Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/98span/Fondo/Peru%2010.471.htm
Timestamp: 2017-10-21 01:01:02+00:00

Document:
INFORME Nº 51/99
CASOS: 10.471 ANETRO CASTIILLO PEZO, ALEJANDRO CARHUAMACA VILCHEZ,
1. Mediante peticiones recibidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión") entre el 15 de septiembre de 1989 y el 19 de noviembre de 1993, se denunció que la República del Perú (en adelante "el Estado" o "Perú") violó los derechos humanos de los señores Anetro Castillo Pezo, Alejandro Carhuamaca Vilchez, Juan Alberto Vásquez González, Arnaldo Ríos Vega, Reiner Ríos Rengifo, Elmer Barrera Del Aguila, David Rodríguez Ayachi, Guzmán Penchi Ubiachigua, Darwin Tapullima Huainacama, Venancio Pinchi Puyo, Antonio Santiago Chávez Ruiz, Ricardo Fernando Del Río Adrián, Esteban Ramos Huayanay, Rafael Tello Acosta, Violeta Campos Linares, Mauricio Javá García, Olivia Tejada Clemente y Beder Baca Alvarado Alvarado, al detenerlos arbitrariamente en el Departamento de San Martín, a través de efectivos militares del ejército peruano, y proceder luego a desaparecerlos. Los peticionarios alegan que como consecuencia de dichas desapariciones el Estado violó en perjuicio de las mencionadas víctimas el derecho a la vida y otros derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención").1
A. Detención-desaparición de los señores Anetro Castillo Pezo, Alejandro Carhuamaca
Vilchez, Juan Alberto Vásquez González, Arnaldo Ríos Vega, Reiner Ríos Rengifo,
Elmer Barrera Del Aguila, David Rodríguez Ayachi, Guzmán Penchi Ubiachigua,
Darwin Tapullima Huainacama, Venancio Pinchi Puyo y Antonio Santiago Chávez
Ruiz. - (CASO 10.471)
2. El 27 de agosto de 1989, un grupo de efectivos del ejército peruano realizó una incursión en las localidades de Acceso Limón y La Esperanza, ubicadas en la Provincia de Tocache, Departamento de San Martín. Dichos efectivos militares llegaron a los poblados en vehículos terrestres y en helicópteros. Los militares saquearon las viviendas, y se apoderaron de motocicletas, generadores de corriente eléctrica y otros objetos.
3. En tales circunstancias los militares procedieron a detener a los señores Anetro Castillo Pezo, Alejandro Carhuamaca Vilchez, Juan Alberto Vásquez González, Arnaldo Ríos Vega, Reiner Ríos Rengifo, Elmer Barrera Del Aguila, David Rodríguez Ayachi, Guzmán Penchi Ubiachigua, Darwin Tapullima Huainacama, Venancio Pinchi Puyo y Antonio Santiago Chávez Ruiz, que se encontraban en el pueblo, y se los llevaron en helicópteros.
4. Hasta la fecha en que la Comisión recibió la respectiva denuncia, se desconocía el paradero de las víctimas, no obstante las diversas gestiones desplegadas a los efectos de localizarlas. Los familiares de las víctimas efectuaron numerosas gestiones ante autoridades locales y nacionales, para tratar de obtener su libertad. En la mayoría de dichas gestiones contaron con la asistencia de la organización no gubernamental CEAS. Como parte de las gestiones efectuadas, los hechos fueron denunciados al Fiscal Superior Decano de San Martín y al Fiscal Especial de Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos de San Martín.
5. El 10 de octubre de 1989, la Comisión abrió el caso, transmitió las partes pertinentes de la denuncia al Estado peruano y le pidió información a ser presentada dentro de un plazo de 90 días. El Estado respondió el 23 de junio de 1994.
6. En fecha 24 de junio de 1998, se solicitó a ambas partes que actualizaran a la Comisión la información sobre el caso y se les manifestó que la Comisión se ponía a su disposición para tratar de llegar a una solución amistosa del asunto. El Estado, en fecha 6 de agosto de 1998, ratificó argumentos anteriores y manifestó que no encontraba conveniente iniciar un procedimiento de solución amistosa. El peticionario, por su parte, no respondió dentro del lapso otorgado.
7. El Estado sostiene que no detuvo a las víctimas.
B. Detención-desaparición del señor Ricardo Fernando Del Río Adrián (CASO 10.955)
8. El señor Ricardo Fernando Del Río Adrián tenía 30 años de edad, era agricultor y convivía con la señora Alcira Valverde Vásquez. El señor Del Río Adrián era padre de dos niñas.
9. El día lunes 9 de septiembre de 1991, el señor Del Río Adrián se encontraba en la ciudad de Tocache, para la atención médica de su hija Jackeline. En esa oportunidad, y en presencia de numerosos testigos, el señor Del Río Adrián fue detenido en un sitio público por cuatro efectivos del ejército peruano pertenecientes a la Base Militar de Tocache. Los militares, después de golpear a la víctima, subieron con él en una camioneta de pasajeros que circunstancialmente pasaba por el lugar, que luego se dirigió a la Base Militar de Tocache.
10. En la camioneta en cuestión se encontraban otros pasajeros, que presenciaron cuando los militares y la víctima descendieron de la camioneta, frente a la Base Militar de Tocache, y procedieron a entrar a dicha instalación militar. Además, un soldado que prestaba servicios en la aludida instalación militar confirmó a la señora Alcira Valdeverde Vásquez, conviviente de la víctima, que el señor Del Río Adrián se encontraba detenido en dicha Base Militar.
11. Un suboficial de la Base Militar de Tocache, conocido como ?Holm?, le afirmó a la señora Margarita Del Río Adrián, en el transcurso de las diversas gestiones efectuadas por ella para tratar de localizar a la víctima, que:
señora, todo detenido que cae para acá sin documentos es un supuesto terrorista. Nosotros no detenemos a nadie por las puras, cuando lo hacemos es porque nuestros agentes secretos nos dicen que fulano de tal es terrorista, y al que cae por terrorista, o por supuesto terrorista, que es el indocumentado, enseguida nosotros lo matamos.
12. Los familiares de la víctima efectuaron numerosas gestiones ante autoridades locales y nacionales, para tratar de obtener su libertad. En la mayoría de dichas gestiones contaron con la asistencia de la organización no gubernamental CEAPAZ. Como parte de las gestiones efectuadas, la señora Aida Esther Valverde Vásquez, cuñada de la víctima, denunció los hechos ante la Fiscalía Provincial Mixta de Tocache, el 14 de septiembre de 1991. Asimismo, el 23 de septiembre de 1991 la señora Margarita Del Río Adrián, hermana de la víctima, denunció los hechos en Lima, ante la Fiscalía Especial de Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos. En fecha 23 de septiembre de 1991, la señora Margarita Del Río Adrián interpuso recurso de habeas corpus ante el Juez Instructor de la Provincia de Tocache. En fecha 23 de septiembre de 1991 la señora Margarita Del Río Adrián denunció los hechos ante el Jefe Político Militar de San Martín y ante el Ministro de la Defensa. No obstante las diversas diligencias efectuadas, los militares negaron haber detenido a la víctima, quien no apareció.
13. El 17 de octubre de 1991, la Comisión abrió el caso, transmitió las partes pertinentes de la denuncia al Estado peruano y le pidió información a ser presentada dentro de un plazo de 90 días. El Estado respondió el 26 de diciembre de 1991 y envió comunicaciones adicionales el 22 de septiembre de 1992, el 16 de julio de 1993 y el 30 de agosto de 1993. El peticionario presentó observaciones a la respuesta del Estado el 14 de mayo de 1991, y presentó una comunicación adicional el 26 de febrero de 1993.
14. En fecha 24 de junio de 1998, se solicitó a ambas partes que actualizaran a la Comisión la información sobre el caso y se les manifestó que la Comisión se ponía a su disposición para tratar de llegar a una solución amistosa del asunto. El Estado, en fecha 24 de julio de 1998, ratificó argumentos anteriores, alegó la inadmisibilidad del caso y manifestó que no encontraba conveniente iniciar un procedimiento de solución amistosa. El peticionario, por su parte, no respondió dentro del lapso otorgado.
15. El Estado sostiene que no detuvo a la víctima.
C. Detención-desaparición del señor Esteban Ramos Huayanay (CASO 11.014)
16. El señor Esteban Ramos Huayanay tenía 28 años de edad, era campesino y se encontraba casado con la señora Eulalia Poma Aguirre.
17. El 17 de diciembre de 1991, el señor Ramos Huayanay fue detenido por efectivos militares del Ejército peruano, pertenecientes a la Base Militar de Uchiza, cuyo comandante era conocido como Mayor ?Blanco?. Dicha detención se produjo en el Caserío de Pampayaco, Distrito de Uchiza, Provincia de Tocache, Departamento de San Martín.
18. La señora Eulalia Poma Aguirre, esposa de la víctima, con la ayuda de un abogado del lugar, logró ubicar a su esposo, quien efectivamente se encontraba detenido en la mencionada Base Militar de Uchiza. En vista de tal situación, la esposa de la víctima solicitó la intervención del Fiscal de Tocache, quien acudió con ella a la Base Militar en donde había verificado previamente que su esposo se encontraba. No obstante, al presentarse con el referido Fiscal, los militares de la Base negaron tener detenida a la víctima.
19. No obstante que en la ocasión mencionada en el párrafo anterior, los militares de la aludida Base de Uchiza negaron tener detenida a la víctima, en el mes de marzo de 1992 los efectivos de dicha instalación militar manifestaron que habían trasladado al detenido a la Ciudad de Tarapoto, Provincia de Tarapoto, Departamento de San Martín.
20. Los familiares de la víctima efectuaron numerosas gestiones ante autoridades locales y nacionales para tratar de obtener su libertad. En la mayoría de dichas gestiones contaron con la asistencia de la organización no gubernamental CEAPAZ. Como parte de las gestiones efectuadas, el día 10 de abril de 1992, el Fiscal de Turno de la Provincia de San Martín - Tarapoto, acudió al Campamento Militar de Morales, en donde constató que la víctima no se encontraba detenida en esa Base Militar.
21. El 12 de junio de 1992, la Comisión abrió el caso, transmitió las partes pertinentes de la denuncia al Estado peruano y le pidió información a ser presentada dentro de un plazo de 90 días. El 25 de octubre de 1993 el peticionario insistió en su denuncia. El Estado respondió el 26 de junio de 1994. El peticionario presentó observaciones a la respuesta del Estado el 12 de agosto de 1994.
22. En fecha 24 de junio de 1998 se solicitó a ambas partes que actualizaran a la Comisión la información sobre el caso y se les manifestó que la Comisión se ponía a su disposición para tratar de llegar a una solución amistosa del asunto. El Estado, en fecha 24 de julio de 1998, ratificó argumentos anteriores, alegó la inadmisibilidad del caso y manifestó que no encontraba conveniente iniciar un procedimiento de solución amistosa. El peticionario, por su parte, no respondió dentro del lapso otorgado.
23. El Estado niega que la víctima haya sido detenida por efectivos militares.
D. Detención-desaparición del señor Rafael Tello Acosta (CASO No. 11.066)
24. El señor Rafael Tello Acosta tenía 31 años de edad, y era campesino, soltero, natural de Lamas, Provincia de Lamas, Departamento San Martín. El día 11 de junio de 1992, el señor Tello Acosta fue detenido por tropas del Ejército peruano, en el caserío de Las Flores del Río Mayo, Provincia de Lamas, y conducido a la Base Militar de la localidad de Tabalosos, en un vehículo de transporte público, en donde se encontraban otras seis personas detenidas. El chofer del vehículo en el que fue conducido el señor Tello Acosta era el señor Teddy Huamán Soria, quien conocía perfectamente a la víctima, por ser ambos oriundos del mismo lugar.
25. La señora Melita Tello Lozano, tía de la víctima, fue informada confidencialmente que la víctima se encontraba detenida en el pabellón 10 del Campamento Mariscal Cáceres de Morales, pero los militares negaron la detención.
26. Los familiares del señor Tello Acosta, especialmente su tía, la señora Melita Tello Lozano, efectuaron numerosas gestiones ante autoridades locales y nacionales para tratar de obtener la libertad de la víctima. En la mayoría de dichas gestiones contaron con la representación o el asesoramiento de la Oficina Prelatural de Acción Social de Moyobamba (OPASM). Como parte de las gestiones efectuadas, la señora Melita Tello Lozano denunció la detención de la víctima ante la Fiscalía Provincial de Lamas.
27. La señora Melita Tello Lozano denunció igualmente los hechos ante la Fiscalía Provincial de San Martín-Tarapoto. Esa denuncia la hizo en forma conjunta con la señora María Armijos Rojas. Los hechos fueron igualmente denunciados ante la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y ante el Ministerio de la Defensa del Perú. Asimismo se interpuso recurso de habeas corpus, a favor de la víctima ante el Juzgado de Instrucción de Tarapoto. No obstante las gestiones antes mencionadas, y las demás acciones efectuadas al respecto, la víctima no apareció.
28. El 13 de noviembre de 1992, la Comisión abrió el caso, transmitió las partes pertinentes de la denuncia al Estado peruano y le pidió información a ser presentada dentro de un plazo de 90 días. El Estado respondió el 17 de junio de 1993, y el 12 de diciembre de 1993 amplió su respuesta.
29. En fecha 24 de junio de 1998, se solicitó a ambas partes que actualizaran a la Comisión la información sobre el caso y se les manifestó que la Comisión se ponía a su disposición para tratar de llegar a una solución amistosa del asunto. El Estado, en fecha 24 de julio de 1998, ratificó argumentos anteriores y manifestó que no encontraba conveniente iniciar un procedimiento de solución amistosa. El peticionario, por su parte, no respondió dentro del lapso otorgado.
30. El Estado alegó que estaba investigando, y adujo después que la víctima no fue detenida por efectivos policiales.
Detención-desaparición de la señorita Violeta Campos Linares (CASO 11.067)
31. La señorita Violeta Campos Linares tenía 16 años de edad. Era estudiante, soltera, y se encontraba domiciliada en Tabalosos, Provincia de Lamas, Departamento San Martín, aunque era natural de Chiclayo, Región Nor Oriental del Marañón.
32. La señorita Campos Linares fue detenida el 12 de junio de 1992, delante de numerosos testigos, en la localidad de las Flores del Río Mayo, por una patrulla del ejército peruano, al mando de un teniente conocido como ?Brando?. Inmediatamente después de su detención, la víctima fue conducida a la Base Militar de Tabalosos, y luego, el 17 de junio de 1992, fue trasladada hacia Yuracyaco, Provincia de Rioja.
33. Los familiares de la señorita Campos Linares, especialmente su madre, la señora Ana Llermé Linares Villanueva, efectuaron numerosas gestiones ante autoridades locales y nacionales, para tratar de obtener la libertad de la víctima. En la mayoría de dichas gestiones contaron con la representación o el asesoramiento de la Oficina Prelatural de Acción Social de Moyobamba (OPASM). Como parte de las gestiones efectuadas, la señora Ana Llermé Linares Villanueva denunció la detención de la víctima ante la Fiscalía Provincial de Lamas y reiteró su denuncia posteriormente.
34. También se denunciaron los hechos ante la Fiscalía Provincial de San Martín, ante la Fiscalía Provincial de Rioja y ante la Fiscalía Provincial de Tarapoto. Asimismo, se interpuso recurso de habeas corpus, a favor de la víctima, ante el Juez de Instrucción de la Provincia de San Martín. No obstante las gestiones antes mencionadas, y las demás acciones efectuadas al respecto, la víctima no apareció.
35. El 18 de noviembre de 1992, la Comisión abrió el caso, transmitió las partes pertinentes de la denuncia al Estado peruano y le pidió información a ser presentada dentro de un plazo de 90 días. El Estado respondió el 19 de marzo de 1993.
36. En fecha 24 de junio de 1998, se solicitó a ambas partes que actualizaran a la Comisión la información sobre el caso y se les manifestó que la Comisión se ponía a su disposición para tratar de llegar a una solución amistosa del asunto. El Estado, en fecha 24 de julio de 1998, ratificó argumentos anteriores y manifestó que no encontraba conveniente iniciar un procedimiento de solución amistosa. El peticionario, por su parte, no respondió dentro del lapso otorgado.
37. El Estado alegó que se encontraba investigando los hechos.
Detención-desaparición del señor Mauricio Javá García (CASO 11.070)
38. El señor Mauricio Javá García, hijo del señor Turiano Javá Acho y de la señora Ana García Villacorta, tenía 19 años de edad. Era estudiante, soltero, y se encontraba domiciliado en Jr. Alfonso Ugarte No. 981, Tarapoto.
39. En fecha 29 de mayo de 1992, a las 11:00 p.m., efectivos militares del ejército peruano irrumpieron violentamente en el domicilio de la víctima, y luego de requisar la vivienda, procedieron a detener a la víctima, en presencia de sus padres, y a trasladarlo al Cuartel Mariscal Andrés Avelino Cáceres del Distrito de Morales. La señora Ana García Villacorta, madre de la víctima, observó cómo su hijo fue introducido en las instalaciones de la referida Base Militar.
40. Otro detenido, de nombre ?Polidoro?, escuchó el nombre de la víctima dentro de la aludida Base Militar de Morales. Asimismo, por informaciones confidenciales obtenidas por sus familiares, se supo que la víctima había sido torturada severamente.
41. La señora Ana García Villacorta, madre de la víctima, dirigió una carta manuscrita a la Comisión, en los siguientes términos:
La presente humilde carta es para saludarle cordialmente y pedirle un gran favor, que por intermedio de su organización si Ud. puede hacer las gestiones necesarias para que me devuelvan a mi hijo Mauricio Javá García. Soy una madre humilde, carezco de recursos económicos.
Dra. le pido por favor que haga todo lo que esté a su alcance, a mi hijo le apresaron el 29 de mayo en mi propia casa a las 11.00 P.M. llevándole al campamento de Morales.
Y que hasta la fecha nos siguen negando su presencia en el campamento, para apresarlo botaron la puerta de nuestra vivienda y se pusieron a buscar en todas nuestras cosas, de las cuales no encontraron nada que pueda condenarlo a mi hijo Mauricio.
Me despido con muchos saludos y agradeciéndole anticipadamente. Soy madre de Mauricio Javá García.
42. Los familiares del señor Javá García, especialmente su madre, la señora Ana García Villacorta, efectuaron numerosas gestiones ante autoridades locales y nacionales, para tratar de obtener la libertad de la víctima. En la mayoría de dichas gestiones contaron con la representación o el asesoramiento de la Oficina Prelatural de Acción Social de Moyobamba (OPASM).
43. Como parte de las gestiones efectuadas, la señora Ana García Villacorta denunció la detención de la víctima ante la Fiscalía Provincial de San Martín-Tarapoto, ratificó la denuncia ante la Fiscalía Provincial de San Martín, e interpuso un recurso de habeas corpus ante el Juzgado de Instrucción de Tarapoto. No obstante las gestiones antes mencionadas, y las demás acciones efectuadas al respecto, la víctima no apareció.
44. El 18 de noviembre de 1992, la Comisión abrió el caso, transmitió las partes pertinentes de la denuncia al Estado peruano y le pidió información a ser presentada dentro de un plazo de 90 días. El Estado respondió el 15 de septiembre de 1993, y amplió su respuesta el 29 de octubre de 1993.
45. En fecha 24 de junio de 1998, se solicitó a ambas partes que actualizaran a la Comisión la información sobre el caso y se les manifestó que la Comisión se ponía a su disposición para tratar de llegar a una solución amistosa del asunto. El Estado, en fecha 24 de julio de 1998, ratificó argumentos anteriores y manifestó que no encontraba conveniente iniciar un procedimiento de solución amistosa. El peticionario, por su parte, no respondió dentro del lapso otorgado.
46. El Estado alegó que se encontraba investigando los hechos.
G. Detención-desaparición de la señora Olivia Tejada Clemente y
del señor Beder Baca Alvarado Alvarado (CASO 11.163)
47. El señor Beder Baca Alvarado Alvarado tenía 25 años de edad, mientras que la señora Olivia Tejada Clemente tenía 28 años, y se dedicaba a actividades comerciales. Ambos se encontraban domiciliados en una casa ubicada en Jr. Progreso No. 707, Tocache, Departamento de San Martín.
48. El 20 de febrero de 1993, aproximadamente a las 11:30 a.m., ambas víctimas fueron detenidas en su domicilio, por cuatro miembros del ejército peruano, y conducidas a la Base Contrasubversiva No. 26 del Ejército peruano, a bordo de una camioneta.
49. Una vez dentro de la referida Base militar, las aludidas víctimas fueron severamente torturadas. Un conocido de las víctimas que estuvo detenido por un día en la misma Base militar confirmó que había visto a las víctimas en el interior de dicha Base. Asimismo, la señora Ercilla Alvarado Araujo, madre del señor Beder Baca Alvarado Alvarado, obtuvo información de otras dos personas, que le confirmaron que su hijo se encontraba detenido en la aludida Base militar, y que estaba siendo objeto de torturas. Uno de ellos fue una persona que se encontraba dentro de la Base militar, efectuando trabajos de construcción, y otra un soldado de dicha Base, que le suministró información a un sobrino de la señora Ercilla Alvarado Araujo.
50. El conocido de las víctimas que estuvo detenido en la mencionada Base militar declaró respecto a cómo los militares escondían a ciertos detenidos, cuando alguna autoridad se apersonaba a dicha Base a indagar por su paradero:
a los detenidos los esconden en un pozo en la parte externa de la Base EP, y a otros los escondían detrás del baño, y esconden a los detenidos cuando va alguna Autoridad o alguien de la Cruz Roja, y esto lo hacen cuando lo hacen entrar a la base para atenderlo y es en esos momentos que lo esconden.
51. Los familiares de las víctimas, especialmente el señor Manuel Tejada Calixto, la señora Olivia Tejada Clemente y el señor Víctor Raúl Alvarado Alvarado, efectuaron numerosas gestiones ante autoridades locales y nacionales para tratar de obtener su libertad. Como parte de las gestiones realizadas, se efectuaron denuncias ante la Oficina de Derechos Humanos de la Subprefectura de la Provincia de Tocache y ante la Fiscalía Provincial Mixta de Tocache, y se llevaron a cabo diversas gestiones ante las autoridades militares respectivas para tratar de obtener la liberación de las víctimas. No obstante las gestiones antes mencionadas, y las demás acciones efectuadas al respecto, las víctimas no aparecieron.
52. El 28 de mayo de 1993, la Comisión abrió el caso, transmitió las partes pertinentes de la denuncia al Estado peruano y le pidió información a ser presentada dentro de un plazo de 90 días. El Estado respondió el 2 de diciembre de 1993 y amplió su respuesta el 1 de febrero de 1994.
53. En fecha 24 de junio de 1998, se solicitó a ambas partes que actualizaran a la Comisión la información sobre el caso y se les manifestó que la Comisión se ponía a su disposición para tratar de llegar a una solución amistosa del asunto. El Estado, en fecha 24 de julio de 1998, ratificó argumentos anteriores, solicitó el archivo del caso y manifestó que no encontraba conveniente iniciar un procedimiento de solución amistosa. El peticionario, por su parte, no respondió dentro del lapso otorgado.
54. El Estado alegó que la detención no había sido efectuada por miembros de la Policía Nacional y que se encontraba investigando los hechos.
58. Tal y como se ha referido anteriormente, los familiares de las víctimas efectuaron numerosas gestiones ante diversas autoridades, judiciales, ejecutivas (militares) y legislativas, tendientes a la localización y liberación de las víctimas. Tales gestiones incluían normalmente recursos de habeas corpus; denuncias al Fiscal de la Nación, al Fiscal Superior Decano de San Martín, al Fiscal Especial de Derechos Humanos de San Martín, a la Fiscalía Especial de Defensoría del Pueblo, a las Fiscalías Provinciales; gestiones ante el Ministro de la Defensa, ante la Comandancia General del Ejército, ante la Inspectoría General del Ejército, ante el Jefe del Comando Político Militar y ante los jefes de las Bases Militares respectivas. No obstante las diversas gestiones efectuadas, las víctimas nunca fueron localizadas y nunca más aparecieron.
61. No obstante lo anterior, la Comisión considera importante efectuar ciertas precisiones respecto al agotamiento de los recursos internos en lo relativo a las desapariciones forzadas que ocurrieron en Perú. A tal efecto se observa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, con relación al agotamiento de recursos internos, que "...según el objeto y fin de la Convención, de acuerdo con la interpretación del artículo 46.1.a. de la misma, el recurso adecuado tratándose de desaparición forzada de personas, sería normalmente el de exhibición personal o habeas corpus, ya que en estos casos es urgente la actuación de las autoridades (y es)... el recurso adecuado para hallar a una persona presuntamente detenida por las autoridades, averiguar si legalmente lo está y, llegado el caso, lograr su libertad".3 Por tanto, la interposición del recurso de habeas corpus, en casos de personas detenidas y posteriormente desaparecidas, en donde el resultado fue negativo por no haber sido localizadas las víctimas, es requisito suficiente para determinar que se han agotado los recursos internos.4
62. Sin embargo, la Corte ha también establecido que los recursos internos deben ser eficaces, es decir, que deben ser capaces de producir el resultado para el que han sido concebidos5 y que en caso de comprobarse la existencia de una práctica o política ordenada o tolerada por el poder público, cuyo efecto es impedir a ciertos demandantes la utilización de los recursos internos que, normalmente, estarían al alcance de los demás, acudir a dichos recursos se convierte en una formalidad sin sentido, por lo que se hacen plenamente aplicables las excepciones al agotamiento de los recursos internos contempladas en el artículo 46(2) de la Convención.6
63. En el análisis del fondo del asunto, contenido en la sección VI, infra, la Comisión determina que en Perú existió durante el período en el que ocurrieron los hechos denunciados una práctica o política de desapariciones ordenada o tolerada por diversas autoridades del poder público. Por tanto, y comoquiera que dicha práctica tornó completamente ineficaz el recurso de habeas corpus en los casos de desapariciones,7 la Comisión establece que, a los fines de la admisibilidad de denuncias a esta Comisión, no era necesario intentar el recurso de habeas corpus --ni ningún otro--, con el objeto de agotar los recursos internos. En consecuencia, la Comisión considera plenamente aplicable la regla de excepción al agotamiento de los recursos internos establecida en el artículo 46(2) de la Convención. No obstante ello, la Comisión observa que en los casos bajo análisis se efectuaron las mencionadas gestiones y recursos a nivel interno, los cuales resultaron infructuosos. En consecuencia, la Comisión considera cumplido el requisito de admisión relacionado con el agotamiento de los recursos internos en los casos bajo estudio.
71. El modus operandi con el que, conforme a las denuncias recibidas por la Comisión, fueron producidas las detenciones y desapariciones de los señores Anetro Castillo Pezo, Alejandro Carhuamaca Vilchez, Juan Alberto Vásquez González, Arnaldo Ríos Vega, Reiner Ríos Rengifo, Elmer Barrera Del Aguila, David Rodríguez Ayachi, Guzmán Penchi Ubiachigua, Darwin Tapullima Huainacama, Venancio Pinchi Puyo, Antonio Santiago Chávez Ruiz, Ricardo Fernando Del Río Adrián, Esteban Ramos Huayanay, Rafael Tello Acosta, Violeta Campos Linares, Mauricio Javá García, Olivia Tejada Clemente y Beder Baca Alvarado Alvarado, refleja igualmente un patrón de comportamiento, cuya apreciación en conjunto permite otorgarle efectos de fundados indicios probatorios respecto de la práctica sistemática de desapariciones.
72. La Comisión ha recibido una gran cantidad de denuncias de casos de desapariciones en Perú, muchos de los cuales incluyen en la misma denuncia a varias personas desaparecidas. En su Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Perú de 1993, la Comisión planteó el problema de las desapariciones forzadas de personas ocurridas en ese país y señaló que ya para esa fecha había adoptado 43 resoluciones en relación con casos individuales, que afectaban a 106 víctimas.11 Con posterioridad a esa fecha, la Comisión ha seguido emitiendo Informes al respecto.12 Además, el propio Estado peruano ha reconocido oficialmente el fenómeno de las desapariciones forzadas y ha dado cuenta de 5.000 denuncias sobre desapariciones en el período comprendido entre 1983 y 1991.13 El elevado número de denuncias del mismo tenor es un indicio evidente para la Comisión de que las desapariciones en Perú respondían a un patrón oficial diseñado y ejecutado en forma sistemática.
77. La Comisión ha sido informada que, en general, la ejecución de la política de desapariciones estaba delegada en los Jefes de los Comandos Políticos Militares y en los Jefes de las Bases Militares. Estos últimos tenían a su cargo el mando directo de los efectivos que efectuaban las detenciones, con las que se iniciaba normalmente el proceso de las desapariciones. La Policía Nacional se encontraba igualmente a cargo de efectuar desapariciones, normalmente a través de la DINCOTE.
78. La fuente más común que originaba el secuestro y la desaparición de alguna persona era la información recabada por miembros del servicio de inteligencia, conforme a la cual la persona se encontraba de alguna manera vinculada a los grupos subversivos, primordialmente a Sendero Luminoso o al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). Debe aclararse que, en muchos casos, dichas personas no se encontraban vinculadas de ninguna manera a dichos grupos disidentes, pero tenían la desgracia de que por dolo o por error se les incluyera en las listas que luego ocasionarían su desaparición.
80. Una vez determinada la condición de ?sospechosa? de la persona, se procedía a su detención, que en numerosas ocasiones era el primer paso de la desaparición. Algunas veces las detenciones se producían en plena vía pública y otras veces en el domicilio de la víctima, generalmente en horas de la madrugada y en presencia de testigos. Los encargados de practicar las detenciones eran efectivos militares o policiales, fuertemente armados, que algunas veces vestían de civil, pero la mayoría de ellas vestía sus uniformes respectivos.
85. Los casos de desapariciones en Perú, en general, no fueron investigados con seriedad y los responsables, en tanto ejecutores de un plan oficial del Estado, gozaron de hecho de una impunidad prácticamente absoluta. No obstante, las autoridades decidieron ir más allá aun, al aprobar en 1995 la Ley Nº 26.479 (?Ley de Amnistía?), en cuyo artículo 1 se declaró conceder una amnistía general a todos los agentes de las fuerzas de seguridad y funcionarios civiles que hubieran sido denunciados, investigados, acusados, juzgados o condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas entre mayo de 1980 y junio de 1995. Dicha Ley fue reforzada posteriormente por la Ley Nº 26.492, mediante la cual se prohibió a la judicatura pronunciarse respecto a la legalidad o aplicabilidad de la mencionada Ley de Amnistía. La Comisión, en sus Informes Anuales de 1996 y 1997, ha presentado el aspecto relativo a las mencionadas leyes de amnistía, dentro del análisis general de la situación de los derechos humanos en Perú.
87. El principio general es que, en los casos de desapariciones en donde haya suficientes indicios de prueba, a juicio de la Comisión18, de que la detención fue efectuada por agentes del Estado en el marco general de una política oficial de desapariciones, se presumirá que la víctima fue desaparecida por actos de agentes del Estado peruano, salvo que dicho Estado haya probado lo contrario.
Estos procedimientos crueles e inhumanos constituyen no sólo una privación arbitraria de la libertad, sino también un gravísimo peligro para la integridad personal, la seguridad y la vida misma de la persona. Coloca, por otra parte, a la víctima en un estado de absoluta indefensión con grave violación de los derechos de justicia, de protección contra la detención arbitraria y el proceso regular.27
97. Así, de los hechos narrados por los peticionarios, de los testimonios de los testigos que presenciaron las detenciones y de los demás indicios probatorios que cursan en los respectivos expedientes, entre los cuales se cuentan copias de las gestiones y recursos desplegados a nivel interno tendientes a la localización y liberación de las víctimas, y copias de los informes elaborados por los propios militares para negar que las detenciones hayan sido practicadas por efectivos militares, a lo cual puede sumarse la circunstancia de que dichas detenciones ocurrieron en el Departamento de San Martín, en donde se realizaban actividades antisubversivas para el momento de la ocurrencia de los hechos, la Comisión concluye que cuenta con suficiente ilustración para establecer la veracidad de los hechos denunciados, respecto a la detención de las víctimas.
a. Son ciertos los hechos relativos a la detención y posterior desaparición de los señores Anetro Castillo Pezo, Alejandro Carhuamaca Vilchez, Juan Alberto Vásquez González, Arnaldo Ríos Vega, Reiner Ríos Rengifo, Elmer Barrera Del Aguila, David Rodríguez Ayachi, Guzmán Penchi Ubiachigua, Darwin Tapullima Huainacama, Venancio Pinchi Puyo y Antonio Santiago Chávez Ruiz (caso 10.471), por parte de efectivos del Ejército peruano, ocurrida el 27 de agosto de 1989, tal como se describe detalladamente en los párrafos 2 al 4 del presente Informe.
b. Son ciertos los hechos relativos a la detención y posterior desaparición del señor Ricardo Fernando Del Río Adrián (caso 10.955), por parte de efectivos del Ejército peruano, ocurrida el 9 de septiembre de 1991, tal como se describe detalladamente en los párrafos 8 al 12 del presente Informe.
c. Son ciertos los hechos relativos a la detención y posterior desaparición del señor Esteban Ramos Huayanay (caso 11.014), ocurrida el 17 de diciembre de 1991, por parte de efectivos del Ejército peruano, tal como se describe detalladamente en los párrafos 16 al 20 del presente Informe.
d. Son ciertos los hechos relativos a la detención y posterior desaparición del señor Rafael Tello Acosta (caso 11.066), por parte de efectivos del Ejército peruano, ocurrida el 11 de junio de 1992, tal como se describe detalladamente en los párrafos 24 al 27 del presente Informe.
e. Son ciertos los hechos relativos a la detención y posterior desaparición de la señorita Violeta Campos Linares (caso 11.067), por parte de efectivos del Ejército peruano, ocurrida el 12 de junio de 1992, tal como se describe detalladamente en los párrafos 31 al 34 del presente Informe.
f. Son ciertos los hechos relativos a la detención y posterior desaparición del señor Mauricio Javá García (caso 11.070), ocurrida el 29 de mayo de 1992, por parte de efectivos del Ejército peruano, tal como se describe detalladamente en los párrafos 38 al 43 del presente Informe.
g. Son ciertos los hechos relativos a la detención y posterior desaparición de los señores Olivia Tejada Clemente y Beder Baca Alvarado Alvarado (caso 11.163), ocurrida el 20 de febrero de 1993, por parte de efectivos del Ejército peruano, tal como se describe detalladamente en los párrafos 47 al 51 del presente Informe.
101. La Comisión procede ahora a analizar las violaciones específicas de los derechos consagrados en la Convención que la desaparición de los señores Anetro Castillo Pezo, Alejandro Carhuamaca Vilchez, Juan Alberto Vásquez González, Arnaldo Ríos Vega, Reiner Ríos Rengifo, Elmer Barrera Del Aguila, David Rodríguez Ayachi, Guzmán Penchi Ubiachigua, Darwin Tapullima Huainacama, Venancio Pinchi Puyo, Antonio Santiago Chávez Ruiz, Ricardo Fernando Del Río Adrián, Esteban Ramos Huayanay, Rafael Tello Acosta, Violeta Campos Linares, Mauricio Javá García, Olivia Tejada Clemente y Beder Baca Alvarado Alvarado implica, por parte del Estado peruano.
103. En el presente caso, los ciudadanos peruanos Anetro Castillo Pezo, Alejandro Carhuamaca Vilchez, Juan Alberto Vásquez González, Arnaldo Ríos Vega, Reiner Ríos Rengifo, Elmer Barrera Del Aguila, David Rodríguez Ayachi, Guzmán Penchi Ubiachigua, Darwin Tapullima Huainacama, Venancio Pinchi Puyo, Antonio Santiago Chávez Ruiz, Ricardo Fernando Del Río Adrián, Esteban Ramos Huayanay, Rafael Tello Acosta, Violeta Campos Linares, Mauricio Javá García, Olivia Tejada Clemente y Beder Baca Alvarado Alvarado fueron detenidos de manera ilegal y arbitraria por miembros del Ejército peruano, en San Martín. También surge del expediente que las autoridades militares han negado sistemáticamente haberlos detenido.
109. La Comisión llega a la conclusión que el Estado peruano es responsable de la violación del derecho a la libertad y la seguridad personal, al haber sometido a prisión arbitraria a los ciudadanos peruanos Anetro Castillo Pezo, Alejandro Carhuamaca Vilchez, Juan Alberto Vásquez González, Arnaldo Ríos Vega, Reiner Ríos Rengifo, Elmer Barrera Del Aguila, David Rodríguez Ayachi, Guzmán Penchi Ubiachigua, Darwin Tapullima Huainacama, Venancio Pinchi Puyo, Antonio Santiago Chávez Ruiz, Ricardo Fernando Del Río Adrián, Esteban Ramos Huayanay, Rafael Tello Acosta, Violeta Campos Linares, Mauricio Javá García, Olivia Tejada Clemente y Beder Baca Alvarado Alvarado, y del derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente para que determine sobre la legalidad de su arresto, violando de esa forma el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
110. Puesto que la desaparición forzada involucra la violación de múltiples derechos, queda implícita la violación al derecho a la integridad personal de los señores Anetro Castillo Pezo, Alejandro Carhuamaca Vilchez, Juan Alberto Vásquez González, Arnaldo Ríos Vega, Reiner Ríos Rengifo, Elmer Barrera Del Aguila, David Rodríguez Ayachi, Guzmán Penchi Ubiachigua, Darwin Tapullima Huainacama, Venancio Pinchi Puyo, Antonio Santiago Chávez Ruiz, Ricardo Fernando Del Río Adrián, Esteban Ramos Huayanay, Rafael Tello Acosta, Violeta Campos Linares, Mauricio Javá García, Olivia Tejada Clemente y Beder Baca Alvarado Alvarado.
114. En el caso de los señores Anetro Castillo Pezo, Alejandro Carhuamaca Vilchez, Juan Alberto Vásquez González, Arnaldo Ríos Vega, Reiner Ríos Rengifo, Elmer Barrera Del Aguila, David Rodríguez Ayachi, Guzmán Penchi Ubiachigua, Darwin Tapullima Huainacama, Venancio Pinchi Puyo, Antonio Santiago Chávez Ruiz, Ricardo Fernando Del Río Adrián, Esteban Ramos Huayanay, Rafael Tello Acosta, Violeta Campos Linares, Mauricio Javá García, Olivia Tejada Clemente y Beder Baca Alvarado Alvarado, los mencionados testimonios, indicios y demás pruebas aportadas demuestran que fueron detenidos por funcionarios del Estado, con lo cual queda establecida la presunción de que fueron desaparecidos por agentes estatales.
115. Existen elementos suficientes para presumir la muerte de los señores Anetro Castillo Pezo, Alejandro Carhuamaca Vilchez, Juan Alberto Vásquez González, Arnaldo Ríos Vega, Reiner Ríos Rengifo, Elmer Barrera Del Aguila, David Rodríguez Ayachi, Guzmán Penchi Ubiachigua, Darwin Tapullima Huainacama, Venancio Pinchi Puyo, Antonio Santiago Chávez Ruiz, Ricardo Fernando Del Río Adrián, Esteban Ramos Huayanay, Rafael Tello Acosta, Violeta Campos Linares, Mauricio Javá García, Olivia Tejada Clemente y Beder Baca Alvarado Alvarado, considerando que ya han transcurrido aproximadamente siete años de su detención y desaparición, y que los responsables son agentes del Estado.
117. El artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Cuando los señores Anetro Castillo Pezo, Alejandro Carhuamaca Vilchez, Juan Alberto Vásquez González, Arnaldo Ríos Vega, Reiner Ríos Rengifo, Elmer Barrera Del Aguila, David Rodríguez Ayachi, Guzmán Penchi Ubiachigua, Darwin Tapullima Huainacama, Venancio Pinchi Puyo, Antonio Santiago Chávez Ruiz, Ricardo Fernando Del Río Adrián, Esteban Ramos Huayanay, Rafael Tello Acosta, Violeta Campos Linares, Mauricio Javá García, Olivia Tejada Clemente y Beder Baca Alvarado Alvarado fueron detenidos por agentes del Estado y luego desaparecidos, fueron excluidos del orden jurídico e institucional del Estado peruano. En este sentido, la desaparición forzada de personas significa la negación de la propia existencia como ser humano revestido de personalidad jurídica.34
121. Los recursos de habeas corpus fueron completamente ineficaces para cumplir su objetivo. Los procesos penales en la jurisdicción interna del Estado peruano fueron una mera tramitación formal e irrelevante y las investigaciones no aportaron el más mínimo indicio sobre quiénes fueron los responsables de las detenciones y posteriores desapariciones de los señores Anetro Castillo Pezo, Alejandro Carhuamaca Vilchez, Juan Alberto Vásquez González, Arnaldo Ríos Vega, Reiner Ríos Rengifo, Elmer Barrera Del Aguila, David Rodríguez Ayachi, Guzmán Penchi Ubiachigua, Darwin Tapullima Huainacama, Venancio Pinchi Puyo, Antonio Santiago Chávez Ruiz, Ricardo Fernando Del Río Adrián, Esteban Ramos Huayanay, Rafael Tello Acosta, Violeta Campos Linares, Mauricio Javá García, Olivia Tejada Clemente y Beder Baca Alvarado Alvarado.
124. El Estado no puede eludir, bajo argumento alguno, su deber de investigar un caso que involucre la violación de derechos humanos elementales. La Corte así lo expresa cuando dice que "la investigación debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa ... de ... familiares ... sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad."38
126. Precisamente por este motivo es que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 27, ha establecido que no pueden suspenderse las garantías judiciales indispensables para salvaguardar ciertos derechos fundamentales. Como ha sido señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos "del artículo 27.1 se deriva la necesidad genérica de que subsistan medios idóneos para el control de las disposiciones que se dicten, a fin de que ellas se adecuen razonablemente a la necesidad de la situación y no excedan los límites estrictos impuestos por la Convención o derivados de ella".40
127. Asimismo, ha señalado la Corte: ?El carácter judicial de tales medios implica la intervención de un órgano independiente e imparcial, apto para determinar la legalidad de las actuaciones que se cumplan dentro del Estado de excepción"41 y "[D]ebe entenderse que... la implantación del estado de emergencia --cualquiera que sea la dimensión o denominación con que se le considere en el derecho interno-- no puede comportar la supresión o la pérdida de la efectividad de las garantías judiciales que los Estados Partes están obligados a establecer, según la misma Convención, para la protección de los derechos no susceptibles de suspensión o de los no suspendidos en virtud del estado de emergencia".42
131. La primera obligación de los Estados, emergente del artículo 1.1. de la Convención, es la de respetar los derechos y libertades de todos los individuos dentro de su jurisdicción. En relación con esta obligación, la Corte expresó que "es un principio de derecho internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes ...por las omisiones de los mismos aun si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno". Además, establece que "es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la Convención de los poderes que ostentan por su carácter oficial".45
132. La Comisión concluye que las desapariciones forzadas de los señores Anetro Castillo Pezo, Alejandro Carhuamaca Vilchez, Juan Alberto Vásquez González, Arnaldo Ríos Vega, Reiner Ríos Rengifo, Elmer Barrera Del Aguila, David Rodríguez Ayachi, Guzmán Penchi Ubiachigua, Darwin Tapullima Huainacama, Venancio Pinchi Puyo, Antonio Santiago Chávez Ruiz, Ricardo Fernando Del Río Adrián, Esteban Ramos Huayanay, Rafael Tello Acosta, Violeta Campos Linares, Mauricio Javá García, Olivia Tejada Clemente y Beder Baca Alvarado Alvarado constituyen actos perpetrados por agentes de carácter público, por lo cual el Estado peruano ha violado los derechos de las víctimas contemplados en el artículo 1(1) de la Convención, con relación a las violaciones de los artículos 3, 4, 5, 7, y 25, de la Convención.
134. El Estado en un caso de "desaparición forzada" tiene el deber de determinar el destino y situación de la víctima, sancionar a los culpables e indemnizar a sus familiares. En el caso que nos ocupa, esas obligaciones no se han cumplido, por lo que la Comisión concluye que el Estado peruano ha violado el artículo 1(1) de la Convención porque no garantizó el ejercicio de los derechos y garantías de los señores Anetro Castillo Pezo, Alejandro Carhuamaca Vilchez, Juan Alberto Vásquez González, Arnaldo Ríos Vega, Reiner Ríos Rengifo, Elmer Barrera Del Aguila, David Rodríguez Ayachi, Guzmán Penchi Ubiachigua, Darwin Tapullima Huainacama, Venancio Pinchi Puyo, Antonio Santiago Chávez Ruiz, Ricardo Fernando Del Río Adrián, Esteban Ramos Huayanay, Rafael Tello Acosta, Violeta Campos Linares, Mauricio Javá García, Olivia Tejada Clemente y Beder Baca Alvarado Alvarado.
135. La Comisión aprobó el Informe Nº 64/98 (artículo 50) sobre el presente caso el 30 de septiembre de 1998, durante su 100º período de sesiones. Dicho Informe, con las recomendaciones de la Comisión, se transmitió al Estado peruano el 20 de octubre de 1998, a quien se concedieron dos meses para que cumpliera con las recomendaciones, contados a partir de la fecha del envío del Informe.
136. Mediante nota Nº 7-5-M/575, de fecha 20 de diciembre de 1998, el Estado transmitió a la Comisión su respuesta al Informe Nº 64/98. En dicha respuesta el Estado efectuó diversas consideraciones exponiendo su desacuerdo con aspectos de hecho y de derecho reflejados en el mencionado informe, así como con las conclusiones a las que llegó la Comisión. Así, por ejemplo, el Estado cuestionó las consideraciones sobre admisibilidad contenidas en dicho informe, especialmente en lo relativo a la conclusión de la Comisión respecto a que existió una práctica o política de desapariciones que hizo ineficaz el recurso de habeas corpus, y que en consecuencia hizo innecesario ejercer dicho recurso a los efectos de agotar los recursos de la jurisdicción interna. El Estado alegó además que la violencia terrorista que afectó a Perú generó una serie de situaciones que evidentemente alteraron el desarrollo normal de la sociedad peruana, y que "el tema de las desapariciones ha sido utilizado para cuestionar dicho proceso que ha permitido obtener un gran avance en la pacificación del país". El Estado mencionó informes de la Comisión y de otros organismos internacionales en donde se hizo referencia a la violencia y al terror que caracterizaban el accionar de los grupos disidentes, y añadió que aunque Sendero Luminoso, en general, no desaparecía a la gente, es posible que muchas personas dadas por desaparecidas hayan pasado en realidad a formar parte de dicho grupo.
137. El Estado afirmó en sus respuestas que ?si bien en el desarrollo de la lucha contrasubversiva se han registrado casos de excesos o abusos por parte de elementos de las fuerzas del orden, los mismos que han sido investigados y sancionados, nunca ha existido una práctica sistemática u oficializada de desapariciones?. Agregó simultáneamente que la situación de violencia extrema que asoló al Perú tornó muy compleja la tarea de investigar las denuncias individuales, lo que se vio agravado por cuanto ?la mayoría de las denuncias son incompletas, la ortografía del nombre defectuosa, las circunstancias de la desaparición vagas, y la fecha y lugar de la misma, imprecisas?, a lo cual se añadía que los grupos terroristas trataban de presentar a las Fuerzas Armadas como únicas causantes de violaciones masivas a los derechos humanos.
139. En lo relativo al caso específico de la desaparición del señor Ricardo Fernando Del Río Adrián, el Estado afirmó apreciar ?una descripción parcial de la versión de los hechos expuesta por el peticionario, tanto en la denuncia, como en las observaciones y anexos presentados?, y expuso sus argumentos al respecto. Agregó que se omitió mencionar que un Fiscal Provincial, en compañía de una hermana del señor Del Río Adrián, recorrió los ambientes del cuartel, y que se omitió reseñar los argumentos con base en los cuales el Estado sustenta su posición de negación de responsabilidad en dicha detención. En lo relativo al caso del señor Esteban Ramos Huayanay, el Estado argumentó que se omitió especificar el resultado infructuoso de investigaciones efectuadas por el Ministerio Público, y agregó que el hecho de que los resultados hayan sido desfavorables no significa que el Estado no haya hecho una investigación seria e imparcial. En lo concerniente al caso del señor Rafael Tello Acosta, el Estado afirmó que dicha persona no fue detenida ni por fuerzas policiales ni por fuerzas militares.
141. En relación a la recomendación de la Comisión relativa a que el Estado inicie una investigación seria e imparcial de los hechos relativos a la desaparición de las víctimas, el Estado contestó que la investigación que efectuó en su oportunidad fue seria e imparcial, por lo que tal recomendación ya estaría cumplida.
142. En relación a la recomendación de la Comisión de que el Estado deje sin efecto toda medida interna, legislativa o de otra naturaleza, que tienda a impedir la investigación, procesamiento y sanción de los responsables de la detención-desaparición de las víctimas, especialmente las leyes de amnistía Nos. 26479 y 26492, el Estado afirmó que dichas leyes se ajustan a la Constitución peruana.
143. En relación a la recomendación de la Comisión respecto a que el Estado indemnice a los familiares de las víctimas, Perú respondió que estima improcedente tal recomendación, puesto que "no se ha determinado responsabilidad de los agentes del Estado peruano".
144. En relación a la recomendación de la Comisión respecto a que el Estado adhiera a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, Perú contestó que tal acto constituye una manifestación de soberanía que corresponde al Congreso peruano, y agregó que el Estado peruano ha insertado en su normativa interna aspectos relacionados con la desaparición forzada de personas como delito contra los derechos humanos.
145. La Comisión se abstiene de analizar las reiteraciones del Estado peruano respecto a argumentos efectuados con anterioridad a la adopción del referido Informe Nº 64/98, y sus manifestaciones de desacuerdo con dicho Informe, pues conforme a lo establecido en el artículo 51(1) de la Convención, lo que la Comisión debe determinar en esta etapa del procedimiento es si el Estado solucionó o no el asunto.
146. La Comisión debe insistir, no obstante, que conforme a lo establecido en el artículo 27(3) de la Convención Americana, los Estados pueden, bajo ciertas condiciones y circunstancias, suspender el ejercicio del derecho a la libertad personal consagrado en el artículo 7 de la Convención. No obstante, tal y como se mencionó supra, la facultad de detener no constituye una facultad ilimitada para las fuerzas de seguridad, por medio de la cual puedan proceder a detener arbitrariamente a las personas. La suspensión de la garantía a la libertad personal, autorizada por el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, nunca puede llegar a ser total. Existen principios subyacentes a toda sociedad democrática que las fuerzas de seguridad deben observar para formalizar una detención, aún bajo estado de emergencia. Los presupuestos legales de una detención son obligaciones que las autoridades estatales deben respetar, en cumplimiento del compromiso internacional de proteger y respetar los derechos humanos, adquirido bajo la Convención. Asimismo, y con base en los principios anteriores, la detención policial o militar, como medida cautelar, debe tener como único propósito evitar la fuga de un sospechoso de un acto delictivo, y asegurar así su comparecencia ante un juez competente, para que sea juzgado dentro de un plazo razonable o, en su caso, puesto en libertad. El artículo 27 de la Convención no permite de ninguna manera que una persona pueda ser detenida por agentes estatales con el objeto de desaparecerla.
147. En lo concerniente al cumplimiento de las recomendaciones que la Comisión efectuó al Estado peruano en su mencionado informe Nº 64/98, la Comisión observa que el Estado no ha cumplido ninguna de las recomendaciones que hizo la Comisión. La única afirmación concreta del Estado respecto al pretendido cumplimiento de una de las recomendaciones de la Comisión se refiere a su alegato conforme al cual la investigación que realizó en su oportunidad, y la cual concluyó que las Fuerzas Armadas no son responsables por las desapariciones de las víctimas, fue una investigación seria e imparcial, con lo cual ya habría cumplido previamente con la recomendación de la Comisión en tal sentido. La Comisión debe señalar al Estado peruano que tales investigaciones fueron efectuadas varios años antes de la adopción, el 30 de septiembre de 1998, del aludido Informe Nº 64/98. Luego, la Comisión hubiese considerado que las investigaciones realizadas por el Estado fueron serias e imparciales si el Estado hubiera identificado y sancionado a los culpables, y no los hubiera amnistiado, en lugar de afirmar una conclusión fáctica relativa a que los agentes del Estado no fueron los responsables de las desapariciones.
148. Con respecto al alegato de Perú respecto a que las leyes de amnistía se ajustan a la Constitución peruana, la Comisión considera importante recordarle al Estado peruano que al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 28 de julio de 1978, contrajo la obligación de respetar y garantizar a todos los habitantes de ese país los derechos consagrados en ella. En tal sentido, y conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el Estado peruano no puede invocar sus leyes internas como justificación para incumplir las obligaciones que asumió al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A través de los años esta Comisión se ha pronunciado en un número de casos claves en los cuales ha tenido la oportunidad de expresar su punto de vista y cristalizar su doctrina en materia de aplicación de leyes de amnistía. Estas decisiones han declarado en forma uniforme que tanto las leyes de amnistía como las medidas legislativas comparables que impiden o dan por terminada la investigación y juzgamiento de agentes del Estado que puedan ser responsables por serias violaciones a la Convención o la Declaración Americana, violan múltiples disposiciones de estos instrumentos.47 Esta doctrina ha sido confirmada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido que los Estados partes tienen el deber de "investigar las violaciones a los derechos humanos, procesar a los responsables y evitar la impunidad".48 La Corte ha definido la impunidad como la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones a los derechos humanos, y ha afirmado que los Estados tienen la obligación de combatir esta situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de los derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares.49 Los Estados partes en la Convención Americana no pueden invocar disposiciones de su derecho interno, tales como leyes de amnistía, para incumplir su obligación de garantizar el funcionamiento completo y debido de la justicia.50
149. En lo concerniente a la recomendación efectuada por la Comisión de que Perú indemnice a los familiares de las víctimas, respecto a la cual el Estado afirma no poder cumplir por no haberse determinado la responsabilidad de los agentes del Estado peruano, se observa que la Comisión, en uso de las atribuciones que le ha conferido la Convención Americana, determinó que el Estado peruano es el responsable por la desaparición de las víctimas. En virtud de ello, el argumento de no indemnizar a las víctimas bajo la afirmación de que no se ha determinado la responsabilidad por dichas desapariciones carece de sustento, pues como quedó establecido, conforme a las pruebas aportadas y analizadas en el presente caso, el responsable por dichas desapariciones es el Estado peruano.
150. En lo relativo a la recomendación de que Perú adhiera la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que el Estado sostiene implica una manifestación de soberanía que corresponde al Congreso peruano, la Comisión observa que, precisamente, el cumplimiento de dicha recomendación implica que el Estado prosiga los procedimientos internos pertinentes para que Perú pase a formar parte de dicha Convención, como otro elemento tendiente a tratar de evitar que se repitan en el futuro los casos de desapariciones forzadas en Perú.
151. La Comisión, con base en las pruebas aportadas en el expediente, reitera su conclusión de que efectivos del Ejército peruano destacados en el Departamento de San Martín procedieron a detener arbitrariamente y a desaparecer a los señores Anetro Castillo Pezo, Alejandro Carhuamaca Vilchez, Juan Alberto Vásquez González, Arnaldo Ríos Vega, Reiner Ríos Rengifo, Elmer Barrera Del Aguila, David Rodríguez Ayachi, Guzmán Penchi Ubiachigua, Darwin Tapullima Huainacama, Venancio Pinchi Puyo, Antonio Santiago Chávez Ruiz, Ricardo Fernando Del Río Adrián, Esteban Ramos Huayanay, Rafael Tello Acosta, Violeta Campos Linares, Mauricio Javá García, Olivia Tejada Clemente y Beder Baca Alvarado Alvarado, por lo cual el Estado peruano es responsable de la violación del derecho a la personalidad jurídica (artículo 3), del derecho la vida (artículo 4), del derecho a la integridad personal (artículo 5), del derecho a la libertad (artículo 7), y del derecho a un recurso judicial efectivo (artículo 25) consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Igualmente, ha incumplido su obligación general de respetar y garantizar el ejercicio de estos derechos consagrados en la Convención, en los términos del artículo 1(1) de dicha Convención.
1. Iniciar una investigación seria, imparcial y efectiva de los hechos con el objeto de establecer el paradero de los señores Anetro Castillo Pezo, Alejandro Carhuamaca Vilchez, Juan Alberto Vásquez González, Arnaldo Ríos Vega, Reiner Ríos Rengifo, Elmer Barrera Del Aguila, David Rodríguez Ayachi, Guzmán Penchi Ubiachigua, Darwin Tapullima Huainacama, Venancio Pinchi Puyo, Antonio Santiago Chávez Ruiz, Ricardo Fernando Del Río Adrián, Esteban Ramos Huayanay, Rafael Tello Acosta, Violeta Campos Linares, Mauricio Javá García, Olivia Tejada Clemente y Beder Baca Alvarado Alvarado, e identificar a los responsables de su detención-desaparición; y que por la vía del proceso penal correspondiente, se les apliquen las sanciones, con penas previstas en la ley, adecuadas a la gravedad de las violaciones mencionadas.
2. Dejar sin efecto toda medida interna, legislativa o de otra naturaleza, que tienda a impedir la investigación, procesamiento y sanción de los responsables de la detención-desaparición de los señores Anetro Castillo Pezo, Alejandro Carhuamaca Vilchez, Juan Alberto Vásquez González, Arnaldo Ríos Vega, Reiner Ríos Rengifo, Elmer Barrera Del Aguila, David Rodríguez Ayachi, Guzmán Penchi Ubiachigua, Darwin Tapullima Huainacama, Venancio Pinchi Puyo, Antonio Santiago Chávez Ruiz, Ricardo Fernando Del Río Adrián, Esteban Ramos Huayanay, Rafael Tello Acosta, Violeta Campos Linares, Mauricio Javá García, Olivia Tejada Clemente y Beder Baca Alvarado Alvarado. En tal virtud, el Estado debe dejar sin efecto las Leyes Nos. 26479 y 26492.
3. Otorgar una indemnización apropiada a los familiares de los señores Anetro Castillo Pezo, Alejandro Carhuamaca Vilchez, Juan Alberto Vásquez González, Arnaldo Ríos Vega, Reiner Ríos Rengifo, Elmer Barrera Del Aguila, David Rodríguez Ayachi, Guzmán Penchi Ubiachigua, Darwin Tapullima Huainacama, Venancio Pinchi Puyo, Antonio Santiago Chávez Ruiz, Ricardo Fernando Del Río Adrián, Esteban Ramos Huayanay, Rafael Tello Acosta, Violeta Campos Linares, Mauricio Javá García, Olivia Tejada Clemente y Beder Baca Alvarado Alvarado, incluyendo el pago de una reparación compensatoria por el sufrimiento derivado de no haberse conocido el destino de las víctimas.
152. El 3 de marzo de 1999, la Comisión transmitió el informe 13/99 --cuyo texto es el que antecede-- al Estado peruano y a los peticionarios, de conformidad con lo establecido en el artículo 51(2) de la Convención, y le otorgó un plazo adicional al Estado para el cumplimiento de las recomendaciones precedentes. El Estado no respondió dentro del lapso establecido.
153. En virtud de las consideraciones que anteceden, y de lo dispuesto en los artículos 51(3) de la Convención Americana y 48 del Reglamento de la Comisión, ésta decide reiterar la conclusión contenida en el capítulo VIII supra; reiterar las recomendaciones del capítulo IX supra; hacer público el presente informe e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA. La Comisión, conforme a las disposiciones contenidas en los instrumentos que rigen su mandato, continuará evaluando las medidas adoptadas por el Estado peruano respecto a las recomendaciones formuladas, hasta que éstas hayan sido totalmente cumplidas por dicho Estado.
1 Habida cuenta de que los hechos alegados en los siete casos bajo análisis son, en esencia, similares, por tratarse de hechos que tienen conexidad en su origen, han sido denunciados en relación a una misma región y en una misma época, han sido imputados a efectivos militares y han sido efectuados bajo un patrón de conducta que evidenciaría una política estatal, la Comisión ha decidido, de conformidad con lo establecido en el artículo 40(2) de su Reglamento, acumular dichos casos y proceder a resolverlos en forma conjunta.
14 Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Documento ONU E/CN.4/1998/43, de fecha 12 de enero de 1998,. párr. 297. (Traducción no oficial).
29 La Comisión considera relevante citar al efecto un Informe reciente, en donde en un caso de desaparición de una persona detenida, estableció que "El Estado colombiano no ha demostrado que agentes del Estado no hayan desaparecido al señor Medina... El Estado no ha presentado ningún argumento de hecho o de derecho ni ha ofrecido prueba alguna que apoye la afirmación de que el señor Medina no fue desaparecido por agentes del Estado". CIDH, Informe Nº 3/98 (Caso 11.221), op. cit., párr. 63.
30 Conforme al cual: "Toda persona tiene derecho: ... 20".- A la libertad y seguridad personales. En consecuencia: ... g) Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del Juez o por las autoridades policiales en flagrante delito...".
31 La Comisión ha establecido que: "El fundamento que respalda esta garantía es que ninguna persona puede ser objeto de sanción sin juicio previo, que incluye la presentación de cargos, la oportunidad de defenderse y la sentencia. Todas estas etapas deben cumplirse dentro de un plazo razonable. Este límite de tiempo tiene como objetivo proteger al acusado en lo que se refiere a su derecho básico de libertad personal, así como su seguridad personal frente a la posibilidad de que sea objeto de un riesgo de procedimiento injustificado. CIDH, Informe Nº 2-96, párr. 76. (Caso 11.245, Argentina), publicado en Informe Anual 1995.
48 Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo, Sentencia de Reparaciones del 27 de noviembre de 1998, párrafo 170.
49 Corte I.D.H., Caso Paniagua Morales y otros, Sentencia del 8 de marzo de 1998, Serie C, No. 37, párrafo 173.
50 Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo, Sentencia de Reparaciones del 27 de noviembre de 1998, párrafo 168.

References: artículo 46
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 artículo 1
 artículo 7
 artículo 3
 artículo 27
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 artículo 1
 artículo 1
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 artículo 51
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 artículo 7
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 artículo 51
 artículo 40