caso de las víctimas de grupos vulnerables, se amplía el derecho de acceso a los servicios especiales de asistencia.
Se reconocen derechos que pueden parecer tan elementales que quizá sorprenda que no hayan estado recogidos en la legislación; por ejemplo, el derecho a estar acompañado, un derecho que se garantiza plenamente al delincuente, puesto que sin presencia de su abogado no pueden entrar a actuar directamente la actuación policial y judicial, y, sin embargo, la víctima no tenía derecho a estar acompañado, que no tiene que ser necesariamente de un letrado, sino de la persona que exija, en cualquiera de sus actuaciones: a los servicios de traducción para interponer denuncia, en el supuesto de que los necesitase; a determinadas vías de contactos para recibir información, información permanente, sobre la causa abierta, sobre las notificaciones sobre la fecha y lugar del juicio, sobre las posibles medidas cautelares o sobre la puesta en librtad, en su caso, del encausado.
Hemos visto muchísimas veces como muchas víctimas se sienten sorprendidas al enterarse por los medios de comunicación de medidas a las que, por ser procedimentales, no ha tenido acceso a las mismas, como puede ser el otorgamiento de determinados permisos o la puesta en libertad de sus agresores. Esto desaparece con esta legislación, puesto que tiene un derecho a recibir, directa y previamente, antes de que esos hechos sean efectivos, antes de que esas resoluciones sean efectivas, este tipo de información.
Y, por supuesto, a conocer --al día de la fecha no tenía derecho-- cuál es el contenido de la resolución judicial, la propia sentencia, ya sea condenatoria o el acto de sobresimiento. En esta última resolución también se le da a la víctima un derecho de recurrir, con unos plazos lógicamente distintos de aquellos que otorgamos al Ministerio Fiscal, como consecuencia de la especial situación de dificultad que la víctima puede tener a los efectos de interponer un recurso contra estas resoluciones.
Ya dentro del proceso, aquellas víctimas que decidan participar en el proceso tienen, por supuesto, el derecho, que ya lo tenían, a constituirse en parte acusadora, a ejercer la acción civil, sin necesidad de ejercer la acción penal, en el supuesto de que entiendan que el Ministerio Fiscal defiende la acción penal con suficiencia y lo que busquen es una reparación del daño que el delito les haya podido cometer; a obtener, si fuera posible, una indemnización; a solicitar el reembolso de gastos; a la restitución rápida y efectiva de los bienes, y al acceso, siempre que la víctima manifiesto su consentimiento y el infractor reconozca los hechos, a los servicios de la justicia reparadora, como puede ser, en este caso, la mediación.
Se establecen también una serie de derechos en los que se reconoce la participación de la víctima en la ejecución de la pena, atendiendo en todo momento a una muy, muy, cuidadosa valoración de los intereses en conflicto. Vuelvo a insistir en que se mantiene plenamente el principio de la naturaleza estatal y con carácter de monopolio de la ejecución penal, que, lógicamente, sólo puede corresonder al Estado. Pero eso no empece el que se puedan abrir cauces de información para que la víctima no sea ignorada en la toma de determinadas decisiones o, en su caso, en la posibilidad que tenga de recurrir determinadas decisiones. Y esto afecta, fundamentalmente, a aquellos delitos en los que se trate de hechos que puedan derivar en situación de peligro para la víctima. Por lo tanto, ante ese potencial peligro, la víctima tendrá que ser informada y tendrá acciones determinadas frente a las resoluciones que en la ejecución de las penas se vayan a realizar.
Asimismo, con independencia de que se haya personado en el procedimiento, hay otra serie de derechos que se le reconocen, como la interposición de recurso o impugnar determinadas resoluciones.
Hay otra serie de medidas, y éste es el último capítulo, de protección de las víctimas. En este caso lo que estamos buscando es evitar situaciones de sufrimiento porque en una persona, como consecuencia de haber sido objeto de un delito y de colaborar con el Poder Judicial y con el Ministerio Fiscal en la reparación por parte de la sociedad de ese delito, muchas veces se produce un procedimiento de segunda victimización, si me permiten ustedes la expresión; es decir, la víctima tiene un padecimiento añadido como consecuencia de tener que soportar unas situaciones que son psicológicamente muy agresivas para la misma.
Esto lo hemos considerado e introducimos algunos factorse muy novedosos. Por ejemplo, reducimos al mínimo posible el contacto con los infractores y al mínimo posible los interrogatorios en los que la víctima, en su caso, tenga que ser sometida durante el juicio. Se le reconoce, como antes decía, también aquí el derecho a estar acompañados y a que se adopten medidas que protejan su intimidad y su imagen. Por ejemplo, si la víctima no lo consiente, no podrán grabarse imágenes; se podrá hacer un relato, lógicamente, por los medios de comunicación de lo ocurrido en el juicio, pero tendrá derecho la víctima a conservar su intimidad y a que su imagen no sea divulgada.
Se reonoce una categoría especial para las víctimas especialmente vulnerables, donde incluimos a los menores, a las personas con discapacidad; a las víctimas de delitos sexuales; a las víctimas de trata de seres humanos; a las víctimas protegidas por la legislación especial, que en este caso puede ser la legislación de terrorismo o la legislación de violencia contra la mujer; y también, aunque en esto nos remitiremos a un trabajo que está haciendo en estos momentos el Ministerio de Fomento, y es muy importante, a las víctimas de grandes siniestros. Estamos pensando, fundamentalmente, en aquellos supuestos de catástrofes en sistemas públicos de transporte, en los que hay una multiplicidad de víctimas y donde tiene que haber una protección.
En estos casos, además de los derechos propios, las víctimas especialmente vulnerables tendrán derecho a que se les practiquen los interrogatorios acompañadas, que sea en dependencias especialmente habilitadas, que sea siempre por una misma persona con formación especializada y, en el caso de delitos sexuales, que sea del mismo sexo de la persona que está siendo interrogada.
Durante la celebración de las vistas, como les decía, para proteger su dignidad se puede restringir la publicidad de la vista oral y se facilitará que declare desde otra dependencia para evitar el contacto entre la víctima y el infractor.
Dos últimas anotaciones. En el caso de que las víctimas sean niños, las declaraciones y exploraciones no se producirán en los juicios, sino que serán grabadas y después se reproducirán en juicio, cuando sea procesalmente oportuno, con todas las garantías, naturalmente, de que responda la reproducción en el juicio exactamente a la grabación; pero evitaremos de esta forma una actividad presencial de los niños en los juicios, que tiene un componente castigador, ciertamente, para su propia evolución psicológica.
Cuando exista conflicto de intereses con los padres o exista una situación de desamparo, se designará a una persona, ajena a la investigación, encargada de la representación del menor; y, en el caso de menores de edad que sean víctimas de delitos sexuales o de trata de seres humanos, se adoptarán urgentemente decisiones sobre guarda y custodia, y, en su caso, de forma cautelarísima, la supresión de la patria potestad, guarda y régimen de visitas.
Por último, quería decirles que, en el caso de víctimas en grandes catástrofes --las grandes catastrófes pueden ser bien, como decía antes, por la pluralidad de víctimas o bien por la gravedad de los efectos--, además de coordinarse la prestación de asistencia e información, y desgraciadamente hemos tenido ejemplos en España donde esto ha sido necesario, introducimos una norma que no está vigente en el Derecho anglosajón, pero sí en algunos países, en el Derecho continental, que es el respeto al derecho a la deliberación.
Esto es muy importante en situaciones de grandes catástrofes, pues un contacto precipitado, bien sea con abogados o bien sea con compañías de seguros, ha motivado históricamente la adopción de decisiones de las que después se arrepienten las propias víctimas. En este caso, todos los profesionales, todas aquellas compañías que vayan a ofrecer servicios, como, por ejemplo, las compañías de seguros, tendrán que tener un plazo durante el cual tendrán que respetar ese derecho a la intimidad y a la deliberación de las víctimas de grandes catástrofes, y hasta que este plazo no haya transcurrido, que lo fijaremos en el articulado de la Ley, no podrán dirigirse a las personas que hayan sido víctimas de estos acontecimientos.
Finalmente, y con esto termino, y perdón por la extensión, Vicepresidenta, decía que hoy hemos aprobado también, en este caso ya sí, el Proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, en este caso ya con los informes del Consejo General del Poder Judicial y, por lo tanto, con remisión directa para su tramitación parlamentaria, Como decía la Vicepresidenta, lo teníamos que hacer como consecuencia de los criterios de austeridad presupuestaria y eficacia en la gestión que ya aprobamos en su momento en el Consejo de Ministros, Saben ustedes que, en lo que afecta a jueces y magistrados, y, por extensión, también a la Carrera Fiscal, tiene reserva de Ley Orgánica y, por lo tanto, el instrumento jurídico que utilizamos en su momento desde el Ministerio de Hacienda, en su condición, fundamentalmente, de Administraciones Públicas, no era suficiente; tuvimos que hacer este Proyecto de Ley Orgáncia y es lo que hoy aplicamos.
Pero, como bien decía la Vicepresidenta, hemos avanzado y hemos avanzado en algo muy importante, cuya plasmación definitiva será cuando presentemos en el Consejo de Ministros la futura Ley Orgánica del Poder Judicial. Y hemos aprovechado esta circunstancia para avanzar en la justicia profesional. El objetivo último del Ministerio de Justicia es que en España, quitando aquellos supuestos en que se entra en el Tribunal Supremo como consecuencia de mérito, prestigio y capacidad de personas que los han acreditado a lo largo de su vida profesional, en las jurisdicciones de entrada los jueces sean todos profesionales; y que el acceso a la carrera se produzca por mérito y capacidad, y la mejor forma de precisar ese mérito y capacidad con objetividad es la superación de las pruebas de oposición que establezcan el Consejo General del Poder Judicial para los jueces y el Ministerio de Justicia para la Carrera Fiscal.
Por eso, ante el problema que teníamos en la sustitución, lo que hemos hecho es modificar el sistema de magistrados suplentes y jueces sustitutos, a los que solamente se recurrirá a partir de ahora en situaciones realmente excepcionales. Para ello lo que hacemos es introducir un nuevo régimen en el que las vacancias que se produzcan, las ausencias, se harán directamente por los actuales miembros de la Carrera Judicial.
De esta forma, hacemos una apuesta rotunda por la profesionalización de la Carrera y podrán hacerse cargo de estas plazas, previéndose un mecanismo alternativo en el supuesto de que no se produzca por voluntariedad, porque será la voluntariedad la que determine el que los magistrados cubran esas suplencias que hasta la fecha venían realizando personas que no tenían las cualificaciones reconocidas para el ejercicio de esa función jurisdiccional, que, sin embargo, ejercían con el mismo nivel. Con todo el respeto y valoración a magníficos profesionales que lo han venido haciendo durante los últimos años pero, desde luego, el criterio del Ministerio es que la Justicia en España tiene que ser profesional.
En este sentido, les puedo decir que dicha sustitución será retribuida, naturalmente, adicionalmente, con el 80 por 100 del complemento específico previsto para el titular del órgano jurisdiccional en que se realice dicha sustitución.
Hemos aprovechado también la Ley, pues teníamos obligación de hacerlo, para regular las nuevas situaciones, no solamente las que se refieren a los permisos, a los tres días que tienen los titulares del Poder Judicial en su doble condición de ser titulares de un Poder del Estado, pero estar adaptados a la funcióni pública; pero, por su situación específica, se contemplan también otros nueve días, que no son de permiso, sino que son autaorizaciones de ausencia del órgano judicial pero vinculado con su propia actividad, siempre que sea para el estudio o resolución de causas de especial complejidad, por la acumulación de asuntos o por otras circunstancias que así lo aconsejen.
Por último, hemos hecho también algo referente al catálogo de contingencias profesionales, que es de carácter técnico, pero que son aspectos que, como antes decía, por tener reserva de Ley Orgánica, hemos tenido que meter en la modificación de la Ley.
Éstos son, Vicepresidenta, los tres asuntos a los que he tenido el honor de informar al Consejo de Ministros y de los que he dado cuenta esta mañana.
P.- Quería preguntarle al ministro de Justicia qué tipo de penas va a conllevar el delito de divulgación sin permiso de imágenes íntimas, porque creo que no lo ha especificado.
A la Viceprseidenta quería hacerle varias preguntas. Quería preguntarle sobre el informe de Standard & Poor's que ha hecho que baje la calificación de la deuda española. Uno de los argumentos que da son las tensiones entre el Gobierno central y los Gobiernos --ellos dicen-- regionales. Quería saber qué es lo que opina el Gobierno de la influencia de este tipo de tensiones en la bajada de la calificación de la deuda.
También ha salido hoy el dato del IPC de septiembre. Es cada vez más evidente que las previsiones de los datos del IPC se van a alejar bastante del IPC real. Querría saber si el año que viene los pensionistas podrán contar con su cheque complementario, que complementa esa diferencia entre el IPC real y el IPC previsto.
Por último, quería preguntarle sobre las declaraciones de ayer del ministro Wert. Querría saber si, en cualquiera de los casos, no le parece que ese tipo de declaraciones en este momento, en un momento de campaña electoral, no es, por decirlo de alguna manera, echarle más gasolina a las intenciones independentistas.
Sr. Ruíz-Gallardón.- Hasta un año de prisión. La previsión es ésa: un año, como máximo, y de ahí para abajo, seis meses.
Vicepresidenta.- Me preguntaba, en primer lugar, por el informe de Standard & Poor's. Yo quiero decir que ese informe, en cierta manera, no se corresponde con la percepción actual que tienen los mercados sobre la economía española, que ustedes conocen bien, de las últimas semanas.
Pero, en concreto, me preguntaba por la referencia a las tensiones entre el Gobierno central y los Gobiernos regionales. En primer lugar, y con carácter general, yo quiero decir que este Gobierno está trabajando para buscar el máximo acuerdo entre lo que es el Gobierno de la nación y los Gobiernos de las diferentes Comunidades Autónomas. Quedó bien claro en la Conferencia de Presidentes, donde se llegó a acuerdos importantes que fijan los compromisos de todos con los objetivos de déficit y el impulso de las medidas necesarias para el crecimiento. Allí, además, surgió la creación de grupos importantes, como es el que afecta a la eliminación de duplicidades y a la necesidad de una mejor articulación de las normas y de los procedimientos en todas y cada una de ellas.
Es decir, este Gobierno en lo que trabaja, igual que la inmensa mayoría de los Gobiernos autonómicos, es por conseguir acuerdos y por avanzar en esa dirección de simplificar burocracia y simplificar estructuras, de ser un Estado autonómico mucho más eficiente.
¿Por qué, y entro ya en el elemento quizás más concreto de su pregunta? Porque creo que lo que tenemos que tener todos bien presente es que la estabilidad política también cotiza en Bolsa y de la estabilidad política dependen muchas cuestiones que afectan al día a día de las Administraciones y de los ciudadanos. Cuando determinadas actuaciones o determinadas decisiones generan inestabilidad, por ejemplo, es mucho más difícil la financiación. Y no estoy hablando de la financiación de las Administraciones públicas, que también, y algunas de esas Administraciones lo conocen muy bien, sino de la administración de los particulares y de las empresas.
Por decirlo llanamente, cuando uno altera la estabilidad política necesaria para lograr el crecimiento económico y la creación de empleo, empeora la financiación de la Pyme de Castelldefels y del pequeño empresario de Aranda del Duero. Eso nos afecta a todos.
Entonces, yo creo que, cuando hay determinadas decisiones y determinadas declaraciones que afectan a ese entorno de estabilidad política que siempre es bueno para generar confianza y para salir de la crisis, tenemos que tener presente que les estamos empeorando la financiación y, por tanto, la capacidad de crecimiento y la creación de empleo de todos los trabajadores y de pequeños, grandes y medianos empresarios, del conjunto de España, independientemente de donde tengan la sede de su establecimiento.
Hemos conocido --es la segunda de sus preguntas-- los datos del IPC correspondientes al mes de septiembre. Como usted bien sabe, y aquí tenemos que estar a la legislación vigente, se marca el mes de noviembre como el momento en el que se fijan las correspondientes partidas actualizadas.
Por último, y en cuanto a las declaraciones del Ministro, yo le voy a decir para qué estamos los Gobiernos o, al menos, para qué está el Gobierno de la nación, y cuál es su obligación, y es para defender los derechos individuales de los ciudadanos, sus libertades y sus derechos fundamentales. No hay nada por encima de los derechos básicos de los individuos y la obligación de los Gobiernos es protegerlos y defenderlos, y proteger la libertad y la igualdad. Para eso estamos los Gobiernos: al servicio de las libertades, al servicio de la igualdad, al servicio de la Justicia y al servicio de esos valores superiores que estamos obligados a defender y a proteger.
El derecho a la educación y la libertad de educación es uno de ellos, y al Gobierno de la nación, pero en general a cualquier Gobierno, le corresponde protegerlo y no anteponer ninguna otra cuestión a lo que es la base del sistema democrático mismo, que es garantizar la libertad individual, garantizar las libertades públicas y garantizar que cualquier ciudadano tiene derecho a elegir en ese marco la educación, la enseñanza, la formación, que recibe. Para eso está el Gobierno de la nación y creo que eso deberían tenerlo muy presente también los Gobiernos autonómicos, y, entre todos, trabajar por un clima de buena convivencia, de convivencia democrática. ¿Por qué? Porque los acuerdos son buenos y, desde luego, este Gobierno los buscará en todo momento pero, sobre todo, porque los Gobiernos no nos justificamos por nosotros mismos; nos justificamos para hacer realidad las libertades individuales y los derechos fundamentales de los españoles, residan donde residan.
P.- Al ministro de Justicia le quería preguntar si nos puede confirmar el robo de esos documentos relativos al "caso del bar Faisán" y si nos puede dar novedades de cómo se ha podido producir, de cómo están las investigaciones y sobre si afecta a secretos del Estado. Nos gustaría saber la versión del Gobierno.
A la Vicepresidenta me gustaría preguntarle por esa referencia del Fondo Monetario Internacional que ha abierto la puerta a flexibilizar el objetivo del déficit para esos Gobiernos que están cumpliendo con las reformas. ¿Va a abrir esa puerta el Gobierno o los objetivos de déficit son los ya establecidos?
Y en clave nacional, en clave doméstica, el nacionalismo catalán se está mirando ya en el espejo de lo que está ocurriendo en Escocia. Quería la opinión del Gobierno a este respecto.
Sr. Ruíz-Gallardón.- No se ha producido ningún tipo de notificación oficial al Gobierno de unos hechos que se han producido en sede judicial y, por lo tanto, su tratamiento y su resolución corresponde, en este caso, al ámbito propio del Poder Judicial.
Vicepresidenta.- Sobre su primera de las preguntas en relación con el Fondo Monetario Internacional, este Gobierno se queda con la segunda parte, no con la primera, como es el reconocimiento de que se están haciendo reformas estructurales y de que se están cumpliendo los objetivos de adoptar medidas de calado, reformas básicas, en nuestra economía que nos permitan crecer y crear empleo.
El Fondo Monetario Internacional, en palabras de su máxima dirigente, ha considerado que son reformas valientes, muy valientes. Nosotros las vamos a seguir haciendo. Estamos cumpliendo el calendario, igual que estamos cumpliendo con nuestro sobjetivos de déficit público. Es decir, nosotros no vamos a cambiar nuestra política, no vamos a cambiar nuestros objetivos. Especialmente, lo que agradecemos es ese reconocimiento a nuestro compromiso, a nuestra capacidad de cumplir y a nuestra capacidad para poner en marcha reformas económicas de calado, que son necesarias.
Me preguntaba sobre Escocia y los paralelismos que tratan de buscar algunos. No voy a hablar ahora de historia o de constitucionalismo, porque de todos son conocidas las diferentes vías de surgimiento de ambos Estados y, lo que es muy importante, de la consideración de nación en cada caso; pero sí voy a poner un elemento en valor: la parte nacionalista escocesa abandonó la idea de convocar un referéndum consultivo, dado que el Parlamento escocés no está autorizado constitucioinalmente conforme al Act of Union de 1707. ¿Por qué? Porque esa decisión reside en el Reino Unido y, por tanto, en el Parlamento de Westminster. Yo me quedo con lo que el Parlamento nacional, las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, decidió esta semana. Si quieren hacer ese paralelismo, 276 votos en contra de una celebración de una consulta de esa naturaleza frente a sólo 42 a favor.
Es decir, en todo caso, en el Reino Unido se está respetando lo que es su entorno constitucional, con lo que yo pido a los que hacen paralelismos que procuren también ser respetuosos con la Constitución; que, por otro lado, en nuestro caso es escrita y refrendamos todos por una inmensa mayoría hace tan sólo un poco más de treinta años.
P.- Vicepresidenta, yo quería insistir con las declaraciones del ministro Wert, porque el Partido Socialista ha anunciado esta mañana que pedirá en el Parlamento su reprobación. Quería saber si el Gobierno comparte o no esas declaraciones.
Del ministro de Justicia quería una precisión. ¿Nos podría concretar cuando baraja el Gobierno que el Estatuto de la Víctima pueda estar listo y pueda entrar en vigor?
Sr. Ruíz-Gallardón.- Le puedo hacer un pronóstico, pero no un diagnóstico, porque, piense usted, si queremos seguir un paralelismo, que yo presenté aquí el informe sobre la reforma del Código Penal el 14 de septiembre y hoy estamos a 11 de octubre. En el Estatuto de la Víctima el trabajo del resto de los Ministerios es más extenso. Antes lo he apuntado, además, pero piense usted que, cuando estamos hablando de víctimas de grandes catástrofes, necesitamos un trabajo muy intenso por parte del Ministerio de Fomento; si estamos hablando de víctimas medioambientales, necesitamos el del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente; y lo mismo le podría decir con víctimas y grandes consecuencias sanitarias.
Por lo tanto, yo creo que sería razonable que nosotros tuviésemos un plazo de entre dos a tres meses en estos momentos para que los distintos Ministerios conformen sus criterios con el Ministerio de Justicia antes de que lo pudiese presentar definitivamente al Consejo de Ministros.
Vicepresidenta.- He contestado ya a esa pregunta y, además, ayer oyeron al presidente del Gobierno. Yo sólo le pediría al Partido Socialista una reflexión y es que estamos hablando de asuntos de Estado, y estamos hablando de asuntos que tienen mucha repercusión. Me acaban de preguntar al respecto sobre cómo afecta la estabilidad política a la salida de la crisis.
Por tanto, lo que le pediría al Partido Socialista es que tratara de trabajar con el otro gran partido nacional, que es el Partido Popular, por encontrar puntos de encuentro, por coordinarse mejor y por defender lo que es el marco constitucional que nos hemos dado entre todos. Creo que tenemos que ejercer todos y cada uno de nosotros nuestra responsabilidad, y yo así se lo pido al partido de la oposición.
P.- También para el Ministro. Me gustaría preguntar si, dado que se va a eliminar a los jueces interinos, tiene previsión hacer convocatoria de plazas para jueces, para que puedan ser jueces profesionales.
A la Vicepresidenta. Me gustaría saber si el Gobierno comparte que en Cataluña se españolice a los niños en las clases y, si es así, si cree que ocurre lo mismo en Baleares o en Valencia, donde también la escolarización es en la lengua propia de cada una de esas Comunidades Autónomas.
Me gustaría saber también por qué pone tanta incidencia en la parte del informe de Standard & Poor's que rebaja la deuda española por las tensiones con las Comunidades Autónomas y, sin embargo, no ha aclarado, y se le ha preguntado hoy, otra de las cuestiones que plantea, quizás la más importante, en materia económica Standard & Poor's que es la imposibilidad de cumplir el déficit, más si el Gobierno, como parece --dice Standard & Poor's--, decide actualizar las pensiones.
Sr. Ruíz-Gallardón.- La respuesta es "sí", efectivamente. Evidentemente, no estamos hablando ni que todo el número actual de jueces, y no lo he dicho pero esta misma política la seguiremos también con la Carrera Fiscal, es decir que fiscales sean sustituidos por fiscales profesionales, como es lógico y normal. Esas sustituciones, en lugar de por personas ajenas al Poder Judicial, como antes he explicado, las realizarán los propios jueces y magistrados de forma voluntaria, siempre que esto sea posible.
Pero, al margen de acabar con ese criterio de interinidad en la Justicia, la respuesta es rotundamente que "sí", porque nosotros pensamos que las oposiciones, convocadas periódicamente, no solamente constituyen una respuesta a la necesidad de cubrir las vacantes, sino que tienen un efecto extraordinariamente positivo, que es crear un cuerpo de opositores que va construyendo una extraordinaria calidad en el momento en que accede a esa responsabilidad de la Magistratura o de la Fiscalía. No es lo mismo convocar doscientas oposiciones cada cinco años que convocar cincuenta oposiciones o cuarenta oposiciones todos los años. El efecto es radicalmente distinto.
Por lo tanto, nosotros lo que hemos optenido del Ministerio de Hacienda es autorización para que el límite de la tasa de reposicón, que es el que tenemos los funcionarios del Ministerio de Justicia, lo podamos concentrar allí donde más necesidad tenemos, que es en jueces y fiscales, y ya le anuncio que, como consecuencia de esto, y la voluntad es que esto permanezca periódicamente durante toda la Legislatura, para el año que viene convocaremos cincuenta plazas para jueces y fiscales.
Vicepresidenta.- En cuanto a la primera de sus preguntas, lo que yo he señalado en mi contestación anterior sirve para todo el conjunto de la nación española, para todo el territorio nacional. Lo que tenemos que garantizar son los derechos fundamentales y las libertades individuales, y ese derecho de elección del que forman parte, indudablemente, todas y cada una de las lenguas.
Yo creo que es importante que se atienda debidamente a la libertad que los padres tienen sobre la educación de sus hijos y que en todo trabajemos hacia un equilibrio en el conocimiento de ambas lenguas y en el conocimiento también de lo que son los fundamentos de lo que estamos hablando, que son los fundamentos de la Constitución Española, los fundamentos de la nación y los fundamentos, en este caso, de un conjunto de ciudadanos que tienen que convivir democráticamente. Yo lo que defiendo siempre es ese equilibrio y, especialmente, los derechos que tienen unos y otros de opinar de una u otra manera, y la necesidad de proteger y amparar a todos ellos.
Me preguntaba sobre el informe de Standard & Poor's, porque había incidido en alguno de los puntos, y he incidido porque, precisamente, del informe de Standard & Poor's me han preguntado en relación con la mención expresa a "las tensiones" -entre comillas-- territoriales. El asunto de las pensiones me lo han planteado en relación al IPC.
Yo no tengo ningún inconveniente en opinar sobre, en su conjunto, ese informe, pero la pregunta ha sido ligada a las tensiones territoriales. Desde luego, no está en mi ánimo sesgar, ni mucho menos, lo que es ese informe. Es más, yo he intentado hacer una expresión genérica, señalando que el informe de Standard & Poor's no coincide con el tratamiento que están dando los mercados a la deuda española y a nuestra economía, dado como nos estamos financiando en las últimas fechas.
También hay que poner en evidencia que en muchos de estos informes no se tiene presente todavía el esfuerzo de las reformas estructurales que se han llevado a cabo, especialmente de las reformas que se hicieron en el mes de julio, que inciden, indudablemente, en el ámbito de los gastos y en el ámbito de los ingresos, y de las reformas estructurales en las que estamos trabajando.
A partir de ahí, indudablemente, tendremos que ver la evolución del IPC por cuanto le digo que el que funciona no es el de septiembre, sino que es el de noviembre, y habrá que estar a cómo evolucionan los precios a esa fecha.
P.- Vicepresidenta, voy a insistir en el tema porque, lo siento mucho, pero de ninguna de sus respuestas anteriores me queda claro exactamente qué es lo que entiende el Gobierno o qué es lo que piensa el Gobierno de las declaraciones del señor Wert. Quería saber, expresamente, si el Gobierno entiende que una de las funciones de la educación en España debe ser "españolizar" a los alumnos, supongo que en contraposición con "catalanizar", o "valencianizar", o "murcianizar".
Y, si me permite, quería hacerle otra pregunta. Viendo la otra cara de la moneda de las tensiones territoriales, en la que rara vez entramos, quería hace referencia a estos datos del CIS que hemos conocido esta semana, que dicen que una cuarta parte de la población española sería partidaria de un Estado unitario, sin autonomías; esta evolución, además, se ha doblado en dos años, apenas. Quería saber si esta evolución le preocupa al Gobierno y a qué la achaca.
Vicepresidenta.- Voy a empezar por la segunda de sus preguntas. Ésta es una encuesta que se hace sobre el modelo autonómico y que tiene ya una larga trayectoria. El Gobierno no se pronuncia sobre encuestas, pero este Gobierno sí tiene un mandato, que es cumplir y hacer cumplir la Constitución que diseña un Estado Autonómico; pero, además, tiene un programa, que es hacerlo lo más eficaz y lo más eficiente posible.
Entonces, yo creo que lo que estas encuestas demuestran, en su conjunto, por cuanto la opción del Estado de las Autonomías es, entre comillas, la opción preferida por los encuestados… Pero, en general, lo que podemos leer de todas ellas es que nos están demandando a las Administraciones públicas que seamos mucho más eficaces y que seamos mucho más eficientes, que no dupliquemos competencias y que no enmarañemos normativa y procedimientos. Creo que una respuesta muy adecuada a ese sentimiento, que cada vez es mayor, porque en tiempos de austridad la gente lo que prefiere es que los servicios sean mucho más eficientes para que no perjudique el Estado del Bienestar y, en segundo lugar, para que seamos todos mucho más respetuosos con los ingresos públicos que salen de los impuestos, es trabajar para coordinarnos mejor, para cooperar mucho más.
De la Conferencia de Presidentes uno de los puntos clave que salió allí, quizá de los más importantes, aunque la actualidad siempre lo lleva a otros derroteros, fue el acuerdo unánime de todas las Comunidades Autónomas de crear un grupo de trabajo especializado donde se analizaran de qué duplicidades estamos hablando, cómo podemos simplificar trabas burocráticas, cómo podemos ser mucho más eficientes y cómo conseguir que la normativa o que el exceso regulatorio no acabe pesando sobre los trabajadores y sobre los empleados. A eso es a lo que se va a dedicar este Gobierno: a encontrar fórmulas para que este Estado de las Autonomias sea mucho más eficiente y para que esos ciudadanos que consideran que es su opción favorita puedan, además, confiar en que funciona para tiempos de bonanza y también que es capaz de adaptarse a los tiempos de crisis. Es en lo que estamos trabajando.
Me pregunta cuál tiene que ser, y me lo pregunta así, directamente, la función de la educación. Sencillamente, que salgan españoles bien preparados y bien conocedores de la realidad española en su conjunto, y también de la realidad de su Comunidad Autónoma. Por eso yo hablaba de equilibrio y en ese equilibrio también es muy importante el desarrollo de las libertades individuales y de la capacidad de elección.
La educación tiene que tender a lograr una formación integral del individuo en el ejercicio de su libertad porque, si anteponemos la educación para otro tipo de tareas, olvidamos lo que es más importante: que estamos formando a una persona; que estamos formando, además, desde muy pequeños, a los menores; que lo que tienen que tener es el mejor y el mayor conocimiento de su Comunidad y de su entorno, que es España, que es constitucionalmente la nación a la que pertenece, pero también de su Comunidad Autónoma y su pueblo. Pero siempre pensando en que el objetivo de la educación es, fundamentalmente, esa formación de la persona desde un punto de vista integral, atendiendo también a la libertad que debe ejercerse en la adquisición de esa formación.
P.- Yo quería hacer la misma pregunta a los dos, pero quizá hacer más hincapié en el ministro de Justicia. Me gustaría saber si él cree que puede ser perseguible judicialmente el que un programa de una televisión pública atente o simule que atente, entre otras personas, contra el Rey. ¿Cree que esto podría encajar en un tipo delictivo como el del que nos acaba de hablar usted, que es el de la incitación al odio y a la violencia?
Sr. Ruíz-Gallardón.- Lo que no puede hacer ningún miembro del Gobierno, y mucho menos el ministro de Justicia, son hipótesis penales. De ninguna de las formas. Por lo tanto, creo que pronunciarse en abstracto no es correcto desde un punto de vista que exige la previsión judicial, en ningún caso, y mucho menos cuando usted me está preguntando sobre una materia que afecta al Derecho Penal.
Tenemos un mecanismo de garantía de nuestro Estado de Derecho y a quien le corresponde apreciar si una conducta es indiciariamente constitutiva de delito es, lógicamente, al Ministerio Fiscal y a quien le corresponde tomar esas decisiones es al Poder Judicial. Pero, dentro de la autonomía que tiene reconocido el Estatuto del Ministerio Fiscal, no es al Gobierno a quien le corresponde decidir qué conductas en este país son delictivas o no son delictivas.
Vicepresidenta.- Desde el punto de vista judicial, como ha señalado el ministro de Justicia, no añadir nada más. Pero, desde el punto de vista político, hay que tener muy presente que, entre otros, los medios de televisión públicos están para fomentar, digamos, una convivencia cívica en el ejercicio de los valores y los derechos y el respeto que merecen todas las personas, por sí mismas y en relación a la institución a que pertenecen.
No sé, por dar alguna idea, si el Consejo Audiovisual de Cataluña, en la amplitud de sus cometidos, a lo mejor pudiera hacer algún informe al respecto.
P.- Al Ministro le quería preguntar si hay algún plan, pues no lo ha anunciado, de reforma de la Ley, de alguna manera, para asuntos del derecho a la manifestación. Por ejemplo, el director general de la Policía hablaba el otro día de que ir encapuchado sea delito. ¿Hay algún tipo de reforma en marcha?
Le quería también preguntar, a nivel general, sobre la reforma del Código Penal. Todo el mundo habla del Código Penal más duro de la democracia y yo le quería preguntar si con el índice de presos que tenemos, prácticamente el más alto de Europa por habitante, y el índice de delincuencia de los más bajos, tiene sentido un endurecimiento del Código Penal en este momento en España.
Y a la Vicepresidenta. Perdóneme que insista, pero nuestra obligación es insistir hasta que conteste algo que, sinceramente, creo que no ha contestado, que son las palabras del señor Wert. El señor Wert ha dicho una cosa muy concreta, ha hablado de "españolizar" a los alumnos catalanes. Usted no repite esa frase, ¿Entiendo que no la apoya? ¿Le parece apropiada? Y, sobre todo, ¿cree que contribuye a ese buen clima de convivencia del que hablaba usted antes?
Otra pregunta. España ya es el país con la mayor desigualdad social de la eurozona. Quería preguntar si el Gobierno está preocupado, si empiezan a hacer algo, una reforma fiscal o algún tipo de política, para intentar reducir esas desigualdades entre ricos y pobres.
Por último, le voy a preguntar sobre el rescate. Sigue habiendo un clamor por todas partes para que se pida ya y se intuye también en unas declaraciones del FMI. Ustedes llevan semanas diciendo que tienen que esperar a ver las condiciones. Yo lo que le quiero preguntar, para que la gente lo entienda y lo entendamos nosotros; ¿ustedes no están preguntando bien o no les están contestando muy claro? Porque, ¿cómo podemos estar dos meses esperando a ver qué se aclaren las condiciones? ¿Qué falta aquí? ¿Qué es lo que no está claro?
Sr. Ruiz-Gallardón.- La reforma que, efectivamente, se incluye dentro del Anteproyecto que hemos aprobado en el Consejo de Ministros no ha sufrido ninguna alteración con relación a lo que informé el pasado 14 de septiembre. Por eso no he hecho referencia, pero con mucho gusto se la reitero. Se incluye la definición de alteración del orden público a partir de una referencia del sujeto plural y a la realización de actos de violencia sobre cosas o sobre personas. Es decir, lo que hacemos es aclarar el concepto y evitar los problemas concursales que existían anteriormente. Se incluye un catálogo de supuestos agravados, que existen, y entre este catálogo de supuestos agravados están porte de armas, exhibición de armas de fuego simuladas, realización de actos de violencia con peligro para la vida o integridad de las personas y realizacíon de actos de pillaje.
Puedo decir, que, además, esta parte del Código, como es normal, la realizamos en perfecta coordinación con el Ministerio del Interior y ésos son los supuestos que nos pidió el Ministerio del Interior que incluyésemos, y ningún otro. Por lo tanto, no hemos considerado ningún otro, porque esto es lo que nos ha pedido el Ministerio del Interior.
Le complemento diciéndole que se tipifica la difusión de mensajes que inciten a la comisión de alguno de los delitos agravados de alteración del orden público; es decir, que no hay una sanción general de comentarios o de frases que pueden incitar a los desórdenes públicos, sino que solamente se sancionan cuando se incitan a la comisión de desórdenes graves.
Y hay otra noveda también, que es que revisamos el artículo 561, lo que se conoce vulgarmente como el falso aviso de bomba, para incluir supuestos de activación mediante noticias falsas que afecten también a los servicios sanitarios o de emergencia.
Éstas son, literalmente, las modificaciones que hacemos en relación con el orden público. Insisto en que no hay ninguna modificación con respecto a lo que ya les di cuenta el pasado 14 de septiembre.
Contestando a su segunda pregunta, le diré que, cuando este Código Penal entre en vigor, probablemente alguno de los conceptos que ahora mismo se califican, así como un aumento generalizado de la población penitenciaria, se verá que radicalmente eso no es así. Lo que se hace es un Código Penal mucho más moderno, que atiende mucho más a las circunstancias individuales de cada persona, que intenta ajustar el reproche que determinadas conductas tienen que tener y, en modo alguno, con una generalización de dureza.
¿Se endurecen algunas conductas? Por supuesto que sí. Éramos plenamente conscientes de que había, fundamentalmente, supuestos nuevos de conductas sociales que afectan, como comentaba antes la Vicepresidenta, a la protección a las mujeres, a la violencia de género, a delitos sexuales y a delitos sobre menores. Efectivamente. Le puedo decir también qaue esos casos, especialmente cuando se producen supuestos incluso de prisión permanente revisable, como son los delitos contra los menores con resultado de muerte, afortunadamente no tienen un número considerable dentro de lo que es la estadística penitenciaria de nuestro país. Pero sí pensamos que esos casos concretos tenían que endurecerse. No será un problema cuantitativo, es solamente cualitativo en determinadas conductas.
Por otro lado, les recuerdo también, y esto es muy importante, aunque ya sé que no fue titular en su momento, que desaparece la penalización de las faltas. Solamente una parte pequeña de las faltas pasan a ser consideradas como delitos, pero la inmensa mayoría, o son conductas que quedan destipificadas, o pasan a tener un reproche de carácter administrativo.
Luego le puedo asegurar que una de las consecuencias de la entrada en vigor de este Código es que va a haber mucho menor número de diligencias penales de las que en estos momentos tenemos. Y le recuerdo también que se introducen supuestos en los que, en casos de comisión de primer delito, el Tribunal puede eludir la entrada en prisión del delincuente siempre que considere que ese castigo penitenciario puede ser perjudicial, puede ser más dañino, para la evolución de cara a la reinserción que una situación de cumplimiento domiciliario o de libertad vigilada.
Es decir, el Código introduce, y éste es el resumen del resumen, una capacidad de atender a las circunstancias personales, no solamente de cada delito sino de cada delincuente, muy superior a ese trazo grueso que antes limitaba ese margen de discreción de los jueces y que muchas veces, en las mismas sentencias --fíjese en lo que le digo, y hemos tenido muchos casos en los que se condenaba-- se tramitaba por parte del propio Tribunal una solicitud de insulto al Gobierno, porque el Tribunal se veía obligado a condenar porque la Ley se lo obliga y no tiene más remedio que hacerlo; pero pensaba que en ese caso concreto había una aplicación excesiva de la pena. Estos supuestos desaparecen.
Le hago el pronóstico: no se producirá como consecuencia del Código un incremento de la población penitenciaria, sí se producirá un mayor reproche a las conductas que la sociedad quiere que sean reprochadas.
Vicepresidenta.- En relación con la tercera de sus preguntas sobre las declaraciones del Ministro, él mismo tuvo la oportunidad de hacer una interpretación auténtica de las palabras en la noche de ayer. Como verá, poca diferencia hay entre lo que hemos venido diciendo: la necesidad de que la educación sirva para formar, hacerlo de la mejor manera posible y que permita a todos los ciudadanos desarrollarse en libertad y poder vivir con la misma plenitud, a unos y a otros, lo que es formarse en lo que es el conjunto de los valores y los principios fundamentales. Y, sobre todo, a quien pueda sentirse de una u otra manera darle la libertad para poder desarrollarla con plena libertad.
Aquí de lo que se trata es de buscar los mejores elementos para una mejor convivencia y en eso estamos totalmente de acuerdo.
Me preguntaba por la desigualdad social en el caso de España y le puedo decir que al Gobierno le preocupa y mucho, sobre todo porque esa desigualdad social viene muchas veces ligada a la tenencia o no de un empleo. Por eso, todos los esfuerzos de este Gobierno se incardinan hacia un objetivo fundamental, que es la creación de empleo a través del control del déficit público, pero también a través de reformas estructurales.
Y me preguntaba por medidas redistributivas o de justicia social. Yo le voy a poner algún ejemplo de las que se han adoptado hasta la fecha. Una de las primeras decisiones del Gobierno fue un incremento impositivo, que fue muy, muy, progresivo: el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Fue muy progresivo en el sentido de que se gravaba mucho más a las rentas cuanto más altas. Es decir, ante la necesidad de nuevos ingresos públicos se ha acentuado, y mucho, la progresividad.
En segundo lugar, se han puesto topes a determinados sueldos y salarios que no tenían ningún sentido, sobre todo porque salían del erario público. Este Gobierno es el primero que, por ejemplo, ha limitado el sueldo de los banqueros que tenían una ayuda pública, cuyos bancos o cajas de ahorros estaban recibiendo dinero público. Límite o eliminación de las indemnizaciones; límite a los directivos de las empresas públicas, que hasta ahora en cada empresa pública, y atendiendo a sus circunstancias personales o a la bonanza del Ministerio en cuestión, se fijaban honorarios libres y, además, indemnizaciones libres. A partir de ahora, ese sueldo está topado, como lo están las indemnizaciones que en cada caso puedan recibir.
Por ejemplo, se han eliminado las duplicidades de sueldos públicos o privados cuando se trata de altos cargos que dejaban su función. Hasta el mes de julio determinados altos cargos, ministros y secretarios de Estado podían cobrar perfectamente dos sueldos públicos: en el Congreso de los Diputados y un sueldo como consecuencia de las incompatibilidades, que, además, se pagaba por este Ministerio. A partir de ahora, aquel alto cargo, dentro de los que tenían ese régimen de incompatibilidades, que salga de su puesto en la Administración y que tenga otro trabajo no podrá cobrar esa indemnización.
Hemos reducido un 20 por 100 ya las subvenciones a partidos políticos. Cuando sea realidad la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se reducirá en un 20 por 100.
Es decir, hemos tomado medidas inéditas en el ámbito de las Adminsitraciones Públicas, y también en el ámbito de ciertas reorganizaciones administrativas y en el caso del sistema financiero, que vienen en esa dirección. Pero, por supuesto, hay que hacer muchísimo más en otra vía, que es todas las reformas estructurales que sean necesarias para crear empleo, porque la mayor igualdad social y la mejor política social es la creación de empleo, que da autonomía y que permite eliminar este tipo de desigualdades buscando la igualdad de oportunidades mayor que podamos en el sistema.
Sobre el asunto de la ayuda, hay que conocer varios elementos, entre ellos, el calado de la misma, las implicaciones que supone y, sobre todo, que esté asegurado, digamos, el resultado final; es decir, que pueda llegar a materializarse.
El Banco Central Europeo está trabajando, y sigue haciéndolo estos meses, sobre la concreción de ese mecanismo de compras. Ayer, entre otras cuestiones, Hollande dejó bien claro un aspecto que a él le parecía muy lógico, que es no nuevas condiciones, en el sentido de que España está cumpliendo las recomendaciones derivadas del proceso de déficit excesivo y también las recomendaciones específicas. Es decir, sobre este asunto hay también, y lo estamos viendo, distintos criterios. Y, en segundo lugar, como bien conoce, habida cuenta de la complejidad de algunos mecanismos europeos, es un asunto que requiere el acuerdo de todos y por eso también es necesario que converja el Consejo en esa dirección.
Entretanto, ¿qué hay que seguir haciendo? Consolidación fiscal, reformas estructurales, que están logrando en este tiempo que haya una contracción importante de los mercados, y fortalecer la estabilidad del euro porque, como dice el propio informe del Fondo Monetario Internacional que usted me citaba, en España hay una carga, un sobreexcedo, de financiación, ligado, indudablemente, a la situación de desconfianza que pueda generarse sobre el futuro de la moneda única.
En ese sentido, uno de los elementos fundamentales de la discusión del pasado viernes, la 5+5, pero de la de ayer con la bilateral con Hollande y que se discutirá en el Consejo de octubre, es, fundamentalmente, el impulso de una mayor unión: una mayor unión bancaria, una mayor unión fiscal y una mayor integración política.
Es decir, nosotros en lo que estamos trabajando es en todos esos ámbitos para lograr algo que es fundamental a la economía española: nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo de contención del déficit público, un programa de reformas estructurales muy ambicioso y que todo el mundo reconoce, incluso los que pueden en ocasiones no tener una opinión favorable de otras cuestiones; pero muy especialmente seguir trabajando en el ámbito de la Unión Europea para que, entre todos, demos confianza a la moneda única porque eso, indudablemente, mejoraría la financiación de muchos.
P.- Para el ministro de Justicia. ¿Cuándo calcula usted que puede estar en vigor el nuevo Código Penal?
Y para la ministra portavoz, sobre la reforma de la Educación. ¿Nos está confirmando que ésta es una reforma ideológica, como apuntó ayer el ministro Wert?
Sr. Ruíz-Gallardón.- Yo puedo contestar lo que depende de nosotros, como me preguntaban antes en relación con la remisión de un proyecto a informe previo y, después, al trámite parlamentario. Pero en este caso piense usted que ahora nosotros snecesitamos, y lo hemos remitido hoy, un informe del Consejo de Estado, que tiene unos plazos tasados, y un informe del Consejo General del Poder Judicial; volverá al Consejo de Ministros y en ese momento será cuando nosotros lo enviemos a las Cortes Generales.
Yo le podría hacer un pronóstico aunque, razonablemente, la Vicepresidenta tiene mucha más experiencia parlamentaria que yo. Yo creo que todo este trámite… Insisto, el Código Penal no debe ser discutido con procedimientos de urgencia, no debe ser discutido con precipitación. Si se pide ampliación de plazo para presentación de enmiendas de los Grupos Parlamentarios, debe de concederse, porque es una ley muy importante. Lo importante es que salga muy estudiada y, ojala, con el mayor apoyo posible del Parlamento, más que una precipitación en su tramitación.
Pero yo me atrevería a decir que un plazo de un año es razonable, a partir del momento en que estamos hablando, para que esté definitivamente en vigor el nuevo Código Penal.
Vicepresidenta.- La reforma educativa se presentó hace unas fechas, lo que es su Anteproyecto, en esta mesa y se dejó bien claro cuál es el objetivo, que no puede ser otro. En España tenemos un nivel de recursos invertidos en educación muy elevado en relación con los países de la OCDE pero, sin embargo, nuestros resultados son los que son y lo voy a cifrar en las cifras de abandono escolar: en cada etapa se cae un tercio de los alumnos que la comenzaron: en primaria, un tercio; en la secundaria y en la educación universitaria.
Es decir, el objetivo fundamental de la reforma educativa no es que sea ideológico, es que es imprescindible. Es que no podemos tener un sistema que sea de los peores de la OCDE, porque de lo que estamos hablando es del futuro y de la capacidad de obtener un empleo de los jóvenes españoles, y eso hay que cambiarlo. Yo no sé si algunos se pueden conformar con estos resultados; desde luego, el Gobierno no se conforma y menos cuando hay más de un 50 por 100 de paro juvenil.
¿Qué tenemos que conseguir? Que los chavales, si me permiten la expresión, salgan mucho mejor formados, que acaben sus estudios y que, además, tengan uan serie de conocimientos instrumentales que les permitan enfrentarse a cualquier situación, incluso a los cambios profesionales que muchas veces te toca afrontar en tu vida; que salgan con un buen nivel de lectura y que salgan con un buen nivel de escritura, en matemáticas y de formación en otros idiomas.
Además, un aspecto que es fundamental, y es dignificar la Formación Profesional. Está constatado ahora que muchos estudiantes universitarios --también hay muchos problemas para colocarse con una titulación universitaria-- se están enganchando a la Formación Profesional para tener una formación técnica sólida que les permita acceder a otro tipo de empleo. La Formación Profesional tiene que ser mucho mejor. ¿Y cómo? Desde el primer momento de ese inicio que exista una vinculación práctica con la empresa. De eso es de lo que se trata esta reforma.
Algunos pueden calificarla como quieran, nosotros lo que pretendemos es trabajar porque sea mucho mejor, en una preocupación que tienen muchísimos padres españoles y muchísimos alumnos españoles: después de que te pasas tantísimos años estudiando, después no tienes un empleo. Hagamos que esa formación sea mucho mejor y nos permita adaptarnos y no perder nuestro empleo o poderlo conseguir de mejor manera.
Creo que es un objetivo lo suficientemente amplio e importante como para no mezclar los conceptos.

References: Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 561