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Timestamp: 2020-02-27 18:17:00+00:00

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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 244 de 10/12/2008
Uno de los rasgos más significativos de esta época es la profunda interrelación de las diferentes economías, que determina situaciones como la actual, en la que una crisis claramente localizada en cuanto a su origen y carácter financiero, se ha propagado al conjunto de las economías mundiales con inusitada rapidez e intensidad.
Asimismo, el Servicio Andaluz de Empleo, a la finalización de los contratos, proporcionará a los trabajadores un período de formación para la reorientación profesional y reinserción en el mercado de trabajo.
De otro lado, se crea una Comisión integrada por representantes de las Consejerías de Economía y Hacienda, Gobernación y Empleo, que tendrá como función efectuar un seguimiento de las medidas previstas en el Programa.
Finalmente, se crea una Comisión de Participación de la que formarán parte los representantes de la Administración de la Junta de Andalucía y de los agentes económicos y sociales más representativos de la Comunidad Autónoma, al objeto de profundizar en el diálogo que se mantiene con el VI Acuerdo de Concertación Social de Andalucía.
Respecto al presupuesto de hecho habilitante exigido por el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, debe ponerse de manifiesto la existencia de una delicada situación económica, caracterizada por un descenso de la actividad; en particular, en sectores como el de la construcción, y que tienen como consecuencia más directa un crecimiento acusado del desempleo. Esta coyuntura económica exige una rápida y eficaz respuesta por los poderes públicos, que en el caso del Consejo de Gobierno puede instrumentarse a través del Decreto-ley. En este sentido, a la luz de la doctrina del Tribunal Constitucional debe señalarse que estas coyunturas económicas que exigen una rápida respuesta determinan una habilitación suficiente para dictar un Decreto-ley.
En su virtud, y en uso de la autorización concedida en el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, a propuesta conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda, Gobernación y Empleo y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 9 de diciembre de 2008,
Artículo 1. Aprobación del Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA).
Artículo 2. Inversiones financiables.
3. La contratación de las obras financiadas con arreglo a este Decreto-ley será objeto de tramitación urgente a los efectos previstos en el artículo 96 de la Ley de Contratos del Sector Público.
4. Excepcionalmente, la Consejería de Gobernación podrá autorizar la ejecución directa de las obras por parte del Ayuntamiento afectado cuando éste no supere la cifra de 1.000 habitantes.
Artículo 3. Distribución por municipios.
1. La asignación de la cantidad prevista para inversiones en el presente Decreto-ley se distribuirá entre los municipios atendiendo a su nivel de desempleo y variación en el último año, así como a su población, estableciendo un criterio diferenciado en función del tamaño del municipio.
a) En relación con los municipios de más de 1.000 habitantes, la asignación de recursos se realiza con las siguientes variables y ponderaciones, que se aplicarán de conformidad con lo establecido en el Anexo del presente Decreto-ley:
1.º Población: población de derecho de cada municipio a 1 de enero de 2007, con una ponderación del 20 por ciento.
2.º Desempleo: número de personas registradas como paradas en las Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo a 31 de octubre de 2008, con una ponderación del 50 por ciento.
3.º Variación del desempleo: diferencia del porcentaje de paro respecto a la población entre octubre de 2008 y octubre de 2007, con una ponderación del 30 por ciento.
b) Con el objeto de asegurar que todos los municipios con población igual o inferior a 1.000 habitantes reciban una ayuda de importe superior a la media, se asigna una cantidad de 1.754,96 euros por desempleado o de 111,67 por habitante, aplicándose el criterio que resulte más favorable; y en los supuestos en los que no se registra paro, de 111,67 euros por habitante. Estas cantidades se corresponden con el cuádruplo de la media de financiación por desempleado y el triplo de la media de financiación por habitante en Andalucía, respectivamente.
Artículo 4. Solicitudes de financiación.
1. La persona titular de la Alcaldía presentará la solicitud de financiación para las inversiones a ejecutar en los municipios con población superior a 20.000 habitantes. Con carácter facultativo, los Ayuntamientos interesados podrán ser incluidos en la solicitud de la Diputación Provincial correspondiente.
2. La persona titular de la Presidencia de la Diputación Provincial presentará la solicitud de financiación para las inversiones a ejecutar en los municipios con población igual o inferior a 20.000 habitantes.
3. La presentación de las solicitudes se realizará por vía electrónica a través de la página web de la Consejería de Gobernación (www.juntadeandalucia.es/gobernacion), hasta el 23 de diciembre de 2008.
4. Las solicitudes irán dirigidas a la Consejera de Gobernación en el modelo oficial, que estará a disposición de los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales interesados en la citada página web.
5. En la solicitud deberá declararse el conocimiento y aceptación de los requisitos y condiciones previstos en el presente Decreto-ley.
6. Antes del 31 de diciembre de 2008, la Consejera de Gobernación dictará resolución por la que se reconoce y cuantifica la obligación máxima reconocida, para cada uno de los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales solicitantes, notificándose mediante su publicación en la página web de la Consejería.
7. La asignación a las Diputaciones Provinciales se realizará en función de la suma de las cantidades que, según el apartado anterior, corresponda a cada uno de los municipios con población igual o inferior a 20.000 habitantes, o las que voluntariamente se hayan adherido a su solicitud.
Artículo 5. Presentación de la documentación relativa a los proyectos de inversión.
1. La presentación de la documentación relativa a los proyectos de inversión se realizará de forma telemática, en modelo normalizado en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución a la que se refiere el artículo anterior, de la siguiente forma:
a) En el caso de municipios con población superior a 20.000 habitantes, la presentación telemática irá dirigida a las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía a través de la página web de la Consejería de Gobernación.
b) En el caso de municipios con población igual o inferior a 20.000 habitantes, y aquellos que con población superior se hayan adherido a la solicitud de las Diputaciones Provinciales, la presentación telemática irá dirigida a las mismas a través de la página web de la Consejería de Gobernación.
a) Una relación de los proyectos en la que se especifique su contenido, presupuesto, plazo de adjudicación y previsión de las personas a ocupar en su ejecución.
En el caso de los Ayuntamientos referidos en el párrafo b) del apartado anterior deberá constar expresamente si el proyecto va a ser ejecutado por el propio Ayuntamiento o, en su caso, por la Diputación.
b) Una certificación, suscrita por la persona titular de la Secretaría del Ayuntamiento, de que se trata de una obra de nueva programación de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.1.b), así como que se ha procedido a la apertura de la cuenta separada, referida en el artículo 7.
Artículo 6. Verificación y transferencia de fondos.
1. En el plazo máximo de diez días a contar desde la presentación de los proyectos, se verificará que éstos cumplen las condiciones y requisitos establecidos en el presente Decreto-ley.
A estos efectos, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, bajo la presidencia de sus titulares, se crearán Comisiones Provinciales de Valoración de las que formarán parte las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Empleo. Asimismo, formará parte de la Comisión la persona titular de la Presidencia de la Diputación Provincial correspondiente en relación con los municipios con población igual o inferior a 20.000 habitantes y aquellos que con población superior se hayan adherido a la solicitud de la entidad local provincial.
2. Cuando un proyecto no cumpla con los requisitos establecidos en este Decreto-ley, en especial el de creación de empleo, la Comisión Provincial podrá requerir las modificaciones que considere convenientes en relación con los proyectos a financiar. Asimismo, cuando concurran circunstancias técnicas, inicialmente no previstas, la Comisión podrá autorizar la modificación de la relación de proyectos.
En el supuesto de que no hubiese proyectos municipalizables que alcanzaran al total de la asignación municipal, la Diputación Provincial podrá afectar el saldo a otras obras en el mismo municipio o de carácter supramunicipal.
3. En el plazo máximo de diez días, los proyectos verificados serán elevados por la Comisión correspondiente a la Consejera de Gobernación, para proceder al pago que se materializará de una sola vez.
Artículo 7. Gestión de los fondos.
1. Los fondos recibidos se ingresarán en una cuenta separada denominada «Programa PROTEJA» que los Ayuntamientos que ejecuten proyectos y las Diputaciones Provinciales utilizarán exclusivamente para situar los ingresos y realizar los pagos que se deriven de la aplicación del presente Decreto-ley.
3. Los intereses generados por los fondos situados en la cuenta separada se destinarán exclusivamente a los proyectos autorizados.
4. Las cuantías que deban recibir los Ayuntamientos o las Diputaciones conforme al presente Decreto-ley no podrán ser objeto de compensación con deudas a favor de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
5. Teniendo en cuenta el interés social de las actuaciones financiadas con cargo al programa, en tanto que impulsoras de acciones que permiten paliar las consecuencias de la desaceleración económica, los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales destinatarias de los fondos no tendrán que acreditar que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y frente a la Seguridad Social, o no tener deudas en período ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho Público con la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Artículo 8. Colaboración de la Junta de Andalucía.
Artículo 9. Adjudicación de las obras.
1. Los contratos que se celebren en aplicación del presente Decreto-ley deben tener un valor estimado calculado según las reglas del artículo 76 de la Ley de Contratos del Sector Público, inferior a 1.000.000 de euros para los municipios con población igual o inferior a 100.000 habitantes; e inferior a 5.000.000 de euros para aquellos con población superior, no pudiendo fraccionarse su objeto con el fin de no superar dicha cantidad.
2. Cuando se adjudiquen las obras objeto de financiación, los Ayuntamientos o Diputaciones presentarán, mediante modelo normalizado aprobado por la Consejería de Gobernación y por vía electrónica, a través de la página web de la Consejería de Gobernación, un certificado de la persona titular de la Secretaría del Ayuntamiento o de la Diputación, en el que se hagan constar los datos de la adjudicación, fecha en que ésta se produjo, identidad de la empresa adjudicataria, importe por el que se adjudica el contrato así como el total del empleo vinculado al proyecto, diferenciando las nuevas contrataciones.
Artículo 10. Obligaciones con los contratistas.
2. Los contratistas deberán abonar a los subcontratistas, en su caso, el precio pactado por las prestaciones cuya realización les hayan encomendado en el plazo máximo de treinta días naturales, computado desde la fecha de aprobación por el contratista principal de la factura emitida por el subcontratista o suministrador.
Artículo 11. Fomento del empleo.
1. En los contratos administrativos financiados con cargo a este Programa deberá incluirse una cláusula, de acuerdo con el artículo 102 de la Ley de Contratos del Sector Público, que establezca una condición especial de ejecución, consistente en que el nuevo personal que el contratista haya de emplear para la ejecución de las obras se encuentre en situación de desempleo. Dicha condición será también aplicable a los contratos menores mediante suscripción de la oportuna cláusula con el contratista.
3. La contratación de las personas desempleadas a que se refiere el presente Decreto-ley deberá realizarse a través de oferta al Servicio Andaluz de Empleo.
4. La presentación por parte del Ayuntamiento o Diputación del certificado al que hace referencia el artículo 9.2 del presente Decreto-ley, implica la asunción por su parte del compromiso de efectuar el seguimiento de la creación de empleo que resulta de la adjudicación del contrato.
Artículo 12. Acciones formativas.
a) Certificación en modelo normalizado, aprobado por la Consejería de Gobernación, en la que constará la acreditación de los puestos de trabajo creados, con identificación de los trabajadores contratados, junto con una relación de las certificaciones de obra, en las que se identifique el acreedor y de las facturas, su importe, el porcentaje financiado con recursos procedentes del Programa y la fecha de emisión y de pago.
Artículo 14. Verificación de la aplicación de los recursos.
Artículo 15. Comisión de Seguimiento.
Se crea una Comisión de Seguimiento integrada por las personas titulares de las Viceconsejerías de Gobernación y Empleo, de la Secretaría General de Hacienda, de la Secretaría de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, y de la Intervención General de la Junta de Andalucía, a la que corresponderá realizar un seguimiento de las medidas previstas en el presente Decreto-ley, emitir informes a la referida Comisión Delegada y proponer, en su caso, medidas de desarrollo del Programa.
Artículo 16. Comisión de Participación.
1. Se crea una Comisión de Participación integrada por un representante por cada una de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Gobernación, dos representantes de la Consejería de Empleo, con rango, al menos, de Director General, y cuatro representantes de los agentes económicos y sociales más representativos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Uno de los representantes de la Consejería de Empleo ostentará la Presidencia de la Comisión.
También se considerarán no justificadas aquellas partidas en las que, bien mediante las comprobaciones que a tal efecto pueda realizar la Consejería de Gobernación o mediante los controles que realice la Intervención General de la Junta de Andalucía, se ponga de manifiesto que los recursos del Programa no se han aplicado a los fines para los que fueron entregados o que se han incumplido las condiciones establecidas en el Decreto-ley.
5. Los expedientes de reintegro serán tramitados y resueltos por la Dirección General de Administración Local, bien a iniciativa propia, cuando la exigencia de reintegro se derive de las comprobaciones realizadas por esta Dirección General, bien a iniciativa de la Intervención General de la Junta de Andalucía, cuando sea consecuencia de un control realizado por ésta.
Disposición adicional primera. Incorporación de remanentes.
Disposición adicional segunda. Pliegos tipo de cláusulas administrativas.
Para facilitar la tramitación de los correspondientes expedientes, en el plazo de quince días contados desde la entrada en vigor del presente Decreto-ley, la Comisión Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía elaborará y hará público un pliego tipo de cláusulas administrativas que los Ayuntamientos y Diputaciones interesados podrán utilizar para la preparación de la documentación necesaria para licitar y contratar las obras financiadas con cargo al Programa.
Disposición adicional tercera. Identificación de la fuente de financiación.
En las obras financiadas con cargo al Programa aprobado en este Decreto-ley deberá hacerse constar, en lugar visible, la leyenda «Programa de Transición al Empleo-Junta de Andalucía (PROTEJA)».
Disposición adicional cuarta. Información a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias será informada puntualmente a través de la Consejería de Gobernación sobre todas aquellas cuestiones examinadas y propuestas por la Comisión de Participación.
Se autoriza a los titulares de las Consejerías de Economía y Hacienda, Gobernación y Empleo, en el ámbito de sus respectivas competencias, a adoptar las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de lo previsto en el presente Decreto-ley.
Sevilla, 9 de diciembre de 2008
Vicepresidente Primero de la Junta de Andalucía y Consejero de la Presidencia
A efectos de lo dispuesto en el artículo 3 del presente Decreto-ley, para la asignación de recursos a los municipios de más de 1.000 habitantes se fija un coeficiente de reparto que se elabora a partir de las variables población, número de personas registradas como desempleadas y evolución del paro en el último año, ponderando especialmente estas dos últimas.
- Número de personas registradas como desempleadas: 50%.
α1= ponderación de la población (0,2).
α2= ponderación del número de personas registradas como desempleadas (0,5).
De tal forma que α1 + α2 3 = 1
yi = número de personas registradas como desempleadas del municipio i.
cuyas medias aritméticas simples son x, y, z.
El coeficiente de reparto que corresponde a cada municipio se multiplica por la cantidad a repartir y con ello se tiene la asignación por municipio de más de 1.000 habitantes.
BOJA nº 244 de 10/12/2008

References: artículo 110
 artículo 110

Artículo 1

Artículo 2
 artículo 96

Artículo 3

Artículo 4
 resolución 

Artículo 5
 resolución 
 artículo 2
 artículo 7

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9
 artículo 76

Artículo 10

Artículo 11
 artículo 102
 artículo 9

Artículo 12

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16
 artículo 3