Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831145.html
Timestamp: 2019-11-20 20:20:17+00:00

Document:
as201831145
Auto Supremo Nº 145
Expediente : 331/2017
Demandante : Abdón Espinoza Bazoaldo
Demandado : Servicio Nacional del Sistema de Reparto “
SENASIR”
VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto representado por Claudia Maldonado Encinas cursante a fs. 183 a 180 de obrados, en contra del Auto de Vista Nº 278/2016 de fecha 1° de Noviembre de 2016, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; el Auto Supremo No 331-A de fecha 31 de julio de 2017 cursante a fs. 197 a 197 vta., que concedió el recurso; lo obrado en el proceso, y;
Mediante resolución Nº 6290 de fecha 18 de diciembre de 2015 cursante a fs. 78 a 75 de obrados, la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, determinó recalcular la Renta Única de Vejez con reducción de edad otorgada a favor del asegurado Abdón Espinoza Bazoaldo y asimismo ordenó determinar el monto de lo indebidamente cobrado y descontar el equivalente al 20 % mensual de la Renta de Vejez recalculada, sea hasta cubrir el monto total de lo adeudado, sin perjuicio que el SENASIR inicie la acción de recuperación del monto en la vía administrativa o judicial.
En virtud de ello, el beneficiario interpuso el recurso de reclamación cursante a fs. 117 a 114 de obrados, resuelto por la Comisión de Reclamación del SENASIR mediante resolución Nº 164/16 de fecha 15 de Abril de 2016 cursante a fs. 134 a 126, confirmando la resolución impugnada, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto.
Interpuesto el recurso de apelación cursante a fs. 166 a 163 vta., por Abdón Espinoza Bazoaldo; la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, resuelve el mismo mediante Auto de Vista N° 278/2016 de fecha 1° de Noviembre de 2016, cursante a fs. 177 a 174, el cual revocó la resolución Nº 164/16 de 15 de Abril, y deliberando en el fondo dejó sin efecto las RR.AA N° 00006290 de fecha 18 de diciembre de 2015 y 00000706 de fecha 02 de febrero de 2016 pronunciadas por la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR y mantiene firme y subsistente la RA N° 019544 de fecha 17 de diciembre de 1998 emitida por la Comisión de Calificación de Rentas de la Dirección General de Pensiones de fs. 44 y dispone se suspenda y restituya lo indebidamente descontado al asegurado.
Ante la determinación del Auto de Vista, el Servicio Nacional del Sistema de Reparto representado por Claudia Maldonado Encinas, interpone recurso de casación, sin la contestación de la parte contraria, el Tribunal de alzada emite Auto de fecha 31 de mayo de 2017, concediendo el recurso.
Interpuesto el recurso de casación en el fondo, el recurrente establece que el Auto de Vista impugnado, realizó una errónea interpretación e indebida aplicación del art. 9 del D.S. N° 27991, art. 8 del D.S. N° 23215, art. 42 inc. b) y 43 de la Ley 1178, art. 5 inc. h) del D.S. N° 27066, art. 23 del MPRCPA y art. 477 del RCSS, bajo los siguientes argumentos:
1) El SENASIR sostiene, que el Tribunal de alzada no ha tomado en cuenta el art. 9 del D.S. N° 27991 de fecha 28 de enero de 2005, por cuanto constituye una facultad del SENASIR realizar la revisión de oficio o por denuncia debidamente justificada de las calificaciones de rentas y pagos globales concedidos, ello con la finalidad de precautelar los intereses del Estado, conforme determina el art. 8 del D.S. N° 23215 concordante con los arts. 42 inc. b) y 43 de la Ley 1178, y así determinar el daño económico causado al Estado, por cuanto las prestaciones pecuniarias otorgas en forma indebida constituyen un enriquecimiento económico injusto de terceros y un empobrecimiento del Estado.
2) Por otra parte sostiene la entidad recurrente, que existe violación al principio de seguridad jurídica, por cuanto el art. 5 inc. h) del D.S. N° 27066 de fecha 06 de junio de 2003, otorga al SENASIR la atribución de efectuar la recuperación de aportes en la vía administrativa y/o coactiva social ante la autoridad jurisdiccional competente; sea dentro el marco legal referente a la materia establecida por el art. 223 del Código Seguridad Social modificado por el art. 32 del D.L. N° 10173 de fecha 28 de Enero de 1972, arts. 609 al 612 del RCSS y art. 2 del D.S. N° 25809 de fecha 08 de junio de 2000; en tal sentido al efectuarse el recalculo por determinarse inconsistencia en la fecha de nacimiento del asegurado, lo indebidamente pagado o cobrado no puede constituir derecho adquirido del titular, ni dejar de cobrarse a la persona que se benefició durante tanto años de este excedente, siendo que el 8 % de reducción es por año de disminución de edad en base al art. 1 de la Resolución Ministerial N° 1361 de fecha 04 de diciembre de 1997, por ser ilícito el cobro que realizo el asegurado; en consecuencia corresponde por parte del SENASIR su recuperación y por parte del titular de la renta su devolución.
3) La entidad recurrente, alega violación al carácter obligatorio de las disposiciones sociales, ya que el art. 23 del MPRCPA es de cumplimiento obligatorio por ser de orden público; y en esa línea el art. 5 inc. h) del D.S. Nº 27066; establece la facultad de la institución de recuperar los aportes en la vía administrativa y tramitar el cobro coactivo social; por otra parte considera que la resolución administrativa emitida por la Comisión de Reclamación del SENASIR tiene la calidad de resolución de alzada, la cual fue expedida con toda legitimidad, por lo cual debía confirmarse, por cuanto a través del listado de la Corte Nacional Electoral “Bonosol”, el interesado figura con el año de nacimiento 30/07/1946, lo que constituye plena y única prueba, aunque posteriormente a momento de acogerse a una prestación de la seguridad social se presentara el certificado original, tal cual establece el art. 423 del RCSS, concordante con el art. 23 de MPRCPA y el instructivo SENASIR Nº 175.05 de fecha 07 de diciembre de 2005.
4) Alega la entidad recurrente, la violación a la facultad de revisión y recuperación del SENASIR -errónea interpretación del art. 477 del RCSS-, ya que el SENASIR tiene la facultad que nace del art. 1 de la Ley Nº 2197, modificatoria del art. 57.III de la Ley Nº 1732 de Pensiones y art. 9 del D.S. Nº 27991, de realizar la revisión de rentas de oficio a efectos de determinar daño económico al Estado y como consecuencia de ello tiene la facultad de recuperar los aportes si encuentra inconsistencia, por lo cual considera que la resolución debe ser fundamentada en la integridad del art. 477 del RCSS y no basarse solo en una parte del precepto señalado para emitir un criterio en perjuicio de una institución pública del Estado.
En conclusión, solicita al Tribunal Supremo de Justicia, que deliberando en el fondo; CASE el Auto de Vista recurrido y en consecuencia declare la efectividad de las resoluciones N° 00006290 de fecha 18 de diciembre de 2015 y 00000706 de fecha 02 de Febrero de 2016.
El asegurado no contestó el recurso interpuesto por la entidad recurrente.
De la progresividad del derecho a la Seguridad Social.
El art. 13.I de la CPE, establece que los derechos reconocidos por la Constitución son inviolables, universales, interdependientes indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos; normativa en concordancia con lo establecido en el art. 109.I de la suprema norma citada que refiere: “Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección".
En ese contexto, el art. 45 de la Constitución Política del Estado establece “I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo...”.
Del contexto descrito es factible extraer que los derechos a la seguridad social constituyen un conjunto normativo especializado, entre los cuales destacan los de jubilación, viudez y vejez, y tanto el cumuló de potestades, como cada uno de esos derechos, gozan de proclamación y regulación constitucional propia, encontrando cada uno de ellos su contenido intrínseco, de tal forma que la renta de jubilación protege al ser humano de las contingencias propias de la vejez -como hecho natural- por su deterioro físico y psicológico, convirtiéndose en la base para el goce y disfrute de otros derechos fundamentales.
Del derecho a la presunción de inocencia, aplicable en revisión de rentas otorgadas.
La SC N° 058/2004 de fecha 24 de junio, en relación a la problemática planteada, estableció lo siguiente: “En el marco referido precedentemente, cabe señalar que para los supuestos de hecho que originan problemas porque una renta se hubiese calificado y otorgado sobre la base de datos falsos o erróneos, dichas situaciones deberán ser resueltas aplicando el art. 477 del Reglamento del CSS -lo que se reitera- ya previó normas que regulan la solución de dichos supuestos, de dicha disposición se extraen las siguientes normas: a) las rentas calificadas y otorgadas son susceptibles de revisión de oficio o por denuncia, se entiende legal y formalmente presentada por una persona debidamente identificada a los fines de la responsabilidad que pudiese emerger de la misma; b) las causales para dicha revisión son: errores de cálculo, se entiende imputable a la propia administración; y, falsedad en los datos o declaraciones que hubiesen servido de base para la calificación y otorgamiento de la renta; c) la revisión puede concluir en una decisión administrativa de revocar la renta calificada y otorgada, si se comprueba la falsedad de los datos o documentos; o reducir el monto de la renta, en los casos en que se compruebe errores de cálculo; d) la decisión administrativa de revocar la calificación u otorgamiento de la renta o de rebajar el monto, no surtirá efecto retroactivo, lo que supone que no afectará a las mensualidades ya pagadas; y e) la decisión de revocar la calificación y otorgamiento de la renta surtirá efecto retroactivo, cuando se compruebe que la concesión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas.
De una interpretación de las normas referidas, desde y conforme a la Constitución, se infiere que la revocatoria de la calificación y otorgamiento de la renta de vejez es una sanción administrativa que tiene su origen en la falsedad de los documentos, datos o declaraciones proporcionadas por el asegurado, es una sanción que no surte su efecto retroactivo con relación a las mensualidades ya pagadas, salvo en aquellos casos en los que los documentos, datos o declaraciones proporcionados por el asegurado son fruto de acciones fraudulentas, es decir de conductas dolosas de parte del asegurado, en cuyo caso es obvio que deberá restituir las rentas ya recibidas. Ahora bien, siendo la revocatoria una sanción, se entiende que para que se imponga, la autoridad administrativa responsable deberá sustanciar un proceso respetando y resguardando el derecho al debido proceso del asegurado, incriminado por haber proporcionado o introducido los documentos, datos o declaraciones falsas, un proceso en el que el asegurado tenga la oportunidad de asumir su defensa ante el cuestionamiento de sus datos o declaraciones, desvirtuar los extremos de la acusación, de su parte la autoridad administrativa demostrar la falsedad de los documentos, datos o declaraciones y el acto fraudulento con el que se obtuvieron e introdujeron los mismos; ello supone que, en los que existan suficientes indicios de haberse incurrido en actos fraudulentos, en resguardo de los intereses colectivos o públicos, se pueda aplicar como medida precautoria la suspensión del pago de la renta calificada y otorgada entre tanto se sustancia el respectivo proceso de nulidad de la sentencia de rectificación de fecha de nacimiento. Cabe advertir que la revocatoria de la calificación y otorgamiento de la renta de vejez, no importa la pérdida del derecho a la prestación del seguro social de largo plazo del asegurado, que deberá tramitarla en el nuevo sistema cumpliendo con los requisitos y formalidades previstos por Ley, por tratarse de un derecho adquirido.”
ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO.
El art. 477 del RCSS señala que: “Las prestaciones en dinero concedidas podrán ser objeto de revisión, de oficio, o por denuncia a causa de errores de cálculo o de falsedad en los datos que hubieran servido de base para su otorgamiento. La revisión que revocare la prestación concedida o redujere su monto, no surtirá efecto retroactivo respecto a las mensualidades pagadas, excepto cuando se comprobare que la concesión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas. En este último caso la Caja exigirá la devolución total de las cantidades indebidamente entregadas.”
En ese marco normativo, de la revisión de los antecedentes remitidos en casación se constata que en el Auto de Vista impugnado, la decisión de revocar la Resolución N° 164/16 de fecha 15 de abril emitida por la Comisión de Reclamaciones del SENASIR y ordenar mantener firme y subsistente la Resolución 019544 de fecha 17 de diciembre de 1998 emitida por la Comisión de Calificaciones Rentas de la Dirección de Pensiones y disponer se suspenda y restituya lo indebidamente descontado al asegurado, está fundada precisamente en el art. 477 del RCSS sobre cuya base el Tribunal de alzada expresó que si bien se reconoce al SENASIR la facultad de revisión de oficio y que ante la eventualidad de una presunta falsedad en los datos o documental que hubieren servido de base para el otorgamiento de prestaciones en dinero, el SENASIR puede determinar la revocatoria o la reducción de la prestación; no obstante, la supuesta falsedad del documento debe ser determinada, con carácter previo, dentro de un debido proceso ante autoridad competente y, el fraude en el año de nacimiento debe demostrarse en proceso judicial.
De los fundamentos así expuestos en el Auto de Vista recurrido, se concluye que el Tribunal de alzada, en momento alguno, puso en tela de juicio la facultad revisora del SENASIR, sino -se entiende- concluyó que, en el ejercicio de esta facultad, vulneró el debido proceso en mérito al cual la falsedad o fraude atribuida al rentista debe probarse en proceso judicial previo.
En el caso de autos, la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto, mediante Resolución N° 00006290 de fecha 18 de diciembre de 2015 cursantes a fs. 78 a 75 sin que exista declaratoria judicial de fraude o falsedad, dispuso el recalculo de la Renta Única de Vejez otorgada a favor Abdón Espinoza Bazoaldo, sobre la base de conjeturas no demostradas en debido proceso, resultando razonable que el Tribunal de Alzada, haya concluido que el presunto fraude en el año de nacimiento del asegurado debe ser demostrado en vía judicial, aspecto que se justifica dado que fue la entidad recurrente la que dio valor a la documental que acusa de fraudulenta.
Por los argumentos expuestos y reconocida como queda la facultad del SENASIR para la revisión de oficio, la misma que debe ejercerse conforme al razonamiento del Tribunal Constitucional, no resulta evidente la vulneración de las normas denunciadas en el recurso de casación. Adicionalmente, respecto del D.S. N° 23215 Reglamento para el ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría y los arts. 42-b) y 43 de la Ley N° 1178 y la protección de los recursos contra fraudes y errores así como la recuperación de fondos indebidamente cobrados, el SENASIR tiene obligación de revisión a efectos de determinar daño económico, no obstante esta facultad debe ejercerla en el marco del debido proceso, por consiguiente tampoco es evidente la vulneración de esta normativa.
Bajo ese entendimiento este Tribunal coincide plenamente con los fundamentos expuestos por el Tribunal de apelación, en el Auto de Vista, puesto que se encuentran enmarcados conforme a derecho, consiguientemente, al no ser ciertas las infracciones denunciadas en el recurso de casación, estas devienen en infundadas, correspondiendo en consecuencia resolver de acuerdo a las previsiones contenidas en el art. 220.II del Código Procesal Civil y los artículos 271.2) y 273 (C.P.C. 1975), aplicables por mandato de los artículos 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición.
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contencioso Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto representado por Claudia Maldonado Encinas, contra el Auto de Vista Nº 278/2016 de fecha 1° de noviembre de 2016, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, disponiendo que se mantenga firme y subsistente el Auto de Vista recurrido.

References: resolución 
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