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Timestamp: 2018-08-18 23:40:46+00:00

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Resolución de TEAC, 00/347/2005, 28-03-2007 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/347/2005 de 28 de Marzo de 2007
Núm. Resolución: 00/347/2005
Los órganos administrativos que dictaron el acto objeto de reclamación económico-administrativa, podrán anularlo en el plazo de un mes para remitir el expediente al órgano económico-administrativo, de acuerdo con el artículo 235.3 de la LGT (Ley 58/2003) cuando no haya sido objeto de recurso de reposición y el escrito de interposición de la reclamación contenga alegaciones. En el caso concreto, no se han acompañado alegaciones, por lo que debe anularse el acuerdo de anulación del primer acto y también anularse el acto administrativo sustitutorio (es decir el acuerdo de denegación de la solicitud de devolución) y mantenerse el acto objeto de reclamación económico-administrativa, que se confirma por el Tribunal Económico-Administrativo.
En la Villa de Madrid, a 28 de marzo de 2007, en la reclamación económico- administrativa que, en única instancia, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, interpuesta por ... con NIF ... y actuando en su nombre y representación D. ..., y con domicilio a efectos de notificaciones en ... contra el acuerdo (nº ...) dictado por la Oficina Nacional de Gestión Tributaria - IVA No Residentes de fecha 20 de mayo de 2004, y referido al Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2003 (tercer trimestre) y por importe de 3.559.374,58 euros de devolución, en el que se comunica al interesado la improcedencia de entrar en el fondo del asunto de la solicitud de devolución por el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto.
PRIMERO: El día 21 de enero de 2003, la Oficina Nacional de Inspección del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, notifica a la entidad ... comunicación de inicio de las actuaciones de comprobación e investigación, con alcance parcial, con objeto de comprobar las importaciones realizadas por la misma en el ejercicio 2001, por el concepto tributario Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación.
Las actuaciones de comprobación e investigación anteriores, concluyen con la incoación al obligado tributario ... el día 6 de junio de 2006 de un acta de disconformidad (Acta nº ...). El acta tiene el carácter de previa y regulariza la situación tributaria del sujeto pasivo por el concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación. La propuesta de regularización contenida en el acta tiene el siguiente desglose.
Cuota tributaria 3.559.374,58 euros
Intereses de demora 334.221,56 euros
Total deuda tributaria 3.893.596,14 euros
El acta de disconformidad mencionada, se acompaña del preceptivo informe ampliatorio de igual fecha. Tanto del cuerpo del acta como del informe ampliatorio se extraen los siguientes hechos relevantes:
1. La empresa ... tiene su domicilio social en Francia, siendo ... su representante fiscal en España.
2. La entidad, se dedica a la importación y comercialización en Francia de ...
3. En mayo de 2001 comenzaron a introducir ... en la Unión Europea por la Aduana de ..., mediante el despacho a libre práctica de ... por dicha Aduana, o bien vinculándolos al régimen de Depósito Aduanero de Iniciativas Portuarias, para despacharlos posteriormente a libre práctica.
4. Todos ... despachados a libre práctica durante el año 2001 se han declarado exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación, acogiéndose a la exención prevista en el artículo 27 apartado 12 de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido, y que desarrolla el artículo 14.3 del Real Decreto 1624/1992 que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.
5. De toda la documentación que obra en el expediente, se desprende que se ha producido el hecho imponible importanción por incumplir los requisitos recogidos en los artículos mencionados anteriormente, por el despacho a libre práctica de ... que se relacionan en el anexo 1 de la diligencia de fecha 8 de mayo de 2003 y que da lugar a la propuesta de regularización que acompaña el acta de disconformidad.
El acuerdo de liquidación provisional dictado por el Jefe de la Oficina Nacional de Inspección del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, fue notificado al obligado tributario, según manifiesta el mismo, el día 15 de julio de 2003.
El obligado tributario pagó la deuda tributaria correspondiente a la liquidación derivada del acta de disconformidad por importe de 3.893.596,14 euros (correspondiendo 3.559.374,58 euros a la cuota tributaria y 334.221,56 euros a los intereses de demora) el día 4 de agosto de 2003, tal y como figura en la validación mecánica del documento de ingreso correspondiente.
SEGUNDO: La entidad reclamante, presenta el día 28 de julio de 2003, reclamación económico-administrativa en única instancia ante este Tribunal Económico-Administrativo Central (reclamación nº ...) contra la liquidación provisional derivada del acta de disconformidad anterior, en la que manifiesta que estima no ajustada a derecho la liquidación practicada por el Jefe de la Oficina Nacional de Inspección del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria por el concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación correspondiente al ejercicio 2001.
Dicha reclamación económico-administrativa fue desestimada por el Tribunal Económico-Administrativo Central en sesión de fecha ... de 2004.
TERCERO: La entidad reclamante ... presenta ante la Audiencia Nacional recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la reclamación económico-administrativa dictada por este Tribunal Económico-Administrativo Central.
CUARTO: Por otro lado, la entidad ..., presentó el día 1 de octubre de 2003, modelo 361 de solicitud de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2003 y por importe de 3.559.374,58 euros de devolución. Dicha cantidad, coincide con el importe de la cuota liquidada por la Oficina Nacional de Inspección del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en la liquidación deriva del acta de disconformidad que hemos expuesto en los antecedentes anteriores.
El Jefe de la Oficina Nacional de Gestión Tributaria-IVA No Residentes, dicta el día 20 de mayo de 2004 acuerdo nº ... relativo a la mencionada solicitud de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2003 y por importe de 3.559.374,58 euros. en el que textualmente se recoge: "considerando que la devolución que solicita por el artículo 119 de la Ley del IVA, de 3.559.374,58 euros, procede de la liquidación clave nº ... y referencia ... del Acta de Disconformidad incoada por la Oficina Nacional de Inspección del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, de fecha 6 de junio de 2003, por el concepto tributario Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación, cuyo objeto de actuación fueron las importaciones de ... realizadas durante el ejercicio 2001 que incumplían los requisitos para la aplicación de la exención recogida en el artículo 27 apartado 12 de la Ley del IVA. Teniendo en cuenta que con fecha 28 de julio de 2003, se presentó reclamación económico administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Central contra el acuerdo de liquidación por no estimarlo ajustado a derecho. Entendemos que en la fecha actual no es procedente entrar en el fondo del asunto en tanto el TEAC no emita resolución sobre el mismo y adquiera firmeza el acto del que deriva".
El acuerdo anterior, fue notificado a la entidad interesada el día 7 de septiembre de 2004.
QUINTO: La entidad reclamante, presenta el día 21 de septiembre de 2004, ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, la reclamación económico-administrativa en única instancia que se examina (nº 347/05) contra el acuerdo dictado por la Oficina Nacional de Gestión Tributaria-IVA No Residentes, y que hemos expuesto en el antecedente de hecho anterior. En el escrito de interposición la entidad se limita a manifestar que estima no ajustado a derecho el acto administrativo y que se tenga por interpuesta en tiempo y forma la reclamación económico-administrativa.
El día 20 de diciembre de 2004, el Jefe de la Oficina Nacional de Gestión Tributaria - IVA No Residentes, acuerda, en virtud del artículo 235.3 segundo párrafo de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria, anular totalmente el acto objeto de la impugnación y por consiguiente, entrar a resolver sobre el fondo del asunto, relativo a la solicitud de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2003 y por importe de 3.559.374,58 euros. Como consecuencia de ello, se dicta nuevo acuerdo por el que se desestima la solicitud de devolución presentada, debido a que el importe de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas han sido objeto de devolución por parte de la Administración Tributaria en base al procedimiento de devolución recogido en el artículo 115 de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Dicho acuerdo de la Oficina Nacional de Gestión Tributaria es remitido, junto con el expediente administrativo, al Tribunal Económico-Administrativo Central para su tramitación.
El Tribunal Económico-Administrativo Central notifica el día 10 de mayo de 2005 a la entidad ... que conforme el artículo 236.1 de la Ley 58/2003 General Tributaria se le pone de manifiesto el expediente por plazo de un mes en el que deberá presentar el escrito de alegaciones con aportación de las pruebas pertinentes.
No consta, que a la fecha de la resolución de esta reclamación económico-administrativa, la entidad reclamante haya presentado sus alegaciones.
En esta reclamación económico-administrativa en única instancia, se produce la circunstancia de que la entidad reclamante no ha presentado alegaciones que enfrentar al acuerdo dictado por la Oficina Nacional de Gestión Tributaria-IVA no residentes, que se impugna.
SEGUNDO: Antes de entrar a resolver sobre el fondo del asunto relativo a la solicitud de devolución de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas por determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, este Tribunal Económico-Administrativo Central debe entrar a conocer sobre determinados aspectos del procedimiento seguido por los órganos de gestión tributaria relativos a la iniciación del procedimiento económico-administrativo en única o primera instancia.
El artículo 235 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria relativo a dicha iniciación del procedimiento en única o primera instancia, en sus apartados segundo y tercero dispone:
"2. El procedimiento deberá iniciarse mediante escrito que podrá limitarse a solicitar que se tenga por interpuesta, identificando al reclamante, el acto o actuación contra el que se reclama, el domicilio para notificaciones y el tribunal ante el que se interpone. Asimismo, el reclamante podrá acompañar las alegaciones en que base su derecho. (...)
3. El escrito de interposición se dirigirá al órgano administrativo que haya dictado el acto reclamable que lo remitirá al Tribunal competente en el plazo de un mes junto con el expediente correspondiente, al que se podrá incorporara un informe si se considera conveniente.
No obstante, cuando el escrito de interposición incluyese alegaciones, el órgano administrativo que dictó el acto podrá anular total o parcialmente el acto impugnado antes de la remisión del expediente al Tribunal dentro del plazo señalado en el párrafo anterior siempre que no se hubiera presentado previamente recurso de reposición. En este caso, se remitirá al Tribunal el nuevo acto dictado junto con el escrito de interposición. (...)".
En la presente reclamación económico-administrativa la entidad ... presentó el día 21 de septiembre de 2004, ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, la reclamación económico-administrativa en única instancia que se examina contra el acuerdo dictado por la Oficina Nacional de Gestión Tributaria-IVA No Residentes en el que se comunica al interesado la improcedencia de entrar en el fondo del asunto de la solicitud de devolución por el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto.
En el escrito de interposición la entidad se limita a manifestar que estima no ajustado a derecho el acto administrativo y que se tenga por interpuesta en tiempo y forma la reclamación económico-administrativa.
El día 20 de diciembre de 2004, el Jefe de la Oficina Nacional de Gestión Tributaria - IVA No Residentes, acuerda, en virtud del artículo 235.3 segundo párrafo de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria, anular totalmente el acto objeto de la impugnación y por consiguiente, entrar a resolver sobre el fondo del asunto, relativo a la solicitud de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2003 y por importe de 3.559.374,58 euros. Como consecuencia de ello, se dicta acuerdo por el que se desestima la solicitud de devolución presentada, debido a que el importe de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas han sido objeto de devolución por parte de la Administración Tributaria en base al procedimiento de devolución recogido en el artículo 115 de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido. Dicho acuerdo de la Oficina Nacional de Gestión Tributaria es remitido, junto con el expediente administrativo, al Tribunal Económico-Administrativo Central para su tramitación.
Procede por tanto, que examinemos si se han dado las circunstancias legalmente previstas para que la Oficina Nacional de Gestión Tributaria haya procedido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235.3 de la Ley General Tributaria 58/2003.
En primer lugar conviene señalar la propia complejidad que desde el punto de vista jurídico ofrece esta figura de anulación total o parcial que prevé la Ley 58/2003 General Tributaria. La vía de revisión que contiene el artículo 235.3 ofrece cuestiones de gran importancia pudiendo resaltar las siguientes:
1. La figura recogida en el artículo 235.3 de la Ley General Tributaria no es un recurso potestativo y previo de reposición.
2. Tampoco estamos en presencia de ninguno de los procedimientos especiales de revisión a que se refiere el artículo 216 de la Ley 58/2003.
3. Se trata de un figura jurídica introducida por la Ley 58/2003 y que será desarrollada posteriormente por el RD 520/2003 de 13 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria en materia de revisión en vía administrativa, aplicable exclusivamente cuando concurran los requisitos que vamos a desarrollar a continuación.
La revisión efectuada por la Oficina Nacional de Gestión Tributaria no se califica de recurso de reposición. El recurso de reposición es un recurso potestativo que se interpone en su caso, con carácter previo a las reclamaciones económico administrativa. En el presente caso, queda claro a la vista del escrito de interposición, que la entidad reclamante, opta por no interponer recurso de reposición y acudir directamente a la vía de revisión económico-administrativa ante los Tribunales económico administrativos.
De igual forma, la figura del artículo 235.3 de la Ley General Tributaria tampoco se encuadra dentro de los procedimientos especiales de revisión del artículo 216 de la Ley General Tributaria. Estos procedimientos exigen unos motivos tasados y unos procedimientos estrictos que se verían defraudados si se utiliza la posibilidad de anulación del artículo 235.3 Ley General Tributaria.
Es necesario recordar a este respecto lo que dispone el artículo 213 de la Ley General Tributaria:
"1. Los actos y actuaciones de aplicación de los tributos y los actos de imposición de sanciones tributarias podrán revisarse, conforme a lo establecido en los capítulos siguientes, mediante:
Las resoluciones de los órganos económico-administrativos podrán ser declaradas lesivas conforme a lo previsto en el artículo 218 de esta ley. (...)".
Es decir, que para llevar a cabo una revisión de un acto administrativo, como es el dictado por la Oficina Nacional de Gestión Tributaria, debe utilizarse una de las vías que menciona el artículo 213 de la Ley General Tributaria, y por tanto con la aplicación del artículo 235.3 de la Ley General Tributaria no se puede encubrir la aplicación por la Administración otro tipo de procedimiento que estuviera permitiendo una nueva revisión de los actos administrativos, sin ajustarse a los motivos y procedimientos exigidos para ellos.
El apartado tercero del artículo 235 de la Ley 58/2003 permite que se anule total o parcialmente el acto impugnado siempre que tenga lugar el cumplimiento conjunto de los siguientes requisitos:
1. Que no se haya presentado previamente recurso de reposición.
2. Que el escrito de interposición incluya alegaciones.
3. El acto impugnado se podrá anular total o parcialmente en el plazo de un mes para remitir el escrito de interposición de la reclamación y el expediente al Tribunal.
Pero además, conviene recordar que de esta figura surgen diferentes actos que no se deben confundir:
a. El acto que originó la reclamación económico-administrativa: acuerdo de fecha 20 de mayo de 2004 en el que se comunica al interesado la improcedencia de entrar en el fondo del asunto de la de solicitud de devolución por el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto.
b. El acuerdo por el que se anula el acuerdo anterior de fecha 16 de diciembre de 2004.
c. En su caso el acto nuevo dictado que sustituye el anterior (acto sustitutorio) que en nuestro caso es el acuerdo de denegación de la devolución de fecha 20 de diciembre de 2004.
Puesto que la entidad reclamante presenta una reclamación económico-administrativa contra el acuerdo inicial de fecha 20 de mayo de 2004 en el que se comunica al interesado la improcedencia de entrar en el fondo del asunto, dicha reclamación se extiende tanto al acuerdo de anulación del anterior, como al nuevo acto dictado que lo sustituye de fecha 20 de diciembre de 2004.
En nuestro caso, el acto objeto de impugnación (en el que se comunica al interesado la improcedencia de entrar en el fondo del asunto de la solicitud de devolución por el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto) no fue objeto de recurso potestativo y previo de reposición, cumpliendo en ese sentido con el primer requisito necesario para proceder conforme el artículo 235.3 de la Ley 58/2003.
El segundo requisito necesario para la aplicación de ese artículo es que el interesado haya adjuntado al escrito de interposición de la reclamación económico-administrativa, las alegaciones en las que base su derecho.
Es decir que a tenor de lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley 58/2003 antes transcrito, la parte reclamante puede optar por interponer reclamación económico-administrativa mediante escrito dirigido al órgano que hubiera dictado el acto objeto de impugnación, y en el que se puede limitar a solicitar que se tenga por interpuesta dicha reclamación, o bien puede adjuntar las alegaciones en las que base su derecho.
Únicamente en el caso de que la parte reclamante presente alegaciones conjuntamente con el escrito de interposición de la reclamación económico administrativa, procede aplicar el apartado tercero del artículo 235 de la Ley General Tributaria, ya que sólo en aquellos casos en que la reclamación económico administrativa contenga las alegaciones correspondientes, los órganos de la administración tributaria pueden conocer cuáles son las pretensiones del reclamante y proceder a anular total o parcialmente el acto impugnado. Ya hemos mencionado anteriormente, que en el escrito de interposición, la entidad se limita a manifestar que estima no ajustado a derecho el acto objeto de impugnación y a que se tenga por interpuesta la reclamación económico-administrativa, sin incluir alegaciones en el escrito de interposición.
Podemos concluir que la Oficina Nacional de Gestión Tributaria - IVA No Residentes, procedió a anular el acto objeto de impugnación y a dictar un nuevo acto aplicando el artículo 235.3 de la Ley 58/2003 General Tributaria pero a la vista de todo lo anterior, este procedimiento no era el correcto, ya que el interesado no presentó alegaciones en el escrito de interposición de la reclamación económico administrativa en las que justificara los fundamentos jurídicos por los que no consideraba ajustado a derecho dicho acto administrativo. La Oficina Nacional de Gestión Tributaria, procedió por la vía del artículo 235.3 de la Ley General Tributaria a subsanar los errores que había cometido al dictar el acto objeto de impugnación, siendo necesario para esto que se utilicen las vías que prevé el artículo 216 de la Ley General Tributaria.
Por todo lo anterior, puesto que se considera que la reclamación económico-administrativa se extiende tanto el acuerdo de anulación del acto impugnado como al nuevo acto dictado, este Tribunal Económico Administrativo Central debe proceder a la anulación del acuerdo de anulación del primer acto (de fecha 16 de diciembre de 2004) así como a la anulación del acto administrativo sustitutorio (es decir el acuerdo de denegación de la solicitud de devolución de fecha 20 de diciembre de 2004) y al mantenimiento por tanto del acto objeto de impugnación, es decir el acuerdo de fecha 20 de mayo de 2004 por el que se comunica al interesado la improcedencia de entrar en el fondo del asunto de la solicitud de devolución por el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, y que será sobre el que proceda resolver sobre el fondo del asunto.
TERCERO: Entrando ya a conocer de este acto de fecha 20 de mayo de 2004, el artículo 236 de la misma Ley General Tributaria, relativo a la tramitación de las reclamaciones económico-administrativas establece que el tribunal, una vez recibido y, en su caso, completado el expediente, lo pondrá de manifiesto a los interesados que hubieran comparecido en la reclamación y no hubiesen formulado alegaciones en el escrito de interposición o las hubiesen formulado pero con la solicitud expresa de este trámite, por plazo común de un mes en el que deberán presentar el escrito de alegaciones con aportación de las pruebas oportunas.
La entidad reclamante, interpone el día 21 de septiembre de 2004, ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, la reclamación económico-administrativa en única instancia que se examina contra el acuerdo dictado por la Oficina Nacional de Gestión Tributaria-IVA No Residentes. En dicho escrito de interposición, se limita a manifestar que estimando el acto administrativo no ajustado a Derecho, al amparo de los artículos 226 y siguientes de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, interpone reclamación económico-administrativa, solicitando su remisión al Tribunal Económico-Administrativo Central, competente para su tramitación. Solicita que se tengan por realizadas las manifestaciones en él contenidas y por interpuesta la reclamación económico-administrativa.
La falta de presentación de alegaciones en el procedimiento económico-administrativo, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo y reiterada doctrina de este Tribunal Económico-Administrativo Central, no es causa por sí misma de caducidad del procedimiento, ni puede interpretarse como desistimiento tácito, ni siquiera prejuzga o determina la desestimación de la reclamación promovida por el reclamante, para quien aquella presentación es una facultad y no una obligación.
No obstante lo anterior, este Tribunal Económico-Administrativo Central puede en todo caso, hacer uso de las amplias facultades revisoras que el artículo 237 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria le atribuye, según el cual: "Las reclamaciones y recursos económico-administrativos someten a conocimiento del órgano competente para su resolución todas las cuestiones de hecho y de derecho que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas por los interesados, sin que en ningún caso pueda empeorar la situación inicial del reclamante.
Si el órgano competente estima pertinente examinar y resolver cuestiones no planteadas por los interesados las expondrá a los mismos para que puedan formular alegaciones".
El órgano económico-administrativo, en el ejercicio de tales funciones revisoras, sólo puede llegar a una resolución estimatoria cuando del conjunto de actuaciones practicadas puede deducir razonablemente las causas que evidencian la ilegalidad del acuerdo recurrido.
Es decir, la falta de alegaciones en el procedimiento económico-administrativo, cuando, como ocurre en este caso, se ha notificado al interesado la apertura del trámite, supone que por éste no se ha levantado la carga procesal correspondiente, y si bien en modo alguno puede llevar a presuponer el desistimiento en la pretensión, dificulta la valoración por el Tribunal de las razones de la impugnación presentada.
Además, en el presente expediente administrativo, la entidad recurrente, no ha interpuesto recurso de reposición, de manera que carecemos de alegaciones, o argumentaciones por parte de la entidad reclamante ni anteriores ni posteriores a la interposición de la presente reclamación, que acrediten, como manifiesta la interesada, que el acuerdo dictado por la Oficina Nacional de Gestión Tributaria no es ajustado a Derecho, contando únicamente con la motivación efectuada por la Administración Tributaria al respecto. El acuerdo impugnado desestima la solicitud de devolución presentada por el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, debido a que el importe de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas han sido objeto de devolución por parte de la Administración Tributaria mediante el procedimiento de devolución recogido en el artículo 115 de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido y que se refiere a los supuestos generales de devolución, por lo que resulta improcedente en este caso, la aplicación del procedimiento especial regulado en el artículo 119 del mimo texto legal, para determinados empresarios no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto.
El hecho de que no se hayan ofrecido ulteriores alegaciones en esta vía económico-administrativa unido al criterio que tiene esta Sala sobre la materia que se regulariza nos conduce a confirmar el acuerdo que se impugna y a la desestimación de la presente reclamación económico-administrativa.
EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, en Sala, vista la reclamación económico-administrativa interpuesta por ... con NIF ... y actuando en su nombre y representación D. ..., y con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra el acuerdo (nº ...) dictado por Oficina Nacional de Gestión Tributaria-IVA No Residentes de fecha 20 de mayo de 2004, y referido al Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2003 y por importe de 3.559.374,58 euros de devolución, en el que se comunica al interesado la improcedencia de entrar en el fondo del asunto de la de solicitud de devolución por el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto. ACUERDA: desestimarla, anulando el acuerdo de fecha 20 de diciembre de 2004 y confirmando el acuerdo de fecha 20 de mayo de 2004.
Sentencia Administrativo Nº 979/2015, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 5, Rec 796/2013, 08-10-2015
Orden: Administrativo Fecha: 08/10/2015 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Gallego Laguna, Jose Alberto Num. Sentencia: 979/2015 Num. Recurso: 796/2013
Resolución de TEAC, 00/6508/2008, 22-10-2008
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 22/10/2008 Núm. Resolución: 00/6508/2008

References: Resolución 
 artículo 235
 resolución 
 artículo 27
 artículo 14
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 119
 artículo 27
 resolución 
 artículo 235
 artículo 115
 artículo 236
 resolución 
 artículo 235
 artículo 235
 artículo 115
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 artículo 235
 artículo 216
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 artículo 216
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 artículo 213
 artículo 218
 artículo 213
 artículo 235
 artículo 235
 artículo 235
 artículo 235
 artículo 235
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