Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/6701
Timestamp: 2020-04-08 22:37:17+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 62/2010
SENTENCIA 62/2010, de 18 de octubre
ECLI:ES:TC:2010:62
En el recurso de amparo núm. 5377-2005, promovido por don José Antonio Díaz Villalba, representado por el Procurador de los Tribunales don Victorio Venturini Medina y asistido por el Letrado don Diego Ortega Macías, contra la Sentencia núm. 456/2005 de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Málaga, dictada el 30 de mayo de 2005 en el rollo de apelación civil núm. 746- 2004. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Guillermo Jiménez Sánchez, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito presentado en el Juzgado de guardia de Madrid el día 12 de julio de 2005, que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el día 14 siguiente, el Procurador de los Tribunales don Victorio Venturini Medina, en la representación que ha quedado indicada, formuló recurso de amparo contra la resolución judicial de la que se deja hecho mérito en el encabezamiento.
2. Los hechos de los que trae causa la presente demanda de amparo relevantes para la resolución de este proceso constitucional son, sucintamente expuestos, los siguientes:
a) Mediante Sentencia de 14 de enero de 2003 el titular del Juzgado de lo Social núm. 2 de Málaga estimó la acción deducida por don José Antonio Díaz Villalba contra la empresa Claude Chatel sobre extinción de contrato de trabajo. El Juez declaró probado que el actor prestaba servicios como jefe de cocina en el restaurante Tres Olivos, percibiendo por ello un salario de 1.502,53 € mensuales, incluidas la parte proporcional de las pagas extraordinarias, y que, tras haber sido amonestado por tomar vacaciones de forma simultánea a cuando lo hicieron el jefe de sala y el segundo de cocina, fue relevado de la jefatura de cocina y pasó a desempeñar tareas de cocinero con salario de 1.048,90 €. Tales hechos se consideran probados a partir del “estudio de los medios de prueba practicados en el proceso. Concretamente del documento núm. 3 del ramo de la actora, en el cual se certifica por la dirección de la empresa que el salario del actor era de 250.000 pesetas mensuales que, aunque expidió a los fines de solicitar un préstamo bancario por aquél, despliega ahora efectos probatorios; carta de amonestación, de la que se desprende, inequívocamente que el actor era jefe de cocina, pues de no existir tal puesto, como razona la demanda, no se entiende por este Juzgador la literalidad de la misma (al amonestar a aquél por descansar sabiendo que no podía coincidir su descanso con el jefe de sala y el segundo de cocina) y testifical del Sr. Padilla, segundo de cocina que coincidió con el actor en el restaurante Tres Olivos, y la Sra. García, antigua camarera a las órdenes del jefe de sala Sr. Izquierdo (pese a que la empleadora negase la existencia de camareros con responsabilidad).”
b) La empresa condenada al pago de la indemnización dedujo demanda contra el demandante de amparo, solicitando ser indemnizada en 10.774,50 € por incumplimiento contractual, aduciendo a tal efecto que el demandante de amparo había quebrantado la obligación de no utilizar la certificación expedida por la empresa, relativa al puesto que ocupaba y al salario que percibía, más que para el fin para el que fue extendida de justificar unos ingresos superiores a los reales en la solicitud de un préstamo para la adquisición de un coche, obligación que había asumido por escrito.
El titular del Juzgado de Primera Instancia de Marbella dictó Sentencia desestimatoria de la demanda el 3 de marzo de 2004. Se admite en ella que el ahora demandante de amparo incumplió la obligación asumida por escrito en el propio certificado, al manifestar que “me comprometo a no utilizar el presente para otros fines que la solicitud de un préstamo”, pero rechaza que por ello corresponda a la empresa una indemnización equivalente a la establecida por el Juez de lo Social, pues tal cantidad no se obtiene sólo a partir del indicado documento, sino que el salario del trabajador quedó acreditado a través del conjunto de una actividad probatoria que no puede ser discutida por la jurisdicción civil. Al no haberse justificado la existencia de perjuicio alguno, el Juez dictó Sentencia desestimatoria de la demanda.
c) Contra la indicada resolución dedujo la empresa recurso de apelación, que fue estimado por la Audiencia Provincial en la Sentencia frente a la que ahora se demanda amparo. Razona el órgano judicial que, con independencia de si era o no cierto que el demandante de amparo cobraba la cantidad certificada o si su remuneración era la que se hacía constar ordinariamente en su nómina, lo cierto es que existía un pacto entre la empresa y el empleado de no usar el certificado a otro fin que el de solicitar un préstamo bancario, pacto que fue quebrantado por el empleado al utilizar el documento en cuestión en un proceso por despido y obtener una determinada indemnización, razón por la cual él debe, a su vez, indemnizar a la empresa en la misma cuantía.
3. La demanda de amparo comienza por resaltar que el certificado expedido por la empresa expresa la realidad del puesto de trabajo desempeñado y el salario que se percibía por él, salario que no se hacía constar en las nóminas para reducir los pagos debidos a la Seguridad Social. Dicho certificado no fue el soporte exclusivo de la Sentencia del titular del Juzgado de lo Social, sino un elemento de convicción más, junto con el representado por otras pruebas documental y testifical; acervo total probatorio que condujo al Juez a considerar probado que don José Antonio Díaz Villalba trabajaba como jefe de cocina con el salario indicado, y que fue rebajado de categoría y salario por la empresa a la que prestaba sus servicios.
4. Mediante providencia de 10 de diciembre de 2007 la Sala Segunda de este Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, en redacción anterior a la aprobada por Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, y disposición transitoria tercera de la indicada ley, acordó conceder a la parte demandante y al Ministerio público plazo común de diez días para que formulasen las alegaciones que estimaran convenientes en relación con la concurrencia de alguna de las causas de inadmisión del recurso contempladas en el art. 50.1 LOTC.
5. Tanto el demandante de amparo, quien evacuó el trámite conferido mediante escrito presentado en el Registro General el día 4 de enero de 2008, como el Fiscal, que lo hizo tras solicitar que se recabaran las actuaciones judiciales para una mejor comprensión del asunto, interesaron la admisión a trámite de la demanda de amparo, insistiendo en su argumentación el demandante y razonando el Fiscal que la demanda no carecía, en un primer análisis, de contenido constitucional.
6. Mediante providencia de 31 de marzo de 2009 la Sala Segunda de este Tribunal acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 11.2 LOTC, admitir a trámite la demanda de amparo. En la misma providencia, dado que las actuaciones judiciales obraban ya en poder de este Tribunal al haber sido recabadas con anterioridad de los órganos judiciales correspondientes, dispuso que, conforme a lo ordenado por el art. 51 LOTC, se dirigiera atenta comunicación al Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Marbella a fin de que emplazara a quienes hubiesen sido parte en el proceso judicial previo para que pudieran comparecer ante este Tribunal en el plazo de diez días, si así lo considerasen oportuno.
7. Recibidos en este Tribunal los emplazamientos efectuados en cumplimiento de la anteriormente aludida comunicación, la Sala Segunda dictó providencia acordando dar traslado a las partes personales y al Ministerio público por término común de veinte días a fin de que formulasen las alegaciones que estimaran oportunas, conforme dispone el art. 52.1 LOTC.
8. Mediante escrito presentado el 15 de julio de 2009 el demandante de amparo formuló alegaciones abundando en la argumentación vertida en el escrito de demanda.
9. El Fiscal se pronunció a favor del otorgamiento del amparo solicitado. Tras recordar el iter procesal que condujo al dictado de la Sentencia de la Audiencia Provincial contra la que dirige sus reproches el demandante de amparo y extractar éstos, aborda separadamente las denuncias de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes.
Con respecto a lo primero afirma que la Sentencia impugnada “desactiva expresamente en la fundamentación y en el fallo la indemnización acordada por el Juez de lo Social concediendo en aquél una compensación de la misma cuantía a la actora civil. Para ello utiliza una norma de solución del conflicto no especificada sino basada en una concepción doctrinal de un tipo de contrato, el fiduciario, cuyas reglas aplica al documento de reconocimiento del salario por el empresario y que además fue tenido como probado por la jurisdicción laboral. A tal incumplimiento de contrato le anuda una consecuencia económica no explicada en el cuerpo de la argumentación y que aboca, curiosamente, a una cantidad igual a la concedida por la jurisdicción laboral. De esta manera, aunque técnicamente no puede considerarse que se ha violado la cosa juzgada por identidad de causa de pedir y de 'causa de dar', desde el punto de vista material es obvio que en el juicio civil se ha volatilizado una indemnización concedida con carácter firme por la jurisdicción laboral”. Considera por ello que la Sentencia impugnada incurrió en arbitrariedad vulneradora del derecho del demandante a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Por lo que atañe al derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa razona que la autonomía de la voluntad, manifestada en la cláusula prohibitiva de utilización de la certificación expedida por el empleador para cualquier otra utilidad distinta a la relacionada con la solicitud de un préstamo, no puede dejar sin efecto un derecho procesal constitucional como el derecho a la prueba, y que ésta fue sin duda la razón por la cual el Juez de lo Social tuvo en cuenta la certificación como medio de prueba. En cambio la Audiencia Provincial desactivó de facto la Sentencia laboral anulando su pronunciamiento económico, “lo que supone una desautorización de una prueba válidamente presentada y válidamente aceptada por el Juez laboral y que resulta a la postre invalidada por la actuación del Juez civil. Si esto no fuera así difícilmente se comprende la indemnización acordada a favor del empresario en la misma cuantía en la Sentencia aquí recurrida en amparo”. Esta forma de proceder constituiría una represalia del empresario al ejercicio de los derechos fundamentales por parte del trabajador que, en este caso, encontró la colaboración de la Sentencia aquí recurrida.
10. Mediante providencia de 14 de octubre de 2010, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 18 del mismo mes y año.
1. Lo que se debate en este proceso es si la Sentencia de la Audiencia Provincial frente a la que se demanda amparo vulneró o no los derechos a la tutela judicial efectiva y a la utilización de los medios de prueba pertinentes (art. 24. 1 y 2 CE). Tal vulneración se habría producido, según sostiene el recurrente en amparo, al haberse estimado en apelación la demanda de incumplimiento contractual deducida contra el ahora demandante de amparo como consecuencia de la utilización de una certificación relativa a su categoría profesional como jefe de cocina y a su salario, quebrantando el compromiso expreso de no utilizarla “para otros fines que para solicitar un préstamo en una entidad bancaria”, pues dicha certificación se aportó como prueba en el proceso laboral iniciado previamente por él contra la empresa Claude Chatel en solicitud de resolución de contrato fundada en la degradación a la categoría profesional de cocinero con la consiguiente disminución de salario. El proceso laboral concluyó con la Sentencia del titular Juzgado de lo Social núm. 2 de Málaga, de 14 de enero de 2003, en la cual se declaró la extinción de la relación laboral y el derecho del demandante a ser indemnizado en la cantidad de 10.774,50 €, siendo ésta la misma cantidad que la Sentencia frente a la cual ahora se recurre en amparo condena al demandante a pagar a su empleador como consecuencia del incumplimiento de la obligación de no utilizar la certificación aludida más que para los expresados fines.
2. El recurrente en amparo aduce que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) porque la Sentencia de la Audiencia Provincial incidió en error al considerar que la acción ejercitada ante el Juzgado de lo Social fue de despido en vez de extinción del contrato de trabajo a instancias del trabajador; porque la Audiencia incurrió en arbitrariedad al fijar la indemnización, sin aludir a criterio alguno que la justificase y sin tomar en consideración que el certificado expedido por el empleador sobre su categoría profesional y salario no fueron las únicas pruebas tomadas en cuenta por el Juez de lo Social; y, finalmente, porque la Sentencia supone una represalia por el ejercicio de su derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes, concretado en el caso en la utilización procesal del certificado aludido.
3. Comenzaremos por rechazar la denuncia relativa a la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente por la alusión errónea que en la Sentencia de la Audiencia Provincial se hace a que en el proceso seguido ante el Juzgado de lo Social se resolvió una demanda por despido, cuando la realidad es que la acción ejercitada lo fue de resolución del contrato de trabajo a instancias del trabajador. Con independencia de que, en efecto, en la Sentencia de 14 de enero de 2003 el Juez de lo Social resolvió una demanda sobre extinción de contrato de trabajo a instancias del trabajador y no una demanda de despido, lo cierto es que tal equivocación carece en el caso de relevancia, en la medida en que no resultó decisiva para la resolución pronunciada en él, requisito que venimos exigiendo en constante doctrina constitucional (por todas, STC 145/2009, de 15 de junio, FJ 5), pues a los efectos de constatar la utilización del documento para un fin distinto al pactado, uso a partir del cual la Audiencia hace surgir la obligación de indemnizar, resultaba indiferente si la utilización del documento se produjo en uno u otro tipo de proceso. A ello ha de añadirse que, tal como se refleja en la propia Sentencia, la indemnización establecida legalmente a favor del trabajador, de ser estimada su demanda, es la misma en las dos modalidades procesales.
Tampoco puede ser acogida la denuncia de vulneración de la garantía de indemnidad, que el demandante cifra en que la Sentencia de la Audiencia Provincial constituye un castigo o perjuicio irrogado como consecuencia de la utilización de la certificación como medio de prueba (en ejercicio de su derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes). Este Tribunal ha declarado que “en el campo de las relaciones laborales la garantía de indemnidad se traduce … en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos (art. 24.1 CE), de donde se sigue que una actuación empresarial motivada por haberse ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido debe ser calificada como radicalmente nula por contraria a ese derecho fundamental, ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar individualmente las acciones derivadas de su contrato de trabajo.” Pues bien, en el presente caso no nos encontramos ante una actuación empresarial desarrollada en el ejercicio de su poder de dirección que implique una represalia frente al ejercicio por el trabajador de su derecho a acudir a la jurisdicción y ejercitar ante ella su derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes, sino ante el ejercicio por el empleador de las acciones judiciales para hacer valer los derechos que cree le asisten. Y es que el ejercicio de acciones judiciales por parte del empleador no puede considerarse que, por sí mismo, vulnere la garantía de indemnidad del trabajador, en cuanto que no supone sino el ejercicio de un derecho constitucionalmente reconocido también al empleador, sin perjuicio de que la resolución judicial que ponga fin al proceso así iniciado pueda eventualmente quebrar derechos fundamentales de las partes, lo que será abordado en los fundamentos jurídicos que siguen.
4. Una segunda línea argumental, que sólo se apunta por el demandante pero que encuentra mayor desarrollo en el escrito de alegaciones del Fiscal, denuncia que la Sentencia de la Audiencia Provincial desactiva el pronunciamiento indemnizatorio contenido en la Sentencia laboral al desautorizar una prueba válidamente presentada y válidamente aceptada, con lo cual, aun cuando técnicamente no pueda considerarse que exista quiebra de la cosa juzgada de la Sentencia laboral, sí cabría apreciar, de un lado, arbitrariedad en la Sentencia impugnada por haber volatilizado la indemnización previamente concedida por el Juez de lo Social y, de otro, un atentado a la indemnidad consecuente al ejercicio por el demandante de su derecho a la tutela judicial efectiva. Dado que ya hemos rechazado que la Sentencia impugnada lesione la garantía indemnidad inherente al ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, nos corresponde ahora analizar si la Sentencia de la Audiencia Provincial incurrió en la arbitrariedad que denuncia el Fiscal.
Pues bien, este Tribunal ha reiterado (por todas STC 17/2008, de 31 de enero) que “una de las proyecciones del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE consiste en el derecho a que las resoluciones judiciales alcancen la eficacia querida por el ordenamiento, lo que significa tanto el derecho a que las resoluciones judiciales se ejecuten en sus propios términos como el respeto a su firmeza y a la intangibilidad de las situaciones jurídicas en ellas declaradas, sin perjuicio, naturalmente, de su revisión o modificación a través de los cauces extraordinarios legalmente reconocidos. En otro caso, es decir, si se desconociera el efecto de la cosa juzgada material, se privaría de eficacia a lo que se decidió con firmeza en el proceso, lesionándose así la paz y seguridad jurídica de quien se vio protegido judicialmente por una sentencia dictada en un proceso anterior entre las mismas partes (entre otras, SSTC 159/1987, de 26 de octubre, FJ 2; 135/1994, de 9 de mayo, FJ 2; 198/1994, de 4 de julio, FJ 3; 59/1996, de 15 de abril, FJ 2; 43/1998, de 24 de febrero, FJ 3; 53/2000, de 28 de febrero, FJ 6; 55/2000, de 28 de febrero, FJ 4; 207/2000, de 24 de julio, FJ 2; 309/2000, de 18 de diciembre, FJ 3; y 151/2001, de 2 de julio, FJ 3). Por ello, el derecho a la tutela judicial efectiva protege y garantiza la eficacia de la cosa juzgada material, tanto en su aspecto negativo o excluyente de nuevos pronunciamientos judiciales con idéntico objeto procesal al ya resuelto en sentencia firme, como en su aspecto positivo o prejudicial, impidiendo que los Tribunales, en un proceso seguido entre los mismos sujetos, puedan desconocer o contradecir las situaciones jurídicas declaradas o reconocidas en una sentencia que haya adquirido firmeza.”
5. En el presente caso, mientras el proceso civil que concluyó con la Sentencia de la Audiencia Provincial tenía por objeto exigir responsabilidad civil por la que consideraba quiebra de lo pactado sobre la utilización de la certificación emitida por el empresario, el proceso laboral versaba sobre la extinción de la relación laboral a instancias de trabajador con la consiguiente indemnización, lo que, en principio, debiera conducir a la desestimación de la demanda de amparo de conformidad con la doctrina constitucional expuesta, toda vez que, aun cuando ambos procesos se entablaron entre las mismas partes, su objeto era distinto. Ahora bien, no puede pasarse por alto que, de una parte, el uso de la certificación mediante su presentación en juicio como medio de prueba en el proceso laboral fue una cuestión incidental que el Juez de lo Social hubo de resolver de modo previo a su valoración propiamente dicha en unión con otros elementos probatorios; de otra, que tal uso constituía uno de los elementos determinantes de la declaración de responsabilidad civil que se pretendía en el proceso seguido ante la jurisdicción de este orden. Así pues, la licitud de la utilización del documento como medio probatorio constituyó el núcleo de lo decidido en el incidente de admisión de prueba del proceso laboral y en el proceso civil posterior al que puso fin la Sentencia frente a la que ahora se demanda amparo.
6. Lo anterior conduce a afirmar que la Audiencia Provincial lesionó el derecho del demandante de amparo a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes, pues dejó sin efecto práctico el pronunciamiento indemnizatorio del Juez de lo Social (ligado a la declaración de extinción de la relación laboral) sobre la base de enjuiciar la licitud de la utilización de la tan reiteradamente citada certificación como prueba en el proceso laboral en contra de lo pactado entre la empresa y el trabajador, pese a que esa concreta utilización había sido considerada admisible por el Juez que conocía del proceso en el cual fue presentada como prueba, único con competencia para ello.
Este Tribunal ha hecho especial hincapié en la necesidad de atender a la realidad de las situaciones fácticas que han conducido al dictado de los actos del poder público a los que se reprocha la vulneración de los derechos fundamentales, así como al resultado efectivamente producido por éstos. Así, en la STC 292/2006, de 10 de octubre, consideramos vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva “cuando el resultado finalmente producido en el proceso, sean cuales fueran las razones que lo puedan justificar, no puede considerarse conforme con el referido derecho fundamental (STC 150/2001, de 2 de julio, FJ 4). De modo que el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión puede quedar afectado también en atención al resultado producido a pesar de que las resoluciones impugnadas estén formalmente razonadas (STC 186/2002, de 14 de octubre, FJ 5). Por ello este tipo de situaciones, cuando no exista otro remedio jurisdiccional y siempre que no hayan sido ocasionadas por la conducta imperita o negligente de la propia parte en el proceso (SSTC 235/1993, de 12 de julio, FJ 2; 18/1996, de 12 de febrero, FJ 3; 78/1999, de 26 de abril, FJ 2; y 172/2000, de 26 de junio, FJ 2, por todas), han de ser corregidas por este Tribunal a través de la vía de amparo”. Y en otras resoluciones, como la STC 167/2006, de 5 de junio, hemos atendido a la existencia de un déficit de tutela jurisdiccional con la perspectiva “del resultado producido”.
7. Para el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho bastará la anulación de la Sentencia de la Audiencia Provincial sin retroacción de las actuaciones al momento anterior a su dictado, pronunciamiento al que habría conducido la estimación de la aducida vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por falta de motivación, cuyo análisis carece ya de eficacia práctica.
Estimar el recurso de amparo promovido por don José Antonio Díaz Villalba contra la Sentencia núm. 456/2005 de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Málaga, dictada el 30 de mayo de 2005 en el rollo de apelación civil núm. 746-2004, y, en consecuencia:
1º Declarar vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) del demandante de amparo.
2º Restablecerlo en su derecho y, a tal fin, anular la Sentencia núm. 456/2005 de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Málaga, dictada el 30 de mayo de 2005 en el rollo de apelación civil núm. 746-2004.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 5377-2005
Promovido por don José Antonio Díaz Villalba frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que le condenó al pago de una indemnización a la empresa con la que había extinguido su relación laboral.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: Sentencia de la jurisdicción civil que lesiona el derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes al privar de efectos prácticos a un pronunciamiento indemnizatorio previo de un Juzgado de lo Social.
En un proceso laboral se condenó a la empresa a indemnizar a su trabajador la cantidad de 10.774,50 € al estimar la acción de extinción de contrato de trabajo, tras considerar probada la cuantía del salario en la cifra que consta en la certificación expedida por la propia empresa. Con posterioridad, la empresa promovió en contra del trabajador un proceso civil de incumplimiento contractual, en el que se condenó a este a pagar a la empresa exactamente la misma cantidad por la que había sido indemnizado en el proceso laboral. Esta condena fue consecuencia del incumplimiento de la obligación de no utilizar la certificación salarial aludida más que a los fines de solicitar un préstamo bancario.
Se concede el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes, toda vez que la Sentencia civil dejó sin efecto práctico el pronunciamiento indemnizatorio dictado previamente en el proceso laboral, al revisar una prueba admitida y valorada por el Juez de lo Social. El Tribunal Constitucional descarta que el ejercicio de acciones judiciales por el empleador, vulnere la garantía de indemnidad, al no tratarse de una actuación empresarial en ejercicio del poder de dirección que implique una represalia para el trabajador.
La Audiencia Provincial lesionó el derecho del demandante de amparo a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes, pues dejó sin efecto práctico el pronunciamiento indemnizatorio del Juez de lo Social sobre la base de enjuiciar la licitud de la utilización de la certificación de la empresa como prueba en el proceso laboral en contra de lo pactado entre esta y el trabajador, pese a que esa concreta utilización había sido considerada admisible por el Juez que conocía del proceso en el cual fue presentada como prueba, único con competencia para ello [FFJJ 5, 6].
El pronunciamiento sobre responsabilidad civil realizado por la Audiencia Provincial no puede perjudicar ni desconocer la decisión que sobre la admisibilidad de un concreto uso del documento, distinto al pactado, había efectuado con anterioridad el Juez de lo Social competente para conocer del proceso en el que se pretendía hacer valer el documento, ni, consecuentemente, menoscabar la eficacia de la Sentencia definitiva a la que condujo, junto con la de otros elementos probatorios, su toma en consideración [FJ 6].
No vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva la alusión errónea que en la Sentencia de la Audiencia Provincial se hace a que el Juzgado de lo Social resolvió una demanda por despido, cuando en realidad la acción ejercitada lo fue de resolución del contrato de trabajo a instancias del trabajador, al carecer de relevancia, ya que no resultó decisiva para la resolución pronunciada, pues a los efectos de constatar la utilización del documento para un fin distinto al pactado, resultaba indiferente si la utilización del documento se produjo en uno u otro tipo de proceso (STC 145/2009) [FJ 3].
El ejercicio de acciones judiciales por parte del empleador no puede considerarse que, por sí mismo, vulnere la garantía de indemnidad del trabajador, en cuanto que no supone sino el ejercicio de un derecho constitucionalmente reconocido también al empleador, sin perjuicio de que la resolución judicial que ponga fin al proceso así iniciado pueda eventualmente quebrar otros derechos fundamentales de las partes [FJ 3].
Doctrina sobre el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de eficacia de las resoluciones judiciales (SSTC 159/1987, 151/2001) [FJ 4].
Para el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho bastará la anulación de la Sentencia de la Audiencia Provincial sin retroacción de las actuaciones al momento anterior a su dictado, dada la ausencia de todo razonamiento que justifique la individualización de la indemnización acordada [FJ 7].
Intangibilidad de las sentenciasIntangibilidad de las sentencias, Vulnerado, ff. 4, 6
Indemnización por extinción de contrato de trabajoIndemnización por extinción de contrato de trabajo, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Contradicción de jurisdiccionesContradicción de jurisdicciones, f. 4
Órdenes civil y socialÓrdenes civil y social, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

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