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Timestamp: 2017-07-23 00:14:32+00:00

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causa_1881Uploaded by www.iestudiospenales.com.arRelated InterestsCriminal LawProcedural LawStatute Of LimitationsEvidence (Law)PoliceRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentPoder Judicial de la NaciónCausa N° 1881 /12 “A. G., T. s/ prescripción” Int. Sala IV C. - ( /12)
///nos Aires, 6 de diciembre de 2012. AUTOS Y VISTOS: Corresponde tratar el recurso de fs. 13/15 vta. interpuesto por la asistencia técnica de T. A. G. contra el auto de fs. 11/12 vta. que rechazó la excepción de falta de acción por prescripción. El Sr. defensor oficial “ad hoc” de la Defensoría General de la Nación, Dr. Juan Carlos Seco Pon, concurrió a la audiencia donde mantuvo los agravios esgrimidos en el escrito de apelación. Luego de ello, el tribunal deliberó en los términos del artículo 455 del Código Procesal Penal de la Nación. Y CONSIDERANDO:
Los Dres. Alberto Seijas y Carlos Alberto González dijeron: Conforme la formulación del decreto de fs. 139, en el que se describiera el hecho imputado, incluyendo la violación al deber de cuidado atribuida a A. G. y los resultados disvaliosos producidos, corresponde afirmar –más allá de lo expuesto por la defensa– que ese decreto constituyó la convocatoria del nombrado en los términos del artículo 294 del ordenamiento procesal. Sentado ello, es ese el primer llamado en la causa a prestar declaración indagatoria al que alude el inciso b) del artículo 67 del Código Penal, sin perjuicio de la modalidad que se escogiera para efectivizar el acto, desdoblándolo innecesariamente en dos etapas. Sin embargo, no puede finalizar aquí el análisis de la cuestión, no obstante que el decreto referido constituya un resorte exclusivo del juez a cargo de la dirección del proceso. Ello, en virtud de la doctrina de los fallos N° 1532/11, “Incidente de nulidad del auto de llamado a indagatoria”, del 3 de noviembre de 2011 y N° 848/12, “Brandan”, del 10 de agosto de 2012, de esta Sala, con integración parcialmente distinta. En este sentido cabe destacar que, iniciado el sumario el 23 de julio de 2008, en sede policial se cumplió con la notificación de derechos y garantías al imputado (ver fs. 9 y vta.), donde se le hizo saber el derecho que le asiste de hacerse defender por un abogado de la matrícula de su confianza o por un defensor oficial, la posibilidad de entrevistarse con letrado antes que se
practiquen los actos aludidos en el artículo 184, penúltimo párrafo y 294 del ordenamiento adjetivo, el derecho que le asiste a negarse a declarar y la veda a que se le requiera promesa o juramento de decir verdad en caso que acepte hacerlo, sin que pueda ejercerse coacción o amenaza para obligarlo, inducirlo o determinarlo en contra de su voluntad, entre otros derechos fundamentales del imputado. Recibidas las actuaciones en el juzgado, casi tres años de proceso insumió la solicitud de remisión de la historia clínica perteneciente a M. F. P., el envío de la causa al Cuerpo Médico Forense con el fin de que los galenos se expidieran sobre la importancia médico legal de las lesiones que presentaran los damnificados, el requerimiento a la Dirección de Señalización Luminosa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que informe sobre la secuencia de los semáforos en el lugar del hecho (recibiendo a fs. 87 una respuesta que nada agrega a la investigación) y la recepción de las declaraciones testimoniales del nombrado P. y A. M. A.. No se desconoce que el 10 y 29 de junio de 2011 se citó a los testigos presenciales ofrecidos por el nombrado P., mas ello no obtuvo un resultado positivo, pues no se presentaron a declarar ante las notificaciones telefónicas realizadas a fs. 124 y 128, sin que se insista ni fuera dejada sin efecto esa medida por falta de utilidad o por otro motivo. En esas condiciones, y tan sólo nueve días antes de que transcurra el tiempo previsto por el artículo 94 del Código Penal como pena máxima para la conducta que se le reprocha al encartado, el Sr. juez correccional sostuvo que: “existiendo motivo bastante para sospechar que T. A. G. ha participado en la comisión del hecho que aquí se investiga, corresponderá recibirle declaración indagatoria en los términos del art. 294 del CPPN”. No obstante ello, la citación cursada en esa ocasión no se dirigió a escucharlo en esos términos, sino que tuvo por objeto su comparecencia para ponerlo en conocimiento de los derechos y garantías procesales que le correspondían (ya notificados a fs. 9 y vta.), hacerle saber que sería asistido por el defensor oficial en turno hasta tanto designe un abogado de su confianza y la posibilidad de entrevistarse con él previo a la indagatoria, entre otros extremos. En ese mismo auto se difirió la fijación de la fecha para recibirle declaración indagatoria, supeditándola al cumplimiento de ese acto previo. La
defensora oficial que había sido designada no fue notificada de nada de lo dispuesto en el auto referido. El juez reclamó en esa oportunidad (ver último párrafo) el envío del peritaje realizado por la División Ingeniería Vial Forense de la Policía Federal Argentina, que no había sido recibido hasta ese momento, el que se recepcionó el 15 de agosto de 2011 (fs. 140/144). Finalmente, luego de las diversas citaciones cursadas para que se presente A. G., el 11 de septiembre de 2011 se efectivizó la notificación de derechos y garantías (fs. 168 y vta.), disponiéndose su convocatoria para ser escuchado en los términos del artículo 294 del ordenamiento ritual ese mismo día. El repaso de lo actuado en la causa permite ingresar, de manera excepcional, al análisis relativo a si se contaba al momento de emitir la
providencia de fs. 139 con elementos generadores de un real estado de sospecha o si, en cambio, lo dispuesto tenía el sólo designio de interrumpir el curso de la prescripción. En este rumbo es preciso subrayar que el “estado de autos” al que se alude a fs. 139 existía al menos desde el 6 de junio de 2011, cuando los damnificados se presentaran a ampliar la declaración prestada en sede policial y brindar detalles del hecho, luego de casi tres años de su ocurrencia por el inexplicable retardo en convocarlos a esos efectos. Cabe recordar que la citación de los testigos presenciales del hecho aportados por P. no se tradujo en su comparecencia, elemento de prueba entonces ausente al momento de disponerse el decreto de referencia. En síntesis, para aquél momento sólo se contaba con los dichos de las víctimas, que relataban una violación al deber de cuidado por parte de A. G., con las fotografías de fs. 13 y 25/26 en las que se observan los daños que presentaban los vehículos y con la constatación de las lesiones sufridas por A. y P.. La medida que se había dispuesto considerándola de utilidad (pues de otro modo no se hubiese ordenado), esto es la convocatoria de los testigos, no pudo llevarse a cabo debido al modo en que Q. y R. fueron citados y sin que se dispusiera luego otra diligencia para efectivizar las declaraciones. Tampoco se había agregado al expediente el informe pericial glosado a fs. 140/144.
Sentado todo ello, corresponde concluir que la valoración objetiva de la prueba obrante en la causa al día 14 de julio de 2011 (fecha del decreto aludido) da la pauta de que lo allí dispuesto fue utilizado como un mero instrumento para impedir la extinción de la acción penal, sin que hubiese existido para el juzgador, conforme lo demuestran las constancias del expediente y el momento en que se dispuso, el “motivo bastante para sospechar” al que alude el artículo 294 del código adjetivo, lo que conlleva la nulidad parcial del decreto de fs. 139, la que es preciso sea declarada en esta instancia. Con base en ello, estimamos que debe revocarse lo decidido a fs. 11/12 vta. del presente legajo, debiendo el Sr. juez de la causa solicitar la remisión de los antecedentes que pudiera registrar el imputado para, con ellos, expedirse nuevamente sobre la articulación de la defensa, teniendo en cuenta las consideraciones aquí formuladas. Tal es nuestro voto. El Dr. Mariano González Palazzo dijo: Frente a casos como el que nos ocupa, entiendo que toda vez que la convocatoria a declarar en indagatoria carezca de una real finalidad de concretar el acto de defensa como presupuesto de una decisión jurisdiccional que defina la situación procesal del justiciable, no puede operar como hito interruptivo de la prescripción de la acción penal en los términos del inciso b) del artículo 67 del ordenamiento de fondo (en tal sentido, ver mi voto en la causa N° 8259 de la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, “Seligman, Miguel s/ recurso de casación”, rta.: 23/2/09, reg.: 11.295.4, citada por la defensa en su escrito de recurso). En estos actuados, más allá de haber declamado a fs. 139 que existía “motivo bastante para sospechar que T. A. G. ha participado en la comisión del hecho que aquí se investiga” por lo cual correspondía recibirle declaración indagatoria, lo cierto es que se supeditó ese acto a uno previo, innecesario, no habitual en ese momento procesal y que ya había sido cumplido a fs. 9 y vta., aprovechando para reclamar actuaciones que aún no habían sido recibidas en el juzgado (vgr. el informe pericial de fs. 140/144). Como puede verse de lo actuado, la afirmación de fs. 139 relativa a la conformación de un grado suficiente de sospecha sobre el imputado no
produjo ningún efecto jurídico propio de tal estado, logrando sólo interrumpir el término de la prescripción a escasos 9 días de fenecer. Ante este panorama, el primer acto procesal con incidencia sobre vigencia de la acción penal no puede ser otro que el de fs. 169, en detrimento de aquel mencionado en el párrafo precedente, el cual tuviera lugar una vez transcurrido tiempo establecido como pena máxima para el delito atribuido al encartado (artículo 94 del Código Penal). No obstante lo expuesto, tal como lo señalan mis colegas preopinantes, la ausencia de constancias relativas a la eventual comisión de otros delitos por parte de A. G. llevan a revocar lo decidido y urgir al magistrado a quo para que solicite la información pertinente a los fines de expedirse nuevamente sobre el planteo de la defensa, con arreglo a las directrices de este fallo.
Por todo lo expuesto, el tribunal RESUELVE: I. DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL del decreto de fs. 139 de los autos principales. II. REVOCAR el auto de fs. 11/12 del incidente de falta de acción por prescripción de la acción penal articulado por la defensa de T. A. G.. Devuélvase al Juzgado de origen donde deberán practicarse las notificaciones correspondientes y actuar conforme los lineamientos de la presente resolución. Sirva lo proveído de muy atenta nota de envío.
MARIANO GONZÁLEZ PALAZZO -por sus fundamentos-
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 artículo 294
 artículo 67
 artículo 184
 artículo 94
 artículo 294
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 artículo 67