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Timestamp: 2020-08-04 10:56:34+00:00

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﻿ Sentencia C-829 de noviembre 5 de 2014
SENTENCIA C-829 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:MUERTE O ABANDONO DE HIJO FRUTO DE ACCESO CARNAL VIOLENTO, ABUSIVO, O DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL O TRANSFERENCIA DE ÓVULO FECUNDADO NO CONSENTIDAS. SE DECLARAN EXEQUIBLES LOS ANTERIORES TIPOS PENALES, PUES ESTA TIPIFICACIÓN CUMPLE CON LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, DE CULPABILIDAD, DE PROPORCIONALIDAD Y DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, YA QUE ESTÁ RODEADA DE ELEMENTOS, MOTIVACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CIRCUNSTANCIAS DETERMINANTES QUE MODIFICAN RADICALMENTE EL TIPO PENAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCESO CARNAL VIOLENTO, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, HOMICIDIO DE HIJO FRUTO DE ACCESO CARNAL VIOLENTO, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, FALLO DE EXEQUIBILIDAD
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:518 DE FEBRERO DE 2015, PÁG.376
Sentencia C-829 de noviembre 5 de 2014
Ref.: Expediente D-10171
EXTRACTOS: «II. Normas legales demandadas
Diario Oficial 44097 de 24 de julio de 2000
ART. 108.—Muerte de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo, o de inseminación artificial o transferencia de ovulo fecundado no consentidas. (El texto incluye el incremento de la pena establecido por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1º de enero de 2005) La madre que durante el nacimiento o dentro de los ocho (8) días siguientes matare a su hijo, fruto de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, o abusivo, o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento ocho (108) meses.
ART. 128.—Abandono de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo, o de inseminación artificial o transferencia de ovulo fecundado no consentidas. (El texto incluye el incremento de la pena establecido por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1º de enero de 2005). La madre que dentro de los ocho (8) días siguientes al nacimiento abandone a su hijo fruto de acceso o acto sexual sin consentimiento, abusivo, o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses.
La Corte Constitucional es competente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución, para pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada contra los artículos 108 y 128 de la Ley 599 de 2000, los cuales fueron modificados por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.
3. Primer asunto preliminar: Aptitud de la demanda.
La Corte ha sistematizado las exigencias materiales que debe cumplir la demanda y ha señalado que sin caer en formalismos técnicos, incompatibles con la naturaleza popular y ciudadana de la acción de inconstitucionalidad, los cargos formulados por el demandante deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes(40).
En el presente caso, los ciudadanos demandantes dirigen la acción de inconstitucionalidad a través de una serie de argumentos que permiten identificar una censura nítida contra los artículos 108 y 128 del Código Penal. Conforme a lo alegado por los actores, estos artículos vulneran el derecho a la igualdad y el interés superior del menor y desconocen el derecho a la vida consagrados respectivamente en los artículos 13, 44 y 11 de la Constitución Política, así como los artículos 6º y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño(41).
Por su parte, frente a la acusación por violación del precepto constitucional que consagra el interés superior del menor (art. 44), advierten que la protección imbricada no hace distinción entre los niños, por lo que resulta contradictorio que el homicidio de los menores de más de ocho días de nacidos tenga una pena mayor que da una mejor protección que los niños que no alcanzan este período, cuando son fruto de acceso carnal violento, abusivo, o de inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no consentidas. Al respecto, sostienen los demandantes, que la prevalencia de los derechos de los niños sobre los de los demás consagrada en la Carta no hace distinción entre un niño u otro, estando el legislador obligado a protegerlos a todos por igual y en consecuencia, las penas que deban imponerse a las madres que los abandonen o que cometan homicidio sobre ellos, deben ser iguales sin atender a consideraciones respecto a la situación de aquella.
4. Segundo asunto preliminar: Existencia o no de cosa juzgada en relación con lo decidido en la Sentencia C-013 de 1997.
4.1. Cosa Juzgada en materia de control de constitucionalidad.
En términos generales ha dicho la Corte Constitucional que existe cosa juzgada “… cuando existe una decisión previa del juez constitucional en relación con la misma norma que es llevada posteriormente a estudio…”(42), frente a lo cual al juez constitucional no se le permite volver a estudiar y pronunciarse sobre la norma acusada. Sin embargo, la Corte ha insistido también, en que si en la declaratoria de exequibilidad se expresa la limitación de su pronunciamiento a los cargos estudiados, entonces la norma puede ser considerada nuevamente en aquellos aspectos que no hicieron parte de los cargos analizados en el primer examen(43).
También, recientemente se ha sostenido en la jurisprudencia de esta Corte, que el alcance y los efectos de la cosa juzgada “comprende todas las sentencias adoptadas por esta corporación. conforme a ello ese efecto acompaña no solo a las decisiones de constitucionalidad o inconstitucionalidad simple sino también a aquellas que adoptan alguna forma de modulación tal y como ocurre, por ejemplo, con las sentencias de constitucionalidad condicionada, las sentencias integradoras por adición, las sentencias integradoras por sustitución o las sentencias de exhortación. Igualmente se extiende a las decisiones que modulan los efectos temporales de la decisión adoptada, tal y como ocurre, por ejemplo, con las sentencias con efectos retroactivos o las sentencias de inexequibilidad diferida.(44)”. De ahí que, una decisión de constitucionalidad que plantee una interpretación o fije una condición, sirve de apoyo hermenéutico para identificar el alcance que tuvo la decisión previa(45); es decir, para determinar si el estudio de constitucionalidad pendiente ya ha sido adelantado en la decisión anterior y con ello, se ha configurado cosa juzgada.
La Corte ha establecido que se presenta la cosa juzgada formal, cuando existe un pronunciamiento previo del juez constitucional en relación con el precepto que es sometido a un nuevo y posterior estudio constitucional, por los mismos cargos de inconstitucionalidad formulados en la nueva demanda(46). Por su parte, la cosa juzgada material se presenta cuando se analiza una disposición legal con contenidos normativos idénticos a otra que ya fue objeto de análisis de constitucionalidad(47) y sobre la cual la Corte ha emitido pronunciamiento(48). En este contexto, ha dicho la doctrina constitucional que la cosa juzgada material se predica de la similitud en los contenidos normativos de distintas disposiciones jurídicas, aunque ello no significa que exista semejanza o coincidencia entre el problema jurídico propuesto y el que fue objeto de pronunciamiento en la decisión precedente(49). Este supuesto se aproxima más a la denominada cosa juzgada relativa, en la medida que en la primera sentencia se resolvieron unos cargos distintos a los planteados en la nueva demanda.
En cuanto a la cosa juzgada material, se ha diferenciado los casos en los que la decisión previa establece la inexequibilidad y los que se declara la exequibilidad de la norma demandada(50). En el primer evento, la jurisprudencia constitucional hace referencia a la cosa juzgada material en sentido estricto y deriva, ante el incumplimiento de los dos requisitos que la jurisprudencia ha establecido(51), en la obligatoria declaración de inexequibilidad, con fundamento en el mandato constitucional contenido en el artículo 243 de la Carta. En el segundo caso, se hace referencia a la cosa juzgada material en sentido lato o amplio(52). En esta última circunstancia, como lo ha señalado la Corte, los argumentos jurídicos que fundamentaron la decisión de exequibilidad resultan aplicables al segundo caso por lo cual pueden ser aplicados e incluso complementados. Ante tal evento, y en aras de garantizar los principios de seguridad jurídica, confianza legítima e igualdad, la Corte deberá llegar a la necesaria conclusión de que debería adoptarse la misma decisión que se tomó en la sentencia anterior(53) a menos que como lo ha señalado esta corporación, se presenten circunstancias excepcionales que debiliten la cosa juzgada(54).
Desde esta perspectiva, la jurisprudencia constitucional ha señalado una serie de requisitos que deben ser acreditados para la verificación de la cosa juzgada material en los casos en los que se ha declarado anteriormente la exequibilidad de un contenido normativo idéntico al que se vuelve a estudiar(55):
“(i) Que exista una sentencia previa de constitucionalidad sobre una disposición con idéntico contenido normativo a la que es objeto de demanda, esto es, que los efectos jurídicos de las normas sean exactamente los mismos(56)”.
(iv) Que no se hayan producido reformas constitucionales frente a los preceptos que sirvieron de base para sustentar la decisión; y que se esté ante el mismo contexto fáctico y normativo. En efecto, como en reiteradas ocasiones lo ha señalado este tribunal, el juez constitucional tiene la obligación de tener cuenta los cambios que se presentan en la sociedad, pues puede ocurrir que un nuevo análisis sobre normas que en un tiempo fueron consideradas exequibles a la luz de una nueva realidad ya no lo sean(57).”(58) (se resalta fuera del texto)
También se ha señalado por parte de este tribunal, que cuando existe un pronunciamiento previo que declara la exequibilidad de la norma demandada cuyo contenido normativo es igual al actualmente atacado, no es obligatorio para la Corte Constitucional estarse a lo resuelto en la sentencia anterior(59). Por el contrario, tiene varias opciones(60): (i) puede respetar el precedente, con lo cual decide seguir la ratio decidendi anterior, mantener la conclusión que de ella se deriva, estarsea lo resuelto y por tanto declarar exequible la norma demandada. (ii) Otra alternativa, es abordar un análisis de fondo a través del cual la Corte puede llegar a la misma conclusión de su fallo anterior, pero por razones adicionales o diversas.
Por otra parte, si la pretensión de la Sala es la de apartarse de tal decisión, existe la imperiosa necesidad de justificar las razones por las cuales no se sigue el precedente que constituye la sentencia anterior(61). En este sentido, la Corte ha expresado que “[u]na vez reproducida la norma exequible, la Corte debe apreciar si en el nuevo contexto dentro del cual fue expedida, ésta adquirió un alcance o unos efectos distintos, lo cual justificaría un fallo de fondo en un sentido diferente al anterior. Lo mismo sucedería en caso de que la Corte encuentre razones poderosas para introducir ajustes en su jurisprudencia o cambiarla”(62). Esta posibilidad evita la petrificación de la jurisprudencia y funge como un mecanismo que aunque respeta el precedente y garantiza la seguridad jurídica, no conduce a indeseables injusticias.
4.2. Inexistencia de cosa juzgada frente a la Sentencia C-013 de 1997.
En el presente asunto, se verifica un contenido normativo no idéntico sino similar respecto de las normas demandas que dieron origen a la Sentencia C-013 de 1997. En dicha oportunidad, se cuestionó la constitucionalidad de los artículos 328, 345, 347 y 348 del Código Penal anterior. (D. 100/80). Particularmente, se relacionan con las normas que ahora se encuentran sub judice, los artículos que tipificaban originalmente la muerte de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo o de inseminación artificial no consentida (art. 328) y el abandono en las mismas circunstancias (art. 347).
Decreto 100 de 1980 Ley 599 de 2000
ART. 328.—Muerte de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo o de inseminación artificial no consentida
ART. 108.—Muerte de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas
ART. 347.—Abandono de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo o de inseminación artificial no consentida.
La madre que dentro de los ocho días siguientes al nacimiento abandone a su hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo, o de inseminación artificial no consentida, incurrirá en arresto de seis meses a tres años. ART. 128.—Abandono de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo, o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas.
Al presentarse el proyecto ante la Cámara de Representantes para primer debate se expuso que “El perfil del nuevo código queda moldeado sobre la teoría del delito y de la función de la pena, consistente con los avances dogmáticos que no responsabilizan al delincuente por lo que es, si no que visualiza el problema en el acto de reproche, por lo que se eliminó (sic) todos los rasgos peligrosos”. (63) En relación con la punibilidad, se indicó que se introducían importantes modificaciones, buscando reducir la discrecionalidad judicial en tal materia, por lo cual se impone la necesidad del operador jurídico de justificar la pena tanto cualitativa como cuantitativamente(64).
De igual modo, cabe resaltar la diferencia estructural que se advierte entre el Código Penal de 1980 y el Código de 2000, la cual evidencia el cambio de concepción a que se hizo referencia en el curso del debate parlamentario. Es así como, el código anterior comenzaba la Parte Especial —de los delitos en particular— con el título de los “Delitos contra la existencia y seguridad del Estado”, lo que indicaba la preeminencia que se daba a este sobre los ciudadanos y sus derechos. En el código actual, no es casual que la parte especial esté encabezada con los “Delitos contra la vida y la integridad personal” y que en una sucesión lógica y acorde con una concepción marcadamente protectora de los derechos fundamentales, fundada en la dignidad humana, se continúe con la tipificación de los delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario y los delitos contra la libertad personal y otras garantías. Después de ser el Título I de la parte especial del Código de 1980, los delitos contra la existencia y seguridad del Estado pasaron al último título (XVIII) que cierra la parte especial del Código Penal actual.
Ante las circunstancias descritas, la Sala encuentra que en este caso no se está frente a la existencia del fenómeno de la cosa juzgada material, por lo que la Corte abordará el estudio de fondo referente a la constitucionalidad de las normas demandadas. Para tal efecto, previamente a examinar el caso concreto, la Corte expondrá algunas consideraciones relevantes en torno a: i) los límites constitucionales y garantías penales en el ejercicio del poder punitivo del Estado; ii) el principio constitucional de igualdad en el ejercicio de la potestad legislativa en materia penal; y iii) el principio del “interés superior del niño”.
Uno de los mecanismos a través de los cuales se busca regular el comportamiento de la colectividad —control social— es mediante un sistema de represión legal que disuada a quienes la integran de incurrir en ciertas conductas que han sido descritas y clasificadas como delitos, por afectar bienes que socialmente revisten importancia y en relación con los cuales existe consenso respecto a la necesidad de brindarles una forma especial de protección. Este mecanismo, en un Estado social de derecho, en el cual impere el principio de dignidad humana y se justifique la intervención mínima del Estado para la protección de los derechos y libertades, debe ser última y extrema ratio, vale decir, en cuanto sea imperioso acudir al derecho penal para cumplir los fines de represión y prevención general y especial de comportamientos inadmisibles dentro de la sociedad. Esta idea, además, se estructura sobre el principio de responsabilidad que surge del artículo 6º de la Constitución, conforme al cual, los particulares son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes y los servidores también lo son por actuar por fuera del ámbito de su competencia(65).
En virtud de la cláusula general de competencia que se deriva de los artículos 114 y 150 de la Constitución, el legislador tiene una amplia facultad de configuración para el diseño de la política criminal, lo que incluye la concepción de conductas punibles con sus respectivos elementos, las penas imponibles y los procedimientos para su investigación y juzgamiento(66).
En ejercicio de dicha facultad, el legislador cuenta con varias opciones. Puede considerar la criminalización de conductas o bien puede considerar que no debe hacerlo o incluso despenalizar las ya existentes. Dentro de la primera opción, puede, entre otros, atenuar o agravar las sanciones modificando el quantum de la pena y minimizarlas o atenuarlas a través de la regulación de los beneficios instituidos dentro del proceso, siempre y cuando con ello no comprometa la integridad de los valores, principios y derechos establecidos por la Constitución(67).
No obstante, la potestad de configuración de los delitos y las penas no es absoluta ni ilimitada, pues siendo el derecho penal ultima ratio, el legislador no puede consagrar como delito cualquier conducta, ni fijar de forma injustificada un sistema de penas, como quiera que la tipificación penal debe estar precedida de un juicio de antijuridicidad, sobre las conductas que desbordan el respeto a los derechos humanos y afectan valores constitucionales que han sido reconocidos como preponderantes en un contexto determinado y que, por tanto, deben ser protegidos mediante el poder punitivo estatal. Es decir, el legislador sólo puede reprochar penalmente conductas que vulneren bienes jurídicos suficientemente relevantes —examinados en un contexto social y temporal determinado y a partir de los derechos fundamentales y valores implícitos en la Constitución— y que no son controlables mediante otros instrumentos de intervención estatal menos caros para los derechos de las personas(68).
En este sentido, la Corte ha señalado que el ejercicio del legislador en materia penal, debe seguir parámetros muy claros que se resumen en el respeto a los principios de necesidad, de exclusiva protección de bienes jurídicos, estricta legalidad, de culpabilidad, de razonabilidad y proporcionalidad(69).
“3.2.4. El deber de respetar los derechos constitucionales y, en especial, su núcleo esencial(70), implica tener en cuenta que los tipos penales son mecanismos de protección de estos derechos y, al mismo tiempo, son restricciones severas al ejercicio de otros derechos. En ocasiones “el tipo penal integra el núcleo esencial del derecho constitucional” (71). Así, pues, al redactar los tipos penales, el legislador debe especialmente tener en cuenta el contenido material de los derechos constitucionales que con ellos se busca proteger y los tratados internacionales ratificados por la República de Colombia que hacen parte del bloque de constitucionalidad(72).
3.2.5. El deber de obrar conforme al principio de necesidad de la intervención se concreta en asumir que el derecho penal tiene un carácter subsidiario, fragmentario y de última ratio(73), de tal suerte que para criminalizar una conducta se requiere que no existan otros medios de control menos gravosos (principio de mínima intervención), o cuando existiendo y aplicándose hayan fallado, siempre que se trate de proteger un bien jurídico de ataques graves. El deber de obrar conforme al principio de exclusiva protección de bienes jurídicos implica que el derecho penal esta instituido para proteger valores esenciales de la sociedad(74), determinados conforme a la política criminal del Estado.
3.2.6. El deber de obrar conforme al principio de estricta legalidad es relevante para la creación del tipo penal, que es una competencia exclusiva del legislador y que obedece a una reserva de ley en sentido material(75); para la prohibición de la analogía: “nullum crimen, nulla poena sine lege stricta”; para la prohibición de emplear el derecho consuetudinario para fundamentar y agravar la pena “nullum crimen, nulla poena sine lege scripta”; para la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley: “nullum crimen, nulla poena sine lege praevia”, salvo que se trate de una norma más favorable, en cuyo caso debe aplicarse en razón del principio de favorabilidad; para la prohibición de establecer tipos penales o penas indeterminados: “nullum crimen, nulla poena sine lege certa”; para el principio de lesividad del acto: “nulla lex poenalis sine iniuria(76)”.
3.2.7. El deber de obrar conforme al principio de culpabilidad comporta el derecho penal de acto, valga decir, castigar a la persona por lo que hace y no por lo que es, desea, piensa o siente(77); la configuración del elemento subjetivo del delito, pues no hay acción sin voluntad, es decir, sólo se puede castigar una conducta intencional, que es la hecha con conciencia y voluntad por una persona capaz de comprender y de querer(78); y la graduación de la pena de manera proporcional al grado de culpabilidad(79).
3.2.8. El deber de obrar conforme a los principios de proporcionalidad y razonabilidad es relevante tanto para el tipo penal como para la pena. En caso de haber una diferencia de trato, que pueda ser prima facie contraria al principio de igualdad, es menester aplicar un juicio estricto de proporcionalidad(80) al tipo penal y a la pena, en el cual se analice, entre otros elementos de juicio, la idoneidad de del tipo penal.”(81) (se resalta fuera del texto)
6. El principio constitucional de igualdad en el ejercicio de la potestad legislativa en materia penal.
La jurisprudencia de esta corporación, ha señalado que desde el punto de vista constitucional, la igualdad goza de una triple calidad: es un valor, un principio y un derecho(82). Su consagración en diversos artículos de la Constitución, indica que carece de un contenido material específico, lo que quiere decir que permea toda esfera de actividad humana, por lo que puede ser alegado en cualquier situación en la que exista un trato diferenciado injustificado(83).
No obstante, en los casos en los que hay inmerso un cargo por vulneración del precepto constitucional que consagra la igualdad, se debe estudiar la procedencia del respectivo test, ya que existen eventos en los cuales los supuestos de hecho no son asimilables, “o cuando la violación es flagrante porque la norma no contiene elementos con base en la cual se posible analizar la justificación de la diferencia de trato pero para ello habrá de examinarse si las circunstancias involucradas en el análisis relacional son o no asimilables(84)”.
En particular, ante el estudio de la vulneración de este principio por la desproporción en el reproche punitivo en cuanto a diferentes tipos penales debe atenderse a la regla de oro de la justicia que expuso Norberto Bobbio respecto de “tratar a los iguales de una manera igual y a los desiguales de una manera desigual”(85), lo que implica determinar quiénes son los iguales y quiénes los desiguales, para concluir si los supuestos de hecho consagrados en las respectivas normas demandas son asimilables.
En otras palabras, al analizar la vulneración del valor/principio/derecho de igualdad, lo primero que se debe hacer es establecer si en relación con un criterio de comparación, denominado tertium comparationis, las situaciones de los sujetos de las normas bajo revisión son similares, ya que de encontrarse que son diferentes el test de igualdad es improcedente(86). Por el contrario, en caso de predicarse un patrón de igualdad, el juez deberá entrar a analizar la razonabilidad, proporcionalidad, adecuación e idoneidad del trato diferenciado que consagra la norma acusada, exponiendo los fines perseguidos, los medios empleados para alcanzarlo y la relación medio-fin(87).
En estas circunstancias, se debe precisar si las normas demandadas cumplen con los cuatro mandatos que la jurisprudencia constitucional ha indicado: (i) un mandato de trato idéntico a destinatarios en situaciones idénticas, (ii) trato diferente a situaciones que no comparte elementos en común, (iii), en los casos de situaciones con más similitudes que diferencias otorgar un trato semejante y, (iv) en los casos donde las diferencias sean más relevantes que las similitudes, dar un trato diferenciado(88).
7. El principio de culpabilidad como parámetro del ejercicio de la facultad legislativa en materia penal.
Resulta oportuno recordar, que el constituyente de 1991 excluyó la responsabilidad penal objetiva, por lo que exige que la persona haya actuado con culpabilidad. Esto significa que la Carta ha constitucionalizado un derecho penal culpabilista, “en donde la exigencia de culpabilidad del autor limita el poder punitivo del Estado, pues solo puede sancionarse penalmente a quien haya actuado culpablemente. Por consiguiente, para que pueda imponerse una pena a una persona, es necesario que se le pueda realizar el correspondiente juicio de reproche, por no haber cumplido con la norma penal cuando las necesidades de prevención le imponían el deber de comportarse de conformidad con el ordenamiento, en las circunstancias en que se encontraba(89)”.
Por tal motivo, como ya se señaló, en el análisis de constitucionalidad de una norma penal, ha de examinarse su conformidad con el principio de culpabilidad, que es uno de los parámetros a tener en cuenta por el legislador al momento de tipificar un delito, como un presupuesto de la pena estatal. Al respecto, debe tenerse en cuenta que la responsabilidad penal gira en torno a las circunstancias concretas en las que se podía esperar que el autor de una conducta acatara la norma, evitando la realización del tipo delictivo que prohíbe un determinado comportamiento. Así, se deberá acudir a la capacidad de acción del autor del delito, es decir, si era capaz tanto cognitiva como físicamente de formarse la intención de evitar la realización del tipo penal y si tenía capacidad de motivación. Ante estas circunstancias, la extensión de la pena que el Estado debe imponer no puede ser mayor que la culpabilidad presente en quien realiza la conducta típica. Desde el punto de vista de la proporcionalidad, ella debe, en este orden de ideas, compensar única y exclusivamente el daño culpable provocado por el agente(90) o como lo ha afirmado esta corporación al hacer referencia al derecho penal de acto, que al autor de un delito, “se le impone una sanción, mayor o menor, atendiendo a la entidad del juicio de exigibilidad, es decir, la pena debe ser proporcional al grado de culpabilidad(91)”.
Con base en lo anterior, la culpabilidad determina, por una parte, si acaso puede imponerse una pena y, por otra, cuál ha de ser la extensión de la misma sobre la base del juicio de “evitabilidad”, así como de la capacidad de acción y de motivación del agente recientemente aludido.
La Corte parte en este examen de una acepción de culpabilidad en sentido restringido, centrada en el llamado “principio de imputación personal”, según el cual, para que pueda considerarse culpable del hecho doloso o culposo a su autor ha de poder atribuírsele normalmente a este, como producto de una motivación racional normal(92). En esta vertiente estricta del principio, culpabilidad supone exigibilidad en el sentido de que el Estado solo podrá perseguir la responsabilidad penal de un sujeto que comprenda el injusto y al cual pueda exigírsele la realización de una conducta determinada conforme a derecho, diversa de la llevada a cabo, conforme a un proceso de motivación normal. Así, una pena podrá ser atenuada en razón de un menor juicio de culpabilidad en aplicación del principio de proporcionalidad.
8. El principio de proporcionalidad en el ejercicio de la potestad punitiva del Estado.
La jurisprudencia constitucional ha deducido el principio de proporcionalidad o “prohibición de exceso”, del modelo del Estado social de derecho y el principio fundante de la dignidad humana (C.N., art. 1º); de la garantía de efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (C.N., art. 2º); del reconocimiento de los derechos inalienables de la persona (C.N., art. 5º); de la responsabilidad por extralimitación de las funciones públicas (C.N., art. 6º); la prohibición de la pena de muerte (C.N., art. 11) y de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (C.N., art. 12); el principio de igualdad (C.N., art.13) y la proporcionalidad de las medidas de excepción (C.N., art. 214). Entre otras sentencias, la Corte ha precisado a este respecto en la Sentencia C-070 de 1996 que:
“El principio de proporcionalidad presupone la ponderación de bienes jurídicos constitucionales. Este sopesamiento asume la forma de un juicio de proporcionalidad de los medios. Como principio para la delimitación y concretización de los derechos constitucionales, la proporcionalidad exhibe una naturaleza diferencial, o sea, que admite una diversa libertad de configuración legislativa dependiendo de la materia. Así, por ejemplo, en el ejercicio de la reserva legal establecida para la reglamentación de derechos constitucionales, sólo la restricción excesiva e imprevisible de los mismos implica la ilegitimidad del medio escogido para la realización de los fines constitucionales. En términos generales, entre mayor sea la intensidad de la restricción a la libertad mayor será la urgencia y la necesidad exigidas como condición para el ejercicio legítimo de la facultad legal”.
Al mismo tiempo, este tribunal ha sostenido que en principio, la dosimetría de penas y sanciones es una cuestión librada a la definición legal y cuya relevancia constitucional resulta manifiesta, únicamente “cuando el legislador incurre en un exceso punitivo del tipo proscrito por la Constitución" (Sent. C-591/93).
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional también ha precisado que el carácter social del Estado de derecho, el respeto a la dignidad de la persona humana y su autonomía, principios vertebrales de nuestra Carta Política, requieren para su desarrollo de “leyes que encarnen una visión no disociada del principio de proporcionalidad y de subsidiariedad de la pena”(93), de manera que esta solo se establezca cuando sea estrictamente necesario.
En este sentido, la Corte ha señalado que la mera comparación entre las penas señaladas por el legislador para unos delitos y las dispuestas para la sanción de otros, por sí sola, no es suficiente para fundar en ella la supuesta infracción de la Constitución por el desconocimiento del principio de proporcionalidad(94). Es decir, que para llegar a la inconstitucionalidad de una pena por transgresión de la “prohibición de exceso”, el tratamiento punitivo de unos y otros delitos debe ser tan manifiestamente desigual e irrazonable que, además de la clara desproporción que arroja la comparación entre las normas penales, se vulneren los límites constitucionales que enmarcan el ejercicio de la política criminal(95).
9. El principio del “interés superior del menor”.
A la par, se ha reconocido al menor como sujeto de especial consideración, merecedor de una protección constitucional reforzada, lo que implica que sus derechos e intereses se erigen como fin de toda actuación pública o privada. De esta forma, el menor es acreedor a un trato preferente el cual va unido a ese reconocimiento y se analiza de acuerdo con las circunstancias concretas de la realidad en la que se encuentre(96).
En consonancia con lo expuesto, se encuentra el ordenamiento internacional el cual a través, principalmente, de la Convención sobre los Derechos del Niño, mediante los artículos 2º, 3º, 4º y 12 considera fundamental adoptar todas las medidas que les conciernan, sean legislativas, administrativas o de cualquier índole para hacer efectivos los derechos de los niños y conforme a su edad y madurez, se les debe tener en cuenta dentro de los procesos administrativos o judiciales para decidir lo que corresponda.
Por su parte el Principio 2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño establece que “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño”. En talante similar la Convención Americana sobre los derechos humanos en el artículo 19 señala que el menor debe recibir “medidas especiales de protección” las cuales se deberán dispensar en atención a su condición.
En virtud de la protección que le es propia de manera prevalente a los menores, la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que al legislador le asisten ciertos deberes: “(i) adecuar las normas existentes, para que no vulneren los derechos fundamentales de los niños y no ignoren o dejen por fuera medidas adecuadas de protección que sean indispensables para asegurar un desarrollo libre, armónico e integral; e (ii) incluir las medidas que sean necesarias para asegurar el goce efectivo de todos los derechos reconocidos tanto en la Constitución como en los convenios y tratados a los que se ha hecho referencia.(97)”. En todo caso, el legislador dentro de su amplio margen de configuración cuenta con un extenso margen de apreciación de las circunstancias para diseñar las formas de protección en los que los menores se encuentren inmersos, “estas deben ser efectivamente conducentes para alcanzar los fines específicos de protección y no excluir las medidas necesarias e indispensables para lograr tales fines”(98).
Ahora bien, en desarrollo de la norma constitucional, y de la Convención Sobre los Derechos del Niño, la Ley de Infancia y Adolescencia, en sus artículos 6°, 8° y 9° estableció que: “Las personas y las entidades tanto públicas como privadas que desarrollen programas o tengan responsabilidades en asuntos de menores, tomarán en cuenta sobre toda otra consideración, el interés superior del menor”.
La prevalencia de los derechos de los niños sobre los de los demás se ha desarrollado como patrón para determinar el interés superior del niño en casos concretos, ya que el contenido de dicho interés es de naturaleza real y relacional(99). Así, mediante variada jurisprudencia(100) se ha planteado una aplicación prioritaria si existe conflicto entre sus derechos fundamentales y los de cualquier otra persona(101), o si existe conflicto entre dos o más disposiciones legales administrativas o disciplinarias de tal forma que se aplique la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente(102) procurando siempre su bienestar, partiendo de este criterio interpretativo pero sin que implique la anulación o la negación de los derechos de los demás. Al respecto, por ejemplo, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de estos en la pornografía, impone en el artículo 8º la obligación de adoptar medidas adecuadas para proteger en todas las fases del proceso penal los derechos e intereses de los niños víctimas de las mencionadas prácticas a través de una serie de garantías y obligaciones pero advirtiendo que “nada de lo dispuesto en el presente artículo se entenderá en perjuicio de los derechos del acusado a un juicio justo e imparcial, ni será incompatible con esos derechos”(103).
En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha entendido que el mandato de protección especial de los niños y su interés superior debe verse como manifestación de un derecho fundamental a ser atendido con particular énfasis, esto es, a obtener un apoyo prioritario(104), en el caso de los operadores jurídicos a que apliquen preferentemente las normas que les resulten más favorables a su bienestar y en el caso del legislador, a ejercer con mayor rigor la potestad de configuración normativa.
10. Examen de los cargos planteados.
10.1. Cargo por vulneración del principio y derecho a la igualdad.
Desde un comienzo, esta corporación ha precisado que el principio de igualdad no significa que deba tratarse a todas las personas de idéntica forma, sino que por el contrario, es posible dar un trato disímil cuando exista una justificación. Las normas atacadas establecen un tratamiento punitivo diferente para los delitos de muerte y abandono del hijo recién nacido producto de la violencia sexual o en general, de la ausencia de voluntad de la madre para procrear. De tal forma, que los artículos 108 y 128 del Código Penal (L. 599/2000), plantean elementos claramente diferenciadores de los tipos básicos de homicidio (art. 103) y abandono de menores (art. 127).
“en los casos del infanticidio y el abandono del niño recién nacido por parte de la madre, el legislador tuvo en cuenta, para contemplar penas más leves, las ya mencionadas circunstancias, indudablemente ligadas a la perturbación causada en el ánimo y en la sicología de la mujer por el acto violento o no consentido que la llevó al estado de embarazo”.
En este sentido, es pertinente decir que si bien es cierto que, como lo señala en algún punto de su intervención la vista fiscal, es necesario que concurran ciertas condiciones que determinen la existencia de culpabilidad, no se puede obviar que es tarea del legislador señalar las conductas y las condiciones en que éstas puedan configurar un ilícito. Tal configuración, haciendo gala del respeto al principio de estricta legalidad, debe ser minuciosamente precisada. Dicha perspectiva, esto es, fijar simplemente conductas básicas a las que se atribuya una consecuencia penal sin contemplar las circunstancias que puedan influir en los diferentes grados de culpa y de afectación a bienes jurídicos no sería admisible en la medida que atenta contra principios constitucionales de un Estado social y democrático de derecho como el nuestro(105).
La Sala insiste en que no se puede olvidar que en el presente caso, los eventos de muerte o abandono de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, la mujer no actúa en circunstancias normales de motivación sino que, como la propia corporación ha considerado, sufre un estado de alteración emocional, moral y síquica en medio de las cuales ella comete tales delitos(106). De esta forma, la opción del legislador fue la de aplicar una pena en atención al evidente atentado contra un bien jurídico, pero atenuada en razón a un menor juicio de culpabilidad, en aplicación de un juicio de ponderación.
En este sentido, otro factor que atiende el menor castigo previsto en los tipos penales demandados es, dentro del contexto de la punibilidad, el referente a lo que la doctrina ha denominado las “causas personales de exclusión de la pena”(107), que en el caso particular el legislador anticipó no como excluyente sino como atenuante de la pena. Estas “causas personales de exclusión”, en el caso de que ocurran, no impiden la antijuridicidad ni la culpabilidad (entendida como imputación personal) sino sólo la conveniencia político-criminal de la pena por otras razones diferentes a la gravedad de la infracción.
De esta forma, pese a que no se afecta la objetiva relevancia penal del hecho y subsiste la antijuridicidad penal típica, excepcionalmente, al ser cometido por una persona en determinadas circunstancias (las que consagran los arts. 108 y 128) el castigo se reduciría en atención a dichos contextos.
10.2. Cargo sobre la vulneración del derecho a la vida.
Se debe tener presente, que la diferenciación de trato ocurre, como ya se ha expuesto, en virtud de la especial consideración del sujeto activo, además cualificado —la madre—, lo que no puede entenderse como la promoción ni la estimulación a las mujeres a abortar, dar muerte o abandonar al hijo. Por el contrario, la sanción penal que se le impone como consecuencia de realizar la conducta típica, indica la prohibición y guarda relación con la férrea protección del bien jurídico vida e integridad personal.
Contrario a lo que se aduce por los demandantes y el Procurador General, en este caso la medida de la pena resulta acorde con la finalidad preventiva del derecho penal, la cual está estrechamente ligada a la necesidad de imponer la misma ya que es uno de los principios de las sanciones penales(108). Al respecto, esta corporación ha señalado que:
“la potestad punitiva del Estado, así como su política criminal y las restricciones de los derechos fundamentales inherentes a su ejercicio, están justificados constitucionalmente por la necesidad de ‘garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución’ y para ‘asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo’ (C.N., art. 2º). A través del derecho penal el Estado brinda una protección subsidiaria frente a ciertas agresiones a determinados bienes jurídicos o valores constitucionales, mediante la imposición de penas, cuando estima que es necesario acudir a este mecanismo para brindarles una protección eficaz. Sin embargo, el principio de necesidad lleva a suponer que si la pena es la última ratio de la actividad estatal, este instrumento de protección debe ser útil. De lo contrario, sería suficiente con acudir a otros tipos de instrumentos jurídicos e incluso de sanciones no tan drásticas como la pena.(109)”.
“El legislador en tales hipótesis atempera la sanción que puede ser impuesta por los indicados ilícitos, no por estimar que el daño a la vida y a la integridad del menor resulte menos grave o merezca una protección inferior, lo cual sería abiertamente discriminatorio y sustancialmente contrario a los artículos 2º, 11 y 12 de la Constitución Política, sino en atención exclusiva a los antecedentes que el mismo tipo penal enuncia, al estado de alteración moral y síquica de la madre y a las circunstancias en medio de las cuales ella comete tales delitos(110)”.
8.3. Cargo relativo a la vulneración de interés superior del menor.
Como ya se ha explicado, en virtud del principio del “interés superior del niño”, los menores de edad son sujetos de una protección especial, que de conformidad con las normas que integran el bloque de constitucionalidad y el artículo 44 de la Carta, se manifiesta en la obligación impuesta a la familia, la sociedad y el Estado, de garantizarles, tanto sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad física, a la salud, a una alimentación equilibrada, al cuidado y amor, a la educación, a tener una familia y no ser separado de ella; como, su desarrollo libre, armónico e integral, protegiéndolos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos(111).
En este sentido, no se trata de la misma circunstancia analizada en la Sentencia C-468 de 2009 y que los demandantes esgrimen para sustentar sus argumentos en favor del interés superior del menor. En efecto, en aquella oportunidad la norma demandada (L. 599/2000, art. 127) dejaba sin pena alguna el abandono de un menor que fuera mayor de 12 años, sin ninguna justificación. En dicha ocasión, la Corte entendió que el criterio distintivo utilizado por el legislador en la norma acusada, se basaba exclusivamente en la edad del niño, por lo que no resultaba razonable y proporcional a la protección del menor(112). Acertadamente, este Tribunal consideró que reducir el sujeto pasivo de la conducta a la edad de 12 años resultaba en “una evidente disminución del régimen de protección de los adolescentes, mayores de 12 años y menores de 18, que resulta inconstitucional, y que va en contravía del deber que le asiste al Estado de adoptar medidas de protección dirigidas a garantizar su desarrollo armónico e integral(113)”.
En la jurisprudencia que se acaba de mencionar y en general cuando se ha hecho un análisis similar en conductas penales que incluye a menores de edad como sujetos pasivos de las mismas(114), las condiciones estaban estrictamente relacionados con dicha situación de minoridad y no había elementos adicionales de configuración normativa. En este caso como se ha indicado, la diferenciación no obedece, como en el asunto analizado en Sentencia C-468 de 2009, a la edad del niño, sino a las circunstancias que inciden en la comisión de la conducta punible por parte de la madre. Igualmente, a diferencia del mencionado caso, en el que la vida y la integridad de los mayores de 12 años quedaban sin protección penal, en el presente asunto, sigue existiendo la protección al bien jurídico del menor, ya que sigue existiendo tipo penal con la respectiva sanción solo que atenuada.
En cuanto al medio escogido, se tiene que es adecuado. La pretensión con la penalización de conductas es la de proteger bienes jurídicos y evitar que se atente contra ellos. En este caso, se busca proteger el bien jurídico vida el cual ante su vulneración deja incólume una sanción que puede ser agravada por las circunstancias de indefensión y de parentesco que conforme a las reglas del Código Penal va de los 33 a los 50 años. No obstante, siguiendo el principio de culpabilidad y el de legalidad, el legislador ha considerado que en los eventos de muerte o abandono de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, la mujer no actúa en circunstancias normales de motivación sino que, como la propia corporación ha considerado, sufre un estado de alteración emocional, moral y síquica en medio de las cuales ella comete tales delitos(115). De esta forma, la opción del legislador fue la de aplicar una pena en atención al evidente atentado contra un bien jurídico, pero atenuada en razón a un menor juicio de culpabilidad en aplicación a un juicio de ponderación. De esta forma se sigue protegiendo la vida, pero se atiende necesariamente a las particulares circunstancias que rodean la comisión del tipo penal para, en este caso, morigerar la pena.
En todo caso, la Sala consideró que se apreciaban claramente tres diferencias al comparar los artículos de la legislación anterior con los del código penal actual: además de que agrega las especificaciones de “acto sexual sin consentimiento”, por una parte, la normativa vigente alude a un elemento que no hacía parte del anterior, la “transferencia de óvulo fecundado” y por otra, se hace referencia a una pena diferente en cuanto a que es superior a la anteriormente contemplada. Así mismo, constató que produjo un cambio del contexto jurídico, con la expedición de un nuevo Código Penal en el que incluyeron las normas acusadas. Igualmente, estimó que las razones o cargos que llevaron a la anterior demanda si bien son similares, difieren en cuanto a que los primeros estaban dirigidos en conjunto, no solo a cuestionar las conductas punibles sobre el recién nacido sino que incluían un reproche contra las normas que regulaban el aborto en determinadas circunstancias. Por lo mismo, el análisis que desarrolló la Corte en dicha oportunidad hace más de tres lustros, se hizo argumentativamente en conjunto, atando su razonamiento al análisis de los otros tipos penales demandados, que formaban parte del anterior Código Penal. Ante estas circunstancias, decidió entrar en el análisis de fondo de los cargos.
(39) Folio 178.
(40) Al respecto ver entre otras las sentencias C-1052 de 2001 y C-1256 de 2001.
(41) Ratificada por Colombia el 28 de enero de 1991, mediante Ley 12 de 1991.
(42) Sentencia C – 774 de 2001.
(43) Sentencia C- 478 de 1998.
(44)Sentencia C-462 de 2013.
(45) Sentencia C-462 de 2013.
(46) Al respecto se ha pronunciado esta Corte en las sentencias C-457 de 2004, C-394 de 2004, C-1148 de 2003, C-627 de 2003, C-210 de 2003, C-030 de 2003, C-1038 de 2002, C-1216 de 2001, C-1046 de 2001, C-774 de 2001, C-489 de 2000 y C-427 de 1996.
(47) Tal como lo establece la Sentencia C-1046 de 2001, “es posible distinguir entre, los enunciados normativos o las disposiciones, esto es, los textos legales y, de otra parte, los contenidos normativos, o proposiciones jurídicas o reglas de derecho que se desprenden, por la vía de la interpretación, de esos textos. Mientras que el enunciado o el texto o la disposición es el objeto sobre el que recae la actividad interpretativa, las normas, los contenidos materiales o las proposiciones normativas son el resultado de las mismas. El primero hace referencia a un precepto específico, consagrado en una disposición determinada. El segundo, por su parte, refiere al contenido normativo y a las consecuencias jurídicas que se derivan de una norma, pero no se reduce a un precepto específico”.
(48) Cfr., entre otras, las sentencias C-427/96, C-447/97, C-774/2001 y C-1064/2001.
(49) En este sentido, ver las sentencias C-427 de 1996, y C-1064 de 2001.
(50) Cfr. Sentencia C-1189 de 2005.
(51) En este caso se deben cumplir cuatro requisitos a saber “1. Que un acto jurídico haya sido previamente declarado inexequible. || 2. Que la disposición demandada se refiera al mismo sentido normativo excluido del ordenamiento jurídico, esto es, que lo reproduzca ya que el contenido material del texto demandado es igual a aquel que fue declarado inexequible. Dicha identidad se aprecia teniendo en cuenta tanto la redacción de los artículos como el contexto dentro del cual se ubica la disposición demandada, de tal forma que si la redacción es diversa pero el contenido normativo es el mismo a la luz del contexto, se entiende que ha habido una reproducción, y, por el contrario, si la redacción es igual pero del contexto se deduce un significado normativo distinto, se entiende que no se realizó una reproducción.|| 3. Que el texto de referencia anteriormente juzgado con el cual se compara la “reproducción” haya sido declarado inconstitucional por “razones de fondo”, lo cual significa que la ratio decidendi de la inexequibilidad no debe haber reposado en un vicio de forma. || 4. Que subsistan las disposiciones constitucionales que sirvieron de fundamento a las razones de fondo en el juicio previo de la Corte en el cual se declaró la inexequibilidad.”. Sentencia C-1173 de 2005. Igualmente la sentencia C-096 de 2003.
(52) Cfr. Sentencia C-260 de 2011 y C-257 de 2013.
(53) Cfr. Sentencias C-241 de 2012 y C-073 de 2014.
(54) La sentencia C-073 de 2014, señala por ejemplo: “(i) cuando se presentan reformas constitucionales que varían los parámetros de comparación; (ii) cuando así lo demanda el carácter dinámico del Texto Superior; (iii) o cuando se presenta la necesidad de realizar una nueva ponderación de valores o principios constitucionales a partir del cambio de contexto en el que se inscribe la disposición acusada”.
(55) Cfr. Sentencias C-228 de 2002, C-1266 de 2005, C-1121 de 2005 y de forma más reciente, C-073 de 2014.
(56) [Cita de la sentencia C-073 de 2014]. Sentencia C-565 de 2000 reiterada en la Sentencia C-710 de 2005.
(57) Sobre este punto, en la Sentencia C-310 de 2002 se dijo que: “De igual manera, la jurisprudencia señala que si la disposición es declarada exequible, la cosa juzgada material, en principio, imposibilita al juez constitucional para ‘pronunciarse sobre la materia previamente resuelta, ya que puede conducir a providencias contradictorias que afecten la seguridad del ordenamiento jurídico, o alteren la confianza legítima de los administrados en la aplicación de la Constitución, o vulneren el principio de la igualdad.’ No obstante, atendiendo al carácter dinámico de la Constitución, que se deriva de su relación directa con la realidad sociopolítica del país, es posible que el juez constitucional se vea obligado a revaluar la interpretación previamente adoptada en torno al alcance de un determinado texto jurídico, debiendo adelantar un nuevo juicio de inconstitucionalidad; esta vez, a partir de acontecimientos distintos a los que respaldaron la decisión positiva que se adoptó en el pasado—cambios sociales, económicos, políticos o culturales—, aun cuando no se hayan presentado cambios sustanciales o formales en las disposiciones constitucionales que suscitaron su aval inicial. Por supuesto que, en estos casos, la actividad desplegada por el organismo de control constitucional no atenta contra la cosa juzgada material, pues ‘el nuevo análisis parte de un marco o perspectiva distinta, que en lugar de ser contradictorio conduce a precisar los valores y principios constitucionales y permiten aclarar o complementar el alcance y sentido de una institución jurídica’ (…)”.
(58) Sentencia C-073 de 2014.
(59) Sentencia C-241 de 2012.
(61) Cfr. Sentencias C-241 de 2012 y C-257 de 2013.
(62) C-311 de 2002. Esta posibilidad se enmarca en el reconocimiento de la doctrina de la “Constitución viviente”. Al respecto ver entre otras, las sentencias C-774 de 2001, C-570 de 2012, C-332 de 2013 y C-334 de 2013.
(63) Gaceta 10, folio 812 Tomo 3.
(64) Folio 814 Tomo 3.
(65) Cfr. Sentencia C-368 de 2014.
(66) Cfr. Sentencia C-742 de 2012.
(67) Cfr. Entre otras sentencias C-038 de 1995, C-070 de 1996, C- 248 de 2004, C-442 de 2011 y C-742 de 2012.
(68) Cfr. Sentencia C-368 de 2014.
(69) Cfr. Entre otras, sentencias C-939 de 2002, C-365 de 2012, C-742 de 2012, C-239 de 2014, C-368 de 2014.
(70) [Cita de la sentencia C-239 de 2014] Cfr. Sentencia C-241 de 2012.
(71) [Cita de la sentencia C-239 de 2014] Cfr. Sentencias C-587 de 1992, C-442 de 2011 y C-241 de 2012.
(72) [Cita de la sentencia C-239 de 2014] Cfr. Sentencias C-587 de 1992, C-125 de 1996, C-239 de 1997, C-404 de 1998, C-177 de 2001, C-442 de 2011 y C-241 de 2012.
(73) [Cita de la Sentencia C-239 de 2014] Cfr. Sentencias C-647 de 2001, C-226, C-312, C-370, C-489 y C-762 de 2002, C-897 de 2005, C-355 y C-988 de 2006, C-575 y C-636 de 2009 y C-442 de 2011.
(74) [Cita de la Sentencia C-239 de 2014] Cfr. Sentencia C-420 de 2002.
(75) [Cita de la Sentencia C-239 de 2014] Cfr. Sentencia C-996 de 2000.
(76) [Cita de la Sentencia C-239 de 2014] Cfr. Sentencias C-565 y C-591 de 1993, C-308 y C-428 de 1994, C-996, C-1339 y SU-1722 de 2000, C-177, C-710 y C-974 de 2001, C-312 y C-1064 de 2002, C-530 de 2003, C-431 de 2004, C-730 y C-1001 de 2005, C-040, C-117 y C-370 de 2006, C-1198 de 2008, C-801 de 2009, C-936 de 2010, C-442 de 2011, C-241 y C-742 de 2012.
(77) [Cita de la sentencia C-239 de 2014] Cfr. Sentencias C-179 y C-239 de 1997, C-616 de 2002, C-928 de 2005 y C-077 de 2006.
(78) [Cita de la sentencia C-239 de 2014] Cfr. Sentencias C-239 de 1997, C-616 de 2002, C-928 de 2005 y C-015 de 2014.
(79) [Cita de la sentencia C-239 de 2014] Cfr. Sentencia C-239 de 1997.
(80) [Cita de la sentencia C-239 de 2014] Cfr. Sentencias C-070 y C-125 de 1996.
(81) Sentencia C-239 de 2014. Ver igualmente Sentencia C-365 de 2012, C-792 de 2012 y C-368 de 2014.
(82) Cfr. Sentencia C239 de 2014.
(83) Cfr. Sentencias C-818 de 2010, C-250 de 2012 y C-239 de 2014.
(84) Cfr. Sentencia C-368 de 2014.
(85) Bobbio Norberto. Derecha e izquierda. Razones y significados de una distinción política. Taurus. Pensamiento, 1995, p.149.
(86) Cfr. Sentencia C-464 de 2014.
(87) Cfr. Entre otras Sentencias C-1116 de 2003, C-179 de 2007, C-239 de 2014, y C-464 de 2014, entre otras.
(88) Cfr. Sentencias C-1116 de 2003, C-862 de 2008 y C-239 de 2014 entre otras.
(89) Cfr. Sentencia C-370 de 2001.
(90) Cfr. KINDHÄUSER / MAÑALICH, Pena y Culpabilidad en el Estado democrático de derecho. B de F, 2011, p 147 y ss.
(91) Sentencia C-239 de 1997
(92) Cfr. MIR PUIG, Derecho Penal. Parte General. Repertor. 8ª edición, p. 141
(93) Cfr. Entre otras, Sentencias C-070 de 1996 y C-553 de 2001.
(94) Sentencia C-213 de 1994.
(95) Sentencia -070 de 1996.
(96) Cfr. Sentencia T-376 de 2010 y C-840 de 2010. En igual sentido, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-17 de 2002, párr. 56 y ss.
(97) Sentencia C-468 de 2009.
(98) Cfr. Sentencia C-507 de 2004 y C-468 de 2009.
(99) Cfr. Sentencia T-510 de 2003 y T-705 de 2013.
(100) Entre otras, en las sentencias T-408 de 1995, T-041 de 1996, T-189 de 2003, T-397 de 2004, T-510 de 2003, T-864 de 2005 T-551 de 2006, T-012 de 2012, T-705 de 2013 y T-117 de 2013.
(101) Cfr. Código de la Infancia y la Adolescencia, artículo 9°. Igualmente sentencias T-851 A de 2012 y T-705 de 2013.
(103) Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Artículo 8º, numeral 6º.
(104) Cfr. C-468 de 2009.
(105) Así por ejemplo, precisamente en la Sentencia C-365 de 2012 se expuso que “En virtud de los principios de legalidady tipicidad el legislador se encuentra obligado a establecer claramente en qué circunstancias una conducta resulta punible y ello con el fin de que los destinatarios de la normasepan a ciencia ciertacuándo responden por las conductas prohibidas por la ley. No puede dejarse al juez, en virtud de la imprecisión o vaguedad del texto respectivo,la posibilidad de remplazar la expresión del legislador, pues ello pondría en tela de juicio elprincipio de separación delas ramas del poder público, postulado esencial del Estado de Derecho”.
(106) Cfr. Sentencia C-013 de 1997.
(107) Al respecto el profesor Mir las define como: “Circunstancias que impiden castigar a una determinada persona, pero que no excluyen la objetiva relevancia penal del hecho ni, por lo tanto, la punibilidad de otras personas que participan en él.” MIR PUIG, Derecho Penal. Parte General. Repertor. 8ª edición, p.143”.
(108) Cfr. Entre otras, la Sentencia C-312 de 2002.
(109) Sentencia C-312 de 2002.
(110) Sentencia C-013 de 1997.
(111) Cfr. Sentencia C-468 de 2009.
(112) Cfr. Sentencia C-468 de 2009.
(114) Al respecto, en la Sentencia C-1068 de 2002, la Corte declaró inexequible la expresión de “de doce (12) años”, contenida en el artículo 231 de la Ley 599 de 2000, mediante el cual se regula el tipo penal de mendicidad y tráfico de menores, por cuanto dicho precepto excluía de la condición de víctimas del delito a los mayores de 12 años y menores de 18 años. También en la Sentencia C-247 de 2004, la Corte declaró la inexequibilidad de la expresión “de catorce (14) años”, contenida en el inciso segundo del artículo 233 de la Ley 599 de 2000, que establecía el delito de inasistencia alimentaria frente a menores de 14 años.
(115) En este sentido también, Sentencia C-013 de 1997.

References: artículo 14
 artículo 14
 artículo 241
 artículo 14
 artículo 243
 artículo 6
 artículo 19
 artículo 8
e contrario
 artículo 44
 artículo 9
 Artículo 8
 artículo 231
 artículo 233