Source: http://www.mabingenieros.com/legis-BOE-2002-24244.htm
Timestamp: 2017-12-11 21:03:21+00:00

Document:
Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protecciÃ³n por desempleo y mejora de la ocupabilidad.
El artÃ­culo 41 de la ConstituciÃ³n EspaÃ±ola establece que los poderes pÃºblicos deberÃ¡n garantizar un rÃ©gimen pÃºblico de prestaciones sociales, especialmente en caso de desempleo. Por su parte, la Estrategia Europea de Empleo a la que se refiere el TÃ­tulo VIII (antiguo TÃ­tulo VI bis) del Tratado de la Comunidad Europea, y las Directrices sobre Empleo que anualmente se aprueban por la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, vienen ya desde el inicio del Proceso de Luxemburgo insistiendo en que los paÃ­ses de la UniÃ³n Europea deben organizar la protecciÃ³n por desempleo de manera que, junto con las prestaciones econÃ³micas necesarias para afrontar las situaciones de paro, los poderes pÃºblicos den oportunidades de formaciÃ³n y empleo que posibiliten que los desempleados puedan encontrar un trabajo en el menor tiempo posible.
Aunque este principio estÃ¡ implÃ­cito en la actual normativa espaÃ±ola, faltan mecanismos explÃ­citos para ponerlo en marcha. Este mismo principio, que constituye eje de referencia en la protecciÃ³n frente al desempleo, ha sido refrendado recientemente en las conclusiones del Consejo Europeo de Barcelona.
a) Facilitar oportunidades de empleo para todas las personas que deseen incorporarse al mercado de trabajo. Para ello, en primer lugar, desde el inicio de la prestaciÃ³n existirÃ¡ un compromiso de actividad en virtud del cual el desempleado tendrÃ¡ derecho a que los Servicios PÃºblicos de Empleo determinen el mejor itinerario de inserciÃ³n, de acuerdo con sus capacidades profesionales y aptitudes para el trabajo. A su vez, todos aquellos beneficiarios de prestaciones que deseen trabajar en otros lugares con mejores oportunidades de empleo dispondrÃ¡n de ayudas para facilitarles la movilidad geogrÃ¡fica.
Asimismo, se regula, con mayores garantÃ­as jurÃ­dicas para el desempleado, el concepto de colocaciÃ³n adecuada, en el cual lo determinante es que â€sin perjuicio de referencias generalesâ€ los Servicios PÃºblicos de Empleo puedan valorar dicha adecuaciÃ³n en funciÃ³n de las circunstancias personales, profesionales y la facilidad de desplazamiento al lugar de trabajo. Igualmente, ademÃ¡s de la ayuda para la bÃºsqueda de empleo que presten los Servicios PÃºblicos de Empleo, los beneficiarios de prestaciones por desempleo durante los cien primeros dÃ­as del cobro de su prestaciÃ³n no estarÃ¡n obligados a participar en acciones de mejora de su ocupabilidad, pues, intactas sus capacidades para encontrar un empleo, podrÃ¡n ponerlas en prÃ¡ctica por sÃ­ mismos, sin ayuda, si asÃ­ lo desean, de otro tipo de acciones del Servicio PÃºblico de Empleo. En cualquier caso, todas las acciones estarÃ¡n a su disposiciÃ³n.
Igualmente, se favorece que aquellos desempleados mayores de cincuenta y dos aÃ±os beneficiarios de cualquier subsidio por desempleo puedan compatibilizar voluntariamente una parte del mismo con el trabajo por cuenta ajena, permitiendo asÃ­ acumular perÃ­odos de cotizaciÃ³n y recuperar carreras de seguro teniendo en un futuro una mejor pensiÃ³n de jubilaciÃ³n.
Asimismo, para los desempleados que deseen formar parte de una sociedad anÃ³nima laboral o constituirse como socios trabajadores o socios de trabajo de cooperativas y opten por utilizar para ello la prestaciÃ³n pendiente de percibir, se establece que la capitalizaciÃ³n puede percibirse como pago Ãºnico, destinado Ã­ntegramente a la aportaciÃ³n necesaria para constituirse en socio, o como pago periÃ³dico para abonar las cotizaciones a la Seguridad Social. Quienes quieran constituirse como trabajadores autÃ³nomos podrÃ¡n capitalizar hasta el 20 por 100 de su prestaciÃ³n para afrontar los gastos de inicio de actividad; el resto de la prestaciÃ³n se abonarÃ¡ para el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social. Las personas discapacitadas podrÃ¡n acogerse a la modalidad que mÃ¡s les convenga y disfrutarÃ¡n ademÃ¡s de una bonificaciÃ³n en sus cotizaciones al RÃ©gimen Especial de AutÃ³nomos del 50 por 100.
c) Corregir disfunciones observadas en la protecciÃ³n por desempleo. Para ello se reordena la protecciÃ³n de emigrantes retornados, reservando el subsidio especÃ­fico a los que han trabajado al menos un aÃ±o en paÃ­ses con los que EspaÃ±a no tiene convenio en esta materia, y estableciendo para los demÃ¡s la posibilidad de incorporarse al Programa de renta activa de inserciÃ³n. Todo ello se hace sin perjuicio de los derechos a la protecciÃ³n por desempleo de las personas que proceden de un paÃ­s del Espacio EconÃ³mico Europeo o de paÃ­ses con los que se tiene suscrito convenio de prestaciones por desempleo, que podrÃ¡n percibir su prestaciÃ³n de acuerdo con la legislaciÃ³n vigente y en aplicaciÃ³n de los Reglamentos comunitarios de Seguridad Social o los convenios correspondientes. Se precisa el concepto de rentas incompatibles con la percepciÃ³n del subsidio asistencial, excluyendo expresamente las indemnizaciones legales derivadas de extinciÃ³n del contrato asÃ­ como las cantidades destinadas para el pago del convenio a la Seguridad Social que, en su caso, pueda hacerse para mantener las carreras de seguro hacia una mejor pensiÃ³n de Seguridad Social.
Se especifica igualmente que el nacimiento de las prestaciones se produzca tras el perÃ­odo que corresponde a las vacaciones, no disfrutadas y que deben ser retribuidas, estableciendo la situaciÃ³n de asimilada al alta y cotizaciÃ³n del perÃ­odo que transcurre entre la extinciÃ³n del contrato y el inicio de la prestaciÃ³n, quedando con ello el trabajador totalmente protegido ante la actualizaciÃ³n de cualquier situaciÃ³n de necesidad que suponga el nacimiento de una prestaciÃ³n de Seguridad Social.
d) Ampliar la protecciÃ³n a colectivos que actualmente carecen de ella. Para ello se establece una prestaciÃ³n contributiva por desempleo para los trabajadores eventuales agrarios del conjunto del territorio espaÃ±ol y se determina que las futuras incorporaciones a la protecciÃ³n por desempleo de los trabajadores eventuales agrarios se regirÃ¡n por la nueva normativa que se establece con carÃ¡cter general. A la vez, se mantiene la regulaciÃ³n actualmente vigente para los que ya son perceptores de subsidio agrario en AndalucÃ­a y Extremadura. Quienes no puedan incorporarse al subsidio agrario como consecuencia de la aplicaciÃ³n de esta nueva Ley, tendrÃ¡n derecho a la renta activa de inserciÃ³n, por una duraciÃ³n igual a la que hubiera correspondido de ser desempleado agrario subsidiado.
TambiÃ©n se regula el citado Programa de renta activa de inserciÃ³n, ampliando para 2002 el acceso a los parados que, teniendo mÃ¡s de cuarenta y cinco aÃ±os, lleven mÃ¡s de doce meses en situaciÃ³n de desempleo, aun cuando no hubieran percibido prestaciÃ³n anteriormente; o a parados de cualquier edad que sean discapacitados o vÃ­ctimas de violencia domÃ©stica, o que sean emigrantes retornados.
Por Ãºltimo, se incluye en la protecciÃ³n por desempleo a los socios de trabajo de las cooperativas y a los socios trabajadores de cooperativas de explotaciÃ³n comunitaria de la tierra.
La pronta reinserciÃ³n de los desempleados es necesaria no sÃ³lo para el bienestar de Ã©stos, sino tambiÃ©n para el correcto funcionamiento del mercado de trabajo. EspaÃ±a ha mostrado en los Ãºltimos aÃ±os capacidad de creaciÃ³n de empleo, pero no siempre han sido las personas desempleadas las que han ocupado estos puestos de trabajo; incluso los empleos no han llegado a crearse por no encontrarse la persona adecuada para ocuparlos, lesionando las posibilidades de crecimiento econÃ³mico de determinados territorios.
Por ello, para potenciar que, ademÃ¡s de que personas inactivas que se vienen incorporando al mercado de trabajo, los desempleados encuentren antes empleo, y seguros de que ambos fenÃ³menos contribuirÃ¡n a mejorar esencialmente el funcionamiento de nuestro mercado y al progresivo acercamiento de EspaÃ±a a los niveles medios de empleo de la UniÃ³n Europea, es esencial facilitar a los Servicios PÃºblicos de Empleo recursos humanos y materiales suficientes. Con este fin se impulsarÃ¡ la necesaria dotaciÃ³n presupuestaria a incluir en los Presupuestos Generales del Estado de 2003, abordÃ¡ndose en el Ã¡mbito de la Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales tanto la distribuciÃ³n de nuevos efectivos para los Servicios de Empleo estatal y autonÃ³micos como cuantas cuestiones permitan que la integraciÃ³n laboral de quienes carecen de empleo â€especialmente los colectivos con mayores dificultadesâ€ se extienda de manera eficaz y general.
Uno. Se modifica el pÃ¡rrafo c) del artÃ­culo 207 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que queda redactado en los tÃ©rminos siguientes:
Â«c) Encontrarse en situaciÃ³n legal de desempleo, acreditar disponibilidad para buscar activamente empleo y para aceptar colocaciÃ³n adecuada a travÃ©s de la suscripciÃ³n del compromiso de actividad, al que se refiere el artÃ­culo 231 de esta Ley.Â»
Dos. Se modifican el pÃ¡rrafo c) y el pÃ¡rrafo g) del nÃºmero 1 y el nÃºmero 4 del apartado 1, asÃ­ como el nÃºmero 2 del apartado 2 del artÃ­culo 208 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social; asimismo, se aÃ±ade un nuevo apartado 4 a dicho artÃ­culo. Todos ellos quedan redactados en los tÃ©rminos siguientes:
Â«1. Cuando se extinga su relaciÃ³n laboral:
g) Por resoluciÃ³n de la relaciÃ³n laboral, durante el perÃ­odo de prueba, a instancia del empresario, siempre que la extinciÃ³n de la relaciÃ³n laboral anterior se hubiera debido a alguno de los supuestos contemplados en este apartado, o haya transcurrido un plazo de tres meses desde dicha extinciÃ³n.Â»
Â«4. Igualmente se encontrarÃ¡n en situaciÃ³n legal de desempleo los trabajadores fijos discontinuos, de acuerdo con lo que se disponga en desarrollo de esta norma, en los perÃ­odos de inactividad productiva.Â»
Â«2. Cuando, aun encontrÃ¡ndose en alguna de las situaciones previstas en el apartado 1 anterior, no acrediten su disponibilidad para buscar activamente empleo y para aceptar colocaciÃ³n adecuada, a travÃ©s del compromiso de actividad.Â»
Â«4. En el supuesto previsto en el artÃ­culo 145 bis del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral y sin perjuicio de lo seÃ±alado en el mismo, los trabajadores se entenderÃ¡n en la situaciÃ³n legal de desempleo establecida en el pÃ¡rrafo f) del apartado 1 de este artÃ­culo por finalizaciÃ³n del Ãºltimo contrato temporal y la Entidad Gestora les reconocerÃ¡ las prestaciones por desempleo si reÃºnen el resto de los requisitos exigidos.Â»
Tres. Se modifican los apartados 1 y 3, y se aÃ±aden tres apartados, el 4, el 5 y el 6, al artÃ­culo 209 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que quedan redactados en los tÃ©rminos siguientes:
Â«1. Las personas que cumplan los requisitos establecidos en el artÃ­culo 207 de la presente Ley deberÃ¡n solicitar a la Entidad Gestora competente el reconocimiento del derecho a las prestaciones, que nacerÃ¡ a partir de que se produzca la situaciÃ³n legal de desempleo, siempre que se solicite dentro del plazo de los quince dÃ­as siguientes. La solicitud requerirÃ¡ la inscripciÃ³n como demandante de empleo si la misma no se hubiera efectuado previamente. Asimismo, en la fecha de la solicitud se deberÃ¡ suscribir el compromiso de actividad al que se refiere el artÃ­culo 231 de esta Ley.Â»
Â«3. En el caso de que el perÃ­odo que corresponde a las vacaciones anuales retribuidas no haya sido disfrutado con anterioridad a la finalizaciÃ³n de la relaciÃ³n laboral, o con anterioridad a la finalizaciÃ³n de la actividad de temporada o campaÃ±a de los trabajadores fijos discontinuos, la situaciÃ³n legal de desempleo y el nacimiento del derecho a las prestaciones se producirÃ¡ una vez transcurrido dicho perÃ­odo, siempre que se solicite dentro del plazo de los quince dÃ­as siguientes a la finalizaciÃ³n del mismo.
El citado perÃ­odo deberÃ¡ constar en el Certificado de Empresa a estos efectos.Â»
Â«4. En el supuesto de despido o extinciÃ³n de la relaciÃ³n laboral, la decisiÃ³n del empresario de extinguir dicha relaciÃ³n se entenderÃ¡, por sÃ­ misma y sin necesidad de impugnaciÃ³n, como causa de situaciÃ³n legal de desempleo. En el caso de existir perÃ­odo que corresponda a salarios de tramitaciÃ³n el nacimiento del derecho a las prestaciones se producirÃ¡ una vez transcurrido dicho perÃ­odo que deberÃ¡ constar en el Certificado de Empresa a estos efectos.
El ejercicio de la acciÃ³n contra el despido o extinciÃ³n no impedirÃ¡ que se produzca el nacimiento del derecho a la prestaciÃ³n.Â»
Â«5. En las resoluciones recaÃ­das en procedimientos de despido o extinciÃ³n del contrato de trabajo:
a) Cuando, como consecuencia de la reclamaciÃ³n o el recurso, el despido sea considerado improcedente y se opte por la indemnizaciÃ³n:
Si el trabajador no tiene derecho a los salarios de tramitaciÃ³n continuarÃ¡ percibiendo las prestaciones por desempleo o, si no las estuviera percibiendo, comenzarÃ¡ a percibirlas con efectos desde la fecha del cese efectivo en el trabajo, siempre que se cumpla lo establecido en el apartado 1 de este artÃ­culo, tomando como fecha inicial para tal cumplimiento la del acta de conciliaciÃ³n o providencia de opciÃ³n por la indemnizaciÃ³n, o, en su caso, la de la resoluciÃ³n judicial.
Si el trabajador tiene derecho a los salarios de tramitaciÃ³n y no estuviera percibiendo las prestaciones comenzarÃ¡ a percibirlas con efectos desde la fecha en que finaliza la obligaciÃ³n del abono de dichos salarios; y si estuviera percibiendo las prestaciones dejarÃ¡ de percibirlas, considerÃ¡ndose indebidas, y podrÃ¡ volver a percibirlas con efectos desde la fecha en que finaliza la obligaciÃ³n del abono de dichos salarios, previa regularizaciÃ³n por la Entidad Gestora del derecho inicialmente reconocido, reclamando a la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social las cotizaciones efectuadas durante la percepciÃ³n de las prestaciones y efectuando la compensaciÃ³n correspondiente por las prestaciones indebidamente percibidas, o bien reclamando su importe al trabajador.
En ambos casos, el trabajador deberÃ¡ solicitar el reconocimiento de las prestaciones en el plazo previsto en el apartado 1 de este artÃ­culo, tomando como fecha inicial para tal cumplimiento la del acta de conciliaciÃ³n o providencia de opciÃ³n por la indemnizaciÃ³n, o, en su caso, la de la resoluciÃ³n judicial, y acreditar el perÃ­odo que corresponde a los salarios de tramitaciÃ³n.
b) Cuando, como consecuencia de la reclamaciÃ³n o el recurso se produzca la readmisiÃ³n del trabajador, mediante conciliaciÃ³n o sentencia firme, o aunque aquÃ©lla no se produzca en el supuesto al que se refiere el artÃ­culo 282 de la Ley de Procedimiento Laboral, las cantidades percibidas por Ã©ste en concepto de prestaciones por desempleo se considerarÃ¡n indebidas por causa no imputable al trabajador.
En tal caso, la Entidad Gestora cesarÃ¡ en el abono de las prestaciones por desempleo y reclamarÃ¡ a la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social las cotizaciones efectuadas durante la percepciÃ³n de las prestaciones. El empresario deberÃ¡ ingresar a la Entidad Gestora las cantidades percibidas por el trabajador, deduciÃ©ndolas de los salarios dejados de percibir que hubieran correspondido, con el lÃ­mite de la suma de tales salarios.
En los supuestos a que se refiere esta letra, el empresario deberÃ¡ instar el alta en la Seguridad Social con efectos desde la fecha del despido o extinciÃ³n inicial, cotizando por ese perÃ­odo, que se considerarÃ¡ como de ocupaciÃ³n cotizada a todos los efectos.
c) En los supuestos a que se refieren los artÃ­culos 279.2 y 284 de la Ley de Procedimiento Laboral, el trabajador comenzarÃ¡ a percibir las prestaciones, si no las estuviera percibiendo, a partir del momento en que se declare extinguida la relaciÃ³n laboral. En ambos casos, se estarÃ¡ a lo establecido en la letra b) de este apartado respecto a las prestaciones percibidas hasta la extinciÃ³n de la relaciÃ³n laboral.Â»
Â«6. En los supuestos a los que se refiere el artÃ­culo 56 del Estatuto de los Trabajadores el empresario deberÃ¡ instar el alta y la baja del trabajador y cotizar a la Seguridad Social durante el perÃ­odo correspondiente a los salarios de tramitaciÃ³n que se considerarÃ¡ como de ocupaciÃ³n cotizada a todos los efectos.Â»
Cuatro. Se incorpora un nuevo apartado 4 en el artÃ­culo 210 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que queda redactado en los tÃ©rminos siguientes:
Â«4. El perÃ­odo que corresponde a las vacaciones, al que se refiere el apartado 3 del artÃ­culo 209, se computarÃ¡ como perÃ­odo de cotizaciÃ³n a los efectos previstos en el apartado 1 de este artÃ­culo y en el apartado 2 del artÃ­culo 216, y durante dicho perÃ­odo se considerarÃ¡ al trabajador en situaciÃ³n asimilada a la de alta, de acuerdo con lo establecido en el artÃ­culo 125.1 de esta Ley.Â»
Cinco. Se modifican los pÃ¡rrafos a), d) y se incluye un pÃ¡rrafo e) en el apartado 1, y se modifica la letra b) del apartado 3 del artÃ­culo 212 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que quedan redactados en los tÃ©rminos siguientes:
Â«1. El derecho a la percepciÃ³n de la prestaciÃ³n por desempleo se suspenderÃ¡ por la Entidad Gestora en los siguientes casos:
d) Mientras el titular del derecho realice un trabajo por cuenta ajena de duraciÃ³n inferior a doce meses, o mientras el titular del derecho realice un trabajo por cuenta propia de duraciÃ³n inferior a veinticuatro meses.
e) En los supuestos a que se refiere el artÃ­culo 295 de la Ley de Procedimiento Laboral, mientras el trabajador continÃºe prestando servicios o no los preste por voluntad del empresario en los tÃ©rminos regulados en dicho artÃ­culo durante la tramitaciÃ³n del recurso. Una vez que se produzca la resoluciÃ³n definitiva se procederÃ¡ conforme a lo establecido en el apartado 5 del artÃ­culo 209.Â»
Â«3. La prestaciÃ³n o subsidio por desempleo se reanudarÃ¡:
b) Previa solicitud del interesado, en los supuestos recogidos en los pÃ¡rrafos b), c), d) y e) del apartado 1, siempre que se acredite que ha finalizado la causa de suspensiÃ³n, que, en su caso, esa causa constituye situaciÃ³n legal de desempleo, o que, en su caso, se mantiene el requisito de carencia de rentas o existencia de responsabilidades familiares.
Si se presenta la solicitud transcurrido el plazo citado, se producirÃ¡n los efectos previstos en el apartado 2 del artÃ­culo 209 y en el pÃ¡rrafo b) del apartado 1 del artÃ­culo 219.
En el caso de que el perÃ­odo que corresponde a las vacaciones anuales retribuidas no haya sido disfrutado, serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo establecido en el apartado 3 del artÃ­culo 209 de esta Ley.Â»
Seis. Se modifican los contenidos de los pÃ¡rrafos c) y d) del apartado 1 del artÃ­culo 213 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que quedan redactados en los tÃ©rminos siguientes:
Â«1. El derecho a la percepciÃ³n de la prestaciÃ³n por desempleo se extinguirÃ¡ en los casos siguientes:
c) ImposiciÃ³n de sanciÃ³n en los tÃ©rminos previstos en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
d) RealizaciÃ³n de un trabajo por cuenta ajena de duraciÃ³n igual o superior a doce meses, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artÃ­culo 210, o realizaciÃ³n de un trabajo por cuenta propia, por tiempo igual o superior a veinticuatro meses.Â»
Siete. Se modifican el pÃ¡rrafo c) del nÃºmero 1, apartado 1, y el apartado 3 del artÃ­culo 215 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que quedan redactados en los tÃ©rminos siguientes:
Â«1. SerÃ¡n beneficiarios del subsidio:
c) Ser trabajador espaÃ±ol emigrante que habiendo retornado de paÃ­ses no pertenecientes al Espacio EconÃ³mico Europeo, o con los que no exista convenio sobre protecciÃ³n por desempleo, acredite haber trabajado como mÃ­nimo doce meses en los Ãºltimos seis aÃ±os en dichos paÃ­ses desde su Ãºltima salida de EspaÃ±a, y no tenga derecho a la prestaciÃ³n por desempleo.Â»
Â«3. A efectos de determinar el requisito de carencia de rentas y, en su caso, de responsabilidades familiares, a que se refiere el apartado 1 de este artÃ­culo:
Si no se reÃºnen los requisitos, el trabajador sÃ³lo podrÃ¡ obtener el reconocimiento de un derecho al subsidio cuando se encuentre de nuevo en alguna de las situaciones previstas en el apartado 1.1, 2, 3 y 4 de este artÃ­culo y reÃºna los requisitos exigidos, salvo en el caso de que dentro del plazo de un aÃ±o desde la fecha del hecho causante se acredite que se cumplen los requisitos de carencia de rentas o, en su caso, de existencia de responsabilidades familiares, en que el trabajador podrÃ¡ obtener el subsidio que corresponda a partir del dÃ­a siguiente al de su solicitud sin reducciÃ³n de su duraciÃ³n.
A estos efectos se considerarÃ¡ como fecha del hecho causante aquella en que se cumpla el plazo de espera de un mes, o se produzca la situaciÃ³n legal de desempleo; o la de agotamiento del derecho semestral; o la de finalizaciÃ³n de la causa de suspensiÃ³n.
2. Se considerarÃ¡n como rentas o ingresos computables cualesquiera bienes, derechos o rendimientos de que disponga o pueda disponer el desempleado derivados del trabajo, del capital mobiliario o inmobiliario, de las actividades econÃ³micas y los de naturaleza prestacional, salvo las asignaciones de la Seguridad Social por hijos a cargo y salvo el importe de las cuotas destinadas a la financiaciÃ³n del convenio especial con la AdministraciÃ³n de la Seguridad Social. TambiÃ©n se considerarÃ¡n rentas las plusvalÃ­as o ganancias patrimoniales, asÃ­ como los rendimientos que puedan deducirse del montante econÃ³mico del patrimonio, aplicando a su valor el 50 por 100 del tipo de interÃ©s legal del dinero vigente, con la excepciÃ³n de la vivienda habitualmente ocupada por el trabajador y de los bienes cuyas rentas hayan sido computadas, todo ello en los tÃ©rminos que se establezcan reglamentariamente.
No obstante lo establecido en el pÃ¡rrafo anterior, el importe correspondiente a la indemnizaciÃ³n legal que en cada caso proceda por la extinciÃ³n del contrato de trabajo no tendrÃ¡ la consideraciÃ³n de renta. Ello con independencia de que el pago de la misma se efectÃºe de una sola vez o de forma periÃ³dica.
Para acreditar las rentas la Entidad Gestora podrÃ¡ exigir al trabajador una declaraciÃ³n de las mismas y, en su caso, la aportaciÃ³n de copia de las declaraciones tributarias presentadas.Â»
Ocho. Se modifican los apartados 1 y 2 del artÃ­culo 219 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que quedan redactados en los tÃ©rminos siguientes:
Â«1. El derecho al subsidio por desempleo nace a partir del dÃ­a siguiente a aquel en que se cumpla el plazo de espera de un mes establecido en el apartado 1.1 del artÃ­culo 215, o, tras idÃ©ntico plazo de espera, desde el agotamiento del subsidio especial para mayores de cuarenta y cinco aÃ±os, salvo en los siguientes supuestos:
a) El subsidio previsto en el apartado 1.2 del citado artÃ­culo 215 nace a partir del dÃ­a siguiente al de la situaciÃ³n legal de desempleo, salvo cuando sea de aplicaciÃ³n lo establecido en los apartados 3 Ã³ 4 del artÃ­culo 209 de esta Ley.
b) El subsidio especial para mayores de cuarenta y cinco aÃ±os, previsto en el apartado 1.4 del artÃ­culo 215, nace a partir del dÃ­a siguiente al que se produzca la extinciÃ³n por agotamiento de la prestaciÃ³n por desempleo reconocida.
Para ello, serÃ¡ necesario en todos los supuestos que el subsidio se solicite dentro de los quince dÃ­as siguientes a las fechas anteriormente seÃ±aladas y en la fecha de solicitud se deberÃ¡ suscribir el compromiso de actividad al que se refiere el artÃ­culo 231 de esta Ley. Si se presenta la solicitud transcurrido el plazo citado, el derecho nacerÃ¡ a partir del dÃ­a siguiente al de la solicitud, reduciÃ©ndose su duraciÃ³n en tantos dÃ­as como medien entre la fecha en que hubiera tenido lugar el nacimiento del derecho, de haberse solicitado en tiempo y forma y aquella en que efectivamente se hubiera formulado la solicitud.
2. SerÃ¡n de aplicaciÃ³n al subsidio por desempleo las normas sobre suspensiÃ³n y extinciÃ³n previstas en los artÃ­culos 212 y 213.
Asimismo el subsidio se suspenderÃ¡ por la obtenciÃ³n, por tiempo inferior a doce meses, de rentas superiores a las establecidas en el artÃ­culo 215, apartados 1.1, 2, 3 y 4 y 3 de esta Ley, y por dejar de reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares previsto en los apartados 2 y 3 del mismo artÃ­culo, cuando hubiese sido necesario para el reconocimiento del derecho. Tras dicha suspensiÃ³n, el trabajador podrÃ¡ reanudar la percepciÃ³n del subsidio siempre que acredite el requisito de carencia de rentas y, en su caso, el de responsabilidades familiares, en los tÃ©rminos establecidos en el artÃ­culo 215.3.1 de esta Ley.
En el caso de que la obtenciÃ³n de rentas o la inexistencia de responsabilidades familiares, recogidas en el pÃ¡rrafo anterior, se mantenga por tiempo igual o superior a doce meses, se extinguirÃ¡ el subsidio. Tras dicha extinciÃ³n, el trabajador sÃ³lo podrÃ¡ obtener el reconocimiento de un derecho al subsidio si vuelve a encontrarse de nuevo en alguna de las situaciones previstas en el apartado 1.1, 2, 3 y 4 del artÃ­culo 215 de esta Ley y reÃºne los requisitos exigidos.Â»
Nueve. Se modifica el contenido del apartado 3 y se incorporan los apartados 4 y 5 al artÃ­culo 228 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que quedan redactados en los tÃ©rminos siguientes:
Â«3. Cuando asÃ­ lo establezca algÃºn programa de fomento del empleo, la Entidad Gestora podrÃ¡ abonar de una sola vez el valor actual del importe, total o parcial, de la prestaciÃ³n por desempleo de nivel contributivo a que tenga derecho el trabajador y que estÃ© pendiente por percibir.
Asimismo, podrÃ¡ abonar a travÃ©s de pagos parciales el importe de la prestaciÃ³n por desempleo de nivel contributivo a que tenga derecho el trabajador para subvencionar la cotizaciÃ³n del mismo a la Seguridad Social.Â»
Â«4. Cuando asÃ­ lo establezca algÃºn programa de fomento al empleo destinado a colectivos con mayor dificultad de inserciÃ³n en el mercado de trabajo, se podrÃ¡ compatibilizar la percepciÃ³n de la prestaciÃ³n por desempleo o del subsidio por desempleo pendientes de percibir con el trabajo por cuenta ajena, en cuyo caso la Entidad Gestora podrÃ¡ abonar al trabajador el importe mensual de las prestaciones en la cuantÃ­a y duraciÃ³n que se determinen, sin incluir la cotizaciÃ³n a la Seguridad Social.
En el supuesto previsto en el pÃ¡rrafo anterior, durante el perÃ­odo de percepciÃ³n de las prestaciones el empresario deberÃ¡ abonar al trabajador la diferencia entre la prestaciÃ³n o subsidio por desempleo y el salario que le corresponda, siendo, asimismo, responsable de cotizar a la Seguridad Social por el total del salario indicado, incluido el importe de la prestaciÃ³n o subsidio.
Asimismo, con el fin de hacer efectivo el derecho a la formaciÃ³n de trabajadores ocupados, asÃ­ como de incrementar las posibilidades de empleo de los trabajadores desempleados, se determinarÃ¡n programas que permitan a las empresas sustituir a los trabajadores en formaciÃ³n por otros trabajadores desempleados beneficiarios de prestaciones por desempleo. En este caso, los trabajadores podrÃ¡n compatibilizar las prestaciones con el trabajo a que se refiere este apartado.Â»
Â«5. Cuando asÃ­ lo establezca algÃºn programa de fomento de empleo para facilitar la movilidad geogrÃ¡fica, la Entidad Gestora podrÃ¡ abonar el importe de un mes de la duraciÃ³n de las prestaciones por desempleo o de tres meses de la duraciÃ³n del subsidio por desempleo, pendientes por percibir, a los beneficiarios de las mismas para ocupar un empleo que implique cambio de la localidad de residencia.Â»
Diez. Se aÃ±ade un pÃ¡rrafo g) al artÃ­culo 230 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que queda redactada en los tÃ©rminos siguientes:
Â«Son obligaciones de los empresarios:
g) Comunicar la readmisiÃ³n del trabajador despedido en el plazo de cinco dÃ­as desde que se produzca e ingresar en la Entidad Gestora competente las prestaciones satisfechas por Ã©sta a los trabajadores en los supuestos regulados en el apartado 5 del artÃ­culo 209 de esta Ley.Â»
Once. Se incorporan los pÃ¡rrafos h) e i) al nuevo apartado 1 y se aÃ±aden los apartados 2 y 3 al artÃ­culo 231 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«1. Son obligaciones de los trabajadores y de los solicitantes y beneficiarios de prestaciones por desempleo:
i) Buscar activamente empleo, participar en acciones de mejora de la ocupabilidad, que se determinen por los Servicios PÃºblicos de Empleo competentes, en su caso, dentro de un itinerario de inserciÃ³n.
Sin perjuicio de la obligaciÃ³n de acreditar la bÃºsqueda activa de empleo, la participaciÃ³n en las acciones de mejora de la ocupabilidad serÃ¡ voluntaria para los beneficiarios de prestaciones contributivas durante los cien primeros dÃ­as de percepciÃ³n, y la no participaciÃ³n en las mismas no conllevarÃ¡ efectos sancionadores.
3. A los efectos previstos en este TÃ­tulo, se entenderÃ¡ por colocaciÃ³n adecuada la profesiÃ³n demandada por el trabajador y tambiÃ©n aquella que se corresponda con su profesiÃ³n habitual o cualquier otra que se ajuste a sus aptitudes fÃ­sicas y formativas. En todo caso, se entenderÃ¡ por colocaciÃ³n adecuada la coincidente con la Ãºltima actividad laboral desempeÃ±ada siempre que su duraciÃ³n hubiese sido igual o superior a tres meses.
La colocaciÃ³n se entenderÃ¡ adecuada cuando se ofrezca en la localidad de residencia habitual del trabajador o en otra localidad situada en un radio inferior a 30 kilÃ³metros desde la localidad de la residencia habitual, salvo que el trabajador acredite que el tiempo mÃ­nimo para el desplazamiento, de ida y vuelta, supera el 25 por ciento de la duraciÃ³n de la jornada diaria de trabajo, o que el coste del desplazamiento supone un gasto superior al 20 por ciento del salario mensual, o cuando el trabajador tenga posibilidad de alojamiento apropiado en el lugar de nuevo empleo.
La colocaciÃ³n que se ofrezca al trabajador se entenderÃ¡ adecuada teniendo en cuenta la duraciÃ³n del trabajo, indefinida o temporal, o de la jornada de trabajo, a tiempo completo o parcial. AdemÃ¡s dicha colocaciÃ³n para entenderse adecuada deberÃ¡ implicar un salario equivalente al aplicable al puesto de trabajo que se ofrezca, con independencia de la cuantÃ­a de la prestaciÃ³n a que tenga derecho el trabajador, o aunque se trate de trabajos de colaboraciÃ³n social.
Para la aplicaciÃ³n de lo previsto en los pÃ¡rrafos anteriores el Servicio PÃºblico de Empleo competente tendrÃ¡ en cuenta las circunstancias profesionales y personales del desempleado, asÃ­ como la conciliaciÃ³n de su vida familiar y laboral, el itinerario de inserciÃ³n fijado, las caracterÃ­sticas del puesto de trabajo ofertado, la existencia de medios de transporte para el desplazamiento, asÃ­ como las caracterÃ­sticas de los mercados locales de empleo.
El salario correspondiente a la colocaciÃ³n para que Ã©sta sea considerada adecuada no podrÃ¡, en ningÃºn caso, ser inferior al salario mÃ­nimo interprofesional una vez descontados de aquÃ©l los gastos de desplazamiento.Â»
Doce. Se modifica la redacciÃ³n del artÃ­culo 232, y del pÃ¡rrafo c) del artÃ­culo 233 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que quedan redactados en los tÃ©rminos siguientes:
Â«ArtÃ­culo 232. Infracciones y sanciones.
En materia de infracciones y sanciones se estarÃ¡ a lo dispuesto en el presente TÃ­tulo y en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
c) Las relativas a la imposiciÃ³n de sanciones a los trabajadores por infracciones leves y graves conforme a lo establecido en el artÃ­culo 47 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.Â»
Trece. Se incorpora una disposiciÃ³n adicional trigÃ©sima tercera al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con el contenido siguiente:
Â«DisposiciÃ³n adicional trigÃ©sima tercera.
Los trabajadores que provengan de los paÃ­ses miembros del Espacio EconÃ³mico Europeo, o de los paÃ­ses con los que exista convenio de protecciÃ³n por desempleo, obtendrÃ¡n las prestaciones por desempleo en la forma prevista en las normas comunitarias o en los convenios correspondientes.Â»
Catorce. Se incorpora un apartado 4 a la disposiciÃ³n final quinta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con el contenido siguiente:
Â«4. Se habilita al Gobierno a regular dentro de la acciÃ³n protectora por desempleo y con el rÃ©gimen financiero y de gestiÃ³n establecido en el capÃ­tulo V del TÃ­tulo III de esta Ley el establecimiento de una ayuda especÃ­fica denominada renta activa de inserciÃ³n, dirigida a los desempleados con especiales necesidades econÃ³micas y dificultad para encontrar empleo que adquieran el compromiso de realizar actuaciones favorecedoras de su inserciÃ³n laboral.Â»
Â«1. El Fondo de GarantÃ­a Salarial, Organismo autÃ³nomo dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con personalidad jurÃ­dica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, abonarÃ¡ a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago a causa de insolvencia, suspensiÃ³n de pagos, quiebra o concurso de acreedores de los empresarios.
A los anteriores efectos, se considerarÃ¡ salario la cantidad reconocida como tal en acto de conciliaciÃ³n o en resoluciÃ³n judicial por todos los conceptos a que se refiere el artÃ­culo 26.1, asÃ­ como los salarios de tramitaciÃ³n en los supuestos en que legalmente procedan, sin que pueda el Fondo abonar, por uno u otro concepto, conjunta o separadamente, un importe superior a la cantidad resultante de multiplicar el duplo de salario mÃ­nimo interprofesional diario por el nÃºmero de dÃ­as de salario pendiente de pago, con un mÃ¡ximo de ciento veinte dÃ­as.Â»
Â«6. El despido nulo tendrÃ¡ el efecto de la readmisiÃ³n inmediata del trabajador, con abono de los salarios dejados de percibir.
7. El despido procedente convalidarÃ¡ la extinciÃ³n del contrato de trabajo que con aquÃ©l se produjo, sin derecho a indemnizaciÃ³n ni a salarios de tramitaciÃ³n.Â»
Â«1. Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco dÃ­as desde la notificaciÃ³n de la sentencia, podrÃ¡ optar entre la readmisiÃ³n del trabajador, con abono de los salarios de tramitaciÃ³n previstos en el pÃ¡rrafo b) de este apartado 1, o el abono de las siguientes percepciones econÃ³micas que deberÃ¡n ser fijadas en aquÃ©lla:
a) Una indemnizaciÃ³n de cuarenta y cinco dÃ­as de salario, por aÃ±o de servicio, prorrateÃ¡ndose por meses los perÃ­odos de tiempo inferiores a un aÃ±o hasta un mÃ¡ximo de cuarenta y dos mensualidades.
b) Una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificaciÃ³n de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocaciÃ³n fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitaciÃ³n.
2. En el supuesto de que la opciÃ³n entre readmisiÃ³n o indemnizaciÃ³n correspondiera al empresario, el contrato de trabajo se entenderÃ¡ extinguido en la fecha del despido, cuando el empresario reconociera la improcedencia del mismo y ofreciese la indemnizaciÃ³n prevista en el pÃ¡rrafo a) del apartado anterior, depositÃ¡ndola en el Juzgado de lo Social a disposiciÃ³n del trabajador y poniÃ©ndolo en conocimiento de Ã©ste.
Cuando el trabajador acepte la indemnizaciÃ³n o cuando no la acepte y el despido sea declarado improcedente, la cantidad a que se refiere el pÃ¡rrafo b) del apartado anterior quedarÃ¡ limitada a los salarios devengados desde la fecha del despido hasta la del depÃ³sito, salvo cuando el depÃ³sito se realice en las cuarenta y ocho horas siguientes al despido, en cuyo caso no se devengarÃ¡ cantidad alguna.
A estos efectos, el reconocimiento de la improcedencia podrÃ¡ ser realizado por el empresario desde la fecha del despido hasta la de la conciliaciÃ³n.Â»
Cuatro. Se da nueva redacciÃ³n al artÃ­culo 57 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que queda redactado en los tÃ©rminos siguientes:
Â«ArtÃ­culo 57. Pago por el Estado.
1. Cuando la sentencia que declare la improcedencia del despido se dicte transcurridos mÃ¡s de sesenta dÃ­as hÃ¡biles desde la fecha en que se presentÃ³ la demanda, el empresario podrÃ¡ reclamar del Estado el abono de la percepciÃ³n econÃ³mica a que se refiere el pÃ¡rrafo b) del apartado 1 del artÃ­culo 56 satisfecha al trabajador, correspondiente al tiempo que exceda de dichos sesenta dÃ­as.
2. En los casos de despido en que, con arreglo al presente artÃ­culo, sean por cuenta del Estado los salarios de tramitaciÃ³n, serÃ¡n con cargo al mismo las cuotas de la Seguridad Social correspondientes a dichos salarios.Â»
SÃ³lo podrÃ¡n ser beneficiarios del subsidio por desempleo, establecido por el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, en favor de los trabajadores eventuales incluidos en el RÃ©gimen especial Agrario de la Seguridad Social, aquellos desempleados que, reuniendo los requisitos exigidos en el citado Real Decreto, hayan sido beneficiarios de dicho subsidio en alguno de los tres aÃ±os naturales inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud del mismo.
1. A partir del dÃ­a 1 de junio de 2002 queda incluida en el Ã¡mbito de la protecciÃ³n por desempleo y serÃ¡ obligatoria la cotizaciÃ³n por desempleo de los trabajadores por cuenta ajena eventuales del RÃ©gimen Especial Agrario de la Seguridad Social, con las peculiaridades siguientes:
1. La base de cotizaciÃ³n por desempleo serÃ¡ la de jornadas reales establecida para el RÃ©gimen especial Agrario de la Seguridad Social. El tipo de cotizaciÃ³n y su distribuciÃ³n serÃ¡ el que corresponda y se fije en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para los contratos de duraciÃ³n determinada a tiempo completo, salvo que sea de aplicaciÃ³n otro tipo de cotizaciÃ³n especÃ­fico por tratarse de empresas de trabajo temporal, de contratos concretos de duraciÃ³n determinada o de trabajadores discapacitados. La cuota a ingresar por el trabajador y por el empresario se reducirÃ¡, respectivamente, en un 85 por 100 en 2002, en un 70 por 100 en 2003, en un 55 por 100 en 2004, en un 40 por 100 en 2005, en un 30 por 100 en 2006 y se aplicarÃ¡ sin reducciÃ³n a partir del aÃ±o 2007.
2. Las prestaciones por desempleo de nivel contributivo se obtendrÃ¡n si se reÃºnen los requisitos establecidos en el artÃ­culo 207 de la Ley General de la Seguridad Social, con las especialidades siguientes:
a) No cotizarÃ¡n por la contingencia de desempleo, ni tendrÃ¡n derecho a las prestaciones por desempleo por los perÃ­odos de actividad correspondientes, el cÃ³nyuge, los descendientes, ascendientes y demÃ¡s parientes, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopciÃ³n, del titular de la explotaciÃ³n agraria en la que trabajen siempre que convivan con Ã©ste, salvo que se demuestre su condiciÃ³n de asalariados.
En dÃ­as
PerÃ­odo de prestaciÃ³n
Si el trabajador eventual agrario de forma inmediatamente anterior figurÃ³ de alta en Seguridad Social como trabajador autÃ³nomo o cuenta propia, el perÃ­odo mÃ­nimo de cotizaciÃ³n necesario para el acceso a la prestaciÃ³n por desempleo serÃ¡ de setecientos veinte dÃ­as, aplicÃ¡ndose la escala anterior a partir de ese perÃ­odo.
c) La cotizaciÃ³n a la Seguridad Social durante la percepciÃ³n de la prestaciÃ³n contributiva por la cuota fija y el abono del importe de esa cuota fija por la Entidad Gestora se realizarÃ¡n conforme a lo establecido para los trabajadores por cuenta ajena de carÃ¡cter fijo incluidos en el RÃ©gimen especial Agrario de la Seguridad Social.
3. No serÃ¡ de aplicaciÃ³n a estos trabajadores la protecciÃ³n por desempleo de nivel asistencial, establecida en el artÃ­culo 215 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio.
3. Se faculta al Gobierno para establecer limitaciones en el acceso a la protecciÃ³n por desempleo de determinados colectivos; para exigir una declaraciÃ³n de actividad previa al pago de las prestaciones; para modificar la escala que fija la duraciÃ³n de la prestaciÃ³n contributiva; y para extender la protecciÃ³n asistencial a los trabajadores, en funciÃ³n de la tasa de desempleo y la situaciÃ³n financiera del sistema.
4. A los trabajadores agrÃ­colas fijos les serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo establecido en el pÃ¡rrafo a) del apartado 2 del nÃºmero 1 de este artÃ­culo.
5. Los perÃ­odos de ocupaciÃ³n cotizada en actividades sujetas al RÃ©gimen especial Agrario de la Seguridad Social como trabajador agrÃ­cola fijo o a otros regÃ­menes que tengan previsto cotizar por la contingencia de desempleo y los perÃ­odos de ocupaciÃ³n cotizada como eventual agrario se computarÃ¡n recÃ­procamente para la obtenciÃ³n de prestaciones de nivel contributivo. En este caso, si se acredita que el mayor perÃ­odo no corresponde a un perÃ­odo de ocupaciÃ³n cotizada como eventual agrario, las prestaciones por desempleo y, en su caso, los subsidios por agotamiento se otorgarÃ¡n conforme establece el TÃ­tulo III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social; en otro caso, se aplicarÃ¡n las normas especiales de protecciÃ³n previstas en este artÃ­culo, todo ello, con independencia de que la situaciÃ³n legal de desempleo se produzca por el cese en un trabajo eventual agrario, o no.
No cabrÃ¡ el cÃ³mputo recÃ­proco de cotizaciones previsto en el pÃ¡rrafo anterior para acceder al subsidio por desempleo establecido en el artÃ­culo 215.1.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social; por ello, las jornadas reales cubiertas en el RÃ©gimen especial Agrario de la Seguridad Social como eventual agrario no se computarÃ¡n para obtener dicho subsidio, pero servirÃ¡n para obtener un futuro derecho a la prestaciÃ³n por desempleo de nivel contributivo, o, en su caso, al subsidio por desempleo establecido en el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en cada caso.
La cotizaciÃ³n a la Seguridad Social durante la percepciÃ³n de las prestaciones se efectuarÃ¡ al RÃ©gimen especial Agrario de la Seguridad Social segÃºn lo establecido en el apartado 1.2.c) anterior, salvo que corresponda a otro RÃ©gimen de la Seguridad Social el mayor perÃ­odo cotizado, en cuyo caso la cotizaciÃ³n se efectuarÃ¡ dentro de este Ãºltimo.
7. Si el trabajador eventual agrario reÃºne los requisitos para obtener la prestaciÃ³n por desempleo de nivel contributivo regulada en el apartado 1.2 de este artÃ­culo y el subsidio por desempleo establecido en el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, podrÃ¡ optar por uno de los dos derechos, aplicÃ¡ndose las reglas siguientes:
1.Âª Si solicita el subsidio por desempleo establecido en el Real Decreto 5/1997, todas las jornadas reales cubiertas en el RÃ©gimen especial Agrario de la Seguridad Social, cualquiera que sea su nÃºmero, se tendrÃ¡n en cuenta para acreditar el requisito establecido en el artÃ­culo 2.1.c) del citado Real Decreto. En el caso de existir cotizaciones por desempleo a otros regÃ­menes de Seguridad Social no computadas para obtener dicho subsidio, las mismas servirÃ¡n para obtener una prestaciÃ³n o subsidio por desempleo posterior, conforme a lo establecido en el TÃ­tulo III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio.
2.Âª Si se solicita la prestaciÃ³n por desempleo de nivel contributivo regulada en el apartado 1.2 de este artÃ­culo a efectos de determinar el perÃ­odo de ocupaciÃ³n cotizada, se computarÃ¡n todas las jornadas reales cotizadas en el RÃ©gimen especial Agrario de la Seguridad Social, asÃ­ como el resto de cotizaciones por desempleo efectuadas en otros RegÃ­menes de Seguridad Social, siempre que no hayan sido computados para obtener una prestaciÃ³n o subsidio anterior, y que se hayan efectuado dentro de los seis aÃ±os anteriores a la situaciÃ³n legal de desempleo o al momento en que cesÃ³ la obligaciÃ³n legal de cotizar, siendo de aplicaciÃ³n, en su caso, lo establecido en la regla 1.ade este apartado 7, asÃ­ como lo previsto en el apartado 5 de este artÃ­culo.
Uno. Se modifica el apartado 3 del artÃ­culo 2 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que queda redactado en los tÃ©rminos siguientes:
Â«3. Los empresarios, los trabajadores, los solicitantes de subvenciones pÃºblicas y, en general, las personas fÃ­sicas o jurÃ­dicas, respecto de la normativa de colocaciÃ³n, fomento del empleo y de formaciÃ³n profesional ocupacional o continua.Â»
Dos. Se modifica el apartado 1 del artÃ­culo 5 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que queda redactado en los tÃ©rminos siguientes:
Â«1. Son infracciones laborales las acciones u omisiones de los empresarios contrarias a las normas legales, reglamentarias y clÃ¡usulas normativas de los convenios colectivos en materia de relaciones laborales, tanto individuales como colectivas, de colocaciÃ³n, empleo, formaciÃ³n profesional ocupacional y formaciÃ³n profesional continua y de trabajo temporal, tipificadas y sancionadas de conformidad con la presente Ley. Asimismo, tendrÃ¡n dicha consideraciÃ³n las demÃ¡s acciones u omisiones de los sujetos responsables y en las materias que se regulan en el presente capÃ­tulo.Â»
Tres. Se modifica el tÃ­tulo de la subsecciÃ³n primera de la secciÃ³n tercera del capÃ­tulo II del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que queda redactado en los tÃ©rminos siguientes:
Â«Infracciones de los empresarios y de las agencias de colocaciÃ³n en materia de empleo, ayudas de fomento del empleo en general, formaciÃ³n profesional ocupacional y formaciÃ³n profesional continua.Â»
Cuatro. Se modifican los apartados 3 y 4 del artÃ­culo 16 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que quedan redactados en los tÃ©rminos siguientes:
Â«3. Obtener o disfrutar indebidamente de subvenciones, ayudas de fomento del empleo o cualesquiera establecidas en programas de apoyo a la creaciÃ³n de empleo o formaciÃ³n profesional ocupacional o continua concedidas, financiadas o garantizadas, en todo o en parte, por el Estado o por las Comunidades AutÃ³nomas en el marco de la ejecuciÃ³n de la legislaciÃ³n laboral, ajenas al rÃ©gimen econÃ³mico de la Seguridad Social.
4. La no aplicaciÃ³n o las desviaciones en la aplicaciÃ³n de las ayudas o subvenciones de fomento del empleo, de reinserciÃ³n de demandantes de empleo, de la formaciÃ³n profesional ocupacional y de la formaciÃ³n profesional continua, concedidas, financiadas o garantizadas, en todo o en parte, por el Estado o por las Comunidades AutÃ³nomas en el marco de la ejecuciÃ³n de la legislaciÃ³n laboral, ajenas al rÃ©gimen econÃ³mico de la Seguridad Social.Â»
Cinco. Se aÃ±ade un pÃ¡rrafo c) al apartado 1 del artÃ­culo 17 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que queda redactada en los tÃ©rminos siguientes:
Â«1. Leves:
c) No cumplir las exigencias del compromiso de actividad, salvo causa justificada, siempre que la conducta no estÃ© tipificada como otra infracciÃ³n leve o grave en este artÃ­culo.Â»
Seis. Se modifica el pÃ¡rrafo segundo del apartado 2 del artÃ­culo 17 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que queda redactado en los tÃ©rminos siguientes:
Â«A los efectos previstos en esta Ley, se entenderÃ¡ por compromiso de actividad, por colocaciÃ³n adecuada y por trabajos de colaboraciÃ³n social los que reÃºnan los requisitos establecidos, respectivamente, en los apartados 2 y 3 del artÃ­culo 231 y en el apartado 3 del artÃ­culo 213 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio.Â»
Siete. Se modifican los pÃ¡rrafos a) y b) del apartado 1 y el apartado 3 del artÃ­culo 47 del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que quedan redactados en los tÃ©rminos siguientes:
Â«a) Las leves con pÃ©rdida de pensiÃ³n durante un mes. En el caso de las prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial, las infracciones leves se sancionarÃ¡n conforme a la siguiente escala:
1.Âª infracciÃ³n. PÃ©rdida de un mes de prestaciones.
2.Âª infracciÃ³n. PÃ©rdida de tres meses de prestaciones.
3.Âª infracciÃ³n. PÃ©rdida de seis meses de prestaciones.
Se aplicarÃ¡ esta escala a partir de la primera infracciÃ³n y cuando entre la comisiÃ³n de una infracciÃ³n leve y la anterior no hayan transcurrido mÃ¡s de los trescientos sesenta y cinco dÃ­as que establece el artÃ­culo 41.1 de esta Ley, con independencia del tipo de la infracciÃ³n.
b) Las graves tipificadas en el artÃ­culo 25 con pÃ©rdida de la prestaciÃ³n o pensiÃ³n durante un perÃ­odo de tres meses, salvo las de sus apartados 2 y 3, respectivamente, en las prestaciones por incapacidad temporal y en las prestaciones y subsidios por desempleo, en las que la sanciÃ³n serÃ¡ de extinciÃ³n de la prestaciÃ³n.
1.Âª infracciÃ³n. PÃ©rdida de tres meses de prestaciones.
2.Âª infracciÃ³n. PÃ©rdida de seis meses de prestaciones.
Se aplicarÃ¡ esta escala a partir de la primera infracciÃ³n y cuando entre la comisiÃ³n de una infracciÃ³n grave y la anterior no hayan transcurrido mÃ¡s de los trescientos sesenta y cinco dÃ­as que establece el artÃ­culo 41.1 de esta Ley, con independencia del tipo de la infracciÃ³n.Â»
Â«3. No obstante las sanciones anteriores, los trabajadores que incurran en infracciones en materia de empleo, formaciÃ³n profesional, ayudas para fomento de empleo y prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial perderÃ¡n los derechos que como demandantes de empleo tuvieran reconocidos quedando sin efecto la inscripciÃ³n como desempleados.Â»
ArtÃ­culo sexto. ModificaciÃ³n de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido aprobado por Real Decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril.
Uno. Se modifica el apartado 1 del artÃ­culo 110 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, que queda redactado en los tÃ©rminos siguientes:
Â«1. Si el despido se declara improcedente, se condenarÃ¡ al empresario a la readmisiÃ³n del trabajador en las mismas condiciones que regÃ­an antes de producirse el despido o, a elecciÃ³n de aquÃ©l, a que le abone una indemnizaciÃ³n, cuya cuantÃ­a se fijarÃ¡ de acuerdo con lo previsto en el apartado 1, pÃ¡rrafo a), del artÃ­culo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. La condena comprenderÃ¡, tambiÃ©n, el abono de la cantidad a que se refiere el pÃ¡rrafo b) del propio apartado 1, con las limitaciones, en su caso, previstas por el apartado 2 de dicho artÃ­culo y sin perjuicio de lo establecido en su artÃ­culo 57.
En los despidos improcedentes de trabajadores cuya relaciÃ³n laboral sea de carÃ¡cter especial, la cuantÃ­a de la indemnizaciÃ³n serÃ¡ la establecida, en su caso, por la norma que regule dicha relaciÃ³n especial.Â»
Dos. Se introduce un nuevo artÃ­culo 145 bis, dentro del capÃ­tulo VI, Â«De la Seguridad SocialÂ», del TÃ­tulo II del Libro II del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«1. Cuando la Entidad Gestora de las prestaciones por desempleo constate que, en los cuatro aÃ±os inmediatamente anteriores a una solicitud de prestaciones, el trabajador hubiera percibido prestaciones por finalizaciÃ³n de varios contratos temporales con una misma empresa, podrÃ¡ dirigirse de oficio a la autoridad judicial demandando que el empresario sea declarado responsable del abono de las mismas, salvo de la prestaciÃ³n correspondiente al Ãºltimo contrato temporal, si la reiterada contrataciÃ³n temporal fuera abusiva o fraudulenta, asÃ­ como la condena al empresario a la devoluciÃ³n a la Entidad Gestora de aquellas prestaciones junto con las cotizaciones correspondientes.
A la comunicaciÃ³n, que tendrÃ¡ la consideraciÃ³n de demanda, deberÃ¡ acompaÃ±arse copia del expediente o expedientes administrativos en que se fundamente, y en la misma se consignarÃ¡n los requisitos generales exigidos por la presente Ley para las demandas de los procesos ordinarios.
La comunicaciÃ³n podrÃ¡ dirigirse a la autoridad judicial en el plazo de los tres meses siguientes a la fecha en que se hubiera formulado la Ãºltima solicitud de prestaciones en tiempo y forma.
Lo dispuesto en este apartado no conllevarÃ¡ la revisiÃ³n de las resoluciones que hubieran reconocido el derecho a las prestaciones por desempleo derivadas de la finalizaciÃ³n de los reiterados contratos temporales, que se considerarÃ¡n debidas al trabajador.
2. El Juez examinarÃ¡ la demanda antes de decretar su admisiÃ³n, al efecto de comprobar si reÃºne todos los requisitos exigidos, advirtiendo a la Entidad Gestora, en su caso, los defectos u omisiones de que adolezca, a fin de que sean subsanados en el tÃ©rmino de diez dÃ­as.
3. Admitida a trÃ¡mite la demanda, continuarÃ¡ el procedimiento con arreglo a las normas generales de la presente Ley, con las especialidades siguientes:
a) El empresario y el trabajador que hubieran celebrado los reiterados contratos temporales tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de parte en el proceso, si bien no podrÃ¡n solicitar la suspensiÃ³n del proceso ni el trabajador desistir. Aun sin su asistencia, el procedimiento se seguirÃ¡ de oficio.
b) Las afirmaciones de hechos que se contengan en la comunicaciÃ³n base del proceso harÃ¡n fe, salvo prueba en contrario, incumbiendo la carga de la prueba al empresario demandado.
4. La sentencia que estime la demanda de la Entidad Gestora serÃ¡ inmediatamente ejecutiva.
5. Cuando la sentencia adquiera firmeza se comunicarÃ¡ a la InspecciÃ³n de Trabajo y Seguridad Social.
En el supuesto de que con base en la declaraciÃ³n de hechos probados que figure en la sentencia se extienda, en su caso, acta de infracciÃ³n por la InspecciÃ³n de Trabajo y Seguridad Social, no serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo dispuesto en el artÃ­culo 149.2 de la presente Ley.Â»
Tres. Se introduce un apartado 4 en el artÃ­culo 295 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«4. En los supuestos a que se refieren los apartados anteriores se suspenderÃ¡ el derecho a la prestaciÃ³n por desempleo en los tÃ©rminos previstos en la Ley General de la Seguridad Social.Â»
1. El presente Programa tiene por objeto regular para el aÃ±o 2002, dentro de la acciÃ³n protectora por desempleo, una ayuda especÃ­fica denominada renta activa de inserciÃ³n, dirigida a los desempleados con especiales necesidades econÃ³micas y dificultades para encontrar empleo, a los que se refiere la norma 2.Âª
2. Corresponde al Instituto Nacional de Empleo la gestiÃ³n del Programa de renta activa de inserciÃ³n, sin perjuicio de las competencias de gestiÃ³n de las polÃ­ticas activas de empleo que se desarrollen por dicho instituto o por la AdministraciÃ³n autonÃ³mica correspondiente, de acuerdo con la normativa de aplicaciÃ³n.
3. El Instituto Nacional de Empleo o los servicios pÃºblicos de empleo de las Comunidades AutÃ³nomas podrÃ¡n concertar convenios de colaboraciÃ³n con las Entidades a que se refiere la norma 13.Âª de esta disposiciÃ³n adicional, con el fin de favorecer la recualificaciÃ³n, bÃºsqueda y acceso al empleo de los beneficiarios del Programa.
1. PodrÃ¡n ser beneficiarios del presente Programa los trabajadores desempleados menores de sesenta y cinco aÃ±os que, a la fecha de solicitud de incorporaciÃ³n al mismo, reÃºnan los siguientes requisitos:
A estos efectos, aunque el solicitante carezca de rentas, en los tÃ©rminos anteriormente establecidos, si tiene cÃ³nyuge y, o hijos menores de veintisÃ©is aÃ±os, o mayores incapacitados o menores acogidos, Ãºnicamente se entenderÃ¡ cumplido el requisito de carencia de rentas cuando la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar asÃ­ constituida, incluido el solicitante, divididas por el nÃºmero de miembros que la componen no supere el 75 por 100 del salario mÃ­nimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.
2. Asimismo, podrÃ¡n ser beneficiarios del presente Programa los trabajadores desempleados que a la fecha de solicitud de incorporaciÃ³n al mismo reÃºnan los siguientes requisitos:
a) Acreditar la condiciÃ³n de persona con minusvalÃ­a en grado igual o superior al 33 por 100 o tener reconocida una incapacidad que suponga una disminuciÃ³n en su capacidad laboral del porcentaje anteriormente indicado, siempre que se reÃºnan los requisitos exigidos en el apartado 1 anterior, excepto el recogido en el pÃ¡rrafo a).
b) Ser trabajador emigrante que, habiendo retornado del extranjero, hubiera trabajado, como mÃ­nimo, seis meses en el extranjero desde su Ãºltima salida de EspaÃ±a, y estar inscrito como demandante de empleo, siempre que se reÃºnan los requisitos exigidos en el apartado 1 anterior, excepto el recogido en el pÃ¡rrafo b).
c) Tener acreditada por la AdministraciÃ³n competente la condiciÃ³n de vÃ­ctima de violencia domÃ©stica por parte de algÃºn miembro de la unidad familiar de convivencia y estar inscrito como demandante de empleo, siempre que se reÃºnan los requisitos exigidos en el apartado 1 anterior, excepto los recogidos en los pÃ¡rrafos a) y b).
3. PodrÃ¡n ser beneficiarios del presente Programa los trabajadores eventuales del RÃ©gimen especial Agrario de la Seguridad Social de las Comunidades AutÃ³nomas de AndalucÃ­a y de Extremadura que a la fecha de solicitud de incorporaciÃ³n al mismo reÃºnan los siguientes requisitos:
a) Estar inscrito como demandante de empleo y reunir los requisitos exigidos en el apartado 1 anterior, excepto los recogidos en los pÃ¡rrafos a) y b).
b) Reunir los requisitos recogidos en el artÃ­culo 2.1, pÃ¡rrafos a), b), c) y e) del Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, por el que se regula el subsidio por desempleo a favor de los trabajadores eventuales incluidos en el RÃ©gimen especial Agrario de la Seguridad Social, y no tener derecho al subsidio previsto en el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, por no haber sido beneficiario de dicho subsidio en alguno de los tres aÃ±os naturales inmediatamente anteriores a la solicitud.
c) Haber permanecido inscrito en el censo del RÃ©gimen especial Agrario de la Seguridad Social y en situaciÃ³n de alta o asimilada a ella, con carÃ¡cter ininterrumpido en los doce meses naturales inmediatamente anteriores a la solicitud.
1. Los trabajadores, ademÃ¡s de reunir los requisitos establecidos en la norma 2.a, para ser beneficiarios del programa deberÃ¡n solicitarlo y suscribir, en esta fecha, un compromiso de actividad en virtud del cual realizarÃ¡n las distintas actuaciones que se acuerden por los servicios pÃºblicos de empleo o, en su caso, las entidades que colaboren con los mismos, en el plan personal de inserciÃ³n, que se desarrollarÃ¡n mientras el trabajador se mantenga incorporado al Programa.
2. Los servicios pÃºblicos de empleo o, en su caso, las entidades que colaboren con los mismos, aplicarÃ¡n a los trabajadores que hayan suscrito el compromiso de actividad las acciones de inserciÃ³n laboral, conforme a lo previsto en la norma 7.Âª de esta disposiciÃ³n adicional.
3. Los trabajadores, para su incorporaciÃ³n y mantenimiento en el Programa, deberÃ¡n cumplir las obligaciones que implique el compromiso de actividad y aquellas que se concretan en el plan personal de inserciÃ³n laboral, asÃ­ como las siguientes:
1. Para incorporarse al Programa, los trabajadores deberÃ¡n encontrarse en desempleo demandando empleo, solicitar la renta activa de inserciÃ³n y reunir y acreditar los requisitos exigidos.
2. El Instituto Nacional de Empleo verificarÃ¡ el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta disposiciÃ³n adicional solicitando, en su caso, el informe de los servicios pÃºblicos de empleo respecto al de inscripciÃ³n como demandante de empleo.
1. CausarÃ¡n baja definitiva en el Programa los trabajadores incorporados al mismo en los que concurra alguno de los hechos siguientes:
b) No comparecer, previo requerimiento, ante el Instituto Nacional de Empleo o ante los servicios pÃºblicos de empleo, no renovar la demanda de empleo en la forma y fechas que se determinen en el documento de renovaciÃ³n de la demanda, o no devolver en plazo a los servicios pÃºblicos de empleo el correspondiente justificante de haber comparecido en el lugar y fecha indicados para cubrir las ofertas de empleo facilitadas por dichos servicios, salvo causa justificada.
2. La realizaciÃ³n de los trabajos por cuenta ajena o propia previstos en el apartado 4 de la norma 8.Âª de esta disposiciÃ³n adicional no supondrÃ¡ la baja en el Programa durante el tiempo en que el trabajo pueda ser compatible con la percepciÃ³n de la renta activa de inserciÃ³n; no obstante, durante ese tiempo no se exigirÃ¡ el cumplimiento de las obligaciones como demandante de empleo ni la participaciÃ³n en acciones de inserciÃ³n laboral.
Si se produce el cese en el trabajo citado, para mantener la percepciÃ³n de la renta activa de inserciÃ³n el trabajador deberÃ¡ comunicar el cese en la oficina de empleo dentro de los quince dÃ­as siguientes al mismo, acreditar su involuntariedad y reactivar el compromiso de actividad.
En el caso de cese en trabajo temporal, la cuantÃ­a de la renta se percibirÃ¡ en su totalidad y de su duraciÃ³n se considerarÃ¡ ya consumido la mitad del perÃ­odo en el que se compatibilizÃ³ la renta con el trabajo.
3. El trabajo en contratos de inserciÃ³n u otros subvencionados por el Instituto Nacional de Empleo, asÃ­ como el traslado al extranjero durante el desarrollo del Programa por un perÃ­odo inferior a seis meses para la realizaciÃ³n de trabajo o perfeccionamiento profesional, producirÃ¡n la baja temporal en el mismo, siendo posible la reincorporaciÃ³n al Programa en los tÃ©rminos establecidos en el apartado 3 de la norma 6.Âª
4. Las bajas y las reincorporaciones al Programa se resolverÃ¡n por el Instituto Nacional de Empleo y se comunicarÃ¡n a los servicios pÃºblicos de empleo competentes y por Ã©stos, en su caso, a las entidades que colaboren en la gestiÃ³n del Programa, a los efectos que, en cada caso, correspondan, en relaciÃ³n con la continuidad o no de las distintas acciones de inserciÃ³n laboral previstas en la norma 7.Âª de esta disposiciÃ³n adicional.
5. Los trabajadores que causen baja definitiva en el Programa no podrÃ¡n volver a ser admitidos al mismo.
1. La solicitud de incorporaciÃ³n al Programa deberÃ¡ presentarse en la oficina de empleo que corresponda al trabajador y acompaÃ±arse de la documentaciÃ³n acreditativa de carecer de rentas, en los tÃ©rminos del pÃ¡rrafo d) de la norma 2.Âª de esta disposiciÃ³n adicional, a cuyo efecto el solicitante presentarÃ¡ la declaraciÃ³n de las rentas, exigiÃ©ndose, en su caso, por el Instituto Nacional de Empleo copia de la declaraciÃ³n o declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, asÃ­ como de otras declaraciones tributarias, copia de recibos de salarios y copia de recibos de cobro de pensiones o de cualquier otro documento acreditativo de las rentas percibidas.
2. La tramitaciÃ³n de las bajas en el Programa en los supuestos previstos en los pÃ¡rrafos a), b), c) y j) del apartado 1 de la norma 5.Âª de esta disposiciÃ³n adicional se iniciarÃ¡ con la informaciÃ³n sobre los incumplimientos de las obligaciones o de las irregularidades que se hayan detectado. Como consecuencia de ello, se cursarÃ¡ una baja cautelar en el Programa y se darÃ¡ audiencia al interesado para que, en el plazo de quince dÃ­as, formule por escrito las alegaciones que considere oportuno y, transcurrido dicho plazo, se adoptarÃ¡ la resoluciÃ³n que corresponda, en los quince dÃ­as siguientes.
3. Producida la baja en el Programa por las causas previstas en el apartado 3 de la norma 5.Âª de esta disposiciÃ³n adicional, sÃ³lo se producirÃ¡ la reincorporaciÃ³n al mismo por solicitud del interesado en los quince dÃ­as siguientes al cese en el trabajo, o al retorno a EspaÃ±a, previa reactivaciÃ³n del compromiso de actividad en la fecha de la solicitud. La solicitud fuera del plazo seÃ±alado supondrÃ¡ la pÃ©rdida de tantos dÃ­as de renta como medien entre el dÃ­a siguiente al del cese en el trabajo o al del retorno y el dÃ­a de la solicitud.
4. A efectos de mantener la continuidad en la percepciÃ³n de la renta activa de inserciÃ³n prevista en el pÃ¡rrafo d) del apartado 4 de la norma 8.Âª de esta disposiciÃ³n adicional, el trabajador deberÃ¡ presentar en la oficina de empleo una comunicaciÃ³n en la que conste la certificaciÃ³n del empresario, en el modelo que se determine por el Instituto Nacional de Empleo, sobre la formalizaciÃ³n del contrato por tiempo indefinido o temporal y a tiempo completo o parcial.
5. Las admisiones, bajas y reincorporaciones al Programa se resolverÃ¡n por el Director provincial del Instituto Nacional de Empleo y serÃ¡n recurribles ante los Ã³rganos jurisdiccionales del orden social, previa reclamaciÃ³n ante dicho instituto, en la forma prevista en el artÃ­culo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril.
1. TutorÃ­a individualizada: la admisiÃ³n al Programa supondrÃ¡ la asignaciÃ³n al demandante de empleo de un tutor de empleo que, durante todo el desarrollo del Programa, le prestarÃ¡ una atenciÃ³n individualizada asesorÃ¡ndole, acordando y realizando el seguimiento y actualizaciÃ³n, al menos, con carÃ¡cter mensual, de su itinerario de inserciÃ³n laboral, proponiendo y evaluando las acciones de mejora de su ocupabilidad e informando, en su caso, de los incumplimientos de las obligaciones establecidas en el apartado 3 de la norma 3.Âª de esta disposiciÃ³n adicional, en el momento en que se produzcan, a los efectos previstos en el apartado 1 de la norma 5.Âª y en el apartado 2 de la norma 6.Âª de esta disposiciÃ³n adicional.
2. Itinerario de inserciÃ³n laboral: a partir de la admisiÃ³n al Programa y en el plazo mÃ¡ximo de quince dÃ­as, se establecerÃ¡ el desarrollo del itinerario de inserciÃ³n laboral del demandante de empleo a travÃ©s de:
3. GestiÃ³n de ofertas de colocaciÃ³n: el tutor de empleo promoverÃ¡ la participaciÃ³n del demandante de empleo en los procesos de selecciÃ³n para cubrir ofertas de colocaciÃ³n gestionadas por los servicios pÃºblicos de empleo o por las entidades que colaboren con los mismos cuando su perfil profesional cumpla con los requisitos planteados por el ofertante.
4. IncorporaciÃ³n a planes de empleo o formaciÃ³n: si en el plazo de los cuarenta y cinco dÃ­as siguientes a la admisiÃ³n en el Programa el trabajador no se ha reincorporado a un trabajo, los servicios pÃºblicos de empleo o las entidades que colaboren con los mismos, en funciÃ³n de sus disponibilidades y atendiendo al itinerario que se haya determinado como mÃ¡s adecuado para su inserciÃ³n laboral, gestionarÃ¡n, con carÃ¡cter prioritario sobre otros colectivos, la incorporaciÃ³n del demandante en alguno de los siguientes planes o programas:
b) Programa de talleres de empleo, o de escuelas taller y casas de oficios para la adquisiciÃ³n de la formaciÃ³n profesional y la prÃ¡ctica laboral necesaria que facilite la reincorporaciÃ³n al mercado de trabajo. La participaciÃ³n del demandante en un taller de empleo y, en su caso, en escuelas taller y casas de oficios se regirÃ¡ por su normativa especÃ­fica.
d) Otras actuaciones que incrementen las posibilidades de inserciÃ³n laboral, tales como las acciones de apoyo a la bÃºsqueda de empleo y las de informaciÃ³n y asesoramiento para el autoempleo.
e) Programa de fomento de empleo agrario, establecido en el Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, respecto a los trabajadores eventuales del RÃ©gimen especial Agrario de la Seguridad Social a los que se refiere el apartado 3 de la norma 2.Âª del apartado uno de esta disposiciÃ³n. La participaciÃ³n de los trabajadores en el Programa se regirÃ¡ por su normativa especÃ­fica.
5. IncorporaciÃ³n a acciones de voluntariado: los trabajadores admitidos al Programa podrÃ¡n incorporarse, voluntariamente, a las acciones de voluntariado reguladas en la Ley 6/1996, de 15 de enero, o en las correspondientes normas dictadas por las Comunidades AutÃ³nomas.
Los trabajadores, como consecuencia de su admisiÃ³n y mantenimiento en el Programa conforme a lo previsto en esta disposiciÃ³n adicional, tendrÃ¡n reconocida y podrÃ¡n percibir la renta activa de inserciÃ³n, de acuerdo con lo establecido en los siguientes apartados.
1. PercepciÃ³n de la renta:
a) La renta activa de inserciÃ³n se percibirÃ¡ transcurrido un perÃ­odo de tres meses, destinado a iniciar la aplicaciÃ³n de las polÃ­ticas activas de empleo previstas en la norma 7.aanterior, contado desde la fecha de solicitud de incorporaciÃ³n al Programa y se mantendrÃ¡ hasta agotar su duraciÃ³n mientras el trabajador continÃºe en el mismo.
2. CuantÃ­a y duraciÃ³n de la renta:
a) La cuantÃ­a de la renta serÃ¡ igual al 75 por ciento del salario mÃ­nimo interprofesional vigente en cada momento, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Durante la percepciÃ³n de la renta activa de inserciÃ³n no existirÃ¡ obligaciÃ³n por parte del Instituto Nacional de Empleo de cotizar a la Seguridad Social por ninguna contingencia.
c) La duraciÃ³n mÃ¡xima de la percepciÃ³n de la renta para los trabajadores eventuales del RÃ©gimen especial Agrario de la Seguridad Social, a los que se refiere el apartado 3 de la norma 2.Âª del apartado uno de esta disposiciÃ³n, menores de cincuenta y dos aÃ±os serÃ¡ de seis meses, y para los mayores de cincuenta y dos aÃ±os serÃ¡ de diez meses.
d) Las vÃ­ctimas de la violencia domÃ©stica, a las que se refiere el pÃ¡rrafo c) del apartado 2 de la norma 2.Âª del apartado uno de esta disposiciÃ³n, que se hayan visto obligadas y acrediten cambio de su residencia podrÃ¡n percibir en un pago Ãºnico una ayuda suplementaria de tres meses de renta activa de inserciÃ³n, sin que ello minore la duraciÃ³n de dicha renta, y sin aplicaciÃ³n, en su caso, del perÃ­odo de tres meses establecido en el pÃ¡rrafo a) del apartado 1 de esta norma 8.Âª
3. La renta activa de inserciÃ³n serÃ¡ incompatible:
4. La renta activa de inserciÃ³n serÃ¡ compatible:
b) Con el trabajo a tiempo parcial, en cuyo caso se deducirÃ¡ del importe de la renta la parte proporcional al tiempo trabajado, aplicÃ¡ndose lo establecido en el pÃ¡rrafo d) siguiente.
c) Con el trabajo autÃ³nomo o por cuenta propia.
Cuando se trate de trabajo de carÃ¡cter temporal, durante su realizaciÃ³n, la cuantÃ­a de la renta activa de inserciÃ³n que se abone al trabajador se reducirÃ¡ a la mitad, y el perÃ­odo de la renta pendiente por percibir mientras se compatibiliza con el trabajo se ampliarÃ¡ al doble.
b) TambiÃ©n corresponderÃ¡ al Instituto Nacional de Empleo el control de requisitos e incompatibilidades; la revisiÃ³n de oficio de las resoluciones administrativas errÃ³neas; la exigencia de la devoluciÃ³n de las cantidades indebidamente percibidas; asÃ­ como efectuar las compensaciones o descuentos en las prestaciones por desempleo o en la renta activa de inserciÃ³n de las cantidades indebidamente percibidas por cualquiera de dichas percepciones, todo ello en los mismos tÃ©rminos fijados para las prestaciones por desempleo.
1. Las Comunidades AutÃ³nomas que hayan asumido el traspaso de la gestiÃ³n realizada por el Instituto Nacional de Empleo o, en su caso, por el Instituto Social de la Marina, en el Ã¡mbito del trabajo, el empleo y la formaciÃ³n, desarrollarÃ¡n las polÃ­ticas activas de empleo para el cumplimiento de la presente disposiciÃ³n adicional, de conformidad con lo previsto en los Reales Decretos de traspaso.
2. El Instituto Social de la Marina ejercerÃ¡ las competencias atribuidas al Instituto Nacional de Empleo relativas a la gestiÃ³n del programa de renta activa de inserciÃ³n cuando se aplique a los desempleados procedentes del RÃ©gimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
1. Las Comunidades AutÃ³nomas a las que se refiere la norma 9.Âª anterior y el Instituto Nacional de Empleo o, en su caso, el Instituto Social de la Marina podrÃ¡n establecer convenios de colaboraciÃ³n para desarrollar las actuaciones necesarias para el cumplimiento de lo previsto en esta disposiciÃ³n adicional.
2. Las Comunidades AutÃ³nomas citadas proporcionarÃ¡n informaciÃ³n al Instituto Nacional de Empleo o, en su caso, al Instituto Social de la Marina sobre los demandantes de empleo atendidos en las distintas acciones del Programa y sobre las reincorporaciones al trabajo, o a planes de empleo y formaciÃ³n, asÃ­ como sobre los incumplimientos de las obligaciones que se hayan detectado, informando sobre los mismos en el momento en que se produzcan.
3. El Instituto Nacional de Empleo o, en su caso, el Instituto Social de la Marina proporcionarÃ¡n a dichas Comunidades AutÃ³nomas informaciÃ³n sobre las admisiones, bajas y reincorporaciones de los trabajadores al Programa en el momento en que se produzcan.
4. El seguimiento y evaluaciÃ³n del Programa a nivel nacional corresponderÃ¡ al Instituto Nacional de Empleo.
1. La financiaciÃ³n de las acciones en materia de polÃ­ticas activas de empleo se efectuarÃ¡ a travÃ©s de las subvenciones previstas para los distintos programas de empleo y/o formaciÃ³n. Las Comunidades AutÃ³nomas con competencias asumidas en polÃ­ticas activas de empleo deberÃ¡n realizar la reserva y la afectaciÃ³n que corresponda de las subvenciones que gestionen para la ejecuciÃ³n del programa.
2. La financiaciÃ³n de la renta activa de inserciÃ³n serÃ¡ la que corresponda a la acciÃ³n protectora por desempleo con cargo a la aplicaciÃ³n presupuestaria 19.101.312-A.488.
1. Las referencias efectuadas en la presente norma a los servicios pÃºblicos de empleo se entenderÃ¡n realizadas al Instituto Nacional de Empleo y a los correspondientes Servicios PÃºblicos de Empleo de las Comunidades AutÃ³nomas que hayan asumido el traspaso de funciones y servicios en materia de gestiÃ³n del trabajo, el empleo y la formaciÃ³n.
2. Asimismo, las referencias efectuadas en la presente disposiciÃ³n adicional a las oficinas de empleo se entenderÃ¡n realizadas a las oficinas del Instituto Nacional de Empleo y a las oficinas de los correspondientes Servicios PÃºblicos de Empleo de las Comunidades AutÃ³nomas citadas.
1. Los servicios pÃºblicos de empleo, previa suscripciÃ³n del oportuno convenio, podrÃ¡n autorizar la colaboraciÃ³n de entidades para la realizaciÃ³n, entre otras, de las acciones previstas en la norma 7.Âª de la presente disposiciÃ³n adicional, y que son objeto del compromiso de actividad con el demandante admitido al Programa.
A los efectos de lo establecido de esta disposiciÃ³n adicional, podrÃ¡n suscribir convenios de colaboraciÃ³n las entidades que dispongan de los medios adecuados para el desarrollo de las acciones de inserciÃ³n contenidas en el convenio, acrediten resultados previos de integraciÃ³n laboral y se comprometan a conseguir la inserciÃ³n laboral de, al menos, el 25 por ciento de los demandantes de empleo atendidos durante el desarrollo del programa.
En consecuencia, las entidades autorizadas con las que se suscriba el oportuno convenio de colaboraciÃ³n quedarÃ¡n habilitadas para el desarrollo tanto de las acciones que en cada caso sean mÃ¡s apropiadas para la mejora de la ocupabilidad como de la intermediaciÃ³n de los demandantes admitidos al Programa.
2. Los servicios pÃºblicos de empleo tambiÃ©n podrÃ¡n obtener ayuda de los servicios sociales de base para completar las acciones de inserciÃ³n laboral con acciones de inserciÃ³n social.
Los trabajadores sÃ³lo podrÃ¡n ser admitidos al Programa y obtener, en su caso, el reconocimiento de la renta activa de inserciÃ³n, previa solicitud, a partir del dÃ­a 26 de mayo de 2002 y hasta el dÃ­a 31 de diciembre del mismo aÃ±o.
Los trabajadores eventuales del RÃ©gimen especial Agrario de la Seguridad Social, a los que se refiere el apartado 3 de la norma 2.Âª del apartado uno de esta disposiciÃ³n, sÃ³lo podrÃ¡n ser admitidos al Programa y obtener, en su caso, el reconocimiento de la renta activa de inserciÃ³n si lo solicitan a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Ley y hasta el dÃ­a 31 de marzo de 2003.
La AdministraciÃ³n tributaria colaborarÃ¡ con la Entidad Gestora de las prestaciones por desempleo, en los tÃ©rminos establecidos en la disposiciÃ³n adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, en el pÃ¡rrafo c) del nÃºmero 1 del artÃ­culo 113 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, y en el artÃ­culo 31 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, facilitÃ¡ndole la informaciÃ³n tributaria necesaria para el cumplimiento de sus funciones en materia de gestiÃ³n y control de las prestaciones y subsidios por desempleo.
DisposiciÃ³n adicional tercera. Subvenciones del Programa de fomento del empleo y las campaÃ±as agrÃ­colas.
Las ayudas contempladas en el programa de fomento del empleo agrario para la realizaciÃ³n de obras y servicios de interÃ©s general y social no podrÃ¡n tener como beneficiarios finales a los trabajadores eventuales del RÃ©gimen especial Agrario de la Seguridad Social, mientras existan campaÃ±as agrÃ­colas a las que los mismos puedan acceder por tratarse de un empleo adecuado.
Reglamentariamente, se determinarÃ¡ el Ã³rgano de participaciÃ³n institucional en el que se delimiten las campaÃ±as agrÃ­colas y su calendario de ejecuciÃ³n.
DisposiciÃ³n adicional cuarta. ProtecciÃ³n por desempleo de trabajadores fijos de carÃ¡cter discontinuo.
La protecciÃ³n por desempleo de los trabajadores fijos de carÃ¡cter discontinuo derivada de lo dispuesto en el artÃ­culo 208.1.4 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social serÃ¡ de aplicaciÃ³n tanto a los trabajadores con contratos de fijo discontinuo concertados antes del 4 de marzo de 2001 de conformidad con el artÃ­culo 12.3.a) del Estatuto de los Trabajadores en su redacciÃ³n anterior al Real Decreto-ley 5/2001, de 2 de marzo, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, como a los trabajadores con contratos de fijos discontinuos concertados con posterioridad a dicha fecha.
DisposiciÃ³n adicional quinta. ContrataciÃ³n estable por trabajadores autÃ³nomos.
1. Se modifica el pÃ¡rrafo i) del apartado 1.1 del artÃ­culo cuarto de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, que queda redactado en los tÃ©rminos siguientes:
Â«i) Mujeres desempleadas inscritas en la oficina de empleo que sean contratadas en los veinticuatro meses siguientes a la fecha del parto.Â»
2. Se modifica el apartado 1.2 del artÃ­culo cuarto de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, que queda redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«1.2 Los trabajadores incluidos en el campo de aplicaciÃ³n del RÃ©gimen especial de la Seguridad Social de Trabajadores AutÃ³nomos, dados de alta en el mismo al menos desde el 1 de enero de 2001, que contraten indefinidamente, incluida la contrataciÃ³n de trabajadores fijos discontinuos, a trabajadores desempleados inscritos en la oficina de empleo, incluidos en alguno de los colectivos del apartado anterior.Â»
3. Se modifican los pÃ¡rrafos h) e i) del apartado 1 del artÃ­culo sexto de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y mejora de su calidad, que quedan redactadas en los tÃ©rminos siguientes:
Â«h) ContrataciÃ³n de desempleados admitidos en el programa que contempla la ayuda especÃ­fica denominada renta activa de inserciÃ³n: 65 por 100 durante los veinticuatro meses siguientes al inicio de la vigencia del contrato; 45 por 100 durante el resto de vigencia del mismo en el caso de trabajadores mayores de cuarenta y cinco aÃ±os y hasta los cincuenta y cinco; o 50 por 100 durante el resto de vigencia del mismo en el caso de trabajadores mayores de cincuenta y cinco aÃ±os y hasta los sesenta y cinco.Â»
Â«i) ContrataciÃ³n de mujeres desempleadas inscritas en la oficina de empleo que sean contratadas en los veinticuatro meses siguientes a la fecha de parto: 100 por 100 durante los doce meses siguientes al inicio de la vigencia del contrato.Â»
4. La disposiciÃ³n adicional quinta de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, queda redactada en los tÃ©rminos siguientes:
Â«DisposiciÃ³n adicional quinta. Fomento del empleo de discapacitados.
b) Trabajadores que hayan finalizado su relaciÃ³n laboral de carÃ¡cter indefinido en un plazo de tres meses previos a la formalizaciÃ³n del contrato.Â»
DisposiciÃ³n adicional sexta. ProtecciÃ³n por desempleo de los socios trabajadores y de trabajo de las cooperativas.
1. Se incorpora una disposiciÃ³n adicional tercera al Real Decreto 1043/1985, de 19 de junio, por el que se amplÃ­a la protecciÃ³n por desempleo a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, que queda redactada en los tÃ©rminos siguientes:
Â«Tercera. Los socios trabajadores de las cooperativas de explotaciÃ³n comunitaria de la tierra, asÃ­ como los socios de trabajo a que se refiere el apartado 4 del artÃ­culo 13 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, tendrÃ¡n derecho a la protecciÃ³n por desempleo en las mismas condiciones establecidas para los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado.Â»
2. Se modifica lo establecido en el pÃ¡rrafo a) del artÃ­culo 3 del Real Decreto 1043/1985, de 19 de junio, por el que se amplÃ­a la protecciÃ³n por desempleo a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, que queda redactada en los tÃ©rminos siguientes:
Â«a) En el supuesto de expulsiÃ³n del socio serÃ¡ necesaria la notificaciÃ³n del acuerdo de expulsiÃ³n por parte del consejo rector de la cooperativa, indicando su fecha de efectos, o, en su caso, el acta de conciliaciÃ³n judicial o la resoluciÃ³n definitiva de la jurisdicciÃ³n competente que declare expresamente la improcedencia de la expulsiÃ³n.Â»
DisposiciÃ³n adicional sÃ©ptima. RÃ©gimen aplicable, a efectos de la Seguridad Social, a las vacaciones retribuidas y no disfrutadas.
Se modifica el apartado 1 del artÃ­culo 125 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, que queda redactado en los siguiente tÃ©rminos:
Â«1. La situaciÃ³n legal de desempleo total durante la que el trabajador perciba la prestaciÃ³n por dicha contingencia serÃ¡ asimilada a la de alta. Asimismo, tendrÃ¡ la consideraciÃ³n de situaciÃ³n asimilada a la de alta, con cotizaciÃ³n, salvo en lo que respecta al subsidio por riesgo durante el embarazo, la situaciÃ³n del trabajador durante el perÃ­odo correspondiente a vacaciones anuales retribuidas que no hayan sido disfrutadas por el mismo con anterioridad a la finalizaciÃ³n del contrato.Â»
DisposiciÃ³n adicional octava. ActualizaciÃ³n del programa de fomento del empleo.
1. Se aÃ±ade un nuevo apartado 4 al nÃºmero 1 del artÃ­culo cuarto de la Ley 12/2001, de 9 de julio, con el siguiente tenor literal:
Â«1.4 Las cooperativas o sociedades laborales a las que se incorporen desempleados incluidos en alguno de los colectivos establecidos en los apartados 1 y 3 de este primer nÃºmero, como socios trabajadores o de trabajo, con carÃ¡cter indefinido y siempre que la entidad haya optado por un rÃ©gimen de Seguridad Social propio de trabajadores por cuenta ajena.Â»
2. Se aÃ±ade un nuevo nÃºmero 8 al artÃ­culo sexto de la Ley 12/2001, de 9 de julio, con el siguiente tenor literal:
Â«8. La incorporaciÃ³n a las cooperativas o sociedades laborales como socios trabajadores o de trabajo, con carÃ¡cter indefinido y encuadrados en un rÃ©gimen por cuenta ajena de Seguridad Social que se produzca hasta el 31 de diciembre de 2002, darÃ¡ derecho a partir de la fecha de la incorporaciÃ³n a las bonificaciones de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes establecidas en los apartados 1, 3, 4 y 5 de este artÃ­culo, segÃºn el colectivo al que pertenezca el desempleado incorporado.Â»
3. Se modifica el artÃ­culo sÃ©ptimo de la Ley 12/2001, de 9 de julio, que queda redactado como sigue:
Â«ArtÃ­culo sÃ©ptimo. Concurrencia de bonificaciones.
En el supuesto en que la contrataciÃ³n indefinida de un trabajador desempleado o su incorporaciÃ³n como socio trabajador o socio de trabajo a una cooperativa o sociedad laboral celebrada en virtud de este programa de fomento de empleo pudiera dar lugar simultÃ¡neamente a su inclusiÃ³n en mÃ¡s de uno de los supuestos para los que estÃ¡n previstas bonificaciones, sÃ³lo serÃ¡ posible aplicarlas respecto de uno de ellos, correspondiendo la opciÃ³n al beneficiario de las deducciones previstas en esta norma.
No obstante lo seÃ±alado en el pÃ¡rrafo anterior, las bonificaciones en las cotizaciones previstas para los contratos indefinidos con trabajadores de sesenta o mÃ¡s aÃ±os y con una antigÃŒedad en la empresa de cinco o mÃ¡s aÃ±os serÃ¡n compatibles con las bonificaciones establecidas con carÃ¡cter general en los programas de fomento de empleo y serÃ¡n a cargo del Instituto Nacional de Empleo, sin que en ningÃºn caso la suma de las bonificaciones aplicables pueda superar el 100 por 100 sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el artÃ­culo 112 bis del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.Â»
4. Se aÃ±ade un nuevo pÃ¡rrafo e) al apartado 1 del artÃ­culo octavo de la Ley 12/2001, de 9 de julio, con el siguiente tenor literal:
Â«e) Incorporaciones de socios trabajadores o de trabajo a cooperativas o sociedades laborales cuando hayan mantenido un vÃ­nculo contractual previo con dichas sociedades superior a los doce meses.Â»
DisposiciÃ³n adicional novena. BonificaciÃ³n de cuotas a la Seguridad Social para contratos de interinidad con los que se sustituyan bajas por incapacidad temporal de discapacitados.
Los contratos de interinidad que se celebren con personas minusvÃ¡lidas desempleadas, para sustituir a trabajadores y trabajadoras minusvÃ¡lidos que tengan suspendido su contrato de trabajo por incapacidad temporal durante el perÃ­odo que persista dicha situaciÃ³n, darÃ¡n derecho a una bonificaciÃ³n del 100 por 100 de las cuotas empresariales de la Seguridad Social, incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y en las aportaciones empresariales de las cuotas de recaudaciÃ³n conjunta.
DisposiciÃ³n adicional dÃ©cima. FormaciÃ³n teÃ³rica de discapacitados psÃ­quicos contratados para la formaciÃ³n.
Se incorpora un nuevo pÃ¡rrafo al final del artÃ­culo 11.2.e) de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con esta redacciÃ³n:
Â«Cuando el trabajador contratado para la formaciÃ³n sea una persona con discapacidad psÃ­quica, la formaciÃ³n teÃ³rica podrÃ¡ sustituirse, total o parcialmente, previo informe de los equipos multiprofesionales de valoraciÃ³n correspondientes, por la realizaciÃ³n de procedimientos de rehabilitaciÃ³n o de ajuste personal y social en un centro psicosocial o de rehabilitaciÃ³n sociolaboral.Â»
DisposiciÃ³n adicional undÃ©cima. BonificaciÃ³n de cuotas a la Seguridad Social para las personas minusvÃ¡lidas que se establezcan como trabajadores por cuenta propia.
Las personas minusvÃ¡lidas que se establezcan como trabajadores por cuenta propia, vinculados a un proyecto de autoempleo aprobado por la AdministraciÃ³n competente, se beneficiarÃ¡n durante los tres aÃ±os siguientes a dicha aprobaciÃ³n de una bonificaciÃ³n del 50 por 100 de la cuota correspondiente a la base de cotizaciÃ³n mÃ­nima establecida por el RÃ©gimen especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o AutÃ³nomo.
DisposiciÃ³n adicional duodÃ©cima. ModificaciÃ³n de la Ley 40/1998, del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas y otras normas tributarias.
El pÃ¡rrafo e) del artÃ­culo 7 de la Ley 40/1998 queda redactada en los siguientes tÃ©rminos:
Â«e) Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantÃ­a establecida con carÃ¡cter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecuciÃ³n de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato.
Cuando se extinga el contrato de trabajo con anterioridad al acto de conciliaciÃ³n, estarÃ¡n exentas las indemnizaciones por despido que no excedan de la que hubiera correspondido en el caso de que el mismo hubiera sido declarado improcedente, y no se trate de extinciones de mutuo acuerdo en el marco de planes o sistemas colectivos de bajas incentivadas.Â»
Las extinciones de contratos producidas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley se regirÃ¡n, en lo que se refiere a sus aspectos sustantivo y procesal, por las disposiciones vigentes en la fecha en que hubieran tenido lugar dichas extinciones.
DisposiciÃ³n transitoria segunda. AcreditaciÃ³n de determinadas situaciones legales de desempleo.
La existencia de situaciÃ³n legal de desempleo en los supuestos recogidos en el artÃ­culo 208.1.1.b), c) y d) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacciÃ³n dada al mismo por la presente Ley, hasta tanto se desarrolle reglamentariamente dicho artÃ­culo, se acreditarÃ¡ por el trabajador en la forma siguiente:
1. En el caso de extinciÃ³n del contrato por muerte, jubilaciÃ³n o incapacidad del empresario individual, mediante:
a) La comunicaciÃ³n escrita del empresario, sus herederos o representante legal notificando al trabajador la extinciÃ³n de la relaciÃ³n laboral por alguna de dichas causas.
b) El acta de conciliaciÃ³n administrativa o judicial, o la resoluciÃ³n judicial definitiva, en los tÃ©rminos fijados en el apartado 2.b) siguiente.
a) La notificaciÃ³n por escrito a que se refiere el artÃ­culo 55.1 del Estatuto de los Trabajadores. En defecto de dicha notificaciÃ³n la acreditaciÃ³n se realizarÃ¡ mediante alguno de los documentos previstos en el pÃ¡rrafo b) siguiente o, en su caso, mediante certificado de empresa o informe de la InspecciÃ³n de Trabajo y Seguridad Social en los que consten el cese involuntario en la prestaciÃ³n de trabajo y su fecha de efectos, o el acta de conciliaciÃ³n administrativa en la que conste que el trabajador impugna el despido y el empresario no comparece.
b) El acta de conciliaciÃ³n administrativa o judicial o la resoluciÃ³n judicial definitiva declarando la procedencia o improcedencia del despido. En el supuesto de improcedencia, deberÃ¡ tambiÃ©n acreditarse que el empresario, o el trabajador cuando sea representante legal de los trabajadores, no ha optado por la readmisiÃ³n.
a) La comunicaciÃ³n escrita al trabajador en los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culo 53 del Estatuto de los Trabajadores.
b) El acta de conciliaciÃ³n administrativa o judicial o la resoluciÃ³n judicial definitiva en los tÃ©rminos fijados en el apartado 2.b) anterior.
1. A efectos del reconocimiento de los subsidios por desempleo y no obstante lo establecido en el artÃ­culo 215.3.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, no se computarÃ¡n como renta ni el importe de la indemnizaciÃ³n por extinciÃ³n del contrato de trabajo derivada de expediente de regulaciÃ³n de empleo autorizado mediante resoluciÃ³n de la autoridad laboral, ni las prestaciones pÃºblicas, consecuencia de dicho expediente, cuyo objeto sea reponer la parte de prestaciÃ³n por desempleo contributiva que el trabajador tuviera consumida a la fecha de extinciÃ³n de su contrato o contribuir a la financiaciÃ³n de un convenio especial con la Seguridad Social o atender situaciones de urgencia y necesidad sociolaboral que permitan facilitar los procesos de reestructuraciÃ³n de empresas que pudieran conllevar el cese total o parcial de las mismas o contribuyan al mantenimiento del empleo, siempre que el expediente se hubiera iniciado con anterioridad al 26 de mayo de 2002, y dicho expediente fuera la causa de acceso a la prestaciÃ³n por desempleo contributiva cuyo agotamiento permite el acceso al subsidio.
Lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior serÃ¡ igualmente de aplicaciÃ³n cuando el expediente, aun iniciado con posterioridad al 26 de mayo de 2002, traiga causa de planes en sectores en reestructuraciÃ³n en el Ã¡mbito de la UniÃ³n Europea aprobados antes de dicha fecha.
TambiÃ©n se aplicarÃ¡n dichas reglas en los supuestos en que las prestaciones o subsidios que procedan por la extinciÃ³n de los contratos de trabajo a que se refieren los pÃ¡rrafos anteriores se suspendan o se extingan por realizar el beneficiario un trabajo de duraciÃ³n inferior a la establecida en el artÃ­culo 212.1.d), o igual o superior a la establecida en el artÃ­culo 213.1.d) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cuando en este Ãºltimo caso se opte por la reapertura del derecho inicial.
2. Lo establecido en el apartado anterior serÃ¡ asimismo aplicable cuando, tratÃ¡ndose de expedientes de regulaciÃ³n de empleo iniciados a partir del 26 de mayo de 2002, los trabajadores afectados hubieran percibido prestaciones por desempleo como consecuencia de expedientes de suspensiÃ³n de contratos por la misma causa iniciados en los veinticuatro meses anteriores a dicha fecha.
1. En aplicaciÃ³n de lo dispuesto en el apartado 3 del artÃ­culo 228 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacciÃ³n dada al mismo por esta Ley, se mantendrÃ¡ lo previsto en el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por el que se establece el abono de la prestaciÃ³n por desempleo en su modalidad de pago Ãºnico, incluidas las modificaciones incorporadas por normas posteriores, en lo que no se oponga a las reglas siguientes:
1.Âª La Entidad Gestora podrÃ¡ abonar el valor actual del importe de la prestaciÃ³n por desempleo de nivel contributivo a los beneficiarios de prestaciones cuando pretendan incorporarse, de forma estable y a tiempo completo, como socios trabajadores o de trabajo, en cooperativas o en sociedades laborales en las que previamente no hubieran cesado, o constituirlas, o cuando dichos beneficiarios pretendan constituirse como trabajadores autÃ³nomos y se trate de personas con minusvalÃ­a igual o superior al 33 por 100.
En estos supuestos, el abono de la prestaciÃ³n se realizarÃ¡ de una sola vez por el importe que corresponda a la aportaciÃ³n obligatoria establecida con carÃ¡cter general en cada cooperativa, o al de la adquisiciÃ³n de acciones o participaciones del capital social en una sociedad laboral, en ambos casos en lo necesario para acceder a la condiciÃ³n de socio, o a la inversiÃ³n necesaria para desarrollar la actividad en el caso de trabajadores autÃ³nomos con minusvalÃ­a.
No obstante, si no se obtiene la prestaciÃ³n por su importe total, el importe restante se podrÃ¡ obtener conforme a lo establecido en la regla 2.Âª siguiente.
Asimismo, el beneficiario de prestaciones en los supuestos citados en el pÃ¡rrafo primero podrÃ¡ optar por obtener toda la prestaciÃ³n pendiente por percibir conforme a lo establecido en la regla 2.Âª siguiente.
2.Âª La Entidad Gestora podrÃ¡ abonar trimestralmente el importe de la prestaciÃ³n por desempleo de nivel contributivo para subvencionar la cotizaciÃ³n del trabajador a la Seguridad Social, y en este supuesto:
b) El abono se realizarÃ¡ trimestralmente por la Entidad Gestora, previa presentaciÃ³n por los trabajadores de los correspondientes documentos acreditativos de la cotizaciÃ³n.
3.Âª Lo previsto en las reglas 1.Âª y 2.Âª tambiÃ©n serÃ¡ de aplicaciÃ³n a los beneficiarios de la prestaciÃ³n por desempleo de nivel contributivo, que pretendan constituirse como trabajadores autÃ³nomos y no se trate de personas con minusvalÃ­a igual o superior al 33 por 100.
En el caso de la regla 1.Âª, el abono de una sola vez se realizarÃ¡ por el importe que corresponde a la inversiÃ³n necesaria para desarrollar la actividad, incluido el importe de las cargas tributarias para el inicio de la actividad, con el lÃ­mite mÃ¡ximo del 20 por 100 del importe de la prestaciÃ³n por desempleo de nivel contributivo pendiente por percibir.
En aplicaciÃ³n de lo previsto en el pÃ¡rrafo primero del apartado 4 del artÃ­culo 228 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacciÃ³n dada al mismo por esta Ley, se estarÃ¡ a lo siguiente:
La aplicaciÃ³n del programa regulado en la presente disposiciÃ³n transitoria serÃ¡ voluntaria para los trabajadores desempleados a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior.
2. A efectos de aplicar este rÃ©gimen de compatibilidad, los trabajadores deberÃ¡n ser contratados a tiempo completo y de forma indefinida o temporal, siempre que la duraciÃ³n del contrato sea superior a tres meses.
3.1 Abono mensual al trabajador del 50 por 100 de la cuantÃ­a del subsidio, durante la vigencia del contrato, con el lÃ­mite mÃ¡ximo del doble del perÃ­odo pendiente de percibir del subsidio, y sin perjuicio de la aplicaciÃ³n de las causas de extinciÃ³n del derecho previstas en los pÃ¡rrafos a), e), f), g) y h) del artÃ­culo 213 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
3.2 Abono al trabajador, en un solo pago, de tres meses de la cuantÃ­a del subsidio si el trabajo que origina la compatibilidad obliga al beneficiario a cambiar de lugar habitual de residencia.
4. El abono mensual a que se refiere el apartado 3.1 anterior lo percibirÃ¡ el trabajador de la Entidad Gestora de las prestaciones durante el tiempo establecido en dicho apartado, descontando, en su caso, el perÃ­odo de tres meses de subsidio de la ayuda a la movilidad geogrÃ¡fica prevista en el apartado 3.2 anterior, equivalente a seis meses de abono del subsidio en el rÃ©gimen de compatibilidad seÃ±alado.
A efectos de lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior, se podrÃ¡ aplicar lo establecido en el apartado 1 del artÃ­culo 227 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, respecto al reintegro de prestaciones de cuyo pago serÃ¡ directamente responsable el empresario.
6. En el caso de cese en el trabajo, y siempre que no se reÃºnan los requisitos de acceso a la prestaciÃ³n contributiva por desempleo, ni se haya agotado la duraciÃ³n del subsidio, para mantener su percepciÃ³n el trabajador deberÃ¡ comunicar el cese en la oficina de empleo dentro de los quince dÃ­as siguientes al mismo y reactivar el compromiso de actividad, obteniendo, siempre que se reÃºnan los requisitos exigidos al efecto, dicho subsidio por el total de su cuantÃ­a; en tal caso se considerarÃ¡ como perÃ­odo consumido de derecho la mitad del perÃ­odo en el que se compatibilizÃ³ el subsidio con el trabajo.
7. No se aplicarÃ¡ la compatibilidad prevista en esta disposiciÃ³n cuando se trate de contratos de inserciÃ³n o de contratos subvencionados por el Instituto Nacional de Empleo al amparo del Programa de fomento de empleo agrario, establecido en el Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, o cuando la contrataciÃ³n sea efectuada por:
Tampoco se aplicarÃ¡ la compatibilidad prevista en este programa cuando se trate de contrataciones que afecten al cÃ³nyuge, ascendientes, descendientes y demÃ¡s parientes por consanguinidad o afinidad, o en su caso por adopciÃ³n, hasta el segundo grado inclusive, del empresario o de quienes ostenten cargos de direcciÃ³n o sean miembros de los Ã³rganos de administraciÃ³n de las entidades o de las empresas que revistan la forma jurÃ­dica de sociedad, asÃ­ como las que se produzcan con estos Ãºltimos.
8. TambiÃ©n podrÃ¡n compatibilizar voluntariamente el subsidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales incluidos en el RÃ©gimen especial Agrario de la Seguridad Social, regulado por el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, con el trabajo por cuenta ajena los trabajadores desempleados mayores de cincuenta y dos aÃ±os, inscritos en las oficinas de empleo y beneficiarios de dicho subsidio, en los mismos tÃ©rminos regulados en los apartados anteriores, con las salvedades siguientes:
8.1 Si el trabajo por cuenta ajena estÃ¡ encuadrado en el RÃ©gimen especial Agrario de la Seguridad Social:
a) En el supuesto de que la contrataciÃ³n fuera de carÃ¡cter temporal no se aplicarÃ¡ el lÃ­mite de tres meses establecido en el apartado 2 anterior.
b) La contrataciÃ³n podrÃ¡ hacerse por empresas en las que el desempleado beneficiario del subsidio haya trabajado en los Ãºltimos doce meses.
c) No corresponde la bonificaciÃ³n establecida en el apartado 3.3 anterior.
d) El empresario serÃ¡ responsable de la cotizaciÃ³n por jornadas reales al RÃ©gimen especial Agrario de la Seguridad Social por las contingencias que correspondan.
e) La Entidad Gestora abonarÃ¡ al trabajador el 50 por 100 del importe de la cuota fija al RÃ©gimen Especial Agrario de la Seguridad Social durante la vigencia del contrato.
8.2 Si el trabajador mantiene el trabajo por cuenta ajena, con independencia del rÃ©gimen de Seguridad Social en el que estÃ© encuadrado, cuando se cumpla un aÃ±o desde el nacimiento del derecho al subsidio no se producirÃ¡ la extinciÃ³n del mismo, establecida en el artÃ­culo 9.a) del Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, hasta la extinciÃ³n de ese trabajo.
9. El Gobierno podrÃ¡ modificar, mediante Real Decreto, lo establecido en los apartados anteriores.
1. En aplicaciÃ³n de lo previsto en el pÃ¡rrafo tercero del apartado 4 del artÃ­culo 228 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacciÃ³n dada al mismo por esta Ley, podrÃ¡n acogerse al presente programa las empresas que tengan hasta 100 trabajadores y sustituyan a Ã©stos con trabajadores desempleados beneficiarios de prestaciones por desempleo durante el tiempo en que aquÃ©llos participen en acciones de formaciÃ³n, siempre que tales acciones estÃ©n financiadas por cualquiera de las Administraciones pÃºblicas.
La aplicaciÃ³n del programa regulado en la presente disposiciÃ³n transitoria serÃ¡ voluntaria para los trabajadores desempleados beneficiarios de prestaciones por desempleo a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior.
2. Los contratos de trabajo que se celebren para hacer efectiva la sustituciÃ³n a que se refiere el apartado anterior darÃ¡n derecho a las siguientes ayudas: el trabajador desempleado contratado percibirÃ¡ la prestaciÃ³n contributiva o el subsidio por desempleo a que tenga derecho por el 50 por 100 de la cuantÃ­a durante la vigencia del contrato, con el lÃ­mite mÃ¡ximo del doble del perÃ­odo pendiente de percibir de la prestaciÃ³n o del subsidio.
El empresario, durante el perÃ­odo de percepciÃ³n de la prestaciÃ³n o subsidio que se compatibiliza, deberÃ¡ abonar al trabajador la diferencia entre la cuantÃ­a de la prestaciÃ³n o subsidio por desempleo recibida por el trabajador y el salario que le corresponde, siendo asimismo responsable de la totalidad de las cotizaciones a la Seguridad Social por todas las contingencias y por el total del salario indicado incluyendo el importe de la prestaciÃ³n o del subsidio por desempleo.
5. Las medidas previstas en los apartados anteriores son compatibles, en su caso, con las establecidas en la disposiciÃ³n transitoria quinta de esta Ley, incluidas las previstas para el supuesto de cambio de residencia.
6. El Gobierno, mediante Real Decreto, establecerÃ¡, previa consulta con las Comunidades AutÃ³nomas, el procedimiento, contenido y condiciones de estas ayudas.
DisposiciÃ³n transitoria octava. SuscripciÃ³n del compromiso de actividad en la prÃ³rroga de la duraciÃ³n del subsidio por desempleo.
Si la solicitud del derecho a subsidio por desempleo o su reanudaciÃ³n se hubiera efectuado con anterioridad al dÃ­a 26 de mayo de 2002, la Entidad Gestora exigirÃ¡ a los beneficiarios del mismo que en el momento de solicitar la prÃ³rroga de su duraciÃ³n suscriban el compromiso de actividad al que se refiere el artÃ­culo 231 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, salvo que estuviera suscrito en una prÃ³rroga anterior.
DisposiciÃ³n transitoria novena. ReiteraciÃ³n de contratos temporales.
La comunicaciÃ³n de la Entidad Gestora de las prestaciones por desempleo a que se refiere el nuevo artÃ­culo 145 bis de la Ley de Procedimiento Laboral se podrÃ¡ dirigir a la autoridad judicial cuando el Ãºltimo de los reiterados contratos temporales entre el trabajador y la misma empresa se hubiera concertado tras la entrada en vigor de la presente Ley.
a) El pÃ¡rrafo b) del apartado 1 y el apartado 2 del artÃ­culo 213 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio.
c) Los pÃ¡rrafos b), c), d), e) y f) del apartado 1 del artÃ­culo 1 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de ProtecciÃ³n por Desempleo.
d) El Ãºltimo pÃ¡rrafo del apartado 4 del artÃ­culo 219 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio.
e) El Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protecciÃ³n por desempleo y mejora de la ocupabilidad.
DisposiciÃ³n final primera. Desarrollo, entrada en vigor y aplicaciÃ³n de la Ley.
Uno. Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecuciÃ³n de la presente Ley.
Dos. La presente Ley entrarÃ¡ en vigor el dÃ­a siguiente al de su publicaciÃ³n en el Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ».
a) Lo establecido en el pÃ¡rrafo c) del apartado 1 del artÃ­culo 208 de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacciÃ³n dada por la presente Ley, se aplicarÃ¡ a las situaciones legales de desempleo que se produzcan a partir del dÃ­a 26 de mayo de 2002, cuando el despido inicial se hubiera producido despuÃ©s de dicha fecha.
b) Lo establecido en el pÃ¡rrafo c) del nÃºmero 1 del apartado 1 del artÃ­culo 215 de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacciÃ³n dada por la presente Ley, se aplicarÃ¡ a las solicitudes del subsidio por desempleo presentadas a partir del dÃ­a 26 de mayo de 2002, y los trabajadores que hubieran accedido a dicho subsidio conforme a la normativa anterior podrÃ¡n obtener el subsidio establecido en el nÃºmero 3 del apartado 1 del citado artÃ­culo 215, si reÃºnen los requisitos exigidos.
c) Lo previsto en el artÃ­culo tercero de esta Ley se aplicarÃ¡ a todas las solicitudes del subsidio por desempleo establecido por el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, en favor de los trabajadores eventuales incluidos en el RÃ©gimen especial Agrario de la Seguridad Social, incluidas las solicitudes del subsidio a las que sea de aplicaciÃ³n el cÃ³mputo especial de cotizaciones recogido en las disposiciones transitorias primera y segunda del citado Real Decreto 5/1997, presentadas a partir del dÃ­a 26 de mayo de 2002.
DisposiciÃ³n final segunda. Referencias a los Servicios PÃºblicos de Empleo competentes.
Las referencias efectuadas en la presente Ley a los Servicios PÃºblicos de Empleo se entenderÃ¡n realizadas al Instituto Nacional de Empleo y a los correspondientes Servicios PÃºblicos de Empleo de las Comunidades AutÃ³nomas competentes en la materia.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto