Source: https://es.scribd.com/doc/50891375/1/Ponencia-sobre-peritaje-cultural
Timestamp: 2016-02-08 19:18:19+00:00

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Pedro Ixchíu García1
“Juan Ginés de Sepúlveda, adversario de las Casas, sostuvo que los indígenas eran
seres completamente inferiores a los españoles. Se basó en las ideas de Aristóteles
sobre selección natural, para afrmar que existen hombres que son esclavos por
naturaleza y que por lo tanto fueron hechos para servir a los demás”.
(Juan Ginés de Sepúlveda, OPUS; citado por CODISRA, 2005).
1. Derecho penal y realidad social
El derecho penal guatemalteco ha sido permeado por infuencias extranjeras, contrarias
a la identidad cultural y social y política de la realidad guatemalteca. Se legisla y adminis-
tra justicia, sin tomar en cuenta la cultura de los pueblos Mayas, Garífuna y Xinca siendo
poblaciones altamente representativas. La vaguedad o incomprensión del tipo penal y del
delito, tomando en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar dentro de la forma de
vida particular de los pueblos indígenas, puede resultar fructífera porque activan un proceso
de investigación en la búsqueda de la verdad, característica del conocimiento científco.
El Derecho Penal es un fenómeno que nace y vive en la sociedad; ese carácter esencial,
le permite una mejor formulación de la ley, verifcar su efcacia social y una mejor com-
prensión de la cultura del grupo y a quien se le aplica. La cosmovisión positivista afrmó y
consolidó la concepción del Derecho Penal, como un ente formal, aislado del entorno social
y de sus fundamentos flosófcos. Esas circunstancias le convierten en ilegítimo por ignorar
la convivencia social y no responder a las necesidades esenciales de la sociedad.
Si el Derecho Penal guatemalteco no toma en cuenta la realidad del contexto cultural en
la creación de la ley y en la comisión del delito, corre el riesgo de paralizar el conocimiento
científco del derecho penal. Winfried Hassemer advierte que “cualquier argumento externo
dirigido a la ciencia del derecho penal, sobre su ámbito práctico, debe someterse al examen
científco. De una ciencia práctica como el Derecho Penal no se puede afrmar que su entor-
no no le afecta; el entorno ya no le afectará solo cuando se haya demostrado científcamente
la irrelevancia del mismo”2
. Para el Derecho Penal guatemalteco, cabe hacerse la pregunta:
¿Qué casos se invisibilizan por la administración de justicia para los pueblos indígenas? Y
seguimos preguntando: ¿La omisión del entorno social guatemalteco por el Derecho Penal
se da por desconocimiento, incomprensión o por inconveniencia?
1 Abogado y Notario, Coordinador Nacional de Defensorías Indígenas. Instituto de la Defensa Pública
Penal, IDPP, Guatemala.
2 La ciencia del derecho penal ante el nuevo milenio, Albin Eser, Winfried Hassemer, Björn Burjhardt,
Francisco Muñoz Conde. Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia, 2004.
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Acceso A lA justiciA de los pueblos indígenAs:
los peritAjes culturAles y lA visión de pobrezA desde su cosmovisión
Socialmente existe una sensación de falta de seguridad y justicia. La denominada so-
ciedad civil en Guatemala, exige o demanda justicia. En el caso de los pueblos indígenas
¿cuáles son las exigencias al sistema jurídico ofcial del Estado? Si la Constitución Política
de la República de Guatemala les concede derechos en materia de Derechos Humanos y en
materia de comunidades indígenas y ordena respetar su forma de vida particular, entonces
se afrma que los pueblos indígenas son seres humanos, son ciudadanos, y en consecuencia
son sujetos de derechos. El asunto no es si existen estos derechos, el problema es ¿cómo se
hacen valer por el sistema jurídico guatemalteco?
En una sociedad culturalmente diversa como la nuestra, la posibilidad del error judicial
se incrementa. Las diferencias entre pobres y ricos no solamente se establecen por criterios
económicos y políticos, las diferencias también se dan por el acceso al conocimiento de la
realidad social, económica, política y cultural; es peor aún si consideramos el acceso de los
pueblos indígenas al conocimiento de la tecnología e informática. Muchas de las valora-
ciones responden a una lógica jurídica positivista y a veces descontextualizada del tiempo,
lugar y modo en que ocurren los hechos. Es casi normal que la forma de vida de los pueblos
indígenas se invisibiliza por los operadores de justicia, porque la relación intelectual queda
inmersa en el conjunto de relaciones sociales de una época que no responde a los retos que
la justicia del siglo XXI impone a policías, fscales, defensores y jueces.
Particularmente, he notado la difcultad de interpretar y aplicar los derechos de los pue-
blos indígenas en delitos contra el patrimonio, que permiten la reparación del daño causado
en forma casi perfecta, como una excepción a la regla general, cuando las partes son indí-
genas o se comete el ilícito en un pueblo indígena. El Derecho Penal no está aislado de la
realidad social, sino que comparte su destino y representa las respuestas a los problemas y
necesidades básicas de la sociedad. Lo contrario lo convierte en un Derecho Penal ilegítimo
e inefcaz.
La gran mayoría de operadores de justicia no toman en cuenta los aspectos culturales del
conficto; no obstante la Constitución Política de la República de Guatemala establece den-
tro de los deberes del Estado garantizarles a los habitantes, la vida, la libertad, la justicia. En
cuanto a los pueblos indígenas la misma Constitución establece la obligación de reconocer,
respetar y promover sus formas de vida y organización social, lo que implica el respeto a
sus derechos y su sistema propio de administrar justicia.
La cosmovisión positivista afrmó y consolidó la concepción del Derecho como un ente
formal, aislado del entorno social y de sus fundamentos flosófcos. Esas circunstancias le
convierten en ilegítimo por ignorar la convivencia social y no responder a las necesidades
esenciales de la sociedad.
Para la sociedad multicultural guatemalteca debe ser motivo de una profunda refexión el
monopolio legal de la administración de justicia, en la que efectivamente la última instancia
a la que se acude es a la justicia del Estado, pues la población resuelve sus confictos de
diversas maneras, negociando, conciliando o mediando, y en pueblos indígenas resolviendo
sus confictos por medio de un sistema jurídico basado en una cosmovisión que no pone
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ponenciA sobre peritAje culturAl
al ser humano en el centro de las relaciones entre el cosmos y la naturaleza, sino como un
elemento integrante de una relación que trasciende lo humano o sea, el sistema jurídico
de los pueblos indígenas, cuya lógica jurídica se basa en la tradición, la costumbre, y está
desprovista del excesivo formalismo. La realidad multicultural guatemalteca plantea una
posibilidad alterna a la solución de la confictividad nacional y le ha brindado al Estado
guatemalteco la posibilidad de priorizar aquellos asuntos que demandan una intervención
objetiva y responder a la demanda social de justicia.
“El acceso a la justicia debe entenderse como el conjunto de posibilidades que el Estado
pone a disposición de las personas para resolver sus confictos. El acceso a la justicia im-
plica acercar los órganos de justicia a la gente, pero además, implica revisar la calidad del
servicio por medio del cual el Estado resuelve la confictividad social puesta en su conoci-
miento por medio de sus órganos”3
El acceso a la justicia pasa por el entendimiento de la cultura jurídica como el conjunto de
conocimientos, creencias, actitudes, prejuicios, estereotipos, expectativas, y opiniones que
existen en torno al Derecho en una sociedad determinada; cuestión fundamental porque de
ella depende cómo funciona el sistema.
La cultura jurídica se refere a la cultura de agentes de la Policía Nacional Civil, fscales,
abogados defensores, jueces y otros funcionarios, sus conocimientos, creencias, actitudes,
prejuicios, expectativas y valores, que infuyen en la manera de cómo funciona el sistema.
Se trata de la cultura interna del sistema, que habrá que distinguir de la cultura externa, es
decir de la opinión, valores, expectativas, actitudes, creencias y prejuicios de quienes hacen
uso del sistema. De la cultura jurídica dependerá que los ciudadanos decidan o no acudir al
sistema para demandar sus servicios, lo que determina que el mismo entre en movimiento.
Por su parte el Informe de Relator Especial sobre la situación de los Derechos Humanos
y las libertades fundamentales de los indígenas, reconoce por su parte en el aspecto relativo
a la justicia, un mayor incremento en la cobertura en los últimos diez años. Sin embargo,
el acceso sigue siendo limitado y en condiciones disminuidas para los pueblos indígenas,
los tribunales aún se encuentran distantes de las comunidades, la inversión de tiempo y el
costo económico que implica el traslado a los órganos de justicia, y especialmente el pago
oneroso a los abogados asesores o defensores; pero una queja permanente y constante es
que los operadores de justicia no han modifcado sus comportamientos discriminatorios y
hasta racistas, cuando se solicita el servicio. Por su parte los dirigentes de organizaciones
indígenas demandan “especial importancia al tema del reconocimiento y respeto de un sis-
tema jurídico propio de los pueblos indígenas que forma parte de la cosmovisión maya y
está arraigado en la cultura de las comunidades. Este derecho está estructurado en un con-
junto de procedimientos, culturalmente adecuados, es efcaz para resolver los confictos y
restaurar el equilibrio social con el menor costo para las partes (víctimas y acusados) y tiene
3 Documento sobre aspectos conceptuales del acceso a la justicia. Jesús M. Casal H. Fotocopia.
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sus propios operadores claramente identifcados en el sistema de autoridades tradicionales
indígenas”4
Un reto por demás importante para las instituciones del sector justicia en Guatemala, con-
siste en orientar sus políticas institucionales para brindar un servicio dirigido a los pobres
e indígenas con enfoque de género y pertinencia cultural. Lo anterior lo mandata la Cons-
titución Política de la República de Guatemala y los derechos humanos internacionalmente
reconocidos y ratifcados por el Estado, por lo que en Guatemala existe un marco jurídico
que hace posible la aplicación de las 100 Reglas de Brasilia, para garantizar el acceso a la
justicia para estos grupos en situaciones de vulnerabilidad.
Previo a abordar aspectos del peritaje cultural es imprescindible hacer un breve recorrido
por la teoría del tipo penal, la teoría del delito y el error de prohibición culturalmente condi-
cionado. Es de hacer notar, que la presente ponencia en este apartado, constituye una parte
del trabajo de tesis del ponente, previo a obtener el grado de Maestro de Derecho Penal, en
la Escuela de Post Grado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
2. Generalidades de la teoría del tipo penal
La infuencia de la ciencia del Derecho Penal alemán en el Código Penal guatemalteco
por medio de la teoría sobre la corrección del delincuente, está fuertemente enraizada en
nuestra tradición cristiana; se atribuye a la pena los fnes de corrección, intimidación y
expiación del delincuente. En ese orden de ideas, el error de prohibición está basado en la
teoría de la culpabilidad. La lógica consiste en que el error invencible exime de responsabi-
lidad y el error de vencible solamente atenúa la pena. Esta es la lógica que sigue la doctrina
del Derecho Penal en Guatemala, respecto del error de prohibición.
El tipo penal describe conductas, está en la ley, por eso su naturaleza es normativa, pre-
cede temporalmente al delito, desarrolla el principio de legalidad: “no hay delito si no se ha
descrito una conducta prohibida, no hay delito sin ley anterior”.
La teoría del tipo penal nos enseña que el error del tipo penal consiste en el desconoci-
miento de los elementos objetivos del tipo; el desconocimiento de la norma que valora o
desvalora la conducta prohibida, porque lesiona o pone en peligro la convivencia social. El
error también pasa por la ignorancia del legislador, al no tomar en cuenta la realidad socio-
cultural de la sociedad a la que regula o el mal entendimiento de la cultura de los pueblos
indígenas, que pone al legislador en una mal entendida posición intelectual, por la herencia
cultural heredada que atropella a los pueblos indígenas y que puede dar lugar a casos de
discriminación legal.
4 Informe del Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de
los Pueblos Indígenas. Año: 2002. Dr. Rodolfo Stavenhagen.
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El desconocimiento del tipo penal por los pueblos indígenas, da lugar a un error en la vo-
luntad del sujeto activo, y conduce a la ausencia de dolo, porque la persona en la comisión
del hecho no conoce las circunstancias del tipo legal y no actúa dolosamente.
“El error de tipo invencible, existe cuando no se puede evitar o superar el error en el co-
nocimiento objetivo pues la ley defne al sujeto; la conducta, gramaticalmente por medio
de los verbos, que indican acción o movimiento, omisión o inactividad; y el bien jurídico
tutelado, que integran la relación de causalidad”.
El Código Penal guatemalteco no regula el error de tipo; la base legal del error de tipo está
en la Constitución Política de la República de Guatemala que en el artículo 2 establece que
el Estado se organiza para garantizar la justicia; el artículo 4 que se refere a los principios de
dignidad e igualdad ante la ley. El Estado por medio de sus órganos no podrá tratar de igual
forma a la persona que conoce los elementos objetivos del tipo penal y a una persona que no
los conoce. El artículo 5, respecto de la libertad de acción, es una garantía por medio de la
cual la persona no puede ser perseguida ni molestada por actos que no impliquen infracción
a la ley, pues la ausencia de dolo tiene como consecuencia que su acción sea atípica.
3. Generalidades de la teoría del delito
El Derecho Penal estudia las conductas humanas para saber si se imputan y sancionan. El
delito es un hecho, por eso los juristas sostienen que su naturaleza es fáctica. El delito es una
acción u omisión, es una conducta que daña o pone en peligro bienes jurídicos protegidos.
Para que una acción sea ilícita es necesario que la acción sea voluntaria, típica, antijurídica,
y que esté dotada de culpabilidad y responsabilidad.
La teoría del delito nos enseña que el delito es: una acción u omisión voluntaria, típica,
antijurídica y culpable. Pasaremos hacer un breve repaso por la acción como elemento del
Acción es todo comportamiento de la persona dependiente de la voluntad humana. Solo el
acto voluntario puede ser penalmente relevante. La voluntad implica siempre una fnalidad
o sea el ánimo que impulsa el actuar. El comportamiento humano (conducta, acción, acto o
hecho), tiene dos aspectos, el querer y la voluntad, de las cuales surgen dos fases:
La interna, o sea el querer o desear realizar la conducta que aún está en el pensamiento,
que pertenece al propósito o fn.
La fase externa, el autor pone en marcha su plan dominado por la fnalidad. Concretiza
su voluntad, en realizaciones externas que pueden preverse por el sujeto y precisamente son
las conductas determinadas en el tipo penal. La conducta o comportamiento se manifesta
por medios de la acción u omisión, lo que hace o deja de hacer.
Legal y doctrinariamente se considera sujeto activo, a toda persona humana capaz de
comprender que normativamente tiene la posibilidad de concretizar la conducta descrita en
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el tipo penal. Para la Teoría del Modelo Lógico Penal, la capacidad del autor material se
manifesta de la siguiente manera:
Voluntabilidad: consiste en la capacidad de conocer y querer la concreción particular tipo
penal (en la comisión dolosa), o capacidad de conocer y querer la actividad o inactividad
que, por descuido, produce o no evita, la lesión del bien jurídico (en la comisión culposa).
La imputabilidad: capacidad de culpabilidad; que puede ser defnida como: “Los moti-
vos o razones que tiene el sujeto activo para cometer la acción, con o sin conocimiento de la
desaprobación jurídico penal. El hombre es capaz de gobernar sus acciones y, la conciencia
con que se actúa, determina la intencionalidad, dolo o culpa”.
En las conductas activas o pasivas hay un denominador común, la voluntad. El dolo, es un
elemento fundamental de la lógica jurídica del Derecho Penal de acción o de acto. El dolo
consiste en el conocimiento y voluntad, saber y querer realizar la conducta prohibida, hay
coincidencia entre lo que el autor quiere y hace. El elemento intelectual es la conciencia y
conocimiento de los elementos objetivos del tipo penal. El elemento volitivo se refere a la
voluntad del autor, a la intención o propósito por realizar la conducta prohibida.
Cuando esa voluntad no existe, estamos ante la ausencia de acción. La ausencia de ac-
ción u omisión se da cuando la voluntad humana no interviene en el comportamiento por
diferentes razones, entre ellas, la fuerza irresistible, los movimientos refejos, estados de
inconsciencia que cumplen la función negativa de la acción.
Esta es la lógica que sigue el Código Penal guatemalteco, pero resulta que en los pueblos
indígenas donde la cosmovisión y la lógica del pensamiento son diferentes, pueden reali-
zarse acciones sin tener la voluntad de cometer un delito, porque en la forma de vida, por
tradición o costumbre, dicha conducta es legítima. El aspecto esencial consiste en que no
se comprende la ley, porque la conducta descrita y sancionada en el tipo penal, en la cultura
de los pueblos indígenas, no es ilícita. Se actúa sabiendo que el actuar no es ilegal; el acto o
hecho se materializa sin que exista el deseo o propósito de incurrir en ilegalidad. La ilega-
lidad existe formalmente, pero en la realidad cultural de los pueblos indígenas, la conducta
es válida, aceptada y en consecuencia el bien jurídico tutelado ofcialmente por el Estado,
pierde su razón de ser.
Se atribuye a Wezel la separación del tratamiento jurídico del error sobre un elemento del
tipo y del error de prohibición. Según él, mientras el error sobre un elemento del tipo exclu-
ye el dolo, el error de prohibición deja inalterado al dolo y repercute sólo en la culpabilidad.
Esa distinción nace al colocar el dolo en el tipo y no en la culpabilidad.
Esta distinción es precisa para valorar diferenciadamente supuestos que son distintos.
Como dice Muñoz Conde, es distinto el caso de un cazador que en una casería dispara con-
tra otro cazador, creyendo equivocadamente que se trata del animal perseguido, que el del
miembro de las fuerzas de orden público que, creyéndose erróneamente en el cumplimiento
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de su deber, dispara contra una manifestación pacífca que pide la dimisión del gobierno.
Y es que hay una diferencia fundamental entre realizar un hecho típico imprudentemente,
desconociendo de modo evitable la autentica naturaleza de la conducta realizada y realizar
dolosamente un comportamiento típico del que se sabe su verdadera naturaleza pero con la
creencia errónea de hallarse autorizado para ello.
El conocimiento de la antijuricidad es diferente al conocimiento propio del dolo, no re-
quiere el mismo grado de conocimiento de éste. Muñoz Conde sostiene que basta con que
el conocimiento de la antijuricidad sea un conocimiento potencial (cognoscibilidad); ello le
convierte en un dato psicológicamente distinto del auténtico conocimiento, pues un cono-
cimiento potencial no es un verdadero conocimiento, sino un juicio hipotético, de carácter
normativo. Así pues, el reproche de culpabilidad no se basa sólo en que el sujeto conocía la
antijuricidad del hecho, sino que basta con que, aunque no lo conociera, podía y debía haber
adquirido ese conocimiento. Lo que se requiere legalmente es la posibilidad de la compren-
sión de la antijuricidad, no la compresión efectiva.
La teoría de la culpabilidad estima que en los casos de error de prohibición invencible se
exime de pena por falta de culpabilidad, mientras que en los casos de error de prohibición
vencible, que son en realidad casos de cognoscibilidad de la antijuricidad, se da la culpa-
bilidad, aunque se podrá atenuar la pena del delito doloso, o culposo, correspondiente, en
el caso de que se pueda apreciar una menor culpabilidad. Algunas legislaciones, como la
española, prevén que esa atenuación en los de error de prohibición vencible sea obligada.
La teoría de la culpabilidad ha tenido su escollo principal en la difcultad que en la prác-
tica presenta diferenciar en la mente del sujeto entre los contenidos del error de tipo y del
error de prohibición. También se destaca el endurecimiento de la punición que conlleva, ya
que los errores vencibles de prohibición no modifcan el tipo doloso o culposo realizado y
son, además, siempre castigados, aunque sea con pena atenuada, independiente de si existe
el delito imprudente correspondiente”5
5. Error de prohibición culturalmente condicionado
Como hemos visto, el error de prohibición recae sobre el conocimiento de la antijurici-
dad, es decir, sobre si el sujeto conoce la prohibición o la falta de permiso para actuar. Pero
también habrán de caer dentro de la esfera del error de prohibición en nuestra sociedad, los
casos de error culturalmente condicionado, o sea, los casos en los que el autor comete el
delito porque se comporta de acuerdo a un esquema cultural diferente.
En nuestro medio es frecuente encontrarse con costumbres, especialmente de las comuni-
dades indígenas, que disienten del patrón cultural que llamamos “ladino”. De tal suerte, la
diferenciación cultural puede dar lugar a este tipo de error, que no es de prohibición, sino de
condicionamiento cultural, por deberse a la interiorización secular de ciertas pautas de com-
5 Diez Ripollés, José Luis. Manual del Derecho Penal Guatemalteco. Parte General. Guatemala. Artemis
Edinter. 2001.
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portamiento distintas a las mayoritarias, y no a la simple ignorancia de la norma concreta.
Ciertas costumbres indígenas merecen ese tratamiento legal, por el error de comprensión
que trasladan a quienes las practican.
Por otro lado, ellos deviene obligatorio, no solamente por la proximidad conceptual al
error de prohibición que hemos mostrado, sino también porque los Acuerdos de Paz así
lo prevén. En efecto, especialmente el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos
indígenas, establece en uno de sus enunciados la obligación del gobierno de la República,
con miras a erradicar la discriminación en contra de los pueblos indígenas, de promover
ante el Congreso de la República la derogación de toda ley o disposición que pueda tener
implicación discriminatoria.
Pues bien, estimo que el artículo 3 de la Ley del Organismo judicial en su redacción
actual es violatorio del artículo 4 de la Constitución Política y del acuerdo mencionado,
ya que aplica sin matices las disposiciones sobre conocimiento de la ley a personas que
se encuentran en desigualdad de condiciones socioculturales respecto a la mayoría de la
población y da lugar a una situación discriminatoria. Se trata de modo uniforme a personas
que se encuentran en situación sociocultural de conocimiento o de posibilidad de conocer e
internalizar las normas porque simplemente actúan con apego a otras.
Por otro lado, debe notarse que nuestra legislación ya contempla como circunstancia ate-
nuante la “falta de ilustración” en el artículo 26.9, de la culpabilidad en los casos de error
invencible culturalmente condicionado. El error de prohibición puede alegarse por circuns-
tancias de ignorancia de la ley, por la población en general.
El error de prohibición culturalmente condicionado puede ser argumentado y probado,
cuando los hechos del delito contengan elementos culturales de pueblos indígenas. El tipo
penal ofcialmente establecido por el Estado podría estar reñido con las tradiciones, cos-
tumbres, creencias y forma de vida de la cultura a la que pertenece el autor. Las personas
que pertenecen a una cultura diferente no comprenden ciertas leyes, no captan su sentido
normativo, moral o ético porque ésta no concuerda con el sentido moral o ético que ellos
sustentan en su cultura.
En sociedades culturalmente diversas, como la guatemalteca, el error de prohibición tiene
matices o elementos culturales determinados por conductas o comportamientos sociales,
morales, espirituales, religiosos, lingüísticos, etc., determinados por la cosmología, prin-
cipios y valores culturales que defnen una forma de vida particular, diferente a la cultura
dominante en un determinado Estado. La diferencia cultural puede dar lugar a este tipo de
error que no es de prohibición, sino de condicionamiento cultural más allá de la simple
ignorancia de una norma concreta. Ciertas costumbres indígenas merecen ese tratamiento
legal, por el error de comprensión de las conductas de quienes las practican, por la exis-
tencia de una conducta disidente con la descrita en el tipo y desvalorada penalmente por el
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En un análisis muy general sostengo que la diferencia cultural de la población en general
pasa también por el acceso al conocimiento, el cual se torna cada vez más desigual entre
ricos y pobres; la distribución del conocimiento tiene un efecto desigualador, no solo al
interior de cada país, sino entre países y grandes regiones. En la sociedad del conocimiento
la ignorancia es la causa más directa de la pobreza y el saber genera riqueza. En ese sentido
acceso al conocimiento de la ley para el caso de la población indígena, es aún mayor y pue-
de darse en los siguientes casos.
En el error del tipo culturalmente condicionado, pueden ocurrir dos circunstancias: 1. El
legislador no toma en cuenta la realidad multicultural de la sociedad a la que regula, e invi-
sibiliza la cultura de los pueblos indígenas. 2. Consecuencia de ese error cultural al elaborar
la ley, el autor no conoce la ley y no tiene voluntad de actuar conforme a la conducta descrita
En el error de comprensión culturalmente condicionado, el autor puede tener la posibili-
dad de conocer la ley penal, pero no la comprende, el autor hace un tránsito intelectual de
una conducta normalmente permitida en su cultura, a una conducta prohibida o peor aún
a una conducta que raya en lo absurdo, tal es el caso de la sustracción propia y la trata de
En la conducta disidente, el autor entra en un estado intelectual de valoración de la con-
ducta establecida en el tipo penal porque impacta o choca contra la forma de vida particular
de éste y desvalora conductas validas para los pueblos indígenas.
6. El error de prohibición en el código penal guatemalteco
En el derecho penal guatemalteco se sigue vigente la vieja teoría del error iuris nocet,
dado que el artículo 3 de la Ley del Organismo Judicial establece que “contra la observancia
de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario”. De ahí
habría que deducir la responsabilidad de toda persona que actuara en contra de la ley, aun
cuando desconociera su contenido y creyera actuar ilícitamente.
A lo anterior se une que nuestro Código Penal solo menciona un supuesto de error excul-
pante, el error sobre presencia de una agresión ilegítima en relación con la legítima defensa,
contenido en el Art. 25.3. La ignorancia entendida como “falta de ilustración, dada la natu-
raleza del delito, en cuanto haya infuido en su ejecución” no pasa de ser una circunstancia
atenuante contemplada en el artículo 26.9 del mismo cuerpo legal.
Reinterpretando el artículo 3 de la Ley del Organismo Judicial a la luz de los principios
constitucionales, dicho artículo vulnera el principio de igualdad real ante la ley, reconocido
en el artículo 4 de nuestra Constitución Política, al tratar a los inimputables desconociendo
que carecen de dicha capacidad normal, como el comportarse frente a quienes actúan con
error de derecho en igual forma que frente a quienes actúan con conocimiento de la ilicitud
de sus actos. Toda persona es o debe ser penalmente responsable si realiza el hecho com-
prendiéndolo, pudiendo haber sido motivado por la norma, pero no puede ser responsable y,
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por tanto, tampoco sancionado, si la norma es desconocida para él o si actúa en la creencia
de que lo realizado es legalmente valido.
Por otra parte, creo que es un compromiso adquirido por el sistema jurídico nacional a tra-
vés de los Acuerdos de Paz la lucha contra la discriminación legal y de hecho de los pueblos
indígenas y la reafrmación de sus derechos. En ese sentido, dadas las diferencias educativas
existentes, la ausencia de un reconocimiento amplio del error de prohibición a través de una
interpretación rígida del artículo 3 de la mencionada Ley del Organismo Judicial, conduce
a un acto de discriminación legal.
En nuestro código penal aparece explícitamente el error de prohibición en relación con
la legítima defensa putativa, contenida en el artículo 25.3, en donde se contempla el error
o falsa suposición en la existencia de la causa de justifcación de la legítima defensa, en la
medida en que el sujeto cree que se da una agresión ilegítima que en realidad no existe. Sin
embargo, el caso señalado por nuestra ley es sólo uno de los posibles supuestos del error de
prohibición. Con independencia de lo importante que sería en nuestro medio que la ley abar-
cara los demás supuestos, debemos realizar interpretaciones que lege lata que posibiliten ya
una aplicación normalizada del error de prohibición e todos los casos que lo merecen6
El error sobre las circunstancias que sirven de base a las causas de justifcación no está
regulado en el código penal guatemalteco. No se indica si es error sobre las circunstancias
que sirven de base a las causas de justifcación, si es error sobre un elemento del tipo penal
o es error de prohibición, o debe ser tratado como si lo fuera7
7. Error de comprensión del tipo penal culturalmente
condicionado –ignorancia como atenuante–
La difcultad para la comprensión se debe a que el individuo siente su obrar como resulta-
do de un patrón general de valores distintos a los del derecho penal ofcial.
La creación de la ley debe hacerse en un lenguaje claro, sencillo y comprensible tanto
para el primero de los ciudadanos como para el último de ellos, con la fnalidad de mejorar
el sentido y comunicación de las ideas que quiere transmitir, a fn de lograr comprensión
social; en el caso guatemalteco se debe atender la realidad multicultural y plurilingüe de la
sociedad. El análisis semántico del tipo penal y la realidad fáctica son necesarios y comple-
mentarios para superar el mal uso del lenguaje y los problemas de comunicación.
En Guatemala, los pueblos indígenas tienen limitada su capacidad de comprender y que-
rer concretar una conducta antijurídica, porque la ley penal se publica en forma escrita y de
manera casi secreta, pues el medio por el cual se da a conocer no cumple con la obligación
de ponerla en conocimiento de toda la población. Sumado a ello, la ley se escribe en un len-
guaje poco claro y comprensible, afectando la comprensión del sujeto activo y su conducta
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El error de tipo o de prohibición recae sobre el conocimiento y afecta la comprensión de
la antijuricidad, por ende tiene una profunda relación en el elemento de culpabilidad, lo que
debe tomarse en cuenta por el juez al imputar la conducta prohibida a los miembros de los
pueblos indígenas. La comprensión afecta el conocimiento de la antijuricidad porque impi-
de la internalización de la norma.
“El error de prohibición deja un grado de culpabilidad disminuido y modifca la responsa-
bilidad penal”. En nuestra legislación se encuentra en la atenuante de ignorancia establecida
en el Art. 26 numeral 9 del Código Penal, que indica: “son circunstancias atenuantes (...) La
falta de ilustración, dada la naturaleza del delito, en cuanto haya infuido en su ejecución”.
Según el párrafo anterior se deduce que, “cuando la ignorancia del sujeto activo ha sido un
elemento esencial para la realización del injusto penal, disminuye el grado de culpabilidad
y de la responsabilidad, que hace que el hecho no amerite ser llevado a juicio”.
8. Conducta culturalmente disidente o conciencia disidente
El Derecho en cualquier sociedad, es producto de la cultura, está basado en valores y prin-
cipios propios de cada cultura. La existencia de sistemas de naturaleza distinta implica que
cada sistema jurídico es independiente, tiene vida autónoma, cada uno tiene un desarrollo
propio. La diversidad jurídica, se refeja en los principios y valores que fundamentan un
sistema de justicia, los procedimientos y la normativa.
La conducta disidente implica que un hecho puede ser considerado un delito o no, o que
la gravedad de un hecho puede tener distinto grado, dependiendo del lente cultural con que
se le juzgue. Así, una persona que realiza actividades consideradas apropiadas en el marco
de su tradición cultural, podría estar transgrediendo normas desde la perspectiva jurídica de
En algunos casos se comete el ilícito penal, porque en su conciencia, el acto no es mo-
ralmente incorrecto o porque culturalmente esa acción es desconocida en su cultura. En
otras palabras, se actúa con la convicción de que no se está cometiendo un delito; no hay
conciencia de la antijuricidad, o que se está afectando derecho alguno, porque su “esquema
cultural es diferente”. La conciencia disidente se da cuando el sujeto “experimenta como un
deber de conciencia de cometer el injusto”, es decir, que sus valores le exigen no obedecer la
norma penal. En cuanto al conocimiento de la ley, los indígenas se encuentran en situación
de desventaja por diversas razones.
No se puede comparar a quien experimenta esta exigencia de desobediencia con aquel
que asume normalmente los valores del derecho penal ofcial. Eugenio Zaffaroni señala que
el que actúa por conciencia disidente “realiza un esfuerzo mayor para evitarlo (la comisión
del injusto penal), que el correspondiente a quien comete el injusto sin experimentar esa
vivencia”. La consecuencia en este caso es la disminución de la culpabilidad.
En ningún caso se elimina la culpabilidad. Si la conciencia disidente sólo atenúa la culpa-
bilidad, hay que preguntarse si existe algún caso que excluya la culpabilidad. La respuesta
es afrmativa y en este caso se habla de una difcultad de comprensión tan grande que im-
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posibilita la comprensión: es el caso del error de comprensión culturalmente condicionado.
Si la conciencia disidente origina una difcultad en la comprensión por la existencia de un
patrón general de valores distintos a los del derecho penal ofcial, en el error de compren-
sión culturalmente condicionado la difcultad se debe a que “el individuo se ha desarrollado
en una cultura distinta y ha internalizado desde niño las pautas de conducta de esa cultura”.
Por esta razón no puede internalizar, no puede comprender la antijuridicidad de su conducta,
aun cuando conozca la norma. En todo caso no le es exigible dicha internalización.
El sistema de justicia no puede ni debe penar a una persona con patrones culturales distin-
tos a los del derecho penal ofcial. Así, la exigibilidad de comprensión no puede ser idéntica
para aquellos individuos que asumen los patrones y valores del derecho penal ofcial y los
que se han desarrollado con patrones y valores culturales distintos. En este caso la con-
secuencia es similar al error inevitable de prohibición que elimina la culpabilidad. Efraín
Monterroso indica: “Con auténtica modestia, preguntémonos: ¿estamos respondiendo ade-
cuadamente a las expectativas nacionales dentro de nuestros roles en la vida real del Dere-
cho? (...) situaciones locales, nacionales o regionales que a menudo son presentadas como
obstáculos insalvables a la luz de la teorías tradicionales, pueden ser fuentes creadoras de
novedosas normas y de nuevas concepciones jurídicas; quizá extrañas a otras latitudes del
mundo, pero propias y efcaces para nuestra realidad, económica, social y política. Este po-
dría ser el caso de sociedades multiétnicas y multiculturales, que en este momento histórico
cuestionan las clásicas concepciones estatales y plantean un verdadero desafío al Estado
moderno. Ante tales perspectivas, el jurista deberá buscar nuevos instrumentos teóricos
en la riqueza de su realidad, que le permiten descubrir los aportes más adecuados para una
mejor calidad de convivencia y efcacia social de la legalidad”.
En la conducta disidente puede estarse ante un caso de discriminación legal, porque se
criminaliza la forma de vida de los pueblos originarios, que poseen una concepción del
cosmos, la naturaleza y de las relaciones sociales. El Acuerdo de Paz sobre Identidad y
Derechos de los Pueblos Indígenas, destaca que una obligación del gobierno con miras a
erradicar la discriminación contra los Pueblos Indígenas, es la de promover ante el Con-
greso de la República, la derogación de toda ley o disposición que pueda tener implicación
discriminatoria, tal el caso del Artículo 3 de la Ley del Organismo Judicial que en su redac-
ción actual es violatorio del artículo 4 de la Constitución Política, ya que permite tratar de
manera uniforme a personas que se encuentran en situación desventaja sociocultural.
9. Generalidades de la prueba pericial
“Los antecedentes más conocidos del peritaje los encontramos en el derecho romano,
como un medio para obtener el convencimiento del juez. En la caída del imperio Romano,
periodo en que los denominados pueblos bárbaros dominaron en Europa, no se practico el
peritaje judicial, porque era incompatible con las costumbres que imperaron en materia de
prueba judicial, durante las fases llamadas étnica y religiosa. Durante la llamada fase de la
tarifa legal… en la Edad Media, reaparece el peritaje por obra de los prácticos italianos, en
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un principio para establecer las causas de la muerte y el cuerpo del delito. El derecho canó-
nico reconoce el peritaje, como medio apto para probar ciertos hechos, como la virginidad
de la mujer, la impotencia del hombre y la inspección de las heridas”8
Uno de los más graves problemas prácticos que debe resolver la ciencia procesal, es el
relativo a la limitación de conocimientos del Juez, unida a la cada vez más creciente com-
plejidad de la vida moderna. Se elige al Juez por sus conocimientos jurídicos, pero lo cierto
es que en gran número de ocasiones la decisión judicial no se fundamenta exclusivamente
en dichos conocimientos, sino que presupone la resolución de cuestiones técnicas tan ín-
timamente enlazadas con el objeto litigioso que, según sea la decisión de la cuestión téc-
nica discutida, será absolutoria o condenatoria la sentencia que se dicte en el proceso. La
única solución consiste en colocar al lado del juez personas expertas con conocimientos
Durante el proceso se requiere muchas veces la presencia de expertos sobre determinadas
cuestiones, para que el juez obtenga más claridad en ciertos aspectos que no son puramente
jurídicos; ejemplo de ello los médicos, en caso de que se hayan producido lesiones, o para
aclarar las causas de la muerte; calígrafos, para determinar la autenticidad de las frmas;
psiquiatras, para establecer si la persona actuó en pleno uso de sus facultades mentales,
“La prueba pericial, es el medio por el cual las personas ajenas a las partes, que poseen
conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o profesión y que han sido precisamente
designadas en un proceso determinado, perciben, verifcan hechos y los pone en conoci-
miento del juez, y dan su opinión fundada sobre la interpretación y apreciación de los mis-
mos, a fn de formar la convicción del magistrado, siempre que para ello se requieran de
esos conocimientos”9
Su necesidad radica en recurrir a personas que poseen conocimientos especiales, científ-
cos, técnicos, y artísticos necesarios para obtener, valorar o explicar un elemento de prueba.
Eso constituye su fundamento inmediato, pues el juez no lo sabe todo10
“El objeto del peritaje son los hechos sobre los cuales el perito emitirá sus observaciones
o aplicará reglas técnicas, artísticas o científcas de la experiencia especializada a los hechos
comprobados en el proceso, para deducir de ellos las consecuencias, causas, o valores que
se investigan. El peritaje tiene por objeto, exclusivamente cuestiones concretas de hechos
que pueden ser psíquicos, psiquiátricos, conductas humanas, sucesos naturales, aspectos
de la realidad material, sociales u objetos que sean creación del hombre o productos de la
naturaleza, la persona física humana y su condición psíquica”.
8 Solórzano León, Justo Vinicio. “El Peritaje cultural como medio de prueba en los procesos judiciales de
Guatemala”. Revista Guatemalteca de Ciencias Penales-, Justicia Penal y Sociedad. Instituto de Estudios
comparadosComparados en Ciencias Penales de Guatemala. Año 8-No. 13 Enero 2000, pp. 23 -49.
9 http://www.slideshare.net/guestc1831e/prueba-pericial-522952.
10 La prueba en materia penal. Instituto de la Defensa Pública Penal. Guatemala, junio 2008.
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El Magistrado o Juez es un técnico en Derecho, y en Guatemala también de las Cien-
cias Sociales, pero generalmente carece de conocimiento sobre otras ciencias, artes, ofcios,
técnicas, que requieren de estudios especializados o experiencias particulares; Carnelutti,
afrma: “así como el juez no puede verlo todo, con igual razón no puede saberlo todo”.
Algunos hechos concretos puestos a su conocimiento por su complejidad o especialidad
requieren o exigen de un conocimiento especial para su verifcación o califcación, que son
el presupuesto necesario para que el juez pueda aplicar las normas jurídicas que regulan el
caso concreto, de esta manera deviene necesario que el juez se auxilie de un experto que
tiene aptitudes que el juzgador no posee.
Se afrma por la doctrina que pueden ser objeto de peritaje exclusivamente los hechos,
no así el derecho, pero ¿qué pasa con los valores, tradiciones, costumbres y el ejercicio de
autoridades indígenas al resolver casos concretos y el principio de iuria novit curia?”11
Denis Echandía afrma que la peritación es la forma conducente de probar la costum-
bre y así lo acepta la doctrina en general. Entre ellos Echandía Franchi, dice a propósito
del derecho del Estado, únicamente es posible la indagación técnica, cuando se trate de la
costumbre, por que el juez ignora los hechos singulares que la confguran y a menudo no
dispone de testimonios ni de documentos para probarla; Bobbio, advierte que individualizar
una costumbre implica conocer hechos técnicos mercantiles o de historia local, así como de
un complejo de instrumentos heurísticos que son eventuales para el juez y no forman parte
del patrimonio cultural propio de sus funciones. En conclusión: la cultura de un grupo social
en sus diversas manifestaciones puede ser objeto de prueba por estar constituida por hechos,
los que pueden ser conocidos por el juez por medio del peritaje cultural.
Las afrmaciones de los connotados juristas confrman la tesis, que si el juez ignora la
cultura o tiene duda de las pautas culturales del conficto sometido a su conocimiento debe
apoyarse en el peritaje cultural.
Pero lo afrmado por Bobbio, respecto de que “conocer hechos de esas costumbres, no
forman parte del patrimonio cultural de las funciones del juez”, merece ser revisado en
sociedades multiculturales como el caso de Guatemala, o en casos donde sea necesario re-
conocer y respetar los derechos humanos y ciudadanos de los pueblos indígenas, los cuales
sí deben ser parte del patrimonio jurídico cultural, no sólo de los jueces sino de todos los
Solórzano León afrma: “La situación es diversa, pues se trata de un derecho local, regio-
nal o micro regional, y de la circunstancia que el derecho indígena no se encuentra escrito
o codifcado”. Situación que nos ubica ante un caso de encuentro o desencuentro entre dos
sistema jurídicos, uno basado en la formalidad, la escritura y con una lógica en la que el ser
11 Solórzano León, Justo Vinicio. “El peritaje cultural como medio de prueba en los procesos judiciales de
Guatemala”. Revista Guatemalteca de Ciencias Penales, Justicia Penal y Sociedad. Instituto de Estudios
Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. Año 8-No. 13 Enero 2000, pp. 23 -49.
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humano es el centro de las relaciones sociales; el otro basado en la oralidad, poco formal y
con un pensamiento cosmogónico en que el hombre no es el centro de la relación sino que
está en íntima relación con el cosmos y la naturaleza, o sea que trasciende lo humano. “El
informe o dictamen de peritos, constituye la llamada prueba pericial, de aplicación a toda
clase de juicios”12
“El dictamen, es la conclusión a la que ha llegado el perito tras el análisis del objeto de
prueba, de acuerdo al arte, ciencia o técnica por él dominadas. El dictamen se presentará
por escrito, frmado y fechado. Si la presentación del mismo se da en la audiencia, podrá
presentarse oralmente, según lo disponga el tribunal o autoridad ante quien se ratifque (Art.
234 CPP). En cualquier caso, no hay impedimento para que el dictamen se dé en ambas
formas”13
El Código Procesal Penal Guatemalteco, en su Art. 223, señala: “El dictamen será funda-
do y contendrá una relación detallada de las operaciones practicadas y sus resultados, las
observaciones de las partes o de sus consultores técnicos, y las conclusiones que se formu-
len respecto de cada tema pericial, de manera clara y precisa. Los peritos podrán dictaminar
por separado cuando exista diversidad de opiniones entre ellos”.
El dictamen se presentará por escrito, frmado y fechado, y oralmente en las audien-
cias, según lo disponga el tribunal o la autoridad ante quien será ratifcado, documento
que contendrá las conclusiones técnicas científcas fundadas a las que arriba el perito, con
explicación detallada y descriptiva de las operaciones practicadas y del por qué llega a esa
conclusión (Art. 2 Reglamento del INACIF).
Todo dictamen, deberá contener como mínimo los siguientes requisitos:
• Número de identifcación interna del dictamen.
• Identifcación del proceso correspondiente.
• Lugar y fecha de la realización.
• Autoridad solicitante.
• Tema sobre los que versó la peritación.
• Explicación detallada del orden y descripción de las diligencias y operaciones realizadas
por el perito durante la investigación científca.
• Descripción fundada del procedimiento utilizado.
12 http://200.60.28.3/Facultades/derecho/documentos/produccionjuridica/200802/ EL_PERITAJE_PENAL.
13 Ministerio Público, Ob. Cit. Páag. 143.
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• Explicación detallada, descriptiva e ilustrada de las conclusiones a la que arriba el peri-
to, con razonamiento fundado del por qué llega a esa conclusión.
• Nombre completo, cargo, frma y sello del o los peritos participantes (Art. 26 Reglamen-
to del INACIF).
Si hubiese varios peritos y éstos no llegasen a las mismas conclusiones, podrán dictami-
nar por separado.
En aquellos casos en los que el dictamen fuese confuso, el Ministerio Público o el Tribu-
nal podrán solicitar a los peritos que lo practicaron, la aclaración del mismo.
La ampliación es la proposición que pueden realizar el Ministerio Púbico o el Tribunal
de nuevos temas a los mismos u otros peritos, en el caso que el dictamen pericial realizado
fuese insufciente a los fnes del descubrimiento de la verdad.
La renovación es la repetición de la pericia realizada o de las conclusiones emitidas que
el Ministerio Público o Tribunal solicita a otros peritos.
Peritaciones Especiales
Autopsia, peritación en delitos sexuales, cotejo de documentos, traductores e intérprete.
10. El peritaje cultural
“El peritaje cultural, es un acto procesal, que debe desarrollarse por encargo del juez en
todo proceso en que se aplique la legislación nacional a los pueblos indígenas, con el fn
de tomar en cuenta su cultura y/o su método propio de resolución de confictos en un caso
concreto. Se trata de una actividad humana, por la cual se verifca la cultura en sus diversas
manifestaciones como producto de hechos sociales; se establecen sus características, moda-
lidades, calidades, y relación con los hechos sujetos a juicio”14
Así también, “la prueba pericial es el medio probatorio a través del cual un perito, nom-
brado por el fscal, el juez o tribunal, emite un dictamen fundado en ciencia, técnica o arte,
útil para la obtención, descubrimiento o valoración de un objeto de prueba”15
“La denominada prueba pericial, peritaje o testimonio pericial, es aquella declaración que
presta un perito o experto en una determinada ciencia, técnica o arte, que sea una material
de su especialidad y puede dar luz al juzgador sobre un determinado hecho dentro del jui-
cio”16
14 Solórzano León, Justo Vinicio. “El Pperitaje cultural como medio de prueba en los procesos judiciales de
Ccomparados en Ciencias Penales de Guatemala. Año 8-No. 13 Enero 2000.
15 Ministerio Público, Manual del fscal. Pág. 138.
16 Jauregui, Hugo Roberto, Introducción al derecho probatorio en materia penal. Pág. 95.
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El peritaje, es un testimonio post facto, pues que, siendo un medio de prueba, adjunta
elementos antes o dentro del proceso. El peritaje no lleva al proceso el objeto de prueba,
pero hace comprender, mediante opinión técnica o científca, al objeto de la prueba, es decir,
que no se adquiere dicho objeto por el experto, sino se explica y analiza: tipo de lesiones
provocadas, si se produjeron por determinada arma; causas de muerte; escritura legítima o
falsa; interpretación o traducción en la investigación, etc., o sea un examen idóneo sobre un
hecho ya acaecido, extremos que un testigo no puede establecer.
El peritaje cultural, es un puente que se tiende entre la forma de ver y entender la realidad
del tribunal y de los pueblos indígenas.
El peritaje cultural (también llamado peritaje antropológico o prueba judicial antropológi-
ca), provee datos importantes del contexto social en que se desenvuelve el caso y aporta las
pruebas sobre un hecho o conducta que proviene de parámetros culturales distintos.
Consiste en cuestionar desde otro marco cultural los hechos que se juzgan. Constituye un
mecanismo, que permite aportar los medios de prueba que la ley contempla para acreditar
que la diferencia cultural propició y condicionó una conducta tipifcada como delito en los
códigos del sistema jurídico ofcial pero que desde la perspectiva cultural del individuo que
ha cometido la falta, no lo es.
11. Características del peritaje cultural
Es una actividad humana, desarrollada por personas especializadas por su experiencia o
conocimiento, que deben efectuar determinados actos para luego emitir un dictamen. Es una
actividad procesal que debe producirse en el curso del proceso penal.
Es una actividad califcada, en virtud de que es una actividad de personas califcadas por
su experiencia o conocimientos en la materia. Para la realización de dichos peritajes, los
científcos sociales son los peritos idóneos puesto que tienen el conocimiento científco y
el manejo de técnicas y metodologías propias de la Antropología y otras ciencias, además
conocen el entorno social y cultural de hechos que suceden en comunidades indígenas.
Se realiza por encargo judicial. Para que tenga validez debe ser encargado por un juez
competente. No obstante debe recordarse que por el principio de libertad de prueba, las par-
tes pueden practicarlo y ofrecer el dictamen del perito para ser ratifcado en el debate.
Vinculación con los hechos: el peritaje debe versar sobre hechos del proceso, debe ser
Hechos especiales: los hechos sobre los cuales debe versar el peritaje deben ser especia-
les, cuya verifcación, valoración e interpretación, no pueda realizarse por personas media-
namente cultas y de jueces cuya preparación es esencialmente jurídica.
Es una declaración de ciencia, porque el perito expone lo que conoce mediante la obser-
vación o inducción de los hechos sobre los cuales emite su dictamen; sin pretender ningún
efecto jurídico concreto con sus conceptos, el peritaje cultural debe ser objetivo e imparcial,
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limitándose a expresar cómo el sujeto a proceso es regulado por el derecho propio de los
pueblos indígenas a que pertenecen víctima y sindicado, y cuál es su aceptación o rechazo
Es una operación valorativa, porque además de la declaración de ciencia, contiene la va-
loración del hecho, y no una simple observación.
Es medio de prueba porque auxilia al juez en el conocimiento de una cultura ajena a su
patrimonio intelectual, que debe tomar en cuenta los derechos humanos y ciudadanos de los
pueblos indígenas”17
En un proceso judicial el peritaje cultural no busca demostrar inocencia a toda costa o
acomodarse a los intereses del ente acusador, para que se sancione. La función del peritaje
cultural es analizar los hechos dentro del marco cultural indígena y aportar los elementos de
juicio para el juzgador.
Puede resultar de mucha utilidad para probar el error de prohibición o error de tipo, el
error de comprensión, culturalmente condicionados y la conducta disidente.
Mediante el peritaje cultural, es posible aclarar los hechos, porque se contextualizan den-
tro de la realidad cultural y social que los rodea. Se busca el origen y la explicación dentro
del contexto social y cultural mediante testimonio y la opinión de personas conocedoras de
las normas comunitarias, las costumbres y creencias. En otras palabras, el peritaje cultural
toma en cuenta la versión de las autoridades tradicionales, si fuera el caso.
En resumen, el dictamen de un peritaje cultural debe orientar de manera científca dando
los elementos necesarios para que la autoridad solicitante tome una decisión o emita un
concepto que sea acorde con las disposiciones legales vigentes. El perito antropólogo no
es un juez, constituye un apoyo científco de la justicia que da elementos explicativos a un
hecho, por lo que en peritajes jurídicos no es necesario hacer una etnografía o una reseña
bibliográfca sino que debe presentar únicamente los elementos explicativos que muestren
lo que a la luz la o las instituciones de justicia requieren.
Doctrinaria y legalmente, la prueba pericial en general, tiene que ser apreciada y valo-
rada con un criterio de conciencia, según las reglas de la sana crítica, la cual se sustenta en
el principio de libre apreciación de la prueba, y que consiste en un método de análisis que
incluye la forma típica del razonamiento válido, por medio de la lógica, la experiencia y la
12. Procedimiento para solicitar el peritaje cultural
en el Instituto de la Defensa Pública Penal de Guatemala
Para la realización del peritaje cultural como un medio de prueba dentro del proceso
penal, el abogado defensor debe conocer el contexto sociocultural en que ocurrieron los
17 Ibídem, p. 27.
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hechos puestos a su conocimiento, si es una comunidad, municipio, departamento, o región
lingüística cultural de pueblos indígenas. Podría ser que en un área de población no indíge-
na, a un indígena se le violen sus derechos específcos (Art. 225 del CPP).
El abogado(a) defensor(a) debe buscar en el conficto los elementos socioculturales del
mismo, y cuando el caso lo permita, debe plantearse la duda razonable que amerite la pro-
fundización o explicación antropológica, para que por medio del peritaje se contribuya al
esclarecimiento del mismo. El marco anterior evidencia la necesidad del peritaje antropo-
lógico o cultural.
• Los abogados del IDPP solicitan el peritaje a la Coordinación del Enfoque Intercultural,
por medio del formulario respectivo (adjunto) o solicitud del mismo.
• La Coordinación del Enfoque Intercultural analiza la procedencia de la solicitud. Si la
solicitud es procedente, elabora la defnición de los puntos objeto del peritaje cultural
(Art. 231 del CPP).
• La Coordinación del Enfoque Intercultural identifca a los peritos de conformidad con
el perfl establecido en los Términos de Referencia; quienes deberán acreditar la calidad
profesional en la materia de que se trata, y propone al experto que realizará el peritaje
cultural (Art. 226 del CPP).
• La Coordinación del Enfoque Intercultural comunica al abogado defensor, por la vía
respectiva (telefónica o correo electrónico) los datos de identifcación personal del con-
sultor, su hoja de vida y otros datos a fn de acreditar la calidad profesional, técnica o de
conocimiento de la cultura de los pueblos indígenas, según fuera el caso, para que proce-
da a realizar la investigación y proponerla posteriormente como medio de investigación
o de prueba, ante el órgano jurisdiccional respectivo.
• Los peritajes deben realizarse sobre los extremos o puntos específcos solicitados por la
defensa técnica, y ordenados por el tribunal, si fuera el caso, de ofrecerlo como medio
de investigación o como medio de prueba dentro del proceso penal.
• Al concluir el estudio, el perito deberá presentar su dictamen ante la Coordinación del
Enfoque Intercultural en tres (3) copias originales, remitiéndose una para el abogado
defensor, otra para el trámite de pago y una para el archivo de peritajes realizados.
• Según corresponda a su estrategia de defensa, el abogado defensor en forma verbal o
escrita, propone ante el órgano jurisdiccional el dictamen o informe del perito o bien
propone la realización del peritaje cultural durante el desarrollo del debate (Art. 226 del
CPP). En esta última circunstancia deberán cumplirse los procedimientos de contrata-
• El perito deberá comparecer ante el tribunal a ratifcar, aclarar o ampliar su dictamen,
bajo juramento de ley (Art. 227 del CPP). El órgano jurisdiccional mediante resolución
admite (o rechaza) el peritaje cultural como prueba nueva.
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13. Lecciones aprendidas por las Defensorías Indígenas
del Instituto de la Defensa Pública Penal de Guatemala
(IDPP) de Guatemala
La necesidad del peritaje cultural sirve para:
Establecer si víctima y victimario son y se consideran indígenas.
Establecer si el delito se cometió en un área indígena.
• Establecer si el delito se cometió dentro de un contexto sociocultural que obliga a in-
vestigar, perseguir y acusar, defender y resolver al sistema ofcial de justicia del Estado,
tomando en cuenta los derechos humanos y ciudadanos de los pueblos indígenas, en
especial el derecho a su propio derecho.
• Establecer si han intervenido las autoridades indígenas en el tratamiento del conficto; si
resolvieron, qué resolvieron; si se ejecutó el fallo.
• Establecer por qué se remite el caso a la jurisdicción ofcial del Estado, si fueron las
autoridades las que remiten el caso o si una de las partes inconformes somete el asunto
al conocimiento de los jueces.
• Permite conocer si el hecho ya ha sido juzgado en el otro sistema a fn de garantizar
orden, certeza jurídica y justicia con pertinencia cultural.
• Permite la coordinación entre el sistema jurídico indígena, el sistema jurídico nacional
y el sistema jurídico internacional.
La práctica del peritaje cultural nos ha demostrado que no hay investigación, persecución
y acusación con pertinencia cultural en Guatemala, salvo honrosas excepciones.
Para el Instituto de la Defensa Pública Penal de Guatemala (IDPP), es un medio de prueba
de reciente utilización y ha demostrado la necesidad de integrar equipos multidisciplinarios
que permitan superar la idea de que la respuesta al conficto debe ser estrictamente jurídica
sin relación con otras ciencias sociales.
Nos ha demostrado que en la resolución de casos, los jueces: 1) No valoran los peritajes
culturales pero infuyen en sus razonamientos; 2) Los jueces comienzan a razonar y funda-
mentar sus resoluciones aplicando doctrina antropológica, la Constitución Política y trata-
dos internacionales. Lo cual es un aliento, para responder a la demanda social de justicia.
Su base legal la encontramos en:
• Código Procesal Penal: Arts. 225-243, 347, 350/1, 375,376, 378, 379, 381.
• Ley Orgánica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, Dto. 32-2006.
• Ley marco de los Acuerdos de Paz.
• Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y Ley marco de los Acuer-
dos de Paz.
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• Ley de idiomas nacionales.
• Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos.
• Declaración de UNESCO sobre la diversidad cultural.
• Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Documentos entregados en clase por la Maestra Sandra Acán Guerrero. Universidad de San
Carlos de Guatemala. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Escuela de Postgra-
do. Curso: Teoría del Delito, lecciones I, II, III y IV.
COPMAGUA. Más allá de la costumbre: cosmos, orden y equilibrio. MINUGUA y Coope-
ración Ofcial para el Desarrollo de Japón. Guatemala, 1999.
“Derecho Consuetudinario Indígena en Guatemala”. Revista ASIES 4. Asociación de Inves-
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Consideraciones antropológicas sobre
la realización de peritajes culturales
en el sistema de justicia guatemalteco
Ervin Fidel Us Alvarez1
El presente trabajo constituye una refexión realizada en el marco del Encuentro especia-
lizado sobre peritajes culturales y acceso a la justicia de los pueblos indígenas facilitado
por el Instituto Interamericano de Derecho Humanos y la Red de Atención a Pueblos Indí-
genas, llevada a cabo en la ciudad de San José en Costa Rica en junio de 2010.
Este conjunto de ideas aborda la importancia y la enorme necesidad de fortalecer y fo-
mentar la realización de peritajes culturales en el sistema de justicia guatemalteco a fn de
promover una mejor aplicación de la justicia, dada la compleja diversidad cultural que ca-
racteriza a la sociedad de este país.
Se hace un especial hincapié en los aspectos sobre los que un peritaje cultural puede apor-
tar luces para entender aspectos específcos del comportamiento humano en tanto productor
y reproductor de cultura en el marco de procesos judiciales.
1. Marco jurídico regulatorio de los peritajes culturales
El peritaje cultural es un acto procesal, que debe desarrollarse por encargo de cualquiera
de las partes de un proceso en que se aplique la legislación nacional. El mismo consiste en
una exposición para aclarar o explicar un aspecto o varios de la cultura propia de los pueblos
indígenas u otros grupos culturales específcos, que tengan una implicación directa con el
asunto objeto del litigio2
En tal sentido podemos indicar que dicho acto procesal está regulado actualmente, entre
otras normas, de la siguiente manera3
En el área civil y mercantil se regula por los artículos del 164 al 171 del Código Procesal
Civil y Mercantil, Decreto Ley Número 107;
En el área penal se regula por los artículos del 225 al 237 del Código Procesal Penal, de-
creto 51-92 del Congreso de la República;
En el área laboral se regula por el artículo 352 del Código de Trabajo, decreto 1441 del
1 Antropólogo Social y perito cultural guatemalteco de origen Maya-K’iche’.
2 Solórzano León, 2000. P. 30.
3 Ibíd., P. 34.
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En lo administrativo, es regulado por el artículo 26, de la Ley de lo Contencioso Adminis-
trativo, decreto 119-96 del Congreso de la República;
En lo Constitucional, es regulado por el artículo 7 de la Ley de Amparo, Exhibición Per-
sonal y de Constitucionalidad, decreto 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente.
2. Importancia de los peritajes culturales en la aplicación
En tan sólo 8,800 kilómetros cuadrados, Guatemala presenta una de las sociedades más
diversas desde el punto de vista cultural. Y es después de Bolivia4
, el país con mayor pre-
sencia indígena en términos porcentuales en su población.
De acuerdo a los datos ofciales proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística5
la población indígena pasa del 40% de la población total; sin embargo la apreciación de
algunos expertos nacionales es que podría alcanzar hasta un 60%. En todo caso la población
indígena está constituida por tres pueblos: Maya, Garífuna y Xinka, subdividiéndose el pri-
mero en 22 comunidades lingüísticas6
En ese sentido es válido indicar que una realidad multicultural exige un aparato público
multicultural. Es decir que la realidad indicada hace que sea necesario considerar respuestas
de parte del Estado acorde a la composición culturalmente diversa de la población guate-
malteca. Esto pasa obligatoriamente por una visión renovada que el Estado debe construir
sobre su propia naturaleza y su relación con una ciudadanía multicultural.
Si bien el acceso a la justicia en Guatemala, como un derecho y servicio público, pasa
actualmente por un ejercicio de mejorar entre otros aspectos la prontitud, efectividad y cum-
plimiento, un aspecto insoslayable es el de la pertinencia cultural del sistema.
Se entiende por pertinencia cultural a la condición de estar en coherencia con la cultura
de la población hacia la cual se dirigen las acciones/servicios de una entidad. Signifca ser
respetuosos a esa forma particular de vida y actuar adecuadamente, es decir, no pretender
irrumpir la forma propia de vida de la población y adaptarla en función a una determinada
cultura, sino adaptar las acciones y enfoques a la cultura de los usuarios7
4 La composición de la población boliviana comprende una mayoría indígena con el 69% de la población
de origen inca, quechuas y aymaras, siendo la mayor población indígena de América del Sur y de toda
5 http://www.ine.gob.gt/index.php/demografa-y-poblacion/42-demografaypoblacion/75-censo2002.
6 De acuerdo al decreto 65-90 y su reforma 24-2003, éstas son: Achi, Itza’, Sakapulteko, Uspanteko, Aka-
teko, Chalchiteko, Awakateko, Mam, Poqomam, Poqomchi’, K’iche’, Q’eqchi’, Kaqchikel, Tz’utujil, Mo-
pan, Tektiteko, Sipakapense, Ch’orti’, Popti’, Q’anjob’al, Ixil y Chuj.
7 Consejo Asesor sobre Pueblos Indígenas y Pluralidad, Presidencia y Vicepresidencia de la República,
documento sobre la descripción de su naturaleza, Guatemala, 2007.
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considerAciones AntropológicAs sobre lA reAlizAción
de peritAjes culturAles en el sistemA de justiciA guAtemAlteco
Esta correcta adecuación permitiría ir eliminando el etnocentrismo, el racismo y la ex-
clusión, tan característicos del actual sistema de justicia. La mencionada exclusión se ex-
presa de manera palpable en casi todo contacto que se da entre las personas indígenas que
demandan la intervención del sistema para la resolución de determinados confictos y el
sistema mismo (que incluye por supuesto a las personas que trabajan en las instituciones
En todo ese proceso, una de las cuestiones más importantes es la de desarrollar modelos y
pautas que armonicen los distintos sistemas y concepciones culturales sobre la observancia
del sistema de normas (estructura jurídica) y la justicia (como resultado).
La pertinencia cultural de la justicia es entonces una demanda fundamentada en virtud del
enorme desconocimiento que el sistema tiene de la Guatemala Indígena, lo cual deviene en
acciones de exclusión y racismo.
En ese sentido el peritaje cultural viene a jugar roles importantes en los sentidos siguien-
• Aclara e instruye al sistema y sus operadores sobre aspectos específcos de la cultura de
un determinado pueblo.
• Explica la lógica de determinados hechos, comportamientos o fenómenos sociales de
determinado pueblo.
• Coadyuva a hacer pertinente culturalmente un fallo, al explicar esa lógica cultural de
Indirectamente se podría decir que ayuda, al cerrar la brecha cultural entre el sistema of-
cial y la población indígena, a ir disminuyendo el racismo y etnocentrismo que podría privar
en la aplicación de justicia.
3. Aspectos que puede dilucidar un peritaje cultural desde la
3.1 La cultura o la cuestión cultural en su sentido amplio
El objeto de estudio de la ciencia antropológica es, en un sentido amplio, la raza humana
en tanto creadora y reproductora de cultura. En un sentido específco son todos aquellos
elementos de los cuales está compuesta la cultura, entendida esta como la herencia social.
Es decir la transmisión de los conocimientos colectivos que se han producido a lo largo del
tiempo y se expresan en lo que saben y hacen las personas, las que a su vez transforman y
enriquecen dicho conocimiento.
En su sentido amplio, cultura signifca la herencia social íntegra de la humanidad, en
tanto que en su sentido más restringido una cultura equivale a una modalidad particular de
la herencia social8
8 Linton, Ralph, 1970. P. 90.
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Desarrollado más el concepto se puede indicar que cultura es el “patrimonio simbólico
de los patrones de pensamiento y conocimiento que se manifestan, materialmente, en los
objetos y bienes, en particular mediante la conducta social; e, ideológicamente, mediante
la comunicación simbólica y la formulación de la experiencia social en sistemas de conoci-
miento, creencias y valores”9
En ese marco el peritaje cultural desde la perspectiva antropológica es la exposición de
uno o varios aspectos de una cultura determinada10
. Como ya se indicó anteriormente, el ob-
jetivo es explicar en la lógica del sistema de justicia el signifcado de un determinado hecho.
Así podemos indicar que desde la perspectiva antropológica se pueden abordar distintos
aspectos en la elaboración de un peritaje cultural, mismos que se describen a continuación.
3.1.1 La identidad cultural
Este es un aspecto de fundamental importancia cuando se trata de un peritaje sobre algún
aspecto de la cultura de una persona o comunidad indígena, ya que esto requiere establecer
la identidad de la o las personas de manera adecuada.
La identidad de una persona está constituida por aquel conjunto de elementos y circuns-
tancias que le hacen ser único e irrepetible, lo diferencian frente a otras personas y lo iden-
tifcan a lo interno de un pueblo o etnia. Son partes de esa identidad personal, los rasgos
físicos o defnidos biológicamente y aquellos defnidos socialmente, aprendidos o impues-
tos por su pueblo o etnia, los que constituyen su entorno social primario. Son partes de esa
identidad, entonces, su pertenencia étnica, su idioma, su religión, su profesión, sus ideas, su
aspecto físico, etc.
En tal sentido dicha identidad está marcada por la cultura, y esta consiste en el conjun-
to de ideas, creencias, tradiciones, instituciones, conocimientos, religión y espiritualidad,
cosmogonía y cosmovisión y territorios propios de un grupo humano. La cultura determina
entonces nuestras concepciones sobre el mundo que nos rodea y nuestras reacciones y ten-
dencias; nuestras relaciones y nuestros prejuicios están marcados por nuestra cultura. Es de-
cir, la cultura es la codifcación de la realidad que un pueblo hace y le sirve para interpretar
Sin embargo la cultura misma está sujeta a cambios y transformaciones que responden a
cambios adaptativos, es decir que la cultura cambia para mejor desenvolverse frente a cier-
9 Ribeiro, Darcy, 1971. P. 8.
10 El papel del antropólogo no es el de un experto en producir cada elemento de la cultura, sino en explicar en
qué consisten y qué papel juegan en todo el conjunto de la cultura dichos elementos. Es decir, el antropó-
logo no es experto criador de ganado vacuno, pero debe saber explicar el valor del ganado en términos de
estatus social en determinada cultura, los signifcados sociales, políticos y hasta espirituales que conlleva
tener determinada cantidad de ganado, poder explicar las costumbres y tradiciones que involucran dicha
actividad, etc. Lo mismo sucede con cualquier elemento de la cultura tal como el vestuario, el idioma, las
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tas realidades. Otras veces la cultura puede cambiar debido a infuencias de otras culturas.
Con estos cambios es obvio que las personas cambian, lo cual se evidencia cuando los in-
dividuos de una determinada cultura o pueblo modifcan algunos rasgos o elementos de su
propia cultura para darle lugar a nuevos elementos que provienen de otro grupo o pueblo.
Lo anterior no implica que las personas dejen de ser parte de su cultura sólo por el hecho
de modifcar ciertos aspectos como dejar de vestir su atuendo tradicional, dejar de usar el
idioma propio de su pueblo, entre otros.
Generalmente los antropólogos utilizan los rasgos denominados diacríticos para identi-
fcar a una persona como parte una determinada cultura, los cuales consisten en aquellos
elementos más representativos de un pueblo; en Guatemala, por ejemplo, identifcamos a
alguien como indígena si porta su atuendo tradicional, habla un idioma indígena, entre otros
Sin embargo, hoy en día se ha evolucionado hasta el hecho de que una persona tiene la
libertad de reconocerse parte de un pueblo si considera que tiene los elementos culturales
que le hacen ser parte de ese pueblo, es decir aún contando con los elementos culturales que
lo identifcan como parte de una cultura determinada, esa persona tiene la última palabra
para decir si es o no parte de esa cultura y pueblo.
Como se indicó, un diacrítico utilizado generalmente es el idioma, el cual se puede en-
tender según lo establece la Ley de Idiomas Nacionales11
: “Lengua específca de una comu-
nidad determinada, que se caracteriza por estar fuertemente diferenciada de las demás”. Es
decir, el código altamente estructurado y complejo utilizado en un grupo humano determi-
nado para comunicarse entre sí.
Dicho grupo, al caracterizarse por el uso de ese código que toma forma de idioma o len-
gua, se le conoce como comunidad lingüística, la cual es defnida en la misma ley citada
anteriormente como el “conjunto de personas que poseen, reconocen y utilizan un idioma
común, ya sea en un espacio territorial, social o cultural específco”.
3.1.2 Aspectos lingüísticos
Siguiendo la línea de lo expuesto en el punto anterior, el idioma o lengua de la persona o
grupos de personas está ligado estrechamente con la identidad de los mismos, aunque pueda
ser que no hable el idioma.
En este punto, tanto la antropología como la lingüística tienen funciones importantes para
determinar aspectos referentes al idioma, en lo que se refere a la antropología propiamente.
Los aspectos sobre los que se puede indagar en un peritaje cultural son entre otros:
• la habilidad y dominio del mismo,
• el tipo de variante dialectal,
11 Decreto 19-2003, Congreso de la República de Guatemala. Mayo de 2003.
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• expresiones propias del idioma,
• nivel de entendimiento de otros idiomas,
• nivel de entendimiento del castellano (permite saber si requiere de manera indispensable
de un traductor),
• aspectos demográfcos relacionado con el idioma,
• presencia del idioma en determinados territorios (ayudan a explicar procesos de migra-
• prestigio o racismo lingüístico (saber el nivel de aceptación o rechazo de grupo en deter-
minadas regiones, el Q’eqchi’ por ejemplo goza de cierto prestigio en muchas regiones
3.1.3 La cultura inmaterial
La cultura inmaterial consiste en la espiritualidad, la cosmovisión y las creencias propias
En el primero, la espiritualidad, tenemos el conjunto de elementos ideológicos que dan
forma a una estructura de creencias sagradas y/o religiosas. Esto incluye los rituales, los
discursos y a las personas que guían y dan cuerpo a este conjunto de ideas. En el caso del
pueblo Maya existe la fgura del Aj q’ij, o guía espiritual y todo un sistema que se denomina
En el tema de la espiritualidad cabe también lo referente a los lugares o altares sagrados.
En referencia a esto se deben abordar las normas, usos y características que rigen estos
lugares, que para el caso de los Pueblos Indígenas en Guatemala no están constituidos por
edifcaciones, sino generalmente se encuentran en lugares naturales y abiertos.
La cosmovisión, por otro lado, es el conjunto de ideas que explican el mundo, el universo,
la vida y al grupo mismo. En ese sentido acá lo que puede ser objeto de explicación es el
comportamiento social de las personas en virtud de dichas ideas y explicaciones. Un buen
ejemplo es la creencia en la cosmovisión maya de que todo tiene vida. Y de ahí que se ge-
neren confictos por la explotación de los recursos naturales o construcción de ciertas obras
Es decir la cosmovisión da vida a ciertas creencias que si no son comprendidas a caba-
lidad, no se pueden entender determinados comportamientos. Y ello puede ser objeto de
explicación en un peritaje cultural.
3.1.4 Costumbres y tradiciones
Ligadas a la cosmovisión de un pueblo, están las costumbres y tradiciones. De hecho el
pueblo las crea y funcionan para expresar y recrear a la cosmovisión misma.
Las costumbres y tradiciones son ritos y actos que explican las creencias y valores. Éstas
se practican justamente para dar sentido, valor y perpetuación del grupo.
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De esa cuenta hay costumbres y tradiciones para desarrollar casi todas las actividades de
• Las alianzas matrimoniales.
• La preparación y el consumo de los alimentos.
• Las festas.El trabajo.
• La crianza de los niños.La curación de enfermedades.
• La relación con los animales y las plantas.
3.1.5 Tierra y recursos naturales
Acá los peritajes juegan un papel fundamental en cuanto a establecer las normas de he-
rencia y administración de la tierra. Es decir si ésta es tierra comunal o colectiva o existe
la propiedad privada. Si fuese propiedad privada, es importante defnir si es el caso, como
funciona la línea de la herencia; si es patrilineal o no, si es verbal o escrita, si utiliza el sis-
tema ofcial de registro de la propiedad o por el contrario, si se hace uso de las autoridades
indígenas o propias.
3.1.6 Organización política y autoridades
La organización política son la forma, los mecanismos y los actores que integran el siste-
ma por medio del cual se gestiona el poder a lo interno y externo del grupo o pueblo.
La función aclaratoria del perito en cuanto a este ítem, puede incluir la descripción de la
estructura y funcionamiento de las instituciones de las autoridades propias. Se puede tam-
bién establecer si son instituciones precolombinas o producto del colonialismo o si más bien
También incluye establecer los procedimientos de selección y nombramiento, aspectos
que administran y su relación con las instituciones ofciales.
3.1.7 Pluralismo jurídico y sistemas de justicia propios
Se dice que existe pluralismo cuando operan en un mismo territorio diversidad de siste-
mas de naturaleza distinta, tales como el sistema jurídico indígena, los sistemas jurídicos
internacionales o sistemas jurídicos tradicionales que actualmente rigen en casi todos los
Estados. La diversidad jurídica se refeja en los principios y valores que fundamentan un
La diversidad en este ámbito implica que un hecho puede ser considerado un delito o no,
o que la gravedad de un hecho puede tener distinto grado, dependiendo del lente cultural
con que se le juzgue.
Asimismo, una norma o ley dentro del marco jurídico del Estado, podría estar reñida con
las tradiciones, costumbres, creencias y forma de vida de la cultura a la que pertenece la
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En Guatemala actualmente perviven paralelamente distintos sistemas de justicia. En ese
marco particular podemos indicar que paralelos al sistema de justicia ofcial existen la de
los pueblos indígenas y los sistemas consuetudinarios.
El papel del peritaje es establecer cuál es la naturaleza y estructura de los mismos, qué
aspectos juzgan, cómo se nombran y eligen a las autoridades y cómo se interrelacionan los
distintos sistemas con el ofcial.
Por ejemplo, de acuerdo a estudios y sistematizaciones realizadas, el sistema maya tiene
las siguientes características12
Constructivo. Permite construir la unidad, el equilibrio y la armonía, entre seres huma-
nos y entre humanidad, cosmos y naturaleza.
Integral. Incluye relaciones con la madre naturaleza, el cosmos y el Ajaw, a través de las
ceremonias, para el efecto.
Oral. Por ser transmitido y desarrollado por vía oral, en particular usando el idioma pro-
pio de la comunidad, invistiendo de valor y respeto a la palabra misma.
Moral. Infunde en la persona humana guardar respeto hacia todos los seres humanos in-
cluyendo al Ajaw, el cosmos y la naturaleza.
Digno. Aconseja no transgredir la norma de respeto, a través del Pixab´. De no observar
el Pixab´ se incurre en perder la dignidad mediante el Xajan, el cual es sancionado como
mak o awas, que signifca faltar al consenso y armonía entre las partes, irrespetando el valor
Conductor. Informa y orienta a las personas como seres humanos de las normas de obe-
diencia, respeto tanto para los seres humanos como para los elementos de la naturaleza.
Conciliatorio. Por la tradición oral y el valor del mismo, juega una papel trascendente en
el diálogo y transmisión de hechos, causas, efectos, razones, argumentos, justifcaciones y
consensos de las partes, conciliando por medio de valorar lo expuesto de forma verbal.
Preventivo. Previene y delinea, y si es el caso persuade y coacciona la conducta humana
durante el desarrollo de la vida y la relación con la familia y la comunidad.
Consensual. Utiliza el consenso como mecanismo de convencimiento y consentimiento
para la formalización de actos y admisión de una o varias soluciones alternativas de hechos,
circunstancias, desavenencias y adversidades, siendo el fundamento para el valor de la pa-
labra y la conducta a observar y las acciones a realizar.
Dinámico. Parte de la dinámica cambiante de la sociedad, de acuerdo al contexto, nece-
sidad y satisfacción de las partes, aun habiendo disenso.
12 Conferencia Nacional de Ministros de la Espiritualidad Maya, Oxlajuj Ajpop, 2003. P. 42.
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Formativo. Forma y educa a la persona y a la colectividad sobre la debida observancia
y aplicación de la normativa del sistema de principios y valores de convivencia social y
Neutral. Manifesta postura imparcial por su carácter conciliador, desarrollando una serie
de consejos y llamadas de atención, a fn de velar por el bienestar colectivo e individual.
Reparador. Busca mantener la armonía social, procurando reparar el desequilibrio, así
como resarcir el daño ocasionado por una acción de Sajan.
Cosmobiológico. Basa su práctica, aplicación, vigencia y desarrollo de la normativa so-
cial, en la observancia del sistema calendárico maya
Histórico. Se fundamenta en fuentes materiales como las inscripciones y de la memoria
y práctica oral de las autoridades mayas.
Humano. Aplicar objetivamente el conjunto de normativa establecidas a favor de la vida
en armonía con los semejantes, la naturaleza y el cosmos, incentivando el desarrollo huma-
no, como fnalidad de la coexistencia colectiva e individual.
3.1.8 Historia local propia
En este tema le tocará al perito determinar aquellos aspectos de la historia propia de un
determinada aldea o localidad, pueblos, comunidad lingüística, entre otros. Nos referimos
entonces, a aquella historia no ofcial, que no se sabe de manera ofcial y que para algunos
antropólogos es más bien la memoria colectiva del grupo, memoria que contiene por ejem-
plo fechas y datos de la fundación de la comunidad, primeros pobladores, hitos históricos
importantes, entre otros.
Importante es señalar que las percepciones sobre la historia nacional ofcial son interpre-
tadas y concebidas de una manera particular de acuerdo a las dinámicas locales. Lo que para
la nación es un hito grande, sublime, victorioso, que llena de orgullo nacional puede tener
otra interpretación para la localidad a partir de los signifcados propios de dichos hechos.
3.1.9 Vestimenta tradicional
En este punto el peritaje puede versar sobre las características de la vestimenta misma. En
Guatemala por ejemplo, el vestuario tradicional indígena varía de acuerdo a cada región,
comunidad lingüística y municipio. Otros aspectos importantes son las prácticas y proce-
dimientos referentes a los materiales y su elaboración. Asimismo los diseños, contenidos y
signifcados.
Por otra parte también se pueden establecer otros elementos sociales tales como razones
del desuso del mismo o cambios y transformaciones en su estructura original, entre otros
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4. Consideraciones y recomendaciones fnales
ca) provee datos importantes del contexto social en que se desenvuelve el caso y aporta las
Consiste en cuestionar desde otro marco cultural los hechos que se juzgan. En ese sentido
en un elemento auxiliar y constituye un estudio científco judicial.
La función del peritaje cultural es analizar los hechos dentro del marco cultural indígena
y aportar los elementos de juicio para el juzgador.
del contexto social y cultural mediante el testimonio y la opinión de personas conocedoras
de las normas comunitarias, las costumbres y las creencias. Es un medio de prueba que brin-
da información al juzgador e ilustra su criterio sobre el marco cultural en donde se dieron
los hechos que se juzgan.
Puede desarrollarlo un experto conocedor de la cultura sobre la que se está juzgando
cuando el aspecto a esclarecer es muy específco; es decir, no necesariamente debe ser un
antropólogo, pero éste último quizá pueda brindar aportes un tanto más precisos en virtud
Todos los peritajes tienen características distintas, es decir pueden durar períodos dife-
rentes de acuerdo a su complejidad y temas a tratar. Incluso pueden requerir a más de una
persona para llevar a cabo el estudio. Como se ha visto a lo largo de esta breve exposición,
los tópicos sobre los que puede versar el peritaje desde el punto de vista antropológico son
variados y de diferente nivel de complejidad. En este trabajo se abordaron sólo los más re-
presentativos de este tipo de investigación científco judicial.
Por último, es importante señalar que dadas las características multiculturales de países
como Guatemala, es sumamente importante promover el uso de estas opiniones periciales
en la aplicación de la justicia a efecto de lograr cerrar la brecha cultural existente entre el
sistema ofcial de justicia y pueblos indígenas, que perciben, practican y recrean la justicia
desde ópticas diferentes.
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