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Timestamp: 2017-10-21 08:42:59+00:00

Document:
Sentencia núm. 6/2015 Tribunal Superior de Justicia Principado de Asturias (Sección 1) 26-01-2015
Marginal: JT\2015\214
Recurso contencioso-administrativo núm. 6/2015
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ del Principado de Asturias desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a la Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias, de 04-04-2011, desestimatoria de la reclamación económico-administrativa formulada contra liquidación del Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales, ejercicio 2010.
RECURSO: PO 1122/11
PROCURADORA: Dª Mª MAR BAQUERO DURO
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo número 1122/11, interpuesto por la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DIRECCION000 , representada por la Procuradora Dª Mª Mar Baquero Duro, actuando bajo la dirección Letrada de D. José Vicente Iglesias Gómez, contra la CONSEJERÍA DE ECO NO MÍA Y HACIENDA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, representada y defendida por el Letrado del Principado. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Rafael Fonseca González.
TERCERO.- Por Auto de 22 de diciembre de 2011, se recibió el procedimiento a prueba, habiéndose practicado las propuestas por las partes y admitidas, con el resultado que obra en autos.
QUINTO.- Se señaló para la votación y fallo del presente recurso el día 22 de enero pasado en que la misma tuvo lugar, habiéndose cumplido todos los trámites prescritos en la ley.
El presente recurso contencioso administrativo se interpone, en nombre de la Comunidad de Propietarios DIRECCION000 , contra la resolución de la Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias, de fecha 4 de abril de 2011, por la que se desestima reclamación económico-administrativa formulada contra la resolución desestimatoria del recurso de reposición contra la liquidación del Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales, correspondientes al ejercicio 2010.
La parte actora, con los hechos que deja establecidos y que se dan aquí por reproducidos, basa, en síntesis, su impugnación en los siguientes motivos: 1) Nulidad de la resolución impugnada por confirmar una liquidación que ha sido practicada de conformidad con un padrón formado al amparo de un censo elaborado en virtud de un Decreto declarado nulo; 2) Nulidad de la resolución impugnada por confirmar una liquidación derivada de una Ley inconstitucional por vulnerar el artículo 6.3 de la LOFCA (RCL 1980, 2165) en su redacción actual; 3) Nulidad de la resolución impugnada por confirmar una liquidación derivada de una Ley inconstitucional por vulnerar el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y los artículos 14 y 31 de la C .E (RCL 1978, 2836) ; 4) Nulidad de la resolución impugnada por confirmar una liquidación que deriva de una Ley que vulnera el artículo 9.c) de la LOFCA; 5) Nulidad por confirmar una liquidación practicada al amparo de una Ley que vulnera el principio europeo de libertad de establecimiento; 6) Nulidad por incorrecta determinación de la cuota tributaria; y 7) Necesidad del planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad; por todo lo cual solicita se dicte sentencia en la que se declare nulo y deje sin efecto el acto administrativo objeto de recurso y aquellos de los que trae causa.
A la acción ejercitada se opone la Administración demandada considerando que las liquidaciones impugnadas son ajustadas a derecho y deben ser confirmadas, con base en los siguientes fundamentos: la Ley reguladora del Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales del Principado de Asturias (LPAS 2002, 341 y LPAS 2003, 23) está vigente y resulta plenamente aplicable, por lo que determinar la constitucionalidad, o no, de la misma compete al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas la cuestión relativa a la infracción de ordenamiento jurídico comunitario. El motivo de nulidad del Decreto que aprueba el anterior Reglamento del Impuesto sobre Grandes Establecimientos (LPAS 2009, 508) , fue una cuestión meramente formal, la omisión de un informe preceptivo del Consejo Asesor de Comercio del Principado de Asturias, y es eficaz el vigente Reglamento, unido al derecho de la Administración tributaria a liquidar las deudas no prescritas, ya que nuestra legislación permite que pueda otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de otros anulados, y la exigibilidad del impuesto nace de la Ley 15/02 y no de su reglamento. En relación al desarrollo reglamentario respecto del procedimiento de gestión y notificación del Impuesto sobre Grandes Establecimientos, la parte recurrente omite que la Ley prevé la posibilidad de notificación individual, que es un modo de notificación para determinados actos administrativos en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/92 (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) . Para concluir este alegato, en el Reglamento se contiene la posibilidad que no se publique el padrón el contribuyente, cuando a la fecha de entrada en vigor hayan transcurrido los plazos de exposición del padrón, siendo notificadas individualmente las liquidaciones impugnadas, y respecto de los supuestos de no sujeción no se ha acreditado su concurrencia.
Respecto a que el Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales es disconforme con el ordenamiento comunitario, en el plano de la libertad de establecimiento ( artículo 43 TCE (LCEur 1986, 8) ), pues este precepto prohíbe que la libertad de establecimiento de la que disfrutan todas las personas y entidades de la UE pueda ser restringida por una medida adoptada en una determinada parte del territorio comunitario. Procede desestimar igualmente esta alegación con remisión a lo razonado en las sentencias dictadas por esta Sala al resolver los recursos 1899/2009 (PROV 2014, 265437) y 1395/2003 (JT 2014, 1374) promovidos por la Asociación General de Grandes Empresas de Distribución contra la resolución de la Consejería de Hacienda del Principado de Asturias, de fecha 3 de julio de 2003, por el que se aprueba el modelo de declaración de alta, modificación y baja del Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales y, del Decreto 139/2009 del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias (LPAS 2009, 508) por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales. En los citados precedentes, este Tribunal hace suyos los razonamientos, aquí aplicables, del T.S.J. de Cataluña de 23 de enero (JT 2013, 691) , 27 de septiembre y 9 de diciembre de 2013, en el sentido de que "En todo caso, la Sala no aprecia méritos para suscitar cuestión prejudicial, dado el carácter tributario o fiscal de la norma legal de que se trata en relación con los principios comunitarios que se invocan. Así, el art. 2.3 de la Directiva 2006/123/CE (LCEur 2006, 3520) , del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 , relativa a los servicios en el mercado interior, dispone expresamente que "La presente Directiva no se aplicará a fiscalidad", lo que se justifica en su Considerando 29, donde se lee que dado que en el Tratado se prevén bases jurídicas específicas en materia fiscal y dados los instrumentos comunitarios ya adoptados en esta materia, procede excluir la fiscalidad del ámbito de aplicación de la Directiva. En el mismo sentido, el art. 2.3 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre (RCL 2009, 2256) , sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (conocida como ley "horizontal" o "paraguas"), dispone que: "Esta Ley no se aplicará al ámbito tributario". Por otra parte, en absoluto resulta extrapolable al ámbito fiscal de que aquí se trata la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de la normativa sobre establecimientos comerciales. La Sentencia de su Sala Segunda de 24 de marzo de 2011 (asunto C400/08 (TJCE 2011, 71) ), resuelve, estimándola en parte, la solicitud de la Comisión de las Comunidades Europeas de que se declarará que el Reino de España había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 43 CE (RCL 1978, 2836) al imponer restricciones al establecimiento de superficies comerciales en Cataluña, resultantes de la Ley 7/1996, de 15 de enero (RCL 1996, 148 y 554) , de ordenación del comercio minorista, y de la normativa de la Comunidad Autónoma de Cataluña sobre la materia, a saber, la ley 18/2005, de 27 de diciembre (LCAT 2006, 7 y 445) , de equipamientos comerciales, el Decreto 378/2006, de 10 de octubre (LCAT 2006, 774) , por el que se desarrolla la Ley 18/2005, y el Decreto 379/2006, de 10 de octubre (LCAT 2006, 775 y LCAT 2007, 444) , por el que se aprueba el Plan territorial sectorial de equipamientos comerciales. En el parágrafo 80 de dicha sentencia se declara, en general, que "A este respecto, debe observarse que, contrariamente a lo que sostiene la Comisión, las restricciones relativas al emplazamiento y al tamaño de los grandes establecimientos comerciales parecen medios adecuados para alcanzar los objetivos de ordenación del territorio y de protección del medio ambiente invocados por el Reino de España". Los incumplimientos que señala esta sentencia se ciñen a aspectos muy parciales de la normativa sobre equipamientos comerciales; prohibición de implantación de grandes establecimientos comerciales fuera de la trama urbana consolidada de un número limitado de municipios; limitación de la implantación de nuevos hipermercados a un reducido número de comarcas y exigencia de que esos nuevos hipermercados no absorban más del 9% del consumo de productos de uso cotidiano o del 7% del consumo de productos de uso no cotidiano; aplicación de límites en cuanto al grado de implantación y a la repercusión sobre el comercio minorista existente, más allá de los cuales no se pueden abrir nuevos establecimientos comerciales grandes ni medianos; y composición de la Comisión de Equipamientos Comerciales garantizando la representación de los intereses del comercio minorista ya existente y no contemplando la representación de las asociaciones activas en el ámbito de la protección del medio ambiente ni de las agrupaciones de interés que velan por la protección de los consumidores. Nada de ello tiene relación, directa o indirecta, con el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales de Cataluña que nos ocupa, tributo que, en cualquier caso, persigue una finalidad extrafiscal, esencialmente, como ha quedado repetido, gravando el beneficio impropio del que gozan tales grandes establecimientos comerciales por la existencia de costes no internalizados generados por su incidencia en el medio ambiente y el urbanismo. Si el citado parágrafo 80 de la sentencia de 24 de marzo de 2011 entiende que las restricciones de la normativa de equipamientos comerciales, relativas al emplazamiento y al tamaño de los grandes establecimientos comerciales, son "medios adecuados para alcanzar los objetivos de ordenación del territorio y de protección del medio ambiente invocados por el Reino de España", la misma conclusión habrá de alcanzarse, claramente, respecto del impuesto en cuestión".
Con relación a la legalidad del Reglamento que ha venido a desarrollar el artículo 21 de la Ley 15/22 , ha sido objeto de examen por esta Sala al resolver el recurso nº 1899/2009 (PROV 2014, 265437) , con desestimación del mismo respecto a las infracciones legales se atribuyen a la Ley y al Reglamento en cuanto a la definición del sujeto pasivo y la declaración de datos del establecimiento a través de un modelo de alta, modificación y baja en el Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales que permitan realizar el cálculo de la cuota tributaria correspondiente a cada sujeto pasivo. A saber, la declaración se configura como un acto del procedimiento de gestión del impuesto que corresponde a la Consejería competente en materia tributaria, toda vez que según la ley que lo crea el impuesto se gestiona mediante padrón a partir de los datos que los sujetos pasivos manifiesten en las declaraciones que están obligados a presentar. Y respecto a la supuesta restricción por el artículo del Decreto 139/2009 (LPAS 2009, 508) del ámbito material de la bonificación, procede indicar que, precisamente lo que hace la referida norma reglamentaria es concretar el contenido del art. 21 , siendo ésta precisamente la posición de toda disposición reglamentaria siempre y cuando, como en el presente caso sucede, dicha concreción o delimitación del precepto legal no haga otra cosa que reclamar su contenido y fijar los presupuestos y circunstancias de su aplicación, en atención al fin de disminución de los efectos distorsionadores externos, que es lo que constituye la intención del legislador al establecer la norma de cobertura.
Tampoco se observa extralimitación en el Reglamento sobre el hecho imponible ni sobre el sujeto pasivo como elementos configuradores o esenciales del tributo ni sobre la notificación de los actos de gestión, ni aplicación retroactiva de una norma anulada, ya que ni la Resolución que aprueba el Modelo 049 ni el Decreto 139/2009 los determinan ni delimitan, en tanto la doctrina constitucional y legal( S. TS 23-1-96 y TC 1/2012 (RTC 2012, 1) y 19/2012 (RTC 2012, 19) ) tiene declarado al respecto que la exigencia de norma legal, regulada en los art. 31.3 y 133.2 CE (RCL 1978, 2836) , está prevista para la creación de los tributos y su esencial configuración dentro de la que se sitúa el "establecimiento" de bonificaciones tributarias pero no cualquiera otra regulación de las mismas o, incluso, su redacción ( sentencias TC de 4 de febrero de 1983 , 233/1999 y 42/2004 (RTC 2004, 42) ), lo que supone que no quepa en este caso apreciar dicha vulneración al haberse creado el impuesto en el art. 21 de la Ley 15/2002 (LPAS 2002, 341) y en las referidas disposiciones reglamentarias una nueva corrección ó desarrollo del impuesto que está posibilitada por el carácter relativo de este principio en materia tributaria ( Sentencias del TC 185/1985 (RTC 1985, 185) ; 99/1987 (RTC 1987, 99) y 106/2000 (RTC 2000, 106) , entre otras).
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido: Desestimar el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por doña María del Mar Baquero Duro, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de Comunidad de Propietarios DIRECCION000 , contra la resolución de la Consejería de Economía y Administración Pública del Principado de Asturias, de fecha 4 de abril de 2011, resolución que se confirma por ser ajustada a derecho. Sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.

References: Resolución 
 resolución 
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 resolución 
 artículo 6
 resolución 
 resolución 
 artículo 9
 artículo 43
 resolución 
 artículo 43
 artículo 21
 Resolución 
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