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Timestamp: 2018-03-17 14:45:35+00:00

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Ley Nº 2.298/2003 - Que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organiza
LEY Nº 2.298/03
QUE APRUEBA LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL
Artículo 1°.- Apruébase la "Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional", adoptada en la ciudad de Nueva York, el 15 de noviembre de 2000 y suscrita por el Paraguay el 12 de diciembre de 2000, en la ciudad de Palermo, Italia, cuyo texto es como sigue:
"CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL
El propósito de la presente Convención es promover la cooperación para prevenir y combatir mas eficazmente la delincuencia organizada transnacional.
a) Por "grupo delictivo organizado" se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificadoscon arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material;
c) Por "grupo estructurado" se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmentedefinidasni haya continuidaden la condición de miembro o existauna estructura desarrollada;
f) Por "embargo preventivo" o "incautación" se entenderá la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control temporalesde bienes por mandamiento expedido por un tribunal u otra autoridad competente;
j) Por "organización regional de integración económica" se entenderá una organización constituida por Estados soberanos de una región determinada, a la que sus Estados miembros han transferido competencia en las cuestiones regidas por la presente Convencióny que ha sido debidamente facultada, de conformidadcon sus procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar o aprobar la Convencióno adherirse a ella; las referencias a los "Estados Parte" con arreglo a la presente Convención se aplicarán a esas organizaciones dentro de los límites de su competencia.
b) Los delitos graves que se definen en el Artículo 2 de la presente Convención, cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivoorganizado.
2. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo, el delito será de caráctertransnacional si:
c) Se comete dentro de un solo Estado pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivasen más de un Estado; o
1. Los Estados Parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a la presente Convenciónen consonanciacon los principios de igualdad soberana e integridadterritorialde los Estados, así como de no intervención en los asuntos internos de otros Estados.
2. Nada de lo dispuestoen la presente Convención facultará a un Estado Parte para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción o funciones que el derecho interno de ese Estadoreserve exclusivamente a sus autoridades.
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente;
a) Unas de las conductas siguientes, o ambas, como delitos distintos de los que entrañen el intento o la consumación de la actividad delictiva:
i) El acuerdo con una o más personas de cometer un delitograve con un propósitoque guarde relación directa o indirecta con la obtención de un beneficio económico u otro beneficio de orden material y, cuando así lo prescriba el derecho interno, que entrañe un acto perpetradopor uno de los participantespara llevaradelante ese acuerdo o que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado;
b. Otras actividadesdel grupo delictivoorganizado, a sabiendas de que su participación contribuirá al logro de la finalidad delictiva antes descrita.
3. Los Estados Parte cuyo derecho interno requiera la participación de un grupo delictivo organizado para la penalización de los delitos tipificados con arreglo al inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo velarán por que su derechointerno comprenda todos los delitos gravesque entrañen la participación de grupos delictivos organizados. Esos Estados parte, así como los Estados Parte cuyo derecho interno requiera la comisión de un acto que tenga por objeto llevar adelante el acuerdo concertado con el propósitode cometer los delitostipificados con arreglo al inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo, lo notificarán al SecretarioGeneral de las Naciones Unidas en el momento de la firma o del depósito de su instrumentode ratificación, aceptación o aprobación de la presenteConvención o de adhesión a ella.
1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativasy de otra índole que sean necesarias para tipificarcomo delito, cuando se cometan intencionalmente:
a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludirlas consecuencias jurídicas de sus actos;
ii) La ocultacióno disimulaciónde la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito.
ii) La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo al presente artículo, así como la asociación y la confabulación para cometerlos, el intento de cometerlos, y la ayuda , la incitación, la facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión.
b) Cada Estado Parte incluirá como delitos determinantes todos los delitos graves definidos en el Artículo 2 de la presente Convención y los delitos tipificados con arreglo a los Artículos 5, 8 y 23 de la presente Convención.Los Estados Parte cuya legislación establezca una lista de delitos determinantes incluirán entre éstos, como mínimo, una amplia gama de delitos relacionados con grupos delictivos organizados;
c) A los efectos del apartado b),los delitos determinantes incluirán los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdiccióndel Estado Parte interesado. No obstante, los delitos cometidos fuera de la jurisdicción de un Estado Parte constituirán delito determinante siemprey cuando el acto correspondiente sea delito con arreglo al derecho interno del Estado en que se haya cometido y constituyese asimismo delito con arreglo al derecho internodel Estado Parte que aplique o ponga en práctica el presente artículo si el delito se hubiese cometido allí;
f) El conocimiento, la intención o la finalidad que se requieren como elemento de un delito tipificado en el párrafo1 del presente artículo podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas.
a) Establecerá un ampliorégimen interno de reglamentación y supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias y,cuando proceda, de otros órganos situados dentro de su jurisdicción que sean particularmente susceptibles de utilizarse para el blanqueo de dinero, a fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de dinero, y en ese régimen se hará hincapié en los requisitos relativos a la identificación del cliente, el establecimiento de registros y la denuncia de las transacciones sospechosas;
b) Garantizará, sin perjuicio de la aplicación de los Artículos 18 y 27 de la presente Convención, que las autoridades de administración, reglamentación y cumplimiento de la Ley y demás autoridades encargadasde combatir el blanqueo de dinero (incluidas, cuando sea pertinente con arreglo al derecho interno, las autoridades judiciales), sean capaces de cooperar e intercambiar información a nivel nacional e internacional de conformidad con las condiciones prescritas en el derecho interno y, a tal fin, considerarála posibilidad de establecer una dependenciade inteligencia financiera que sirva de centronacional de recopilación,análisisy difusión de informaciónsobre posibles actividades de blanqueo de dinero.
2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas viables para detectar y vigilar el movimiento transfronterizode efectivo y de títulos negociables pertinentes, con sujecióna salvaguardias que garanticenla debida utilización de la información y sin restringir en modo alguno la circulación de capitales lícitos. Esas medidas podrán incluir la exigencia de que los particulares y las entidades comerciales notifiquen las transferencias transfronterizasde cantidades elevadasde efectivo y de títulos negociables pertinentes.
3. Al establecer un régimen interno de reglamentación y supervisióncon arregloal presente artículo y sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otro artículode la presente Convención, se insta a los Estados Parte a que utilicen como guía las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y multilateralesde lucha contra el blanqueode dinero.
4. Los Estados Parte se esforzarán por establecer y promoverla cooperación a escala mundial, regional, subregional y bilateral entre las autoridadesjudiciales, de cumplimiento de la Ley y de reglamentación financiera a fin de combatir el blanqueo de dinero.
2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito los actos a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo cuando esté involucrado en ellos un funcionario público extranjero o un funcionario internacional. Del mismo modo, cada EstadoParte considerará la posibilidad de tipificar como delito otras formas de corrupción.
4. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo y del Artículo 9 de la presente Convención, por "funcionario público" se entenderá todo funcionario público o persona que preste un servicio público conforme a la definiciónprevista en el derecho interno y a su aplicación con arreglo al derecho penal del Estado Parte en el que dicha persona desempeñe esa función.
1. Además de las medidas previstas en el Artículo 8 de la presente Convención, cada Estado Parte, en la medida en que proceday sea compatible con su ordenamiento jurídico, adoptará medidas eficaces de carácter legislativo, administrativo o de otra índole para promover la integridad y para prevenir, detectar y castigar la corrupción de funcionarios públicos.
3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumbaa las personas naturales que hayan perpetrado los delitos.
4. Cada Estado Partevelará en particular por que se impongan sanciones penales o no penales eficaces, proporcionadasy disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al presente artículo.
2. Cada Estado parte velará por que se ejerzan cualesquiera facultadeslegales discrecionales de que disponga conforme a su derecho interno en relación con el enjuiciamiento de personas por los delitos comprendidos en la presente Convencióna fin de dar máxima eficacia a las medidas adoptadas para hacer cumplir la Ley respecto de esos delitos, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de prevenir su comisión.
3. Cuando se trate de delitos tipificadoscon arreglo a los Artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención, cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidadcon su derecho interno y tomando debidamente en consideración los derechos de la defensa, con miras a procurar que al imponer condiciones en relación con la decisión de conceder la libertad en espera de juicio o la apelación se tenga presente la necesidad de garantizar la comparecencia del acusado en todo procedimiento penal ulterior.
5. Cada Estado Parte establecerá, cuando proceda,con arreglo a su derecho interno, un plazo de prescripciónprolongado dentro del cual pueda iniciarse el proceso por cualquiera de los delitos comprendidos en la presente Convención y un plazo mayor cuandoel presunto delincuente haya eludido la administración de justicia.
6. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará al principio de que la descripción de los delitos tipificados con arreglo a ella y de los medios jurídicos de defensa aplicableso demás principios jurídicos que informan la legalidad de una conducta queda reservada al derecho interno de los Estados Parte y de que esos delitos han de ser perseguidos y sancionados de conformidad con ese derecho.
3. Cuando el producto del delito se haya transformado o convertidoparcial o totalmente en otros bienes, esos bienes podrán ser objeto de las medidas aplicables a dicho producto a tenordel presente artículo.
4. Cuando el producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas, esos bienes podrán, sin menoscabo de cualquier otra facultad de embargo preventivo o incautación, ser objeto de decomisohasta el valor estimado del producto entremezclado.
5. Losingresosu otros beneficios derivados del producto del delito, de bienes en los que se haya transformado o convertido el producto del delito o de bienes con los que se haya entremezclado el producto del delitotambién podrán ser objeto de las medidas previstas en el presente artículo, de la misma manera y en el mismo grado que el producto del delito.
6. Para los fines del presente artículo y del Artículo 13 de la presente Convención, cada Estado Parte facultará a sus tribunales u otras autoridadescompetentes para ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales. Los Estados Parte no podrán negarse a aplicar las disposiciones del presente párrafo amparándose en el secreto bancario.
7. Los Estados Parte podrán considerarla posibilidad de exigir a un delincuente que demuestreel origen lícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos a decomiso, en la medida en que ello sea conforme con los principiosde su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas.
8. Las disposicionesdel presente artículo no se interpretarán en perjuicio de los derechos de tercerosde buena fe.
1. Los Estados Parte que recibanuna solicitudde otro Estado Parte que tenga jurisdicciónpara conocer de un delito comprendidoen la presente Convención con miras al decomiso del producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del Artículo 12 de la presente Convención que se encuentren en su territorio deberán, en la mayor medida en que lo permita su ordenamiento jurídico interno:
a) Remitir la solicituda sus autoridades competentespara obtener una orden de decomiso a la que, en caso de concederse, darán cumplimiento; o
b) Presentar a sus autoridadescompetentes, a fin de que se le dé cumplimiento en el grado solicitado, la orden de decomisoexpedida por un tribunal situado en el territorio del Estado Parte requirente de conformidadcon lo dispuesto en el párrafo 1 del Artículo 12 de la presente Convención en la medida en que guarde relación con el productodel delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionadosen el párrafo 1 del Artículo 12 que se encuentren en el territoriodel Estado Parte requerido.
2. A raíz de una solicitud presentada por otro Estado Parte que tenga jurisdicción para conocer de un delito comprendidoen la presente Convención, el Estado Parte requerido adoptará medidas encaminadas a la identificación, la localización y el embargo preventivo o la incautación del producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del Artículo 12 de la presente Convención con miras a su eventual decomiso, que habrá de ordenar el Estado Parte requirente o, en caso de que medie una solicitud presentada con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, el Estado Parte requerido.
4. El Estado Parte requerido adoptará las decisiones o medidas previstas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo conforme y con sujeción a lo dispuesto en su derecho interno y en sus reglas de procedimiento o en los tratados, acuerdoso arreglos bilaterales o multilaterales por los que pudiera estar vinculado al Estado Parte requirente.
5. Cada Estado Parte proporcionaráal Secretario General de las Naciones Unidas una copia de sus Leyes y reglamentos destinados a dar aplicación al presente artículo y de cualquierenmienda ulterior que se haga a tales Leyes y reglamentos o una descripción de ésta.
6. Si un Estado Parte opta por supeditar la adopción de las medidas mencionadas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo a la existencia de un tratado pertinente, ese Estado Parteconsiderará la presente Convención como la base de derecho necesaria y suficiente para cumplir ese requisito.
7. Los Estados Partepodrán denegar la cooperación solicitada con arreglo al presente artículo si el delito al que se refiere la solicitud no es un delito comprendido en la presente Convención.
8. Las disposicionesdel presente artículo no se interpretarán en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.
2. Al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado Parte con arreglo al Artículo 13 de la presente Convención, los Estado Parte, en la medida en que lo permita su derecho interno y de ser requeridos a hacerlo, darán consideración prioritaria a la devolución del producto del delito o de los bienes decomisados al Estado Parte requirentea fin de que éste pueda indemnizar a las víctimas del delito o devolver ese producto del delito o esos bienes a sus propietarios legítimos.
3. Al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado Parte con arreglo a los Artículos 12 y 13 de la presente Convención, los Estados Parte podrán considerar en particularla posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos en el sentido de:
a) Aportar el valor de dicho producto del delito o de dichos bienes, o los fondos derivados de la venta de dicho producto o de dichos bienes o una parte de esos fondos, a la cuenta designadade conformidad con lo dispuestoen el apartado c) del párrafo 2 del Artículo 30 de la presente Convención y a organismos intergubernamentales especializados en la lucha contra la delincuencia organizada;
b) Repartirse con otros Estados Parte, sobre la base de un criterio general o definidos para cada caso, ese producto del delito o esos bienes, o los fondos derivados de la venta de ese producto o de esos bienes, de conformidad con su derecho interno o sus procedimientos administrativos.
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, para establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención cuando:
3. A los efectos del párrafo 10 del Artículo 16 de la presente Convención, cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos comprendidos en la presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo extraditepor el solo hecho de ser uno de sus nacionales.
4. Cada Estado Parte podrá también adoptar las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos comprendidos en la presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo extradite
5. Si un Estado Parte que ejerce su jurisdicción con arreglo a los párrafos 1 o 2 del presente artículo ha recibido notificación, o tomado conocimiento por otro conducto, de que otro u otros Estados Parte están realizandouna investigación, un proceso o una actuación judicial respecto de los mismos hechos, las autoridades competentes de esos Estados Parte se consultarán, según proceda, a fin de coordinar sus medidas.
3. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará incluido entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre los Estados Parte. Los Estados Parte se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre si.
4. Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado recibe una solicitud de extradición de otro Estado Parte con el que no lo vincula ningún tratado de extradición, podrá considerar la presente Convención como la base jurídica de la extradición respecto a los delitosa los que se aplica el presente artículo.
6. Los Estados Parte que no supediten la extradicióna la existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellos.
9. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradición, el Estado Parte requerido podrá, tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a solicitud del Estado Parte requirente, proceder a la detención de la persona presente en su territoriocuya extradición se pideo adoptar otras medidas adecuadas para garantizar la comparecencia de esa persona en los procedimientos de extradición.
10. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre un presunto delincuente, si no lo extradita respecto de un delito al que se aplica el presente artículo por el solo hecho de ser uno de sus nacionales, estará obligado, previa solicitud del Estado Parte que pide la extradición, a someter el caso sin demora injustificada a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento. Dichas autoridades adoptarán su decisión y llevarán a cabo sus actuaciones judiciales de la misma manera en que lo harían respecto de cualquier otro delito de carácter grave con arreglo al derecho interno de ese Estado Parte. Los Estados Parte interesados cooperaránentre si, en particular en lo que respecta a los aspectos procesales y probatorios, con miras a garantizarla eficiencia de dichas actuaciones.
11. Cuando el derecho interno de un Estado Parte le permita conceder la extradición o, de algún otro modo, la entrega de uno de sus nacionales sólo a condición de que esa persona sea devuelta a ese Estado Parte para cumplir la condena que le haya sido impuestacomo resultado del juicio o proceso por el que se haya solicitado la extradición o la entrega, y cuando ese Estado Parte y el Estado Parte que solicite la extradición acepten esa opción,así como otras condiciones que estimen apropiadas, esa extradición o entrega condicional será suficiente para que quede cumplida la obligación enunciada en el párrafo 10 del presente artículo.
12. Si la extradición solicitada con el propósito de que se cumpla una condena es denegada por el hecho de que la persona buscada es nacional del Estado Parte requerido, éste, si su derecho interno lo permite y de conformidad con los requisitos de dicho derecho, considerará, previa solicituddel Estado Parte requirente, la posibilidadde hacer cumplir la condena impuesta o el resto pendiente de dicha condena con arreglo al derecho interno del Estado Parte requirente.
13. En todas las etapas de las actuaciones se garantizará un trato justo a toda persona contra la que se haya iniciado una instrucción en relación con cualquiera de los delitos a los que se aplica el presente artículo, incluido el goce de todos los derechos y garantíasprevistos por el derecho interno del Estado Parte en cuyo territorio se encuentre esa persona.
17. Los Estados Parte procurarán celebrar acuerdoso arreglos bilaterales y multilateralespara llevar a cabo la extradición o aumentar su eficacia.
1. Los Estados Parte se prestarán la más amplia asistencia judicial recíproca respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos comprendidos en la presente Convención con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 3 y se prestarán también asistencia de esa índolecuando el Estado Parte requirente tenga motivos razonables para sospechar que el delito a que se hace referencia en los apartados a) o b) del párrafo 1 del Artículo 3 es de carácter transnacional, así como que las víctimas, los testigos, el producto, los instrumentos o las pruebas de esos delitos se encuentran en el Estado Parte requerido y que el delito entraña la participación de un grupo delictivo organizado.
2. Se prestará asistencia judicial recíprocaen la mayor medida posible conforme a las leyes, tratados, acuerdos y arreglos pertinentes del Estado Parte requerido con respecto a investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos de los que una persona jurídica pueda ser consideradaresponsable de conformidad con el Artículo 10 de la presente Convención en el Estado Parte requirente.
3. La asistencia judicial recíprocaque se preste de conformidad con el presente artículo podrá solicitarse para cualquiera de los fines siguientes:
f) Entregar originaleso copias certificadas de los documentos y expedientes pertinentes, incluida la documentación pública, bancaria y financiera, así como la documentación social o comercial de sociedades mercantiles;
4. Sin menoscabo del derecho interno, las autoridades competentes de un Estado Parte podrán, sin que se les solicite previamente, transmitir información relativa a cuestiones penales a una autoridad competente de otro Estado Parte si creen que esa información podría ayudar a la autoridada emprender o concluir con éxito indagaciones y procesos penales o podría dar lugar a una petición formulada por este último Estado Parte con arreglo a la presente Convención.
5. La transmisión de información con arreglo al párrafo 4 del presente artículo se hará sin perjuicio de las indagaciones y procesos penales que tengan lugar en el Estado de las autoridades competentes que facilitan la información. Las autoridades competentes que reciben la información deberán acceder a toda solicitud de que se respete su carácter confidencial , incluso temporalmente, o de que se impongan restricciones a su utilización. Sin embargo, ello no obstará para que el Estado Parte receptor revele, en sus actuaciones, información que sea exculpatoria de una persona acusada. En tal caso, el Estado Parte receptor notificará al Estado Parte transmisor antes de revelar dicha información y, si así se le solicita, consultaráal Estado parte transmisor. Si, en un caso excepcional, no es posible notificar con antelación, el Estado Parte receptor informará sin demora al Estado Parte transmisor de dicha revelación.
7. Los párrafos 9 a 29 del presente artículo se aplicarán a las solicitudes que se formulen con arreglo al presente artículo siempreque no medie entre los Estados Parte interesados un tratado de asistencia judicial recíproca.Cuando esos Estados Parte estén vinculados por un tratado de esa índole se aplicarán las disposiciones correspondientes de dicho tratado, salvo que los Estados Parte convengan en aplicar, en su lugar, los párrafos 9 a 29 del presente artículo. Se insta encarecidamente a los Estados Parte a que apliquen estos párrafos si facilitan la cooperación.
9. Los Estados Parte podrán negarse a prestar la asistencia judicial recíproca con arreglo al presente artículo invocando la ausencia de doble incriminación. Sin embargo,de estimarlo necesario, el Estado Parte requerido podrá prestar asistencia, en la medida en que decida hacerlo a discreción propia, independientementede que la conducta esté o no tipificada como delito en el derecho interno del Estado parte requerido.
10. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en el territorio de un Estado Partey cuya presencia se solicite en otro Estado Parte para fines de identificación, para prestar testimonioo para que ayude de alguna otra forma a obtener pruebas necesarias para investigaciones, procesos o actuaciones judiciales respecto de delitos comprendidos en la presente Convención podrá ser trasladada si se cumplen las condiciones siguientes:
a) La persona debidamente informada, da su libre consentimiento;
b) Las autoridades competentesde ambos Estados Parte están de acuerdo, con sujeción a las condiciones que éstos consideren apropiadas.
a) El Estado Parte al que se traslade a la persona tendrá la competencia y la obligación de mantenerla detenida, salvo que el Estado Parte del que ha sido trasladada soliciteo autorice otra cosa;
b) El Estado Parte al que se trasladea la persona cumplirá sin dilación su obligación de devolverla a la custodia del Estado Parte del que ha sido trasladada, según convengan de antemano o de otro modo las autoridades competentes de ambos Estados Parte;
d) El tiempo que la persona haya permanecidodetenidaen el Estado Parte al que ha sido trasladada se computará como parte de la pena que ha de cumplir en el Estado del que ha sido trasladada.
12. A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar a una persona de conformidad con los párrafos 10 y 11 del presente artículo esté de acuerdo, dicha persona, cualquiera que sea su nacionalidad, no podrá ser enjuiciada, detenida, condenada ni sometida a ninguna otra restricción de su libertad personal en el territorio del Estado al que sea trasladadaen relación con actos, omisioneso condenas anteriores a su salidadel territorio del Estado del que ha sido trasladada.
13. Cada Estado Parte designaráa una autoridad central encargada de recibir solicitudesde asistencia judicial recíproca y facultadapara darles cumplimiento o para trasmitirlasa las autoridades competentes para su ejecución. Cuando alguna región o algún territorio especial de un Estado Parte disponga de un régimen distintode asistencia judicial recíproca, el Estado Parte podrá designara otra autoridad central que desempeñará la misma función para dicha región o dicho territorio.
Las autoridades centrales velarán por el rápido y adecuado cumplimientoo transmisión de las solicitudes recibidas. Cuando la autoridad central transmita la solicitud a una autoridad competente para su ejecución, alentará la rápiday adecuada ejecución de la solicitud por parte de dicha autoridad. Cada Estado Parte notificaráal Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobaciónde la presente Convención o de adhesión a ella, el nombre de la autoridad central que haya sidodesignada a tal fin. Las solicitudesde asistencia judicial recíproca y cualquier otra comunicación pertinente serán trasmitidas a las autoridades centrales designadas por los Estados Parte. La presente disposición no afectará al derecho de cualquierade los Estados Parte a exigirque estas solicitudesy comunicacionesle sean enviadas por vía diplomática y, en circunstancias urgentes, cuando los Estados Parte convengan en ello, por conducto de la Organización Internacional de Policía Criminal, de ser posible.
14. Las solicitudes se presentarán por escrito o, cuando sea posible, por cualquier mediocapaz de registrar un texto escrito, en un idioma aceptable para el Estado Parte requerido, en condiciones que permitan a dicho Estado Partedeterminar la autenticidad. Cada Estado Parte notificará al Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de depositarsu instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesióna ella, el idioma o idiomas que sean aceptables para cada EstadoParte. En situaciones de urgencias, y cuando los Estados Parte convenganen ello, las solicitudespodrán hacerse oralmente, debiendo ser confirmadas sin demora por escrito.
b) El objeto y la índole de las investigaciones, los procesos o las actuaciones judiciales a que se refierela solicitud y el nombre y las funciones de la autoridad encargadade efectuar dichas investigaciones, procesos o actuaciones;
c) Un resumen de los hechos pertinentes, salvo cuando se trate de solicitudes de presentación de documentosjudiciales;
d) Una descripción de la asistencia solicitada y pormenores sobre cualquier procedimientoparticular que el Estado Parte requirentedesee que se aplique;
21. La asistencia judicial reciproca podrá ser denegada:
26. Antes de denegar una solicitud presentada con arreglo al párrafo 21 del presente artículo o de diferir su cumplimiento con arreglo al párrafo 25 del presente artículo, el Estado Parte requerido consultará al Estado Parte requirente para considerar se es posible prestar la asistencia solicitada supeditándola a las condiciones que estime necesarias. Si el Estado Parte requirente acepta la asistencia con arreglo a esas condiciones, ese Estado Parte deberá observar las condiciones impuestas.
27. Sin perjuicio de la aplicación del párrafo 12 del presente artículo, el testigo, perito u otra persona que, a instancia del Estado Parte requirente, consienta en prestar testimonio en un juicio o en colaborar en una investigación, proceso o actuación judicial en el territorio del Estado Parte requirente no podrá ser enjuiciado, detenido, condenado ni sometido a ninguna otra restricción de su libertad personal en ese territorio por actos, omisiones o declaraciones de culpabilidad anteriores a la fecha en que abandonó el territorio del Estado Parte requerido. Ese salvoconducto cesará cuando el testigo, perito u otra persona haya tenido, durante quince días consecutivos o durante el período acordado por los Estados Parte después de la fecha en que se le haya informado oficialmente de que las autoridades judiciales ya no requerían su presencia, la oportunidad de salir del país y no obstante permanezca voluntariamente en ese territorio o regrese libremente a él después de haberlo abandonado.
Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en virtud de los cuales, en relación con cuestiones que son objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en uno o más Estados, las autoridades competentes puedan establecer órganos mixtos de investigación. A falta de acuerdos o arreglos de esa índole, las investigaciones conjuntas podrán llevarse a cabo mediante acuerdos concertados caso por caso. Los Estados Parte participantes velarán por que la soberanía del Estado Parte en cuyo territorio hayade efectuarse la investigación sea plenamente respetada.
3. De no existir los acuerdos o arreglos mencionados en el párrafo 2 del presente artículo, toda decisión de recurrir a esas técnicas especiales de investigación en el plano internacional se adoptará sobre la base de cada caso particular y podrá cuando sea necesario, tener en cuenta los arreglos financieros y los entendimientos relativos al ejercicio de jurisdicción por los Estados Parte interesados.
a) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación,o la promesa, el ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a falso testimonio u obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas en un proceso en relación con la comisión de uno de los delitos comprendidos en la presente Convención;
b) El uso de fuerza física, amenaza o intimidación para obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de la justicia o de los servicios encargados de hacer cumplir la ley en relación con la comisión de los delitos comprendidos en la presente Convención. Nada de lo previsto en el presente apartado menoscabará el derecho de los Estados Parte a disponer de legislación que proteja a otras categorías de funcionarios públicos.
b) Establecer normas probatorias que permitan que el testimonio de los testigos se preste de modo que no se ponga en peligro su seguridad, por ejemplo aceptando el testimonio por conducto de tecnologías de comunicación como videoconferencias u otras medios adecuados.
3. Cada Estado Parte permitirá, con sujeción a su derecho interno, que se presenten y examinen las opiniones y preocupaciones de las víctimas en las etapas apropiadas de la actuaciones penales contra los delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defensa.
iii) Los delitos que los grupos delictivos organizados hayan cometido o puedan cometer.
a) Mejorar los canales de comunicación entre sus autoridades,organismos y servicios competentes y, de ser necesario, establecerlas, a fin de faciliar el intercambio seguro y rápido de información sobre todos los aspectos de los delitos comprendidos en la presente Convención, así como, si los Estados Parte interesados lo estiman oportuno, sobre sus vinculaciones con otras actividades delictivas;
iii) El movimiento de bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a utilizarse en la comisión de esos delitos.
2. Los Estados Parte, con miras a dar efecto a la presente Convención, considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en materia de cooperación directa entre sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir la Ley y, cuando tales acuerdos o arreglos ya existan, de enmendarlos. A falta de tales acuerdos o arreglos entre los Estados Parte interesados, las Partes podrán considerar la presente Convención como la base para la cooperación en materia de cumplimiento de la Ley respecto de los delitos comprendidos en la presente Convención. Cuando proceda, los Estados Parte recurrirán plenamente a la celebración de acuerdos y arreglos, incluso con organizaciones internaciones o regionales, con miras a aumentar la cooperación entre sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir la Ley.
3. Los Estados Parte se esforzarán por colaborar en la medida de sus posibilidades para hacer frente a la delincuencia organizada transnacionalcometida mediante el recurso a la tecnología moderna.
Recopilación, intercambio y análisis de información sobre la naturaleza
b) Las rutas y técnicas utilizadas por personas presuntamente inplicadas en delitos comprendidos en la presente Convención, incluso en los Estados de tránsito, y las medidas de lucha pertinentes;
h) Los métodos utilizados para combatir la delincuencia organizada transnacional mediante computadoras, redes de telecomunicaciones u otras formas de la tecnología moderna; e
2. Los Estados Parte harán esfuerzos concretos, en la medida de los posible y en forma coordinada entre sí, así como con organizaciones internaciones y regionales, por:
c) Prestar asistencia técnica a los países en desarrollo y a los países con economías en transición para ayudarles a satisfacer sus necesidades relacionadas con la aplicación de la presente Convención. A tal fin, los Estados Parte procurarán hacer contribuciones voluntarias adecuadas y periódicas a una cuenta específicamente designada a esos efectos en un mecanismo de financiación de la Naciones Unidas. Los Estados Parte también podrán considerar en particular la posibilidad, conforme a su derecho interno y a las disposiciones de la presente Convención, de aportar a la cuenta antes mencionada un porcentaje del dinero o del valor correspondiente del producto del delito o de los bienes ilícitos decomisados con arreglo a lo dispuesto en la presente Convención;
a) El fortalecimiento de la cooperación entre los organismo encargados de hacer cumplir la Ley o el ministerio público y las entidades privadas pertinentes, incluida la industria;
6. Cada Estado Parte comunicará al Secretario General de la Naciones Unidas el nombre y la dirección de la autoridad o las autoridades que pueden ayudar a otros Estados Parte a formular medidas para prevenir la delincuencia organizada transnacional.
7. Los Estados Parte colaborarán entre sí y con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes, según proceda, con miras a promover y formular las medidas mencionadas en el presente artículo. Ello incluye la participación en proyectos internacionales para la prevención de la delincuencia organizada transnacional, por ejemplo mediante la mitigación de las circunstancias que hacen vulnerable a los grupos socialmente marginados a las actividades de la delincuencia organizada transnacional.
b) Facilitar el intercambio de información entre Estados Parte sobre las modalidades y tendencias de la delincuencia organizada transnacional y sobre prácticas eficaces para combatirlas;
d) Examinar periódicamente la aplicación de la presente Convención;y
1. El Secretario General de las Naciones Unidas prestará los servicios de secretaría necesarios a las Conferencia de las Partes en la Convención.
1. La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que se haya depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. A los efectos del presente párrafo, los instrumentos depositados por una organizaciónregional de integración económica no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de tal organización.
2. Para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifique, acepte o apruebe la presente Convención o se adhiera a ella después de haberse depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión,la presente Convención entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha en que ese Estado u organización haya depositado el instrumento pertinente.
2. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser Parte en la presente Convención cuando la hayan denunciado todos sus Estados miembros.
2. El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés, y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente Convención."
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a los treinta y un días del mes de julio del año dos mil tres , quedando sancionado el mismo, por la Honorable Cámara de Diputados a los treinta días del mes de octubre del año dos mil tres , de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 204 de la Constitución Nacional.
Asunción, 25 de noviembre de 2003

References: Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 2
 Artículo 9
 Artículo 8
 Artículo 13
 Artículo 12
 Artículo 12
 Artículo 12
 Artículo 12
 Artículo 13
 Artículo 30
 Artículo 16
 Artículo 3
 Artículo 3
 Artículo 10
 Artículo 204