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05/11/14 | IurisCivilis
En Derecho Foral,
El retracto de graciosa en la legislación foral gallega o el rescate de los bienes vendidos en pública subasta
Con independencia de la actual aplicación práctica de esta figura jurídica y que debe ser incardinada dentro del área jurídica del Derecho Procesal, el retracto de graciosa viene contemplado en los artículos 95 a 98 de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia (en adelante, LDCG 2006) como reflejo de una institución histórica doctrinalmente considerada como privilegia rusticorum, y que la Real Audiencia de Galicia, ya con anterioridad a la LEC de 1881, concebía con la doble ficción de que la adjudicación en la subasta judicial se efectuaba en concepto de prenda judicial, recobrable en cualquier tiempo en que el deudor abonare el importe de su deuda, o a lo sumo en un plazo de treinta años, juntamente con la de que el deudor conservaba la posesión mediata de esos bienes retraibles. Dice el artículo 95 de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia que:
“En todos los casos de ejecución patrimonial sobre bienes que formen parte de una explotación agraria, el deudor ejecutado, que tuviera la condición de profesional de la agricultura, podrá retraer los bienes adjudicados en el plazo de treinta días hábiles a partir de la fecha de notificación de la adjudicación. El órgano que hizo la adjudicación se la notificará al deudor dentro del tercer día, y desde ese momento se iniciará el cómputo del plazo para el ejercicio de la acción de retracto.” - cfr. Artículo 96.- Para ejercitar el retracto de graciosa el deudor habrá de proceder al pago del precio y gastos de legítimo abono.- Artículo 97.- Si el precio obtenido en el procedimiento no llegara para cubrir la totalidad de la deuda y demás cantidades incluidas en la ejecución, el deudor, además del precio y gastos legítimos, habrá de abonar la diferencia en la cuantía necesaria para que el acreedor ejecutante vea totalmente satisfecho su crédito y las cantidades reclamadas.- Artículo 98.- Los bienes retraídos podrán ser objeto de nuevo embargo y ejecución.
De la regulación expuesta, cabe colegir que el retracto de graciosa es el derecho de adquisición preferente que permite al deudor ejecutado que tuviese la condición de profesional de la agricultura retraer los bienes adjudicados en los casos de ejecución patrimonial sobre bienes de naturaleza agraria. En esencia, se trata de una figura jurídica consuetudinaria creada en beneficio del profesional de la agricultura, en el caso de ejecución de bienes de la explotación agraria, que tiene por objeto permitir al deudor ejecutado entregar a un tercero que resultó adjudicatario en la subasta el importe abonado por las fincas consiguiendo así retraer las fincas para continuar con su explotación.
La S.T.S.J. de Galicia de 27 de enero de 1999, en su F.J. Primero, explicita adecuadamente la finalidad de esta figura jurídica:
“Dicho artículo 34 de la LDCG contempla el denominado retracto de graciosa que puede considerarse como el ejemplo más paradigmático en el Derecho propio de Galicia de una serie de instituciones, que se contemplan en el Derecho europeo comparado, a1 servicio de los campesinos y agricultores en general -privilegia rusticorum- que en su formulación legal, tiene como finalidad permitir al deudor ejecutado que entregue a un tercero que resultó adjudicatario en la subasta el importe abonado por las fincas consiguiendo así retraer las fincas para continuar con su explotación. El arraigo de esta figura en Galicia, concebida como una gracia, reside tanto en la pobreza del medio agrícola gallego, como en la protección al particular sentimiento que une al campesino con "su" tierra, unido todo ello al principio de equidad dei que desde antiguo se hizo eco la Real Audiencia de Galicia que para fundamentar este retracto acudía a la doble ficción de que la adjudicación en la subasta judicial se efectuaba en concepto de prenda judicial, recobrable en cualquier tiempo en que el deudor abonare el importe de su deuda y, además, en que el deudor conservaba la posesión mediata de esos bienes retraibles”.
Su origen histórico se remonta a una gracia que concedía la Real Audiencia de Galicia en los casos de ejecución patrimonial de los bienes raíces de naturaleza rústica que resultaban imprescindibles para la supervivencia de la empobrecida Galicia campesina. La primera noticia de esta institución en la literatura Jurídica Gallega con el nombre de Pedimento de Graciosa, la encontramos en 1768, fecha en la que se publicó la primera edición del libro de Bernardo Herbella de Puga, Derecho práctico y estilos de la Real Audiencia de Galicia. En la Compilación de Derecho Civil especial de Galicia de 2 de diciembre de 1963 no se recoge esta figura, pero en el 1º Congreso de Derecho Gallego se adoptó las siguientes conclusiones sobre esta institución:
1.- Se regulará el retracto de graciosa o de gracia a favor del deudor ejecutado sobre los bienes adjudicados al acreedor o a un tercero en trámite de ejecución judicial o de autoridad competente y que constituyan o formen parte del patrimonio familiar. 2.- En el supuesto de la conclusión anterior, el deudor ejecutado podrá retraer definitivamente los bienes adjudicados mediante el pago del precio o valor en que se adjudicaron y gastos de legítimo abono. El organismo que haya hecho la adjudicación la notificará al deudor ejecutado dentro del tercer día, iniciándose desde ese momento el cómputo del plazo para el ejercicio de la acción retractual. 3.- Durante ese plazo de sesenta días que será de caducidad, los bienes quedarán en la misma situación y posesión en que venían antes de la adjudicación y el depósito sometido a igual responsabilidad. 4.- Los bienes objeto del retracto no podrán ser motivo de nuevas trabas o embargos por la responsabilidad de la que dimana la adjudicación cuando no la hubieren cubierto por completo.
No obstante, cabe señalar que esta figura jurídica tiene su antecedente inmediato en la Ley 1/1973, de 1 de marzo, por la que se aprueba la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra, cuya Ley 451 establece el concepto y plazo del Retracto de Gracioso: “En todos los casos de ejecución patrimonial, el deudor ejecutado podrá retraer los bienes definitivamente adjudicados, en el plazo de nueve días, mediante el pago del precio y gastos de legítimo abono”. En el ámbito del Derecho Foral Gallego – precedentes históricos aparte –, sobre esta institución de origen consuetudinario, se crea una regulación ex novo en el artículo 33 de la pretérita Ley 4/1995, de 25 de abril, de derecho civil de Galicia (en adelante, LDCG 1995). Una interpretación literal de este precepto nos obliga a individualizar tres conceptos fundamentales:
1.- El Concepto de profesional de la agricultura.- El concepto de profesional de la agricultura aparece por primera vez en nuestra legislación en el artículo 15 de la Ley 83/1980, de 31 de diciembre, de Arrendamientos Rústicos, donde se define como la persona que se dedique o vaya a dedicarse de manera preferente a actividades de carácter agrario, ocupándose de una manera efectiva y directa de la explotación. La Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias precisa más este concepto al definir al agricultor profesional y al agricultor a título principal, en relación con la procedencia de sus rentas y el tiempo dedicado a actividades agrarias u otras complementarias. Así el artículo 2.5 de esta ley define al agricultor profesional como aquella persona física que siendo titular de una explotación agraria, al menos el 50 % de su renta total la obtenga de actividades agrarias u otras actividades complementarias, siempre y cuando la parte de renta procedente directamente de la actividad agraria no sea inferior al 25 por cien de su renta total y el volumen de empleo dedicado a actividades agrarias o complementarias sea igual o superior a la mitad de una Unidad de Trabajo Agrario.
El artículo 9 de la vigente Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos - redacción dada por la Ley 26/2005, de 30 de noviembre -, define como35 agricultor profesional a quien obtenga unos ingresos brutos anuales procedentes de la actividad agraria superiores al duplo del Indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) establecido en el Real Decreto Ley 3/2004 de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del Salario Mínimo Interprofesional y para el incremento de su cuantía, y cuya dedicación directa y personal a esas actividades suponga, al menos, el 25 por cien de su tiempo de trabajo.
La STSJ de Galicia de 7 de diciembre de 2006 argumenta que: “la LDCG no extiende a todos los agricultores la potestad del retracto de graciosa sino que la restringe a quien hace del campo su modo esencial de vida de forma que el remate de los bienes que integran su empresa conduciría a la inviabilidad de la explotación y consiguiente penuria económica, lo que sólo sucede con los profesionales (…).” – en idéntico sentido STSJ de Galicia de 22 de febrero del 2000.
2.- El Concepto de Bienes de naturaleza agrícolas.- En cuanto a lo que se debe entender por bienes de naturaleza agrícolas, son considerados los que están sujetos a una explotación de esa clase. De esta forma, el artículo 2.2 de la referida Ley 19/1995 define una explotación agraria como: “el conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente por su titular en el ejercicio de la actividad agraria, primordialmente con fines de mercado, y que constituye en sí misma una unidad técnico-económica.”
3.- El concepto de retraer.- En un sentido lato. Adquisición de la cosa vendida a otro, ofreciendo la cantidad desembolsada más los gastos, dentro del plazo señalado por la ley. La introducción del Retracto de Graciosa en la antigua LDCG 1995 fue objeto de una notable polémica por parte de algún sector doctrinal, fundamentalmente por la perturbación que producía en los procedimientos de ejecución patrimonial. El derogado artículo 34 de esta ley disponía que: “En todos los casos de ejecución patrimonial sobre bienes de naturaleza agraria, el deudor ejecutado que tuviese la condición de profesional de la agricultura podrá retraer definitivamente los bienes adjudicados en el plazo de treinta días a partir de la fecha de notificación de la adjudicación, mediante el pago del precio y gastos del legítimo abono. El organismo que hizo la adjudicación la notificará al deudor dentro del tercer día, y desde este momento se iniciará el cómputo del plazo para el ejercicio de la acción retractual.”
A tenor de esta regulación, el pragmatismo jurídico-histórico concebía el retrato de graciosa como una ficción legal de que la adjudicación en la subasta judicial se efectuaba en concepto de prenda judicial recobrable en cualquier tiempo en que el deudor abonare el importe de su deuda - conservando el deudor la posesión mediata de esos bienes retraíbles. Sin embargo, la actual normativa sustituye esta ficción legal por otra caracterizándola como bienes reembargables al suprimir la palabra “definitivamente” del mencionado artículo 34, en el artículo 95, y al introducir tres nuevos artículos, lo que resta utilización práctica a la figura del retracto de graciosa.
En cuanto a su naturaleza jurídica de la regulación expuesta cabe concluir que se trata de un derecho real de adquisición preferente en el que concurren todas sus notas definitorias. La inherencia del derecho a la cosa viene manifestada en la reipersecutoriedad inmanente a todo derecho real y tiene una manifestación plena en el derecho configurado del art. 95 de la Ley de Derecho Civil de Galicia, por cuanto su titular puede ejercitarlo frente a cualquiera que haya sido adjudicatario de los bienes sobre los que el derecho recae en el proceso de ejecución patrimonial de los mismos.
En este sentido, la STSJ de Galicia, de 11 de mayo de 2005, describe las diferencias existentes entre los retractos de colindantes y comuneros, regulados en el Código Civil, y el retracto de graciosa regulado en el Derecho Foral de Galicia:
“(…) que hay una profunda diferencia entre los retractos de colindantes y comuneros, regulados en el Código Civil, y el de graciosa de la ley gallega, en cuanto este último parte siempre de un proceso de ejecución patrimonial forzosa y lo pretendido es otorgar una protección o beneficio al agricultor para la conservación de sus bienes, que podrá conseguir si en determinado plazo obtiene el crédito necesario para ello. Plazo, cuyo inicio, precisamente parte de la obligada notificación de la adjudicación recaída en tal procedimiento de ejecución. Asimismo destaca dicha sentencia el interés prevaleciente que no es otro que el principio de conservación de los bienes en poder del agricultor, y no precisamente el derecho de adquisición preferente, con limitación de la libre disposición, propio de otro tipo de retractos. Sólo por ello, en caso de duda, y a la vista de lo apuntado, la opción debe resolverse en pro de un plazo procesal que mejor garantiza la interposición de la correspondiente demanda en tiempo hábil.”
Desde un punto de vista estrictamente procesal, el retracto de graciosa es un retracto legal. El procedimiento judicial a seguir para ejercitar la acción correspondiente es el contemplado en el artículo 249.1-7 de la vigente Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, que incluye en el ámbito del Juicio Ordinario, las acciones, cualquiera que sea su cuantía, que ejerciten una acción de retracto de cualquier tipo y la legitimación activa la ostenta el deudor ejecutado que tuviese la condición de profesional de la agricultura en los términos previamente fijados, siendo preceptiva la intervención de letrado y procurador legalmente habilitado. El objeto del ejercicio de la acción de retracto es retraer los bienes adjudicados en pública subasta, que pertenezcan a una explotación agrícola.
El plazo para ejercitar la acción de retracto, de conformidad con el artículo 95 de la LDCG 2006, se computa desde el momento de notificación al deudor del auto de adjudicación - que se efectuará dentro del tercer día y de oficio por parte del órgano que hizo la adjudicación. Por tanto, el plazo para el ejercicio del retracto, recogido en el citado precepto, es de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación del auto de la adjudicación, y es una obligación que recae sobre el órgano que hizo la adjudicación, al establecer el legislador en el texto legal, que dicho órgano notificará dentro del tercer día, y desde este momento se iniciaría el cómputo del plazo para el ejercicio de la acción retractual - el precedente histórico era de 30 años.
En este sentido, la referida STSJ de Galicia de 11 de mayo de 2005 argumenta que no puede equipararse al plazo de caducidad previsto para los retractos legales regulados en el Código Civil, sino que se trata de un plazo procesal cuyo dies a quo parte de la notificación al deudor de la adjudicación:
“(…) No se puede desconocer la profunda diferencia existente entre los retractos de colindantes y comuneros, regulados en el CC y el de graciosa de la LDCG, en cuanto este último parte siempre de un proceso de ejecución patrimonial forzosa y lo pretendido es otorgar una protección o beneficio al agricultor para la conservación de sus bienes, que podrá conseguir si en determinado plazo obtiene el crédito necesario para ello. Plazo, cuyo inicio, precisamente parte de la obligada notificación de la adjudicación recaída en tal procedimiento de ejecución. Aquellos, en cambio, no tienen necesariamente su origen en un procedimiento de tal naturaleza, al contrario generalmente se producen con motivo de enajenaciones voluntarias y el plazo de inicio no se computa a partir de la notificación de proveído alguno, generalmente en ausencia de un procedimiento judicial o extrajudicial reglado. Es cierto que la drástica reducción de dicho plazo en la ley autonómica hace ilusoria en la mayoría de los casos tal finalidad, máxime al resultar de aplicación el principio de responsabilidad patrimonial universal del art. 1911 CC a que hacíamos referencia en nuestra sentencia STSJ Galicia de 27 de enero de 199. El interés prevaleciente es, por tanto, el principio de conservación de los bienes en poder del agricultor, y no precisamente el derecho de adquisición preferente, con limitación de la libre disposición, propio de otro tipo de retractos.”

References: artículo 95
 Artículo 96
 Artículo 97
 Artículo 98
 artículo 34
 artículo 33
 artículo 15
 artículo 2
 artículo 9
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 95
 artículo 249
 artículo 95