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Timestamp: 2019-10-14 08:31:47+00:00

Document:
STC 110/1996, 24 de Junio de 1996 - Jurisprudencia - VLEX 15355315
STC 110/1996, 24 de Junio de 1996
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 2.269/1991
1. Afirmábamos en nuestra STC 206/1993 que la efectividad de la tutela judicial «exige no sólo que se cumpla el fallo... sino que el ganador consiga el pleno restablecimiento de su derecho... y que en este sentido actúa el interés de demora». Pero añadíamos que al exigir «el correcto manejo» un «sistema de garantías» se daba lugar a un «procedimiento plagado de cautelas en beneficio de todos, demora pues no imputable a la Administración como persona pública ni a sus agentes». Asimismo, «el recargo o sobretasa no está pensado para beneficiar económicamente al ganador del pleito, sino como acicate para que el condenado cumpla el pronunciamiento judicial lo antes posible». En definitiva, señalaba esa Sentencia, «no son iguales las situaciones de la Hacienda pública y de los demás ... El trato distinto se funda, pues, en elementos diferenciales muy consistentes, con una justificación objetiva y razonable que en ningún momento puede considerarse artificiosa o arbitraria ni por tanto discriminatoria. Tampoco es desproporcionada si se repara en que el incremento del rédito se fija en dos puntos, cifra no excesiva en términos absolutos ni tampoco relativos». Concluíamos diciendo que «el inciso puesto en tela de juicio, que ha sido analizado desde las perspectivas relevantes al efecto, no contradice tampoco el principio de igualdad ante la Ley formulado en el art. 14 de la Constitución, ni su realidad y efectividad.» No se ha producido, pues, según esa doctrina, la vulneración de derechos fundamentales denunciada y procede, en este punto, desestimar el recurso de amparo [F.J. 2]. 2. El art. 17.3 de la Ley 4/1984 de la Comunidad Valenciana dispone que «el acreedor tendrá derecho al cobro de intereses desde el día en que adquiera firmeza la resolución judicial, calculados según el tipo básico del Banco de España vigente dicho día». Pero según decíamos en nuestra reciente STC 69/1996, «la resolución desde la cual han de correr los intereses,... no es otra que la dictada en la primera instancia», y sólo esta conclusión «respeta escrupulosamente el principio de igualdad del art. 14 C.E., pues no se justifica en estos supuestos un tratamiento privilegiado para la Administración». En el presente caso, sustancialmente idéntico a aquél, no puede existir tampoco otra solución, sobre todo si tenemos en cuenta que la Generalidad Valenciana fue la recurrente y perdió el recurso. En consecuencia, el Auto recurrido vulnera el principio de igualdad, alterando la posición equivalente de la relación jurídica. Pero, para adoptar esa conclusión, se ha atenido a lo dispuesto en el citado art. 17.3, precepto que se muestra en clara oposición con la doctrina sentada en nuestra STC 69/1996. Procede, en consecuencia, elevar al Pleno cuestión de inconstitucionalidad de este precepto según lo establecido en el art. 55.2 de la LOTC de este Tribunal [F.J. 3].
Sentencia citada en: 146 sentencias, 7 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas
En el recurso de amparo núm. 2.269/91, interpuesto por don Antonio N. F. Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don Mariano C. C. asistido del Letrado don Luis Roca Rivera, contra el Auto de 25 de junio de 1991 dictado por la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia en recurso de súplica. Han comparecido el Ministerio Fiscal y el Servicio Valenciano de Salud representado y defendido por el Letrado Jefe del citado servicio, don José M. M. C. Ha sido Ponente don José G. L. quien expresa el parecer de la Sala.
1. Don Antonio N. F. Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don Mariano C. C. por medio de escrito presentado en este Tribunal en fecha 13 de noviembre de 1991, interpone recurso de amparo contra el Auto de 25 de junio de 1991, dictado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia en recurso de súplica.
B) Interpuesto recurso de casación por la entidad declarada responsable civil subsidiaria, éste fue desestimado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en Sentencia de 11 de octubre de 1990, que fue notificada al Servicio Valenciano de Salud el 18 de marzo de 1991.
D) Contra el Auto anterior interpuso el Servicio Valenciano de Salud recurso de súplica con fundamento en que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 17.3 de la Ley 4/1984, de 13 de junio, de la Hacienda Pública de la Generalidad Valenciana, en relación con el párrafo 2. del art. 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la liquidación de intereses debería practicarse desde la fecha de notificación de la Sentencia firme, es decir, de la del Tribunal Supremo y no la de la Audiencia Provincial de Valencia. El recurso fue estimado por el Auto de 25 de junio de 1991 al considerar que, de acuerdo con los preceptos indicados y la reiterada jurisprudencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, no era posible distinguir -porque la Ley no distingue- entre la firmeza consecuente del aquietamiento de las partes con la resolución, sin interponer el recurso, de la que se produce tras la interposición y desestimación del recurso planteado. En consecuencia, dejó sin efecto la liquidación de intereses practicada y determinó que la obligación de pago del interés de demora era el básico del dinero fijado por el Banco de España, a contar desde la fecha de la notificación a la Generalidad Valenciana de la Sentencia firme a ejecutar, es decir, desde la notificación de la Sentencia del Tribunal Supremo.
1. Con el Auto recurrido se ha alterado el fallo de la Sentencia del Tribunal Supremo, al que recurrió la propia Generalidad Valenciana en casación, sin conseguir que tuviera acogida su tesis absolutoria ni su tesis respecto a los intereses. En cambio, logra en ejecución de Sentencia que el Tribunal inferior modifique sustancialmente la Sentencia del Tribunal de Casación.
2. La condena de la Generalidad lo es como responsable civil subsidiario y no como responsable civil directo. Es decir, en virtud del título de condena, está obligado a pagar exactamente aquello a que fue condenado su principal, subrogándose en las mismas obligaciones de éste, sin que le sean aplicables normas que sean excepción de las aplicables a los condenados, o propias del Ente autónomo no aplicables a las condenadas principales.
4. Por providencia de 30 de marzo de 1992, la Sección Cuarta (Sala Segunda) de este Tribunal acuerda, en uso de lo dispuesto en el art. 50.3 de la LOTC, poner de manifiesto al recurrente y al Ministerio Fiscal la posible existencia de las siguientes causas de inadmisión: 1. La regulada por el art. 50.1 a) en relación con el art. 44.1 c) por no aparecer que se haya invocado en el previo proceso judicial el derecho constitucional que se dice violado; y 2. La del art. 50.1 c) por carecer la demanda manifiestamente de contenido constitucional; asimismo, conceder el plazo común de diez días para las alegaciones que se estimen pertinentes sobre la concurrencia de tales causas de inadmisión.
6. En fecha 14 de abril de 1992, se recibe el escrito de alegaciones del Ministerio Fiscal. En ellas entiende que no concurre la primera de las dos causas de inadmisión puestas de manifiesto por la Sección, porque el recurso se centra en el Auto de 25 de junio de 1991. Al combatirse en amparo el pronunciamiento que se hace en dicho Auto, la lesión que aduce el recurrente surge en dicho Auto y no antes, sin que, por consiguiente, hubiese momento procesal hábil previo para su denuncia ante el órgano judicial que intervenía. En lo que respecta a la segunda causa de inadmisión consultada, carencia de contenido constitucional de la pretensión de amparo, se alega en el recurso la vulneración de los arts. 14 y 24.1 C.E., y en el Suplico se interesa, entre otros extremos, se eleve al Pleno cuestión de inconstitucionalidad, de conformidad con el art. 55.2 C.E. Aunque no se explicita qué cuestión, ésta no puede ser otra que la referente al párrafo final del art. 921 L.E.C., que establece un régimen distinto para la Hacienda Pública en el abono de intereses de las cantidades líquidas en las condenas acordadas por resolución judicial. Pero éste es precisamente el objeto de la cuestión de inconstitucionalidad núm. 2.747/90, planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y pendiente de decisión ante el Tribunal Constitucional. Por tanto, concluye el Fiscal, no parece que el presente recurso de amparo, en aquello que viene a coincidir con la cuestión de inconstitucionalidad pendiente, carezca de modo manifiesto de contenido constitucional; y aunque la demanda no acierte a explicar con claridad la posible inconstitucionalidad del art. 921 L.E.C. aplicado o del precepto de igual contenido de la Ley Valenciana 4/1984, es lo cierto que su coincidencia parcial con el objeto de la cuestión mencionada está latente, siendo los mismos los derechos constitucionales invocados, por lo que no es posible afirmar que la demanda carezca de contenido constitucional.
8. En fecha 22 de mayo de 1992 se presenta escrito por el que don José M. M. C. Letrado Jefe del Servicio Valenciano de Salud, se persona en las actuaciones en nombre y representación de dicho Organismo.
10. En fecha 31 de julio de 1992 se presenta el escrito de alegaciones de la representación del demandante de amparo. En ellas reproduce íntegramente el contenido de la demanda de amparo, precisando únicamente lo siguiente: primero, que hace suyas las alegaciones del Ministerio Fiscal en el sentido de que no existe causa para la inadmisión del recurso de amparo. Y, por otro lado, añadiendo que el Auto recurrido en amparo produce en esencia las siguientes lesiones: Vulnera el fallo de la Sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de fecha 11 de octubre de 1990, en recurso de casación instado por la Generalidad Valenciana, porque dicha Sentencia del Tribunal Supremo confirma íntegramente la dictada por la Sala de la Audiencia de Valencia; y, por contra, en lugar de ejecutarla en los estrictos términos de la misma, modifica tal fallo y lo cambia sustancialmente.
Respecto de la interpretación de la norma aplicada, que el actor considera incorrecta y desigual, aduce que ha de recordarse el brocardo o principio latino, conforme al cual ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus, pues, en efecto, la Administración, en todo caso se convierte en la obligada al pago de unos intereses (de un principal que no es objeto de discusión). Por tanto, existe una única condena cuyo contenido implica el abono de determinadas cantidades económicas que se exigen directamente de la Administración, que se constituye, por medio de esta vía, como la única que aparece obligada en el fallo de la Sentencia. Por ello, es inexacto decir que la Administración paga por otro o en vez de otro, sino que más bien hay que entender que la condena se produce ope legis, en nombre propio, por su condición de administración responsable, mas no por cuenta de un tercero insolvente, y ello siempre que se den los requisitos y presupuestos que contempla la norma.
13. En fecha 29 de julio de 1992 se recibe el escrito de alegaciones del Ministerio Fiscal. En él, tras resumir los antecedentes de hecho del supuesto y delimitar la resolución impugnada -Auto que resuelve el recurso de súplica, revocando el anterior y que, en aplicación del art. 17.3 de la Ley 4/1984, acuerda que los intereses de la condena se contarán desde la notificación a la Generalidad de la Sentencia del Tribunal Supremo- a la que se reprocha la vulneración de los derechos de tutela judicial e igualdad, señala que éste no es únicamente el objeto del recurso, pues en el suplico se interesa también que se eleve cuestión de inconstitucionalidad al Pleno del Tribunal, aunque no se concreta el precepto cuestionado, pero que, sin duda, ha de ser el art. 17.3 de la Ley 4/1984, en relación con el párrafo final del art. 921 L.E.C. y arts. 36.2, 43.1 y 45 L.G.P., habida cuenta de los antecedentes del caso.
El Auto en cuestión no incurre en vulneración del art. 24.1 C.E. que sea revisable en vía de amparo. Ni, por lo demás, se explica qué lesión pueda haber ocasionado a la igualdad la mera circunstancia de haber cambiado el criterio que la misma Sala, con parecida composición personal (sólo cambió uno de los Magistrados que la integraba), había mantenido tan poco antes. No es objeción que pueda tenerse en cuenta, porque precisamente los recursos, incluidos los no devolutivos como la súplica, están para eso: para que el juzgador pueda reconsiderar y, llegado el caso, cambiar su precedente decisión.
14. Por providencia de 17 de diciembre de 1992, la Sección acuerda oír a las partes personadas, por plazo de cinco días, sobre la acumulación interesada por el Ministerio Fiscal, del presente recurso a las cuestiones de inconsituticonalidad núms. 2747/90 y 872/92, así como las de éstas entre sí. Asimismo, por providencia de 14 de enero de 1993, acuerda, habiendo causado baja en el ejercicio de su profesión el Procurador don Antonio Navarro Flórez, que llevaba la representacion del recurrente en amparo, conceder al mismo un plazo de diez días para que comparezca con nuevo Procurador de Madrid con poder al efecto. En fecha 24 de marzo de 1993, atendiendo al anterior requerimiento, se persona en nombre del demandante el Procurador don Luis Fernando Alvarez Wiese, y por providencia de 29 de marzo de 1993 se acuerda entender con él las sucesivas diligencias.
2. El recurrente en amparo afirma que se liquidaron los intereses indebidamente, con vulneración de los derechos contenidos en los arts. 14 y 24 C.E., al no calcularse los intereses de demora de que debía responder el Servicio de Salud Valenciano conforme a las reglas generales dispuestas en el art. 921 L.E.C. Es decir, que la controversia suscitada se refiere a la procedencia de que la liquidación de intereses de demora debiera o no practicarse con los dos puntos que se añaden al tipo legal para todos menos para la Hacienda Pública, o dicho de otro modo, el problema se circunscribe a la posible inconstitucionalidad, desde el punto de vista del principio de igualdad del art. 14 C.E., del privilegio de que goza la Hacienda pública deudora, en este caso el Servicio Valenciano de Salud, a un menor tipo de interés aplicable cuando resulta condenada por resolución judicial al pago de una cantidad líquida (que sin el citado privilegio supondría, por efecto del art. 921 L.E.C., el «interés legal del dinero incrementado en dos puntos»). La denunciada lesión del art. 24 C.E. sólo tiene sentido si hubo vulneración del art. 14 C.E., pues sólo quedaría afectado el derecho a la tutela judicial efectiva si existió desigualdad de trato en favor de la Hacienda pública.
Debe rechazarse que en relación con esta cuestión hayan sido vulnerados el principio de igualdad consagrado en el art. 14 C.E. y el derecho reconocido en el 24, la tutela judicial efectiva, que se invocan aquí. Afirmábamos en nuestra STC 206/1993 que la efectividad de la tutela judicial «exige no sólo que se cumpla el fallo... sino que el ganador consiga el pleno restablecimiento de su derecho... y que en este sentido actúa el interés de demora». Pero añadíamos que al exigir «el correcto manejo» un «sistema de garantías» se daba lugar a un «procedimiento plagado de cautelas, en beneficio de todos, demora pues no imputable a la Administración como persona pública ni a sus agentes». Asimismo, «el recargo o sobretasa no está pensado para beneficiar económicamente al ganador del pleito, sino como acicate, para que el condenado cumpla el pronunciamiento judicial lo antes posible». En definitiva, señalaba esa Sentencia, «no son iguales las situaciones de la Hacienda pública y de los demás,... El trato distinto se funda, pues, en elementos diferenciales muy consistentes, con una justificación objetiva y razonable que en ningún momento puede considerarse artificiosa o arbitraria ni por tanto discriminatoria. Tampoco es desproporcionada si se repara en que el incremento del rédito se fija en dos puntos, cifra no excesiva en términos absolutos ni tampoco relativos». Concluíamos diciendo que «el inciso puesto en tela de juicio, que ha sido analizado desde las perspectivas relevantes al efecto, no contradice tampoco el principio de igualdad ante la Ley formulado en el art. 14 de la Constitución, ni su realidad y efectividad.» No se ha producido, pues, según esa doctrina, la vulneración de derechos fundamentales denunciada y procede, en este punto, desestimar el recurso de amparo.
El art. 17.3 citado dispone que «el acreedor tendrá derecho al cobro de intereses desde el día en que adquiera firmeza la resolución judicial, calculados según el tipo básico del Banco de España vigente dicho día». Pero según decíamos en nuestra reciente STC 69/1996, «la resolución desde la cual han de correr los intereses,... no es otra que la dictada en la primera instancia», y sólo esta conclusión, «respeta escrupulosamente el principio de igualdad» del art. 14 C.E., pues no se justifica en estos supuestos un tratamiento privilegiado para la Administración». En el presente caso, sustancialmente idéntico a aquél, no puede existir tampoco otra solución, sobre todo si tenemos en cuenta que la Generalidad Valenciana fue la recurrente y perdió el recurso. En consecuencia, el Auto recurrido vulnera el principio de igualdad, alterando la posición equivalente de la relación jurídica. Pero, para adoptar esa conclusión, se ha atenido a lo dispuesto en el citado art. 17.3 de la Ley de la Comunidad Valenciana 4/1984, precepto que se muestra en clara oposición con la doctrina sentada en nuestra Sentencia, asimismo citada, 69/1996. Procede, en consecuencia, elevar al Pleno cuestión de inconstitucionalidad de este precepto según lo establecido en el art. 55.2 de la LOTC de este Tribunal.
6. Por ello, la cuestión que el recurrente plantea en orden a la liquidación de intereses no tiene como única consecuencia la desestimada pretensión del recargo de dos puntos, sino también la de que, por aplicación de la Ley Valenciana, el tipo aplicable resulta ser distinto al que, por efecto del art. 36.2 de la Ley General Presupuestaria y también del 921.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es el aplicable en general. Con lo cual resulta también vulnerado el derecho a la igualdad por este mero efecto singular del precepto autonómico. En consecuencia, procede asimismo estimar en este punto el recurso de amparo y plantear la cuestión de inconstitucionalidad del citado precepto de la Ley Autonómica.
1. Estimar el recurso de amparo, únicamente en cuanto se refiere al día inicial para el cómputo de los intereses y al tipo de éstos aplicable y, en consecuencia:
2. Anular el Auto de 25 de junio de 1991, de la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, exclusivamente en aquellos puntos.
3. Reconocer el derecho a la igualdad del recurrente y restablecerle en el mismo, reponiendo las actuaciones al momento de dictar dicha resolución para que se proceda a practicar la liquidación de los intereses a los que la misma se refiere computando el período de su abono a partir de la notificación de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, es decir, desde el 20 de julio de 1988 y aplicando el tipo de interés legal del dinero.
4. Elevar al Pleno la cuestión de inconstitucionalidad en relación con el apartado 3. del art. 17 de la Ley de la Comunidad Valenciana 4/1984, de 13 de junio, en cuanto al inciso «el acreedor tendrá derecho al cobro de intereses desde el día en que adquiera firmeza la resolución judicial, calculados según el tipo básico del Banco de España vigente dicho día».
STSJ Galicia , 18 de Mayo de 2000
ATC 183/2003, 2 de Junio de 2003
STSJ Cataluña , 4 de Enero de 2001
STS 1038/1999, 9 de Diciembre de 1999
STSJ Castilla-La Mancha , 13 de Julio de 2002

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