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Timestamp: 2016-12-11 13:48:51+00:00

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[Sentencia C- 648/10]- Constitucionalidad contra el artículo 333 de la Ley 906 de 2004- Código de Procedimiento Penal | laboralparatodos.com
[Sentencia C- 648/10]- Constitucionalidad contra el artículo 333 de la Ley 906 de 2004- Código de Procedimiento Penal
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Referencia: expediente D- 8014
“el aparte demandado restringió indebidamente la defensa tanto material como técnica, pues impidió que el investigado o su defensor participaran en la audiencia de preclusión bien fuera para 1. Coadyuvar la solicitud de la Fiscalía; 2. Alegar una causal diferente que sustente la solicitud de preclusión elevada por la Fiscalía; cualquiera de las anteriores aportando evidencias físicas y elementos materiales probatorios y 3. Controvertir lo (sic) argumentos de los demás intervinientes. Especialmente sobre esto último, el Código restringió la participación exclusivamente a la posibilidad de oponerse a la solicitud de preclusión, por lo cual es dable prever un evento de intervención del Ministerio Público y las víctimas en el cual se opongan a tal solicitud, más sin embargo la defensa, al no oponerse a la solicitud propiamente sino a las intervenciones de los demás sujetos, no podrá intervenir según la lectura de la norma demandada. La norma es clara: únicamente la intervención se limitó a los eventos de oposición de la solicitud, por ende, se excluyó que el investigado o su defensor pudieran desplegar cualquiera de las 3 opciones anteriores, lo cual hubiera implicado el pleno ejercicio del derecho a la defensa material y técnica”. Más adelante señala que “consagrar la participación de la defensa pero únicamente para acompañar a la Fiscalía utilizando idénticos argumentos, no lograría garantizar de forma alguna el derecho a la defensa material y técnica pues en su aspecto sustancial se involucra la posibilidad de activamente pretender llevar al convencimiento al juez sobre la ausencia de responsabilidad penal, por lo cual, no poder proponer argumentos adicionales, causales diferentes o nueva evidencia, conlleva que sustancialmente el derecho de defensa no podrá lograr su cometido pues ya todo quedaría dicho por la Fiscalía y la participación de la defensa se limitaría a repetir tales planteamientos”.
“A las víctimas les estaría permitido, en concreto en virtud de la sentencia C- 209 de 2007, la posibilidad de intervenir en la audiencia de preclusión para controvertir las evidencias allegadas por la Fiscalía y para aportar evidencias que impidan la configuración de alguna de las causales de preclusión. Por el contrario, a la defensa, a pesar de estarle permitida su intervención, tal intervención únicamente se supedita al evento de la oposición a la solicitud de la Fiscalía. Claramente, a pesar de estar consagrada una igualdad formal, pues ambos sujetos procesales se encuentran en la posibilidad de intervenir si se oponen a la solicitud de la Fiscalía, tal norma tiene efectos sustancialmente diferentes sobre los mentados sujetos. En punto de la igualdad material y real, el efectivo despliegue de sus derechos es tratado de manera diferente, pues mientras la víctima alegará lo que en principio es coherente con sus derechos, la defensa no podrá alegar lo que a ella le interesa primordialmente. A renglón seguido, concluye afirmando que “si a la víctima se le permitió plenamente el ejercicio de sus derechos, no puede menos consagrarse para la defensa. Los dos sujetos, de cara a las pretensiones que les interesan, deben contar con igualdad de oportunidades para acudir ante el aparato jurisdiccional en torno a lograr la decisión de fondo que le favorezca. Lo anterior implica intervenir con igualdad de oportunidades en la audiencia de preclusión, proponiendo evidencias para sostener sus afirmaciones y controvirtiendo las que sean aducidas por la parte contraria”.
Explica que el derecho de defensa es una de las garantías fundamentales del proceso penal, “y tiene una importancia capital, pues permite hacer efectivas todos los derechos del imputado”. En tal sentido, a su juicio, la norma demandada no permite a la persona ejercer su derecho de contradicción frente a lo señalado en la misma audiencia por la víctima o por el apoderado del imputado, por lo cual claramente se encuentra en una posición desigual frente a las mismas. Es más, en su concepto, el C.P.P. pudo haber optado por negar la posibilidad de intervenir en la audiencia a la víctima o al ministerio público, garantizando los derechos de ambos intervinientes a través de la posibilidad de interponer recursos frente a la decisión de preclusión, tal y como sucede en Chile y Alemania.
c.	Ministerio del Interior y de Justicia.
Asegura la interviniente que el demandante edifica sus cargos sobre una interpretación “meramente subjetiva del contenido y alcance de la misma”, por cuanto el hecho de establecer la norma que dentro de la audiencia que decide la solicitud de preclusión de la investigación se le concede el uso de la palabra, entre otros, al defensor del imputado, en el evento en que quisiera oponerse a la petición del fiscal, no da para entender que dicha oposición no implique la facultad del imputado o de su defensor de exponer argumentos en relación con las tres alternativas expuestas por el accionante. Precisamente, en una de las sentencias mencionadas por el ciudadano, a saber el fallo C- 025 de 2009, la Corte dejó en claro que, en cualquier actuación judicial, lo cual incluiría la mencionada audiencia, la persona tiene derecho a ser oída, hacer valer las propias razones y argumentos, controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como ejercer los recursos de ley. Así las cosas, según la interviniente “es natural y obvio que el juez de conocimiento que dirija la audiencia de preclusión, solicitada por el fiscal, tenga en cuenta el alcance del derecho de defensa y de su trascendencia en la estructuración del modelo penal acusatorio, acorde con el alcance dado a los mismos por la jurisprudencia constitucional y no le coarte al imputado o investigado y a su defensor, dentro de dicha audiencia, el uso de la palabra para exponer todos los argumentos y contraargumentos conducentes a develar la verdad real y material sobre su responsabilidad en relación con el hecho o hechos que se le imputan, incluido lo referente a la verdadera causal que conlleva a la preclusión de la investigación”,
d.	Defensoría del Pueblo.
En suma, para la Vista Fiscal la expresión acusada restringe indebidamente el ejercicio del derecho de defensa del acusado, motivo por el cual debe ser declarada inexequible. VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
Los diversos intervinientes, al igual que la Vista Fiscal, comparten los argumentos del demandante; por el contrario, el Ministerio del Interior y de Justicia pide a la Corte declararse inhibida para proferir un fallo de fondo por inepta demanda. En este orden de ideas, le corresponde a la Corte (i) determinar si el demandante estructuró, al menos, un cargo de inconstitucionalidad; y en caso afirmativo, (ii) examinará el contenido y el alcance de la expresión acusada, dentro de su respetivo contexto normativo; y (iii) determinará si el legislador vulneró los derechos alegados por el demandante.
Se ha reiterado entonces, que no puede admitirse cualquier ataque indeterminado o carente de motivación razonable . Por el contrario, se demanda cierta carga mínima de argumentación susceptible de generar una verdadera controversia constitucional. La acción pública de inconstitucionalidad se materializa no sólo con una acusación de un ciudadano contra una norma legal con base en unas disposiciones constitucionales que se consideran infringidas, sino también explicando las razones por las cuales dichos textos se estiman violados, pues lo contrario implicaría, no solo estar utilizando recursos estatales inadecuadamente, para una labor que no beneficia a ninguna persona, sino que conllevaría a que la sentencia deberá ser inhibitoria por inepta demanda. El ordenamiento exige pues del ciudadano, la especial responsabilidad de ser diligente, a fin de que esta Corporación pueda cumplir eficiente y eficazmente con el ejercicio del control de constitucionalidad. En este orden de ideas, la Corte ha entendido que el ciudadano debe plantear unas razones de constitucionalidad que sean ciertas, suficientes, claras, específicas y pertinentes.
En el caso concreto, el ciudadano Juan David Riveros Barragán expone las razones por las cuales considera que el legislador vulneró los derechos de defensa y a la igualdad de armas entre las partes procesales, debido a que limitó la participación de la defensa, en el curso de la audiencia de solicitud de preclusión, a poder tomar la palabra en el evento en que quisiera oponerse a la petición del fiscal. Al respecto, explica los motivos por los cuales, a su juicio, tal limitante resulta ser injustificada constitucionalmente. Al respecto, la Corte considera que el demandante no logró estructurar realmente un cargo de inconstitucionalidad por violación al derecho a la igualdad, pero sí uno por vulneración al derecho de defensa. Veamos.
En cuanto a la parte o interviniente procesal que puede presentar una solicitud de preclusión, se tiene que, en los términos del artículo 250 Superior, se trata de una competencia asignada a la Fiscalía General de la Nación. Al respecto, la Corte en sentencia C-873 de 2003 consideró lo siguiente:
Así pues, esta Corporación en sentencia C-392 de 2006 examinó la constitucionalidad de la palabra “penal”, del tercer inciso del artículo 294 de la Ley 906 de 2004, debido al supuesto desconocimiento de los artículos 28 y 83 de la Constitución Política. Los cargos de inconstitucionalidad consistieron en que “El artículo 294 de la ley 906 de 2004 desconoce lo establecido en el artículo 28 de la Carta Política, por cuanto ordena investigar penalmente al fiscal que deje vencer los términos para formular la acusación, siendo que la ley no ha tipificado esta conducta como delito. Para el actor, este comportamiento puede dar lugar a una investigación disciplinaria, pero no a un proceso penal. De otra parte, considera el demandante que la norma atenta contra el principio de la buena fe consagrado en el artículo 83 de la Carta Política, por cuanto presume que el funcionario ha actuado con dolo”. En dicha oportunidad, la Corte consideró que los cargos de inconstitucionalidad no estaban llamados a prosperar por las siguientes razones:
En cuanto a la presunción de buena fe consagrada en el artículo 83 de la Carta Política, la Sala encuentra que, respecto de los cargos formulados en el presente caso, ella está asociada a la presunción de inocencia que favorece a la persona vinculada a toda investigación penal, presunción que de no ser desvirtuada acarrea la absolución del funcionario sometido a las pesquisas de que trata el artículo 294 de la ley 906 de 2004. En conclusión, la Corte encuentra que el artículo parcialmente demandado de la ley 906 de 2004, no vulnera lo dispuesto en las normas superiores mencionadas por el actor en el presente caso. En consecuencia, la Corte declaró lo siguiente:
Como puede observarse, cuando quiera que en la etapa de juzgamiento sobrevengan las causales 1 (imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal) y 3 (inexistencia del hecho investigado), la solicitud de preclusión del proceso no radicará exclusivamente en el Fiscal, sino que asimismo podrá ser invocada por la defensa o el Ministerio Público. En suma, la competencia para solicitar la preclusión de una investigación se encuentra radicada en la Fiscalía General de la Nación, y excepcionalmente, en la defensa del acusado y en el Ministerio Público (arts. 294 y 332 del CP.P.).
Se trata de un claro mandato para el Fiscal de formular, ante el juez de conocimiento la solicitud de preclusión, en aquellos eventos en que no hubiese podido recolectar evidencia, o elementos materiales de prueba que le permitan sostener una acusación. Es ésta una hipótesis que se funda en los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo, en los que tradicionalmente se ha inspirado la figura de la preclusión de la investigación. En suma, la competencia para resolver una solicitud de preclusión se encuentra asignada exclusivamente al juez de conocimiento.
La Ley 906 de 2004 establece dos momentos procesales durante los cuales se puede presentar una solicitud de preclusión: durante la fase de investigación y luego, en el curso del juicio oral. Sin embargo, las causales en uno y otro caso no son idénticas. Al respecto, la Corte en sentencia C- C- 920 de 2007 consideró lo siguiente:
“El régimen establecido por la Ley 906 de 2004 contempla dos oportunidades en que puede presentarse una solicitud de preclusión, supuestos que se encuentran perfectamente caracterizados por el momento procesal en que operan, las causales en que se pueden fundar y los sujetos legitimados para formularla. La primera oportunidad (Arts. 331 y 332 inciso 1°) se presenta (i) durante la investigación (aún desde la fase previa), hasta antes de que el fiscal presente el escrito de acusación, (ii) se puede formular con fundamento en cualquiera de las siete (7) causales previstas en el artículo 332, y (iii) el legitimado para hacer la solicitud, según lo prevé la ley, es el fiscal. La segunda, (Parágrafo Art. 332) puede presentarse (i) durante el juzgamiento, (ii) únicamente con fundamento en dos (1ª y 3ª ) de las causales previstas en el artículo 332, y (iii) los sujetos legitimados para formularla son el fiscal, el ministerio público y la defensa. En uno y otro caso, por tratarse de una decisión típicamente jurisdiccional, que pone fin a la acción penal, dirime de fondo el conflicto y hace tránsito a cosa juzgada, la solicitud debe ser resuelta por el juez de conocimiento.
Conviene recordar al respecto que, mediante sentencia C- 591 de 2005, la Corte declaró la inexequibilidad parcial del artículo 331 que regula la figura de la preclusión. En aquella ocasión se pronunció la Corporación en relación con la expresión “ a partir de la formulación de imputación” que determinaba el momento a partir del cual el fiscal debía solicitar al juez de conocimiento la preclusión. Para la Corte dicha expresión posibilitaba que en fase previa a la formulación de imputación, fuese el fiscal quien motuo proprio declarara la preclusión, opción que riñe con el nuevo modelo de investigación que radica en el juez, – de garantías o de conocimiento – las funciones típicamente jurisdiccionales, por lo que declaró su inexequibilidad. Esta determinación sin embargo, no afecta en absoluto el presente pronunciamiento dado que aquél se refería al aspecto funcional, vale decir, a la delimitación de funciones entre el fiscal y el juez respecto de decisiones que ponen fin al proceso y que por ende son típicamente jurisdiccionales; en tanto que el presente atañe al aspecto material, es decir a los motivos que ameritan la preclusión y a la oportunidad en que, dependiendo de su naturaleza, pueden ser invocados..
“¿Es inconstitucional el artículo 333 de la Ley 906 de 2004, en lo demandado, al no permitir la solicitud y práctica de pruebas por parte de la víctima para controvertir la solicitud de preclusión que haga el fiscal? Ahora bien, en cuanto a las facultades concretas de que dispone la víctima en relación con la solicitud de preclusión elevada por la Fiscalía, la Corte consideró lo siguiente:
“Las facultades de la víctima frente a la solicitud de preclusión Considera el demandante que el inciso 4 del artículo 333 de la Ley 906 de 2004, que establece que “en ningún caso habrá lugar a solicitud ni práctica de pruebas”, le impide a la víctima controvertir adecuadamente la solicitud de preclusión que presente el fiscal, y por lo tanto vulnera sus derechos a la verdad, a la justicia, y a la reparación integral. Dicho artículo será analizado globalmente, por el cargo, de la misma forma que lo hizo la Corte con otras disposiciones acusadas parcialmente, en virtud de los criterios sobre integración normativa ya mencionados. Observa la Corte que la preclusión de la investigación penal se presenta cuando el fiscal considera que no existe mérito para acusar (artículo 331, Ley 906 de 2004), lo cual ocurre, según el artículo 332 de la Ley 906 de 2004, cuando (i) existe imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal; (ii) exista una causal de exclusión de responsabilidad penal, (iii) el hecho investigado no haya ocurrido; o (iv) sea atípico; (v) el imputado no haya intervenido en el hecho investigado; (vi) sea imposible desvirtuar la presunción de inocencia; o (vii) hayan vencido los términos previstos en los artículos 175 y 294 de La Ley 906 de 2004. Según el trámite previsto en el artículo 333 de la Ley 906 de 2004, la solicitud de preclusión la hace el fiscal ante el juez de conocimiento, en una audiencia preliminar que tiene lugar a partir de la formulación de la imputación, antes del juicio oral. En dicha audiencia participan el fiscal, la víctima, el agente del Ministerio Público, y el defensor del imputado. En dicha audiencia, el fiscal expone su solicitud e indica los elementos materiales probatorios que lo llevaron a concluir que no existe mérito para acusar. Luego de esta intervención, la víctima, el agente del Ministerio Público, y el defensor del imputado, pueden oponerse a la solicitud del fiscal. Sin embargo, tal como está previsto, no pueden solicitar ni practicar pruebas. Culminado el debate, el juez motivará oralmente su decisión, para lo cual puede suspender la audiencia por una hora, a fin de preparar su decisión. Si la decisión es decretar la preclusión, cesa la persecución penal en contra del imputado por esos hechos, y se revocan las medidas cautelares que se hayan impuesto. Tal decisión tiene efectos de cosa juzgada. Si la decisión es rechazar la preclusión, las diligencias vuelven a la fiscalía. Esa decisión se adopta mediante sentencia, y contra ella, según lo establece el artículo 177 de la Ley 906 de 2004, cabe la apelación.
Al igual que lo que sucede con la decisión de archivo de las diligencias, regulada en el artículo 79 de la Ley 906 de 2004, y examinada por la Corte en la sentencia C-1154 de 2005, precitada, la decisión de preclusión tiene incidencia directa sobre los derechos de las víctimas, en la medida en que afecta el esclarecimiento de la verdad y la obtención de justicia en el caso concreto. En este caso, dado que cuando se decreta la preclusión, esta decisión tiene como efecto cesar la persecución penal contra el imputado respecto de los hechos objeto de investigación, y tiene efectos de cosa juzgada, no permitir a la víctima controvertir adecuadamente la solicitud del fiscal puede conducir a una afectación alta de sus derechos, e incluso, a la impunidad. En efecto, dado que al decretarse la preclusión, la víctima no puede solicitar la reanudación de la investigación, ni aportar nuevos elementos probatorios que permitan reabrir la investigación contra el imputado favorecido con la preclusión, resulta esencial adelantar un control adecuado de las acciones y omisiones del fiscal, y controvertir de manera efectiva de sus decisiones. Por ello, el trámite de la solicitud de preclusión debe estar rodeado de las mayores garantías.
El artículo 333 de la Ley 906 de 2004 prevé algunas: (i) la intervención del juez de conocimiento para la adopción de la decisión; (ii) la exigencia de que la solicitud del fiscal sea motivada y esté fundada en elementos materiales probatorios y evidencia física; (iii) la posibilidad de que la víctima, el Ministerio Público y el defensor del imputado, hagan uso de la palabra para controvertir la petición del fiscal; y (iv) que esté previsto que contra la sentencia que resuelve la solicitud de preclusión proceda la apelación. No obstante, la controversia de la solicitud del fiscal tal como ha sido regulada por el artículo 333, puede resultar inocua, si no se permite la práctica de pruebas que muestren que sí existe mérito para acusar, o que no se presentan las circunstancias alegadas por el fiscal para su petición de preclusión. Entonces, se declarará exequible el artículo 333 en el entendido de que las víctimas pueden allegar o solicitar elementos materiales probatorios y evidencia física para oponerse a la petición de preclusión del fiscal. Así las cosas, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, en el curso de la audiencia de solicitud de preclusión, las víctimas pueden (i) hacer uso de la palabra, precisamente “en el evento en que quisieren oponerse a la petición del fiscal”; (ii) se encuentran facultadas para allegar o solicitar elementos materiales probatorios y evidencia física, encaminada igualmente para oponerse a la petición del fiscal; y (iii) pueden impugnar la decisión que les sea desfavorable. Por el contrario, la defensa y el Ministerio Público sólo se encuentran facultados para intervenir “en el evento en que quisieren oponerse a la petición del fiscal”, pero carecen de facultades en materia probatoria y de impugnación.
La Corte en sentencia C-118 de 2008 examinó, entre otras disposiciones, la constitucionalidad de las expresiones “previa solicitud del fiscal” y “el fiscal”, del artículo 333 de la Ley 906 de 2004. En dicha ocasión, el actor sostuvo que su demanda únicamente pretendía cuestionar la validez constitucional de la facultad única y excluyente que tiene la Fiscalía General de la Nación para solicitar la preclusión de la investigación y el impedimento que tiene la defensa para incoar dicha petición al juez de conocimiento. Alegó asimismo como vulnerados, los artículos 2º, 13, 29, 228 y 229 de la Constitución y 14 del Pacto Universal de Derechos Humanos y 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos.
“Nótese que la atribución de competencias al fiscal para solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de la investigación que es objeto de reproche en esta oportunidad, se refiere a la terminación anticipada del proceso únicamente en la fase de investigación, con lo que queda al margen de este juicio constitucional el análisis de la solicitud de preclusión cuando se está en la etapa del juicio. Ahora, la facultad para solicitar la preclusión de la investigación a cargo del fiscal no se discute, pues tiene claro sustento constitucional en la función atribuida específicamente al ente investigador que tiene un plazo legal para solicitar al juez que resuelva la situación jurídica del imputado (artículo 250 superior citado) , lo que origina la inconformidad del demandante es la exclusión de dicha facultad a la defensa.
En este contexto, es necesario averiguar si el legislador tenía la obligación constitucional de autorizar a la defensa a presentar solicitud de preclusión de la investigación. Para ello, la Sala tendrá en cuenta los nuevos parámetros que el constituyente le señaló al Congreso para regular el proceso penal acusatorio, pues, tal y como lo ha sostenido esta Corporación en reiteradas oportunidades, “le está vedado al legislador romper las reglas propias de los elementos esenciales del nuevo sistema acusatorio” . Incluso, específicamente, en relación con la solicitud de preclusión en la fase del juzgamiento, en reciente pronunciamiento la Corte dijo, de un lado, que es necesario tener en cuenta la nueva concepción del proceso penal acusatorio y, de otro, que “la limitación de las posibilidades de preclusión en la fase del juicio, responde a la estructura y filosofía del nuevo modelo procesal, caracterizado por los principios de contradicción e inmediación de la prueba en cuya virtud la definición, durante el juzgamiento, de aspectos sustanciales, con impacto sobre un pronunciamiento de ausencia o declaración de responsabilidad penal del acusado debe fundarse en la prueba practicada durante el juicio oral, contradictorio y público” .
El nuevo proceso penal introducido en nuestra legislación con el Acto Legislativo número 3 de 2002, presenta, entre otras, dos características que ahora resultan relevantes para resolver el problema jurídico planteado, a saber: la acusación y la separación de las funciones de investigación y juzgamiento. La primera, se resume como la prohibición al juez para proceder de oficio (“ne procedat iudex ex officio”), pues la iniciación del proceso penal solamente procede a solicitud de la Fiscalía General de la Nación. De esta forma, se sigue el proceso penal, previo el ejercicio de la acción penal frente al demandado. Entonces, a pesar de que el Estado controla la persecución y el juzgamiento, el proceso penal no se abre ex officio por el juez, sino por solicitud del ente investigador y acusador. Así, el ejercicio de la acción penal y, por ende, la responsabilidad por la oficiosidad del proceso penal corresponde a la Fiscalía General de la Nación, pues la esencia de este proceso reside en el imperativo de realizar una imputación y una acusación previa. La segunda de las características se concreta en el aforismo según el cual “quién acusa no juzga”, en tanto que se considera necesario rodear al juez de garantías de imparcialidad para resolver la acusación penal. (…)
En consecuencia, la exclusión a la defensa de la posibilidad de solicitar la preclusión de la investigación penal deriva de la estructura del sistema penal acusatorio introducido en nuestra legislación mediante el Acto Legislativo número 3 de 2002. Por consiguiente, ahora corresponde averiguar si, como lo sostiene el demandante, esa medida afecta gravemente el derecho a la igualdad del imputado. Así las cosas, la Corte ha considerado que, en relación con la imposibilidad con que cuenta la defensa para solicitar la preclusión del proceso en la etapa de investigación (salvo el caso del artículo 294 del C.P.P.), la misma no vulnera los derechos del procesado, por cuanto aquélla cuenta con otros escenarios procesales para desplegarse plenamente.
En diversas ocasiones, la Corte se ha pronunciado en relación con el ejercicio del derecho de defensa, en el contexto de un sistema acusatorio. En tal sentido, esta Corporación ha considerado que (i) ni en la Constitución ni en los tratados internacionales de derechos humanos se ha establecido un límite temporal para el ejercicio del derecho de defensa ; (ii) el derecho de defensa es general y universal, y en ese contexto no es restringible al menos desde el punto de vista temporal ; (iii) el ejercicio del derecho de defensa surge desde que se tiene conocimiento que cursa un proceso en contra de una persona y solo culmina cuando finalice dicho proceso ; (iv) el derecho de defensa, como derecho fundamental constitucional, es un derecho que prima facie puede ser ejercido directamente por un procesado al interior de un proceso penal ; (v) el procesado puede hacer valer el mismo sus argumentos y razones dentro de un proceso judicial ; (vi) el derecho de defensa se empieza a ejercer desde el momento mismo que se inicia la investigación ; (vii) una de las principales garantías del debido proceso, es precisamente el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga y (viii) la importancia del derecho de defensa, en el contexto de las garantías procesales, radica en que con su ejercicio se busca impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado En pocas palabras, la Corte ha considerado que, si bien el legislador cuenta con un amplio margen de configuración para diseñar los diversos procesos judiciales, también lo es que el derecho de defensa debe encontrarse plenamente garantizado a lo largo de todas y cada una de las etapas que conforman un proceso penal de carácter acusatorio.
Acto seguido – dispone la norma- se le concederá el uso de la palabra a la víctima, al agente del Ministerio Público y defensor del imputado, “en el evento en que quisieren oponerse a la petición del fiscal”. En tal sentido, razón le asiste al ciudadano cuando afirma que, en la práctica, el defensor del imputado no podrá intervenir en el curso de la audiencia de solicitud de preclusión, por la sencilla razón de que nunca se opondrá a la petición de preclusión del proceso, elevada por el fiscal.
En efecto, la expresión “en el evento en que quisieren oponerse a la petición del fiscal”, del artículo 333 de la Ley 906 de 2004, si bien tiene sentido en relación con las víctimas y el Ministerio Público, constituye una medida de intervención desproporcionada del legislador en el ejercicio del derecho de defensa del procesado, por cuanto no busca la consecución de ningún fin constitucionalmente admisible. Sin lugar a dudas, permitirle a la defensa tan sólo una intervención limita, excepcional y poco consecuente con su actuación en el curso de una audiencia de petición de preclusión, es una medida que no apunta a (i) racionalizar un proceso penal de corte acusatorio; (ii) tampoco constituye un rasgo definitorio o esencial de aquél, ni (iii) mucho menos atenta contra los derechos y las garantías de las demás partes e intervinientes en el proceso. Por el contrario, facultar al defensor del imputado para que interviniera no sólo en caso de oponerse a la petición del fiscal, sino además cuando desee desplegar otras actuaciones más acordes con su papel en el proceso penal, tales como (i) coadyuvar a la solicitud de la Fiscalía; (ii) alegar una causal de preclusión distinta de la planteada por la órgano investigador; o (iii) controvertir los argumentos de los demás intervinientes, le permitirá al juez de conocimiento contar con más elementos de juicio al momento de decidir acerca de la procedencia de petición de preclusión. Al respecto, conviene recordar que, según las voces del artículo 29 Superior, “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”. En el mismo sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone en su artículo 8 que “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

References: artículo 333
 artículo 333
 artículo 333
 artículo 250
 artículo 294
 artículo 294
 artículo 28
 artículo 83
 artículo 83
 artículo 294
in dubio
 artículo 332
 artículo 332
 artículo 331
 artículo 333
 artículo 333
 artículo 332
 artículo 333
 artículo 177
 artículo 79
 artículo 333
 artículo 333
 artículo 333
 artículo 333
 artículo 294
 artículo 333
 artículo 29
 artículo 8