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Timestamp: 2017-12-13 16:51:30+00:00

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prever el PGOU su desaparición en un plazo determinado argumento que es inconducente toda vez que la situación tolerada afecta a la instalación existente propiedad de Telefónica Móviles pero no ha de olvidarse que aunque el plan no contemple expresamente su desaparición en un determinado tiempo no deja por ello de ser una instalación clandestina contraria al plan y no puede prestar cobertura a otra instalación añadida ni mucho menos fundar un pretendido derecho a su legalización mediante la oportuna licencia 735 Sentencia del TSJ del País Vasco de 8 de mayo de 2015 Tema principal Licencias Otras temáticas Demolición Clausura Cualquiera Fecha de la sentencia 08 05 2015 Órgano TSJ de Pais Vasco Detalle de la sentencia Dictada en recurso de apelación interpuesto por VODAFONE ESPAÑA S A U contra la sentencia número 162 2013 de 27 de junio dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Bilbao en el procedimiento ordinario número 43 2012 desestimatoria del recurso contencioso administrativo interpuesto contra el Decreto de Alcaldía del AYUNTAMIENTO DE BASAURI de 30 de noviembre de 2011 desestimatorio del recurso de reposición interpuesto contra el Decreto de 7 de octubre de 2011 denegatorio de la licencia de actividad apertura y funcionamiento de una estación base de telefonía móvil en el número 6 del Barrio de Irauretxeta El TSJ desestima el recurso de apelación Resulta pacífico que la apelante solicitó licencia de actividad apertura y funcionamiento para una estación base de telefonía móvil en unas instalaciones previamente existentes y propiedad de Telefónica Móviles que ambas se disponía de compartir instalaciones que no contaban con licencia municipal si bien se hallaban en situación tolerada por ello la cuestión controvertida se ciñe a determinar si la resolución municipal denegatoria de la licencia fundada en razones urbanísticas y más concretamente en la previsión establecida por el artículo 11 2 de la Ordenanza Municipal sobre instalaciones e infraestructuras de radiocomunicación es o no conforme a Derecho La resolución municipal denegó la licencia de actividad por dos razones 1 Porque el uso viene prohibido por el artículo 3 3 7 de las normas urbanísticas del PGOU y por el artículo 11 2 de la Ordenanza municipal sobre instalaciones e infraestructuras de radiocomunicación 2 porque las antenas y equipos sobre las que se pretende la instalación no cuenta con licencia de obras ni de apertura y funcionamiento Según la Sala el uso pretendido está prohibido por el art 3 3 7 2 de las normas urbanísticas del PGOU La sentencia de apelación también se fundamenta en el hecho que la situación tolerada al no disponer la instalación de licencia afecta a la instalación existente propiedad de Telefónica Móviles pero no ha de olvidarse que aunque el plan no contemple expresamente su desaparición en un determinado tiempo no deja por ello de ser una instalación clandestina contraria al plan y no puede prestar cobertura a otra instalación añadida ni mucho menos fundar un pretendido derecho a su legalización mediante la oportuna licencia 736 Sentencia del TSJ del País Vasco de 9 de marzo de 2015 Tema principal Compartición Otras temáticas Cualquiera Cualquiera Fecha de la sentencia 09 03 2015 Órgano TSJ de Pais Vasco Detalle de la sentencia Dictada en recurso contencioso administrativo nº 4 2014 seguido por el procedimiento especial de Cuestión de Ilegalidad en el que se plantea por el Juzgado de lo Contencioso administrativo nº 1 de Vitoria Gasteiz la validez del artículo 7 1 de la Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz Reguladora de las instalaciones radioeléctricas pertenecientes a las redes de telecomunicaciones de 19 de abril de 2002 El TSJ desestima el recurso y por tanto la cuestión de ilegalidad El artículo 7 1 de la Ordenanza establecía que el Ministerio de Industria Energía y Turismo previo trámite de audiencia pública y de manera motivada podrá imponer la utilización compartida del dominio público o la propiedad privada en que se van a establecer las redes públicas de comunicaciones electrónicas o el uso compartido de las infraestructuras y recursos asociados Y el fundamento de la cuestión de legalidad se basaba en la trasgresión del artículo 30 de la LGTel 32 2003 El TSJ no comparte que exista tal trasgresión ya que en su opinión el citado art 30 no enunciaba ni establecía la libre facultad de los operadores de compartir infraestructuras ni consagraba un derecho absoluto que como tal pudiera oponerse a las regulaciones sectoriales sino que la visión de su apartado 2 era por el contrario y en exclusiva la de imponer como obligación dicha modalidad de prestación compartida en supuestos en que concurriesen limitaciones tales que impidiesen ejercitar por separado los derechos al uso de bienes de dominio público o privado por no existir alternativas por motivos justificados en razones de medio ambiente salud pública seguridad pública u ordenación urbana y territorial por lo que negar toda competencia municipal en esa materia de telecomunicaciones como hace la actora alegante en este trámite a nada conduce a la vista de dichos preceptos y decisiones jurisprudenciales 737 Sentencia del TSJ del País Vasco de 27 de noviembre de 2014 Tema principal Licencias Otras temáticas Demolición Clausura Cualquiera Fecha de la sentencia 27 11 2014 Órgano TSJ de Pais Vasco Detalle de la sentencia Dictada en recurso de apelación nº 634 2013 interpuesto por France Telecom España S A U contra la sentencia de 4 de abril de 2013 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Donostia San Sebastián desestimatoria del recurso contra el Acuerdo del Ayuntamiento de Irún que imponía varias sanciones por incumplimiento de la orden de demolición de antena de telefonía móvil por uso de la antena no amparado en licencia y por incumplimiento de las órdenes de ejecución de reparación reconstrucción de un muro así como de la providencia de apremio con la que se requirió que se procediera a efectuar la liquidación de las tres sanciones de multa El TSJ estima parcialmente el recurso y declara la nulidad de la sanción por incumplimiento de la orden de demolición de antena y de la providencia de apremio La apelante alegaba la prescripción de infracción relativa al incumplimiento de la orden de desmantelamiento así como la consideración como leve de la infracción por incumplimiento de la orden de reparación del muro y que se aplique la sanción en su grado mínimo en atención a la existencia de varios atenuantes y a la ausencia de culpabilidad Advierte el TSJ que no estamos en el ámbito de la protección de la legalidad urbanística sino que estamos estrictamente en el ámbito sancionador regulados respectivamente en los Capítulos IV y V del Título VI de la Ley de Suelo y Urbanismo del País Vasco Y constata que cuando se dispuso iniciar expediente sancionador habían transcurrido mas de nueve años desde la notificación de la orden de demolición que se debía cumplir en el plazo de un mes operando así la prescripción ya que es de aplicación a la infracción el plazo de 4 años previsto para las infracciones graves y no el de 15 años previsto para la prescripción de la obligación de llevar a cabo la demolición ordenada Añade el TSJ que teniendo que resolver en el ámbito estricto del procedimiento sancionador en relación con una infracción consistente en incumplimiento en materia de ejecución no estamos ante una infracción de carácter permanente o continuada lo que sí incidía en relación con la infracción por uso de la antena de telefonía móvil sin estar amparada en licencia porque el incumplimiento la infracción se consolidó una vez vencido el plazo de un mes que plasmó la orden de ejecución de la demolición Por lo que se refiere a la infracción por incumplimiento de la orden de reparación del muro el TSJ constata que consta en el expediente que el Ayuntamiento reiteró la orden de ejecución y por tanto se cumplía el presupuesto del tipo por el que se sancionó en cuanto que el primer requerimiento fue desatendido sin que se subsanara lo que se requería la calificación como leve de este tipo de infracción solo procede cuando se subsana tras el primer requerimiento art 225 2 i de la precitada Ley Ello lleva a rechazar la pretensión subsidiaria de que se califique la infracción como leve además de que los antecedentes llevan a la Sala a tener que ratificar asimismo como hizo la sentencia apelada que se daban los presupuestos para aplicar la agravante que la Administración apreció prevista en el art 231 1 e de la citada Ley de Suelo y Urbanismo 738 Sentencia del TSJ del País Vasco de 5 de marzo de 2014 Tema principal Licencias Otras temáticas Demolición Clausura Cualquiera Fecha de la sentencia 05 03 2014 Órgano TSJ de Pais Vasco Detalle de la sentencia Dictada en recurso de apelación 455 2012 interpuesto por VODAFONE ESPAÑA S A contra la sentencia de 30 de marzo de 2012 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de nº 4 de Bilbao desestimatoria del recurso contra la resolución del Ayuntamiento de Etxebarri que declaró no legalizable una instalación de telefonía móvil en el polígono Leguizamón suelo urbano industrial y ordenó el cese definitivo del uso con apercibimiento de imposición de multas coercitivas y en su caso ejecución subsidiaria El TSJ estima el recurso revoca la sentencia de instancia y anula la resolución impugnada declarando el derecho de la recurrente a la licencia solicitada La licencia fue denegada por incumplimiento del artículo 8 1 8 de la Ordenanza del Polígono Leguizamón que establece una altura máxima de 10 m al alero y 12 m a la cumbrera siendo así que la antena alcanza los 17 m disponiendo la propia resolución el cese definitivo del uso de la instalación con apercibimiento de imposición de hasta 10 multas coercitivas de 600 euros y en su caso de ejecución subsidiaria No obstante el TSJ considera que esos límites de altura vienen referidos al edificio que gramaticalmente es construcción fija hecha con materiales resistentes para habitación humana o para otros usos como lo evidencia el hecho de que los límites vengan referidos a dos partes fijas del mismo cuales son el alero y la cumbrera pero nada autoriza a concluir que resulten de aplicación a instalaciones como la de autos que se sitúen en el tejado Además lo contrario impediría de facto la instalación de antenas de telefonía y con ello la prestación de un servicio público esencial puesto que conforme a reglas de experiencia las antenas de telefonía móvil deben colocarse en una eminencia del terreno o de los edificios y para su instalación en un edificio industrial de Etxebarri obligaría a renunciar a la envolvente de los edificios correspondiente a los seis metros de altura de las antenas al menos la antena de autos es de seis metros con una pérdida de aprovechamiento urbanístico desproporcionada que nadie asumiría 739 Sentencia del TSJ del País Vasco de 12 de diciembre de 2013 Tema principal Licencias Otras temáticas Demolición Clausura Cualquiera Fecha de la sentencia 12 12 2013 Órgano TSJ de Pais Vasco Detalle de la sentencia Dictada en el Recurso de Apelación 553 2012 contra la sentencia nº 103 2012 de 22 de marzo de 2012 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Bilbao que desestimó el recurso 946 2009 seguido por Procedimiento Ordinario al que se acumuló el recurso 997 2009 interpuestos contra 1 El Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Portugalete de 11 de mayo de 2009 que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo 2 14 adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 13 de marzo de 2009 por el que se ordenó a France Telecom España S A i el cese inmediato de la actividad de telefonía móvil en la antena instalada en el nº 53 de la C General Castaños y ii la inmediata desconexión 2 El Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Portugalete de 11 de mayo de 2009 que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra el Decreto de Alcaldía de 4 de marzo de 2009 que i denegó a France Telecom España S A licencia de legalización de las obras de instalación de micro estación de telefonía móvil en el inmueble sito en el nº 53 de la C General Castaños ii ordenó el desmantelamiento en el plazo de un mes con reposición de las cosas al momento anterior a su instalación y iii denegó la suspensión Aunque el recurso de aleación se centra en la actuación recurrida del El Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Portugalete de 11 de mayo de 2009 referido en el punto 2 sobre la procedencia de la legalización de la instalación colocada sin autorización municipal por lo que no incide en la desestimación del recurso dirigido contra los actos referidos en el apartado 1 Por la Sala se desestima el recurso de apelación La Sala conforma su decisión sobre la base de la Ordenanza Local sobre Instalaciones de los Equipos y Elementos de Telecomunicación aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Portugalete el 26 de abril de 2007 publicada en el Boletín Oficial de Bizkaia número 100 de 23 de mayo de 2007 desde la perspectiva de la doctrina jurisprudencial en relación con las competencias municipales y en particular la nueva doctrina jurisprudencial que arranca con la STS del Pleno de la Sala Tercera de 11 de febrero de 2013 En la Ordenanza no está prevista la instalación en edificios residenciales dentro del suelo urbano de la concreta instalación cuya legalización se pretende la identificada como micro celda o micro estación de telefonía móvil situada en fachada ausencia de regulación que no implica que se pueda instalar en los términos pretendidos ello en un supuesto como el presente en el que no se puede concluir que la prestación del servicio exigiera la instalación en cuestión pues en el término municipal de Portugalete se puede dar cobertura al servicio con las localizaciones previstas y en concreto en el art 9 3 se han fijado zonas en el Municipio para colocar antenas en las bases ya existentes En definitiva no puede asumirse que cualquier tipo de infraestructura se pueda instalar en los ámbitos no expresamente previstos 740 Sentencia del TSJ del País Vasco de 27 de septiembre de 2013 Tema principal Compartición Otras temáticas Licencias Cualquiera Fecha de la sentencia 27 09 2013 Órgano TSJ de Pais Vasco Detalle de la sentencia Por parte de VODAFONE ESPAÑA S A U se interpuso recurso contencioso administrativo contra el Acuerdo del ayuntamiento de Loiu por la que se aprueba definitivamente la Ordenanza Reguladora de las Instalaciones Radioeléctricas Pertenecientes a las Redes de Telecomunicaciones en el Municipio Por tanto el TSJ del País Vasco conoce de este recurso contencioso administrativo en primera instancia Por la Sala se estima parcialmente el recurso contencioso administrativo formulado por VODAFONE ESPAÑA S A U y en consecuencia se anulan de su art 4 c el término potencia el art 4 d y los arts 7 8 11 12 14 15 16 18 los apartados 2 a 2 b y 2 c II del Anexo I y el Anexo II La primera cuestión que se alega por la recurrente es que la tramitación de la Ordenanza ha obviado el informe exigido por el art 26 2 de la Ley 32 2003 de Ordenación General de las Telecomunicaciones En este sentido según la Sala como sea que la ordenanza recurrida establece las condiciones de instalación de las infraestructuras de radiocomunicación con arreglo a la clasificación del suelo y usos previstos por el plan de ordenación urbana esto es una disposición urbanística de naturaleza y rango distintos al plan de ordenación no era necesario que el Ayuntamiento demandado hubiese solicitado el informe previo de la Secretaría de Estado de telecomunicaciones y para la sociedad de la información En segundo lugar y respecto a los preceptos en los que se regulan cuestiones tecnológicas que deben observar las instalaciones para garantizar un determinado nivel de emisiones y el menor impacto visual y ambiental el criterio jurisprudencial definitivo es el sentado en la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de abril de 2012 que a su vez se remite a la doctrina sentada por la posterior Sentencia de 23 de marzo de 2011 recurso 1845 2006 estableciendo una doctrina distinta a la de aquellas al conocer de la legalidad del Decreto autonómico catalán 148 2001 de 29 de mayo de Ordenación Ambiental de las instalaciones de telefonía móvil y otras instalaciones de radiocomunicación en la que se enfatiza que Nos parece evidente que la determinación de los estándares de tecnología idóneos es una cuestión que entra de lleno en el ámbito reservado para el legislador estatal ex artículo 149 1 21 de la Constitución conclusión que no se desvirtúa por el hecho de que esa obligación se enmarque en una finalidad de índole ambiental cual es prevenir las afecciones al paisaje y las emisiones pues como ya hemos dicho antes y ahora reiteramos esa finalidad no puede ser esgrimida para diluir la competencia exclusiva estatal y fraccionar la unidad del mercado en tantas regulaciones como Comunidades Autónomas e incluso Ayuntamientos haya en función de lo que cada uno estime como más adecuado a estos efectos Sobre la base de esta doctrina y a la vista del texto que presentan en la Ordenanza impugnada entiende la Sala en el caso que nos ocupa que han de anularse los arts 8 11 1 y 11 2 En tercer lugar y en cuanto a la prohibición de ubicar determinadas instalaciones dentro de los límites espaciales que la Ordenanza impone ha sido también objeto de recientes En particular la Sentencia de 22 de marzo de 2011 recoge la copiosa doctrina de la Sala que había considerado un límite infranqueable al ejercicio de las competencias municipales la regulación de cuestiones técnicas relativas a la ordenación de las comunicaciones por telefonía móvil y concluye que se trata de un aspecto puramente técnico de la ordenación de las telecomunicaciones en
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los contenidos de los informes sectoriales que persiguen la salvaguarda de las exigencias esenciales Por tanto los Ayuntamientos no pueden atribuirse la decisión última ejecutiva en materia de compartición de emplazamientos ni de infraestructuras sino la decisión motivada instrumentalizada mediante informes que determine si en atención a sus intereses medioambientales o urbanísticos corresponde y procede la compartición que se llevará a la CMT para que pondere la afectación que se produce en el mercado y determine los condicionantes de esa compartición recogiendo los informes sectoriales emitidos por otras Administraciones con lo que como mecanismo de cooperación queda garantizada la toma en consideración de todas las competencias concurrentes En el caso que nos ocupa el Ayuntamiento no se atribuye la decisión última ejecutiva en materia de compartición de emplazamientos ni de infraestructuras sino la decisión motivada instrumentalizada mediante informes que determine si en atención a sus intereses medioambientales o urbanísticos corresponde y procede la compartición que se llevará a la CMT para que pondere la afectación que se produce en el mercado y determine los condicionantes de esa compartición recogiendo los informes sectoriales emitidos por otras Administraciones con lo que como mecanismo de cooperación queda garantizada la toma en consideración de todas las competencias concurrentes Por ello se desestima esta impugnación Se impugna lo que se denomina genéricamente la protección de espacios sensibles contenida en los artículos 21 24 29 de la Ordenanza bajo la genérica fundamentación de que La aplicación del articulo impugnado implica la creación de ámbitos de exclusión que suponen la imposición a las operadoras de telefonía móvil de limitaciones desproporcionadas al desarrollo de la red que en muchos casos literalmente impedirá la implantación de las necesarias infraestructuras para hacer efectiva la operatividad En este sentido la STS de 11 de febrero de 2013 niega competencia objetiva a las Corporaciones Locales para fijar de medidas adicionales de protección de la salud pública más estrictas que las fijadas por la normativa estatal básica tanto en relación con los límites de emisión radioeléctrica como en la fijación de distancias mínimas a las correspondientes infraestructuras sobre la base de esta nueva línea jurisprudencial se anula el art artº 21 de la ordenanza aquí impugnada por cuanto establece medidas de protección de la salud pública más allá del marco estatal que funciona de manera uniforme para todo el territorio no así los dos artículos restantes 24 y 29 que ninguna relación guarda con el ni se observa que pueda contravenir ninguna norma Se impugnan los arts 45 y 46 referidos a las clases de infracciones y tipos legales y se fundamenta en que en los artículos expresados no se limita el ayuntamiento a la transcripción de preceptos ya positivado en textos legales sino que hace añadidos propios y se incluyen potestades de control inspección y órdenes de ejecución sin que exista norma con rango de Ley que habilite las mismas Contrariamente a lo alegado por la recurrente entiende la Sala que ninguna de las infracciones y sanciones recogidas en la ordenanza es distinta a las recogidas en el Decreto Legislativo 1 2000 de 8 de mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias que es el texto normativo aplicable en cuanto ordenanza de naturaleza urbanística Se impugna la Disposición adicional cuarta referida al Plan técnico de implantación Entiende la Jurisprudencia citada en la Sentencia que la exigencia de un plan técnico previo para la autorización de las antenas de telefonía móvil se presenta con la finalidad de garantizar una buena cobertura territorial mediante la disposición geográfica de la red y la adecuada ubicación de las antenas y la pertinente protección de los edificios o conjuntos catalogados vías públicas y paisaje urbano Estas materias están estrechamente relacionadas con la protección de los intereses municipales que antes se han relacionado Con este objetivo no parece desproporcionada la exigencia de una planificación de las empresas operadoras que examine coordine e incluso apruebe el Ayuntamiento Conforme a esta doctrina se desestima la impugnación 284 Sentencia del TSJ de Canarias sede Las Palmas de 21 de febrero de 2014 Tema principal Licencias Otras temáticas Cualquiera Cualquiera Fecha de la sentencia 21 02 2014 Órgano TSJ de Canarias Las Palmas Detalle de la sentencia Dictado en recurso de apelación número 24 13 interpuesto por TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA contra la sentencia de fecha 30 de octubre de 2012 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Las Palmas contra la Resolución del Ayuntamiento de Telde de 28 de julio de 2009 por la que se le deniega a la recurrente la licencia municipal de obra menor para la instalación de una Estación Base de telefonía móvil en la zona de Lomo Silva Las Huesas interesándose el dictado de una Sentencia por la que se anule el acto administrativo impugnado reconociendo el derecho que le asiste a que dicha licencia sea otorgada expresamente por ajustarse el proyecto presentado a la normativa de aplicación La sentencia de instancia desestimó el recurso en base a que la adquisición de las licencias por silencio requiere la concurrencia simultánea de dos requisitos el transcurso de los plazos legales establecidos y que la licencia solicitada sea ajustada al planeamiento y al resto del ordenamiento aplicable Y en este caso el proyecto incumple con las determinaciones urbanísticas del vigente Plan General de Ordenación Urbana y su falta de adaptación a los contenidos además la licencia de actividad clasificada será en todo caso previa a la licencia de obra conforme al art 4 de la Ley 1 1998 de 8 de enero de Régimen Jurídico de Actividades Clasificadas El TSJ desestima el recurso de apelación Sobre la cuestión relativa a la ausencia de una Ordenanza municipal de telecomunicaciones ya ha tenido ocasión de pronunciarse el TSJª de Canarias sede en Las Palmas en su Sentencia de 23 de marzo de 200 A este respecto hemos de señalar que el hecho de que el Ayuntamiento de Telde no tuviera una Ordenanza propia de Telecomunicaciones no conlleva sin más que las operadoras puedan instalar las estaciones base o las antenas de telefonía libremente En similares términos se pronuncia la STSJª de Canarias de 31 octubre 2007 En el caso que nos ocupa la cuestión por la que se deniega la licencia resulta estrictamente urbanística y por tanto de ámbito municipal al fundarse en las determinaciones del PGOU respecto de las instalaciones en la cubierta de la edificación No obsta a lo anterior la posterior aprobación definitiva por el Ayuntamiento de Telde de la Ordenanza reguladora de las condiciones urbanísticas de telefonía móvil por lo que sus determinaciones no son de aplicación al supuesto de autos máxime cuando tampoco puede decirse que de vía libre a las compañías para la ubicación de antenas de telefonía móvil sin más en las cubiertas de los edificios tal y como pretende la actora sino que dicha instalación siempre deberá adecuarse a la normativa urbanística y medioambiental STSJª de Canarias sede Santa Cruz de Tenerife de 12 de julio de 2011 Es cierto que las antenas se regirán además por lo que disponga la Ordenanza municipal de telecomunicaciones pero es seguro que ésta no podrá establecer criterios que contradiga los límites máximos de contenido urbanístico aprobados por el Plan General de Ordenación Urbana que constituye la norma competente para regular el espacio sobre cubierta de las edificaciones Por tanto basándose la denegación en la normativa urbanística vigente y siendo la concesión de licencias un acto reglado ante los informes jurídicos y técnicos desfavorables no cabe hablar de silencio administrativo positivo 285 Sentencia del TSJ de Canarias sede Las Palmas de 17 de enero de 2014 Tema principal Licencias Otras temáticas Cualquiera Cualquiera Fecha de la sentencia 17 01 2014 Órgano TSJ de Canarias Las Palmas Detalle de la sentencia Dictada en recurso de apelación número 08 2013 interpuesto por la entidad FRANCE TELECOM ESPAÑA S A contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 en el Procedimiento Ordinario número 550 2009 de 3 de septiembre de 2012 desestimando el recurso interpuesto por la entidad FRANCE TELECOM ESPAÑA S A contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Telde de fecha 30 de octubre de 2009 por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo Municipal de fecha 29 de mayo de 2009 de suspensión facultativa del otorgamiento de licencias urbanísticas para la instalación de infraestructuras de telefonía móvil en el término municipal Se estima el recurso de apelación sobre la base de un extremo que puede incluirse en la falta de motivación denunciado y es que conforme al artículo 15 del Decreto 55 2006 la suspensión facultativa de licencias puede tomarse Desde la adopción del acuerdo o resolución a que se refiere el art 12 de este Reglamento y tal precepto prevé que el procedimiento de formulación revisión o modificación de los instrumentos de ordenación de los recursos naturales territorial o urbanística podrán iniciarse de oficio o cuando esté legalmente previsto a instancia de parte Y tal acuerdo de inicio del procedimiento determinará como mínimo el cronograma de plazos así como el Departamento o Servicio al que se encomienda la instrucción e impulso del correspondiente expediente administrativo Pues bien el acuerdo objeto del recurso seguido en la instancia de 29 de mayo de 2009 se dice adoptado como medida cautelar derivada del procedimiento de adaptación íntegra del Plan General de Ordenación Municipal a la Ley 19 2003 así como a la Ley 6 2009 de 6 de mayo de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo pero sin que se afirme o conste que efectivamente el Ayuntamiento de Telde había aprobado la iniciación de tal procedimiento de revisión del PGOU con el cronograma e indicación del Departamento responsable de la instrucción en la forma que exigen los preceptos reglamentarios que hemos trascritos 286 Sentencia del TSJ de Canarias sede Las Palmas de 26 de marzo de 2014 Tema principal Zonas Sensibles Otras temáticas Planes de Implantación Licencias Fecha de la sentencia 26 03 2014 Órgano TSJ de Canarias Las Palmas Detalle de la sentencia El TSJ de Canarias estima parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por TELEFONICA MOVILES contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Santa Brígida de 25 02 2010 por el que se aprueba la Ordenanza municipal reguladora de las condiciones urbanísticas de las infraestructuras de telefonía móvil La STS Sec 5ª 09 03 2011 RC 3037 2008 confirma la anulación total de la revisión del Plan General de Ordenación Municipal de la ciudad de Ourense por no haberse solicitado durante su tramitación el informe sectorial sobre las necesidades de redes públicas de comunicaciones electrónicas exigido en el art 44 3 de la Ley 11 1998 de 24 de abril general de telecomunicaciones actual art 26 2 de la Ley homónima 32 2003 de 3 de noviembre por cuanto la referida omisión constituye un defecto que como vicio sustancial en la elaboración de una disposición de carácter general debe acarrear su nulidad de pleno derecho conforme a lo establecido en el art 62 2 de la Ley 30 1992 Contiene esta sentencia una importante doctrina sobre la determinación de los casos en que este informe sectorial es necesario y así puntualiza que Situados pues ante la necesidad de precisar cuáles son esos instrumentos de planificación territorial o urbanística cuya aprobación está condicionada por la previa emisión del informe estatal entendemos que obviamente precisarán ese informe los instrumentos de planeamiento expresa y formalmente caracterizados como tales en las correspondientes legislaciones autonómicas Ahora bien partiendo de la base de que desde una perspectiva de realismo jurídico lo que importa no es tanto la denominación formal del instrumento jurídico sino su naturaleza finalidad y contenido real pues las cosas son lo que son y no como se las llame Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2008 recurso de casación 5748 2005 lo verdaderamente determinante para requerir la emisión de ese informe será que a través de la iniciativa autonómica o municipal concernida con independencia de su caracterización o presentación formal se pretenda introducir una ordenación jurídica con repercusión sobre la ordenación territorial y urbanística que como tal incida directamente en la esfera de intereses que justamente quiere proteger y salvaguardar la atribución competencial a favor del Estado en materia de telecomunicaciones La Sala estima parcialmente el recurso Contencioso Administrativo interpuesto por la representación procesal de TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA S A frente a la Ordenanza antes identificada que anulamos en sus artículos 3 38 y 42 desestimándolo en el resto Se impugnan los artículos 3 38 y 42 en cuanto consideran preceptiva la licencia de Actividad Clasificada de acuerdo con la Ley 1 1998 de 8 de enero de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas y ello por cuanto dicha Ley ha sido derogada por la Ley 7 2011 de 5 de abril de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias señalando que el régimen jurídico que la nueva Ley de Actividades Clasificadas impone procede directamente de la Directiva 2006 123 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios del mercado interior DS la cual obligaba a todos los estados miembros a adaptar su normativa a la citada DS antes del 28 de diciembre de 2009 En relación a esta cuestión y tras un exhaustivo análisis de la Jurisprudencia al respecto concluye la Sentencia que la Sala territorial encargada de la interpretación del derecho autonómico no declara por sí que la actividad sujeta a la Ordenanza constituya una actividad calificada a tenor de la Ley autonómica 1 1998 siendo de esta manera que a falta de la explícita declaración jurisdiccional por la Sala que ello sea así es procedente la declaración de nulidad de los preceptos de la Ordenanza que sujetan la actividad a un régimen de protección ambiental no amparado por la ordenación legal autonómica En este sentido es cierto que las estaciones base de telefonía móvil no estaban expresamente incluidas en la relación de actividades que en todo caso habrían de comprenderse en el nomenclátor a aprobar por el Gobierno de Canarias relación contenida en el artículo 34 2 de Ley 1 1998 de 8 de enero de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas Esta cuestión en parte se ha simplificado por cuanto la Ley 1 1998 de 8 de enero de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas ha sido derogada por la Ley 7 2011 de 5 de abril de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias que no contempla que esta clase de instalaciones esté sometida a tal clase de licencias con lo cual no queda duda de que el Ayuntamiento carece antes y después de tal derogación de competencia para declarar la inclusión de tal actividad como clasificada por lo cual debe prosperar la nulidad de los preceptos indicados en cuanto se refiere a la necesidad de obtención distinta de la licencia de obras Llegados a este punto la Sala recuerda la doctrina general que se ha elaborado en torno a la compleja relación de títulos competenciales en la materia y que recoge la STS de 4 del 10 de julio de 2013 Estamos ya repitiendo nuestra doctrina fuertemente consolidada y arraigada en esta Sala y Sección sobre el reconocimiento de que nos encontramos ante títulos competenciales de distinta naturaleza sectoriales y transversales que concurren o convergen en el mismo ámbito físico entendido como territorio suelo subsuelo y vuelo con objetos distintos y hasta a veces con distintas intensidades A partir de la sentencia de esta Sala y Sección de 15 de diciembre de 2003 y la de 4 Mayo de 2006 hemos ido afirmando que si bien ciertamente el Estado goza de competencia exclusiva sobre el régimen general de las Telecomunicaciones artículo 149 1 21ª CE que se circunscribe a los aspectos propiamente técnicos tales como configuración y diseño técnico y despliegue de la red la de los Municipios no queda excluida o anulada puesto que éstos siguen ostentando la competencia para la gestión de sus respectivos intereses derivados del reconocimiento legal de los mismos y dentro de la habilitación estatal y autonómica que se les otorgue artículo 4 1 a y 25 2 LBRL 7 1985 2 de abril Y a pesar de que en algún momento pudiera haber existido alguna vacilación entre sentencias surgidas por esta Sección 4ª al analizar las Ordenanzas municipales para la instalación de estaciones de telefonía móvil y Sentencias de la Sección 5ª que analizaban instrumentos de planeamiento que contuvieran especificaciones o condicionamientos en la materia no lo fue en esta cuestión relativa al reconocimiento de la competencia municipal para la determinación de los condicionamientos jurídicos a la hora de establecer las instalaciones e infraestructuras de las distintas operadoras de telefonía móvil Es más el reconocimiento de la exclusividad estatal en la materia tiene un claro sustento constitucional desde las SSTC 168 1993 244 1993 y también en la 31 2010 de 28 de Junio y por otra parte el propio artículo 137 CE afirma que los municipios gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses Debemos destacar la relevancia de la STC 8 2012 de 18 de febrero que analiza el problema de la concurrencia competencial Esta sentencia reconoce que si se producen discrepancias respecto a la delimitación del espacio de cada una de las convergentes a la hora de regular debe procederse a integrar ambas competencias acudiendo en primer lugar a formulas de cooperación Y si ello no permitiera la integración efectiva final deberá resolverse a favor del titular de la competencia prevalente o en definitiva determinante de mayor relevancia sin que ello signifique desconocer las restantes competencias exclusivas que convergen En particular en el caso que nos ocupa se impugna el artº 5 que divide el territorio municipal en cuatro zonas a
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en recurso de apelación nº 356 2011 interpuesto por Telefonía Móviles España S A contra sentencia de 29 de julio de 2011 del Juzgado Contencioso administrativo número 2 de Pamplona Iruña que estimó en parte el recurso interpuesto contra la resolución del Ayuntamiento de Tudela anulando y dejando sin efecto las sanciones impuestas por las infracciones tipificadas en el artículo 212 4 y 212 22 de la Ley Foral 35 2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo y confirmando el resto de la resolución impugnada y con ello las sanciones impuestas por la comisión de una infracción de carácter leve tipificada en el artículo 211 11 y una infracción de carácter grave tipificada en el artículo 212 13 de la mencionada Ley Foral El TSJ desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia Señala el TSJ que el Plan Territorial de Infraestructuras no contempla el emplazamiento de una antena de telefonía móvil en la azotea del edificio por lo que no sería posible la legalización de la instalación ejecutada en contra de la opinión de la parte actora Del mismo modo no puede tampoco obviarse una circunstancia que es relevante y ya en ocasiones habitual en la forma de actuar de la empresa actora y no es otra que el hecho de que la antena era clandestina camuflada como si se tratase de una chimenea todo lo cual fue descubierto a raíz de una denuncia interpuesta por un particular ante el Ayuntamiento de Tudela Por ello debe partirse de la base de que nos encontramos ante una actuación que podríamos denominar poco honesta por parte de la entidad recurrente y a la vista de lo actuado y de lo señalado en la presente resolución no cabía otra respuesta que la adoptada en las dos resoluciones que constituyen el objeto del recurso contencioso administrativo interpuesto 724 Sentencia del TSJ de Navarra de 3 de octubre de 2013 Tema principal Licencias Otras temáticas Demolición Clausura Cualquiera Fecha de la sentencia 03 10 2013 Órgano TSJ de Navarra Detalle de la sentencia Dictada en recurso de apelación nº 238 2013 interpuesto por Telefonía Móviles España S A contra sentencia de 22 de febrero de 2013 del Juzgado Contencioso administrativo número 3 de Pamplona Iruña que desestimó el recurso interpuesto contra las resoluciones del Ayuntamiento de Pueyo que acordaban incoar expediente de clausura y retirada de la instalación de telefonía móvil y denegar la licencia solicitada El TSJ desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia Considera el TSJ que la recurrente a pesar de la claridad de ambas resoluciones en las que se indicaba la obligación de retirada de la instalación que no podía legalizarse o concederse por vulneración de la Ordenanza municipal no fue recurrida por la actora por lo que devino firme desplegando todos sus efectos Entre dichos efectos se encuentra la incoación de expediente de clausura de la instalación y la resolución que ordena la retirada de la misma objeto de esta litis No existe por tanto en
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éste considera superada la doctrina sentada en esta sentencia como consecuencia de diversos pronunciamientos del Tribunal Supremo sobra la naturaleza de las calificaciones territoriales se trata de un acto singular y no de un instrumento de ordenación urbana por lo que la competencia del Consejo de Gobierno del Cabildo resulta del art 127 e de la LBRL La parte apelada alega por su lado la nulidad del acuerdo de denegación porque éste solo se justificó en la inexistencia de planeamiento denuncia además la pasividad de la Administrción para aprobar el Plan Territorial Especial que abría de legitimar la instalación proyectada Sobre esta cuestión el TSJ recuerda que ya se ha pronunciado en anteriores ocasiones sentencias 03 06 2008 y 14 03 2012 y como en aquellas considera que no estamos ante un supuesto de ausencia absoluta de regulación sino ante una remisión expresa establecida por el Plan Insular artículo 2 2 3 7 apartado B 5 letra d a un Plan Territorial Especial para la autorización de esta clase de instalaciones de modo que la inexistencia del Plan Territorial Especial determina por aplicación directa del Plan Insultar la prohibición Y por lo que se refiere a la pasividad de la Administración el TSJ afirma que puede tener consecuencias desde el punto de vista de la responsabilidad patrimonial de la Administración pero no puede convertir en lícito lo ilícito Concluye el TSJ que en este caso el uso que se pretende está prohibido por el planeamiento lo que deja zanjada la cuestión pues nunca será posible otorgar una Calificación Territorial en relación a un uso prohibido por el planeamiento vigente 295 Sentencia del TSJ de Canarias sede Las Palmas de 19 de marzo de 2013 Tema principal Licencias Otras temáticas Cualquiera Cualquiera Fecha de la sentencia 19 03 2013 Órgano TSJ de Canarias Las Palmas Detalle de la sentencia Dictada en recurso de apelación nº 84 2012 interpuesto por el Cabildo Insular de Gran Canaria contra la sentencia de 20 de septiembre de 2011 que estimaba el recurso contencioso administrativo interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno del Cabildo Insular de Lanzarote de que denegaba la aprobación definitiva del otorgamiento de la Calificación Territorial para la ejecución de la obra de instalación de una estación base de telefonía móvil en Boca Tiesto término de Haría El TSJ estima el recurso de apelación y revoca la sentencia recurrida La sentencia de instancia se sustentaba en lo siguiente el acto se dicta por un órgano manifiestamente incompetente por la materia dado que la Calificación Territorial viene identificada por la ley como un instrumento de ordenación y la aprobación de los instrumentos de ordenación es competencia del pleno de la Corporación y además se dicta por delegación de otro órgano incompetente Consejo de Gobierno Insular pese a ser una competencia indelegable lo que nos permite concluir ese carecer ostensible y manifiesto de la incompetencia que lleva a declarar la nulidad radical de la resolución por aplicación del artículo 62 1 b de la LRJPAC El TSJ considera que las Calificaciones Territoriales son actos singulares que no gozan de la naturaleza de los instrumentos de ordenación urbana Y en cuanto al segundo motivo alegado por la parte apelada pasividad de la Administración a la hora de aprobar el Plan Territorial Especial que habría de legitimar la instalación proyectada recuerda que ya en su sentencia de 14 de marzo de 2012 decía la misma Sala que este motivo parece más bien dirigido al reconocimiento de un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración que a fundar la legalidad de la actuación proyectada añade que en este caso no estamos ante un supuesto de ausencia absoluta de regulación sino ante una remisión expresa establecida por el Plan Insular artículo 2 2 3 7 apartado B 5 letra d a un Plan Territorial Especial para la autorización de esta clase de instalaciones de modo que la inexistencia del Plan Territorial Especial determina por aplicación directa del Plan Insultar la prohibición y por ello la pasividad de la Administración puede tener consecuencias pero no puede convertir en lícito lo ilícito 296 Sentencia del TSJ de Canarias sede Las Palmas de 5 de marzo de 2013 Tema principal Licencias Otras temáticas Cualquiera Cualquiera Fecha de la sentencia 05 03 2013 Órgano TSJ de Canarias Las Palmas Detalle de la sentencia Dictada en recurso de apelación nº 14 2013 interpuesto por TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA S A contra el auto de 6 de noviembre de 2012 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo num 4 de Las Palmas que acordaba no haber lugar a acceder a la suspensión del acto administrativo objeto del recurso contencioso administrativo num 63 12 que ordenaba el cese de actividad de una antena de telefonía móvil por no contar con licencia de actividad El TSJ desestima el recurso de apelación La apelante alega que tras la entrada en vigor de la Ley 7 2011 de 5 de abril de actividades clasificadas y espectáculos públicos de Canarias ya no precisa de licencia de actividad sino que basta con la comunicación previa A ello opone el Ayuntamiento que la licencia de actividad clasificada le fue denegada y por ello la apelante no justificó contar con la licencia en el expediente sancionador incoado Considera el TSJ que no puede atenderse a la suspensión pretendida porque las medidas cautelares tienen como finalidad que no resulte irreparable la duración del proceso De modo que la adopción de tales medidas no puede confundirse con un enjuiciamiento sobre el fondo del proceso que está vedado por ello no es posible acoger la pretensión de suspensión que se reitera por el apelante procediendo pues confirmar los acertados razonamientos jurídicos en que se sustenta el auto impugnado 297 Sentencia del TSJ de Canarias sede Las Palmas de 5 de marzo de 2013 Tema principal Licencias Otras temáticas Demolición Clausura Cualquiera Fecha de la sentencia 05 03 2013 Órgano TSJ de Canarias Las Palmas Detalle de la sentencia Dictada en recurso de apelación nº 61 2012
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Marzo de 2011 dictada en el Recurso de Casación 845 2006 y que puede determinarse en los siguientes puntos 1º La competencia exclusiva estatal en el sector de las Telecomunicaciones Determina un ámbito propio infranqueable de regulación sobre el Ámbito físico aún cuando puedan condicionarse otros títulos competenciales Esta competencia exclusiva estatal no puede quedar soslayada o desvirtuada por el ejercicio que se realice por las Corporaciones Locales puesto que existe un interés general subyacente en la prestación del servicio de telefonía móvil que ha de preservarse por el Estado 2º Esta competencia exclusiva no supone la regulación íntegra y global del fenómeno sino que de centrarse en los aspectos propiamente técnicos de lo contrario estaríamos ante una expansión estatal ilegítima de otras competencias locales Por tanto tampoco cabe que los Ayuntamientos se extiendan en su regulación a cuestiones técnicas bajo el pretexto de regular temas urbanísticos protección del patrimonio histórico cultural medio ambiente y salubridad pública 4º En definitiva y volviendo al caso no cabe duda alguna de la capacidad de las Corporaciones Locales de reglamentar en el sector de las telecomunicaciones a los efectos de la instalación y ubicación de infraestructuras y equipos de telefonía móvil en el ejercicio de sus competencias y en el marco que la previa legislación estatal y autonómica hayan prefijado 5º No poseen margen de regulación reglamentación mediante Ordenanzas las Corporaciones Locales para adoptar normas adicionales de protección de la salud pública ex artículo 25 2 h Ley 7 1985 2 de Abril más estrictas que las fijadas por la normativa estatal básica tanto en relación a los límites de emisión radioeléctrica como en la fijación de distancias mínimas a las correspondientes infraestructuras al haber ejercitado el Estado ex artículo 149 1 16ª CE de forma completa y agotada las medidas de protección sanitaria frente a los niveles tolerables de exposición e estas emisiones En este mismo sentido la Sentencia de 22 de Marzo de 2011 Analizando la concreta ordenanza recurrida en primer lugar se plantea si es conforme a Derecho exigir a las operadoras de telefonía móvil la previa obtención de licencia de actividad clasificada En este sentido según el TS en Sentencia de 17 de Noviembre de 2010 la postura más correcta es la de no exigir licencia de actividades clasificadas para la instalación de antenas de telefonía móvil por razones de índole competencial y razones de dinámica de la propia licencia de actividad que impediría a los municipios exigir tal licencia Según el TS cuando nos encontramos con una actividad verdaderamente nueva no incluida en el nomenclátor la labor de un Ayuntamiento para llevar a cabo la inclusión sería en primer lugar elaborar un informe siguiendo las pautas que establezca la normativa sectorial y examinar si debe ser actividad clasificada por molesta nociva insalubre o peligrosa en segundo lugar establecer los posibles grados de molestia nocividad insalubridad o peligrosidad y en tercer lugar determinar las medidas correctoras conforme la normativa para pasar a informe de órgano de superior ámbito territorial competente en materia de actividades clasificadas y en su caso se incluya por quien proceda en el nomenclátor y no se dé la paradoja que una actividad sea calificada en un municipio y en otro no lo sea y ello por virtud del principio de seguridad jurídica El mundo científico dependiente de organismos internacionales dice el TS ha llegado a la conclusión de que con los niveles de radiación recomendados es suficiente para la salvaguarda de la salud de la población en general ante exposiciones a campos electromagnéticos débiles como los generados por fuentes típicas ambientes urbanos o residenciales Por lo que los Ayuntamientos no son competentes en materia sanitaria sobre los aspectos que acabamos de exponer De concluir que las antenas de telefonía móvil necesitan licencia de actividad estaríamos dando el control de la actividad y el régimen sancionador a los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas cuando el análisis de la legislación vigente Ley General de Telecomunicaciones y Reglamento atribuye la inspección control y régimen sancionador al Estado sin perjuicio de la cooperación y coordinación con las Comunidades Autónomas A esta doctrina tal y como señala la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 9 de Junio de 2013 se une el régimen legal tras la entrada en vigor de de la Ley 17 2009 de 23 de Noviembre sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio que ha modificado el art 84 de la Ley de Bases de Régimen Local para introducir la comunicación previa o la declaración responsable como mecanismos ordinarios de intervención en el ámbito local junto con las licencias modificación acompañada por el RD 2009 2009 de 29 de diciembre que a su vez modifica el Reglamento de servicios de las corporaciones locales y que deroga varios artículos que exigían la licencia previa municipal para la apertura de establecimientos industriales y mercantiles Por ello en el momento de la aprobación y publicación de la Ordenanza que nos ocupa ya no era exigible la licencia de actividad pudiendo someterse la actividad a otro régimen de control cual es la comunicación previa o la declaración responsable Por lo que procede declarar la nulidad de los apartados 1 y 4 del art 3 de la Ordenanza impugnada También se impugna el artículo 4 apartados 2 y 3 referidos a los proyectos que las operadoras de telefonía móvil han de presentar con ocasión de las instalaciones de que se trate y a la prohibición de instalación de antenas de telefonía móvil y otros equipos de radiocomunicación de similares características a menos de 100 metros de distancia respectivamente En cuanto al apartado 2 entiende la Sala que estas previsiones se pueden considerar convenientes para obtener el Ente Local información adicional en aras al ejercicio transversal de otras competencias municipales pues en todo caso no regulan propiamente condiciones técnicas competencia del estado ni contienen restricciones y menos excesivas En cuanto al apartado 3 entiende la Sala que el mismo excede de las previsiones de naturaleza medioambiental
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planeamiento lo que deja zanjada la cuestión pues nunca será posible otorgar una Calificación Territorial en relación a un uso prohibido por el planeamiento vigente 304 Sentencia del TSJ de Canarias sede Las Palmas de 21 de diciembre de 2012 Tema principal Licencias Otras temáticas Cualquiera Cualquiera Fecha de la sentencia 21 12 2012 Órgano TSJ de Canarias Las Palmas Detalle de la sentencia Dictada en recurso de apelación nº 411 2011 interpuesto por TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA contra la sentencia de 20 de septiembre de 2011 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo num 2 de Las Palmas que desestimó el recurso interpuesto contra la resolución del Ayuntamiento de Puerto del Rosario por la que se ordenaba la suspensión de unas obras para la instalación de una antena que se estaban realizando sin licencia El TSJ desestima el recurso de apelación y confirma la sentencia de instancia No tiene acogida la alegación de la apelante que aduce haber obtenido la licencia por silencio administrativo positivo cosa que el TSJ considera imposible ya que si la parte actora solicitó la licencia días después de la suspensión de las obraS esto es estando paralizadas mal puede entender producido el silencio positivo cuando ni siquiera había solicitado la licencia y mal puede entenderse en este contexto fáctico de obras suspendidas por carecer de licencia que pueda operar el silencio que en su caso podrá hacer valer si es que se produce y la obra es conforme con el ordenamiento jurídico a efectos de solicitar el levantamiento de la medida pero nunca a efectos de entender contraria a derecho la medida que es lo que aquí se recurre y que como hemos dicho se adoptó ante obras de ejecución sin licencia 305 Sentencia del TSJ de Canarias sede Las Palmas de 22 de junio de 2012 Tema principal Licencias Otras temáticas Demolición Clausura Cualquiera Fecha de la sentencia 22 06 2012 Órgano TSJ de Canarias Las Palmas Detalle de la sentencia Se desestima el recurso de apelación nº 254 2011 interpuesto por Telefónica Móviles España S A contra la sentencia de 29 de marzo de 2011 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Las Palmas que desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la desestimación presunta de la solicitud dirigida al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con fecha 24 de abril de 2009 para proceder a ejercitar una serie de acciones dirigidas a la protección de la legalidad La sentencia estima parcialmente el recurso y condena al Ayuntamiento a dar una resolución a la petición de revisión de la licencia previos los trámites que sean procedentes pero desestima la petición de incoación de expediente sancionador puesto que al estar ante una edificación que cuenta con licencia no existe indicio a priori de ilegalidad que lo justifique y desestima asimismo la petición de revocación de la licencia concedida ya que dicha declaración de ilegalidad solo puede darse en el curso de un procedimiento administrativo previos los informes y actuaciones
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la sentencia Se estima parcialmente el recurso C A interpuesto por Vodafone España S A U contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Águilas por el que se aprueba definitivamente la Ordenanza Municipal reguladora de la Instalación y Funcionamiento de Infraestructuras radioeléctricas declarando la nulidad de los siguientes artículos 3 1 referido a la primera intalación y a la renovación y sustitución Art 8 1 b referente a prohibiciones de instalación Art 8 2 b y c referido a limitaciones urbanística de instalación Art 8 3 referido al uso compartido Art 13 1 en particular referido a la suscripción de una póliza de responsabilidad civíl Art 15 referido a la primera instalación y a la renovación y sustitución Art 17 referido a medidas de garantía adicionales y Art 20 sobre infracciones y sanciones todos ellos por no ser ajustados a Derecho Se desestima el resto de las prestensiones 705 Sentencia del TSJ de Murcia de 12 de junio de 2009 Tema principal Licencias Otras temáticas Cualquiera Cualquiera Fecha de la sentencia 12 06 2009 Órgano TSJ de Murcia Detalle de la sentencia Se desestima el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Santomera contra la Sentencia que estimaba el recurso C A interpuesto por al mercantil Retevisión Móvil S A contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santomera por el que se desestima la concesión de licencia municipal de instalación de la estación base y su correspondiente antena de telefonía declarando la nulidad de dicho acto por no ser conforme a derecho y en su consecuencia ordena proseguir la tramitación del expediente referido a la solicitud de licencia municipal de instalación de la estación base y su correspondiente antena de telefonía móvil 706 Sentencia del TSJ de Murcia de 30 de enero de 2009 Tema principal Licencias Otras temáticas Cualquiera Cualquiera Fecha de la sentencia 30 01 2009 Órgano TSJ de Murcia Detalle de la sentencia Se estima recurso de apelación interpuesto por el Ayto de Molina de Segura Murcia desestimando la reclamación de responsabilidad patrimonial exigida por Retevision Móvil S A por los daños sufridos a causa del precinto de una estación base de telefonía móvil situada en la Plaza de la Constitución n 1 ya que dicha estación carecía de licencia de actividad 707 Sentencia del TSJ de Murcia de 27 de octubre de 2008 Tema principal Cualquiera Otras temáticas Cualquiera Cualquiera Fecha de la sentencia 27 10 2008 Órgano TSJ de Murcia Detalle de la sentencia Se estima el recurso de apelación interpuesto por el Excmo Ayuntamiento de Molina de Segura contra la sentencia n 5 de 3 de enero de 2007 que se revoca declarando en su lugar que no ha lugar a estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial postulada por Retevisión Móvil S A en la que pedía una indemnización de 171 234 90 por los daños sufridos a causa del precinto de una estación base de telefonía móvil al considerar que la acción de responsabilidad patrimonial había
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Cualquiera Cualquiera Fecha de la sentencia 23 12 2011 Órgano TSJ de Canarias Las Palmas Detalle de la sentencia Se desestima el recurso interpuesto por Telefónica Móviles S A contra el auto dictado en pieza separada de medidas cautelares por el que se denegaba la suspensión de la Resolución de 22 de febrero de 2011 dictada por el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana Las Palmas requiriendo el cierre voluntario de una central de telefonía 315 Sentencia del TSJ de Canarias sede Las Palmas de 25 de noviembre de 2011 Tema principal Demolición Clausura Otras temáticas Cualquiera Cualquiera Fecha de la sentencia 25 11 2011 Órgano TSJ de Canarias Las Palmas Detalle de la sentencia Se estima el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Arrecife Las Palmas contra el Auto de fecha 25 de mayo de 2011 dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Las Palmas denegando la medida cautelar solicitada de suspensión de los actos impugnados consistentes en la Resolución de 3 de marzo de 2011 dictada por el Ayuntamiento de Arrecife Las Palmas requeriendo para la retirada de la estación base de telefonía móvil sita en la calle Castillo Las Coloradas 5 316 Sentencia del TSJ de Canarias sede Las Palmas de 2 de noviembre de 2011 Tema principal Demolición Clausura Otras temáticas Cualquiera Cualquiera Fecha de la sentencia 02 11 2011 Órgano TSJ de Canarias Las Palmas Detalle de la sentencia Se desestima el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Arrecife Las Palmas contra el Auto de fecha 17 de junio de 2011 dictado en el procedimiento de pieza de medidas cautelares que se confirma En dicho auto se acordaba la suspensión del acto impugnado solicitada por Telefónica Móviles S A consistente en el Decreto de 4 de abril de 2011 dictado por el Ayuntamiento de Arrecife por el que contiene el requerimiento para la retirada de la antena de telefonía móvil propiedad de la recurrente en un plazo de quince días bajo apercibimiento de ejecución subsidiaria 317 Sentencia del TSJ de Canarias sede Las Palmas de 7 de octubre de 2011 Tema principal Demolición Clausura Otras temáticas Cualquiera Cualquiera Fecha de la sentencia 07 10 2011 Órgano TSJ de Canarias Las Palmas Detalle de la sentencia Se estima el recurso de apelación formulado por France Telecom Espana S A U contra el Decreto de Alcaldía del Ayto de El Rosario Las Palmas de 9 09 09 por el que se requiere la retirada de la instalación La sentencia indica que al estar pendientes de resolver solicitudes de legalización de la instalación o solicitud de licencia lo mismo es porque su concesión legalizaría las obras con independencia de que pudiera proceder la imposición de una sanción conforme al artículo 177 2 de la LOTCAN reiteradamente ha señalado la Sala que no puede la Administración fuera de dichos expedientes pronunciarse sobre la posible ilegalidad de las obras para ordenar su demolición o desmantelamiento de instalaciones sino que observando la obligación
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References: resolución 
 artículo 11
 resolución 
 artículo 3
 artículo 11
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 30
 resolución 
 resolución 
 artículo 8
 resolución 
 artículo 149
 Resolución 
 artículo 15
 resolución 
 artículo 34
 artículo 149
 artículo 4
 artículo 137
 resolución 
 artículo 212
 resolución 
 artículo 211
 artículo 212
 resolución 
 resolución 
 artículo 2
 resolución 
 artículo 62
 artículo 2
 artículo 25
 artículo 149
 artículo 4
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 177