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Timestamp: 2018-12-10 06:50:55+00:00

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﻿ Sentencia 2013-02336 de mayo 18 de 2016
SENTENCIA 2013-02336 DE 18 DE MAYO DE 2016
CONTENIDO:ABOGADOS INCURREN EN CAUSAL DE PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO AL LITIGIO CUANDO PRESENTEN ACCIONES CONSTITUCIONALES DE TUTELA CON IDENTIDAD DE PARTES, PRETENSIONES Y HECHOS. ASÍ SE PRECISA EN FALLO CONTRA JURISTA EN DONDE EXISTE FALTA A LA RECTA Y LEAL REALIZACIÓN DE LA JUSTICIA, CONTENIDA EN EL NUMERAL 3° DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 1123 DEL 2007. FINALMENTE SE HACE UN LLAMADO A LA COMUNIDAD JUDICIAL PARA QUE SUS CONDUCTAS SE ENCAMINEN A LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA AL MOMENTO DE QUE PRESTEN SUS SERVICIOS PROFESIONALES, MANTENIENDO EN ALTO EL HONOR Y LA DIGNIDAD DE LA ABOGACÍA, HONESTIDAD, VERACIDAD, CELO Y DILIGENCIA EN TODAS AQUELLAS DILIGENCIAS QUE LE SEAN CONFIADAS POR SUS CLIENTES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, SANCIONES AL ABOGADO, ABOGADO, DEBERES DEL ABOGADO, ESTATUTO DEL ABOGADO, SUSPENSIÓN DEL ABOGADO, FALTAS DEL ABOGADO, FALTAS DISCIPLINARIAS DEL ABOGADO
Sentencia 2013-02336 de mayo 18 de 2016
Radicado: 05001110200020130233601
Ref.: Disciplinario contra el abogado A.F.M.R.
Aprobado según acta 43 de la misma fecha
De conformidad con las atribuciones conferidas en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política y 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para desatar los recursos de apelación que se formulen dentro de los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales.
El problema jurídico a dilucidar en este asunto, es determinar si el encartado incurrió en la conducta imputada por la primera instancia, esto es, si el togado injustificadamente presentó dos acciones de constitucionales de tutela con identidad de partes, pretensiones y hechos.
Frente al tema probatorio recaudado en primera instancia, se encuentra probado que el disciplinado presentó inicialmente acción de tutela con radicado 2012-XXX, que cursó en el Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Medellín, en contra de Cajanal EICE en liquidación, alegando la vulneración de los derechos fundamentales de su representada por cuanto a su poderdante no se le había dado respuesta a su solicitud de revocatoria de la resolución UGM XXX del 25 de octubre de 2011, mediante la cual le negaron la pensión gracia.
De las resultas de la referida tutela, el Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Medellín, resolvió tutelar el derecho invocado por la accionante y en consecuencia, ordenó a Cajanal EICE en liquidación para que diera respuesta clara, completa y de fondo respecto de la solicitud de revocatoria directa.
Ante el incumplimiento de lo ordenado por el juez de conocimiento, el disciplinado presentó incidente de desacato(17), solicitando la respectiva sanción por desacato; respecto del cual el mismo juzgado profirió decisión de archivo, en razón a que la entidad requerida dio cumplimiento a lo ordenado al dar respuesta sobre la solicitud de revocatoria directa, negando la misma.
Por otro lado, se tiene que el 23 de abril de 2013, el disciplinado presentó nuevamente acción de tutela con radicado 2013-XXX, que cursó en el Juzgado Veinte Administrativo Oral del Circuito, en contra de Cajanal EICE en liquidación, aduciendo las mismas situaciones fácticas y reclamando igualmente una respuesta de fondo respecto de la solicitud de revocatoria directa, obteniendo como respuesta la negatoria de la misma por considerarla improcedente y la compulsa de copias que dio lugar a la presente actuación.
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sala procederá a confirmar la sanción impuesta al togado de conformidad con la argumentación que a continuación se expone:
En primera medida es menester precisar que frente a la ética profesional del abogado, este se ve inmerso en acatar sus deberes profesionales de la mejor manera, lo que implica que el letrado debe observar un comportamiento ejemplar, donde sus actuaciones se encaminen a la correcta administración de justicia al momento de prestar sus servicios profesionales, manteniendo en alto el honor y la dignidad de la abogacía, debiendo actuar con honestidad, veracidad, celo y diligencia en todas aquellas diligencias que le sean confiadas por sus clientes.
Ahora bien, frente al actuar del doctor A.F.M.R., se puede observar como este a pesar de haber presentado una acción de tutela, la cual fue favorable, amparándole la pretensión perseguida, se dispuso a interponer una segunda acción constitucional, encausando su actuar dentro de lo estipulado en el artículo 33-3 de la Ley 1123 de 2007, que a la letra expresa:
3. Promover la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, caso en el cual se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991”.
Lo anterior, implica para el profesional del derecho una sanción ejemplar, toda vez que dada su condición de letrado, su comportamiento debe regularse no solo por lo dicho en la referida norma, sino a su vez por el Decreto 2591 de 1991, al cual nos remite el Código Disciplinario del Abogado, donde en su artículo 38, indica:
Por otro lado, y acogiendo lo expresado por la Sala a quo, el carácter subjetivo de la falta endilgada, junto con las situaciones fácticas del caso, se acierta en tipificar la conducta en la modalidad dolosa, pues como bien lo expresó el seccional de instancia “en este tipo de asuntos, por tratarse de faltas contra la recta y leal realización de justicia y de los fines del Estado, resulta completamente exigible a cualquier profesional del derecho, la no incursión en actuaciones temerarias...”. Esto aunado a que el disciplinado indicó claramente en sus dos escritos de tutela, que no había presentado con anterioridad tutela sobre los mismos hechos objeto de la acción constitucional, afirmación realizada bajo la gravedad de juramento, desconociendo de tal manera los deberes consagrados la Ley 1123 de 2007, en especial el establecido en el artículo 28-6 que al tenor reza:
Entonces, para esta Sala es evidente que en el caso sub examine la conducta del togado cumple con los presupuestos de tipicidad (pues la comisión descrita anteriormente, se adecua a la conducta objeto de reproche del abogado encartado), antijuridicidad (toda vez que se afectó en este la recta y cumplida realización de la justicia y de los fines del Estado sin justificación alguna) y culpabilidad, aclarando que este último es cometido en la modalidad dolosa, teniendo en cuenta que la comisión de la conducta realizada por parte del doctor A.F.M.R., se realizó con el conocimiento de las implicaciones que tenía presentar la segunda acción constitucional, pues su especial formación académica así se lo permitía saber.
Respecto de la dosificación de la sanción conforme lo prescribe la Ley 1123 de 2007, se destaca que desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo la misma fue ajustada, máxime los criterios para la graduación de la sanción señalados en la precitada norma, veamos:
Así las cosas, también ha de tenerse en cuenta la modalidad de la conducta desplegada por el disciplinado, esto es dolosa, pues como lo advirtió de manera acertada el a quo, la falta endilgada a todas luces reviste gravedad, máxime las circunstancias en que se cometió la misma, pues el disciplinado intentó hacer valer la enfermedad de su cliente como un hecho nuevo para poder presentar la segunda acción constitucional, actuar que deja ver la temeridad de la conducta desplegada por el investigado.
En suma, la sanción impuesta por la Sala de Instancia, habrá de confirmarse, teniendo en cuenta la modalidad que a juicio de esta Sala se cometió la conducta cuestionada, pues los elementos probatorios que orientan a la demostración objetiva y subjetiva de la conducta reprochada disciplinariamente, no se encuentran desvirtuados y menos justificados, valoración suficiente para que esta colegiatura, proceda a confirmar el fallo sancionatorio en contra del abogado investigado, conforme con los argumentos expuestos en líneas anteriores.
En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.
1. CONFIRMAR la sentencia del 30 de octubre de 2015, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, por medio de la cual sancionó con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el termino de DOS (2) años, al abogado A.F.M.R., tras hallarlo disciplinariamente responsable de la falta a la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado, consagrada en el artículo 33-3 de la Ley 1123 de 2007, por las razones indicadas en la parte motiva de este proveído.
17 Folios 132 y 133 del cuaderno anexo 2.

References: ARTÍCULO 33
 resolución 
 artículo 33
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 28
 artículo 33