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Timestamp: 2020-08-12 07:22:38+00:00

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Preguntas Frecuentes | Ecoembes
Preguntas frecuentes por:
¿Está la contaminación acústica regulada legalmente?
Hasta la publicación de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, no había una norma general reguladora de ámbito estatal. Esta ley sienta las bases para prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, para evitar y reducir los daños que de ésta pueden derivarse para la salud humana, los bienes o el medio ambiente, dando paso al desarrollo reglamentario de los aspectos que regula:
Áreas acústicas.
Valores límite de emisión e inmisión.
Evaluación acústica.
Es en 2007 cuando se publica el RD. 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, definiendo los índices de ruido y de vibraciones, sus aplicaciones, efectos y molestias sobre la población y su repercusión en el medio ambiente; se delimitan los distintos tipos de áreas y servidumbres acústicas definidas en el artículo 10 de la L. 37/2003; se establecen los objetivos de calidad acústica para cada área, incluyéndose el espacio interior de determinadas edificaciones; se regulan los emisores acústicos, fijándose valores límite de emisión o de inmisión así como los procedimientos y los métodos de evaluación de ruidos y vibraciones.
Según la Ley del Ruido (37/2003, de 17 de noviembre) la contaminación acústica se define como la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente. Afecta esta ley de ruido a todos los emisores acústicos, ya sean de titularidad pública o privada, así como las edificaciones en su calidad de receptores acústicos, quedando fuera del ámbito de aplicación:
Las actividades domésticas o los comportamientos de los vecinos, cuando la contaminación acústica producida por aquéllos se mantenga dentro de límites tolerables de conformidad con las ordenanzas municipales y los usos locales.
Las actividades militares, que se regirán por su legislación específica.
La actividad laboral, respecto de la contaminación acústica producida por ésta en el correspondiente lugar de trabajo, que se regirá por lo dispuesto en la legislación laboral.
¿A quién compete el establecimiento de los límites de ruido ambiental? ¿si el municipio donde me ubico no tiene regulado este aspecto, qué límites tengo en cuenta?
La existencia de esta normativa, especialmente el RD. 1367/2007, que incide especialmente en las materias que regulan las ordenanzas municipales hace necesaria la modificación de las mismas para su adaptación a esta normativa estatal.
El ruido ambiental se encuentra en la actualidad plenamente introducido en nuestra legislación estatal y en las normas de las comunidades autónomas y ordenanzas municipales.
De forma general, las normas fundamentales que regulan la lucha contra este tipo de contaminación en las Comunidades Autónomas desarrollan los instrumentos de evaluación y actuación concretos.
Ley 37/2003, artículo 6. Ordenanzas municipales y planeamiento urbanístico “Corresponde a los ayuntamientos aprobar ordenanzas en relación con las materias objeto de esta ley. Asimismo, los ayuntamientos deberán adaptar las ordenanzas existentes y el planeamiento urbanístico a las disposiciones de esta ley y de sus normas de desarrollo”.
Las instalaciones puestas en servicio posteriormente al 24/10/2007, o modificaciones sustanciales de las existentes, deberán cumplir los valores límite de inmisión de ruido establecido en el RD 1367/2007 (en caso de no existir ordenanza municipal, cumplir los límites establecidos por la normativa autonómica o en su defecto estatal)). Se entenderán cumplidos dichos límites cuando:
Ningún valor promedio del año supera los valores fijados en la tabla B1 o B2 del anexo III de dicho RD.
Ningún valor diario supera en 3 dB los valores fijados en la tabla B1 o B2 del anexo III.
Ningún valor medido del índice LKeq, Ti supera en 5 dB los valores fijados en la tabla B1 o B2 del anexo III.
Las actividades que se realicen en municipios deberán cumplir los valores límite de ruido en el ambiente exterior e interior en el horario especificado en la licencia municipal, así como en la ordenanza municipal. En caso de no haber regulado nada al respecto a nivel municipal, se atenderá directamente a lo desarrollado a nivel autonómico y si no, lo desarrollado en el RD 1367/2007, estatal.
¿Qué factores hay que tener en cuenta a la hora ver mis límites máximos de ruido ambiental? ¿cuándo y quién tiene que hacer las medidas de ruido en mis instalaciones?
Los objetivos de calidad acústica y los valores límite de inmisión se establecen en función de las áreas acústicas, siendo la definición de área acústica según la Ley del Ruido (L. 37/2003) “el ámbito territorial, delimitado por la administración competente, que presenta el mismo objetivo de calidad acústica” y los objetivos de calidad acústica “el conjunto de requisitos que, en relación con la contaminación acústica, deben cumplirse en un momento dado en un espacio determinado”.
El valor límite de inmisión, es el nivel de inmisión máximo de ruido o de vibraciones permitido dentro de un periodo de tiempo determinado en un lugar determinado. Puede ser diferente en función de la fuente que se evalúa, del periodo de funcionamiento (día, tarde o noche), si está en el exterior del uso del suelo de la zona y si está en el interior de viviendas del uso de la dependencia. Para saber los límites de ruido aplicable a mi instalación, se tendrá en cuentan los siguientes factores, a grandes rasgos:
ZONA DE EMPLAZAMIENTO
Zona de uso sanitario, docente o cultural.
Zona de uso residencial
Zona de uso terciario.
Zona de uso recreativo o espectáculos.
Zona de uso industrial.
Se realizarán mediciones en distintos horarios a lo largo del día. En función de lo que determine la ordenanza municipal, se deberán realizar medidas diurnas y nocturnas, y en algunas ocasiones, se regulan tres mediciones a lo largo del día (mañana, tarde, noche).
¿Debo controlar el ruido que emite la maquinaria que utilizo al aire libre en mis instalaciones?
En el RD 1367/2007, en su artículo 22 de emisión de ruido de las maquinas de uso al aire libre, dice que la maquinaria utilizada en actividades al aire libre en general, y en las obras públicas y en la construcción en particular, debe ajustarse a las prescripciones establecidas en la legislación vigente referente a emisiones sonoras de maquinaria de uso al aire libre, y en particular, cuando les sea de aplicación, a lo establecido en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, y las normas complementarias.
Quedarían excluidos a este tipo de regulación, los accesorios sin motores puestos en el mercado o puestos en servicio por separado, con la excepción de los trituradores de hormigón, los martillos picadores de mano y los martillos hidráulicos.
Las máquinas de USO al aire libre incluidas en los artículos 11 y 12 del RD 212/2002 deben llevar el Marcado CE de conformidad junto con la indicación del nivel de potencia acústico garantizado y acompañada de la Declaración CEE de conformidad.
Cuando se realicen trabajos en la vía pública y en los de obras públicas y en las obras de edificación, modificación, reparación o derribo, se deberán implementar medidas para evitar las emisiones sonoras, establecidas en la Comunidad Autónoma correspondiente, entre ellas:
Se cumplirán los horarios de trabajo regulados en las ordenanzas municipales.
La maquinaria y equipos de trabajo utilizados deberán garantizar el cumplimiento de los niveles máximos de emisión sonora establecidos en la ordenanza correspondiente.
Las operaciones de carga y descarga se llevarán a cabo minimizando las emisiones sonoras y garantizando el cumplimiento de los límites de ruido reglamentarios.
¿Qué entendemos por CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA?
Se entiende por contaminación atmosférica a la presencia en la atmósfera de sustancias en una cantidad que implique molestias o riesgo para la salud de las personas y de los demás seres vivos. Estas sustancias vienen de cualquier naturaleza, así como que puedan atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables.
Los contaminantes gaseosos más comunes son el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre y el ozono.
Actualmente la legislación vigente en materia atmosférica, es muy amplia y variada. Podemos diferenciar varios grupos de normativa como:
SUSTANCIAS FLUORADAS
EMISION DE INSTALACIONES (ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMOSFERA).
EMISIONES DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COVs)
¿Qué son los GASES FLUORADOS? ¿En qué tipo de equipos podemos encontrarlos?
Dentro de las sustancias fluoradas, encontramos que legalmente hay dos grandes grupos:
Sustancias que agotan la capa de ozono, regulado por el REGLAMENTO (CE) nº 1005/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 16 de septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono (versión refundida).
Gases de efecto invernadero, regulados por el REGLAMENTO (CE) Nº 842/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de mayo de 2006 sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero.
Actualmente, los equipos donde podemos encontrar este tipo de gases son muy variados, siendo los principales:
Equipos ﬁjos de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor
Sistemas ﬁjos de protección contra incendios y extintores
Equipos de conmutación de alta tensión
Aparatos que contengan disolventes
Entre los gases refrigerantes más comunes regulados por el Rto. 1005/2009 (agotamiento de la capa de ozono), están: R-22, R-123, R-124, …
Por otra parte, los gases refrigerantes más habituales regulados por el Rto. 842/2006 (gases de efecto invernadero), están: R-134a, R-23, R-32, SF6, R-125, R-143a, R-403 (A,B), R-404A, R407C,R-408A, R-410A, R-413A, R-417A, R419A,R-507a…
OBLIGACIONES DE LOS POSEEDORES DE ESTOS EQUIPOS CON SUSTANCIAS FLUORADAS (tanto gases de agotamiento de la capa de ozono como gases de efecto invernadero)
Entre las obligaciones legales que afectan a los poseedores de este tipo de sustancias refrigerantes, cabe destacar las siguientes, en función de la carga de refrigerante del equipo (≥3kg de gas):
Disponer de un REGISTRO DE GASES FLUORADOS en los aparatos de aire acondicionado, aparatos frigoríficos, sistemas de protección contra incendios y bombas de calor que contengan gases refrigerantes o sus preparados en cantidad igual o superior a los 3 kg. Este registro contendrá las cantidades y los tipos de las sustancias añadidas y de la cantidad recuperada durante el mantenimiento, la revisión y la eliminación definitiva. También, se llevarán registros de otros datos, como la identificación de la empresa o del técnico que realice la revisión o el mantenimiento, las fechas y resultados de los controles de escapes realizados.
Realizar un CONTROL DE FUGAS de forma periódica por personal certificado de una empresa habilitada en los aparatos de refrigeración, aire acondicionado, bombas de calor y sistemas de protección contra incendios que contengan gases refrigerantes.
Equipos con carga de gas entre 3-30 Kg (CONTROL DE FUGAS ANUAL)
Equipos con carga de gas entre 30-300 Kg (CONTROL DE FUGAS SEMESTRAL)
Equipos con carga de gas de > 300 Kg (CONTROL DE FUGAS TRIMESTRAL)
Los recipientes de las sustancias regeneradas deberán llevar una ETIQUETA que indique que la sustancia ha sido regenerada, información sobre el tipo de sustancia que contiene, etc, llevado a cabo por la empresa mantenedora.
El poseedor de estos equipos deberá asegurarse que el personal dedicado al mantenimiento de los mismos dispondrá de la CERTIFICACIÓN PERSONAL prevista en el RD 795/2010, según corresponda en cada caso en función de la cantidad de carga de refrigerante, expedida por el órgano competente autonómico, y pertenecer al seno de una EMPRESA HABILITADA.
Se permitirá exclusivamente hasta el 31/12/2014 introducir en el mercado y utilizar gases REGENERADOS y RECICLADOS (aplica únicamente a gases que agotan la capa de ozono, por ejemplo el R-22) para el mantenimiento y la revisión de los aparatos de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor en servicio. Los equipos podrían seguir funcionando no obstante de manera indefinida, siempre que no sea necesario recargar el gas.
¿Qué legislación actual existe para regular la CALIDAD DEL AIRE y la CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA?
La normativa actual vigente es muy variada, tanto a nivel estatal como autonómico.
Están sujetas a las prescripciones de esta normativa todas las fuentes de los contaminantes relacionados en los anexos correspondientes a las ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMÓSFERA (Catálogo CAPCA), ya sean de titularidad pública o privada, siendo la definición de dichas actividades, según la Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera:
«Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera»: Aquellas que por su propia naturaleza, ubicación o por los procesos tecnológicos utilizados constituyan una fuente de contaminación cuyas características pueden requerir que sean sometidas a un régimen de control y seguimiento más estricto.
La normativa que regula las emisiones a la atmósfera es la LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera y el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (CAPCA) y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. A la hora de cumplir con esta normativa, la organización deberá:
Comprobar si la actividad principal de su instalación se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la normativa identificándola en alguna categoría de la catalogación del anexo (CATÁLOGO CAPCA).
IDENTIFICAR TODOS LOS FOCOS de emisión a la atmósfera que dispone en su instalación. Clasificar cada uno de los focos individualmente dentro del CAPCA. Los Focos Potencialmente Contaminadores de la Atmósfera se dividen en TRES CATEGORÍAS A, B Y C dependiendo del grado de contaminación que ocasionarían, los focos tipo A serían los potencialmente más contaminantes, los B intermedios y los C de menor contaminación. La Ley 34/2007 mantiene la clasificación de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera en tres grupos principales (Grupo A, B y C), en función de varios parámetros, tales como potencia térmica nominal, capacidad de producción, capacidad de consumo de disolvente, actividad…
Solicitar la legalización (obtención de la Autorización o realizar la Notificación correspondiente de su instalación) de su actividad como potencialmente contaminadora de la atmósfera, ante el Órgano Autonómico competente.
¿Qué tipo de INSTALACIONES se ven afectadas por la normativa de CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA actual? Catálogo CAPCA.
Actualmente las fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos son muchas y variadas.
Algunas de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera del Catálogo CAPCAson:
- generación de electricidad para su distribución por la red pública
- generación de calor para distritos urbanos
- refino de petróleo; transformación de combustibles sólidos
- minería del carbón; extracción de petróleo/gas
- calderas de combustión, turbinas de gas, motores y otros, hornos
- industria del hierro y el acero y en las coquerías
- industria de metales no férreos
- industria química inorgánica/orgánica
- industria del papel, cartón y pasta de papel
- industria de la transformación de la madera
- industria alimentaria; producción de biocombustibles
- aplicación de pinturas y recubrimientos
- limpieza en seco, desengrasado y electrónica
- procesamiento y fabricación de productos
- quema en espacio abierto de residuos agroforestales; cremación
¿Todos los focos están siempre sujetos a una clasificación tipo A, B o C?
No todos los focos de una empresa están sujetos a este tipo de inspecciones y/o autocontroles (A, B o C). Lo que hay que saber en primer lugar es el tipo de foco que la empresa tiene.
Focos sistemáticos.
Focos NO sistemáticos.
Según el artículo 2.i del RD 100/2011, la definición de «Emisiones sistemáticas» sería: La emisión de contaminantes en forma continua o intermitente y siempre que existan emisiones esporádicas con una frecuencia media superior a doce veces por año natural, con una duración individual superior a una hora, o con cualquier frecuencia, cuando la duración global de las emisiones sea superior al 5 por 100 del tiempo de funcionamiento de la planta.
Por lo tanto, para que un foco se considere no sistemático, debe funcionar menos del 5% del tiempo de funcionamiento de la planta y, además, nunca debe funcionar más de 12 veces al año con una duración de más de 1 hora cada una de ellas.
¿Qué tipo de instalaciones están sujetas a AUTORIZACIÓN y qué tipo a NOTIFICACIÓN?
Quedan sometidas a la AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA prevista la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, otorgada por las comunidades autónomas en los términos que éstas determinen, todas aquellas instalaciones que, no estando incluidas en la disposición adicional segunda de dicha ley, cumplan con alguno de los siguientes requisitos:
- Que se desarrolle alguna actividad perteneciente a los GRUPOS A o B.
- Tengan lugar varias actividades de un mismo tipo, de manera que, aun siendo estas independientes o constando de focos distintos, la suma de las potencias o capacidades de producción, manipulación o consumo de disolventes supere el umbral considerado para la pertenencia a los grupos B o A de dicho tipo de actividad. La potencia de los equipos de postcombustión no empleados para tratamiento de gases residuales se sumará a la del equipo principal al que estén conectados.
Quedan sometidas a la NOTIFICACIÓN prevista la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, que se remitirá al órgano competente de la comunidad autónoma en los términos que éstas determinen, todas aquellas instalaciones que, no estando afectadas por la disposición adicional segunda de dicha ley ni por el apartado anterior, cumplan con alguno de los siguientes requisitos:
- Que en ellas se desarrollen actividades pertenecientes al grupo C.
- Que en ellas se desarrollen varias actividades de un mismo tipo, de manera que, aun siendo estas independientes o consten de focos distintos, la suma de sus potencias, capacidades de producción, de manipulación, o de consumo de disolventes supere el umbral considerado para la pertenencia al grupo C de dicho tipo de actividad. La potencia de los equipos de poscombustión no empleados para tratamiento de gases residuales se sumará a la del equipo principal al que estén conectados.
Una vez obtenida la autorización pertinente, ¿qué OBLIGACIONES tiene la empresa clasificada en el Catálogo CAPCA?
Entre los principales trámites a realizar y obligaciones legales que se deben tener en cuenta para un correcto cumplimiento de esta legislación, encontramos los siguientes:
- Disponer de un LIBRO de REGISTRO de Emisión de contaminantes en los procesos industriales clasificados como potencialmente contaminadoras de la atmósfera (Catálogo del Anexo IV de la Ley 34/2007), foliado y sellado por el órgano competente, para la anotación de los resultados de todos los controles de emisiones atmosféricas y conservarlo al menos durante cinco años.
- Comunicar al Órgano Competente (Comunidad Autónoma y Ayuntamiento) cualquier ANOMALÍA o AVERÍA en las instalaciones potencialmente contaminadoras de la atmósfera, o en sus sistemas de depuración de los efluentes gaseosos que pueda repercutir en la calidad del aire de la zona, y reflejar esta circunstancia en el libro de registro correspondiente.
- Realizar las INSPECCIONES (y/o autocontroles) periódicamente por un Organismo de Control Autorizado en las instalaciones catalogadas como potencialmente contaminadoras de la atmósfera (del GRUPO A, B y C) incluidas en el Catálogo del Anexo IV de la Ley 34/2007.
GRUPO A (Cada 2 años)
GRUPO B (Cada 3 años)
GRUPO C (Cada 5 años)
- Respetar los NIVELES máximos de EMISIÓN de los CONTAMINANTES establecidos por la administración competente en la autorización o licencia otorgada para las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.  Minimizar tanto las emisiones canalizadas, como las difusas de contaminantes a la atmósfera, en las instalaciones en las que se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras catalogadas en el CAPCA-2010 del Anexo del RD 100/2011, aplicando las mejores técnicas disponibles, en la medida de lo posible. Asimismo se adoptarán, en los casos de focos canalizados, los procedimientos de dispersión más adecuados que minimicen el impacto en la calidad del aire en su zona de influencia.
- Notificar inmediatamente al órgano competente de la Comunidad Autónoma las siguientes situaciones, y adoptar las medidas preventivas y de evitación pertinentes:
En caso de existir una amenaza inminente de daño significativo por contaminación atmosférica.
Cuando se produzca una contaminación atmosférica que haya causado daños para la seguridad o la salud de las personas.
¿Qué tiene que hacer una empresa que ya tiene focos CAPCA regulados antes de la fecha de la publicación del Real Decreto 100/2011 y realiza modificaciones?
Según la Disposición Transitoria Única del RD 100/2011, las comunidades autónomas fijarán los plazos de adaptación a lo establecido en esta norma para las instalaciones legalmente en funcionamiento con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto, o que hayan solicitado las correspondientes autorizaciones exigibles por la normativa aplicable, siempre que se pongan en funcionamiento a más tardar 12 meses después de la entrada en vigor del real decreto (en todo caso dichos plazos de adaptación deberán ser inferiores a cuatro años a partir de la entrada en vigor del real decreto).
En función de si la modificación de la instalación es SUSTANCIAL o NO SUSTANCIAL (según art. 14 de la Ley 34/2007), la instalación deberá:
MODIFICACIÓN SUSTANCIAL: Solicitar NUEVA AUTORIZACIÓN o realizar NUEVA NOTIFICACIÓN para el TOTAL de la instalación, acogiéndose al Real Decreto 100/2011.
MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL: Solicitar una NUEVA AUTORIZACIÓN o realizar una NUEVA NOTIFICACIÓN para la modificación, o en los plazos en los que establezca la normativa de desarrollo, y, siempre antes del 30/01/2015, solicitar NUEVA AUTORIZACIÓN o realizar NUEVA NOTIFICACIÓN para el TOTAL de la instalación, acogiéndose al Real Decreto 100/2011.
Toda instalación deberá adaptarse al Real Decreto 100/2011 en los plazos en los que la normativa de desarrollo lo establezca, y, en todo caso, antes del 30/01/2015.
Aquellas instalaciones existentes, que estuviesen “en trámite” de obtención de la autorización, deberán igualmente adaptarse al RD 100/2011.
¿Cómo actuar si una instalación existente regulada como GRUPO A o B cambia de grupo en el nuevo Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera?
INSTALACIONES CON GRUPOS CLASIFICADOS COMO A o B (con RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN como Grupo A o B).
Si ahora, según RD 100/2011, está sometida a AUTORIZACIÓN, deberá seguir cumpliendo su Resolución de Autorización y adaptarse al mismo, en los plazos en los que establezca la normativa de desarrollo y, siempre antes del 30/01/2015, solicitando NUEVA AUTORIZACIÓN.
Si ahora, según RD 100/2011, está sometida a NOTIFICACIÓN, deberá seguir cumpliendo su Resolución de Autorización y adaptarse al mismo, en los plazos en los que establezca la normativa de desarrollo, y siempre antes del 30/01/2015, realizando NOTIFICACIÓN.
Si ahora, según RD 100/2011, no está incluido en el CAPCA tiene dos posibilidades:
1. Continuar cumpliendo con su Autorización como grupo A o B.
2. Comunicar que se acoge al RD 100/2011 antes del 30/01/2015.
Si ahora, según RD 100/2011, consta como “-” en el Catálogo CAPCA tiene dos posibilidades:
1. Seguir cumpliendo su con su Autorización como grupo A o B.
¿Cómo actuar si una instalación existente regulada como GRUPO C cambia de grupo en el nuevo Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera?
INSTALACIONES CON GRUPOS CLASIFICADOS COMO C (con RESOLUCIÓN DE INCLUSIÓN como Grupo C)
Si ahora, según RD 100/2011, está sometida a AUTORIZACIÓN, deberá seguir cumpliendo su Resolución de Autorización y adaptarse al mismo, en los plazos en los que establezca la normativa de desarrollo y, siempre antes del 30/01/2015, solicitando AUTORIZACIÓN.
Si ahora, según RD 100/2011, está sometida a NOTIFICACIÓN, deberá seguir cumpliendo su Resolución de inclusión en el CAPCA y adaptarse al mismo, en los plazos en los que establezca la normativa de desarrollo, y siempre antes del 30/01/2015, realizando NUEVA NOTIFICACIÓN.
1. Continuar cumpliendo con su Resolución de inclusión como grupo C.
1. Seguir cumpliendo con su Resolución de inclusión como grupo C.
Cuando hablamos de una GRAN INSTALACIÓN DE COMBUSTIÓN, ¿a qué nos referimos?
Según el REAL DECRETO 430/2004, de 12 de marzo, por el que se establecen nuevas normas sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, y se fijan ciertas condiciones para el control de las emisiones a la atmósfera de las refinerías de petróleo, se define como GRAN INSTALACIÓN DE COMBUSTIÓN, a cualquier dispositivo técnico en el que se oxiden productos combustibles a fin de utilizar el calor así producido, cuya potencia térmica nominal sea igual o superior a 50 MW, cualquiera que sea el tipo de combustible que utilicen (sólido, líquido o gaseoso).
Cuando dos o más instalaciones independientes estén instaladas de manera que sus gases residuales se expulsen por una misma chimenea o, a juicio de la Administración competente y teniendo en cuenta factores técnicos y económicos, puedan ser expulsados por una misma chimenea, la combinación resultante de tales instalaciones se considerará como una única unidad.
Entre las obligaciones que tendrían estas instalaciones, destacan:
- Disponer de una CHIMENEA O INFRAESTRUCTURA SIMILAR adecuada para la expulsión de los gases residuales de las GRANDES INSTALACIONES DE COMBUSTIÓN con una potencia térmica nominal igual o superior a 50 MW.
- NOTIFICAR a la Administración Autonómica Competente, en un plazo máximo de 48 horas el mal funcionamiento de la GRAN INSTALACIÓN DE COMBUSTIÓN, o cuando se produzca una avería en el equipo de reducción.
- Respetar, desde 1/1/2008, los valores límites de emisión del SO2, NOx y partículas establecidos en la autorización sustantiva de construcción o de explotación para las GRANDES INSTALACIONES DE COMBUSTIÓN nuevas.
- Realizar MEDICIONES EN CONTINUO de las concentraciones de SO2, NOx y PARTÍCULAS de los gases residuales de las GRANDES INSTALACIONES DE COMBUSTIÓN con potencia igual o superior a 100 MW.
- Realizar MEDICIONES DISCONTINUAS, al menos cada seis meses, de las emisiones de SO2, NOx y partículas de los gases residuales de las GRANDES INSTALACIONES DE COMBUSTIÓN que no tengan la obligación de medir en continuo.
¿Qué son los COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COVs)? ¿Qué normativa regula este tipo de compuestos?
El uso de disolventes en ciertas actividades da lugar a emisiones de compuestos orgánicos a la atmósfera que pueden ser nocivas para la salud y producir importantes perjuicios a los recursos naturales. Actualmente hay publicadas normas cuyo objeto es objeto prevenir o reducir los efectos nocivos que para las personas y el medio ambiente pueden derivarse de algunas actividades que utilizan en sus procedimientos de fabricación o de trabajo disolventes orgánicos en cantidades importantes.
Conforme al REAL DECRETO 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades, se define:
"Compuesto orgánico volátil (COV)": todo compuesto orgánico (que contenga carbono y uno o más de los siguientes elementos: hidrógeno, halógenos, oxígeno, azufre, fósforo, silicio o nitrógeno, salvo los óxidos de carbono y los carbonatos y bicarbonatos inorgánicos) que tenga a 293,15 K una presión de vapor de 0,01 kPa o más, o que tenga una volatilidad equivalente en las condiciones particulares de uso. Se incluye en esta definición la fracción de creosota que sobrepase este valor de presión de vapor a la temperatura indicada de 293,15 K.
El abanico de sectores industriales, donde es habitual el uso de disolventes orgánicos es muy amplio, destacando los siguientes como más frecuentes:
Recubrimiento de vehículos y renovación del acabado de vehículos.
Actividades de recubrimiento y pintura.
Recubrimiento de metal, madera, plástico, textil, tejidos, películas y papel.
Extracción de aceite vegetal y grasa animal y actividades de refinado de aceite vegetal.
Empleo de tintas de impresión.
Para saber qué actividades están incluidas en el ámbito de aplicación del RD 117/2003, habría que consultar el Anexo I y II del mismo. Será de aplicación siempre que se realicen dichas actividades superando los umbrales de consumo de disolvente establecidos en el anexo II.
¿Qué OBLIGACIONES LEGALES tienen los centros donde aplique la normativa de COVs?
Cualquier organización, que realice al menos una de las actividades incluidas en Real Decreto 117/2003, y que supere el umbral de consumo establecido en mismo deberá realizar los siguientes trámites:
- NOTIFICAR AL ÓRGANO AMBIENTAL AUTONÓMICO la puesta en funcionamiento de las instalaciones emisoras de compuestos orgánicos volátiles incluidas en el ámbito de aplicación del RD 117/2003, para su inscripción en el correspondiente REGISTRO, y las modificaciones sustanciales realizadas en dichas instalaciones.
- Adoptar las medidas técnicas disponibles para minimizar las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV's) en las operaciones de carga, descarga y manipulación de hidrocarburos.
- Comunicar al órgano COMPETENTE AMBIENTAL AUTONÓMICO cualquier modificación o alteración de la instalación o de su actividad que afecte a los datos que figuran en los asientos del REGISTRO de actividades industriales emisoras de compuestos orgánicos volátiles desde el momento mismo en que se produzca.
- Si en algún momento se SUPERAN LOS VALORES LÍMITE DE EMISIÓN DE COV establecidos en el RD 117/2003 (según la actividad) se deberá:
Comunicar al órgano ambiental competente y adoptar las medidas correctoras necesarias lo antes posible.
Suspender el funcionamiento de las instalaciones cuando exista un peligro inminente para la salud, a instancias del órgano competente.
- Realizar un PLAN ANUAL DE GESTIÓN DE DISOLVENTES conforme al anexo IV del RD 117/2003.
Remitir, ANUALMENTE ANTES DEL 31 DE MARZO, y siempre que sea solicitado por el órgano competente, la información y datos necesarios para comprobar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el RD 117/2003, sobre emisiones de compuestos orgánicos volátiles.
¿Qué es la VALORIZACIÓN ENERGÉTICA? ¿Qué ventajas tiene?
La VALORIZACIÓN ENERGÉTICA, es la sustitución de una parte de los combustibles fósiles empleados tradicionalmente en el sector (productos petrolíferos, fundamentalmente) por combustibles obtenidos a partir de los RESIDUOS que ya no se pueden reciclar y que tiene alto poder calorífico.
Los residuos que se generan en una planta de valorización energética, en su mayoría ESCORIAS, pueden ser aprovechados en muchas ocasiones.
Las plantas realizan la combustión de los residuos obteniendo diferentes productos sólidos, gaseosos y vapor de agua a elevada temperatura, con emisión de energía en forma de calor.
¿Qué ventajas tiene la VALORIZACIÓN ENERGÉTICA?:
Evita el vertido de estos residuos y sus impactos asociados.
Supone un tratamiento ecológico y seguro de los residuos (se da un tratamiento medioambientalmente correcto a un residuo), aprovechando totalmente su energía y minerales sin generar impactos añadidos sobre el entorno.
Se ahorran combustibles fósiles finitos (carbón y derivados del petróleo), ahorro de recursos no renovables.
Se disminuyen las emisiones globales, en particular las de CO2 al sustituir combustibles fósiles por materiales que hubieran sido incinerados o fermentados en vertederos, con sus correspondientes emisiones.
¿Qué tipo de residuos son los más empleados en este proceso de valorización energética?
Serrín y madera. Residuos de la producción papelera.
Combustibles preparados a partir del rechazo de las plantas de reciclaje.
Aceites minerales usados
Disolventes, pinturas, barnices y otros residuos líquidos.
Residuos de hidrocarburos.
¿Cuál es la legislación que regula la INCINERACIÓN DE RESIDUOS actualmente?
Actualmente, está regulado por el REAL DECRETO 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos cuyo objeto es el de establecer las medidas a que deben ajustarse las actividades de incineración y coincineración de residuos, con la finalidad de impedir o limitar los riesgos para la salud humana y los efectos negativos sobre el medio ambiente derivados de estas actividades.
Entre las obligaciones legales encontramos:
- Las INSTALACIONES deben estar diseñadas, equipadas, construidas y explotadas de acuerdo con las condiciones establecidas en el RD 653/2003, así como las condiciones alternativas que para algunos tipos de residuos o procesos térmicos le sean permitidos por la autoridad competente. En caso de AVERÍA, el operador de la instalación deberá reducir o detener el funcionamiento de la misma lo antes posible hasta que se pueda volver a reanudar.
- Disponer de AUTORIZACIÓN para realizar estas actividades emitida por la Comunidad Autónoma, o bien, disponer de la exención concedida por el órgano competente para las empresas que realicen este tipo de actividad en el propio centro de producción.
- Controlar y realizar, ANUALMENTE, una prueba de supervisión de los equipos de seguimiento automatizados de las emisiones a la atmósfera y a las aguas residuales en este tipo de instalaciones.
- Elaborar y remitir a la autoridad competente un INFORME ANUAL sobre el funcionamiento y el seguimiento de la instalación, en el que conste la marcha del proceso y de las emisiones a la atmósfera o a las aguas comparados con los niveles de emisión regulados en el RD 653/2003.
- Antes de aceptar los residuos (peligrosos y no peligrosos) en las instalaciones, el operador debe disponer de la información sobre dichos residuos.
El Protocolo de Kioto es un instrumento internacional promovido por la Convención marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático suscrito en 1992 (Rio de Janeiro), con el objetivo de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, causantes del calentamiento global de la tierra y del cambio climático.
Es un pacto firmado por los gobiernos en la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático celebrada en la ciudad japonesa de Kioto en el año 1997. Los firmantes de este Protocolo se comprometen a reducir, entre los años 2008 y 2012, en un 5,2% por debajo de los resultados de 1990, la cantidad de emisiones a la atmósfera de gases contaminantes que emiten los pases industrializados y que son los causantes del efecto invernadero.
El Protocolo de Kioto, cuya vigencia finalizó en 2012, afecta a los sectores industriales, causantes de la mayor parte de las emisiones por su actividad.
La normativa actual que regula qué actividades deben cumplir en este aspecto, es la que se enumera a continuación:
LEY 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. (B.O.E. 59 de 10/03/2005).
Esta Ley tiene por objeto la REGULACIÓN DEL COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, para fomentar reducciones de las emisiones de estos gases de una forma eficaz y de manera económicamente eficiente.
Según el Anexo I de dicha Ley, las actividades sujetas a esta normativa, destacar:
- Actividades energéticas (Instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal superior a 20 MW); Refinerías de hidrocarburos; Coquerías, Cogeneración, ...
- Producción y transformación de metales férreos. o Industrias minerales. o Industrias de fabricación de pasta de papel, vidrio. o Aviación.
REAL DECRETO 1370/2006, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 2008-2012 (B.O.E. 282 de 25/11/2006), que queda derogado el 01/01/2013. Este Plan de 2008-2012 se elaboró de acuerdo a la Directiva 2003/87/CE y a la Ley 1/2005. La Comisión propone establecer un único límite máximo para toda la Unión y asignar derechos sobre la base de normas plenamente armonizadas. Los Planes Nacionales de Asignación, por tanto, dejarán de ser necesarios.
¿Qué se entiende por COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN?
La Unión Europea tiene por objeto ayudar a los Estados miembros de la UE a cumplir sus compromisos de limitación o reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de una manera rentable. El hecho de que las empresas que participan en el régimen puedan comprar o vender derechos de emisión permite reducir emisiones al mínimo coste.
El COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN es una herramienta de mercado, por la que se crea un incentivo o desincentivo económico con un beneficio medioambiental como objetivo: la reducción colectiva de las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera por parte de las industrias.
Elementos a tener en cuenta en el comercio de derechos de emisión:
Autorización de emisión de gases de efecto invernadero: la autorización exigida a las instalaciones que desarrollen actividades enumeradas en el anexo I de la Ley 1/2005, que den lugar a las emisiones especificadas en éste. No se puede comprar ni vender.
Emisión: la liberación a la atmósfera de gases de efecto invernadero a partir de fuentes situadas en una instalación o la liberación, procedente de una aeronave que realiza una actividad enumerada en el anexo I, de los gases especificados para dicha actividad.
Derecho de emisión: Es el derecho subjetivo a emitir una tonelada equivalente de dióxido de carbono, desde una instalación o una aeronave que realiza una actividad de aviación incluida en el ámbito de aplicación de esta Ley, durante un período determinado. El derecho de emisión es transferible: se puede comprar o vender.
Asignación de derechos: Mecanismo por el que se reparten los derechos de emisión entre las instalaciones afectadas. Puede hacerse de forma gratuita, mediante subasta, etc.
Registro de derechos de emisión: Un registro electrónico que sirve para llevar la contabilidad de los derechos de emisión en circulación: cuántos hay y a quién pertenece.
¿Qué trámites legales tiene que llevar a cabo una empresa que se vea afectada por esta normativa de COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN?
Los elementos que tienen que cumplir las empresas en cuanto al COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN, son:
- Solicitar la ASIGNACIÓN de DERECHOS DE EMISIÓN de CO2 para el periodo de vigencia del Plan Nacional de Asignación correspondiente (2013-2020).
- Disponer de AUTORIZACIÓN de EMISIÓN de gases de efecto invernadero e informar al órgano autonómico competente de cualquier proyecto de cambio en el carácter, funcionamiento o tamaño de la instalación, así como de todo cambio que afecte a la identidad o domicilio del titular.
- Realizar AUDITORÍAS INTERNAS del SISTEMA DE CONTROL utilizado para garantizar la exactitud de los datos notificados en el informe anual de emisiones de gases de efecto invernadero.
- DOCUMENTAR y ARCHIVAR los datos de SEGUIMIENTO DE LAS EMISIONES de gases de efecto invernadero, conservándolos durante al menos 10 años después de la presentación del informe anual verificado.
- Para el período del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión que comienzó el 1 de enero de 2013, el titular de las instalaciones elaborará, aplicará y mantendrá un SISTEMA eficaz de CONTROL para garantizar que los informes anuales de emisiones de gases de efecto invernadero no contienen inexactitudes y son conformes con un plan de seguimiento, establecido.
Las INSTALACIONES DE PEQUEÑO TAMAÑO podrán solicitar ante el órgano competente autonómico la EXCLUSIÓN a partir del año 2013 del COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN de GASES DE EFECTO INVERNADERO, según lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 1/2005.
¿Qué se entiende por ASIGNACIÓN GRATUITA y/o POR SUBASTA de derechos de emisión a instalaciones existentes?
Durante los dos primeros períodos de comercio la mayoría de los derechos de emisión se asignaron a las instalaciones de manera gratuita. La Comisión considera que la subasta debería ser el principio básico para la asignación de derechos a partir de la tercera fase porque es el sistema que mejor garantiza la eficacia, transparencia y sencillez del régimen y crea los mayores incentivos para inversiones a favor de una economía con pocas emisiones de carbono.
Las instalaciones que lleven a cabo las actividades y que generen las emisiones especificadas en el anexo I de la ley 1/2005, deberán disponer de la ASIGNACIÓN DE DERECHOS DE EMISIÓN para las emisiones producidas durante el período de comercio de 8 años, a partir del 2013, mediante el SISTEMA de SUBASTA y/o ASIGNACIÓN GRATUITA transitoria regulados en el Capítulo IV de la Ley 1/2005. Se deberá solicitar la asignación individualizada de derechos de emisión, de conformidad con el artículo 19 de la Ley 1/2005, ante el órgano competente autonómico 22 meses antes del inicio de cada período de comercio.
- Las solicitudes de asignación de derechos de emisión para la tercera fase de comercio debieron ser completadas por los titulares de las instalaciones mediante la presentación, antes del 18/07/2011, de la información y documentación sobre cada uno de los parámetros enumerados en el anexo IV de la Decisión 2011/278/UE, una vez fueran considerados satisfactorios por un Verificador.
- De acuerdo con una nota informativa del Ministerio la solicitud de asignación gratuita de derechos de emisión tiene carácter voluntario y las actividades existentes afectadas (tanto las actividades que en el periodo 2008-2012 tienen autorización de emisión como las actividades existentes afectadas por la ampliación del régimen para el 2013 y han tenido que pedir autorización para el periodo 20132020) que quieran derechos gratuitos tendrían que haber presentado la solicitud antes del 28 de febrero del 2011.
ASIGNACIÓN POR SUBASTA
- Para la asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero mediante el sistema de SUBASTA regulado en el Capítulo III de la Directiva 2003/87/CE (instalaciones fijas) válidos para su entrega en los periodos de comercio a partir del 1 de enero de 2013, los titulares deberán presentar la solicitud de admisión a presentar ofertas directamente, de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV del Reglamento 1031/2010.
¿Qué ha de hacer una empresa con ASIGNACION GRATUITA que reduzca significativamente las emisiones?
Las instalaciones fijas con derecho a ASIGNACIÓN GRATUITA DE DE DERECHOS DE EMISIÓN incluidas en el régimen de comercio de derechos de emisión para el periodo 2013-2020, cuando hayan registrado una REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA de capacidad con posterioridad al 30 de junio de 2011, deberán someter a una verificación por verificador acreditado la capacidad reducida y la capacidad instalada de la subinstalación tras haber registrado la reducción significativa de capacidad. En el caso de tratarse de una AMPLIACIÓN SIGNIFICATIVA de capacidad deberán someter a verificación la capacidad añadida y la capacidad instalada de la subinstalación tras la ampliación.
Las instalaciones fijas con derecho a ASIGNACIÓN GRATUITA DE DERECHOS DE EMISIÓN incluidas en el régimen de comercio de derechos de emisión para el periodo 2013-2020, cuando hayan experimentado un CAMBIO de capacidad, del nivel de actividad o del funcionamiento, o tenga previsto hacerlo, deberán presentar ante el órgano autonómico competente, a más tardar el 31 de diciembre de cada año, toda la INFORMACIÓN pertinente sobre dicho cambio efectivo o previsto.
¿Qué se entiende por ACTIVIDAD POTENCIALMENTE CONTAMINADORA DEL SUELO?
Actualmente la normativa que regula este aspecto ambiental es la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y el Real Decreto 9/2005, que tiene por objeto establecer una relación de actividades susceptibles de causar contaminación en el suelo, así como adoptar criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
Las empresas que están afectadas por este Real Decreto (ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES) son:
Las actividades relacionadas en el Anexo I del RD 9/2005 (según su CNAE).
Las empresas que producen, manejan o almacenan más de 10 t/año de sustancias peligrosas (según RD 363/1995).
Los almacenamientos de combustible para uso propio con un consumo anual medio superior a 300.000 litros y con un volumen total de almacenamiento igual o superior a 50.000 litros.
Entre las actividades (CNAE) que cabría destacar como potencialmente contaminadoras, encontramos:
- Extracciones de petróleo, gas natural, minerales metálicos.
- Industria de productos alimenticios y bebidas.
- Industria textil, confección y peletería.
- Industria de la madera, corcho, papel.
- Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados.
- Coquerías, refino de petróleo y combustibles nucleares.
- Industria del reciclaje.
- Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua.
Las principales causas que pueden originar una contaminación del suelo, podrían ser:
Derrames en operaciones de transporte y de carga y descarga de productos
Fugas de conducciones superficiales
Fugas de tanques, tuberías enterrados • Vertidos al alcantarillado
Acumulo de residuos peligrosos a la intemperie • Abandono de residuos peligrosos sobre el terreno: taludes, barrancos… • Enterramientos de residuos peligrosos.
¿Qué tipos de residuos existen en una empresa o industria?
Los residuos son cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar. Conforme a la normativa de residuos, se pueden encontrar los siguientes tipos de residuos:
«Residuos domésticos»: residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores generados en servicios e industrias.
«Residuos comerciales»: residuos generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al por menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los mercados, así como del resto del sector servicios.
«Residuos industriales»: residuos resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.
«Residuo peligroso»: residuo que presenta una o varias de las características peligrosas enumeradas en el anexo III (explosivo, irritante, nocivo…) de la Ley 22/2011, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido.
Biorresiduos: residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimientos de venta al por menor, así como residuos comparables procedentes de plantas de procesado de alimentos.
Residuo inerte (según el REAL DECRETO 105/2008): aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.
¿A quién se puede considerar productor de residuos peligrosos? Pequeños y Grandes Productores.
En principio se podría considerar como tal a cualquier empresa o industria que en el proceso de su actividad, produce residuos peligrosos. No estarían incluidos, como se define en la normativa actual, los residuos domésticos. Hay que considerar que, aquellas empresas o industrias que POSEAN este tipo de residuos peligrosos, estarán consideradas a estos efectos, productoras de residuos peligrosos.
Se puede diferenciar dos grandes tipos de productores de residuos peligrosos:
PRODUCTOR DE RESIDUOS PELIGROSOS: Aquella empresa o industria que produzca anualmente una cantidad superior a 10 Tn de residuos peligrosos.
PEQUEÑO PRODUCTOR DE RESIDUOS PELIGROSOS: Aquella empresa o industria que produzca anualmente una cantidad inferior a 10 Tn de residuos peligrosos (art. 22 del RD 833/1988: “Se considerarán pequeños productores aquellos que por generar o importar menos de 10.000 kilogramos al año de residuos tóxicos y peligrosos, adquieran este carácter mediante su inscripción en el registro que a tal efecto llevarán los órganos competentes de las Comunidades Autónomas”.
¿Cómo se puede determinar si un residuo es peligroso? ¿Cómo lo identificaríamos?
Para determinar si un residuo es peligroso o no, se puede buscar en la Lista Europea de Residuos (LER), enumerada en el Anejo 2 de la ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
En esa lista, serán considerados residuos peligrosos aquellos que tengan un asterisco asociado al código del residuo. Como ejemplo de este tipo de residuos podemos encontrar los siguientes:
18 01 03* Objetos cortantes y punzantes que pueden provocar infecciones.
El productor de residuos, cuando desconozca la naturaleza de éstos o tenga dudas sobre su carácter peligroso o no peligroso, deberá realizar la caracterización de los residuos por un laboratorio homologado, siguiendo el procedimiento de la Orden 13/10/1989, para determinar sus características de toxicidad y/o peligrosidad.
En cualquier caso, es en el Anexo III de la nueva Ley de residuos (L. 22/2011) donde se definen las características de los residuos que permiten calificarlos como peligrosos. La definición de «Residuo peligroso» establece que es aquel residuo que presenta una o varias de las características peligrosas enumeradas en el anexo III, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido.
El productor de residuos estará obligado a informar inmediatamente a la administración ambiental competente en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos o de aquellos que por su naturaleza o cantidad puedan dañar el medio ambiente.
¿Qué documentación debe gestionar y guardar un productor de residuos peligrosos?
Independientemente de si se trata de un gran productor o pequeño productor de residuos peligrosos, la documentación que deberá tener el productor será:
- Autorización como PRODUCTOR de RESIDUOS PELIGROSOS (siempre que se supere la cantidad anual de 10 Tn de residuos peligrosos).
- Inscripción en el REGISTRO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS (cuando se generen menos de 10 Tn/año).
- DOCUMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, que se deberán conservar durante 5 años, junto con los justificantes de entrega.
- REGISTRO que contenga la cantidad, naturaleza, origen, destino y método de tratamiento de los residuos; cuando proceda se inscribirá también el medio de transporte y la frecuencia de recogida. No existe ningún modelo oficial de libro de registro y además no ha de estar diligenciado. Puede ser cualquier tipo de registro como por ejemplo una hoja de cálculo u otro tipo de registro digital.
- Remitir al órgano competente con diez días de antelación las NOTIFICACIONES DE TRASLADO DE RESIDUOS PELIGROSOS y conservarlas durante 5 años.
- El productor de un residuo tóxico y peligroso, antes de su traslado desde el lugar de origen hasta una instalación de tratamiento o eliminación, tendrá que contar, como requisito imprescindible, con un COMPROMISO DOCUMENTAL DE ACEPTACIÓN por parte del gestor autorizado de residuos.
¿Tengo que separar los residuos por tipos antes de entregarlos al gestor autorizado
Para una gestión de los residuos, lo primero que hay que tener en cuenta es realizar una correcta segregación de los residuos en origen. Si se mezclan residuos, se dificultará la caracterización de los mismos, haciendo que aumente el riesgo de un accidente ambiental.
Para ello, habrá que:
- Evitar poner en contacto residuos peligrosos con los que no lo son.
- Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos entre sí, ya que de otra manera lo que se consigue es que aumente la peligrosidad de los residuos y se dificulte la gestión.
- Disponer de los contenedores necesarios y adecuados para cada tipología de residuo.
Ubicación y almacenamiento de los residuos, ¿cuándo y dónde comienza el almacenamiento de un residuo? Etiquetado de los residuos.
Se deberá ALMACENAR y ENVASAR los Residuos Peligrosos en el lugar de producción en contenedores adecuados y ETIQUETARLOS conforme al art. 14 del RD 833/1988.
b) Los envases y sus cierres serán sólidos y resistentes para responder con seguridad a las manipulaciones necesarias y se mantendrán en buenas condiciones, sin defectos estructurales y sin fugas aparentes.
Todo residuo peligroso debe estar IDENTIFICADO mediante una etiqueta, en la cual debe figurar la FECHA DE ENVASADO. El contenido de dicha etiqueta está contemplado en el RD. 833/1988:
- El código de identificación de los residuos que contiene, según el Código LER al menos y recomendable codificación del RD 833/88 y modificaciones posteriores (por el RD 952/1997).
Ejemplo: Aceite usado generado en el mantenimiento de máquinas e instalaciones de una industria dedicada a la fabricación de productos lácteos: Q7//R13//L8//C51//H6/8//A112//B0019
TABLAS DE CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN (Según RD. 952/1997):
Tabla 1: categoría de residuo (código Q)
Tabla 2: operaciones de tratamiento (código D/R)
Tabla 3: tipos genéricos de residuos peligrosos, según su naturaleza o la actividad que lo genera (código L, P, S, G)
Tabla 4: constituyentes que dan a los residuos su carácter peligroso (código C)
Tabla 5: características de los residuos peligrosos (código H)
Tabla 6: actividades generadoras de los residuos (código A)
Tabla 7: procesos en los que se generan los residuos (código B)
- Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos.
- Fechas de envasado.
- La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos: representada según los pictogramas incluidos en el Anexo II del mismo RD, dibujados en negro sobre fondo amarillo-naranja.
Estas etiquetas las suelen suministrar los propios gestores de Residuos Peligrosos, pero se recomienda comprobarlas para que no falten los datos que son necesarios para su correcta gestión.
Respecto a la fecha de envasado, se prohíbe almacenar los Residuos PELIGROSOS durante un tiempo superior a 6 meses y los Residuos NO PELIGROSOS durante un tiempo superior a 2 años (cuando se destinen a valorización) o superior a 1 año (cuando se destinen a eliminación). Los plazos mencionados empezarán a computar desde que se inicie el depósito de residuos en el lugar de almacenamiento.
Se cuentan los 6 meses cuando se empieza a llenar el contenedor. Aunque no se haya llenado del todo, estos residuos deberán ser retirados por el gestor autorizado antes de los 6 meses, no cuando se llene el contenedor.
Características genéricas de un almacenamiento de residuos peligrosos
El almacenamiento de los residuos peligrosos podrá estar ubicado indistintamente en el interior de edificios o en el exterior siempre siguiendo unas determinadas condiciones mínimas en estas instalaciones (bajo cubierta o en envases herméticamente cerrados).
Básicamente lo que deben cumplir estos almacenamientos es:
- Delimitar esta instalación del resto de las instalaciones en las que se lleven a cabo los procesos productivos, almacenajes de materias primas, productos terminados…
- Evitar el arrastre o transporte por agua de los residuos peligrosos, de esta manera se evitará que se pueda contaminar el suelo (ya sean líquidos, pastosos o sólidos impregnados).
- Los almacenamientos deben ubicarse sobre suelo impermeable (cemento u hormigón) y aislado de la red general de saneamiento.
- Estar dispuestos a cubierto, en un sitio cerrado dentro de un edificio o ubicado en el exterior, cubierto de la lluvia o en envases cerrados herméticamente.
- Evitar posibles derrames accidentales, sobre todo de los residuos líquidos, instalando cubetos de retención con capacidad de retención suficiente, bordillos de altura suficiente para posible derrame, o arquetas estancas para recoger vertidos.
- Los cubetos de retención deberán tener al menos una capacidad de un 10% del volumen total de los contenedores.
- Señalizar dónde se ubicara cada tipo de residuo peligroso dentro del almacén teniendo en cuenta las características de los mismos y su compatibilidad (diferenciar por cada tipología del residuo peligroso).
¿Cómo se solicita la inscripción en el Registro como Pequeño Productor de Residuos Peligrosos?
Para obtener la pertinente INSCRIPCIÓN, debe solicitarse en el Organismo Competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. De forma general, la documentación que hay que presentar a la administración competente suele ser:
- Solicitud de inscripción en el registro de pequeños productores de residuos peligrosos de la Comunidad Autónoma.
- Copia de la licencia municipal de actividad o solicitud de la misma.
- Documentación con la información sobre las materias primas utilizadas, los residuos producidos, las cantidades y la gestión, etc.
- Documentos de aceptación para cada residuo peligroso del gestor o gestores que lo recojan.
La empresa recibirá la autorización y su número de registro como pequeño productor. La empresa deberá comunicar al órgano ambiental competente cualquier cambio que se produzca en los datos aportados en la inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos.
¿Cómo se solicita la Autorización como Gran Productor de Residuos Peligrosos?
En general la diferencia con los pequeños productores está en la documentación requerida para obtenerla. Se recomienda consultar la normativa autonómica.
Actualmente, el contenido para estas autorizaciones, según el RD. 833/1988 sería un proyecto descriptivo de la industria que incluya:
- Memoria de la actividad de la empresa, describiendo detalladamente los procesos generadores de residuos, cantidad, composición y código de identificación.
- Descripción de la separación y los agrupamientos de los residuos generados.
- Destino final de los residuos (gestor autorizado), con descripción de los sistemas de almacenamiento y recogida, transporte, recuperación y eliminación previstos.
- Justificación de la adopción de las medidas de emergencia exigidas para la actividad.
- Plano de la instalación (escala 1:5000) con descripción del entorno.
- Plano de la parcela (escala 1:500) en el que se representen las instalaciones.
Con fecha de 29/07/2011 se publica la nueva Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, comunicando en la DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA de RÉGIMEN TRANSITORIO DE LAS AUTORIZACIONES Y COMUNICACIONES que, las Comunidades Autónomas adaptarán a lo establecido en esta ley las autorizaciones y comunicaciones de las instalaciones y actividades ya existentes, o las solicitudes y comunicaciones que se hayan presentado antes de la fecha de entrada en vigor de la ley, en el plazo de un año desde esa fecha.
El contenido de estas autorizaciones sería el siguiente:
- Solicitud de inscripción en el registro de grandes productores de residuos peligrosos de la Comunidad Autónoma (datos de identificación de la empresa y de su representante legal, incluido el NIF de la empresa).
- Residuos producidos en cada proceso caracterizados según la normativa vigente (Ley 22/2011) e identificados según el anexo 1 de la Orden/MAM/304/2002.
- Condiciones de almacenamiento en el lugar de producción.
- Operaciones de tratamiento previstas para residuos y en el caso de los residuos peligrosos deberán incluir además el documento de aceptación por parte del gestor que va a llevar a cabo el tratamiento o en su caso declaración responsable de la empresa en la que haga constar su compromiso de entregar los residuos a un gestor autorizado.
En la presentación de la comunicación se acompañará la documentación acreditativa de la suscripción de las garantías financieras exigibles conforme a las normas aplicables.
¿Tengo que declarar los residuos peligrosos que genero en mi empresa? ¿Tengo que minimizar la producción de residuos peligrosos en mi empresa?
Las empresas que estén clasificadas como grandes productoras de residuos peligrosos (> 10 Tn/año) están obligadas remitir al órgano ambiental autonómico, una declaración anual de residuos peligrosos producidos.
Anualmente, el productor de residuos tóxicos y peligrosos deberá declarar al Órgano Competente de la Comunidad Autónoma, y por su mediación a la Dirección General del Medio Ambiente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, el origen y cantidad de los residuos producidos, el destino dado a cada uno de ellos y la relación de los que se encuentren almacenados temporalmente, así como las incidencias relevantes acaecidas en el año inmediatamente anterior.
El productor estará obligado a conservar una copia de la declaración anual durante un período no inferior a cinco años.
ESTUDIO DE MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS.
Cada CUATRO AÑOS los productores de residuos tóxicos y peligrosos deberán elaborar y remitir a la Comunidad Autónoma correspondiente un ESTUDIO DE MINIMIZACIÓN de dichos residuos por unidad producida, comprometiéndose a reducir la producción de residuos tóxicos y peligrosos, en la medida de sus posibilidades. Quedan exentos de esta obligación los pequeños productores de residuos peligrosos cuya producción no supere la cantidad reglamentariamente establecida (> 10 Tn/año).
¿A quién se han de entregar los residuos que se generen en la empresa?
Legalmente hay que entregar tanto los residuos peligrosos como los que no lo sean, a un GESTOR AUTORIZADO, ya sea un gran productor o pequeño productor de residuos.
Cada comunidad autónoma tiene sus gestores autorizados. Hay que asegurarse de que aquel gestor al que se hace entrega de los residuos, tiene en vigor una autorización para la gestión de los residuos que se generan en la empresa. Si el gestor está en la misma comunidad autónoma, llevará a cabo la recogida, el transporte, almacenamiento y eliminación de los residuos.
En caso de estar ubicado el gestor en otra comunidad autónoma distinta de la del productor, el gestor deberá estar autorizado para la recogida y el transporte de los residuos en esa comunidad autónoma donde está el productor, o bien, contratar a un transportista autorizado (inscrito en el Registro de Transportistas) para el transporte por ese territorio.
En el momento en que se quiera retirar un residuo peligroso, la empresa deberá informarse sobre la relación de residuos que puede gestionar el Gestor Autorizado. Esta relación de residuos que el gestor puede gestionar, está incluida en la propia autorización de Gestor. No todos los gestores tienen la capacidad de gestionar todo tipo de residuos peligrosos. Se recomienda asegurarse que la autorización del gestor al que se entrega los residuos, tenga la misma en vigor.
¿Qué otras obligaciones legales tiene un gran o pequeño productor de residuos peligrosos?
Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten su gestión (ej: ácidos fuertes con sosa cáustica).
Envasar adecuadamente los residuos y etiquetar los recipientes que los contengan en la forma que reglamentariamente se determine. Las etiquetas deben tener una serie de características mínimas, como son el nombre del residuo, los datos del productor y una serie de códigos que por medio de letras y números explican varias características del residuo.
¿Cómo debo gestionar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs): tóner, fluorescentes, equipos informáticos, etc.?
Se considera aparato eléctrico o electrónico (AEE) todo aquel que para funcionar necesite corriente eléctrica o campos electromagnéticos, y se utiliza con una tensión nominal no superior a 1.000 V en corriente alterna y 1.500 V en corriente continua, además de los aparatos necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes y campos.
RAEE son las siglas de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, son los aparatos eléctricos o electrónicos, o sus componentes, al final de su vida útil.
Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de hogares, así como de comercios, industrias, instituciones que, por su naturaleza y cantidad, son similares a los procedentes de hogares, tendrán la consideración de residuos domésticos.
Esta consideración se aplica a todos los aparatos eléctricos o electrónicos que figuran en las categorías indicadas en el Anexo I del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.
Los ciudadanos podrán depositar este tipo de residuos en un punto limpio. No obstante, las empresas están obligadas a la correcta gestión de dichos residuos, ya sea directamente, a través del distribuidor de los aparatos o por medio de una empresa autorizada. Para más información, se puede consultar el Listado de empresas autorizadas en la Comunidad Autónoma.
Los RAEE afectados son los incluidos en las siguientes categorías de AEE:
‐ Grandes electrodomésticos
‐ Pequeños electrodomésticos
‐ Equipos de informática y telecomunicaciones
‐ Aparatos electrónicos de consumo
‐ Aparatos de alumbrado
‐ Herramientas eléctricas o electrónicas (excepto herramientas industriales fijas permanentemente, de gran envergadura e instaladas por profesionales)
‐ Juguetes y equipos deportivos o de tiempo libre
‐ Aparatos médicos (excepto los productos implantados e infectados)
‐ Instrumentos de vigilancia o control
‐ Máquinas expendedoras
El RD 208/2005 obliga a los productores de aparatos eléctricos y electrónicos a adoptar las medidas necesarias para que los residuos de estos aparatos, puestos por ellos en el mercado, sean recogidos de forma selectiva y tengan una correcta gestión medioambiental.
Estas obligaciones podrán ser cumplidas de forma individual o bien a través de uno o varios Sistemas Integrados de Gestión (SIG).
Actualmente, los fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos, podrán cumplir con su responsabilidad respecto a los residuos que se generan, a través de SIGs como AMBILAMP, ECOASIMELEC, ECOFIMÁTICA, ECOLEC, ECOLUM, ECOTIC, ECO-RAEE´S, TRAGAMÓVIL, EUROPEAN RECICLYNG PLATFORM - ERP, SAS.
Los usuarios de RAEE utilizados en sus hogares deberán entregarlos, cuando se deshagan de ellos, para que sean gestionados correctamente. La entrega de los RAEE será sin coste para el último poseedor y podrá realizarse en los puntos de recogida previstos en su área geográfica o, siempre que adquiera un aparato que sea equivalente o que realice las mismas funciones que el aparato que desecha, en el comercio correspondiente que deberá recepcionarlo temporalmente.
¿Qué son las pilas, acumuladores o baterías? ¿Qué obligaciones tienen el productor y el poseedor de pilas?
Las pilas son dispositivos que permiten la obtención de energía eléctrica por transformación de la energía química, que se utilizan en transistores, juguetes, linternas, relojes, calculadoras, etc. y contienen algunos metales pesados, como el mercurio, el cadmio o el plomo, que son potencialmente peligrosos para la salud y el medio ambiente.
Los problemas medioambientales que pueden derivar si las pilas se depositan en el medio de forma incontrolada, es que el agua de lluvia puede arrastrar los metales hacia el agua subterránea, los ríos y el mar; esto puede afectar a los seres vivos. En caso de quemas incontroladas, los metales se pueden vaporizar y dispersar por el aire y, cuando llueve, ser arrastrados hacia tierra y hacia cursos de agua. La mayoría de los metales pesados son bioacumulativos y pasan de un organismo a otro a través de la cadena alimentaria.
Legalmente, este tipo de productos está regulado por el RD. 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.
¿Qué obligaciones tiene el POSEEDOR de pilas?
Los usuarios o poseedores de pilas, acumuladores o baterías usados deben entregarlos en los puntos de recogida selectiva o depositarlos en los contenedores que los productores ponen a su disposición en distintos puntos de fácil acceso (centros comerciales, tiendas, etc.) para su correcta gestión. La entrega de las pilas usadas debe ser libre de coste para los poseedores.
¿Qué obligaciones tiene el PRODUCTOR de pilas?
Los PRODUCTORES de pilas, acumuladores o baterías que, una vez usados, den lugar a residuos, deberán hacerse cargo de la recogida y gestión de la misma cantidad, en peso y tipo que hayan puesto en el mercado, mediante alguna de las siguientes modalidades de gestión:
‐ Contribuyendo económicamente a los sistemas públicos de gestión
‐ Estableciendo su propio sistema de gestión individual (debidamente autorizado)
‐ Participando en un sistema integrado de gestión (debidamente autorizado) como el de ECOPILAS.
‐ Estableciendo un sistema de depósito, devolución y retorno de las pilas, acumuladores y baterías usadas (debidamente autorizado).
Los PRODUCTORES de pilas, acumuladores y baterías, proporcionarán a los consumidores y al público en general, información completa y rigurosa sobre la gestión de residuos de pilas y acumuladores. Esta información se podrá canalizar a través de campañas de concienciación, publicaciones y otras vías similares y tendrá el contenido mínimo que se señala en el artículo 19 del RD 106/2008.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de aceite usado? ¿Cuáles son las obligaciones de los productores o poseedores de aceites industriales usados?
Los aceites industriales usados son residuos clasificados como peligrosos por el Catálogo Europeo de Residuos. Su composición es muy compleja e incluye metales pesados, sulfuros y, en algunos casos, cloro. El vertido de aceites industriales usados puede comportar la contaminación de suelos, aguas superficiales y acuíferos, mientras que su combustión provoca emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.
La normativa actual que regula la gestión de los aceites, el R.D. 679/2006, establece que los productores de aceites usados que generen más de 500 litros al año, así como los gestores de aceites usados, deberán llevar un REGISTRO con indicaciones relativas a cantidades, calidad, origen, localización y fechas de entrega y recepción.
Entre las obligaciones que debe observar un productor de este tipo de aceites usados están las siguientes:
‐ Almacenarlos en condiciones adecuadas evitando la mezcla con agua u otros residuos, y evitar también sus mezclas con otros residuos oleaginosos si con ello dificulta su correcta gestión.
‐ Disponer de instalaciones para la conservación de los aceites usados hasta su recogida que sean accesibles para los vehículos encargados de ello.
‐ Evitar que los depósitos de aceites usados, incluidos los subterráneos, tengan efectos nocivos sobre el suelo.
‐ Entregar directamente los residuos al GESTOR O RECOGEDOR AUTORIZADO consignado en los correspondientes documentos de control y seguimiento.
Se prohíben, de forma general, las siguientes actuaciones:
‐ Verter aceites usados a las aguas superficiales o subterráneas, al mar, al suelo o a los sistemas de alcantarillado o de evacuación de aguas residuales.
‐ Todo tratamiento del aceite usado que provoque contaminación atmosférica por encima de los niveles permitidos.
¿Qué son RESIDUOS SANITARIOS y cómo gestionarlos?
Actualmente no hay ninguna disposición a nivel estatal para la gestión de este tipo de residuos, sólo en las comunidades autónomas se podrían encontrar algunas normas de cómo gestionarlos.
Los residuos sanitarios no se generan únicamente en hospitales y clínicas de atención sanitaria, también pueden generarse en fábricas y empresas de gran entidad que dispongan de su propio servicio médico.
Los residuos sanitarios se generan, sobre todo, en:
‐ Centros, servicios y establecimientos de promoción de la salud, de atención sanitaria y socio-sanitaria, por ejemplo hospitales, clínicas, centros de atención primaria, consultorios...
‐ Centros y servicios veterinarios asistenciales y explotaciones ganaderas;
‐ Laboratorios clínicos o de investigación, tanto de hospitales y clínicas como de industrias farmacéuticas o de universidades.
Los residuos sanitarios generados por actividades de atención e investigación sanitaria deben seleccionarse en origen para facilitar su posterior tratamiento. Podríamos clasificarlos en varios grandes grupos (recomendando siempre ver la clasificación específica que cada Comunidad Autónoma haya establecido):
1. Residuos generales o asimilables a urbanos. Son aquellos que aún siendo generados en centros sanitarios o laboratorios, no son específicos de esta actividad, por lo tanto, no presentan exigencias especiales de gestión, y tienen la consideración de residuos urbanos o municipales. Se podrían incluir en este grupo el material de oficinas y despachos, bares, comedores, jardinería.
2. Residuos sanitarios no específicos. Entre este tipo de residuos podríamos encontrar gasas, vendajes, algodones, compresas con resto de sangre, secreciones, excreciones, yesos, ropas y residuos procedentes de análisis, curas o pequeñas intervenciones quirúrgicas, y cualquier otra actividad análoga.
3. Residuos sanitarios especiales o biopeligrosos. Estos residuos exigen el cumplimiento de medidas de prevención en la manipulación, recogida, almacenamiento, transporte, tratamiento y eliminación, por representar riesgos para los trabajadores, para la salud pública o el medio ambiente. Entre estos podríamos encontrar:
- sangre y hemoderivados en forma líquida
- agujas y material punzante y cortante utilizado
- vacunas vivas y atenuadas
- cultivos y reservas de agentes infecciosos
4. Residuos tipificados en normativas específicas. Entre estos podríamos tener: sustancias citostáticas, restos de sustancias químicas tóxicas o peligrosas, medicamentos caducados, aceites minerales y sintéticos, los
residuos con metales tóxicos, los de laboratorios radiológicos y los residuos radiactivos…
¿Cómo hay que gestionar los residuos biosanitarios? ¿Qué obligaciones tiene un productor de estos residuos biosanitarios?
Los residuos asimilables a urbanos y generales se almacenarán junto con los residuos sólidos urbanos y se entregarán a las Entidades Locales o a gestores autorizados, en las mismas condiciones que el resto de residuos sólidos urbanos, asegurando así la correcta gestión.
Para el resto de residuos sanitarios (sanitarios especiales, biopeligrosos o específicos) se hará entrega a GESTORES AUTORIZADOS para ellos, al igual que el transporte por parte de TRANSPORTISTAS AUTORIZADOS. Como para el resto de residuos peligrosos, se deberá cumplimentar el documento de control y seguimiento de este tipo de residuos. Se deberá guardar todos los documentos de seguimiento de dichos residuos.
También se dispondrá de un LIBRO OFICIAL DE CONTROL de los residuos generados en el centro, actualizado, en el que debe registrarse la actividad de la instalación y que además debe estar a disposición de las autoridades competentes.
Se deberá cumplir con los tiempos de almacenaje de estos residuos, que en cada Comunidad Autónoma es diferente, no siendo la misma que la de los residuos peligrosos generales. En este caso suelen ser muy inferiores a los 6 meses de almacenaje.
Cuando se acumulen los residuos biosanitarios especiales, estos se mantendrán separados de todas las demás clases de residuos, en envases exclusivos de un solo uso. Los envases permanecerán intactos hasta su eliminación y una vez cerrados no podrán volver a abrirse.
El productor de este tipo de residuos (ya sea Gran Productor o Pequeño Productor) deberá incluir este tipo de residuos en su autorización o su inscripción como pequeño productor de residuos peligrosos.
¿Qué son los PCBs? ¿Cómo puedo saber si tengo aparatos en mi empresa que contengan PCBs? ¿Cuándo se debe descontaminar o eliminar un aparato que contiene o ha contenido PCBs?
Los PCB son sustancias consideradas residuos peligrosos, que pueden encontrarse en un porcentaje significativo de equipos como transformadores o baterías de condensadores, entre otros. Tradicionalmente, se han venido utilizando sobre todo para el aislamiento eléctrico y la refrigeración de determinados tipos de transformadores eléctricos.
La disposición que regula la gestión de este tipo de sustancias es el REAL DECRETO 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan, modificado por el RD 228/2006.
Entre las obligaciones legales que hay que tener en cuenta para gestionarlos, están las siguientes:
‐ Haber realizado, antes del 1/1/2009, análisis químicos de los dielétricos, aceites y otros fluidos, presentes en los aparatos que puedan contener PCBs, no incluidos en centrales eléctricas, subestaciones o centros de transformación. El análisis se debía realizar por entidades colaboradoras de la administración o por OCAs (Organismos de Control Autorizados). Los aparatos que hubieran podido contener PCB poseídos en el año 2008, que por causas de fuerza mayor debidamente justificadas no hubieran podido ser analizados durante ese año, se pudieron analizar hasta el 1 de abril de 2009; en el caso de no ser analizados antes de esta fecha, debieron ser declarados como aparatos contaminados con concentración de PCB superior a 500 ppm en la declaración correspondiente al año 2009, o como aparatos eliminados o descontaminados si así lo hubieran sido durante dicho año.
‐ Si realizadas estas operaciones, el resultado del análisis químico da una concentración igual o superior a 50 ppm de PCB, el poseedor deberá entregarlo inmediatamente a un gestor autorizado de PCB para su eliminación. Si la concentración resulta ser menor de 50 ppm deberá ser gestionado con arreglo a la legislación aplicable al caso, en particular la relativa a los aceites industriales usados.
‐ Tras ser sometido a una operación de descontaminación para su posterior reutilización, un aparato con PCB sólo podrá ser declarado como totalmente descontaminado si la concentración en PCB de sus fluidos se mantiene por debajo de las 50 ppm transcurrido un año desde la fecha en que se realizó dicha operación.
‐ Declarar la posesión y la descontaminación/eliminación de aparatos con PCB, adjuntando la documentación justificativa de los datos declarados.
‐ Etiquetar y marcar todos los aparatos en su posesión sometidos a inventario y realizar un inventario de los aparatos que contengan PCB.
‐ Es importante saber que no necesariamente un equipo fabricado sin PCB ni PCT queda exento de ser declarado, ya que aquéllos que han sufrido operaciones de mantenimiento pueden estar contaminados. Por esta razón, deben inventariarse los aparatos manipulados hasta el momento que pueda comprobarse que no se ha producido esta contaminación.
‐ Eliminar o descontaminar lo antes posible aquellos aparatos que, conteniendo o pudiendo contener PCB, presenten fugas.
‐ Los transformadores cuyos fluidos contengan una concentración entre 50 y 500 ppm en peso de PCB se pueden mantener hasta el final de su vida útil y después serán eliminados o descontaminados.
‐ Entregar los PCB, PCB usados y aparatos con PCB sometidos a inventario (incluidos en el artículo 4 del RD 1378/99) a un gestor de residuos autorizado, cuando se proceda a su descontaminación o eliminación.
Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición.
Las obligaciones genéricas para los productores de este tipo de residuos son:
‐ Disponer de la DOCUMENTACIÓN que acredite la correcta GESTIÓN de los residuos de construcción y demolición producidos realmente en una obra, en la propia obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por el GESTOR de residuos AUTORIZADO. Esta documentación corresponderá al año natural y se deberá mantener durante los 5 años siguientes.
‐ El poseedor de residuos de construcción y demolición deberá entregar estos residuos a un GESTOR AUTORIZADO, siempre que no proceda a gestionarlos por sí mismo, o deberá participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Se deberán destinar preferentemente a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.
‐ Incluir un ESTUDIO DE GESTIÓN de los residuos de construcción y demolición en el proyecto de ejecución de la obra, que contenga como mínimo toda la información especificada en el artículo 4.1 del RD 105/2008. En las obras de demolición, rehabilitación o reforma se deberá incluir, en este estudio, un INVENTARIO de los residuos PELIGROSOS generados, así como la previsión de su retirada selectiva, y el aseguramiento de su envío a los gestores autorizados de este tipo de residuos.
‐ Se deberá SEPARAR los residuos de construcción y demolición producidos en obras por TIPOS DE MATERIALES, en los términos y condiciones determinados en el artículo 5 del RD 105/2008, cuando, de forma individualizada para cada uno de ellos, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supera las siguientes cantidades:
Los titulares de los VEHÍCULOS que se desprendan de éstos al final de su vida útil, deberán entregarlos a un centro autorizado de tratamiento o a una instalación de recepción, y disponer del correspondiente certificado de destrucción.
‐ Centros autorizados de tratamiento: instalaciones, públicas o privadas, autorizadas para realizar cualquiera de las operaciones de tratamiento de los vehículos al final de su vida útil. Dichos centros garantizarán la reutilización, reciclado y valorización del vehículo, bien por sí mismos o a través de otros centros de tratamiento.
‐ Instalaciones de recepción de vehículos: instalaciones de titularidad privada, tales como las de los productores, concesionarios, compañías de seguros, desguazadores, fragmentadores, entre otros, que, por razón de su actividad económica, se hacen cargo temporalmente del vehículo al final de su vida útil para su traslado a los centros de tratamiento que realizan la descontaminación. Las instalaciones de recepción cumplirán los requisitos técnicos exigidos en el párrafo a) del anexo I del RD 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil.
‐ Solicitud de baja del vehículo en impreso modelo oficial con los datos y firma de la persona titular o propietaria del vehículo. La solicitud incluirá una declaración jurada que indique que el solicitante tiene facultad de disposición sobre el vehículo, conforme a lo dispuesto en el Código Civil.
‐ Documentos que sobre la identidad y representación se especifican en el apartado A), números 1.º y 3.º, del Anexo XIII del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, salvo que la comprobación de los datos de identidad se efectúe de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes.
‐ Permiso de circulación y tarjeta de inspección técnica del vehículo, o declaración jurada de haberlos extraviado.
¿Qué puedo hacer con los neumáticos usados?
Definición de neumáticos fuera de uso:
Los neumáticos que se han convertido en residuo de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril.
‐ Productor de neumáticos: La persona física o jurídica que fabrique, importe o adquiera en otros estados miembros de la Unión Europea, neumáticos que sean puestos en el mercado nacional.
‐ Generador de neumáticos fuera de uso: La persona física o jurídica que, como consecuencia de su actividad empresarial o de cualquier otra actividad, genere neumáticos fuera de uso. Queda excluido de tal condición el usuario o propietario del vehículo que los utiliza.
‐ Poseedor: el generador de neumáticos fuera de uso o la persona física o jurídica que los tenga en su poder y no tenga la condición de gestor de neumáticos fuera de uso.
Las obligación de estos poseedores y/o generadores de neumáticos fuera de uso, es la de entregarlos a un Gestor Autorizado.
Se prohíbe el abandono, vertido o eliminación incontrolada de neumáticos fuera de uso, así como depositar en vertedero controlado neumáticos usados enteros o troceados.
Los usuarios podrán entregar los neumáticos en los locales de cambio de neumáticos, desguaces, vulcanizados, talleres…, y serán recogidos por un servicio específico de recogida de neumáticos. El establecimiento comercial donde han adquirido los neumáticos tiene la obligación de aceptar gratuitamente los neumáticos de reposición. Algunos centros de recogida también aceptan estos residuos.
Los neumáticos fuera de uso son recogidos por el Sistema Integrado de Gestión de neumáticos usados, SIGNUS, para su correcta gestión.
De acuerdo con el Real Decreto 1619/2005, los productores (que son los fabricantes o importadores de neumáticos) recogerán, a través de los Sistemas Integrados de Gestión (SIG), los neumáticos fuera de uso de los puntos de generación.
ISO y EMAS
¿Qué es un Sistema de Gestión Ambiental según la norma ISO 14.001:2004? ¿Es obligatorio tener estos Sistemas de Gestión Ambiental?
Cada día se exige con mayor fuerza que tanto empresas como productos sean amigables con el medio ambiente, por lo que la competitividad de las organizaciones y su supervivencia a medio y largo plazo, exige la inclusión de la variable ambiental en su gestión como única vía para tener acceso a mercados, proveedores y capital.
Los SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL son la herramienta más extendida y de mayor credibilidad de la que disponen las empresas para evaluar y mejorar sus niveles de comportamiento ambiental y para asegurar la transparencia y fiabilidad de la comunicación, tanto hacia el interior como hacia el exterior, de los efectos de la organización sobre el medio ambiente.
No hay obligación legal para implantar un Sistema de Gestión Medioambiental, aunque pueden existir exigencias de mercado al solicitarlo determinados clientes o la propia Administración mediante los concursos y subvenciones públicos.
Lo que se busca con estos modelos de gestión ambiental, es minimizar la generación de residuos, minimizar efecto de las emisiones atmosféricas, vertidos… en las diferentes actividades productivas y de servicios, mediante la adecuación de las instalaciones y de los procesos.
¿Qué ventajas y motivos hay para implantar un Sistema de Gestión Ambiental en la empresa?
Las empresas se empiezan a plantear la implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental como una herramienta válida en su escalada hacia la competitividad.
La incorporación de la gestión medioambiental dentro de la gestión general de la empresa ayuda a implantar el uso racional de los recursos naturales, armonizar los procesos productivos, preservar el medio ambiente, facilitar el cumplimiento de la actual y futura legislación medioambiental y elevar los rendimientos.
Entre las ventajas de implantar un sistema de gestión certificado, además de mejorar la posición competitiva de la empresa, podemos encontrar las siguientes:
‐ Una actualización constante de la legislación, reduciendo los riesgos de incumplimiento de la normativa legal, evitando sanciones, multas, demandas judiciales, etc.
‐ Supone para cualquier empresa una serie de beneficios de mercado, económicos, de mejora de la imagen de la empresa (tanto interna como externa) y también de su situación reglamentaria.
‐ Reducción del impacto ambiental y de los riesgos medioambientales, provocando un descuento en el importe de determinados seguros.
‐ Ahorro de costes (disminución del consumo de materias primas, optimización de la gestión de residuos, reducción en origen de la producción de residuos, emisiones y vertidos, mayor rendimiento de las materias primas, etc.).
‐ Emplear mejor los recursos como la materia prima, recursos humanos, tiempos de producción…
‐ Ventajas de mercado, siendo la empresa más vendible, ya que el disponer de un certificado, puede ofrecer la posibilidad de captar clientes sensibles al tema ambiental.
‐ Obtención de mejor puntuación en concursos y subvenciones públicos (incluso en algunos casos la certificación es requisito obligatorio).
¿Se puede perder la certificación? ¿Cuántas auditorías tengo que realizar para mantener el certificado del Sistema de Gestión Ambiental?
Sí, se puede perder el certificado. Una vez que se haya implantado el sistema de gestión ambiental y se haya obtenido la certificación inicial existe una serie de acciones que hay que llevar a cabo si se quiere mantener la certificación en un futuro.
‐ Realizar una AUDITORÍA INTERNA ANUAL: para revisar el sistema y poder prepararse para la auditoría externa por la certificadora. No es obligatoria la contratación de una empresa externa que realice la auditoría interna. Hay empresas que disponen de recursos y pueden realizar la auditoría interna por personal propio, siempre y cuando este personal no haya estado implicado ni involucrado en la implantación del sistema de gestión.
‐ Realizar una AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN ANUAL. Esta auditoría la realiza la empresa Certificadora (entidad externa).
‐ Realizar cada 3 años una AUDITORÍA DE RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN.
Si no se realizan las auditorías de certificación anual, o si no se supera la auditoría de Renovación por incumplimiento en los procedimientos de nuestro sistema de gestión ambiental se puede perder la Certificación obtenida.
¿Cuáles son los principales requisitos que hay que implantar para obtener la certificación del Sistema de Gestión Ambiental conforme a la ISO 14001:2004?
‐ Definición de la política medioambiental. Documentarla y comunicarla a los integrantes de la organización.
‐ Aspectos medioambientales: establecer y mantener al día los procedimientos que identifiquen los aspectos medioambientales significativos de sus actividades, productos o servicios.
‐ Requisitos legales y otros requisitos: crear un procedimiento para la identificación y el acceso a los requisitos legales y otros requisitos que sean aplicables a los aspectos ambientales. Además de determinar cómo se aplican estos requisitos a dichos aspectos.
‐ Objetivos y metas ambientales documentados, en los niveles y funciones de la organización. Se establecerán programas de gestión medioambiental para alcanzar los objetivos y las metas. Los programas deben incluir la asignación de responsabilidades, los medios y los plazos para lograrlos.
‐ Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad: la Dirección de la organización debe asegurar la disponibilidad de los recursos para establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión Ambiental.
‐ Estructuras y responsabilidades: definir las responsabilidades, funciones y la autoridad.
‐ Formación, sensibilización y competencia profesional: identificar las necesidades de formación, con el objeto de llevarlas a cabo y mantener un registro de su aplicación.
‐ Comunicación: crear procedimientos para realizar una comunicación interna eficaz entre los diversos niveles y funciones de la organización. Así como para una comunicación externa a la organización.
‐ Documentación: documentar todo el Sistema de Gestión Ambiental.
‐ Control de la documentación: crear un procedimiento para controlar toda la gestión de la documentación del Sistema de Gestión Ambiental.
‐ Control Operacional: identificar y planificar las operaciones que estén asociadas a los aspectos ambientales significativos identificados.
‐ Plan de emergencia y capacidad de respuesta: crear un procedimiento de actuación, en caso de emergencia y accidente.
Comprobación. Seguimiento y medición.
Para ello se deberán establecer procedimientos para realizar el seguimiento y la medición de los aspectos ambientales significativos.
‐ Evaluación del cumplimiento legal: evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la organización
‐ No conformidad, acción correctiva y acción preventiva: elaborar procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales, y también para tomar acciones correctivas y preventivas.
‐ Control de los registros: los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables.
‐ Auditoría interna: planificar auditorías internas del Sistema de Gestión Ambiental de manera periódica. Las auditorías internas sirven para evaluar el Sistema de Gestión Medioambiental y para detectar las no conformidades y los potenciales de mejora, evitando las situaciones imprevistas en las auditorias de certificación.
‐ Revisión por la Dirección: la Dirección de la organización deberá revisar el Sistema de Gestión Ambiental periódicamente.
‐ Certificación del Sistema de Gestión Ambiental. La auditoría de certificación o verificación tendrá lugar cuando el auditor tenga plena confianza en que el sistema se basa en una sólida evaluación de los aspectos medioambientales. Durante la auditoría se discutirán las no conformidades y sólo cuando éstas se hayan corregido se procederá a recomendar la certificación según ISO 14001.
¿Qué diferencias existen entre ISO 14001 y el Reglamento EMAS?
La norma ISO 14001:2004 posee un alcance internacional, en cambio el del Reglamento EMAS es únicamente a nivel de la Unión Europea.
El Reglamento EMAS exige una Declaración pública, en la cual se deben describir los resultados obtenidos respecto a los objetivos y metas implantadas. En la norma ISO 14001 este apartado no es necesario.
La norma ISO 14001 certifica a la empresa que ha implantado el Sistema de Gestión Ambiental, en cambio el Reglamento EMAS verifica el sistema de gestión y la auditoría, y se valida la declaración ambiental por un verificador acreditado.
El Reglamento EMAS exige la realización de un análisis medioambiental inicial de las actividades, productos y servicios de la empresa (Revisión Ambiental Inicial), mientras que en la ISO 14001 esta revisión inicial es de carácter voluntario.
¿Qué se entiende por dominio público hidráulico y dominio público marítimo-terrestre?
La ley que regula el DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO (DPH), el uso del agua y el ejercicio de las competencias atribuidas al Estado en materias relacionadas con dicho dominio es el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. (B.O.E. 176 de 24/07/2001), siendo el desarrollo reglamentario el RD 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. Este DPH incluye (art. 2 del RDL 1/2001):
Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar.
Por el contrario, el DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE (DPMT), está regulado por la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, modificada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Este DPMT incluye:
La ribera del mar y de las rías.
El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo definidos y regulados por su legislación específica.
Los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, definidos y regulados por su legislación específica.
Y todo lo que incluyen los artículos 3, 4 y 5 de la L. 22/1988.
¿Qué factores determinan la calidad del agua? ¿Cómo se determina esta calidad del agua?
Se entiende por contaminación hídrica la acción y el efecto de introducir materias o formas de energía o inducir condiciones en el agua que, de modo directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con usos posteriores, con la salud humana con los ecosistemas acuáticos o terrestres directamente asociados a los acuáticos, causen daños a los bienes y deterioren o dificulten el disfrute y los usos del medio ambiente. El concepto de degradación del dominio público hidráulico, incluye las alteraciones perjudiciales del entorno afecto a dicho dominio.
La calidad del agua está determinada por la presencia y la cantidad de contaminantes, factores físico-químicos tales como pH y conductividad, cantidad de sales y de la presencia de fertilizantes. Los seres humanos tienen una gran influencia en todos estos factores al depositar residuos en el agua y añadir toda clase de sustancias y de contaminantes que no están presentes de forma natural.
Para determinar la calidad del agua entidades colaboradoras toman muestras, cantidades pequeñas de agua en un medio que a posteriori se puede analizar en un laboratorio. Los laboratorios analizan estas muestras según varios factores, y ven si está dentro de los estándares de la calidad para el agua.
Las entidades colaboradoras de la administración hidráulica, en virtud del título correspondiente, están habilitadas para las labores de apoyo a la administración hidráulica en materia de control y vigilancia de la calidad de las aguas y de gestión de vertidos al dominio público hidráulico.
¿Qué se entiende por cuenca hidrográfica y por demarcación hidrográfica?
La norma donde se definen los ámbitos territoriales de los organismos de cuenca es en el REAL DECRETO 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales de los organismos de cuenca y de los Planes Hidrológicos.
Se entiende por demarcación hidrográfica “la zona terrestre y marina compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas de transición, subterráneas y costeras asociadas a dichas cuencas”, de acuerdo con el artículo 16 bis.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Las demarcaciones hidrográficas españolas se clasifican en:
Demarcaciones hidrográficas intercomunitarias.
Demarcaciones hidrográficas correspondientes a las cuencas hidrográficas compartidas con otros países.
Se entiende por cuenca hidrográfica "la superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye en su totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y eventualmente lagos hacia el mar por una única desembocadura, estuario o delta". La cuenca hidrográfica como unidad de gestión del recurso se considera indivisible. Se crean los ORGANISMOS DE CUENCA (con la denominación de Confederaciones Hidrográficas) para la gestión de aquellas cuencas hidrográficas que excedan el ámbito territorial de una comunidad autónoma. Ejemplos:
¿Cuáles son las principales fuentes de abastecimiento de agua?
Según el origen y el vertido del agua, y la actividad de la empresa, habrá que solicitar autorizaciones o concesiones de captación y autorizaciones de vertido a diferentes organismos.
Red (agua suministrada por entidad suministradora pública o privada).
Agua subterránea, captada a través de pozos o galerías filtrantes.
Agua de lluvia almacenada en aljibes, etc.
Agua proveniente de manantiales naturales, donde el agua subterránea aflora a la superficie.
¿Cuáles son las competencias administrativas en materia de vertidos?
Todos los vertidos requieren ser autorizados. En función del tipo y lugar donde se produzca el vertido la autorización deben tramitarla uno u otro órgano administrativo. La autorización de vertido es una de las principales herramientas con que cuenta la administración para gestionar la contaminación de las aguas.
Las competencias administrativas en materia de vertidos se distribuyen en función del medio receptor del mismo. Así encontramos competencias en los tres ámbitos legislativos.
El siguiente esquema resume la competencia en el otorgamiento de las autorizaciones de vertido.
Vertidos al alcantarillado público: A la Administración Municipal, le corresponde autorizar y regular los vertidos al alcantarillado público, a través de Ordenanzas Municipales.
Vertidos al dominio público hidráulico (vertido directo a aguas superficiales o subterráneas o vertido indirecto a aguas subterráneas): En función de dónde se realice el vertido, variará el Organismo competente: cuencas intercomunitarias (aquellas que cubren más de una Comunidad Autónoma, siendo el Organismo de cuenca la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Tajo, Segura…) o cuencas intracomunitarias (aquellas cuyo territorio comprende una única comunidad autónoma, siendo el Órgano Autonómico).
Vertidos al dominio público marítimo terrestre (aguas costeras y de transición): El órgano competente para la concesión de la Autorización de Vertido al Mar desde Tierra, corresponde al Órgano Autonómico.
Todos los vertidos directos o indirectos de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico. Dicha autorización corresponde al Organismo de cuenca tanto en el caso de vertidos directos a aguas superficiales o subterráneas como en el de vertidos indirectos a aguas subterráneas (Art. 245.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico).
El Real Decreto Legislativo 1/2 001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas regula los usos permitidos sobre los bienes de dominio público hidráulico, calificándolos en usos comunes, comunes especiales sujetos a declaración responsable, privativos que necesitan concesión administrativa y establece la regulación de los vertidos de aguas residuales.
No necesitan autorización de vertido los vertidos de aguas residuales conectados a colectores, ni los realizados a depósitos impermeables vaciados por gestor autorizado, ni los vertidos con recirculación industrial, siempre que previamente se haya justificado técnica y documentalmente ante este Organismo la inexistencia de dicho vertido a dominio público hidráulico.
¿Qué usos se le puede dar al DPH?, ¿En qué tipo de actuaciones en cauce público necesitan autorización o concesión por parte de la Confederación?
La Ley distingue entre usos comunes y usos privativos. Todos pueden hacer uso del agua mientras discurre por sus cauces naturales para beber, bañarse, y otros usos domésticos (usos comunes). Para otros usos comunes especiales (por ejemplo, navegar) se precisa de autorización administrativa. El uso privativo del agua se adquiere por disposición legal o por concesión administrativa.
Cualquier utilización o aprovechamiento de los cauces o de los bienes situados en ellos requiere la previa concesión o autorización administrativa de la Confederación Hidrográfica.
OCUPACION DEL DPH.
La ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía (100 m desde el cauce público) precisará autorización administrativa previa del Organismo de cuenca, sin perjuicio de los supuestos especiales regulados en el RD 849/1986. Dicha autorización será independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada por los distintos órganos de las Administraciones públicas.
También se deberá disponer de la autorización, por el Organismo de Cuenca, para la realización de OBRAS dentro o sobre el Dominio Público Hidráulico, como obras de defensa, canalización, limpieza, puentes o desvío de cauces y otros, de acuerdo con el procedimiento de tramitación normal establecido en el artículo 52, 53 y 54 del RD 849/1986 pero con las salvedades y precisiones señaladas en el artículo 126 del citado RD.
CAPTACIÓN DE AGUA (USO PRIVATIVO DEL AGUA)
Todo uso privativo de las aguas no incluido en el artículo 54 del RDL. 1/2001 requiere concesión administrativa. En las condiciones que reglamentariamente se establezcan, se podrán utilizar en un predio aguas procedentes de manantiales situados en su interior y aprovechar en él aguas subterráneas, cuando el volumen total anual no sobrepase los 7.000 metros cúbicos.
A efectos administrativos de control, estadísticos y de inscripción en el Registro de Aguas, el propietario de la finca o quien ejercite el aprovechamiento, deberá comunicar al Organismo de cuenca las características de la utilización que se pretende, acompañando documentación acreditativa de a propiedad de la finca (< 7.000 m3).
Para usos de > 7.000 m3, de aguas subterráneas o superficiales, el propietario de la finca deberá disponer de una concesión administrativa, que se tramitará ante el Organismo de cuenta correspondiente.
Las autorizaciones de vertido corresponderán a la Administración hidráulica competente, salvo en los casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores gestionados por las Administraciones autonómicas o locales o por entidades dependientes de las mismas, en los que la autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente.
¿Puedo hacer obras o desarrollar una actividad en una parcela de mi propiedad que está cerca del cauce público?, ¿hay que solicitar alguna autorización a la Confederación Hidrográfica?
La zona de servidumbre es la franja longitudinal de 5 metros de anchura respecto al borde del cauce y la zona de policía es la franja longitudinal de 100 metros de anchura respecto al borde del mismo.
Si la parcela se encuentra dentro de cualquiera de las dos zonas de policía de un cauce público (franjas de 100 metros de anchura medidas en horizontal hacia ambos lados del cauce desde cada una de sus márgenes) se necesita autorización de la Confederación para llevar a cabo las siguientes actividades y usos del suelo, según artículo 9 del RD 849/1986:
Alteraciones del relieve natural del terreno.
Extracciones de áridos.
Construcción de todo tipo, tenga carácter definitivo o provisional.
Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas, o que pueda ser causa de degradación o deterioro del estado de la masa de agua, del ecosistema acuático y, en general, del DPH.
¿Qué autorización es necesaria para la captación de aguas? ¿Cómo puedo solicitar una autorización o concesión de un aprovechamiento de aguas?
Se deberá solicitar una concesión de aguas, cuando se pretenda la utilización de aguas públicas procedentes de ríos, barrancos, manantiales, arroyos, acuíferos, etc., por parte de personas físicas, jurídicas o entidades, con destino a abastecimiento, riego o cualquier otro uso privativo no incluido en el art. 54 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.
Si se trata de una captación de aguas subterráneas o superficiales, no de una captación de agua de red, es necesario solicitar autorización a la Confederación Hidrográfica.
Conforme al artículo 9 del RD 849/1986, quien desee obtener una concesión de aguas superficiales presentará una instancia ante el Organismo de cuenca, manifestando su pretensión (y solicitando la iniciación del trámite de competencia de proyectos si ello fuera procedente) haciendo constar los siguientes extremos:
Peticionario (persona física o jurídica).
Destino del aprovechamiento.
Volumen y caudal de agua solicitado.
Corriente o punto de captación de donde se han de derivar las aguas
Términos municipales donde radican las obras.
Todo aprovechamiento de aguas subterráneas distinto a los considerados en el artículo 54.2 de la Ley de Aguas, requiere previa concesión administrativa. La concesión deberá ajustarse a las condiciones establecidas en el artículo 184 del RD 849/1986.
Toda modificación de las características de una concesión requerirá previa autorización administrativa del mismo órgano otorgante (art. 64 de la Ley de Aguas).
¿De qué manera se regula legalmente el aprovechamiento de aguas perteneciente al Dominio Público Hidráulico?
La ORDEN ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo, tiene por objeto:
Regular los sistemas de aplicación para el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico.
Regular las condiciones en las que deben efectuarse las mediciones y sus registros, la información que deberán remitir los usuarios en relación con las mediciones practicadas y la facultad de comprobación e inspección de los organismos de cuenca sobre las instalaciones de medición, el registro de los datos obtenidos y, en su caso, el envío de éstos.
Las captaciones de agua del DPH se dividen en dos grupos:
Captaciones de agua mediante tubería a presión.
Captaciones de agua con circulación del agua en lámina libre.
Para aquellos titulares de concesiones administrativas de aguas y todos los que tengan derecho al uso privativo del dominio público hidráulico siempre que correspondan a cuencas hidrográficas que no sean titularidad del estado, deberán instalar y mantener sistemas de medición que garanticen la información precisa sobre los caudales de agua en efecto consumido o utilizados, y en su caso, retornados.
¿Qué obligaciones tiene que tener en cuenta una empresa que realiza captaciones de agua o vertido en el Dominio Público Hidráulico (aprovechamientos de agua del DPH)?
El titular de los aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico (DPH) deberá disponer de un libro de control del aprovechamiento, facilitado por el Organismo de Cuenca debidamente diligenciado, foliado y sellado con el formato y condiciones definidas en el anexo de la Orden ARM 1312/2009. Se deberán anotar en el libro de control los volúmenes de agua captados y retornados con la periodicidad y en las condiciones establecidas en el artículo 10 de la Orden 1312/2009, en función de la categoría del aprovechamiento según la clasificación del artículo 3.2 de la citada orden (dicha categoría se establece en función del caudal máximo autorizado (litros/segundo)).
El titular de los aprovechamientos de agua del DPH remitirá al Organismo de cuenca, en el primer trimestre de cada año natural, información de los volúmenes captados, o en su caso, retornados a escala horaria, así como una acumulación referida al año natural anterior.
Los titulares de aprovechamientos de agua existentes a fecha 28/05/2009, deberán presentar al organismo de cuenca una propuesta del sistema de control de los volúmenes de agua utilizados, retornados o vertidos.
En los nuevos aprovechamientos de agua (posteriores al 28/05/2009) se deberá incorporar, en la petición de concesión, la documentación técnica detallada de los sistemas propuestos para el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados, retornados o vertidos, de acuerdo con las prescripciones de la Orden 1312/2009.
Los titulares de captaciones de agua del DPH mediante tubería a presión están obligados a instalar y mantener dispositivos de medición de los volúmenes de agua captados realmente (contador). además, se instalará un elemento específico para limitar el caudal máximo a las determinaciones de la concesión. se dispondrá de un documento acreditativo de las características técnicas del contador.
¿Hay algún coste para el titular de un vertido al DPH o de una captación de aguas subterráneas?
Siguiendo lo que dicta el artículo 113 del RDL 1/2001, Canon de control de vertidos, los vertidos al dominio público hidráulico (DPH) estarán gravados con una tasa destinada al estudio, control, protección y mejora del medio receptor de cada cuenca hidrográfica, que se denominará canon de control de vertidos, siendo sujetos pasivos quienes lleven a cabo el vertido.
El canon de control de vertidos se devengará el 31 de diciembre, coincidiendo el período impositivo con un año natural, excepto el ejercicio en que se produzca la autorización del vertido o su cese, en cuyo caso, se calculará el canon proporcionalmente al número de días de vigencia de la autorización en relación con el total del año. Durante el primer trimestre de cada año natural, deberá liquidarse el canon correspondiente al año anterior.
El canon de control de vertidos será independiente de los cánones o tasas que puedan establecer las Comunidades Autónomas o Corporaciones Locales para financiar las obras de saneamiento y depuración.
Constituye el hecho imponible del canon de control de vertidos la realización de vertidos al dominio público hidráulico.
Para la ocupación, utilización y aprovechamiento de los bienes del DPH incluidos en los párrafos b) y c) del artículo 2 de la Ley, tal y como indica el artículo 112 del RDL 1/2001 (Canon de utilización de los bienes del dominio público hidráulico), aquellos titulares de una concesión o autorización administrativa, devengarán a favor del Organismo de cuenca competente una tasa denominada canon de utilización de bienes del DPH, destinada a la protección y mejora de dicho dominio.
¿Existen Prohibiciones con los vertidos al DPH? ¿y sanciones administrativas?
Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa.
En particular, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley de Aguas:
Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas.
Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno.
Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que constituyan o puedan constituir una degradación del mismo.
El ejercicio de actividades dentro de los perímetros de protección fijados en los Planes Hidrológicos, cuando pudiera constituir un peligro de contaminación o degradación del dominio público hidráulico.
El incumplimiento de lo establecido en el RDL. 1/2001 será SANCIONADO con arreglo a lo dispuesto en este Título y en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Se consideran infracciones administrativas, entre otras, atendiendo al artículo 116. del RDL. 1/2001:
Las acciones que causen daños a los bienes de DPH y a las obras hidráulicas.
¿Qué límites de vertido dispone una empresa que realiza vertidos al Dominio Público Hidráulico?
Según el RDL. 1/2001 y el reglamento del Dominio Público Hidráulico modificado por el RD 606/2003, los límites de vertido se establecerán para cada caso concreto y deberán establecerse de manera que resulten adecuados para el cumplimiento de las normas de calidad ambiental del medio receptor, estas normas serán concretadas para cada cuenca por el respectivo plan hidrológico.
Las autorizaciones de vertidos establecerán las condiciones en que deben realizarse, en la forma que reglamentariamente se determine.
Siguiendo el art. 101.4 del RDL. 1/2001, “A efectos del otorgamiento, renovación o modificación de las autorizaciones de vertido el solicitante acreditará ante la Administración hidráulica competente, en los términos que reglamentariamente se establezcan, la adecuación de las instalaciones de depuración y los elementos de control de su funcionamiento, a las normas y objetivos de calidad de las aguas. Asimismo, con la periodicidad y en los plazos que reglamentariamente se establezcan, los titulares de autorizaciones de vertido deberán acreditar ante la Administración hidráulica las condiciones en que vierten.
Los datos a acreditar ante la Administración hidráulica, conforme a este apartado, podrán ser certificados por las entidades que se homologuen a tal efecto, conforme a lo que reglamentariamente se determine”.
El titular del vertido deberá mantener en correcto funcionamiento el sistema de depuración para que los vertidos cumplan los valores límites de emisión presentando, cuando así se requiera, los correspondientes resultados analíticos que deberán de ser realizados por una Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica.
En ningún caso y bajo ningún concepto, de acuerdo con el apartado b) del punto 5 del artículo 245 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se podrá diluir el vertido antes de verterlo a cauce para conseguir los límites de vertido.
¿Cuáles son las condiciones generales que se establecen una autorización de vertido?
Las autorizaciones de vertido establecerán las condiciones en que éstos deban realizarse, concretando especialmente, según el RD 849/1986 en su artículo 251 condicionado de las autorizaciones de vertido:
Origen de las aguas residuales y localización geográfica del punto de vertido.
Las instalaciones de depuración y evacuación que el Organismo de cuenca considere suficientes para cumplir la normativa sobre la calidad del agua del medio receptor.
Fechas de iniciación y terminación de las obras e instalaciones, fases parciales previstas y entrada en servicio de aquéllas, así como las medidas que, en caso necesario, se deban adoptar para reducir la contaminación durante el plazo de ejecución de aquéllas.
Elementos de control de las instalaciones de depuración y los sistemas de medición del caudal y de la toma de muestras, así como la periodicidad en la que es obligatorio analizar y acreditar los parámetros y condiciones del vertido, así como cualesquiera otras declaraciones y acreditaciones a que venga obligado ante el Organismo de cuenca.
Medidas, actuaciones e instalaciones para la regulación de los desbordamientos de los sistemas de saneamiento en episodios de lluvia, así como los elementos de control de las mismas, necesarios que permitan limitar adecuadamente la contaminación que puedan producir y cumplir los objetivos medioambientales del medio receptor.
Importe del canon de control de vertidos que corresponda en aplicación del artículo 113 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de junio, especificando el precio unitario y sus componentes.
Causas de modificación y revocación de la autorización.
Actuaciones y medidas que, en casos de emergencia, deban ser puestas en práctica por el titular de la autorización.
Cualquier otra condición que el Organismo de cuenca considere oportuna en razón de las características específicas del caso y del cumplimiento de la finalidad de las instalaciones de depuración y evacuación.
¿Requiere mi vertido de Aguas Pluviales autorización?
En el caso de vertido de aguas pluviales al DPH, su autorización dependerá de la composición que dichas aguas arrastren. En el caso de aguas pluviales consideradas limpias (libres de contaminantes), no será necesario disponer de autorización y abonar el canon de vertido. En caso contrario, que arrastren contaminantes, deberán disponer de la autorización correspondiente de vertido, abonar el correspondiente canon de vertido, y de la misma manera que un vertido no pluvial, se gestionaré como aguas de vertido industrial.
¿En caso de verter al Alcantarillado ¿se necesita solicitar autorización vertido?
En caso de vertidos que se realicen a las redes de saneamiento, es posible que el Ayuntamiento o la Entidad Gestora encargada del mantenimiento de la red solicite a las actividades industriales, independientemente del tipo de vertido que realizan, un permiso o autorización de vertido para utilizar esas instalaciones.
Los condicionantes de este tipo de vertidos se desarrollan reglamentariamente a través de las Ordenanzas Municipales de los Ayuntamientos, Mancomunidades o las propias Entidades.
Toda actividad que realice vertido de aguas a un colector o red de saneamiento, deberá ponerse en contacto con la Entidad propietaria del colector, o encargada de su gestión (Ayuntamiento, Polígono Industrial, Consorcio, etc.) con el fin de informarse de si los vertidos a dicho colector, están regulados por algún tipo de Disposición.
En caso afirmativo, deberá solicitar o conseguir la disposición en cuestión, identificar los requisitos que le son de aplicación y establecer las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento.
Esto es de aplicación para cualquier tipo de vertido a colector público.
Art. 101 RDL. 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas:
“Las autorizaciones de vertido corresponderán a la Administración hidráulica competente, salvo en los casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores gestionados por las Administraciones autonómicas o locales o por entidades dependientes de las mismas, en los que la autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente”.
¿Qué obligaciones tiene una empresa vierte sus aguas al Alcantarillado público?
Los titulares de vertido al alcantarillado que dispongan de autorización de vertido deberán:
Cumplir con las obligaciones que expresamente se determinen en la autorización expedida por el ayuntamiento (Administración hidráulica) correspondiente, sin perjuicio de aquellas otras obligaciones derivadas de los demás permisos y licencias para el válido ejercicio de la actividad de conformidad con la legislación vigente.
Cumplir las prohibiciones y los valores límite máximos en los vertidos de aguas residuales no domésticos e industriales a las redes de saneamiento establecidos en la autorización de vertido concedida, así como los valores establecidos en la normativa municipal (si existiese).
Abonar el canon de saneamiento impuesto por la entidad local correspondiente.
Adoptar las medidas necesarias para evitar las descargas accidentales de vertidos de aguas residuales a la red de alcantarillado.
Disponer de arqueta de vertidos de aguas residuales antes de su conexión con la red de alcantarillado para la toma de muestras en las instalaciones industriales.
En caso de que se produzca una situación de emergencia comunicarlo inmediatamente al Ayuntamiento y/o a la empresa encargada de este servicio, remitiendo así un informe detallado de los hechos, en el plazo y con los datos establecidos en la correspondiente ordenanza municipal.
¿Cuál es la diferencia del Canon de Saneamiento y Canon de Control de vertidos
El canon de saneamiento es una tasa de la Administración Autonómica y que se utiliza para la construcción de depuradoras municipales y colectores.
Cuando el agua consumida procede de redes de abastecimiento, la facturación y recaudación del canon de saneamiento la realizará la empresa, ayuntamiento, cooperativa, etc, que preste este servicio, que lo incluirá en la misma factura que presenta al cobro por el consumo del agua.
El canon de control de vertidos es una tasa competencia de la Administración Central destinada al estudio, control, protección y mejora del medio receptor de cada cuenca hidrográfica (art. 289.1 del Reglamento del DPH).
¿Qué tipo de vertidos al alcantarillado están prohibidos?
Será en las ordenanzas municipales, donde el titular del vertido tendrá que consultar qué prohibiciones son las que tiene cada una de las empresas que se ubiquen en el municipio.
De forma genérica, queda prohibido verter aguas con:
Efectos corrosivos sobre los materiales constituyentes de las instalaciones de saneamiento.
Creación de atmósferas molestas, insalubres, tóxicas o peligrosas que impida o dificulten el trabajo del personal.
Producción de sedimentos, incrustaciones o cualquier otro tipo de obstrucciones físicas.
Dificultades y perturbaciones en la buena marcha de los procesos y operaciones de las estaciones depuradoras.
Residuos que, por sus concentraciones o características tóxicas o peligrosas requieran un tratamiento específico y/o control periódico de sus efectos nocivos potenciales.
Se prohíbe diluir vertidos de aguas residuales para conseguir niveles de concentración de contaminantes inferior a la establecida en la legislación.
¿Cuándo hay que solicitar autorización de vertido al mar? ¿Cuál es el organismo competente encargado de otorgarla?
Atendiendo al artículo 30 de la actual Ley de Costas (L. 22/1988), cualquier licencia de obra o uso que implique la realización de vertidos al dominio público marítimo-terrestre (DPMT) se requerirá la previa obtención de la autorización de vertido correspondiente.
El plazo de vencimiento será el que se determine en el título correspondiente, y no podrá exceder de cuatro años, salvo en los casos en que esta Ley establece otro diferente.
Se dispondrá de autorización/concesión para llevar a cabo en el DPMT usos que tengan circunstancias especiales de intensidad, peligrosidad o rentabilidad y para la ocupación del DPMT con obras, bienes inmuebles, instalaciones no desmontables o instalaciones desmontables que requieran un plazo de ocupación superior a un año.
Según lo establecido en el artículo 51 de la Ley 22/1988 de Costas, estarán sujetas a previa autorización administrativa las actividades en las que, aun sin requerir obras o instalaciones de ningún tipo, concurran circunstancias especiales de intensidad, peligrosidad o rentabilidad, y asimismo la ocupación del dominio público marítimo-terrestre con instalaciones desmontables o con bienes muebles.
Las solicitudes de autorización/concesión irán acompañadas de un proyecto básico o de construcción y del resguardo acreditativo de la constitución de las fianzas que en su caso correspondan.
En caso de realización de obras, estas serán ejecutadas conforme al proyecto de construcción.
Las concesiones para la ocupación del DPMT existentes, que hayan sido otorgadas antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2013, podrán ser prorrogadas, a instancia de su titular, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 de dicha Ley.
La entidad pública encargada de otorgar dichas autorizaciones de vertido al DPMT, es el Organismo medioambiental de cada Comunidad Autónoma.
¿Cuáles son las obligaciones y las prohibiciones establecidas para aquellos titulares de una autorización al Dominio Público MarítimoTerrestre (DPMT)?
La zona de servidumbre de protección (zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar) no es Dominio Público Marítimo Terrestre. Es la franja de propiedad privada colindante con aquél. Lo que ocurre es que en esta franja de terrenos de propiedad privada, ese derecho de propiedad está sujeto a algunas limitaciones que contiene la Ley de Costas.
En la zona de servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo Terrestre se prohíbe realizar las acciones descritas en los artículos 44 y 45 del RD 1471/1989.
Para llevar a cabo los usos permitidos se deberá disponer de AUTORIZACIÓN.
La zona de servidumbre de tránsito (franja de 6 metros, medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar) de protección del Dominio Público Marítimo Terrestre deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos.
Las conducciones de desagüe, emisarios y aliviaderos y cualquier otro medio autorizado para la evacuación de vertidos desde tierra al mar, deberán ajustarse a las condiciones establecidas en la Orden 13/07/1993, para lo cual se presentará el correspondiente proyecto, junto con la autorización de vertido.
Los titulares de los vertidos desde tierra al mar que contengan alguna de las sustancias peligrosas incluidas en el Anexo I del RD 60/2011 deberán cumplir las normas de calidad ambiental (NCA) que se indican en dicho Anexo, en función de la sustancia.
Los titulares de vertidos al Dominio Público Marítimo-Terrestre que contengan alguna de las sustancias peligrosas incluidas en el anexo i de la ley 60/2011 deberán disponer de autorización para el vertido de estas sustancias, que será revisada cada 4 años.
Prohibido verter al mar residuos sólidos y escombros e introducir formas de energía que puedan comportar un peligro superior al admisible para la salud pública y el medio natural.
Realizar el pago del canon correspondiente a los vertidos contaminantes al Dominio Público Marítimo-Terrestre autorizados.
Remitir anualmente, a la Administración competente, un informe con los resultados del Programa de vigilancia y control del vertido de la conducción de vertido desde tierra al mar.

References: artículo 10
 artículo 6
 artículo 22
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 artículo 2
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 RESOLUCIÓN 
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 Resolución 
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 artículo 3
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 artículo 5
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 artículo 3
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 artículo 126
 artículo 54
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 54
 artículo 184
 artículo 10
 artículo 3
 artículo 113
 artículo 2
 artículo 112
 artículo 100
 artículo 116
 artículo 245
 artículo 251
 artículo 113
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 artículo 30
 artículo 51