Source: http://venepiramides.blogspot.com/2011/07/
Timestamp: 2017-09-25 04:27:41+00:00

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VenePirámides: julio 2011
En medio de una demanda brutal por la asfixia del control de cambio, un banco ruso sin experiencia en el tema maneja la emisión más grande de deuda de la República
La demanda del Bono Soberano 2031 por 4,2 millardos de dólares triplicará la oferta, según cálculos extraoficiales del sistema financiero y del Ministerio de Planificación y Finanzas.
El viernes el Dibise, Dispositivo Bicentenario de Seguridad Ciudadana, envió un alerta al despacho de Carmelitas sobre el colapso en las entidades financieras ante la insistencia de clientes en adquirir el nuevo papel emitido por la República. Según el informe hubo reyertas en tres agencias, cuando no hubo línea para realizar las transacciones en esas oficinas.
En algunas sedes no recibían operaciones por taquilla, sino que todo el personal estaba dedicado a atender a los usuarios. Los portales de algunos bancos por Internet colapsaron ante el exceso de tráfico para hacer las transacciones necesarias con el fin de adquirir el título.
La demanda de este nuevo bono tomó por sorpresa a las autoridades del Ministerio de Finanzas, que estudiaban cómo será la asignación, trascendió. Los montos otorgados serán bajos y algunas empresas que han solicitado grandes montos podrían quedar fuera de la asignación, dijo una fuente bancaria. Este nuevo bono tiene un valor de 100% y su cupón (tasa de interés) es de 11,95%. La recepción de órdenes concluye hoy y el lunes serán anunciados los resultados.
El banco ruso Evrofinance Mosnarbank, uno de los coordinadores de la entidad, tiene 50% de capital venezolano. La adquisición la hizo el Ministerio de Planificación y Finanzas el año pasado con recursos del Fondo de Desarrollo Nacional. No existe documento público que especifique cómo se concretó la operación y cómo se garantizará que los recursos del fondo sean reinvertidos y no se produzca una pérdida a la nación.
No está claro si este banco autorizado para efectuar transacciones comerciales, pueda ­en cumplimiento de la legislación bancaria venezolana al operar como coordinador de la emisión. Si bien comparte el rol con el Deutche Bank, ha tomado por sorpresa su presencia en esta negociación en la que no tiene ningún tipo de experiencia como banco de inversión, según reportó el diario El Nacional. En todo caso, eso es irrelevante: como es uno de los proyecticos del Comandante tiene patente de corso para hacer lo que le venga en gana, independientemente de su legalidad.
Publicadas por Bernardo Estéban (dido) Madoff a la/s 08:08 4 comentarios:
Elevadísimas ofertas de bonos no son función de las necesidades de financiamiento sino de la demanda insatisfecha de divisas
En un entorno donde el tipo de cambio oficial es percibido como muy barato por las empresas, la demanda de divisas supera con creces el monto que distribuye Cadivi y este desequilibrio obliga al Ministerio de Finanzas a emitir deuda costosa para incrementar la oferta de dólares.
El Ministerio de Finanzas inició la venta de bonos en divisas que las empresas comprarán con bolívares y luego revenderán en el exterior para obtener dólares. Paradójicamente, 40% de la emisión, que asciende a 4 mil 200 millones de dólares, está reservada para las empresas del sector salud, alimentos y bienes de capital.
Teóricamente las empresas de estos sectores reciben sus divisas a través de Cadivi, organismo que distribuye los dólares al tipo de cambio oficial de 4,30 bolívares y, si bien en el primer semestre asignó a salud 2 mil 376 millones de dólares y a alimentos 2 mil 063 millones, la demanda supera la oferta.
La demanda de dólares es muy elevada porque el Gobierno no ha movido el tipo de cambio oficial al mismo ritmo de la inflación y lo que se puede comprar con 4,30 bolívares dentro del país es mucho menos de lo que se adquiere con un dólar en el exterior.
La consecuencia es que la moneda está sobrevaluada, un desajuste que impulsa las importaciones y la demanda de divisas a niveles que no puede abastecer Cadivi.
En un informe fechado el 8 de febrero Barclays Capital señala que el bolívar, aun después de la última devaluación, mantiene una sobrevaluación de 32%, es decir, el tipo de cambio de equilibrio es de 6,3 bolívares por dólar.
Con esta nueva emisión de bonos, que vencen en 2031, el Ministerio de Finanzas aumenta la oferta de divisas pero a un alto costo para el país porque los títulos tienen una cuantiosa tasa de interés de 11,95% que obliga a la República a cancelar 9 mil 500 millones de dólares sólo en intereses.
¿Por qué el país se endeuda a este costo? Principalmente porque si los bonos pagan una elevada tasa de interés pueden ser revendidos a mayor precio en el exterior y el tipo de cambio implícito, es decir, el precio final al que las empresas compran los dólares, se mantiene en torno a 5,30 bolívares, como desea el Ministerio de Finanzas para que no haya mayor diferencia con el Sitme
José Guerra, director de la Escuela de Economía de la Universidad Central, afirma que "el exceso de demanda de divisas por el desajuste que crea la sobrevaluación obliga a emitir deuda costosa para no quemar reservas internacionales".
Agrega que "el país se endeuda en dólares a esta tasa de interés para obtener bolívares, este esquema no tiene ningún futuro, la apuesta del Gobierno es que el petróleo siga aumentando para retardar la devaluación hasta después de 2012".
El economista Orlando Ochoa afirma que "una emisión de bonos por 4 mil 200 millones de dólares con esta tasa de interés para fines meramente transitorios se traduce en deterioro fiscal".
Con los bolívares que recibirá por la emisión de bonos el Gobierno asegura que impulsará la Misión Vivienda y la Misión Agro Venezuela, en momentos en que el precio del petróleo supera los 107 dólares el barril y aumenta el ingreso del Ejecutivo.
Tesoreros de entidades financieras indican que la demanda por el nuevo bono se ha disparado y seguramente duplicará la oferta.
"Era previsible, hay muchos bolívares en el mercado y el apetito por comprar dólares es muy alto en una economía donde no hay otra alternativa para proteger al dinero de la inflación", dice un ejecutivo bancario que prefiere reservar su nombre, según reportó el diario El Universal.
El mono de PDVSA con sus contratistas sube a la bicoca de USD 10,9 billones
El presidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, presentó el Informe de Gestión 2010 de la empresa, que en buena parte recoge las cifras indicadas en la Memoria y Cuenta que entregó en febrero a la Asamblea Nacional, pero se amplían datos como el hecho de que la empresa alcanzó otro récord en sus cuentas por pagar a proveedores.
La deuda con los contratistas llegó 10,9 millardos de dólares, lo que representa un aumento de 55,3% con respecto a los 7 millardos de dólares de 2009 y un incremento de 250,4% en sólo tres años, en momentos en los que el Gobierno recibió los mayores ingresos por los elevados precios del crudo. En 2007, la deuda con proveedores era de 3,1 millardos de dólares.
Una situación similar ocurrió con la deuda financiera de la petrolera, que el año pasado también registró un nivel máximo de 24,9 millardos de dólares: un crecimiento de 34,9% con relación al saldo de 2009 y una variación de 55,8% al compararse con 2007.
Ramírez eludió mencionar que exista el propósito de declarar una situación de emergencia en la faja del Orinoco para agilizar los nuevos proyectos y elevar la producción. Tampoco se refirió a si las deudas con los contratistas sean un problema, por el contrario señaló las nuevas exigencias que se le están haciendo a las empresas contratistas.
"Necesitamos que nuestro sector conexo de servicios se vaya para la faja, y lo estamos poniendo como condición", dijo el también ministro de Energía y Petróleo. "No podemos seguir trabajando en un sitio donde no hay infraestructura propia, por eso nuestra exigencia de que los prestadores de servicio estén en el área. No nos interesa que estén en el norte del país y mucho menos fuera", añadió.
Pese a los señalamientos de empresas socias de Pdvsa en la faja del Orinoco, de que la producción temprana sería para 2012 o 2013, Ramírez aseguró que los primeros volúmenes ­habló de 144.000 barriles diarios- se comenzarán a extraer este año en los bloques Carabobo y Junín.
El funcionario habló que Pdvsa tiene como "horizontes de producción", gracias a la faja, obtener una producción de 4 millones y de 6 millones de barriles diarios en 2015 y 2019, respectivamente, según reportó el diario El Nacional.
Problemas de la faja tienen su orígen en el débil flujo de caja de PDVSA
La intención de Petróleos de Venezuela de agilizar y acelerar los procesos en la Faja del Orinoco, a fin de cumplir las metas de producción temprana previstas para 2012, no se está logrando cabalmente.
Pese a que la petrolera estatal autorizó una "emergencia" en las operaciones en la Faja que permita acelerar las contrataciones, los procesos de licitación con las empresas de servicios no fluyen adecuadamente.
La medida de emergencia, que no ha sido reconocida oficialmente por Pdvsa, ha servido para resolver algunos procedimientos administrativos y burocráticos, pero no ha terminado por impulsar los proyectos debido a la falta de pagos por parte de Petróleos de Venezuela a las empresas de servicios, indican fuentes del sector petrolero.
Los retrasos en los pagos a los proveedores de servicios terminan por afectarlos en su flujo de caja, pues en la práctica terminan financiando temporalmente las actividades medulares de la estatal.
Hace dos semanas el ministro de Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, manifestó que dentro del marco legal del sector hidrocarburos se han "creado estructuras" bajo la forma de "comités de contrataciones especiales para agilizar" los desarrollos y las obras en los distintos bloques de la Faja.
En aquel momento, el titular de Pdvsa dijo que se hizo "una reestructuración de todos nuestros equipos, una disposición para tener más agilidad en el desarrollo de estos proyectos, es una organización que atiende más a lo territorial y estamos concentrando en la Faja a todos nuestros responsables. Toda la organización de la Faja se ha trasladado al sitio (...) para poder cumplir nuestra meta de producir 4 millones de barriles diarios".
Y la semana pasada una fuente citada por Reuters dijo que "la directiva dictó una resolución de emergencia por tres meses para acelerar los procesos de licitación, que están muy atrasados".
La burocracia y la lentitud en los procesos administrativos han sido señalados varias veces como causantes de la falta de ejecución de los proyectos en las empresas mixtas, donde Pdvsa es socia mayoritaria.
La citada emergencia habría sido aprobada por la directiva de Pdvsa hace un mes aproximadamente, aunque para las empresas proveedoras de bienes y servicios todavía no estaba del todo claro el alcance de la medida.
Durante todo el primer semestre de 2011 ha habido retrasos y problemas con las contrataciones, situación que en el sector hidrocarburos esperan pueda resolverse en el segundo semestre tras el anuncio de la emergencia, incluso al punto de que puedan honrarse durante el mes de agosto varios pagos atrasados, según reportó el diario El Universal.
Emergencia en la faja "justifica" que se obvien las licitaciones y los contratos se otorguen a dedo
El plan de Petróleos de Venezuela para obtener una producción temprana en los nuevos proyectos de la faja del Orinoco presenta retraso. Si a la paralización que muestran las inversiones se añade la demora con la que se hizo la licitación de los bloques Carabobo y la adjudicación de las áreas del Junín, la tardanza se aproxima a los cuatro años.
Frente a esta situación la directiva de la empresa intenta, desde 2010, agilizar las inversiones, primero mediante una exigencia por escrito que el año pasado hizo el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, a las empresas socias de Pdvsa; y ahora con una declaratoria de emergencia por tres meses, que un cable de la agencia de noticias Reuters difundió hace una semana.
Pdvsa no ha emitido una declaración oficial sobre esta decisión, pero fuentes vinculadas al sector contratista aseguran que la medida fue tomada para acelerar los procesos de contratación de las empresas mixtas, con el fin de justificar legalmente el uso de la adjudicación directa en vez de la licitación. Igualmente, desde hace más de un mes se emprendió una reorganización de Pdvsa en la cual se da prioridad a los yacimientos de crudos pesados y extrapesados y su mejoramiento en mezclas más livianas.
"En el caso de la faja no podíamos seguir con la organización que teníamos y por eso creamos la Dirección General de la Faja y divisiones con los campos que se encuentran allí: Boyacá, Carabobo, Junín y Ayacucho", señaló Ramirez a principios en abril cuando confirmó los cambios que adelantaba la corporación.
La Ley de Con- trataciones Públicas considera como emergencia un proyecto u obra ejecutada por algún organismo del Estado, cuando se observe que hay paralización total o parcial, y se estipula que para reanudarla se permite el uso de la figura de la adjudicación directa para acelerar el proceso de contratación y los desembolsos con las empresas proveedoras o prestadoras del servicio.
"La emergencia comprobada deberá ser específica e individualmente considerada para cada contratación, por lo que deberá limitarse al tiempo y objeto estrictamente necesario para corregir, impedir o limitar los efectos del daño grave en que se basa la calificación", indica el artículo 78 de la referida legislación. "Su empleo será solo para atender las áreas estrictamente afectadas por los hechos o circunstancias que lo generaron, y deberá ser participada al Servicio Nacional de Contrataciones dentro de los 10 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato", agrega la ley.
La información en la que coinciden fuentes del sector petrolero indica que hasta el momento Pdvsa no ha enviado al SNC los contratos porque la medida de emergencia aún requiere el aval del Ejecutivo como, por ejemplo, ocurrió con el decreto aprobado para el sector eléctrico a principios de 2010.
Como una manera de refutar cualquier problema en la faja, el ministro Ramírez ha mantenido que los primeros barriles de la producción temprana se obtendrán este año en el caso de Carabobo, y el próximo para Junín, pero representantes de las compañías transnacionales socias de Pdvsa en la faja del Orinoco contradicen al funcionario en cuanto al tiempo.
Un primer ejemplo de lo anterior ocurrió el 14 de julio cuando Ramírez, al firmar un financiamiento de 2,5 millardos de dólares por parte de la italiana ENI, anunció que en el área de Junín 5 se comenzaría a extraer también 50.000 barriles diarios en 2012, pero un comunicado de esa firma señala que "la fase de producción temprana de 75.000 barriles por día empezaría a finales de 2013".
Antes, hubo una situación similar con Chevron. Hace más de dos meses, Ramírez dijo: "Para finales de este año habíamos hablado de unos 50.000 barriles diarios de producción temprana fundamentalmente en Carabobo, que es donde está la infraestructura y donde hemos avanzado más rápido".
Ali Moshiri, presidente de Chevron para América Latina, sin embargo, habló de otra fecha en una declaración al diario El Universal. "Tendremos 50.000 barriles diarios de producción del bloque Carabobo para septiembre de 2012", expresó.
Reportes financieros indican que la firma Oil India, socia con Repsol de España y Petronas de Malasia, en otro bloque del área Carabobo, mantiene "sin gastar" el presupuesto que disponía este año para esa exploración petrolera por la indefinición de Pdvsa.
A esta situación se agregan problemas para levantar la producción y para mejorar los niveles de refinación, que alcanzan 66% de la capacidad.
Las agencias internacionales han comenzado a reconocer un volumen de producción más elevado al de 2,3 millones de barriles por día, pero aún no hay consenso sobre la cifra de 2,9 millones de barriles diarios que refiere Pdvsa, según reportó el diario El Nacional.
La SEC y el SIPC difieren sobre la cobertura del seguro a los inversionistas americanos en CDs de Stanford International Bank
Cuando los reguladores congelaron los activos de R. Allen Stanford hace dos años y lo acusó de dirigir un esquema Ponzi $ 7 mil millones, unos 20.000 inversores se preguntaban si alguna vez habían recuperar su dinero, según reportó Bloomberg.
Ahora, la Securities and Exchange Commission (SEC) y la Securities Investor Protection Corporation (SIPC) difieren respecto de si los clientes de Stanford tienen derecho a cobertura y pagos, tal como lo tuvieron las víctimas de Bernard Madoff. La disputa pone de relieve los conflictos que se desatan cuando las leyes no están de acuerdo con los deseos de los políticos.
El SIPC - ha sostenido que la ley no prevé para los pagos a los inversionistas en las circunstancias del caso Stanford. El personal de la SEC, estuvo inicialmente de acuerdo con esa posición. Posteriormente, la Directora Ejecutiva de la SEC, Mary Schapiro, y otros dos Directores rechazaron el análisis y ordenaron rehacer la opinión, de acuerdo a cinco personas con conocimiento del asunto.
El 15 de junio, la SEC ordenó al SIPC iniciar un proceso que podría resultar en compensaciones de $ 500.000 a cada uno de los inversores calificados de Stanford. La agencia además sorprendió a la SIPC con la amenaza de demandarla si no se llevan a cabo el plan.
La acción de la SEC, "es muy inusual", y una demanda al SIPC no tiene precedentes, dijo Stephen Harbeck, presidente de SIPC, que ha trabajado en el grupo durante 36 años.
Harbeck ha dicho públicamente que él no cree que los inversionistas de Stanford son elegibles para los reembolsos. El SIPC supone ayudar a los inversores cuando sus valores han sido robadas o se pierden en una casa de valores. Los clientes de Stanford aún están en posesión de sus valores, dijo, y el fraude del emisor en sí mismo no está cubierto. "Es difícil de explicar". Para las personas que han perdido mucho dinero, "es muy difícil de explicar la diferencia entre el robo y el fraude", dijo Harbeck.
La decisión se produjo después de más de dos años de presión política sobre Schapiro. Más de 50 legisladores firmaron cartas pidiéndole que explique por qué los inversionistas de Stanford no han recibido la ayuda de la SIPC, que ha ayudo a miles de víctimas de Madoff.
Publicadas por Bernardo Estéban (dido) Madoff a la/s 08:03 10 comentarios:
Interventores de Econoinvest se llevan (literalmente) hasta los escritorios
Descifrado reportó que Econoinvest realizó una fuerte inversión en reestructurar sus espacios físicos había dotado sus oficinas de un mobiliario no solo estéticamente adecuado a la imagen de la empresa y de sus empleados, sino con condiciones especiales de ergonomía requerida para los estándares de la ley laboral. Así, la empresa tenía sillas, escritorios, equipos tecnológicos y estructuras modulares de la marca Herman Miller que hoy, sin razón alguna, se encuentran "desaparecidas". La inversión efectuada solo en mobiliario asciende a la cantidad de Bs.F 18.728.047,99 (ver cuadro anexo).
Esta cifra se verifica del último Balance presentado en el año 2010 ante la CNV y del Balance efectuado por los liquidadores en enero de 2011. Conforme a la auditora efectuada por terceros, el faltante sinjustificación alguna del mobiliario asciende a la cantidad de Bs.F 6.358.034,00. Hoy día, los liquidadores están buscando una fórmula contable para maquillar este "hueco" dejado por el hurto del mobiliario, que bien por disposición expresa o simple omisión (vista gorda) de los propios interventores Castillo, Godoy o quien maneja los asuntos legales actualmente de la empresa, Carlos Araujo, han permitido. Al final, como administradores especiales de carácter publico, cualquier daño o afectación al patrimonio de una empresa intervenida, los somete a una responsabilidad especial contenida en el código civil, penal y en las normativas administrativas del país. Debemos recordar y con ello llamar la atención, que los bienes muebles e inmuebles, así como cualquier otro activo que tenga Econoinvest no es de libre uso o disposición de los liquidadores públicos, todo lo contrario, estos constituyen prenda común de sus acreedores y el remanente pertenece a los 700 accionistas minoritarios que ven cada día como es expoliada esta empresa. Un ejemplo patético de cómo los liquidadores, en confabulación con el Superintendente de Valores Tomas Sánchez, se burla de las disposiciones fundamentales de liquidación de una empresa de esta magnitud, es que en la rendición de cuentas los propios liquidadores declaran, violentando claramente su obligación, haber dado en "préstamo" a expresa solicitud del todopoderoso Tomas Sánchez una gran cantidad de este mobiliario, en detrimento de los clientes y de los accionistas minoritarios.
Otra interrogante que nos surge, cómo se justifica la contratación de un tercero en este caso Giuseppina Scimeni, relacionada con Carlos Araujo, inteventor con antecedentes penales, para hacer un inventario de bienes muebles e inmubles por la cantidad de más de 800 mil BsF. Con ello se suma otra fechoría mas al gran listado que tiene acumulado este proceso particular de liquidación, como ha sido la contratación escabrosa de un agencia de publicidad de papel que cobró el doble del costo real pagado al medio impreso (con un sobreprecio del 100%, lo que representó una erogación de BsF. 2.000.000) o la venta irregular de TICC por más de 60 millones de dólares, la apropiación indebida de los títulos propiedad de los clientes debidamente asignada en la cuenta restringida de la Caja Venezolana de Valores, la contratación de un séquito de guardaespaldas, el pago en divisa a determinados clientes corporativos en detrimento de los inversionistas menores. A todo ello se le suma más de 18 meses de pago de un paquete salarial estrafalario a los interventores. Los vientos que nos llegan indican que la próxima estafa estará en la venta irregular de los bienes.
Publicadas por Bernardo Estéban (dido) Madoff a la/s 08:33 3 comentarios:
El público depositante se prepara para salir corriendo con sus reales
La cantidad de dinero en efectivo que circula en la economía está marcando records históricos. La última cifra del Banco Central de Venezuela indica que el dinero disponible ha crecido 32% en un año y se sitúa en 334,7 millardos de bolívares, producto de la inflación, la desconfianza en la inversión, las bajas tasas de interés para el ahorro y el incremento del gasto público.
El economista Miguel Ángel Santos asegura que la recuperación económica no se siente como en el año 2008 debido, en parte, a que la inflación ha sido de 23,6% en los últimos 12 meses, según el Banco Central de Venezuela. Señala que la constante alza de los precios es lo que impide que las tasas de interés para el ahorro sean rentables. De allí que se prefiera dejar el dinero en efectivo a la vista.
El también economista José Luis Saboín afirma que la liquidez creciente ha llevado a que la cartera de crédito de los bancos se haya incrementado 10% en lo que va de año. Coincide con Santos en que la inseguridad jurídica conduce a que se prefiera tener el dinero en cuentas a la vista (corriente) y no en proyectos que ameriten inversión. Los agentes económicos optan por esperar una emisión de bonos para transformar los bolívares en divisas. Saboín dice que el hecho de que haya una liquidez tan alta es sinónimo de la mala salud de la economía. Además de la reducción del encaje legal que liberó 10 millardos de bolívares a la economía, destaca que según cifras de la Tesorería nacional el gasto público aumentó 7,5% con relación a igual período del año anterior, para ubicarse en 121,3 millardos de bolívares.
Los actuales niveles de liquidez, opina Saboin, son típicos en un periodo preemisión de bonos, pues los bancos y las personas mantienen el dinero a la vista para invertirlo en el papel del Estado Ayer el Gobierno finiquitaba los detalles de la próxima emisión que saldría ­según fuentes extraoficiales- la primera semana de agosto. Si bien el cupón podría situarse en 12,25%, hay divergencias entre el Ministerio de Planificación Finanzas y el Banco Central de Venezuela sobre lanzar un título con vencimiento 2024 o uno 2032. De acuerdo con las fuentes, la emisión no será mayor de 3 millardos de dólares, con el fin de evitar que caiga el precio de la deuda en el mercado internacional, según reportó el diario El Nacional.
Si usted creía que había escasez, no ha visto nada: prepárese para los efectos de la Ley de Costos y Precios Justos
La Ley de Costos y Precios Justos publicada en Gaceta Oficial 39.717 da potestad al Gobierno de controlar la producción, importación y comercialización de todos los productos y servicios que considere prioritarios para garantizar el buen vivir de la población.
La lista de bienes y servicios que estarán sometidos a este sistema de control de precios y costos lo determinará la nueva Superintendencia Nacional del área en función del carácter estratégico y en beneficio de los ciudadanos, según el artículo 13 de esa ley.
Indica el texto que el nuevo Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios establecerá los mecanismos de control previo a aquellas empresas cuyas ganancias son excesivas en proporción a las estructuras de costos de los bienes que producen y comercializan o servicios que presten. Mediante este mecanismo el Gobierno también identificará a los agentes económicos que fijen precios excesivos y establecerá criterios justos de intercambio.
La ley señala que se abarcarán rubros que ya tienen precios regulados y otros que consideren estratégicos. En este caso fijarán nuevos precios justos y bandas de precios máximos de venta al público. A través de la superintendencia el Ejecutivo formulará criterios para la utilización de métodos de gastos, de utilidades, de las capacidades instaladas y depuración de costos de las empresas, según el numeral 10 del artículo 31.
Queda prohibido que empresas o sectores considerados estratégicos fijen libremente precios y costos de los productos o servicios que ofrecen en el mercado. La ley advierte que aquellas empresas que aumenten los precios sin autorización de la Superintendencia Nacional del área serán sancionadas con multas de entre 15 y 30 salarios mínimos (21.112,05 bolívares y 42.224,1 bolívares, respectivamente). Además, se les cobrará 100% del monto total de los productos comercializados o los servicios que presten.
Las empresas están obligadas a informar y solicitar permiso al Gobierno cuando modifiquen costos de producción o precios. También se determinará que los productos exhiban etiquetas indicativas de que el monto fue calculado según el nuevo sistema.
Si el Gobierno fija precios y costos que las empresas consideran contrarios para su operatividad podrán solicitar una evaluación a la superintendencia, que sólo ocurrirá cuando los productos desaparezc an de los anaqueles.
El artículo 46 de la Ley de Costos y Precios establece que serán sancionados con 10 y hasta 50 salarios mínimos (14.074,7 bolívares y 70.373 bolívares) a quienes vendan bienes o presten servicios con precios superiores a los que haya autorizado la superintendencia.
Se establece la ocupación temporal de las empresas, el decomiso de mercancía y el cierre temporal del negocio incluyendo la obligación de que el patrono pague a los empleados los salarios por los días en que hayan sido clausurados.
El Observatorio Económico del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico advirtió que la Ley de Costos y Precios Justos interfiere en las competencias del BCV de mantener la estabilidad de los precios y crea otro cerco contra el derecho de propiedad.
Alicia Sepúlveda, coordinadora del observatorio afirma que con el Sistema Nacional Integrado que identificará agentes económicos que fijen precios excesivos, el Estado se convertirá en un Estado Policial y el principio constitucional de presunción de inocencia quedará derogado. "Se crea un nuevo ente burocrático para controlar la cadena de producción, comercialización y distribución de cualquier tipo de bien o servicio".
Cedice cuestiona que se pretendan fijar los precios y estandarizar las estructuras de costos pues cada rubro y actividad tiene particularidades.
"Los precios son el resultado de una compleja interacción entre la oferta y la demanda", agregó al denunciar que la ley condiciona la protección de la propiedad privada y pretende eliminar la libre iniciativa.
Carlos Fernández, presidente de Consecomercio, aseveró que esta ley no contribuirá a bajar la inflación, como tampoco lo hizo el Gobierno de Jaime Lusinchi con Conacopresa.
"La inflación llegó en esa oportunidad a 40%". Para lograr bajar los precios es necesario estimular la producción local y aumentar la oferta. "En lugar de contener palabras como facilitar, impulsar e incentivar, la ley esta llena de términos como multas, sanciones, inhabilitaciones y clausuras. Así no se reactivará la economía", según reportó el diario El Nacional.
Endeudamiento y gasto fiscal atizarán el fuego de la inflación en el segundo semestre
El sábado de la semana pasada, antes de iniciar el viaje a Cuba, el Presidente de la República, Hugo Chávez, dejó en claro que durante el segundo semestre de este año el gasto del Gobierno seguirá creciendo de manera importante. Apoyado en los altos precios del petróleo, sólo ese día, Hugo Chávez anunció desembolsos por el orden de 17 mil 771 millones de bolívares para gasto de gobernaciones y ministerios que, al tipo de cambio oficial, representan 4 mil 132 millones de dólares.
La chequera del Gobierno ya comenzó a sentirse con mayor claridad y la cantidad de dinero en circulación registra un importante salto de 6% entre el 3 de junio y el ocho de julio. Si bien el gasto público es una herramienta para que crezca la demanda y la economía continúe dejando atrás la recesión, más bolívares tras la misma cantidad de productos se traduce en mayores precios.
Economistas explican que para evitar que la inflación no cobre impulso es necesario que la oferta esté en condiciones de responder rápidamente al alza de la demanda, algo que no luce fácil en un entorno donde la producción no demuestra mayor fortaleza. Las estadísticas del Banco Central indican que si bien en el primer trimestre de este año la producción de la industria manufacturera, tanto pública como privada, aumenta 7,6% respecto al mismo lapso de 2010, permanece 2,5% por debajo del nivel alcanzado en 2009 y es menor a la de 2008 y 2007.
El Gobierno también podría recurrir a las importaciones para suplir al mercado pero a pesar de que ya viene aplicando esta estrategia desde principios de año, los problemas en la producción nacional han generado escasez de productos básicos, aun en medio de una liquidez que hasta el cierre de mayo creció moderadamente. Entre junio de 2010 y junio de este año el índice de escasez que elabora el Banco Central aumenta desde 9,5% hasta 12,1% lo que implica que de cada cien productos, doce no se consiguen en los anaqueles.
Gracias a la acumulación de inventarios de productos importados con el viejo tipo de cambio de 2,6 bolívares por dólar, a la caída del poder de compra del salario durante el primer trimestre y a que el Gobierno aun no ha permitido que los productos controlados reflejen del todo la devaluación, el aumento de los precios perdió potencia en los primeros cuatro meses del año pero la tendencia se rompió en mayo y junio con alzas sucesivas de 2,5%. Analistas explican que en el segundo semestre los precios recibirán impulso por el agotamiento de los inventarios y su reposición con productos importados al tipo de cambio de 4,30 bolívares por dólar, ajustes en bienes controlados, y el efecto que tendrá la inyección de gasto público.
Bancos de inversión proyectan que este año la inflación cerrará en torno a 26% y, nuevamente, Venezuela sufrirá la mayor alza de precios en América Latina.
Otro factor a tomar en cuenta es que una porción de los bolívares que ingresarán a la economía se desplazarán a la compra de divisas incrementando la demanda en el Sitme. No obstante, el Ministerio de Finanzas puede absorber parte de la liquidez mediante la emisión de bonos en divisas que las empresas, al igual que en el pasado, podrán comprar con bolívares.
Fuentes bancarias indican que el Ministerio de Finanzas prepara una emisión de bonos en dólares con vencimiento en 2032 y un cupón de 10,5% que absorberá parte de los bolívares en circulación, según reportó el diario El Universal.
Chávez raspa la olla de las empresas públicas para poder mantener el ritmo del despilfarro
En este 2011 el Gobierno retomó la política expansiva de gasto, y la necesidad de mantenerla ha llevado a la ampliación de las fuentes de financiamiento, y más allá de los fondos paralelos, se están recurriendo a los dividendos de las empresas públicas y los ingresos de los entes oficiales.
En la primera mitad del año el gasto del Gobierno central registró un crecimiento de 3,8% y ese comportamiento, según analistas, seguirá en este segundo semestre. El pasado jueves el Presidente Hugo Chávez Frías en el Consejo de Ministros puso en evidencia la tendencia del gasto público y al momento de autorizar recursos para proyectos, destacó que estaba utilizando diversas fuentes, y agregó que revisaba "el librito" para ver las disponibilidades.
En anteriores ejercicios el Ejecutivo Nacional ha diversificado sus fuentes de recursos, pero en este ejercicio está dispuesto a utilizar todas las vías. Si bien los aportes al Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) y el Fondo Chino son mayores y se elevaron los niveles de endeudamiento, ello no es suficiente y para atender los compromisos, y en especial las nuevas misiones, se están utilizando los dividendos del Banco de Venezuela, Banco Industrial de Venezuela y Cantv así como los ingresos por recaudación de Bolipuertos, el Fondo Miranda, el Fondo de Eficiencia Socialista y el Fondo Independencia.
El Gobierno por la vía ordinaria (lo previsto en el presupuesto inicial de 2011) ya tiene programados 39 millardos de dólares y a través del endeudamiento (inicial y complementario) se garantiza 23 millardos.
Ese volumen de recursos crece con parte del presupuesto paralelo, el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) sólo este año percibirá en un escenario conservador 13,9 millardos de dólares, el Fondo Chino recibirá 6 millardos de dólares más y el Fondo Miranda por ahora tiene disponibles 400 millones de dólares.
Pero se necesita más, y por ello ahora se tienen que sumar los aportes de las empresas públicas, que todavía no han sido precisados por las autoridades, y los ingresos adicionales que se pueden generar por el cobro de impuestos, dado que el ente tributario también tiene presiones para aportar recursos adicionales.
Las misiones son algunos de los programas que están demandando más recursos. Para la Misión Vivienda el sector público contempla orientar 33 millardos de bolívares (7,6 millardos de dólares) y ese dinero se genera por diversas fuentes.
Pdvsa está utilizando sus diferentes fondos para atender los proyectos y esos mecanismos canalizarán 16 millardos de bolívares (3,7 millardos de dólares), el resto de los recursos, que suman 17 millardos de bolívares (3,9 millardos de dólares) surgirán del endeudamiento, el Fonden, el Fondo Miranda y el Fondo de los Consejos Comunales.
Ecoanalítica en un informe sobre la gestión fiscal calcula que para este año el gasto del Gobierno central puede llegar a los 67 millardos de dólares y aunque estima que la gestión será deficitaria, asegura que la brecha se atenderá con el endeudamiento y los fondos paralelos, lo que garantizará la expansión para el próximo año.
Para la firma en 2012 las erogaciones se acelerarán en sus tres vertientes: estructura ordinaria (presupuesto nacional), uso de recursos mediante fondos paralelos y agresiva política de endeudamiento. "El Gobierno está inmerso en una espiral donde quiere lo mejor de los dos mundos: incrementar el gasto y acumular importantes recursos. Por esta razón, el Gobierno no baja la guardia en materia tributaria ni en materia de endeudamiento", según reportó el diario El Universal.
Chávez: jugando con las esperanzas del pueblo se consiguen votos
La filosofía que encierra el dicho popular "la esperanza es lo último que se pierde", reforzada con "como vaya viniendo vamos viendo", se niega a desaparecer de los escenarios del día a día de los venezolanos, que sobreviven en un mundo de inseguridad, violencia carcelaria, apagones, falta de viviendas y colapso de servicios públicos.Esa esperanza popular sigue siendo hábilmente explotada por Hugo Chávez, quien continúa creando espejismos y haciéndole creer vanamente al pueblo que sus problemas serán resueltos sin nada a cambio.
El evidente conformismo popular, según estudiosos de la opinión pública, se mantiene gracias a que Venezuela tiene un gobierno ilusionista, que se dedica a sembrar expectativas sobre diferentes ofertas, para evitar que la gente se encuentre de frente con la cruda verdad. "Cuando los venezolanos chocan con la realidad, se desmorona la esperanza. Por eso el Gobierno debe inventarse un cuento nuevo cada cierto tiempo para reactivar la esperanza, porque se agotan las anteriores", señaló Alfredo Keller, directivo de la encuestadora Keller y Asociados.
Aunque aún no se tienen resultados de los sondeos de opinión del primer semestre de 2011 sobre la situación del país, es evidente que en ese lapso se han presentado tres grandes crisis que amenazan la base popular del Gobierno, como el racionamiento eléctrico, la falta de viviendas y la violencia carcelaria. Keller explica que, concretamente en el caso de la vivienda, todos los venezolanos, sean chavistas u opositores, sienten preocupación y desencanto que se reflejan en más de 50% de las respuestas a la encuesta realizada en marzo 2011; no obstante, las visiones de la población son diferentes en cuanto a la gestión del Gobierno en ese sentido. "El pueblo chavista siente mayor entusiasmo, por ejemplo, frente a la Gran Misión Vivienda, porque confía en que saldrá beneficiado, mientras que el resto de la población necesita la vivienda, la espera, pero duda que el Gobierno se la otorgue", dice el consultor.
Keller concluye que en este momento los venezolanos están muy experimentados y saben que el Ejecutivo promete mucho y cumple poco. "Las promesas le dan apoyo temporal, en la medida en que hace que la gente gire en torno a ese tema y levanta expectativa, pero se desvanece cuando transcurre el tiempo sin obtener resultados concretos".
Ilusionismo mediático. El director de Datanálisis, Luis Vicente León, señala que el Gobierno se aprovecha de la ilusión que siembra en la población cada vez que presenta proyectos de soluciones para reconectar con la base popular, a pesar de que los efectos se rompen cuandono hay materialización de las promesas. Por ejemplo, cuando ofrece una casa y después presenta una maqueta, crea una ilusión en una persona que necesita desesperadamente creer en eso porque no tiene otra opción. Así, la ilusión se puede romper, pero se tapa con otra.
Explica León que el racionamiento eléctrico fue estudiado por Datanálisis el último trimestre del año pasado y el Gobierno salió evaluado muy negativamente. En marzo de este año repitió el sondeo y hay una recuperación de la imagen, porque la gente da por superada la crisis pues cree que se plantearon soluciones.
"Cuando se consulta un problema específico, el rechazo supera 80%, pero si se estudian en conjunto, la gestión del Gobierno sale favorecida".
Ante la interrogante sobre por qué el conformismo y la recuperación constante de la conexión popular durante 12 años ante nuevas ofertas del Gobierno, el politólogo John Magdaleno indica que el punto de fondo es que las comunicaciones políticas del Ejecutivo han servido de amortiguadores de las crisis y su impacto negativo. "Las comunicaciones oficiales están destinadas a romper la relación entre el jefe del Estado y su gabinete, los regaños a los ministros son para notificar esa ruptura, por eso es que se ha configurado desde hace muchos años la creencia de que el Presidente es muy bueno y tiene buenas intenciones, pero el entorno no lo ayuda. Esa ha sido la mejor herramienta para afrontar los temas críticos; ahora, con el Presidente enfermo, eso puede ser algo que altere esa relación", advierte el analista político.
Magdaleno aclara que frente a esa estrategia hay que distinguir entre la imagen presidencial y la del Gobierno, porque las encuestas hablan del nivel de aprobación de la gestión gubernamental y otra cosa es el nivel de agrado, lo que técnicamente se llama popularidad o confianza depositada en el Presidente, que siempre aparece mejor evaluado que su gobierno.
El politólogo sostiene que el impacto de la crisis carcelaria, de vivienda y el racionamiento eléctrico en la base popular del Gobierno, se medirá de acuerdo con la encuesta referencial que se tenga. No obstante, hasta la fecha el común de los análisis revela que la imagen del Ejecutivo y la del Presidente todavía no han estado severamente afectadas por estos problemas, lo cual no significa que no lo van a estar. "Un viejo sociólogo llamado Seymour Martin Litsep dijo que las crisis de eficacia se prolongan en el tiempo, y cuando sus efectos se comienzan a sentir de forma masiva en la población traen consigo crisis de legitimidad", dice.
Expectativas y esperanzas. El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar Federico Welsch plantea que la paciencia del pueblo venezolano es muy grande porque la expectativa hace que la esperanza se mantenga, porque de vez en cuando hay entrega real o ficticia de alguna vivienda, aunque sea de propiedad colectiva, y eso renueva la esperanza. "La falta de planificación en las políticas públicas muestra que la incompetencia para afrontar la crisis no es fortuita; por ejemplo, el problema de la vivienda es por falta de adecuación de la oferta a la demanda en una sociedad que crece. Esto se conecta con la crisis eléctrica porque el programa Mi Casa Bien Equipada genera aumento de la demanda de electricidad y eso no se previó. En este gobierno un ministro hace lo que perjudica al otro", dice Welsch.
Con respecto a la situación de las cárceles, señala Welsch, la promesa ha sido humanizar, pero se ha hecho todo lo contrario: "Nunca antes se había visto tanto almacenamiento de armas de fuego, al punto de que no sabemos si el Rodeo es comparable con Cavim", según reportó el diario El Nacional.
Frente a este panorama, de acuerdo con el analista, el apoyo al jefe del Estado y su gobierno se compone de dos elementos fundamentales de carácter emocional, no reflexivo y de aceptación a las políticas públicas. "El problema está en que la percepción de la crisis genera un rechazo de la gente, que no supera la conexión emocional con el Presidente, y por eso el Gobierno hace de las suyas sin que se le pida cuentas", concluye Welsch.
El riesgo país es inversamente proporcional a la salud de Chávez
La situación política figura entre los factores que las agencias calificadoras toman en cuenta para determinar el riesgo soberano de cualquier país. Pero el comportamiento del indicador nacional en las últimas semanas, atribuido principalmente a la enfermedad que padece el presidente Hugo Chávez, demuestra que en Venezuela se ha convertido en el elemento principal.
La intervención quirúrgica repentina que le hicieron al mandatario en Cuba el 10 de junio, los rumores posteriores sobre la gravedad de su estado de salud y el discurso presidencial ­3 semanas después­ para informar que le extrajeron un tumor canceroso ayudaron a que el riesgo país descendiera de 1.261 puntos el 17 de junio a 1.074 unidades el 8 de julio.
Corredores atribuyeron el comportamiento del indicador al hecho de que los inversionistas extranjeros perciben la enfermedad de Chávez como un factor que aumenta las posibilidades de un cambio de gobierno en 2012 (cuando el mandatario intentará ser reelecto otra vez) o, por lo menos, de una pausa en la aplicación del llamado socialismo del siglo XXI.
Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, señala que el rechazo de los inversionistas extranjeros hacia Chávez está directamente relacionado con el intento del Presidente de aplicar un modelo económico socialista. "Por eso, el riesgo país mejora cuando la oposición se fortalece o el Gobierno deja de tomar medidas radicales".
Pedro Palma, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, coincide con Oliveros. "Medidas gubernamentales como las expropiaciones, las regulaciones y otras acciones contra el mercado y la propiedad generan en los inversionistas foráneos la percepción de que Chávez puede declarar una moratoria de la deuda en cualquier momento".
Petróleo fundamental Oliveros afirma que hay un factor que históricamente ha pesado más que la política al momento de calcular el riesgo soberano de Venezuela: el precio del petróleo. Las exportaciones de crudo y derivados proporcionan 95% de las divisas del país y, por tanto, son el principal sustento de la capacidad de pago de la deuda pública.
"El precio petrolero es fundamental. Si está cayendo, el riesgo aumenta. No importa cuál sea la situación fiscal del Gobierno y el contexto político del país", dice Oliveros. Agrega que es un factor sobre el cual las autoridades no tienen control, por más que influyan en las políticas de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.
El índice de bonos de mercados emergentes, elaborado por JP Morgan, muestra que el riesgo país de Venezuela alcanzó los niveles históricos más elevados ­por encima de 2.000 puntos­ entre agosto y septiembre de 1998, cuando el valor del crudo era ínfimo.
La cesta petrolera nacional se vendió ese año en un promedio de 10,57 dólares.
Sólo entre diciembre de 2008 y febrero de 2009 el riesgo país se acercó al récord de 1998. En ese período el indicador superó varias veces las 1.800 unidades como consecuencia del descenso del precio del petróleo ­en los meses previos- desde 130 dólares hasta 30 dólares, en pleno apogeo de la crisis financiera internacional.
Palma admite que el valor del crudo pesa mucho en el riesgo soberano. Pero añade que en este momento la política parece influir más. "No tiene sentido, desde el punto de vista financiero, que Venezuela tenga un riesgo país tan elevado con el precio del petróleo por encima de 100 dólares. Lo único que lo explica es la incertidumbre política".
Movidas políticas La preponderancia de la situación política en la percepción que tienen los inversionistas extranjeros de Venezuela ha sido una constante desde que Chávez ganó las elecciones presidenciales de 1998. En los 10 días anteriores a los comicios, el riesgo país varió de 1.365 puntos a 1.630 unidades, un alza de 19,4%.
En agosto de 1999, durante las jornadas previas al acto de instalación de la Asamblea Constituyente que el mandatario convocó al asumir la Presidencia, el riesgo país creció 19,3%. En los días posteriores al 10 de diciembre de 2001, cuando se produjo el primer paro nacional, el indicador aumentó 14,3%.
Fue entre 2002 y 2003, sin embargo, cuando la política se hizo sentir con más fuerza en el comportamiento del riesgo país. Solamente el 12 de abril de 2002, después de los acontecimientos que el día anterior desembocaron en la breve salida de Chávez del poder, el indicador repuntó 30%: de 706 puntos a 918 unidades.
En diciembre de 2002, primer mes del paro petrolero liderado por la oposición, el riesgo país aumentó 24%: de 924 puntos a 1.148 unidades. El 21 de enero de 2003 alcanzó 1.478 puntos ­29% más que al cierre de diciembre­ por la declaratoria de "fuerza mayor" que hizo Pdvsa días antes por la imposibilidad de cumplir con los envíos acordados.
A partir de 2004, el efecto de la situación política del país ­que se mantenía conflictiva, aunque con altibajos­ en la percepción de los inversionistas fue disipado por la bonanza de los precios del petróleo y el ciclo de expansión de la economía venezolana, que permitieron que el riesgo soberano descendiera a un mínimo de 160 puntos en mayo de 2006.
Pero la radicalización de Chávez después de ser reelecto en las elecciones presidenciales de diciembre de 2006 volvió a colocar la política interna en la mira de los inversionistas. El riesgo país subió 22% en los días siguientes al anuncio de estatización de la Cantv y de La Electricidad de Caracas, en enero de 2007, y creció 178% en el primer año del segundo mandato.
Otra muestra de la importancia que tiene la política para los inversionistas es el descenso de 12% que reflejó el riesgo país en los días sucesivos a las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre de 2010, en las cuales la oposición obtuvo 52% de los votos, aunque el oficialismo ganó la mayoría de los diputados, según reportó el diario El Nacional.
Econoinvest: US$ para los que se bajan de la mula; bolívares para los demás
Desde la intervención de Econoinvest el 25 de mayo del 2010, los interventores, en forma reiterada y sistemática, han negado el pago de los reportos a los clientes aduciendo diferentes excusas tales como no hay suficientes títulos para cumplir con las obligaciones, que los valores de los títulos no corresponden a las acreencias reales o sencillamente la ilegalidad de los reportos. Sin embargo los estados de cuenta en la caja venezolana, copia de algunos los cuales publicamos acá, reflejan algo totalmente distinto que debería poner en alerta a las autoridades de la República.
El “reporto” es una inversión a plazo del cliente la cual se le garantiza con títulos valores, esto se traduce en que si al vencimiento no se la paga tal inversión al cliente, este debe recibir los títulos que se le dieron en garantía (en este caso bajo custodia en la caja venezolana de valores). Esta máxima, no solo esta consagrada en la Ley de Mercado de Valores vigente para el momento de su celebración, sino en el propio contrato suscrito por el inversionista o cliente y Econoinvest, normas y disposiciones contractuales estas que han sido violentadas por los interventores.
Uno de los ejemplos es el de un cliente persona natural a la que le ha resultado imposible, como a la mayoría de los pequeños inversionistas, le devuelvan su dinero desde hace mas de un año, producto de su inversión en reportos. Esta inversión del señor “A” (protegemos su identidad) por USD. 40.200 con respaldo de USD. 47.111 de bonos “Venezuela 2027” (bonos estos custodiados en la caja venezolana de valores), venció el día 24 de mayo del 2010. Ese día le entraron a su cuenta personal (sub-cuentista) en caja venezolana de valores (figura 1.1) los USD 47.111 en bonos “Venezuela 2027”. Sin embargo el día 21 de junio de 2010 a este cliente, como a otros 300 clientes, los interventores sin autorización le sustrajeron (figura 1.2.) los títulos de su cuenta (cuenta restringida) violentándose de esta forma las disposiciones legales y contractuales.
En contraste veamos el caso de un cliente corporativo, de los llamados grandes clientes, con una inversión de USD. 2.000.000 a quien se le había dado en garantía USD. 2.339.945 en bonos “Venezuela 2027”. Este reporto venció la misma fecha que el cliente persona natural “A”, el 24 de mayo de 2.010. Sin embargo a esta empresa en fecha 21 de junio de 2010 no le sustrajeron los títulos (figura 1.3), mas bien en fecha 25 de enero del 2011 le liberaron los títulos! (figura 1.4) cumpliendo los interventores entonces a destiempo pero selectivamente con el contrato de reporto. Qué pasó? En qué se diferencia este caso de los reportos de los pequeños inversionistas? La diferencia radica en que este cliente "habilitó", o simplemente fue víctima del chantaje y la extorsión de los interventores. Más recursos para el fondo de retiro de Tomás Sánchez, Superintendente Nacional de Valores, y sus secuaces.
Los interventores han declarado públicamente que ellos no pueden pagar en dólares a nadie o entregar los títulos, pero nos preguntamos ¿Porque privilegian al gran inversionista y al inversionista pequeño le sustraen sus títulos, habiendo suficientes títulos para todos? ¿Porque a los pequeños inversionistas se les pagan bolívares estando los títulos en dólares en la caja, tal como lo ha reportado la prensa nacional (“el mundo” el día 20 de Junio de 2011)?
Muchas interrogantes ameritan respuesta, según lapatilla.com:
1) ¿Porque le pagaron a este cliente corporativo una cantidad tan importante sin antes pagarle a los pequeños? De eso ya tenemos respuesta...
2) ¿Como es la mecánica de selección de pagos? ¿No deberían pagarle a los pequeños inversionistas primero como hace Fogade en la banca? Que dicen las normas al respecto? ¿No están primero los pequeños inversionistas? Vean el articulo 16 de las Normas sobre liquidación que establece la prioridad a personas naturales por encima de cualquier otro inversionista, ¿la violentaron también?
3) ¿Cual serían los intereses para cancelar primero a este cliente corporativo?
4) Esos USD. 2.000.000 se hubiesen utilizado para pagar a 200 clientes de USD. 10.000 y no a uno solo.
5) Donde está el Defensor del Inversionista Minoritario de la SNV?
Publicadas por Bernardo Estéban (dido) Madoff a la/s 07:59 1 comentario:
450% de inflación acumulada tras 8 años de controles de precios
Convencido de que la causa principal de la inflación es la "especulación", desde febrero de 2003 el Gobierno mantiene un estricto control sobre el precio de una extensa gama de productos y servicios, no obstante, los costos en Venezuela aumentan a la mayor velocidad de América Latina. Lamentablemente estos tipos sacaron sus títulos universitarios de una caja de Ace, y nunca aprendieron que la inflación es un fenómeno monetario, y se ataca reduciendo el gasto fiscal.
En ocho años de controles de precios, entre febrero de 2003 y junio de 2011, la inflación acumula un salto de 458% que ha mermado la capacidad de compra del salario durante los últimos tres años.
El fracaso no debería causar sorpresas. Durante el Gobierno de Jaime Lusinchi la inflación anual pasó de 15,7% en 1984 a 40,3% en 1987, en plena aplicación del control de precios y con un agresivo plan de sanciones, multas y cierres a los empresarios que se consideraban especuladores.
Los economistas Robert Schuettinger y Eamon Butler son los autores de un trabajo donde analizan cien casos, ocurridos desde dos mil años antes de Cristo hasta 1978, en que gobernantes de treinta países intentan, infructuosamente, librarse de la inflación a través de los controles de precios.
La conclusión de este celebrado estudio es que si bien algunos controles de precios han tenido efecto positivo por un corto período de tiempo, en el largo plazo siempre han fracasado, porque no combaten la causa real de la inflación: el incremento de la cantidad de dinero por encima de la productividad.
En enero de 2008 el Presidente de la República, Hugo Chávez, admitía el desconcierto en el discurso de rendición de cuentas preguntando a sus ministros: ¿qué pasa con el precio del trigo?, aumenta el precio de la leche, aumenta el precio del trigo, el aumento de precios de los alimentos es espantoso. Sin la gasolina podemos vivir, pero sin alimentos no podemos vivir".
Ante las evidencias de que el control no logra curar la fiebre inflacionaria el Gobierno no se ha planteado un cambio de política sino medidas represivas y ampliación del tamaño del Estado en la economía. La Asamblea Nacional ha aprobado leyes que permiten expropiar el negocio de un comerciante que sea catalogado como especulador.
Al mismo tiempo, el Gobierno se ha convertido en empresario y tras un agresivo plan de expropiaciones controla la principal siderúrgica del país, las cementeras, fincas y fábricas de todo tipo en una cruzada destinada a garantizar precios justos. El cambio de propiedad que ha experimentado el país deriva en que entre 2007 y 2010 el PIB del sector público aumenta 18% mientras que el PIB privado se reduce 5,8%.
Sin embargo la gestión del Estado, que no privilegia la rentabilidad y carece de eficiencia, no ha servido para impulsar la producción y el resultado es escasez de productos y servicios básicos. Las estadísticas del Banco Central indican que si bien en el primer trimestre de este año la producción de la industria manufacturera, tanto pública como privada, aumenta 7,6% respecto al mismo lapso de 2010, permanece 2,5% por debajo del nivel alcanzado en 2009 y es menor a la de 2008 y 2007.
El arsenal oficial para tratar de frenar la inflación también ha incluido la reconversión monetaria, es decir, el plan que le restó tres ceros al bolívar. En 2006, Rodrigo Cabezas, para ese entonces presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea, lideró el proyecto de reconversión monetaria asegurando que además de poner a circular los billetes y monedas del bolívar fuerte se instrumentaría una política capaz de "cumplir la meta de que en 2008 tengamos inflación de 3%". Pero la realidad devalúa las metas. En 2010 Nelson Merentes, presidente del Banco Central anunció que "vamos a cerrar este año con una inflación menor de 30%, entre 28% y 29%, pero nos estamos preparando para ir bajando escalones y en 2011 bajar un escalón de 9 o 10 puntos".
La última oferta es que este año la inflación se ubicará en un rango entre 22% y 25%, y la promesa de un dígito, se posterga para después de 2012, según reportó el diario El Universal.
Cuántos no quisieran comer como un Magistrado del TSJ
Chávez saqueará USD 1.5 billones del BCV para gastarlos desde el FONDEN como le dé la gana
El Presidente de la República, Hugo Chávez, anunció en Consejo de Ministros que el Banco Central de Venezuela le transferirá al Fonden, un fondo que maneja directamente el Ejecutivo, mil 500 millones de dólares provenientes de las reservas internacionales.
En 2005 una reforma legal estableció que los dólares que superen el monto establecido como óptimo para las reservas internacionales deberán ser transferidos al Fonden al cierre de cada semestre para cubrir planes de inversión.
"En el primer semestre de 2011 las reservas internacionales cerraron en 28 mil 658 millones de dólares y el nivel adecuado de reservas está en 27 mil millones", dijo Chávez.
El Banco Central alimenta las reservas recibiendo dólares que obtiene Pdvsa a través de la venta de petróleo; a cambio, le entrega a Pdvsa bolívares que luego llegan a manos del Gobierno.
El resultado es que al tomar los dólares registrados como reservas en el BCV, sin depositarle bolívares a cambio, como hace la administración de Hugo Chávez, en la práctica se utilizan dos veces las mismas divisas, un paso que de acuerdo con analistas tiene consecuencias importantes.
Una vez los bolívares entran en la economía existe una mayor cantidad de recursos detrás de los mismos productos, una ecuación que se traduce en aumentos de precios.
En enero el Banco Central de Venezuela transfirió 2 mil millones de dólares al Fonden correspondientes al ejercicio del segundo semestre de 2010, de tal forma, que una vez se concrete el nuevo desembolso habrá una inyección total de 3 mil 500 millones de dólares en lo que va de año.
Los aportes del Banco Central a los bolsillos del Gobierno no se limitan a la entrega de reservas internacionales, también incluirán la transferencia de 109,9 millones de bolívares al Tesoro por concepto de utilidades cambiarias.
El origen de las utilidades cambiarias está en que el Banco Central aplica un método contable según el cual los dólares que vende hoy son los adquiridos tiempo atrás, por lo tanto, la devaluación de principios de año genera dividendos a repartir.
Analistas estiman que las ganancias cambiarias no son más que dinero contable que impulsa la inflación, puesto que bastaría con establecer que el dólar que el Banco Central vende hoy fue el que adquirió más recientemente para que el beneficio se esfume.
El Banco Central también realiza aportes al Ejecutivo mediante el financiamiento a Pdvsa, empresa a la que en repetidas oportunidades le ha comprado pagarés.
En la mayoría de los países se prohibe que los bancos centrales financien al Gobierno, porque para hacerlo crean billetes sin respaldo.
El monto exacto de los recursos que el Banco Central le ha inyectado a Pdvsa no se conoce porque el instituto emisor ha dejado de publicar las estadísticas que dan cuenta del financiamiento.
Durante los últimos doce meses el Banco Central no ha publicado las fuentes de la base monetaria, un indicador que reflejaría si el Banco Central ha financiado al Gobierno o a empresas públicas como Pdvsa.
La última reforma a la Ley del Banco Central abrió la puerta para que se fabriquen billetes que solventen problemas de caja en empresas públicas estableciendo en el artículo 49 que el instituto emisor puede "otorgar créditos con garantía de títulos de crédito emitidos por la República o por sus entes descentralizados", según reportó el diario El Universal.
Chávez sólo ha cumplido el 11% del su meta en materia de viviendas
El ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, en su rol de coordinador de la Gran Misión Vivienda y vicepresidente del Órgano Superior del Sistema Nacional de Viviendas, presentó nuevas cifras sobre el avance de esta política pública, que se ha convertido en la primera prioridad del Gobierno.
Señaló que en el primer semestre terminaron 18.161 unidades, que representa 11,8% de la meta fijada en 153.153 para este año. Pese a este resultado, el funcionario se mostró confiado en que para el segundo semestre se podrá completar el restante 88,2%, es decir 134.992 viviendas, lo que arroja un promedio mensual de 22.498 unidades o lo que sería igual a 733 viviendas por día.
Hace una semana, el ministro Ramírez anunció números preliminares que indicaban que entre enero y junio culminaron la construcción de 16.954 viviendas, pero aclaró que esa cifra respondía más al objetivo que se fijó para los primeros meses.
"A partir de julio, la Gran Misión da una explosión tremenda en cuanto a culminación de viviendas que comenzaron a principios de año o fueron cierre de ciclo", dijo Ramirez al finalizar la reunión que mantuvo con los demás funcionarios que están a cargo del proyecto. "Estamos convencidos de que el problema de la vivienda se resuelve en socialismo", afirmó.
Al desglosar las cifras informó que 12.115 unidades fueron hechas por el sector público y 6.046 por los privados, pero estos últimos números podrían ser mayores, según el ministro.
Ramírez se mostró optimista por las cifras que puedan ir registrándose en el segundo semestre, debido a la reciente aprobación de 14,6 millardos de bolívares más 1,7 millardos de dólares que, aseguró, agilizarán la ejecución de 96.366 viviendas de un total de 286.180 unidades que espera avanzar en el segundo semestre y en el año 2012.
Bs 0 por tierra. Otro aspecto que mencionó en su exposición es el referido a la búsqueda de terrenos para la construcción de viviendas y cumplir con el objetivo de 2 millones entre 2011 y 2017, y para ello dijo que disponen de 10.216 hectáreas.
"Hay que recordar que en esta misión el terreno tiene valor cero, es decir, estamos acabando con una categoría que convirtió la tierra en una mercancía sujeta a la especulación y que ha sido uno de los elementos que más ha obstruido la construcción de viviendas", aseguró.
Sobre la escasez de materiales para la construcción, Ramírez expresó que el problema es atendido mediante la creación de 45 centros de acopio, llamados Construpatria, y hasta el momento están en funcionamiento 36 de estas instalaciones, las cuales pretenden acelerar el suministro especialmente de cemento y cabilla, según reportó el diario El Nacional.
Ni lava ni presta la batea: Chávez militarizó fincas, pero ni las opera ni las expropia
El Sur del Lago de Maracaibo sigue bajo la sombra de la incertidumbre jurídica y la depresión económica. Han pasado casi 7 meses de la toma de 47 fincas agropecuarias y la situación de muchos productores es de zozobra. 24 haciendas se mantienen intervenidas parcial o totalmente.
El Gobierno devolvió a principios de año 23 fincas y prometió revisar otros casos como el de La Palmita en el estado Mérida. El ofrecimiento del ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, de reconocer la propiedad y anular el procedimiento de rescate del INTI, no se ha concretado. El Estadotampoco ha pagado las haciendas que decidió tomar completamente como la Bolívar y Hoya Grande, entre otras.
Los agricultores afirman que las fincas expropiadas y en poder total del Ejecutivo están prácticamente abandonadas y los cultivos llenos de plaga.
La producción de carne, leche, palma aceitera y plátano se ha reducido a la mitad.
"Hay un estado total de depresión económica en la región del Sur del Lago, nadie quiere arriesgarse a invertir. Las intervenciones, las inundaciones, la inseguridad jurídica y personal y las restricciones en la venta de combustible tienen restringido al sector agropecuario y comercial", expresa Ciro Labarca, presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores del Municipio Colón del estado Zulia. Labarca indica que hay haciendas que siguen intervenidas pero son administradas con limitaciones por sus dueños. Mientras que las controladas totalmente por el Gobierno como Hoya Grande y la Bolívar están en condiciones deplorables.
"La hacienda Bolívar producía 5.000 litros de leche al día y ahora no llega ni a 1.500 litros, y gran parte del rebaño se ha perdido. En Hoya Grande, que era modelo de producción de plátano en el mundo, la situación es de desidia, está totalmente improductiva y no da ni para pagarle a los obreros", afirma Labarca.
En el limbo. Una de las fincas emblemáticas de la zona Sur del Lago, El Peonío, sigue siendo administrada por su dueño, el productor Jesús "Chucho" Meleán. El agricultor de 94 años de edad sostiene que el Ejecutivo estaba interesado en tomar la hacienda de manera rápida y pese a que el avalúo está listo desde hace meses, no hay ninguna señal para finiquitar la transacción.
"Aquí estamos esperando al Gobierno. Se hizo el avalúo, hablamos del negocio y ellos no vienen. Se espera y, mientras tanto, seguimos parados.
Ni para adelante ni para atrás".
Asegura que está dispuesto a conversar con el ministro Loyo o con el presidente Hugo Chávez sobre la finca.
Ha tratado de que la producción de la finca continúe, pero las lluvias y las inundaciones la han afectado. "Esto está grave y si el Gobierno no quiere comprar entonces uno busca la manera de producir. Estamos sacando la mitad de la leche, antes se ordeñaban 10.000 litros al día y ahora estamos en 5.000 litros, y el ganado está muy enfermo. Sólo hemos tenido pérdidas", relata el productor que no entiende por qué el Ejecutivo "armó tanta alharaca" y dictó una medida de intervención que luego no completa definitivamente.
La finca El Peonio continúa tomada parcialmente por militares, pero Meleán la sigue administrando con ciertas restricciones. "Para vender el ganado y la leche y movilizar los animales tenemos que pedirle permiso al INTI. Ellos dicen que la tierra es de la nación, eso esté bien, pero todo lo que está arriba de la tierra deben pagarlo", agrega.
El productor exhorta al Gobierno para que defina la situación de las fincas intervenidas en el Sur del Lago. "Yo no soy político, soy campesino, me crié en el monte y he vivido en el monte. A esta edad lo único que quiero hacer es seguir produciendo, pero estamos paralizados", reitera.
Cesar Fernández, representante legal de El Peonío y otras unidades de producción intervenidas, señala que están en un limbo jurídico.
"Estamos en una incertidumbre total, se esperaba la expropiación y el pago de la propiedad o alguna salida que sea cónsona con la situación.
Es necesario, después de seis meses, que haya un diálogo", apunta.
Menciona que también están pendientes las demandas de nulidad contra el procedimiento del INTI ante el Tribunal Superior Agrario, introducidas por los afectados y admitidas por esta instancia judicial, pero el proceso lleva su curso y es lento. "Hasta el momento no ha habido ninguna decisión para reconocer el pago de las fincas íconos de la zona: la Bolívar, Gloria, Ring, Monte Verde, El Peonio y Santa Rita. No hemos podido tener una interlocución directa con el Gobierno, pese a los compromisos asumidos por el presidente Hugo Chávez, el vicepresidente ejecutivo, Elías Jaua, y el ministro de Agricultura, Juan Carlos Loyo.
Otro caso es el de La Chapala en el estado Mérida, los dueños fueron despojados de la finca por completo y se les impide el paso. Jesús Newman, asegura que la situación sigue igual.
El Gobierno no ha pagado las bienhechurías y tampoco reconoce la propiedad privada, según reportó el diario El Nacional.
Los cambios legales, las limitaciones en los financiamientos y la incertidumbre tienen en jaque al mercado inmobiliario, y ello se está reflejando en las menores operaciones de compra y venta de viviendas y en los arrendamientos.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), Aquiles Martini, asegura que el sector está en contracción y destaca que ya en la primera mitad del año las transacciones de adquisición de inmuebles cayeron 45%. Explica que en el mercado primario "casi nadie está comprando viviendas". Las construcciones de desarrollos habitacionales bajaron su ritmo desde que en el año 2009 se prohibió la aplicación del índice de precios al consumidor en los contratos de preventa, y ahora se han sumado factores como las intervenciones de complejos, las advertencias de más controles y la menor disponibilidad de insumos. "La oferta cada vez es menor, porque existe desconfianza. Los promotores tienen temor de producir, porque no saben cómo las leyes los afectarán".
Agrega que si bien hay una demanda potencial, en el mercado primario ha bajado. "Los compradores tienen dudas, porque no saben si las autoridades tomarán medidas con los desarrollos y si éstos podrán terminarse a tiempo, y a ello se añaden las limitaciones con el acceso a los financiamientos".
Actualmente, los créditos hipotecarios están dirigidos a las familias que ganan hasta 5 salarios mínimos (7.037 bolívares) y esa restricción no sólo afecta las operaciones del mercado primario, también impacta las del mercado secundario. Aunque en las inmobiliarias gran parte de las operaciones de compra y venta de casas se están centrando en el mercado secundario, éstas son menores que las registradas en el ejercicio pasado. El presidente de la organización indica que "estamos en la segunda mitad del año y la resolución de la gaveta hipotecaria no se termina de aclarar y ello limita al sector".
Pese a que la oferta de inmuebles es menor, los precios siguen incrementándose y en el primer cuatrimestre del año registraron un aumento de 59%. Al respecto, Martini señala que "por la escasez de unidades suben los precios. No obstante, los compradores y vendedores al final terminan pactando precios menores a los iniciales". El presidente de la Cámara Inmobiliaria asevera que para este segundo semestre del año el panorama no mejorará habrá menos transacciones y oferta. A su juicio la construcción de unidades seguirá con un menor ritmo. "El problema con el abastecimiento de insumos es un tema que no se resuelve tan rápido. Sidor está enfrentando dificultades y ello agrava el suministro de los productos". Expresa que la disponibilidad que existe de materiales está destinada a la Gran Misión Vivienda Venezuela, de manera que el sector privado no cuenta con suficiente cemento y cabillas. "La realidad es que sigue faltando materia prima para atender las obras".
El sector privado al cierre del primer trimestre del año tenía 75.000 soluciones habitacionales en construcción y más de 120.000 unidades sin iniciar. El presidente de la organización apunta que "en este período habrá que terminar los desarrollos que están en proceso, hay dudas de arrancar con los nuevos. Muchos constructores están esperando a ver que sucederá con los marcos legales que están en proceso".
Aquiles Martini destaca que por el entorno del sector los lapsos de terminación de las unidades se están ampliando. "Si antes eran de tres años ahora se proyectan a cinco años". "La realidad es que un proyecto inmobiliario está tardando. Los permisos, los insumos, y la confianza impactan y los lapsos van a empeorarse".
Para complementar a Martini, el director de Fedecámaras para el sector construcción, Alvaro Sucre, expresa que "en el país existe la capacidad para construir, sin embargo hace falta un cambio radical en el marco regulatorio y confianza.
Una fluidez de los recursos financieros, unas leyes que no excluyan al sector privado y la creación de una taquilla única que agilice los trámites administrativos fueron algunas de las propuestas que recomendó el directivo en la 67 Asamblea Anual de Fedecámaras.
Para Sucre la solución del déficit habitacional existente necesita un "cambio radical" en las políticas públicas.
Este año el Gobierno asegura que tiene como meta construir 153.000 viviendas, para alcanzar ese objetivo tiene varios programas, y en uno de ellos se incluye al sector privado, no obstante, los proyectos comenzaron a recibir los recursos este mes de julio, según reportó el diario El Universal.
Durante los primeros cuatro meses del año el Gobierno benefició a las familias de menos ingresos limitando al máximo las autorizaciones para aumentos de precios en los alimentos controlados, pero ya no es posible seguir retrasando el impacto de la inflación. El incremento de la escasez en supermercados y abastos porque las empresas no cubren los costos de producción ha obligado a permitir aumentos de precios en alimentos básicos como la carne, azúcar pan, leche, aceite y harina de maíz que absorben buena parte del ingreso de las familias más pobres.
De acuerdo con el Banco Central de Venezuela, el 25% más pobre del país destina 45 de cada 100 bolívares a la compra de comida, mientras que en el estrato de mayor ingreso la proporción es solo de 15. El resultado es que las estadísticas que dan cuenta de la inflación por estratos indican que el 25% más pobre de la población sufre en mayo y junio una inflación acumulada de 7,5% mientras que el 25% más adinerado padece un impacto menor de 4,2%. Si sólo se observa junio aflora que la inflación general fue 2,5%, mientras que en el estrato más pobre fue de 3,1% y en el grupo de mayores recursos se ubicó en 1,8%.
Las perspectivas es que el sector de menos ingresos continúe sintiendo con fuerza la inflación porque aun el Gobierno no ha permitido el incremento de precios del café, pollo, arroz y quesos. El atraso en los ajustes de precios, después que el Gobierno devaluó la moneda y el tipo de cambio oficial saltó desde 2,6 bolívares por dólar hasta 4,30 bolívares, explica el repunte en el índice de escasez.
Los encuestadores encargados de constatar los precios detectaron que de cada 100 productos que solicitaron en abastos, supermercados y toda la red de establecimientos que cubre al país, 12,1 no estaban disponibles al cierre de junio. En mayo solo 11,4 productos de cada 100 estuvieron ausentes. Al mismo tiempo el índice que mide la diversidad de marcas que pueden encontrar los consumidores en los anaqueles disminuyó desde 167,9 hasta 165,4 evidenciando una reducción en el abanico de opciones. Si bien la escasez aun está lejos del pico alcanzado en enero de 2008 cuando 24,7 de cada 100 productos tenían fallas de abastecimiento es evidente en el mercado la ausencia de determinados artículos.
El presupuesto de las familias de menos ingresos también comenzará a sentir el rebote en los precios de los productos agrícolas que gracias al tiempo de cosecha se mantuvieron estables durante los primeros cinco meses del año.
Junio marca el fin de la tendencia con un alza de 5,9% en el costo de los bienes agrícolas a pesar de que el Gobierno recurre a importaciones masivas para incrementar la oferta en los supermercados. La fuerza que impulsa los precios y ha convertido a Venezuela en el país con más inflación en América Latina obedece a una mezcla de factores, según reportó el diario El Universal.
Analistas explican que la política de controles de precios ha desestimulado la producción, al mismo tiempo la devaluación de la moneda encarece las importaciones y el incremento del gasto público aumenta los bolívares en circulación. Al cierre del primer semestre la cantidad de bolívares en circulación acumula un alza de 14% y más bolívares tras la misma cantidad de productos, se traduce en mayor inflación.
El Banco Central de Venezuela ha adoptado una política que tiene a incrementar la liquidez, por lo tanto, los bolívares en circulación seguirán creciendo durante el segundo semestre del año. El BCV disminuyó en tres puntos porcentuales la porción de los depósitos que los bancos deben congelar a manera de reserva y paulatinamente ingresarán a la economía 10 mil millones de bolívares extra.
Imposibiliad de PDVSA para invertir retrasa la producción de los nuevos bloques de la Faja
El objetivo de Petróleos de Venezuela con los bloques de la faja del Orinoco, que se adjudicaron o licitaron el año pasado, era que pudieran generar una producción temprana a fines de 2011. Sin embargo, el retraso en los desembolsos por parte de la estatal implica que ese nuevo proyecto tenga al menos un año de atraso.
En reporte sobre los avances señalan que permanecen "sin gastarse" los recursos previstos para Venezuela por parte de Oil India, una de las empresas que integran el consorcio para la explotación del bloque Carabobo 1, junto con otras firmas de ese país, la española Repsol y Petronas de Malasia.
A esto se suma que esta firma india afronta problemas financieros, que a corto plazo no se han agravado gracias a los retrasos que tiene el proyecto petrolero. Está a la espera de que Pdvsa agilice la ejecución de estos proyectos, tomando en cuenta que han sido señalados como prioritarios por parte de la estatal.
"Para finales de este año estamos hablando de unos 50.000 barriles diarios en producción temprana, fundamentalmente en Carabobo", dijo el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, a principios de abril.
"Los desarrollos tempranos los vamos a tener en el bloque Carabobo porque es donde esta la infraestructura y es donde hemos avanzado".
En Repsol persiste hermetismo sobre ese proyecto, al igual que los otros que se adelantan como los planes gasíferos. Fuentes del sector aseguran que existe demora en la ejecución y que ni siquiera alcanza 5% de lo previsto para este año. Igual situación ocurre con el consorcio que lidera la empresa estadounidense Chevron para la explotación del bloque Carabobo 3, junto a capitales japoneses y la venezolana Suelopetrol. Se han hecho señalamientos al ministro Ramírez sobre la necesidad de que Pdvsa acelere los desembolsos.
El titular de Energía, en los últimos meses, ha asegurado que hay adelantos en lo que se refiere a la ingeniería, la infraestructura de los proyectos y la conformación de una estructura dentro de Pdvsa que responda más a la territorialidad.
La licitación del los 3 bloques del área Carabobo se realizó a principios de 2010, pero sólo se pudieron aceptar las condiciones de dos territorios (el 1 y el 3), y en ese momento las autoridades quedaron pendientes en evaluar la posibilidad de abrir un nuevo concurso para el bloque 2, según reportó el diario El Nacional.
Inflación de Junio tan resistente como la enfermedad
Alimentos y bebidas no alcohólicas y transporte fueron los rubros que apuntalaron la inflación del mes de junio, que se ubicó en 2,5%, según el reporte del Banco Central de Venezuela. La primera de las categorías pasó de 2,6% en mayo a 3,3% el mes pasado, impulsada por el repunte en los precios del azúcar y de la carne de res. El segundo rubro se ubicó en 3,5% debido al incremento en las tarifas del Metro de Caracas. Acompañaron el alza esparcimiento y cultura (1,5%) y salud con 2,1%. Servicios de vivienda registró deflación (caída en el precio) de 0,2%.
El BCV y el Instituto Nacional de Estadísticas informaron que en el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas la variación, superior al promedio, se debió a la autorización de aumentos no sólo en los precios en junio, sino también en los meses anteriores como ocurrió con la harina de maíz, el pan, la leche y el aceite.
Con la variación intermensual de 2,5%, la inflación acumulada al primer semestre se colocó en 13%, lo que equivale a 3,3 puntos porcentuales menos que la registrada en igual período del año pasado, mientras que la anualizada alcanza 23,6%, inferior a 31,3% observado en junio de 2010. Tan renuente a bajar como la enfermedad que lo aqueja.
El índice de escasez subió de 11,7% en mayo a 12,1% en junio, no obstante el nivel está por debajo de lo registrado a comienzos de 2011. El índice de diversidad de productos en el mercado pasó de 167,9 a 165,4 puntos.
Por ciudades, Maracaibo resultó la más cara con 2,8%, seguida por Barquisimeto con 2,6% y Barcelona-Puerto La Cruz con 2,5% (igual al promedio nacional). Caracas estuvo esta vez por debajo con 2,2%, pero se coloca como la más costosa en el acumulado del año con 14,6%, por arriba del 13% del promedio nacional, según reportó el diario El Nacional.

References: resolución 
 artículo 78
 artículo 13
 artículo 31
 artículo 46
 artículo 49
 resolución