Source: https://www.boe.es/eli/es/rd/2018/10/11/1267
Timestamp: 2019-02-24 00:17:16+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-2018-15405
Documento BOE-A-2018-15405
«BOE» núm. 272, de 10 de noviembre de 2018, páginas 109393 a 109404 (12 págs.)
BOE-A-2018-15405
https://www.boe.es/eli/es/rd/2018/10/11/1267
El presente real decreto, que se dicta en desarrollo del artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, al amparo de la habilitación que otorga al Gobierno la disposición final séptima de la mencionada Ley, tiene por objeto principal adecuar la planificación aeroportuaria a los importantes cambios normativos introducidos en los últimos años en materia de evaluación ambiental estratégica de planes, y de organización administrativa en el sector del transporte aéreo.
La disposición final séptima de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, exige que las normas sectoriales reguladoras de la tramitación y de la adopción o aprobación de planes y programas contengan las disposiciones necesarias para garantizar que aquéllos comprendidos en el ámbito de aplicación de dicha ley se sometan a una evaluación ambiental estratégica antes de su adopción o aprobación.
Asimismo, exige que las normas sectoriales reguladoras de la tramitación y de la adopción o aprobación de los instrumentos de planificación establezcan los plazos que esa ley atribuye a las diversas fases del procedimiento al órgano sustantivo y a los promotores de los planes.
Estos mandatos originan y justifican por sí solos la modificación que se emprende en lo que se refiere a los Planes Directores de los aeropuertos de interés general, sin que pueda hacerse extensible por el Estado a los Planes Especiales aeroportuarios, de naturaleza urbanística, cuya regulación corresponde, por tanto, a las administraciones territoriales con competencias en materia de urbanismo y ordenación del territorio.
También es ineludible acometer las modificaciones precisas para adaptar la regulación y aprobación de los Planes Directores de los aeropuertos de interés general a la realidad aeroportuaria española actual, muy alejada de la existente cuando se aprobó el real decreto que ahora se modifica. Esta realidad se caracteriza por la coexistencia de los aeropuertos de interés general gestionados por Aena S.M.E., S.A., con otros aeropuertos de interés general de titularidad no estatal cuya existencia no se pudo prever hasta después de la aprobación de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que extendió la propiedad y abrió la gestión de los aeropuertos de interés general a entidades y personas privadas y públicas distintas del Estado y de las Corporaciones Locales; por la separación clara entre gestores aeroportuarios y proveedores de servicios de navegación aérea que acometió la Ley 9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas condiciones laborales para los controladores de tránsito aéreo; y por el nuevo modelo de gestión aeroportuaria nacido del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, y consagrado posteriormente por la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
La actual configuración de Enaire como entidad pública empresarial especializada exclusivamente en materia de navegación aérea exige que las funciones administrativas que la Aena original venía realizando en materia de planificación de aeropuertos de interés general se atribuyan a la Dirección General de Aviación Civil de manera coherente con su papel de órgano responsable de establecer la política y estrategia aeroportuaria del Estado, sin olvidar que en aquella entidad se residencian otras competencias, las previstas en el artículo 18 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, que inciden sin duda en la configuración de la explotación individual de cada aeropuerto, como son las relativas a la navegación aérea y al espacio aéreo. La relación entre la planificación aeroportuaria y la gestión de la navegación aérea se ha puesto de manifiesto en la modificación que la Ley 18/2014, de 15 de octubre, ha realizado del apartado 1 del artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, donde se consagra expresamente que el Plan Director garantizará las necesidades del tránsito y transporte aéreo, así como las de gestión del espacio aéreo y los servicios de navegación aérea, además del cumplimiento de los fines de interés general establecidos para los aeropuertos de interés general. Una adecuada planificación aeroportuaria requiere, por tanto, de la participación de Enaire, en particular y destacadamente, respecto a la propuesta de maniobras que realizan las aeronaves, ya que condiciona determinantemente actuaciones posteriores como son los proyectos aeroportuarios, los planes de aislamiento acústico que puedan imponerse a resultas de la oportuna evaluación de impacto ambiental, así como las servidumbres aeronáuticas acústicas.
En los aeropuertos españoles se han establecido dos regímenes normativos distintos para los aeropuertos de interés general, atendiendo a si forman parte de la red de Aena S.M.E., S.A., o a si se refieren a otros aeropuertos de titularidad distinta a la del Estado. Para la red de aeropuertos de interés general de Aena S.M.E., S.A., se prevé la intervención de los Comités de Coordinación Aeroportuaria, como instrumento de coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, articulando la necesidad de obtener informe de estos órganos interadministrativos durante la tramitación de los correspondientes Planes Directores, como exige el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que modifica el artículo 13 del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre. Adicionalmente, la Ley 18/2014, de 15 de octubre, ha establecido un documento de regulación aeroportuaria, DORA, para la red de aeropuertos de interés general de Aena S.M.E., S.A. Este documento tiene carácter de regulación económica y en él se detallan, entre otros aspectos, las inversiones que Aena S.M.E., S.A., deberá acometer por aeropuerto en el corto plazo de cinco años. Dichas inversiones deberán ser coherentes con el Plan Director del aeropuerto vigente, que establece la planificación aeroportuaria a largo plazo y es sometido a evaluación ambiental estratégica. La naturaleza de ambos documentos, DORA y Plan Director, son distintas, su objetivo, contenido y horizonte, diferentes, por lo que no procede aquí regular su interacción.
Tal y como se ha anticipado anteriormente, es necesario incluir en la documentación de los Planes Directores una descripción de las operaciones aéreas que permitan dotar de coherencia el desarrollo sostenible del aeropuerto, ya que es evidente la estrecha conexión existente entre éstas y el ruido aeroportuario.
Como novedad, se introduce la necesidad de que los Planes Directores contengan junto con el estudio de las magnitudes económicas un estudio coste beneficio, en línea con las tendencias normativas de otros países que se vienen asentado en nuestro ordenamiento a través, entre otras, de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, en orden a lograr una mayor eficiencia también en las inversiones públicas, desde una perspectiva de marcado carácter económico-social que justifique la alternativa propuesta con un alcance acotado a la propia fase de planificación, no sólo en términos de rentabilidad económica sino en su condición de infraestructuras que ofrecen servicios que satisfacen necesidades públicas. Asimismo, es necesario tener en cuenta la política europea de ayudas públicas en materia de aeropuertos.
Mientras que la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, define la figura del promotor del plan y le atribuye distintas responsabilidades relacionadas con la tramitación de la evaluación ambiental estratégica de los Planes Directores, la normativa aeronáutica únicamente contempla la figura del gestor, desde una doble vertiente, como responsable de la elaboración de los Planes Especiales y como beneficiario del régimen especial de exención de control municipal de las obras que se realicen en el sistema general aeroportuario por una parte, tal y como figura en los apartados 2 y 3 del artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, en la redacción dada por la Ley 18/2014, de 15 de octubre, y como sujetos obligados al cumplimiento de las obligaciones impuestas por razones de seguridad por otra, como establece la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.
La nueva redacción propuesta trata de compatibilizar esta doble terminología, y así se encarga al promotor del plan, en su condición de sujeto interesado en la construcción, ejecución y explotación del aeropuerto, la elaboración del Plan Director, y al gestor designado por éste, las actuaciones previstas en los artículos 9 y 10 del real decreto que se modifica, que se refieren a fases posteriores más cercanas a las actividades propias de la gestión y explotación aeroportuaria. Ello es compatible con que coincida en el promotor del plan la cualidad de gestor.
En aras a la eficacia administrativa y a las necesidades de gestión aeroportuaria se modifica el artículo dedicado a la revisión de los Planes Directores, eliminando la obligatoriedad de actualización en un plazo determinado para considerar que deberán ser revisados o modificados únicamente cuando las necesidades aeroportuarias así lo exijan. Partiendo de ello, es necesario acometer la modificación del sistema de revisión de los mismos a fin de atender las diversas peculiaridades que pueden merecer distintas intensidades en función de la naturaleza de la modificación que se aborde.
Como ya se ha adelantado, se ha procedido a modificar igualmente los artículos 9 y 10 con el objeto de adecuarse a la nueva redacción que del artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, realiza la Ley 18/2014, de 15 de octubre.
La disposición adicional segunda del real decreto que se modifica merece una revisión para reforzar la prevalencia de la competencia del Estado en materia de planificación de aeropuertos de interés general sobre las competencias de planificación territorial y urbanística de las administraciones territoriales que se manifiesta a través de la exigencia de que los proyectos de instrumentos de planificación urbanística y de ordenación territorial que resulten afectados por las determinaciones previstas en los Planes Directores de los aeropuertos de interés general sean informados con carácter previo a su aprobación inicial por la Dirección General de Aviación Civil. No se trata de modificar el esquema que tan buenos resultados ha obtenido desde la aprobación del Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, hace ya veinte años, y que responde a la consolidada doctrina emanada del Tribunal Constitucional que considera estos informes como instrumentos idóneos de coordinación interadministrativa para preservar las competencias estatales de otras competencias que concurren en el mismo ámbito físico y que encuentran amparo en títulos jurídicos distintos, sino de incidir, aclarar y ordenar con más énfasis si cabe, que los proyectos de planes territoriales y urbanísticos afectados por los Planes Directores de los aeropuertos de interés general no pueden incluir determinaciones que supongan interferencia o perturbación en el ejercicio de las competencias de planificación y explotación aeroportuaria. De esta forma es necesario insistir en que las determinaciones de los Planes Directores con incidencia en el entorno de los aeropuertos de interés general, destacadamente la previsión de servidumbres de instalaciones planificadas en la zona de servicio, incluidas las acústicas, no suponen una limitación ni a la propiedad ni al urbanismo existente, pero sí son vinculantes a través de los informes que debe evacuar la Administración General del Estado, para el planificador del territorio y del urbanismo cuando ejerce su potestad con proyección a futuro con el objeto de que el desarrollo urbanístico no impida el futuro crecimiento del aeropuerto.
Como consecuencia, los proyectos de instrumentos de planificación territorial y urbanística no podrán aprobarse sin informe positivo en aquello que afecte a las competencias del Estado en materia de planificación aeroportuaria, ya que, en caso contrario, ésta resultaría vacía de contenido.
Se añade como objeto de control del informe de la Dirección General de Aviación Civil además de los proyectos de planificación urbanística y de ordenación territorial, aquellas actuaciones que podrían denominarse de ejecución directa, por no ampararse en instrumentos previos de planificación, pero que sin duda pueden incidir gravemente en las competencias del Estado de planificación y explotación aeroportuaria, como puedan ser aquellas destinadas a implantar parques eólicos, o antenas y torres de comunicaciones. Estas actuaciones de ejecución directa se someten, por tanto, a distinto control de la autoridad aeronáutica, en función de dónde se pretendan realizar. En el caso de que dicha actuación se encuentre en el ámbito de servidumbres aeronáuticas establecidas conforme a lo dispuesto en la Ley de Navegación Aérea, le será de aplicación el régimen previsto en los artículos 30 y siguientes del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de Servidumbres Aeronáuticas, mientras que si se encuentran en ámbitos afectadas por las propuestas de servidumbres aeronáuticas incluidas en los Planes Directores les será de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional segunda del Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, que ahora se modifica, es decir, el régimen jurídico propio de la planificación aeroportuaria. De este modo, se consigue que estas actuaciones, que pueden poner en entredicho la explotación aeroportuaria, se sometan siempre a escrutinio de la autoridad aeronáutica competente.
La presente norma se adecua a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y cumple con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.
En la tramitación de este real decreto se ha tenido en cuenta el parecer de las comunidades autónomas, y se ha dado audiencia a las organizaciones representativas del sector.
Este real decreto, que se dicta al amparo de las competencias exclusivas que atribuye al Estado el artículo 149.1.20 de la Constitución en materia de aeropuertos de interés general, tránsito y transporte aéreo, tiene su fundamento legal en el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en relación con la disposición final séptima de la misma norma legal.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento, con la aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de octubre de 2018,
Artículo único. Modificación del Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio, en ejecución de lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
El Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio, en ejecución de lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, se modifica como sigue:
Uno. Se modifica el artículo 2.1.a), que pasa a quedar redactado en los siguientes términos:
«a) Las superficies necesarias para la ejecución de las actividades de tráfico y transporte aéreos; estancia, reparación y suministro a las aeronaves; recepción o despacho de viajeros y mercancías; servicios a pasajeros y a las empresas de transporte aéreo; acceso y estacionamiento de vehículos; servicios de navegación aérea, y, en general, todas aquellas que sean necesarias para la mejor gestión del aeropuerto.»
Dos. Se modifica el artículo 4, que pasa a quedar redactado como sigue:
«El Plan Director del aeropuerto contendrá los siguientes documentos:
h) Cuando proceda, la resolución del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda a la que hace referencia el artículo 7.5.»
Tres. Se modifica el título del artículo 5 y su contenido, que pasa a quedar redactado como sigue:
«Artículo 5. Competencias para la elaboración y aprobación de los Planes Directores.
3. Corresponde a la Dirección General de Aviación Civil la instrucción, impulso y tramitación del procedimiento de aprobación de los Planes Directores de los aeropuertos de la red gestionados por Aena S.M.E., S.A., y de su evaluación ambiental estratégica, así como de los demás aeropuertos de interés general.»
Cuatro. Se introduce un artículo 5 bis, titulado «Inicio de la tramitación de los Planes Directores» del siguiente tenor:
«1. El promotor del Plan Director remitirá a la Dirección General de Aviación Civil una solicitud de aprobación de dicho plan acompañada de su borrador, y de una petición de inicio de evaluación ambiental estratégica ordinaria o simplificada, según proceda, junto a un documento inicial estratégico en los términos previstos en los artículos 18.1 y 29.1 respectivamente de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. El borrador de Plan Director se presentará junto con el informe de conformidad de la entidad pública empresarial Enaire en relación con las materias de su competencia, en particular sobre planificación y diseño de la estructura, organización y utilización del espacio aéreo, así como respecto a la propuesta de maniobras que condicionan la utilización, explotación y crecimiento del aeropuerto.
En el supuesto de que la documentación no se ajuste a dichas previsiones, la Dirección General de Aviación Civil requerirá al promotor del plan para que complete o subsane la documentación aportada en el plazo de diez días hábiles, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El promotor del plan podrá solicitar una extensión del plazo de subsanación por un máximo de 5 días hábiles cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.»
Cinco. Se introduce un artículo 5 ter, titulado «Evaluación ambiental estratégica ordinaria o simplificada y tramitación de los Planes Directores», del siguiente tenor:
«1. La Dirección General de Aviación Civil trasladará al órgano ambiental la solicitud de iniciación junto con la documentación recibida conforme a lo previsto en los artículos 18.3 y 29.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.
9. Antes de su aprobación, la propuesta de los Planes Directores de los aeropuertos integrados en la red de Aena S.M.E., S.A., será remitida al Comité de Coordinación Aeroportuaria correspondiente, en virtud de lo establecido en el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, que deberá emitir su informe en el plazo de treinta días hábiles, transcurridos los cuales se entenderá emitido en sentido favorable. Corresponde a la Dirección General de Aviación Civil la remisión de estas propuestas a dicho comité, así como la valoración del informe que éste emita.»
Seis. Se introduce un artículo 5 quáter, titulado «Aprobación y publicación de los Planes Directores», del siguiente tenor:
«1. Publicada la declaración ambiental estratégica, o el informe ambiental estratégico en el “Boletín Oficial del Estado”, de acuerdo con lo previsto, respectivamente, en los artículos 25 y 31 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, la Dirección General de Aviación Civil requerirá al promotor del Plan para que en el plazo máximo de diez días se pronuncie sobre la conveniencia de iniciar el trámite de resolución de discrepancias previsto en el artículo 12 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y en el caso de estimarlo necesario o conveniente, remitirá al órgano ambiental el escrito de discrepancias del citado artículo 12 a los efectos previstos en el mismo.
4. La aprobación por el Ministro de Fomento de los Planes Directores será objeto de publicación en el “Boletín Oficial del Estado” en los términos previstos en el artículo 26 y, en su caso, en el artículo 32, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.»
Siete. Se modifican el título del artículo 7 y su contenido, que pasan a quedar redactados como sigue:
«Artículo 7. Revisión, modificación y actualización de los Planes Directores.
6. La iniciación del procedimiento de revisión, modificación y actualización de los Planes Directores podrá realizarse a instancia del promotor o del Ministerio de Fomento.»
Ocho. Se modifica el artículo 9, que pasa a quedar redactado de la siguiente forma:
«1. El Plan Especial de ordenación del espacio aeroportuario o instrumento equivalente se formulará por el gestor de acuerdo con las previsiones contenidas en el correspondiente Plan Director del aeropuerto, y se tramitará y aprobará por la administración urbanística competente de conformidad con lo establecido por la legislación urbanística aplicable.
4. La aprobación definitiva de los Planes Especiales de ordenación del espacio aeroportuario o instrumentos equivalentes deberá ser notificada al gestor aeroportuario en la forma y plazos establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El citado gestor dará traslado de la aprobación definitiva y del contenido del Plan Especial o instrumento equivalente a la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.»
Nueve. Se modifica el artículo 10, que pasa a tener la siguiente redacción:
«1. Las obras que realice el gestor dentro del sistema general aeroportuario deberán adaptarse al Plan Especial de ordenación del espacio aeroportuario o instrumento equivalente. Para la constatación de este requisito, deberán someterse a informe de la administración urbanística competente, que se entenderá emitido en sentido favorable si no se hubiera evacuado de forma expresa en el plazo de un mes desde la recepción de la documentación. En el caso de que no se haya aprobado el Plan Especial o instrumento equivalente, las obras que realice el gestor en el ámbito aeroportuario deberán ser conformes con el Plan Director del aeropuerto.
2. Las obras realizadas en el ámbito del aeropuerto y su zona de servicio en virtud de autorización o arrendamiento no eximen a sus promotores de la obtención de los permisos, licencias y demás autorizaciones que sean exigibles por las disposiciones vigentes. El proyecto de construcción deberá adaptarse al Plan Especial de ordenación del espacio aeroportuario y a él se acompañará un informe del gestor sobre la compatibilidad con el Plan Especial o, en otro caso, sobre la necesidad de las obras y su conformidad con el Plan Director del aeropuerto.»
Diez. Se modifica el epígrafe 1 de la disposición adicional segunda, que pasará a tener la siguiente redacción:
«Las Administraciones u organismos competentes para la tramitación del planeamiento territorial o urbanístico remitirán al Ministerio de Fomento, antes de su aprobación inicial o trámite equivalente, los proyectos de planes o instrumentos de ordenación urbanística o territorial, o de cualquier otra índole que ordenen físicamente el territorio, así como sus revisiones o modificaciones, siempre que incluyan dentro de su ámbito la zona de servicio aeroportuaria o espacios sujetos a las servidumbres aeronáuticas legalmente establecidas, o a las propuestas de servidumbres aeronáuticas, incluidas las acústicas, previstas respecto a las actuaciones planificadas en la zona de servicio de los Planes Directores.
El informe previo, tanto en relación con las afecciones sobre las servidumbres aeronáuticas legalmente establecidas, como sobre las propuestas de servidumbres aeronáuticas, incluidas las acústicas, correspondientes a las instalaciones planificadas en la zona de servicio del Plan Director se adecuará a lo previsto en el artículo 29 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero.»
Once. Se añade una disposición adicional cuarta, con la siguiente redacción:
«En los procedimientos de elaboración de los Planes Directores, previo el trámite de información pública, se recabará informe vinculante del Ministerio de Defensa si el contenido del proyecto pudiera incidir sobre terrenos, edificaciones e instalaciones, incluidas sus zonas de protección, afectos a la defensa nacional, que deberá ser evacuado en el plazo de dos meses.»
Doce. Se añade una disposición final primera, con la siguiente redacción:
«Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo y ejecución.
Se autoriza al Ministro de Fomento para dictar, en el ámbito de sus propias competencias, las normas de ejecución y desarrollo del presente real decreto.»
Trece. La disposición final única de entrada en vigor queda renumerada como «disposición final segunda».
Disposición transitoria única. Planes en tramitación.
Los Planes Directores cuya tramitación se haya iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto, serán instruidos, impulsados y tramitados por la Dirección General de Aviación Civil conforme a lo previsto en el mismo.
No obstante, cuando la tramitación de dichos Planes Directores se haya iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, no les serán de aplicación los preceptos relativos a la evaluación ambiental estratégica contenidos en este real decreto.
Este real decreto se dicta al amparo de las competencias exclusivas que atribuye al Estado el artículo 149.1.20 de la Constitución en materia de aeropuertos de interés general, tránsito y transporte aéreo.
Las medidas y actuaciones derivadas de este real decreto serán atendidas con las dotaciones presupuestarias ordinarias y no podrán generar incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal al servicio del sector público.
Entrada en vigor: 11 de noviembre de 2018.
MODIFICA y AÑADE determinados preceptos al Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre (Ref. BOE-A-1998-28220).
DE CONFORMIDAD con la disposición final 7 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-1996-29117).

References: artículo 166
 real decreto 
 artículo 18
 artículo 166
 artículo 13
 artículo 166
 real decreto 
 artículo 166
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 129
 real decreto 
 artículo 149
 artículo 166
 Real Decreto 
 artículo 166
 Real Decreto 
 artículo 166
 artículo 2
 artículo 4
 resolución 
 artículo 7
 artículo 5
 artículo 5
 resolución 
 artículo 5
 artículo 5
 resolución 
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 26
 artículo 32
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 29
 real decreto 
 artículo 149
 real decreto 
 Real Decreto