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Timestamp: 2019-08-19 19:07:41+00:00

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DECRETO-LEY 2/2016, de 30 de agosto
DECRETO-LEY 2/2016, de 30 de agosto, de medidas urgentes para la ejecución de las
sentencias dictadas en relación con los concursos convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 22 de junio, y el impulso de la producción de energía eléctrica a partir
de la energía eólica en Aragón.
La aprobación en su día del Decreto 124/2010, de 22 de junio, del Gobierno de Aragón, por
el que se regulan los procedimientos de priorización y autorización de instalaciones de producción de energía, tuvo por objeto impulsar de forma ordenada el desarrollo de la producción
de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón. Se estableció para ello un procedimiento de priorización basado en la identificación previa de la capacidad de evacuación de
las redes de transporte y distribución en el territorio de la Comunidad Autónoma. Sin embargo,
el proceso de aplicación de dicha norma dio lugar a una elevada conflictividad que se ha traducido en un gran número de procedimientos administrativos y judiciales de impugnación
que, a la postre, han provocado un elevado número de sentencias judiciales y, a la postre, una
situación de grave inseguridad jurídica. Constituye el objetivo prioritario de este Decreto-ley,
atendiendo a lo establecido en los artículos 9.3 y 118 de la Constitución, adoptar urgentemente las medidas oportunas para la inmediata ejecución de las sentencias recaídas, dando
así adecuada satisfacción tanto a quienes han visto reconocidos sus derechos en las mismas
como a otras personas que, a la vista de los antecedentes y los procedimientos objeto de
revisión jurisdiccional, pudieran verse afectadas por el fallo.
Es precisamente ese objetivo prioritario el que fundamenta la extraordinaria y urgente necesidad en la adopción de las medidas que establece este Decreto-ley. De acuerdo con lo
establecido en el artículo 109 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso administrativa, por medio de este Decreto-ley se da debido cumplimiento a los
fallos de las sentencias, que atendiendo a sus fechas, no admite más dilación. Además, mediante este Decreto-ley se concreta, conforme a los datos que se desprenden de los correspondientes procedimientos administrativos y judiciales, las personas afectadas por la ejecución considerando como tales a aquéllas que pueden ver menoscabados o perjudicados sus
derechos o sus intereses legítimos por efecto de la ejecución o de la inejecución de las sentencias. Precisamente la circunstancia de que existan afectados no recurrentes, titulares de
derechos e intereses legítimos que resultan alcanzados por la ejecución de las sentencias,
determina la extraordinaria y urgente necesidad de adoptar las medidas previstas en este
Decreto-ley. Sin él la ejecución, que afectaría en todo caso a no recurrentes que podrían
instar incidentes de ejecución, resultaría incierta y, a la postre, podría prolongarse indefinidamente en el tiempo. Por ello, conforme a la normativa procesal citada y de acuerdo con los
principios establecidos en los artículos 118 y 119 de la Ley Jurisdiccional citada, lo procedente
es incorporar en la ejecución a todos los afectados tal cual hace el presente Decreto-ley.
Para el adecuado cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de
Justicia de Aragón este Decreto-ley incorpora también, como no puede ser de otra manera, el
nuevo régimen jurídico básico establecido por el legislador estatal, haciendo así posible el
cumplimiento de los mandatos establecidos en los pronunciamientos judiciales, objetivo prioritario y habilitante, y dando además cumplida satisfacción a los principios contemplados en
el artículo 9.3 de la Constitución, y entre ellos, muy especialmente, el de seguridad jurídica.
Como consecuencia de todo ello, y siempre para hacer posible en adecuadas condiciones de
seguridad jurídica la ejecución de las sentencias recaídas, se incorpora al ordenamiento aragonés el nuevo régimen jurídico básico establecido por el Estado en 2013, impulsando la liberalización del sector, impidiendo la priorización autonómica de la tramitación de instalaciones
de producción y estableciendo, consecuentemente, criterios reglados y prioridades basadas
en el orden de presentación en el registro de la obtención de permisos de acceso y conexión
para la tramitación y resolución de proyectos de generación de energía eólica de competencia
autonómica acordes con los ya vigentes para los proyectos de competencia estatal. Se establece así un marco jurídico adecuado y seguro para los nuevos proyectos que se planteen en
Aragón sin margen a la discrecionalidad para la priorización de unos proyectos sobre otros y
asumiendo, de forma coherente con la normativa estatal, las decisiones técnicas de otorgamiento de derecho de acceso a las redes de transporte y distribución acordadas por sus respectivos gestores. Paralelamente, y con objeto de proporcionar al sector la máxima transparencia y certidumbre en el marco de lo ya establecido en la normativa estatal, se concretan las
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obligaciones de publicidad, información y transparencia de los gestores de las redes de transporte y distribución inherentes al nuevo marco de liberalización del sector previsto en la vigente normativa estatal. La liberalización en el régimen o actividad de producción de energía
eléctrica comporta conforme al nuevo régimen que la producción o generación de electricidad
se desarrolla en régimen de libre competencia.
La renovación de la normativa estatal, que avanza por el camino de la normativa precedente en algunos aspectos e innova en otros, ha contribuido también a la actual situación de
paralización de la instalación de nuevos parques de producción de energía eléctrica a partir
de la energía eólica en la Comunidad Autónoma. El impulso estatal al nuevo régimen retributivo específico mediante la convocatoria de una primera subasta, a la que sin duda seguirán
otras atendiendo las demandas del sector, complementa sin duda la justificación de la extraordinaria y urgente necesidad de la aprobación de este Decreto-ley y de las medidas que incorpora que, partiendo prioritariamente de la obligación de la administración autonómica de ejecutar las sentencias que han ganado firmeza, eliminen de raíz tal inseguridad jurídica,
adecuando la normativa aragonesa al nuevo marco regulatorio estatal, impulsado desde el
Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, y proporcionando de ese modo un entorno
regulatorio a los promotores de proyectos de generación de energía eléctrica a partir de la
energía eólica en Aragón que siente las bases del desarrollo del sector en nuestra Comunidad. De este modo, con la extraordinaria y urgente necesidad de ejecutar las sentencias
recaídas confluye la de que tal proceso de ejecución contribuya a normalizar el sector de la
generación de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón.
La aplicación del nuevo régimen regulatorio, y en consecuencia la posibilidad misma de
autorizar instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en
Aragón, choca con notables dificultades como consecuencia de la pendencia de la ejecución
de las sentencias dictadas en los numerosos procedimientos de impugnación derivados del
citado Decreto 124/2010. Las nuevas iniciativas se ven frenadas por la pendencia de la ejecución, las promovidas por los recurrentes por el resultado incierto de la misma y las que se
iniciaron al amparo de los concursos por el resultado de los procedimientos judiciales respecto de los mismos. No habrá pues seguridad jurídica para el sector de generación de
energía eólica en Aragón en tanto no se ejecuten dichas resoluciones judiciales cuya fuerza
ampara y limita al mismo tiempo la regulación que se establece mediante el presente Decretoley. La solución, en el actual contexto regulatorio, no puede ya basarse en procedimientos
administrativos ni resoluciones administrativas globales de priorización por nudos de conexión cuyo resultado ha sido, como el tiempo ha demostrado, la paralización del sector. Resulta
indispensable establecer un nuevo marco legal que garantice, en primer lugar, la eficacia de
la ejecución de sentencias respecto de los beneficiados por los fallos y prevenga o impida, en
segundo lugar, daños a terceros derivados de la frustración de sus expectativas, fundadas en
resoluciones administrativas precedentes, de ejecución de determinados proyectos de producción de energía eléctrica. De ahí, entre otras razones, la necesidad del presente Decretoley. Por ello, mediante el mismo se dará recto cumplimiento a las sentencias judiciales recaídas, de forma compatible con el nuevo marco regulatorio que en él se establece, lo que
obliga a dejar sin efecto los concursos de priorización convocados al amparo del Decreto
124/2010, de modo que no se dictará resolución administrativa alguna al respecto.
El cumplimiento de lo expresado exige que la ejecución de las sentencias judiciales dictadas que, según datos obrantes en la administración de la Comunidad Autónoma, suman un
total de treinta y cuatro pronunciamientos estimatorios en los cuarenta y siete recursos contenciosos-administrativos interpuestos por empresas del sector, y afectan a veintinueve instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica, vaya acompañada
de las medidas precisas para que quienes ven reconocidos sus derechos por las mismas
puedan ejercerlos en el nuevo contexto regulatorio en condiciones adecuadas, preservando
sus proyectos de la afección eólica que pudiera producir la ejecución de otros proyectos que
contasen con derecho de acceso a redes. En este contexto gran cantidad de proyectos,
cuando no existan afecciones eólicas y se cuente con derecho de acceso a redes, verán garantizada su viabilidad y facilitada su tramitación administrativa. Otros, en cambio, dependerán de la evolución tecnológica de la capacidad de evacuación de las redes, sin perjuicio
de que puedan producirse, en un entorno regulatorio como el actual, profundamente liberalizado por la normativa básica estatal, acuerdos entre promotores.
De acuerdo con ello, el Decreto-ley establece un régimen especial de tramitación anticipada mediante el que se ejecutan las sentencias recaídas, que se relacionan en el anexo I
que acompaña a este Decreto-ley, permitiendo impulsar los proyectos que, de haberse llegado a resolver los concursos convocados en su día, hubieran resultado priorizados en eje22661
cución de sentencia, incorporando a todos los concursantes, con excepción de aquellos que
hubieren renunciado a la tramitación o a la priorización concedida, la valoración correspondiente al interés especial y sin limitar la potencia solicitada. Los promotores de estos proyectos, que según los datos obrantes en la administración de la Comunidad Autónoma se
recogen en un anexo II, se verán protegidos de la potencial afección eólica de otros proyectos,
pero verán condicionada su ejecución a la obtención de los permisos de acceso y conexión,
directamente del gestor de la red de transporte o distribución o mediante acuerdo con otros
promotores del sector de la producción de energía eléctrica. Tal protección frente a afección
eólica se otorga, además, aun cuando no cuenten con permisos de acceso y conexión y hasta
que los obtengan o que transcurra un plazo de diez años. Los promotores de estos proyectos
habrán de realizar las actuaciones precisas ante el gestor de la red de transporte o distribución para obtener derechos de accesión y conexión que permitan la autorización y ejecución
de sus proyectos. Su inactividad comportará, conforme a lo previsto en el presente Decretoley, el archivo del proyecto.
Pero, además, el régimen especial de tramitación anticipada permite también canalizar
aquellos otros proyectos que, inicialmente priorizados mediante resoluciones administrativas
afectadas por las sentencias objeto de ejecución, se ven hoy comprometidos. Y ello, porque
los promotores de estos proyectos, amparados en resoluciones administrativas afectadas por
los procedimientos judiciales, los impulsaron en diferentes grados, incurriendo en gastos precisos para ello y obteniendo de los gestores de las redes de transporte o distribución, en
muchos supuestos, permisos de acceso que mantienen su vigencia conforme a la normativa
básica estatal. Consecuentemente, en el actual contexto regulatorio liberalizado y con objeto
de establecer medidas compensatorias que prevengan posibles daños a estos operadores,
cuando deseen impulsar sus proyectos, se establece la posibilidad de tramitarlos anticipadamente, siempre que no produzcan afección eólica a los proyectos que anteriormente se han
señalado o mediando acuerdo con sus promotores, conforme al régimen que establece la
presente norma. Dichos proyectos, según los datos obrantes en la administración de la Comunidad Autónoma, se recogen en el anexo III que acompaña a este Decreto-ley.
Los proyectos no incluidos en los anexos II y III de este Decreto-ley serán archivados sin
más trámite y podrán replantearse, siempre que no exista afección eólica a los parques incluidos en los mismos que se hayan tramitado en los plazos previstos, en el nuevo contexto
regulatorio. Es por ello que, al igual que resulta extraordinaria y urgentemente necesario establecer las medidas regulatorias precisas para la adecuada ejecución de las tan repetidas
sentencias, estas medidas han de verse acompañadas, como ha quedado ya expuesto, de
las indispensables para fijar ese nuevo marco regulatorio en Aragón, coherente con el renovado marco establecido por la legislación básica estatal. No sería posible articular de forma
adecuada la ejecución de las resoluciones judiciales recaídas sin tal regulación adicional.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, ejerciendo las competencias establecidas en los artículos 75.4.ª, 77.16.ª y
17.ª y 71,24.ª y 26.ª del Estatuto de Autonomía, a propuesta de la Consejera de Economía,
Industria y Empleo, de acuerdo con el informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos,
y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 30 de agosto de 2016,
Constituye el objeto de este Decreto-ley establecer las medidas urgentes precisas para las
a) La ejecución de la totalidad de las sentencias dictadas en relación con los concursos
convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 22 de junio, que se detallan en el
anexo I, con la máxima celeridad y seguridad jurídica.
c) La regulación, para facilitar la viabilidad financiera de las actuaciones recogidas en los
anexos II y III, de la sustitución de los compromisos adicionales y voluntarios a los que
se refiere la letra e) del apartado segundo del artículo 4 del Decreto 124/2010, de 22 de
junio, por otras actuaciones ambientales o productivas.
d) La regulación, en conexión con lo anterior y en el marco de la nueva normativa básica
estatal, de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción de
energía eléctrica a partir de la energía eólica con una potencia superior a cien kilovatios
e igual o inferior a cincuenta megavatios, conectadas a la red de transporte o distribución eléctrica en la Comunidad Autónoma de Aragón.
a) Parque Eólico: Instalación dedicada a la producción de energía eléctrica utilizando
como energía primaria el viento. Estará constituida por un aerogenerador o una agrupación de estos, interconectados eléctricamente y con un único punto de conexión a la
red de transporte o distribución. Formarán parte del parque eólico sus infraestructuras
de evacuación, que incluyen la conexión con la red de transporte o distribución, y en su
caso, la transformación de energía eléctrica.
b) Modificación de Parque Eólico: Se entenderá por modificación de parque eólico la repotenciación o ampliación de un Parque Eólico, así como cualquier otra actuación que
tenga la consideración de ampliación o modificación según la reglamentación eléctrica
c) Repotenciación de un Parque Eólico: Se considera repotenciación de un parque eólico
el aumento de su potencia a través de la sustitución de sus aerogeneradores por otros
nuevos de mayor potencia, o de la introducción de cambios técnicos, que sin afectar a
la estructura básica del aerogenerador, mejoren su eficiencia energética sin producir
afección eólica a otro parque eólico.
d) Ampliación de un Parque Eólico: Se considera ampliación de un parque eólico existente la colocación de nuevos aerogeneradores en el interior de la poligonal del parque
y, excepcionalmente, en el espacio colindante con el parque eólico, siempre que no
suponga la afección a áreas protegidas y que no produzca afección eólica a otro parque
e) Afección eólica: Se entenderá que existe afección eólica de un parque eólico o su modificación sobre otro parque eólico ya en servicio o que haya iniciado previamente la
tramitación de la autorización conforme al régimen establecido en este Decreto-ley
cuando las nuevas poligonales que se propongan afecten a las poligonales del parque
ya en servicio o en tramitación.
f) Poligonal: Se entenderá por poligonal del parque eólico aquella, única y cerrada, que
engloba la totalidad de los aerogeneradores que lo integran. La superficie se delimitará
por las coordenadas geográficas UTM de los vértices de la línea poligonal que la comprende.
1. Los gestores de redes de transporte y distribución pondrán a disposición del público las
peticiones de acceso y las concesiones de acceso y conexión a nudos o redes ubicadas en
Aragón realizadas en los términos que se establezcan reglamentariamente.
2. Los gestores de las redes de transporte y distribución comunicarán, conforme a los
mejores criterios técnicos, la capacidad total de acceso, la ocupada, la autorizada pendiente
de ocupación en plazo, la solicitada y la disponible, considerando las instalaciones de producción de energía eléctrica y consumo existentes y las ya comprometidas en dichos nudos.
3. La puesta a disposición del público y las comunicaciones previstas en los apartados
anteriores se realizarán por medios telemáticos y, en todo caso, a través del portal del Departamento competente en materia de energía.
1. Las Administraciones Públicas con competencias en materia de autorización de instalaciones de producción de energía eléctrica ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes
de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a aquéllas.
2. La Comunidad Autónoma de Aragón como Administración Pública afectada de
acuerdo con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se pronunciará, en los trámites de consultas legalmente establecidos, sobre la
compatibilidad de las instalaciones de producción de energía eléctrica cuya autorización
sea competencia de la Administración General del Estado con la planificación energética
Ejecución de sentencias dictadas en el marco de los concursos de priorización
convocados al amparo del Decreto 124/2010, de 22 de junio.
1. Mediante el presente Decreto-ley se procede a la ejecución de las sentencias dictadas
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, enumeradas en el anexo I, estimatorias de los recursos contencioso-administrativos interpuestos
contra decisiones administrativas adoptadas en el marco de los procedimientos de concurso
y priorización de parques eólicos convocados al amparo del Decreto 124/2010, de 22 de junio
2. La ejecución de las sentencias recogidas en el anexo I se llevará a cabo de conformidad
con lo dispuesto en este Decreto-ley y, en concreto, conforme al régimen especial de tramitación anticipada de proyectos derivados del Decreto 124/2010 en ejecución de sentencias,
1. En ejecución de las sentencias reseñadas en el anexo I de este Decreto-ley, quedan sin
efecto los concursos de priorización convocados al amparo de lo establecido en el Decreto
124/2010, de 22 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan los procedimientos
de priorización y autorización de instalaciones de producción de energía eléctrica, mediante
Órdenes de 26 de agosto de 2010 (zona A), 28 de septiembre de 2010 (zonas B y F), 26 de
noviembre de 2010 (zona C), 14 de diciembre de 2010 (zona D), 28 de diciembre de 2010
(zona E) y 9 de diciembre de 2010 (instalaciones experimentales).
2. En virtud de lo acordado en las resoluciones judiciales antes citadas, la Administración
de la Comunidad Autónoma procederá a su ejecución conforme a lo establecido en el presente Decreto-ley, admitiendo a trámite de forma anticipada y sucesiva los proyectos incluidos
en los anexos II y III.
3. La ejecución de las resoluciones judiciales recogidas en el anexo I en relación con los
proyectos incluidos en el anexo II de este Decreto-ley tendrá lugar atendiendo a las siguientes
a) Conforme a los criterios resultantes de las resoluciones judiciales recogidas en el anexo
I se incluyen en el anexo II los proyectos que, no habiendo formulado renuncia a su
tramitación antes de la entrada en vigor de este Decreto-ley, hubieren obtenido una
mayor puntuación en el marco de los concursos convocados conforme al Decreto
124/2010 aplicando por igual a todos los solicitantes, independientemente de que hubiesen ejercido o no acciones administrativas o judiciales, la puntuación correspondiente a las instalaciones eólicas de interés especial, manteniendo la puntuación técnica acordada en su día y considerando la potencia total solicitada, sin reducción, todo
ello hasta el límite de la capacidad máxima de evacuación en cada zona eléctrica fijada
en las convocatorias. El orden se determina, en ejecución de sentencias, conforme a
tales criterios en función de la puntuación total que hubiere resultado y, en caso de
empate, del de presentación en registro de las solicitudes a los concursos a que se
refiere el apartado primero conforme a la normativa de procedimiento administrativo
b) Las inversiones derivadas de los compromisos adicionales y voluntarios a los que se
refiere la letra e) del apartado segundo del artículo 4 del Decreto 124/2010 y en los
términos señalados en las resoluciones judiciales en ejecución podrán sustituirse por
otras inversiones ambientales o productivas mediante resolución de la Dirección General competente en materia de energía, previo informe favorable de la comisión técnica que se constituya al efecto.
c) Los proyectos del anexo II que se acojan al régimen especial de tramitación anticipada
quedarán protegidos frente a cualquier afección eólica que pudieran producirles cualesquiera otros proyectos, desde la presentación de la solicitud, aun cuando no cuenten
con permisos de acceso y conexión, durante el plazo de diez años desde la solicitud.
Sus promotores deberán reiterar cada dos años, como mínimo, la solicitud de acceso y
conexión al gestor de la red de transporte o distribución, comunicándolo a la Dirección
General competente en materia de energía.
d) Transcurridos diez años desde la solicitud sin que el solicitante haya obtenido y comunicado a la Dirección General competente en materia de energía la obtención de permisos de acceso y conexión, la protección de su proyecto frente a afecciones eólicas
de otros proyectos se sujetará al régimen general establecido en este Decreto-ley.
4. La ejecución de las resoluciones judiciales recogidas en el anexo I en relación con los
proyectos incluidos en el anexo III de este Decreto-ley tendrá lugar atendiendo a las siguientes
a) Se incluyen en el anexo III los proyectos inicialmente priorizados, en los mismos términos acordados en su día, en las diferentes zonas eléctricas que, como consecuencia
de la ejecución de las resoluciones judiciales recogidas en el anexo I, no hubieran resultado priorizados excluyendo, por tanto, aquellos que resulten incluidos en el anexo
II, así como los incluidos como reservas y los que hubiesen renunciado expresamente
antes de la entrada en vigor de este Decreto-ley a la priorización en su día acordada.
refiere la letra e) del apartado segundo del Decreto 124/2010 y en los términos señalados en las resoluciones judiciales en ejecución podrán sustituirse por otras inversiones ambientales o productivas mediante resolución de la Dirección General competente en materia de energía, previo informe favorable de la comisión técnica que se
constituya al efecto.
c) Los proyectos del anexo III que se acojan al régimen especial de tramitación anticipada
quedarán protegidos frente a cualquier afección eólica que pudieran producirles cualesquiera otros proyectos excepto los relacionados en el anexo II, desde la presentación de la solicitud, aun cuando no cuenten con permisos de acceso y conexión, durante el plazo de dos años desde la solicitud.
d) Transcurridos dos años desde la solicitud sin que el solicitante haya obtenido y comunicado a la Dirección General competente en materia de energía la obtención de permisos de acceso y conexión, la protección de su proyecto frente a afecciones eólicas
5. La tramitación de los procedimientos de autorización de los proyectos incluidos en los
anexos II y III se someterá a las siguientes reglas:
a) Los interesados podrán iniciar su tramitación, o instar la continuación de la ya iniciada,
dentro del plazo de dos meses contados desde el trigésimo primer día hábil desde la
entrada en vigor de este Decreto-ley.
c) Se tramitarán en primer lugar los proyectos incluidos en el anexo II, por el orden fijado
en el mismo para cada zona, y posteriormente los proyectos incluidos en el anexo III,
igualmente por el orden fijado para cada zona. Ambas ordenaciones determinan la
protección aplicable frente a afecciones eólicas de unos proyectos respecto a otros
conforme a los criterios generales de este Decreto-ley incluso en aquellos supuestos
en que se convalide la autorización.
d) Si existen afecciones eólicas entre los proyectos incluidos en los anexos II y III, los
promotores que hayan de respetarlas podrán ajustar sus proyectos en lo necesario
para hacer posible su tramitación.
6. Los proyectos incluidos en los anexos II y III de este Decreto-ley cuyos promotores no
soliciten la iniciación o continuación de su tramitación en el plazo previsto en el apartado anterior se regirán por lo establecido en la disposición transitoria segunda. Si optasen por iniciar
su tramitación o continuar la ya iniciada conforme a la disposición transitoria segunda se
mantendrán los compromisos adicionales y voluntarios a los que se refiere la letra e) del apartado segundo del Decreto 124/2010.
7. Los proyectos no incluidos en los anexos II y III de este Decreto-ley que se presentaron
a los concursos de priorización en el marco de lo establecido en el Decreto 124/2010 se regirán por lo establecido en la disposición transitoria segunda. Concluido el plazo previsto en
el apartado quinto, la administración podrá proceder, de oficio o a instancia de parte, a devolver los depósitos realizados.
1. Los procedimientos de autorización tienen carácter reglado y respetarán los principios
de objetividad, proporcionalidad, transparencia, igualdad y no discriminación sin que, en
ningún caso, pueda supeditarse el otorgamiento de la autorización al pago de costes o al
cumplimiento de requisitos no vinculados al desarrollo de la actividad de producción de
2. La autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción de
instalaciones de producción e infraestructuras de evacuación pertenecientes a un único promotor eólico serán objeto de solicitud, tramitación y autorización conjunta.
3. La autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción de las
infraestructuras de evacuación compartidas por varios promotores eólicos serán objeto de solicitud, tramitación y autorización conjunta. Se tramitará de forma independiente, pero coordinada
con las solicitudes de autorizaciones de las instalaciones de producción de los promotores eólicos.
Artículo 8. Admisión a trámite de solicitudes de autorización administrativa previa y de
construcción y prioridad.
1. Las solicitudes de autorización administrativa previa y de construcción de parques eólicos o de modificación de los que ya dispongan de autorización administrativa previa y de
construcción podrán presentarse en cualquier momento conforme a lo establecido en el presente Decreto-ley.
2. Es requisito imprescindible para la presentación de la solicitud, sin perjuicio de los
demás establecidos en este Decreto-ley, haber solicitado el permiso de acceso al gestor de la
red de transporte o distribución.
3. Es requisito imprescindible para la resolución de la solicitud, sin perjuicio de los demás
establecidos en este Decreto-ley, haber obtenido del gestor de la red de transporte o distribución permisos de acceso y conexión.
4. Los proyectos quedarán protegidos frente a cualesquiera afecciones eólicas desde el
momento en que el solicitante comunique a la Dirección General competente en materia de
energía la concesión de permisos de acceso y conexión por el gestor de la red de transporte
o distribución. La protección se otorgará conforme al orden de presentación a registro por el
solicitante de la comunicación de concesión de permisos de acceso y conexión. No podrán
autorizarse proyectos que produzcan afección eólica a los que estén protegidos conforme a
lo establecido en este apartado.
5. La Dirección General competente en materia de energía hará públicas, a través del
sistema de información territorial de Aragón, las poligonales de los parques eólicos en servicio,
autorizados o protegidos frente a afecciones eólicas, así como las de aquellos que, aun no
estándolo, estén tramitando la autorización administrativa previa y de construcción.
1. El Departamento competente en materia de energía podrá suspender la admisión de
solicitudes en relación con los nudos de acceso a la red de transporte de Aragón cuando, en
función de la información comunicada por el gestor de la red de transporte, no exista capacidad de evacuación en todos o alguno de dichos nudos o cuando se restrinja temporalmente
el acceso conforme a la normativa básica estatal. La orden de suspensión deberá publicarse
2. La suspensión de la admisión de solicitudes deberá levantarse cuando el gestor de la
red de transporte comunique la existencia de capacidad de evacuación conforme a lo establecido en este Decreto-ley. En todo caso, la suspensión quedará levantada transcurrido un mes
desde la publicación de la comunicación del gestor de la red de transporte.
1. El solicitante de la autorización administrativa previa y de construcción de un parque
eólico o de modificación del que ya disponga de autorización administrativa y de construcción
deberá acreditar, en su caso, el depósito de la garantía económica prevista en la normativa
estatal en relación con las solicitudes de acceso a las redes de transporte o distribución.
2. En los casos de transmisión de titularidad no se procederá a la devolución o cancelación
de la garantía prestada por el transmitente hasta que no se halle formalmente constituida la
del nuevo titular.
Los promotores de instalaciones de producción presentarán la solicitud de autorización
administrativa previa y de construcción ante la Dirección General competente en materia de
energía para su traslado al correspondiente Servicio Provincial para su tramitación.
1. Los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de producción deberán acreditar su
capacidad legal, técnica y económico-financiera para la realización del proyecto.
2. Los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de producción deberán cumplir los
a) Para acreditar la capacidad legal deberán tener personalidad física o jurídica propia,
quedando excluidas las uniones temporales de empresas.
b) Para acreditar la capacidad técnica, los solicitantes deberán haber ejercido la actividad
de producción de energía eléctrica a partir de energía eólica durante, al menos, los últimos tres años; o contar entre sus accionistas con, al menos, un socio que participe en
el capital social con un porcentaje igual o superior al veinticinco por ciento y que pueda
acreditar su experiencia durante los últimos tres años en la actividad de producción de
energía eléctrica a partir de energía eólica o tener suscrito un contrato de asistencia
técnica por un período de tres años con una empresa que acredite experiencia en la
actividad de producción de energía eléctrica a partir de energía eólica.
c) La capacidad económica de la sociedad solicitante se entenderá cumplida cuando la
empresa solicitante aporte acreditación que garantice la viabilidad económica financiera del proyecto, pudiendo la Administración competente eximirla de esta acreditación para aquellas que vinieran ejerciendo esta actividad con anterioridad.
Artículo 13. Documentación precisa para la solicitud de autorización administrativa previa
b) Copia del resguardo acreditativo del depósito de la garantía prestada según lo dispuesto en los artículos 59bis y 66bis del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
c) Proyecto de ejecución suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Oficial
correspondiente, en el que se determinaran las obras e instalaciones necesarias. Deberá presentarse el original en soporte papel y tres copias, igualmente en soporte papel
o en formato electrónico debidamente firmado en cualquier caso. Se presentarán
además, en los mismos soportes, una copia adicional por cada municipio afectado, y
separatas por duplicado para cada uno de los organismos afectados. En el proyecto de
ejecución se incluirán, además de cualesquiera otras que pudieran resultar legalmente
preceptivas, las siguientes determinaciones:
1) Las razones de cualquier índole que justifiquen la implantación o modificación del
parque eólico en la zona de que se trate.
2) Los criterios técnicos de situación que desde el punto de vista de aprovechamiento del
recurso eólico, optimización de la planificación de redes de evacuación y transporte
eléctrico, respecto al patrimonio cultural y a los valores medioambientales se han seguido para elegir los terrenos en los que se situarán concretamente las instalaciones.
3) Descripción de los recursos eólicos presentes mediante las mediciones efectuadas o un
estudio o modelización que confirme la existencia de recurso suficiente para el funcionamiento del parque.
4) Adecuación del proyecto a la situación de planeamiento urbanístico vigente, en el área
de implantación prevista.
5) Descripción y justificación de los datos referidos a la ordenación del parque eólico, tales
como superficie, ocupación de la finca por edificaciones, instalaciones y superficies
pavimentadas. Se incluirá asimismo, la justificación de los movimientos de tierra a efectuar.
6) Descripción de los servicios existentes y previstos relativos a accesos, abastecimientos,
energías, alumbrado y otras instalaciones.
10) Descripción detallada de todas las instalaciones de alta y baja tensión con adecuación
11) Descripción de las infraestructuras de evacuación de energía eléctrica hasta el punto
de conexión con la red de distribución o transporte. Descripción de las líneas eléctricas
y demás instalaciones eléctricas necesarias para la evacuación, incluyendo la tensión,
longitud, emplazamientos, superficies afectadas y sus características. Su representación se realizará en cartografía oficial.
13) Descripción del aerogenerador a instalar que certifique el cumplimiento de las exigencias del operador del sistema conforme a la normativa estatal vigente y principales características, en especial, el apartado relativo a los huecos de tensión. Declaración de
conformidad CE de las maquinas que se pretende instalar, junto con una descripción
detallada del aerogenerador a instalar.
14) Adecuación de las instalaciones a las disposiciones relativas a la seguridad y a la salud
para la utilización por los operadores de los equipos de trabajo.
16) Relación de personas físicas y jurídicas propietarios de bienes, instalaciones, obras o
servicios afectados por la instalación.
17) Separadamente se presentaran aquellas partes del proyecto que afecten a bienes,
instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de otras Administraciones Publicas, Organismos, Corporaciones o Departamentos del Gobierno de Aragón
para que estos establezcan, si procede, el condicionado procedente.
19) Informe de las servidumbres aeronáuticas afectadas y, en caso de existir, estudio aeronáutico que asegure que las instalaciones no comprometen la seguridad de las operaciones de las aeronaves, de acuerdo con el Real Decreto 1541/2003, por el que se
modifica el Decreto 584/1972, de servidumbres aeronáuticas, y el Decreto 1844/1975,
de servidumbres aeronáuticas en helipuertos, para regular excepciones a los límites
establecidos por las superficies limitadoras de obstáculos alrededor de aeropuertos y
20) Cuantos documentos adicionales relacionados con el expediente y relevantes para su
resolución estime oportuno reclamar el órgano competente para la tramitación del expediente administrativo.
d) Estudio técnico-económico de viabilidad.
e) Documentación acreditativa de la solicitud o, en su caso, concesión de los permisos de
acceso y conexión. La concesión podrá acreditarse en cualquier momento antes de la
emisión de la resolución de autorización administrativa previa y de construcción.
f) Memoria justificativa que permita al órgano competente comprobar, a los efectos establecidos en el apartado cuarto del artículo 8 de este Decreto-ley, la potencial existencia
de afección eólica a otras instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de
la energía eólica en servicio o en tramitación conforme a las definiciones de las letras
e) y f) de su artículo 2. Se indicará la superficie afectada, con expresión de las coordenadas geográficas UTM definitorias de la poligonal que la delimita. Para la localización
e identificación de los aerogeneradores, en la memoria justificativa también se especificaran las coordenadas geográficas UTM de los mismos. La representación de las
coordenadas se realizará en cartografía oficial.
g) Estudio de impacto ambiental del proyecto de parque eólico y una copia en soporte
papel o electrónico, debidamente firmados, incluyendo la documentación exigida en el
artículo 27 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental
de Aragón, en caso de que deba someterse al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental. En caso de que el proyecto estuviera incluido en el anexo II de la Ley 11/2014
y el órgano ambiental competente hubiese dictaminado no someter el mismo al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, se presentará copia de la resolución
En todo caso se incluirán las afecciones al paisaje, a la vegetación y a la fauna, y en especial a las aves con los requisitos establecidos en el Decreto 34/2005, de 8 de febrero, del
Gobierno de Aragón, por el que se establecen las normas de carácter técnico para las instalaciones eléctricas aéreas con objeto de proteger la avifauna.
1. Los proyectos presentados se someterán a información pública, junto con el estudio de
impacto ambiental en su caso, durante el plazo de un mes, a cuyo efecto se publicará anuncio,
al menos, en el “Boletín Oficial de Aragón”, en los tablones de edictos de los Ayuntamientos
afectados y en uno de los periódicos de mayor difusión regional.
2. El Servicio Provincial del Departamento competente en materia de energía, con carácter
simultaneo al inicio del trámite de información pública, solicitará preceptivamente informes, al
menos, de los Ayuntamientos afectados y del Departamento competente en materia de medio
ambiente y del Departamento competente en materia de urbanismo, que serán emitidos en el
plazo máximo de dos meses, a cuyo fin se les remitirá un ejemplar del proyecto, sin perjuicio
de que los interesados puedan instar los trámites pertinentes y aportar los documentos que
3. Finalizado el trámite de información pública, y en el caso de que el proyecto se someta
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, el correspondiente Servicio Provincial
remitirá al órgano ambiental competente, en el plazo de quince días, el expediente completo,
incluido el resultado de la información pública.
4. A la vista de las alegaciones presentadas, el Servicio Provincial podrá solicitar cualquier
otro informe que considere oportuno, de cualquier Departamento del Gobierno de Aragón u
Organismo que considere afectado. Estos últimos informes serán emitidos en el plazo de un
De las alegaciones presentadas, en su caso, se dará traslado al peticionario, para que
este, a su vez, comunique al Servicio Provincial competente en materia de energía correspondiente lo que estime pertinente en un plazo no superior a quince días.
5. Transcurridos los plazos mencionados en este artículo sin la correspondiente emisión
de los informes solicitados a los organismos y entidades indicados y sin que el interesado
haya realizado alegaciones, se proseguirán las actuaciones, entendiéndose que no existen
objeciones al Proyecto.
6. Finalizada la información pública y recibidos los informes y alegaciones a que hubiese
lugar, o transcurrido su plazo de emisión, una vez resuelto en su caso el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental, el Servicio Provincial correspondiente, dentro del plazo de
tres meses, emitirá propuesta de resolución del expediente, incluyendo el análisis de su adecuación a la normativa de instalaciones industriales y eléctricas, de las alegaciones presentadas y de los informes de otros Organismos sobre las separatas de su competencia.
1. La competencia para la emisión de la resolución de autorización corresponde al Director
2. El expediente, acompañado de una propuesta de resolución, será remitido por el Servicio
Provincial competente a la Dirección General competente en materia de energía, la cual deberá emitir resolución en el plazo de un mes.
4. El plazo para resolver el procedimiento se fija en seis meses a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente. Transcurrido dicho plazo sin que se
dicte y notifique resolución se podrá entender desestimada la solicitud.
5. La autorización será otorgada sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que
sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las
relativas a la ordenación del territorio, al urbanismo y al medio ambiente.
6. El incumplimiento por parte del titular de la instalación eólica de cualquiera de las disposiciones legales o reglamentarias aplicables, así como de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron
su otorgamiento, podrá dar lugar a su revocación. La Dirección General competente en materia de energía, suspendiendo la eficacia de la autorización en tanto se mantenga el incumplimiento, podrá requerir al titular de la instalación para que cumpla la normativa aplicable y
las condiciones de la autorización otorgada. Transcurrido el plazo otorgado por la Dirección
General en la correspondiente resolución se iniciará el procedimiento de revocación de la
7. La resolución deberá publicarse en el “Boletín Oficial de Aragón”.
1. Una vez obtenida la autorización administrativa previa y de construcción, el proyecto se
ejecutará con estricta sujeción a los requisitos y plazos previstos en la autorización administrativa.
2. Cuando no se proceda a la ejecución, siempre que el incumplimiento sea debido a
causas imputables al interesado, se procederá al archivo del expediente, sin perjuicio de la
ejecución de la garantía a que se refiere el artículo 10 e indemnización a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
1. El plazo para la obtención de la autorización de explotación de las instalaciones, que se
emitirá mediante Resolución del Servicio Provincial correspondiente, se fijará en la resolución
de la Dirección General competente en materia de energía por la que se otorgó la autorización
administrativa previa y de construcción. Dicho plazo solo será ampliable mediante solicitud
motivada de la entidad beneficiaria y resolución favorable expresa, si procede, de la Dirección
2. En el supuesto de que tal requisito no sea cumplido por el solicitante y consiguientemente la instalación no pueda entrar en explotación, no se generará derecho a indemnización
económica alguna por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, sin
perjuicio de la posibilidad de ejecutar la garantía prestada.
1. A los efectos de garantizar el mantenimiento en servicio y el desmantelamiento de la
instalación, su titular deberá constituir, antes del otorgamiento de la autorización de explotación, una garantía por importe de veinte euros por kilovatio instalado y puesto en explotación,
que se constituirá en la Tesorería de la Diputación General de Aragón, en cualquiera de las
formas señaladas en el apartado tercero del artículo 11 del Decreto 1775/1967, de 22 de julio,
previa devolución, a solicitud del interesado, de la garantía a que se refiere el artículo 10 de
2. Antes de realizar la solicitud de autorización de explotación al Servicio Provincial correspondiente, el promotor deberá presentar ante la Dirección General competente en materia de
energía el resguardo acreditativo de haber depositado la garantía de servicio y desmantelamiento por importe de veinte euros por kilovatio instalado y puesto en explotación.
3. El importe de esta garantía se actualizará quinquenalmente mediante la aplicación del
índice de precios al consumo y será devuelta, a solicitud del interesado, una vez desmantelada la instalación de forma que el espacio ocupado recupere sus condiciones originales.
1. Para asegurar el correcto funcionamiento de los parques e impedir afecciones a la
red y a la calidad del servicio de suministro de energía eléctrica, el beneficiario de la autorización de explotación deberá, en el plazo de un mes desde la notificación de la autorización de explotación, acreditar ante el Servicio Provincial donde se ubique dicho parque
la disponibilidad de medios adecuados para las labores normales de mantenimiento del
2. Para poder atender a las necesidades de mantenimiento de los Parques Eólicos, el
beneficiario deberá contar en su plantilla con un operario por cada instalación eólica que
posea en el territorio aragonés con potencia igual o superior a dos megavatios. El centro de
trabajo de dichos operarios será la instalación eólica de la que se trate. Igualmente deberá
disponer de los servicios de un técnico titulado competente en materia de instalaciones de
1. La autorización de explotación de todo parque eólico llevará implícita la obligación de
remoción y restitución de los terrenos que ocupa, una vez finalizada la actividad de producción de energía eléctrica, debiendo dejar los terrenos en su estado original.
3. El Servicio Provincial requerirá el informe del operador del sistema, en el que se consignarán las posibles afecciones del cierre a la seguridad de suministro y en el que se deberá
pronunciar motivadamente si éste resulta posible sin poner en riesgo la seguridad de suministro. También requerirá informe del Departamento competente en materia de medio ambiente y del Departamento competente en materia de urbanismo o de cualquier otro Departamento u Organismo de la Administración de la Comunidad Autónoma u otras Administraciones
Públicas, cuyo informe se considere conveniente.
4. Una vez obtenidos los informes, el expediente junto con el correspondiente informe del
Servicio Provincial, será remitido a la Dirección General competente en materia de energía
5. La resolución del cierre definitivo de la instalación deberá publicarse en el “Boletín Oficial de Aragón”.
1. Las modificaciones no sustanciales de parques eólicos no requerirán el otorgamiento de
una nueva autorización administrativa previa y de construcción y se rigen por lo establecido
2. La autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica continuará siendo eficaz respecto de
modificaciones no sustanciales del proyecto inicial, siempre que, antes del inicio de la explotación de la instalación modificada, así lo soliciten los titulares de las mismas a la Dirección
General competente en materia de energía y les sean reconocidas como tales dichas modificaciones.
3. Las modificaciones de un proyecto de instalación de producción de energía eléctrica a
partir de la eólica tendrán el carácter de no sustanciales cuando, además de no producir afección eólica sobre otros parques en servicio o en tramitación, cumplan la totalidad de los siguientes requisitos:
b) No se realice ningún cambio de ubicación de aerogenerador que implique modificar el
tipo de terreno considerado en el proyecto original o los cambios que se produzcan
impliquen desplazar aerogeneradores a terrenos de menor incidencia ambiental.
c) Entre los aerogeneradores se mantenga siempre un pasillo libre entre puntas de palas,
a la altura del buje, igual o superior a una vez y media el diámetro del rotor del aerogenerador de mayor tamaño de palas.
d) La potencia total del parque eólico no supere una variación del cinco por ciento de la
potencia definida en el proyecto original.
4. La eficacia de la autorización administrativa de la instalación modificada en las condiciones establecidas en este artículo se entiende sin perjuicio de cuantos permisos, licencias
y autorizaciones u otros requisitos precisen y, en particular, de la preceptiva autorización de
1. Las instalaciones deberán pasar una inspección periódica cada tres años por un Organismo de Control habilitado que emitirá los correspondientes certificados de inspección de las
instalaciones con la finalidad de comprobar el cumplimiento de la reglamentación eléctrica
2. Independientemente de lo anterior, la instalación podrá ser inspeccionada por personal
competente autorizado del Departamento competente en materia de energía y seguridad industrial durante toda su vida útil.
3. El titular del Departamento competente en materia de energía, a propuesta de la Dirección
General competente en materia de energía o de seguridad industrial, podrá ordenar la desconexión de una instalación de energía eólica cuando no se ajuste al proyecto autorizado o no
reúna las condiciones técnicas reglamentarias o las garantías de seguridad adecuadas, todo
ello sin perjuicio de lo establecido en el apartado sexto del artículo 15 de este Decreto-ley.
1. La expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica y el establecimiento
e imposición y ejercicio de la servidumbre de paso se regirán por lo establecido en la legislación estatal.
2. Corresponderá acordar la declaración de utilidad pública, cuando legalmente proceda,
al titular del Departamento competente en materia de energía, sin perjuicio de la competencia
del Gobierno de Aragón en caso de oposición de organismos u otras entidades de derecho
4. Serán competentes para la tramitación de los expedientes de solicitud de utilidad pública los Servicios Provinciales en cuyas provincias se ubique o discurra la instalación o, de
hacerlo en varias provincias, el Servicio Provincial de la provincia donde la instalación ocupe
1. La transmisión de la titularidad de instalaciones de producción de energía eléctrica a
partir de la energía eólica requerirá autorización administrativa previa conforme al régimen
establecido en la normativa estatal.
2. La solicitud de autorización se dirigirá a la Dirección General competente en materia de
energía por quien pretende adquirir la titularidad de la instalación. Deberá ir acompañada de
la documentación que permita acreditar la capacidad legal, técnica y económica del solicitante conforme a este Decreto-ley, así como una declaración del titular de la instalación en
que manifieste su voluntad de transmitir dicha titularidad y del nuevo titular de prestar las
garantías que resulten exigibles conforme a este Decreto-ley.
3. La Dirección General competente en materia de energía resolverá sobre la solicitud en
el plazo de tres meses. La falta de resolución expresa tendrá efectos desestimatorios.
4. Autorizada la transmisión, el titular de la instalación dispondrá de un plazo de seis meses
para transmitir la titularidad. De no producirse en dicho plazo la transmisión se producirá la
5. Producida la transmisión, el nuevo titular deberá comunicarla a la Dirección General
competente en materia de energía dentro del plazo de un mes.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, los legales representantes de
las personas jurídicas titulares de instalaciones de producción de energía eléctrica deberán
comunicar a la Dirección General competente en materia de energía las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles consistentes en su transformación o fusión, así
como las modificaciones estatutarias relativas a la denominación y domicilio social.
Los gestores de las redes de transporte y distribución deberán realizar la comunicación de
capacidad de acceso al Departamento competente en materia de energía a los efectos establecidos en el artículo 3 de este Decreto-ley dentro del plazo de dos meses desde su entrada
en vigor para su publicación en el mes siguiente.
Podrán presentarse solicitudes de autorización conforme a lo establecido en el presente
Decreto-ley, sin perjuicio de lo establecido para los proyectos incluidos en sus anexos II y III,
una vez transcurra el plazo previsto para la tramitación anticipada de proyectos establecido
Las instalaciones de producción eólica ya autorizadas con arreglo a la normativa anterior
podrán acogerse el régimen de modificaciones no sustanciales regulado en este Decreto-ley.
1. La entrada en vigor de este Decreto-ley determinará la suspensión de los procedimientos de autorización administrativa previa y aprobación de proyecto de ejecución de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica formuladas al amparo de una norma anterior a este Decreto-ley.
2. Los solicitantes afectados por la suspensión que hubiesen promovido instalaciones de
producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica cuyos proyectos se encuentren
incluidos en los anexos II o III podrán reformular sus solicitudes conforme a lo establecido en
el artículo 6 de este Decreto-ley.
3. El resto de solicitantes afectados por la suspensión, así como los incluidos en los anexos
II y III que no soliciten el inicio o continuación de su tramitación conforme a lo previsto en el
artículo 6 de este Decreto-ley, podrán reformular sus solicitudes conforme al régimen de autorización establecido con carácter general en este Decreto-ley.
4. Transcurridos dos meses desde que se inicie la admisión a trámite conforme a la disposición adicional segunda de este Decreto-ley sin que el interesado hubiese reformulado su
solicitud, se le tendrá por desistido y se procederá al archivo del expediente.
Los parques eólicos en el Plan de Evacuación de Régimen Especial de Aragón (PEREA),
seguirán su tramitación administrativa y podrán evacuar la potencia aprobada en el mismo,
cuando así lo permita la capacidad de las correspondientes infraestructuras eléctricas.
Queda derogado el Decreto 124/2010, de 22 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que
se regulan los procedimientos de priorización y autorización de instalaciones de producción
de energía eléctrica a partir de la energía eólica en la Comunidad Autónoma de Aragón.
En todo lo no previsto en el presente Decreto-ley será de aplicación el título VII del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, en cuanto resulte compatible.
Se faculta al Gobierno de Aragón y al titular del Departamento competente en materia de
energía para dictar cuantas disposiciones fueran necesarias para el desarrollo y ejecución del
Este Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial
Eólica Valtomás S.L
VALTOMÁS
Iberjalón S.L.
Iberjalón Sirasa
Azuara Eólica S.L.
Iberjalón S.A.
I+D CABANILLAS
Ingeniería Solar y
VALDERRANCA
MICROMUELA
I+D EL SOTILLO
ALTOS DE LERIN
MAGALLON 27
Potencia acumulada de proyectos protegidos: 147,85 MW
Potencia sobrante: 24,15 MW
San Lícer
Castillo de Orús, S.A
Pretersa Energia SL
Enerfín, S.A.
Potencia acumulada de proyectos protegidos: 18,00 MW
Potencia sobrante: 22,00 MW
Potencia acumulada de proyectos protegidos: 230,35 MW
Potencia sobrante: 9,15 MW
Renovables ARA-IN SL
Desarrollos Eólicos del
Valle del Ebro, S.A.
(DEVESA)
Las Azubías
Venta del Ginestar
Potencia acumulada de proyectos protegidos: 309,00 MW
Potencia sobrante: 36,00 MW
Eólicas y Ecológicas 59
Solar y Tansf.
Energéticas Villanueva
de Gállego SL
Iberjalón, S.A.
C.B.A. Eólica SLU
Micro Muela Eólica SL
I+D Sotillo
Raso Alto
Cañacoloma
I+D Cabarnillas
Potencia acumulada de proyectos protegidos: 304,20 MW
Potencia sobrante: 0,80 MW
Parque Técn.
Potencia acumulada de proyectos protegidos: 93 MW
Potencia sobrante: 12 MW
Potencia acumulada de proyectos protegidos: 36 MW
Potencia sobrante: no procede
Energías Eólicas y Ecológicas 58 SL
Eólica Sostenible del Gállego SL
Mediterranean Offshore Wind Energy S.L.U.
Habidite Energy SL
Energías Valdeferrín, S.L.
Energías Eólicas y Ecológicas 53, S.L.
Los Cierzos
CARRERAS ENERGÍAS RENOVABLES, S.L.U
Energías Eólicas Cotaz, S.L.
Desarrollo Eólico La Muga SL
Gas Natural Wind 4 S.L.
Enerica SL
Carralaspeñas
Bosa del Ebro SL
Luzista Engineering SL
Eólica del Cierzo SL
(INDASA)
Dehesa de Mallén
I+D La Longatera
ampliación Fuendetodos I
ampliación Fuendetodos II
Consorcio Aragonés de Recursos Eólicos, S.L
Río Ebro II
Sociedad Eólica y Ecológica Aragonesa 53 SL
Parque Eólico Sierra de Luna S.L
Servicios Auxiliares de Telecomunicación SA
E.ON Renovables SLU
Tauste Energía Distribuida, S.L.
Acampo Arias, S.L.
Solyvent Desarrollos sl
Partasona II
Epila Renovables, S.L.
I+D La Gabarda
Sociedad Eólica Ribera Baja SL
Argovento
Eólica El Saso, SL
Iberia Aprovechamientos Eólicos, S.A.
Virgen de la Peña de Alfajarín
Molinos del Jalón, S.A.
Ampliación Puerto Escandón
CYOPSA- El Molino Energía Eólica SA
E.ON Casting Renovables SL
Parque Eólico Cortado Alto S.L
Cortado Alto
Cañaseca
La Torrecilla fase III
Recuperación Energía Solar 2007 SL
El Pajaranco
Desarrollos Eólicos de Teruel SL
Juncada Renovables SL
La Muela de Anadón
Vidal Marqués Energía, S.L
Rural de Energías Aragonesas, S.A
Generación Eólica el Vedado SL
Energía Eólica Peninsular SL
San Darve
Diputación General de Aragón- Sodemasa
EYRA Instalaciones y Servicios SL
(anteriormente: Energía y Recursos
Ambientales e Ingeniería del Cartón
fiesta homenaje peña el cachirulo
•Colegio Provincial Antártida Argentina. •Tierra del Fuego
XII Torneo "Memorial Elías Ossó"

References: artículo 109
 artículo 9
 resolución 
 resolución 
 artículo 44
 artículo 4
 artículo 4
 resolución 
 resolución 

Artículo 8
 resolución 

Artículo 13
 Real Decreto 
 Real Decreto 

resolución 
 resolución 
 artículo 8
 artículo 2

artículo 27
 resolución

 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 10
 Resolución 
 resolución

 resolución 
 artículo 11
 artículo 10
 resolución 
 artículo 15
 resolución 
 artículo 3
 artículo 6

artículo 6