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Timestamp: 2019-08-22 17:44:24+00:00

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Sentencia C-410 de 01-07-2016
Sentencia C-410
La Corte Constitucional determinó que la exclusión de la posibilidad de instaurar acciones indemnizatorias contra la entidad pública adquirente de bienes por motivos de utilidad pública e interés social, constituye una vulneración de los derechos de propiedad y de acceso a la administración de justicia, como también, un desconocimiento a la cláusula general de responsabilidad del estado por el daño antijurídico.
I. Expediente D-10494
M.P. Alberto Rojas Ríos
Parágrafo 1o. El saneamiento automático será invocado por la entidad adquirente en el título de tradición del dominio y será objeto de registro en el folio de matrícula correspondiente.
Parágrafo 2o. La entidad pública que decida emplear el mecanismo de saneamiento automático deberá verificar si el inmueble a adquirir se encuentra inscrito en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente creado por la Ley 1448 de 2011, a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, si existe en curso proceso judicial de restitución, así como si existen medidas de protección inscritas por la vía individual o colectiva a favor del propietario que no hayan sido levantadas, en virtud de lo previsto al efecto por la Ley 387 de 1997 y el Decreto número 2007 de 2001. En estos casos se entenderá que los propietarios carecen de la capacidad para enajenarlos voluntariamente.
La inclusión del predio en los proyectos viales aprobados por el Gobierno Nacional se entenderá en los términos del artículo 72 de la Ley 1448 de 2011 como una imposibilidad jurídica para la restitución que impondrá al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas compensar a las víctimas con un predio de similares condiciones, en el orden y lineamientos establecidos en el artículo 98 de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios.
Sin embargo, en estos casos, el pago de la compensación se realizará con cargo a los recursos que se consignen en el depósito judicial efectuado por la entidad propietaria con cargo al proyecto, en virtud del proceso de expropiación.
Parágrafo 3o. En todo caso ningún saneamiento automático implicará el levantamiento de servidumbres de utilidad pública frente a redes y activos, ni el desconocimiento de los derechos inmobiliarios que hayan sido previamente adquiridos para el establecimiento de la infraestructura de servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la industria del Petróleo.
Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014
Artículo 245. Saneamientos por motivos de utilidad pública. La adquisición de inmuebles por los motivos de utilidad pública e interés social consagrados en las leyes, gozará del saneamiento automático en favor de la entidad pública, respecto a su titulación y tradición, frente a aquellos posibles vicios en los títulos que aparezcan durante el proceso de adquisición o con posterioridad al mismo. Dichos vicios originan por ministerio de la ley meras acciones indemnizatorias que podrán dirigirse contra cualquiera de los titulares inscritos en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria diferentes a la entidad pública adquirente.
Declarar INEXEQUIBLE la expresión “diferentes a la entidad pública adquirente”, contenida en los artículos 21 de la Ley 1682 de 2013, 245 de la Ley 1450 de 2011 y 156 de la Ley 1753 de 2015.
Las disposiciones demandadas establecen de manera general en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (norma que se reproduce en la Ley del Plan 2014-2018) y de manera específica, dentro de las medidas para llevar a cabo proyectos de infraestructura de transporte, un saneamiento automático a favor del Estado respecto de cualquier vicio de tradición o titulación de los bienes que adquiere por motivos de utilidad pública o de interés social. Esto no impide que los ciudadanos afectados puedan ejercer acciones indemnizatorias contra todos los titulares inscritos en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria. Sin embargo, según lo disponen las normas acusadas, estas acciones no pueden dirigirse en contra de la entidad pública adquirente, lo que a juicio de la Corte, desconoce la cláusula general de responsabilidad del Estado consagrada en el artículo 90 de la Constitución, toda vez que suprime la posibilidad de atribuirla a dicha entidad, en el evento de que se demuestre que haya causado un daño antijurídico, así como la consecuente posibilidad de obtener una indemnización. Por consiguiente, la exclusión de responsabilidad de la entidad adquirente resulta inconstitucional.
Además, la Corte determinó que la imposibilidad de demandar la reparación de perjuicios por parte del Estado, vulnera el derecho de propiedad reconocido por el artículo 58 de la Carta Política, puesto que elimina la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos que lleva consigo las acciones indemnizatorias para obtener una compensación por la afectación patrimonial que pueda acarrearle la adquisición obligatoria del inmueble de su propiedad por parte de una entidad pública. Al mismo tiempo, se desconoce el acceso a la administración de justicia (art. 229 C.Po.), por cuanto a pesar de la existencia de un daño antijurídico, la persona no podría acudir a la jurisdicción para obtener su reparación.
En consecuencia, la expresión “diferentes a la entidad pública adquirente”, contenida en los artículos 21 de la Ley 1682 de 2013 y 245 de la Ley 1450 de 2011 fue declarada inexequible, a la vez que la Corte integró la unidad normativa con el artículo 156 de la Ley 1753 de 2015, que reproduce en la nueva Ley del Plan Nacional de Desarrollo, el mismo contenido del artículo 245, con el fin de excluir también del ordenamiento jurídico, la citada expresión normativa.
La magistrada María Victoria Calle Correa aclaró el voto para precisar dos puntos sobre el alcance de esta decisión. En su concepto, debe quedar claro en primer lugar, que en esta sentencia la Corte no se pronunció sobre la exequibilidad del saneamiento automático de los vicios, sino que se limitó a juzgar la constitucionalidad de la restricción que inicialmente contenía la regulación para el ejercicio de la acción indemnizatoria contra la entidad adquirente. En segundo lugar, en relación con esto último, considera preciso señalar que el presente fallo solo implica a su juicio una reafirmación de la procedencia de la acción indemnizatoria contra el Estado, y no como la negación de otras acciones de reparación que, sin estar expresamente mencionadas en las normas legales bajo control, están previstas en el orden constitucional para todo caso de daño antijurídico imputable a entes estatales.
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References: artículo 72
 artículo 98

Artículo 245
 artículo 90
 artículo 58
 artículo 156
 artículo 245