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Timestamp: 2020-07-05 20:10:48+00:00

Document:
Estabilidad Laboral Reforzada Por Enfermedad De Un Empleado Publico Nombrado En Provisionalidad | Derecho Constitucional | Caso de ley
Estabilidad Laboral Reforzada Por Enfermedad De Un Empleado Publico Nombrado En Provisionalidad
Jairo Antonio Taborda
“Una entidad vulnera los derechos fundamentales a la salud y vida digna de un sujeto de especial protección que ocupa un cargo de carrera en provisionalidad, cuando con fundamento en el principio del mérito nombra de la lista de elegibles a quien superó las etapas del concurso, sin antes adoptar medidas afirmativas dispuestas en la Constitución y que materialicen el principio de solidaridad social, relativas a su reubicación en un cargo similar o equivalente al que venía ocupando.
Estabilidad Laboral Reforzada Por Enfermedad de Un Empleado Publico Nombrado en Provisionalidad.
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Material Peyrano
T-402-09
T-172-13 Colombia Derecho a La Consulta
9.-Conclusiones
t363-10
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STC Limites Propiedad EXP Nº 665-2007-PA STC
Importancia Del Derecho Al Debido Proceso (1)
Tutela - Recobro a La EPS
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Demanda Ejecutiva de Alimentos a favor de Dhylan.doc
Principios de Seguridad Social
Ponente: ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Actor: NANCY FABIOLA AMORTEGUI ALFEREZ
Demandado: ICBF
Fecha de Resolución: 8 de Octubre de 2019
Expediente: T-7225270
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR ENFERMEDAD DE UN EMPLEADO PUBLICO NOMBRADO
EN PROVISIONALIDAD.
La actora aduce que el ICBF vulneró sus derechos fundamentales al dar por terminada su relación
laboral, sin tener en consideración que se encontraba en incapacidad médica por causa de las
diferentes enfermedades que venía padeciendo, en especial el trastorno mixto de ansiedad y
depresión, del cual tenía conocimiento la entidad. Por su parte, el Instituto adujo como causal de
terminación del vínculo laboral, el nombramiento en el mismo cargo de la persona que ganó el
concurso de méritos y que conformaba la lista de elegibles. Se analizan los siguientes temas: 1º. La
provisión de cargos de la lista de elegibles previo concurso de méritos y, 2º. La estabilidad laboral
de los funcionarios públicos nombrados en provisionalidad que desempeñan cargos de carrera
administrativa. Se confirma parcialmente la decisión de instancia que tuteló los derechos al trabajo
y a la vida en condiciones dignas de la peticionaria y ordenó su vinculación en caso de que existan
vacantes disponibles en la entidad, o en el caso de que existan vacantes futuras en provisionalidad.
Recibo Relatoria:
Sentencia T-464/19
Referencia: Expediente T-7.225.270
Acción de tutela presentada por N.F.A.A. contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
Bogotá, D.C., ocho (8) de octubre de dos mil diecinueve (2019)
La S. Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por las magistradas G.S.O.D. y C.P.S. y
el magistrado A.J.L.O., quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
ha pronunciado la siguiente:
Demanda y solicitud
La señora N.F.A.A. a través de su apoderada judicial, presentó acción de tutela en contra del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con el propósito de que sus derechos fundamentales al
trabajo, a la seguridad social, a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital, al debido proceso, a
la estabilidad laboral reforzada sean amparados. Lo anterior, debido a que Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar le dio por terminada su relación laboral, sin tener en cuenta que la accionante se
encontraba en delicado estado de salud y con incapacidad médica al momento del despido y que,
por lo tanto, gozaba de estabilidad laboral reforzada. La accionante realiza está solicitud, con el
propósito de que sea reincorporada al cargo que venía desempeñando o a uno de mayor jerarquía,
A continuación se presentan los hechos más relevantes según fueron descritos en la demanda:
1.1. La señora N.F.A.A. laboró con el Instituto de Bienestar Familiar mediante contrato de trabajo
desde el 21 de noviembre de 1980 hasta junio de 1987 y, posteriormente, ingresó nuevamente a
trabajar del 1 de septiembre de 2002. La accionante manifiesta que desempeñaba funciones como
Defensora de Familia, código 2125, Grado 17 en el Centro Zonal Popayán.
1.2. La accionante manifiesta que, en el desarrollo de sus actividades laborales, fue acosada por la
Coordinadora Centro Zonal Popayán, ocasionando un gran estrés laboral y generando diferentes
patologías en la accionante[1]. Producto de las distintas patologías que presenta la accionante, le
fueron ordenadas las siguientes incapacidades[2]:
- Incapacidad por los días 26 y 27 de febrero de 2018;
- Incapacidad por los días 12 y 13 de marzo de 2018;
- Incapacidad por los días 5 al 18 de julio del 2018, la cual fue prorrogada el 16 de julio por el término
de 30 días.
- Prórroga de la incapacidad por 30 días, a partir del 17 de agosto de 2018;
1.3. Afirma que el 17 de agosto de 2018, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar profirió
Resolución No. 16361, suscrita por la Secretaria General de dicha institución, por medio de la cual
“se termina un nombramiento y se hace un nombramiento en periodo de prueba[3]”. Así las cosas,
manifiesta que el 14 de septiembre de 2018, le entregó personalmente la incapacidad otorgada por
el médico tratante del Grupo Administrativo del ICBF – Regional Cauca[4], incapacidad que había
sido ordenada por el médico tratante el 13 de septiembre de 2018, por un término de 30 días.
1.4. La actora afirma que el 18 de septiembre de 2018 el señor Y.C., residente del mismo inmueble
donde reside, recibió el memorando con fecha del 5 de septiembre de 2018, en donde le notificaban
a la señora N.F. que el nombramiento provisional en el cargo Defensora de Familia con el ICBF había
terminado. Alega que conoció de esta resolución el 2 de octubre de 2018, debido a que se
encontraba en total reposo por orden médica[5].
1.5. A través de escrito del 17 de octubre de 2018, la apoderada de la señora N.F.A.A. instauró acción
de tutela en contra del ICBF, con el propósito de que los derechos fundamentales al trabajo, a la
seguridad social, a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital, al debido proceso y a la estabilidad
laboral reforzada sean amparados y se le ordenara al ICBF vincular nuevamente a la accionante.
1.6. La apoderada de la accionante manifiesta en el escrito de tutela que la señora N.F. se
encontraba incapacitada al momento del despido, como lo demuestra su historial clínico y, por lo
tanto, contaba con estabilidad laboral reforzada, lo cual significa que el ICBF debía contar con la
autorización previa del Ministerio de Protección Social para proceder a realizar el despido[6].
Traslado y contestación de la acción de tutela
2.1. Admisión de la acción de tutela
2.1.1. El Juzgado (1) Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, mediante Auto del 18
de octubre de 2018 decidió admitir la acción de tutela y corrió traslado de la demanda al ICBF, con
el fin de que ejerciera su derecho a la defensa. De igual manera, solicitó al Director del ICBF que
informara a ese despacho judicial sobre la forma de vinculación laboral de la señora N.F., las causas
de su desvinculación, si se adelantó algún procedimiento para su desvinculación y si el ICBF tenía
algún conocimiento de los problemas de salud que aquejaba la accionante. Por otra parte, solicitó
remitir información si en la planta global de personal existían cargos equivalentes al que ocupaba la
accionante, que se encontraran en vacancia definitiva o de provisionalidad, para determinar un
eventual reintegro si llegase a ser procedente[7].
2.2. Respuesta de la empresa accionada y de las entidades vinculadas
2.2.1. Mediante respuesta del 24 de octubre de 2018, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del ICBF
expuso que de conformidad con la jurisprudencia constitucional, los funcionarios en provisionalidad
gozan de una estabilidad laboral relativa, en la medida en que sólo pueden ser desvinculados para
proveer el cargo que ocupan con una persona de carrera[8].
2.2.2. Igualmente, el ICBF precisó que en casos análogos al que se estudia, la jurisprudencia
constitucional ha sido enfática en dar preferencia a los ganadores del concurso, debido a que los
servidores nombrados en provisionalidad gozan de estabilidad laboral relativa o intermedia, que se
traduce en que su retiro del servicio público solo tendrá lugar por causales objetivas previstas en la
Constitución o en la Ley, o para proveer el cargo que ocupan con una persona que haya superado
satisfactoriamente el respectivo concurso de méritos.
Por último, reitera que el parágrafo 2º del artículo 2.2.5.3.2. del Decreto No. 1083 de 2015[9]
establece que cuando la lista de elegibles elaborada como resultado de un proceso de selección esté
conformada por un número menor de aspirantes, la administración, antes de retirar del servicio a
los provisionales, deberá revisar si la persona cuenta con protección, de conformidad con el
parágrafo 2º. Para el ICBF, el presente caso no cumple con los presupuestos de este artículo, pues
la lista de elegibles está conformada por un número mayor de personas.
De conformidad con la respuesta del ICBF, la señora M.X.L.C. fue nombrada en periodo de prueba
en el cargo de Carrera Administrativa de la Planta Global de Personal. El Juzgado Primero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán decidió vincular a la señora M.X.L.C., por
ser quien ocupa el cargo que desempeñaba la accionante y al ser esta un tercero interesado[10].
2.2.3. Mediante escrito del 29 de octubre de 2018, la señora M.X.L.C. respondió a la solicitud del
Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, en donde manifestó
que no tenía conocimiento sobre la causa con respecto a la vinculación de la accionante, ni mucho
menos de las enfermedades que alega en su escrito de tutela. Igualmente, la señora M.X.L.C. reiteró
que acceder a las pretensiones de la accionante vulneraría sus derechos fundamentales al trabajo,
al derecho a gozar de una estabilidad en el cargo y a la igualdad, y se estaría vulnerando el principio
de buena fe establecido en el artículo 83 de la Constitución[11].
3.3.1. El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, en providencia
del 30 de octubre de 2018 decidió amparar los derechos fundamentales al trabajo, dignidad humana
y seguridad social de la accionante y ordenó al ICBF Nacional y Regional de Popayán, que dentro de
las siguientes 48 horas siguientes a la notificación de la providencia, vinculara a la señora N.F.A.A.
en forma provisional, en un cargo de igual rango y remuneración al que ocupaba como defensora
de familia. De esta forma, el Juzgado Primero expuso que la permanencia en provisionalidad de la
señora N.F. estaría supeditada a que el cargo que llegara a ocupar, fuera posteriormente provisto
en propiedad mediante el sistema de carrera y su desvinculación cumpliera con los requisitos
exigidos en la jurisprudencia constitucional[12].
De igual manera, ordenó al ICBF que, de no encontrar una vacante para un cargo similar al que
ocupaba la accionante, la entidad debía iniciar las actuaciones necesarias para que fuera vinculada
al Sistema de Seguridad Social en Salud, dentro de las 48 horas siguientes a cuando tuviera certeza
de dicha circunstancia, de tal suerte que se le permitiera continuar el o los tratamientos integrales
que requiere para la recuperación de la normalidad de su estado de salud. En ese caso, el juzgado
precisó que la vinculación al régimen contributivo debía mantenerse hasta tanto la señora N.F.
finalizara los tratamientos necesarios para la recuperación de las patologías que padece, o hasta
tanto fuese afiliada al sistema por parte de otro empleador.
Para el juzgado primero, si bien es cierto que el proceso que desvinculó a la accionante para
nombrar a la señora M.X.L.C. estuvo ajustado a la ley, pues debía proveerse la vacancia que existía
del cargo que ocupaba provisionalmente la accionante, no existe duda de que la accionante estaba
enferma y presentaba diferentes patologías, como lo corrobora su historial clínico[13] y, para la
fecha de expedición del acto administrativo, la señora N.F. se encontraba en incapacidad médica
por 30 días, la cual ya había sido prorrogada. Igualmente, el despacho reiteró que a pesar de que
los empleados que desempeñen en provisionalidad un cargo público gozan de una estabilidad
relativa o intermedia, las entidades deben tomar todas las medidas necesarias para respetar los
derechos fundamentales de aquellas personas.
3.2 Impugnación
3.2.1 El 2 de noviembre de 2018, la apoderada de la señora N.F.A.A. impugnó la sentencia de
primera instancia, al considerar que la decisión del Juzgado Primero de Ejecución de Penas no
protegía realmente los derechos fundamentales de la accionante, toda vez que el juez ordenó la
vinculación de la accionante, pero sujetó esta misma al evento de que existiera un cargo de la misma
naturaleza que se encontrara vacante. La apoderada de la señora N.F. manifiesta que lo pretendido
con la acción de tutela es que la actora sea reintegrada a su cargo o a uno similar, sin solución de
continuidad, pues su delicado estado de salud y las diversas patologías hacen que se encuentre en
debilidad manifiesta.
La señora N.F. manifiesta que el ICBF tuvo pleno conocimiento de las patologías e incapacidades
presentaba y reitera que, para la fecha en la cual se profirió la resolución de desvinculación, como
la fecha en que se notificó, se encontraba incapacitada por los médicos tratantes, es decir, se
encontraba en debilidad manifiesta y gozaba de estabilidad laboral reforzada de conformidad con
la jurisprudencia constitucional. De igual manera, afirma que la segunda disposición de la decisión
judicial, que obliga al ICBF a vincular a la accionante en el Sistema de Seguridad en Salud, no protege
sus derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social, por cuanto se encuentra prohibido
realizar cotizaciones a personas que no laboren en la Institución[14].
Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través de escrito del 7 de noviembre
de 2019, impugnó la decisión de primera instancia, al considerar que los servidores vinculados en
provisionalidad gozan de una estabilidad relativa o transitoria, que depende de la provisión del
empleo de carrera administrativa que se encuentren desempeñando. Para el ICBF, la jurisprudencia
constitucional ha sido clara en determinar que esta estabilidad laboral relativa o intermedia se
traduce en que su retiro del servicio público tendrá lugar por causales objetivas, previstas en la
Constitución y la ley, o para proveer el cargo que ocupa una persona que haya superado
El ICBF alega que la accionante fundamenta su solicitud de estabilidad en el conjunto de
incapacidades y los múltiples diagnósticos que a lo largo de su historia clínica le han prescrito. Sin
embargo, el ICBF considera que, para acreditar la condición de discapacidad y de enfermedad
catastrófica-alto costo, debe estar condicionada respectivamente por lo exigido en la Ley 361 de
1997, la Resolución 583 del 26 de febrero del Ministerio de Salud y la Resolución 3474 de 2009 del
Ministerio de Protección Social. Para el ICBF, dentro de los documentos aportados por la accionante,
no existe prueba alguna que acredite la condición de discapacidad o enfermedad alegada y tampoco
se puede evidenciar que alguna de las enfermedades indicadas por la actora sea considerada como
catastrófica o de alto costo en los términos previstos por el Ministerio de Salud[15].
3.3 Decisión del juez de segunda instancia
3.3.1. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán en providencia del 4 de diciembre de 2018
resolvió la impugnación contra la decisión de primera instancia. El juez de segunda instancia decidió
revocar la decisión de primera instancia y negar las pretensiones de la accionante, al considerar que
la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en manifestar que los servidores públicos en
provisionalidad en cargos de carrera no les asiste el derecho a la estabilidad propia de quien accede
a la función pública por medio de un concurso de méritos[16].
Para el juez de segunda instancia, la terminación del vínculo laboral de un empleado que ocupa en
provisionalidad un cargo de carrera, porque la plaza respectiva debe ser provista por una persona
que superó todas las etapas de concurso de méritos, no desconoce los derechos fundamentales,
pues la estabilidad relativa o intermedia que se le ha reconocido a esta categoría de servidores cede
frente al mejor derecho que tienen aquellos que participen en un concurso público e integraron la
lista de elegibles.
De igual manera, el juzgado explicó que la entidad accionada ofertó 27 vacantes mediante
convocatoria 443 de 2016 y la lista de elegibles la conformaron 109 personas, habiéndose efectuado
así la totalidad de los nombramientos. Así las cosas, el Tribunal Superior sostuvo que el ICBF no
desconoció los derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital y a la estabilidad laboral
reforzada de la accionante con la decisión en cuestión, pues la misma estuvo sustentada en una
causal objetiva y razonable y, además, la entidad accionada adoptó mecanismos tendientes a que
el retiro de la señora N.F. fuera de los últimos en efectuarse, sin que fuera posible su reubicación en
otro empleo vacante[17].
3.4. Actuaciones en sede de revisión
El 30 de abril de 2019, la S. de Selección de Tutelas Número Cuatro, integrada por la Magistrada
C.P.S. y el Magistrado A.R.R., decidió seleccionar el asunto de la referencia para su revisión por la
Corte Constitucional. Así las cosas, la Secretaría General de esta Corporación procedió a remitir el
expediente al despacho del magistrado sustanciador A.J.L.O., el 30 de abril del mismo año.
A través de escrito del 6 de febrero de 2019, la señora N.F.A.A. le solicitó a la Corte Constitucional
la revisión de la presente tutela y el amparo de los derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad
social y a la estabilidad laboral reforzada, al considerar que la entidad accionada dio por terminada
la relación laboral, sin tener en cuenta que se encontraba en delicado estado de salud, situación que
ya había sido informada a la entidad en varias ocasiones[18].
La señora N.F. manifestó que, en cumplimiento del fallo de primera instancia, la entidad accionada
profirió la Resolución No. 13341 del 6 de noviembre de 2018, a través de la cual se resolvió el
nombramiento en provisionalidad a un cargo de vacancia definitiva de Defensor de Familia Código
2125, grado 17, para el cual fue posesionada el 13 de noviembre de 2018. De igual manera, reitera
que todavía se encuentra en delicado estado de salud y que fue valorada por el médico de salud
ocupacional en las instalaciones del ICBF, quien ordenó la remisión a medicina laboral y psiquiátrica
con la EPS Sanitas, por diagnóstico de trastorno mixto de ansiedad y depresión.
Esta S. de Revisión de la Corte Constitucional es competente para decidir el presente asunto, de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución, y 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991.
De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la S. Quinta revisar si el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar ha vulnerado los derechos fundamentales al trabajo, a la
seguridad social, a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital, al debido proceso, y a la estabilidad
laboral reforzada de la señora N.F.A.A. al dar por terminada su relación laboral, cuando la accionante
se encontraba con quebrantos prolongados de salud, que habían dado lugar a su reiterada
incapacidad médica.
Para efectos de resolver el anterior problema jurídico, la S.: (i) analizará la procedencia de la acción
de tutela en el asunto objeto de examen; y, en caso de encontrarla procedente, (ii) estudiará la
provisión de cargos de la lista de elegibles previo concurso de méritos; (iii) la estabilidad laboral de
los funcionarios públicos nombrados en provisionalidad que desempeñan cargos de carrera
administrativa; y, finalmente, (iv) resolverá el caso concreto.
2.1. Examen de procedencia de la acción de tutela
Antes de pronunciarse de fondo sobre el presente caso, la S. verificará el cumplimiento de los
requisitos de procedencia de la acción de tutela, a saber (i) legitimación en la causa por activa y por
pasiva; (ii) la inmediatez; y (iii) la subsidiaridad.
2.1.1. Legitimación activa y pasiva
Legitimación en la causa por activa:
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Por su parte, el artículo 10
del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela también puede ser interpuesta por el
representante de la persona, cuando el titular de los mismos no se encuentre en condiciones de
promover su propia defensa o por medio del Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
En esta oportunidad, la señora N.F.A.A. interpuso la acción de tutela a través de su apoderada
judicial, la señora A.M.M.P..
Legitimación en la causa por pasiva:
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución y el artículo 49 del Decreto 2591 de 1991, la
acción de tutela procede en contra de cualquier autoridad pública y, excepcionalmente, en contra
de particulares (i) encargados de la prestación de un servicio público; (ii) cuya conducta afecte grave
y directamente el interés colectivo; o (iii) respecto de quienes el solicitante se encuentre en estado
de subordinación o indefensión.
En el presente caso, la peticionaria dirigió la acción de tutela contra el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF), donde la accionante se venía desempeñando como Defensora de Familia,
grado 17, desde el 1 de septiembre de 2002. Frente a el ICBF, cabe señalar que el numeral 5 del
artículo 1.2.1.1 del Decreto 1084 de 2015 establece que dicho instituto es “un establecimiento
público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio; creado en virtud de
la Ley 75 de 1968, cuyo objeto es propender y fortalecer la integración y el desarrollo armónico de
la familia, proteger al menor de edad y garantizar sus derechos”. Por consiguiente, esta S. considera
que la acción de tutela cumple con el requisito de legitimación por pasiva en el presente caso,
comoquiera que el ICBF es una entidad pública a la que se le endilga la violación de los derechos
fundamentales cuya protección se invoca.
2.1.2. Inmediatez
El artículo 86 constitucional establece que la tutela procede para la “protección inmediata” de los
derechos fundamentales del accionante. Con respecto al requisito de inmediatez, la jurisprudencia
constitucional ha manifestado que la acción de tutela debe interponerse en un tiempo prudencial,
contado a partir del momento en que se genera la acción u omisión que amenaza o genera una
afectación a los derechos fundamentales, debido a que el requisito de inmediatez tiene como
propósito el de preservar la naturaleza de la acción de tutela, concebida como “un remedio de
aplicación urgente que demanda una protección efectiva y actual de los derechos invocados”[19].
En este sentido, la Corte ha manifestado que no existen reglas estrictas e inflexibles a la hora de
determinar la razonabilidad del plazo, sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar,
a la luz de las circunstancias de cada caso, lo que constituye un término razonable[20].
En el presente caso, la S. puede corroborar que se cumplió con el presupuesto de inmediatez, toda
vez que la accionante interpuso la acción de tutela el 17 de octubre de 2018[21], es decir, antes de
que hubiera transcurrido un mes después de haber sido notificada de la resolución que dio por
terminada su relación laboral con el ICBF.
2.1.3. Subsidiariedad
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela se caracteriza por
ser un mecanismo subsidiario y residual, lo cual implica que procederá en aquellos casos en los
cuales no exista otro mecanismo de defensa judicial o cuando, de existir tal mecanismo, este no
resulta eficaz, o cuando se promueve como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable[22].
La jurisprudencia constitucional ha reiterado como regla general, que la acción de tutela es
improcedente para solicitar el reintegro de los empleados públicos, pues existe un medio de defensa
judicial propio, específico y eficaz dentro del ordenamiento jurídico, que se encuentra prevista en
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir los actos administrativos por
medio de los cuales la administración decide separar a las personas de sus cargos. Sin embargo, la
Corte ha manifestado que “excepcionalmente ante un perjuicio irremediable, puede resultar
procedente el amparo cuando la acción de nulidad y restablecimiento del derecho resulta
inadecuada para la efectividad de los derechos fundamentales violados, dada la situación que
afronta el accionante”[23].
De esta manera, la Corte Constitucional ha admitido la procedencia excepcional de la tutela para
solicitar el reintegro de los servidores públicos, cuando en el caso concreto se advierta la vulneración
de un derecho fundamental y se evidencia la ocurrencia de un perjuicio irremediable, toda vez que,
en estos eventos, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no proporciona una
protección eficaz y adecuada a los derechos amenazados o vulnerados, como sí lo hace la acción de
tutela[24].
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha manifestado que el perjuicio irremediable se
caracteriza por (i) la inminencia del daño, es decir, que se trate de una amenaza o de un mal
irreparable que está pronto a suceder; (ii) la gravedad, que implica que el daño o menoscabo
material o moral de la persona que pueda ocurrir sea de gran intensidad, (iii) la urgencia, que exige
la adopción de medidas prontas o inmediatas para conjurar la amenaza, y (iv) la impostergabilidad
de la tutela, que exige la necesidad de recurrir al amparo como mecanismo expedito y necesario de
protección de derechos fundamentales[25]. En esta medida, la Corte ha destacado que para la
comprobación de un perjuicio irremediable que justifique la procedencia de la acción de tutela, se
deben observar una serie de criterios, tales como la edad de la persona, su estado de salud y el de
su familia y las condiciones económicas de la persona que solicita el amparo constitucional o de las
personas obligadas a acudir a su auxilio.
Igualmente, este Tribunal Constitucional también ha precisado que en el caso de desvinculaciones
de servidores públicos, la posibilidad de configuración de un perjuicio irremediable gira en torno al
derecho al mínimo vital, pues se entiende que una vez quedan desvinculadas de sus trabajos,
pueden quedar en una situación de extrema vulnerabilidad, cuando su único sustento económico
era el salario que percibían a través del cargo público[26]. Por este motivo y en concordancia con lo
esbozado anteriormente, a pesar de que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para
solicitar el reintegro a un cargo público, pues para ello existen otras vías idóneas y oportunas, la
acción de tutela es procedente de manera excepcional, cuando del análisis de cada situación
concreta se pueda concluir que los otros medios de defensa carecen de idoneidad y eficacia.
En el caso bajo estudio, la S. considera que la acción de tutela cumple con el requisito de
subsidiariedad, pues a pesar de que la accionante cuenta con un mecanismo de defensa judicial
como lo es la nulidad y restablecimiento del derecho que la desvinculó, en el presente caso se
requiere la intervención del juez constitucional, con el propósito de evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, en la medida en que la accionante se encuentra en un delicado estado de
salud, producto de las patologías que padece y el trastorno mixto de ansiedad y depresión y además,
se trata de una mujer de 58 años que no cuenta con un trabajo u otro medio de apoyo económico.
La provisión de cargos de la lista de elegibles previo concurso de méritos
La Constitución Política, en su artículo 125, establece el régimen de carrera administrativa para la
provisión de los empleos en los órganos y entidades del Estado, salvo algunas excepciones como los
cargos de elección popular, de libre nombramiento y remoción, de trabajos oficiales, y los demás
que determine la ley. De igual manera, el artículo dispone que, (i) los funcionarios, cuyo sistema de
nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados a través de
concurso público; (ii) el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades
de los aspirantes; (iii) el retiro se hará por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo,
por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en el Constitución o la ley,
y por último, (iv) descarta la afiliación política como criterio determinante para el nombramiento,
ascenso, remoción de un empleo de carrera[27].
El propósito de esta norma constitucional es crear un mecanismo objetivo de acceso a los cargos
públicos, en el cual las condiciones de ingreso, ascenso, permanencia y retiro respondan al mérito,
conforme a criterios reglados y no a la discrecionalidad del nominador. De acuerdo con esta
disposición, la Corte ha sostenido que la carrera administrativa es el mecanismo preferente para el
acceso y la gestión de los empleos públicos, en donde quien supere satisfactoriamente las etapas
del concurso de méritos, adquiere un derecho subjetivo de ingreso al empleo público, el cual puede
ser exigible frente a la Administración como a los funcionarios públicos que se encuentran
desempeñando el cargo ofertado en provisionalidad[28]. Por este motivo, la Corte ha reiterado que
los cargos ejercidos en provisionalidad no pueden equipararse a los cargos de carrera
administrativa, debido a que existen marcadas diferencias entre los funcionarios inscritos en carrera
administrativa y los funcionarios públicos provisionales, en especial en cuanto a su vinculación y
retiro[29].
Los funcionarios que acceden a los cargos públicos a través de un concurso de méritos y aquellos
que desempeñaban en provisionalidad los cargos de carrera tienen diferencias marcadas. Por una
parte, los funcionarios que acceden a los cargos mediante el concurso de méritos cuentan con una
mayor estabilidad, al haber superado las etapas propias del concurso, impidiendo así el retiro del
cargo a partir de criterios meramente discrecionales. El acto administrativo por medio del cual se
desvincula a un funcionario de carrera administrativa debe ser motivado para que la decisión sea
ajustada a la Constitución, además de otros requisitos que determina la ley[30].
Por otra parte, los funcionarios que desempeñan en provisionalidad cargos de carrera, gozan de una
estabilidad laboral relativa o intermedia, que implica que el acto administrativo por medio del cual
se efectúe su desvinculación debe establecer únicamente las razones de la decisión, lo cual para
este Tribunal Constitucional constituye una garantía mínima derivada del derecho fundamental al
debido proceso y al principio de publicidad [31].
La estabilidad laboral de los funcionarios públicos nombrados en provisionalidad que desempeñan
cargos de carrera administrativa
El artículo 53 de la Constitución Política establece que uno de los principios mínimos de las
relaciones laborales es el derecho que tiene todo trabajador a permanecer estable en su empleo, a
menos de que exista una justa causa para su desvinculación o despido. Por su parte, la
jurisprudencia de este Tribunal ha reconocido el “derecho constitucional a una estabilidad laboral
reforzada”, que se deriva del principio de derecho a la igualdad de trabajo y que se materializa con
medidas diferenciales en favor de aquellas personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad[32].
Así las cosas, la Corte Constitucional ha manifestado que la estabilidad laboral se trata de:
“una garantía que tiene todo trabajador a permanecer en el empleo y a obtener los
correspondientes beneficios salariales y prestacionales, incluso contra la voluntad del patrono, si no
existe una causa relevante que justifique el despido. La doctrina ha entendido entonces que el
principio de estabilidad laboral configura, en cabeza de los trabajadores, un verdadero derecho
jurídico de resistencia al despido, el cual es expresión del hecho de que los fenómenos laborales no
se rigen exclusivamente por el principio de la autonomía de la voluntad, ya que están en juego otros
valores constitucionales, en especial la propia dignidad del trabajador y la búsqueda de una mayor
igualdad entre patrono y empleado. Por ello, en función del principio de la estabilidad laboral, y de
la especial protección al trabajo (CP arts 25 y 53), no basta el deseo empresarial para que pueda
cesar una relación de trabajo sino que es necesario que se configure una justa causa, en los términos
señalados por la ley, y en armonía con los valores constitucionales”.
Las personas que gozan de estabilidad laboral reforzada son aquellas personas que se encuentran
amparadas por el fuero sindical, en condición de invalidez o discapacidad y las mujeres en estado
de embarazo. De igual manera, la Corte ha manifestado que aquellos trabajadores con limitaciones
físicas, sensoriales o psicológicas se encuentran en situación de debilidad manifiesta y, por lo tanto,
son beneficiarios de una estabilidad laboral reforzada. Esta limitación a la que hace alusión la Corte,
hace referencia a una aplicación extensiva de la Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen
mecanismos de integración social de las personas en situación de discapacidad y se dictan otras
disposiciones” a aquellas personas que se encuentran en un estado de debilidad manifiesta por
causa de una enfermedad, sin necesidad de que exista una calificación previa que acredite su
condición de discapacidad o invalidez[33].
En ese sentido, la Sentencia T-663 de 2011, reiterando lo sostenido en la Sentencia T-094 de 2010,
señaló que:
“(…) esta concepción amplia del término ‘limitación’ ha sido acogida en reciente jurisprudencia de
esta (sic) Alto Tribunal en el sentido de hacer extensiva la protección de la que habla la Ley 361 de
1997 a las personas de las que se predique un estado de debilidad manifiesta por causa de una
enfermedad que no necesariamente acarree una pérdida de la capacidad para trabajar. Desde la
pluricitada sentencia T-198 de 2006 se ha dicho que ‘en materia laboral, la protección especial de
quienes por su condición física están en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende también
a las personas respecto de las cuales esté probado que su situación de salud les impide o dificulta
sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, sin necesidad de que
exista una calificación previa que acredite su condición de discapacitados o de invalidez.’
De esta forma, la merma en las condiciones de salud de un trabajador puede hacer del mismo
susceptible de una protección laboral reforzada que corresponde a la idea de estabilidad en el
trabajo y que resulta de una aplicación directa de la Constitución Política que en artículos como el
13, el 48 y el 53 obliga al Estado a la custodia especial de aquellas personas que presenten una
disminución en sus facultades físicas, mentales y sensoriales. Esto coincide con aquélla
interpretación del concepto de limitación que se ha venido pregonando” (Negrilla fuera del texto
En este orden de ideas, los trabajadores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, bien
sea por una discapacidad calificada como tal, o por una limitación en su salud que les impide o
dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, cuentan con
una protección constitucional a través de la figura de la estabilidad laboral reforzada. En esta
medida, la Corte ha manifestado que:
“La elaboración de una noción de discapacidad ha sido un proceso muy lento y difícil. En cada
momento de la historia, con base en los conocimientos científicos con los que se ha contado, los
legisladores han regulado diversos aspectos de esta problemática. De allí que la terminología
empleada en la materia haya cambiado con el paso del tiempo. De hecho, hoy por hoy, se trata de
un concepto en permanente construcción y revisión. En materia laboral, la protección especial de
exista una calificación previa que acredite su condición de inválido. Queda entonces claro que la
discapacidad es un concepto diverso al de invalidez[34]”
Ahora bien, en el caso de los servidores públicos que ocupan en provisionalidad un cargo de carrera,
la Corte ha manifestado que gozan de una estabilidad laboral relativa, lo que implica que
únicamente pueden ser removidos por causales legales que deben expresarse de manera clara en
el acto de desvinculación. De esta manera, la Corte ha reiterado que la terminación de una
vinculación en provisionalidad porque la plaza respectiva debe ser provista con una persona que
ganó el concurso “no desconoce los derechos de esta clase de funcionarios, pues precisamente la
estabilidad relativa que se le ha reconocido a quienes están vinculados bajo esta modalidad, cede
frente al mejor derecho que tienen las personas que ganaron un concurso público de méritos”[35].
Al respecto, en la sentencia SU-446 de 2011, la Corte precisó que:
“la situación de quienes ocupan en provisionalidad cargos de carrera administrativa, encuentra
protección constitucional, en la medida en que, en igualdad de condiciones pueden participar en los
concursos y gozan de estabilidad laboral, condicionada al lapso de duración del proceso de selección
y hasta tanto sean reemplazados por quien se haya hecho acreedor a ocupar el cargo en virtud de
sus méritos evaluados previamente”.
No obstante, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que dentro de las personas que ocupan
un cargo de carrera en provisionalidad, pueden encontrarse sujetos de especial protección
constitucional, como las madres y padres cabeza de familia, quienes estén próximos a pensionarse,
las personas que se encuentran en situación de discapacidad o en debilidad manifiesta por causa de
una enfermedad. En estos casos, la Corte ha afirmado que antes de proceder al nombramiento de
quienes superaron el concurso de méritos, los funcionarios que se encuentren en provisionalidad
deberán ser los últimos en removerse y en todo caso, en la medida de las posibilidades, deben
vincularse nuevamente de manera provisional en cargos vacantes de la misma jerarquía o
equivalencia de los que se venían ocupando[36].
Es así como en la sentencia T-373 de 2017, la Corte concluyó que:
“Una entidad vulnera los derechos fundamentales a la salud y vida digna de un sujeto de especial
protección que ocupa un cargo de carrera en provisionalidad, cuando con fundamento en el
principio del mérito nombra de la lista de elegibles a quien superó las etapas del concurso, sin antes
adoptar medidas afirmativas dispuestas en la Constitución y que materialicen el principio de
solidaridad social, relativas a su reubicación en un cargo similar o equivalente al que venía
ocupando, siempre y cuando se encuentre vacante”.
Así las cosas, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la estabilidad laboral de la que gozan
todos los funcionarios públicos que se encuentran en provisionalidad es una estabilidad laboral
relativa o reforzada, en la medida en que no tienen derecho a permanecer de manera indefinida en
el cargo, pues este debe proveerse a través del concurso de méritos. Por su parte, aquellos
funcionarios públicos que se encuentran en provisionalidad y que son sujetos de especial protección
constitucional gozan de una estabilidad laboral reforzada, pero pueden llegar a ser desvinculado
con el propósito de proveer el cargo que ocupan con una persona que ha ganado el concurso de
méritos, pues se entiende que el derecho de las personas que se encuentran en provisionalidad
cede frente al mejor derecho que tienen aquellos que participan en un concurso público[37].
No obstante lo anterior, este Tribunal Constitucional ha reiterado que en el caso de sujetos de
especial protección constitucional que ejerzan cargos en provisionalidad, las entidades deben
otorgar un trato preferencial antes de efectuar el nombramiento de quienes ocupan los primeros
puestos en las listas de elegibles del respectivo concurso de méritos, con el propósito de garantizar
el goce efectivo de sus derechos fundamentales[38].
La señora N.F. presentó acción de tutela por medio de su apoderada judicial, en contra del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales a trabajo, a la seguridad social, a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital, al
debido proceso y a la estabilidad laboral reforzada, generada por la terminación de su relación
laboral con la entidad demandada.
En el escrito de tutela, la accionante manifiesta que para la fecha de notificación del acto
administrativo que confirmaba su desvinculación, se encontraba con incapacidad médica, por causa
de las diversas enfermedades que venía padeciendo, en especial el trastorno mixto de ansiedad y
depresión del cual tuvo pleno conocimiento el ICBF.
Por su parte, el ICBF manifestó que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, los
funcionarios públicos nombrados en provisionalidad que desempeñan cargos de carrera
administrativa gozan de una estabilidad laboral relativa o intermedia, en la medida en que sólo
pueden ser desvinculados para proveer el cargo que ocupan, cuando la plaza respectiva debe ser
provista con una persona que ganó el concurso de méritos. De igual manera, reiteran que esta
situación no desconoce los derechos de los funcionarios que se encuentran en provisionalidad.
Mediante providencia del 30 de octubre de 2018, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Popayán concedió la acción de tutela, amparando los derechos
fundamentales de la accionante y ordenó al ICBF vincular a la señora N.F.A.A. de manera provisional
en un cargo de igual rango y remuneración al que ocupaba como defensora de familia. El Juzgado
precisó que, de no encontrar una vacante para un cargo similar al que ocupaba la accionante, el
ICBF debía iniciar las actuaciones necesarias para que la accionante fuera vinculada al Sistema de
Seguridad Social en Salud, para poder continuar con los tratamientos integrales que se requieren
para su recuperación.
Esta decisión fue impugnada por la accionante, al considerar que la decisión de primera instancia
no protegía realmente sus derechos fundamentales, en la medida en que la vinculación se
encontraba sujeta al evento de que existiera un cargo de la misma naturaleza que se encontrara
vacante y, en la medida en que no fue vinculada sin solución de continuidad. De igual manera, el
ICBF impugnó la decisión de primera instancia, al considerar que la estabilidad laboral relativa de la
que gozan los funcionarios en provisionalidad se traduce en que su retiro del servicio público tendrá
lugar por causales objetivas, que se encuentran previstas en la Constitución y la ley, o para proveer
el cargo por una persona que ha superado de manera satisfactoria el respectivo concurso de
méritos. Igualmente, el ICBF reiteró que las enfermedades invocadas por la accionante no son
suficientes para acreditar la condición de discapacidad o de enfermedad catastrófica, como
requisito para demostrar la estabilidad laboral que alega en la acción de tutela.
A través de providencia del 4 de diciembre de 2018, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Popayán decidió revocar la decisión de primera instancia y negó las pretensiones de la accionante.
Para el Tribunal Superior, la terminación del vínculo laboral de una persona que ocupa en
provisionalidad un cargo de carrera porque la plaza debe ser provista no vulnera los derechos
fundamentales de los trabajadores en provisionalidad, pues estas personas gozan de una estabilidad
laboral relativa o intermedia, la cual cede frente al mejor derecho que tienen aquellos que participan
en un concurso público.
Ahora bien, le corresponde a esta S. de Revisión determinar si la desvinculación laboral de la
accionante, quien ocupaba un cargo de carrera en provisionalidad y quien padece de un trastorno
mixto de ansiedad y depresión, junto con otras patologías, afectó los derechos fundamentales de la
accionante, en el momento en que el ICBF procedió a realizar el nombramiento de la persona que
superó el concurso de méritos.
Una vez examinada la actuación por parte del ICBF que reposa en el expediente, la S. Quinta de
Revisión puede constatar que a través de la Resolución 10361 del 17 de agosto de 2018, el ICBF da
cuenta de la convocatoria a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos
vacantes de la planta de personal pertenecientes al Sistema de Carrera Administrativa y que, una
vez agotadas las etapas del proceso de selección, se conformó la lista de elegibles para proveer el
empleo de Defensor de Familia Código 2125 Grado familiar y se cumplió con los plazos para realizar
los respectivos nombramientos[39].
De esta manera, la S. puede concluir que la motivación de la desvinculación de la señora N.F.A.A. es
razonable y como consecuencia de esto, no se evidencia, prima facie, la utilización abusiva de una
facultad legal para encubrir un trato discriminatorio en torno a las circunstancias de debilidad
manifiesta, en relación con su estado de salud. De igual manera, la S. observa que la posesión de la
señora M.X.L.C. se realizó de conformidad con los presupuestos legales y constitucionales que
regulan el concurso de méritos.
Ahora bien, esta S. reconoce que la señora N.F.A.A., antes de la fecha de desvinculación, llevaba
padeciendo diferentes enfermedades físicas, que desataron en un trastorno mixto de ansiedad y
depresión, el cual limitaba y dificultaba sustancialmente el desempeño de sus labores en
condiciones regulares. Igualmente, es claro que la entidad accionada tenía pleno conocimiento de
las enfermedades que padecía la accionante y que aún afectan su salud y bienestar. En esa medida,
las limitaciones físicas y psicológicas que padecía la accionante hacían que se encontrara en
debilidad manifiesta y, por consiguiente, que fuera beneficiaria de la estabilidad laboral reforzada,
de la cual gozan los funcionarios públicos en provisionalidad que sufren de un grave estado de salud,
la cual además, se diferencia a la estabilidad laboral relativa o intermedia de la que gozan estos
servidores, independientemente de sus condiciones físicas o mentales.
Sin embargo, no es menos cierto que existe una tensión entre la protección de los derechos de la
accionante, de una parte; y el respeto de la carrera administrativa y los resultados del concurso
adelantado por el ICBF, de otra parte. En el presente caso, la S. no puede acceder a la pretensión de
la accionante de ordenar su reincorporación al mismo cargo que venía desempeñando o a uno de
mayor jerarquía, sin solución de continuidad, pues esta decisión vulneraría los derechos
fundamentales de la señora M.X.L.C., quien accedió a esta vacante a través del concurso de méritos
e iría en contra de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional que reconoce la carrera
administrativa como el mecanismo preferente para el acceso y la gestión de empleos públicos.
Por este motivo, la S. considera que únicamente en el evento de existir vacantes disponibles al
momento de la notificación de la presente decisión judicial, o en caso tal de que existan vacantes
futuras en provisionalidad, el ICBF debe nombrar a la señora N.F.A.A. a un cargo igual o equivalente
al que ocupaba, hasta tanto sus cargos se provean en propiedad mediante el sistema de carrera o
su desvinculación cumpla los requisitos exigidos en la Ley y la jurisprudencia constitucional.
Por otra parte, esta S. no encuentra razones legales que obliguen al ICBF a vincular a la accionante
al Sistema de Seguridad Social en Salud, pues en caso tal de que la accionante no pueda ser vinculada
de nuevo al mismo cargo o a uno similar, no existe un vínculo laboral que obligue al ICBF a realizar
la respectiva vinculación y cotización al sistema. A pesar de que la jurisprudencia constitucional, ha
obligado en otras oportunidades a las entidades a mantener la afiliación de la persona al Sistema de
Seguridad Social en Salud, de tal suerte que se le permita continuar los tratamientos necesarios para
la recuperación de las patologías que padece la persona, o hasta que sea afiliada al sistema por parte
de otro empleador, en el presente caso, la pretensión de la accionante no ha estado encaminada a
que el ICBF garantice su vinculación al Sistema de Seguridad Social en Salud, sino que por el
contrario, la accionante manifestó expresamente en su escrito de impugnación que esta no era una
solución viable a su situación actual y que su intención era que el ICBF la vinculara de nuevo a una
vacante de igual o mayor jerarquía y sin solución de continuidad, pretensión que, como ya se
expuso, no se puede conceder. De igual manera, esta S. de Revisión pudo corroborar que la señora
N.F.A.A., se encuentra afiliada al régimen contributivo, desde el 1 de marzo del presente año, como
afiliada cotizante[40].
Así las cosas, la S. Quinta de Revisión de la Corte Constitucional revocará la decisión segunda
instancia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán del 4 de diciembre de 2018, que negó
las pretensiones de la accionante y procederá a confirmar parcialmente la decisión de primera
instancia del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán del 30 de
octubre de 2018, confirmando así el numeral primero de la decisión de primera instancia que ordena
la vinculación de la accionante en caso tal de que existan vacantes disponibles y revocando el
numeral segundo de la decisión, el cual ordena la vinculación de la accionante al Sistema de
Seguridad Social en Salud.
En mérito de lo expuesto, la S. Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia del 4 de diciembre de 2018, proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Popayán, en el proceso de tutela promovido por N.F.A.A. en contra del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar.
SEGUNDO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 30 de octubre de 2018 del Juzgado
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, en lo referente al numeral
primero (1) de la decisión, que decidió tutelar el derecho fundamental al trabajo y a la vida en
condiciones dignas de la accionante N.F.A.A., en el evento de que existan vacantes disponibles al
futuras en provisionalidad.
TERCERO.- REVOCAR lo referente al numeral segundo (2) de la providencia del 30 de octubre de
2018 del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, que amparó
el derecho fundamental a la seguridad social de la accionante y ordenó la vinculación de la
accionante al Sistema de Seguridad Social en Salud. En su lugar, NEGAR la protección al derecho a
la seguridad social, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
CUARTO.- Por Secretaría General de esta Corporación, LÍBRESE la comunicación prevista en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
[1] F. 99, cuaderno II. Dentro de la acción de tutela, la accionante manifiesta que desde que se
encuentra vinculada al ICBF, ha presentado las siguientes enfermedades: otras poliatrosis, trastorno
de disco cervical con radioculopatia, cervicalgia, lumbago no especificado, otras dolencias, episodios
depresivos moderados, trastorno mixto de ansiedad y depresión, reacción al estrés agudo, quiste
perineural neuroforaminal, calcificación focal del ligamento nucal, artrosis columna dorsal, lesión
en la tráquea, espasmo cervicodorsal severo y espondilosis cervical.
[2] F.s 16 al 97, cuaderno II, Historia clínica de N.F.A.A..
[3] F. 139, cuaderno I.
[4] F. 139, cuaderno I.
[5] F. 135, cuaderno I.
[6] F. 135, cuaderno I.
[7] F. 153, Cuaderno I.
[8] F. 161, Cuaderno I. La cual hace referencia a la sentencia SU-446 de 2011
[9] Cuando la lista de elegibles elaborada como resultado de un proceso de selección esté
conformada por un número menor de aspirantes al de empleos ofertados a proveer, la
administración, antes de efectuar los respectivos nombramientos en período de prueba y retirar del
servicio a los provisionales, deberá tener en cuenta el siguiente orden de protección generado por:
1. Enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad. 2. Acreditar la condición de padre o madre
cabeza de familia en los términos señalados en las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la
materia. 3. Ostentar la condición de pre pensionados en los términos señalados en las normas
vigentes y la jurisprudencia sobre la materia. 4. Tener la condición de empleado amparado con fuero
[10] F. 161, Cuaderno I.
[11] F. 133, cuaderno II.
[12] F. 177, Cuaderno I. El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Popayán precisó que de vincularse a la accionante en las condiciones antes anotadas, su
permanencia en provisionalidad estaría supeditada a que el cargo que llegue a ocupar sea
posteriormente provisto en propiedad mediante sistema de carrera y su desvinculación cumpla con
los requisitos exigidos en la jurisprudencia constitucional, contenidos, entre otras, en la Sentencia
SU-917 de 2010, la cual establece que los funcionarios que ejercen un cargo en provisionalidad
tienen el derecho a la motivación del acto de retiro, que constituye una garantía mínima derivada
del derecho fundamental al debido proceso, del respeto al estado de derecho y del control a la
arbitrariedad de la administración, y no de la circunstancia de pertenecer o no a un cargo de carrera.
[13] F. 176, Cuaderno I. El Juzgado establece las siguientes patologías: cambios por deshidratación
de los discos invertebrales C2,C3,C4,C5,C6 y C,7; quiste perineural neuroforaminal; espondilosis
cervocal, calsificación focal del ligamento nucal; pequeño nodulo tiroideo izquierdo con
componente líquido.
[14] F. 153, cuaderno II.
[15] F. 147, cuaderno II.
[16] F. 79, Cuaderno II.
[18] F. 3, cuaderno I.
[19] Sentencia T-091 de 2018 y Sentencia SU-391 de 2016.
[20] Sentencia SU-391 de 2016.
[21] La resolución 16361 es de fecha del 17 de agosto de 2018, notificada a la accionante el 18 de
septiembre de 2018 y la acción de tutela se interpuso el 17 de octubre de 2018.
[22] Sentencia T-373 de 2017 y Sentencia T-012 de 2009.
[23] Sentencias SU-691 de 2017, T-016 de 2008 y T-373 de 2017.
[24] Sentencia T-016 de 2008 y Sentencia T-373 de 2017.
[25] Sentencia SU-691 de 2017.
[26] Sentencia SU-691 de 2017.
[27] Artículo 125 de la Constitución Política.
[28] Sentencia T-737 de 2017, parágrafo 2º del artículo 41 de la Ley 909 de 2004.
[29] Sentencia T-737 de 2017, parágrafo 2º del artículo 41 de la Ley 909 de 2004.
[30] Artículo 41 de la Ley 909 de 2004.
[31] Sentencia T-373 de 2017
[32] Sentencia T-014 de 2019.
[33] La jurisprudencia constitucional ha sostenido dos líneas sobre la aplicación de la Ley 361 de
1997, una que ha asumido que la protección brindada por la Ley 361 de 1997 es predicable
exclusivamente de los sujetos con una pérdida de la capacidad para trabajar comprobada; y otra,
más abierta, que admite su aplicación a personas que sufren limitaciones (Sentencias T-198 de 2006,
T-819 de 2008, T-603 de 2009 y T-643 de 2009) y la segunda, la cual ha sido acogida
mayoritariamente por la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional, que ha ampliado la
concepción del término “limitación”, en el sentido de hacer extensiva la protección señalada en la
Ley 361 de 1997 a aquellas personas que se encuentran en un estado de debilidad manifiesta por
condición de discapacitados o de invalidez (Sentencias T-198 de 2006, T-513 de 2006, T-504 de 2008,
T-992 de 2008, T-263 de 2009, T-866 de 2009, T-065 de 2010, T-092 de 2010,T-663 de 2011).
[34] Sentencias T-725 de 2009, T-632 de 2004, T-351 de 2003 y T-519 de 2003.
[35] Sentencia SU-446 de 2011.
[36] Sentencia T-373 de 2017.
[37] Sentencia SU-691 de 2017.
[38] Sentencia SU-691 de 2017 y T-373 de 2017.
[39] F. 172, cuaderno I.
[40] Tomado de la página: https://ruaf.sispro.gov.co/AfiliacionPersona.aspx
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