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Timestamp: 2019-07-16 05:01:22+00:00

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REFORMA DE CAPÍTULOS I, II, III, IV, V, VI, VI-A, VII, IX, X, XI, XIII Y XIV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
Sesión 44ª, en miércoles 30 de abril de 2003
(De 16:20 a 18:51)
CUENTA....................................................................¿......................................
Acuerdos de Comités............................................................................
IV.	ORDEN DEL DÍA:............................................................................................
Proyecto de reforma constitucional, en primer trámite, que introduce diversas reformas a la Carta Fundamental (2526-07 y 2534-07) (queda pendiente su discusión particular)........
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)..............................................................
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior y Secretario General de la Presidencia.
Del señor Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional , por medio del cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Martínez, referido al monto total de los valores comprometidos por CAPREDENA en la corredora de la sociedad INVERLINK.
Moción de los Senadores señores Larraín y Naranjo, con la cual inician un proyecto de ley modificatorio del artículo 12 de la ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales, con el propósito de facultar al Fisco y a los municipios para llevar a cabo, a través de los diversos fondos públicos, la restauración de los Monumentos Históricos o Nacionales que pertenezcan al ámbito privado y que se encuentren en riesgo de derrumbe o destrucción.
--Se declara inadmisible, por referirse a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República , de conformidad con lo establecido en el artículo 62, inciso cuarto, Nº 2º, de la Carta Fundamental.
Puede usar de ella, señor Senador.
Señor Presidente , estamos conscientes de la inadmisibilidad que la Mesa ha declarado respecto de la moción que hemos presentado con el Senador señor Naranjo. Aun así, hemos querido plantearla con el propósito de hacerla llegar a conocimiento del Ejecutivo y de que éste le preste su patrocinio. ¿Por qué? Porque la situación concreta que hoy estamos viviendo en nuestra zona a propósito del templo de Nirivilo, ubicado en la comuna de San Javier, puede producirse en muchos otros lugares.
Dicho templo, que es un monumento histórico de incalculable valor, ha sufrido el derrumbe de una de sus partes y la única posibilidad de proceder a su restauración es con apoyo fiscal. La Iglesia no cuenta con condiciones económicas para ello y, si no es reparado a tiempo, su destrucción será total, yéndose con él una parte de la historia nacional.
En atención a que no hay fines de lucro y a que se trata de un monumento de esa naturaleza, pensamos que el Fisco o la municipalidad podrían aportar los recursos necesarios para su refacción. Ése es el sentido de la iniciativa: facultar al Fisco y a los municipios, previo acuerdo del Consejo de Monumentos Nacionales, para efectuar aportes destinados a la mantención de monumentos históricos cuando la situación económica así lo recomiende, a fin de salvar el patrimonio nacional.
Por eso, solicito oficiar al señor Presidente de la República , en nombre del Senador señor Naranjo y en el mío propio, para que haga suya la moción que la Mesa ha declarado inadmisible, prestándole el patrocinio correspondiente.
Si le parece a la Sala, se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
Comunico a Sus Señorías que llegaron las indicaciones del Ejecutivo al proyecto sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, cuyo plazo para formularlas se fijó hasta el próximo miércoles 7 de mayo.
Para evitar que la iniciativa vuelva después sólo a la Comisión de Gobierno, que para estos efectos es el órgano técnico pertinente, propongo que sea analizada por las Comisiones de Hacienda y de Gobierno, unidas. Ya he conversado con los Presidentes de estos organismos y están de acuerdo en que ése es el procedimiento más conveniente.
Por lo tanto, si no hubiera objeción, el proyecto sería estudiado por ambas Comisiones en forma conjunta.
Hago presente a Sus Señorías que esta sesión está citada hasta las siete de la tarde.
Además, deseo informarles que, por la cantidad de proyectos en tabla, por los temas que están pendientes y por los acuerdos políticos que hay que cumplir, haré uso de la facultad que tengo como Presidente del Senado para convocar a sesión especial el próximo martes, 6 del actual, de 12 a 14. Y recuerdo que al día siguiente, a las 11, hay un Congreso Pleno. Hago estas prevenciones para que las Comisiones vayan ajustando sus horarios.
Ahora, si el jueves aún tenemos tabla, me veré en la obligación también de citar a sesión para ese día.
Proyecto de reforma constitucional, iniciado en mociones de los Honorables señores Chadwick, Larraín y Romero, y del ex Senador señor Díez, y de los Honorables señores Silva y Viera-Gallo, y de los ex Senadores señores Bitar y Hamilton, en primer trámite constitucional, que introduce diversas enmiendas a la Carta Fundamental, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Sesiones 16ª, en 14 de noviembre y 18ª, en 18 de diciembre de 2001(queda pendiente su discusión); 19ª, en 19 de diciembre de 2001 (vuelve a Comisión para informe complementario);.23ª, en 15 de enero de 2002 (se aprueba en general).
Ayer quedó pendiente el número 1 del artículo único del proyecto. Como la indicación renovada por el Ejecutivo y la proposición contenida en el segundo informe fueron rechazadas, corresponde ahora pronunciarse sobre el texto del primero, que si bien ya se encuentra aprobado, por mor de la Ley Orgánica, que establece votación separada tanto para la discusión general como para la particular, debe ser votado nuevamente.
Señor Presidente , ¿qué se está poniendo en votación?
El número 1 del primer informe, que aparece en la segunda columna del boletín comparado.
¿Ya se votó la proposición del segundo informe?
Sí, señor Senador, y no reunió el quórum correspondiente. Por eso ahora la Sala debe pronunciarse sobre el texto del primer informe.
Señor Presidente, no me di cuenta de que estaba cerrando el debate y, por eso, no pedí la palabra. Le doy mis disculpas.
Entiendo que se ha puesto en votación el reconocimiento constitucional de las comunidades originarias.
Su Señoría ofreció la palabra y no me percaté de lo que se estaba poniendo en discusión. Reitero mis disculpas porque me gustaría intervenir en relación con el tema.
Si la Sala no tuviera objeción, se reabriría el debate.
En atención a ciertas conversaciones sostenidas ayer por la tarde y durante la mañana de hoy, todo hace presumir que el texto aprobado en general por el Senado será rechazado al no contar con el quórum necesario.
El inciso cuarto, nuevo, del artículo 1º planteado en el primer informe expresa: "El Estado reconoce la diversidad de origen de los chilenos que forman parte de la Nación y declara su especial preocupación por las poblaciones indígenas originarias, a las cuales garantiza su derecho a fortalecer los rasgos esenciales de su identidad.".
Según nuestros antecedentes, los Senadores de la Concertación rechazarían esta norma, al menos mayoritariamente, en tanto que los de la Alianza por Chile la votaríamos a favor, por lo cual seguiría la misma suerte de las dos indicaciones sometidas a votación, es decir, se daría por rechazada y la Constitución no sería modificada en esta parte.
Por lo anterior, señor Presidente , pido que recabe el asentimiento de la Sala, que debe ser unánime, para considerar una indicación surgida de las conversaciones sostenidas hoy por la mañana, sin ningún tipo de compromiso por quienes participaron en su elaboración, y que dice lo siguiente: "El Estado reconoce la identidad propia de los indígenas que forman parte de la Nación chilena y habitan su territorio. La ley promoverá su participación, en la vida nacional y les garantizará el derecho a conservar, desarrollar y fortalecer su identidad, idioma, instituciones y tradiciones en lo espiritual, cultural y social.".
La realidad de las cosas es que esta indicación es igual a la presentada por el Gobierno, pero, obviamente, omite la expresión "pueblo", que fue la que motivó el debate en la Comisión.
Debo señalar que si ella concita el acuerdo necesario y además recoge lo votado por la Cámara de Diputados en 1992, que fue aprobado por la unanimidad de los miembros de esa rama del Parlamento en el primer informe -entre ellos, por algunos señores Senadores de la Concertación que en aquel entonces eran Diputados-, se podría ver la posibilidad de llegar a un acuerdo, con el objeto de no quedar en el estatus en que definitivamente no prospere ninguna de ellas.
Ésa es la petición que deseo formular.
¿Me permiten una aclaración?
No sé si entendí bien el texto leído por el Senador señor Espina, pero él habló de que "La ley reconocerá". ¿Se refiere a leyes posteriores?
No. Dice: "La ley promoverá". Es la misma indicación del Ejecutivo.
Vamos a encontrarnos con problemas cuando haya que dictar leyes especiales.
Pediría que no entráramos a discutir la materia. Estamos abocados a un aspecto de procedimiento sobre votar o no votar.
Tiene la palabra el Honorable señor Romero .
Señor Presidente , en nombre de los Senadores de Renovación Nacional, quiero proponer que este tema sea analizado con seriedad y prudencia, contando con el tiempo suficiente, por todos los señores Senadores -veo que faltan algunos-, con el objeto de que en una sesión posterior podamos pronunciarnos sobre esta materia.
Eso es lo que deseo plantear.
Tendría que requerir el acuerdo de la Sala para aplazar la votación. Para ello deben presentarse indicaciones y fijarse la fecha para su votación.
Señor Presidente , creo que es mejor clarificar las posiciones. Después, si hay consenso, se producirá acuerdo.
No sé si ha quedado claro el espíritu con que se ha planteado esta moción de orden.
En mi opinión, iniciar el debate de fondo de las reformas constitucionales con un rechazo y una falta de compromiso de acuerdo, negando incluso la posibilidad de reflexionar al respecto, no me parece que constituya una buena señal ante la opinión pública.
Insisto en que es muy importante que realicemos un esfuerzo, y hasta un sacrificio, en cuanto a no mirar siempre los intereses de corto plazo, sino hacia adelante.
Señor Presidente , quiero recordar a la Sala que en la reunión de Comités propusimos que las reformas aprobadas por unanimidad se despacharan prácticamente sin debate y sólo se dejara constancia del quórum correspondiente, con el objeto de tratar a continuación las cinco o seis materias conflictivas.
Lo anterior no fue aceptado en la reunión de Comités, precisamente por los señores Senadores de la bancada que está proponiendo esta postergación o espera sobre la base de que no podemos aparecer ante la opinión pública rechazando el primer artículo.
Insisto en esa proposición, señor Presidente , a fin de poder manejar con una mayor tranquilidad este asunto y lograr algunos de los acuerdos que aquí se están requiriendo.
Señor Presidente , lo único que eventualmente podría condenar la opinión pública es que en el Senado hagamos el vano intento de enmascarar visiones sobre temas sustantivos que necesariamente deben ser abordados de manera clara, transparente y representando el legítimo punto de vista de cada cual.
De acuerdo con el artículo 131 del Reglamento, en el caso de que se formule indicación para aplazar la votación, tengo la obligación de someterla a la consideración de la Sala, porque a ella le corresponde pronunciarse por mayoría.
Señor Presidente , comparto plenamente lo expresado por el Honorable señor Lavandero . Por lo tanto, estaríamos de acuerdo -por lo menos el Senador que habla- en aplazar la votación sobre la base de esa proposición.
Al respecto, el Reglamento establece lo siguiente: "Para aplazar temporalmente la consideración del asunto. En caso de aprobarse esta indicación, la Sala deberá fijar el plazo durante el cual se suspenderá el debate del asunto;".
Por lo tanto, someteré esta materia a votación económica.
Su Señoría está cambiando la modalidad adoptada ayer.
Estoy aplicando el Reglamento; no estoy cambiando ninguna cosa.
Su Señoría está pidiendo la unanimidad para aprobar la proposición.
No estoy solicitando la unanimidad. Estoy aplicando lo establecido en el número 1º del artículo 131 del Reglamento del Senado.
Yo no he solicitado el aplazamiento de la votación. No lo he hecho, ni lo haré.
Entonces, no hay aplazamiento de la votación.
Lo que dije -porque quiero que quede claro y definido el tema- es que consideraba positivo si, por acuerdo unánime de la Sala, dispusiéramos del tiempo suficiente para analizar esta materia. Pero veo que no existe espíritu favorable en ese sentido. Muy por el contrario: aquí hay un espíritu de confrontación y, en ese caso, cada uno debe asumir su responsabilidad.
¡No califique nuestro espíritu, señor Senador! No es de confrontación, sino de claridad.
Por lo tanto, si no se solicita aplazar la votación de este asunto, no se puede aplicar el artículo 131 del Reglamento.
En consecuencia, procederemos a votar.
El señor Presidente pone en votación la modificación ya aprobada en general que figura en la columna número dos del boletín comparado que Sus Señorías tienen a la vista.
Se está votando el texto del proyecto aprobado en general en aquella parte que dice:
"La Nación chilena es indivisible.
"El Estado reconoce la diversidad de origen de los chilenos que forman parte de la Nación y declara su especial preocupación por las poblaciones indígenas originarias, a las cuales garantiza su derecho a fortalecer los rasgos esenciales de su identidad.".
Señor Presidente , creo que debe ratificarse esta disposición que fue aprobada en general, porque la sesión de ayer y gran parte de la de hoy demuestran que no hay ningún acuerdo por mejorarla, aun cuando es bastante comprensiva, sin entrar en disquisiciones, ni exquisiteces. Porque cuando se dice que "reconoce la diversidad de origen de los chilenos", se está reconociendo el origen de todos. Incluso -por ejemplo-, como el Senador que habla es hijo de inmigrantes, adquiere la nacionalidad del suelo y no la de sus padres.
Sin embargo, queriendo proteger a minorías étnicas, se las perjudica, porque se las somete a legislaciones como la primitiva sobre indígenas, donde se establecía que éstos eran incapaces y que había que ponerles tutores.
Entonces, se lleva a los mapuches a una sensación de falta de educación cuando, por ejemplo, se pretende educarlos en mapudungun y en castellano. ¿Y qué dicen los caciques? "Enseñemos castellano a nuestros mapuches, porque con eso van a entender". Y si quieren darles otro idioma, que sea el inglés, porque no hay Internet en mapudungun. Éste lo enseñará la abuela. Por ende, no van a perder su lengua.
A mi parecer, la expresión "El Estado reconoce", etcétera, contempla todas las posibilidades de ser chileno sin entrar en esas disquisiciones, que han llevado a una competencia para ver quién favorece más a los araucanos o quién los rechaza más.
Señor Presidente, pienso que las cosas se hacen en la medida de lo posible.
Toda la discusión de ayer mostró que la diferencia de fondo está en usar o no usar la expresión "pueblos indígenas". La norma sugerida, al emplear la palabra "poblaciones", se aleja mucho de aquel concepto.
Respecto de la propuesta del Senador señor Romero, creo que hay casos en que se puede llegar a un acuerdo rápido y otros donde se necesita tiempo para que las cosas maduren.
Ahora bien, considero absolutamente imposible inferir que en el curso de esta discusión en el Senado se concuerde a partir de una diferencia muy tajante, que es la aceptación o rechazo de la palabra "pueblos". Nosotros hemos estado abogando por ella, pues tiene un valor simbólico muy importante. Desde las otras bancadas se ha sostenido lo contrario.
A mi juicio, la oportunidad para gestar el acuerdo -ojalá se produzca- será el segundo trámite constitucional, en la Cámara de Diputados.
Rechazo la proposición.
Señor Presidente , en la sesión de ayer quedó claramente establecido que la palabra "pueblo" crea una dificultad extraterritorial; o sea, ella está manejada en el exterior y no en Chile.
Por eso, me llama la atención que el texto diga "La Nación chilena es indivisible", en circunstancias de que, aquí, el concepto "Nación" pareciera estar sujeto al territorio, que significaría lo mismo, cuando jurídicamente no es así. La nación no es el territorio, porque ella es indivisible.
Por lo expuesto, me parece complicado mantener esa redacción. Y lo hago presente con el objeto de ver la posibilidad de corregirla.
En todo caso, apruebo el texto sugerido.
Señor Presidente , lamento que no se haya llegado a acuerdo en esta materia; pienso que eso marca el sello con que se están tramitando estas reformas constitucionales. Y lo lamento porque, cuando los partidos de la Oposición han hecho un esfuerzo por colaborar con el Gobierno en un momento muy difícil -en la Agenda de Probidad y en la Agenda Pro Crecimiento-, en una materia donde es obvio que existe una diferencia acerca del uso de la palabra "pueblos" se está impidiendo el reconocimiento de las comunidades indígenas en función de que se discrepa al respecto, pero sin buscar sustituir ese término por otro que signifique un avance.
Admito que en materia de reformas constitucionales nunca podrá imponerse a rajatabla la opinión de unos u otros. Y en eso consiste la búsqueda de acuerdo: en que quienes tienen posiciones discrepantes cedan.
Señor Presidente , nosotros hemos afirmado que tocante a la palabra "pueblo" tenemos una legítima aprensión, al igual que -me lo recuerda el Honorable señor Romero - el Ministro de Justicia del Gobierno del Presidente Aylwin, don Francisco Cumplido , destacado constitucionalista, quien -lo leí ayer- expresamente señala la inconveniencia de usar dicho término. Y, al intervenir durante la sesión de ayer, el Senador señor Valdés también manifestó su aprensión con claridad.
En mi concepto, cuando en el Senado, que se supone un lugar de encuentro, de entendimiento, hay discrepancias acerca de una palabra y no se es capaz de gestar un acuerdo, ello es demostración de la nula voluntad por querer llegar a consensos en asuntos relevantes como éste.
Más aún, ya señalé que, con el objeto de generar un acuerdo, recogiendo un texto que había sido redactado, entre otros, por personas relevantes de la Concertación, sin ningún compromiso -como consta al señor Presidente del Senado -, propusimos decir: "El Estado reconoce la identidad propia de los indígenas que forman parte de la Nación chilena y habitan su territorio"; "la identidad propia": reconocimiento claro, categórico. Y luego sugerimos la misma redacción -idéntica- de la indicación presentada por el Gobierno.
O sea, existe un camino que permitiría llegar a acuerdo. Y quienes llevan más años en el Senado lo hicieron en la Ley Indígena: no incluyeron la expresión "pueblo". Porque si este debate se hubiese producido en aquel entonces, no existiría ley indígena (algunos creen que habría sido mejor).
Honorables colegas, el consenso se logra en el Senado sobre la base de que cada cual tenga la suficiente capacidad de ceder. Si no, simplemente se trata de la imposición de unos sobre otros. Y como estas normas deben ser aprobadas con quórum muy alto, no es posible tal imposición.
Además, señor Presidente , quiero señalar lo siguiente.
Sé -porque me la han aducido- que una de las razones tenidas en vista es la de que con esto se despertará gran entusiasmo en las comunidades mapuches y quienes estamos en la Oposición nos vamos a sentir debilitados frente a la adhesión popular que alcanzamos allí en las últimas elecciones.
Ése es un error profundo, señor Presidente . Las comunidades mapuches tienen prioridades, claramente señaladas ayer por el Senador señor García . Por cierto que les interesa también que la Constitución las reconozca. Pero ninguna dejará de entender que, existiendo una posibilidad de acercarse realmente, ello no se hubiese hecho.
Esa misma argumentación se utilizó en la última campaña parlamentaria: que nosotros no queríamos usar la palabra "pueblo" y otros sí deseaban usarla. Y, ante ella, la respuesta de la adhesión popular de las comunidades mapuches fue categórica: sobre 60 por ciento nos respaldó a quienes sosteníamos que la solución iba por otro camino.
Por lo tanto, quienes creen que nuestra actitud de querer buscar el diálogo y un acuerdo obedece a que de alguna manera estamos debilitados se equivocan profundamente. Simplemente, pensamos que, a propósito de esta materia -y habría sido una estupenda señal respecto de las que siguen-, el Senado tiene una estupenda oportunidad para demostrar que podemos llegar a acuerdos que eviten que la reforma constitucional que nos ocupa termine en el despacho de normas sin relevancia y no en la aprobación de las que el país espera.
Señor Presidente, voy a votar en contra, por los argumentos que aquí se han dado en forma muy repetida.
Sin embargo, no puedo dejar pasar lo que recién dijo el Honorable señor Espina.
Concuerdo con el planteamiento de fondo de Su Señoría, en el sentido de que el Senado es un lugar de encuentro y donde, respecto de los temas fundamentales, sobre todo en materia constitucional, debemos agotar todas las posibilidades de construir acuerdos, flexibilizar posiciones y consagrar una institucionalidad que sirva en este país para los próximos 20, 30 ó 40 años.
En cuanto al argumento que adujo Su Señoría, ojalá su sector lo hubiera aplicado en temas muy trascendentales, en los que, después de meses y meses de tratar de construir acuerdos, ha actuado con absoluta rigidez.
Por consiguiente, yo digo: apliquemos la misma vara para definir las actitudes fundamentales frente a los cambios de la Constitución.
Señor Presidente , voy a votar en contra. En primer lugar, por el mérito de la norma. De las tres redacciones que conocimos y votamos, ésta es la peor. Es peor que la que votó a favor ayer la Oposición, que por lo menos reconocía las "etnias originarias", expresión más feliz que "poblaciones indígenas".
En seguida, quiero hacer una referencia a la idea de que estamos negándonos a un acuerdo.
Aquí, el desacuerdo es muy preciso. Nosotros pensamos que, desde el punto de vista de la reivindicación del Derecho Internacional moderno, corresponde hacer el reconocimiento de los pueblos indígenas. Y, además, tenemos una diferencia jurídica con lo planteado durante el debate de ayer, ya que la expresión "pueblos indígenas", en el Derecho Internacional moderno, en convenios suscritos por decenas de países, tiene una connotación distinta del término "pueblos" sin el agregado "indígenas".
Se nos dice que, porque no estamos disponibles para sacar la denominación "pueblos indígenas", no queremos llegar a acuerdo. Eso es absurdo, pues hay una diferencia que no hemos podido resolver hasta ahora. Por consiguiente, es razonable en una democracia que eso se vote.
Como el estudio de esta reforma constitucional está recién iniciándose, espero que tengamos suficiente poder de convicción para, si existe unanimidad, reponer y examinar, durante el debate de esta Corporación o en el de la Cámara de Diputados, las prevenciones planteadas sobre el uso de la expresión "pueblos indígenas", las cuales, según entiendo, son jurídicas y de vinculación internacional, en el sentido de que podríamos estar generando un espacio para que se reivindicara, de acuerdo a la Constitución chilena, el derecho a la autodeterminación por algunos de los pueblos en cuestión.
En mi opinión, un debate jurídico a fondo del Derecho Internacional moderno va a llevar a la conclusión de que ese temor es infundado. Por ende, no pierdo la esperanza de que sigamos discutiendo esta materia en las otras instancias.
Sin embargo, que hoy se diga que porque no estamos dispuestos a dejar caer lo que consideramos un asunto justo y bueno para el país no queremos acuerdo, me parece que es dar vuelta demasiado los argumentos.
Señor Presidente , sólo deseo subrayar que, en esta discusión, nuestro sector político, la Alianza por Chile, ha tenido la mejor disposición para buscar una solución a la inquietud provocada por la proposición de reforma constitucional que formularon algunos Senadores de la Concertación.
Mediante variadas fórmulas, hemos buscado distintas redacciones para otorgar, a nivel constitucional, un reconocimiento a las diversas etnias originarias de nuestro país. Ayer se votaron dos y hoy nos estamos pronunciando sobre una tercera. Incluso, se intentó una cuarta. Pero ninguna de ellas ha sido aceptada por los Senadores de Gobierno, quienes están en su derecho, por cierto.
Sólo quiero destacar, a diferencia de lo que señala hoy el titular de un diario en el sentido de que el Senado rechazó el reconocimiento de las etnias originarias, que no hemos sido los responsables de ello. Somos partidarios del reconocimiento de las etnias originarias. Lo que rechazamos es lo que ya sabemos, que dice relación a los términos "pueblos indígenas", por la connotación jurídica que tienen. La expresión "pueblos indígenas", utilizada en un concepto antropológico o sociológico, es común y frecuente. Pero no ocurre tal con los efectos jurídicos, porque pasan a ser dependientes de legislaciones o de derechos externos.
Y, señor Presidente , no se ha aceptado lo más elemental: la propuesta del precepto que recogimos de la propia legislación indígena vigente.
Ayer el Senador señor Núñez criticó y cuestionó la definición allí contenida. Pero aclaro a Su Señoría que no es nuestra: es la de la Ley Indígena, que en su momento no fue objeto de los reparos que hoy se le hacen.
A mayor abundamiento, debo señalar que lo que estamos votando ahora -la propuesta del primer informe, en la que me tocó participar- fue aprobado en la Comisión de Constitución por los Senadores señores Díez , Chadwick , Hamilton y Silva , quienes, ante la diferencia de opiniones existente, consideraron que era una fórmula que constituía una solución intermedia satisfactoria para todos.
El Senador señor Aburto , el único que no concurrió con su voto favorable, se pronunció así por estimar -tal como el Honorable señor Zurita - innecesaria la norma propuesta, pues el ordenamiento reconoce la igualdad a todos los chilenos, con lo cual se subentiende que, cualquiera que sea el origen étnico, está protegido y amparado por la Constitución y las leyes.
En consecuencia, se pensó que ésa era una fórmula adecuada.
Por cierto, siempre se puede objetar. Pero quiero señalar nuestra disposición, que en un minuto dado contó también con el apoyo de los Parlamentarios de la Concertación en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, tal cual da cuenta el primer informe, que se halla en poder de Sus Señorías.
Que quede, por lo tanto, testimonio de nuestra voluntad para resolver el tema y que el país sepa quiénes no han tenido esa disposición.
Señor Presidente , durante doce años hemos estado sosteniendo la conveniencia de reconocer a los pueblos originarios como los grandes gestores de nuestra nacionalidad. Son nuestras raíces, nuestra sangre, y constituyen parte muy importante de nuestra cultura.
La Derecha, sistemáticamente, con tozudez, no ha querido aceptar lo que nuestro pueblo nos ha estado solicitando. Plantear una cosa distinta de la real y de lo que el pueblo desea no nos permite hacer una transacción en estas materias tan principistas.
Debemos lamentar una vez más que la Derecha no acepte un criterio realista y moderno para entender el significado de la palabra "pueblo" dentro de nuestra nación. Nosotros, los democratacristianos, vamos a perseguir que se acepte el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Cámara de Diputados, y cuantas veces sea necesario, aquí, en el Senado.
Por esa razón, y convencido de que estas materias no son transables, voto en contra.
Señor Presidente , a veces se tiene tendencia en el debate a olvidar que la Constitución es la guía e imparte ideas generales que luego deben ser materializadas en leyes, las cuales, en sus aspectos práctico y operativo, finalmente se concretan en reglamentos.
Uno de los grandes defectos en la historia constitucional de América del Sur es que hemos tenido más de doscientas Cartas absolutamente de detalle. Y, al parecer, en esta búsqueda de chilenos de origen mapuche, etcétera, se está cayendo en una discusión pormenorizada, con lo cual se pierde el objeto de la Constitución, que es establecer guías, de las cuales se van a derivar las leyes y, posteriormente, los reglamentos.
Quiero recordar que la proposición en análisis se queda en el límite. Es general, porque señala claramente la diversidad de origen y se preocupa de las poblaciones indígenas; pero más allá no podríamos llegar, ya que entonces convertimos la Carta Fundamental en ley común, y de ahí al reglamento hay un paso. Es decir, se vulneran y se dejan enfermas las disposiciones constitucionales.
Creo que esto es mucho mejor que lo propuesto, a pesar de que en lo personal estime que debiera volverse al artículo 1º completo; pero dado que se trata de un acuerdo, apruebo esta modificación.
Señor Presidente , llama la atención que durante esta discusión ningún señor Senador de la Concertación haya, de alguna manera, rebatido o refutado los argumentos que en su momento dio el ex Ministro señor Cumplido, persona con importante bagaje en materia jurídica, sobre todo en lo constitucional.
Uno, al escuchar los diversos argumentos, tiene la sensación de que esto de si es pueblo o no lo es se está utilizando básicamente en forma política, como una manera de buscar votos. Y si realmente se los quiere conseguir -algo perfectamente normal, aceptable y legítimo-, debemos fijarnos en su calidad.
En el pueblo mapuche hay unos pocos líderes muy radicalizados que, en realidad, propugnan la vía violenta y un clima de confrontación, y no tienen una pizca de respeto a los señores Senadores que pretenden definir el concepto de pueblo, como tampoco lo guardan por político alguno, de ninguna especie, pues siguen en su vía propia y se mantendrán en ella.
Hay mucha otra gente sufrida, de muy escasos recursos, afectada por tremenda pobreza. Y lo que probablemente espera de nosotros, más que nos pasemos discutiendo dos días si se llaman pueblo o no, son soluciones reales a su pobreza, a su falta de educación y de oportunidades. Lo que le hemos ofrecido en los últimos diez años es muy poco dinero y escasos programas. Y estos últimos han sido catastróficamente malos. La mayoría de la gente mapuche que habita en el sur siente que la CONADI ha servido solamente para enriquecer ilícitamente a un grupo de personas que tienen conexiones con algunos partidos políticos y que la plata no ha llegado a los pobres de esa etnia. Y con el programa "Orígenes" sucede lo mismo. El año pasado, mientras discutíamos la Ley de Presupuestos, nos dimos cuenta de que los 60 u 80 millones de dólares asignados se han estado gastando fundamentalmente en sueldos para personas ligadas, nuevamente, a partidos políticos y sin ninguna competencia para administrar el programa.
Por ello, me da mucha pena el espectáculo de ayer y de hoy. Aquí no ha habido ningún intento verdadero de preocuparse de los mapuches y de su pobreza. Básicamente, estamos viendo cómo nos posicionamos, cómo ganamos o perdemos votos. Es una pena que así haya ocurrido.
A mí me encantaría que por lo menos algún Senador de la Concertación se diera el trabajo de decirme por qué cree que el señor Cumplido estaba totalmente equivocado y por qué, aun cuando hace unos años aprobaron exactamente lo mismo que propone esta reforma constitucional, ahora no están dispuestos a hacerlo.
Señor Presidente , creo que el debate ha derivado hacia un punto que no previmos a su inicio. Pero dado que se han emitido juicios y opiniones que involucran a personas ausentes, que no pueden responder, y como soy amigo personal de don Francisco Cumplido , quiero hacerme cargo de las preguntas que aquí se han hecho.
El ex Ministro señor Cumplido participó prácticamente en las siete iniciativas de reforma constitucional presentadas ante el Parlamento: dos en el Gobierno de don Patricio Aylwin y cinco en el de don Eduardo Frei . De las siete, ninguna fue aprobada por la Derecha. ¡Ninguna! Y creo necesario dejar claramente establecido que en ellas estaban involucrados derechos de las personas y situaciones de distinta naturaleza. Tengo el detalle aquí. Me consta que don Francisco Cumplido participó en todas.
Por lo tanto, invocar su testimonio para dejar una constancia en la Versión Taquigráfica y para que quede la impresión de que él comparte la visión de los Senadores de Derecha respecto de una materia o de un aspecto puntual, lo menos que puedo decir es que no lo encuentro correcto. Eso, en primer lugar.
Segundo, deseo manifestar que la reforma que nos convoca ha estado discutiéndose desde el 11 de julio de 2000. O sea, llevamos casi tres años en este octavo intento. ¿Para qué? Para modificar una Constitución a la cual los Senadores de la Concertación nos opusimos con toda nuestra capacidad democrática, en un momento en que en el país no había democracia. Luchamos, y muchos tuvieron que sufrir una serie de dificultades -incluido el señor Presidente del Senado , aquí presente-, por haber discutido elementos de la Carta de 1980 que violentaban los derechos de las personas. Y de esto debe quedar constancia en la Versión Taquigráfica, pero no con el fin de exacerbar los ánimos. La verdad, aunque duela, es ésa.
Tercero, desde hace tres años en que hemos debatido la incorporación a la Constitución de 1980 del reconocimiento a nuestros pueblos originarios -ése es el concepto: nuestros pueblos originarios-, en esta materia y en otras, como la Ley Indígena, jamás ha estado ausente la intención -sin fines electorales- de introducir en la legislación y en la Constitución el término "pueblo", pero no con el ánimo de hacer de Chile un país más débil o divisible o segregable o racialmente diferenciable. No. Creo -y el Senador que habla lo dijo en la Comisión hace tres años y lo ha mantenido permanentemente- que es un concepto respecto del cual estoy convencido de que es justo y correcto. Por lo tanto, rechazo el argumento de que aquí hay intencionalidad electoral, porque no es verdad, ni es justo ni correcto. Podrán suponerlo algunas o algunos, pero no se ajusta a la verdad.
Por consiguiente, estamos abocados a buscar una salida. Ayer pedimos a los Senadores de la Derecha flexibilizar su posición. Bastaba hacer una composición gramatical respecto del concepto de pueblo e idear alguna fórmula atenuante para disipar los temores de algunos en cuanto a un potencial debilitamiento de la unidad de nuestro territorio, de nuestra nación. No fue posible.
Ahora debemos resolver conforme a lo que el Reglamento nos obliga.
Yo fui uno de los que, junto con Senadores de distintas bancadas y el Presidente del Senado , hicimos intentos para buscar una solución satisfactoria. ¿Por qué? Porque a lo menos me gusta ser coherente y lógico en lo que hago.
No digo que sea mejor o peor que lo que hacen otros, pero no me gusta aparecer actuando en forma inconexa.
En el primer informe, la Comisión, por cuatro votos contra uno, aprobó un texto que no nos satisfacía a todos. Y ahí dijimos que nos reservábamos el derecho de introducir el vocablo "pueblo" durante el debate en la Sala. Pero no hemos tenido éxito.
Por lo tanto, no me queda otra alternativa que rechazar la proposición, no obstante haber hecho un gran esfuerzo durante tres años para lograr un acuerdo en esta materia.
Señor Presidente , hay que llamar las cosas por su nombre. Eso es lo más práctico y sensato. Si uno pregunta a representantes de las diversas etnias cómo se definen, estoy convencido de que dirán: "Como pueblos". Ningún integrante de las etnias mapuche, aimara u otras se autorreferirán como poblaciones. Por lo demás, "poblaciones" es, desde un punto de vista, una noción extraordinariamente ambigua, pero es muy precisa según otra perspectiva.
El Diccionario de la Lengua Española , conforme a un enfoque sociológico, define "población" como el "Conjunto de los individuos o cosas sometido a una evaluación estadística mediante muestreo.". Creo, francamente, creo que las etnias son bastante más que eso.
¡Votemos por "etnias", entonces!
Y, a mi entender, no es correcto sustituir la historia por la demografía. Eso sería una muy mala idea. Por eso, rechazaré la proposición.
Asimismo, deseo hacer algunos alcances adicionales. Aquí se ha dicho que nosotros estuvimos dispuestos a buscar una fórmula distinta. El tema es otro. Si el texto de la ley que creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena no incluye el vocablo "pueblo", no se debe a nuestra falta de voluntad, sino a que los mismos Senadores que hoy rechazan su incorporación, en aquella oportunidad se opusieron. Simplemente a eso. Entonces, no demos vuelta el sentido de las cosas. Reconozcamos que la Oposición ha sido perseverante en el esfuerzo de rechazar la introducción del término "pueblo", y punto. Pero no nos endosen una responsabilidad que no nos corresponde.
Siempre hemos sido partidarios de llamar las cosas por su nombre: al "pueblo mapuche" le decimos "pueblo mapuche". Comprenderlo así, de acuerdo con la nueva concepción del Derecho Internacional, no tiene ninguna consecuencia desde el punto de vista de la unidad nacional. En rigor, el concepto no es "pueblos mapuches" sino "pueblo indígena". Este último, según el moderno Derecho Internacional, debe entenderse como un reconocimiento cultural que no involucra las consecuencias que la palabra "pueblo" puede tener desde el punto de vista de la legislación internacional.
Señor Presidente , al menos en mi opinión no habría ningún inconveniente en incorporar el vocablo "pueblo" en el texto constitucional, en la medida en que no haya ambigüedad en la interpretación de los organismos internacionales.
Estoy seguro de que si el tema de la autonomía no estuviese involucrado en esta definición, por supuesto no habría ningún problema.
Sin embargo, frente al extenso debate de ayer, en el cual persistieron dudas en orden a que terceros puedan interpretar de una u otra manera el significado de la palabra "pueblo" y ante el problema de la autonomía, prefiero ser prudente. Por ello, voto que sí.
Señor Presidente, la insistencia en introducir el vocablo "pueblos" no es, sin duda, inocua ni intrascendente. Y si en ese punto no hemos flexibilizado posiciones es porque, al menos desde mi perspectiva, siento que hay un largo camino recorrido por el Estado de Chile, el cual se ha agotado.
A la declaración de reconocimiento de los pueblos indígenas se asocia, desde luego, el establecimiento de un estatus que conlleva derechos políticos al interior del Estado nacional. Ese paso es fundamental.
Quiero dejar constancia de que la Concertación ha tratado de honrar el compromiso que don Patricio Aylwin y el generalísimo de su campaña presidencial, don Enrique Silva Cimma , asumieron con los pueblos indígenas, materia a la cual se refirió ayer el mismo señor Senador. Por eso, hace ya largos trece años se propuso la aprobación del Convenio 169 de la OIT y se dio paso a la proposición de la Ley Indígena, que tuvo una gran virtud: revertir la historia que se había escrito durante los quince años inmediatamente anteriores a la dictación de ese cuerpo legal.
¡Y se trata de quince años de destrucción sistemática de las comunidades indígenas desde que el Estado de Chile, alterando su tradicional actitud de protección hacia ellas, se puso al servicio de cualquier individuo o integrante de dichas etnias que quisiera provocar una disolución forzada, en nombre del dogma de la propiedad privada, del mercado y de las expectativas que eso significaba para mejorar la condición económica y social de los indígenas!
Necesitamos que estos compatriotas sean plenamente reconocidos en su identidad y dignidad.
Como dijo el señor Ministro Secretario General de la Presidencia , se requiere dar un paso más para facilitar su organización, reconociéndoles derechos. Su presencia e interlocución en la vida política nacional serán, sin duda, garantía de paz y desarrollo en un contexto de verdadera armonía, de real trabajo compartido y no de paternalismos, ni mucho menos de cualquier asomo de segregación.
En consecuencia, en la insistencia para introducir el término "pueblo" no nos mueve ninguna visión dogmática, sino la aspiración de lo que debe ser el desarrollo del país.
Señor Presidente , en el debate de esta reforma constitucional se han emitido, con algún grado de dureza, por no decir de odiosidad, expresiones que a mi juicio tienden a dividir cierta unidad de trabajo del Senado y que terminan incluso afirmando ideas y hechos que no corresponden a la realidad, como ya lo vimos en la sesión de la mañana.
Ayer un señor Senador, mirando hacia nuestras bancas, manifestaba que esta discusión le recordaba la vieja fronda conservadora o de Derecha, por cuanto mostraba -también lo expresaron otros señores Senadores- una permanente actitud contraria, negativa, a lo que consideraba positivo, autoerigiéndose como dueño absoluto de la verdad. Eso es lo que ocurre cuando se establecen imágenes -algunas irónicas, otras gráficas- sobre lo que pueda pensar una persona distinta. Incluso, un Honorable colega, al señalar que la actual Constitución había surgido en momentos de crisis institucional del país, recordó lo acontecido al señor Presidente del Senado -no lo explicitó, pero sabemos que estuvo exiliado-, lo que restaría mérito a la Carta Fundamental.
Ésta es una historia que lleva trece años planteándose y discutiéndose. Ha habido reformas; pero la verdad de las cosas es que quienes son tan contrarios a la Constitución de 1980 tienen tendencia a fortalecer los textos de la de 1925. Según ellos, ésta tenía mucho más legitimidad. Tengo entendido que en su votación no participaron más de seis mil personas. Pero, en fin, yo también la acepté como legítima y por dos veces fui elegido Parlamentario bajo sus normas. Por eso, también concuerdo en su legitimidad.
Pues bien, la Constitución del 25, al referirse a la sociedad -y ruego que presten atención los señores Senadores que tan insistentemente han defendido el concepto "pueblo"-, en el artículo 3º expresaba: "Ninguna persona o reunión de personas pueden tomar el título o representación del pueblo, arrogarse sus derechos, ni hacer peticiones en su nombre. La infracción de este artículo es sedición.".
El constituyente de 1925 entendió que había un solo pueblo: el pueblo chileno.
Un señor Senador decía a la pasada: "Voy a leer el artículo 3º de la Constitución del 25. Las cosas han cambiado". ¡No es así! Los pueblos no experimentan cambios en sus principios y valores. Se pueden producir transformaciones en algunas cosas de carácter institucional, jurídico, pero no en su naturaleza. La condición de seres humanos, de sociedad, no es susceptible de variaciones. Y si alguien pretende establecer como hecho fundamental en una sociedad el concepto "pueblo" como único nexo que los une y nada más, en mi opinión está profundamente equivocado.
Otro Honorable colega expresaba: "Hablemos las cosas con franqueza. Si tenemos la alternativa de preguntar a los indígenas qué son, todos van a decir "Somos el pueblo".". ¡No! Dirán "Somos una comunidad" (la comunidad de Trapa-Trapa, la comunidad equis, en fin, la identificarán con el nombre). Y si individualmente interrogamos "¿Usted qué es?", responderán "pehuenche", "mapuche", "lafquenche", etcétera. Es decir, existe una relación que incluso el propio mapuche manifiesta a través de lo más ancestral, que es él, que es la condición de ser; no la estructura jurídica, porque no la reconoce.
La estructura jurídica llamada "pueblo" no es inherente a los indígenas. Ellos tienen una estructura que va mucho más allá. Por eso la Constitución del 25 -tan defendida y permanentemente invocada- se refiere en el artículo 3º a una expresión de pueblo en que ninguna persona o reunión de personas puede arrogarse su representación.
Esto es, entonces, algo muy inmediatista. La palabra "pueblo" nació no hace mucho tiempo. ¿Hará uno, dos, tres siglos? No más. Como los apellidos. Los que surgen de la relación de sangre con sangre no tienen más de cuatro siglos. Antes los apellidos decían relación única y exclusivamente con el lugar donde la persona había nacido. Y "pueblo" es una figura jurídica surgida de una transición entre lo que era la naturaleza misma del ser humano y las estructuras institucionales que comenzaron a guiar posteriormente el destino del país.
Por eso, entre lo establecido en la Constitución del 25 -tan defendida- y lo que se plantea como alternativa, indudablemente me quedo con esta última, que sí reconoce la existencia de las comunidades étnicas originarias en su naturaleza misma, y no en asuntos jurídicos posteriores a su creación, como generadoras naturales de la vida.
Señor Presidente , ciertamente los boletines de sesiones son fundamentales. He estado leyendo el debate que se produjo hace años en la Cámara de Diputados con motivo de una situación similar a ésta. Hubo un instante en que tuve que verificar si aquél se realizaba allá o en el Senado, porque lo cierto es que en la Cámara Baja de 1992 -presidida en esa época por el actual Senador señor Viera-Gallo - se desarrolló una discusión muy interesante y de mucha altura, que sin duda prestigia al Congreso Nacional. Ellos fueron capaces de llegar a un gran acuerdo, basado en un planteamiento de fondo, no del profesor señor Cumplido -a quien no seguiré citando, pero que también dejó clara constancia de su posición-, sino de un gran Ministro Secretario General de la Presidencia , que era don Enrique Correa .
Dicho Secretario de Estado afirmó que la cuestión sobre el concepto "pueblo" era una controversia inútil. ¿Y por qué lo dijo? Porque en definitiva retiró de la indicación del Ejecutivo el término "pueblo" y señaló que el Gobierno tenía muy claro que lo que se estaba tratando era el tema de fondo. Y éste no era otro que cautelar, en los términos en que se ha planteado la indicación que nosotros estamos votando ahora, cualquier duda porque el concepto estaba implícito en todo su contenido.
La verdad es que estoy impresionado por el malabarismo que se ha estado utilizando esta tarde en la Sala. A veces pienso que no estamos en el Senado. Y lo siento de verdad porque comparto la idea de que esta Alta Corporación es un lugar de encuentro.
Aquí se ha empleado el malabarismo de recurrir al diccionario para señalar que el término "poblaciones" no tendría sentido alguno y que nadie lo usaría. Sin embargo, tengo en mis manos un boletín del Senado en el cual consta que en 1957 la Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio Nº 107, relativo a la "Protección e Integración de las Poblaciones Indígenas y de otras Poblaciones Tribales o Semitribales en los Países Independientes". En consecuencia, el vocablo "poblaciones" se emplea en los organismos internacionales con un sentido muy claro y específico.
Por otra parte, actualmente se elabora en las Naciones Unidas un proyecto de declaración sobre la autodeterminación de los pueblos. ¿Y qué se propone en él? Lo siguiente: "Se reconocen a los indígenas como pueblos, su derecho de determinar libremente sus relaciones con los estados como su condición política, estableciéndose la existencia de una ciudadanía indígena". Artículos 31 y 32 de ese documento.
Entonces, ¿qué estamos hablando, señor Presidente ? ¿Estamos, simplemente, procurando ganar un punto político-electoral o llegar efectivamente a un gran acuerdo sobre reformas constitucionales?
No es un buen inicio del debate sobre una materia tan fundamental como las reformas constitucionales el pretender borrar con el codo lo que en su oportunidad se escribió con la mano.
Y no sólo puedo citar lo manifestado por el ex Ministro señor Enrique Correa , sino también lo sostenido por muchas otras personas de gran calidad que se refirieron a esta materia, como don Enrique Evans de la Cuadra, quien sustentó la misma posición.
Me parece que debemos hacer una reflexión muy profunda, porque realmente estamos dando al país una imagen incorrecta de la acción política y pública en que estamos inmersos.
El debate a que aludí se realizó en 1992 -¡hace once años!-, y no hemos aprendido nada.
Debo agregar que en algunos medios de comunicación se publican cosas que no se ajustan a los hechos. Por ejemplo, un importante y prestigioso diario señala hoy que los integrantes de esta bancada tendríamos ideas dispares (el señor Presidente ha sido testigo, al igual que todo el Hemiciclo, de cuál ha sido nuestra posición). Desde esta tribuna, en mi calidad de jefe de la Sala de Senadores de Renovación Nacional, quiero rectificar esa información, porque este tipo de situaciones muchas veces perjudica también y desorienta a la opinión pública.
Aclaro que estamos votando coherentemente tanto con el espíritu de las reformas como con el que quisiéramos ver imperar en el país.
Señor Presidente , lo que estamos tratando de hacer con esta norma, por lo menos los Senadores de esta bancada, es un reconocimiento por una deuda histórica que tiene el Estado chileno con los pueblos indígenas que formaron parte de nuestra historia, durante mucho tiempo separados y después intentando reinsertarse.
Aquí se habla de malabarismos. Pero cualquiera que desee dar una interpretación en uno u otro sentido siempre encontrará palabras y razones para justificarlo.
Para mí, es tremendamente importante lo que se acaba de leer respecto de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque no se trata de qué palabra utilizaremos en la Constitución para hacer ese reconocimiento, sino de que crecientemente el Derecho Internacional está aceptando la existencia de pueblos que fueron postergados, incluso masacrados, en numerosas oportunidades por naciones que hoy día se sienten muy importantes y que no tuvieron ningún tipo de trato humanitario con quienes eran los aborígenes de esas tierras.
Por lo tanto, el Derecho Internacional ha ido reconociendo cada vez más derechos a las minorías -sean étnicas, religiosas o de otro tipo- para que tengan un espacio dentro de las comunidades nacionales.
Con respecto a lo que se manifestó en esta Sala en orden a que, si en la Constitución otorgamos el reconocimiento de pueblo a aquellos que tienen carácter violentista, mañana contarán con una especie de elemento adicional para seguir generando violencia, creo que se trata absolutamente de lo contrario: en la medida en que se reconozca el derecho a las personas y se les brinden espacios dentro de la institucionalidad para que lleven a cabo sus actividades y se realicen plenamente, en esa misma medida se van eliminando las posibilidades de que se desarrolle la violencia y el terrorismo.
El terrorismo y la violencia son la respuesta a la marginación. Esto lo vemos no sólo al interior de nuestro país, sino también a nivel internacional. ¿Creen ustedes que la actitud de Estados Unidos de imponer su voluntad por la fuerza erradicará el terrorismo en el mundo? Al contrario, el desconocer el Derecho Internacional, salirse del margen de la institucionalidad que las propias naciones se han establecido y actuar por la fuerza son factores que provocan la reacción de los más fanáticos y se termina en confrontaciones violentas.
Debemos dar a los pueblos originarios el estatus que merecen, por haber sido los que nos brindaron la posibilidad de habitar estas tierras y desarrollarnos como nación, e incorporarlos aceptando las diferencias que tenemos. No pretendamos que en Chile existe tanta unidad, pues -y lo digo aquí- somos una sociedad segmentada. Aquí la unidad funciona sólo cuando quienes tienen el poder deciden ejercerlo.
También se ha hablado acá acerca de la historia de la legislación durante los trece últimos años. Sin embargo, hemos avanzado en las reformas institucionales sólo en la medida en que la Derecha lo ha permitido.
Por lo tanto, el hecho de que siempre se esté pidiendo ceder para que haya unidad es algo que, a mi juicio, no corresponde.
Señor Presidente , votaré en contra de la norma propuesta. Espero que, mientras se siga debatiendo esta reforma en la Cámara de Diputados y en las últimas instancias que existan en el Parlamento para sacarla adelante, se logre otorgar en definitiva a los pueblos originarios de nuestro país el reconocimiento que merecen.
Finalmente, a quienes hablan de que estamos haciendo demagogia les digo que en mi tierra no existen etnias originarias, porque fueron exterminadas absolutamente. De modo que no se trata de un problema de aprovechamiento electoral.
--Se rechaza el número 1 del artículo único propuesto por la Comisión en su primer informe (23 votos contra 22).
Votaron por la negativa los señores Ávila, Boeninger, Flores, Foxley, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Lavandero, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Núñez, Ominami, Páez, Parra, Pizarro, Ruiz, Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Valdés, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Coloma, Cordero, Chadwick, Espina, Fernández, García, Larraín, Martínez, Matthei, Novoa, Orpis, Prokurica, Ríos, Romero, Stange, Vega y Zurita.
Quiero advertir a los señores Senadores -siempre en la idea de poder llegar a un acuerdo- que mientras estemos tramitando la reforma se puede reabrir debate, conforme al Reglamento, para lo cual se requiere, por supuesto, la unanimidad de la Sala.
Por lo tanto, en caso de hallarse una solución respecto de lo planteado, la Mesa propondrá la reapertura del debate para tales efectos. Así que no doy por concluidos los esfuerzos que se puedan realizar sobre el particular.
A continuación, corresponde pronunciarse sobre el número 2 propuesto por la Comisión en su segundo informe, cuyo objetivo es sustituir el artículo 3º por el siguiente:
"Artículo 3º. El Estado de Chile es unitario.
"La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley.
"Los órganos del Estado promoverán la regionalización del país y el desarrollo equitativo entre las regiones, provincias y comunas en que se divide el territorio nacional.".
Esta norma, señores Senadores, fue aprobada por 5 votos contra 0.
De acuerdo con el Reglamento, y como lo anunciamos en su momento, no habrá discusión respecto de las normas aprobadas por unanimidad,...
¿Me permite, señor Presidente ? Aquí hay un error.
...sin perjuicio de que cada señor Senador puede fundamentar su voto por tres minutos.
Por lo tanto, se procederá a la votación.
Sus Señorías podrán hacer uso de la palabra cuando fundamenten su posición.
Señor Presidente , no es así. Tenía entendido que todas las normas iban a ser discutidas una por una.
No, Su Señoría. El acuerdo era que la Mesa indicaría la situación reglamentaria de cada una en su momento.
Pero eso no quedó claro al comienzo del debate.
Así, por lo menos, lo planteó la Mesa. Ahora, si la Sala quiere modificar el acuerdo, ése es otro problema.
Señor Presidente , se hizo especial referencia a la condición de que se trata de reformas constitucionales.
Sí, estamos de acuerdo, señor Senador. Pero dije que íbamos a ir norma por norma y determinando en cada caso la aplicación del precepto reglamentario pertinente.
El acuerdo consistía en que, si algún Honorable colega deseaba intervenir respecto de un artículo aprobado en forma unánime, debía pedirse la unanimidad de la Sala.
¡No, no es así! ¿Me permite, señor Presidente?
Puede hacer uso de la palabra, señor Senador .
Según entiendo, lo que se acordó fue lo siguiente: había que verificar el quórum en lo referente a los artículos que fueron aprobados por unanimidad en la Comisión. Y esa verificación implica votación.
Por lo tanto, hay fundamentación de voto.
Además, si alguien quiere fundamentar su posición, tiene derecho a hacerlo.
En consecuencia, tengo que conceder la palabra al señor Senador que desee fundamentar su voto. Eso no se lo puedo negar.
Para tales efectos, se seguirá el orden correspondiente, y en la medida en que el señor Secretario comience a hacer el llamado los señores Senadores podrán intervenir.
Señor Presidente , ¿puedo votar primero?
Con la autorización de la Sala, no tengo inconveniente.
¿Me permite, señor Presidente ? Deseo plantear una moción de orden.
En votación el número 2 propuesto por la Comisión en su segundo informe, cuyo objetivo es sustituir el artículo 3º por el que se indica.
Señor Presidente, junto con manifestar que voto a favor de la proposición, quiero presentar una moción de orden. Lo traté de hacer recién, pero la Mesa no me vio. Simplemente consiste en que se voten en forma económica las normas respecto de las cuales hubo aprobación unánime por parte de la Comisión, exceptuando los casos en que los señores Senadores deseen fundamentar su voto o pronunciarse en contra.
Su Señoría, tengo que respetar el derecho de fundamentación del voto. Por lo tanto, no es factible votar en forma económica.
Pero mi sugerencia apunta a que se respete el derecho de quien desee fundamentar su posición.
Ello no es posible, porque tengo que verificar el voto.
Señor Presidente , hay un acuerdo al respecto. Que el Comité se lo informe al señor Senador.
Ruego al señor Presidente disculpar una cierta pretensión de mi parte; pero los Senadores que participamos en el debate de las normas referidas a regiones hemos vertido opiniones que vale la pena conocer y que incluso -desde mi punto de vista- ameritarían cambios de palabras y de redacción.
Lo que el Senado está aprobando ahora constituye un error. El actual artículo 3º de la Carta señala: "El Estado de Chile es unitario, su territorio se divide en regiones. Su administración será funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada en su caso, en conformidad con la ley.".
Y el texto propuesto por la Comisión expresa:
"El Estado de Chile es unitario.
"La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley.".
Hasta ahí ambos preceptos son relativamente parecidos. Pero después, en materia de administración -porque los órganos del Estado son administrativos o cumplen funciones ejecutivas, legislativas o judiciales; es decir, desarrollan un conjunto de acciones-, se agrega en la proposición: "Los órganos del Estado promoverán la regionalización del país...".
Sucede que la regionalización del país es un tema de carácter territorial, no administrativo. Por eso, hemos recurrido al Diccionario de la Lengua Española , donde el término "región" se define como división territorial de una nación. En consecuencia, no podríamos establecer en la Constitución que los órganos del Estado promoverán una nueva división territorial de la nación. ¡Eso es absurdo!
Otra acepción es porción del territorio determinada por caracteres étnicos o circunstancias especiales de clima, producción, etcétera.
Por tal motivo, debo suponer que la Comisión quiso señalar que los órganos del Estado promoverán la descentralización del país. Porque ésta produce el desarrollo armónico, y no la regionalización. Ésta es un elemento territorial, físico, conforme al cual el país se divide en regiones, provincias o comunas. Repito: lo que produce el desarrollo armónico es la descentralización; es decir, la administración descentralizada, entregando poderes o potestades centralizadas a órganos radicados territorialmente en otro lugar.
Me pronunciaré en contra, porque no creo que los órganos del Estado tengan la responsabilidad constitucional de regionalizar al país, pero sí la de desarrollarlo armónicamente, lo cual significa descentralizar.
Deseo hacer uso del Reglamento y cambiar mi voto. El argumento dado...
Su Señoría debe hacerlo al final de la votación.
Muy bien. Hago presente que cambiaré mi voto, porque la argumentación del Honorable señor Ríos me ha convencido de que incurrimos en un error.
Sólo al final de la votación puede hacerse el cambio y no en medio de ella.
Me convenció el Senador señor Ríos. En consecuencia, voto que no.
--Se aprueba el Nº 2 (37 votos contra 3), cumpliéndose el quórum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Ávila, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Coloma, Cordero, Chadwick, Espina, Fernández, Flores, Foxley, Frei (doña Carmen), García, Larraín, Lavandero, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Núñez, Ominami, Orpis, Parra, Prokurica, Romero, Ruiz (don José), Sabag, Silva, Stange, Valdés, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Gazmuri, Martínez y Ríos.
La indicación Nº 25, renovada por los Honorables señores Silva, Moreno, Ávila, Naranjo, Flores, Viera-Gallo, Gazmuri, Núñez, Parra, Ruiz y Ruiz-Esquide, propone reemplazar el artículo 4º de la Constitución, por el siguiente:
"Chile es un Estado social y democrático de derecho, que se constituye sobre la base de valores, de libertad, igualdad y pluralismo.".
La norma en vigor dice "Chile es una república democrática.".
Señor Presidente , pienso que el debate en torno de la indicación no va ser breve. Entiendo que la hora de término de la sesión está fijada para las 19.
Con todo respeto, deseo someter a la consideración de Sus Señorías la posibilidad de comenzar el análisis en la reunión siguiente.
Ayer, el debate de la modificación Nº 1 ocupó prácticamente toda la sesión.
Por lo tanto, reitero mi consulta en cuanto a si no sería prudente empezar la discusión en la próxima sesión.
El Honorable señor Silva ha hecho una proposición, la cual debe concretarse en una indicación para aplazar el debate.
Sugiero al Senador señor Silva que se inicie la discusión de este artículo, y que si al término de la sesión eventualmente quedan Senadores inscritos, continúe en la próxima sesión. Pienso que es lo más conveniente.
Además, sé que Su Señoría tiene una fundamentación muy importante que exponer sobre la materia.
Señor Presidente , los señores Senadores no ignoran que la indicación se planteó dos veces en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y en ambas ocasiones se rechazó por 3 votos contra 2. El Senador señor Moreno y quien habla nos pronunciamos favorablemente en las dos oportunidades, y en contra, los demás integrantes de la Comisión.
En verdad, no se trata de un punto nuevo en el mundo dentro del plano jurídico.
Señor Presidente y señores Senadores, éste es un debate que ha venido materializándose en normas que, parecidas a las planteadas por nosotros, se consignan en todas las Cartas modernas del orbe. Hoy en día en ninguna Constitución europea deja de reconocerse explícitamente que el Estado social y democrático de Derecho debe ser consagrado constitucionalmente.
En realidad, tal tesis política ha venido siendo reconocida desde mediados del siglo XX hasta ahora como consecuencia de que no sólo han imperado concepciones ideológicas que en la actualidad no existen en algunos países o que están siendo discutidas. Me refiero, por ejemplo, al Estado benefactor o de necesidad.
Recuerdo a los señores Senadores que la concepción que ha estado predominando es más bien la de Estado subsidiario. Pero debo hacer presente que tal noción, que primigeniamente fuera establecida o defendida por la Iglesia, de alguna manera ha solido ser distorsionada. Y creo que lo ha sido cuando, al amparo de la concepción de Estado subsidiario, prácticamente el ente estatal queda reducido a una mínima expresión en sus posibilidades de actuar, sobre todo cuando está de por medio el interés de fuertes sectores de la colectividad. Se sostiene que ese interés debe ser sustentado, amparado, protegido o defendido por las áreas privadas y no por las estatales.
En contrario, se afirma -a nuestro modesto juicio con fundamento- que el Estado solidario (el cual no es, obviamente, lo mismo que uno de carácter social y democrático de Derecho, ni tampoco que uno subsidiario) ha menester que se materialice en normas que impongan de manera inexorable la necesidad de que el ente estatal deba preocuparse cuando están de por medio clases debilitadas o cuando hay situaciones de pobreza en un país cualquiera. Eso hace fundamental que aquél comprenda lo esencialísimo que es hacerse cargo de la solución de los problemas que el área privada por sí sola no puede enfrentar.
Como consecuencia de todo este tipo de concepciones que en la actualidad están siendo amparadas -y, afortunadamente, sustentadas en la mayor parte de las naciones del mundo-, ha entrado a reconocerse el concepto de Estado social y democrático de Derecho.
Tal noción, en forma alguna, significa que se reemplaza, modifica o de alguna manera restringe o limita el Estado subsidiario. Aclaro esto, señores Senadores, porque nadie discute que en el Chile de hoy existe la noción de Estado subsidiario, como primitivamente fue reconocida por el Régimen militar y autoritario en Actas Constitucionales que después fueron trasplantadas a la Constitución de 1980, o reconocidas por ella, aunque no en forma explícita.
Pero el "fondo fondo" del problema estriba en que, aun dentro de una concepción de Estado solidario -que en lo económico, primordial y paralelamente, se basa en una economía de mercado-, en ninguna forma se puede sustentar la posibilidad de reconocimiento de un Estado social y democrático que no sea conciliable con una economía de mercado.
Señor Presidente , deseo precisar que hoy en día nadie desconoce que la conciliabilidad entre un Estado solidario y una economía de mercado, o entre uno social y democrático de Derecho, sea perfectamente viable. Cito, sencillamente, a manera de ejemplo, la Constitución española de 1978, que es una de las más recientes, en donde se declara expresamente que el régimen español tiene como bases una economía social de mercado y un Estado subsidiario. De manera pues que la conciliación entre un concepto y otro se admite hoy precisamente como una consecuencia insoslayable de que las normas constitucionales tienen que reconocer la necesidad de que, dentro de la fórmula del Estado social y democrático de Derecho, se viabilice el conjunto de derechos que han sido incluidos en la norma constitucional, precisamente para solucionar los problemas de las clases más necesitadas del país. Esto implica que el órgano público pueda acudir a la solución subsidiaria de los problemas de salud, de educación y los derivados de salarios miserables; en pocas palabras, todos aquellos que, en una u otra forma, se relacionan con la pobreza extrema o con debilidades especialmente de orden económico.
Por eso nos parece viable que el planteamiento hecho por nosotros en la Comisión de Constitución y que no fuera aceptado por una mayoría mínima de votos, lo podamos reiterar ahora en la Sala, por creer que el Senado de la República tiene el deber ético de reconocer una fórmula aceptada ya en muchos países. Me refiero a los avanzados y con un alto grado de desarrollo, o en algún grado con economías en vías de desarrollo, en donde se comprende que el Estado no puede quedar al margen de principios de una jerarquía tal que hagan posible que, cuando la acción privada no pueda solucionar problemas de tanta envergadura, sea aquél el que acuda a hacerlo.
Y al respecto quiero hacer presente, señor Presidente , que los señores Senadores que no han aceptado nuestra fórmula no lo hicieron en forma categórica. Invoco, con todo respeto, las opiniones de los Honorables señores Larraín y Espina, quienes en verdad declararon que su rechazo -creo interpretarlos correctamente- era más bien la consecuencia de que, en el fondo, estimaban que una medida como la que nos hemos permitido replantear aquí, podría ser innecesaria, pues en la mayor parte de los casos ellos piensan que en la Constitución de 1980 los derechos fundamentales que atañen al aspecto social o que son básicos para las personas, ya están reconocidos y que, por ello, no serían convenientes; o, al revés, que, de alguna manera, un reconocimiento de tal índole pudiese inducir a error.
Nos hemos permitido insistir en nuestra proposición, señor Presidente, porque no es por azar que la mayor parte de las Constituciones del mundo la defiendan y la hayan incorporado en sus textos. Y tampoco es por azar que una iniciativa de esta índole se encuentre reconocida...
Está por terminar su tiempo, señor Senador.
Podría ampliarse, señor Presidente .
No se puede, salvo que se acuerde por unanimidad.
¡La damos!
Se requiere acuerdo unánime de la Sala para dar más tiempo.
Muchas gracias, señor Presidente . Voy a terminar casi de inmediato.
Decía que no por azar una fórmula de esta índole ha tenido reconocimiento a nivel mundial. Así sucede en las Constituciones alemana, francesa, española e italiana. En América Latina, se acaba de aprobar en la Constitución de Argentina y en la nueva Carta de Venezuela. De manera que en el mundo las legislaciones constitucionales se están inclinando por una fórmula de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque evidentemente permite que el Estado actúe en todos aquellos casos en que ha menester hacerlo, por ejemplo, frente a problemas en donde están de por medio asuntos que afectan gravemente a sectores importantes de la población.
No tenemos en esto ninguna intención encubierta, ni mucho menos la esperanza de que, al amparo de nuestra proposición, mañana pueda decirse: "Mire, señor, queremos sustentar la tesis de que en Chile existe el Estado de bienestar.". Es algo que se estrellaría con una realidad indiscutible, porque ya son muchas las normas que están oficializando en Chile una concepción de Estado subsidiario, con una economía de mercado ampliamente reconocida en nuestro país.
En consecuencia, nuestra posición es la de introducir un aditamento que es fundamental. Aunque algunos señores Senadores se han opuesto, no han rechazado la idea de que la concepción de economía de mercado sea perfectamente complementaria con un deseo o un ámbito social cuya finalidad sea habilitar al Estado, en determinado momento, para que hipotéticamente los derechos reconocidos en la Constitución tengan un soporte y un bagaje de apoyo de tipo social que nos parece fundamental, sobre todo para acudir en defensa de los sectores más necesitados del país.
Tal es, en síntesis, la razón que nos lleva a pedir al Senado que estudie con el mayor interés una iniciativa como la que dejamos planteada.
Señor Presidente , he escuchado con sumo interés lo que ha expuesto recién el Senador señor Silva .
Ahora, si se trata de decir que Chile es una economía social de mercado y subsidiaria, estoy absolutamente de acuerdo.
Subsidiario, en la forma en que está usada la palabra en Chile, no es lo mismo que solidario. Son conceptos totalmente distintos. Se conoce por sistema subsidiario aquel donde los grupos intermedios de la sociedad tienen pleno derecho a organizarse y emprender todas las tareas que su capacidad les permita, y el Estado se encarga de aquéllas en que su gestión es irreemplazable, y para las cuales los grupos intermedios no pueden organizarse ni actuar por sí mismos.
Pongo un ejemplo. Si hablamos de ofrecer educación a la gente de más escasos recursos, el concepto subsidiario significa que el Estado debe necesariamente proveer su financiamiento, pero nunca gestionar ni administrar. Y, de hecho, es así en Chile. El Estado, el Gobierno, con los recursos provenientes de los impuestos, financia esas actividades; pero de su administración se encargan las municipalidades, los particulares o distintos grupos que se organizan para llevarlas a cabo.
El término "solidario" está involucrado más bien en el concepto de economía social de mercado, que es la que impera en nuestra país. En una economía de mercado cada uno se las arregla como puede, pero aquélla reconoce que la sociedad tiene un deber hacia las personas que, por diversas circunstancias, no pueden valerse por sí mismas o que necesitan ayuda para hacerlo.
El concepto social de mercado comprende, por ejemplo, las pensiones mínimas, el subsidio único familiar, la previsión obligatoria, el financiamiento de la salud y educación de la gente de menores recursos. Todo está englobado en dicha expresión. Porque si se tratara de una economía de mercado, no tendríamos que preocuparnos ni de la salud ni de la educación de los más pobres.
Por lo tanto, si aquí se dijera que Chile es una República democrática, con todo lo que ello significa, en la que impera una economía social de mercado y el principio de subsidiariedad, yo estaría absolutamente a favor. Pero no es eso lo que está proponiendo el Honorable señor Silva. Además, del párrafo leído por Su Señoría referente a lo que en este aspecto contempla la Constitución española, deduje que sus disposiciones se acercan más a lo que yo estoy señalando que a lo que postula el señor Senador.
Mi impresión es que hoy día no vamos a alcanzar a votar. Es posible que haya al respecto algunas conversaciones. Pero repito: el aspecto social y lo relativo al principio de subsidiariedad deben tratarse en forma separada, ya que conceptualmente apuntan a cosas muy diversas, y pienso que esos dos puntos debieran considerarse. Más todavía, agregaría lo atinente al mercado.
Eso, por lo menos, es lo que creo.
Señor Presidente, la indicación que hemos renovado a iniciativa del Senador señor Silva introduce una discusión estrictamente doctrinaria en la Constitución, como lo ha reconocido ahora también la Honorable señora Matthei . La utilidad de esta discusión está en llegar a entender el carácter y la interpretación que nos proponemos dar de las normas básicas del pacto político que sirve de fundamento a nuestro orden jurídico.
Según la Constitución de 1980, el Estado era, en su origen, muy subsidiario en materia económica y muy autoritario en el orden político. Esa mezcla ha ido evolucionando con las distintas reformas introducidas posteriormente, en el sentido de ser más democrático en lo político, aunque el aspecto económico social adolece de cierta contradicción en los principios básicos de la Carta, ya que mantiene en su origen lo que ha expresado muy bien la Senadora señora Matthei respecto de la interpretación que ha dado del principio de subsidiariedad. Al mismo tiempo, al reconocer los pactos de los derechos humanos (incorporados según el artículo 5º de la Constitución a nuestro ordenamiento jurídico), los aspectos económicos y sociales se ajustan más al sentido de la indicación que hemos renovado. Es decir una impronta social, que influye no sólo en el orden político, sino que, sobre todo, en el económico y en el social.
Esta indicación pretende dar un paso más en el equilibrio existente. Pero no creo que se pueda lograr porque hoy día falta el consenso suficiente, y el Senador señor Silva se refirió a países donde éste se ha alcanzado, lo que no ocurre en Chile, según creo.
En todo caso, el debate es interesante, importante. ¿Qué es lo que se desea señalar? Que también en el orden económico social, aun cuando rija una economía social de mercado, y, por el carácter social, el Estado tiene una responsabilidad mayor respecto al ejercicio práctico de los derechos económicos y sociales: el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la vivienda, etcétera. Es decir el Estado no es únicamente subsidiario, sino que es, además, solidario. Tiene carácter social.
Entiendo que la Senadora Matthei no esté de acuerdo con lo que estoy indicando. Evidente que no hay acuerdo. Por eso dije que éste es un debate estrictamente doctrinario.
Ahora, detrás de estas posiciones, normalmente han coincidido en el mundo las fuerzas socialista, la socialdemócrata y fuerza social cristiana.
Respecto del mundo socialista, me parece demasiado evidente (me lo voy a ahorrar, porque es obvio), desde el nombre mismo, que está detrás de una posición como la indicada. Y en cuanto a la fuerza social cristiana, de la doctrina social cristiana tradicional, hay dos principios en todas las encíclicas: uno, el de subsidiariedad; pero el otro es el de solidaridad. Y ambos, según la doctrina social cristiana (de la Iglesia Católica, no me refiero al mundo protestante), deben tener la impronta en lo económico social.
Interpretar la doctrina social cristiana solamente a partir de la subsidiariedad es como declararla coja, porque está presente también el sentido de la solidaridad. Por eso no es una casualidad que en países como Alemania, donde han gobernado la Democracia Cristiana, o la FD; o como Italia, España u otros donde hay una fuerte presencia de fuerzas cristianas o de origen cristiano y fuerzas socialistas, el tipo de concepto que el Senador señor Silva ha traído esta tarde a discusión, sea de amplio consenso.
Obviamente, para quienes se inspiran en una visión neoliberal (como la filosofía del Partido Republicano de los Estados Unidos), o en la evolución del Partido Conservador inglés, esto no es aceptable, porque de lo que se trata es de afirmar en la Constitución el carácter subsidiario del Estado, como lo ha explicado la Senadora señora Matthei , que tiene también una función social pero subsidiaria, y no el Estado social de derecho que ha indicado el Honorable señor Silva .
Creo que es un debate interesante, importante, pero muy difícil de materializar en un acuerdo. Y es natural que estas bancadas se alineen detrás de la posición que el Senador señor Silva por tantos años ha venido sosteniendo. Me parece natural que las bancadas de la Oposición, en general, discrepen de lo que estoy explicando.
Señor Presidente, comparto exactamente el punto del análisis planteado por el Senador señor Viera-Gallo.
Éste es un tema de visiones doctrinarias, dogmáticas, que generan y van determinando la concepción y el rol del Estado. No se trata solamente de incorporar a la Carta Fundamental una frase más o una frase menos. A mi juicio, responde a puntos de vista diferentes.
En algunas Constituciones europeas -como muy bien señaló Su Señoría- se ha constitucionalizado el rol social del Estado, precisamente porque provienen de una cultura política donde las vertientes socialistas han sido más fuertes o tenido mayor significación. Ello, en definitiva, significa concebir la visión del Estado como el ente supremo que va otorgando espacios, derechos o libertades a las personas, pero donde el deber o la primacía fundamental radica más en aquél que en el individuo.
Nuestra Constitución se estructura sobre una visión diferente: reconoce la primacía del hombre por sobre el Estado. Y parte definiendo como finalidad de este último el bien común. No lo señala como una mera frase, sino que precisa que es obligación del Estado promover el bien común -y luego, consigna lo que ello significa-, "para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos" -la visión social- "y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.".
Es una concepción de la finalidad del Estado donde lo que prima, en lo sustantivo, es la persona en conjunto con el todo, pero que no permite, desde el punto de vista constitucional, que el bienestar, el derecho, la libertad de una persona pueda ser restringida, sojuzgada o limitada en beneficio de un ente colectivo o de un todo social. Y, posteriormente, agrega, como misión que el Estado debe desarrollar en el orden social, precisamente la de propender al respeto de los principios de las autonomías sociales y de subsidiariedad.
La autonomía social es el reconocimiento del Estado al derecho de las personas a agruparse para lograr determinados objetivos, sin que éste intervenga cuando el fin es legítimo, y se conduce a la sociedad al cumplimiento de él. Y la subsidiariedad es el papel que asume el Estado respecto de las actividades que, ya sea por el interés social o de bien común, los particulares por sí solos no están en condiciones de realizar.
En seguida, la Carta Fundamental, en su Capítulo III, relativo a las garantías constitucionales, señala que el Estado se obliga en materias económicas y sociales a cumplir determinados deberes, entregando a las personas, incluso, un recurso ante los tribunales para exigir su cumplimiento.
Por lo tanto, hay dos visiones completamente distintas, respecto de las cuales se puede favorecer una u otra.
Sin embargo, a mi juicio, cometeríamos un error -y así lo señalé en la Comisión- si incorporamos una indicación como la presentada por el Honorable señor Silva , que aparece descontextualizada de la estructura que nuestra Carta da al rol del Estado, al bien común, a los derechos constitucionales, a las garantías individuales. Porque, si se aceptara una proposición de esa naturaleza, traería consigo una completa confusión en la estructura constitucional con relación al concepto, definición y papel del Estado.
Si queremos asumir -y hay mayoría en tal sentido- lo que plantea la indicación del Senador señor Silva , debemos revisar integralmente el artículo 1º. Porque aquélla entra en choque frontal con las definiciones contenidas en este precepto, dado que obedecen a concepciones distintas.
Por eso la rechacé en la Comisión, independiente de tener una visión diferente del rol del Estado social como hoy día se concibe y ser más partidario de la estructura que la Constitución contempla. Lo hice, además, por considerarla descontextualizada respecto de las definiciones que en la actualidad la Carta Fundamental adopta. Y no sería pertinente, por la mera modificación del artículo 4º, entrar en una materia tan amplia y de tanto alcance conceptual, porque -como dije- tendríamos que enmendar totalmente el artículo 1º.
Por tales razones, soy partidario de rechazar la indicación formulada por el Senador señor Silva .
Señor Presidente , en verdad, la exposición que acabamos de oír al Senador señor Chadwick me ahorra entrar en una larga fundamentación.
Efectivamente, participé en el debate habido en la Comisión sobre la propuesta de los Honorables señores Silva y Parra -aquí se han sumado otros señores Senadores-, y concluí que, a mi entender, era innecesaria.
¿Cuáles son los conceptos contenidos en la indicación? La idea es que Chile es un Estado social -a esto me voy a referir al final-, democrático, de Derecho, que se constituye sobre la base de valores de libertad, igualdad y pluralismo.
El concepto de que nuestro país es un Estado democrático está recogido en el artículo 4º - señala que Chile es una República democrática- y se desarrolla a lo largo de los capítulos que regulan, en distintos cuerpos constitucionales, este criterio, esta base de la institucionalidad que, no obstante las diferencias que podamos tener, ha ido avanzando a un mayor grado de consenso en la forma como se expresa esa democracia. Y esperamos que esta reforma constitucional pueda progresar aun más en esa línea.
En seguida, el hecho de ser un Estado de Derecho es algo que efectivamente la Constitución recoge con claridad en los artículos 5º, 6º y 7º. Éstos, en las bases de la institucionalidad, desarrollan las nociones del Derecho Constitucional contemporáneo referidas al Estado de Derecho democrático. Sin embargo, específicamente en cuanto al Estado de Derecho, se consigna la forma como las autoridades ejercen sus acciones, las normas que regulan su accionar, la necesidad de que los órganos del Estado actúen en conformidad a dichos preceptos constitucionales y legales y, en general, las consecuencias que acarrea el apartarse de ese ámbito o marco de acción.
Por lo tanto, el Estado democrático y el Estado de Derecho son nociones constitucionales existentes.
Luego, el desarrollo de los valores de libertad, igualdad y pluralismo se hallan contenidos con largueza en el Capítulo III de la Carta Fundamental. Así, en su artículo 19 se señalan todos los derechos y deberes constitucionales, agregando recursos que son, incluso, novedosos en la historia constitucional chilena.
La Constitución de 1980 ha recibido muchas críticas en diversos aspectos a lo largo de sus 23 años de vigencia. Pero hay un Capítulo que no ha sido cuestionado y que, por el contrario, ha sido reconocido en toda la doctrina chilena como un gran avance: el de los derechos y deberes constitucionales.
En efecto, se reconoce que el texto aprobado -hoy vigente- por la Comisión de Derecho Constitucional que creó dicha Carta, avanza en la línea de perfeccionar los valores recogidos en ella, que son precisamente las libertades, las igualdades y las formas de acción y de reconocimiento pluralista en el ámbito de la expresión de las ideas o de la participación política, lo cual se halla contemplado en los referidos preceptos, fundamentalmente, en el 19.
En consecuencia, el tema como tal no sólo está contenido en la Constitución, sino que está bien resuelto, bien desarrollado. La novedad -por así decirlo- de la propuesta es la incorporación de la noción del Estado social. Y esa noción, cuando uno la empieza a desglosar, puede efectivamente tener distintas derivaciones. Pero -y en esto me sumo a lo que recién ha indicado el Honorable señor Chadwick - también está recogida, al menos en forma conceptual o doctrinaria, en el artículo 1º de la Constitución mediante el desarrollo de los principios de subsidiariedad y solidaridad, a los que se refería el Senador señor Viera-Gallo . El principio de subsidiariedad se halla contenido en el inciso tercero, y la noción de solidaridad -de Estado preocupado del bien común, de todos y cada uno de sus miembros, y de fomentar y procurar la igualdad de oportunidades de las personas que integran nuestra sociedad-, en los incisos cuarto y quinto.
Asimismo, el Capítulo III, De los Derechos y Deberes Constitucionales, plantea en temas específicos cómo se expresan esa solidaridad y la acción subsidiaria del Estado.
La Honorable señora Matthei se declara partidaria, por ejemplo, de recoger también los principios de la economía de mercado. En realidad, la Carta no dice expresamente "economía de mercado". Empero, si uno analiza el rol del Estado en la economía, se dará cuenta de que, al llevar la acción económica las personas y las sociedades que éstas constituyen y al no tener el Estado un papel activo, pues para desarrollar actividades empresariales requiere autorización de una ley especial, se están reconociendo los principios del funcionamiento de la economía libre.
Por su lado, la solidaridad se halla consagrada -como dije- a través de numerosas expresiones: cuando se habla de la salud, de la seguridad social, de la educación, en fin. En múltiples ámbitos se refleja cómo nuestro Derecho Constitucional la hace realidad en términos de los derechos y obligaciones de las personas, las que además, mediante recursos especiales -no sólo el de protección, sino también el de inaplicabilidad-, cuando en alguna controversia judicial se pretende aplicarles abusivamente un precepto o desconocerles un derecho, pueden recuperarlo vía tribunales de justicia.
Por consiguiente, hay allí un orden razonable.
Ahora, si la expresión "social" tiene otra connotación, como pareciera tenerla en opinión de algunos señores Senadores, la situación se torna compleja, porque eso puede llevar a confusión con lo que puede ser un proyecto político, una opción política concreta, cuyo promotor habrá de manifestarla cuando sea gobierno, e igualmente, a introducir en la Constitución un elemento divisorio en cuanto se aterrizan en niveles de contingencia consideraciones que no deben estar recogidas en la Ley Fundamental. Ésas son las opciones políticas que se dan en el juego democrático, y habrá énfasis y orientaciones que las encaminarán en una u otra dirección.
Recoger en la Carta la expresión en comento, pues, me parece equívoco. ¿Por qué, entonces, no recogemos también la expresión "Estado cultural"? Porque podríamos considerar que es igualmente una opción del Estado. ¿O "Estado tecnológico", sobre la base de que creemos conveniente que ese ámbito forme parte de nuestra institucionalidad?
Señor Presidente , estimo que algunas cuestiones se pueden recoger, y otras, no. Pero no podemos, a este nivel de la Constitución, introducir conceptos que más tienen que ver con proyecciones políticas o con expresiones que se desarrollan a través de la legislación que con las bases de la institucionalidad.
Me parece que, en lo esencial, nuestra Carta Fundamental recoge la idea de que Chile es un Estado de Derecho, democrático, que respeta los valores de igualdad, libertad y pluralismo en el Capítulo III, De los Derechos y Deberes Constitucionales; y que la noción de Estado social, entendida como los principios de subsidiariedad y de solidaridad, está contenida en su artículo 1º y en el ya mencionado Capítulo III, sin perjuicio, por cierto, de la legislación que así la cubre.
Otras acepciones pueden resultar equívocas. Y ése es quizás el defecto de la propuesta. Porque, si se quiere recoger parte de otras tendencias de desarrollo contemporáneo en la esfera constitucional, como algunas de las funciones que se han señalado, debe tenerse presente que ésa es una opción que se aleja de los principios esenciales de las bases de nuestra institucionalidad, que al menos nosotros no deseamos modificar, particularmente en lo referente al artículo 1º.
Por tales motivos, no consideramos necesario ni conveniente enmendar el artículo 4º de la Carta en los términos propuestos por los señores Senadores que renovaron la indicación pertinente.
Señor Presidente , he seguido con mucha atención el debate de este tema, planteado ya por el Senador señor Silva en las primeras sesiones de la Comisión de Constitución, a propósito del primer informe.
De acuerdo con lo expuesto por Su Señoría, el Estado social es "la manera jurídica formal de entender nuestra aspiración para el derecho a la felicidad de nuestra sociedad". El mismo señor Senador -según dice el informe pertinente- "Estimó que ha llegado la hora del redescubrimiento del principio de la necesidad del Estado activo como presupuesto de la construcción de una sociedad moderna", etcétera.
Frente a eso, uno se pregunta si tras la modificación propuesta no se esconde el germen de un cambio absolutamente drástico en la concepción del ordenamiento del juego entre el Estado y los individuos en cuanto a la relación que se da cuando aquél ejerce su poder sobre la persona humana. Y uno concluye que la proposición significa una alteración severa en la filosofía y el ordenamiento constitucionales que, de aprobarse, cambiaría por completo el sentido de la Carta y obligaría a rehacer prácticamente todas sus disposiciones, para adecuarlas a la nueva relación entre el Estado y los individuos, pues aquél ya no se encontraría al servicio de la persona humana estrictamente hablando, tanto más cuanto que, en forma cada vez más creciente, estaría invadiendo campos donde la iniciativa personal quedaría reducida al transferirse parte de ella al poder estatal.
Alemania, Francia y otros Estados, frente a un hecho histórico, decidieron adoptar una norma como la aquí sugerida. Sin embargo, en alguna medida, ella los tiene ahogados, pues no han podido resolver sus problemas económicos o están estancados porque la inversión del papel del Estado frente a las personas genera situaciones como la de no hacer tan viable el libre mercado o la de no hacer tan viables ciertos conceptos de integración. A pesar de lo ocurrido en Europa, algunos países se hallan estancados justamente porque esa concepción del Estado ha ahogado las posibilidades privadas y no ha puesto, como corresponde, primero a las personas.
Para mí, esta discusión resulta fundamental, pues apunta a la esencia del criterio de ordenamiento de la relación del poder dentro de la Constitución.
Por lo tanto, en mi opinión, la indicación que nos ocupa debe ser rechazada, porque, en buen castellano, suprime el Estado subsidiario, lo cual va contra un concepto de dignidad y de filosofía cristiana en torno al poder.
Señor Presidente , deseo partir felicitando al Senador señor Silva por darnos la oportunidad de debatir temas tan trascendentes para el desarrollo constitucional de nuestro país. Sin duda alguna, las diversas intervenciones han aportado ideas relevantes.
Me parece que la indicación del Honorable señor Silva es limpia, es aplicable, posee una idea muy definida. Pienso que lo lógico sería apoyarla. Sin embargo, tengo la sensación de que es repetitiva del conjunto de conceptos contenidos en la Carta. Porque, siendo el Estado la estructura jurídica de una nación y siendo ésta expresión de sociedad, no podría haber Estados que no fueran sociales. Esto es así. Se trata, entonces, de una repetición.
Se dice: "Chile es un Estado social". Y lo social es lo representativo de una sociedad. Por tal motivo, la redacción de la indicación está señalando que el Estado es representativo de la sociedad. Ello, por cuanto constituye la expresión jurídica de la nación, y ésta es la sociedad.
Se agrega "y democrático" -eso ya lo establece nuestra Carta Fundamental- "de derecho," -obvio: todo lo que represente una estructura jurídica organizada, la existencia de un Estado, es de derecho- "que se constituye sobre la base de valores, de libertad, igualdad y pluralismo.".
Señor Presidente , no existe en la Constitución vigente ninguna norma dirigida contra la libertad o contra la igualdad de los individuos. Aún más, el artículo 19, desde el número 1º hasta el último, está permanentemente expresando la necesidad de que haya igualdad. Y la disposición doctrinaria -por así decirlo- o de acción pública que a todos nos guía es la referente a la igualdad de oportunidades. Porque una sociedad que no tiene igualdad de oportunidades carece de libertades; y sin éstas tampoco hay Estado de Derecho establecido en representación de lo que es la nación.
Por eso, resulta entendible que "Chile es un Estado social y democrático de derecho, que se constituye sobre la base de valores, de libertad, igualdad y pluralismo.". No hay duda. Pero la Constitución ya lo dice, y no en una frase tan escueta como ésa.
Señor Presidente , un señor Senador sostuvo que, si aprobáramos el artículo 4º propuesto por el Honorable señor Silva -normalmente intento que las expresiones sean bastante más generales-, habría que revisar los preceptos anteriores. Yo diría que sería necesario revisar los posteriores, porque son los que manifiestan la igualdad, los valores, los derechos, las obligaciones que el Estado tiene con la sociedad, y viceversa.
El artículo 19, número 10º, de la Carta Fundamental dispone en su último inciso que es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. O sea, la Constitución también obliga a la sociedad tratándose de ciertas acciones que ha de llevar adelante el Estado. Y, obviamente, existe un conjunto de responsabilidades de distintos órganos estatales para que actúen sobre la comunidad a fin de que se cumpla la norma doctrinaria representativa de la naturaleza de la nación, que es la igualdad de oportunidades.
Es admirable cómo se producen en el Senado los debates sobre materias que parecieran iguales pero que son tan diferentes en cuanto a sus concepciones o ejemplos. Hace una hora estábamos discutiendo sobre las materias propias de los indígenas, y nadie se acordó de Europa ni de ninguna de estas cosas. Sin embargo hoy día, para fundamentar el artículo propuesto a la Sala, para demostrar que la realidad es así, se acude a las Constituciones de distintos países europeos.
Está bien, señor Presidente . Formamos parte de la civilización cristiana occidental, cuyas raíces, incuestionablemente, nacen en Europa. Pero es asombroso ver cómo de pronto, en una discusión tan interesante, cambiamos de temas parecidos pero que corresponden a áreas de debate tan distintas.
¿Qué quiero decir con eso? Que si el Senado me señala que votaremos al final esta materia, yo expreso al Honorable señor Silva que me pronunciaré a favor si alguno de los principios que ya están consagrados en la Carta se debilita. Por supuesto. Si vamos a modificar el artículo que contiene todos los principios señalados por Su Señoría -el 19- y se debilita uno de ellos, votaré favorablemente el artículo 4º que se nos plantea, porque lo comparto ciento por ciento: no tengo duda alguna sobre la frase que lo conforma ni acerca de su estructura gramatical.
Empero, me parece que el precepto sugerido representa, en resumen, el conjunto de normas que ya contiene la Carta Fundamental vigente, donde se expresa que Chile es un Estado social, democrático, de derecho, y que se constituye sobre la base de valores, de libertad, de igualdad y de pluralismo.
Señor Presidente , entiendo que la norma en debate tiene por objeto enfatizar el concepto de solidaridad que debe existir al interior del Estado, que es la nación jurídicamente organizada, el cual alcanza por igual a todas las estructuras, sean públicas o privadas. Y, en esa lógica, tiendo a estar de acuerdo con que debe haber ese énfasis solidario.
El concepto social es quizás muy amplio, controvertido y con sesgos ideológicos que pueden prestarse para distorsiones. Pero, sin duda, el Estado al que estamos haciendo referencia debe ser democrático -como ya se expresó- y tener el énfasis solidario que busca con su indicación el Senador señor Silva .
En mi opinión, podría haber una conversación para tratar de lograr un acuerdo sobre este tema. No me parece que sea una cuestión controvertida en exceso. Todos coincidimos en que la Constitución vigente recoge con absoluta claridad y en forma indiscutible el principio de subsidiariedad, y no sólo para el Estado. Porque estimo que él rige también para toda la sociedad civil. De manera que una persona, natural o jurídica, debe actuar cuando otra está en una situación desmejorada o comprometida. Y, en el ámbito de las organizaciones, se entiende que no sólo ha de actuar el Estado, sino que cualquiera debe sentirse solidario cuando otro requiere su colaboración o apoyo.
En esa lógica comprendo la iniciativa del Senador señor Silva , en el sentido de que busca enfatizar el concepto de solidaridad, de sensibilidad social, de compromiso, de sentido de comunidad y de unidad. No la visualizo ni la interpreto como una cuestión con alcance ideológico, porque no es la intención, según entiendo.
Por consiguiente, en lo que a mí respecta, manifiesto mi disposición e interés para analizar esta materia y buscar un acuerdo que permita despejar las dudas y dar satisfacción a los sectores que promueven la indicación que nos ocupa.
Señor Presidente , este debate, indudablemente, puede ser muy extenso. Yo sólo quiero intervenir en dos aspectos.
Primero, tiene razón el Honorable señor Chadwick cuando señala que habría cierta contradicción entre el artículo 1º de la Carta y la indicación que reformulamos, por iniciativa del Senador señor Silva . Y ella, no en los términos. Porque la verdad es que el artículo 1º vigente, cuando dice en su inciso cuarto que "El Estado está al servicio de la persona humana", que "su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear...
Excúseme por interrumpirlo, señor Senador , pero debo plantear una cuestión reglamentaria.
Para el evento de que no haya quórum al final de la sesión, quiero solicitar el acuerdo de la Sala a los efectos de despachar los oficios que diversos señores Senadores han pedido enviar a distintas autoridades.
Si les parece a Sus Señorías, se procederá en tal sentido.
Continúa con el uso de la palabra el Honorable señor Gazmuri, a quien agradezco su deferencia.
Señor Presidente , decía que el artículo 1º dispone en su inciso cuarto que "El Estado está al servicio de la persona humana, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización"...
La verdad es que, en una lectura literal, ese precepto sería compatible con un artículo 4º redactado tal como lo propone el Honorable señor Silva .
Sin embargo, entiendo que la filosofía que está detrás -no en la letra- del artículo 1º es en extremo individualista, liberal en el sentido más anterior del término, en que el Estado, al final, no tiene otra responsabilidad que la que los individuos, las personas, no puedan asumir.
Esa visión es distinta tanto de la socialcristiana cuanto de la proveniente de la tradición socialista, donde, en función de cómo se construyen y constituyen las sociedades reales -aquellas en que esos pensamientos se han desarrollado-, se constata que el Estado como tal, para servir a las personas, tiene ciertas funciones que le son propias. Y por eso en la doctrina socialcristiana moderna, desde la Cuadragésimo Anno, al Estado se le asignan determinadas funciones propias, no sólo las que los particulares no pueden hacer, porque se supone que en la sociedad moderna hay asuntos que éstos por sí solos no pueden resolver.
En la tradición socialista es lo mismo. Claro, en el siglo XX el totalitarismo de inspiración marxista oscureció los elementos más doctrinarios -estamos en una discusión muy doctrinaria- de la concepción marxista original, según la cual el Estado siempre es visto como instrumento, nunca como fin en sí mismo. Incluso para Marx el Estado es de naturaleza transitoria. Su utopía es una sociedad sin Estado. En ese sentido es parecida a la de Smith. Por algo son los dos grandes pensadores del siglo XIX. O sea, cuando se afirma que el Estado ejerce ciertas funciones propias, no se está diciendo que el Estado es para servir a las personas, ni se contradice con la aseveración de que las personas tienen derechos que son inalienables.
¿Y qué es lo propio del Estado en esta dimensión que se quiere señalar aquí? Garantizar la protección y la integridad social de la sociedad. Eso quiere decir Estado social. O sea, es una función propia del Estado. Y establecer eso en la Constitución reviste gran valor. No es un programa político específico, porque si todos estamos de acuerdo en un Estado social de derecho, el cumplimiento de esa función de protección y de integración social puede realizarse a través de distintos instrumentos y políticas, y significa que se alcanza el nivel de pacto político fundamental, consideración que me parece muy importante.
Desgraciadamente, veo que todavía no hay un grado de acuerdo sobre estos asuntos. Pero no dejo de abrigar cierta esperanza histórica en cuanto a que finalmente el extremo neoliberalismo que está detrás de las fuerzas de la actual Oposición no sea una enfermedad incurable en materia económico-social. Espero que no sea incurable, porque, entre las grandes fuerzas políticas chilenas, hay una con cierta tradición autoritaria, católica y neoliberal. Tengo la impresión de que ahí hay contradicción en los términos. Y, por tanto, confío en que durante los próximos años alcancemos un acuerdo más sustantivo en estas materias.
Señor Presidente , es difícil sustraerse a un debate del nivel observado esta tarde, sobre todo porque dice relación a un tema muy central relativo a cómo percibimos que el Derecho, y particularmente nuestra Constitución, va dando cuenta de ciertas realidades histórico-culturales y políticas.
¿Cuál es la impresión que uno tiene? La de que durante muchos años trabajamos con un concepto muy abstracto de Estado: el de Hegel, el de Platón. Formaba parte de nuestra concepción un Estado que prácticamente no se hallaba en ningún lugar, que no existía, que no tenía materialidad, salvo en las instituciones que eran propias de aquélla. Las Constituciones del 33, del 25 y, de alguna manera, del 80, le dieron concreción, pero siempre con algún tipo de dificultad para agregarle algún adjetivo que permitiera saber exactamente en qué consistía la naturaleza misma del Estado.
Es un debate -el Honorable señor Silva me rectificará- que se dio entre los constitucionalistas del 25, referente a cómo se definía la naturaleza del Estado que históricamente los chilenos habíamos construido a partir de nuestras propias realidades.
Considero muy importante la observación de Su Señoría porque nos vuelve a esa necesaria reflexión.
Segundo, no participo de la idea insinuada en el sentido de que de alguna manera se pretende materializar en la realidad chilena el concepto de Estado social que manejaron las fuerzas socialistas europeas. No es así. Claro, hay una vertiente del mundo socialista que concibió el Estado ya no sólo como una abstracción, sino como una materialidad tal que prácticamente lo transformó en eje vertebrador de la coacción permanente, en el campo económico, cultural y social. Ésa fue la concepción socialista que se dio en Europa Oriental.
Los socialismos democráticos, como se los denominó, o los que tuvieron vigencia en Europa Occidental, buscaron transformar al Estado, no siempre con éxito, en vertebrador absoluto de las políticas sociales, dando al mundo privado, al mundo del individuo, atribuciones y posibilidades de acción, en muchos casos no necesarias.
El equilibrio no siempre se logró en el caso europeo.
Durante muchos años, en las definiciones constitucionales de los laboristas ingleses el Estado era prácticamente todo. Las modificaciones posteriores fueron muy leves. Tanto es así que hasta inmediatamente antes de la señora Margaret Thatcher el concepto de la responsabilidad del Estado en materia de salud era muy similar al imperante en países de Europa Oriental.
Por la fuerte presencia del Partido Comunista, que era el más poderoso de Europa Occidental, en Italia también había una suerte de visión muy sesgada que apuntaba a una presencia omnímoda del Estado en todas las acciones o actividades propias de él.
No es el caso de la propuesta del Honorable señor Silva , que escuché con mucha atención. Primero, porque se compatibiliza de alguna manera con el artículo 1º de la Constitución. No hay incompatibilidad entre la responsabilidad del Estado hacia el individuo en cuanto a promover su desarrollo, incluso el de carácter espiritual, con la necesidad de definir más claramente en el artículo 4º lo que se entiende por Estado. Y en este caso -tiene razón el Senador Larraín-, al único concepto que hay que poner atención es al de Estado social. Y esta concepción refleja muy bien lo que se pretende, no con mucho éxito en mi opinión, en el artículo 1º. Pero lo entendemos históricamente como la responsabilidad del Estado en materia social de atender preferentemente a todos aquellos que no tienen acceso igualitario y equitativo a los bienes propios que la sociedad desarrolla. No estoy hablando, por lo tanto, de un concepto socialista en el sentido clásico o en el de otro tipo, sino que de una responsabilidad histórica que queremos dar al Estado para que éste se preocupe de los necesarios equilibrios sociales y culturales que la sociedad chilena debe tener, y que son absolutamente compatibles, en mi opinión, con el artículo 1º. Es la materialización -por decirlo así- no solamente de ese Estado hegeliano que emana del artículo 1º, sino también del concepto desarrollado por el Honorable señor Silva , que es concreto, que nos permite saber exactamente cuáles son las responsabilidades que va a asumir el Estado y cuáles no. Entonces, no se trata de una concepción socialista, sino de un equilibrio socialista entendido en el sentido clásico, equilibrio que debiera permitirnos efectivamente seguir avanzando y trabajar.
No veo -como lo dijo el Honorable señor Viera-Gallo - dos visiones encontradas, prácticamente sin posibilidad alguna de compatibilizarse. No. Si propusiéramos que el Estado fuera el factor principal, casi único, de las posibilidades de desarrollo económico y social del país, volveríamos a dar a éste una primacía que no se encuentra planteada en la indicación del Honorable señor Silva .
Lo mismo ocurriría si algunos dijeran que se debe ser todavía mucho más liberal, en el sentido neoliberal descrito a partir de los teóricos de la economía moderna, fundamentalmente norteamericanos y algunos ingleses.
Pero tampoco lo percibo así. No es una visión bipolar. No son tan encontradas las cosas, como, según veo, se han estimado.
Por eso, no debería caber ningún temor a quienes ven en la aprobación de la propuesta del Honorable señor Silva la posible introducción de cierto contrabando ideológico, porque la considero bastante complementaria a definiciones constitucionales ya consagradas.
Doy por agotado el debate sobre esta materia.
Por razones obvias, propongo dejar pendiente la votación para la sesión en que continúe el tratamiento de esta reforma constitucional.
--Precedentemente se acordó el envío de los siguientes oficios:
A la señora Ministra de Relaciones Exteriores, a fin de que realice gestiones ante el Gobierno argentino para PAVIMENTACIÓN DE TRAMO ARGENTINO DE PASO JAMA HASTA JUJUY.
a la señora Ministra de Defensa Nacional y al señor Subsecretario de Marina en relación con REBAJA O SUPRESIÓN DE PORCENTAJE DE RENTA SEGÚN DECRETO 660 DE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
Al señor Ministro de Educación, sobre PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LICEO "DALCAHUE" y RECONSTRUCCIÓN DE POSTA RURAL DE MOCOPULLI, EN DALCAHUE.
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, acerca de INSTALACIÓN DE ANTENAS REPETIDORAS DE TELEVISIÓN EN LOCALIDADES CORDILLERANAS APARTADAS DE SEGUNDA REGIÓN.
Al señor Ministro de Salud, tocante a SOLUCIÓN DE CARENCIAS DE HOSPITAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA.
Al señor Subsecretario de Marina y al señor Director Regional del Servicio de Impuestos Internos, concerniente a COBRO EXCESIVO POR RENOVACIÓN DE CONCESIÓN MARÍTIMA EN SUR DE TOCOPILLA.
A la señora Directora Nacional del Trabajo, a la señora Superintendenta de Seguridad Social y al señor Gerente de CODELCO CHILE División Chuquicamata, relacionado con DEMORA DE EVALUACIÓN PARA PENSIÓN DE INVALIDEZ.
Al señor Director Nacional de Instituto de Normalización Previsional, respecto de PRESCRIPCIÓN PARA CORRECCIÓN DE ERROR EN CÁLCULO DE PENSIÓN TEMPORAL DE VIUDEZ.
Al señor Director Nacional del Fondo Nacional de Salud (FONASA), relacionado con DEMORA EN ATENCIÓN DE ENFERMOS CARDÍACOS EN HOSPITAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA.
Al señor Director del Servicio de Salud de la Segunda Región, solicitándole información sobre ANTECEDENTES RELACIONADOS CON PACIENTES CARDÍACOS DE SEGUNDA REGIÓN.
Al señor Ministro de Educación, reiterando un oficio enviado a la señora Secretaria Regional Ministerial de la Novena Región sobre SITUACIÓN DE ESCUELA ESPECIAL ESPAÑA F-32, COMUNA DE ANGOL.
Al señor Director Nacional de Vialidad, en cuanto a RIPIADO DE CAMINO PÚBLICO PEYAHUENCO, COMUNA DE PURÉN.
Al señor Subdirector Nacional de Regiones de Vialidad, reiterando oficio enviado al señor Jefe Provincial de Vialidad, Malleco, sobre ESTADO DE CAMINO EN SECTOR RUCAPELLÁN, COMUNA DE ANGOL.
Al señor Director Provincial de Vialidad, Malleco, tocante a MEJORAMIENTO DE CAMINO ENTRE PINGUIDAHUE Y AGUA SANTA, COMUNA DE PURÉN.
Al señor Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Novena Región, acerca de LICITACIÓN DE RECORRIDO DE BUS EN CAMINO CHANLEO, COMUNA DE ANGOL.
Al señor Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de la Novena Región, relacionado con CAMBIO DE UBICACIÓN PARA GARITA DE SECTOR NORTE DE ROTONDA CARRETERA, COMUNA DE COLLIPULLI.
Al señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Purén, en cuanto a CAMILLA Y PESA PARA ADULTOS EN POSTA "AGUA SANTA", COMUNA DE PURÉN.
Al señor Alcalde de la Municipalidad de Angol, reiterándole oficios acerca de MEDIDAS CONTRA CESANTÍA EN ANGOL, CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES POR EMPRESAS CONSTRUCTORAS, OCUPACIÓN DE NUEVO EDIFICIO POR ESCUELA ESPECIAL ESPAÑA F-32 y CIERRE DE DIVERSAS ESCUELAS RURALES Y FUSIÓN DE DOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES URBANOS DE ANGOL.
Al señor Ministro de Salud, sobre CONSULTORIO PARA SECTOR DE VISTA HERMOSA DE CALAMA.
A los señores Ministros del Interior y de Obras Públicas, al señor Subsecretario de Desarrollo Regional, al señor Superintendente de Servicios Sanitarios, al señor Intendente Regional de la Undécima Región y al señor Gerente de Aguas Patagónicas S.A., tocante a FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA REPARACIONES EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE PUERTO CHACABUCO.
A los señores Ministros del Interior, de Hacienda y de Vivienda y Urbanismo y al señor Intendente Regional de Aisén, relativo a DIFICULTADES PARA DONACIÓN DE TERRENOS DE PUEBLO PUERTO SÁNCHEZ, PROVINCIA LAGO GENERAL CARRERA.
Al señor Ministro de Agricultura y al señor Director del Servicio Agrícola y Ganadero, acerca de MEDIDAS DE RESGUARDO CONTRA CONTAMINACIÓN POR CULTIVOS TRANSGÉNICOS.
Al señor Director del Consejo Nacional de Televisión y al señor Presidente del Directorio de Televisión Nacional en cuanto a IMPLEMENTACIÓN DE NOTICIEROS REGIONALES.
Al señor Presidente del BancoEstado concerniente a INSTALACIÓN DE CAJERO AUTOMÁTICO EN COMUNA DE NAVIDAD.
Al señor Ministro del Interior tocante a LEGALIDAD DE FUNCIONARIOS SEÑORES PEDRO OJEDA MALDONADO Y NELSON SALDIVIA.
Al señor Ministro de Economía relacionado con ÁREAS DE MANEJO Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS BENTÓNICOS EN COMUNA DE ANCUD.
Al señor Ministro Secretario General de la Presidencia concerniente a ERROR ADMINISTRATIVO EN PAGO DE ASIGNACIÓN DE ZONA A FUNCIONARIOS DE COMUNAS DE FRESIA, FRUTILLAR Y LLANQUIHUE.
A los señores Ministros de Obras Públicas y de Salud, al señor Intendente de la Décima Región y al señor Alcalde de la comuna de Chaitén, en cuanto a PROFESIONALES PARA POSTA DE LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DE LOYOLA y HABILITACIÓN DE CAMINO Y SERVICIOS BÁSICOS EN COMUNA DE CHAITÉN.
--Se levantó a las 18:51.

References: artículo 12
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