Source: http://profesorgentile.com/n/dictamen-sobre-ley-de-despenalizacion-del-aborto.html
Timestamp: 2019-04-26 12:41:00+00:00

Document:
La media sanción de la Cámara de Diputados del proyecto de ley que autoriza practicar abortos,�y matar al niño o a la niña por nacer, merece todas las objeciones jurídicas que�se�le han hecho�en las declaraciones de�las�AcademiasNacionales�de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y de Buenos Aires que les adjunto, a�cuyos fundamentos y razones me remito.
Además de ello ,�cabe agregar,�que�la Constitución�Nacional,�desde 1853, reconoce�expresamente�el derecho a la vidaal�no admitir que las�“sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor y la fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o a persona alguna” (Art. 29).
El proyecto,�con media sanción,�es inconstitucional cuando:
1.������En el artículo 2°, dispone que el artículo 85 bis del Código Penal,�pena con prisión�e inhabilitación especial “a la autoridad de un establecimiento de salud� o profesional de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o de negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.”� No se aclara quienes es la “autoridad” o a que “profesional” se refiere, pero les crea una obligación que atenta contra la libertad de conciencia de personas e instituciones que prestan servicios de salud, lo que contradice el artículo 14, 19 y 33 de la Constitución Nacional.
2.������En el 14º,�dispone que “El mismo día en el que la mujer o persona gestante solicite la interrupción voluntaria del embarazo, el/la profesional de la salud interviniente debe suministrar información sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo, los alcances y consecuencias de la prosecución de la práctica y los riesgos de su postergación.(…). En ningún caso puede contener consideraciones personales, religiosas o axiológicas de los/as profesionales de la salud ni de terceros/as.” El obligar al profesional a informar omitiendo manifestar�sus convicciones religiosas o axiológicas�atenta también contra la libertad religiosa, de conciencia y de expresión (Art. 14, 19 y 33 de la Constitución Nacional).
3.������En el artículo 15º, al referirse a la “Objeción de conciencia”, no la respeta cuando dispone que “El/la profesional de la salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción voluntaria del embarazo tiene la obligación de garantizar el acceso a la práctica y no puede negarse a su realización.”�Y�“sólo puede eximirse de esta obligación cuando manifestare su objeción previamente, de manera individual y por escrito, y la comunicare a la máxima autoridad del establecimiento de salud al que pertenece.”�Lo que significa que se le obliga a manifestarse y registrarse, atentando con ello también contra la libertad de conciencia, e invirtiendo la obligación de los que deberían registrarse, que serían los que están dispuestos a practicar los abortos, o sea matar al niño o la niña por nacer; y no los que no deben hacerlo porque sus íntimas convicciones morales o religiosas se lo impiden.��También se le obliga a actuar en contra de sus convicciones cuando dispone que “no puede objetar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de que la vida o la salud de la mujer o persona gestante estén en peligro y requiera atención médica inmediata e impostergable.”�No todos los médicos están especializados y capacitados para�practicar un aborto, por lo que es absurdo que se los obligue a hacerlo. También contradice la libertad de conciencia el que “Cada establecimiento de salud debe llevar un registro de los profesionales objetores, debiendo informar del mismo a la autoridad de salud de su jurisdicción. Queda prohibida la objeción de conciencia institucional y/o de ideario..”�La Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando se refiere a la objeción de conciencia individual en el�fallo “Portillo, Alfredo", CSJN, 13/4/89, donde se eximió de hacer el servicio militar a un joven católico que�invocaba su� convicción por�el “no matarás” y por ello se negaba a revistar como soldado. Respecto a la objeción de conciencia institucional�el Alto Tribunal�lo admitió�en�el caso Bahamondez; Marcelo� del 6/4/93 (Fallos 316:479).
4.������Contradice�ésta obligación lo que dispone�el artículo 1° de la ley 25.326�cuando establece�que�“tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional. Las disposiciones de la presente ley también serán aplicables, en cuanto resulte pertinente, a los datos relativos a personas de existencia ideal.” Y que en su artículo 2°� expresa: “A los fines de la presente ley se entiende por�(…)— Datos sensibles: Datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual.”
5.������El proyecto, con media sanción, no establece quién se hará cargo de los costos que demande las prácticas abortivas, por lo que de acuerdo con lo que dispone el artículo�22�del proyecto de ley�deberá el Poder Ejecutivo de la Nación, que es la “autoridad de aplicación” (Art. 22)�proveer de esos recursos�al:�“sector público de la salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados creado por ley 19.032, las entidades y agentes de salud comprendidas en la ley 26.682 de marco regulatorio de medicina prepaga, las entidades que brinden atención dentro de la reglamentación del decreto 1993/2011, las obras sociales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, las obras sociales del Poder Legislativo y Judicial y las comprendidas en la ley 24.741 de Obras Sociales Universitarias, y todos aquellos agentes y organizaciones que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliadas o beneficiarios independientemente de la figura jurídica que posean” (Art. 16).
Jorge Horacio Gentile������ Lorenzo Barone

References: artículo 2
 artículo 85
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 1
 artículo 43
 artículo 2