Source: http://enaun.mrecic.gov.ar/es/content/intervenci%C3%B3n-argentina-en-el-consejo-de-seguridad
Timestamp: 2018-05-28 09:58:06+00:00

Document:
Intervención Argentina en el Consejo de Seguridad | MISIÓN PERMANENTE DE LA REPÚBLICA ANTE LAS NACIONES UNIDAS
Intervención Argentina en el Consejo de Seguridad
“La promoción y el fortalecimiento del estado de derecho en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales”
Intervención del Sr. Representante Permanente Alterno de la República Argentina, Ministro D. Mateo Estremé
“The promotion and strengthening of the rule of law in the maintenance of international peace and security”
Statement by the Deputy Permanent Representative of the Argentine Republic, Mr. Mateo Estremé
Quisiera agradecer a la presidencia sudafricana del Consejo de Seguridad la convocatoria de este Debate Abierto sobre la promoción y el fortalecimiento del estado de derecho en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, y reconocer al Secretario General por el Informe contenido en el documento S/2011/634. Mi país asigna la máxima importancia al fortalecimiento del estado de derecho como requisito esencial para lograr la paz y seguridad, tanto a nivel interno en los estados como en el plano internacional y, en éste, en el marco de la acción del Consejo de Seguridad.
El Informe del Secretario General hace referencia al Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos, y efectúa una serie de recomendaciones.
En cuanto a las situaciones de conflicto o de post-conflicto, mi país entiende que al establecer los mandatos es necesario abordar con la prioridad debida la necesidad de asegurar la vigencia del estado de derecho en sociedades que han vivido un conflicto, en particular el fortalecimiento de los poderes judiciales internos y los sistemas de policía, que asimismo contribuyen a la prevención de estas situaciones en el futuro. Este objetivo hace a la tarea propia del Consejo de seguridad, y se ha visto plasmado, cada vez más, en los mandatos de este órgano.
En lo que hace a las situaciones de conflicto armado, el cabal respeto del derecho internacional humanitario es esencial para garantizar la protección de los civiles por parte de las partes en conflicto y de las fuerzas de las Naciones Unidas. Las partes en un conflicto armado están obligadas por la norma básica de que los civiles deben ser protegidos de los efectos del conflicto. En lo que hace a las operaciones de mantenimiento de la paz, mi país está convencido de que incluir las actividades de protección de los civiles en los mandatos de las misiones de las Naciones Unidas es importante para que, en la práctica, pueda hacerse efectiva la asistencia humanitaria.
A la vez, el sometimiento ante la justicia de los responsables de violaciones graves de los derechos humanos es esencial. Afortunadamente, la comunidad internacional ha superado el paradigma “justicia versus paz” en situaciones de conflicto o de post-conflicto, en el que acuerdos de índole política dejaban a un lado la búsqueda de la justicia a través de amnistías de jure o de facto. El paradigma hoy es el de “justicia y paz”, siendo ambos fines no sólo compatibles, sino también complementarios.
La lucha contra la impunidad debe ser un compromiso de todos los Miembros de las Naciones Unidas. La comunidad internacional está viviendo la notable evolución de la justicia criminal internacional. Ese proceso progresó con el establecimiento, por el Consejo de Seguridad, de los Tribunales ad-hoc para Ruanda y la ex-Yugoslavia, y significó un claro reconocimiento por parte del Consejo del estrecho vínculo entre paz y justicia. A partir de 1998, con la conclusión del Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional, la lucha contra la impunidad ha evidenciado una clara transición hacia un sistema permanente de justicia penal internacional fundado en la Corte.
La Corte establecida por el Estatuto de Roma es uno de los logros más significativos del sistema multilateral. En 1998, no se esperaba que el Estatuto fuera a entrar en vigor en tan corto tiempo, y mucho menos que a poco más de diez años de la adopción de ese instrumento, la Corte estuviera ya desempeñando un rol tan central en la lucha contra la impunidad. Actualmente, el Estatuto de Roma tiene 120 Estados Partes, la Corte está abocada a 14 casos en 7 situaciones -dos de ellas remitidas a la Corte por el Consejo de Seguridad-, y las disposiciones del Estatuto fueron reforzadas las enmiendas adoptadas en la primera Conferencia de Revisión de Kampala. Todo ello da muestras de que el sistema ya ha entrado en una etapa de maduración y consolidación institucional.
Por medio de su Resolución 1970 (2011), el Consejo de Seguridad decidió remitir una nueva situación al Fiscal de la Corte. La Argentina apoya las remisiones por parte del Consejo de Seguridad, facultad reconocida por el Estatuto de Roma. Sin embargo, existen dos aspectos respecto de los cuales quisiera expresar la seria preocupación de mi país, por su potencial impacto negativo en el sistema de justicia penal internacional establecido con base en la Corte.
El párrafo 6 de la Resolución 1970 (2011) de este órgano sigue el cuestionable precedente de la remisión de la situación en Darfur, de crear una excepción a la jurisdicción de la Corte no prevista en el Estatuto de Roma. Ello impacta en la integridad del sistema de justicia penal de la Corte.
Además, el párrafo 8 de la misma resolución previó que “...ninguno de los gastos derivados de la remisión a la Corte (...) serán sufragados por las Naciones Unidas”, sino por los Estados Partes en el Estatuto de Roma. Ello no se condice ni con el artículo 115 del Estatuto de Roma ni con el artículo 13 del Acuerdo de Relación entre las Naciones Unidas y la Corte, dado que las condiciones bajo las cuales las Naciones Unidas proveerán fondos a la Corte serán objeto de acuerdos especiales, sujetos a la aprobación de la Asamblea General. Cabe notar que la resolución ICC-ASP/10/Res.4 adoptada por la 10ª Asamblea de Estados Partes en el Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional invitó a la Corte a incluir este asunto en su diálogo institucional con las Naciones Unidas.
Asimismo, la Argentina quisiera urgir a los Estados Miembros a cumplir su obligación de cooperar con la Corte Penal Internacional y alentar la continua cooperación del Consejo para con la Corte, todo ello con el objetivo de poner fin a la impunidad.
Finalmente, quisiera instar a los Estados que no han ratificado aún el Estatuto de Roma a hacerlo a la brevedad, a fin de asegurar la completa universalidad de la Corte Penal Internacional y, por ende, del sistema de justicia internacional penal con base en el Estatuto de Roma.
El Informe del Secretario General destaca el fortalecimiento del marco normativo para el derecho a la justicia, a la verdad y las garantías de no repetición. Mi país también destaca esta evolución, dado que se trata de pilares para combatir la impunidad. El derecho a la verdad implica, por ejemplo, el establecimiento de comisiones de la verdad o comisiones de investigación de los hechos, la preservación de archivos, la identificación tanto de las víctimas como de los perpetradores de las violaciones graves de derechos humanos y la determinación de las causas, hechos y circunstancias en que se cometieron tales violaciones. El derecho a la justicia conlleva la provisión de tribunales domésticos o internacionales, comisiones internacionales contra la impunidad, y la protección de testigos. El derecho a la reparación puede ser expresado a través de compensaciones, restituciones, monumentos y actos conmemorativos, disculpas públicas, entre otros. La garantía de no repetición se relaciona con el desarme, la desmovilización, la reforma institucional y el control del sector de la seguridad por parte del poder civil.
Al respecto, cabe destacar que, en su última sesión, el Consejo de Derechos Humanos decidió establecer un Relator Especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y la garantías de no repetición en casos de violaciones graves de los derechos humanos así como de violaciones graves de derecho internacional humanitario. La creación de este nuevo procedimiento especial constituye un valioso aporte a la lucha contra la impunidad en el marco de las Naciones Unidas.
Un debate en el seno de las Naciones Unidas sobre el Estado de Derecho no puede no hacer referencia a la importancia de la solución pacífica de las controversias internacionales.
La solución pacífica de controversias es uno de los pilares de la comunidad internacional moderna, y sus principios se encuentran, fundamentalmente, en el Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas. En el esquema de la Carta, la Corte Internacional de Justicia juega un rol central -que heredara de la Corte Permanente de Justicia Internacional- como órgano judicial principal de las Naciones Unidas.
Pero en la solución de las controversias internacionales también existen otros métodos, que son descriptos en el artículo 36 de la Carta. A este respecto, mi país estima pertinente destacar la necesidad de que las partes en una controversia cumplan, de buena fe, los llamados que, con el fin de coadyuvar a la solución de la controversia, hagan o hayan hecho los órganos de la organización, incluida la Asamblea General.
Dentro de los medios a disposición de la organización se debe destacar, asimismo, el rol de buenos oficios que los órganos de la organización pueden encomendar al Secretario General. Para el exitoso cumplimento de una gestión de buenos oficios del Secretario General –y, por ende, la solución de una controversia- es también necesaria la voluntad, de buena fe, de las partes en dicha controversia.
La paz y la seguridad internacionales son esenciales la comunidad internacional. Se trata de un interés global que debemos defender, y el Consejo de Seguridad es la institución internacional que tiene la responsabilidad primaria.
Legitimidad, democracia y justicia son los valores que deben guiar la acción del Consejo de Seguridad en el tratamiento de los conflictos y las situaciones post-conflicto, de modo de construir y consolidar la paz.
I would like at the outset to thank the South-African presidency of the Security Council for convening this open debate on the promotion and strengthening of the rule of law in the maintenance of international peace and security, and recognize the Secretary General for his Report contained in document S/2011/634. My country attaches the outmost importance to the strengthening of the rule of law as an essential element to achieve peace and security, at the national and at the international level. The latter involves the action of the Security Council.
The Report of the Secretary General makes reference to the rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies, and makes a series of recommendations.
Regarding conflict and post-conflict situations, my country is of the view that the Security Council, when establishing mandates, needs to address the need to ensure the rule of law –in particular the strengthening of internal judicial machinery and police systems- in conflict and post-conflict societies, which also contribute to the prevention of situations of that kind in the future. This objective is directly linked to the role of the Security Council, and as such has been included in the mandates approved by this organ.
In armed conflict situations, respect for international humanitarian law is paramount to ensure the protection of civilians by the parties to a conflict and by UN forces. Parties to an armed conflict are subject to the basic rule that civilians must be protected against the effects of armed conflict. Likewise, I would like to highlight the need to include activities for the protection of civilians in the mandates of UN missions, so as to ensure –in practice- the provision of humanitarian assistance.
Also, it is essential to ensure criminal accountability of those responsible for gross violations of human rights. Fortunately, the international community has overcome the “justice vs. peace” paradigm, in which political agreements put justice aside through de jure or de facto amnesties. The present paradigm is one in which peace and justice are not only compatible but also complementary objectives.
The fight against impunity must be a commitment of all Members of the UN. The international community is witnessing the notable evolution of international criminal justice. Such a process progressed with the establishment of the ad-hoc Tribunals for Rwanda and the former-Yugoslavia, and showed a clear recognition by the Security Council of the close relationship between peace and justice. Since 1998, with the adoption of the Rome Statute on the International Criminal Court, the fight against impunity has evolved towards a permanent system for international criminal justice based on the ICC.
The Court established by the Rome Statute is one of the major achievements of the multilateral system. It was not expected, back in 1998, neither that the Statute would enter into force nor that the Court would be playing such a central role in the fight against impunity in such a short period of time. At present, the Rome Statute has 120 States parties, the Court is seized in 14 cases in 7 situations –two of which were referred to it by the Security Council-, and the provisions of the Statute were reinforced by the amendments adopted at the first Review Conference, in Kampala. This shows the system is already at a stage of institutional consolidation and maturity.
Through Resolution 1970 (2011), the Security Council referred another situation to the Prosecutor of the ICC. Argentina supports Security Concil referrals, a power recognized by the Rome Statute. But there are two aspects regarding which I would like to express the serious concern of my delegation, due to their potential significant impact on the international criminal justice system based on the Court.
Paragraph 6 of SC Resolution 1970 (2011) follows the questionable precedent in the referral of Darfur of formulating an exception to the jurisdiction of the Court not provided for in the Rome Statute. This impacts the integrity of the criminal justice system of the Court.
Also, that Resolution provides, in its paragraph 8, that “... none of the expenses incurred in connection with the referral, including expenses related to investigations or prosecutions in connection with that referral, shall be borne by the United Nations” and that such costs shall be borne by the Parties to the Rome Statute. Such a provision is inconsistent with Article 115 of the Rome Statute and with Article 13 of the Relationship Agreement between the United Nations and the Court, as the conditions under which the United Nations shall provide funds to the Court will be the object of special agreements subject to the approval of the General Assembly. We would like to point out that Resolution ICC-ASP/10/Res.4 adopted by the 10th Assembly of States Parties to the Rome Statute invited the Court to include this issue in its institutional dialogue with the United Nations.
Argentina would also like to urge Member States to fulfill their obligation to cooperate with the Court and to encourage a continued cooperation of the Security Council with the ICC, with the aim of putting an end to impunity.
Finally, I would like to call on States that have not yet ratified the Rome Statute to ratify or to acceed to it as soon as posible, in order to ensure the complete universality of the International Criminal Court and therefore of the international criminal justice system established by the Rome Statute.
The Report of the Secretary General highlights the strengthening of the normative framework for the right to justice, to truth and guarantees of non-recurrence. Argentina too highlights this evolution, as they are pillars for combatting impunity. The right to truth entails, for example, the establishment of truth commissions or fact-finding commissions, the preservation of archives, the identification of victims and of perpetrators of gross violations of human rights, as well as the determination of the causes, facts and circumstances in which such violations were committed. The right to justice entails the provision of domestic or international courts and the protection of witnesses. The right to reparation can be put in practice through compensations, restitutions, commemorations and memorials, public apologies, among others. The guarantees of non-recurrence relate, i.e., to disarmament, demobilization, institutional reform and civil control of the security sector.
In this regard, allow me to underscore that at its last session, the Human Rights Council decided to establish a Special Rapporteur of the United Nations for the promotion of truth, justice, reparation and the guarantee of non-recurrence in cases of gross violations of human rights and of international humanitarian law. The establishment of this new special procedure constitutes a contribution to the fight against impunity in the framework of the United Nations.
A debate on the rule of law cannot lack a reference to the importance of the peaceful settlement of international disputes.
The peaceful settlement of disputes is one of the pillars of the modern international community, and its principles are found in Chapter VI of the UN Charter. In the scheme provided by the Charter, the International Court of Justice plays a central role – inherited from the Permanent Court of International Justice- as the principal judicial organ of the United Nations.
But the peaceful settlement of disputes contemplates also other methods, which are described in Article 36 of Charter. In this respect, my country underscores the need for the parties to a controversy to comply in good faith with the calls to negotiate which the organs of the Organization, including the General Assembly, make or have made with the aim of seeking a solution to the dispute.
Also, among the means to which the Organization may recourse, we must highlight the good offices that the organs of the UN may request the Secretary General to undertake. For the successful fulfillment of a mission of good offices of the Secretary General –and therefore for solving the dispute- the good will and good faith of the parties to the dispute is also required.
International peace and security are key to the international community. This is a global interest we must defend, and the Security Council is the international body with primary responsibility.
Legitimacy, democracy and justice are values to guide action by the Security Council in conflict and post-conflict situations, so as to build and consolidate peace.

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 115
 artículo 13
 resolución 
 artículo 36