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Timestamp: 2019-09-19 04:19:23+00:00

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Un objeto del veredicto integrado por unas 150 preguntas determinará el futuro de Roberto H.H. y Davinia M.G, acusados del crimen de la niña Sara, de 4 años, ocurrido el 3 de agosto de 2017 en Valladolid tras recibir una brutal paliza antes de ser violada.
El cuestionario ha sido entregado este martes por el presidente de la Audiencia de Valladolid, Feliciano Trebolle, a la fiscal del caso y los letrados de la acusación particular, en representación del padre biológico de la víctima, y las populares, ejercidas por la Asociación Clara Campoamor y la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos (Adavasymt), además de los defensores de los encausados, según informaron a Europa Press fuentes del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Formalizado dicho trámite, el objeto del veredicto será entregado al jurado este miércoles en una sesión pública, con lo que será a partir de entonces cuando se inicie la deliberación antes de emitir veredicto, que podría llegar este mismo viernes.
Las acusaciones solicitan para la madre de la niña y el novio de ésta prisión permanente revisable–la única discrepante es la letrada del padre biológico, que tan solo pide dicha pena para él–, mientras que las defensas persisten en la solicitud de un fallo absolutorio.
El tribunal de garantías ha desestimado por unanimidad la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Juzgado de Primera Instancia número 14 de Barcelona respecto del último párrafo de artículo 18.2 de la Ley de Jurisdicción voluntaria que recoge que el resultado de la exploración se extenderá en un “acta detallada y, siempre que sea posible, será grabada en soporte audiovisual”.
Tras estudiar este recurso, los magistrados entienden que el contenido de dicho precepto es constitucional porque no vulnera el derecho a la intimidad de los menores. En este sentido explica la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, que es en la celebración de la exploración judicial cuando el juez o letrado de la Administración de Justicia “debe cuidar de preservar su intimidad, velando en todo momento porque las manifestaciones del menor se circunscriban a las necesarias para la averiguación de los hechos y circunstancias controvertidos”.
Asimismo, el Pleno recuerda que el derecho del menor a ser “oído y escuchado” forma parte del estatuto jurídico indisponible de los menores de edad, como norma de orden público, de inexcusable observancia para todos los poderes públicos. Eso sí, incide en que el contenido del acta deber detallar solo aquellas manifestaciones que sean “imprescindibles por significativas y por ello estrictamente relevantes” en el procedimiento judicial.
Sus hijos le decían que estaba “llena de maldades y brujerías” y le culpaban de “todos los males” que padecían
El alto tribunal ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, que a su vez confirmaba la decisión de un juzgado de primera instancia que entendió que la mujer tenía derecho para desheredar a sus hijos tras acreditarse el maltrato al que había sido sometida, siendo ésta la excepción “justa” que recoge el apartado segundo del artículo 853 del Código Civil para quitar a un descendiente su condición de beneficiario del testamento.
El Supremo desestima todos las alegaciones de los hijos, que pedían ser incluidos en el testamento junto a un hermano, al quien se designó como único heredero, pues comparte con la Audiencia Provincial que ha quedado acreditado que “ambos hermanos incurrieron en una conducta de menosprecio y abandono familiar respecto de su madre, sin justificación alguna y sólo imputable a los mismos”. También subraya que sufrió un maltrato psíquico a lo largo de los años, sobre todo en la última etapa de su vida, cuando ya estaba enferma.
Según los hechos que recoge la resolución del alto tribunal, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Javier Orduña, en el testamento se expresa que uno de los hijos manifestó “reiteradamente” a su madre que “está llena de maldades y brujerías”, al igual que la casa en la que vivía.
Por otro lado, su hermano, según dicho documento, le atribuyó a la mujer la responsabilidad de “todos los males” que éste “ha padecido en la vida”, por lo que le negó “formal y expresamente su condición de madre”. Añade que le impidió cualquier interlocución entre ambos “hasta el punto de haber intentando la testadora felicitarle el día de su cumpleaños y sufrir el desplante de que le colgara el teléfono”.
En cuanto al segundo de los hermanos, que alega que tiene derecho a recibir la herencia porque se reconcilió con su madre, la sentencia afirma que también se probó que éste residió con ella durante sus últimos meses de vida “por razones económicas y no de cuidados y asistencia”. Asimismo, la Sala reprocha a este recurrente que haya intentado “alterar la base fáctica” que expone la Audiencia Provincial en su resolución para continuar alegando que ya volvía a tener relación con su madre.
BILBAO, 13 May. (EUROPA PRESS) –
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dado la razón a UGT en su demanda por la discriminación salarial por razón de género que se produce en la empresa pública municipal Bilbao Kirolak- Instituto Municipal de Deportes. La central denunció la diferenciación del sueldo del personal administrativo, mayoritariamente integrado por mujeres, respecto al de mantenimiento, en el que todos son hombres.
En un comunicado, el sindicato ha explicado que la sentencia declara nula la resolución del Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao, que “rechazaba que la actuación empresarial conculcara dicho deber”.
El TSJPV entiende que “la coexistencia de dos categorías distintas en el mismo nivel salarial, con distintos salarios, es una práctica aparentemente neutra que constituye una discriminación indirecta por razón de sexo, ya que el más desfavorecido está integrado mayoritariamente por mujeres y el otro totalmente por hombres”. Por ello, ha estimado la demanda de UGT.
La central sindical ha señalado que esta sentencia, con fecha del 30 de abril, determina que esta “discriminación se produce por razón de género”, y considera que al colectivo de administrativos se les debe equiparar sus retribuciones a las del colectivo de Mantenimiento, “con el que ya compartían nivel profesional antes del 2010”.
UGT ha recordado que ha sido “largo el camino que ha recorrido en solitario” en defensa de los derechos del colectivo de administrativos, en el que trabajan nueve mujeres de 11 personas, porque se han encontrado “con la intransigencia institucional por parte de la dirección y presidencia de la empresa”.
No obstante, considera que “todos estos esfuerzos han merecido reconocimiento, ya que finalmente se viene a dignificar la tarea profesional de todo el colectivo administrativo de Bilbao Kirolak, que debe poner fin a una situación que nunca debió ser tolerada”.
Por ello, apela a la responsabilidad del equipo del Gobierno municipal “para acatar y cumplir de manera inmediata la sentencia judicial y renunciar a un posible recurso que tan sólo lograría prolongar la discriminación que supone un trato degradante hacia las y los trabajadores”.
Los procedimientos más numerosos son por lesiones, que alcanzaron 559.557 en todo año
A lo largo de 2018 se incoaron por las diferentes fiscalías españolas un total de 1.590.492 diligencias previas, lo que supone apenas 20.000 menos que en el año anterior (cuando se abrieron un total de 1.590.492). La reducción de delitos es de apenas un 1,27 por ciento, lo que paraliza la tendencia al descenso que se venía experimentando en los últimos años y que en 2017 fue del 11,26 por ciento.
Así se desprende del análisis del avance estadístico dado a conocer este viernes por la Fiscalía general del Estado. La facilitación de esos datos supone una novedad informativa porque lo habitual todos los años era esperar al acto formal de Apertura de Tribunales que se celebra en septiembre para conocerlos.
Por otra parte, los datos estadísticos arrojan variaciones significativas en la incoación de las diligencias urgentes, por las que se tramitan los denominados ‘juicios rápidos’. Los 183.074 procedimientos incoados en este apartado durante el año 2017 han aumentado hasta los 215.637 del pasado año.
En todo caso, los datos indican la supresión de las faltas no ha supuesto una disminución relevante de la litigiosidad ni de la carga de trabajo derivada de estas infracciones penales leves, tal y como valoraba la Fiscalía General en su última Memoria.
DELITOS MAS DESTACADOS
A nivel nacional, las diligencias fiscales abiertas más numerosas son las relativas a delitos de lesiones, que alcanzan un total de 559.557 diligencias, un 6,22 por ciento menos que el año anterior; seguido de los 317.105 casos por delitos contra el patrimonio. Esta cifra supone un aumento del 3,95 por ciento, es decir 12.059 causas más de este tipo con respecto al año 2017.
Según los datos estadísticos ofrecidos por el Ministerio Público, en esta categoría, los delitos que más se han investigado en 2018 son los de estafa, daños y apropiación indebida. No obstante, las diligencias abiertas por los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad han disminuido en un 10,12 por ciento, pues el año pasado se incoaron un total de 657 casos contra los 731 registrados en 2017.
Asimismo, las investigaciones por delitos contra la Administración Pública, como pueden ser la prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o malversación, entre otros, ha aumentado en 2018, pues se han iniciado un total de 4.695 causas por estas conductas, es decir un 28,52 por ciento más.
En cuanto a los casos por financiación de partidos políticos, se han registrado un total de 8 casos:
uno en Valencia; tres en Granada; dos en Cádiz; otro en Barcelona; y el restante en Alicante. En el año 2017, se abrió tan solo una investigación menos.
Por otro lado, se han iniciado 3.424 casos, casi un 9 por ciento más que en el año anterior, de investigaciones contra la intimidad, como los delitos de descubrimiento de secretos, allanamiento, revelación de secretos o ataques a sistemas de información. Si bien, las causas por delitos contra el honor cae un 2,81 por ciento y se mantiene en 6.463 casos.
La estadística también hace una relación sobre los delitos contra el orden público y señala que los fiscales han incoado un total de 14.573 diligencias, lo que supone 669 investigaciones más que en 2017.
Según el desglose de delitos, cinco están relacionados con presuntos atentados terroristas contra personas; otros 12 por depósitos o tenencia de armas, municiones o explosivos terroristas; y 17 por apología del terrorismo y 48 de provocación, conspiración y proposición terrorismo. Ninguno por financiación o colaboración con terroristas.
Por último, en 2018 se han registrado un total de 18.986 delitos contra la libertad sexual, es decir 3.576 casos más que en el periodo anterior, lo que supone un incremento de un 23,21 por ciento. También han aumentado los casos por homicidio y contra la libertad y se ha dado una leve descenso (un 0,95 por ciento) en las investigaciones por torturas y otros delitos contra la libertad moral, sobre los que se han iniciado 28.510 causas.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha acordado este miércoles la designación de José Luis Seoane Spielberg como nuevo magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo y de José Alberto Fernández como nuevo magistrado de la Sala Quinta, la Militar, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces en un comunicado.
Seoane, que desde 2006 preside la Audiencia Provincial de A Coruña, ocupará la plaza correspondiente al turno de especialistas vacante por la jubilación del magistrado José Antonio Seijas Quintana, para lo que ha recibido el apoyo de 13 de los 20 vocales presentes en el Pleno.
La magistrada María Eugenia Alegret, también aspirante, ha obtenido seis votos, y el vocal Juan Manuel Fernández se ha abstenido en la votación por su relación familiar con otra de las candidatas, Ana Belén Iracheta, tal y como informa el CGPJ.
Este nuevo magistrado de la Sala de lo Civil del Supremo ingresó en la carrera judicial en 1981 y fue destinado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Martos (Jaén). Con posterioridad, ejerció como juez en Cambados (Pontevedra) y Gijón, ciudad esta última de la que fue juez decano entre 1986 y 1990.
Ese mismo año fue nombrado magistrado de la Audiencia de A Coruña, cuya Sección 4ª ha presidido desde 1997. En la actualidad es presidente de dicho Tribunal, cargo para el que fue designado en 2006 y desde 2005, es académico de número de la Real
Academia Gallega de Legislación y Jurisprudencia.
En cuanto a la Sala de lo Militar, José Alberto Fernández ha sido designado para ocupar la plaza del turno general que ha quedado vacante tras la jubilación del magistrado Benito Gálvez Acosta con el apoyo de 14 de los 20 vocales que han asistido al Pleno, frente a los cinco que han votado a la magistrada María Felisa Atienza Rodríguez. En la votación se ha registrado un voto en blanco.
Fernández Rodera, hasta la actualidad magistrado de la Sección 8ª de la
Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, ingresó en la carrera judicial en 1987. Tras un año en la Audiencia Provincial de Barcelona, se trasladó a Madrid, donde fue titular de un juzgado de instrucción (1989) y de un juzgado de lo Penal (1990-96).
Tras dos años en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fue nombrado magistrado de la Audiencia Nacional, en cuya Sala de
lo Contencioso Administrativo ha prestado servicio hasta la actualidad.
Considera que los políticos huidos pueden presentarse a las próximas elecciones porque no están condenados
La Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad declarar que la competencia para resolver los recursos contra la proclamación de la candidatura Lliures per Europa (Junts) corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid, al que ha ordenado que resuelva “de inmediato” dicho recurso.
Así lo ha manifestado este domingo el TS, después de reunirse a las 12.00 horas para resolver el recurso presentado por la candidatura de Junts contra la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de excluir al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí de las listas para las elecciones europeas el próximo 26 de mayo.
El propio juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid, junto con los 9 y 21, decidieron este sábado trasladar al Tribunal Supremo dicho recurso.
Dos de los siete magistrados de la Sección Cuarta de la Sala Tercera, Segundo Menéndez y Antonio Jesús Fonseca-Herrero, han decidido no participar en la deliberación programada para las 12.00 horas, al ser miembros de la Junta Electoral Central.
Según indica el auto, el TS dice que corresponde a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo resolver el recurso porque así lo dicta el artículo 49 de la Ley Electoral, que señala que “cualquier candidato excluido y los representantes de las candidaturas proclamadas o cuya proclamación hubiera sido denegada, disponen de un plazo de dos días para interponer recurso contra los acuerdos de proclamación de las Juntas Electorales, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo”.
Por lo tanto, concluye que “esta Sala carece de competencia para conocer del presente recurso, debiéndose devolver las actuaciones con carácter urgente al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, a fin de que de inmediato adopte la resolución sobre el fondo”, indica el auto del TS, que además recuerda que la propia JEC ya indicó expresamente que contra su acuerdo cabía interponer recurso ante la justicia ordinaria.
En el auto, el TS considera que tanto Puigdemont como Comín y Ponsatí, “en cuanto ciudadanos españoles tienen derecho a presentarse como candidatos en las próximas elecciones al Parlamento Europeo”, al contrario de lo que decidió la Junta Electoral Central, que estimó la reclamación formulada por el PP y Cs contra la inclusión de Puigdemont, Comín y Ponsatí en la lista a las europeas de Lliure per Europa al entender que “no reúnen todos los requisitos de elegibilidad”.
Sin embargo, el TS recuerda que el artículo 6.2 de la Ley Electoral establece la “inelegibilidad” en el supuesto de que los candidatos estén condenados por sentencia. “Entre las que allí se prevén no figura la de hallarse en rebeldía, como se encuentra los recurrentes”, asegura el TS, por lo que entiende que Puigdemont, Comín y Ponsatí no deben ser excluidos de su derecho a presentarse a unas elecciones, un derecho que recoge el artículo 23 de la Constitución.
Precisamente, la Fiscalía de Madrid se mostró el viernes pasado a favor de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid estimara el recurso presentado por la candidatura Lliures per Europa (Junts) contra la decisión de la JEC de excluir a Puigdemont, Comín y Ponsatí de las listas para las elecciones europeas.
En su escrito dirigido al juzgado, el Ministerio Público afirmaba que la resolución de la JEC “no es ajustada a Derecho, en cuanto vulnera el derecho fundamental de sufragio pasivo” de los tres políticos, pues señalaba que la “única excepción legalmente prevista” para ser excluida una candidatura es la introducida en el artículo 3 de la Ley Electoral, que hace mención expresa a “condenados por sentencia judicial firme”, que no se ha dado en el caso de Puigdemont, Comín y Ponsatí.
El CGPJ elegirá nuevo presidente para la Sala de lo Civil del Supremo entre una terna de siete aspirantes
Entre los candidatos, la expresidenta del TSJ de Cataluña María Eugenia Alegret
MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) –
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este martes una terna de siete candidatos que aspiran a la plaza de magistrado de la Sala de lo Civil del Tibunal Supremo que ha quedado vacante por la jubilación José Antonio Seijas Quintana. Entre los candidatos destaca la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) María Eugenia Alegret.
A la convocatoria de la plaza, correspondiente al turno de especialistas, pueden optar los magistrados que hubieren accedido a la categoría mediante las correspondientes pruebas de selección en el orden jurisdiccional civil o que las superen ostentando esa categoría, los magistrados especialistas en lo mercantil, así como los que hubieren prestado diez años de servicios en órganos especializados en Civil.
El número total de solicitantes fue de 20, de los que se han elegido siete cuya candidatura será analizada por el órgano de gobierno de los jueces. Además de Alegret, que actualmente está destinada a la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, concurren a esta convocatoria Ana Belén Iracheta Undagoitia (Audiencia Provincial de Bizkaia), Rafael Martín del Peso García (Audiencia Provincial de Asturias), Juan Ignacio Medrano Sánchez,(Audiencia Provincial de Zaragoza), Francisco Javier Menéndez Estébanez (Presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra), Juan Ángel Moreno García (Audiencia Provincial de Madrid) y José Luis Seoane Spielberg (Presidente de la Audiencia Provincial de A Coruña).
El vocal Juan Manuel Fernández no ha intervenido en la selección de los candidatos, después de presentar un escrito comunicando su decisión de abstenerse por razón de su relación familiar con una de las aspirantes, Ana Belén Irachet.
Sánchez, Junqueras, Rull, Turull y Romeva ganan escaño aunque tendrán que pedir permiso al TS para tomar posesión
El Congreso permite que un tercero recoja las credenciales de los diputados, mientras que en el Senado incluso este trámite es presencial
Los cinco dirigentes independentistas presos que se han presentado a las Elecciones Generales de 2019 han obtenido escaño, cuatro de ellos en el Congreso de los Diputados –Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull por Junts per Catalunya y Oriol Junqueras por ERC– y Raül Romeva en el Senado, por lo que será la Sala que les juzga por su presunta implicación en el ‘procés’ en el Tribunal Supremo la que deberá decidir si se les permite tomar posesión de su nuevos cargos legislativos.
Junqueras ha resultado electo por ERC en Barcelona, encabezando una lista que ha obtenido un total 712.822 votos (22,95%) y logra una repesentación de 8 escaños en el Congreso de los Diputados. La lista de Jordi Sánchez, candidato por Barcelona de JxCAT, ha logrado 314.583 votos (10,13%).
La lista de JuxCAT encabezada por Turull en Lleida ha obtenido 46.499 votos (20,73%), logrando el exconsejero el único escaño; mientras que Rull por Tarragona ha sido apoyado por 51.021 ciudadanos (12,25%), también el único escaño de la antigua Convergencia por esta provincia. Por lo que se refiere a Romeva, obtiene de largo su escaño en el Senado con más de 750.000 votos.
También ha resultado electo el abogado Jaume Alonso Cuevillas, que representa legalmente al expresident de la Generalitat de Cataluña huido en Bélgica Carles Puigdemont, al obtener 85.433 votos (22,44%) como cabeza de lista de Junts per Catalunya por Girona.
Los reglamentos de las cámaras legislativas establecen una diferencia esencial a la hora de marcar los requisitos de adquisición de la condición de diputado y senador. En el Senado se exige, para acreditar la condición de parlamentario, la entrega “personal” en la Secretaría General de la Cámara de la credencial expedida por la correspondiente Junta Electoral Provincial (artículo 1 del Reglamento), mientras que la norma que regula la actividad de la cámara baja no menciona este requisito, por lo que se entiende que no es preceptivo.
DEBERÁN ESTAR PRESENTES EL 21 DE MAYO
Otra cosa es la constitución de las cámaras, que tendrá lugar el 21 de mayo, un acto formal en el que tendrán que estar presentes de forma obligatoria los cinco presos independentistas si quieren adquirir su condición de diputado o senador.
Lo previsible es que a lo largo de los próximos días las defensas de los cinco acusados soliciten permiso al tribunal para que sus defendidos puedan abandonar la prisión y poder acudir, al menos, a las sesiones del 21 de mayo para jurar o prometer su acatamiento a la Constitución -aunque sea utilizando la fórmula ‘por imperativo legal’– y adquirir así formalmente su condición de diputados.
Se trata de una petición que podría recibir el visto bueno por parte del tribunal, ya que la legislación electoral autoriza a los presos preventivos a formar parte de candidaturas electorales.
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press existe un precedente que juega a su favor, puesto que cuando el instructor de la causa, Pablo Llarena, impidió en su día a Sánchez y a otros presos acudir al Parlament, el Reglamento no exigía su presencia física y se optó por la delegación. Esta posibilidad no existe ahora, por lo que los magistrados tendrán que valorar hasta qué punto sus decisiones pueden afectar a los derechos políticos de los presos preventivos.
Hasta el momento, los siete magistrados que componen la sala que juzga el ‘procés’ independentista han denegado todas las peticiones de las defensas de Rull, Turull, Sánchez, Romeva y Junqueras para obtener la libertad y participar en la campaña electoral, pese a las alegaciones de las defensas alusivas a sus derechos políticos.
En la última de éstas resoluciones, el tribunal recordaba que la Ley General Penitenciaria no contempla permisos extraordinarios por razones distintas de acontecimientos que afecten a la vida familiar del interno, como un fallecimiento, y fuera de ese contexto, sólo tienen cabida en la cláusula relativa a los “importantes y comprobados motivos”, que no concurren cuando está ausente la nota de excepcionalidad.
“La proclamación como candidato de una persona privada de libertad, cuando esta restricción no es sobrevenida, sino preexistente, obliga al partido político que así lo decide a aceptar la singularidad que ese hecho determina”, añadían los magistrados, si bien con estos argumentos únicamente se referían a la participación de los presos en la campaña electoral.
Otra variable que tener en cuenta es la de las sustituciones en el caso de que el Tribunal Supremo deniegue un permiso para acudir a las sesiones constitutivas de las Cortes. En el Congreso cabría la posibilidad de correr un puesto en la lista de electos, mientras que en el Senado el puesto de Romeva por ERC correspondería al primero de sus sustitutos en la papeleta electoral, siempre que cumpla con los requisitos que le exige el Reglamento.
La jueza decana de Barcelona ve “indispensable” revisar jurisprudencia europea de prisión provisional
BARCELONA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) –
La jueza decana de Barcelona, Mercè Caso, ha considerado este jueves “indispensable” revisar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en materia de prisión provisional tras la absolución del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell –y el resto de acusados– tras 22 meses encarcelado preventivamente.
Preguntada por la prensa en la presentación de la Memoria de los Juzgados de Barcelona 2018, ha remarcado que el sistema judicial español es “de garantías” y ha resaltado que la medida cautelar de prisión provisional no la puede acordar un juez si no lo pide una parte acusadora como la Fiscalía.
En el caso concreto de Rosell, ha recordado que la prisión provisional decidida por la magistrada instructora fue “una decisión sujeta a la revisión de un tribunal colegiado” en la Audiencia Nacional.
También ha destacado que el tribunal que dictó la sentencia absolutoria fue “independiente” y no se vio condicionado por la longitud del encarcelamiento preventivo, valorando con libertad toda la prueba, según ha dicho.
Sí ha planteado que hay que estudiar si el riesgo de fuga puede ser contenido “de una manera distinta y menos penosa”.

References: artículo 18
 artículo 853
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 49
 resolución 
 artículo 6
 artículo 23
 resolución 
 artículo 3