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DE LA IMPONDERABLE PONDERACIÓN Y OTRAS ARTES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1 - PDF
DE LA IMPONDERABLE PONDERACIÓN Y OTRAS ARTES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1
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Alba Espejo Marín
1 DE LA IMPONDERABLE PONDERACIÓN Y OTRAS ARTES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1 SANTIAGO SÁNCHEZ GONZÁLEZ Profesor Titular de Derecho Constitucional Departamento de Derecho Político UNED SUMARIO: 1. Introducción. 2. Los orígenes de la ponderación en los Estados Unidos. 3. La Abwägung y el Bilanciamento. 4. El uso de la ponderación por el Tribunal Constitucional español. 5. El significado de la ponderación para el Tribunal Constitucional español. 6. Ponderación y proporcionalidad. 7. Ponderación, proporcionalidad y razonabilidad. 8. Presupuestos teóricos de la ponderación y problemas que suscitan. 9. La ponderación y el marco constitucional español.. 1. Introducción. España, es de sobra sabido, y no obstante su experiencia de vieja nación, sufrió un retraso notable a la hora de adaptar su estructura jurídico-política a la modernidad, e incorporarse al grupo de Estados que integraban la elite de la forma democrática de gobierno. En cambio, algunas de las instituciones creadas al amparo de la Constitución de 1978 adquirieron con rapidez los hábitos de sus equivalentes en Europa y Estados Unidos, sin detenerse a examinar las peculiaridades históricas de esas realidades geopolíticas y culturales, ni a pensar en las consecuencias de la adopción de experiencias foráneas. Tal es el caso de nuestro Tribunal Constitucional, considerado como una entidad simbólica del progreso jurídico constitucional, y protagonista de una trasformación radical de nuestro universo jurídico, cuyos efectos aun no se han dejado sentir plenamente y que ha generado en algunos especialistas tanta perplejidad como desconfianza. Una desconfianza que nace de la impotencia dimanante de que no existe la posibilidad de exigirle responsabilidades por su actuación, dado el status privilegiado que se le ha otorgado como órgano constitucional, excepcionando la 1 Publicado en la revista Teoría y Realidad Constitucional, nº 12/13,2 regla de oro de cualquier sistema democrático y constitucional, que equipara poder y responsabilidad. Esa transformación prácticamente revolucionaria del ordenamiento jurídico se ha llevado a cabo de manera continuada, fortiter et suaviter y sin ruido ni descanso, mediante la utilización en la motivación de las distintas decisiones autos, sentencias, declaraciones-, de unas técnicas ajenas a la práctica judicial secular española, que ha tomado prestadas de la experiencia de Estados Unidos, Alemania e Italia, y a las que no corresponde un concepto bien determinado. Me refiero a vocablos o expresiones tales como la razonabilidad, la adecuación, la proporcionalidad, y la ponderación. Aunque algunas sentencias de los Tribunales Constitucionales y otros autores las han denominado principios, criterios o parámetros, es más correcto el término de técnicas porque indica de modo vago e incierto y pretendidamente neutral, un complejo, todavía sin sistematizar ni codificar, de medios de evaluación y de argumentación cuyo rasgo común es el de no ser reconducibles al razonamiento jurídico tradicional. Es, si se quiere, la de técnicas, una expresión residual; es decir, que sirve para indicar y reunir en una fórmula unitaria, bajo el aspecto nominal pero no bajo el conceptual, todos los casos en los cuales los procedimientos que conducen a las decisiones del Tribunal no siguen el recorrido clásico silogístico-deductivo. 2 Esa práctica, sorprendentemente, se ha introducido sin soporte legal alguno, por la mera vía de hecho, de manera si no contraria algo que sería discutible-, sí extraña al ordenamiento español y a nuestro universo jurídico. No se ha estimado necesario por el Tribunal justificar en absoluto la importación de ese peculiar modo de razonar sin raíces en, ni vínculos con, nuestro Derecho de la familia del civil law. Los problemas que plantea son serios y múltiples y no es el menos importante el de su vaguedad y maleabilidad. Desconocemos, entre otras cosas, las causas reales del uso de estas técnicas en el razonamiento jurídicoconstitucional, aunque podamos imaginarlas; no podemos, tampoco, definir a ciencia cierta su número, naturaleza jurídica, significado exacto, ámbito de aplicación y vigencia. Además el Tribunal Constitucional no ha hecho ni una sola alusión a lo que las mencionadas técnicas interpretativas suponen desde el punto de vista jurídico para la certeza del Derecho, para la seguridad jurídica, para el principio de legalidad-; ni políticamente para el principio de la división de poderes, para el Estado de Derecho y para las libertades individuales para cuya protección se constituye el Estado. Ni una sola explicación razonable, ponderada adecuada y aceptable de qué deba entenderse por razonabilidad, ponderación, adecuación. Ni una sola palabra sobre la pretendida legitimidad del Tribunal Constitucional para emplear instrumentos interpretativos que implican ni más ni menos que la creación de un Derecho Constitucional Libre lo que a mi juicio es una contradicción en los términos-, adaptable a la evolución 2 Omar Chessa, La misura minima essenziale dei Diritti Sociali: problemi e implicazioni di un difficile Bilanciamento, Giurisprudenza Costituzionale, 1998, p. 1173, nota (8). 23 de los tiempos, evolución interpretable claro está por el mismo Tribunal Constitucional. Para comprender cómo y por qué ha ocurrido todo este proceso y para entender las razones de esta poderosa corriente alternativa a la interpretación jurídica tradicional, hemos de empezar por referirnos a las experiencias extranjeras, que han sido objeto de pormenorizados análisis y estudios, para luego examinar la experiencia propia y, finalmente, la doctrina que ha tratado de justificar esta orientación de la jurisdicción constitucional. 2. Los orígenes de la ponderación en los Estados Unidos Si bien la invocación de la ponderación ( balancing ) en las resoluciones del Tribunal Supremo norteamericano, 3 el primero que comienza a utilizarla de manera habitual- no aparece hasta la década de , el fundamento filosófico de la utilización de tal herramienta en la solución de los litigios de orden constitucional se encuentra en el denominado realismo jurídico, o legal realism. El realismo jurídico fue una corriente de pensamiento integrada por juristas y sociólogos del Derecho de la categoría de Oliver Wendell Holmes, Roscoe Pound y Benjamin Cardozo 5, entre otros, unida por sus ataques a la jurisprudencia de conceptos o jurisprudencia mecánica. Bajo esta denominación agrupaban, sin matices ni distinciones, a todos aquellos intérpretes del Derecho Constitucional y teóricos del Derecho que acostumbraban a conferir a los términos y los conceptos usados en la formulación de las normas un significado cierto e invariable; de manera tal que en la aplicación de tales reglas, se decía, bastaba con un mero ejercicio silogístico 6. Tras ese reproche, no se ocultaba que 3 El único trabajo monográfico realizado en España que yo conozco sobre la ponderación en Estados Unidos, a la que a continuación vamos a referirnos, lo publicó Xavier Arbós, con el título La Ponderación de intereses en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Estudios de Derecho Público. Homenaje a J.J. Ruiz-Rico, Vol. II, Madrid, 1997, Tecnos, pp Existen referencias más o menos extensas en las obras de Enrique Alonso García, La interpretación de la Constitución, Madrid, CEC, 1984; y Francisco Javier Díaz Revorio, Valores superiores e interpretación constitucional, Madrid, CEP y C., Empero, según Richard H. Pildes, el proceso de sustitución del análisis categórico, seguido por el enfoque formalista, por los tests de ponderación comenzó grosso modo alrededor de Vid. su Avoiding Balancing: The role of exclusionary reasons in Constitutional Law, Hastings Law Journal, vol.45, n.4, 1994, p.713, nota 3. En Europa es dable encontrar referencias a la ponderación a principios de siglo XX, por ejemplo, en la obra de Kelsen. Al abordar el problema de la interpretación y de sus medios usuales argumentum a contrario, analogía-, escribe: A su vez, el principio de la llamada ponderación de intereses, no es más que una formulación, no una solución del problema. Pues no da la medida objetiva con arreglo a la cual pudieran ser comparados los intereses contrapuestos y resueltos los conflictos entre los mismos. Esta medida o criterio no puede deducirse de la norma interpretada o de la ley u orden jurídico que la contiene, como piensa la teoría de la ponderación de los intereses. En: El método y los conceptos fundamentales de la Teoría Pura del Derecho, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1933, pp La concepción del Derecho de Holmes aparece clara ya en el artículo The Path of Law, publicado en el número 10 de la Harvard Law Review, en Roscoe Pound expuso su punto de vista en The scope and purposes of sociological jurisprudence, artículo publicado también por la Harvard Law Review en 1911; y Benjamin Cardozo hizo lo propio en 1912, en The Nature of Judicial Process, Yale University Press, A estos nombre habría que añadir, lógicamente, los de John Dewey, Karl Lewellyn y Jerome Frank. 6 Con palabras similares lo expresaba T. Alexander Aleinikoff: La ponderación supuso una ruptura notable con el pasado, que respondía al colapso del formalismo y del conceptualismo del siglo XIX, así como a medio siglo de cambios sociales e intelectuales. Basándose en las obras de Holmes, James Dewey, Pound, Cardozo, y los realistas, y enarbolando las banderas del pragmatismo, del instrumentalismo y de la ciencia, la ponderación representaba una clara tentativa del poder judicial de que 34 la acusación de fondo tenía que ver con la supuesta incapacidad del Derecho para adaptarse al cambio social. Y por más que los presupuestos de esa crítica no se ajustaran estrictamente a la verdad, porque la adaptación del Derecho a las transformaciones sociales es sobre todo responsabilidad al menos compartidadel legislador, y porque los jueces nunca han desempeñado una labor puramente mecánica, ni siquiera en la época en que se les consideraba bouche de la loi Montesquieu- u oráculos vivientes del Derecho W.Blackstone- 7, lo cierto es que la crítica de los pragmáticos abrió el camino a una nueva forma de interpretar los preceptos constitucionales, porque concedía márgenes más amplios al juzgador y, sobre todo, demandaba una motivación de las decisiones judiciales que otorgaba gran importancia a factores como las consecuencias sociales de las mismas o la imagen que podían dar de la labor juzgadora. Por otra parte, es muy probable que un elemento inductor del abandono del formalismo fuera el deseo de los jueces de dejar de aparecer a los ojos del justiciable como últimos responsables de las consecuencias inexorables del funcionamiento del sistema legal. La ansiedad connatural al desempeño de la labor judicial y la conveniencia de proporcionar una apariencia de objetividad a las decisiones judiciales facilitaron, sin duda, el tránsito al relativismo legal y al uso por parte de los jueces de técnicas de distanciamiento del papel de ejecutores de la justicia. 8 Entre esas técnicas se encontraba la ponderación. Fue uno de los magistrados del Tribunal Supremo norteamericano, Harlan Fiske Stone, quien expresamente sentó, ya en 1936, las bases para el empleo de la ponderación como método de interpretación y aplicación del Derecho. Expresaré sucintamente escribía-, la que considero la tendencia resultante de nuestro pensamiento legal. Estamos percibiendo cada vez de forma más completa que el Derecho no es un fin en si mismo, sino un instrumento para la protección y el control adecuados de aquellos intereses, sociales y económicos, que son de la incumbencia del gobierno y, por lo tanto, del Derecho; que ese propósito debe alcanzarse mediante el acomodo razonable del Derecho a las cambiantes necesidades económicas y sociales, sopesándolas con la necesidad de continuidad de nuestro sistema legal y con la experiencia anterior de la que han nacido sus precedentes; que dentro de los límites existentes entre el mandato de las leyes de una parte, y las restricciones de precedentes y doctrinas considerados vinculantes, de la otra, el juez tiene libertad de elegir la norma que aplica, y que su podía demostrar que podía deshacerse de la jurisprudencia mecánica sin rechazar la noción misma de Derecho. En: Constitutional Law in the age of balancing, The Yale Law Journal, vol.96, number 5, April 1987, p La obra de Montesquieu, de donde procede la expresión, data de 1748, mientras que la de Blackstone, es de Sus metáforas, interesadamente tomadas al pie de la letra por los realistas y otros críticos afines, no pueden inducirnos a creer que los jueces hayan sido alguna vez meras máquinas de producción de silogismos, sin voluntad y sin dilemas axiológicos; simplemente, no serían humanos. Como escribió I. de Otto, aplicar el derecho no significa desde luego, que la norma aplicada contenga todos los datos de la premisa mayor del silogismo con el que el juez dice para un caso concreto cuáles son las consecuencias previstas por el ordenamiento: el acto aplicativo no corresponde a ningún automatismo, no excluye por completo una labor del juez en la creación de la premisa mayor, que no viene dada en su totalidad por la ley. Aplicación no es, en consecuencia, pura y simple subsunción del caso en una regla general preconstituida en todos sus extremos. En: Estudios sobre el Poder Judicial, Madrid, Ministerio de Justicia, 1989, p.40 8 James G. Wilson, The morality of formalism, UCLA Law Review, vol.33, n.1, p5 elección dependerá justamente de los pesos relativos de las ventajas económicas y sociales que, finalmente, inclinarán, el platillo de la balanza del juicio en favor de una norma en vez de otra. En este ámbito, el juez desempeña esencialmente la función del legislador, y en un sentido real, elabora Derecho. 9 Zechariah Chafee Jr., por su parte, fue, en materia de libertad de expresión, quizás el primero en preconizar el uso de juicio de ponderación para solventar los supuestos de conflicto entre la libertad de expresión y los límites impuestos por el legislador. 10 La ponderación alcanzó pronto, en el universo judicial norteamericano, una enorme difusión 11 ; y aunque algunos se ha fijado solamente en uno de sus campos de aplicación las limitaciones gubernamentales a la libertad de expresión-, el Tribunal Supremo recurrió a menudo a ella para solventar múltiples pleitos constitucionales 12, en particular en la década , durante la que las demandas contra los poderes públicos por presuntas violaciones de distintos derechos fundamentales se incrementaron notablemente. 13 El uso de la ponderación partía sin duda de la creencia en que las demandas fundadas en pretendidas violaciones de derechos individuales podían 9 En: The Common Law in the United States, Harvard Law Review, vol.50, n.1, 1936, p.20. Harlan F. Stone fue magistrado del Tribunal Supremo entre 1905 y En su obra Free Speech in the United States (Harvard, University Press, 1941), escribía: Para encontrar la frontera de cualquier derecho debemos ir más allá de las normas legales a los hechos humanos. En nuestro caso debemos considerar tanto los deseos y necesidades del individuo que quiere hablar, como aquellos del gran grupo de seres humanos entre los que habla. O sea, en lenguaje técnico, existen intereses individuales e intereses sociales que tenemos que contrapesar ( which must be balanced against each other) si entran en conflicto, a fin de establecer que interés será sacrificado bajo las circunstancias de que se trate, y cual será protegido y se convertirá en fundamento de un derecho legal. No debe olvidarse que el acto de sopesar no puede hacerse como es debido sin determinar adecuadamente cuáles son los interese implicados [...] p El balancing, o ponderación, ha recibido una gran atención por parte de la doctrina norteamericana. Aquí, empero, al margen de los artículos que se mencionan de A. Meikeljohn, Louis Henkin, Walter F. Murphy, T. A. Aleinikoff y Frank M. Coffin, recogeré tan sólo una muestra de los estudios realizados siguiendo un orden cronológico: Laurent B. Frantz, The First Amendment in the balance, Yale Law Journal, n.71, 1962, pp.1424 y ss; Wallace Mendelson, On the meaning of the First Amendment. Absolutes in the balance, California Law Review, vol.50, 1962, pp.821y ss; Charles Fried, Two concepts of interest: some reflections on the Supreme Court s balancing test, Harvard Law Review, vol.76, , pp.755 y ss; M. Nimmer, The right to speak from times to time: First Amendment theory applied to libel and misapplied to Privacy, California Law Review, vol.56, pp.935 y ss; Benjamin S. Duval,Jr., Free communication of ideas and the quest for truth: toward a teleological approach to First Amendment adjudication, The George Washington Law Review, vol.41, 1972, pp.161 y ss; J. H. Ely Flag desecration: a case study in the roles of categorization and balancing in First Amendment analysis, Harvard Law Review, vol.88, 1975, pp.1482 y ss; Craig R. Ducat, Modes of Constitutional Interpretation, West Publishing Co., St. Paul, Minn., 1978, esp. pp ; Thomas I. Emerson, First Amendment doctrine and the Burger Court, California Law Review, vol.68, 1980, esp. pp ; Paul W. Kahn, The Court, the community and the judicial balancing: The jurisprudence of Justice Powell, The Yale Law Journal, vol.97, n.1, 1987, pp. 1y ss; Burt Neuborne, Notes for a theory of constrained balancing in First amendment cases: an essay in honor of Tom Emerson, Case Western Reserve Law Review, vol.38, 1988, pp.576 y ss; Kathleen M.Sullivan, Post-liberal judging: The roles of categorization and balancing University of Colorado Law Review, vol.63, 1992, pp.293 y ss; Robert F.Nagel, Liberals and balancing, ibid. pp.319 y ss; Richard H, Fallon, Implementing the Constitution, Harvard Law Review, vol. 111, n.1, 1997, esp. pp En el debate constitucional la ponderación se ha convertido en un término referido a la actividad judicial explícita consistente en sopesar valores o intereses concurrentes para establecer la doctrina constitucional. El Tribunal resuelve problemas constitucionales por medio del contrapeso del interés estatal en adoptar una norma que contraviene el comercio interestatal y la carga que impone sobre el comercio; (la ponderación de) la necesidad de secreto del Presidente en el ámbito ejecutivo frente a la necesidad de los Tribunales de obtener la información que aquél retiene; o (la ponderación de ) el interés social en la protección de la vida o de la vida potencial del feto frente al interés de la madre en poner fin a la gestación. Louis Henkin Infallibility under Law: constitutional balancing, Columbia Law Review, vol.78, 1978, p Estos son sólo unos pocos ejemplos de entre los numerosísimos que existen. 13 Recuérdese que esos años fueron cruciales en Estados Unidos en la lucha contra la desigualdad, sobre todo contra la discriminación racial. Se aprobaron entonces, entre otras, la Civil Rights Act (1964), el Decreto Presidencial de 25 de septiembre de 1965, la Voting Rights Act (1965), la Fair Housing Act (1968), y se creó la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en materia de Empleo. 56 solventarse mejor planteándolas y argumentándolas en términos de conflictos entre intereses en pugna. Idea procedente de la escuela realista 14 que llevaba a los jueces a equiparar derechos e intereses 15 y, finalmente, a recurrir a la práctica de la ponderación. De esta forma, además, evitaban entrar a señalar prioridades o establecer jerarquías, puesto que esa función, en el mejor de los casos, correspondía al poder legislativo. A la hora de ponderar, sin embargo, el Tribunal Supremo norteamericano no se mostró especialmente escrupuloso con la entidad ni con la terminología de los factores ponderables. Además de considerar prácticamente intercambiables derechos e intereses en las supuestas colisiones entre la libertad de expresión y de prensa y los intereses gubernamentales (vid. p. ej. los casos American Communications Ass n v. Douds, 339 U.S. 382, 400, y Niemotko v. Maryland 340 U.S. 268, 276, - Opinión concurrente del magistrado Felix Frankfurter-, 1951), también utilizó como equivalentes de aquéllos los vocablos necesidades y valores (p. ej. en el caso United States v. Salerno, 481 U.S. 739, , 1987). Naturalmente la utilización del balancing en los juicios por infracción de la Primera Enmienda y su generalización como método de interpretación no se produjo de modo pacífico. Son conocidas en particular las críticas que a dicha práctica formularon dos juristas de reconocido prestigio e influencia en la judicatura y en la doctrina, sobre todo a raíz de la decisión recaída en el caso Barenblatt v. United States, 360 U.S. 109 (1959). En una conferencia pronunciada en New York el 17 de febrero de 1960, el juez Hugo Black objetó contra el test de la ponderación con estas palabras: El gran peligro que supone es que en tiempos de crisis confiere al Gobierno el poder de hacer lo que estime necesario para protegerse con independencia de los derechos de los individuos. Si la necesidad es grande, siempre podrá decirse que el derecho del Gobierno tiene más valor o importancia que los derechos individuales [...] Además el método de la ponderación aplicado a las libertades individuales presume en los legisladores y los jueces más poder que en los padres fundadores o más poder que el que yo considero debería ser confiado, sin limitación, a cualquier hombre o grupo de hombres. Me parece que el método de la ponderación desconoce los rasgos únicos de nuestra Constitución estar escrita en un sólo documento, su 14 Desde el punto de vista funcional escribía Roscoe Pound-, el Derecho es un intento satisfacer, reconciliar y ajustar esos intereses y demandas superpuestos y a veces conflictivos, bien garantizándolos directa e inmediatamente, bien mediante la delimitación, o compromiso entre, intereses individuales, para satisfacer al mayor conjunto de intereses, o a los intereses que pesan más en nuestra civilización, con el mínimo sacrificio del esquema de intereses globalmente considerado. En: A Survey of social interests, Harvard Law Review, vol. LVII, n.1, 1943, revisión del trabajo titulado The theory of social interests, publicado en mayo de Frente al vocablo derechos, el término intereses proporciona una mayor flexibilidad a los jueces y, sin duda, sirve mejor a la preferencias judiciales por un relativismo moral. R.George Wright, Does Free Speech jurisprudence rest on a mistake?: implications of the commensurability debate, Loyola of Los Angeles Law Review, vol 23, 1990, p.776, nota En esencia- decía el Tribunal Supremo-, el problema es sopesar los probables efectos de la norma sobre el libre ejercicio del derecho a expresarse y reunirse frente a la determinación del Congreso, que considera las huelgas políticas conductas malvadas que causan un daño considerable al comercio interestatal, y que los comunistas y otros plantean amenazas continuas a ese interés público cuando se encuentran en posiciones de liderazgo sindical. Tenemos, por lo tanto, que realizar la difícil y delicada tarea de ponderar las circunstancias para valorar la sustancialidad de las razones preconizadas en apoyo de la regulación del libre goce de los derechos. Schneider v. State, 1939, 308 U.S., 147, 161 67 superioridad sobre el poder legislativo, la división de poderes y el establecimiento de un poder judicial independiente- y nos devuelve al estado de supremacía parlamentaria que existía en Inglaterra 17. Para Alexander Meiklejohn, la teoría que sostiene que los valores constitucionales pueden ser ponderados - balanced - por los tribunales de apelación es radicalmente hostil, no sólo a la primera enmienda, sino también al propósito y a las estipulaciones de la Constitución entendida como un todo.[...] La figura retórica de la ponderación a la que recurre la opinión del Tribunalsugiere la utilización de una balanza en la que es posible colocar dos pesos del mismo orden para que puedan ponderarse y comprobar, así, cual pesa más. Pero, en términos reales, la ponderación no se lleva a cabo. El problema legal (en el caso enjuiciado) dimana de la acusación contra Mr. Barenblatt de que ha dañado la seguridad, la preservación de la nación. (Pero) cuánto daño ha causado? qué tipo de daño? Es difícilmente aceptable que su solo acto (de negarse a responder) haya situado a la nación ante un peligro mortal. De cuánto daño es responsable? Es este un cálculo que la opinión judicial ni hace ni siquiera toma consideración. Y de forma análoga, el peso situado en el otro platillo de la balanza es igualmente indeterminado. Se afirma que el interés individual de Mr Barenblatt sufre un daño menor como consecuencia de la acción del gobierno. Pero qué interés o intereses suyos han sido sacrificados? A qué equivalen? 18. El recurso generalizado a la técnica de la ponderación como método interpretativo-resolutivo de pleitos representó, sin duda, en Norteamérica, una forma de acreditar que se había superado el viejo método formalista y que se tenían en cuenta en el razonamiento judicial consideraciones tales como los condicionantes del entorno socio-político y las posibles consecuencias del fallo judicial. La ponderación, por otra parte, proporcionó no pocos beneficios al poder judicial, porque de su utilización parecía desprenderse un halo de imparcialidad y de conexión con la realidad encomiables: que el juzgador conecta el abstracto universo jurídico con la realidad concreta de los hechos; que tiene en cuenta todos los intereses relevantes en el caso y los sopesa cuidadosamente a fin de alcanzar una decisión lo más objetiva posible; todo parecía sugerir a la postre, una motivación detallada y una adaptación de la jurisprudencia a las circunstancias siempre cambiantes de la vida. Ello no obstante, la polémica sobre los presupuestos, la legitimidad y las consecuencias de la ponderación, ha continuado a lo largo de los años, como lo demuestra el Simposio celebrado en al Hastings Law School en febrero de 1994 con el significativo título Cuándo es una línea tan larga como una roca pesada? Sobre la reconciliación de los valores públicos y los derechos individuales en el 17 Hugo Black, The Bill of Rights, New York University Law Review, vol. 35, 1960, pp.878 y The balancing of self-preservation against political freedom, California Law Review, n.40, 1961, pp. 7 y8 juicio constitucional? 19 El extraño título procedía de la opinión concurrente expresada por el juez del Tribunal Supremo Antonin Scalia en el caso Bendix Autolite Corp. V. Midwesco Enters. 486 U.S. 888, 897, que equiparó la labor de la ponderación constitucional con la comparación entre la longitud de una línea y el peso de una roca La Abwägung y el bilanciamento.- De manera análoga al Tribunal Supremo norteamericano, pero en un ambiente jurídico cultural muy distinto, como el universo jurídico romanogermánico, los Tribunales Constitucionales alemán e italiano comenzaron, sobre todo desde la década de los años sesenta, a recurrir a fórmulas argumentativas semánticamente imprecisas del tipo de la adecuación, la proporcionalidad, la ponderación y la tolerabilidad, en la sentencias que dictaron en los juicios sobre la legislación que presumiblemente limitaba algunos derechos fundamentales, pero también en otros casos sometidos a su conocimiento. Si hemos de aceptar la fundada opinión de Winfried Kluth, el Tribunal Constitucional alemán reconoció expresamente en 1968 que la prohibición de exceso (Übermassverbot) y el principio de proporcionalidad (Verhältnis mässigkeitsprinzip) son reglas generales aplicables en todos los ámbitos de la actividad estatal, cuyo rango constitucional deriva del principio constitucional del Estado de Derecho, del que aquellas reglas se deducen (BverfBE 23, 127,133) 21 La prohibición de exceso y principio de la proporcionalidad en sentido amplio serían expresiones casi equivalentes, mientras que la proporcionalidad en sentido estricto se equipararía al principio de ponderación. En realidad, parece ser que El Bundesverfassungsgericht aplicó por primera vez la técnica de la ponderación Abwägung- en su sentencia sobre el caso Lüth (BverGE 7, 198, 210 y ss.), en el que, partiendo de la idea de la Constitución como totalidad dinámica que ha establecido un orden objetivo de valores, el Tribunal fundamentó su decisión en la ponderación de los valores concurrentes en el pleito suscitado. En efecto, la ponderación se inscribe en el constitucionalismo alemán en el contexto de la interpretación según valores o principios, que prescinde de los cánones tradicionales de la interpretación jurídica, y en el círculo más amplio del 19 Las comunicaciones presentadas al Simposio están recogidas en el número 45 de la revista Hastings Law Journal. Una de ellas, la de Richard H. Pildes, citada en la nota 5 de este trabajo, fue traducida al castellano por Rosario Serra Cristobal y publicada por la Revista española Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, n.14/15, pp El texto completo del párrafo en el que se encuentra esa mención reza así: Una vez evaluados grosso modo los intereses de ambas partes, el Tribunal procede a juzgar cual es el más importante. Este proceso se denomina de ordinario ponderación, pero la analogía con la balanza no resulta apropiada porque los intereses en ambos lados son inconmensurables. Es como juzgar si una línea es más larga que una roca pesada. 21 Prohibición de exceso y principio de proporcionalidad en Derecho alemán, Cuadernos de Derecho Público, 5, 1998, pp9 principio de la proporcionalidad de las leyes, donde se concreta como principio de la proporcionalidad en sentido estricto 22. La aplicación del principio de proporcionalidad implica la realización por el Tribunal de un triple juicio: el de adecuación o idoneidad (Geeignetheit), el de necesidad ( Erforderlichkeit o Notwendigkeit) y el de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación (Proportionalität o Abwägung). Con la ponderación se pretende determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una intervención en los derechos fundamentales, estableciendo en cada caso cuál es la jerarquía entre los bienes supuestamente enfrentados. Los alemanes, por otra parte, a la hora de ponderar utilizan de modo indistinto los términos intereses, bienes y valores 23 y se sirven de la expresión Güterabwägung. Al igual que ocurrió en Norteamérica, la creación judicial de los principios de proporcionalidad y de ponderación y sobre todo su conversión en normas de control de la constitucionalidad de leyes y actos de los poderes públicos por parte del Tribunal Constitucional alemán fue objeto de algunas críticas 24. pero también se ha terminado aceptándose por la generalidad de la doctrina 25. Y ello a pesar de la plena conciencia de que la transformación de los derechos constitucionales en valores, y la misma interpretación científico espiritual, que liberan al juez de la constitucionalidad no solo de los otros instrumentos argumentativos del juez del civil law, sino de la carga de proceder con un instrumental de argumentos típico [...] acaban por favorecer una creatividad jurisprudencial a menudo difícilmente controlable. 26 En Italia, el denominado bilanciamento de los intereses y de los principios constitucionales se inscribe en el postulado de la ragionevolezza, o razonabilidad, 27 que, a su vez, nace del principio de igualdad y se comenzó a utilizar en los años 1957 y 1958 como criterio para enjuiciar el por qué de tratamientos legislativos distintos de otros cuando se trataba de regular materias similares. El bilanciamento 22 No es extraño, por lo tanto, que el Prof. Murphy escribiera: El Tribunal Constitucional federal de Alemania Occidental utiliza a veces la ponderación para referirse a su principio de proporcionalidad [...] Aunque existe añadía- un elemento afín a la práctica americana de la ponderación, se da una analogía mayor con esa parte de la regla americana del examen estricto strict scrutiny - que exige que, cuando una acción gubernamental afecta aun derecho fundamental, el gobierno muestre que el propósito público es válido y compelling, o importante o sustancial, y que el mismo propósito no podría lograrse mediante un procedimiento menos agresivo o adoptando otro tipo de medida. Walter F. Murphy, An Ordering of Constitutional Values, Southern California Law Review, vol.53, 1980, p.711, note Vid.: Juan Carlos Gavara de Cara, Derechos Fundamentales y Desarrollo Legislativo, CEC, Madrid, 1994, pp.286 y ss. 24 Vid. E, Forsthoff, Die Umbildung des Verfassungsgesetzes, Festschrift für Carl Schmitt, 1959; Friedrich Müller, Juristische Methodik, Berlin, 1976, H. Ridder, Wendenkreis der Grundrechte, Leviathan, Vid, entre otros, P. Lerche Übermass and Verfassungsrecht. Zur Bindung des Gesetzgebers an die Grundsätze der Verhältnismässigkeit un der Erforderlichkeit, Carl Heymanns Verlag, Köln, Berlin, München Bonn, 1961; B. Schlink, Awwägung inm Verfassungsrecht, Berkin, Dunker & Humblot, 1976; H. Schneider, Die Güterabwägung des Bundesvervassungsgericht bei Grundrechtskonflikten. Empirische Studie zu Methode und Kritik eines Konfliktlösungsmodelles, Baden Baden, Nomosverlagsgessellschaft, Augusto Cerri, citando a C. Amirante y L. Elia, Il Principio come fattore di orientamenti interpretativo e come valore privilegiato : Spunti e ipotesi per una distinzione, Giurisprudenza Costituzionale, 1987, p En este sentido, Anna Moscarini, p.ej., escribe: Prevalece entre los jueces italianos la tendencia a asimilar la cuestión del bilanciamento en una perspectiva de interpretación de las disposiciones constitucionales y a hacer de ella una modalidad del control de la razonabilidad. Ratio Legis e valutazioni di ragionevolezza della legge, Torino, Giapichelli, 1996, p.136. Roberto Bin el primero de los autores italianos en dedicar una monografía al bilanciamento -, escribe: Una mirada prima facie a la jurisprudencia sugiere la hipótesis según la cual las técnicas de ponderación estén en gran parte calcadas del modelo del juicio de la razonabilidad, es decir, de un sistema de estructuras de argumentación que la Corte ha elaborado al referirse al principio de igualdad. En Dirittti e Argomenti Il Bilanciamento degli Interessi nella Giurisprudenza Costituzionale, Milano, Giuffrè, 1992, p.5. 910 representa la ulterior y última evolución del juicio de razonabilidad en cuanto que afecta no ya directamente a las leyes ordinarias, sino a la solución de conflictos entre valores constitucionales en el momento de su concreción. Del juicio de igualdad al bilanciamento de intereses se percibe el paso de una técnica de juicio de tipo interpretativo a una de tipo no interpretativo o exclusivamente argumentativo. El bilanciamento es una forma de decidir que no deriva de un silogismo jurídico, sino que está dirigido a formular juicios de valor que son necesarios para seleccionar las premisas del silogismo mismo. Aquí la razonabilidad alcanza el máximo de independencia de las funciones aplicativas propias de un juez. Es ponderación.ya no es subsunción 28. Según Roberto Bin, la doctrina del bilanciamento sustituyó en la jurisprudencia constitucional italiana a la doctrina de los límites naturales de los derechos fundamentales, que la Corte seguía prácticamente hasta el comienzo de los años 1970, y en virtud de la cual se entendía que la regulación del ejercicio de cualquier derecho realizada con el propósito de conciliar aquél con el ejercicio de otros derechos no suponía menoscabo o violación alguna. La coexistencia de distintos derechos conllevaba la necesidad de limitación recíproca. Pero la determinación estricta de los límites del derecho en cuestión implica que también se establezcan claramente los límites del interés o bien jurídico concurrente, lo cual resulta muy difícil cuando este último es un interés institucional como la seguridad pública, el funcionamiento de la economía, etc.-. En esos casos la Corte se veía obligada a recurrir a conceptos indeterminados o definiciones elásticas, con pérdida de la certeza, de la coherencia y de la estabilidad propias de una interpretación clasificatoria y categórica de significados y jerarquías. La alternativa era salir de las reglas y de las formas de la interpretación y su nombre es bilanciamento degli interesi. 29 La ponderación como procedimiento argumentativo dirigido a justificar la asunción de las premisas de la decisiones es una operación que se sitúa en el mismo plano que la interpretación y que coincide con ella en los objetivos. La diferencia se encuentra en que mientras la interpretación tiene que ver con el texto, la ponderación (en gran medida), no. 30 Así pues, la ponderación es una técnica que en realidad elude la interpretación y establece cual será la norma decisoria partiendo del peso que se atribuye a cada uno de los intereses concurrentes en el caso. La decisión de ponderar no es ni interpretativa ni deductiva, sino que se basa en la formulación de juicios de valor no sujetos a un cotejo de coherencia sistemática, aun cuando en la motivación de la sentencia el juez constitucional pretende que la decisión aparezca como la salida natural y lógica de un itinerario rígidamente 28 Francesco Viola, Costituzione e ragione publica:il Principio di ragionevolezza tra Diritto e Politica, Persona y Derecho, 46, 2002, pp.: Roberto Bin, Diritti e Argomenti Il Bilanciamento degli Interessi nella Giurispudenza Costituzionale, Milano, Giuffrè, 1992, pp. 56 a Ibidem, p11 hermenéutico. 31 De acuerdo con G. Scaccia, las fases de la ponderación son tres: una primera, de identificación de los bienes y valores constitucionales afectados por la legislación examinada por la Corte, que ha sido denominada por R. Bin como establecimiento de la topografía del conflicto; una segunda, de determinación de la regla del conflicto, mediante una ponderación ad hoc, durante la cual se procede a verificar el peso relativo de los bienes o valores enfrentados en las circunstancias del juicio; y una tercera, de evaluación del interés público que se pretende satisfacer mediante el sacrificio de los valores protegidos. En el supuesto específico de medidas legislativas limitativas de derechos fundamentales, la Corte Constitucional italiana ha proporcionado a través de numerosas sentencias las pautas que deben seguirse para proceder a la ponderación y que son tres: a) el criterio del contemperamento, que obliga a coordinar los intereses contrapuestos de manera tal que se evite el sacrificio de uno de ellos; b) el criterio del minimo mezzo, o de la restricción estrictamente necesaria del derecho en cuestión para alcanzar un fin constitucionalmente relevante; y c) la regla de la coessenzialità del limite, que obliga a que la norma limitadora de un derecho fundamental debe estar sorreta de un interés constitucionalmente relevante que compense con su actuación el sacrificio del derecho El uso de la ponderación por el Tribunal Constitucional español.- La primera referencia a la ponderación aparece muy pronto, en el Auto 29/81, con motivo de la solicitud de la suspensión de la ejecución de un acto emanado de los poderes públicos. Se decía en aquél lo siguiente: La regla permisiva de la suspensión protege exclusivamente al interés particular del recurrente, para evitarle perjuicios patrimoniales o de otra condición diferente que le agraviarían; mas este sostén, dado su alcance meramente individual, puede ceder y postergarse, cuando tal posición subjetiva se enfrente a intereses comunitarios o a derechos fundamentales o libertades públicas de un tercero, siempre que estos últimos posean axiológicamente una superior entidad cualitativa, según la ponderación natural de los valores, 33 por alcanzar amplios espectros sociales o prevalentes derechos y libertades de otras personas ajenas al acto del objeto del recurso, o que fueran beneficiadas con él; debiendo de considerar el Tribunal, para resolver el conflicto entre perjuicio y perturbación, y entre los intereses y valores contrapuestos, la presencia, alcance y contenido de los mismos, con criterios de ponderada racionalidad, para determinar, en 31 Gino Scaccia, Il bilanciamento degli interessi come tecnica di controllo costituzionale, Giurisprudenza Costituzionale, 1998, p Todo ello está desarrollado con acumulación de citas doctrinales y jurisprudenciales en el artículo antes referido de Gino Scaccia, que ha sido actualizado en la obra del mismo autor titulada Gli Strumenti della Ragionevolezza nel Judicio Costituzionale, Milano, Giuffrè, 2000, cap. 6, pp El subrayado, salvo indicación expresa, es imputable al autor de este trabajo. 1112 definitiva, los que existen y son preferentes, y los que faltan o son postergados, y como repercuten en la concesión o denegación de la suspensión de la ejecutoriedad del acto sometido al recurso de amparo. Tras esta farragosa parrafada, el Tribunal se niega a considerar lisa y llanamente si debería acceder a la concesión de la suspensión demandada, teniendo en cuenta los perjuicios irreversibles o de difícil reparación que podrían causarse al recurrente. La denegación, mediando esa posibilidad, sólo está contemplada en la norma el art de la LOTC- cuando de la suspensión pueda seguirse perturbación grave de los intereses generales o de los derechos fundamentales o libertades públicas de un tercero. La Ley Orgánica, por otra parte, no menciona valor 34 alguno, ni equipara valores con intereses, ni contiene mención axiólogica alguna. En fin, el Tribunal no entra a analizar en el auto cuáles son la presencia, el alcance y el contenido de los posibles perjuicio y perturbación, por lo que realmente nos quedamos con las ganas de aprender como se lleva a cabo esa delicada tarea de la ponderación natural de los valores. En la STC 31/1981, el Tribunal se sirve de nuevo de la ponderación en un contexto muy distinto del anterior. Se trataba de establecer si una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona en la que se había declarado culpable al procesado había o no violado su derecho a la presunción de inocencia. Pues bien, en uno de los fundamentos jurídicos se afirma: El principio de libre valoración de la prueba supone que los distintos elementos de prueba puedan ser ponderados libremente por el Tribunal de instancia, a quien corresponde valorar su significado y trascendencia, en orden a la fundamentación del fallo contenido en la Sentencia. Pero para que dicha ponderación pueda llevar a desvirtuar la presunción de inocencia es preciso una mínima actividad probatoria producida con las garantías que de alguna forma pueda entenderse de cargo y de la que se pueda deducir, por tanto, la culpabilidad del procesado, y es el Tribunal Constitucional quien ha de estimar la existencia de dicho presupuesto en caso de recurso. Aquí parece que el Tribunal Constitucional, arrogándose olímpicamente una competencia propia del Juez o Tribunal que conoce del proceso penal -cual es la valoración de la prueba-, apunta que la ponderación consiste en valorar el significado y la trascendencia de los distintos elementos de prueba y llegar a una conclusión. Equivalen esos significado y trascendencia a la presencia, alcance y contenido, a los que aludía en el Auto anterior, de los elementos probatorios? En el Auto 375/83 encontramos un párrafo en el que la referencia a la ponderación se sitúa en un ámbito que no es el de las decisiones judiciales, y que reza así: Todo bien o valor constitucionalmente reconocido, puede representar, en supuesto de conflicto, un límite para otros bienes o valores. En principio, la Ley efectúa la ponderación necesaria para armonizar los diferentes bienes 34 El Tribunal vuelve a calificar de valores a los intereses individuales y generales en otro auto 123/83- pronunciado también ante una pretensión de suspensión de la ejecución de un acto presuntamente lesivo. 1213 e intereses constitucionalmente relevantes, y a este Tribunal compete corregir, en su caso, los errores que pudiera cometer el legislador al efectuarla. Desde luego, el legislador pondera y, también, según los casos, estima conveniente, cree necesario, considera oportuno o adecuado, valora como urgente, se inclina por lo que resulta aconsejable, etc.etc., porque como órgano legislativo elegido democráticamente y ejecutor del indirizzo politico, es el competente para hacerlo, pero dónde se encuentra la competencia del Tribunal Constitucional para corregir los errores que cometa el legislador al ponderar? A qué ponderación se refiere el Tribunal? En la famosa STC 53/1985, recaída en el recurso previo de inconstitucionalidad presentado contra el proyecto de ley orgánica de reforma del Código Penal, que dio lugar a la formulación de cinco opiniones discrepantes, nos encontramos con una de las primeras invocaciones de la ponderación que servirá de base a posteriores sentencias y que suscita varios interrogantes, En efecto, en su fundamento jurídico n.º 9, el Tribunal plantea la litis como un enfrentamiento entre la vida del nasciturus y la vida y la dignidad de la mujer, y después de decir que se trata de graves conflictos que no pueden contemplarse tan sólo desde la perspectiva de los derechos de la mujer o desde la protección de la vida del nasciturus, afirma: ni ésta puede prevalecer incondicionalmente frente a aquéllos, ni los derechos de la mujer, pueden tener primacía absoluta sobre la vida del nasciturus - aunque al final lo tienen!-, dado que dicha prevalencia supone la desaparición de un ( )bien constitucionalmente protegido (!) los signos de exclamación son míos-, sino que encarna ( )un valor central del ordenamiento constitucional (!). Y concluye: Por ello, en la medida en la medida en que no puede afirmarse de ninguno de ellos su carácter absoluto 35, el intérprete constitucional se ve obligado a ponderar los bienes y derechos en función del supuesto planteado, tratando de armonizarlos si ello es posible o, en caso contrario, precisando las condiciones y requisitos en que podría admitirse la prevalencia de uno de ellos. 36 En la STC 53/1986, el Tribunal continuó anclado en esa perspectiva conflictiva, en esa ocasión, entre el derecho a la huelga y el interés público en el mantenimiento de unos servicios mínimos; y volvió a recurrir al artilugio de la ponderación desde un presupuesto a mi juicio cuestionable. Que tipo de garantías ordenadas al mantenimiento de los servicios esenciales decía el T.C.- pueden ser adoptadas sin menoscabo del derecho consagrado en el artículo 28.2 C.E. es cuestión que no puede ser resuelta apriorísticamente, remitiendo a la 35 Aseveración ésta más que discutible; pensemos en el propio derecho a la vida cosa distinta es que su protección alcance sólo a las personas-, en la libertad de pensamiento o en el derecho a no ser torturado, por citar algunos ejemplos. 36 Un enfoque más razonable del asunto hubiera empezado definiendo el referente del término Todos del artículo 15 de la C.E., que como es obvio significa todas las personas y, luego de conectar esta noción con la sancionada años ha en nuestro Código Civil, habría concluido que el nasciturus no es persona, ni tampoco, ex Costitutione, bien constitucionalmente protegido alguno. Por lo que no existe conflicto alguno, ni ponderación que traer a colación. Pero aun si aceptamos a los puros efectos dialécticos el planteamiento del T.C., habría que preguntarse que entiende el Tribunal por carácter absoluto de los derechos y en qué se tradujo la ponderación en este caso. 1314 ponderación, de un lado, de las circunstancias concurrentes en la huelga y en la comunidad sobre la que incide, y, de otro, a la naturaleza de los derechos o bienes constitucionalmente protegidos sobre los que repercute. (Fundamento jurídico3.º). Naturalmente, el Tribunal no explicó el significado de la ponderación, ni el cómo ponderar, ni cuándo hacerlo, ni el por qué. El Tribunal Constitucional, en el ya prolongado desempeño de su función, ha ponderado también las circunstancias individuales del procesado (STC 33/1999); ha ponderado entre el derecho a la libre expresión invocado por el trabajador y las modulaciones que a su contenido impone la buena fe (STC 1/1998); entre los derechos y libertades de los artículos 25.1, 16.1 y 20.1 a y c de la C.E. y la vida, la seguridad de las personas y la paz social (STC 136/1999); y entre otros derechos, bienes, valores y principios. Son múltiples y variadas, en fin, las situaciones en las que el Tribunal ha ponderado. Con todo, si existe un terreno en el que el recurso a la ponderación ha proliferado es el de los pretendidos conflictos entre la libertad de expresión o de información y otros derechos o bienes 37, particularmente el derecho al honor. Admitamos en descargo del órgano político jurisdiccional, que su vacilación sobre el que debería ser el contenido de ellos le impulsaba a moverse en las procelosas y turbias aguas de la actividad ponderativa. Desde sus primeras sentencias, el TC adoptó un punto de vista conflictivo 38, que básicamente partía de la consideración de cada derecho como un coto individualista al arbitrio de su titular. Pero existía jurídicamente hablando tal conflicto? La respuesta habría sido negativa si se hubiera empezado por una labor delimitadora del contenido de los derechos fundamentales y de su ejercicio, excluyendo de su respectivo ámbito de protección acciones o conductas que suponían otra cosa. Por ejemplo, la injuria no puede caer bajo el círculo protector de la libertad de expresión, porque excede o traspasa el ámbito de ésta última. Procedía, en cambio, hablar de conflicto entre derechos fundamentales, bien por la razón antes apuntada, bien porque no se tenía una noción clara de los derechos fundamentales en cuestión y se partía de un concepto elástico -o mas bien protéico- de los mismos que, por su propia índole, remitía la fijación de sus contornos en cada caso a las instancias judiciales o constitucionales. Así, la STC 104/1986 sentó en su fundamento 5º que: cuando del ejercicio de la libertad de opinión y del de la libertad de comunicar información por cualquier medio de difusión resulte afectado el 37 Particularmente, el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. 38 Es esta una idea que expuso Juan Cianciardo en su obra El conflictivismo en los Derechos Fundamentales, (Pamplona, EUNSA, 2000), a tenor con la cual el concepto de derecho que maneja el conflictivismo jurídico se reduce a una facultad que todo hombre posee de hacer cuanto le plazca, sin más límites que los que impone -externamente- su existencia junto a los restantes hombres (p.11); un concepto individualista del derecho, que ha perdido de vista su fundamento ontológico y su carácter relacional. 1415 derecho al honor de alguien, nos encontramos ante un conflicto de derechos, ambos de rango fundamental, lo que significa que no necesariamente y en todo caso tal afectación del derecho al honor haya de prevalecer respecto al ejercicio que se haya hecho de aquellas libertades, ni tampoco que siempre hayan de ser consideradas éstas prevalentes, sino que se impone una necesaria y casuística ponderación entre uno y otro. Desde esa premisa inicial la de la indeterminación del derecho o libertad fundamental y de sus límites- se siguió una línea razonamiento que ha empleado argumentos no solamente discutibles, sino innecesarios. En efecto, para justificar ese planteamiento se ha afirmado una y otra vez: 1) que los derechos no son absolutos; 2) que todos se sitúan en un mismo nivel y, por lo tanto, no existe una jerarquía entre los mismos; y 3) que en el caso de conflicto entre uno o varios derechos y otro u otros derechos es menester ponderar para resolverlo. Si he calificado de discutibles, e incluso de innecesarios, esos argumentos es por las razones siguientes: en primer término, sostener que no hay derechos constitucionales absolutos no es del todo cierto si pensamos que la vida de las personas, en concreto cuando se ha constitucionalizado como derecho fundamental, lo es. Pero también lo son el derecho a no ser torturado, como lo ha reconocido la STC 151/ , o la libertad de pensamiento. En cuanto al resto de los derechos fundamentales, lo son siempre que su ejercicio se mantenga dentro de los umbrales del respectivo alcance de cobertura; si se traspasan aquellos, ello supone un abuso, exceso o extralimitación, que no constituye ya ejercicio del derecho en cuestión. 40 La cuestión reside en la delimitación conceptual del contenido mismo del derecho, de forma que lo que se llama protección de otro bien constitucional no exige en realidad una limitación externa de los derechos y libertades, porque las conductas de las que se deriva la eventual amenaza del bien de cuya protección se trata sencillamente no pertenecen al ámbito del derecho fundamental. 41 En segundo lugar, el hecho de que el TC haya decidido no establecer en abstracto jerarquía alguna entre los derechos y 39 En efecto, salvo contadas excepciones, como la del derecho a no ser sometido a torturas, los derechos fundamentales no son absolutos. (Fto.jco. 5º). 40 La distinción entre cobertura y protección es importante a la hora de separar la cuestión de la categoría de la acción a la que el derecho (cualquier derecho) se aplica, de la cuestión de si el derecho debería prevalecer en casos de conflicto con otros intereses, o de otros derechos. Ningún derecho puede ser ilimitado en su cobertura, pero al menos resulta plausible imaginar que un derecho es (absoluto) ilimitado en la protección que dispensa dentro del alcance de su cobertura. Fred Schauer, Categories and First Amendment. A play in three acts, Vanderbilt Law Review, n.2, 1981, p Ignacio de Otto, La regulación del ejercicio de los derechos y libertades, en L. Martín Retortillo e I. De Otto, Derechos Fundamentales y Constitución, Civitas, Madrid, 1988, p.137. Postura mantenida asimismo por Antonio-Luis Martinez Pujalte, que escribe: más allá de los contornos que lo delimitan no puede existir protección constitucional del derecho fundamental y, en cambio, dentro de ellos la protección constitucional es absoluta, pues el derecho fundamental se impone a todos los poderes públicos. En: La garantía del contenido esencial de los Derechos Fundamentales, CEC, Madrid, 1994, p.53. A idéntico resultado llega también Pedro Serna cuando dice: la determinación teleológica del derecho convierte automáticamente en superfluas otras delimitaciones extrínsecas de los derechos, ya sea en orden a su ejercicio singular, ya sea desde la perspectiva del posible conflicto con otros. en su artículo Derechos Fundamentales: el mito de los conflictos. Reflexiones teóricas a partir de un supuesto jurisprudencial sobre intimidad e información, Humana Iura, 4, 1994, p16 libertades fundamentales 42, no significa que todos ellos tengan el mismo valor. La vida, lógica y existencialmente, posee un valor prioritario y preeminente; y algo similar puede decirse aunque sea procedimental o proceduralmente 43 - de la libertad de expresión política respecto de los derechos de reunión de asociación y de participación en los asuntos públicos; o es que es posible un ejercicio real de éstos sin que esté previamente garantizada aquélla? En fin, de la tesis inicial de la falta de carácter absoluto de los derechos, no se sigue inexorablemente la necesidad de que haya que ponderar los derechos o libertades supuestamente enfrentados. Ponderar o no es una opción o facultad que como tal puede o no ejercitarse, pero no es la única. Siempre que se plantea un dilema se tienen en cuenta las circunstancias concurrentes y se sopesan las consecuencias probables de la misma, pero en buen número de ocasiones adoptamos la decisión de que se trate partiendo de juicios de principio o categóricos, que son la base de nuestro sistema ético o moral y que implican una opción determinada. Lo cual nos lleva al centro de nuestra preocupación: qué ha entendido y qué entiende nuestro TC por ponderación? 5. El significado de la ponderación para el Tribunal Constitucional español. Durante varios años el TC no proporcionó indicio que permitiera colegir o averiguar que había de entenderse por ponderación como concepto técnicojurídico, limitándose a señalar que se trataba de una operación casuística y necesaria. En principio, todos los elementos presentes en el litigio podían considerarse ingredientes de la misma: los intereses en juego, las normas, sus límites y fines, las circunstancias del momento, etc., pero no se sabía que hacer con ellos. De esta manera, el TC anuló varias sentencias de la jurisdicción ordinaria, por omitir un trámite o evacuarlo incorrectamente, que nadie sabía en que consistía. Expuesta como fórmula sin explicitación ni desarrollo, la ponderación era una exigencia de difícil o imposible satisfacción, que remitía en última instancia a la discrecionalidad del intérprete supremo de la Constitución. Ponderación entre la lesión [...] y el derecho fundamental, ponderación de valores frente a la libertad de expresión, juicio ponderativo de los valores en conflicto, ponderación de los derechos en presencia, juicio ponderativo de las circunstancias concurrentes o del caso concreto, ponderación entre el derecho fundamental [...] y las modulaciones que a su contenido impone el deber de buena fe, ponderación de las circunstancias individuales del procesado, ponderación entre los derechos fundamentales [...] y la vida, la igualdad de las personas y la paz social, etc.,etc. 42 Son muchas las sentencias del TC en las que afirma que en los supuestos de conflictos no se trata de establecer jerarquías ni prevalencias a priori, sino conjugar desde la situación jurídica creada, ambos derechos o libertades, ponderando, pesando cada uno de ellos en su eficacia recíproca. Véase por todas la STC 320/ Sobre lo que esto significa, vid. Giovanni Sartori, Teoría de la Democracia, Alianza Editorial, Madrid, 1988, p17 La utilización ad libitum y ad nauseam de la ponderación por el TC no se ha acompañado, como antes se indicó, de una explicación plausible de la misma. Ni siquiera de la opción semántica del TC, porque no hay que olvidar que no es lo mismo la consideración imparcial de los aspectos contrapuestos de una cuestión, que la acción de medir una cosa o un derecho ; en el primer caso, estamos ante una labor de identificación y comparación neutras de dos magnitudes opuestas, mientras que en el segundo lo que hacemos es calibrar la importancia o transcendencia de una sola cosa; en el primer caso, estamos descartando ab initio el carácter preponderante de cualquiera de los aspectos enfrentados, mientras que en el segundo nos ceñimos a aquilatar o precisar el valor de algo, sin relación necesaria alguna con otro objeto comparable. Aparte de esa falta de precisión conceptual, uno de los interrogantes más serios que plantea el uso de la ponderación es su aplicabilidad indefinida e indiscriminada a circunstancias personales o reales, derechos, limitaciones, valores, principios, bienes. Cuál es su ámbito? Acaso son verdaderamente ponderables los derechos, los valores y los principios? De poco sirve argüir en defensa de la misma su condición de metáfora, con la que algunos la califican, porque en el caso español el TC la ha convertido en virtud de no sé que autoridad ni competencia- en requisito indispensable del juicio de constitucionalidad. Ello es así no obstante haberla considerado al mismo tiempo como una operación de lógica jurídica que, en principio, forma parte del conjunto de las facultades inherentes a la potestad de juzgar, privativa de los jueces y tribunales del Poder Judicial, por mandato de la propia Constitución (art.117.3) (STC 76/1995, fto.jco.5). La cuestión es que si forma parte de las facultades 44 inherentes a la potestad de juzgar, como puede, dada su naturaleza, ser una condición sine qua non de todo juicio en el que se lesione o vulnere un derecho fundamental? como el TC sostiene. De otra parte, si es privativa de jueces y Tribunales cómo es que ha sido el TC quien ha exigido e impuesto su utilización? Una de las paradójicas conclusiones a la que ha llevado la práctica seguida por el TC ha sido que ha acabado por definir la ponderación como una labor hermenéutica que no es sustancialmente distinta de la que determina el contenido de cada uno de los derechos en presencia y los límites externos que se derivan de su interacción recíproca (STC 219/1992, fto.jco.2.). Y digo paradójica porque si hay algo que la doctrina ha dejado claro es la índole argumentativa y no interpretativa del juicio ponderativo. Como escribió en su día Antonio Saitta: en las sentencias en las que la decisión final se justifica mediante la ponderación entre valores constitucionales diversos y a veces contradictorios- se recurre a técnicas argumentativas y no formales o deductivas. Si la demostración de un razonamiento científico constituye el paradigma de la argumentación deductiva, en el lado opuesto, o sea como ejemplo de argumentación persuasiva, está la 44 La palabra facultad indica la capacidad para realizar cierta función, pero no implica la obligatoriedad de realizarla. 1718 motivación de la sentencia constitucional en materia de ponderación y de relativización de los diversos principios constitucionales. 45 En el mismo sentido, Gino Scaccia más recientemente ha escrito: con la imagen metafórica del bilanciamento degli interessi se entiende la referencia a una técnica no interpretativa que extrae la regla de la decisión de la ponderación de los principios constitucionales concurrentes, disponiéndolos en una relación jerárquica. [...] La decisión de ponderar es, por lo tanto, una decisión interpretativa y no deductiva, basada en la formulación de juicios de valor no sometidos a una verificación de coherencia sistemática, incluso en el supuesto de que en la motivación de la sentencia el juez constitucional tienda a hacer aparecer la decisión como la salida natural y lógicamente necesitada de un itinerario rígidamente hermenéutico. 46 Y también resulta paradójica la práctica del TC porque la determinación del contenido de los derechos convierte a la ponderación en algo totalmente superfluo. Porque si la ponderación consiste en fijar el ámbito las libertades y derechos otorgando a cada uno su valor, habrá que colegir que una vez determinado aquél, el supuesto conflicto entre derechos no será tal, sino extralimitación o abuso de uno de ellos, lo que en definitiva excluirá cualquier ponderación ulterior. Lo cual nos plantea otro problema de no menor importancia que no abordaré aquí: qué hacer cuando el contenido de los derechos o libertades presuntamente enfrentados aun no ha sido fijado? sigue siendo posible ponderar? será de la competencia de los tribunales ordinarios, del TC o de ambos? dejará el TC de ponderar cuando fije el contenido de todos los derechos y libertades fundamentales constitucionalizados? 6. Ponderación y proporcionalidad. Aunque parezca increíble, el camino de la indeterminación recorrido por el TC español en el uso de la ponderación no acaba aquí. Hay que añadir la incertidumbre que suscita la conexión-confusión que ha establecido entre las técnicas de la ponderación y de la proporcionalidad. Así, mientras en la STC 219/1992, el TC subrayaba que en el juicio de ponderación debe operar, entre otras circunstancias, el criterio de proporcionalidad como canon de constitucionalidad, que exige que toda acción deslegitimadora del ejercicio de un derecho fundamental adoptada en protección de un derecho fundamental que se enfrente a él sea equilibradora de ambos derechos y proporcionada con el contenido y finalidad de cada uno de ellos, sentando en consecuencia que la ponderación constituye un género más amplio y que el juicio de proporcionalidad no es sino una variante o especie de la ponderación en bienes o 45 En: Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte Costituzionale, Giuffrè, Milano, 1996, p En: Gli Strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Giuffrè, Milano, 2000, p19 intereses 47, las Sentencias 50/1995, 66/1995, 161/1997 y 53/2002, entre otras, consideran que el juicio o mandato de ponderación está comprendido en el principio de proporcionalidad; pero bajo la denominación de proporcionalidad en sentido estricto. M. González Beilfuss se ha referido a este enredo en términos similares: la jurisprudencia constitucional recaída hasta ahora tampoco ha diferenciado nítidamente la ponderación del principio de proporcionalidad. Influido por la relación existente entre ambos conceptos, el Tribunal los ha empleado en muchas ocasiones de forma prácticamente indistinta, refiriéndose en unos casos a la proporcionalidad como modalidad de ponderación, y en otros a la ponderación como elemento integrante de la proporcionalidad. 48 Ni siquiera aparece(n) clara(s) la(s) diferencia(s) en el círculo de los estudiosos que parecen haberlas captado. Por ejemplo, el Prof. L. Prieto Sanchís que justifica el uso de la ponderación- sostiene que: la proporcionalidad es la fisonomía ( fisonomía significa aspecto externo!)que adopta la ponderación cuando se trata de resolver casos concretos y no de ordenar en abstracto una jerarquía de bienes; (y) [...]se descompone en cuatro elementos, que deberán ser acreditados por la decisión o norma impugnada: un fin constitucionalmente legítimo de la interferencia en la esfera de los derechos;[...] la adecuación o idoneidad de la medida adoptada en orden a la protección o consecución de dicho fin[...]; la necesidad del sacrificio o afectación del derecho que resulta limitado, mostrando que no existe un procedimiento menos gravoso o restrictivo. Y finalmente, la llamada proporcionalidad en sentido estricto que supone ponderar entre daños y beneficios[...] ; aquí es propiamente donde rige la ley de la ponderación, en el sentido de que cuanto mayor sea la afectación del derecho, mayor tiene que ser también la importancia de la satisfacción del bien en conflicto. [...] La ponderación de bienes se resuelve en el principio de proporcionalidad. 49 En suma, a tenor con lo expuesto, ponderación y proporcionalidad son similares, o conducen a lo mismo. El TC tampoco ha establecido una línea divisoria entre los ámbitos en los que deben manejarse u operar las técnicas de la ponderación y de la proporcionalidad. Y así lo ha constatado la doctrina: nuestra jurisprudencia constitucional parece partir del presupuesto de que el ámbito propio del principio de proporcionalidad es el de las relaciones entre el poder público y la libertad individual (SSTC 66/1995, 55/1996 y 207/1996) [...]. Sin embargo, no faltan ocasiones en que el Tribunal hace referencia a la proporcionalidad en ámbitos que no son los de la intervención del poder en la esfera de libertad del individuo; por ejemplo, en la STC 219/ (ya aludida). 47 Javier Barnes El principio de proporcionalidad. Estudio preliminar, Cuadernos de Derecho Público, 5, 1998, p En: El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Aranzadi, Navarra, 2003, pp Luis Prieto Sanchís, La limitación de los derechos fundamentales y la norma de clausura del sistema de libertades, Derechos y Libertades. Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, 8, 2000, Madrid, pp y José Mª Rodríguez de Santiago, La ponderación de intereses en el Derecho Administrativo, M. Pons Madrid,, 2000, p20 Una de las más preocupantes utilizaciones de la proporcionalidad como canon de constitucionalidad, se produjo con motivo de la resolución del recurso de amparo presentado contra la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo el 29 de noviembre de 1997, que había condenado a la Mesa Nacional de Herri Batasuna por un delito de colaboración con banda armada. Por primera vez y de forma impredecible el TC declaraba la inconstitucionalidad de un precepto del Código Penal por considerar desproporcionada la pena allí prevista. Tal desproporcionalidad suponía la vulneración, a juicio del TC, del principio de legalidad penal, inserto en el artículo 25 de nuestra Constitución. 51 En la Sentencia 136/1999, el TC utilizó por vez primera- el principio de proporcionalidad un principio que no figura por su nombre en la Constitución 52, que no había sido invocado por los recurrentes 53, para invadir un espacio de decisión que corresponde a la soberanía del legislador, sin justificar debidamente tan innovador paso y dejando a un lado el efecto de inseguridad que la Sentencia introduce en un ordenamiento como el penal, en el que debe ser un eje diamantino la seguridad y la certeza 54. Hay que subrayar en efecto que el principio de proporcionalidad, que ha sido aplicado de manera esporádica en el pasado cercano en el exclusivo contexto del Derecho Penal y del Derecho Administrativo sancionador, no está recogido en el párrafo 3 del artículo 9º de la Constitución, ni en ningún otro de sus preceptos. De ahí que el TC se haya visto obligado a fundamentar el recurso al mismo en nociones tales como el Estado de Derecho, el valor justicia y la dignidad de las personas SSTC 85/1992 y 111/1993, entre otras-, las cuales desde la óptica de la seguridad jurídica que sí está recogida en la CE-, servirían más bien para desaconsejar su uso en el ámbito del Derecho Constitucional o, al menos, delimitarlo debidamente mediante la fijación de su contenido, naturaleza y supuestos de aplicabilidad. El TC cita en su resolución previas sentencias enfatizando que el principio de proporcionalidad no constituye en nuestro ordenamiento un canon de constitucionalidad autónomo Pero pese a ese enunciado general, viene a la postre a hacer un escueto juicio de proporcionalidad, utilizando ésta como criterio sustancial, al referirlo a la cuantía de la pena. De haber seguido la lógica de la argumentación[...], la consecuencia más coherente hubiera debido ser la censura de la subsunción de la conducta de los recurrentes en el tipo penal aplicado, y no la elevación de la censura de la aplicación del precepto por el Tribunal supremo al precepto penal mismo[...] El uso que se hace del principio 51 Sobre el principio de proporcionalidad en materia penal pueden verse, entre otras, la obras de Teresa Aguado Correa, El principio de proporcionalidad en el Derecho Penal (Civitas, Madrid, 1999). 52 En palabras de, D.Rafael de Mendizábal Allende, uno de los Magistrados discrepantes. 53 La LOPJ 6/1985, dispone en su artículo 11.3 que Los Juzgados y Tribunales de conformidad con el principio de tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de la Constitución, deberán resolver siempre ( )sobre las pretensiones que se le formulen (!)[...], en aras de la congruencia procesal se entiende. 54 En términos del voto particular discrepante del Magistado D. Vicente Conde Martín de Hijas, con el que el firmante de este artículo coincide plenamente. 20 Mostrar más
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References: artículo 28
 artículo 15
 resolución 
 artículo 25
 artículo 9
 resolución 
 artículo 11
 artículo 24
 RESOLUCIÓN 
 artículo 43
 artículo 301
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 artículo 10
 Artículo 33