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María Josefa Vera Castilla
1 AMNISTÍA INTERNACIONAL SERVICIO DE NOTICIAS 75/94 A: ENCARGADOS DE PRENSA ÍNDICE AI: NWS 11/75/94/s DE: OFICINA DE PRENSA DEL SI DISTR: SC/PO FECHA: 14 DE ABRIL DE 1994 ARTÍCULOS DEL SERVICIO DE NOTICIAS: EXTERNO - RUANDA NOTA: El artículo del servicio de noticias titulado ESTADOS UNIDOS: AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE AL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS QUE SUSPENDA LA AYUDA MILITAR A COLOMBIA, Índice AI: AMR 51/WU 05/94, que apareció en el servicio de noticias 74/94, ya puede enviarse a los medios de comunicación con el siguiente cambio: Por favor omitan la primera línea del párrafo 2: «Esta es la primera vez que Amnistía Internacional realiza una petición de este tipo en sus más de 30 años de historia». Rogamos disculpen el retraso. INICIATIVAS DE PRENSA INTERNO COMUNICADOS DE PRENSA INTERNACIONALES Hong Kong (hora media de Greenwich), 21 de abril - VÉANSE SERVICIOS DE NOTICIAS 71/94 y 36/94 Sindicalistas - 29 de abril - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 62 Arabia Saudita - 10 de mayo - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 62 Burundi - 16 de mayo - VÉANSE LOS SERVICIOS DE NOTICIAS 53/94 y 36/94 China - 1 de junio - Les mantendremos informados COMUNICADOS DE PRENSA ESPECÍFICOS Y LIMITADOS Suiza y el Comité contra la Tortura - 19 de abril - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 53/94 Israel y los Territorios Ocupados y el Comité contra la Tortura - 25 de abril - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 53/94 PRÓXIMAS INICIATIVAS DE PRENSA Informe anual - 7 de julio - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 51/94
2 2 INICIATIVA DE LA SECCIÓN DE ESTADOS UNIDOS Lo que sigue es un comunicado de prensa de la sección de Estados Unidos que se envía hoy para su información: AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE QUE SE SUSPENDA LA AYUDA MILITAR DE ESTADOS UNIDOS A COLOMBIA La organización internacional de derechos humanos sostiene que la ayuda de Estados Unidos podría contribuir a las violaciones de derechos humanos Washington D.C. - Amnistía Internacional ha pedido hoy al gobierno de Estados Unidos que mantenga su actual interrupción de la ayuda militar a Colombia, y que suspenda las ayudas previstas para el futuro, porque siente una gran preocupación ya que la ayuda militar que se ha enviado ha contribuido a la crisis de derechos humanos que se está viviendo en ese país. Amnistía Internacional siente preocupación por las pruebas incluidas pruebas importantes procedentes del Departamento General de Contraloría, Estadística e Investigaciones Sociológicas (General Accounting Office - GAO) de Estados Unidos que indican que la ayuda militar enviada por Estados Unidos ha ido a parar a unidades colombianas responsables de la muerte de civiles indefensos y de otras violaciones de derechos humanos. Desde 1986 han muerto en Colombia más de personas por motivos políticos, y la gran mayoría han sido víctimas de las fuerzas del gobierno y de sus grupos paramilitares de apoyo durante operaciones de contrainsurgencia. En una carta fechada el 14 de abril y dirigida al secretario de Estado, Warren Christopher, el Director Ejecutivo de la sección estadounidense de Amnistía Internacional, William F. Schulz, comunicó formalmente el llamamiento de la organización por la suspensión de la ayuda militar de Estados Unidos a Colombia, y reiteró las cinco preguntas que Amnistía Internacional considera como las claves de cualquier debate sobre el envío de ayuda militar a Colombia: 1) Hasta qué punto ha habido una desviación de los fondos enviados por Estados Unidos de los programas de lucha contra el narcotráfico a las operaciones de contrainsurgencia? 2) Cuáles son las unidades de las fuerzas armadas colombianas que reciben actualmente o que han recibido ayuda militar de Estados Unidos? 3) Hasta qué punto ha financiado el gobierno de Estados Unidos a las unidades colombianas (de lucha contra el narcotráfico o de contrainsurgencia) que han estado involucradas en violaciones de derechos humanos?
3 4) Qué medidas ha tomado el gobierno de Estados Unidos para asegurarse de que su ayuda no termina en manos de las unidades colombianas implicadas en violaciones de derechos humanos? 5) Qué medidas de investigación o de corrección se tomaron para responder ante los resultados de la investigación del Departamento General de Contraloría, Estadística e Investigaciones Sociológicas publicada en agosto de 1993, sobre la ayuda dirigida a la lucha contra el narcotráfico en Colombia? La sección estadounidense de Amnistía Internacional escribió al departamento de Estado los días 10 y 16 de marzo de este año pidiendo respuestas a estas preguntas. A pesar de que la situación es urgente, todavía no ha recibido ninguna comunicación escrita significativa. La carta enviada hoy al secretario de Estado sigue al lanzamiento el mes pasado de la campaña mundial de Amnistía Internacional para poner fin a los homicidios políticos y las «desapariciones» en Colombia, y le llega un día antes de que comiencen los debates en el congreso de Estados Unidos sobre las peticiones de ayuda militar al extranjero para el año La sección estadounidense de Amnistía Internacional también ha pedido a los miembros de los comités de asignaciones presupuestarias del Congreso de Estados Unidos que mantengan la suspensión de la ayuda militar a Colombia para 1994 y que no concedan las ayudas solicitadas para Desde agosto de 1989, cuando el presidente Bush aprobó la Iniciativa Andina Contra la Droga, Colombia ha recibido más ayuda militar del gobierno de Estados Unidos que cualquier otro país del hemisferio occidental. Durante los tres primeros años de la iniciativa se destinaron más de doscientos millones de dólares en ayuda militar a Colombia. Aunque la mayor parte de esta ayuda iba destinada oficialmente a las iniciativas de lucha contra el narcotráfico, miembros del ejército colombiano han reconocido en otras ocasiones que mucha de la ayuda se ha utilizado para operaciones de contrainsurgencia. Amnistía Internacional cree que, a pesar de la gravedad de la violencia relacionada con el narcotráfico, existen pruebas sólidas que indican que la ayuda enviada por Estados Unidos para combatirlo no ha servido de mucho, y que sin embargo esta ayuda ha sido un elemento fundamental en las violaciones de derechos humanos. Según el doctor Schulz, «si el gobierno colombiano no se hace responsable de los actos perpetrados por el ejército y sus auxiliares paramilitares, ya es hora de que el gobierno de Estados Unidos emprenda acciones para demostrar que no va ser cómplice en estos homicidios. Por eso estamos pidiendo al gobierno de Estados Unidos que no reanude la ayuda militar». Un informe reciente de Amnistía Internacional titulado Violencia Política en Colombia: Mito y Realidad, documenta la gravedad de la situación de derechos humanos, incluidos los homicidios políticos generalizados y las desapariciones forzadas, 3
4 4 critica al gobierno colombiano por no tomar medidas decisivas para hacer que las fuerzas armadas actúen dentro de la legalidad, y demuestra hasta qué punto quedan impunes los que violan los derechos humanos. Durante el lanzamiento de la campaña de Amnistía Internacional, el doctor Schulz señaló que «el gobierno de Estados Unidos tiene la responsabilidad de asegurarse de que los fondos que envía a otros gobiernos no contribuyen a las violaciones de derechos humanos», y que «el hecho de que el gobierno de Estados Unidos no haya cuestionado en ningún momento los fines a los que se desviaba su ayuda militar ha contribuido a la mortal espiral de violencia que se está registrando en Colombia».
5 5 Índice AI: AFR 47/WU 03/94 14 de abril de 1994 Servicio de Noticias 75/94 RUANDA: UNA CRISIS QUE SE VENÍA DESARROLLANDO DESDE HACE TIEMPO Mientras que la atención mundial se ha centrado en la evacuación de los extranjeros de Ruanda, miles de ruandeses inocentes e indefensos han quedado atrás y sus vidas están en peligro. Las ejecuciones extrajudiciales continúan, y Naciones Unidas sigue sin tomar iniciativas efectivas de derechos humanos para frenar estos homicidios. Amnistía Internacional ha declarado hoy que a la vez que entiende que la primera preocupación de los gobiernos es la seguridad de sus propios ciudadanos, estos deberían hacer más para proteger a los ciudadanos ruandeses. Además, el Consejo de Seguridad de la ONU debería ampliar la capacidad para vigilar la situación de derechos humanos de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Ruanda (UNAMIR). Mientras que la ONU hoy intenta llegar a un acuerdo de alto el fuego, Amnistía Internacional exige que cualquier acuerdo al que se llegue incluya una aportación suficiente de observadores de derechos humanos y unas garantías reales de que en el futuro se protegerán esos derechos. Señalando que Naciones Unidas no ha logrado cumplir sus propias recomendaciones para Ruanda, Amnistía Internacional aboga por que se encuentren soluciones al conflicto a largo plazo. La organización de derechos humanos también ha condenado duramente las miles de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas armadas y las patrullas de civiles armados aliadas a los partidos políticos extremistas hutus cercanos al ex presidente. Según algunos informes, el número de víctimas asciende a unas La mayoría son miembros del grupo étnico minoritario tutsi, o presuntos opositores o críticos al gobierno del presidente Habyarimana, que murió el 6 de abril cuando su avión fue derribado. La evacuación de los extranjeros coordinada por Bélgica, Francia y Estados Unidos ha eclipsado la situación de los miles de ruandeses cuyas vidas todavía corren peligro en medio del caos. Según Amnistía Internacional, «las embajadas extranjeras, al cerrar sus puertas, han negado refugio a personas que se encuentran en peligro inminente de muerte. Los gobiernos deberían tener en cuenta la universalidad de los derechos humanos, no sólo para sus propios ciudadanos en el extranjero, sino para la población civil de Ruanda, igual de inocente e indefensa». Amnistía Internacional ha exhortado a los gobiernos a que consideren qué medidas se podrían tomar para garantizar la seguridad de aquellas personas cuyas vidas están amenazadas por la Guardia Presidencial y por los grupos armados hutus, que han sido responsables de la mayor parte del derramamiento de sangre en Ruanda. Durante los últimos días, un número reducido de ruandeses
6 6 han sido evacuados del país en aviones occidentales, pero estos pocos no representan más que una ínfima parte de la población que se encuentra en peligro. El 7 de abril, el secretario general de la Organización de la Unidad Africana expresó su incredulidad y horror ante «los homicidios arbitrarios de civiles inocentes». Añadió que le indignaban igualmente las muertes de los militares de la ONU. Condenó «con dureza estas atrocidades que han cometido algunos elementos de las fuerzas de seguridad». Naciones Unidas debería desempeñar un papel más activo en Ruanda. La misión principal de la fuerza de la ONU ha sido la de supervisar el acuerdo de paz entre el gobierno y el Frente Patriótico Ruandés (FPR) de oposición. Amnistía Internacional pide la ampliación del mandato de la misión de la ONU para que pueda investigar e informar sobre los abusos contra los derechos humanos cometidos no sólo por la policía y la gendarmería, sino también por todas las fuerzas armadas, incluido el ejército, la Guardia Presidencial y el FPR. Hasta la fecha, Amnistía Internacional no ha podido verificar si el FPR ha perpetrado violaciones de derechos humanos contra civiles desde el comienzo de esta última crisis. Sin embargo, se han registrado combates entre las tropas del gobierno y el FPR, y también se han recibido informes acerca de combates entre distintas facciones del ejército. Según Amnistía Internacional, el componente civil de vigilancia policial de la fuerza de la ONU, que sólo ha desplegado a 52 personas, también debería ampliarse en el momento oportuno. Estos observadores deberían seguir las directrices de la organización de derechos humanos en lo que se refiere a las operaciones de mantenimiento de la paz. Esto significa tomar medidas preventivas contra las violaciones y garantizar que los observadores informan frecuente y públicamente sobre todas las violaciones de derechos humanos de que sean testigos o reciban informes. Amnistía Internacional lleva dirigiéndose a la comunidad internacional desde el comienzo del conflicto armado, en 1990, pidiéndole que ejerza presión sobre las autoridades ruandesas y sobre el FPR para que se establezcan salvaguardias para los derechos humanos. Sin embargo, el mundo ha hecho oídos sordos a la situación de los derechos humanos en Ruanda durante la mayor parte de los últimos 30 años, prácticamente sin protestar contra la muerte en prisión de la mayoría de los miembros del gobierno que derrocó el presidente Habyarimana en 1973, o contra el sistema permanente de discriminación contra la minoría tutsi del país. Cuando el Relator Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extralegales, sumarias o arbitrarias visitó Ruanda en 1993, fue testigo de masacres de la población civil de Ruanda y de otros abusos contra los derechos humanos. Entre las recomendaciones que hizo el Relator Especial de Naciones Unidas figuraban medidas para: prevenir futuras
7 ejecuciones extrajudiciales generalizadas, lanzar una campaña de reconciliación nacional, desmantelar todas las organizaciones violentas y reformar el sistema judicial ruandés. Ya entonces, el Relator Especial advirtió que «la comunidad internacional no debe permanecer indiferente ante la situación que vive este país y por lo tanto debe prestar asistencia siempre que la del Estado ruandés sea inadecuada o inexistente». No se llevó a la práctica ninguna de las sugerencias, porque Naciones Unidas no dedicó personal, recursos ni formación para aplicar las soluciones. Amnistía Internacional cree que la operación UNAMIR no ha contado con disposiciones adecuadas para la investigación y protección de los derechos humanos. Estos fallos han llevado a las ejecuciones extrajudiciales masivas que se han efectuado durante el reciente estallido de violencia en Ruanda. Según Amnistía Internacional, «la comunidad internacional sabía lo que había que hacer y conocía los problemas históricos, pero no actuó hasta que sus propios ciudadanos se encontraron en peligro». 7
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