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Timestamp: 2018-11-14 04:32:47+00:00

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Asunto C‑398/15 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce v. Salvatore Manni – derecho al olvido y quiebras – RDYNT Revista de Derecho y Nuevas Tecnologías
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. YVES BOT presentadas el 8 de septiembre de 2016 (1) Asunto C‑398/15 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce contra Salvatore Manni [Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo…
«Procedimiento prejudicial — Datos personales — Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de estos datos — Directiva 95/46/CE —Artículo 6, apartado 1, letra e), y artículo 7, letras c), e) y f) — Datos publicados en el registro de sociedades — Primera Directiva 68/151/CEE — Artículo 2, apartado 1, letras d) y j), y artículo 3 — Derecho al olvido — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 7 y 8»
1. A raíz de su sentencia de 13 de mayo de 2014, Google Spain y Google (C‑131/12, EU:C:2014:317), se solicita al Tribunal de Justicia que precise los límites del derecho de las personas físicas a obtener la supresión o la anonimización de sus datos personales, en esta ocasión en el contexto particular de la publicidad legal de la información relativa a las sociedades.
3. Se trata, por un lado, de la Directiva 68/151/CEE del Consejo, de 9 de marzo de 1968, Primera Directiva tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades definidas en el segundo párrafo del artículo 58 del Tratado, para proteger los intereses de socios y terceros, (2) en su versión modificada por la Directiva 2003/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, (3) (en lo sucesivo, «Directiva 68/151») y, por otro lado, de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. (4)
4. La presente petición de decisión prejudicial ha sido planteada en el marco de un litigio entre el Sr. Salvatore Manni y la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce, Italia (Cámara de Comercio, Industria, Artesanado y Agricultura de Lecce; en lo sucesivo, «Cámara de Comercio de Lecce»), al Sr. Salvatore Manni, sobre la negativa de esta última a eliminar del registro de sociedades ciertos datos personales relativos al Sr. Manni. (5)
5. En las presentes conclusiones, propondré al Tribunal de Justicia que responda a la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación, Italia) que el artículo 2, apartado 1, letras d) y j), y el artículo 3 de la Directiva 68/151, así como el artículo 6, apartado 1, letra e), y el artículo 7, letras c), d) y f), de la Directiva 95/46, deben interpretarse, a la luz de los artículos 7 y 8 de la Carta, en el sentido de que se oponen a que los datos personales inscritos en el registro de sociedades puedan ser, tras un cierto período y a solicitud de la persona afectada, ya cancelados, anonimizados o bloqueados, ya puestos a disposición únicamente de un grupo restringido de terceros, a saber, los que justifiquen un interés legítimo en tener acceso a dichos datos.
6. En virtud del artículo 1 de la Directiva 68/151, las medidas de coordinación prescritas por ésta se aplicarán a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a las siguientes formas de sociedades, a saber, en la República italiana, «[la] società per azioni, [sociedad por acciones], [la] società in accomandita per azioni [sociedad en comandita por acciones] [y la] società a responsabilità limitata [sociedad de responsabilidad limitada]».
12. A tal fin, la Directiva 2012/17 ha introducido, en particular, el artículo 7 bis de Directiva 2009/101, que establece:
«El tratamiento de datos personales que se efectúe en el contexto de la presente Directiva se hará conforme a lo dispuesto en la Directiva 95/46[…]»
e) conservados en una forma que permita la identificación de los interesados durante un período no superior al necesario para los fines para los que fueron recogidos o para los que se traten ulteriormente. Los Estados miembros establecerán las garantías apropiadas para los datos personales archivados por un período más largo del mencionado, con fines históricos, estadísticos o científicos
18. El capítulo II, sección II, de la Directiva 95/46, titulado «Principios relativos a la legitimación del tratamiento de datos», el artículo 7 de esta Directiva establece:
22. El artículo 8, apartados 1 y 2, de la Ley n.º 580 — Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Ley n.º 580, relativa a la reorganización de las cámaras de comercio, industria, artesanado y agricultura), de 29 de diciembre de 1993, (8) prevé que se encargará a las cámaras de comercio, industria, artesanado y agricultura la llevanza del registro de sociedades.
23. El decreto del Presidente della Repubblica n. 581 — Regolamento di attuazione dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle impresa di cui all’articolo 2188 del codice civile (Decreto del Presidente de la República n.º 581, por el que se establece el Reglamento de desarrollo del artículo 8 de la Ley n.º 580, de 29 de diciembre de 1993, por la que se crea el registro de sociedades previsto en el artículo 2188 del Código civil), de 7 de diciembre de 1995, (9) regula determinados pormenores relativos al registro de sociedades.
24. La transposición al Derecho italiano de la Directiva 95/46 viene garantizada por el decreto legislativo n. 196 — Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n.º 196 por el que se establece un Código en materia de protección de datos personales), de 30 de junio de 2003. (10)
29. Mediante sentencia de 1 de agosto de 2011, el Tribunale di Lecce (Tribunal de Lecce) acogió estas pretensiones y ordenó a la Cámara de Comercio de Lecce que hiciera anónimos los datos que vinculaban al Sr. Manni con el concurso de Immobiliare Salentina y la condenó a indemnizar el perjuicio sufrido por aquél, fijado en 2 000 euros, aumentado en los intereses y las costas.
30. En efecto, el Tribunale di Lecce (Tribunal de Lecce) estimó que «difícilmente puede afirmarse que sea necesaria y útil la indicación del nombre del administrador único de la sociedad en el momento del concurso», debido a que «se trata de hechos producidos hace más de una década y pese a la cancelación de la inscripción registral de la sociedad […] desde hace más de dos años». Según este Tribunal, la «“memoria histórica” de la existencia de la sociedad y de las dificultades que atravesó […] también puede reflejarse en una amplia medida mediante datos anónimos». En efecto, las inscripciones que vinculan el nombre de una persona física a una fase crítica de la vida de la empresa (como el concurso de acreedores) no pueden ser indefinidas, a falta de un interés general específico en su conservación y divulgación». A falta de la previsión en el Código civil de una duración máxima de la inscripción, este órgano jurisdiccional consideró que «una vez transcurrido un plazo de tiempo razonable» desde la finalización del concurso y una vez que se ha cancelado la inscripción de la sociedad en el registro, desaparecen la necesidad y la utilidad en el sentido del Decreto Legislativo n.º 196, de la indicación del nombre del antiguo administrador único en el momento del concurso, pues el interés público puede atenderse indicando las vicisitudes de la sociedad mediante datos anónimos relativos a la persona física que era su representante legal.
«1) ¿Prevalece y, por consiguiente, se opone, el principio de conservación de los datos personales en una forma que permita la identificación de los interesados durante un período no superior al necesario para los fines para los que fueron recogidos o para los que se traten ulteriormente, previsto en el artículo 6, [apartado 1,] letra e), de la Directiva 95/46 […], transpuesta en el Derecho italiano mediante el Decreto Legislativo n.º 196 […], al sistema de publicidad que opera el registro de sociedades, previsto en la […] Directiva 68/151 […] y, en el Derecho interno, en los artículos 2188 del Código Civil y 8 de la Ley n.º 580, de 29 de diciembre de 1993, [relativa a la reorganización de las cámaras de comercio, industria, artesanado y agricultura] en la medida en que exige que cualquier persona, sin límite temporal, pueda conocer los datos de las personas físicas que constan en ese registro?
35. Las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente están dirigidas a conciliar dos principios, a saber, por un lado, el principio de publicidad de los registros de sociedades, consagrado en la Directiva 68/151, y, por otro, el principio de conservación de los datos personales por un período no superior al necesario para la consecución de los objetivos para los cuales son tratados tales datos, establecido en la Directiva 68/151.
38. A tenor del artículo 2, apartado 1, letras d) y j), de la Directiva 68/151, los datos que deben figurar en los registros de sociedades constituyen datos personales en el sentido del artículo 2, letra a), de la Directiva 95/46, puesto que se trata de «información sobre una personas física identificada o identificable». (12) La circunstancia de que esa información se integre en el contexto de una actividad profesional no puede privarla de su calificación como conjunto de datos personales. (13)
40. No se discute que el registro, la conservación y la puesta a disposición de datos personales por la autoridad encargada de la llevanza del registro de sociedades revista el carácter de un «tratamiento de datos personales» en el sentido del artículo 2, letra b), de la Directiva 95/46. Además, esta autoridad es la «responsable del tratamiento» en el sentido del artículo 2, letra b), de dicha Directiva.
60. Como se desprende de su considerando 1, la Directiva 68/151 está dirigida a favorecer el desarrollo del mercado interior. Para alcanzar este objetivo, dicha Directiva prevé normas mínimas comunes sobre la publicidad de las sociedades y sobre la información mínima que los registros deben contener, en aras de la seguridad jurídica necesaria para los intercambios y del propio desarrollo del mercado interior.
61. Según el considerando 2 de la Directiva 68/151, el objetivo de ésta consiste en garantizar la protección de los intereses de terceros. En particular, según el considerando 4 de dicha Directiva, «la publicidad deberá permitir a los terceros conocer los actos esenciales de la sociedad y ciertas indicaciones relativas a ella, en particular la identidad de las personas que tienen el poder de obligarla». De igual modo, de los considerandos 4 a 6 de dicha Directiva se desprende que el hecho de comunicar a terceros los actos y las indicaciones esenciales relativos a la sociedad, y en particular los datos relativos a las personas que tienen el poder de obligarla, está estrechamente vinculado a la necesidad de limitar, en tanto sea posible, las causas de invalidez de los compromisos contraídos en nombre de la sociedad. Por tanto, la publicidad de datos inscritos en el registro de sociedades tiene como finalidad garantizar la seguridad jurídica de las operaciones comerciales.
62. El legislador de la Unión ha subrayado así la importancia para los terceros de poder acceder a los datos relativos a personas que tienen la facultad de representar a la sociedad o que participan en la administración, la vigilancia o el control de la misma. En su sentencia de 12 de noviembre de 1974, Haaga (32/74, EU:C:1974:116), el Tribunal de Justicia señaló que el objetivo de la Directiva 68/151 consiste en garantizar «la seguridad jurídica en las relaciones entre la sociedad y los terceros dentro de la perspectiva de una intensificación del tráfico mercantil entre los Estados miembros como consecuencia de la creación de un mercado común». (24) Desde tal perspectiva, es importante, en su opinión que «toda persona deseosa de establecer y mantener relaciones comerciales con sociedades radicadas en otros Estados miembros pueda fácilmente tomar conocimiento de los datos esenciales relativos a la constitución de las sociedades mercantiles y a los poderes de las personas encargadas de representarlas». (25) Por ello, «en el interés de negocio jurídico entre nacionales de los distintos Estados miembros, es necesario […] que todos los datos pertinentes figuren de manera explícita en unos registros o repertorios oficiales». (26) Cada una de las autoridades nacionales encargada de la llevanza del registro de sociedades se convierte así en «depositaria de lo que viene a ser el estado civil de las personas jurídicas». (27)
79. En concreto, en el marco del presente asunto, el interés del Sr. Manni en que su actividad pasada como administrador de una sociedad que ha debido poner fin a sus actividades como consecuencia de un concurso no se ponga en conocimiento del público se opone al interés de los terceros en poder informarse de ello, incluso a posteriori, para saber quién estaba facultado para actuar en nombre de esta sociedad cuando se hallaba todavía en activo. Así, puede resultar útil para un futuro comprador de un bien inmueble saber desde hace cuánto años la sociedad encargada de la construcción de tal bien opera en el mercado, si la persona que dirige esta sociedad ya estaba al frente de otras sociedades en el pasado y cuál fue la trayectoria de estas sociedades. En particular, la circunstancia de que una de las sociedades haya sido declarada en quiebra puede constituir, desde el punto de vista del comprador, un elemento determinante en el acto de la compra.
86. Ha de añadirse, al igual que el Gobierno italiano, que el hecho de que una sociedad haya quedado sujeta a un procedimiento concursal no constituye de suyo una indicación que vulnere la reputación o el honor del administrador que la ha representado. En efecto, la declaración de concurso de una sociedad puede haber venido causada por circunstancias exteriores que no se deban directamente a una mala gestión de la sociedad, por ejemplo como consecuencia de una crisis económica o de una disminución de la demanda en el sector cuestión.
87. En cuarto lugar, no creo que la solución propuesta por la Comisión, que consiste en limitar, tras un cierto período contado a partir de la cesación de las actividades de una sociedad mercantil, la comunicación de información inscrita en el registro de sociedades a un grupo restringido de terceros que justifiquen un interés legítimo en conocer esta información, que prevalezca sobre los derechos fundamentales de la persona afectada protegidos por el artículo 7 y 8 de la Carta, pueda, en el estado de desarrollo actual del Derecho de la Unión, garantizar un justo equilibrio entre el objetivo de protección de terceros y el derecho a la protección de los datos personales inscritos en el registro de sociedades.
94. Ciertamente, la Directiva 68/151 prevé medidas de coordinación que no están dirigidas a regular todos los aspectos relativos en los registros de sociedades de los Estados miembros. Así, por ejemplo, la fijación de criterios de búsqueda que permitan acceder a la información que figura en estos registros queda comprendida en la facultad de apreciación de los Estados miembros. (42) No obstante, del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 68/151 se desprende claramente que ésta tiene como finalidad fijar la base mínima de información relativa a las sociedades que debe ser objeto de una publicidad obligatoria. Resultaría vano prever tal base uniforme para todos los Estados miembros si cada uno de ellos pudiera modular en el tiempo y en función de la existencia o no de un interés legítimo el acceso a la información que figura en su registros de sociedades. Ello sería igualmente contrario al objetivo de coordinación de las legislaciones nacionales, que consiste, por lo que respecta a las directivas basadas en el artículo 54 del Tratado, en eliminar los obstáculos a la libertad de establecimiento que resultan de la heterogeneidad de las normativas de los distintos Estados miembros creando en la Unión, en relación concretamente con el objetivo previsto en el artículo 54, apartado 2, letra g), del Tratado unas condiciones jurídicas mínimas equivalentes por lo que respecta al alcance de los datos financieros que las sociedades competidoras deben poner en conocimiento del público. (43)
95. Además ha de recordarse que la Directiva 95/46 está dirigida, como se desprende en particular de su considerando 8, a hacer equivalente en todos los Estados miembros el nivel de protección de los derechos y libertades de las personas por lo que se refiere al tratamiento de datos personales.
101. Por último, ha de observarse que el análisis que precede es compatible con el artículo 17, apartado 3, letras b) y d), del Reglamento (UE) n.º 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46 (Reglamento general de protección de datos). (46) En efecto, esta disposición prevé que el derecho de supresión de datos personales o «el derecho al olvido» no se aplicará cuando el tratamiento sea necesario «para el cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento de datos impuesta por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento, o para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable», o «con fines de archivo en interés público».
2 DO 1968, L 65, p. 8; EE 17/01 p. 3
8 Suplemento ordinario al GURI n.º 7, de 11 de enero de 1994.
9 GURI n.º 28, de 3 de febrero de 1996.
10 Suplemento ordinario al GURI n.º 174, de 29 de julio de 2003; en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.º 196».
27 Según la expresión utilizada por Le Cannu, P., y Dondero, B., Droit des sociétés, 4.ª ed., Montchrestien, 2011, p. 220, § 360.
29 Véase en particular la sentencia de 6 de octubre 2015, Schrems (C‑362/14, EU:C:2015:650), apartado 92 y jurisprudencia citada.
30 Véase en particular la sentencia de 6 de octubre 2015, Schrems (C‑362/14, EU:C:2015:650), apartado 42 y jurisprudencia citada.
40 Auto de 23 de septiembre de 2004, Springer (C‑435/02 et C‑103/03, EU:C:2004:552), apartado 33 (el subrayado es mío).
41 Auto de 23 de septiembre de 2004, Springer (C‑435/02 et C‑103/03, EU:C:2004:552), apartado 33.
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