Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/T-671-13.htm
Timestamp: 2019-08-25 19:47:58+00:00

Document:
PRINCIPIO DE INTEGRIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD-La prestación del servicio de salud debe ser oportuna, eficiente y de calidad
Este alto tribunal ha desarrollado dos perspectivas del principio de integralidad de la garantía del derecho a la salud. Una referente a las dimensiones que tienen las personas en materia de salud, preventiva, educativa, informativa, fisiológica, psicológica, entre otras. Y la segunda relativa a la necesidad de proteger dicho derecho de manera tal que todas las prestaciones requeridas por una persona en determinada condición de salud sean garantizadas de forma efectiva. Esto es, que la protección sea integral en relación con todo aquello que sea necesario para conjurar la situación particular de un(a) paciente. Por lo tanto, el derecho fundamental a la salud no solo incluye el reconocimiento de la prestación del servicio que se requiere (POS y no POS); sino también su acceso oportuno, eficiente y de calidad. La prestación del servicio en salud es oportuna cuando el paciente recibe la atención en el momento adecuado, a fin de que recupere su salud sin sufrir mayores dolores y deterioros. De forma similar, el servicio en salud es eficiente cuando los trámites administrativos a los que está sujeto son razonables, no demoran excesivamente el acceso y no son una excusa para dilatar la protección del derecho a la salud. Así mismo, el servicio público de salud se reputa de calidad cuando las prestaciones en salud requeridas por el afiliado o beneficiario contribuyen, en la medida de las posibilidades, a mejorar la condición del enfermo.
Se advierte que el transporte es un servicio cubierto por el POS que, pese a no contar con una naturaleza médica, constituye un medio para garantizar el acceso al tratamiento que requiera la persona. En conclusión, por una parte, en las áreas a las que se destine la prima adicional, esto es, por dispersión geográfica, los gastos de transporte serán cubiertos con cargo a ese rubro. Por otra, en los lugares en los que no se reconozca este concepto se pagarán por la unidad de pago por capitación básica. Las mismas reglas deberán aplicarse al alojamiento debido a que su necesidad se configura en las mismas condiciones que el traslado.
El alto tribunal indicó tres situaciones en las que procede el amparo constitucional en relación con la financiación de un acompañante del paciente, como se lee: “(i) que el paciente sea totalmente dependiente de un tercero para su desplazamiento, (ii) que requiera atención permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y (iii) que ni él ni su núcleo familiar cuenten con los recursos suficientes para financiar el traslado”.
DERECHO A LA SALUD Y A LA VIDA DIGNA-Orden a EPSS de cubrir gastos de transporte del paciente y de acompañante para asistir a tratamientos médicos que se realizan en lugares diferentes a los de residencia
ACCION DE TUTELA PARA REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS-Improcedencia para solicitar reembolso por gastos de transporte, alimentación y hospedaje por traslado de paciente
Respecto a la solicitud de reembolso del costo en que el accionante incurrió en el traslado a otra ciudad, precisa la sala que dicha pretensión tiene carácter económico y que la acción de tutela, no constituye el mecanismo apto para obtener devoluciones de dineros. Al efecto, el demandante cuenta con la posibilidad de acudir a la jurisdicción ordinaria laboral para deducir la responsabilidad que pueda caberle a quienes jurídicamente deban asumirla.
2.1. El accionante manifiesta que el 6 de octubre de 2012, cuando trabajaba en una obra, por indicación de la sociedad Incoequipos, manipulando pólvora sufrió un accidente que le ocasionó un trauma ocular severo con hemorragia vítrea, heridas en los antebrazos y en la mano izquierda. Fue atendido de urgencia en el Hospital Universitario Departamental de Nariño, E.S.E., en donde recibió tratamiento con antibióticos y desinflamatorios; sin embargo, ante la gravedad de las lesiones y al no contar en la ciudad de Pasto con los especialistas que necesitaba, fue remitido al Hospital Universitario del Valle.
Advierte que el señor José Alberto González Martínez a la fecha, 21 de febrero de 2013, se encuentra incluido en la base de datos del Sisben del municipio de Pasto con un puntaje de 19.39[1], y está clasificado en la categoría de población pobre y sin capacidad de pago, no afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud. Debido a ello, fue inscrito en el listado de población elegible para ser afiliado al régimen subsidiado en salud.
En ese orden de ideas, señala que corresponde al accionante tramitar su afiliación directamente con alguna de las empresas promotoras de salud que hacen parte del régimen subsidiado en el municipio de Pasto. Así mismo, indica que dicha información le fue comunicada al señor José Alberto González Martínez, mediante oficio No 1542-0195 de 2013.
Aduce que el municipio de Pasto solo tiene competencia para direccionar y cubrir los servicios de salud de primer nivel de complejidad[2], los demás niveles están a cargo del departamento de Nariño y de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 10 de 1990 y en la Resolución N.o 5261 de 1994. A su vez, el artículo 31 de la Ley 1122 de 2007 establece la prohibición de que los entes territoriales presten servicios asistenciales directamente.
3.2. Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E.
Advierte que el señor José Alberto González Martínez, en el relato de los hechos fundamento de la acción de amparo, refiere que el incidente que le ocasionó las lesiones mencionadas ocurrió al manipular pólvora en el desarrollo de una obra en la que estaba trabajando, lo que implica que dicho evento sea un accidente laboral y, por lo tanto, corresponda al empleador o a la administradora de riesgos profesionales, a la cual esté afiliado, asumir todos los gastos médicos que se deriven de aquél suceso.
3.4. Declaración de la señora Jimena Pantoja Díaz
(iii) Que para la fecha del accidente el señor José Alberto González Martínez no estaba afiliado a ninguna empresa promotora de salud ni tampoco a una administradora de riesgos profesionales, solo al Sisben.
· Copia de la cédula de ciudadanía del señor José Alberto González Martínez (folio 9).
· Copia de la consulta realizada en la base de datos certificada del Sisben a nombre del señor José Alberto González Martínez (folio 10).
· Copia de la historia de remisión del paciente José Alberto González Martínez desde el Hospital Universitario Departamental de Nariño al Departamento de Retina y Vítreo en el Instituto de Niños Ciegos y Sordos de Cali (folios 11 a 13).
· Copia de la autorización de prestación de servicios de salud emitida por el Instituto Departamental de Salud de Nariño a favor del señor José Alberto González Martínez por concepto de “transporte terrestre ambulancia básica Pasto-Cali-Pasto con acompañante” (folio 17).
· Copia de las remisiones realizadas al señor José Alberto González Martínez por parte de los galenos adscritos al Hospital Universitario del Valle (folio 15).
· Copia de los recibos de pago de las consultas realizadas por oftalmólogos y microcirujanos oculares al señor José Alberto González Martínez, copia de las fórmulas prescritas por dichos médicos y copia de las facturas de compra de los medicamentos (folios 16 a 25).
· Copia del resultado de la ecografía realizada al señor José Alberto González Martínez en el Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca (folio 26).
· Resumen de la historia clínica del paciente José Alberto González Martínez emitido por el Hospital Universitario del Valle (folio 27).
· Copia de los recibos expedidos por la panadería “la facultad”, ubicada en la calle 4 con carrera 36 de la ciudad de Cali, por concepto de 187 almuerzos consumidos por el señor José Alberto González Martínez y su acompañante durante el periodo comprendido entre el 12 de octubre de 2012 y el 15 de enero de 2013 (folios 28 a 29).
· Copia de los recibos expedidos por el taxista Jorge Iván Herrera por concepto del transporte ofrecido al señor José Alberto González Martínez durante el periodo comprendido entre octubre de 2012 y enero de 2013 (folios 30 a 32).
· Copia de la cotización realizada por el Banco de Ojos del Occidente Colombiano por concepto de procesamiento de tejido corneal para el paciente José Alberto González Martínez (folio 33).
· Copia de la cotización realizada por la empresa Medinistros por concepto de prótesis TTP Bell-Parcial para el paciente José Alberto González Martínez (folio 34).
“PRIMERO: ORDENAR que por conducto de la Secretaría General, se ponga en conocimiento de la empresa promotora de salud Emssanar E.S.S., el contenido de la demanda de tutela que obra en el expediente T-3.886.217, para que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del presente auto, se pronuncie respecto de los hechos, las pretensiones y el problema jurídico que plantea la aludida acción de tutela.
SEGUNDO: Por Secretaría General, OFÍCIESE a la empresa promotora de salud Emssanar E.S.S., para que dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del presente auto, con los correspondientes documentos que respalden sus afirmaciones, se sirva informar a esta Sala:
· La fecha de afiliación del señor José Alberto González Martínez a la empresa promotora de salud Emssanar E.S.S.
· Los servicios médicos prestados al señor José Alberto González Martínez.
· Si está pendiente de autorización algún procedimiento médico o medicamento que requiera el señor José Alberto González Martínez.
· Si el señor José Alberto González Martínez requiere o recibe tratamientos médicos fuera de la ciudad de Pasto, en caso de que así sea, indique si recibe lo correspondiente a gastos de traslado.
· ¿Cuál es su estado de salud actual?
· ¿Qué medicamentos y tratamientos requiere en la actualidad?
· Si la empresa promotora de salud Emssanar E.S.S. le ha negado la prestación de los servicios médicos o la entrega de algún medicamento.
· Si recibe tratamientos médicos fuera de la ciudad de Pasto.
· Cuál es su situación económica actual, la fuente de sus ingresos, el monto mensual de los mismos, la totalidad de sus gastos mensuales y si tiene personas a su cargo.”
2. La Secretaria General de la Corte Constitucional, el 1° de agosto de 2013, comunicó al Magistrado sustanciador que en la recepción de esta corporación se recibieron varios escritos dirigidos al expediente de la referencia.
2.1. Emssanar E.S.S.
Indica que el 8 de marzo de 2013, el señor José Alberto González Martínez se afilió al Régimen Subsidiado en Salud a través de Emssanar E.S.S. y desde ese momento, la entidad ha garantizado la prestación de los servicios médicos que el accionante requiere, tal y como se advierte en los anexos allegados al proceso de la referencia.
2.2. José Alberto González Martínez
Empero, refirió que luego de solicitar ante el Instituto Departamental de Salud de Nariño los servicios requeridos, dicha entidad también se negó a suministrarlos al advertir que es una obligación de Emssanar E.S.S., de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Resolución N.o 4480 de 2012.
3. El derecho fundamental a la salud y su protección constitucional. Reiteración de jurisprudencia
La Corte Constitucional en su jurisprudencia ha sido contundente en aseverar que el derecho a la salud, tiene naturaleza de fundamental en forma autónoma[3]. Así, esta garantía ha sido definida como “la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser.”[4] Esta concepción vincula el derecho a la salud con el principio de dignidad humana, toda vez que “responde a la necesidad de garantizar al individuo una vida en condiciones dignas, teniendo en cuenta que la salud es un derecho indispensable para el ejercicio de las demás garantías fundamentales”[5].
De igual manera, el alto tribunal ha señalado que la acción de tutela es procedente para amparar el referido derecho fundamental cuando se verifica alguno de los siguientes puntos: “(i) falta de reconocimiento de prestaciones incluidas en los planes obligatorios, siempre que su negativa no se haya fundamentado en un criterio estrictamente médico y, (ii) falta de reconocimiento de prestaciones excluidas de los planes obligatorios, en situaciones en que pese a la necesidad de garantizarlas de manera urgente, las personas no acceden a ellas a causa de la incapacidad económica para asumirlas. En estos eventos, el contenido del derecho a la salud no puede ser identificado con las prestaciones de los planes obligatorios.”[6]
En ese orden de ideas, la materialización del derecho fundamental a la salud exige que todas las entidades que prestan dicho servicio, deban procurar de manera formal y material, la óptima prestación del mismo, en procura del goce efectivo de los derechos de sus afiliados, pues, como se indicó, la salud compromete el ejercicio de distintos derechos, el de la vida y el de la dignidad, que deben ser garantizados por el Estado colombiano de conformidad con los mandatos internacionales, constitucionales y jurisprudenciales.[7]
Así, con relación a los servicios no incluidos dentro del citado esquema, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha depurado los criterios de acceso a los mismos y ha dicho: “En adelante, para simplificar, se dirá que una entidad de salud viola el derecho si se niega a autorizar un servicio que no esté incluido en el plan obligatorio de salud, cuando (i) la falta del servicio médico vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo requiere; (ii) el servicio no puede ser sustituido por otro que se encuentre incluido en el plan obligatorio; (iii) con necesidad el interesado no puede directamente costearlo, ni las sumas que la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio se encuentra autorizada legalmente a cobrar, y no puede acceder al servicio por otro plan distinto que lo beneficie; y (iv) el servicio médico ha sido ordenado por un médico adscrito a la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio a quien está solicitándolo.”[8]
Aunado a lo anterior, este alto tribunal ha desarrollado dos perspectivas del principio de integralidad de la garantía del derecho a la salud. Una referente a las dimensiones que tienen las personas en materia de salud, preventiva, educativa, informativa, fisiológica, psicológica, entre otras[9]. Y la segunda relativa a la necesidad de proteger dicho derecho de manera tal que todas las prestaciones requeridas por una persona en determinada condición de salud sean garantizadas de forma efectiva. Esto es, que la protección sea integral en relación con todo aquello que sea necesario para conjurar la situación particular de un(a) paciente[10]. Por lo tanto, el derecho fundamental a la salud no solo incluye el reconocimiento de la prestación del servicio que se requiere (POS y no POS); sino también su acceso oportuno, eficiente y de calidad.
La prestación del servicio en salud es oportuna cuando el paciente recibe la atención en el momento adecuado, a fin de que recupere su salud sin sufrir mayores dolores y deterioros. De forma similar, el servicio en salud es eficiente cuando los trámites administrativos a los que está sujeto son razonables, no demoran excesivamente el acceso y no son una excusa para dilatar la protección del derecho a la salud[11]. Así mismo, el servicio público de salud se reputa de calidad cuando las prestaciones en salud requeridas por el afiliado o beneficiario contribuyen, en la medida de las posibilidades, a mejorar la condición del enfermo[12].
4. La cobertura del servicio de transporte y alojamiento de pacientes y acompañantes en el sistema de seguridad social en salud. Reiteración de jurisprudencia
El artículo 48 de la Constitución Política le atribuye a la seguridad social una doble naturaleza; la primera, como servicio público de obligatoria prestación por el Estado y los particulares autorizados y, la segunda, como un derecho garantizado a todos los ciudadanos. Con fundamento en dicho mandato, el legislador desarrolló el Sistema General de Seguridad Social con la Ley 100 de 1993[13].
Esta norma consagró, entre otros temas, la obligación de garantizar a los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud la atención de los servicios del Plan Obligatorio de Salud[14], que comprende un modelo integral de protección “con atención preventiva, médico-quirúrgica y medicamentos esenciales”[15]. Con base en tal normativa, el Gobierno Nacional se ha encargado de definir el conjunto de prestaciones concretas a cargo de las entidades que conforman el Sistema y de las cuales es posible exigir su efectivo cumplimiento.
Respecto al tema en cuestión, el Acuerdo 029 de 2011 proferido por la Comisión de regulación en Salud -CRES-, señala en su artículo 42[16] que el Plan Obligatorio de Salud incluye el transporte en ambulancia para el traslado entre instituciones prestadoras de servicios de salud, dentro del territorio nacional, para aquellos usuarios que requieran un servicio no disponible en la institución remisora.
Adicionalmente, el artículo 43 del acuerdo mencionado[17] se ocupa del transporte del paciente ambulatorio y dispone que tal servicio debe ser cubierto con cargo a la prima adicional de las unidades de pago por capitación respectivas, en las zonas geográficas en las que se reconozca por dispersión.
De lo anterior se infiere, que las zonas que no son objeto de prima por dispersión, cuentan con la totalidad de infraestructura y personal humano para la atención en salud integral que requiera todo usuario y por lo tanto no se debería necesitar de su traslado a otro lugar. Sin embargo, en caso de que éste sea necesario, se deberá afectar el rubro de la UPC general, pues es responsabilidad directa de la EPS garantizar la asistencia médica de sus afiliados.
“Ahora bien, la Ley 715 de 2001 determina las competencias de las entidades territoriales para la prestación de servicios de salud de los participantes vinculados. En efecto, corresponde a los departamentos[18], gestionar la prestación de los servicios de salud, de manera oportuna, eficiente y con calidad a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, que resida en su jurisdicción, mediante instituciones prestadoras de servicios de salud públicas o privadas. Por su parte, se determina como competencia del municipio[19] la de identificar a la población pobre y vulnerable en su jurisdicción y seleccionar a los beneficiarios del Régimen Subsidiado, así como celebrar contratos para el aseguramiento en el Régimen Subsidiado de la población pobre y vulnerable.”
En el mismo sentido, el alto tribunal indicó tres situaciones en las que procede el amparo constitucional en relación con la financiación de un acompañante del paciente[20], como se lee: “(i) que el paciente sea totalmente dependiente de un tercero para su desplazamiento, (ii) que requiera atención permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y (iii) que ni él ni su núcleo familiar cuenten con los recursos suficientes para financiar el traslado”.
· El 6 de octubre de 2012, el señor José Alberto González Martínez de 50 años de edad, sufrió un accidente al manipular pólvora, que le ocasionó un “trauma ocular severo con hemorragia vítrea, heridas en los antebrazos y en la mano izquierda”.
· Para la fecha del accidente, el accionante no estaba afiliado a ninguna empresa promotora de salud pero por estar clasificado en la categoría de población pobre y sin capacidad de pago del municipio de Pasto fue atendido en el Hospital Universitario Departamental de Nariño por cuenta del Instituto Departamental de Salud.
· El 8 de marzo de 2013, el señor José Alberto González Martínez se afilió a la empresa promotora de salud del régimen subsidiado Emssanar E.S.S. y desde entonces ha recibido por parte de dicha entidad los servicios médicos prescritos por los galenos tratantes.
· El 7 de mayo de 2013, Emssanar E.S.S. autorizó los procedimientos médicos denominados “vitrectomía vía posterior con retinopexia”[21] y “queratoplastia penetrante sod”[22], así mismo, incluyó la entrega del tejido corneal.
· El señor José Alberto González Martínez debe desplazarse frecuentemente al Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca a consultas de seguimiento por medicina especializada y optometría.
· El señor José Alberto González Martínez depende totalmente de un tercero para su desplazamiento, pues “es invidente y presenta disminución auditiva en ambos oídos”.
· El núcleo familiar del señor José Alberto González Martínez está compuesto por su compañera permanente y sus dos hijos menores de edad, quienes dependen económicamente de su padre.
· El señor José Alberto González Martínez y su familia subsisten con la ayuda económica que les dan familiares y amigos pues desde la fecha del accidente el accionante no ha podido trabajar.
· Emssanar E.S.S. autorizó los gastos de traslado y manutención del accionante y su acompañante a la ciudad de Cali, desde la fecha de su afiliación hasta el 17 de septiembre del año en curso, día en el que suspendió el pago. Lo anterior, al advertir que la atención médica que recibe el accionante en el Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca es de carácter ambulatorio y por consiguiente los gastos que se generen por su desplazamiento se encuentran por fuera del plan obligatorio de salud y deben ser asumidos por el Instituto Departamental de Salud de Nariño.
Como se expuso en el numeral 4 de las consideraciones, el transporte es un servicio cubierto por el POS[23] que, pese a no contar con una naturaleza médica, constituye un medio para garantizar el acceso al tratamiento que requiera la persona.
Por tanto, en momento alguno este podría ser negado por la entidad prestadora de salud, puesto que ya fue financiado por la unidad de pago por capitación del régimen subsidiado (UPC-S) entregada por el Estado para la atención de la población asegurada de conformidad con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993[24].
[1] Ficha N.o 105930.
[2] “Nivel I: Médico General y/o personal auxiliar, y otros profesionales de la salud”.
[3] Ver, entre otras, sentencias T-016 de 2007 M.P Humberto Antonio Sierra Porto; T-173 de 2008 MP. Humberto Antonio Sierra Porto; T-760 de 2008 MP: Manuel José Cepeda Espinosa; T-820 de 2008 M.P Jaime Araújo Rentería; T-999 de 2008 M.P: Humberto Antonio Sierra Porto; T-931 de 2010 M.P Luis Ernesto Vargas Silva; T-566 de 2010 MP; Luis Ernesto Vargas Silva, T-022 de 2011, M.P: Luis Ernesto Vargas Silva y T-091 de 2011 M-P: Luis Ernesto Vargas Silva.
[4] Sentencias T-597 de 1993 M.P: Eduardo Cifuentes Muñoz; T-454 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-566 de 2010 M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
[5] Sentencias T-022 de 2011 y T-091 de 2011 M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
[6] Sentencias T-999 de 2008 M.P Humberto Antonio Sierra Porto; T-931 de 2010 M.P Luis Ernesto Vargas Silva; T-022 de 2011 M.P Luis Ernesto Vargas Silva y T-091 de 2011 M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
[7] Sentencia T-816 de 2008.
[9] Sentencia T 531 de 2009.
[10] Sentencia T 398 de 2008 y T 531 de 2009.
[12] Sentencia T 922 de 2009.
[13] “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.
[14]Ley 100 de 1993, artículos 159 y 162.
[15]Ley 100 de 1993, artículo 156.
[16] “ARTÍCULO 42. TRANSPORTE O TRASLADO DE PACIENTES. El Plan Obligatorio de Salud incluye el transporte en ambulancia para el traslado entre instituciones prestadoras de servicios de salud dentro del territorio nacional de los pacientes remitidos, teniendo en cuenta las limitaciones en la oferta de servicios de la institución en donde están siendo atendidos, que requieran de atención en un servicio no disponible en la institución remisora.
PARÁGRAFO. Si a criterio del médico tratante el paciente puede ser atendido por otro prestador, el traslado en ambulancia, en caso necesario, también hace parte del Plan Obligatorio de Salud. Igual ocurre en caso de ser remitido a atención domiciliaria.”
[17] “ARTÍCULO 43. TRANSPORTE DEL PACIENTE AMBULATORIO. El servicio de transporte en un medio diferente a la ambulancia, para acceder a un servicio o atención incluida en el Plan Obligatorio de Salud, no disponible en el municipio de residencia del afiliado, será cubierto con cargo a la prima adicional de las Unidades de Pago por Capitación respectivas, en las zonas geográficas en las que se reconozca por dispersión.”
[18] “Ley 715 de 2001. ARTÍCULO 43. COMPETENCIAS DE LOS DEPARTAMENTOS EN SALUD. (…)43.2. De prestación de servicios de salud:
[19] Ley 715 de 2001. ARTÍCULO 44. COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS. (…) 44.2. De aseguramiento de la población al Sistema General de Seguridad Social en Salud:
44.2.4. Promover en su jurisdicción la afiliación al Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud de las personas con capacidad de pago y evitar la evasión y elusión de aportes.”
[20]Corte Constitucional, sentencia T-350 de 2003. Esta decisión ha sido reiterada por la Corte en varias ocasiones; entre otras, en las sentencias T-962 de 2005 y T-459 de 2007.
[21] “La vitrectomía es un procedimiento quirúrgico, mediante el cual se extrae el humor vítreo de un ojo y se sustituye, generalmente, con un gas líquido. Este procedimiento se utiliza para el tratamiento de diferentes enfermedades oculares, como el desprendimiento de retina, la hemorragia vítrea y el agujero macular.” Machemer R. “The development of pars plana vitrectomy: a personal account.” Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 1995 Aug.
[22] “La queratoplastia, injerto o trasplante de córnea es la sustitución parcial o total de la córnea por la obtenida de un donante generalmente cadavérico o del propio recepto”. HAWA-MONTIEL, Hurí.
[23] Resolución 4480 de 2012, artículo 12: “A la unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado (UPC-S) se le reconocerá una prima adicional del 15% en las ciudades de Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bello, Bogotá D.C., Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Floridablanca, Ibagué, Itagüí, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Providencia, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Soacha, Soledad, Tulúa, Valledupar y Villavicencio, lo que corresponde a un valor anual de la UPC-S de quinientos ochenta y cinco mil trescientos cuarenta y dos pesos con cero centavos moneda corriente ( $585.342,00) que para el año 2013 corresponde a un valor diario de mil seiscientos veinticinco pesos con noventa y cinco centavos moneda corriente ($1.625,95).
[24] “Artículo 156: f) Por cada persona afiliada y beneficiaria, la entidad promotora de salud recibirá una unidad de pago por capitación, UPC, que será establecida periódicamente por el consejo nacional de seguridad social en salud;”
“Artículo 182: “De los ingresos de las entidades promotoras de salud. Las cotizaciones que recauden las entidades promotoras de salud pertenecen al sistema general de seguridad social en salud.
Por la organización y garantía de la prestación de los servicios incluidos en el plan de salud obligatorio para cada afiliado, el sistema general de seguridad social en salud reconocerá a cada entidad promotora de salud un valor per cápita, que se denominará unidad de pago por capitación, UPC. Esta unidad se establecerá en función del perfil epidemiológico de la población relevante, de los riesgos cubiertos y de los costos de prestación del servicio en condiciones medias de calidad, tecnología y hotelería, y será definida por el consejo nacional de seguridad social en salud, de acuerdo con los estudios técnicos del Ministerio de Salud.” (negrilla fuera de texto original).

References: Resolución 
 artículo 31
 artículo 12
 Resolución 
 artículo 48
 artículo 42
 artículo 43
 artículo 156
 ARTÍCULO 43
 ARTÍCULO 44
 Resolución 
 artículo 12