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Timestamp: 2019-03-19 23:07:41+00:00

Document:
as20151L831
AUTO SUPREMO Nº 831/2015-RRC-L
Sucre, 20 de noviembre de 2015
La Paz 105/2011
Ministerio Púbico y otro
María Pía Segovia Romero
Conducción Peligrosa de Vehículo
Por memorial presentado el 20 de mayo de 2011, cursante de fs. 504 a 519 vta., María Pía Segovia Romero, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 238/2011 de 9 de marzo, de fs. 431 a 434 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Alberto Arredondo Peña contra la recurrente, por la presunta comisión del delito de Conducción Peligrosa de Vehículo, previsto y sancionado por el art. 210 del Código Penal (CP).
a) En mérito a las acusaciones pública (fs. 14 a 15) y particular (fs. 25 a 29 vta.), una vez desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 242/2010 de 8 de noviembre (fs. 327 a 334), el Juez Sexto de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, declaró a la imputada María Pía Segovia Romero, autora de la comisión del delito de Conducción Peligrosa de Vehículo, previsto por el art. 210 del CP, imponiéndole la pena de un año de reclusión, así como al resarcimiento del daño civil, más costas a favor del Estado y a la parte querellante a calificarse en ejecución de sentencia; empero, en observancia del art. 368 del Código de Procedimiento Penal (CPP), se le concedió el beneficio del Perdón Judicial.
b) Contra la mencionada Sentencia, la imputada María Pía Segovia Romero, formuló recurso de apelación restringida (fs. 367 a 377 vta.), resuelto por Auto de Vista 238/2011 de 9 de marzo (fs. 431 a 434 vta.), pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que declaró improcedente el recurso planteado; y, confirmó la Sentencia apelada, motivando el presente recurso de casación.
Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo de admisión 577/2015-RA-L de 16 de septiembre, se extrae los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, sobre los cuales, este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del CPP.
1) El Tribunal de alzada, incurrió en falta de fundamentación y errónea aplicación de la parte general del derecho penal sustantivo, pues, no existe la individualización de la disposición de tránsito, siendo uno de los elementos fundamentales del tipo penal de Conducción Peligrosa; a decir de la recurrente, este defecto se arrastró desde la Sentencia y no habría sido observado por el Tribunal de apelación, señalando más bien, en el punto 2 del Auto de Vista recurrido, que el fallo de primera instancia estaría debidamente fundamentado y las pruebas debidamente valoradas, lesionando el debido proceso, constitutivo de defecto de carácter absoluto, falencia que repercute también en la inexistente aplicación de los arts. 38 y 40 del CP,
denuncia sobre la cual el Tribunal de alzada, estableció que solamente debía valorarse una circunstancia.
2) Con el título de “ERRORES IMPROCEDENDO” alega, que el Juez Sexto de Sentencia en el transcurso del juicio dio lugar a una serie de actuaciones procesales que no condicen con el procedimiento penal, incurriendo en defectos absolutos, vulnerando el derecho a la igualdad procesal, al debido proceso y al principio de continuidad pues, ante el planteamiento de excepciones e incidentes, el Juez de juicio le otorgó a la parte contraria tres días de plazo para responderlas; empero, el representante del Ministerio Público alegando desconocimiento del caso, solicitó otros tres días para este efecto, habiéndose accedido a tal solicitud, acto que tilda de ilegal, debido a que no se encuentra establecido en la ley, habiéndose provocado la suspensión de la audiencia por dicha causa y no por una de las tres únicas causales descritas en el art. 335 del CPP, entre las que no prevé la falta de preparación del Fiscal, para responder excepciones e incidentes; por lo que, denuncia actividad procesal defectuosa de carácter absoluto, infringiendo el art. 169 inc. 3) del CPP, denuncias que el Tribunal de apelación minimizó omitiendo pronunciarse sobre estas lesiones, incurriendo en error inprocedendo.
3) Refiriendo que el Juez Sexto de Sentencia, basó la Resolución de Sentencia, en la atestación de Alberto Arredondo Peña, quien en su calidad de acusador particular y testigo permaneció presente durante todas las fases del proceso, desoyendo la exhortación que hizo el Juez de mérito, de permanecer los testigos en pasillos, el mencionado testigo permaneció durante el desarrollo de la audiencia, hasta antes de su declaración, violándose los arts. 169 inc. 3) y 350 del CPP; y, el derecho al debido proceso; denuncia sobre la cual, el Tribunal de apelación, resolvió en base a fundamentos que no fueron expuestos en la apelación restringida, aclarando que no cuestionó la obligación de declarar del querellante, incurriendo el Tribunal de alzada en “errónea valoración” de esta prueba.
4) Reclama que se judicializaron pruebas que fueron cuestionadas en juicio, de los cuales se solicitó su exclusión por haber sido éstas obtenidas de manera ilegal, pruebas signadas como: MP-1, MP-2 y MP-4 (sobre las cuales efectúa una amplia descripción de las razones por la cuales solicitó su exclusión); sin embargo, de ello el Juez A quo determinó judicializarlas, inobservando el principio a la seguridad jurídica y el debido proceso. Al respecto, el Auto de Vista, respondió en el punto 5 señalando que el rechazo de la exclusión probatoria fue debidamente fundamentada.
La recurrente solicita que se admita el recurso de casación y resolviendo en el fondo se anule el Auto de Vista impugnado, por ser contrario a la doctrina legal aplicable dispuesta por la extinta Corte Suprema de Justicia.
I.1.3. Admisión del recurso.
Mediante Auto Supremo 577/2015-RA-L de 16 de septiembre, de fs. 532 a 537, este Tribunal admitió el recurso de casación para el análisis de fondo de los motivos identificados precedentemente ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización.
II.1.Del planteamiento de excepciones e incidentes.
En la audiencia celebrada el 17 de septiembre de 2010, la defensa de la imputada María Pía Segovia Romero, formuló dos incidentes de actividad procesal defectuosa observando las actuaciones realizadas durante la etapa de la investigación preliminar, las que estuviesen viciadas de nulidad y la presentación de la querella que no se le dio el tratamiento establecido en el art. 290 del CPP; con base en el art. 169 incs. 1) y 3) del CPP; y, la excepción de falta de acción amparada en el art. 308 inc. 3) del mismo Código, concluida la exposición jurídica, el Juez de la causa dispuso se corra en traslado al Ministerio Público para la respuesta correspondiente; empero, el Fiscal con el argumento de que recién se hizo cargo del proceso, para dar una respuesta adecuada y presentar prueba solicitó se le conceda un plazo, petición concedida por el término de tres días en observancia de los arts. 314 y 315 del CPP, suspendiéndose la audiencia para el 21 de septiembre de 2010 (fs. 144 a 146), en la audiencia, nuevamente el representante del Ministerio Público solicitó se le conceda el plazo de tres días para responder a los incidentes y la excepción, fundamentando que la documentación del caso y el nuevo despacho fiscal que se le asignó recién se le había entregado, concediéndosele el plazo de tres días, motivando que el abogado de la defensa formule protesta de apelación restringida; posteriormente, por Resolución 202/2010 de 24 de septiembre (fs. 158 a 162), el Juez de la causa declaró improbada la excepción de falta de acción y rechazó los incidentes de actividad procesal defectuosa.
II.2.Declaración del testigo Alberto Arredondo Peña.
En la audiencia de juicio de 24 de diciembre de 2010 (fs. 153 a 178), el Ministerio Público incorporó prueba testifical consistente en la declaración de la víctima Alberto Arredondo Peña; sin embargo, luego de que prestó el juramento de ley, la defensa de la imputada (en el acta señala abogado parte querellante), solicitó se tome en cuenta que el testigo estuvo presente en sala hasta el momento de los alegatos de la defensa, cuando debería estar afuera, aspecto que debe ser valorado conforme a la sana crítica y lo establecido en el art. 350 del CPP; al respecto, el Juez dispuso se siente en acta la petición de la defensa, expresando que no inhabilitaba su participación como testigo, procediéndose a tomar su declaración con las formalidades de ley, habiendo sido interrogado por el Ministerio Público, los abogados del acusador particular y de la defensa.
II.3.Respecto a la exclusión probatoria.
En la actividad probatoria del juicio, el Ministerio Público incorporó prueba literal conforme se advierte del acta de juicio oral de 6 de octubre de 2010 (fs. 243 a 254), signada como MP-1, MP-2 y MP-4, consistentes en croquis referencial del hecho y placario fotográfico, certificado de la División Licencias del Organismo Operativo de Tránsito e informe técnico relacionado al hecho emitido por el Tte. Mirko Vía asignado al caso; no obstante, la defensa de la imputada María Pía Segovia Romero, solicitó su exclusión probatoria amparada en los arts. 171 y 172 del CPP; es decir, por haber sido obtenidas ilícitamente, violándose el debido proceso, en el primer caso sin control jurisdiccional ni fiscal, en el segundo por no existir identidad entre lo ofrecido y la prueba incorporada y finalmente que el informe técnico debió realizarse como pericia conforme al art. 204 y siguientes del CPP, la que fue rechazada por Auto de la misma fecha, con el fundamento de que la referida prueba fue ofrecida conforme a procedimiento, que no se vulneró ningún derecho ni garantía constitucional de la imputada; puesto que el proceso tiene por objeto establecer la verdad material del hecho y no así la verdad formal, ingresando la prueba dentro de la libertad probatoria que refiere el art. 171 del CPP; Resolución que motivó a la defensa en observancia del art. 407 del CPP, realice protesta de apelación restringida.
II.4.De la Sentencia.
El Juez Sexto de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, declaró a la imputada María Pía Segovia Romero, autora de la comisión del delito de Conducción Peligrosa de Vehículo, previsto por el art. 210 del CP, con base a los siguientes argumentos: i) Se demostró que la imputada el 19 de enero de 2008, aproximadamente a horas 8:00 a.m., en oportunidad en que conducía el vehículo Jeep, placa 1450-XTG, a la altura de la segunda curva de la Urbanización Aranjuez en el carril de bajada, pierde el control de su motorizado llegando a encunetarse, logrando posteriormente salir bruscamente de la cuneta invadiendo el carril de subida para colisionar con el lateral izquierdo del vehículo placa 1741-CYH conducido por Alberto Arredondo Peña, por la fuerza del impacto dicho vehículo sufre un vuelco de campana, quedando la imputada con lesiones y ambos motorizados con daños materiales; ii) La prueba documental y las declaraciones testificales que se produjeron en el juicio, hacen concluir al juzgador que la imputada subsumió su conducta en el delito de Conducción Peligrosa de Vehículo; puesto que, con su actuar puso en eminente peligro la seguridad común (bien jurídico protegido) y la vida de las personas, en específico la vida de Alberto Arredondo y su hijo Ricardo Arredondo e incluso la propia vida de la acusada; y, iii) La tesis de la imputada respecto a que el vehículo del querellante hubiese sido el que impactó al motorizado que conducía, no fue demostrada, sino más bien, en base a la apreciación conjunta y armónica de la prueba producida en el juicio, se estableció que el motorizado de la imputada es el que impactó a la vagoneta del querellante.
II.5.Recurso de apelación restringida de la imputada.
La imputada María Pía Segovia Romero por memorial de fs. 367 a 377 vta., interpuso recurso de apelación restringida, con los siguientes argumentos vinculados al recurso de casación: a) Denunció falta de fundamentación de la Sentencia defecto previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, expresando que la Sentencia no explicó el razonamiento de la decisión adoptada por el Juez que motivó se le condene, no estableció de forma concreta los elementos del tipo penal como las disposiciones relativas a tránsito que se hubiese infringido al conducir el vehículo como condición sine quanon para la configuración del delito de Conducción Peligrosa, tampoco se tomó en cuenta la personalidad de la imputada, así como las circunstancias en las que sucedieron los hechos, concretamente los arts. 38 y 40 del CP, concluyendo que no hubo una adecuada dosimetría penal en la imposición de la pena, constituyendo a su vez errónea aplicación de la ley Adjetiva Penal conforme al art. 407 del CPP; b) Actividad procesal defectuosa, no susceptible de convalidación conforme al art. 169 inc. 3) del CPP, por violación el derecho a la igualdad procesal, el debido proceso y la seguridad jurídica, expresando que en el juicio oral presentó de su parte excepciones e incidentes; sin embargo, cuando correspondía la respuesta del Fiscal, este solicitó se le conceda un plazo de tres días con el argumento de que no tenía conocimiento del caso, situación que dio lugar a la suspensión de la audiencia, fuera de los motivos previstos en el art. 335 del CPP, vulnerándose también los principios de celeridad y continuidad del proceso; es decir, se aplicó una acción procesal inexistente en el procedimiento penal, por tanto ilegal; c) El Ministerio Público en la etapa procesal correspondiente, convocó como testigo al acusador particular Alberto Arredondo Peña; sin embargo, pese al reclamo de que el mismo estuvo presente durante todas las fases del proceso contaminando su declaración, el Juez no observó lo establecido en el art. 350 del CPP, en el momento de pronunciar Sentencia; es decir, valorar la prueba tomando en cuenta el aspecto reclamando; por cuanto, debió estar fuera de la sala de audiencias y no informándose de todo lo ocurrido en la audiencia, generando así defecto absoluto conforme al art. 169 inc. 3) del CPP, violándose sus derechos y garantías constitucionales y el art. 350 del CPP, viciando de nulidad el proceso; e, d) Inclusión de prueba ilegal sin control jurisdiccional, pese a que formuló el incidente de exclusión probatoria respecto a las pruebas signadas como MP-1, MP-2 y MP-4 (sobre las cuales efectúa una amplia descripción de las razones por la cuales solicitó su exclusión), por haber sido obtenidas de manera ilegal; sin embargo, el Juez A quo determinó judicializarlas, sin observar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Código de Procedimiento Penal, inobservando los principios de seguridad jurídica y el debido proceso.
II.6.Del Auto de Vista impugnado.
Radicada la causa en la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, respecto a los motivos del recurso de apelación restringida, que tienen relación con el recurso de casación expresó los siguientes fundamentos jurídicos: a) En lo referente a la errónea aplicación de la ley sustantiva, señaló que la imputada fue condenada por el delito de Conducción Peligrosa (trascribe el tipo penal), concluyendo que la Sentencia en la fundamentación probatoria intelectiva refirió que la acusada subsumió su conducta al delito acusado, porque con su actuar puso en eminente peligro la seguridad común y la vida de las personas; es decir, no hizo referencia a normas de tránsito específicas que tampoco son la condición sine quanon del delito acusado; agrega que, la Sentencia está debidamente fundamentada y motivada cumpliendo a cabalidad lo previsto en el art. 124 del CPP, habiendo realizado una correcta valoración de la prueba producida en juicio conforme a las reglas de la sana crítica, no siendo necesario que la fundamentación tenga que ser necesariamente ampulosa; en cuanto a los arts. 38 y 40 del CP, no es evidente; puesto que, se consideró que no cuenta con antecedentes penales; b) Con relación al plazo concedido al Fiscal para la respuesta de excepciones e incidentes, refirió que, si bien el Ministerio Público está regido por el principio de unidad, esto no implica que conozcan todos los casos; por otro lado, la misma imputada mencionó la igualdad de oportunidades en el proceso, conforme al art. 119 de la Constitución Política del Estado (CPE), en el caso, el Fiscal solicitó la suspensión argumentando que recién se puso en conocimiento del cuaderno de investigaciones; c) En cuanto a la declaración del testigo Alberto Arredondo Peña, expresó que no es evidente que se hubiere vulnerando los arts. 169 inc. 3) y 350 del CPP, quien al tener la calidad de querellante no le exime de la obligación de declarar como testigo en el proceso, determinado así por el art. 82 del CPP; y, d) En lo referente a la judicialización de prueba ilegal señaló, si bien el procedimiento penal prevé la exclusión probatoria, también establece la libertad probatoria que permite al Juez admitir medios de prueba, que permitan conducir al conocimiento de la verdad histórica del hecho; además, que la Resolución que rechazó la exclusión probatoria fue debidamente fundamentada.
III. VERIFICACIÓN DE LA VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
El presente recurso de casación fue admitido ante la denuncia de falta de fundamentación y errónea aplicación de la ley sustantiva por el Juzgado de instancia, aspecto que no hubiese tomado en cuenta el Tribunal de alzada, la existencia de errores inprocedendo al concederse al representante del Ministerio Público un plazo fuera de lo previsto por ley para la respuesta ante el planteamiento de excepciones e incidentes, sobre cuya temática el Tribunal de apelación no se hubiese pronunciado; la permanencia del testigo Alberto Arredondo Peña en la sala de audiencias hasta antes de su declaración, situación que no se tomó en cuenta a tiempo de la emisión de la Sentencia y la judicialización de prueba que fue cuestionada mediante el incidente de exclusión probatoria debido a su obtención ilícita; empero, el Juzgador las admitió vulnerándose el debido proceso, correspondiendo resolver en el fondo los motivos referidos.
III.1.En cuanto a la errónea aplicación de la ley sustantiva.
La recurrente acusa que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación y errónea aplicación de la ley sustantiva, pues, no advirtió que el Tribunal de Sentencia no individualizó la disposición de tránsito, siendo uno de los elementos fundamentales del tipo penal de Conducción Peligrosa, habiéndose establecido en el punto 2 del Auto de Vista recurrido, que el fallo de primera instancia estaría debidamente fundamentado y de igual manera las pruebas debidamente valoradas, repercutiendo en la aplicación de la pena.
En lo referente a la problemática planteada, conforme se tiene referido en el acápite II.4. del presente fallo, la Sentencia de mérito estableció, que la imputada adecuó su conducta al tipo penal previsto en el art. 210 del CP (Conducción Peligrosa de Vehículo), llegando a esta convicción por las declaraciones testificales que se produjeron en el juicio, argumentando que la acción de la imputada puso en eminente peligro la seguridad común (bien jurídico protegido) y la vida de las personas, en especial la vida de Alberto Arredondo y su hijo Ricardo Arredondo e incluso la propia vida de la acusada; sobre esta temática, el Tribunal de alzada, refirió que la Sentencia se encuentra debidamente fundamentada con el mismo argumento de la Sentencia, agregando que, si bien no hizo referencia a normas específicas de tránsito, no es condición sine quanon del delito acusado, concluyendo que realizó una correcta valoración de la prueba producida en juicio; en cuanto a los arts. 38 y 40 del CP, no es evidente; puesto que, se consideró que no cuenta con antecedentes penales.
Ingresando al análisis del motivo en cuestión, el delito de Conducción Peligrosa de Vehículo, se encuentra establecido en el título V, delitos contra la seguridad común, capítulo I de incendios y otros estragos del Código Penal y señala: “Art. 210.- (Conducción Peligrosa de Vehículos). El que al conducir un vehículo, por inobservancia de las disposiciones de Tránsito o por cualquier otra causa originare o diere lugar a un peligro para la seguridad común, será sancionado con reclusión de seis (6) meses a dos (2) años” (sic). Ahora bien, los elementos objetivos que describe el tipo penal, que pueden dan lugar a que se configure este delito son la inobservancia de las normas de tránsito (Código y Reglamento de Tránsito) o cualquier otra causa que ponga en peligro la seguridad común, teniendo en cuenta que el legislador utiliza el “o” como conjunción disyuntiva que denota diferencia, así como separación de ideas, es decir que alternativamente puede presentarse uno u otro supuesto.
Por otra parte, es un delito de peligro cuyo bien jurídico protegido como resalta la norma es la seguridad común de las personas, se entiende que la seguridad común incluye a toda la sociedad en su conjunto, tanto a conductores de motorizados como a los peatones, el tipo penal es un delito con cláusula abierta o ley penal en blanco; por cuanto, no describe los elementos constitutivos del delito, sino, es remisivo a normas o circunstancias extra penales como las referidas supra; por lo que no es evidente que la individualización de una disposición de tránsito resulte exigible para la configuración del delito previsto en el art. 210 del CP, en el caso del segundo supuesto, por lo que el análisis del tipo penal atribuido a la imputada, implica que el planteamiento que expone en su recurso de casación de inicio resulta errado.
Ahora bien, el Juez de Sentencia tal como se destaca en el punto II.4, emitió sentencia condenatoria contra la imputada a partir de la acreditación de una secuencia de acciones que valoradas con objetividad y conforme a las reglas de la sana crítica, se constituirían en “cualquier otra causa”, pues utiliza las siguientes formas verbales: perdió el control del vehículo, se encunetó, salió bruscamente, invadió el carril y colisionó el vehículo de la víctima; por lo que el reclamo contenido en esta temática carece de sustento, si se considera que el Tribunal de alzada en el ámbito del planteamiento de la apelación restringida, dio una respuesta clara y precisa, al sostener que el actuar de la imputada puso en inminente peligro la seguridad común y vida de las personas, no siendo condición sine quanon la referencia a normas de Tránsito específicas, siendo estos razonamientos correctos conforme los antecedentes, sin que sea cierta por lógica consecuencia la vulneración de los arts. 37 y 38 del CP, más cuando se advierte que la sanción fue impuesta dentro de los márgenes legales en mérito a la inexistencia de antecedentes penales y ser la primera vez que la imputada se encuentra procesada penalmente, siendo incluso concedido el beneficio del perdón judicial; por lo que el presente motivo deviene en infundado.
III.2.En lo referente al planteamiento de excepciones e incidentes.
La recurrente denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en incongruencia omisiva, al no pronunciarse sobre la denuncia de que el Juez Sexto de Sentencia, ante el planteamiento de excepciones e incidentes por parte de la recurrente, otorgó a la parte contraria tres días de plazo para responderlas; empero, el representante del Ministerio Público, alegando desconocimiento del caso, solicitó otros tres días más para responder, accediendo ante ello el Juez de Sentencia a tal ilegal solicitud, incurriendo en un defecto absoluto por vulneración de los derechos a la igualdad en el proceso, al debido proceso y al principio de continuidad.
Respecto al motivo en cuestión, en el acápite II.1. de la presente Resolución, se explicó que la defensa de la imputada María Pía Segovia, en la audiencia del juicio oral, formuló dos incidentes de actividad procesal defectuosa y la excepción de falta de acción; no obstante, la recurrente cuestiona, que el Tribunal de alzada omitió pronunciarse respecto a un nuevo término de respuesta concedido al Ministerio Público, que implicaría defecto absoluto; por cuanto, la audiencia de juicio oral sólo podría suspenderse por las razones referidas en el art. 335 del CPP; el Tribunal de apelación dando respuesta al reclamo efectuado, refirió que si bien el Ministerio Público está regido por el principio de unidad, esto no implica que conozca todos los casos; por otro lado, la misma imputada mencionó la igualdad de oportunidades en el proceso, en el caso, el Fiscal solicitó la suspensión argumentando que recién se puso en conocimiento del cuaderno de investigaciones.
Ahora bien, para la Resolución del motivo recurrido, es importante tomar en cuenta que el trámite de las excepciones y las peticiones de las partes (incidentes), está regido por los arts. 314 y 315 del CPP, en etapa preparatoria; empero, en el desarrollo del juicio oral las excepciones e incidentes deben ser tratados en un solo acto conforme al art. 345 del CPP, concediéndose el uso de la palabra a las partes por una sola vez; es decir, formulada la excepción o incidente, la respuesta debe ser inmediata en atención al principio de continuidad cuyo propósito es que el desarrollo del juicio oral se lleve a cabo todos los días y horas hábiles en forma consecutiva hasta el dictamen de la Sentencia; sin embargo, existen situaciones extra penales o de fuerza mayor como la inconcurrencia de las partes, de sus abogados, de los integrantes del Tribunal de Sentencia, de los testigos, peritos etc., que pueden dar lugar a que este principio pueda ser interrumpido, en el caso, el Fiscal argumentó que fue asignado recién en el despacho y que el cuaderno de investigaciones se le entregó posteriormente, razones que si bien no están contempladas en el art. 335 del CPP, resultan justificadas; por cuanto, es entendible que para la respuesta de una excepción o incidente es necesario el conocimiento mínimo del caso; en consecuencia, no es evidente que el Juez de instancia y en su caso el Tribunal de alzada hubiesen vulnerando los derechos a la igualdad del proceso, al debido proceso y al principio de continuidad, menos que hubiese omitido pronunciarse al respecto o que implique defecto absoluto; por lo que, el motivo en examen deviene en infundado.
III.3.Respecto a la declaración del acusador particular Alberto Arredondo Peña.
La recurrente expresa que el Tribunal de apelación resolvió la denuncia de errónea valoración de la prueba consistente en la atestación del acusador particular Alberto Arredondo Peña, efectuada por el inferior, con base a fundamentos que no fueron expresados en el recurso de apelación, debido a que no cuestionó la obligación de declarar del querellante, sino la vulneración del art. 350 del CPP, sumado a que el Tribunal de alzada efectuó una errónea valoración de la referida prueba, lo que vulnera su derecho al debido proceso, constitutivo de defecto no susceptible de convalidación conforme el art. 169 inc. 3) del CPP.
La Sentencia de grado, llegó a la convicción de la autoría de la imputada con relación al delito endilgado, con base a las declaraciones testificales producidas en el juicio oral; en el caso, la víctima y testigo de cargo Alberto Arredondo Peña, estuvo presente en la sala de audiencias hasta el momento de los alegatos de la defensa, pese a que debería estar afuera no obstante al reclamo efectuado por la defensa en el momento procesal oportuno; es decir, solicitó se tome en cuenta lo establecido en el art. 350 del CPP, a tiempo de emitir la Sentencia, norma que en su segundo párrafo señala que los testigos antes de declarar no deben comunicarse entre sí, ni con otras personas, ni deberán ver, oír o ser informados de lo que ocurre en la audiencia; empero, estas circunstancias o el incumplimiento de la incomunicación no impide que el testigo declare, aspecto que debe ser apreciado por el juzgador a tiempo de valorar la prueba, mandato que en el caso de autos, no hubiese cumplido el Juzgador; por su parte, el Tribunal de alzada, expresó que no es evidente, que se hubiese vulnerando los arts. 169 inc. 3) y 350 del CPP, porque la víctima al tener la calidad de querellante no le exime de la obligación de declarar como testigo en el proceso, determinado así por el art. 82 del CPP.
En la temática en análisis, el cuestionamiento principal radica no precisamente en la participación de la víctima como testigo, sino el hecho de haber permanecido en la Sala de audiencias hasta antes de su declaración, aspecto que no hubiese sido valorado por el Juez tampoco advertido por el Tribunal de alzada; no obstante, el Juez de instancia a tiempo de emitir la Sentencia, en el punto tercero de la fundamentación probatoria intelectiva y jurídica de la Sentencia concluyó “Estas declaraciones contrastándolas armónicamente con la prueba documental de cago ofrecida por el Ministerio Público y la acusación particular, así como las declaraciones de Alberto Arredondo Peña y Gabriel Ricardo Arredondo Pantoja, claramente hace concluir al órgano jurisdiccional que la acusada subsumió su conducta al delito de Conducción Peligrosa de Vehículo“ (sic); lo que implica, que la declaración fue valorada presuntamente sin la observación que refiere el art. 350 del CPP; sin embargo, tratándose de la víctima como sujeto pasivo del delito, su participación resulta trascendental porque fue parte del hecho, que motivó el proceso y su declaración resulta un elemento probatorio valioso para la averiguación histórica del hecho o la verdad material de lo sucedido que ahora sustenta como principio el art. 180 de la CPE; es decir, el descubrimiento de la verdad material como fin del proceso penal y también de la prueba procesal, en contraposición con la denominada verdad formal característica del proceso civil; por ello, el Tribunal de alzada al ejercer el control de valoración de la prueba dio respuesta correcta al agravio esbozado en apelación restringida, máxime si los principios rectores del sistema procesal penal los tribunales de instancia son los únicos que están facultados para la valoración de la prueba por el principio de inmediación y conforme las reglas de la sana crítica, esto a efectos de la comprensión del juzgador con claridad, objetividad, experiencia, conocimiento, legalidad y lógica. Debe añadirse que la solución a los cuestionamientos como el presente, debe considerar no solo el aspecto formal de los actos, sino la efectiva aplicación de los principios rectores que inspiran el vigente sistema procesal penal, como el de la revalorización de la víctima que garantiza su participación plena dentro de la tramitación de la causa; en consecuencia, este motivo deviene en infundado.
III.4. En cuanto a la exclusión probatoria.
La recurrente reclama que se judicializaron pruebas que fueron cuestionadas en juicio sobre las que solicitó su exclusión por haber sido éstas obtenidas de manera ilegal, prueba signada como: MP-1, MP-2 y MP-4, al respecto, el Tribunal de alzada respondió que el rechazo a la solicitud de exclusión probatoria fue debidamente fundamentada, lo que considera defecto absoluto, por cuanto la prueba referida supuestamente no cumplió con los requisitos legales para su judicialización, alegando la vulneración de su derecho al debido proceso e inobservancia del principio de seguridad jurídica.
De los antecedentes procesales del caso de autos, en el acápite II.3. del presente fallo, se advierte que el Ministerio Público incorporó prueba literal signada como MP-1, MP-2 y MP-4, consistentes en croquis referencial del hecho y placario fotográfico, certificado de la División Licencias del Organismo Operativo de Tránsito e informe técnico relacionado al hecho emitido por el Tte. Mirko Vía asignado al caso; no obstante, la defensa de la imputada María Pía Segovia Romero, solicitó su exclusión probatoria amparada en los arts. 171 y 172 del CPP; esto es, por haber sido obtenidas en su criterio ilícitamente, violándose el debido proceso, en el primer caso sin control jurisdiccional ni fiscal, en el segundo por no existir identidad entre lo ofrecido y la prueba incorporada y finalmente que el informe técnico debió realizarse como pericia conforme al art. 204 y siguientes del CPP, la que fue rechazada por Auto de la misma fecha con el fundamento de que la referida prueba ha sido ofrecida conforme a procedimiento, que no se vulneró ningún derecho ni garantía constitucional de la imputada; puesto que, el proceso tiene por objeto establecer la verdad material del hecho y no así la verdad formal, ingresando la prueba en cuestión dentro de la libertad probatoria que refiere el art. 171 del CPP. Reclamado este motivo en apelación restringida, el Tribunal de alzada expreso que, si bien el procedimiento penal prevé la exclusión probatoria, también establece la libertad probatoria que permite al Juez admitir medios de prueba que permitan conducir al conocimiento de la verdad histórica del hecho; además, que la Resolución que rechazó la exclusión probatoria fue debidamente fundamentada.
Ahora bien, en cuanto a la exclusión probatoria, cabe destacar que en el desarrollo del proceso penal, una de las facultades que tienen las partes y obviamente la parte imputada en ejercicio de su derecho a la defensa y en el ámbito del debido proceso, es el planteamiento de incidentes de exclusión probatoria u observaciones a la admisibilidad de la prueba, teniendo en cuenta que si bien rige en el sistema procesal penal el principio de la libertad probatoria, permite al Juez admitir como medios de prueba todos los elementos lícitos de convicción que puedan conducir al conocimiento de la verdad histórica del hecho, de la responsabilidad y de la personalidad del imputado, conforme a las previsiones del art. 172 del CPP, carecerán de toda eficacia probatoria los actos que vulneren derechos y garantías consagrados en la Constitución, Convenciones y Tratados internacionales vigentes y el propio Código de Procedimiento Penal y otras leyes, así como la prueba obtenida en virtud de información originada en procedimiento o medio ilícito, careciendo también de eficacia probatoria los medios de prueba incorporados al proceso sin la observancia de las formalidades previstas en la norma Adjetiva Penal; supuestos en los cuales la parte imputada a través del referido incidente, procurará evitar la judicialización de la prueba, que se encuentre en los citados rangos; a cuyo efecto, la parte acusadora tiene el deber de presentar la prueba documental y material ofrecida en la acusación sea pública o particular.
En el entendido de que se denunció la vulneración a derechos y garantías constitucionales como el debido proceso y la seguridad jurídica, que implicaría defecto absoluto conforme al art. 169 inc. 3) del CPP, corresponde ingresar al análisis para determinar si la prueba cuestionada por la recurrente fue obtenida ilegalmente; y por ende, correspondía su exclusión probatoria; sobre este planteamiento, cabe señalar que la dirección funcional de la investigación en delitos de acción pública en etapa preliminar y preparatoria, están a cargo del Fiscal asignado al caso, cuyas actuaciones las debe cumplir con sus brazos operativos como son la Policía Nacional y el Instituto de Investigaciones Forenses, conforme establecen los arts. 70, 278, 279, 284, 285, 288, 289, 290, 291 y 297 del CPP; al margen de ello, en observancia del art. 279 del mismo Código, la fiscalía y la Policía Nacional actuaran siempre bajo control jurisdiccional.
Por otra parte, las diligencias preliminares de la investigación, está a cargo de la Policía Nacional conforme al art. 293 del CPP, cuyas facultades están establecidas en el art. 295 del mismo Código, debiendo informar al Fiscal dentro las ocho horas siguientes a su intervención para el ejercicio de la dirección funcional de la investigación, a su vez el Ministerio Público, recibido el informe, impartirá instrucciones a los preventores e informará al juez de la instrucción sobre el inicio de la investigación, dentro de las veinticuatro horas siguientes conforme al art. 289 parte in fine.
Para una mayor comprensión la prueba signada como MP-1, consistente en un croquis referencial del lugar del hecho y placario fotográfico, fue cuestionada, porque fue obtenida sin control fiscal ni jurisdiccional (fs. 244), debido a que el hecho sucedió el 19 de enero de 2008 y recién se puso en conocimiento del Fiscal el 22 de enero del mismo año, vulnerándose los arts. 279 y 297 del CPP, referidos al control jurisdiccional y la dirección funcional de la investigación a cargo del fiscal, así como el debido proceso; de antecedentes se tiene, que el informe policial fue recibido el 22 de enero de 2008 y el Fiscal puso en conocimiento del Juez de Instrucción el 23 del mismo mes y año (fs. 246 intervención fiscal); no obstante, la mencionada prueba fue colectada con la facultad conferida a la Policía Nacional en el art. 295 del CPP; es decir, se practicó un croquis del lugar del hecho y se sacó fotografías, actuaciones que por la naturaleza del hecho y el delito calificado como Conducción Peligrosa de Vehículo, era absolutamente pertinente, de tal forma que su obtención y su incorporación al juicio oral fue conforme a derecho.
La prueba signada como MP-2, fue observada por cuanto en el pliego acusatorio se ofreció como Certificado de la División Licencias del Organismo Operativo de Transito; empero, se incorporó una Certificación de la División Registros de Vehículos del Organismo Operativo de Transito, el cual daba cuenta que el motorizado con placa 1741-CIH corresponde a una vagoneta marca Toyota de propiedad de Elma Concepción Rossel; es decir, no existió identidad entre la prueba ofrecida y la que se judicializó, vulnerándose con ello los arts. 172 y 341 inc. 5) del CPP (fs. 245), relativos a la exclusión probatoria y al ofrecimiento de prueba en la acusación fiscal; el hecho de que se hubiese ofrecido prueba de una forma distinta a la que se incorporó al juicio oral, no significa vulneración de artículos referidos precedentemente; toda vez, que se cumplió con las normas que refiere el procedimiento penal en sus vertientes de obtención e introducción al juicio oral.
En lo referente a la prueba signada como MP-4, consistente en un informe técnico elaborado con relación al hecho por el Tte. Mirko Vía, se observó que no cumplió con las reglas del procedimiento penal para su incorporación al juicio; es decir, debió realizarse un dictamen pericial conforme al art. 204 y siguientes del CPP (fs. 247 a 248); al respecto, de los antecedentes procesales se tiene, que la prueba observada es un informe circunstanciado con relación al hecho (fs. 251 intervención fiscal); siendo así, su incorporación obedece a la regla prevista en el art. 333 inc. 3) del CPP, el cual señala, que se podrá incorporar por su lectura entre otros medios probatorios los informes; en consecuencia, su judicialización fue correcta, de tal forma que se cumplió con los requisitos legales para su introducción al juicio oral, no siendo evidente en todos los casos la vulneración de su derecho al debido proceso e inobservancia del principio de seguridad jurídica, sino más bien la prueba incorporada al juicio oral fue de manera correcta, de tal forma que el motivo en análisis deviene en infundado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por María Pía Segovia Romero.

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