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Timestamp: 2017-12-16 03:33:33+00:00

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I. Las causas de la constitución | Gonzalez Cancino
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I. Las causas de la constitución	GC	2017-06-04T14:21:51+00:00
Capítulo I. Las causas de la constitución.
Para lograr una mejor comprensión del objeto de estudio del presente libro, en el este apartado se aborda el tema de las causas (material, formal, eficiente y final) de la constitución. Al respecto, se aclara que la perspectiva desde la cual se estudia a la constitución es la perspectiva jurídica, es decir, aquella que considera a la constitución en cuanto a expresión del deber ser que forma parte de los que se denomina Derecho, reconociendo que esta perspectiva es tan solo una de las posibles para estudiar el fenómeno constitucional.
Causa material de la constitución.
Cuando se pretende averiguar la causa material de un objeto, básicamente se busca dar respuesta a la pregunta qué es una determinada cosa, de qué está hecho. Tratándose de la constitución, la causa material está conformada por un conjunto de enunciados normativos. Se emplea el término enunciados normativos por ser más amplio que el concepto tradicional de norma jurídica, que no abarca todos los elementos que se pueden encontrar una constitución.
Para efectos de este trabajo, “Los enunciados jurídicos constituyen, nos parece, las unidades más elementales del Derecho,” (Atienza & Ruiz, 2005, pág. 19).
Al decir que la constitución es un conjunto de enunciados normativos se quiere hacer énfasis en que la constitución está conformada por diversos tipos de expresiones del deber ser jurídico, por ejemplo: principios en sentido amplio, principios en sentido estricto, directrices, reglas de acción, reglas de fin, reglas que confieren poderes (competencias y capacidades), reglas constitutivas, definiciones, normas primarias, secundarias y la regla de reconocimiento
[i]. La constitución, al igual que los ordenamientos jurídicos, está conformada por múltiples elementos, algunos encuadran dentro del concepto de norma, otros no, por esa razón es que se emplea el concepto de enunciados normativos. Si posteriormente al hacer referencia a la constitución se utiliza el concepto de norma, únicamente será para efectos prácticos y ello sin pasar por alto que el Derecho está conformado por elementos que no pueden ser definidos como normas.
Por otra parte, el hecho de reconocer que la constitución está conformada por distintas clases de enunciados normativos, permite alcanzar una mayor comprensión de las relaciones de irregularidad que pueden darse entre la constitución y los enunciados normativos que poseen una menor jerarquía dentro de un sistema jurídico; situación por la que vale conceptuar a la constitución como un conjunto de enunciados normativos y no simplemente como un conjunto de normas.
A continuación se procede a dar algunos ejemplos de los distintos enunciados normativos que se pueden encontrar en la CPEUM de 1917, empleando los conceptos aportados en “Las piezas del Derecho” (Atienza & Ruiz, 2005):
Tipo de enunciado normativo 1: Directriz
Descripción: Enunciado normativo cuyas condiciones de aplicación no se encuentran siquiera genéricamente determinadas y cuyo cumplimiento es susceptible de graduación tomando en cuenta su concurrencia con otros fines y los medios disponibles. Representan mandatos que exigen la obtención de cierto estado de cosas.
Ejemplo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917:
Tipo de enunciado normativo 2: Principio en sentido estricto
Descripción: Enunciado normativo cuyas condiciones de aplicación no se encuentran siquiera genéricamente determinadas y cuyo cumplimiento no es susceptible de graduación (situación que no impide que existan colisiones entre principios en sentido estricto y que por ello sean susceptibles de ponderación). Constituyen razones categóricas frente a cualesquiera intereses.
Tipo de enunciado normativo 3: Regla de Acción
Descripción: Enunciado normativo cuyas condiciones de aplicación se encuentran determinadas y cuyo cumplimiento no es susceptible de graduación. Representan mandatos que exigen una conducta determinada.
Tipo de enunciado normativo 4: Regla de fin
Descripción: Enunciado normativo cuyas condiciones de aplicación se encuentran siquiera genéricamente determinadas y cuyo cumplimiento es susceptible de graduación. Representan mandatos que exigen la obtención de un determinado estado de cosas.
Tipo de enunciado normativo 5: Regla que confiere poderes
Descripción: Enunciado normativo cuyo antecedente está formado por dos elementos: un estado de cosas en el que aparecen hechos bien sean naturales o institucionales y una acción que puede ser también natural o institucional; mientras que su consecuente está formado por un resultado institucional o normativo.
Tipo de enunciado normativo 6: Reglas puramente constitutivas
Descripción: Enunciado normativo cuyo antecedente está formado por un estado de cosas en el que aparecen hechos bien sean naturales o institucionales mientras que su consecuente está formado por un resultado institucional o normativo. El cambio normativo se produce sin que tenga que realizarse ninguna acción.
Artículo 80. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará “Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Tipo de enunciado normativo 7: Actos normativos
Descripción: Enunciados normativos que hacen referencia a un evento normativo.
Tipo de enunciado normativo 8: Definiciones
Descripción: Enunciados normativos que determinan el contenido de un concepto jurídico.
Éstos son algunos de los tipos de enunciados normativos que se pueden encontrar en la CPEUM. Como se puede observar, el concepto de norma resulta insuficiente para designar a los diversos elementos que conforman una constitución, es por ello que el término enunciado normativo es más adecuado.
En conclusión, la pregunta qué es la constitución, se responde desde la perspectiva jurídica, afirmando que la constitución es un conjunto de enunciados normativos.
Enseguida se procede a tratar el tema relativo a la causa formal de la constitución.
Causa formal de la constitución
En el apartado anterior se concluyó que la constitución es un conjunto de enunciados normativos, ahora se averiguará cómo son esos enunciados normativos para así conocer la causa formal de la constitución. En otras palabras, conocer la causa formal implica identificar la diferencia específica del objeto de estudio.
El atributo que permite distinguir a la constitución del resto de las normas (se emplea el término norma para efectos prácticos) que conforman un sistema jurídico, es el de la supremacía.
El que una norma jurídica sea suprema implica que dicha norma es el referente normativo que sirve para determinar la regularidad del resto de las normas jurídicas que conforman un sistema jurídico. Por lo tanto, una norma que es suprema tiene la capacidad de anular el resto de las normas jurídicas.
Con la finalidad de evitar confusiones y dado que los términos que se emplearán en este libro tienen diversos significados según la doctrina que se consulte, a continuación se definen los siguientes conceptos:
Regularidad: por regularidad se entiende “la relación de correspondencia entre un grado inferior y un grado superior del orden jurídico.” (Kelsen, 1974, págs. 473, 474). La regularidad puede versar sobre los contenidos de las normas y en dicho caso se hablará de regularidad material, pero también puede referir a los sujetos competentes y a los procedimientos que tienen por efecto crear y modificar normas jurídicas, en cuyo caso se hablará de regularidad formal.
Vigencia: por vigencia se entenderá el atributo que tiene por efecto mostrar al enunciado normativo como expresión del deber ser. Para efecto de este libro, la vigencia está íntimamente relacionada con el ámbito temporal de validez y refiere a la obligatoriedad de un enunciado normativo sin importar la regularidad del mismo.
Eficacia: la eficacia se refiere a la observancia y aplicación del enunciado normativo en un momento histórico determinado.
Respecto del término validez, cabe señalar que el mismo es usado con múltiples significados y en diversos contextos, situación que dificulta la comunicación, es por ello que dicho término será usado en la menor medida de lo posible y en su lugar se emplearán los conceptos de regularidad, vigencia y eficacia por considerar que son más precisos y no producen las confusiones propias del vocablo validez.
Es importante mencionar que la vigencia de una norma, no implica su regularidad y viceversa, pues bien pueden existir normas irregulares que son vigentes hasta en tanto no sean eliminadas del sistema jurídico, por ejemplo las leyes anticonstitucionales respecto de las cuales aún no existe una declaración por parte del órgano de control constitucional que las califique como contrarias a la constitución.
Usualmente la irregularidad de la norma condiciona su obligatoriedad, pues la norma irregular es vinculante hasta el momento en que una autoridad competente declara su irregularidad.
En ese orden de ideas, una norma jurídica es suprema cuando tiene la capacidad de contrarrestar los efectos normativos de las normas que la contradicen, sea por la vía de la nulidad, la anulabilidad, la preferencia en la aplicación o cualquier otro mecanismo.
Por lo que respecta a la Constitución Mexicana de 1917 existen varios preceptos que refieren a la supremacía constitucional:
Los artículos 41 y 133 de la Constitución Federal, establecen que la Constitución Federal tiene preferencia respecto de las disposiciones contenidas en las constituciones y leyes locales, así mismo el artículo 133 establece que los tratados internacionales y las leyes federales deben estar de acuerdo con la Constitución Federal para poder ser aplicados en todo el territorio nacional.
Por su parte, los artículos 103, 105 y 107 establecen mecanismos para garantizar la supremacía y la eficacia de la Constitución:
j) Un Estado y un municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y
Los artículos 103, 105 y 107 de la CPEUM contemplan garantías jurisdiccionales que tienen por finalidad salvaguardar tanto la supremacía de la CPEUM en su calidad de norma jurídica, como la eficacia, es decir su plena observancia.
Es importante mencionar que los preceptos citados incluso establecen nulidades como mecanismos para garantizar la supremacía de la constitución.
Ahora bien, una norma jurídica es superior en relación a otra cuando la primera regula la manera en que la segunda norma debe ser creada, controlando aspectos de competencia, procedimientos de creación y contenidos.
Por lo que hace a los aspectos formales, la norma superior establece en primer lugar quienes son los sujetos facultados para realizar tal acto jurídico asignando competencias o capacidades; en segundo lugar, la norma superior establece los procedimientos a seguir para la creación de las normas jurídicas inferiores. A continuación se citan algunos casos que ejemplifican cómo la CPEUM regula los aspectos formales de las normas inferiores.
La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas.
No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución.
Artículo 120. Los Gobernadores de los Estados están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales.
Como se puede observar el artículo 50 constitucional establece la competencia del Congreso de la Unión para expedir normas generales, a su vez el artículo 71 establece qué sujetos tiene la facultad de presentar iniciativas de ley o decretos ante el Congreso de la Unión y los artículos 72 y 120 establecen respectivamente los procesos de discusión y publicación de las leyes federales.
Enseguida se analiza otro ejemplo relativo a cómo la CPEUM regula los procesos de creación de las normas inferiores.
Los artículos transcritos constituyen los fundamentos constitucionales de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal. En ese sentido el artículo 80 establece la competencia, pues señala que el Poder Ejecutivo Federal recae en un solo individuo denominado Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, mientras que el artículo 89 fracción I establece los alcances de la facultad reglamentaria, a saber, su subordinación a la ley y un ámbito personal de validez particular, que en este caso es la Administración Pública Federal prevista en el artículo 90 Constitucional.
Ahora se analiza un caso de normas individualizadas creadas por el Poder Judicial.
Los anteriores preceptos establecen algunas de las competencias del Poder Judicial.
Las disposiciones constitucionales transcritas regulan el procedimiento necesario para ejercer la función jurisdiccional.
Por otra parte, cuando la norma jurídica superior regula aspectos de contenido, el efecto es que la norma jurídica establece en forma previa el sentido de la norma jurídica inferior, o al menos se establece un contenido que no debe ser contrariado o restringido por la norma jurídica inferior.
A continuación se citan algunos casos que ejemplifican cómo la norma constitucional regula los contenidos de las normas inferiores:
El artículo primero constitucional, al establecer la obligación de toda autoridad de respetar los derechos humanos contenidos en la CPEUM y los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, regula el ejercicio de las facultades normativas de todas las autoridades del país, ya que las normas inferiores no pueden restringir los derechos reconocidos por la CPEUM y en caso de hacerlo dichas normas pueden ser impugnadas mediante los mecanismos de control constitucional.
Por su parte el artículo 15 constitucional regula algunos aspectos relacionados con los contenidos de los tratados internacionales que el Estado Mexicano celebre.
El artículo 133 de la CPEUM regula materialmente a los tratados internacionales pues establece que los mismos serán la Ley Suprema de la Unión siempre y cuando estén de acuerdo con la propia CPEUM.
De lo expuesto hasta este punto, se concluye que la constitución es un conjunto de enunciados normativos que tienen por atributo distintivo el ser supremos, es decir tienen la capacidad de contrarrestar los efectos normativos de otros enunciados normativos que los contradigan.
Causa eficiente de la constitución.
La causa eficiente de una cosa, refiere la fuente de donde proviene. Respecto de la constitución ya se ha visto que la misma es un conjunto de enunciados normativos supremos, y ahora lo que se busca, es conocer quién crea esos enunciados normativos supremos.
Si se pregunta quién crea la constitución, la respuesta es un sujeto que cuenta con soberanía. En relación al concepto de soberanía existe una gran discusión en el terreno de lo político, misma que no será abordada por constituir dicho enfoque una perspectiva distinta la empleada en este libro, que es la jurídica.
Conviene usar el concepto de Haenel de soberanía, citado en el Libro “El ARTÍCULO 14 Y EL JUICIO CONSTITUCIONAL” (Rabasa, 2000, pág. 78): “la soberanía consiste en ‘la facultad del Estado de determinar por sí mismo su propia competencia’.”
En ese orden de ideas un sujeto es soberano, si en relación a un ordenamiento jurídico particular, no existe norma alguna que regule su conducta. Tradicionalmente a dicho sujeto se le conoce con el nombre de órgano o poder constituyente.
Cabe mencionar que existe una discusión respecto a los límites del poder constituyente, pues existe una postura doctrinal que indica que el poder constituyente se encuentra limitado por el derecho internacional y que por lo tanto es falso afirmar que su conducta no se encuentra limitada por normas jurídicas.
Al respecto es útil precisar que el poder constituyente es soberano desde una perspectiva del derecho interno (por derecho interno se entiende el ordenamiento jurídico propio de un Estado), pues en el ordenamiento jurídico estatal no existe norma jurídica alguna que limite al poder constituyente, ya que es el propio constituyente quién establece las bases del sistema jurídico interno. Es decir, el creador del sistema jurídico (poder constituyente) no se puede ver limitado por su creación (el derecho interno).
Situación distinta aquella en la que se analiza el actuar del poder constituyente a la luz del derecho internacional, en la que sí puede hablarse de limitantes jurídicas al poder constituyente, tal y como las normas de ius cogens.
En el caso de México, la Constitución de 1917 establece que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo:
El precepto citado, reconoce al pueblo mexicano como soberano. Al respecto cabría preguntar, si el pueblo mexicano es soberano, por qué se encuentra sometido al ordenamiento jurídico que deriva de la Constitución de 1917.
En relación a ello habría que mencionar que la Constitución de 1917 es producto de la voluntad popular, de donde se desprende que la observancia de la CPEUM por parte del pueblo mexicano no implica una imposición ajena a su voluntad, sino que implica dar eficacia a sus propias decisiones políticas.
Por su parte el artículo 41 señala la forma en que el pueblo mexicano ejerce su soberanía:
Si bien el artículo 41 señala que el pueblo “ejerce” su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, ello debe entenderse en el sentido de que las decisiones políticas tomadas por el pueblo mexicano en su calidad de poder constituyente (único soberano), serán respetadas por todas las autoridades creadas en la estructura política instaurada por la CPEUM.
Lo anterior es así, debido a que únicamente el poder constituyente puede actuar sin limitación jurídica alguna, mientras que el resto de los órganos de gobierno deberán observar plenamente el texto constitucional, tal y como lo señalan los artículos:
Por otra parte, el artículo 40 constitucional establece que en la forma de gobierno es Representativa y ello sirve para interpretar cuál es el sentido del artículo 41 que señala que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes constituidos. Es decir, el pueblo constituido inicialmente como un poder soberano otorgó la CPEUM y una vez hecho eso encomendó a los poderes constituidos la realización de las decisiones políticas tomadas al crear la CPEUM.
En conclusión, una constitución es otorgada por un poder soberano, entendiendo por soberano aquel poder que puede realizar actos normativos (como la creación de normas jurídicas) sin que su actuar esté limitado por disposición alguna de derecho interno, pues precisamente el poder soberano, al expedir la constitución, establece las bases mismas del sistema jurídico de un Estado.
Causa final de la constitución.
Conocer la causa final de un objeto implica identificar la finalidad para la cual está hecha una cosa. Si se quiere averiguar la causa final de la constitución debe darse respuesta a la pregunta para qué se crean las constituciones, cuál es la razón de ser de una constitución.
En relación a este tema cabe recordar que el constitucionalismo surge como un movimiento social en contra del abuso del poder, de donde se desprende que una de las finalidades de una constitución es precisamente evitar la arbitrariedad y los excesos en el ejercicio del poder político. En ese contexto, la CPEUM tiene ciertos presupuestos respecto a las autoridades, a continuación se enuncian algunos:
Las autoridades tienden a concentrar el poder.
Las autoridades tienden a abusar de los poderes que les fueron conferidos.
Las autoridades tienden a emplear los recursos públicos de manera deshonesta.
De lo anterior, se concluye que uno de los principales fines que busca realizar una constitución es evitar el abuso del poder.
Los preceptos citados establecen un mecanismo para prevenir la concentración de facultades en un solo sujeto, ya que dicha concentración implicaría un grave riesgo para el pueblo mexicano, único soberano en términos del artículo 39 de la Constitución.
Los artículos transcritos claramente muestran los posibles abusos que pueden cometer las autoridades, es por ello que en la CPEUM se prevén normas que implican límites a las facultades conferidas así como mecanismos que garantice el orden social instaurado por la propia CPEUM.
Si la CPEUM considerara que las autoridades son personas honestas, honradas que además cuentan con un gran sentido de autocontrol, sería ocioso el establecer normas como las que se acaban de citar. En consecuencia, es válido afirmar que la CPEUM presupone la desconfianza hacia las autoridades y ello justifica la existencia de derechos y garantías frente al poder.
Al respecto se podría preguntar, cuáles son los tipos de poderes que la CPEUM busca frenar o controlar, a lo que habría que contestar: la fuerza pública, el poder político y el poder económico, por mencionar algunos. Se citan algunos preceptos constitucionales que ejemplifican lo anterior:
Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.
Cabe aclarar que la CPEUM persigue varios fines y no uno solo. Al respecto basta con observar el contenido de los diversos textos constitucionales que muestran una infinidad de valores (derechos, libertades, formas de gobierno, criterios de política pública, etc.) que, por considerarse fundamentales para una comunidad política son plasmados en la norma suprema.
En ese orden de ideas, las constituciones resultan ser cuerpos normativos expedidos a favor de los particulares, en los que se puede encontrar un catálogo de derechos y libertades oponibles a las autoridades constituidas.
Por otra parte, en las constituciones también se establecen estados de cosas deseables por medio de reglas de fin o directrices que obligan a las autoridades a buscar su realización, como en el artículo 25 constitucional:
En conclusión, la finalidad de una constitución es en primer lugar evitar el abuso del poder, así como establecer los valores fundamentales que regirán a una determinada comunidad política, sean éstos derechos para los particulares o directrices que trasciendan a la política pública de un Estado.
[i] En relación a los conceptos de normas primarias, secundarias y regla de reconocimiento, véase “El concepto del Derecho” de H.L.A. Hart.

References: Artículo 80
 artículo 133

Artículo 120
 artículo 50
 artículo 71
 artículo 80
 artículo 89
 artículo 90
 artículo 15
 artículo 133
 ARTÍCULO 14
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 40
 artículo 41
 artículo 39

Artículo 110
 artículo 25