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Timestamp: 2016-10-28 04:28:04+00:00

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⭐TRIBUNA ABIERTA 1 PRESENTACIÓN. FERNANDO P. MÉNDEZ GONZÁLEZ Abogado (*)
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Antonia Méndez Gil
1 TRIBUNA ABIERTA LA LIMITACIÓN IMPERATIVA DE RESPONSABILIDAD POR LAS DEUDAS HIPOTECARIAS A LA FINCA HIPOTECADA: UNA IDEA TAN SEDUCTORA COMO DESACONSEJABLE FERNANDO P. MÉNDEZ GONZÁLEZ Abogado (*) La limitación imperativa de responsabilidad por las deudas hipotecarias a la finca hipotecada: una idea tan seductora como desaconsejable En el actual contexto de crisis se ha suscitado en España un intenso debate sobre la limitación de la responsabilidad del deudor hipotecario a la finca hipotecada. El presente trabajo reflexiona acerca de si ésta ha de ser una opción atendida por el legislador. Un cambio legislativo en esta dirección tendría, entre otras, la consecuencia de encarecer muy notablemente el crédito hipotecario. Comparativamente con el actual régimen de responsabilidad patrimonial universal, con el mismo inmueble se podría obtener mucho menos capital, con un tipo de interés más elevado y con un plazo de amortización más corto. A ello se uniría un aumento de las insolvencias estratégicas y un incremento del riesgo de las entidades financieras que, en última instancia, podría repercutir en los contribuyentes dada la garantía de los depósitos. Razones como éstas desaconsejan una reforma en este sentido, sin perjuicio de que existan propuestas de lege ferenda que puedan servir para mejorar la ejecución hipotecaria. Éste sería el caso de una reforma fiscal que suprimiera los obstáculos tributarios de la dación en pago. Compulsory non-recourse mortgages: an idea as seductive as it is inadvisable The current crisis has given rise to intense debate on the introduction of non-recourse mortgages in Spain. This article considers whether this is a matter that should be dealt with by lawmakers. One of the consequences of an amendment in this vein would be a notable increase in the price of mortgages in Spain. Compared to the current unlimited personal liability model, much less capital could be obtained, at a higher interest rate, and with a shorter repayment period. Moreover, strategic insolvencies would increase, as well as the risk assumed by financial entities, which could in turn affect taxpayers due to bank deposit guarantees. These reasons make changing the law inadvisable. Nevertheless, certain amendments may improve the mortgage foreclosure system, such as a legislative amendment that eliminates the tax obstacles to dation in payment. 1 PRESENTACIÓN * Fernando P. Méndez González es Registrador de la Propiedad y Mercantil. Ex-Decano del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Fundador y Primer Presidente de la European Land Registry Asociation (ELRA). Actualmente es miembro del Consejo de Dirección del Centro para la Investigación y Desarrollo del Derecho Registral Inmobiliario y Mercantil (CIDDRIM) de la Universidad de Barcelona. Como es bien sabido, España es uno de los países del mundo con mayor endeudamiento privado: empresas, familias e individuos se han endeudado fuertemente en el pasado reciente, especialmente desde nuestro ingreso en el club del euro, hasta hace poco, en que la tasa de endeudamiento privado ha comenzado a disminuir ligeramente, al tiempo que ha aumentado sustancialmente nuestra tasa de ahorro. Una parte de esa deuda privada está directamente relacionada con la fuerte expansión experimentada por el sector de la construcción, especialmente de la residencial, durante ese periodo. Como consecuencia de la misma, dicho sector llegó a significar el 16% de nuestro P.I.B. En el momento actual representa tan sólo el 4%, casi tres puntos menos que la media de los países de nuestro entorno. Dicha expansión se debió a diferentes factores, cuyo análisis queda al margen del objeto de este artículo, si bien creo necesario hacer referencia a uno de ellos, a mi juicio, decisivo, para explicar el fenómeno: la existencia continuada de tipos de interés muy bajos, incluso de tipos reales de interés2 8 Actualidad Jurídica Uría Menéndez / negativos, lo que incentivó una demanda de crédito acorde con el precio del dinero, precio que no se correspondía ni se corresponde con la situación real de nuestra economía. Si observamos la situación actual, lo comprenderemos fácilmente : con una inflación del 3,6%, es posible obtener préstamos hipotecarios al euribor cuyo nivel es el 2,52% en el momento de escribir estas líneas más 0,40%, lo que, a estas alturas, sigue arrojando tipos de interés hipotecarios reales negativos. Si, en vez de pertenecer al club del euro, tuviésemos una moneda nacional, los tipos de interés de los préstanos hipotecarios no podrían situarse por debajo del 5%, lo que induciría una demanda de crédito mucho menor y mucho más acorde con nuestra situación económica. Esto es exactamente lo que hubiera sucedido también en nuestro pasado reciente. En una situación tal, los consumidores dedicaron el crédito, tan fácilmente obtenido, a la adquisición de bienes imposibles de adquirir sin el recurso al crédito, singularmente la vivienda, aunque no solamente la vivienda. Esta sobredemanda es decir, este exceso de demanda de crédito debida al precio excesivamente bajo del dinero tuvo como consecuencia un crecimiento paralelo de los precios de la vivienda, por encima de lo que hubieran crecido si el precio del dinero hubiera sido el que correspondía a nuestra economía. A esta situación se la denominó y aún se la continúa denominando burbuja inmobiliaria. Ahora bien, esta expresión encierra unos sobreentendidos que están dificultando la instrumentación de una política adecuada en relación al sector inmobiliario, un sector fundamental en cualquier economía y no sólo en la nuestra, aunque lo haya sido de un modo especial en el pasado reciente. En primer lugar, es preciso ser conscientes cuando se utiliza esta expresión de que tal fenómeno no se ha producido únicamente en el sector inmobiliario, sino en otros muchos sectores. Invito al lector a que observe cómo durante la «década prodigiosa» el valor de las acciones del Ibex subió lo mismo que el de la vivienda y, sin embargo, no se habla de burbuja bursátil, o a que reflexione sobre el hecho de que la deuda de algunas de las empresas del Ibex asciende aproximadamente a la misma cantidad a la que asciende el valor en Bolsa de algunos de nuestros principales bancos, o sobre el hecho de que la deuda de las empresas del Ibex iguala a nuestra deuda pública. Tal es el efecto devastador de un precio del dinero excesivamente barato 1. La realidad ha sido que, debido a un exceso de liquidez, en buena parte relacionado con nuestro ingreso en el euro, la economía española ha vivido, toda ella, inmersa en una burbuja crediticia. En segundo lugar, es preciso ser conscientes de que el comportamiento de los agentes económicos no ha sido irracional, sino completamente racional, de acuerdo con la estructura de incentivos configurada por el precio del dinero disponible, no solamente muy bajo, sino, incluso, negativo en términos reales, es decir, con relación a la tasa de inflación. En tercer lugar, es preciso ser conscientes de que la existencia de una moneda única en un área económica que no reúne las condiciones para ser un área monetaria y que es gestionada de acuerdo con los intereses de las áreas económicas más fuertes, produce información errónea en las áreas económicas más débiles, con las consecuencias que estamos viviendo y aún peores 2. De acuerdo con lo expuesto, muchos individuos y familias pagaron por su casa un precio excesivo y, además, se endeudaron excesivamente, dedicando una parte excesiva de su renta personal y/o familiar a la amortización del crédito hipotecario solicitado y obtenido para la compra de la vivienda. La demanda de crédito hipotecario crecía a tal ritmo superior al 20% anual, llegando en marzo de 2006 al crecimiento récord del 27,3% que, ya desde el año 2002, el ahorro nacional no bastaba para cubrirla, por lo que las entidades financieras bancos, cajas y demás entidades de crédito se vieron obligadas a recurrir a los mercados mayoristas de crédito para obtener recursos monetarios con los que poder satisfacer la demanda interna de crédito hipotecario. Así, ya en 2006, el 34% del total crédito hipotecario se había financiado con títulos hipotecarios, y, lo que es aún más significativo, el 64% de la nueva demanda de crédito hipotecario 3. 1 Sobre este particular, resulta de especial interés el artículo publicado en The Economist el 18 de noviembre de 2010, «Taking Von Misses to pieces, Why is the Austrian Explanation for the crisis so little discussed?», Economist.com/blogs/ buttonwood/, con referencias específicas a los casos de España e Irlanda. 2 De la Dehesa, G.: «Fallos de diseño y de gestión del área euro», El País Negocios, 8 de mayo de 2011, donde se hace un excelente resumen de los fallos de diseño y de sus consecuencias, unidos a los fallos de gestión que están contribuyendo a dificultar la salida de la crisis a los países periféricos del área euro. 3 Véase el Informe del Presidente de la Asociación Hipotecaria Española a la Asamblea de dicha asociación correspondiente al año 2007.3 TRIBUNA ABIERTA 9 Tal situación, sin embargo, no se consideró excesivamente peligrosa en un entorno de crecimiento sostenido del precio de la vivienda. Pero en el verano de 2007 estalló, en los Estados Unidos, la crisis de las denominadas hipotecas subprime, que, posteriormente, se ha ido extendiendo también a las prime, dando lugar a una crisis financiera de proporciones desconocidas desde Como consecuencia, los mercados mayoristas de crédito entraron en el dique seco, nuestros bancos y cajas no podían seguir obteniendo dinero con el que financiar la demanda interna de crédito hipotecario, al tiempo que comenzaban a vencer las deudas que habían contraído para poder seguir prestando dinero, lo que restringió el crédito a promotores y compradores y produjo una contracción económica general y, especialmente, del sector inmobiliario, en la que aún estamos inmersos, que ha generado una crisis financiera interna de grandes proporciones, la reducción del sector inmobiliario residencial a una cuarta parte de su tamaño, un aumento del desempleo hasta niveles desconocidos próximo en estos momentos a los cinco millones de parados, una bajada de los precios de los inmuebles y un enorme aumento de las ejecuciones hipotecarias 5, dada la imposibilidad de muchos compradores de atender los pagos de sus créditos. Es en este contexto en el que se genera la demanda de que el deudor debe tener derecho a liberarse de la hipoteca entregando la finca hipotecada, derogando así, en materia de créditos hipotecarios, al menos de los destinados a la adquisición de la vivienda habitual, el principio de responsabilidad patrimonial universal recogido en el artículo 1911 Cc. Este estudio tiene por objeto reflexionar sobre si tal demanda debe ser atendida por el legislador. La respuesta ha de ser, a mi juicio, negativa, por las razones que expondré seguidamente. Al propio tiempo, se sugieren otras medidas distintas que servirían para aliviar la situación de los deudores incumplidores, pero sin que produzcan externali- 4 Véase The Financial Crisis InquiryReport. Final Report of the National Comission on the Causes of the Financial and Economic Crisis in the United States, de enero de También es imprescindible el Informe Reforming America s Housing Market. A Report To Congress, de febrero de 2011, realizado conjuntamente por el Departamento del Tesoro y el de Vivienda y Desarrollo Urbano de EEUU. 5 Pueden consultarse los datos en la página web del Consejo General del Poder Judicial, sección de Estadísticas. dades negativas sobre el sistema financiero ni sobre los deudores cumplidores. 2 LAS «REFINANCIACIONES» Y LAS «ACEPTACIONES EN PAGO». UNA ESTRATEGIA INICIAL DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS DIRIGIDA A EVITAR LA NECESIDAD DE HACER PROVISIONES Uno de los características más significativas de la presente crisis económica ha consistido en que, en sus primeras manifestaciones, allá por el año 2007 y aún por el 2008, hubo un fuerte incremento de las denominadas refinanciaciones, instrumentadas mediante novaciones modificativas de los préstamos hipotecarios vigentes, realizadas al amparo de la Ley 2/1994 de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios, reformada por la Ley 41/2007, que introdujo la figura de la «hipoteca recargable», así como la consagración de la posibilidad de ampliación del plazo de amortización del préstamo hipotecario sin pérdida de rango de la hipoteca, lo que facilitaba la obtención de acuerdos que permitiesen a los deudores cuotas de amortización menores y a los acreedores que los deudores no incurriesen en mora o, en el límite, incumpliesen, y, en consecuencia, los primeros tuviesen que realizar las provisiones pertinentes con el reflejo consiguiente en su cuenta de resultados. Lo que llamaba más la atención, sin embargo, era la gran cantidad de daciones en pago que se presentaban en los registros de la propiedad, al tiempo que el incremento de ejecuciones hipotecarias era mucho menor del que, en principio, cabía esperar. La razón era que las entidades financieras preferían, en aquel momento, aceptar las fincas hipotecadas en pago de sus créditos que iniciar un procedimiento de ejecución hipotecaria. A su vez, la razón de ello hay que buscarla en que, con esta manera de proceder, evitaban la necesidad de realizar provisiones. Técnicamente, no había habido incumplimiento, sino extinción del crédito, mediante la aceptación en pago de la finca hipotecada. Por tanto, no había nada por lo que provisionar. 3 EL INEVITABLE CRECIMIENTO DE LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS Tales soluciones, sin embargo, sólo eran viables, desde una perspectiva bancaria, hasta cierto punto, más allá del cual, los incumplimientos tendrían que4 10 Actualidad Jurídica Uría Menéndez / acabar, inevitablemente, en ejecuciones judiciales 6. Y, efectivamente, el número de ejecuciones hipotecarias se ha disparado en los últimos años, como acreditan los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial. Por otro lado, me parece importante resaltar que, según fuentes del sector financiero, aproximadamente la cuarta parte de los procedimientos judiciales de ejecución hipotecaria finalizan en una adjudicación en pago, posibilidad admitida por la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el caso de que la última subasta quede desierta. Pero la Ley de Enjuiciamiento Civil da otra posibilidad al acreedor: que se adjudique la finca por el cincuenta por ciento del valor de tasación, subsistiendo la deuda en la parte no cubierta por dicho valor (art. 671 LEC). En este caso, para el resto de la deuda, sigue actuando la regla de la responsabilidad patrimonial universal (art.1911 Cc), limitada por la existencia de un mínimo inembargable 7 (arts. 605 a 607 LEC). Como consecuencia de esta evolución, nos encontramos con que los deudores perciben que no todos ellos son tratados igualmente por bancos y cajas: mientras unos han podido extinguir su deuda mediante la entrega de la vivienda, otros se han quedado sin vivienda y, además, tienen que seguir pagando la deuda pendiente, quedando todos sus bienes y rentas, presentes y futuros, afectos a dicho pago, con el límite del mínimo inembargable, conforme a la regla de responsabilidad patrimonial universal consagrada por el art Cc. Ello ha dado lugar a un auténtico movimiento que tiene por finalidad reclamar el derecho de los deudores hipotecarios a liberarse de la deuda mediante la entrega de la finca hipotecada al acreedor, al menos cuando ésta es la vivienda habitual del deudor y el préstamo se obtuvo para adquirirla. En una línea parecida, se reivindica que, al menos en el 6 La situación llegó a tal punto que el Banco de España relajó en 2009 las exigencias de provisión para créditos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda del 100% al 30%, si bien prohibiendo que las cantidades provisionadas con anterioridad se llevaran a beneficios. Dicha norma no afectaba al suelo. En junio de 2010 dictó una circular que obliga a las entidades financieras a provisionar un 10% complementario por cada año que el inmueble adjudicado en pago permanezca en sus balances, con la finalidad de activar el mercado inmobiliario. 7 El salario mínimo inembargable en los procedimientos de ejecución hipotecaria ha sido elevado por el RD 6/2010 de medidas de fomento del empleo, cuyo artículo 15 modifica el artículo 607 de la LEC. caso de que el acreedor se adjudique la finca hipotecada, por falta de postor, cuando ésta sea la vivienda habitual del deudor, deba hacerlo por el ochenta por ciento del valor de tasación, en lugar de por el cincuenta por ciento, como sucede ahora. Este movimiento reivindicativo de los ya autodenominados «afectados por la hipoteca» ha conseguido que diversos parlamentos autonómicos 8 hayan solicitado que el Congreso de los Diputados regule esta materia, así como que importantes líderes políticos 9 se hayan manifestado a favor de que se reforme la ley para que los deudores hipotecarios puedan liberarse de la deuda mediante la entrega al acreedor de la finca hipotecada. Suele argumentarse que así sucede en los Estados Unidos de América. En este contexto, se produce el auto de la Audiencia de Navarra de 17 de diciembre de 2010, primera de algunas resoluciones judiciales 10 que 8 En el momento de redactar estas líneas, han aprobado resoluciones en el sentido indicado, al menos, los parlamentos autonómicos de Galicia, País Vasco y Cataluña, y, se ha constituido una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados, que tiene por finalidad estudiar este asunto. En el Parlament de Cataluña se han presentado varias proposiciones al respecto: de Ciutadans, dirigida a que la entrega de la finca hipotecada pueda saldar la deuda, en caso de deudor de buena fe; de Solidaritat Catalana per la Independencia, que admite, sin más, este derecho del deudor. Existe también otra proposición de Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, si bien mucho más matizada y técnicamente más depurada, que contiene a) Medidas contra el sobreendeudamiento hipotecario personal y familiar, b) Medidas de protección de las personas en procedimientos que lleven aparejado embargo de sueldos, salarios, pensiones, subsidios y similares, dirigidas a aumentar el mínimo inembargable, c) Medidas de protección del domicilio del deudor en caso de ejecución por deudas dinerarias que afecten a la vivienda habitual, dentro de las cuales se regula la dación en pago como derecho del deudor, cuando acredite no tener otra vivienda que la hipotecada. 9 Se han manifestado expresamente a favor de reconocer tal derecho al deudor, al menos líderes políticos como Esperanza Aguirre o Felipe González, en diversas declaraciones públicas, y organizaciones como Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales o la Federación Española de Municipios y Provincias, entre otras. 10 La Audiencia de Navarra ha mantenido posiciones diferentes posteriormente véase el auto 4/2011 de la sección Tercera de la Audiencia e Navarra de 28 de enero de Posteriormente el auto de 16 de marzo de 2011 de la misma Audiencia, desestimó el recurso interpuesto por el ejecutante contra el auto de 17 de diciembre de En una línea parecida, destaca el auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Barcelona de 26 de octubre de 2010, que aplica analógicamente a las personas físicas la solución prevista en el núm. 3 del artículo 178 de la Ley Concursal para las personas jurídicas, con lo que la conclusión del concurso liquidaría sus deudas concursales y los bienes futuros no responderían de las mismas. Por otra parte, el auto del Juzgado de Primera Instancia n.º 44 de Barcelona, de 14 de febrero de 2011 considera una pretensión similar a la vista por5 TRIBUNA ABIERTA 11 considera «moralmente rechazable» (sic) que no quede extinguida la deuda cuando el acreedor hipotecario se adjudica la finca hipotecada, figurando un valor de tasación superior al importe debido, alegando la pérdida de valor de la finca hipotecada. Esta resolución judicial ha actuado como catalizador de todas las tensiones existentes al respecto. No es mi propósito dedicar las páginas sucesivas a realizar un análisis crítico del auto, pues, según creo, hay un acuerdo amplio entre los juristas en el sentido de que no es conforme a Derecho, opinión que comparto sin la menor reserva 11. Me centraré, más bien, en analizar si, de lege ferenda, sería conveniente reconocer al deudor hipotecario el derecho a liberarse de la deuda entregando la finca hipotecada al acreedor. 4 ANÁLISIS DE LA CONVENIENCIA DE RECONOCER AL DEUDOR HIPOTECARIO EL DERECHO A LIBERARSE DE LA DEUDA MEDIANTE LA ENTREGA DE LA FINCA HIPOTECADA AL ACREEDOR 4.1 Consideraciones generales Antes de formular esa propuesta o, mejor, de decidir sobre su admisión es preciso tener muy presentes ciertas consideraciones sobre las que no se insiste suficientemente, al menos en el debate político 12, debido, probablemente, a la fuerte carga la Audiencia de Navarra constitutiva de «abuso de derecho». En ambos casos, sin embargo, los juzgadores reconocen que la pretensión del actor se ajusta a la literalidad de la norma. Todo ello sugiere la existencia de un cierto activismo judicial en torno a la problemática existente. 11 Véase Méndez González, F. P.: «La AP de Navarra se decanta por la moralidad antes que por la legalidad en la ejecución de hipotecas», Actualidad Jurídica Aranzadi, 24 de febrero de 2011, núm En el ámbito político, es de destacar que ha habido algunas escasas excepciones, como la de la Sra. Corredor, Secretaria de Estado de Vivienda y anterior Ministra de Vivienda, así como la de la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Economía, Sra. Salgado. El resto de la clase política, hasta donde he podido constatar, o bien no se ha pronunciado, o bien lo ha hecho en términos total o parcialmente favorables. En el ámbito de los analistas, la situación, sin embargo, cambia radicalmente. Prácticamente la totalidad de los analistas que han tratado este asunto, desde el ámbito del Derecho o de la Economía, han desaconsejado esta vía. Así, Arruñada B.: «Limitar por Ley la responsabilidad hipotecaria: una mala idea», Expansión, 23 de febrero de 2011; García Montalvo, J.: «Devolver el piso y saldar la hipoteca», El País, 2 de enero de 2011; Fernández Villaverde, J.: «No cambiemos la legislación hipotecaria sin pensarlo bien», emocional con la que se presentan ciertas situaciones de desalojo, y a las urgencias electorales, siempre presentes. En primer lugar, la responsabilidad patrimonial universal es la regla en los países desarrollados 13. En los Estados Unidos es también la regla general, excepto en once estados, los cuales reconocen la posibilidad de que el acreedor deba conformarse con la garantía hipotecaria para saldar su deuda, lo cual suele estar relacionado con el hecho de haber elegido la ejecución extrajudicial en los estados que la admiten y de haber constituido una hipoteca en su modalidad de Deed of Trust en lugar de en su modalidad de mortage 14. En segundo lugar, en nuestro país, como en todos los demás países desarrollados, rige la regla de la responsabilidad patrimonial universal (art Cc), y la garantía hipotecaria no altera esta regla (art.105 LH), si bien cabe el pacto de limitación de responsabilidad a la finca hipotecada (art.140lh). Aun cabiendo, por tanto, que las partes pacten tal limitación de responsabilidad, sin embargo, no lo hacen. Nada es gratis, Fedea blog, visitado el 14 de abril de 2011; Méndez González, F. P.: «Sería deseable que respondiera sólo la finca hipotecada?», El Economista, 9 de febrero de 2011, así como en «La AP de Navarra se decanta por la moralidad antes que por la legalidad en la ejecución de hipotecas», Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 815, 24 de febrero de En sentido contrario, puede verse Celentani M.,y Gómez Pomar F.: «La belleza del impago», Nada es gratis, Fedea blog, contestado por Arruñada B., en la misma web «Reforma fiscal antes que hipotecaria», alegando que su análisis carece de capacidad predictiva, lo que lo invalida. 13 Concretamente, Harris señala que es la regla en Europa, Japón, Canadá, Israel y Australia. Véase Harris, Ron: «Recourse and Non-Recourse Mortgages: Foreclosure, Bankruptcy, Policy», 2010: 6, de abril de 2010, visitado 7 de mayo de Tanto en caso de Deed of Trust como de Mortgage, la deuda se garantiza transmitiendo la propiedad, bien al acreedor, en el primer caso, bien a un tercero trustee, en el segundo, que protege los intereses del acreedor, pero reteniendo la posesión, en ambos casos, el deudor. En caso de impago, el acreedor o el trustee toman el control foreclosure de la finca, y la pueden vender para satisfacer la deuda. La mortgage implica, por lo tanto, una relación bilateral, mientras que el Deed of Trust implica una relación trilateral. Algunos estados admiten la ejecución extrajudicial, la cual es menos costosa en tiempo y dinero, pero, si se elige esta vía, entonces la hipoteca suele ser «sin recurso», es decir, en el caso de que no baste el importe obtenido para cubrir la deuda, ésta queda extinguida, porque los jueces no admitirán el embargo de más bienes. Tratándose de Deed of Trust, normalmente la responsabilidad se limita a la finca hipotecada. Véase Méndez González, F.P.: «Mortgage Gate: Las incertidumbres sobre la ejecutabilidad de las hipotecas gestionadas por el Mortage Electronic Registration System de Estados Unidos», Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, núm 724, marzo-abril 2011.6 12 Actualidad Jurídica Uría Menéndez / Considerando que el mercado hipotecario español es uno de los más competitivos del mundo, cabe concluir que, si no alumbra este tipo de hipotecas es, sencillamente, porque no ofrece ventajas para las partes contratantes. A los acreedores, la disminución de las garantías les fuerza a disminuir el capital prestado así como su plazo de amortización y a elevar los tipos de interés, y a los deudores les dificulta el acceso al crédito necesario para adquirir una vivienda. Ello impide que, bajo estas condiciones, oferta y demanda de crédito hipotecario puedan encontrarse. En tercer lugar, si se introduce una regla imperativa que las partes no están pactando hoy porque no se acomoda a sus intereses 15, el mercado crediticio se contraerá aún más, y, además, obligará a las partes a buscar fórmulas para eludirla o minimizarla, lo que producirá un encarecimiento complementario del crédito, que debería añadirse al que produciría, por sí sola, la introducción de esa regla. Por último, es preciso ser muy conscientes de los graves riesgos que entraña el hecho de que el acreedor pueda extinguir la deuda quedándose con la finca hipotecada, aunque tal posibilidad se articule como un derecho del deudor. Es preciso recordar que responsabilidad hipotecaria limitada no equivale a derecho a liberarse de la deuda hipotecaria mediante la entrega de la finca hipotecada al acreedor. Son dos cosas distintas. La primera significa que el acreedor únicamente puede hacer efectiva la responsabilidad contraída por la deuda hipotecaria sobre la finca hipotecada, mediante el correspondiente procedimiento, en el que, si finaliza en adjudicación al mejor postor y hay sobrante, éste debe ser entregado al deudor o a los acreedores posteriores. Esta es la modalidad prevista por el artículo 140 LH. La segunda significa que el deudor tiene derecho a liberarse de la deuda mediante la entrega de la finca hipotecada al acreedor, articulada como una forma de datio in solutum. Si la finca tiene un valor superior al importe de la deuda, el deudor no tiene derecho al sobrante superfluum ni tampoco los acreedores posteriores, los cuales se ven privados tanto del ius offerendi como del derecho sobre el superfluum. Este tipo de acuerdos en sus diferentes modalidades eran conocidos en el Derecho Romano como «pactos marcianos». 15 En este sentido, Arruñada, B.: «Limitar por Ley la responsabilidad hipotecaria: una mala idea», Expansión, 23 de febrero de Es necesario recordar la desconfianza tradicional frente a este tipo de pactos porque pueden encubrir auténticos comisos. El hecho de que hoy, en un contexto bajista en el sector inmobiliario y de una crisis económica aguda y duradera, cierto número de deudores desee poder liberarse de la deuda contraída mediante la entrega de la finca al acreedor, bien porque es excesiva en relación a su renta, bien porque considere que es superior al valor del inmueble, no justifica la introducción de una regla semejante que, además de dificultar el acceso al crédito, especialmente a los más desfavorecidos, convertiría las fincas hipotecadas en presa fácil de comisos. Partiendo de estas consideraciones, realizaré un breve análisis de las consecuencias que tendría la derogación imperativa de la regla de responsabilidad patrimonial universal vigente y el reconocimiento al deudor del derecho a liberarse de la deuda mediante la entrega de la finca hipotecada. Debido a que la introducción de dicha regla es reclamada por un número creciente de deudores hipotecarios, dada la situación en la que se encuentran muchas familias que compraron su vivienda en el pasado reciente, ante la disminución del valor de su vivienda y, sobre todo, de sus crecientes dificultades para pagarla, como consecuencia del deterioro del mercado de trabajo 16, parece necesario hacer una breve referencia a algunos datos significativos de la situación del mercado hipotecario. 4.2 Algunos datos relevantes de nuestro mercado hipotecario En primer lugar, la denominada «dudosidad hipotecaria» afecta al 2.6% de los deudores hipotecarios que compraron una vivienda, lo que significa que el 97.4% está cumpliendo regularmente con su obligación de pago. Dicha dudosidad, sin embargo, es significativamente más elevada entre promotores y constructores Entre los interesados en introducir la regla de la hipoteca de responsabilidad limitada hay que incluir también a los que, en su momento, compraron inmuebles en un contexto alcista pensando que podrían lucrarse vendiendo a un precio más alto, pero no han podido hacerlo porque la crisis frustró sus expectativas. 17 Según los datos de la Asociación Hipotecaria Española, la dudosidad del «crédito a las actividades inmobiliarias» es del 13,88%, y la del «crédito a la construcción» del 12,30%, referidas ambas cifras al tercer trimestre de 2010. Mostrar más
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References: de lege ferenda
 artículo 1911
 artículo 15
 artículo 607
 artículo 178
 resolución 
de lege ferenda
 artículo 140
 REAL DECRETO