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Timestamp: 2020-02-20 22:16:59+00:00

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Orden Del Día Nº 494: Sesiones Ordinarias 2012 | Buenos Aires | Juez
Orden Del Día Nº 494: Sesiones Ordinarias 2012
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DDJJ de funcionarios públicos - Boletín Oficial 23May2013
Cómo Está Organizado El Poder Judicial
Jurisprudencia 2012-Lópe, Abelardo c Estado Provincial s Amparo Por Mora
ORDEN DEL DÍA Nº 494
COMISIONES DE JUSTICIA Y DE FINANZAS Impreso el día 29 de junio de 2012 Término del artículo 113: 11 de julio de 2012
SUMARIO: Ley de depósitos judiciales de los tribu- nales nacionales y federales.
1. Conti, Kunkel, Albrieu, Landau y Cigogna.
(1.943-D.-2012.)
2. Bullrich. (2.106-D.-2012.)
3. Parada, Duclós, De Gennaro, Stolbizer, Rasino, Milman, Lozano, Iturraspe, Ocaña y Donda Pérez. (3.847-D.-2012.)
I. Dictamen de mayoría.
Dictamen de minoría.
Las comisiones de Justicia y de Finanzas han con- siderado el proyecto de ley de los señores diputados Conti, Kunkel, Albrieu, Landau y Cigogna, de la señora diputada Bullrich, y de los señores diputados Parada, Duclós, De Gennaro, Stolbizer, Rasino, Milman, Lo- zano, Iturraspe, Ocaña y Donda Pérez, por los que se modifican las leyes 20.785 y 21.799, sobre depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales; efec- túandose en el Banco de la Nación Argentina; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan la sanción del siguiente
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LEY DE DEPÓSITOS JUDICIALES DE LOS TRIBUNALES NACIONALES Y FEDERALES
Artículo 1° – Los depósitos judiciales de los tribuna- les nacionales y federales de todo el país se efectuarán en el Banco de la Nación Argentina a partir de la en- trada en vigencia de la presente ley. Los depósitos judiciales de los tribunales nacionales
y federales que hasta esa fecha se encuentren deposi- tados en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires conti- nuarán en dicha entidad hasta la extinción de las causas que le dieron origen y como pertenecientes a ellas. En las causas en trámite ante los tribunales nacionales
y federales que, a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley tengan cuentas abiertas en el Banco de la Ciu-
dad de Buenos Aires, los depósitos judiciales continuarán realizándose en dicha entidad y se mantendrán unificados
hasta la extinción de las causas que le dieron origen. Art. 2° – Modifíquese el artículo 2° de la ley 20.785, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2°: En cuanto el estado de la causa lo permita, el dinero, títulos y valores secuestrados se depositarán, como pertenecientes a aquélla, en el Banco de la Nación Argentina, sin perjuicio de dis- ponerse, en cualquier estado de la causa, la entrega
transferencia de dichos bienes si procediere. En
caso de las causas que tengan cuentas abiertas en
el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley; el dinero, títulos y valores secuestrados correspondientes a esas causas se depositarán en dicha entidad y se mantendrán unificados hasta la extinción de las causas que le dieron origen.
10:13:25 a.m.
O.D. Nº 494
Art. 3° – Modifíquese el artículo 2° de la ley 21.799 que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2°: Los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales en todo el país deberán hacerse en el Banco de la Nación Argenti- na. También deberán depositarse en el Banco de la Nación Argentina los fondos en moneda extranjera de los organismos del Estado nacional, así como de las entidades o empresas que pertenezcan total o mayoritariamente al mismo, que transfieran al exterior o los mantengan depositados en él, cuando las casas del banco ya instaladas o que se instalen fuera del país puedan prestar el respectivo servicio.
Art. 4° – Deróguese la ley 16.869. Art. 5° – La presente ley entrará en vigencia a los treinta (30) días de su publicación en el Boletín Oficial. Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo. Sala de las comisiones, 26 de junio de 2012.
Carlos S. Heller. – Rodolfo F. Yarade. – Anabel Fernández Sagasti. – Oscar E. N. Albrieu. – María L. Alonso. – María E. Bernal. – Isaac
B. Bromberg. – Eric Calcagno y Mailman. –
Luis F. J. Cigogna. – Diana B. Conti. – Stella
Córdoba. – Alfredo C. Dato. – Eduardo
De Pedro. – Juan C. Díaz Roig. – Roberto
Feletti. – Juan C. Forconi. – Graciela M.
Giannattasio. – Pablo F. J. Kosiner. – Carlos
M. Kunkel. – Jorge A. Landau. – Inés B.
Lotto de Vecchietti. – Juan M. Pais. – Héctor
P. Recalde. – Roberto F. Ríos. – Héctor D.
Tomas. – José A. Villa. – Rubén D. Yazbek. – Alex R. Ziegler.
Las comisiones de Justicia y de Finanzas han consi- derado el proyecto de ley de los señores diputados Conti, Kunkel, Albrieu, Landau y Cigogna, de la señora diputada Bullrich, y de los señores diputados Parada, Duclós, De Gennaro, Stolbizer, Rasino, Milman, Lozano, Iturraspe, Ocaña y Donda Pérez, por el cual se modifican las leyes 20.785 y 21.799, sobre depósitos judiciales de los tribu- nales nacionales y federales; efectuándose en el Banco de la Nación Argentina; y, luego de un exhaustivo análisis, resuelven modificarlo y así aconsejan su sanción.
Carlos S. Heller.
Las comisiones de Justicia y de Finanzas han con- siderado el proyecto de ley de los señores diputados Conti, Kunkel, Albrieu, Landau y Cigogna, de la señora
diputada Bullrich, y de los señores diputados Parada, Duclós, De Gennaro, Stolbizer, Rasino, Milman, Lo- zano, Iturraspe, Ocaña y Donda Pérez, por el cual se modifican las leyes 20.785 y 21.799 sobre depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales efec- tuándose en el Banco de la Nación Argentina; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña, aconsejan el rechazo total del proyecto. Sala de las comisiones, 26 de junio de 2012. Jorge L. Albarracín. – Lucio B. Aspiazu.
– Manuel Garrido. – Jorge O. Chemes.
– Ricardo Buryaile. – Juan A. Tunessi. –
Inés Brizuela y Doria de Cara. – Enrique
A. Vaquié.
Se recomienda el rechazo total del expediente 1.943- D.-2012 de los señores diputados Conti, Kunkel, Albrieu, Landau y Cigogna, por el cual se modifican las leyes 20.785 y 21.799, sobre depósitos judiciales de los tribuna- les nacionales y federales para que se efectúen en el Banco de la Nación Argentina, por los motivos que se pasan a enumerar, sin perjuicio de la dudosa constitucionalidad de la iniciativa que se promueve, según la opinión de expertos consultados por la comisión cuyas objeciones no han recibido adecuada respuesta ni han sido al menos sopesadas con otros análisis de semejante profundidad. En primer lugar, se propuso un proyecto que distin- tos sectores y actores relevantes que interactúan con el Banco Ciudad han objetado severamente y formulado observaciones que no supieron ser respondidas por sus autores. Esto es preocupante en tanto demuestra una falta de interés en evaluar los posibles efectos que la modificación planteada habrá de acarrear. Por un lado, un ajuste de esta magnitud (los depósitos judiciales componen el 30 % de los depósitos totales del Banco Ciudad) generaría necesariamente la pérdida de puestos de trabajo o disminuciones de los salarios. Los mismos trabajadores se manifestaron en la puerta de este Congreso y en una reunión de diputados de estas comisiones para hacernos notar esta preocupación y acercaron su posición a través de un proyecto alternativo. Por otro lado, quienes se benefician en gran medida de los depósitos en el banco son los vecinos de la ciudad que gracias a ello pueden tener mayor acceso al crédito. Sin estos depósitos, la capacidad crediticia disminuirá o aumentará la tasa variable para los que ya accedieron a su otorgamiento. Asimismo, como bien expuso el presidente del
Colegio de Abogados de la Capital Federal, hoy por hoy el Banco Nación tiene dificultad para lidiar con los depósitos judiciales que ya percibe y brinda una atención de calidad inferior a la que da el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual la iniciativa bajo análisis perjudicará a los abogados que litigan en la justicia nacional de la Capital Federal ya que for- zosamente deberán dedicarle más horas de su trabajo
a los trámites bancarios y esto repercutirá a su vez en
mayores costos de los litigios para sus clientes y en un peor servicio de justicia. Luego, la propuesta va a contramano de los avances que deberíamos estar debatiendo en materia de transferencia de competencias a la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con la reforma constitucional de 1994 se le otorgó autonomía a la Ciudad de Buenos Aires y hoy a 18
años ésta sigue sin consolidarse. Peor aún, estamos ante un retroceso en tanto se insiste en mantener la justicia local en manos del gobierno nacional a través de un proyecto que
le quita los depósitos judiciales al banco que corresponde
a la ciudad y que genera una simbiosis con una situación
anacrónica, como lo es la llamada justicia nacional ordinaria con asiento en la Capital Federal.
Además, se cuestiona la gestión del Banco Ciudad sugiriendo que los depósitos judiciales serán utilizados para mejores fines al pasar a manos del Banco Nación. Sin embargo, se pasa por alto el hecho de que el 25% del directorio del Banco Ciudad lo cubre la representación de la fuerza política que ejerce el gobierno nacional, con lo cual existen y existieron alternativas para plantear una diversificación de la cartera crediticia desde adentro de la organización, las que no se utilizaron. Esto no puede más que interpretarse como un avance sobre los fondos de la Ciudad por claras cuestiones de oportunidad política. En conclusión, la falta de un estudio profundo de las graves consecuencias que este proyecto puede traer a la ciudadanía en general y a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires en particular, a los trabajadores bancarios,
a los abogados que litigan a nivel local y al Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, sumado al absoluto desconoci- miento de las competencias que corresponden a la justicia de la ciudad, no hacen más que reflejar que nos hallamos ante un intento irreflexivo de tomar depósitos y quitarlos a la gestión de un banco oficial en manos de otra fuerza política, sin hacerse cargo de los efectos colaterales de tal decisión, que claramente trascienden al gobierno de la Ciudad, llevando al extremo conflictos políticos que corren el eje del debate que debe darse en torno a la autonomía de la ciudad dentro de este Congreso, el que no sólo se posterga sino que se difiere indefinidamente, atando diversos intereses a la perduración de una situación violatoria de la voluntad constitucional a partir de 1994.
Es por ello que aconsejamos el rechazo del expe- diente en cuestión.
Inés Brizuela y Doria de Cara. – Jorge L. Albarracín. – Lucio B. Aspiazu. – Jorge
O. Chemes. – Manuel Garrido. – Ricardo
Buryaile. – Juan A. Tunessi. – Enrique
Las comisiones de Justicia y de Finanzas han consi- derado los proyectos de ley sobre depósitos judiciales
de los tribunales nacionales y federales de los señores diputados Conti y otros (expediente 1.943-D.-2012), Bullrich y otros (expediente 2.106-D.-2012), Parada y
otros (expediente 3.847-D.-2012); y, por las razones que
expondrán a continuación y las que oportunamente dará
miembro informante, aconsejan la sanción del siguiente
El Senado y Cámara de Diputados,… Artículo 1° – Los depósitos judiciales de la Justicia Nacional Ordinaria, con asiento en la Ciudad Autóno- ma de Buenos Aires se efectuarán en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Dicha medida se implemen- tará a los 90 días de la promulgación de la presente ley. Art. 2° – El Banco de la Nación Argentina transferirá al Banco de la Ciudad de Buenos Aires las cuentas correspondientes a todos los depósitos judiciales com- prendidos en el artículo 1° de la presente ley, en el plazo de un año de promulgada esta ley. Art. 3°– Derógase la ley 16.869. Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo. Sala de las comisiones, 26 de junio de 2012.
Gumersindo F. Alonso. – Ricardo O. Cuccovillo. – Nora G. Iturraspe. – Gerardo F. Milman. – Macela V. Rodríguez. – Margarita R. Stolbizer.
Las comisiones de Justicia y de Finanzas han consi- derado los proyectos de ley sobre depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales de los señores diputados Conti y otros (expediente 1.943-D.-2012), Bullrich y otros (expediente 2.106-D.-2012), Parada
y otrros (expediente 3.847-D.-2012); y, luego de un
exhaustivo análisis aconsejan la sanción del presente
por los motivos que a continuación expondremos. Preocupa a los trabajadores del banco oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el proyecto de ley,
presentado por la diputada Diana Conti, que modifica
el sistema de transferencia de los depósitos judiciales.
Teniendo en cuenta la administración del actual jefe de Gobierno y el manejo de la institución, a cargo de Sturzenegger, quien entiende que el trabajo es un gasto; advertimos, dado que esto implica un treinta por ciento de los depósitos totales, que la variante de ajuste; en forma directa, pérdida de fuentes de trabajo e, indirec-
ta, pérdida de salarios o condiciones de trabajo, será
la consecuencia directa ante la sanción de una norma
como la que pretende establecerse. Asimismo, y como consecuencia de la proclamada autonomía de la ciudad, pretendemos, por medio del presente proyecto, ampliar la misma de forma tal de lograr un mejor fondeo para el otorgamiento de cré- ditos hipotecarios a largo plazo y tasas subsidiadas; para asistir a pymes y sectores de menores recursos.
Con la reforma de la Constitución Nacional, quedó establecido el régimen de Gobierno Autónomo de la
Ciudad de Buenos Aires, quedando así consagrada su autonomía legislativa, judicial y administrativa, tal cual
prescribe el artículo 129 de nuestra Carta Magna. Por imperio de su autonomía, en la Constitución de
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su cláusula
transitoria decimotercera, se faculta al Gobierno de
la Ciudad a convenir con el Gobierno de la Nación el
traspaso de la justicia nacional de los fueros ordinarios
de todas las instancias. Pese a ser manda constitucional, recién en el año 2000 comenzó el proceso de traspaso de la justicia nacional, siendo sólo algunas competencias penales las que ya se encuentran bajo la órbita del Poder Ju- dicial de la CABA. Si bien este proceso se ha dado lentamente, y con características acotadas, es indu- dable que estamos en pleno proceso de transferencia judicial. Es absolutamente claro hoy en día que la condición de revestir el carácter de nacionales de los tribunales que ejercen su jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se vincula directamente con una circuns- tancia histórica fuera del contexto actual. Frente a ello, el presente dictamen tiende a for- talecer la autonomía de la CABA, mantener intacto el espíritu de nuestra Carta Magna y fomentar el traspaso de la justicia que corresponde a su jurisdic- ción, tomando todas aquellas decisiones que pongan como norte el cumplimentar este proceso netamente constitucional.
El Banco de la Ciudad de Buenos Aires, antes Banco Municipal, ha manejado desde el año 1966 los depósi- tos judiciales de los tribunales nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, con la única excepción de los juzgados civiles. Recientemente el oficialismo ha presentado un proyecto tendiente a quitarle esa potestad, que si bien ya no responde a las razones que otrora la fundaran, tiene su razón de ser en otras de raigambre constitucional. Es por eso que quitarle esta facultad a la CABA es un claro retroceso de un proceso que no por lento resulta inexistente. La transferencia de competencias penales
y la creación de los juzgados en la ciudad, lejos de
negar la premisa constitucional, fueron la forma de un acuerdo posible en tal sentido.
Todo esto conlleva a entender que no sólo deben realizarse los depósitos de una parte de la justicia or- dinaria sino de la totalidad de los tribunales nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, quedando fuera del alcance de esta ley la justicia federal, cuyos depósitos deberán seguir efectuándose en el Banco de
Por tales razones proponemos la sanción del presente dictamen.
Margarita R. Stolbizer.
Las comisiones de Justicia y de Finanzas han con- siderado el proyecto de ley de los señores diputados Conti, Kunkel, Albrieu, Landau y Cigogna, de la señora diputada Bullrich, y de los señores diputados Parada, Duclós, De Gennaro, Stolbizer, Rasino, Mil- man, Lozano, Iturraspe, Ocaña y Donda Pérez, por los cuales se modifican las leyes 20.785 y 21.799, sobre depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales con asiento en la Capital Federal; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan la sanción del siguiente
Artículo 1° – Se rechaza en los términos del ar- tículo 81 de la Constitución Nacional, el proyecto de ley por el cual se promueve la asignación al Banco de la Nación Argentina de todos los depósitos judiciales correspondientes a los tribunales nacionales y federales con asiento en la Capital Federal. Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo. Sala de las comisiones, 26 de junio de 2012.
Jorge R. Yoma. – Carlos A. Carranza. – Gustavo A. H. Ferrari. – Carlos A. Favario. – Natalia Gambaro.
Las comisiones de Justicia y de Finanzas han con- siderado el proyecto de ley de los señores diputados Conti, Kunkel, Albrieu, Landau y Cigogna, de la señora diputada Bullrich, y de los señores diputados Parada, Duclós, De Gennaro, Stolbizer, Rasino, Milman, Loza- no, Iturraspe, Ocaña y Donda Pérez, por los cuales se modifican las leyes 20.785 y 21.799, sobre depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales con asiento en la Capital Federal; y, luego de un exhaustivo análisis y por las razones que dará el miembro infor- mante, aconsejan su rechazo.
Jorge R. Yoma.
Las comisiones de Justicia y de Finanzas han con- siderado el proyecto de ley de los señores diputados Conti, Kunkel, Albrieu, Landau y Cigogna, de la señora diputada Bullrich, y de los señores diputados Parada,
10:13:26 a.m.
Duclós, De Gennaro, Stolbizer, Rasino, Milman, Lo- zano, Iturraspe, Ocaña y Donda Pérez, por el cual se modifican las leyes 20.785 y 21.799, sobre depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales; efec- tuándose en el Banco de la Nación Argentina; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan rechazar el referido proyecto. Sala de las comisiones, 26 de junio de 2012.
Federico Pinedo. – Pablo G. Tonelli.
El proyecto bajo análisis dispone en su artículo 1° que “los depósitos judiciales de los tribunales naciona- les y federales en todo el país se efectuarán en el Banco de la Nación Argentina”. A continuación, y con el fin de instrumentar este pre- cepto, se dispone la modificación del artículo 2° de la ley 20.785. Esta ley de 1974, mediante la cual se apro- bó un proyecto remitido al Congreso por el presidente Perón, regula el modo en que se lleva a cabo la custodia y disposición de bienes objeto de secuestro en causas penales. En particular, el artículo cuya modificación se propone establece que “en cuanto el estado de la causa lo permita, el dinero, títulos y valores secuestrados se depositarán como pertenecientes a aquélla, en el Ban- co de la Ciudad de Buenos Aires o en la sucursal del Banco de la Nación Argentina que corresponda, según que el asiento del tribunal esté en la Capital Federal o en el interior, sin perjuicio de disponerse, en cualquier estado de la causa, la entrega o transferencia de dichos bienes, si procediere”. Por su parte, la nueva redacción propuesta por el proyecto, en este punto, es la siguiente: “En cuanto el estado de la causa lo permita, el dinero, títulos y valores secuestrados se depositarán, como pertenecientes a aquélla, en el Banco de la Nación Argentina, sin per- juicio de disponerse, en cualquier estado de la causa, la entrega o transferencia de dichos bienes si procediere”. A su vez, el artículo 3° del proyecto, propone la mo- dificación de la ley 21.799, de aprobación de la Carta Orgánica del Banco Nación. En su artículo 2°, dicha ley dispone lo siguiente: “Los depósitos judiciales de los tribunales nacionales en todo el país deberán ha- cerse en el Banco de la Nación Argentina, excepto en jurisdicción de la Capital Federal donde únicamente se depositarán los que al respecto determine la ley que rija en esa materia. También deberán depositarse en el Banco de la Nación Argentina los fondos en moneda extranjera de los organismos del Estado nacional, así como de las entidades o empresas que pertenezcan total o mayoritariamente al mismo, que transfieran al exterior o los mantengan depositados en él, cuando las
casas del banco ya instaladas o que se instalen fuera del país puedan prestar el respectivo servicio”. Si bien, como se ve, el artículo recién transcrito no determina cuál será el destino de los depósitos judiciales en el ámbito de la Capital Federal, el proyecto bajo estudio propone de todos modos la siguiente modificación: “Los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales en todo el país deberán hacerse en el Banco de la Nación Ar- gentina. También deberán depositarse en el Banco de la Nación Argentina los fondos en moneda ex- tranjera de los organismos del Estado nacional, así como de las entidades o empresas que pertenezcan total o mayoritariamente al mismo, que transfieran al exterior o los mantengan depositados en él, cuando las casas del banco ya instaladas o que se instalen fuera del país puedan prestar el respectivo servicio”. En su artículo 4°, el proyecto bajo análisis prevé la derogación de la ley 16.869, que dispuso que los depó- sitos judiciales de los tribunales nacionales, con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, deberán efectuarse en el Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, con excepción de los juzgados en lo civil. El artículo 5° del proyecto establece: “El Banco de la Ciudad de Buenos Aires transferirá al Banco de la Nación Argentina las cuentas correspondientes a todos los depósitos judiciales comprendidos en los artículos anteriores”. Por último, y aunque el proyecto no lo señale explí- citamente, por aplicación de su artículo 1°, quedaría sin efecto en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires la disposición del artículo 183 de la ley 24.522 de con- cursos y quiebras, el cual, regulado concurrentemente por la acordada 27/1996 de la Corte Suprema, permite actualmente que los jueces concursales puedan depo- sitar fondos tanto en bancos oficiales “como privados de primera línea”. En cuanto a los fundamentos expresados en el proyecto, debe decirse que el argumento central que lo inspira, es el de que los tribunales federales y los nacionales con asiento en la ciudad de Buenos Aires tienen naturaleza federal y, por lo tanto, “los fondos de los depósitos judiciales que a ella corres- pondan deben incrementar los depósitos de un banco nacional a fin de que sean aplicados a proyectos de orden federal”.
2. La competencia corresponde al Poder Judicial de la Nación
El proyecto de ley bajo examen presenta vicios cons- titucionales insalvables que obstan a su aprobación. El primero de ellos, que paso a desarrollar en este punto, consiste en que, bajo el actual régimen constitucional, el Congreso de la Nación no tiene competencia a los efectos de regular una materia que está directamente vinculada con el modo en que se lleva a cabo la pres- tación del servicio de justicia.
a) Naturaleza de los depósitos judiciales. Su vincula- ción con el servicio de justicia
El punto de partida para comprender cuáles son las implicancias constitucionales del proyecto bajo examen, debe ser una correcta caracterización de los depósitos judiciales, y cuál es su función en el marco del proceso.
En efecto, los depósitos judiciales son depósitos de dinero ordenados por un juez, lo que significa que no se conciben sin una causa judicial abierta, no responden
a una mera previsión de ahorro, ingresan a la entidad
financiera durante y mientras se sustancia la causa y están destinados a su mero resguardo o al cumplimiento de una sentencia.
Así, los bancos receptores de los depósitos no actúan
en el marco de una operación comercial, sino que son los depositarios de los fondos con una finalidad tuitiva, de interés público, en tanto auxiliares de los jueces. Por tal motivo, es que se ha resuelto “que la administración
y disposición de fondos en los procesos judiciales
implican el ejercicio del poder público estatal a cargo de los jueces”, y que “las medidas adoptadas por los poderes políticos de la Nación no pueden incidir en los depósitos judiciales pues, de lo contrario, el ejercicio de una de las funciones del Estado interferiría en el cum- plimiento de la administración de justicia en el ámbito de su actividad específica” (CSJ, Fallos, 316-1066).
En tal contexto, se ha destacado que la entidad ban- caria, “al recibir los fondos presta una colaboración al servicio de la actividad jurisdiccional” (C. Nac. Civ., Sala E, ED 197-493 y ss.; y en igual sentido SCBA, causa L. 100.883, “Transporte Coba S.A.”, 14/7/2010;
y CN del Trabajo, Sala III, caso “León”, del 30/4/2003). Por aplicación de estos principios, la jurisprudencia de la Corte Suprema, en su actual composición, ha sido muy explícita al resaltar que los actos de administra- ción y disposición de los depósitos judiciales son el ejercicio de una atribución privativa del Poder Judicial, que integra su área de reserva constitucional, y que no puede ser menoscabada sin serio desconocimiento del principio de división de poderes. En este sentido, se ha pronunciado de forma rotunda la Corte Suprema en el caso “EMM S.R.L.”, al resolver que “en el supuesto especial de los denominados ‘de- pósitos judiciales’ está comprometida tanto la división de poderes como el derecho de propiedad. El estatuto del poder diseñado en la Constitución establece un área de reserva para los jueces y uno de sus aspectos es el juzgamiento sobre el destino de los bienes litigiosos. Los otros poderes no pueden decidir un pleito ni ejercer funciones relativas a la justicia, y esa frontera existe tanto en tiempos de normalidad como de emergencia” (CS caso “EMM”, consid. 10, JA 2007-II-192). Por tal motivo, concluyó enfáticamente la Corte que “son los jueces quienes deben resolver el destino de los fondos, sin injerencia de ninguna otra autoridad” (CSJ, caso “EMM”, consid. 10, cit.).
Este criterio de la Corte Suprema, por lo demás, es también unánime dentro del Poder Judicial, tanto en el ámbito de los tribunales inferiores de la justicia nacional, como de la justicia federal y también en el ámbito provincial. En el primer caso, a título ejemplificativo, puede citarse la jurisprudencia que tiene resuelto que “los poderes políticos de la Nación no pueden incidir en los depósitos judiciales”, en desmedro del Poder Ju- dicial (conf. C. Nac. Com., Sala D, caso “Shell”, del 3/10/2005, entre muchos otros). En el caso de la justicia federal, también a título ejemplificativo, se ha resuelto de modo enfático que “el manejo del dinero –que comprende la responsabilidad no sólo por el movimiento de los fondos sino por el hecho de mantener intangible el activo de que se trata–
es privativo del Poder Judicial y afectaría la división
de poderes cualquier disposición emanada de los otros departamentos del Estado que limite, condicione o res- trinja el ejercicio de ese imperio” (conf. Cám. Nac. Civ.
y Com. Federal, Sala I, caso “Amadeo”, del 2/6/2005).
Idéntica solución adoptó, por su parte, la justicia del ámbito provincial. Resulta representativo de este criterio el fallo de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe: “los depósitos judiciales se encuentran ines- cindiblemente vinculados al orden público superior del adecuado funcionamiento de los Tribunales y servicio de justicia” (caso “Consejo Comunidad Argentino Británica”, del 19/12/2007). En síntesis, pues, se advierte sin dificultad que los actos de regulación o disposición de los depósitos judiciales, es decir, resolver cuál será su “destino”
el mecanismo para llevar a cabo el propósito de
“custodia” que hacen a su esencia, compete de forma exclusiva al Poder Judicial de la Nación. Ello, por
cuanto se encuentran “inescindiblemente” vinculados
a su adecuado funcionamiento y a la eficaz prestación del servicio de justicia.
b) La competencia reglamentaria del Poder Judicial de la Nación
A partir de una correcta naturaleza jurídica de los
depósitos judiciales y de cuál es su relación con el ser- vicio de prestación de justicia, cabe examinar cuál es
órgano constitucional con competencia para regular
La cuestión merece un breve análisis histórico, que revela que con anterioridad a 1994 el deslinde de competencias y la práctica institucional fueron poco claras. Durante ese período, no obstante, se advierte
que tal facultad no fue ejercida de modo exclusivo por
el Congreso de la Nación, sino que, por el contrario, fue
ejercida de modo alternativo –y a veces concurrente– con el Poder Judicial de la Nación. Ello resulta evidente con motivo de la sanción de la ley 9.667. En esa oportunidad, se expresó en el seno del Congreso de la Nación que la facultad de regulación de los depósitos judiciales era algo que originariamente
había sido regulado mediante “acordadas” del Poder
Judicial, y que debía reformarse únicamente tras la consulta y acuerdo con aquél poder: “el procedimiento actual se sigue de acuerdo con prácticas viejas sentadas por una acordada de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte ha sido consultada sobre el proyecto en discusión y ha manifestado su conformidad, reco- nociendo la conveniencia de que se modifiquen los ”
Zabala, 260ª sesión ordinaria –Cámara de Senadores–
(intervención del senador
18/9/1915).
Comienza allí un período en el cual la cuestión fue regulada concurrentemente por ley del Congreso y por reglamentos del Poder Judicial, aunque sin que se
planteara un conflicto o planteo de inconstitucionalidad que dirima definitivamente la cuestión en favor de uno
u otro. Así, vemos que durante el gobierno de Illia se
sancionó la ley 16.869 y el presidente Perón promovió la aprobación de la ley 20.785, y ambas tuvieron apli- cación con la actividad concurrente del Poder Judicial, que no objetó tales iniciativas, sino que las completó mediante el dictado de “acordadas” complementarias (v.gr., Reglamento para la Justicia Nacional en lo Civil, etcétera).
No obstante, en 1994, luego de la reforma de la Constitución Nacional y la creación del Consejo de la Magistratura de la Nación, una cuestión que hasta entonces podía ser considerada dudosa, se ha vuelto muy clara. No es posible seguir sosteniendo la postura
anterior, según la cual la competencia respecto de los depósitos judiciales estaba en una zona indefinida, y podría ser ejercida alternativamente por los distintos poderes o de manera concurrente. Y ello es así porque
la Constitución Nacional, en su actual redacción, crea
en el ámbito del Poder Judicial de la Nación un órgano que tiene una facultad exclusiva respecto de la regla- mentación de cuestiones como las que se pretenden regular por medio del proyecto de ley bajo examen.
En efecto, el artículo 114, inciso 6, de la Consti- tución Nacional establece que serán atribuciones del
Consejo de la Magistratura de la Nación: “6. Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial
y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la
independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia”. Para ello, cuenta con facultades explícitas y suficien- tes, establecidas no sólo por la Constitución Nacional, sino también por la ley 24.937 (y modificatorias), directamente reglamentaria del artículo 114 de la Constitución, y que establece en su artículo 7° que es facultad del Consejo de la Magistratura, como órgano permanente del Poder Judicial de la Nación, “dictar los reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye la Constitución Nacional y esta ley a fin de garantizar una eficaz prestación de la administración de justicia”. Es forzoso concluir, entonces, que corresponde al Consejo de la Magistratura determinar, por vía regla-
mentaria, cuál será la entidad bancaria que, en cada jurisdicción, preste el servicio más adecuado para la “eficaz prestación de los servicios de justicia”. Porque tanto a tenor de la jurisprudencia de la Corte Suprema, como de los tribunales inferiores federales o nacionales con asiento de la Ciudad de Buenos Aires (citada ut su- pra, y a la cual remito por razones de brevedad), resulta que la disposición de los depósitos judiciales, es decir, resolver cuál será su “destino”, se encuentra “inescin- diblemente vinculado” a su adecuado funcionamiento, se lleva a cabo a modo de “colaboración al servicio de la actividad jurisdiccional”, e integra por tal motivo el “área de reserva” del Poder Judicial de la Nación. Por tales razones, en tanto el proyecto de ley bajo examen pretende desconocer que en materia de regla- mentación sobre la disposición de depósitos judiciales, existe una competencia reglamentaria exclusiva a favor del Poder Judicial de la Nación, es manifiestamente inconstitucional.
3. La administración de recursos propios del Poder Judicial
Se suma a las consideraciones del punto anterior que la ley 23.853 de autarquía judicial incluye como
recursos específicos y “propios del Poder Judicial de
los importes liquidados
por las instituciones financieras originados en razón de las inversiones dispuestas por los señores jueces nacionales o federales en los juicios que tramitan ” (artículo 3°, inciso c) y a “toda renta que se obtenga por operaciones financieras que puedan efectuarse con los fondos obtenidos con los recursos enumerados precedentemente” (inciso e).
De donde resulta que el manejo y colocación de los depósitos judiciales, así como de la renta que éstos producen con motivo de su colocación bancaria, hace
a la administración de los recursos propios del Poder
Judicial de la Nación. Esta administración, por su parte, no puede ser objeto de reglamentación o interferencia
por parte de los demás poderes del Estado, sin que al mismo tiempo se violente el principio constitucional de división de poderes y la garantía de la independencia de los jueces. Por tal motivo, la ley 23.853 establece en su artículo
8° que será la “Corte Suprema de Justicia de la Nación” quien podrá “disponer de su patrimonio y determinar el régimen de percepción, administración y contralor de sus recursos y su ejecución”, y su artículo 10, que la reglamentación estará a cargo del Poder Ejecutivo “conjuntamente” con la Corte Suprema de Justicia de
la Nación” (artículo 3°) a “
En este plano, se suma también lo establecido por la Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994. Según el artículo 114 incorporado entonces, se estable- ce que “el Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administra-
ción del Poder Judicial” y que serán sus atribuciones
“administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que
la ley asigne a la administración de justicia”.
De este modo, no es concebible que a la luz de los precepto citados, se pretenda sustraer de las compe- tencias del Poder Judicial un típico acto de adminis- tración, como lo es el de seleccionar por sí y ante sí la institución bancaria en la cual habrán de depositarse los fondos. Porque de esta selección de “inversión”, que tiene en cuenta tanto la solvencia de la entidad como los réditos de la inversión, es que depende en última instancia la liquidación y efectiva percepción de ma- yores o menos “importes”, que luego pasan a integrar sus “recursos propios” (conf. artículo 3°, ley 23.853). En tales condiciones, serán la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura quienes, por vía regla- mentaria y administrativa, dispondrán cuál (o cuáles) serán las entidades bancarias que mejor satisfacen las necesidades administrativas y financieras del Poder Judicial de la Nación. Por lo tanto, dada la expresa facultad de adminis- tración que la Constitución Nacional encomienda al Poder Judicial de la Nación respecto de sus recursos propios, es que el proyecto bajo análisis también resulta ostensiblemente inconstitucional.
4. El principio federal. Las transferencias de servicios estatales
Sin perjuicio de lo ya expuesto en los puntos an- teriores, también cabe la posibilidad de examinar el proyecto de ley desde una óptica estrictamente fede- ralista, es decir, indagar si cumple con las reglas que la Constitución Nacional establece a fin de distribuir competencias y la prestación de servicios o funciones entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bajo esta óptica, pues, el proyecto de ley también merece serios reparos de índole constitucional que obstan a su aprobación, y que paso a desarrollar.
a) Competencia propia de las autoridades locales. Los principios de igualdad y equidad federal
En primer lugar, cabe señalar que el principio según
el cual los depósitos judiciales de cada provincia deben
hacerse en bancos locales, es algo que se ha reconocido desde los inicios de la organización nacional, tiene sus- tento en las facultades no delegadas al Estado nacional (artículos 121 y 125 de la CN) y, en definitiva, por su
impacto positivo en el crédito público, es un instrumen- to insustituible para el desarrollo y crecimiento de las distintas economías locales. De donde resulta que una inveterada práctica insti- tucional de nuestro país, respetuosa de estos principios
elementales de organización federal, ha sido la de que los beneficios derivados de los depósitos judiciales que se realizan en una comunidad, se vuelquen y beneficien
a esa misma comunidad, mediante el fortalecimiento de instituciones financieras propias.
Esta prerrogativa federal, que es reconocida sin men- gua a cada una de las provincias argentinas, no puede ser negada a la Ciudad de Buenos Aires y a sus habitan- tes, sin afectar gravemente el principio elemental de igualdad ante la ley y la autonomía reconocida por el artículo 129 de la Constitución Nacional. En efecto, ya hace más de 50 años que en nuestro país se ha corregido la anomalía y la injusticia que significaba que los depósitos judiciales provenientes de los litigios que tenían lugar en la Ciudad de Buenos Aires, se hicieran en el Banco de la Nación, privando de gozar a los habitantes de la Capital Federal de iguales beneficios reconocidos a los habitantes de las distintas provincias.
Es por ello que, en 1964, el senador doctor Santiago Fassi expresó como fundamento de la ley 16.490 lo siguiente: “Dentro de cada Estado federal, los depósi- tos judiciales correspondientes a la jurisdicción local se efectúan en los bancos provinciales y sirven para alimentar el crédito que atiende a los intereses de la respectiva provincia. Los de la justicia ordinaria de la Capital Federal, que son copiosos, ingresan al Banco de la Nación Argentina y sirven a la política crediticia nacional de ese banco. No hay razón para que se siga un criterio distinto, y un principio de justicia autoriza a reclamar que la masa de dinero que forman los depósi- tos judiciales se destine a fines útiles a la colectividad que los efectúa” (Cámara de Senadores de la Nación, junio 25 de 1964, p. 275). En idéntico sentido se pronunció el senador Ricardo
Dice muy
bien en los fundamentos el autor del proyecto, se trata de aplicar, en el ámbito de la Capital Federal, el prin- cipio federalista, es decir, que los fondos provenientes de los contribuyentes radicados en ella, de los litigantes que actúan en su jurisdicción, tengan un destino propio y circunscrito a la ciudad de Buenos Aires” (Cámara de Senadores de la Nación, julio 23 de 1964, p. 589).
Y el mismo criterio volvió a repetirse un año más tarde, con motivo de la aprobación de la que sería la ley 16.869, por la cual se amplió a todos los depósitos judiciales la obligación de depositarlos en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires en punto a igualar “ los derechos que, sin excepción, ejercitan las provincias, de disponer que los depósitos judiciales se cumplan en los bancos oficiales locales” (fundamento del proyecto de ley del senador Fassi –Cámara de Senadores de la Nación–, 1965, reunión 301, p. 1824). Por lo tanto, de aprobarse el proyecto, se estaría privando a un sujeto federal (en este caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) de una de las fuentes de fomento de su economía que le corresponde por derecho propio y como expresión de su autonomía, es decir, en virtud de la distribución de competencias que surge de la forma de Estado federal adoptada por la Constitución (artículos 1°, 75, 121, 125 y 129 de la Constitución Nacional). Al mismo tiempo, tal avasa- llamiento de la Nación, como se ha dicho ya, colocaría
Bassi, quien en la oportunidad sostuvo: “
en situación de desigualdad a los habitantes de una y otra jurisdicción, en patente violación al artículo 16 y al principio de equidad e igualdad objetiva del artículo 75, inciso 2, ambos de la Constitución Nacional.
b) La transferencia del servicio
El enfoque de la cuestión desde una perspectiva federalista nos lleva también a considerar que la regula- ción de los depósitos judiciales es, en definitiva, desde la óptica de quien custodia los depósitos, la regulación de la prestación de un servicio público sometido a un régimen especial y exorbitante del derecho privado, esencialmente distinto al correspondiente a otras acti- vidades bancarias. En efecto, los fondos depositados por orden de la jus- ticia tienen una regulación propia, motivo por el cual los distintos tribunales del país se han pronunciado “uniformemente” señalando “que la prestación del servicio por el banco, como auxiliar de la justicia, consiste fundamentalmente en una obligación de custodia, no respondiendo a operaciones financieras de captación y colocación de fondos” (Cám. Nac. en lo Cont. Adm. Federal, Sala I, caso “Banco del Buen Ayre S.A.”, del 21/9/2004), y en idéntico sentido que “la entidad depositaria obra como colaborador al servicio de la actividad jurisdiccional” (Aice- ga, María V., LNBA 2008-4, 434, Abeledo Perrot Nº 0003/800510). Es por este motivo, en atención al interés público comprometido, que “esos fondos se encuentran fuera del sistema financiero” (Cám. Nac. Civ., Sala E, caso “H.C.”, del 6/12/2002) y que “los juzgados o el Poder Judicial no pueden calificarse como clientes del banco” (Cám. Nac. Trab., Sala 4ª, JA 2003-II), todo lo cual se explica porque “no existe otra forma de custodiar y a la vez de disponer de inmediato de ese dinero” (Cám. Nac. Civ., Sala E, 15/4/2002, ED 197-493). Pues bien, en la medida en que la custodia de de- pósitos judiciales es un servicio público, sometido a un régimen exorbitante del derecho privado, es que se justifica que su prestación esté dada por la administra- ción pública a través de entidades autárquicas como lo son el Banco de la Nación o el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, según surge de sus respectivas cartas orgánicas (artículo 1°, ley 25.299, y artículo 1°, ley 1.779/CABA, respectivamente). En tales condiciones, tratándose la custodia de depó- sitos judiciales de una “competencia, servicio o función” prestada por y desde el Estado, resulta plenamente aplicable al caso el artículo 75, inciso 2, párrafo 5°, que establece que la “transferencia” o cambio de titularidad en la prestación del servicio debe hacerse mediante “la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la Ciudad de Buenos Aires en su caso”. En el caso del proyecto de ley bajo examen, no se advierte que se hayan calculado cuáles son los recursos necesarios para la prestación del servicio
que actualmente se destina en la jurisdicción de la
Ciudad de Buenos Aires para tal fin. En la medida en que estos recursos no sean cuantificados y puestos
a disposición, la eventual “transferencia” resultará inconstitucional.
Por lo demás, y más allá de si la decisión bajo examen corresponde privativamente al Congreso o el Poder Judicial, resulta evidente que en tanto se propone una “transferencia” interjurisdiccional del artículo 75, inciso 2, ésta requiere para su vigencia y operatividad tanto la declaración de la autoridad competente en lo nacional como de la correspondiente aceptación y adhesión de la autoridad local, en este caso, la Legis- latura de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto,
y en la medida en que tal adhesión no se produzca, el
proyecto de ley objeto de examen no podrá tener más
efecto que el de una mera declaración, una invitación
a celebrar un convenio y que, hasta tanto ese convenio se concrete, carece de fuerza obligatoria.
En resumen, resulta que el proyecto de ley bajo análi- sis propone la regulación por parte del Congreso de una
materia que hace a la esencia de la prestación del servicio
de justicia y, a la vez, restringe la libre administración de
recursos propios del Poder Judicial de la Nación. Ello significa que, de aprobarse, se consagraría una patente violación al régimen constitucional vigente, por desco- nocerse el principio de división de poderes, y el área de reserva necesaria para que la Justicia pueda ejercer de modo eficaz e independiente su función de control. Al mismo tiempo, la sanción de esta iniciativa cons- tituiría una evidente violación de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, la consagración de un sistema hostil y discriminatorio en perjuicio de los habitantes de la Ciudad y, en definitiva, un intento de transferir un servicio estatal en violación al procedimiento previsto en el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional.
En tales condiciones, y por todas las razones expues- tas, se aconseja desestimar el proyecto de ley en trámite mediante el expediente 1.943-D.-2012.
La Comisión de Justicia y Finanzas han tomado en consideración los proyectos de ley de la señora di- putada Conti y otros, de la señora diputada Bullrich
y de la señora diputada Parada y otros por el cual se
modifican las leyes 20.785 y 21.799, sobre depósitos
judiciales de los tribunales nacionales y federales, efectuándose en el Banco de la Nación Argentina, y por las razones expuestas en el informe que se acompaña
y las que dará el miembro informante, aconsejan la sanción del siguiente
Artículo 1° – Modifícase el segundo párrafo del inciso c), apartado 3), del artículo 3º de la ley 23.853, que quedará redactado del siguiente modo:
Las inversiones y demás operaciones se efec- tuarán en entidades oficiales, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad de Buenos Aires, que designe la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo. Sala de las comisiones, 26 de junio de 2012.
Alicia Terada. – Alfonso De Prat Gay.
La ley 23.853, llamada Ley de Autarquía Judicial, dispuso en su artículo 1º, que la Corte Suprema de Justicia Nacional –Corte– preparará el presupuesto de gastos y recursos del Poder Judicial, que será remitido al Poder Ejecutivo nacional para su incorporación al proyecto de presupuesto general de la administración nacional que se presenta anualmente ante el Congreso. En su artículo 2º prevé que ese presupuesto será atendido con cargo al Tesoro nacional y con recursos específicos propios del Poder Judicial que son los enu- merados en el artículo 3º, entre los que se encuentran los importes liquidados por las instituciones financieras en razón de las inversiones dispuestas por los jueces na- cionales o federales en los juicios que tramitan (luego establece que las inversiones y demás operaciones se efectuarán en entidades oficiales que designe la Corte Suprema de Justicia de la Nación). Ya sabemos que los artículos 1º y 2º de la ley 16.869 fueron derogados por el artículo 12 de la Ley de Au- tarquía, en tanto dispuso que, desde la vigencia de la ley, quedarán sin efecto todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opusieran a su cumplimiento. Ello así porque aquellos artículos ordenaban, en contra- posición con la facultad acordada a la Corte Suprema en el pasaje recordado del inciso c) del artículo 3º, que los depósitos judiciales de todos los tribunales nacionales con asiento en la Capital Federal (expresión que englobaba a los tribunales federales de la misma circunscripción territorial) se efectuarían en el Banco Ciudad de Buenos Aires, excepto los de la justicia civil que permanecerían en el Banco de la Nación. La circunstancia de que la Corte Suprema, en ejer- cicio regular de la facultad conferida por el artículo 3º de la ley 23.853, haya decidido mantener en el Banco Ciudad de Buenos Aires los depósitos de los jueces nacionales –excepto los del fuero civil– y los de los jueces federales que actúan en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires no implica –por cierto– que
aquellas normas de la ley 16.869 se hayan mantenido en vigencia. Los depósitos judiciales tienen un estatus jurídico especial, reconocido en distintas oportunidades por la Corte. Así fue que, en su momento, para decidir mantener esos depósitos al margen de la aplicación del decreto 36/90 (que había dispuesto el canje de los fon- dos correspondientes a ciertos depósitos bancarios por bonos de la deuda pública), señaló que la administra- ción y disposición de fondos en los procesos judiciales implica el ejercicio del poder público estatal a cargo de los jueces (Fallos, 316: 1066, caso “Kestner”). Más recientemente el superior tribunal sostuvo su determinación de preservar los depósitos judiciales de las normas del decreto 214/02 y sus disposiciones complementarias, recordando: “…El estatuto del poder diseñado en la Constitución establece un área de reserva para los jueces y uno de sus aspectos es el juzgamiento sobre el destino de los bienes litigiosos. Los otros poderes no pueden decidir un pleito ni ejercer funciones relativas a la justicia, y esa frontera existe tanto en tiempos de normalidad como de emergencia. Son los jueces quienes deben resolver el destino de los fondos, sin injerencia de ninguna otra autoridad” (del considerando 10 del voto de la mayoría en la sentencia del 20/3/07 in re “EMM S.R.L. c/ Tía S.A. s/ordinario s/incidente de medidas cautelares”). Podría afirmarse que, dentro del sistema de esta ley 23.853, los recursos específicos, propios del Poder Judicial que se afectan a su presupuesto de gastos e inversiones –entre ellos, como vimos, las rentas produ- cidas por la inversión de los depósitos judiciales–, son los de mayor trascendencia en camino de afianzar el programa constitucional de separación e independencia de los tres poderes del Estado. Baste decir al respecto, para no argumentar sobre lo evidente, que esos fondos son los que permiten –al menos en forma parcial– preservar al Poder Judicial de las interferencias directas o indirectas que derivarían de la limitación de los recursos destinados a sostener sus gastos. Así, cualquier modificación del sistema actual debe ser meditada con especial cuidado y sopesada en sus implicancias constitucionales e institucionales. En punto a ello, atendiendo además a que la ley 23.853 regula la materia sin estridencias ni dificultades desde hace más de 20 años, cabe excluir de plano toda al- teración que limite o restrinja la facultad de la Corte de decidir en cuáles entidades financieras radicar los depósitos judiciales. Nada de lo anterior impide que el régimen actual se perfeccione. El texto en vigencia ordena que las inver- siones y operaciones se efectúen en entidades oficiales que designe la Corte y agrega “gozarán de la garantía de la Nación Argentina”. Esta última mención a la garantía de la Nación incor- pora un concepto no suficientemente determinado y, si bien parecería referirse a las inversiones y operaciones
y no a las entidades oficiales, es confuso su alcance y, además, no contiene disposiciones complementarias que especifiquen el mecanismo concreto para hacerla efectiva. Tampoco es suficientemente claro el alcance de la expresión “entidades oficiales”. Por todos estos argumentos, y los que dará el miem- bro informante, aconsejamos la sanción del presente proyecto de ley.
Artículo 1° – Los depósitos judiciales de los tribuna- les nacionales y federales en todo el país se efectuarán en el Banco de la Nación Argentina. Art. 2° – Modifíquese el artículo 2° de la ley 20.785, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2°: En cuanto el estado de la causa lo permita, el dinero, títulos y valores secuestrados se depositarán, como pertenecientes a aquella, en
el Banco de la Nación Argentina, sin perjuicio de
disponerse, en cualquier estado de la causa, la entrega o transferencia de dichos bienes si procediere.
Art. 3° – Modifíquese el artículo 2° de la ley 21.799, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2°: Los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales en todo el país deberán hacerse en el Banco de la Nación Argen- tina. También deberán depositarse en el Banco de la Nación Argentina los fondos en moneda extranjera de los organismos del Estado nacional, así como de las entidades o empresas que perte- nezcan total o mayoritariamente al mismo, que
transfieran al exterior o los mantengan deposita- dos en él, cuando las casas del banco ya instaladas
o que se instalen fuera del país puedan prestar el respectivo servicio.
Art. 4° – Deróguese la ley 16.869. Art. 5° – El Banco de la Ciudad de Buenos Aires transferirá al Banco de la Nación Argentina las cuentas correspondientes a todos los depósitos judiciales com- prendidos en los artículos anteriores. Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Diana B. Conti. – Oscar E. Albrieu. – Luis F.
J. Cigogna. – Carlos M. Kunkel. – Jorge
Artículo 1° – Los depósitos judiciales de los tribuna- les nacionales de la ciudad de Buenos Aires se efectua- rán en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, mientras continúe vigente el artículo 8° de la ley 24.588. Art. 2° – Rige para cualquier modificación del estado actual de la justicia nacional de la Ciudad de Buenos Aires el artículo 6° de la ley 24.588, que es-
pecifica que sólo a través de convenios firmados entre el Estado nacional y la Ciudad de Buenos Aires se podrán transferir organismos, funciones, competencias, servicios y bienes. Art. 3° – Modifíquese el artículo 2° de la ley 20.785, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2°: En cuanto el estado de la causa lo permita, el dinero, títulos y valores secuestrados se depositarán como pertenecientes a aquella, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, mientras rija el artículo 8° de la ley 24.588 o en la sucursal del Banco de la Nación Argentina, según el asien- to del tribunal esté en la Capital Federal o en el interior, sin perjuicio de disponerse, en cualquier estado de la causa, la entrega o transferencia de dichos bienes, si procediese.
Art. 4° – Modifíquese el artículo 2° de la ley 21.799, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2°: Los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales en todo el país deberán hacerse en el Banco de la Nación Argen- tina, excepto en jurisdicción de la Capital Federal, mientras rija la ley 24.588 y su artículo 8°. Tam- bién deberán depositarse en el Banco de la Nación Argentina los fondos en moneda extranjera de los organismos del Estado nacional, así como de las entidades o empresas que pertenezcan total o mayoritariamente al mismo, que transfieran al exterior o los mantengan depositados en él, cuando las casas del banco ya instaladas o que se instalen fuera del país puedan prestar el respectivo servicio.
Artículo 1° – Los depósitos judiciales de la justicia nacional ordinaria, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se efectuarán en el Banco de la Ciu-
dad de Buenos Aires. Dicha medida se implementará a los 90 días de la promulgación de la presente ley. Art. 2° – El Banco de la Nación Argentina transferirá al Banco de la Ciudad de Buenos Aires las cuentas correspondientes a todos los depósitos judiciales com - prendidos en el artículo 1° de la presente ley, en el plazo de un año de promulgada esta ley. Art. 3° – Derógase la ley 16.869. Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Parada. – Víctor De Gennaro. – Victoria Donda Pérez. – Omar A. Duclós.
– Nora G. Iturraspe. – Claudio R. Lozano.
– Gerardo F. Milman. – María G. Ocaña. –
Élida E. Rasino. – Margarita R. Stolbizer.
Dokumente ähnlich wie Diputados Nación Orden del dia 494 con dictamenes sobre traspaso de depositos judiciales
jJUICIOS ORALES uicios orales
BRENDmenita2015A
LEY 12.245 pcia de bs as.doc
Primera Circular_V Jornadas y II Congreso Argentino de Ecología de Paisajes.pdf
Audiencia pública para usuarios de Aguas Bonaerenses
Diario93entero Web

References: artículo 113

Artículo 1
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Artículo 2
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Artículo 2
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 artículo 114
 artículo 7
 artículo
8
 artículo 10
 artículo 114
 artículo 3
 artículo 129
 artículo 16
 artículo 75
 artículo 1
 artículo 75
 artículo 75
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 artículo 3
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 artículo 2
 artículo 3
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 artículo 3
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