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Timestamp: 2019-10-21 05:25:42+00:00

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﻿ SENTENCIA 5639 DE OCTUBRE 27 DE 2000
SENTENCIA 5639 DE 27 DE OCTUBRE DE 2000
CONTENIDO:RECONOCIMIENTO DE HIJO EXTRAMATRIMONIAL. SE DEJA SIN EFECTOS MEDIANTE IMPUGNACIÓN Y NO POR NULIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO CIVIL, RECONOCIMIENTO DEL HIJO EXTRAMATRIMONIAL, PATERNIDAD, IMPUGNACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEL HIJO EXTRAMATRIMONIAL, RECONOCIMIENTO DEL HIJO
Sentencia 5639 de octubre 27 de 2000
SE DEJA SIN EFECTOS MEDIANTE IMPUGNACIÓN Y NO POR NULIDAD
Ref.: Expediente 5639
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil (2000).
Decídese el recurso de casación interpuesto por el demandante contra la sentencia de 19 de mayo de 1995, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá en el proceso ordinario de Donaldo Sosa contra Adriana Marcela Sosa Cuervo, representada ésta por Carmen Isabel Cuervo.
1. El actor instauró el juicio con el objeto de que se declare la nulidad del reconocimiento que de la menor Adriana Marcela Sosa Cuervo hizo Donaldo Sosa el 21 de febrero de 1991, en la Notaría 27 de Bogotá, y que, en consecuencia, la copia que del registro civil se allegó al juicio de alimentos que en su contra cursa en el Juzgado 12 de Familia de Bogotá, “no presta mérito ejecutivo”, debiéndose tomar nota del fallo en el registro del estado civil correspondiente.
2. Fácticamente adujo que si bien convivió en unión libre con Carmen I. Cuervo, no fue sino hasta el año 1975, cuando ésta abandonó el hogar y dio en convivir luego con Orlando Céspedes, concibiendo entonces una niña de nombre Adriana Marcela, nacida el 1º de diciembre de 1981, época para la cual Donaldo ni siquiera tenía trato personal con ella.
Lo que en realidad aconteció fue que, como Céspedes, amén de abandonarlas, se negó a reconocer la criatura, viose Carmen en la necesidad de acudir a su “ex marido Donaldo Sosa, por intermediación de Richar F. y Elizabeth Sosa (estos sí hijos de ambos) para que le diera techo, alimentos y abrigo”, a lo que él accedió. Ya para la escolaridad de la menor tropezaron con nuevas dificultades ante el hecho de no contar con el apellido del padre, y nuevamente cedió Donaldo ante las súplicas de unos y otros, aceptando reconocerla como hija suya sin serlo. Así lo hizo mediante declaraciones extrajuicio, dándole a la menor un estado civil que no le corresponde, “sin ninguna intención dolosa, o expectativa de obtener provecho ilícito, y en procura de buscar la armonía familiar; en forma inocente, e ignorando las consecuencias”.
La misma Carmen dijo, en interrogatorio que absolvió ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Bogotá, que Adriana no es hija de Donaldo sino de Orlando Céspedes; persona ésta a quien ella precisamente formuló denuncia penal en razón de no proporcionar los alimentos debidos, hecho acontecido antes de acudir a Donaldo.
El acto jurídico realizado por Donaldo, pues, es nulo “por objeto ilícito”, ya que toda protección jurídica debe tener sustento en un hecho real. Y el documento extendido con base en el mismo (registro civil) da fe de su fecha, “pero no en cuanto a la verdad de las declaraciones en él contenido”. Las declaraciones extrajuicio entonces presentadas, “son contrarias a la verdad, y son el objeto ilícito que produjo la partida de nacimiento”.
3. El curador de la menor dijo estar a lo que resultare rigurosamente probado; puso de presente, sí, que Carmen aceptó que la hija la hubo con Céspedes, según ella misma lo declaró en el interrogatorio a que alude la demanda.
Carmen, la madre de Adriana Marcela, se opuso en cambio a las pretensiones, negando los hechos que tienden, de un lado, a descartar la paternidad de Donaldo, y, de otro, a apuntalarla en Orlando Céspedes. Puso de presente, además, que el reconocimiento hecho por el primero fue voluntario y espontáneo, y que, de ser ciertos los hechos de la demanda, habría la comisión de un delito forjado por el mismo Donaldo.
4. El Juzgado Once de Familia de Bogotá denegó las súplicas de la demanda en sentencia que profirió el 28 de octubre de 1994, la cual confirmó luego el Tribunal Superior de Bogotá al resolver la apelación interpuesta por el actor.
5. Aparejado como está el recurso de casación, cumple ahora decidirlo.
Luego de copiar las pretensiones y los hechos consignados en la demanda, de relatar el desarrollo de la litis, y de puntualizar que se persigue la nulidad del reconocimiento que de hijo extramatrimonial realizó el demandante, hizo ver, entre otras cosas, que el reconocimiento voluntario es irrevocable, en cuanto que el autor del mismo “no puede por su voluntad impedir que produzca los efectos civiles que le son consecuenciales”.
Recordó, así mismo, que el reconocimiento puede ser objeto de impugnación, pero sólo de conformidad con las hipótesis previstas en los artículos 248 y 335 del Código Civil, y que en todo caso es cosa distinta de la nulidad del reconocimiento, que es lo verdaderamente pedido aquí.
Aplicándose entonces al análisis de este último fenómeno, creyó del caso citar previamente algunas doctrinas y legislaciones foráneas, para enfatizar enseguida que el actor depreca la nulidad sobre la premisa de que “mintió acerca de la paternidad que se atribuye”. Y en vista de que se aduce para ello la ilicitud del objeto, explicó que por objeto se entiende “el fin perseguido por quien emite la declaración de voluntad y que es la creación, modificación o extinción de relaciones jurídicas. El objeto es el fin específico del acto jurídico”.
Con base en esta idea, explanó que si el objeto del reconocimiento voluntario es la fijación del estado civil del hijo extramatrimonial, “no puede haber en ello ilicitud alguna”.
De otra parte, frente a la alegación de que quien reconoce como extramatrimonial a un hijo que no es suyo, desconoce el proceso de adopción que le sería forzoso, replicó el tribunal que no debe confundirse una cosa con otra porque son diferentes.
El único cargo formulado denuncia la violación directa de los artículos 1º de la Ley 45 de 1936, 1º y 2º del Decreto 1260 de 1970, 16, 39, 50, 1517, 1519, 1523, 1741 y 1742 del Código Civil, 88, 96, 98 y 100 del Código del Menor, 6º del Código de Procedimiento Civil, 1º de la Ley 75 de 1968 y 262 del Código Penal.
Su desarrollo inicia con la diferencia entre las filiaciones extramatrimonial y adoptiva, para indicar que si, como en este caso, “se hace un reconocimiento de hijo extramatrimonial, a sabiendas de que el reconocido no es hijo por naturaleza, se deroga por quien reconoce el proceso de adopción, el cual es de orden público y de esta forma se incurre en nulidad absoluta por objeto ilícito, al tenor del artículo 16 del Código Civil en concordancia con el artículo 1519 ídem”.
A lo que añadió: ¿si al que no es hijo biológico se pudiera reconocer como extramatrimonial, “sobraría el proceso de adopción”, pues para qué someterse a “un proceso tan dispendioso como el de adopción, si se puede simplemente reconocer al hijo como extramatrimonial en un segundo y sin acreditar ningún requisito especial y sin gastar dinero en entrevistas, visitas, abogados, etc.?”.
A juicio del censor, no es cierto que el reconocimiento crea un vínculo de filiación, y que esa sea la razón por la cual se diga que no hay ilicitud en ello. Lo que crea el reconocimiento no es la filiación, sino la prueba de ésta, pues que la calidad de hijo extramatrimonial se tiene por el solo hecho de que los padres no estén casados entre sí, según la preceptiva del artículo 1º de la Ley 45 de 1936.
En ninguna parte del ordenamiento colombiano se excluye el acto jurídico del reconocimiento como susceptible de ser nulo por objeto ilícito. La acción de impugnación es diferente de la de nulidad, “porque al hacer el reconocimiento, que es un acto jurídico, se puede incurrir en delito y los resultados de esta conducta, no podrán nunca generar relaciones jurídicas lícitas”; el artículo 262 del Código Penal consagra el delito de “alteración del estado civil de las personas”; como cuando se da a una persona un estado civil que es falso.
De haber aplicado el tribunal la disposición del artículo 1º de la Ley 45 de 1936, hubiese entendido “que un hijo de sangre puede ser reconocido”; y que, al contrario, si no es consanguíneo, para llegar a ser hijo “debe adoptarlo”. Es decir, “por el reconocimiento no se puede tomar a una persona como hijo adoptivo, y contrario sensu, por la adopción no se puede tomar a un hijo como extramatrimonial”.
Por modo que si Donaldo reconoció a Adriana Marcela como hija extramatrimonial, a sabiendas de que no lo era, “desconoció que la única forma posible para hacerla su hija, era el proceso de adopción”. Violó así el artículo 1519 del Código Civil, que enseña que hay objeto ilícito en todo lo que contraviene el derecho público, “pues es de orden público que los hijos que no lo son por sangre, sólo pueden llegar a serlo por la adopción y además incurrió en el delito de alteración del estado civil de las personas, reglado por el artículo 262 del Código Penal que vició el reconocimiento así la querella haya caducado”.
Donaldo cometió delito, porque sabía que Adriana Marcela no era su hija, y ha debido saber que no podía entonces reconocerla como hija extramatrimonial, pues era tanto como “desconocer la institución de la adopción, deroga una norma de orden público, incurre en delito de alteración del estado civil y realiza un acto prohibido por la ley y ese acto jurídico es anulable por objeto ilícito”.
Si a través del simple reconocimiento se puede obtener hijos que no lo son, sobra la adopción, pues se tornaría en tontería “que se siga invirtiendo tiempo, papeleo dinero, etc., en un inútil proceso de adopción que por autoridad de los jueces queda inocuo por haber sido desplazado por el simple reconocimiento voluntario”.
El tribunal infringió los artículos 1º y 2º del Decreto 1260 de 1970 que supedita el estado civil a los hechos que lo determinan, el cual es asignado por la ley, y, por lo tanto, es de orden público. Tal mandato imperativo no puede ser desconocido por los particulares; la mera voluntad de estos no es suficiente “para asignar a una persona un estado civil diferente al que le confiere la ley”. Donaldo creó un lazo de sangre inexistente. De haberse entendido esto, el tribunal habría aplicado los artículos 1741 y 1742 del Código Civil, decretando la nulidad pedida.
1. Es el estado civil uno de aquellos aspectos en los que el Estado está vivamente interesado; no es raro, entonces, vérsele en posición intransigente, haciendo notar que es algo que se reserva para sí y que, por lo tanto, morigera, cuando no es que la excluye, la autonomía de la voluntad, la misma que en otros terrenos constituye la base esencial del derecho privado. Con razón es considerado como atributo de la personalidad y como tal, estímase inalienable, inescindible e imprescriptible, entre otros rasgos caracterizadores.
En el punto, bien vale recalcar que, dadas las razones que se dejan referidas, es el del estado civil un asunto que concierne al imperio de la ley. Es ésta la que dice cuál estado civil corresponde a una persona frente a una determinada situación; de ahí que el Decreto 1260 de 1970, al ensayar la definición de lo que por él se entiende, estuvo pronto a señalar allí mismo que “su asignación corresponde a la ley” (art. 1º), cosa que inclusive está elevada a mandato constitucional, comoquiera que el artículo 42 de la Carta Política expresa en su postrer inciso que “La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes”. Los particulares, por lo mismo, no pueden manejarlo a su antojo; antes bien, no les queda sino aceptar los dictados de ella.
Ahora, que en el pasado no lo fue tanto, bien es verdad. Prueba evidente de ello lo constituye la filiación extramatrimonial. Recuérdese a este propósito que el hijo natural no podía aspirar más que al reconocimiento voluntario de su paternidad, en una especie de gracia o merced que tenía a bien concedérsele; y si era de los que el código denominaba de punible y dañado ayuntamiento (adulterinos o incestuosos), tal reconocimiento no podía surtir efectos sino meramente para los alimentos. El caso es que se vedaba la posibilidad de que el hijo reclamara su paternidad natural, siempre en el entendido de que el progenitor era soberano al respecto; de su exclusivo arbitrio era reconocer a su hijo.
Habiendo sido, pues, una prerrogativa o potestad del padre, es natural que al dar el legislador, como lo dio, un paso adelante para permitir que la paternidad pudiese ser objeto de investigación judicial, se mostrase a la par presuroso para cortar de raíz los ribetes que de concesión graciosa entonces se veían, y así dispuso sin atenuantes que el reconocimiento voluntario fuese irrevocable. Ya empezaba a ajustarse este tipo de filiación al genuino concepto de lo que es el citado civil. La irrevocabilidad, pues, no estuvo inspirada sino en la idea de que el padre, en la creencia de que a su antojo podía entregar el estado civil, albergase la idea de que por ese mismo sendero podría en cualquier momento despojar al hijo de tal reconocimiento.
Pero, desde luego, la irrevocabilidad no tiene por qué aceptarse siempre y en todo supuesto a fardo cerrado, concediéndole así un alcance que rebasa su propio, límite. La irrevocabilidad lo único que significa es que dentro del arbitrio del reconociente no está el arrepentirse. Porque nadie duda que por encima de ello queda a salvo el derecho de impugnarlo, aunque sólo por las causas y en los términos expresadas en el artículo de la Ley 75 de 1968, evento en el cual, conviene notarlo, se persigue es correr el velo de la inexactitud del reconocimiento, en cuanto éste no se aviene con la realidad: en una palabra, busca demostrarse la falsedad del reconocimiento.
2. Viene al caso todo lo anterior a modo de introducción ante los planteamientos de la censura; porque el presupuesto sobre el que ella se afirma, acorde en un todo con los términos de la demanda incoativa del proceso, es precisamente el de la inexactitud del reconocimiento, esto es, el de que el contenido de la respectiva acta del estado civil no corresponde a la verdadera filiación de la demandada.
Pero, si bien es aquél el fundamento fáctico de la demanda, otras son las consecuencias que de allí se quieren derivar, pues en la acusación se enfatiza la circunstancia de que la acción acá ejercida no es la de impugnación de la paternidad, sino la de nulidad absoluta del respectivo acto de reconocimiento, que según el censor estaría viciado por objeto ilícito.
El recurrente, en efecto, deja bien en claro cómo fue solicitado por el demandante Donaldo Sosa que “se declarara la nulidad por objeto ilícito del reconocimiento que como hija extramatrimonial, a sabiendas de que no era hija por naturaleza, hizo en la persona de Adriana Marcela”. Y las razones básicas que arrima para sostener la viabilidad de esa pretensión se pueden resumir en el siguiente pasaje de su demanda:
“Cuando Donaldo Sosa reconoció a Adriana Marcela como su hija extramatrimonial sin realmente serlo, y a sabiendas de que no lo era, desconoció que la única forma para hacerla su hija, era el proceso de adopción. Al desconocer esa forma de establecer el vínculo paterno filial incurrió en una flagrante violación del artículo 1519 del Código Civil que enseña que hay objeto ilícito en todo lo que contraviene el derecho público de la Nación (...) y además incurrió en el delito de alteración del estado civil de las personas, reglado por el artículo 262 del Código Penal que vició el reconocimiento...”.
3. Y en esa particular posición del recurrente radica en últimas la controversia; pues la cuestión consiste entonces en saber si la circunstancia de que el reconocimiento del hijo extramatrimonial no corresponda a la realidad, o más concretamente, si el hecho de que el hijo no haya podido tener por padre a quien lo reconoce es situación que, a la par que permite la impugnación propiamente dicha de tal reconocimiento, da lugar a su anulación dentro de las taxativas causas legales.
Y la respuesta a dicha cuestión es negativa contundentemente negativa. No hay dos senderos que conduzcan a ese destino: es tan solo el de la impugnación, propuesta desde luego en oportunidad, el camino apropiado para aniquilar el reconocimiento realizado en condiciones tales.
La ley, efectivamente, atendidos altos intereses sociales, fijó unos precisos requisitos para que los interesados ejerzan su derecho de impugnar el reconocimiento de hijo extramatrimonial; la causal que les es dable invocar, conforme al artículo 248 del Código Civil, al cual remite el artículo 5º de la Ley 75 de 1968 para estos efectos, no es otra que la de que el reconocido no ha podido tener por padre a quien le reconoció, la cual causal, además, han de alegar dentro de los perentorios términos que se fijan; vencidos estos, caduca el derecho allí consagrado, lo cual traduce que el reconocimiento en cuestión se consolida, haciéndose impermeable a dicha acción.
De donde, si el legislador se tomó el trabajo de otorgar al evento de la falsedad en la declaración de paternidad natural un especial y cauteloso tratamiento jurídico, determinando estrictamente quiénes, cuándo y cómo pueden impugnar el reconocimiento del hijo, absurdo sería pensar que admitió simultáneamente la existencia de una acción paralela (léase la de nulidad) cuyo objetivo sería así mismo el de despojar al reconocido de su filiación con fundamento en idénticas circunstancias fácticas, acción que, por si fuera poco, no sólo coexistiría con la de impugnación sino que subsistiría, y por largo tiempo, luego de fenecida ésta.
Visto de otro modo, el legislador no abandonó, o mejor, sustrajo la situación de que se viene tratando del régimen general de las nulidades sustanciales y de eventos jurídicos análogos, y reservó lugar especial, cómodo y casi diríase que privilegiado para el hijo reconocido, al tiempo que fue exigente y francamente restrictivo con los interesados en desconocer dicho estado, fijando las causas y los plazos, cortos y definitivos estos, para intentar la correspondiente acción; y esta posición no es gratuita; tiene su razón de ser, como antes se expresó, en las más sentidas necesidades de la comunidad, que mal soportaría la zozobra que traerían consigo la prolongada indefinición en el punto, amén de una legislación laxa y permisiva en relación con un tema que afecta los fundamentos mismos del orden social. Tal como lo ha señalado la Corte, “por la especial gravedad que para el ejercicio de los derechos emanados de las relaciones de familia y para la estabilidad y seguridad que entraña el desconocimiento del estado civil que una persona viene poseyendo, el legislador ha señalado plazos cortos para las acciones de impugnación”; agregando que “como el estado civil, que según el artículo 346 “es la calidad de un individuo en tanto lo habilita para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones”, no puede quedar sujeto indefinidamente a la posibilidad de ser modificado o desconocido, por la incertidumbre que tal hecho produciría respecto de los derechos y obligaciones emanados de las relaciones de familia, y por constituir, como ya se dijo, un atentado inadmisible contra la estabilidad y unidad del núcleo familiar, el legislador estableció plazos perentorios dentro de los cuales ha de intentarse la acción de impugnación, so pena de caducidad del derecho respectivo”. (Sents. jun. 9/70 y ago. 25/2000).
Todo se conjunta, pues, para señalar cómo la única interpretación valedera es la de que en estas materias del estado civil, y concretamente en lo de las acciones encaminadas a suprimirlo, ha de estarse a las causas y a los términos que específicas normas consagran para esos efectos, sin que pueda pensarse que el alegar esas mismas causas de impugnación pero situándolas en un diferente marco jurídico —para el caso el de las nulidades—, se convierta en airoso medio de esquivar aquellas normas y evadir tan justificado rigor.
Ese ha venido siendo, por lo demás, el criterio de la jurisprudencia al respecto, ratificado por cierto recientemente, en sentencia de 25 de agosto de 2000, cuando se expresó cómo “en todos los eventos en que se denuncie judicialmente la falsedad de la declaración de maternidad contenida en las actas del estado civil de una persona, sin duda se está en presencia de una auténtica y genuina acción de impugnación de esa filiación, así se le llame por el actor acción de nulidad del registro o de inoponibilidad o invalidez, pues lo que en el fondo prevalece e importa en todas ellas es que se declare judicialmente que es irreal el hecho afirmado en la partida”.
Y más concretamente todavía, si cabe, indicó la Corte, en referencia a la impugnación de la maternidad que allí se litigaba, aplicable aquí en lo pertinente, que si con apoyo en el artículo 1740 del Código Civil se pretende “la declaración de nulidad de la partida o del registro, aduciendo objeto ilícito deducido precisamente de la falsedad allí sentada, la vía escogida se torna improcedente porque la acción así ejercida es muy otra y no está contemplada, se reitera, en la ley como solución posible a la alteración del estado civil”, y que, por el contrario, “la acción será procedente cuando tiene aquel mismo supuesto de hecho —la falsedad de la partida—, se apoya en el artículo 335 del Código Civil y se presenta en la oportunidad indicada en el precepto 336 (para el presente caso léase art. 248 causal 1ª), sin importar para el efecto que la actora pida en concreto que se declare la nulidad del registro, o su invalidez o ineficacia, o su falsedad o inoponibilidad, porque todas esas acciones persiguen materializar la acción de impugnación contenida en esa norma”. (Casación civil de ago. 25/2000).
4. Compendiando la situación, tiénese entonces cómo los autos evidencian claramente que el actor pide es la nulidad del acto de reconocimiento que ante el Notario 27 de Bogotá hizo el 21 de febrero de 1991 de Adriana Marcela Sosa Cuervo como hija extramatrimonial suya, aduciendo que en él hubo objeto ilícito, y sobre la base de que provino de quien sabía que la reconocida no era hija suya, alterándole de esta manera su estado civil, que es conducta punible al tenor del Código Penal.
Y se cuenta también con que, cual se anotó anteriormente, la acción de nulidad intentada con fundamento en tal circunstancia, resulta improcedente, comoquiera que era la impugnación, en los términos en el artículo 248 del Código Civil, al cual remite el 5º de la Ley 75 de 1968, el camino indicado para solucionar, con fundamento es ese hecho, la denunciada alteración del estado civil.
En ese orden de ideas, la acusación, por la cual se pretende abrir paso a la declaración de nulidad del reconocimiento implorada en la demanda, resulta injustificada.
En armonía con todo lo dicho, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley no casa la sentencia que el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá dictó el 19 de mayo de 1995, dentro del proceso ordinario promovido por Donaldo Sosa contra la menor Adriana Marcela Sosa Cuervo.
Costas del recurso a cargo del impugnante.

References: artículo 16
 artículo 1519
 artículo 1
 artículo 262
 artículo 1
 artículo 1519
 artículo 262
 artículo 42
 artículo 1519
 artículo 262
 artículo 248
 artículo 5
 artículo 346
 artículo 1740
 artículo 335
 artículo 248