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Timestamp: 2019-10-18 07:25:48+00:00

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El decreto madrileño de convivencia escolar planta cara al bullying e impone a los alumnos la obligación de denunciarlo · Noticias Jurídicas
22/04/2019 11:53:17 | EDUARDO ROMERO | ACOSO ESCOLAR
Eduardo Romero.- La Comunidad de Madrid ha recibido una nueva y extensa normativa en materia de educación que pretende sentar las bases de la convivencia en centros escolares de acuerdo con los principios democráticos, erradicando cualquier símbolo de violencia o acoso presente en las aulas. El nuevo Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, que se hará efectivo a partir del próximo curso escolar 2019/2020, deroga el anterior Decreto 15/2007, insuficiente ante lo que el escrito describe como una sociedad cambiante y cada vez más globalizada.
Para ello, y en virtud de la condición de España como miembro de la Unión Europea y participante de la Declaración de Incheon para la Educación 2030, promovida por la UNESCO, se busca potenciar el derecho fundamental a la educación, promovido en el artículo 27.2 de la Constitución, en un nuevo contexto de igualdad, actitud intercultural y respeto, todo ello sin olvidar la figura del docente, a la que se pretende elevar como máxima autoridad en consonancia con la Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor, como garantía del disfrute del derecho por parte del alumno.
De esta forma, podemos encontrar múltiples resoluciones como la Sentencia 68/2017 de la Audiencia Provincial de Barcelona, donde un colegio fue condenado a indemnizar por el acoso sufrido por un alumno durante años, manteniendo la pasividad ante tal acto. En otros escritos, como la Sentencia 55/2016 de la Audiencia Provincial de Palencia, se estimó la responsabilidad tanto de la madre de la acosadora como del propio centro académico al detectarse un acoso escolar continuado y sistemático.
En este sentido, los cada vez más comunes casos de acoso han derivado en una avalancha de complicados procesos judiciales en los que interviene el personal docente, los alumnos, y los padres, en cuanto el artículo 1903 del Código Civil establece que los padres o tutores son responsables de los daños causados por sus hijos, mientras que los centros docentes de educación no superior son responsables de los daños y perjuicios que causen sus alumnos, creando, de este modo, una complicada red que el presente decreto pretende clarificar al imponer los derechos y deberes de todas las partes implicadas.
Sin embargo, cabe destacar la interpretación ejercida por la Sentencia 54/2019 de la Audiencia Provincial de Valencia, en cuanto un hecho aislado, como puede ser una patada, no tiene por qué constituirse como acoso escolar, siendo necesario un carácter reiterativo, según autorizada definición doctrinal, que define el acoso como “una serie de actos o incidentes intencionales, de naturaleza violenta -constitutivos de agresión física o psíquica y caracterizada por su continuidad en el tiempo- dirigidos a quebrantar la resistencia física o moral de otro alumno”.
En consonancia con la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, y la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, del derecho a la educación, se establece un nuevo y más extenso sistema de derechos y obligaciones para personal docente, alumnos y padres y/o tutores encaminado a la protección contra toda agresión física, emocional o moral. Para otorgar un marco de referencia a todo lo descrito, el artículo 12 del Decreto se apoya en el “plan de convivencia” como el documento donde se fundamenta el modelo de convivencia y clima escolar de los centros educativos.
Finalmente, entre los derechos principales del profesorado se destaca la consideración y respeto hacia su persona, además de la ya manida libertad de cátedra. En cuanto a sus obligaciones, es de especial relevancia la aplicación de las normas de convivencia, dentro y fuera del recinto escolar, además de poner en conocimiento y prevenir aquellas situaciones de violencia infantil, juvenil y de género, pudiendo su omisión derivar en responsabilidad civil ante la falta probada de una correcta diligencia de actuación (Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 737/2008).
Tanto las faltas graves como las muy graves seguirán un procedimiento especial, consistente en la incoación de expediente disciplinario y adopción de medidas provisionales, que deberá resolverse en un plazo máximo de 18 días. En este sentido, cabe destacar que el equipo docente será considerado como autoridad pública, teniendo los hechos constatados por los mismos presunción de veracidad iuris tantum o salvo prueba en contrario, en consonancia con el artículo 124.3 de la LOE y el artículo 6 de la Ley 2/2010.
Para la aplicación de las medidas correctoras se tendrá siempre en cuenta las situaciones personales e individuales de cada alumno, pudiendo afectar como agravante o atenuante factores como la intencionalidad o el arrepentimiento, y siendo requisito indispensable la información puntual a padres o tutores. Asimismo, recalca el decreto, los alumnos quedan obligados a reparar los daños causados, contribuyendo al coste que, en virtud del artículo 1903 del Código Civil anteriormente mencionado, deberán asumir los padres, además de la responsabilidad civil que se recoja en la ley.
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References: artículo 27
 artículo 1903
 artículo 12
 artículo 124
 artículo 6
 artículo 1903