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Mediación Familiar – Preceptos Legales (Parte II) - Abogados
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María Jesús Barreñada - Are2 Abogados 29th Ago 2014 Comentarios desactivados en Mediación Familiar – Preceptos Legales (Parte II) in Derecho de Familia, Mediación Familiar
Con el título Mediación Familiar – Preceptos Legales (Parte II), continuamos con en el anterior artículo Qué es Mediación familiar y sus preceptos legales. Para este nuevo post sobre mediación familiar podemos destacar los siguientes preceptos legales:
LEY 1/2OO1, de 15 de marzo, de Mediación Familiar de Cataluña.
Ley de la Comunidad Autónoma de Valencia 7/2001, de 26 de noviembre, reguladora de la mediación familiar, en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
LEY 1/2009, 27 DE FEBRERO DE 2009. ANDALUCÍA. (lo veremos en el siguiente artículo)
Preceptos destacables en la Mediación Familiar
Artículo 1. Objeto de la Medicación Familiar.
La presente Ley tiene por objeto regular la mediación familiar como medida de apoyo a la familia y como método de resolución de conflictos en los supuestos que recoge la presente Ley, para evitar la apertura de procedimientos judiciales de carácter contencioso y poner fin a los ya iniciados o reducir su alcance.
Los Colegios profesionales que incorporan a las personas que llevan a cabo mediaciones en el ámbito de la presente Ley pueden organizar sus servicios de mediación familiar.
Artículo 2. Organización Mediación Familiar.
Se crea el Centro de Mediación Familiar de Cataluña, entidad sin personalidad jurídica propia, adscrita al Departamento de Justicia, que tiene por objeto promover y administrar la mediación regulada por la presente Ley y facilitar que se pueda acceder a la misma.
El Centro de Mediación Familiar de Cataluña es el encargado de designar a la persona mediadora en las mediaciones que se solicitan a instancias de la autoridad judicial o de las personas interesadas.
Las personas interesadas también se pueden dirigir a los servicios de mediación familiar de los Colegios profesionales que incorporan a los profesionales que llevan a cabo mediaciones en el ámbito de la presente Ley.
Los Colegios profesionales realizan funciones de formación, capacitación de las personas mediadoras, así como una función deontológica y disciplinaria respecto a los colegiados que ejercen la mediación.
Los Colegios profesionales deben colaborar en el fomento de la mediación regulada por la presente Ley.
Artículo 3. Funciones del Centro de Mediación Familiar de Cataluña.
Para cumplir su objeto, el Centro de Mediación Familiar de Cataluña ejerce las siguientes funciones:
Fomentar y difundir la mediación en el ámbito familiar establecida por |a presente Ley.
Estudiar las técnicas de mediación familiar.
Gestionar el Registro General de Personas Mediadoras.
Homologar, a efectos de la inscripción de las personas mediadoras en los correspondientes Registros, los estudios, los cursos y la formación específica en materia de mediación.
Designar, si procede, a propuesta de los servicios de mediación familiar de los diversos Colegios profesionales, a la persona mediadora cuando no lo hacen las partes.
Hacer el seguimiento de las mediaciones y arbitrar la solución de las cuestiones organizativas que se suscitan en relación con el proceso de mediación y no forman parte del objeto sometido a mediación.
Elaborar propuestas y emitir los informes sobre el proceso de mediación que, en relación con sus funciones, le sean pedidos por la persona titular del Departamento.
Elaborar una memoria anual de las actividades llevadas a cabo por el Centro.
Remitir al Colegio profesional correspondiente las quejas o las denuncias que se presenten como consecuencia de las actuaciones de las personas mediadoras inscritas en sus Registros y hacer su seguimiento.
Artículo 4. Funciones de los Colegios profesionales.
Son funciones de los Colegios profesionales que integran a los profesionales que llevan a cabo mediaciones en el ámbito de la presente Ley:
Llevar el Registro de personas mediadoras que estén colegiadas, declarar su capacitación y comunicar las altas y bajas al Centro de Mediación Familiar de Cataluña.
Proponer al Centro de Mediación Familiar de Cataluña la persona mediadora cuando las partes se dirijan al Colegio profesional.
Comunicar al Centro de Mediación Familiar de Cataluña las medidas adoptadas como consecuencia de los expedientes disciplinarios que hayan sido incoados a personas mediadoras.
Hacer el seguimiento de las mediaciones llevadas a cabo por los colegiados.
Programar y llevar a cabo la formación específica en el ámbito de la mediación.
Colaborar con el Centro de Mediación Familiar de Cataluña en el fomento y la difusión de la mediación.
Elaborar propuestas y emitir los informes sobre el proceso de mediación que, en relación con sus funciones, le sean solicitados por el Centro de Mediación Familiar de Cataluña.
Remitir al Centro de Mediación Familiar de Cataluña una memoria anual de las actividades del Colegio profesional en el ámbito de la mediación.
Artículo 5: Personas legitimadas y ámbito de la mediación familiar
1. Están legitimadas para instar la mediación familiar que regula la presente Ley las personas unidas por vínculo matrimonial o que forman una unión estable de pareja y las que, sin formar una unión estable de pareja, tienen hijos comunes, para la solución de conflictos en las situaciones que se indican:
Primero. Personas unidas por el vínculo matrimonial:
En las crisis de convivencia surgidas antes de la iniciación de cualquier proceso judicial, para llegar a los acuerdos necesarios y para canalizar y simplificar el conflicto por la vía judicial del común acuerdo, cuando las partes ya han decidido romper la convivencia.
En la elaboración de los acuerdos necesarios para el logro del convenio regulador de la separación o el divorcio contenciosos.
En el establecimiento de las medidas en ejecución de las sentencias de nulidad de matrimonio civil.
En el cumplimiento de las sentencias recaídas en los procedimientos de separación y divorcio de matrimonio.
En la modificación de las medidas establecidas por resolución judicial firme, por razón de circunstancias sobrevenidas.
Segundo. Personas que forman una unión estable de pareja, regulada por la Ley 1 0/1 998, de 1 5 de julio, de Uniones Estables de Pareja:
En las crisis de convivencia surgidas antes de la iniciación de cualquier proceso judicial, para canalizar de mutuo acuerdo los efectos de la ruptura de la unión y, en su caso, simplificar el conflicto.
En las cuestiones que hacen referencia a los hijos comunes menores de edad o discapacitados, tanto en el curso de la convivencia, con motivo de la ruptura o después de ésta.
En el establecimiento de las medidas en ejecución de las sentencias relativas al pago de compensaciones económicas o de pensiones periódicas.
En la modificación de las medidas aprobadas por resolución judicial firme, por razón de circunstancias sobrevenidas.
Tercero. Personas no incluidas en los apartados primero y segundo, en las cuestiones que surgen en el ejercicio de la potestad respecto a los hijos comunes.
2. También puede solicitar la mediación regulada por la presente Ley cualquier persona que tenga un conflicto por razón de alimentos entre parientes o de instituciones tutelares.
3. Fuera de los casos fijados por los apartados 1 y 2, las personas interesadas en solicitar los servicios de una persona mediadora se pueden dirigir a los Registros de los Colegios profesionales, pero no es de aplicación la presente Ley a la mediación que se lleve a cabo, excepto en el capítulo V por lo que respecta a la persona mediadora.
Artículo 6. Naturaleza de los acuerdos en la mediación familiar.
Las cuestiones que se pueden someter a la mediación familiar, en el marco de las situaciones detalladas en el artículo 5 y, en consecuencia, los acuerdos que se adopten, se han de referir siempre a materias de derecho privado dispositivo susceptibles de ser planteadas judicialmente.
Los acuerdos que se adoptan, si hay hijos, han de dar prioridad al interés superior y al bienestar de los hijos y, por consiguiente, establecer las soluciones más apropiadas para todos los aspectos referidos a la vida y al desarrollo de la personalidad de los hijos.
En caso de que no haya hijos comunes o de que sean mayores de edad o emancipados, se ha de dar prioridad al interés del cónyuge o del miembro de la pareja más necesitado, en atención a criterios de edad, de situación laboral, de salud física y psíquica y de duración de la convivencia, de conformidad, en todos los casos, con lo que establecen el Código de Familia y la Ley 10/1998, de 15 de julio, de Uniones Estables de Pareja.
Artículo 7. El mediador o mediadora.
El mediador o mediadora debe ser una persona que ejerza de Abogado, de Psicólogo, de Trabajador Social, de Educador Social o de Pedagogo y que esté colegiada en el Colegio profesional respectivo.
La condición de mediador o mediadora ha de ser declarada de acuerdo con la experiencia profesional y la formación específica que se establezcan por Reglamento.
Artículo 8: Requisitos previos para la mediación familiar.
Las partes que se someten a la mediación familiar deben aceptar las disposiciones y la tramitación establecidas por la presente Ley. También deben aceptar las tarifas de la mediación, las cuales han de ser facilitadas antes de iniciarla, salvo que gocen del derecho a la gratuidad que establece el artículo 9.1.
La mediación se puede convenir antes de la iniciación de las actuaciones judiciales o en el curso de las mismas, pero en este último caso deben haber quedado en suspenso a petición de una de las partes, aceptada por la otra, o de ambas partes de común acuerdo.
Las partes pueden designar de común acuerdo a la persona mediadora entre las inscritas en el Registro General del Centro de Mediación Familiar de Cataluña o en los Registros de Colegios profesionales. De otro modo, deben aceptar la que sea designada por el Centro.
Ha de haber transcurrido un año, como mínimo, desde que se haya dado por acabada una anterior mediación sobre un mismo objeto o que ésta hubiera sido intentada sin acuerdo, a fin de que pueda haber una nueva mediación, salvo que el Centro de Mediación Familiar de Cataluña aprecie circunstancias sobrevenidas que aconsejen antes una nueva mediación, en especial, para evitar un grave perjuicio de los hijos, si son menores o discapacitados.
Artículo 9. Supuestos de gratuidad de la mediación familiar.
La mediación es gratuita para las personas que son beneficiarías del derecho a la asistencia jurídica gratuita o que podrían serlo puesto que reúnen las condiciones necesarias y la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita así se lo reconozca.
La gratuidad de la mediación se atribuye individualmente, según la capacidad económica de cada parte.
La parte que no goza del derecho a la gratuidad debe abonar la mitad del coste de la actividad.
Artículo 10. Alcance de la mediación familiar.
La mediación parcial se limita a tratar algunas de las materias relativas a la custodia de los hijos, al ejercicio de la potestad del padre y de la madre, al régimen de visitas, al uso de la vivienda familiar o a las económicas. Si abarca todas las materias mencionadas se trata de mediación total.
CAPÍTULO II Características de la mediación familiar
Artículo 11. Voluntariedad en la mediación familiar.
La mediación familiar está basada en el principio de voluntariedad, según el cual las partes no solamente son libres de acogerse o no a la mediación, sino también de desistir en cualquier momento.
La persona mediadora también puede dar por acabada la mediación en el momento en que aprecie falta de colaboración en una de las partes o no respeto de las condiciones establecidas, y también la puede dar por acabada si el proceso se vuelve inútil para la finalidad perseguida, considerando las cuestiones sometidas a la mediación. Esta decisión se traslada al servicio correspondiente del Colegio profesional a que pertenece la persona mediadora, el cual, en el plazo de un mes, ratifica el acabamiento o pide al Centro de Mediación Familiar de Cataluña una nueva designación.
Artículo 12. Imparcialidad en la mediación familiar.
La persona mediadora tiene el deber de la imparcialidad y, en consecuencia, ha de ayudar a los participantes a alcanzar los acuerdos pertinentes sin imponer ninguna solución ni medida concreta ni tomar parte.
Si en un momento determinado hay conflicto de intereses entre las partes y la persona mediadora, o algún vínculo de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, amistad íntima o enemistad manifiesta entre la persona mediadora y una de las partes, la persona mediadora debe declinar la designación. En caso de duda, la persona mediadora puede solicitar un informe a su Colegio profesional.
En caso de que se produzca alguno de los supuestos establecidos por el apartado 2 y la persona mediadora no haya declinado la designación, la parte puede, en el plazo de cinco días desde que tiene conocimiento de la designación de la persona mediadora, recusar su nombramiento mediante escrito motivado donde haga constar las causas de la recusación. Este escrito se ha de presentar ante el Centro de Mediación Familiar de Cataluña.
Artículo 13. Confidencialidad en la mediación familiar.
En la medida en que en el curso de la mediación se puede revelar información confidencial, la persona mediadora y las partes han de mantener el deber de confidencialidad en relación con la información que se trate. En cumplimiento de este deber, las partes se comprometen a mantener el secreto y, por lo tanto, renuncian a proponer la persona mediadora como testigo en algún procedimiento que afecte al objeto de la mediación; también la persona mediadora debe renunciar a actuar como perito en los mismos casos.
Las actas que se elaboran a lo largo del proceso de mediación tienen carácter reservado.
No está sujeta al deber de confidencialidad establecido por los apartados 1 y 2 la información obtenida en el curso de la mediación que: a) No es personalizada y se utiliza para finalidades de formación o investigación. b) Comporta una amenaza para la vida o la integridad física o psíquica de una persona.
En cualquier caso, la persona mediadora está obligada a informar a las autoridades competentes de los datos que puedan revelar la existencia de una amenaza para la vida o la integridad física o psíquica de una persona o de hechos delictivos perseguidles de oficio.
Artículo 14. Apoyo a la persona mediadora en la mediación familiar.
Las personas mediadoras pueden solicitar apoyo o asesoramiento al Centro de Mediación Familiar de Cataluña, en los casos o las situaciones que requieren conocimientos especializados.
Artículo 15. Carácter personalísimo en la mediación familiar.
Las partes y la persona mediadora deben asistir personalmente a las reuniones de mediación sin que se puedan valer de representantes o intermediarios.
CAPÍTULO III Desarrollo de la mediación
Artículo 16. Inicio de la función mediadora.
La mediación se puede iniciar: a) A petición de ambas partes de común acuerdo. b) A instancia de una de las partes, siempre que la otra parte haya manifestado su aceptación dentro del plazo de diez días desde que el Centro la haya citado a tal efecto.
En el caso de que el Centro de Mediación Familiar de Cataluña nombre un mediador o mediadora designado de común acuerdo por las partes, la notificación del nombramiento sólo debe hacerse a la persona designada.
Artículo 17. Reunión inicial en la mediación familiar.
La persona mediadora ha de convocar a las partes a una primera reunión en la cual les ha de explicitar el procedimiento y el alcance de la mediación; en especial, les ha de informar del derecho de cualquiera de ellas de dar por acabada la mediación y del mismo derecho que tiene la persona mediadora si aprecia que se producen las circunstancias que señala el artículo 11.2.
La persona mediadora ha de informar a las partes de la conveniencia de recibir asesoramiento jurídico durante la mediación y de la necesidad de intervención letrada a fin de asesorar en la redacción del convenio, si éste es procedente.
En la primera reunión, la persona mediadora y las partes han de acordar las cuestiones que hay que examinar y han de planificar el desarrollo de las sesiones que pueden ser necesarias.
Artículo 18. Acta inicial de la mediación familiar.
De la reunión inicial de la mediación familiar, se extiende un acta, en la cual se expresa la fecha, la voluntariedad de la participación de las partes y la aceptación de los deberes de confidencialidad establecidos por el artículo 13. En la medida en que sea posible, se identifica el objeto de la mediación y el número de sesiones previstas.
El acta se firma por triplicado, se entrega un ejemplar a cada una de las partes y el otro ejemplar lo conserva la persona mediadora.
Artículo 19. Deberes de la persona mediadora.
La persona mediadora a lo largo de su actuación tiene el deber fundamental de facilitar un acuerdo voluntario y equitativo entre las partes y, por lo tanto, debe:
Facilitar la comunicación entre las partes, promover la comprensión entre ellas y ayudar a buscar posibles soluciones al conflicto suscitado.
Velar para que las partes tomen las propias decisiones y dispongan de la información y el asesoramiento suficientes para lograr los acuerdos de una manera libre, voluntaria y exenta de coacciones.
Dar a entender a las partes la necesidad de velar por el interés superior de los hijos menores o discapacitados.
Dar por acabada la mediación ante cualquier causa previa o sobrevenida, propia o ajena a la persona mediadora, que haga incompatible la continuación del proceso de mediación con las exigencias establecidas por la presente Ley. En este sentido, la persona mediadora ha de prestar una atención particular a cualquier signo de violencia doméstica, física o psíquica, entre las partes.
Artículo 20. Duración de la mediación familiar.
La duración de la mediación depende de la naturaleza y la complejidad de los puntos en conflicto. No puede exceder de tres meses, a contar desde el momento de la reunión inicial entre la persona mediadora y las partes. Mediante una petición motivada de la persona mediadora y de las partes, el Centro de Mediación Familiar de Cataluña puede acordar una prórroga hasta un máximo de tres meses.
Se ha de establecer por Reglamento el número mínimo de sesiones de la mediación para cerrarla sin acuerdo, según cuales sean las cuestiones sometidas a mediación, y el número máximo, tanto si acaba en acuerdo como si no.
A efectos estadísticos, las personas que se someten a la mediación han de responder, con carácter potestativo, un cuestionario en el cual han de hacer constar su parecer sobre la duración del proceso y sobre la actividad de la persona mediadora. En el tratamiento de los datos de este cuestionario se debe respetar su total confidencialidad.
Artículo 21. Acta final de la mediación familiar.
De la sesión final de la mediación se extiende un acta, en la cual deben constar exclusivamente y de manera clara y concisa los acuerdos totales o parciales logrados.
Si es imposible llegar a algún acuerdo sobre el objeto total o parcial de la mediación, se extiende un acta en la cual tan sólo se hace constar que la mediación ha sido intentada sin efecto.
El acta se firma tal y como establece el artículo 18.2 y se entrega un ejemplar a cada parte que, si procede, trasladan a los respectivos Abogados.
Artículo 22. Comunicación de la mediación familiar.
El acuerdo conseguido mediante la mediación puede ser trasladado por los Abogados de las partes al convenio regulador, y puede, así, ser incorporado al proceso judicial en curso o que se inicie, a fin de ser ratificado y aprobado.
En la mediación realizada por indicación de la autoridad judicial, con suspensión del curso de las actuaciones judiciales, la persona mediadora ha de comunicar a la mencionada autoridad, en el plazo máximo de cinco días desde la finalización de la mediación, si se ha llegado a un acuerdo o no. En el mismo plazo se ha de entregar a las partes el acta final de la mediación.
CAPÍTULO IV Aspectos de registro y de organización
Artículo 23. Registro de Personas Mediadoras.
Tanto el Centro de Mediación Familiar de Cataluña como los Colegios profesionales que incorporan personas mediadoras gestionan los Registros de las mismas. Las personas que cumplen los requisitos de acuerdo con lo que dispone el artículo 7 y quieren ejercer la función de mediación regulada por la presente Ley deben inscribirse en el Registro del Colegio profesional al cual pertenecen. Los Colegios profesionales trasladan las inscripciones al Registro del Centro de Mediación Familiar de Cataluña que tiene inscritos todos los profesionales.
Tanto el Centro de Mediación Familiar de Cataluña como los Colegios profesionales han de aplicar un criterio de reparto equitativo de las mediaciones en los casos en que tengan que designar a la persona mediadora.
La estructura y el funcionamiento de los Registros se han de determinar por Reglamento.
Artículo 24. Retribución en la mediación familiar.
Las personas que se acogen a la mediación y no tienen derecho a la gratuidad de la misma, regulada por el artículo 9, han de abonar a la persona mediadora, si la otra parte sí tiene reconocido este derecho, la mitad de las tarifas que el Departamento de Justicia establece.
El Centro retribuye a las personas mediadoras en los supuestos de gratuidad de la mediación, de acuerdo con las tarifas que el Departamento de Justicia establece.
Si ninguna de las dos personas que se acogen a la mediación tiene derecho a la gratuidad de este servicio y se inicia sin intervención de la autoridad judicial, han de abonar a la persona mediadora los honorarios que pacten al inicio de la mediación. Los Colegios profesionales pueden establecer unos honorarios orientativos ponderados por la complejidad de la mediación y el tiempo dedicado. En este caso, únicamente es de aplicación el capítulo V por lo que respecta a las personas mediadoras, si bien pueden acordar que la mediación se desarrolle de acuerdo con los preceptos del capítulo III.
Artículo 25. Comunicaciones al Centro de Mediación Familiar de Cataluña.
La persona mediadora ha de comunicar al Colegio al cual pertenece y al Centro de Mediación Familiar de Cataluña, mediante un impreso normalizado, los datos relativos a cada mediación, a efectos estadísticos y de verificación. Estos datos, considerando que tienen carácter personal, deben quedar protegidos.
CAPÍTULO V Régimen sancionador
Artículo 26. Responsabilidad de la persona mediadora.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente Ley, que comporte actuaciones u omisiones constitutivas de infracción, da lugar a las sanciones correspondientes en cada caso, previo expediente contradictorio.
Artículo 27. Hechos constitutivos de infracción.
Constituyen infracción los supuestos siguientes:
Incumplir el deber de imparcialidad exigible en los términos establecidos por el artículo 1 2.
Incumplir el deber de confidencialidad exigible en los términos establecidos por el artículo 1 3.
Incumplir los deberes establecidos por el artículo 19.
Incumplir las obligaciones establecidas por el artículo 22.2.
Incumplir las obligaciones establecidas por el artículo 25.
Incumplir el deber de facilitar previamente las tarifas en los términos establecidos por el artículo 8.1.
Incumplir el deber de denunciar en los términos establecidos por el artículo 1 3.4.
Artículo 28. Tipos de infracciones en la mediación familiar.
Son infracciones leves los hechos señalados en el artículo 27.c), d) y e) que no comportan perjuicios a las partes.
Son infracciones graves los hechos señalados en el artículo 27.a) y b) que no comportan perjuicios graves a las partes, y también la reiteración de una infracción leve en el plazo de un año. Asimismo, son infracciones graves las señaladas en el artículo 27.c), d) y e) que comportan perjuicios leves a las partes.
Son infracciones muy graves los hechos señalados en el artículo 27.a), b) ye) que comportan perjuicios graves a las partes, así como la reiteración de una infracción grave en el plazo de dos años.
En todos los casos, las violaciones de los deberes de imparcialidad y de confidencialidad tienen siempre, como mínimo, el carácter de infracción grave.
Artículo 29. Tipos de sanciones en la mediación familiar.
Las sanciones que se pueden imponer son:
Por una infracción leve, amonestación por escrito que se hace constar en el expediente del Registro.
Por una infracción grave, suspensión temporal para poder actuar como persona mediadora, de un mes a un año.
Por una infracción muy grave, suspensión temporal para poder actuar como persona mediadora, por un período de un año y un día a tres años, o baja definitiva del Registro de Personas Mediadoras.
Artículo 30. Órganos sancionadores.
El Colegio profesional al cual pertenece la persona mediadora es el organismo competente para iniciar de oficio o a partir de una denuncia el expediente, para instruirlo y para sancionar a la persona mediadora de acuerdo con los procedimientos y mediante los órganos que establecen sus normas disciplinarias.
Artículo 31. Normas deontológicas.
Las personas mediadoras deben respetar las normas deontológicas del Colegio profesional al cual pertenecen y las que apruebe el Departamento de Justicia a propuesta de los Colegios afectados o después de haberlos oído.
Artículo 32. Régimen jurídico.
Todos los actos administrativos que dimanan de los órganos de gobierno y administrativos del Centro de Mediación Familiar de Cataluña pueden ser objeto de recurso de alzada ante el órgano que sea el superior jerárquico del que ha dictado el acto. El recurso extraordinario de revisión se puede interponer ante el Consejero o Consejera de Justicia en los supuestos regulados en la legislación de procedimiento administrativo.
La interposición del recurso contencioso administrativo es procedente según lo que establece la Ley de esta jurisdicción.
Él ejercicio de acciones civiles y laborales se rige por las normas que le son de aplicación, y la reclamación previa debe ser resuelta por el Consejero o Consejera de Justicia.
A los actos de los órganos de los Colegios profesionales, les es de aplicación el régimen de recursos establecido por los estatutos respectivos.
Disposición adicional. Estructura territorial del Registro.
El Registro de Personas Mediadoras del Centro de Mediación Familiar de Cataluña se estructura en las demarcaciones que corresponden a las Delegaciones territoriales del Departamento de Justicia.
Se autoriza al Gobierno para que, mediante un decreto, pueda establecer demarcaciones más reducidas que abarquen uno o varios partidos judiciales.
Disposición final primera. Despliegue por Reglamento.
Se faculta al Gobierno para que desarrolle las normas relativas a la organización, el funcionamiento y la publicidad del Registro de Personas Mediadoras, a la capacitación de las personas mediadoras, al régimen de tarifas, al establecimiento de los órganos sanciona-dores y las otras normas de despliegue que sean pertinentes.
El Gobierno ha de desplegar las actuaciones que sean pertinentes para ejecutar la presente Ley en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor.
La presente Ley entra en vigor a los nueve meses de haber sido publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».
Artículo 1: De la mediación familiar
La mediación familiar es un procedimiento voluntario que persigue la solución extrajudicial de los conflictos surgidos en su seno, en el cual uno o más profesionales cualificados, imparciales, y sin capacidad para tomar decisiones por las partes asiste a los miembros de una familia en conflicto con la finalidad de posibilitar vías de diálogo y la búsqueda en común del acuerdo.
Al objeto de promover la mediación y facilitar el acceso a la misma, se crea el Centro de Mediación Familiar de la Comunidad Valenciana, dependiente de la Conselleria competente en materia de familia e infancia.
Artículo 2: Del ámbito de aplicación en la mediación familiar
Las actuaciones profesionales de mediación familiar que se desarrollen total o parcialmente en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
Las personas mediadoras familiares y las entidades públicas o privadas que actúen profesionalmente en el ámbito de la mediación familiar y cuyas actuaciones se realicen totalmente en el territorio de la Comunidad Valenciana.
Artículo 3: Del objeto de la mediación familiar
La solución de aquellos conflictos contemplados en el artículo 13 de esta Ley, que surjan entre personas unidas por matrimonio o vínculo familiar, hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad.
Recabar en tanto el Ordenamiento Jurídico lo permita, la información referente a la filiación e identificación de la familia biológica y de los hijos adoptados mayores de edad, para posibilitar su encuentro, protegiendo siempre la confidencialidad de los datos identificativos de ambos.
Facilitar el acuerdo en aquellas situaciones en las que, como consecuencia del ejercicio de la patria potestad, el interés superior de los menores y personas con discapacidad pueda verse menoscabado.
Artículo 4: De la voluntariedad de la mediación
Artículo 5: De la buena fe en la mediación familiar
Artículo 6: De las entidades de mediación familiar y los supuestos de gratuidad.
La mediación familiar podrá efectuarse a través de las entidades dedicadas a este fin, siempre que ésta se lleve a cabo por las personas mediadoras reconocidas en esta Ley.
Tendrán derecho a la gratuidad en la mediación aquellas personas que sean beneficiarias del derecho de asistencia jurídica gratuita.
La gratuidad de la mediación se atribuye individualmente según la capacidad económica de cada parte. La parte, o partes, que no disfruten de la gratuidad abonarán la proporción que les corresponda del coste de mediación.
Artículo 7: De las personas mediadoras familiares.
El profesional de la mediación familiar, salvo que por normativa legal se establezca la titulación específica que habilite para desempeñar tal actividad, deberá tener formación universitaria en las disciplinas de Derecho, Psicología o Trabajo Social, Educación Social o Graduado Social, sin perjuicio de que deban acreditar, para poder inscribirse en el Registro de Personas Mediadoras Familiares, el aprovechamiento de una formación universitaria específica de postgrado en los distintos niveles de experto, especialista o máster. No obstante lo anterior, podrán ejercer la mediación otros licenciados universitarios superiores, siempre que acrediten previamente el aprovechamiento de una formación universitaria específica de postgrado, mínima de especialista.
Artículo 8: De los derechos de la persona mediadora
Salvo que exista otro pacto expreso y voluntario entre las panes, la persona mediadora que no sea empleada pública tiene derecho a una compensación económica u honorarios por su actuación profesional y al reintegro de los gastos que se le hayan causado. En este supuesto, se estará a las normas orientadoras que disponga el colegio profesional en el que esté colegiada la persona mediadora, o en su defecto, a las tarifas establecidas por la Administración. La persona mediadora podrá solicitar asesoramiento y ayuda especializada al Centro de Mediación Familiar.
Artículo 9: De los deberes de las personas mediadoras
Concienciar a las partes, en su caso, de la necesidad desvelar por el interés superior de los hijos menores y de los incapacitados.
Tener en cuenta el interés de la familia, en especial, el de sus miembros más débiles.
Propiciar que las partes tomen sus propias decisiones disponiendo de la información y el asesoramiento suficiente para que desarrollen los acuerdos de una manera libre, voluntaria y exenta de coacciones.
Mantener la reserva respecto a los hechos conocidos en el curso de la mediación, salvo que el levantamiento de la misma sea compatible con la legislación vigente respecto al secreto profesional o exista aceptación expresa de las partes. En los supuestos de búsqueda de orígenes biológicos, la persona mediadora se abstendrá de facilitar los datos identificativos a quien instó la mediación en tanto no disponga de la autorización expresa de la otra parte para que se realice el encuentro. Dicha reserva alcanzará también al supuesto de que la persona mediadora fuera citada como testigo, si las partes han renunciado previamente al derecho de pro poner lo tratado en la mediación en una prueba testifical. En todo caso, no estará sujeta a este deber la información obtenida que no sea personalizada y se utilice para finalidades de formación o investigación, comporte una amenaza para la vida o la integridad física o psíquica de una persona, o dé conocimiento de un posible hecho delictivo.
Mantener la imparcialidad en su actuación.
Mantener la lealtad en el desempeño de su función y en relación con las partes.
Artículo 10: De las incompatibilidades de la persona mediadora.
No podrá intervenir como persona mediadora familias aquél que haya ejercido profesionalmente contra alguna de las partes. Del mismo modo, no podrá actuar posteriormente en caso de litigio entre los panes.
Artículo 11: Del número de personas mediadoras
La mediación podrá llevarse a efecto mediante le intervención de una o más personas mediadoras, que actuarán de modo coordinado, dependiendo de la complejidad de la temática o de la conveniencia de las partes: en la misma. Caso de existir más de una persona media dora, una actuará como mediadora coordinadora.
Artículo 12: Del registro de las entidades y de las personas mediadoras familiares
Las entidades de mediación familiar deberán registrarse y ser autorizadas siguiendo el procedimiento establecido en el capítulo II del Título IV de la Ley 5/1997 de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana.
Las personas mediadoras que reúnan los requisitos: para ejercer la función de mediación familiar deberán estar inscritos en los registros que al efecto establecerán los colegios profesionales en los cuales esté colegiada la persona mediadora, o en el Registro del Centro de Mediación de la Comunidad Valenciana, si no está obligado a la colegiación.
Artículo 13: De la solicitud de mediación familiar
En las crisis surgidas en la convivencia entre personas unidas mediante vínculo matrimonial.
En el establecimiento de las medidas y efectos de las sentencias de nulidad del matrimonio.
En la elaboración de los acuerdos necesarios que pudieran reflejarse en el convenio regulador de la separación o divorcio.
En el cumplimiento y ejecución de las sentencias recaídas en los procedimientos de separación, divorcio o nulidad de matrimonio.
En la modificación de las medidas establecidas por resolución judicial firme en separación, divorcio 0 nulidad, por razón del cambio de circunstancias, o decisión voluntaria de los interesados.
En los conflictos surgidos en el seno de la empresa familiar.
En cualquier otro conflicto surgido en la familia.
Artículo 14: De la propuesta y designación de la persona mediadora
A instancia de una de las partes.
Por la entidad mediadora a la que se le solicita la mediación.
A propuesta de la Conselleria competente o del colegio profesional, cuando exista solicitud del juez o de las partes. La designación se realizará de entre las personas mediadoras inscritas en el registro creado a tal efecto y no supondrá que la entidad pública o el colegio profesional tenga que hacerse cargo de los costes generados por la aceptación del mismo.
Artículo 15: Del carácter presencial en la mediación familiar
Las partes han de asistir personalmente a las reuniones de mediación. En su caso, la persona mediadora podrá proponerla presencia de otras personas en calidad de consultoras, que deberán ser aceptadas por las partes. Estas últimas estarán sujetas también a los principios que se requieren a las partes: confidencialidad, buena fe y no actuar profesionalmente en caso de litigio entre ellas.
Artículo 16: De la reunión inicial en la mediación familiar
Artículo 17: Del acta inicial en la mediación familiar
Artículo 18: De la duración en la mediación familiar
Artículo 19: Del acta final en la mediación familiar
Artículo 20: De la naturaleza de los acuerdos en la mediación familiar
Artículo 21: Del contenido de los acuerdos en la mediación familiar
Que podrán tomarse respecto a las materias incluidas en el artículo 13 de esta Ley.
Que las cuestiones que se sometan a la mediación familiar no podrán referirse a materias sobre las que las partes no tengan poder de disposición.
En todo caso, los acuerdos que se adopten deben tener como prioridad el interés superior del menor, de las personas incapacitadas y el bienestar de los hijos.
Los acuerdos tomados podrán ser revisados en los casos y con los procedimientos propios de los contratos, elevándolos, en su caso, a la autoridad judicial, para que los valide.
Artículo 22: De las entidades de mediación familia
Las entidades de mediación familiar se consideran incluidas dentro del campo de actuación de los servicios sociales especializados en el sector de familia, por ello se regirán en cuanto al régimen de registro, autorización, inspección y responsabilidad por lo dispuesto para las entidades de servicios sociales en los Títulos IV y VII de la Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el sistema de servicios sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
Dichas entidades podrán realizar la mediación en centros autorizados para ello.
Artículo 23: De las infracciones y sanciones que pueden aplicase a las entidades de mediación familia
Constituirán infracciones administrativas las acciones u omisiones de las entidades que actúen en el ámbito de la mediación familiar, ya sean públicas o privadas, que vulneren las normas legales tipificadas y sancionadas en la presente Ley.
Mantener los locales, instalaciones, mobiliario o enseres con deficiencias en su estado, en su funcionamiento, en su limpieza e higiene sin que se derive de ello riesgo para la integridad física o la salud de los usuarios.
No tener actualizado ni correctamente cumplimentado el libro de registro de usuarios.
No dar suficiente publicidad al sistema de admisión de los usuarios y al precio de los servicios.
Obstruirla labor inspectora de modo que se retrase el cumplimiento de las obligaciones de información, comunicación o comparecencia.
No disponer de libro de registro de usuarios.
No hacer público el sistema que rige las condiciones establecidas en esta Ley para que sean atendidos los usuarios demandantes de mediación, o bien falsear u ocultar información respecto a dichas condiciones y el precio de los servicios.
Trasladar un centro o servicio sin haber obtenido la autorización administrativa correspondiente, ya sea provisional o definitiva. La citada autorización se tramitará como entidad de servicios sociales, ante el órgano de la Administración competente en materia de mediación familiar.
Incumplir lo establecido en materia de ubicación, habitabilidad, instalaciones y módulos de personal exigidos por la normativa vigente en materia de servicios sociales como requisito indispensable para su autorización.
Desatender los requerimientos de la Administración para aplicar las medidas correctoras que se establezcan para su funcionamiento.
Carecer de expediente individual o de aquellos documentos que reglamentariamente se establezcan que deben formar parte del mismo.
No garantizar los derechos de los usuarios señalados en la presente Ley.
Obstruir la labor inspectora mediante acciones u omisiones que dificulten, perturben o retrasen las funciones propias de la inspección.
No conservar en buenas condiciones higiénicas y de habitabilidad los centros o servicios, de las que se derive riesgo para la integridad física o salud de los usuarios.
No instalar ni mantener en adecuadas condiciones de uso todas aquellas medidas de seguridad, protección contra incendios y evacuación establecidas en la normativa vigente para las características del centro de que se trate.
Aplicarlas ayudas y subvenciones públicas a finalidades distintas de aquellas para las que hubieran sido otorgadas, sin perjuicio de otras responsabilidades civiles o penales en que se pueda incurrir.
Reincidir en la comisión de infracciones leves.
Realizar otra acción u omisión que cause riesgo o daño efectivo para la salud, perjuicio para los usuarios o que conculque algún derecho reconocido por disposiciones normativas en el ámbito de los servicios sociales que no constituya falta leve o muy grave, ya sea de forma consciente o deliberada, por abandono de la diligencia o falta de precaución exigible.
Artículo 24:De las sanciones administrativas a las entidades
Multa de 50.000 a 500.000 pesetas (300,51 a 3.005,06 euros).
Multa de 500.001 a 2.500.000 pesetas (3.005,07 a 15.025,30 euros).
Prohibición de acceder a la financiación pública durante un período de hasta un año.
Cierre temporal del centro hasta la subsanación de la deficiencia con un periodo máximo de un año.
Suspensión de la autorización para actuar como entidad de mediación familiar por un periodo máximo de un año.
Multa de 2.500.001 a 10.000.000 de pesetas (15.025,31 a 60.101,21 euros).
Prohibición de acceder a la financiación pública durante un periodo de hasta tres años.
Cierre temporal o definitivo del centro. Si es temporal, no excederá de tres años.
Suspensión temporal o definitiva de la autorización para actuar como entidad de mediación familiar. Si es temporal, no excederá de tres años.
Artículo 25: Responsabilidad de las personas mediadoras
Artículo 26: De las infracciones
El abandono de la función mediadora sin causa justificada.
El incumplimiento del deber de imparcialidad.
La violación del deber de confidencialidad, con las excepciones previstas en el artículo 9 de esta Ley.
La adopción de acuerdos contrarios a derecho.
El incumplimiento de los deberes de la persona mediadora recogidos en al artículo 9 de esta Ley, apartados a), b), c) y h).
El incumplimiento del artículo 19 de esta Ley, de la obligación de remisión del acta final al Centro de Mediación Familiar de la Comunidad Valenciana.
El incumplimiento del artículo 19 de esta Ley, de la obligación de remisión del acta final a la autoridad judicial, en los casos en que la mediación hubiera sido remitida por ésta.
El incumplimiento de la obligación de redactar las actas de las sesiones.
La dilación injustificada en el proceso.
Incumplir cualquier otra de las obligaciones indicadas en esta Ley o en sus normas de desarrollo.
Artículo 27: De los tipos de infracciones
Se consideran infracciones leves el abandono de la función mediadora sin dar comunicación de la misma, la dilación del proceso imputable exclusivamente a la persona mediadora y los hechos recogidos en los apartados e), f), h) e i) del artículo 26 de esta Ley que no comporten perjuicios graves a las partes.
Se consideran infracciones graves la no remisión al juez del resultado de la mediación cuando ésta fuera derivada y los hechos señalados en los apartados a), b) y c) del artículo 26 de esta Ley que no comporten grave perjuicio para las partes, así como la reiteración de una infracción leve en el plazo de un año.
Se consideran infracciones muy graves el abandono de la mediación sin causa justificada que suponga grave perjuicio para los menores o discapacitados implicados en el proceso, la adopción de acuerdos ilegales y los hechos señalados en los apartados b) y c) del artículo 26 de esta Ley que comporten perjuicios graves a las partes, así como la reiteración de una infracción grave en el plazo de un año.
Artículo 28: De los tipos de sanciones
Amonestación por escrito que se hará constar en el expediente registral, si se trata de una infracción leve.
Suspensión temporal de entre seis meses y un año para poder ejercer como persona mediadora, si se trata de una infracción grave.
Suspensión temporal de un año y un día hasta tres años para actuar como persona mediadora o baja definitiva en el Registro de Personas Mediadoras, si la infracción es muy grave.
Artículo 29: Procedimiento sancionador
Artículo 30: De la graduación de las sanciones
La gravedad del riesgo o peligro para los usuarios.
El grado de intencionalidad o negligencia de la acción.
Los perjuicios físicos o morales ocasionados.
El beneficio económico obtenido.
La relevancia o trascendencia social de los hechos.
La reiteración en la comisión de otras infracciones.
El número de usuarios afectados por la infracción.
El incumplimiento de advertencias y requerimientos previos.
Artículo 31: De la prescripción de las infracciones y de las sanciones
Las infracciones a que se refieren la presente Ley prescribirán al año si son leves, a los tres años si son graves y a los cinco años si son muy graves, desde el momento en que se hubieran cometido.
Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por infracciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones leves al año.
Artículo 32: De la competencia en materia de mediación familiar.
Registrar y autorizar las entidades de mediación familiar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la presente Ley.
Inspeccionar las actuaciones que se desarrollen por las personas mediadoras o las entidades de mediación familiar con el fin de velar por su idoneidad, así como por el correcto desarrollo del procedimiento de mediación y demás aspectos regulados en la presente Ley.
Llevar a cabo un seguimiento del procedimiento de mediación con el fin de corregir sus posibles irregularidades.
Ejercer la potestad sancionadora en los supuestos que conforme al artículo 23 sean constitutivos de infracción administrativa.
Apoyar y fomentar, a través de programas de ayuda, las actuaciones de las entidades de mediación familiar.
Colaborar o conveniar con entidades locales la difusión y el desarrollo de las labores de mediación.
Establecer las retribuciones de las personas mediadoras en los supuestos de gratuidad.
Designar a la persona o entidad mediadora en los casos de solicitud de parte o de la autoridad judicial.
Facilitar la información necesaria en los procedimientos de averiguación del origen familiar, salvaguardando el derecho a la intimidad.
Cualquier otra que le sea atribuida por el ordenamiento jurídico.
La presente Ley entrará en vigor al mes siguiente de su publicación en el “Diari Oficial de la Generalitat Valenciana”.
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