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Capacidad definitiva y capacidades intermedias
Menor de edad con título profesional
Menor de edad que demanda a sus padres.
Capacidad restringida y con incapacidad. Dementes, inhábiles y otros supuestos
De acuerdo a sus estatutos aún la unipersonal.
Consorcio de propietarios: administrador
Domicilio real (arts. 73, 76, 77)
Domicilio legal (art. 74)
Domicilio especial ( art. 75)
Domicilio y sede social (art. 152/153)
Domicilio de las sociedades (art. 11 Ley 19.550)
Consorcios (art. 2044)
Song, Eug King y otro c/ Cons. Prop. Concordia 674 y otro s/Nulidad de asamblea (CNCiv.).
“Al respecto, la nueva normativa del Código Civil y Comercial que rige desde el 1° de agosto del año pasado, por lo tanto con anterioridad al comienzo de estas actuaciones, deja poco o nulo margen de duda al respecto.
Entre las principales modificaciones o innovaciones se ha incluido al consorcio de propietarios como persona jurídica (art. 147 inc. h) por lo que ha terminado de manera definitiva alguna discusión doctrinaria que ponía en duda esa naturaleza
La calidad de persona jurídica le otorga atribuciones que son propias de esa categoría como por ejemplo: nombre, domicilio, patrimonio, etc. (art. 151 CC)mientras que respecto del atributo relativo al domicilio rige el principio de unidad.
Queda eliminada la existencia de dos o más domicilios simultáneos de esas características, para evitar confusiones que se puedan derivar de una situación como la descripta, justamente por los efectos legales que proyecta el asiento jurídico de la persona.
El artículo 2044 del mencionado cuerpo normativo, expresamente indica que el domicilio del consorcio está dado en el inmueble donde se asienta. La queja relativa a que debe ser considerado como domicilio del consorcio demandado el de su representante legal, configura una expresión que carece de sustento legal suficiente ante la claridad del texto legal arriba citado.”
La elección de un domicilio produce la prórroga de la competencia (art. 78)
Pautas de improrrogabilidad del CPCCSF y de la L.O.P.J.
Se establece un concepto de competencia dinámica sobre todo en materia de discernimiento de tutela, patria potestad, adopción, etc, concepto de Centro de Vida de los niños, niñas y adolescentes.
"Recurso de hecho deducido por C.D.F. y J.V. en la causa D., L. A. Y otro s/ guarda. CSJN 27/10/2015 www.diariojudicial.com 04/11/15
Que corresponde señalar que frente a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación y en orden al principio de aplicación inmediata de las leyes modificatorias de competencia, el criterio seguido en el citado dictamen encuentra recepción expresa en el art. 716 del citado código. Dicha norma fija las reglas en materia de competencia en los procesos relativos a los derechos de niños, niñas y adolescentes -entre los que se encuentran los procesos de guarda y adopción-, y establece que es competente el juez del lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de vida.
Si bien la regla es la competencia del juez del lugar donde el menor tiene su centro de vida, mediando un traslado del niño a otra jurisdicción, de manera inconsulta, unilateral y sorpresiva, sin contar con el consentimiento expreso o tácito del otro progenitor, la circunstancia de que el menor tenga un nuevo domicilio en otra localidad distante, no ha de producir el desplazamiento de la competencia del tribunal que viene interviniendo en el proceso que lo involucra, por cuanto la residencia habitual que ha de ser considerada para la determinación de la competencia no puede ser la creada ilícitamente, sino más bien la existente antes de producirse el traslado irregular. L. N. O. vs. A. D. S. s. Régimen de visitas /// Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Sala I, Lomas de Zamora, Buenos Aires; 30-10-2015, 73002, RC J 7135/15
Municipalidad de Santa Fe c/ Botta, Reinaldo Agustín – Apremio – (Expte. 5509/09) s/Competencia
Consorcio de Propietarios Edificio de Calle Catamarca c/ Rivero, Hugo Victorio y Gauna, Juan Carlos s/Ejecutivo (Exp. 834/08) Competencia
Vilchi de March, María Angélica y Otros c/ PAMI
Representación legal de las personas humanas
Mandato(art. 1320)
ARTICULO 1821.- Defensas oponibles. El deudor sólo puede oponer al portador del título valor las siguientes defensas: a) las personales que tiene respecto de él, excepto el caso de transmisiones en procuración, o fiduciarias con análoga finalidad; b) las que derivan del tenor literal del título o, en su caso, del tenor del documento inscripto de conformidad con el artículo 1850; c) las que se fundan en la falsedad de su firma o en un defecto de capacidad o de representación al momento en que se constituye su obligación, excepto que la autoría de la firma o de la declaración obligatoria sea consentida o asumida como propia o que la actuación del representante sea ratificada;
d) las que se derivan de la falta de legitimación del portador; e) la de alteración del texto del título o, en su caso, del texto inscripto según el artículo 1850; f) las de prescripción o caducidad; g) las que se fundan en la cancelación del título valor o en la suspensión de su pago ordenada conforme a lo previsto en este Capítulo; h) las de carácter procesal que establecen las leyes respectivas.
Art. 2048 (título ejecutivo)
Art. 2049 (Defensas)
Art.2050 (obligados al pago)
Art.2098 (Tiempo compartido)
ARTICULO 1208.- Pagar el canon convenido. La prestación dineraria a cargo del locatario se integra con el precio de la locación y toda otra prestación de pago periódico asumida convencionalmente por el locatario. Para su cobro se concede vía ejecutiva. A falta de convención, el pago debe ser hecho por anticipado: si la cosa es mueble, de contado; y si es inmueble, por período mensual.
a) el día de cierre de la cuenta; b) el saldo a dicha fecha;
c) el medio por el que ambas circunstancias fueron comunicadas al cuentacorrentista. El banco es responsable por el perjuicio causado por la emisión o utilización indebida de dicho título.
Para la emisión del título
Necesidad de cerrar la cuenta corriente
Comunicación del saldo al cuentacorrentista. Innecesaridad de su conformidad para la ejecución del saldo
Notificación de ambas circunstancias
Requisitos formales del certificado
Autorización para funcionar en el país
Firma de dos apoderados del banco
Fecha de cierre de la cuenta
Saldo a la fecha de cierre
Medio de notificación al cuentacorrentista
ARTICULO 1440.- Cobro ejecutivo del saldo. El cobro del saldo de la cuenta corriente puede demandarse por vía ejecutiva, la que queda expedita en cualquiera de los siguientes casos: a) si el resumen de cuenta en el que consta el saldo está suscripto con firma del deudor certificada por escribano o judicialmente reconocida. El reconocimiento se debe ajustar a las normas procesales locales y puede ser obtenido en forma ficta;
Accción subrogatoria
El acreedor accciona contra el deudor de su deudor
Los bienes que obtiene el acreedor no entran en su patrimonio, sino en el de su deudor principal- no tiene privilegio sobre el crédito
No reclama en su nombre y el deudor puede disponer de su crédito
El acreedor acciona contra el deudor de su deudor
Los bienes ingresan directamente en el patrimonio del acreedor demandante quien reclama por derecho propio y en su exclusivo beneficio
Impide al deudor principal disponer de su crédito
La demanda se formula por la totalidad de lo debido, sin importar el monto del crédito.
El actor sólo pretende por el importe de su acreencia y hasta el monto de la deuda del demandado
Sublocación (art. 1216)
Sustitución del mandato (art.1327)
ARTICULO 737.- Requisitos de ejercicio. El ejercicio de la acción directa por el acreedor requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) un crédito exigible del acreedor contra su propio deudor; b) una deuda correlativa exigible del tercero demandado a favor del deudor;
d) ninguno de los dos créditos debe haber sido objeto de embargo anterior a la promoción de la acción directa; e) citación del deudor a juicio.
Con relación al actor (acreedor)
La notificación de la demanda causa el embargo del crédito a favor del demandante
El reclamo sólo puede prosperar hasta el monto menor de las dos obligaciones
El monto percibido por el actor ingresa directamente a su patrimonio
b) Con relación al demandado (deudor del deudor)
El tercero demandado puede oponer al progreso de la acción todas las defensas que tenga contra su propio acreedor y contra el demandante.
c) Con relación al deudor principal
El deudor se libera frente a su acreedor en la medida en que corresponda en función del pago efectuado por el demandado
Acción Subrogatoria Requisitos
Ser acreedor
Inacción del deudor
Derecho susceptible de subrogación
ARTICULO 741.- Derechos excluidos. Están excluidos de la acción subrogatoria: a) los derechos y acciones que, por su naturaleza o por disposición de la ley, sólo pueden ser ejercidos por su titular; b) los derechos y acciones sustraídos de la garantía colectiva de los acreedores; c) las meras facultades, excepto que de su ejercicio pueda resultar una mejora en la situación patrimonial del deudor.
Llámase prejudicialidad a la situación procesal en la cual la resolución de una cuestión, causa o proceso, se encuentra supeditada a la resolución de otra cuestión, causa o proceso, que constituye un antecedente necesario lógico o legal.
(Falcón Enrique “Tratado de Derecho Procesal Civil Comercial T° X – El Derecho Procesal en el Código Civil y Comercial de la Nación” . Rubinzal Culzoni Editores, Sta. Fe, 2014 p.294)
La acción civil y la acción penal resultantes del mismo hecho pueden ser ejercidas independientemente. En los casos en que el hecho dañoso configure al mismo tiempo un delito del derecho criminal, la acción civil puede interponerse ante los jueces penales, conforme a las disposiciones de los códigos procesales o las leyes especiales (art. 1774)
Si la acción penal precede a la acción civil, o es intentada durante su curso, el dictado de la sentencia definitiva debe suspenderse en el proceso civil hasta la conclusión del proceso penal, con excepción de los siguientes casos:
a) si median causas de extinción de la accción penal.
b) si la dilación del procedimiento penal provoca en los hechos una frustración efectiva del derecho a ser indemnizado;
c) si la acción civil por reparación del daño está fundada en un factor objetivo de responsabilidad (art. 1775)
Belgrano Cargas y Logística S.a. c/Intrusos (Exp. 67499/14) 01/04/16
“En esa orientación, la Jurisprudencia de la CSJN determinó que resulta improcedente suspender el dictado de la sentencia civil por la existencia de una causa penal en trámite cuando la dilación de esta última ocasiona un agravio a la garantía constitucional del derecho de defensa (Cfr. Saenz, Luis R. autor del comentario del art. 1775 – CCCN comentado Tomo IV, coordinado por Carestía Federico, Libro Tercero, arts. 1251/1881, Infojus, Bs.As. 2015 pág. 517 y 518)
En efecto, en vista de salvaguardar a quien por derecho corresponda ocupar el inmueble concierne confirmar el levantamiento de la suspensión antes dispuesta toda vez que no se encuentra configurada la prejudicialidad a la que alude el recurrente. A todo evento, la continuación del trámite civil no impide la posibilidad de reclamar ulteriormente contra el o los codemandados que puedan llegar a surgir de la causa penal.”
En virtud de lo dispuesto en el art. 7, Código Civil y Comercial, las normas relativas a la prejudicialidad penal resultan aplicables en forma inmediata a los juicios en trámite en los cuales no se ha dictado sentencia, por lo que se declara abstracto del planteo de inconstitucionalidad del art. 1101, Código Civil, ya que ha dejado de operar la prejudicialidad penal en función de lo dispuesto en el inc. c, art. 1775, Código Civil y Comercial, toda vez que se trata de un acción de daños y perjuicios derivada de un accidente de tránsito donde han intervenido automotores, en la cual el factor de atribución es objetivo. Cagnolo, Estefanía Andrea vs. García, Verónica Paola s. Ordinario /// Juzgado en lo Civil Comercial y Familia 3ª Nominación, San Francisco, Córdoba; 18-08-2015, 617454, RC J 5482/15
ARTICULO 1777.- Inexistencia del hecho, de autoría, de delito o de responsabilidad penal. Si la sentencia penal decide que el hecho no existió o que el sindicado como responsable no participó, estas circunstancias no pueden ser discutidas en el proceso civil. Si la sentencia penal decide que un hecho no constituye delito penal o que no compromete la responsabilidad penal del agente, en el proceso civil puede discutirse libremente ese mismo hecho en cuanto generador de responsabilidad civil.
Concedida la suspensión a prueba del juicio criminal, el juez penal se ve imposibilitado de continuar con el ejercicio de la acción penal (art. 1775, Código Civil y Comercial), ergo, no se encuentra en potestad de expedirse sobre la acción civil, teniendo la víctima la facultad legal de ocurrir ante el juez con competencia propia en dicha materia a fin de hacer valer la pretensión civil integral, a cuyo efecto se deberán incorporar los elementos producidos en sede penal, sin poder excluirlos del contexto probatorio, pues el otorgamiento del instituto del art. 76 bis, Código Penal, no invalida los actos ya cumplidos, correspondiendo respetar su estado procesal. Bachini, Patricia Silvina s. Homicidio culposo /// Superior Tribunal de Justicia, Corrientes, 14-09-2015; 2515/4, RC J 6182/15
A petición de parte interesada
Si la sentencia civil asigna alcances de cosa juzgada a cuestiones resueltas por la sentencia penal y ésta es revisada respecto de esas cuestiones, excepto que derive de un cambio en la legislación.
Caso del art. 1775 inc.c
Art. 54 Ley 24240
1647 y el artículo 231 del CPCCSF - Costas
Ley 13151
ARTÍCULO 20.- En caso de acuerdo total o parcial el mediador labrará, además del acta final, un acta de acuerdo en la que constarán sus términos. Las actas serán firmadas por todos los participantes entregándose copias a cada uno de ellos. Se procederá necesariamente a la homologación del acuerdo sólo cuando hubiere involucrados intereses de menores e incapaces, previo los trámites de ley.
ARTÍCULO 21.- El acuerdo instrumentado en acta suscripta por el mediador y protocolizado ……..en el registro que a tal efecto deberá llevar el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, será ejecutable por el procedimiento de ejecución de sentencia, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 5.531, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia.
A los fines de la protocolización aludida precedentemente será imprescindible acompañar los comprobantes de pago de aportes a las respectivas cajas profesionales, de los apoderados de las partes
Consiste en la prestación de una caución otorgada por el actor para asegurar al demandado el pago de las costas causadas a raíz del pleito en el caso eventual de que triunfe en el litigio
(Alvarado Velloso, Adolfo. “Cautela Procesal” Temas procesales conflictivos 2 . Ed Juris. Rosario 2008 p.150)
Ley 23.502
Ley 24.578
Art. 2610 CCC
ARTICULO 2610.- Igualdad de trato. Los ciudadanos y los residentes permanentes en el extranjero gozan del libre acceso a la jurisdicción para la defensa de sus derechos e intereses, en las mismas condiciones que los ciudadanos y residentes permanentes en la Argentina. Ninguna caución o depósito, cualquiera sea su denominación, puede ser impuesto en razón de la calidad de ciudadano o residente permanente en otro Estado. La igualdad de trato se aplica a las personas jurídicas constituidas, autorizadas o registradas de acuerdo a las leyes de un Estado extranjero.
Art. 858/864
Casos en que se prohíbe aprobar cuentas o liberar de ellas.
Entre quienes están facultados para recibir, presentar o pedir las cuentas.
Requisitos (art. 859)
Obligación de rendir cuentas (art. 860)
Oportunidad (art. 861)
Aprobación (art. 862)
Relaciones de ejecución continuada (art.864)
Saldos y documentos del interesado (art. 865)
Prescripción(art. 2555)
Se mantiene la intimación de pago previa para el desalojo, pero sólo si la locación tiene destino habitacional.
Plazo para el lanzamiento (art. 1223)mínimo 10 días
Fianza igual al 1582 Bis del CC
Al ser sacado del Proyecto del CCC y regido ahora por la Ley de Responsabilidad Estatal N° 26.944 que rige solo por adhesión, se regirá en Santa Fe por las normas usuales y comunes de responsabilidad
Se definió de manera distinta al contrato de consumo y ahora alcanza los contratos de alquiler. Tener cuidado con la carga de la prueba. (art. 1093 CCC)
Art. 744: Se agregan nuevos bienes inembargables
Art. 745: prioridad del primer embargante – no dice nada de la inhibición que si lo trata el CPCCSF

References: artículo 2044
 artículo 1850
 artículo 1850
 resolución 
 resolución 
 artículo 231

ARTÍCULO 20

ARTÍCULO 21