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Articulo 168 de la constitucion del Ecuador 2008 analisis
I.- «ESTATUTO».
1.- Reserva de Ley y Función Pública. 2.- Un «Estatuto» incompleto. 3.- Un «Estatuto» sin modelo. 4.- Un «Estatuto» pendiente.
II.- ESTATUTO «BÁSICO».
1.- Las bases del régimen estatutario de los funcionarios.
La noción formal de las bases del régimen estatutario de los funcionarios.
El contenido de las bases del régimen estatutario de los funcionarios.
2.- El Estatuto Básico del Empleado Público en cuanto bases del régimen estatutario de los funcionarios.
2.1. La reducción de la densidad de la legislación básica.
2.2. Peculiaridades en el uso de la técnica básica del EBEP.
3.- Las bases del régimen estatutario de los funcionarios fuera del EBEP. 4.- Art. 149.1.13: bases y coordinación económica. 5.- Legislación laboral del personal al servicio de las Administración Local.
La aprobación de la Ley 7/2007, de 12 abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, constituye un hito fundamental en la Historia de la Función Pública en España y un punto de partida para toda un movimiento de reformas legislativas que dicha Ley impone.
Resultaba ya un lugar común afirmar que la aprobación del Estatuto de los Funcionarios era uno de los mandatos constitucionales pendientes de cumplir. La necesidad de un texto, formal y sustantivo, en ese sentido se agudizó por la consolidación de la descentralización política territorial, por la fragmentación y dispersión de la normativa de Función Pública y por una jurisprudencia constitucional que conminó al Legislador estatal a aprobar definitivamente un marco básico postconstitucional al cerrar la puerta a las inferencias materiales de la legislación preconstitucional 1 .
Para el análisis y comprensión de la Ley 7/2007, es necesario partir del importante Informe que, el 25 de abril de 2005, presentó la Comisión creada para el estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado Público. Su calidad técnica y su exposición de la situación actual de la Función Pública en España son dignas de encomio, sin perjuicio de que las opciones por las que se decanta puedan no recibir el mismo elogio. Sea como fuere, las propuestas que planteaba el Informe presentaban una coherencia interna que en algunos casos se ha perdido en la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley.
1.- Reserva de Ley y Función Pública.
El artículo 103.3 de la Constitución establece que “la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos”. Este precepto utiliza la expresión «estatuto» en un sentido más bien sustantivo, pero lo realmente trascendente en el mismo es su finalidad, que no es otra que establecer una reserva de ley sobre lo que sea el «estatuto» de los funcionarios públicos, cuyo contenido especifica a continuación de manera no exhaustiva: “el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones”.
Al someter el «estatuto de los funcionarios públicos» a reserva de Ley se atribuye la competencia reguladora al Legislador, evitando que la Administración, mediante reglamentos, pueda establecer las determinaciones esenciales de ese estatuto. De esta forma, la Constitución preserva los derechos de los funcionarios frente a la Administración, cuya potestad normativa quedaría muy limitada a la hora de poder incidir en el núcleo esencial de los derechos de los funcionarios. Por ello, la reserva de
1 SSTC 37/2002, de 14 de febrero y 1/2003, de 16 de enero.
Ley es un límite para la Administración pero también una obligación para el Legislador, que debe regular por Ley todo lo que constituya el contenido esencial del estatuto funcionarial.
Pero la reserva de Ley no es solo una garantía de los funcionarios frente a la propia Administración. También se ha revelado un mecanismo de defensa del propio
sistema de Función Pública frente a los propios funcionarios, cuya capacidad dispositiva
a través de la negociación colectiva podría supeditar el interés público al suyo particular, desnaturalizando y patrimonializando la Función Pública.
Por todo ello, resulta imprescindible analizar el alcance real de la reserva de Ley en la Función Pública, así como la posibilidad de recurrir tanto al reglamento como a la negociación colectiva a la hora de regularla.
El alcance de esta reserva de Ley del art. 103.3 de la CE fue frontalmente abordada en la célebre Sentencia del Tribunal Constitucional 99/1987, de 11 de junio. En ella, el Tribunal recordó que “en el art. 103.3 de la Constitución se establece,
efectivamente, una reserva para la regulación por Ley de diversos ámbitos de la Función Pública, entre los que se cuenta el «Estatuto de los funcionarios públicos»” [FJ. 3 a)]., procediendo, a continuación, a establecer la interpretación de esa locución, interpretación de gran trascendencia, pues establece el límite infranqueable tanto al reglamento como a la negociación colectiva. Conforme a dicha Sentencia, “la Constitución ha reservado a la Ley la regulación de la situación personal de los funcionarios públicos y de su relación de servicio o «régimen estatutario», por emplear
la expresión que figura en el art. 149.1.18 de la misma Norma fundamental. Es éste,
desde luego, un ámbito cuyos contornos no pueden definirse en abstracto y a priori,
pero en el que ha de entenderse comprendida, en principio, la normación relativa a la adquisición y pérdida de la condición de funcionario, a las condiciones de promoción en
la carrera administrativa y a las situaciones que en ésta puedan darse, a los derechos y
deberes y responsabilidad de los funcionarios y a su régimen disciplinario, así como a la creación e integración, en su caso, de Cuerpos y Escalas funcionariales y al modo de provisión de puestos de trabajo al servicio de las Administraciones Públicas, pues habiendo optado la Constitución por un régimen estatutario, con carácter general, para los servidores públicos (arts. 103.3 y 149.1.18), habrá de ser también la Ley la que determine en qué casos y con qué condiciones puedan reconocerse otras posibles vías para el acceso al servicio de la Administración Pública. Las normas que disciplinen estos ámbitos serán, en el concepto constitucional, ordenadoras del Estatuto de los funcionarios públicos, pues todas ellas interesarán directamente a las relaciones entre éstos y las Administraciones a las que sirven, configurando así el régimen jurídico en el que pueda nacer y desenvolverse la condición de funcionario y ordenando su posición propia en el seno de la Administración. Esta normación, en virtud de la reserva constitucional a la que se viene haciendo referencia, habrá de ser dispuesta por el legislador en términos tales que, de conformidad con lo antes observado, sea reconocible en la Ley misma una determinación material suficiente de los ámbitos así
incluidos en el Estatuto funcionarial” [FJ 3 c)] 2 .
El art. 103.3 no es título competencial, aunque la jurisprudencia haya recurrido a
él para esclarecer el art. 149.1.18ª por las materias que cabría incluir en la expresión
2 Doctrina reiterada posteriormente en SSTC 235/2000, de 5 de octubre y 37/2002, de 14 de febrero.
“régimen estatutario de los funcionarios públicos”, que el primero sí ejemplifica pero el segundo no. De ahí la impropiedad de recurrir a él para afirmar una retórica «unidad sustancial» de la Función Pública 3 que, en todo caso, no se derivaría del art. 103.3 sino del uso real que el Estado haga de su potestad legislativa básica. Aunque sí que hay que reconocer a la reserva de ley la virtualidad de evitar que la potestad normativa de entidades locales o institucionales (por ejemplo, Universidades), carentes de potestad legislativa, termine por difuminar el estatuto funcionarial en todo aquello que no resulte básico.
El hecho de que una materia esté constitucionalmente reservada a su regulación por ley no impide que el Reglamento intervenga de manera auxiliar para desarrollar y completar la ley previa en aspectos accesorios o instrumentales que permitan, en última instancia, su aplicación. En efecto, el Reglamento es concebido como complemento indispensable de la regulación por motivos técnicos o por optimizar el cumplimiento de sus finalidades impuestas por la Constitución o por la propia Ley (STC 83/1984, de 24 de julio), pudiendo por ello decirse que tal «reserva de Ley tiene un alcance relativo» (STC 1/2003, de 24 de julio).
En el mismo ámbito material de complemento instrumental de la Ley en el que juega el reglamento, operaría también la negociación colectiva funcionarial o, más específicamente, los Pactos y Acuerdos que son su fruto. Sin embargo, en la medida en que las premisas y fundamentos de la negociación colectiva son diferentes, su eficacia y virtualidad plantea una problemática propia.
Aparentemente, la necesidad de que una materia deba ser regulada formalmente mediante ley excluiría, a priori, la intervención de la negociación colectiva. En efecto, inicialmente la jurisprudencia fue muy cauta a la hora de entender la negociación colectiva en el marco de la relación legal de naturaleza estatutaria de los funcionarios públicos: “el marco de contractualidad está en correlación con el contenido de las potestades normativas y de autoorganización del órgano administrativo correspondiente y, por otra parte, las características de pormenorización, rigidez y uniformidad inherentes al régimen estatutario emanado de la legislación básica del Estado y, en su caso, de los órganos legislativos de las Comunidades Autónomas, no permiten que por analogía con el sistema de relaciones laborales -tesis defendida por el Ayuntamiento apelante y en cierta medida aceptada en la sentencia-, tal bloque legislativo sea identificable como plataforma de «mínimos», sobre la que pueda pivotar una constelación de unidades negociadoras pactando cada una a su libre albedrío, bajo el lema de que lo que no está prohibido por la ley debe presumirse que está permitido y puede ser objeto de regulación con arreglo al buen criterio de la Mesa de Negociación, refrendado por la respectiva Corporación Municipal” 4 .
Con el paso del tiempo, se ha pasado a una percepción mucho más positiva del papel de la negociación colectiva en la Función Pública, asimilándola al reglamento en su posible papel de complemento de la ley. Sintomática fue la suerte de equiparación
3 “unidad que el artículo 103 de la Norma Fundamental ha querido conseguir para el estatuto de la función pública”, si bien “dicha unidad sustancial no implica una absoluta uniformidad, ni exige una absoluta igualdad en las retribuciones para todos los funcionarios de las distintas Administraciones Públicas, cada una de las cuales puede tener sus especialidades tanto en materia retributiva como en otras cuestiones” (STS 10 de octubre de 1997).
4 SSTS de 22 de octubre de 1993 y 27 de septiembre de 2000.
que hizo el Tribunal Constitucional en su sentencia de 1/2003, de 16 de julio, al señalar que la «reserva de Ley tiene un alcance relativo, pues no impide la colaboración de las normas reglamentarias y, en su caso, de otro tipo de fuentes normativas (como los convenios colectivos), aunque ésta por definición deba ser limitada, en la ordenación de la materia».
Este paralelismo subconsciente entre el reglamento y los frutos de la negociación colectiva ha informado la evolución normativa de ésta, hasta el punto de que en la actualidad el Estatuto Básico del Empleado Público admite que los Acuerdos funcionariales puedan sustituir –que no derogar- a los reglamentarios contrarios anteriores: “Cuando tales Acuerdos hayan sido ratificados y afecten a temas que pueden ser decididos de forma definitiva por los órganos de gobierno, el contenido de los mismos será directamente aplicable al personal incluido en su ámbito de aplicación, sin perjuicio de que a efectos formales se requiera la modificación o derogación, en su caso, de la normativa reglamentaria correspondiente” (art. 38.3). Y ello sin perjuicio de la discutida naturaleza negocial o reglamentaria de los Pactos y Acuerdos, tema que abordaremos en otro apartado del libro.
Por último, hay que señalar que la reserva de Ley no es un obstáculo radical a la negociación colectiva, de manera que, aunque una materia concreta deba ser regulada formalmente mediante Ley, no impide que sea objeto de negociación. Para ello, hay que distinguir entre la negociación colectiva, como procedimiento, y los resultados formales de la misma, Pactos y Acuerdos. Estos no pueden incluir determinaciones contrarias a la ley y, aunque pueden recoger previsiones que deban ser reguladas por ley, éstas carecerán de eficacia directa respecto a los funcionarios, limitándose a obligar al órgano de gobierno respectivo “a la elaboración, aprobación y remisión a las Cortes Generales o Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas del correspondiente proyecto de Ley conforme al contenido del Acuerdo y en el plazo que se hubiera acordado”.
2.- Un «Estatuto» incompleto.
Formalmente, la referencia a un «Estatuto» entronca directamente la Ley 7/2007 con el art. 103.3 de la Constitución, cuyo alcance abstracto ya hemos estudiado anteriormente. Según la configuración de desarrollo aplicativo previsto por el EBEP, el artículo 103.3 de la Constitución va a determinar lo que las Leyes de Función Pública (estatal y autonómicas) deben necesariamente incluir en sus previsiones materiales, sin que puedan dejarlo a su libre regulación por reglamento.
Ahora bien, el objetivo y finalidad del nuevo EBEP no es el de establecer el «estatuto» de los funcionarios públicos previsto en el art. 103.3 de la Constitución, a guisa de cumplimiento de ese supuesto mandato constitucional que de él se derivaría y al que tanto se hace referencia (incluso en la Exposición de Motivos del EBEP), sino el de determinar la legislación básica del régimen jurídico de los funcionarios públicos. Y es que el artículo 103.3 CE no es norma de atribución de competencias 5 , por lo que dicho «estatuto» lo deberá establecer quien ostente competencias para ello. Y a tal efecto, el art. 149.1.18ª atribuye al Estado la aprobación de la legislación básica del régimen jurídico de los funcionarios, dejando a las Comunidades Autónomas (y al
5 JIMÉNEZ ASENSIO, R.: “El reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Función Pública” en RVAP, núm. 69(1), 2004, pp. 140-142.
Estado, para su Administración) la competencia para dictar su propia Legislación de Función Pública de conformidad con aquella legislación básica. Por tanto, el teórico «Estatuto» de los funcionarios viene integrado, en la práctica, por la legislación básica más cada legislación específica de Función Pública de cada Administración territorial (Estado y Comunidades Autónomas). En suma, el EBEP no es más que una parte de ese «Estatuto» previsto en el artículo 103.3 de la Constitución, pero su razón de ser no es la de establecer ese Estatuto. Desde esta perspectiva se explica y se entiende lo aparentemente truncado del régimen jurídico que establece, que en muchos aspectos ni siquiera es operativo, pues su aplicación va a requerir un primer desarrollo legislativo por el Estado y por las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias.
De esta manera, la propia estructura interna del Estatuto Básico resulta incompleta desde las mismas premisas constitucionales, pues esta Ley del Estatuto Básico no cumple el mandato de reserva de Ley del art. 103.3 de la Constitución, haciendo necesario su desarrollo por otras Leyes que, en virtud del reparto competencial territorial (Estado y Comunidades Autónomas, pero también Entidades Locales), obligan a una eclosión de leyes y de normas que formarán un corpus iuris numeroso y desperdigado. Esta multiplicación normativa supone, además, un debilitamiento de las garantías de los funcionarios. En efecto, la reserva constitucional de ley constituye una salvaguarda intencionada de los funcionarios públicos, cuyo régimen jurídico –en sus elementos esenciales, al menos- vendrá determinado por el Legislador, no por la propia Administración empleadora. La mutabilidad del reglamento dejaba históricamente al albur de los Gobiernos a los empleados públicos y a la arbitrariedad de los políticos el ejercicio de sus funciones. Multiplicar los niveles normativos dibuja un cuadro confuso de vigencia y de aplicación de las normas, con lo que se facilita que muchos responsables hagan de su capa un sayo y procedan a regulaciones normativas (o directamente a evitar esos desarrollos, truncando potencialidades del Estatuto Básico) y a ejecuciones singulares polémicas y, en ocasiones, sin claro fundamento legal. La conflictividad jurisdiccional que ha generado el Estatuto Básico en sus pocos años de vigencia es buena muestra de la inseguridad general que se ha producido.
3.- Un «Estatuto» sin modelo.
Las propias características intrínsecamente «básicas» y no plenamente «estatutarias» del Estatuto Básico del Empleado Público son la causa de que esta Ley carezca de un modelo completo de Función Pública para cualquier Administración.
La imposibilidad de que el EBEP articule un modelo exhaustivo de Función Pública radica no sólo en su autolimitación a las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos sino también, y sobre todo, por su concepción de éstas. Como luego veremos, reducir la legislación básica a un escueto marco de potencialidades organizativas, abdicando de su primordial carácter general, universal, estructural y permanente, difiere la configuración de un Estatuto exhaustivo y, por tanto, de un modelo operativo, a la acción conjunta de las Legislaciones de desarrollo («Estatuto legal») y de las Administraciones de aplicación («Estatuto reglamentario y administrativo»).
Esta opción por incrementar desde la legislación básica la autonomía organizativa de cada Administración tiene, a su vez, la consecuencia de distinguir, por contra, en aquella un «estatuto subjetivo» de derechos de los funcionarios, al que la
regulación del EBEP sí presta una atención más intensa y extensa y, por tanto, se presenta como un “modelo” más acabado y directamente aplicable, y un «estatuto objetivo» de organización burocrática apenas esbozado, donde la autonomía organizativa de cada entidad político-administrativa puede y debe configurar, legislativa y reglamentariamente, su modelo completo, acabado y propio de Función Pública.
Se trata, por tanto, de una opción legislativa básica que se ha decantado por potenciar las diferencias organizativas de cada Administración, sacrificando incluso la existencia de un “modelo básico” válido para todas ellas.
Pero es que la técnica legislativa utilizada ha tenido como consecuencia que ni siquiera se estableciera un «modelo referencial» del Estado que sirviera a las demás Administraciones como parámetro de ilustración a la hora de desarrollar las múltiples potencialidades que se prevén en el Estatuto Básico, en particular las más innovadoras, como la carrera horizontal o el directivo público profesional. La exquisitez del Estado para respetar la autonomía de desarrollo, evitando acusaciones de mimetismo respecto a la legislación propia del Estado (reproche que, en todo caso, habría que hacer a quien imita y no a quien es imitado), le ha hecho renunciar tanto a su técnica legislativa tradicional (regulación exhaustiva de una materia, identificando los preceptos estrictamente básicos, que se engarzarían por tanto en un texto completo con un modelo cabal de Función Pública) como a la consistente en una tramitación paralela de una Ley de desarrollo propia para la Administración del Estado. Razones de prudencia (presentar ese modelo referencial) y de coherencia (el legislador básico es el mismo que el legislador de la Función Pública de la Administración del Estado) abogaban por una solución diferente a la seguida. El impulso reflexivo que la elaboración del Estatuto Básico propició en la Administración del Estado y en el Legislador no fue aprovechado en su momento y la crisis económica no sólo está retrasando la aprobación del «Estatuto» completo de la Función Pública de cada Administración sino que también ha hecho que cambien las prioridades políticas desde las que afrontar, en su caso, ese desarrollo, revelándose en ocasiones como contradictorias respecto a las previsiones originarias del Estatuto Básico de 2007.
4.- Un «Estatuto» pendiente.
El desarrollo y, por tanto, el despliegue de las potencialidades del Estatuto Básico del Empleado Público, pasado más de un lustro desde su aprobación, continúan siendo eso: potencialidades, posibilidades y, en algunos casos, futuribles, pues ni se han producido ni se espera que se produzcan en un horizonte cercano. Por el momento, sólo contamos con dos desarrollos completos (Valencia y Castilla-La Mancha), alguno parcial (Asturias) y otros en fase de estudio o de tramitación.
Diferentes factores han propiciado esta situación que, sin ser las expectativas frustradas lo más grave, generan, sí, un escenario de complejidad y de inseguridad jurídica que era una de las cuestiones que precisamente aspiraba a solventar el Estatuto Básico.
En primer lugar, la falta de un plazo concreto para que se aprueben las leyes de desarrollo del Estatuto Básico. Se trata de un aspecto extraño a nuestra técnica legislativa básica, aunque no necesariamente contradictoria con ella, a semejanza de lo que ocurre con las Directivas de la Unión Europea, en cuya definición explícita en los
jurisprudencia aceptaron desde el primer momento.
En segundo lugar, el hecho de que el Estado no haya aprobado su desarrollo propio para su Administración, además de un mal ejemplo, impide recurrir a esa legislación con carácter supletorio, casi a guisa de “sanción” para la falta pertinaz de desarrollo normativo.
La combinación de ambos factores (falta de plazo de desarrollo y de modelo estatal con eficacia supletoria) ni siquiera se podrían haber salvado con la variante propuesta por el Informe del Comité de Expertos del EBEP: “sería conveniente en este sentido, de llegar a aprobarse el Estatuto, que el mismo estableciera un período suficiente de vacatio legis, antes de su entrada en vigor, para permitir la adaptación de la legislación vigente del Estado y de las Comunidades Autónomas, incluida la que se refiere al empleo público local”.
En tercer lugar, y desde una perspectiva cualitativa, habría que señalar que, lisa y llanamente, algunas Administraciones no saben cómo desarrollar el Estatuto Básico, por el mero de hecho de resultarles completamente ajenas novedades como la carrera horizontal o el directivo público profesionales. Que algunas unidades de personal de ciertas Administraciones cuenten con determinados especialistas, ilustrados e iluminados, en las modernas técnicas de gestión de recursos humanos (origen, en gran medida, de las previsiones del Estatuto Básico) no es ni mucho menos la situación real de muchas burocracias autonómicas y de casi todas las locales, que continúan respondiendo más a perfiles de gestión que de concepción. En este sentido, el Comité de Expertos y el Legislador básico han pecado de ingenuidad al identificar la «madurez» de las nuevas Administraciones con la posibilidad de éstas para seguir la estela de los retos y las reformas que se plantean. Aunque siempre cabrá recurrir a la tan denostada externalización para suplir esas carencias, para deleite de consultoras sin escrúpulos públicos y con ánimo de lucro privado, que no dudan en seducir a responsables políticos de escasa formación y preparación profesional con los cantos de sirena de estas técnicas reformadoras y, por supuesto, modernizadoras.
En cuarto lugar, la crisis económica, con la consecuencia directa de políticas restrictivas de gasto público y el resultado indirecto del cambio de prioridades políticas en el ámbito de las Administraciones Públicas, está haciendo aún más difícil el efectivo desarrollo del Estatuto Básico. Aunque la cuadratura del círculo de todo político reformador es la de hacer los cambios a coste cero, la Historia de nuestra Función Pública demuestra la irrealidad y la falsedad de esos planteamientos. En el caso del Estatuto Básico, no sólo en razón de previsiones directas que suponen incremento real y cierto del gasto (como la equiparación de las pagas extraordinarias a las del sector privado, incluyendo las retribuciones básicas y a partir del desarrollo del EBEP de las complementarias) sino también por el esfuerzo presupuestario que supondrá el cambio de cultura administrativa (con ineludibles programas de formación generalizados) y la necesaria profesionalización de la gestión de recursos humanos para asumir, por ejemplo, la correcta planificación de personal, la aplicación de los sistemas de evaluación de desempeño o la gestión de las carrearas horizontales que se decidan implantar.
El Comité de Expertos que elaboró el Informe sobre el que se basó el Estatuto Básico así lo reconocía: “de poco vale aprobar un nuevo texto legal sobre el empleo público si no se aportan al mismo tiempo las políticas, los recursos y los medios que son necesarios para aplicarlo de manera coherente. En especial, entendemos que el tipo de propuestas que realizamos para el Estatuto Básico requiere mejoras muy significativas en la gestión de recursos humanos de las Administraciones Públicas y un reforzamiento notable de las unidades administrativas que tienen la responsabilidad de esa gestión, que permita elevar sustancialmente la productividad. Corresponde a la sociedad y a quienes la representan en las instituciones decidir si y hasta qué punto se está dispuesto a hacer acopio de los recursos que precisa construir una Administración mejor”.
La cuestión, por tanto, es si se puede desarrollar el EBEP en tiempos de crisis económica 6 . Las medidas para responder a dicha crisis han sido contradictorias. Por un lado, incluso se ha modificado el EBEP para facilitar la suspensión de Pactos y Acuerdos de funcionarios y de Convenios Colectivos de personal laboral y para reducir los permisos y vacaciones de los empleados. Por otro, se hacen invocaciones a previsiones como el desarrollo de mecanismos para lograr una correcta asignación de efectivos, así como la intención política de implantar sistemas de evaluación del desempeño, con el objetivo de aumentar la productividad de los empleados, aunque no se menciona, por supuesto, el coste de su diseño, de su aplicación y de su segura conflictividad. Y, en cualquier caso, ni mención a la carrera horizontal ni a las nuevas pagas extraordinarias (que incluirían también las retribuciones complementarias), que incluso se han visto eliminadas para diciembre de 2012 en su momento pre-EBEP. En suma, medidas coyunturales, parciales, pero falta de desarrollo completo que establezca un Estatuto cabal y exhaustivo de la Función Pública en el Estado. Y mucho más que menos se puede afirmar del resto de Administraciones.
Como se ha expuesto anteriormente, el objetivo y finalidad del EBEP es el de “establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos” (art. 1.1), para lo cual la Disposición Final Primera invoca expresamente el art. 149.1.18ª de la Constitución. Al no fijar de manera completa el estatuto legal de los funcionarios, se obliga a un movimiento en cascada de los Legisladores autonómicos, pero también del estatal 7 , pero también a una actuación integradora, de carácter regulador y aplicativo, de cada Administración.
Desde el punto de vista competencial, al Estado corresponde establecer “las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios” (art. 149.1.18ª CE). De esta forma, la intención de la Constitución es que exista un régimen estatutario funcionarial que sea común a todas las Administraciones Públicas. Ahora bien, ese régimen común, al encauzarse a través de la
6 Vid. ORTEGA, L.: “¿Es posible desarrollar el EBEP en tiempos de crisis?” en Crisis Económica y Función Pública (Dir. J. Fuentetaja y J. Cantero), Aranzadi/Thomson Reuters, 7 “Festival de leyes” lo calificó crítica y sarcástiamente en su día SOSA WAGNER en El Mundo, 24 de septiembre de 2007.
técnica legislativa de las bases, obliga a dejar a las Comunidades Autónomas un margen propio para desplegar sus opciones particulares de configuración de su Función Pública.
Múltiples son los problemas que plantea siempre la utilización de la legislación básica y la Función Pública no ha sido un ámbito exento de ellos. Algunos hacen referencia a los instrumentos normativos en que puede aparecer definido la regulación básica del régimen estatutario de los funcionarios (noción formal de las bases) y otros al alcance o contenido de dicha regulación (noción material de las bases).
1.1. La noción formal de las bases del régimen estatutario de los funcionarios.
Desde el punto de vista formal, las bases del régimen estatutario de los funcionarios serán definidos por una norma con rango de ley, si bien cabe la posibilidad de la intervención excepcional del reglamento a la hora de desarrollar y completar aspectos que previamente han sido declarados básicos por una ley.
La definición de lo básico en materia de función pública fue acometida por la Ley 30/1984. No obstante, al ser ésta una ley fragmentaria que no regulaba de forma exhaustiva la materia, permitió o, mejor dicho, obligó a recurrir a los preceptos que continuaban vigentes de la Ley de Funcionarios Civiles de 1964 para dibujar un mapa coherente de la normativa básica del régimen estatutario de los funcionarios. De lo contrario, algunos aspectos importantes relativos, por ejemplo, a la adquisición y pérdida de la relación funcionarial o a situaciones administrativas, que sólo parcial aunque trascendentalmente eran regulados por la Ley 30/1984, no tendrían carácter básico, privando de coherencia al “régimen estatutario básico”. De esta manera, la Legislación autonómica se veía obligada a deducir racionalmente aspectos básicos de la normativa preconstitucional de Función Pública (STC 5/1982, de 8 de febrero), inferencias que, en última instancia, eran controladas por el Tribunal Constitucional, que se veía igualmente impelido a calificar como básicos puntuales preceptos preconstitucionales objeto de litigio. Esta situación tenía la ventaja de que el intérprete supremo de la Constitución era el que definía, según la naturaleza y contenido de los preceptos, el alcance de lo básico, pero generaba demasiadas incertidumbres y se antojaba injustificada según pasaban los años desde la aprobación de la Constitución.
Finalmente, la STC 37/2002, de 14 de febrero, ha cortado de raíz la posibilidad de seguir deduciendo bases de la legislación anterior a la Constitución de 1978. Según aquella, “la noción formal de bases elaborada por la doctrina de este Tribunal Constitucional y la finalidad con ella perseguida de dotar de una determinación cierta y estable a los ámbitos respectivos de ordenación de las materias en las que concurren y se articulan las competencias básicas estatales y las legislativas y reglamentarias autonómicas mal se compadecen con la posibilidad de poder seguir infiriendo bases de las normas legales preconstitucionales cuando el legislador estatal constitucional ha procedido en el ejercicio de la competencia constitucionalmente atribuida a establecer de manera aparentemente completa e innovadora las bases sobre una determinada materia, a menos que declare expresamente la pretendida naturaleza básica de esas normas legales preconstitucionales o dicha naturaleza resulte, sin lugar a dudas, de ser éstas un complemento indispensable de las normas básicas postconstitucionales por deducirse de su propia estructura que no han pretendido agotar la regulación de todos los aspectos de la materia”.
No hay que confundir el hecho de que las bases del “régimen estatutario de los funcionarios” deban venir reguladas por una ley (art. 149.1.18ª CE) con la reserva de Ley a la que se encuentra sometido el “estatuto de los funcionarios públicos” (art. 103.3 CE), pues se trata de instituciones formal y sustantivamente diferentes, aunque parcialmente coincidentes en el caso del Estado.
1.2. El contenido de las bases del régimen estatutario de los funcionarios.
Más trascendente y compleja es la definición del concepto material de las bases del régimen estatutario de los funcionarios, pues de ella van a depender las competencias efectivas de las Comunidades Autónomas para legislar sobre su propia Función Pública.
Con carácter previo, es imprescindible adelantar una serie de consideraciones que permitirán aprehender la problemática. En primer lugar, la definición material de lo básico es una competencia exclusiva del Legislador estatal, el cual goza de una completa libertad para establecer con carácter general las bases de una determinada materia, sin que la calificación hecha por aquel –expresión de una legítima política legislativa- pueda ser fiscalizada por el Tribunal Constitucional, pues éste no es Juez de la oportunidad, si bien al establecer lo básico el Estado tiene que respetar la competencia legislativa propia de las Comunidades Autónomas sobre Función Pública, sin que la legislación básica agote la regulación del régimen estatutario y no deje margen de actuación al Legislador autonómico. Como señaló el Tribunal Constitucional, “la definición de las bases, en el ámbito de la legislación compartida, tiene por objeto crear un marco normativo unitario, de aplicación a todo el territorio nacional, dentro del cual las Comunidades Autónomas dispongan de un margen de actuación que les permita, mediante la competencia de desarrollo legislativo, establecer los ordenamientos complementarios que satisfagan sus peculiares intereses; por ello, en principio, debe entenderse que excede de lo básico toda aquella ordenación que, por su minuciosidad y detalle, no deja espacio alguno a la competencia autonómica de desarrollo legislativo, produciéndose en tal caso, por regla general, un resultado de vulneración competencial que priva a lo presentado como básico de su condición de tal” (STC 147/1991, de 4 de julio).
Esto no implica que el alcance material de las bases se deba reducir al nivel de la mera abstracción, como principios genéricos que precisan ineludiblemente concreción legislativa posterior, pues las bases pueden asimismo articular la regulación de un aspecto si lo considera necesario el Legislador estatal para asegurar un mínimo común normativo homogéneo de ámbito nacional. Esto lleva a tener que distinguir, al definir lo básico, tanto su extensión como su intensidad, pues una cosa es que una institución o aspecto sea objeto de regulación con carácter básico (por ejemplo, situaciones administrativas, provisión de puestos de trabajo, retribuciones, etc.) y otra muy distinta la intensidad de esa regulación, pues el legislador básico puede regular más o menos elementos.
De todo lo anteriormente dicho se entiende que el alcance de lo básico es en cada período coyuntural, pues se encuentra supeditado a la opción legislativa del Estado que, discrecionalmente, puede otorgar una mayor o menor extensión e intensidad a lo que considere básico en un momento determinado. En esta operación de definir el alcance extensivo e intensivo de lo básico, el Tribunal Constitucional sólo ha limitado al
Legislador estatal desde la perspectiva del exceso, no del defecto. Es decir, que el Tribunal puede considerar que el Legislador estatal se ha excedido, en extensión o en intensidad, a la hora de calificar como básico un aspecto concreto o singular. Pero, por el contrario, no puede reputar inconstitucional la omisión del Legislador de calificar un aspecto determinado (en su extensión o en su intensidad) como básico, pues ello entraría dentro del legítimo margen de que dispone el Legislador estatal a la hora de definir lo básico. El único límite, por tanto, será regular y definir en exceso lo básico, pues ello limita o elimina la competencia propia de las Comunidades Autónomas. De ahí que el control sea más factible desde el punto de vista intensivo que extensivo. Así, por ejemplo, el Legislador básico puede establecer que los funcionarios se agruparán en Cuerpos, pero en lo que respecta a su concreta regulación y articulación aquel, por un lado, no puede agotar las posibilidades de configuración para dejar margen a las Comunidades Autónomas y, por otro, tampoco debe limitarse a los principios o a unas bases abstractas y evanescentes, de manera que el Legislador básico podría fijar que los funcionarios se agruparán en Cuerpos y, a continuación, extraer de ello más o menos configuración y articulación, siempre que deje –insistimos- un margen configurador propio a las Comunidades Autónomas.
Al hilo de este ejemplo es necesario hacer una última consideración de la jurisprudencia constitucional relativa a que “la intensidad y extensión que pueden tener las bases no es la misma en todos los ámbitos que integran ese régimen jurídico. Así, el alcance de lo básico será menor en aquellas cuestiones que se refieren primordialmente a la organización y al funcionamiento interno de los órganos de las Administraciones Públicas, que en aquellas otras que inciden más directamente en su actividad externa, sobre todo cuando afectan a la esfera de derechos e intereses de los administrados, aunque ciertamente no cabe trazar una distinción tajante entre unos aspectos y otros. No debe olvidarse que, según establece el art. 149.1.18.a C.E., el objetivo fundamental, aunque no único, de las bases en esta materia es el de garantizar y no cabe duda de que cuanto menor sea la posibilidad de incidencia externa de las cuestiones reguladas por los preceptos impugnados, más remota resultará la necesidad de asegurar ese tratamiento común y, por el contrario, mayor relieve y amplitud adquirirá la capacidad de las Comunidades Autónomas de organizar su propia Administración según sus preferencias” (STC 50/1999, de 6 de abril). Esta doctrina tendrá una gran influencia a la hora definir la bases materiales del régimen estatutario de los funcionarios, en la medida en que los elementos estructurales de dicho régimen estatutario se encuentran intrínsecamente vinculados a la organización de las Administraciones Públicas, por lo que su intensidad de regulación básica será considerablemente más reducida.
Desde estas premisas, es necesario analizar el alcance o contenido material de las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, según la Constitución. Para ello resulta imprescindible partir de la temprana Sentencia 76/1983, de 5 de agosto, donde el Tribunal Constitucional consideró que “el art. 149.1.18.ª de la Constitución reconoce al Estado competencia exclusiva para dictar las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios. De ello deriva una doble competencia estatal en materia de función pública: 1.ª competencia para regular los aspectos básicos de la situación personal de los funcionarios públicos, es decir, de la denominada relación de servicio, contenido indiscutible del régimen estatutario, y 2.ª competencia para regular los aspectos esenciales de la organización de la burocracia de las Administraciones públicas, pues la expresión «régimen jurídico» contenida en el precepto constitucional no se refiere exclusivamente al procedimiento y
al régimen de recursos, como ha señalado este Tribunal Constitucional en su Sentencia 32/1981, de 28 de julio, y ha de entenderse incluida también en ella la regulación básica de la organización de todas las Administraciones públicas.
Pues bien, en lo que atañe a la relación de servicio (en la medida en que determina la situación personal o posición subjetiva del funcionario), la jurisprudencia constitucional ha permitido una regulación más agotadora de las bases: adquisición y pérdida de la relación; situaciones administrativas; derechos y obligaciones; incompatibilidades; órganos y procedimientos de participación de funcionarios en la determinación de las condiciones de trabajo. En cambio, la relación orgánica, en la medida en que afecta a aspectos esenciales de la organización de la burocracia de las Administraciones Públicas, no tiene por qué ser un aspecto básico. En un primer momento, la legislación postconstitucional apenas sí reflejó esa posible diferencia de intensidad en la regulación de lo básico, lo que unido al proceso de inferencia natural sobre la legislación preconstitucional dibujaba un escenario en el que el margen de maniobra de las Comunidades Autónomas era reducido. En este punto, precisamente, se observa un cambio de concepción en el EBEP.
En un contexto generalizado de opción de política legislativa caracterizado por lo que entonces se dio en llamar un “adelgazamiento” de lo básico, el EBEP refleja como pocas normas esta elección por una reducción de la densidad de la legislación básica en materia de Función Pública. La Exposición de Motivos envuelve este fenómeno en dos motivos: uno político y otro técnico. El primero, la profunda descentralización político-administrativa experimentada en España con la creación y consolidación de las Comunidades Autónomas, y la consecuente implantación de Administraciones Públicas con Funciones Públicas propias, de donde se deriva la exigencia de que cada Administración pueda configurar su propia política de personal y su particular modelo de Función Pública. El segundo motivo, de carácter aparentemente técnico, sería el de permitir regulaciones sectoriales diferenciadas de acuerdo con la diversidad de formas de gestión de servicios y actividades públicas.
El Informe de la Comisión señaló las siguientes finalidades que debería perseguir la legislación básica en materia de Función Pública: reafirmar los principios constitucionales sobre el empleo público; garantizar la igualdad básica de los derechos y deberes de los empleados públicos de todas las Administraciones; facultar al Estado para ejercer sus competencias sobre política económica general y estabilidad presupuestaria 8 ; regular las relaciones de servicio y laborales en el empleo público; y “facilitar la interconexión o comunicación de los sistemas de empleo público de los diferentes niveles de administración y la coordinación voluntaria de sus políticas de empleo”. Con estas finalidades, en realidad, podría caber cualquier cosa y el elenco de materias que realizaba a continuación extendía el alcance del Estatuto básico sobre
8 La Disposición Final Primera, relativa a la habilitación competencial del EBEP, invoca expresamente el art. 149.1.13ª de la Constitución, que se refiere a las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
todas las instituciones y técnicas propias de la Función Pública 9 . La clave no radicaba, en cambio, en la amplia extensión de la legislación básica sino en su escasa intensidad, a cuyos efectos se mentaban los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad.
Es, pues, en este juicio de proporcionalidad sobre la legislación básica donde se recupera, de entrada, la distinción fundamental entre relación de servicio y relación orgánica. En efecto, partiendo de la consideración radical de la Función Pública como elemento vinculado a la organización administrativa, por un lado, y de la potestad de autoorganización de las Administraciones Públicas (en particular, de las Comunidades Autónomas), por otro, se remite a éstas la definición y configuración de la estructura objetiva de la Función Pública. Así, la “estructuración del empleo público” (Capítulo II, del Título V) apenas sí aparece dotada de contenido en el EBEP, salvo lo relativo a los grupos de clasificación dependientes de las titulaciones educativas. Pero en todo lo referente a las agrupaciones de puestos o de funcionarios se estará a lo establecido por el modelo concreto de cada Ley de Función Pública. En cambio, en lo tocante al contenido estricto de la relación de servicio (derechos y obligaciones), el EBEP lleva a cabo una intensificación apreciable de lo básico.
El resultado final es una Ley que presenta una densidad básica internamente desequilibrada entre el «estatuto objetivo» (la estructura) de la Función Pública y el «estatuto subjetivo» (derechos y obligaciones) de los funcionarios. Paradójicamente, tan criticable puede resultar la reducción del primero como la amplitud del segundo. En relación con la merma en la intensidad de lo básico, se ha cuestionado tanto su oportunidad política o administrativa como –con menos fundamento- su viabilidad constitucional. Por su parte, los derechos de los funcionarios públicos aparecen regulados en ocasiones con previsiones tan detalladas y concretas que sorprenden en un contexto general de reducción de lo básico. Tal es el caso de los derechos a la negociación colectiva y a la representación y participación institucional, donde además concurre una vinculación estrecha a la organización administrativa. O las previsiones sobre permisos de los funcionarios, donde por añadidura el EBEP introduce una peculiar dádiva de difícil justificación desde lo básico, como son los dos días adicionales de libre disposición que disfrutarán los funcionarios al cumplir el sexto
9 Los principios ordenadores del empleo público; la determinación y definición de las clases de empleados públicos, incluido el personal directivo, especificando el tipo de legislación aplicable a las relaciones de empleo en cada caso; los instrumentos de planificación, ordenación y gestión de los recursos humanos, con la flexibilidad necesaria para que cada Administración adopte los que más le convengan; los requisitos generales para el acceso al empleo público y los elementos que garanticen la efectividad de los principios de mérito y capacidad e igualdad, así como la transparencia y la agilidad de los procesos selectivos; los aspectos y garantías básicas de promoción profesional, sobre la base de los criterios de mérito y capacidad y de rendimiento y en atención a las necesidades del servicio; las normas básicas sobre situaciones administrativas y extinción de la relación de servicio de los empleados públicos; las normas básicas que faciliten la movilidad de los empleados entre las distintas Administraciones Públicas; los supuestos y causas de extinción de las relaciones de empleo público; el conjunto de derechos básicos de los empleados públicos; las bases del régimen retributivo de los funcionarios públicos; el sistema de representación y la estructura, contenido y efectos de la negociación colectiva de los funcionarios públicos y otros procedimientos de participación y de solución de conflictos y las reglas especiales aplicables al personal laboral; los principios éticos y deberes básicos de los empleados públicos; las normas básicas sobre incompatibilidades de los empleados públicos; los principios del régimen disciplinario; las relaciones de cooperación entre las Administraciones en materia de empleo público:
Informe de la Comisión para el estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado Público, 25 abril 2005, n. 13.
trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo (art. 48.2 EBEP).
Uno de los aspectos más destacables del EBEP son algunas peculiaridades que presenta una legislación que se dicta como básica y que, por tanto, debería establecer ese mínimo común normativo en todo el territorio nacional.
En primer lugar, el EBEP contiene previsiones que realmente no fijan un mínimo común sino que dejan a las Comunidades Autónomas y al Estado la opción de aceptar o no, a través de su normativa propia, instituciones o elementos enteros de la Función Pública. Es el caso, por ejemplo, de una de sus innovaciones más destacadas como es el personal directivo (art. 13), “llamado a constituir en el futuro un factor decisivo de modernización administrativa”, según la Exposición de Motivos. Pues bien, la implantación efectiva y el desarrollo normativo 10 de esta figura se deja a la voluntad de los gobiernos de las Administraciones Públicas (Estado y Comunidades Autónomas), por lo que en última instancia podría darse el caso de un modelo de Función Pública que prescindiera de esta figura.
Pero el supuesto de previsión básica facultativa más llamativo es, sin duda alguna, el relativo a las modalidades de carrera que el EBEP establece. Según el artículo 16.3, las Leyes de Función Pública que desarrollen el EBEP regularán la carrera profesional de su ámbito respectivo, “que podrán consistir, entre otras, en la aplicación aislada o simultánea de alguna o algunas” de las modalidades que prevé el Estatuto Básico: carrera y promoción interna, vertical u horizontal en ambos casos. Pues bien, si el Proyecto de Ley ya ofrecía aquí un menú dispositivo -pero limitado- de modalidades de carrera (alguna o algunas de las cuatro), la tramitación parlamentaria ha introducido ese perturbador “entre otras” que viene a dejar libertad absoluta para que cada Ley de Función Pública implante la modalidad de carrera que estime oportuno, sin verse siquiera limitado por las cuatro modalidades previstas en el EBEP.
En otras ocasiones, el EBEP se limita a habilitar o autorizar que las Administraciones Públicas organicen la gestión de su empleo público conforme a determinadas posibilidades igualmente opcionales. Así, se permite a las Administraciones Públicas la delegación de actividades de negociación colectiva a órganos técnicos especializados, que las representarán en las mesas de negociación, que actuarán conforme a sus instrucciones políticas y cuyos acuerdos precisarán la ratificación del órgano competente según los casos (art. 33.3 EBEP). Otro ejemplo es el de los órganos especializados y permanentes de selección de personal, cuya posibilidad se prevé en el artículo 61.4 EBEP. Como se ve, el EBEP se limita a autorizar estas formas de gestión (de la negociación colectiva o de la selección de empleados), el recurso a las cuales dependerá de la potestad de autoorganización de cada Administración Pública. Por lo que, en última instancia, cabe plantearse lo superfluo o innecesario de su previsión en el EBEP, pues aunque no estuviese recogida esa habilitación en el Estatuto Básico bien podría cada Administración organizar la gestión de sus recursos humanos conforme considere oportuno. De hecho, la creación de
10 Deslegalización que no estaba prevista originariamente en el Proyecto de Ley.
órganos especializados de gestión se puede extender a otros aspectos de los recursos humanos que no tienen por qué estar autorizados expresamente en el EBEP.
Pero el supuesto más peculiar es la utilización de la legislación básica con una
eficacia supletoria. Es el caso del artículo 48.1 del EBEP relativo a los permisos de los funcionarios. Según el mismo, las Administraciones Públicas determinarán los supuestos de concesión de permisos a los funcionarios públicos y sus requisitos, efectos
y duración. Ahora bien, “en defecto de legislación aplicable” de esas Administraciones
Públicas, “los permisos y su duración serán, al menos,” los que aparecen en dicho precepto. Independientemente de la ambigüedad sobre si los permisos deben ser regulados por reglamento (en virtud del llamamiento a las “Administraciones Públicas”)
o por ley (utilización de la expresión “legislación aplicable”), lo destacable es que la
regulación completa y exhaustiva que hace el EBEP sobre los permisos de los funcionarios no constituye un mínimo común normativo para todo el territorio nacional porque sean las bases que informen la legislación de Función Pública de Estado y Comunidades Autónomas sino que se configura, primero, como normativa supletoria que sólo regirá “en defecto de legislación aplicable” y, segundo, como normativa superable por la normativa o por el convenio colectivo. Cada Ley podrá o no regular los permisos de los funcionarios. Si no lo hace, se aplicará supletoriamente la legislación básica. Si lo hace, deberá respetar el mínimo previsto en la legislación básica, pero es libre de introducir mejoras al alza.
Estas son, en suma, las peculiaridades que presenta el EBEP a la hora de establecer la legislación básica de los funcionarios públicos. Lo básico como facultativo o disponible, lo básico como habilitación o autorización y lo básico como supletorio resultan, en última instancia, intrínsecamente contradictorios con la finalidad y concepto mismo de la legislación básica como norma que establece una regulación mínima y común, necesaria e indispensable, segura e indisponible.
3.- Las bases del régimen estatutario de los funcionarios fuera del EBEP.
Al igual que el EBEP no es todo el “Estatuto” de los funcionarios públicos del art. 103.3 CE, aquel tampoco es toda la legislación básica del régimen estatuario de los funcionarios. Y es que ha quedado fuera del EBEP la legislación básica sobre incompatibilidades (recogida en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre), en contra de la propuesta del Informe del Comité de Expertos, que acertadamente abogaba por su inclusión y su universalización –en aras de la igualdad, transparencia y seguridad jurídica- a todo el personal al servicio de las Administraciones Públicas, también el regulado por leyes especiales u orgánicas (Administración de Justicia, Consejo de Estado, Tribunal Constitucional, etc.).
4.- Art. 149.1.13: bases y coordinación económica.
La competencia del Estado para establecer las bases y la coordinación de la planificación de la actividad económica general (art. 149.1.13ª de la Constitución) resulta esencial para dar cobertura competencial a los límites retributivos contenidos en las Leyes de presupuestos generales del Estado para todo el personal al servicio del sector público, expresados a través de topes máximos globales referidos al incremento de su masa retributiva (STC 195/2006, de 22 de junio).
La invocación de dicho precepto es suficiente para declarar inconstitucional una ley autonómica que contradiga una norma estatal dictada al amparo de la misma (STC 297/2006, de 11 de octubre de 2006). Suele tratarse de Leyes de Presupuestos Generales del Estado que establecen límites a los incrementos retributivos del personal al servicio de las Administraciones Públicas, si bien dichas leyes refuerzan ese título competencial con la calificación explícita de “básicos” de los preceptos que establecen dichos límites.
La exposición que hace el propio Tribunal Constitucional en su Sentencia 139/2005, de 26 de mayo, es lo suficientemente completa y expresiva tanto de la doctrina general sobre esta competencia estatal como sobre las consecuencias que se pueden derivar de ella: “Existe sobre este particular una consolidada doctrina constitucional que arranca de la STC 63/1986, de 21 de mayo, donde tuvimos ocasión de señalar que la cuantificación de los derechos económicos de los funcionarios "constituye una medida económica general de carácter presupuestario dirigida a contener la expansión relativa de uno de los componentes esenciales del gasto público" (FJ 11), por lo que su encuadramiento competencial adecuado es el título reservado al Estado por el art. 149.1.13 CE (en particular, STC 96/1990, de 24 de mayo, FJ 3). Esta misma doctrina ha sido reiterada con posterioridad en numerosas ocasiones. Entre ellas cabe destacar la STC 171/1996, de 30 de octubre, donde se declaró inconstitucional la creación de fondos para atender a finalidades retributivas de los empleados públicos llevada a cabo por la Ley del Parlamento de Galicia 2/1988, de 5 de marzo, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para 1988, por considerar que esta operación "incide, menoscabándola, en la eficacia de la medida antiinflacionaria adoptada por el Estado" (FJ 4). Más recientemente, en la STC 62/2001, de 1 de marzo, estimamos parcialmente el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno contra la Ley de las Cortes de Aragón 7/1993, de 4 de mayo, de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 1993, donde destacamos que "el principio de jerarquía normativa reconocido en el art. 9.3 CE impide que los incrementos retributivos alcanzados mediante pacto o convenio prevalezcan sobre las concretas determinaciones contenidas en normas con rango de ley" (FJ 3), y en la STC 24/2002, de 31 de enero, estimamos parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra determinados preceptos de la Ley del Principado de Asturias 1/1996, de 26 de abril, de concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito destinados a atender la actualización de retribuciones, modificación de plantillas y otras obligaciones del personal al servicio de la Administración, organismos autónomos y Servicio de Salud del Principado de Asturias, donde se preveía subvenir a las necesidades financieras de un fondo salarial previamente constituido. La mención de las anteriores resoluciones pone de manifiesto no sólo la supeditación de los acuerdos alcanzados por las Administraciones públicas y los legítimos representantes de sus empleados a lo establecido por el legislador en aras de la coordinación presupuestaria, sino también la posibilidad de reaccionar frente a dichos acuerdos bien ante los órganos judiciales ordinarios, bien directamente ante este Tribunal Constitucional, por las instancias legitimadas al efecto, en función del rango del instrumento en el que se plasme dicho acuerdo”.
5.- Legislación laboral del personal al servicio de las Administración Local.
Tal y como señala el Estatuto Básico del Empleado Público (Disposición final Primera), uno de sus objetivos es “determinar las normas aplicables al personal laboral
al servicio de las Administraciones Públicas”, dictadas al amparo del art. 149.1.7ª de la Constitución, que otorga al Estado competencia exclusiva sobre la legislación laboral. No es, pues, legislación básica, sino legislación directamente aplicable que tan solo puede ser “ejecutada” por las Comunidades Autónomas. De esta forma, mientras en relación con el régimen estatutario de los funcionarios públicos las Comunidades Autónomas pueden aprobar legislación propia en el marco de las bases estatales, la relación laboral especial en el ámbito de las Administraciones Públicas es uniforme en toda España.
No obstante, algunos Estatutos de Autonomía sí han reconocido competencia a las Comunidades Autónomas en lo relativo al aspecto organizativo de esa relación laboral. Así, el art. 136 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y el 76.2 c) del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que atribuyen a la Comunidad Autónoma en cuestión “la competencia exclusiva, en materia de personal laboral, para la adaptación de la relación de puestos de trabajo a las necesidades derivadas de la organización administrativa y sobre la formación de este personal”.
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 artículo 103
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 artículo 16
 artículo 61
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