Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/r7-l54-1997.html
Timestamp: 2017-09-24 12:14:51+00:00

Document:
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico (Vigente hasta el 01 de Enero de 2004).
Vigencia desde 29 de Noviembre de 1997. Esta revisión vigente desde 13 de Noviembre de 2003 hasta 01 de Enero de 2004
TITULO I. Disposiciones generales. Competencias administrativas y planificación eléctrica
Artículo 2 Régimen de las actividades
Artículo 3 Competencias administrativas
Artículo 4 Planificación eléctrica
Artículo 5 Coordinación con planes urbanísticos
Artículo 6 Comisión Nacional del Sistema Eléctrico
Artículo 7 Consejo Consultivo de la Comisión
Artículo 8 Funciones de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico
TITULO II. Ordenación del suministro
Artículo 9 Sujetos
Artículo 10 Garantía del suministro
Artículo 11 Funcionamiento del sistema
Artículo 12 Actividades en territorios insulares y extrapeninsulares
Artículo 13 Intercambios intracomunitarios e internacionales de electricidad
Artículo 14 Separación de actividades
TITULO III. Régimen económico
Artículo 15 Retribución de las actividades reguladas en la Ley
Artículo 16 Retribución de las actividades y funciones del sistema
Artículo 17 Tarifas eléctricas
Artículo 18 Peajes de transporte y distribución
Artículo 19 Cobro y liquidación de las tarifas y precios
Artículo 20 Contabilidad e información
TITULO IV. Producción de energía eléctrica
CAPITULO I. Régimen ordinario
CAPITULO II. Régimen especial
TITULO V. Gestión económica y técnica del sistema eléctrico
Artículo 32 La gestión económica y técnica
Artículo 33 Operador del mercado
Artículo 34 Operador del sistema
TITULO VI. Transporte de energía eléctrica
Artículo 35 La red de transporte de energía eléctrica
Artículo 36 Autorización de instalaciones de transporte de energía eléctrica
Artículo 37 Contenido de las autorizaciones de instalaciones de transporte
Artículo 38 Acceso a las redes de transporte
TITULO VII. Distribución de energía eléctrica
Artículo 39 Regulación de la distribución
Artículo 40 Autorización de instalaciones de distribución
Artículo 41 Obligaciones y derechos de las empresas distribuidoras
Artículo 42 Acceso a las redes de distribución
Artículo 43 Líneas directas
TITULO VIII. Suministro de energía eléctrica
CAPITULO I. Suministro a los usuarios y gestión de la demanda eléctrica
Artículo 44 Suministro
Artículo 45 Obligaciones y derechos de las empresas distribuidoras y comercializadoras en relación al suministro
Artículo 46 Programas de gestión de la demanda
Artículo 47 Planes de ahorro y eficiencia energética
CAPITULO II. Calidad del suministro eléctrico
Artículo 48 Calidad del suministro eléctrico
Artículo 49 Potestad inspectora
Artículo 50 Suspensión del suministro
Artículo 51 Normas técnicas y de seguridad de las instalaciones eléctricas
TITULO IX. Expropiación y servidumbres
Artículo 52 Utilidad pública
Artículo 53 Solicitud de la declaración de utilidad pública
Artículo 54 Efectos de la declaración de utilidad pública
Artículo 55 Derecho supletorio
Artículo 56 Servidumbre de paso
Artículo 57 Limitaciones a la constitución de servidumbre de paso
Artículo 58 Relaciones civiles
TITULO X. Infracciones y sanciones
Artículo 59 Principios generales
Artículo 60 Infracciones muy graves
Artículo 62 Infracciones leves
Artículo 63 Determinación de las sanciones
Artículo 65 Procedimiento sancionador
Artículo 66 Competencia para imponer sanciones
Primera Intervención administrativa de empresas eléctricas
Segunda Ocupación del dominio público marítimo terrestre para líneas aéreas de alta tensión
Tercera Efectos de la falta de resolución expresa
Cuarta Modificación de los artículos 2 y 57 de la Ley de Energía Nuclear
Quinta Modificación del capítulo XIV de la Ley de Energía Nuclear
Sexta Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos
Séptima Paralización de centrales nucleares en moratoria
Octava Modificación de la Ley de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear
Novena Sociedades cooperativas
Décima Legislación especial en materia de energía nuclear
Undécima Actualización de sanciones
Duodécima Modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986
Decimotercera Costes de «stock» estratégico del combustible nuclear
Decimocuarta Servidumbres de paso
Decimoquinta Sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares
Primera Aplicación de disposiciones anteriores
Segunda Efecto de autorizaciones anteriores
Tercera Renovación de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico
Cuarta Carbón autóctono
Quinta Separación de actividades
Sexta Costes de transición a la competencia
Séptima Inscripción en Registros Administrativos
Octava Primas a la producción por cogeneración y régimen económico del Real Decreto 2366/1994, de 9 de diciembre
Novena «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima»
Décima Beneficios de la Ley 82/1980, de 30 de diciembre
Undécima Régimen retributivo especial para distribuidores
Duodécima Gestor de la red de distribución
Decimotercera Consumidores cualificados
Decimocuarta Traspaso de funciones de la Oficina de Compensación de Energía Eléctrica
Decimoquinta Sistemas insulares y extrapeninsulares
Decimosexta Plan de Fomento del Régimen Especial para las Energías Renovables
Primera Carácter de la Ley
El suministro de energía eléctrica es esencial para el funcionamiento de nuestra sociedad. Su precio es un factor decisivo de la competitividad de buena parte de nuestra economía. El desarrollo tecnológico de la industria eléctrica y su estructura de aprovisionamiento de materias primas determinan la evolución de otros sectores de la industria. Por otra parte, el transporte y la distribución de electricidad constituyen un monopolio natural: se trata de una actividad intensiva en capital, que requiere conexiones directas con los consumidores, cuya demanda de un producto no almacenable -como la energía eléctrica- varía en períodos relativamente cortos de tiempo. Además, la imposibilidad de almacenar electricidad requiere que la oferta sea igual a la demanda en cada instante de tiempo, lo que supone necesariamente una coordinación de la producción de energía eléctrica, así como la coordinación entre las decisiones de inversión en generación y en transporte de energía eléctrica. Todas estas características técnicas y económicas hacen del sector eléctrico un sector necesariamente regulado.
La presente Ley tiene, por consiguiente, como fin básico establecer la regulación del sector eléctrico, con el triple y tradicional objetivo de garantizar el suministro eléctrico, garantizar la calidad de dicho suministro y garantizar que se realice al menor coste posible, todo ello sin olvidar la protección del medioambiente, aspecto que adquiere especial relevancia dadas las características de este sector económico. Sin embargo, a diferencia de regulaciones anteriores, la presente Ley se asienta en el convencimiento de que garantizar el suministro eléctrico, su calidad y su coste no requiere de más intervención estatal que la que la propia regulación específica supone. No se considera necesario que el Estado se reserve para sí el ejercicio de ninguna de las actividades que integran el suministro eléctrico. Así, se abandona la noción de servicio público, tradicional en nuestro ordenamiento pese a su progresiva pérdida de trascendencia en la práctica, sustituyéndola por la expresa garantía del suministro a todos los consumidores demandantes del servicio dentro del territorio nacional. La explotación unificada del sistema eléctrico nacional deja de ser un servicio público de titularidad estatal desarrollado por el Estado mediante una sociedad de mayoría pública y sus funciones son asumidas por dos sociedades mercantiles y privadas, responsables respectivamente, de la gestión económica y técnica del sistema. La gestión económica del sistema, por su parte, abandona las posibilidades de una optimización teórica para basarse en las decisiones de los agentes económicos en el marco de un mercado mayorista organizado de energía eléctrica.
La planificación estatal, por último, queda restringida a las instalaciones de transporte, buscando así su imbricación en la planificación urbanística y en la ordenación del territorio. Se abandona la idea de una planificación determinante de las decisiones de inversión de las empresas eléctricas, que es sustituida por una planificación indicativa de los parámetros bajo los que cabe esperar que se desenvuelva el sector eléctrico en un futuro próximo, lo que puede facilitar decisiones de inversión de los diferentes agentes económicos.
El propósito liberalizador de esta Ley no se limita a acotar de forma más estricta la actuación del Estado en el sector eléctrico. A través de la oportuna segmentación vertical de las distintas actividades necesarias para el suministro eléctrico, se introducen cambios importantes en su regulación. En la generación de energía eléctrica, se reconoce el derecho a la libre instalación y se organiza su funcionamiento bajo el principio de libre competencia. La retribución económica de la actividad se asienta en la organización de un mercado mayorista. Se abandona el principio de retribución a través de unos costes de inversión fijados administrativamente a través de un proceso de estandarización de las diferentes tecnologías de generación eléctrica.
El transporte y la distribución se liberalizan a través de la generalización del acceso de terceros a las redes. La propiedad de las redes no garantiza su uso exclusivo. La eficiencia económica que se deriva de la existencia de una única red, raíz básica del denominado monopolio natural, es puesta a disposición de los diferentes sujetos del sistema eléctrico y de los consumidores. La retribución del transporte y la distribución continuará siendo fijada administrativamente, evitándose así el posible abuso de las posiciones de dominio determinadas por la existencia de una única red. Asimismo, para garantizar la transparencia de esta retribución, se establece para las empresas eléctricas la separación jurídica entre actividades reguladas y no reguladas en cuanto a su retribución económica.
La comercialización de energía eléctrica adquiere carta de naturaleza en la presente Ley. No se trata de una posibilidad sometida a la consideración del Gobierno, sino de una realidad cierta, materializada en los principios de libertad de contratación y de elección de suministrador que se consagra en el texto. Se establece un período transitorio para que el proceso de liberalización de la comercialización de la energía eléctrica se desarrolle progresivamente, de forma que la libertad de elección llegue a ser una realidad para todos los consumidores en un plazo de diez años.
De esta forma, se configura un sistema eléctrico que funcionará bajo los principios de objetividad, transparencia y libre competencia, en el que la libre iniciativa empresarial adquirirá el protagonismo que le corresponde. Todo ello sin perjuicio de la necesaria regulación propia de las características de este sector, entre las que destacan la necesidad de coordinación económica y técnica de su funcionamiento.
La presente Ley incorpora a nuestro ordenamiento las previsiones contenidas en la Directiva 96/92/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre, sobre normas comunes para el mercado interior de electricidad. Se trata de una directiva que permite la coexistencia de distintas formas de organización del sistema eléctrico, en las que introduce aquellas exigencias que son indispensables para garantizar la convergencia paulatina hacia un mercado europeo de electricidad.
El presente texto legal también supone la plasmación normativa de los principios del Protocolo suscrito entre el Ministerio de Industria y Energía y las principales empresas eléctricas el 11 de diciembre de 1996. El citado Protocolo, carente de la eficacia normativa de toda norma general, supuso la concreción de un diseño complejo y global de transición de un sistema intervenido y burocratizado a un sistema más libre de funcionamiento del sector. Supuso, asimismo, el acuerdo con los principales agentes económicos de la industria sobre una profunda modificación del sistema retributivo hasta ahora vigente y sobre el escalonamiento progresivo de las distintas etapas conducentes a la liberalización del mercado. El Protocolo se configuró, en definitiva, para que, considerado en toda su extensión, fuese elemento inspirador de un profundo proceso de cambio.
El sector eléctrico tiene unas características de complejidad técnica que hacen necesario garantizar que su funcionamiento en un marco liberalizado se produzca sin abusos de posiciones de dominio y con respeto estricto a las prácticas propias de la libre competencia. Por ello, en la presente Ley se dota a la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico de amplias facultades en materia de solicitud de información y de resolución de conflictos, y se arbitra su colaboración con las instancias administrativas encargadas de la defensa de la competencia. Simultáneamente, se escalonan con más precisión los ámbitos de actuación de la Administración General del Estado y de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, se mejoran los mecanismos de coordinación entre ambas y se dota de mayor continuidad a las labores de la Comisión al establecer un esquema de renovación parcial de sus miembros.
Por último, la presente Ley hace compatible una política energética basada en la progresiva liberalización del mercado con la consecución de otros objetivos que también le son propios, como la mejora de la eficiencia energética, la reducción del consumo y la protección del medio ambiente. El régimen especial de generación eléctrica, los programas de gestión de la demanda y, sobre todo, el fomento de las energías renovables mejoran su encaje en nuestro ordenamiento.

References: Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 65

Artículo 66
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución