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Timestamp: 2019-11-22 09:59:46+00:00

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STC 37/2013, 14 de Febrero de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 427581030
Número de Recurso: Conflicto positivoonflicto positivo de competencia 7526-2004
Conflicto positivo de competencia 7526-2004. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en relación con diversos apartados de la Orden TAS/2783/2004, de 30 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas mediante contratos programa para la formación de trabajadores, en desarrollo del Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el subsistema de formación profesional continua. Competencias en materia laboral: pérdida parcial de objeto del conflicto positivo de competencia, adecuado ejercicio de las competencias estatales (STC 244/2012).
STC 037/2013
En el conflicto positivo de competencia núm. 7526-2004 promovido por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en relación con los apartados 2.1 b) y 5 de la Orden TAS/2783/2004, de 30 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas mediante contratos programa para la formación de trabajadores, en desarrollo del Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el subsistema de formación profesional continua. Ha comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan José González Rivas, quien expresa el parecer del Tribunal.I. ANTECEDENTES
El día 14 de diciembre de 2004 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Constitucional, escrito del Letrado de la Comunidad de Madrid, por el que, en la representación que legalmente ostenta, interpone conflicto positivo de competencia, tramitado con el número 7526-2004, en relación con los apartados 2.1 b) y 5 de la Orden TAS/2783/2004, de 30 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas mediante contratos programa para la formación de trabajadores, en desarrollo del Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el subsistema de formación profesional continua.
Este Tribunal, mediante providencia de la Sección Segunda de 18 de enero de 2005, admitió a trámite el conflicto positivo de competencia promovido por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, acordando dar traslado de las actuaciones al Gobierno de la Nación, por conducto de su Presidente, al objeto de que en el plazo de veinte días, y por medio de la representación procesal que señala el art. 82.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) pudiera personarse en los autos y aportar cuantos documentos y alegaciones considerase convenientes. Se acordó asimismo comunicar la incoación del conflicto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por si ante la misma estuviera impugnado o se impugnara el referido real decreto, en cuyo caso se suspendería el curso del proceso hasta la decisión del conflicto, así como publicar la incoación del conflicto en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”.
El 25 de febrero de 2005 tuvo entrada en este Tribunal escrito de alegaciones del Abogado del Estado en el que solicita se tenga por evacuado el trámite conferido y, en su día, se dicte Sentencia desestimatoria de la demanda, declarando la titularidad estatal de las competencias controvertidas.
Por providencia de 27 de septiembre de 2005, la Sección Segunda acuerda, de conformidad con lo dispuesto en el art. 84 LOTC, oír a las partes personadas por término de diez días, para que aleguen sobre la pérdida de objeto del presente conflicto positivo de competencia a la vista de las Órdenes TAS/2094/2005, de 17 de junio, y TAS/2562/2005, de 28 de julio, por las que se modifica la Orden TAS/2783/2004, de 30 de julio, de la que trae causa el presente conflicto.
En fecha 10 de octubre de 2005 tuvo entrada en este Tribunal el escrito de alegaciones evacuado por el Abogado del Estado, de acuerdo con la anterior providencia. A juicio de la representación estatal, las disposiciones reglamentarias a que alude la citada providencia inciden sólo en parte en la pervivencia del conflicto positivo de competencias planteado en su día, pues la Orden TAS/2094/2005 viene a modificar determinados preceptos, ninguno de los cuales resulta coincidente con los impugnados por la Comunidad de Madrid, por lo que no hace perder virtualidad al conflicto planteado; por su parte, la Orden TAS/2562/2005 tiene por objeto modificar el apartado 2.1 b) de la disposición objeto del conflicto, eliminando el requisito relativo al previo acuerdo de la negociación colectiva sectorial estatal así como los supuestos en los que cabe la suscripción de este tipo de contratos programa. Dado que la Comunidad Autónoma demandante fundamenta precisamente la tacha de inconstitucionalidad que dirige contra este apartado en el establecimiento de los citados requisitos y puesto que vienen a ser suprimidos, resulta manifiesto que el contenido de la modificación efectuada determina la extinción sobrevenida del objeto del proceso conflictual en relación con dicho apartado.
En fecha 20 de octubre de 2005 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el escrito de alegaciones del Letrado de la Comunidad de Madrid sobre la posible pérdida de objeto del conflicto.
En fecha 7 de octubre de 2005 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal, oficio de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el que se informa que por Auto de 28 de julio, se ha suspendido el procedimiento seguido frente a la Orden TAS/2783/2004, de 30 de julio, y se solicita que una vez resuelto el presente conflicto positivo de competencia se participe su resultado a ese órgano, a fin de que pueda alzarse la suspensión.
Por providencia de 12 de febrero de 2012 se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 14 del mismo mes y año.
El presente proceso constitucional tiene por objeto resolver el conflicto positivo de competencia planteado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con los apartados 2.1 b) y 5 de la Orden TAS/2783/2004, de 30 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas mediante contratos programa para la formación de trabajadores en desarrollo del Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el subsistema de formación profesional continua.
Art. 2.1 b):
Se modifica el apartado Segundo. Uno letra b) de la Orden TAS/2783/2004, de 30 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas mediante contratos programa para la formación de los trabajadores, en desarrollo del Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el Subsistema de Formación Profesional Continua EDL 2004/78154 , que quedará redactado en los siguientes términos:
En los ámbitos estatal y autonómico, los contratos programa para la ejecución de planes de formación continua sectoriales deberán respetar los criterios acordados en el marco de la negociación colectiva sectorial estatal, según lo previsto en el art. 19.2 c) del Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el subsistema de formación profesional continua.
El apartado 5 (“Entidades beneficiarias”) de la Orden TAS/2783/2004, de 30 de julio (“BOE” de 16 de agosto de 2004), señala:
Cuatro. No podrá obtener la condición de beneficiarias aquellas entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el art. 13, apartados 2 y 3, de la citada Ley General de Subvenciones.
El Letrado de la Comunidad de Madrid fundamenta el conflicto en la vulneración de las competencias autonómicas en materia de ejecución de la legislación laboral, que derivan de lo dispuesto en el art. 28.1.1.12 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid (EAM) y que imputa al apartado 2.1 b) de la orden, en cuanto condiciona los contratos programa de carácter autonómico y sectorial, a la negociación colectiva estatal y al cumplimiento de los requisitos allí previstos, con lo que limita la participación de la Comunidad Autónoma en orden a la determinación de los sectores productivos representativos de su ámbito territorial; y al apartado 5 de la misma, en cuanto impone, de forma taxativa y excluyente, las entidades beneficiarias a través de las cuales se ha de llevar a cabo la ejecución de los planes de formación continua mediante la suscripción de contratos programa.
Con carácter previo al enjuiciamiento de fondo, es preciso determinar la vigencia de la controversia competencial en los términos en que ha sido planteada, a la vista de las modificaciones operadas en la orden que es objeto del presente conflicto por la Orden TAS/2094/2005, de 17 de junio (“BOE” 1 de julio de 2005) y por la Orden TAS/2562/2005, de 28 de julio (“BOE” de 5 de agosto de 2005).
El apartado 5 de la orden determina quiénes serán las entidades beneficiarias de la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de planes de formación continua mediante la suscripción de contratos programa, en sus distintas modalidades.
Se desprende de todo lo anterior que hay acuerdo entre las partes en que la orden objeto de conflicto se inscribe en la materia laboral. Pues bien, el reparto competencial en este ámbito material es que la función normativa corresponde al Estado y la actividad ejecutiva o de gestión a las Comunidades Autónomas. Así lo hemos afirmado, siguiendo la serie de resoluciones que se inició con la STC 95/2002, de 25 de abril (FJ 16), en la STC 244/2012, de 18 de diciembre (FJ 7), en la que, al analizar los apartados 1 a 4 del art. 14 del Real Decreto 1046/2003, dijimos que “estamos ante una materia, la laboral, en la que, como ya ha quedado señalado, el Estado posee competencias normativas plenas, lo que le habilita para establecer la completa disciplina normativa, incluyendo la definición de aquellos supuestos en que, por las características de la acción formativa y la naturaleza de sus beneficiarios, se exceden las competencias autonómicas de ejecución”.
Finalmente, respecto del último apartado, susceptible de valoración, sobre la alegada vulneración del principio de autonomía financiera de la Comunidad Autónoma, ya dijimos en la STC 36/2012, de 15 de marzo, FJ 7, “que no se podía realizar prima facie un pronunciamiento genérico, sino que había de estarse al contenido concreto de la norma, al objeto de determinar si se ha producido algún exceso competencial en dicha regulación con desconocimiento de la autonomía política y financiera de la citada Comunidad”.
STSJ Extremadura 751/2009, 28 de Julio de 2009
SAP Cáceres 403/2015, 21 de Septiembre de 2015
SAP Barcelona 512/2012, 19 de Julio de 2012

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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