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Timestamp: 2019-10-17 00:43:11+00:00

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Ley de Protección de la Infancia y Adolescencia de Cantabria (Ley 7/1999, de 28 de abril) - Normativa de Cantabria - Legislación - VLEX 72704969
CAPÍTULO I Disposiciones generales. - arts. 1 a 6
CAPÍTULO II. Derechos de la infancia y adolescencia
SECCIÓN 2ª. Derechos específicos - arts. 10 a 20
CAPÍTULO III. Prevención, riesgo y desamparo
SECCIÓN 1ª. Atención inmediata y prevención - arts. 21 a 24
SECCIÓN 2ª. Riesgo - arts. 25 a 28
SECCIÓN 3ª. Desamparo - arts. 29 a 33
SECCIÓN 1ª. Tutela - arts. 34 a 39
SECCIÓN 2ª. Guarda - arts. 40 a 47
SECCIÓN 3ª. Acogimiento familiar - arts. 48 a 58
SECCIÓN 4ª. Acogimiento residencial - arts. 59 a 65
SECCIÓN 5ª. Disposiciones comunes - arts. 66 a 68
SECCIÓN 1ª. Adopción nacional - arts. 69 a 74
SECCIÓN 2ª. Adopción internacional - arts. 75 a 79
CAPÍTULO VI. Institucionales colaboradoras - arts. 80 a 85
CAPÍTULO VII. De los registros
SECCIÓN 1ª. Del registro de protección de la infancia y adolescencia - arts. 86 a 88
SECCIÓN 2ª. Del registro de institucionales colaboradoras - arts. 89 a 91
SECCIÓN 1ª. Infracciones - arts. 92 a 95
SECCIÓN 2ª. Sanciones - arts. 96 a 99
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Parejas unidas de forma estable
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Comisión sectorial
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Cooperación con el Ministerio Fiscal
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Desarrollo reglamentario
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Multa coercitiva
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Revisión de las medidas de protección
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Regulación de los expedientes iniciados
Norma citada en: 6 sentencias, 24 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas, 3 resoluciones administrativas
Conózcase que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre su Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2º del Estatuto de Autonomía para Cantabria, promulgo la siguiente Ley de Cantabria 7/1999, de 28 de abril, de Protección de la Infancia y Adolescencia
La presente Ley pretende establecer un marco normativo general que fije garantías para el ejercicio de los derechos que a los menores de edad corresponden legalmente. No se pretende establecer sólo el marco ordenador de las actividades que en materia de protección de menores en situación de desamparo debe desarrollar la Administración autonómica. También se desea determinar un marco general, de ámbito personal universal, que desde el contexto de nuestro ordenamiento jurídico autonómico fije garantías de calidad y control público de los servicios de los que serán usuarios los niños y niñas de nuestra Comunidad. Este marco debe garantizar su capacidad para ejercer cuantos derechos y ordenamientos en su conjunto les concede, como personas y como ciudadanos y ciudadanas que son, aunque se les mantengan determinadas restricciones de actuación en su propio interés, seguridad y respeto de su personal proceso de maduración. Debe, asimismo, establecer los niveles mínimos de bienestar que en todo caso una sociedad como la nuestra debe ofertar a su población infantil, como instrumento y garantía de la correcta evolución de su personalidad.
Las normas relativas a los derechos fundamentales, que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España sobre las respectivas materias.
La preocupación por otorgar un marco jurídico para la protección del menor, deviene, igualmente, de diversos Tratados Internacionales ratificados por España, muy especialmente de la 'Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas', de 20 de noviembre de 1989, que fue ratificado por España el 30 de noviembre de 1990; Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, del 29 de mayo de 1993 y ratificado por España mediante Instrumento de 30 de junio de 1995.
El concepto de riesgo emana de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, antes citada y, a pesar de ser una situación que perjudica el desarrollo personal o social del menor, no requiere la asunción de tutela por ministerio de la ley.
Por lo que se refiere a la situación de desamparo (artículo 28), debe aludirse al establecimiento y definición por la Ley de una serie de factores indicadores de tal situación, evitando así en lo posible la libre discrecionalidad en la apreciación y valoración del desamparo.
La Ley dedica el capítulo VI, completo, a un aspecto de relevante importancia en el campo de la protección de menores como es el de las instituciones colaboradoras, apoyándolas, estableciendo los requisitos para otorgar su habilitación, sus funciones específicas, la necesaria confidencialidad en sus actuaciones, así como la posibilidad de ser declaradas de 'interés social'. La publicidad de las resoluciones que habilitan a las instituciones reviste particular relevancia, por cuanto deberán ser publicadas en el 'Boletín Oficial de Cantabria'. Igualmente, se recoge el apoyo económico para las instituciones colaboradoras, mediante consignaciones en los presupuestos autonómicos.
La Ley regula, en su capítulo VII, cuanto se refiere a los Registros, diferenciando el de Protección de la Infancia y Adolescencia (sección primera) del de Instituciones Colaboradoras (sección segunda). El Registro de Protección será central y único (artículo 85), dividido en cinco secciones, que comprenderán: La primera, menores de tutela o guarda; la segunda, acogimientos; la tercera, adopciones; la carta, adopción internacional; y la quinta, menores internados. El artículo 87 garantiza el derecho a la intimidad y la obligación de reserva de las inscripciones practicadas. El artículo 88 por su parte, establece el carácter público, central y único del Registro de Instituciones, previniéndose la necesaria regulación reglamentaria en cuanto a su organización y funcionamiento.
De entre las disposiciones adicionales, ha de mencionarse la extensión que contiene la primera, sobre el concepto de familia, en lo que se refiere al acogimiento y la adopción, entendiéndose no sólo la formada por los cónyuges, sino también la compuesta por 'hombre y mujer integrantes de una pareja unida de forma permanente, por relación de afectividad análoga a la conyugal'. Igualmente, la segunda y tercera suponen la indispensable y oportuna coordinación con otros entes públicos y, en especial, con las Administraciones sanitaria, laboral, educativa, gubernativa y autoridades jurisdiccionales.
La presente Ley tiene por objeto la atención y protección de la infancia y adolescencia en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria para garantizar el ejercicio de sus derechos y su desarrollo integral en todos los ámbitos de convivencia.
Asimismo, la Ley regula la actuación que en materia de protección de menores lleven a cabo las instituciones públicas y privadas de la Comunidad Autónoma de Cantabria. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 172 del vigente Código Civil, la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria queda constituida como entidad pública.
Las medidas de protección previstas en la presente Ley se dirigirán a los menores de dieciocho años de edad que residan o se encuentren transitoriamente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, salvo que en virtud de la ley que les sea aplicable hayan alcanzado anteriormente la mayoría de edad.
Para los menores de edad, que tengan su residencia habitual en la Comunidad Autónoma de Cantabria, pero que por cualquier circunstancia se encuentren en situación de desprotección general fuera de aquélla, la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria dispensará idénticas medidas de protección, facilitando su retorno.
A los efectos de la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, se entiende por infancia, el período de vida de las personas comprendido desde el nacimiento y la edad de doce años y por adolescencia, desde dicha edad hasta la mayoría de edad establecida en el artículo 12 de la Constitución.
A los efectos establecidos en la presente Ley, la actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se inspirará en la primacía del interés superior de la infancia y adolescencia sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Para la determinación de dicho interés debe tenerse en cuenta, en particular, los anhelos y opiniones de los menores y también su individualidad en el marco familiar y social.
Específicamente, serán principios de actuación:
La defensa de los derechos constitucionales de la infancia y adolescencia y de los reconocidos por los acuerdos internacionales.
La prevención de situaciones de desprotección y graves carencias que afecten al bienestar social de la infancia y adolescencia.
La coordinación con los demás poderes públicos que actúen en la atención de la infancia y adolescencia.
El mantenimiento del menor en el medio familiar de origen, salvo que no resulte conveniente para su desarrollo integral.
La integración familiar y social de la infancia y adolescencia.
La garantía del carácter eminentemente educativo de cuantas medidas se adopten en la acción protectora.
La promoción de la participación de la iniciativa social.
La objetividad, imparcialidad, atención inmediata y seguridad jurídica en la actuación protectora, garantizando el carácter colegiado e interdisciplinar en la adopción de medidas.
La confidencialidad en toda la actuación en los expedientes de protección.
El fomento de los valores de tolerancia, solidaridad, respeto, igualdad y demás valores democráticos establecidos por el ordenamiento jurídico vigente.
ARTÍCULO 5 Instituciones colaboradoras.
ARTÍCULO 6 Interpretación de la Ley.
CAPÍTULO II Derechos de la infancia y adolescencia Artículos 7 a 20
ARTÍCULO 8 Subsidiaridad de la Administración.
Los padres o tutores tienen la obligación de ejercer responsablemente sus funciones inherentes a la patria potestad o tutela, sin perjuicio de la actuación subsidiaria de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria en los términos legalmente establecidos.
ARTÍCULO 9 Garantía y defensa de los derechos.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria velará por el respeto pleno de los derechos de la infancia y adolescencia reconocidos por la legislación vigente.
El Letrado Defensor del Menor llevará a cabo en nombre de la entidad pública cuantas actuaciones resulten necesarias para la adecuada defensa de los derechos de los niños y adolescentes. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, se procederá a su nombramiento previa consulta al Consejo Regional de Acción Social.
La Ley del Parlamento de Cantabria que regule la figura del Defensor del Pueblo Cántabro establecerá un Adjunto para la defensa de los derechos referidos a la infancia y la adolescencia.
SECCIÓN 2ª Derechos específicos Artículos 10 a 20
ARTÍCULO 10 Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
Se garantiza el pleno respeto al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de los menores, y especialmente de aquellos sobre los que se ejercite o vaya a ejercitarse alguna actuación protectora, evitando todo tipo de intromisión ilegítima que los afecte.
Se considera intromisión ilegítima, cualquier utilización de la imagen o nombre de los menores en cualquier medio que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, incluso constando el consentimiento del menor o de sus representantes legales.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria dará inmediata cuenta al Ministerio Fiscal de cuantas actuaciones lesionen el honor, intimidad personal y familiar y la propia imagen y adoptará las medidas necesarias ante los hechos.
ARTÍCULO 11 Derecho a la información.
Los menores tienen derecho a ser informados de su situación personal, de las medidas a adoptar, su duración y carácter, así como de cuantos derechos les asistan conforme a la legislación vigente.
Los padres o tutores y la Administración del Gobierno de Cantabria velarán porque la información que reciban los menores sea plural, veraz, respetuosa y adecuada a su desarrollo.
ARTÍCULO 12 Derecho a la libertad ideológica.
Se garantiza la libertad ideológica, de conciencia y religión a los menores.
ARTÍCULO 13 Derecho de participación, asociación y reunión.
Los menores tienen derecho a participar plenamente en su entorno, a asociarse y reunirse en los términos establecidos por el ordenamiento jurídico.
ARTÍCULO 14 Derecho a la libertad de expresión.
ARTÍCULO 15 Derecho a ser oído.
Los menores tienen derecho a ser oídos en todos los ámbitos de convivencia, así como en cualquier procedimiento administrativo o judicial en los que estén directamente implicados.
Las comparecencias se realizarán de forma adecuada a su situación y desarrollo evolutivo, debiendo preservarse siempre su derecho a la intimidad.
Se garantizará que ejercite su derecho por sí mismo, o a través de la persona que designe para su representación, o en todo caso de oficio. Se les otorgará audiencia siempre que lo soliciten.
ARTÍCULO 17 Derecho al juego y al desarrollo de actividades culturales y deportivas.
Los menores tienen derecho al descanso, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad como parte de la actividad cotidiana y también a participar libremente en la vida cultural y artística de su entorno social.
El juego debe entenderse como un elemento esencial del crecimiento y la maduración de los niños y niñas. Los juegos y juguetes deben adaptarse a sus necesidades y ayudar al desarrollo psicomotor de cada etapa evolutiva.
Los menores tienen derecho a practicar deporte y a participar en actividades físicas y recreativas en un ambiente de seguridad. Su participación en el deporte de competición debe ser voluntaria y los métodos y planes de entrenamiento deben respetar la condición física y las necesidades educativas de los menores.
Las Administraciones Públicas de Cantabria deben fomentar la actividad física y deportiva como hábito de vida saludable, así como la coeducación y la integración de los menores.
ARTÍCULO 18 Derecho a una estancia saludable.
Las Administraciones públicas fomentarán la toma en consideración de las necesidades de los menores en la concepción del espacio urbano, la disposición de ámbitos diferenciados en los espacios públicos para su uso, el acceso seguro a los centros escolares y demás centros que frecuentan, así como la eliminación de todo tipo de barreras, físicas o culturales, que limiten las posibilidades de participación de cualquier grupo.
ARTÍCULO 19 Derecho a la protección contra la explotación económica, laboral y sexual.
Los menores tienen derecho a ser protegidos contra el desempeño de cualquier trabajo nocivo para su salud, educación y desarrollo, incluida la mendicidad, así como contra el desarrollo de toda actividad laboral sin haber cumplido la edad legalmente establecida.
Los menores tienen derecho a ser protegidos contra la explotación y abusos sexuales, incluida la prostitución y su utilización en prácticas pornográficas.
ARTÍCULO 20 Derecho a la salud.
CAPÍTULO III Prevención, riesgo y desamparo Artículos 21 a 33
SECCIÓN 1ª Atención inmediata y prevención Artículos 21 a 24
ARTÍCULO 21 Atención inmediata.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria tiene la obligación de prestar la atención inmediata que precise cualquier menor, actuando en el ámbito de sus competencias, o dando traslado en otro caso al órgano competente.
De la misma forma, pondrá en conocimiento de los representantes legales del menor y del Ministerio Fiscal los hechos causantes de la citada atención inmediata.
ARTÍCULO 22 Carácter prioritario de la prevención.
ARTÍCULO 23 Competencias.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco de la Ley de Acción Social y de la normativa que la regula, elaborará programas de sensibilización y prevención en materia de protección de la infancia y adolescencia, coordinándose con las demás Administraciones que participen de la misma materia, y en particular con los Servicios Sociales Comunitarios (UBAS), los centros comarcales de servicios Sociales, instituciones educativas y sanitarias, ocupándose de crear los dispositivos y recursos necesarios para su ejecución.
Los Ayuntamientos colaborarán a través de los servicios sociales comunitarios en la ejecución y evaluación de los programas y actividades de prevención, que se coordinen a través de los centros comarcales de servicios sociales, desarrollando, entre otras, las siguientes funciones:
Informar sobre las cuestiones relativas a protección de la infancia y adolescencia y recursos existentes.
Promover y colaborar en programas de sensibilización sobre problemas que afecten a la infancia y adolescencia.
Crear programas orientados a la detección de situaciones de riesgo.
Colaborar en la elaboración, ejecución y evaluación de cuantos programas de prevención ejecute la Administración del Gobierno de Cantabria.
Cualesquiera otras que resulten necesarias y que se encuentren recogidas en la Ley de Bases de Régimen Local y en la Ley de Acción Social de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
ARTÍCULO 24 Colaboración.
Podrán colaborar en el desarrollo de las actuaciones preventivas, las instituciones colaboradoras a que se refiere el capítulo VI de la presente Ley, así como asociaciones o fundaciones sin animo de lucro, en los términos que reglamentariamente se determinen.
SECCIÓN 2ª Riesgo Artículos 25 a 28
Se considera situación de riesgo aquella que perjudica el desarrollo personal o social de la infancia y adolescencia, aunque no requiera la asunción de tutela por ministerio de la ley.
La actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria se orientará a eliminar los factores de riesgo y dificultad social incidentes en la situación en que se encuentra la infancia y adolescencia, para ello tomará cuantas medidas sean pertinentes para reducirla o anularla.
ARTÍCULO 26 Medidas.
Apoyo familiar, dirigido a satisfacer las necesidades básicas del menor, de las cuales carece, mejorando su medio familiar y manteniéndolo en el mismo.
Prestaciones económicas o en especie, en aquellas situaciones de insuficiencia de recursos del medio familiar.
Ayuda a domicilio, a través de los servicios o prestaciones materiales, formativos o psicosociales.
Intervención técnica dirigida a restablecer y facilitar el adecuado ejercicio de las funciones parentales, promoviendo el desarrollo y bienestar de los menores y la mejora de las relaciones socio-familiares.
ARTÍCULO 27 Competencias.
Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria el establecimiento y ejercicio de cuantas actuaciones específicas resulten pertinentes para solventar y remediar las situaciones de riesgo que se planteen.
A los Ayuntamientos, en los términos señalados en la legislación básica de régimen local, les corresponde el desarrollo de los recursos de apoyo familiar en su ámbito territorial. A este fin, la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria habilitará, a través de los centros comarcales de servicios sociales, los medios económicos, técnicos y humanos necesarios para coordinar y apoyar a los servicios sociales municipales en el cumplimiento de sus funciones.
ARTÍCULO 28 Seguimiento.
SECCIÓN 3ª Desamparo Artículos 29 a 33
ARTÍCULO 29 Situación de desamparo.
Se considera situación de desamparo, a los efectos de la presente Ley, la producida de conformidad con lo establecido en el artículo 172.1 del Código Civil.
Se considera que existen factores de desamparo cuando en relación a un menor concurra o se presente alguno de los supuestos siguientes:
Abandono por parte de las personas a quienes corresponde por ley ejercer las funciones de guarda.
Negligencia en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, higiénicas, de salud o educativas.
Enfermedad mental de los padres, tutores o guardadores que repercute negativamente sobre el menor.
Drogodependencia de los padres, tutores o guardadores que afecte al menor de manera negativa.
Suministro de sustancias psicotrópicas o tóxicas.
Maltrato físico o psíquico, abuso sexual, explotación u otros maltratos de análoga naturaleza.
Incumplimiento de los deberes de protección o carencia de vínculos afectivos por parte de los padres, tutores o guardadores.
Desatención o imprudencia, atentando contra la integridad física o psíquica del menor.
Desescolarización reiterada o continuada.
Cualquier otro factor que dificulte el desarrollo integral del menor.
ARTÍCULO 30 Denuncia.
Cualquier persona o entidad pública o privada deberá poner en conocimiento de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria la posible existencia de alguna de las situaciones contempladas en el artículo anterior, sin perjuicio de denunciar los hechos ante la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de delito, debiendo paliar dicha situación de forma inmediata cuando exista peligro inminente para la integridad física del niño o adolescente.
En especial, deberán actuar de la forma antes mencionada, quienes por razón de su profesión o función detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor.
ARTÍCULO 31 Declaración de desamparo.
Corresponde a la Dirección General competente dependiente de la Consejería competente por razón de la materia, declarar la situación de desamparo de un menor, mediante resolución motivada, previa la instrucción de expediente en el que constarán los informes sociales, médicos, psicológicos, pedagógicos, policiales y de toda índole necesarios para valorar los hechos concurrentes.
En aquellos supuestos de urgencia debidamente justificada, que requieran la actuación inmediata de la Administración, se completará posteriormente la instrucción del expediente, conforme al procedimiento ordinario establecido.
En el procedimiento de declaración de desamparo podrá citarse a los padres o tutores de los menores para su comparecencia personal obligatoria en las dependencias de la Administración para la práctica de trámites de audiencia o de notificaciones.
Artículo 31 apartado 3 adicionado por Artículo 6.1 de la Ley 6/2005, de 26 diciembre, de Medidas de Cantabria de 2006, publicado en BO. Cantabria el 30 de diciembre de 2005.
La resolución por la que se declara la situación de desamparo se notificará en forma legal a los padres, tutores o guardadores del menor en un plazo de cuarenta y ocho horas. Siempre que fuere posible dicha notificación se practicará de forma presencial, y de modo claro y comprensible de las causas y motivos que dieron lugar a la intervención de la Administración.
De igual forma se dará cuenta de todo lo actuado al Ministerio Fiscal.
CAPÍTULO IV Medidas de protección Artículos 34 a 68
SECCIÓN 1ª Tutela Artículos 34 a 39
ARTÍCULO 34 Asunción por ministerio de la ley.
La declaración de desamparo de un menor regulada conforme a los artículos anteriores, conlleva por ministerio de la ley la asunción de la tutela establecida en el apartado 1 del artículo 172 del Código Civil por la Administración del Gobierno de Cantabria.
La asunción de la tutela 'ex-lege', tendrá los efectos que las leyes civiles determinen, implicando en todo caso la suspensión de la patria potestad o de la tutela ordinaria.
ARTÍCULO 35 Inventario de bienes y derechos.
Asumida la tutela de un menor por ministerio de la ley, la Dirección General competente efectuará inventario de los bienes y derechos conocidos del mismo, y adoptará las disposiciones necesarias para su conservación y administración. La adopción de tales medidas se notificará al Ministerio Fiscal, a los padres, tutores o guardadores del menor.
ARTÍCULO 36 Observación y diagnóstico.
Los menores desamparados cuya tutela haya asumido la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria recibirán de inmediato una primera atención para su observación y diagnóstico, en aquellos centros o unidades de primera acogida dispuestos al efecto.
La estancia en los mismos no podrá superar los cuarenta y cinco días, analizándose durante la misma, la problemática, circunstancias y entorno socio-familiar del menor a fin de determinar la medida de protección mas adecuada.
En todo caso, el menor será objeto de atención inmediata mediante los necesarios y pertinentes reconocimientos médicos y psicológicos, procurándole cobertura sanitaria, escolarización y documentación acreditativa de su personalidad.
ARTÍCULO 37 Atención de los menores tutelados.
En tanto se mantenga la situación de tutela de un menor, y para asegurar la cobertura de sus necesidades psíquicas, físicas y materiales, se acordará su atención de alguna de las formas siguientes:
Permanecer bajo la guarda de algún miembro de su propia familia, como medida para favorecer su reinserción socio-familiar, por lo que complementariamente podrá acordarse:
Ayudas sociales al menor o su familia.
Apoyo y seguimiento técnico profesional de la familia por los servicios competentes.
Atención en centro terapéutico.
Atención en centro residencial.
Promoción del nombramiento judicial de tutor.
Constitución del acogimiento familiar del menor en la modalidad que proceda.
Propuesta de adopción del menor.
Cualquier otra medida aconsejable de carácter asistencial, educativa o terapéutica, en atención a las circunstancias del niño, niña o adolescente.
Siempre que sea posible se procurará aplicar medidas que no comporten la separación de los menores de su hogar y de su entorno familiar. Si fuera necesaria la separación transitoria, ésta no impedirá los derechos de visita y comunicación con la familia natural, si conviene al interés del menor.
ARTÍCULO 38 Revisión.
ARTÍCULO 39 Nombramiento judicial de tutor.
SECCIÓN 2ª Guarda Artículos 40 a 47
La guarda de un menor supone para quien la ejerce la obligación de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo educarlo y procurarlo una formación y atención integral.
ARTÍCULO 41 Ejercicio.
Cuando los titulares de la patria potestad, tutores o guardadores, así lo soliciten a la entidad pública justificando no poder atenderlo por circunstancias graves.
Cuando así lo acuerde el Juez en los casos que legalmente proceda.
ARTÍCULO 42 Temporalidad.
ARTÍCULO 43 Condiciones.
Los padres o tutores de un menor cuya guarda sea asumida por la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria conservan los derechos de representación, administración de bienes y visitas sobre el menor, así como el derecho de reintegración a su medio familiar de origen, con excepción de los supuestos en que la guarda se derive de la asunción de tutela 'ex-lege', o por disposición judicial.
ARTÍCULO 44 Audiencia al menor.
ARTÍCULO 45 Seguimiento.
El director del centro donde se encuentre el menor, o las personas que acojan al menor, ejercerán la guarda bajo el seguimiento de la Dirección General competente por razón de la materia, a la que deberán facilitar información periódica, trimestralmente como mínimo, sobre su situación y atención, salvo que la Administración determine otra periodicidad
ARTÍCULO 46 Cesación.
La guarda asumida mediante solicitud de los padres, tutores o guardadores, cesará a petición de los mismos cuando estén en situación adecuada para hacerse responsables del menor.
La guarda asumida en el resto de supuestos cesará conforme a las causas recogidas en el artículo 66 de la presente Ley.
ARTÍCULO 47 Control por el Ministerio Fiscal.
SECCIÓN 3ª Acogimiento familiar Artículos 48 a 58
ARTÍCULO 49 Finalidad.
ARTÍCULO 50 Principios de actuación.
Procurar la permanencia del menor en su ambiente, mediante el acogimiento con familia extensa, salvo que no resulte aconsejable en atención al interés del menor.
Priorizar su utilización, evitando el internamiento de manera prolongada en centros.
Evitar en lo posible la separación de hermanos, procurando su acogimiento por una misma persona o familia. La separación de hermanos habrá de motivarse adecuadamente.
ARTÍCULO 51 Selección de personas o familias acogedoras.
En la selección de familias o personas acogedoras, primará el interés superior del menor, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes factores:
Relación con el menor, si existiese.
Cualquier otro factor que se estime necesario para la adecuada selección de acogedores.
Los acogimientos, que no tengan como finalidad la adopción del menor, darán preferencia a familiares o acogedores de hecho, siempre que demuestren suficiente capacidad para su atención y desarrollo.
ARTÍCULO 52 Formalización.
ARTÍCULO 53 Contenido.
El documento de formalización del acogimiento familiar, incluirá los siguientes extremos:
Modalidad y duración prevista.
Periodicidad de visitas en favor de la familia del menor.
La asunción de gastos de manutención, educación, ocio y atención sanitaria.
Contenido del seguimiento a realizar por la entidad pública.
Compromiso de colaboración de la parte acogedora.
Remuneración, en su caso, del acogimiento.
Informe de los servicios técnicos competentes en materia de menores.
Especificación del carácter profesionalizado, si lo fuere, del acogimiento.
Dicho documento, junto con los informes y documentación pertinente, se remitirá al Ministerio Fiscal.
ARTÍCULO 54 Oposición al acogimiento.
Solamente la autoridad judicial podrá acordar el acogimiento familiar en interés del menor, conforme a lo establecido en el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando los padres o tutores del menor no compareciesen, o no consintiesen o se opusiesen a dicha medida, mientras no se encuentren privados de patria potestad.
La propuesta del acogimiento familiar judicial, en la modalidad que corresponda, será formulada por la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, conteniendo los mismos extremos del artículo anterior.
ARTÍCULO 55 Acogimiento provisional.
No obstante lo previsto en el artículo anterior, la entidad pública podrá resolver en el exclusivo interés del menor, y ante una situación de carácter urgente, un acogimiento familiar provisional hasta que se produzca resolución judicial.
A este efecto deberá presentarse la propuesta de acogimiento pertinente al Juez, en el plazo máximo de quince días.
ARTÍCULO 56 Suspensión del derecho de visitas.
ARTÍCULO 57 Cesación.
Por decisión motivada de la parte acogedora, previa comunicación a la Administración.
A petición del tutor o de los padres que tengan la patria potestad y reclamen la compañía del menor.
Por decisión de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, cuando tenga la tutela o guarda del menor, y lo considere necesario para salvaguardar el interés de éste, oídos los acogedores.
A iniciativa del menor y previa tramitación del oportuno expediente.
ARTÍCULO 58 Reserva de actuaciones.
SECCIÓN 4ª Acogimiento residencial Artículos 59 a 65
El acogimiento residencial, como medida de protección derivada de la asunción de tutela o de la guarda de un menor por la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, consiste en alojarlo en un centro, residencia o institución pública o colaboradora adecuado a sus características con la finalidad de recibir la atención, educación y formación adecuadas.
No se considerará medida de acogimiento residencial la estancia del menor por tiempo inferior a cuarenta y cinco días, conforme a lo previsto en al artículo 36 de la presente Ley.
La adopción de la medida de acogimiento residencial corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria o a la autoridad judicial en los casos en que legalmente proceda, durante el tiempo estrictamente necesario y cuando el resto de las medidas de protección devengan inviables, insuficientes o inadecuadas.
Todo acogimiento de un menor se comunicará, de forma inmediata por escrito a los padres, si no están privados de patria potestad, tutores, guardadores y al Ministerio Fiscal.
Corresponde al director del centro ejercer la guarda del menor acogido, con la garantía de sus derechos y mediante el correcto desempeño de las funciones inherentes a dicha guarda.
El objetivo del acogimiento residencial radica en favorecer el desarrollo personal y la integración social del menor, elaborándose un proyecto socioeducativo en el momento de su ingreso, que responda a las necesidades del mismo a corto, medio y largo plazo.
ARTÍCULO 62 Clases de centros.
Los centros de acogimiento residencial de menores podrán ser propios o concertados. Son centros propios aquellos cuya dirección y gestión corresponde a la Dirección General competente por razón de la materia.
Son centros concertados los que pertenecen a otras entidades públicas o privadas, sin ánimo de lucro, y están acreditados como tales por el órgano administrativo competente en atención a los requisitos y condiciones reglamentariamente establecidos.
Dichos centros deberán ajustarse, en cuanto a tamaño, estructura, cualificación del personal y organización a las necesidades de atención personalizada que requieren los menores, de modo que favorezca su desarrollo social y afectivo.
ARTÍCULO 63 Autorización e inspección.
ARTÍCULO 64 Régimen.
El internamiento de menores se realizará en centros de régimen abierto, donde las únicas limitaciones de entrada y salida están marcadas por sus necesidades educativas y de protección, salvo excepciones previstas en la legislación vigente que requerirán autorización judicial.
Los centros deberán ofrecer un marco de convivencia con los medios adecuados, prestar una atención personalizada y fomentar relaciones que favorezcan el desarrollo de los menores.
El personal educativo de los centros llevará a cabo cuantas intervenciones y actuaciones resulten precisas para procurar la correcta ejecución del proyecto socioeducativo al que se refiere el apartado 2 del artículo 61.
ARTÍCULO 65 Proyecto socioeducativo y Reglamento de Régimen Interior.
SECCIÓN 5ª Disposiciones comunes Artículos 66 a 68
ARTÍCULO 66 Cesación de las medidas de protección.
Por mayoría o habilitación de edad.
Por acuerdo de la entidad pública, cuando hayan desaparecido las causas que motivaron la adopción de la medida, o el interés del menor lo aconseje.
Cumplimiento del plazo de duración de la medida, previsto en la resolución, siempre que esté garantizado el superior interés del menor.
Excepcionalmente, podrán seguir siendo objeto de atención en centros propios o concertados, aquellos jóvenes que hubieran sido objeto de medidas de protección hasta su mayoría de edad, cuando se estime por la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria que la cesación de esta atención podría obstaculizar la integración social del joven y con su consentimiento escrito.
ARTÍCULO 67 Medidas en evitación de perjuicios al menor.
ARTÍCULO 68 Auxilio judicial-policial.
CAPÍTULO V Adopción Artículos 69 a 79
SECCIÓN 1ª Adopción nacional Artículos 69 a 74
ARTÍCULO 70 Propuesta.
ARTÍCULO 71 Actuación previa.
Con carácter previo, a la elevación de la correspondiente propuesta de adopción, se procurará que el menor haya permanecido en acogimiento familiar preadoptivo, por un período mínimo de tres meses, salvo que el interés superior del menor aconseje actuación de otra índole.
ARTÍCULO 72 Selección y criterios en relación a adoptante o adoptantes.
En la selección de adoptante o adoptantes, primará el interés superior del menor, teniéndose en cuenta los factores determinados en el artículo 51 de la presente Ley, las disposiciones vigentes en la legislación civil y el procedimiento que reglamentariamente se determine.
La gestión, que lleve a cabo la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se efectuará atendiendo a los siguientes criterios:
Idoneidad para la adopción mediante resolución dictada por el Consejero competente por razón de la materia a propuesta de la Comisión de Adopción de la Dirección General competente.
Solicitud formulada ante la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, siendo registrada al efecto.
Selección de adoptante o adoptantes en función de circunstancias concretas y especiales del menor.
ARTÍCULO 73 Criterios en relación al adoptando.
Que todas las actuaciones, datos, informes y documentación obrante en su expediente, indiquen fehacientemente que la adopción servirá al interés primordial del menor.
Que se encuentre jurídicamente en situación de ser adoptado.
Que se haya acreditado su consentimiento, si hubiese cumplido doce años, valorándose su opinión si fuese menor de dicha edad pero tuviese suficiente juicio.
ARTÍCULO 74 Reserva y confidencialidad.
Todas las actuaciones, tanto administrativas como judiciales en la presente materia, se realizarán con la conveniente reserva y confidencialidad, evitando especialmente que la familia de origen del menor conozca a la adoptiva.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria deberá facilitar al adoptante o adoptantes la información disponible de la familia natural del menor, siempre que resultase precisa en interés de la salud y desarrollo del mismo.
SECCIÓN 2ª Adopción internacional Artículos 75 a 79
ARTÍCULO 75 Normas generales.
Las familias o personas, con residencia habitual en Cantabria que deseen adoptar un menor extranjero, podrán efectuar sus solicitudes ante la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Los solicitantes de adopción de menores, de origen extranjero, deberán ser seleccionados de acuerdo con el mismo procedimiento y en base los mismos criterios que para la adopción nacional.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria informará a los solicitantes, de aquellos países con los que se tengan relaciones y circuitos de tramitación internacional, y donde quede suficientemente garantizado el respeto a las normas y principios de adopción internacional.
ARTÍCULO 76 Competencia.
La recepción y tramitación de solicitudes, ya sea directamente o a través de aquellas entidades debidamente acreditadas.
La expedición de la declaración de idoneidad de los solicitantes.
El compromiso de seguimiento de la adopción, cuando así lo exija el país de origen del adoptando.
La acreditación, control, inspección y elaboración de las directrices de actuación de las entidades que realicen funciones de mediación en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
ARTÍCULO 77 Solicitud.
ARTÍCULO 78 Asignación de menor.
Si mediante la vía de la adopción nacional se asigna un menor a unos solicitantes, que también tienen abierto un expediente para una adopción internacional, la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria comunicará oficialmente al país correspondiente dicha asignación.
ARTÍCULO 79 Entidades colaboradoras.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, acreditará, conforme a la reglamentación establecida, a aquellas entidades sin ánimo de lucro que realicen funciones de mediación en materia de adopción internacional, tal y como señala el artículo 25 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
CAPÍTULO VI Institucionales colaboradoras Artículos 80 a 85
ARTÍCULO 80 Concepto.
ARTÍCULO 81 Habilitación.
Para obtener la habilitación como institución colaboradora, las fundaciones o asociaciones deberán reunir los siguientes requisitos:
Estar constituidas como asociación o fundación.
Que su domicilio social radique en la Comunidad Autónoma de Cantabria, o que actúe en el territorio autonómico a través de establecimientos radicados en el mismo.
Disponer de los medios materiales y personales necesarios para el desarrollo de sus funciones.
La habilitación se otorgará por Resolución del Consejero competente por razón de la materia, a propuesta de la Dirección General competente, amparado en informe favorable acreditativo de que la institución se adecua al marco general de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con la Ley de Cantabria 5/1992, de 27 de mayo, de Acción Social, y de la presente Ley. Esta resolución será publicada en el 'Boletín Oficial de Cantabria'.
De igual forma, se cancelará tras el oportuno expediente administrativo la habilitación como institución colaboradora, si dejare de reunir los requisitos exigidos, infringiere en su actuación las normas legales, o ejerciere inadecuadamente las funciones que constituyen el contenido específico de su habilitación.
ARTÍCULO 82 Funciones.
Actuaciones precisas para la prevención.
Mediación en procesos de acogimiento familiar o adopción de menores españoles o extranjeros en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
La integración del menor en su familia de origen.
ARTÍCULO 83 Control e inspección.
ARTÍCULO 84 Confidencialidad.
Los responsables de las instituciones de colaboración y las personas que presten servicios en las mismas están obligadas a guardar secreto, de cuanta información obtengan en relación al ejercicio y desarrollo de sus funciones.
ARTÍCULO 85 Interés social.
Las instituciones colaboradoras podrán ser declaradas de interés social, en aquellos casos que presten servicios que así lo justifiquen.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria podrá establecer conciertos con las entidades colaboradoras y apoyarlas económicamente, con cargo a sus presupuestos generales, para el mejor cumplimiento de sus fines.
CAPÍTULO VII De los registros Artículos 86 a 91
SECCIÓN 1ª Del registro de protección de la infancia y adolescencia Artículos 86 a 88
ARTÍCULO 86 Características generales.
El Registro de Protección de la Infancia y Adolescencia será central y único para toda la Comunidad Autónoma de Cantabria, teniendo carácter reservado y estando confiada su custodia a la entidad pública a través de la Dirección General competente por razón de la materia a través del órgano administrativo indicado.
Sección primera: De menores sujetos a medida de tutela o guarda.
Sección segunda: De personas o familias acogedoras, inscribiéndose, además, los acogimientos propuestos y realizados.
Sección tercera: De personas o familias adoptantes, inscribiéndose, además, las adopciones propuestas y realizadas.
Sección cuarta: De personas o familias solicitantes de adopción internacional, inscribiéndose las tramitadas y realizadas.
Sección quinta: De menores internados en centros. A su vez, cada centro dispondrá de su propio registro en el que constarán los menores residentes.
ARTÍCULO 88 Organización y funcionamiento.
Garantía del derecho a la intimidad y la obligación de reserva respecto de las inscripciones.
Libre acceso del Ministerio Fiscal en el cumplimiento de las funciones que legalmente tiene atribuidas.
SECCIÓN 2ª Del registro de institucionales colaboradoras Artículos 89 a 91
ARTÍCULO 89 Características generales.
ARTÍCULO 90 Contenido.
En el Registro constarán: Denominación, domicilio social, composición de órganos directivos, documento constitutivo, estatutos, fecha y contenido de su habilitación, así como la ubicación de los diferentes centros que pudiera tener en la Comunidad Autónoma.
Las modificaciones producidas en los anteriores datos, serán objeto del asiento correspondiente.
ARTÍCULO 91 Regulación reglamentaria.
Será objeto de regulación reglamentaria la organización y funcionamiento del registro de instituciones colaboradoras.
Las instituciones habilitadas tendrán la obligación de comunicar a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria cualquier variación producida en los datos señalados en el artículo anterior, teniendo reflejo inmediato en el folio correspondiente del Registro.
CAPÍTULO VIII Infracciones y sanciones Artículos 92 a 99
SECCIÓN 1ª Infracciones Artículos 92 a 95
ARTÍCULO 92 Infracciones administrativas y sujetos responsables.
Se consideran infracciones administrativas a los efectos de la presente Ley las acciones u omisiones de las personas responsables, tipificadas y sancionadas en este capítulo.
Son sujetos responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas a las que sean imputables las acciones u omisiones constitutivas de infracciones tipificadas en esta Ley.
Las infracciones se califican en leves, graves y muy graves. Las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cinco años, a contar en todo caso desde la fecha de la infracción.
Incumplir las normas aplicables para la creación o funcionamiento de centros o servicios de atención a la infancia o adolescencia, por parte de los titulares de éstos, si de ello se derivan perjuicios relevantes.
Incumplir el deber de actualizar los datos que constan en el registro de instituciones colaboradoras que desarrollan actividades en el campo de la acción social y los servicios sociales, por parte de las mismas.
No gestionar plaza escolar para un menor en período de escolarización obligatoria por los padres, tutores o guardadores.
No procurar, por los padres, tutores o guardadores, la asistencia al centro de un menor en período de escolarización obligatoria, disponiendo de plaza y sin causa que lo justifique.
No poner en conocimiento de la autoridad competente la posible situación de desamparo en que pudiera encontrarse un niño, niña o adolescente.
Incumplir, de forma que se afecte de manera grave a la situación de los menores, las resoluciones administrativas que se dicten en materia de protección de los mismos.
El incumplimiento por el centro o personal sanitario, de la obligación de identificar al recién nacido, de acuerdo con la legislación estatal, así como de comprobar la identidad de sus padres, adoptando las correspondientes medidas de comprobación que permitan garantizar todo ello.
Proceder a la apertura o cierre de un centro o servicio, por parte de las entidades titulares de los mismos sin haber obtenido las autorizaciones administrativas pertinentes.
Incumplir la obligación de inscripción en el Registro de Instituciones Colaboradoras de la Comunidad Autónoma, por parte de las mismas.
Incumplir la obligación, por parte de las entidades titulares, de la normativa específica establecida para cada tipo de centro o servicio.
Incumplir la prohibición de difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de los menores en los medios de comunicación, de acuerdo con el artículo 10 de la presente Ley.
No proporcionar por parte de los titulares de los centros o servicios, el tratamiento y la atención que, acordes con la finalidad de los mismos, corresponda a las necesidades de los menores.
ñ) La falta de emisión por las instituciones colaboradoras en adopción internacional de los informes de seguimiento exigidos por los países de origen de los menores, así como la negativa o resistencia de los adoptantes, nacionales o internacionales, o personas a que se ha encomendado un menor por un país extranjero, a las actuaciones que permitan la emisión de informes de seguimiento de la adopción o de la figura de protección de que se trate.
Artículo 94 letra ñ) adicionado por Artículo 6.2 de la Ley 6/2005, de 26 diciembre, de Medidas de Cantabria de 2006, publicado en BO. Cantabria el 30 de diciembre de 2005.
Las recogidas en el artículo anterior si de ellas se desprende daño de imposible o difícil reparación a los derechos de los niños, niñas o adolescentes.
SECCIÓN 2ª Sanciones Artículos 96 a 99
Infracciones graves: Multas desde 500.001 pesetas hasta 8.000.000 de pesetas.
Infracciones muy graves: Multas desde 8.000.001 pesetas hasta 40.000.000 pesetas.
ARTÍCULO 97 Sanciones accesorias.
El cierre temporal, total o parcial del centro o servicio por un tiempo máximo de un año.
Cuando resulte responsable de la infracción, algún medio de comunicación social, la difusión pública por el propio medio de la sanción impuesta en las condiciones que fije la autoridad sancionadora.
ARTÍCULO 98 Graduación de las sanciones.
ARTÍCULO 99 Reincidencia.
Se produce reincidencia, cuando el responsable de la infracción haya sido sancionado mediante resolución firme por la comisión de otra infracción de la misma naturaleza, en el plazo de un año si se trata de faltas leves, tres años para las graves y cinco años para las muy graves a contar desde la notificación de aquélla.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA Parejas unidas de forma estable
La mención que se hace en esta Ley, a las familias en lo relativo a la adopción y al acogimiento, ha de entenderse extendida a los supuestos de hombres y mujeres integrantes de parejas unidas de forma estable por relación de afectividad análoga a la conyugal, en aplicación de la disposición adicional tercera de la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA Comisión sectorial
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA Cooperación con el Ministerio Fiscal
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA Desarrollo reglamentario
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA Multa coercitiva
En caso de negativa o resistencia de los adoptantes o personas a que se ha encomendado un menor por un país extranjero, a las actuaciones que permitan la emisión de informes de seguimiento de la adopción o de la figura de protección de que se trate, se podrán imponer multas coercitivas por importe de 400 euros, reiteradas por períodos mensuales, hasta que se permita la actuación o se presenten los informes correspondientes.
Disposición adicional 5 adicionado por Artículo 6.3 de la Ley 6/2005, de 26 diciembre, de Medidas de Cantabria de 2006, publicado en BO. Cantabria el 30 de diciembre de 2005.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA Revisión de las medidas de protección
En el plazo máximo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, deberán revisarse aquellas medidas de protección adoptadas hasta entonces y que fueran susceptibles de ello, adecuándolas a las disposiciones de esta Ley.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA Regulación de los expedientes iniciados
Palacio del Gobierno de Cantabria, 28 de abril de 1999.
DECRETO 27/1990, de 7 de febrero, sobre coordinación de las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias y las de los Ayuntamientos, en relación con los transportes públicos de viajeros.

References: artículo 15
 artículo 87
 artículo 88
 artículo 172
 artículo 12

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 9

ARTÍCULO 10

ARTÍCULO 11

ARTÍCULO 12

ARTÍCULO 13

ARTÍCULO 14

ARTÍCULO 15

ARTÍCULO 17

ARTÍCULO 18

ARTÍCULO 19

ARTÍCULO 20

ARTÍCULO 21

ARTÍCULO 22

ARTÍCULO 23

ARTÍCULO 24

ARTÍCULO 26

ARTÍCULO 27

ARTÍCULO 28

ARTÍCULO 29
 artículo 172

ARTÍCULO 30

ARTÍCULO 31
 resolución 

Artículo 31
 Artículo 6
 resolución 

ARTÍCULO 34
 artículo 172

ARTÍCULO 35

ARTÍCULO 36

ARTÍCULO 37

ARTÍCULO 38

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ARTÍCULO 42

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ARTÍCULO 44

ARTÍCULO 45

ARTÍCULO 46
 artículo 66

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ARTÍCULO 51

ARTÍCULO 52

ARTÍCULO 53

ARTÍCULO 54

ARTÍCULO 55
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ARTÍCULO 56

ARTÍCULO 57

ARTÍCULO 58
 artículo 36

ARTÍCULO 62

ARTÍCULO 63

ARTÍCULO 64
 artículo 61

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ARTÍCULO 68

ARTÍCULO 70

ARTÍCULO 71

ARTÍCULO 72
 artículo 51
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ARTÍCULO 73

ARTÍCULO 74

ARTÍCULO 75

ARTÍCULO 76

ARTÍCULO 77

ARTÍCULO 78

ARTÍCULO 79
 artículo 25

ARTÍCULO 80

ARTÍCULO 81
 Resolución 
 resolución 

ARTÍCULO 82

ARTÍCULO 83

ARTÍCULO 84

ARTÍCULO 85

ARTÍCULO 86

ARTÍCULO 88

ARTÍCULO 89

ARTÍCULO 90

ARTÍCULO 91

ARTÍCULO 92
 artículo 10

Artículo 94
 Artículo 6

ARTÍCULO 97

ARTÍCULO 98

ARTÍCULO 99
 resolución 
 Artículo 6