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Timestamp: 2017-09-22 06:10:01+00:00

Document:
﻿ AUTO AP1890-2017/49911 DE MARZO 22 DE 2017
AUTO AP1890-2017 DE 22 DE MARZO DE 2017
CONTENIDO:COMPETENCIA EN SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONADA PREVISTA EN LEY 1820 DEL 2016. AL NO HABERSE RADICADO EL ESCRITO DE ACUSACIÓN Y NO ENCONTRARSE LA ACTUACIÓN EN ETAPA DE JUZGAMIENTO, EL FUNCIONARIO COMPETENTE PARA RESOLVER LA PETICIÓN DE LIBERTAD CONDICIONADA ES EL MAGISTRADO QUE EJERCE LA FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS EN LA RESPECTIVA SALA DE JUSTICIA Y PAZ. ASÍ SE CONCLUYE UN CONFLICTO DE COMPETENCIA EN UNA PETICIÓN DE LIBERTAD CONDICIONADA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY 1820 DEL 2016. VALE LA PENA RECORDAR QUE DICHA LEY ESTABLECE UNA SERIE DE DISPOSICIONES SOBRE AMNISTÍA, INDULTO Y TRATAMIENTOS PENALES ESPECIALES PARA LAS PERSONAS QUE HAYAN COMETIDO DELITOS EN EL MARCO DEL CONFLICTO INTERNO ENTRE LAS FARC Y LA FUERZA PÚBLICA.
TEMAS ESPECÍFICOS:MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, CONFLICTO DE COMPETENCIA, LIBERTAD CONDICIONAL, SOLICITUD DE LA LIBERTAD CONDICIONAL, CONFLICTO ARMADO INTERNO
Auto AP1890-2017 de marzo 22 de 2017
AP1890-2017
Radicación 49911
Vistos: Define la Corte cuál es el despacho competente para resolver la petición de libertad condicionada presentada por O.J.B. ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de XXX.
1. El 12 de enero de 2017, O.J.B. actualmente recluido en la Cárcel de XXX (XXX), presentó ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de XXX, una petición de libertad condicionada, con fundamento en el artículo 35 de la Ley 1820 de 2016, para que se suspenda la medida de aseguramiento que le fue impuesta por virtud de su vinculación a la Ley 782 de 2002.
2. El secretario de esa corporación certificó que en el despacho del magistrado Á.M.G., se adelanta el proceso 2015-00043, contra O.J.B., en el que se fijó fecha para audiencia concentrada.
3. El 24 de febrero del mismo año, el XXX (integrante de la Sala de Justicia y Paz con Función de Conocimiento) ordenó remitir el proceso al despacho de su homólogo, por cuanto el inciso cuarto del artículo 35 de la Ley 1860 de 2016 establece que las solicitudes de libertad condicionada deben ser tramitadas por la autoridad judicial que “este conociendo el proceso penal”.
4. El 1º de marzo, el magistrado Á.F.M.G. consideró que de acuerdo con el literal A del artículo 11 del Decreto 277 de 2017 que establece el procedimiento para la efectiva implementación de la Ley 1820 de 2016, la solicitud de libertad condicionada debe resolverla el magistrado de control de garantías, por las siguientes razones:
4.1. Mediante oficio 0163 de 10 de febrero de 2017, la Fiscalía solicitó que O.J.B. y 15 postulados más, fueran incluidos en el proceso asignado a ese despacho.
4.2. La petición de adición de la Fiscalía se debe resolver en audiencia y está pendiente a fijar fecha para la realización de la diligencia concentrada. Por ello, no puede afirmarse que el proceso se encuentre en etapa de juicio.
5. El 9 de marzo, el XXX quien ejerce en esa Sala la Función de Control de Garantías, declaró su incompetencia y planteó un conflicto de “reparto” bajo los siguientes argumentos:
5.1. La adición presentada por la Fiscalía para que O.J.B. fuera incluido en el proceso que cursa en el despacho del magistrado de conocimiento, indica que ya se encuentra radicado el escrito de acusación, pues las cortes Constitucional y Suprema han reconocido la acusación como un acto complejo, compuesto por la presentación del documento y la formulación de la misma en audiencia.
5.2. Según el literal A del artículo 11 del Decreto 277 de 2017, el juez de conocimiento es el competente para resolver la solicitud de libertad condicionada, cuando se ha radicado el escrito de acusación o el proceso se encuentra en la etapa de juzgamiento.
6. El 10 de marzo de 2016, la presidente de la Sala de Justicia y Paz del mismo tribunal estimó que la controversia entre los magistrados con funciones de conocimiento y garantías es propia de un conflicto de competencia, no de reparto y ordenó el envío a esta corporación para resolverlo.
1. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, la Sala está facultada para resolver la definición de competencia entre tribunales.
2. La libertad condicionada esta prevista en el artículo 35 de la Ley 1820 de 2016, sobre amnistía e indulto y tratamientos especiales.
A su vez, el artículo 11 del Decreto 277 de 2017 (lit. A) establece el procedimiento para acceder a ese beneficio en las actuaciones de justicia y paz sometidas a la Ley 906 de 2004 y la competencia para resolver las peticiones la establece así:
i) En el juez de control de garantías cuando todas las actuaciones se encuentren en indagación e investigación o una parte esté en indagación o investigación y otra con acusación y en los demás eventos.
ii) En el juez de conocimiento cuando en el proceso a disposición del cual se encuentra el peticionario de la libertad condicionada ha sido radicado el escrito de acusación o está en etapa de juzgamiento.
3. Sobre los requisitos del escrito de acusación, en asuntos de justicia y paz, esta corporación señaló los siguientes:
“1. La identificación y descripción del grupo armado al margen de la ley, el grupo de autodefensa o de guerrilla, o de la parte significativa del bloque o frente u otra modalidad que revista la organización, de que trata la Ley 782 de 2002 que decidió desmovilizarse —cuándo, dónde— y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional.
2. La individualización del desmovilizado, incluyendo su nombre, los datos que sirven para identificarlo, su domicilio, la fecha en que ingresó al grupo armado al margen de la ley, las zonas, regiones o localidades donde ejerció la militancia, las funciones que desempeñó, quiénes fueron sus superiores y quiénes sus subalternos.
3. Una relación clara y sucinta de cada uno de los hechos jurídicamente relevantes que se imputen directamente al desmovilizado, con indicación de las razones de la comisión delictiva y explicación clara del por qué se reputan cometidos durante y con ocasión de la militancia del desmovilizado en el grupo armado al margen de la ley.
4. Una relación clara y sucinta de los daños que la organización armada al margen de la ley colectivamente haya causado, circunscritos a los cometidos dentro del marco temporal y espacial —áreas, zonas, localidades o regiones— en donde el desmovilizado desarrolló su militancia, con identificación puntual de cada una de las víctimas.
5. La relación de los bienes y recursos afectados con fines de reparación y de los entregados por la organización en el acto de desmovilización.
6. La relación de los medios de convicción que permitan inferir razonadamente que cada uno de los hechos causados individual y colectivamente, ocurrieron durante y con ocasión de la militancia del desmovilizado en cuestión, con indicación de los testimonios, peritaciones, inspecciones y demás medios de prueba que indiquen la materialidad de las infracciones imputadas.
7. La identificación y lugar de citación del abogado de confianza o, en su defecto, del que le designe el sistema nacional de defensoría pública.
8. En relación con los numerales 3º y 4º se deberá especificar, con miras a la sentencia y la adecuación típica, si se trató de hechos sistemáticos, generalizados o si se trató de hechos ocurridos en combate, diferenciando las condiciones de género, edad y cualificación del daño sufrido por cada una de las víctimas” (CSJ auto mayo 28/2008, rad. 29560).
Así mismo, precisó la Corte que “en el contexto de la ley de justicia y paz, conforme a lo enseñado por la Sala(1) la acusación es un acto complejo que comprende el escrito de acusación más el acto oral de control de legalidad material y formal de la aceptación de cargos ante la Sala de conocimiento de justicia y paz”.
4. En el presente asunto, se tiene que el 10 de febrero de 2017 la Fiscalía allegó el oficio 0163, en el cual solicitó que O.J.B. y otros postulados, fueran juzgados en el proceso 2015-00043, asignado al despacho del XXX Á.F.M.G. Petición que está pendiente para resolver en la audiencia correspondiente.
En criterio de la Corte, ese documento no puede entenderse como un escrito de acusación, pues no cumple con las exigencias señaladas en precedencia.
En ese orden de ideas, al no haberse radicado el escrito de acusación contra O.J.B. y al no encontrarse la actuación en etapa de juzgamiento, el funcionario competente para resolver la petición de libertad condicionada, es el magistrado J.M.B.P., quien ejerce la Función de Control de Garantías en la Sala de Justicia Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de XXX, a donde será remitida la actuación en forma inmediata.
La presente decisión se comunicará al XXX y a la Presidente de esa Sala.
1. DECLARAR que la competencia para resolver la petición de libertad condicionada presentada por O.J.B. corresponde al XXX, quien ejerce la Función de Control de Garantías en la Sala de Justicia Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de XXX.
2. REMITIR inmediatamente el proceso al despacho en mención.
3. COMUNICAR la presente determinación al magistrado de conocimiento XXX y a la Presidenta de esa Sala.
1 Auto de junio de 2008.

References: ARTÍCULO 35
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 32
 artículo 35
 artículo 11