Source: https://erreius.com/Jurisprudencia/documento/20180510095452877
Timestamp: 2018-11-14 09:31:56+00:00

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Despido. Indemnización por antigüedad. Tope. Declaración de inconstitucionalidad. Reducción superior al 33%. Convenio colectivo. Doctrina de la Corte
Se resuelve la constitucionalidad del tope fijado en el art 245 LCT, atento a que entre el sueldo base a utilizar a los fines de calcular la indemnización y el tope indemnizatorio del CCT aplicable no existe una merma de más del 33% (doctrina del fallo Vizzotti). Asimismo, se destacó, por mayoría, que los jueces, al calcular la indemnización por antigüedad, tienen la obligación de aplicar el tope previsto en el mencionado artículo 245 LCT, tanto cuando el CCT es individualizado por su número como cuando, por la descripción de los hechos que conciernen a la actividad desplegada por la empleadora, es indudable la aplicación de un determinado convenio.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de noviembre de 2.017, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:
I.- Contra la sentencia dictada en la anterior instancia a fs. 291/294 se alza la parte demandada a tenor del memorial que luce a fs. 298/302 cuya réplica obra a fs. 304/305. La asistencia letrada del accionante y el perito contador apelan a fs. 295 y 296, respectivamente, sus honorarios por estimarlos reducidos.
II.- Memoro que la Sra. Jueza a-quo hizo lugar a las diferencias salariales e indemnizatorias reclamadas en el inicio como consecuencia del despido incausado dispuesto por la patronal el 17 de agosto de 2012. Para así decidir, entendió que la liquidación abonada al Sr. De Martino resultó insuficiente en razón de que no se contemplaron rubros de naturaleza salarial (gastos por uso de vehículo, cobertura médica y telefonía celular). En consecuencia, fijó la base de cálculo teniendo en cuenta la real remuneración del actor y sin ningún tipo de tope, previa declaración de inconstitucionalidad del art. 153 de la ley 24.013 (modificatorio del art. 245 de la LCT)
III.- La accionada se agravia porque, a su entender, resulta improcedente considerar, a los fines indemnizatorios, el salario percibido por el actor sin la limitación establecida en la normativa laboral. Transcribe jurisprudencia en apoyo de su tesitura. Por otro lado, cuestiona la sanción prevista en el art. 80 de la LCT, argumenta que los certificados laborales siempre estuvieron a disposición del actor. Finalmente, reclama que se detraiga del monto de condena la parte proporcional del “Bonus Anual”. Sostiene que el Sr. De Martino no solo no cumplió con los objetivos fijados por la empresa, para hacerse acreedor a esta gratificación, sino que al tratarse de un rubro que se abonaba de manera anual, no corresponde su pago de manera parcial.
IV.- De la forma en que fue planteado, considero que el recurso interpuesto por la demandada debe ser declarado desierto pues no cumple con los requisitos exigidos por el art.116 de la LO.
En efecto, dicha pieza no contiene una crítica concreta y razonada de la sentencia que se ataca, al punto que la quejosa no consigna cuáles son los agravios concretos que le produce el fallo, ni los errores de hecho o de derecho que se imputan a la Sentenciante. Tan sólo se limita a insistir en su postura inicial que fuera expresamente desestimada en la anterior instancia.
Al respecto, se tiene dicho que el escrito de fundamentación de un recurso de apelación debe contener un análisis serio, razonado y crítico de la sentencia que se pretende revocar, tendiente a demostrar que es errónea, injusta o contraria a derecho, debiéndose apreciar concretamente los errores y omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al fallo especificando con toda exactitud cuál es el gravamen concreto que le produce el pronunciamiento. Por ello, no constituye una verdadera expresión de agravios el escrito que sólo contiene simples afirmaciones dogmáticas, con alegaciones genéricas sobre las pruebas. Esto es: el escrito de fundamentación debe autoabastecerse, a lo que hay que agregar que expresar disconformidad no es criticar, si no se consigna expresamente cuál es el agravio irreparable que se le irroga (conf. Morello-Lanza y Otros “Código de Procedimientos Comentado y Anotado” Tº III, pág.453 y ssgtes. Ed.Platense- Abeledo Perrot, Bs. As.1971).
Sin perjuicio de lo expuesto y al sólo efecto de satisfacer el derecho de defensa de la recurrente, haré las siguientes consideraciones.
1. Con relación al primero de los agravios esgrimidos por el recurrente, dirigido a cuestionar la base de cálculo determinada en origen, existe un impedimento formal que no permite hacer lugar a lo peticionado.
En efecto, conforme surge de la lectura de la contestación de demanda, la demandada sostuvo, de manera defensiva, que las diferencias salariales e indemnizatorias reclamadas por el Sr. De Martino no podían prosperar, pues la mejor remuneración mensual normal y habitual denunciada superaba el tope previsto por el art. 245 de la LCT. Afirmó que la aplicación del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Vizzotti” resultó el fundamento de su tesis.
Cabe señalar que llega firme a esta instancia revisora que la Sra. Jueza de grado atribuyó naturaleza salarial al 50% de los gastos por el uso del vehículo y el 30% por el uso de telefonía celular, incrementándose de esa manera la base de cálculo de la indemnización por antigüedad
Ahora bien, y más allá que la Judicante declaró la inconstitucionalidad de la limitación prevista en el art.245 de la LCT, lo cierto es que el quejoso si bien invocó de manera imprecisa que la convención colectiva aplicable al trabajador, era el de la actividad metalúrgica, tal circunstancia no alcanza por si sola para hacer lugar a su defensa pues debió individualizarla concretamente tal como ordena el art. 8º de la L.C.T. En virtud de ello no es posible conocer límite indemnizatorio aplicable para así, luego, poder cotejar si el mismo superaba los parámetros objetivos fijados en la norma de referencia. Si el recurrente pretendía cuestionar el salario invocado por el accionante debió mínimamente mencionar cuál era la remuneración que, a su criterio, pretendió tomarse a los efectos indemnizatorios.
Lo expuesto determina, que al no poder conocer cuál fue, a criterio del apelante, la base salarial y por ende el tope convencional aplicable al caso, deviene abstracto el planteo efectuado.
2. En orden a la multa del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo el apelante sostiene que resulta improcedente atento que puso a disposición los pertinentes certificados en el plazo previsto por el art. 3º del decreto 146/01. Agrega que el accionante jamás se presentó a retirarlos, pese a estar intimado fehacientemente.
Si bien la parte demandada habría puesto a disposición los certificados de trabajo previstos por el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (v.CD de fs. 53), la realidad es que, de acuerdo a lo resuelto en la anterior instancia, los que habría puesto a disposición y que acompañó a fs. 69/72 al contestar la demanda, no se adecuan a las reales circunstancias de la relación laboral. Esa sola circunstancia habilita la imposición de la multa que prevé la norma en cuestión, por lo que debería confirmarse.
3. Por último, la queja por la condena al pago de la parte proporcional del “Bonus Anual” tampoco tendrá favorable recepción.
Cabe puntualizar que la Sra. Magistrada de grado concluyó que del análisis del plexo probatorio el rubro en cuestión fue abonado anualmente por la empresa demandada. Por otro lado, coligió, que pese a que la accionada sostuvo que no le abonó la gratificación anual del último año porque no alcanzó los objetivos a los que estaba sujeto, la parte no explicó cuáles eran esas metas, así como tampoco acreditó su incumplimiento por parte del actor. De esta manera, aplicó la doctrina establecida en el Fallo Plenario Nº 35 (Piñol c/ Genovesi) e hizo lugar al pago proporcional del mismo.
Sentado lo expuesto, considero que la accionada, de manera errónea, al invocar el Plenario “Tulosai”, entendió que en grado se incluyó a la base salarial el bonus anual. Tal situación no sólo no fue contemplada en grado sino que tampoco fue motivo de reclamo por parte del accionante. (V. al respecto fs. 292 y vta. 4to. párrafo).
Coincido con la solución adoptada por la Sra. Juez a-quo, en el sentido que la demandada no logró exteriorizar y demostrar en que consistieron los objetivos para obtener el mentado bono. Por el contrario, entiendo, que el mismo no estaba sujeto a ningún tipo de condicionamiento, tal como lo señaló el perito contador en su informe contable, al determinar que al actor se le abonaron los premios de los años 2010 y 2011 por un total de $27.500, cada uno, en concepto de bonus. (ver fs. 227 vta) y que no se le exhibió ninguna documentación referida al esquema para el pago de rubro (ver fs. 228 vta.)
Lo expuesto, determina sin más desestimar este segmento de la apelación.
V.- En materia arancelaria, de conformidad con el mérito y eficacia de los trabajos cumplidos, el valor económico del juicio, el resultado obtenido, las facultades conferidas al Tribunal, art. 38 de la LO, los arts. 1, 3, 6, 7, 8 y 19 de la ley 21839, Decreto 16638/57 y normas arancelarias de aplicación, estimo que la totalidad de los honorarios cuestionados lucen adecuados; por lo que estimo mantenerlos.
VI.- Propongo que las costas de Alzada sean impuestas a la demandada en su calidad de objetivamente vencida (art. 68º del CPCCN) y se regulen los honorarios de los firmantes de fs. 298/302 y 304/305 en el 25% para cada uno de ellos, de lo que le corresponda percibir por su labor en la anterior etapa (art. 38 de la L.O., art. 14 Ley 21.839 y normas arancelarias de aplicación).
En síntesis, de prosperar mi voto correspondería: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de recursos y agravios; 2) Mantener los honorarios recurridos y 3) Fijar las costas de Alzada a cargo de la accionada, a cuyo fin se regulan los emolumentos de la representación letrada de la parte actora y demandada en el 25%, para cada uno de ellos, de lo que les corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia
Coincido en lo esencial con el voto de mi distinguida colega Gloria M. Pasten de Ishihara. Sin embargo, disiento respetuosamente con su propuesta ante el agravio planteado por la demandada referido a la determinación de la mejor remuneración tomada en cuenta por la Sra. Magistrado de grado para calcular la indemnización prevista por el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En efecto, con relación al tope previsto en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, la demandada se queja porque no se aplicó el tope previsto en el convenio colectivo que rige la actividad de su empresa. Contrariamente con lo sostenido por mi distinguida colega preopinante, considero que dicha limitación está prevista en la ley y, en tal sentido, los jueces, al calcular la indemnización por antigüedad, tienen la obligación de aplicar el tope previsto en el mencionado artículo 245 (o el que estimen pertinente si fuera planteada su inconstitucionalidad), tanto cuando el CCT es individualizado por su número como cuando, por la descripción de los hechos que conciernen a la actividad desplegada por la empleadora, es indudable la aplicación de un determinado convenio, al que las partes, aún sin indicar su número, hacen referencia explícita a través de sus argumentaciones.
Estimo que aun cuando ninguna de las partes hubiese denunciado convenio alguno en sus escritos de inicio y contestación , lo cierto es que, tal como he sostenido en casos análogos al presente, dada la limitación prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, los jueces, al calcular la indemnización por antigüedad tienen la obligación de aplicar el tope allí previsto, tanto cuando el CCT es individualizado por su número como cuando, por la descripción de los hechos que conciernen a la actividad desplegada por la empleadora, es indudable la aplicación de un determinado convenio (ver, entre otros, “Bodegas y Viñedos Santiago Graffigna Ltda. SRL y otro s/ Pennesi Mauricio Javier s/ consignación", Sentencia Definitiva Nº 95.571 del 29/2/2008, del registro de la Sala II).
Asimismo, la accionada se queja porque se habría declarado la inconstitucionalidad del referido artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo en desmedro de la doctrina sentada por el Alto Tribunal en el fallo “Vizzoti c/ Amsa”.
En tal sentido se impone señalar que la limitación en cuestión no genera una disminución que pueda considerarse vulneratoria del derecho a percibir una indemnización equitativa. En efecto, no encuentro viable el planteo constitucional que se dedujo contra ese aspecto de la norma porque entiendo que no se encuentra afectada la protección contra el despido arbitrario, ni el derecho a percibir una compensación en el marco del sistema de estabilidad relativa impropia de carácter tarifario que rige en nuestro derecho y que, entonces, ello no traduce una supresión ni desnaturalización del derecho establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional (conf. CSJN, "Ulman c/Vasa", sentencia del 11/9/1984, en TySS 1984, pág.966). Como es evidente, la citada norma constitucional, si bien prevé la protección contra el despido arbitrario, no especifica el procedimiento a seguir sino que lo deja librado al criterio legislativo; y, realmente, en el marco de un sistema tarifario como el que desde antiguo rige en nuestra legislación, la fijación de un tope en el cálculo indemnizatorio no aparece como contrapuesta a la directiva constitucional apuntada.
Posteriormente, en "Villarreal, Adolfo c/ Roemmers" (CSJN, sentencia del 10/12/1997, en DT 1998-A, pág.515), el Alto Tribunal, valorando las circunstancias propias de esa causa, entendió que la privación derivada del tope que correspondía aplicar en ese caso particular no generaba una arbitraria afectación al derecho de propiedad del reclamante. De las restantes consideraciones vertidas en ese fallo se desprende que la aplicación del tope es convalidable en términos de constitucionalidad siempre que no implique la supresión o desnaturalización del derecho que se pretende asegurar y que no traduzca la pulverización del real contenido económico del crédito indemnizatorio.
Asimismo, al pronunciarse en el caso “Vizzoti, Carlos c/ AMSA SA s/ despido” (CSJN, sentencia del 14/9/2004), la Corte Suprema de Justicia de la Nación reafirmó la validez constitucional del sistema tarifario -que incluye la limitación de la base de cálculo de la indemnización-, en la medida que la base salarial a considerar guarde una razonable relación con la contraprestación por los servicios prestados que abonaba el empleador durante la vigencia del vínculo; y, a los fines de esa valoración, consideró que no resulta razonable, justo ni equitativo que la base de cálculo indemnizatoria se reduzca en más de un 33%.
De conformidad con los lineamientos fijados por el Máximo Tribunal en “Nine, Héctor Aldo c/ Automóvil Club Argentino S.C. s/ recurso de hecho” (CSJN, sentencia del 7/2/2006), entre otros, corresponde analizar si entre el sueldo base a utilizar a los fines de calcular la indemnización del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y el tope indemnizatorio existe una merma de más del 33% y, en caso de verificarse tal extremo, declarar la inconstitucionalidad del tope previsto en el ya referido artículo 245 y utilizar como base de cálculo, conforme la doctrina emanada del mencionado “Vizzoti”, el 67% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual.
En el presente, dado que la mejor remuneración mensual, normal y habitual informada por el perito contador fue de $ 22.436,17.- (conf. respuestas brindadas por el experto a fs. 261/262 y según fallo de grado, fs.292vta.) y que tal importe excede el tope de $ 15.764,67.- (conf. CCT 260/75, aplicable en el presente, tal como informara el experto contable a fs.261), en las particulares circunstancias de autos, corresponde tomar como base de cálculo el tope convencional referido en tanto no representa una quita mayor del referido 33%. En tales condiciones, teniendo en cuenta que la base de cálculo es de $ 15.764,67.- y la antigüedad computable (4 períodos), la indemnización por antigüedad devengada alcanza la suma de $ 63.058,68.-
Lo expuesto impone recalcular el incremento artículo 2º de la Ley 25.323 -cuya procedencia llega firme a esta Alzada-, sobre el que la indemnización por antigüedad tiene incidencia. Así tal concepto alcanza la cantidad de $ 4.581,70.- (diferencia de indemnización art. 245 LCT: $ 2.367,40.- + diferencia de indemnización sustitutiva por falta de preaviso con sac prop.: $ 6.656,60.- + diferencia de integración del mes de despido con sac prop.: $ 139,40.-, totalizan $ 9.163,40.- x 50%).
En consecuencia, corresponde diferir a condena los siguientes rubros y montos, que llegan firmes a esta etapa, a excepción de los ítems a) y f) cuyo monto se propicia modificar en el presente:
a) Dif. indemnización por antigüedad: $ 2.367,40.-
b) Dif. indemnización sustitutiva falta de preaviso con sac prop.: $6.656,60.-
c) Dif. integración del mes de despido con sac prop.: $ 139,40.-
d) Dif. sac proporcional (48 días): $ 137,99.-
e) bono proporcional : $ 17.013,70.-
f) artículo 2º ley 25.323: $ 4.581,70.-
g) artículo 80 LCT: $ 67.308,53.-
Estos conceptos alcanzan un total de $ 98.205,32.-, cantidad que ya contempla los importes abonados por la demandada (por la suma total de $ 90.075,90.-). A tal suma, corresponde aplicar los accesorios dispuestos en origen hasta el 30/11/2017 (actas Nº 2601 y 2630 CNAT), y a partir del 01/12/2017 hasta la efectiva cancelación del crédito, la tasa dispuesta en el acta CNAT Nº2658.
Más allá de la modificación parcial que se propicia, al reducir el monto de condena dispuesto en origen, corresponde mantener la imposición de las costas a cargo de la demandada, vencida en lo sustancial del pleito (art.68 CPCC). Los porcentajes de honorarios de la representación letrada de las partes y señor perito contador intervinientes estimo que resultan razonables, aunque bien deben ser referidos al nuevo monto de condena (art. 38 LO y art. 14 de la ley 21.839).
Finalmente, considero que las costas de Alzada deberían distribuirse en el 80% a cargo de la demandada y en el 20% restante a cargo del accionante, en atención a los vencimientos parciales obtenidos por las partes en esta etapa (art. 68, 71 y c.c. CPCC), a cuyo efecto propongo regular los honorarios de los señores letrados firmantes de los escritos de fojas 298/302 y fojas 304/305 en …% y …% respectivamente, a calcular sobre lo que a cada uno de ellos le corresponda percibir por su actuación en la anterior etapa (art. 38 LO y art. 14 de la ley 21.839).
Por todo lo expuesto, de compartirse mi criterio, correspondería: a) Confirmar la sentencia apelada en cuanto pronuncia condena y reducir el capital nominal de condena a la suma de $ 98.205,32.- con más los accesorios dispuestos en origen hasta el 30/11/ 2017 (actas Nº 2601 y 2630 CNAT), y a partir del 1º/12/2017 hasta la efectiva cancelación del crédito, la tasa dispuesta en el acta CNAT Nº 2658.; b) Mantener la imposición de costas de grado a cargo de la demandada vencida; c) Confirmar las regulaciones de honorarios dispuestas en grado, si bien los porcentajes deben ser referidos al nuevo monto de condena; d) Fijar las costas de Alzada en el 80% a cargo de la demandada y en el 20% restante a cargo del accionante, atento los vencimientos parciales obtenidos por las partes; e) Regular los honorarios de los señores letrados firmantes de los escritos de fojas 298/302 y fojas 304/305 en …% y …% respectivamente, a calcular sobre lo que a cada uno de ellos le corresponda percibir por su actuación en la anterior etapa.
Que adhiere al voto que antecede por compartir sus fundamentos y conclusiones.
A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: a) Confirmar la sentencia apelada en cuanto pronuncia condena y reducir el capital nominal de condena a la suma de $ 98.205,32.- con más los accesorios dispuestos en origen hasta el 30/11/ 2017 (actas Nº 2601 y 2630 CNAT), y a partir del 1º/12/2017 hasta la efectiva cancelación del crédito, la tasa dispuesta en el acta CNAT Nº 2658.; b) Mantener la imposición de costas de grado a cargo de la demandada vencida; c) Confirmar las regulaciones de honorarios dispuestas en grado, si bien los porcentajes deben ser referidos al nuevo monto de condena; d) Fijar las costas de Alzada en el 80% a cargo de la demandada y en el 20% restante a cargo del accionante, atento los vencimientos parciales obtenidos por las partes; e) Regular los honorarios de los señores letrados firmantes de los escritos de fojas 298/302 y fojas 304/305 en …% y …% respectivamente, a calcular sobre lo que a cada uno de ellos le corresponda percibir por su actuación en la anterior etapa.
Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese (at. 4º, Acordada CSJN Nº 15/13) y devuélvase.
En Buenos Aires, a los 22 días de noviembre de 2017 se dispone el libramiento de notificaciones electrónicas
En Buenos Aires, a los 22 días de noviembre de 2017 se notifica electrónicamente al Sr. Fiscal General la Resolución que antecede.
Vizzoti, Carlos A. c/AMSA SA s/despido - (Leading Case) - Corte Sup. Just. Nac. - 14/09/2004 - Cita digital IUSJU127649A
Cita digital:IUSJU026031E

References: artículo 245
 artículo 245
 artículo 245
 artículo 245
 artículo 245
 artículo 245
 artículo 14
 artículo 245
 artículo 245
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 80
 Resolución