Source: http://politicaderecho.blogspot.com/2011/06/
Timestamp: 2019-08-21 20:35:32+00:00

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POLITICA Y DERECHO: junio 2011
En la plataforma que registró el PAN ante el IFE para las elecciones de 2006 (cuyo texto se puede consultar en internet, dentro de la página web del propio IFE), hay también una batería de propósitos incumplidos. En ese documento se propuso crear juzgados especializados en materia de delincuencia organizada. Al día de hoy no existen ni hay proyecto alguno para crearlos. Se propuso dotar de autonomía constitucional a la PGR. No se ha hecho. Se propuso crear un órgano ciudadano, dotado de autonomía, para hacerse cargo de las estadísticas delictivas. No se ha hecho nada al respecto. Se propuso crear una “Ley general de la familia”. No se conoce ninguna iniciativa en ese sentido.
2. Parece más bien un cambio controlado. Como cuando usted mete agua al refrigerador para que se convierta en hielo. Una transformación sin sorpresa, planeada. Aunque se han manifestado algunas voces en contra, todo parece indicar que la aprobación es mayoritaria y así lo trazó y operó la dirección de Convergencia.
3. Tiene también un cierto ingrediente mágico. Diría un mago: "ahora ven Convergencia, ahora ven un Movimiento Ciudadano". Y el niño de 7 años quizá quede sorprendido, boquiabierto, por la mutación instantánea. Es difícil, sin embargo, que los mayores de ocho años se crean el truco. Aunque, me dice mi vecino, son muchos los adultos que tienen la edad mental de niños de primero de primaria.
INCRÍBLE PERO CIERTO
Faltan cuatro días para que comience el 2012 político. Aunque formalmente no será sino hasta el 7 de octubre cuando el Consejo General del Instituto Federal Electoral dé el banderazo de salida, extraoficialmente la contienda electoral para la renovación de la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión dará inicio tan pronto cierren las casillas instaladas para las elecciones en Coahuila, Estado de México y Nayarit el domingo en la noche. Aunque Michoacán distraerá la atención de algunos pocos, a partir del lunes próximo todos los recursos materiales y humanos de los partidos se enfocarán a las precandidaturas y a los procesos electorales federales del 2012.
En vísperas de lo que se anticipa y previo al 7 de julio -plazo límite para llevar a cabo cambios en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y otros ordenamientos en materia electoral aplicables a las elecciones del 2012-, el Instituto Federal Electoral debatió y aprobó importantes reformas a algunos de los reglamentos.
Aparte de las acusaciones de censura en contra de ese instituto, que desde el 11 de junio ocuparon incontables espacios en todos los medios, por el reconocimiento de la obligación del IFE de llevar a cabo procedimientos sancionatorios en contra de los medios que no concedan derecho de réplica a precandidatos y candidatos durante su campaña, la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión trabajó para boicotear las reformas al Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral, y que para su frustración fue aprobado el lunes pasado.
Dos son los temas que impulsaron la intensa campaña mediática en contra: El primero y muy visible se refiere al plazo para poner al aire los spots presentados al IFE por los partidos políticos. Conforme al reglamento anterior, el plazo para transmisión de spots presentados al IFE por los partidos era de 10 días hábiles para emisoras en el interior de la República y de ocho para emisoras en el Distrito Federal. Pero este plazo comenzaba a contarse a partir de que los partidos políticos entregaban el material al IFE, en tanto que con las modificaciones el plazo sólo cuenta a partir de que los medios reciben el material.
Tratando de confundir, la CIRT y sus representantes comparan una manzana con una de sus mitades, exagerando el alcance de las modificaciones para curarse en salud de posteriores incumplimientos. Pero cabe aclarar que cuando los partidos políticos compraban el espacio publicitario a esas mismas emisoras, las transmisiones de spots y sus cambios eran inmediatos, ¿será que la tecnología evolucionó para peor?
El segundo tema, por el que el IFE ha tenido que enfrentar presiones políticas que sin ser públicas -o tan públicas-, pero que está presente en todos los debates con la CIRT, es el de las radios comunitarias. El nuevo reglamento confiere a estas emisoras un trato especial acorde a las dificultades técnicas y humanas a las que se enfrentan para atender a sus comunidades, reconociendo sus fines exclusivamente sociales y su imposibilidad de allegarse recursos para financiar su operación.
Las reformas al reglamento reconocen la existencia de estas radiodifusoras, su naturaleza y origen, y la importancia de la función social que cumplen al atender comunidades en su mayoría apartadas, excluidas y marginadas, muchas de las cuales quedarían incomunicadas si las estaciones de radio que esas mismas comunidades operan dejaran de existir.
Definidas como "medios privados operados por asociaciones civiles sin fines de lucro, que no cuenten con un techo presupuestal público y que se encuentren imposibilitados para obtener ingresos por transmisiones de anuncios comerciales", las radios comunitarias no pueden representar competencia para las emisoras comerciales. Sin embargo, esto en nada ha menguado la cruzada emprendida por la CIRT por desaparecerlas.
A nadie debe extrañar que los esfuerzos del consejero electoral del IFE Marco Baños por impulsar las reformas a favor de estas emisoras contrariaran a una buena parte de los asociados de esa cámara. Pero pese a los amagos de la CIRT el IFE hizo gala de su sentido de justicia, coronando también la labor de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información a favor de las radios comunitarias y de su actual presidenta, Aleida Calleja, quien hasta hace poco presidía la AMARC (Asociación Mundial de Radios Comunitarias).
Ellos nos confirman que en México hasta lo increíble es posible, y que es factible triunfar incluso teniendo en contra a los poderosos medios.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 5:37 No hay comentarios:
EL DERECHO A LA LUCHA INSACIABLE POR LA JUSTICIA Y LA PAZ
El Cerro del Chapulín, mejor conocido como el Castillo de Chapultepec, fue el punto de encuentro donde se dieron cita el pasado jueves, el Poder Ejecutivo encabezado por el Presidente de la República Felipe Calderón, y representantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta Javier Sicilia.
En un intento por visibilizar a las miles de personas que han quedado en el sepulcro (hombres, mujeres, jóvenes y niños) como resultado de la guerra del gobierno panista y en un ejercicio de diálogo, algunas víctimas contaron sus vivencias.
Al escuchar los testimonios que rindieron en presencia del Presidente Calderón, nos encontramos con una narrativa viva de los familiares que aún tienen la herida abierta, por donde supura el dolor y el coraje que busca embriagarse de justicia a fin de encontrar un poco de resignación.
El diálogo estuvo entronado por algunas víctimas que, en ese momento se convirtieron en portavoz de las miles que estaban ausentes, en nombre de sus muertos reclamaron al gobierno su incapacidad para garantizar a todos seguridad y su responsabilidad en la impunidad gestada en todas las esferas de gobierno.
Reclamaron al gobierno de Calderón su indiferencia para atender los miles de casos de personas desaparecidas; la corrupción de las autoridades que se encuentran inmiscuidas con las redes criminales y el cinismo absurdo con que se les protege; el caso de Marisela Escobedo aún impune; los cientos de casos de mujeres desaparecidas en toda la República, los femenicidios y la falta de compromiso del Estado Mexicano con los derechos humanos de las mujeres que, se ve reflejado entre muchas otras cosas más, con el incumplimiento de la sentencia “Campo Algodonero” dictada por la Corte Interamericana; la situación de los migrantes y la sucia colusión de las autoridades migratorias con los delincuentes, la falta de investigaciones y la lentitud de las autoridades para actuar, fueron parte de las demandas de la sociedad civil.
María Herrera Magdaleno, una de las víctimas presentes que ha perdido a cuatro hijos en lo que va de esta guerra, con voz aguda, plagada de dolor, estando cara a cara con el Presidente, apuntó: “Señor Calderón, todo esto demuestra su incapacidad para garantizar justicia, su falta de interés y la de todos los políticos para garantizarnos seguridad”.
Otro de los hechos que la ciudadanía reprochó fue el despilfarro de dinero que se ha destinado a esta lucha, que no se puede entender, ni traducir como una inversión, pues en vez de edificar se está destruyendo. Araceli Magdalena Rodríguez Nava dijo: “¿Esas montañas de dinero no debieron usarse mejor en la educación y empleos para los jóvenes? ¿En la edificación de más Universidades y Hospitales?”.
El poeta Javier Sicilia externo su inconformidad y declaró: “Somos víctimas inocentes. ¿Le parecemos bajas colaterales? ¿Números estadísticos? ¿El uno por ciento de los muertos? Usted debe pedir perdón. Está obligado a reconocer que su estrategia ha sido contraproducente. Miles de muertos, putrefacción de instituciones, crecimiento de los cárteles... ¿Dónde están las ganancias de su estrategia?"
El Presidente del sexenio de los más de 40 mil muertos protagonizó una disculpa pública —no por disponer de las fuerzas federales para combatir al crimen— sino por no haber podido evitar que mataran a todas las víctimas que yacen en el anonimato y el olvido, acto que a los escépticos no convenció.
Por lo que respecta a la estrategia de combate al crimen organizado, Felipe Calderón en repetidas ocasiones reiteró su postura y creencia de estar empleando la manera correcta para combatir la delincuencia. En este sentido los interlocutores dejaron en claro que su intención no es que el gobierno deje de actuar y de combatir al crimen organizado, sino precisamente que se replantee esa actuación, esa estrategia, a fin de modificar la política pública que está siendo utilizada y que sigue arrojando más pérdidas que ganancias.
Ante la situación actual que vive México y sus mexicanos es casi imposible no contristarse, no condolerse, no enrabiarse, se conmocionan los sentimientos que nos incitan a exigir paz y seguridad, de repente la garganta se engruesa para pedir a gritos un cambio en la realidad política y social del país, estamos quebrados y sangrando, la lanza que era para el toro nos fue enterrada.
El diálogo para la paz vino a poner una primera piedra que es símbolo de la esperanza por la lucha insaciable de que las cosas cambien en México.
“No es justo, no es ético, no es cristiano derramar tanta sangre, sembrar tanta desolación a lo largo y ancho del país, en una guerra que deja intactos a los principales beneficiarios económicos de la industria del narcotráfico”.[1]
[1] Araceli Magdalena Rodríguez Nava, en su testimonio rendido el jueves 23 de junio de 2011. Castillo de Chapultepec.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 5:08 No hay comentarios:
SPOTS: UN VOCHITO EN LA AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN
Lo que vimos hace unos días en la sesión del consejo general del IFE da un retrato fiel de los daños colaterales de la spotización de las campañas electorales. Concesionarios rebeldes, partidos que se desdicen, autoridades electorales que buscan pavimentar un campo minado y el desperdicio de tiempo aire en moneditas de 30 segundos. Un vochito de 4 cilindros que va por la autopista con su oxidado megáfono. Todos lo quieren rebasar. Tata ta tata.
La creciente presencia de contenidos noticiosos al minuto en las redes da cuenta de un ciclo mediático que no deja de generar contenidos. Las breaking news han adoptado el ciclo vital de las moscas: nacen, se reproducen y mueren en exactamente un día. Cuando un spot entra al ciclo noticioso lo hace en esa lógica. Los medios buscarán las reacciones de manera inmediata. Los equipos de campaña harán lo posible por controlar los daños del ataque inmediatamente, no cuatro días después. Salvo que alguien contrate de nuevo a los estrategas de López Obrador, claro está.
Vea la cobertura noticiosa de un día cualquiera. Una trenza de pipsa diario, señales electromagnéticas y teclados internautas. La prensa nacional, más segmentada en agenda y diversa en contenidos, batea primero un número determinado de hits informativos. Los noticieros de radio matutinos van retomando varias de estas notas y agregan su propia lista de temas. Son el primer giro informativo de las notas abridoras. Buscan reacciones, desmentidos, contrapuntos y al filo del medio día cierran la primera entrada con una definición de los temas y reacciones del día. Mientras tanto las redes sociales generan tráfico sobre estos temas y, a su vez, se transforman en insumo informativo para los portales electrónicos de los principales sitios de noticias en Internet.
Los noticieros de mediodía hacen un seguimiento de los temas fijados en la primera jornada informativa y van conformando una segunda partida de temas y actores. Redes sociales y portales electrónicos harán lo propio y, empujarán las notas que eventualmente encontrarán un espacio en el peleado tiempo de los noticieros estelares de las cadenas televisivas.
Cuando estemos en campaña los spots de los partidos comenzarán a transmitirse desde las seis de la mañana de manera escalonada hasta la media noche. Para que los spots encuentren un espacio en los medios tendrán que competir con otros acontecimientos ‘noticiosos’. Son realmente muy pocos los que pasan el filtro y serán, precisamente, los más controversiales los que lo hagan. Aparte del ‘cállate chachalaca” y el “manos sucias” cuántos spots fijaron la agenda de los medios en 2006. Persuasivamente hablando, los spots que hacen nota pesan mucho más que la gran mayoría de ellos que se diluyen en la pauta publicitaria de cada medio.
Lo he expresado desde la publicación de la reforma electoral 2007-2008, el modelo de comunicación política, definido por los partidos políticos no por el IFE, le quitó al spot la capacidad de interactuar con los contenidos de los medios caracterizados por ciclos noticiosos cada vez más cortos. Buscó meter en cintura a los concesionarios de la radio y la televisión para demostrarles que el Estado mexicano tenía aún el control del espectro radioeléctrico, al menos de 48 minutos diarios por estación radiofónica y canal de televisión. Intentó construir un modelo de comunicación basado en la repetición de mensajes de 30 segundos a costa de un modelo de negocio que depende enteramente de la venta de publicidad. Una medida más política que comunicativa. Todos perdimos un poco y ganamos casi nada.
El electorado ve hoy más spots políticos pero no podemos decir que esté mejor informado. Los medios perdieron por ventas de publicidad política en las elecciones pero siguen ganando por la compra millonaria de espacios de todo tipo para satisfacer la pretendida comunicación ‘social’, ergo política, de todas las oficinas de prensa en el país (sean estas rojas, amarillas o azules). Las autoridades electorales intentan llenar lagunas reglamentarias, en algunos casos haciéndolas más hondas, gracias a la ineficacia de los partidos políticos y el Congreso por redactar leyes secundarias que articulen preceptos constitucionales. De los tres consejeros vacantes mejor ni hablamos.
Los espacios para promocionarse en los medios siguen a la venta, se han incluso diversificado a falta de una regulación transversal en materia de publicidad y productos integrados. Por su parte, gobernantes, congresistas, candidatos, servidores públicos y partidos políticos siguen negociando como sea para asegurar minutos de promoción en la radio y la televisión. Así, la supercarretera de la información política irá atascada de vochitos persuasivos. El coche más lento terminó también siendo el más ruidoso. ¿Podremos escuchar otra cosa en las campañas que no sea su motorcito matraquero?﻿
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 5:04 No hay comentarios:
El derecho de réplica en materia electoral ha generado una breve pero intensa discusión sobre qué, cómo y quién debe regular este derecho humano fundamental reconocido por la Constitución. Véase si no.
Primero. La reforma constitucional en materia electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre del 2007 introdujo una adición al artículo 6º creando la figura del derecho de réplica. En el primer párrafo del artículo 6º constitucional se establece que “el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley”. Es la prerrogativa que tiene toda persona para que se inserte su declaración cuando haya sido mencionada en una nota periodística, siempre que esa información sea inexacta en su perjuicio o afecte su derecho al honor, a la vida privada o a la propia imagen.
El derecho de réplica ha sido combatido severamente por las asociaciones de propietarios de medios, quienes consideraban que esta prerrogativa restringía o limitaba el ejercicio de la libertad de expresión. Esta postura, sin embargo, ha sido matizada hoy en día por el replanteamiento del papel de los medios, habida cuenta que, al igual que muchas instituciones sociales, pasan por un periodo de reconstrucción de su credibilidad social. Así, he sostenido que este derecho representa el primer instrumento con que cuenta el ciudadano para acceder a los medios de comunicación a fin de hacer valer sus puntos de vista sobre hechos que lesionen sus derechos humanos.
De esta forma, es posible extraer algunas consideraciones sobre los objetivos de este singular derecho, entre las que destacan las siguientes: a) constituye una vía inmediata, de carácter extrajudicial, que habilita al particular para defender su honor, vida privada o imagen afectados por información inexacta, equivocada o injuriosa, mediante la difusión de las precisiones o correcciones pertinentes en el medio en que se originó la controversia; b) representa un vehículo de comunicación entre emisores y receptores, que fomenta la veracidad en la información que transmiten los medios de comunicación a la opinión pública; y c) ofrece a la sociedad civil distintas posturas y puntos de vista sobre hechos controvertidos, lo que brinda mayores elementos de juicio sobre temáticas de interés general.
Segundo. Uno de los debates es si la réplica procede contra informaciones y opiniones o sólo por aquéllas. Desde mi punto de vista, debe proceder como regla general en el caso de informaciones difundidas en perjuicio de quien puede ejercer dicho derecho, como dispone el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, reiterado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-7/86, del 29 de agosto de 1986. De manera complementaria creo, empero, que tratándose de opiniones basadas en hechos o datos incorrectos debe proceder también el derecho de réplica.
De la misma forma, hay que considerar que la fotografía o la imagen constituyen una referencia a la persona, aunque a simple vista pareciera no contestable (pese a que aquélla pudiera afectar la intimidad o se haya obtenido contra la voluntad del implicado, en este caso operaría la acción judicial para resarcir el daño moral provocado); pero si la fotografía se edita y refleja una escena que nunca existió, es posible ejercer el derecho de réplica.
La réplica no debería proceder en el caso de opiniones injuriosas por sí mismas, pues si bien es verdad que lastiman el derecho al honor, a la vida privada o a la propia imagen, la reparación debe buscarse a través de las herramientas legales que protegen ante la lesión de estos derechos. Debe limitarse sólo a aclarar o responder los datos incompletos o falsos. De no ser así, habría una serie de intercambios de puntos de vista que desnaturalizarían este derecho y podrían menoscabar el ejercicio de la libertad de expresión.
La réplica debe hacerse sin frases injuriosas contra quien se replica o contra un tercero. El principio es claro: no puede ejercerse un derecho humano mediante la lesión de los derechos de los demás. Debe ser difundida con características similares a la información controvertida. Es entendible que debe primar el principio de proporcionalidad para generar un equilibrio entre la nota replicada y la réplica en la percepción del público y en la satisfacción del propósito del derecho. Y, por supuesto, debe hacerse sólo por quien tiene interés jurídico para invocar y ejercer este derecho. De no ser así, esos puntos de vista podrían entrar, si lo decide el editor del medio de comunicación, en la sección de cartas del lector o en buzón de opiniones, pero queda claro que no está obligado a difundir esas opiniones. Más todavía, en estos casos de opiniones de terceros el editor puede sintetizar su contenido, mientras que la réplica debe difundirse textualmente.
Tercero. Sin atribuciones constitucionales ni legales, el IFE tuvo la ocurrencia de reglamentar parcialmente este derecho fundamental bajo el eufemismo de que “no genera leyes, produce reglamentos en sintonía con aquéllas y conforme a lo dispuesto en el artículo 118, inciso a) del Cofipe”, según su comunicado de prensa 108.
Es un principio jurídico universalmente aceptado que los derechos reconocidos por la Constitución sólo pueden ser reglamentados por una ley expedida por el Congreso de la Unión, a diferencia de las prescripciones establecidas en la ley secundaria, que pueden ser desarrolladas por un reglamento. La figura del reglamento lo que hace es desarrollar la ley sin alterarla ni modificarla; es decir, sin acotar ni maximizar su alcance.
De ahí, por tanto, que la idea del IFE de reglamentar el derecho de réplica tiene no sólo un impedimento constitucional, sino en el propio artículo 233, numeral 4 del Cofipe, que a la letra dice: “El derecho a que se refiere el párrafo anterior (de réplica) se ejercerá en la forma y términos que determine la ley de la materia”. En otras palabras, el IFE puede reglamentar el citado derecho siempre y cuando previamente exista una ley. No tiene atribuciones, sin embargo, para llenar lagunas o vacíos legales, por más que tenga toda la razón en deplorar el quehacer del Legislativo.
El IFE fundamentó su intento fallido de reglamentar el derecho de réplica en el artículo 118 del Cofipe, el cual señala: “El Consejo General tiene las siguientes atribuciones: a) aprobar y expedir los reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de las facultades y atribuciones del instituto”. Como el propio Cofipe lo señala, el IFE sólo puede expedir reglamentos para desarrollar su propia operación. Al final del día, el IFE no pudo encontrar la cuadratura al círculo. Para evitar reconocer sus propios yerros, optó por una salida técnicamente desafortunada. Hizo, pero no hizo nada.
En efecto, afirma que tutela el derecho de réplica al incluirlo en su Reglamento de Quejas y Denuncias, y establece que la protección del derecho referido será hecha a través del Procedimiento Especial Sancionador. Lo cierto es que no hay sanciones, no hay procedimiento y, al final de cuentas, el IFE queda como un amigable componedor de una institución jurídica que debe legislar el Congreso a la brevedad. No había ninguna necesidad de que el IFE abriera un frente más.
¿EN QUE RECTIFICAR EXACTAMENTE?
Respecto a la reunión que tuvieron en el Castillo de Chapultepec el Presidente Calderón y el escritor Javier Sicilia, me hago las siguientes reflexiones. El Presidente dijo que sabe que hay jueces inmorales y corruptos, pero que son inocentes mientras no haya pruebas en contra de ellos. ¿Entonces por qué defiende el arraigo, que además se establece en la reforma a la Constitución que él envió al Congreso en 2008, y por qué es lo mismo con la extinción de dominio pero con la agravante de que ésta se aplica sin que haya sentencia judicial que declare la culpabilidad? ¿Y por qué sin pruebas ha permitido cateos y también arraigos de parte de la Procuraduría General de la República? Cuando el escritor Javier Sicilia le preguntó acerca del caso del empresario Jorge Hank Rhon el mandatario aseguró que él nunca se enteró de la operación a cargo del Ejército, y que por supuesto aplicó las medidas disciplinarias correspondientes. ¿Eso dice el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, que debe ser informado pormenorizadamente de todo, absolutamente de todo, lo que hacen éstas? ¿Y quién fue el responsable, con qué rango, de no informarlo? A mayor abundamiento defendió la lealtad de los militares y de los ministerios públicos "que hicieron su esfuerzo y creyeron que estaban haciendo lo correcto". Y manifestó: "si acertaron o no, o se equivocaron, puede ser, pero aquí hay un universo muy grande que examinar". Cuál universo, porque la Constitución es muy clara y no es válido hacer ningún esfuerzo ni creer que se actúa correctamente cuando ello es contrario a la propia Constitución. Reconoció que el Ejército debió tener comunicación inmediata con el Ministerio Público para pedirle que solicitara del juez una orden de cateo y otra de aprehensión, y agregó: "viene el amparo del indiciado, va a ganar el amparo, porque dice "a mí por qué me persigues"... ¿pero que no valgan las pruebas, que se diga que porque es dudosa la manera en que se entró a la casa no tienen valor probatorio?" Ahora bien, por supuesto que toda persona que crea que se han violado las garantías individuales en su perjuicio tiene derecho a interponer una demanda de amparo. La que no entiendo es la pregunta presidencial en el sentido de por qué carecen de valor probatorio las pruebas obtenidas de manera dudosa. ¡Claro que carecen de valor! Desde luego admito que el Presidente no se debe disculpar por hacerle frente a la delincuencia. Sin embargo hay que hacerlo con absoluto respeto al Derecho, a la Constitución y a las leyes que de ella emanen.
Por último, el Presidente dijo: "Estoy dispuesto a rectificar, sí, nada más que quiero ver con claridad en qué exactamente". Lo que pienso sobre el particular es que la rectificación se ha de hacer en el terreno jurídico y legal. Las mismas Naciones Unidas, por ejemplo, le han llamado la atención a México acerca de la práctica del arraigo, insistiendo así mismo en la necesidad de respetar la presunción de inocencia (contenida en la Constitución). En suma, el Presidente pide perdón por no proteger la vida de las víctimas, pero no por haber actuado contra los criminales. Yo veo aquí una contradicción. En primer lugar las víctimas lo son de una "guerra atroz y sin sentido" (Sicilia), con lo que coincido plenamente, y, en segundo lugar los criminales o posibles criminales son susceptibles de volverse víctimas si se los trata al margen o en contra del Derecho. Lo señalo porque el mandatario resaltó en su Twitter que ante un panorama de hacer dos cosas, enfrentar a los criminales y reformar las instituciones "México no podía esperar a lo segundo". La cuestión radica a mi juicio en que hay que cambiar una estrategia de hecho (el ejemplo de las piedras a las que aludió el propio Presidente, para defenderse de los criminales) por una estrategia de Derecho. Pedir ver con claridad en qué debe rectificar es una especie de subterfugio que usa el Presidente para mantener una política con la que se ha comprometido a fondo. ¿O será acaso que supone que al recurrir a una estrategia estrictamente jurídica, basada en la Constitución, pierde eficacia su decisión de acabar con la delincuencia organizada?
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 4:52 No hay comentarios:
Pero además de la cantidad de cargos que estarán en disputa (en primer lugar, por supuesto, la Presidencia de la República), las elecciones de 2012 se realizarán en un contexto político, social, económico y de seguridad sumamente complicado y hasta adverso
CAMPAÑAS, S.A.
Cuando el próximo domingo por la noche se den a conocer las tendencias del resultado de la votación para gobernador en Coahuila, México y Nayarit, o de alcaldes en Hidalgo, un partido iniciará el festejo, otros denunciarán inequidades y anticiparán litigios, pero todos habrán perdido, y con ellos el electorado en su conjunto.
Lo que hemos presenciado en los procesos electorales locales que ahora llegan a término es la generalización y profundización de una forma de hacer campaña que significa no solo un retroceso, sino una nefasta condición, que parece haber devenido en estructural dentro del sistema político.
Es generalizado el reparto, entre los electores de escasos recursos, de todo tipo de bienes, así como el pago en efectivo para contratar la asistencia a los eventos o para comprar el voto. De la torta y el refresco se ha pasado al kit para el acarreado; pero lo mejor viene después: la entrega de las despensas y el reparto de materiales para construcción o incluso de electrodomésticos o bicicletas. No se trata de conductas aisladas, de hechos fortuitos, sino de una forma profesional y sistemática de hacer campaña, practicada por todos los partidos.
El reparto de dinero se ha multiplicado hasta generar una nueva industria: la renta de personas y la compra-venta de votos, actividades que organizan, en forma profesional y pagada, los llamados "operadores" de cada partido. Al amparo del desempleo y la carencia de oportunidades, los líderes de colonias populares o precarias son contactados por los promotores del voto, que a su vez dependen de los operadores profesionales de los partidos, que a su vez se conectan con las oficinas y operadores políticos del gobierno de que se trate; es una red en forma de pirámide que cubre de la punta del poder a la base de la sociedad.
Los servicios tienen tarifa y precio, que combinan tiempo, distancia y otros bienes que se entregarán a los "movilizados"; el volumen es factor que cuenta al hacer las cuentas. No es lo mismo negociar 100 asistentes a un pequeño evento, que discutir de 4 o 5 mil, y si el contrato incluye el voto, pues entonces las condiciones de pago y los precios se modifican.
A la operación profesional de acarreo de personas y compra del voto se añade la conexión con los programas sociales de cada nivel de gobierno, y al parecer todos entran en el esquema. Los padrones de beneficiarios son la materia prima para elaborar los listados de potenciales votantes, a los que operadores y promotores deben pasar a la categoría de votos asegurados. La conversión de recursos públicos en votos se realiza en todos los niveles, desde el municipio hasta las secretarías de Estado, pasando por las delegaciones, las del gobierno federal y las del DF; los palacios de los gobiernos estatales y el viejo palacio del ayuntamiento de la ciudad capital.
La Constitución establece la obligación de imparcialidad de los servidores públicos ante las contiendas electorales; pero al empleado o trabajador, de base o de mando medio, que no coopera con el partido del gobierno en turno, es casi seguro que "le darán cuello". Es sabido que en los gobiernos estatales y municipales, como en el del DF y las delegaciones, la afiliación en grupo y el pago obligado de cuotas son cosa de todos los días. El día anterior y el de la jornada electoral muchos empleados públicos tendrán que trabajar para hacer méritos en campaña.
Si esto está pasando es porque el PAN y el PRD llevan más de una década imitando y perfeccionando la vieja forma de hacer campañas; porque han hecho suyo y amplificado lo que por lustros criticaron. Porque el PRI aportó más al combate de esas prácticas cuando estaba en el poder que en los años que lleva como partido opositor. Porque ahora todos los partidos admiten como válido y natural lo que antes criticaron. Lo que hemos vivido y estamos viendo es el resultado de una postalternancia primero idealizada y luego desbarrancada.
No se trata solo de la repetición de viejas prácticas, de un retroceso, sino de un salto de calidad en la deformación de nuestra precaria democracia electoral. La compra y coacción del voto ha sido convertida en una industria, en una actividad profesional, cada vez más lucrativa.
Campañas, S.A. debería ser el nombre las secretarías de asuntos electorales de los partidos.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 6:29 No hay comentarios:
Todos recordarán cómo destacados locutores, periodistas y dueños de las empresas dominantes de radio y televisión tomaron el Senado mientras se discutía la reforma electoral en septiembre de 2007. Posteriormente, la CIRT de repente decidió reivindicar de manera cínica los mecanismos de democracia directa al llamar a un “referendo” nacional con el fin de derogar la reforma. Después, las principales televisoras desafiaron abiertamente a las instituciones electorales al negarse a recibir los promocionales de parte del IFE e incluso interrumpir a partidos de futbol con los mensajes de los partidos políticos, con el fin de generar un repudio social en contra de la reforma electoral.
Ante este doble fracaso, la tercera vía ha sido el auspicio de un amplio mercado negro de compraventa de entrevistas, opiniones y cobertura noticiosa donde se manejan incontables sumas de dinero. Aquí los medios han ganado la batalla, ya que tanto el IFE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se han hecho de la vista gorda ante casos claves, como los promocionales del quinto Informe de Peña Nieto, la compra de propaganda disfrazada por el PVEM y la famosa “entrevista” a Demetrio Sodi durante un partido de futbol en 2009.
Además, asegurar el derecho de réplica de ninguna manera implica la “censura” de contenidos. Todo lo contrario: si se garantiza este derecho se vuelve menos necesario cualquier tentación de censura previa, precisamente porque los hechos falsos o engañosos podrán ser corregidos posteriormente por los afectados.
La amenaza de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión de propiciar la nulidad de las elecciones de 2012 por un “incumplimiento masivo” de las pautas publicitarias no es más que un vil chantaje que busca doblar a las instituciones electorales y darle el tiro de gracia a la reforma electoral de 2007. La sociedad y el IFE no lo podemos permitir.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 6:26 No hay comentarios:
COMICIOS 2011: UN FACTOR DE TRANQUILIDAD
Como resultado de las elecciones del 3 de julio, el país habrá de renovar tres gubernaturas, media centena de diputaciones locales por ambos principios y poco más de 100 ayuntamientos.
En México, hasta hace algunas décadas estas ocasiones eran un factor de intranquilidad, pues la sociedad sabía que la lucha por el poder político podía desbordarse y generar conflictos, movilización y violencia. Por fortuna se optó por un cambio de gran calado, al crear instituciones democráticas robustas que, desde fines del siglo pasado, dan cauce a la competencia político-electoral. Por la solidez de su diseño y el rigor de su operación cotidiana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Federal Electoral (IFE) son, con frecuencia, utilizados como referentes internacionales de experiencias exitosas.
No obstante, las elecciones del 2006 recordaron al país la necesidad de mantener frescura y actualidad, tanto en la norma como en las organizaciones. Las fórmulas que habían funcionado bien por años podían perder niveles de desempeño institucional en situaciones límite si no se mantenían ajustadas y vigentes.
Esa nueva enseñanza fue aprendida y asumida con gran responsabilidad. Por poner algunos ejemplos, el Senado encontró perfiles de consenso al designar a los magistrados de la Sala Superior del TEPJF; el Constituyente permanente inyectó importantes dosis de equidad al reformar la Carta Magna en 2007, y el Legislador reformó con éxito las leyes electorales, no sólo para hacer operables los nuevos principios, sino también para fortalecer las instituciones del sistema electoral mexicano.
El Tribunal Electoral asumió con entusiasmo los nuevos retos. Debía, por un lado, generar criterios interpretativos para las nuevas reglas del juego. Era menester, por el otro lado, modernizar su organización interna con velocidad, pues la nueva regulación y, sobre todo, el reclamo social le demandaban ser más eficiente, más transparente y más cercano a los ciudadanos.
Esa repentina necesidad de interpretaciones jurisdiccionales es la que explica que hayan cobrado tanta notoriedad las decisiones del Tribunal en cuanto a las precampañas, los límites a la propaganda gubernamental en periodos de elecciones, la promoción personalizada de candidatos y la legitimación de los medios de comunicación como entes facultados para promover medios de impugnación en materia electoral.
Pero la centralidad que han adquirido la justicia electoral y el derecho se pone de manifiesto, sobre todo, en el alto volumen de asuntos que se ponen a consideración del Tribunal Electoral. De noviembre de 2006 a la fecha, hemos resuelto casi 39 mil asuntos, es decir, aproximadamente dos tercios del total resuelto por el propio Tribunal a lo largo de toda su historia.
El Tribunal encontró novedosas fórmulas para ser más eficiente y acercarse más a los ciudadanos. Así, por ejemplo, se pusieron en operación Salas Regionales permanentes. Se implantaron, además, esquemas de notificaciones electrónicas y estrados electrónicos que permiten que —a través del internet— se dé acceso a la revisión de expedientes y se cumpla con formalidades procesales, sin la necesidad de desplazamientos para los actuarios y para los justiciables.
Pero todas estas acciones no son suficientes para mantener vigente la democracia si no cuenta con el respaldo de los ciudadanos. De ahí que los magistrados del Tribunal impulsan programas televisados, foros públicos de discusión y publicaciones de divulgación, en que se dan a conocer las razones que subyacen a las principales sentencias emitidas, así como el análisis crítico que expertos ajenos al Tribunal pudieran emitir. Con ello, el proceso jurisdiccional se ha vuelto más conocido.
Las elecciones del próximo domingo son una prueba más de las muchas que han tenido las instituciones electorales del país después de las elecciones de 2006. El esfuerzo ha valido la pena. Los procesos locales y federales que se han llevado a cabo a lo largo de toda la geografía nacional se han conseguido sin quebrantos políticos. Todas las elecciones se han llevado a cabo y las personas electas han asumido sus cargos, una vez finalizada la ruta impugnativa. Las instituciones democráticas del país son, por ello, fuente de confianza para la vida política del país.
OTRA VEZ LA MANCUERNA PRI-CIRT
Copada por el poder de las televisoras y usada como cañón de guerra para conseguirle a éstas privilegios que los radiodifusores no han alcanzado para sí, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) acredita por estos días el gen priísta con el que ha militado durante muchos años en contra de la renovación y el cambio democrático, de la consolidación de un Estado de derecho moderno. Despliega grotescamente, en nombre de la libertad de expresión, una estrategia de socavación institucional del IFE, mediante una serie de embustes y magnificaciones que buscan confundir a la población, atemorizar a las autoridades electorales, doblegar otra vez a los partidos y evitar reglas que los sometan al cumplimiento cabal de la reforma electoral del 2007, que resisten con todas las armas a su alcance, incluida la mentira.
Es probable que no todos los miembros de esa cámara compartan la arremetida que en contra del IFE hace a su nombre el presidente de su consejo directivo, el priísta Tristán Canales, pero en esa Cámara que agrupa a los concesionarios de los medios de comunicación electrónica hay poco margen para la deliberación abierta y la discrepancia pública. No en balde mantienen una de las posturas más atrasadas en el planeta sobre la necesaria regulación del derecho de réplica, al que se oponen indistintamente, lo pretenda legislar el Congreso o reglamentarlo el IFE.
Fruto de la alternancia del año 2000, y como casi todo organismo empresarial que cuida bien de sus intereses económicos por encima del interés público, la CIRT pareció reciclar sus lealtades políticas o, por lo menos, desembarazarse de sus más ostensibles compromisos con el PRI, como aquél por medio del cual le mantuvo durante varias décadas fuera de la pantalla y del cuadrante a la oposición en su conjunto.
Ahora vemos a la CIRT y al PRI actuando juntos, ya de manera ostensible, de nueva cuenta. Lo hacen vapuleando —con el silencio del gobierno y la postura blandengue de los demás partidos— a uno de los frutos institucionales más importantes de nuestra democracia que tanto costó a los demócratas y no a los concesionarios: el IFE.
Han llegado a un extremo bochornoso: en el Comité de Radio y Televisión del Instituto, el PRI cedió su representación a los representantes de la CIRT, quienes se han opuesto no sólo a que se garantice el derecho de réplica, sino a las modificaciones al reglamento que recorta los tiempos para poder cambiar los materiales de la propaganda electoral en los medios, y la obligación de que cada señal de radio y TV transmita los promocionales.
No importa que supuestamente se autoinfrinja el PRI una medida lesiva para sus intereses en términos de una competencia más dinámica, los intereses del duopolio de la televisión deben prevalecer, porque el arreglo con el PRI está en otro lado, no en el de los spots, sino en el manejo de la información, el trato privilegiado con el que se le construyó a un hombre ayuno de ideas e insulso de talante una candidatura ineluctable en ese partido.
Frente a este contubernio visible y documentable no es explicable que se les sigan otorgando más privilegios a las televisoras y que los partidos abandonen la defensa de la reforma electoral que colocó al IFE frente a ese colosal desafío: la regulación de los grandes consorcios de la televisión y de la radio en México. Se le ha negado al Instituto el respaldo que merecía una encomienda de esa naturaleza.
Por el contrario: se ha creado un mercado de favores con las televisoras a partir de violar la ley y hacerla aparecer como inviable. Sobre todo el PRI de Peña Nieto y su aliado el Partido Verde vulneran a la ley, se burlan de las autoridades electorales, las cooptan incluso en alianza con las televisoras a cambio de que las televisoras les den visibilidad y fama pública. Un nuevo episodio de este mercado negro violatorio a la ley acaba de ser sancionado por el IFE, pues demostró que el movimiento de López Obrador había contratado y adquirido spots radiofónicos para los diversos mítines que está realizando en diversas ciudades del país. Este hecho y otros dan cuenta del largo camino por recorrer en la democratización del país, y el insospechadamente profundo enraizamiento que tienen los intereses que se le oponen.
RAZONES PARA CRITICAR (BIEN) A LA JUSTICIA
Apenas el pasado 18 de abril la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, Gabriela Knaul, presentó su informe sobre la situación que en México guardan estos temas. El mandato, que en su momento le confirió la Comisión de Derechos Humanos, consistió en identificar los rezagos a la independencia de la judicatura, los abogados y los funcionarios judiciales, así como los progresos logrados al respecto y determinar y recomendar las formas y los medios para mejorar el sistema judicial.
El informe reconoce que el aumento de la criminalidad afecta a importantes sectores de la sociedad mexicana, lo cual exige una judicatura “sólida, independiente y efectiva en sus actuaciones”. A partir de ahí, identificó la persistencia de deficiencias estructurales y orgánicas en el sistema de justicia, especialmente en las entidades federativas.
Consideró necesario que la reforma penal adquiriera un liderazgo político y un renovado impulso “por parte de todas las instituciones y actores relevantes”. Se habló también de la necesidad de combatir la impunidad que, a su juicio, se debe en mucho a la “estructural debilidad en la investigación de los delitos”. Igualmente aludió a la necesidad de darle autonomía a las procuradurías de justicia (incluyendo la General de la República) y fortalecer los ámbitos de actuación de los Ministerios Públicos. De manera particular, consideró inadecuada la solución propuesta por el Ejecutivo en materia del fuero militar y la incompatibilidad del arraigo con el principio de presunción de inocencia.
En cuanto a la abogacía, se pronunció por el establecimiento de criterios para permitirla, calificarla y supervisarla de manera independiente para velar por su “calidad, integridad, ética y honorabilidad”.
Con base en todo lo anterior, en el informe se hicieron algunas recomendaciones: integrar los órganos jurisdiccionales en un solo poder, darle autonomía presupuestal a los órganos de justicia, separar las presidencias de los tribunales y de los consejos de la judicatura, realizar acciones de clase para mejorar la presencia de las mujeres en la justicia, fortalecer la carrera judicial y la independencia de los juzgadores, hacer impugnables las decisiones de los consejos de la judicatura, transformar a los Ministerios Públicos en instancias autónomas, tomar con seriedad la reforma penal, acotar la jurisdicción militar, clarificar las competencias entre la federación y los Estados en la persecución de los delitos, ordenar la profesión de abogado, fortalecer las defensorías públicas y lograr el más amplio acceso a la justicia.
A pesar de su importancia, el informe de la señora Knaul fue muy poco comentado en el país. Me inclino a pensar que el ninguneo al informe de la señora Knaul tiene otra fuente. Mucho de lo dicho por ella en su diagnóstico o en sus recomendaciones era y es bien conocido por nosotros. Es más, en mucho nos recuerda lo que en 2004 se concluyó hacer en el llamado Libro Blanco de la Reforma Judicial. Una agenda para la justicia en México. Lo que el informe hace en realidad es poner de manifiesto que aun cuando ya sabemos lo que tenemos que hacer en materia de justicia los juzgadores, el Ejecutivo federal y su administración, los legisladores, los abogados, los académicos y la propia sociedad civil, no lo hemos hecho.
Nuestros problemas no son de diagnóstico. Son de falta de acciones constantes de carácter legislativo, de administración, de procuración y de impartición de justicia. Ante la gravedad de los acontecimientos, es posible arrojar los males a otros órganos o poderes, tal como lo hizo el jueves pasado el Presidente de la República. Otra manera de enfrentar el asunto es volver a los fundamentos de todo auténtico proceso de cambio: asumir los errores, determinar los objetivos, establecer la estrategia, elegir a los líderes y, sobre todo, mantener la constancia, la calma y el entusiasmo. Todo esto, a pesar de su obviedad, cada vez está resultando más escaso.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 14:54 1 comentario:
Confieso mi ignorancia de origen respecto de los asuntos penales. Pero sí suelo leer la Constitución, lo que no me parece que hagan los funcionarios públicos, como lo acaba de demostrar la arbitrariedad extrema con que se ha actuado en contra del ingeniero Jorge Hank Rhon.
El problema tiene diversas perspectivas. Una, la que se establece en el primer párrafo del artículo noveno, y otra, la que deriva de las facultades del Poder Ejecutivo en el uso de las fuerzas armadas.
El artículo noveno, que nos lo tendríamos que aprender de memoria, por lo menos los abogados, simplemente establece que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. En el caso del ingeniero Hank, evidentemente se violó esa norma suprema cuando miembros de la policía y del Ejército entraron violentamente en su casa, le imputaron sin mayores pruebas la posesión de un cúmulo de armas de fuego y se lo llevaron detenido sin orden de autoridad competente.
Esto nos lleva a analizar si es función de las fuerzas armadas el ejecutar actos de policía. Hay que recordar la decisión presidencial de que el Ejército forme parte de la lucha contra el narcotráfico, para lo que pudo invocarse el primer párrafo de la fracción sexta del artículo 89 constitucional, que faculta al Presidente para “preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de las fuerzas armadas permanentemente, o sea, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”. Pero no hay que pasar por alto que sólo el Presidente puede ordenar que intervengan las fuerzas armadas, siempre y cuando esté en juego la seguridad interior.
En el caso no parece que el Presidente haya tenido intervención alguna y habrá que pensar si el gobernador del estado y el mando superior del Ejército en Baja California sean los que hayan decidido la intervención de los soldados en el allanamiento de la morada de Jorge Hank y su inmediata detención. Claro está que el hecho de que sin más trámites lo hayan conducido al Distrito Federal para ponerlo a disposición de la Procuraduría General de la República puede hacer pensar que el Ejecutivo federal, por conducto de la procuraduría, dio las órdenes respectivas, lo que me permito poner en duda. El Presidente es abogado y no puede ignorar las disposiciones, tan claras, de la Constitución.
Hay que reconocerle a la justicia federal la manera tan rápida en que resolvió el problema, obligando a poner en libertad a Jorge Hank.
No se puede dudar de las intenciones electorales en el caso. La presencia del Grupo Atlacomulco, que fundó don Carlos Hank, es más que evidente en la próxima elección del gobernador del estado de México y, por lo mismo, las consecuencias de los actos inconstitucionales cometidos en perjuicio de Jorge Hank podrían repercutir en el ánimo de los ciudadanos que supuestamente están vinculados en el estado de México al PRI. Y de manera indirecta también se podrían invocar las elecciones presidenciales.
A Jorge Hank lo acusan de muchas cosas, pero no hay que olvidar que su actividad económica ha mejorado de manera notable el empleo en Tijuana y no puede olvidarse que al mismo tiempo ha provocado con éxito el crecimiento del turismo, por efímero que parezca el cruzar, momentáneamente, la frontera.
Lo verdaderamente preocupante es la falta de respeto por el mandato constitucional. Las garantías individuales no pueden ser puestas en tela de juicio por razones políticas o de lo que sean. Nuestra Constitución, tan renovada, conserva sin embargo sus esencias de tutora de los derechos individuales y sociales. Y si bien es cierto que ha sufrido mil reformas, en lo esencial conserva el espíritu del Constituyente de Querétaro y por ello ha servido de modelo de otras muchas constituciones en diversos países.
Creo en el Ejército porque tuve el privilegio de formar parte de él. No puedo decir lo mismo de la policía. Y una combinación entre ambos para fines claramente electorales, no se vale. No lo olvidemos.
Europa ingobernable, consignaba el inolvidable Il Manifesto italiano en mayo o junio de 1974. Ante el espectáculo dantesco del ataque especulativo contra la libra en 1992, el ministro Heseltine aleccionaba a un asistente que se desesperaba frente a las imágenes de la televisión británica: “That’s capitalism”. Y en el mismo tono, Henry M. Paulson, secretario del Tesoro de W. Bush (2206-09), le respondió a un asesor que no entendía por qué no habían regulado a tiempo: We were making too much money man”, le hacen decir al financiero en la formidable producción de HBO de Too big to fail.
RETÓRICA DE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES
Ya llevamos unas décadas –quizás más- admitiendo con paso veloz y sin mayor examen, esa admonición económica que nos llama la atención acerca de las-reformas-estructurales-que-necesita-el-país.
Sesudos estudios de instituciones internacionales; libros enteros; intelectuales afamados; funcionarios del Banco de México o de Hacienda; políticos y comentaristas repiten la misma reprimenda todos los días. Y fue el Presidente Fox quien la coronó en la conciencia televisada nacional con su famoso spot, en 2003: “Quítale el freno al cambio”.
La lógica de la retórica es sencilla: algunos avispados ya descubrieron la verdadera agenda nacional, ellos ya saben que existe un irrecusable y obligado puñado de cambios estructurales, los cuales, nos aseguran la prosperidad (cambio en las pensiones, en el mercado laboral, abrir Pemex a la inversión privada y restar impuestos a los ricos). México no ha crecido porque no hace esas reformas y quienes se oponen a ellas son los peores intereses enquistados (sindicatos molestos, partidos de izquierda, inercias burocráticas, intelectuales marchitos y premodernos, etcétera).
Con el tiempo la retórica se hizo cada vez más intransigente y ahora no admite debate, análisis ni diagnósticos alternativos. No responde ni hace caso, por ejemplo, de estas constataciones:
1.- México ha metabolizado decenas y muy diversas reformas estructurales, al menos desde 1985, y lo que vivimos a estas alturas son, precisamente, sus consecuencias (no su ausencia).
2.- Tampoco admite que algunas de esas reformas han derivado en algo parecido a un fracaso (por ejemplo la privatización bancaria o la pasión por los muchos tratados de libre comercio, olvidando a China).
3.- No tienen explicaciones al hecho rotundo de que los afectados por las reformas estructurales son y han sido siempre los mismos: trabajadores asalariados, urbanos y agrícolas, clases medias y pensionados.
4- El modelo ha dependido de la reproducción de un mercado laboral débil. En 35 años, el salario mínimo de México constituye una cuarta parte del que se percibía en 1976, una disminución de 78 por ciento. Si los términos salariales hubiesen permanecido nada más que estancados, el salario mínimo en 2011 rondaría los 6 mil 984 pesos, y no los mil 794 que realmente se pagan hoy. Pero la exportación, el control de precios, la atracción de capitales -las grandes promesas del modelo- han dependido de los salarios menguantes.
5.- Y finalmente: las reformas han apuntado siempre a restar instrumentos al Estado. Liberalizar, desregular, privatizar- las palabras maestras de la época- han causado una generalizada hemiplejía en las posibilidades del gobierno para actuar, estimular y corregir las muchas fallas del mercado.
Luego de tres décadas, creo, nos merecemos esa discusión, un balance sobre lo que hemos reformado y sobre los llamados a las “urgentes reformas estructurales”. Sin ese recuento obligado, el imperativo seguirá siendo poco más que una fraseología ritual, repetida por costumbre, sin respaldo, aliento ni intenciones declaradas y precisas.
Y lo peor: poco a poco, la plaga de reformadores compulsivos se tornan cada vez menos respetuosos con la democracia y el pluralismo. Allí está el Premio Nobel, Lawrence R. Klein, en cuyo libro "The Making of National Economic Forecasts" afirma a las claras: "México ha logrado algunos avances en términos de reformas, pero el proceso ha sido lento y la llegada del cambio político ha interrumpido el cambio estructural”. O sea, además de todo, la democracia estorba y ha venido a complicar la feliz modernización económica liberal.
Hay que decirlo claro: nuestra época vive las consecuencias –no la falta- de reformas estructurales; no son hipótesis y sus resultados están a la vista: en 30 años, el país acumula un saldo decepcionante en materia de crecimiento y de ingreso, lo que debería cuestionar el contenido y el sentido general de esas reformas y no pedir, tramposamente, más de lo mismo en nombre de no sabemos qué cálculos del porvenir.
Estoy convencido que allí está una de las principales discusiones públicas de nuestro tiempo: ¿Qué han producido nuestras reformas estructurales? ¿De veras necesitamos más? ¿Cuáles, quien las pagaría y a cargo de qué intereses? ¿Podemos prescindir del Congreso y de los circuitos de decisión pluralista en nombre de la pureza técnica? ¿No es necesaria, acaso, una reforma estructural para la seguridad económica y la redistribución precisamente para abrir el camino a otros cambios importantes?
Hay que volver sobre el asunto…
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 14:19 No hay comentarios:
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PERÚ: NOHABRÁ LUNA DE MIEL
PARA REDESCUBRINOS
PUENTES Y CONSENSOS
50 AÑOS DE LA OCDE
LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS JUECES

References: in fine
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 14
 artículo 118
 artículo 233
 artículo 118
 artículo 89