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Timestamp: 2018-02-24 19:33:15+00:00

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PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 26/2007, DE 23 DE OCTUBRE, DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL (BOCG. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL 31 DE ENERO DE 2014)
Proyecto de ley por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental
Art. único. Modificación de la ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental
Segunda. Incorporación del derecho de la Unión Europea
La presente ley tiene por objeto modificar la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental con el objetivo de reforzar los aspectos preventivos de la misma, simplificar y mejorar ciertos aspectos de su aplicación y realizar la transposición de lo dispuesto en el artículo 38 de la Directiva 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004.
La disposición final tercera de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, faculta al Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, para dictar, en su ámbito de competencias, las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del capítulo IV de la ley, relativo al régimen jurídico de las garantías financieras, del anexo I sobre criterios para determinar la significatividad del daño en las especies silvestres o en los hábitats, del anexo II sobre reparación del daño medioambiental y del anexo VI sobre la información que las administraciones públicas deben facilitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en materia de responsabilidad medioambiental.
Haciendo uso de dicha habilitación, el Gobierno adoptó el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental que, entre otros aspectos, reguló las cuestiones esenciales de la garantía financiera obligatoria, como son la determinación de su cuantía, las modalidades de la garantía financiera —el aval, la reserva técnica y la póliza de seguro— así como el procedimiento de determinación de la cuantía de la garantía financiera obligatoria.
Con fecha 28 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea, la Directiva 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013 sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro, que modifica la Directiva 2004/35/CE, de 21 de abril de 2004, cuyo objeto es establecer los requisitos mínimos destinados a prevenir accidente graves en las operaciones relacionadas con el petróleo y gas mar adentro y a limitar las consecuencias de tales accidentes. La citada Directiva establece la modificación de la definición de los daños a las aguas de la Directiva 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, para asegurar que la responsabilidad del operador se aplique a las aguas marinas.
Mediante la presente ley, se modifica el artículo 2.1.b) de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, para realizar la transposición de la modificación de la Directiva 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004 establecida en el artículo 38 de la Directiva 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013.
La experiencia adquirida durante los años de aplicación de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar sus aspectos preventivos, para lo cual, se considera oportuno impulsar el uso de los análisis de riesgos medioambientales como herramienta de gestión del riesgo medioambiental.
Por otro lado, se procede a simplificar ciertos aspectos de la aplicación del régimen de responsabilidad medioambiental establecido en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, tanto para los operadores económicos como para las administraciones públicas, sin que ello suponga una merma en el objeto de la ley, que es el de regular la responsabilidad de los operadores en la prevención, evitación y reparación de los daños medioambientales, de conformidad con el artículo 45 de la Constitución Española y con los principios de prevención y de «quien contamina paga».
Se trata de dar cumplimiento, con ello a las medidas previstas en el Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) que, en materia de responsabilidad medioambiental, alude a la simplificación y reducción de cargas administrativas.
En aras de dicha simplificación, se ha considerado necesario modificar algunas disposiciones del capítulo IV, sobre garantías financieras, como la redacción del artículo 24.1 con el objeto de precisar el carácter voluntario de la garantía financiera para aquéllos operadores que no quedan obligados a su constitución de acuerdo con las exenciones previstas en el artículo 28 de la ley. Se pretende, con ello, fomentar la utilización de los análisis de riesgo medioambiental como herramienta de gestión del riesgo medioambiental. Asimismo, para dotar de mayor seguridad jurídica al sistema de responsabilidad medioambiental, y reducir las cargas administrativas en el procedimiento de constitución de la garantía financiera, se modifica el artículo 24.3, de forma que se agiliza el procedimiento para la determinación de la garantía financiera, siendo el operador obligado a constituir una garantía financiera, quien determina su cuantía a partir de la realización del análisis de riesgos medioambientales de su actividad, y quien comunica a la autoridad competente la constitución de la garantía.
El artículo 28 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, en sus apartados a) y b), eximía a determinados operadores, en función del coste de la reparación de los daños que pudieran causar, de la obligación de constituir garantía financiera, si bien obligaba a todos los operadores incluidos en el anexo III, a realizar un análisis de riesgo medioambiental con los consiguientes costes asociados.
Teniendo en consideración que la exigencia de constituir garantía financiera a todos los operadores del anexo III de la ley, sin más exenciones que las previstas en el artículo 28 a) y b), supone una importante carga en términos de recursos humanos y monetarios, tanto para los operadores económicos como para las administraciones públicas y el importante peso que esta norma otorga a los aspectos preventivos, a través del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa, se llevó a cabo una modificación de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, con la finalidad de introducir un nuevo apartado d) al artículo 28 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, sobre exenciones a la constitución de garantía financiera obligatoria, que establece que los operadores de las actividades que se establezcan reglamentariamente, quedarán exentos de constituir garantía financiera obligatoria, y por tanto de elevar una propuesta a la autoridad competente para la aplicación del procedimiento previsto en el artículo 24.3. En este sentido, y en línea con la modificación introducida, la presente ley regula los criterios que servirán de base para determinar, por vía reglamentaria, las actividades exentas de constituir garantía financiera obligatoria debido a su escaso potencial de generar daños medioambientales y bajo nivel de accidentalidad.
Finalmente, la presente ley suprime la disposición adicional décima de la Ley 26/2007, de 26 de octubre, que regula la responsabilidad medioambiental de las obras públicas, con el objeto de mejorar la transposición de la Directiva 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales.
Artículo único.—Modificación de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
«b) Los daños a las aguas, entendidos como cualquier daño que produzca efectos adversos significativos: 1.º Tanto en el estado ecológico, químico y cuantitativo de las masas de aguas superficiales o subterráneas, como en el potencial ecológico de las masas de agua artificiales y muy modificadas. A tales efectos, se estará a las definiciones que establece la legislación de aguas.
b) A los daños causados a las especies y hábitats naturales protegidos por actividades profesionales distintas de las enumeradas en el Anexo III y a cualquier amenaza inminente de tales daños debido a alguna de esas actividades, siempre que haya habido culpa o negligencia por parte del operador.»
«7. Corresponde a la Administración General del Estado, a través de la previa instrucción del correspondiente procedimiento de responsabilidad por daños al medio ambiente de los previstos en esta ley, exigir la adopción de las medidas de prevención, evitación y reparación que procedan, en aplicación de esta ley cuando se trate de obras públicas de interés general de su competencia.
La normativa autonómica aplicable en la materia determinará la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior a aquellas obras públicas de especial relevancia e interés equivalentes a las de interés general del Estado cuya titularidad y competencia corresponda a las comunidades autónomas.»
«Artículo 17 bis. Fomento de las medidas de prevención y evitación de daños medioambientales.—Las autoridades competentes adoptarán medidas para impulsar la realización voluntaria de análisis de riesgos medioambientales entre los operadores de cualquier actividad susceptible de ocasionar daños medioambientales, con la finalidad de lograr una adecuada gestión del riesgo medioambiental de la actividad.»
«Artículo 24. Constitución de una garantía financiera obligatoria.—1. Los operadores de las actividades incluidas en el anexo III, sin perjuicio de las exenciones previstas en el artículo 28, deberán disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad que pretendan desarrollar. Para el resto de operadores, la constitución de la garantía financiera tendrá carácter voluntario.
2. La cantidad que, como mínimo, deberá quedar garantizada y que no limitará en sentido alguno las responsabilidades establecidas en la ley, será determinada por el operador según la intensidad y extensión del daño que la actividad del operador pueda causar, de conformidad con los criterios que se establezcan reglamentariamente. 3. Los operadores deberán comunicar a la autoridad competente la constitución de la garantía financiera a la que vengan obligados de acuerdo con el apartado primero de este artículo. La fijación de la cuantía de esta garantía partirá del análisis de riesgos medioambientales de la actividad, o de las tablas de baremos, que se realizarán de acuerdo a la metodología que reglamentariamente se establezca por el Gobierno.»
«Artículo 27. Sujetos garantizados.—Tendrá la consideración de sujeto garantizado el operador de la actividad económica o profesional, pudiendo asimismo figurar como sujetos garantizados adicionales los subcontratistas, los profesionales que colaboren con dicho operador en la realización de la actividad autorizada y la persona o entidad titular de las instalaciones en las que se realice la actividad.»
«Artículo 28. Exenciones de constitución de garantía financiera obligatoria.—Quedan exentos de constituir garantía financiera obligatoria:
c) La utilización de los productos fitosanitarios y biocidas a los que se refiere el apartado 8 c) y d) del anexo III, con fines agropecuarios y forestales, quedando por tanto exentos de efectuar la comunicación prevista en el artículo 24.3.
«Artículo 30. Límites cuantitativos de la garantía.—1. La cobertura de la garantía financiera obligatoria nunca será superior a 20.000.000 de euros. En cualquier caso, la constitución de esta garantía por la cobertura máxima no exime a los operadores de comunicar la constitución de dicha garantía financiera a la autoridad competente conforme al procedimiento previsto en el artículo 24.3.
«Artículo 33. Fondo de compensación de daños medioambientales del Consorcio de Compensación de Seguros.—1. El Consorcio de Compensación de Seguros administrará y gestionará de forma independiente financiera y contablemente respecto del resto de las actividades que realiza, un Fondo de compensación de daños medioambientales que se constituirá con las aportaciones de los operadores que contraten un seguro para garantizar su responsabilidad medioambiental, mediante un recargo sobre la prima de dicho seguro.
«Artículo 41. Iniciación del procedimiento.— 1. Los procedimientos de exigencia de la responsabilidad medioambiental regulados en esta ley se iniciarán:
a) De oficio por acuerdo motivado del órgano competente, bien por propia iniciativa, bien como consecuencia de orden superior, bien a petición razonada de otros órganos o bien por medio de denuncia que de traslado de unos hechos que, a juicio del órgano competente, sean suficientes para acordar el inicio.
Dicho plazo podrá suspenderse por el tiempo que medie entre el requerimiento al operador para que presente la propuesta de medidas reparadoras a que se refiere el artículo 20.1.b) o, en su caso, para que la subsane, y su efectivo cumplimiento por el destinatario.» Trece. Se suprime la disposición adicional décima.
Disposición final primera. Títulos competenciales.—Esta ley tiene el carácter de legislación básica de protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución Española, salvo los apartados cinco al diez que constituyen legislación básica de seguros dictada al amparo del artículo 149.1.11.ª de la Constitución Española, y el apartado 3 que tiene carácter de legislación dictada al amparo de las reglas 18.ª, 23.ª y 24.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española. El plazo establecido en el artículo 45.3 no tendrá carácter básico.
Disposición final segunda. Incorporación del derecho de la Unión Europea.—Esta ley incorpora al ordenamiento jurídico español el artículo 38 de la Directiva 2013/30/UE del Parlamento y del Consejo, de 12 de junio de 2013, sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro, y que modifica la Directiva 2004/35/CE.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.—La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

References: artículo 38
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 38
 artículo 45
 artículo 24
 artículo 28
 artículo 24
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 24
 artículo 28
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 20
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 45
 artículo 38