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Timestamp: 2017-07-25 10:15:17+00:00

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DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA by Saúl Paolo Pacheco Laguna - issuu
ManuelFRISANCHO
Frisancho Aparicio
APARICIODELITOS
CONTRA LAADMINISTRACIÓN
DEJUSTICIAPrólogo
Eugenio Raúl ZaffaroniDelitos contra la Administración
Segunda edición: abril 2012
Tiraje: 350 ejemplares
Biblioteca Nacional del Perú N.º 2012-02365
Registro ISBN: 978-612-4115-09-7
Diseño de portada : Saúl P. Pacheco Laguna
Impreso en Perú / Printed in PeruDelitos contra la Administración de JusticiaPresentación de la segunda edición
Precisiones en torno al bien jurídico “administración de justicia”
En esta oportunidad, ofrecemos a nuestros lectores la nueva edición de un libro que ya lleva más de tres reimpresiones. La generosa
acogida que ha recibido en medios académicos y jurisdiccionales se
debe, mayormente, a la carencia de una bibliografía especializada sobre el tema que desarrolla: el comentario de los delitos contra la administración de justicia. En realidad, nuestro trabajo pretende ser una
aproximación al análisis dogmático de los delitos que ponen en peligro
la función de administrar justicia y, con ello, la tutela de las actividades
fiscales y policiales que están a su servicio.
Como objeto de protección jurídica, el bien jurídico “administración
de justicia” debe concebirse como una función pública estatal al servicio de los ciudadanos. El Derecho penal acude a la protección de la
función jurisdiccional y de las demás funciones públicas que hacen posible el inicio de las investigaciones, su desarrollo y el posterior ejercicio de la acción penal (labores llevadas a cabo por la Policía Nacional
y el Ministerio Público).
La administración de justicia tiene la finalidad general de resolver
conflictos sociales y para realizar este objetivo tiene que utilizar el proceso, ya sea penal o civil. No obstante, el Derecho Penal y Procesal
Penal han establecido formas de resolver los conflictos sin necesidad
de acudir al proceso penal. Por ejemplo, la aplicación de los criterios
de oportunidad o la colaboración eficaz. En este sentido, podemos
afirmar que no todo conflicto social se resuelve dentro de un proceso
y que no es labor exclusiva de los jueces el administrar justicia: la ley
procesal otorga un espacio de discrecionalidad al Ministerio Público,
para que se abstenga de promover la acción penal ante la existencia
de un acuerdo de reparación entre la víctima y el sujeto activo de un
delito. El conflicto social puede llegar a solucionarse sin que intervenga el órgano jurisdiccional. Sin embargo, así como los funcionarios
Ediciones Legales5Manuel Frisancho Apariciocon rol jurisdiccional pueden cometer delito dentro de un proceso penal o civil, del mismo modo, el Ministerio Público o la Policía pueden
extralimitarse en sus funciones y delinquir durante la investigación,
Lo arriba expuesto nos lleva a precisar que el objeto de protección
jurídica no es solo la administración de justicia, entendida como labor
que compete exclusivamente al órgano jurisdiccional, sino, además, la
labor del Ministerio Público y de la Policía Nacional. En concordancia
con este punto de vista, el ámbito de afección al bien jurídico no se circunscribe al proceso penal o civil. Es decir, no se requiere que se inicie
un proceso. La tutela penal se extiende a etapas previas al proceso,
inclusive, los delitos contra la administración de justicia se pueden cometer aun cuando no es pública la identidad del autor o no se sabe el
tipo delictivo que se ha cometido. Un ejemplo sirve para demostrar la
certeza de esta afirmación: el delito de encubrimiento personal no requiere, para su configuración, que se haya iniciado una investigación
o proceso penal en contra del sujeto encubierto. Es suficiente que el
encubridor sepa que quien encubre o ayuda a escapar de la acción de
la justicia ha cometido un delito1.
En definitiva, el bien jurídico administración de justicia debe entenderse como aquella función estatal que debe desarrollarse en el
cauce de la ley, en forma correcta, eficaz, oportuna e imparcial. Para
ello se requiere, también, que las instituciones que colaboran con esta
se desempeñen en forma correcta, legal e imparcial. Entendido así, el
bien jurídico sirve como hilo conductor de la interpretación y permite
determinar el alcance de cada uno de los tipos contenidos en el Capítulo III, del Título XVIII, del Código Penal.
Teoría del dominio del hecho o de infracción del deber para
determinar la autoría y participación en los delitos contra la
En el análisis de los tipos delictivos contenidos en el Capítulo III,
del Título XVIII, del Código Penal: Delitos contra la administración de
1.	6La doctrina entiende que no es necesario que el encubridor sepa con exactitud
el delito que se ha cometido. No hace falta que se conozcan todos los elementos
del delito sino que es suficiente con que se entiendan sus rasgos esenciales.
GARCÍA PÉREZ, Octavio. El encubrimiento y su problemática en el Código Penal. Atelier - Libros Jurídicos, Barcelona, 2008, p. 71.Ediciones LegalesDelitos contra la Administración de Justiciajusticia, hemos acudido a la teoría del dominio del hecho. Conforme
a esta teoría es que abordamos el problema de la autoría y participación. La categoría de los delitos de infracción del deber (Pflichtdelikte)
aún no ha sido asumida, con todas sus consecuencias, en la Jurisprudencia nacional. Por tal motivo, no utilizamos sus postulados para
analizar los problemas de participación en el delito de prevaricato
(artículo 418), detención ilegal o arbitraria (artículo 419), Favorecimiento a la fuga (artículo 414°), Denegación y retardo de justicia (artículo 422) u Omisión del ejercicio de la acción penal (artículo 424).
Sin embargo, hemos añadido a esta nueva edición un nuevo capítulo final en donde sí aplicamos la categoría de los delitos de infracción
del deber. Específicamente, tratamos en ese capítulo acerca de la problemática del delito de encubrimiento personal y real.
Según la teoría del dominio del hecho, es autor quien domina la
realización del hecho y partícipe todo aquel que sin dominar la realización del hecho hace alguna aportación para su realización. En la
Jurisprudencia emitida por las salas penales de la Corte Suprema de
Justicia se fundamentan los fallos con apoyo en la teoría del dominio
No obstante, esta teoría no puede ser vista en la actualidad como
una explicación adecuada a todos los problemas de la autoría en tipos
penales contenidos en la ley. En este sentido, la teoría del dominio del
hecho se ha demostrado insuficiente para determinar la autoría y la
participación en relación a los tipos de delitos de omisión, los delitos
imprudentes, los delitos especiales y, aunque por distintas razones,
los delitos de propia mano2.
Ante esta situación, en la dogmática penal se ha elaborado la teoría de los delitos de infracción del deber. Se debe a Claus Roxín el
inicio de esta teoría (en su célebre monografía Taterschaft und Tatherrschaft, 1963) y a Gunther Jakobs su desarrollo posterior (Derecho
Penal. Parte general. Teoría de la Imputación). Resulta innegable la
utilidad que tiene este punto de vista para analizar los problemas de
autoría y participación en los delitos contra la administración de justicia. Sobre todo porque en el Capítulo III, del Título XVIII, del Código
Penal peruano se encuentran muchos tipos o delitos especiales. Por
2.	Bacigalupo, Silvina. Autoría y participación en delitos de infracción de deber.
Marcial Pons, Madrid, 2007, p. 13.Ediciones Legales7Manuel Frisancho Aparicioejemplo, en el delito de prevaricato, el sujeto activo solo puede ser el
intraneus que tiene el rol de administrar justicia o el representante del
Ministerio Público que tiene la función de dirigir la investigación, acusar o emitir dictámenes. En ambos casos, tanto el juez penal como el
fiscal tienen el deber específico de adecuar su accionar y ejercitar sus
atribuciones sin apartarse de lo establecido en la ley. Al infringir este
deber, cometen el delito de prevaricato. Ahora bien, y llevando la teoría
de los delitos de infracción del deber hasta sus últimas consecuencias, no será necesario que el juez dirija la causalidad de un resultado
material, es decir, que elabore él mismo el fallo torticero. El delito de
prevaricato se configura si es que el juez es un vocal superior que no
ha elaborado directamente el fallo (no es el vocal ponente), pero que,
no obstante conocer su contenido contrario al texto expreso y claro
de la ley, lo suscribe3. Por otro lado, sería totalmente legítimo castigar
penalmente a los fiscales o jueces que prevarican en forma culposa y
para ello, claro está, se requeriría con urgencia la tipificación expresa
3.	8En el caso de los magistrados, resulta problemática la aplicación del tipo penal de
prevaricato en aquellos supuestos en los que la resolución contraria al “texto expreso y claro de la ley” es adoptada por una Sala Penal colegiada, toda vez que,
al tratarse de un órgano jurisdiccional pluripersonal, es posible que no todos sus
miembros hayan cometido el delito de prevaricación. En principio, parece que
solamente serán autores del delito de prevaricación los magistrados que hubiesen votado a favor de la sentencia, quedando exenta de responsabilidad penal
la conducta de los magistrados que se hubiesen opuesto a aquella mediante la
formulación del correspondiente voto particular.
Ahora bien, como señala Quintero Olivares, incluso en los supuestos en los que
no se haya formulado voto particular frente a una sentencia, no parece razonable
atribuir idéntica responsabilidad penal al magistrado ponente (que por imperativo
legal tiene un deber reforzado de conocimiento de la integridad de las actuaciones), que a los restantes magistrados de la sala cuando estos, confiados en la
corrección de lo expuesto por el ponente en la sentencia, la suscriben sin reserva
alguna. Como acertadamente indica el referido autor, exigir que todos y cada uno
de los magistrados de una sala realicen la misma tarea, respecto a la totalidad
de las causas, es exagerado. Pero también es injusto argüir que ha sido solo el
ponente quien ha dictado la sentencia, pues esto contravendría el principio de
legalidad. Todo ello hace concluir a Quintero Olivares que es necesario deslindar
dos campos diferenciados: por un lado, la sentencia es objetivamente contraria
al texto expreso y claro de la ley y, en consecuencia, prevaricante, aun cuando
dos de los magistrados que la suscribieron ignorasen tal extremo. Por otro lado,
lo anterior no impide deslindar, individualmente, la conducta de cada uno de los
integrantes de la Sala, de modo que el desconocimiento que cualquiera de ellos
haya tenido en relación a la contradicción del fallo con el “texto expreso y claro
de la ley” que con su firma avaló, determinaría la ausencia del elemento subjetivo del injusto típico, lo que permitiría exonerarle de responsabilidad penal. Cfr.,
GOYENA HUERTA, Jaime. “La prevaricación”. En Los delitos contra la administración de justicia. Aranzadi, Navarra, 2002, p. 24 y ss.Ediciones LegalesDelitos contra la Administración de Justiciade este delito (en salvaguarda de la institución administración de justicia y de los deberes del cargo). Está fuera de duda que los magistrados infringirían los deberes positivos del cargo cuando emitieran fallos
o dictaminaren con desconocimiento negligente de la ley o sin estudiar
en forma pormenorizada todo lo actuado.
En el delito de favorecimiento a la fuga (artículo 414 del CP), por
ejemplo, el tipo penal requiere, básicamente, que el intraneus haya infringido un deber especial del cargo (el deber de contribuir a la eficacia
de las medidas coercitivas personales o a la ejecución de la pena privativa de libertad). La forma comitiva u omisiva en que se lleva a cabo
el delito del intraneus resulta indiferente. Lo que prevalece y da mayor
contenido de ilicitud al delito es la infracción del deber institucional.
Se puede presentar el caso de que en el delito de favorecimiento
a la fuga hayan intervenido varios funcionarios o servidores públicos.
En esta hipótesis, la teoría de los delitos de infracción de deber es una
herramienta conceptual eficaz: permite llegar a precisar la distribución
de las responsabilidades, haciendo hincapié en los deberes específicos, en las competencias y en las facultades de decisión según la
jerarquía funcional. Asimismo, un concepto de autor, definido a partir
de los postulados de la teoría de los delitos de infracción de deber y
su correspondiente concepto de partícipes (cooperadores necesarios
o no necesarios), permite dar una respuesta adecuada a las infracciones de los deberes de los funcionarios o servidores públicos que
intervienen en la custodia de los detenidos o en la administración de
los centros penitenciarios, delimitando con mayor precisión quién es
autor y qué dependencia tiene la acción de los partícipes de la de los
autores (accesoriedad) con criterios más respetuosos del principio de
culpabilidad individual.
En los delitos contra la administración de justicia también se pueden presentar situaciones en las que los funcionarios o servidores
públicos utilizan a extraneus para facilitar la comisión del delito. Por
ejemplo, en el delito de revelación indebida de identidad (artículo 409-A
del CP), el agente funcionario o servidor público puede requerir el
auxilio de un particular para que sustraiga la información sobre la identidad de un colaborador eficaz (le entrega un CD en donde se registran
los datos de la identidad del colaborador, para que lo saque del lugar
de custodia). En este caso, un concepto ontológico de la acción como
el que se maneja en la teoría del dominio del hecho no es suficiente.
Se requiere en este caso delimitar el deber específico infringido por el
Ediciones Legales9Manuel Frisancho Aparicioautor y para ello es de suma utilidad la teoría de los delitos de infracción de deber.
Si se aplicara la teoría del dominio del hecho –en su formulación
originaria– correspondería dejar impune al extraneus no cualificado
que realizaba la acción en vista de que no podía ser autor (no reúne
las características personales exigidas por el tipo penal para ser autor
del hecho). De la misma manera, el sujeto cualificado, el intraneus que
se vale de un particular para revelar la identidad de un colaborador
eficaz, no podría ser punible como inductor porque el no cualificado
(particular) no puede ser autor del delito especial propio.
La persistencia en la aplicación de la teoría del dominio del hecho
puede conducir a situaciones que favorecen la impunidad. Ante esta
circunstancia es preciso utilizar la teoría de la infracción de deber, sobre todo en los delitos especiales propios en donde existe un deber
especial vinculado a la posición social y jurídica del autor (deber correspondiente al rol institucional).
Así, por ejemplo, y sintetizando la idea de Roxín, en los delitos
especiales propios, la figura central del suceso no puede ser el no
cualificado, el extraneus. Conforme a la teoría de los delitos de infracción del deber, en los casos de concurrencia de un cualificado con un
no cualificado (v. gr., tipo de revelación indebida de identidad, artículo
409-A), es evidente que así el particular haya actuado con dolo y con
dominio del hecho, no puede ser tenido como el protagonista principal
del escenario típico. La figura central debe ser siempre el sujeto cualificado, el funcionario o servidor público que por ejercicio del cargo
tiene acceso a la información confidencial sobre la identidad de los
colaboradores eficaces. Será la figura central siempre, sin importar el
grado de aporte o contribución al hecho que haya tenido, pues sin su
participación no habría delito.
El deber infringido por el intraneus en el delito de revelación indebida de identidad (artículo 409-A) es un deber extrapenal o previo a la
norma penal. Al funcionario se le castiga por la infracción de este deber específico e institucional, además de sancionársele por la infracción del deber de obediencia a la ley penal. La norma penal aparece
en este caso como una norma sancionadora de la infracción de deberes provenientes del resto del ordenamiento jurídico, el autor infringe
un deber especial que le incumbe por su posición en el ordenamiento
jurídico y además infringe el deber genérico que caracteriza la antijuricidad de todo delito.
10Ediciones LegalesDelitos contra la Administración de JusticiaEn forma sintética, Silvina Bacigalupo sostiene que “los delitos de
infracción de deber, por tanto, son delitos en los que la delimitación de
la autoría y la participación adquieren una especial configuración en
comparación con los delitos de dominio del hecho. Dicho brevemente:
mientras en los delitos de dominio es autor el que domina el hecho,
es decir, el que conduce la causalidad al resultado; en los delitos de
infracción de deber el autor es el que infringe un deber que le incumbe,
aunque no sea el que dirige la causalidad al resultado”4.
El autor agradece a todas aquellas personas que han contribuido
en forma directa o indirecta, ya sea dando un pequeño aporte causal
o ayudando en forma decisiva, hasta el punto de ejercer el codominio
del hecho, para la realización de esta nueva edición del libro.
Vale agradecer en este punto a los penalistas y profesores Eugenio Raúl Zaffaroni, Javier Hernández García, Jaime Goyena Huerta,
Miguel Polaino Navarrete, Gonzalo Quintero Olivares y Silvina Bacigalupo, por sus interesantes enseñanzas y sugerencias.
Finalmente, es menester reconocer la notable labor de difusión de
obras jurídicas que lleva a cabo, contra viento y marea, nuestro amigo
y editor Mario Martínez Puente. Agradecemos su paciencia, constancia
y esmero en la realización de obras que, como esta, tienen el cometido
de desarrollar la dogmática penal nacional y contribuir con ello al logro
de una administración de justicia más justa, segura y predecible.
Plaza Mayor de Lima, 29 de noviembre del 2011.
Profesor del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas
Santo Tomás de Aquino4.	Bacigalupo, Silvina. Op. cit., p. 57.Ediciones Legales11Manuel Frisancho Aparicio12Ediciones LegalesDelitos contra la Administraci贸n de JusticiaPRIMERA PARTEDelitos contra
la administraci贸n de
justiciaEdiciones Legales13Manuel Frisancho Aparicio14Ediciones LegalesICAPÍTULODelitos contra la Administración de JusticiaEl bien jurídico tutelado en los delitos
SUMARIO: 1. Nociones preliminares. 2. El bien jurídico penalmente
protegido en el Título XVIII, del Código Penal. 3. La administración de
justicia como bien jurídico específico incluido en los delitos contra la
administración pública.1.	Nociones preliminares
La posibilidad de que atentados contra los órganos jurisdiccionales, sus competencias y decisiones hayan figurado entre los delitos
contra la función pública o de funcionarios en el ejercicio de sus cargos,
no hace sino corroborar la posibilidad de entender la administración de
justicia como parte de la administración pública1, aunque por lo especialísimo de la función se justifique el tratamiento penal separado.
El concepto de administración pública que se maneja en el Derecho Penal es comprensivo –como decía Rocco en la exposición de
motivos del proyecto de Código Penal italiano de 1930– de la entera
actividad del Estado y de los otros entes públicos, queriendo significar
con ello que, con las normas relativas a los delitos contra esa administración, se tutela no solo la actividad administrativa, en sentido estricto y técnico, sino la actividad legislativa y la judicial2. En efecto, el
1. Las tesis limitadoras del poder estatal –que se han esgrimido desde los orígenes
del constitucionalismo liberal– guardan armonía con el concepto material u objetivo
de administración pública, que es el de mayor aceptación en la doctrina del Derecho Administrativo y en la del Derecho Penal. En este último, ha logrado plasmarse
legislativamente, pues en la mayoría de países rigen códigos penales en donde
los delitos contra la administración pública están destinados a tutelar no solo la
actividad administrativa, en sentido estricto, sino la actividad legislativa y la judicial.
Conforme al concepto material u objetivo, la administración pública consiste en
todos los actos de gobierno en cualquiera de las esferas de poderes, realizados
en la actividad del Poder Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial. La amplitud
de este concepto permite clasificar los delitos contra la administración pública en
un cuerpo más homogéneo.
2.	Cfr. MANZINI. Tratado de Derecho Penal. T. 8, vol. III. Ed. Ediar, Buenos Aires,
1961. Nota 1. En la doctrina penal argentina, Creus sostiene que «la tutela deEdiciones Legales15Manuel Frisancho Apariciodesacato se puede cometer contra un legislador o un juez; el cohecho
puede tener por sujeto activo a un magistrado judicial, y en todos estos
casos, es ofendida o lesionada no ya la administración pública en sentido estricto sino la administración de justicia o la autoridad parlamentaria, lo que confirma el concepto de que el código ha entendido que
en los delitos enmarcados en el Título XVIII el bien jurídico protegido
es la administración pública del Estado, ejercida en cualquiera de sus
La protección penal abarca las funciones administrativas propiamente dichas, como las otras funciones del Estado, entre estas, la
administración de justicia, que es una parte especialmente relevante
del ejercicio de funciones públicas3.
Dividido en tres secciones, el Capítulo III, del Título XVIII, del Código Penal resguarda los principales aspectos de la Administración de
justicia. En primer lugar, la Sección I está destinada a proteger la función jurisdiccional de todos aquellos actos que signifiquen su entorpecimiento mediante el desvío de la actividad jurisdiccional al conocimiento
de hechos que no merecen su concurso (v. gr. Denuncia calumniosa,
falsa declaración en procedimiento administrativo) o que la conduzca a
la toma de una decisión errada (falsedad en juicio, fraude procesal) o
que, finalmente, traten de impedir su eficacia (ocultamiento de menor
a las investigaciones, encubrimiento personal, encubrimiento real, omisión de denuncia, favorecimiento a la fuga, entre otros delitos)4.
la administración pública por parte del Derecho Penal es vasta, ya que cubre no
solo la regularidad y eficiencia del acto administrativo, sino también la regularidad
y eficiencia del acto legislativo y del acto jurisdiccional. La protección se extiende,
pues, tanto sobre las funciones administrativas propiamente dichas, como sobre
las otras funciones del Estado». Delitos contra la administración pública, Buenos
Aires, Ed. Astrea, 1981, p. 4. Cfr. GÓMEZ, Eusebio. Tratado de Derecho Penal.
P. E. Ed. Víctor de Zavalía, Buenos Aires, 1976, pp. 487 y ss; LAJE ANAYA.
Comentarios al Código Penal. Parte especial, vol. III. Depalma, Buenos Aires,
1981, p. 2; SOLER. Tratado de Derecho Penal. vol. V., p. 88.
3.	Cfr. LÓPEZ GARRIDO/GARCÍA ARÁN. El Código Penal y la voluntad del legislador. Comentarios al texto y al debate parlamentario. Madrid, 1996, p. 187.
4. Esta sección comprende el delito de ejercicio arbitrario del propio derecho, al que
comúnmente se le denomina «justicia por propia mano». Mediante esta figura
se tutela la exclusividad de la función jurisdiccional del Estado para resolver los
conflictos suscitados en la sociedad. Se refuerza la fórmula heterocompositiva
para la resolución de los conflictos sociales generados por el delito, desplazándose la autocomposición que, en estos casos, lleva generalmente a soluciones
arbitrarias y desproporcionadas, pues no obedece a los parámetros legales.16Ediciones LegalesDelitos contra la Administración de JusticiaLa Sección II está dedicada a describir el prevaricato de los jueces, fiscales y abogados o mandatarios judiciales.
La prevaricación, como figura delictiva inscrita en los delitos contra
la administración de justicia, presenta muchas convergencias con delitos ubicados en otros rubros del Código Penal. En muchos casos los
intereses particulares están en el ámbito de afección de la actividad
prevaricadora, sin embargo, el daño que se infringe a la administración
es el que prevalece para establecer y delimitar la objetividad jurídica
del hecho. El designio político criminal del legislador ha sido, principalmente, tutelar el legal desenvolvimiento de la actividad jurisdiccional
frente a las actividades ilícitas de los jueces o de aquellos que las realizan de una forma íntimamente conexa a la administración de justicia
(v. gr. fiscales, abogados).
Cada uno de los tipos descritos en los cuatro artículos que comprende esta sección altera, de distinto modo, el legal desarrollo de la
labor jurisdiccional. Lo que diferencia a estos delitos de los demás
comprendidos en el Capítulo III, del Título XVIII, del Código Penal, es
que la actividad infractora de los agentes está dirigida a vulnerar la
legalidad formal y garantista de la administración de justicia.
Por estar incluidos en los delitos cometidos por los funcionarios,
el prevaricato de los jueces y fiscales alcanza comportamientos que,
en primer lugar, importan un ejercicio contrario al deber de la función
pública, pero además significan una lesión de la confianza pública en
el ejercicio del poder administrativo o judicial, de acuerdo con los principios del Estado de Derecho5. El deber del juez (y en su caso del funcionario público) consiste en aplicar el derecho sin favorecer de una
manera antijurídica a ninguna de las partes y sin perjudicarlas.
Finalmente, la Sección III (denegación y retardo de justicia) tiene
por objeto asegurar el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial
efectiva frente a la negativa de los jueces a administrar justicia o a la
de aquellos que tienen la obligación de colaborar con el órgano jurisdiccional (v. gr. Negativa al cumplimiento de obligaciones de notario y
auxiliares jurisdiccionales, y la hoy controvertida figura de omisión del
ejercicio de la acción penal)6.
5. Cfr. BACIGALUPO, Enrique. Estudios de la parte especial del Derecho Penal.
Segunda edición, Ed. Akal-iure, p. 448.
6. El artículo 424 del CP, que describe el delito de omisión en el ejercicio de la acción penal, se inspiró en el principio de legalidad estricta que regía la labor delEdiciones Legales17Manuel Frisancho Aparicio2.	El bien jurídico penalmente protegido en el Título XVIII del
El Título XVIII del CP describe típicamente las principales acciones y omisiones delictivas que vulneran el bien jurídico administración
pública.7
Se trata de un bien jurídico de carácter genérico, pues comprende
los principales aspectos de la administración estatal los que, a su vez,
se yerguen como específicos objetos de tutela penal (v. gr. la administración de justicia). Su protección siempre deberá adecuarse a los
parámetros constitucionales. Desde esta perspectiva, los delitos comprendidos en este Título deben estar vinculados al modelo de Estado
constitucionalmente definido, y han de situar el punto de referencia, no
Ministerio Público. Con la modificación del Código de Procedimientos Penales,
específicamente en lo que se refiere a la labor del fiscal en el proceso penal, se
introduce la facultad de usar los criterios de oportunidad establecidos en la ley.
De esta manera, la propia legislación procesal establece en qué casos el fiscal
puede abstenerse de ejercitar la acción penal, por lo que el artículo 424 del CP
necesita una modificación que precise mejor sus contornos de ilicitud. La Ley no
puede exigir lo que permite omitir. Por esta razón, lejos de mantener una redacción que describe la acción típica de manera muy imprecisa, pues en algunos
casos la omisión en el ejercicio de la acción penal es conforme a derecho, el legislador ha de cambiarla por una que diga: «El fiscal que omita ejercitar la acción
penal, cuando los presupuestos legales establecidos para abstenerse de hacerlo
no se cumplen, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni
mayor de cuatro años».
Escapa a la temática del presente trabajo las objeciones que se plantean a la potestad legal otorgada a los fiscales para abstenerse de ejercitar la acción penal.
No obstante, mencionaremos que entre todas las objeciones planteadas destacan aquellas que reclaman la necesidad de mantener las fronteras entre la labor
jurisdiccional y la del Ministerio Público, y aquellas que se dirigen a criticar la
mala acogida de la legislación extranjera, inspiradora de la introducción de las
pautas de oportunidad en nuestro ordenamiento procesal. Así, en la ley procesal
alemana se establece un control jurisdiccional en la aplicación de los criterios
de oportunidad por parte de los fiscales (salvo en algunos delitos insignificantes
contra el patrimonio).
7. En nuestro país, es notoria la influencia italiana en la redacción del título dedicado a los delitos contra la administración pública. Esta se distingue a partir de las
modificaciones al Código Penal de 1924 y, posteriormente, en la redacción del
Código Penal de 1991. No obstante, nuestro codificador no abrevó directamente
en las fuentes de la Ley y la doctrina penal de aquel país, sino en las de los códigos penales argentino y colombiano, ambas de clara inspiración italiana en lo
que atañe a los delitos contra la administración pública.
Los códigos penales italianos que más han influenciado en nuestros legisladores
son: el Código del maestro Zanardelli para el reino de Italia de 1889, que denominó al título tercero «De los delitos contra la administración pública» y el Código
de Rocco de 1930.18Ediciones LegalesDelitos contra la Administración de Justiciaen el cumplimiento de los deberes propios del cargo, sino en su repercusión sobre el correcto funcionamiento de la Administración pública y
de las diversas actividades prestadas por esta.8
Los delitos contra la administración pública impiden o perturban la
organización y el desarrollo normal de las actividades de los órganos
públicos en el ejercicio de sus funciones. Todo lo que signifique un
menoscabo grave a la imparcialidad, transparencia y eficacia de la
administración pública ha de ser conjurado mediante el concurso del
Derecho Penal9.
El correcto desempeño de la función pública, que comprende la
actividad administrativa, judicial y legislativa10, se protege por ser un
instrumento al servicio de los ciudadanos, como actividad prestacional
dirigida a la satisfacción de los intereses nacionales. Así lo establece
el artículo 39 de la Constitución, cuando dispone que: «Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación (...)».
En tal sentido, la protección penal de la administración per se o bien,
exclusivamente, de su prestigio o dignidad, ha de negarse rotundamente. Como indican Morales Prats y Rodríguez Puerta: «La actividad pública no se justifica ni legitima por sí misma, sino en cuanto que
dirigida a la satisfacción de intereses generales»11.
8. Cfr. MORALES PRATS y RODRÍGUEZ PUERTA. Comentarios a la parte especial del Derecho Penal. Ed. Aranzadi, Pamplona, 1996, p. 1125.
9. La intervención penal para contrarrestar los ilícitos más graves cometidos en el
desarrollo de la actividad de la administración no debe dejar de lado los principios
de subsidiariedad y fragmentariedad. Esto porque sobre la ordenación y control
de las distintas funciones públicas inciden también otras ramas del ordenamiento
10. En la doctrina nacional, Bramont Arias sostiene que el Título dedicado a describir los delitos contra la administración pública abarca la entera actividad de los
órganos del Estado. Así, «en sentido amplio, “administración pública” denota
toda la actividad del Estado: legislativa, judicial y ejecutiva; por lo que puede ser
considerada como el complejo de funciones ejercidas por los órganos estatales en
la consecución de bienes colectivos». Cfr. BRAMONT ARIAS y BRAMONT ARIAS TORRES. Código Penal anotado. Lima. Editorial San Marcos, 1995, p. 548 y ss.
11. Ibídem, p. 1126. El Código Penal peruano mantiene algunas figuras que están
dirigidas a resguardar la dignidad o el decoro de la función pública considerada
en sí misma. En efecto, el desacato (artículo 374) y la perturbación del orden en
el lugar donde la autoridad ejerce su función (artículo 375) constituyen verdaderos rezagos legislativos que consagran esta perspectiva doctrinal. Por esta
razón, de lege lata puede afirmarse que nuestra ley penal tiene como objeto de
protección, además del correcto ejercicio de la función pública –siempre en el
cauce de la ley– y la confianza en que dicha función se guíe conforme a los pará-Ediciones Legales19Manuel Frisancho AparicioDesde una doble perspectiva, la definición del bien jurídico “Administración pública” comprende, por un lado, el ejercicio de la función
pública de acuerdo con el deber (o si se quiere «la legalidad en el ejercicio de la actividad administrativa»)12 y, por otro, el interés del Estado
en mantener la imagen de un aparato administrativo adecuado a los
principios del Estado de Derecho.13
metros constitucionales, el respeto a la dignidad y el decoro de la función pública.
Otras codificaciones han suprimido el delito de desacato por constituir un rebasamiento del ámbito de protección penal que merece la administración en un Estado
democrático de Derecho. Así, el Código Penal español no tipifica penalmente el
desacato en vista de que la injuria u ofensa a la dignidad de un ciudadano contiene el mismo grado de ilicitud que la realizada sobre la persona de un funcionario
público. Si fuese de otro modo, se quebrantaría el principio de igualdad ante la ley.
12. OCTAVIO DE TOLEDO. La prevaricación de funcionario público. 1980, p. 314;
LÓPEZ GARRIDO / GARCÍA ARÁN. El Código Penal de 1995 y la voluntad del
legislador. Madrid, 1996, p. 176; MORALES PRATS / RODRÍGUEZ PUERTA.
Op. cit., p. 1127.
13. Cfr. BACIGALUPO. Op. cit., p. 1099; también en este sentido Conde Pumpido Ferreiro cuando señala que los delitos contra la administración pública son
pluriofensivos: de un lado el deber de servicio, cuando es incumplido, integra
un aspecto subjetivo del injusto; de otro, hay un doble contenido objetivo de la
antijuridicidad en la perturbación del servicio público y en la lesión del prestigio
de la administración frente a los administrados en que debe basarse, dentro de
un Estado de Derecho, el acatamiento por estos de las decisiones de aquella.
Cfr., Derecho Penal, parte especial, Ed. Colex, 1990, p. 503. Según Fidel Rojas «la administración pública como objeto de tutela penal, es decir, como bien
jurídico, significa: a) Ejercicio de funciones y servicios públicos; b) Regularidad
(continuidad) y desenvolvimiento normal de tal ejercicio; c) Prestigio y dignidad
de la función; d) Probidad y honradez de sus agentes; e) Observancia de los
deberes del cargo o empleo; f) Protección del patrimonio público, de los símbolos
y distintivos estatales. Debiendo estar todos estos intereses y valores públicos
fundamentados a nivel constitucional.
Dichos elementos materiales y morales cohesionan el bien jurídico «administración pública». Cfr. Delitos contra la administración pública. Ed. Grijley, Lima,
1999, pp. 15-16. No estamos totalmente de acuerdo con la opinión de Fidel
Rojas. La principal objeción a su concepción amplia del bien jurídico administración pública reside en que, conforme a esta, se puede tutelar penalmente la
«probidad y honradez de sus agentes». De esta manera, el autor asigna al Derecho Penal una función preponderantemente ética que, consideramos, no guarda
armonía con los fundamentos constitucionales del ordenamiento punitivo en un
Estado democrático de Derecho. El hacer más probos u honrados a los servidores y funcionarios públicos, o el resguardar su probidad u honradez es un cometido demasiado ambicioso para los fines más modestos del Derecho Penal. Aún
más, consideramos innecesaria su inclusión en el bien jurídico “administración
pública”, pues, concretamente, mediante este se protege la observancia de los
deberes del cargo o empleo y el patrimonio público. Más adelante Fidel Rojas indica que, «los delitos contra la administración pública lesionan o ponen en peligro
cualesquiera (singular o pluralmente) de dichos valores e intereses sociales (téngase presente que el autor incluye aquí la «probidad y honradez» de los agentes
de la administración) institucionalizados que el Estado ha considerado valiosos20Ediciones LegalesDelitos contra la Administración de JusticiaActualmente, nadie discute que el Estado de Derecho debe tener
como uno de sus más importantes pilares la confianza de los ciudadanos en el ejercicio correcto de la función pública. Todo lo que importe
un menoscabo grave a esta espectativa –que puede ser defraudada
por el actuar arbitrario de un intraneus o extraneus a la administración–
merecerá ser conjurado mediante el concurso del Derecho Penal.
El bien jurídico penalmente protegido, administración pública, no
se circunscribe a las relaciones internas de la administración en sentido orgánico (entre el funcionario y su cargo), sino que, orientándose a
la actividad de prestación, posibilita un criterio de delimitación respecto
de las infracciones disciplinarias propias de las relaciones administrativas internas14.
3.	La administración de justicia como bien jurídico específico
incluido en los delitos contra la administración pública
Por ubicarse entre los delitos contra la administración pública
(Título XVIII), los delitos contra la administración de justicia están dirigidos a resguardar, específicamente, uno de los aspectos del bien
jurídico genéricamente protegido. Así, se tutela el legal ejercicio de
la función jurisdiccional o procedimental (de acuerdo con los deberes
que a estas le corresponden) y, además, la confianza pública en que
el ejercicio de tales funciones se guíe siempre conforme a los parámetros constitucionales.
La posibilidad de vulnerar este bien jurídico no solo la tienen aquellos que efectúan una labor jurisdiccional, sino que se extiende a todos
los que tienen la obligación de colaborar con esta y a los que solicitan su concurso. Desde el momento que se acepta, como uno de los
componentes del bien jurídico, la confianza en que la labor del Poder
y que constituyen las condiciones ideales de funcionamiento del sistema de la
administración pública para el logro de los fines del Estado». Op. cit., p. 16. En el
análisis dogmático de los delitos cometidos por los funcionarios públicos no hemos ubicado ninguna figura típica que esté dirigida a resguardar, singularmente,
la «probidad y honradez» de los agentes de la administración pública.
14. LÓPEZ GARRIDO / GARCÍA ARÁN. Op. cit., p. 176. En la doctrina penal italiana, Antolisei señala que en los delitos contra la administración pública existen
dos objetos de protección, según el delito se cometa por un «intraneus» o «extraneus» a esta. Así, tratándose de un funcionario público existirá siempre una
violación de deberes funcionales. La lesión producida por individuos ajenos a la
administración, pero que han asumido transitoriamente un servicio de pública
necesidad, afecta, principalmente, un deber público.Ediciones Legales21Manuel Frisancho AparicioJudicial se ciña a los parámetros constitucionales, todos los actos que
signifiquen un menoscabo grave a esta expectativa, ya sea por parte
de los miembros del Poder Judicial, de los que colaboran con este
(fiscales, abogados, peritos), o de los particulares que reclaman su
actuación, afectan el bien jurídico y, por tanto, se encuadran en los
Un amplio sector doctrinal busca precisar los contornos del bien
jurídico protegido a partir de una distinción de los conceptos de «Poder Judicial» y «administración de justicia». En este sentido, García
Miguel indica: «El Poder Judicial es aquel al que viene atribuido «(...)
el ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar
lo juzgado». La administración de justicia, en cambio, es la estructura
orgánica ideada por la ciencia procesal y legalmente consagrada para
que el Poder Judicial pueda cumplir la misión jurisdiccional que constitucionalmente le viene atribuida, hallándose dicho poder integrado,
exclusivamente, por los jueces y magistrados»15. Según Vives Antón,
«(...) por administración de justicia, en sentido estricto, ha de entenderse la función estatal de administrar justicia que se desempeña, de
modo exclusivo, por los integrantes del Poder Judicial a través de los
cauces del proceso»16. Sin embargo, nosotros optamos por un concepto intermedio de administración de justicia que es, en nuestra opinión,
el más idóneo a los efectos del Capítulo III, del Título XVIII, del Código
Penal. A diferencia de los conceptos de administración de justicia en
sentido estricto (función jurisdiccional propiamente dicha) y de administración de justicia en sentido amplio (que incluye, además, la gestión de
todos los recursos personales y materiales puestos a su disposición), el
concepto intermedio comprende tanto la actividad jurisdiccional como
la procedimental; entendiendo la actividad procedimental en sentido
amplio, esto es, incluida la actividad de todo el personal al servicio de
la administración de justicia (v. gr. secretarios, peritos, etc.)17.
Todo esto conduce a sentar la conclusión de que procede establecer una clara distinción entre lo que es y lo que no es «función
jurisdiccional», pues solo esta es la que debe ser objeto de protección
15. GARCÍA, Miguel: “Delitos contra la administración de justicia”. En Documentación jurídica. Vol. 2, N.º 37-40, Madrid, 1983, p. 1107.
16. VIVES ANTÓN. Derecho Penal. Parte especial (junto con otros autores). Valencia, Ed. Tirant lo Blanch, 1993, p. 271.
17. De manera similar opina SERRANO BUTRAGUEÑO. Delitos contra la administración de justicia (varios autores). Ed. Comares, Granada, 1995, p. 26.22Ediciones LegalesÍndice GeneralÍndice general
Prólogo.......................................................................................
Presentación de la segunda edición..........................................
Presentación de la reimpresión actualizada...............................
Presentación de la primera edición............................................7
21PRIMERA PARTE
El bien jurídico tutelado en los delitos
contra la administración de justicia1. Nociones preliminares..........................................................
2. El bien jurídico penalmente protegido en el Título XVIII del
Código Penal .......................................................................
3. La administración de justicia como bien jurídico específico
incluido en los delitos contra la administración pública........25
31Capítulo II
1.	Denuncia calumniosa............................................................
1.1.	Antecedentes históricos................................................
1.2.	Antecedentes legislativos.............................................
1.3.	El bien jurídico penalmente tutelado en el delito de
denuncia calumniosa....................................................
1.4.	Tipo objetivo..................................................................
1.5.	Tipo subjetivo................................................................
Ediciones Legales35
23Índice General1.6. Consumación................................................................
1.7. Tentativa........................................................................
2.	Simulación de pruebas o indicios.........................................
2.1.	Antecedentes legislativos.............................................
2.2.	Generalidades...............................................................
2.3.	Bien jurídico..................................................................
2.4.	Tipo objetivo..................................................................
2.5.	Tipo subjetivo................................................................
2.6.	Tentativa........................................................................
2.7.	Consumación................................................................
2.8.	La simulación de pruebas o indicios como preparación
de otros delitos..............................................................
3.	Falsa atribución de delito......................................................
3.1.	Antecedentes legislativos.............................................
3.2.	Generalidades...............................................................
3.3.	Bien jurídico..................................................................
3.4.	Tipo objetivo..................................................................
3.5.	Tipo subjetivo................................................................
3.6.	Consumación................................................................44
55Capítulo III
1.	Generalidades.......................................................................
2.	Bien jurídico..........................................................................
3.	Tipo objetivo..........................................................................
3.1.	Sujeto activo.................................................................
3.2.	Sujeto pasivo................................................................
3.3.	Acción típica..................................................................
4. Tipo subjetivo........................................................................
5. Consumación........................................................................57
61Capítulo IV
1.	Antecedentes históricos........................................................
2.	Antecedentes legislativos.....................................................
3.	Generalidades.......................................................................
3.1.	Autonomía del encubrimiento.......................................
3.2.	El delito precedente: características.............................
3.3.	No participación del encubridor en el delito precedente.............................................................................
68Ediciones LegalesÍndice General4.	Bien jurídico..........................................................................
5.	Tipo objetivo..........................................................................
5.1.	Sujeto activo.................................................................
5.2.	Sujeto pasivo................................................................
6.	Acción típica..........................................................................
7.	Circunstancias agravantes específicas.................................
8. Tipo subjetivo........................................................................
9. Consumación........................................................................
10.	El encubrimiento personal en la legislación penal extranjera70
1. Antecedentes legislativos.....................................................
2. La línea divisoria entre la receptación y el favorecimiento
real........................................................................................
3. Encubrimiento personal y encubrimiento real: diferencias...
4. Bien jurídico..........................................................................
5. Tipo objetivo..........................................................................
5.3.	Acción típica..................................................................
6. Tipo subjetivo........................................................................
7.	Circunstancia agravante específica......................................
8. Consumación........................................................................
9. El encubrimiento real en la legislación extranjera.................79
88Capítulo VI
2. Generalidades.......................................................................
3.	Legislación extranjera...........................................................89
90Capítulo VII
1. Antecedentes históricos........................................................
2. Antecedentes legislativos.....................................................
3. Bien jurídico..........................................................................
Ediciones Legales91
25Índice General4. Tipo objetivo..........................................................................
4.1.	Sujeto activo.................................................................
4.2.	Sujeto pasivo................................................................
4.3.	Acción típica.................................................................
5. Tipo subjetivo........................................................................
6. Consumación........................................................................
7. Circunstancia agravante específica......................................
8. Legislación extranjera...........................................................92
96Capítulo VIII
Entorpecimiento de la investigación de un accidente
automovilístico o de otro similar1. Generalidades.......................................................................
2. Bien jurídico..........................................................................
3. Tipo objetivo..........................................................................
4.	Tipo subjetivo........................................................................
5. Consumación........................................................................97
99Capítulo IX
Falsedad en testimonio, pericia o interpretación
3. Generalidades.......................................................................
4. Propuestas de lege ferenda..................................................
5. Bien jurídico..........................................................................
6. Tipo objetivo..........................................................................
6.1.	Sujeto activo.................................................................
6.2.	Sujeto pasivo................................................................
7.	Presupuestos del falso testimonio, peritaje y traducción......
7.1.	Acción típica..................................................................
10.	Circunstancia agravante específica......................................
11.	La retractación......................................................................
12.	El falso testimonio en la legislación extranjera.....................
119Ediciones LegalesÍndice GeneralCapítulo X
5. Circunstancia agravante específica......................................
6.	Consumación........................................................................
7.	Legislación comparada.........................................................123
135Capítulo XI
5.	Circunstancia agravante específica......................................
6.	Consumación........................................................................137
142Capítulo XII
Avocamiento ilegal de proceso en trámite
1. Generalidades.......................................................................
5. Consumación........................................................................
Ediciones Legales143
27Índice GeneralCapítulo XIII
5. Consumación........................................................................147
149Capítulo XIV
Expedicion de prueba o informe falso en proceso judicial
1. Bien jurídico..........................................................................
2. Tipo objetivo..........................................................................
2.1.	Sujeto activo.................................................................
2.2.	Sujeto pasivo................................................................
2.3.	Acción típica..................................................................
3. Tipo subjetivo........................................................................
4. Consumación........................................................................151
152Capítulo XV
Evasión utilizando violencia o amenaza
2.	Antecedentes históricos........................................................
3.	Antecedentes legislativos.....................................................
6.	Tipo subjetivo........................................................................
7. Consumación........................................................................
8. Legislación extranjera...........................................................153
160Capítulo XVI
162Ediciones LegalesÍndice General3. Tipo objetivo..........................................................................
3.4.	Circunstancia agravante específica: calidad de funcionario o servidor público del agente...............................
3.5.	Circunstancia atenuante: fuga producida por negligencia del custodio.............................................................
5.	Consumación........................................................................
6. Legislación extranjera...........................................................162
165Capítulo XVII
4.	Tipo objetivo..........................................................................
4.3.	Acción típica..................................................................
5.	Tipo subjetivo........................................................................
6. Consumación........................................................................167
169Capítulo XVIII
5.	Consumación........................................................................171
174Capitulo XIX
Ejercicio arbitrario del propio derecho
2.	Generalidades.......................................................................
Ediciones Legales175
29Índice General3. Bien jurídico..........................................................................
4. Tipo objetivo..........................................................................
7. Legislación extranjera...........................................................176
178Capítulo XX
6.	Consumación .......................................................................179
186Capítulo XXI
2.	El delito de prevaricato en la codificación penal peruana.....
3.	El bien jurídico tutelado en el delito de prevaricato..............187
196Capítulo XXIIFallo o dictamen ilegal
5.	Tentativa................................................................................
219Ediciones LegalesÍndice General7.	Pena......................................................................................
8.	El prevaricato en la legislación penal extranjera...................220
220Capítulo XXIII
1.1.	La detención, concepto.................................................
1.2.	Legalidad de la detención.............................................
1.3.	El fundamento de la detención en la doctrina procesal
1.4.	Derecho a ser indemnizado por los errores judiciales y
las detenciones arbitrarias............................................
6.	Pena......................................................................................
7.	La detención ilegal en la legislación penal extranjera..........229
240Capítulo XXIV
Incompatibilidad para ejercer en el proceso
la labor judicial o fiscal1.	Generalidades.......................................................................
6.	Pena......................................................................................241
243Capítulo XXV
Patrocinio indebido de abogado o mandatario judicial
Ediciones Legales245
31Índice General3.	Tipo objetivo..........................................................................
6.	Tentativa................................................................................
7.	Pena......................................................................................
8.	El patrocinio indebido de abogado o mandatario judicial en
la legislación extranjera........................................................247
251Capítulo XXVI
2. Antecedentes históricos........................................................
3. Antecedentes legislativos ....................................................
8.	Legislación extranjera...........................................................253
257Capítulo XXVIIIncumplimiento de obligaciones de notario y
auxiliares jurisdiccionales1. Antecedentes legislativos.....................................................
260Ediciones LegalesÍndice GeneralCapítulo XXVIII
Omisión de ejercicio de la acción penal
1.1. Criterios de oportunidad y principio de obligatoriedad..
1.2.	Fundamentos político criminales de los criterios de
oportunidad...................................................................
1.3. El Artículo 2 del Proyecto de Código Procesal Penal
de 1991.........................................................................
3.	Bien jurídico..........................................................................
6.	Consumación........................................................................261
276Capítulo XXIX
La calidad de funcionario y servidor público
en el derecho penal1.	Generalidades.......................................................................
2.	Los funcionarios o servidores públicos de acuerdo con el
Código Penal peruano..........................................................
2.1. Los que están comprendidos en la carrera administrativa (artículo 425, inc. 1)................................................
2.2. Los que desempeñan cargos políticos o de confianza,
incluso si emanan de elección popular.........................
2.3.	Todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene vínculo laboral
o contractual de cualquier naturaleza con entidades u
organismos del Estado y que en virtud de ello ejerce
funciones en dichas entidades u organismos...............277
282284Capítulo XXX
2.	La pena de inhabilitación: concepto......................................
3.	Inhabilitación contra funcionarios o servidores públicos
como pena principal..............................................................
Ediciones Legales287
33Índice GeneralSEGUNDA PARTE
Jurisprudencia nacional y jurisprudencia extranjera
1.	Acreditación de la responsabilidad penal.............................
2.	Atipicidad por ausencia del riesgo prohibido........................
3.	Atipicidad por actuación dentro del riesgo permitido............
4.	Atipicidad objetiva por falta del riesgo prohibido...................293
299Ocultamiento de menor a las investigaciones
1.	Descripción de la tipicidad de la conducta............................303Encubrimiento personal
1.	Naturaleza del recurso de queja...........................................
2.	Descripción de hechos típicos constitutivos de la coautoría.
3.	Adecuación de los elementos típicos en la fundamentación
de la queja excepcional........................................................
4.	Atipicidad por ausencia de elementos objetivos...................
5.	Atipicidad por inadecuación de presupuestos fácticos a los
elementos típicos exigidos por el artículo 404 (encubrimiento personal)...........................................................................
6.	Atipicidad por falta de imputación subjetiva (ausencia de
dolo)......................................................................................
7.	Descripción del tipo del delito de encubrimiento personal y
de la circunstancia agravante...............................................
8.	Verificación de uno de los elementos constitutivos del tipo..
1.	Prescripción de la acción penal............................................
2.	Atipicidad por actuación dentro del riesgo permitido............
3.	Inadecuación de la conducta al tipo......................................
4.	Error del colegiado superior al calificar los hechos imputados como delito de encubrimiento real.................................
5.	Atipicidad por falta de prueba idónea...................................
6.	Configuración de imputación objetiva y subjetiva.................
7.	Naturaleza y finalidad del recurso de revisión......................
8. Descripción de la conducta típica.........................................
9.	Violación del principio de pluralidad de instancias................
348Ediciones LegalesÍndice General10.	Atipicidad por falta de dolo....................................................
11.	Naturaleza del delito de encubrimiento real y momento de
consumación instantánea de tal delito..................................
12.	Momento de consumación del delito de encubrimiento real
13.	Procedencia del recurso de queja de derecho en el delito
de encubrimiento real...........................................................
14.	Presupuestos normativos que fundamentan el recurso de
queja.....................................................................................
15.	Atipicidad por falta de elementos subjetivos (falta de dolo)
16.	Presupuestos normativos que fundamentan el recurso de
queja.....................................................................................350
366Omisión de denuncia
1.	Atipicidad por ausencia de elementos objetivos...................369Fuga después de causar accidente de tránsito
1.	Descripción de la conducta típica.........................................372Falso testimonio en proceso judicial
1.	Descripción de los hechos típicos imputados.......................374Avocación ilegal de procesos en trámite
1.	Violación del principio de legalidad por subsumir los hechos
en un tipo penal distinto........................................................
2.	Atipicidad de la conducta por falta de subsunción al tipo
objetivo..................................................................................377
379Falsa declaración en proceso administrativo
1.	Descripción de la conducta típica.........................................380Fuga de reo mediante violencia o amenaza
1.	Descripción de los hechos típicos.........................................382Favorecimiento a la fuga
1.	Tipicidad objetiva y subjetiva por creación y realización de
riesgos prohibidos.................................................................
2.	Descripción de hechos típicos imputados.............................384
386Fraude procesal
1.	Momento de consumación del delito de fraude procesal.....
2.	Prescripción de la acción penal............................................389
389Ediciones Legales35Índice General3.	Descripción de hechos típicos imputados.............................
4.	Descripción de hechos típicos imputados.............................
5.	Tipicidad objetiva y subjetiva en virtud de la infracción del
deber de garante...................................................................394
398Prevaricato
1.	Atipicidad de la conducta imputada por falta de imputación
objetiva (actuación dentro del riesgo permitido)...................
2.	Configuración de la imputación objetiva y subjetiva.............
3.	Atipicidad objetiva por actuación dentro del riesgo permitido
4.	Atipicidad objetiva por falta de creación del riesgo prohibido.400
409Negativa del magistrado a administrar justicia
1.	Riesgos prohibidos en el ámbito administrativo, pero atípicos en el Derecho Penal.......................................................414Omisión de comunicar delito......................................................416Fuga del lugar del accidente......................................................416Aporte de prueba falsa o resistencia a decir la verdad..............417Denegacion y retardo de justicia................................................417Jurisprudencia Extranjera
Jurisprudencia española............................................................
Jurisprudencia brasileña............................................................
Jurisprudencia argentina............................................................419
722TERCERA PARTE
Principios generales...................................................................729Sección Segunda
Organización del Poder Judicial.................................................73636Ediciones LegalesÍndice GeneralTítulo I : Órganos jurisdiccionales...........................................
Título II : Órganos de gestión..................................................
Título III : Órganos de control y apoyo......................................
Título IV : Capítulo único...........................................................736
786Sección Tercera
Desarrollo de la actividad jurisdiccional.....................................789Sección Cuarta
Régimen de los magistrados......................................................801Sección Quinta
La carrera judicial ......................................................................818Título I : Régimen jerárquico...................................................818Sección Sexta
Órganos auxiliares ....................................................................827Título I : Auxiliares jurisdiccionales.........................................
Título II : Órganos de auxilio judicial.......................................827
837Sección Setima
De la defensa ante el Poder Judicial .........................................840Reglamento de organización y funciones de la Oficina de Control de la Magistratura
Parte general .............................................................................
Parte especial ............................................................................858
877Incorporan segunda disposición transitoria al reglamento de
organización y funciones de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial y conforman comisión revisora..........888Encubrimiento personal: bien jurídico, características del delito
precedente y la no participación del encubridor en el delito
1.	Preámbulo.............................................................................
2.	El encubrimiento y su relación con las formas de participación delictiva en la historia de la dogmática penal................
3.	El bien jurídico en el delito de encubrimiento.......................
Ediciones Legales895
37Índice General4.	El delito precedente en el encubrimiento: características.....
5. No participación del encubridor en el delito precedente.......
6.	Requisitos comunes a las diferentes conductas encubridoras (encubrimiento personal y real)......................................
El lavado de activos como forma agravada de encubrimiento
real: objeto de protección jurídica común (administración de
justicia y vigencia de la norma de resguardo)
2. Los efectos del delito en el delito de encubrimiento real y
lavado de activos..................................................................
3. Efectos del delito y el denominado «cuerpo del delito»........
La delimitación típica entre el delito de encubrimiento y receptación
El delito de encubrimiento y su relación con los delitos permanentes: posesión de drogas con fines de tráfico ilícito
2. El bien jurídico administración de justicia, como objeto de
protección jurídica propio de los delitos de encubrimiento
real y personal......................................................................
3.	El aspecto subjetivo del tipo de encubrimiento real y su diferencia con el dolo de posesión de drogas con fines de tráfico.901
920921923
924La penalidad del delito de encubrimiento real y su relación con
el grado de ilicitud del delito precedente....................................927Relaciones concursales entre el delito de encubrimiento y otros
delitos.........................................................................................928Las excusas absolutorias en los delitos de encubrimiento real
1.	Generalidades.......................................................................929Bibliografía.................................................................................93538Ediciones LegalesAll pages:4567891011151617181920212223242526272829303132333435363738InfoSaveLikeShareDownloadMoreDELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Published on Mar 7, 2012 DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Manuel frisancho Aparicio, Ediciones Legales, libros de derechosaul-pachecoFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore

References: resolución 
 artículo
409
 resolución 
 artículo 424
 artículo 424
 artículo 39
de lege lata
de lege ferenda
 Artículo 2
 artículo 404