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Timestamp: 2017-09-24 13:52:03+00:00

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DERECHO PENAL COLOMBIA: IMPROCEDENTE es declarada petición de hábeas corpus promovida por quien busca acceder a la amnistía - Decisión emitida por TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA
IMPROCEDENTE es declarada petición de hábeas corpus promovida por quien busca acceder a la amnistía - Decisión emitida por TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA
11001-22-04-000-2017-00647-00 (3661)
Autoridades vinculadas
Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y otros
Hábeas corpus – Primera instancia
Prolongación ilegal de la privación de la libertad
Declara improcedente
Bogotá D. C., dieciséis (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).
1. Dentro del término previsto en el artículo 30 de la Carta y en el artículo 3º de la Ley 1095 de 2006, “por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política”, se resuelve la acción pública de hábeas corpus, ejercida por DDCP, quien actualmente permanece privado de la libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá “COMEB-PICOTA”.
2. De la solicitud de hábeas corpus y los documentos allegados en su trámite se infiere lo siguiente:
2.1 El Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Florencia – Caquetá, mediante Sentencia de 25 de octubre de 2010, condenó a DDCP, por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo, en concurso heterogéneo con secuestro extorsivo agravado, perfidia y rebelión, a la pena de quinientos noventa y dos (592) meses de prisión, multa de siete mil veintidós (7022) salarios mínimos leales mensuales vigentes (smlmv), y a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el lapso de 20 años.
2.2 Ante el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de primer grado, el mismo fue confirmado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Florencia, mediante fallo de 29 de agosto de 2012.
2.3 Finalmente, la Sala de Casación Pernal de la Corte Suprema de Justicia, con Auto de 3 de julio de 2013, inadmitió la demanda de casación presentada contra la sentencia condenatoria en referencia, la cual cobró ejecutoria el 15 de noviembre de 2013.
2.4 Correspondió vigilar el cumplimiento de la sanción impuesta a DDCP, al Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, toda vez que el prenombrado se encuentra privado de su libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá “COMEB – PICOTA”.
2.5 El Juzgado ejecutor avocó el conocimiento, el 6 de marzo de 2014.
2.6 Con memorial de 13 de enero de 2017, DDCP (procesado), solicitó ante el Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, se le conceda la amnistía de que trata la Ley 1820 de 2016.
2.7 Después de analizar el asunto, con proveído de 17 de enero de 2017, el despacho ejecutor, le informó que sólo resolverá de fondo su petición de amnistía, cuando el Gobierno Nacional expida los decretos reglamentarios de la Ley 1820 de 2016.
2.8 Aún así, el 24 de febrero de 2017, DDCP volvió a solicitar ante el Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, se le conceda la libertad condicionada de que trata el artículo 35 de la Ley 1820 de 2016.
2.9 Según el procesado, dicha postulación aún no ha sido resuelta por el Juzgado que vigila la sanción, a pesar de que el tema ya fue reglamentado; y la omisión de la autoridad judicial incide negativamente en su derecho a la libertad, pues reúne los requisitos exigidos para ello.
III. EL HÁBEAS CORPUS
3. A través de memorial radicado en la Oficina de Administración Judicial del Complejo Judicial de Paloquemao, el miércoles 15 de marzo de 2017, recibido en el Despacho del suscrito magistrado sustanciador, el mismo día a las 08:33 de la mañana[1], DDCP privado de la libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá “COMEB – PICOTA”, interpuso acción pública de hábeas corpus, con base en lo siguiente:
-. Actuando en su propio nombre, el 24 de febrero de 2017, radicó ante el Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, escrito en virtud del cual, peticionaba se le concediera la “libertad condicionada” a que se refiere el artículo 35 de la Ley 1820 de 2016.
-. Desde entonces, han transcurrido más de 10 días desde que elevó su solicitud, y el juzgado que vigila su pena no ha emitido pronunciamiento de fondo; con lo cual desconoce la Ley 1820 de 2016 y su Decreto Reglamentario 277 de 2017.
-. Se configura así una situación de prolongación ilegal de la privación de la libertad, al no definirse de fondo sobre su libertad; y por ello acude a esta acción de amparo constitucional.
IV. TRÁMITE DEL HÁBEAS CORPUS EN EL
4. Correspondió el asunto, por reparto, al suscrito magistrado de la Sala de Decisión Penal. Por auto del 15 de marzo de 2017 se asumió el conocimiento y se decretaron pruebas.
5. Se notificó el traslado de la solicitud de hábeas corpus al Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Bogotá; al Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad y al Director del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá “COMEB – PICOTA”.
6. Como respuesta de las dependencias vinculadas, se obtuvieron las siguientes:
6.1 Mediante oficio No. 407 de 15 de marzo de 2017, el Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, puso de presente que, consultado el sistema de gestión de la Rama Judicial, se constató que efectivamente DDCP radicó petición de libertad condicionada, de acuerdo con lo normado en la Ley 1820 de 2016; solicitud que fue debidamente ingresada al Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, para lo de su competencia.
Por ello, dice, el Centro de Servicios no ha vulnerado el derecho a la libertad del implicado, dado que los hechos a los que se alude en la demanda de hábeas corpus corresponden a las funciones que deben desempañar el juzgado ejecutor.
6.2 Por su parte, el Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, después de realizar un recuento de la actuación procesal que se surtió en contra de DDCP, solicitó se desestimen las pretensiones del hábeas corpus, toda vez que la petición de libertad condicionada ya fue resuelta de fondo, con Auto de 13 de marzo de 2017.
6.3 La Coordinadora Jurídica del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá “COMEB – PICOTA” manifestó que, revisado el sistema de recepción de correspondencia en el área de libertades condicionales “no reposa solicitud alguna donde el interno en mención haya radicado el trámite y expedición de la documentación al juzgado para el estudio de la libertad condicional; aunado a lo anterior a la fecha y hora NO se ha recibido orden de libertad emanada de autoridad competente que deje sin efecto la boleta de detención”.
7. Acorde con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 1095 de 2006, el suscrito magistrado es competente para resolver la acción pública de hábeas corpus ejercida por DDCP.
8. La acción pública de hábeas corpus participa de una doble connotación: como derecho fundamental y como acción constitucional, para reclamar la libertad personal de quien es privado de ella con violación de las garantías establecidas en la constitución o en la ley, o cuando la restricción de la libertad se prolonga de manera ilegal, más allá de los términos deferidos a la autoridad para realizar las actuaciones que correspondan dentro del respectivo proceso judicial.
9. Este mecanismo excepcional de protección, ampliamente reconocido en el ámbito internacional[2], procede de manera excepcional frente al incumplimiento, por parte de las autoridades judiciales, de las formalidades constitucionales y legales al momento de disponer la captura y la privación de la libertad de las personas.
10. Con relación a la naturaleza, alcances y limitaciones del hábeas corpus, la Sala de Casación Penal, en auto del 21 de enero de 2008 (radicación 20952), señaló:
“Es claro, y así lo ha reiterado la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, que si bien el hábeas corpus no necesariamente es residual y subsidiario, cuando existe un proceso judicial en trámite no puede utilizarse con ninguna de las siguientes finalidades: i) sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad; ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación a través de los cuales deben impugnarse las decisiones que interfieren el derecho a la libertad personal; iii) desplazar al funcionario judicial competente; y iv) obtener una opinión diversa –a manera de instancia adicional- de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de las personas.
Significa lo anterior, que si la persona es privada de su libertad por decisión de la autoridad competente, adoptada dentro de un proceso judicial en curso, las solicitudes de libertad tienen que ser formuladas inicialmente ante la misma autoridad; y que contra su negativa deben interponerse los recursos ordinarios, antes de promover una acción pública de hábeas corpus.
Ello es así, excepto si la decisión judicial que interfiere en el derecho a la libertad personal puede catalogarse como una vía de hecho o se vislumbra la prosperidad de alguna de las otras causales genéricas que hacen viable la acción de tutela; hipótesis en la cual, aún cuando se encuentre en curso un proceso judicial, el hábeas corpus podrá interponerse en garantía inmediata del derecho fundamental a la libertad, cuando sea razonable advertir el advenimiento de un mal mayor o de un perjuicio irremediable, en caso de esperar la respuesta a la solicitud de libertad elevada ante el mismo funcionario judicial, o si tal menoscabo puede sobrevenir de supeditarse la garantía de la libertad a que antes se resuelvan los recursos ordinarios.”
Aquello significa –se reitera- que por norma general, siempre que exista proceso judicial en curso las solicitudes de libertad deben presentarse primero ante el funcionario de conocimiento, antes de instaurar la acción pública de hábeas corpus; pues ésta procederá excepcionalmente en los casos antes mencionados; y eventualmente, si la petición no es contestada dentro de los términos legales, o si, a su vez, la respuesta se materializa en una vía de hecho cuyos efectos negativos sea necesario conjurar inmediatamente; y en todo caso, sin perjuicio de los recursos ordinarios cuya promoción es insoslayable.”
11. Lo anterior, en armonía con lo indicado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-187 de 2006, al revisar el proyecto de Ley Estatutaria de hábeas corpus (hoy Ley 1095 de 2006), que advirtió algunas hipótesis de privación de la libertad por actuaciones u omisiones de autoridad judicial; y la Sentencia T-066 de 2006 (3 de febrero), atinente a la causales genéricas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales; en cuanto las dos acciones constitucionales podrían resultar compatibles o complementarias en algunos aspectos, en especial cuando por vías de hecho se vulnera el derecho a la libertad personal.
12. En Auto de 31 de mayo de 2011 (radicación 36631; M.P. Dr. José Luis Barceló Camacho), relativo a dichos tópicos, la Sala de Casación Penal explicó:
“Teniendo en cuenta las anteriores precisiones, cabe también recordar que el habeas corpus, como lo establece la Constitución Política y lo desarrolla la Ley 1095 de 2006, es un derecho constitucional fundamental que tutela la libertad personal en los siguientes casos concretos:
a) Cuando la aprehensión de una persona se lleva a cabo por fuera de las formas constitucional y legalmente previstas para ello, como sucede con la orden judicial previa (artículos 28 de la Constitución Política, 2° y 297 de la Ley 906 de 2004), la flagrancia (artículos 345 de la Ley 600 de 2000 y 301 de la Ley 906 de 2004), la captura públicamente requerida (artículo 348 de la Ley 600 de 2000 y la captura excepcional (artículo 21 de la Ley 1142 de 2007).
b) Cuando, obtenida legalmente la captura, la privación de la libertad se prolonga más allá de los términos previstos en la Constitución y en la ley.
En tal supuesto, la acción de habeas corpus tiene por objeto que el servidor público: i) lleve a cabo la actividad a que está obligado (por ejemplo: escuchar en indagatoria, dejar a disposición judicial el capturado, hacer efectiva la libertad ordenada, etc.) o bien, ii) adopte la decisión correspondiente al caso (definir su situación jurídica dentro del término legal, ordenar la libertad frente a la captura ilegal, entre otras hipótesis posibles).
De otra parte, se hace imperioso reiterar que una vez dirigida la acción constitucional a proteger a la persona de la privación ilegal de la libertad o de su indebida prolongación, al juez constitucional, en el examen puesto a su consideración, le está vedado incursionar en terrenos extraños a este específico tema, so pena de invadir órbitas que son propias de la competencia del juez natural al que la ley le ha asignado su conocimiento, pues de lo contrario desbordaría la naturaleza de su función constitucional destinada a la protección de los derechos fundamentales.
Significa lo anterior que si bien es cierto que el habeas corpus no necesariamente es residual y subsidiario, también lo es que cuando existe un proceso judicial en trámite no puede utilizarse con ninguna de las siguientes finalidades: i) sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad; ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación establecidos como mecanismos legales idóneos para impugnar las decisiones que interfieren el derecho a la libertad personal; iii) desplazar al funcionario judicial competente; y iv) obtener una opinión diversa –a manera de instancia adicional- de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de las personas[3].
Ello es así, excepto si como lo reiteró la Corte en el auto de junio 26 de 2008, la decisión judicial que interfiere en el derecho a la libertad personal puede catalogarse como una vía de hecho o se vislumbra la prosperidad de alguna de las otras causales genéricas que hacen viable la acción de tutela; hipótesis en las cuales, “aún cuando se encuentre en curso un proceso judicial, el hábeas corpus podrá interponerse en garantía inmediata del derecho fundamental a la libertad, cuando sea razonable advertir el advenimiento de un mal mayor o de un perjuicio irremediable, en caso de esperar la respuesta a la solicitud de libertad elevada ante el mismo funcionario judicial, o si tal menoscabo puede sobrevenir de supeditarse la garantía de la libertad a que antes se resuelvan los recursos ordinarios”[4].
Por lo antes dicho, no es de recibo que en un trámite de hábeas corpus se esgrima lisa y llanamente que la acción constitucional es improcedente porque la persona se encuentra privada de la libertad por cuenta de una actuación procesal o que dentro del proceso existen recursos para debatir la situación tildada de lesiva del derecho a la libertad personal.
Es necesario que los jueces examinen a profundidad el caso concreto para determinar si se presenta una vía de hecho, la que eventualmente puede surgir, por ejemplo, cuando habiéndose edificado las circunstancias fácticas y legales que hacen procedente la libertad ésta es negada sin fundamento legal o razonable”.
13. En el caso concreto, DDCP se encuentra físicamente privado de su libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá “COMEB – PICOTA”, toda vez que fue condenado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Florencia – Caquetá, por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo, en concurso heterogéneo con secuestro extorsivo agravado, perfidia y rebelión, a la pena de quinientos noventa y dos (592) meses de prisión, multa de siete mil veintidós (7.022) smlmv, y se le impuso inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el lapso de 20 años.
14. Con ocasión del presente hábeas corpus, se realizó inspección al expediente que se tramita en ejecución de penas (remitido en calidad de préstamo). En esa diligencia se constató que el 13 de enero de 2017, DDCP solicitó ante el Juez Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, su libertad en virtud de lo establecido en la Ley 1820 de 2016.
Ante el anterior requerimiento, el Juzgado ejecutor, en auto de 17 de enero de 2017, le informó que no era viable atender su petición, en razón a que la Ley 1820 de 2016 no ha sido debidamente reglamentada, motivo por el cual, dicha solicitud se resolvería una vez se expidieran los reglamentos necesarios.
15. El Gobierno Nacional profirió el Decreto 277 de 17 de febrero de 2017, a través del cual “se establece el procedimiento para la efectiva implementación de la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016 "por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones".
Enterado de aquella novedad, con escrito de 24 de febrero de 2017, DDCP, nuevamente solicitó al Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, le concediera la libertad condicionada a que se refiere el artículo 35 de la Ley 1820 de 2016, reglamentada por el Decreto 277 de 2017.
16. Al momento de interponer la presente acción de hábeas corpus, el accionante informó que la segunda petición, no había sido resuelta de fondo por el Juzgado ejecutor, situación que conlleva a prolongar de manera ilegal su privación de la libertad.
17. No obstante, al intervenir en el presente asunto, el Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, informó que, mediante Auto de 13 de marzo de 2017, decidió de fondo sobre petición elevada por DDCP, y resolvió:
“(…) PRIMERO: NEGAR la solicitud de libertad condicionada consagrada en el artículo 35 de la Ley 1820 de 2016 y el artículo 10 del Decreto 277 de 2017 invocada por DDCP conforme a lo reseñado en la parte motiva de la presente decisión”.
Cabe anotar que contra el Auto de 13 de marzo de 2017, pueden interponerse los recursos ordinarios de reposición y apelación.
18. En consecuencia, al haber sido debidamente resuelta la petición del actor –libertad condicionada según el artículo 35 de la Ley 1820 de 2016-, y que constituye el objeto de la presente acción de hábeas corpus, se concluye que decayó la situación fáctica que motivó la misma.
19. Al quedar desvirtuado el fundamento fáctico, deviene improcedente la acción de hábeas corpus, por carencia actual de objeto; es decir, el supuesto de hecho alegado por el accionante como vulnerador de sus derechos fundamentales ha desaparecido, y si hubo algún retraso, tal coyuntura ya se encuentra superada.
20. A la sazón, la Corte Suprema de Justicia en decisión de 1° de octubre de 2015 (radicación 46.903, M.P. José Luis Barceló Camacho), precisó:
“Procedería ocuparse de los argumentos de fondo planteados por el impugnante para rebatir la decisión, si no fuera porque la protección del derecho a la libertad, inherente a la acción de hábeas corpus, en este momento se torna innecesaria, dado que el supuesto de hecho contenido en la norma que se invoca […] previsto en el artículo 317 de la Ley 906 de 2004, modificado por el 30 de la Ley 1142 de 2007, se ha desvirtuado.
En efecto, si la causal de libertad pretextada en esta normativa procesal pende de que no se haya iniciado la audiencia del juicio oral, es claro que una vez acaecido ese supuesto el motivo pretextado desaparece, como ocurre en los casos en que, por ejemplo, bajo el régimen de la Ley 600 de 2000 se habían sobrepasado los términos para definir situación jurídica de una persona privada de la libertad y antes de que se fallara la acción de hábeas corpus se profería la decisión echada de menos. […]
Lo expuesto, entonces, permite sustentar la declaratoria de improcedencia de la acción de hábeas corpus y, como corolario de ello, confirmar la decisión impugnada, pues cualquier pronunciamiento carecería de objeto al desaparecer la razón de ser del instituto, cual es la protección inmediata del derecho a la libertad personal invocado. (CSJ AHP, 18 Ene 2010, Rad. 33324).
21. Bajo este entendido, la superación de la circunstancia fáctica en que se edificaba la solicitud de libertad (omisión de resolver la petición de libertad condicionada), desemboca necesariamente en la improcedencia del hábeas corpus por carencia actual de objeto.
22. En síntesis, la presente acción es improcedente, puesto que: i) los presupuestos fácticos que le dieron origen fueron superados, pues el juzgado de ejecución de penas contestó la solicitud del accionante el 13 de marzo del presente año; ii) el juez que conoce del hábeas corpus no puede ocuparse de debates jurídicos que corresponden exclusivamente a los funcionarios de primera y segunda instancia o a quienes ejercen control sobre la pena, porque el amparo jurisdiccional no es un recurso ni constituye tercera instancia; iii) no se evidencia la ocurrencia de una vía de hecho que implique la privación ilegal de la libertad del procesado.
23. Respecto al numeral i), la Corte Constitucional ha manifestado que frente a una omisión o retardo en resolver una petición de libertad, si la autoridad competente emite la decisión respectiva durante el transcurso del trámite de la acción pública constitucional, se configura un fenómeno parecido a lo que en acción de tutela se denomina “carencia actual de objeto”, pues cualquier orden emanada en razón del hábeas corpus perdería razón de ser.
24. En cuanto al numeral ii), es evidente que no es competencia del suscrito entrar a analizar el fondo del asunto, es decir, si efectivamente el procesado cumple o no, con los requisitos legales para ser beneficiario de la libertad condicionada pretendida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 1820 de 2016; pues le corresponde al Juez natural determinar esa cuestión, como ya lo hizo; y la providencia emitida puede ser impugnada por los medios ordinarios.
25. En este sentido, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal en materia de hábeas corpus, ha sido insistente en descartar su procedencia para desplazar al Juez natural. En Auto de 27 de noviembre de 2006 (radicación 26503), dicha Corporación expresó:
“En ese orden el Habeas Corpus no se constituye en medio a través del que se pueda sustituir al funcionario judicial penal que conozca del determinado proceso en relación con el cual se demande el amparo de la libertad; por eso al juez de Habeas Corpus no le es dado inmiscuirse en los extremos que son esenciales del proceso penal, no le es posible por ello cuestionar los elementos del punible, ni la responsabilidad de los procesados, ni la validez o valor de persuasión de los medios de convicción, ni la labor que a ese respecto desarrolle el funcionario judicial. En otros términos -y como lo indicara el a quo con apoyo en doctrina y jurisprudencia de la Corte- el ejercicio del Habeas corpus sólo permite el examen de los elementos extrínsecos de la medida que afecta la libertad, no la de los intrínsecos porque éstos son del ámbito exclusivo y excluyente del juez natural.
Por eso "...resulta extremadamente nocivo para el desarrollo sistémico del proceso penal un entendimiento que no armoniza los instrumentos de protección constitucional y procesal del derecho fundamental a la libertad, haciéndolos coexistir dentro de su respectivo ámbito de aplicación, sino que, al contrario, entrega prelación a uno, subordinando el otro a extremo que de aceptarse terminaría en su extinción al convertir lo extraordinario en corriente, que a su vez es su propia negación”,(Sentencias de segunda instancia 14.752 y 17.576 del 2 de mayo y del 10 de junio de 2003 respectivamente).
“En lo que corresponde a la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en determinar que el juez constitucional de habeas corpus no tiene facultad para analizar los motivos que indujeron a la autoridad judicial para ordenar la privación de la libertad de una persona, limitándose su competencia a verificar el cumplimiento de las formalidades de rango constitucional y legal para su aprehensión y posterior detención, por no tratarse de una tercera instancia judicial, labor que debía cumplirse en todo caso de manera muy estricta, por cuanto el afianzamiento del derecho de libertad no puede apoyarse ni realizarse con el desconocimiento del orden jurídico”, (Sentencia de segunda instancia 15.955 del 11 de diciembre de 2003).
Por ende, si los cuestionamientos que acá se formulan por el accionante hacen relación no a aspectos absolutamente objetivos, sino a unos que indudablemente demandan una valoración de validez, si de la indagatoria se trata, o de persuasión si a la prueba mínima para dictar medida de aseguramiento se refiere, es apenas obvio que la acción no puede tener prosperidad porque definitivamente el establecimiento de ellos concierne al funcionario judicial que esté conociendo del proceso.”
26. Finalmente respecto del punto iii), es indudable que DIVER DUVÁN CALDERÓN PARRA, se encuentra internado en la cárcel La Picota de Bogotá, por orden de autoridad judicial, sin vías de hecho que conlleven a una supuesta prolongación ilícita de la privación de la libertad; igualmente, la contestación a su petición de libertad condicionada se hizo con base en fundamentos legales, los cuales pueden ser controvertidos al interior del mismo proceso de ejecución.
27. En consecuencia, se declarará la improcedencia de la acción de hábeas corpus, de conformidad a lo dispuesto en artículo 1º, inciso primero, de la Ley 1095 de 2006.
En mérito de lo expuesto, el suscrito magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá,
1. Declarar improcedente el amparo de hábeas corpus invocado por DDCP, identificado con la cédula de ciudadanía No. xxxxxxxxxxxxxx expedida en Bogotá, actualmente privado de la libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá “COMEB – PICOTA”, con ocasión de la sentencia condenatoria proferida en su contra.
2. Entregar copia de esta decisión, en el acto de notificación, o por el medio más expedito, a DDCP, privado de la libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá “COMEB – PICOTA”, patio 4, TD. 63181.
3. Enviar copia de esta providencia al Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Bogotá; al Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad y al Director del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá “COMEB – PICOTA”, para su enteramiento.
4. Remitir el expediente identificado con el radicado 18001-60-00-553-2009-01619-00 al Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, el cual fue enviado a esta Corporación en calidad de préstamo.
5. Contra la presente providencia procede el recurso de impugnación, para ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los tres (3) días calendario siguientes a su notificación, como lo dispone el artículo 7° de la Ley 1095 de 2006.
[1] Por correo electrónico institucional.
[2] Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 8º y 9º), Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (artículo 9º), Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7º), Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (artículo XXV), Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 27-2), y Ley 137 de 1994, Estatutaria sobre Estados de Excepción, (artículo 4°)- como un derecho de carácter intangible, cuyos instrumentos en virtud del artículo 93 de la Carta Política integran el bloque de constitucionalidad.
[3] Ver, entre otros, auto de hábeas corpus del 26 de junio de 2008, radicado No. 30.066
Publicado por DERECHO PENAL en 3:48 p.m.

References: artículo 30
 artículo 3
 artículo 30
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 2
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 10
 artículo 35
 artículo 317
 artículo 35
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 93