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Timestamp: 2018-12-10 18:24:41+00:00

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La condena Penal firme y sus consecuencias en el personal de las fuerzas armadas (I) | Aestimatio Abogados
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La condena Penal firme y sus consecuencias en el personal de las fuerzas armadas (I)
Las consecuencias derivadas por haber recaído condena penal firme, bien sea por aplicación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal o por aplicación de la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, de Código Penal Militar, varían según sean militares de carrera o militares con compromiso temporal (militares de complemento y militares de tropa y marinería, estos últimos los que no sean militares de carrera).
Pues bien, en este primer capítulo vamos a tratar de aquellos militares que tienen una relación de servicios con las Fuerzas Armadas mediante compromisos de carácter temporal, situación esta regulada tanto en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, como en la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería.
El art. 3 Vinculación con las Fuerzas Armadas de la Ley 39/2007, establece en su punto 3 que:
“Los militares de complemento son oficiales que establecen su relación de servicios profesionales mediante compromisos de carácter temporal para atender necesidades específicas de las Fuerzas Armadas”.
Y posteriormente en el artículo 77 y 78 de la citada Ley nos indica como se adquiere la condición y compromisos de los militares de complemento y militares de tropa y marinería respectivamente.
Una vez dicho esto y teniendo claro que personal de las Fuerzas Armadas tiene una relación de servicios mediante compromisos de carácter temporal, entramos de lleno en lo que es el fondo del presente artículo.
El art. 118 de la Ley de la Carrera Militar, en su punto 1.j) y el art. de la Ley de Tropa y Marinería en su punto 2.j) establecen de una manera taxativa, que los compromisos de los militares de complemento y de los militares de tropa y marinería se resolverán por condena por delito doloso1 .
Hay que hacer mención que los preceptos de ambos artículos no diferencian si la condena es por haber sido condenado por delito tipificado en el Código Penal Común o en el Código Penal Militar, o bien por sentencia dictada por un tribunal penal internacional, tampoco se hace mención al tipo de de delito o extensión de la pena, por lo que nos encontramos que en el mismo momento en que la Administración tenga conocimiento de que un militar ha sido condenado por delito doloso y la sentencia adquiere firmeza, automáticamente se procederá a la incoación del expediente de resolución del compromiso.
Los expedientes por resolución de compromiso que últimamente y de forma más frecuente nos encontramos los abogados son motivados por condenas penales firmes por delitos contra la seguridad vial2 y concretamente, delitos por conducir bajo la influencia de
1 En el nuevo Código Penal se ha optado por el sistema de cláusula específica para la incriminación de los delitos imprudentes, y así el artículo 12 del Código Penal establece que: “Las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga la ley”.
2 En los delitos contra la Seguridad Vial (art. 379 y ss. del CP), no se refiere en forma alguna a su comisión imprudente, pues nada se refleja en el mismo al respecto, debemos entender que lo que se incrimina es su comisión dolosa, sólo que con el dolo propio de los delitos de peligro abstracto, sin que se requiera que abarque, en forma alguna, la producción de un resultado dañoso ni tampoco la producción de un resultado de peligro concreto para la vida o la integridad de las personas.
Esta interpretación se recoge en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en fecha 6 de marzo de 2006 en la que se manifiesta lo siguiente: “Se alega también por el recurrente que el delito por el que fue condenado no es un delito doloso, por tratarse de un delito de mera actividad, que se comete por el simple hecho de encontrarse la persona en la situación contemplada en dicho artículo, independientemente de los resultados y de la intención o ánimo del autor del mismo. Tal alegación choca frontalmente con la propia redacción del art. 379 del código penal por el que fue condenado el recurrente, que en modo alguno sanciona una conducta imprudente, conductas imprudentes que sólo se castigarán cuando así expresamente lo disponga la Ley, conforme a lo establecido en el artículo 12, del propio código penal , lo que determina que la conducta sancionada al demandante fue dolosa, como el delito por el que se impuso la misma, lo que es conforme con lo establecido en el art. 10 y en el 5, entre otros concordantes del propio código penal vigente”. bebidas alcohólicas, exceso de velocidad o en aquellos casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por perdida total de los puntos asignados legalmente.
Pero, hay que hacerse las siguientes preguntas: ¿Qué nexo de unión existe entre un delito de “alcoholemia” con ser militar?, ¿Por qué afecta tan negativamente un exceso de velocidad a una trayectoria intachable en las FAS?; consideramos que en nada, ya que los mismos no afectan ni al servicio ni a la imagen del Ejército, pero tenemos en contra la existencia de una normativa de aplicación al personal militar en la cual se le exige al mismo un “plus” en cuanto a su recta conducta, encontrándonos por ello, ante la aplicación de esta rigurosa reglamentación, la resolución del compromiso suscrito por valiosos profesionales, con verdadera vocación castrense y con un alto grado de estimación por parte de sus mandos, quienes al cometer puntualmente y por diversas circunstancias de la vida y, sobre todo, en la juventud un ilícito penal que podríamos denominar “menos grave” y el cual como venimos indicando sin trascendencia pública alguna y que nada tiene que ver con el servicio o con la imagen de las FAS, es resuelto su compromiso.
Por lo tanto, a un militar con compromiso temporal que se encuentre condenado por delito doloso y con sentencia firme, automáticamente se le rescinde el compromiso y abandona las FAS, pero eso sí, en ningún caso podemos hablar de la existencia de una sanción encubierta, sino simplemente de una resolución o extinción del compromiso por la existencia de la condena penal que está prevista como motivo de extinción, en una norma con rango de ley.
Otro factor a tener en cuenta es que aunque los hechos por los que se sanciona penalmente no hayan ocurrido durante la vigencia del compromiso, pero la sentencia penal es dictada durante el periodo de vinculación del militar con el Ejército, al militar se le rescindirá el compromiso, aunque la norma no distingue nada al respecto, ya que si los hechos hubieran sido penados en sentencia dictada en fecha anterior a ingresar en el Ejército, esto es, que el aspirante hubiera tenido antecedentes penales antes de su ingreso, no podría haber ingresado en el Ejército, por aplicación de las normas de ingreso, contenidas en la propia normativa general aplicada.
No obstante hemos encontrado una Sentencia3 que establece un criterio lógico y justo por parte del Tribunal sentenciador a la hora de ponderar los hechos que motivaron la rescisión del compromiso por parte de la Administración, estimando el recurso interpuesto por un Cabo de Ejercito al establecerse en la resolución judicial que “(…) en la medida en que primero se le condena por delito, y conocida esta circunstancia por la Administración, y cumplida la condena, es ascendido a Cabo y se le concede el compromiso de larga duración, iniciándose seis meses después el expediente de resolución. Consecuentemente
3 STSJ de Andalucía – Sevilla (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección2ª) de fecha 3 de julio de 2009 procede declarar el derecho del recurrente a ser readmitido en las mismas condiciones en las que prestaba su compromiso (…).”
Para finalizar indicar que aunque a los servidores públicos haya de exigírseles un “plus” de moralidad, recto proceder, etc., no es menos cierto que las consecuencias de una condena penal firme por delito doloso en la relación profesional de estos militares es muy grave, totalmente desproporcionada y fuera de lugar, al no tenerse en ningún momento en cuenta elementos tales como el tipo de pena, afectación al servicio o imagen de las Fuerzas Armadas, alarma social, tiempo transcurrido desde la comisión del delito, informes de los mandos de sus unidades o cualquier otro aspecto que se considere de interés ya que en la mayoría de los casos no afectan ni al servicio ni a la imagen de las Fuerzas Armadas y por último, el bien jurídico afectado, como también suele ocurrir es totalmente ajeno respecto al ejercicio de la actividad profesional como militar.

References: artículo 77
 resolución 
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 artículo 12
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