Source: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-19448
Timestamp: 2019-07-15 23:58:00+00:00

Document:
BOE.es - Documento consolidado BOE-A-1999-19448
Documento consolidado BOE-A-1999-19448
«BOJA» núm. 87, de 29/07/1999, «BOE» núm. 233, de 29/09/1999.
https://www.boe.es/eli/es-an/l/1999/07/07/6/con
Texto inicial publicado el 29/07/1999
i) Sensibilizar a la sociedad andaluza respecto de la situación de las personas mayores, con las exigencias que plantea la evolución demográfica actual y futura y con las consecuencias del progresivo envejecimiento de la población de la Comunidad Autónoma.
2. Podrá establecerse reglamentariamente que todas o algunas de las previsiones de la presente Ley resulten de aplicación a quienes, reuniendo las demás condiciones fijadas en los apartados anteriores, hayan cumplido los cincuenta y cinco años de edad.
Artículo 4. Norma general.
Artículo 5. Participación institucional.
1. Las Administraciones Públicas de Andalucía establecerán los cauces normativos y las medidas necesarias para garantizar la participación de las personas mayores en la planificación y seguimiento de las medidas de política social que les afecten específicamente.
Artículo 6. Voluntariado y ayuda mutua.
Artículo 8. Organización y funcionamiento.
Artículo 9. Apoyo familiar.
1. Las Administraciones Públicas apoyarán a las familias y a otros cuidadores que tengan a su cargo la atención de una persona mayor dependiente, a través de medidas y programas de información y entrenamiento en las habilidades necesarias para afrontar su cuidado, así como a través de medidas de soporte sociosanitarias que compensen la dedicación familiar intensiva y eviten situaciones extremas de cansancio familiar. En todo caso se asegurará la participación activa y de forma directa en este apoyo familiar de los servicios sociales comunitarios.
Artículo 10. Régimen de autorización e inspección.
Artículo 11. Servicios Sociales Comunitarios.
Artículo 12. Objetivo de los Servicios Sociales Comunitarios.
Artículo 13. Recursos comunitarios.
2. Los Servicios Sociales Comunitarios responderán a las necesidades de las personas mayores mediante información sobre recursos existentes, gestión de prestaciones, ayuda a domicilio y, en general, mediante la atención especial a personas con problemas de integración social.
e) Otras alternativas.
Se modifica el apartado 1 por la disposición final 2 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2017-657
Última actualización, publicada el 29/12/2016, en vigor a partir del 18/01/2017.
Texto original, publicado el 29/07/1999, en vigor a partir del 30/07/1999.
Artículo 15. Centros de participación activa.
Los centros de participación activa se configuran como centros de promoción de bienestar de las personas mayores, tendentes al fomento de la convivencia, la integración, la participación, la solidaridad y la relación con el medio social, pudiendo servir, sin detrimento de su finalidad esencial, de apoyo para la prestación de servicios sociales a otros sectores de la población.
Se modifica por la disposición final 2.2 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2017-657
Artículo 16. Centros de día para mayores.
Los centros de día para mayores están destinados a prestar una atención integral durante parte del día a personas mayores con un grado variable de dependencia física o psíquica. Su objetivo es mejorar o mantener el nivel de autonomía personal de los usuarios y apoyar a las familias o cuidadores que afrontan la tarea de atenderlos.
Artículo 17. Viviendas tuteladas.
Artículo 18. Centros residenciales.
Artículo 19. Otras alternativas.
Artículo 20. Derechos de los usuarios.
6. Derecho a que se les faciliten las prestaciones sanitarias, farmacéuticas, así como a los tratamientos técnico-científicos y asistenciales que corresponda al servicio o centro según su finalidad y conforme a las necesidades del usuario.
Artículo 21. Deberes de los usuarios.
4. Abonar el importe de las liquidaciones de estancias o los precios de los servicios que se establezcan en función de las capacidades económicas de los usuarios y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30.3 de la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía.
Artículo 22. Participación de los usuarios en el coste de los servicios.
1. A los efectos establecidos en el artículo 30 de la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, serán computadas tanto las rentas y bienes de la persona mayor como los de aquellos obligados a prestarle alimentos, sin perjuicio de que las personas que carezcan de recursos suficientes para abonar su importe tengan derecho a la exención o bonificación del pago del coste de los servicios que reciban.
3. En cualquier caso la Administración, regulará el reconocimiento de deuda contraído por las personas mayores sin renta pero con patrimonio.
Artículo 23. Objetivos de la atención sanitaria.
a) Promover la salud y prevenir problemas de salud a través del desarrollo de programas de educación para la salud dirigidos al fomento de hábitos saludables de vida, a la prevención de accidentes y enfermedades, a evitar el uso abusivo de medicamentos y otros que se determinen de interés para el colectivo de personas mayores. A estos efectos, se utilizarán los recursos y medios más cercanos y accesibles para este sector de población.
b) Asegurar la calidad de la asistencia sanitaria en el nivel primario de atención, por medio de una adecuada formación y reciclaje en geriatría y gerontología de los profesionales de los equipos de atención primaria.
c) Propiciar la permanencia de las personas mayores enfermas en su domicilio a través de la necesaria potenciación de los programas de atención médica y de enfermería domiciliaria. Igualmente y de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias se propiciará la permanencia de las personas mayores enfermas o en situación de riesgo en su domicilio, mediante la creación de un sistema gratuito de conexión permanente y aviso a los servicios de atención sanitaria. Reglamentariamente, se establecerán las ayudas técnicas específicas de estos programas y los requisitos que deban concurrir en sus beneficiarios.
d) Garantizar la adecuada coordinación entre los servicios sanitarios de atención primaria y especializada, a través del establecimiento conjunto de criterios de derivación entre ambos niveles de atención y la debida protocolización de la continuidad de los cuidados.
e) Garantizar la calidad de la asistencia sanitaria en el nivel especializado de atención, mediante la actuación coordinada de equipos multidisciplinares.
f) Potenciar los programas de rehabilitación funcional que contribuyan al buen estado físico, psíquico o sensorial de esta población o compensen su deterioro.
Artículo 24. Definición del sistema de atención sociosanitaria.
1. El Sistema Sociosanitario Andaluz para las personas mayores tiene por finalidad la prestación, de forma integral y coordinada, de servicios propios de la atención sanitaria y de los servicios sociales, bien sean de carácter temporal o permanente.
2. Serán destinatarios de este sistema aquellas personas mayores que por su alto grado de dependencia, especialización en los cuidados e insuficiencia de apoyo sociofamiliar requieran ser atendidos conjuntamente por los recursos sanitarios y sociales.
a) Conseguir y mantener el mayor grado de autonomía e independencia en el entorno domiciliario, evitando el ingreso innecesario en instituciones.
b) Impulsar los mecanismos de coordinación y actuación conjunta entre los servicios sociales y los servicios sanitarios, tanto en el nivel de atención primaria y comunitaria como en los niveles especializados.
c) Incluir planes y programas coordinados e interdepartamentales que contemplen las innovaciones necesarias para hacer frente a las nuevas necesidades y demandas asistenciales.
d) Establecer los criterios sociosanitarios precisos para la ordenación de los recursos tanto para la delimitación de las estructuras de atención como de sus funciones y acceso a las mismas.
e) Potenciar programas de formación continuada, investigación e intercambio de experiencias multidisciplinares entre los profesionales implicados de manera que redunde en la mejora de la calidad de la atención a las personas mayores.
Artículo 26. Configuración de la red sociosanitaria.
1. El Sistema de Atención Sociosanitaria quedará formado por aquellos servicios y centros de la Administración de la Junta de Andalucía que se determine reglamentariamente, así como por los de las Entidades Locales y otras instituciones públicas y privadas con las que se establezcan los adecuados mecanismos de colaboración.
2. Los servicios sociosanitarios se configuran como una red de servicios y prestaciones que cubrirán las necesidades de cuidados entre los diversos niveles y sistemas de atención a las personas de forma integral, interdisciplinar y rehabilitadora, optimizando los recursos disponibles.
3. Los servicios sociosanitarios habrán de localizarse lo más próximos posible al entorno habitual de la persona mayor.
Artículo 27. De las prestaciones sociosanitarias.
1. El sistema se financiará con los presupuestos propios de la Administración de la Junta de Andalucía y de las Entidades Locales, en función de los recursos que se integren en el mismo.
2. Asimismo, podrá financiarse mediante subvenciones y aportaciones voluntarias de entidades, particulares y cualquier otra forma de financiación que pueda producirse.
Artículo 29. De la participación de los usuarios.
[Bloque 40: #tv-2]
Artículo 30. Actuaciones en materia de vivienda y urbanismo.
1. La promoción de viviendas tuteladas y compartidas destinadas a personas mayores, con objeto de favorecer la convivencia solidaria, la autonomía y la ayuda mutua.
2. La evaluación de la situación de las viviendas habitadas por personas mayores en nuestra Comunidad Autónoma.
3. El fomento, a través de ayudas y subvenciones, de programas para la adaptación de viviendas a las necesidades de las personas mayores y de programas de intercambio de viviendas, con la finalidad de lograr que el domicilio habitual de la persona mayor reúna las mejores condiciones posibles de acceso, habitabilidad y proximidad a su entorno habitual.
4. Las personas mayores se beneficiarán de las medidas previstas en el Plan de Eliminación de Barreras Arquitectónicas de la Junta de Andalucía, a quienes deben tener en cuenta.
Artículo 31. Promoción de la educación.
Artículo 32. Sensibilización con las personas mayores.
Artículo 33. Preparación a la jubilación.
[Bloque 46: #tv-4]
Artículo 34. Participación en la vida cultural.
Artículo 35. Actividades culturales y de ocio.
Artículo 36. Actividades turísticas.
Artículo 37. Actividades deportivas.
Artículo 38. Bonificación del transporte.
[Bloque 52: #ti-5]
Artículo 39. Suficiencia económica.
1. Las Administraciones Públicas velarán por la suficiencia económica de las personas mayores, a fin de contribuir a su autonomía personal así como a mejorar su calidad de vida.
2. A estos efectos, la Administración de la Junta de Andalucía establecerá los cauces de colaboración y cooperación necesarios con la Administración del Estado, así como con el resto de las Administraciones Públicas.
1. Con objeto de sufragar las necesidades básicas de las personas mayores que carezcan de los recursos necesarios, la Comunidad Autónoma de Andalucía podrá establecer prestaciones económicas, distintas y compatibles con las del sistema de la Seguridad Social y con las que pueda otorgar la Administración del Estado y otras Administraciones Públicas.
2. También podrán establecer las Administraciones Públicas prestaciones que consistan en aportaciones económicas que financien total o parcialmente los gastos derivados de la adaptación funcional del hogar, de la adquisición de ayudas técnicas que faciliten el desenvolvimiento de la persona mayor en su medio, de la estancia temporal o permanente en centros residenciales o centros de día de mayores, así como aquellas otras que favorezcan su autonomía personal.
1. Para el reconocimiento del derecho a la percepción de alguna de las ayudas que se citan en los artículos precedentes, se tendrá en cuenta:
a) El grado de autonomía para la realización de las actividades de la vida diaria.
b) La situación personal, familiar y social.
c) Las rentas o ingresos de la persona mayor y las de los obligados a prestarle alimentos.
2. La determinación de estos requisitos y el procedimiento de concesión se establecerán reglamentariamente.
[Bloque 56: #tx]
Artículo 42. Información.
Artículo 43. Denuncias.
Artículo 44. Situaciones de maltrato.
Artículo 45. Ingresos en centros residenciales.
1. Ninguna persona mayor podrá ser ingresada en un centro, sin que conste fehacientemente su consentimiento. En los casos de incapacidad presunta o declarada en los que no sea posible tal consentimiento, se requerirá autorización judicial para el ingreso.
2. Los responsables de centros residenciales que advirtieren en una persona mayor ingresada la concurrencia sobrevenida de circunstancias determinantes de su incapacitación deberán ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal.
3. Ninguna persona mayor podrá ser obligada contra su voluntad a permanecer en un centro residencial, salvo en los supuestos en que medie resolución judicial.
4. Los servicios de inspección velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en los apartados anteriores e, igualmente, podrán solicitar del interesado que ratifique la voluntariedad de su estancia, mediante entrevista personal mantenida sin la presencia de familiares ni de representantes del centro.
Artículo 46. Expoliación patrimonial.
Artículo 47. Actuación del tutor o curador.
Artículo 48. Protección de los derechos como consumidores.
Artículo 49. Ingresos procedentes de multas y sanciones.
[Bloque 65: #tx-2]
Artículo 50. Definición y clasificación.
1. Constituyen infracciones administrativas las acciones u omisiones tipificadas como tales en la presente Ley, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que puedan exigirse.
1. Constituyen infracciones leves las conductas tipificadas como infracciones graves en el artículo siguiente, cuando sean de escasa relevancia social, se cometan por simple negligencia o impliquen meros incumplimientos formales que no causen grave quebranto ni indefensión a los usuarios.
2. La inobservancia, por parte de los usuarios de los centros o servicios, de las normas señaladas en el correspondiente reglamento interno, que generen una alteración o distorsión de escasa entidad en las normas de convivencia, respeto mutuo, solidaridad del colectivo y participación.
a) La vulneración del derecho a la intimidad y a la no divulgación de los datos personales que figuren en los expedientes e historiales.
b) La vulneración del derecho a un trato digno.
c) Las actuaciones que supongan discriminación por razón de edad, nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
d) La realización de actos encaminados a coartar el derecho a la información y a la participación en los servicios y centros de servicios sociales.
e) Los actos limitativos del derecho a mantener relaciones interpersonales o que obstaculicen el derecho a recibir visitas.
f) Las actuaciones que impidan o limiten el derecho a cesar en la utilización de los servicios o en la permanencia en el centro por voluntad propia.
g) La imposición de los usuarios de cualquier forma de renuncia o limitación al ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico o por los reglamentos de régimen interior de los servicios y centros.
h) El incumplimiento de las condiciones mínimas materiales y funcionales de los servicios y centros.
i) La vulneración del derecho a la integridad física y moral, siempre que no constituya infracción penal.
j) La omisión o inadecuada prestación de la asistencia sanitaria y farmacéutica.
k) La omisión o inadecuada prestación del tratamiento técnico-científico y asistencial que, conforme a la finalidad del centro o servicio, corresponda a las necesidades de los usuarios.
l) La prestación de servicios en condiciones higiénicas deficientes.
m) El falseamiento de los datos en la documentación exigible para la autorización registro, acreditación e inspección de los servicios y centros de servicios sociales para personas mayores.
n) La omisión del deber de comunicar al órgano competente las variaciones producidas en la documentación inicialmente aportada de los servicios y centros.
ñ) La utilización de la condición de entidad, centro o servicios registrados o acreditados sin estarlo.
o) La variación del régimen de tarifas previamente notificadas al órgano administrativo competente.
p) La transgresión de la normativa contable, específica de las entidades, centros y establecimientos de servicios sociales.
q) La obstrucción a la acción de los servicios de inspección pública.
r) La comisión de tres infracciones leves en el término de un año.
a) Las de los apartados a), b), c), d), e), f), g) y h) del artículo anterior cuando resulten especialmente dañosas para alguno de los derechos fundamentales de los usuarios.
b) Las de los apartados i), j), k) y l) del artículo anterior cuando produzcan un perjuicio efectivo o un peligro cierto que afecte gravemente a la integridad física o moral del usuario.
c) El ejercicio de actividades propias de los servicios y centros de servicios sociales sin contar con autorización administrativa.
d) El ejercicio de actividades distintas de aquéllas para las que se concedió la autorización.
e) La comisión de tres infracciones graves en el término de un año.
1. En general, serán responsables las personas a las que en cada caso se impongan las obligaciones o prescripciones cuyo incumplimiento se tipifica como infracción o sobre las que recaiga la obligación de cumplimiento de lo previsto normativamente.
2. La responsabilidad por las infracciones administrativas cometidas podrá corresponder, en cada caso, a:
a) Las personas físicas y jurídicas titulares de los servicios o centros de atención al colectivo de personas mayores.
b) El representante legal de la entidad titular.
c) El personal que preste sus servicios en los centros.
3. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley afecte conjuntamente a varias personas, éstas responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan.
1. Las infracciones reguladas en la presente Ley prescribirán:
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que aquéllas se hubieran cometido.
[Bloque 73: #ci-6]
1. El órgano competente para resolver podrá adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias de los intereses generales.
2. En el supuesto de infracciones muy graves que supongan un grave riesgo para la salud física o mental de las personas mayores, el Consejero que tenga atribuida la competencia en la materia de Asuntos Sociales podrá acordar como medida cautelar el cierre temporal del centro hasta tanto se subsanen por su titular las deficiencias detectadas en el mismo; garantizándose que las personas afectadas tendrán las alternativas adecuadas para ser atendidas correctamente, conforme a sus necesidades.
3. Las medidas cautelares deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretenda garantizar en cada supuesto concreto.
4. En caso de cierre cautelar, se garantizará a los usuarios la atención en otras instituciones o por sus familiares, cuando eso sea posible.
[Bloque 76: #a5-9]
1. Las infracciones previstas en la presente Ley serán objeto de las siguientes sanciones:
c) Las infracciones muy graves se sancionarán con multa desde 10.000.001 hasta 50.000.000 de pesetas, y en su caso con el cierre temporal, total o parcial del centro o servicio.
2. Las cuantías señaladas en este artículo podrán ser actualizadas por Decreto del Consejo de Gobierno en función de las variaciones del índice de precios al consumo.
[Bloque 77: #a5-10]
Artículo 58. Publicación de las sanciones.
[Bloque 78: #a5-11]
c) La reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme, y siempre que la misma no haya constituido una infracción autónoma.
a) El Delegado provincial de la Consejería que tenga atribuida la competencia en materia de Asuntos Sociales, en infracciones leves.
b) El Director general correspondiente de la Consejería que tenga atribuida la competencia en materia de Asuntos Sociales, en infracciones graves.
c) El titular de la Consejería competente en materia de Asuntos Sociales, en infracciones muy graves.
1. Las sanciones reguladas en la presente Ley prescribirán:
1. En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará el Plan de Actuación Integral para las Personas Mayores.
2. El Plan de Actuación Integral para las Personas Mayores recogerá las medidas de ámbito sanitario, de servicios sociales, educativo, cultural, deportivo, de ocio, urbanístico y asociativo, a desarrollar por la Junta de Andalucía en su política dirigida a las personas mayores.
[Bloque 85: #df-2]
[Bloque 86: #fi]

References: Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21
 artículo 30

Artículo 22
 artículo 30

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45
 resolución 

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50
 resolución 

Artículo 58
 resolución