Source: https://www.scribd.com/document/80392592/BARQUIN-Y-CANO-Justicia-penal-juvenil-en-Espana-una-legislacion-a-la-altura-de-los-tiempos
Timestamp: 2019-07-24 05:06:07+00:00

Document:
saveSave BARQUIN Y CANO Justicia penal juvenil en España un... For Later
REVISTA DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGA, 2.a poca, n.o 18 (2006), pgs.
JUSTICIA PENAL JUVENIL EN ESPAA: UNA LEGISLACIN A LA ALTURA DE LOS TIEMPOS
JESS BARQUN SANZ Y MIGUEL NGEL CANO PAOS
Sumario 1. Introduccin. 2. El inters superior del menor como principio fundamental de la justicia penal juvenil, segn la Exposicin de Motivos y la originaria redaccin de la LPM. Otros principios inspiradores. 3. La regulacin positiva de la LPM, tal como era: Aspectos de Derecho sustantivo y procesal. 4. El cambio de paradigma: Las reformas operadas en la LPM desde su aprobacin. 4.1. Introduccin. 4.2. Reformas legislativas de la LO 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. 4.2.1. Terrorismo callejero y endurecimiento de las medidas (LO 7/2000). 4.2.2. Jvenes: el aplazamiento (LO 9/2000). 4.2.3. Acusacin particular (LO 15/2003). 4.2.4. El Reglamento (RD 1774/2004). 5. El anunciado futuro inminente de la poltica legislativa en materia de justicia penal juvenil. 6. Valoraciones y conclusin. BIBLIOGRAFA CITADA.
Desde el 13 de enero de 2001 est vigente en Espaa la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal
* NOTA PREVIA: Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigacin de Excelencia de la Junta de Andaluca (SEJ1236) El menor y el joven como vctima y victimario de la violencia social. Cuando fue enviado para su publicacin, la LO 8/2006 estaba an en fase de Anteproyecto.
UNED. Revista de Derecho Penal y Criminologa, 2.a poca, n.o 18 (2006)
JESS BARQUIN SANZ Y MIGUEL NGEL CANO PAOS
de los Menores (LPM, en lo sucesivo, por Ley Penal de Menores o del Menor). Dicha Ley constituye sin duda un corpus iuris autnomo en el cual se recoge el Derecho penal juvenil vigente en la actualidad en territorio espaol, en una variedad de vertientes: sustantiva, procesal e incluso penitenciaria. La LPM ha sido objeto de un reguero de reformas a lo largo de una corta vida que, en el momento de terminar este trabajo, an no llega a los cinco aos. Modificaciones que, como es sabido y como se desarrollar ms adelante, comenzaron incluso antes de que la Ley entrara en vigor. Incluso sin detenerse a considerar en detalle el contenido de las sucesivas modificaciones, de entrada parece claro que semejante riada de reformas en tan poco tiempo sobre una Ley ya de por s novedosa revela una deficiente tcnica legislativa. Deficiente, y criticable incluso dejando al margen el dato de que todas esas reformas van con claridad en una lnea de endurecimiento del Derecho penal juvenil, con la intencin supuestamente exclusiva de hacer frente a una aparente mayor actividad delictiva por parte de los menores de edad. Ante este contexto que marca actualmente el devenir legislativo en Espaa hay que preguntarse cules son las razones que han llevado al legislador espaol a variar el curso de los acontecimientos con respecto a los principios y fundamentos que en su da se establecieron en la LPM como piedra angular del Derecho penal juvenil Es realmente insuficiente el Derecho penal juvenil contenido en la originaria LPM para hacer frente a la delincuencia juvenil? Constituye per se una garanta de xito el endurecer las disposiciones de derecho material y procesal que configuran la legislacin penal de menores? La peculiaridad de que esta normativa novedosa haya sido y siga siendo a cada tanto saudamente modificada, aconseja adoptar una perspectiva diacrnica en el acercamiento a la LPM, frente a la habitual perspectiva sincrnica, consistente en analizar el contenido del Derecho penal juvenil vigente en un momento dado, normalmente el momento en que se desarrolla el trabajo de investigacin de que se trate en cada caso. En cualquier otro texto, la juventud de la normativa examinada hara parecer pretenciosa la idea de un acercamiento evolutivo a su contenido; en el caso que nos ocupa, parece imprescindible si se quiere aprehender con rigor el estado actual y el devenir reciente e inminente de la justicia penal juvenil, y si se quiere analizar con verdadera profundidad sus instituciones ms relevantes. As pues, el presente trabajo tiene como objetivo el anlisis de las tendencias de poltica criminal que en el mbito de la justicia de menores se vienen observando en Espaa a travs de las sucesivas reformas de la LO 5/2000. Para ello, el punto de partida ser la considera UNED. Revista de Derecho Penal y Criminologa, 2.a poca, n.o 18 (2006)
JUSTICIA PENAL JUVENIL EN ESPAA: UNA LEGISLACIN A LA ALTURA
cin de los principios fundamentales que en su da la Exposicin de Motivos (EM, en lo sucesivo) de la LPM consideraba ejes rectores de todo el sistema de justicia juvenil. A continuacin se mostrarn las caractersticas generales que el Derecho penal juvenil regulado en la LPM presentaba en la redaccin originaria de esta Ley. Seguidamente, analizaremos el contenido de las diversas reformas que desde el ao 2000 y hasta la actualidad se han venido realizando de la LPM. En el penltimo punto del trabajo nos aproximaremos a las nuevas propuestas de modificacin del Derecho penal juvenil adelantadas por el Ministerio de Justicia en el verano de 2005 y que, en el momento de rematar este trabajo, acaban de ser concretadas legalmente en forma de Anteproyecto de Reforma de la LPM. Por ltimo, y a modo de conclusin, las valoraciones finales se centran en la conveniencia o no de reformar a cada momento y en un sentido represivo una Ley que de manera a grandes rasgos acertada hace menos de un lustro innov el enjuiciamiento de las conductas desviadas de los menores de edad.
2. El inters superior del menor como principio fundamental de la justicia penal juvenil, segn la Exposicin de Motivos y la originaria redaccin de la LPM. Otros principios inspiradores
Lo primero que hay que sealar al hablar de la naturaleza jurdica del Derecho penal juvenil espaol es que la LPM, tal y como indica su nombre, regula la responsabilidad penal de los menores. En consecuencia, se est delante de una ley penal, y no de otra cosa, ya que son exclusivamente infracciones de carcter penal delitos y faltas las que determinan la aplicacin de la normativa contenida en la LPM.1 En este sentido resulta meridianamente claro lo establecido
1 As lo afirma con rotundidad por ejemplo GARCA PREZ: Los actuales principios del Derecho penal juvenil: un anlisis crtico, RDPCr, 2a poca, n.o 3 (1999), p. 62, si bien este autor considera que dicha afirmacin est lejos de ser una verdad irrefutable, como as lo demuestra la existencia de modelos tutelares o de proteccin, en los cuales el sistema de justicia de menores no tiene un carcter represivo sino tutelar. De igual modo, AGUIRRE ZAMORANO considera que a las cosas hay que llamarlas por su nombre, sosteniendo que Ley penal no es igual a crcel, sino que es igual a garantas. A partir de estas consideraciones, afirma este ltimo autor que el joven debe ser tratado penalmente de una manera diferente al adulto, pues se trata de un sujeto en evolucin y la sociedad ha de responder educativamente facilitndole los mecanismos que posibiliten su socializacin. Vase: AGUIRRE ZAMORANO: Los jvenes del siglo XXI: Proyecto de Ley de Justicia Juvenil, en: GIMNEZ-SALINAS I COLOMER, Esther (dir.): Legislacin de menores en el siglo XXI: Anlisis de Derecho comparado, EDJ-18, CGPJ, Madrid 1999, p. 341.
por la EM de la LPM: La presente Ley Orgnica tiene ciertamente la naturaleza de disposicin sancionadora, pues desarrolla la exigencia de una verdadera responsabilidad jurdica a los menores infractores... (EM II, 7). Por ello, y aun cuando la LPM alude, como se ver, a medidas de carcter sancionador-educativo y en general utiliza un lenguaje muy rizado con objeto de no contaminar con conceptos punitivos al menor -quien no est sometido a un proceso sino a un expediente, quien no es acusado ni imputado sino expedientado, no hay condena sino fallo, no hay penas sino medidas-2, en realidad se trata de consecuencias jurdicas que materialmente tienen en muchos casos la naturaleza de penas, en el sentido de que constituyen una supresin o disminucin de derechos al autor de un delito.3 A partir de lo expuesto en el prrafo anterior, puede decirse que el Derecho penal de menores contenido en la LPM es un Derecho penal especial y, al mismo tiempo, un sector integrante del Derecho penal.4 De acuerdo con esta consideracin, la propia EM de la LPM recuerda que la Ley tiene una naturaleza formalmente penal pero materialmente sancionadora-educativa del procedimiento y de las medidas aplicables a los infractores menores de edad (EM II, 6). Del tenor literal de la EM de la LPM se desprende claramente que el Derecho penal juvenil espaol instaurado en el ao 2000 debe considerarse, ante todo, como un Derecho penal de autor de carcter educativo. Varios son los pasajes en los que la EM de la LPM hace referencia al carcter eminentemente educativo del Derecho penal juvenil, as por ejemplo, cuando establece el principio de que la responsabilidad penal de los menores presenta frente a la de los adultos un carcter primordial de intervencin educativa (EM II, 4). O cuando determina que la reaccin jurdica dirigida al menor infractor debe ser ante todo una intervencin de naturaleza educativa (EM II, 7). A partir de estas consideraciones, y aunque la infraccin delictiva es, como se ha diVase, por todos y respectivamente arts. 16, 36, 40, 7 LPM. LANDROVE DAZ: Introduccin al Derecho Penal de Menores, Valencia 2003, p. 60. En el mismo sentido: CONDE-PUMPIDO FERREIRO, en: el mismo (Dir.): Ley de la Responsabilidad Penal de los Menores. Doctrina con jurisprudencia y normativa complementaria, Madrid 2001, pp. 52-53. Por el contrario, VZQUEZ GONZLEZ niega una naturaleza penal a las medidas contempladas en la LPM, ya que el fundamento de la retribucin, caracterstico de las penas en el Derecho penal de adultos, no desempea segn este autor funcin alguna en el sistema de medidas de la justicia juvenil. Vase: VZQUEZ GONZLEZ: Delincuencia juvenil. Consideraciones penales y criminolgicas, Madrid 2003, pp. 300-301. 4 As se pronuncia, por ejemplo, HIGUERA GUIMER: Derecho penal juvenil, Barcelona 2003, p. 31.
cho anteriormente, condicio sine qua non para que se produzca una intervencin con base en la LPM, no puede dejarse de lado el hecho de que tanto el Derecho penal juvenil sustantivo como el procesal estn dominados por la personalidad y el llamado superior inters del menor que delinque, principio este ltimo que la EM considera un elemento determinante del procedimiento y de las medidas que se adopten en el mbito de la justicia penal de menores (EM II, 7, 11).5 Por otro lado, ante la comisin de un delito por parte de un sujeto menor de dieciocho aos, la correspondiente reaccin jurdica del Estado contenida en la LPM se determina, no tanto por el hecho material en s, sino ms bien por la personalidad del sujeto menor de edad, as como por su entorno familiar y social. Por consiguiente, y al contrario de lo que sucede en el Derecho penal de adultos, donde el hecho cometido es la base fundamental y exclusiva para una intervencin de carcter penal, la justicia juvenil gira en torno a un modelo de responsabilidad penal de autor, en el que tanto la adopcin de una determinada medida como su ejecucin dependen ante todo de las circunstancias personales de cada menor individualizado. Revelador de este espritu educativo y preventivo-especial del conjunto de la legislacin penal de menores recogido en la originaria LPM resulta nuevamente lo establecido en la EM, cuando se afirma que, partiendo de la naturaleza educativa de la intervencin contra el menor infractor, en el Derecho penal juvenil regulado en la LPM deben rechazarse expresamente otras finalidades esenciales del Derecho penal de adultos, como la proporcionalidad entre el hecho y la sancin o la intimidacin de los destinatarios de la norma, pretendindose con ello impedir todo aquello que pudiera tener un efecto contraproducente para el menor (EM II, 7).6 Por lo que hace referencia a las medidas previstas en la LPM, la EM determina que las mismas deben tener como objetivo primordial
5 Hay que decir que el concepto jurdico del superior inters del menor no viene definido de modo expreso en la LPM, por lo que se trata de un concepto jurdico indeterminado. La doctrina suele circunscribir dicho concepto al inters en la educacin y socializacin del menor, as como al libre desarrollo de su personalidad. Vase: HIGUERA GUIMER, op. cit., p. 253. En el mismo sentido: BUENO ARS: La Ley Orgnica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en: L ZARO GONZLEZ, / MAYORAL NARROS (Coord.), Jornadas sobre derecho de los menores, Madrid 2003, p. 319. 6 Lo que puede dar lugar a casos paradjicos y difciles de asumir por la sociedad. Por ejemplo, ante un caso probado de acoso colectivo de un grupo de menores a un menor en el mbito de un instituto de enseanza secundaria, la respuesta del sistema, basada en el inters prevalente del mayor nmero de menores afectados (los responsables del hecho) podra consistir previsiblemente en el traslado a otro centro, no de los acosadores, sino de la vctima del acoso.
posibilitar una intervencin educativa sobre el menor infractor (= derecho penal educativo), por lo que aqullas no pueden ser represivas, sino preventivo-especiales, orientadas hacia la efectiva reinsercin y el superior inters del menor (EM I, 5). En consecuencia, para la determinacin de una medida concreta debe tenerse en cuenta no slo la gravedad del hecho delictivo concreto sino, fundamentalmente, la situacin personal, familiar, escolar, en definitiva social, del menor infractor (= derecho penal de autor). Puede decirse as que las medidas reguladas en la LPM, a diferencia de las penas contenidas en el Cdigo Penal de adultos (CP, en lo sucesivo), no estn sometidas al principio de culpa y retribucin por el hecho, es decir, no miran al pasado, sino al futuro, a un tratamiento socializador ms que resocializador7 del menor infractor. De este modo puede decirse que en la legislacin penal de menores regulada en la LPM el aspecto sancionador-educativo adquiere una especial intensidad. Por ltimo, tambin en el proceso penal de menores, ya incluso en el mbito de ejecucin de las medidas, se observa la influencia de esa intervencin educativa y de ese espritu (re)socializador, los cuales llevan por un lado a establecer una serie de especialidades procedimentales, fundamentadas todas ellas en la edad y la personalidad del menor imputado, como por ejemplo la celeridad en la tramitacin del procedimiento, la existencia de un principio de oportunidad reglada (arts. 18 y 19 LPM), la limitacin de la intervencin de la vctima mediante la prohibicin expresa de ejercicio de la acusacin particular (art. 25 LPM, antes de su reforma por la L.O. 15/2003) o la restriccin del principio de publicidad (art. 35.2 LPM). Por otro lado, tambin en lo relativo a la ejecucin de las medidas privativas de libertad, la LPM establece el principio fundamental de resocializacin del menor internado (art. 55 LPM). Como se ver a continuacin, esta orientacin preventiva-especial, fundamentalmente educativa y vinculada al superior inters del menor y que en su da fue tan reiteradamente proclamada por el legislador de la LPM en la EM, ha quedado sin duda relegada a un segundo plano a partir de las modificaciones de la LPM llevadas a cabo en los ltimos aos, lo cual, en palabras de TERRADILLOS, pone en entredicho la coherencia del texto legal y la solidez de sus
7 Ciertamente, y al contrario de lo que sucede en el Derecho penal de adultos, no puede hablarse en el Derecho penal juvenil de resocializacin o reeducacin strictu sensu, por la sencilla razn de que en la justicia de menores se est delante de personas que an no han completado el proceso de socializacin.
paredes maestras.8 Con las modificaciones de la LPM producidas, que desarrollaremos ms adelante en el punto 4 del presente trabajo, no puede hablarse ya de un Derecho penal juvenil con un carcter eminentemente preventivo-especial fundamentado en el mencionado superior inters del menor, sino ms bien de un Derecho penal juvenil en el que toman protagonismo aspectos inherentes al Derecho penal de adultos, como son la represin por el hecho cometido, la proporcionalidad entre la gravedad del hecho y la gravedad de la sancin, la intimidacin de los destinatarios de la norma, la defensa social y, en definitiva, aspectos vindicativos y de prevencin general. Bien es cierto que tomar protagonismo no equivale necesariamente y desde el principio a monopolizar, ni siquiera a ponerse en primer plano. En realidad, el espritu primigenio de la LPM ha seguido estando presente, bien que cada vez con menos fuerza y alcance (y habr que ver qu derroteros toma el asunto en el inminente futuro, a propsito del Anteproyecto de octubre de 2005), en lo que hace a un amplio rango de conductas juveniles desviadas: aqullas que no vienen acompaadas de grave violencia y/o no atraen sobre s la atencin de los medios de comunicacin
3. La regulacin positiva de la LPM, tal como era: Aspectos de Derecho sustantivo y procesal
El Derecho penal juvenil contenido en la LPM est constituido por el conjunto de normas jurdicas que asocian la comisin por parte de un menor de ms de catorce y menos de dieciocho aos y, excepcionalmente, por un joven de ms de dieciocho y menos de veintiuno de una o varias infracciones tipificadas como delitos o faltas en el CP o las leyes penales especiales, con una determinada sancineducacin como consecuencia jurdica, medida que viene regulada en la LPM con carcter autnomo con respecto al CP. A continuacin se exponen brevemente los principales rasgos de la regulacin inicial, algunos de los cuales, como se ver, han sido posteriormente modificados. 1. Por lo que hace referencia al mbito objetivo de aplicacin del Derecho penal juvenil, hay que decir que la LPM no contiene un
TERRADILLOS BASOCO: Responsabilidad penal de los menores, en RUIZ RODR/ NAVARRO GUZMN (Ed.): Menores. Responsabilidad penal y atencin psicosocial, Valencia 2004, p. 60.
catlogo propio de infracciones susceptibles de ser cometidas por un menor de edad, sino que en este aspecto concreto se produce, en base a lo dispuesto en la Disposicin final primera de la LPM, una remisin in totum a las disposiciones contenidas en el CP o en las hoy escasas leyes penales especiales. Son estas normas las que especifican qu acciones y omisiones cometidas por los menores son constitutivas de delito o falta.9 Por ello puede decirse que el Derecho penal juvenil espaol se caracteriza por tener autonoma en lo relativo a las medidas previstas en la LPM, siendo por el contrario accesorio con respecto a la determinacin de las infracciones penales.10 2. A la hora de delimitar el mbito subjetivo de aplicacin de las disposiciones del Derecho penal juvenil espaol se hace necesario poner en relacin dos cuerpos legislativos distintos: el CP de 1995 y la LPM.
9 En la doctrina penal espaola ha sido objeto de discusin la conveniencia o no de establecer un CP propio o especfico para regular la responsabilidad penal de los menores. Aqullos que abogan por la creacin de un CP dirigido a los menores de edad argumentan que, dentro de las conductas delictivas recogidas en el CP general, existe un nutrido grupo cuya comisin por menores es imposible, como por ejemplo los delitos cometidos por funcionarios pblicos en el ejercicio de sus funciones, o los casos de delitos fiscales o societarios cometidos por un menor no emancipado. Otros argumentos expuestos se fundamentan en la necesidad de dar a ciertos institutos penales, como por ejemplo el error, la imprudencia o ciertas causas de inculpabilidad, una definicin y un tratamiento distinto en el mbito del Derecho penal juvenil, dadas las especiales condiciones psicolgicas y de desarrollo mental que caracterizan al sujeto menor de edad. Vase en este sentido: CONDE-PUMPIDO FERREIRO: Introduccin a la LO 5/2000 en: el mismo (Dir.), op. cit., pp. 56-57. Por su parte, GARCA PREZ se muestra partidario de despenalizar aquellos hechos de escasa importancia, teniendo para ello en cuenta las especiales caractersticas que presenta la delincuencia juvenil frente a la delincuencia adulta. Vase: GARCA PREZ, RDPCr, n.o 3 (1999), p. 73. 10 Esta combinacin entre autonoma y accesoriedad tambin puede percibirse en el Derecho penal juvenil alemn. En efecto, la Jugendgerichtsgesetz entra en accin nicamente a la hora de determinar las consecuencias jurdicas de una infraccin delictiva. Y esto es as porque, segn se desprende del 1 prrafo 1 JGG, la normativa regulada en la Ley penal juvenil alemana se aplica cuando un menor o un joven semi-adulto comete una infraccin, la cual est conminada con una pena segn las disposiciones (penales) generales. Por consiguiente, la JGG no contiene tipos penales independientes que pueden entrar en accin cuando el sujeto activo es un menor de de edad (es decir, los llamados status offenses en la justicia penal anglosajona; para un acercamiento general a los modelos anglosajones de justicia penal juvenil, vase, por todos, HARRIS ET AL.: A Century of Juvenile Justice, en: National Institute of Justice (Ed.): Criminal Justice 2000, Vol. 1, New York City 2000, pp. 359 y ss.; sobre status offenses, vase pp. 363, 365, 372), aplicndose as los tipos penales contenidos en el StGB y en las leyes penales especiales. Por el contrario, la legislacin penal juvenil alemana s que contempla unas normas especficas en lo relativo a las sanciones a imponer a los menores de edad autores de una infraccin delictiva. Vase: STRENG: Jugendstrafrecht, Heidelberg 2003, p. 23.
El art. 19 CP establece en su prrafo primero que los menores de dieciocho aos no sern responsables criminalmente con arreglo a este Cdigo. Hecha esta declaracin de principios, mediante la cual se produjo en su momento la elevacin de la mayora de edad penal a los dieciocho aos, hacindola coincidir as con la mayora de edad civil,11 el prrafo segundo del mencionado art. 19 CP matiza al sealar que cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo podr ser responsable con arreglo a lo dispuesto en la ley que regule la responsabilidad penal del menor. Por tanto, los menores de dieciocho aos, si bien no son responsables criminalmente con arreglo a las disposiciones del CP, s podrn en cambio tener una responsabilidad penal de acuerdo con la ley del menor que regule dicha responsabilidad, que no es otra que la vigente LPM. Por otra parte, el propio CP determina en el art. 69 que al mayor de dieciocho aos y menor de veintiuno que cometa un hecho delictivo podrn aplicrsele las disposiciones de la Ley que regule la responsabilidad penal del menor en los casos y con los requisitos que sta imponga. Con ello se abre la puerta a una posible regulacin de un llamado derecho penal de jvenes semi-adultos, del mismo modo a como viene sucediendo en el Derecho penal juvenil alemn regulado en la Ley de Tribunales Juveniles de 1953 (Jugendgerichtsgesetz, JGG), Ley en la que la actual LPM encuentra buena parte de su inspiracin.12 En respuesta a lo establecido en su da en el CP de 1995, el art. 1.1 LPM declara que las disposiciones contenidas en la Ley se aplicarn para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce aos y menores de dieciocho por la comisin de hechos tipificados como delitos o faltas en el Cdigo Penal o las leyes penales
11 Hay que recordar que el art. 8.2 del CP 1973 estableca la mayora de edad penal en los diecisis aos. Por otro lado, el Art. 12 CE establece que la mayora de edad se alcanza en Espaa a los dieciocho aos. Vase tambin el art. 315 Cc y el art. 1 de la Convencin sobre los Derechos del Nio, de 20 de noviembre de 1989 (BOE nm. 313, de 31 de diciembre de 1990) 12 Efectivamente, el 105 JGG permite, en determinados supuestos y bajo determinadas condiciones, que la normativa del Derecho penal juvenil les sea de aplicacin a los llamados Heranwachsende, es decir, sujetos con edades comprendidas entre los dieciocho y los veinte aos. En concreto, las condiciones que se establecen en el mencionado 105 JGG son las siguientes: 1. Cuando de la valoracin total de la personalidad del autor, incluyendo tambin las condiciones ambientales, se infiera que el joven semi-adulto, en el momento de la comisin del delito, puede ser equiparado a un menor de edad en lo relativo a su desarrollo moral y psquico; 2. Cuando el hecho delictivo cometido por el joven pueda ser considerado como una tpica infraccin juvenil en lo relativo a la tipologa, las circunstancias concretas del hecho y los motivos de su comisin. Para un estudio exhaustivo en lengua alemana del Derecho penal juvenil alemn pueden consultarse, entre otros, las siguientes referencias generales: ALBRECHT: Jugendstrafrecht, 3. Edicin, Mnchen 2000; SCHAFFSTEIN / BEULKE: Ju-
especiales. A su vez, el art. 1.2 LPM establece que tambin se aplicar lo dispuesto en esta Ley para los menores a las personas mayores de dieciocho aos y menores de veintiuno, en los trminos establecidos en el artculo 4 de la misma. De lo dispuesto en el art. 1 LPM en relacin con los arts. 19 y 69 CP y con los arts. 3 y 4 LPM se deducen tres regmenes jurdicos distintos a la hora de exigir responsabilidad penal en el caso de los menores y jvenes. Los dos primeros estn vigentes desde el principio, mientras que el tercero, al que dedicaremos un apartado especfico, siempre ha estado en el limbo y su probable futuro es la desaparicin: a. El de los menores de catorce aos (nios), los cuales son inimputables y penalmente irresponsables. El legislador espaol utiliza as, a la hora de fijar la edad mnima para exigir responsabilidad penal, un criterio biolgico puro, atendiendo exclusivamente al dato cronolgico de la edad del menor y no a su estado de madurez o discernimiento. Segn se establece en el art. 3 LPM, hasta la edad de catorce aos el Derecho penal juvenil espaol prescinde de toda intervencin penal,13 lo cual por otra parte no significa que se prescinda de cualquier intervencin,14 ya que en caso de que un menor de catorce aos cometa una infraccin de carcter penal, aqul es puesto a disgendstrafrecht, 14. Edicin, Stuttgart 2002; STRENG: Jugendstrafrecht, Heidelberg 2003. En lengua espaola existe una traduccin de la primera edicin del manual de ALBRECHT, realizada por JUAN BUSTOS RAMREZ en el ao 1990. No obstante, el texto queda bastante desfasado ya que se corresponde con el Derecho penal juvenil vigente en Alemania antes de la importante reforma acaecida en el ao 1990. Un estudio actualizado de la normativa contenida en la JGG puede consultarse en: CANO PAOS: Tendencias de poltica criminal en el Derecho penal juvenil alemn y espaol, Madrid 2005 (en proceso de impresin en la Fundacin Ortega y Gasset, Madrid). 13 La propia EM de la LPM establece que la no exigencia de responsabilidad penal a los menores de catorce aos se basa en la conviccin de que las infracciones cometidas por nios menores de esta edad son generalmente irrelevantes y que, en los escasos supuestos en que aqullas pueden producir alarma social, son suficientes para darles una respuesta igualmente adecuada los mbitos familiar y asistencial civil, sin necesidad de intervencin del aparato judicial sancionador del Estado (EM I, 4). 14 De hecho, se ha aventurado (ORNOSA FERNNDEZ: Derecho Penal de Menores. Comentarios a la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, Barcelona 2003 -2.a ed.-, p. 157), bien que en sentido crtico, que el art. 3 LPM parece obligar a la entidad protectora de menores a aplicar en todo caso una medida civil de proteccin a aquellos menores de 14 aos que cometan un hecho penalmente tpico. Pero no creemos que sea procedente una interpretacin tan estricta de dicha disposicin, ya que la misma matiza que las medidas a aplicar sern las adecuadas a las circunstancias de aqul, lo que obviamente puede determinar, una vez examinadas las mismas, que no sea necesaria medida alguna. Adems, este art. 3 LPM es una mera norma de remisin competencial. Una vez sometido el menor a la tutela administrativa y la jurisdiccin civil, stas discurrirn segn su propia lgica interna.
posicin del sistema pblico asistencial, sindole de aplicacin las normas protectoras y asistenciales recogidas en el Cdigo Civil y dems disposiciones vigentes, en especial la LO 1/96, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor.15 b. El de los mayores de catorce aos y menores de dieciocho (menores), los cuales son penalmente imputables y responsables, siendo los principales destinatarios de la normativa contenida en la LPM. Como se vio anteriormente, esta responsabilidad penal es desde luego distinta a la de los adultos, ya que en el caso de los menores su responsabilidad por el hecho cometido presenta en un principio un carcter primordial de intervencin educativa, fundamentndose en principios preventivo-especiales.16 Dentro de esta franja de edad, la LPM establece a su vez una subdivisin adicional entre los menores de catorce a diecisis aos, por un lado, y los de diecisis a dieciocho,
El Derecho penal alemn establece por su parte que los sujetos menores de catorce aos no pueden ser sometidos en ningn caso a responsabilidad penal alguna, ya que, segn lo dispuesto en el 19 StGB, los menores de catorce aos son en todo caso inimputables, y, consiguientemente, irresponsables penalmente. A partir de lo dispuesto en el Cdigo Penal alemn, cuando el Fiscal de Menores recibe una denuncia contra un nio menor de catorce aos, est obligado, en caso de que sea necesario, a comunicar el hecho al Juez Tutelar (Vormundschaftsrichter), as como a comprobar la necesidad de informar a la escuela o a otra institucin, o bien proceder judicialmente contra los progenitores o personas encargadas de la tutela del menor. Al propio menor de catorce aos autor de la infraccin delictiva pueden aplicrsele medidas protectoras y asistenciales recogidas en la Ley de Asistencia a la Infancia y la Juventud del ao 1990 (Kinder- und Jugendhilfegesetz), o medidas educativas recogidas en el Cdigo Civil (Brgerliches Gesetzbuch). Lo que en ningn caso puede darse es que la respuesta tenga un carcter penal. Hay que decir que de lege ferenda se viene exigiendo en los ltimos aos en Alemania por parte de determinados partidos polticos de centro-derecha, as como por un sector doctrinal minoritario, una reduccin del lmite mnimo de imputabilidad, de los vigentes catorce aos a los doce. Esta propuesta se fundamenta tanto en un aparente aumento de la delincuencia de menores de entre doce y catorce aos, como en una proliferacin de los casos de violencia por parte de algunos menores de esa franja de edad. En este sentido, HEFENDEHL se muestra partidario de rebajar la edad mnima a los doce aos cuando los menores resulten autores de delitos de extrema gravedad. En estos casos, dicho autor propone que se realice una exploracin pericial del nio en base a lo establecido en el 3 JGG, para, de este modo, poder determinar si aquel menor, en el momento de la comisin del hecho delictivo, posea la madurez suficiente para comprender lo injusto del hecho y actuar as conforme a esa comprensin. Vase: HEFENDEHL: Tter und Opfer bei kindlicher Gewaltkriminalitt, en: Juristenzeitung, 12 (2000), p. 605. 16 Esta responsabilidad penal de los menores prevista en el Derecho penal juvenil espaol, pese a fundamentarse en los referidos principios preventivo-especiales, ha conducido a un sector doctrinal a afirmar que lo que la LPM ha llevado a cabo no ha sido la elevacin de la mayora de edad penal a los dieciocho aos, ms bien al contrario, lo que se ha hecho en realidad ha sido rebajarla hasta los catorce. Vase en este sentido: CUELLO CONTRERAS / MARTNEZ-PEREDA SOTO: La (in)determinacin de la mayora de edad penal en el Cdigo penal de 1995: una ambigedad insoportable,
por otro. Dicha diferenciacin tiene consecuencias tanto desde el punto de vista sustantivo como procesal. As, a la hora de imponer una medida de internamiento, su duracin en el caso de los menores de diecisis aos es mucho menor que si el sujeto supera esa edad (art. 9 LPM). La razn fundamental que ha llevado al legislador a realizar esta ulterior subdivisin se justifica en el hecho de considerar que la madurez no se alcanza de un da para otro, sino que es un proceso evolutivo de carcter continuado. c. El de los mayores de dieciocho aos y menores de veintiuno (jvenes), al que dedicaremos a continuacin un apartado especial, puesto que constituye uno de los referentes ms conspicuos del mudable criterio legislativo que ha venido jalonando la corta vida de la LPM, ya desde antes de su entrada en vigor. 3. Las personas de ms de dieciocho aos y menos de veintiuno se rigen, en principio, por las normas penales y procesales comunes, si bien el art. 4 LPM, en relacin con los arts. 1.2 LPM y 69 CP,17 contempla la posibilidad de que, en determinados supuestos y bajo determinadas condiciones, les sean de aplicacin las normas que regulan el Derecho penal juvenil. Segn lo dispuesto en el art. 4 LPM, las condiciones para la aplicacin de la normativa del Derecho penal juvenil a los jvenes semi-adultos son las siguientes: el hecho delictivo imputado debe constituir falta o delito menos grave, siempre y cuando, adems (y cumulativamente): a) No se trate de un delito cometido con violencia o intimidacin ni grave riesgo para la vida o integridad fsica de las personas. b) Su autor no haya sido condenado en sentencia firme por hechos delictivos cometidos una vez cumplidos los dieciocho aos. c) Que las circunstancias personales y el grado de madurez del imputado aconsejen la sumisin al rgimen penal y procesal previsto en la LPM. Se observa as cmo el legislador espaol contrariamente a lo establecido en el 105 JGG en el caso del Derecho penal juvenil aleen: La Ley, 6 (1997), p. 1585. En este sentido, GARCA PREZ se muestra partidario de elevar el lmite mnimo hasta los 16 aos, ya que considera que es sta la edad en la que se comienzan a acelerar los procesos de integracin social en los papeles de adulto y, en consecuencia, ya cabe exigir una responsabilidad penal, si bien atenuada. GARCA PREZ, RDPCr, n.o 3 (1999), p. 70. 17 Segn se dispone en el art. 69 CP: Al mayor de dieciocho aos y menor de veintiuno que cometa un hecho delictivo podrn aplicrsele las disposiciones de la ley que regule la responsabilidad penal del menor en los casos y con los requisitos que sta disponga.
mn no atiende de un modo exclusivo a las circunstancias personales y al grado de madurez a la hora de aplicar la legislacin penal de menores a los jvenes de entre dieciocho y veinte aos, exigiendo a la vez otros dos requisitos adicionales. No obstante la posibilidad que la Ley contempla para esta franja de edad concreta, de la lectura del art. 4 LPM se desprende que la regla general es que el mayor de dieciocho aos y menor de veintiuno debe quedar sometido, en principio, al CP y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim, en lo sucesivo), y que nicamente se excepciona ese rgimen jurdico general cuando concurren las condiciones que se enumeran en la mencionada disposicin.18 En cualquier caso, a propsito de esta redaccin nunca entrada en vigor del art. 4 LPM, la Fiscala General del Estado recomendaba a los fiscales que su aplicacin fuera la excepcin y no la regla.19 Segn una tesis con fuerte apoyo en la doctrina espaola, el criterio para poder extender la jurisdiccin de menores a la franja de edad comprendida entre los dieciocho y los veinte aos debera estar referido, sobre todo, a las circunstancias personales y al grado de madurez del sujeto infractor. Desde esta perspectiva, carecera de justificacin excluir de raz la aplicacin de la legislacin de menores en los casos en que el joven de dieciocho a veinte aos cometa un delito grave, con violencia o intimidacin, o en el caso de que el joven infractor no fuera primario.20 Como es sabido y como consideraremos en detalle ms adelante, semejante perspectiva extensiva de la justicia juvenil est en las antpodas de la que han adoptado los sucesivos legisladores espaoles. En el caso de Alemania, la posible aplicacin de la normativa del Derecho penal juvenil alemn a los jvenes semi-adultos ha sido, ya
18 Vase en este sentido: LANDROVE DAZ: Marco operativo de la Ley Orgnica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, Diario La Ley, n. 5.084, 27 de junio de 2000, p. 4. Por su parte, HERNNDEZ GALILEA sostiene que una forma de llevar a efecto satisfactoriamente lo previsto en el art. 69 CP podra haber pasado por aplicar a los jvenes semi-adultos las disposiciones de la LPM pero por parte de la jurisdiccin penal de adultos. Vase: HERNNDEZ GALILEA: Partes e intervinientes en el proceso, en: LORCA MARTNEZ / PALACIOS GONZLEZ / GUILLAMAT RUBIO / NOGUERAS MART / VINUESA CASAS / HERNNDEZ GALILEA (Coord.): El sistema espaol de justicia juvenil, Madrid 2002, p. 153. 19 Vase Circular de la FGE 1/2000, de 18 de diciembre: la regla general respecto a esta franja de edad debe ser la aplicacin de la legislacin penal de mayores, debiendo as considerarse como excepcional la aplicacin de la normativa recogida en la LPM. 20 Vase GRUPO DE ESTUDIOS DE POLTICA CRIMINAL: Un proyecto alternativo a la regulacin de la responsabilidad penal de los menores, Valencia 2000, pp. 27-28. En parecidos trminos se posiciona CUELLO CONTRERAS, cuando establece que el tener en cuenta la naturaleza del delito para someter o no al joven semi-adulto a la jurisdiccin de menores ocasiona a la larga dejar fuera de su posible mbito de aplicacin un nmero considerable de delitos por razones puramente defensistas. Vase CUELLO CONTRERAS: El nuevo Derecho penal de menores, Madrid 2000, p. 66.
desde su introduccin en la Jugendgerichtsgesetz en el ao 1953, objeto de controversia en la doctrina. Por un lado, los datos estadsticos muestran cmo en la mayora de los casos los Jueces de Menores alemanes se inclinan por aplicar la normativa de la JGG a la franja de edad de entre dieciocho a veinte aos. As, en el ao 2002 el 64 por 100 de los Heranwachsende fueron sancionados segn las disposiciones del Derecho penal juvenil. No obstante, en los ltimos aos han aparecido voces en Alemania que exigen un cambio de orientacin radical en lo relativo al trato dispensado a la mayora de los jvenes semi-adultos. Existe un sector de la doctrina y la poltica alemanas que, partiendo de un supuesto aumento de la delincuencia y violencia de los jvenes pertenecientes a esta franja de edad, pide, bien una exclusin absoluta del grupo de jvenes semi-adultos de la normativa del Derecho penal juvenil, bien la aplicacin de la misma nicamente en casos excepcionales, ya que consideran que las reacciones del Derecho penal juvenil tienen un carcter ms suave que las contempladas en el Derecho penal de adultos.21 Dentro de la doctrina (minoritaria) favorable a que los jvenes semi-adultos sean enjuiciados preferentemente segn las disposiciones del Derecho penal de adultos contenidas en el Strafgesetzbuch (StGB), hay que destacar a Hinz, el cual no acierta a comprender por qu individuos mayores de edad a efectos civiles, individuos que pueden participar tanto activa como pasivamente en procesos electorales, que pueden pedir un crdito bancario o incluso fundar una sociedad annima, en cambio son equiparados a menores de edad en lo relativo a la responsabilidad penal, al no disponer aparentemente de la madurez suficiente para comprender lo injusto del hecho y actuar conforme a esa comprensin.22 En el polo opuesto, la prctica totalidad de la doctrina y prctica alemanas rechazan de raz la posibilidad de excluir a los jvenes semi-adultos de entre dieciocho y veinte aos (Heranwachsende) del mbito de aplicacin de la JGG. Para ello sealan que los partidarios de someter a los jvenes semi-adultos a las disposiciones del Derecho penal de adultos desconocen la circunstancia de que el Derecho penal juvenil no siempre supone un Derecho ms suave que el Derecho penal de adultos. Existen en este sentido estudios criminolgicos, los cuales demuestran que en aquellos casos en que los Jueces de Menores se deciden a enjuiciar a los
21 Vase por ejemplo el Proyecto de Ley presentado el 25 de marzo de 2004 en la Cmara alta alemana (Bundesrat) por los Lnder de Baviera, Hesse, Baja Sajonia, Sajonia y Turingia (BR-Drucks. 238/04), gobernados todos ellos por la Unin Cristianodemcrata o por la Unin Socialcristiana (CDU, CSU, respectivamente). 22 Vase: HINZ: Jugendstrafrecht auf dem Prfstand, en: Zeitschrift fr Rechtspolitik, 2001, p. 108.
Heranwachsende segn las disposiciones de la JGG, a stos les son impuestas en muchos casos penas ms severas que si los jueces se hubieran inhibido en favor de la justicia ordinaria. Por todo ello se considera que el Derecho penal juvenil no es desde luego un Derecho ms benevolente con los menores y jvenes delincuentes, sino un Derecho que permite, a travs del amplio repertorio de medidas que contempla, una respuesta ms flexible para unos sujetos lase, en este caso, los jvenes llamados semi-adultos, los cuales todava se encuentran en una etapa evolutiva.23 4. Como se ha visto anteriormente, el art. 19 CP afirma de un modo explcito la responsabilidad penal del menor de dieciocho aos. De este modo, el vigente CP no presume inimputables a los sujetos que no hayan alcanzado la edad de dieciocho aos.24 Ms bien al contrario, la regla general es su imputabilidad y con ello su responsabilidad penal puede ser declarada de conformidad con lo establecido en la LPM. La misma declara en el art. 5 que los menores de entre catorce y diecisiete aos que hayan cometido un hecho delictivo son responsables, siempre y cuando no concurran en ellos las eximentes previstas en el art. 20 CP. De este modo, la LPM est reconociendo al menor, como regla general, la capacidad de culpabilidad, es decir, la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta y de actuar de acuerdo con esa comprensin; capacidad inexistente cuando, excepcionalmente, concurren las causas de inimputabilidad recogidas en los tres primeros nmeros del art. 20 CP. Con ello, la LPM regula un sistema de regla-excepcin a la hora de delimitar la responsabilidad penal de los menores, recogiendo as en el art. 5.1 LPM, en relacin con el art. 1.1 LPM, la forma biolgica pura.25
23 Entre los partidarios de seguir manteniendo un enjuiciamiento de los jvenes semi-adultos segn las disposiciones de la JGG vase: KERNER / SONNEN: Jugendkriminalitt und Jugendstrafrecht Eine Anregung zur Besonnenheit bei Vernderungsplnen, en: DVJJ-Journal, 8 (1997), p. 343; PFEIFFER: Aufbruch zum Rckschritt? Die Law and Order-Profilierung der CDU/CSU bedroht das Jugendstrafrecht, en: DVJJ-Journal, 2 (1993), p. 116. La SEGUNDA COMISIN DE REFORMA DEL DERECHO PENAL JUVENIL (2.Jugendstrafrechtsreform-Kommission) va incluso ms lejos y se muestra a favor de suprimir el 105 JGG y as incluir en todo caso a los jvenes semi-adultos en el mbito de aplicacin del Derecho penal juvenil. Vase: 2.JUGENDSTRAFRECHTSREFORM-KOMMISSION: Vorschlge fr eine Reform des Jugendstrafrechts. Abschlubericht der Kommissionsberatungen von Mrz 2001 bis August 2002, en: DVJJJournal, Extra n. 5 (2002) pp. 7 y ss. 24 Por el contrario, el antiguo art. 8.2 CP 1973 se basaba en una presuncin iuris et de iure de que las personas que no hubieran alcanzado la edad de diecisis aos en el momento de cometer el hecho delictivo eran inimputables en todo caso, por carecer de capacidad de culpabilidad. 25 Este sistema seguido en el Derecho penal juvenil espaol a la hora de determinar la responsabilidad penal de los menores difiere notablemente del criterio mixto
5. En lo relativo a las consecuencias jurdicas que se derivan de la comisin de una infraccin delictiva por parte de un menor de edad, la LPM regula en el art. 7 un amplio catlogo de sanciones (medidas, en la terminologa de la Ley).26 Dichas medidas presentan fundamentalmente un carcter sancionador-educativo, en consonancia as con lo establecido por la propia EM, cuando la misma establece que las medidas contempladas en la LPM no pueden ser represivas, sino
(biolgico+psicolgico o de discernimiento), contemplado en la Jugendgerichtsgesetz alemana. Efectivamente, el Derecho penal juvenil alemn no presupone ab initio la culpabilidad y responsabilidad de los menores, no existiendo as un indicio de culpabilidad. Por el contrario, lo que s existe es una presuncin de inimputabilidad, la cual no obstante puede ser desvirtuada mediante prueba positiva de que el menor, en el momento de la comisin del hecho delictivo, posee la madurez suficiente, atendiendo a su desarrollo moral y psquico, para comprender lo injusto del hecho y actuar de acuerdo con esa comprensin ( 3 JGG). Segn HIGUERA GUIMER, el sistema que rige en la JGG es, en principio, ms convincente que el sistema establecido en la LPM, el cual considera extremadamente rgido. No obstante, el mismo autor indica que el sistema seguido en Alemania puede poner en peligro la seguridad jurdica, al dejarlo todo en manos del Juez de Menores a la hora de determinar la responsabilidad penal del menor. Vase: HIGUERA GUIMER, op. cit., pp. 206 y 317. En la misma lnea de argumentacin, GARCA PREZ se muestra partidario de adoptar un sistema biolgico puro fijado a travs de criterios normativos frente a un criterio mixto, ya que, segn este autor, no resulta posible llevar a cabo juicios individualizados por parte de los Jueces de menores, lo que conlleva a que en muchas ocasiones se terminen utilizando frmulas estereotipadas y vacas de contenido. Vase: GARCA PREZ, RDPCr, n.o 3 (1999), pp. 70-71. Por estas mismas razones de seguridad jurdica, SNCHEZ GARCA DE PAZ defiende la utilizacin del criterio biolgico puro frente al criterio del discernimiento. Vase: SNCHEZ GARCA DE PAZ: Minora de edad penal y Derecho penal juvenil. Aspectos poltico-criminales, Eguzkilore, 12 (1998), pp. 70 y ss. En los mismos trminos: ALASTUEY DOBN: El Derecho Penal de Menores: Evolucin y rasgos esenciales de la Ley Orgnica 5/2000, en: DEZ RIPOLLS, et. al. (Ed.): La ciencia del derecho penal ante el nuevo siglo. Libro homenaje al profesor doctor don Jos Cerezo Mir, Madrid 2002, p. 1546. VZQUEZ GONZLEZ alude tambin a la hora de adoptar un criterio biolgico puro al hecho de garantizar un tratamiento igualitario a todas las personas comprendidas en una determinada franja de edad. Vase: VZQUEZ GONZLEZ, op. cit., pp. 305-306. 26 Resulta curioso observar como el legislador espaol -tambin en ello a la altura de estos mediocres tiempos de correccin poltica en el lenguaje- todava no ha podido superar ese espritu paternalista o tutelar que caracteriz al sistema de justicia juvenil espaol del pasado siglo regulado en la Ley de los Tribunales Tutelares de Menores de 1948. Esto motiva que en algunos casos evite incluso llamar a las cosas por su nombre. Un ejemplo palmario lo constituye el concepto de medidas, utilizado a la hora de definir unas sanciones contempladas en el art. 7 LPM, las cuales, como se ver, pueden en algunos casos consistir en un internamiento en rgimen cerrado por un perodo de hasta diez aos. En este sentido, GMEZ RIVERO seala que con la decisin del legislador espaol de calificar las consecuencias jurdicas previstas en la LPM como medidas se corre el peligro de enmascarar la verdadera naturaleza de la Ley y, con ello, reavivar el tan denostado y temido fraude de etiquetas. Vase: GMEZ RIVERO: Algunos aspectos de la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal del menor, APen, 2001, X, p. 164.
preventivo-especiales, orientadas hacia la efectiva reinsercin y el superior inters del menor (EM I, 5). A diferencia as de las penas previstas en el Derecho penal de adultos, las medidas previstas en la LPM miran exclusivamente al futuro, es decir, a un tratamiento socializador. Las diferentes medidas que pueden imponerse a los menores penalmente responsables eran enumeradas en la redaccin original del art. 7 LPM de mayor a menor gravedad, en funcin de la restriccin de derechos que comportan. Dichas medidas eran las siguientes: a) Internamiento en rgimen cerrado; b) Internamiento en rgimen semiabierto; c) Internamiento en rgimen abierto; d) Internamiento teraputico; e) Tratamiento ambulatorio; f) Asistencia a un centro de da; g) Permanencia de fin de semana; h) Libertad vigilada; i) Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo; j) Prestaciones en beneficio de la comunidad; k) Realizacin de tareas socio-educativas; l) Amonestacin; m) Privacin del permiso de conducir ciclomotores o vehculos de motor, o del derecho a obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para uso de cualquier tipo de armas.27 No se ha incluido en la lista la medida de inhabilitacin absoluta (n), que fue aadida posteriormente y a la que nos referiremos ms adelante. Por lo dems, el recurso a las diferentes medidas es muy desigual por parte de la justicia penal de menores. En el mbito jurisdiccional que resulta ms cercano a los autores del presente trabajo, destacan por su frecuencia las tareas socio-educativas y prestaciones en bene27 Para un anlisis pormenorizado de las medidas previstas en la LPM vase: HAVA GARCA / ROS CORBACHO: Las medidas aplicables a menores en la Ley 5/2000, en: RUIZ RODRGUEZ / NAVARRO GUZMN, op. cit., pp. 143 y ss.; Vase tambin: MARTNEZ SNCHEZ: Las medidas en la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal de los Menores, en: ORNOSA FERNNDEZ (Ed.): La responsabilidad penal de los menores: aspectos sustantivos y procesales, Cuadernos de Derecho Judicial, CGPJ, Madrid 2001, pp. 437 y ss.; GMEZ RIVERO, APen, 2001, X, pp. 172 y ss. Seala esta ltima autora que la existencia de un amplio catlogo de medidas trasluce la loable preocupacin del legislador del ao 2000 de evitar que la privacin de libertad se convierta en la respuesta generalizada frente a la comisin de hechos delictivos por parte de un menor de edad. Vase: GMEZ RIVERO, APen, 2001, X, p. 172. Por su parte, el Derecho penal juvenil alemn contenido en la Jugendgerichtsgesetz contempla tres categoras distintas de sanciones, las cuales se diferencian entre ellas en virtud del grado de intensidad de la reaccin concreta al hecho delictivo cometido por el menor infractor: medidas educativas (Erziehungsmaregeln, 9-12 JGG), medidas de correccin o coercitivas (Zuchtmittel, 13-16 JGG) y la pena juvenil (Jugendstrafe, 17-30 JGG). En este sentido hay que destacar que el Anteproyecto de Ley Orgnica Penal Juvenil y del Menor, elaborado por el Gobierno socialista espaol el 27 de abril de 1995, prevea tres clases de medidas aplicables al menor infractor: la pena juvenil, las medidas disciplinarias y las medidas educativas. Se observa as una influencia clara de la legislacin penal juvenil alemana.
ficio de la comunidad (a menudo con cierta permeabilidad entre ellas), la libertad vigilada y, en los casos ms graves, el internamiento en rgimen cerrado y semiabierto. 6. Del rgimen sancionador regulado en el art. 7 LPM se deducen dos importantes principios que hay que tener en cuenta en el sistema de justicia penal de menores: la indeterminacin legal de las medidas y la individualizacin judicial de las mismas. Del primer principio se deduce que en la jurisdiccin de menores al contrario que en el Derecho penal de adultos no existe una medida sealada para cada delito, sino un catlogo general de las mismas, regulado como se ha visto en el art. 7 LPM. Conforme al segundo principio, el Juez de Menores, bien que con sujecin al principio acusatorio regulado en el art. 8 LPM, puede recurrir, a la hora de elegir entre las medidas previstas en el art. 7 LPM, a aqulla ms adecuada al hecho y a la personalidad del autor menor de edad. Esta discrecionalidad judicial se ve refrendada legalmente por lo previsto en el prrafo 3 del art. 7 LPM, cuando establece que para la eleccin de la medida o medidas adecuadas (...), se deber atender de modo flexible, no slo a la prueba y valoracin jurdica de los hechos, sino especialmente a la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el inters del menor. Por consiguiente, los criterios que en el Derecho penal juvenil condicionan la eleccin de una medida son distintos a los del Derecho penal de adultos.28
28 La legislacin penal de menores alemana contiene una serie de normas especficas a la hora de imponer las sanciones correspondientes a los menores de edad autores de una infraccin delictiva, provocando con ello que lo dispuesto en los 38 y ss. StGB, en relacin con las penas previstas en el Derecho penal de adultos, se vea desplazado por la normativa regulada en la JGG, lo que le coloca como lex specialis frente al Derecho penal general. En base a estas consideraciones, a la hora de imponer a un menor de edad una determinada sancin prevista en la Jugendgerichtsgesetz, el Derecho penal juvenil alemn coloca en un primer plano la personalidad del menor infractor. De este modo, la reaccin jurdica viene determinada, no tanto por la naturaleza del hecho cometido, sino ms bien por la persona del menor infractor. En consecuencia, en el Derecho penal juvenil no son de aplicacin los marcos penales que el StGB contempla para cada tipo penal regulado, sino nicamente en lo relativo a la definicin del tipo de injusto. La consecuencia jurdica del injusto penal se determina en cambio en funcin de la personalidad del autor y su necesidad de educacin. Revelador de este espritu educativo que impregna la JGG es lo establecido en el 5 prrafo 2, segn el cual un hecho punible cometido por un menor ha de ser perseguido con medios coercitivos o con la pena juvenil, slo en el caso de que las medidas educativas no sean suficientes. A partir de lo establecido en dicha disposicin puede decirse que en el Derecho penal juvenil alemn rige el principio de subsidiariedad en lo relativo a las consecuencias jurdico-penales respecto a los menores delincuentes. Segn este principio, las sanciones no privativas de libertad gozan de prioridad frente a las medidas estacionarias privativas de libertad.
No obstante los principios bsicos contenidos en el art. 7.3 LPM, el rgimen de aplicacin de las medidas aparece regulado en el art. 9 LPM. En dicha disposicin se establecen unas reglas especficas para la determinacin de las medidas, las cuales rompen por decirlo as el principio de flexibilidad a la hora de la eleccin de una medida concreta.29 Dentro de las reglas establecidas en el art. 9 LPM merecen destacarse aqu, dada su importancia por la limitacin de derechos que conlleva, los criterios que la LPM, en su redaccin original del ao 2000, dispona para determinar la extensin de la medida de internamiento en rgimen cerrado. En principio, la regla 3 del art. 9 LPM estableca un marco general segn el cual la duracin de las medidas de internamiento no puede exceder de dos aos, abonndose ntegramente, en su caso, el tiempo de cumplimiento por el menor en medida cautelar. Puede decirse as que el legislador espaol parti de un marco cronolgico mximo de las medidas de internamiento limitado a dos aos. Dicho marco cronolgico se rompe acto seguido30 en la regla 4 del propio art. 9 LPM. En efecto, en dicha disposicin se estableca que, en el caso de personas que hubieran cumplido los diecisis aos en el momento de la comisin de los hechos, el plazo de duracin de las medidas poda alcanzar un mximo de cinco aos de internamiento, siempre que el delito hubiera sido cometido con violencia o intimidacin en las personas o con grave riesgo para la vida o la integridad fsica de las mismas. Se observa aqu cmo el legislador estableca una agravacin punitiva para la franja de edad comprendida entre los diecisis y los diecisiete aos. El fundamento de establecer dos grupos de edad dentro de los menores de dieciocho aos est, como se indic anteriormente, en la consideracin del legislador espaol de que la madurez es distinta en uno y otro grupo. Por lo tanto, el tratamiento sancionador-educativo tiene que ser distinto en uno y otro caso.
29 Siguiendo a BOLDOVA PASAMAR, a partir de lo dispuesto en el art. 9 LPM se asiste a la necesidad de equilibrar el Derecho penal de autor, del que se parte en el art. 7.3 LPM, con el Derecho penal por el hecho, en aras a la exigencia de proporcionalidad entre la gravedad del delito cometido, por un lado, y la naturaleza y extensin de la medida aplicable, por otro. Entraran as en juego consideraciones de tipo retributivo y preventivo-generales. Vase: BOLDOVA PASAMAR: Principales aspectos sustantivos del nuevo Derecho penal juvenil espaol, en: DEZ RIPOLLS, et.al., (Ed.), op. cit., pp. 1558-1559. Se trata, por lo dems, de un equilibrio que parece razonable buscar, aunque slo fuera como factor de apaciguamiento social y para reforzar la adhesin general a la norma. Otra cosa es que deba rechazarse si se convierte, como parece ser la tendencia, en un desequilibrio a favor del defensismo. 30 En un juego tartufo al que el legislador espaol parece haberle cogido aficin: cfr. arts. 36 y, por ejemplo, 140 CP, a propsito del supuesto lmite mximo de la pena de prisin.
Por ltimo, la regla 5 del art. 9 LPM supona, en el momento en que se aprob la Ley, el techo sancionador normativamente previsto en la legislacin penal de menores. Efectivamente, la redaccin original de la misma estableca que de un modo excepcional,31 cuando los supuestos previstos en la regla 4 del propio art. 9 LPM revistieran extrema gravedad, el Juez deba de imponer una medida de internamiento en rgimen cerrado de uno a cinco aos de duracin, debiendo ser dicha medida complementada sucesivamente por otra medida de libertad vigilada con asistencia educativa hasta un mximo de otros cinco aos.32 7. A la hora de regular la responsabilidad penal de los menores, la LPM no contiene nicamente normas de Derecho penal sustantivo, sino que tambin recoge disposiciones de Derecho procesal, tanto en lo referente a la organizacin y funcionamiento de los juzgados y tribunales encargados del enjuiciamiento de los menores de edad, como en lo relativo al propio proceso a seguir contra esos mismos menores. En lo concerniente al Derecho procesal penal juvenil, la LPM regula un proceso con una estructura parecida al existente para los adultos, establecindose en el mismo toda una serie de garantas para el menor imputado, similares a las previstas en la LECrim para los adultos, y respetndose al mismo tiempo el contenido del Art. 24 CE en lo relativo a la tutela judicial efectiva. No obstante estas consideraciones, el proceso penal regulado en la LPM presenta una serie de caractersticas y peculiaridades propias, las cuales se ponen de manifiesto no slo en lo relativo a los sujetos intervinientes en el procedimiento, sino tambin en lo concerniente a las actuaciones procesales. Estas particularidades procesales son conseVase, de nuevo, en el art. 36 CP un paralelismo con esta tcnica legislativa. En el Derecho penal juvenil alemn, los plazos de internamiento de la pena juvenil (Jugendstrafe) vienen determinados en el 18 JGG. La duracin mnima que establece la Ley son seis meses, mientras que el plazo mximo de internamiento est fijado en cinco aos. No obstante, ese mximo se eleva hasta los diez aos cuando se trata de un delito de carcter grave, el cual est conminado en el Derecho penal de adultos (StGB) con una pena privativa de libertad de ms de diez aos. En el caso de que a los Heranwachsende se les aplique el Derecho penal de menores, el marco penal est siempre comprendido entre los seis meses y los diez aos ( 105 prrafo 3 JGG). Hay que decir que, con independencia de la gravedad del delito cometido, los Jueces de Menores alemanes suelen agotar en contadsimas ocasiones el plazo mximo establecido en la Jugendgerichtsgesetz. En este sentido, la mayora de la doctrina alemana considera que una pena juvenil con una duracin superior a los cinco aos no puede en absoluto justificarse con argumentos de tipo educativo, sino exclusivamente con base en consideraciones de tipo represivo y expiatorio. Vase: STRENG, op. cit., p. 212.
cuencia lgica de ese fin preventivo-especial que marca todo el texto de la LPM. Siguiendo con la novedad introducida en su momento por la LO 4/92,33 la nueva LPM establece la competencia del Fiscal de Menores para llevar a cabo la instruccin del procedimiento por los hechos cometidos por sujetos mayores de catorce aos y menores de dieciocho. Asimismo, la redaccin originaria de la LPM atribua al Ministerio Fiscal el ejercicio de la accin penal en rgimen de monopolio (arts. 8 y 25 LPM, antes de la reforma).34 La LPM prev en el art. 27 la participacin de un Equipo tcnico en el procedimiento de menores. Se trata de un rgano imparcial al servicio de la Administracin de justicia, dependiendo funcionalmente del Fiscal de Menores. La misin fundamental de este Equipo tcnico (compuesto por un psiclogo, un educador y un trabajador social) es la elaboracin de un informe sobre la situacin psicolgica,
Ley Orgnica 4/92, de 5 de junio, Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores, Ley que estuvo en vigor hasta el 13 de enero de 2001, fecha en la que comenz su andadura la vigente LPM. 34 Dicha decisin legislativa de otorgar al Ministerio Fiscal amplias competencias en la fase de instruccin del procedimiento de menores tiene un claro sentido experimental ante la posibilidad que, desde hace tiempo, viene demandado parte de la doctrina procesalista espaola de extender el sistema acusatorio al proceso penal ordinario. Vase en este sentido: TAMARIT SUMALLA: Principios poltico-criminales y dogmticos del sistema penal de menores, en GONZLEZ CUSSAC / TAMARIT SUMALLA / GMEZ COLOMER: Justicia penal de menores y jvenes (Anlisis sustantivo y procesal de la nueva regulacin), Valencia 2002, pp. 42 y ss. En este sentido hay que decir que el ordenamiento procesal alemn asigna al Ministerio Fiscal (Staatsanwaltschaft) una posicin central en el procedimiento penal. De la estructura del proceso penal regulado en la Ordenanza Procesal alemana (Strafprozeordnung, StPO) se deducen tres funciones principales del Ministerio Fiscal. En primer lugar es el rgano encargado de la instruccin del procedimiento sumarial, ejercitando la accin penal en rgimen de monopolio. En segundo lugar acta como representante de la acusacin en la fase intermedia y en el juicio oral. Por ltimo, es el rgano encargado del llamado cumplimiento penal (Strafvollstreckung). En el Derecho penal juvenil, el Fiscal de Menores dirige en general la investigacin de todos los procedimientos que competencialmente pertenecen a los Juzgados de Menores. En principio hay que decir que el Fiscal de Menores ostenta las mismas competencias que el Ministerio Fiscal en el Derecho procesal penal general. No obstante, hay aqu que resear algunas especialidades, las cuales se derivan de la especial funcin educativa que el legislador alemn asigna al proceso penal a seguir contra menores infractores. As, la funcin del Fiscal de Menores no se limita exclusivamente a la investigacin del hecho delictivo, sino que tambin viene aqul obligado, segn se establece en el 43 JGG, a realizar una investigacin sobre la personalidad, situacin familiar y entorno social del menor presunto autor de los hechos. Por otra parte debe destacarse tambin la acentuada ruptura del principio de legalidad que se produce en el proceso penal regulado en la JGG, mediante las posibilidades que la Ley concede al Fiscal para concluir anticipadamente el procedimiento en base a los principios de intervencin mnima y oportunidad.
educativa y familiar del menor imputado, sobre su entorno social, as como sobre cualquier otra circunstancia relevante a los efectos de la adopcin de las medidas previstas en la LPM.35 8. En relacin con la posicin de la vctima en el sistema de justicia penal de menores, la redaccin original del art. 25 LPM estableca de lege lata la imposibilidad de que la vctima de un delito cometido por un menor de entre catorce y diecisiete aos pudiera ser parte en el proceso penal en que se enjuiciaba a ese menor, no admitindose as bajo ningn concepto la posibilidad de ejercicio de la acusacin particular.36 Tan slo se le permita una intervencin limitada en determinados supuestos, cuando el delito hubiese sido cometido por sujetos mayores de diecisis aos, estndole no obstante vetada en todo caso la posibilidad de solicitar la imposicin de una determinada medida en contra del menor imputado.37 La EM de la LPM justifica la decisin adoptada en su momento de no admitir el ejercicio de acciones por particulares en el proceso de menores en el hecho de impedir todo aquello que pudiera tener un efecto contraproducente para el menor (EM II, 7).38 A partir de esta apreciacin,
35 Tambin aqu puede observarse una influencia clara del Derecho penal juvenil alemn. Efectivamente, uno de los rganos clave en toda la justicia de menores alemana es la llamada Asistencia judicial a la juventud (Jugendgerichtshilfe, JGH). Por lo que respecta al mbito del proceso penal de menores, el prrafo 2 del 38 determina que la JGH hace valer los aspectos educativos, sociales y asistenciales en los procedimientos ante los Tribunales juveniles. Puede decirse que la JGH interviene en el proceso penal de menores en una doble direccin. Por un lado tiene la funcin de asistir al Tribunal y al Ministerio Fiscal, llevando a cabo la investigacin sobre la personalidad del menor, as como sobre su entorno familiar y social. Por otro lado asume durante todo el procedimiento la asistencia educativa del menor infractor. Puede decirse as que la Asistencia judicial a la juventud presta sus servicios tanto al rgano judicial como al menor o joven imputado. 36 Del mismo modo, se vetaba tambin la posibilidad de que cualquier ciudadano pudiera ejercer la accin popular contemplada en el Art. 125 CE. 37 En este sentido, BARREDA HERNNDEZ considera que en el sistema vigente en la LORPM antes de la reforma llevada a cabo por la LO 15/2003, la cual se analiza posteriormente, la presencia del perjudicado se cea exclusivamente a esperar como convidado de piedra a que el Fiscal de Menores (...) decida sobre el desenlace del proceso en un amplio y reglado principio de oportunidad.Vase: BARREDA HERNNDEZ: La vctima en el proceso penal de menores. Especial examen de la pieza separada de responsabilidad civil, en: ORNOSA FERNNDEZ, Mara Rosario (dir.): La responsabilidad penal de los menores: aspectos sustantivos y procesales, CDJ-III, CGPJ, Madrid, 2001, pgs. 523-524. 38 Nuevamente se observa aqu un cierto paralelismo del Derecho penal juvenil espaol con respecto al Derecho penal juvenil alemn contenido en la JGG. Efectivamente, en dicha Ley los intereses de las vctimas se encuentran tremendamente limitados. As, el 80 prrafo 3 JGG establece de manera inequvoca y tajante la inadmisin en todo caso de la llamada acusacin accesoria (Nebenklage) en el proceso penal de menores.
la misma EM establece que la no procedencia de la acusacin particular y la accin popular en el proceso de menores se basa en el hecho de que en estos casos el inters prioritario para la sociedad y para el Estado coincide con el inters del menor (EM II, 8 in fine). Por todo ello, la intervencin de la vctima (ofendido o perjudicado) en el proceso de menores, aparte de las facultades limitadas que conceda el art. 25 LPM, se limitaba en un principio a eventualmente participar en los mecanismos de conciliacin y reparacin previstos en el art. 19 LPM, as como intervenir como actor civil en el marco de la instaurada pieza separada de responsabilidad civil, para exigir la indemnizacin de los daos y perjuicios derivados del hecho delictivo cometido por el menor.39 La situacin procesal de la vctima en el proceso penal de menores sufri posteriormente un giro radical a partir de las reformas operadas en el texto de la LPM. 9. Como ya se ha apuntado en el prrafo anterior, la LPM establece en los arts. 61 y ss. una regulacin especfica y, en cierto modo, novedosa de las responsabilidades civiles derivadas de los hechos cometidos por menores de edad. La caracterstica fundamental de la LPM en materia de responsabilidad civil es que la misma se dilucida en un procedimiento especfico y distinto del procedimiento penal. As, en el momento en que el Fiscal de menores notifica al Juez la incoacin del expediente de reforma, el mismo Juez de Menores procede al propio tiempo a abrir la denominada pieza separada de responsabilidad civil, la cual se tramita conforme a lo establecido en el art. 64 LPM.40 La accin para exigir la responsabilidad civil en el procedimiento regulado en la LPM es ejercida por el propio Ministerio Fiscal, salvo que el perjudicado renuncie a ella, la ejercite por s mismo en el plazo de un mes desde que se le notifique la apertura de la pieza separada de responsabilidad civil, o bien se la reserve para
39 Para SANZ HERMIDA, la prohibicin de ejercicio de acciones por particulares, originariamente establecida en el art. 25 LPM, no vulnera lo dispuesto en la CE, ya que, desde un punto de vista constitucional, el legislador ordinario puede restringir el ejercicio de la pretensin penal solo al MF, pues el Art. 125 CE deja en manos de aqul la forma y los procesos penales en que los ciudadanos pueden ejercer la accin popular. Vase: SANZ HERMIDA: La vctima en el proceso penal de menores, AJM, N.o I, 2001, p. 188. 40 Al igual que se puso de manifiesto en el prrafo anterior con respecto a la acusacin accesoria, tambin se establece en el Derecho penal juvenil alemn la imposibilidad de que la vctima de delito pueda exigir en el mbito procesal penal de menores la indemnizacin de los daos sufridos por el injusto. Efectivamente, el 81 JGG dispone que en el proceso penal de menores no se aplican las disposiciones de la StPO relativas al llamado procedimiento adhesivo (Adhsionsverfahren, 403 y ss. StPO), destinado a indemnizar a la vctima por los daos sufridos por el delito. De este modo, la nica salida que le queda al ofendido o perjudicado es acudir a la va civil ordinaria.
ejercitarla ante el orden jurisdiccional civil, conforme a los preceptos del Cdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.41 10. De gran significado en la legislacin de menores son las posibilidades previstas en la LPM de no incoacin del expediente o de sobreseimiento del mismo, en aplicacin de los principios de intervencin mnima y oportunidad. En efecto, el art. 18 LPM prev la posibilidad de que el Ministerio Fiscal, en los casos de delitos menos graves y en las faltas, desista de la incoacin del expediente por correccin de la persona del menor en el mbito educativo y familiar. Por su parte, el art. 19 LPM contempla la posibilidad de que el Juez de Menores, a peticin del Ministerio Fiscal y por los mismos hechos que en el caso anterior, pueda sobreseer el expediente una vez abierto, tras producirse una conciliacin o una reparacin del dao entre el menor y la vctima.42
La nueva regulacin que se aborda en la LPM para exigir la responsabilidad civil en el mbito de la jurisdiccin de menores ha suscitado un generalizado rechazo por parte de la doctrina espaola, sobre todo si este singular procedimiento se compara con el previsto en la LECrim, el cual permite el ejercicio simultneo, es decir, en el mismo proceso penal, de las dos acciones derivadas de la realizacin del delito: la penal y la civil. A partir de lo establecido en el proceso penal de adultos, hubiera sido mejor permitir que en el proceso penal de menores la vctima pudiera ejercitar la accin civil para el resarcimiento de los daos y perjuicios dentro del procedimiento o expediente principal en el cual se dilucidan las cuestiones penales. Esto dara lugar a que la sentencia del Juez de Menores tuviera dos pronunciamientos distintos: un pronunciamiento en relacin con la imposicin de la medida o medidas, y otro pronunciamiento en relacin con la responsabilidad civil. En este sentido vase: HIGUERA GUIMER, op. cit., pp. 418-419. De la misma opinin: CUESTA MERINO: La responsabilidad civil en el nuevo proceso penal de menores, en: GONZLEZ CUSSAC, et. al., op. cit, pp. 312-313. Asimismo, en la Reunin de Fiscales de Menores celebrada en Lanzarote en octubre de 2001 se propugn una reforma legislativa respecto a la responsabilidad civil regulada LPM, reforma que se inspiraba esencialmente en el sistema de acumulacin de acciones establecido en el proceso penal de adultos. 42 Para un anlisis exhaustivo de estos mecanismos de desjudicializacin previstos en la LPM, vase: Cruz Mrquez: La mediacin en la Ley Orgnica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores: conciliacin y reparacin del dao, Revista Electrnica de Ciencia Penal y Criminologa (en lnea), 2005, nm. 07-14, p. 14:1-14:34 [RECPC 07-14 (2005), 3 nov]; PERIS RIERA: El modelo de mediacin y reparacin en el nuevo marco de la responsabilidad penal de los menores previsto por la LO 5/2000, LL, 2001 (2), pp. 1649 y ss.; TORRES FERNNDEZ: Los caminos hacia una Justicia reparadora en la Ley Orgnica de responsabilidad penal del menor, Apen, 2002, XXV, pp. 647 y ss. En lo referente a la conciliacin entre el menor y la vctima prevista no slo en el art. 19 LPM, sino tambin en el art. 51.2 LPM (=con efectos finalizadores de la medida impuesta), vase: HERRERA MORENO: La conciliacin menor-vctima en el mbito de la desviacin juvenil: reflexiones en torno a su controvertida plasmacin en la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, AJM, N.o I, 2001, pp. 425 y ss. El Derecho penal juvenil alemn contempla asimismo manifestaciones del principio de intervencin mnima y de oportunidad en el mbito procesal. Los preceptos
11. Las caractersticas y peculiaridades propias del proceso penal regulado en la LPM dan pie a que en algunos casos se modifiquen o incluso no se lleguen a aplicar plenamente algunos de los principios inherentes a la legislacin procesal regulada en la LECrim. Uno de ellos es el principio de publicidad en la fase del juicio oral, principio consagrado en el Art. 120.1 CE y el art. 232 LOPJ. En efecto, el prrafo 2 del art. 35 LPM prev la posibilidad de que el Juez de Menores pueda acordar, en inters del menor imputado o de la vctima, que las sesiones no sean pblicas. Lo que en ningn caso se permite es que los medios de comunicacin social obtengan o difundan imgenes del menor, ni datos que pudieran permitir su identificacin. Puede as observarse cmo tambin aqu juega de nuevo un papel importante el concepto del superior inters del menor, concebido en la EM como principio rector del Derecho penal juvenil.43 12. La LPM contempla en el art. 40 la posibilidad de que el Juez de Menores decrete la suspensin de la ejecucin del fallo contenido en la sentencia, cuando la medida impuesta no sea superior a los dos aos de duracin. Dicha suspensin puede ser establecida durante un tiempo determinado y hasta un mximo de dos aos, estando en todo caso sujeta a una serie de condiciones que vienen enumeradas en la propia Ley.44 Por su parte, el art. 14 LPM faculta al Juez de Me 45 a 47 JGG representan en este caso la base legal de la regulacin de la desjudicializacin o diversin en el proceso de menores. Ambas disposiciones permiten la conclusin anticipada de un procedimiento penal, bien por parte del Fiscal de Menores ( 45 JGG), bien por parte del Juez ( 47 JGG), a pesar de la existencia de los requisitos generales de procesabilidad, de constatarse indicios racionales de criminalidad, as como de haberse afirmado la responsabilidad penal del menor en base al 3 JGG. Dicha terminacin anticipada del procedimiento puede producirse sin que se imponga medida alguna al menor en el caso de infracciones de escasa lesividad, o bien mediante la imposicin de una medida ambulatoria con un estricto carcter educativo. Para una visin general sobre estas manifestaciones del principio de oportunidad en la Jugendgerichtsgesetz vase: CANO PAOS: Posibilidades de Diversin por parte del Ministerio Fiscal en el Derecho penal juvenil alemn, en: Revista de Derecho Penal y Criminologa, 13 (2004), pp. 213 y ss. 43 La Jugendgerichtsgesetz establece tambin en el 48 prrafo 1 el principio de no publicidad de las sesiones. Dicha prohibicin de publicidad abarca desde el mismo momento de comienzo de las sesiones hasta que se produce la pronunciacin de la sentencia correspondiente. Su fundamento hay que buscarlo en el inters del legislador alemn en salvaguardar a la persona del menor acusado y su educacin. 44 Del mismo modo, el 21 JGG establece la posibilidad de que el Juez de Menores, en determinados supuestos y bajo determinadas condiciones, pueda suspender condicionalmente la ejecucin de la pena juvenil impuesta, cuando la misma no sea superior a dos aos. En estos casos, el propio Juez de Menores impone al menor un perodo de suspensin condicional, el cual oscila entre un mnimo de dos y un mximo de tres aos. Durante este tiempo, el menor est obligado a cumplir una serie de rdenes o mandatos establecidos por el Juez en la orden de suspensin. Por su parte,
nores a dejar en cualquier momento sin efecto la medida impuesta, reducir su duracin o sustituirla por otra, siempre que dicha modificacin redunde en inters del menor. Esta sustitucin, reduccin o cese de cumplimiento no se admite en los supuestos de extrema gravedad, regulados en la regla 5 del art. 9 LPM, mientras no haya transcurrido el primer ao de cumplimiento efectivo de la medida de internamiento impuesta. Finalmente, el art. 51 LPM prev la posibilidad de que el Juez de Menores, durante la fase de ejecucin de las medidas, pueda dejar las mismas sin efecto o sustituirlas por otras que se estimen ms adecuadas de entre las previstas en la propia LPM, por tiempo igual o inferior al que reste para su cumplimiento. Para los supuestos de extrema gravedad rigen no obstante las mismas limitaciones que en el caso anterior. 13. La LPM contena en los arts. 54 y ss. unas reglas especiales para la ejecucin de las medidas privativas de libertad. Puede decirse que dicha regulacin equivale a la normativa penitenciaria prevista para los adultos en la Ley Orgnica General Penitenciaria, de 26 de septiembre de 1979, y su Reglamento de 9 de febrero de 1996. Fundamental en este contexto resulta el principio de resocializacin, el cual viene establecido de un modo inequvoco en el art. 55 LPM. Con todo, ya desde el momento de su aprobacin la propia LPM era consciente de la necesidad de un posterior desarrollo reglamentario de una materia tan fundamental como es el rgimen de la ejecucin de las medidas privativas de libertad reguladas en el art. 7 LPM. Dicho desarrollo reglamentario se ha llevado a trmino mediante la aprobacin el 30 de julio de 2004 del Reglamento de aplicacin de la LPM (Real Decreto 1774/2004),45 al cual se hace referencia expresa en el epgrafe siguiente.46
el 27 JGG establece tambin la posibilidad de que el Juez de Menores pueda suspender condicionalmente la decisin de imponer una determinada pena, cuando tras haberse realizado las investigaciones pertinentes no se puede determinar con exactitud la existencia de tendencias nocivas en el menor imputado, las cuales hagan necesaria la imposicin de una Jugendstrafe. En estos casos el perodo de suspensin condicional oscila entre uno y dos aos. 45 BOE nm 209, de 30 de agosto de 2004. 46 Hay que decir que el Derecho penal juvenil alemn no cuenta todava con una disposicin legislativa que regule el cumplimiento de la pena juvenil prevista en la Jugendgerichtsgesetz. Tan solo el 91 JGG contiene una serie de disposiciones de carcter muy general. Debido a que la Ley de Ejecucin Penal (Strafvollzugsgesetz, equivalente a la Ley General Penitenciaria en el caso espaol) regula nicamente el cumplimiento de la pena privativa de libertad del Derecho penal de adultos, la prctica totalidad de la doctrina alemana viene expresando la necesidad de elaborar urgentemente una Ley que regule el cumplimiento de la Jugendstrafe, de tal manera que pueda cumplirse satisfactoriamente con las demandas educativas y de prevencin especial contendias en el Derecho penal de menores alemn. Vase en este sentido: BA-
14. Tras este somero anlisis de las cuestiones fundamentales que caracterizan el Derecho sustantivo y procesal de menores contenido en la LPM, puede concluirse afirmando que el legislador espaol concibi en su da el Derecho penal juvenil como un Derecho penal de naturaleza especial. Su naturaleza penal viene motivada por el hecho de que la aplicacin de las disposiciones de la LPM requiere en todo caso la comisin de una infraccin delictiva tipificada como tal en el ordenamiento penal correspondiente. En cuanto a su naturaleza especial, sta se debe fundamentalmente al grupo de sujetos a los que las disposiciones de la LPM van dirigidas: menores con edades comprendidas entre los catorce y los dieciocho aos, previndose tambin, en determinados supuestos, la posibilidad de aplicarlas a la franja de edad comprendida entre los dieciocho y los veinte aos. A propsito de la naturaleza especial del Derecho penal juvenil regulado en la originaria LPM, se observa cmo tanto las medidas contenidas en la Ley como el procedimiento establecido para aplicarlas giran en torno a la persona del menor infractor, que es puesta en un primer plano a la hora de responder a la infraccin cometida por el mismo. Los criterios genuinamente represivos se desplazan a un segundo plano en favor de finalidades de tipo preventivo especial, considerndose la educacin, la (re)insercin social y el denominado superior inters del menor como elementos fundamentales a tener en cuenta en el sistema espaol de justicia juvenil instaurado en el ao 2000 mediante la LPM.
4. El cambio de paradigma: Las reformas operadas en la LPM desde su aprobacin 4.1. Introduccin
Los prolegmenos y la propia entrada en vigor de la Ley Orgnica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (LPM) a principios de 2001 supuso, ms all de su indiscutible relevancia en el mbito del derecho penal y de la administracin de justicia, un acontecimiento con gran repercusin social y meditica, bien es cierto que con demasiada frecuencia desde una perspectiva alarmista.
Ist der Jugendstrafvollzug verfassungswidrig? Zur Diskussion um die Notwendigkeit, ein Jugendstrafvollzugsgesetz zu schaffen, en: Recht der Jugend und des Bildungswesens, 1 (2001), pp. 24 y ss. Esta situacin ha motivado que desde hace tiempo se trabaje en Alemania en la elaboracin de una Ley de Ejecucin de la Pena Juvenil (Jugendstrafvollzugsgesetz).
En tal contexto de cambios e inquietud, en la doctrina espaola se suscitaron, incluso antes de que entrara en vigor la LPM, valoraciones antagnicas respecto a la eficacia de la Ley para hacer frente al aparente incremento, cuantitativo y cualitativo, de la delincuencia de menores. Mientras que para la mayora de la doctrina espaola la LPM constitua en general un mecanismo adecuado y convincente para responder a las infracciones cometidas por menores de edad, un sector doctrinal minoritario opinaba que las medidas contempladas en la LPM representaban en muchos casos una respuesta excesivamente laxa para unos menores que, con la legislacin penal anterior al ao 2000 en la mano, venan siendo procesados y penados de acuerdo con el CP de adultos, al haber cumplido la edad de diecisis aos.47 Esta controversia en torno a la eficacia preventiva de la LPM hay que encuadrarla en un contexto histrico en el que la poltica criminal espaola -como la de casi todos los dems pases de relativamente similar desarrollo social y poltico- est marcada por un auge de las posturas represivas y populistas frente al delito.48 En la segunda mitad de la dcada de los noventa del pasado siglo, en Espaa se hacen or con creciente fuerza las voces que ponen en duda la eficacia de un CP que se encuentra en vigor desde 1996, que propugnan una perspectiva retribucionista y de tolerancia cero frente a la delincuencia, as como una acentuacin de aspectos eminentemente defensistas de proteccin de la sociedad. Dos circunstancias influyen decisivamente, de una u otra manera, en el auge de estas posiciones defensistas: 1. El asentamiento en Espaa de las corrientes neoclsicas que, procedentes de la justicia penal y la criminologa anglosajonas,49 parecen ser bien recibidas por el Gobierno del Partido Popular, en el poder tras las elecciones de 1996.50 Estas corrientes promueven un Derecho penal basado exclu47
Vase una somera referencia a esta discusin en LANDROVE DAZ (2003), op. cit.,
48 Vase por todos y desde una perspectiva anglosajona que en buena parte es trasladable a nuestro pas, GARLAND, David: The Culture of Control. Crime and Social Order in Contemporary Society, OUC, Oxford 2001, en particular pp. 167 y ss. 49 En el caso del Reino Unido es necesario hacer referencia a un hecho que en su momento tuvo una repercusin meditica y social a nivel mundial sin precedentes. Se trata del tristemente famoso caso James Bulger, ocurrido en la ciudad de Liverpool en febrero de 1993, en el que un nio de apenas dos aos fue golpeado y maltratado hasta morir por dos menores que en el momento de los hechos contaban con apenas diez aos de edad. 50 Aunque conviene dejar sentado desde este mismo momento que, como se ver con detalle ms adelante, semejante espritu represivo no es patrimonio exclusivo de los grupos polticos encuadrados en la derecha (o centro-derecha), sino que tam-
sivamente en criterios represivos y de prevencin general (get tough); 2. El aparente aumento constante de las cifras de la delincuencia en Espaa, a partir de los datos ofrecidos anualmente por el Ministerio del Interior, en los que se subraya la criminalidad de carcter violento. Este aumento llega a ser considerado alarmante desde algunos sectores polticos y sociales, acentuando la sensacin de miedo e inseguridad entre la poblacin. Al menos, en la visin ofrecida por ciertos medios de comunicacin.51 El Derecho penal juvenil espaol difcilmente podra haber permanecido ajeno al ambiente represivo y populista que caracterizaba (que caracteriza) su poca. As las cosas, y con el trasfondo de un previo debate social circunscrito alrededor de una serie de homicidios cometidos por menores de gran repercusin meditica, as como teniendo presente el fenmeno de la llamada Kale Borroka o terrorismo callejero fenmeno en el que se vena constatando la intervencin de menores de edad, se decidi llevar a cabo una serie de modificaciones en el texto de la LPM, para de este modo poder hacer frente a la delincuencia de menores de edad. Las continuas reformas que del CP de 1995 se venan produciendo prcticamente desde su entrada en vigor contribuyeron a que el inslito espectculo de una reforma de la LPM a los pocos meses de su promulgacin y antes de su entrada en vigor no fuera considerado fuera de lugar. En este ambiente reformador (es decir, de incremento del rigor penal), se procedi tambin a modificar el Derecho penal juvenil espaol contenido en la LPM. A continuacin detallamos las reformas operadas en la LPM a partir de ese momento, en un proceso que ha dejado en un segundo plano el espritu preventivo-especial que en su da inspir una legislacin penal juvenil basada en el superior inters del menor, y dado por el contrario preferencia a aspectos genuinamente represivos, basados en el mero castigo retributivo por el hecho cometido, por ende destinados
bin encuentra acogida en partidos orientados hacia la izquierda liberal. De hecho, ya el CP 1995, elaborado durante la ltima legislatura de mayora socialista antes del priemr triunfo electoral de Jos Mara Aznar, fue de carcter ms represivo, como lo demuestra el que apenas se produjeran excarcelamientos por aplicacin retroactiva de la nueva regulacin. 51 Sobre esta materia, vanse dos recientes aportaciones en profundidad: SOTO NAVARRO, Susana: La influencia de los medios en la percepcin social de la delincuencia, Revista Electrnica de Ciencia Penal y Criminologa (en lnea). 2005, nm. 07-09, pp. 09:1 y ss.: ( http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-09.pdf ) y FUENTES OSORIO, Juan L.: Los medios de comunicacin y el derecho penal, Revista Electrnica de Ciencia Penal y Criminologa (en lnea). 2005, nm. 07-16, pp. 16:1 y ss. ( http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-16.pdf )
a la proteccin de la sociedad frente al menor infractor. Las reformas del Derecho penal juvenil impulsadas en Espaa en los ltimos aos tienden a dar preferencia a una serie de mecanismos dirigidos, no a tratar la delincuencia de menores, sino ms bien a combatirla.
4.2. Reformas legislativas de la LO 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores
4.2.1. Terrorismo callejero y endurecimiento de las medidas (LO 7/2000) La primera reforma de la LPM se llev a cabo mediante la LO 7/2000, de 22 de diciembre,52 es decir, antes incluso de que se cumpliera el amplio perodo (un ao) de vacatio legis y aqulla entrara en vigor. Dicha reforma trajo consigo un endurecimiento considerable de las medidas de internamiento previstas en el art. 7 LPM, as como la introduccin de especialidades procesales en algunos supuestos especiales.53 El trasfondo poltico-social que motiv esta rpida reforma de la legislacin penal de menores hay que buscarlo por un lado en la escalada de las acciones terroristas ocurridas a finales de la dcada de los noventa del pasado siglo, entre las que hay que incluir el fenmeno de la llamada Kale Borroka o terrorismo de baja intensidad (terrorismo callejero). Con esta denominacin se hace referencia a actividades vandlicas y violentas realizadas en el Pas Vasco por jvenes separatistas radicales afines a la organizacin terrorista ETA. Todos estos acontecimientos dieron lugar a importantes cambios en materia de legislacin penal general,54 y afectaron tambin a la legis52 LO 7/2000, de 22 de diciembre, de modificacin de la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal y de la LO 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en relacin con los delitos de terrorismo (BOE nm. 307, de 23 de diciembre). Llama la atencin el hecho de que el legislador se decida a modificar mediante la misma disposicin normativa, la LO 7/2000, dos leyes como el CP y la LPM, las cuales, por su naturaleza y principios rectores, deberan en todo momento ser tratadas por separado, no menos en un tema tan sensible como es el terrorismo. 53 Vase BERNUZ BENEITEZ: Justicia de menores espaola y nuevas tendencias penales: La regulacin del ncleo duro de la delincuencia juvenil, Revista Electrnica de Ciencia Penal y Criminologa (en lnea). 2005, nm. 07-12, pp. 12:10 y ss. 54 Como bien se indica en su ttulo, la LO 7/2000 no se limita a modificar determinados aspectos de la legislacin penal de menores, sino tambin del Derecho penal ge-
lacin de menores. Por otra parte, hay que sealar tambin que la aprobacin de la citada LO 7/2000 vino precedida por un amplio debate social planteado alrededor de algunos homicidios cometidos por menores de edad, los cuales en algunos casos alcanzaron gran repercusin en los medios de comunicacin.55 Estos hechos motivaron que el plazo mximo de internamiento previsto en aquel momento en la LPM (cinco aos de internamiento en rgimen cerrado, seguidos de cinco aos de libertad vigilada) se estimara insuficiente por algunos sectores de opinin con relevante influencia en los rganos de decisin poltica. Con base en estas argumentaciones, la LO 7/2000 se orienta en esencia a buscar una respuesta penal reforzada, no slo frente al aparente aumento de los episodios de violencia juvenil extrema, sino tambin frente a la entonces creciente evolucin y complejidad del fenmeno terrorista en general, y, en relacin con ello, la progresiva participacin de menores en delitos relacionados con el terrorismo. Entre el conjunto de modificaciones introducidas, la ms destacada es la ampliacin de los perodos de internamiento en rgimen cerrado inicialmente previstos en el art. 9 LPM. Tal y como se describi anteriormente, antes de la reforma operada por la LO 7/2000, el techo sancionador normativamente previsto en el art. 9 LPM era de cinco aos de internamiento en rgimen cerrado, el cual deba ser complementado sucesivamente con una medida de libertad vigilada con asistencia educativa, hasta un mximo de otros cinco aos. Esta duracin mxima estaba prevista para aquellos menores que al tiemneral contenido en el CP. As, dicha Ley Orgnica introdujo, dentro de la tipologa de los delitos de terrorismo, el tipo penal denominado terrorismo impropio o terrorismo urbano, recogido en el nuevo art. 577 CP. Mediante dicha figura se hace referencia a aquellas actividades delictivas realizadas por personas que, sin pertenecer a banda armada, organizacin o grupo terrorista, las llevan a cabo con la finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz pblica. Entre estas actividades se incluyen aquellas realizadas en el contexto de la llamada Kale Borroka. 55 A destacar aqu es el caso de las menores de San Fernando, ocurrido el 26 de mayo de 2000, en el que una menor de diecisis aos fue asesinada de varias pualadas en la localidad gaditana de San Fernando por otras dos menores, las cuales en el momento de los hechos contaban con diecisis y diecisiete aos de edad, respectivamente. Otro suceso que en su momento caus un gran impacto en la opinin pblica espaola fue el famoso caso del asesino de la catana, ocurrido en Murcia el 1 de abril de 2000. En este caso, un menor que en el momento de los hechos contaba con apenas 16 aos acab con la vida de sus padres y de su hermana menor, afectada del sndrome de Down, asesinndolos con una espada tipo catana mientras dorman en el domicilio familiar. Hay que recordar que en la fecha en la que tienen lugar esos terribles acontecimientos, la LPM, la cual por otra parte se encontraba todava en perodo de vacatio legis, contemplaba una medida de internamiento con una duracin mxima de cinco aos.
po de la comisin de los hechos hubieran cumplido los diecisis aos, y siempre y cuando se tratase de supuestos de extrema gravedad, es decir, aquellos delitos cometidos con violencia o intimidacin en las personas o con grave riesgo para la vida o la integridad fsica de las mismas. Pues bien, la LO 7/2000 modifica el prrafo primero y aade el tercero de la regla 5 del art. 9 LPM. La adicin al prrafo primero llama la atencin sobre la existencia y vigencia de la Disposicin adicional cuarta (DA 4, en lo sucesivo), mientras que el nuevo prrafo tercero dispone que a los efectos de este artculo, se entendern siempre supuestos de extrema gravedad aquellos en los que se apreciara reincidencia. Tras la reforma operada, todo lo contenido en el prrafo primero debe ser entendido desde ese momento sin perjuicio de lo previsto en la nueva DA, 4 introducida en la LPM por esta misma LO 7/2000. En la misma se establece que la medida de internamiento en rgimen cerrado puede alcanzar tras la reforma una duracin mxima de ocho aos para los mayores de diecisis aos y de cuatro para los menores de esa edad, cuando alguno de los hechos cometidos sea de los previstos en la referida DA 4, es decir, los delitos de homicidio (art. 138 CP), asesinato (art. 139 CP), violacin (art. 179 CP), agresin sexual agravada (art. 180 CP) o terrorismo (art. 571 a 580 CP). En estos supuestos, la medida de internamiento en rgimen cerrado ser completada, en su caso, por otra medida de libertad vigilada, hasta un mximo de cinco aos para los sujetos mayores de diecisis aos y un mximo de tres, para aquellos sujetos menores de esa edad. Adems, la Ley de reforma limita en estos casos considerablemente las posibilidades de modificacin, suspensin o sustitucin de la medida impuesta (arts. 14, 40 y 51.1 LPM), ya que el menor condenado en los supuestos de la DA 4 slo puede beneficiarse de estas facultades cuando haya transcurrido, al menos, la mitad de la duracin de la medida de internamiento impuesta. Adems, la LO 7/2000 establece la exclusin de la aplicacin de la jurisdiccin de menores a los jvenes de entre dieciocho y veinte aos imputados por los delitos sealados en la referida DA 4. No obstante, hay que decir que esta modificacin introducida por la LO 7/2000 tiene desde luego escasa incidencia prctica, ya que en la misma se hace referencia a delitos que por su naturaleza y gravedad estn de por s excluidos de la aplicacin de la jurisdiccin de menores en virtud de lo dispuesto en el art. 4 LPM. Su nico contenido real est en relacin con algunos delitos de por s menos graves que se pudieran cometer en contexto terrorista.
Esto ltimo conecta con el dato de que, con independencia de las referidas modificaciones llevadas a cabo en la legislacin penal de menores por la LO 7/2000, el pilar fundamental de las reformas operadas en el ao 2000 lo constituyen sin duda los delitos de terrorismo. En este caso, las especialidades introducidas no se limitan ya nicamente a la vertiente material punitiva de la LPM, sino que se extienden tambin a otros aspectos de carcter procesal o incluso penitenciario. En primer lugar, la LO 7/2000 se caracteriza por su exacerbacin punitiva a la hora de castigar las actividades terroristas cometidas por menores de dieciocho aos. En efecto, si la DA 4 estableca en principio el texto punitivo en la imposicin de una medida de internamiento con una duracin mxima de ocho aos para los sujetos mayores de diecisis aos, ese tope mximo se amplia hasta un mximo de diez aos para los mayores de diecisis aos y de cinco aos para los menores de esa edad, cuando fueren responsables de ms de un delito, alguno de los cuales estuviese calificado como grave y sancionado con pena de prisin igual o superior a quince aos como delito de terrorismo comprendido entre los arts. 571 a 580 CP. En ambos casos, la medida de internamiento es completada en todos los supuestos con otra medida de libertad vigilada hasta un mximo de cinco o de tres aos, segn las edades referidas. Puede observarse as como mediante dicha ampliacin de la duracin mxima de la medida de internamiento se dobla el tiempo sealado en la regla 5 del art. 9 LPM antes de la reforma del ao 2000. En segundo lugar, la referida DA 4 dispone que los menores de dieciocho aos que cometieren hechos tipificados como delitos de terrorismo sean enjuiciados tras la reforma por el Juzgado Central de Menores de nueva creacin de la Audiencia Nacional, con sede en Madrid. En consecuencia, la LO 7/2000 introduce en la legislacin penal de menores una jurisdiccin especializada con rganos propios a la hora de enjuiciar las actividades terroristas llevadas a cabo por menores de edad. Con esta medida, el legislador pretende evitar que los actos delictivos de carcter terrorista cometidos por menores de edad sean enjuiciados por los rganos de la jurisdiccin de menores del lugar de su comisin, como as establece de un modo general el prrafo 3 del art. 2 LPM. En este sentido, Izaguirre habla acertadamente de la creacin de una jurisdiccin antiterrorista de menores, paralela a la establecida en su da por la LPM.56
IZAGUIRRE GUERRICAGOITIA: La aplicacin al menor de edad de la legislacin procesal antiterrorista a la luz de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, La Ley, 1 (2001), p. 1809.
En tercer lugar, se establece para los delitos de terrorismo un rgimen de ejecucin especfico y separado del previsto para las medidas de internamiento en general, al declarar la DA 4 que la ejecucin de la detencin preventiva, de las medidas cautelares de internamiento o de las medidas impuestas en la sentencia se llevar a cabo en los establecimientos y con el control del personal especializado que el Gobierno ponga a disposicin de la Audiencia Nacional, en su caso, mediante convenio con las Comunidades Autnomas. La ejecucin de dichas medidas se lleva as a cabo en centros distintos del rgimen normal y bajo la direccin de la Audiencia Nacional.57 Finalmente, cuando se trate de los delitos de terrorismo, el Juez sin perjuicio de otras medidas que correspondan con arreglo a la LPM tambin impondr la medida de inhabilitacin absoluta, de nueva creacin, por un tiempo superior entre cuatro y quince aos al de la duracin de la medida de internamiento en rgimen cerrado impuesta. Dicha medida se inserta en ltimo lugar dentro del listado establecido en el art. 7 LPM, con lo cual se rompe el orden establecido en su da por el legislador a la hora de enumerar las distintas medidas en funcin de la restriccin de derechos que comportan. Este orden se rompe claramente con la medida de inhabilitacin absoluta, la cual se introduce en la letra n) del referido art. 7 LPM, inmediatamente despus de medidas con un escaso carcter lesivo como son la amonestacin o la privacin del permiso de conducir ciclomotores o vehculos a motor. Parece claro que en la medida de inhabilitacin absoluta prima un espritu claramente represivo y que est vinculada al entorno y repercusiones polticas de la actividad terrorista. Pocas dudas puede haber de que lo establecido en esta DA 4, de nueva introduccin en la LPM mediante la LO 7/2000, rompe con los principios que en su da inspiraron el sistema de justicia juvenil contenido en la LPM: orientacin a la educacin e integracin social de los menores autores de cualquier infraccin delictiva (prevencin especial), con independencia de la naturaleza o gravedad de la misma. Las modificaciones introducidas en la LPM obedecen ms bien a finalidades de carcter represivo y retributivo, orientadas a la defensa de la sociedad y a la reafirmacin del ordenamiento jurdico (prevencin general). A propsito de esto, acertadamente habla BUENO ARS de la existencia en la LPM de un subsistema al lado de la regulacin general de la responsabilidad penal de los menores. Este subsistema, introducido por la LO 7/2000, estara previsto para los
Se rompe as con la regla general establecida en el art. 45 LPM, la cual determina la competencia de las entidades pblicas de las distintas Comunidades Autnomas para ejecutar materialmente las medidas acordadas por los Jueces de Menores.
responsables de delitos especialmente graves, en los cuales los criterios de defensa social y de prevencin general tienen para el legislador un carcter predominante sobre los de prevencin especial e inters del menor. 58 4.2.2. Jvenes: el aplazamiento (LO 9/2000) La segunda reforma de la LPM es introducida mediante la LO 9/2000, de 22 de diciembre.59 Dicha Ley Orgnica, aprobada como la anterior durante el ao de vacatio legis de la LPM, establece en su Disposicin transitoria nica un aplazamiento de la aplicacin de la legislacin penal de menores a los jvenes de entre dieciocho y veinte aos cumplidos, prevista en los arts. 1.2 y 4 LPM, as como en el art. 69 CP, por un plazo de dos aos a partir de la entrada en vigor de la LPM, es decir, hasta el 13 de enero de 2003. La razn de este aplazamiento hay que buscarla fundamentalmente en la incapacidad manifestada por la mayora de las Comunidades Autnomas de asumir los costes materiales y personales que traa consigo la aplicacin de las disposiciones de la LPM a los jvenes de entre dieciocho y veinte aos.60 Posteriormente, la Disposicin transitoria nica de la LO 9/2002, de 10 de diciembre,61 ampla dicho plazo hasta el 1 de enero de 2007. De este modo no se ha podido cumplir todava con el mandato establecido originariamente en el art. 69 CP, y concretado en los arts. 1.2 y 4 LPM, de poder aplicar las disposiciones del Derecho penal juvenil a las personas mayores de dieciocho aos y menores de veintiuno, en los trminos y condiciones que se establecen en el art. 4 LPM. En principio se sigue argumentando que la razn principal de este aplazamiento hay que buscarla en los insuficientes equipamientos humanos y materiales existentes para hacer frente al enjuiciamiento
Vase BUENO ARS, en: LZARO GONZLEZ, et. al., op. cit., pp. 331-332. LO 9/2000, de 22 de diciembre, sobre medidas urgentes para la agilizacin de la Administracin de Justicia (BOE nm. 307, de 23 de diciembre). 60 Las reformas penales del ltimo decenio en Espaa se han caracterizado por grandes dosis de comunicacin y mnimas de disposicin de medios. Baste con aducir los ejemplos del derogado- arresto de fin de semana o de los trabajos en beneficio de la comunidad; recientemente, la localizacin permanente, hiperblico nombre para lo que, a falta de desarrollo especfico y de disposicin de medios materiales y personales de control, no es sino el clsico arresto domiciliario. En general sobre el tema, vase BARQUN SANZ: Poltica Criminal y Cdigo Penal: cinco aos despus, LL, nm. 5255, 2001, pp. 1 y 15 y ss. 61 LO 9/2002, de 10 de diciembre, de modificacin de la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal y del Cdigo Civil, sobre sustraccin de menores (BOE nm. 296, de 11 de diciembre).
de los jvenes con la normativa de la LPM.62 No obstante, no hay descartar los posibles miedos del legislador de someter a una franja de edad, considerada como tremendamente conflictiva, a unas disposiciones que, se piensa, siguen siendo demasiado laxas y benvolas a la hora de responder a las actividades delictivas de los menores de edad.63 A nuestro juicio, la verdadera razn es la arriba apuntada de los costes econmicos. Ya slo teniendo que atender a los menores propiamente dichos, los medios (judiciales, asistenciales, pseudo-penitenciarios) disponibles se encuentran saturados y con necesidad de ingentes inversiones para cubrir necesidades materiales y de personal. En semejante contexto, sera iluso esperar que los poderes pblicos dieran el paso delante de poner en prctica una previsin normativa que, a mayor abundamiento, no goza de la simpata de la opinin pblica. Ahora bien, conviene dejar claro que la desconfianza frente a la eventual entrada en vigor del art. 4 LPM se basa en un temor irracional, no en el verdadero contenido y alcance de dicha previsin. Recordemos que los requisitos previstos por el mencionado artculo son muy estrictos y no permitiran el traspaso a la jurisdiccin de menores de ninguno de los supuestos que causan particular inquietud social y en los que el aparente responsable sea un joven: delitos violentos o intimidatorios, delitos graves, delitos que originan riesgo para la vida o la integridad de las personas, delitos relacionados con el terrorismo (arts. 571-580 CP), todos ellos estn excluidos, adems de cualquier hecho atribuido a un joven que ya haya sido condenado en firme en la jurisdiccin penal o a un joven cuyas circunstancias personales y grado de madurez no aconsejen el traspaso a la jurisdiccin de menores. Una vez despejados todos estos obstculos, muy
Vase en este sentido: HAVA GARCA / ROS CORBACHO, en: RUZ RODRGUEZ / NAGUZMN (Ed.), op. cit., p. 147. 63 Una lnea de argumentacin muy distinta es la seguida por ejemplo por DNKEL a la hora de realizar un estudio comparativo de la administracin de justicia de menores a escala europea. Efectivamente, dicho autor se muestra partidario de establecer en los distintos ordenamientos penales juveniles a nivel europeo una legislacin especfica para el grupo de edad de hasta 21 aos, dado que considera que a estas edades todava no ha terminado en absoluto el desarrollo de los jvenes, afirmando adems que las medidas educativas parecen ms adecuadas y, en general, favorecen ms la integracin que las penas tradicionales que se imponen con arreglo a la legislacin penal de adultos. Vase: DNKEL: Reacciones en los campos de la Administracin de Justicia y de la Pedagoga Social a la delincuencia infantil y juvenil: un estudio comparativo a escala europea, en: ORNOSA FERNNDEZ, M.a Rosario (dir.): La responsabilidad penal de los menores: aspectos sustantivos y procesales, CDJ-III, CGPJ, Madrid, 2001, p. 183.
poco es lo que queda y, desde luego, nada preocupante en trminos de peligrosidad social. Otra cosa es que s pueda ser relevante en trminos de medios disponibles y, por esta causa, la previsin del art. 4 LPM nunca llegue a estar en vigor. 4.2.3. Acusacin particular (LO 15/2003) La tercera modificacin de la LPM se produce mediante la LO 15/2003, de 25 de noviembre.64 En el marco de una importante reforma del CP de 1995, la Disposicin final segunda de la mencionada LO 15/2003 trajo consigo la modificacin de los arts. 8 y 25 LPM, disposiciones que regulan aspectos importantes del Derecho penal de menores, cuales son el principio acusatorio y la participacin de la vctima (ofendido o perjudicado) en el proceso penal llevado a cabo ante el Juez de Menores. Mediante la modificacin de dichos artculos se produce un giro radical con respecto a la intervencin de la vctima en la legislacin penal de menores, ya que la reforma de 2003 introduce el instituto procesal de la acusacin particular en el proceso regulado en la LPM, sin aparentes limitaciones subjetivas ni funcionales, lo que no hace sino reforzar considerablemente la posicin de la vctima en el Derecho penal juvenil. Con ello se rompe con el principio general establecido en la originaria legislacin procesal de menores de excluir la acusacin particular, regulndose ahora la misma en el nuevo art. 25 LPM. Por su parte, la reforma introducida en el art. 8 LPM refuerza el principio acusatorio, que deja de estar conferido al Ministerio Fiscal en rgimen de monopolio al haberse introducido la acusacin particular. Como ya se explic anteriormente, la redaccin original de la LO 5/2000 estableca de lege lata en el art. 25 la imposibilidad de que la vctima de un delito cometido por un menor de entre catorce y diecisiete aos cumplidos pudiera ser parte en el proceso penal en que se enjuiciaba a ese menor, proscribiendo de este modo la acusacin particular.65 El inicial tenor del art. 25 LPM permita tan solo en deLO 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal (BOE nm. 283, de 26 de noviembre). 65 De un modo inequvoco estableca la rbrica del art. 25 LPM lo siguiente: Participacin del perjudicado e inexistencia de accin particular y popular. De hecho, el Proyecto de Ley Orgnica reguladora de la responsabilidad penal de los menores, aprobado por el Consejo de Ministros de 16 de octubre de 1998, pretenda ir an ms lejos al disponer en el art. 25 una declaracin radical de exclusin de la acusacin particular, sin posibles excepciones. Tan slo se habilitaba al ofendido o perjudicado para el ejercicio de la accin para exigir la responsabilidad civil derivada del
terminados supuestos una intervencin limitada de la vctima (ofendido o perjudicado) en el proceso penal de menores, sin que ello supusiera atribuir a la misma la condicin de parte procesal; el monopolio del ejercicio de la accin penal corresponda al Ministerio Fiscal. A pesar de esta intervencin limitada de la vctima, no caba en modo alguno el ejercicio de acciones penales por particulares, ya fuera el ofendido o perjudicado por el hecho delictivo (acusacin particular), ya fuera cualquier otro ciudadano (acusacin popular). La EM de la LPM justificaba la decisin de no admitir la acusacin particular en el proceso de menores en el objetivo de impedir todo aquello que pudiera tener un efecto contraproducente para el menor (EM II, 7), ya que en la legislacin de menores el inters prioritario para la sociedad y para el Estado coincide con el inters del menor (EM II, 8 in fine). En efecto, dicho panorama cambi tras la reforma llevada a cabo por la LO 15/2003. La Disposicin final segunda de la mencionada Ley dio nueva redaccin a los arts. 8 y 25 LPM, para reconocer a los ofendidos y perjudicados por un delito cometido por un menor el derecho a personarse en el expediente de reforma como acusacin particular. Por lo que hace referencia al art. 8 LPM, la nueva redaccin afecta a su primer prrafo, el cual qued redactado de la siguiente manera: El Juez de Menores no podr imponer una medida que suponga una mayor restriccin de derechos ni por un tiempo superior a la medida solicitada por el Ministerio Fiscal o por el acusador particular. Se daba as por finalizada la restriccin que para el ejercicio de la accin penal contena el antiguo art. 8 LPM en favor del Ministerio Fiscal. En cuanto a la reforma llevada a cabo en el art. 25 LPM, lo primero que aparece es la modificacin de su rbrica. Efectivamente, mientras que en su redaccin originaria se rotulaba: Participacin del perjudicado e inexistencia de accin particular y popular, tras la reforma operada pasa a denominarse de un modo lapidario: De la acusacin particular. En la nueva redaccin del art. 25 LPM el legislador da entrada a una acusacin particular strictu sensu, admitiendo por consiguiente el ejercicio de la accin penal por los ofendidos por el delito, as como por sus padres, sus herederos o sus representantes legales si
delito perpetrado por el menor. No obstante, tras las reformas producidas en el Senado tras la tramitacin del Proyecto de Ley, se modific el tenor del art. 25 LPM, permitiendo as una intervencin limitada de la vctima en el proceso.
fueran menores de edad o incapaces. A continuacin, el mencionado artculo enumera las facultades y derechos que asisten al particular personado en el procedimiento, entre los que cabe destacar, entre otros, la facultad de instar la imposicin de las medidas que la LPM enumera en el art. 7, el derecho a tener vista de lo actuado, la facultad de proponer pruebas que versen sobre el hecho delictivo y las circunstancias de su comisin, salvo en lo referente a la situacin psicolgica, educativa, familiar y social del menor o el derecho a formular los recursos procedentes previstos en la Ley. En nuestro Derecho, el principio general de exclusin de la acusacin particular en el proceso penal de menores se haba mantenido histricamente inalterado desde la Ley de los Tribunales Tutelares de Menores de 1948. A partir de la LO 15/2003, se rompe con esta tradicin y se implanta en la legislacin penal de menores una acusacin particular que goza de facultades similares a las de la acusacin particular de los procesos penales comunes. Aunque la EM de la LO 15/2003 omite cualquier explicacin respecto a la introduccin de este instituto procesal en la LPM, parece que la misma obedece sobre todo a la necesidad de dar una mayor proteccin a la vctima y sus intereses particulares, proteccin que hasta la reforma de 2003 haba sido puesta en tela de juicio por diversos colectivos, sobre todo a raz de determinados hechos delictivos de especial gravedad cometidos por menores que en su momento alcanzaron una gran repercusin tanto meditica como social y que sin duda motivaron una aceleracin del proceso de reforma.66 Con todo, la repercusin de la LO 15/2003 en el mbito de la justicia juvenil no se limita a modificar determinados artculos de la LPM, sino que adems introduce en la Ley una nueva Disposicin adicional sexta (DA 6, en lo sucesivo) que constituye uno de los ms notorios a la vez que ilustrativos de estos tiempos de Derecho penal comunicativo brindis al sol que pueden encontrarse en la historia
66 Es de destacar aqu el caso de Sandra Palo, ocurrido en mayo de 2003, en el cual un grupo de menores y jvenes violaron repetidamente, atropellaron con un vehculo y prendieron fuego a una joven de veintids aos disminuida psquica. Este terrible caso tuvo una lgica repercusin en la opinin pblica espaola y motiv que las voces que denunciaban la situacin de desproteccin de las vctimas de delitos violentos cometidos por menores de edad obtuvieran ms eco que nunca. Por otra parte, una muestra inequvoca de la urgencia del legislador en dejar patente su respuesta ante la opinin pblica es el hecho de que, mientras el grueso de las reformas producidas por la LO 15/2003 entr en vigor el 1 de octubre de 2004, en cambio, en lo referente a la Disposicin final segunda, se estableci un rgimen diferente, marcndose como fecha de entrada en vigor el da siguiente de la publicacin de la Ley Orgnica en el BOE, es decir, el 27 de noviembre de 2003.
general de la Justicia penal, nunca tan manipulada como medio de transmisin de mensajes como en este caso. En sentido represivo, por supuesto. Establece la mencionada DA 6: evaluada la aplicacin de esta Ley Orgnica, odos el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, las Comunidades Autnomas y los grupos parlamentarios, el Gobierno proceder a impulsar las medidas orientadas a sancionar con ms firmeza y eficacia los hechos delictivos cometidos por personas que, aun siendo menores, revistan especial gravedad, tales como los previstos en los artculos 138, 139, 179 y 180 del Cdigo Penal. A tal fin, se establecer la posibilidad de prolongar el tiempo de internamiento, su cumplimiento en centros en los que se refuercen las medidas de seguridad impuestas y la posibilidad de su cumplimiento a partir de la mayora de edad en centros penitenciarios. Ante esta disposicin incalificable (por ejemplo, no valdra normativa como calificativo), procede, aun a riesgo de ser reiterativos, subrayar algunas reflexiones. Para empezar, sorprende enormemente que un Gobierno avance futuras reformas de una materia tan sensible y trascendental como es la legislacin de menores en una Ley de Reforma destinada principalmente a modificar el CP. A diferencia de las anteriores modificaciones producidas en la LPM, la agravacin represiva que establece la LO 15/2003 no se sujeta a plazo alguno. Lo que s est claro es que el perodo mximo de diez aos de internamiento que contemplaba la DA 4 (introducida por la arriba analizada LO 7/2000) se consider en su momento por el anterior Gobierno del Partido Popular como insuficiente para hacer frente a la delincuencia juvenil. Lo ms importante, a nuestro juicio: que los gobernantes recurran a disposiciones de una ley orgnica punitiva para comunicar al electorado sus planes de futuro y tranquilizar las ansias represivas de una parte de la poblacin es de una desfachatez difcilmente disimulable. No se dice en dicho prrafo que se evaluar la puesta en prctica de la LPM para matizar su contenido, en un sentido o en otro, segn sea el resultado de esa fantasmagrica evaluacin de futuro. Lo que se dice es que se sancionarn con ms firmeza67 determinados delitos, y que se prolongar el tiempo de internamiento, as como se har ms riguroso el rgimen de cumplimiento. Pues bien, si ya se sabe que el resultado de la evaluacin va a ser ste, para qu esperar a ella? Esto parece haberlo entendido bien los sucesores en el poder de quienes
67 Aade y eficacia Si es que la capacidad de producir asombro de nuestros legisladores no parece tener lmites!
elaboraron esta clusula absurda, de ah que, sin ningn estudio criminolgico previo, ni riguroso ni liviano, en octubre del 2005 se ha puesto en marcha la reforma anunciada por la DA 6 LPM. Sobre ello abundaremos ms adelante. 4.2.4. El Reglamento (RD 1774/2004) La hasta la fecha ltima disposicin normativa que afecta al Derecho penal juvenil contenido en la LPM no es propiamente una Ley Orgnica de reforma como en los tres casos anteriores, sino una disposicin que desarrolla determinados aspectos de la LPM. Se trata del Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio,68 que completa la legislacin penal de menores mediante la introduccin del Reglamento correspondiente.69 A travs de dicho Reglamento se aborda un desarrollo parcial de la LPM en tres materias concretas: 1. La actuacin de la Polica Judicial y del Equipo tcnico; 2. La ejecucin de las medidas cautelares y definitivas; 3. El rgimen disciplinario de los centros para la ejecucin de las medidas privativas de libertad. Del conjunto de las disposiciones contenidas en el citado Reglamento hay que destacar, en relacin a la temtica que es aqu objeto de anlisis, sobre todo la Seccin tercera del Captulo III (arts. 23 y siguientes), la cual, bajo la rbrica Reglas especficas para la ejecucin de las medidas privativas de libertad, desarrolla reglamentariamente los distintos regmenes de internamiento previstos en el art. 7 LPM. Asimismo, dicha Seccin regula los diferentes trmites para el ingreso del menor, su asistencia en el centro correspondiente, su rgimen de comunicaciones y visitas, as como los diferentes permisos ordinarios y extraordinarios. Por su parte, el conjunto del Captulo IV, referente al rgimen disciplinario de los centros (arts. 59 y ss. del Reglamento), regula tanto la potestad disciplinaria, los distintos tipos de faltas disciplinarias previstas, as como las tipologas de sanciones y los procedimientos para su imposicin. En todas estas cuestiones relativas al cumplimiento de la medida de privacin de libertad se observa una semejanza palpable con el rgimen establecido para los mayores de edad en la legislacin penitenciaria contenida en la Ley Orgnica General Penitenciaria y en su Reglamento correspondiente. Incluso puede llegar a afirmarse que
Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (BOE nm. 209, de 30 de agosto de 2004). 69 Ya en su da, la LPM prevea en su EM el desarrollo reglamentario de alguno de sus aspectos ms importantes (EM III, 24).
muchos artculos han sido literalmente copiados de la legislacin penitenciaria de adultos. De hecho, ya en su da, mucho antes incluso de que se aprobara el Reglamento de la LPM, Mapelli hablaba de un literal plagio de leyes no disimulado a la hora de regular el legislador la ejecucin de las medidas privativas de libertad en la LPM.70 Efectivamente, en los arts. 54 y ss. LPM puede observarse cmo el legislador espaol copia muchas veces de un modo literal pasajes de la legislacin penitenciaria de adultos. Todo esto induce a pensar que para el legislador espaol, a la hora de regular la ejecucin de las medidas privativas de libertad en la legislacin de menores, han pesado ms los aspectos relacionados con la simple retencin y custodia del menor internado que el espritu educativo basado en el superior inters del menor, en su rehabilitacin y reinsercin social, aspectos que en su da fueron proclamados piedras angulares del sistema de justicia juvenil regulado en la LPM. Especialmente en lo relativo al rgimen disciplinario de los centros late un espritu represivo ms propio de la legislacin penitenciaria de adultos. Por ejemplo, obsrvese cmo el art. 59 del Reglamento de la LPM resulta prcticamente un calco del art. 231 del Reglamento Penitenciario de adultos. En ambos preceptos se establece que la finalidad primordial del rgimen disciplinario es contribuir a la seguridad y convivencia ordenada en los centros de internamiento, estimulando el sentido de la responsabilidad y la capacidad de autocontrol de los internos, objetivos que se fijan por igual para menores y adultos. De ah que podra incluso ponerse en duda la constitucionalidad del Reglamento de la LPM, en la medida en que contradiga el espritu de sta y no se limite a desarrollarla.
5. El anunciado futuro inminente de la poltica legislativa en materia de justicia penal juvenil
A juzgar por el Anteproyecto de reforma de la LPM que ha sido avanzado por el Gobierno socialista espaol, las tendencias de poltica criminal en nuestro pas en relacin con el tratamiento de la delincuencia de menores va a perseverar en los aspectos defensistas, represivos e intimidatorios. Pese al cambio de signo poltico en la mayora gobernante producido en Espaa tras las elecciones de marzo de 2004, la poltica criminal no ha variado a grandes rasgos y se
70 Vase MAPELLI CAFFARENA: Reglas especiales para la ejecucin de las medidas privativas de libertad, en: RUIZ RODRGUEZ / NAVARRO GUZMN, op. cit., p. 201.
basa en argumentos de corte populista y neo-conservador. Una poltica criminal que, siendo ajena a los conocimientos aportados en la materia por la Criminologa y la Ciencia del Derecho Penal, est dirigida fundamentalmente a seguir endureciendo an ms el Derecho penal juvenil contenido en la LPM. Un ejemplo patente de lo expuesto en el prrafo anterior lo constituyen las reformas del Derecho penal juvenil que en septiembre de 2005 fueron avanzadas por el titular socialista de la cartera de Justicia y que el da 7 de octubre de 2005 fueron presentadas al Consejo de Ministros mediante el correspondiente Anteproyecto. Esto quiere decir que, en caso de que dicho Anteproyecto prospere durante su tramitacin parlamentaria, la LPM va a sufrir prximamente su cuarta modificacin desde que fuera aprobada en el ao 2000. Entre el conjunto de reformas que contiene el Anteproyecto cabe destacar principalmente las siguientes: 1. Endurecimiento general de las medidas de internamiento en doce meses en los siguientes supuestos: cuando se trate de hechos tipificados como delito grave por el CP o las leyes penales especiales, o bien cuando, tratndose de delitos menos graves, stos hayan sido cometidos con violencia o intimidacin en las personas o con grave riesgo para la vida o la integridad fsica de las mismas, o, finalmente, cuando se trate de delitos cometidos en grupo o cuando el menor pertenezca o acte al servicio de una banda, organizacin o asociacin. De este modo, el tope mximo de cinco aos de internamiento en rgimen cerrado, complementados sucesivamente con otra medida de libertad vigilada con asistencia educativa hasta un mximo de otros cinco aos, el cual se prevea en la regla 5 del art. 9 LPM para aquellos menores que al tiempo de comisin de los hechos hubieran cumplido los diecisis aos, se ampla con la reforma a los seis aos de internamiento, con la sucesiva imposicin de una medida de libertad vigilada hasta un mximo de otros cinco. Por lo que hace referencia a los supuestos de la DA 4, es decir, cuando el hecho sea constitutivo de alguno de los delitos tipificados en los arts. 138, 139, 179, 180 y 571 a 580 CP o de cualquier otro delito que tenga sealada en el CP o en las leyes penales especiales pena de prisin igual o superior a quince aos, el agravamiento punitivo en doce meses afecta nicamente a la franja de edad que va desde los catorce hasta los diecisis aos, pasando de un mximo de cuatro aos a un mximo de cinco aos. No as al grupo de menores de diecisis y diecisiete aos cumplidos. En caso de pluralidad de infracciones, cuando alguno de los hechos fuere uno de los mencionados en la DA 4, el mximo de la me UNED. Revista de Derecho Penal y Criminologa, 2.a poca, n.o 18 (2006)
dida de internamiento en rgimen cerrado aumenta de cinco a seis aos en el caso de los menores con edades comprendidas entre los catorce y diecisis aos, mantenindose en cambio en los diez aos de internamiento para los mayores de diecisis y menores de dieciocho. 2. Modificacin del art. 15 LPM: Los mayores de dieciocho aos que cumplan condena permanecern en un centro de menores, salvo en casos excepcionales en que el Juez decida su paso a un centro penitenciario de adultos. La futura reforma prev as que el Juez de Menores deber decidir en cada caso concreto y de forma individual si un menor condenado a una medida de internamiento debe continuar su cumplimiento en una prisin de adultos una vez alcanzada la mayora de edad.71 La decisin la deber adoptar el Juez con base en los informes de los diferentes expertos y peritos consultados que aconsejen el traslado del sujeto teniendo en cuenta la naturaleza del delito cometido y la especial peligrosidad de su autor. 3. Supresin definitiva del art. 4 LPM. En consecuencia, se elimina definitivamente la posibilidad de aplicacin de las disposiciones del Derecho penal juvenil a los llamados jvenes semi-adultos de entre dieciocho y veinte aos. 4. Modificacin del art. 10 LPM: Elevacin del plazo de prescripcin previsto para las faltas de los vigentes tres meses hasta los seis.72 5. Introduccin de una nueva medida dentro del catlogo contenido en el art. 7 LPM, consistente en la prohibicin al menor infrac71 Actualmente, el art. 15 LPM establece que el Juez de Menores debe ordenar el traslado de un sujeto a un centro penitenciario de carcter ordinario, si ste, habiendo alcanzado los veintitrs aos de edad, no ha finalizado todava el cumplimiento de una medida de internamiento en un centro de menores. 72 En relacin con los lmites de prescripcin merece una mencin crtica la no modificacin por parte del legislador de los plazos de prescripcin para los delitos de carcter grave. En efecto, la regulacin vigente prevista en el art. 10.1.1o LPM establece en cinco aos el lmite de prescripcin en los hechos graves. Es indudable que la prescripcin no debe ser ms breve que la duracin de la posible pena a imponer, como sucede, con buen criterio, en el art. 131 CP. Para los supuestos recogidos en la DA 4 LPM, la prescripcin debera establecerse en los 8 10 aos. Pinsese por ejemplo en un posible asesinato cometido por cuatro individuos de 17 aos, de los cuales son identificados dos, quienes cumplen medida de ocho aos de internamiento ms cinco de libertad vigilada y, a los cinco aos, cuando apenas si los condenados llevan la mitad de cumplimiento de la privacin de libertad, los otros dos implicados aparecen pblicamente pavonendose de su autora, ya exentos de responsabilidad por haber prescrito el delito con respecto a ellos. Una prescripcin tan breve en estos supuestos carece de fundamentacin, mxime cuando los principios de oportunidad y flexibilidad matizan muy notablemente la aplicacin de la LPM.
tor de aproximarse o comunicarse con la vctima o con aqullos de sus familiares u otras personas que determine el Juez. 6. Modificacin del art. 28 LPM: Aumento de la duracin de las medidas cautelares de los vigentes tres a los seis meses, prorrogables por otros tres meses ms; adems, regulacin de una nueva medida cautelar dentro de las contempladas en el mencionado art. 28 LPM, consistente en el alejamiento del menor de la vctima o su familia u otra persona que determine el Juez. 7. Fortalecimiento adicional de la atencin y proteccin de las vctimas de la delincuencia de menores mediante la modificacin del art. 25 LPM, el cual, como se vio anteriormente, regula, tras la reforma operada en el 2003, la acusacin particular en el proceso penal de menores. Entre otras modificaciones previstas se contempla el derecho a que la vctima sea informada en todo momento, se haya personado o no en el procedimiento, de aquellas resoluciones que afecten a sus intereses, como por ejemplo del desistimiento de la incoacin del expediente por parte del Ministerio Fiscal con base en el art. 18 LPM. 8. Supresin de la llamada pieza separada de responsabilidad civil (arts. 61 y ss LPM) mediante el enjuiciamiento simultneo en el mismo procedimiento de las responsabilidades civiles y penales en las que hayan incurrido los menores delincuentes. Los motivos que en su da expuso el ministro Lpez Aguilar hacen referencia a la necesidad de dar solucin a determinados problemas que se han puesto de manifiesto a la hora de aplicar la LPM desde su entrada en vigor en el ao 2001. En concreto, y siempre en palabras del Ministro, el actual marco normativo evidencia que la legislacin penal de menores no ha sabido responder satisfactoriamente a cierta tipologa de delitos que se caracterizan por su especial brutalidad.73 En estos casos, y siempre segn el Ministro, se necesita claramente un mayor tiempo de internamiento para lograr la efectiva reeducacin del menor. El propio Ministro justifica la necesidad de la reforma por el mandato establecido en su da explcitamente en la DA 6 de la LPM74 de sancionar con ms firmeza los delitos ms graves cometidos por menores, as como por las disfunciones detectadas en los cinco aos de aplicacin de la Ley. Detectadas?, a travs de qu estudios, elaVase diario El Pas, edicin de 7 de septiembre de 2005. Recurdese que dicha DA fue introducida en la LPM por el Gobierno del Partido Popular mediante la LO 15/2003.
borados por quin? Por lo dems, resulta cuando menos chocante comprobar el grado de compromiso del gobierno socialista que sali de las elecciones de mayo de 2004 con las propuestas polticas (pues, como se ha explicado antes, en no otra cosa consiste esta DA 6 LPM) de sus antecesores en el poder. El fundamento de todo ello puede que quede un poco ms claro si se repara en algunas de las manifestaciones del Ministro al anunciar la reforma. Segn Lpez Aguilar, con la anunciada reforma se pretende seguir apostando por los principios, criterios y orientaciones que marcan la vigente LPM para luchar contra la criminalidad de los menores, y que son la supremaca del inters del menor, la preservacin de los derechos del menor y la reorientacin educativa y rehabilitadora para la vida en libertad.75 Si se echa un vistazo a la EM del Anteproyecto de Reforma de 2005, puede observarse cmo en la misma no se hace sino ratificar los argumentos expuestos en su da por el titular de la cartera de Justicia. En efecto, segn se establece en la mencionada EM, la finalidad de las reformas que de la LPM se pretenden llevar a cabo no es otra que la de hacer cumplir con el mandato legal establecido en la DA 6 de la LPM. Seguidamente, el legislador intenta en cierto modo justificar estas nuevas reformas de la LPM en un supuesto aumento considerable de las cifras de delitos cometidos por menores de edad, algo que, segn el propio legislador, ha causado gran preocupacin social y ha contribuido a desgastar la credibilidad de la Ley por la sensacin de impunidad de las infracciones ms cotidianas y frecuentemente cometidas por estos menores. Con todo, el Anteproyecto de 2005 quiere seguir apostando por el principio del superior inters del menor, aspecto que va a seguir primando en la Ley, aunque se considera que el mismo es perfectamente compatible con el objetivo de pretender una mayor proporcionalidad entre la respuesta sancionadora y la gravedad del hecho cometido (). Ante estas afirmaciones es necesario preguntarse qu es lo que queda realmente de ese espritu educativo y preventivo-especial tras las reformas que se vienen produciendo de la LPM desde el ao 2000, espritu que en su da fue considerado por la EM de la LPM como leitmotiv del sistema de justicia penal juvenil. Ms bien al contrario, lo que se observa es una asuncin de aspectos vindicativos y de prevencin general, inherentes al Derecho penal de adultos. Con esta reforma que anticipa el actual Gobierno del Partido Socialista no se hace sino recoger el testigo dejado en su da por el an75
Vase diario El Pas, ibidem.
terior Gobierno del Partido Popular, y que se plasm, entre otras reformas llevadas a cabo en los ltimos aos, en la arriba analizada DA 6, introducida en la LPM mediante la modificacin llevada a cabo por la LO 15/2003. En efecto, si ya en aquella Disposicin adicional se avanzaba una reforma orientada a sancionar con ms firmeza y eficacia los hechos delictivos cometidos por personas que, aun siendo menores, revistan especial gravedad, posibilitando as prolongar el tiempo de internamiento, as como su cumplimiento en centros penitenciarios a partir de la mayora de edad, hay indicios notorios de que en los prximos meses el Gobierno de Rodrguez Zapatero va a materializar legalmente las propuestas avanzadas en el ao 2003 por un partido poltico de signo ideolgico muy distinto pero, segn parece, coincidente en cuanto a la visin de la delincuencia de menores y su tratamiento. Las tendencias del Gobierno socialista salidas de las elecciones del ao 2004 apuntan a seguir poniendo en un primer plano aquellos mecanismos dirigidos a combatir ms eficazmente los fenmenos de delincuencia juvenil, considerando que una mayor represin punitiva puede conducir a una disminucin de las tasas de criminalidad entre los menores de edad, satisfaciendo al mismo tiempo las demandas de mayor seguridad puestas de manifiesto por un sector importante de la poblacin. El resultado de todo ello es una legislacin de carcter ad hoc, impulsada en la mayora de los casos por una serie de acontecimientos de carcter puntual. Y una legislacin a impulsos mediticos y de propaganda, con el fin de transmitir a la poblacin el mensaje tranquilizador de que sus gobernantes vigilan de continuo para responder como es debido a la delincuencia. Cmo? Con ms sanciones, ms represin y ms rigor punitivo, cmo si no? Un mensaje sencillo, directo y, lo que es ms importante, barato de poner en prctica; el que sea o no una estrategia eficaz importa poco: probablemente, nada se arreglar y as habr ms adelante ocasin de endurecer de nuevo el cdigo y mandar a la poblacin el mensaje paternalista.
6. Valoraciones y conclusin
De las reformas producidas en la LPM en su todava corta existencia, as como de las propuestas de reforma avanzadas por el actual Gobierno socialista, puede deducirse un pensamiento marcadamente retribucionista y de prevencin general, de buscar respuesta slo a determinados hechos delictivos ante las demandas sociales de actuar con eficacia frente al delito, no acompasado con los fines que
en su da inspiraron la legislacin penal de menores contenida en la primigenia LPM, y que claramente se ponan de manifiesto, tanto a lo largo de su articulado, como sobre todo en los principios invocados en su EM. Con todas estas reformas legislativas se est en el fondo atendiendo ms a aquellas voces que claman un endurecimiento de un Derecho penal juvenil que se sigue considerando demasiado suave, en lugar de llevar a cabo una poltica criminal racional. La consecuencia de todo ello es que en Espaa se est asistiendo en los ltimos tiempos a la reduccin de la Poltica criminal a una estricta Poltica penal. Inflexibilidad y tolerancia cero parecen ser las frmulas escogidas por los rganos de decisin poltica por encima incluso de su concreta ideologa, para hacer frente (en una palabra: para combatir) la delincuencia juvenil. Dichos conceptos tienen fcil acceso a una sociedad alarmada por ese aparente estado de inseguridad ciudadana, gozando as de popularidad en la poblacin y garantizando a la larga el mantenimiento del statu quo en el orden poltico. En el polo opuesto, la mayora de la doctrina penal y procesal espaola muestra un absoluto rechazo a las reformas de corte represivo que de la LPM se han llevado a cabo en los ltimos tiempos mediante las arriba analizadas Leyes Orgnicas de reforma, argumentando que ese progresivo reduccionismo del sistema de justicia juvenil a elementos defensistas de carcter penal-represivo se compadece mal con los principios fundamentales que en su da estableci el legislador a la hora de elaborar la LPM.76 El conjunto de reformas introducidas en la LPM han dado lugar a que el tratamiento educativo de los menores autores de infracciones delictivas haya sido relegado a un segundo plano, habiendo sido sustituido por un tratamiento puramente punitivo e intimidatorio. A estas alturas, ya no se puede hablar de equilibrio entre un rgimen general presidido por el inters del menor y un subsistema represivo para el sector ms inquietante, aunque cuantitativamente pequeo, de la delincuencia juvenil. Con las sucesivas reformas, ese eventual equilibrio ha quedado muy tocado, y con la que actualmente est en marcha ya pasaramos de manera definitiva a una justicia penal juvenil predominantemente represiva, puesto que el endurecimiento propuesto en el Anteproyecto no se limita a determinados delitos sino que tiene alcance general.
76 Conviene aqu hacer de nuevo referencia a uno de los principios bsicos del sistema de justicia de menores que recoge la EM de la LPM, segn el cual la reaccin jurdica dirigida al menor infractor pretende ser ante todo una intervencin de naturaleza educativa rechazando expresamente otras finalidades esenciales del Derecho penal de adultos, como la proporcionalidad entre el hecho y la sancin o la intimidacin de los destinatarios de la norma (...). (EM II, 7).
Con respecto a la agravacin punitiva llevada a cabo por la LO 7/2000, puede observarse en primer lugar cmo aquella flexibilidad prevista en el art. 7.3 LPM, segn la cual el Juez de Menores, a la hora de imponer una determinada medida, deba tener sobre todo en cuenta criterios tales como la personalidad y el inters del menor (= Derecho penal de autor), cede en el momento en el que el Juez de Menores se ve obligado por Ley a adoptar una medida de internamiento que, en algunos casos, puede llegar a tener una duracin de diez aos. Por consiguiente, las finalidades educativas que en principio se consideran inherentes al conjunto de medidas previstas en el art. 7 LPM pierden as su razn de ser ante un internamiento tan prolongado en el tiempo, primando exclusivamente elementos aflictivos basados en la gravedad de los delitos y con una finalidad ms asegurativa que educativa (= Derecho penal del hecho).77 Hay que tener tambin en cuenta que un internamiento de un menor de edad tan prolongado en el tiempo afecta a un perodo trascendental del desarrollo de su personalidad. En relacin con ello hay que decir que la percepcin del paso del tiempo por parte de un menor es muy distinta a la que puede tener un adulto. Todo esto hace que una medida de internamiento prolongada dificulte enormemente la (re)integracin social de ese menor.78 Por lo que hace referencia al endurecimiento de las penas llevado a cabo por la LO 7/2000 en el caso de delitos de terrorismo, la mayora de la doctrina considera que las actividades delictivas protagoni77 Vase: TERRADILLOS BASOCO, en: RUZ RODRGUEZ / NAVARRO GUZMN (Ed.), op. cit., p. 61. En la misma posicin se sita la Fiscala General del Estado en un Informe presentado sobre el Anteproyecto de Ley Orgnica de modificacin del Cdigo Penal y la LPM, en relacin con los delitos de terrorismo Anteproyecto que a la postre se convertira en la analizada LO 7/2000. Efectivamente, en dicho Informe, la FGE estimaba excesiva y poco acorde con el espritu educador que anima el contenido de las medidas de la LO 5/2000, la pretendida ampliacin de la medida de internamiento hasta un lmite mximo de diez aos. Segn la FGE, dicho tope mximo no parece en absoluto responder a la finalidad educativa que debe presidir la imposicin y ejecucin de las medidas previstas en la legislacin penal de menores. El mencionado Informe puede ser consultado en: GIMNEZ-SALINAS I COLOMER: Comentarios a la Ley Orgnica 7/2000 y a la Ley Orgnica 9/2000 de 22 de diciembre, en: GIMNEZSALINAS I COLOMER: Justicia de menores: una justicia mayor. Comentarios a la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, Manuales de Formacin Continuada, n. 9, Madrid 2000, pp. 563 y ss. 78 ORNOSA FERNNDEZ (2001), op. cit., p. 207. En este sentido tienen cierto inters las reflexiones realizadas por EMILIO CALATAYUD, Juez de Menores de Granada, en una entrevista concedida a la revista El Pas Semanal, en su nm. 1.403, de 17 de agosto de 2003: () la percepcin del tiempo que tiene un chaval es completamente distinta a la que tiene un adultoSiempre decimos cuando vamos envejeciendo que el tiempo pasa volando, y es verdad. Cuando condenas a una chaval a diez aos, es como si estuvieras condenando a un mayor a veinte.
zadas por menores afines a la organizacin terrorista ETA pueden ser perseguidas eficaz y suficientemente con el margen punitivo establecido en la LPM antes de la reforma, sin que ello suponga desde luego abandonar el legtimo inters de la sociedad en ser protegida de determinadas actividades terroristas cometidas por menores de edad. Por el contrario, una desmedida exacerbacin punitiva con los menores involucrados en actividades definidas como terroristas, puede conducir inexorablemente a un proceso de estigmatizacin de esos menores y de refuerzo de su sentimiento de pertenencia al grupo, algo que puede dar definitivamente al traste con las esperanzas de educar y (re)integrar en la sociedad a esos menores.79 Por lo que hace referencia a la introduccin en el art. 7 LPM de la medida de inhabilitacin absoluta, la doctrina considera que la imposicin imperativa de esta medida subsiguiente al internamiento supone la imposicin mecnica de un instrumento de marcado carcter aflictivo, sin que se tenga en cuenta la influencia que en el sujeto hayan podido tener los aos de internamiento.80 En el mbito procesal, tambin es objeto de crtica la reforma de la LPM operada por la LO 15/2003, de 25 de noviembre, la cual como se sabe introdujo la acusacin particular en el proceso penal de meVase: LANDROVE DAZ (2003), op. cit., p. 84, el cual afirma que la introduccin de la DA 4 en la LPM mediante la LO 7/2000 hace quebrar los principios inspiradores de la Ley 5/2000, orientados a la integracin social de los menores que cometen hechos delictivos con independencia de la naturaleza de los mismos. Para ORNOSA FERNNDEZ, el conjunto de principios tericos del superior inters del menor, de intervencin mnima y de proporcionalidad, los cuales son expuestos en la EM de la LPM como base de todo el sistema de justicia penal de menores, son relegados mediante la reforma del ao 2000 a un segundo plano frente a una finalidad puramente aflictiva, la cual, segn la misma autora parece presidir toda la reforma. Vase: ORNOSA FERNNDEZ (2001), op. cit., p. 133. Por su parte, BOLDOVA PASAMAR considera que, al haberse producido una modificacin del Cdigo Penal y de la LPM mediante la misma disposicin normativa (LO 7/2000), y en un tema tan sensible como lo son los delitos de terrorismo, se corre el peligro de comparar al menor delincuente con el terrorista, dos tipologas de autor que, segn el mismo autor, solo excepcionalmente van asociadas. Vase: BOLDOVA PASAMAR, en: DEZ RIPOLLS, et. al. (Coord.), op. cit., p. 1565. 80 Vase: TERRADILLOS BASOCO, en: RUIZ RODRGUEZ / NAVARRO GUZMN (Ed.), op. cit., p. 61. Para VARGAS CABRERA, en la medida de inhabilitacin absoluta late un pensamiento retribucionista, destinado a buscar respuesta slo a determinados hechos delictivos (en este caso los delitos de terrorismo), lo cual hace que se rompa con los fines proclamados en un principio por la LPM. Vase: VARGAS CABRERA: Comentario al art. 7 LPM, en: CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dir.), op. cit., p. 174. Por su parte, CERVELL DONDERIS, teniendo en cuenta que la medida de inhabilitacin absoluta puede alcanzar una duracin de hasta 25 aos, califica dicha medida como improcedente para la educacin y reinsercin de un menor, as como desproporcionada con los lmites punitivos razonables. Vase: C ERVELL D ONDERIS / C OLS T URGANO : La responsabilidad penal del menor, Madrid 2002, p. 160.
nores. Tambin aqu un sector importante de la doctrina si bien no con la unanimidad que se observa con respecto a las modificaciones de la LPM operadas en el ao 200081 considera que mediante dicha reforma se vuelve a dar preferencia a criterios exclusivamente defensistas y represivos, por encima de los criterios educativos y preventivo-especiales promulgados en su da por el legislador de la LPM.82 Para ello basta con poner en relacin la LO 15/2003, que trajo consigo la introduccin del instituto de la acusacin particular en la LPM, con el contexto poltico-criminal que marc el devenir legislativo en Espaa durante la ltima etapa del anterior Gobierno. El sector doctrinal contrario al reforzamiento de la posicin de la vctima en el proceso justifica la prohibicin de la acusacin particular en el proceso de menores basndose en a la incompatibilidad existente entre la finalidad educativa que preside (a estas alturas, mejor sera decir presida) todo el sistema de justicia juvenil, tanto en su vertiente sustantiva como procesal, y el nimo vindicativo que en la mayora de las ocasiones suele guiar la actuacin de la vctima en todo proceso penal. Para estos autores, el instrumento procesal que el nuevo art. 25 LPM pone en manos de la vctima del delito cometido por un menor tiene como principal finalidad el hacer valer un sentimiento de venganza, as como una bsqueda incondicional del castigo del menor, dejando de lado consideraciones de tipo educativo relativas al propio menor infractor.83 En consecuencia, el dar entrada a la vctima en el proceso penal de menores como parte procesal activa puede dar lugar a que el procedimiento se desve de la finalidad educativa que persigue la Ley, en aras a satisfacer los intereses de la vctima por ver castigado al menor. Para Cuello Contreras, el espritu resocializador que caracteriza la LPM prima sobre el derecho de la vctima a que se haga justicia, que queda subordinado a ese mismo fin resocializador de la jurisdiccin de menores.84 Por su parte, Bueno
81 Un anlisis pormenorizado de la acusacin particular en la LPM, tras la reforma operada por la LO 15/2003, puede encontrarse en: MARTN BRAAS: La incorporacin de la acusacin particular al proceso de menores, en: La Ley Penal: Revista de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Derecho Penitenciario, Ao 1 n. 3, Marzo 2004, pp. 55 y ss.; DE LA ROSA CORTINA: La acusacin particular en el proceso penal de menores: primeras reflexiones tras la reforma 15/2003, en: Actualidad Jurdica Aranzadi, Ao XIV, n. 620, 22 de abril de 2004, pp. 1 y ss.; MINGO BASAL: Posicin de las vctimas en el proceso penal de menores. De la prohibicin a la aceptacin de la acusacin particular, en: Diario La Ley, n. 6099, 4 de octubre de 2004, pp. 1 y ss.; CANO PAOS: La acusacin particular en el proceso penal de menores. La represin como alternativa?, Revista del Poder Judicial, 76 (2004), pp. 283 y ss. 82 Vase, ampliamente, CANO PAOS, Revista del Poder Judicial, 76 (2004), p. 302. 83 Vase, por todos, CANO PAOS, Revista del Poder Judicial, 76 (2004), p. 304. 84 Vase CUELLO CONTRERAS, op. cit., pp. 155-156.
Ars alude al carcter pedaggico del Derecho penal juvenil para rechazar la acusacin particular, al considerarla irreconciliable con aquel principio.85 En la misma lnea, Polo y Hulamo sealan que constituye un grave error del legislador el dar entrada al ofendido o perjudicado por el delito en el proceso penal de menores. Dicha personacin la definen como un elemento distorsionador del procedimiento de menores, el cual a su vez puede producir disfunciones y efectos perturbadores en el mismo.86 Hay, pues, toda una lnea argumental favorable a la exclusin del ejercicio de acciones por particulares en el proceso penal regulado en la LPM. En conclusin, el conjunto de reformas operadas en la LPM desde su aprobacin que no desde su entrada en vigor revelan la carencia en Espaa de una poltica criminal de carcter racional frente al fenmeno de la delincuencia juvenil. Ms bien al contrario, dicha poltica criminal se caracteriza por poseer rasgos de corte populista, lo cual se pone claramente de manifiesto cuando la modificacin de las leyes en este caso, la Ley penal del menor se produce de modo impulsivo y coyuntural, lo que Gimnez-Salinas acertadamente denomina a golpe de acontecimiento,87 con la nica finalidad de hacer frente a determinadas demandas sociales de eficacia frente al delito. Efectivamente, si se analizan las reformas operadas en la LPM en los ltimos aos puede observarse como las mismas se llevan a cabo de pasada, en el marco de unas Leyes Orgnicas por las que se modifica el CP, lo cual demuestra una vez ms la aficin del legislador espaol de ir parcheando la legislacin de menores a travs de leyes ajenas a la misma. Todo lo expuesto no hace ms que corroborar el lamentable y progresivo distanciamiento que se viene produciendo en Espaa entre la experiencia jurdico-criminolgica y los centros de decisin poltica. Se legisla prescindiendo no slo de los tericos y de las construcciones dogmticas (el alejamiento creciente a lo largo de los ltimos lustros entre el poder poltico y la academia es un hecho constatado en los pases de nuestro entorno, incluso en aqullos como Alemania donde la ciencia sigue manteniendo un estatuto social privilegiado), sino tambin por absurdo que parezca de la realidad cotidiana de la delincuencia y de la administracin de justicia. Nuestra propia concepcin de la dogmtica penal est vinculada al funcionamiento real de la justicia criminal. Sobre la base de un
Vase: BUENO ARS, en: LZARO GONZLEZ, et. al., op. cit., p. 326. Vase POLO RODRGUEZ / HULAMO BUENDA: La nueva Ley Penal del Menor, 2.a Edicin, Madrid 2001, p. 26. 87 GIMNEZ-SALINAS I COLOMER, en: la misma, op. cit., p. 540.
profundo estudio dogmtico que, sin renunciar a la coherencia sistemtica ni a una fundamentacin metodolgica rigurosa, no debe prescindir de lo posible y de lo real en la influencia de la norma en la materia regulada. Pero el Derecho (penal) es una ciencia integral y, tras ello, los hallazgos normativos y dogmticos deben ser empricamente enfrentados con el funcionamiento cotidiano de la administracin de justicia y obtener de ello las consecuencias que procedan en cuanto a la validez y oportunidad de las normas vigentes, de los principios asumidos y de las categoras elaboradas. Pues bien, si defendemos este punto de vista para con la labor propiamente cientfica, qu menos debera exigirse al legislador y a los poderes pblicos en general? Bien es cierto que este enfoque metodolgico encuentra en Espaa el problema del escaso desarrollo de la criminologa, sobre todo emprica, pero no lo es menos que los responsables de esta situacin son los propios poderes pblicos, que ni instituyen centros de investigacin criminolgica en el contexto de las agencias estatales, ni apoyan la investigacin en los centros acadmicos (por ejemplo, los estudios reglados de criminologa en Espaa apenas si tienen un ao de edad, y ni siquiera existe el rea cientfica de criminologa o equivalente). La carencia de fundamentos firmes sobre los que establecer la evolucin de los parmetros criminolgicos (de la delincuencia y de los medios de control frente a sta, justicia penal juvenil incluida) es, a su vez, una excusa excelente para legislar a golpe de intuicin, ese concepto ftil que tan incomprensible prestigio llega a tener a veces. Poltica, Prctica y Ciencia toman as caminos separados a la hora de abordar la delincuencia de menores y jvenes, lo cual hace que el protagonismo del poltico frente al jurista y al criminlogo en la conformacin de la ley se haga patente en muchos mbitos, entre ellos el mbito de la justicia juvenil. Esto da lugar a que la produccin legislativa, en muchos casos, soslaye principios sistemticos fundamentales tanto del Derecho penal general como del Derecho penal juvenil. Al final de todo, nos encontramos de nuevo con lo que, en otras ocasiones,88 hemos denominado intervencin mxima combinada con el recurso a los efectos comunicativos y simblicos de la legislacin penal.89 Los poderes pblicos buscan en el permanente recurso a
88 Vase BARQUN SANZ: Poltica Criminal y Cdigo Penal: cinco aos despus, LL, nm. 5255, 2001, pp. 1 y 15 y s. 89 Lo que, por citar a uno de los principales autores de referencia en esta materia, Silva Snchez caracteriz como expansin del Derecho penal, fenmeno que se pre-
la legislacin penal un efecto tranquilizador sobre una opinin pblica fascinada por la apariencia taumatrgica de las leyes penales, y corren una cortina represiva de humo sobre los problemas sociales. Queda as desplazado a un plano comunicativo, pero casi vaco de contenido, lo que debera resolverse en el plano de lo instrumental, esto es, de la prevencin, la asistencia y la proteccin efectiva. En la estacada se queda la puesta en prctica de una poltica criminal humana y racional en el tratamiento de los menores delincuentes, una poltica criminal alejada de reacciones represivas de tipo emocional. Una poltica criminal que, cuanto ms seria y preocupante se presenta una situacin conflictiva en este caso concreto, la delincuencia grave de menores, con ms serenidad debe afrontarla y solucionarla, teniendo sobre todo en cuenta que el fenmeno de la delincuencia de los menores de edad es, ante todo, una problemtica social, no la consecuencia inmediata de una eventual debilidad del sistema penal. Para concluir, ahora s, definitivamente, volvamos al ttulo que hemos escogido para rubricar el presente trabajo: Justicia penal juvenil en Espaa: Una legislacin a la altura de los tiempos. Quizs a algn lector, antes de tener la amabilidad de detenerse a considerar el contenido del artculo, le llevara a pensar que el presente texto iba a contener en esencia una loa a la manera en que el legislador espaol est haciendo las cosas en materia de responsabilidad penal de menores. No se nos escapa que la referencia a la altura de los tiempos suele venir asociada, en estos ltimos siglos de fe en el progreso sin lmites de la humanidad, a connotaciones positivas. Pero no somos tan optimistas. Pretender que los tiempos presentes son mejores que los inmediatamente anteriores en materia de prevencin del delito y de poltica criminal es, a nuestro juicio, un ejercicio de hipocresa. O de candidez, lo que puede llegar a ser incluso ms peligroso recurdense los males sin cuento provocados por la mitad bondadosa del gobernante demediado que magistralmente retrat talo Calvino. El inconsistente devenir de las reformas penales en lo que afecta a la justicia juvenil es nada ms que una nueva muestra (como tantas en el mbito del Derecho penal comn) de por dnde van los tiros de la sociedad, de los medios de comunicacin, de las instancias polticas, en asuntos penales: ms represin, reacciones que no tienen necesariamente que ver con la verdadera entidad de los problemas sino con el imaginario que en cada momento predomine en los mesenta como producto de una especie de perversidad del aparato estatal . Vase SILVA-SNCHEZ: La expansin del Derecho Penal. Aspectos de la poltica criminal en las sociedades postindustriales, 2. Ed., Madrid 2001, p. 21.
dios, dispersin y proliferacin de normas y otras caractersticas de la moderna poltica penal que a estas alturas ya han sido sobradamente puestas de manifiesto por una variedad de autores. Todo ello, con el paradjico colofn de que se sabe de antemano con razonable certeza que muchas de las innovaciones y propuestas con las que los polticos sacian la sed de vindicacin de buena parte de la poblacin, sern a la postre de imposible puesta en prctica. Entre otros motivos, porque ni est entre las prioridades de los gobernantes el destinar dinero a estos asuntos ni entre la de muchos votantes el favorecer la integracin de los menores que delinquen. A menudo, los mismos que piden mano dura contra la delincuencia se oponen con fuerza a que se establezca cerca de su domicilio un centro de rehabilitacin de jvenes drogodependientes o una escuela-taller para la educacin de menores. En semejante contexto, no es arriesgado predecir un perdurable futuro a la presente poltica de mensajes de mano dura y brindis al sol.
AGUIRRE ZAMORANO, Po: Los jvenes del siglo XXI: proyecto de Ley de Justicia Juvenil, en: GIMNEZ-SALINAS I COLOMER, Esther (dir.): Legislacin de menores en el siglo XXI: Anlisis de Derecho comparado, EDJ-18, CGPJ, Madrid, 1999, pp. 329 y ss. ALASTUEY DOBN, Mari Carmen: El Derecho Penal de Menores: Evolucin y rasgos esenciales de la Ley Orgnica 5/2000, en: DIZ RIPOLLS, Jos Luis, et.al. (Ed.): La ciencia del derecho penal ante el nuevo siglo. Libro homenaje al profesor doctor don Jos Cerezo Mir, Madrid 2002, pp. 1533 y ss. ALBRECHT, Peter-Alexis: El Derecho penal de menores (Traduccin: JUAN BUSTOS RAMREZ), Barcelona 1990 ALBRECHT, Peter-Alexis: Jugendstrafrecht, 3. Edicin, Mnchen 2000 BAMANN, Kai: Ist der Jugendstrafvollzug verfassungswidrig? Zur Diskussion um die Notwendigkeit, ein Jugendstrafvollzugsgesetz zu schaffen, en: Recht der Jugend und des Bildungswesens, 1 (2001), pp. 24 y ss. BARQUN SANZ, Jess: Poltica Criminal y Cdigo Penal: cinco aos despus, LL, nm. 5255, 2001, pp. 1 y 15 y ss. BARREDA HERNNDEZ, Armando: La vctima en el proceso penal de menores. Especial examen de la pieza separada de responsabilidad civil, en: ORNOSA FERNNDEZ, M.a Rosario (dir.): La responsabilidad penal de los menores: aspectos sustantivos y procesales , CDJ-III, CGPJ, Madrid, 2001, p. 513 y ss. BERNUZ BENEITEZ, Mara Jos: Justicia de menores espaola y nuevas tendencias penales: La regulacin del ncleo duro de la delincuencia juvenil, Revista Electrnica de Ciencia Penal y Criminologa (en lnea). 2005, nm. 07-12, p. 12:1-12:23. Disponible en internet [RECPC 07-12 (2005), 20 oct]: http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-12.pdf
BOLDOVA PASAMAR, Miguel ngel: Principales aspectos sustantivos del nuevo derecho penal juvenil espaol, en: DIZ RIPOLLS, Jos Luis, et. al. (Ed.): La ciencia del derecho penal ante el nuevo siglo. Libro homenaje al profesor doctor don Jos Cerezo Mir, Madrid 2002, pp. 1553 y ss. BUENO ARS, Francisco: La Ley Orgnica reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en: LZARO GONZLEZ, Isabel E. / MAYORAL NARROS, Ignacio V. (Coord.): Jornadas sobre derecho de los menores, Madrid 2003, pp. 313 y ss. CANO PAOS, Miguel ngel: Posibilidades de diversinpor parte del Ministerio Fiscal en el Derecho penal juvenil alemn, en: Revista de Derecho Penal y Criminologa, 13 (2004), pp. 213 y ss. CANO PAOS, Miguel ngel: La acusacin particular en el proceso penal de menores. La represin como alternativa?, en: Revista del Poder Judicial, 76 (2004), pp. 283 y ss. CANO PAOS, Miguel ngel: Tendencias de poltica criminal en el Derecho penal juvenil alemn y espaol, Madrid 2005 (en proceso de impresin) CERVELL DONDERIS, Vicenta / COLS TURGANO, Asuncin: La responsabilidad penal del menor de edad, Madrid, 2002. CONDE-PUMPIDO FERREIRO, Cndido (Dir.): Ley de la Responsabilidad Penal de los Menores. Doctrina con jurisprudencia y normativa complementaria, Madrid 2001 CRUZ MRQUEZ, Beatriz: La mediacin en la Ley Orgnica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores: conciliacin y reparacin del dao, Revista Electrnica de Ciencia Penal y Criminologa (en lnea), 2005, nm. 07-14, p. 14:1-14:34. Disponible en internet [RECPC 07-14 (2005), 3 nov]: http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-14.pdf CUELLO CONTRERAS, Joaqun: El nuevo Derecho penal de menores, Madrid 2000 CUELLO CONTRERAS, Joaqun / MARTNEZ PEREDA SOTO, Leonor: La (in)determinacin de la mayora de edad penal en el Cdigo penal de 1995: una ambigedad insoportable, en: La Ley, 6 (1997), pp. 1582 y ss. CUESTA MERINO, Jos Luis: La responsabilidad civil en el nuevo proceso penal de menores, en: GONZLEZ CUSSAC, Jos Luis / TAMARIT SUMALLA, Josep Mara / GMEZ COLOMER, Juan Luis: Justicia penal de menores y jvenes (Anlisis sustantivo y procesal de la nueva regulacin), Valencia 2002, pp. 311 y ss. DE LA ROSA CORTINA, Jos Miguel: La acusacin particular en el proceso penal de menores: primeras reflexiones tras la reforma 15/2003, en: Actualidad Jurdica Aranzadi, Ao XIV n. 620, 22 de abril de 2004, pp.. 1 y ss. DNKEL, Frieder: Reacciones en los campos de la Administracin de Justicia y de la Pedagoga Social a la delincuencia infantil y juvenil: un estudio comparativo a escala europea, en: ORNOSA FERNNDEZ, M.a Rosario (dir.): La responsabilidad penal de los menores: aspectos sustantivos y procesales, CDJ-III, CGPJ, Madrid, 2001, pp. 121 y ss. FUENTES OSORIO, Juan L.: Los medios de comunicacin y el derecho penal, Revista Electrnica de Ciencia Penal y Criminologa (en lnea). 2005, nm. 07-16, pp. 16:1 y ss. Disponible en internet [RECPC 07-16 (2005), 4 nov]: http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-16.pdf
GARCA PREZ, Octavio: Los actuales principios rectores del Derecho penal juvenil: un anlisis crtico, RDPCr, 2.a poca, n.o 3 (1999), pp. 33 y ss. GARLAND, David: The Culture of Control. Crime and Social Order in Contemporary Society, Oxford 2001. GIMNEZ-SALINAS I COLOMER, Esther: Comentarios a la Ley Orgnica 7/2000 y a la Ley Orgnica 9/2000 de 22 de diciembre, en: GIMNEZ-SALINAS I COLOMER, Esther: Justicia de menores: una justicia mayor. Comentarios a la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, Manuales de Formacin Continuada, n. 9, Madrid 2000, pp. 539 y ss. GMEZ RIVERO, M.a Carmen: Algunos aspectos de la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal del menor, APen, 2001, X, pp. 163 y ss. GRUPO DE ESTUDIOS DE POLTICA CRIMINAL: Un proyecto alternativo a la regulacin de la responsabilidad penal de los menores, Valencia 2000 HAVA GARCA, Esther / ROS CORBACHO, Jos Manuel: Las medidas aplicables a menores en la Ley 5/2000, en: RUZ RODRGUEZ, Luis Ramn / NAVARRO GUZMN, Jos Ignacio (Ed.): Menores. Responsabilidad penal y atencin psicosocial, Valencia 2004, pp. 143 y ss. HARRIS, Philip W. / WELSH, Wayne N. / BUTLER, Frank: A Century of Juvenile Justice, en: National Institute of Justice (Ed.): Criminal Justice 2000, Vol. 1, New York City 2000, pp. 359 y ss. HEFENDEHL, Roland: Tter und Opfer bei kindlicher Gewaltkriminalitt, en: Juristenzeitung, 12 (2000), pp. 600 y ss. HERRERA MORENO, Myriam: La conciliacin menor-vctima en el mbito de la desviacin juvenil: reflexiones en torno a su controvertida plasmacin en la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, AJM, N.o I, 2001, pp. 425 y ss. HERNNDEZ GALILEA, Jess Miguel: Partes e intervinientes en el proceso, en: LORCA MARTNEZ, Jos / PALACIOS GONZLEZ, Mara Dolores / GUILLAMAT RUBIO, Ansel / NOGUERAS MARTN, Ana / VINUESA CASAS, Mara Rosa / HERNNDEZ GALILEA, Jess Miguel (Coord.): El sistema espaol de justicia juvenil, Madrid 2002, pp. 147 y ss. HIGUERA GUIMER, Juan-Felipe: Derecho penal juvenil, Barcelona 2003 HINZ, Werner: Jugendstrafrecht auf dem Prfstand, en: Zeitschrift fr Rechtspolitik, 2001, pp. 106 y ss. IZAGUIRRE GUERRICAGOITIA, Jess Mara: La aplicacin al menor de edad de la legislacin procesal antiterrorista a la luz de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, en: La Ley, 1 (2001), pp. 1809 y ss. KERNER, Hans-Jrgen / SONNEN, Bernd-Rdeger: Jugendkriminalitt und Jugendstrafrecht Eine Anregung zur Besonnenheit bei Vernderungsplnen, en: DVJJ-Journal, 8 (1997), pp. 339 y ss. LANDROVE DAZ, Gerardo: Marco operativo de la Ley Orgnica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en: Diario La Ley, n. 5.084, 27 de junio de 2000, p. 1 y ss. LANDROVE DAZ, Gerardo: Derecho Penal de Menores, Valencia 2001 LANDROVE DAZ, Gerardo: Introduccin al Derecho Penal de Menores, Valencia 2003. MAPELLI CAFFARENA, Borja: Reglas especiales para la ejecucin de las medidas privativas de libertad, en: RUZ RODRGUEZ, Luis Ramn / NAVARRO
GUZMN, Jos Ignacio (Ed.): Menores. Responsabilidad penal y atencin psicosocial, Valencia 2004, pp. 201 y ss. MARTN BRAAS, Carlos: La incorporacin de la acusacin particular al proceso de menores, en: La Ley Penal: Revista de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Derecho Penitenciario, Ao 1 n. 3, marzo 2004, pp. 50 y ss. MARTN LPEZ, Mara Teresa (Coord.): La responsabilidad penal de los menores, Cuenca 2001. MARTNEZ SNCHEZ, Ascensin: Las medidas en la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero de Responsabilidad Penal de los Menores, en: ORNOSA FERNNDEZ, Mara Rosario (Ed.): La responsabilidad penal de los menores: aspectos sustantivos y procesales, Cuadernos de Derecho Judicial, CGPJ, Madrid 2001, pp. 437 y ss. MINGO BASAL, Mara Luisa: Posicin de las vctimas en el proceso penal de menores. De la prohibicin a la aceptacin de la acusacin particular, en: Diario La Ley, n. 6.099, 4 de octubre de 2004, pp. 1 y ss. MORA ALARCN, Jos Antonio: Derecho Penal y Procesal de Menores (Doctrina, jurisprudencia y formularios), Valencia 2002 ORNOSA FERNNDEZ, Mara Rosario: Derecho Penal de Menores. Comentarios a la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, Barcelona 2001. (Hay 2.a ed., 2003). PREZ MARTELL, Rosa: El proceso del menor. La Ley Orgnica de responsabilidad Penal del Menor, Aranzadi, Navarra, 2002 PERIS RIERA, Jaime: El modelo de mediacin y reparacin en el nuevo marco de la responsabilidad penal de los menores previsto por la L.O. 5/2000, LL, 2001 (2), pp. 1649 y ss. PFEIFFER, Christian: Aufbruch zum Rckschritt? Die Law and Order-Profilierung der CDU/CSU bedroht das Jugendstrafrecht, en: DVJJ-Journal, 2 (1993), p. 116 y ss. POLO RODRGUEZ, Jos Javier / HULAMO BUENDA, Antonio Jess: La nueva Ley Penal del Menor, 2. Edicin, Madrid 2001 QUERALT, Joan J.: Tabla comparativa entre la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores y el Anteproyecto de reforma de 2005. Consultable en Internet: www.ub.es/dpenal SNCHEZ GARCA DE PAZ, Mara Isabel: Minora de edad y Derecho penal juvenil. Aspectos poltico-criminales, Eguzkilore, Cuaderno del Instituto Vasco de Criminologa, 12 (1998), pgs. 70 y ss. SANZ HERMIDA, gata M.a: La vctima en el proceso penal de menores, AJM, N.o I, 2001, pp. 183 y ss. SCHAFFSTEIN, Friedrich / BEULKE, Werner: Jugendstrafrecht, 14. Edicin, Stuttgart 2002. SILVA-SNCHEZ, Jess-Mara: La expansin del Derecho Penal. Aspectos de la poltica criminal en las sociedades postindustriales, 2. Edicin, Madrid 2001. SOTO NAVARRO, Susana: La influencia de los medios en la percepcin social de la delincuencia, Revista Electrnica de Ciencia Penal y Criminologa (en lnea). 2005, nm. 07-09, pp. 09:1 y ss. Disponible en internet [RECPC 07-09 (2005), 24 jul]: http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc0709.pdf
STRENG, Franz: Jugendstrafrecht, Heidelberg 2003. TAMARIT SUMALLA, Josep Mara: Principios poltico-criminales y dogmticos del sistema penal de menores, en: GONZLEZ CUSSAC, Jos Luis / TAMARIT SUMALLA, Josep Mara / GMEZ COLOMER, Juan Luis: Justicia penal de menores y jvenes (Anlisis sustantivo y procesal de la nueva regulacin), Valencia 2002, pp. 13 y ss. TERRADILLOS BASOCO, Juan M.: Responsabilidad penal de los menores, en: RUIZ RODRGUEZ, Luis Ramn / NAVARRO GUZMN, Jos Ignacio (Ed.): Menores. Responsabilidad penal y atencin psicosocial, Valencia 2004, pgs. 47 y ss. TORRES FERNNDEZ, Mara Elena: Los caminos hacia una Justicia reparadora en la Ley Orgnica de responsabilidad penal del menor, APen, 2002, XXV, pp. 647 y ss. VZQUEZ GONZLEZ, Carlos: Delincuencia juvenil. Consideraciones penales y criminolgicas, Madrid 2003. VENTURA FACI, Ramiro / PELEZ PREZ, Vicente: Ley Orgnica 5/2000, de 12 enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Comentarios y Jurisprudencia, 1. Edicin, Madrid 2000. 2.JUGENDSTRAFRECHTSREFORM-KOMMISSION: Vorschlge fr eine Reform des Jugendstrafrechts. Abschlubericht der Kommissionsberatungen von Mrz 2001 bis August 2002, en: DVJJ-Journal, Extra n. 5 (2002).
Documents Similar To BARQUIN Y CANO Justicia penal juvenil en España una legislación a la altura de los tiempos

References: de lege ferenda
de lege lata
in fine
de lege lata
in fine
 Real Decreto 

Real Decreto