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Ediciones Infojus - Revista Derecho Privado Nº 2.pdf | Legislación | Protección al Consumidor
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Documento Del Fuero Seguridad Social Por Cantidad de Causas
Ley de Defensa Del Consumidor Nº 24240
Tp Contratos Haciendose 3
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DIRECCIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN E INFORMÁTICA JURÍDICO LEGAL
Revista Derecho Privado Año I - N° 2 - Octubre 2012 Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Sarmiento 329, C.P. 1041AFF, C.A.B.A. Editado por la Dirección Técnica de Formación e Informática Jurídico-Legal. Directora: María Paula Pontoriero Directores Editoriales: Gustavo Caramelo - Sebastián Picasso Correo electrónico: ediciones@infojus.gov.ar
La revista Derecho Privado y sus contenidos son propiedad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La legislación, la jurisprudencia y los artículos de doctrina que integran esta pu- blicación se encuentran disponibles en forma libre y gratuita en: www.infojus.gov.ar
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Gustavo Caramelo - Sebastián Picasso
Cecilia Kandus - María Eugenia Rodríguez Pería Luis R. J. Sáenz
Eduardo Barbier Alberto Bueres Carlos Clerc Javier Cosentino Pablo Heredia Carlos Hernández Marisa Herrera Claudio Iglesias Darriba Héctor Iribarne Aída Kemelmajer de Carlucci Jorge Kielmanovich Angela Ester Ledesma Gonzalo Nazar de la Vega Julio César Rivera Claudia Sbdar Rubén Stiglitz Eduardo Zannoni
La discusión de ideas en torno al Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, actualmente en debate en el Congreso Nacional, atraviesa la labor de todos los que nos encontramos vinculados con el Derecho Privado.
Se trata de un cambio legislativo relevante, que reúne y actualiza las normas hasta ahora contenidas en los Códigos Civil y de Comercio y en diversas leyes y lo hace atendiendo a los cambios producidos en la so- ciedad argentina y en nuestro sistema constitucional; en un área jurídica cuya normativa, como pocas, está destinada a cobijar las mejores posibi- lidades de calidad de vida de los habitantes del país.
Como es propio de toda sociedad democrática, las propuestas de cam- bios en áreas sensibles de la concepción común de las cosas provocan debates. Es nuestra intención que esta revista sea uno de los territorios del pensamiento jurídico en el que ellas se desarrollen y por ello, como lo adelantamos en el número anterior, dedicaremos nuestras próximas edi- ciones a considerar diversos aspectos del trascendente cambio normativo propuesto.
Hemos decidido que la temática de cada uno de los números se co- rresponda con las divisiones curriculares habituales en la enseñanza del derecho privado en las universidades de nuestro país. Entendemos que tal sujeción a nuestra tradición en la materia facilitará el abordaje temá- tico por parte de quienes trabajan con contenidos jurídicos. Por ello, los trabajos que integran este número están principalmente orientados a analizar diversos aspectos de contenidos inherentes a aspectos gene- rales del Derecho Privado y en los siguientes, se tratarán los relativos a responsabilidad civil, obligaciones y contratos, derechos reales y familia y sucesiones.
Confiamos en que, tal como ocurrió con el primer número de la revista, el material contenido en este ejemplar resulte de utilidad para pensar acerca de las transformaciones del derecho, pero también para concretarlas en la práctica.
Este invierno nos sorprendió con la noticia de la muerte de Jorge Mayo. Juez, docente, jurista a tiempo completo, una gran persona. Tenía pasión por el derecho y por la discusión de ideas. Daba gusto evaluar con él algún tema complejo; conocía profundamente la doctrina nacional y extranjera y era generoso con su conocimiento, que acrecentaba sin pausa. Más allá del afecto personal, consideramos justo honrar desde aquí a quien, hizo grandes aportes al derecho argentino.
Sebastián Picasso y Gustavo Caramelo, Directores
por CeCilia Kandus y M. eugenia RodRíguez PeRía
por andRea C. JáuRegui y eduaRdo J. MaC donnell
por andeRson saltzeR
por albeRto s. PestalaRdo
Los adolescentes y las decisiones sobre su salud en el Anteproyecto de Reforma del Có- digo Civil y Comercial de la Nación
Ancianidad, autonomía y vulnerabilidad. Una mirada a la situación jurídica de los adul- tos mayores desde la reforma proyectada para el Código Civil argentino
por daniel R. vítolo
por JavieR J. Cosentino
por RaMiRo J. PRieto MolineRo
por MaRía José azaR
Comentarios sobre la Ley Nacional de Tierras Rurales
por gonzalo M. nazaR de la vega
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por CECILIA KANDUS (1) y M. EUGENIA RODRÍGUEZ PERÍA (2)
Si se cree que el derecho de propiedad, de profesar
libremente su culto, de libertad individual, de asociación son esenciales para una sociedad determinada, es necesario inscribirlos en la Constitución. De esta manera la protección de los derechos no sólo está por encima de la ley, sino que es completísima. No los ampara tan sólo porque la ley los afecta con carácter retroactivo, sino que los ampara en todo caso, para el pasado y para el futuro, sobre todo para éste,
que es el que en definitiva interesa” (3) .
Una de las primeras cuestiones que planteará la entrada en vigencia del nuevo Código Civil (4) será la atinente a los efectos de sus disposiciones en cuanto a las relaciones jurídicas existentes hasta ese momento.
(1) Abogada graduada en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UBA. Secretaria del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 1 de Capital Federal. Jefe de trabajos prácticos en “Elementos del Derecho Procesal Civil”, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, cátedra Dra. Angela Esther Ledesma.
(2) Abogada graduada de la Faculta de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (2005). Especialista en Derecho de Daños (UBA). Ayudante de la materia “Práctica Profesional” en la Facultad de Derecho UBA, Cátedra de la Dra. Flavia García Melgarejo.
(3) Borda, Guillermo a., Tratado de Derecho Civil Argentino. Parte General, I, Ed. Abeledo Perrot, 1965, p. 178.
(4) Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, Ed. Infojus, agosto 2012.
cecilia kandus - m. eugenia rodríguez pería
Como se verá, la nueva norma contenida en el art. 7 del proyecto repro- duce básicamente las previsiones del actual art. 3, pero introduciendo una variante relevante en materia de relaciones de consumo, con relación a las que prevé la aplicación inmediata de las normas que resulten más favora- bles a los consumidores.
En este trabajo, se procurará analizar algunas cuestiones de derecho tran- sitorio derivadas del Proyecto de Código Civil elaborado por la Comisión creada por el Decreto PEN 191/2011, ello a partir de su cotejo con las previsiones contenidas en el art. 3 del Código sancionado por la ley 340 (5) y sus ulteriores modificaciones. Se transitarán antiguos debates, desde la nueva perspectiva que propone el proyecto de reforma.
Aun cuando las normas que se evaluarán encuentran ubicación sistémica en el Proyecto de Código Civil, la cuestión objeto de evaluación trasciende los límites propios del Derecho Privado y proyecta sus efectos en todo el siste- ma jurídico; pues hace a la aplicación y vigencia de las normas en general.
2 | Publicidad
De acuerdo con lo dispuesto por el art. 7 del Proyecto de “Ley de apro- bación y derogaciones”, el nuevo Código Civil entrará en vigencia a los ciento ochenta (180) días de su publicación; lapso que se ha considerado suficiente para posibilitar su conocimiento por parte de la población y de la comunidad jurídica en especial.
El art. 5 del Proyecto, titulado “Vigencia”, establece “las leyes rigen des- pués del octavo día de su publicación oficial, o desde el día en que ellas determinen” y el art. 8 (“Principio de inexcusabilidad”) “la ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento, si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico”.
La publicidad de las leyes es recaudo necesario para que entren en vi- gencia, ya que, —pese a resultar posible su conocimiento anterior por diversos medios— con anterioridad a dicho momento no existe el deber de observarlas o la facultad de ejercer los derechos que otorgan. En ese
(5) 25 de Septiembre de 1869, no publicada en boletín oficial.
el derecho transitorio en el proyecto de reforma
orden de ideas, la ley 16.504 (6) , al modificar el art. 2 del Código Civil con- forme ley 340, estableció concretamente que la publicación de las leyes debía ser oficial, de modo que, aun cuando no se perfeccione por vía del Boletín Oficial, requiere que el medio privado empleado sea de tal natu- raleza y características que asegure no sólo una satisfactoria divulgación, sino también certeza sobre la autenticidad del texto legal (7) .
El acatamiento de las leyes por la comunidad es un fenómeno que no reconoce su origen en el conocimiento concreto de las normas jurídicas, sino en una ficción, en virtud de la cual la ley se presume siempre cono- cida, sin admitir prueba en contrario, y ello alcanza no sólo a las leyes sancionadas por el Poder Legislativo, sino también a los decretos, las re- soluciones, las ordenanzas, etc.
El Proyecto establece en el art. 5 que las leyes son obligatorias después del octavo día de su publicación oficial, o desde el día que ellas deter- minen, con total independencia del conocimiento efectivo de ellas por quienes deben cumplirlas —se trate de habitantes del territorio de la República, ciudadanos, extranjeros, residentes, domiciliados o transeún- tes (art. 4)—, salvo los casos excepcionales previstos en el ordenamiento jurídico, en los que la norma autorice a invocar la ignorancia o error de derecho (8) .
En los fundamentos del proyecto de reforma, la comisión realiza una es- pecial referencia a los sectores vulnerables, respecto de quienes por su situación social, económica o cultural, podría resultar justificado eximirlos del conocimiento presuntivo de la ley supletoria. No obstante ello, con- sideran pertinente mantener la regla general del art. 8, dejando a criterio del juzgador la resolución de los casos concretos que se presenten apli- cando las diversas normas que existen en el sistema para la tutela de los vulnerables (9) .
(6) Publicada en Bo, 03/11/1964.
(7) lópez mesa, marcelo J.; TriGo represas, Félix a. y salas, acdeel e., Código Civil Anotado, Ed. Depalma, 1999.
(8) Belluscio, auGusTo y zannoni, Eduardo, Código Civil y leyes complementarias, Ed. Astrea, 1988, p. 100.
(9) Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, Ediciones Infojus, agosto 2012, p. 30.
3 | Derechos adquiridos y derechos en expectativa
La existencia del derecho transitorio o intertemporal obedece a la nece- sidad de contar con una regla de interpretación, indispensable para esta- blecer la norma aplicable a los casos concretos, que se dirige al juez o al intérprete, pero que no limita las potestades legislativas (10) , las cuales están sujetas al horizonte demarcado por la garantía constitucional de propiedad.
El Código Civil sancionado por la ley 340, al igual que otras legislaciones del siglo XIX, organizó su sistema de derecho transitorio sobre la base de la distinción clásica entre derechos adquiridos y derechos en expectati- va. El texto del art. 3 de la ley 340, —anterior a la reforma introducida por la ley 17.711 (11) — establecía “Las leyes disponen para lo futuro; no tienen efecto retroactivo, ni pueden alterar los derechos ya adquiridos”. A su vez, los arts. 4044 y 4045 disponían la aplicabilidad de las nuevas leyes a hechos anteriores cuando sólo privasen a los particulares de derechos en expectativa o facultades aún no ejercidas o que no hubiesen producido efecto, mas no cuando destruyesen o cambiasen derechos adquiridos.
Vélez Sarsfield adoptó la doctrina de los derechos adquiridos —contenida en el art. 2 del Código Civil francés (12) , el cual siguió el mismo principio in-
(10) CSJN, Fallos 145:277, 1925, “S.A. Cervecería Palermo c/ Fisco Nacional”; 129:422, 1919, “De Luwing Carmen c/ Herederos de Rocca Julio A”; 108:389, 1907, “Juan Gregorini c/ Sara Alsina de Roque s/ Cobro de pesos” (en dicho fallo el Supremo Tribunal estableció que “el art. 3 del Código Civil no establece limitaciones a los poderes legislativos nacionales o locales, en cuanto a retroactividad de las leyes, sino una regla de interpretación de las mismas, y tales limitaciones tampoco existen en la Constitución Nacional para casos en que no se trate de imposición de penas; sin perjuicio de otras garantías a los derechos civiles regidas por las leyes generales” (arts. 17 y 108 CN). Ver también CSJN, “Jawetz Alberto” 1994/03/24, —citado por colauTTi, carlos e., “Posiciones constitucionales acerca de la retroactividad de las leyes”, Revista Jurídica La Ley, 1995-A-154— donde el Máximo Tribunal expreso que: “el principio de la no retroactividad deja de ser una norma infraconstitucional para confundirse con la garantía de la inviolabilidad de la propiedad reconocida por la Ley Suprema” (consid. 6). “La garantía de propiedad y el derecho de usarla no sería verdadera y real, dentro de la Constitución, si no envolviese y comprendiera como corolario el principio que las leyes que afecten los derechos adquiridos, los actos jurídicos perfectos o la cosa juzgada no tienen efectos retroactivos” (consid. 4).
(11) Publicada en BO, 26/04/1968.
(12) El art. 2 del Código Civil francés dispone: “la ley no tiene efecto retroactivo; ella dispone sino para lo futuro”.
terpretativo sentado por el derecho romano (13) — que se oponía a las meras expectativas, que la ley nueva podía destruir. En la nota al antiguo art. 3, Vé- lez explicó que siguió a Savigny, distinguiendo por una parte, los derechos adquiridos de las meras expectativas y, por la otra, las facultades ejercidas de las que aún no hubiesen sido, o que no hubiesen producido efectos.
4 | Orden público y garantías constitucionales
Las excepciones al principio de irretroactividad de las leyes estaban conte- nidas en los arts. 4 y 5 del Código Civil, según ley 340. El art. 4 —derogado por el art., 1 inc. 2 de la ley 17.711— disponía: “Las leyes que tengan por objeto aclarar o interpretar otras leyes, no tienen efecto respecto a los casos ya juzgados” y el art. 5 —también derogado por el art. 1, inc. 3 de la ley antes citada— establecía “Ninguna persona puede tener derechos irrevocablemente adquiridos contra una ley de orden público” (14) .
Vale decir, que el Código anterior a la reforma autorizaba a aplicar en for- ma retroactiva una ley de orden público, aun cuando se tratara de un dere- cho adquirido, concepto luego abandonado por la reforma introducida al art. 3 por la ley 17.711, que también derogó los arts. 4 y 5 antes señalados.
Aun así, antes de la reforma se mantuvo siempre vigente el respeto a los derechos amparados por garantías constitucionales (15) . La Corte Suprema, en tal sentido, había vinculado el tema de los derechos adquiridos con la garantía de inviolabilidad de la propiedad establecida en el art. 17 CN, fundamentalmente en el caso “Horta c/ Harguindeguy”, del 21/08/1922 (16) .
(13) El derecho romano formuló la llamada “regla teodosiana” según la cual las leyes “prescriben la forma de las causas futuras y no se retrotraen a los hechos pasados a menos que el legislador estatuya sobre el tiempo pasado y las cosas aun en suspenso” (Belluscio, auGusTo y zannoni, eduardo, op. cit., p. 16).
(14) CSJN, Fallos 249:183, 1961, “Cejas Daniel c/ Freytes Segundo”; 208:430, “Castellano Inocencio c/ Quintana Aurelio German”, “Ziella Egidio c/ Smiriglio Hnos.” “Mengual Rafael c/ Manufactura Algodonera Arg. S.A.”; 247:283, 1960, “Ares Ramiro c/ Talleres Metalurgicos San Martin Tamet S.A.”.
(15) Fallos 176:22, 1936, “Saltamartini Pedro c/ Cia de Tranways La Nacional, Bunge Carlos Julio”.
(16) CSJN, “Horta, José c/ Hardindeguy, Ernesto”, 1922, 137:47, “Si bien, en tesis general, el principio de la no retroactividad no es de la Constitución sino de la ley, y no liga al Poder
La noción de orden público siempre fue variable y estuvo relacionada con las ideas predominantes en la sociedad, abarcando un conjunto de princi- pios, variables, vinculados con el bienestar general y la defensa y conser- vación de la organización social establecida. Dicho carácter, que no puede depender del arbitrio del legislador, —quien suele declarar las normas como de orden público para reafirmar su grado de imperatividad—, debe determinarlo el juez (17) , quien al momento de interpretar y aplicar la nor- ma a través de un juicio de valor —actividad que debe realizar de oficio, atento su condición de irrenunciable (18) —, le asignará dicho carácter aun cuando no surja expresamente del precepto (19) .
La ley otorga eficacia a la voluntad individual manifestada en los actos ju- rídicos, estableciendo su fuerza obligatoria siempre que su contenido no entre en colisión con expresas prohibiciones legales, con el orden público o con la moral (20) . El orden público actúa en estos casos como una norma imperativa que limita el ámbito de libertad reconocido por la ley a los particulares.
Legislativo, el que puede derogarla en los casos en que el interés general lo exija, sin embargo, tal facultad de legislar hacia el pasado, no es ilimitada, y no puede en virtud de una ley nueva, arrebatarse o alterarse un derecho patrimonial adquirido al amparo de una legislación anterior, como es el del locador de exigir el precio convenido en un contrato celebrado con anterioridad a la nueva ley, durante todo el plazo de la locación. El acto de privar al locador, de una parte del alquiler que tiene derecho a exigir con arreglo al contrato, para beneficiar con ella al locatario, constituye una violación tan grave de la garantía que consagra el artículo 17 de la Constitución Nacional, como la que resultaría del hecho de despojar al propietario de una fracción del inmueble arrendado, para donarlo al
inquilino. El poder para dictar las leyes, llámense éstas leyes de policía, de interés general
o de orden público, se halla siempre sometido a la restricción que importa la garantía
de la inviolabilidad de la propiedad, y el principio de que ninguna persona puede tener derechos irrevocablemente adquiridos, contra una ley de orden público, aparte de ser una simple norma de origen legislativo que no puede primar sobre las garantías consagradas por la Constitución, no se refiere tampoco a derechos patrimoniales. El artículo 1° de la ley 11.157 aplicado cuando las partes se hallan vinculadas por un contrato de término
definido, celebrado con anterioridad a su promulgación, es inconciliable con lo dispuesto en
el art. 17 de la Constitución”.
(17) Belluscio, auGusTo y zannoni, eduardo, op. cit., pp. 104 y 106, nota 39.
(18) Belluscio, auGusTo y zannoni, eduardo, op. cit., p. 109; Kaller de orchansKy, BerTa, en
Alberto Bueres y Elena Highton, Código Civil y normas complementarias, Ed. Hammurabi, 2005, T. 1 A, p. 64.
(19) Kaller de orchansKy, BerTa, en Alberto Bueres y Elena Highton, op. cit., p. 63.
(20) B elluscio , a u G us T o y z annoni , e duardo , op. cit., T. 1, p.102.
Así está previsto en el art. 12 del proyecto de reforma, en cuanto establece que: “las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público. El acto respecto del cual se invoque el amparo de un texto legal, que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa, se consi- dera otorgado en fraude a la ley. En ese caso, el acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir”.
Más adelante, veremos la distinción entre normas imperativas y supletorias
y la vinculación entre las primeras y el orden público. Solamente diremos
ahora que la imperatividad que corresponde a las leyes de orden público no siempre tiene por objeto la simple limitación de la autonomía de la vo- luntad privada en el interés de la sociedad: en muchas ocasiones, tienden
a la protección de la parte más débil en una relación contractual, para equi-
pararla con aquella que se estima que tiene mayor potencia económica (21) .
5 | La reforma de la ley 17.711
La distinción entre derechos adquiridos y en expectativa que contenía el Código Civil sancionado por la ley 340 fue cuestionada por la doctrina moderna, que propició su sustitución por otra: los hechos cumplidos y las situaciones en curso, a los fines de la aplicación inmediata de las nuevas
normas (22) . La ley 17.711, a partir de la crítica difundida en nuestro medio (23) —oportunamente recogida en una recomendación del Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil reunido en Córdoba en 1961 (24) —, reformuló el sistema de derecho transitorio. A tal fin, derogó los arts. 4, 5, 4044 y 4045
y condensó el nuevo régimen en el art. 3, que establece “A partir de su
entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aun a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tienen efecto retroactivo,
(21) Belluscio, auGusTo y zannoni, eduardo, op. cit., p. 107.
(22) rouBier, paul, “Le droit transitoire. Conflits des lois dans le temps”, París, Dalloz et Sirey, N° 36, 1960, p. 166 y ss., n. 37, pp. 171/174, citado por: cámara nacional de apelaciones en lo civil (en pleno), en autos “R., P. c/ B., N.”, Ed. Abeledo Perrot, Nº 60001044, 22/06/1990.
(23) Borda, Guillermo, Retroactividad de la ley y derechos adquiridos, Bs. As., Ed. Abeledo Perrot, 1951, caps. I y VI.
(24) A.A., V.V., Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil, (9 a 14 de Octubre de 1961), Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 1962, T. I, p. 68/91.
sean o no de orden público, salvo disposición en contrario. La retroactivi- dad establecida por la ley en ningún caso podrá afectar derechos ampara- dos por garantías constitucionales. A los contratos en curso de ejecución no son aplicables las nuevas leyes supletorias”.
La norma se estructura sobre los siguientes principios: a) aplicación inme- diata de las nuevas leyes imperativas a las consecuencias de las situacio- nes o relaciones jurídicas existentes; b) no retroactividad de las leyes de orden público (o no), salvo disposición en contrario, con el límite de los derechos amparados por garantías constitucionales; y c) ultraactividad de las normas supletorias, por no ser aplicables las nuevas a los contratos en curso de ejecución.
Su antecedente fue la ponencia presentada por Borda al III Congreso Nacional de Derecho Civil (25) , en la cual el autor adoptó la teoría de los hechos cumplidos, formulada por Roubier (26) , pero introduciendo la dis- tinción entre situación y relación jurídica plurisubjetiva, es decir, el vínculo entre dos personas (27) , que se extingue con el ejercicio de los derechos o cumplimiento de las obligaciones que emanan de ellas. No obstante ello, ambas tienen el mismo tratamiento respecto de sus consecuencias, que son todos los efectos —de hecho o de derecho— que reconocen como causa a una situación jurídica existente (28) .
(25) Borda, Guillermo, Ponencia presentada en el Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil, en Revista ED 36-731, citada por B elluscio , a u G us T o y z annoni , e duardo , op. cit., T. 1, p. 20, nota 25.
(26) B elluscio , a u G us T o y z annoni , e duardo , op. cit., T. 1, p. 19.
(27) Borda, Guillermo, “La reforma del Código Civil. Efectos de la ley con relación al tiempo”, en Revista ED 28-807; Gullón BallesTeros, anTonio, Curso de Derecho Civil. El negocio jurídico, Madrid, Ed. Tecnos, p. 18.
(28) rouBier, paul, en “El derecho transitorio [conflicto de las leyes en el tiempo]”, París, 1960, propuso un sistema que establecía la irretroactividad de la ley respecto de los hechos cumplidos y el efecto inmediato sobre las situaciones jurídicas. Así, determinó que en toda situación jurídica los aspectos dinámicos son los de la creación o construcción y de la extinción; cuando una de estas fases está concluida es un hecho cumplido y la nueva ley no puede volver sobre ella. Pero la situación jurídica tiene también una fase estática durante la cual ella produce sus efectos: los efectos posteriores a la entrada en vigor de la nueva ley son regulados por ella, aunque se hayan generado durante la vigencia de la anterior derogada. De esta manera, existen efectos producidos desde el nacimiento de la situación y efectos a venir, y, con relación a éstos, sólo interesan los posteriores a la ley nueva, pues los anteriores se encuentran cubiertos por la regla de la no retroactividad.
El sistema del Código Civil conforme ley 17.711 adopta de manera expre- sa el efecto inmediato de la nueva ley, que se aplicará a las situaciones y relaciones jurídicas que nazcan con posterioridad a ellas y a las consecuen- cias de las existentes al momento de su entrada en vigencia (29) .
La regla enunciada constituye un criterio normativo para el juez, pues a menos que la misma ley lo disponga, no se la puede aplicar retroactiva- mente, porque por imperio de la noción de “consumo jurídico”, los he- chos pasados que han agotado su propia virtualidad, no pueden ser alcan- zados por una nueva ley, en razón de que si se los afecta, se incurriría en retroactividad (30) . Es por ello que el art. 3 del Código Civil actual dispone que la retroactividad establecida por la ley, en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales (31) .
(29) rivera, Julio c., Instituciones de Derecho Civil. Parte general, t. I, Ed. Abeledo Perrot, p. 215 y ss.; ciFuenTes, sanTos, Elementos de Derecho Civil. Parte general, Ed. Astrea, pp. 31/32. En cuanto a los fallos plenarios (art. 303 CPCN), la jurisprudencia ha establecido que “si una ley, como regla de principio, no puede ser retroactiva (art. 3 CC.), es obvio que menos aun la jurisprudencia plenaria que determina una doctrina legal aplicable. Rige el principio del denominado efecto inmediato (art. 3 CC)”. Ver cámara nacional de apelaciones en lo civil (en pleno), 20/04/2009, “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transporte Doscientos Setenta S.A.”, en SJA, 03/06/2009. Ver también: cámara nacional de apelaciones en lo civil (en pleno), 15/08/1979, “Falland, Federico Frank, suc.”, Ed. Abeledo Perrot, Nº 60000994.
(30) Se está ante un derecho adquirido “si bajo la vigencia de una ley el particular ha
cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en esa ley para ser titular de un determinado derecho”, o bien “cuando los hechos jurídicos, fuente
o productores de derechos, como que son la causa eficiente del nacimiento de éstos (ver
nota del codificador a la Sección 2ª del Libro II CC y nota al art. 896 CC) se han consumado en
la forma prevista en la ley debe considerarse que han producido su efecto específico de crear
un derecho pleno y no una mera expectativa” (CSJN, Fallos 296:723, “De Martín c/ Banco Hipotecario Nacional”, 28/12/1976, citado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (en pleno), “R., P. c/ B., N.”, Abeledo Perrot, Nº 60001044, 22/06/1990).
(31) Se configura una aplicación retroactiva: a) cuando se vuelve sobre la constitución o extinción de una relación o situación jurídica anteriormente constituida o extinguida; b)
cuando se refiere a los efectos de una relación jurídica ya producidos antes de que la nueva ley se halle en vigencia; c) cuando se atribuyen efectos que antes no tenían los hechos o actos jurídicos, si aquéllos se imputan por la vinculación de éstos con un período anterior
a la vigencia de la ley; d) cuando se refiere a las condiciones de validez o efectos en curso
de ejecución que resulten ser consecuencias posteriores de hechos ya cumplidos, con valor jurídico propio en el pasado y que derivan exclusivamente de ellos, sin conexión con otros factores sobrevinientes (rouBier, paul, “Le droit transitoire. Conflits des lois dans le temps”, op. cit., T. 1, p. 376 y ss.; B orda , G uillermo , “ La reforma del Código Civil. Efectos de la ley con relación al tiempo”, op. cit., p. 809; llamBías, JorGe J., Tratado de Derecho Civil. Parte General, t. 1, pp. 144/145, nota 68 bis; Borda, Guillermo, La reforma de 1968 al Código Civil, Bs. As., Ed. Abeledo Perrot, 1971, p. 37).
Este límite a la retroactividad de las leyes, tal como se dijo en párrafos anteriores, ya había sido impuesto por la jurisprudencia (32) —se tratara de leyes de orden público o no—, y el agregado del tercer párrafo del artí- culo (“en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales”) se debió al dictamen preliminar del Dr. Orgaz en el III Congreso Nacional de Derecho Civil, quien advirtió la importancia de esta valla, pues “en la práctica los jueces no podrán dejar de referirse a ella para detener la retroactividad —aún dispuesta por ley—, en protección de los derechos constitucionales” (33) .
La distinción entre “derechos adquiridos” y “derechos amparados por ga- rantías constitucionales” en la actualidad carece de trascendencia, dada la mayor amplitud conceptual que contiene esta última con relación a la pri- mera, ya que la Constitución Nacional protege los derechos sin calificarlos como adquiridos o en expectativa, sino tomándolos en su esencia (34) .
6 | Leyes retroactivas
Dentro del marco establecido por el actual art. 2 CC, son supuestos de le- yes retroactivas, aquellos casos en que el legislador establece que la nor- ma regirá desde el momento de su sanción o de su promulgación. Existen también leyes que pueden aplicarse retroactivamente, aun en ausencia de una disposición legal que lo autorice: tal es el caso de la ley penal más be- nigna (art. 2 del CP) —que cuenta con jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994 (35) —, hipótesis en la cual se aprecia con mayor claridad que el fundamento de la retroactividad es la supuesta mayor justicia de la
(32) CSJN, Fallos 151:103, 1928, “Ordoqui, Pedro. Manrique, Manuel y otros c/ Provincia de Buenos Aires”; 145:307, 1925, “Bourdieu, Pedro Emilio c/ Municipalidad de la Capital”; 5:326, 1868, “Baudrix, Mariano c/ Gobierno de Buenos Aires”; 240:42, 1958, “Azcona, Enrique c/ Mercado Gerez Armengol. Otero, Antonio - suc”; 249:183, 1961, “Cejas, Daniel, y otros c/ Freytes, Segundo, y otro”; 246:45, 1960, “Olivares, Diego c/ Palán, Juan Serafín”, entre otros.
(33) orGaz, alFredo, Dictamen preliminar presentado en el Tercer Congreso Nacional de De- recho Civil, op. cit.
(34) rivera, Julio c., Instituciones de derecho civil. Parte general, 5ta. ed. revisada y actualizada, Bs. As., Ed. Abeledo Perrot, 2010.
(35) Art. 9, Pacto de San José de Costa Rica y art. 15, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y CSJN, Fallos 329:5410, “Agrigenetics S.A. s/infracción ley 24.144”, 28/11/2006.
norma nueva, salvo los casos de delitos de lesa humanidad, tal como lo expuso la Corte Suprema en el caso “Simón” (36) .
Otro supuesto son las llamadas “leyes interpretativas”, contempladas en el derogado art. 4 del Código Civil sancionado por la ley 340, las cuales
tienen por objeto interpretar o aclarar otras leyes, y se aplican a los hechos
o actos producidos antes de haber sido sancionadas, en tanto no se trate
de casos definitivamente juzgados —alcanzados por la cosa juzgada—, ni de relaciones jurídicas ya agotadas, ni de los efectos firmes de las situacio- nes o relaciones jurídicas vigentes (37) .
En los últimos tiempos, algunos autores (tales como Merlin, Chabot, Me-
yer y otros jurisconsultos alemanes) han combatido el principio de la irre- troactividad de las leyes, señalando que resulta incompatible con muchas de las relaciones de derecho. En sentido contrario, Savigny destacó que todas las relaciones de derecho —y esta doctrina, bien entendida—, están en plena conformidad con toda la legislación civil y criminal, mientras que
el principio contrario importaría dejar insubsistentes y al arbitrio del legis-
lador todas las relaciones de derecho sobre las que reposa la sociedad (38) .
7 | Normas imperativas y supletorias
El art. 3 del CC, conforme ley 17.711, señala que a los contratos en curso de ejecución no le son aplicables las nuevas leyes supletorias; las que sólo pueden regir para los nuevos vínculos jurídicos y no alcanzan a las conse- cuencias de las relaciones contractuales que hayan nacido con anteriori- dad a la entrada en vigencia de la ley (39) .
El principio constituye una excepción al de aplicación inmediata de la ley
y encuentra su razón de ser en la naturaleza y la función de las leyes suple-
(36) CSJN, Fallos 328:2056, “Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad, etc. (Poblete) —causa N° 17.768—”, 14/06/2005.
(37) Ferreira ruBio, delia m., en Alberto Bueres y Elena Highton, op. cit., p.11.
(38) ciFuenTes, sanTos (dir.); saGarna, Fernando a. (coord.), “Código Civil comentado y anotado”, La Ley, 2011, T. I, p. 7, arts. 1 a 800.
(39) Ferreira ruBio, delia m., en Alberto Bueres y Elena Highton, op. cit., p.12.
torias en materia contractual, cual es suplir la voluntad de las partes en as- pectos no regulados específicamente en el contrato (art. 1197 del CC) (40) .
La reforma actualmente propuesta a la consideración del Congreso Nacional propone incluir en el art. 7 —que reproduce básicamente al actual art. 3— un párrafo final que establece que “las nuevas leyes su- pletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo”.
En el Capítulo I del Título II (“Contratos en general”) del Proyecto, el art. 958 titulado “Libertad de contratación” dispone que “las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas cos- tumbres”. El art. 960 (“Facultades de los jueces”) prevé que “los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones de los contratos, excepto que sea a pedido de una de las partes cuando lo autoriza la ley, o de oficio cuando se afecta, de modo manifiesto, el orden público”.
Por su parte, el art. 962 (“Carácter de las normas legales”) establece: “las normas legales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes, a menos que de su modo de expresión, de su contenido, o de su contexto, resulte su carácter indisponible”; el art. 963, denomina- do “Prelación normativa”, reza: “cuando concurren disposiciones de este Código y de alguna ley especial, las normas se aplican con el siguiente orden de prelación: a) normas indisponibles de la ley especial y de este Código; b) normas particulares del contrato; c) normas supletorias de la ley especial; d) normas supletorias de este Código” y el art. 964, titulado “Integración del contrato”, dispone: “el contenido del contrato se integra con: a) las normas indisponibles, que se aplican en sustitución de las cláu- sulas incompatibles con ellas; b) las normas supletorias; c) los usos y prác- ticas del lugar de celebración, en cuanto sean aplicables porque hayan sido declarados obligatorios por las partes o porque sean ampliamente conocidos y regularmente observados en el ámbito en que se celebra el contrato, excepto que su aplicación sea irrazonable”.
(40) cámara nacional de apelaciones en lo civil, sala B, “Salgado, Orlando C. c/ Municip. de la Capital”, 07/07/1983, en JA 1984-III-307.
Dado que el proyecto denomina como “indisponible” a lo que se conoce en la doctrina como “normas imperativas”, resulta interesante esbozar al- gunas precisiones con relación a este tipo de leyes, y su distinción con las llamadas “normas supletorias”.
La autonomía privada cede posiciones frente a la norma legal imperativa, y
orden público económico, en cuanto a la protección de la parte débil de
contratación predispuesta, provoca la prelación de la norma dispositiva
supletoria por sobre el precepto privado y, por ende, su aplicación. Por
su parte, en los contratos discrecionales, el precepto privado, en principio, prevalece sobre la norma supletoria que, por tal, tolera que las partes con- figuren un contenido distinto del previsto por el texto legal (41) .
Los particulares carecen de poder jurídico no sólo para derogar una norma jurídica sino también para alterar su texto, funciones que sólo competen al poder que la ha originado. La eficacia de la norma perdura hasta tanto no sea derogada o modificada. En consecuencia, aun cuando la convención privada sea preferida por el ordenamiento jurídico a la norma supletoria
o dispositiva, ello no incide en su eficacia, ni en su carácter coercitivo. La circunstancia de que el ordenamiento jurídico tolere que la autonomía pri- vada se anteponga a la norma supletoria o dispositiva es consecuencia de un mandato legal que así lo ha dispuesto (42) .
Conforme lo expuesto, la norma es imperativa cuando por mandato legal
asume condiciones de regla preferente en la escala de valores por sobre
el precepto privado. Vale decir, el orden jurídico no tolera que el sujeto no
haga lo que manda hacer o haga lo que prohíbe hacer. Constituye, enton- ces, una limitación inherente a la autonomía de la voluntad. En base a ello,
el orden jerárquico sería: a) la norma legal imperativa; b) la regla negocial acordada; c) la norma legal dispositiva; d) los usos y costumbres atinentes
a situaciones no regladas legalmente.
En cuanto a la norma supletoria o dispositiva, tiene aplicación ante el si- lencio de las partes, es decir, para resolver cuestiones no reguladas por los contratantes.
(41) s T i G li T z , r u B én s ., Contratos Civiles y Comerciales , Ed. La Ley, 2010, T. I, p. 433.
(42) llamBías, JorGe J., op. cit., Nº 53, p. 56, citado por sTiGliTz, ruBén s., op. cit., p. 435.
Ahora bien, la norma imperativa se distingue del orden público en que la primera constituye una norma legal que prevalece por sobre el precepto privado y cuya imperatividad es otorgada por el orden jurídico; en cambio, la segunda, se identifica por los motivos o fundamentos —extraños o no al ordenamiento jurídico— en virtud de los cuales se comunica esa impe- ratividad a la ley (43) .
En caso de colisión entre el precepto de autonomía que contradice la nor- ma imperativa, el ordenamiento legal atribuye preferencia a esta última, tornando no sólo ineficaz a la cláusula contractual, sino también sustitu- yéndola por la norma legal aplicable y manteniendo incólume el resto del contrato.
Así ha sucedido con las leyes represivas de la usura, las que regulan emer- gencialmente las locaciones, las que reglamentan la actualización de los créditos, o se refieren a contratos tipo o de adhesión, las que, por su ca- rácter imperativo, se han aplicado en forma inmediata a los contratos en curso de ejecución (44) .
8 | La protección del consumidor
Nuestro sistema jurídico ha dejado de lado ya hace tiempo la concepción igualitaria formal propia del constitucionalismo decimonónico, que im- pregnó en gran medida la obra de Vélez Sársfield, para avanzar en la for- mulación de criterios de igualitarismo estructural, que llevan a dar protec-
(43) sTiGliTz, ruBén s., op. cit., p. 439 y ss.
(44) lópez olacireGui, José m., “Efectos de la ley con relación al tiempo, abuso del derecho y lesión subjetiva”, en Revista del Colegio de Abogados de la Plata, Año X, n. 21, julio-diciembre 1968, pp. 76 y 77; cámara nacional de apelaciones en lo civil, sala D, “Yar Construcciones S.A c/ Koruk, Herman S.”, 30/05/2008, Abeledo Perrot, Nº 70048873; cámara nacional de apelaciones en lo civil, sala D, “Ros, Cecilia B. c/ Civalero, Juan E. y otro”, 30/09/2005, Abeledo Perrot, Nº 35002550; cámara nacional de apelaciones en lo comercial, sala A, “Rzepnikowski, Lucía c/ Victorio Podestá y Compañía S.A y otros”, 22/07/2008, Abeledo Perrot, Nº 70048798;
cámara de apelaciones en lo civil y comercial de mar del plaTa, sala II, “Buono, José S. c/
Guerra, María E.”, 31/08/2006, Ed. Abeledo Perrot, Nº 35004015. Para analizar las posturas existentes en torno a la aplicación temporal de la norma contenida en el art. art. 1582 bis del CC (alcance de la fianza en la locación) ver: cámara 6Ta. de apelaciones en lo civil y comercial de córdoBa, “Ferrer de Oddone, Isabel c/ Rebuffo, Mauricio y otros”, Abeledo Perrot, Nº 70060897, 11/05/2010.
ción especial a determinadas categorías de personas que se presuponen vulnerables, como los consumidores (art. 42 CN) y los niños, las mujeres, los ancianos y los discapacitados (art. 75, inc. 23 CN).
El Proyecto de reforma demuestra la relevancia que ha adquirido en los últimos años la protección jurídica de los consumidores y usuarios. Este proceso, que comenzó a gestarse antes de la reforma constitucional del
año 1994 (45) , continuó con la incorporación del art. 42 a la Carta Magna y, un año antes, con la sanción de la ley 24.240 y sus modificatorias —en especial, la ley 26.361 (46) —, las que se integran con las normas genera- les y especiales aplicables a la relación de consumo (por ejemplo, la ley
25.065 de Tarjetas de Crédito (47) , la de Regulación de los Servicios Públi-
cos, Contratos Bancarios, Financieros, Medicina Prepaga, Publicidad, etc.)
y, en particular, con las leyes 25.156 (48) de Defensa de la Competencia y la
22.802 de Lealtad Comercial (49) .
En efecto, el último párrafo agregado al art. 7, así como el Cap. I (deno- minado “Relación de consumo”) del Título III (titulado “Contratos de con- sumo”) y la Sección 12º (“Contrato de consumo”) del Cap. 3 (“Parte es- pecial”) de la reforma (50) , importa la incorporación como norma imperativa de las leyes protectorias del consumidor, —entre ellas, la ley de Defensa
(45) Ver el desarrollo jurisprudencial y doctrinario habido con relación a este tema expuesto en: suprema corTe de JusTicia de la provincia de mendoza, Sala I, “López Dávila Osvaldo”, Ed. Abeledo Perrot, Nº 70008259, 06/11/2000.
(46) Publicada en BO, 07/04/2008.
(47) Publicada en BO, 14/01/1999.
(48) Publicada en BO, 20/09/1999.
(49) Publicada en BO, 11/05/1983.
(50) El art. 1094 de la reforma (“Interpretación y prelación normativa”) dispone: “Las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable” y el art. 1095 (“Interpretación del contrato de consumo ”) reza: “El contrato se interpreta en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existen dudas sobre los alcances de la obligación, se adopta la que sea menos gravosa”. Asimismo, el art. 2654 (“Jurisdicción”) relativo a la competencia en los casos que versen sobre relaciones de consumo, dispone que “La acción entablada contra el consumidor por la otra parte contratante sólo puede interponerse ante los jueces del Estado del domicilio del consumidor. En esta materia no se admite el acuerdo de elección del foro” y el art. 2655 (“Derecho aplicable”) establece los casos en los cuales los contratos de consumo se rigen por el derecho del Estado del domicilio del consumidor.
del Consumidor (LDC) (51) — a los fines de asegurar la mayor protección a la parte más débil en las relaciones de consumo y recomponer, con un sen- tido ético de justicia y de solidaridad social, el equilibrio que deben tener los vínculos entre comerciantes y usuarios, que se ven afectados ante las situaciones abusivas que se presentan en la vida cotidiana (52) .
Esas normas actúan como una “protección mínima”, lo cual implica que no hay obstáculos para que una ley especial establezca condiciones supe- riores. Y, por el contrario, ninguna ley especial en aspectos similares pue - de derogar esos mínimos sin afectar el sistema. Ello se condice con una política legislativa que reconoce que el modelo económico de libertad de mercado debe ser compatible con una consideración jurídica del contrato de consumo que proteja al consumidor en plenitud, sin recortes en sus derechos fundamentales (53) .
El derecho del consumidor es un sistema global de normas, principios, instituciones e instrumentos de implementación, consagrados por el or- denamiento jurídico en favor del consumidor, para garantizarle en el mer- cado una posición de equilibrio en sus relaciones con los empresarios. Los consumidores tienen una debilidad motivada en desigualdades reales que los colocan naturalmente en una posición de desequilibrio (en el poder de negociación, en la inequivalencia del contenido del contrato, derechos y obligaciones recíprocos, etc.) y, esencialmente, en una desinformación en torno al objeto de la relación (sobre la operación realizada, los bienes y servicios proveídos, condiciones de negociación, etc.) (54) .
(51) Ley 24.240, sancionada el 22/09/1993; promulgada parcialmente el 13/10/1993 y publicada el 15/10/1993. Fue reglamentada a través del decreto 1798/1994 (BO, 18/10/1994) y se introdujeron modificaciones a través de las leyes 24.787 (BO, 02/04/1997), 24.999 (BO, 30/07/1998) y 26.361 (BO, 07/04/2008).
(52) Sobre este tema ver, entre otros, picasso, seBasTián y vázquez Ferreyra, roBerTo a., Ley de Defensa del Consumidor. Comentada y anotada , Bs. As., Ed. La Ley, 2009, T. I, p. 436; mosseT iTurraspe, JorGe, “El orden público y la tutela del consumidor y usuario”, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, n° 3, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2007; mosseT iTurraspe, JorGe, “Orden público y buenas costumbres”, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, op. cit, p. 5; morello, auGusTo, El abogado, el juez y la reforma del Código Civil, La Plata, Ed. Platense, 1969, p. 35.
(53) sTiGliTz, ruBén s., op. cit., p. 11.
(54) sTiGliTz, ruBén s. y sTiGliTz, GaBriel a., “Ley de Defensa del Consumidor (Una primera visión de conjunto)”, en JA, 1993-IV-871; sTiGliTz, GaBriel a., “Protección jurídica del consumidor”, 2da. ed. actualizada, Bs. As., Ed. Depalma, 1990, p. 117 y ss.; sTiGliTz, GaBriel a., “La protección
Dado el rango constitucional que le ha asignado el legislador (art. 65, LCD) (55) , paulatinamente se han producido notables cambios en la inter- pretación, vigencia y análisis de incompatibilidad con otras normas del derecho que hasta el advenimiento de la nueva normativa en la materia se tomaban como reglas o principios inconmovibles (56) , lo cual nos colocó en la senda marcada por los países de capitalismo avanzado, que contem- poráneamente procuran el fortalecimiento de las políticas de control en protección del consumidor (57) .
La propuesta de reforma tiene clara raigambre constitucional y se encuen- tra estructurada con base en una razonable aplicación del “principio pro- tectorio” y en el marco de lo que se ha dado en llamar “orden público de protección de la parte más débil”, que contempla la existencia de des- igualdades económico-sociales entre las partes, las que determinan que no se verifique entre ellas un proceso de discusión paritaria, sino la mera adhesión de una de ellas a las condiciones preestablecidas por la otra (58) .
La propuesta de reforma, entonces, no hace sino garantizar la aplicación a todos los contratos de consumo —asignándole un efecto retroactivo res- pecto de aquellos celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia
del consumidor y las prácticas abusivas - Realidad y perspectivas en la Argentina”, en Derecho del Consumidor, n° 3, Rosario, Ed. Juris, 1993, p. 50; BenJamín, anTonio, “El derecho del consumidor”, en JA 1993-II-913; caleGari de Grosso, lydia e., “La teoría general del contrato y el Proyecto de Reformas del ‘98”, JA 2000-II-1120.
(55) “La Ley de Defensa del Consumidor se autodeclara de orden público (art. 65), por lo cual, como allí se otorga al consumidor un régimen especial derivado de su debilidad intrínseca en la relación con el empresario o productor de bienes o servicios, sus normas son de aplicación imperativa en todos los casos —incluso en los juicios ejecutivos— ya que han modificado implícitamente la legislación sustancial y procesal vigente”. (cámara nacional de apelaciones en lo comercial, Sala E, “Compañía Financiera Argentina S.A c/ Castruccio, Juan C. s/ ejecutivo”, 26/08/2009; cámara nacional de apelaciones en lo comercial, Sala D, 26/05/2009, “Compañía Financiera Argentina S.A c/. Barrionuevo, Juan M. s/ ejecutivo”.
(56)TerzaGa, paTricia y masTai, seBasTián, “El derecho del consumidor frente a la suscripción de títulos de crédito”, en APC 2011-2-123.
(57) Vgr., el Programa de Políticas de la Comunidad Económica Europea para 1993 (ver BourGoiGnie, Thierry, “El derecho comunitario del consumo: experiencia y perspectivas respecto de la Europa de 1993”, en JA, 1993-II-925; reich, norBerT, Mercado y Derecho, Barcelona, Ed. Ariel Derecho, 1985, p. 176 y ss.
(58) lorenzeTTi, ricardo l., Tratado de los Contratos, Parte General, Santa Fe, Ed. Rubinzal Culzoni, 2004, p. 96.
de la ley— de los principios que rigen a las relaciones de consumo. Entre ellos, los que emanan del art. 37, LDC, a saber: a) la interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor; b) cuan- do existan dudas sobre los alcances de la obligación del consumidor, se estará a la que sea menos gravosa; c) sin perjuicio de la validez del con- trato, se tendrán por no convenidas las cláusulas que importen renuncia
restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de
otra parte. También el contenido en el art. 3, LCD, en cuanto dispone
que, en caso de duda sobre la interpretación de sus disposiciones, debe prevalecer la más favorable al consumidor.
Como ya se dijo, la regla básica de interpretación establece la necesidad de procurar entender la ley conforme con la Constitución Nacional y los tratados en que el país sea parte, con especial relevancia de los tratados de derechos humanos, dado el relevante contenido valorativo que poseen para el sistema.
Este criterio de aplicabilidad (59) con relación a las relaciones de consumo, reproduce las garantías constitucionales establecidas en el art. 42, sin de- jar de lado el criterio de orden público que impera en la Ley de Defensa del Consumidor (art. 65).
Así lo ha entendido la Comisión de Reforma (60) al sostener que, tratán- dose de una relación de consumo, cabe descartar la presunción de una voluntariedad “común” sobre la remisión a las normas supletorias vigen- tes, pues es de presumir que la nueva ley mejora según lo justo la de- rogada y que el legislador la sanciona de acuerdo a lo que parece más razonable según los cambios sociales o las prácticas negociales, procuran- do interpretar lo que hubieran con justicia pactado las partes, de haberlo previsto. Entonces, en el caso de los contratos de consumo en curso, serán aplicables las nuevas leyes supletorias que puedan sancionarse, siempre y cuando sean más favorables al consumidor.
Además, la inclusión del último párrafo del art. 7 del Proyecto de refor- ma, despeja las inseguridades que hasta la actualidad puede presentar la
(59) alchourron, carlos e. y BulyGin, euGenio, Análisis lógico y derecho, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991.
(60) Ver texto en http://www.infojus.gov.ar/_pdf/codigo_civil_comercial.pdf.
aplicación del art. 3 del CC, en su actual redacción, al caso concreto, te- niendo en cuenta cierta jurisprudencia que le ha desconocido su carácter imperativo (61) .
9 | Conclusiones
El Proyecto de reforma en su art. 7 mantiene la estructura básica del actual
art. 3 del CC, incorporando en forma imperativa a los contratos de consu- mo, las normas más favorables al consumidor, lo cual resulta a todas luces beneficioso para el actual panorama existente.
Las variaciones que constantemente se producen en las condiciones de in- tercambio de bienes en la sociedad, que en muchos casos pueden perju- dicar a los consumidores y usuarios, a menudo cuasi-cautivos en relaciones de larga duración vinculadas con bienes esenciales para la vida cotidiana en una sociedad moderna, determinan que el Estado deba intervenir por vía normativa para evitar abusos de quienes se encuentran en una posi- ción dominante; abusos o afectaciones de derechos de los consumidores que podrían concretar sus efectos negativos si no se previera la aplicación inmediata de las normas protectorias dictadas a tales efectos.
Nos encontramos ante un Proyecto que, con relación a su aplicación a las relaciones jurídicas en curso, tuvo en cuenta tal realidad cotidiana de nues- tra sociedad y que vertebró su diseño en las disposiciones contenidas en
el bloque de constitucionalidad federal, en especial en el art. 42 CN, que
imponen la protección de los vulnerables. Ello no sólo se da en lo atinente
a la aplicación inmediata de las normas favorables a los consumidores,
(61) cámara nacional de apelaciones en lo comercial, sala A, “Banco Supervielle S.A. c/ Pugliese, Marcelo Mario s/ ejecutivo”, La Ley Online, AR/JUR/45944/2011,14/07/2011: “La modificación introducida por la ley 26.361 al art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor en materia de competencia no resulta aplicable a la ejecución de un documento librado con anterioridad a su sanción, pues una decisión contraria alteraría los efectos ya producidos de una relación jurídica, violentando el principio de irretroactividad de las leyes consagrado por el art. 3 del Cód. Civil”. c ámara n acional de a pelaciones c ivil , Sala F, 18/11/2009, La Ley, 2010- A, p. 203: “Un proveedor no puede ser condenado a pagar la multa civil prevista en el art. 52 bis de la ley 24.240 —incorporado por la ley 26.361— por una conducta anterior a la vigencia de la ley que incorpora ese instituto a nuestro derecho, pues la figura del daño punitivo es de carácter excepcional, no rutinario, y debe ser empleada con sumo cuidado, en tanto se trata de un instituto importado del derecho anglosajón, extraño a nuestro sistema jurídico”.
sino a normas de orientación inequívoca, como el art. 11 del Proyecto, que contempla específicamente lo relativo al “abuso de posición dominante”.
Si bien los derechos del consumidor se encuentran amparados por la Constitución Nacional —además de otras leyes de rango inferior—, la ju- risprudencia aún muestra soluciones disímiles, por lo que creemos que la inclusión en el Código Civil de normas protectorias del consumidor y la regulación de los contratos de consumo —habida cuenta del carácter expansivo del articulado a otras ramas del ordenamiento jurídico— redun- dará en una adecuada interpretación y eficaz resolución de los conflictos que se susciten en este tipo de relaciones.
por ANDREA C. JÁUREGUI (1) y EDUARDO J. MAC DONNELL (2)
En este trabajo nos proponemos acercar una noción del Proyecto de unifi- cación del Código Civil y Comercial de la Nación en lo relativo al comienzo de la existencia y al fin de la persona humana.
Como veremos, los avances de la biotecnología y, más precisamente, de las ciencias biológicas y la medicina, impensados en la época en la que se dictó el Código Civil de Vélez Sarsfield (3) , han tenido gran influencia en la elaboración del proyecto citado.
(1) Abogada. Profesora de Derecho del Consumo en la U.B.A.
(2) Abogado. Profesor de Derechos Reales en la U.B.A.
(3) Sancionado en el año 1869.
andrea c. jáuregui - eduardo j. mac donnell
Primero haremos una introducción sobre la existencia de la vida humana, su comienzo y las técnicas modernas de concepción de la vida para luego introducirnos en el fin de su existencia.
Así diagramado el presente artículo, debemos destacar, a modo de intro- ducción, que a diferencia del Código Civil (art. 30), en el Proyecto del año 2012 no hay una definición de persona (4) . No se aclara en los fundamentos de esta flamante iniciativa por qué se tomó esta posición de suprimir la definición de persona. Sin embargo, el proyecto del año 1998 tuvo gran influencia en éste nuevo y, en aquellos fundamentos, se dijo: “Pese a que en este Proyecto se han insertado definiciones en todos los casos en que se consideró necesario, no se conserva la que el Código Civil vigente trae en su artículo 30; se abandonó incluso la idea de sustituirla por otra más apropiada. Es que la noción de persona proviene de la naturaleza; es per- sona todo ser humano, por el solo hecho de serlo; y la definición de la persona a partir de su capacidad de derecho confunde al sujeto con uno de sus atributos, amén de que da la falsa idea de que la personalidad del sujeto es concedida por el ordenamiento jurídico. La idea del Proyecto es por el contrario que la persona es un concepto anterior a la ley; el Derecho se hace para la persona que constituye su centro y su fin. Es la noción de persona que alberga la Constitución Nacional desde su misma sanción en 1853, la que proviene de sus fuentes desde la asamblea de 1813, y la que fue ratificada con el reconocimiento de la jerarquía constitucional de las convenciones y tratados de derechos humanos en el texto que rige a partir de la reforma de 1994”.
Como veremos a lo largo del presente trabajo, no fue un descuido de la comisión no citar estos fundamentos en el proyecto del año 2012.
2 | Comienzo de la existencia
Aclarado lo anterior, pasemos al primer punto que analizaremos: el co- mienzo de la existencia de la persona humana. El Proyecto del año 2012 continúa con la idea de que el comienzo es el momento mismo de la con-
(4) En los fundamentos del Proyecto del año 2012 se explica que se eliminó la definición del art. 30 del Código Civil y que se utilizará la expresión “persona humana”, lo que creemos que es correcto.
existencia y fin de la persona humana en el
cepción. Por su parte, el Código Civil establece que la existencia de la persona humana se inicia con la concepción en el seno materno (5) , lo que es reiterado de similar manera por el proyecto en estudio (6) . Aquí, la comi- sión se apartó del proyecto de reforma del Código Civil del año 1998, en donde sólo se mencionaba que la persona humana comenzaba desde la concepción (7) sin la expresión “en el seno materno”, siguiendo los linea- mientos, en aquel momento, del Pacto de San José de Costa Rica (8) y de la ley 23.849 (9) .
Se vislumbra en los fundamentos del proyecto del año 2012 que tal tesi- tura obedece a que en las técnicas de reproducción humana asistida ac- tualmente no existe posibilidad de desarrollo de un embrión fuera del cuerpo de la mujer. Ello es correcto: en la actualidad, tanto en las formas de reproducción natural como en las médicamente asistidas, el embrión se desarrolla en el útero de la mujer, como a continuación explicaremos. De haberse seguido la postura adoptada por el proyecto de 1998, en don- de no se mencionaba el seno materno, posiblemente se hubiese instalado la idea de persona humana concebida también fuera del útero, pues de la manera en que avanzan las ciencias biológicas y la medicina nada nos impide pensar en esa posibilidad.
3 | Reproducción asistida
Concatenado a esto último se encuentra uno de los cambios más impor- tantes en esta materia entre el vigente Código Civil y el Proyecto del año 2012: las técnicas de reproducción humana asistida. De esta forma, adap- tándose el Código Civil a las nuevas realidades de la sociedad, adelan-
(5) Art. 70 CC.
(6) Art. 19 del Proyecto del año 2012.
(7) Art. 15 del Proyecto del año 1998.
(8) Art. 4, inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscripta en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanas, en San José, Costa Rica, en noviembre de 1969, de jerarquía constitucional en nuestro país (art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional).
(9) Art. 2 de la ley 23.849, por la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño y se aclara que niño es todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad.
tando una nueva corriente del Derecho, que es la genética, el Proyecto dispone que el comienzo de la existencia en el caso de reproducción hu-
mana asistida es a partir del momento de la implantación del embrión en
la mujer. Esto no sólo es novedoso respecto del Código Civil, sino que
también con relación al Proyecto del año 1998, en donde no se había con- siderado tal problemática.
En la actualidad, muchas personas que no pueden concebir una criatura por problemas de fertilidad, encuentran respuestas, gracias a los avances de la medicina y, sobre todo, de la genética, en métodos alternativos de reproducción a los cuales Tobías llama “no naturales” (10) .
De forma sucinta, y a fin de ubicarnos en el tema, podemos adelantar al-
gunos conceptos útiles, de manera simplista, sin tecnicismos propios de la medicina. Como es sabido, la trompa de Falopio es un tubo que conecta
el ovario de la mujer con el útero (seno materno). En los ovarios se forman
los óvulos que son los gametos femeninos, siendo los gametos mascu- linos los espermatozoides que se generan en los testículos del hombre. En el proceso natural, los gametos masculinos son expulsados en la eya- culación, recorren la vagina de la mujer, ingresan por el cuello de útero, traspasan el útero y penetran en las trompas de Falopio para encontrarse con el óvulo, al que penetra (por lo general uno solo que es el más fuerte), produciéndose la fecundación y, así, comienza la gestación (unión de las dos células con producción de una nueva célula que se llama célula huevo o cigoto). Esa célula fecundada migra hacia el útero o seno materno (cam- biando de nombre en sus transformaciones) y se implanta en el útero que esta preparado para recibirla, dando comienzo al embarazo (11) .
A partir de problemas en la fertilidad de las personas para procrear, la
ciencia médica logró darles una solución mediante la reproducción asisti- da médicamente. En esas técnicas o procesos, la fecundación puede ser de dos tipos (12) :
(10) ToBías, José W., Derecho de las personas, La Ley, Buenos Aires, 2009, p. 76 y ss., punto II.
(11) Información con asesoramiento médico-técnico del Dr. Mac Donnell, Alberto Raúl (MP:
13.730 y MN: 83.527), a quien hemos consultado.
(12) Borda Guillermo a., Tratado de Derecho Civil-Parte General, 13ra. ed., Buenos Aires, La Ley, 2008, actualizado por Borda, Guillermo J., t. I, pp. 246/247, punto 226; ToBías, José
a. Por un lado, las que fecundan el óvulo con la introducción del espermatozoide en el útero de la mujer, lo que sería la inseminación artificial (I.A.). Se coloca esperma en la vagina de la mujer en el momento de la ovulación. El proceso es parecido al natural y se puede colocar de forma artificial semen de la pareja de la receptora (homóloga o intraconyugal) o semen de un tercero, llamado dador (heteróloga o supra conyugal).
b. Por otro lado, existe la fecundación del óvulo fuera del seno materno o extra- corpóreo, permitiendo la posterior implantación en la madre, que serían los siguientes dos casos:
• el de fecundación in Vitro (F.I.V.), en donde se unen los espermatozoides y los ovocitos en una probeta de laboratorio, se produce la célula huevo o cigoto, hasta que se desarrolle como embrión y, de los embriones resultantes, se trans- fiere al útero de la receptora un número determinado de estos últimos (gene- ralmente hasta tres por seguridad, ya que puede provocarse un nacimiento múltiple),
• otra forma, es la transferencia de gamitos a las trompas de Falopio (llamada G.I.F.T.), en donde se colocan en contacto los ovocitos y el esperma y luego se transfieren a las trompas de Falopio y se logra así una fertilización similar a la natural.
Como puede apreciarse, las técnicas de inseminación artificial (I.A.) y la transferencia de gamitos (G.I.F.T.) ayudan a que se produzca el proceso natural de gestación; una introduciendo el semen en la vagina, otra reali- zando una intervención más profunda y ayudando al proceso hasta que la célula huevo o cigoto llegue a las trompas que la dirigirán hacia el útero (13) .
, Derecho Civil – Parte General, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2010, t. I, pp. 381/382, punto II.
op. cit., p. 76 y ss., punto II; rivera, Julio c., Instituciones de
W., Derecho de las personas
(13) También hay otra técnica en la que se fecundan los ovocitos, la cual se realiza por inyección de un espermatozoide en el cicoplasma de la mujer mediante una micropipeta, previa selección de los gametos para obtener embriones que puedan transferirse al útero materno. Esta técnica se conoce como inyección intracitoplasmática de espermatozoides
o I.C.S.I. Por último, hay otros dos tratamientos, poco conocidos, que son muy parecidos
a la F.I.V., que se llaman transferencia intratubárica de gametos (T.I.G.) y transferencia
intratubárica de cigotos (T.I.C.). La técnica es la misma que la F.I.V. pero aquí se realiza una pequeña cirugía y se coloca, en el T.I.G., el óvulo fecundado en las trompas de Falopio y, en el T.I.C., se mantienen los óvulos fecundados en laboratorio y se coloca el embrión en las trompas de Falopio. La diferencia entre uno y otro método radica en que en el T.I.G. la fecundación se logra de forma natural en las trompas de Falopio y en el T.I.C. se produce en el laboratorio (como ocurre en la F.I.V.). Seguramente debe haber otras técnicas y, en un futuro, habrá muchas más.
Por lo tanto, la única técnica en donde se generarían embriones fuera del cuerpo de la mujer sería la F.I.V. (y, menos conocida, la T.I.C.), que trae apa- rejado el problema de los embriones sobrantes, los que, a falta de legisla- ción específica, actualmente pueden ser desechados o crioconservados (14) para empleos posteriores.
Sentado ello, al establecer el proyecto del año 2012 que la existencia de la persona humana ante técnicas de reproducción asistida comienza desde la implantación del embrión en la mujer, reafirma la idea de que la persona humana, para el proyecto, y sobre todo para el Derecho, comienza en el seno materno, pues todas las formas de fertilización asistida así lo harían (ya sea I.A. y G.I.F.T., o la implantación mediante la F.I.V.).
4 | Naturaleza del embrión
No podemos dejar de resaltar que gran parte de la doctrina considera persona al embrión generado a través de la F.I.V. antes de ser implantado en la mujer (15) . De esta manera, Tobías sostiene que hoy las ciencias bioló- gicas permiten afirmar que el embrión es un humano, se haya concebido en el seno materno o formado mediante las técnicas de fecundación in Vitro y agrega que en ambos casos los embriones tienen la “condición de humanidad”, la misma “sustantividad humana” (16) .
(14) Según explica Tobías, la crioconservación o preservación de embriones es un proceso que interrumpe el proceso vital del embrión por su colocación en un envase de nitrógeno líquido
a una temperatura de 196 grados bajo cero (ToBías, José W., Derecho de las personas cit., p. 87, punto V, ap. 7.a).
(15) ToBías, José W., “El derecho a la vida de la persona por nacer”, en Revista Jurídica La Ley, 2007-F, p. 797. Este autor afirma que el concebido fuera del seno materno debe ser considerado persona para el derecho. En el mismo sentido, Llambías dice que la sola circunstancia de que la concepción se haya producido fuera del seno materno, no constituye obstáculo para considerar que ese embrión también es persona (llamBías, JorGe J., Tratado de Derecho Civil-Parte General, 20ª edición, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2003, t. 1, p. 225, punto 326 bis).
(16) ToBías, José W., “La persona humana en el Proyecto”, en Revista Jurídica La Ley,
25/06/2012, p.1 y en DFyP, julio, 2012, p.261. Este autor critica el proyecto en tanto utiliza
la terminología “persona humana” y no le reconoce esa calidad al embrión, lo que, según
sostiene, sería contradictorio.
También en la jurisprudencia nacional se sostiene que el embrión es per- sona (17) .
Sin embargo, nos enrolamos entre aquellos que afirman que el concepto de persona es una “categoría jurídica”, por lo que no puede prescindirse del hombre, en tanto interesa como receptáculo de la imputación jurídica —no como ser biológico, social, psicológico, espiritual, etc.— (18) .
En este sentido, nos remitimos a lo que menciona Arauz Castex, quien sostiene: “Pero si todos los hombres o algunas colectividades de hom- bres son virtuales sujetos de derecho y por lo tanto personas, ningún ser no humano lo es; y así, ni los animales, ni las cosas, ni las ideas pueden serlo, puesto que son ajenos a la posibilidad de tener conducta, que es la materia del derecho” (19) . Además, el jurista citado postula que las le- yes que imponen determinados procederes respecto de los animales no significan acordarle derechos a éstos y, por lo tanto, personalidad, con el fundamento de que la ley mira al hombre y se inspira en fines económicos (salvaguardar la riqueza pecuniaria) o higiénicos (prevenir la hidrofobia u otros males) o morales (20) .
Entendemos que es similar a lo que ocurre con los embriones, que son una masa de células sin forma humana reconocible y que antes de la im- plantación carecen de posibilidad de desarrollo, por lo tanto, reconocer-
(17) cámara nacional en lo civil., Sala I, 03/12/1999, “R. R. D. s/ medidas precautorias”, en Revista Jurídica La Ley, 2001-C, p. 824, en donde se sostuvo que, según el ordenamiento legal y constitucional argentino, la existencia de la persona humana comienza desde el momento de la concepción, sea en el seno materno o fuera de él, reconociéndose el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona por nacer. En otro antecedente, cámara nacional en lo civil, Sala J, 13/09/2011, “P., A. c/ S., A. C.”, SJA, AbeledoPerrot Online, Lexis n° 20110839, 30/11/2011, se dijo que el desarrollo de las modernas técnicas biomédicas de fecundación ectogénica (in Vitro) tornaban indudable la afirmación que también el concebido fuera del seno materno debe ser considerado persona para el derecho.
(18) Bueres, alBerTo J., Responsabilidad civil de los médicos, Buenos Aires, Hammurabi, 2006, p. 587 y ss. Este autor sostiene: “de identificarse el hombre con la persona, se despolazaría —en tal aspecto— el derecho positivo por el derecho natural, a tal punto que si aquél negara al ser humano el carácter de persona –al no conferir personalidad-, ello generaría una contradicción entre los dos órdenes, prevaleciendo el natural por encima del normativo”.
(19) arauz casTex, m.,Derecho Civil – Parte General, Buenos Aires, Empresa Tecnojurídica Argentina1965, t. I, p. 208, punto 345.
(20) arauz casTex, op. cit., p. 208, punto 346.
les ciertos derechos para su conservación y destino, no significa acordarles derechos por los cuales se los deba considerar personas.
Obviamente, el embrión no implantado no puede encontrarse despro- tegido como lo estaría hoy en día, sino que por el contrario, necesita de una urgente legislación que prevea un uso adecuado de su existencia, abarque cuestiones relativas al número de embriones a implantar, su crio- conservación, la experimentación con fines científicos, el destino de los embriones no implantados, la maternidad subrogada, la filiación del em- brión implantado, etc.
Siguiendo esta línea, hay un importante fallo que dictó el Supremo Tribu- nal Federal del Brasil (21) , que estableció que el embrión no es persona. Para llegar a tal conclusión, dispuso: “La potencialidad de algo para tornarse persona humana es meritoria y suficiente para merecer protección, infra- constitucional, contra las tentativas frívolas o desconsideradas de prevenir su continuidad fisiológica natural. Sin embargo, las tres realidades no se confunden: el embrión es embrión, el feto es feto y la persona humana es persona humana. Por lo tanto, no hay persona humana embrionaria, sino embrión de persona humana”. Además, se sostuvo, respecto al embrión ’in Vitro’ que: “no es una vida camino a otra forma de vida virginalmente nueva, porque carece de las posibilidades de adquirir las primeras termi- naciones nerviosas, sin las cuales el ser humano no tiene posibilidad como proyecto de vida autónoma e irrepetible”.
Creemos que, a nivel nacional, se parte de un erróneo análisis sobre la cuestión de los embriones. Es cierto que el embrión es un ser vivo nuevo, producto de la unión de dos células distintas a partir de la cual se forma otra diferente a ambas con su propio capital genético, pero ello no pue- de ser considerado una persona humana, sino que se trataría de un ser biológico de otro tipo, que aún, hasta tanto no sea implantado, no puede ser considerado sujeto. Es un ser vivo, eso no lo negamos, pero no es una persona humana, condición que se generaría a partir de su implantación en la mujer, ya que nuestro derecho desde allí le reconoce tal carácter, que
(21)STFD, 29/5/2008, ADI 3510/DF, citado y comentado porKemelmaJer de carlucci, aída, herrera, marisa y lamm, eleonora, “El embrión no implantado -Proyecto de Código unificado. Coincidencia de la solución con la de los países de tradición común”, en Revista Jurídica, 10/7/2012, p. 1. Ese Tribunal Supremo del país vecino resolvió que la investigación con células madre embrionarias no viola el derecho a la vida ni a la dignidad de la persona.
coincide con el momento en el cual el embrión comienza su desarrollo sin interferencias hasta su muerte natural (pérdida del embarazo) o inducida (aborto) o su nacimiento, a diferencia del embrión no implantado que que- da siempre en ese estado mientras sea criopreservado.
5 | Ley especial
A propósito de lo postulado en el apartado precedente, en el Proyecto del año 2012 no se introduce una solución a la cuestión de los embriones, sino que se remite a una ley especial para la protección del embrión no implantado (art. 19). Esa ley especial aún no fue promulgada (22) .
Opinamos que es correcto que el ámbito apropiado para regular este tipo de protección, a la que remite el proyecto, sea una ley, pues el asunto de los embriones se encuentra en constante evolución científica y cualquier regulación que se haga al respecto deberá ir adaptándose a tales cambios.
Adelantamos que se encuentra en el Congreso de la Nación una la ley na- cional de fertilización asistida, que cuenta con media sanción de la Cámara de diputados (23) , en la cual no se trata el tema de los embriones, como así tampoco lo hace la ley 14.208 de la Provincia de Buenos Aires (24) . Como se observa, no hay una regulación respecto a los embriones no implantados.
(22) La ley 25.673 sobre salud sexual y procreación responsable y la ley 26.130 sobre intervención de contracepción quirúrgica (para la realización de ligadura de trompas de Falopio y ligadura de conductos deferentes o vasectomía), no se refieren a los embriones.
(23) La media sanción por los diputados de la Nación se produjo en junio de 2012. Hay dos puntos a destacar del Proyecto de ley analizado: a) define a la reproducción médicamente asistida como: “los procedimientos y técnicas realizados con asistencia médica para la consecución de un embarazo” (art. 2),y b) incluye en el Programa Médico Obligatorio (PMO)
a esos procedimientos, los diagnósticos, medicamentos, terapias de apoyo, los servicios de
guarda de gametos o tejidos reproductivos. Sin embargo, no avanza sobre los embriones no implantados. Esto último es una verdadera lástima, porque esta ley se encuentra en discusión desde el año 2010 y hay proyectos de las minorías que profundizan en mayor medida esta problemática (aunque hay que tener mucho cuidado ya que algunos proyectos de la minoría consideran persona al embrión). Al momento de escribir este artículo se encuentra en debate
el proyecto de ley en la Cámara de senadores.
(24) Sancionada el 02/12/2010 y publicada en BO, 3 y 4 de enero de 2011. Define a la infertilidad humana como una enfermedad (art. 1) y limita su ámbito de aplicación a parejas, reconociendo la cobertura médico asistencial para las prácticas médicas que se realizan a través de las técnicas de fertilización homóloga reconocidas por la Organización Mundial de
la Salud. Tampoco hace referencia al tema de los embriones.
Pensamos que es fundamental que se discuta y sancione un texto norma- tivo sobre embriones o, al menos y ante la urgencia de la cuestión, que al momento de reglamentarse las leyes sobre fertilización (25) se tenga pre- sente esta temática, la cual no puede estar exenta de regulación. Es atroz pensar que un embrión pueda ser desechado, cuando podría ser implan- tado en otra persona o, en caso de no ser viable esa solución, destinado a investigación científica o genética para curar enfermedades o estudiar la evolución del ser humano.
6 | Nacimiento con vida
Se mantiene en el proyecto del año 2012 (art. 21), del mismo modo que en el del año 1998 (26) y como lo dispone el Código Civil en su art. 70, el requisito que la persona humana nazca con vida (27) . O sea, para que se considere que la persona humana por nacer existió, debe nacer con vida; de lo contrario se reputará como que nunca existió.
Se eliminan así los debates doctrinarios que traía aparejada la redacción del art. 70 del Código Civil, en cuanto aclara que esto sucede cuando la persona es separada del seno materno “aunque fuera por instantes”. Hay posturas que sostienen que, además de la separación del seno materno, es necesario que se corte el cordón umbilical (28) ; otras, en cambio, que
(25) El 29/12/2010 se sancionó el decreto 2980/2010, que reglamenta la ley 14.208 de la Provincia de Buenos Aires. Aquí se reafirma la idea de que la ley es aplicable para la fertilización homóloga, específicamente dice: “utilización de gametos propios de cada integrante de la pareja”. Tampoco se regula sobre los embriones.
(26) Art. 17 del Proyecto del año 1998.
(27)En este punto hay que aclarar que se encuentran dos posturas: una que establece el status jurídico de persona, la cual existe desde la concepción hasta la muerte y en la que el nacimiento con vida consolida los derechos y relaciones jurídicas supeditadas a ese hecho incierto (ToBías, José W., op. cit., p. 43, punto II, ap. 20) y otra que sostiene que el nacimiento con vida funcionaría de manera similar a una condición resolutoria de la personalidad: si nace con vida ésta se consolida y, si no, se extingue (l lam B ías, J or G e J., Tratado de Derecho Civil-Parte General, 20ª edición, Buenos AiresAbeledo-Perrot, 2003, t. 1, p. 226, punto 329).
(28) llamBías, JorGe J., op. cit., t. 1, p. 241, punto 364.
esto último no es necesario (29) ; y otras, que puede suceder el nacimiento con vida aún con la criatura dentro del seno materno (30) .
Coincidimos con esta última postura que, a nuestro entender, es la que instaura el proyecto, por lo que el nacimiento con vida se refiere a la ex- tracción de la criatura del seno materno de manera que ella misma pueda inhalar aire externo por sus propios medios, sin necesidad de cortar el cordón umbilical y sin que dicha separación se haya realizado de manera completa, lo que ocurriría cuando se extrae primero la parte superior del cuerpo de la criatura.
Además, se establece en el Proyecto del año 2012 que el nacimiento con vida es condición para que los derechos y obligaciones queden irrevoca- blemente adquiridos, desde la concepción —en el caso de un embarazo natural— o desde la implantación —en la reproducción humana asistida—.
7 | Momento de la concepción
Ahora bien, al igual que en el Código Civil, en el Proyecto del año 2012 se dispone que la época de la concepción es el lapso entre el máximo y el mínimo para la duración del embarazo, que se presume que es entre tres- cientos días y ciento ochenta días, excluido el día del nacimiento, siempre que no haya prueba en contrario (31) .
Para computar estos plazos se toma el día del nacimiento como punto de partida, sin computarlo (ya que está excluido), y se cuenta para atrás cien- to ochenta días y trescientos días, tomándose los ciento veinte días que
(29) Borda, Guillermo a., op. cit., p. 254, punto 239, ap. a. Este autor sostiene que no es importante que se haya cortado el cordón umbilical, sino que la criatura haya vivido fuera de la matriz.
, puede considerarse que la criatura nació con vida sin que se haya producido la extracción total, cuando se extrae la parte superior del cuerpo de la criatura y ésta inhala las primeras bocanadas de aire fuera del seno materno.
op. cit., p. 45, punto 21. Según este autor,
(30) ToBías, José W., Derecho de las personas
(31) Art. 20 del Proyecto del año 2012 y 76/77 del Código Civil, este último artículo modificado por la ley 23.264, ya que en el Código original no se admitía prueba en contrario. De igual manera lo disponía el proyecto del año 1998.
quedan en el medio como fecha de concepción. La importancia de saber esta fecha radica en que desde ese momento se concibe la existencia de la persona y, por lo tanto, se considera que ésta puede adquirir derechos (hereditarios, por ejemplo) o determinarse la paternidad (32) .
Asimismo, el Código Civil admite prueba en contrario, idea que también se mantiene en el Proyecto del año 2012. No obstante, las nuevas tecno- logías y técnicas médicas permiten precisar con más exactitud la fecha de concepción, paternidad, sexo, etc.
En el caso de las técnicas de reproducción asistida la cuestión será diferen- te, pues hay una fecha cierta, que es la de la implantación y, como vimos en el punto anterior, es desde ese momento que se adquiere derechos en calidad de persona. Sin embargo, para determinar la filiación la cuestión será más compleja, contenido que no abordaremos por exceder el tema elegido para el presente trabajo.
8 | Presunción de nacimiento con vida
En el Proyecto del año 2012, se presume, como se hacía en el Proyecto del año 1998, que la persona nació con vida. También, el Código Civil sostiene aquello (arts. 73 y 75 de ese cuerpo normativo).
Al presumirse el nacimiento con vida, se traslada la prueba del nacimiento sin vida a quien la alega. Hoy en día, el avance de la ciencia permite dilu- cidar a través de la pericia médica correspondiente si el feto fue viable. De todas formas, consideramos que para que sea operativa esta presunción de nacimiento con vida se debe demostrar que realmente hubo parto y no un embarazo simulado, que es muy fácil de advertir mediante prueba pericial o la historia clínica de la paciente embarazada. Sin embargo, esta posibilidad de engaño sigue latente y se deberá demostrar el nacimiento de la criatura para que rija la presunción (33) antes mencionada.
(32) Borda Guillermo a., op. cit., t. I, pp.248/249, puntos 229/230;ToBías, José W., Derecho de
op. cit., p. 35, punto 9.
(33) orGaz, alFredo, Personas Individuales, Buenos Aires, Depalma, 1946, pp. 40/43.
9 | Muerte de la persona humana
Sentado lo anterior, pasamos al último punto del presente trabajo, referi- do a la muerte de la persona humana. Según se determina en el Proyecto (art. 93), y de manera muy similar al Código Civil, la existencia de la perso- na humana termina por su muerte.
9.1 | Ausencia y presunción de fallecimiento
Respecto de la ausencia y la presunción de fallecimiento de una persona, el Proyecto mantiene, el sistema vigente, que fue implementado con la ley 14.394 (34) . Esta ley ya había derogado los artículos del Código Civil que se referían a la materia (arts. 110/125).
Hay una modificación en lo que hace a la ausencia, en cuanto a las facul- tades del curador, quien sólo podrá realizar actos de conservación y admi- nistración ordinaria (35) de los bienes (art. 83 del Proyecto).
En consecuencia, todo lo que hace a la ausencia y presunción de falleci- miento de una persona, que se encuentra vigente en el Código Civil, se ve traducido de la misma forma en el Proyecto del año 2012, a excepción de lo manifestado respecto de las facultades del curador en el caso de ausencia.
9.2 | Muerte
Lo novedoso en el Proyecto se observa en la comprobación de la muerte. En efecto, en el art. 94 se establece que la muerte queda sujeta a los es- tándares médicos aceptados, lo que se refiere a los casos en que es impo- sible la recuperación de la vida, y se agrega, también como consecuencia
(34) Arts. 15/32 de la ley 14.394, a excepción del art. 31 que fue derogado por la ley 23.515, art. 9.
op. cit., p. 261.Este autor
critica la terminología que divide en “actos de administración ordinaria” y “actos que exceden la administración ordinaria”, ya que hay otros artículos que se refieren a “actos de
administración” y “actos de disposición”.
(35) ToBías, José W., “La persona humana en el Proyecto
de los avances de la biociencia, la ablación de órganos del cadáver, a cuya legislación especial remite el Proyecto del año 2012.
Así, la ley 24.193, sobre ablación de órganos, en su art. 23 establece que para su procedencia es indispensable que hayan transcurrido seis horas, desde que se verifiquen los siguientes síntomas: a) ausencia irreversible de respuesta cerebral, con pérdida absoluta de conciencia, b) ausencia de respiración espontánea, c) ausencia de reflejos cefálicos y constata- ción de pupilas fijas no reactivas, d) inactividad encefálica corroborada por medios técnicos e instrumentos adecuados a las diversas situaciones clínicas, con nómina actualizada periódicamente por el Ministerio de Sa- lud y Acción Social, con el asesoramiento del Instituto Nacional de Abla- ción e Implante.
Además, para lograr una mayor seguridad en el tema y evitar que se pro- duzcan negocios en torno a los órganos humanos, esta norma exige que el certificado de defunción sea suscripto por dos médicos, uno de los cuales debe ser neurólogo o neurocirujano, y que ninguno de ellos sea el que realice la ablación o la implantación del órgano, ni forme parte del equipo médico (art. 24).
Por otra parte, en caso de muerte de varias personas, ya sea en un desas- tre común o en cualquier otra circunstancia, se mantiene en el Proyecto del año 2012 la idea plasmada en el art. 109 del Código Civil —aunque con una redacción más simple— y se presume que todas murieron al mismo tiempo, si no se puede determinar lo contrario. Por lo tanto, en cualquier circunstancia en la cual no se pueda determinar qué persona falleció pri- mero, se las considerarán fallecidas al mismo tiempo (36) .
10 | Conclusión final
Luego de estudiar el tema que hemos tratado, entendemos que el cambio más significativo se halla en la reproducción humana asistida.
Para el derecho, el proyecto de Código es claro: la persona existe desde que se implanta el embrión en la mujer y siempre que nazca vivo. Por
(36) orGaz, op. cit., p. 50.
nuestro lado, entendemos que el embrión es vida, esté dentro o fuera del cuerpo de la mujer, sin embargo las normas reconocen el carácter de persona humana sólo al que se encuentra en el seno materno, ya sea de forma natural o por implantación.
En la actualidad, y debido a la falta de normativa al respecto, el embrión no implantado debe ser considerado una cosa (37) . Ello así, no tomado en sentido negativo, sino al contrario. Es decir, como ocurre en el caso de una planta o un animal, que siendo seres vivos se los considera cosas, y esa sola circunstancia no disminuye su importancia y/o valor emocional, ya que para muchas personas son también imprescindibles o forman parte trascendental de sus vidas.
Como dijimos, el embrión no implantado es una masa de células sin forma humana, que tiene potencialidad de llegar a ser una persona, pero mien- tras no sea implantado en el cuerpo de la mujer carece de las posibilida- des de desarrollarse hasta convertirse en una criatura y, por lo tanto, es una cosa que necesita ser legislada. Pensamos que, como regla general, los embriones deberían estar fuera del comercio y ser su tráfico de forma cautelosa y restringida, cuestiones que se tendrán que resolver con la ley especial a dictarse.
Innegablemente, se seguirán generando debates con opiniones a favor y
en contra, y cualquier normativa que se dicte al respecto no traerá una so- lución completa a este tópico, pues confluyen opiniones que trascienden
En todo caso, y a mayor abundamiento, si el código establece que se será persona —en los casos de fecundación asistida— desde el momento de
la implantación, no habría motivo para considerar a los embriones criopre-
servados como tales a los efectos jurídicos.
A fin de reafirmar lo expuesto en el trabajo que antecede, es dable agre-
gar que en el Proyecto que se encuentra en estudio en el Congreso de
(37) En este sentido, Bueres entiende que los gametos separados del cuerpo son cosas aunque sin duda de tráfico restringido (Bueres, op. cit., p. 222, nota a pie de página n° 146). Por otra parte, Zannoni lo define como cosas susceptibles de constituir el objeto de relacione jurídicas, mientras que Vidal Martínez, sostiene que son cosas fuera del comercio y que en ciertos casos estaría permitido su tráfico (rivera, op. cit., p. 389).
la Nación, podría considerarse que la “persona” comience desde el mo- mento de la anidación (38) en el útero. Así se evitarían las diferencias entre el método natural y el asistido, entre la concepción en el seno materno y la implantación. Quizás sería adecuado considerar esta opción para instaurar un momento preciso y determinado en todos los supuestos. Sin perjuicio de ello, todas las etapas anteriores a la anidación tendrían que estar regu- ladas para una correcta protección.
Esta solución no iría en contra del Pacto de San José de Costa Rica, en cuanto dispone que toda persona tiene derecho a que se le respete su vida. En efecto, el pacto mencionado habla de persona —la cual, según nuestra postura sería desde la anidación— y, cuando se refiere a que la protección es a partir del momento de la concepción, utiliza la expresión “en general”, lo cual deja abierta la posibilidad de que lo sea desde otro momento distinto a la concepción (39) .
Tendremos que esperar la aprobación de nuestro Congreso Nacional, a través de la Comisión Bicameral formada para revisar el Proyecto, para saber la redacción final de los artículos que terminamos de analizar.
(38) La anidación es la fijación del embrión en las paredes del útero, momento a partir del cual se produce la aparición del sistema nervioso.
(39) El art. 4, en su inc. 1, dispone: “Derecho a la Vida. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.
por ANDERSON SALTZER (1)
1 | Sobre la persona y su dignidad
El objeto de la Parte General del Código Civil está constituido por aque- llos conceptos de los que dimanan los demás institutos del Derecho Civil, a saber: “la persona, la cosa y el negocio jurídico” (2) .
El Proyecto de unificación de Código Civil y Comercial dedica su título I del Libro Primero a la regulación de la persona.
Por otro lado, es necesario resaltar que el derecho, como disciplina, fue mutando. Su preocupación principal fue cambiando. Se dejó de lado la propiedad para centrarse en la persona. A la persona se la percibe en la
(1) Abogado, egresado en la Universidad de Buenos Aires con especialización en derecho privado. Carrera docente en la misma institución en las materias Derecho de los consumido- res y Responsabilidad por daños a los derechos personalísimos
(2) haTTenhauer, hans, Conceptos fundamentales del derecho civil, 1ra ed., Barcelona, Ed. Ariel, 1987, p.13.
anderson saltzer
actualidad como la creadora, destinataria y protagonista del Derecho (3) . Ahora bien, la pregunta es necesaria: ¿Qué es ese ente al que denomina- mos persona?
De forma pedagógica sostiene Rivera que:
“(…) si se pretende simplificar la cuestión, parecería que sólo dos respuestas son posibles: (i) todo ser humano es una persona para el Derecho, y es por lo tanto un dato apriorístico para el derecho positivo; o (ii) la persona es un concepto o categoría jurídica” (4) .
Esta discusión que parecería ser meramente doctrinaria se ha ido reflejan- do en los distintos Códigos Civiles que se fueron sancionando desde 1794.
¿Es necesario, entonces, incluir una definición de “persona” en el Código Civil? Vélez Sarsfield se manifestó contrario a que las definiciones apa- rezcan en un cuerpo legislativo en la nota al art. 495 del Código Civil (5) . Agudamente señala Leiva Fernández que:
(3) Fernández sessareGo, carlos, “¿Qué es ser ‘persona’ para el Derecho?”, en Derecho Pri- vado, Oscar J. Ameal (dir.) y Dora M. Gesualdi (coord.), libro homenaje a Alberto J. Bueres, Buenos Aires, Hammurabi, 2001, p. 131.
(4) rivera, Julio c., “Los derechos personalísimos en el Proyecto de reformas al Código Civil”, en Javier H. Wajntraub, Sebastián Picasso y Juan M. Alterini (coord.), Instituciones de derecho privado moderno, Bs. As., LexisNexis - Abeledo-Perrot, 2001, p. 82.
(5) En un aporte doctrinario sostiene Vélez Sarsfield que: “Nos abstenemos de definir porque, como dice Freitas, las definiciones son impropias de un código de leyes, y no porque haya peligro en hacerlo, pues mayor peligro hay en la ley que en la doctrina. En un trabajo legislativo sólo pueden admitirse aquellas definiciones, que estrictamente contengan una regla de conducta, o por la inmediata aplicación de sus vocablos, o por su influencia en las disposiciones de una materia especial. La definición exacta de los términos de que se sirve el legislador para expresar su voluntad, no entra en sus atribuciones. La definición es del dominio del gramático y del literato, si la expresión corresponde al lenguaje ordinario, y es de la atribución del profesor cuando la expresión es técnica. En todo caso es extraña a la ley, a menos que sea legislativa, es decir, que tenga por objeto restringir la significación del término de que se sirva, a las ideas que reúnan exactamente todas las condiciones establecidas en la ley. Lo que pensamos sobre las definiciones se extiende por los mismos motivos a toda materia puramente doctrinal, a lo que generalmente se llama principios jurídicos, pues la ley no debe extenderse sino a lo que dependa de la voluntad del legislador. Ella debe ser imperativa, y sea que mande o prohíba, debe sólo expresar la voluntad del legislador. Así como existe una diferencia notable entre la jurisprudencia y la legislación, así también la ley nada tiene de común con un tratado científico de derecho (
acerca de la regulación de los derechos
“(…) bien leída la nota del art. 495 del Código Civil, que suele esgrimirse como argumento contra el uso de definiciones en la ley, en modo alguno afirma que sea incorrecto definir en la legislación, pues deja a salvo aquella definición ’que sea legis- lativa, es decir, que tenga por objeto restringir la significación del término de que se sirva, a las ideas que reúnan exactamente todas las condiciones establecidas en la ley’ (6) .
Otro autor, en su momento, en referencia a la omisión de la definición del término “persona” en el Código Civil alemán sostenía que:
“La tendencia del legislador a no incluir definiciones de lo que da por sabido, tiene sus razones, pues quizá entendiera que en su época no existía discusión de fondo sobre la noción de per- sona, y que podía invocarse una tradición de siglos que incluso se había solidificado en la definición legal de todos conocida por aquel entonces” (7) .
A pesar del aporte doctrinario de Vélez Sarsfield, en contra de las defini- ciones en los cuerpos legislativos, bien es conocido, que el mismo autor incluyó definiciones de ciertos institutos al momento de redacción del Có- digo Civil. En el art. 30 se establece que persona es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones.
Respecto a este punto sostiene Rivera, en relación al proyecto de unifica- ción del año 1998 (fuente del actual Proyecto), que:
ésta es un dato objetivo, proporcionado por la naturaleza; el hombre es persona humana para el Proyecto y por ello no hay
definición de ella. En cambio, sí la hay de las personas jurídicas
no es necesario que la ley defina a la persona humana, pues
pues son una institución jurídica, y su inclusión tiene signifi- cación para la interpretación del texto legal” (8) .
(6) leiva Fernández, luis, “La técnica legislativa del Proyecto de Código Civil de 1998”, en Javier H. Wajntraub, Sebastián Picasso y Juan M. Alterini (coord.), Instituciones de derecho privado moderno, Bs. As., LexisNexis - Abeledo-Perrot, 2001, p. 49.
(7) haTTenhauer, hans, op. cit., p.14.
(8) Rivera, Julio c., op. cit., p. 84.
El proyecto no tiene una norma semejante al art. 30 pero sí se establece
que la titularidad de los derechos descansa sobre la persona (arts.15 y 17).
Se trata, a la vez, el principio y final de la personalidad. Estableciendo que se es persona desde la concepción en el seno materno; sin variar la legislación actual. La novedad pasa por la regulación del comienzo de la existencia de la persona respecto a las técnicas de reproducción humana asistida donde se establece que la existencia de la persona comienza con
la implantación del embrión en el seno materno.
Se deja a salvo la particular regulación que pueda tener, por ley especial,
la protección de los embriones no implantados. Situación que ya ha dado
un gran debate en la doctrina nacional cuando la sentencia de la Sala J de
Cámara Nacional en lo Civil admitió el pedido de una mujer para que se
implanten embriones que había crio-conservado junto con su marido.
pesar de que este último había manifestado su absoluta oposición y
disconformidad, en virtud de la carencia de voluntad pro-creacional para que el material genético crio-conservado le sea implantado a la señora (9) .
En el cap. 3 del Proyecto se encuentra la legislación tendiente a regular los derechos y actos personalísimos.
Es importante tener presente de qué hablamos cuando nos referimos a los derechos personalísimos. Atrás quedó la discusión de si se trataban de bienes cuya protección merecía tutela o si eran, en cambio, derechos subjetivos. Hoy doctrina y jurisprudencia nacional están de acuerdo en que su naturaleza se encuentra abarcada por el concepto de derecho sub- jetivo que:
“(…) está dado como el poder o acción reconocido o conce- dido a una persona por el ordenamiento jurídico, es decir, por
(9) cámara nacional en lo civil, Sala J, “P., A. c. S., A. C. s/medidas precautorias”, 13/09/2011, publicado en INFOJUS, sumario C0409041. Ver texto en www.infojus.gov.ar.
En sentido contrario, SCTennessee, “D., J. L. c/ D., M. S.”, en JA, 1993-II-343. Es interesante el abordaje al tema propuesto por verGara, leandro (“La finalidad en los contratos de ferti- lización asistida. Nociones de Concepción, Embrión y Pre-embrión. Lectura crítica de una sentencia que autoriza el implante contra la voluntad de unos de los dadores del material genético”, en Revista Jurídica La Ley, 1, 26/10/2011) desde la óptica contractual, particular- mente respecto a la causa fin en el contrato de fertilización asistida.
el derecho objetivo, para exigir el comportamiento o conducta determinada a otra persona, que sirve para la satisfacción de intereses humanos” (10) .
Son, a la vez, derechos subjetivos distintos, con sus particularidades, y que se refieren a aspectos entrañables del “ser” humano. Su actual importan- cia, tanto jurídica como social, se ha manifestado dado que la vida mo- derna o posmoderna apunta a arrasar con la individualidad del sujeto, a absorberlo en una masa que se mueve en un mundo donde ya todo está decidido, donde todo ya está pensado. Alguien ya decidió cómo hay que vestirse, qué película hay que ver, de qué se va a hablar en la reuniones sociales, etcétera. Los derechos personalísimos tienen como pilar funda- cional permitir al hombre su autodeterminación, esto es, poder decidir sobre determinados ámbitos personales teniendo como único límite la afectación de intereses legítimos de terceros.
De manera correcta sostiene un prestigioso autor sobre la materia que:
de los principios que organizan la teoría
de los derechos personalísimos tiene que fundarse (…) en estos conceptos previos: el ser humano —o, mejor, la persona— como centro del problema, y no como centro la sociedad donde él se
desarrolla; la trayectoria vital de ese ser considerada desde la
la autonomía o autodetermi-
“La construcción (
perspectiva del orden jurídico nación individual (…)” (11) .
Lo derechos personalísimos tienen aspectos que los hacen únicos frente a los demás derechos. Son derechos innatos, en tanto son connaturales, originados con el ser mismo de la persona; originados genéticamente, dirá Cifuentes. Son, además, vitalicios dado que acompañan a la persona durante todo su trayecto vital. De contenido variable pero nunca podrán faltar totalmente, es por ello que se los caracteriza como esenciales, por
(10) vidal Taquini, carlos h., “El derecho subjetivo”, en Derecho Privado, Oscar J. Ameal (dir.) y Dora M. Gesualdi (coord.), libro homenaje a Alberto J. Bueres, Buenos Aires, Hammurabi, 2001, p. 122.
(11) ciFuenTes, sanTos, “Bases para una teoría de los derechos personalísimos”, en Derecho Privado, Oscar J. Ameal (dir.) y Dora M. Gesualdi (coord.), libro homenaje a Alberto J. Bueres, Buenos Aires, Hammurabi, 2001, p. 297.
oposición a la eventualidad de los demás derechos subjetivos. Y, por últi - mo, son derechos de objeto interior. Sujeto y objeto del derecho conflu- yen en un mismo ente.
Los derechos personalísimos tienen otros caracteres. Son inherentes, extrapatrimoniales, absolutos, necesarios, privados y relativamente dis- ponibles. Pero, ellos no son exclusivos sino, por el contrario, comparten esas características con otros derechos. Respecto a la relativa disponibi- lidad, se refiere el art. 55 del Proyecto, cuando establece que a los fines de la disposición de los derechos personalísimos es necesario contar con el consentimiento expreso del titular del derecho y será admitido si no es contrario a la ley, la moral o las buenas costumbres. Este consen- timiento no se presume, es de interpretación restrictiva, y es libremente revocable, aquí es manifiesto lo que mencionábamos respecto a la rela- tiva disponibilidad.
En el art. 51, se establece la inviolabilidad de la persona humana y se re- conoce que, en cualquier circunstancia, tiene derecho al reconocimiento y respecto de su dignidad.
Dos conceptos fundamentales se extraen del presente artículo: la “inviola- bilidad” y la “dignidad” de la persona.
El principio de dignidad de la persona ha sido utilizado en reiteradas oca- siones por las distintas legislaciones. Siendo su primera aparición durante el periodo de postguerra, a nivel internacional, en el preámbulo de la De- claración Universal de Derechos Humanos de 1948, donde se establece que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el recono- cimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.
Sostiene Zavala de González que:
“La dignidad de la persona expresa su superioridad en el mun- do, como fin en sí y depositaria de magnificencia espiritual y social” (12) .
(12) zavala de González, maTilde, Tratado de daños a las personas – Daños a la dignidad, Bs. As., Astrea, 2011, T. 1 y 2, p. 7.
Agudamente considera Antonio Pelé que:
“La filosofía moral y política actual nos introduce el concepto de dignidad mediante casos y discusiones sobre la indignidad de ciertas condiciones (sociales, psicológicas, etc.) donde se en- cuentran algunas personas o colectivos” (13) .
Esta situación ya había sido analizada por De Lorenzo cuando sostiene que:
“Los ejemplos más sensibles son los contrats déshumanisants. En el derecho comparado se han juzgado algunos casos emble- máticos de contratos denunciados por tratarse de exhibiciones humanas degradantes. En Francia, tuvo lugar el famoso caso de ‘Manuel Wackenheim‘ relativo a un contrato de espectáculo de lanzamiento de persona con enanismo (dwarf tossing), in- validado sobre la base de que la dignidad es un valor objetivo inderogable sustraído a la libre disponibilidad del individuo; y en Alemania, por su parte, fueron nulificados los contratos de chat lines eróticas y de peep-show fall (…)” (14) .
De todas maneras, más allá de su raíz religiosa, es en la época moder- na donde el concepto de dignidad adquiere mayor importancia: “(…) la dignidad del hombre deriva de su naturaleza humana (…) el hombre es un fin en sí mismo y debe ser tratado como tal y no meramente como un medio. Esta nueva formulación de la dignidad se plasmará en el ámbito jurídico con la aparición de los derechos humanos. Desde ahora, la digni- dad humana no sólo tiene un alcance vertical (la superioridad de los seres humanos sobre los animales) sino también un alcance horizontal (la igual- dad de los seres humanos entre ellos sea cual sea el rango que cada uno pueda desempeñar en la sociedad)” (15) . En la búsqueda de esta igualdad
(13) pelé, anTonio, “Una aproximación al concepto de dignidad humana”, en Universitas, Revista de Filosofía, Derecho y Política, Nº 1, Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”, Universidad Carlos III de Madrid, diciembre-enero de 2004.
(14) de lorenzo, miGuel F., “Contratos, derechos fundamentales y dignidad de la persona humana”, en Revista Jurídica La Ley, 2011-E, p. 1258.
(15) pelé, anTonio, op. cit., p. 10.
está el reconocimiento de los derechos personalísimos. En poder dejar a las personas autodeterminarse, poder elegir entre varias opciones para ir diseñando su proyecto de vida. Allí donde una persona se ve condenada
a nacer, crecer, vivir, desarrollarse y morir en la miseria tanto espiritual como económica, la dignidad desaparece, la persona queda reducida a una mera cosa conducida por la voluntad de extraños. Los derechos per- sonalísimos tienden a garantizar la dignidad de la persona pero, queda claro, que falta algo más. Hoy, sin embargo, nos enfocaremos al trata- miento de esos derechos.
En el art. 52 se reconoce de forma expresa los derechos personalísimos
a la integridad espiritual, denominación utilizada en doctrina para dis-
tinguirlos de aquellos que están relacionados con la integridad física, la vida y la libertad de las personas. Bajo la denominación “afectaciones a
la dignidad” se establece que “la persona humana lesionada en su inti-
midad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos”.
El artículo trae a cuenta la clásica distinción entre derechos positivos o negativos. De donde los segundos son aquellos que imponen al Estado y a las personas la omisión de aquellas conductas que pudieran afectar el libre goce de esos derechos. Lo ponen en una situación de expectativa frente al ejercicio de los mismos. Por ejemplo no interferir en la decisión, relacionada con el derecho a la intimidad, de ser o no ser padres.
Derechos positivos, por el contrario, serían aquellos que demandan al Es- tado una actitud activa a los fines de garantizar su ejercicio. Están relacio- nados con la máxima “donde hay un derecho, hay un remedio” (16) .
De forma certera se ha dicho que:
“(…) los individuos gozan de derechos, no en el sentido moral sino legal, sólo si su propio gobierno repara en forma justa y predecible las ofensas que sufren. Este punto tiene un efecto importante, dado que revela lo inadecuado de la distinción en-
(16) En correspondencia con el significado que tiene la palabra remedies en derecho anglosajón; esto es, las sanciones que el ordenamiento prevé frente al acto ilícito.
tre derechos positivos y negativos. Lo que muestra es que todos los derechos que se exigen en forma legal son necesariamente positivos (…)” (17) .
Es por ello que considero correcto que el Proyecto no se limite al solo reconocimiento de estos derechos sino que se establezcan los remedios necesarios para fundamentar su vigencia. Esto es, la posibilidad de la per- sona de recurrir al órgano jurisdiccional competente a los fines de recla- mar la prevención y/o reparación de los daños sufridos.
Las clasificaciones sirven para una finalidad pedagógica. Es por ello, creo, que el Proyecto no incluye una clasificación de los derechos personalísi- mos. En doctrina, en cambio, encontramos variadas clasificaciones: Tobías propone una clasificación tripartita, separa el derecho a la vida, del de- recho a la integridad física y de los derechos a la integridad espiritual (18) . Esta clasificación nos parece interesante dado que resalta el derecho a la vida como presupuesto de los demás, se incluye el derecho a la disposi- ción corporal y del propio cadáver como manifestaciones del derecho a la libertad incluido dentro de los denominados derechos a la integridad espiritual, separándolos del derecho a la integridad física que posee un contenido diverso.
La propuesta es, entonces, partir de esta clasificación, que será nuestra guía, con la pequeña modificación de analizar la disposición corporal dentro del derecho a la integridad física, a los fines de indagar en el tra- tamiento que reciben las distintas especies de derechos personalísimos en el proyecto; comparando, a la vez, la regulación actual que tienen los mismos.
2 | Derechos a la integridad espiritual
El nuevo Proyecto, al igual que el de 1998, mantiene una regulación abier- ta. No se tipifican cada uno de los derechos personalísimos, sino que, se
(17) holmes, sTephen y sunsTein, cass r., El costo de los derechos – Por qué la libertad depen- de de los impuestos, 1ra ed., Bs. As., Siglo XXI Editores, 2011, p. 63.
(18) ToBías, José W., Derecho de las personas – Instituciones de derecho civil. Parte general, 1ra ed., Bs. As., La Ley, 2009, p. 526.
establece una mera enunciación de los más importantes. Se legisla utilizan- do cláusulas generales; método, por otro lado, más acorde a un Código.
Por tal motivo el intérprete, en contacto con la norma, no se encuentra con definiciones sobre el contenido de los distintos derechos; quedando esta tarea a su cargo.
Estamos de acuerdo con el método propuesto, dado que deja libre a la interpretación y argumentación del operador jurídico determinar el conte- nido de los distintos derechos. La comisión ha sido certera en este punto; es que la historia demuestra claramente que el contenido de los distintos derechos personalísimos a la integridad espiritual ha ido variando con el correr de los años. Particularmente ha influenciado el cambio la llegada de nuevas tecnologías que facilitan intromisiones arbitrarias desconocidas en otras épocas.
El artículo que propone el Proyecto reconoce, además, que la fuente de los derechos personalísimos es la dignidad personal; por ello deja a salvo que no sólo la afectación a los derechos mencionados traen aparejadas las consecuencias jurídicas establecidas. Ya veremos que el derecho a la identidad dinámica es un derecho de reciente reconocimiento. Este dato objetivo es tomado por la comisión al momento de establecer el artículo y al formular la mencionada cláusula general, previendo que posiblemente el devenir de la vida en sociedad pueda llegar a dar nacimiento a nuevos derechos cuya fuente sea la dignidad humana. Por otro lado, la regulación tal como quedó proyectada serviría en la actualidad para fundar el resarci- miento a daños generados a raíz de hechos o actos discriminatorios.
2.1 | Derecho a la intimidad
En el desarrollo del hombre en la sociedad actual, claramente se puede observar que tiene dos ámbitos de actuación definidos: un ámbito público y otro privado (19) . Este último podrá estar constituido por una o más perso- nas y responderá a distintas manifestaciones de la intimidad o privacidad.
(19) Esta distinción es a los fines de abordar el estudio del interés jurídico tutelado por el derecho a la intimidad. No se nos escapa que actualmente es muy difícil catalogar a determinadas actividades como públicas o privadas. No existe una tajante sino, más bien, podríamos decir que un alto porcentaje de las actividades que se realizan cotidianamente
El interés jurídico tutelado por el derecho a la intimidad es, entonces, la posibilidad que tiene toda persona de poder gozar de un sector privado ajeno al conocimiento de terceros.
La tutela de este derecho históricamente descansó en los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional. El primero de ellos en cuanto establece que:
“(…) el domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar
y los papeles privados” (20) .
Esta garantía es una consecuencia clara de la protección de la intimidad quedando en la ley la posibilidad de determinar en qué circunstancias puede procederse a la injerencia en el domicilio y los papeles privados. Artículo que bajo la interpretación dinámica (21) de la norma constitucional ha sido adaptado a las modernas tecnologías, destinadas a satisfacer simi- lares necesidades humanas a las que existían al momento de redacción de nuestra norma fundamental.
El art. 19, por su parte, brinda explícita protección al derecho a la intimidad cuando censura a las autoridades la intromisión a las acciones privadas que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen
a terceros. Es la idea de autodeterminación personal que comentábamos anteriormente que se ve reconocido en este artículo.
Posteriormente, con la reforma constitucional de 1994, diversos tratados internacionales reconocieron el derecho a la intimidad: Declaración Ame- ricana de Derechos y Deberes del hombre, art. 5, Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 12, Pacto Internacional de derechos Civiles y
están en una zona gris. Determinar si pertenece a un ámbito de la vida privada o pública de una persona es una tarea que quedará a cargo del juez, quien deberá apreciar cada caso en atención a diversas circunstancias.
(20) Cuya fuente es la enmienda IV de la Constitución de Estados Unidos donde se establece que “(…) The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized”.
(21) Sostiene Badeni que: “La interpretación dinámica (…) considera que la ley, como manifestación de la vida humana, está sujeta a una constante e ininterrumpida evolución por obra de la interpretación de sus contenidos de la manera más razonable y conveniente para satisfacer las necesidades sociales del presente”. Ver Badeni, GreGorio, Tratado de derecho constitucional, 2da ed., Bs. As., La Ley, 2006, p. 116.
Políticos, art. 17, Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 11, Convención sobre los derechos del niño, art. 16.
La consagración de este derecho en el Código Civil se hace mediante la ley 21.173; se adiciona al mismo el artículo 1071 bis (22) donde expresamen- te se reconoce el derecho a la intimidad y se tipifican diversas manifesta- ciones del mismo, como el resguardo de la vida privada, la corresponden- cia y la publicación de retratos.
Este artículo había sido criticado, principalmente, por el requisito negativo de que el hecho que afecte la intimidad no sea un delito penal y el explí- cito llamado a la equidad al momento de evaluar el juez la indemnización correspondiente. Críticas superadas a razón de la técnica legislativa utiliza- da en esta parte en el Proyecto que sólo se limita a mencionar el derecho a la intimidad personal y familiar.
El giro “intimidad personal y familiar” ya había sido utilizado con anterio- ridad en el art. 18 de la Constitución Española de 1978, en la ley orgánica española 1/1982 y en los diversos tratados internacionales; que el Proyec- to se alinee a esta postura es destacable dado que se está reconociendo explícitamente las dos manifestaciones más destacadas de la intimidad, que son el derecho a ser dejado solo (right to be alone) y el resguardo del ámbito familiar.
De todas maneras, es necesario destacar que hoy el concepto de inti- midad o privacidad, en su versión anglosajona, es mucho más amplio. Abarcando principalmente varios aspectos. En primer lugar, la protec- ción de los datos personales (23) . Por otro lado, muy importante, la inti- midad corporal como defensa ante los procedimientos invasivos, sean médicos o relacionados con las fuerzas de seguridad; al respecto se ha sostenido que: “(…) la búsqueda de cosas relacionadas con un delito en el cuerpo o ropa de una persona, se halla sujeta a fuertes restricciones, en
(22) Cuya fuente se encuentra en el art. 20 del Proyecto de Código Civil boliviano de Ossorio y Gallardo de 1945.
(23) Encontrando particular tutela en nuestro medio por la ley 25.326 de Protección de los datos personales y por el art. 43, párr. 2 CN y, también, en la ley 26.529, respecto a la información sanitaria personal.
virtud de hallarse en juego el ámbito personal de intimidad constitucional- mente protegido (…)” (24) .
Respecto a los procedimientos llevados a cabo en la investigación de la salud humana, el Proyecto establece que la investigación médica en salud humana relativa a intervenciones (tratamientos, métodos de prevención, pruebas diagnósticas o predictivas) cuya eficacia o seguridad no están comprobadas, sólo puede ser realizada si se cumplen los siguientes re- quisitos: a) ser precedida de una cuidadosa comparación de los riesgos y las cargas para las personas que participan en la investigación en relación con los beneficios previsibles para ellos y para otras personas afectadas por la enfermedad que se investiga; b) contar con el consentimiento pre- vio, libre, escrito, informado y específico de la persona que se sujeta a la investigación; el consentimiento es libremente revocable; c) no implicar para el participante riesgos y molestias desproporcionados en relación con los beneficios que se espera obtener de la investigación; d) asegurar al participante la atención médica pertinente, durante y finalizada la in- vestigación; e) ser parte de protocolos de investigación para determinar su eficacia y seguridad; f) contar con la aprobación previa por parte de un comité de evaluación de ética en la investigación; g) contar con la autori- zación previa del organismo público correspondiente.
En relación a la salud, considero que también integran el derecho a la intimidad lo relativo a los derechos de los pacientes, principalmente, a la información personal sanitaria y a la formación del consentimiento infor- mado.
Es decir, lo relativo a las decisiones que toma la persona respecto a su salud. En esto el Proyecto avanza, haciéndose eco de la ley 26.529 de los derechos de los pacientes, reconociendo como fuente en la dignidad de la persona la formación de las decisiones íntimas de la salud personal. Establece el art. 59 que “(…) el consentimiento informado para actos mé- dicos e investigaciones en salud es la declaración de voluntad expresada por el paciente, emitida luego de recibir información clara, precisa y ade- cuada (…)”; es importantísimo el ingreso en este punto del derecho a la información. Es que ésta es la base para la toma de decisiones. Al paciente
(24) cámara Federal en lo criminal y correccional de la capiTal Federal, Sala I, “R., A. s/
Nulidad”, 19/03/1996, en ED, 168-251.
se le debe brindar información “(…) respecto a: a) su estado de salud; b) el procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos per- seguidos; c) los beneficios esperados del procedimiento; d) los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles; e) la especificación de los proce-
dimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con
el procedimiento propuesto; f) las consecuencias previsibles de la no rea-
lización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados (…)”, ello a los fines de poder tomar una decisión contando con la mayor información posible.
Teniendo en cuenta la reciente sanción de la ley 26.742, en concordancia con ella, si el Proyecto llega a aprobarse no va a quedar desactualizado dado que específicamente se contempla que el paciente “(…) en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentre en estado terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación (…)” tiene el derecho a “(…) rechazar procedimientos quirúrgicos, de hi-
dratación, alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios o desproporcionados en rela- ción a las perspectivas de mejoría, o produzcan sufrimiento desmesurado,
o tengan por único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible e incurable”.
Por último, se establece que si el paciente no está en condiciones físicas
o psíquicas para expresar su voluntad “(…) el consentimiento puede ser
otorgado por el representante legal, el cónyuge, el conviviente, el parien-
te o el allegado que acompañe al paciente. En ausencia de todos ellos, el médico puede prescindir del consentimiento si su actuación es urgente y tiene por objeto evitar un mal grave al paciente”.
El Proyecto también propone el ingreso al Código Civil y Comercial de las directivas médicas anticipadas. Al respecto recientemente la CSJN con- firmó un fallo (25) de la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil donde se establecía que “(…) Estas directivas, deben ser respetadas priorizando la voluntad del paciente fundada en su derecho a la autode- terminación, sus creencias religiosas y su dignidad”. En el Proyecto, el
(25) cámara nacional de apelaciones en lo civil, Sala A, “A. N. J. W s/ medidas precautorias”, 17/05/2012, en Infojus, sumario C0409271. Ver texto en www.infojus.gov.ar
instituto queda legislado de la siguiente forma: “La persona plenamente capaz puede anticipar directivas y conferir mandato respecto de su sa- lud y en previsión de su propia incapacidad. Puede también designar a la persona o personas que han de expresar el consentimiento para los actos médicos y para ejercer su curatela. Las directivas que impliquen desarro- llar prácticas eutanásicas se tienen por no escritas. Esta declaración de voluntad puede ser libremente revocada en todo momento por quien la manifestó”.
Otro aspecto de la intimidad es la privacidad de las comunicaciones (26) personales por los distintos medios tecnológicos; derivado de ello, es que la publicación de las cartas pertenece al autor, incluso después de su muerte ese derecho le corresponde a su cónyuge e hijos o nietos, en su defecto, a sus ascendientes en primer grado (27) .
Y, como aspecto final, la intimidad domiciliaria o territorial ( my home, my castle) (28) .
Por último, superadas las críticas que recibiera el 1071 bis, se establece en el art. 1770 que: “El que arbitrariamente se entromete en la vida ajena y publica retratos, difunde correspondencia, mortifica a otros en sus cos- tumbres o sentimientos, o perturba de cualquier modo su intimidad, debe ser obligado a cesar en tales actividades, si antes no cesaron, y a pagar una indemnización que debe fijar el juez, de acuerdo con las circunstan- cias. Además, a pedido del agraviado, puede ordenarse la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta medida es proce- dente para una adecuada reparación”.
2.2 | Derecho a la imagen
El derecho a la imagen no tiene regulación en el Código Civil actual, una pequeña mención en el art. 1071 bis pero, como medio de afectación a la
(26) CSJN, “Halabi, Ernesto c/ P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1563/04”, 24/02/2009, en Revista Jurídica La Ley, 02/03/2009, p. 8.
(27) Art. 32, ley 11.723.
(28) CSJN, “Fiorentino, Diego E.”, 27/11/1984, en DJ 1985-1, p. 511; en JA, 985-II, p. 109; en ED 112, p. 352 y en Fallos 306:1752.
intimidad (29) . Su reconocimiento y protección como derecho personalísimo lo tenemos que buscar en la ley 11.723 de propiedad intelectual.
Básicamente se establece que para la puesta en el comercio del retrato fotográfico de una persona es necesario contar con su consentimiento expreso. Posterior al fallecimiento del retratado, con el consentimiento de su cónyuge e hijos o descendientes directos de estos y, en defecto, del padre o de la madre. Faltando ellos, la publicación es libre. Se considera, a la vez, la posibilidad de revocar su consentimiento resarciendo los daños, ello en razón de su carácter de disponibilidad relativa. La publicación es libre cuando se relaciona con fines científicos, didácticos y, en general, culturales o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieran desarrollado en público.
El Proyecto de Código Civil y Comercial avanza en la regulación de este derecho dándole reconocimiento expreso en el art. 53. Se toman en cuen- ta las muchas críticas que, por parte de la doctrina, ha recibido la actual regulación. Es que “(…) es bien diverso el derecho de autor sobre el retra- to, del que surge del retratado sobre su imagen(…)” (30) . Además, sólo se contemplaba la ilicitud del lado de la publicación. El artículo expuesto en el Proyecto de forma correcta identifica el acto ilícito, dado que comienza regulando el derecho a la imagen diciendo: “Para captar o reproducir la imagen (…)”. Esto es exacto porque la mera captación de la imagen es susceptible de producir perjuicio, la idea de que la imagen personal de uno pueda estar en manos de terceros tiene entidad suficiente como para generarlo, cuando menos, extrapatrimonial. Es similar a lo que acontece con el derecho a la intimidad, donde no es necesaria la publicación, a los fines de dañar el interés que tutela el derecho, porque el solo conocimien- to por un tercero de aspectos íntimos que se consideran reservados servi- ría para ocasionar un perjuicio, y desatar la eventual responsabilidad civil.
En el artículo propuesto por el Proyecto también se le reconoce tutela, dentro del derecho a la imagen, a la captación o reproducción de la voz propia. Entiendo, por tanto, que la tutela apunta a cualquier forma de reproducción que sirva para identificar a la persona. Es que “(…) al especí-
(29) CSJN, “Ponzetti de Balbín, Indalia c/ Editorial Atlántida S. A.”, 11/12/1984, en DJ 1985-1, p. 768; en JA 985-I, p. 513; en ED 112, p. 242 y en Fallos, 306:1892.
(30) ciFuenTes, sanTos, Derechos personalísimos, 3ra ed., Bs. As., Astrea, 2008, p. 562.
fico contenido material de la imagen —la figura humana— se agregan los aspectos inmateriales: la individualidad (alude a alguien concreto, único y diferente de los demás); la individualización (apunta a la función identifica- dora) y la reconocibilidad (la posibilidad de ser percibido por los otros por los particulares rasgos individualizadores e identificadores) (31) ”. Por tanto, reunidos los aspectos de individualidad, individualización y reconocibili- dad al contenido material, la captación o reproducción estarán tuteladas por el derecho a la imagen. Poco interesa si es un video, un retrato, la gra- bación de la voz, un dibujo, pintura; es decir, que poco importa a los fines de la tutela el elemento material que sirve a los intereses que el derecho a la imagen intenta proteger. Estos es claro en el artículo que expone el Pro- yecto dado que se utiliza el giro “(…) cualquier modo que se haga (…)”.
De todas maneras, es oportuno resaltar que el derecho a la imagen y a la voz propia ha sido blanco de debate (32) dentro de la doctrina nacional. Discutiéndose principalmente si existe un derecho autónomo a la voz pro- pia, con base en el art. 27 de la ley 11.723, o si en cambio es una manifes- tación del derecho a la imagen.
Estamos de acuerdo con el Proyecto que incluye a la voz propia dentro del derecho a la imagen dado que, como bien los señala Picasso, “(…) en el caso de la voz la proclamación de su supuesta ’autonomía’ carece de sentido práctico, pues, como se ha visto, se pregona la aplicación a su respecto de los mismos principios que rigen la captación y reproducción de la imagen. Distinguir entre diversas categorías jurídicas sólo tiene sen- tido si se pretende asignar a cada una de ellas efectos diferentes; si, en cambio, el régimen jurídico aplicable es similar para ambas, la diferencia se torna artificiosa y carente de utilidad” (33) .
El artículo que presenta el Proyecto también trata el tema del consenti- miento para la captación o reproducción de la imagen repitiendo lo es-
(31) Ver azurmendi adarraGa, ana, El derecho a la propia imagen: su identidad y aproximación al derecho a la información”, Civitas, 1998; citado en ToBías, José W., op. cit., p. 718.
(32) Al respecto, se puede consultar ciFuenTes, sanTos, Derechos personalísimos, op. cit., p. 542 y ss., entendiendo a la voz propia dentro de la tutela legal que se le brinda al derecho a la imagen. En sentido contrario, ver leiva Fernández, luis, “Protección jurídica de la propia voz”, en Darío Graziabile (coord.), Protección jurídica de la persona, libro homenaje al Doctor Julio Cesar Rivera, La Ley, 2010, p. 50.
(33) picasso, seBasTián, “Nuevas fronteras del derecho a la imagen”, JA 2005-II-1251, p. 256.
tablecido actualmente en la ley de propiedad intelectual pero redactada bajo la luz del principio de prevención.
Se parte del requisito del consentimiento expreso del titular del derecho. En caso de personas fallecidas, la redacción cambia de manera positiva dado que se establece que “(…) pueden prestar el consentimiento sus herederos o el designado por el causante en una disposición de última voluntad (…)”. Es decir, que la persona en vida puede decidir quién ten- drá la potestad de decidir sobre la utilización de su imagen posterior a su fallecimiento.
En caso de desacuerdo entre ellos, se deberá dirimir la disputa en sede judicial. Pasados los veinte años, la publicación es libre siempre que la reproducción no sea ofensiva. Quedando en manos de la jurisdicción la delimitación del término “ofensivo” y su alcance. Es que no queda claro para quién o desde el punto de vista de quién se debe considerar si la publicación es ofensiva o no. ¿Según las consideraciones de los herederos o de cualquier tercero?
El artículo enumera determinados supuestos donde no es necesario el consentimiento, algunos de ellos ya contemplados en la ley 11.723, como cuando la persona participe en actos públicos. También se contempla la situación de que exista un interés científico, cultural o educacional prio- ritario en la captación o reproducción de la imagen pero siempre que se tomen las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario. He aquí la aparición del principio precautorio.
Por último, se trata el tema desde un eventual conflicto de derechos dejan- do establecido que no es necesario el consentimiento siempre “(…) que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general”.
2.3 | Derecho al honor
El derecho al honor alude al tema de la consideración. Considerar, en su tercera acepción (34) , es juzgar, estimar. Se juzga, se estima o se considera
(34) La comisión de reforma y unificación de los Códigos Civil y Comercial fue conformada por el decreto 191/2011; de donde se extrae que la misma va a funcionar a la par del Ministerio
algo. En el caso del honor, personas: su reflejo social. Es decir, que
el derecho al honor está íntimamente relacionado con la publicidad
(öffentlichkeit). En la clásica definición de De Cupis: “la dignidad personal reflejada en la consideración de los terceros”. Por tanto, el hombre vive en sociedad, forma su familia, trabaja, se relaciona con las demás personas, se expresa, profesa o no su religión, etcétera. Esta situación es percibida
por los demás; quienes, al considerarla, dan reflejo del honor objetivo o reputación de una persona.
Pero también la persona se considera a sí misma. Y ambas estimas, la pro- pia y la ajena, pueden ser afectadas por el comportamiento de terceros. Es por ello que el Proyecto alude a la protección de la honra o reputación. Dando tutela tanto a la estima propia como a la protección de la fama o estimación ajena. Se receptan de este modo ambas facetas del honor, objetiva y subjetiva.
Esto en concordancia con el plexo normativo que tutela el derecho al ho- nor a nivel constitucional. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su art. 12 que “Nadie será objeto (…) de ataques a su honra o a su reputación (…)”.
Por su parte, el Código Civil actual trata este derecho en los art. 1089/90,
al regular las agresiones típicas al honor que provienen de la calumnia y
A los fines de comparar lo establecido en estas normas con el Proyecto
actual recordamos que el primero de ellos establece, básicamente, como notas salientes, que no es necesario que se configure el delito penal de injurias o calumnias a los fines de la reparación en sede civil de los daños, pudieren originar, siempre que el presunto delincuente no probare la ver- dad de la imputación. Es decir, se reconoce explícitamente la excepción
del Justicia y Derechos Humanos. Sabido es que todos los proyectos de ley que emanan del Poder Ejecutivo deben adaptarse a los parámetros establecidos en el decreto 333/1985; en el punto 3.2.14 establece que: “En caso de duda sobre los vocablos a emplear se recurrirá al Diccionario de la Lengua Española”. Sostiene Leiva Fernández (en Revista Jurídica La Ley, 1999-D, p. 1102) que: “(…) al cumplimiento de ese decreto obedece la utilización de la palabra ‘artículo’ con mayúsculas corridas, la ausencia de notas, a la que luego me referiré, la identificación con letras de los incisos, el cumplimiento de las reglas de la Real Academia Española, la expresión de cantidades en forma numérica y entre paréntesis, y algunas otras pequeñas pautas formales”.
de verdad que la doctrina entendió aplicable siempre respecto a la ca- lumnia pero no a la injuria; donde por analogía se estaba solamente a los supuestos establecidos en el art. 111 CP (35) .
Se criticó este artículo por hacer expresa mención a la reparación de los daños patrimoniales, “ganancia apreciable en dinero”, sin tener en cuenta el daño moral que es característico de estos casos (36) .
Y, el artículo 1090, establece que además de los daños mencionados se deberá reparar el daño emergente, gastos de defensa en juicio, generado a raíz de la acusación calumniosa.
El Proyecto se limita, como vimos, a reconocer el derecho al honor en su encuadre de honra y reputación. Posteriormente, en el art. 1771 trata el tema de la acusación calumniosa, sosteniendo que: “En los daños cau- sados por una acusación calumniosa sólo se responde por dolo o culpa grave”. Se restringe el factor de atribución de responsabilidad en este punto al ámbito sujetivo. Por otro lado, a los fines de dar encuadre al con- cepto de culpa grave se establece que “(…) el denunciante o querellante responde por los daños derivados de la falsedad de la denuncia o de la querella si se prueba que no tenía razones justificables para creer que el damnificado estaba implicado”.
2.4 | Derecho a la identidad
Ya vimos que los derechos personalísimos tienden a fundamentar el prin- cipio de igualdad entre las personas. El derecho a la identidad concurre a ese fin pero teniendo como base la diversidad del sujeto en su individua- lidad. Todas las personas son iguales ante la ley por el reconocimiento de su dignidad humana pero también son distintos en su individualidad.
Garantizar la autodeterminación de las personas lleva a que cada una adopte las creencias, la forma de vida, los valores que considere correctos.
(35) vázquez Ferreira, roBerTo, “Comentario al artículo 1089 del Código Civil”, en Alberto J. Bueres (dir.) y Elena I. Highton (coord.), Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencia l, 1ra. ed., 2da. reimp., Bs. As., Hammurabi, 2007, T. 3A, p. 281.
(36) rivera, Julio c., op. cit., p. 98.
El derecho a la identidad lleva a garantizar a cada persona su diversidad frente a las demás y a la intangibilidad de la misma.
Sostiene Fernández Sessarego (37) que “(…) la identidad de la persona, en tanto inescindible unidad psicosomática, presupone un complejo de ele- mentos, una multiplicidad de aspectos esencialmente vinculados entre sí, de los cuales unos son de carácter predominantemente físico o somático, mientras que otros son de diversa índole, ya sea ésta sicológica, espiritual, cultural, ideológica, religiosa o política. Estos múltiples elementos son los que, en conjunto, perfilan el ser ’uno mismo’, diferente a los demás, no obstante que todos los seres humanos son iguales”.
De la definición aportada por este autor podemos desprender los dos grandes aspectos del derecho a la identidad: el dinámico y el estático. El reconocimiento al derecho a la identidad dinámica, que quedará plasma- da en el Código, es quizás el aspecto más novedoso en lo que hace a la regulación de los derechos personalísimos. Es que todos los otros dere- chos, de alguna manera, ya estaban regulados en el ámbito local.
La persona va cambiando sus ideas, sus creencias, sus valores, sus convic- ciones políticas y religiosas, sus opiniones, en estos aspectos la identidad de la persona es dinámica, va cambiando. Y “(…) el sujeto tiene un interés consistente en que en el exterior no se altere, desnaturalice, conteste, su propio patrimonio intelectual, político, social, religioso, ideológico, profe- sional, etcétera, tal como se había exteriorizado o aparecía, sobre la base de circunstancias concretas y unívocas, en el ambiente social (…)” (38) .
El desarrollo del derecho a la identidad dinámica, el esfuerzo para diferen- ciarlo de los demás derechos personalísimos, fue realizado principalmente en la jurisprudencia italiana. Encontrando su punto más importante en la sentencia del Tribunal de Milán del 19 de junio de 1980. Los hechos anali- zados fueron que entre fines de 1977 y comienzos de 1978 se publica en la prensa diaria un artículo, con carácter informativo, que promovía la venta de los cigarrillos Milde Sorte. En el mencionado artículo, iba inscrita la proposición: “según el prof. Umberto Veronesi —director del Instituto del
(37) Fernández sessareGo, carlos, “El derecho a la identidad personal”, en Revista Jurídica La Ley, 1990-D, p. 1248.
(38) rivera, Julio c., en op. cit., p.84.
tumor de Milano— este tipo de cigarros reducen a casi la mitad el riesgo de padecer cáncer”.
El profesor Varonesi había dedicado más de veinticinco años al estudio
y a la lucha contra el cáncer de pulmón. Pero, efectivamente, él había
comentado en un semanario las declaraciones que se le atribuían en la publicidad. Siempre se había manifestado en contra de fumar, pero tam- bién comentó en un pasaje que ciertas marcas eran menos dañinas que otras. Una de esas marcas utiliza esos dichos en la mencionada publicidad.
Tanto el Instituto como el profesor accionan en base al art. 2043 del Códi- go Civil (39) Italiano solicitando el resarcimiento del daño injusto causado.
El Tribunal falla a favor de los actores entendiendo que se ha utilizado el nombre indebidamente, dañando el derecho a la personalidad consagra- da en el art. 2 de la Constitución Italiana, que sostiene que “(…) Anche in tale situazione l’uso del nome altrui è indebito non però nel senso della usurpazione (nel senso cioè di identificare se stesso con il nome altrui e
quindi di indurre i terzi in errore sull’imputazione degli atti che si compio- no) ma nel senso più sottile di falsare la rappresentazione esterna della personalità del titolare del nome pur quando si faccia riferimento alla sua identità personale”. Críticamente sostiene Fernández Sessarego que: “Los jueces, en su afán de hallar un adecuado fundamento legal, confundieron
la protección del nombre con la de la identidad personal. En realidad no
se trataba de un caso de usurpación del nombre, sino de desnaturaliza-
ción de la personalidad del sujeto”.
Es claro que el Proyecto al mencionar el derecho a la identidad se está refiriendo tanto al aspecto dinámico como al estático.
Esto último, en base a que la persona posee, a la vez, su identidad de
origen o genética, que a diferencia de la otra, es estática, no cambia con
el paso del tiempo, con la vivencia de nuevas experiencias. Particularmen-
te sobre este aspecto se ha dicho que “(…) hay derechos y prerrogativas esenciales e intransferibles del hombre y de la sociedad que, aunque no estén expresamente consagrados en la Constitución Nacional, deben ser
(39) El art. 2043 establece: “Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
considerados garantías implícitas (…) Que, entre ellas, debe —sin duda— incluirse el derecho de toda persona a conocer su identidad de origen. En efecto, poder conocer su propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural al ser humano, que incluyendo lo biológico, lo trasciende. Ten- der a encontrar las raíces que den razón del presente a la luz de un pasado que —aprehendido— permita reencontrar una historia única e irrepetible (tanto individual como grupal), es movimiento esencial, de dinámica parti- cularmente intensa en las etapas de la vida en las cuales la personalidad se consolida y estructura” (40) .
3 | Integridad física
No hay acuerdo en la doctrina sobre el contenido de este derecho. Com- partimos la opinión de Tobías, quien sostiene que “(…) el derecho a la integridad física —mejor a la integridad psicofísica— es el que tutela la integridad de las manifestaciones físicas y psíquicas frente a las agresiones o amenazas de terceros (…)” (41) .
Dentro de este concepto es dable encuadrar, como bien lo señala el cita- do autor, tanto a la integridad corporal como a la psíquica, es que cuerpo y mente son inseparables a los fines de caracterizar el mencionado derecho.
El derecho a la integridad física en su faceta negativa está implícitamen- te reconocido en el mencionado art. 52 del Proyecto. La integridad física según esos alcances es un claro derecho que deriva de la dignidad de la persona. También está reconocido de forma explícita este derecho en el art. 54 (42) , sobre los actos peligrosos, que trata la relación entre el negocio jurídico patrimonial y los derechos personalísimos y establece que: “No es exigible el cumplimiento del contrato que tiene por objeto la realización de actos peligrosos para la vida o la integridad de una persona, excepto que correspondan a su actividad habitual y que se adopten las medidas de prevención y seguridad adecuadas a las circunstancias”. Es decir que,
(40) CSJN, “M., J.”, 13/11/1990, considerandos 9 y 10 del voto del Dr. Petracchi, en ED 141, p. 268; en Fallos 313:1113.
(41) ToBías, José W., op. cit., p. 561.
(42) Este artículo es tomado del cenTro de invesTiGaciones de derecho civil, Dra. Noemí Nicolau (dir.), “Proyecto sobre actos personalísimos”.
en principio, cualquier obligación contractual que importe un peligro in- minente o eventual para la vida o la integridad física o psíquica de una per- sona no es exigible. Sólo adquiere esa calidad en una situación: cuando la exposición a ese peligro forma parte de la actividad habitual del deudor y se garantiza las medidas de prevención y seguridad. Otra vez, aparece aquí, el principio preventivo del derecho de daños. Dejando en claro que
el Proyecto busca crear las bases para un sistema de derecho privado que
tienda a la reparación pero, también, a la evitación de externalidades ne- gativas para la sociedad.
Por otro lado, es categórico el Proyecto cuando establece que: “Están prohibidos los actos de disposición del propio cuerpo que ocasionen una disminución permanente de su integridad (…)” o, en su caso, “(…) resul- ten contrarios a la ley, la moral o las buenas costumbres…”. Esta norma
tiene su fuente directa en el art. 5 (43) del Código Civil italiano. Se establece, de todas maneras, que el acto es prohibido salvo que sea requerido para
el mejoramiento de la salud de la persona y, excepcionalmente, de otra
4 | Conclusión
Consideramos importante y acertada la inclusión de los derechos perso- nalísimos en el Código Civil y Comercial. Dado que la vigencia del actual
Código Civil es de ciento cuarenta y un años, es normal que éstos no estén contemplados, porque su elaboración está pensada para regir por mucho tiempo. Para sentar las bases que identifican a un pueblo, lo organizan
y regulan las conductas de sus integrantes; aspirando a concretar la tan
ansiada seguridad jurídica. La regulación de los derechos personalísimos
es correcta dado que toma el proceso de Constitucionalización del dere-
cho privado y lo objetiva. En su reconocimiento descansa el principio de igualdad y se apela a que, sentadas estas bases, se pueda construir una sociedad donde las personas puedan autodeterminar sus vidas sin dañar a terceros. Los ideales están plasmados y, quizás hoy, sean exagerados pero
(43) El art. 5 del Codice Civile Italiano establece: “Atti di disposizione del proprio Corpo. Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume”. Como se puede observar, la norma que se propone en el art. 56 del Proyecto, es una copia exacta de aquel.
su justificación está en la bondad de los mismos, en tratar de construir un sistema jurídico que tienda a la justicia en base a la igualdad de oportuni- dades e incluso tambien, de posiciones.
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por ALBERTO S. PESTALARDO (1)
El reciente Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación (2) (en adelan- te “el Proyecto”), incluye en sus arts. 43, 60 y 139, la posibilidad de que una persona proponga al juez la designación de una o más personas para que le presten apoyo en el ejercicio de su capacidad, y para que —en concreto— ejerzan su curatela, así como la posibilidad de anticipar directivas y conferir mandato respecto de su salud y en previsión de su propia incapacidad.
Estas disposiciones han venido a llenar un vacío legal en la materia y a responder a reclamos al respecto que ya datan de hace varios años, no siendo menor el hecho de la existencia —también desde hace años— de distintos “registros de autoprotección” en nuestro país, a nivel provincial, así como de algunos antecedentes de proyectos legislativos. También debemos decir que las normas proyectadas se enmarcan dentro de una reforma general del régimen de capacidad de ejercicio de las personas,
(1) Abogado, Secretario del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 84.
(2) Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, Ediciones Infojus, agosto 2012.
en un todo concordante con el espíritu de la Convención sobre los De- rechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y de la reciente ley de salud mental 26.657 (aunque sin caer en los defectos de técnica legislativa de esta última al introducir el art. 152 ter al Código Civil).
Procuraremos analizar las normas propuestas por el Proyecto en este pun- to, en sí mismas y con relación a algunas propuestas hechas con anteriori- dad, a otros proyectos de ley anteriores y al derecho comparado.
2 | Aparición del problema de la “autotutela” o posibilidad de realizar actos en previsión de la propia incapacidad
Hemos dicho ya que, desde algunos años (3) , se viene debatiendo en nues- tro país la posibilidad de realizar disposiciones en previsión de la propia incapacidad según el derecho argentino vigente.
Cabe preguntarse ante todo el por qué de la reciente aparición de este tema, en el campo del derecho civil. Entendemos que hay una multipli- cidad de factores de distinta índole —médicos, filosóficos, sociológicos, jurídicos— que así lo han propiciado.
En primer lugar, cabe considerar el constante y paulatino aumento de la expectativa de vida, que lamentablemente no siempre va de la mano con la calidad de ésta, y que algunas veces se acompaña de deterioros cognitivos de mayor o menor grado (4) , que también van en aumento, jun-
(3) Podríamos tomar como punto de partida la aparición de la obra Taiana de Brandi, nelly a. y llorens, luis r., Disposiciones y estipulaciones para la propia incapacidad, Bs. As., Astrea, 1996.
(4) Ver Taiana de Brandi, nelly a. y llorens, luis r., op. cit., pp. 1 y 2; Guinle, marcelo, “Expediente nro. 3146/06 (modificado por s-3335/06)”, ver texto en http://archivo.cta.org.ar/Proyecto-de- ley-sobre-modificacion,5175.html, Fundamentos; oJeda uriBuru de colomBres, maría l. (coord. nacional delegación argentina), VIII Jornada Notarial Iberoamericana, Veracruz, México, 4 al 7 de febrero de 1998, n° II.3 y II.4, Córdoba, Consejo Federal del Notariado Argentino, 1998; mourelle de TamBorenea, crisTina, Cómo prever una incapacidad. Autonomía de la voluntad:
las disposiciones en previsión de la propia incapacidad
to con el envejecimiento poblacional (5) . A esto debe sumarse otro factor también proveniente de la ciencia médica, como es la posibilidad de so- brevida de las personas luego de algún grave accidente o enfermedad, más —temporal o definitivamente— en el llamado “estado vegetativo”, estado de inconsciencia o coma profundo.
En el plano filosófico-jurídico, un nuevo paradigma —que es llamado habitualmente por la doctrina “neoconstitucionalismo”— importa, entre otras características, la multiplicación y dispersión de las fuentes del de- recho (que significa, a su vez, la pérdida de centralidad de la ley y, en consecuencia, la creciente importancia del Poder Jurisdiccional por so- bre el poder legislativo), la co

References: resolución 
 artículo 17
 artículo 1
 resolución 
 artículo 30
 artículo 1071
 artículo 1090
 artículo 1089

artículo 1089