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Los derechos de los consumidores en las reparaciones a domicilio
Posted on Sep 7, 2015 in Noticias, Opinión
El sector de prestación de servicios a domicilio tiene una importante incidencia económica sobre el ciudadano, pues es una parte importante del consumo habitual en nuestro país. Por prestación de servicios a domicilio hemos de entender todos aquellos destinados al mantenimiento y reforma de la vivienda, en general, y de sus instalaciones y edificaciones anexas, ya sean éstas últimas de propiedad común o individual.
La prestación de servicios a domicilio se configura como un contrato de arrendamiento de obra y servicios, definido en el artículo 1544 del Código Civil: “En el arrendamiento de obras o servicios, una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio cierto.” A pesar de que se incluyen en un mismo artículo, el arrendamiento de obra no es idéntico al de arrendamiento de servicios[1]. La principal diferencia, es que aunque en el arrendamiento de servicios también se persigue un resultado, éste no es factor determinante del contrato.
En síntesis como objeto de la prestación debida en los contratos de servicios y de obra, el servicio y obra implican para el deudor obligaciones de hacer. Aunque doctrinalmente el servicio se contrapone a la obra porque, si bien ambos suponen actividad, aquél se considera sólo como la actividad, en sí misma; en cambio, la obra es el resultado que se produce sobre una cosa o que se espera de una actividad determinada[1]
Así pues hemos de configurar el contrato de arrendamiento de obra y servicios, como un contrato cuya obligación principal es de resultado, lo que nos llevaría a analizar el artículo 1588 del Código civil. Este artículo señala que “puede contratarse la ejecución de una obra conviniendo en que el que la ejecute ponga solamente su trabajo o su industria, o que también suministre el material.”
Señala el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en su artículo 60 que “antes de contratar, el empresario deberá poner a disposición del consumidor y usuario de forma clara, comprensible y adaptada a las circunstancias la información relevante, veraz y suficiente sobre las características esenciales del contrato, en particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas, y de los bienes o servicios objeto del mismo.”
La información que se de al consumidor tiene que ser cierta y objetiva, con el objetivo de que le permita al consumidor conocer el servicio que está interesado en contratar.[1]
A pesar de esto, el INC no hace mención a la información al consumidor, aunque muchas autonomías han optado por incluirla en su legislación[2]. Si bien algunas no han profundizado en exceso, si es verdad que contienen aquella información mínima que el consumidor ha de conocer para decidir contratar con el prestador del servicio. El sistema que han utilizado ha sido el de la exigencia de un cartel u hoja informativa, dependiendo de si existe o no un local del negocio, en el que se ha de reflejar, al menos:
Los precios aplicables por tiempo de trabajo
Los precios de otros servicios afectados
Los recargos a aplicar por trabajos efectuados con carácter urgente o fuera de la jornada usual, a petición del usuario
Los gastos de desplazamiento en su caso.
También se exige que, para el caso en el que el usuario no acepte el presupuesto, se especifique que se podrá cobrar la confección misma de este. Como es lógico los precios recogidos en la información que se ofrece al consumidor deberán incluir todo tipo de impuestos, cargas o gravámenes. Si no los incluyesen no se podrán aplicar al consumidor y correrán a cargo del prestador de servicios.[3] Quizá hubiese sido adecuado especificar dentro de esta información que no gozarán de la protección de esta normativa los usuarios que contraten con personas carentes de la condición legal de empresario así como exigir que el horario de prestación de servicios al público esté de forma visible desde el exterior del establecimiento.
Al igual que hace el TRLGDCU[1], en lo que hace referencia al presupuesto el contenido del modelo que recomienda el INC establece que el prestador del servicio, antes de la realización del servicio convenido, deberá someter a la firma del cliente un presupuesto en el que se contengan, al menos, las siguientes cuestiones[2]:
Nombre, dirección y teléfono del prestador del servicio.
Nombre, dirección del cliente y descripción del servicio solicitado y de la dirección donde debe ser realizado, con características, calidades y resultado.
Fecha y firma o sello del prestador del servicio y en el lugar situado junto a éstos, un recuadro reservado para la firma del cliente
Además de lo que es el contenido en sí del presupuesto se recomienda que se realicen dos originales, uno de los cuales se deberá entregar al cliente, y el otro conservarlo el prestador del servicio, una vez haya sido firmado por el cliente en señal de conformidad.
[1] Señala en el artículo 97 que antes de iniciar el procedimiento de contratación y con la antelación necesaria, el empresario deberá suministrar al consumidor y usuario, de forma veraz y suficiente, la información prevista en el artículo 60 y además:
El plazo de vigencia de la oferta y del precio y, en su caso, la ausencia del derecho de desistimiento en los supuestos previstos en el artículo 102.
Las circunstancias y condiciones en que el empresario puede suministrar un bien o servicio de calidad y precio equivalentes, en sustitución del solicitado por el consumidor y usuario, cuando se quiera prever esta posibilidad.
En su caso, indicación de si el empresario dispone o está adherido a algún procedimiento extrajudicial de solución de conflictos.
[1] RUIZ JIMENEZ, “La información de los consumidores en el ámbito comunitario” Libro homenaje al Profesor Manuel Amorós Guardiola, Colegio de Registradores de la Propiedad. Madrid, 2006, págs. 643-666
[2] Las únicas comunidades que no mencionan en su legislación la información al consumidor son la Comunidad Valenciana y el País Vasco que en su articulado pasan directamente al presupuesto
[3] Hay algunas legislaciones, como el Decreto 255/1999, de 28 de diciembre, de prestación de servicios a domicilio de Castilla la Mancha en cuyo artículo 5 se llega mucho más al detalle al exigir, entre otras cosas que se señala en la información el nombre y apellidos, o denominación social, del prestador del servicio y el número de inscripción en el Registro así como la inclusión de determinadas leyendas como que “el prestador del servicio tiene la obligación de elaborar un presupuesto previo por escrito, salvo renuncia también por escrito del usuario”. Tan al detalle que “deberá figurar en caracteres de tamaño no inferior a 3 mm., debiendo estar agrupada y diferenciada de cualquiera otra publicidad que pudiera ofrecerse.“
[1] VILLANUEVA LUPIÓN, C.: El servicio como objeto de tráfico jurídico, Pág. 27. Editorial LA LEY, Madrid, 2009.
[1] El Tribunal Supremo ha establecido en diferentes sentencias la diferencia entre ambos tipos de contratos. Sirva la S.T.S de 3 de noviembre de 1983 como muestra de ello: “que de los diferentes criterios ideados por la doctrina para distinguir el arrendamiento de servicios del de obra, el que goza de mayor predicamento radica en el objeto inmediato de la obligación del arrendador, de manera que si éste se obliga a la prestación de servicios o de trabajo, o de una actividad en sí misma, y no al resultado que aquella prestación produce, el arrendamiento es de servicios, y, en cambio, si se obliga a la prestación de un resultado, sin consideración al trabajo que lo crea, el arrendamiento es de obra”.

References: artículo 1544
 artículo 1588
 artículo 60
 artículo 97
 artículo 60
 artículo 102
 artículo 5