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Timestamp: 2019-03-19 17:00:07+00:00

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Referencia: expediente D-7663 Demandante: Martín Bermúdez Muñoz Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2 (parcial) y 5 (parcial) de la Ley 1150 de 2007. Magistrada Ponente: Dra. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
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Sentencia C-713/09
ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos de
En reiterada jurisprudencia esta Corporación ha sostenido que para que
exista realmente en la demanda un cargo de inconstitucionalidad, es
indispensable que la Corte pueda efectuar a partir de ellos una verdadera
confrontación entre la norma acusada, los argumentos expuestos por el
demandante y la disposición constitucional supuestamente vulnerada, por lo
que resulta necesario que los razonamientos presentados contengan unos
argumentos mínimos que puedan llevar a esta Corporación a desconfiar de la
constitucionalidad de la norma cuestionada, y que sean capaces de generar
una duda aunque sea mínima respecto de la armonía de las disposiciones
acusadas con los textos constitucionales que se consideran infringidos. Es por
ello que toda demanda de inconstitucionalidad debe exponer razones claras,
ciertas, específicas, pertinentes y suficientes.
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Ausencia de
INTEGRACION NORMATIVA-Presupuestos de procedencia
ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACION DE
ADMINISTRACION PUBLICA-Competencia para expedición
ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACION DE LA
PUBLICA-No
legal/CONTRATACION ADMINISTRATIVA-Naturaleza de sus
CONTRATACION ADMINISTRATIVA-Alcance
ACTIVIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO-Sujeción a principios
CONTRATACION ESTATAL EN ESTADO SOCIAL
DERECHO-Finalidad/INTERES
GENERAL-Determina
actuaciones de la administración, sus servidores y contratistas
El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está
directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el
contrato público es uno de aquellos “instrumentos jurídicos de los que se vale
el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y
prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a
quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas
Expediente D-7663
acordadas. El interés general, además de guiar y explicar la manera como el
legislador está llamado a regular el régimen de contratación administrativa,
determina las actuaciones de la Administración, de los servidores que la
representan y de los contratistas, estos últimos vinculados al cumplimiento de
las obligaciones generales de todo contrato y por ende supeditados al
INTERES GENERAL-Defensa constituye finalidad de la contratación
CONTRATO ESTATAL-Carácter instrumental
El mandato otorgado al Congreso de la República, en el artículo 150 de la
Carta, para que dicte un estatuto general de contratación de la
administración pública y en especial de la administración nacional, implica
el reconocimiento de una amplia libertad de configuración del legislador
para diseñar un régimen legal cuya finalidad sea la de propender por el logro
de los objetivos constitucionales del Estado Social de Derecho, toda vez que
el cumplimiento de estas metas requiere del aprovisionamiento de bienes y
servicios por parte de los órganos públicos mediante la contratación. En este
orden de ideas, es innegable el carácter instrumental que ostenta el contrato
estatal, puesto que no es un fin en sí mismo sino un medio para la
consecución de los altos objetivos del Estado.
DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA-Sujeción a principios de
En virtud de la potestad de configuración el Congreso tiene libertad para
regular los aspectos más significativos de la contratación pública como son
los referentes a las cláusulas excepcionales, la clasificación de los contratos
estatales, los deberes y derechos de las partes contratantes, la competencia y
capacidad para contratar, principios fundamentales, nulidades, control de la
gestión contractual, responsabilidad contractual, liquidación de los contratos
y solución de las controversias contractuales, entre otros, todo dentro de los
límites de razonabilidad y proporcionalidad y con arreglo a los parámetros
LIBERTAD DE CONCURRENCIA EN CONTRATACION
ADMINISTRATIVA-Concepto/LIBERTAD DE CONCURRENCIA
EN CONTRATACION ADMINISTRATIVA-Aplicación del derecho a
la igualdad de oportunidades/LIBERTAD DE CONCURRENCIA EN
CONTRATACION ADMINISTRATIVA-Sujeta a principios de
La jurisprudencia constitucional ha reconocido que el derecho a la igualdad
de oportunidades, aplicado a la contratación de la administración pública, se
plasma en el derecho a la libre concurrencia u oposición, según el cual, se
garantiza la facultad de participar en el trámite concursal a todos los
posibles proponentes que tengan la real posibilidad de ofrecer lo que
demanda la administración. La libre concurrencia, entraña, la no
discriminación para el acceso en la participación dentro del proceso de
selección, a la vez que posibilita la competencia y oposición entre los
interesados en la contratación. Consecuencia de este principio es el deber de
abstención para la administración de imponer condiciones restrictivas que
impidan el acceso al procedimiento de selección, por lo que resulta
inadmisible la inclusión en los pliegos de condiciones de cláusulas limitativas
que no se encuentren autorizadas por la Constitución y la Ley, puesto que
ellas impiden la más amplia oportunidad de concurrencia y atentan contra los
intereses económicos de la entidad contratante, en razón a que no permiten la
consecución de las ventajas económicas que la libre competencia del mercado
puede aparejar en la celebración del contrato. Sin embargo, la libertad de
concurrencia, admite excepciones fijadas por el legislador, con sujeción a
parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, que pueden tener como
fundamento la necesidad de asegurar la capacidad legal, la idoneidad moral
o las calidades técnicas, profesionales, económicas y financieras del
contratista, además de la posibilidad que tiene el Estado de establecer
inhabilidades e incompatibilidades para asegurar la transparencia en el
proceso de contratación estatal.
LICITACION PUBLICA-Oferta total o parcial de manera dinámica
mediante subasta inversa no vulnera principio de interés general ni fines
del estado/SUBASTA INVERSA EN LICITACION PUBLICAConstituye una opción para la entidad estatal
En la medida en que el legislador ha ejercido su competencia dentro de los
precisos términos que le confiere la Carta, la Sala entiende que la posibilidad
de presentar la oferta total o parcialmente de manera dinámica mediante
subasta inversa en los procesos licitatorios, no vulnera el principio de interés
general ni los fines del Estado, máxime cuando la utilización de este
mecanismo constituye una opción para la entidad estatal, que debe
determinar si lo emplea o no, habida cuenta que la posibilidad de conformar
dinámicamente la oferta en una etapa de la licitación pública, persigue
reducir el costo total de la propuesta presentada, siendo posible lograr
mejores condiciones técnicas y económicas y habilita un mecanismo de
presentación de la oferta en el que la única variable a utilizar no es
necesariamente la del precio, pues pueden incluirse otras variables dinámicas
de conformidad con el pliego de condiciones.
ADMINISTRATIVA-Verificación de requisitos habilitantes de oferentes
y no evaluación, no implica vulneración de la libertad de
empresa/LIBERTAD DE EMPRESA EN CONTRATACION
ADMINISTRATIVA-No se vulnera por verificación y no evaluación de
requisitos habilitantes de oferentes
C. .. 241-4 y 242-1 de la Constitución Política. 209. MARÍA VICTORIA CORREA CALLE Bogotá. Magistrada Ponente: Dra. Referencia: expediente D-7663 Demandante: Martín Bermúdez Muñoz Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2 (parcial) y 5 (parcial) de la Ley 1150 de 2007. D. en el marco de las prerrogativas de la libertad de empresa. demandó los artículos 2 (parcial) y 5 (parcial) de la Ley 1150 de 2007. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 40-6. 333 y 365 de la Constitución Política. puesto que es obligación de las entidades establecer en los pliegos las condiciones que en su concepto deben cumplir quienes aspiren a suplir las necesidades de la administración. ha proferido la siguiente SENTENCIA I. de quienes tengan la real posibilidad de ofrecer lo que demanda la administración. porque lo que garantiza la Constitución es la igualdad de oportunidades de acceso a la participación en un proceso de selección contractual. La Sala Plena de la Corte Constitucional. por considerar que las normas acusadas vulneran los artículos 1. además. que el legislador haya previsto que las condiciones del oferente no son calificables sino verificables. en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos de trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991. y la oposición y competencia en el mismo. encuentra la Sala que no vulnera el artículo 333 de la Carta. 273. no hacen presumir la selección de un contratista no idóneo para el cumplimiento satisfactorio del objeto del contrato. el no otorgamiento de puntaje a las condiciones del oferente. el ciudadano Martín Bermúdez Muñoz. previsto en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. 2.Expediente D-7663 4 De conformidad con el alcance dado al principio de libre concurrencia. siete (7) de octubre de dos mil nueve (2009). “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”.
De las modalidades de selección. en las condiciones que fije el reglamento. Licitación pública. concurso de méritos y contratación directa. la magistrada sustanciadora admitió la demanda. Serán causales de selección abreviada las siguientes: . La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública. la Corte procede a decidir acerca de la demanda en referencia.Expediente D-7663 5 Por auto del 26 de marzo de 2009. con base en las siguientes reglas: 1. con el objeto que si lo estimaban oportuno conceptuaran sobre la constitucionalidad de las normas demandadas. las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública. selección abreviada. II. Así mismo. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. El Congreso de la República DECRETA: “Artículo 2°. Selección abreviada. al Contralor General de la Nación. al Director del Departamento Administrativo de la Función Pública. puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 2. se dispuso dar traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera su concepto y comunicó la iniciación del asunto al señor Presidente del Congreso de la República. NORMA DEMANDADA El texto de las disposiciones demandadas es el siguiente: LEY 1150 DE 2007 (julio 16) Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. 3 y 4 del presente artículo. al Ministerio del Interior y de Justicia. con las excepciones que se señalan en los numerales 2. y ordenó fijar en lista las normas acusadas. obra o servicio. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad. a la Corporación Transparencia por Colombia. la oferta en un proceso de la licitación pública podrá ser presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa. Cuando la entidad estatal así lo determine.
Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan. y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos. Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán. impuestos y mantenimiento. que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas.000 salarios mínimos legales mensuales.200. siempre que el reglamento así lo señale. la menor cuantía será hasta 450 salarios mínimos legales mensuales. con independencia de su diseño o de sus características descriptivas. Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400. Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1. para la venta de los bienes se debe tener como base el valor del avalúo comercial y ajustar dicho avalúo de acuerdo a los gastos asociados al tiempo de comercialización esperada. la menor cuantía será hasta 850 salarios mínimos legales mensuales.000 salarios mínimos legales mensuales e inferior a 400.000 salarios mínimos legales mensuales. Los pagos correspondientes se podrán hacer mediante encargos fiduciarios. Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120. siempre y cuando en desarrollo del proceso de enajenación se garantice la transparencia.000 salarios mínimos legales mensuales. para determinar el precio mínimo al que se debe enajenar el bien.000 salarios mínimos legales mensuales. El reglamento interno correspondiente fijará las garantías a cargo de los contratistas. la menor cuantía será hasta 1. En todo caso. con excepción de aquellos a que se refiere la Ley 226 de 1995.200.000 salarios mínimos legales mensuales. d) La contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto. c) Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y en la Ley 1122 de 2007. de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional. la celebración de contratos para la prestación de servicios de salud.000 salarios mínimos legales mensuales.000 salarios mínimos legales mensuales e inferiores a 1. la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales. administración. en cuyo caso la entidad deberá iniciar la selección abreviada dentro de los cuatro meses siguientes a la declaración de desierta del proceso inicial. hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisición en bolsas de productos. 6 . la menor cuantía será hasta 650 salarios mínimos legales mensuales. Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.Expediente D-7663 a) La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades. determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales. e) La enajenación de bienes del Estado.000 salarios mínimos legales mensuales e inferior a 850. Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120. En los procesos de enajenación de los bienes del Estado se podrán utilizar instrumentos de subasta y en general de todos aquellos mecanismos autorizados por el derecho privado. la eficiencia y la selección objetiva. b) La contratación de menor cuantía.
y población en alto grado de vulnerabilidad con reconocido estado de exclusión que requieran capacitación. g) Los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las Empresas Industriales y Comerciales Estatales y de las Sociedades de Economía Mixta. niños y niñas o jóvenes involucrados en grupos juveniles que hayan incurrido en conductas contra el patrimonio económico y sostengan enfrentamientos violentos de diferente tipo. f) Productos de origen o destinación agropecuarios que se ofrezcan en las bolsas de productos legalmente constituidas. frente al cual se adjudicará el bien a quien oferte el mejor precio. que a su vez. En la subasta pública. el bien será adjudicado al mejor postor. con excepción de los contratos que a título enunciativo identifica el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. El interesado en adquirir bienes deberá consignar al menos el 20% del valor base de venta para participar en la oferta.Expediente D-7663 La enajenación de los bienes que formen parte del Fondo para la Rehabilitación. 3. que actuarán como promotores de las ventas. con la determinación del precio base. programas de atención a población desplazada por la violencia. Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos. a cuyo cargo se encuentre la ejecución de los programas de protección de personas amenazadas. observando los principios del artículo 209 de la Constitución Política y la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Frisco. La adjudicación para la venta directa deberá hacerse en audiencia pública. h) Los contratos de las entidades. La venta implica la publicación previa de los bienes en un diario de amplia circulación nacional. en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. a través de invitación pública de los profesionales inmobiliarios. En este último caso. de acuerdo con el reglamento definido para su realización. El Reglamento deberá determinar la forma de selección. resocialización y preparación para el trabajo. la conformación de la lista de 7 . a efecto de avalúos de los bienes. teniendo en cuenta las recomendaciones que para el efecto imparta el Consejo Nacional de Estupefacientes. se hará por la Dirección Nacional de Estupefacientes. incluidos los contratos fiduciarios que demanden. Concurso de méritos. Las reglas y procedimientos que deberán atender la administración y los promotores y la publicidad del proceso deberán garantizar la libre concurrencia y oportunidad de quienes participen en el mismo. en donde se conozcan las ofertas iniciales y se efectúe un segundo ofrecimiento. programas de protección de derechos humanos de grupos de personas habitantes de la calle. i) La contratación de bienes y servicios que se requieran para la defensa y seguridad nacional. se servirán de avaluadores debidamente inscritos en el Registro Nacional de Avaluadores y quienes responderán por sus actos solidariamente con los promotores. Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado. programas de desmovilización y reincorporación a la vida civil de personas y grupos al margen de la ley. incluida la atención de los respectivos grupos familiares. Los bienes serán enajenados a través de venta directa en sobre cerrado o en pública subasta.
al deber de selección objetiva y al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 de 1993 salvo que se trate de Instituciones de Educación Superior Públicas. en desarrollo de estos procesos de selección. En aquellos eventos en que el régimen de la ejecutora no sea el de la Ley 80 de 1993. que necesiten reserva para su adquisición. los contratos de seguro de las entidades estatales. g) Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado. contratar o vincular a las personas naturales o jurídicas que hayan participado en la elaboración de los estudios. impar deliberante y calificado. entre otros. DAS. Contratación directa. d) La contratación de bienes y servicios en el sector Defensa y en el Departamento Administrativo de Seguridad. las propuestas técnicas o de proyectos podrán ser presentadas en forma anónima ante un jurado plural. 617 de 2000 y las normas que las modifiquen o adicionen. Estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas. La modalidad de selección de contratación directa.Expediente D-7663 precalificados se hará mediante convocatoria pública. 4. la ejecución de dichos contratos estará en todo caso sometida a los principios de la función administrativa a que se refiere el artículo 209 de la Constitución Política. En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas de las actividades derivadas del contrato principal. c) Contratos interadministrativos. permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes utilizando para el efecto. siempre que participen en procesos de licitación pública o de selección abreviada de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del presente artículo. no podrá ni ella ni el subcontratista. según sea el caso. diseños y proyectos que tengan relación directa con el objeto del contrato principal. Se exceptúan los contratos de obra. Estarán exceptuados de la figura del contrato interadministrativo. en concordancia con el respeto por la autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política. e) Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. suministro. siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. f) Los contratos de encargo fiduciario que celebren las entidades territoriales cuando inician el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos a que se refieren las Leyes 550 de 1999. criterios de experiencia. De conformidad con las condiciones que señale el reglamento. encargo fiduciario y fiducia pública cuando las instituciones de educación superior públicas sean las ejecutoras. 8 . b) Contratación de empréstitos. caso en el cual la celebración y ejecución podrán realizarse de acuerdo con las normas específicas de contratación de tales entidades. capacidad intelectual y de organización de los proponentes. solamente procederá en los siguientes casos: a) Urgencia manifiesta. siempre y cuando los celebren con entidades financieras del sector público.
El procedimiento aplicable para la ejecución de cada una de las causales a que se refiere el numeral 2° del presente artículo. Será responsabilidad del representante legal de la entidad estatal. El Gobierno Nacional tendrá la facultad de estandarizar las condiciones generales de los pliegos de condiciones y los contratos de las entidades estatales. permitirán fijar las condiciones de oferta para la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización a las entidades estatales durante un período de tiempo determinado. Para la selección a la que se refiere el literal b) del numeral 2° del presente artículo. Los acuerdos marco de precios a que se refiere el inciso 2° del literal a) del numeral 2° del presente artículo. será principio general la convocatoria pública y se podrán utilizar mecanismos de sorteo en audiencia pública. Sin excepción. deberán ser evaluadas de manera objetiva. calidad y garantía establecidas en el acuerdo. razón por la cual no podrán ser objeto de cobro los pliegos de condiciones correspondientes. adoptar las medidas necesarias con el propósito de garantizar la pulcritud del respectivo sorteo. adquieran los bienes y servicios ofrecidos.Expediente D-7663 h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Parágrafo 1°. Parágrafo 5°. i) El arrendamiento o adquisición de inmuebles. plazo y condiciones de entrega. cuando se trate de la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades. aplicando en forma exclusiva las reglas contenidas en los pliegos de condiciones o sus equivalentes. La selección de proveedores como consecuencia de la realización de un acuerdo marco de precios. le dará a las entidades estatales que suscriban el acuerdo. Se dará publicidad a todos los procedimientos y actos. Las entidades estatales no podrán exigir el pago de valor alguno por el derecho a participar en un proceso de selección. en la forma. 2. economía. la posibilidad que mediante órdenes de compra directa. La entidad deberá justificar de manera previa a la apertura del proceso de selección de que se trate. Parágrafo 3º. 9 . 3. deberá observar los principios de transparencia. las ofertas presentadas dentro de cada uno de los procesos de selección. los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección que se propone adelantar. para definir el número de participantes en el proceso de selección correspondiente cuando el número de manifestaciones de interés sea superior a diez (10). Parágrafo 4°. Para la selección a la que se refiere el literal a) del numeral 2° del presente artículo. no serán aplicables los artículos 2° y 3° de la Ley 816 de 2003. responsabilidad y las siguientes reglas: 1. Respecto de la expedición de copias de estos documentos se seguirá lo dispuesto en el artículo 24 del Código Contencioso Administrativo. Parágrafo 2°. o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales.
el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. En los procesos para la selección de consultores se hará uso de factores de calificación destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. resulte ser la más ventajosa para la entidad. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca. las mismas podrán diseñar. las entidades estatales incluirán como único factor de evaluación el menor precio ofrecido. capacidad financiera y de organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje. De 10 . así como las Entidades Territoriales. Artículo 5°. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo. La verificación documental de las condiciones antes señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 6° de la presente ley. El reglamento establecerá las condiciones bajo las cuales el uso de acuerdos marco de precios se hará obligatorio para las entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el Orden Nacional. teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos. En los contratos de obra pública. En consecuencia. organizar y celebrar acuerdos marco de precios propios. En el caso de los Organismos Autónomos y de las Ramas Legislativa y Judicial. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia. contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes. los factores de escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes. de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva certificación. sin tener en consideración factores de afecto o de interés y. El Gobierno Nacional señalará la entidad o entidades que tendrán a su cargo el diseño. De la selección objetiva. 3. no se podrá hacer uso de la selección abreviada como modalidad de selección. tendrán en cuenta los siguientes criterios: 1. 4. Parágrafo Transitorio. sin perjuicio de que puedan adherirse a los acuerdos marco a que se refiere el inciso anterior. en los pliegos de condiciones para las contrataciones cuyo objeto sea la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y común utilización. en general. organización y celebración de los acuerdos marco de precios. Sin perjuicio de lo previsto en el numeral 1 del presente artículo. sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Hasta tanto el Gobierno Nacional no expidiere el reglamento respectivo. La oferta más favorable será aquella que.Expediente D-7663 En consecuencia. sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello. 2. entre cada una de las entidades que formulen órdenes directas de compra y el respectivo proveedor se formará un contrato en los términos y condiciones previstos en el respectivo acuerdo. cualquier clase de motivación subjetiva.
capacidad jurídica. El segundo cargo recae sobre el aparte demandado del numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. 2. hasta la adjudicación. LA DEMANDA El demandante considera que los artículos 2 (parcial) y 5 (parcial) de la Ley 1150 de 2007. En ningún caso se podrá incluir el precio. El primer cargo consiste en señalar que el inciso 2. En consecuencia. No obstante lo anterior. 273 (adjudicación licitación en audiencia pública). del numeral 1.” III. todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje. procedimiento por el cual se adjudican los contratos más importantes y más cuantiosos de la administración. deberán ser solicitados hasta el momento previo a su realización. capacidad financiera. 333 (libre competencia económica). en el que la procedencia de la subasta está regulada de manera excepcional y las restricciones que se establecen en relación con el tipo de contrato y la cuantía tienen como propósito exponer al Estado y a los ciudadanos al menor riesgo. ni podrán establecerse como documento habilitante para participar en licitaciones o concursos. experiencia. vulneran los artículos 1 (prevalencia del interés general). en aquellos procesos de selección en los que se utilice el mecanismo de subasta. que desarrolla el principio de selección objetiva. se acuda al sistema de subasta inversa (donde lo único que cuenta es el precio) sin ninguna restricción. Dentro de este contexto. Las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no serán objeto de calificación. . El actor efectúa tres cuestionamientos centrales a las normas demandadas que pueden sintetizarse en los siguientes términos que se presentan a continuación. del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 es inconstitucional porque permite que en las licitaciones públicas. cuestiona la circunstancia de no otorgar puntajes a los factores relativos al proponente. Parágrafo 1°. no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. el demandante hace referencia al caso español. en el campo de que se trate. podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente. 209 (función administrativa). Parágrafo 2°. 1. se podrán utilizar criterios de experiencia específica del oferente y del equipo de trabajo. como factor de escogencia para la selección de consultores. 365 (prestación eficiente de los servicios públicos) y 366 (finalidades sociales del Estado) de la Constitución Política. 2 (fines esenciales del Estado).Expediente D-7663 11 conformidad con las condiciones que señale el reglamento. con lo cual se vulnera el principio general que desarrolló el legislador de conservar la licitación pública como modo general de adjudicación de los contratos y la prevalencia del interés general que debe guiar todas las actuaciones estatales.
sobre todo. (…) En los antecedentes de la ley esta medida se justifica en la necesidad de introducirle eficacia y transparencia al proceso de contratación pública (…). El argumento de la eficacia en el proceso de selección no nos parece convincente. cuando el Estado adquiere bienes de condiciones técnicas uniformes y común utilización. cumplimiento de contratos anteriores. por ejemplo. Ese era el procedimiento previsto en la Ley 80 de 1993. La doctrina se refiere en este punto a un umbral mínimo que permite participar y a una libre concurrencia sobre las condiciones relativas al mismo aspecto que le permite a la entidad escoger al mejor proponente. sólo es admisible. que para las entidades resultará esencial incluir como factores de adjudicación los relativos al proponente (experiencia.Expediente D-7663 12 y de organización. porque conduce a que la libre competencia para adjudicar el contrato (art. (…) Se trata de que las entidades tengan la posibilidad de establecer unos criterios mínimos de admisibilidad y otros de evaluación sin que exista dificultad en que versen sobre los mismos aspectos. Según el demandante. son tan limitadas (precio. 3. la adjudicación de los contratos se realiza bajo la consideración de un solo factor: el menor precio. determinar cuál de los proponentes tiene mayor experiencia en relación con el objeto preciso del contrato. para adjudicar la licitación al proponente que ofrezca las condiciones que mejor se acomoden al interés público que ella persigue con la celebración del contrato. atendiendo el tipo de contrato a celebrar. desconociendo que además debe estar orientada a lograr la inversión eficaz de los recursos y. En el caso de la . El tercer cargo hace referencia a que el sistema de subasta inversa. por no afectar el interés general. la Corte concluyó en la sentencia C-400 de 1999 que el sistema previsto en el artículo 29 de la Ley 80 de 1993 era el ajustado a la Constitución porque permitía el logro de los dos objetivos del proceso de selección: mejor propuesta y mejor proponente. organización y equipos). que son las únicas respecto de las cuales puede adjudicársele puntaje de acuerdo con las normas demandadas. 333 CP) sólo pueda darse en relación con las condiciones de la oferta y no en relación con las condiciones de los proponentes. el cual permitía la competencia sobre los dos aspectos y le otorgaba discrecionalidad a las entidades para darle peso específico a cada uno de ellos. en el que el menor precio determina en forma exclusiva la adjudicación del contrato. Creemos que vale la pena introducir algo más de trabajo o de esfuerzo a los evaluadores (inclusive examinar más resmas de papel) si con ello se logra. a buscar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.” En la medida en que las entidades públicas están obligadas a que la competencia verse única y exclusivamente respecto de la oferta. calidad). plazo. capacidad financiera. Al respecto sostuvo: “En muchos eventos las condiciones relativas a la propuesta. La imposibilidad de incluir estos últimos requisitos determinará que las entidades terminen adjudicando los contratos bajo la consideración de un solo factor: el menor precio. con lo cual la actuación de la administración termina siendo regida por el exclusivo principio de lograr ahorros o economías para el Estado.
señala el DNP que no ha debido proceder porque el auto admisorio reconoce que no cumple de manera efectiva y eficaz con los requisitos mínimos exigidos para su admisión. Específicamente advierte que “los argumentos de la demanda no son claros. son tres los requisitos que el ciudadano debe cumplir para instaurar la acción de inconstitucionalidad: i) debe referir con precisión la norma demandada. Intervención del Departamento Nacional de Planeación La intervención del apoderado del Departamento Nacional de Planeación (DNP) identifica dos aspectos centrales: i) Consideraciones respecto de la admisión de la demanda y ii) Razones de la defensa. al Estado le resultan indiferentes las condiciones de ejecución del contrato y el interés general se favorece cuando le compra a quien ofrece vender por el menor precio. con el fin de obtener la mejor propuesta y el mejor proponente (asignando puntaje a las condiciones del proponente y a la oferta).1 porque la presunta inconstitucionalidad de los 1 Cita en particular la Sentencia C-476 de 2003 (MP. ha sido tratado extensamente por esta Corte. cuando de lo que se trata es de contratar un servicio. consiste en la obligación de señalar las . y que la magistrada sustanciadora en aplicación del principio pro actione decidió omitir tal situación y dejó a la Sala la decisión final sobre si procede o no un pronunciamiento de fondo sobre el conflicto jurídico planteado. Respecto del primer punto. Por esta razón. //El primero de los elementos. En la contratación de servicios las entidades deberían tener en consecuencia la posibilidad de proceder en ciertos eventos como lo ordenaba el artículo 29 de la Ley 80 de 1993. las condiciones de ejecución del contrato no resultan irrelevantes para el Estado y el interés general impone que las entidades busquen que el servicio que se contrata sea prestado de la mejor manera. y en otros como lo establece el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. situación en la cual tanto las condiciones de la oferta como las condiciones del oferente son relevantes. para lograr la mejor oferta (asignando puntaje sólo a la oferta). El tema de procedibilidad de la acción de inconstitucionalidad. Eduardo Montealegre Lynett).Expediente D-7663 13 contratación de servicios es necesario garantizar que se celebrará el contrato con quien ofrezca prestar el servicio de mejor manera. el menor precio no puede ser el único factor que determine la adjudicación de este tipo de contratos. IV. la precisión de la norma acusada. INTERVENCIONES 1. que dice: “4. Para el actor en la contratación de bienes de condiciones técnicas uniformes y común utilización. De acuerdo con el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991. Por el contrario. ni suficientes”. ii) el concepto de la violación y iii) la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto. referente a la admisión de la demanda. el interés general no se ve afectado cuando se contrata con quien ofrece el menor precio porque una vez definidas todas las condiciones específicas de lo que requiere adquirir. ni específicos.
porque el hecho de señalar que los requisitos habilitantes de los oferentes son verificados. a lo largo de su argumentación se incluyan. Lo que se pretende es lograr mejores condiciones técnicas y económicas. y 3) presentar las razones por las cuales los textos normativos demandados violan la Constitución. específicas. sino que se limita a inscribir el principio de selección objetiva en dos momentos diferentes: a) la escogencia del proponente. implica la necesidad de 1) señalar las normas constitucionales que se consideren infringidas. de forma resaltada. para que con ello se entienda hecho un argumento de inconstitucionalidad. Al respecto sostiene: “No basta con que. lo que en nuestro medio sólo ocurre como causal de selección abreviada. el aparte demandado del artículo 5-1 de la Ley 1150 de 2007. de acuerdo con sus condiciones. ii) Conforme a la Carta el aparte cuestionado del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. y b) la evaluación de las ofertas de los proponentes previamente habilitados para ello. sino como posible fase del proceso licitatorio. La posibilidad de conformar dinámicamente una oferta. pero que en el evento de que no acceda a lo pedido. y no en el anhelo de un sistema contractual anterior que el actor considera mejor que el resultante de la voluntad del legislador expresada por la Ley 1150 de 2007.Expediente D-7663 14 apartes demandados está basada en esquemas legales derogados que fueron entendidos ajustados a la Carta dentro de un contexto normativo distinto. el concepto de la violación. frases o palabras que provienen de la norma que se acusa. El cargo debe basarse en la objetiva comparación de la norma legal con el ordenamiento superior. ni tampoco resulta pertinente que una demanda de inconstitucionalidad se fundamente en la comparación de dos esquemas de contratación fundados en normas distintas. la ley no consagra la subasta inversa como un método autónomo de selección para adjudicar una licitación pública. no contraría la Carta. sin que se realice una verdadera confrontación de la norma vigente con las disposiciones constitucionales que se entienden vulneradas. Es decir. que redunden en menores costos para la entidad y en ofertas más favorables.” En consecuencia solicita el DNP a la Corte que se declare inhibida para pronunciarse por ineptitud sustancial de la demanda. pero no objeto de una calificación. ciertas. en buscar exclusivamente un menor precio. 2) exponer el contenido normativo de las disposiciones constitucionales que riñen con las normas demandadas.” . apunta a reducir el costo total de la oferta presentada y no el precio. por el hecho que uno de ellos fue objeto de revisión constitucional. y no como lo entiende erróneamente el demandante. ni rompe el principio de igualdad. Sobre este último punto ha señalado esta Corporación que se requiere que las razones sean claras. Esta disposiciones acusadas como inconstitucionales y además transcribirlas. ni afecta la libre competencia. pertinentes y suficientes. (…)// El segundo requisito. ni deja de lado el interés general que prima en las actuaciones del Estado a través de sus agencias. porque establece la figura de conformación dinámica de la oferta y no la de adjudicación al menor precio. salvo en el concurso de méritos. cuando el segundo es el resultado del cambio normativo del soporte legal del primero. le ruega considerar: i) Ajustado a la Constitución.
considera que el corresponder a unas características técnicas uniformes y de común utilización. la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. ni ventaja o desventaja comparativa entre los ofrecimientos técnicos. Por último. sino que se alimenta de la ya explicada necesidad de las entidades de poder evaluar las condiciones del proponente en un proceso de selección. el legislador establece nueve causales de selección abreviada. interpretados de manera errada por el actor. referentes a la expresión servicios. una de ellas. causal sobre la que el demandante pretende la declaración de inexequibilidad de la inclusión de los servicios como objeto contratable por tal modalidad de selección. lo importante no son las características subjetivas del proponente (necesarias para participar en el proceso de contratación) sino que la oferta se ajuste a los requerimientos de la Administración. al no reparar que en el contexto de la reforma la única posibilidad de tener al precio como único factor de escogencia está dada para los bienes y servicios de condiciones técnicas uniformes y de común utilización (num. El interés general se protegerá escogiendo la oferta que más se acerque a dichas exigencias. conduce a que el servicio que se solicita es el mismo servicio que cualquiera de los oferentes habilitados está en condiciones de prestar. Frente a este cargo estima el DNP que los argumentos de violación no se concretan en la demanda. a través del instrumento de subasta inversa. En efecto. De manera que al interior del proceso no hay discusión alguna. ya que las demás condiciones del servicio a contratar han sido definidas por la entidad de manera estandarizada y no están sujetas a cambios en su ofrecimiento. si se la mira en conjunto con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. toda vez que estas fueron definidas previamente.Expediente D-7663 15 lectura de la norma demandada es la única posible. 3 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007). lo que justifica que la contienda verse exclusivamente sobre el precio. con fundamento en los siguientes argumentos: . 2. que establece como regla general aplicable a toda licitación pública la ponderación de factores técnicos y económicos de escogencia. En este sentido. Además. sin detrimento alguno en las condiciones de calidad del mismo. que a juicio del demandante es de resorte constitucional. En este caso.” iii) Ajustados a la Constitución los apartes demandados de los artículos 2 y 5 de la Ley 1150 de 2007. la subasta es la que opera como método de selección. el demandante parece hacer “una lectura errada de las normas. estima que el principio de prevalencia del interés general sobre el particular no se viola porque. Intervención del Ministerio del Interior y de justicia El Ministerio solicitó a la Corporación declarar la exequibilidad de las normas acusadas.
Y no deben otorgar puntaje porque se trata de participar en condiciones de igualdad con los demás proponentes. salvo que se trate . es lógico que el factor determinante lo constituya el precio. en los cuales la calidad del contratante es determinante.Expediente D-7663 16 i) No puede aducirse válidamente. lo cual en lugar de ser contrario al interés general. iii) Tratándose de la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes. Caso en el cual. el precio es un factor de adjudicación pero dentro de los rangos establecidos por la entidad. no implica una transgresión constitucional. garantiza la protección del patrimonio público y la prestación eficiente de los servicios. sobre la base de los requerimientos mínimos exigidos por la entidad. pues entre todos los posibles oferentes que cumplen tales requerimientos. Así las cosas. El artículo 2. no determinen la adjudicación del contrato. no establece que el único factor de evaluación en las subastas inversas que realicen las entidades públicas en los procesos licitatorios será el precio. que debe estar incluido en el pliego y que se elabora con anterioridad al proceso licitatorio. el interés general se garantiza cuando se adjudica a quien ofrece celebrar el contrato en las condiciones que mejor favorezcan a la administración y en los términos previstos en el pliego. razón por la cual la entidad contratante establecerá como admisibles las propuestas que se encuentren en determinado rango. 3. salvo la excepción contemplada en la ley respecto de los procesos para la selección de los consultores. al Estado no le interesa un proponente que ofrezca un precio que se encuentra por debajo del presupuesto oficial. de acuerdo con las siguientes razones: 3. De manera tal que. los proponentes deben presentar su oferta económica teniendo en cuenta el presupuesto oficial del contrato. restringe la posibilidad de que las entidades intenten contratar con el mejor proponente y se desaprovechen las ventajas de la libre competencia para adjudicar el contrato. numeral 1. de manera que condiciones especiales de experiencia o capacidad financiera. como tampoco los ofrecimientos que sobrepasen dicho presupuesto.2. como lo hace la demanda. dentro de los cuales el menor precio. ii) En los contratos que deben celebrarse mediante licitación. es solo uno de los factores de evaluación. pues las condiciones del proponente constituyen requisitos habilitantes para participar. que la norma cuestionada al excluir las condiciones del proponente como factor de adjudicación. El hecho de que el legislador varíe las condiciones que deben tener en cuenta las entidades estatales para seleccionar el ofrecimiento más favorable en los procesos de selección de contratistas. Intervención de la Contraloría General de la República Solicita a la Corte la declaración de constitucionalidad de las disposiciones acusadas. 3. inciso 2 de la Ley 1150 de 2007. el que ofrece el precio más bajo sería favorable a la entidad.1. de algunos proponentes.
Los requisitos que deben acreditar los proponentes para poder participar en los procesos de selección son objeto de verificación y las ofertas son objeto de calificación y de asignación de puntaje. no vulnera el interés general. La contratación en estas condiciones no vulnera la Constitución y cumple los principios de la función administrativa por las siguientes razones: los proponentes están en igualdad de condiciones para participar y el contrato se adjudica al proveedor.5.4. lo que en otras palabras se traduce en unas finanzas eficientes para atender las múltiples necesidades de la comunidad. El procedimiento de la subasta inversa total o parcial en los procesos licitatorios.1. y tampoco vulnera el derecho a la libre competencia económica. al igual que el respeto de los postulados de la Ley 489 de 1998. El hecho de que el legislador varíe las condiciones que deben tener en cuenta las entidades estatales para seleccionar el ofrecimiento más favorable en los procesos de selección de contratistas. están en igualdad de condiciones para prestar el servicio. 3. 3. ofrece el menor precio. imperativos en la gestión pública y que conducen a reconocer una mayor capacidad del Estado en el número y/o volumen superior de bienes y servicios que suministra a los administrados. Frente al cargo de vulneración del interés general señala que no se ve afectado porque las modalidades demandadas generan un ahorro considerable que materializa los principios de economía y eficiencia que por mandato de la ley de contratación le son propios. resulta favorable para las entidades públicas la contratación con aquellos que ofrecen el mejor precio. diferenciación que en nada contradice la Constitución. de conformidad con los siguientes argumentos: 4. 3. . no implica una transgresión constitucional. economía e imparcialidad.Expediente D-7663 17 de procesos de selección abreviada para la contratación de la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. ni el deber que tiene el Estado de asegurar que los servicios públicos se presten en forma eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. observándose así el principio de moralidad. no vulnera la facultad que tiene cualquiera de los proponentes de solicitar al Contralor General de la República y demás autoridades de control fiscal que ordenen que el acto de adjudicación tenga lugar en audiencia pública. 4. que en igualdad de condiciones. considera que si todos los proveedores en el mercado. porque se trata de un criterio de calificación objetivo que no depende de la valoración del evaluador.3. no es contrario a los principios de la función pública. Intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito Público El Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó a la Corporación declarar exequibles los apartes de los artículos 2 y 5 de la Ley 1150 de 2007. Respecto de la utilización de la subasta inversa para la adquisición de servicios de características técnicas uniformes.
con el propósito de garantizar los fines de la contratación. Así las cosas. que por “el apretado sistema anterior de experiencia como factor de ponderación”. El legislador no ha afectado la libre competencia por dos razones: (i) no desconoce de plano las calidades de orden jurídico. en momentos en que se identifican limitaciones presupuestales para la ejecución de los programas y proyectos de todo orden que deben ser atendidos por el Estado. organizacional y técnico del oferente. o con menos recursos se puede contar con un servicio de mayores condiciones de cobertura y calidad. se garantiza la libre concurrencia. y dado que la contratación de la Administración Pública es una manifestación concreta del desarrollo de la función administrativa. había marcado un derrotero restrictivo en la participación en la que “los cerrados círculos de prestadores del servicio o proveedores no les permitía una abierta y democrática participación. Una vez verificados los aspectos propios del sujeto y sobre la estructura de una propuesta económica inicial que resulte cotejable para los fines de mejorar el ofrecimiento económico. para el Ministerio de Hacienda la Ley 1150 de 2007. a partir de la identificación de ciertos requisitos mínimos habilitantes que dan fe de las calidades de la persona que está en condiciones de ofertar y sostener el menor precio. y el de la libre concurrencia porque le da una mayor participación a posibles oferentes que demuestren unas condiciones mínimas para participar. bienes y servicios requeridos por el Estado para cumplir sus cometidos. con la previa acreditación de requisitos señalados en los pliegos. implican que quien pretenda contratar con la . 4. Esas condiciones mínimas. Con la implementación de las nuevas modalidades de contratación. no hizo otra cosa que recurrir a esquemas de negocio que se identifican en el mercado y flexibilizar el escenario. se han identificado ahorros significativos a la administración Pública. se ha dado una mayor concurrencia de particulares que se encuentran en capacidad de prestar el servicio y/o proveer los bienes. o frente al número de bienes se identifica menor compromiso de recursos. que garantizan una mayor cobertura en la contratación de obras.Expediente D-7663 18 Afirma la entidad que si con los mismos recursos la Administración obtiene un mayor número de bienes.2. Y (ii) permite de manera más clara que los componentes de la contratación se alcancen: el de la libre competencia porque es el mercado el que regula la mayor parte de los precios de los bienes y servicios utilizados por parte del Estado. y que ésta se encuentra acorde con los fines del Estado en desarrollo de los artículos 2 y 5 de la Ley 1150 de 2007. las cuales se identifican plenamente de manera previa a la realización de la subasta. el cargo no está llamado a prosperar. el resultado es la satisfacción óptima de las necesidades de la administración y de los administrados. financiero. Por otra parte.” En consecuencia.
4. Fasecolda. Lo que la administración busca con la aplicación de este mecanismos es la estructuración de la oferta. bajo el entendido de que los oferentes habilitados para intervenir en la subasta inversa cumplen de manera estricta con un mínimo de requisitos (jurídicos. sin que por ello desvirtúe la libre competencia.3. pero si respecto de los servicios.4. declarar la inexequibilidad del inciso 2 del numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. como resultado de la experiencia en anteriores contrataciones y/o por el profundo estudio que la ley le ordena realizar antes de adelantar cualquier contratación. de la contratación misma. en el fondo se renuncia a la obtención de la mejor relación costo-beneficio a que hace referencia el Decreto 2474 de 2008. Afirma que en materia de seguros es muy difícil la estandarización. los fines del Estado. se encuentran salvaguardados. entre ellos el interés general. 4. en la oferta de . dejando a las fuerzas del mercado la definición del precio. En la medida en que la administración genera un filtro inicial con el cual se determinan los oferentes hábiles que se encuentran en capacidad de desarrollar el objeto del contrato. más un precio de mercado sostenible) que les permite desarrollar el contrato en los términos establecidos por la administración. el cual será definido en franca lid por los oferentes habilitados en desarrollo de la subasta. con un procedimiento en el que se persigue obtener el menor precio ofertado. términos que lo único que no han determinado de manera absoluta es el precio -sólo se ha determinado el presupuesto oficial-. ha definido las condiciones mínimas habilitantes. sin que esto vulnere los principios que rigen la gestión de la Administración Pública. Cuando se afirma que un servicio es estandarizable. lo que requiere para cubrir la necesidad que da lugar a la contratación. 5. por vulnerar el artículo 209 de la Carta. en virtud del conocimiento que le asiste frente al servicio a contratar. al igual que el interés general. Dadas las condiciones mínimas del objeto a contratar.Expediente D-7663 19 Administración Pública debe cumplir unos requisitos básicos que la administración dosificará de acuerdo con lo especializado del objeto del contrato. la administración puede tomar el precio como el factor determinante en la adjudicación de la licitación. (ii) no existe discusión sobre la posibilidad de estandarizar bienes. Intervención de la Federación de Aseguradores Colombianos. financieros. puesto que el servicio varía de asegurador en asegurador. e incluso. las condiciones de ejecución del contrato no resultan irrelevantes y por eso la Administración. con fundamento en las siguientes razones: (i) la imposibilidad de acompasar la esencia del proceso de licitación pública en la cual se debe seleccionar la mejor oferta de acuerdo con parámetros de calidad y precio. técnicos y organizacionales. Respecto de la subasta inversa para la contratación de servicios de condiciones uniformes. En su intervención Fasecolda solicitó a la Corte.
Por regla general el precio más bajo no puede ser el criterio único determinante de la selección de la propuesta más favorable.1.2. La finalidad de la subasta inversa es seleccionar la proposición más ventajosa a través de un mecanismo ágil y dinámico que se utiliza comúnmente en las transacciones económicas. Así. 150 CP). capacidad financiera y de organización). con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo”. ante propuestas que se encuentran en igualdad de condiciones de favorabilidad. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. condiciones de experiencia. El legislador es libre de establecer el procedimiento de subasta inversa cuando lo considere fácil o rápido. resulta razonable que la mejor sea aquella que ofrezca un mejor precio. las cuales deben ser objeto de verificación como requisitos habilitantes (de admisión o de rechazo). Sin embargo. El Procurador General de la Nación. 1. En los procesos de licitación pública es sólo una posibilidad porque la entidad estatal tiene la libertad de determinar si lo emplea o no y respecto de qué tipo de contratos. en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 150 de la Constitución. V. en las condiciones que fije el reglamento”.3. que debe ser evaluada con puntos considerando los factores técnicos y económicos. En situaciones como éstas la utilización del precio como único criterio de comparación de las ofertas se ajusta a la Constitución. estima que la calidad y oportunidad en su prestación depende de las características intrínsecas de cada asegurador y no del valor de la prima (precio).Expediente D-7663 20 productos al interior de una misma aseguradora.1. contenida en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. consagrada en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. Permite la libre competencia y hace posible que sea la demanda quien exponga sus necesidades. de conformidad con el tipo de servicios que la administración intenta contratar (art. . provocando que la oferta compita entre ellas para satisfacerlas. solicita a la Corte Constitucional: 1. mediante concepto 4775 del 26 de mayo de 2009. estableció una diferencia entre las circunstancias del oferente (capacidad jurídica. El legislador. pues no garantiza la mejor elección. Además. 1. Declarar la exequibilidad de la expresión “Cuando la entidad estatal así lo determine. 2. la oferta en un proceso de licitación pública podrá ser presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa. una distinción en relación con la forma en que se deben evaluar las propuestas. de acuerdo con los argumentos que a continuación se presentan: 2. y las condiciones de la oferta. Declarar la exequibilidad de la frase “y no otorgará puntaje. por las siguientes razones: 1. consagró en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007.
de la Ley 1150 de 2007. de tal manera que se privilegien las condiciones técnicas y económicas de la oferta y la valoración de las ofertas se concentre en dichos aspectos. Al no poder ser utilizadas las condiciones del oferente referidas a su capacidad administrativa y financiera. la selección de consultores. así como su experiencia. Declararse inhibida para pronunciarse de fondo en relación con los cargos formulados por el actor contra la expresión “y servicios” contenida en el artículo 2.2. salvo cuando se trata de la selección de consultores. el menor precio no puede ser el único factor de adjudicación. El objetivo de la norma acusada. que el hecho de que tales aspectos no otorguen puntaje restringe la posibilidad de que las entidades estatales puedan contratar con el mejor proponente. así sean de características técnicas uniformes y de común utilización por las entidades.3. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS . porque el demandante no demuestra con claridad y precisión la manera como la citada frase desconoce los preceptos constitucionales invocados. presentará la mejor oferta. sin fundamentos suficientes. y en el artículo 5. Se propone así en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. numeral 2. salvo claro está. como lo hace el demandante. es garantizar la transparencia y la eficiencia en los procesos de contratación que lleven a cabo las entidades estatales.” 2. que cuando el Estado contrata servicios. quien tenga mejores requisitos habilitantes. literal a). la capacidad financiera y la organización de los oferentes. para darle un mayor puntaje. 3. según la exposición de motivos del proyecto que dio lugar a la Ley 1150 de 2007. evitando el direccionamiento de los mismos desde los pliegos de condiciones. puesto que se debe procurar que los servicios sean prestados por quien garantice hacerlo de la mejor manera. parágrafos 3 y 5. El actor se limita a señalar. razón por la cual no puede afirmarse. “Por el contrario. en razón del alto contenido intelectual que requiere el desarrollo de tales contratos. pues en los aspectos técnicos y económicos de la misma se verán reflejadas la experiencia. VI. en la que se valora la formación y la experiencia del proponente. lo mismo que la capacidad financiera y de organización de los proponentes no otorgue puntaje. puesto que son factores habilitadores para la participación en un determinado proceso de selección. no implica que tales aspectos no sean objeto de comprobación y menos aún no sean tenidos en cuenta para la elección de la oferta más favorable a los intereses de la administración pública. numeral 3. El hecho de que la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia. se limita la posibilidad de diseñar procesos “a la medida” de proponentes determinados. un nuevo contenido para el deber de selección objetiva que tiene como finalidad principal la depuración de los factores de escogencia en los procesos de selección.Expediente D-7663 21 2.
la Corte es competente para conocer de la presente demanda. CP).365 CP). procedimiento mediante el cual se adjudican los contratos más importantes y más cuantiosos de la administración. 2 CP). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241-4 de la Constitución Política. y el deber que tiene el Estado de asegurar que los servicios públicos se presten en forma eficiente a todos los habitantes del territorio nacional (art. ¿Resulta contrario al principio de prevalencia del interés general (art. 365 y 366 de la Constitución Política. esta Corporación recordará brevemente la jurisprudencia sobre la potestad de configuración del legislador en materia de contratación pública y los límites constitucionales al ejercicio de tal potestad y con base en ella. 333. ¿Resulta contrario a los artículos 1. 2. CP). la Corte Constitucional debe resolver los siguientes problemas jurídicos: 1. con lo cual la libre competencia para adjudicar el contrato sólo se da en relación con las condiciones de la oferta? 3. examinará la constitucionalidad de . que cuando la entidad estatal así lo determine la oferta pueda ser presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante el sistema de subasta inversa? 2. CP). 1 CP). capacidad financiera y organización de los proponentes. que en el numeral 2 del artículo 2. el derecho a la libre competencia económica (art. el cumplimiento de los fines esenciales del Estado (art. literal a). 209. parágrafos 3 y 5 y en el numeral 3 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. ¿Desconoce la prevalencia del interés general (art. 209. los principios de la función pública (art. 2. que en los procesos de contratación pública por licitación pública. 333. el que se acuda a la subasta inversa? Con el fin de resolver los anteriores problemas jurídicos. pero no otorgarán puntaje para la selección. el legislador haya autorizado para la contratación de servicios. los requisitos de elegibilidad relativos a la capacidad jurídica. 273. Problemas jurídicos De conformidad con lo planteado por el accionante en el presente caso. condiciones de experiencia. 22 Competencia. 1 CP) y a los fines esenciales del Estado (art. 2. haya previsto en el numeral 1 del artículo 5 que serán objeto de verificación del cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso. que el legislador al regular los factores de escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes.Expediente D-7663 1. el legislador haya autorizado en el inciso 2 del numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.
como quiera que varios de los intervinientes han solicitado a la Corte declararse inhibida por ineptitud sustancial de la demanda. Cuestión previa: la aptitud de la demandada para propiciar un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de las disposiciones demandadas. la Corte sintetizó en qué consisten estos requisitos así: "La claridad de la demanda es un requisito indispensable para establecer la conducencia del concepto de la violación. Varios de los intervinientes han señalado que los cargos formulados por el actor no son claros.”3 Efectivamente.Expediente D-7663 23 las expresiones acusadas en el presente proceso. Auto 122 de 2008 (MP. 208 y 214 del Decreto 1355 de 1970 por ineptitud en la demanda. pertinentes y suficientes. Nilson Pinilla Pinilla). [por regla general]. es indispensable que la Corte pueda efectuar a partir de ellos una verdadera confrontación entre la norma acusada. la Corte terminará inhibiéndose. Sentencia C-898 de 2001 (MP. De lo contrario. es necesario que los razonamientos presentados contengan unos argumentos mínimos que puedan llevar a esta Corporación a desconfiar de la constitucionalidad de la norma cuestionada. y que sean capaces de generar una duda aunque sea mínima respecto de la armonía de las disposiciones acusadas con los textos constitucionales que se consideran infringidos. releva al ciudadano 2 Sentencia 1087 de 2008 (MP. específicas. ciertos.1. 3. toda demanda de inconstitucionalidad debe exponer razones claras. en la sentencia C-1052 de 2001. los argumentos expuestos por el demandante y la disposición constitucional supuestamente vulnerada. pues aunque “el carácter popular de la acción de inconstitucionalidad. suficientes ni pertinentes para permitir que la Corte Constitucional examine si existe una contradicción entre las normas acusadas y la Carta. circunstancia que frustra “la expectativa legítima de los demandantes de recibir un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional. ciertas. como quiera que se limita a señalar objeciones de carácter general y de mera interpretación legal sobre la forma como el legislador reguló las figuras de la subasta inversa en la licitación pública y en la adquisición o suministro de servicios dentro del proceso de selección abreviada. 196. La Corte se inhibió de conocer la demanda contra algunos apartes de los artículos 186. 3 . Manuel José Cepeda Espinosa).2 Para tales efectos. No obstante. Requisitos de procedibilidad de la acción de inconstitucionalidad. estudiará primero si ésta tiene la aptitud suficiente para propiciar un pronunciamiento de fondo. En reiterada jurisprudencia esta Corporación ha sostenido que para que exista realmente en la demanda un cargo de inconstitucionalidad. En este orden de ideas. 3. Jaime Araújo Rentería).
129. Álvaro Tafur Galvis). que no han sido suministradas por el legislador. las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente5 “y no simplemente [sobre una] deducida por el actor. de aquella [otra] encaminada a establecer proposiciones inexistentes. Vladimiro Naranjo Mesa). para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden. 10 Estos son los defectos a los cuales se ha referido la jurisprudencia de la Corte cuando ha señalado la ineptitud de una demanda de inconstitucionalidad. puede deducirse que los cargos que se plantean aparentemente contra la norma atacada no lo son realmente contra ella.Expediente D-7663 24 que la ejerce de hacer una exposición erudita y técnica sobre las razones de oposición entre la norma que acusa y el Estatuto Fundamental”. Cristina Pardo Schlesinger). 249 y 250 del Decreto 1222 de 1986. por inadecuada presentación del concepto de la violación. José Gregorio Hernández Galindo). puesto que la demandante no estructuró el concepto de la violación de los preceptos constitucionales invocados. Carlos Gaviria Díaz). parcial. indirectos. 7 Sentencia C-1544 de 2000 (MP. las sentencias C-509 de 1996 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra) y 244 de 2001 (MP. C-1048 de 2000 (MP. pues “del estudio más detallado de los argumentos esgrimidos por el demandante. por ejemplo en la Sentencia C-362 de 2001 (MP. En el mismo sentido las sentencias C-113 de 2000 (MP. En el mismo sentido puede consultarse la Sentencia C-428 de 1996 (MP. 9 Sentencia C-568 de 1995 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).”9 El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política. Álvaro Tafur Galvis). el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto. José Gregorio Hernández Galindo).” 6 Sentencia C-504 de 1995 (MP. abstractos y globales”10 4 Sentencia C-143 de 1993 (MP.” 8 De otra parte. la Corte también se inhibió de conocer la demanda contra Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5 del Decreto 2700 de 1991. o implícita”6 e incluso sobre otras normas vigentes que. entonces. 246. C-519 de 1998 (MP. Alfredo Beltrán Sierra). 130 y 131 de la Ley 106 de 1993. y C-1552 de 2000 (MP. pues la acusación carece de objeto. 8 En este mismo sentido pueden consultarse. además de las ya citadas. ya que alude a una disposición no consagrada por el legislador. José Gregorio Hernández Galindo). Vladimiro . debido a que el actor presentó cargos que se puedan predicar de normas jurídicas distintas a las demandadas. 5 Así. las razones son específicas si definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través “de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada. los autos 097 de 2001 (MP. del Decreto 0624 de 1989 “por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales”. José Gregorio Hernández). La Corte se declaró inhibida para resolver la demanda en contra de los artículos 125. indeterminados. resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos. en todo caso. Estudió la Corte en aquella ocasión la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 16 y 20 de la Ley 3 de 1986. Jaime Córdoba Triviño) y las sentencias C-281 de 1994 (MP. por presentarse ineptitud sustancial de la demanda. Cfr. entre otras. no son el objeto concreto de la demanda. “esa técnica de control difiere. José Gregorio Hernández Galindo). La Corte se declaró inhibida para conocer de la demanda presentada contra el artículo 16. C-1516 de 2000 (MP.4 no lo excusa del deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa. como corresponde a la presente etapa procesal. Adicionalmente. La Corte se inhibió en esta oportunidad proferir fallo de mérito respecto de los artículos 48 y 49 de la Ley 546 de 1999.7 Así. José Gregorio Hernández Galindo). C-011 de 2001 (MP.
puesto que se limitan a presentar argumentos de conveniencia. La Corte se declaró inhibida para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad del inciso primero del artículo 11 del Decreto Ley 1228 de 1995. 14 Sentencia C-447 de 1997 (MP. en opinión del actor. José Gregorio Hernández Galindo). Finalmente. C-012 de 2000 (MP. así. 12 Sentencia C-447 de 1997 (MP. Fabio Morón Díaz). Este asunto también ha sido abordado. Alejandro Martínez Caballero). Alejandro Martínez Caballero). Fabio Morón Díaz). C-013 de 2000 (MP. C-645 de 2000 (MP. literales b y f. o reiterativa”16 a partir de una valoración parcial de sus efectos. como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico”14. 15 Sentencia C-269 de 1995 (MP. la Corte desestimaba algunos de los argumentos presentados por el actor que se apoyaban en teorías del derecho penal que reñían con la visión contenida en las normas demandadas y con la idea que. La Corte declaró exequible en esta oportunidad el Decreto 100 de 1980 (Código Penal). esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad. o aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que “el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema particular. C177 de 2001 (MP. ya citada. fundado en la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado. con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche. Alfredo Beltrán Sierra). Antonio Barrera Carbonell). Fabio Morón Díaz).ámbito ideológico y valorativo por excelencia -. debido a la ausencia de cargo. entre varios pronunciamientos. en la C-090 de 1996 (MP. cuando se estime que el trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado ha sido quebrantado. Se dijo. por ejemplo. en primer lugar. Alejandro Martínez Caballero). por tanto. Álvaro Tafur Galvis). 11 Sentencia C-447 de 1997 (MP. 16 Son estos los términos descriptivos utilizados por la Corte cuando ha desestimado demandas que presentan argumentos impertinentes a consideración de la Corte. Álvaro Tafur Galvis).Expediente D-7663 25 que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. C-374 de 1997 (MP. José Gregorio Hernández Galindo). José Gregorio Hernández Galindo). . carente de obligatoriedad por no ser parte del ordenamiento jurídico. es decir. además de las ya citadas. C-876 de 2000 (MP. se tendrá que referir de qué procedimiento se trata y en qué consistió su Naranjo Mesa). C-955 de 2000 (MP. debiendo el demandante concretar la posible antinomia jurídica en el texto de una disposición que permita estructurar un juicio de constitucionalidad sobre extremos comparables. C-380 de 2000 (MP. son inaceptables los argumentos que se formulan a partir de consideraciones puramente legales12 y doctrinarias13. es un ejemplo de aquellos casos en los cuales la Corte desestima algunos de los cargos presentados por el actor. animaba el texto de la Constitución. entonces: “Constituye un error conceptual dirigir el cargo de inconstitucionalidad contra un metalenguaje sin valor normativo y. por demanda materialmente inepta. La doctrina penal es autónoma en la creación de los diferentes modelos penales. Vladimiro Naranjo Mesa). 13 Sentencia C-504 de 1993 (MP. C-040 de 2000 (MP. José Gregorio Hernández Galindo).11 La pertinencia también es un elemento esencial de las razones que se exponen en la demanda de inconstitucionalidad. Eduardo Cifuentes Muñoz y Carlos Gaviria Díaz). C-201 de 2001 (MP. Este fallo que se encargó de estudiar la Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 61 de 1993 artículo 1. la suficiencia que se predica de las razones de la demanda de inconstitucionalidad guarda relación. C-1044 de 2000 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz). No existe precepto constitucional alguno que justifique la limitación de la creatividad del pensamiento doctrinal . innecesaria. Sin duda. En este orden de ideas. tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma demandada en un análisis de conveniencia 15. Alejandro Martínez Caballero). calificándola “de inocua. C-052 de 2001 (MP.” Así. C-357 de 1997 (MP. Esto quiere decir que el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional. Alejandro Martínez Caballero).
donde lo único que cuenta es el precio. si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada. capacidad financiera y de organización. en aplicación del principio pro actione. El actor considera que el inciso 2 del numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. a la presentación de argumentos que. se acuda al sistema de subasta inversa. En esa medida. de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional. No sucede lo mismo con los cargos formulados contra la expresión “servicios” contenida en el artículo 2. al impedir que las condiciones de los proponentes relativas a su capacidad jurídica. sean tenidas en cuenta como factores de adjudicación que otorguen puntaje. contenida el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. pertinentes y suficientes. condiciones de experiencia. claro. es posible concluir que tales cuestionamientos están orientados a controvertir la potestad de configuración del legislador para determinar las reglas que rigen los procesos de contratación pública y para reformar el principio de selección objetiva. parágrafos 3 y 5. Igualmente. que permitan una decisión de fondo sobre los problemas jurídicos formulados. con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo”. priva a las entidades públicas de adjudicar el contrato a quien presente las mejores condiciones.2. con lo cual se vulnera la regla general de la licitación pública como modalidad de selección de los contratistas del Estado y el interés general que debe guiar todas las actuaciones estatales. esto es. así no se aporten todas las pruebas y éstas sean tan sólo pedidas por el demandante. existe un cargo cierto. Por otra parte. literal a). 3. suficiente y pertinente que permite contrastar las disposiciones demandadas con las normas constitucionales que regulan la materia. en particular de la figura de la subasta inversa y de la regulación de las condiciones de selección objetiva. la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda. circunstancia que supone una referencia mínima a los hechos que ilustre a la Corte sobre la fundamentación de tales asertos. En relación con estos cargos. cuando éstas resultan esenciales o determinantes para la ejecución de determinados contratos. aunque no logren prima facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución. y en el . caso en el cual no podría pronunciarse de fondo. referente a la selección objetiva. para el demandante la expresión “y no otorgarán puntaje. Pasa la Sala a valorar si la demanda contiene cargos específicos.Expediente D-7663 26 vulneración (artículo 2 numeral 4 del Decreto 2067 de 1991). es inconstitucional porque permite que en las licitaciones públicas. numeral 2. ciertos. encuentra la Corte que si bien la mayor parte de los argumentos del demandante están relacionados con una interpretación personal de los conceptos básicos y etapas del proceso licitatorio. claros. o si por el contrario se encuentra frente a una simple apariencia de formulación de cargos.
y por otro el interés general. ninguna de estas circunstancias excepcionales está presente. de la Ley 1150 de 2007. sin tener en cuenta la manera como va a prestarse el servicio. Encuentra la Sala que estos cuestionamientos surgen de un análisis fraccionado de las normas. del cual el actor concluye una infracción a la Constitución. el actor no logró construir un argumento constitucional sino que se limitó a citar la vulneración de las normas superiores y a expresar a partir de consideraciones legales su punto de vista. literal a). la libre competencia porque se hace caso omiso de las condiciones del oferente que son las que garantizan la adecuada ejecución del contrato. De manera que los argumentos de la demanda en este aspecto carecen de los requisitos de certeza. En esta ocasión. 17 Ver entre muchas otras la sentencia C-539 de 1999 (MP. por un lado. pertinencia y suficiencia exigidos por la jurisprudencia constitucional para pronunciarse. no debería aceptarse la utilización del sistema de subasta inversa sino para la adquisición o suministro de bienes de condiciones técnicas uniformes. según el accionante. presenta serias dudas de constitucionalidad. numeral 3. en la cual. En efecto. sin establecer una proposición jurídica completa con otros de los apartes del artículo 2 que regulan la posibilidad de que las entidades públicas establezcan en sus reglamentos cuándo se puede acudir a la figura de la subasta inversa. puesto que se termina contratando siempre con quien ofrece el menor precio. sólo señala como contrario a la Carta la utilización de la expresión “y servicios”. sin que de su argumentación sea posible identificar cuáles son las razones constitucionales que justificarían la declaratoria de inexequibilidad de la expresión “y servicios” contenida en el artículo 2. de la Ley 1150 de 2007. de manera que.17 cuando se presenta alguna de las siguientes circunstancias: (i) cuando la expresión demandada no tenga un contenido deóntico claro o unívoco. y (iii) cuando la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que. Esta Corporación ha señalado que sólo se puede hacer una integración normativa. numeral 2. y en el artículo 5. . parágrafos 3 y 5. En el caso bajo estudio.Expediente D-7663 27 artículo 5. que reglamentan la modalidad de selección del contratista denominada selección abreviada. aun cuando el demandante dirige sus cuestionamientos a la aplicación del sistema de subasta inversa para la contratación de servicios dentro del sistema de contratación abreviada. no para la contratación de servicios. Eduardo Cifuentes Muñoz). a primera vista. pues se vulnera. para entenderla y aplicarla. numeral 3. sea absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra disposición que no fue acusada. (ii) cuando la disposición cuestionada se encuentra reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas.
Pasa por lo tanto la Corte a resolver los problemas jurídicos planteados en relación con la potestad de configuración del legislador en materia de contratación estatal. 4. las tareas acordadas. moralidad. imparcialidad y publicidad previstos en los artículos 209 y 123 de la Constitución Política como parámetros específicos del cumplimiento de la función administrativa y “en general. y en el artículo 5. Finalidad de la contratación estatal en el Estado Social de Derecho y la Ley 1150 de 2007. eficacia. con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo”. aumenta la complejidad de las tareas a su cargo. Marco Gerardo Monroy Cabra).19 El interés general. pues muchos sostienen que el contrato estatal surge con la propia consolidación del Estado moderno. puesto que el contrato público es uno de aquellos “instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades.”18 El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente asociado al cumplimiento del interés general. y (iii) la libertad de concurrencia. (ii) la potestad de configuración legislativa en materia de contratación estatal. numeral 2. De hecho.Expediente D-7663 28 En esa medida. parágrafos 3 y 5. pues cuando éste asume la responsabilidad de prestar los servicios y adelantar funciones para la defensa de los derechos de los administrados y. a nombre de la administración. necesita del apoyo. 19 Sentencia C-932 de 2007 (MP. para lo cual la Corte presentará brevemente la jurisprudencia constitucional sobre (i) la finalidad de la contratación estatal en el Estado Social de Derecho. Para la jurisprudencia constitucional la actividad contractual en el Estado social de derecho es una modalidad de gestión pública. la intervención y la experiencia que aportan los particulares”. de la Ley 1150 de 2007. la Corte Constitucional se abstendrá de pronunciarse de fondo en relación con los cargos contra la expresión “y servicios” contenida en el artículo 2. hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo. Jaime Córdoba Triviño). numeral 3. celeridad. contenida el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 desbordan los límites constitucionales. . literal a). Luego procederá a examinar si el inciso 2 del numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y la expresión “y no otorgarán puntaje. regida por los principios de igualdad. además de guiar y explicar la manera como el legislador está llamado a regular el régimen de contratación administrativa. constituyen núcleo axiológico inherente a la filosofía del Estado social de Derecho. con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar. por ese hecho. economía. la contratación del Estado es una de las formas de actuación pública de mayor utilización. Reiterada en la sentencia C-372 de 2002 (MP. Fabio Morón Díaz). determina 18 Sentencia C-088 de 2000 (MP.
458. economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa.” La exposición de motivos del proyecto de ley de origen gubernamental que dio paso a la Ley 1150 de 2007 señala claramente su intención de realizar ajustes a la ley 80 de 1993. los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo. que el objetivo central del Estatuto de Contratación. Senado” en Gaceta del Congreso No. queda supeditado al cumplimiento de los fines del Estado.23 20 Sentencia C-128 de 2003 (MP. Ibídem. la defensa del principio del interés general no sólo constituye la finalidad primordial sino el cimiento y la estructura de la contratación administrativa. moralidad. En este orden de ideas. quedando muy poco espacio para la discrecionalidad. celeridad. economía. la delegación y la desconcentración de funciones. se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos. imparcialidad y publicidad. imparcialidad y publicidad). de los servidores que la representan y de los contratistas. 2005. puesto que concreta el interés general que representa la continuidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos. 23 ARTICULO 209. eficacia. y que imponen a las entidades estatales asegurar el cumplimiento de tales principios en los contratos que celebran. en todos sus órdenes. Ley 1150 de 2007. sino ante reglas que pretenden satisfacer los principios que orientan la función administrativa. y el de la ley que lo reforma. y en esa medida todas las actividades que se desarrollan en torno a la contratación pública son preponderantemente regladas. 22 Exposición de motivos del proyecto de Ley 20 de 2005. haya sido precisamente “disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales”. De ahí. con el objeto de introducir medidas para mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión contractual y contrarrestar la corrupción. Ley 80 de 1993. Álvaro Tafur Galvis).22 Dada la evolución en materia de contratación pública y de las condiciones bajo las cuales los particulares contratan con el Estado.” Por su parte el artículo 23 de la Ley 80 de 1993 dispone: “De Los Principios de las Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad.21 colaboración que no le impide la legítima obtención de utilidades. tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la Ley. mediante la descentralización. “introducir medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y dictar otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos.//Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. celeridad.20 Dentro de esta concepción. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia. Igualmente. las reglas de interpretación de la contratación. así como el cumplimiento de la función social que se requiere para la realización de dichos fines. eficacia. además de estar vinculado al cumplimiento de las obligaciones generales de todo contrato. el contratista.” 21 . ya no se está ante reglas que buscan morigerar el poder exorbitante del Estado. previstos en el artículo 209 de la Carta (igualdad. La administración pública. moralidad.Expediente D-7663 29 las actuaciones de la Administración. economía.
respectivamente. . según se anotó. sin la intención de imprimirle al régimen contractual un especial rango legal.Expediente D-7663 30 La reforma. como el Banco Mundial. legales o de otro nivel. ii) procesos de selección rígidos. tuvo como propósito general entender la contratación pública “como un instrumento dentro de la política de desarrollo del país” que responda a una realidad económica dinámica y cambiante para lo cual la mirada al derecho comparado y a las experiencias específicas de distintos organismos internacionales. En la Sentencia C-633 de 1996. Bogotá.24 5. porque el concepto estatuto es genérico y aplicable al conjunto normativo referente a una materia cualquiera. puesto que no quedó incluido en la relación taxativa prevista en los artículos 150-19 y 152 de la Constitución. 25 Sentencia C-949 de 2001 (MP.26 la Corte precisó que no existe identidad entre "estatuto" y “leyes estatutarias”. Julio 31 de 2002. porque la sola utilización de la palabra "estatuto". agrupadas o dispersas. es taxativa. Posteriormente. para distinguir un conjunto de normas. La jurisprudencia constitucional ha precisado que la expresión “estatuto general” no hace referencia en este caso particular a la tipología propia de las leyes marco o estatutarias. y del cual se desprendió un estudio denominado “Informe de Evaluación de Adquisiciones del País” –CPAR. y en segundo lugar. se adoptó el CONPES 3249 “Política de Contratación Pública para un Estado Gerencial . fue fundamental principalmente en la intención de adecuar los procesos de selección a la naturaleza del objeto a contratar. “Una política de Estado para la eficiencia y la transparencia en la contratación pública”. 24 Documento Conpes No. el 20 de octubre de 2003. 19. integrado por normas constitucionales. simplemente refleja el querer del constituyente de que exista un estatuto que regule toda la actividad contractual del Estado con arreglo a unos principios universales. Clara Inés Vargas Hernández). por la propia Constitución.25 La norma citada fue aprobada en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 con el propósito de que la función de expedir un estatuto contractual para el Estado quedara expresamente consagrada en cabeza del Congreso de la República. José Gregorio Hernández Galindo. De conformidad con lo dispuesto en el último inciso del artículo 150 de la Constitución Política. en primer lugar. a regular determinadas materias cuya enunciación. el cual identificó como principales fallas de la contratación pública: i) dispersión normativa que convirtió la aplicación de la Ley 80 en una cosa casi excepcional. iii) inexistencia de armonización entre normas presupuestales y normas contractuales y iv) existencia de vacíos normativos que facilitan la corrupción. que consagran las leyes marco y las leyes estatutarias. en tanto las leyes estatutarias se caracterizan por estar destinadas. p. no puede conducir a la conclusión de que se está en presencia de una ley estatutaria o de una que debiera tramitarse como tal. el cual contó con el apoyo del Banco Mundial. al Congreso de la República compete “expedir el estatuto general de contratación de la administración pública y en especial de la administración nacional”. 3186. 26 MP. La potestad de configuración del legislador en materia de contratación estatal.
las reglas aplicables pudieran tener jerarquía normativa diferente. Se trata de contemplar normas especiales para la contratación que tiene lugar entre el Estado y los particulares. “El contrato del Estado no es un fin en sí mismo. todo 27 Sentencia C-949 de 2001 (MP. ha dicho José Ignacio Monedero Gil en “Doctrina del Contrato del Estado”. puesto que no es un fin en sí mismo sino un medio para la consecución de los altos objetivos del Estado. nulidades. entre otros.28 (iii) En virtud de la potestad de configuración que se comenta el Congreso tiene libertad para regular los aspectos más significativos de la contratación pública como son los referentes a las cláusulas excepcionales. en el artículo 150 Fundamental se habría autorizado al Congreso de la República para expedir un estatuto único de contratación para el Estado y no un estatuto general como prevé la disposición constitucional. luego no existe motivo alguno para que. la competencia y capacidad para contratar. 1977. los deberes y derechos de las partes contratantes. puesto que de tales preceptos no depende la expedición de otros ni mediante ellos se rige una actividad a la que deba entenderse subordinada la función legislativa ordinaria. liquidación de los contratos y solución de las controversias contractuales. es innegable el carácter instrumental que ostenta el contrato estatal.27 (ii) El mandato otorgado al Congreso de la República. la clasificación de los contratos estatales. responsabilidad contractual. en el artículo 150 de la Carta. para que dicte un estatuto general de contratación de la administración pública y en especial de la administración nacional. sino que todo el negocio se coloca en bloque al servicio de un interés público polifacético y móvil. toda vez que el cumplimiento de estas metas requiere del aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de los órganos públicos mediante la contratación. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. control de la gestión contractual. en relación con el ámbito de configuración del legislador en materia contractual la jurisprudencia constitucional ha señalado los siguientes criterios: (i) De la Constitución no es posible inferir la obligación para el legislador de incorporar en un solo cuerpo normativo toda la legislación existente en materia contractual. por oposición a la que se desarrolla con arreglo a las leyes civiles y mercantiles únicamente entre personas privadas. Por otra parte. únicamente en consideración a los sujetos que intervienen como partes en una y otra clase de contratos. pues si ésta hubiera sido la voluntad del constituyente. Citado en la Sentencia C949 de 2001 (MP. Madrid.Expediente D-7663 31 Respecto de las normas sobre contratación administrativa. no agota su causa en el equilibrio de prestaciones determinadas. la Corporación advirtió en esta misma providencia que su naturaleza no tiene un rango superior al de las otras leyes de la República. debe procederse a su modificación”. 28 . Este fin es el verdadero fundamento del contrato del Estado. de tal forma que cuando aquel se desconecta de este. principios fundamentales. Clara Inés Vargas Hernández). implica el reconocimiento de una amplia libertad de configuración del legislador para diseñar un régimen legal cuya finalidad sea la de propender por el logro de los objetivos constitucionales del Estado Social de Derecho. En este orden de ideas. Clara Inés Vargas Hernández).
Por su parte la jurisprudencia constitucional ha sostenido que “el principio de igualdad en la contratación administrativa puede concretarse.”32 Como ya se señaló anteriormente. porque el interés público impone limitaciones de concurrencia relativas.” Ver SC-862 de 2008 (MP. Sentencia del 19 de julio de 2001. los términos de referencia para la escogencia de los contratistas y las normas de selección deben diseñarse de tal manera que logren la igualdad entre los proponentes. a la naturaleza del contrato y a la capacidad e idoneidad del oferente (…)” Consejo de Estado. se plasma en el derecho a la libre concurrencia u oposición. Radicación No. el cual garantiza la facultad de participar en el proceso licitatorio a todos los proponentes que tengan la real posibilidad de ofrecer lo que demanda la administración. toda vez que el ordenamiento jurídico en aras del interés público le impone ciertas limitaciones por mandado legal o constitucional33. v) los criterios de selección objetiva del contratista y de favorabilidad de las ofertas no excluye el diseño de medidas de discriminación positiva o acciones afirmativas en beneficio de grupos sociales tradicionalmente discriminados. este principio no es de carácter absoluto sino relativo. la Sección Tercera del Consejo de Estado. Actor: Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores. Sección Tercera. Rodrigo Escobar Gil). 31 Sentencia SU-713 de 2006 (MP. el otorgar a todas las personas que reúnan la capacidad técnica.Expediente D-7663 32 dentro de los límites de razonabilidad y proporcionalidad y con arreglo a los parámetros constitucionales. Consejero ponente: Ricardo Hoyos Duque. 11001-03-26-000-2002-0032-01(23058). entre otras. aplicado a la contratación de la administración pública. 30 . ha complementado el contenido de este principio en los siguientes términos: “El derecho a la igualdad en los contratos estatales se plasma en el derecho a la libre concurrencia u oposición. ii) todas las personas tienen derecho a gozar de las mismas oportunidades para participar en procesos de selección de contratistas. Consejero ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez. en las siguientes reglas: i) todos los interesados tienen el derecho a ubicarse en igualdad de condiciones para acceder a la contratación administrativa.31 Por su parte. la ausencia de inhabilidades e 29 Sentencia C-949 de 2001 (MP. Radicación número: 11001-03-26-0001996-3771-01(12037). 32 Consejo de Estado. la oportunidad de presentar ofertas a la Administración y de obtener el derecho a ser beneficiario de la adjudicación del contrato. Clara Inés Vargas Hernández). Sección Tercera. La jurisprudencia constitucional ha reconocido que el derecho a la igualdad de oportunidades. Sentencia C-815 de 2001 (MP. administrativa. con el propósito de asegurar la capacidad civil. Sala de lo Contencioso Administrativo. no absoluto o irrestricto. iv) el deber de selección objetiva del contratista impone evaluación entre iguales y la escogencia del mejor candidato o proponente y. Auto del 30 de enero de 2003. 33 “(…) Es un principio relativo. según el cual. Marco Gerardo Monroy Cabra). entre otras. Acic. siempre y cuando presenten la propuesta más favorable.”30 En relación con la licitación pública. la Corte ha sostenido que salvaguarda la vigencia de los principios constitucionales de igualdad (artículo 13 CP) y de libre concurrencia (artículo 333 CP).29 6. “se garantiza la facultad de participar en el trámite concursal a todos los posibles proponentes que tengan la real posibilidad de ofrecer lo que demanda la administración. La libertad de concurrencia. económica y financiera. iii) los pliegos de condiciones. Rodrigo Escobar Gil).
Sin embargo. Presentación de la oferta de manera dinámica mediante subasta inversa. ajustan su oferta respecto de aquellas variables susceptibles de ser mejoradas. admite excepciones fijadas por el legislador. Tal método sólo se empleará cuando se aplique la alternativa de evaluación de la mejor relación de costo-beneficio a que se refiere el literal b) del numeral 3 del artículo 12 del presente decreto.Expediente D-7663 33 incompatibilidades. con el fin de lograr el ofrecimiento que representa la mejor relación costo-beneficio para la entidad. y las calidades técnicas. el sistema permitirá. con sujeción a parámetros de razonabilidad y proporcionalidad. la idoneidad moral o las calidades técnicas. además de la posibilidad que tiene el Estado de establecer inhabilidades e incompatibilidades para asegurar la transparencia en el proceso de contratación estatal. durante un tiempo determinado. entraña. la 34 “Artículo 14. y en el artículo 14 señaló que debía entenderse por subasta inversa.// El pliego de condiciones señalará si en el proceso de licitación de que se trate procede la presentación total o parcial de la oferta de manera dinámica mediante subasta inversa. económicas y financieras del contratista. obtener de manera automática la relación costo-beneficio de cada propuesta. se debe precisar que la ley no definió el concepto como tampoco el procedimiento que se debe adelantar para tales efectos. 7.// En la fecha señalada en el pliego de condiciones los oferentes presentarán los documentos que acrediten la capacidad jurídica y el cumplimiento de las condiciones exigidas en relación con la experiencia. Consecuencia de este principio es el deber de abstención para la administración de imponer condiciones restrictivas que impidan el acceso al procedimiento de selección. el mismo permitirá obtener la mejor postura de cada oferente en relación con cada una de las variables sometidas al procedimiento. capacidad . mediante lances sucesivos ascendentes o descendentes según se defina para cada variable. se entiende por subasta inversa para la presentación de la oferta. El Gobierno Nacional expidió el Decreto reglamentario 2474 de 2008. El legislador no excedió el ámbito de configuración legislativa.// Cuando se use para la presentación de la totalidad de la propuesta. Sólo previó que se lleva a cabo cuando la entidad estatal así lo determine en las condiciones que fije el reglamento. profesionales y económicas y financieras que aseguren el cumplimiento del contrato.34 No obstante. De conformidad con el inciso segundo del numeral 1 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007. La libre concurrencia. la no discriminación para el acceso en la participación dentro del proceso de selección. la libertad de concurrencia. de acuerdo con lo señalado en el pliego de condiciones. a la vez que posibilita la competencia y oposición entre los interesados en la contratación. En el evento de ser utilizado para configurar una porción de las variables de la oferta. y para los efectos del presente artículo. que pueden tener como fundamento la necesidad de asegurar la capacidad legal. la puja dinámica efectuada electrónicamente. por lo que resulta inadmisible la inclusión en los pliegos de condiciones de cláusulas limitativas que no se encuentren autorizadas por la Constitución y la Ley. en razón a que no permiten la consecución de las ventajas económicas que la libre competencia del mercado puede aparejar en la celebración del contrato. profesionales. entonces. mediante la cual los oferentes. puesto que ellas impiden la más amplia oportunidad de concurrencia y atentan contra los intereses económicos de la entidad contratante. referente a la presentación de la oferta total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa en un proceso licitatorio. Respecto a si el legislador excedió su ámbito de configuración legislativa en el inciso 2 del numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.
tanto públicos37 como privados. la última presentada para cada variable dentro del lapso de la subasta. como lo ordena esta norma de la ley de contratación pública. numeral 3. con lo cual se transgrede prima facie el artículo 273 superior. que podrá ser mejorado mediante la realización de posturas sucesivas. hasta la conformación de su oferta definitiva. pues en virtud de esta disposición suprema. en forma parcial. se realizará la subasta inversa para la conformación dinámica de la oferta. habida consideración de circunstancias particulares administrativa. CP. Con los oferentes habilitados. una etapa que permita a los oferentes en el proceso de selección abreviada por menor cuantía conocer y controvertir los informes y el concepto de la evaluación de sus propuestas con antelación a la adjudicación del contrato. del Decreto 2474 de 2008. Auto del 27 de mayo de 2009.//La herramienta electrónica que se emplee deberá permitir que en todo momento el proponente conozca su situación respecto de los demás competidores y únicamente en relación con el cálculo del menor costo evaluado. presentarán un proyecto de oferta inicial. No. concluye la Corte que “el legislador cuenta con una amplia facultad para dictar el régimen de los contratos. entendiendo por esta. 11001-03-26-000-2009-00024-00(36476). sentencias C-232 de 1997 (MP.P. Martha Victoria Sáchica Méndez). se adjudicará el contrato a quien haya presentado la oferta con la mejor relación costo-beneficio. Sección Tercera. 38 Ver. Radicación No. entre otras. 37 Ver. 53) o en contratación pública (C.38 En esta materia no está obligado a brindar idéntico tratamiento a cada materia contractual. Rad. Fabio Morón Díaz) y C-897 de 1999 (MP. salta a la vista para la Sala que el artículo 44 del Decreto 2474 de 2008 ciertamente vulnera de manera flagrante el numeral 2 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993. de conformidad con lo previsto en el artículo 12 del presente decreto. porque según se anotó en el auto “(…) a través del artículo 12. Ello implica que la situación de las partes frente al contrato no necesariamente se rigen por relaciones de igualdad. letra b). Radicación No.601). a los documentos señalados se acompañará el componente de la oferta que no es objeto de conformación dinámica. como ocurre en materia laboral (C. se estableció una alternativa no prevista en la ley para la evaluación de las propuestas frente a los procedimientos administrativos de selección por licitación y por selección abreviada. operacional y financiera requerida por la entidad. Antes bien. sino que.601).P.//En dicha subasta. Mauricio Fajardo Gómez. las que no admiten mejora deben haber sido previamente evaluadas y alimentadas en el sistema. 2). en la fecha y hora previstas en el pliego de condiciones. Eduardo Cifuentes Muñoz). relacionada con la ponderación de elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio para la entidad. por cuanto el Gobierno Nacional en el reglamento no estableció. una vez concluido el tiempo previsto para el efecto.” Consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio. 2009-00035-00(36.//La entidad dentro del plazo previsto en el pliego de condiciones verificará el cumplimiento de los requisitos y condiciones señalados en el numeral anterior. En el caso de una conformación dinámica parcial de la oferta. con el fin de determinar cuáles de los oferentes pueden continuar en el proceso de selección. la Carta le impone el deber de tener presente ciertas características de cada contrato. los proponentes. en relación con aquellos aspectos de la oferta que incluyan variables dinámicas de conformidad con el pliego de condiciones. al considerar que: “(…) de la sola confrontación de las normas citadas. 36 La misma sección suspendió también provisionalmente los efectos del artículo 44 (procedimiento de menor cuantía) del Decreto 2474 de 2008. art.//En ningún caso el precio ofrecido será la única variable sometida a conformación dinámica. El texto subrayado fue suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado mediante Auto fechado 27 de mayo de 2009. entre otras. Si la subasta recae únicamente sobre algunas variables.Expediente D-7663 34 norma fue suspendida provisionalmente por la Sección Tercera del Consejo de Estado. art.//Se tomará como definitiva la propuesta de oferta inicial que haya realizado el oferente que no hizo uso de su derecho a presentar posturas. la forma como habrá de efectuarse tanto la evaluación de las propuestas como las condiciones bajo las cuales aquella deberá llevarse a cabo constituyen temas cuya regulación y definición se encuentran reservados a la ley” 35. Mauricio Fajardo Gómez. de manera que este pueda ante cualquier lance efectuar el cálculo automático del menor costo evaluado. . 35 Consejo de Estado.//Al término de la subasta. Jorge Arango Mejía) y C-269 de 1999 (MP. 2009-00035-00(36. CP.36 De conformidad con la jurisprudencia constitucional antes citada. las sentencias C-772 de 1998 (MP.
encuentra la Sala que no vulnera el artículo 333 de la Carta. el Estado cuenta con instrumentos apropiados para alcanzar esos fines a través del ejercicio de la autonomía para contratar que detenta. De esta forma. de conformidad con el alcance que ha dado la Corporación al principio de libre concurrencia. .. etc. porque lo que garantiza la Constitución es la igualdad de oportunidades de acceso a la participación en un proceso de selección contractual (art. En relación con el no otorgamiento de puntaje a las condiciones del oferente. por la circunstancia de que el legislador haya previsto que las condiciones del oferente no son calificables sino verificables. en el marco de las prerrogativas de la libertad de empresa. persigue reducir el costo total de la propuesta presentada. Alejandro Martínez Caballero).Expediente D-7663 35 sujetos del contrato. puesto que es obligación de las entidades establecer en los pliegos las condiciones que en su concepto deben cumplir 39 40 Sentencia C-1514 de 2000 (MP. los contratos de la administración pública no constituyen por sí mismos una finalidad sino que representan un medio para “(. Se habilita un mecanismo de presentación de la oferta en el que la única variable a utilizar no es necesariamente la del precio. Además. Martha Sáchica Méndez).-. La posibilidad de conformar dinámicamente la oferta en una etapa de la licitación pública. resulta necesario partir del reconocimiento de que se está en presencia de una situación de desigualdad. previsto en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. de quienes tengan la real posibilidad de ofrecer lo que demanda la administración..”39 Es por esto que precisamente en lo referente a la contratación pública. no se puede presumir la selección de un contratista no idóneo para el cumplimiento satisfactorio del objeto del contrato. Este alcance de la conformación dinámica de la oferta es radicalmente opuesto a la interpretación que de la misma ha efectuado el demandante. no vulnera el principio de interés general ni los fines del Estado.)..”40 En la medida en que el legislador ha ejercido su competencia dentro de los precisos términos que le confiere la Carta. que define connotaciones especiales de cada contrato.) la adquisición de bienes y servicios tendientes a lograr los fines del Estado en forma legal. y la oposición y competencia en el mismo. la Constitución le impone al legislador la tarea de diseñar un modelo que tenga en cuenta la limitada autonomía contractual del Estado y la finalidad de la contratación pública: “Dentro de la misma finalidad. máxime cuando la utilización de este mecanismo constituye una opción para la entidad estatal. pues pueden incluirse otras variables dinámicas de conformidad con el pliego de condiciones.. 13 CP). Sentencia C-449 de 1992 (MP. su objeto. armónica y eficaz (. la Sala entiende que la posibilidad de presentar la oferta total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa en los procesos licitatorios. en el sentido de que lo que determina la selección es el menor precio. siendo posible lograr mejores condiciones técnicas y económicas. que debe determinar si lo emplea o no.
parágrafos 3° y 5°. como en efecto lo es el principio de selección objetiva. mediante subasta inversa en las condiciones señaladas por el reglamento. Segundo. insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. numeral 2. . comuníquese. por ineptitud sustancial de la demanda. Todo esto dentro del ámbito del artículo 273 constitucional. sin que ello implique la vulneración del interés general. Notifíquese.. En consecuencia. de la Ley 1150 de 2007. y en el artículo 5°. cuando así se determine que la oferta sea presentada total o parcialmente de manera dinámica. pudiendo para ello en procesos de licitación pública. declarará la exequibilidad del numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. De manera que una vez verificadas estas. y (ii) la competencia que se debe garantizar en el proceso de selección del contratista. el legislador no excedió su ámbito de configuración legislativa porque (i) la facultad para reformar el régimen contractual es amplia respecto de los aspectos más significativos de la contratación pública.Declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo en relación con los cargos formulados contra la expresión “y servicios” contenida en el artículo 2°. literal a).Declarar EXEQUIBLES el inciso segundo del numeral 1 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y la expresión “y no otorgarán puntaje.. la entidad pueda seleccionar la mejor oferta. Para la Sala. por el cargo analizado en la presente sentencia. el cual prevé en relación con la forma como habrá de efectuarse tanto la evaluación de las propuestas como las condiciones bajo las cuales aquella deberá llevarse a cabo. cúmplase y archívese el expediente. numeral 3. que su regulación y definición son de reserva legal. VII. con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo”. contenido el numeral 1 del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007. RESUELVE Primero. es la de quienes tengan la real posibilidad de ofrecer lo que demanda la administración y no de cualquiera que tenga interés en contratar con el Estado. DECISIÓN En mérito de lo expuesto.Expediente D-7663 36 quienes aspiren a suplir las necesidades de la administración. administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución. en consecuencia. la Corte Constitucional de la República de Colombia.
Expediente D-7663 37 NILSON PINILLA PINILLA Presidente MARIA VICTORIA CALLE CORREA Magistrada MAURICIO GONZALEZ CUERVO Magistrado Impedimento aceptado JUAN CARLOS HENAO PEREZ Magistrado GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO Magistrado JORGE IVAN PALACIO PALACIO Magistrado JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB Magistrado Ausente con permiso .
Expediente D-7663 38 HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO Magistrado LUIS ERNESTO VARGAS SILVA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ Secretaria General .
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 artículo 2
 artículo 29
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 artículo 5
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 209
 artículo 150
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 5
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 artículo 2
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 artículo 5
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