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Timestamp: 2018-12-11 17:02:43+00:00

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Ley 1715 1993-1997
ARTÍCULO 2º (Función Económico-Social).
II. La función económico-social en materia agraria, establecida por cl artículo 169º de la Constitución Política del Estado, es el empleo sostenible de la tierra en el desarrollo de actividades agropecuarias, forestales y otras de carácter productivo, así como en las de conservación y protección de la biodiversidad, la investigación y el ecoturismo, conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, el interés colectivo y el de su propietario.
III. Se garantizan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y originarias sobre sus tierras comunitarias de origen, tomando en cuenta sus implicaciones económicas, sociales y culturales, y el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, de conformidad con lo previsto en el artículo 171º de la Constitución Política del Estado. La denominación de tierras comunitarias de origen comprende el concepto de territorio indígena, de conformidad a la definición establecida en la parte N del Convenio 169 de la organización Internacional del Trabajo, ratificado mediante Ley 1257 de 11 de julio de 1991
IV. La mediana propiedad y la empresa agropecuaria reconocidas por la Constitución Política del Estado y la ley, gozan de la protección del Estado, en tanto cumplan una función económico-social y no sean abandonadas. conforme a las previsiones de esta ley. Cumplidas estas condiciones, el Estado garantiza plenamente el ejercicio del derecho propietario, en concordancia con lo establecido en el parágrafo I del presente artículo.
V. El servicio Nacional de Reforma Agraria, en concordancia con el artículo 6º de la Constitución Política del Estado y en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por Ley 1100 de 15 de septiembre de 1989, aplicará criterios de equidad en la distribución, administración, tenencia y aprovechamiento de la tierra en favor de la mujer, independientemente de su estado civil.
ARTÍCULO 4º (Base Imponible y Exenciones)
II. A los fines previstos en el Capítulo N del Título IV de esta ley, las entidades recaudadoras del impuesto referido en el parágrafo precedente, remitirán periódicamente a conocimiento del Instituto Nacional de Reforma Agraria información, en medios físicos o magnéticos, relativa a las 1iquidaciones y pago del impuesto.
III. El solar campesino, la pequeña propiedad y los inmuebles de propiedad de comunidades campesinas, pueblos y comunidades indígenas y originarias, están exentas del pago del impuesto que grava la propiedad inmueble agraria, de acuerdo a lo que dispongan las normas tributarias en vigencia.
ARTÍCULO 5º (Servicio Nacional de Reforma Agraria).
ARTÍCULO 6º (Estructura Orgánica).
La estructura orgánica del Servicio Nacional de Reforma Agraria (S.N.R.A), es la siguiente :
2. El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente;
3. La Comisión Agraria Nacional; y
ARTÍCULO 7º (Autoridad Máxima).
ARTÍCULO 8º (Atribuciones).
3. Designar y destituir a las autoridades agrarias, conforme a las previsiones de esta ley con excepción de las que integran la judicatura agraria;
II. Los títulos ejecutoriales serán otorgados por el Presidente de la República y refrendados por el Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria.
El Presidente de la República, sin perder competencia y en ejercicio del principio de imputación funcional, podrá encomendar a los Prefectos de Departamento la otorgación de los títulos ejecutoriales, en cuyo caso, se refrendarán por los Directores Departamentales del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Sin perjuicio de ello, el Presidente podrá otorgar títulos ejecutoriales directamente en favor de beneficiarios que así lo soliciten.
ARTÍCULO 9º (Atribuciones).
I. El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, en materia agraria tiene las siguientes atribuciones:
2. Clasificar las tierras según su capacidad de uso mayor, elaborar los directrices generales que deberán cumplir los gobiernos municipales para la aprobación de los planes de uso del suelo y promover la homologación de las ordenanzas municipales que los aprueben, mediante resolución suprema;
3. Aprobar las actividades de conservación, protección de la biodiversidad, investigación o ecoturismo, en tierras privadas, previa solicitud expresa formulada por su propietario. estableciendo los procedimientos administrativos al efecto;
4. Evacuar y programar el uso del recurso natural tierra y la aplicación de tecnologías apropiadas, emitiendo normas que los regulen en el marco del manejo integral de cuencas y el desarrollo sostenible;
ARTÍCULO 10º (Comisión Agraria Nacional).
La Comisión Agraria Nacional (C.A.N) es el órgano responsable de proyectar y proponer políticas agrarias de distribución, reagrupamiento y redistribución de tierras, cualquiera sea su condición o uso, para elevarlas a consideración de la autoridad máxima del Servicio Nacional de Reforma Agraria.
ARTÍCULO 11º (Composición)
I. La Comisión Nacional Agraria (C.A.N.) está compuesta por :
1. El Ministro de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, en calidad de Presidente ;
2. El Secretario Nacional de Recursos Naturales y Medio Ambiente ;
3. El Secretario Nacional de Asuntos Etnicos, de Género y Generacionales ;
4. El Secretario Nacional de Agricultura y Ganadería ;
5. El Presidente de la Confederación Agropecuaria Nacional (CONFEAGRO) ;
6. El Secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (C.S.U.T.C.B.) ;
7. El Presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (C.I.D.O.B.)
ARTÍCULO 12º (Suplencia).
ARTÍCULO 13º (Atribuciones).
La Comisión Nacional Agraria tiene las siguientes atribuciones :
1. Evaluar la evolución del proceso de Reforma Agraria, proponiendo a la autoridad máxima del Servicio Nacional de Reforma Agraria las medidas aconsejables para mejorarlo, en el marco de la ley ;
2. Controlar y supervisar la ejecución de políticas agrarias sobre distribución, reagrupamiento y redistribución de tierras, cualesquiera sea su condición o uso ;
3. Recomendar criterios económico-sociales de aplicación general para la adjudicación de tierras en concursos públicos calificados ;
4. Representar ante la máxima autoridad del Servicio Nacional del Servicio Nacional de Reforma Agraria los actos y resoluciones del Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, contrarios a la legislación vigente ;
5. Proponer políticas para la formulación y ejecución de proyectos y programas de asentamientos humanos comunitarios ;
6. Velar por el tratamiento integral de la tierra, promoviendo el reconocimiento, la garantía y protección de los derechos que los pueblos y comunidades indígenas y originarias poseen sobre sus tierras comunitarias de origen, y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables ;
7. Proyectar y proponer disposiciones legales en materia agraria, para someterlas a consideración de la autoridad máxima del Servicio Nacional de Reforma Agraria ;
8. Ejercer control social sobre el abandono de la tierra y el incumplimiento de la función económico-social en fundos agrarios, solicitando a las instancias competentes la reversión o expropiación de tierras, de acuerdo a las causales previstas en esta ley ;
9. Recibir y canalizar peticiones, reclamaciones y sugerencias de las organizaciones nacionales, departamentales y regionales que integran el sector agrario ;
10. Coordinar y concertar con instituciones públicas o privadas, nacionales o departamentales, afines a la actividad agraria, en el marco de su competencia ;
11. Solicitar la suspensión o exoneración de autoridades agrarias por irregularidades o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones ;
12. Supervisar y coordinar el funcionamiento de las comisiones agrarias departamentales ; y
ARTÍCULO 14º (Quórum y Decisiones)
II. Las decisiones de la Comisión Agraria Nacional se adoptarán en base al principio de concertación ; sin embargo, si no se lograra la aplicación de este principio, sus recomendaciones se someterán a consideración de la máxima autoridad del Servicio Nacional de Reforma Agraria.
ARTÍCULO 15º (Comisiones Agrarias Departamentales).
II. El Quórum y las decisiones de las comisiones agrarias departamentales se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 14º de esta ley. Sus resoluciones podrán ser revisadas por la Comisión Agraria Nacional,
ARTÍCULO 16º (Atribuciones).
2. Dictaminar sobre las áreas y superficies que proponga distribuir el Instituto Nacional de Reforma Agraria, por dotación o adjudicación de tierras, de acuerdo a la capacidad de usa mayor de la tierra y a las necesidades socioeconómicas del departamento;
6. Coordinar y concertar a nivel departamental y regional can otras instituciones públicas o privadas afines a la actividad agraria, en el marco de su competencia;
ARTÍCULO 17º (Instituto Nacional de Reforma Agraria).
ARTÍCULO 18º (Atribuciones).
El Instituto Nacional de Reforma Agraria tiene las siguientes atribuciones :
2. Proponer. dirigir, coordinar y ejecutar las políticas y los programas de asentamientos humanos comunarios, con pobladores nacionales;
4. Emitir disposiciones técnicas para la ejecución del catastro rústico legal de la propiedad agraria, coordinar su ejecución con los municipios y otras entidades públicas y privadas;
5. Determinar la ubicación y extensión de las tierras fiscales disponibles, de las tierras comunitarias de origen, de las áreas clasificadas por normas legales y de la propiedad agraria en general ;
6. Expropiar fundos agrarios, de oficio por la causal de reagrupamiento y redistribución, o a denuncia de la Superintendencia Agraria, por incumplimiento de la función económico-social, en los términos establecidos en esta ley ;
7. Revertir tierras de oficio o a denuncia de las entidades recaudadoras o beneficiarias de impuestos, de las comisiones agrarias departamentales y de la Comisión Agraria Nacional, por la causal de abandono establecida en esta ley ;
8. Determinar y aprobar las áreas y superficies a distribuir por dotación o adjudicación de tierras, de acuerdo a la capacidad de uso mayor de la tierra y a las necesidades socioeconómicas del país, previo dictamen de las comisiones agrarias departamentales.
9. Promover la conciliación de conflictos emergentes de la posesión y del derecho de propiedad agraria ;
10. Actualizar y mantener un registro sobre tierras distribuidas, sus beneficiarios y la disponibilidad de tierras fiscales.
11. Coordinar sus actividades con las entidades públicas y privadas encargadas de dotar de infraestructura, de servicios básicos y de asistencia básica a zonas de asentamientos humanos ;
12. Certificar derechos existentes en tierras fiscales destinadas a la conservación, investigación, ecoturismo y aprovechamiento forestal ; y
ARTÍCULO 19º (Estructura Orgánica).
El Instituto Nacional de Reforma Agraria tiene la siguiente estructura orgánica ;
1. La Dirección Nacional
2. Las Direcciones Departamentales ; y,
ARTÍCULO 20º (Dirección Nacional)
I. La Dirección Nacional, como máximo nivel de autoridad institucional, es el órgano ejecutivo encargado de dirigir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las atribuciones conferidas al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)
II. El Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria será designado por el Presidente de la República, de terna aprobada por la Honorable Cámara de Diputados por dos tercios de votos de sus miembros presentes. Desempeñará sus funciones por un período personal e improrrogable de cinco (5) años, no pudiendo ser reelegido sino después de período igual al ejercido. Sus atribuciones serán establecidas en el reglamento a esta ley.
III. Para ser Director Nacional, se requiere :
1. Ser boliviano y ciudadano en ejercicio ;
2. Tener grado académico a nivel de licenciatura con título en provisión nacional, haber ejercido su profesión con idoneidad durante cinco (5) años y tener experiencia en materia agraria ; y,
ARTÍCULO 21º (Direcciones Departamentales)
I. Las direcciones departamentales son unidades desconcentradas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y realizarán sus actividades en coordinación con el órgano central. Sus atribuciones serán establecidas en el reglamento de esta ley.
II. Los directores departamentales serán designados por el Director Nacional. de ternas propuestas por las comisiones agrarias departamentales.
IV. Los resoluciones de los directores departamentales podrán ser impugnadas en sede administrativa. Agotada la sede administrativa podrán ser impugnadas mediante proceso contencioso-administrativo ante el Tribunal Agrario Nacional, en el plazo de cuarenta y cinco (45) días perentorios computables desde la notificación con la resolución que agote la sede administrativa.
I. Conforme a las necesidades, en una o en varías provincias agrupadas en regiones. funcionarán Jefaturas regionales, dependientes de las direcciones departamentales correspondientes. Sus atribuciones serán establecidas por el reglamento de esta ley.
2. Tener formación técnica y experiencia de materia agraria; y.
Son fuentes de financiamiento del Instituto Nacional de Reforma Agraria :
1. Asignación presupuestaria del Tesoro General de la Nación ;
2. Ingresos propios ; y,
3. Otros que obtenga por donaciones, legados o empréstitos.
ARTÍCULO 24º (Superintendencia Agraria).
Créase la Superintendencia Agraria como entidad pública autárquica, con jurisdicción nacional, integrada al Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables (SIRENARE), cuya autoridad máxima es el Superintendente Agrario. Se aplicarán las disposiciones contenidas en el Título N de la Ley 1600 de 28 de octubre de 1994.
ARTÍCULO 25º (Requisitos y Designación).
El Superintendente Agrario deberá informar a la Contraloría General de la República, al Presidente de la República y al Congreso Nacional, en los términos establecidos por el parágrafo N del artículo 22º de la Ley 1700 de 12 de julio de 1996.
ARTÍCULO 26º (Atribuciones).
La Superintendencia Agraria tiene las siguientes atribuciones;
10. Fijar el valor de mercado de tierras o sus mejoras, según sea el caso, para el pago de la justa indemnización emergente de la expropiación, cuando no se cuente con las declaraciones juradas del impuesto que grava la propiedad inmueble, en los casos previstos en el parágrafo NI del artículo 40 de esta ley;
12. Conocer y resolver los recursos que correspondan en sede administrativa ; y,
I. La Superintendencia Agraria establecerá intendencias regionales o funcionales, tomando en cuenta sus necesidades de desconcentración territorial de funciones y designará a los Intendentes, previa consulta al Superintendente General del SIRERARE
Las resoluciones del Superintendente Agrario podrán ser impugnadas mediante recurso de revocatoria ante la misma autoridad con alternativa de recurso jerárquico superior ante el Superintendente General del Sistema de Recursos Naturales Renovables (SIRERARE). Los recursos se interpondrán en el plazo perentorio de quince (15) días, computables a partir de la notificación con la resolución que se impugna.
La resolución dictada por el Superintendente General puede ser impugnada en proceso contencioso-administrativo ante el Tribunal Agrario Nacional en el plazo perentorio de cuarenta y cinco (45) días a contar de la fecha con la que se notificare con aquella.
1. Un porcentaje de los ingresos tributarios de dominio nacional provenientes del sector agropecuario, que el Poder Ejecutivo fijará anualmente por Resolución Suprema, con base en el presupuesto de la Superintendencia Agraria aprobada en la respectiva Ley Financial;
ARTICULO 30º (Judicatura Agraria).
II. El Poder Judicial en materia agraria se ejerce por la Judicatura Agraria, de conformidad con el principio constitucional de unidad jurisdiccional
Artículo 34º (Composición y Sede)
1. Dirigir la Judicatura Agraria Nacional ;
2. Nombrar al Presidente del Tribunal Agrario Nacional y a los Presidentes de las Salas, por dos tercios 2/3 de votos del total de sus miembros:
3. Designar a los jueces agrarios, de nóminas propuestas por el Consejo de la Judicatura por dos tercios (2/3) de votos del total de sus miembros;
4. Elaborar y proponer el presupuesto anual de la Judicatura Agraria Nacional;
5. Dirimir las competencias que se susciten entre los jueces agrarios ;
7. Conocer en única instancia, las recusaciones interpuestas contra sus vocales:
8. Designar anualmente conjueces del Tribunal Agrario Nacional, en un número igual al de sus vocales, en la misma forma señalada en la ley de Organización Judicial y sujetos al régimen prescrito en dicha ley; y
9. Conocer y resolver todo asunto no atribuido expresamente a una de sus salas.
1. Actuar como tribunal de casación en las causas elevadas por los jueces agrarios:
2. Conocer y resolver, en única instancia, las demandas de nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales y de los procesos agrarios que hubieran servido de base para la emisión de los mismos tramitados ante el Consejo Nacional de Reforma Agraria, el Instituto Nacional de Colonización y el Instituto Nacional de Reforma Agraria;
4. Conocer en única instancia las recusaciones interpuestas contra los jueces agrarios; y
5. 0tros que le señalen las leyes.
1. Ser boliviano de origen y ciudadano en ejercicio;
3. No estar comprendido en los casos de incompatibilidad establecidos por la Ley de organización Judicial.
III. Los vocales del Tribunal Agrario Nacional desempeñarán sus funciones por un período de seis (6) años, pudiendo ser reelegidos.
ARTICULO 38º (Composición).
1. Conocer las acciones de afectación de fundos rústicos que no hubieran sido sometidos a proceso agrario ante el Servicio Nacional de Reforma Agraria;
2. Conocer las acciones que denuncien la sobreposición de derechos en fundos rústicos:
3. Conocer las acciones sobre mensura y deslinde de fundos rústicos:
4. Conocer las acciones para el establecimiento y extinción de servidumbres que puedan surgir de la actividad agropecuaria forestal o ecológica;
7. Conocer interdictos de adquirir retener y recobrar la posesión de fundos agrarios;
1. Haber ejercido la profesión de abogado, con ética e idoneidad durante cuatro (4) años ; y
ARTICULO 41º (Clasificación y Extensiones de la Propiedad Agraria).
5. Las Tierras Comunitarias de Origen son los espacios geográficos que constituyen el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas y originarias, a los cuales han tenido tradicionalmente acceso y donde mantienen y desarrollan sus propias formas de Organización económica, social y cultural, de modo que aseguran su sobrevivencia y desarrollo. Son inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas, compuestas por comunidades o mancomunidades, inembargables e imprescriptibles; y,
ARTICULO 42º (Modalidades de Distribución).
I. Las tierras fiscales serán adjudicadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, mediante trámite administrativo iniciado ante las direcciones departamentales o a través de las jefaturas regionales, previa certificación de la Superintendencia Agraria sobre el uso mayor de la tierra conforme al procedimiento previsto en el reglamento de esta ley.
II. La dotación será a título gratuito exclusivamente en favor de comunidades campesinas, pueblos y comunidades indígenas y originarias. La dotación de tierras para asentamientos humanos se efectuará exclusivamente en favor de dichas organizaciones, representadas por sus autoridades naturales por los sindicatos campesinos a defecto de ellas.
La Adjudicación en Concurso Público Calificado procede en favor de personas naturales o jurídicas que reúnan los requisitos establecidos en esta ley y su reglamento.
ARTICULO 43º (Preferencia).
Las tierras fiscales serán dotadas y adjudicadas de acuerdo a su vocación de uso, sujetándose a las siguientes preferencias :
2. La dotación tendrá preferencia frente a la adjudicación, en el marco de las políticas nacionales de distribución, reagrupamiento y redistribución de tierras y las posibilidades del Instituto Nacional de Reforma Agraria ; y,
ARTÍCULO 44º (Titulación).
I. Ejecutoriada la resolución administrativa de dotación o adjudicación se emitirán los títulos ejecutoriales en favor de los beneficiarios de acuerdo al reglamento de esta ley.
II. La Titulación de tierras comunitarias de origen es compatible con la declaratoria de áreas protegidas, en concordancia con el artículo 64 de la Ley 1333 de 27 de abril de 1992.
I. Los Estados y Gobiernos Extranjeras así como las corporaciones y otras entidades que de ellos dependan, no podrán ser sujetos del derecho de propiedad agraria a ningún título, ya sea directamente o por interpósita persona.
II. Las personas extranjeras naturales o jurídicas no podrán adquirir ni poseer, por ningún título, dentro de los cincuenta (50) kilómetros de las fronteras internacionales del país, ninguno de los derechos reconocidos por esta ley, bajo pena de perder en beneficio del Estado la propiedad adquirida, en concordancia con el artículo 25º de la Constitución Política del Estado. Los propietarios nacionales de medianas propiedades y empresas agropecuarias pueden suscribir con personas individuales o colectivas extranjeras, con excepción de las que pertenecen a países limítrofes a la propiedad, contratos de riesgo compartido para su desarrollo, con prohibición expresa de transferir o arrendar la propiedad, total o parcialmente bajo sanción de nulidad y reversión a dominio de la Nación.
IV. Las personas extranjeras naturales o jurídicas, para adquirir tierras de particulares tituladas por el Estado fuera del límite previsto en el parágrafo N precedente, o para suscribir contratos de riesgo compartido, deberán residir en el país tratándose de personas naturales, estar habilitadas para el ejercicio de actividades agropecuarias en Bolivia, tratándose de personas jurídicas.
I. El Servicio Nacional de Reforma Agraria no adjudicará ni dotará tierras agrarias a: El Presidente y Vicepresidente de la República, Senadores y Diputados Nacionales, Ministros de Estado, Contralor General de la República, Presidente y Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Presidente y Magistrados del Tribunal Constitucional de la Nación; Presidente y Vocales del Tribunal Agrario Nacional y Jueces Agrarios, Presidente y Vocales de las Cortes de Distrito; Fiscal General de la República, Superintendente General y Superintendentes, Prefectos y Subprefectos, funcionarios y empleados del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Secretaría Nacional de Agricultura y Ganadería, Secretaría Nacional de Asuntos Etnicos de Género y Generacionales, miembros y funcionarios dependientes del Servicio Nacional de Reforma Agraria, cualesquiera fuere su rango y jerarquía ; sea personalmente o por interpósita persona.
II. Esta prohibición subsistirá durante el año siguiente a la cesación de sus funciones y alcanza a los parientes consanguíneos y por afinidad, hasta el segundo grado, inclusive.
La propiedad agraria, bajo ningún titulo podrá dividirse en superficies menores a las establecidas para la pequeña propiedad. Las sucesiones hereditarias se mantendrán bajo régimen de indivisión forzosa. Con excepción del solar campesino, la propiedad agraria tampoco podrá titularse en superficies menores a la pequeña propiedad.
I. La dotación, adjudicación y actos jurídicos realizados en contravención a las prohibiciones precedentes son nulos de pleno derecho, las tierras se tendrán como si nunca hubiesen salido del dominio del Estado y los funcionarios encargados de su otorgación serán sancionados conforme a ley.
II. Los funcionarios públicos dependientes del Servicio Nacional de Reforma Agraria, los vocales y jueces agrarios, registradores de derechos reales, notarios o funcionarios públicos que autoricen cualquier acto o realicen gestiones que contravengan los principios y obligaciones establecidos en esta ley, serán sancionados administrativamente sin perjuicio de la responsabilidad penal correspondiente. La denuncia puede ser presentada por el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Reforma Agraria o cualquier persona individual o colectiva.
ARTICULO 5Oº (Nulidades).
a. Error esencial que destruya su voluntad:
III. Si la propiedad respecto de la cual se hubiere dictado resolución de nulidad absoluta se encontrare cumpliendo la función económico-social. su titular tendrá derecho a adquirirla por dotación si se tratare de pueblos y comunidades indígenas, campesinas u originarias o por adjudicación simple si se tratare de personas naturales o jurídicas, excepto en los siguientes casos:
2. Cuando las dotaciones o adjudicaciones otorgadas por el Servicio Nacional de Reforma Agraria e Instituto Nacional de Colonización hubieren recaído en favor de jueces, vocales y funcionarios de dichas instituciones, durante el ejercicio de sus funciones y hasta un año después del cese de las mismas, y,
VII. La declaración de nulidad absoluta y la convalidación de títulos ejecutoriales será de competencia del Tribunal Agrario Nacional, de acuerdo al procedimiento que se establezca en el reglamento a la presente ley
ARTICULO 51º (Reversión de Tierras).
Serán revertidas al dominio Originario de la Nación sin indemnización alguna, las tierras cuyo uso perjudique el interés colectivo calificado por esta ley, en concordancia con el artículo 22º parágrafo I de la Constitución Política del Estado.
El incumplimiento de las obligaciones tributarias referidas en el párrafo anterior, en el plazo y montos emergentes de la aplicación de esta ley y de normas tributarias en vigencia, por dos (2) o más gestiones consecutivas, es presunción de abandono de la tierra
ARTICULO 54º (Compensación por Daños).
La resolución de reversión pasada en autoridad de cosa juzgada será título suficiente para la inscripción de la propiedad en el Registro de Derechos Reales, a nombre del Instituto Nacional de Reforma Agraria en representación del Estado.
Los acreedores hipotecarios, a fin de preservar sus derechos, podrán intervenir en los procedimientos de reversión, ejerciendo los derechos de sus deudores, en base a la acción oblicua prevista en el artículo 1445º del Código Civil. Al efecto, los acreedores hipotecarios serán citados por edictos con la resolución que disponga el inicio del procedimiento
III. Los créditos garantizados por hipotecas extinguidas por reversión, conservando su orden de preferencia, gozarán de hipoteca legal suplementaria sobre los demás bienes inmuebles y muebles sujetos a registro de propiedad del deudor, oponible a terceros desde la inscripción de la resolución de reversión en el Registro de Derechos Reales, y de privilegio especial sobre las mejoras que puedan ser separadas del fondo.
I. El Instituto Nacional de Reforma Agraria, revertirá tierras sujetándose a procedimiento administrativo establecido en el reglamento de esta ley
ARTICULO 58º (Expropiación).
La expropiación de la propiedad agraria procede por causa de utilidad pública calificada por ley o cuando no cumple la Función económico-social, previo pago de una justa indemnización, de conformidad con los artículos 22º parágrafo N, 166º y 169º de la Constitución Política del Estado. En el primer caso, la expropiación podrá ser parcial, en el segundo, será total.
1. El reagrupamiento y la redistribución de la tierra:
2. La conservación y protección de la biodiversidad; y
II. El monto de la indemnización por expropiación del solar campesino, la pequeña propiedad, las tierras comunitarias de origen y aquellas tituladas colectivamente, será igual al valor de mercado de las mismas, fijado por la Superintendencia Agraria. Alternativamente cuando la expropiación opere por la causal señalada en el parágrafo I, numerales 2 y 3 del artículo anterior, los titulares afectados podrán ser indemnizados por las mejoras, según el valor fijado por la Superintendencia Agraria y compensados por el valor de la tierra con la dotación de otras de igual superficie y calidad.
II. La expropiación por causa de utilidad pública, relacionada con obras de interés público, será de competencia de las autoridades u órganos interesados.
III. El pago de las indemnizaciones por expropiaciones, fundadas en la conservación y protección de la biodiversidad, será efectuado por el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.
La inscripción de la propiedad expropiada en el Registro de Derechos Reales no requerirá de escritura pública, siendo suficiente al efecto el registro de la respectiva resolución administrativa o, en su caso, de la resolución judicial agraria, que haga lugar a la expropiación
I. Los acreedores hipotecarios, a fin de preservar sus derechos, podrán intervenir en los procedimientos de expropiación, ejerciendo los derechos de sus deudores, en ejercicio de la acción oblicua prevista en el artículo 1445 del Código Civil. Al efecto, los acreedores hipotecarios serán citados por edictos con la resolución que disponga el inicio del procedimiento
II. Las hipotecas y gravámenes constituidos sobre tierras expropiadas se extinguen de pleno derecho..
IV. Las hipotecas y gravámenes constituidos sobre fondos agrarios que sean expropiados parcialmente subsistirán sobre la parte no afectada de los fundos.
ARTICULO 64º (Objeto).
El saneamiento es el procedimiento técnico-jurídico transitorio destinado a regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad agraria y se ejecuta de oficio a pedido de parte.
I. Como resultado del saneamiento las resoluciones podrán ser conjunta o indistintamente, anulatorias, modificatorias, confirmatorias y constitutivas.
III. El Director del Instituto Nacional de Reforma Agraria podrá dictar las medidas precautorias necesarias para asegurar el cumplimiento de las resoluciones emergentes del saneamiento.
ARTICULO 69º (Modalidades del Saneamiento).
El Saneamiento Simple es la modalidad que se ejecuta a solicitud de parte en áreas no catastrales o de oficio cuando se detecte conflicto de derechos en propiedades agrarias, parques nacionales, reservas fiscales, reservas de la biodiversidad y otras áreas clasificadas por norma legal.
I. El Saneamiento Integrado al Catastro Legal (CAT-SAN) se ejecuta de oficio en arcas catastrales.
II. Se garantiza la participación de las comunidades y pueblos indígenas y originarios en la ejecución del Saneamiento (SAN-TCO).
III. Las propiedades de terceros situadas al interior de las tierras comunitarias de origen que durante el saneamiento reviertan a dominio originario de la Nación, serán consolidadas por dotación a la respectiva tierra comunitaria de origen.
ARTICULO 74º (Características y Condiciones).
I. La adjudicación simple se efectuará a valor de mercado de la tierra sin mejoras, fijado por la Superintendencia Agraria. La adjudicación simple en favor de colonizadores individuales se realizará a valor concesional, fijado por la Superintendencia Agraria.
III. En el caso de compras al contado se reconocerá un descuento del veinticinco (25%) por ciento del valor de la tierra fijado por la Superintendencia Agraria.
ARTICULO 75º (Titulación de Procesos Agrarios en Trámite).
I. Los procesos agrarios substanciados ante el Servicio Nacional de Reforma Agraria, sobre tierras cuya superficie sea igual o menor a la pequeña propiedad agrícola o que correspondan a comunidades indígenas y campesinas, y que cuenten con sentencia ejecutoriada al 24 de noviembre de 1992, serán titulados sin más trámite y gratuitamente, previa ubicación geográfica si correspondiere.
II. Los trámites administrativos de adjudicación de tierras efectuados ante el Instituto Nacional de Colonización sobre tierras cuya superficie sea igual o menor a la pequeña propiedad agrícola y que cuenten con minuta de compraventa protocolizada al 24 de noviembre de 1992, serán titulados sin más trámite y gratuitamente, previa ubicación geográfica si correspondiere.
III. Los procesos agrarios substanciados ante el Servicio Nacional de Reforma Agraria e Instituto Nacional de Colonización sobre tierras cuya superficie sea mayor a la pequeña propiedad agrícola, que cuenten con sentencia ejecutoriada o minuta de compraventa protocolizada al 24 de noviembre de 1992, respectivamente, serán titulados gratuitamente previa revisión del expediente e inspección técnico-jurídica para verificar su regularidad y el cumplimiento de la función económico-social.
IV. Los trámites agrarios substanciados ante el Servicio Nacional de Reforma Agraria y el Instituto Nacional de Colonización que no cuenten con sentencia ejecutoriada o minuta de compraventa protocolizada al 24 de noviembre de 1992 respectivamente, y los procesos agrarios señalados en el parágrafo anterior que sean anulados por vicios insubsanables o que no se encuentren cumpliendo la función económico-social, se substanciarán ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria como trámites nuevos, en el marco de la presente ley.
ARTICULO 76º (Principios Generales).
Se caracteriza porque la audiencia es la actividad central del proceso en la que se sustancian los actos pretendidos por las partes.
PRINCIPIO DE INMEDIACION.
Consiste en el contacto directo y personal del titular del órgano jurisdiccional con las partes y el manejo del proceso como condición esencial de oralidad que excluye cualquier medio de conocimiento indirecto del proceso.
PRINCIPIO DE CONCENTRACION.
Determina la concentración de toda la actividad procesal agraria en el menor número posible de actos para evitar su dispersión.
PRINCIPIO DE DIRECCION.
El gobierno de los procesos es de competencia del titular del órgano jurisdiccional sin perjuicio de los poderes jurídicos que competen a las partes.
La administración de justicia agraria es gratuita, no debiendo gravarse a los litigantes con contribuciones ajenas al ámbito judicial.
Las actuaciones de la Judicatura Agraria son de carácter público.
En virtud del cual se aplica la facultad constitucional otorgada a la Judicatura Agraria para administrar justicia en materia agraria.
Toda causa debe ser conocida por el juez competente, que es el designado de acuerdo a la Constitución y a esta ley.
Los vocales, jueces y los funcionarios judiciales subalternos son responsables por los daños que causaren a las partes litigantes, por la comisión de delitos, culpas y errores inexcusables en la aplicación de la ley, por lo que responderán penal y/o civilmente según establece la Constitución y las leyes. El Estado también será responsable por los daños causados por dichos funcionarios en los casos señalados.
Dado el carácter eminentemente social de la materia, la administración de justicia agraria es un medio de servicio a la sociedad y no un fin en sí mismo.
La administración de justicia debe ser rápida y oportuna, tanto en la tramitación como en la resolución de las causas.
PRINCIPIO DE DEFENSA.
Se garantiza a las partes el derecho de defensa en la solución de conflictos agrarios cualesquiera sea su naturaleza, en el marco de las leyes vigentes.
PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD.
Consiste en la obligación que tiene la Judicatura Agraria de otorgar a la tierra un tratamiento integral, tomando en cuenta sus connotaciones económicas, sociales, históricas, de conservación, políticas y de reconocimiento a la diversidad cultural.
En cuya consecuencia las fundamentaciones propias de los distintos períodos del proceso, deben plantearse en forma simultánea y no sucesiva, de manera que rechazándose una de ellas, pueda obtenerse un pronunciamiento sobre la otra u otras.
ARTICULO 79º (Demanda y Contestación).
I. La demanda será presentada por escrito observando los siguientes requisitos :
ARTICULO 81º (Reconvención).
2. Incapacidad o impersonería del demandante o demandado o de sus apoderados ;
4. Conciliación ; y,
II. Las partes deberán comparecer a la audiencia en forma personal, salvo motivo fundado que justificare la comparecencia por representante.
En la audiencia se cumplirán las siguientes actividades procesales:
1. Alegación de hechos nuevos, siempre que no modifiquen la pretensión o la defensa, y aclaración de sus fundamentos si resultaren obscuros o contradictorios.
3. Resolución de las excepciones y, en su caso, de las nulidades planteadas o las que el juez hubiere advertido y de todas las cuestiones que correspondan para sanear el proceso.
Fijación del objeto de la prueba, admitiendo la pertinente y disponiendo su recepción en la misma audiencia, rechazando la inadmisible o la que fuere manifiestamente impertinente.
I. Si la prueba no hubiere sido totalmente recepcionada en la primera audiencia, en la misma se señalará día y hora de audiencia complementaria, que se realizará dentro de los diez (l0) días siguientes. La audiencia no podrá suspenderse por ningún motivo ni dejará de recepcionarse la prueba, ni aún por ausencia de alguna de las partes, excepto en el único caso que el juez decida prorrogarla por razones de fuerza mayor.
Las providencias y autos interlocutorios simples admiten recurso de reposición, sin recurso ulterior. Si estas resoluciones fueran dictadas en audiencia deberán ser impugnadas en la misma y resolverse en forma inmediata por el juez.
I. Contra la sentencia procederán los recursos de casación y nulidad ante el Tribunal Agrario Nacional, que deberán presentarse ante el Juez de instancia, en el plazo de ocho (8) días perentorios computables a partir de su notificación, observando los requisitos señalados en el artículo 258º del Código de Procedimiento Civil
II. Presentado el recurso, si correspondiera, se correrá en traslado a la otra parte para que conteste dentro del mismo plazo, observando los requisitos señalados en el parágrafo anterior, en lo pertinente.
III. Con la contestación del recurso o vencido el plazo señalado al efecto, el juez concederá el recurso y ordenará la remisión del expediente ante el Tribunal Agrario Nacional. El juez rechazará el recurso si fuese presentado fuera de término.
IV. El Tribunal de Casación resolverá el recurso declarándolo improcedente, infundado, casando la sentencia o anulando obrados, en el plazo improrrogable de quince (15) días.
PRIMERA. (Ocupaciones de Hecho).
Los asentamientos y ocupaciones de hecho en tierras fiscales, producidas con posterioridad a la promulgación de esta ley son ilegales y contravienen sus principios ; por tanto, sus autores serán pasibles de desalojo, con intervención de la fuerza pública si fuere necesaria, a requerimiento de autoridad administrativa o judicial competente.
SEGUNDA. (Derecho Preferente)
I. En las tierras de aptitud de uso agrícola o ganadera, en las de protección o producción forestal y en las comunitarias de origen, en las que existiera superposición o conflictos de derechos, prevalecerá el derecho de propiedad agrícola, ganadera o de la comunidad campesina, pueblo o comunidad indígena u originaria, sobre las concesiones, contratos o autorizaciones de aprovechamiento forestal.
II. En las tierras de protección forestal el beneficiario deberá cumplir las regulaciones con respecto al uso mayor de la tierra, establecidas en normas especiales.
II. En caso de no certificarse en el plazo establecido en el parágrafo I que antecede, la entidad solicitante podrá requerir el pronto despacho de la certificación. Si aún así el certificado no es emitido, el Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria incurrirá en responsabilidad calificada de acuerdo a la ley 1178 de 9 de julio de 1990.
Créase las tasas de saneamiento y catastro de la propiedad agraria, a ser fijadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, tomando en cuenta los costos de los servicios y criterios de equidad y proporcionalidad. Las tasas no se aplicarán al solar campesino, la pequeña propiedad, las tierras comunitarias de origen y las de las comunidades.
Créase el Registro de la Propiedad Mueble Agraria (RPMA), como unidad desconcentrada del Instituto Nacional de Reforma Agraria, con el objeto de inscribir y registrar la maquinaria agrícola y pecuaria empleada en las actividades el agro, a implementarse en coordinación con el sector productivo organizado. Sus atribuciones, condiciones de funcionamiento y estructura orgánica serán establecidas en reglamento especial.
I. Transfiérese a título gratuito al Instituto Nacional de Reforma Agraria los activos del Consejo Nacional de Reforma Agraria y del Instituto Nacional de Reforma Agraria y del Instituto Nacional de Colonización, y los bienes inmuebles restantes del Banco Agrícola de Bolivia en todo el territorio de la República.
II. Subrógase al Tesoro General de la Nación los pasivos del Consejo Nacional de Reforma Agraria y del Instituto Nacional de Reforma Agraria y del Instituto Nacional de Colonización.
OCTAVA. (Presupuestos)
I. El Poder Ejecutivo consignará, dentro de su presupuesto anual, las partidas para cubrir los gastos que demande el funcionamiento de los Órganos del Servicio Nacional de Reforma Agraria y de la Superintendencia Agraria.
En observancia de los artículos 168º y 173º de la Constitución Política del Estado a través de sus instancias financieras y sujeto a reglamentación especial, otorgará y/o canalizará créditos de desarrollo y de fomento a pequeños propietarios, cooperativas, y comunidades indígenas, campesinas y originarias.
La Cooperativa Agropecuaria es una sociedad económica de administración democrática cuyas actividades se rigen por los siguientes principios :
a. Libre adhesión de sus asociados ;
b. Igualdad en derechos y obligaciones ;
c. Control democrático y voto único personal independiente del capital suscrito por cada socio; y
DECIMO TERCERA. (Modificaciones a la Ley 843 - texto ordenado en 1995)
"a. Los inmuebles de propiedad del Gobierno Central, las Prefecturas Departamentales, los Gobiernos Municipales y las Instituciones Públicas y las tierras de propiedad del Estado. Esta franquicia no alcanza a los inmuebles de las empresas públicas".
"En el caso de la propiedad de inmueble agraria, dedicada al desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias, forestales, conservación y protección de la biodiversidad, investigación y ecoturismo, el impuesto se determinará aplicando el 50% (CINCUENTA POR CIENTO) de las alícuotas que se indican en este artículo".
2. Disposiciones de las leyes que prohíben terminantemente, o dejando de hacer lo que ordenan del mismo modo, en perjuicio de la causa pública o de tercero interesado ;
I. De acuerdo a lo dispuesto en esta ley, el Servicio Nacional de Reforma Agraria titulará inmediatamente promulgada la misma, como Tierras Comunitarias de Origen, los territorios indígenas : Chimán (TICH), Multiétnico Nº 1 (TIM), Sirionó (TIS), Weenhayek (TIWM), y el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Securé (TIPNIS), reconocidos mediante Decretos Supremos Nos. 22611 ; 22609 ; 23500 y 22610 respetando los derechos legalmente adquiridos por terceros.
II. Los territorios indígenas Yuquí, Araona y el Territorio Indígena y Reserva de la Biosfera Pilón Lajas, reconocidos mediante Decretos Supremos 23108 ; 23110 y 23111 serán titulados en el término improrrogable de sesenta (60) días a partir de la publicación de esta ley, en el cual se determinará su ubicación geográfica y límites.
III. Las superficies consignadas en los títulos referidos en los parágrafos anteriores están sujetas a modificación o confirmación, de acuerdo a los resultados del Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (SAN-TCO).
III. Las superficies consignadas en las demandas de Tierras Comunitarias de Origen podrán modificarse de acuerdo a los resultados del Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen e Identificación de Necesidades y Titulación.
Las tierras tituladas por el Servicio Nacional de Reforma Agraria en lo proindiviso, en favor de comunidades y pueblos indígenas u originarios serán reconocidas como Tierras Comunitarias de Origen, siempre y cuando sus titulares mantengan formas de organización, cultura e identidad propias y así lo soliciten.
De conformidad con el artículo 166º de la Constitución Política del Estado, se reconocerán los asentamientos humanos de pequeños productores y comunidades indígenas y campesinas anteriores en dos (2) años o más a la vigencia de esta ley, siempre que estén cumpliendo con las normas de uso de la tierra vigentes, no afecten derechos legalmente adquiridos por terceros y cumplan las disposiciones establecidas en esta ley.
I. La Dirección General de Trabajo Agrario y Justicia Campesina, en el plazo de noventa días computables a partir de la publicación de esta ley evaluará los procesos a su cargo, con las siguientes finalidades :
1. Los procesos referidos a conflictos laborales agrarios radicados en las inspectorías regionales, direcciones departamentales y Dirección General del Trabajo Agrario y Justicia Campesina, serán remitidos a la Inspección Nacional del Trabajo para su resolución en la vía conciliatoria, de acuerdo a los principios constitucionales vigentes. De no mediar conciliación se remitirán a conocimiento de los Juzgados de Trabajo y Seguridad Social.
3. Los procesos de intervención y reversión de tierras y aquellos sobre actos que perturban el trabajo agrario, radicados en las inspectorías regionales, direcciones departamentales y Dirección General del Trabajo Agrario y Justicia Campesina, serán remitidos a la Judicatura Agraria para su substanciación.
Los jueces agrarios conocerán transitoriamente las causas referidas en el numeral 3 del párrafo que precede.
II. Las causas en trámite se substanciarán de acuerdo a la Ley de 22 de diciembre de 1967, en lo aplicable y, las causas nuevas, de acuerdo al procedimiento establecido en esta ley.
III. Cumplido el plazo referido en el parágrafo I, la Dirección General de Trabajo Agrario y Justicia Campesina quedará disuelta.
I. Mientras se constituya el Consejo de la Judicatura y por esta única vez, los miembros del Tribunal Agrario Nacional serán designados por la Corte Suprema de Justicia, por dos tercios de votos del total de sus miembros, de ternas elaboradas por la Honorable Cámara de Diputados.
Mientras dure la investigación sobre todas las tierras que comprende el caso BOLIBRAS y hasta la conclusión de todos los procesos, queda terminantemente prohibida su dotación o adjudicación, no reconociendo ningún trámite de titulación vinculado a éste, encomendando al Instituto Nacional de Reforma Agraria tomar todas las acciones de Ley contra cualquier tipo de asentamiento anterior o posterior a la investigación.
ARTICULO 1º (Abrogatorias).
Quedan abrogadas las siguientes disposiciones legales :
1. Decreto Supremo Nº 3471 de 27 de agosto de 1953, elevado a rango de Ley el 29 de octubre de 1956. (Constitución y atribuciones del Servicio Nacional de Reforma Agraria) ;
2. Ley de 22 de diciembre de 1956 (Juzgados Agrarios Móviles) ;
3. Ley de 6 de noviembre de 1958 (Dotación de tierras fiscales por el Servicio Nacional de Reforma Agraria con excepción de las declaradas en reserva para colonización ;
4. Decreto Supremo Nº 3939 de 28 de enero de 1955, elevado a Ley el 29 de octubre de 1956 (Revisión de Expedientes por el Consejo Nacional de Reforma Agraria ;
5. Decreto Supremo Nº 3960 de 17 de febrero de 1955, elevado a ley el 29 de octubre de 1956 ;
6. Decreto Ley Nº 07226 de 28 de junio de 1965 (De la Colonización) ;
7. Decreto Ley Nº 07442 de 22 de diciembre de 1965 (De la Colonización) ;
8. Ley Nº 31 de 18 de noviembre de 1960 y Decreto Reglamentario Nº 5702 de 10 de febrero de 1961, elevado a Ley el 22 de diciembre de 1967. (Dirección Nacional de Trabajo Agrario y Justicia Campesina);
9. Abrógase el D.S. 5749 del 24 de marzo de 1961 ; y,
Quedan derogadas las siguientes disposiciones legales :
1. Artículos 6º, 7º, 8º, 9º, 10º y 11º del Capítulo II y Capítulo III y artículos 21º y 22º del capítulo IV del Título I del Decreto Ley 3464 de 2 de agosto de 1953, elevado a rango de Ley el 29 de octubre de 1956 ;
2. Capítulos I, II y III del Título V del Decreto Ley Nº 3464 de 2 de agosto de 1953, elevado a rango de Ley el 29 de octubre de 1956 ;
3. Capítulo Unico del Título VII del Decreto Ley Nº 3464 de 2 de agosto de 1953, elevado a rango de Ley el 29 de octubre de 1956 ;
4. Capítulo III del Título IX, del Decreto Ley Nº 3464 de 2 de agosto de 1953, elevado a rango de Ley el 29 de octubre de 1956 ;
5. Capítulo Unico del Título XIV del Decreto Ley Nº 3464 de 2 de agosto de 1953, elevado a rango de Ley el 29 de octubre de 1956 ;
6. Artículos 162º y 163º del Capítulo I y artículos 164º, 165º, 166º y 167º del Capítulo II, del Título XV, del Decreto Ley Nº 3464 de 2 de agosto de 1953, elevado a rango de Ley el 29 de octubre de 1956.
7. Artículo 4º del Decreto Ley Nº 7260 de 2 de agosto de 1965, elevado a rango de Ley por ley Nº 343 de 26 de octubre de 1967 ;
8. Artículo 168º del Capítulo I del Título XVI del Decreto Ley Nº 3464 de 2 de agosto de 1953, elevado a rango de Ley el 29 de octubre de 1956 ;
9. Artículo 69º del D :S : 22407 de 11 de enero de 1990 ; y,
Fdo. H. Raúl Lema Patiño.- PRESIDENTE H. SENADO NACIONAL.- H. Georg Prestel Kern.- PRESIDENTE H. CAMARA DE DIPUTADOS.- HH. Walter Zuleta Roncal y Guido Capra Jemio, Senadores Secretarios.- H. Hugo Baptista Orgaz y Aida Moreno de Claros.- Diputados Secretarios.-
Fdo. GONZALO SÁNCHEZ DE LOZADA.- Moisés Jarmuz Levy.- Ministro de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.- Carlos Sánchez Berzain.- Ministro de Gobierno.- Dr. René Blattmann B.- Ministro de Justicia.- José Guillermo Justiniano Sandoval.- Ministro de la Presidencia de la República.- Freddy Teodovich Ortiz.- Ministro de Desarrollo Humano.- Dr. Jorge Otasevic Toledo.- Ministro de defensa Nacionsl.- Alfonso Revollo Thenier.- Ministro de Capitalización.- Fernando Candia Castillo.- Ministro de Hacienda.- Guillermo Richter Ascimani.- Ministro de Comunicación Social Sin Cartera Responsable.- Douglas Ascarrunz Eduardo.- Ministro Suplente de Desarrollo Económico.- Reynaldo Peterc Arzabe.- Ministro de Trabajo.- Emb. Eduardo Trigo O`Connor d`Arlach.- Ministro de Relaciones Exteriores y Culto a.i..-

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 artículo 171
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