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Timestamp: 2019-10-16 02:40:25+00:00

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﻿ SENTENCIA 11001-03-15-000-2001- 147 -01 DE OCTUBRE 9 DE 2001
SENTENCIA 11001-03-15-000-2001- 147 -01 DE 09 DE OCTUBRE DE 2001
CONTENIDO:CONGRESISTA LLAMADO A OCUPAR VACANTE. APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE INHABILIDADES.
TEMAS ESPECÍFICOS:VACANCIA EN LOS EMPLEOS PÚBLICOS, ELECCIÓN DEL CONGRESISTA, INHABILIDADES DEL CONGRESISTA, IMPEDIMENTO DEL CONGRESISTA, ACTUACIÓN DEL CONGRESISTA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:365 DE MAYO DE 2002, PÁG.1105
Sentencia AC-147 de octubre 9 de 2001
CONGRESISTA LLAMADO A OCUPAR VACANTE
APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE INHABILIDADES
EXTRACTOS: «El demandante pretende se decrete la pérdida de investidura del representante a la Cámara Carlos Uribe Ángel Cely, a quien la mesa directiva de la Honorable Cámara de Representantes llamó a ocupar el cargo de congresista en reemplazo del señor Pedro Vicente López Nieto, segundo renglón de la lista encabezada por Óscar Cello Jiménez Tamayo, elegido representante a la Cámara por el departamento de Boyacá para el período 1998-2002.
El demandante sustenta la acción de pérdida de investidura en los hechos que a continuación se resumen:
1. El señor Óscar Cello Jiménez Tamayo fue elegido representante a la Cámara por el departamento de Boyacá para el período 1998-2002. Tomó posesión el 20 de julio de 1998 y renunció el día 28 del mismo mes para impedir los efectos de la pérdida de investidura decretada por el Consejo de Estado.
2. Se llamó a ocupar la curul al segundo renglón de la lista, Pedro Vicente López Nieto, quien en 1997 fue condenado en primera instancia por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Tunja a la pena principal de dos años de prisión y multa de $ 10.000.000 como autor del delito de peculado. En 1998, fue condenado en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja a la pena principal de un año de prisión y a la interdicción de funciones públicas por el mismo período por el delito de prevaricato por extensión. La Corte Suprema de Justicia no casó la sentencia de segunda instancia y el señor López Nieto renunció a la curul y se declaró su falta absoluta.
3. La mesa directiva de la Cámara de Representantes llamó a ejercer el cargo al señor Carlos Uribe Ángel Cely, quien desempeñó el cargo de secretario general de la gobernación del departamento de Boyacá desde el 18 de mayo de 1999 y hasta el 31 de diciembre de 2000, es decir catorce meses después de la elección del cabeza de lista y ocho meses antes de su posesión como Representante a la Cámara.
4. Dentro de las funciones desempeñadas como secretario general de la gobernación de Boyacá estaban las de asesorar al gobierno departamental en la adopción del políticas, diseñar y elaborar el plan de acción y el proyecto de presupuesto de la secretaría, coordinar la implementación de los sistemas departamentales de gestión de talento humano y de documentos y archivo, coordinar la elaboración del plan anual de compras de la dependencia, entre otras.
5. El parlamentario demandado fue funcionario público de Boyacá y ejerció autoridad política, civil y administrativa “... hasta dentro de los 17 meses anteriores a su posesión como Representante a la Cámara...” por la misma circunscripción electoral, a sabiendas de ser el siguiente llamado a ocupar el cargo en reemplazo de Pedro Vicente López.
C) Causal por la cual se solicita la pérdida de investidura.
El demandante considera que el congresista Carlos Uribe Ángel está incurso en la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 1º del artículo 183 de la Constitución —violación del régimen de inhabilidades—, en concordancia con el numeral 2º del artículo 179 ibídem, que señala:
2. Quienes hubieran ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección”.
4. Análisis de la causal de inhabilidad invocada.
El demandante considera que el congresista Carlos Uribe Ángel Cely incurrió en la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 183, numeral 1º, de la Constitución Política —violación al régimen de inhabilidades—, en concordancia con el numeral 2º del artículo 179 ibídem, pues entre el 18 de mayo de 1999 y el 31 de diciembre de 2000 se desempeñó como secretario general de la gobernación del departamento de Boyacá y en tal calidad ejerció autoridad política, civil y administrativa hasta cerca de ocho (8) meses antes de su posesión como representante a la Cámara por la circunscripción electoral de ese mismo departamento.
El artículo 183 de la Carta Política establece las causales de pérdida de investidura de los congresistas. La primera de ellas, así:
1. Por violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades o del régimen de conflicto de intereses ...”.
Ahora, el artículo 179, numeral 2º, de la Constitución Política establece las causales de inhabilidad de los congresistas. La segunda de ellas en los siguientes términos:
2. Quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección".
Ocurre que el congresista demandado no fue elegido. El cargo de representante a la Cámara lo ejerce en virtud del llamado que le hizo la Cámara de Representantes por razón de la declaración de falta absoluta de Pedro Vicente López Nieto, segundo renglón de la lista electoral encabezada por Óscar Cello Jiménez Tamayo, quien con anterioridad había perdido su investidura según sentencia del Consejo de Estado.
Es decir que el solicitante propone la pérdida de investidura respecto de un congresista “llamado” y no elegido y, por tanto, esto exige el estudio del régimen de inhabilidades de los congresistas no elegidos y con vocación para actuar como tales.
Al respecto se tiene que el artículo 181 de la Carta Política, en su inciso segundo, preceptúa: “... Quien fuese llamado a ocupar el cargo, quedará sometido al mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades a partir de su posesión”.
La aplicación del régimen de inhabilidades de los congresistas “llamados”, con fundamento en el inciso segundo del artículo 181 de la Carta Política, fue examinado recientemente por esta Sala Plena. En efecto, en sentencia del 18 de mayo de este año (1) , la Sala definió que las inhabilidades consagradas en los numerales 2º y 3º del artículo 179 de la Carta Política, tanto para los congresistas elegidos como para los “llamados”, se aplican en relación con las elecciones y no con la posesión, como lo venía sosteniendo la Sala para los “llamados” con base en el inciso segundo del artículo 181 (2) .
(1) Expediente AC-12.300. Consejera Ponente, Doctora Ana Margarita Olaya Forero.
(2) Sentencias del 25 de abril de 1994. Expediente AC-1491 y del 16 de octubre de 1996. Expediente AC-3.866.
Las razones principales aducidas por la Sala al acoger la nueva tesis y apartarse de la anterior, fueron expuestas así:
“Es de resaltar que la Constitución Política de 1991 suprimió el sistema de suplencias que regía en la Constitución de 1886 artículo 93, en el cual “los suplentes” eran “elegidos” en número igual a los principales y los reemplazaban en sus faltas por orden numérico de ubicación en la lista electoral, en su lugar, previó en el primigenio artículo 261 sólo la vacancia absoluta, la cual sería ocupada por los candidatos no elegidos en la misma lista, en orden de inscripción, sucesivo y descendente. Luego, mediante Acto Legislativo Nº 3 de 1993 fueron modificados los artículos 134 y 261 de la Constitución Política, con el objeto de incluir lo relativo a las faltas temporales, para lo cual reguló la totalidad del sistema de reemplazos.
Ahora bien, la interpretación aislada del citado inciso segundo del artículo 181 de la Constitución, en el sentido de entender, para todos los efectos, que las inhabilidades de los “llamados a ocupar el cargo por vacancia del congresista elegido” (que son todos los que conforman la lista) sólo comienzan a partir de la posesión, que otrora sostenía la corporación, lleva a que las causales 2 y 3 del artículo 179 de la Constitución Política se tornen inoperantes respecto de éstos, pues quien esté incurso en la inhabilidad para ser “elegido” puede situarse dentro de la lista en un orden que posteriormente le de vocación de ser “llamado” y así, haciendo fraude a la norma constitucional, utilizar torcidamente su condición de poder, para cautivar votos en favor de su lista y luego, una vez transcurran los seis o doce meses que señalan los citados numerales 2º y 3º del artículo 179, se posesione como congresista, por virtud del llamado de la mesa directiva, hecho éste que debe rechazarse, como quiera que esa no fue la intención de los constituyentes al establecer el régimen celoso de inhabilidades para los congresistas.
Es significativo que la asamblea nacional constituyente en tales debates, al tratar el tema de las inhabilidades para la elección, no hizo distinción alguna entre los congresistas elegidos y los “llamados”, ni entre la fecha de la elección y la posesión; por el contrario, señaló claramente que las disposiciones sobre la materia debían contemplar que quienes tuvieran acceso a factores con los cuales podían manipular a los electores, estaban impedidos para presentarse como “candidatos” a cargos de elección popular.
No puede, además, desatenderse el hecho de que son las elecciones y no el llamado que hace la mesa directiva, las que generan la vocación del candidato no elegido a suplir la vacancia de quien resultó electo. Las elecciones, como es sabido, se hacen por la lista, no por un determinado nombre; por esa razón, el resultado electoral, además de precisar quiénes resultaron electos de acuerdo al sistema del cuociente electoral, determina también la vocación de “los llamados” a suplirlos en sus faltas absolutas o temporales, según el orden de inscripción en forma sucesiva y descendente que les corresponda en la misma lista electoral.
En esa medida, entender, respecto de las precitadas causales del artículo 179 de la Carta Política, que éstas rigen desde la posesión de “los llamados” y no de la elección, resulta equivocado, frente a las circunstancias antecedentes que tiene esta figura, pues no hay que olvidar que el fin que animó a los constituyentes de 1991 fue, precisamente, evitar que el candidato a congresista (que lo son todos los que conforman la lista) se prevaliera de su especial condición de autoridad y mando para influir torcidamente en el electorado, restándole al sufragio la libertad que le es ínsita y rompiendo la igualdad de los aspirantes.
Prohijar la distinción respecto de la fecha en que deben contarse las inhabilidades consagradas en los numerales 2º y 3º del artículo 179 de la Constitución Política, llevaría al absurdo de aceptar que en esta materia están permitidas para los “llamados a ocupar las vacancias” las prácticas clientelistas y el manejo torcido del electorado, mientras que tales conductas le están vedadas a los congresistas elegidos. Pero además, hacer una distinción basada en el modo como se adquiere la investidura de congresista, para limitar la sujeción al régimen de inhabilidades de los “llamados”, liberándolos de algunas de las cargas celosas que tienen los elegidos, implica no solamente un trato injustificadamente desigual, sino que, como se dijo anteriormente, hace que la norma se torne inoperante respecto de los llamados y se desvirtúe la finalidad de la prohibición, la cual sólo apunta a la transparencia del proceso electoral. Además, permite subsanar, por el transcurso del tiempo la inhabilidad que se da por 12 o 6 meses anteriores a la elección, cuando tal inhabilidad, si ella se configura, no es subsanable, por ningún motivo.
Es importante señalar además que las inhabilidades no se predican sólo de los “elegidos” sino también de los que tengan vocación para ser “llamados a cubrir la vacante“; por eso el mandato del artículo 179 de la Carta Política que prescribe “no podrán ser congresistas”, que lo son tanto los elegidos como los llamados, que se encuentren incursos en alguna de las situaciones consagradas en el artículo 179 de la Constitución Política, dejarán de serlo, es decir, perderán la investidura.
Cuando el artículo 181 en su inciso 2º señala que “quien fuere llamado a ocupar el cargo, quedara sometido al mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades a partir de su posesión”, está precisando que las personas no elegidos que sean llamadas a ocupar la vacante dejada por un congresista, están igualmente sometidas a las inhabilidades consagradas en la Constitución. Y resulta palmario que la norma haga referencia a la posesión, pues si no existe ésta en el caso de los “llamados” no se adquiere la dignidad de congresista, ya que la posesión es un requisito previo para el desempeño de funciones; por ello, si ésta no se da no es posible estar incurso en las inhabilidades e incompatibilidades prescritas constitucionalmente. Es entonces el momento en que se adquiere la dignidad de congresista en el caso de los “llamados”, que tiene significación el régimen de incompatibilidades e inhabilidades, pues sólo a partir de tal momento, podrá el juez pronunciarse sobre la existencia o no de las conductas enlistadas como no permitidas, no obstante que su ocurrencia tenga lugar en las elecciones que originaron, para el caso de los “llamados a cubrir la vacante”, su vocación de congresista.
Bajo estas perspectivas se examinará el presente caso, entendiendo las previsiones constitucionales contenidas en los numerales 2º y 3º del artículo 179 e inciso segundo del artículo 181, de manera sistemática y razonable, que no hay que perder de vista que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que plasmaron los constituyentes de 1991, se orientó, respecto de las causales objeto de estudio, a la transparencia de la actividad electoral, fines que resultarían fallidos si se interpretan de manera diferente las prohibiciones consagradas en los citados numerales 2º y 3º del artículo 179 frente a “los llamados”.
c) Que la posesión del “llamado a suplir la vacante del congresista elegido” marcaelmomento en el cual puede el juez pronunciarse sobre la existencia o no de las conductas enlistadas como no permitidas, pese a que su ocurrencia tenga lugar con anterioridad al acto de posesión, como es el caso de los supuestos que contemplan los citados numerales 2º y 3º del artículo 179 de la Constitución Política.
e) Que la causal del numeral 3º del artículo 179 de la Constitución Política, respecto de los congresistas llamados a ocupar las vacancias de los congresistas elegidos, exige los siguientes supuestos:
— Que el congresista llamado a ocupar la vacancia del elegido, haya intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o haya sido representante legal de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de la misma circunscripción electoral en el caso de los representantes a la Cámara, entendiendo para los senadores que la circunscripción nacional coincide con cada una de las territoriales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha en que se realizó La elección y por la cual adquirió la vocación para ser “llamado””.
De manera que con la nueva tesis se considera que la fuente de la investidura del congresista que ocupa el cargo por razón de la vacancia del titular es la elección que necesariamente se hizo de por lo menos uno de los candidatos de la lista de la que hizo parte aquel y no el “llamado” que para cubrir la vacante le hace la correspondiente mesa directiva, como lo sostenía antes la Sala Plena. Por esa razón, entonces, las causales de inhabilidad de los congresistas que se establecieron por el constituyente con la finalidad de evitar que se utilicen los factores de poder del Estado para influir en el electorado, se deben tener en cuenta en función de las elecciones y, en modo alguno, respecto de la posesión del congresista “llamado”. Esas causales que se establecieron con la finalidad de impedir que los candidatos obtengan ventaja en las elecciones de la vinculación que ellos o sus parientes o allegados tengan con el Estado bien mediante el desempeño de cargos públicos en ciertas condiciones o por la celebración de contratos o el desarrollo de gestión de negocios (CP, art. 179, nums. 2º, 3º, 5º, 6º y 8º), deben estar configuradas en el momento de la elección. En cambio, las causales que no se encuentran establecidas con la indicada finalidad de evitar que los candidatos obtengan ventaja de su posición frente al Estado e influyen en los electores, sino a hechos personales atados al candidato, pueden ocurrir antes de la elección y aún después de esta, e, inclusive después de que el Congresista se encuentre ejerciendo el cargo (art. 179, nums. 1º, 4º y 7º).
Es cierto que inicialmente esta Sala consideró que a los congresistas "llamados" se les aplicaba el régimen de inhabilidades a partir de su posesión, apoyándose para ello en lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 181. Sin embargo, ello no significaba que las causales de inhabilidad establecidas para impedir las influencias sobre el electorado se aplicaran midiendo el período de la inhabilidad de la fecha de posesión hacia atrás, sino que descartaba la aplicación de esas causales a quienes no hubieran sido elegidos sino “llamados” a ocupar una vacante. Es decir que respecto de los congresistas “llamados” no se aplicaban dichas causales de inhabilidad, pues, de un lado, se consideraba que como la fuente de la investidura no es la elección sino el “llamado” que le hace la mesa directiva para cubrir la vacante, no se podía tener en cuenta la fecha de la elección para configurar el límite temporal de las inhabilidades, y, de otro, que no se podía tomar a partir de la posesión en razón a que esas inhabilidades tienen como uno de los supuestos de hecho la elección y los “llamados” no son elegidos.
En ese sentido expresó la Sala:
“... Para el caso concreto de los congresistas que acceden por este medio, es decir, no por haber sido elegidos sino por haber hecho parte en orden sucesivo y descendente de la misma lista electoral de quien deja la vacante, la Constitución estableció de manera perentoria que “quien fuere llamado a ocupar el cargo, quedará sometido al mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades a partir de su posesión” (art. 181, inc. 2º), lo cual, como ya lo ha dicho esta misma Sala “es apenas obvio, porque en este evento, la fuente de la investidura no es la elección sino el llamado que se hace para cubrir la vacante” (Sent. abr. 24/94, exp. AC-1491, Actora Merys Pastrana Negrete).
3. En consecuencia, encontrándose probado que el ciudadano Silvio Mariano Hoyos Chamorro fue investido y posesionado como senador, no por haber sido elegido sino por haber sido llamado a cubrir la vacante dejada por el ex senador Francisco José Jattín Safar, en cuanto hacia parte, en el segundo renglón, de la lista electoral de la cual fue elegido en su momento el ex senador Jattín, en materia de inhabilidades e incompatibilidades está regido por el citado inciso segundo del artículo 181 de la Constitución Política, lo cual se traduce en que las causales de inhabilidad e incompatibilidad se le aplican a partir del 16 de agosto de 1996, fecha de su posesión.
4. Debe observarse también que si bien el artículo 179 de la Carta Política advierte que “no podrán ser congresistas” quienes se encuentren en alguna de las situaciones previstas en la misma norma, la causal contenida en el numeral 2º, aducida como fundamento de la demanda, se refiere a “quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección” (...) lo cual descarta la aplicación de esta causal a quienes no hubieren sido elegidos sino llamados a ocupar la vacante posteriormente” (Subrayado de la trascripción) (3) .
(3) Sentencia del 16 de octubre de 1996 ya citada.
En consecuencia, es claro que la inhabilidad del numeral 2º del artículo 179, según el cual no podrán ser congresistas “Quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección”, se aplica al congresista “llamado” dentro del indicado período contado a partir de la elección de por lo menos uno de los integrantes de la lista electoral de la cual aquel hizo parte. Esto descarta, por tanto, la aplicación de esa inhabilidad a los congresistas “llamados”, por el período de los doce meses anteriores a la fecha de la posesión, pues, en definitiva, el hecho configurativo de la inhabilidad —el ejercicio, como empleado público, de jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar— está ligado por voluntad del constituyente a la elección.
El demandante plantea que el congresista Carlos Uribe Ángel Cely está incurso en la causal de inhabilidad establecida en el numeral 2º del artículo 179 de la Carta Política, pues desempeñó el cargo de secretario general de la gobernación de Boyacá dentro de los doce meses anteriores a su posesión como representante a la Cámara en reemplazo de quien ocupaba el segundo renglón de la lista encabezada por el congresista elegido Óscar Cello Jiménez Tamayo. Esto es que plantea la aplicación de la citada inhabilidad por el período de los doce meses anteriores a la posesión.
En el expediente obran pruebas que demuestran lo siguiente:
1. El señor Carlos Uribe Ángel Cely tomó posesión del cargo de representante a la Cámara por la circunscripción electoral de Boyacá, el día 15 de agosto de 2001, en virtud del llamado que le hizo la mesa directiva de esa corporación por falta absoluta en el cargo del señor Pedro Vicente López Nieto, quien a su vez había reemplazado al congresista elegido Óscar Cello Jiménez Tamayo, a quien el Consejo de Estado le decretó la pérdida de investidura (fls. 19 a 21, c. 1º y 2º a 7º, c. 2º). Lo anterior en consideración a que el señor Uribe Cely figuró en el tercer renglón de la lista encabezada por el señor Jiménez Tamayo (fl. 16).
2. El señor Carlos Uribe Ángel Cely fue nombrado secretario general de la gobernación de Boyacá mediante Decreto 0478 del 11 de mayo de 1999 del gobernador de Boyacá y tomó posesión el 18 de mayo de ese año (fls. 29 a 32, c. 1º). Desempeñó el cargo hasta el 31 de diciembre de 2000 (fl. 10, c. 2º y fl. 34, c. 1º).
3. Las funciones de secretario general de la gobernación de Boyacá están señaladas en el Decreto 283 del 27 de marzo de 1996 del gobernador de ese departamento, “Por el cual se adopta el manual de funciones y requisitos a nivel de cargos de la planta de personal de la secretaría general” (fls. 16 a 18, c. 2º).
De lo anterior se desprende que el señor Carlos Uribe Ángel Cely desempeñó el cargo de secretario general de la gobernación de Boyacá dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de su posesión como representante a la Cámara por la circunscripción electoral de Boyacá. Sin embargo, en aplicación de la reciente tesis de la Sala antes expuesta, la conclusión que surge es la de que por ese hecho el congresista demandado no incurrió en causal de inhabilidad, pues el hecho alegado como constitutivo de aquella ocurrió dentro de los doce meses anteriores a la fecha de su posesión en ese cargo y no dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección del candidato que encabezó la lista electoral de la que hizo parte, como se entiende que lo exige el ordenamiento constitucional.
Como ya se anotó, la finalidad de la causal de inhabilidad establecida en el numeral 2º del artículo 179 es la de evitar que se utilicen factores de poder que puedan influir en el electorado. Esa utilización de los factores de poder, para que incidan en el electorado, necesariamente debe producirse antes de la respectiva elección. Producida la elección y definidos los resultados, los factores de poder que se lleguen a tener con posterioridad, en manera alguna, pueden ejercer influencia en ese hecho pasado de la elección. De modo que el congresista que hizo parte de una lista electoral y no fue elegido, aunque tenga la vocación de ser “llamado” a cubrir la vacancia del cargo del congresista elegido, ninguna influencia, por razón del ejercicio de jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, con posterioridad a la elección pudo ejercer ante quienes votaron en los comicios. Ese hecho no puede incidir en la elección ya efectuada y tampoco incide en el llamado que, posteriormente, le haga la (mesa directiva a un candidato no elegido, pues éste se hace en virtud de lo dispuesto constitucionalmente en los artículos 134 y 261 para los casos en que se produzcan faltas absolutas o temporales de los congresistas que, conforme a esas normas, deben ser suplidas por los candidatos que según el orden de inscripción en forma sucesiva y descendente correspondan a la misma lista electoral.
Por consiguiente, no existe razón válida para aceptar el planteamiento del demandante en el sentido de que la inhabilidad del numeral 2º del artículo 179 respecto del congresista “llamado” debe comprender no solo el período de los doce meses anteriores a la elección, sino igualmente el período de los doces meses que anteceden a la posesión como congresista. De ninguna norma constitucional surge el fundamento para establecer que esa inhabilidad comprende los dos períodos indicados. El período de la inhabilidad es uno solo y ya ha quedado definido que es el anterior a la fecha de la elección de por lo menos un candidato de la lista electoral de la cual hizo parte el candidato “llamado”. Es decir que la inhabilidad se configura si el candidato “llamado” desempeñó cargo público que implique ejercicio de jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección de por lo menos uno de los candidatos que integraron la lista de la cual aquel hizo parte.
No se desconoce el inciso segundo del artículo 261 de la citada Carta Política, en cuanto dispone que el congresista “llamado” quedará sometido al mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades “a partir de su posesión”, pues esta locución expresa el momento a partir del cual se puede hacer efectivo a ese congresista el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, pues antes de ese acto aquel no tiene esa calidad, sino apenas la mera expectativa de obtenerla, y, por tanto, no puede ser sujeto de proceso de pérdida de investidura o del electoral. Esto sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 183 de la Carta Política. En realidad, se deben distinguir dos situaciones. La primera, relativa al período de las inhabilidades; la segunda, referente al momento a partir del cual quedan sometidos al régimen de inhabilidades, es decir de aquel en que se pueden hacer efectivas a través del proceso de pérdida de investidura o de nulidad de carácter electoral. La primera, se ha dicho, corresponde al período anterior a la elección; la segunda, al momento de la posesión del “llamado”.
Este caso es distinto al resuelto por la Sala en sentencia del 28 de agosto de 2001 (4) , pues, aunque en ambos la demanda se dirige contra un congresista “llamado”, en el de este proceso el desempeño del cargo que, según el demandante, implica el ejercicio de autoridad política, civil y administrativa ocurrió dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la posesión del congresista, mientras que en aquel el demandado desempeñó el cargo dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección del candidato que ocupó el primer renglón de la lista electoral. Es decir que en aquel caso se decretó la pérdida de investidura porque el demandado sí incurrió en la citada inhabilidad del numeral 2º del artículo 179 de la Carta Política.
(4) Expediente 2001-0112. Consejero Ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
En esta forma la Sala concluye que no se configura la causal de inhabilidad invocada respecto del demandado y, por tanto, se negará la pretensión de pérdida de investidura de congresista del representante a la Cámara Carlos Uribe Ángel Cely».
(Sentencia de octubre 9 de 2001. Expediente AC-0147-2001. Magistrado Ponente: Dr. Darío Quiñones Pinilla).
A continuación y con el debido respeto consignamos la aclaración de voto a la sentencia aprobada mayoritariamente por la Sala Plena.
Tal como hemos venido dejando constancia en los salvamentos de voto proferidos frente a las sentencias dictadas dentro de los procesos Nº AC-12300 y Pl-01 12-01, aprobadas el 15 de mayo y el 24 de agosto del presente año, respectivamente, por los motivos allí expresados no compartimos las consideraciones adoptadas entonces, las cuales se transcriben en la providencia que se aclara.
No obstante, en el caso concreto, estamos de acuerdo en que cuando se trata de procesos de pérdida de investidura relativos a quienes no son elegidos sino “llamados” para cubrir las vacantes, tal como lo indica el inciso segundo del artículo 181 de la Constitución Nacional las incompatibilidades surgen es a partir de la posesión, pero en el numeral 2º del artículo 179 ibídem es clara la norma al determinar que el ejercicio de los cargos allí enunciados es causal de inhabilidad si ha tenido lugar dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección por lo cual, como se dijo en la sentencia, la inhabilidad está ligada a la elección y por tratarse de precepto de naturaleza restrictiva no sería posible extenderla válidamente a los “llamados”.
María Inés Ortiz Barbosa—Germán Rodríguez Villamizar
Comparto la decisión de que la persona que ha sido llamada a suplir la vacancia temporal del congresista elegido no queda cobijada por el régimen de inhabilidades e incompatibilidades propio de éste, durante el período comprendido entre el momento de la elección y el momento en que se le hace el llamamiento para que ocupe la curul, pues, de acuerdo con el inciso 2º del artículo 181 de la Constitución Política, “Quien fuere llamado a ocupar el cargo, quedará sometido al mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades a partir de su posesión”, norma esta que, en concordancia con el parágrafo 1º del artículo 261 ibídem, cuyo texto prescribe que “Las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución Nacional y las leyes, se extenderán en igual forma a quienes asuman las funciones de las faltas temporales durante el tiempo de su asistencia”, indica con claridad que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades propio de los congresistas se aplica al llamado, solamente durante el tiempo que desempeña el cargo, no antes, ni después.
Como en la providencia comentada se hace referencia a la sentencia de la corporación que cambió la tesis de la Sala en el sentido de que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades se aplicaba al llamado en el momento de la elección del congresista que salió electo y no a partir de su posesión, como lo dice la Constitución Política, he considerado oportuno aclarar que dicho cambio de jurisprudencia no fue compartido por el suscrito, con fundamento en las razones expuestas.
Comparto la decisión contenida en la sentencia por cuanto considero que efectivamente no se presenta la causal de inhabilidad solicitada por las razones expuestas en la providencia. Mi aclaración se limita, como en ocasiones anteriores, a la interpretación de las inhabilidades e incompatibilidades de los llamados a ocupar el cargo de congresistas porque, en mi criterio, de conformidad con lo prescrito por los artículos 179 y 181 de la Constitución Política si bien existe un mismo régimen de inhabilidades y de incompatibilidades para quienes resulten elegidos como congresistas y para quienes sean llamados a ocupar las vacancias absolutas o temporales, la fecha para contabilizar su operancia en unos y en otros es diferente, toda vez que el artículo 181, inciso segundo, prescribe: “(...) Quien fuere llamado a ocupar el cargo, quedará sometido al mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades a partir de su posesión”.
Es incuestionable que es la elección y no el llamado que hace la mesa directiva lo que genera la vocación del candidato no elegido a suplir las vacancias según el orden de inscripción en la misma lista electoral pero no es menos cierto que la Constitución no partió de la elección sino de la posesión para determinar la aplicación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades en relación con los llamados, a pesar de ser el mismo para unos y otros. Vale decir, el mismo régimen se aplica a los elegidos a partir de la elección y a los llamados a partir de su posesión.
Debe tenerse en cuenta que las inhabilidades requieren consagración expresa y existiendo una norma superior que de manera clara determina el tiempo en que deben empezar a regir debe aplicarse su tenor literal sin entrar en consideraciones sobre el derecho que es, con base en lo que debería ser.
Con todo comedimiento,Sentencia T-397 de 2004Jesús María Lemos Bustamante.

References: artículo 183
 artículo 179
 artículo 183
 artículo 179
 artículo 183
 artículo 179
 artículo 181
 artículo 181
 artículo 179
 artículo 181
 artículo 93
 artículo 261
 artículo 181
 artículo 179
 artículo 179
 artículo 179
 artículo 179
 artículo 179
 artículo 179
 artículo 181
 artículo 179
 artículo 181
 artículo 179
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 artículo 261
 artículo 183
 artículo 179
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 artículo 261
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