Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2018/as201810261.html
Timestamp: 2019-11-20 20:18:33+00:00

Document:
as201810261
AUTO SUPREMO Nº 261/2018-RRC
Expediente : Santa Cruz 91/2017
Parte Imputada : Jasmani Céspedes Álvarez
Por memorial presentado el 28 de abril del 2017, cursante de fs. 358 a 360, Jasmani Céspedes Álvarez, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 2 de 15 de febrero del 2017, de fs. 332 a 336 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Plácida Ovando Alonzo contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del Código Penal (CP).
a) Por Sentencia 8/2016 de 8 de septiembre (fs. 297 a 301), el Tribunal de Sentencia Camiri del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Jasmani Céspedes Álvarez, culpable de la comisión del delito de Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del CP, imponiendo la pena de veinte años de presidio, con costas.
b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado Jasmani Céspedes Álvarez (fs. 304 a 316), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 2 de 15 de febrero del 2017, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.
Del memorial de recurso de casación y Auto Supremo 664/2017-RA de 4 de septiembre, se extrae el motivo a ser analizado en esta Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
El recurrente denunció que el Tribunal de alzada a tiempo de resolver el motivo de apelación restringida, fundado en la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva; por un lado, después de identificar los tres supuestos del mismo, no habría señalado en cuál de esos extremos incurrió el Tribunal de Sentencia; por otra parte pese a reconocer, que la Sentencia no determinaría la base de su decisión, porque no tendría argumentos sólidos sobre las pruebas utilizadas, había indicado que no es condición sine quanon establecer los hechos probados y no probados; argumento que a decir del recurrente, demuestra que el Tribunal de alzada, ignoró que una resolución condenatoria debe estar respaldada con argumentos sólidos, por lo que el Tribunal de apelación lesionó su derecho al debido proceso tutelado por el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), en su elemento derecho a una sentencia fundamentada, y su derecho a la legitima defensa.
Mediante Auto Supremo 664/2017-RA de 4 de septiembre, cursante de fs. 383 a 385 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación interpuesto por el recurrente para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.
La Sentencia 8/2016 de 8 de septiembre, en la exposición de los hechos motivo de hecho y derecho, señala que en juicio oral se acreditó: La participación del imputado en el hecho; toda vez, que la víctima lo identificó plenamente en su entrevista psicológica y reiteró su relato ante el Tribunal de Sentencia a tiempo de hacer uso de su derecho a usar la palabra antes de la clausura de los debates, haciendo referencia al testimonio de la víctima en lo que consideró más pertinente, además había referido que a pesar de los años no logró superar el hecho, que tiene pesadillas recurrentes y a veces le dan ganas de guardar silencio, declaración que consideró creíble.
Que si bien no existe evidencia o prueba de la presencia del imputado en el lugar que habría ocurrido el hecho y donde encontraron el cinturón de la víctima que confirma el sitio, la única testigo del hecho sería la propia víctima, quien identificó plenamente al imputado.
Contra la referida Sentencia, el imputado Yasmany Céspedes Álvarez interpuso recurso de apelación restringida, argumentando que:
La Sentencia incurre en el defecto previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP, porque el fallo de mérito no hubiese observado la previsión contenida en el art. 13 del CP, la cual dispondría que la pena solo procede cuando el actuar del autor sea reprochable, así lo había señalado el Auto Supremo 76 de 30 de enero del 2006; al respecto el Tribunal A quo, habría determinado su culpabilidad con base a los resultados examen médico que determinarían la existencia de laceraciones en la víctima; sin embargo, el referido certificado no establecería si las mismas, fueron producto de una violación, tampoco se habría realizado las pesquisas para determinar si los fluidos extraídos eran espermas y si le correspondían al acusado, refiere que en el caso de autos no existe relación de causalidad con los actos realizados por el agente, pues el A quo debió determinar que actos realizó el acusado, con base a prueba; sin embargo, solo se hubiese limitado a apreciar un informe psicológico preliminar realizado por una psicóloga que no tendría idoneidad para aseverar y determinar la veracidad del testimonio de la víctima, por lo que el Tribunal de Sentencia habría buscado la forma de llevar otro psicólogo para concretar su parcialidad a la víctima y determinar la culpabilidad del acusado. Aspectos que revelarían la inobservancia de los principios de la ley sustantiva penal, violando su derecho al debido proceso, presunción de inocencia, por lo que a decir del apelante en aplicación de los incs 1) y 6) del art. 370, inc. 3) del art. 169 del CPP, correspondía anular la Sentencia y disponer el juicio de reenvío.
Denuncia que la Sentencia también incurrió en el defecto previsto por el inc. 5) del art. 370 del CPP; por cuanto, una de las garantías del debido proceso, estaría cimentada en la motivación de las resoluciones jurisdiccionales, por ello se habría incorporado en el art. 124 del CPP, la obligación de fundamentar la cual no debe ser con base al subjetivismo del juzgador, sino a partir de la aplicación de las reglas de la sana crítica, por lo que a decir del imputado “el juez Debió hacerse cargo de toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiese considerado como confiable, no confiable o enervada, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo.” (sic), al respecto transcribiendo el Auto Supremo 065/2012-RA de 19 de abril del 2012, lo invoca como precedente, para señalar que en el caso de autos la resolución de mérito no contiene la fundamentación descriptiva de toda la prueba producida en juicio, pues de haberlo hecho se habría dado cuenta que entre su declaración y las pruebas documentales PD7 y PD8, con relación a la valoración psicológica de la denunciante LWO y la víctima COA, existen contradicciones en relación al tiempo, espacio y personas que concurrieron, eventos etc.,. Por otro lado, la fundamentación fáctica de la Sentencia sería deficiente al no establecer con nitidez los hechos estimados como probados y no probados; empero, manifestaría que no existe evidencia alguna para establecer que el imputado se encontraba en el lugar de los hechos. Agrega que el Tribunal A quo debió realizar la fundamentación analítica de toda la prueba de manera íntegra y conjunta y no solo apreciar cada elemento de juicio en su individualidad; que no dejó constancia de los aspectos que le permitieron concluir en cada prueba, por qué las consideró coherentes o incoherentes, consistentes o inconsistentes, veraz o falaz, habiéndose limitado a referir que fue lo que infirió de ellas y que concluye de las mismas; es decir, que no hubiera expresado las razones para creer en algunos testimonios y la prueba documental, además no expresaría las razones para rechazar o desechar otro u otros, violentando los principios de la sana crítica e ingresando en el ámbito de la íntima convicción.
Finalmente, señala que la fundamentación jurídica no existiría el análisis de su conducta desplegada, a cuyo fin debió analizar los elementos del tipo penal, como ser la acción, tipicidad, antijuricidad y la culpabilidad, violando el debido proceso.
El recurso referido fue resuelto por Auto de Vista 02/2017 de 15 de febrero, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declarando admisible e improcedente el recurso planteado, bajo los argumentos que se sintetizan a continuación:
En cuanto a la denuncia fundada en la existencia del defecto de Sentencia previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP, en el segundo párrafo del quinto considerando del Auto de Vista impugnado, haciendo mención de los Autos Supremos que establecieron los supuestos del mencionado defecto, que serían : i) Errónea calificación de los hechos (tipificidad); ii) Errónea concreción del marco penal; y, iii) Errónea fijación de la pena, el Tribunal de alzada alegó que el recurrente no expresó en cuál de los tres supuestos funda su reclamo, además de observar la actuación irregular de la perito psicóloga, aspecto que sería procedimental y no de aplicación errónea de la norma sustantiva; en cuanto, a la cita del art. 13 del CP, que establece que no hay pena sin culpabilidad, en el caso de autos el acusado incurriría en un hecho punible, además no había observado la jurisprudencia sentada por el Auto Supremo 76 de 30 de enero del 2006, que estableció que para una correcta impugnación del defecto previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP, debe exponer con claridad la similitud de los supuestos fácticos entre el hecho planteado y el precedente invocado.
Por cuanto al supuesto defecto previsto por el inc. 5) del art. 370 del CPP, refiere que la Sentencia si contiene la fundamentación descriptiva, pues se habría señalado los argumentos de la acusación, lo expresado por las partes, los hechos que motivaron el juicio y que si bien no describiría en forma detallada y ordenada todas pruebas judicializadas por las partes, la entrevista psicológica que reclamaría el recurrente como no fundamenta, había sido valorada por el A quo para fundar su sentencia. Respecto a la fundamentación fáctica, en el punto B.1.1, el de mérito había establecido el hecho a juzgar y que si bien sería cierto que no estableció en forma separada los hechos probados y no probados, la norma penal no obligaría bajo sanción de nulidad a esa labor a los Jueces o Tribunales de Sentencia, siendo suficiente que el Tribunal de Sentencia hubiese fundamentado de manera detallada en qué elementos basó su determinación de declarar culpable al imputado y cuál es el razonamiento lógico que le creó convicción. Finalmente, sobre la falta de fundamentación jurídica por no analizar los elementos del tipo penal previsto por el art. 308 bis, el imputado plantearía el caso como un hecho que haría a la supuesta inobservancia o errónea aplicación de la norma sustantiva; empero, de manera contradictoria insertaría esta fundamentación como un defecto previsto por el inc. 5) del art. 370 del CPP.
Admitido el recurso de casación, corresponde emitir pronunciamiento de fondo, dentro de los límites establecido en el Auto Supremo 664/2017-RA de 4 de septiembre (fs. 383 a 385 vta.), que admitió el recurso que es caso de autos; por lo que con carácter previo, a los efectos señalados, se establece las bases legales y doctrinales que servirán de sustento a la presente Resolución.
El deber de fundamentación de las resoluciones judiciales en toda instancia, se impone a todo aquel que ejerce jurisdicción en nombre del Estado, el referido deber tiene rango constitucional y se encuentra previsto por el art. 180.I de la CPE, que entre los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece el debido proceso como principio que garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado, sobre todos los motivos alegados en cualquier recurso que la ley prevé. La referida obligación comprende el deber de manifestar por escrito los motivos de sus resoluciones, resguardando de esa manera tanto a los particulares como a la colectividad, de decisiones arbitrarias.
Orlando A. Rodríguez Ch., en su obra “Casación y Revisión Penal”, citando a Joan Pico I Junoy, manifiesta que la motivación cumple las siguientes finalidades: a) Le permite controlar a la sociedad la actividad judicial y cumplir así con el de publicidad; b) Garantía intraprocesal de los derechos y libertades fundamentales de las partes; c) Logra el convencimiento de las partes sobre la justicia y corrección de la decisión judicial, eliminando la sensación de arbitrariedad y estableciendo su razonabilidad, al conocer el porqué concreto de su contenido; y, d) Les garantiza a las partes procesales la posibilidad de control de la resolución judicial interponiendo ante los Tribunales superiores que conocen de los correspondientes recursos.
A través del Auto Supremo 2010/2015-RRC de 27 de marzo; en cuanto, a la fundamentación de las resoluciones en grado de apelación, éste Tribunal estableció parámetros a efectos de una mejor comprensión y resolución, señalando que: “Es importante que en el análisis de las circunstancias alegadas, para una mejor comprensión, el Tribunal realice una reseña de los hechos denunciados en contra de la Sentencia (motivos del recurso), sin que ello signifique todo el argumento del fallo, sino debe tener el debido cuidado de estructurar la Resolución, de forma tal que contenga: i) el objeto de impugnación (motivos del recurso); ii) las consideraciones argumentativas que servirán de sustento a la decisión final, es decir, fundamentación (normativa legal, doctrinal o jurisprudencial que respalda el fallo) y motivación (explicación clara, específica, completa, legítima y lógica del porqué la normativa o doctrina es aplicable al caso en concreto); iii) las conclusiones, que deben ser el fruto racional del análisis de las cuestionantes denunciadas, contrastadas con las actuaciones cursantes en el proceso y la normativa aplicable citada en el fallo, finalmente; y, iv) la parte resolutiva o dispositiva que debe ir en coherencia con lo analizado y las conclusiones arribadas (congruencia interna).”
Conforme lo descrito en el motivo de casación admitido, se establece que el recurrente denunció falta de fundamentación en el Auto de Vista impugnado, por dos razones: i) Que después de identificar las hipótesis que contempla el defecto de errónea aplicación de la norma sustantiva, no identificó en cual de esos, incurrió el Tribunal de Sentencia; y, ii) Que habiendo evidenciado que la Sentencia no determinó la base de su decisión, al no contener argumentos sólidos sobre las pruebas utilizadas, habría indicado que no es sine quanon establecer los hechos probados y no probados, argumento del Tribunal de apelación que demostraría que se ignoró que una Sentencia debe estar fundada en argumentos sólidos, por lo que se hubiera lesionado su derecho al debido proceso en su elemento del derecho de obtener una sentencia fundamentada la legítima defensa y una resolución motivada.
Respecto al primer aspecto identificado, por el cual la recurrente denuncia que el Tribunal de apelación después de establecer cuáles son las hipótesis del defecto de errónea aplicación de la norma sustantiva, no habría expresado en cuál de estas incurrió el Tribunal de Sentencia. Corresponde identificar el argumento expuesto en alzada a tiempo de resolver el agravio fundado en el defecto de sentencia previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP.
Conforme lo descrito en el punto II.3 de la presente resolución, el Tribunal de apelación haciendo referencia a jurisprudencia establecida por este Tribunal, señaló que el defecto de errónea aplicación de la norma sustantiva puede darse por tres supuestos: i) Errónea calificación de los hechos; 2) Errónea concreción del marco penal; y, 3) Errónea fijación de la pena.
Una vez identificados los tres supuestos que contempla la errónea aplicación de la norma sustantiva, evidentemente el Tribunal de apelación no expresó en cuál de estos tres supuestos incurrió el Tribunal de Sentencia; empero, se debe tener en cuenta que a continuación de la identificación de los supuestos del defecto denunciado, el Tribunal de apelación de manera clara y expresa, señaló que correspondía al apelante adecuar el agravio a alguna de las tres hipótesis referidas, pero que no lo hizo, observa además que en el agravio planteado se limitó a señalar que se inobservó lo dispuesto por el art. 13 del CP, que establece que el límite de la pena es la culpabilidad; y posteriormente, hizo una observación a la supuesta actuación irregular de la perito psicóloga, aspecto procedimental en el que no podría sustentarse la errónea aplicación de la norma sustantiva.
La resolución del agravio referido, cumple con la debida fundamentación, pues en primer lugar identificó los fundamentos de la circunstancia planteada; posteriormente, expuso las consideraciones argumentativas para referir que el defecto denunciado contiene tres hipótesis; y finalmente, de manera correcta y coherente con los fundamentos expuestos por el imputado a tiempo de denunciar que la Sentencia incurrió en el defecto previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP, como se establece de lo relatado en el punto 1 del acápite II.2 de la presente resolución, concluyó refiriendo que el apelante se limitó a señalar que el defecto concurre por falta de inobservancia del art. 13 del CP y a continuación hace observación a la supuesta insuficiencia de la prueba no solo, en cuanto, a la idoneidad de la psicóloga para afirmar la veracidad del testimonio de la víctima, sino también del certificado médico forense, la falta de prueba científica que lo relacione con las pruebas recolectadas. Aspectos que, evidentemente corresponden a un tema procedimental y son insuficientes para sustentar la inobservancia o errónea aplicación de la norma sustantiva, pues cuando un recurso se funda en el defecto previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP, el Tribunal de apelación tiene como límite la intangibilidad de los hechos establecidos como probados por el A quo; es decir, que su labor se limita al control jurídico en cuanto al encuadramiento de los hechos probados en un determinado tipo penal. Por lo que, es incorrecto cuestionar la insuficiencia probatoria o defectuosa valoración de la prueba, para probar la inobservancia o defectuosa aplicación de la norma sustantiva penal, circunstancia en la cual siempre se debe partir del análisis de los hechos probados y demostrar si estos se adecuan o no a un determinado concepto jurídico previsto por el Código Penal.
En cuanto al segundo aspecto denunciado como falta de fundamentación, el imputado alegó que el Tribunal de apelación evidenció que el fallo de mérito no determinó la base de su decisión, al no contener argumentos sólidos sobre las pruebas; sin embargo, no sería sine quanon establecer hechos probados y no probados, lesionando con ese argumento, su derecho al debido proceso en su elemento a obtener una resolución fundamentada y motivada, así como su derecho a la legítima defensa.
Al respecto, partiremos por señalar los fundamentos del segundo agravio planteado en apelación, que conforme lo descrito en el punto 2 del acápite II.2 del presente fallo, el mismo fue fundado en el defecto de Sentencia previsto por el inc. 5) del art. 370 del CPP, alegando que el Tribunal de Sentencia no realizó la fundamentación descriptiva de toda la prueba producida en juicio, porque de haberlo hecho hubiese advertido las contradicciones entre las mismas, que la fundamentación fáctica sería deficiente al no establecer con nitidez los hechos estimados como probados y no probados, manifestando que no existe evidencia de que el imputado estuvo en el lugar de los hechos; y finalmente, señaló que en la fundamentación jurídica no hizo el análisis sobre los elementos del tipo penal acusado.
De estos tres aspectos en los que fundó la existencia del defecto de sentencia previsto por el inc. 5) del art. 370 de la norma adjetiva penal, el imputado en casación, observa la respuesta otorgada al defecto relacionado con la deficiente fundamentación fáctica, por lo que el análisis se limitará a este aspecto.
Al respecto, el Tribunal de alzada resolviendo el agravio señalado –deficiente fundamentación fáctica-, argumentó que, si bien sería cierto que el de mérito no estableció de forma separada los hechos probados y no probados, la norma no obligaría bajo sanción de nulidad esa deficiencia de la Sentencia, siendo suficiente que el A quo, fundamente de manera detallada en qué elementos basó su determinación de declarar culpable al imputado y cuál el razonamiento lógico que le creó convicción.
En la respuesta descrita y que fue relatada en el inc. 2) del acápite II.3 del presente fallo, como se observa, no existe afirmación de que no se hubiera establecido los hechos probados, pues el argumento de que “no se estableció en forma separada” no implica que los mismos no existan; y por el contrario, conforme lo descrito en el acápite II.1 del presente Auto Supremo, se acredita que el Tribunal de Sentencia estableció como hecho acreditado, la participación del imputado en el hecho, con base a la declaración de la único testigo –la víctima- quien lo habría identificado plenamente en juicio oral, así como en la entrevista psicológica realizada, que si bien no existió prueba para demostrar que el imputado estuvo en el lugar de los hechos, sin embargo, en el sitio se encontró el cinturón de la víctima -así lo estableció el A quo-, lo cual daría certeza del lugar de los hechos, reitera que la única testigo que sería la propia víctima identificó plenamente al imputado.
Los argumentos referidos precedentemente, evidencian que no es cierto que el Tribunal de apelación hubiese ignorado que una Sentencia debe estar fundada en argumentos sólidos, pues como refirió el Tribunal de apelación y este Tribunal constató, en Sentencia el A quo fundamentó de manera detallada en que elementos basó su determinación.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Jasmani Céspedes Álvarez.

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