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Timestamp: 2020-04-03 00:36:03+00:00

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Parlamento Europeo - DPO & it law
La Quinta Directiva de prevención del blanqueo de capitales sometida a examen en la sesión plenaria del 13 marzo de 2017 del Parlamento Europeo
By Gonzalo de la Cruz No comments yet
Las comisiones de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) y de Libertades Civiles (LIBE) votaron el pasado día 28 de febrero a favor de iniciar negociaciones interinstitucionales sobre la propuesta de revisión de la Cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Siguiendo con el proceso, se sometió a examen en la apertura de la sesión plenaria del Parlamento Europeo del pasado lunes día 13 de marzo sin que se recibiera solicitud alguna de votación al respecto. Dándose así, luz verde al inicio de las conversaciones interinstitucionales entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo de la UE.
Esta propuesta, surgida de la necesidad de reforzar el marco de prevención establecido por la Cuarta Directiva a la vista de las carencias del sistema puestas de manifiesto tras los atentados terroristas de París y las revelaciones de los papeles de Panamá, incluye una serie de medidas dirigidas a incrementar la eficacia en la lucha contra la financiación del terrorismo y al aumento de la transparencia sobre la titularidad real de sociedades y fondos fiduciarios entre las que son destacamos las siguientes.
Monedas Virtuales. Los exchangers o plataformas de cambio de monedas virtuales pasarán a estar sujetos a la obligación de aplicar medidas de diligencia debida y de notificación de actividades sospechosas respecto de los servicios profesionales de cambio de moneda virtual por moneda real, para evitar así el carácter anónimo o pseudónimo de este tipo de transacciones. De igual modo, quedarán dentro del ámbito de aplicación de la Directiva los proveedores de monederos electrónicos o wallets (servicios de custodia de credenciales de acceso).
Tarjetas de prepago anónimas. Se propone rebajar los umbrales relativos a la identificación de clientes presenciales que operan con dinero electrónico en forma de instrumentos de pago no recargables o con un límite mensual o máximo previamente almacenado de 250 € a 150 €. Asimismo, se propone suprimir la exención de identificación del cliente para pagos realizados en línea, reembolsos o retiradas en efectivo de superiores a 50 €.
Unidades de Inteligencia Financiera. Se reforzarán las competencias de las Unidades de Inteligencia Financiera de los Estados miembros al poder solicitar por propia iniciativa información de las entidades financieras sobre actividades que presenten indicios de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Actualmente, en algunos Estados miembros es requisito indispensable previo el reporte de una operación sospechosa.
Además, se permitirá que las UIF puedan identificar a los titulares de cuentas bancarias y de pago al exigirse a los Estados miembros el establecimiento de registros centrales u otros mecanismos centralizados y automatizados para una detección ágil.
Titularidad real. Se aumenta la transparencia mejorando el acceso a los registros de información sobre la titularidad real de las personas jurídicas no siendo necesario acreditar tener un “interés legítimo”. Por el contrario, si se precisará para los fideicomisos y estructuras similares sin fines de lucro como la gestión de patrimonios familiares, fines caritativos o de beneficencia colectiva.
El Parlamento Europeo dio el visto bueno definitivo el pasado 14 de abril de 2016, a la normativa de protección de datos europea, tras un largo proceso legislativo de más de cuatro años. Con la aprobación del RGPD se establecen nuevas reglas que sustituyen el antiguo marco regulatorio de la Unión Europea en materia de protección de datos.
La técnica legislativa del Reglamento utilizada por la UE para regular la protección de datos, supone que el mismo será de aplicación directa a todos los Estados Miembros de la Unión Europea sin necesidad de que sea transpuesto por las normas nacionales de los Estados. Por tanto, el RGPD deroga y sustituye a la Directiva 95/46/CE reforzando el derecho de la protección de datos de la Unión Europea, que se constituye como un pilar básico de las garantías y libertades en Europa.
A través del principio de responsabilidad proactiva o “Accountability” que introduce el RGPD, los responsables de tratamiento y los encargados deberán implantar medidas que garanticen y permitan demostrar el cumplimiento del RGPD a través de políticas adaptadas a las necesidades de la organización.
Desde DPO&ilaw, hemos estudiado y analizado las implicaciones que supone dicha normativa de protección de datos, y a través de distintas entregas iremos publicando en el nuestro Blog las distintas claves para una correcta interpretación y aplicación.
Como primera entrega ponemos a vuestra disposición
1. INTRODUCCIÓN AL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS Rgto. (UE) 2016/679, ENTRADA EN VIGOR, OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
El derecho a la protección de datos personales deriva directamente del derecho fundamental a la intimidad, recogido en el artículo 18.4 de la Constitución Española, y reconocido por el Tribunal Constitucional en la STC 292/2000.
El fundamento quinto de dicha sentencia confirma la interpretación conforme a la cual el art. 18.4 de la CE incorpora un nuevo derecho fundamental a la protección de datos.
“Este derecho fundamental a la protección de datos, a diferencia del derecho a la intimidad del art. 18.1 CE, con quien comparte el objetivo de ofrecer una eficaz protección constitucional de la vida privada personal y familiar, atribuye a su titular un haz de facultades que consiste en su mayor parte en el poder jurídico de imponer a terceros la realización u omisión de determinados comportamientos, cuya concreta regulación debe establecer la ley, aquella que conforme al art. 18.4 CE debe limitar el uso de la informática, bien desarrollando el derecho fundamental a la protección de datos (art. 81.1 CE), bien regulando su ejercicio (art. 53.1 CE). La peculiaridad de este derecho fundamental a la protección de datos respecto de aquel derecho fundamental tan afín como es el de la intimidad radica, pues, en su distinta función, lo que apareja, por consiguiente, que también su objeto y contenido difieran”.
Siguiendo la sentencia 292/2000 en su fundamento jurídico sexto, el objeto de protección del derecho a la protección de datos alcanza:
“cualquier tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamentales, porque su objeto no es sólo la intimidad individual, que para ello está la Protección que el art. 18.1 CE otorga, sino los datos de carácter personal. Por consiguiente, también alcanza a aquellos datos personales públicos, que, por el hecho de serlo, de ser accesibles al conocimiento de cualquiera, no escapan al poder de disposición del afectado porque así́ lo garantiza su derecho a la Protección de datos. También por ello, el que los datos sean de carácter personal no significa que sólo tengan Protección los relativos a la vida privada o íntima de la persona, sino que los datos amparados son todos aquellos que identifiquen o permitan la identificación de la persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya una amenaza para el individuo”.
Estamos por tanto ante un derecho fundamental recogido por nuestra Constitución Española y reconocido por nuestro más alto Tribunal, que es desarrollado por la legislación española en la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD) y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la mencionada Ley Orgánica (en adelante RLOPD).
Asimismo, el marco legislativo europeo también reconoce este derecho a la protección de datos y obliga a todos los Estados miembros a garantizarlo a sus ciudadanos. El artículo 8, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en sus apartados 1 y 2 establece:
Por otro lado, el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en sus apartados 1 y 2 establece:
El Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las normas sobre protección de las personas físicas respecto del tratamiento de datos de carácter personal por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como por los Estados miembros en el ejercicio de las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, y sobre la libre circulación de estos datos. El respeto de dichas normas estará sometido al control de autoridades independientes.
Se trata por tanto de un derecho que tiene toda persona, sin importar la nacionalidad o residencia, a la protección de los datos de carácter personal que la conciernan.
Por su parte la Unión Europea ha desarrollado este derecho a la protección de datos a través de diversas directivas[1] como la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. A través de la misma, se pretendió armonizar la protección de los derechos y las libertades fundamentales de las personas físicas en relación con las actividades de tratamiento de datos de carácter personal, y garantizar la libre circulación de estos datos entre los Estados miembros. Sin embargo, la transposición por los Estados miembros de la Directiva 95/46/CE en el territorio de la Unión se hizo de manera fragmentada, con diferencias en el nivel de protección de los derechos y libertades de las personas físicas, y en particular del derecho a la protección de los datos de carácter personal, impidiendo la libre circulación de los datos de carácter personal en la Unión. Estas diferencias, han constituido un obstáculo al ejercicio de las actividades económicas dentro de la Unión, pudiendo falsear la competencia e impedir que las Autoridades competentes cumplan las funciones que les incumben en virtud del Derecho de la Unión.
Estas divergencias, así como la obsolescencia tecnológica de la Directiva 95/46 provocan que en el año 2012 la Comisión Europea presente un proyecto de propuesta de Reglamento de Protección de Datos General, confirmando así la necesidad de una reforma a gran escala de la normativa de protección de datos. A raíz de las numerosas enmiendas al proyecto de la Comisión propuestas por el Parlamento Europeo en el año 2014, se pasó la propuesta al Consejo de la UE y se inició durante el año 2015 entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo un proceso de negociación conocido como el diálogo a tres bandas, para finalmente obtener una versión final del Reglamento a finales de 2015. Finalmente, el pasado 14 de abril de 2016 el Parlamento Europeo dio el visto bueno definitivo a la normativa europea de protección de datos tras un largo proceso legislativo de más de cuatro años, que concluye con la aprobación del REGLAMENTO (UE) 2016/ 679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante RGPD).
Se reforma por tanto con el RGPD la normativa de protección de datos europea, estableciendo nuevas reglas que sustituyen el antiguo marco regulatorio de la Unión Europea en materia de protección de datos.
La técnica legislativa del Reglamento utilizada por la UE para regular la protección de datos supone una aplicación directa del mismo a todos los Estados Miembros de la UE sin necesidad de que sea transpuesto por las normas nacionales de los Estados. Por tanto, el RGPD deroga y sustituye a la Directiva 95/46/CE reforzando el derecho de la protección de datos de la Unión Europea, que se constituye como un pilar básico de las garantías y libertades en Europa.
A través del RGPD se consigue armonizar en todos los Estados miembros de la UE la dispersión normativa existente hasta entonces en materia de protección de datos. El RGPD por tanto es una norma única de aplicación directa a todos los Estados cuyo objetivo principal es otorgar un mayor control a los ciudadanos europeos sobre su información privada, y permitir una aplicación uniforme en toda la Unión Europea con el objetivo de alcanzar un nivel de protección de datos razonable en todo el territorio de la UE que evite la aplicación las diferentes normativas de cada Estado miembro.
El derecho a la protección de datos es un derecho fundamental recogido en la Constitución Española en el art.18.4 y reconocido por el Tribunal Constitucional.
Se trata de un derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan.
El RGPD es de aplicación directa sin necesidad de que sea transpuesto por las normas nacionales de los Estados.
Por otro lado, en la medida en que el RGPD establezca que sus normas deben ser especificadas o restringidas por el Derecho de los Estados miembros, será necesario la incorporación al Derecho nacional de diversos elementos del RGPD para que las disposiciones nacionales sean comprensibles para todos los ciudadanos de la Unión.
Artículo 2.2. (RLOPD)
2.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN MATERIAL
2.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN TERRITORIAL
[1] Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones, la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002 relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas o directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas y la Directiva 2006/ 24/CE sobre conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones
Nuevo Acuerdo entre Europa y Estados Unidos para el movimiento internacional de datos
By Fernando Ramos No comments yet EU-US Privacy Shield, Safe Harbor Agreement
Adiós al “Safe Harbor”
Hola “Privacy Shield”
Ayer martes 2 de febrero de 2016 el presidente de la Comisión Europea Andrus Asip y la Comisiariaa Vera Jourova, comunicaban el fin de las negociaciones y el acuerdo político sobre el nuevo marco jurídico que permitirá las transferencias internacionales de datos entre Europa y Estados Unidos.
El Acuerdo denominado EU-US Privacy Shield sustituirá al ya anulado Safe Harbor Agreement. El texto estará disponible en las próximas semanas y permitirá el movimiento internacional de datos por parte de las empresas Europeas a Estados Unidos garantizando una mayor protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos y una mayor seguridad jurídica para las empresas europeas.
El Privacy Shield recogerá los requisitos marcados por el Tribunal de Justicia en su sentencia el 6 de octubre de 2015, que anuló el antiguo Safe Harbor Agreement. Impondrá obligaciones más estrictas a las empresas de EE.UU. para proteger los datos personales de los europeos y se establecerán procedimientos de vigilancia y control por la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. que junto con un marco sancionador apropiado permitirán dotar de una mayor fiabilidad al cumplimiento por parte de las Empresas Estadounidenses del derecho a la Privacidad de Datos de los ciudadanos y empresas europeas.
Entre otras cuestiones el nuevo acuerdo incluirá los siguientes elementos:
Obligaciones más estrictas en materia de protección de datos: las empresas estadounidenses que deseen importar los datos personales de Europa deberán cumplir mayores obligaciones para la protección de los datos personales de ciudadanos europeos.
Mayor transparencia y garantías en el acceso por parte del gobierno EE.UU. a los datos de ciudadanos Europeos. Los EE.UU. han descartado la vigilancia masiva indiscriminada de los datos personales transferidos a los EE.UU. debiendo la misma quedar regulada y tasada en supuestos justificados de acceso con las debidas garantías jurídicas.
Protección a los ciudadanos europeos: Cualquier ciudadano que considere que sus datos han sido tratados de forma ilícita o fraudulenta, podrá acudir a los tribunales de EE.UU. o a la nueva figura creada para la atención de quejas y solicitudes de ciudadanos o Autoridades de Protección de Datos europeas que vean sus derechos infringidos.
El acuerdo jurídico se adoptará en las próximas semanas con la intervención del Grupo de Trabajo 29 y el comité de representación de los Estados Miembros. Precisamente las Autoridades de Protección de datos Europeas se encuentran estos días reunidas en Bruselas para debatir sobre todas estas cuestiones suscitadas por la anulación del Safe Harbor Agreement.
Quedará también pendiente el posicionamiento por parte de las Autoridades de Protección de Datos Europeas y ver si darán prorrogas adicionales para la regulación y adecuación de las transferencias internacionales, que en el caso de la española terminaba el pasado 29 de enero de 2016 .
Deberemos por tanto esperar y confirmar que las intenciones políticas y declaraciones realizadas en el día de ayer se plasman de forma efectiva en el acuerdo marco denominado “Privacy Shield” que regulará a futuro el movimiento internacional de datos entre Europa y Estados Unidos.

References: in fine
 artículo 18
 Real Decreto 
 artículo 8
 artículo 16

Artículo 2