Source: http://www.slideshare.net/apoderate/fallo-proteccion-carmela-carvajal
Timestamp: 2016-06-26 16:08:27+00:00

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Horario 1° año de Telecomunicacione...
Horarios empleados semana 7
Seminario MYPES: Gonzalo Arroita
Pregunta 9 para el Sr. González, Pr...
Fojas 634 Seiscientos treinta y cuatroSantiago, once de abril de dos mil doce. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: Primero: Que estos autos versan sobre nueve recursos de protección(Ingresos Corte N°s 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1861, 1862, 1863 y 3038,todos del 2012), deducidos por alumnas del Liceo A 44 Carmela Carvajal dePrat en contra de dicho establecimiento educacional y la Dirección del mismoLiceo y la Directora señora Rosa del Valle Pérez, ambos domiciliados enAvenida Italia N°990, comuna de Providencia. Que esta Corte, versando lo recursos sobre hechos de igual naturaleza,dispuso su acumulación, según aparece de resoluciones de fojas 11, de veintede enero del año en curso, de fojas 68, de diez de febrero último y de fojas626, de doce de marzo del año en curso. Segundo: a) Que a fojas 1 (I.C. 1471-2012) comparece Danae AnetteDíaz Jeria, estudiante, a fojas 15, (I.C. 1472-2012) comparece JenniferAlejandra Pardo Silva, estudiante, y a fojas 548 (I.C. 1862-2012), compareceClaudia Cecilia Nova Muñoz, profesora por su hija Bárbara Cecilia SierraNova, estudiante de Tercero Medio, todas domiciliadas, para estos efectosen calle San Antonio N°19, oficina 1601, Santiago, quienes exponen que el26 de de diciembre de 2011 y 3 de enero de 2012, fueron citadas a laCorporación de Desarrollo Social de Providencia, y en dicho lugar la señoraDirectora e Inspectora General les informaron la decisión adoptada el 6 dediciembre de 2012, en cuanto a que no les sería admitida su matrícula para elaño 2012.
La razones que les fueron comunicadas oral e informalmente y quejustificaría dicha sanción se hizo consistir en: 1.- que habrían participado enuna funa el 12 septiembre de 2011 en la Universidad Andrés Bello, donde seefectuaban las clases presenciales del programa salvemos el año, para ello sele exhibió el libro de clases, en el cual aparecía una anotación escrita a manopor la Inspectora General, señora Carmen Gloria Vega, sin fecha deinscripción, en la que se señalaba que ingresaron a la universidad sinautorización y provocando desórdenes; y 2.- que estaban con causal derepitencia por no haberse inscrito en el programa “Salvemos el año” o en elprograma “aprendizaje en red”. Esta anotación tampoco contaba con fecha deinscripción. Añaden que de esas imputaciones, especialmente la primera, notuvieron conocimiento ni han tenido oportunidad legal ni administrativa paraformular descargos, lo que rompe el debido o justo proceso, cuyo principiorector es la bilateralidad de la audiencia. En cuanto a la participación en una manifestación en la UniversidadAndrés Bello, donde se realizaban clases presenciales a alumnas del Liceo,ello constituye el ejercicio propio de la democracia en cualquier estado dederecho en donde se autoriza a los ciudadanos a manifestarse y reunirsepúblicamente y sin permiso previo y sin armas, con el fin de expresar susideas y este hecho no puede ser constitutivo en principio de ningún delito, amenos que se dañe la propiedad pública o privada y la integridad física opsíquica de las personas, lo que no ocurrió en la especie y, en todo caso, nohan sido acreditadas en instancia jurisdiccional alguna. Todo aparece comouna represalia a su opinión política respecto del cómo se desarrollaba un plande estudios.
Respecto al segundo punto, añaden, la Contraloría General de laRepública ha señalado que la circunstancia de no haberse inscrito en el “PlanSalvemos el año Escolar” no acarrea sanciones, pues la normativa que le dioforma inicialmente no las contemplaba.(dictamen 72.500) , y recogido por ley20.533, en que se señala que el ministerio de Educación velará por que noexistan abusos e impedimentos arbitrarios para renovar el año escolar. Sostienen que la decisión recurrida es una represalia por suparticipación en las movilizaciones estudiantiles, las que han sido legitimadaspor el ejecutivo y sus iniciativas de ley que pretenden recoger el petitorio de lamovilización. Luego, se les priva de matrícula, aduciendo la comisión de hechosimprecisos, desconocen las causales específicas de dicha sanción, además deno habérseles entregado comunicación alguna sobre las conductas por ellasdesplegadas, por lo que no han podido defenderse formulando descargos,vulnerándose con dicho actuar las garantías que al efecto consagra laConstitución Política de la República, consistentes en la igualdad ante la ley,pues se les impone un régimen distinto a cualquier otro estudiante y elderecho a no ser juzgado por comisiones especiales, porque se les aplicasanción sin que previamente se les impute algún ilícito, consagradas en elartículo 19 N°s 2 y 3 inciso 4°, respectivamente. Piden se acoja la presente acción, se restituya el imperio del derecho yse ordene el reintegro inmediato al establecimiento educacional,manteniéndose la matrícula para el año 2012, con costas. b) Que a fojas 27 (I.C. 1473-2012) comparece Dilma Ruth DíazFuentes, empleada, quien lo hace en favor de su hija Valentina Bientinesi
Díaz, y a fojas 36 (I.C. 1474-2012) comparece Carlos Medel Villalón Mella,industrial, por su hija Javiera Constanza Villalón Díaz, todos domiciliadospara estos efectos en calle San Antonio N°19, oficina 1601, Santiago, recurrende protección y exponen que el 30 de diciembre de 2011 fueron llamados porla señora Elsa Rodríguez, citándolos para el día 2 de enero de 2012, a laCorporación de Desarrollo Social de Providencia, dónde se les informó ladecisión adoptada de cancelación de matrícula para el año 2012 de susrespectivas hijas. La razón que les fue comunicada oral e informalmente y que justificaríadicha sanción se hizo consistir en que las menores habrían participado conotras compañeras en una funa efectuada el 12 septiembre de 2011 en laUniversidad Andrés Bello, donde se efectuaban las clases presenciales delprograma salvemos el año, para ello se les exhibió el libro de clases, en el cualaparecía una anotación escrita a mano, en la que se señalaba que ingresaron ala universidad sin autorización y provocando desórdenes a sus compañeras. Señalan que las menores tienen 13 y 14 años, se encontraban inscrita sen el programa “Aprendizaje en red”, y efectivamente fueron ese día aUniversidad a participar en clases presenciales, por lo que es falsa laafirmación que hayan ingresado sin autorización a Universidad. Sin perjuiciode ello, las niñas mostraron un acto de solidaridad con sus compañeras que seencontraban manifestando en dicho recinto. Indican que de la imputación realizada, no tuvieron conocimiento ni hantenido oportunidad legal ni administrativa para formular descargos, lo querompe el debido o justo proceso, cuyo principio rector es la bilateralidad de laaudiencia.
Esta actitud arbitraria e ilegal se encuentra expresamente prohibida porla Ley N°20.553 que señala que el Ministerio de Educación velará por que noexistan abusos e impedimentos arbitrarios para renovar las matrículas de losalumnos. Como conclusión indican que la sanción de cancelación de matrículaaplicada a sus hijas, sin existir una norma o reglamento expreso, faltando aun justo proceso y considerando la corta edad de las menores, quienes no hansido partícipes en movilizaciones estudiantiles, constituyen una vulneración alas garantías que al efecto consagra la Constitución Política de la República,consistentes en la igualdad ante la ley, pues se les impone un régimen distintoa cualquier otro estudiante y el derecho a no ser juzgado por comisionesespeciales, porque se les aplica sanción sin que previamente se les imputealgún ilícito, consagradas en el artículo 19 N°s 2 y 3 inciso 4°,respectivamente. Hacen presente que el Reglamento de Orden y Convivencia del Liceo,no contempla la supuesta falta ni la sanción aplicada. Piden se acoja la presente acción, se restituya el imperio del derecho yse ordene el reintegro inmediato al establecimiento educacional,manteniéndose la matrícula para el año 2012, con expresa condena en costas. c) Que a fojas 45 (I.C. 1475-2012) comparece Moisés Roberto BravoLeiva, empleado, domiciliado, para estos efectos, en calle San Antonio N°19,oficina 1601, Santiago, en representación de su hija Scarlet Rosa BravoAndrade, estudiante de tercer año medio, expulsada y sancionada concancelación de matrícula para el año escolar 2012, recurre de protección yexpone que su hija fue citada para concurrir a la Corporación De Desarrollo
Social de Providencia el día 3 de enero de 2012, oportunidad en que se lecomunicó la decisión adoptada el 6 de diciembre de 2011, en cuanto a que nosería admitida su matrícula para el año 2012 y se le recomendaba buscar otroLiceo. Las razones que se indicaron en esa ocasión se hicieron consistir en queel día 20 de octubre de 2011, junto a otras 60 personas se tomaron lasdependencias del Senado en Santiago, para protestar por la educación chilenay la ecología nacional. Se le exhibió el Libro de clases, en el cual aparecía unaanotación escrita a mano por la Inspectora General, sin indicar fecha. Por otraparte, se indicó que estaba en causal de repitencia por no haberse inscrito en elprograma “Salvemos el año” o en el de “aprendizaje en red”. Esta anotacióntampoco contaba con fecha de inscripción. De las imputaciones referidas, especialmente la primera, no han tenidoconocimiento alguno, por lo que no ha podido formular descargos,vulnerándose al efecto la existencia de un debido proceso, cuyo principiorector es el de la bilateralidad de la audiencia. La actividad de toma del Ex Congreso Nacional no ha sido catalogadaformalmente por ninguna autoridad como un acto doloso o reñido con la ley.Si bien su hija participó en dicha actividad, no vestía uniforme del Liceo, niportaba distintivo alguno que la identificara como alumna de la recurrida,sino que actuando en su ámbito estrictamente personal. Luego no puede seresgrimida dicha razón para expulsarla y cancelar su matrícula. Por otra parte en cuanto a no haberse inscrito en los programas, laContraloría General de la República ha sostenido que ello no puede serconsiderado como fundamento de la sanción aplicada.
Sostiene, al igual que las demás recurrentes, que se han violentado lasgarantías contempladas en el artículo 19 N°s 2 y 3 inciso 4 de la ConstituciónPolítica de la República, por lo que solicita se acoja su acción, se deje sinefecto y la expulsión y cancelación de matrícula, ordenando el reintegroinmediato de su hija al establecimiento educacional, con costas. d) Que a fojas 69 (I.C. 1861-2012) comparece Jorge Alejandro GarcíaDíaz, ingeniero comercial, quien recurre de protección a favor de su hijaMariel Angélica García Berrios, estudiante de Cuarto año medio, a fojas 89(I.C. 3038-2012), comparece Pascal Belén Siebald Meza, estudiante de Cuartoaño B, y a fojas 422 (I.C. 1863-2012) comparece Valentina Patricia CamposCáceres, profesora, por su hija Tania Javiera Alvarez Campos, todosdomiciliados, para estos efectos, en calle San Antonio N°19, oficina 1601,Santiago, quienes recurren de protección toda vez han sido sancionadas con lacancelación de la matrícula para el año escolar 2012. Sostienen que las jóvenes adhirieron al movimiento estudiantil del año2011, participando activamente en la toma de su Liceo. En el contexto de lasmovilizaciones, el 25 de noviembre de 2011, alrededor de las 11 horasconcurre hasta el Liceo que se encontraba en toma, la Profesora Jefe delCuarto Año B doña Alejandra Valencia, para conversar con las alumnas. Sereunió informalmente con alrededor de 10 niñas, y se le habrían proferidoinsultos, conducta que fue calificada como una falta grave, hecho respecto delcual la profesora dejó constancia en el libro de clases. Señala no han tenido un comportamiento reprobable, se mantuvo laconversación y discusión dentro de los márgenes aceptables de respeto yademás por el cariño que mantienen con su profesora jefe.
El 27 de diciembre concurrieron a una reunión con la Profesora jefe eInspectora general, quienes le informaron que habían repetido el año escolarpor no participar en el programa de aprendizaje en red impulsado por laMunicipalidad y les indican que la cambie de Liceo. Se le indica que no tienecupo para el año 2012, por cuanto se le acusa de haber insultado a su profesorajefe y por eso se le niega expresamente la matrícula. Al igual que las demás recurrentes, no tuvieron noticia de estos hechos,no se pudieron defender formulando descargos, vulnerándose el principio deigualdad ante la ley y el debido proceso violentándose las garantíascontempladas en el artículo 19 N°s 2 y 3 inciso 4 de la Constitución Políticade la República, por lo que solicita se acoja su acción, se deje sin efecto lacancelación de matrícula, ordenando el reintegro inmediato de las jóvenes alestablecimiento educacional, con costas. Tercero: Que a fojas 149, 205, 256, 308, 356, 408, 478, 527 y 610,informa la recurrida, indicando que el Liceo A 44 Carmela Carvajal, es unColegio dependiente de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia,establecimiento de excelencia, que el 9 de junio de 2011, fue tomado por ungrupo minoritario de alumnas y se mantuvo en esa condición por 7 meses,siendo devuelto 10 de enero de 2012. Durante ese tiempo se impidió el normaldesenvolvimiento de las actividades, y con ello se transgredierongroseramente la libertad de enseñanza y libertada de trabajo, y además dedañar los ingresos de la corporación sostenedora del colegio, ya que se tradujoen una rebaja a la subvención en más de $500.000.000. Señala qua la inscripción en el programa salvemos el año escolar, eravoluntaria y las alumnas que no se inscribían se arriesgaban a perder el año nocomo sanción sino como consecuencia de no reunir los requisitos necesarios
para ser promovida, hubo un aprendizaje en red y con objeto decomplementarlo se realizaron clases presenciales para 320 alumnas en laUniversidad Andrés Bello. Indica que el 12 septiembre de 2011, a 8:30 horas un grupo deestudiantes ingresaron a universidad con cacerolas y sin autorizacióninsultando y atemorizando y amenazando a las alumnas participantes, las quedebieron abandonar el recinto por salida alternativa. Ello trajo comoconsecuencia que la Universidad dejara sin efecto la autorización que habíandado al Colegio para utilizar sus dependencias, provocando un dañoirreparable a las alumnas que intentaban concluir sus actividades académicas. El 6 de diciembre de 2011, se realizó un Consejo de evaluación decurso, (encargado de conocer y resolver las situaciones de aprendizaje decarácter general y casos particulares de las alumnas, cuando afectan el trabajoconjunto y además velar por el cumplimiento de las normas de convivenciainterna). Con la asistencia de la Directora del establecimiento, las inspectorasgenerales, el jefe de unidad técnica, la coordinadora académica y profesoresdel curso de subsectores de plan de estudio, y allí se determinó que lasalumnas Díaz Jeria, Pardo Silva, Sierra Nova y Villalón Díaz, habíanparticipado en graves hechos de violencia acaecidos el 12 septiembre de 2011,infringiendo la normas del Manual de convivencia del Colegio que señala. La alumna Díaz Jeria, no es la primera vez que participa en hechos queatentan contra el Manual de Convivencia, también participó en la toma del ExCongreso Nacional, notificada ejerció su derecho a apelación y presentóreconsideración, y para resolverla se reunió el Consejo de convivencia el queestá integrado por los representantes de estamentos tales como Dirección,
Cuerpo docente alumnas y padres y apoderados asistentes de la educación,ello fue el 12 de enero, oportunidad en que se decidió mantener medida. Agrega que el Ministerio de Educación, el 11 de julio de 2011,estableció que los colegios tienen derecho a tomar medidas disciplinarias. Porlo tanto decisión no fue unilateral, y por apelación se advierte que sabeperfectamente los hechos que se le imputan los que no niega. Ella durante el2010 fue Presidenta del centro de alumnas por lo que es inverosímil que nosepa de la existencia de proceso disciplinario. Ella ha tenido una actitudconflictiva y ha faltado permanentemente a la verdad En cuanto a la no inscripción en red es falso lo señalado, porque paraquienes no adhirieron a dichos programas, la única consecuencia es larepitencia. Indica que 200 alumnas del establecimiento quedaron en situación derepitencia, pero igual continúan en el Colegio, y las cancelaciones dematrícula son solo 11, por NO CUMPLIMIENTO O INFRACCIONES DECARÁCTER GRAVE AL MANUAL DE CONVIVENCIA DEL LICEO. En cuanto a la alumna Sierra Nova, agrega que durante el año 2010 tuvoanotaciones negativas, por infracción al manual de convivencia, y por eso sedejo llamado de atención para el año 2011 y como se estableció que sucomportamiento empeoró y que había participado en la funa se adoptó lamedida. También apeló de la sanción Respecto de la alumna Beientinnesi, indica que durante el año 2010tuvo una serie de anotaciones negativas que atentan contra el manual deconvivencia, como no obedecer instrucciones del profesor, atrasos, y el 7 dejulio de 2010 se decidió su condicionalidad en el colegio, y en consejo de 2 de
diciembre de 2011 se decidió mantener condicionalidad. Apeló de la mdidaadoptada. La alumna Villalón Díaz, estuvo condicional el año 2010 y 2011 yparticipó en la funa. También apeló. La alumna García Berríos, adhirió al movimiento estudiantilparticipando activamente en la toma del liceo, y el 25 de noviembre cuandoconcurre la profesora jefe del Cuarto Año B para conversar con alumnas, leprofirieron insultos, lo que fue calificado como una falta grave. Agrega queel 30 de noviembre de 2010 se le aplicó amonestación para el año 2011,hecho reconocido en solicitud de reconsideración en que se reconoce quealumna ha estado en situación de condicionalidad en otros años. En cuanto a la alumna Siebald Meza, en el año 2010 ya habríapresentado anotaciones negativas, llamados de atención quedando condicionalpara el año 2011 y mantuvo condicionalidad porque tenía trece atrasos. Respecto de la alumna Alvarez Campos, se indica que tenía unaamonestación aplicada el 24 junio de 2010, incumplimientos de normas ymuchos atrasos y en noviembre de 2010 la dejaron con amonestación para2011. En cuanto a la alumna Bravo Andrade, se indica que en el año 2010quedó condicional por mal rendimiento y por participar en velatón de carácterpolítico. Se determinó que no podía repetir en el Colegio. Se acompaña por la recurrida el reglamento de convivencia, carta de 12septiembre, copia de registro de observaciones personal, Acta de consejo deevaluación, Copias de solicitud de reconsideración y respuesta, Acta delConsejo de convivencia, Ordinario del Ministerio de Educación que contiene
los criterios de evaluación frente a medidas disciplinarias por tomas enestablecimientos educacionales y los antecedentes que corresponden a cadauna de las alumnas recurrentes. Se pide el rechazo de las acciones impetradas, toda vez que en conceptode la recurrida no se ha actuado en forma arbitraria ni ilegal, ajustando suproceder al Manual de Convivencia y a las instrucciones y normativa que alefecto rigen la materia educacional. Entiende que no se han vulnerado lasgarantías constitucionales invocadas, por el contrario se ha respetado lanormativa aplicable por la comisión de los hechos y las faltas en queincurrieron las recurrentes. Solicita se rechacen los recursos de protección impetrados en todas suspartes con costas. Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales,establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República,constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el libre ejercicio delas garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición seenumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomarante un acto u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace eseatributo. Quinto: Que de acuerdo a lo antes expuesto, es requisito indispensablede la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal oarbitrario que provoque algunas de las situaciones o consecuencias que se hanindicado, afectando a una o más de las garantías constitucionalespreexistentes, protegidas por la norma antes citada y que el recurso medianteel que se impugna tal acto u omisión arbitraria sea deducido dentro del plazo
de treinta días corridos desde la ejecución de dicho acto u omisión, conformelo dispone el N°1del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regulala materia. Sexto: Que, de lo expuesto, aparece que la medida que motiva lasacciones cautelares deducidas, concierne a la cancelación de la matrículacorrespondiente al año 2012, de las nueve alumnas por las que se recurre,quienes habrían tenido participación en diversos hechos ocurridos en elsegundo semestre de 2011, con motivo de las movilizaciones estudiantiles,que determinaron la toma del establecimiento educacional en que cursaban susestudios regulares. Séptimo: Que, todas las recurrentes invocan como vulneradas lasgarantías que al efecto contempla el artículo 19 N°s 2 y 3 inciso 4 de laConstitución Política de la República, esto es la igualdad ante la ley y elderecho a un debido proceso. Octavo: Que por su parte el establecimiento educacional, argumentarespecto de la legalidad y racionalidad de las medidas adoptadas, señalandoque no se habrían vulnerado las garantías denunciadas, dando a conocer encada caso, otras situaciones que afectaban en cada caso particular a lasalumnas por las que se recurre. Noveno: Que a la luz de estos antecedentes, corresponde examinar silas medidas de cancelación de matrícula, se ajustaron al procedimiento queestablecen La Normas de Convivencia Escolar, que fue acompañado por larecurrida. En este sentido el capítulo VI, que se refiere al procedimientoreferido a las faltas, sanciones y reconocimientos, en síntesis, luego deestablecer la gradualidad de las sanciones que se aplican a las diversas faltas
en que pueden incurrir las alumnas, se instituye como la sanción última,aquella referida a la cancelación de matrícula en el N°5 del apartado b), y en élse señala “Cancelación de matrícula. Luego de haber seguido todos losprocedimientos establecidos y las sanciones previas, la alumna no muestra uncambio favorable de conducta. Se cita al apoderado y se le sugiere reubicarlaen un establecimiento que se adapte mejor a las necesidades de la alumna. Loscasos de cancelación de matrícula podrán ser evaluados por el Consejo deConvivencia escolar siempre que el apoderado lo solicite por escrito.”. Décimo: Que, en razón de la imputación fáctica en que se sustentan lassanciones aplicadas a las alumnas por las que se recurre, consistente en lallamada funa ocurrida el 12 de septiembre, el no incorporarse a los programasde aprendizaje en red o “Salvemos el año”, la toma del colegio y el maltratoque se habría realizado respecto de la profesora jefe del cuarto año B, sededuce que no estamos en presencia de la situación de existir aplicación de lassanciones previas a que se refiere la norma transcrita precedentemente. Undécimo: Que, de lo anterior resulta que, no obstante haberse citadoal Consejo de Convivencia Escolar como lo indica la recurrida, organismoestablecido en las Normas de convivencia referidas, en la práctica no se habríarespetado la gradualidad de las sanciones que la misma normativa contempla,aplicándosele la sanción máxima, sin constar fehacientemente, que previo aello las alumnas se encontraban en la situación fáctica que ameritaba laaplicación de tan drástica medida. Duodécimo: Que, por otra parte, estos sentenciadores no han logradoadquirir la convicción de que en los procesos que motivaron las sancionesaplicadas, se haya respetado a cabalidad el debido proceso, toda vez que seadvierte que no existió una investigación de los hechos, sino que una citación
para comunicar una decisión adoptada y de la que sólo alzarse, sin haberexistido un proceso en el que se indagaran las situaciones fácticas y laposibilidad de que las recurridas formularan sus descargos. Décimo tercero: Que, considerando la naturaleza cautelar del arbitriode protección y los antecedentes que han sido proporcionados por las partes,esta Corte estima que lo obrado por la recurrida, Liceo A 44 Carmela Carvajalde Prat, ha resultado desproporcionado, revistiendo su actuación visos dearbitrariedad, lo cual importa conculcar la garantía contenida en inciso 4° delnumeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, lo quehace procedente acoger las acciones deducidas como se dirá, resultandoinoficioso realizar otros estudios y referirse en particular a la otra garantíaConstitucional que estiman los recurrentes como violentada. Por estas consideraciones y de acuerdo, también con lo preceptuado enlos artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y por el AutoAcordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recursode Protección, se acogen, sin costas, los recursos de protección deducidos enfavor de las alumnas Danae Díaz Jeria, Jennifer Pardo Silva, ValentinaBientinesi Díaz, Javiera Villalón Díaz, Scarlet Bravo Andrade, Mariel GarcíaBerríos, Pascal Siebald Meza, Tania Alvarez Campos y Bárbara Sierra Nova,en contra de la Dirección del Liceo A 44 Carmela Carvajal de Prat y de suDirectora señora Rosa del Valle Pérez y se dispone que se deja sin efecto lamedida de cancelación de la matrícula correspondiente al año 2012 que lesafecta, debiendo la recurrida proceder al reintegro inmediato de las alumnas alas actividades educacionales. Transcríbase al Ministerio de Educación.
Regístrese y archívese. Redacción de la Ministra señora María Soledad Melo Labra. Rol N° 1471-2012. Pronunciada por la Cuarta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones deSantiago, presidida por la Ministra señora María Soledad Melo Labra eintegrada por el Fiscal Judicial señor Daniel Calvo Flores y la AbogadaIntegrante señora Paola Herrera Fuenzalida.
Horario 1° año de Telecomunicaciones UdeC
Pregunta 9 para el Sr. González, Presidente de la Comunidad de Madrid
marcosramirezc
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References: artículo 19
 artículo 19
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 artículo 20
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 artículo 19