Source: https://tc.vlex.es/vid/2013-497484518
Timestamp: 2019-08-22 19:10:25+00:00

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STC 26/2014, 13 de Febrero de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 497484518
Número de Recurso: Recurso de amparo 6922-2008
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. INCOMPARECENCIA DEL ACUSADO. Se discute si la entrega del demandante a Italia, país que da validez a las condenas en ausencia, vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías. La condena penal impuesta sin comparecencia del acusado no vulnera el contenido absoluto del derecho a un proceso con todas las garantías cuando la incomparecencia sea decidida voluntaria e inequívocamente por un acusado debidamente emplazado y que haya sido efectivamente defendido por letrado designado. Se deniega el amparo. Votos particulares.
Sentencia citada en: 36 sentencias, 22 artículos doctrinales, 3 temas prácticos
STC 026/2014
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel Presidente, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Re, don Juan José González Rivas, don Santiago Martinez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez y don Enrique López y López, Magistrados, ha pronunciadoEN NOMBRE DEL REY
En el recurso de amparo núm. 6922-2008, promovido por don Stefano Melloni, representado por la Procuradora de los Tribunales doña Paloma Rubio Peláez y bajo la dirección del Abogado don Luis Casaubón Carles, contra el Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de 12 de septiembre de 2008, recaído en el rollo de Sala núm. 373-2008, que acordó la entrega del recurrente a las autoridades italianas para el cumplimiento de condena dictada por el Tribunal de Apelación de Bolonia, en el marco de la orden europea de detención y entrega núm. 157-2008. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente la Magistrada doña Encarnación Roca Trías, quien expresa el parecer del Tribunal.I. ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 17 de septiembre de 2008, la Procuradora de los Tribunales doña Paloma Rubio Peláez, en nombre y representación de don Stefano Melloni y bajo la dirección letrada del Abogado don Luis Casaubón Carles, interpuso recurso de amparo contra el Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de 12 de septiembre de 2008, por el que se autorizó la entrega del demandante de amparo a las autoridades italianas para el cumplimiento de una condena impuesta por el Tribunal de Ferrara en el marco de la orden europea de detención y entrega núm. 157-2008.
Los hechos relevantes para la resolución de este recurso de amparo son, en esencia, los siguientes:
La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declaró procedente, por Auto de 1 de octubre de 1996, la extradición a Italia de don Stefano Melloni, con la finalidad de que fuera juzgado por los hechos que se recogían en las órdenes de detención núm. 554-1993 y 444-1993 emitidas, respectivamente, el 13 de mayo y el 15 de junio de 1993, por el Tribunal de Ferrara. En esa resolución consta que en la preceptiva comparecencia ante el órgano judicial, el reclamado se opuso a la extradición “porque nunca pensó que las irregularidades fuesen de carácter penal sino que creyó que se trataba de una crisis económica con responsabilidades exclusivamente civiles, manifestando que para el supuesto que se le dejara en libertad, se comprometía a regresar voluntariamente a su país y rendir ante la justicia italiana todas las cuentas que se le solicitasen”. También resulta de esa misma resolución que por Auto del Juzgado Central de Instrucción núm. 1 de 29 de abril de 1996, se acordó su libertad bajo fianza de 5.000.000 de pesetas, que prestó al día siguiente. De resoluciones posteriores que obran en autos se deriva que el recurrente se dio a la fuga, de modo que no llegó a ser entregado a Italia.
Mediante decreto de 27 de marzo de 1997, el Tribunal de Ferrara declaró el estado de rebeldía del demandante de amparo, toda vez que había huido de la justicia, y acordó que las notificaciones fueran efectuadas en lo sucesivo a los Abogados de su confianza que éste ya había designado. Por Sentencia de 21 de junio de 2000 del Tribunal de Ferrara, posteriormente confirmada por Sentencia de 14 de marzo de 2003 del Tribunal de Apelación de Bolonia, el demandante fue condenado en rebeldía como autor de un delito de quiebra fraudulenta a la pena de diez años de prisión. En las dos instancias intervinieron los Letrados de su confianza don Vittorio Rossi —del Colegio de Módena— y don Bruno Senatore —del Colegio de Milán—, a quienes en esa condición se les notificaron, por lo que aquí interesa, el Decreto por el que se acordó la apertura del juicio oral previo a la condena por el Tribunal de Ferrara, así como la orden europea de detención y entrega núm. 271-2004, dictada el 8 de junio de 2004 por la Fiscalía General de la República ante el Tribunal de Apelación de Bolonia, a resultas de la cual se inició el procedimiento que se encuentra en el origen de este proceso constitucional. Mediante Sentencia de 7 de junio de 2004, la Sección Penal Quinta de la Corte Suprema de Casación rechazó el recurso presentado por los Abogados del demandante, don Vittorio Rossi, don Bruno Senatore y don Luciano Teneggni.
A raíz de su detención por la policía española, el 1 de agosto de 2008, el Juzgado Central de Instrucción núm. 6 incoó el procedimiento de orden de detención y entrega núm. 157-2008, en relación con la orden europea de detención núm. 271-2004, expedida por la Fiscalía General de la República ante el Tribunal de Apelación de Bolonia para el cumplimiento de la condena que había sido impuesta por el Tribunal de Ferrara. Mediante Auto de 2 de agosto de 2008, el mismo Juzgado acordó elevar la orden europea de detención y entrega a la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El recurrente se opuso a la entrega aduciendo, en primer lugar, que en la fase de apelación había designado otro Abogado, revocando el nombramiento de los dos anteriores, a pesar de lo cual se les continuó dirigiendo a ellos las notificaciones. En segundo lugar, alegó que la ley procesal de Italia no establece la posibilidad de recurrir las condenas dictadas en ausencia, por lo que la orden europea de detención y entrega debería, en su caso, condicionarse a que Italia garantizase un recurso contra la Sentencia.
La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, mediante el Auto de 12 de septiembre de 2008, impugnado en este recurso de amparo, acordó la entrega del recurrente a las autoridades italianas para el cumplimiento de la condena que le fue impuesta por el Tribunal de Ferrara, como autor de un delito de quiebra fraudulenta. En primer lugar, la Audiencia Nacional no considera acreditado que los Abogados a los que el recurrente había designado hubieran dejado de representarle a partir de 2001. Según el Auto impugnado, esa alegación es contradicha por la autoridad de emisión en un informe complementario requerido a la Fiscalía General de la República. En segundo lugar, la Audiencia Nacional también rechaza la alegación de falta de defensa a partir de la información que consta en la orden de entrega y en la propia documentación aportada por el reclamado, de la que se deriva que el reclamado era conocedor de la futura celebración del juicio, se situó voluntariamente en rebeldía y designó dos Abogados de su confianza para su representación y defensa, los cuales intervinieron, en esa calidad, en la primera instancia, en la apelación y en la casación, agotando así las vías de recurso. A la vista de todo ello, la Audiencia Nacional concluye que, en un caso como el del litigio principal, “la condena en rebeldía y la celebración del juicio en ausencia del acusado no fueron desproporcionados, precisamente porque había sido defendido técnicamente y había renunciado a la defensa personal poniéndose en rebeldía”, de tal manera que “no puede afirmarse que el reclamado sufriera indefensión en el proceso y no procede interesar de las autoridades de emisión garantías al respecto”.
El demandante de amparo solicitó la nulidad de las actuaciones —cumpliendo así el requisito de admisión de este recurso de amparo consistente en agotar la vía judicial previa— y la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó su petición, mediante providencia de 16 de septiembre de 2008.
El recurrente fundamenta su demanda de amparo en la lesión del derecho a un proceso con todas las garantías reconocido en el art. 24.2 de la Constitución española (en adelante, CE). Alega que el Auto recurrido “constituye una vulneración indirecta de las exigencias absolutas dimanantes del derecho proclamado en el mencionado art. 24.2 CE, al menoscabar el contenido esencial del proceso justo de una manera que afecta a la dignidad humana pues acceder a la extradición a países que, en caso de delito muy grave, den validez a las condenas en ausencia, sin someter la entrega a la condición de que el condenado pueda impugnarlas para salvaguardar sus derechos de defensa, constituye una vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías”. El recurrente también sostiene que su recurso tiene especial trascendencia constitucional, porque el Auto impugnado se habría separado de la consolidada doctrina de este Tribunal, conforme a la cual, en el caso de las condenas por delitos graves impuestas en ausencia del acusado, la entrega ha de condicionarse a la posibilidad de revisión de la Sentencia, citando al efecto las SSTC 91/2000, de 30 de marzo, y 177/2006, de 5 de junio.
Mediante providencia de 18 de septiembre de 2008, la Sección Primera de este Tribunal acordó admitir a trámite la demanda y, a tenor de lo dispuesto en el art. 56.6 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (en adelante, LOTC), suspender la ejecución del Auto de 12 de septiembre de 2008 dictado por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El recurrente, que aún no ha sido entregado a las autoridades italianas, se encuentra actualmente en situación de libertad.
Por providencia de 10 de octubre de 2008, se acordó dar vista de las actuaciones, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, para que dentro de dicho término puedan presentar las alegaciones que a su derecho convenga.
El Fiscal evacuó el trámite de alegaciones mediante escrito registrado en este Tribunal con fecha de 21 de noviembre de 2008, en el que concluía interesando la denegación del amparo por entender que no se había vulnerado el derecho del actor a un proceso con todas las garantías.
La representación del recurrente evacuó trámite de alegaciones, mediante escrito presentado el 12 de noviembre de 2008, en el que indicaba que el demandante no fue informado del lugar y fecha de celebración de la vista, y que no llegó a ser entregado a Italia para ser Juzgado. Además de reiterar sustancialmente los argumentos formulados en su demanda de amparo, esto es, que debió condicionarse la entrega a la posibilidad de revisión de la condena, añade que, si bien es cierto que ni la Decisión Marco del Consejo, relativa a la orden europea de detención y entrega, ni la Ley 3/2003 que la traspone, establecen la mencionada exigencia como condición sine qua non para que pueda el Estado de ejecución proceder a la entrega solicitada, ello no significa que pueda ignorarse la exigencia derivada del contenido esencial del derecho fundamental a un proceso, en este caso extradicional, con todas las garantías. Por último, refiere que el art. 5 de la Decisión Marco prevé la posibilidad de imponer la condición de un nuevo proceso en tales casos.
Por providencia de 1 de marzo de 2011, el Pleno acordó, a propuesta de la Sala Primera y de conformidad con el art. 10.1 n) LOTC, recabar para sí el conocimiento de este recurso de amparo.
Mediante providencia de 31 de marzo de 2011, el Pleno acordó oír al recurrente y al Ministerio Fiscal para que, en el plazo común de diez días, presentaran las alegaciones que consideran convenientes en relación con el posible planteamiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de una cuestión prejudicial, lo que efectivamente hicieron mediante escritos presentados, en ambos casos, el 18 de abril de 2011. El Ministerio Fiscal, a diferencia del recurrente, se opuso a la promoción de la cuestión prejudicial porque, a su juicio, la Decisión Marco 2009/299/JAI, del Consejo, de 26 de febrero, no resultaría aplicable ratione temporis al litigio que ha dado lugar al presente recurso de amparo y ello haría innecesaria para su resolución por parte de este Tribunal la decisión prejudicial del Tribunal de Justicia en relación con las dudas planteadas.
El Pleno del Tribunal Constitución, por Auto de 9 de junio de 2011, acordó suspender la tramitación del presente recurso de amparo y plantear al Tribunal de Justica las siguientes cuestiones prejudiciales:
1ª. El Art. 4 bis, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584/JAI, en su redacción vigente dada por Decisión Marco 2009/299/JAI, ¿debe interpretarse en el sentido de que impide a las autoridades judiciales nacionales, en los supuestos precisados en esa misma disposición, someter la ejecución de una orden europea de detención y entrega a la condición de que la condena en cuestión pueda ser revisada para garantizar los derechos de defensa del reclamado?
3ª. En el caso de que la segunda cuestión se responda afirmativamente, ¿permite el artículo 53, interpretado sistemáticamente en relación con los derechos reconocidos en los artículos 47 y 48 de la Carta, a un Estado miembro condicionar la entrega de una persona condenada en ausencia a que la condena pueda ser sometida a revisión en el Estado requirente, otorgando así a esos derechos un mayor nivel de protección que el que se deriva del Derecho de la Unión Europea, a fin de evitar una interpretación limitativa o lesiva de un derecho fundamental reconocido por la Constitución de ese Estado miembro?
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala), por Sentencia de 26 de febrero de 2013, en contestación a las cuestiones prejudiciales planteadas, declaró:
1) El artículo 4 bis, apartado 1, de la Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en su versión modificada por la Decisión marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que, en los supuestos previstos en esa disposición, la autoridad judicial de ejecución de una orden de detención europea emitida para el cumplimiento de una pena a la condición de que la condena impuesta en rebeldía pueda ser revisada en el Estado miembro[s] emisor.
Por providencia de 11 de febrero de 2014, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 13 del mismo mes y año.
Conforme se ha dejado expuesto en los antecedentes, la demanda de amparo impugna el Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de 12 de septiembre de 2008, que acordó la entrega del recurrente a las autoridades italianas para cumplimiento del resto de la condena a diez años de prisión, impuesta por delito de quiebra fraudulenta. El recurso se fundamenta en la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), al haber accedido la resolución recurrida a la entrega del demandante a Italia, país que da validez a las condenas en ausencia, sin someter la entrega a la condición de que aquel pueda impugnar la condena por un delito muy grave para salvaguardar sus derechos de defensa, tal como exige la doctrina del Tribunal Constitucional sobre las vulneraciones indirectas de los derechos fundamentales.
Conviene comenzar poniendo de manifiesto que, como ha quedado expuesto en los antecedentes, este Tribunal reconociéndose como “órgano jurisdiccional” en el sentido de lo dispuesto en el art. 267 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea [ATC 86/2011, de 9 de junio, FJ 4 e)], planteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea tres cuestiones prejudiciales —dos de interpretación y una de validez— en relación con el art. 4.bis, apartado 1, de la Decisión Marco 2002, posteriormente modificada por la Decisión Marco 2009/299, del Consejo, de 26 de febrero (en adelante, Decisión Marco 2009). Entre otras razones, y como poníamos de manifiesto en el ATC 86/2001, de 9 de junio, porque “el canon de control que debemos aplicar para enjuiciar la constitucionalidad del Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 12 de septiembre de 2008, por el que se autorizó la entrega del demandante de amparo a las autoridades italianas, ha de ser integrado a partir, entre otras, de las normas de Derecho de la Unión Europea que protegen los correspondientes derechos fundamentales, así como de las que regulan la orden europea de detención y entrega, de donde deriva claramente la trascendencia constitucional de la interpretación que haya de darse a esas disposiciones del Derecho de la Unión” [FJ 4 b)]. Tal como destacamos “el Derecho de la Unión Europea opera como un instrumento que permite delimitar la parte del contenido de ese derecho que despliega eficacia ad extra, esto es, las facultades y garantías cuyo desconocimiento por las autoridades extranjeras puede dar lugar a una vulneración indirecta en caso de que acuerde la entrega sin condicionamiento” [FJ 4 c)]. Así en el auto de planteamiento de la cuestión destacábamos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea todavía no se había pronunciado “acerca del sentido específico de los arts. 47.II y 48.2 de la CDFUE [Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea] y su correspondiente proyección sobre las Sentencias de condena impuestas en ausencia por delitos muy graves [FJ 6 d)]”. Tampoco acerca del contenido del art. 53 CDFUE “de cara a la clarificación del alcance y la función del sistema de protección de los derechos fundamentales de la Unión Europea, así como su articulación con respecto a las declaraciones de derechos contenidas en las Constituciones de los Estados miembros” (FJ 7). Dichas cuestiones prejudiciales han obtenido su respuesta, reproducida en los antecedentes, en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de febrero de 2013, C-399/11, asunto Melloni, dictada por la Gran Sala. Respuesta que nos será de gran utilidad a la hora de determinar aquel contenido del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) que despliega eficacia ad extra.
Antes de proceder a la determinación de aquel contenido del derecho a un proceso con todas las garantías que despliega tal eficacia ad extra, debemos, sin embargo, completar la respuesta del Tribunal de Justicia con la doctrina establecida en su día por este Tribunal en la DTC 1/2004, de 13 de diciembre.
No le corresponde, por tanto, a este Tribunal realizar un control de validez del derecho adoptado por las instituciones de la Unión, control que debe realizar, en todo caso, al Tribunal de Justicia al resolver, entre otros procesos, las cuestiones prejudiciales de validez que, en su caso, se le planteen. Es fundamentalmente a través de éstas, así como de las cuestiones prejudiciales de interpretación, como se le ofrece al Tribunal de Justicia la oportunidad de garantizar y salvaguardar de manera efectiva un alto nivel de protección de los derechos fundamentales contenidos en la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea.
Tras las consideraciones expuestas, para la resolución del presente recurso de amparo conviene recordar la doctrina de este Tribunal en relación con lo que hemos denominado vulneraciones indirectas de los derechos fundamentales y su aplicación concreta al ámbito del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías reconocido en el art. 24.2 CE.
Voto particular concurrente que formula la Magistrada doña Adela Asua Batarrita a la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 6922-2008, avocado al Pleno.
A la Sentencia que resuelve el presente recurso de amparo le antecedió, como es sabido, el planteamiento de nuestra primera cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ese planteamiento constituyó un hito en la historia de este Tribunal, al que le han seguido posteriormente el de otros tribunales constitucionales europeos. No puede sino celebrarse el diálogo directo entre el Tribunal de Justicia y los tribunales constitucionales nacionales, pues a través de ese diálogo se dará cuerpo progresivamente a un constitucionalismo europeo compartido. Además, la Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de febrero de 2013 que dio respuesta a nuestra cuestión prejudicial encierra aspectos cruciales para la futura articulación de los sistemas de protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea.
Por otra parte, considero que las referencias que se contienen en el fundamento jurídico 3 son totalmente innecesarias para resolver el recurso de amparo y resultan incoherentes a la luz de la resolución finalmente adoptada.
Para resolver el presente recurso de amparo, la Sentencia de la mayoría procede en el fundamento jurídico 4 a reinterpretar ex art. 10.2 CE el contenido absoluto del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, con respecto a la interpretación que venía realizando este Tribunal. Considero que de esta forma se vuelve a la posición tradicional del Tribunal Constitucional, criticada desde distintos ámbitos, que considera el art. 10.2 CE como fundamento exclusivo de la eficacia, en esta sede, de los derechos fundamentales reconocidos en el ámbito de la Unión Europea. Ello no es coherente con el propio hecho del planteamiento de nuestras tres cuestiones prejudiciales sobre la validez y la interpretación de diversas normas europeas relevantes para la resolución del recurso de amparo ni, sobre todo, con el contenido de las respuestas dadas por el Tribunal de Justicia. Tanto el planteamiento de nuestras cuestiones prejudiciales como la contestación del Tribunal de Justicia coinciden en un punto: el reconocimiento de la jurisdicción exclusiva y excluyente del Tribunal de Justicia para proteger e interpretar los derechos fundamentales reconocidos en el ámbito de la Unión.
Por las razones expuestas, considero insatisfactoria la fundamentación jurídica en que se apoya la Sentencia de la mayoría. Esa fundamentación puede alentar las ideas de que este Tribunal no reconoce la primacía del Derecho de la Unión y de que adopta una posición defensiva de su autonomía jurídica frente a aquel ordenamiento, soslayando la primacía del Derecho de la Unión mediante operaciones interpretativas que cree poder controlar con arreglo al art. 10.2 CE. La idea de que esta jurisdicción no aplica derechos de la Unión sino los derechos fundamentales de la Constitución española, si bien convenientemente interpretados de manera que coincidan indefectiblemente con el nivel de protección reconocido en la Unión, no deja de ser una ficción poco convincente.
Voto particular concurrente que formula la Magistrada doña Encarnación Roca Trías en relación con la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 6922-2008.
Con el máximo respeto a la posición del resto del Pleno, formulo Voto concurrente respecto de la Sentencia citada en el encabezamiento, por la que se acuerda denegar el amparo a don Stefano Melloni.
Este Tribunal se enfrentaba, por primera vez, al cumplimiento una decisión dictada por el Tribunal de Justicia que, en ejercicio de su competencia y como consecuencia del planteamiento de tres cuestiones prejudiciales planteadas, exigía un estándar de protección respecto del derecho de defensa en los procedimientos de euroorden, inferior del que hasta ahora se había mantenido. Debo decir que si bien comparto el fallo de la Sentencia que desestima el recurso de amparo, en el que se solicitaba la aplicación del canon aplicado por este Tribunal hasta la presente resolución, no puedo hacerlo respecto de las razones jurídicas sobre las que sustenta dicho cambio de estándar.
El art. 2 del Tratado de Lisboa dice que “la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de derecho y respeto de los derechos humanos”. La prioridad del Derecho europeo abre unos nuevos problemas cuando se trata de la aplicación de los derechos fundamentales. Pueden citarse en este sentido las resoluciones de los Tribunales europeos que niegan que la integración europea pueda llegar a violar los derechos fundamentales de los ciudadanos de cada uno de los estados. Así la doctrina cita las Sentencias italianas de 27 de diciembre de 1973 (caso Frontini), 8 de junio de 1984 (caso Granital) y 21 de abril de 1989 (caso Fragd). Especialmente significativas son la decisión del Tribunal Constitucional alemán, (Bundesverfassungsgericht), conocida con el nombre de Solange 1 (29 de mayo de 1974), al afirmar que “en tanto” las Comunidades europeas no contaran con un catálogo de derechos fundamentales, cualquier Juez nacional, tras haber planteado la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, podía dirigirse al Tribunal Constitucional si no resultaba convencido de la respuesta; el Tribunal, sin embargo, en la conocida como Solange 2, (22 de octubre de 1986) dijo que “en tanto” las Comunidades garanticen de manera general la protección efectiva de los derechos fundamentales frente al poder soberano de las Comunidades, no correspondería al Tribunal examinar la conformidad del Derecho comunitario con los derechos fundamentales reconocidos en el ordenamiento alemán.
Como ya he apuntado, el Pleno en la Sentencia a la que formulo este Voto concurrente, se limita, sin embargo, a reconsiderar, legítimamente, por otra parte, su doctrina anterior. Con esta manera de proceder, se deja traslucir lo que, en el fondo, siempre late en este tipo de situaciones en las que, como en el espacio europeo, coinciden dos tribunales competentes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Constitucional, sin dejar de lado el Tribunal Europeo de Derechos humanos, que ahora no se cuestiona: la defensa de la competencia del Tribunal Constitucional en el ámbito de los derechos fundamentales. Pero, sobre todo ocurre que, ante la falta de un reconocimiento claro de la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en esta competencia, aceptada, sin embargo, al plantearse las cuestiones prejudiciales, no sólo no se soslayan cuestiones que me parecen fundamentales para el entendimiento de la lógica de la Unión, sino que se llega a conclusiones que no comparto. Es cierto que, desde el momento en que se ha incorporado al Derecho de la Unión la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, a la que el art. 6.1 TUE atribuye “el mismo valor jurídico que los tratados”, se produce un entrecruzamiento de competencias sobre la misma materia. No puede decirse que como consecuencia de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea (CEE), en 1985, el Tribunal Constitucional haya perdido competencias en la protección de los derechos fundamentales, pero sí que en tanto que existen derechos protegidos a nivel europeo, como consecuencia de la incorporación de la Carta al ordenamiento jurídico europeo, el Tribunal Constitucional debe examinar su competencia cuando se trata de la aplicación de estos derechos fundamentales. Ello ha llevado al Tribunal Constitucional a admitir determinadas decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre todo, en aplicación del principio de igualdad (vid. SSTC 41/2013, de 14 de febrero; y 61/2013, de 14 de marzo).
La argumentación de la Sentencia comienza haciendo referencia a la citada DTC 1/2004 (vid. FJ 3), sobre la cual, sostiene, debe completarse la respuesta del Tribunal de Justicia. Una afirmación sobre la que, dada la ausencia de explicación al respecto, no puedo hacer consideración alguna. No obstante, sí advertiré, porque me parece pertinente, que la utilización de los criterios hermenéuticos de la citada Declaración, deben asumirse desde el bien entendido que dicha Declaración se realizó sobre un texto, la non nata Constitución europea, que no es el que actualmente se encuentra en vigor. Y añadiré que sobre el Tratado de Lisboa este Tribunal no ha tenido oportunidad de pronunciarse, pues únicamente puede hacerlo a instancia de parte, y que fue firmado sin formulación de reserva alguna. Hechas dichas precisiones, lo cierto es que la Sentencia, después de hacer referencia a ciertos pasajes de la DTC 1/2004, en especial sobre la función del Tribunal ante una hipotética incompatibilidad, guarda silencio sobre una cuestión fundamental: la ausencia de dudas de constitucionalidad, de lo que cabe concluir, aunque sea por omisión, que el Pleno ha entendido que la STJUE no traspasa, como así yo también lo creo, los límites que, en su día, y ante la ratificación de la Constitución europea, fueron impuestos por este Tribunal.
En efecto, equiparar en la Sentencia ambos niveles de protección, Tribunal de Justicia de la Unión Europea y Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pone en entredicho principios, a mi juicio, básicos para la construcción europea. Sobre ellos debería haberse sustentado la decisión del Pleno, coadyuvando, de esta manera, en favor de un diálogo entre Tribunales eficaz y no sólo aparente, una vez confirmada en el fundamento jurídico 3, aunque fuera por omisión, la inexistencia de confrontación con la Constitución española. Y ello, por las siguientes razones:
En primer lugar, el derecho de la Unión Europea no es Derecho internacional en el territorio de los Estados miembros; las decisiones no son de la Unión Europea, sino de sus miembros que se sientan en los organismos comunitarios y en el Parlamento europeo y, por ello, los Reglamentos tienen efecto inmediato en los ordenamientos jurídicos nacionales. Los Estados han cedido soberanía a la Unión Europea y por ello el art. 93 CE establece: “Mediante Ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión”. Artículo fundamental en la discusión de este caso.
En el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, el contenido de los derechos fundamentales queda fijado por sus normas y por la interpretación que de ellas y de los derechos de la Carta haga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el cual conforma una interpretación sustantiva uniforme de los mismos, canon, parámetro o estándar supranacional de derechos, que debe sustentarse en el respeto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros y los derechos protegidos por el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (art. 6.3 TUE), tal y como dichos derechos son interpretados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (art. 52.3 de la Carta de derechos fundamentales de la Unión; y STJ de 22 de diciembre de 2010, DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH, C-279/09, apartado 35). Dicho canon, parámetro o estándar supranacional no puede ser eludido, salvo en aquellos casos en que se traspasen los límites ya referidos. Esto es particularmente cierto en el caso de la orden europea de detención y entrega: un mecanismo de cooperación entre las autoridades judiciales entre los Estados miembros de la Unión, que comparten un espacio común de libertad, seguridad y justicia basado en el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho.
Todos los Jueces y Tribunales nacionales deben aplicar el derecho europeo y por ello, todos, sin excepción, son “jueces europeos” cuando se trate de dicha aplicación. También en materia de derechos fundamentales, y en la aplicación del Derecho de la Unión, deben atender al estándar europeo, con la posibilidad, no obstante, de que, en el supuesto de que la normativa comunitaria deje margen a la discrecionalidad, recurran, si así lo estiman, al canon nacional (STJ de 26 de febrero de 2013, asunto Akerberg Frannson).
La euroorden sustituye a la extradición en el marco de los países europeos, pero no en relación con países terceros, por lo que al no compartir los mismos principios, no se mostraba necesario ni, incluso, conveniente establecer un único canon de protección del derecho a la defensa.
En conclusión, no estoy de acuerdo con la argumentación contenida en el texto de la Sentencia aprobada por el Pleno, por las siguientes razones que resultan de los argumentos expuestos:
El Pleno no especifica cuáles son los motivos por los que se accede al cambio de los cánones hasta ahora utilizados en nuestro sistema que conforman la interpretación del derecho a la defensa.
No se alude a la naturaleza del Derecho de la Unión respecto a los derechos y deberes contenidos en la Carta.
No se incluyen criterios o cánones constitucionales que deban regir en las extradiciones a países terceros. Se deja sin solución el problema.
En definitiva, el Tribunal Constitucional no asume su papel de Juez europeo.
Voto particular concurrente que formula el Magistrado don Andrés Ollero Tassara en relación con la Sentencia del Pleno de 13 de febrero de 2014 dictada en el recurso de amparo avocado núm. 6922-2008.
En primer lugar debo manifestar que comparto el fallo y parte de la fundamentación jurídica que lo sustenta. Tal y como expresé en la deliberación, mi discrepancia se refiere al alcance que en dichos fundamentos se atribuye a nuestra resolución.
Aceptando que todo ello ha de llevarnos a reconocer determinadas excepciones respecto al nivel de protección de los derechos establecido por nuestra doctrina, en nuestra relación con Estados igualmente vinculados por la citada “euroorden”, no acabo de compartir la afirmación del fundamento jurídico 4 de esta Sentencia con el único argumento de la respuesta del Tribunal de Luxemburgo a nuestra primera cuestión prejudicial, de que, “una vez recordada la doctrina de este Tribunal en relación con las vulneraciones indirectas de los derechos fundamentales y su concreta aplicación al ámbito del derecho fundamental a un juicio justo”, debamos “proceder a revisar la caracterización que este Tribunal ha venido realizando hasta ahora del denominado contenido absoluto del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE)”, que ha venido rigiendo nuestra relación con países ajenos a la citada norma comunitaria. No veo razón alguna para la que el trato excepcional que del artículo 93 CE deriva haya de hacerse extensivo a la inmensa mayoría de países ajenos a la Unión Europea. Tal diversidad de trato no es muy distinta de la generada, mediando reforma constitucional, del art. 13 CE, en lo relativo al derecho fundamental a sufragio pasivo, y no meramente activo, en las elecciones locales.
Estimo, por otra parte, que la situación planteada debiera haber animado a nuestro Tribunal a recordar la conveniencia de que la Unión Europea suscriba a su vez el Tratado de Roma, para evitar que sus Estados miembros se vean obligados en incómodo escorzo a un innecesario diálogo a tres, a la hora de fijar los obligados contenidos mínimos en la protección de los derechos humanos.
STC 199/2009, 28 de Septiembre de 2009
STSJ Murcia , 29 de Enero de 2003
STSJ Comunidad de Madrid 584/2012, 22 de Junio de 2012
ATC 77/2007, 27 de Febrero de 2007
SAP Zaragoza 160/2006, 25 de Mayo de 2006
STSJ Extremadura 271/2014, 12 de Mayo de 2014

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 53
 artículo 4
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 93