Source: http://borm.tirantonline.com/borm/documento/show/214481?doccode=tz5qByvrtbG2ThDMtvrb9A%3D
Timestamp: 2019-01-18 09:41:59+00:00

Document:
Documento TOL214.481 ?
Titulo I. De la demarcacion judicial (Arts. 1 a 10)
Capitulo I. Circunscripción territorial de los órganos judiciales (Arts. 1 a 5)
Capitulo II. Sede de los órganos judiciales (Arts. 6 a 10)
Titulo II. De la planta judicial (Arts. 11 a 27)
Capitulo I. Planta de los tribunales y juzgados (Arts. 11 a 19)
Capitulo II. Modificación de la planta judicial (Arts. 20 a 21)
Capitulo III. Destinos de carácter técnico o con funciones exclusivas de decanato y de registro civil (Arts. 22 a 27)
Titulo III. De las disposiciones organicas para la efectividad de la planta judicial (Arts. 28 a 52)
Capitulo I. Establecimiento de la planta del tribunal supremo y de la audiencia nacional (Arts. 28 a 31)
Capitulo II. Constitución y establecimiento de la planta de los tribunales superiores de justicia (Arts. 32 a 38)
Capitulo III. Establecimiento de la planta de las audiencias provinciales (Arts. 39 a 40)
Capitulo IV. Establecimiento de la planta de los juzgados (Arts. 41 a 52)
Titulo IV. De las disposiciones de orden procesal para la efectividad de la planta judicial (Arts. 53 a 61)
Artículo 54. Sin contenido
Titulo V. De las medidas economico-financieras para la implantacion y sostenimiento de la planta judicial (Arts. 62 a 64)
12/03/2017 - 16/10/2017[Comparar]
01/10/2015 - 11/03/2017[Comparar]
28/07/2015 - 30/09/2015[Comparar]
TOL214.481 Legislación
Público > Estado > Normas Estatales con rango de ley > Leyes Ordinarias > Ley 38/1988, de 28 de diciembre, Demarcación y Planta Judicial
Disposición: Ley 38/1988, de 28 de diciembre, Demarcación y Planta Judicial
Norma: Ley de Demarcación y Planta Judicial
Fecha Publicación: 30/12/1988 Fecha Norma: 28/12/1988 Fecha Última Reforma: 17/10/2017
Rango: Ley Ordinaria Boletín: Boletín Oficial del Estado (BOE) N. Boletín: B.O.E. nº 313
[anterior] Preambulo
[anterior] La Ley Orgánica ha atribuido contenido cabal a los principios de independencia, plenitud y unidad de la jurisdicción, garantía e imperio de la ley; ha hecho efectivo, asimismo, el gobierno autónomo del Poder Judicial, destacando el carácter de órgano constitucional del Consejo General del Poder Judicial y ha configurado, sobre unas bases nuevas y sentadas para el logro de la tutela jurisdiccional eficaz, el estatuto de los Jueces y Magistrados y el de los Secretarios Judiciales y demás personal al servicio de la Administración de Justicia.
[anterior] La Ley Orgánica del Poder Judicial, sin embargo, contiene otro conjunto de mandatos cuyo denominador común radica en la necesidad de un desarrollo normativo, organizativo y financiero complejo, por suponer la creación de Tribunales y de Juzgados de nueva planta, el crecimiento notable de los ya existentes y, en algunas ocasiones, el cambio de su naturaleza, de su competencia o de la circunscripción a la que se extiende su jurisdicción.
[anterior] Con la presente Ley, dentro de los principios y de las finalidades expuestas, se da cumplimiento, por ende, al mandato de la disposición adicional primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que se refiere a la regulación legislativa de la demarcación y planta judicial. La reforma de la regulación legislativa del proceso en los diversos órdenes jurisdiccionales, paralelamente emprendida en idéntico contexto de desarrollo de la Ley Orgánica, constituye el complemento indispensable de aquélla.
[anterior] La demarcación se ha elaborado teniendo en cuenta las propuestas de las Comunidades Autónomas y el Proyecto de Ley ha sido sometido a informe del Consejo General del Poder Judicial, cumpliendo con ello, en ambos casos, las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las observaciones formuladas han tenido un alto valor y han acrecentado notablemente el conocimiento de los datos y circunstancias necesarios para una adecuada decisión.
[anterior] El adecuado desarrollo de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha de hacer frente, por lo tanto, en primer término, al enorme déficit acumulado durante decenios por una organización judicial estructurada más en función de la presencia que de la eficacia; distribuida con criterios geográficos imperfectos y desequilibrados e infradotada en cuanto al número de sus titulares y sus órganos decisorios, con la consiguiente insuficiencia de los medios personales y económicos puestos a su servicio e inadecuación de las normas de procedimiento por las que se rige.
[anterior] En segundo término, al déficit histórico de la justicia se añade el mayor grado de exigencia social de buen funcionamiento que frente a ella, y en contraste con la pasividad tradicional, conlleva la proclamación del sistema constitucional del Estado social y democrático de Derecho. A mayor abundamiento, fenómenos tales como la judicialización del Estado y de la vida social, la mayor conciencia ciudadana de los derechos y de la garantía de su contenido real, la desaparición de vínculos sociales y políticos restrictivos de la libertad individual y del derecho de defensa de las personas, el control democrático de los defectos de funcionamiento de todas las instituciones públicas, la mayor conflictividad social derivada de la creciente complejidad demográfica y de los episodios de crisis económica, y la culminación del Estado de Derecho mediante el reconocimiento del valor normativo de la Constitución, han provocado en los últimos años un considerable incremento de la litigiosidad.
[anterior] Este incremento afecta especialmente a los órdenes jurisdiccionales más influidos por la conflictividad socioeconómica y la garantía de los derechos del ciudadano frente al poder público, el penal y el contencioso-administrativo, sin que sean de despreciar los incrementos de asuntos civiles y sociales.
[anterior] Los créditos presupuestarios estrictamente dedicados a la Administración de Justicia se duplican desde el año 1982 al 1987, y sólo en el período 1987-1988 se produce un incremento cercano a una tercera parte.
[anterior] Ello ha permitido desarrollar una intensa labor de gestión, en la línea de atender a las previsiones iniciales de la normativa proyectada, que ha cristalizado en la efectiva puesta en funcionamiento, durante el quinquenio expresado, de más de trescientos órganos judiciales, con los medios instrumentales personales y materiales a su servicio, lo que representa un acelerado ritmo de implantación de más de un órgano judicial cada semana, de promedio. Sólo por lo que se refiere a los órganos unipersonales, en el orden jurisdiccional social se ha puesto en funcionamiento, en este período, un número de Magistraturas de Trabajo que representa una cuarta parte del total de los órganos de esta clase existentes hoy en España. En los órdenes jurisdiccionales civil y penal, la puesta en funcionamiento de un elevado número de Juzgados de Primera Instancia, de Instrucción y de Primera Instancia e Instrucción ha permitido pasar de una relación en 1980 de 73.010 habitantes por Juzgado, la más desfavorable desde 1877, en que era de 34.434 habitantes por Juzgado, a una proporción de 55.726 habitantes por Juzgado en 1985, lo que no sólo supone recuperar el nivel correspondiente a dos décadas atrás, sino, lo que es aún más notable, invertir decididamente el constante e ininterrumpido proceso histórico de deterioro de la relación, que en 1988 alcanzará a 50.958 habitantes por Juzgado.
[anterior] Por el contrario, es objeto primordial de la presente Ley realizar una redefinición de los partidos judiciales en cuanto divisiones territoriales judiciales básicas en las que se inscribe el primer escalón de órganos judiciales servidos por Jueces de Carrera, el de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, respetando la competencia de las Comunidades Autónomas para fijar la capitalidad.
[anterior] La nota de efectividad con que el artículo 24 de la Constitución consagra el derecho a la tutela por los Jueces y Tribunales de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos ha exigido tener presente, en primer lugar, la garantía de fácil acceso de aquéllos a los Juzgados y, en segundo lugar, la necesidad de evitar una dispersión excesiva de medios personales y materiales que quebrantaría los principios de racionalidad y economía por los que se rige toda organización eficaz. Se parte, por consiguiente, de una tendencia a la concentración en la medida necesaria para conseguir tales fines, y siguiendo, con ello, la tendencia general en la comarcalización de los servicios, lo que contribuirá a la debida coordinación entre ellos y a su mejor aprovechamiento por los ciudadanos.
[anterior] Como modelo general de partido se ha manejado el de una circunscripción general de configuración circular, de un mínimo deseable de 50.000 habitantes y de una superficie media de 700 a 1.000 kilómetros cuadrados, es decir, a partir de unos 15 kilómetros de radio, por considerarse una distancia media fácilmente superable en principio con los actuales medios de comunicación. La cifra de los habitantes viene dada por el hecho de que el número ideal de habitantes en proporción a cada Juzgado se estima en 25.000. Esta proporción no ha sido alcanzada nunca en nuestra historia. Se considera, asimismo, conveniente que los partidos judiciales, en la medida de lo posible, estén dotados de un número mínimo de dos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, con el fin de facilitar las sustituciones y la división de trabajo entre dos Jueces, especialmente en el orden penal, y de permitir un aprovechamiento de los servicios racional desde el punto de vista económico y con una organización de la oficina judicial óptima para la comodidad de los profesionales y de los ciudadanos.
[anterior] Los referidos parámetros, aparte de su modulación en función de los volúmenes de litigiosidad, las comunicaciones, y las características orográficas y comarcales, han sufrido alteraciones especialmente significativas en virtud de las peculiaridades de la población de cada zona. Así, la superficie de los partidos se reduce considerablemente en lugares de acumulación urbana, de condensación industrial y de carácter turístico, por la presencia en estos últimos de una población difícilmente registrable, de carácter estacional o permanente. Ello no obstante, el nivel poblacional de estos partidos suele mantenerse muy alto. Por el contrario, las zonas en que la densidad demográfica es muy baja, bien como consecuencia del fenómeno de la despoblación, bien por tratarse de zonas difícilmente habitables, determinan un considerable aumento de la superficie del partido, sin alcanzar siempre el número de población deseable en término medio.
[anterior] La demarcación establecida en la presente Ley no puede consistir en una transposición en partidos de los actuales distritos judiciales, puesto que la propia ley Orgánica del Poder Judicial ordena que no se mantengan los Juzgados de Distrito cuando por el escaso volumen de trabajo resulte procedente su conversión en Juzgados de Paz (disposición transitoria tercera). Ello no obstante, y a pesar de que el examen de la situación existente en el momento en que se promulga la Ley Orgánica del Poder Judicial pone de relieve que la implantación de la justicia de Distrito no tiene el mismo grado de penetración en todas las zonas del territorio nacional, se ha procurado mantener como partidos aquellos distritos que, aun por debajo del módulo medio, reúnen condiciones especiales, teniendo en cuenta especialmente los que generan un volumen importante de litigiosidad o se hallan radicados en municipios de elevada población, siempre que su proximidad a la cabeza de otro partido o las dificultades de configuración de éste no aconsejen lo contrario. La demarcación aprobada prescinde, en consecuencia, de todos aquellos intereses que no sean cohonestables con el principio de eficacia de la justicia, único norte de esta Ley, y se atiene rigurosamente, mediante la fijación de parámetros objetivos, a los criterios establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
[anterior] En definitiva, se crean 105 nuevos partidos judiciales, que vienen a añadirse a los 317 actualmente existentes. El total de partidos judiciales es de 422, cifra que coincide exactamente con el número de partidos de la demarcación histórica existente a la promulgación de la Ley de 1870, lo que revela un elevado grado de equilibrio de la división territorial lograda, aun cuando, como se verá, los aumentos demográficos repercuten de forma muy notable en el aumento del número de órganos de cada circunscripción y en el conjunto, con respecto a aquella planta histórica.
[anterior] En la determinación de la planta del Tribunal Supremo se reequilibra levemente la composición de las distintas Salas, en beneficio sobre todo de lo penal, pero se mantiene un número total de Magistrados similar al actual. Se estima, en efecto, que la prohibición constitucional de las ulteriores instancias extraterritoriales supone el atribuir decididamente al Tribunal Supremo, como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, con jurisdicción en toda España, la condición de un Tribunal con funciones específicamente casacionales, salvo las pocas excepciones previstas en la Ley Orgánica por motivos especiales, justificados en cada caso.
[anterior] El recurso de casación es un recurso especial y, por ende, limitado, que no puede convertirse en una segunda o tercera instancia. La regulación procesal del mismo, adecuadamente realizada, permitirá que, sin convertir al Tribunal Supremo, a través de un artificial y desproporcionado incremento de sus titulares, en un órgano de difícil funcionalidad, asuma plenamente, mediante la adecuada selección objetiva de las materias a que dedica su atención, su labor de unificar la interpretación del ordenamiento jurídico efectuada por todos los Juzgados y tribunales con el carácter de supremo garante del principio de legalidad y de la unidad de acción del Poder Judicial en su conjunto. La importancia de esta función para el cumplimiento del principio de igualdad y del papel constitucional del Poder Judicial no puede pasar inadvertida.
[anterior] La regulación de los Tribunales Superiores de Justicia se ha efectuado de tal manera que su rápida puesta en funcionamiento sea compatible con el respeto a la facultad de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, reconocida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, de intervenir en la designación de algunos de sus Magistrados. Esta facultad ha sido objeto de la interpretación más favorable a la amplitud de su aplicación, entre las diversas posibles. Se ha puesto especial atención en la competencia de casación atribuida a los Tribunales Superiores de Justicia, como órganos que culminan la organización judicial en la Comunidad Autónoma. La integridad de dicha competencia ha sido garantizada mediante una norma de efectos transitorios, en tanto se aprueben las correspondientes leyes procesales.
[anterior] Particular consideración merecen, en este mismo capítulo, las Audiencias Provinciales, a las que se dota de un número de Magistrados suficiente para hacer frente a los asuntos penales y civiles que les corresponde asumir tras la Ley Orgánica. Con ello se sientan las bases para la implantación del Jurado, institución que se desenvuelve en el ámbito de estos Tribunales, y se contribuye a acelerar la justicia penal. Coadyuvará a este fin otras medidas legislativas emprendidas paralelamente para lograr el ajuste competencial de las cargas de trabajo de los diferentes órganos, que contribuirán a descargar a las Audiencias de un número excesivo de apelaciones que amenazaría con desequilibrar su regular funcionamiento.
[anterior] La Ley recoge, por otro lado, las previsiones necesarias para articular los Juzgados de lo Penal derivados de la Ley Orgánica de los Juzgados de lo Penal y por la que se modifican diversos preceptos de las Leyes Orgánica del Poder Judicial y de Enjuiciamiento Criminal. Ello permitirá hacer realidad la distinción entre la función instructora y enjuiciadora que viene exigida por el artículo 24 de la Constitución en la interpretación que del mismo han dado el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A tal efecto, la Ley configura una planta de los Juzgados de lo Penal adecuada para hacer frente a las necesidades que, previsiblemente, se plantearán a estos órganos del orden jurisdiccional penal.
[anterior] En la planta de los Juzgados de Instrucción, se dedica una especial atención a las funciones que han de corresponderles en materia de instrucción y de primera instancia en la futura configuración del proceso penal. Los Juzgados de lo Social, por otra parte, se configuran en número suficiente para atender el volumen de trabajo previsible, a partir de un examen crítico de los datos estadísticos de que se dispone.
[anterior] En los restantes órdenes jurisdiccionales, se presta particular atención a sectores o actividades sociales que constituyen, hoy, zonas materialmente exentas o que no son atendidas con la suficiente intensidad y grado de especialización por la jurisdicción. Tal es el principio que se observa en la implantación efectuada en cuanto a Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (que constituirán una eficaz primera instancia en asuntos para los que funcionalmente puede resultar ventajoso este sistema o que hoy es excesivamente gravoso llevar a las Salas, como ocurre con algunas materias económico-administrativas), de Vigilancia Penitenciaria y de Menores. Con respecto a estos últimos, se ha diseñado una planta que ofrece las máximas oportunidades para especializar la función de reforma con respecto a la función de protección del menor, haciendo posible, desde el ángulo de la organización judicial, la efectividad de la reforma de la legislación del menor, de la que esta Ley constituye complemento necesario.
[anterior] Es de destacar, finalmente, el elevado grado de proximidad de la planta diseñada con la propuesta por el Consejo General del Poder Judicial en su informe.
[anterior] Los Juzgados de Paz se conciben por la Ley Orgánica del Poder Judicial como órganos incardinados en el ámbito del municipio, cuyos titulares son elegidos por el Pleno del Ayuntamiento. De ahí que no se haya renunciado a la tradicional colaboración de los municipios en el mantenimiento de los medios personales y materiales de dichos órganos, estableciendo el soporte económico del Estado, o, en su caso, de las Comunidades Autónomas, directamente o por medio de subvenciones.
[anterior] IX
[anterior] X
[anterior] Como plazo máximo de programación, dentro del cual necesariamente han de alcanzarse en toda su integridad las previsiones de la Ley en materia de planta, se fija el período 1989-1992. Se trata de un plazo cierto y, aún escaso en su extensión, suficiente para, mediante un importante esfuerzo de carácter organizativo y financiero, articular, dentro de ese estrecho margen de tiempo, las medidas necesarias para llevar al terreno de la realidad la profunda actualización que esta Ley supone en las estructuras de la Administración de Justicia, dada su inaplazable necesidad. Para garantizar el cumplimiento del expresado plazo se prevén con carácter gradual las medidas de tipo orgánico y financiero necesarias para evitar quiebras en los procesos de implantación y se establecen las garantías pertinentes para asegurar la cobertura presupuestaria mediante el adecuado plan de financiación. Durante cada ejercicio se irán efectuando las creaciones de órganos necesarias para lograr el deseable equilibrio en el desarrollo de la programación, sin esperar a la última etapa y continuando la línea seguida en años anteriores.
[anterior] La demarcación y la planta así establecidas, con criterios plenamente suficientes para garantizar su permanencia durante un largo período de tiempo, es susceptible, no obstante, de medidas de adaptación y perfeccionamiento. Independientemente de las revisiones generales periódicas de la planta y de la demarcación que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, se regula y desarrolla la facultad del Gobierno para crear Secciones, Juzgados o plazas de Magistrados por encima de las previsiones de la planta establecida, con modificación de ésta. Esta medida ha de permitir en todo caso la permanente actualización cuantitativa del diseño orgánico establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial a las nuevas necesidades que puedan surgir.
[anterior] Titulo I. De la demarcacion judicial
[anterior] Capitulo I. Circunscripción territorial de los órganos judiciales
[anterior] 2. Tienen jurisdicción limitada a las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla las Salas de lo Contencioso-administrativo y de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que tienen su sede en Sevilla; y a las provincias de Almería, Granada y Jaén las que tienen su sede en Granada. Las Salas de lo Contencioso-administrativo y de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga tienen jurisdicción limitada a su provincia.
[anterior] 3. Tienen jurisdicción limitada a las provincias de León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora las Salas de lo Contencioso-administrativo y de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que tienen su sede en Valladolid; y a las provincias de Avila, Burgos, Segovia y Soria, las que tienen su sede en Burgos.
[anterior] 4. Tiene jurisdicción limitada a la provincia de Las Palmas, las Salas de lo Contencioso-administrativo y de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que tienen su sede en Las Palmas de Gran Canaria, y a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, las que tienen su sede en Santa Cruz de Tenerife.
[anterior] 5. A efectos de la demarcación judicial, las ciudades de Ceuta y Melilla quedan integradas en la circunscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
[anterior] Artículo 2 bis
[anterior] 2. El desarrollo posterior de estas plazas de Jueces de adscripción territorial así como su modificación se efectuará mediante Real Decreto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de esta Ley.
[anterior] 2. Sin embargo, tienen su jurisdicción limitada a un solo partido judicial, o a varios o, por el contrario, ampliada a varias provincias los juzgados de los órdenes a que se refiere el párrafo anterior en los casos previstos en los anexos VII, VIII, IX, X, XI y XII de esta ley.
[anterior] 3. A efectos de la demarcación judicial, las Ciudades de Ceuta y Melilla quedan integradas en la circunscripción territorial de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta y de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga, con sede en Melilla, respectivamente.
[anterior] 4. Los órganos judiciales que tienen su sede en Ceuta y Melilla tienen la jurisdicción limitada al respectivo partido judicial.
[anterior] 5. En los casos en que el anexo V de esta ley prevea la existencia de Secciones de una Audiencia Provincial fuera de la capital de la provincia, la jurisdicción de dichas Secciones se ejercerá en los partidos judiciales que, según el citado anexo, estén adscritos a las mismas.
[anterior] 6. Los Juzgados de lo Mercantil de Alicante que se especialicen tendrán competencia, además, para conocer, en primera instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos litigios que se promuevan al amparo de lo previsto en los Reglamentos n.º 40/94 del Consejo de la Unión Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria y 6/2002, del Consejo de la Unión Europa, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia dichos juzgados extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional, y únicamente a estos solos efectos se denominaran Juzgados de Marca Comunitaria.
[anterior] 7. La Sección o Secciones de la Audiencia Provincial de Alicante que se especialicen, conocerán además, en segunda instancia y de forma exclusiva de todos aquellos recursos a los que se refiere el artículo 101 del Reglamento n.º 40/94 del Consejo de la Unión Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria y el Reglamento 6/2002, del Consejo de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional y a estos solos efectos se denominarán Tribunales de Marca Comunitaria.
[anterior] No obstante lo anterior, y atendidas las circunstancias geográficas, de ubicación y población, podrán crearse Juzgados de Violencia sobre la Mujer que atiendan a más de un partido judicial.
[anterior] 2. Los partidos judiciales tienen el ámbito territorial del municipio o municipios que los integran, conforme se establece en el anexo I de esta Ley.
[anterior] 3. La modificación de los límites de los municipios actuales comporta la adaptación automática de la demarcación judicial a la nueva delimitación geográfica.
[anterior] A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se seguirán las siguientes reglas:
[anterior] b) Cuando se incorporen o fusionen dos o más municipios pertenecientes al mismo partido judicial, continuarán perteneciendo a éste.
[anterior] c) Cuando se incorporen o fusionen dos o más municipios pertenecientes a distintos partidos judiciales, el municipio resultante se integrará en el partido judicial al que correspondía el municipio que tuviera mayor población de derecho entre los afectados.
[anterior] d) Cuando se constituya un nuevo municipio por segregación de parte del territorio de municipios pertenecientes a partidos diferentes, el nuevo municipio se integrará en el partido judicial al que correspondía la parte segregada con mayor población de derecho.
[anterior] e) Cuando se incorpore a un municipio parte del territorio de otro municipio limítrofe por segregación, el territorio segregado se integrará en el partido del municipio al que ha sido agregado.
[anterior] 4. Las Comunidades Autónomas determinan, por Ley, la capitalidad de los partidos judiciales, que corresponde a un solo municipio.
[anterior] 5. Los partidos judiciales se identifican por el nombre del municipio al que corresponde su capitalidad.
[anterior] Capitulo II. Sede de los órganos judiciales
[anterior] 2. Los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla y León y de Andalucía tienen su sede en alguna de las sedes de las Audiencias Territoriales existentes en el momento de la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según lo establecido por la respectiva Comunidad Autónoma.
[anterior] 3. Las Salas de lo Contencioso-administrativo y de lo Social con jurisdicción limitada a una o varias provincias tienen su sede donde la establece el artículo 2 de esta Ley.
[anterior] 2. Las Secciones de las Audiencias Provinciales a que se refiere el apartado 5 del artículo 3 de esta Ley, así como los Juzgados de lo Penal, los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, los Juzgados de lo Social, los Juzgados de Menores, los Juzgados de lo Mercantil y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con jurisdicción de extensión territorial inferior o superior a la de una provincia, tienen su sede en la capital del partido que se señale por Ley de la correspondiente Comunidad Autónoma y toman el nombre del municipio en que aquélla esté situada.
[anterior] 3. La sede de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria se establece por el Gobierno, oídos previamente la Comunidad Autónoma afectada y el Consejo General del Poder Judicial.
[anterior] 2. Todas las Salas y secciones de cada órgano judicial se hallan en el municipio de su sede, salvo las excepciones previstas en esta Ley.
[anterior] Titulo II. De la planta judicial
[anterior] Capitulo I. Planta de los tribunales y juzgados
[anterior] 2. El Presidente de la Sala de lo Penal y el Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo lo son también de su respectiva Sección Primera.
[anterior] 2. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia lo es también de su Sala de lo Civil y Penal. De los demás Magistrados que la compone, uno de ellos, en el caso de ser dos, o dos de ellos, en el caso de ser cuatro, son nombrados a propuesta en terna de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma, en la forma prevista por el artículo 330 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
[anterior] 3. El Gobierno, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, puede ampliar hasta cinco el número de Magistrados de la Sala de lo Civil y Penal, en todos o en algunos de los Tribunales Superiores de Justicia que tienen asignada para dicha Sala una plantilla de tres Magistrados.
[anterior] 2. Las Secciones de las Audiencias Provinciales, cuando haya varias, se constituyen con tres Magistrados. Los que exceden del múltiplo de tres se integran en las Secciones existentes, a razón de uno por Sección, comenzando por la Primera. La creación de nuevas plazas de Magistrados en una Audiencia Provincial dará lugar, si procede, a la creación de una nueva Sección completa con las plazas de nueva creación y las que resulten de la reducción a tres del número de Magistrados existentes en otra u otras Secciones. Para la designación de los Magistrados de la nueva Sección procedentes de las ya existentes se atiende a los que lo soliciten de entre los ya destinados en las demás Secciones de la misma sede con mejor puesto escalafonal, y no existiendo o siendo insuficiente el número de los solicitantes que reúnan los requisitos legales, al criterio de menor antigüedad en la categoría. Lo dispuesto en el presente apartado será de aplicación sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20.3 de esta Ley.
[anterior] 2. Son servidos por Magistrados los Juzgados de lo Penal, los que tienen su sede en una capital de provincia y los demás Juzgados en que así se establezca en el Anexo VI.
[anterior] Artículo 15 bis
[anterior] 2. La concreción de la planta inicial y la que sea objeto de desarrollo posterior, será realizada mediante Real Decreto de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la presente Ley y se ajustará a los siguientes criterios:
[anterior] b) En aquellos partidos judiciales en los que, en atención al volumen de asuntos, no se considere necesario el desarrollo de la planta judicial, se podrán transformar algunos de los Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia e Instrucción en funcionamiento en Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
[anterior] c) Asimismo cuando se considere, en función de la carga de trabajo, que no es precisa la creación de un órgano judicial específico, se determinará, de existir varios, qué Juzgados de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción, asumirán el conocimiento de las materias de violencia sobre la mujer en los términos del artículo 1 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género con carácter exclusivo junto con el resto de las correspondientes a la jurisdicción penal o civil, según la naturaleza del órgano en cuestión.
[anterior] 3. Serán servidos por Magistrados los Juzgados de Violencia sobre la Mujer que tengan su sede en la capital de la provincia y los demás Juzgados que así se establecen en el anexo XIII de esta Ley.
[anterior] 2. Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria son servidos por Magistrados. En el caso del artículo 94.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la categoría de sus titulares es la que corresponde a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción en el partido de su sede.
[anterior] 2. El Juzgado Central de Menores y los Juzgados de Menores deberán ser servidos por Magistrados.
[anterior] 3. La provisión del Juzgado Central de Menores y de los Juzgados de Menores se hace mediante concurso, que se resuelve a favor de quienes acrediten la especialización correspondiente en la Escuela Judicial y tengan mejor puesto en el escalafón y, en su defecto, a favor de los Magistrados con mejor puesto en el escalafón.
[anterior] Artículo 19 bis
[anterior] Para la concreción de esta planta inicial y la que sea objeto de desarrollo posterior, realizado mediante real decreto de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de esta ley, se ajustará a los siguientes criterios:
[anterior] 1.º) Podrán crearse Juzgados de lo Mercantil con sede en la capital de la provincia y jurisdicción en toda ella, cuando las cargas de trabajo así lo aconsejen.
[anterior] 2.º) Igualmente se podrán establecer Juzgados de lo Mercantil en poblaciones distintas de la capital de la provincia cuando criterios poblacionales,industriales o mercantiles así lo aconsejen, con jurisdicción en uno o varios partidos judiciales.
[anterior] b) Transformación de Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción en Juzgados de lo Mercantil.
[anterior] En aquellas provincias donde, en atención al volumen de asuntos no sea necesaria la ampliación de la Planta se transformarán algunos Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción en Juzgados de lo Mercantil.
[anterior] c) Compatibilización, en un mismo Juzgado de las materias mercantiles con el resto de las de la jurisdicción civil.
[anterior] En aquellos supuestos en que el volumen de asuntos así lo aconseje se compatibilizarán en un mismo juzgado las materias mercantiles con el resto de las de la jurisdicción civil.
[anterior] 2. Los Juzgados de lo Mercantil son servidos por Magistrados.
[anterior] 3. La provisión de los Juzgados de lo Mercantil se hace mediante concurso, que se resolverá a favor de quienes, acreditando la especialización correspondiente en los asuntos propios de dichos Juzgados obtenida mediante la superación de las pruebas selectivas que reglamentariamente determine el Consejo General del Poder Judicial, tengan mejor puesto en su escalafón. En su defecto, se cubrirá con los Magistrados que acrediten haber permanecido más años en el orden jurisdiccional civil.
[anterior] A falta de estos, por el orden de antigüedad establecido en el apartado primero del artículo 329 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
[anterior] Capitulo II. Modificación de la planta judicial
[anterior] Por Real Decreto, a propuesta del Ministro de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y previa audiencia con carácter preceptivo de la Comunidad Autónoma afectada, se podrán transformar Juzgados de una clase en Juzgados de clase distinta de la misma sede, cualquiera que sea su orden jurisdiccional.
[anterior] Cuando el Juzgado que se transforme esté en funcionamiento y tenga procedimientos pendientes, conservará su competencia sobre éstos hasta su conclusión.
[anterior] 2. En la creación de Secciones y Juzgados se tendrá en cuenta, preferentemente, el volumen de litigiosidad de la circunscripción.
[anterior] 3. El Gobierno, conforme a los mismos requisitos, podrá acordar el aumento de plazas de Magistrados cuando no se estime necesario crear una Sección completa.
[anterior] 4. El Real Decreto de creación de Secciones, Juzgados o plazas de Magistrado dispondrá la modificación que proceda de los Anexos de esta Ley relativos a la planta judicial.
[anterior] 5. La fecha de puesta en funcionamiento e inicio de actividades de las Secciones y Juzgados de nueva creación será fijada por el Ministro de Justicia, oído el Consejo General del Poder Judicial, y publicada en el Boletín Oficial del Estado.
[anterior] 6. Para el ejercicio de las facultades que se reconocen en los apartados anteriores al Gobierno y al Ministerio de Justicia, será necesaria la previa inclusión de las dotaciones de gastos especificadas en la Ley Presupuestaria del ejercicio correspondiente.
1.El Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y con el informe previo de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de justicia, podrá establecer la separación entre Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Instrucción en aquellos partidos judiciales en los que el número de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción así lo aconseje.
[anterior] 2. El Ministro de Justicia podrá establecer que los Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, sean servidos por Magistrados, siempre que estén radicados en un partido judicial superior a 150.000 habitantes de derecho o experimenten aumentos de población de hecho que superen dicha cifra, y el volumen de cargas competenciales así lo exija.
[anterior] 3. En los casos previstos en el presente artículo se dispondrá la modificación que proceda de los Anexos de esta Ley relativos a la planta judicial.
[anterior] Capitulo III. Destinos de carácter técnico o con funciones exclusivas de decanato y de registro civil
[anterior] Dichas plazas no incrementarán la relación de puestos de trabajo que tenga aprobada el Ministerio y los funcionarios que las ocupen mantendrán el régimen retributivo de sus Cuerpos de origen.
[anterior] 2. En las demás circunscripciones en que fuere necesario, el Decanato estará dotado de una oficina independiente para el ejercicio de las funciones que como tal le correspondan.
[anterior] 2. En las demás poblaciones en que existan varios Juzgados de Primera Instancia o de Primera Instancia e Instrucción, ejercerán las funciones de Registro Civil los Juzgados procedentes de la conversión prevista en la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica del Poder Judicial que las vinieren ejerciendo en el momento de producirse la misma y, en su defecto, el Juzgado número 1. Por Orden ministerial podrá disponerse que asuma las funciones de Registro Civil el Juzgado único que se determine.
[anterior] Titulo III. De las disposiciones organicas para la efectividad de la planta judicial
[anterior] Capitulo I. Establecimiento de la planta del tribunal supremo y de la audiencia nacional
[anterior] 2. El Consejo General del Poder Judicial designará al Magistrado del Tribunal Supremo a quien corresponderá la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en lo sucesivo entre los Presidentes de las Salas actualmente existentes.
[anterior] 2. La composición de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se acomodará a la prevista en el Anexo II, a cuyo efecto, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, no se cubrirán y quedarán amortizadas las vacantes que se produzcan hasta que se alcance la nueva composición.
[anterior] 3. La composición de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se acomodará a la prevista en el Anexo II.
1. En el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Consejo General del Poder Judicial efectuará las adscripciones de Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Central de Trabajo de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, siguiendo el orden de preferencia establecido en la disposición transitoria 18ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Efectuadas las adscripciones, el Gobierno, en el plazo de un mes a partir de su publicación, fijará la fecha, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, en que comenzará el ejercicio de su competencia.
[anterior] 2. El personal al servicio de la Administración de Justicia que presta servicio en el Tribunal Central de Trabajo será destinado a la Audiencia Nacional o al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La adscripción se determinará con arreglo a lo dispuesto reglamentariamente.
[anterior] Capitulo II. Constitución y establecimiento de la planta de los tribunales superiores de justicia
[anterior] 2. Dentro del plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas presentarán las ternas de juristas de reconocido prestigio con más de diez años de ejercicio profesional en la Comunidad Autónoma respectiva, para cubrir plaza de Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia. Recibida la terna en cualquier momento, el Consejo General del Poder Judicial procederá a proponer el nombramiento correspondiente.
[anterior] 3. En el mismo plazo de tres meses, háyase o no recibido la terna a que se refiere el apartado 2 de este artículo, el Consejo General del Poder Judicial propondrá los nombramientos de los restantes Magistrados de las Salas de lo Civil y Penal y de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
[anterior] 4. Una vez hayan sido nombrados los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial propondrá el nombramiento de los Presidentes de los expresados Tribunales y fijará la fecha, que será publicada en el Boletín Oficial del Estado, en la que tendrá lugar la toma de posesión de los miembros del Tribunal y su constitución, sin perjuicio de la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente.
[anterior] 5. En la provisión de la plaza de Presidente del Tribunal Superior de Justicia en aquellas Comunidades Autónomas que gocen de Derecho Civil especial o foral, así como de idioma oficial propio, el Consejo General del Poder Judicial valorará como mérito la especialización en este Derecho Civil especial o foral y el conocimiento del idioma propio de la Comunidad.
[anterior] 2. Si no se hubiera efectuado aún el nombramiento de Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal presentado en terna por la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma, se aplicará el procedimiento previsto por la Ley para completar la Sala.
[anterior] 3. El ámbito territorial de la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia tendrá efectividad, para cada una de sus Salas, el día del inicio del ejercicio de su competencia.
[anterior] 2. Los Magistrados destinados en la Sala de lo Contencioso-Administrativo que tienen su sede en Murcia quedarán integrados en la Sala del mismo orden del Tribunal Superior de Justicia de dicha Comunidad Autónoma.
[anterior] 3. El Consejo General del Poder Judicial propondrá los nombramientos de los Magistrados a que se refieren los apartados anteriores de este artículo en el plazo previsto en el artículo 32.3.
[anterior] 4. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia será presidida por el Magistrado que desempeñe la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial. En caso de ser varios, por el Presidente de mayor antigüedad en la categoría de Magistrado.
[anterior] 5. El personal al servicio de la Administración de Justicia que preste servicios en las Salas de lo Contencioso-Administrativo de las Audiencias Territoriales quedará destinado en el Tribunal Superior de Justicia y adscrito a la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Dicha adscripción podrá ser modificada con arreglo a lo dispuesto reglamentariamente.
[anterior] 2. La composición plena de todas las Salas se alcanzará dentro del período de programación previsto en el artículo 62 de esta Ley.
[anterior] 2. Las propuestas a que se refiere el apartado anterior se efectuarán en el momento en que se estime conveniente, con sujeción a criterios de gradualidad, teniendo en cuenta las posibilidades de cobertura de las plazas correspondientes y las vacantes que puedan originarse en otros órganos.
[anterior] 3. Efectuados los nombramientos, el Consejo General del Poder Judicial determinará la fecha en que cada Sala iniciará el ejercicio de la competencia, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente.
El Consejo General del Poder Judicial, una vez hayan iniciado el ejercicio de su competencia la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y las Salas de lo Social de todos los Tribunales Superiores de Justicia, y efectuadas las integraciones que prevé la disposición transitoria decimoctava de la Ley Orgánica del Poder Judicial, determinará la fecha de supresión del Tribunal Central de Trabajo y finalización del ejercicio de su competencia y ordenará su publicación en el Boletín Oficial del Estado. A partir de esta fecha, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la forma que establece la disposición transitoria ya citada, conocerá de los asuntos pendientes ante el Tribunal Central de Trabajo, con excepción de lo que corresponda a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
[anterior] Capitulo III. Establecimiento de la planta de las audiencias provinciales
[anterior] 2. Cuando la planta fijada en esta Ley comprendiera un número de Magistrados inferior al actualmente previsto para la Audiencia Provincial, se amortizarán las plazas correspondientes a partir de la entrada en vigor de esta Ley, a tenor de las vacantes que se fueran produciendo.
[anterior] 2. Los Magistrados adscritos según lo establecido en el apartado anterior ocuparán automáticamente las primeras vacantes que se produzcan en la Audiencia Provincial.
[anterior] 3. El personal al servicio de la Administración de Justicia que preste servicios en las Salas de lo Civil de la Audiencia Territorial quedará destinado en la Audiencia Provincial. La adscripción se determinará con arreglo a lo dispuesto reglamentariamente.
[anterior] Capitulo IV. Establecimiento de la planta de los juzgados
[anterior] 2. La constitución de aquellos Juzgados cuya entrada en funcionamiento sea necesaria para la efectividad de los partidos de nueva creación se efectuará dentro de los plazos previstos en el artículo 42 de esta Ley.
[anterior] 3. Los límites geográficos de los actuales partidos judiciales se mantendrán a la entrada en vigor de esta Ley.
[anterior] 4. El ámbito territorial de la jurisdicción de los distintos Juzgados, conforme a la demarcación establecida por esta Ley, tendrá efectividad en la fecha que se determine con arreglo a lo dispuesto en el artículo 42.2.
[anterior] 5. La fecha de entrada en funcionamiento de los Juzgados a que se refiere el presente capítulo se fijará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.5 de esta Ley.
[anterior] 2. En el plazo de un año, a partir de la fecha de la promulgación de la presente Ley, el Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial, efectuará la conversión de los actuales Juzgados de Distrito en Juzgados de Primera Instancia, de Instrucción, de Primera Instancia e Instrucción o, en su caso, de Paz, con arreglo a lo dispuesto en la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
[anterior] 3. Cuando el Consejo General del Poder Judicial haga uso de la facultad prevista en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial con ocasión de la conversión de los Juzgados de Distrito en Juzgados de Primera Instancia, de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción, la fecha de producción de efectos del acuerdo podrá ser la de conversión a que se refiere el apartado anterior.
[anterior] 2. El Gobierno, en el marco de la Ley de Presupuestos, dispondrá, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, la constitución de los Juzgados de lo Social que resulte necesaria, hasta completar la planta prevista en esta Ley en el plazo general de programación establecido en el artículo 62.
[anterior] 2. La fecha de entrada en funcionamiento se fijará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.5 de esta Ley.
[anterior] Artículo 46 bis
El Gobierno, dentro del marco de la respectiva ley de presupuestos, oído el Consejo General del Poder Judicial, y en su caso la comunidad autónoma afectada, procederá de forma escalonada,mediante Real Decreto, a la constitución, compatibilización y transformación de Juzgados de Primera Instancia y de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción para la plena efectividad de la planta correspondiente a los Juzgados de lo Mercantil.
[anterior] Artículo 46 ter
[anterior] 2. En tanto las Comunidades Autónomas no fijen la sede de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, ésta se entenderá situada en aquellas poblaciones que se establezcan en el anexo XIII de la presente Ley.
[anterior] 2. El personal que preste servicios en el Tribunal de Apelación será destinado a los órganos judiciales de Madrid que tengan competencia en materia de menores, en régimen de titularidad de la plaza o, en su defecto, de adscripción con ocupación automática de la primera vacante.
[anterior] 2. La percepción a que se refiere el apartado anterior de este artículo será compatible con las percepciones ordinarias obtenidas por el interesado en el ejercicio de actividades profesionales o mercantiles. En ningún caso supondrá reconocimiento de dependencia alguna con respecto al Ayuntamiento.
[anterior] 2. La Orden de plantilla determinará las agrupaciones a que se refiere el artículo 99.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
[anterior] 3. En los demás Juzgados de Paz, el Ayuntamiento nombrará una persona idónea para el desempeño de la Secretaría y lo comunicará al Ministerio de Justicia para su aprobación.
[anterior] 4. Con sujeción al régimen local, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos podrán promover y efectuar Agrupaciones de Secretarías para que sean servidas por un solo funcionario.
[anterior] 2. No obstante, en los Juzgados de Paz de poblaciones de más de 7.000 habitantes y en aquellos otros Juzgados de Paz en los que la carga de trabajo lo justifique prestarán servicio funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, con arreglo a las plazas que se prevean en la plantilla de dichos Cuerpos.
[anterior] 3. Las instalaciones y medios instrumentales del Juzgado de Paz, salvo cuando fuere conveniente su gestión total o parcial por el Ministerio de Justicia o la Comunidad Autónoma respectiva, estarán a cargo del Ayuntamiento respectivo.
[anterior] Titulo IV. De las disposiciones de orden procesal para la efectividad de la planta judicial
[anterior] 2. De no establecerse lo contrario, los órganos de nueva planta ajustarán su funcionamiento a las normas procesales vigentes aplicables a los órganos suprimidos de naturaleza similar.
[anterior] 3. La composición de las Secciones se ajustará a lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin más limitaciones que las que se infieren del artículo 12.2 y del artículo 14.2 de la presente Ley.
[anterior] 4. La iniciación del ejercicio de la competencia por los órganos de nueva planta o de nueva creación previstos en esta Ley no supondrá la asunción de los procedimientos en trámite ante otros órganos ya existentes, salvo en los casos de supresión de éstos y sin perjuicio de lo que pueda acordarse por vía de reparto.
[anterior] Artículo 54. Sin contenido
1. Las Audiencias Provinciales de Albacete, Asturias, Avila, Baleares, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cantabria, La Coruña, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Madrid, Murcia, Las Palmas, Navarra, La Rioja, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid, Vizcaya y Zaragoza asumirán plena competencia en el orden civil a partir del día de la entrada en vigor de la presente Ley.
[anterior] 2. Las restantes Audiencias Provinciales conservarán las atribuciones de orden civil que les corresponden en el momento de la entrada en vigor de esta Ley. En el plazo de un año a partir de su vigencia, el Gobierno dispondrá lo pertinente para que todas las Audiencias Provinciales asuman la plenitud de competencias en el orden civil.
[anterior] 3. En tanto no asuman la plenitud de su competencia en el orden civil las Audiencias Provinciales a que se refiere el párrafo anterior, la competencia no asumida será ejercida por la Audiencia Provincial radicada en la localidad donde a la entrada en vigor de esta Ley existía Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial.
[anterior] 2. Lo establecido en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa sobre el recurso de revisión.
[anterior] 3. Las dudas sobre competencia que pudieran suscitarse entre la atribuida al Tribunal Supremo y al Tribunal Superior de Justicia se resolverán de conformidad con lo dispuesto en el apartado d) del artículo 54.1.
[anterior] 2. Las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia entenderán de los recursos interpuestos contra resoluciones de los Juzgados de lo Social en el ámbito de la Comunidad Autónoma, de los que en el momento de la entrada en vigor de esta Ley conoce el Tribunal Central de Trabajo, salvo los previstos en el apartado anterior.
[anterior] 3. En tanto no hubiesen iniciado el ejercicio de su competencia las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia respectivos, el conocimiento de los recursos previstos en el apartado anterior seguirá correspondiendo al Tribunal Central de Trabajo.
[anterior] 4. Las cuestiones de competencia entre la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y el Tribunal Central de Trabajo o las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia se resolverán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
1. Los Juzgados de Menores tendrán la competencia establecida en la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menorese.
[anterior] 2. Las Audiencias Provinciales conocerán de los recursos interpuestos contra las resoluciones de los Juzgados de Menores en el ámbito de su respectiva provincia, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores para la Audiencia Nacional.
[anterior] Titulo V. De las medidas economico-financieras para la implantacion y sostenimiento de la planta judicial
[anterior] No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Gobierno, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, podrá acordar la extensión de los mencionados programas durante los años 1993 y 1994.
En tanto no se produzca la constitución de los Juzgados de Menores, y sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria vigésimo sexta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial podrá proceder al nombramiento de miembros de la Carrera Judicial para las plazas correspondientes a los Tribunales Tutelares de Menores que no se hallen ocupadas por Jueces pertenecientes a la Escala de Jueces Unipersonales de Menores, disponiendo el cese de sus actuales titulares.
[anterior] Sexta
[anterior] Septima
[anterior] Octava
Los miembros de la Carrera Judicial a que se refiere la disposición transitoria vigésimo quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial podrán participar en el concurso de méritos a que se hace referencia en el artículo 25 de la presente Ley. Si no obtuviesen plaza en el referido concurso o no tomasen parte en el mismo, en el plazo de tres meses, a partir de la fecha de la resolución, deberán optar entre pasar al servicio activo en la Carrera Judicial, quedando adscritos al Tribunal Superior de Justicia o a la Audiencia Provincial de Madrid hasta que obtengan destino en propiedad, o pasar a la situación de excedencia voluntaria en la misma.
[anterior] Novena
[anterior] 2. En tanto las comunidades autónomas respectivas no fijen la sede de los Juzgados de lo Mercantil, ésta se entenderá situada en aquellas capitales de provincia o poblaciones que, tanto por ser núcleos en donde los procedimientos concursales son estadísticamente más frecuentes, como por tener atribuido el conocimiento exclusivo de determinadas competencias con exclusividad al resto, resulte así conveniente para el adecuado cumplimiento de la función jurisdiccional con respecto a los plazos procesales.
[anterior] Décima
[anterior] 2. Desde la fecha que señale el Real Decreto a que se refiere el apartado 1 del artículo 42 cesarán en sus funciones como Juzgados de Primera Instancia, salvo para dictar, dentro de los plazos señalados, las sentencias en los asuntos que hubiesen quedado conclusos y solo pendientes de fallo. Notificadas las resoluciones finales, remitirán los asuntos sentenciados, así como los pendientes, al Juzgado que corresponda, conforme a las reglas aprobadas por la correspondiente Sala de Gobierno, notificándolo a las partes.
[anterior] 3. Desde la misma fecha cesarán en sus funciones como Juzgados de Instrucción respecto a las causas que deba enjuiciar la Audiencia Provincial.
[anterior] Uno en Huesca.
[anterior] Uno en Gijón.
[anterior] Uno en Tenerife.
[anterior] Uno en Palencia.
[anterior] Uno en Segovia.
[anterior] Uno en Cuenca.
[anterior] Uno en Ciudad Real.
[anterior] Uno en Cáceres.
[anterior] Uno en Santiago de Compostela.
[anterior] Uno en Lugo.
[anterior] Uno en Vigo.
[anterior] Dos en Alicante.
[anterior] Juzgados de Instrucción:
[anterior] Dos en Granada.
[anterior] Tres en Málaga.
[anterior] Cinco en Sevilla.
[anterior] Dos en Zaragoza.
[anterior] Dos en Palma de Mallorca.
[anterior] Dos en Las Palmas.
[anterior] Uno en Valladolid.
[anterior] Nueve en Barcelona.
[anterior] Uno en A Coruña.
[anterior] Doce en Madrid.
[anterior] Uno en Murcia.
[anterior] Uno en Pamplona.
[anterior] Cinco en Valencia.
[anterior] Tres en Bilbao.
[anterior] Uno en San Sebastián.
[anterior] Disposición final única. Facultad de desarrollo.
[anterior] Palacio de La Zarzuela, a 28 de diciembre de 1988.
Situación de la Demarcación y Planta Judicial a fecha 1 de enero de 2017.Para ver pulse aquí
*SE MODIFICAN los Anexos V a XII por el Real Decreto 902/2017, de 13 de octubre, de creación de noventa y tres juzgados y plazas judiciales. Para ver estos Anexos pulse aquí
*SE MODIFICAN los Anexos III y IV por el Real Decreto 229/2017, de 10 de marzo, por el que se crean 16 plazas de magistrados en órganos colegiados para hacer efectiva la segunda instancia penal.Estos Anexos son los siguientes:
[anterior] Sala de lo Penal:
[anterior] 4 Secciones: Compuesta por 16 Magistrados.
[anterior] Sala de Apelación:
[anterior] 2 Magistrados.
[anterior] Sala de lo Contencioso-administrativo:
[anterior] 8 Secciones: Compuesta por 39 Magistrados.
[anterior] Sala de lo Social:
[anterior] Total: 64 Magistrados.
[anterior] ANEXO IV
[anterior] 8 Magistrados.
[anterior] Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada:
[anterior] 11 Magistrados.
[anterior] Sala de lo Contencioso-administrativo de Málaga:
[anterior] Sala de lo Contencioso-administrativo de Sevilla:
[anterior] 19 Magistrados.
[anterior] Sala de lo Social de Granada:
[anterior] Sala de lo Social de Málaga:
[anterior] 5 Magistrados.
[anterior] Sala de lo Social de Sevilla:
[anterior] Total: 77 Magistrados.
[anterior] Jueces de adscripción territorial Andalucía: 55.
[anterior] Jueces de adscripción territorial Ceuta: 1.
[anterior] Jueces de adscripción territorial Melilla: 1.
[anterior] Cataluña (compuesto por tres Salas)
[anterior] 7 Magistrados.
[anterior] 25 Magistrados.
[anterior] Total: 60 Magistrados.
[anterior] Jueces de adscripción territorial: 30.
[anterior] Comunitat Valenciana (compuesto por tres Salas)
[anterior] 22 Magistrados.
[anterior] 12 Magistrados.
[anterior] Total: 42 Magistrados.
[anterior] Jueces de adscripción Territorial: 19.
[anterior] Madrid (compuesto por tres Salas)
[anterior] 49 Magistrados.
[anterior] 20 Magistrados.
[anterior] Jueces de adscripción Territorial: 29.
*SE MODIFICA el artículo 8, el artículo 23 y el Anexo III por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
*SE MODIFICAN los anexos III al V y VII, por el Real Decreto 918/2014, de 31 de octubre, por el que se crean 112 plazas de magistrado en órganos colegiados, 167 plazas de juez de adscripción territorial y se crean y constituyen tres juzgados de lo penal para adecuar la planta judicial a las necesidades existentes.
[anterior] *SE MODIFICA el Anexo V, por el Real Decreto 1010/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifica la composición de las secciones de la Audiencia Provincial de Navarra.
[anterior] *SE MODIFICA el Anexo VI, por el Real Decreto 1009/2013, de 20 de diciembre, por el que se transforma el Juzgado de Instrucción nº 5 de Benidorm en Juzgado de Primera Instancia nº 4 y por el que se modifica la denominación del Juzgado de Primera Instancia nº 4 en Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Benidorm.
[anterior] *SE ADICIONA un artículo 2 bis, con efectos de 5 de mayo de 2010, por la Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso.
[anterior] *SE MODIFICA el Anexo XII por el Real Decreto 167/2009, de 13 de febrero, por el que se dispone la creación y constitución de 15 juzgados para la mejora de la jurisdicción mercantil, dentro de la programación del año 2009.
[anterior] *SE MODIFICA el Anexo VI por Real Decreto 1833/2008, de 8 de noviembre, por el que se establece la transformación del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Las Palmas de Gran Canaria en Registro Civil exclusivo (BOE nº 292, de 4-12-2008)
*SE MODIFICA el anexo VI, por REAL DECRETO 1577/2008, de 26 de septiembre (BOE nº 255, de 22-10-2008)
*SE MODIFICA el anexo VI, por ORDEN JUS/2773/2008, de 25 de septiembre (BOE nº 240, de 4-10-2008)
*SE MODIFICA los anexos IV a X, XII y XIII, por REAL DECRETO 953/2008, de 6 de junio (BOE nº 138, de 7-6-2008)
*SE MODIFICA el anexo VI, por REAL DECRETO 321/2008, de 29 de febrero
*SE MODIFICA el anexo VI, por ORDEN JUS/505/2008, de 26 de febrero
*SE MODIFICA el anexo VI, por REAL DECRETO 159/2008, de 8 de febrero
*SE MODIFICA los anexos V, VI, VII y VIII, por REAL DECRETO 3/2008, de 11 de enero
*SE MODIFICA el anexo VI, por REAL DECRETO 2/2008, de 11 de enero
* Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción internacional.
Se modifica el primer inciso del artículo 25.
* SE MODIFICA los anexos VI y VII, por REAL DECRETO 1682/2007, de 14 de diciembre.
[anterior] * SE MODIFICA el anexo XIII, por REAL DECRETO 1309/2007, de 5 de octubre.
[anterior] * SE MODIFICA el anexo VI, por REAL DECRETO 1107/2007, de 24 de agosto.
[anterior] * SE MODIFICA el anexo XIII, por REAL DECRETO 1132/2007, de 31 de agosto.
[anterior] * SE MODIFICA el anexo VI, por ORDEN JUS/2479/2007, de 27 de julio.
[anterior] * SE MODIFICA los anexos IV a X y XII, por REAL DECRETO 867/2007, de 2 de julio.
[anterior] * SE MODIFICA los anexos VI y XIII, por REAL DECRETO 657/2007, de 25 de mayo.
[anterior] * SE MODIFICA el anexo VI, por REAL DECRETO 341/2007, de 9 de marzo.
[anterior] * SE MODIFICA el anexo VI, por REAL DECRETO 340/2007, de 9 de marzo de 2007.
[anterior] * SE MODIFICA el anexo XIII, por REAL DECRETO 339/2007, de 9 de marzo.
[anterior] * SE MODIFICA el anexo VI, por REAL DECRETO 46/2007, de 19 de enero.
[anterior] * SE MODIFICA el anexo VI, por REAL DECRETO 1201/2006, de 20 de octubre.
[anterior] * SE MODIFICA los anexos III, V a XI y XIII, por REAL DECRETO 963/2006, de 1 de septiembre.
[anterior] * SE MODIFICA los anexos IV, V, VI, VIII, XI , XII y XIII, por REAL DECRETO 708/2006, de 9 de junio.
[anterior] * SE MODIFICA el anexo VI, por REAL DECRETO 352/2006, de 24 de marzo.
[anterior] * SE MODIFICA el anexo VI, por REAL DECRETO 223/2006, de 24 de febrero.
[anterior] * SE MODIFICA los anexos IV a XIII, por REAL DECRETO 1197/2005, de 10 de octubre.
[anterior] * SE MODIFICA el anexo VI, por REAL DECRETO 889/2005, de 22 de julio.
[anterior] * SE MODIFICA los anexos IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI y XII, por REAL DECRETO 481/2005, de 4 de mayo.
[anterior] * SE MODIFICA el anexo VI , por ORDEN JUS/659/2005, de 14 de marzo.
[anterior] * SE MODIFICA el anexo XIII, por REAL DECRETO 233/2005, de 4 de marzo.
[anterior] * SE MODIFICA el anexo VI, por REAL DECRETO 52/2005, de 21 de enero.
[anterior] * SE MODIFICA el anexo VI, por ORDEN JUS/4259/2004, de 13 de diciembre.
[anterior] * SE MODIFICA los arts. 4, 9 y 21 y SE AÑADE el 15 bis, 46 ter y el anexo XIII, por LEY ORGÁNICA 1/2004, de 28 de diciembre.
[anterior] * SE MODIFICA el anexo VI, por REAL DECRETO 2294/2004, de 10 de diciembre.
[anterior] * SE MODIFICA el anexo VI, por REAL DECRETO 2125/2004, de 2 de noviembre.
[anterior] * SE MODIFICA los anexos VI, VII, VIII y IX, por REAL DECRETO 2126/2004, de 2 de noviembre.
[anterior] * SE MODIFICA el anexo VI y XII, por REAL DECRETO 1649/2004, de 9 de julio de 2004.
[anterior] * SE MODIFICA el anexo VI, por ORDEN JUS/1421/2004, de 17 de mayo.
[anterior] * SE MODIFICA el anexo VI, por REAL DECRETO 420/2004, de 12 de marzo.
[anterior] * SE MODIFICA el anexo VI, por REAL DECRETO 46/2004, de 19 de enero.
[anterior] * SE MODIFICA los arts. 3, 8.2, 23, anexos I, V, VI y VII y SE AÑADEN los arts. 19 bis, 46 bis, anexo XII y las disposiciones transitorias 9 y 10 y final única, por LEY ORGÁNICA 19/2003, de 23 de diciembre.
[anterior] * SE MODIFICA el anexo VI, por REAL DECRETO 1495/2003, de 28 de noviembre.
[anterior] * SE MODIFICA el anexo VI, por ORDEN JUS/3209/2003, de 31 de octubre.
[anterior] * SE MODIFICA los anexos VI, VII, VIII, IX y XI, por REAL DECRETO 1230/2003, de 26 de septiembre.
[anterior] * SE MODIFICA el anexo VI, por ORDEN JUS/1735/2003, de 27 de junio.
[anterior] * SE MODIFICA los arts. 1, 6, 18.1 y el anexo X, por LEY ORGÁNICA 5/2003, de 27 de mayo.
[anterior] * SE MODIFICA el anexo VI, por REAL DECRETO 600/2003, de 23 de mayo.
[anterior] * SE MODIFICA el anexo VI, por REAL DECRETO 1243/2002, de 29 de noviembre.
[anterior] * SE MODIFICA los anexos IV, V, VI, VIII, IX Y XI, por REAL DECRETO 1161/2002, de 8 de noviembre.
[anterior] * SE MODIFICA el art. 21.1, por LEY 38/2002, de 24 de octubre.
[anterior] * SE MODIFICA los anexos VI, VII y X, por REAL DECRETO 996/2002, de 27 de septiembre.
[anterior] * SE MODIFICA el anexo VI, por REAL DECRETO 458/2002, de 24 de mayo.
[anterior] * SE MODIFICA los anexos VI y VII, por REAL DECRETO 281/2002, de 22 de marzo.
[anterior] * SE MODIFICA el anexo VI, por ORDEN de 20 de diciembre de 2001.
[anterior] * SE MODIFICA el anexo VI, por REAL DECRETO 1411/2001, de 14 de diciembre.
[anterior] * SE MODIFICA los anexos IV a VII, IX y X, por REAL DECRETO 814/2001, de 13 de julio.
[anterior] * SE MODIFICA el anexo VI, por REAL DECRETO 282/2001, de 16 de marzo.
[anterior] * SE MODIFICA el anexo VI, por ORDEN de 27 de diciembre de 2000.
[anterior] * SE MODIFICA los arts. 1, 6, 19, 61 y el anexo XI, por LEY ORGÁNICA 7/2000, de 22 de diciembre.
[anterior] * SE MODIFICA el anexo IX, por REAL DECRETO 1906/2000, de 24 de noviembre.
[anterior] * SE MODIFICA el anexo VI, por ORDEN de 1 de junio de 2000.
[anterior] * SE MODIFICA los anexos IV, V, VI, VII y VIII, por REAL DECRETO 347/2000, de 10 de marzo.
[anterior] * SE MODIFICA los anexos IV, V, VI, VII, IX y X, por REAL DECRETO 194/2000, de 11 de febrero.
[anterior] * SE MODIFICA los arts. 1, 6 y 16 y los anexos VII, VIII y IX, por LEY 37/1999, de 28 de octubre.
[anterior] * SE MODIFICA los anexos V, VI y X, por REAL DECRETO 1286/1999, de 23 de julio.
[anterior] * SE MODIFICA el anexo VI, por ORDEN de 25 de junio de 1999.
[anterior] * SE MODIFICA el anexo VI , por ORDEN de 14 de abril de 1999.
[anterior] * SE MODIFICA el anexo VI, por REAL DECRETO 2810/1998 de 23 de diciembre.
[anterior] * SE MODIFICA los arts. 3, 8.2, 20.1 y el anexo V, por LEY 2/1999 de 11 de enero.
[anterior] * SE MODIFICA el anexo VI , por ORDEN de 21 de diciembre de 1998.
[anterior] * SE MODIFICA los anexos VI y VII , por REAL DECRETO 2658/1998, de 11 de diciembre.
[anterior] * SE MODIFICA el art. 20.1 y los anexos I, VI yVII, por LEY 26/1998 de 13 de julio.
[anterior] * SE MODIFICA EL ANEXO VI, POR REAL DECRETO 1115/1998, DE 5 DE JUNIO.
[anterior] * SE MODIFICA LOS ANEXOS IV, V, VI, IX, X Y XI, POR REAL DECRETO 987/1998, DE 22 DE MAYO.
[anterior] * SE MODIFICA EL ANEXO VI, POR ORDEN DE 30 DE ABRIL DE 1998.
[anterior] * SE MODIFICA EL ANEXO VI, POR ORDEN DE 22 DE DICIEMBRE DE 1997.
[anterior] * SE MODIFICA LOS ANEXOS VI, VII Y X, POR REAL DECRETO 2012/1997, DE 26 DE DICIEMBRE.
[anterior] * SE MODIFICA LOS ANEXOS IV, V, VI Y IX, POR REAL DECRETO 1680/1997, DE 7 DE NOVIEMBRE.
[anterior] * SE MODIFICA AL ANEXO VI, POR ORDEN DE 20 DE JUNIO DE 1997.
[anterior] * SE MODIFICA LOS ANEXOS III, V, VI Y IX, POR REAL DECRETO 610/1997, DE 25 DE ABRIL.
[anterior] * SE MODIFICA EL ANEXO I, POR LEY 8/1997, DE 14 DE ABRIL.
[anterior] * SE MODIFICA EL ART. 25, POR LEY 13/1996, DE 30 DE DICIEMBRE.
[anterior] * SE MODIFICA EL ANEXO VI, POR ORDEN DE 30 DE JULIO DE 1996 . SE MODIFICAN LOS ANEXOS V, VI, IX Y X, POR REAL DECRETO 2368/1996, DE 18 DE NOVIEMBRE.
[anterior] * SE MODIFICA LOS ANEXOS IV A VII Y IX, POR REAL DECRETO 1648/1995, DE 13 DE OCTUBRE.
[anterior] * SE MODIFICA EL ANEXO VI, POR ORDEN DE 18 DE ENERO DE 1995.
[anterior] * SE MODIFICA LOS ANEXOS III, IV, VI, VII, IX Y X, POR REAL DECRETO 2057/1994, DE 14 DE OCTUBRE.
[anterior] * SE MODIFICA LOS ANEXOS III A VII, IX Y X, POR REAL DECRETO 763/1993, DE 21 DE MAYO.
[anterior] * SE MODIFICA LOS ANEXOS VI Y X, POR REAL DECRETO 911/1992, DE 17 DE JULIO.
[anterior] * SE MODIFICA LOS ANEXOS VI, VII Y IX, POR REAL DECRETO 526/1992, DE 26 DE MAYO.
[anterior] * SE MODIFICA EL ART. 54, POR LEY 10/1992, DE 30 DE ABRIL.
[anterior] * SE MODIFICA LOS ARTS. 4.3, 8.2, 14.2, 20.1 Y 29.3, Y DETERMINADOS ANEXOS, POR LEY 3/1992, DE 20 DE MARZO.
[anterior] * SE MODIFICA EL ART. 62, POR LEY 31/1991, DE 30 DE DICIEMBRE.
[anterior] * SE MODIFICA LOS ANEXOS II, IV, V Y VI, POR REAL DECRETO 1819/1991, DE 20 DE DICIEMBRE.
[anterior] * SE MODIFICA LOS ANEXOS II, IV, V Y VI, POR REAL DECRETO 1818/1991, DE 20 DE DICIEMBRE.
[anterior] * SE MODIFICA LOS ANEXOS III, IV, V Y VI, POR REAL DECRETO 653/1991, DE 22 DE ABRIL.
[anterior] * SE MODIFICA EL ANEXO VI, POR REAL DECRETO 1212/1990, DE 5 DE OCTUBRE.
[anterior] * SE MODIFICA EL ANEXO VI, por ORDEN de 23 de julio de 1990.
[anterior] * SE MODIFICA EL ANEXO VI, POR ORDEN DE 21 DE MAYO de 1990.
[anterior] * SE MODIFICA EL ANEXO VI, POR REAL DECRETO 1403/1989, DE 17 DE NOVIEMBRE.
[anterior] * SE MODIFICA el Anexo VII, por REAL DECRETO 936/1989, de 21 de julio de 1989.
[anterior] * CORRECCIÓN de errores en BOE Num. 122, de 23 de mayo de 1989.

References: Artículo 54
 artículo 24
 artículo 24
 Artículo 2
 artículo 20
 artículo 101
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 330
 artículo 20
 Artículo 15
 Real Decreto 
 artículo 20
 artículo 1
 artículo 94
 Artículo 19
 real decreto 
 artículo 20
 artículo 329
 Real Decreto 
 artículo 32
 artículo 62
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 20
 artículo 98
 artículo 62
 artículo 20
 Artículo 46
 Artículo 46
 artículo 99
 artículo 198
 artículo 12
 artículo 14
 Artículo 54
 artículo 102
 artículo 54
 artículo 51
 artículo 25
 Real Decreto 
 artículo 42
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 8
 artículo 23
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 artículo 25
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO