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Timestamp: 2017-10-23 00:38:23+00:00

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La Responsabilidad de los Establecimientos de Salud en el Código de Protección y Defensa del Consumidor: un supuesto adicional reflejo de la Teoría de la apparenza del diritto | Enfoque Derecho | El Portal de Actualidad Jurídica de THEMIS
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Estudiante de Derecho en la PUCP, Asistente Legal del Área de Marcas del Estudio Clarke, Modet & Co. y ex director y ex miembro de la Comisión de Publicaciones de la Asociación Civil Foro Académico
Muchas de las figuras de nuestro longevo Código Civil Peruano de 1984 (CC) han sido plasmadas en legislaciones especiales, como la Ley N° 29571 – Código de Protección y Defensa del Consumidor (CPDC); así, tenemos las cláusulas abusivas, las cláusulas generales de contratación, los deberes de protección, entre otros. Sobre el particular, el Doctor Leysser León ha aclarado que el Derecho Civil no está sufriendo un proceso de “descodificación” o de “mercantilización”[1]; al igual que él, nosotros también negamos dichos fenómenos. Por el contrario, creemos que es posible una simbiosis entre las materias especiales y el Derecho Civil, lo cual brinda una actualización al ordenamiento jurídico dotándolo de soluciones concordantes entre nuestras bases tradicionales y los fenómenos de la modernidad. Finalmente, no debemos perder de vista que muchas de estas áreas especiales se encuentran en una lógica distinta de aplicación del ius imperium estatal por infracciones administrativas[2]; mientras que el Derecho Civil busca la solución en conflictos entre particulares mediante otorgamiento o no de resarcimiento en Responsabilidad Civil[3].
Sin duda alguna, en todos estos casos, tanto el sentido común del dañado o perjudicado como el razonamiento del legislador llevan a presumir que quien está en mejor posición de responder económicamente por estos supuestos es el establecimiento de salud, más que cualquier médico, técnico o auxiliar individualmente. Sin embargo, el criterio no puede estar basado en el mero deep pocket[6], sino que se busca un criterio objetivo adicional. De esta manera, tanto el Derecho Civil como el Derecho Administrativo Sancionador, basan la imputación de responsabilidad primeramente en la obligación[7], la ley[8], o en la relación de consumo[9]. Luego, ambos sistemas tienen sus propias reglas de atribución de responsabilidades específicas, entre las cuales se encuentra la responsabilidad de los establecimientos de salud[10].
De esta manera, aplicando esta normativa a los servicios médicos y de salud, sólo se puede atribuir responsabilidad civil dentro de una relación jurídico patrimonial por daños cuando exista un vínculo (nosotros creemos: contractual o laboral) entre el médico, técnico o auxiliar con el establecimiento de salud.
De esta manera, podemos observar que la norma civil (artículo 1325 del CC) está en concordancia sistémica con la norma de protección al consumidor (primer párrafo del artículo 68 del CPDC) cuando se establece la responsabilidad vicaria. Tal como señalan, en sede nacional, los Doctores Osterling y Castillo, en este supuesto: “la obligación de [resarcir] sólo se presenta en los casos en que la ley faculta a la víctima o damnificado a reclamar que [sea resarcido por] quien, sin haber causado directamente el daño, tiene particular vinculación con el victimario”[11]. De igual manera, los particulares requisitos de esta figura son: que la relación jurídico patrimonial sea válida entre el deudor responsable y la víctima; que el tercero sea el mismo responsable del daño; debe existir una relación de dependencia entre el autor del hecho y el deudor; el daño debe ser sufrido por el acreedor de la primigenia obligación válida; y debe existir vinculación entre las tareas derivadas de la dependencia y el hecho del tercero[12]. Por otro lado, en sede internacional, el Doctor Cesare Massimo Bianca ha señalado que “(los) presupuestos de la responsabilidad del deudor por el hecho del auxiliar son: la posición de auxiliar que tiene el autor del hecho; el carácter doloso o culposo del hecho; y la conexión entre el hecho y los encargos dados al auxiliar”[13].
La obligación válida entre el acreedor y el deudor, quien cumple a través de un tercero (vinculado a él por otra relación jurídico patrimonial).
Adicionalmente, a la configuración del presupuesto antes mencionado encontramos tres requisitos que deben presentarse concurrentemente:
Artículo 1325 del CC Primer párrafo del artículo 68 del CPDC
“El deudor (i) que para ejecutar la obligación se vale de terceros (iii), responde (a) de los hechos dolosos o culposos de éstos (b) [en plena ejecución de las obligaciones derivadas de la relación con este] (c), salvo pacto en contrario” “El establecimiento de salud (i) es responsable (a) por las infracciones al presente Código generadas por el ejercicio negligente, imprudente o imperito de las actividades (b) de los profesionales, de los técnicos o de los auxiliares que se desempeñen en el referido establecimiento (iii) [en plena ejecución de las obligaciones derivadas de la relación con este] (c), sin perjuicio de las responsabilidades que les correspondan a estos (…)”.
Notemos que ambas normas presentan una característica particular; primero, el artículo 1325 del CC brinda la posibilidad de pactar en contra mediante uso de la autonomía privada; mientras que el primer párrafo artículo 68 del CPDC no otorga la posibilidad de pactar en contra de dicha norma, sino por el contrario atribuye la posibilidad de imponer responsabilidad administrativa individual a cada profesional, técnico o auxiliar. El telos de esta diferencia es sencillo de encontrar, es el mandato de protección al consumidor, ya señalado; el derecho civil está regido por la primacía de la autonomía privada[15], mientras que el derecho administrativo sancionador se basa en la protección del interés del consumidor[16].
Finalmente, sin embargo, cabe analizar el supuesto adicional de responsabilidad administrativa de los establecimientos de salud que añade el CPDC. Aquí es importante definir previamente a qué nos referimos con la teoría de la apparenza del diritto. La situación de apariencia, señala Falzea, es entendida como aquella en la cual “un fenómeno (materialmente presente e inmediatamente real) manifiesta otro fenómeno (ni materialmente presente, ni inmediatamente real)”[17]. En nuestro país, la Resolución N° 240-2002/CPC-INDECOPI fue uno de pocos casos donde se utilizó esta teoría; efectivamente, la Comisión señaló:
De igual manera, complementariamente, la Casación N° 18191-2007 de la Corte Suprema di Cassazione italiana ha aclarado que en aplicación de esta teoría fundamentada en la protección de terceros, es condición indispensable para la protección de la situación aparente la culpa de la persona contra la cual se invoca la misma[19]. Así, tenemos la estructura de la teoría de la apparenza del diritto que está compuesta de: (i) una situación aparente, y (ii) una situación real; y, ante la existencia de estas dos versiones de la realidad, la regla es la efectividad de la versión aparente de la realidad, fundamentándose en la protección de los terceros en base a la buena fe[20] si y sólo si esta situación de apariencia ha sido creada por aquel sujeto de derecho ante quien se quiere hacer valer esta apariencia.
De otro lado, tenemos:
(ii) La Situación aparente consistente en el hecho que las actividades de profesionales, técnicos o auxiliares que se desempeñen como empleados (dependientes) o contratados (no dependientes, pero vinculados[21]) del establecimiento de salud.
Finalmente, se debe cumplir:
La Condición indispensable, que consiste en que el servicio haya sido ofrecido utilizando la imagen, reputación o marca del establecimiento de salud, y no se haya informado de manera previa y expresa al paciente (consumidor) de la separación de responsabilidades.
En este sentido, nuevamente vemos que el CDPC, a diferencia del CC, brinda protección tuitiva por mandato expreso de nuestra Constitución a los consumidores, quienes se encuentran en situación de asimetría informativa; así lo ha recogido el Doctor Marcial Rubio cuando señala:
A los establecimientos de salud que presten su infraestructura o equipos a profesionales independientes:
Obligación de supervisar que los profesionales no utilicen su imagen, reputación o marca, consistente en vigilar que los médicos no utilicen ropa de trabajo (como mandiles) con el logo del establecimiento; ordenar a los médicos independientes a no publicitar sus servicios aludiendo a la imagen del establecimiento (a lo mucho consignar la localización del local), entre otras; y
Obligación de informar previa y expresamente a los pacientes de la separación de responsabilidades, que puede realizarse mediante carteles en la parte del local donde atiende el médico, que individualicen los servicios y consignando en la publicidad del establecimiento que dicho médico no forma parte del staff del mismo, entre otros.
A los profesionales independientes a quienes se les presta infraestructura o equipos de establecimientos de salud:
Obligación de no utilizar la imagen, reputación o marca de los establecimientos de salud que les presten su infraestructura o equipos, es decir evitar utilizar ropa de trabajo (como mandiles) con el logo del establecimiento, publicitarse sin aludir al establecimiento de salud generando vinculación alguna, entre otras; y
Obligación de informar previa y expresamente a los pacientes de la separación de responsabilidades, que puede realizarse mediante una nota aclaratoria en tarjetas personales; colocación de carteles en la puerta en contacto con el público del local, consignando en la publicidad individual que no forma parte del staff del mismo, entre otros.
En resumen, podemos observar que la norma civil (artículo 1325 del CC) está en concordancia sistémica con la norma de protección al consumidor (primer párrafo del artículo 68 del CPDC) cuando se establece la responsabilidad vicaria entre el médico, técnico o auxiliar negligente, y el establecimiento de salud vinculado al mismo. Igualmente, también se puede observar que la responsabilidad de los establecimientos de salud se encuentra ampliada en el Derecho Administrativo Sancionador, que sirve de base para el Derecho de Protección al Consumidor, llegando a incluir un supuesto de la teoría de la apparenza del diritto, que por su condición indispensable, impone una obligación dual de no confusión e información para con los consumidores de servicios médicos o de salud con respecto a los que asumen responsabilidades por infracciones administrativas. De esta manera, aquel paciente que sufre daños podrá activar el sistema de responsabilidad civil para obtener un resarcimiento por parte del establecimiento de salud sólo en caso de existir vinculación entre el profesional, técnico o auxiliar que generó el daño. De manera más amplia, también podrá activar el sistema administrativo sancionador con la finalidad de sancionar al establecimiento, además del supuesto antes mencionado, incluso cuando el profesional que lo atendió no tenga vinculación con el establecimiento siempre y cuando se haya creado la apariencia de derecho por negligencia tanto del mismo profesional como del propio establecimiento.
[2] Como señala Guzmán, “debemos definir el papel que la Administración Pública cumple en el incentivo negativo de conductas antisociales a través de la imposición de sanciones, puesto ante una infracción determinada debemos optar por emplear el ordenamiento penal o el ordenamiento administrativo, siempre que el fundamento sea distinto, a fin de no vulnerar el non bis in ídem. (…) Por la potestad sancionadora, la Administración se encuentra facultada para sancionar a los administrados por la comisión de infracciones establecidas por el ordenamiento jurídico”. GUZMAN Napurí, Christian – “Tratado de la Administración Pública y del Procedimiento Administrativo”. Lima: RAE – Caballero Bustamante, 2011, pp. 792-797.
[4] Recordemos casos tan absurdos como la amputación de la pierna sana de un anciano, en el Hospital Sabogal del Callao. EFE – “Amputan por error la pierna sana a un anciano en Hospital Sabogal”. Diario La República. Lima, 25 de enero de 2010. Consulta: 16 de junio de 2013. < http://www.larepublica.pe/25-01-2010/amputan-por-error-la-pierna-sana-un-anciano-en-hospital-sabogal >; o uno más reciente como el de la operación a la lengua de un niño que acudió al Hospital Hipólito Unanue de Tacna para una circuncisión. Producción de América Televisión – “Tacna: Niño va a hospital para circuncisión y lo operan de la lengua”. Diario Peru21. Lima, 17 de mayo de 2013. Consulta 16 de junio de 2013. < http://peru21.pe/actualidad/tacna-nino-debia-someterse-circuncision-y-lo-operan-lengua-2131556 >
[7] Recordemos que toda la responsabilidad civil contractual está basada en la inejecución de obligaciones. Para lo cual es nuestro deber recordar que la Obligación o Relación Jurídico Patrimonial es definida como “Vinculación Inter-subjetiva Concreta de Cooperación de Contenido Patrimonial”. FERNÁNDEZ, Gastón – “La Obligación como Relación Jurídico Patrimonial”. En “La Obligación. Apuntes para una Dogmática Jurídica del Concepto”. Themis, Revista de Derecho. N° 27 – 28. Lima, 1993, pp. 49 – 56.
[8] De igual manera, Buendía De Los Santos, señala que de la concordancia del artículo 3 y 39 de la LGS, se llega a la conclusión de una Relación Jurídico Patrimonial derivada de la Ley General de Salud. Este autor señala que “el paciente tiene el derecho a ser atendido y, por ende, a utilizar los servicios de atención médico quirúrgicos de emergencia, sea este un establecimiento prestador de servicios de salud, tanto público como privado (… y) en el sentido opuesto, dichos establecimientos tienen la obligación de prestar los servicios de emergencia (…). Al ser conceptos contrapuestos, el derecho y la obligación consideramos (…) que la Ley General de Salud puede establecer una relación obligatoria entre una persona que se encuentra en una situación de emergencia y las entidades prestadoras de salud”. BUENDIA De Los Santos, Eduardo Emmanuel – “El Seguro Obligatorio contra Accidentes por Negligencia Médica: ¿Vía para garantizar la indemnización de las víctimas o método de reducción de los casos de mal praxis médica? ¿Es viable en el Perú? Tesis para optar por el Título de Abogado. Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 2011, p. 114.
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References: artículo 68

Artículo 1325
 artículo 68
 artículo 1325
 artículo 68
 Resolución 
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 artículo 3