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Timestamp: 2017-11-21 09:47:18+00:00

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Consulta sobre actuación de auditores en relación con la Comisión de Auditoría | Libro de contabilidad
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1. El artículo 5.4 del RUE establece lo siguiente:
2. Por otra parte, respecto a la pregunta planteada en relación con la prestación de servicios a sociedades constituidas en un tercer país no miembro de la Unión Europea a que se refiere el artículo 5.5 del RUE, debe señalarse que este apartado se refiere a un supuesto concreto y limitado a la prestación de servicios ajenos a la auditoría a los que se refiere el artículo 5.1 y 5.2 del RUE por parte de un miembro de la red del auditor a una entidad controlada por la auditada que es una entidad de interés público, que esté domiciliada en un país tercero, que debe entenderse como una situación particular respecto a lo previsto en el apartado 5.1 del RUE. Así, este artículo 5.5. establece lo siguiente:
“Cuando un miembro de la red a la que pertenece el auditor legal o la sociedad de auditoría responsable de la auditoría de una entidad de interés público preste cualquiera de los servicios ajenos a la auditoría a que se refieren los apartados 1 y 2 del presente artículo a una empresaconstituida en un tercer país y controlada por la entidad de interés público, el auditor legal o sociedad de auditoría en cuestión deberá evaluar si su independencia se ve comprometida por la prestación de tales servicios por un miembro de la red.
b) examinar con el comité de auditoría las amenazas a su independencia y las medidas de salvaguardia adoptadas para atenuar las mismas, de conformidad con el apartado 1.”
Servicios incluidos en el art 5.1 del RUE. Prestados por un miembro de la red del auditor a la controlada de la entidad auditada constituida fuera de la Unión Europea Determinados servicios (artículo 5.1 b) c) y e) al no existir salvaguarda posible, no pueden ser prestados. Respecto al resto de servicios se exige valoración por parte del auditor de la amenaza generada y examen con la Comisión de Auditoría
3. De acuerdo con las consideraciones expuestas, resultan las siguientes conclusiones:
1.ª En virtud de lo establecido en el artículo 5.4 del RUE y en el artículo 529 quaterdeciesdel texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el auditor debe obtener la autorización por parte de la Comisión de Auditoría de una entidad de interés público española de la prestación de servicios ajenos a la auditoría distintos de los servicios prohibidos, en todo caso con independencia de si el servicio prestado se ha llevado a cabo o no en España.
2.ª En el caso particular previsto en el artículo 5.5 del RUE en que se preste un servicio prohibido por un miembro de la red del auditor de cuentas o sociedad de auditoría a una entidad controlada por la entidad auditada y establecida en un tercer país, no es obligatorio que el auditor solicite y recabe la autorización de la Comisión de Auditoría, ya que no entra dentro del ámbito del artículo 5.4 del RUE que se refiere a servicios distintos de los servicios prohibidos. Sí sería necesario debatir con dicha Comisión la amenaza derivada de la prestación de dicho servicio y las salvaguardas aplicables en virtud de lo establecido en el artículo 6 del RUE por referencia hecha en el artículo 5.5 del RUE, y en los términos indicados en el apartado 2 de las Consideraciones, sin perjuicio de que pudiera resultar conveniente recabar la autorización de la Comisión de Auditoría respecto a la prestación de dichos servicios.
3.ª Las actuaciones señaladas deben realizarse, en el caso de que el auditor o sociedad de auditoría preste servicios ajenos a la auditoría distintos de los prohibidos a una entidad de interés público y a su matriz o controlada que también tenga la condición de entidad de interés público, con la Comisión de Auditoría correspondiente a cada entidad de interés público auditada.
4. Debe entenderse que el criterio expuesto por este Instituto en la presente consulta habrá de ser considerado sin perjuicio del pronunciamiento que pueda realizar la Comisión Europea a este respecto, así como de los dictámenes o las directrices que pueda emitir la Comisión de Órganos Europeos de Supervisión de Auditores (COESA) acerca de esta cuestión.
5. Conforme a lo establecido en la disposición adicional novena del Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, la presente contestación tiene carácter de información, no pudiéndose entablar recurso alguno contra la misma.

References: artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 529
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 5
 Real Decreto