Source: http://gestores-publicos.blogspot.com.es/2014/12/
Timestamp: 2017-12-11 00:10:54+00:00

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Gestores Públicos: diciembre 2014
Entre Enero y Julio de 2014 las AA.PP han reducido su número de empleados públicos en 28.492 personas
De los 2.522.631 de empleados públicos actuales, el 50,6% pertenecen a las CC.AA; el 22% a las EE.LL; el 21,4% a la Administración Pública Estatal; y el 5,9% a las Universidades.
Las Administraciones Públicas cuentan en 2014 con 2.522.631 empleados públicos frente a Los 2.685.837 de enero de 2012. La reducción ha sido de 163.206 empleados públicos, un 6,08% menos, según los últimos datos del último boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, correspondiente al mes de julio de 2014, publicado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
En el conjunto de las AAPP, un 46,16% de los empleados públicos son hombres y un 53,84% mujeres. En la Administración General del Estado, los hombres son un 52 % y las mujeres un 48%. Si se considera solo a los funcionarios de carrera, el porcentaje anterior se invierte, con un 47% de hombres y un 53% de mujeres.
Evolución de AA.PP desde Enero de 2012: -6,08%
- La Administración Pública Estatal cuenta en 2014 con 540.462 empleados públicos, frente a 581.861 de enero de 2012, son 41.399 menos, un -7,11%.
- En las CCAA, la reducción ha sido de 74.671, un -5,52%, al pasar de 1.351.883 de 2012 a 1.277.212 empleados públicos.
- Las EE.LL también redujeron sus empleados públicos, al pasar de 597.212 en 2012 a 556.260 empleados públicos este año, 40.952 menos, un -6,86%.
Evolución Enero-Julio 2014: -1,12%
En el primer semestre de 2014, el conjunto de las AA.PP ha reducido su número de empleados públicos en 28.492 personas, un -1,12%, al pasar de 2.551.123 en enero a 2.522.631 de empleados públicos en julio.
Administración Pública Estatal
-En la Administración Pública Estatal los empleados públicos se redujeron en 18.340, un 3,28 %, pasando de 558.802 en enero a 540.462 en julio.
-Dentro de la Administración Pública Estatal, la evolución de empleados públicos, de enero a julio de 2014, ha sido la siguiente:
- Administración General del Estado (ministerios, organismos públicos y áreas de actividad): Se ha pasado de 220.569 a 219.324, lo que supone una disminución de 1.245, un -0,56%.
- Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado: De 145.208 a 144.385, la disminución es de 823, un -0,57%.
- Fuerzas Armadas: De 121.805 se ha pasado a 119.856, son 1.949 menos, un -1,60%
- Administración de Justicia: De 24.635 ha aumentado, en este caso, a 24.897, una subida de 262, un 1,06%.
- Entidades públicas empresariales y organismos con régimen especial, de 46.585 se ha reducido a 32.000, es decir, 14.585 menos, un -31,31%
Acceso al boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, correspondiente al mes de julio de 2014
La noticia en El País
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Etiquetas: boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas de julio de 2014, empleados públicos
Madrid, 24 y 25 Marzo de 2015. I Congreso Ciudades Inteligentes
El plazo de presentación de comunicaciones técnicas para el congreso está abierta hasta el 31 de diciembre.
Noticia relacionada: RECI suma 60 ciudades tras las 6 últimas incorporaciones
Grupo Tecma Red y la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) organizan este evento, que surge con el objetivo de potenciar el intercambio de conocimiento y experiencias sobre las Ciudades Inteligentes en España, aunque abierta a impulsos y experiencias de otros países.
El marco conceptual general del I Congreso Ciudades Inteligentes parte de una visión integradora de los diferentes aspectos que conforman una Smart City desde una perspectiva urbana multidisciplinar y con la utilización de la tecnología-innovación como herramienta base de desarrollo. El objetivo es la generación de un foro abierto e interactivo entre los diferentes niveles y con una estrategia “Bottom up” que parta del ciudadano.
Temáticas a tratar
Las temáticas que contempla son: Innovación Social; Movilidad urbana; Eficiencia energética, gestión medioambiental, habitabilidad y recursos urbanos; Gestión inteligente infraestructuras y servicios públicos; Gobierno, Economía y ciudadanía; Seguridad y Salud; Educación, capital humano y cultura.
+info: www.congreso-ciudades-inteligentes.es
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Etiquetas: ciudades inteligentes, RECI, smart city, Tecma Red
Barcelona, M21 y X22 de Enero de 2015. Congreso de Gobierno Digital: "Transformando la Administración"
Encuentro de los máximos responsables públicos de Catalunya en materia de Gobierno Digital. +info: http://web.aoc.cat/governdigital/
Programa / Ponentes / Asistentes / Inscripción administraciones /
Club de Innovación.- La Generalitat de Catalunya y el Consorci AOC organizarán los días 21 y 22 de enero de 2015 el "Congreso de Gobierno Digital" que tendrá como lema "Transformado la administración". El encuentro de los máximos responsables públicos en materia de Gobierno Digital.
La cita esta dirigida al más de medio millar de responsables de las diferentes administraciones públicas y a las empresas del sector de las tecnologías de la información que les dan servicios, creando un espacio de encuentro y de intercambio de conocimiento, con experiencias y debates sobre las tecnologías, los servicios y las infraestructuras que deben permitir una buena gobernanza y una gestión pública eficiente, estructurando una administración abierta e innovadora que dé respuesta real a las demandas y expectativas de la sociedad.
Se trata del foro más importante en los últimos años en la materia y especialmente servirá para establecer canales permanentes de comunicación y de transferencia de experiencias y tecnologías entre los responsables públicos, fomentando la colaboración, la compartición de experiencias, tendencias y estrategias de futuro, impulsando la transformación del sector público. Además sus contenidos se publicarán a través de la red en vídeos editados de todas las sesiones realizadas para poder llegar a todos los responsables públicos interesados.
Siete ejes temáticos
Las sesiones principales que se desarrollarán en el Auditorio responden a los siete ejes temáticos identificados: Innovación, Gobernanza y Gestion del Cambio, Agenda Digital, Marco Normativo, Transparencia y Gobierno Abierto, Identidad Digital y Servicios a Empresas que serán patrocinados respectivamente por empresas lideres en sus áreas como son: Aytos, Wolters Kluwer España/Absis, OMEGA Peripherals, ESPUBLICO, IECISA/Salesforce, ARX y Vortal.
Todas ellas participarán en las sesiones paralelas que se desarrollarán en tres salas paralelas con participación de responsables de administraciones públicas que expondrán sus experiencias junto con estas empresas. También en la misma línea se desarrollarán sesiones paraleles por responsables de instituciones y de las empresas colaboradoras que apoyan esta iniciativa de colaboración publico privada como son: Akatran, Audifilm, Cisco, Esri, Firma Profesional, Impala, Invinet, Itteria, Pixelware, Rosmiman, Safelayer, Semic, Seres, Vass y Validated ID,
Con este ambicioso congreso, tanto la Generalitat de Catalunya como el Consorci AOC pretenden ofrecer un mayor conocimiento de la realidad y los proyectos de las administraciones catalanas y un debate abierto entre sus responsables a nivel autonómico y local.
El Congreso de Gobierno Digital tendrá lugar en el Palacio de Congresos de la Feria de Barcelona los días 21 y 22 de enero de 2015 y se prevé la asistencia de más de setecientos responsables públicos de todos los niveles de la administración. La información del congreso esta disponible en la pagina web:
http://web.aoc.cat/governdigital/
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Etiquetas: Agenda Digital, Generalitat, Gobernanza y Gestion del Cambio, gobierno digital, Identidad Digital, transformando la administración, Transparencia y Gobierno Abierto
Hospitales concertados con Muface reducen prestaciones médicaoasistenciales a los funcionarios
UPyD ha pedido al Ejecutivo que tome medidas para afrontar la situación de Muface, que a su juicio se encuentra “en peligro”.
Noticia relacionada. INAP. MUFACE firma el Concierto para la prestación de asistencia sanitaria en 2015 con un aumento del 0,79% de su presupuesto
Revista de prensa. El Confidencial.- 24.12.2014.- Los servicios sanitarios disponibles para los funcionarios adscritos a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) se reducen. A partir de enero, varias clínicas, hospitales y centros de referencia dejarán de prestar asistencias que, en todo o en parte, venían ofreciendo hasta ahora a los mutualistas funcionarios.
Según el cuadro médico hecho público por Muface en su propia web ayer mismo, los mejores hospitales del grupo Quirón dejarán de estar disponibles con las aseguradoras de la mutua (Adeslas, Asisa y DKV), al menos en las especialidades más importantes. También se verán afectados los pacientes habituales de los hospitales HM, entre otros.
En concreto, quedan fuera los centros sanitarios del grupo Quirón en Barcelona en las tres aseguradoras (hasta el año pasado DKV ofrecía esta opción, ahora ya ninguna compañía). Los que este conglomerado tiene en Madrid, por su parte, se limitarán a las clínicas San José y San Camilo, las dos más pequeñas. El hospital Quirón Madrid, más grande, situado en Pozuelo, limitará el número de especialidades que cubren las compañías. Adeslas solo ofrecerá hematología, pediatría, cirugía pediátrica, ginecología y obstetricia. Los usuarios de DKV únicamente podrán acudir por urgencias a este último centro.
En el caso del grupo HM en Madrid se verán afectadas varias especialidades si los mutualistas tienen Adeslas, aunque no tanto si cuentan con DKV, que se presenta como la mejor opción para este conglomerado hospitalario.
Asistencias oncológica en el Quirón
En cualquier caso, en todos los hospitales de referencia, tanto del grupo Quirón como del grupo HM -y tanto en Madrid como en Barcelona-, las aseguradoras Adeslas y Asisa dejarán de prestar la mayoría de la asistencia oncológica, una de las más sensibles y costosas, tanto por los medios que se utilizan como por la duración de los tratamientos. Solo los pacientes que ya están siendo asistidos tendrán derecho a seguir recibiendo el tratamiento durante un año, como ha admitido el grupo HM en un comunicado. Otras especialidades como cardiología o neurología también dejarán de estar concertadas.
Esta reducción de servicios, de hecho, provocará, según fuentes oficiosas del grupo HM, que 72.000 funcionarios que durante el presente ejercicio han utilizado los hospitales del grupo dejen de hacerlo en este 2015 que está a punto de comenzar.
En Zaragoza, los servicios del grupo Quirón ofrecerán muy distintos servicios en función de la aseguradora elegida. A través de Adeslas, los mutualistas podrán acceder a urgencias, cáncer y transplantes. Mediante Asisa, a urgencias, cirugía, ginecología y otorrino. Solo DKV ofrece todas las especialidades en Quirón Zaragoza. En el grupo MAZ, también DKV saca ligeramente la cabeza con algunos servicios añadidos al de urgencias, que es el único que ofrecen Adeslas y Asisa en Zaragoza.
Estas limitaciones se introducen este año a pesar de que Muface ha incrementado su presupuesto ligeramente respecto al anterior ejercicio. En concreto, según comunicó el Ministerio de Hacienda el pasado 18 de diciembre, la mutua ha aumentado un 0,79% sus fondos disponibles, que se sitúan en algo más de 1.002 millones de euros, que se traducen en un aumento del 0,9% de la prima sanitar -lo que reciben las compañías-, un incremento que las aseguradoras consideran insuficiente, ya que entienden que cubrirá directamente la subida del IVA sanitario, que pasará del 10 al 21% en general.
Es la primera vez en los últimos cinco años que Muface eleva, aunque sea ligeramente y pueda considerarse prácticamente una congelación, su presupuesto. De los 1.757 millones de euros que tenía en 2009, el Ministerio de Hacienda –del que depende la mutualidad– lo ha reducido hasta los citados 1.002 millones. Esta paulatina reducción experimentada estos años, de hecho, llevó a que los distintos partidos de la oposición mostraran abiertamente sus quejas. UPyD, por ejemplo, ha pedido al Ejecutivo que tome medidas para afrontar la situación de Muface, que a su juicio se encuentra “en peligro”. Otros partidos como PSOE, IU y PNV también han pedido explicaciones a través de preguntas parlamentarias.
Asimismo, durante estos años se ha reducido el número de compañías de seguros que trabajan con Muface. Caser y Mapfre dejaron de hacerlo en 2010, el primer año que el presupuesto se vio mermado. En 2014 salió Sanitas y actualmente solo Adeslas, Asisa y DKV siguen prestando servicio a los funcionarios a través de la mutualidad.
Desde los sindicatos de funcionarios critican que esta reducción de prestaciones en la práctica lo que hace es abocar a los pacientes a dejar de lado Muface y decantarse por la Seguridad Social, una opción que actualmente solo elige el 20% de los empleados públicos. Según Eliseo Moreno, secretario de Acción Sindical de CSI.F, con esta ínfima financiación Hacienda pone en peligro la continuidad del modelo Muface.
Los funcionarios adscritos a Muface son los más afectados por esta reducción de servicio. No se verán alterados los mutualistas de Mugeju, el equivalente a Muface para los funcionarios de la Administración de Justicia, que mantendrá durante todo 2015 los mismos servicios, lo que algunos consideran un agravio comparativo.
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Etiquetas: Adeslas, Asisa, DKV, Muface
50 medidas para la regeneración democrática
La Fundación ¿Hay Derecho?, CIECODE, PASSIM, FUNCIVA, Transparencia Internacional y +Democracia, urgen a los políticos a abordar la regeneración. Acceso a las 50 medidas para la regeneración democrática.
Blog ¿Hay Derecho?.- La semana pasada en que se celebró el día mundial contra la corrupción (9 de diciembre) entró en vigor de la Ley de Transparencia (10 de Diciembre), y que el parlamento abordó la tramitación de distintas medidas para la regeneración democrática, varias organizaciones de la sociedad civil han formado una alianza para pasar de la crítica exigente a la propuesta responsable, poniendo sobre la mesa del debate político 50 medidas para la regeneración democrática.
La Fundación ¿Hay Derecho?, CIECODE, PASSIM, FUNCIVA, Transparencia Internacional y +Democracia, urgen a los políticos a abordar este debate con amplitud de miras, desde la convicción de que para regenerar la democracia, se requiere un ejercicio simultaneo en cuatro frentes: reformar la ley de partidos, abordar la reforma de la ley electoral, incrementar las medidas anticorrupción y ensanchar la democracia.
Emilia Sánchez, Presidenta de +Democracia, pone el foco en el sistema de elección de las élites políticas y considera que “los partidos han fallado en su sistema de selección de candidatos y deben incorporar sistemas como las primarias abiertas o una ley electoral que garantice el voto igual, para que todos los ciudadanos podamos participar de manera eficaz en la toma de decisiones”.
La alianza de organizaciones ciudadanas para la regeneración democrática considera crucial que se garantice el acceso pleno de la ciudadanía a la información pública y pide esfuerzos para erradicar la tolerancia social con las formas menores de corrupción. Sin embargo, Elisa de la Nuez, Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?, advierte que “sería una ingenuidad considerar que los problemas se resolverán solo con nuevas y mejores normas. El compromiso que pedimos a los poderes públicos comienza por cumplir y hacer cumplir las existentes. Por ejemplo la obligación de los corruptos de devolver las cantidades que se han apropiado indebidamente”.
Éfectos de la corrupción
Por su parte, Manuel Villoria, del Comité de dirección de Transparencia Internacional, piensa que “la corrupción en España ya era un problema muy importante desde hace bastantes años, pero ahora nos hemos dado cuenta de sus terribles efectos y de su expansión en el ámbito político, aunque por fortuna aún no se ha generalizado en el ámbito funcionarial”.
En los últimos meses se han propuesto cambios regulatorios en la financiación de los partidos, la transparencia de la actuación pública, la responsabilidad criminal de las personas jurídicas o la ampliación del delito de apropiación o malversación que, siendo avance, se quedan cortas para abordar el problema de una desafección ciudadana sin precedentes, debida al deterioro de la política democrática y el retraso para hacer las necesarias reformas en el funcionamiento de nuestras instituciones.
Contacto para medios: Nacho Corredor (coordinador +Democracia). Tel. 616958852
e-mail:prensa@mas-democracia.org
Etiquetas: +Democracia, CIECODE, funciva, Hay Derecho?, PASSIM, regeneración democrática, Transparencia Internacional
AGE: Adaptada la legislación de Prevención de Riesgos Laborales para los empleados públicos
Ver nueva disposición: Deberán anotarse obligatoriamente en el Registro Central de Personal todas las licencias por enfermedad y bajas por incapacidad temporal
Nota. MHAP. 19.12.2014.- El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto, presentado conjuntamente por los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, y de Empleo y Seguridad Social, por el que se introducen importantes novedades y mejoras preventivas en la legislación de Prevención de Riesgos Laborales, que redundarán en una mayor protección de la seguridad y salud de los empleados públicos, en la mejora de sus condiciones de trabajo y en el perfeccionamiento de los mecanismos de participación en materia de prevención.
Así, con el Real Decreto aprobado se da cumplimiento a lo acordado en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, sobre la modificación del Real Decreto de 2010, para adaptar la legislación de Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado (AGE).
Entre las novedades y mejoras preventivas destacan las siguientes:
Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se adecúan los Comités de Seguridad y Salud existentes al actual marco legal, y se establecen los términos y criterios generales para la creación de comités de seguridad y salud en la AGE y su Administración Periférica. Se asegura, especialmente, su constitución en los colectivos con mayor número de efectivos o cuando la naturaleza o frecuencia de los riesgos así lo aconseje (Cuerpo Nacional de Policía, Demarcaciones de Carreteras, Confederaciones Hidrográficas, Ministerio de Defensa o CSIC).
Delegados de prevención. Se amplían las funciones de los delegados de prevención, al considerar como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al crédito horario, el que se destine a las actuaciones relacionadas con la aplicación de los protocolos de acoso existentes en la Administración.
Servicios de Prevención Mancomunados. Se fomenta la constitución de Servicios Mancomunados de Prevención, especialmente en la Administración Periférica, para mejorar la eficacia, la coordinación y la eficiencia de los recursos preventivos disponibles.
Vigilancia de la salud. Se introducen significativas al prever, entre otras materias, la posible asunción, por parte del servicio de prevención propio del departamento, la vigilancia de la salud en algunos de sus organismos dependientes, incluyendo la colaboración de los servicios médicos asistenciales de departamentos y organismos.
Auditorías de prevención. Se implanta un completo modelo de análisis del sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales en los diferentes Ministerios y organismos, basado en tres niveles de control: la realización de auditorías internas, el establecimiento de controles periódicos externos, a cargo del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y la realización de auditorías en los términos previstos en el Real Decreto 39/1997 para los casos que específicamente se establecen.
-Coordinación General de la prevención de riesgos laborales. Se refuerza el papel de la Dirección General de Función Pública en la Administración General del Estado en materia de formación, auditoria y asesoramiento, lo que facilitará el establecimiento de prioridades y objetivos preventivos.
-Integración de la actividad preventiva. Se contempla, por primera vez, la realización de un informe anual específico, por parte de la Subsecretaría de cada Ministerio y de la Dirección de cada Organismo, sobre la situación del Plan de Prevención de su ámbito, a fin de hacer realidad la mejora continua del sistema.
-Plan Integral de Formación. La Administración General del Estado se dotará de un Plan Integral de Formación, dirigido a todos sus empleados públicos, en el que colaborarán la Dirección General de Función Pública, el Instituto Nacional de Administración Pública y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Otros contenidos de la modificación
-Los delegados sindicales podrán ser designados por las centrales sindicales como delegados de prevención cuando no existan miembros suficientes en los órganos unitarios de representación.
-El criterio para determinar el número de delegados será el total de la plantilla del centro de trabajo.
-Se concreta el crédito horario a que tienen derecho los delegados de prevención, en su condición previa de miembros de Juntas de Personal o de Comités de Empresa, sin que corresponda crédito adicional.
-Habrá un único Comité de Seguridad y Salud por cada centro de trabajo, con posibilidad de ampliación cuando se cumplan las condiciones y los criterios previstos por el real decreto
-Se refuerzan los instrumentos de control
-Se facilita la colaboración entre servicios médicos de los departamentos y los de prevención. Se contempla la posibilidad de contratación centralizada de los servicios de vigilancia de salud, y se determina la inscripción los delegados de prevención y comités de seguridad y salud en el Registro de Órganos de Representación del Personal al servicio de las Administraciones Públicas.
-Durante la elaboración, proceso de participación y consultas del Real Decreto han intervenido la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, la Comisión Superior de Personal, y la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, cuenta con el informe del Consejo de Estado.
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AEVAL recibe el sello de calidad EFQM +300
AEVAL es la Agencia Estatal de evaluación y calidad de las Políticas Públicas de la Administración General del Estado
MHAP. 15.12.2014.- El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha recibido hoy el Sello de Excelencia Europea EFQM +300, concedido a la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), dependiente de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por su modelo de gestión y trabajo en la evaluación de las políticas y programas de la Administración General del Estado y el impulso a la calidad de los servicios públicos.
En un acto, al que han asistido la presidenta de AEVAL, Ana María Ruiz, y en el que han estado presentes Avelino Brito, director general de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), como entidad certificadora, e Ignacio Babé, secretario general del Club Excelencia en la Gestión (CEG), que otorga las licencias EFQM en España, Beteta ha felicitado a los empleados públicos de AEVAL y a su presidenta, "por haber conseguido el reconocimiento a un trabajo bien hecho en la Administración Pública, fundamentalmente la evaluación de las políticas públicas y fomentar la calidad de los servicios públicos para lograr una Administración a la altura de las necesidades que demandan hoy los ciudadanos".
La obtención del Sello de Excelencia Europea EFQM +300 por la AEVAL es un reconocimiento europeo tras haber superado un riguroso proceso de evaluación avalado por AENOR y Club de Excelencia en Gestión.
Post relacionado. Roger Sanserrich. Blog Politikon: Aventuras en agencias independientes
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Elisa de Nuez: Por fín entra en vigor la ley de Transparencia y Buen Gobierno pero ¿van a cambiar las cosas?
"Una democracia por sí misma no garantiza un mejor gobierno aunque tenga elecciones libres y periódicas si no incorpora mecanismos de checks and balances, transparencia y rendición de cuentas".
Blog ¿Hay Derecho?. Elisa de la Nuez.- Podemos decir que para determinar qué nivel de democracia o de buen gobierno tiene una sociedad basta con analizar su nivel de transparencia.
Portada de Transparencia y Buen
Gobierno, de E. de la Nuez.
La transparencia nos permite alcanzar la madurez como ciudadanos. Es una idea política con un gran potencial de transformación de sistemas políticos y administrativos rígidos y de sociedades donde predomina todavía en gran medida entre sus élites o clases dirigentes la cultura de la opacidad o del secreto.
El funcionario como dueño de la información, el político que desconfía de sus electores, de sus afiliados y de los periodistas y prefiere el plasma o las preguntas pactadas, los acuerdos políticos entre bambalinas, los lobbies “de facto” (nada de registros ni de publicidad de las agendas) el predominio de las relaciones personales sobre las institucionales son todos síntomas de la existencia de este tipo de sistemas. El nuestro los tiene todos.
La transparencia supone que los ciudadanos tenemos derecho a conocer toda la información y los datos que manejan los Poderes Públicos, por considerarse activos que pertenecen a todos los ciudadanos. Las excepciones son muy pocas, como hay muy poca información que hay que ocultar a una persona mayor de edad “por su bien” a diferencia de lo que sucede con un niño o incluso un adolescente. La transparencia por tanto permite alcanzar una mayor madurez democrática.
Vivimos en España y en Europa un momento histórico muy especial: la necesidad de garantizar un buen gobierno y de luchar contra la corrupción resultan cruciales no solo por razones económicas, sino por razones de credibilidad institucional, de justicia, igualdad y hasta de coexistencia pacífica. La desilusión con la democracia está ahí y no olvidemos que hay modelos alternativos emergentes que proclaman que pueden conseguirse mejores resultados sin democracia, en la medida en que han conseguido sacar a una parte muy importante de su población de la pobreza y cuentan por eso con una legitimidad nada desdeñable a ojos de sus ciudadanos y de los de otros países.
Mandarinato
El mandarinato chino es el mejor ejemplo. Y los datos avalan que una democracia por sí misma no garantiza un mejor gobierno aunque tenga elecciones libres y periódicas si no incorpora mecanismos de checks and balances, transparencia y rendición de cuentas.
Para que se hagan una idea, ahí tienen un gráfico comparativo entre el descontento con el funcionamiento de la democracia en España y en Europa. Si en el año 2004 la satisfacción estaba 20 puntos por encima de la media europea, en el año 2013 la insatisfacción está 20 puntos por abajo. Es decir, los españoles nos hemos caído del guindo.(El gráfico me lo ha cedido Manuel Villoria de una presentación que realizó en un reciente Congreso en Valencia sobre corrupción y transparencia)
A mi juicio esta decepción tan notable se debe a la percepción del ciudadano de que no controla a sus representantes políticos y que éstos “le toman el pelo” por decirlo coloquialmente. Y es que el éxito de una democracia representativa depende, en definitiva, de la posibilidad del control ciudadano del poder, como ya dijo Stuart Mill en el siglo XIX. James Madison, uno los “Founding fathers” de Estados Unidos había avisado en los “Federalist papers” que “El conocimiento siempre gobernará a la ignorancia. Aquellos que se quieran gobernar a sí mismos deberán armarse con el poder que el conocimiento ofrece. Un gobierno popular sin información popular o sin los medios para conseguirla es el prólogo de una farsa, de una tragedia o quizá de ambas”. Si como dice el también jurista norteamericano Louis Brandeis el cargo más importante en una democracia es el de ciudadano para desempeñarlo bien está claro que hay que estar muy bien informado.
La idea subyacente es muy simple: los ciudadanos tienen que tener toda la información disponible para estar vigilantes y poder asegurarse de que el Poder se ejerce en beneficio de todos y no solo de unos pocos, ya se trate de oligarquías, cúpulas de partidos o grupos de interés. Y para poder exigir, en su caso, la rendición de cuentas en los casos en que de esa información se desprenda que las conductas de los dirigentes se apartan de los conceptos de buena gestión o constituyen supuestos de despilfarro o corrupción.
Pues bien, el día 10 de diciembre entra en vigor la ley estatal de transparencia y buen gobierno, ley 19/2013 de 9 de diciembre, después de un año entero de “vacatio legis”, aunque solo para el sector público estatal, porque las CCAA y entes locales tienen otro añito más de gracia. ¿Van a cambiar mucho las cosas? Pues me temo que no. Porque una cosa son las leyes, o los papeles, y otra cosa son los hechos, o la cultura.
Falta de cultura transparente
En España sigue sin haber cultura de la transparencia (recuerden el reciente episodio del pacto para no publicar los viajes de diputados y senadores salvo agregados trimestralmente) y los políticos y gestores públicos se resisten como gato panza arriba a publicar aquellos datos que encuentran incómodos o que no cuadran con lo que ellos quieren que se sepa. Está claro que la demanda de transparencia en la ciudadanía va en aumento, y esto es una muy buena señal, pero falta por ver si el Gobierno y las Administraciones están a la altura. Porque parafraseando a Orwell, que recordaba que el periodismo consiste en publicar algo que alguien preferiría no ver publicado y que lo demás es relaciones públicas, la transparencia consiste en informar de algo que alguien preferiría mantener oculto, y lo demás es propaganda.
Enlace Red de Ayuntamientos Vascos: Boletín Transparencia nº 3_dic2014
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Jiménez-Asensio: Competencias municipales “disponibles”: régimen jurídico y algunos problemas pendientes
"Puede concluirse que, tras casi un año de entrada en vigor de la Ley y pese a las intenciones del legislador, el objetivo de “clarificación de las competencias municipales”, al menos por ahora, no se ha alcanzado"
Cuando está próximo a cumplirse un año desde la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local (LERSAL, en lo sucesivo), puede ser oportuno abrir una ventana de reflexión en torno a una categoría evanescente de competencias municipales como es la de competencias “disponibles” o las que el legislador, tras la censura que realizara el Consejo de Estado, terminó acuñando como "competencias distintas de las propias o de las atribuidas por delegación".
Por Rafael Jiménez Asensio, consultor institucional, Catedrático de la Universitat Pompeu Fabra y abogado. (Publicado en Diario Municipal e INAP)
I. Introducción. En este breve comentario solo esbozaré algunas cuestiones en relación con el régimen competencial de los municipios tras la LERSAL, no abordando en estas líneas el régimen de competencias provinciales (que admite un sinfín de matices en relación con el anterior); y centraré especialmente el foco de atención sobre esas competencias “disponibles”, sin perjuicio de realizar algunas breves incursiones en el ámbito de las competencias propias o delegadas.
El principio dispositivo siempre ha estado presente en el sistema competencial local. Y más aún en las competencias municipales. Lo estaba en el régimen competencial de la Ley de Bases de 1985 y lo sigue estando ahora. De hecho, una de las diferencias sustantivas entre competencia y servicio mínimo obligatorio radica en que aquellas pueden ser actuadas o no por el gobierno local, con mayor o menor intensidad, en función de su prioridades políticas y de sus recursos financieros. Bien es cierto que el legislador sectorial, en determinados contextos normativos, es obligado a prestar ciertos servicios. Y en esos casos las diferencias entre ambas categorías se difuminan. Pero, en cualquier caso, en el ámbito competencial municipal la intervención del principio dispositivo ha sido y es intensa. También en el ámbito de esa nueva categoría de competencias “disponibles” o “distintas de las propias y de las delegadas”. En este ámbito el juego del principio dispositivo, aunque con los condicionamientos que se expondrán, es muy amplio.
Pero, realmente, la comprensión de los problemas más inmediatos con los que se enfrentan los municipios españoles no solo se sitúa en la definición puntual del régimen jurídico de tales competencias “disponibles” (en qué supuestos materiales se pueden ejercitar y a través de qué procedimiento), sino también en una serie de cuestiones transitorias o inmediatas que pueden producir algunos quebraderos de cabeza puntuales en la gestión de esa cartera de servicios en las entidades locales. A ellos les prestaremos debida atención, siquiera sea en los términos sucintos en los que este trabajo se enmarca. Nos referimos principalmente a la aplicabilidad del artículo 57 bis de la LBRL y a la adaptación de convenios prevista en la disposición adicional décima, apartado primero, de la LERSAL.
Las consecuencias de la reordenación de las competencias municipales: voluntad del legislador y confrontación con la realidad.
El preámbulo de la LERSAL, como es conocido, define con claridad que uno de los objetivos básicos de la Ley es “clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones de forma que se haga efectivo el principio de ‘una Administración una competencia’”. Pone de relieve, así, que, en opinión del legislador, existen innumerables disfunciones derivadas de un imperfecto sistema competencial y que este pretende corregirse a través del nuevo marco normativo.
La idea inicial no era otra que, como también es sabido, reducir la cartera de servicios locales. Y, en particular, cuestionar las actividades complementarias que llevaban a cabo los municipios con base en el ya suprimido artículo 28 de la LBRL (un precepto atentamente estudiado en su día por el profesor Alfredo Galán). Para ello se configuró una categoría de competencias municipales de perfiles borrosos, que caracterizamos aquí como “competencias disponibles”. Inmediatamente se explicará por qué.
La finalidad más prosaica, como bien pusiera de relieve en su día el profesor Antonio Embid Irujo, era contribuir mediante esa supresión de la cartera de servicios al ajuste de las cuentas públicas en el marco del proceso de contención fiscal que se abre en España especialmente a partir de 2012. Los Planes Presupuestarios de 2014 y 2015, presentados por el Ministerio de Economía y Competitividad ante la Comisión Europea (el de 2015 se presentó el 15 de octubre de 2014), tenían ese importante objetivo de ahorrar al erario público una cifra estimada de 8.000 millones de euros en un plazo de siete años (actualmente hasta 2020). Un ahorro que ya fue calificado por el profesor Muñoz Machado como un objetivo difícilmente alcanzable por esta vía (entre otras) de “clarificar competencias”. Las fuentes de ahorro estimado no se cifran solo en el ámbito competencial, pero este era (y sigue siendo) uno de sus componentes esenciales.
Solo hace falta consultar el Plan Presupuestario de 2015 para advertir que, pese a los problemas aplicativos que está encontrando la LERSAL en la práctica, todavía el Gobierno de España pretende ahorrar en ese ejercicio presupuestario más de 2.500 millones de euros por supresión de lo que denomina “gastos impropios” (esto es, por reducción de la cartera de servicios derivada de competencias municipales ni propias ni delegadas). Probablemente el optimismo haya invadido la sede de los ministerios, pero creo que no se ha contagiado a la Comisión Europea; pues si la rebaja estimada del déficit público se cuantifica en 2015 en 1,3 por ciento del PIB en relación con 2014 (del 5,5 al 4,2 por ciento), nada más y nada menos que casi 0,4 puntos de esa rebaja se cargan sobre las espaldas de “la reforma local” o de las entidades locales. Y de ellos casi 0,3 puntos sobre el sueño de reducir drásticamente la cartera de servicios municipales en un año electoral, como es 2015. Se comprende, así, la perplejidad y el escepticismo de los responsables de la Unión Europea cuando analizan las cuentas presentadas por el Reino de España.
Bien puede concluirse que, tras casi un año de entrada en vigor de la Ley y pese a las intenciones del legislador, el objetivo de “clarificación de las competencias municipales”, al menos por ahora, no se ha alcanzado, ya que, por un lado, la nueva regulación ha introducido unas buenas dosis de confusión en el complejo panorama antes existente; y, por otro, las Comunidades Autónomas (o buena parte de ellas) han llevado a cabo, como bien puso de relieve Manuel Zafra, lecturas singulares que han desactivado, siquiera sea parcialmente y con algunas notables paradojas, los iniciales objetivos de la LERSAL.
Batalla jurídica
Pero la batalla jurídica sigue abierta, además por muchos y cruzados frentes. Y todo parece indicar que esa batalla no se cerrará hasta que el Tribunal Constitucional afronte directamente la batería de recursos de inconstitucionalidad y el conflicto en defensa de la autonomía local ya planteados y dicte las respectivas sentencias. Asimismo, el Estado ha acudido al procedimiento previsto en el artículo 33.2 LOTC, que se plantea con carácter previo a la interposición del recurso de inconstitucionalidad. La Comisión bilateral estudiará las posibilidades de llegar a acuerdos entre el Estado y las respetivas Comunidades Autónomas en el caso de dos normas con rango de ley procedentes de Galicia y Andalucía.
Mientras tanto (y el mientras tanto puede ser largo) hay que gestionar inteligentemente la contingencia y evitar o eludir en la medida de lo posible los problemas (o, al menos, amortiguarlos), buscando interpretaciones coherentes, sistemáticas, razonables y con sentido común, que se integren en el sistema de régimen local vigente tras la Constitución de 1978 y los Estatutos de Autonomía. El profesor Francisco Velasco ha estudiado con rigor en números trabajos todos los problemas competenciales que se abren con motivo de la entrada en vigor de la LERSAL y sus dificultades aplicativas. Nos remitimos a ellos.
Una cosa es, en efecto, el debate jurídico “de salón”, que se mueve en las alturas académicas y del propio Tribunal Constitucional, y otra muy distinta los problemas cotidianos con los que se enfrenta el gobierno local de turno, el operador jurídico o el responsable de un determinado sector de la política municipal. En estos casos, la incertidumbre jurídica o la mala técnica legislativa son letales para la construcción de soluciones razonables a los problemas cotidianos. Esa es una realidad que se impone siempre a las grandes decisiones legislativas de reformas escasamente pensadas en cuanto a sus efectos.
En cualquier caso, a pesar de las dificultades sistemáticas, la confusión semántica y la escasa coherencia interna, a la LERSAL se le ha de intentar buscar una finalidad y sobre todo intentar delimitar cuál es el sentido de sus respectivos enunciados normativos. Y, en esa línea, se hace necesario desbrozar cuáles son las notas distintivas del nuevo sistema competencial local inaugurado a partir de la LERSAL, de las que se ha ocupado también en otros trabajos Alejandro de Diego Gómez.
Tras una cierta desorientación inicial, en estos momentos (a pesar del Consejo de Estado y de la opinión de un sector minoritario de la doctrina) puede concluirse que las competencias municipales son aquellas atribuidas expresamente por el legislador sectorial estatal o autonómico, según el sistema interno de distribución de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas. Esta tesis, no sin resistencias iniciales, se ha terminado por imponer en el propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Y ya se puede considerar como definitivamente asentada, a pesar, reiteramos, de lo que el Consejo de Estado ha venido sorprendentemente defendiendo en sus dictámenes de 26 de junio de 2013 y 22 de mayo de 2014.
Pero, al margen de que pueda parecer una tarea alejada de nuestro objeto material preciso (competencias “disponibles”), es importante de todos modos acotar correctamente lo que sean las competencias propias de los municipios, puesto que el concepto “competencia distinta de las propias y de las delegadas” se construye de forma negativa, en el sentido de que esas “competencias disponibles” o mal llamadas “impropias” son aquellas que no son ni propias ni delegadas. Bajo ese punto de vista se convierte en una decisión de política municipal transcendental definir correctamente las competencias propias y delegadas, puesto que a través de esa definición se alcanzará un correcto planteamiento de la cartera de servicios estable que dispondrá el municipio, frente al carácter contingente (o más vulnerable, tal como veremos) que tienen o pueden tener las competencias distintas de las propias o de las delegadas.
Dicho en otros términos, que por lo demás trasladan el espíritu que en esta materia está aplicando el propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, lo que debería haber hecho una entidad local tras la entrada en vigor de la LERSAL (y que ciertamente pocas lo han materializado) es un proceso de taxonomía y evaluación de su propia cartera de servicios en clave de las previsiones competenciales recogidas en la propia Ley.
No es momento de adentrarse en las “competencias propias” de los municipios, pero esta categoría, pese a su aparente sencillez, está trufada de problemas aplicativos y de deslinde, puesto que la legislación sectorial (sobre todo la anterior a la LERSAL, que es prácticamente casi toda la vigente en la actualidad) muchas veces define de forma imprecisa esas competencias (atribuciones o facultades) a los municipios y en la generalidad de los casos omite cualquier fuente de financiación para su ejercicio. Este último problema se ha pretendido resolver por la LERSAL, a través del artículo 25.4 LBRL, pero la aplicación de esos principios (más que reglas) solo operan, como es obvio, a partir de la entrada en vigor de la Ley y su desconocimiento por parte del legislador sectorial autonómico (ya se está produciendo en algunos casos) carece, en principio, de consecuencias o efectos directos.
Es más, en el mejor de los casos, esas exigencias de que el proyecto de ley que atribuya competencias a los municipios venga acompañado de memoria económica y se garantice la suficiencia de recursos, puede jugar como una suerte de elemento de freno a cualquier impulso normativo de mejorar el autogobierno local (o si se prefiere, como una especie de “efecto de desaliento” para el fortalecimiento autonómico de las competencias municipales). El legislador sectorial autonómico se pensará muy mucho a partir de ahora si reconocer una competencia municipal como propia, más aún en aquellas Comunidades Autónomas con fuertes dificultades económico-financieras.
Entiéndase bien el argumento: creo sinceramente que la apuesta del artículo 25.4 LBRL es muy positiva, pero probablemente está falta de concreción (aunque es discutible que una ley básica estatal pueda ir más allá en ese contenido). Su aplicabilidad está plagada de problemas prácticos y de más que previsibles incumplimientos en cadena, en los que la impotencia municipal puede ser el elemento dominante.
Por tanto, a partir de la LERSAL se corre el riesgo cierto (no sé si querido o no) de que el sistema de competencias municipales propias atribuido por la legislación sectorial se enquiste. En efecto, puede suscitarse un horizonte en el que las competencias municipales propias (y, por tanto, la cartera de servicios derivada de ellas) quede congelada en los términos que se establecieron en la legislación anterior a la LERSAL, pues en aquella no se preveía, por lo común, ningún tipo de financiación. No habrá muchos estímulos para que las Comunidades Autónomas amplíen esas esferas de autogobierno municipal, cuando, al menos en términos de la propia Ley, deberían “prever la dotación de los recursos necesarios” para llevar a cabo de forma efectiva esas competencias.
Tampoco los estímulos pueden ser muy elevados para delegar competencias a partir de la LERSAL. Esta Ley prevé un régimen jurídico de las competencias delegadas ciertamente elaborado y que mejora sustancialmente la regulación anterior. La financiación de estas competencias delegadas es uno de los elementos sustantivos del modelo, siendo para ello clave la redacción del artículo 27.6 de la norma. El recorrido que pueda tener esta técnica de delegación en los términos que está recogida en ese precepto se me antoja estrecho. Al menos hasta la fecha lo ha sido. No ha despertado ese “interés o pasión delegante” que el gobierno quiso impulsar y que las Comunidades Autónomas debían concretar hacia los municipios tras la entrada en vigor de la Ley. Más bien la situación se mantiene estática. Las Comunidades Autónomas apenas están moviendo ficha. Leer+
Publicado por Luis Barbado en 7:13 No hay comentarios:
Etiquetas: competencias impropias, competencias propias, LERSAL, Rafael Jiménez-Asensio, Reforma local
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